[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 05.01.2006

COM(2005) 685 final

2005/0265 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre el ejercicio de los derechos de voto por parte de los accionistas de sociedades que tengan su sede social en un Estado miembro y cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado, por la que se modifica la Directiva 2004/109/CE

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

Contexto

La participación de los accionistas es una condición previa esencial para una gobernanza empresarial efectiva. Sin embargo, los ciudadanos de la UE que poseen acciones en sociedades con cotización en bolsas situadas en otro Estado miembro tienen a menudo grandes problemas cuando desean ejercer los derechos de voto vinculados a esas acciones y a veces incluso encuentran obstáculos que hacen que votar les resulte prácticamente imposible. Hoy en día, los inversores mantienen generalmente sus acciones en cuentas abiertas con los intermediarios de valores que, a su vez, tienen cuentas con otros intermediarios de valores y depositarios de valores centrales en otras jurisdicciones. El marco jurídico del que emanan los derechos de los accionistas en los Estados miembros no siempre se adapta completamente a esta forma moderna de depósitos intermedios. Por ello, las cadenas transfronterizas de intermediarios no sólo dificultan el proceso de comunicación entre emisores y accionistas, sino también el proceso de votación.

El alcance de este problema ha aumentado perceptiblemente estos últimos años y sigue aumentando a medida que aumenta la naturaleza transfronteriza de la inversión en valores, lo cual se ve estimulado por la tendencia hacia la creación de mercados financieros integrados en Europa y en todo el mundo. El aumento del porcentaje de la propiedad de las acciones por inversores extranjeros ya está planteando la amenaza de las empresas con cotización en bolsa de la UE cuya propiedad corresponde a una base accionarial pasiva. Por otra parte, los obstáculos legales existentes para la votación transfronteriza impiden a los pequeños accionistas transfronterizos individuales que desean ejercer sus derechos de voto utilizar medios que les permitan hacerlo de forma económica y sencilla.

En su "Plan de acción para la modernización del Derecho de sociedades y la mejora de la gobernanza empresarial en la Unión Europea" , la Comisión consideró, por lo tanto, que es necesario facilitar el ejercicio transfronterizo de los derechos de los accionistas. Se reconocía no sólo que el acceso a las juntas generales y otros derechos relacionados con las juntas generales deberían estar abiertos a los accionistas independientemente de su país de residencia en la UE, sino también que deberían solucionarse algunos problemas específicos relativos a la votación transfronteriza.

Las normas existentes en la UE no bastan para lograr este objetivo. El artículo 17 de la Directiva sobre la transparencia [1] exige que los emisores faciliten determinada información y documentos relevantes para las juntas generales. Sin embargo, esta información y documentos deben estar disponibles en el Estado miembro de origen del emisor, y el artículo 17 no menciona cuándo y cómo deben hacerse disponibles. Como consecuencia de ello, la disposición general que figura en el artículo 17 de la Directiva sobre la transparencia no aborda las dificultades específicas de los accionistas no residentes para obtener acceso a la información antes de la junta general. Además, la Directiva sobre la transparencia se centra en la información que los emisores tienen que revelar al mercado y no trata, por lo tanto, sobre el propio proceso de votación de los accionistas.

De septiembre a diciembre de 2004 y de mayo a julio de 2005 la Dirección General de Mercado Interior y Servicios realizó dos consultas públicas sobre el aumento de los derechos de los accionistas, especialmente en un contexto transfronterizo. El objetivo de estas consultas era conocer las opiniones de las partes interesadas sobre los principales obstáculos para la votación transfronteriza y sobre los posibles estándares mínimos que la Comisión podía proponer en este ámbito. Ambas consultas solicitaban un considerable número de respuestas de los participantes en el mercado de todos los grupos de interés, los cuales mostraron un importante apoyo a las medidas cuyo debate se planteaba.

Objetivos de la presente iniciativa

De las pruebas empíricas y de las respuestas a las consultas públicas se deduce que los principales obstáculos para la votación transfronteriza por parte de los inversores son los siguientes, por orden de importancia: la exigencia de bloquear acciones antes de una junta general (incluso cuando no afecta a la negociación de acciones durante ese período), el acceso difícil y tardío a la información que resulta pertinente para la junta general y la complejidad de la votación transfronteriza, en especial el voto mediante representación. El bloqueo de las acciones y la complejidad del voto mediante representación también tienen una repercusión considerable sobre los costes de la votación transfronteriza.

La supresión de los obstáculos existentes que obstaculizan el proceso de votación exige que se modifiquen las legislaciones nacionales pertinentes. El tipo de instrumento más apropiado parece ser una directiva con la que se trate de suprimir los principales obstáculos para el proceso de votación transfronteriza que se centre en derechos selectos de los accionistas en la junta general, si se quiere lograr una simplificación efectiva del proceso de votación transfronteriza y reducir las disparidades entre Estados miembros. Otros asuntos tratados en las consultas públicas, que están indirectamente relacionados con el ejercicio de los derechos de voto, como son los préstamos de valores, los certificados de depósito o las normas que rigen las lenguas, podrían formar parte de una recomendación de la Comisión.

La presente propuesta de Directiva persigue, por lo tanto, los siguientes objetivos:

1. Garantizar que todas las juntas generales se convoquen con suficiente antelación y que todos los documentos que deben presentarse a la junta general estén disponibles a tiempo para permitir a todos los accionistas, con independencia de su lugar de residencia, adoptar una decisión razonada y emitir sus votos a tiempo.

2. Suprimir todas las formas de bloqueo de acciones. Éstas deberían ser sustituidas por un sistema de registro de fechas para determinar el derecho de un accionista a participar y votar en una junta general.

3. Retirar todos los obstáculos legales para la participación electrónica en juntas generales . Cuando el emisor decide poner medios electrónicos a disposición de sus accionistas, éstos facilitan mucho que los accionistas participen activamente en la junta. Sin embargo, la tecnología no está suficientemente avanzada para permitir la participación electrónica activa en todos los casos con las garantías de seguridad necesarias, y estos instrumentos son costosas de introducir. Por lo tanto, los emisores no deberán verse obligados a ofrecer esta posibilidad a sus accionistas.

4. Ofrecer a los accionistas no residentes medios sencillos para votar sin tener que asistir a la junta (voto mediante representación, in absentia y por medio de instrucciones).

Comentarios sobre artículos concretos

Capítulo I: Disposiciones generales

Artículo 1 - Objeto y ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación está limitado a los emisores de acciones, teniendo en cuenta el objetivo de la Directiva de facilitar el ejercicio de los derechos de voto de los accionistas en las juntas generales. La definición incluye también a las sociedades europeas (SE) que, con arreglo al artículo 10 del Estatuto de la Sociedad Europea[2], son tratadas como sociedades anónimas constituidas con arreglo a la legislación del Estado miembro donde tiene su sede la SE.

En el apartado 2 figura la opción por parte del Estado miembro a eximir a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, teniendo en cuenta el hecho de que en otros documentos se establecen requisitos específicos[3]. Cuando se utiliza esta opción la redacción propuesta excluye la posibilidad de tratar a los OICVM como emisores a efectos de la presente Directiva pero no impide que se beneficien de las disposiciones en su papel como accionistas de otras sociedades.

Artículo 2 - Definiciones

La definición de accionistas que figura en la letra c) sólo recoge la redacción de los incisos i) y ii) del artículo 2, apartado 1, letra e de la Directiva sobre la transparencia y excluye por lo tanto de su ámbito de aplicación a los tenedores de certificados de depósito. Aunque los inversores en certificados de depósito deberían en principio tener también derecho a determinar cómo deben votarse las acciones subyacentes, la inclusión de los tenedores de certificados en la definición no debería, por sí misma, producir necesariamente ese resultado ya que los certificados, en la práctica, los tienen a menudo los depositarios y no los inversores. Además, el contenido de los acuerdos de emisión sobre certificados de depósito varía en lo referente a los derechos de voto y estas diferencias en general también repercuten en el precio de los recibos. Así pues, parece más apropiado tratar este problema en el contexto de una recomendación independiente que podrá tener en cuenta las especificidades de este instrumento.

En la letra d) figura una definición del término "representación" ( proxy ) que no tiene actualmente un significado idéntico en todos los Estados miembros. En algunos Estados miembros, una representación se limita al ejercicio del derecho de voto de modo que, para representaciones más amplias, se utiliza un poder ( power of attorney ). En otros, la representación puede incluir potencialmente todos los derechos del accionista en la junta general. La propuesta opta por esta última alternativa. La persona autorizada mediante una representación (que, en la práctica, a menudo también se llama la “representación”) es denominada en el texto de la Directiva "representante" (véase la propuesta de artículo 10).

Artículo 3 –Requisitos nacionales más rigurosos

Esta Directiva es una directiva de armonización mínima. Introduce las normas mínimas que garanticen a los accionistas el acceso a su debido tiempo a la información completa relacionada con las juntas generales y la simplificación de las modalidades de voto cuando no se asiste a la junta general. Se da libertad a los Estados miembros para mantener o introducir las disposiciones que resulten más favorables a los accionistas.

Artículo 4 - Igualdad de trato a los accionistas

Este artículo recoge el principio general que figura en el artículo 17, apartado 1 de la Directiva sobre la transparencia y lo aplica a los derechos de los accionistas que figuran en esta propuesta de Directiva.

Capítulo II: Juntas generales de accionistas

Artículo 5 – Notificación de junta general

El artículo 5 impone al emisor la obligación de enviar al destinatario la notificación de la junta en la que se anuncia que se va a celebrar la junta y en la que figura la información básica relacionada con ella. Con arreglo a los mecanismos utilizados actualmente, en el caso de acciones al portador, el destinatario sería normalmente el depositario central de los valores y, en el caso de acciones registradas, el accionista registrado. Los destinatarios y el inversor situados en una escala más baja de la cadena podrán de este modo obtener la información adicional que figura en el apartado 3 de las fuentes indicadas en la notificación de junta.

Artículo 6 – Derecho a incluir puntos en el orden del día de las juntas generales y a presentar proyectos de resolución

El derecho a añadir puntos al orden del día y a presentar proyectos de resolución permite a los accionistas influir decisivamente en las juntas generales. Este derecho está generalmente reservado a los accionistas que poseen un porcentaje o un número mínimo de acciones. Algunos de los umbrales existentes son demasiado elevados. Este artículo confirma, por lo tanto, el derecho a añadir puntos al orden del día y a presentar proyectos de resolución como principio (apartado 1), e introduce umbrales máximos a escala de la UE. Estos umbrales han sido determinados con objeto de bajar los actualmente aplicables en algunos Estados miembros. Sin embargo, cuando los umbrales que figuran en las legislaciones nacionales sean ya más bajos que los propuestos en la Directiva obviamente no debe entenderse que se incita a estos Estados miembros a aumentarlos, dado que el artículo 6 es una disposición de armonización mínima. Asimismo, el artículo establece que el orden del día modificado y las nuevas resoluciones deben distribuirse a los accionistas. Esto implica que se añadan los puntos en el orden del día y los proyectos de resolución se presenten con suficiente antelación a la junta general. La determinación del plazo pertinente se deja, no obstante, a los Estados miembros.

Artículo 7 - Admisión a la junta general

El apartado 1 establece la prohibición de toda forma de bloqueo de acciones. El bloqueo de acciones disuade a los inversores de votar porque impide que vendan sus acciones durante varios días antes de la junta general. El riesgo financiero asociado a ese período de bloqueo es muy alto por las posibles fluctuaciones que pudieran producirse en el mercado durante el período de bloqueo. La experiencia demuestra asimismo que los acuerdos de bloqueo de acciones en los que se permite disponer de las acciones durante el período de bloqueo, reconciliando posteriormente acciones y votos, no son una solución satisfactoria. Una de las razones es que el sistema no es comprendido por los inversores, que a menudo desconocen la posibilidad de disponer de sus acciones durante el período de bloqueo. Además, el procedimiento de reconciliación, que es enrevesado, no está exento del riesgo de errores que pueden influir en el recuento de votos.

El apartado 2 permite a los Estados miembros introducir un sistema basado en la fecha de registro como requisito al que puede estar condicionado el acceso a la junta general. Los diferentes procesos para preparar las juntas generales y las necesidades consiguientes en términos de tiempo difieren considerablemente de un Estado miembro a otro; por ello, no parece oportuno introducir una fecha de registro uniforme para toda la UE. El apartado 3 permite, por lo tanto, al Derecho nacional determinar esa fecha en un plazo máximo de 30 días naturales antes de la junta general, así como establecer los detalles del procedimiento. Sin embargo, para evitar que algunos accionistas se vean imposibilitados en la práctica a participar y votar, queda claro que no pueden imponerse ni en la legislación nacional ni en los estatutos sociales unos requisitos formales excesivos para demostrar la propiedad.

Artículo 8 - Participación en la junta general por medios electrónicos

Este artículo establece que deben suprimirse todos los obstáculos para la participación electrónica. Sin embargo, los requisitos relativos a la identificación de los accionistas y a la seguridad de la comunicación electrónica no pueden considerarse como barreras a la participación electrónica, siempre que sean proporcionados a su objetivo.

Artículo 9 – Derecho a hacer preguntas

Los accionistas deberán poder hacer preguntas a la dirección en las juntas generales, que son el principal foro en el que los accionistas pueden ejercer sus derechos y expresarse. Además, el derecho a hacer preguntas estaría exento de contenido real si no existiera la obligación correspondiente por parte del emisor de contestar a las preguntas, supeditado a las medidas necesarias para garantizar el buen orden de la junta, la confidencialidad o la protección de los intereses empresariales. La respuesta no resulta necesaria si el accionista puede obtener fácilmente la información pertinente porque el emisor la ha puesto a disposición en forma de "respuestas a preguntas frecuentes", por ejemplo en su sitio Internet. En un contexto transfronterizo, debería ser posible hacer preguntas a distancia, por ejemplo al menos por correo, y no debería haber ningún obstáculo para el uso de medios electrónicos. Todas las respuestas a preguntas deben ponerse fácilmente a disposición de todos los accionistas, con independencia de su residencia, y esto puede lograrse en especial publicándolas en el sitio Internet del emisor.

Artículo 10 - Voto mediante representación

La finalidad del apartado 1 es suprimir todas las limitaciones existentes sobre las personas que pueden tener una representación, con excepción del requisito de que la persona que cuente con dicha representación debe tener capacidad jurídica para ello. Los Estados miembros que no imponen estas restricciones no han experimentado ninguna consecuencia adversa en las juntas generales como consecuencia de ello. Sin embargo, pueden justificarse algunas limitaciones cuando el representante está en una situación que dé lugar a un conflicto de intereses. En esos casos, los Estados miembros pueden decidir que la designación de estos representantes debe hacerse supeditándola a la emisión de instrucciones de voto formales.

Para el buen desarrollo de las juntas generales, el apartado 2 establece que un accionista sólo puede conceder una representación para todo su derecho de voto. Sin embargo, una persona que actúe como representante deberá poder serlo de más de un accionista. Por lo tanto, los representantes que actúen en nombre de varios accionistas deberán poder emitir votos diferentes para cualquier resolución, con arreglo a las instrucciones de voto que hayan recibido de los diversos accionistas, que pueden diferir entre sí.

El apartado 3 deja claro que los representantes deben en principio tener los mismos derechos de los que gozaría el accionista en relación con la junta general. Esto debería limitarse, sin embargo, a los representantes que actúen en nombre de un accionista o de varios accionistas con instrucciones de voto idénticas. Un representante que represente a varios accionistas con instrucciones de voto divergentes debe confinar su papel a la votación.

Artículo 11 - Designación de representante

El artículo 11 prohíbe los requisitos formales, las concesiones de representación y la emisión de instrucciones de representación que resulten indebidamente enrevesados. No obstante, los emisores necesitan estar suficientemente seguros sobre la identidad del accionista y del representante. Los Estados miembros tienen, por lo tanto, la posibilidad de imponer requisitos o de permitir a los emisores imponer requisitos en lo referente a las identidades del accionista y del representante, siempre que no sean desproporcionadas.

Artículo 12 - Votación in absentia

Cuando los accionistas poseen acciones registradas y son conocidos para la empresa, la manera más fácil y más barata de emitir votos sigue siendo el voto postal. Estos accionistas, por lo tanto, deberán tener esa posibilidad. Los emisores deben tener libertad para ofrecer además la posibilidad de votar electrónicamente, ya sea a través de Internet o por otros medios.

Artículo 1 3 - Votación siguiendo instrucciones

El apartado 1 establece el derecho de las personas o entidades que mantienen acciones en el curso de la actividad empresarial en nombre de los inversores a mantener dichas acciones en cuentas individuales o combinadas. Las cuentas individuales son más transparentes y permiten el seguimiento de los votos, pero son más costosas de mantener que las cuentas combinadas, en las que se reúnen las acciones de varios clientes. Debe persistir la posibilidad de elegir entre cuentas individuales y combinadas porque ambos tipos de cuentas van destinados a diferentes tipos de inversores. En especial, las cuentas colectivas pueden resultar más atractivas para los inversores individuales por razones de coste.

El apartado 2 explica que, en el caso de las cuentas combinadas, la emisión de votos no puede supeditarse a los denominados requisitos de nuevo registro, es decir el requisito de que el intermediario segregue temporalmente a cada uno de sus inversores con respecto al depositario central antes de la junta general para poder ejercer los derechos de voto vinculados a las acciones pertinentes. Este procedimiento, que existe en algunos Estados miembros, es largo y costoso.

El apartado 3 garantiza que las personas o entidades mencionadas en el apartado 1 tengan la posibilidad de ejercer los derechos de voto correspondientes a las acciones pertinentes si los inversores les han dado instrucciones de voto. Éste no es actualmente el caso en todos los ordenamientos jurídicos. Los intermediarios financieros tienen que mantener pruebas de estas instrucciones durante un período mínimo, por si acaso surgieran conflictos en relación con los votos.

El apartado 4 ofrece el derecho a las personas o entidades que mantienen acciones del mismo emisor en una cuenta colectiva a nombre de varios inversores, a dividir los votos según las instrucciones de voto que los inversores les hayan comunicado.

El apartado 5 establece que cuando la persona o entidad esté registrada como accionista por cuenta de diversos inversores deberá tener la posibilidad de emitir representaciones para cada uno de estos inversores o para las personas designadas por ellos. Se trata de una derogación de la norma general establecida en el artículo 10, apartado 1.

Artículo 1 4 - Recuento de votos

Este artículo establece que todos los votos emitidos para cualquier resolución deben tenerse en cuenta en el recuento de los votos. Esto es importante para asegurarse de que los resultados de la votación hagan que los deseos expresados por los accionistas sean completamente transparentes. También resulta necesario para los inversores que necesitan tener garantías de que sus votos hayan sido realmente tenidos en cuenta por la sociedad.

Artículo 1 5 - Información tras la junta general

Los resultados de las votaciones se dan a menudo en la junta general. Pero los accionistas, especialmente los accionistas no residentes, que no asistan a la junta general también deben tener acceso a esos resultados. Esto puede lograrse, sin ningún coste específico para los emisores, si se publican los resultados de las votaciones en los sitios Internet de los emisores.

Capítulo III : Disposiciones finales

Artículo 17 - Modificaciones

El artículo 17 establece una adaptación del artículo 17 de la Directiva sobre la transparencia para evitar la duplicación de disposiciones con el mismo objeto. Por ello, las partes del artículo que también se tratan en la presente propuesta (anterior apartado 2 a) y b)) se han suprimido en el nuevo artículo 17. El artículo, sin embargo, no deberá derogarse en su totalidad ya que no sólo se ocupa de la información que debe proporcionarse en el contexto de las juntas generales sino también, de manera más amplia, de toda la información que debe ponerse a disposición de los accionistas y personas mencionados en el artículo 10 de la Directiva sobre la transparencia.

2005/0265 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre el ejercicio de los derechos de voto por parte de los accionistas de sociedades que tengan su sede social en un Estado miembro y cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado, por la que se modifica la Directiva 2004/109/CE

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión[4],

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[5],

Visto el dictamen del Comité de las Regiones[6],

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado[7],

Considerando lo siguiente:

5. En su Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo “Modernización del Derecho de sociedades y mejora de la gobernanza empresarial en la Unión Europea - Un plan para avanzar” de 21 de mayo de 2003[8], la Comisión indicó que debían adoptarse nuevas iniciativas adaptadas con objeto de aumentar los derechos de los accionistas en las sociedades con cotización en bolsa y que los problemas relativos a la votación transfronteriza debían solucionarse urgentemente.

6. En su Resolución de 21 de abril de 2004[9], el Parlamento Europeo expresó su apoyo para que la intención de la Comisión de consolidar los derechos de los accionistas, en especial a través de la ampliación de las normas sobre transparencia, derechos de voto mediante representación, la posibilidad de participar en juntas generales por medios electrónicos y de garantizar que puedan ejercerse los derechos de voto transfronterizos.

7. Los tenedores de acciones con derechos de voto deberán poder ejercer estos derechos dado que se reflejan en el precio que hay que pagar al adquirir las acciones. Además, el control efectivo de los accionistas es un requisito previo para una sana gobernanza empresarial y debería, por lo tanto, facilitarse y fomentarse. Resulta, por lo tanto, necesario adoptar medidas para aproximar las legislaciones de los Estados miembros con este fin. Los obstáculos que disuaden a los accionistas de votar, como hacer que el ejercicio de los derechos de voto esté supeditado al bloqueo de acciones por parte del accionista, deberían suprimirse. Sin embargo, esta directiva no afecta a la legislación comunitaria existente sobre las participaciones emitidas por los organismos de inversión colectiva o sobre las participaciones adquiridas o dispuestas en estos organismos.

8. La legislación comunitaria actualmente existente no es suficiente para lograr este objetivo. La Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004 sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE[10] impone a los emisores que hagan disponible cierta información y documentos pertinentes para las juntas generales pero esta información y documentos deben hacerse disponibles en el Estado miembro de origen del emisor. Por otra parte, la Directiva 2001/34/CE se centra en la información que los emisores tienen que revelar al mercado, por lo que no trata con el propio proceso de votación de los accionistas.

9. Un porcentaje importante de las acciones en sociedades europeas con cotización en bolsa obra en poder de accionistas que no residen en el Estado miembro en el que tienen su sede social las sociedades de las cuales son accionistas. Los accionistas no residentes deberán poder ejercer sus derechos en relación con la junta general con la misma facilidad que los accionistas que residen en el Estado miembro en el que tiene su sede social la sociedad. Esto exige que se supriman los obstáculos existentes que dificultan el acceso de los accionistas no residentes a la información pertinente para la junta general y para el ejercicio de los derechos de voto sin asistir físicamente a la junta general. La supresión de estos obstáculos también deberá beneficiar a los accionistas residentes que no deseen o no puedan asistir a la junta de accionistas.

10. Los accionistas deberán poder emitir votos con conocimiento de causa en la junta de accionistas, o antes de la misma, con independencia de dónde residan. Todos los accionistas deberán tener tiempo suficiente para evaluar los documentos destinados a ser presentados en la junta general y determinar el sentido de su voto. Con este fin, deberá anunciarse de manera suficiente la junta general y los accionistas deberán recibir a su debido tiempo toda la información destinada a ser presentada a la junta general para su aprobación. Los accionistas deberán, en principio, tener también la posibilidad de añadir puntos al orden del día de la junta, presentar resoluciones y hacer preguntas relacionadas con los puntos del orden del día. Deben aprovecharse las posibilidades que ofrecen las tecnologías modernas para hacer que la información esté inmediatamente disponible y sea accesible, con objeto también de hacer que la información sobre los resultados de la votación esté disponible después de la junta general.

11. Los accionistas deberán tener opción a utilizar medios sencillos para emitir sus votos sin necesidad de asistir a la junta de accionistas. La emisión de voto sin asistir personalmente a la junta general no deberá estar sujeta a restricciones con excepción de las necesarias para verificar la identidad y la seguridad de las comunicaciones. Deberán suprimirse las limitaciones existentes y las trabas administrativas que hacen que el voto a distancia o el voto por representación resulten difíciles y costosos.

12. Dado que los objetivos de las medidas que deben adoptarse, es decir permitir que los accionistas hagan uso efectivo de sus derechos en toda la Comunidad, no pueden conseguirse de manera suficiente por los Estados miembros sobre la base de la actual legislación comunitaria, sino que, debido a la envergadura y a la incidencia de las medidas, puede lograrse mejor a escala comunitaria, la Comunidad podrá adoptar medidas en virtud del principio de subsidiariedad según lo establecido en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

13. Con el fin de evitar la duplicación de disposiciones con el mismo objeto, deberá modificarse la Directiva 2004/109/CE,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación

1. La presente Directiva establece requisitos en relación con el ejercicio de los derechos de voto en las juntas generales de los emisores que tengan su sede social en un Estado miembro y cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado.

2. Los Estados miembros podrán eximir de esta Directiva a los emisores que son

i) organismos de inversión colectiva de tipo empresarial en el sentido del artículo 1, apartado 2 de la Directiva 85/611/CEE[11] y

ii) empresas, cuyo único objeto sea la inversión colectiva de capital proporcionado por el público, que actúen siguiendo el principio de diversificación de riesgos y que no pretendan tomar el control legal o de gestión de ningún emisor de sus inversiones subyacentes, a condición de que estos organismos de inversión colectiva sean autorizados y estén sujetos a la supervisión de las autoridades competentes y cuenten con un depositario que ejerza funciones equivalentes a las que figuran en la Directiva 85/611/CEE.

Artículo 2 Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) “emisor”: persona jurídica que se rige por el Derecho público o privado, incluido un Estado, cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado;

b) “mercado regulado”: mercado según se define en el artículo 4, apartado 1 de la Directiva 2004/39/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo[12];

c) “accionista”: cualquier persona física o jurídica que se rija por el Derecho público o privado que mantenga:

i) acciones del emisor en su propio nombre y por cuenta propia;

ii) acciones del emisor en su propio nombre, pero por cuenta de otra persona física o jurídica;

d) “entidad de crédito”: cualquier empresa en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra a de la Directiva 2000/12/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo[13];

e) “representación”: habilitación de una persona física o jurídica por un accionista para ejercer algunos o todos los derechos de dicho accionista en la junta general en su nombre y por su cuenta;

f) “cuenta combinada”: cuenta de valores en la que éstos pueden mantenerse por cuenta de diferentes personas físicas o jurídicas.

Artículo 3 Requisitos nacionales más rigurosos

Los Estados miembros pueden hacer que los emisores que tengan su sede social en su territorio estén sujetos a unos requisitos más rigurosos que los que se establecen en la presente Directiva.

CAPÍTULO II: JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

Artículo 4 Igualdad de trato a los accionistas

El emisor garantizará la igualdad de trato para todos los accionistas que estén en la misma posición por lo que se refiere a la participación y la votación en sus juntas generales.

Artículo 5 Notificación de junta general

1. Sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 9, apartado 4 de la Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[14], cualquier notificación de junta general en primera convocatoria será enviada por el emisor no menos de 30 días naturales antes de la junta.

2. La notificación a que hace referencia el apartado 1 contendrá, al menos, la siguiente información:

a) una indicación exacta del lugar, el momento y el proyecto de orden del día de la junta;

b) una descripción clara y exacta de los procedimientos que los accionistas deben cumplir para poder participar y emitir su voto en la junta general, incluida la fecha de registro aplicable;

c) una descripción clara y exacta de los medios disponibles por los cuales los accionistas pueden participar en la junta general y emitir su voto. Alternativamente, puede indicar dónde puede obtenerse esa información;

d) una indicación de dónde y cómo puede obtenerse el texto completo, no resumido, de las resoluciones y los documentos destinados a ser presentados a la junta general para su aprobación;

e) una indicación de la dirección del sitio Internet en el que figurará la información mencionada en el apartado 3.

3. Dentro del plazo previsto en el apartado 1, los emisores indicarán en sus sitios Internet al menos la siguiente información:

a) la notificación de la junta contemplada en el apartado 1;

b) el número total de acciones y derechos de voto;

c) los textos de las resoluciones y de los documentos mencionados en el apartado 2, letra d);

d) los formularios para el voto por correspondencia y mediante representación.

Alternativamente a los formularios mencionados en la letra d) se indicará en el sitio Internet dónde y cómo pueden obtenerse los formularios.

Artículo 6 Derecho a incluir puntos en el orden del día de las juntas generales y a presentar proyectos de resolución

1. Los accionistas, actuando de forma individual o colectiva, tendrán derecho a añadir puntos en el orden del día de las juntas generales y a presentar proyectos de resolución en las juntas generales.

2. Cuando el derecho a añadir puntos en el orden del día de las juntas generales y a presentar proyectos de resolución en las mismas esté supeditado a la condición de que el accionista o los accionistas pertinentes posean una participación mínima en el capital social del emisor, esta participación mínima no excederá del valor más bajo entre el 5% del capital social del emisor y un valor nominal de 10 millones de euros.

3. Los derechos mencionados en el apartado 1 se ejercerán con suficiente antelación a la fecha de la junta general para permitir que otros accionistas reciban o tengan acceso al orden del día revisado o a las resoluciones propuestas antes de que se celebre la junta general.

Artículo 7 Admisión a la junta general

1. El derecho a participar y a votar en una junta general no estará sujeto a ninguna condición que exija al accionista bloquear las acciones pertinentes mediante depósito u otros medios en una entidad de crédito o de otro tipo antes de que se celebre la junta general, aunque el bloqueo no tenga ningún efecto sobre la posibilidad de negociar las acciones.

2. El derecho a participar y a votar en una junta general de cualquier emisor puede supeditarse a la condición de que la persona física o jurídica sea considerada como accionista del emisor pertinente en cierta fecha anterior a la junta general de que se trate.

La prueba de la condición de accionista sólo puede supeditarse a los requisitos necesarios para garantizar la identificación de los accionistas y en la medida que sean proporcionados para garantizar la identificación.

3. La fecha mencionada en el primer párrafo del apartado 2 será fijada por cada Estado miembro para las juntas generales de emisores que tengan su sede social en ese Estado miembro.

No obstante, esa fecha no será anterior a 30 días naturales antes de la junta general.

Cada Estado miembro comunicará a la Comisión la fecha fijada de este modo, que las publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea .

Artículo 8 Participación en la junta general por medios electrónicos

Los Estados miembros no prohibirán la participación de accionistas en la junta general por medios electrónicos.

Estarán prohibidos los requisitos y obstáculos que actúen o podrían actuar como barrera a la participación de los accionistas en la junta general por medios electrónicos, excepto en la medida que sean necesarios para garantizar la identificación de los accionistas y la seguridad de la comunicación electrónica y sean proporcionados para garantizar la identificación.

Artículo 9 Derecho a hacer preguntas

1. Los accionistas tendrán derecho a hacer preguntas orales en la junta general y por escrito o por medios electrónicos antes de la junta general.

2. Los emisores responderán a las preguntas que les formulen los accionistas, sujetos a las medidas que los Estados miembros puedan adoptar, o permitir que adopten los emisores, con el fin de garantizar el buen orden de las juntas generales y su preparación y la protección de la confidencialidad y los intereses empresariales de los emisores. Se considerará que se da una respuesta si la información pertinente está disponible en el sitio de Internet del emisor en forma de “respuestas a preguntas frecuentes”.

3. Las respuestas a las preguntas de los accionistas mencionadas en el apartado 1 se pondrán a disposición de todos los accionistas a través del sitio Internet del emisor.

Artículo 10 Voto mediante representación

1. Cada accionista tendrá derecho a designar a cualquier otra persona física o jurídica como representante para asistir y votar en una junta general en su nombre. No habrá restricciones sobre la persona que pueda tener una representación con excepción del requisito de que la persona posea capacidad jurídica para ello.

No obstante, los Estados miembros pueden restringir el derecho de los representantes a ejercer los derechos de voto a su discreción en caso de que:

a) tengan una relación empresarial, familiar o de otro tipo con el emisor,

b) se trate de un accionista mayoritario del emisor,

c) pertenezcan a la dirección del emisor o de uno de sus accionistas mayoritarios.

Un accionista sólo puede designar a una persona para que actúe para él como representante en relación con cualquier junta general.

2. Una persona que actúe como representante puede tener una representación de más de un accionista sin limitación en cuanto al número de accionistas así representados. Cuando un representante tenga una representación de varios accionistas, podrá emitir votos concurrentes a favor o en contra de cualquier resolución o abstenerse de votar sobre la misma de conformidad con las instrucciones de voto de los accionistas a los que representa.

3. El representante disfrutará de los mismos derechos a hablar y hacer preguntar en las juntas generales que tendría el accionista al que representa, a menos que reciba otras instrucciones del accionista.

Artículo 11 Designación de representante

1. La designación de representante y la emisión de instrucciones de voto por parte del accionista al representante no estarán sujetos a ningún requisito formal, con excepción de los requisitos que puedan ser estrictamente necesarios para la identificación del accionista y del representante.

2. Los representantes pueden ser designados por medios electrónicos sujetos a los requisitos, con excepción de la firma electrónica, que puedan ser estrictamente necesarios para la autentificación del designador y la identificación del representante.

3. Los requisitos impuestos por los Estados miembros con arreglo a los apartados 1 y 2 serán proporcionados a sus objetivos.

Artículo 12 Votación in absentia

1. Cualquier accionista de una sociedad con cotización en bolsa tendrá la posibilidad de votar por correo antes de la junta general, siempre que cumpla los requisitos necesarios para garantizar la identificación de los accionistas y sea proporcionada a este objetivo.

2. Los Estados miembros prohibirán los requisitos y obstáculos que dificulten el ejercicio de los derechos de voto vinculados a las acciones por medios electrónicos por parte de los accionistas que no estén físicamente presentes en la junta general, salvo en la medida que estos requisitos puedan ser necesarios para garantizar la identificación de los accionistas y la seguridad de las comunicaciones electrónicas y sean proporcionados a ese objetivo.

Artículo 13 Votación siguiendo instrucciones

1. Los Estados miembros garantizarán que cualquier persona física o jurídica que, con arreglo a sus legislaciones, pueda mantener valores en el curso de una actividad empresarial por cuenta de otra persona física o jurídica, pueda mantener estos valores en cuentas individuales o combinadas.

2. Cuando las acciones se mantengan en cuentas combinadas, no se permitirá que se exija su registro temporal en cuentas individuales para poder ejercer los derechos de voto vinculados a estas acciones en una junta general.

3. No se impedirá a las personas mencionadas en el apartado 1 emitir votos vinculados a las acciones que mantengan por cuenta de otra persona física o jurídica, a condición de que hayan recibido instrucciones para hacerlo así de otra persona o entidad. La persona o entidad mencionada en el apartado 1 guardará un registro de las instrucciones durante un período mínimo de un año.

4. Cuando una persona o entidad mencionada en el apartado 1 mantenga acciones del mismo emisor en una cuenta combinada, se permitirá que emita votos diferentes para las distintas acciones.

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, tercer párrafo, una persona o entidad mencionada en el apartado 1 que mantenga valores en una cuenta combinada tendrá derecho a emitir una representación a cada persona en cuyo nombre mantenga acciones en esa cuenta o a cualquier tercero designado por esa persona.

Artículo 14 Recuento de votos

A efectos del recuento de votos, se tendrán en cuenta todos los votos emitidos en relación con cualquier resolución presentada a la aprobación de una junta general.

Artículo 15 Información tras la junta general

1. En un plazo de tiempo que no excederá 15 días naturales tras la junta general, el emisor publicará en su sitio Internet los resultados de las votaciones sobre cada resolución presentada en la junta general.

2. Los resultados de la votación incluirán para cada resolución al menos el número de acciones respecto a las cuales haya tenido lugar la votación y los porcentajes de votos a favor y en contra de cada resolución.

CAPÍTULO III: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 16 Transposición

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el [31 de diciembre de 2007]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 17 Modificaciones

Con efecto a partir de la fecha que figura en el artículo 16, apartado 1, el artículo 17 de la Directiva 2004/109/CE queda modificada del siguiente modo:

1. El apartado 2 se sustituye por el siguiente texto:

“2. El emisor se asegurará de que todos los mecanismos y la información necesarias para permitir que los tenedores de acciones ejerzan sus derechos estén disponibles en el Estado miembro de origen y de que se preserva la integridad de los datos. En particular,

i) el emisor designará como agente a una entidad financiera a través de la cual los accionistas puedan ejercer sus derechos financieros; y

ii) publicará notificaciones o distribuirá circulares referentes a la asignación y al pago de dividendos, así como a la emisión de acciones nuevas, incluida la información sobre cualquier acuerdo de asignación, suscripción, cancelación o conversión.”

2. En el apartado 4, las palabras “la letra c) del apartado 2” son reemplazadas por “el apartado 2, inciso i)”.

Artículo 18

La presente Directiva entrará en vigor el [vigésimo] día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea .

Artículo 19

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

[1] Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004 sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE, DO L 390, 31.12.2004, p. 38.

[2] Reglamento (CE) n° 2157/2001 del Consejo de 8 de octubre de 2001 sobre el Estatutode la Sociedad Europea (SE), DO L 294 , 10.11.2001, p. 1.

[3] En especial la Directiva del Consejo 85/611/CEE de 20.12.1985 por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), cuya última modificación la constituyen las Directivas 2001/107/CE y 2001/108/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de enero de 2002 (DO L 41 de 13.2.2002, p. 20 y 34, respectivamente).

[4] DO C […], […], p. […].

[5] DO C […], […], p. […].

[6] DO C […], […], p. […].

[7] DO C […], […], p. […].

[8] COM(2003) 284 final.

[9] DO C 104E, 30.4.2004, p. 714.

[10] DO L 390, 31.12.2004, p. 38.

[11] DO L 375, 31.12.1985, p. 3.

[12] DO L 145, 30.4.2004, p. 1.

[13] DO L 126, 26.5.2000, p. 1.

[14] DO L 142 , 30.4.2004, p. 12.