EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 395, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido («la Directiva del IVA»), el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, puede autorizar a cualquier Estado miembro a que introduzca medidas especiales de excepción a lo dispuesto en dicha Directiva para simplificar el procedimiento de cobro del impuesto o para impedir ciertos tipos de evasión o elusión fiscal.

Mediante carta registrada en la Comisión el 26 de julio de 2019, Italia solicitó autorización para seguir aplicando, hasta el 31 de diciembre de 2022, una exención del IVA en favor de los sujetos pasivos cuyo volumen de negocios anual no excediera un determinado umbral, dispuesto en el artículo 285 de la Directiva del IVA, para aumentar dicho umbral de 65 000 EUR a 100 000 EUR y, paralelamente, imponer un régimen de facturación electrónica a los sujetos pasivos afectados, y para aumentar el umbral para las organizaciones de voluntariado y para los movimientos asociativos de promoción social hasta 130 000 EUR.

Mediante carta de 20 de septiembre de 2019, la Comisión, de conformidad con el artículo 395, apartado 2, de la Directiva del IVA, informó a los demás Estados miembros de la solicitud presentada por Italia. Mediante carta de 23 de septiembre de 2019, la Comisión notificó a Italia que disponía de toda la información que consideraba necesaria para examinar su solicitud.

Posteriormente, tras conversaciones informales con los servicios competentes de la Comisión y evaluaciones políticas nacionales adicionales, Italia decidió modificar su solicitud original mediante carta remitida el 26 de noviembre de 2019 y registrada en la Comisión el 5 de diciembre de 2019.

Por medio de dicha carta, Italia pidió retirar la parte de su solicitud relativa al aumento del umbral de exención de 65 000 EUR a 100 000 EUR, explicando que dicha solicitud se basaba en una disposición nacional que iba a ser derogada. En su lugar, Italia expresó su deseo de mantener el umbral actual de 65 000 EUR, que se ajusta al régimen de tanto alzado aplicable a los contribuyentes en el ámbito de los impuestos directos. Por otra parte, Italia también pidió retirar la parte de la solicitud relativa al umbral de 130 000 EUR para organizaciones de voluntariado y para los movimientos asociativos de promoción social, dado que está vinculado a medidas de imposición directa que aún no están en vigor; Italia se reservó el derecho de volver a presentar dicha solicitud una vez que entren en vigor el conjunto de medidas en cuestión. Además, a raíz del acuerdo alcanzado por los Estados miembros durante el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN), de 8 de noviembre de 2019, relativo a la propuesta de la Comisión sobre las nuevas normas de simplificación en materia de IVA para las pequeñas empresas, adoptada el 18 de febrero de 2020 y que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, Italia solicitó prorrogar la fecha de expiración de la medida de excepción hasta el 31 de diciembre de 2024.

Mediante carta de 10 de diciembre de 2019, la Comisión, de conformidad con el artículo 395, apartado 2, de la Directiva del IVA, informó a los demás Estados miembros de la corrección de errores de la solicitud original que Italia había presentado. Mediante carta de 11 de diciembre de 2019, la Comisión notificó a Italia que disponía de toda la información que consideraba necesaria para examinar su solicitud modificada.

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

•Razones y objetivos de la propuesta

El título XII, capítulo 1, de la Directiva del IVA ofrece a los Estados miembros la posibilidad de aplicar a las pequeñas empresas un régimen especial, como, por ejemplo, la concesión de una franquicia del IVA a los sujetos pasivos que no sobrepasen un determinado volumen de negocios anual. Al acogerse a esa franquicia, los sujetos pasivos no están obligados a repercutir el IVA en sus entregas y, por tanto, no pueden deducir el IVA soportado.

La posibilidad de aplicar a las pequeñas empresas normas especiales en materia de IVA, como, por ejemplo, franquicias o bonificaciones degresivas del impuesto, se introdujo por primera vez a través del artículo 14 de la Directiva 67/228/CEE del Consejo. Posteriormente, se permitió que los Estados miembros que no habían hecho uso de la facultad establecida en esa disposición, acogiéndose al artículo 24, apartado 2, letra b), de la Directiva 77/388/CEE (actual artículo 285, párrafo primero, del texto refundido de la Directiva del IVA), pudieran otorgar una franquicia del IVA únicamente a los sujetos pasivos cuyo volumen de negocios anual no excediera de 5 000 EUR o su equivalente en moneda nacional.

Italia nunca hizo uso de la facultad establecida en el artículo 14 de la Directiva 67/228/CEE del Consejo. En 2007 solicitó autorización para aplicar una excepción a lo dispuesto en el artículo 285, párrafo primero, que le permitiese eximir del IVA a los sujetos pasivos cuyo volumen de negocios anual no excediera de 30 000 EUR. La estructura económica de Italia, consistente en gran parte en microempresas con muy pocos empleados, y el deseo de Italia de simplificar las obligaciones en materia de IVA para las pequeñas empresas y de facilitarle a su Administración tributaria el procedimiento de recaudación del IVA propiciaron dicha solicitud. En virtud de la Decisión 2008/737/CE del Consejo, la medida de excepción fue autorizada hasta el 31 de diciembre de 2010. La medida tenía carácter facultativo, lo que permitía a las pequeñas empresas optar por el régimen normal del IVA.

Posteriormente, mediante la Decisión de Ejecución 2010/688/UE del Consejo, se autorizó a Italia a prorrogar la fecha de expiración de la medida de excepción hasta el 31 de diciembre de 2013; más tarde, hasta el 31 de diciembre de 2016 mediante la Decisión de Ejecución 2013/678/UE del Consejo, que asimismo aumentó el umbral de exención máximo de 30 000 EUR a 65 000 EUR; y, finalmente, hasta el 31 de diciembre de 2019, mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1988 del Consejo. La presente solicitud (modificada) de prórroga de la fecha de expiración de la medida de excepción hasta el 31 de diciembre de 2024 sin aumentar el umbral actual de 65 000 EUR (o cualquier valor superior equivalente a dicho umbral en términos reales) presentada por Italia se basa en los mismos motivos que los aducidos en solicitudes anteriores. Italia sostiene que las pequeñas y medianas empresas y, en particular, las microempresas desempeñan un papel preponderante en el sector económico empresarial no financiero del país, tanto en términos del IVA como de empleo. Habida cuenta de los costes desproporcionados de cumplimiento del IVA que soportan dichas empresas en comparación con las grandes empresas y del hecho de que se siguen viendo afectadas por la crisis económica, Italia afirma que la medida de excepción constituye un impulso importante para la puesta en marcha y la consolidación de su actividad económica. A este respecto, se subraya que la medida de excepción tendrá un efecto insignificante en los ingresos tributarios recaudados en la fase de consumo final, mientras que su efecto será significativo para simplificar tanto las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos afectados como los procedimientos de recaudación del IVA para la Administración tributaria. Cabe señalar que la medida afecta a 1 332 000 sujetos pasivos, lo que representa un 25 % de los sujetos pasivos podrían acogerse a la medida. Italia estima que el importe total de la reducción de ingresos asciende a 385,7 millones EUR.

A tenor de la información facilitada por Italia, resulta evidente que la solicitud de prorrogar la medida de excepción tiene por objetivo liberar a las pequeñas empresas de muchas de las obligaciones en materia de IVA que impone el régimen normal del IVA, además de reducir la carga que para la Administración tributaria supone la recaudación de impuestos y la auditoría de las pequeñas empresas. Esto permitiría a la Administración tributaria centrar sus actividades de control en sujetos pasivos de mayor envergadura. Por tanto, la medida de excepción se ajusta a los objetivos fijados en el artículo 395, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva del IVA, que permite a los Estados miembros establecer medidas especiales de inaplicación de sus disposiciones a fin de simplificar el procedimiento de cobro del IVA. En este contexto, se reitera que la medida es y seguirá siendo totalmente facultativa para los sujetos pasivos, a los que se les permite optar por el régimen normal del IVA.