ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
11.

Subraya que ya es posible extraer lecciones de los fructíferos intercambios mantenidos hasta la fecha en el contexto del FGI y actuar en consecuencia, en particular en lo que concierne a los aspectos de regulación de las comunicaciones electrónicas y a la seguridad y privacidad de los datos; considera que es necesario seguir debatiendo en el seno del FGI con respecto a cuestiones relacionadas con la ciberseguridad y la ciberdelincuencia, que van desde soluciones para mejorar la seguridad de las infraestructuras básicas hasta facilitar las herramientas apropiadas para una comunicación segura con las personas y las pequeñas empresas, en particular la autenticación electrónica y el criptografiado; destaca la necesidad de garantizar una internet abierta e independiente como recurso mundial común, así como el acceso no discriminatorio al conocimiento en el futuro, basado en las iniciativas y las necesidades de las partes interesadas, y la libertad de expresión;
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Visto el estudio de 2013 del Centro Común de Investigación de la Comisión-Instituto de Prospectiva Tecnológica titulado «Short Food Supply Chains and Local Food Systems in the EU. A State of Play of their Socio-Economic Characteristics» (Cadenas de suministro alimentario cortas y sistemas alimentarios locales en la UE. Situación actual de sus características socioeconómicas) (10),
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Visto el documento de trabajo de los Servicios de la Comisión de 24 de febrero de 2012 titulado «Reinforcing effective problem-solving in the Single Market — unlocking SOLVIT's potential at the occasion of its 10a anniversary» (SWD(2012)0033),
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Vistas las listas de la Unión establecidas en el Reglamento (UE) no 1129/2011 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2011, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo para establecer una lista de aditivos alimentarios de la Unión (3), y en el Reglamento (UE) no 1130/2011 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Anexo III del Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre aditivos alimentarios, para establecer una lista de aditivos alimentarios de la Unión autorizados para ser empleados en aditivos alimentarios, enzimas alimentarias, aromas alimentarios y nutrientes (4),
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Vistos el Convenio no 121, de 1964, sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; el Convenio no 128, de 1967, sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes; el Convenio no 130, de 1969, sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad; el Convenio no 168, de 1988, sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo; y el Convenio no 183, de 2000, relativo a la revisión del Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado) de la OIT,
25.

Pide a la Comisión que incluya en las líneas estratégicas, de manera coherente, normas comunes basadas en las mejores prácticas sobre las condiciones que deben darse para el retorno de menores, respetando el interés superior del niño y tomando como base el Estudio comparativo sobre las prácticas en materia de retorno de menores publicado por la Comisión en 2011 y que incluye una lista de control y una compilación de mejores prácticas; reitera firmemente que no puede tomarse una decisión de retorno que no se corresponda con el interés superior del niño o si existen riesgos para la vida del menor, para su salud física y mental y para su bienestar, para su seguridad, para sus derechos fundamentales o los de su familia, y que deben tenerse en cuenta y evaluarse plenamente las circunstancias individuales de cada menor (y de los miembros de su familia en caso de reunificación familiar); recuerda que sólo podrá tomarse una decisión sobre el retorno tras haberse comprobado que en el país de retorno se aplicarán al menor unas disposiciones seguras, concretas y adecuadas que respeten sus derechos, acompañadas de medidas de reintegración en ese país; insta a los Estados miembros, a fin de asegurar el retorno seguro del niño, a que prevean una cooperación estrecha y mecanismos de supervisión con los países de origen y de tránsito en colaboración con las organizaciones no gubernamentales locales e internacionales y a que velen por la protección y la reintegración de los menores tras su regreso; toma nota de que tales mecanismos son un elemento esencial del retorno; pide a la Comisión que se centre, en el marco de la evaluación de la Directiva 2008/115/CE, en su impacto sobre los menores no acompañados, en particular en sus artículos 10, 14, apartado 1, letra c), y 17; pide a la Unión Europea que se comprometa a mejorar su respuesta para poner fin a los posibles motivos de migración incluido un matrimonio precoz y forzado, prácticas tradicionales perjudiciales, como la mutilación genital femenina, y la violencia sexual en todo el mundo;
46.

Entiende que debe trabajarse para garantizar que los instrumentos jurídicos internacionales existentes, en particular el Convenio del Consejo de Europa sobre la ciberdelincuencia, se apliquen en el ciberespacio; considera, por consiguiente, que actualmente no hay necesidad de crear nuevos instrumentos jurídicos a nivel internacional; celebra, no obstante, la cooperación internacional para la elaboración de normas de comportamiento en el ciberespacio que contribuyan a la presencia del Estado de Derecho en el mismo; considera que debe estudiarse la conveniencia de actualizar los instrumentos jurídicos existentes de modo que reflejen los avances tecnológicos; opina que los aspectos jurisdiccionales requieren un exhaustivo debate sobre la cuestión de la cooperación y procesamiento judiciales en los delitos transnacionales;
34.

Está de acuerdo con la Comisión en que conviene evitar que las ayudas estatales conduzcan a la relocalización de una actividad de un lugar a otro dentro del EEE; expresa sus dudas, no obstante, sobre los apartados 24 y 25 y 122 a 124 del proyecto, pues considera que no son suficientemente complementarios con la política de cohesión y que son incompatibles con el objetivo de simplificación; observa, en particular, que el período de dos años es arbitrario por necesidad y que esa norma puede ser imposible de aplicar pues será difícil demostrar tanto una relación causal como la existencia de un plan con dos años de antelación; le preocupa que esta norma pueda favorecer a las empresas no europeas en perjuicio de las empresas europeas y que pueda llevar a deslocalizaciones en el exterior del EEE cuando, por el contrario, las actividades podrían atraerse mediante ayudas regionales a la zona asistida;
10.

Cree que la coordinación forma ex ante de las reformas de la política económica a nivel de la UE es importante y debe reforzarse sobre la base del método comunitario y que debe abordar las reformas económicas nacionales clave previstas en los programas de reformas nacionales con potenciales efectos de contagio demostrables; cree que dicha coordinación ex ante debe alinearse con los instrumentos del Semestre Europeo de coordinación de las políticas económicas a los que hace referencia el artículo 2 bis del Reglamento (UE) no 1175/2011 y, cuando sea necesario, ir acompañada de nuevos instrumentos de solidaridad y basados en incentivos;
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Vistos los Convenios clave de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular el Convenio no 138, de 26 de junio de 1973, sobre la edad mínima de admisión al empleo, el Convenio no 182, de 17 de junio de 1999, sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, el Convenio no 184, de 21 de junio de 2001, relativo a la seguridad y la salud en la agricultura, el Convenio no 87, de 9 de julio de 1948, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, el Convenio no 98, de 8 de junio de 1949, relativo al derecho de sindicación y de negociación colectiva, el Convenio no 141, de 23 de junio de 1975, sobre las organizaciones de trabajadores rurales y el Convenio no 155, de 22 de junio de 1981, sobre seguridad y salud de los trabajadores, así como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989,
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Visto el Reglamento (UE) no 1063/2010 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2010, que modifica el Reglamento (CEE) no 2454/93 por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (12),
D.

Considerando que al iniciarse la crisis económica, el impacto fue mayor para los hombres que para las mujeres; que el desempleo entre hombres y mujeres ha ido evolucionando de forma diferente con el paso del tiempo; que ellas no fueron las primeras víctimas de la crisis, pero que en la actualidad se ven más afectadas por sus efectos (mayor y creciente presencia en trabajos precarios y a tiempo parcial, mayor riesgo de despido, salarios más bajos, menor cobertura de los sistemas de protección social, etc.) y también se verán más afectadas a más largo plazo; que esta fase está mucho menos documentada y que no existen datos estadísticos comparables fiables, por todo lo cual las consecuencias de la crisis sobre las mujeres tienden a infravalorarse;
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Vista la publicación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la red europea de investigación EMES, de 2008, titulada «Social Enterprise: A new model for poverty reduction and employment generation» (1),
25.

Subraya que la creación de bloques funcionales de espacio aéreo no debe entenderse como un requisito independiente, sino como un medio para alcanzar los objetivos de desfragmentación del espacio aéreo europeo y de mejora del rendimiento, ya que sin ellos el Cielo Único Europeo no podrá completarse; pide a la Comisión que proponga una estrategia para acelerar la creación de bloques funcionales de espacio aéreo, que incluya la plena aplicación de los modelos centralizados (como el Gestor de la Red, la Empresa Común SESAR o el Gestor del Despliegue); pide a la Comisión una mayor utilización de los métodos de alerta y, si éstos no funcionan, que incoe procedimientos de infracción contra aquellos Estados miembros que aún no hayan firmado los acuerdos para la creación de sus bloques de espacio aéreo funcional;
49.

Señala la preocupación de los ciudadanos europeos, expresada a través de sus peticiones al Parlamento, por el recurso abusivo a excepciones para el sacrificio de animales sin aturdimiento previo en la UE; expresa una preocupación especial por el hecho de que en algunos Estados miembros se abuse en gran medida de la excepción del aturdimiento previo a la matanza, en detrimento del bienestar de los animales y en perjuicio de agricultores y consumidores; insta a la Comisión a que acelere la evaluación del etiquetado de la carne proveniente de animales sacrificados sin aturdimiento y a que presente su informe antes de 2013, de acuerdo con su compromiso de acometer esta evaluación en 2011; destaca que no informar a los consumidores de si la carne que compran procede de animales sacrificados sin aturdimiento es un asunto de gran interés público por razones tanto de transparencia como de sufrimiento animal; subraya, no obstante, que el etiquetado no es una alternativa al debido cumplimiento de la normativa, dado que solo puede orientar a los consumidores si la información proporcionada es correcta y ha sido verificada;
43.

Pide, asimismo, a la Comisión que proponga la revisión del Reglamento (CE) no 1394/2007 para incluir una disposición que garantice la aplicación del principio de donación no remunerada similar a la recogida en la Directiva 2010/45/UE y que tenga en cuenta los problemas registrados en relación con la aplicación de dicho Reglamento, en particular en el caso de las PYME;
44.

Considera que, habida cuenta de las importantes repercusiones que unas condiciones medioambientales deficientes tienen sobre la salud, así como los elevados costes que esto implica, el VII PMA debería, en particular: — retomar el objetivo del VI PMA de que, para 2020, las sustancias químicas solo se produzcan y utilicen de forma que no desencadenen efectos negativos considerables sobre la salud y el medio ambiente; — afrontar la cuestión de la calidad del aire, incluso en recintos cerrados, y sus repercusiones sobre la salud; — abordar el ruido y sus repercusiones sobre la salud; — prever la formulación de medidas específicas por lo que respecta a las amenazas emergentes para la salud de las personas y los animales, que no se abordan de forma suficiente en la actualidad, y el estudio de los efectos en la salud de las personas y los animales de los nuevos avances, como los nanomateriales, los alteradores endocrinos o los efectos de la combinación de productos químicos, sobre la base de análisis científicos y definiciones comúnmente aceptadas, en aquellos casos en que se disponga de ellos; — incluir medidas para proteger la salud infantil frente a la contaminación ambiental, tomando como referencia la Declaración de Parma sobre el Medio Ambiente y la Salud de la OMS Europa, de marzo de 2010; — concordar con el segundo plan de acción medio ambiente-salud;
79.

Pide al Consejo y a la Comisión que analicen con exhaustividad si las medidas propuestas en los programas nacionales para combatir la pobreza y la exclusión social y para aumentar los niveles de empleo son compatibles con los objetivos generales y los prioritarios de la Estrategia Europa 2020; insta a los Estados miembros que no hayan establecido objetivos nacionales o que no se hayan comprometido suficientemente a alcanzar, de aquí a 2020, una tasa de empleo en Europa para hombres y mujeres del 75 % a que se esfuercen por conseguir este objetivo, centrándose, en particular, en abordar las principales carencias estructurales de los mercados laborales;
60.

Expresa su convicción de que el recurso a la imposición de multas cada vez más cuantiosas como único instrumento de defensa de la competencia podría resultar algo burdo, en particular si se considera la pérdida de puestos de trabajo que podría derivarse de la incapacidad de abonar la multa, y pide que se desarrolle un amplio abanico de instrumentos más sofisticados que cubran aspectos como la responsabilidad individual, la transparencia y la responsabilidad de las empresas, procedimientos más cortos, el derecho a la defensa y a procesos justos, mecanismos que garanticen la efectiva tramitación de las solicitudes de clemencia (con miras, en particular, a superar los efectos de los procesos de revelaciones en los Estados Unidos de América), programas para garantizar el comportamiento correcto de las empresas y el desarrollo de normas europeas; aboga por un enfoque de «premio y castigo», con sanciones que sirvan de medida disuasoria eficaz, en particular en caso de reincidencia, al tiempo que fomenta el cumplimiento;
I.

Considerando que también hay que prestar atención al problema de las infecciones asociadas, en particular la tuberculosis, las hepatitis virales B y C y sus complicaciones; que la tuberculosis y las hepatitis virales son muy frecuentes, evolucionan más rápidamente y son la causa de un nivel significativo de morbilidad y mortalidad entre las personas seropositivas; que en Europa occidental, por ejemplo, el 30 % de las personas seropositivas aproximadamente y en Europa oriental un porcentaje todavía mayor también padecen hepatitis C;
16.

Acoge con satisfacción los progresos realizados en la reforma de la policía y la creciente cooperación en el ámbito policial con los países vecinos y los Estados miembros de la UE; se congratula, en particular, del acuerdo de colaboración policial celebrado con Croacia, Montenegro y Bosnia y Herzegovina; celebra la firma de una hoja de ruta para la cooperación con Europol con vistas a la celebración de un acuerdo operativo con esta Agencia policial de la UE; destaca, no obstante, que conviene desplegar mayores esfuerzos para colmar los desafíos de la hoja de ruta, en particular en los ámbitos relativos a la protección de los datos personales y de la información confidencial, que son asimismo elementos clave para la celebración de un acuerdo de cooperación con Eurojust;
V.

Considerando que algunas sociedades de inversión, en particular las aseguradoras, no pueden ser disueltas adoptando una visión temporal congelada en un momento concreto, sino que se requiere una distribución equitativa de los activos a lo largo de un período de tiempo; que no debería evitarse la transferencia, liquidación o continuidad de las empresas e incluso podría ser necesario darles prioridad;
44.

Recuerda los instrumentos de control y prevención existentes (en particular, los mecanismos de observación in situ), como los que proveen el Programa Europeo de Vigilancia de la Tierra (Global Monitoring for Environment and Security (GMES)) o los programas INSPIRE y GALILEO, que podrían controlar las zonas susceptibles de riesgo y prepararse así más eficazmente para prestar socorro a las víctimas; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de dotar a la UE de una capacidad de telecomunicaciones específica y segura, así como de soluciones integradas para la gestión de crisis, que abarquen desde la prevención a la rehabilitación; pide a la Comisión que haga el mejor uso posible de las soluciones y capacidades presentes y futuras de los satélites de comunicación a fin de facilitar el desarrollo de servicios en materia de seguridad pública y de emergencia para los ciudadanos, en colaboración con la Agencia Espacial Europea, los Estados miembros y las partes interesadas (operadores privados, industria);
K.

Considerando que la buena colaboración establecida con los servicios competentes del Parlamento en 2010 ha hecho que no se registren 91 quejas (4,7 %) presentadas por los ciudadanos al estimarse que no reunían las condiciones mínimas para ser consideradas como peticiones, siguiendo así las recomendaciones formuladas en el informe anual 2009 de no registrar las peticiones que no reúnan los requisitos mínimos,
—

Visto el Reglamento (CE) no 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales) (7),
62.

Comparte la opinión de que la política de desarrollo desempeña un papel importante para ayudar a los países a convertir la abundancia de recursos que poseen en un crecimiento sostenible e incluyente, en particular mediante el fortalecimiento de la gobernanza y de la transparencia; subraya el hecho de que la política de desarrollo, incluido el SPG, no es un instrumento diplomático en el ámbito de las materias primas, pero cree que puede desempeñar un importante papel de apoyo en la política europea sobre las materias primas; pide a la Comisión, por lo tanto, que garantice la coherencia entre ambas políticas; se congratula de que en los acuerdos comerciales de la UE se incluyan garantías explícitas relativas al acceso no discriminatorio al mercado de las materias primas y de que dichas garantías constituyan un requisito previo para la adhesión a la OMC; señala, no obstante, que está de acuerdo con que los acuerdos comerciales deberían proporcionar la flexibilidad necesaria para apoyar a los países en desarrollo a establecer vínculos entre la industria extractiva y la industria a nivel local; considera que debe respetarse la soberanía de los países en relación con los recursos y pide a la Comisión, en este contexto, que equilibre la oposición a los impuestos sobre las exportaciones en los países en desarrollo por medio de un enfoque diferenciado que tenga en cuenta los diversos contextos nacionales, de manera que no se comprometan los objetivos de desarrollo e industrialización de los países en desarrollo; subraya que el comercio libre y justo es importante para el desarrollo del sector de las materias primas global, así como para la creación de riqueza en todas las sociedades; toma nota de que los ingresos procedentes de las materias primas pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de capacitar a los países menos desarrollados para que alcancen los Objetivos de Desarrollo del Milenio;
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Vista la Decisión no 1364/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, por la que se establecen orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía y por la que se derogan la Decisión no 96/391/CE y la Decisión no 1229/2003/CE (4),
B.

Considerando que la UE reconoció que el cierre temprano y la clausura subsiguiente de esas unidades en las tres centrales nucleares representaban una considerable pérdida financiera y económica que no podía ser totalmente cubierta por los Estados miembros afectados, y que, por lo tanto, en los Tratados de adhesión, así como en los posteriores Reglamentos del Consejo para la aplicación de esos Tratados, se estableció una ayuda financiera para los respectivos Estados miembros; considerando, no obstante, que no se decidió claramente si dicha ayuda cubriría el coste total de la clausura o compensaría por todas las consecuencias económicas y que Bulgaria y Eslovaquia siguen siendo exportadores netos de electricidad,
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Vistos los Reglamentos del Consejo (CEE) no 1431/82 (3) y (CE) no 1251/1999 (4), en los que se establecen medidas especiales en el sector de las proteaginosas y se introduce la superficie máxima garantizada; el Reglamento del Consejo (CE) no 1782/2003 (5) y los artículos 76 a 78 del Reglamento del Consejo (CE) no 73/2009 (6), que prevén la supresión paulatina de la ayuda específica a los cultivos de proteaginosas, y el Reglamento de la Comisión (CE) no 1121/2009 (7), en el que se establecen normas detalladas sobre las ayudas a las proteaginosas,
1.

Lamenta que la Comisión no haya dado respuesta a las cuestiones planteadas por el Parlamento en sus resoluciones anteriores, en particular en la Resolución de 21 de febrero de 2008 mencionada anteriormente; toma nota de la ausencia de mejoras en relación con la transparencia, en particular en relación con «Pilot UE» y la cuestión de los recursos humanos;
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Visto el informe de la OIT titulado «World of Work Report 2009: The Global Jobs Crisis and Beyond», publicado en diciembre de 2009,
26.

Acoge con satisfacción las reformas legales de los últimos años relativas a la protección de las víctimas de la violencia doméstica y la trata de seres humanos; reconoce, no obstante, que dichas reformas no son adecuadas y que deberían adoptarse más medidas, y sigue estando profundamente preocupado por el carácter generalizado de la violencia doméstica y la trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual y trabajos forzados; manifiesta su preocupación por el hecho de que el incremento significativo de las denuncias de incidentes en este ámbito no siempre vaya seguido de una investigación policial adecuada o de órdenes de protección dictadas por tribunales; pide la plena aplicación de la legislación vigente para la protección de mujeres y niños contra toda forma de violencia y la adopción y aplicación de un sistema completo para su protección y rehabilitación, incluidas la inscripción obligatoria y eficaz de todos los niños y recién nacidos, la plena prestación de asistencia jurídica, social y psicológica gratuita a las víctimas, campañas de sensibilización de la sociedad, la formación adecuada en los organismos encargados de hacer cumplir la ley y la creación de una red de centros de acogida, cuyo número y calidad deberían ser suficientes, capaces de cubrir las diferentes necesidades de las víctimas de la violencia doméstica y la trata de seres humanos; pide a la Comisión que refuerce su apoyo a las autoridades albanesas a este respecto;