·promover la aplicación efectiva del principio de no discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual, y respetar el principio de no discriminación por los motivos contemplados en el artículo 21 de la Carta;

El Programa apoya proyectos destinados a prevenir y combatir la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual. En particular, la promoción de la integración de los gitanos es un tema fundamental de este objetivo específico. A este respecto, el programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» respalda las Plataformas Nacionales para la Inclusión de los Gitanos y coopera estrechamente con los Estados miembros de la UE y sus puntos de contacto nacionales sobre integración de los gitanos y con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la no discriminación y la integración de los gitanos. El Programa financia asimismo las actividades de la red europea de organismos nacionales para la igualdad. La labor principal de esta red pasa por reforzar la cooperación y el intercambio de información entre los organismos nacionales para la igualdad designados por los Estados miembros sobre temas relacionados con la no discriminación.

Por lo que respecta a los grupos destinatarios, entendidos estos como los grupos que pueden beneficiarse directamente, participando en las actividades del Programa, o indirectamente de la ejecución del mismo, también tienen tal consideración las autoridades públicas, las organizaciones no gubernamentales y otras entidades de investigación que contribuyen a la consecución de los objetivos del Programa. Los ciudadanos en general son también un grupo destinatario, en la medida en que los objetivos y las iniciativas del Programa están encaminados a promover, proteger y hacer efectivo el ejercicio de la igualdad y los derechos de las personas, en particular los de aquellas que sufren discriminación, intolerancia o violencia, incluidos los migrantes y las minorías.

Los derechos del menor se promueven a través de proyectos centrados en una justicia adaptada a los niños y en la protección de los menores vulnerables (p. ej., menores que abandonan los sistemas de acogida y menores en conflicto con la ley), prestando apoyo, en particular, a las actividades de formación para los funcionarios, las organizaciones no gubernamentales y los abogados que tratan con ellos.

En 2016 se registró una caída en el número de solicitudes recibidas, coincidiendo con la puesta en marcha del Portal del participante. No obstante, esta tendencia no supuso una reducción significativa en cuanto al número de proyectos aprobados.

En particular, cabe esperar que se alcancen dos de las cinco metas fijadas respecto del objetivo general del Programa, a saber, las relativas a la brecha salarial entre hombres y mujeres y la sensibilización sobre los derechos vinculados a la ciudadanía de la UE. En particular, es probable que la contribución del Programa a la consecución de los resultados sobre sensibilización en cuanto a los derechos vinculados a la ciudadanía de la UE sea sustancial, ya que el Programa tiene una incidencia directa por su atención a las medidas de sensibilización destinadas a propiciar el cambio.

El análisis de la eficiencia se basa en una evaluación cualitativa de la percepción de los beneficiarios de la relación coste-eficacia de las acciones, dado que la escasez de datos disponibles en cuanto a los costes y beneficios de la intervención del Programa no permite aplicar metodologías cuantitativas estándar para realizar una evaluación costes-beneficios. De acuerdo con la mayoría de los beneficiarios y representantes de los Estados miembros, los costes del Programa son proporcionales a los beneficios o incluso proporcionalmente inferiores. En particular, los resultados de los proyectos en términos de actividades de formación sobrepasan las expectativas en varios objetivos específicos. Este es el caso del objetivo específico relativo a la prevención de la violencia contra menores, jóvenes y mujeres, y esto resulta también más destacable habida cuenta del reducido gasto realizado (aproximadamente el 60 % del previsto).

3.3. Pertinencia

El Programa resulta muy pertinente para las necesidades de sus partes interesadas y beneficiarios, por ejemplo en términos de desarrollo de conocimientos, formación, sensibilización y apoyo estructural. De hecho, las partes interesadas encuestadas en la evaluación se mostraron muy positivas respecto de la pertinencia de las acciones del Programa para atender a sus necesidades. No obstante, la evaluación también detectó ciertas lagunas en relación con las necesidades de algunos grupos de partes interesadas y ciudadanos que podrían recibir mayor atención del Programa, como por ejemplo las mujeres que sufren múltiples discriminaciones (p. ej., migrantes, con discapacidad, mujeres de más edad).

Las necesidades indicadas en el momento en que se adoptó el Programa siguen siendo pertinentes, ya que, tal como demuestra la evaluación llevada a cabo, es improbable que se alcancen varias metas, en particular las referentes a la igualdad de género o los derechos de las personas con discapacidad, puesto que el progreso en este sentido ha sido escaso.

Asimismo, el Programa es suficientemente flexible para incorporar las necesidades que vayan surgiendo.

Otra señal de que el Programa sigue siendo pertinente para las necesidades actuales es el incremento de la demanda de subvenciones financiadas en comparación con programas anteriores, especialmente en el caso de los objetivos específicos relativos a la violencia contra los menores, la no discriminación y la lucha contra el racismo.

3.4. Coherencia, complementariedad, sinergias

De acuerdo con los beneficiarios, el Programa presenta un alto grado de coherencia interna (entre los objetivos específicos y las intervenciones) y de coherencia externa y complementariedad con otros instrumentos, programas y acciones de la UE.

Durante la evaluación no se han detectado solapamientos significativos con otros programas financiados por la UE, hecho que parecería confirmar que los objetivos específicos están más racionalizados y definidos con mayor claridad en relación con los programas predecesores.

Asimismo, el Programa guarda un elevado grado de coherencia con los principios acordados internacionalmente, como por ejemplo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Por otro lado, de acuerdo con casi el 90 % de los beneficiarios, el programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» también es, en términos generales, coherente en sus objetivos, metas y tipos de acciones con las políticas nacionales en el mismo ámbito.

3.5. Valor añadido de la UE

La dimensión «europea» y transnacional inherente del Programa constituye la base de su valor añadido de la UE. Según la mayoría de los beneficiarios, a falta de las actividades del Programa, no se habrían llevado a cabo proyectos similares o no habrían tenido la misma cobertura en términos de beneficiarios y grupos destinatarios por la ausencia de recursos disponibles a nivel de los Estados miembros. Esto resulta especialmente pertinente en el caso de las acciones de formación en el ámbito de la prevención de todas las formas de violencia y en el de la protección de datos. De igual forma, resulta especialmente importante la financiación de la UE para las organizaciones de alcance europeo, ya que sería incluso más difícil obtener financiación nacional para una red transnacional. Por otro lado, de acuerdo con las partes interesadas encuestadas, los proyectos financiados por el Programa parecen tener mayor calidad y ser más innovadores que los financiados a nivel nacional. Concretamente, al permitir poner a prueba enfoques innovadores, estos proyectos pueden utilizarse para mostrar a los Gobiernos nacionales los beneficios de las actividades realizadas. Por ejemplo, las actividades de formación en los centros de enseñanza en el ámbito del acoso escolar no aplicarían métodos innovadores, como por ejemplo hacer partícipes tanto a los autores como a las víctimas. Otro ejemplo son los proyectos destinados a poner a prueba la Tarjeta Europea de Discapacidad. Todos ellos recibieron apoyo en el marco del objetivo específico relativo a los derechos de las personas con discapacidad y su finalidad era establecer organizaciones nacionales encargadas de la Tarjeta Europea de Discapacidad (gubernamentales o no gubernamentales) y fijar el correspondiente paquete nacional de prestaciones que los Estados miembros estaban dispuestos a mutualizar.

Por último, la demanda de financiación con cargo al Programa se ha mantenido en un nivel alto a lo largo de toda la ejecución del mismo. Todas estas constataciones sugieren que existe una demanda constante de acciones a escala de la UE en los ámbitos cubiertos por el Programa.

3.6. Equidad