Dictamen del Comité Económico y Social sobre:

- la "Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento n° 19/65/CEE, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concertadas", y

- la "Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento n° 17, primer reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado"

(1999/C 116/06)

El 4 de noviembre de 1998, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre las propuestas mencionadas.

La Sección de Mercado Único, Producción y Consumo , encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 11 de febrero de 1999 (ponente: Sr. Regaldo ).

En su 361o Pleno (sesión del 24 de febrero de 1999) el Comité Económico y Social ha aprobado por 118 votos a favor y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. La Comunicación aprobada por la Comisión(1) Europea sobre la aplicación de las normas comunitarias de competencia a las restricciones verticales surge del análisis de las aportaciones recibidas (227 comentarios por escrito) durante el proceso de consulta sobre el Libro Verde(2) y se plantea el objetivo prioritario de definir una nueva política comunitaria en esta materia que permita superar las carencias de la política actual.

1.2. Por su parte, el Comité reconoce en primer lugar la necesidad de una política eficaz, por cuanto las restricciones verticales representan un componente muy importante de la política comunitaria de competencia e intervienen de modo significativo en la promoción de la competitividad de las empresas, la integración de los mercados, la cohesión económica y social y el bienestar del usuario.

1.3. Los acuerdos verticales, como los acuerdos o las prácticas concertadas celebrados entre empresas que operan, cada una de ellas, en un plano diferente del proceso económico, y referidos a la entrega y/o adquisición de bienes, o bien a la comercialización de servicios (también llamados "restricciones verticales"), han resultado ser, a lo largo del tiempo, tendencialmente favorables a la competencia. No obstante, la dinámica de cambio actual en los procesos productivos y en la evolución y multiplicación de los modos de distribución exige la modernización de la disciplina actual en materia de restricciones verticales.

1.4. La nueva disciplina propuesta por la Comisión constituye una reforma radical de la actual política, basada en criterios jurídicos formales y en normas sectoriales específicas.

1.5. Las principales características de la nueva política, que pretende basarse en el análisis de los efectos económicos, son las siguientes:

- un único reglamento de exención por categorías, que abarque todas las restricciones verticales relativas a los productos finales e intermedios y los servicios, con excepción de un número limitado de restricciones fundamentales no sujetas a la exención por categorías (lista de cláusulas prohibidas);

- se proponen una o dos cuotas de mercado límite que sirvan de umbral con el fin de vincular las exenciones por categorías al poder de mercado de las empresas;

- se crea una zona de seguridad que debería permitir distinguir los acuerdos considerados legítimos (por debajo del umbral) de aquéllos (por encima de él) que pueden requerir un examen individual;

- el marco reglamentario se completará con una serie de orientaciones elaboradas para precisar la línea política que se ha de seguir cuando se sobrepasen los umbrales de poder de mercado, y establecer la posibilidad de retirar la exención por categorías en los casos que estén por debajo de los umbrales o cuotas límite, así como para dar a las empresas criterios y orientaciones más precisos también por lo que respecta al cálculo mismo de las cuotas de mercado;

- la nueva política prevé una mayor descentralización en favor de los tribunales y las autoridades nacionales de defensa de la competencia en la aplicación de las normas comunitarias de competencia;

- se propone introducir un límite a la duración de los acuerdos exentos, diferente según la naturaleza de los mismos;

- se prevé un período transitorio, aún por definir, a fin de permitir la adaptación de los acuerdos existentes en el momento de la entrada en vigor del nuevo Reglamento.

1.6. Con el fin de implantar la nueva política, la Comisión propone una serie articulada de medidas sobre las que el Comité ha de emitir su dictamen:

- una Comunicación en la que se establecen las líneas generales de la nueva política de aplicación de las normas comunitarias de competencia a las restricciones verticales;

- una propuesta de modificación del Reglamento del Consejo n° 19/65/CEE(3) a fin de ampliar los poderes de la Comisión para la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concertadas y para llevar a cabo la descentralización;

- una propuesta de modificación del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento del Consejo n° 17(4), primer reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado, a fin de que la Comisión pueda establecer exenciones con carácter retroactivo a los acuerdos verticales en los casos en que la notificación tenga lugar en un momento posterior.

1.7. Basándose en los nuevos poderes conferidos por el Consejo a través de los dos Reglamentos antes citados, la Comisión podrá iniciar sus trabajos para la adopción de:

- la nueva propuesta de Reglamento de la Comisión aplicable a todas las restricciones verticales en todos los sectores de la distribución, con exclusión del sector del automóvil y otras relaciones verticales cubiertas por otros Reglamentos y comunicaciones de la Comisión, según las líneas generales definidas en la Comunicación; y

- una serie de Orientaciones de acompañamiento al Reglamento, en las que se fijará de modo preciso la política seguida por la Comisión por encima de los umbrales establecidos, y se establecerá la posibilidad de retirar la exención por categorías.

1.8. Con el nuevo Reglamento quedarán sin efecto los actuales Reglamentos de exención por categorías relativos a la distribución exclusiva [Reglamento n° 1983/83(5)], la compra exclusiva [Reglamento n° 1984/83(6)) y la franquicia [Reglamento n° 4087/88(7)].

1.9. El nuevo Reglamento y las Orientaciones deberían ser aprobados por la Comisión tras un período de consulta y entrar en vigor antes del año 2000.

2. Consideraciones generales

2.1. En su Comunicación sobre la aplicación de las normas comunitarias de competencia a las restricciones verticales, la Comisión pone de manifiesto que el análisis de las diferentes opciones previstas por el Libro Verde ha mostrado los límites de las mismas a la hora de hallar soluciones satisfactorias a los problemas que se plantean con la actual disciplina: normativa excesivamente rígida y formalista, no consideración del poder de mercado y exenciones por categorías demasiado limitadas.

2.2. La propuesta de la Comunicación de la Comisión (dirigida a reformar la actual política a través de una nueva orientación basada en un enfoque no formalista que tome en consideración los efectos económicos de los acuerdos en cuestión y tienda a simplificar el procedimiento de control) debería conducir a un cambio radical respecto al enfoque del pasado; en términos globales, el Comité acoge dicha propuesta positivamente, entre otras razones porque se enmarca en las orientaciones sugeridas por el Comité en su anterior Dictamen dedicado al Libro Verde sobre las restricciones verticales(8).

2.3. En efecto, en dicho Dictamen el Comité recomendaba la superación de la actual rigidez y, por tanto, la flexibilidad necesaria a la hora de analizar las formas de cooperación vertical, con el fin de hacer del sistema de exención por categorías un instrumento adecuado para regular las nuevas formas de distribución, que representan adaptaciones dinámicas a las mutaciones en las condiciones del mercado, y permitir a la vez que las empresas tengan la necesaria seguridad jurídica en los acuerdos que celebren. En el Dictamen se confirmaba también la importancia de la estructura de mercado, a efectos de evaluación de las consecuencias de las restricciones verticales, y se reconocía el papel del arbitraje como condición necesaria para el funcionamiento de la competencia y la integración de los mercados, papel que debería quedar garantizado tanto a nivel del consumidor como del intermediario.

2.4. La nueva política diseñada no sólo asume estas recomendaciones del Comité sino que incorpora también otras sugerencias consideradas por él de suma importancia, como la necesidad de dar un mismo tratamiento a realidades económicas similares que tengan sobre el mercado efectos horizontales o verticales comparables, aun en aquellos casos en que sus estructuras jurídicas sean, en algún aspecto, diferentes; y que la necesaria modificación de la política comunitaria en materia de restricciones verticales debe situarse en un contexto de actualización y modernización del aparato normativo y reglamentario existente, y no de su abandono. Por último, el Comité solicitaba la superación parcial de las teorías económicas y jurídicas adoptadas basándose en la anterior interpretación del artículo 85, en particular en el ámbito de los reglamentos de exención por categorías.

2.5. El Comité observa que la Comisión parece querer modificar la actual interpretación extensiva del artículo 85 (según la cual los acuerdos verticales que establecen cláusulas de exclusividad u otras limitaciones a la libertad de acción de los operadores económicos recaen en el ámbito de la prohibición) y basar su documento en la noción de "poder de mercado", estableciendo una relación, por una parte, con la ampliación del ámbito de aplicación de la exención colectiva y, por otra, con la simplificación del mecanismo de notificación previa de los acuerdos. Es oportuno también recordar a este respecto la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia, según la cual los acuerdos verticales, y en particular los de distribución exclusiva, no entran automáticamente en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85.

3. Consideraciones específicas

3.1. Por lo que atañe a la exención en relación con los acuerdos de distribución, cabe afirmar que una exención por categorías más amplia permitirá a los que han celebrado acuerdos de distribución selectiva, de compra exclusiva y de franquicia disponer de más flexibilidad al celebrar contratos que respondan a sus exigencias comerciales, y reducirá la necesidad de adecuarlos a las constricciones de las exenciones individuales por categorías. El Comité acoge favorablemente el hecho de que la nueva exención por categorías se haya hecho extensiva a una gama más amplia de actividades de distribución, que comprende la entrega y/o adquisición de bienes destinados a la reventa o la transformación, o referentes a la comercialización de servicios, así como a los productos acabados destinados únicamente a la reventa. Celebra particularmente que los bienes o productos puedan ser "transformados", lo que contrasta con el antiguo y más restrictivo criterio que sólo se refería a los "destinados a la reventa".

3.1.1. El Comité desearía que en los considerandos del preámbulo o en las nuevas orientaciones propuestas en materia de exención por categorías se proporcionara más información sobre la amplitud de tales actividades. Asimismo, el Comité se congratula de que en la exención por categorías se incluyan los acuerdos verticales entre asociaciones de PYME minoristas, lo que se corresponde con lo expresado en el Dictamen del Comité.

3.1.1.1. Por otra parte, el Comité observa que, teniendo en cuenta la dinámica del mercado, es necesario que estas formas de asociacionismo no se limiten sólo a las PYME. La excepción también debería aplicarse a los acuerdos cuyas partes, aun no encajando por exceso en la definición exacta de PYME, sean equivalentes a PYME en términos de poder real de mercado.

3.1.2. El Comité señala que la definición de acuerdos verticales no cubre los contratos de agencia en relación con bienes y servicios [no parece tampoco que fuera ello lo que se pretendía(9)]. El Comité espera que la Comisión aproveche la ocasión para clarificar su posición en relación con los agentes que no están integrados en el negocio del principal(10).

3.2. La nueva política propuesta prevé recurrir a las cuotas de mercado como criterio determinante de la aplicabilidad o no de la exención por categorías, con el aceptable objetivo de ofrecer a las empresas de escaso poder de mercado la posibilidad de beneficiarse de una seguridad jurídica por debajo de la cuota de mercado definida. El Comité considera que la introducción de las cuotas se justifica también por la necesidad de evitar que se beneficien de la exención aquellas empresas dotadas de poder de mercado, con el riesgo de que su poder económico tenga efectos negativos sobre la competencia y redunde en perjuicio de los consumidores.

3.2.1. Por otra parte, el Comité observa lo siguiente:

- "cuota de mercado elevada" no es sinónimo de "elevado poder de mercado"; la Comisión debería publicar en sus Orientaciones los factores que, como la posibilidad de cerrar el acceso al mercado, serán tomados como prueba de que una cuota de mercado elevada refleja un poder real de mercado;

- la Comisión sigue reservándose la facultad de retirar el beneficio de la exención por categorías;

- la Comisión también puede aplicar el artículo 86 en el caso de posición dominante, individual o conjunta, en el mercado; esta observación ya fue planteada por el Comité en relación con la opción III del Libro Verde, con referencia específica al sistema aprobado para la exención por categorías en las transferencias de tecnología(11).

3.3. El Comité acepta en términos generales la necesidad de establecer una cuota de mercado límite como condición para una exención por categorías más amplia en el contexto de la distribución. No obstante, recuerda a la Comisión que la introducción de una valoración de la cuota de mercado en la exención por categorías relativa a la distribución requerirá un método muy preciso, esto es, unas orientaciones suficientes para su cálculo, a fin de garantizar que las partes hagan uso de la exención por categorías. Por consiguiente, el Comité considera positivas las indicaciones del punto 5 del Capítulo IV y sugiere:

a) que la Comisión facilite indicaciones en las orientaciones propuestas; y

b) que ofrezca a las partes en dificultades la posibilidad de una consulta rápida.

3.4. El Comité se pregunta también sobre qué base efectiva se han determinado las cuotas límite. Sustancialmente, habría un límite del 10 % de la cuota de mercado para los acuerdos "de minimis", un segundo límite de hasta el 20 %, un tercero de entre el 20 % y el 40 %, y un cuarto por encima del 40 %.

3.4.1. En definitiva, la Comisión propone optar entre un sistema de umbral único (25-35 %) y otro de umbral doble (20 % y 40 %). La primera opción (un umbral único que se situaría entre el 25 % y el 35 %) ofrece determinadas ventajas -simplicidad y claridad- respecto a la segunda, que, por su indudable complejidad, podría conducir a un nuevo formalismo y podría incluso tener el efecto opuesto al esperado en materia de seguridad jurídica de las empresas: en lugar de reducir el número de notificaciones, éste podría aumentar.

3.4.2. El Comité recomienda un umbral único situado en el 30 % de la cuota de mercado.

3.5. La insuficiente indicación de criterios precisos, simples y de fácil aplicación para el cálculo de la cuota de mercado o la definición de dicho mercado -sea en relación con el producto en cuestión o con los servicios en sentido geográfico- puede generar inseguridad jurídica, con el riesgo de complicar los procedimientos en lugar de simplificarlos, al contrario de lo que desea la Comisión con su nueva política.

3.6. El Comité considera que la nueva disciplina basada en un único Reglamento de exención por categorías pone fin, de hecho, a los actuales Reglamentos sectoriales, en particular en los sectores de la cerveza y los carburantes; pero esto no implica necesariamente que hayan desaparecido las características que en su día determinaron su aprobación. Las orientaciones deberían tener en cuenta dichas características en la aplicación del nuevo Reglamento único y, llegado el caso, prever el mantenimiento de los Reglamentos específicos.

3.7. El Comité reconoce la voluntad de la Comisión de alcanzar un equilibrio entre un planteamiento orientado hacia el análisis de los efectos sobre el mercado y un nivel razonable de seguridad jurídica. Con este fin, la Comunicación de la Comisión sobre la definición del mercado relevante(12), adoptada como referencia de base del próximo Reglamento general de exención, deberá ir acompañada de Orientaciones que traten con más profundidad y claridad las indicaciones ya dadas para el cálculo de las cuotas de mercado y para las medidas amortiguadoras previstas en caso de superación de los umbrales establecidos.

3.8. El Comité destaca las ventajas del recurso al umbral constituido por la cuota de mercado, toda vez que se puede afirmar que por debajo de la cuota establecida las restricciones verticales no tienen ningún efecto negativo neto de importancia sobre la competencia y son, por consiguiente, compatibles con el apartado 1 del artículo 85, con excepción de las restricciones fundamentales (como, por ejemplo, la imposición de precios de venta y las restricciones sobre la reventa, definidas en la lista de cláusulas prohibidas). Por consiguiente, a este tipo de acuerdos se les garantiza una seguridad jurídica.

3.9. Sin embargo, el Comité advierte de los inconvenientes que de tal presunción de compatibilidad pueden derivarse para las PYME de distribución. En efecto, cuando una red de distribución dependa de un concedente que tenga una cuota de mercado inferior al umbral que se fije en último término, los contratos de distribución en cuestión no estarán sujetos a control alguno, siempre que no contengan restricciones fundamentales. A fin de obviar este inconveniente, que amenaza con debilitar la posición de las PYME de distribución y que -al margen de consideraciones de equidad- podría provocar la presentación de numerosas reclamaciones ante la Comisión, el Comité insta a ésta a prever la inserción de cláusulas que limiten, en el supuesto considerado, los poderes de los concedentes respecto a las PYME de distribución o que, cuando menos, ofrezcan a estas últimas medios eficaces de tutela.

3.10. El Comité acoge favorablemente la garantía de que no habrá presunción de ilegalidad por encima del umbral o cuota límite, la introducción de orientaciones para cubrir los tres aspectos (declaración negativa, exención o prohibición) del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85, la política de la Comisión en relación con el apartado 3 del artículo 85 y su política respecto a la facultad de retirar el beneficio. El Comité habría deseado contar al menos con un proyecto de dichas orientaciones antes de elaborar el presente Dictamen.

3.10.1. En cualquier caso, la Comisión ha confirmado que la carga de demostrar que un acuerdo viola el apartado 1 del artículo 85 recaerá sobre sí misma. Sin embargo, el Comité señala que la eventual declaración de nulidad de un acuerdo, aun sin estar motivada por la superación del umbral, debe tener eficacia ex nunc y no ex tunc. Tal precisión no está recogida con claridad en las modificaciones que la Comisión ha propuesto realizar en los Reglamentos vigentes.

3.11. El Comité ve con buenos ojos que en la exención por categorías se suprima la denominada "lista blanca" y espera recibir en las orientaciones propuestas nuevas indicaciones sobre las cláusulas aceptables. El Comité considera que la nueva política de la Comisión, al prever una lista de restricciones fundamentales excluidas automáticamente de la exención general ("lista negra"), establece un nuevo enfoque que valora positivamente, pues supone un giro respecto a la actual actitud restrictiva que prevé exenciones por categorías en relación con determinadas cláusulas. El Comité destaca con satisfacción que la Comisión, al aceptar su solicitud, ha considerado compatibles con las normas de la competencia -en determinadas condiciones- las cláusulas relativas a la imposición de precios de venta máximos o recomendados. Las normas nacionales, que hasta ahora han sido aceptadas por la Comisión, deberían pues seguir siendo válidas hasta la entrada en vigor de la nueva regulación.

3.12. Sin embargo, el Comité advierte con preocupación el número de cláusulas que contiene la "lista negra" y la complejidad de su interpretación y aplicación, lo que amenaza, de hecho, con no simplificar la vida de las empresas en la definición de sus acuerdos, e inducirlas, por consiguiente, a buscar refugio en la notificación para garantizar la seguridad jurídica. Por ejemplo, el punto 3 del Capítulo V de la Comunicación(13), en el que se recoge la prohibición de imponer al distribuidor restricciones a las propias actividades de venta fuera del territorio contractual, suscita viva inquietud en la medida en que modifica significativamente la interpretación dada hasta ahora a la exclusividad territorial y exigiría, por consiguiente, mayor claridad en sus fines de aplicación. Asimismo, la licitud de las cláusulas vinculantes combinadas con la cláusula de no competencia merece una mayor claridad por parte de la Comisión.

3.12.1. Además, surgen determinadas dudas en la interpretación que hace la Comisión de los acuerdos de distribución exclusiva que prevén al mismo tiempo la compra exclusiva y que en el documento se consideran nefastas desde el punto de vista de la integración del mercado, mientras que hasta ahora se han beneficiado de la exención [véase la sentencia Grundig/Consten de 1966(14)].

3.12.2. El Comité está de acuerdo con que es necesario mantener la situación jurídica actual en cuanto a la prohibición de reventa pasiva en los acuerdos de distribución exclusiva. No obstante, también lo es reconocer la importancia de consentir restricciones a la reventa activa. Es un hecho comprobado que una empresa no desea emprender una operación difícil como la introducción de un nuevo producto en un mercado dado si no está segura de asegurarse a cambio, de una manera u otra, una exclusividad de mercado o de clientela. Al parecer, la Comisión va a seguir autorizando las restricciones contractuales a la venta activa en el territorio de un distribuidor exclusivo, pero el Comité desea, al mismo tiempo, que la Comisión pueda autorizar un acuerdo entre un proveedor y un distribuidor que estipule que sólo éste ejercerá la venta activa respecto a determinados clientes especificados por aquél.

3.13. El Comité destaca que el plazo de duración se ha dejado abierto y que se prevé una duración limitada y diferenciada para los diferentes tipos de acuerdos. Ello parece indicar el abandono de las normas seguidas en la actualidad, que prevén una duración quinquenal renovable a decenal, período considerado necesario por las empresas para planificar adecuadamente las inversiones. Toda vez que la Comisión y, en el futuro, las autoridades nacionales disponen del poder de retirada de la exención cuando se presentan problemas, cualquier limitación en la duración de los acuerdos debe tener en cuenta el período necesario para la recuperación de la inversión realizada, particularmente en los sectores de la cerveza y la venta de carburantes al por menor.

3.13.1. El Comité se pregunta de qué modo piensa actuar la Comisión en el caso de acuerdos verticales innovadores y en el caso del proveedor propietario de los locales. Una vez más, el texto remite a las futuras orientaciones.

3.14. El Comité observa que la nueva disposición resultante de las modificaciones que se propone introducir en el artículo 1 del Reglamento 19/65/CEE se aplicará a categorías de acuerdos entre dos o más empresas que operen, cada una de ellas, en un contexto económico diferente. El Comité se pregunta si, vista la dinámica de los mercados y la complejidad e integración de determinados procesos productivos y de transformación, no sería preferible abandonar la referencia a los contextos económicos y concentrarse, en cambio, en la finalidad económica del acuerdo que se desee declarar exento.

3.15. Por lo que se refiere a las medidas de acompañamiento, el Comité acoge también favorablemente la revisión del apartado 2 del artículo 4, a fin de permitir la exención retroactiva de acuerdos no notificados por encima de la cuota de mercado límite. El Comité está de acuerdo en que dicha reforma permitiría reducir la cantidad ingente de notificaciones individuales, si bien desea recordar a la Comisión que con ella no se elimina la posibilidad de que, por encima del umbral, las partes quieran -no obstante- notificar el acuerdo inmediatamente después de haberlo alcanzado, para evitar litigios posteriores de carácter oportunista.

3.15.1. Así pues, el Comité sigue viendo con preocupación que las solicitudes de notificación individual por encima de la cuota de mercado límite se presenten a la Comisión sin la garantía de obtener una decisión en un plazo razonable, ni la certeza de un resultado, con excepción de una carta de acuse de recibo. Como mencionaba en su Dictamen, el Comité desearía poder disponer de un mecanismo procesal que incorpore determinados límites, como, por ejemplo, un procedimiento de ausencia de oposición. Otro posible modelo podía ser los plazos incorporados al reglamento de control de concentraciones(15). El Comité espera que se proceda a tal cambio como parte de una reforma más general de los procedimientos por parte de la Comisión.

3.15.2. La Comisión también debería prepararse procedimentalmente para la notificación que le hagan las partes en caso de desacuerdo en cuanto a si cabe o no la exención. A falta de exención retroactiva, estos casos han venido siendo resueltos por los tribunales.

3.16. En cuanto a la principal medida de acompañamiento, relativa a una mayor descentralización de la aplicación de las normas de competencia comunitaria en favor de las autoridades nacionales, el Comité considera que la nueva política autoriza a éstas a revocar en su territorio el beneficio de la exención por categorías y hacer que se aplique el apartado 1 del artículo 85 por encima de las cuotas de mercado límite. El Comité pone de manifiesto en este sentido que la nueva orientación modifica sustancialmente el actual enfoque que reserva en exclusiva a la Comisión la aplicación integral del apartado 3 del artículo 85.

3.16.1. Aunque el Comité respalda plenamente a la Comisión en sus esfuerzos por descentralizar la aplicación de la política de competencia, advierte al mismo tiempo contra los peligros que para la unidad y coherencia de esa política supone tal aplicación descentralizada. La devolución de poderes a las autoridades nacionales podría tener efectos perjudiciales para las empresas, si las divergencias entre la praxis administrativa y jurisprudencial de los Estados miembros pusieran en peligro la unidad de la aplicación del Derecho en el mercado interior y comprometieran la eficacia de los procedimientos. Para evitar que la existencia de diferentes concepciones de la política industrial y de la competencia provoque una fragmentación jurídica, la Comisión debería elaborar normas procedimentales claras. Por otra parte, la Comisión debería poder oponerse a las resoluciones de las autoridades nacionales por la vía de una supervisión jurídica y técnica. Asimismo, habría que regular la disciplina de los supuestos transfronterizos, puesto que las autoridades nacionales de defensa de la competencia no estarían facultadas en tales supuestos. También en caso de aplicación descentralizada debería gozar de la máxima prioridad el principio de la "ventanilla única" en Europa ("one-stop-shop"). Además, la Comisión vería aliviada su carga si procediese a una delegación creciente del conocimiento de los acuerdos de menor importancia, que interesan sobre todo a empresas de un único Estado miembro, en las autoridades de defensa de la competencia de dicho Estado, de manera que la Comisión pudiera concentrar sus esfuerzos en los acuerdos de dimensión comunitaria.

3.17. El Comité también contempla con satisfacción la voluntad de la Comisión de tener en cuenta el contexto económico de los acuerdos verticales de distribución. Por ello, se pregunta si hay que incluir en la "lista negra" todas las restricciones fundamentales, incluidas aquéllas por debajo de la cuota de mercado límite, teniendo en cuenta los escasos efectos económicos de tales acuerdos, siempre que no sean parte de una red más amplia de acuerdos y no haya ningún peligro de cerrar el acceso al mercado en cuestión. Por otra parte, piensa que el razonamiento del Tribunal de Justicia en la sentencia Delimitis c. Henninger Brau (de 1991)(16) indica que el Tribunal no juzga con demasiada severidad las restricciones fundamentales en el caso de acuerdos de menor importancia con efectos económicos débiles, con arreglo al apartado 1 del artículo 85, y considera que la Comisión debe reflexionar sobre su posición respecto al apartado 3 del artículo 85.

3.18. El Comité estima que es un paso en la dirección correcta la disponibilidad de la Comisión a considerar aceptables -en caso de que se adopte el sistema de doble umbral en términos de cuota de mercado- las restricciones no fundamentales que, estando por debajo del umbral del 20 %, no entren en el núcleo duro de lo que no puede ser objeto de exención. Esto demuestra que la Comisión adopta criterios económicos al aplicar la exención por categorías a los niveles más bajos de cuotas de mercado.

3.19. El Comité recomienda que, de escogerse el sistema de umbral único, la Comisión mantenga tal principio, recogiéndolo, en su caso, en las Orientaciones.

3.20. El Comité sugiere también que la Comisión, de acuerdo con su nuevo enfoque de los acuerdos verticales, más basado en criterios económicos, se replantee el uso de una "lista negra" con todas las restricciones fundamentales en el caso de todos los acuerdos verticales de menor importancia, incluyendo los que no alcanzan el umbral del 10 % en la relación de acuerdos de menor importancia.

3.21. El Comité ve con agrado que la Comisión se muestre dispuesta a hacer uso del mecanismo de retirada del beneficio, tal como se sugiere en la Comunicación. Debe existir un cuidadoso equilibrio entre las salvaguardias incorporadas a la exención por categorías y el poder en reserva que supone el procedimiento de retirada de la exención.

3.22. El Comité reitera su apoyo al principio de la disociabilidad de las cláusulas prohibidas, ya expresado en su anterior Dictamen sobre las restricciones verticales(17).

4. Consideraciones finales

4.1. El Comité considera que la Comisión debería haber presentado las Orientaciones, que constituyen un componente esencial de la nueva política, antes de proceder a cualquier modificación de los Reglamentos 19/65/CEE y 17/62/CEE.

4.2. El Comité estima deseable que en el nuevo Reglamento se introduzca un umbral único situado en torno al 30 % de la cuota de mercado, sin perjuicio de lo afirmado en las consideraciones generales y específicas del presente Dictamen, en particular sobre la utilización del criterio de la cuota de mercado.

4.3. Ello favorecería el recurso frecuente al Reglamento, dejando a la Comisión la tarea de centrarse únicamente en los casos en que el poder de mercado sea tal que comprometa significativamente el respeto de las normas en materia de competencia.

4.4. En cuanto a las cláusulas de la lista negativa, suscita viva inquietud una de las contenidas en el punto 3 del Capítulo V de la Comunicación, que -como se ha puesto de relieve en el punto 3.12 del presente Dictamen- modifica significativamente la interpretación dada hasta ahora a la exclusividad territorial.

4.5. Conforme a lo que se apuntó en el punto 3.13, el Comité subraya la necesidad de que, al definir la duración de los acuerdos, la Comisión tenga en cuenta el período necesario para amortizar las inversiones efectuadas.

4.6. A la luz de tales consideraciones, el Comité apoya la propuesta de la Comisión, al tiempo que le insta a tener en cuenta las observaciones formuladas en el presente Dictamen en la definición de las Orientaciones y en el nuevo Reglamento único de exención por categorías, sobre los cuales se consultará próximamente al Comité.

4.7. El Comité podrá, por tanto, verificar la manera en que la Comisión se habrá propuesto disciplinar los acuerdos verticales en un marco normativo bien definido, que debería caracterizarse por su simplicidad, transparencia, seguridad jurídica y promoción de las PYME, a fin de que los beneficios esperados repercutan plenamente sobre los consumidores.

Bruselas, el 24 de febrero de 1999.

La Presidenta

del Comité Económico y Social

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

(1) DO C 365 de 26.11.1998, p. 3.

(2) DO C 296 de 29.9.1997.

(3) DO 36 de 6.3.1965.

(4) DO 13 de 21.2.1962, modificado por el Reglamento n° 59, DO 52 de 10.7.1962, por el Reglamento n° 118/63/CEE, DO 162 de 7.11.1963, y por el Reglamento CEE n° 2822/71, DO L 285 de 29.12.1971.

(5) DO L 173 de 30.6.1983, p. 1, modificado en última instancia por el Reglamento (CE) n° 1582/97 (DO L 214 de 6.8.1997, p. 27).

(6) DO L 173 de 30.6.1983, p. 5, modificado en última instancia por el Reglamento (CE) n° 1582/97 (DO L 214 de 6.8.1997, p. 27).

(7) DO L 359 de 28.12.1988, p. 46.

(8) DO C 296 de 29.9.1997.

(9) Véase la p. ii de la Síntesis Preliminar del Libro Verde sobre las restricciones verticales en la política de competencia comunitaria.

(10) De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y las decisiones de la Comisión, el artículo 85.1 no se aplica en absoluto si el agente está integrado en el negocio del principal.

(11) DO C 102 de 24.4.1995.

(12) DO C 312 de 14.10.1997, p. 15.

(13) DO C 365 de 26.11.1998, p. 3.

(14) Sentencia de 13 de julio de 1966, Rec. 1966, p. 458.

(15) DO L 257/90, p. 13.

(16) Rec. 1991, p. I-935.

(17) DO C 296 de 29.9.1997.