2.Al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, un Estado o la Comunidad Europea, que no sea parte en alguno de los tratados enumerados en el anexo, podrá declarar que, cuando se aplique el presente Convenio a la Parte interesada, se considerará que el mencionado tratado no figura en ese anexo. La declaración quedará sin efecto desde el momento de la entrada en vigor del tratado para la Parte que la haya efectuado. Dicha Parte notificará al Secretario General del Consejo de Europa esa entrada en vigor.

1.En los casos en que sea competente en virtud del artículo 14, aquella Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto autor del delito vendrá obligada, en el caso de que no proceda a su extradición, a someter el asunto sin dilación excesiva y sin aplicar excepción alguna, haya sido o no cometido el delito dentro de su territorio, a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acción penal, en virtud de un procedimiento conforme a la legislación de esa Parte. Dichas autoridades adoptarán su decisión en las mismas condiciones que para cualquier otro delito de carácter grave en virtud de las leyes de esa Parte.

1.Los delitos mencionados en los artículos 5 a 7 y 9 del presente Convenio se considerarán como casos de extradición en cualquier tratado de extradición concertado entre las Partes antes de la entrada en vigor del presente Convenio. Las Partes se comprometen a considerar dichos delitos como casos de extradición en cualquier tratado de extradición que se concluya posteriormente entre ellas.

2.En el caso de que a una de las Partes que supedite la extradición a la existencia de un tratado se le someta una solicitud de extradición de otra Parte con la que no esté vinculada por un tratado de extradición, la Parte requerida tendrá la facultad de considerar el presente Convenio como base jurídica constitutiva de la extradición en lo referente a los delitos mencionados en los artículos 5 a 7 y 9 del presente Convenio. La extradición quedará supeditada a la observancia de las demás condiciones previstas por la legislación de la Parte requerida.

3.Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos previstos en los artículos 5 a 7 y 9 del presente Convenio como casos de extradición entre ellas, en las condiciones previstas por la legislación de la Parte requerida.

4.Se considerará, en su caso, a efectos de extradición entre las Partes, que los delitos mencionados en los artículos 5 a 7 y 9 del presente Convenio han sido cometidos no solamente en el lugar de su perpetración, sino también en el territorio de las Partes que hayan establecido su competencia conforme al artículo 14.

5.Las disposiciones de todos los tratados y acuerdos de extradición celebrados entre las Partes en relación con los delitos contemplados en los artículos 5 a 7 y 9 del presente Convenio se considerarán modificadas entre las Partes en la medida en que sean incompatibles con el presente Convenio.

Artículo 20 – Exclusión de la cláusula de excepción política

1.Ninguno de los delitos mencionados en los artículos 5 a 7 y 9 del presente Convenio se considerará, a efectos de los requisitos necesarios para la extradición o la asistencia judicial, como delito político, como delito conexo a un delito político, o como delito inspirado por móviles políticos. Por consiguiente, una solicitud de extradición o de asistencia judicial basada en uno de esos delitos no podrá ser denegada por el solo hecho de que se refiera a un delito político, a un delito conexo a un delito político, o a un delito inspirado por móviles políticos.

2.Sin perjuicio de la aplicación de los artículos 19 a 23 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969, a los demás artículos del presente Convenio, cualquier Estado, o la Comunidad Europea, podrá declarar, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Convenio, que se reserva el derecho de no aplicar el apartado 1 del presente artículo a la extradición relacionada con cualquiera de los delitos contemplados en el presente Convenio. La Parte se compromete a aplicar esta reserva caso por caso, sobre la base de una decisión debidamente motivada.

3.Cualquiera de las Partes podrá retirar, total o parcialmente, una reserva formulada en virtud del apartado 2 por medio de una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, que entrará en vigor en la fecha de su recepción.

4.La Parte que haya formulado una reserva en virtud del apartado 2 del presente artículo no podrá reclamar la aplicación del apartado 1 del mismo por otra Parte; no obstante, podrá exigir la aplicación de este artículo si la reserva es parcial o condicional, en la medida en que también ella la haya aceptado.

5.Las reservas formuladas serán válidas por un período de tres años a partir del día de la entrada en vigor del presente Convenio para la Parte de que se trate. No obstante, dichas reservas podrán ser renovadas por períodos de igual duración.

6.Doce meses antes de la expiración de la reserva, el Secretario General del Consejo de Europa informará a la Parte de que se trate de dicha expiración. Tres meses antes de la fecha de expiración, la Parte deberá notificar al Secretario General su intención de mantener, modificar o retirar la reserva. Cuando una Parte notifique al Secretario General que mantendrá su reserva, proporcionará explicaciones sobre los motivos que justifican su mantenimiento. A falta de notificación por la Parte de que se trate, el Secretario General del Consejo de Europa informará a dicha Parte de que su reserva queda automáticamente prorrogada por un período de seis meses. Si la Parte interesada no notifica su intención de mantener o modificar su reserva antes de la expiración de ese período, la reserva quedará sin efecto.

7.Cuando una Parte, después de haber recibido una solicitud de extradición de otra Parte, decida no conceder la extradición de una persona en aplicación de esta reserva, someterá el asunto, sin excepción alguna y sin demora injustificada, a sus autoridades competentes para que se inicien actuaciones penales, salvo en caso de que se hayan convenido otras disposiciones entre la Parte requirente y la Parte requerida. Las autoridades competentes, teniendo presentes las actuaciones seguidas en la Parte requerida, adoptarán su decisión en las mismas condiciones que para cualquier otro delito de carácter grave, conforme a sus leyes. La Parte requerida comunicará sin dilación injustificada el resultado final de las actuaciones a la Parte requirente y al Secretario General del Consejo de Europa, que lo someterá a la Consulta entre las Partes prevista en el artículo 30.

8.La decisión de denegar la solicitud de extradición en virtud de esta reserva se comunicará cuanto antes a la Parte requirente. Si no se adopta ninguna decisión judicial sobre el fondo del asunto en la Parte requerida en virtud del apartado 7 dentro de un plazo razonable, la Parte requirente podrá informar de ello al Secretario General del Consejo de Europa, que someterá la cuestión a la Consulta entre las Partes prevista en el artículo 30. Esta Consulta examinará la cuestión, emitiendo un dictamen sobre la conformidad de la denegación con lo dispuesto en el Convenio y lo someterá al Comité de Ministros con el fin de que adopte una declaración al respecto. Cuando ejerza sus funciones en virtud de este apartado, el Comité de Ministros se reunirá en su composición restringida a los Estados Partes.

Artículo 21 – Cláusula de discriminación

1.Ninguna disposición del presente Convenio se interpretará en el sentido de que implique una obligación de extraditar o de conceder la asistencia judicial, si la Parte requerida tiene serias razones para considerar que la demanda de extradición motivada por uno de los delitos mencionados en los artículos 5 a 7 y 9, o de asistencia judicial con respecto a tales delitos, ha sido presentada para perseguir o castigar a una persona por consideraciones de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas, o que la situación de dicha persona corre el riesgo de agravarse por una u otra de dichas razones.

2.Ninguna disposición del presente Convenio se interpretará en el sentido de que implique una obligación de extraditar si la persona objeto de la demanda de extradición corre el riesgo de quedar expuesta a tortura o a penas o tratos inhumanos o degradantes.

3.Ninguna disposición del presente Convenio se interpretará en el sentido de que implique una obligación de extraditar si la persona objeto de la demanda de extradición corre el riesgo de que se le imponga la pena de muerte o, cuando la ley de la Parte requerida no permita la pena privativa de libertad a perpetuidad, de que se le imponga la pena privativa de libertad a perpetuidad sin posibilidad de remisión condicional de la pena, a menos que la Parte requerida tenga la obligación de extraditar conforme a los tratados de extradición aplicables, si la Parte requirente proporciona garantías consideradas suficientes por la Parte requerida de que no se impondrá la pena capital o, en el caso de que se imponga, la misma no será ejecutada, o de que la persona afectada no será sometida a una pena privativa de libertad a perpetuidad sin posibilidad de remisión condicional de la pena.

Artículo 22 – Información espontánea

1.Sin perjuicio de sus propias investigaciones o procedimientos, las autoridades competentes de una Parte podrán transmitir, sin solicitud previa, a las autoridades competentes de otra Parte, informaciones obtenidas en el marco de su propia investigación, cuando consideren que la comunicación de dichas informaciones podría ayudar a la Parte que recibe las informaciones a entablar o llevar a cabo investigaciones o procedimientos, o cuando dichas informaciones puedan dar lugar a una solicitud de esa Parte en virtud del presente Convenio.