ES Diario Oficial de la Unión Europea C 311/38

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Protección de los consumidores y tratamiento adecuado del sobreendeudamiento para evitar la exclusión social» (Dictamen exploratorio)

2014/C 311/06

Ponente general: Reine-Claude MADER

Mediante carta del 6 de diciembre de 2013, de conformidad con el artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Theodoros SOTIROPOULOS, representante permanente de Grecia ante la Unión Europea, en nombre de la futura Presidencia griega, solicitó al Comité Económico y Social Europeo que elaborase un dictamen exploratorio sobre el tema

Protección de los consumidores y tratamiento adecuado del sobreendeudamiento para evitar la exclusión social.

Dada la urgencia de los trabajos, en su 498o pleno de los días 29 y 30 de abril de 2014 (sesión del 29 de abril de 2014), el Comité Económico y Social Europeo nombró ponente general a Reine-Claude MADER y aprobó por 164 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones el presente dictamen.

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1 El CESE presta especial atención al problema del sobreendeudamiento, que se ha agravado como consecuencia de la crisis financiera, del incremento del coste de la vida y del recurso a créditos en efectivo. Por medio de diferentes dictámenes, se ha pronunciado sobre la necesidad de tomar medidas a escala europea.

1.2 Observa que, si bien se han detectado sus causas, no existe ninguna definición armonizada del concepto de sobreendeudamiento, ni medios para conseguir una perspectiva precisa de la situación que se vive en los Estados miembros. Por consiguiente, pide que se adopte una definición común.

1.3 Dicha definición debe contener los siguientes elementos: i) el hogar como unidad de medida apropiada para cuantificar el sobreendeudamiento; ii) los compromisos financieros adquiridos; iii) los compromisos informales adoptados por una familia o una comunidad; iv) la incapacidad de pago; v) el sobreendeudamiento estructural; vi) el nivel de vida digno; y vii) la insolvencia.

1.4 El CESE insiste en que la protección de los consumidores debe integrarse en todas las medidas adoptadas para la realización del mercado interior.

1.5 El tratamiento del sobreendeudamiento debe recurrir a la educación, la prevención y procedimientos adaptados que conduzcan a la reintegración de la persona sobreendeudada en una vida económica normal.

1.6 Para lograrlo son indispensables una visión de conjunto del problema del sobreendeudamiento de los hogares y la aplicación de medidas eficaces.

1.7 Ante todo, la educación financiera debe impartirse en el medio escolar y también debe estar disponible en todo momento y para todos los públicos. A este respecto, el CESE fomenta las campañas de información en las que deben participar todas las partes interesadas para garantizar experiencias complementarias. Subraya el papel indispensable que desempeñan las asociaciones de consumidores y las asociaciones familiares en la difusión de la información y la asistencia prestada a las personas que lo deseen.

1.8 En varios Estados miembros se han puesto en marcha dispositivos de prevención destinados a gestionar las situaciones de sobreendeudamiento, pero son heterogéneos. El CESE considera que debe ponerse en marcha un procedimiento adecuado y uniforme, basado en el artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales, el artículo 114 del TFUE, o el artículo 81 del TFUE, en todos los Estados miembros, de conformidad con los principios generales propuestos por la Comisión en una propuesta de directiva, que demuestre de manera concreta el interés del Parlamento por resolver los problemas de los ciudadanos europeos.

1.9 Estos principios deben basarse en la rapidez y la gratuidad de este procedimiento, la suspensión de los procesos judiciales una vez iniciado el proceso destinado a poner fin al sobreendeudamiento, la verificación de los créditos, la conservación de la vivienda principal, el tratamiento en pie de igualdad de los acreedores ordinarios, la posibilidad de cancelar la deuda en los casos más graves y la obligación de dejar a la persona sobreendeudada un «mínimo para vivir» suficiente para satisfacer de modo digno las necesidades de la vida diaria, dado que el objetivo es reintegrar rápidamente al consumidor en la vida económica y social.

1.10 Asimismo, el Comité recuerda su compromiso con la inclusión bancaria, elemento que debe garantizarse a las personas en situación de sobreendeudamiento a fin de evitar todo tipo de exclusión social.

1.11 La lucha contra el sobreendeudamiento también requiere una delimitación europea de la usura.

1.12 No obstante, la disminución del número de casos de sobreendeudamiento no se puede lograr exclusivamente a través de la puesta en marcha de un dispositivo de gestión. Debe completarse con medidas destinadas a desarrollar la educación doméstica y financiera, lo que implica asignar los medios necesarios al respecto.

1.13 Finalmente, pone de relieve que el control del endeudamiento requiere el respeto de las normas. En este sentido, recuerda que apoya el concepto de «crédito responsable», idea que implica el empleo de prácticas leales y éticas por parte de distribuidores y contratantes.

2. Introducción

2.1 La Comisión señaló en su «Paquete sobre inversión social» (1) de 2013 que desde el comienzo de la crisis se ha producido un fuerte aumento del número de personas expulsadas y sin hogar, e hizo hincapié en que el sobreendeudamiento es una de las causas de esta situación.

2.2 El fenómeno del sobreendeudamiento se acentuó a comienzos de los años ochenta del siglo pasado, afectando cada vez a más personas de todas las categorías socioprofesionales.

2.3 No se puede seguir considerando el sobreendeudamiento como un problema individual derivado de «los impulsos y las pasiones», puesto que en la actualidad es el reflejo de una crisis social y de sociedad.

2.4 En 2013, el Banco Central Europeo señaló que más de la mitad de la población de la zona del euro tenía deudas con los establecimientos financieros (2).

2.5 Según esta encuesta, el sobreendeudamiento generalmente se produce tras una caída imprevista de ingresos, relacionada sobre todo con la pérdida de un empleo, con una enfermedad, una separación o con el consumo excesivo (3).

2.6 Con la Ley de 31 de diciembre de 1989 relativa a la prevención y a la resolución de las dificultades vinculadas al sobreendeudamiento de particulares y de familias (4), Francia se convirtió en el segundo país europeo que tomó este tipo de medidas, por detrás de Dinamarca, que en 1984 creó un dispositivo completo para la gestión del sobreendeudamiento de particulares.

2.7 El sobreendeudamiento afecta todos los Estados miembros, aunque en diferente medida. Se ha visto acrecentado por la crisis financiera, que ha desestabilizado la economía de numerosos países. Es sumamente importante encontrar un tratamiento, pues todos los actores económicos sufren las consecuencias financieras, ya que las empresas, especialmente las pymes, se ven fragilizadas por los impagos de sus clientes, que se han convertido en insolventes.

2.8 En la actualidad el sobreendeudamiento resulta más preocupante, puesto que afecta a los trabajadores pobres, a los parados, que han acumulado facturas no abonadas de servicios indispensables como la energía, el agua, los seguros y de telefonía, así como retrasos en el pago del alquiler; a personas de clase media a menudo tras un accidente en su vida, así como a jubilados cuya pensión se ha visto reducida por las políticas de austeridad o porque apoyan financieramente a miembros de su familia (5). Se conocen las causas del sobreendeudamiento: el paro, los empleos precarios y determinadas situaciones familiares. Se sabe que los hogares monoparentales son los más afectados. En algunos casos, puede ser resultado de un accidente cotidiano, un divorcio, una separación, un fallecimiento, una enfermedad o una discapacidad que entrañe unos gastos médicos elevados. El coste prohibitivo de las matrículas universitarias en algunos Estados miembros también contribuye sustancialmente al sobreendeudamiento de los jóvenes.

2.9 El reciente aumento del sobreendeudamiento engloba otra categoría sociológica: las personas de clase media que han perdido su empleo y que tienen una carga hipotecaria considerable por su vivienda y sin perspectivas a corto plazo de encontrar un empleo.

2.10 Existe por tanto una gran variedad de categorías de personas afectadas, así como de causas y de consecuencias derivadas del endeudamiento.

2.11 El riesgo de sobreendeudamiento se ve acentuado por la asimetría entre la progresión de los ingresos y la del coste de la vida, relacionada esta última con la evolución de los modos de vida, las políticas nacionales de austeridad y el aumento de los gastos de la vida diaria como la energía, la vivienda, las comunicaciones electrónicas, la telefonía, el transporte o los gastos financieros.

2.12 En muchos de los casos, el sobreendeudamiento también se debe al recurso al crédito en una sociedad de abundancia, fomentado por campañas publicitarias agresivas y engañosas con el objetivo de compensar la falta de ingresos o de adquirir bienes y servicios. En este sentido, cabe destacar que los colectivos vulnerables están «mal endeudados», puesto que no tienen acceso a todas las formas de crédito a causa de su falta de solvencia. Optan por fórmulas que resultan ser las más costosas, como los créditos en efectivo, a menudo vinculados a tarjetas facilitadas por diferentes canales y con tipos muy elevados.

2.13 Es frecuente que este tipo de tarjetas de crédito se ofrezca a domicilio por correo postal e incluya fórmulas del tipo «felicidades, ha ganado un crédito gratuito con reembolso sin gastos», infringiendo todas las normas sobre información y protección de los consumidores. El CESE pide que se regulen estrictamente la duración y el límite de uso de estas tarjetas (6).

2.14 La cuestión de los tipos de interés del crédito hipotecario o del crédito al consumo también merece especial atención. Determinados préstamos se conceden con tipos variables sin limitaciones que pueden evolucionar de forma significativa dependiendo del mercado.

2.15 Puede suceder que, con el pretexto de ofrecer solvencia a los hogares, se concedan préstamos con tipos progresivos que prevean el aumento de los ingresos. Este incremento no se ha producido ya que, debido a la crisis, se ha impuesto en algunos países la limitación de los salarios e incluso su reducción.

2.16 Por otra parte, algunos Estados miembros carecen de normativas que regulen la usura debido a la falta de armonización a nivel europeo.

2.17 Algunas familias endeudadas que deben abonar pagos o reembolsos atrasados sufren un riesgo mayor de exclusión social y podrían verse privadas de servicios básicos o ser expulsadas de su vivienda, sin olvidar los problemas de acceso a la atención sanitaria derivados de esta inseguridad. Por ejemplo, en 2012 fueron desalojados más de 75 000 españoles sobreendeudados, es decir, un 16,7 % más que en 2011 (7).

2.18 A pesar de que existen diferencias puntuales entre Estados miembros, existe cierto consenso sobre las principales causas del sobreendeudamiento. Hay que reconocer que no se dispone de los medios necesarios para evaluar la situación a nivel europeo con la precisión requerida, tal y como se ha señalado en anteriores dictámenes del Comité (8). Tampoco existe un censo europeo. Asimismo, la puesta en marcha de este dispositivo requiere en un primer momento que se alcance un acuerdo sobre la definición de «sobreendeudamiento», así como sobre los criterios y métodos para su análisis.

2.19 El Comité ya ha señalado esta necesidad y se muestra a favor de la puesta en marcha de un Libro Verde en el que se prevean soluciones operativas y la celebración de una consulta electrónica.

2.20 En este sentido, el CESE aboga por la fijación a nivel europeo de una definición operativa común de «sobreendeudamiento», basada en la incapacidad de los consumidores para hacer frente al conjunto de sus deudas, independientemente de la naturaleza de las mismas o de los compromisos del consumidor. De hecho, si no se cuenta con una definición que analice con precisión este fenómeno múltiple, las medidas públicas podrían no tener repercusión alguna.

2.21 El CESE apoya la idea de crear un observatorio europeo del sobreendeudamiento sin gastos presupuestarios adicionales, con el fin de englobar las prácticas nacionales ya existentes y que resulten eficaces.

2.22 Por último, considera que la gestión del sobreendeudamiento debe realizarse cada vez más a través de la educación financiera, herramienta indispensable para el desarrollo de un consumo responsable y controlado.

3. Hacia una definición europea, operativa y común de sobreendeudamiento

3.1 Según un estudio publicado en febrero de 2008 (9) en el que se ofrece una visión general de las definiciones y de las medidas adoptadas a fin de gestionar el sobreendeudamiento en dieciocho Estados miembros y en un país de la Asociación Europea de Libre Comercio (10), no hay consenso sobre la definición de sobreendeudamiento, puesto que los conceptos divergen entre países.

3.2 El endeudamiento es realmente un fenómeno complejo, múltiple y evolutivo, tal y como se señala en un análisis estadístico de 2013 solicitado por la Dirección General de Sanidad y Consumidores de la Comisión Europea (DG SANCO) (11).

3.3 El Consejo de Europa (12) también ha indicado que puede abarcar problemas vinculados al vencimiento de los créditos y los derivados de las dificultades del día a día para pagar las facturas.

3.4 Estas fuentes señalan que, en la mayoría de los casos, la unidad de medida es el hogar. Casi la mitad de las definiciones nacionales hacen referencia a la duración del endeudamiento o a su carácter estructural. La mayoría se refiere a la capacidad de cumplir los compromisos adquiridos.

3.5 Por lo tanto, existen determinados elementos subyacentes comunes que pueden servir como base general.

3.6 El CESE afirma que para elaborar una definición operativa común de sobreendeudamiento deben tenerse en cuenta los siguientes elementos: — el hogar como unidad de medida pertinente para cuantificar el sobreendeudamiento (13); — los compromisos financieros adquiridos, entre los que se incluyen los créditos hipotecarios, el crédito al consumo, las facturas de telefonía, de comunicación electrónica y de servicios básicos (agua, calefacción, electricidad, salud, etc.), los alquileres y los gastos comunes (alimentación, transporte, escolaridad, etc.); — los compromisos informales adquiridos por la familia o la comunidad. El CESE insiste en que se tenga en cuenta este criterio, puesto que representa un dato cada vez más importante para el fenómeno del sobreendeudamiento; — la incapacidad de pago. El hogar endeudado no puede hacer frente a sus gastos corrientes, así como a aquellos vinculados a los compromisos adquiridos y los informales; — el sobreendeudamiento estructural. Se trata de un criterio temporal destinado a cubrir los problemas financieros persistentes y continuados; — un nivel de vida digno. El hogar debe poder respetar los compromisos financieros adquiridos e informales sin reducir sus gastos mínimos vitales para mantener su nivel de vida; — la insolvencia. El hogar no puede solucionar la situación financiera por medio de sus activos financieros y de otro tipo.

4. Prevención del sobreendeudamiento

4.1 Educación financiera y consumo responsable

4.1.1 La disminución del número de casos de sobreendeudamiento no se puede lograr exclusivamente a través de la puesta en marcha de un dispositivo legislativo. Es necesario contar con un enfoque integral. Deben tomarse medidas preventivas a fin de evitar este fenómeno en la medida de lo posible.

4.1.2 La necesidad de una educación financiera surge de manera recurrente en los debates sobre los servicios financieros, pero no se asignan los medios adecuados. Para convencerse de ello basta con comparar las cantidades dedicadas a la publicidad y las dedicadas a la educación financiera.

4.1.3 Entre las medidas que preconiza, el CESE ya ha hecho hincapié en la necesidad de desarrollar la educación para un consumo sostenible (14). Considera que la educación financiera es indispensable, puesto que contribuye a la buena gestión del presupuesto personal y a la prevención del sobreendeudamiento.

4.1.4 El CESE señala que ninguno de los dieciocho Estados miembros anteriormente mencionados dispone de un proveedor único que garantice la educación preventiva. Expresa su deseo de que la Unión Europea ponga en marcha un sistema de educación que esté a la altura de las expectativas.

4.1.5 Pide que se integre la educación financiera en los programas de enseñanza escolar. En este sentido, llama la atención sobre la necesidad de adaptar esta formación a la edad y a los conocimientos de los destinatarios para que responda a sus necesidades.

4.1.6 La Comisión también debería instar a los Estados miembros a diseñar un programa nacional de educación financiera, impartida tanto por personal docente como en el marco de asociaciones públicas/privadas, así como a informar en mayor medida de las herramientas disponibles a escala europea.

4.1.7 El CESE considera que deben reforzarse las campañas de información y de divulgación en materia financiera, pues debe ofrecerse educación a todos los públicos. Opina que los diferentes actores socioeconómicos, las autoridades públicas, las ONG, las federaciones profesionales y las asociaciones de consumidores pueden ocuparse de la organización de dichas campañas. De hecho, se trata de aprovechar la complementariedad de las diferentes fuentes de información para el interés general. Además, determinados países reconocen la necesidad de esta información, por lo que han puesto en marcha programas a disposición de los ciudadanos.

4.1.8 También considera importante que las personas que así lo deseen puedan acceder con facilidad y durante toda su vida a información, asesoramiento y asistencia para la gestión presupuestaria, o para solventar las dificultades que puedan surgir con su entidad de crédito, así como con su proveedor de servicios o con una administración. En este sentido, cree que conviene mantener y fomentar el trabajo que han realizado hasta el momento las asociaciones de consumidores, cercanas al público, que ofrecen ayuda mediante la organización de reuniones informativas, así como seguimiento y asistencia gratuitos a las personas afectadas.

4.1.9 Por último, el control del endeudamiento únicamente puede lograrse respetando las normas, tanto en la teoría como en la práctica, en lo relativo al crédito al consumo, al crédito hipotecario y a las prácticas comerciales desleales (cláusulas abusivas, publicidad engañosa, captación agresiva) (15).

4.2 Prevenir el sobreendeudamiento favoreciendo el préstamo responsable e imponiendo sanciones disuasorias en caso de incumplimiento de las obligaciones de información que tienen los profesionales

4.2.1 El comportamiento responsable de los profesionales debe ejercerse ya en las ofertas y la publicidad que difunden, así como en el asesoramiento y las explicaciones que facilitan a los consumidores en el momento de la suscripción de los créditos. Para ello es necesario un enfoque personalizado, por lo que es de lamentar que no sea la práctica habitual en la actualidad, a pesar de la legislación vigente y de los códigos de conducta existentes en la mayoría de los países. La transparencia sobre los productos, especialmente cuanto se trata de préstamos suscritos en moneda extranjera, sus riesgos para las personas que avalan los préstamos o para los cónyuges que indirectamente asumen un compromiso y la claridad de la información deben convertirse en la norma, independientemente del soporte empleado.

4.2.2 El CESE defiende el concepto de «crédito responsable», en el sentido de que permite que los cocontratantes se responsabilicen al respecto (16). El control de la concesión de créditos por medio de registros va en esta dirección.

4.2.3 En este contexto sensible, el CESE opina que debe prestarse especial atención al tratamiento de los datos personales.

4.3 Evitar el sobreendeudamiento mediante la regulación del crédito y el sector profesional del crédito a los particulares

4.3.1 La Directiva 2008/48/CE relativa a los contratos de crédito al consumo (17) prevé que los Estados miembros impongan a las entidades acreedoras o a los intermediarios de crédito la obligación de informar claramente al consumidor en la publicidad ofrecida, poniendo a su disposición elementos de comparación, y fija los datos financieros principales que deben figurar en el contrato.

4.3.2 Esta Directiva, basada en la información al consumidor, no resulta suficiente para evitar el sobreendeudamiento.

4.3.3 Una legislación eficaz en este ámbito debe prever medidas educativas para los profesionales y los consumidores.

4.3.4 De este modo, algunos Estados miembros van más allá de esta Directiva y prevén que el contrato de crédito al consumo debe alertar al consumidor de determinados abusos, o recordarle su derecho a recibir un plan de amortización detallado.

4.3.5 El CESE pide una legislación de la Unión más decidida y ambiciosa que la Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (18), con el objetivo de prohibir determinadas formas de publicidad engañosas y abusivas, especialmente las destinadas a consumidores vulnerables o que ya son incapaces de reembolsar sus deudas (19).

4.4 Lucha contra la usura

4.4.1 Los consumidores europeos gozarían de una mayor protección si existiera un marco europeo para la usura. El mecanismo esencial de lucha contra la usura consiste en la fijación de un tipo de interés máximo para el coste total del crédito, que englobe todos los intereses y los costes vinculados al contrato de crédito expresados de forma porcentual. De conformidad con el método de la tasa anual efectiva global (TAEG), el límite variaría en función del tipo de crédito y de la cantidad del préstamo.

4.4.2 El contexto europeo es muy heterogéneo en este ámbito (20).

4.4.3 Como norma general, existen salvaguardias para los créditos concedidos a los particulares, aunque determinados países han liberalizado totalmente sus regímenes de usura para los créditos a empresas. Francia e Italia son la única excepción.

4.4.4 En la mayor parte de los países, el control de los tipos de interés no se basa en la legislación, sino en la jurisprudencia. Este es el caso del Reino Unido y de España.

4.4.5 En Alemania, los tribunales evalúan la usura en función de las medias del mercado que publica mensualmente el Bundesbank para los diferentes tipos de crédito. Se considera que la desviación es excesiva cuando supera el doble de lo fijado en el mercado.

4.4.6 Al igual que Francia, Italia cuenta con una ley que regula los tipos de interés y en este país se reevalúa el tipo de interés usurario de forma trimestral. No obstante, se considera que un tipo de interés es abusivo si supera el 50 % del tipo medio que aplican los bancos.

5. Gestión del sobreendeudamiento

5.1 Numerosos Estados miembros han puesto en marcha procedimientos jurídicos para frenar el sobreendeudamiento. A pesar de que no existen estudios de legislaciones comparadas o estadísticas relativas al conjunto de los veintiocho Estados miembros, los datos disponibles indican que el objetivo general de la gestión del sobreendeudamiento es ofrecer a los hogares una solución para evitar la exclusión social y permitirles, cuando sea posible, reembolsar sus deudas en la medida en la que así lo permita su capacidad contributiva. Determinados dispositivos prevén que podría realizarse una cancelación parcial o total de las deudas en situaciones realmente comprometidas para las personas endeudadas y con el objetivo de ofrecerles una segunda oportunidad.

5.2 El Derecho en materia de insolvencia de las empresas, sobre el que el CESE emitió un dictamen, ofrece un ejemplo interesante a este respecto (21).

5.3 La mayoría de los países europeos han puesto en marcha procedimientos judiciales de gestión del sobreendeudamiento que difieren en cuanto a la naturaleza, a las condiciones de acceso y al objeto de las deudas.

5.3.1 Todos estos procedimientos recogen la posibilidad de que el juez imponga un plan de liquidación a las personas endeudadas y a sus acreedores. La decisión suele venir precedida de una fase «amistosa» en la que se busca llegar a un acuerdo entre las diferentes partes para un proyecto que, en caso de que resulte satisfactorio, dé lugar a la homologación del plan por el juez (22).

5.3.2 Paralelamente a la intervención del juez, estos procesos pueden incluir el nombramiento de un administrador judicial (el mediador de la deuda en el caso de Bélgica y el fiduciario en los Países Bajos), encargado de recibir las declaraciones de crédito, verificarlas, investigar las condiciones de vida y la situación del patrimonio de las personas endeudadas, definir cuando proceda los ingresos necesarios para permitir a esas personas asumir sus gastos corrientes, mantener el excedente de ingresos destinado al pago de la deuda, vender algunos de sus bienes, elaborar un proyecto de plan de liquidación y controlar la ejecución del mismo y la fidelidad de las personas sobreendeudadas (23).

5.3.3 A este respecto, el CESE insiste en la necesidad de establecer a escala europea que determinados bienes vitales nunca puedan ser embargados ni vendidos a precios irrisorios.

5.3.4 El inicio de estos procedimientos implica en la mayoría de los casos la imposibilidad de que los acreedores ordinarios puedan llevar a cabo procesos judiciales a nivel individual para embargar los bienes o ingresos de los beneficiarios. Naturalmente, estos no pueden seguir endeudándose, pues ello implicaría que no pueden recurrir al procedimiento de liquidación.

5.3.5 El Comité considera que la unificación de estos procedimientos iría en beneficio de la protección del consumidor frente al riesgo de exclusión social, siempre y cuando sean rápidos, simples y gratuitos para los deudores que se encuentran en principio en una situación delicada.

5.3.6 Por otra parte, la suspensión de los procedimientos judiciales debe comunicarse desde el comienzo del procedimiento, a fin de evitar la presión ejercida por los acreedores.

5.3.7 El CESE llama la atención sobre la necesidad de establecer una fase de verificación de los créditos para que se respeten los derechos de las diferentes partes.

5.3.8 Señala que, en algunos países, la decisión sobre el futuro de la vivienda principal se toma de forma independiente para evitar la expulsión de las familias de su domicilio. Acoge con satisfacción esta medida y considera que debe aplicarse de forma sistemática con el objetivo de evitar la exclusión social de las familias, lo que debe constituir un objetivo primordial en interés de la sociedad.

5.3.9 Recomienda que se prevea la cancelación parcial o total de la deuda para los casos más graves con el fin de evitar el riesgo de exclusión social.

5.3.10 El Comité considera que recurrir a un procedimiento de gestión del sobreendeudamiento no debe conllevar la exclusión de los servicios bancarios esenciales, puesto que resultan indispensables para la vida económica y social.

5.3.11 El CESE insiste en los medios facilitados para el funcionamiento de estos dispositivos permitan tratar las situaciones de forma personalizada. En este sentido, considera oportuno establecer sistemas de seguimiento para las personas que lo consideren necesario.

6. Garantizar un nivel de protección elevado para el consumidor y contribuir a la consolidación del mercado único

6.1 El CESE considera que, para lograr este objetivo, debe instaurarse en todos los Estados miembros un procedimiento uniforme, que se base en la Carta de los Derechos Fundamentales, en el artículo 114 del TFUE o en el artículo 81 del TFUE, de conformidad con los principios generales que la Comisión podría proponer en una directiva que responda a las siguientes reflexiones para un mercado interior más unificado.

6.2 El CESE hace hincapié en que varios de los elementos de reflexión sugeridos ya son una realidad en algunos Estados miembros y que se verían beneficiados si se generalizaran.

6.3 Dispositivos de acogida para los endeudados

6.3.1 El asesoramiento en materia de servicios financieros y de consumo, la obligación de asesoramiento que tienen las entidades bancarias y crediticias, así como la ayuda a la gestión del presupuesto, suelen ser insuficientes o inadecuadas para las personas endeudadas. Por lo tanto, las autoridades públicas nacionales deben poner a disposición de las personas con dificultades servicios de ayuda social capaces de ofrecerles, si lo desean, ayuda inmediata, o asistencia jurídica gratuita. A este respecto, los Estados miembros podrían apoyar y dar carácter oficial a la labor de asistencia jurídica que desempeñan las organizaciones de defensa de los consumidores.

6.3.2 Pueden establecerse ayudas sociales para las situaciones de endeudamiento más graves, a fin de cubrir el consumo de electricidad y gas, los gastos de alojamiento, de alimentación y de salud y el pago a los acreedores de la totalidad o de parte de las deudas.

6.3.3 Asimismo, debe ponerse en marcha un dispositivo destinado a analizar en detalle la situación de las personas, verificar la legalidad de las cantidades que se reclamen, negociar con sus acreedores un plan de liquidación o preparar otras soluciones, como un procedimiento judicial, así como informales sobre sus derechos y deberes.

7. Observatorio europeo del sobreendeudamiento

7.1 El CESE ya propuso la posibilidad de crear un observatorio europeo del sobreendeudamiento sin coste presupuestario adicional. Este dispositivo se basaría en los sistemas nacionales existentes y debería permitir paliar la falta actual de estadísticas fiables, contar con un análisis profundo del origen del sobreendeudamiento y del tipo de personas afectadas, comparar las situaciones existentes entre los Estados miembros y las medidas propuestas para corregirlas, así como registrar la evolución de este fenómeno.

7.2 El observatorio podría completarse con una red de intercambios abierta a todas las personas interesadas y en la que pudiera entablarse un diálogo sobre buenas prácticas.

7.3 En efecto, la lucha contra el sobreendeudamiento de los consumidores y la prevención de la exclusión social son un enfoque holístico. Este fenómeno no puede combatirse de manera eficaz con medidas aisladas y no coordinadas a escala europea. Resulta indispensable que los consumidores, las administraciones públicas y las empresas cooperen en mayor grado, a fin de poner en marcha métodos más creativos y eficaces.

7.4 El observatorio podría estar compuesto por servicios centrados en los siguientes temas: recogida de datos, marcos jurídicos existentes y medidas de sensibilización y educación.

7.5 Los miembros del observatorio procederían de los sectores público y privado. El sector privado podría estar representado por miembros de asociaciones profesionales y de consumidores nacionales y europeas, procedentes de distintos sectores económicos y zonas geográficas y comprometidos en la lucha contra el sobreendeudamiento. Participarían activamente en el trabajo de los servicios del observatorio, eventualmente dentro de grupos de trabajo especializados.

7.6 El sector público estaría representado por expertos nacionales nombrados por los Estados miembros, que tuvieran vínculos con el sector privado y contaran con experiencia en el ámbito del sobreendeudamiento y la protección de los consumidores. Los representantes nacionales también deberían tener experiencia en el ámbito de la sensibilización de la opinión pública.

Bruselas, 29 de abril de 2014. El Presidente del Comité Económico y Social Europeo Henri MALOSSE

(1) COM(2013) 83 final; dictamen del CESE DO C 271 de 19.9.2013, p. 91).

(2) Banco Central Europeo, 2013. Encuesta del Eurosistema sobre la situación financiera y el consumo de los hogares: resultados de la primera ola, Statistics Paper Series, abril de 2013, pp. 57-71.

(3) Eurofound 2013, Household over-indebtedness in the EU: The role of informal debts, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.

(4) Nota de síntesis del Senado: «Le traitement du surendettement», Servicio de Asuntos Europeos, abril de 1998.

(5) Eurofound 2013, op. cit.

(6) DO C 18 de 19.1.2011, p. 24.

(7) L'Expansion.com avec AFP, publicado el 22.3.2013.

(8) DO C 44 de 16.2.2008, p. 74.

(9) Towards a common operational European definition of over-indebtedness, estudio realizado por el OEE (Observatoire de l’Epargne européenne), el CEPS (Centro de Estudios Políticos Europeos) y el PFRC (Personal Finance Research Centre de la Universidad de Bristol) para la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea.

(10) Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, Polonia, Portugal, la República Checa, el Reino Unido, Suecia y Noruega.

(11) The over-indebtedness of European households: updated mapping of the situation, nature and causes, effects and initiatives for alleviating its impact. Civic Consulting of the Consumer Policy Evaluation Consortium (CPEC). 17.01.2013

(12) Recomendación Rec(2007)8 del Consejo de Ministros a los Estados miembros sobre soluciones jurídicas a los problemas de endeudamiento. Consejo de Europa, 20. 6.2007.

(13) Esta definición procede de la metodología del Sistema Europeo de Cuentas ESA 95.

(14) DO C 318 de 29.10.2011, p. 24.

(15) Estos elementos aparecen recogidos en la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores DO L 304 de 22.11.2011, p. 64.

(16) DO C 44 du 16.2.2008, p. 74 y DO C 318 du 29.10.2011, p. 24.

(17) DO L 133 de 22.05.2008, p. 66.

(18) DO L 376 de 27.12.2006, p. 21.

(19) Son los casos de publicidad de «créditos gratuitos», «incluso si existe un procedimiento contencioso» o «incluso si ya está registrado en el banco nacional», aquellos que incitan al «agrupamiento» de los créditos anteriormente firmados, o que insisten en la facilidad o en la rapidez con la que podrían concederse los créditos.

(20) Artículo L313-3 del Code de la Consommation. En Francia, la usura es un delito sancionable con dos años de cárcel y con una multa de 45 000 EUR, o con solo una de estas dos penas. Además, los cobros excesivos deben reembolsarse para compensar el capital del crédito. Si este ya se hubiera devuelto en el tiempo transcurrido, la entidad acreedora debe reembolsar la cantidad cobrada indebidamente y con intereses. Cada tipo de financiación tiene un tipo de interés usurario. El Banco de Francia fija este tipo trimestralmente y, a continuación, lo publica en el Diario Oficial.

(21) DO C 271 de 19.9.2013, p. 55.

(22) Se integra en el procedimiento propiamente dicho tras la decisión judicial de admisión de este procedimiento (Francia, Bélgica), o constituye una condición previa obligatoria para el mismo sin formar parte de él (los Países Bajos).

(23) En determinadas ocasiones no existe esta función supervisora, pero la administración lleva a cabo parte de las tareas aquí recogidas (en Francia, la Commission départementale).