POSICIÓN COMÚN (CE) N° 15/1999 aprobada por el Consejo el 25 de enero de 1999 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) n° .../1999 del Consejo, de ..., por el que se fijan los requisitos para la aplicación de las acciones comunitarias de cooperación al desarrollo que contribuyan a alcanzar el objetivo general de desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho así como el de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales (1999/C 58/02)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 130 W,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 C del Tratado (2),

(1) Considerando conveniente fijar las modalidades de ejecución de las acciones comunitarias de cooperación al desarrollo que contribuyan a alcanzar el objetivo general de desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho así como el de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales;

(2) Considerando que el Consejo adoptó, simultáneamente al presente Reglamento, el Reglamento (CE) n° .../1999 por el que se fijan los requisitos para la aplicación de las acciones comunitarias, distintas de las de cooperación al desarrollo (3) que, dentro del marco de la política de cooperación comunitaria, contribuyan a alcanzar el objetivo general de desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho así como el de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales en los países terceros;

(3) Considerando que la política comunitaria en el ámbito de la cooperación al desarrollo contribuye al objetivo general de desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho así como al de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales;

(4) Considerando que la Unión Europea respeta los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho, según se enuncia en el apartado 2 del artículo F del Tratado de la Unión Europea;

(5) Considerando que la acción de la Comunidad Europea en materia de promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos se inscribe en el respeto de los principios de universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos que constituyen la piedra angular del sistema internacional de protección de los derechos humanos;

(6) Considerando que la acción de la Comunidad Europea en materia de promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos se inspira en los principios generales que informan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto internacional de los derechos civiles y políticos y en el Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales;

(7) Considerando que la Comunidad reconoce la interdependencia de todos los derechos humanos y que el progreso del desarrollo económico y social y de la realización de los derechos civiles y políticos se apoyan mutuamente;

(8) Considerando que conviene considerar el respeto del Derecho internacional humanitario como parte de los derechos humanos en el sentido del presente Reglamento; considerando también los Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo adicional de 1977, la Convención de Ginebra de 1951 relativa al estatuto de los refugiados, y el Convenio de 1948 para la prevención y la sanción del delito de genocidio, así como otras normas de Derecho internacional convencional o consuetudinario;

(9) Considerando la Resolución sobre derechos humanos, democracia y desarrollo adoptada el 28 de noviembre de 1991 por el Consejo y los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, que definió las orientaciones, procedimientos y líneas de acción concretos destinados a promover, a la vez que los derechos económicos y sociales, las libertades civiles y políticas mediante un régimen político representativo basado en el respeto de los derechos humanos;

(10) Considerando que la acción de la Comunidad Europea en materia de promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos forma parte de un enfoque positivo y constructivo que incluye los derechos humanos y los principios democráticos como tema de interés común para la Comunidad y sus socios, y como elemento del diálogo para favorecer iniciativas para su respeto efectivo;

(11) Considerando que este enfoque positivo debería traducirse en la ejecución de acciones de apoyo a los procesos de democratización, mejora del Estado de Derecho y desarrollo de una sociedad civil pluralista y democrática, así como en la aplicación de medidas de confianza destinadas a prevenir los conflictos, apoyar los esfuerzos de paz y luchar contra la impunidad;

(12) Considerando que resulta por tanto esencial que los instrumentos financieros utilizados en apoyo de las acciones positivas en estos ámbitos en favor de cada país sean utilizados de manera coherente con los programas geográficos e integrados con otros instrumentos de desarrollo con el fin de aumentar su impacto y eficacia;

(13) Considerando que es asimismo necesario garantizar que dichas acciones sean coherentes con la política exterior de la Unión Europea, incluida la política exterior y de seguridad común;

(14) Considerando que estas acciones deben centrarse, en particular, en las personas discriminadas, pobres o desfavorecidas, como los niños, las mujeres, los refugiados, los emigrantes, las minorías, las personas desplazadas, los pueblos indígenas, los presos y las víctimas de torturas;

(15) Considerando que el apoyo comunitario a la democratización y al respeto de los principios del Estado de Derecho en el marco de un régimen político respetuoso de las libertades fundamentales del individuo contribuye a la realización de los objetivos de los distintos acuerdos celebrados por la Comunidad Europea con sus socios, acuerdos que hacen del respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos un elemento esencial de las relaciones entre las Partes;

(16) Considerando que la calidad, el impacto y la continuidad de las intervenciones deberían salvaguardarse, en particular previendo la posibilidad de iniciar programas plurianuales de promoción de los derechos humanos y los principios democráticos que se prepararían en colaboración con las autoridades del país en cuestión teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada país;

(17) Considerando que la ejecución de una acción eficaz y coherente requiere que se tengan en cuenta las características propias de la acción en favor de los derechos humanos y de los principios democráticos y que éstas se traduzcan en el establecimiento de procedimientos flexibles, transparentes y rápidos para la toma de decisiones relativas a la financiación de las acciones y proyectos en este sector;

(18) Considerando que es esencial asegurarse de que se posee una capacidad de reacción rápida ante situaciones urgentes o de una importancia particular con el fin de reforzar la credibilidad y la eficacia del compromiso comunitario en materia de promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos en los países donde tales situaciones se produjesen;

(19) Considerando que, muy especialmente en el caso de los procedimientos de concesión de subvenciones y de evaluación de los proyectos, conviene tener en cuenta la particularidad de los beneficiarios del apoyo comunitario en este ámbito, particularmente el carácter no lucrativo de sus actividades, los riesgos en que incurran sus miembros, a menudo voluntarios, en un medio a veces hostil, y su margen escaso de maniobra en términos de fondos propios;

(20) Considerando que el desarrollo de la sociedad civil debe materializarse, en particular, en el surgimiento y organización de nuevos actores y que, a tal fin, la Comunidad puede verse obligada a aportar en los terceros países beneficiarios apoyos financieros a socios que carecen de experiencia anterior en ese ámbito;

(21) Considerando que las decisiones relativas a la concesión de un apoyo financiero en favor de proyectos de promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos deben tomarse de manera imparcial, sin discriminación en razón de diferencias raciales, religiosas, culturales, sociales o étnicas respecto de los organismos beneficiarios del apoyo comunitario y las personas o grupos de personas a los cuales se dirigen los proyectos apoyados, y que no deben estar guiadas por consideraciones de carácter político;

(22) Considerando que conviene fijar las modalidades de ejecución y de gestión de la ayuda de la Comunidad en favor de la promoción de los derechos humanos y los principios democráticos financiada por el presupuesto general de las Comunidades Europeas;

(23) Considerando que, con arreglo al punto 2 de la Declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 6 de marzo de 1995 (4), en el presente Reglamento se introducirá un importe de referencia financiera para toda la duración del programa, sin que ello afecte a las competencias de la Autoridad Presupuestaria definidas en el Tratado,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO 1 Objetivos

Artículo 1

El presente Reglamento tiene como objetivo fijar las modalidades de ejecución de las acciones comunitarias que, en el marco de la política comunitaria de cooperación al desarrollo, contribuyan al objetivo general del desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, así como del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Las acciones que contempla el presente Reglamento se realizarán en el territorio de los países en vías de desarrollo o estarán vinculadas a situaciones que en ellos se produzcan.

Artículo 2

Dentro de los límites del artículo 1, y en consonancia con el conjunto de la política exterior de la Unión Europea, la Comunidad Europea aportará su ayuda técnica y financiera a las acciones que tengan particularmente como objetivo:

1) La promoción y la defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, tal y como se recogen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales sobre desarrollo y consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, en particular:

a) la promoción y la protección de los derechos civiles y políticos;

b) la promoción y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales;

c) la promoción y la protección de los derechos humanos de las personas discriminadas, pobres o desfavorecidas, lo que contribuirá a reducir la pobreza y la exclusión social;

d) el apoyo a las minorías, los grupos étnicos y los pueblos indígenas;

e) el apoyo a las instituciones locales, nacionales, regionales o internacionales, incluidas las organizaciones no gubernamentales (ONG), que desempeñen actividades relacionadas con la protección la promoción o la defensa de los derechos humanos;

f) el apoyo a los centros de rehabilitación para las víctimas de torturas y para las organizaciones que ofrezcan ayudas concretas a las víctimas de violaciones de los derechos humanos o que ayuden a mejorar las condiciones existentes allí donde la población se halle privada de libertad, con el fin de prevenir la tortura y los malos tratos;

g) el apoyo a la educación, a la formación y a la sensibilización en el ámbito de los derechos humanos;

h) el apoyo a las acciones encaminadas a la observación en el ámbito de los derechos humanos, incluida la formación de los observadores;

i) la promoción de la igualdad de oportunidades y de las prácticas no discriminatorias, incluidas las medidas para la lucha contra el racismo y la xenofobia;

j) el fomento y la protección de las libertades fundamentales, tal como se mencionan en el Pacto internacional de los derechos civiles y políticos, en particular la libertad de opinión, de expresión y de conciencia, así como el derecho a utilizar la propia lengua.

2) El apoyo a los procesos de democratización, en particular:

a) el fomento y el fortalecimiento del Estado de Derecho y, en particular, el apoyo a la independencia y al fortalecimiento del poder judicial así como el respaldo a los sistemas penitenciarios que respeten la persona humana; el apoyo de las reformas constitucionales y legislativas; el apoyo a las iniciativas a favor de la abolición de la pena de muerte;

b) el fomento de la separación de poderes, en particular la de los poderes judicial y legislativo en relación con el poder ejecutivo y el apoyo a las reformas institucionales;

c) el fomento del pluralismo, tanto a nivel político como a nivel de la sociedad civil. Para ello será necesario reforzar las instituciones necesarias para garantizar el carácter pluralista de la sociedad, incluidas las ONG, y fomentar la independencia y la responsabilidad de los medios de comunicación, el apoyo a la libertad de prensa y el respeto de los derechos de libertad de asociación y de reunión;

d) el fomento de la gestión correcta de los asuntos públicos, apoyando en especial la transparencia de la administración y la prevención y la lucha contra la corrupción;

e) el fomento de la participación de la población en los procesos decisorios, tanto a escala nacional como regional y local y, en particular, el fomento de la igualdad de participación de hombres y mujeres en la sociedad civil, en la vida económica y en la política;

f) el apoyo de los procesos electorales, en particular mediante el respaldo a las comisiones electorales independientes, la concesión de ayudas materiales, técnicas y jurídicas para la preparación de elecciones, incluidos los censos electorales, así como mediante medidas destinadas a favorecer la participación de grupos concretos, especialmente las mujeres, en los procesos electorales, y mediante la formación de observadores;

g) el apoyo a los esfuerzos nacionales de delimitación de las competencias civiles y militares y la sensibilización y la formación respecto de los derechos humanos para el personal civil y militar.

3) El apoyo a las acciones de fomento del respeto de los derechos humanos y de la democratización, en aras de la prevención de conflictos y del tratamiento de sus consecuencias, en estrecha cooperación con los foros competentes al respecto, en particular:

a) el apoyo al desarrollo de las capacidades, incluido el establecimiento de sistemas locales de alerta rápida;

b) el apoyo a medidas destinadas a equilibrar las oportunidades y a superar las disparidades existentes entre distintos grupos de identidad;

c) el apoyo a medidas que faciliten la reconciliación pacífica de los grupos de interés, incluido el apoyo a las medidas de fomento de la confianza relacionadas con los derechos humanos y la democratización, con el fin de prevenir los conflictos y restablecer la paz civil;

d) la promoción del Derecho humanitario internacional y de su observancia por todas las partes implicadas en un conflicto;

e) el apoyo a las organizaciones internacionales, regionales o locales, incluidas las ONG, que intervengan en materia de prevención y resolución de conflictos y tratamiento de sus consecuencias, incluido el apoyo al establecimiento de tribunales penales internacionales ad hoc y a la instauración de una jurisdicción penal internacional permanente, así como en materia de apoyo y asistencia a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.

Artículo 3

Para ello, el apoyo comunitario podrá incluir entre sus medios de acción la financiación de:

1) Campañas destinadas a incrementar la sensibilización, la información y la formación de los organismos de que se trate y de la opinión pública.

2) Acciones necesarias para la determinación y la preparación de los proyectos, a saber:

a) estudios de determinación y de viabilidad;

b) intercambio de conocimientos técnicos y de experiencias entre organismos europeos y organismos de países terceros;

c) los gastos derivados de los procedimientos de licitación, en particular la evaluación de las ofertas y la preparación de documentación sobre los proyectos;

d) la financiación de estudios de carácter general relativos a la acción comunitaria en los ámbitos previstos en el presente Reglamento.

3) La ejecución de proyectos relativos a:

a) acciones de asistencia técnica y al personal expatriado y local destinado a contribuir a la realización de los proyectos;

b) la compra o suministro de cualquier producto o material estrictamente necesario para la ejecución de las acciones, incluida, en circunstancias excepcionales y cuando esté debidamente justificado, la compra o alquiler de locales;

c) en su caso, acciones que pongan de relieve el carácter comunitario de las actividades.

4) Medidas de seguimiento, auditoría y evaluación de las acciones comunitarias.

5) Actividades de explicación a la opinión pública de los países afectados de los objetivos y resultados de dichas acciones así como de las funciones de asistencia administrativa y técnica en provecho mutuo de la Comisión y del beneficiario.

CAPÍTULO II Modalidades de ejecución de la ayuda

Artículo 4

1. Los socios que pueden obtener un apoyo financiero en virtud del presente Reglamento son las organizaciones regionales e internacionales, las ONG, las administraciones y organismos públicos nacionales, regionales y locales y las organizaciones a nivel comunitario, los institutos y los operadores públicos o privados.

2. La Comisión Europea ejecutará las acciones financiadas por la Comunidad en virtud del presente Reglamento, a petición de los socios contemplados en el apartado anterior o a iniciativa propia.

Artículo 5

La ayuda de la Comunidad Europea estará abierta a los socios mencionados en el apartado 1 de artículo 4 del presente Reglamento que tengan su sede principal en un país tercero beneficiario de la ayuda de la Comunidad en virtud del presente Reglamento o en un Estado miembro de la Comunidad. Dicha sede deberá constituir el centro efectivo de todas las decisiones relativas a las acciones financiadas de conformidad con este Reglamento. Excepcionalmente, esta sede podrá situarse en otro tercer país.

Artículo 6

Sin perjuicio del contexto institucional y político en el cual los socios previstos en el apartado 1 del artículo 4 del presente Reglamento llevan a cabo sus actividades, se tendrán en cuenta en especial, para determinar si un socio puede tener acceso a la financiación comunitaria, los elementos siguientes:

a) su compromiso de defender, respetar y fomentar sin discriminación alguna los derechos humanos y los principios democráticos;

b) su experiencia en el ámbito de la promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos;

c) su capacidad de gestión administrativa y financiera;

d) su capacidad técnica y logística en relación con la acción considerada;

e) en su caso, los resultados de las acciones ejecutadas anteriormente y en especial aquéllas que se benefician de una financiación comunitaria;

f) su capacidad para desarrollar la cooperación con otros actores de la sociedad civil en los terceros países interesados y para hacer llegar la ayuda a las organizaciones locales responsables ante la sociedad civil.

Artículo 7

1. Sólo se concederá la ayuda a los socios contemplados en el apartado 1 del artículo 4 si ésos se comprometen a respetar las condiciones de asignación y de ejecución fijadas por la Comisión y a las que se han comprometido los socios contractualmente.

2. Toda acción que se beneficie de la ayuda comunitaria se ejecutará de acuerdo con los objetivos definidos en la decisión de financiación de la Comisión.

3. La financiación comunitaria en virtud del presente Reglamento adoptará la forma de subvenciones.

4. En la medida en que las acciones se traduzcan en convenios de financiación entre la Comunidad y los países beneficiarios de acciones financiadas de conformidad con el presente Reglamento, dichos convenios estipularán que el pago de los impuestos, derechos y cargas no correrán a cargo de la Comunidad.

Artículo 8

1. La participación en las licitaciones y en los contratos estará abierta en igualdad de condiciones a todas las personas físicas y jurídicas del país beneficiario y de los Estados miembros. Podrá ampliarse a otros países en vías de desarrollo y, en casos excepcionales debidamente justificados, a otros terceros países.

2. Los suministros serán originarios de los Estados miembros, del país beneficiario o de otros países en vías de desarrollo. Podrán ser originarios de otros países en casos excepcionales debidamente justificados.

Artículo 9

1. Con el fin de realizar los objetivos de coherencia y de complementariedad y con el fin de garantizar una eficacia óptima para el conjunto de las acciones, la Comisión, en estrecha cooperación con los Estados miembros, podrá adoptar todas las medidas necesarias de coordinación.

2. En cualquier caso, y a los fines de lo dispuesto en el apartado 1, la Comisión fomentará:

a) la creación de un sistema de intercambio y de análisis sistemático de información sobre las acciones financiadas y aquellas cuya financiación esté siendo estudiada por la Comunidad y los Estados miembros;

b) una coordinación en el lugar de ejecución de las acciones mediante reuniones regulares de intercambio de información entre los representantes de la Comisión y de los Estados miembros en el país beneficiario;

c) el fomento de un enfoque coherente en relación con la ayuda humanitaria y, cuando sea posible, la integración de la protección de los derechos humanos en la ayuda humanitaria.

CAPÍTULO III Procedimientos de ejecución de las acciones

Artículo 10

El importe de referencia financiera para la aplicación del presente Reglamento durante el período comprendido entre 1999 y 2004 será de 260 millones de euros.

La Autoridad Presupuestaria autorizará los créditos anuales dentro de los límites de las perspectivas financieras.

Artículo 11

La Comisión se encargará de la programación, la instrucción, la decisión y la gestión, del seguimiento y de la evaluación de las acciones contempladas en el presente Reglamento según los procedimientos presupuestarios y otros vigentes. Fijará las condiciones de asignación, movilización y ejecución de las ayudas contempladas en el presente Reglamento.

Artículo 12

1. La Comisión adoptará, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 13:

- las decisiones relativas a las acciones cuya financiación de conformidad con el presente Reglamento sobrepase el 1 000 000 de euros por acción así como toda modificación de estas acciones que implique un rebasamiento superior al 20 % del importe inicialmente convenido para la acción en cuestión,

- los programas destinados a proporcionar un marco coherente de actuación en un país o región determinados o sobre un tema particular en los que las necesidades observadas parezcan tener tendencia a perdurar a causa de su amplitud y de su complejidad.

2. La Comisión notificará al Comité previsto en el artículo 13 las decisiones de financiación que tenga intención de aprobar relativas a proyectos y programas por un importe inferior a 1 000 000 de euros. Esta información se realizará a más tardar una semana antes de la toma de decisión.

Artículo 13

1. La Comisión estará asistida por el Comité (denominado en lo sucesivo «Comité de derechos humanos y democracia»), formado por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.

2. Cuando se haga referencia al presente artículo, el representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de las medidas que deban tomarse. El Comité emitirá su dictamen sobre este proyecto en un plazo que el presidente fijará en función de la urgencia de la cuestión de que se trate. El dictamen se emitirá con arreglo a la mayoría fijada en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para la adopción de las decisiones que deba tomar el Consejo a propuesta de la Comisión. Durante las votaciones en el Comité, los votos de los representantes de los Estados miembros se ponderarán con arreglo a lo definido en el citado artículo. El presidente no tomará parte en la votación.

La Comisión aprobará las medidas previstas cuando éstas se ajusten al dictamen del Comité.

Cuando las medidas previstas no se ajusten al dictamen del Comité, o en caso de ausencia de dictamen, la Comisión someterá sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que deban tomarse. El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada.

Si transcurrido un plazo de tres meses a patir del momento en que la propuesta se haya sometido al Consejo, éste no se hubiere pronunciado, la Comisión aprobará las medidas propuestas.

Artículo 14

1. La Comisión podrá financiar las intervenciones urgentes cuando los importes no sean superiores a 2 millones de euros. Se considerará que es necesaria la intervención urgente en las acciones relativas a necesidades inmediatas y no previsibles vinculadas a la interrupción brutal del proceso democrático o al surgimiento de una situación de crisis o de peligro excepcional e inminente que afecte al conjunto o a una parte de la población de un país y constituya una grave amenaza para la protección de los derechos y libertades fundamentales de los individuos.

2. Para las acciones que cumplan estas condiciones la Comisión actuará previa consulta con los Estados miembros de la manera más eficaz. Los Estados miembros dispondrán de cinco días laborales para presentar sus objeciones. De no haberlas, el Comité al que hace referencia el artículo 13 estudiará el tema en su siguiente reunión.

3. La Comisión informará al Comité mencionado en el artículo 13, en su siguiente reunión, acerca de todas las medidas urgentes financiadas con arreglo a las presentes disposiciones.

Artículo 15

El Comité podrá estudiar toda cuestión general o específica relativa a la ayuda comunitaria en la materia, y deberá desempeñar también un papel útil como medio de mejorar la coherencia de las actividades en favor de los derechos humanos y de la democratización emprendidas por la Unión Europea respecto de los terceros países. Una vez al año se procederá al examen de la programación prevista para el ejercicio siguiente o a un cambio de impresiones sobre las orientaciones generales de las acciones que vayan a ejecutarse al año siguiente en virtud del presente Reglamento.

Artículo 16

1. La Comisión evaluará periódicamente las acciones financiadas por la Comunidad en virtud del presente Reglamento con el fin de establecer si los objetivos perseguidos por estas acciones han sido alcanzados y proporcionar directrices para mejorar la eficacia de las acciones futuras. La Comisión presentará al Comité un resumen de las evaluaciones realizadas que podrían, en su caso, ser examinadas por éste. Los informes de evaluación estarán a disposición de los Estados miembros que los soliciten.

2. A petición de los Estados miembros, y con la participación de éstos, la Comisión podrá efectuar evaluaciones relativas a los resultados de las acciones y de los programas de la Comunidad a que se refiere el presente Reglamento.

Artículo 17

Todo contrato o convenio de financiación celebrado de conformidad con el presente Reglamento establecerá, en particular, que la Comisión y el Tribunal de Cuentas podrán realizar controles in situ y en la sede de los socios contemplados en el apartado 1 del artículo 4 del presente Reglamento según las modalidades habituales definidas por la Comisión en el marco de las disposiciones vigentes, en particular las del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas.

Artículo 18

1. La Comisión informará a los Estados miembros, a más tardar en un plazo de un mes a partir de su decisión, sobre las acciones y proyectos aprobados, indicando sus importes, naturaleza, país beneficiario y socios afectados.

2. Al término de cada ejercicio presupuestario, la Comisión presentará un informe anual al Parlamento Europeo y al Consejo con un resumen de las acciones financiadas durante el ejercicio.

El resumen recogerá, en particular, informaciones relativas a los socios con los cuales se ejecutaron las acciones contempladas en el artículo 1 del presente Reglamento.

El informe incluirá también una síntesis de las evaluaciones externas efectuadas y, cuando resulte adecuado, podrá proponer acciones específicas.

Artículo 19

Tres años después de la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una evaluación global de las acciones financiadas por la Comunidad en el marco del mismo, evaluación que podrá ir acompañada de sugerencias adecuadas relativas al futuro del presente Reglamento.

Artículo 20

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en ...

Por el Consejo

El Presidente

(1) DO C 282 de 18.9.1997, p. 14.

(2) Dictamen del Parlamento Europeo de ... (no publicado aún en el Diario Oficial), Posición común del Consejo de 25 de enero de 1999 y Decisión del Parlamento Europeo de ... (no publicada aún en el Diario Oficial).

(3) DO L ...

(4) DO C 102 de 4.4.1996, p. 4.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I. INTRODUCCIÓN

1. Mediante carta de 20 de agosto de 1997, la Comisión presentó al Consejo una propuesta de Reglamento (1) relativa al desarrollo y a la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho y del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

2. El 16 de julio de 1998, el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) decidió que jurídicamente sería más correcto adoptar dos Reglamentos separados, uno de ellos sobre la base del artículo 130 W del Tratado CE, que incluyese las actividades relacionadas con los países en desarrollo, y el otro, relativo a las acciones vinculadas a los terceros países, basado en el artículo 235 del Tratado.

3. El 17 de diciembre de 1998, el Parlamento Europeo dictaminó (2) sobre la propuesta basada en el artículo 130 W en primera lectura.

4. El 25 de enero de 1999, el Consejo adoptó su Posición común con arreglo al artículo 189 C del Tratado.

II. FINALIDAD DE LA PROPUESTA

El objetivo de la propuesta consiste en crear una base jurídica para la aplicación de las dotaciones consignadas en el presupuesto de la Comisión para financiar las operaciones que contribuyan al objetivo general de desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho así como del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

La Posición común mantiene total o parcialmente y, en algunos casos, con ciertas adaptaciones, un número considerable de las enmienadas propuestas por el Parlamento Europeo en su dictamen (enmiendas 7, 11, 13, 15, 22, 24, 27, 29, 34 y 38).

Con todo, el Consejo no pudo aceptar otra serie de enmiendas relacionadas con aspectos institucionales, como la comitología y los procedimientos de información o los aspectos presupuestarios (por ejemplo, la enmienda 22 sugiere la supresión del importe de referencia financiera), así como tampoco pudo aprobar la enmienda 36 que establece una duración ilimitada, ya que todos esos aspectos son elementos de una fórmula transaccional global y reflejan además decisiones pasadas tomadas por el Consejo respecto de otros Reglamentos en el ámbito de la cooperación al desarrollo.

El Consejo tampoco retuvo las enmiendas 1 a 4 y 9, que introducirían el concepto de buen gobierno en el título, en determinados considerandos y en el articulado del texto, ya que la definición exacta del título y del ámbito de aplicación del Reglamento fue también resultado de arduas negociaciones.

(1) No publicado aún en el Diario Oficial.

(2) No publicado aún en el Diario Oficial.