INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DE LA OLAF — 2019

(2020/C 368/01)

Miembros del Comité de Vigilancia de la OLAF

D. Jan MULDER

Presidente del Comité de Vigilancia de la OLAF

Miembro del Comité desde el 23 de enero de 2017, presidente desde el 1 de marzo de 2017

Antiguo diputado al Parlamento Europeo, Países Bajos.

D.a Maria Helena FAZENDA

Miembro del Comité desde el 23 de enero de 2017

Secretaría general del Sistema de Seguridad Interior, Portugal.

Fiscal.

D. Petr KLEMENT

Miembro del Comité desde el 23 de enero de 2017

Fiscalía General, Chequia.

Fiscal.

D.a Grażyna STRONIKOWSKA

Miembro del Comité desde el 13 de julio de 2016

Fiscalía Nacional, Varsovia, Polonia.

Fiscal.

D. Rafael MUÑOZ LÓPEZ-CARMONA

Miembro del Comité desde el 1 de diciembre de 2017

Jefe de la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada, España.

Auditor, abogado y economista.

PREFACIO

El año 2019 empezó con muchos puestos vacantes en la Secretaría. A finales de ese año, la situación había cambiado. En otoño se incorporó el nuevo jefe de la Secretaría y el resto de vacantes se cubrieron con nuevas incorporaciones. Soplaban nuevos vientos.

El nombramiento del nuevo Director General de la OLAF en 2018 dio paso a la oportunidad de establecer un entendimiento sólido y compartido del funcionamiento del Comité de Vigilancia de la OLAF.

Los debates se iniciaron seriamente, pero no siempre fueron fáciles. No obstante, había una atmósfera constructiva. Si bien aún no se ha alcanzado un acuerdo sobre una serie de cuestiones pendientes, el Comité espera que para el próximo informe anual estas hayan sido resueltas y se hayan implantado nuevos acuerdos de colaboración de conformidad con el marco jurídico en el que operan la OLAF y el Comité de Vigilancia.

Los debates con la OLAF se centraron en el tipo de acceso que debería tener el Comité de Vigilancia a las investigaciones de más de doce meses de duración de la primera para poder llevar a cabo de forma eficaz sus tareas de vigilancia y seguimiento. Los debates se enmarcaron y dirigieron sobre la base del dictamen conjunto emitido acerca de esta cuestión por parte de los servicios jurídicos de la Comisión, el Consejo y el Parlamento. Tal y como afirma este dictamen conjunto, corresponde al Comité de Vigilancia determinar la información necesaria para cumplir con el mandato que le ha sido encomendado por estas tres instituciones.

Se acogió con satisfacción la participación del Director General de la OLAF en casi todas las reuniones mensuales del Comité de Vigilancia.

La revisión en curso del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) y la creación de la Fiscalía Europea fueron un punto destacado de debate durante dichas reuniones.

Como se ha mencionado anteriormente, la cuestión relativa a la naturaleza y la forma de las obligaciones de presentación de informes de la OLAF para las investigaciones de más de doce meses de duración aún no se ha resuelto. No obstante, se han realizado avances para conjugar los diferentes planteamientos y llegar a un resultado de mutuo acuerdo. Respecto a la presentación de informes de las garantías procedimentales, se llegó a un acuerdo viable, que ahora debe probarse en el tiempo. A finales de 2019, el Comité de Vigilancia también finalizó un informe especial titulado «OLAF Dismissed Cases» («Casos desestimados por la OLAF», documento en inglés), que se publicó a principios de 2020.

Se está negociando un nuevo presupuesto plurianual para la Unión Europea durante unos tiempos muy difíciles con un aumento de los fondos para varias finalidades. Razón de más para que la OLAF y el Comité de Vigilancia permanezcan atentos.

A la luz de la próxima adopción del nuevo Reglamento de la OLAF y la entrada en funcionamiento de la Fiscalía Europea, el Comité de Vigilancia, asistido por su Secretaría, sigue centrado en cumplir su objetivo principal de reforzar la independencia de la OLAF.

Jan MULDER Presidente del Comité de Vigilancia de la OLAF

ÍNDICE

Prefacio 2

Índice 3

Sobre nosotros 4

(i) El Comité de Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 4

(ii) La Secretaría 4

Mandato 4

Tareas de seguimiento del comité de vigilancia: 5

(i) Seguimiento del presupuesto y los recursos de la OLAF 5

(ii) Seguimiento de casos 7

(iii) Seguimiento de la duración de las investigaciones de la OLAF 8

Seguimiento de la evolución en materia de aplicación de las garantías procedimentales 14

Casos enviados a las autoridades judiciales nacionales 17

Casos en los que las autoridades competentes no siguieron las recomendaciones de la OLAF 17

Evaluación de las prioridades de la política de investigaciones y de las directrices de investigación de la OLAF 20

Relaciones con la OLAF, las instituciones de la UE y los interlocutores y partes implicadas de la oficina 21

Revisión del reglamento (UE, Euratom) n. o 883/2013 22

Gobernanza Del Comité De Vigilancia 23

Sobre nosotros

(i) El Comité de Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)

1. El Comité de Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) es un órgano independiente nombrado de común acuerdo por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea ( 2 )

2. El Comité de Vigilancia («el Comité») supervisa el ejercicio de la función de investigación de la OLAF a fin de fortalecer su independencia en el ejercicio adecuado de las competencias que le atribuye el Reglamento (UE, Euratom) n. o 883/2013 («el Reglamento OLAF»). El Comité supervisa en particular que se respeten las garantías procedimentales de las personas investigadas.

3. El Comité está formado por cinco expertos externos independientes, designados durante cinco años («los miembros») ( 3 ) . Los miembros desempeñan su función con total independencia y no pueden solicitar ni recibir instrucciones de ningún gobierno o institución, órgano, oficina u organismo de la UE. Por lo tanto, el Comité ha organizado sus actividades de supervisión para garantizar esta independencia, en particular en lo que se refiere al estatuto de sus miembros, su presupuesto y su Secretaría.

4. El Reglamento interno del Comité ( 4 ) establece las normas que rigen su composición, funcionamiento y métodos de trabajo (los procedimientos en virtud de los cuales desempeña su función de supervisión en los términos del Reglamento de la OLAF), así como las condiciones materiales en las que debe realizarse su labor. El Comité lleva a cabo su actividad de supervisión sin interferir en el desarrollo de las investigaciones en curso de la OLAF.

5. El Comité presenta informes a las instituciones que lo nombran e informa al público, a la sociedad civil y a las autoridades nacionales competentes acerca de su función y sus actividades.

(ii) La Secretaría

6. La labor del Comité recibe el apoyo de una Secretaría, que trabaja de forma permanente. De conformidad con el Reglamento OLAF, la Secretaría depende directamente del Comité y es independiente de la Comisión. Desempeña un papel primordial para facilitar y contribuir a la ejecución de todas las tareas realizadas por el Comité.

7. La Secretaría está formada por funcionarios de la UE y expertos jurídicos y operativos. Bajo la orientación y la gestión de su jefe, la Secretaría supervisa diariamente las actividades de la OLAF y presenta los resultados de sus actividades de seguimiento y supervisión a los miembros del Comité para su consideración y aprobación. La Secretaría ayuda a los miembros del Comité a ejecutar sus tareas de manera eficiente, con el fin de reforzar la independencia de la OLAF.

Mandato

Artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013: El Comité de Vigilancia seguirá regularmente el ejercicio por la Oficina de la función de investigación, a fin de fortalecer la independencia de la Oficina en el ejercicio adecuado de las competencias que le atribuye el presente Reglamento. El Comité de Vigilancia seguirá en particular la evolución de la aplicación de las garantías procedimentales y la duración de las investigaciones a la vista de la información que proporcione el Director General de conformidad con el artículo 7, apartado 8.

8. El Comité se creó con el fin de reforzar y garantizar la independencia de la OLAF mediante el seguimiento regular de su función de investigación y de asistir a su Director General en el desempeño de sus responsabilidades. El Comité está plenamente comprometido con esta misión. El Comité interpreta también su función de asistir al Director General de la OLAF de la mejor manera posible para que la OLAF mejore su eficacia como organismo de investigación de la UE riguroso e imparcial, totalmente independiente de presiones e injerencias externas indebidas. 2019 es, además, el vigésimo aniversario de la OLAF, lo que constituye una oportunidad para reflexionar sobre la forma en que la Oficina ha cumplido su papel y cómo desea avanzar, en particular con la creación de la Fiscalía Europea, en la lucha contra el fraude, la corrupción y los delitos que afectan al presupuesto de la UE. El Comité está dispuesto a apoyar a la OLAF en sus esfuerzos por mejorar la calidad de su trabajo y desempeñar un papel fundamental en el nuevo espacio de justicia europeo en el que la asistencia y el apoyo de la OLAF a la Fiscalía Europea, y la cooperación con ella, serán de vital importancia para la protección de los intereses financieros de la UE.

9. El Comité proporciona al Director General de la OLAF y a las instituciones dictámenes e informes detallados sobre las investigaciones en curso de la Oficina sin interferir en ellas. El seguimiento periódico de las investigaciones de la OLAF es el mejor método para garantizar su independencia y, durante el período cubierto por el informe, el Comité participó en gran medida en el establecimiento de una relación de trabajo sólida con el Director General de la Oficina con el fin de mejorar la calidad de la información que la OLAF le envía de forma periódica. Esto se aplica, en particular, a los informes sobre las investigaciones de más de doce meses de duración, así como a las reclamaciones individuales contra las investigaciones de la OLAF y a las recomendaciones de esta que no fueron seguidas por las autoridades pertinentes. Asimismo, el Comité participa activamente en el intercambio interinstitucional anual de opiniones sobre el desempeño de la OLAF y ha mantenido de forma sistemática la opinión de que las prioridades de la política de investigaciones de la Oficina deben ajustarse a los principales ámbitos del gasto presupuestario de la UE.

10. El Comité de Vigilancia rinde cuentas ante las instituciones que nombraron a sus miembros, y su informe de actividad del año pasado se debatió con el Comisario de Presupuestos y Recursos Humanos, el Secretario General de la Comisión, la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo (CONT) y el Grupo de trabajo de lucha contra el fraude del Consejo, durante la presidencia finlandesa.

11. El Comité también acoge con satisfacción los comentarios positivos que recibió de la Comisión CONT del Parlamento Europeo en 2019 a su informe sobre la propuesta de revisión del Reglamento OLAF. El Comité continuará vigilando de cerca los actuales debates y negociaciones interinstitucionales entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión («diálogo tripartito»).

12. El Comité celebró diez sesiones plenarias ( 5 ) y continuó con la práctica de invitar a las reuniones al Director General de la OLAF y a su personal, a fin de debatir y recibir información sobre cualquier asunto pertinente para el trabajo del Comité y de la OLAF. El Comité esperaba realizar un trabajo constructivo con la OLAF y ayudar a la Oficina a mejorar su desempeño y eficiencia. Durante el período cubierto por el informe, se nombró a miembros del Comité como ponentes para que trabajaran y dieran seguimiento a ámbitos específicos del plan de trabajo del Comité. Dichos ponentes colaboraron estrechamente con la Secretaría con vistas a elaborar proyectos de dictámenes e informes para su adopción por parte del Comité.

Tareas de seguimiento del Comité de Vigilancia

(i) Seguimiento del presupuesto y los recursos de la OLAF

Artículo 6, apartado 2, de la Decisión de la Comisión 1999/352/CE, de 28 de abril de 1999, por la que se crea la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, modificada por la Decisión 2013/478/UE, de 27 de septiembre: 2. Previa consulta al Comité de vigilancia, el Director General remitirá al Director General de Presupuesto un anteproyecto de presupuesto que se consignará en el anexo correspondiente a la Oficina de la sección del presupuesto general de la Unión Europea relativa a la Comisión. Artículo 15, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013: El Comité de Vigilancia remitirá al Director General dictámenes, y también si procede recomendaciones, sobre, entre otras cosas, los recursos necesarios para llevar a cabo la función de investigación de la Oficina, […]. Considerando 37 del Reglamento (UE, euratom) n.o 883/2013: La Oficina ha de gozar de independencia en el cumplimiento de sus funciones. Para reforzar dicha independencia, la Oficina debe estar sometida al control regular de sus funciones de investigación por un Comité de Vigilancia, compuesto por personalidades externas independientes especialmente cualificadas en los ámbitos de competencia de la Oficina. El Comité de Vigilancia no debe interferir en el desarrollo de las investigaciones que estén en curso. Su misión también debe consistir en asistir al Director General en el cumplimiento de su tarea.

13. El Comité de Vigilancia es consciente de que la independencia presupuestaria de la Oficina repercute directamente en sus investigaciones y operaciones. Por consiguiente, considera que entre las prioridades del Director General deben aparecer un presupuesto apropiado y una estrategia integral de recursos humanos.

14. El Comité reconoció que, como en años anteriores, el proyecto de presupuesto de la Comisión estaba sujeto a medidas de ahorro y observó que el aumento anual del presupuesto se había reducido sistemáticamente. En comparación con el año anterior, el presupuesto de la OLAF aumento un 1,41 % frente al 3,42 % del año precedente.

15. La opinión del Comité es que esta reducción no debía tener efectos perjudiciales para la lucha contra el fraude o las actividades irregulares que perjudican los intereses financieros de la UE. Además, la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo titulada Reforzar en mayor medida el Estado de Derecho en la Unión ( 6 ) , así como el Pacto Verde previsto por la Comisión, añade más responsabilidades a la OLAF.

16. El Comité desea enfatizar de nuevo que las medidas de ahorro más restrictivas que se aplican a otras direcciones generales de la Comisión no deberían aplicarse a la OLAF, que, en lo que respecta a los recursos humanos, debería beneficiarse de incentivos que permitan la contratación de personal altamente cualificado y especializado en el campo de la investigación y la recuperación de activos. Esto es particularmente importante teniendo en cuenta las futuras relaciones de trabajo de la OLAF con la Fiscalía Europea.

17. Durante el período cubierto por el informe, el Comité emitió un dictamen sobre el anteproyecto de presupuesto de la OLAF para 2020 y analizó la ejecución del presupuesto aprobado de la OLAF para 2019. Al analizar el anteproyecto de presupuestos de la OLAF para 2020, el Comité se centró particularmente en: — la repercusión financiera y operativa relacionada con la aplicación del sistema de gestión de casos (el «SGC»), — la estrategia de recursos humanos de la OLAF, — el informe especial del Tribunal de Cuentas sobre la estrategia de lucha contra el fraude de la Comisión (7); y — la incidencia presupuestaria de la creación de la Fiscalía Europea sobre la OLAF.

18. El Comité apoya las recomendaciones del Tribunal de Cuentas Europeo y la respuesta de la Comisión al Tribunal sobre el refuerzo de las capacidades de la OLAF para actualizar la estrategia de lucha contra el fraude de la Comisión y elaborar la evaluación del riesgo y el análisis del presupuesto de la UE para el periodo 2021-2027 ( 8 ) . Para tal fin, como establece el Comité en su dictamen sobre el proyecto de presupuestos de la OLAF para 2020, se deberían asignar a la Oficina los recursos humanos necesarios.

19. Además de estas tareas, en 2019 la Comisión solicitó a la OLAF que aportara información y datos concretos para apoyar la aplicación del estado de Derecho en los Estados miembros y para reforzar la supervisión de sus propias recomendaciones dirigidas a las autoridades judiciales nacionales. Dichas recomendaciones a los Estados miembros y a las instituciones, órganos y organismos de la Unión son de carácter económico principalmente y pretenden recuperar los importes recibidos indebidamente por los beneficiarios de los programas y acciones de la UE, y, de este modo, proteger el presupuesto de la UE y mantener la confianza del público en esta.

20. En su intercambio periódico de opiniones con el Director General durante las reuniones plenarias mensuales, el Comité también reiteró sus preocupaciones y serias dudas sobre la aplicación en curso por parte de la OLAF de un nuevo sistema de gestión de casos («SGC»), y sus implicaciones presupuestarias. En particular, los retrasos excesivos ya registrados en el diseño y la finalización del SGC y los importantes y repetidos rebasamientos del presupuesto han llevado al Comité de Vigilancia a creer que la gestión del proyecto relativo al SGC carece de la transparencia necesaria y la supervisión suficiente.

21. En este sentido, el Comité toma nota de la adopción por parte del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión de su informe titulado «Final audit report on IT project management practices in OLAF» («Informe de auditoría final sobre las prácticas de gestión de proyectos informáticos en la OLAF», documento en inglés), de junio de 2019. En dicho informe se señalaba una serie de debilidades significativas en las primeras etapas del SGC, incluida la falta de una estructura clara y sostenible de gobernanza de proyectos, así como de un control suficiente de la dirección y una considerable incertidumbre en relación con las futuras estimaciones del presupuesto necesario para aplicar el SGC. Asimismo, se determinaban problemas claros con respecto a la gestión del coste del SGC.

22. El Comité reconoce que el Director General ya se ha comprometido a aplicar las recomendaciones del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión y a garantizar que el proyecto relativo al SGC finaliza antes de 2020. Asimismo, el Comité señala que, en febrero de 2020, el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión concluyó que la OLAF había aplicado, antes de diciembre de 2019, todas las medidas necesarias para cumplir con la mencionada auditoría.

(ii) Seguimiento de casos

Artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013: El Comité de Vigilancia seguirá regularmente el ejercicio por la Oficina de la función de investigación […]. Artículo 4 de la Decisión de la Comisión 1999/352/CE, de 28 de abril de 1999, por la que se crea la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, modificada por la Decisión 2013/478/UE, de 27 de septiembre: […] [El] Comité [de Vigilancia] controlará periódicamente la ejecución de la función de investigación de la Oficina. Dictamen conjunto de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión de 5 de septiembre de 2016: El Dictamen conjunto subraya que el Reglamento (UE) n.o 883/2013 faculta al Comité de Vigilancia para recibir información del Director General de la OLAF: — sobre los casos en que se haya transmitido información a las autoridades judiciales nacionales, aun cuando la OLAF no haya llevado a cabo ninguna investigación; — sobre información adicional relativa a todos los casos, incluidas las investigaciones en curso, y no solo sobre los casos cerrados; — en cuanto a las obligaciones de presentación de informes del director general de la OLAF, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 implica un deber activo de información para la OLAF. A este respecto, la concesión de un acceso electrónico meramente pasivo a las bases de datos de la OLAF no bastaría para cumplir las obligaciones del director general de la OLAF establecidas en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013.

23. El Comité supervisa de forma activa y periódica la forma en que la OLAF lleva a cabo las investigaciones con el objeto de reforzar la independencia de la Oficina y asistir al Director General en el cumplimiento de sus obligaciones. El Comité nombró a ponentes para supervisar tanto las investigaciones internas delicadas como otros casos sobre los cuales el Director General decidió no abrir una investigación después de evaluar la información recibida («asuntos desestimados»).

24. En noviembre de 2018, la OLAF otorgó a los ponentes del Comité y a los miembros de su Secretaría acceso completo a los expedientes de sesenta y cuatro casos de la Oficina: sesenta casos en los que el Director General de la OLAF adoptó la decisión de no iniciar una investigación (los denominados «asuntos desestimados») y cuatro investigaciones internas que la OLAF realizó y cerró. Durante 2019, el Comité de Vigilancia obtuvo acceso a una serie de documentos adicionales en relación con uno de los cuatro casos internos cerrados.

25. Durante el período cubierto por el informe, el Comité mantuvo reuniones e intercambió opiniones con el personal de la OLAF con el fin de entender mejor la forma en la que se llevaron a cabo algunas de esas investigaciones.

26. Entre enero y marzo de 2019, los ponentes del Comité mantuvieron reuniones mensuales con directivos de la OLAF, incluidos los directores de la Dirección A («Investigaciones I») y la Dirección C («Apoyo a la Investigación»); los jefes de unidad de la Unidad 0.1 («Selección y Revisión de las Investigaciones»), la Unidad A.1 (Personal de la UE), la Unidad C.3 («Análisis Operativo y Forense Digital») y la Unidad C.4 («Unidad Jurídica y de Asesoramiento»). En estas reuniones también participaron los selectores, los revisores, los investigadores y los miembros de las unidades de asesoramiento jurídico y de seguimiento.

27. En la reunión plenaria de diciembre de 2019, el Comité adoptó su proyecto de dictamen sobre los casos que el Director General de la OLAF no abrió («asuntos desestimados»), y en enero de 2020 lo remitió a la OLAF para que formulase observaciones. En febrero de 2020, la OLAF aportó sus observaciones, así como información adicional. En marzo de 2020, el Comité de Vigilancia publicó el Dictamen ( 9 )

28. El Comité recuerda que, como organismo independiente, se encuentra en una posición privilegiada para desempeñar las tareas de seguimiento y supervisión que tiene asignadas. Al analizar los casos comunicados por la OLAF, el Comité garantiza que su trabajo sigue centrado en: los posibles riesgos derivados de la realización independiente de las investigaciones; el respeto de las garantías procedimentales y de los derechos fundamentales; el cumplimiento de los principios y las normas generales de las investigaciones; la evaluación de la calidad de los expedientes y de la información que se incluye en el SGC; y el cumplimiento de las normas establecidas en las Directrices sobre los procedimientos de investigación para el personal de la OLAF (DPI).

(iii) Seguimiento de la duración de las investigaciones de la OLAF

Artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013: El Comité de Vigilancia seguirá regularmente el ejercicio por la Oficina de la función de investigación, a fin de fortalecer la independencia de la Oficina en el ejercicio adecuado de las competencias que le atribuye el presente Reglamento. Artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013: El Comité de Vigilancia seguirá en particular la evolución de la aplicación de las garantías procedimentales y la duración de las investigaciones a la vista de la información que proporcione el Director General de conformidad con el artículo 7, apartado 8. Artículo 7, apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013: Las investigaciones se desarrollarán ininterrumpidamente durante un período de tiempo que deberá ser proporcionado a las circunstancias y a la complejidad del asunto. Artículo 7, apartado 8, del Reglamento (UE) n.o 883/2013: Si no pudiera concluirse una investigación dentro de los 12 meses siguientes a su inicio, el Director General, al finalizar dicho período de 12 meses y posteriormente cada seis meses, informará al Comité de Vigilancia indicando las razones y medidas correctoras previstas a fin de acelerar la investigación.

Información general

29. El seguimiento de la duración de las investigaciones de la OLAF es uno de los deberes principales del Comité y está orientado a reforzar la independencia de la Oficina.

30. La obligación de respetar un plazo razonable en la tramitación de los procedimientos administrativos constituye un principio general del Derecho de la Unión y forma parte del derecho a una buena administración del artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ( 10 ) . Según la jurisprudencia, cuando la duración del procedimiento no está fijada por un precepto del Derecho de la Unión, el carácter razonable del plazo debe apreciarse en función de las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, de la transcendencia del litigio para el interesado, de la complejidad del asunto y del comportamiento de las partes ( 11 )

31. De esta jurisprudencia y del artículo 7, apartado 5, del Reglamento OLAF ( 12 ) se desprende que el procedimiento de la OLAF se debe desarrollar ininterrumpidamente y no debe prolongarse más allá de un plazo razonable, que debe apreciarse en función de las circunstancias y de la complejidad de cada caso ( 13 )

32. Asimismo, el Comité considera crucial enfatizar su función, como aclara la jurisprudencia de los tribunales de la UE ( 14 ) , y subraya el ámbito de su actividad de supervisión en el contexto específico de las investigaciones de más de doce meses de duración.

33. En primer lugar, al seguir periódicamente la duración de las investigaciones de la OLAF y los motivos de cualquier retraso indebido, el Comité trata de reforzar la independencia e imparcialidad de investigación de la OLAF verificando que no se produce ninguna interferencia externa o interna en la realización imparcial de una investigación, que se garantiza la igualdad de trato y que los retrasos que se registren sean proporcionados y estén justificados por la complejidad y las circunstancias del caso en cuestión.

34. En segundo lugar, una investigación prolongada que no pueda justificarse por las circunstancias o la complejidad de un caso determinado puede tener consecuencias graves y adversas sobre i) los derechos de defensa de las personas afectadas (que tienen derecho a que las investigaciones que les afecten sean tratadas dentro de un plazo razonable, como prevé el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), y ii) el seguimiento de la investigación (es decir, es más difícil recoger pruebas a medida que el tiempo pasa). De este modo, al supervisar la duración de las investigaciones de la OLAF, el Comité garantiza que se respetan las garantías procedimentales previstas en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

35. Además, el seguimiento del Comité pretende garantizar que los Estados miembros y las instituciones, órganos y organismos de la Unión afectados tienen en cuenta y siguen adecuadamente los resultados y las conclusiones de las investigaciones de la OLAF. El seguimiento judicial, financiero o disciplinario y el potencial de enjuiciamiento y recuperación pueden verse irremediablemente comprometidos, en particular debido a problemas de prescripción (en virtud de las leyes nacionales aplicables) o la imposibilidad de que las autoridades judiciales nacionales lleven a cabo una adecuada investigación de los acontecimientos que ocurrieron hace mucho tiempo.

36. Por último, al seguir la duración de las investigaciones, el Comité verifica que los recursos humanos y financieros asignados a la OLAF se han utilizado de forma eficiente, lo cual podría afectar a la adopción de las prioridades políticas de investigación de la OLAF y a su presupuesto general.

37. Resulta importante enfatizar que esta función específica, encomendada al Comité a través del artículo 7, apartado 8, del Reglamento OLAF, exige que este lleve a cabo un análisis caso por caso de cada investigación de más de doce meses de duración con el fin de garantizar que las investigaciones de la OLAF se desarrollan ininterrumpidamente durante un periodo proporcionado a sus circunstancias y complejidad. Para que el Comité cumpla con su mandato, este debe tener acceso directo y libre, si no a todo el expediente del caso de la OLAF, al menos a los elementos que resultan esenciales para entenderlo, identificar a la persona o personas afectadas y seguir el calendario de medidas de investigación, así como las decisiones relacionadas con la gestión del caso adoptadas por la OLAF. Al hacerlo, el Comité respeta plenamente la independencia de la OLAF a la hora de llevar a cabo sus investigaciones y no interfiere en el desarrollo de estas.

Acceso a información relativa a los casos

38. En su anterior informe de actividades, el Comité observó que el contenido y la calidad de los informes presentados por la OLAF sobre casos de más de doce meses de duración en 2019 no incluían ninguna información que permitiera al Comité controlar de manera eficaz la duración de las investigaciones ( 15 ) . En particular, la mayoría de los informes no incluía información significativa o sustancial en la descripción del caso que permita al Comité evaluar si las razones que la OLAF señala para justificar esta duración son precisas y las medidas correctoras con objeto de agilizarlas son apropiadas.

39. El Comité desea recordar que, como confirmó el Dictamen conjunto de los tres Servicios Jurídicos (el Dictamen conjunto) ( 16 ) , depende del órgano de supervisión (el Comité) decidir, a partir de una apreciación de la necesidad, la información que debe aportarse por parte del órgano supervisado (la OLAF) o la información que se considera necesaria para el desempeño de su función supervisora. Solo de esta forma puede garantizarse la independencia del Comité a la hora de evaluar las investigaciones de la OLAF y, por tanto, la propia independencia de esta. Como destaca el mencionado Dictamen conjunto, la OLAF debe facilitar las tareas del Comité y aportar la información solicitada, a menos que dicha información sea manifiestamente irrelevante o su transmisión constituya necesariamente una interferencia con el desarrollo de la investigación en curso ( 17 )

40. hasta 2013 , fue trasmitir sistemáticamente al Comité la «evaluación de la información inicial» cada investigación de más de «doce meses» de duración de forma unilateral este planteamiento en 2013. En sus anteriores informes anuales de actividades El planteamiento seguido por la OLAF en el pasado, en virtud del anterior Reglamento OLAF ( 18 ) , y, fue trasmitiral Comité la «evaluación de la información inicial» ( 19 ) y los datos personales parade más de «doce meses» de duración ( 20 ) con el fin de permitir al Comité llevar a cabo su misión supervisora en virtud del Reglamento OLAF. La OLAF interrumpióeste planteamiento en 2013. En sus anteriores informes anuales de actividades ( 21 ) y dictámenes ( 22 ) , el Comité expresó claramente su firme oposición a esta nueva práctica, que limita gravemente su capacidad para desempeñar su mandato supervisor en virtud del Reglamento OLAF.

41. Durante el periodo de referencia, el Director General de la OLAF y el Comité de Vigilancia participaron en un diálogo para hallar formas de recuperar el acceso anterior a 2013 a la información relativa a los casos disponibles y registrada en el sistema de gestión de casos («SGC») de la OLAF, una condición sine qua non para que el Comité pueda supervisar de forma eficaz la independencia de la Oficina a la hora de realizar sus investigaciones externas e internas. El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos del Director General de la OLAF en los últimos meses de 2019 para hallar una solución adecuada a esta importante cuestión. Al mismo tiempo, el Comité lamenta que el actual debate se haya dilatado tanto y espera que se pueda llegar a una solución viable y de mutuo acuerdo lo antes posible para recuperar la misma forma de acceso relevante de la que disfrutaba el Comité durante sus primeros catorce años de funcionamiento.

42. En febrero de 2019, se enviaron al Director General de la OLAF dos nuevos «informes modelo» basados en una plantilla de informe que la misma Oficina había propuesto previamente. El primero se elaboró para ser utilizado en los casos de investigaciones de más de doce meses de duración y el segundo estaba pensado como herramienta de presentación de informes destinada a investigaciones de dieciocho o más meses de duración, y fue diseñado con el objeto de comprobar la repercusión de las medidas correctoras adoptadas por la OLAF a fin de agilizar la investigación.

43. Estos dos informes modelo incluían el tipo de información que el Comité consideraría el «mínimo» necesario para desempeñar sus tareas supervisoras en virtud del artículo 7, apartado 8, y el artículo 15, apartado 1, del Reglamento OLAF, es decir: i) una descripción detallada del caso comunicado, incluido el impacto económico estimado; ii) la legislación supuestamente infringida; iii) las posibles sanciones y consideraciones relativas a la prescripción; iv) las actividades operativas realizadas y sus resultados; v) las actividades operativas que deben realizarse; vi) las razones de la no conclusión del caso; y vii) las medidas correctoras adoptadas o previstas destinadas a agilizar la investigación.

44. En mayo de 2019, la OLAF remitió al Comité una propuesta diferente de informe modelo que este no consideró satisfactorio dado que no contenía la información mínima necesaria solicitada por el Comité. En julio de 2019, la OLAF propuso una nueva versión revisada de la «plantilla de doce meses» que pretendía abordar las graves preocupaciones y reservas del Comité respecto al tipo de información que se le proporciona.

45. El Comité abordó los resultados de sus análisis y propuso soluciones alternativas al Director General de la OLAF en noviembre de 2019. El Comité de Vigilancia ha examinado en profundidad la nueva plantilla de presentación de informes propuesta por la OLAF ( 23 ) . Aunque podría considerarse que la nueva plantilla supone una mejora respecto a la anterior (utilizada por la OLAF desde 2013 hasta marzo de 2019), esta aún no cubre las necesidades del Comité en términos de calidad y exhaustividad de la información que se aporta en ella. Además, y lo que es más importante, los datos personales se redactan a partir de plantillas/informes, haciendo casi imposible la evaluación que lleva a cabo el Comité.

46. En paralelo al debate sobre la calidad de la información aportada por la OLAF al Comité, el 18 de julio de 2019, el Director General de la OLAF solicitó un dictamen a la oficina del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) que investigara en esencia si, al desempeñar sus tareas de presentación de informes en virtud del artículo 7, apartado 8, del Reglamento OLAF, estaría infringiendo las normas de protección de datos aplicables si revelara el nombre o nombres de las personas implicadas en una investigación de la OLAF que dure más de un año.

47. Tras una solicitud del SEPD (22 de agosto de 2019), la Secretaría celebró dos reuniones con este (15 de noviembre de 2019 y 2 de diciembre de 2019) en las que debatió en detalle el mandato del Comité y el tipo de información necesaria para cumplir sus tareas de seguimiento y supervisión en virtud del Reglamento OLAF. El 17 de diciembre de 2019, el Comité aportó sus observaciones por escrito al SEPD y, el 5 de febrero de 2020, la OLAF presentó información adicional al SEPD.

48. Como se ha afirmado en varias ocasiones, el Comité no lleva a cabo verificaciones normalizadas y automatizadas, sino un análisis detallado de cada investigación específica de más de doce meses de duración . La identidad de las personas investigadas y de las entidades jurídicas implicadas en las investigaciones de la OLAF debe revelarse en el «informe de doce meses». Conocer la identidad de las personas investigadas desde el inicio es un elemento esencial e indispensable para los miembros del Comité al evaluar si las razones aducidas por la OLAF para no haber completado una investigación específica realmente justifican la duración de esta. Sin esta información, el Comité es incapaz de cumplir con su mandato.

49. El Comité desea recordar que su tratamiento de los datos al llevar a cabo un seguimiento forma parte del ejercicio legítimo de su autoridad oficial, que le es conferida directamente por el Reglamento OLAF (artículo 7, apartado 8, y artículo 15, apartado 1). La legalidad de dicho tratamiento quedó reconocida por primera vez por el SEPD en su dictamen de 2007 ( 24 ) . En este sentido, el Comité enfatiza que no necesita tener acceso a los datos personales de ninguna persona mencionada en una investigación de la OLAF, sino únicamente al nombre de la persona o personas afectadas. De este modo, la opinión del Comité, como se expresa en sus intercambios y correspondencia con el SEPD mencionados anteriormente, siempre ha sido que su tratamiento de los datos en este contexto es adecuado, pertinente y no excesivo, permitiéndole cumplir con el mandato específico que le ha sido encomendado por el Reglamento OLAF.

50. el SEPD confirmó que el tratamiento de datos personales del Comité era legal y necesario ( 26 ). En marzo de 2020, el SEPD contestó a la solicitud de dictamen del Director General de la OLAF, después de la entrada en vigor de las nuevas normas de protección de datos de la UE ( 25 ) . En su Dictamen,

51. El Comité invitó a la OLAF a aplicar sin dilaciones indebidas las conclusiones del SEPD y a ofrecer al Comité acceso a la identidad de las personas (físicas) implicadas en investigaciones de más de doce meses de duración. Asimismo, el Comité está plenamente de acuerdo con el SEPD en que la identidad de las personas jurídicas no constituye «datos personales» en virtud de la legislación de la UE aplicable y, por tanto, también debería revelarse.

Informes sobre investigaciones de más de doce meses de duración recibidos por el Comité de Vigilancia en 2019

52. En 2019, el Comité recibió 587 informes ( 27 ) de la OLAF sobre 375 investigaciones individuales de más de doce meses de duración. De estos casos individuales, el 34,4 % duraron más de doce meses, mientras que el 27,2 % duraron más de dieciocho meses. El Comité señaló que el 38,4 % de todos los casos comunicados a efectos del artículo 7, apartado 8, excedía los veinticuatro meses. El desglose muestra lo siguiente: 16,5 % de casos individuales de más de veinticuatro meses de duración; 11,2 % de más de treinta meses; 4,5 % de más de treinta y seis meses; 4,8 % de más de cuarenta y dos meses; 0,8 % de hasta cuarenta y ocho meses y 0,5 % de más de cuarenta y ocho meses (gráfico 1). El Comité señaló que en 2019 había 144 casos de más de veinticuatro meses aún en curso. El desglose sectorial de las investigaciones realizadas por la OLAF para los casos de más de veinticuatro meses se muestra en el gráfico 2. Gráfico 1 375 casos individuales — 2019 Gráfico 2 144 casos individuales de más de veinticuatro meses de duración — 2019

53. En el primer trimestre de 2019, la OLAF presentó información al Comité utilizando el antiguo formato que usó entre 2013 y abril de 2019. El Comité siempre ha señalado que estos informes carecen de contenido significativo y tenían un carácter incompleto.

54. Para el segundo trimestre de 2019, los informes aportados al Comité se basaron en la plantilla de presentación de informes propuesta por la OLAF en mayo de 2019, mientras que los que abarcaban el periodo de julio a diciembre de 2019 se basaron en la plantilla propuesta por la OLAF en julio de 2019 (263 informes en total).

Análisis del Comité de 263 informes sobre investigaciones de más de doce meses de duración

55. Al revisar los 263 informes sobre investigaciones de más de doce meses de duración, que abarcaban el periodo entre abril y agosto de 2019, el Comité también examinó hasta qué punto las plantillas de presentación de informes recién propuestas por la OLAF ofrecen información suficiente y significativa que permita al Comité supervisar la evolución en materia de aplicación de las garantías procedimentales y la duración de las investigaciones de conformidad con el artículo 7, apartado 8, del Reglamento OLAF.

56. El Comité centró sus análisis en si el informe de la OLAF ofrecía los siguientes elementos esenciales para sus tareas de seguimiento, a saber: — una descripción detallada del caso; — el impacto económico estimado; — la legislación supuestamente infringida; — las posibles sanciones y consideraciones relativas a la prescripción; — las medidas operativas adoptadas hasta la fecha y sus resultados; — las medidas operativas pendientes de ejecución; y — las razones por las que el caso no ha concluido, entre ellas, la asignación de recursos, el volumen de trabajo operativo, las cuestiones de cooperación y otros asuntos.

57. El Comité mantuvo su anterior postura de que la calidad de la información aportada por la OLAF en las nuevas plantillas de presentación de informes aún no permite al Comité supervisar la duración de las investigaciones de conformidad con el artículo 7, apartado 8, del Reglamento OLAF y, de ese modo, llevar a cabo de forma eficaz su función supervisora.

58. En particular, en todos los casos analizados, los informes no incluyen suficiente información fáctica pertinente o contextual de referencia que permita al Comité comprender, al menos, los hechos esenciales del caso. En casos en los que se amplió el ámbito de la investigación, los informes no aportaban razones para hacerlo. Y, sobre todo, en ninguno de los informes se identifica a la persona o personas jurídicas o naturales investigadas.

59. Los informes tampoco aportan sistemáticamente la información sobre el «impacto económico estimado» y las «posibles sanciones»; además, únicamente en algunos casos, los informes incluían información sobre la «legislación supuestamente infringida», un elemento importante para este ejercicio.

60. En la mayoría de los informes, no se explica el calendario/cronología de las actividades de investigación realizadas, y las fechas solo se mencionan en algunos casos. Tampoco se ofrece información significativa sobre los resultados de los pasos de investigación dados, ni se informa sistemáticamente acerca de la finalidad general o específica de cada actividad. Por último, solo en algunos casos excepcionales puede identificar el lector las actividades realizadas durante los últimos seis meses.

61. No se ofrecen explicaciones sobre por qué no se han completado aún las investigaciones, o estas son insuficientes ( 28 ) . En algunos casos, no hay explicaciones claras o suficientes del «problema emergente» que justificaría el retraso en cuestión.

62. Los informes de casos de más de dieciocho meses de duración no cuestionan cómo se han aplicado las medidas correctoras anteriormente mencionadas (esta información solo se ofrecía en casos excepcionales), haciendo imposible, por tanto, evaluar el avance realizado desde entonces, en caso de existir.

63. A la luz de estas conclusiones, y para evitar el uso ineficiente de los recursos humanos de la OLAF, el Comité propuso una solución viable y eficaz que implicaba el acceso sistemático y automático a documentos específicos de la OLAF ya disponibles en el SGC, el sistema de gestión de casos de la Oficina . El Comité considera que esto reducirá considerablemente, si no eliminará, el trabajo adicional de los investigadores de la OLAF que deben elaborar para beneficio del Comité informes adicionales con la misma información que ya aparece en los informes relativos a los casos almacenados en el SGC. Este formulario de acceso directo a información específica y existente debe permitir al Comité obtener información exhaustiva y significativa sobre investigaciones de más de doce meses de duración y, de ese modo, cumplir con su mandato en virtud del artículo 7, apartado 8, del Reglamento OLAF. Ahora bien, el Comité enfatizará, en aras de la exhaustividad, que cualquier formulario electrónico de acceso a la información relativa a los casos almacenada en el SGC no exime al Director General de la OLAF de su obligación en virtud de la disposición mencionada anteriormente en el Reglamento OLAF de seguir informando al Comité de las razones por las que las investigaciones no se han cerrado en el plazo de doce meses desde que se abrieron, y de las medidas correctoras previstas para acelerar dichas investigaciones.

64. El Comité tiene gran confianza en que, siguiendo el reciente Dictamen del SEPD que revisaba su anterior Dictamen de 2007, se hallará una solución definitiva durante el año 2020.

Seguimiento de la evolución en materia de aplicación de las garantías procedimentales

Artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013: El Comité de Vigilancia seguirá en particular la evolución de la aplicación de las garantías procedimentales […]. Artículo 17, apartado 7, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013: El Director General establecerá un procedimiento interno de asesoramiento y control, que incluirá un control de legalidad, relacionado, entre otras cosas, con el respeto de las garantías procedimentales y los derechos fundamentales de las personas interesadas […]. Artículo 9 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013: Garantías procedimentales (no se recoge aquí debido a su longitud)

Reclamaciones individuales comunicadas por la OLAF sobre sus investigaciones

65. El artículo 9 del Reglamento OLAF enumera los principios y garantías procedimentales que debería aplicar la Oficina al realizar una investigación. En el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento se encomienda al Comité la tarea específica de garantizar que la OLAF respete las garantías procedimentales en el ejercicio de sus funciones de investigación. La jurisprudencia reiterada establece que la OLAF debe respetar los derechos fundamentales establecidos en el Derecho de la UE, y en particular en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ( 29 ) . El Comité presta especial atención todos los años a este aspecto de su mandato, dado que es primordial para las personas investigadas por la OLAF.

66. Las personas afectadas por una investigación de la OLAF pueden presentar una reclamación directamente al Director General de esta. El procedimiento de la OLAF para tramitar estas reclamaciones se detalla y se pone a disposición del público en el sitio web de la OLAF ( 30 ) . El Director General de la OLAF ha tomado medidas para asegurarse de que se envíen al Comité los informes sobre reclamaciones individuales como mínimo cada dos años. En septiembre de 2019, el Comité recibió un informe sobre reclamaciones relativas a garantías procedimentales que abarcaban la primera mitad de 2019 (de enero a junio de 2019). En febrero de 2020, se envió al Comité un nuevo informe que abarcaba la segunda mitad de 2019. Los informes abarcan información sobre: (i) reclamaciones procedimentales recibidas por la OLAF en virtud de su propio procedimiento de reclamaciones (seis reclamaciones en total (31)); (ii) reclamaciones contra la OLAF presentadas a la Defensora del Pueblo Europeo (cuatro reclamaciones en total);

67. En 2019, la OLAF no recibió ninguna reclamación basada en el artículo 90 bis del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea.

68. Las explicaciones aportadas en estos dos informes de la OLAF, aunque eran informativas, tenían un carácter general. Las supuestas infracciones de derechos en las investigaciones de la OLAF se enumeraban de forma descriptiva junto a un breve resumen de la respuesta de la OLAF a cada alegación. Asimismo, los informes indicaban si la Defensora del Pueblo Europeo había tomado una decisión, junto a un breve resumen de sus conclusiones. En general, la información inicialmente aportada por la OLAF no permitía al Comité seguir la evolución de las garantías procedimentales y los derechos fundamentales.

69. Para garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas por investigaciones de la OLAF y que la OLAF aplicara correctamente las garantías procedimentales, el Comité solicitó el acceso a i) las reclamaciones originales, y ii) las respuestas de la OLAF a estas.

70. La OLAF proporcionó al Comité la información solicitada en febrero de 2020. Tras analizar estas reclamaciones y las respuestas de la OLAF, el Comité solicitó más información sobre las seis reclamaciones tramitadas por la OLAF. La OLAF aportó esta información en abril de 2020.

Análisis de reclamaciones individuales tramitadas por la OLAF

71. En cuatro de las diez reclamaciones contra la OLAF, la Defensora del Pueblo Europeo ya había emitido un Dictamen final en el que se constataba que no había mala administración. De ese modo, la Secretaría centró su atención en las seis reclamaciones directamente tramitadas por la OLAF en 2019.

72. Las principales alegaciones planteadas en dichas reclamaciones afectaban a: 1) el derecho de la persona afectada a ser oída, y 2) el derecho de la persona afectada a tener acceso a los expedientes y documentos de la investigación utilizados en su contra.

73. Respecto a 1), el Comité señala que, con vistas a ejercer de forma eficaz el derecho a ser oído, debe informarse a las personas afectadas de todos los hechos que les afectan. Por tanto, la OLAF debe ofrecer un informe completo de los hechos pertinentes y mantener un registro integral de las observaciones realizadas por la persona afectada ( 32 ) . En las seis reclamaciones analizadas, el reclamante, es decir, la persona afectada por la investigación de la OLAF, planteó los siguientes argumentos: a) o los hechos presentados por la OLAF en el «resumen de los hechos» estaban incompletos/no estaban claros/era imprecisos, privando de ese modo a la persona afectada de la oportunidad de presentar observaciones (artículo 9, apartado 4, del Reglamento OLAF); o b) las afirmaciones hechas por la persona afectada durante las verificaciones in situ no se adjuntaron al informe sobre dichas verificaciones, o c) el plazo para presentar observaciones sobre las conclusiones de la OLAF era demasiado corto, o d) la OLAF debería haber permitido a la persona afectada ser oída mediante una vista oral o una entrevista.

74. El Comité consideró que los argumentos a), b) y c) podrían representar infracciones de las garantías procedimentales en la realización de las investigaciones de la OLAF y, por tanto, decidió seguir consultando los expedientes de los casos.

75. A partir de un análisis en profundidad, el Comité concluyó que las alegaciones mencionadas anteriormente eran infundadas y que la OLAF había proporcionado a la persona o personas afectadas un «resumen de los hechos» claro y completo, así como la posibilidad de presentar observaciones de forma eficaz sobre estos hechos. Asimismo, la OLAF aportó información adicional y amplió el plazo de respuesta cuando se le pidió, y corrigió «errores fácticos». En una ocasión, la OLAF dio acceso a ciertos documentos que consideraba necesarios para comprender las cuestiones en juego.

76. Por último, respecto al derecho a una vista o una entrevista [argumento d)], el Comité señala que el artículo 9, apartado 4, del Reglamento OLAF establece el principio por el que no se formularán conclusiones en las que se mencione a persona alguna por su nombre sin haber dado a los afectados la oportunidad de manifestar su parecer en relación con los hechos que se les imputan. No obstante, corresponde a la OLAF elegir los medios a través de los cuales se ofrece a la persona afectada la oportunidad de presentar observaciones. No existe el derecho a tener una «vista oral» o a ser oído; en su lugar, lo importante es dar a la persona afectada la oportunidad de expresar su opinión por escrito. Además, y en aras de la exhaustividad, una entrevista realizada en virtud del artículo 9, apartado 2, del Reglamento OLAF no representa un derecho del entrevistado, sino una actividad de investigación que desempeña la OLAF. Por tanto, corresponde a la OLAF, y no a una persona afectada, decidir en cada caso si dicha medida es necesaria.

77. En cuanto a 2) y el derecho a tener acceso al expediente de un caso, el Comité se refiere a la jurisprudencia de los tribunales de la UE, según la cual una persona afectada no puede invocar válidamente el principio de respeto de los derechos de defensa o el artículo 41 de la Carta (derecho de toda persona a tener acceso a su expediente) con el fin de acceder a los expedientes de investigaciones o al informe final de la OLAF. Los tribunales de la UE han considerado siempre que la eficacia y confidencialidad de la misión confiada a la OLAF, así como su independencia podrían verse socavadas por el acceso a estos documentos antes de que se haya adoptado una decisión final que afecte desfavorablemente a la persona interesada. Dado que no se ha considerado que los informes de investigaciones de la OLAF y las decisiones relativas a transmitir información a las autoridades judiciales nacionales afecten desfavorablemente a las personas, la OLAF no tiene la obligación de dar acceso a sus expedientes antes de que se haya adoptado dicha decisión. La jurisprudencia ha restringido este derecho precisamente porque se respeta plenamente en las últimas etapas (judicial, disciplinaria o financiera) de la investigación ante las autoridades nacionales competentes.

78. En conclusión, el Comité no ha identificado una infracción de las garantías procedimentales en los casos analizados. No obstante, el Comité seguirá supervisando estrechamente todas las reclamaciones recibidas por la OLAF.

Reclamaciones recibidas por el Comité de Vigilancia contra la OLAF

79. El buzón funcional ( 33 ) del Comité de Vigilancia es el punto de contacto para que las partes interesadas y el público informen al Comité acerca de las preocupaciones y cuestiones que se encuentran entre sus competencias.

80. El Comité suele recibir reclamaciones sobre investigaciones en curso de la OLAF o sobre supuestas actividades fraudulentas que afectan a los intereses financieros de la UE. No obstante, dichas reclamaciones no se encuentran entre las competencias del Comité, que no es ni un órgano de lucha contra el fraude, ni una sala de recursos contra las decisiones de la OLAF.

81. Ahora bien, el Comité remitirá cualquier información pertinente a la OLAF e informará al remitente según corresponda. En 2019, el Comité recibió un número relativamente pequeño de reclamaciones contra investigaciones en curso o decisiones de la OLAF. En un caso relativo a unas supuestas violaciones de derechos fundamentales, las personas afectadas ya habían presentado una reclamación ante la OLAF. Dado que el caso estaba en manos de la autoridad judicial nacional competente a la que la OLAF había remitido su informe final y también estaba sujeto a una investigación de la Defensora del Pueblo Europeo, el Comité de Vigilancia decidió que no hacía falta adoptar ninguna otra medida.

Casos enviados a las autoridades judiciales nacionales

Artículo 17, apartado 5, letra b), del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013: El Director General mantendrá periódicamente informado al Comité de Vigilancia de las actividades de la Oficina, la ejecución de su función de investigación y de las actuaciones ulteriores a que hayan dado lugar las investigaciones. El Director General informará periódicamente al Comité de Vigilancia: (…) b) de los asuntos en los que la información se haya transmitido a las autoridades judiciales de los Estados miembros;

82. En 2019, la OLAF proporcionó al Comité una lista de cuarenta y nueve casos enviados a las autoridades judiciales nacionales (AJN) de los Estados miembros entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019 ( 34 ) . La lista contiene la referencia del caso, la fecha de transmisión del informe final del caso a las AJN y el destinatario de la recomendación. Esta escueta información estadística reviste una escasa utilidad práctica para el Comité.

83. o 2/2017 Como señaló en el último informe de actividades y en el Dictamen n.2/2017 ( 35 ) , el Comité considera que la OLAF debería presentar el informe final del caso remitido a las AJN. La herramienta de gestión de casos (SGC) de la OLAF ya ofrece acceso directo a este informe de la Oficina. El Comité debería tener acceso directo a los informes finales de casos en el SGC una vez que han sido remitidos a las AJN.

84. El Comité invita al Director General de la OLAF a aplicar en el futuro esta práctica relativa a dar acceso al Comité al informe final del caso.

Casos en los que las autoridades competentes no siguieron las recomendaciones de la OLAF

Artículo 17, apartado 5, letra a), del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013: El Director General mantendrá periódicamente informado al Comité de Vigilancia de las actividades de la Oficina, la ejecución de su función de investigación y de las actuaciones ulteriores a que hayan dado lugar las investigaciones. El Director General informará periódicamente al Comité de Vigilancia: (…) a) de los asuntos en los que no se hayan seguido las recomendaciones formuladas por el Director General;

85. El Comité dedica una atención especial al resultado de las investigaciones de la OLAF. Las medidas adoptadas por las autoridades competentes (por ejemplo, recuperar dinero, iniciar la acción judicial, etc.) son un indicador para que la OLAF evalúe su función de investigación, pero también para que los Estados miembros y las instituciones de la UE evalúen el nivel de protección de los intereses financieros de la Unión.

86. La investigación de la OLAF sobre fraude contra el presupuesto de la UE, corrupción y faltas graves dentro de las instituciones europeas exige importantes recursos humanos, materiales y financieros. Si la OLAF descubre que se han producido irregularidades o fraude, el público espera que se sigan las recomendaciones de la OLAF, que los defraudadores sean acusados y condenados y que el daño al presupuesto de la UE sea reparado.

87. Según las cifras de los últimos cinco informes anuales de actividades de la OLAF, la tasa de acusaciones en las recomendaciones judiciales de la OLAF ha descendido a lo largo de los años del 53 % al 36 %. Varias partes interesadas han expresado reiteradamente su preocupación por la relativamente baja tasa de enjuiciamiento, acusación y condena tras la transmisión por parte de la OLAF de los informes finales a las AJN.

88. mens rea) . En cualquier caso, las cifras requieren una atenta reflexión por parte de la OLAF y la atención específica del Comité El Comité comparte su opinión expresada a menudo de que la tasa de condena no puede servir como valor de referencia significativo para medir la eficacia de la justicia (penal). El número de enjuiciamientos y condenas tras las recomendaciones de la OLAF a los Estados miembros debería compararse con el número de estas tras los informes penales de las autoridades administrativas nacionales. Además, las absoluciones o desistimientos son más frecuentes en casos complejos de delitos económicos que en los generales, debido a los hechos complejos, las múltiples normas, que a veces son poco claras, así como a otros elementos que dificultan, o imposibilitan, establecer la intención de cometer un delito de una persona (. En cualquier caso, las cifras requieren una atenta reflexión por parte de la OLAF y la atención específica del Comité ( 36 )

89. El Comité reconoce los esfuerzos de la OLAF para realizar un mejor seguimiento de las recomendaciones financieras de la Oficina. Acoge con satisfacción la iniciativa de la OLAF adoptada en diciembre de 2019 para crear un Grupo operativo de vigilancia para asistir al Director General de la OLAF en el cumplimiento de su tarea relativa a la supervisión de las recomendaciones de la OLAF para la Comisión y el Parlamento Europeo ( 37 ) . El Comité apoya esta idea y comparte la opinión de que se necesitan recursos adicionales para poder llevar a cabo esta tarea de forma eficaz.

90. No obstante, el Comité señala que parece que este Grupo operativo está más centrado en este momento en las recomendaciones financieras que en las judiciales. Aunque recoger y verificar estadísticas forma parte del proceso de evaluación general, el Grupo operativo debería centrarse más en una evaluación de impacto para identificar las razones por las que las recomendaciones de la OLAF no se han seguido hasta ahora. Esto permitiría a la OLAF ofrecer la asistencia necesaria a los destinatarios de las recomendaciones, así como anticipar y abordar en una etapa temprana los posibles problemas y cuestiones que impiden que los destinatarios de sus recomendaciones las apliquen.

Información periódica de la OLAF sobre casos en los que las autoridades competentes no han seguido las recomendaciones de la OLAF

91. En virtud del Reglamento de la OLAF ( 38 ) , el Director General de esta tiene la obligación de informar al Comité periódicamente de los casos en los que no se han seguido sus recomendaciones.

92. Para cumplir esta obligación, una vez al año el Director General de la OLAF ofrece al Comité un gráfico con un resumen del seguimiento de las recomendaciones de la Oficina. La información básica enviada al Comité comprende: el número de caso de la OLAF, la fecha de emisión de la recomendación, la identificación del destinatario, un breve resumen de la recomendación, la fecha de la respuesta a la OLAF de las autoridades competentes relativa a la no aplicación, los motivos aducidos por la autoridad de que se trate y, en algunos casos, las observaciones de la OLAF con más aclaraciones.

93. Como solicitó el Comité en su último informe de actividades ( 39 ) , la OLAF ha adaptado el plazo del sistema de presentación de informes al año civil (enero-diciembre), que es más completo y menos susceptible de errores.

94. La OLAF ha informado al Comité de que en abril de 2020 ofrecería las cifras solicitadas. Pero hasta julio de 2020 la OLAF no comunicó al Comité el informe consolidado sobre las recomendaciones judiciales y disciplinarias de la OLAF que no se siguieron, y que abarcaba el periodo de enero a diciembre de 2019. El Comité no recibió la información pendiente sobre las recomendaciones financieras de la OLAF que no se siguieron en el momento en que se adoptó el presente informe.

95. A partir de la información citada anteriormente, la OLAF recibió respuestas sobre cuarenta y dos casos para los que las autoridades afectadas eligieron no seguir las recomendaciones judiciales de la Oficina. El tipo y la frecuencia de las razones dadas por las autoridades competentes para no seguir las recomendaciones de la OLAF podrían agruparse de la siguiente manera: Cuadro 1 Razones indicadas por las autoridades competentes para no seguir las recomendaciones de la OLAF según esta Número Razón indicada 22 Falta de pruebas/Pruebas insuficientes 12 No existe delito 4 Prescripción 3 Prioridad baja 2 Falta de recursos 1 Dificultad para recopilar pruebas 1 Falta de jurisdicción 1 Otra

96. El número de casos desestimados o no procesados debido a la falta de pruebas o a que estas eran insuficientes aumenta constantemente todos los años (veintidós casos en 2019 y once en el anterior período cubierto por el informe). Asimismo, el Comité señala que el número de casos desestimados por las autoridades nacionales debido a que no se determinó la comisión de un delito es bastante elevado (doce casos). Para el Comité, incluso si en algunos casos la OLAF llevó a cabo una investigación en coordinación con las fiscalías nacionales afectadas, el hecho sigue siendo que únicamente la cooperación oportuna y en una fase inicial entre la OLAF y las autoridades nacionales afectadas puede reducir el número de casos desestimados. La OLAF y las autoridades nacionales competentes deberían cooperar desde el momento en que se produce la primera sospecha de fraude.

97. La baja prioridad, la falta de recursos y las dificultades para recopilar pruebas también se mencionan como razones aducidas por las autoridades nacionales para no seguir las recomendaciones de la OLAF. Dado que la información ofrecida por la OLAF al Comité es limitada y meramente descriptiva, este no puede evaluar la pertinencia e importancia de dichos argumentos. El Comité reitera que en virtud del Tratado, los Estados miembros y la Unión Europea comparten la responsabilidad de combatir «el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión» ( 40 )

98. El Comité trabaja actualmente en un Dictamen sobre las recomendaciones de la OLAF que no han seguido las autoridades destinatarias que debería ofrecer un análisis en profundidad de las cuestiones que se plantean en dichas recomendaciones.

99. El Comité invitará al Director General de la OLAF a informar al Comité en cuanto sepa que sus recomendaciones no se han seguido, en lugar de la práctica actual de informar al Comité solo una vez al año. Esto permitiría al Comité realizar su labor de supervisión de forma ininterrumpida en tiempo real, lo cual sin duda alguna mejoraría la función de investigación de la OLAF. Las nuevas funcionalidades futuras del sistema de gestión de casos (SGC) deberían permitir esta opción sin sobrecargar al personal de la OLAF con labores adicionales de presentación de informes. Sobre este tema, el Comité envió una carta a la OLAF en 2019 ( 41 )

Análisis del Comité de cuarenta y tres casos en los que las autoridades competentes no han seguido las recomendaciones

100. En su último informe de actividades ( 42 ) , el Comité manifestó su interés en supervisar y analizar los resultados y la repercusión del trabajo de la OLAF de manera más profunda y menos estadística.

101. En 2019, el Comité empezó a analizar todas las recomendaciones de la OLAF emitidas entre el 1 de octubre de 2013 y el 13 de diciembre de 2017 para las que la Oficina recibió respuestas entre el 1 de marzo de 2016 y el 28 de febrero de 2018 de las autoridades afectadas informando a la OLAF de que no se habían seguido sus recomendaciones (cuarenta y tres casos en total). El Comité planea emitir un Dictamen en 2020 que abarcará dos aspectos principales: i) cómo supervisa la OLAF sus recomendaciones y cómo coopera con las autoridades pertinentes, y ii) cómo se recoge y envía a las autoridades pertinentes la información sobre posible responsabilidad penal.

Evaluación de las prioridades de la política de investigaciones y de las directrices de investigación de la OLAF

Artículo 17, apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013: El Director General fijará cada año, dentro del contexto del plan anual de gestión, las prioridades de la política de la Oficina en materia de investigación y, antes de su publicación, las remitirá al Comité de Vigilancia. Artículo 5, apartado 1, segunda frase: La decisión del Director General de iniciar o no una investigación tendrá en cuenta las prioridades de investigación y el plan de gestión anual de la Oficina […]. Artículo 16, apartado 2, letra a), Intercambio de opiniones con las instituciones: El intercambio de opiniones puede referirse a: a) las prioridades estratégicas de las políticas de la Oficina en materia de investigación.

102. Al examinar las prioridades de la política de investigaciones (PPI) de la OLAF, el Comité mantuvo varias reuniones con el Director General sobre este asunto y manifestó su opinión en el curso del intercambio interinstitucional de opiniones en septiembre de 2019.

103. El Comité subrayó la importancia de que la OLAF adoptara iniciativas para detectar y analizar los riesgos en la lucha contra el fraude sobre la base del intercambio regular de información con otras Direcciones Generales de la Comisión. Esto haría posible la aplicación de una política de investigaciones más proactiva y centrada en los casos más graves y complejos. El sector de inteligencia de la OLAF debe realizar también evaluaciones del riesgo de forma periódica. El Comité instó a la OLAF a aplicar estos cambios lo antes posible en vista de la creación de la Fiscalía Europea.

104. En el caso de las PPI para 2019, la OLAF mantuvo un enfoque muy similar al adoptado en años anteriores, y se centraron en los siguientes ámbitos: (i) los casos relativos a proyectos de redes de transporte e infraestructuras, en particular los procedimientos de contratación pública; (ii) los casos relativos a proyectos financiados o cofinanciados por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (43), el Fondo Europeo Agrícola de Garantía y los fondos de ayuda preadhesión, en los que la acción de los Estados miembros o de los países candidatos podría ser insuficiente, o los casos que tienen elementos transfronterizos; (iii) los casos que indiquen posibles abusos de las normas de origen, de la clasificación arancelaria, tanto en los regímenes comerciales preferenciales como en los no preferenciales, y el fraude relacionado con la valoración con el fin de eludir el pago de los derechos de aduana convencionales, incluidas las medidas arancelarias que forman parte de la política de defensa comercial de la UE; (iv) los casos de contrabando de tabaco, alcohol y medicamentos falsificados y otros bienes peligrosos para la salud y la seguridad que podrían vulnerar derechos de propiedad intelectual e industrial y los casos de fabricación ilegal de tabaco; (v) los casos relacionados con la ayuda humanitaria y al desarrollo, y otras formas de ayuda a migrantes y refugiados y los casos relacionados con otro apoyo proporcionado a estos grupos destinatarios.

105. El Director General de la OLAF informó al Comité de que las PPI de la OLAF se establecieron a partir de la aportación de las partes interesadas, incluidas las contribuciones de la Red de Prevención y Detección del Fraude de la Comisión, los informes del Tribunal de Cuentas Europeo, las resoluciones del Parlamento Europeo y los informes de la Comisión sobre la protección de los intereses financieros de la UE.

106. A partir de la información que recibió de la OLAF, el Comité halló que en 2019 se abrieron en total 222 investigaciones y cuarenta y cuatro casos de coordinación. De ellos, 117 investigaciones y casos de coordinación están incluidos en las PPI para 2018 (esto representa el 43 % de las investigaciones y de los casos de coordinación abiertos). Como esta información es muy limitada, no permite al Comité evaluar el número de casos abiertos por sector o Dirección. El Comité señala que, al notificar la aplicación de las PPI para 2019, y a diferencia de su práctica anterior, la OLAF agrupó los porcentajes de las investigaciones y los casos de coordinación abiertos. En comparación, en 2018 la OLAF abrió 218 investigaciones y treinta casos de coordinación. De ellos, sesenta y ocho investigaciones y veinte casos de coordinación estaban incluidos en las PPI para 2018 (lo que representaba el 31 % de las investigaciones abiertas y el 67 % de los casos de coordinación abiertos). El Comité sugiere a la OLAF que en el futuro siga el mismo enfoque metodológico que en años anteriores e informe de los porcentajes por categoría de investigación abierta.

107. El Comité señala que en 2019 se produjo una mejora en la tasa de casos abiertos que estaban incluidos en las PPI de la OLAF en comparación con 2018. No obstante, el hecho sigue siendo que la mayoría de los casos abiertos por la OLAF en 2019, alrededor del 57 % de las investigaciones y casos de coordinación de la Oficina, no están incluidos en sus propias PPI. El Comité ha pedido a la OLAF que facilite más información sobre estas investigaciones y sobre las razones para adoptar esas decisiones.

108. Paradójicamente, el Comité señala que la OLAF considera sus propias PPI únicamente como los últimos criterios residuales para abrir un caso. Aunque las PPI no pueden utilizarse siempre como un motivo justificado para abrir una investigación, el hecho sigue siendo que permiten a la OLAF priorizar sus investigaciones y asignar recursos en consonancia y de forma transparente.

109. El Comité cree que se necesitan cambios radicales en el enfoque de la OLAF sobre sus propias PPI para garantizar que sus investigaciones sean eficientes y eficaces, y que los recursos se asignen de la misma forma.

Relaciones con la OLAF, las instituciones de la UE y los interlocutores y partes implicadas de la Oficina

110. Ser el órgano independiente a cargo de la supervisión de la OLAF exige una comunicación abierta y constructiva con la Oficina. El Director General de la OLAF y su equipo participaron en ocho de las diez reuniones plenarias del Comité. Durante el período cubierto por el informe también se celebraron reuniones bilaterales con el Director General de la OLAF y reuniones de trabajo entre los ponentes del Comité de Vigilancia y la dirección y el personal de la Oficina. El Comité aprecia este diálogo informativo y constructivo, y espera mantener vínculos más cercanos con los equipos operativos de la OLAF.

111. En noviembre de 2019, el Comité celebró una reunión con el personal de la OLAF. Esto supuso una buena oportunidad para que el Comité se dirigiera directamente a los investigadores y al personal de la OLAF, presentando a sus miembros y a su Secretaría, así como su trabajo, y abordando preguntas constructivas del personal de la Oficina. El Comité aprecia los esfuerzos de la OLAF para organizar este evento y anima a la Oficina a seguir haciéndolo de forma periódica.

112. El Comité valora como una prioridad mantener unas buenas relaciones periódicas con las instituciones de la UE. En septiembre de 2019, el Comité presentó las conclusiones de su Informe de actividades de 2018 a la Comisión, al Parlamento Europeo (Comisión de Control Presupuestario) y al Consejo (Grupo de Trabajo de Lucha contra el Fraude). El Comité contribuyó activamente al intercambio de opiniones que tuvo lugar en diciembre de 2019 con las instituciones, como prevé el artículo 16 del Reglamento n. o 883/2013.

113. Durante el período cubierto por el informe, el Comité tuvo la oportunidad de celebrar reuniones periódicas con el anterior y el actual Comisario responsable de la OLAF, y con el Secretario General de la Comisión para recabar comentarios sobre el desempeño de la Oficina y para ser informado acerca de los debates en curso, incluida la modificación del Reglamento OLAF.

114. El Comité también prestó atención a los interlocutores y las partes implicadas clave de la OLAF. En marzo de 2019, se produjo un intercambio de opiniones entre los miembros del Comité y la Defensora del Pueblo Europeo. El presidente y un miembro del Comité se reunieron en septiembre de 2019 con representantes de la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores (CIVEX) del Comité Europeo de las Regiones (CDR). El principal tema de debate fue el estado de Derecho ( 44 ) . En noviembre y diciembre de 2019, el Comité celebró dos reuniones con la oficina del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD). El Comité invitó al Director de la IDOC ( 45 ) a la reunión plenaria celebrada en noviembre de 2019 para explicar el papel y la función de esta oficina y su interacción con la OLAF. El Comité desea seguir celebrando estas fructíferas reuniones en el futuro.

115. Por último, el Comité y su Secretaría también participaron en la conferencia organizada por la OLAF titulada La protección de los intereses financieros en la UE ( 46 ) . El Comité considera que esta conferencia es un evento útil que le ofrece la oportunidad de reunirse e intercambiar opiniones con los interlocutores y las partes implicadas de la OLAF de diferentes Estados miembros, así como ofrecer al público actualizaciones sobre el trabajo pasado y presente del Comité en materia de garantías procedimentales.

Revisión del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013

116. Durante el año cubierto por el informe, el Comité observó muy de cerca el seguimiento de la propuesta de la Comisión publicada en 2018 para modificar el Reglamento OLAF con el fin de establecer una estrecha cooperación con la Fiscalía Europea y garantizar la eficacia de las investigaciones de la OLAF ( 47 )

117. El 16 de abril de 2019, el Parlamento Europeo adoptó una resolución legislativa para una posición en primera lectura ( 48 ) . El Comité señala con gran satisfacción que el Parlamento tuvo en cuenta sus comentarios sobre disposiciones específicas de la propuesta de modificación ( 49 )

119. Consciente de la importancia de esta reforma, el Comité trato de desempeñar un papel activo y constructivo en los debates en curso. En este sentido, al Comité le gustaría reiterar sus observaciones sobre la propuesta realizada a finales de 2018. Las observaciones del Comité se guiaron por los principios de realización imparcial de las investigaciones, seguridad jurídica, transparencia y rendición de cuentas, que la OLAF debe respetar.

120. En especial, respecto a la propuesta de establecimiento de un Controlador de las garantías procedimentales (el «Controlador») para reforzar dichas garantías en virtud de la investigación de la OLAF, el Comité cree firmemente que la Oficina del Contralor debería inscribirse entre las competencias del Comité. En opinión del Comité, tiene sentido que el órgano que actualmente controla y supervisa el cumplimiento por parte de la OLAF de las garantías procedimentales ex post también lleve a cabo la misma función ex ante .

121. En particular, las facultades del Controlador ( 53 ) para supervisar el cumplimiento por parte de la OLAF de las garantías procedimentales se solaparían en esencia con aquellas confiadas hasta la fecha al Comité. Esto no solo llevaría a una innecesaria duplicación del trabajo, sino que también generaría el riesgo de que los dos órganos emitieran recomendaciones divergentes o incluso opuestas al Director General de la OLAF sobre las mismas cuestiones esencialmente.

122. Además, el Comité opina que antes de crear nuevos órganos, se debería considerar la utilización o el refuerzo de los ya existentes. Duplicar un órgano que en esencia ya existe (el Comité) genera fallos y una innecesaria complejidad administrativa.

123. El Comité ya cuenta con una secretaría que funciona correctamente (que también es reconocida como un órgano independiente por el actual Reglamento OLAF) y que tiene una dilatada experiencia en la tramitación y el tratamiento de reclamaciones contra la OLAF ex post .

124. Por tanto, por razones de consistencia, coherencia y eficiencia administrativa, en el sentido de un uso racional y óptimo de los actuales recursos y medios, el Controlador debe inscribirse entre las competencias del Comité, manteniendo de esa forma los elevados estándares de independencia exigidos para dicha tarea, al tiempo que se reduce el gasto presupuestario y se utilizan los recursos humanos existentes.

Gobernanza del Comité de Vigilancia

Método de trabajo del Comité

125. En 2019, el Comité celebró diez reuniones plenarias ( 54 ) . El presidente, los ponentes y los miembros de la Secretaría también se reunieron periódicamente para trabajar sobre cuestiones particulares. El Comité de Vigilancia nombró un ponente para cada una de las cuestiones importantes examinadas. Los ponentes trabajaron con la Secretaría para preparar proyectos de informe, de dictámenes o de documentos para su debate en las reuniones plenarias. También se reunieron con la dirección y el personal de la OLAF en el marco de la preparación de los dictámenes e informes del Comité. El Comité debatió los dictámenes con la OLAF antes de adoptarlos.

Contratación del personal de la Secretaría del Comité

126. Durante el período cubierto por el informe, la Secretaría cubrió dos puestos vacantes restantes y se designó a un nuevo jefe de la Secretaría de conformidad con el artículo 29, apartado 2, del procedimiento de selección del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea. El nuevo jefe de la Secretaría tomó posesión de su cargo en octubre de 2019.

127. El Comité participó en todos estos procesos de contratación. Los funcionarios asignados a la Secretaría no deben solicitar ni recibir de ningún gobierno o institución, órgano, oficina u organismo instrucciones relativas al ejercicio de las funciones de seguimiento del Comité. La participación del Comité en las contrataciones de la Secretaría asegura y garantiza la independencia del proceso de selección.

RPD

128. Decisión del Director General de la OLAF por la que se adoptan normas de aplicación relativas al DPD para la OLAF y la Secretaría del Comité de Vigilancia ( 56 ). El nuevo Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 55 ) prevé que todas las instituciones y órganos de la UE deben adoptar nuevas normas de aplicación sobre el delegado de protección de datos (DPD). La OLAF y el Comité comparten el mismo DPD. En julio de 2019, se aprobó la

Ubicación de la Secretaría

129. Tras la modificación del Reglamento OLAF ( 57 ) , la Secretaría del Comité está directamente a cargo de la Comisión, con independencia respecto de la OLAF y en estrecha cooperación con el Comité. En febrero de 2017, la Secretaría estaba adscrita administrativamente a la Oficina de gestión y liquidación de los derechos individuales de la Comisión Europea (PMO), aunque seguía ubicada en una zona de seguridad independiente dentro de las instalaciones de la OLAF.

130. Respecto a la ubicación real de la Secretaría, el Comité ha expresado su opinión de que contar con un lugar apropiado dentro de la zona de seguridad de la OLAF, aunque bajo la autoridad exclusiva del Comité, permitiría a la Secretaría desempeñar sus tareas de forma más eficiente.

131. El Comité ha informado a la OLAF, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo y el Tribunal de Cuentas Europeo de la necesidad de encontrar una ubicación más apropiada para la Secretaría, y la reforma actual del Reglamento de la OLAF ofrece la oportunidad de reconsiderar este asunto.

Cuestiones presupuestarias

132. El presupuesto del Comité para el año 2019 fue de 200 000 EUR, y el nivel de ejecución del presupuesto fue del 80,60 %. El ordenador subdelegado responsable de los gastos es el director de la PMO.

Sitio web del Comité

133. Por motivos de transparencia y comunicación con el público y las partes interesadas, el Comité de Vigilancia, como órgano independiente, mantiene su propio sitio web específico ( 58 ) dentro del sistema de sitios web de europa.eu, de forma independiente y en paralelo al sitio web de la OLAF. Todos los dictámenes e informes adoptados por el Comité, así como cualquier otro documento, información o datos pertinentes, a menos que sean confidenciales, se publican en el sitio web específico del Comité. La Secretaría es responsable del contenido y mantenimiento del sitio web, de conformidad con las instrucciones del Comité.

134. El Comité lanzó su sitio web en 2015 ( 59 ) . Actualmente, trabaja en el desarrollo de un diseño para el sitio web más accesible y atractivo que debe ser más fácil de usar. El nuevo sitio web debe estar operativo a finales de 2020.

(1) Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.o 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

(2) Artículo 15, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.o 1074/1999 del Consejo, disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R0883-20170101.

(3) Para mantener las competencias adquiridas en el Comité, los miembros deben sustituirse en alternancia, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013.

(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32011Q1124%2801%29.

(5) De enero de 2019 a diciembre de 2019.

(6) Bruselas, 3 de abril de 2019, COM(2019) 163 final.

(7) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_ES.pdf.

(8) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_ES.pdf.

(9) Dictamen n.o 1/2020 — «OLAF’s dismissed cases concerning Members of EU Institutions» («Asuntos desestimados de la OLAF relativos a miembros de las instituciones de la UE», documento en inglés). La versión no confidencial del Dictamen está a disposición del público en: https://europa.eu/supervisory-committee-olaf/sites/default/files/opinion_no._1_2020_.pdf.pdf.

(10) Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 21 de mayo de 2014, Catinis/Comisión, T-447/11, EU:T:2014:267, apartado 34 y jurisprudencia citada.

(11) Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 21 de mayo de 2014, Catinis/Comisión, T-447/11, EU:T:2014:267, apartado 34; Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, asuntos acumulados C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P a C-252/99 P y C-254/99 P, EU:C:2002:582, apartado 187.

(12) Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.o 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013. p. 1).

(13) Artículo 7, apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 y sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 8 de julio de 2008, Franchet y Byk/Comisión, T-48/05, EU:T:2008:257, apartado 274.

(14) Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 8 de julio de 2008, Franchet y Byk/Comisión, T-48/05, EU:T:2008:257, apartados 167 y 168.

(15) Informe anual de actividades del Comité de Vigilancia de la OLAF de 2018, apartados 45 y siguientes.

(16) Punto 8 del Dictamen conjunto de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión sobre tres aspectos de la relación entre la OLAF y su Comité de Vigilancia, 12 de septiembre de 2016. [Documento protegido en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y el Consejo (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43)].

(17) Punto 8 del mencionado Dictamen conjunto.

(18) Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO L 136 de 31.5.1999, p. 1).

(19) En la «evaluación de la información inicial», el evaluador presentó la información recogida e hizo una recomendación al Director General de la OLAF sobre si debe abrirse una investigación. En este momento, dicha información se incluye en el documento «Opinion on opening Decision — Workform I, OLAF vademecum of Case Selection» («Dictamen sobre la decisión de apertura — Formulario de trabajo I, vademécum sobre la selección de casos de la OLAF», documento en inglés).

(20) En virtud del anterior Reglamento OLAF [Reglamento (CE) n.o 1073/1999], el período cubierto por el informe previsto en el artículo 11, apartado 7 era de «nueve meses». El artículo 7, apartado 8, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 ampliaba el período cubierto por el informe a «12 meses».

(21) Apartados 45, 46 y 49 del Informe anual del Comité de 2018, apartados 24-29 del Informe anual del Comité de 2017, apartados 30-33 del Informe anual del Comité de 2016, apartados 30-33 y apartados 1-9 del Informe anual del Comité de 2015, apartados 26-28 del Informe anual del Comité de 2014, apartados 18-19 del Informe anual del Comité de 2013, apartado 36 del Informe anual del Comité de 2012.

(22) Dictamen n.o 2/2017 del Comité que acompaña al Informe de evaluación de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (artículo 19), apartados 30-31; Dictamen n.o 4/2014 del Comité titulado «Control de la duración de las investigaciones realizadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude», apartado 20.

(23) El Comité de Vigilancia compartió con la OLAF los resultados de su análisis por carta con fecha de 27 de noviembre de 2019 y propuso una solución alternativa.

(24) «EDPS Opinion on a notification for prior checking received from the DPO of OLAF on regular monitoring of the implementation of the investigative function» («Dictamen del SEPD sobre una notificación de control previo recibida del DPD de la OLAF sobre el control periódico del desempeño de la función de investigación», documento en inglés) (Caso 2007/73).

(25) «EDPS Opinion on “‘Modalities of provision of personal data by the European Anti-Fraud Office (OLAF) to the OLAF Supervisory Committee”’» («Dictamen del SEPD titulado “‘Modalidades de comunicación de datos personales por parte de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) a su Comité de Vigilancia”’», documento en inglés) (Referencia SEPD 2019-0720 — D 0793).

(26) En particular, el Dictamen del SEPD de 2020 afirma que a efectos del control del Comité, dicho sin rodeos, este necesita conocer las razones por las que la OLAF aún no ha completado su investigación y cuáles son sus planes para hacerlo. También necesita información que le ayude a proteger la independencia de investigación de la OLAF. La información necesaria depende de las finalidades concretas de las actividades de control del Comité.

Por ejemplo, cuando una investigación trate sobre personas expuestas a nivel político y esto ralentice dicha investigación, entendemos que la OLAF incluiría esa información en el formulario de presentación de informes, incluidos los nombres.

En algunos casos, comprobar la duración de las investigaciones puede exigir el acceso a los nombres de las personas naturales afectadas. De forma similar, para presentar informes sobre cómo se garantizaron las garantías procedimentales (información sobre la investigación, vista, comentarios, etc.) podría parecer que los nombres son necesarios.

Además, hay otras partes de las tareas del Comité para las que se puede argumentar que se necesitan los nombres de las personas afectadas por una investigación: una de sus funciones es proteger la independencia de investigación de la OLAF, que incluye realizar comprobaciones de los vínculos entre los investigadores y las personas afectadas.

El Comité tiene derecho a obtener información adicional cuando considere que esta es necesaria para comprender y comprobar un caso específico de conformidad con el artículo 15, apartado 1, párrafo quinto, del Reglamento OLAF. Este podría ser el caso, por ejemplo, cuando el Comité considere insuficientes las explicaciones de la OLAF o cuando quiera comprobar el informe de la OLAF. Aportar los nombres de las personas afectadas debería permitir al Comité analizar si se necesita o no información adicional para llevar a cabo sus misiones. Este planteamiento estratificado parece ajustarse al principio de minimización de datos [recoger únicamente la información necesaria, artículo 4, apartado 1, letra c), del Reglamento].

(27) Informes presentados por la OLAF al Comité de Vigilancia en 2019.

(28) El investigador ofrecía cierta información adicional, aunque insuficiente, únicamente en algunos casos, utilizando la categoría «otra».

(29) Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 3 de mayo de 2018, Sigma Orionis/Comisión, T-48/16, EU:T:2018:245, apartados 104 y 105 y jurisprudencia citada en el apartado 100.

(30) https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/complaints-olaf-investigations_es.

(31) La OLAF también informó al Comité de una séptima reclamación que le presentaron en diciembre de 2019. Dado que dicha reclamación aún se estaba tramitando en ese momento, el Comité no la analizó.

(32) Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 12 de septiembre de 2007, Nikolaou/Comisión, T-259/03, EU:T:2007:254, apartado 238.

(33) OLAF-FMB-supervisory-committee@ec.europa.eu.

(34) Nota a la atención del presidente del Comité de Vigilancia de la OLAF, D. Jan Mulder, de 25 de noviembre de 2019.

(35) Véase el apartado 32 del Dictamen que acompaña al Informe de evaluación de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (artículo 19). https://europa.eu/supervisory-committee-olaf/sites/default/files/opinion_2_2017.pdf.

(36) El Comité está realizando un análisis en profundidad de cuarenta y tres casos en los que las autoridades competentes no han seguido las recomendaciones de la OLAF.

(37) El Grupo operativo era inicialmente un proyecto piloto y pasó a formar parte permanente de la estructura de la OLAF tras la reorganización de esta a mediados de 2020.

(38) Artículo 17, apartado 5, letra a), párrafo tercero, del Reglamento OLAF.

(39) Véase el Informe de actividades del Comité de 2018, apartado 52.

(40) Artículo 325 del TFUE.

(41) Carta de 14 de octubre de 2019.

(42) Véase el Informe de actividades del Comité de 2018, apartado 60.

(43) El Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

(44) Véase la Comunicación de la Comisión titulada Refuerzo del Estado de Derecho en la Unión — Propuesta de actuación, 17 de julio de 2019, COM (2019) 343 final. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0343&from=EN) y el Dictamen sobre la misma del CDR, CDR 3730/2019 (https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3730-2019).

(45) La Oficina de Investigación y Disciplina (IDOC) de la Comisión lleva a cabo (como la OLAF) investigaciones/indagaciones internas independientes dentro de la Comisión.

(46) Conferencia celebrada en junio de 2019.

(47) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018PC0338.

(48) Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en lo referente a la cooperación con la Fiscalía Europea y la eficacia de las investigaciones de la OLAF [COM(2018)0338 — C8-0214/2018 — 2018/0170/COD] http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0383_ES.html.

(49) Carta del Comité de Vigilancia al presidente de la Comisión CONT del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2018.

(50) Mandato del Consejo para la negociación con el Parlamento Europeo de 7 de junio de 2019.

(51) La decisión de la Comisión CONT relativa a iniciar negociaciones interinstitucionales se aprobó el 8 de octubre de 2019 y se anunció en el pleno del Parlamento Europeo de 9 de octubre de 2019.

(52) El primer diálogo tripartito tuvo lugar el 5 de noviembre y la segunda reunión el 12 de diciembre de 2019.

(53) El Controlador estará encargado de: i) examinar las reclamaciones relativas a la vulneración de las garantías procesales y emitir recomendaciones no vinculantes dirigidas al director general de la OLAF; ii) supervisar el cumplimiento de las garantías procesales aplicables a las investigaciones de la OLAF; iii) garantizar la tramitación inmediata de las investigaciones para evitar retrasos indebidos; iv) autorizar a la OLAF a realizar inspecciones u otros procedimientos en los locales de las instituciones de la UE.

(54) Las fechas de las reuniones del Comité están disponibles aquí: https://europa.eu/supervisory-committee-olaf/activities/events.

(55) Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39). (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018R1725).

(56) https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/dpo_implementing_rules_en.pdf.

(57) Reglamento (UE, Euratom) 2016/2030 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013, en lo que se refiere a la secretaría del Comité de Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Este Reglamento entró en vigor el 1 de enero de 2017 (DO L 317 de 23.11.2016, p. 1).

(58) El sitio web del Comité empezó a funcionar el 4 de diciembre de 2015. https://europa.eu/supervisory-committee-olaf/.

(59) Decisión del Comité de Vigilancia sobre la transparencia de sus actividades independientes de 5 de noviembre de 2014.