Aunque el compromiso específico para finales de 2018 de alcanzar un nivel de 12 000 empleados fijos en la Autoridad Independiente de Ingresos Públicos (IAPR) no se ha alcanzado, hay margen para nuevas contrataciones de personal en los próximos meses. El personal de la Autoridad disminuyó durante 2018, pasando de 11 682 a 11 492. Las razones de la bajada son, entre otras, los retrasos en la contratación de funcionarios tributarios y aduaneros y unas bajas superiores a las previstas (principalmente a través de jubilaciones), pero también la relativamente elevada tasa de rechazo de las ofertas realizadas por la IAPR a los candidatos seleccionados. Además, el recientemente creado plan de movilidad no ha redundado aún en el número previsto de transferencias a la IAPR. Las autoridades han ofrecido garantías sobre las medidas específicas que deben adoptarse para asegurar que se cumpla el compromiso específico para finales de 2019 de contar con 12 500 empleados permanentes. Se trata, entre otras, de medidas destinadas a facilitar las transferencias de personal a la IAPR gracias al plan de movilidad, o a ultimar la reforma de los recursos humanos que permitirá a la IAPR atraer y conservar personal.

Las autoridades griegas han iniciado los trabajos preparatorios sobre la evaluación de impacto presupuestario y los riesgos derivados de resoluciones judiciales sobre las reformas aplicadas en el marco de los programas de ayuda financiera. Sobre la base de la información facilitada por las autoridades, la sentencia de 2015 del Consejo de Estado contra elementos importantes de la reforma de las pensiones de 2012 conlleva un coste presupuestario insignificante en vista del muy pequeño número de demandantes elegibles; no obstante, la cuestión todavía no se ha resuelto de forma definitiva, ya que algunos tribunales inferiores han fallado en contra de la elegibilidad restringida de los pagos compensatorios, y la sentencia final sobre los principales elementos de la reforma del sistema de pensiones de 2016 está todavía pendiente. Otra importante sentencia relativa a la restauración de bonificaciones salariales estacionales para los funcionarios también está pendiente ante el Consejo de Estado. En caso de que este se pronuncie a favor de la restauración, ello podría dar lugar a un considerable coste presupuestario de un importe equivalente al 1,3 % del PIB (1,1 % corresponde a responsabilidad retroactiva y 0,2 %, a gastos recurrentes). A pesar de lo realizado recientemente por las autoridades griegas, se requieren esfuerzos y vigilancia continuados. Las autoridades griegas deben seguir supervisando los riesgos presupuestarios, incluidos los derivados de resoluciones judiciales, y se les insta a adoptar las medidas de compensación que sean necesarias para cumplir los objetivos presupuestarios a medio plazo en el marco de la Estrategia Presupuestaria a Medio Plazo (EPMP) y sus actualizaciones anuales. En el caso de las resoluciones judiciales que modifican elementos estructurales clave de las reformas acordadas al amparo del programa, las implicaciones presupuestarias recurrentes de estas resoluciones tendrían que abordarse ampliamente mediante reformas y acciones en el mismo ámbito político.

No obstante, las autoridades deben culminar el resto de las medidas complementarias que permitirán reforzar la IAPR:

·La introducción de la clasificación, la remuneración y la evaluación de resultados adaptadas se considera esencial para mejorar las perspectivas de que la IAPR atraiga a personal muy cualificado y permitir su desarrollo y evolución. Actualmente se mantienen intensos debates con las autoridades. Suponiendo que estos tengan éxito, está previsto que el Parlamento adopte a principios de marzo de 2019 una modificación de la legislación aplicable a la IAPR. Posteriormente, dicha modificación permitirá adoptar la legislación secundaria que introducirá un nuevo sistema de clasificación directamente vinculado con las descripciones de los puestos de trabajo. El último paso para introducir un régimen retributivo específico para la IAPR requerirá que la legislación primaria establezca las disposiciones para una tabla salarial suplementaria y que se adopte antes de que finalice 2019. Esta reforma está estrechamente relacionada con la reforma de la Administración pública, y en particular el nombramiento de altos cargos del sector público.

·Las modificaciones legislativas sobre protección de la responsabilidad y facilitación de la movilidad se han acordado y se adoptarán a principios de marzo de 2019.

·Se espera la adopción, a principios de marzo, de una Decisión ministerial conjunta sobre la adquisición de marcadores de combustible, que aportará una herramienta importante en la lucha contra el contrabando.

Grecia ha continuado reduciendo su volumen de atrasos netos desde el final del programa de apoyo a la estabilidad del MEDE (la no acumulación de pagos atrasados es un compromiso específico continuo), pero el ritmo de reducción se ha ralentizado considerablemente y siguen produciéndose nuevos atrasos. El volumen de atrasos netos al finalizar diciembre de 2018 era de 1 400 millones EUR, por lo tanto 300 millones EUR inferior al volumen de atrasos al finalizar agosto de 2018, que es la referencia para la valoración de la no acumulación de atrasos en términos netos. Para compensar los atrasos se han utilizado la financiación del programa y recursos propios. No obstante, el objetivo original de liquidación total contemplado en el programa del MEDE no se alcanzó al final del programa, y han seguido generándose nuevos atrasos desde agosto de 2018, lentificando el progreso en la liquidación del volumen de atrasos. Aunque las reformas para resolver los cuellos de botella estructurales de la gestión y liquidación de atrasos están avanzando, es necesario proseguir los esfuerzos para reforzar el sistema de liquidación, abordando simultáneamente las causas que originan la creación de atrasos.

Un sistema de bienestar social moderno y sostenible: avances en el cumplimiento de los compromisos de reforma

El desarrollo del sistema de asistencia sanitaria primaria está progresando, a pesar del ritmo algo más lento de lo previsto. Según los últimos informes, se han abierto en todo el territorio alrededor de 112 unidades de asistencia sanitaria primaria (TOMYs), justo por debajo del objetivo nominal de 120, que constituye un compromiso específico para el final de 2018. Esto representa un progreso significativo en lo que es una reforma crítica pero muy compleja; el pequeño déficit no es importante y se debe en gran medida a la necesidad de abordar las dificultades y preocupaciones planteadas por las partes interesadas externas. Las autoridades están manteniendo los esfuerzos orientados a crear TOMYs en todo el país, en particular contratando médicos de familia adicionales.

La actividad de contratación pública centralizada se ha reanudado puesto que, en consonancia con el compromiso específico para finales de 2018, el principal organismo responsable de la contratación central, el EKAPY, está operativo, aunque aún no cuenta con todo el personal necesario. Según la información disponible, las autoridades han logrado los primeros resultados en términos de ahorro, aunque completando antiguas licitaciones de 2014. Se están tomando medidas para mejorar la dotación de personal y la capacidad del EKAPY con vistas a la consecución de sus objetivos de contratación para los próximos años.

El progreso en otros aspectos de la reforma de la asistencia sanitaria es desigual, puesto que las autoridades han revisado algunas de las medidas adoptadas en el marco del programa de apoyo a la estabilidad del MEDE, con un impacto incierto sobre la eficiencia del sistema. Estas medidas se refieren a la frecuencia y el diseño de la revisión de los precios farmacéuticos, que pueden reducir la eficacia del marco para contener los precios, y a una modificación del sistema de reembolso de los años anteriores, lo que podría reducir la eficacia del cobro de los reembolsos. Dado que el gasto sigue excediendo considerablemente los límites máximos previstos por ley, el retraso en la recaudación del exceso en forma de ingresos mediante el reembolso podrá afectar negativamente a la liquidez del seguro de salud nacional, el EOPYY.

La reforma de las redes de seguridad social ha continuado. La revisión del sistema de prestaciones por invalidez (un compromiso específico para mediados de 2019) está avanzando, aunque con cierto retraso en la aplicación del proyecto piloto debido a algunos obstáculos iniciales que hubo que superar. El plan de la renta de solidaridad social está alcanzando su madurez, y se registran avances en la aplicación de sus elementos de inclusión social y reintegración en el mercado laboral, que deberán lograrse para el final de 2019 (compromiso específico). El diseño del subsidio de vivienda se ha revisado en comparación con los planes iniciales, para cubrir únicamente las subvenciones al alquiler. Se está estudiando un subsidio aparte para apoyar a los titulares de hipotecas con dificultades, en el contexto de un nuevo marco de protección contra la insolvencia de los hogares. Aunque su diseño aún no se ha especificado, según los debates preliminares parece que dicho subsidio se dirigiría solamente a las hipotecas dudosas. Esto penalizaría a los hogares con bajos ingresos que siguen pagando sus hipotecas, posiblemente desincentivando el pago regular de dichas hipotecas.

El sector financiero

A pesar de los progresos realizados en el marco de los programas de asistencia financiera y de la mejora de la situación de liquidez de los bancos griegos, el sistema financiero de Grecia sigue afrontando importantes retos, en particular el muy alto nivel de préstamos dudosos. Teniendo en cuenta, entre otras cosas, el elevado nivel de activos por impuestos diferidos en el balance de los bancos, el nexo entre los bancos y la deuda soberana sigue siendo fuerte y los controles de capitales siguen en vigor, si bien se han relajado gradualmente (la aplicación de la hoja de ruta acordada es un compromiso continuado, que se ha cumplido). Las reformas del sector financiero son un importante objeto de supervisión reforzada, dado su papel fundamental a la hora de crear las condiciones necesarias para un crecimiento sostenible.

La reducción de los préstamos dudosos ha continuado, aunque el establecimiento de herramientas para su resolución sigue estando por debajo de las expectativas. El nivel de préstamos dudosos ha ido disminuyendo, pero sigue siendo elevado, y según los últimos datos disponibles ascendía a 85 000 millones EUR, lo que supone aproximadamente al 47 % del total de exposiciones de septiembre de 2018. Los bancos cumplen sus objetivos de reducción de los préstamos dudosos, lo que será cada vez más difícil en los próximos años. Al mismo tiempo, la rentabilidad de los bancos está sometida a presiones, y junto con el elevado nivel de créditos fiscales diferidos en sus balances, limita el ritmo de reducción de los préstamos dudosos. El número de subastas electrónicas siguió aumentando en el cuarto trimestre de 2018 y la cobertura del territorio está casi completa; sin embargo, la tasa de impago en las subastas sigue siendo elevada y gran parte de las subastas finalizadas con éxito siguen acabando con la compra del activo por el banco que puso en marcha la subasta. Son necesarios esfuerzos adicionales a fin de subsanar estas deficiencias, como parte de las medidas para cumplir el compromiso específico para el final de 2018 de apoyar la resolución de los préstamos dudosos. A este respecto serán esenciales nuevos avances a la hora de abordar los obstáculos, que podrán incluir medidas legislativas y mejoras operativas del sistema. Por otra parte, la importante reforma reciente de la Ley de Insolvencia Empresarial todavía no ha contribuido al incremento previsto de su utilización por las partes interesadas. Habida cuenta de su importancia en los esfuerzos de los bancos para acelerar la reducción de los préstamos dudosos, estaría justificado que las autoridades siguieran investigando la necesidad de mejorar la claridad y seguridad jurídica en lo que respecta al ámbito de aplicación de las leyes sobre amortización y venta de préstamos dudosos, ventas y titulización, y facilitaran una adopción más generalizada de estas herramientas.

La utilización del mecanismo de resolución extrajudicial está mostrando signos de progreso después de un arranque lento. La infraestructura se está mejorando a fin de garantizar un funcionamiento sin trabas y cada vez más automatizado. En diciembre de 2018, las autoridades prorrogaron los mecanismos de resolución extrajudicial por un año, hasta el final de 2019. Si bien esta prórroga es bienvenida, las autoridades también han adoptado algunas enmiendas al marco que suscitan inquietud en cuanto a su repercusión en la reestructuración multilateral y en la duración de los procedimientos de reestructuración del sector público, y que tendrían que ser evaluadas de nuevo.

La baja tasa de tramitación de las garantías estatales con pago exigido relativas a préstamos bancarios precisa una urgente mejora. Los retrasos en la tramitación de las garantías representan una importante carga para los bancos. Las autoridades han reconocido el problema y deberían tomar medidas concretas para acelerar la tramitación y el reembolso. Asimismo, las autoridades han adoptado una disposición legislativa para eliminar la incertidumbre en cuanto a la ejecución de las garantías; esta disposición es actualmente objeto de evaluación.

La expiración prevista de la protección de la residencia principal con arreglo a la legislación sobre insolvencia de los hogares y las especulaciones sobre posibles nuevos regímenes de protección del deudor han dado lugar a un notable aumento de solicitudes en el cuarto trimestre de 2018. A pesar de que la tasa de tramitación de casos también aumentó, el incremento de solicitudes implica que la acumulación de asuntos no ha disminuido sustancialmente durante el cuarto trimestre. Es inevitable que esto afecte negativamente al ritmo de tramitación de los asuntos pendientes en los tribunales. En este sentido, el plan de acción dirigido a reducir el número de asuntos pendientes en el contexto de la legislación sobre insolvencia de los hogares tendría que actualizarse e incluir elementos concretos, lo que contribuiría a la credibilidad de una trayectoria bien identificada que conduzca a la supresión, para el final de 2021, de los retrasos acumulados, tal como se prevé en los compromisos de Grecia posteriores al programa. Al mismo tiempo, se han logrado avances en la mejora de la capacidad de tramitación de los órganos jurisdiccionales a través de la contratación de personal y mediante la formación financiera de los jueces, siendo este último un compromiso específico para el final de 2018).

Las autoridades compartieron sus propuestas legislativas sobre un nuevo régimen para la protección de la residencia principal, pero sigue habiendo un gran número de importantes cuestiones pendientes. Se acordó que la protección de la residencia principal de las familias en el marco de la insolvencia de los hogares sería una medida temporal de crisis hasta el final de 2018. Sin embargo, la protección se amplió unilateralmente en diciembre de 2018 por dos meses, periodo durante el cual las autoridades presentaron un nuevo régimen de protección que ofrece también un subsidio estatal limitado al prestatario. En función de un análisis preliminar, la propuesta plantea graves problemas en cuanto a su incidencia en la cultura de pago y en los balances de los bancos, y su diseño general podría permitir impagos estratégicos. En particular: i) las condiciones de elegibilidad propuestas serían mucho más amplias que en el marco de la actual protección de la residencia principal, incluidos los préstamos a las empresas; ii) la propuesta crearía un sistema de protección adicional que se aplicaría en paralelo a la actual legislación sobre insolvencia de los hogares; iii) el régimen de sustitución parece exigir a los bancos que acepten obligatoriamente reestructuraciones de deuda predefinidas para un amplio grupo de prestatarios elegibles; iv) la propuesta no está suficientemente orientada a las personas más vulnerables e interactúa directamente con otros procedimientos, tales como la quiebra o la administración especial, los mecanismos de resolución extrajudicial, las titulizaciones y ventas de préstamos dudosos concluidas; v) la propuesta corre el riesgo de crear nuevos retrasos para los deudores con solicitudes pendientes en el marco del actual régimen de protección y que soliciten el nuevo régimen, dado que todos los procedimientos en curso se suspenderían hasta que se haya completado el nuevo procedimiento de reestructuración; vi) no se ha facilitado ninguna evaluación de impacto de la nueva propuesta, por ejemplo sobre el impacto potencial en la base de capital de los bancos; vii) el amplio alcance pone en riesgo el compromiso de las autoridades de eliminar el atraso de todas las solicitudes sobre insolvencia de los hogares antes de que finalice 2021; viii) se espera que las nuevas suspensiones de las acciones de ejecución introducidas por la propuesta afecten a futuras subastas y procedimientos de ejecución hipotecaria; ix) se precisa una mayor claridad sobre los aspectos fiscales del régimen. Están en curso debates con las instituciones, con vistas a resolver las cuestiones pendientes. Las autoridades también han iniciado una consulta formal al BCE sobre su propuesta legislativa, mientras que cualquier nuevo régimen requerirá la aprobación de la Comisión desde el punto de vista de las ayudas estatales.

Ha habido avances en lo que respecta a la labor del Fondo Griego de Estabilidad Financiera. Más concretamente, y en consonancia con el compromiso específico para el final de 2018, el Fondo Griego de Estabilidad Financiera ha desarrollado su estrategia de salida para la venta de sus participaciones en los cuatro bancos sistémicos. Aunque la estrategia será aplicada por dicho Fondo como institución independiente, la posible intervención de las autoridades en la fase final de la venta aún está sujeta a examen. Las autoridades han aclarado que, en su opinión, la adaptación del mandato del comité de selección al del Fondo Griego de Estabilidad Financiera (compromiso específico para el final de 2018) no exige una modificación legislativa; esto está sujeto a confirmación por parte del Consejo de Estado. En consonancia con la Ley del Fondo Griego de Estabilidad Financiera, el ministro de Hacienda deberá completar la designación del consejero delegado adjunto del Fondo y el puesto vacante del Consejo General sobre la base de la lista elaborada por el comité de selección. El establecimiento del marco operativo de los cuatro bancos sistémicos a raíz de sus planes de reestructuración y la estrategia de salida están estrechamente relacionadas, y el FGEF ha trabajado sobre estas dos cuestiones en paralelo.

Las autoridades griegas están explorando iniciativas adicionales para apoyar los esfuerzos de reducción de los préstamos dudosos en colaboración con las partes interesadas, incluido el Fondo Griego de Estabilidad Financiera y el Banco de Grecia. Las autoridades han enviado recientemente un proyecto de propuesta a los servicios de la Comisión para un tipo de régimen de protección de activos que aspira a acelerar los actuales esfuerzos de resolución de los préstamos dudosos. La propuesta tendrá que ser evaluada desde la perspectiva de las ayudas estatales.