5.

Hace hincapié en que los poderes y la práctica de la Fiscalía Europea deben respetar el conjunto de derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las tradiciones constitucionales de los Estados miembros; por consiguiente, pide al Consejo que tenga debidamente en cuenta las siguientes recomendaciones: i) la Fiscalía Europea debe respetar estrictamente el derecho a un juicio justo y cumplir así el principio de juez natural, lo que obliga a establecer de antemano unos criterios claros que determinen el tribunal competente para ejercer la jurisdicción; puesto que, en su forma actual, el artículo 27, apartado 4, concede a la Fiscalía Europea una libertad excesiva para aplicar los diversos criterios jurisdiccionales, estos deben ser vinculantes y debe establecerse una jerarquía entre ellos a fin de garantizar la previsibilidad; a este respecto, deben tenerse en cuenta los derechos del sospechoso; asimismo, el establecimiento de competencias con arreglo a dichos criterios debe ser objeto de control judicial; ii) la Fiscalía Europea debe tener independencia plena tanto de los gobiernos nacionales como de las instituciones de la UE y debe estar protegida frente a cualquier presión política; iii) el ámbito de competencia de la Fiscalía Europea debe establecerse con exactitud para permitir identificar ex ante los casos penales que constituyen su objeto; el Parlamento pide una cuidadosa revisión de las definiciones contempladas en el artículo 13 de la propuesta de la Comisión sobre la jurisdicción auxiliar, puesto que, en su forma actual, exceden de los límites del ámbito de aplicación del artículo 86, apartados 1 a 3, del TFUE; esta tarea debe realizarse de forma que se garantice que los poderes de la Fiscalía Europea solo se amplían a delitos diferentes a aquellos que afectan a los intereses financieros de la Unión si se cumplen de forma acumulativa los siguientes requisitos: a) un comportamiento concreto constituya simultáneamente un delito que afecta a los intereses financieros de la Unión y otros delitos; b) los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión sean predominantes y el resto meramente secundarios; y c) no se pueda someter a juicio y castigar el resto de delitos si no se incoaron y llevaron a juicio junto con los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión; además, el establecimiento de competencias con arreglo a dichos criterios debe ser objeto de control judicial; iv) habida cuenta de que aún no se ha adoptado la Directiva contemplada en el artículo 12 de la propuesta por la que se fijan los delitos para los que será competente la Fiscalía Europea, el texto de la propuesta debe especificar que el Fiscal Europeo no puede juzgar delitos que no estuvieran recogidos en el Derecho del Estado Miembro pertinente en el momento en que se produjo el delito; además, la Fiscalía Europea no debe ejercer sus competencias respecto a delitos que se hayan cometido antes de pasar a ser plenamente operativa; para ello, el artículo 71 de la propuesta debe modificarse en ese sentido; v) los instrumentos y las medidas de investigación a disposición de la Fiscalía Europea deben ser homogéneos, estar claramente definidos y ser compatibles con los sistemas jurídicos de los Estados miembros en los que se apliquen; asimismo, deben detallarse en mayor medida los criterios para la utilización de las medidas de investigación a fin de garantizar que se evita la búsqueda del órgano jurisdiccional más favorable; vi) la admisibilidad de las pruebas y su evaluación de conformidad con el artículo 30 son elementos clave para la investigación judicial; las normas pertinentes deben ser claras y uniformes en todos los sectores a los que se aplique la jurisdicción de la Fiscalía Europea, y respetar plenamente las garantías procesales; a fin de garantizar este respeto, las condiciones de admisibilidad de las pruebas deben implicar el respeto de todos los derechos previstos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; vii) el derecho a la tutela judicial efectiva debe defenderse en todo momento en el marco de las actividades del Fiscal Europeo en toda la Unión; por consiguiente, las decisiones que adopte el Fiscal Europeo deben poder ser objeto de control judicial ante el tribunal competente; en este contexto, las decisiones que adopte el Fiscal Europeo antes del juicio o al margen de este, tales como las que se contemplan en los artículos 27, 28 y 29 sobre la competencia, el archivo del caso o las transacciones, deben poder ser objeto de las tutelas previstas ante los tribunales de la Unión. El artículo 36 de la propuesta debe reformularse con objeto de evitar la elusión de las disposiciones del Tratado sobre la jurisdicción de los tribunales de la Unión, así como una limitación desproporcionada del derecho a una tutela judicial efectiva previsto en el artículo 47, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales; viii) las disposiciones del artículo 28 de la propuesta deben estipular claramente que, tras la archivación por el Fiscal Europeo de un caso relacionado con faltas leves, las autoridades judiciales nacionales pueden continuar investigando e incoar el caso si así lo permite la legislación nacional; asimismo, la archivación debe ser obligatoria en caso de que se prevea que la ausencia de pruebas pertinentes no puede solucionarse a través de nuevas medidas de investigación proporcionales; por otra parte, durante la investigación debe comprobarse lo antes posible la existencia de motivos de archivación y, en el caso de que se aplique alguno de los motivos obligatorios, debe procederse a la archivación sin demora; ix) debe evitarse la administración de justicia arbitraria en todas las circunstancias; por consiguiente, la condición de «buena administración de la justicia» como motivo de transacción previsto en el artículo 29, apartado 1, de la propuesta debe sustituirse por criterios más específicos; debe evitarse especialmente la transacción desde el momento en que se elabora el escrito de acusación, y siempre que se pueda archivar un caso de conformidad con el artículo 28 de la propuesta y en casos graves; x) puesto que los poderes del Fiscal Europeo requieren tanto el control judicial por parte del Tribunal de Justicia como la supervisión del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales, deben incluirse disposiciones pertinentes, en particular para garantizar unas prácticas eficaces y coherentes entre Estados miembros y la compatibilidad con el Estado de Derecho;