ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
A partir de la evaluación del funcionamiento de la Directiva SRI, en la evaluación de impacto se determinaron los siguientes problemas: el bajo nivel de ciberresiliencia de las empresas que operan en la UE; la incoherencia en términos de resiliencia entre Estados miembros y sectores, y el escaso nivel de conciencia situacional conjunta y la ausencia de una respuesta conjunta en caso de crisis. Por ejemplo, como resultado de algunos de estos problemas y factores impulsores, se dan situaciones en que hospitales importantes de un Estado miembro no están incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva SRI y, por ende, no están obligados a aplicar las correspondientes medidas de seguridad, mientras que en otro Estado miembro prácticamente todos los hospitales del país están cubiertos por los requisitos de seguridad de la Directiva.

La resiliencia en términos de ciberseguridad en toda la Unión no puede ser eficaz si se aplican distintos enfoques de carácter nacional o regional. La Directiva SRI solucionó esta deficiencia al establecer un marco para la seguridad de las redes y los sistemas de información a escala nacional y de la Unión. No obstante, su transposición y aplicación también puso de manifiesto los defectos inherentes de determinadas disposiciones o enfoques, como por ejemplo la ambigua delimitación del ámbito de aplicación de la Directiva SRI. Por otro lado, desde el estallido de la crisis de la COVID-19, la dependencia de la economía europea de las redes y sistemas de información ha aumentado hasta niveles sin precedentes, y los sectores y servicios están cada vez más interconectados. Por consiguiente, la primera revisión periódica de la Directiva SRI brindó la oportunidad de reforzar la actuación de la UE. Los siguientes motivos justifican que la intervención de la UE trascienda las medidas actuales de la Directiva SRI: i) la naturaleza transfronteriza del problema; ii) el potencial de que la intervención de la UE mejore unas políticas nacionales efectivas y las facilite; y iii) la contribución de unas acciones políticas de SRI concertadas y colaborativas a la protección efectiva de los datos y la privacidad.
El sistema de control de la pesca vigente en la UE se concibió antes de la reforma de la política pesquera común (PPC) y, por tal motivo, no es coherente con esta. La falta de actuación a este respecto redundaría gravemente en detrimento de la observancia de la PPC y del cumplimiento de sus objetivos. Además, el sistema ha quedado hoy en día obsoleto, debido principalmente a que sigue basándose en gran medida en documentación impresa. De resultas de ello, carece de eficacia y eficiencia, tal como ha sido ampliamente reconocido y destacado por las cuatro instituciones europeas (Comisión, Consejo, Parlamento Europeo y Tribunal de Cuentas), que han señalado la necesidad de revisar el marco. El ejercicio REFIT llevado a cabo por la Comisión identificó los siguientes factores subyacentes: a) Falta de medidas para controlar las nuevas disposiciones de la PPC reformada y falta de sinergias con otras políticas; b) Complejidad del marco legislativo y ambigüedad de las disposiciones jurídicas; c) Disposiciones inadecuadas en materia de datos sobre pesca; d) Normas de garantía de cumplimiento insuficientemente disuasorias; Las partes interesadas afectadas por la iniciativa son: los operadores de la pesca, los poderes públicos de los Estados miembros, la Comisión y la Agencia Europea de Control de la Pesca.

¿Qué opciones legislativas y no legislativas se han estudiado? ¿Existe o no una opción preferida? ¿Por qué? Máximo 14 líneas
Se ha estudiado toda una serie de opciones, desde la intervención no legislativa hasta distintos niveles de intervención legislativa de menor a mayor grado de ambición. La opción preferida consiste en un conjunto de medidas: - emplear el servicio de entrega electrónica de documentos del Mecanismo «Conectar Europa» (e-CODEX) como canal por defecto para la comunicación electrónica y el intercambio de documentos; - fomentar el uso por defecto de modos modernos de práctica de pruebas (p. ej., videoconferencias, conferencias telefónicas y otros medios de telecomunicación) cuando haya que tomar declaración a una persona en otro Estado miembro y, al mismo tiempo, incorporar un nivel adecuado de flexibilidad (posibles excepciones, por ejemplo en función de la disponibilidad de los equipos en los órganos jurisdiccionales) e incentivos (a través de la financiación de proyectos nacionales) para que los Estados miembros doten a los órganos jurisdiccionales de sistemas de videoconferencia; - eliminar los obstáculos jurídicos a la aceptación de pruebas electrónicas (digitales); - aumentar la seguridad jurídica mediante la inclusión en el Reglamento de otros medios de obtención de pruebas transfronterizas que en la actualidad se emplean con frecuencia, si bien al margen de su ámbito de aplicación, en particular la práctica de pruebas a través de los agentes diplomáticos o consulares; - dar solución a la problemática de las interpretaciones divergentes del término «órgano jurisdiccional», sustituyéndolo por una definición general de «autoridad judicial»; - comunicar la importancia de las normas uniformes establecidas por el Reglamento (procedimientos simplificados, mismo nivel de protección de los derechos de las partes, etc.); - difundir las mejores prácticas entre los órganos jurisdiccionales competentes, con el fin de ayudarles a aplicar los procedimientos correctamente y sin demora; y - concienciar en mayor medida al personal de los órganos jurisdiccionales y a otros profesionales del Derecho acerca del canal directo para la práctica de pruebas que brinda el Reglamento.
La evaluación ha concluido que el reconocimiento mutuo no funciona como debería, debido al desconocimiento, la inseguridad jurídica y la ausencia de comunicación y cooperación eficientes entre las partes interesadas. Los operadores económicos no aprovechan plenamente los derechos existentes. Las autoridades nacionales pierden tiempo y recursos. Los consumidores se encuentran con precios más elevados y menos variedad de productos. Si no se toman medidas a nivel de la Unión, es de esperar que el problema persista.

Si bien no es posible estimar con exactitud las ventajas esperadas, según un estudio reciente titulado The Cost of Non-Europe in the Single Market [«El coste de la no Europa en el mercado único», documento en inglés] la reducción de las barreras al comercio podría dar lugar a un aumento de los intercambios en el interior de la Unión de más de 100 000 millones EUR anuales. El concepto de barreras al comercio en dicho estudio va más allá del reconocimiento mutuo, pero proporciona una estimación de las ventajas esperadas.
La evaluación de impacto analiza las tres opciones siguientes: 1. Escenario de referencia, en el que no se adoptarían medidas a escala de la UE. 2. Un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP), en el que se establecería este tipo de productos en la UE, basado en un conjunto de elementos comunes y flexibles mediante un régimen complementario de carácter voluntario. 3. Un escenario en el que se armonizarían los regímenes nacionales de pensiones individuales. La opción preferida es la 2. En efecto, en esta opción, la mayor normalización de los elementos esenciales del producto crearía oportunidades para que los promotores generasen economías de escala, al tiempo que se mantendría cierta flexibilidad en dichos elementos esenciales de forma que los promotores pudieran sacar el máximo provecho de los incentivos fiscales nacionales. Ello se traduciría, durante un período más largo de una década o más y en el supuesto de que los PEPP se beneficiaran de los mismos incentivos fiscales que los productos nacionales, en un mayor volumen de suscripción de pensiones individuales, un incremento de las inversiones realizadas por los promotores en el contexto de la UMC, y en la facilitación del desarrollo transfronterizo. Los consumidores dispondrían así de un mayor abanico de opciones y una protección adecuada a la hora de ahorrar para la jubilación. La medida sería rentable y políticamente viable, puesto que no exige que los productos individuales ya existentes se adapten a un nuevo entorno normativo y no afecta a los regímenes existentes.
A fin de evitar la introducción de medidas reglamentarias nacionales injustificadas y desproporcionadas, la Directiva de servicios incluye un procedimiento mediante el cual los Estados miembros deben notificar la introducción y las modificaciones o de las medidas reglamentarias. El procedimiento fue concebido para garantizar la conformidad de las medidas reglamentarias nacionales nuevas y modificadas con la Directiva de servicios. No obstante, el procedimiento existente tiene varias deficiencias importantes, que lo hacen ineficaz. Muchos Estados miembros no notifican las medidas reglamentarias nuevas o modificadas, notifican únicamente medidas ya adoptadas, o no suministran la información necesaria. El alcance de la obligación de notificación excluye algunos requisitos clave contemplados en la Directiva de servicios. Las consecuencias de la falta de notificación no están claras.
Las respuestas a la consulta de las partes interesadas no revelaron opiniones concluyentes sobre el nivel del objetivo ni sobre su naturaleza. En un evento específico con las partes interesadas, que contó con 282 participantes de la industria europea, las organizaciones de la sociedad civil y los Estados miembros, la mayoría de las partes interesadas que formularon observaciones apoyaron la fijación de un objetivo de hasta el 40 % en 2030, pero no se pronunciaron de forma concluyente sobre la conveniencia de que el objetivo fuera vinculante. La mayoría de las partes interesadas, en particular las ONG y empresas de servicios públicos que participaron en la consulta pública, se mostraron partidarias de prolongar el artículo 7 más allá de 2020. Ahora bien, 7 de los 15 Estados miembros que participaron en la consulta no apoyaron dicha prolongación. Aproximadamente 3 de cada 5 partes interesadas consideraron adecuadas las disposiciones sobre medición y facturación, al igual que el 92 % de todas las empresas de servicios públicos que respondieron. En general, los Estados miembros se mostraron satisfechos con la situación actual. En cambio, 2 de cada 3 ONG (incluidas organizaciones de consumo) consideraron que las disposiciones no eran adecuadas ni permitían garantizar a los consumidores una información lo suficientemente frecuente, detallada y comprensible sobre su consumo de energía.
Los elevados precios que deben abonar por el envío transfronterizo de paquetes los minoristas del comercio electrónico y los clientes, en particular en zonas aisladas, así como las pymes, constituyen un obstáculo para el comercio electrónico transfronterizo. Los elevados precios se deben a unas barreras de entrada al mercado relativamente altas, lo que puede limitar el desarrollo de la competencia con cobertura geográfica amplia, así como a los reducidos volúmenes de envío de los pequeños expedidores, que reducen su poder de negociación y dan lugar a que los pequeños minoristas del comercio electrónico y los particulares se enfrenten a unos precios más elevados y tengan a su disposición menos opciones de envío. Además, el limitado mandato de muchas autoridades nacionales de reglamentación (ANR) para supervisar el mercado transfronterizo de paquetería se traduce en una falta de información, necesaria para detectar posibles fallos del mercado y otros problemas de reglamentación. Los minoristas y los consumidores tampoco disponen de información sobre el abanico de opciones de envío de que disponen. Las diferencias entre los Estados miembros en el ámbito de aplicación de la obligación de servicio universal significa que, por sí sola, la Directiva sobre servicios postales (97/67/CE) no basta para garantizar unos precios asequibles para los servicios utilizados por el comercio electrónico.

No parece probable que los problemas transfronterizos mencionados se puedan abordar con acciones únicamente a escala nacional, sin un enfoque concertado a escala de la UE. Los diferentes enfoques o interpretaciones del marco reglamentario actual (en particular, de la Directiva sobre servicios postales) han desembocado en unas condiciones de competencia desigual para los operadores de servicios de envío de los diferentes Estados miembros, así como en unos desiguales niveles de protección de las pymes y los particulares que deseen beneficiarse del mercado único (digital). Individualmente, los Estados miembros no pueden abordar con eficacia los obstáculos para el mercado interior, puesto que las redes de envío transeuropeas están sujetas a varias jurisdicciones.
El actual régimen de medidas técnicas (31 reglamentos) ya no es adecuado para la consecución de los objetivos de sostenibilidad de la nueva PPC. En concreto, las medidas actuales: se basan en unos incentivos negativos, principalmente coercitivos, en un sistema jerárquico de gobernanza que crea desconfianza entre las partes interesadas, ya que se considera que las medidas no son equitativas, lo que conduce a su incumplimiento;  se caracterizan por la imposibilidad de medir su impacto en la consecución de los objetivos de conservación de la PPC; son numerosas y excesivamente complejas, lo que dificulta su cumplimiento y su control; controlan demasiados aspectos de las operaciones de pesca, lo que socava la confianza del sector en las medidas; ofrecen escasos incentivos para faenar de manera selectiva cuando los descartes, o la captura de especies vulnerables o que repercuten negativamente en el fondo marino, no tienen ningún coste; y no alcanzan un nivel óptimo en lo que respecta a la consecución de los objetivos más amplios de la política medioambiental y ecológica. El sector extractivo (alrededor de 82 000 buques, que emplean a 98 500 ETC) es el más afectado.
El actual Reglamento de autorización de las actividades pesqueras no permite un seguimiento eficaz y transparente de la flota exterior de la UE. Esta situación constituye una amenaza a la explotación sostenible de los recursos pesqueros y podría afectar a la reputación de la Unión Europea a nivel internacional. Más concretamente, muchas disposiciones del Reglamento carecen de claridad y no son coherentes con otras disposiciones, especialmente las relativas al control y a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). También existen solapamientos entre los diferentes niveles de la administración, que dan lugar a incoherencias y procesos engorrosos. En el caso de autorizaciones concedidas por terceros países a los buques de la UE fuera del ámbito de un acuerdo de colaboración de pesca sostenible (alrededor de 150 a 180 al año), no existe un marco de autorización ni criterios establecidos, con el resultado de que la actividad de la flota exterior de la UE sigue siendo, en gran parte, carente de transparencia. Por último, no se abordan cuestiones como el cambio abusivo de pabellón y el fletamento.
La estrategia para el mercado único digital (DSM) aborda la oferta de contenidos digitales y la venta en línea de productos porque la cuota del comercio electrónico en el sector minorista de la UE crece más rápidamente que el comercio fuera de línea y no debe desaprovecharse el significativo potencial de crecimiento sin explotar del comercio electrónico. El 39 % de las empresas que venden en línea pero no realizan operaciones transfronterizas alegan que las diferencias en los Derechos contractuales nacionales constituyen uno de los principales obstáculos. Esto ocurre en particular con las subsanaciones de productos defectuosos (para el 49 % de los minoristas de la UE que venden en línea y para el 67 % de aquellos que están tratando de vender en línea o considerando la posibilidad de hacerlo). La existencia de diferentes normativas nacionales en materia de Derecho contractual ha generado para las empresas minoristas que venden directamente a los consumidores costes puntuales de unos 4 000 millones EUR, que afectan sobre todo a las microempresas y a las pequeñas empresas. Los consumidores no se sienten seguros a la hora de realizar compras en línea transfronterizas. Uno de los principales motivos radica en la incertidumbre sobre sus derechos contractuales fundamentales. Pierden oportunidades y acceden a un número más limitado de bienes a precios menos competitivos. También se ven perjudicados debido a la inexistencia de derechos claros en la legislación contractual por lo que respecta a contenidos digitales defectuosos. El valor combinado de los perjuicios económicos resultantes del último problema con solo cuatro tipos de contenidos digitales y el tiempo dedicado a tratar de resolver problemas durante los últimos 12 meses se estima entre 9 000 y 11 000 millones EUR.
[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 3.8.2007

SEC(2007) 933

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN Documento que acompaña a la COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO Mejorar la calidad de la formación del profesorado

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO {COM(2007) 392}{SEC(2007) 931}

El presente informe compromete únicamente a los servicios de la Comisión que han participado en su elaboración y no prejuzga la forma definitiva de cualquier decisión que adopte la Comisión

Síntesis

La calidad de la educación y la formación en Europa está determinada, en gran medida, por la calidad de la enseñanza que se imparte, lo cual, a su vez, depende, en parte de la calidad de la formación del profesorado.

Los avances para mejorar la educación escolar son lentos y se ha constatado una escasez de competencias entre los profesores; se trata de un problema difícil de remediar actualmente debido a la falta de coherencia y de continuidad entre los distintos elementos —a menudo separados— de la formación del profesorado; en cualquier caso, las posibilidades de formación continua que se ofrecen a los profesores en ejercicio son muy limitadas.

Estos factores indican la necesidad de mejorar la capacidad de la docencia en Europa a fin de que se imparta una enseñanza con la calidad necesaria para que puedan alcanzarse los objetivos de Lisboa, incluidos los objetivos comunes de los sistemas de educación y formación.

Los representantes de los Estados miembros que trabajan con la Comisión a través del Programa de Educación y Formación 2010 han señalado un núcleo de propuestas clave para mejorar la calidad de la formación del profesorado en la Unión Europea. En particular, están de acuerdo en que es deseable que:

- todos los profesores posean la variedad y el nivel apropiados de conocimientos y competencias para poder ayudar, en un contexto de rápidos cambios económicos y sociales, a que los alumnos alcancen todo su potencial;

- todos los profesores posean las cualificaciones adecuadas de una institución de educación superior;

- la impartición de la formación inicial de los profesores, su inserción profesional y su desarrollo profesional posterior se coordinen como un sistema coherente y cuenten con una financiación adecuada, y

- se promueva la profesionalización de la docencia.

Tras un análisis de las distintas opciones disponibles, el resultado de esta Evaluación de Impacto es una propuesta según la cual la acción de la Unión Europea está justificada; dicha acción debe consistir en una Recomendación sucinta del Consejo y del Parlamento.

El objetivo de la presente Recomendación es facilitar a los Estados miembros una serie de orientaciones generales basadas en las mejores prácticas (señaladas por los propios Estados miembros), que pueden facilitar un marco común para el desarrollo de sus políticas y prácticas para mejorar la calidad de la formación del profesorado.
a)

el original o una copia del permiso de circulación no armonizado expedido en otro Estado miembro: Muchos vehículos matriculados antes de 2004 todavía circulan con el permiso de circulación no armonizado. La legislación comunitaria no contempla ninguna obligación de entregar el original o una copia de este tipo de permiso expedido en otro Estado miembro a las autoridades nacionales competentes del Estado miembro de destino. No obstante, en opinión de la Comisión, la legislación nacional puede obligar al comprador a presentar una copia del permiso de circulación expedido en el Estado miembro de procedencia antes de matricular un vehículo de motor, a fin de evitar la duplicación de los controles administrativos o disminuir los delitos relacionados con vehículos;
[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 23.05.2005

COM(2005) 658 final

Proyecto de

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN

Por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1653/2004 en lo relativo al cargo de contable de las agencias ejecutivas

Proyecto de

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1653/2004 en lo relativo al cargo de contable de las agencias ejecutivas

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 58/2003 del Consejo por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios[1] y, en particular, su artículo 15,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Visto el dictamen del Consejo,

Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas,

Considerando lo siguiente:

1. El artículo 30 del Reglamento (CE) n° 1653/2004 de la Comisión, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n° 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios[2] establece que el Comité de Dirección de la agencia ejecutiva nombrará a un contable de la agencia ejecutiva, que será un funcionario sujeto al Estatuto.

2. Las responsabilidades del contable de la agencia ejecutiva, que se establecen en el artículo 30, se limitan al presupuesto administrativo de la agencia ejecutiva, mientras que el contable de la Comisión será responsable de todas las tareas relativas al presupuesto operativo ejecutado por la agencia.

3. La Comisión tiene dificultades para encontrar candidatos apropiados al puesto de contable de las agencias ejecutivas que acepten ser destinados a las mismas.

4. La función de contable de una agencia ejecutiva podría ser confiada a personal temporal en el sentido del artículo 2.a del régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas, establecido por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 del Consejo[3].

5. El Reglamento (CE) nº 1653/2004 debería ser modificado en consecuencia,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

En el artículo 30 del Reglamento (CE) n° 1653/2004 de la Comisión, la frase introductoria del primer párrafo es sustituida por la siguiente:

"Corresponde al Comité de Dirección el nombramiento de un contable, que será un funcionario en comisión de servicio o un agente temporal directamente contratado por la Agencia, con las competencias siguientes:".

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el […]

Por la Comisión

[… ]

Miembro de la Comisión

[1] DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.

[2] DO L 297 de 22.9.2004, p. 6.

[3] DO L 56 de 4.3.1968, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 723/2004 (DO L 124 de 27.4.2004, p. 1).