Propuesta modificada de REGLAMENTO DEL CONSEJO RELATIVO A LAS ACCIONES CONTRA LAS MINAS TERRESTRES ANTIPERSONAS EN TERCEROS PAÍSES EXCEPTO LOS PAÍSES EN DESARROLLO

(presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A. Introducción

En el período comprendido entre 1992 y 1998, la Unión Europea asignó más de 180 millones de euros para apoyar programas de retirada de minas en todo el mundo, asistencia a las víctimas causadas por ellas e investigación y desarrollo de la tecnología correspondiente.

El 14 de marzo de 2000, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las acciones contra las minas terrestres antipersonas" COM (2000) 111 que expresa claramente la determinación de nuestra Institución de mantener un enfoque coherente, amplio y bien centrado en la solución del problema de las minas terrestres en el ámbito de las competencias de la Comunidad.

La presente propuesta pretende reforzar las medidas comunitarias relativas a las minas para posibilitar la complementariedad y la coherencia entre los diversos instrumentos que actualmente se utilizan en la Comunidad en la lucha contra las minas terrestres, reforzar la eficiencia en general y, de ese modo, acabar con la plaga de las minas terrestres en los próximos 10 a 15 años, como máximo.

Los objetivos técnicos específicos del Reglamento son los siguientes:

* Remediar la falta de un fundamento jurídico para la línea presupuestaria B7-661, creada por el PE en 1996.

* Reducir la diversidad y dispersión de los instrumentos financieros actualmente en uso para apoyar las acciones antiminas que dificultan una utilización adecuada de las asignaciones presupuestarias (con cargo a la línea B7-661), e impiden definir una estrategia comunitaria global, coherente y orientada hacia los resultados, definir las políticas y asumir responsabilidades.

Los objetivos políticos específicos del Reglamento son los siguientes:

* Las obligaciones en virtud de la Convención de Ottawa (que entró en vigor el 1 de marzo de 1999) que exigen intensificar la coordinación, la coherencia, la eficiencia y la financiación.

* La exigencia interna (CE) de hacer frente al problema de las MAP dentro de un contexto amplio de la CE de lucha contra las minas, estableciendo prioridades y un Plan de Trabajo plurianual, en el marco de las relaciones exteriores.

La Comisión, tras adoptar y remitir al Parlamento Europeo y al Consejo un Proyecto de Reglamento basado en el artículo 179 (TUE) ha reconocido la conveniencia de proseguir las acciones previstas en la propuesta original con un fundamento jurídico diferenciado para ámbitos geográficos diferenciados, con arreglo a los principios acordados en el Coreper y confirmados en el Consejo de Desarrollo del 10 de noviembre.

Por lo tanto, la Comisión propone dos Reglamentos idénticos diferenciados según la cobertura geográfica y basados, respectivamente, en el artículo 179 CE para el Reglamento destinado a los países en desarrollo, y en el artículo 308 CE para el Reglamento destinado a terceros países, con excepción de los países en desarrollo.

Esta diferenciación requiere tan solo modificaciones mínimas al texto jurídico, a saber, el Preámbulo, el último considerando y el artículo 1. El resto permanece sin cambios y hay que volver a subrayar que los dos Reglamentos tendrán textos idénticos.

Por otra parte, el 25 de octubre de 2000 el Parlamento Europeo adoptó, en primera lectura, una serie de modificaciones a la propuesta original de la Comisión. Es decir que el objetivo de las propuestas de modificación de la Comisión es, también, integrar en ambas propuestas las modificaciones del Parlamento Europeo que considera aceptables.

Las propuestas de revissión contienen los siguientes cambios:

1. Las modificaciones presentadas por el Parlamento Europeo y aceptadas por la Comisión Europea en la primera propuesta de la Comisión;

2. Las modificaciones resultantes de dividir el fundamento jurídico con arreglo al ámbito geográfico;

3. Los cambios considerados necesarios y convenientes en aras de la claridad del texto.

B. explicación de las modificaciones

La Comisión ha aceptado la mayor parte de las modificaciones presentadas por el PE porque se ajustan al espíritu del Proyecto, a saber: N° 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 24, 26, 27, 28, 29 y 30.

1. Modificación N°1 del PE. Línea que precede al preámbulo. La adición de la mención al PE se acepta como algo lógico por lo que respecta al Reglamento basado en el artículo 179, pero se omitirá en el Reglamento basado en el artículo 308.

2. El preámbulo se adapta al fundamento jurídico específico.

3. El considerando 2 se adapta al fundamento jurídico específico.

4. Modificación N°2 (PE). La adición del nuevo considerando 4 bis hace más evidente la necesidad de este Reglamento. Se han introducido pequeñas mejoras en la redacción del texto propuesto.

5. Modificación N°3 (PE). El proyecto de modificación que se sugiere para el considerando 9 no puede aceptarse porque se debería contar con la posibilidad de proceder a la eliminación de minas con las líneas presupuestarias geográficas existentes, especialmente dentro de los programas indicativos nacionales. La línea presupuestaria horizontal garantizará una coordinación, coherencia y eficiencia mayores de manera horizontal y generalizada y, lo que no es menos importante, dará mayor transparencia a todos los gastos de la Comunidad en esa esfera.

6. Modificaciones N°4 y 5 (PE). Los nuevos considerandos 9bis y 9ter ponen de manifiesto la necesidad de no descuidar la destrucción de todas las reservas acumuladas como parte de una estrategia amplia que debe incluir tanto la prevención más efectiva como el tratamiento del problema. También subrayan la necesidad de no penalizar los planes en curso para la eliminación total de las minas terrestres instaladas en favor de la destrucción de las reservas acumuladas. Con este espíritu, la Comisión acepta también la modificación nº 14 al apartado 2e) del artículo 2, que añade este objetivo de manera específica.

7. Modificaciones N°6 y 7 (PE). Se aceptan los nuevos considerandos 9ter y 9quater, que refuerzan el espíritu del Reglamento (intensificar los esfuerzos hacia la eficiencia y la especificidad a nivel científico, tecnológico e industrial).

8. El considerando 10 se adapta al fundamento jurídico específico.

9. La Comisión no puede aceptar las 4 modificaciones siguientes, que deben considerarse conjuntamente a la luz de su importancia respecto a la misma cuestión. La modificación N°8 al considerando 12, la modificación N°22 al apartado 1 del artículo 6, la modificación N°23 a los apartados (2) y (3) del artículo 6 y la N°25 a los apartados (2), (3) y (4) del artículo 8. La Comisión no quiere crear otro comité de comitología (ya sea de gestión o consultivo), pues ya existen muchos. Con arreglo a las propuestas de la Comisión para reformar la asistencia externa de la CE, esperamos perder de vista el pesado análisis de proyectos individuales y, en cambio, centrar nuestros debates con los Estados miembros en el aspecto general de la estrategia y la programación, cosa que se hará en los distintos comités geográficos. En lugar de añadir otro comité a la lista, proponemos que se cree un Grupo de Expertos que constituya un foro que abarque más que a los expertos de los gobiernos y en el que podamos discutir y definir la estrategia general de las acciones antiminas para que se aplique horizontalmente y se revise cada año.

No obstante, para la segunda parte de la modificación Nº 22, por lo que se refiere a "un representante por cada Estado miembro", la Comisión recomienda que esta disposición se integre en el reglamento interno de los correspondientes comités.

10. Modificación N°9. La Comisión puede aceptar que se suprima el considerando 14 y acepta la modificación N° 10 relativa a un nuevo considerando 14bis porque se ajusta a la posición de la Comisión respecto a las líneas presupuestarias para el desminado y al refuerzo progresivo de la línea B7-661.

11. Se añade el considerando 17 para atender a la necesidad específica de un fundamento jurídico del Reglamento del Consejo basado en el artículo 308. No figura, sin embargo, en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo basado en el artículo 179.

12. Se ha modificado el apartado 1 del artículo 1 para adaptarse a los requisitos del fundamento jurídico específico. Además, se ha sustituido la expresión "presentando a la vez" por "garantizando".

13. Se ha modificado el apartado 2 de artículo 1 para ajustarse a los requisitos del fundamento jurídico específico. Se ha incluido además un lenguaje más específico.

14. En la letra d) del apartado 1 del artículo 2, la adición propuesta en la modificación Nº 11 del PE deja ver claramente la manera en que se va a utilizar el Reglamento para ayudar a los países que no se han adherido a la Convención de Ottawa. Además, puede reforzarse el texto declarando que los "casos excepcionales" se refieren a "necesidades de carácter humanitario".

15. Modificación N° 12. La adición de una nueva letra e) bis al apartado 1 del artículo 2 se ajusta al espíritu de la propuesta y confirma la necesidad de hacerla. Es evidente que, sin un mecanismo específico de coordinación, sería difícil, también en el caso de la respuesta tecnológica, organizar la transferencia a los laboratorios de las mejores prácticas y de la experiencia adquirida en una amplia gama de esferas y experiencias, y viceversa.

16. Modificación N° 13. La nueva letra e) ter que se añade al apartado 1 del artículo 2 es muy pertinente, pues se tiende a subestimar los aspectos ambientales del desminado.

17. Se ha añadido una nueva letra f) al apartado 1 del artículo 2 aportando una precisión deseable que señala la necesidad de apoyar la coordinación entre todos los que participan en esta actividad en el ámbito internacional como un medio importante de intensificar los esfuerzos y mejorar la racionalización y la eficiencia.

18. Modificación N° 15. Se añade una descripción más explícita al texto de la letra f del apartado 2 del artículo 2.

19. Se ha añadido una nueva letra h al apartado 2 del artículo 2.

20. En cuanto a las modificaciones N°16 y 21 al apartado 4 del artículo 2 y al nuevo apartado 2a del artículo 4, que, a su vez, están relacionadas con la posición adoptada para la modificación N°3 al considerando 9, si bien se entiende la aspiración que subyace en las propuestas de concentrar todos los fondos para las acciones antiminas dentro de la línea presupuestaria horizontal, con excepción de ECHO y de las líneas de investigación, la Comisión trata de reforzar las políticas mediante una complementariedad positiva entre la flexibilidad y las respuestas específicas para cada país. Ambos componentes son necesarios para conseguir una eficiencia máxima en las intervenciones de la CE. Puede que, con el paso del tiempo, la línea horizontal atraiga más la atención y sea más apreciada, pero, en opinión de la Comisión, también es necesario mantener la vinculación con una programación nacional o regional más amplia a través de las líneas presupuestarias y reglamentos geográficos. Por razones de coherencia, y aunque la suma de 200 millones de euros propuesta por el PE para el periodo financiero de referencia 2000-2006 no resultaría excesiva si se considera como una contribución total de la CE, no podemos aceptar que se concentre esa suma en la línea presupuestaria horizontal. Éstas son las razones de que la Comisión no esté convencida de que tales modificaciones puedan mejorar en general la eficacia del mecanismo.

21. Por motivos de coherencia con el planteamiento seguido por la Comisión, que se explica en el apartado 20, se rechaza el nuevo artículo 2 (4a) (Modificación N° 17). La complementariedad entre diferentes instrumentos supone también una complementariedad de tareas. La Comisión confía en que los recursos humanos y administrativos solicitados en el proyecto de Reglamento para el equipo principal encargado de la política de lucha contra las minas basten para garantizar una aplicación adecuada del Reglamento.

22. La adición propuesta por el PE con la modificación N°18 al artículo 3 debilita el mensaje expresado en la letra de del apartado 1 del artículo 2 modificado por el PE. Es preferible atenerse a la redacción original de este artículo, que se ajusta perfectamente a la línea del apartado 1 del artículo 2. Este artículo contiene, no obstante, ciertas mejoras en la redacción.

23. Modificación N°19. No se acepta la supresión del apartado 2 del artículo 4 que sugiere el PE, pues impediría a la Comisión beneficiarse de los servicios de los mejores expertos disponibles en el mundo y que, en casos excepcionales, podrían encontrarse fuera del territorio de la UE. Interesa a los operadores de la UE tener acceso a las mejores prácticas y utilizarlas en su trabajo.

24. Modificación N°20. Se recibe con satisfacción la adición del texto del nuevo apartado 2bis del artículo 4, que refuerza el espíritu de las "mejores prácticas" por lo que respecta a la seguridad de los operadores.

25. Modificación N°24. Se completa el texto del apartado 3 del artículo 7 añadiendo "y con las ONG", tal como solicita el PE, y añadiendo, además, "tales como el GCHID".

26. Los apartados 1 y 3 del artículo 9 se modificarán como propone el PE (modificación N° 26), pues coinciden con las implicaciones de la reforma de la ayuda exterior, con arreglo a la cual los comités dejarán de analizar los proyectos para centrarse en las políticas y estrategias generales. Resulta por tanto obsoleto establecer límites para los proyectos individuales. Siguiendo esta misma orientación, en el artículo 12 se substituye la expresión "para someterlo a discusión" por " a efectos de referencia" (Modificación N°29).

27. En el apartado 1 del artículo 10 se tienen en cuenta la modificación del PE (Modificación N°27) por la que se substituye "pertinencia" por "impacto positivo" y la de los Estados miembros, por la que se substituye "cuando proceda" por "siempre que sea posible".

28. La modificación N°28 al apartado 2 del artículo 10 se refiere explícitamente a "las empresas locales y las ONG", lo que se ajusta perfectamente al objetivo de incrementar la capacidad local.

29. Modificación N°30. El valor añadido del Reglamento reside en la búsqueda de sinergia, complementariedad y creación horizontal de una capacidad más específica y eficiente. No hay razón para no aceptar que el progreso minucioso resultante de esa mejora de la respuesta de la Comunidad se haga público, como sugiere el PE en el apartado 2 del artículo 13 modificado, y pueda ser objeto de una interacción más amplia con la sociedad civil.

30. El punto 3 de la ficha de financiación contiene ahora una referencia a los fundamentos jurídicos diferentes para los ámbitos geográficos diferenciados de los dos Reglamentos, lo que establece con claridad que la misma línea presupuestaria servirá para dos Reglamentos entre los cuales no puede producirse ningún solapamiento, ni siquiera en términos financieros.

31. En el punto 4.2 de la ficha de financiación, bajo "periodo de aplicación", se ha corregido la segunda fecha para que sea coherente con el contenido del punto 7 del apartado "Incidencia financiera".

32. En el punto 7 de la ficha de financiación se ha añadido una frase para dejar claro que las fichas de financiación que acompañan a los dos Reglamentos se refieren a una única línea presupuestaria y a una única dotación presupuestaria común.

2000/0062/B (CNS)

Propuesta modificada de REGLAMENTO DEL CONSEJO RELATIVO A LAS ACCIONES CONTRA LAS MINAS TERRESTRES ANTIPERSONAS EN TERCEROS PAÍSES EXCEPTO LOS PAÍSES EN DESARROLLO

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 308,

Vista la propuesta de la Comisión [1],

[1] DO L

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Considerando lo siguiente:

(1) La Comunidad está preocupada por la presencia de minas terrestres antipersonas y otras municiones sin explotar en las zonas en que las comunidades civiles están intentando recuperarse de conflictos armados.

(2) Las minas antipersonas provocan sufrimientos y víctimas, constituyen un grave obstáculo para el desarrollo económico, impiden el retorno de los refugiados y las personas desplazadas y obstaculizan las operaciones de ayuda humanitaria, reconstrucción y rehabilitación y el restablecimiento de unas condiciones sociales normales.

(3) La Comunidad está comprometida con el objetivo de la eliminación total de las minas terrestres antipersonas en todo el mundo durante los próximos años.

(4) La Comunidad Europea y sus Estados miembros han aportado la mayor contribución al amplio esfuerzo internacional para hacer frente a la tragedia de las minas terrestres antipersonas.

(4bis) La acción para conseguir la total eliminación de las minas terrestres antipersonas está todavía en sus primeras etapas, y, por lo tanto, la Comunidad habrá de mantener una actitud decidida de liderazgo hasta que se logre plenamente ese objetivo.

(5) El presente Reglamento es una respuesta directa a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (Convención de Ottawa).

(6) En consecuencia, la ayuda financiera debería, en primer lugar, beneficiar a aquellos terceros países que se han comprometido en la lucha contra las minas antipersonas y son parte en la Convención de Ottawa.

(7) Este criterio no debería impedir que la Comunidad responda a las emergencias de carácter humanitario siempre que se presenten.

(8) La acción comunitaria contra las minas constituye a menudo una parte integrante de los proyectos de ayuda humanitaria, rehabilitación y reconstrucción o desarrollo, siendo a la vez una actividad distinta y especializada, que responde a prioridades, necesidades operativas e imperativos políticos definidos.

(9) Como parte de esos proyectos, así como en el caso de programas marco para investigación y desarrollo de tecnología relativa a la acción antiminas, seguirán financiándose acciones nuevas o ya existentes con cargo a líneas presupuestarias específicas, apoyadas, complementadas y coordenadas en virtud del presente Reglamento, según convenga.

(9bis) Para que la Comunidad pueda contribuir de manera efectiva a las acciones preventivas relativas a las minas, será necesario asegurarse también de la destrucción de las reservas acumuladas. Esta tarea requerirá un aumento sustancial de la financiación comunitaria para la lucha contra las minas y no debería restar importancia a las demás actividades de eliminación de minas.

(9ter) Destruir las reservas que guardan todavía muchos Estados miembros sería muy ventajoso desde el punto de vista financiero y reduciría la posibilidad de que esas minas se vendan en el mercado negro.

(9quater) Habría que intensificar la investigación científica con objeto de desarrollar tecnologías para facilitar la detección de minas e identificar con mayor precisión las zonas afectadas.

(9quinquies) La Comunidad tiene que estar en condiciones de cerciorarse de que las acciones antiminas que haya financiado han sido efectivas y, para ello, debe emplear los medios técnicos apropiados, incluida, cuando sea necesario, la tecnología militar.

(10) El presente Reglamento se concibió para servir de base a un enfoque coherente y eficiente de la acción antiminas de la Comunidad en los terceros países que no sean países en desarrollo, presentando una estrategia integradora, en estrecha coordinación entre la Comisión, los Estados miembros y la comunidad internacional en todas las fases de las acciones antiminas.

(11) Es necesario, también, que estas acciones sean coherentes con el conjunto de la política exterior de la Unión Europea, incluida la Política Exterior y de Seguridad Común.

(12) Dado que las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento son medidas de gestión a efectos del artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión [2], deberán ser adoptadas utilizando el procedimiento de gestión establecido en el artículo 4 de esa Decisión.

[2] DO L 194 de 17.7.1999, p. 23.

(13) El problema de las minas terrestres antipersonas, debido a su naturaleza de amenaza para la vida y su extensión por todo el globo, requiere unos procedimientos de toma de decisiones eficientes, flexibles y, siempre que sea necesario, rápidos, para la financiación de las acciones comunitarias.

(14) La Comisión, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento Financiero, y a la luz de los progresos en la aplicación de este Reglamento, revisará la ficha de financiación, en particular las previsiones de su calendario anual de necesidades de créditos.

(15) La Comunidad debe garantizar la máxima transparencia en la ejecución de la asistencia financiera y unos controles estrictos en la utilización de los créditos.

(16) La protección de los intereses financieros comunitarios así como la lucha contra el fraude y las irregularidades constituyen una parte inherente al presente Reglamento.

(17) Las acciones a que se hace referencia en el presente Reglamento entran en el marco de la política comunitaria de cooperación en terceros países que no sean países en desarrollo y son necesarias para la realización de los objetivos del Tratado. Las únicas competencias previstas en éste para la adopción del presente Reglamento son las que se definen en su artículo 308,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

1. El objetivo del presente Reglamento es establecer unos procedimientos para la ejecución de las operaciones comunitarias distintas de las actividades de cooperación al desarrollo realizadas en el marco de la política comunitaria de cooperación en terceros países, que garanticen una estrategia coherente de retirada de minas con carácter humanitario con respecto tanto a la Comunidad como al ámbito internacional, y, a la vez, que respondan a los objetivos de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Trasferencia de Minas Antipersonas y sobre su Destrucción (en lo sucesivo denominada la "Convención de Ottawa").

2. Las operaciones a que hace referencia el presente Reglamento se aplicarán en el territorio de los terceros países o deberán estar directamente relacionadas con situaciones que surjan en esos países, en particular en los que se están recuperando tras un conflicto.

Las acciones antiminas deben integrarse en todas las estrategias de desarrollo de aquellos terceros países que soportan las consecuencias de las minas antipersonas.

Artículo 2

1. Los principales objetivos de la acción antiminas de la Comunidad serán los siguientes:

a) prestar asistencia para la elaboración, el control y la aplicación de la estrategia de retirada de minas de carácter civil;

b) asistir a los países afectados en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Convención de Ottawa;

c) crear y mantener estructuras nacionales y capacidades locales en las zonas afectadas para llevar a cabo las acciones de lucha antiminas con el máximo de efectividad;

d) responder ante las emergencias de carácter humanitario, prevenir las bajas y asistir a la rehabilitación de las víctimas de las minas, en casos excepcionales de necesidad de carácter humanitario, incluso en los Estados que no se hayan adherido a la Convención de Ottawa;

e) apoyar la realización de ensayos en el país y la puesta en uso operativo de equipos y técnicas adecuados para la lucha antiminas;

ebis) promover la coordinación con los utilizadores finales de los equipos de desminado en las primeras fases de la investigación y apoyar la utilización de esas tecnologías en los países más pobres de los afectados por las minas;

eter) promover las acciones antiminas más compatibles con el entorno local y coherentes con el desarrollo sostenible de la región afectada;

f) respaldar la coordinación entre los que participan en las acciones antiminas en el ámbito internacional.

2. Entre las operaciones que se pueden financiar en virtud del presente Reglamento se incluyen todas las actividades relacionadas con la acción antiminas, entre otras:

a) educación destinada a la toma de conciencia sobre la existencia de minas;

b) formación de personal especializado;

c) inspección y señalización de zonas sospechosas;

d) detección e identificación de minas terrestres;

e) retirada de minas (eliminación de minas conforme a normas humanitarias) y destrucción de minas terrestres y de las reservas acumuladas;

f) asistencia a las víctimas consistente en atención, rehabilitación y reintegración socioeconómica de las víctimas de las minas;

g) gestión de la información, incluidos los sistemas de información geográfica;

h) aumento de la efectividad de las técnicas y de las normas de seguridad;

i) otras actividades que contribuyan a reducir las repercusiones desde el punto de vista humano, económico y ambiental de las minas terrestres antipersonas y otros restos peligrosos de las guerras.

3. En el contexto del apartado 2, se concederá una atención específica a acciones que aborden necesidades inmediatas e imprevisibles generadas por estallidos de violencia, migraciones de grandes contingentes de población hacia zonas afectadas por minas o situaciones tales como asistencia de emergencia en la aplicación de los acuerdos de paz. Se dará prioridad a aquellas intervenciones en las zonas más afectadas por el problema de las minas, en las que las minas antipersonas y otros artefactos sin explotar causan muchas víctimas civiles o donde la presencia real o presunta de esos artefactos es un obstáculo importante para la restauración de la actividad económica y social o para el desarrollo y, por lo tanto, requieran un compromiso específico a largo plazo que no pueden proporcionar la ayuda humanitaria de emergencia o de reconstrucción.

4. Para conseguir coherencia, complementariedad y sinergia en los programas se cooperación regional y en el contexto de los proyectos de ayuda humanitaria, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo, las acciones antiminas que puedan financiarse dentro del marco de cualquiera de esos programas o proyectos seguirán financiándose con cargo a la línea presupuestaria correspondiente a la financiación de la intervención principal. Siempre que sea necesario, esas acciones podrán complementarse o apoyarse mediante acciones antiminas financiadas en virtud del presente Reglamento .

Artículo 3

La ayuda financiera para las operaciones deberá beneficiar, en principio, a aquellos países que se han comprometido en la lucha contra las minas antipersonas y que son parte en la Convención de Ottawa. Podrán establecerse excepciones en caso de emergencia humanitaria para ayudar a las víctimas de las minas y en intervenciones de ayuda directa a comunidades civiles vulnerables, como refugiados y desplazados, o en casos en los que no funcione la administración nacional.

Artículo 4

1. Podrán optar a la ayuda financiera conforme al presente Reglamento los organismos regionales e internacionales, las organizaciones no gubernamentales, los departamentos y entidades nacionales, provinciales y locales, los institutos, y operadores públicos y privados que dispongan de los conocimientos especializados y la experiencia adecuados.

2. La participación en los concursos y la adjudicación de contratos estará abierta en igualdad de condiciones a personas físicas y jurídicas de los Estados miembros y del país beneficiario. En casos excepcionales que estén plenamente justificados, la participación podrá hacerse extensiva a países terceros.

2bis Las empresas y otras organizaciones que liciten para los contratos deberán demostrar que aplican un política de operaciones que no pone indebidamente en peligro a sus empleados, y que dicha política está respaldada por una política adecuada de seguro de accidentes y de responsabilidad civil para sus empleados.

Artículo 5

1. Los fondos comunitarios en virtud del presente Reglamento se utilizarán para financiar asistencia técnica, formación, dotación de personal y otros servicios relacionados con la lucha antiminas; ensayos de equipo y técnicas; apoyo logístico, adquisiciones, suministro y almacenamiento de cualquier tipo de equipo, suministros y obras necesarios para la ejecución de las acciones antiminas; estudios y congresos y todo tipo de medidas que sirvan para reforzar la coordinación internacional en la lucha contra las minas; misiones de evaluación y control; actividades para aumentar la sensibilización de los ciudadanos; se financiarán asimismo los costes ocasionados al poner de relieve la procedencia comunitaria de la ayuda.

2. La financiación de la Comunidad con arreglo al presente Reglamento adoptará la forma de subvenciones.

3. Las operaciones cubiertas por el presente Reglamento estarán exentas de impuestos, gravámenes, derechos y aranceles.

Artículo 6

1. La Comisión estará asistida por los comités pertinentes desde el punto de vista geográfico compuestos por representantes de los Estados miembros y presididos por el representante de la Comisión.

2. Siempre que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el procedimiento de gestión establecido en el artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE, según lo dispuesto en el apartado 3 de su artículo 7.

3. El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE será de tres meses.

Artículo 7

1. La Comisión, actuando de acuerdo con los Estados miembros y recurriendo a un intercambio recíproco y regular de información, incluido el realizado in situ, garantizará la coordinación efectiva de la ayuda prestada por la Comunidad y por los distintos Estados miembros a fin de aumentar la coherencia y la complementariedad de sus programas.

2. La Comisión podrá buscar oportunidades de cofinanciar la ayuda con otros proveedores de fondos, especialmente con Estados miembros.

3. La Comisión fomentará la coordinación y la cooperación con otros donantes y participantes internacionales, en particular los que forman parte del sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo el GICHD en Ginebra, y con las ONG.

4. Se adoptarán las medidas necesarias para dar publicidad a la contribución de la Comunidad.

Artículo 8

1. La Comisión se encargará de evaluar, decidir y dirigir las operaciones reguladas por el presente Reglamento de conformidad con los procedimientos presupuestarios y de otro tipo en vigor, y en particular los previstos en los artículos 116 y 118 del Reglamento Financiero aplicable al Presupuesto General de las Comunidades Europeas.

2. Las decisiones de financiación por un valor que exceda de 3 millones de euros se adoptarán según el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 6, con excepción de la intervención de emergencia prevista en el artículo 9.

3. La Comisión informará al Comité mencionado en el artículo 6 de manera sucinta sobre cualquier decisión de financiación por valor de menos de 3 millones de euros. Se informará sobre este particular en los dos meses siguientes a la adopción de la decisión de financiación.

4. La Comisión podrá decidir la modificación de las decisiones de financiación adoptadas con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 6, siempre que no supongan modificaciones importantes ni compromisos adicionales por un valor superior al 20% del compromiso inicial.

Artículo 9

1. La Comisión podrá aprobar acciones de emergencia siempre que se considere necesario.

2. Se considerará que requieren medidas de emergencia las operaciones para hacer frente a necesidades inmediatas y no previsibles producidas por repentinas catástrofes naturales o causadas por el hombre, como inundaciones, hambruna, migraciones de grandes grupos de gente hacia zonas afectadas por las minas, estallidos de violencia, o situaciones comparables, así como ayuda de emergencia en aplicación de los acuerdos de paz.

3. Una vez adoptada una decisión, de conformidad con el apartado 1, la Comisión informará a los Estados miembros por escrito y en el plazo de dos días laborables y justificará su decisión en la siguiente reunión del correspondiente comité.

Artículo 10

1. Los proyectos se someterán a una escala de prioridades y se valorarán en términos de pertinencia y rentabilidad del coste y, cuando proceda, se integrarán en el marco más amplio del desarrollo o la reconstrucción del país o región en cuestión.

2. Siempre que sea posible, se integrará el proyecto en un programa nacional contra las minas antipersonas cuya coordinación correrá a cargo del país beneficiario o de la sociedad local en colaboración con ONG o de una institución internacional facultada a tal efecto. Se pretende que, en el momento oportuno, el proyecto sea asumido por el país beneficiario para incrementar de ese modo la capacidad local y la sostenibilidad del proyecto.

Artículo 11

Todos los acuerdos de financiación o contratos celebrados con arreglo al presente Reglamento dispondrán que la Comisión y el Tribunal de Cuentas realicen verificaciones in situ conforme a los procedimientos habituales establecidos por la Comisión en virtud de las normas en vigor, en particular las del Reglamento Financiero aplicable al Presupuesto General de las Comunidades Europeas [3].

[3] DO L 356 de 31.12.1977, p. 1.

Por otra parte, la Comisión podrá realizar controles e inspecciones sobre el terreno de conformidad con el Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/96 [4] del Consejo. Las medidas adoptadas por la Comisión dispondrán una adecuada protección de los intereses financieros de la Comunidad de conformidad con el Reglamento (Euratom, CE) n° 2988/95 [5] del Consejo.

[4] DO L 292 de 15.11.1996, p. 2.

[5] DO L 312 de 23.12.1995, p. 1.

Artículo 12

Para facilitar la coordinación y programación plurianuales de la acción antiminas se presentará a los comités pertinentes un Documento de Estrategia MAP que incluya orientaciones y prioridades horizontales para las acciones antiminas de la Comunidad con etapas para su cumplimiento, a efectos de referencia. Abarcará diversos asuntos, como el programa indicativo plurianual, y se referirá a los programas de acción antiminas existentes en los niveles nacional y regional, a las contribuciones de otros donantes, incluidas las acciones antiminas de los Estados miembros y la Comunidad financiadas con cargo a otras líneas presupuestarias.

Artículo 13

1. La Comisión procederá a evaluar periódicamente las acciones de lucha antiminas financiadas por la Comunidad con objeto de determinar si se han cumplido los objetivos de las operaciones y facilitar orientaciones para mejorar la efectividad de acciones futuras.

2. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de la evolución de sus acciones antiminas. A más tardar el 30 de abril de cada año presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se resuma la actuación de la Comunidad al respecto en el año anterior y se evalúe la aplicación del presente Reglamento. En el informe se especificará qué acciones se han ejecutado y se indicará las cantidades respectivas consignadas en las diferentes líneas presupuestarias.

Artículo 14

Tres años después de la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una evaluación global de las operaciones financiadas por la Comunidad en virtud del mismo, junto con sugerencias para el futuro del Reglamento y, en caso necesario, propuestas de modificación del mismo.

Artículo 15

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas,

Por el Consejo

El Presidente

FICHA DE FINANCIACIÓN

1. DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN

Minas terrestres antipersonas

2. LÍNEA PRESUPUESTARIA

B7-661

3. Fundamento jurídico:

El proyecto de propuesta para un nuevo Reglamento del Consejo específico para la línea presupuestaria B7-661, combinando los distintos requisitos comunitarios para la acción contra las minas antipersonas, que se adjunta.

El presente proyecto de propuesta, basado en el artículo 308 (TUE) abarcará únicamente las actividades en favor de terceros países con excepción de los países en desarrollo. Va acompañado de otro proyecto de propuesta basado en el artículo 179 (TUE), que cubre las actividades en favor de los países en desarrollo.

Los fundamentos jurídicos para la acción contra las minas antipersonas siguen siendo el Reglamento (CE) Nº 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, relativo a la ayuda humanitaria (DO L 163, de 2.7.1996), el Reglamento (CE) Nº 2258/96 del Consejo, de 22 de noviembre de 1996, relativo a las operaciones de rehabilitación y reconstrucción en países en desarrollo, el Reglamento (CE) Nº 1628/96 del Consejo, de 25 de julio de 1996, relativo a la ayuda a Bosnia y Hercegovina y Croacia, el Reglamento (CE) Nº 443/97 del Consejo, de 3 de marzo de 1997, relativo a las acciones en el ámbito de la ayuda a las poblaciones desarraigadas en los países en desarrollo de América Latina y Asia, y la Acción Común de 1 de octubre de 1996 sobre las minas terrestres antipersonas (DO L 260, de 12.10.1996) relativa a los fondos reservados para acciones de desarme conforme a la Política Exterior y de Seguridad Común.

4. Descripción de la acción

4.1 Objetivo general

Las minas terrestres antipersonas generan un número ingente de víctimas en muchas de las zonas más pobres del mundo y son un obstáculo para la realización de una serie de programas comunitarios. Por ello, la Comunidad, en el período 1992-98, comprometió más de 180 millones de euros para la acción de lucha contra las minas antipersonas en todo el mundo en apoyo de programas de desminado, ayuda a las víctimas, e investigación y desarrollo de tecnología. Ésta ha sido una de las principales contribuciones de todo lo realizado globalmente por la comunidad internacional, aunque queda mucho por hacer.

Ahora se pretende continuar con programas que ayuden a superar el problema de las minas terrestres en un tiempo limitado, concretamente en los próximos 10 a 15 años, y que así faciliten la realización de una serie de programas de asistencia y contribuyan a la solución de una enorme tragedia humanitaria.

En términos generales, la financiación de las intervenciones de la Comunidad deberá mantenerse, como mínimo, al mismo nivel que en el pasado.

4.2 Plazo, modalidades de renovación

- Acción: Minas terrestres antipersonas

- Período de aplicación: 2000-2006

De conformidad con el artículo 12 del presente Reglamento, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar en junio de 2007, una evaluación global de las operaciones financiadas por la Comunidad en virtud del presente Reglamento que incluya una apreciación de la pertinencia, la efectividad en función de los costes y el impacto. Esta será la base sobre la cual se decidirá si se continúa o no la aplicación del presente Reglamento.

5. Clasificación del gasto O DEL ingreso

5.1 Gastos no obligatorios

5.2 Créditos disociados

5.3 No hay ingresos

6. NATURALEZA DEL GASTO O DEL INGRESO

- Subvención al 100%; posible cofinanciación de actividades

- Subvención para cofinanciación con otras fuentes públicas o privadas

- Otros

7. Incidencia financiera

La creación de una línea presupuestaria plurianual única (B7-661) con financiación más importante centrará con más precisión las acciones antiminas de la Comunidad. Se propone que, durante el período 2000-2006, las actividades de la Comunidad se lleven a cabo con, por lo menos, el mismo nivel de financiación que en el pasado (180 millones de euros en el período 1992-98), y que se otorgue mayor importancia a la acción antiminas, respondiendo así a los compromisos de la Convención de Ottawa, lo que podría suponer un aumento de las dotaciones financieras con cargo a la línea presupuestaria B7-661.

Esta línea presupuestaria tiene un doble fundamento jurídico, es decir, los dos Reglamento basados, respectivamente, en el artículo 179 y en el artículo 308 (TUE).

7.1 Método de cálculo del coste total de funcionamiento de la acción (relación entre los costes unitarios y el coste total)

La autoridad presupuestaria autorizará los créditos anuales respetando los límites de las perspectivas financieras.

7.2 Desglose del coste por elementos de la acción

Créditos de compromiso en millones de euros (hasta el 3er decimal)

>SITIO PARA UN CUADRO>

7.3 Gastos de funcionamiento para estudios, expertos, etc. que figuran en la Parte B del presupuesto

7.4 Calendario de créditos de compromiso y de pago

8. Disposiciones antifraude previstas

Todos los acuerdos de financiación o contratos celebrados con arreglo al presente Reglamento preverán que la Comisión y el Tribunal de Cuentas realicen verificaciones in situ conforme a los procedimientos habituales establecidos por la Comisión en virtud de las normas en vigor, en particular las del Reglamento Financiero aplicable al Presupuesto General de las Comunidades Europeas. Además, la Comisión podrá llevar a cabo comprobaciones e inspecciones in situ de conformidad con el Reglamento nº 2185/96. Las medidas adoptadas por la Comisión en aplicación del procedimiento fijado en el artículo 5 preverán la correcta protección de los intereses financieros de la Comunidad Europea conforme al Reglamento n* 2988/95.

9. Análisis de la relación entre coste y eficacia

9.1 Objetivos específicos y cuantificables; población destinataria

La acción comunitaria de lucha contra las minas tendrán como principales objetivos:

a. apoyar la elaboración, el seguimiento y la aplicación efectiva de una estrategia coherente y consistente para el desminado con fines humanitarios a escala de la Comisión, la UE, e internacional;

b. asistir a los Estados gravemente afectados para que cumplan sus obligaciones en virtud de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Trasferencia de Minas Antipersonas y sobre su Destrucción;

c. crear y mantener estructuras nacionales y organizaciones locales en las zonas afectadas para llevar a cabo las acciones de lucha antiminas con el máximo de efectividad;

d. dentro del contexto de las necesidades inmediatas e imprevisibles, responder a situaciones de emergencia humanitarias, evitar víctimas y contribuir a la rehabilitación de las mismas;

e. apoyar la realización de pruebas en el país y la puesta en uso operativo de equipos y técnicas adecuados para la lucha antiminas.

Se perseguirán estos objetivos mediante la realización de proyectos de interés común y en los países más gravemente afectados por el problema de las minas por regiones geográficas, como por ejemplo:

- Proyectos de interés común (p. ej. elaboración del plan estratégico sobre MAP, ayuda a las Naciones Unidas, al GICHD, CICR, a la Unidad Central de política en materia de minas, la realización de pruebas en el país y puesta en uso operativo de equipos y técnicas para las intervenciones antiminas, ayuda de expertos)

- África (p. ej., Angola, Mozambique, Somalia, Zimbabwe, SADC)

- Asia (p. ej., Afganistán, Camboya, Laos)

- Nuevos Estados Independientes (p.ej., Tayikistán)

- Oriente Medio (p.ej., norte de Iraq)

- Europa (p.ej., Bosnia y Hercegovina, Croacia, Kosovo)

- América Latina (p. ej., Nicaragua, El Salvador)

9.2 Motivo de la operación

Las operaciones financiadas en virtud del presente Reglamento serán actividades relacionadas con la lucha contra las minas tales como toma de conciencia acerca de su existencia, inspección y señalización de zonas sospechosas, detección y reconocimiento de minas terrestres, formación de personal especializado, desminado (es decir, retirada de minas conforme a normas humanitarias) y destrucción de minas terrestres, junto con asistencia y rehabilitación de las víctimas, gestión de la información (incluidos los sistemas de información geográfica), y otras actividades que contribuyan a reducir las repercusiones desde el punto de vista humano, económico y medioambiental de las minas antipersonas y otros restos peligrosos de las guerras.

Está previsto que los proyectos sean plurianuales. La duración de los proyectos dependerá de sus características y normalmente no excederá de 3 años.

9.3 Control y evaluación de la acción

La Comisión procederá a evaluar periódicamente las acciones en materia de minas financiadas por la Comunidad con objeto de determinar si se han cumplido los objetivos de las operaciones y facilitar orientaciones para mejorar la efectividad de acciones futuras. La Comisión informará al Parlamento y al Consejo de la evolución que experimenta este tipo de acciones. Así mismo presentará un informe en el que se resuma la acción comunitaria en materia de minas durante el año anterior al Parlamento Europeo y al Consejo antes del 30 de abril de cada año como fecha límite.

10. Gastos administrativos (Parte A de la Sección III del presupuesto)

La movilización efectiva de los recursos administrativos necesarios dependerá de la decisión anual de la Comisión sobre asignación de los recursos, teniendo en cuenta los efectivos y las cantidades adicionales que conceda la autoridad presupuestaria.

10.1 Incidencia en el número de empleos

>SITIO PARA UN CUADRO>

La finalidad del presente Reglamento es reunir acciones ya existentes para crear una Política de Acción Antiminas UE que sea coherente. A corto plazo sólo se necesita una modesta asignación de tres puestos (dos permanentes y uno END). Los puestos permanentes puede obtenerse mediante una reorganización.

10.2 Consecuencias financieras globales de los recursos humanos suplementarios

en euros

>SITIO PARA UN CUADRO>

La disponibilidad efectiva de recursos humanos y administrativos suplementarios dependerá de las decisiones de la Comisión en el momento de la asignación anual de recursos, teniendo en cuenta, en particular, las posibilidades de reorganización interna y los recursos adicionales que apruebe la autoridad presupuestaria.

10.3 Aumento de otros gastos de funcionamiento derivados de la operación

El siguiente cuadro, de carácter ilustrativo, está basado en la experiencia de 1998:

en euros

>SITIO PARA UN CUADRO>

Los gastos que figuran en el cuadro anterior en el epígrafe A-7 (misiones) se cubrirán con créditos de la dotación global de la DG RELEX.