A4-0476/98 (Ponente: Lööw)

Resolución sobre la apertura en la Unión Europea

El Parlamento Europeo,

- Vistas las disposiciones sobre la apertura contenidas en el Tratado de Amsterdam y, en particular, sus artículos A, 8 D, 151 y 191 A y sus Declaraciones 9, 35 y 41,

- Visto el acuerdo interinstitucional de 25 de octubre de 1993 sobre democracia, transparencia y subsidiariedad,

- Vistos los códigos existentes en las distintas instituciones y organismos de la UE en materia de acceso público a los documentos,

- Vistas las iniciativas sobre la apertura adoptadas por los tres «exploradores» ((Los Sres. B. Donnelly, Saint-Pierre y Tsatsos: documento de trabajo sobre «Transparencia y democracia» de noviembre de 1994 (PE 210.692/A+B/rev.).)) y por el responsable de su Comisión de Asuntos Institucionales para el seguimiento de la CIG ((Sr. Bonde (documentos de trabajo PE 227.237, PE 222.239 y PE 222.240).)),

- Vista su Resolución de 16 de julio de 1998 sobre el Informe Especial del Defensor del Pueblo al Parlamento Europeo elaborado tras la investigación por iniciativa propia sobre el acceso del público a los documentos (C4-0157/98) ((DO C 292 de 21.9.98, pág. 170.)),

- Visto el artículo 148 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Institucionales y las opiniones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos y de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores (A4-0476/98),

A. Considerando que, si la Unión Europea desea triunfar en el futuro, es de vital importancia que desarrolle una mayor apertura y transparencia, puesto que ayudarán a esclarecer las opciones políticas de la UE, fomentarán una contribución más amplia y equilibrada al proceso político, reducirán los márgenes que se prestan a la corrupción y al abuso de poder y, en términos generales, ayudarán a promover una mayor aceptación de las decisiones de la UE por la opinión pública europea,

B. Considerando que el Tratado de Amsterdam ha introducido explícitamente el concepto de apertura en el Tratado de la UE, tanto garantizando la existencia del derecho público al acceso a los documentos de la UE como estableciendo que las decisiones de la UE deben tomarse de la manera más abierta y próxima a los ciudadanos posible,

C. Considerando que ya se dispone de varios años de experiencia con los códigos de conducta de la Comisión y del Consejo en cuanto al acceso a documentos, y que otras instituciones y organismos de la UE también han ido adoptando códigos de esta índole; que en la actualidad resulta esencial reforzar y mejorar estos códigos existentes,

D. Considerando que la apertura también se ha visto fomentada por diversas decisiones importantes del Tribunal de Justicia, así como por iniciativas adoptadas por el Defensor del Pueblo,

E. Considerando que las nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam en materia de acceso público a los documentos tendrán que aplicarse ahora mediante un nuevo código que debe ser acordado por el procedimiento de codecisión entre el Parlamento Europeo y el Consejo, sobre la base de una propuesta de la Comisión; que es necesario establecer ya algunos principios y criterios básicos que puedan ayudar a la preparación de esta propuesta,

F. Considerando que el fomento de la apertura no sólo es una cuestión de acceso público a los documentos, sino que también debe cubrir temas tales como una mayor apertura de las reuniones de la UE, un uso más amplio de Internet, una mayor claridad y sencillez de los textos de la UE, la conservación del plurilingüismo en el seno de las instituciones de la UE y la mejora de la calidad de las campañas de información de la UE,

1. Considera las disposiciones relativas a la transparencia previstas en el Tratado de Amsterdam como un primer paso hacia la creación de un verdadero principio de publicidad en la UE; insta a la plena aplicación de las disposiciones de apertura del Tratado de Amsterdam, referida no sólo al establecimiento de un nuevo y más extenso código sobre el acceso público a los documentos de la UE, sino también a la inclusión de la disposición más general de que las decisiones de la UE se adopten con la mayor apertura y la mayor proximidad al ciudadano posibles;

Acceso público a los documentos de la UE

2. Estima que la necesidad de elaborar un nuevo código constituye una oportunidad para aprender de las experiencias habidas y concebir mejores normas para el futuro;

3. Previene, no obstante, del riesgo de que se introduzcan pocas mejoras, e incluso de que aparezcan algunas restricciones nuevas e injustificadas;

4. Considera que, en el contexto del nuevo código, deberían tenerse en cuenta las siguientes orientaciones:

i) Debería procederse a una definición más precisa de los documentos, concentrándose, en particular, en la categoría de los documentos internos; no obstante, esta definición no debería ser demasiado restrictiva, debiendo incluir todos los documentos de trabajo importantes y el material de preparación de amplia difusión;

ii) Los documentos recibidos, así como los documentos originados en el seno de una institución deberían pertenecer al ámbito de aplicación de todo código;

iii) Deberían crearse registros públicos en todas las instituciones de la UE, que incluyeran también los documentos clasificados, portando la mención de su carácter confidencial;

iv) Debería considerarse una simplificación del sistema de clasificación de los documentos confidenciales, y una orientación más precisa en cuanto a los documentos que deban pertenecer a cada categoría; podría preverse un sistema de prohibición provisional de difusión de determinados documentos, en virtud del cual pudieran ponerse a disposición pública transcurrido un determinado plazo;

v) Las actuales excepciones en materia de apertura deben definirse con mayor concreción, en particular las dos excepciones generales por «motivos de interés público» (junto con algunos de sus subapartados, como «seguridad pública» y «relaciones internacionales») y «protección de la confidencialidad de las deliberaciones de las instituciones»;

vi) Deberían también tratarse las solicitudes de ciudadanos de terceros países residentes fuera de la UE, si bien podría contemplarse la percepción de tasas para cubrir gastos adicionales, en comparación con las solicitudes de ciudadanos de la UE o personas residentes en la UE;

vii) Todas las solicitudes a las que no se respondiera en un plazo determinado deberían considerarse aprobadas, en lugar de rechazadas, como sucede en la actualidad;

viii) Los documentos que hayan sido solicitados deberían asimismo transmitirse, si fuera posible, por vía electrónica;

ix) Los documentos que sólo contengan algunas cuestiones delicadas podrían transmitirse en parte, en lugar de en su totalidad;

5. Reitera su llamamiento en el sentido de que cualquier nuevo código no se aplique únicamente a los documentos de la Comisión, del Consejo y del Parlamento Europeo, sino también a los de las restantes instituciones y organismos de la UE. Insta, en particular:

- al Tribunal de Justicia, a establecer finalmente una distinción entre sus documentos judiciales y administrativos, y a adoptar un código de acceso a sus documentos a la mayor brevedad posible;

- al Banco Central Europeo y a EUROPOL, a elaborar un código que tenga en cuenta sus especiales características, pero que no desemboque en una política demasiado restrictiva en materia de acceso a sus documentos;

- al Banco Europeo de Inversiones, a elaborar un código mucho menos restrictivo que el actual y en virtud del cual las solicitudes de documentos no tengan que consignar el motivo por el que se cursan;

6. Se compromete a mejorar su propio sistema de acceso a los documentos:

- garantizando que sus documentos políticos pasen a ser de dominio público tan pronto como se hayan distribuido a todos los miembros de la comisión competente, pero incluyendo en su portada una indicación más clara de la fase en que se encuentra cada documento;

- mejorando la distribución de sus documentos, tanto en papel como en formato electrónico;

- estableciendo criterios más precisos en cuanto al carácter confidencial de sus documentos internos y en cuanto a los plazos de dicha confidencialidad;

7. Solicita medidas prácticas para mejorar el acceso a los documentos del Consejo cuando éste actúa en su capacidad legislativa, medidas que deberían definirse de común acuerdo con el Parlamento Europeo y la Comisión; estima que los documentos del Consejo a los que se debería tener acceso deben incluir también los textos completos de las reuniones del Consejo, así como los documentos relacionados con los grupos de trabajo previos a las reuniones del Consejo y a las reuniones del COREPER (en su caso, suprimiendo los nombres de países concretos); pide que se publiquen todas las declaraciones del Consejo sobre la aplicación o la interpretación de legislaciones en curso e insta al Consejo a que abandone la práctica de hacer declaraciones secretas, en particular, en el marco del procedimiento de codecisión;

8. Considera que debería experimentar una gran mejora el acceso público a los documentos de comitología, y que tales textos deberían incluirse en los registros; reitera la importancia de la transparencia en lo que respecta al procedimiento de comitología y opina, en particular, que debería hacerse accesible al público la información sobre la composición y el mandato de los comités;

9. Estima que podría establecerse un sistema de acceso privilegiado de los diputados y su personal a determinados documentos, mediante la introducción o adaptación de normas en materia del tratamiento de los textos confidenciales;

Ampliación de la práctica de las reuniones públicas

10. Propone que se adopten las siguientes medidas:

i) Ampliar considerablemente la práctica de las reuniones públicas del Consejo cuando actúa en su capacidad legislativa, no restringiendo este carácter público a los debates iniciales, y anunciando y difundiendo más ampliamente las correspondientes reuniones;

ii) Dar una mayor publicidad a los órdenes del día de sus propias reuniones públicas, y facilitar a los ciudadanos interesados una información más precisa de cómo pueden asistir a estas reuniones;

iii) La Comisión debería hacer un mayor uso de la práctica de celebración de audiencias públicas y consultas en distintas partes de la UE;

iv) Debería establecerse una lista de criterios para ayudar a evaluar la cuestión de si una reunión concreta de la UE debe celebrarse públicamente o a puerta cerrada, inspirándose en los criterios y excepciones de la ley de 1976 de los Estados Unidos sobre una gestión transparente de los asuntos públicos;

v) Podría estudiarse una distinción más clara entre las reuniones a las que puede asistir el público en general y aquellas en las que sólo podría autorizarse la presencia de políticos o de funcionarios de otras instituciones de la UE;

Mayor uso de Internet

11. Insta a que todas las propuestas legislativas de la UE, los textos de comitología y otros documentos importantes de la UE (así como los diversos registros de todos los documentos) se sitúen en Internet, tanto para información de los ciudadanos y organizaciones de la UE como, en su caso, para consulta;

Administraciones de la UE más responsables

12. Pide que se desarrollen culturas administrativas más abiertas en el seno de las diversas instituciones y organismos de la UE, confiriendo a los ciudadanos una idea más precisa de quién es responsable de qué y el derecho a respuestas rápidas y corteses a sus consultas orales o escritas, así como a procedimientos adecuados de revisión y presentación de quejas; considera que resultaría útil a este respecto el establecimiento de códigos de administración pública propuesto por el Defensor del Pueblo Europeo;

Medidas complementarias

13. Pide que:

i) se avance con celeridad en la celebración de un acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la calidad de la elaboración de las propuestas legislativas de la Comunidad, en aras de una mayor claridad y una simplificación de los textos de la UE en el futuro;

ii) se continúe avanzando en la consolidación y codificación de la legislación de la UE;

iii) se mantenga el plurilingüismo, incluso en una UE ampliada, de manera que todos los ciudadanos de la UE puedan informarse sobre las actividades y participar en su propia lengua en los procedimientos de toma de decisiones de la UE, dedicando todas las instituciones y todos los organismos de la UE los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de las obligaciones derivadas del nuevo párrafo tercero del artículo 8 D del Tratado;

iv) se mejore la calidad de las campañas de información de la UE, definiendo sus objetivos de antemano con mayor precisión;

v) se mejore la transparencia de la sumamente complicada estructura institucional de la UE, con medidas tales como la simplificación de los procedimientos legislativos, presupuestarios y de comitología;

vi) se desarrolle una cooperación interinstitucional total en el ámbito de la tecnología de la información y, en particular, que se tenga en cuenta la necesidad de establecer normas comunes para la estructura de los documentos que facilite el almacenamiento, la transferencia, el archivo y la gestión de documentos e información; [Enm. 21, EN]

14. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo y a los Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros.