ES Diario Oficial de la Unión Europea C 24/79

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Declaración conjunta del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión — La política de desarrollo de la Unión Europea — “El consenso europeo”»

COM(2005) 311 final

(2006/C 24/16)

El 29 de julio de 2005, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Relaciones Exteriores, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 8 de septiembre 2005 (ponente: Sr. ZUFIAUR).

En su 420o Pleno de los días 28 y 29 de septiembre 2005 (sesión del 29 septiembre 2005), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 84 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1 La iniciativa de la Comisión y el Consejo de revisar la Declaración sobre la Política de Desarrollo del año 2000 y, en general, el replantear el futuro de esta política es, desde todos los puntos de vista, muy relevante. Los cambios en el escenario internacional, las nuevas posiciones y consensos sobre la política de desarrollo existentes en la comunidad internacional, y las propias transformaciones en el seno de la Unión aconsejan esta revisión. Al mismo tiempo, el agravamiento de los problemas del subdesarrollo, especialmente en África y el aumento de las diferencias entre países generadas en el contexto de la globalización recomiendan una revisión de la política de desarrollo comunitaria.

1.2 Entre los cambios que se han producido a nivel internacional y han afectado, de uno u otro modo, a las políticas de desarrollo pueden citarse: el auge de la preocupación por las cuestiones de seguridad tras el 11-S; los resultados de la reunión de la OMC en Doha en 2001 y el proceso seguido después en la llamada Agenda del Ciclo de Desarrollo; el nuevo consenso internacional en torno al desarrollo alcanzado en la Cumbre del Milenio y reflejado en las Conferencias de Monterrey, Johannesburgo, El Cairo y otras, sobre financiación, medio ambiente, enfoque de género o VIH SIDA, entre otros; el proceso de armonización de las políticas de desarrollo de los donantes iniciado en el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE y la consolidación de ciertos instrumentos nuevos de programación y ejecución de la ayuda como los Documentos de Estrategia de Reducción de la Pobreza (Poverty Reduction Strategy Papers, PRSP, en sus siglas inglesas), el Apoyo Sectorial (SWAP) o el apoyo presupuestario. Más recientemente, el Foro de Alto Nivel sobre eficacia de la ayuda celebrado en París en marzo de 2005 ha supuesto un avance en esta línea al suscribir los donantes ciertos compromisos en materia de apropiación, armonización, gestión basada en resultados y responsabilidad mutua.

1.3 También inciden en estos cambios los magros resultados alcanzados, para la mayoría de los indicadores, en los objetivos marcados hace cinco años en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Para evitar que tales metas fracasen en el horizonte fijado de 2015 es necesaria una revisión de las políticas y un auténtico plan de choque por parte de la comunidad internacional. Dicho plan deberá ser capaz de generar recursos adicionales a la ayuda pública al desarrollo y abarcar tanto la ayuda económica como la política comercial, la deuda, la propiedad intelectual, la toma en consideración de los efectos de la inmigración o el reforzamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

1.4 En el plano comunitario se han producido en este periodo importantes cambios que afectan también a la cooperación al desarrollo: el proceso de reforma de la ayuda externa iniciado en 2000 con la consolidación de EuropeAid y los procesos de desconcentración y descentralización a las Delegaciones de la Comisión; la entrada en vigor del Acuerdo de Cotonú en 2003 (acaba de firmarse la versión revisada del Acuerdo, a tenor del cual los países ACP se beneficiarán de un importe mínimo garantizado, independientemente del resultado de las negociaciones de las perspectivas financieras 2007-2013) y el proceso iniciado hacia la «presupuestarización» del Fondo Europeo de Desarrollo (FED). Desde una perspectiva más general, la ampliación a 25 miembros de la UE; la puesta en marcha de la Estrategia Europea de Seguridad y de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la discusión del Tratado Constitucional con la configuración de la política de desarrollo en el «policy mix» de las relaciones exteriores de la UE, dan una nueva dimensión a la ayuda al desarrollo que exigen su replanteamiento. Por último, la discusión de las Perspectivas Financieras 2007-2013 podría permitir concretar y convertir en compromisos las implicaciones de todas las anteriores cuestiones.

1.5 El proceso consultivo iniciado para proceder a esta revisión de la política de desarrollo es también muy positivo en la medida en que potencia la participación democrática de todos los actores implicados.

1.6 Al inicio de este ejercicio de reflexión en enero de 2005 se preveía una Comunicación de la Comisión durante el primer trimestre del año. Finalmente, dicha Comunicación se publicó en julio del presente año y la Comisión solicitó al CESE su opinión sobre la misma. El presente dictamen responde a dicha solicitud. Dado que en septiembre se celebrará la Conferencia de Naciones Unidas sobre el estado de realización de los objetivos del Milenio, el CESE estima que sería conveniente que, tras conocerse las conclusiones de esa conferencia, la Comisión reactivara el proceso de consultas antes de establecer el contenido definitivo de la Declaración, que ha de verse en el Consejo de noviembre. Por otra parte, el hecho de que haya coincidido este proceso con el de elaboración de otras posiciones de las instituciones comunitarias –el CESE ha contribuido, por su parte, a elaborar dicha posición– sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (el llamado «paquete de los ODM» (1), cuya aceleración fue propuesta por el Consejo) puede favorecer el mayor compromiso de la Unión Europea en su conjunto con los problemas del desarrollo y es una oportunidad para consolidar el papel protagonista de la UE con el mundo en desarrollo. El CESE considera de gran importancia el consenso de todas las instituciones comunitarias en torno a las líneas generales de la política de desarrollo.

1.7 La Declaración sobre la Política de Desarrollo aprobada en el año 2000 fue realizada conjuntamente por la Comisión y el Consejo, lo que supuso un fuerte apoyo y consenso en torno a la misma. En esta ocasión, es intención de la Comisión sumar también al Parlamento Europeo. El CESE participa con gran interés en este proceso entendiendo que la política de desarrollo debe contar con el mayor respaldo de los ciudadanos y de las instituciones representativas de la sociedad civil.

1.8 El CESE estima que hubiera sido útil que el Documento de la Comisión –Reflexión sobre el futuro de la política de desarrollo de la Unión Europea–, que ha centrado recientemente la consulta y el debate sobre la materia, dedicara un mayor espacio al examen sobre la eficacia de la ayuda comunitaria desde su creación y a un análisis más pormenorizado sobre cuáles han sido los cuellos de botella y los problemas que han condicionado su efectividad a lo largo de los años de experiencia de la misma (2). A nuestro entender éstos han sido, entre otros, la lentitud en la ejecución de los programas, los altos costes administrativos y de otra índole en comparación con las transferencias destinadas a los proyectos, la vinculación de la ayuda, el escaso protagonismo de los países beneficiarios y la imprevisibilidad y volatilidad de los flujos de ayuda. Hubiera sido muy positivo el conocer, aunque fuera brevemente, la valoración que la Comisión hace sobre el impacto de la Declaración del año 2000 y sobre las dificultades de toda índole a las que se ha enfrentado la cooperación comunitaria, así como los resultados conseguidos y las lecciones aprendidas en este periodo. Existen, no obstante otros estudios recientes (3), realizados con el apoyo de la Comisión Europea, que son una referencia muy útil sobre la materia. En opinión del CESE, la limitada eficacia que ha tenido la ayuda al desarrollo para la lucha contra la pobreza exige una cierta autocrítica y la revisión de la política de desarrollo en el futuro, así como continuar con los esfuerzos iniciados por la Comisión en el terreno de la mejora de la calidad y la eficacia de la ayuda comunitaria.

2. De los fines de la política de desarrollo de la UE

2.1 Tanto las Comunicaciones del paquete sobre los ODM como los compromisos de Barcelona de 2002 relativos al cumplimiento de los objetivos de Monterrey tratan los dos aspectos básicos de las políticas de ayuda: el volumen de recursos públicos aportados y su eficacia. Existe, al respecto, un marcado consenso internacional plasmado en los ODM apoyados por 189 países (4). La reducción y, a largo plazo la erradicación de la pobreza, deben guiar todas las políticas de desarrollo. Este consenso en torno a los ODM se hace en ocasiones demasiado retórico, olvidando que comprenden ocho objetivos de desarrollo social y medioambiental encabezados por la reducción de la tasa de pobreza extrema en un 50 % en el año 2015 y que los objetivos se concretan en dieciocho metas cuantificables con uno o varios indicadores para cada una de ellas. El compromiso europeo con cada uno de los ODM debe ser coherente con esta dimensión concreta y operativa de los mismos. La existencia de metas e indicadores concretos para los ODM puede contribuir, además, a aumentar la necesaria rendición de cuentas y transparencia de la cooperación en general y de la ayuda europea en particular (5).

2.2 Por vez primera desde hace décadas los países desarrollados y los empobrecidos disponen de una Agenda común del desarrollo para gobernar la globalización tratando de hacerla más incluyente y promotora de la cohesión social. En cualquier caso, el desarrollo debe ser abordado de modo integrado y global, teniendo en cuenta en la lucha contra la pobreza la influencia que tienen en ella diversas políticas, desde las que afectan al comercio hasta las políticas medioambientales, pasando por las migratorias o de seguridad. El enfoque de género es consustancial a toda actuación contra la pobreza.

3. De las orientaciones y vectores de la política europea de desarrollo

3.1 Las causas profundas de la pobreza son múltiples y variadas y difieren en cada contexto. Además, la pobreza no se define únicamente por una determinada renta. Es una situación de extrema vulnerabilidad, producida por la carencia de medios físicos, financieros y humanos. Para actuar contra ella no es suficiente aumentar el volumen global de la ayuda. Será necesario, así mismo, crear las condiciones para el crecimiento de la riqueza, así como para una correcta distribución de la misma, revisar las políticas comerciales y financieras de los países desarrollados, ampliar los mercados locales de los países pobres, promocionar las instituciones democráticas, fortalecer las organizaciones de la sociedad civil e implementar una eficaz y equitativa correlación entre el papel del Estado y el del mercado. La experiencia de las últimas décadas ha demostrado que sin Estados capaces de proveer de infraestructuras materiales e inmateriales no es posible impulsar el desarrollo.

3.2 Las experiencias dirigidas a la formalización de los derechos de propiedad para los sectores más pobres (sobre cuestiones tan aparentemente sin valor como las favelas en algunos países latinoamericanos) han demostrado que estos derechos jurídicos de propiedad pueden tener efectos positivos sobre el desarrollo, por lo que el CESE piensa que debieran ser tenidas en cuenta en la política europea de desarrollo.

3.3 El CESE desea enfatizar, igualmente, la importancia de la educación y la formación en tanto que bien público. La educación genera efectos beneficiosos para el conjunto de la sociedad y no sólo para quien la recibe. Le educación, en todas sus modalidades, supone un incremento del capital humano que facilita la mejora del crecimiento, del empleo y de los ingresos. Desde la consecución de la educación primaria universal, contenida en el punto 2 de los ODM, se debe avanzar hacia otros componentes de la educación media y profesional lo más rápidamente posible. La cooperación educativa de las instituciones comunitarias y de los Estados miembros deberían redoblar sus esfuerzos al respecto.

3.4 El crecimiento económico y del empleo en los países empobrecidos es una condición esencial para el desarrollo. Pero no puede haber crecimiento sin un mínimo de infraestructuras, de sistemas de distribución de rentas, de acceso a la educación o a la salud, de calidad institucional, de consenso social. En ausencia de ese capital social, el desarrollo económico con cohesión social es imposible. A su vez, la pobreza es un obstáculo insoslayable para el crecimiento. La creación de tejido productivo, las acciones orientadas a la emergencia de la economía informal (fomento del autoempleo y de la economía social, desarrollo de las PYMES, sistemas adaptados de protección social) y el desarrollo de un mercado local y regional significativo, son, en opinión del CESE, algunas de las acciones que pueden contribuir al desarrollo económico de los países pobres.

3.5 La apertura del comercio internacional conlleva grandes posibilidades para ayudar a los países menos desarrollados a salir de la pobreza y el subdesarrollo. No obstante, las normas actuales del comercio global favorecen a los países más desarrollados en perjuicio de los más pobres. El CESE ha insistido ampliamente en ello en diversos dictámenes y recientemente en el que trata sobre la dimensión social de la globalización (6). Por ello sería conveniente mejorar, en el marco de la actual ronda de negociaciones de la OMC, cuya próxima reunión ministerial ha de celebrarse en diciembre en Hong Kong, y de las negociaciones bilaterales de la Unión Europea, el acceso de los países en vías de desarrollo a los mercados de los países desarrollados, la reducción o eliminación de todas aquellas subvenciones, entre ellas las agrícolas, que falseen los intercambios comerciales, la limitación profunda de las barreras a las exportaciones de los países en desarrollo así como la reforma del acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). Parece recomendable, en este sentido, evitar condicionar la ayuda al desarrollo de la UE a las posiciones que los países en desarrollo mantengan en las negociaciones comerciales multilaterales, evitando emular la forma de actuar de algunas instituciones financieras internacionales.

3.6 Los países más pobres y menos desarrollados, por otra parte, son muy vulnerables a la integración en los mercados externos y no disponen de medios para hacer frente a las fases de transformación económica. En consecuencia, las políticas de desarrollo habrían de estar orientadas a una integración gradual en los mercados globales, propiciando las inversiones en infraestructuras, educación y sanidad, el desarrollo de instituciones democráticas y la emergencia de mercados interiores propios eficaces, así como mercados de dimensión regional.

3.7 El CESE se ha pronunciado en diversas ocasiones en pro de la incorporación de una dimensión social en los Acuerdos de asociación comercial, política y de cooperación de la UE (7). Dicha dimensión social mínima debiera incluir la promoción del trabajo decente, el desarrollo de sistemas públicos y privados de protección social y el respeto efectivo de los derechos laborales (los ocho convenios fundamentales de la OIT (8) y los convenios no 168 sobre el fomento del empleo, no 183 sobre protección de la maternidad y no 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores).

3.8 Dada la importancia del trabajo decente –es decir trabajo en condiciones decentes, tanto en los vínculos contractuales como en las condiciones de desempeño del trabajo– en la consecución del desarrollo, el CESE estima que para hacer efectivos esos derechos humanos en el trabajo sería conveniente establecer un capítulo de carácter social en las normas de la OMC.

3.9 A su vez, los ODM no recogen suficientemente esta dimensión fundamental en un contexto en el que los efectos de la globalización sobre las condiciones sociales en general y laborales en particular son evidentes. El CESE propone que en la evaluación intermedia de los ODM en curso se incorpore el análisis de la situación de los derechos económicos, sociales y laborales y que, para el futuro, el trabajo decente se convierta en el 9o objetivo de desarrollo del Milenio.

3.10 El desarrollo y la seguridad humana deben ser conceptos que se complementen y refuercen en la política de desarrollo de la UE. Ciertamente, la seguridad y la consecución de un contexto pacífico son condiciones necesarias para una estrategia de desarrollo centrada en la erradicación de la pobreza. Y, de otro lado, el desarrollo económico y social constituyen una garantía esencial de la seguridad. Para el CESE la causa de los derechos humanos, teniendo particularmente en cuenta la importancia de los derechos de la mujer en la lucha contra la pobreza, ha de ser una de las prioridades esenciales de la política de desarrollo de la UE. Ello contribuirá poderosamente a reducir la pobreza y a aumentar la seguridad global.

3.11 El CESE reitera (9), en este sentido, la necesidad de que la política de desarrollo de la UE incorpore medidas orientadas a la protección de los defensores de los derechos humanos, incluidos los derechos humanos en el trabajo (10), en las distintas regiones del mundo.

3.12 La elevada vulnerabilidad de numerosas poblaciones y la existencia de nuevas y viejas amenazas han aumentado los riesgos de desastres de tipo natural o humano. La política de desarrollo debe ser consciente de ello y tomar una orientación más preventiva. En contextos proclives a la violencia, la política de desarrollo debería incorporar a la programación de acciones un análisis riguroso de los factores de conflicto y orientar gran parte de las mismas a apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en sus esfuerzos por consolidar la paz y reparar y prevenir nuevos conflictos y amenazas.

3.13 El CESE considera que, siendo la protección del medio ambiente uno de los tres pilares del desarrollo sostenible, ha de ocupar el mismo rango que la dimensión económica o la social. El CESE enfatiza, en ese sentido, la necesidad de incluir la dimensión medioambiental entre los indicadores de eficacia en la aplicación de las estrategias de desarrollo. De otro lado, la realización de estudios de impacto ambiental debiera ser un requisito previo obligatorio en los proyectos y acciones de una cierta magnitud.

3.14 El CESE opina, por otro lado, que no será posible hacer frente a los desafíos medioambientales globales únicamente con estrategias nacionales de los países receptores. Los países desarrollados deben asumir la responsabilidad y soportar el grueso de los costes inherentes a la solución de los problemas medioambientales globales. La UE debería poner a disposición medios financieros adicionales al servicio de programas orientados a solucionarlos.

3.15 La simple integración de los países en vías de desarrollo en el comercio internacional no será, previsiblemente, suficiente para solucionar su situación de pobreza y desigualdad. Para ello será preciso, de un lado, crear en esos países las condiciones para el desarrollo, realizando progresos económicos y políticos, y una política de redistribución de la riqueza desde los países ricos hacia los pobres. De otro lado, ayudar a que en los países donantes se entienda que la ayuda al desarrollo no pretende sólo favorecer a los países pobres, sino que es igualmente esencial para el futuro de los países ricos y que la pobreza y la desigualdad son una amenaza para la seguridad y para el potencial de desarrollo de los mismos Este último es, en opinión del CESE, uno de los cometidos que mejor puede realizar la sociedad civil organizada.

3.16 La política de desarrollo de la UE puede, así mismo, contribuir positivamente a la integración de los flujos migratorios, así como a impulsar una política de codesarrollo con los países de origen de la inmigración (11). La colaboración con los países de origen es un requisito esencial para la gestión de los flujos migratorios en condiciones regulares y para que la admisión se realice respetando todos los derechos de los inmigrantes en cuanto tales y en tanto que ciudadanos de pleno derecho (12). Por otra parte, la emigración debe contribuir al desarrollo de los países de origen de los emigrantes (13). Es necesario, para ello, establecer políticas de compensación por la fuga de cerebros, impedir las tasas abusivas que se aplican sobre las remesas que los emigrantes envían a sus familias en sus lugares de origen y facilitar el que puedan retornar a sus países para promover su desarrollo y crear, por ejemplo, emprendimientos productivos.

4. De los criterios de actuación de la política europea de desarrollo

4.1 La cuestión de la coherencia de las políticas, que es ya clásica en la ayuda comunitaria y que tiene base jurídica en los Tratados, toma una importancia renovada en el nuevo contexto internacional marcado por la agenda de la seguridad y por los impactos de la globalización en el comercio, la agricultura, el empleo o las migraciones, entre otros sectores. La reciente Comunicación de la Comisión es una buena muestra de la relevancia del tema y de la voluntad de la UE de dar una respuesta adecuada al mismo. La iniciativa «todo menos armas» supuso un nuevo planteamiento de la coherencia respecto de la política comercial a favor de los países empobrecidos.

4.2 La política de desarrollo de la UE no está concebida como un instrumento paliativo que se orienta a reducir los posibles daños al desarrollo de los países pobres causados por otras políticas, como la comercial o la de seguridad. Para darle mayor efectividad a esa orientación sería conveniente, en opinión del CESE, una mejor coordinación entre las distintas direcciones generales de la Comisión Europea (entre la DG Comercio y la DG Empleo, por ejemplo) y una evaluación periódica del impacto de las políticas comunitarias sobre la cohesión social de los países en desarrollo, evaluación en la que la sociedad civil organizada habría de tener una participación destacada.

4.3 Esta coherencia, deseable en toda política de la Unión, no debiera servir, sin embargo, para rebajar el contenido de la política de desarrollo, poniéndola al servicio de otras acciones comunitarias y olvidando la especificidad y los objetivos de las acciones de desarrollo. En una Unión con una acción exterior creciente y en plena evolución, la política de desarrollo debe conservar cierta autonomía respecto al resto de los componentes de la acción exterior para poder cumplir con sus fines y objetivos.

4.4 En opinión del CESE, la armonización entre la política de desarrollo comunitaria y las de los 25 Estados miembros debe profundizarse. El apoyo de todos ellos a los ODM y a las posiciones del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE debería facilitarlo. Es imprescindible una mayor armonización de las políticas, en muchos casos contradictorias, de los países donantes y establecer una coherencia entre las mismas. La falta de esta coherencia produce altos «costes de transacción»: despilfarro, duplicación de esfuerzos, incoherencia en los enfoques y una gran complicación para los países receptores. En la Cumbre Europea de Barcelona, de marzo de 2002, la UE se comprometió a adoptar medidas concretas relativas a la coordinación de las políticas y la armonización de procedimientos antes de 2004, tanto a nivel de la Comisión Europea como de los Estados miembros. No obstante, las recomendaciones resultantes de dicho compromiso apenas si han tenido aplicación práctica. El CESE considera que una armonización eficaz entre las políticas de desarrollo de los Estados miembros y la de la UE es esencial para el futuro de la política de desarrollo comunitaria. El CESE, en la medida de sus posibilidades, impulsará un debate con las organizaciones de la sociedad civil europea en favor de una plataforma europea común para la política de desarrollo. El CESE apoya, igualmente, la posición de la Comisión sobre la conveniencia de una política de desarrollo a nivel europeo que comprometa a los Estados miembros y a la propia Comisión.

4.5 El principal valor añadido de una política de desarrollo comunitaria debería ser el reforzar la coordinación y la complementariedad con las políticas de los Estados miembros. La UE tiene algunas ventajas comparativas –escala, imagen de neutralidad, contribución a los fondos mundiales– que es necesario aprovechar.

4.6 Al mismo tiempo, el CESE es partidario de avanzar en la participación de la UE con voz propia en todos los foros multilaterales con incidencia en el desarrollo. La UE debe participar activamente en la reforma del sistema multilateral con una posición común. Esto debe afectar tanto al sistema de las Naciones Unidas, dentro del proceso iniciado por su Secretario General, como a las instituciones financieras internacionales y a otros foros multilaterales como el CAD, el Club de París, el G8 o la OMC. La capacidad de influencia de la UE como actor internacional con poder real depende de esa posibilidad de aunar posiciones en los organismos multilaterales. Del mismo modo, la UE debe fortalecer los mecanismos de concertación y coordinación en el terreno con las agencias especializadas de la ONU y otros donantes.

4.7 La dimensión institucional del desarrollo y el fomento de las capacidades de las instituciones locales de los países receptores para conseguirlo es fundamental. El fortalecimiento institucional es clave para el logro del buen gobierno mediante la asignación y gestión de los recursos para responder a los problemas con criterios de participación, transparencia, rendición de cuentas, lucha contra la corrupción, equidad y Estado de Derecho. El fortalecimiento de las capacidades y de los medios de las organizaciones de la SCO es, en este sentido, igualmente fundamental para que esos países puedan apropiarse del proceso de desarrollo.

4.8 La UE debiera, a ese respecto, capitalizar y extraer enseñanzas de los programas de cooperación con los nuevos Estados miembros que en poco tiempo han pasado de ser receptores de ayuda a miembros de una comunidad de donantes. Su sensibilidad y visión desde el lado del socio receptor puede ser de gran utilidad en el aprendizaje de métodos innovadores de gestión de la ayuda.

4.9 El elevado grado de descentralización en destino de la cooperación comunitaria obliga a mejorar los mecanismos de participación de los diversos socios y a establecer formas de coordinación sobre el terreno que aprovechen este enfoque de abajo arriba de la cooperación.

4.10 La mejora de los mecanismos de coordinación y concertación debiera redundar en una mejora de la eficacia y la eficiencia de la ayuda, en la medida en que se disminuyen los costes de transacción. Con todo, la eficacia se ve afectada por otras muchas dimensiones, y el seguimiento de la ayuda debiera ser parte consustancial de toda la cooperación comunitaria. Los exigentes sistemas de evaluación y control de la calidad de la ayuda establecidos por la Comisión deberían generalizarse y servir no sólo para la necesaria rendición de cuentas sino, sobre todo, para el aprendizaje. Otras cuestiones más generales, como el estudio de la fungibilidad (14) de la ayuda, debieran incorporarse al análisis de la ayuda que hagan las instituciones comunitarias.

4.11 El principio de apropiación, que hasta ahora se ha aplicado de modo diferenciado en diversos contextos geográficos, debería irse armonizando, aprovechando las buenas prácticas que pudieran existir y sacando enseñanzas de su puesta en marcha. La participación y la apropiación deberían afectar a todas las etapas de la planificación de acciones, programas o proyectos; desde la discusión de programas indicativos nacionales, hasta la evaluación ex-post de lo realizado.

5. De los actores de la política de desarrollo

5.1 La política comunitaria de desarrollo es una política pública en la que participan numerosos actores. Esta multiplicidad de actores debería contar con un mayor reconocimiento por parte de las instituciones comunitarias, aumentando las posibilidades de participación en esta política a las diversas organizaciones europeas. La concertación entre los diversos actores, públicos y privados, es un requisito para la eficacia y la coherencia de la política de desarrollo.

5.2 La puesta en marcha de los principios de asociación, participación y apropiación ha supuesto una mejora en la cooperación para el desarrollo; esta mejora debe continuarse y profundizarse, incorporando más decididamente a otros agentes sociales, incluidas las organizaciones sindicales, empresariales y de la economía social, y no sólo a los actores gubernamentales.

5.3 La definición de políticas a largo plazo de lucha contra la pobreza y la mejor utilización de las transferencias de ayuda al desarrollo requieren un compromiso efectivo entre las autoridades democráticas de los países receptores y las fuerzas económicas y sociales de dichos países.

5.4 En opinión del CESE el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil (trabajadores, empleadores, consumidores, organizaciones especializadas en la defensa de los derechos humanos…) en los países del sur debiera convertirse en una prioridad central de la política de desarrollo de la UE. La reducción de la pobreza y de la desigualdad pasa en gran medida por aumentar la capacidad de exigencia, de negociación, de compromiso y de participación de las organizaciones de la sociedad civil. En coherencia con ello, la política de desarrollo de la UE no sólo habría de propiciar su participación efectiva en las actuaciones derivadas de la ayuda al desarrollo sino también el fortalecimiento de las organizaciones genuinas de la sociedad civil y el impulso de su reconocimiento como actores básicos del desarrollo dentro sus propias sociedades (15). Con esa finalidad, deberían establecerse líneas específicas de financiación.

5.5 Por otra parte, la política de desarrollo de la UE debería propiciar en los países receptores el establecimiento de un marco jurídico que permitiera la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de sus países: la puesta a disposición de medios económicos para su capacitación y fortalecimiento; la consolidación de estructuras que faciliten una participación y diálogo permanente; procedimientos para consultar a dichas organizaciones en todas las fases de los programas indicativos nacionales y regionales; la difusión de buenas prácticas. De igual manera, debieran de ser consultadas las organizaciones europeas en las acciones apoyadas por la Unión.

5.6 Hasta el momento, únicamente en los países ACP se reconoce una implicación formal de los actores de la SCO en todas las etapas de la cooperación al desarrollo. Esta obligación, prevista en el Acuerdo de Cotonú, no existe en la cooperación con otras regiones, donde únicamente se realizan consultas de carácter informal (16). El CESE aboga por que en la futura política de desarrollo de la UE se extienda esta experiencia a otras regiones, estableciendo mecanismos formales de implicación de las organizaciones de la sociedad civil en la programación, realización y evaluación de las políticas de desarrollo.

5.7 Asimismo, el Acuerdo de Cotonú ofrece una oportunidad única a los agentes no estatales de acceder a una parte de los fondos de la UE asignados a cada país (fondos FED destinados a los programas indicativos nacionales y regionales). Dichos fondos tienen por objeto potenciar la capacidad de la sociedad civil y hacer posible su participación activa en la aplicación de las estrategias regionales o nacionales de mitigación de la pobreza. El CESE insta a la utilización del citado modelo de consulta de la sociedad civil en las relaciones de la UE con otras regiones, por ejemplo América Latina y los países de la Asociación Euromediterránea.

5.8 Además, la revisión de la política de desarrollo de la UE debiera suponer un serio esfuerzo para hacer que los derechos de participación sean efectivos, allá donde ya están reconocidos. En la práctica, existen serias lagunas en la aplicación de lo estipulado, que dificulta el que los representantes de la SCO tengan suficiente conocimiento de los acuerdos y se produzca una consulta efectiva. Falta además una definición de criterios sobre la representatividad de las organizaciones de la sociedad civil, y existen trabas para el acceso a la financiación comunitaria.

5.9 El establecimiento de marcos estables y democráticos de relaciones laborales es una condición sustancial para propiciar el objetivo de un trabajo decente. Pero es, igualmente, una base imprescindible para el desarrollo económico. El CESE considera, por ello, que la promoción de un diálogo social equilibrado tendría que entrar dentro de los objetivos de la política europea de desarrollo. Habida cuenta de la riqueza de las experiencias europeas en la materia, el CESE estima que sería necesario implicar en esa tarea a las organizaciones sindicales y empresariales europeas.

5.10 Las empresas han de desempeñar un papel creciente y positivo para hacer posible el objetivo del desarrollo sostenible. Así lo reconoce la OCDE mediante sus Códigos de conducta para las empresas multinacionales (17). La política de desarrollo de la UE habría de contribuir, en opinión del CESE, a impulsar la responsabilidad social de las empresas, particularmente de las europeas, en los países a los que presta ayuda. El CESE, en consonancia con pronunciamientos anteriores, (18) opina que si las empresas actúan, al menos, de la misma manera, con los mismos criterios laborales, sociales y medioambientales, en los países beneficiarios de la ayuda que como lo hacen (en general) en Europa, ello contribuirá poderosamente al desarrollo económico y social de dichos países.

5.11 La política de desarrollo sólo podrá mantenerse y crecer si cuenta con el respaldo social adecuado. El CESE considera que es preciso un gran esfuerzo de sensibilización ciudadana sobre la ayuda al desarrollo. La emergencia de una cierta «conciencia ciudadana mundial», que sobre todo se manifiesta en relación con las cuestiones medioambientales, debiera consolidarse y ampliarse también a los temas de la pobreza, la desigualdad, los bienes públicos mundiales. El CESE entiende que es necesario implicar en esa tarea a las escuelas, los medios de comunicación y, por supuesto, a las organizaciones de la sociedad civil. El CESE, por su parte, se ofrece a actuar de instrumento de esa política en colaboración con las instituciones europeas.

6. De las prioridades, la concentración y la diferenciación en la política de desarrollo de la Unión Europea

6.1 En aras de una mayor eficacia e impacto de la ayuda parece razonable la concentración en ciertos vectores y acciones en los que la UE pueda aportar un mayor valor añadido o un elemento diferencial respecto de otros donantes. Sin embargo, la experiencia muestra que no siempre resulta posible establecer estas prioridades o descubrir cuál pudiera ser el valor añadido comunitario de modo anticipado. En todo caso, parece conveniente utilizar la programación a nivel de país como instrumento para la negociación entre los socios. Y los documentos de estrategia de reducción de la pobreza del país debieran ser el eje fundamental de este trabajo.

6.2 En opinión del CESE en la política de desarrollo no sólo cuentan las motivaciones éticas, sino también las políticas: sin corregir las actuales desigualdades, la globalización no puede funcionar. Estimamos, en consecuencia, que no es suficiente que la política de desarrollo de la UE se dirija a corregir los desperfectos del subdesarrollo. Uno de los elementos de valor añadido de la Unión debiera consistir en su acción a favor de objetivos estratégicos mundiales de carácter multisectorial como, por ejemplo, la salud –incluyendo la salud reproductiva–, la educación, la equidad de género, la protección del medio ambiente, la creación de emprendimientos productivos y de empleo, el trabajo decente. Para ello será imprescindible que se dote de medios económicos suplementarios a los destinados a la cooperación al desarrollo, provenientes de nuevos instrumentos de financiación.

6.3 La cooperación comunitaria ha tenido desde su origen una fuerte concentración geográfica, alcanzando un elevado grado de complejidad en el caso de los países ACP a través del Acuerdo de Cotonú. La experiencia de los sucesivos Convenios de Lomé y Cotonú debiera ser aprovechable para otras regiones, especialmente de Asia, o países comprometidos en alcanzar los ODM. Así, con otras regiones del mundo receptoras de ayuda comunitaria deberían impulsarse mecanismos más ágiles, permanentes y estructurados, que superen la clásica forma de cumbres y acuerdos y den una visión más estratégica de la cooperación. Y, al mismo tiempo, la ayuda comunitaria debiera abarcar a todos los países empobrecidos.

6.4 El CESE se suma a la voluntad de convertir el África subsahariana en zona prioritaria en el marco de la ayuda al desarrollo de la UE. No obstante, para ser eficaz este proyecto debe ir acompañado de una mejor gobernanza en África, tanto nacional, como regional, lo cual afecta a un mismo tiempo a las organizaciones interestatales africanas, a los Estados y a las organizaciones de la sociedad civil. Estas últimas, por su independencia, su proximidad a la población y su capacidad de reacción, pueden favorecer que los ciudadanos se responsabilicen verdaderamente de las políticas de desarrollo que les afectan directamente.

6.5 En consonancia con lo anterior, el CESE propone que se facilite el acceso de las organizaciones de la sociedad civil africanas a la financiación comunitaria, garantizándoles un acceso directo a nivel nacional. De igual modo, debería ponerse en marcha un programa horizontal para la financiación de los agentes no estatales. También debería aumentarse y sistematizarse la participación de la sociedad civil en la definición y aplicación de las políticas y estrategias de cooperación.

6.6 Para que el desarrollo económico beneficie al mayor número posible de personas y no provoque abusos, el CESE desearía que las actividades de ayuda al desarrollo de la UE en África tomen en consideración los principios de cohesión social y trabajo decente para todos. Estos principios estarán más garantizados si existe un verdadero diálogo social y, en general, un diálogo con las organizaciones representativas de la sociedad civil. En este sentido, el CESE colaborará, como se plantea en la Comunicación de la Comisión Europea (19), con el Comité económico, social y cultural africano en el intercambio de experiencias y conocimientos, en los ámbitos que se consideren pertinentes.

6.7 La política comunitaria de desarrollo habría de prestar mayor atención a los países de renta media pero con grandes problemas internos de pobreza y desigualdad. Llama en este sentido la atención la constante reducción de los porcentajes de ayuda de la UE a América Latina, región en la que se dan los mayores niveles de desigualdad. Y en la que países de renta media, como Brasil, Uruguay o México tienen enormes bolsas de pobreza. Debería establecerse un sistema de indicadores que permita hacer un seguimiento de la evolución de la situación en este tipo de países. El CESE aboga por que la UE conceda una mayor prioridad en su política de desarrollo a América Latina.

6.8. La propuesta de la Comisión de crear medidas específicas para situaciones de transición que permitan profundizar en la conectividad entre la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo adaptándose a la realidad de contextos cambiantes y de estados frágiles nos parece adecuada en línea con la necesaria diferenciación. Del mismo modo habría que potenciar los componentes preventivos y de alerta temprana al trabajo de cooperación en estas situaciones.

7. Financiación

7.1 La Unión se ha comprometido a alcanzar, al menos, lo acordado en Monterrey, y todo parece indicar que sería necesario aumentar este compromiso para conseguir los ODM. El Consejo Europeo de Barcelona de marzo de 2002 acordó aumentar la ayuda oficial al desarrollo (AOD) hasta un 0,39 % del PIB en 2006, lo que, aunque parecía un compromiso significativo frente al 0,22 % de media actual, está lejos de lo que ya aportaban los miembros de la UE en 1990: el 0,44 %. El Consejo de 23-24 de mayo de 2005 plantea nuevos objetivos más exigentes comprometiéndose a alcanzar el 0,56 % del PIB como media de la UE en 2010 y estableciendo diferencias entre los quince antiguos Estados miembros y los diez nuevos. Parece claro, no obstante, que es necesario un compromiso muy superior para conseguir los ODM.

7.2 El compromiso alcanzado, en julio de 2005, por los países del G-8 sobre la anulación del 100 % de la deuda multilateral de 18 países más empobrecidos constituye un paso significativo en esa dirección, que es necesario impulsar. Habrá que esperar a su confirmación definitiva y, como se ha anunciado, a si otra veintena de países pasan a beneficiarse de actuaciones equivalentes. En opinión del CESE estas medidas deberían generalizarse al conjunto de los países menos desarrollados y habrían de financiarse con recursos realmente adicionales y no por un simple reajuste de las partidas destinadas a la ayuda pública al desarrollo.

7.3 Consecuentes con lo anterior, las Perspectivas Financieras 2007-2013 tendrían que incorporar de modo más claro y específico los compromisos financieros necesarios para ir acercándose a los ODM.

7.4 Las formas de financiación del desarrollo han ido evolucionando y se han ido adecuando a la necesaria apropiación por parte de los socios. La cooperación comunitaria debe avanzar en la previsibilidad a largo plazo y en los mecanismos de planificación plurianual que minimicen los efectos negativos que puedan tener los cambios en las asignaciones presupuestarias y la llamada volatilidad de la ayuda.

7.5 La necesidad de una ayuda previsible y estable tropieza con el principio de anualidad de los presupuestos nacionales. Esta es una de las razones que apoyan la necesidad de fuentes de financiación suplementarias. La otra, y fundamental, es la necesidad de lograr recursos adicionales para el desarrollo, que se sume a la financiación tradicional La falta de acuerdo entre los Estados miembros sobre nuevas fuentes de financiación como complemento a la ayuda oficial al desarrollo (AOD), como modo de insuflar nuevos recursos a la consecución de los ODM está retrasando su puesta en marcha. Dos son, básicamente, las innovaciones posibles en cuanto a los mecanismos suplementarios de financiación de la ayuda al desarrollo. Por un lado la International Finance Facility (IFF). Por otro, la implantación de impuestos internacionales. Aparte de las dificultades derivadas de la voluntad política para poner en marcha estos instrumentos, en cuanto al primero todavía pesan algunos grandes interrogantes sobre la gestión y la aplicación de los fondos. En cuanto a la segunda vía, la principal dificultad estriba en lograr un consenso internacional para su aplicación. El CESE considera que ambos mecanismos pueden ser viables y complementarios y que es urgente su puesta en marcha preservando, al mismo tiempo, su carácter netamente adicional.

7.6 Conseguir la total desvinculación de la ayuda debe seguir siendo uno de los objetivos del desarrollo en los próximos años. Tras las numerosas propuestas en este sentido (20), el CESE insta al Consejo a que avance decididamente en el Reglamento sobre la desvinculación de la ayuda, así como en el seguimiento de este tema por parte de los Estados miembros, superando incluso las recomendaciones del CAD.

7.7 Actualmente, la posición de los países donantes, y en concreto la política de la Unión Europea, se orienta a reducir la ayuda a los proyectos y a financiar los presupuestos de los gobiernos de los países receptores, a fin de dar a éstos los medios para desarrollar sus propias políticas. El CESE considera que ello nunca debería ir en detrimento de la consecución de los objetivos que se pretende alcanzar con la ayuda otorgada por la UE. Por otra parte, esta forma de financiación puede favorecer el principio de apropiación, a condición de que no se sustituya el anterior control de los proyectos por una nueva condicionalidad política sobre la orientación de la políticas económicas y sociales a establecer.

7.8 Los instrumentos de financiación del desarrollo deben ser coherentes con los fines que quieren conseguir. Una mayor agilidad y flexibilidad de la cooperación comunitaria parece exigible dado los largos plazos de gestión del ciclo de proyectos o acciones que hasta ahora tiene la ayuda europea. Por otra parte, no parece conveniente mezclar instrumentos de cooperación económica general con los de cooperación al desarrollo. La política de desarrollo tiene cierta autonomía en sus fines, que exige también una cierta especialización en sus instrumentos, tanto en su planificación como en los mecanismos de entrega.

7.9 La flexibilidad es aún más necesaria en contextos de rehabilitación posbélica y posdesastre o en situaciones de crisis en los que la lentitud y rigidez imposibilitan totalmente las actuaciones. Iniciativas como la del Fondo para la Paz de África van en esa línea de adecuación a las realidades de esos contextos.

7.10 La UE en su conjunto ha sido bastante respetuosa con la iniciativa HIPC reforzada (países pobres más endeudados) para la reducción de la deuda externa. No obstante, a corto plazo esta iniciativa no puede solucionar los problemas de deuda y servicio de la deuda a largo plazo, por lo que deben estudiarse otras alternativas. La Comisión ha propuesto medidas coyunturales para países en situaciones posbélicas o con perturbaciones graves, pero el problema de largo plazo queda sin resolver. El CESE propone medidas más activas en materia de deuda como los canjes de deuda por educación o inversión social o el estudio de la condonación en regiones afectadas por desastres de gran magnitud.

7.11 El aumento de la preocupación por los llamados Bienes Públicos Internacionales debiera permitir una financiación específica ligada a su protección. Para ello, la UE debería concretar un Plan de Acción sobre su importancia y sobre su financiación y dedicar recursos a ello de modo flexible. Los fondos e iniciativas globales puestos en marcha en los últimos años en casos concretos (SIDA, agua, vacunas, etc.) parecen aportar este elemento de flexibilidad, por lo que debería continuarse con el apoyo comunitario a este tipo de iniciativas que ya han sido iniciadas por algunos Estados miembros (21).

7.12 Como ya hemos señalado, el CESE propone que se incorporen a la estrategia europea de desarrollo los problemas específicos de los países de renta media pero con numerosos bolsas de pobreza y con muchos sectores de población viviendo en la indigencia. Aunque, en este caso, las modalidades de ayuda convenientes no sean solo la ayuda no reembolsable, sino los préstamos u otras formas combinadas de ayuda. Para estos supuestos, los parámetros deberán ser complementarios a los ODM, incluyendo la consecución de la cohesión social como objetivo (22), tal como se incluyó en la Cumbre Unión Europea-Latinoamérica y Caribe de Guadalajara en 2004. Cohesión social que implica, entre otras cosas, reformas de la gestión presupuestaria y sistema fiscal progresivo.

8. Propuestas

8.1 Para el CESE, la lucha contra la pobreza ha de constituir un factor esencial de la actuación de la UE en pro de una globalización más justa, segura y ecológicamente responsable. Ha de ser, así mismo, la prolongación lógica en el exterior de su modelo interno de desarrollo económico y convivencia social (23).

8.2 El CESE considera que la política europea de desarrollo ha de desempeñar un papel fundamental tanto para la difusión de los valores constitutivos de la Unión como para la prevención de las consecuencias negativas (inseguridad, depredación de los recursos naturales, migraciones incontroladas) derivadas de la pobreza y desigualdad. En este sentido, propone que la política europea de desarrollo tenga un rango equivalente al de la política de seguridad.

8.3 Consecuentemente con lo anterior, el CESE propone que la promoción del modelo social europeo –regulación social, sistemas de compromiso entre interlocutores sociales, sistemas universales de protección social– constituya, en el nuevo contexto de la mundialización económica, un eje central de la política de desarrollo de la UE.

8.4 El CESE entiende que la reducción de las barreras arancelarias a las exportaciones de los países en desarrollo y de las subvenciones, entre ellas las agrícolas, vinculadas a los precios de exportación podría contribuir (24) a la reducción de la pobreza aun cuando sus efectos, a corto plazo, pueden ser ambivalentes (ya que los países en desarrollo que sean importadores netos pueden verse afectados por una subida de los precios). De igual manera, insta a la reforma del acuerdo de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Así mismo, el CESE aboga por que los procesos de apertura comercial de los países en desarrollo se orienten a su integración gradual en los mercados globales y se acompañen de programas de fortalecimiento estructural de dichos países.

8.5 El CESE propone que se incorpore a los Acuerdos de Asociación de la Unión Europea con distintos países y regiones del mundo una dimensión social que recoja, al menos, la promoción del trabajo decente, el desarrollo de sistemas públicos y privados de protección social y el respeto efectivo de los derechos laborales establecidos en los convenios fundamentales de la OIT. El CESE propone, igualmente, que en dichos Acuerdos se establezcan mecanismos de participación de la sociedad civil organizada.

8.6 El trabajo decente, tal y como lo define la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un elemento indisociable de la erradicación de la pobreza y del incremento de la cohesión social. El CESE propone, en consecuencia, que la consecución del trabajo decente se convierta en el 9o Objetivo de Desarrollo del Milenio.

8.7 La defensa de los derechos humanos es uno de los vectores de la política de desarrollo de la UE. De acuerdo con ello, el CESE propone que dicha política instrumente medidas dirigidas a la protección efectiva de los defensores de los derechos humanos, incluidos los derechos humanos en el trabajo, en la regiones en las que realiza la cooperación.

8.8 El CESE propone incluir la dimensión medioambiental entre los indicadores de eficacia en la aplicación de la estrategia de desarrollo. Y considera que la realización de estudios de impacto ambiental debiera ser un requisito previo obligatorio en las acciones con cierta envergadura.

8.9 El CESE considera que la política de desarrollo de la UE ha de contribuir a la integración regularizada y con derechos de los flujos migratorios. De igual manera, ha de favorecer una política de codesarrollo con los países de origen de la inmigración mediante compensaciones por la pérdida de cerebros, la eliminación de obstáculos a la transferencia de las remesas de los inmigrantes y el apoyo al retorno de los mismos para crear emprendimientos productivos. En cualquier caso, las políticas migratorias no pueden convertirse en nuevas condicionalidades para la política de desarrollo.

8.10 El CESE aboga por la coherencia del conjunto de las políticas de la UE con la estrategia de desarrollo. Y por la necesaria autonomía y especificidad de la política de desarrollo respecto a otras políticas. Para el CESE adquiere cada vez mayor importancia la armonización entre la política de desarrollo comunitaria y la de los Estados miembros. Para ello es imprescindible establecer una plataforma o agenda europea común para la política europea de desarrollo que fije y concrete plazos y sistemas de seguimiento por parte de los Estados. El CESE es, igualmente, favorable a la participación con posiciones comunes de los países miembros y de la UE en los foros multilaterales. El CESE apoya la posición de la Comisión sobre la conveniencia de una política de desarrollo a nivel europeo que comprometa a los Estados miembros y a la propia Comisión.

8.11 La erradicación de la pobreza implica, entre otras cosas, una distribución diferente del poder y de las oportunidades. La consolidación de las instituciones del Estado social y democrático de derecho es fundamental para avanzar en ese objetivo. De igual manera, ello pasa en gran medida por el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. El CESE propone, en este sentido, que se establezcan líneas presupuestarias destinadas a la consecución de este último objetivo.

8.12. Teniendo en cuenta el consolidado ejemplo que proporcionan las relaciones EU-ACP, el CESE insta a la Comisión Europea, al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo a dar su apoyo a la ampliación del papel del CESE en relación con los medios económicos y sociales de otras regiones, como América Latina y los países euromediterráneos. El CESE insta a que las instancias políticas respalden: el mandato político y la asignación de fondos que permitan la participación de los medios económicos y sociales; el reconocimiento institucional del diálogo de la sociedad civil y de su participación formal y regular en el seguimientos de los acuerdos de asociación, las cumbres, los comités parlamentarios paritarios y las políticas relevantes para la sociedad civil, como la cohesión social y el trabajo decente; los esfuerzos del CESE por promover tanto la función consultiva como el diálogo social, en colaboración con la OIT y otras organizaciones internacionales. En este contexto, el CESE solicita a la Comisión Europea, al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo que den su apoyo a la inclusión, en el punto 2.2 de la Declaración conjunta sobre la política de desarrollo de la UE, de una referencia específica al CESE como facilitador efectivo y necesario del diálogo con los medios económicos y sociales.

8.13 El CESE propone que la promoción de marcos estables y democráticos de relaciones laborales y del diálogo social y el impulso de la responsabilidad social de las empresas constituyan objetivos esenciales de la política europea de desarrollo.

8.14 El CESE considera que el valor añadido de la acción comunitaria debiera de orientarse hacia objetivos estratégicos mundiales de carácter multisectorial. Por otro lado, comparte la voluntad de convertir el apoyo al África subsahariana en una prioridad, con la condición de establecer las condiciones para una mejor gobernanza en esa zona. El CESE aboga, al mismo tiempo, por que la ayuda comunitaria se dirija a todos los países empobrecidos.

8.15 El CESE considera que la política europea de desarrollo debiera de conceder mayor atención a los países de renta media en los que existen grandes problemas internos de pobreza y desigualdad. Algunos países de América Latina –región con la que la UE pretende establecer una asociación estratégica– y de Asia se encuentran comprendidos en esta definición.

8.16 El CESE propone que las medidas de condonación de la deuda aprobadas por los países integrantes del Grupo de los ocho se generalicen al conjunto de los países pobres y se financien con recursos realmente adicionales.

8.17 El CESE considera que es necesaria la instrumentación de fuentes de financiación suplementarias para lograr los objetivos del desarrollo y preservar los bienes públicos mundiales. Considera al respecto que tanto la iniciativa IFF como la implantación de impuestos internacionales –que para ser eficaces habrán de contar con un amplio consenso político– dedicados a ese fin pueden ser viables y complementarios.

8.18 El CESE considera que la desvinculación de la ayuda ha de ser uno de los objetivos centrales de la estrategia europea de desarrollo. E insta al Consejo a que avance en la modificación del Reglamento sobre la desvinculación de la ayuda, superando incluso las recomendaciones del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD).

8.19 El CESE propone que se utilicen nuevas formas de canje de la deuda, como los destinados a la educación o a los objetivos de carácter social (retorno de inmigrantes, fortalecimiento de organizaciones sociales…).

8.20 La mejora de la eficacia de la ayuda sigue siendo un reto para todos los actores implicados. El CESE considera que deben proseguirse y ampliarse los esfuerzos para lograr el mejor logro de los objetivos del desarrollo.

8.21 El CESE considera que es imprescindible realizar una política orientada a aumentar el respaldo social hacia la política de desarrollo al tiempo que a incrementar una conciencia ciudadana mundial. El CESE se ofrece a actuar de instrumento de esa política en colaboración con las instituciones comunitarias.

Bruselas, 29 de septiembre 2005. La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo Anne-Marie SIGMUND

(1) Este «paquete» publicado en abril de 2005 se compone de tres Comunicaciones: COM(2005) 132 final sobre la contribución de la UE; COM(2005) 133 final sobre la financiación del desarrollo y eficacia de la ayuda y COM(2005) 134 final sobre la coherencia de políticas.

(2) No obstante, cabe señalar la Evaluación de Impacto que acompaña a la Proposición de la Comisión, el Informe Anual sobre la política de desarrollo y la ayuda exterior de la Comunidad y las evaluaciones temáticas y geográficas de la Comisión que incluyen sistemáticamente la aplicación práctica de la política de desarrollo.

(3) ODI/ICEI/ECDPM Assessment of the EC Development Policy. DPS Study Report. Febrero 2005.

(4) Resolución de la Asamblea General A/RES/55/2, de 8 de septiembre de 2000.

(5) Los ODM son: (1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre; (2) Lograr la educación primaria universal; (3) Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer; (4) Reducir la mortalidad infantil; (5) Mejorar la salud materna; (6) Combatir el SIDA/VIH el paludismo y otras enfermedades; (7) Garantizar la sostenibilidad medioambiental; (8) Fomentar la asociación mundial para el desarrollo.

(6) Dictamen sobre «La dimensión social de la globalización: la contribución de la política comunitaria para que los beneficios se extiendan a todos», DO C de 234 de 22.9.2005.

(7) Dictamen sobre «Cómo integrar los aspectos sociales en las negociaciones de los Acuerdos de asociación económica», DO C 255 de 14.10.2005; Dictamen sobre «La cohesión social en América Latina y el Caribe», DO C 110 de 30.4.2004; Dictamen sobre «Los derechos humanos en el trabajo» CESE 933/2001.

(8) Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (núm. 87); Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (núm. 98); Convenio sobre el trabajo forzoso (núm. 29); Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso (núm. 105); Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) (núm. 111); Convenio sobre igualdad de remuneración (núm. 100); Convenio sobre la edad mínima (núm. 138); Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, (núm. 182).

(9) Dictamen sobre «La cohesión social en América Latina y el Caribe», DO C 110 de 30 de abril de 2004, p. 55.

(10) Particular relevancia tiene la vulneración de los derechos sindicales en muchas regiones del mundo, como América Latina, en los que los activistas sindicales son perseguidos, encarcelados y, en muchos casos, asesinados.

(11) Véase el Dictamen del CESE sobre el «Libro Verde: El planteamiento de la UE sobre la gestión de la inmigración económica», DO C 255 de 14.10.2005.

(12) Dictamen del CESE sobre «La incorporación a la ciudadanía europea» (DO C 208 de 3.9.2003).

(13) Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Migración y desarrollo: orientaciones concretas» COM(2005) 390 final (título provisional).

(14) Término que designa el inadecuado uso de los recursos de la ayuda por parte del receptor.

(15) El CESE es consciente de la importancia de la representatividad de las OSC y a tal efecto existe un Sub Comité que está estudiando este tema. El Acuerdo ACP-CE de Cotonú contiene, así mismo, algunos criterios de elegibilidad para las organizaciones no gubernamentales, en este caso para el acceso a los recursos del FED. De igual manera, el Dictamen del CESE sobre «La sociedad civil organizada y la gobernanza europea — Contribución del Comité a la elaboración del Libro Blanco» enumera los criterios de representatividad de las organizaciones de la sociedad civil europea.

(16) Por ejemplo, los foros de la sociedad civil organizados por la DG RELEX sobre las relaciones UE-Comunidad Andina, Centroamérica, México o Mercosur.

(17) Principios directores de la OCDE sobre las empresas multinacionales, OCDE, 2000.

(18) Dictámenes del CESE sobre el «Libro Verde — Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas» (DO C 125 de 27.2.2002) y sobre la «Comunicación de la Comisión – La Agenda Social» (DO C 294 de 25.11.2005).

(19) Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo – Acelerar el avance para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio — La contribución de la Unión Europea — COM(2005) 132 final.

(20) Véase el Dictamen DO C 157 de 28.6.2005 sobre la «Propuesta del Parlamento y del Consejo relativa al acceso a la ayuda exterior comunitaria».

(21) La Comisión Europea elaboró un estudio sobre el tema de la financiación adicional para el desarrollo, en abril de 2005: Comisión Staff Working Paper. New Sources of Financing for Develepoment; A Review of Options (SEC.2005.467), así como una Comunicación sobre Accelerating Progress Towards achieving The MDG. Financing for Development and Aid Effectiveness. COM(2005) 133 final. En ellos se plantean diversas iniciativas y la posición de los Estados miembros al respecto. Pese a que las posiciones no son concluyentes, algunos Estados miembros han adoptado ya posiciones más avanzadas respecto a estas nuevas fuentes de financiación a la los fondos globales.

(22) Véase el Dictamen del DO C 112 de 30.4.2004 sobre «La cohesión social en América Latina y el Caribe».

(23) En este sentido, véase el dictamen en curso del CESE sobre «la acción exterior de la UE: el papel de la sociedad civil organizada» (ponente: Ch. Koryfídis — DO C 74 de 23.3.2005).

(24) Según estudios realizados por varias instituciones internacionales, es difícil evaluar el impacto de las reducciones de las ayudas a la exportación sobre la economía de los países en desarrollo, ya que varía en función de la situación específica de cada país y de la estructura de sus intercambios.