EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

•Razones y objetivos de la propuesta

La pandemia de COVID-19 es una grave crisis de salud pública que ha afectado a todos los Estados miembros. Representa un reto importante para los sistemas públicos de asistencia sanitaria y es probable que tenga graves consecuencias para las economías de la Unión durante un largo período de tiempo. Esta situación supone una abrumadora perturbación de la vida de los ciudadanos y las empresas, que sufren dificultades a la hora de desempeñar su cometido a causa sobre todo de las limitaciones ligadas al confinamiento en muchos Estados miembros.

A la luz de estas circunstancias sin precedentes, varios Estados miembros y personas sujetas a la obligación de comunicar información en virtud de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, han solicitado el aplazamiento de determinados plazos para la presentación y el intercambio de información con arreglo a dicha Directiva. Más concretamente, las solicitudes de aplazamiento corresponden a los intercambios automáticos de información sobre cuentas financieras cuyos beneficiarios son residentes fiscales en otro Estado miembro y a los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información que figuran en el anexo IV de la Directiva 2011/16/UE del Consejo. La grave perturbación provocada por la pandemia de COVID-19 dificulta el oportuno cumplimiento por las entidades financieras y las personas responsables de la comunicación de los mecanismos transfronterizos, y afecta negativamente a la capacidad de las administraciones tributarias de los Estados miembros para recopilar y procesar los datos.

Esta situación exige una respuesta urgente y coordinada dentro de la Unión y, cuando proceda, a escala mundial. A este respecto, convendría tener en cuenta la iniciativa del Grupo Director del Foro Global con respecto al Estándar Común de Comunicación de Información (ECCI) para las entidades financieras que comunican información, que se ha incorporado al Derecho de la Unión mediante la Directiva 2014/107/UE del Consejo.

Por consiguiente, procede aplazar el plazo para el intercambio de información sobre cuentas financieras cuyos beneficiarios sean residentes fiscales en otro Estado miembro. Esto permitirá a los Estados miembros ajustar sus plazos nacionales para la presentación de dicha información por parte de las entidades financieras que comunican información. En la misma línea, también deben ampliarse los plazos para la presentación y el intercambio de información sobre mecanismos transfronterizos con arreglo al anexo IV de la Directiva 2011/16/UE del Consejo.

Asimismo, cabe recordar que el intercambio de información sobre cuentas financieras cuyos beneficiarios sean residentes fiscales en otro Estado miembro y sobre los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información con arreglo al anexo IV de la Directiva 2011/16/UE del Consejo es crucial en la lucha contra la elusión y la evasión fiscales en la Unión. Los Estados miembros necesitarán ingresos tributarios para financiar sus considerables esfuerzos por contener el impacto económico negativo de las medidas contra la pandemia de COVID-19. Garantizar la equidad fiscal mediante la prevención de la elusión y la evasión fiscales se ha vuelto más importante que nunca. Si bien la crisis actual exige adaptar el calendario de presentación y transmisión de algunos datos fiscales, no por ello deben abandonarse los esfuerzos de las administraciones nacionales por garantizar una fiscalidad equitativa.

La duración del aplazamiento no debe alterar la estructura y el funcionamiento establecidos de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, sino que debe tener más bien una duración limitada, en proporción a las dificultades prácticas causadas por un confinamiento temporal destinado a contener la pandemia.

Teniendo en cuenta la incertidumbre actual sobre la evolución de la pandemia de COVID-19, conviene prever una nueva prórroga del período de aplazamiento a efectos de la presentación y el intercambio de información. Esto será necesario si durante una parte o la totalidad del período de aplazamiento se mantuvieran las circunstancias excepcionales de graves riesgos para la salud pública causados por la pandemia de COVID-19 y los Estados miembros debieran aplicar nuevas medidas de confinamiento o mantener las existentes. Tal prórroga no debe alterar la estructura y el funcionamiento establecidos de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, sino que debe tener más bien una duración limitada y definida previamente, en proporción a las dificultades prácticas causadas por el confinamiento temporal. La prórroga no debe afectar a los elementos esenciales de la obligación de comunicación e intercambio de información con arreglo a esta Directiva. Puede limitarse a prorrogar el plazo para cumplir dichas obligaciones, velando al mismo tiempo por que no quede información alguna sin intercambiar posteriormente.