ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Dictamen

del Comité consultivo sobre operaciones de concentración emitido en su 75a reunión de 28 y 29 de febrero de 2000 y relativo a un anteproyecto de Decisión sobre el asunto COMP/M.1663 - Alcan/Alusuisse

(2002/C 82/02)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

1. El Comité consultivo está de acuerdo con la definición del mercado de producto que se hace en el proyecto de Decisión para los mercados siguientes:

a) trihidrato de alúmina;

b) placa litográfica;

c) envases semirrígidos de aluminio;

d) latas de aluminio para aerosoles, y

e) envases flexibles de aluminio para queso.

2. El Comité consultivo está de acuerdo con la definición del mercado geográfico que se hace en el proyecto de Decisión para los mercados siguientes:

a) trihidrato de alúmina;

b) placa litográfica;

c) envases semirrígidos de aluminio;

d) latas de aluminio para aerosoles, y

e) envases flexibles de aluminio para queso.

3. El Comité consultivo coincide con la Comisión en que la concentración daría lugar a una posición dominante de Alcan/Alusuisse en los mercados a) y c).

4. El Comité consultivo coincide con la Comisión en que la concentración daría lugar a una posición dominante de Alcan/Alusuisse/Pechiney en los mercados d) y e) si se declarase compatible con el mercado común la concentración Alcan/Pechiney.

5. El Comité consultivo coincide con la Comisión en que la concentración traería consigo la creación de una posición dominante duopolística de Alcan/Alusuisse y VAW en el mercado b), a lo que también contribuiría su participación en la empresa en participación Norf.

6. El Comité consultivo coincide con la Comisión en que, de llevarse a cabo la concentración, la competencia quedaría considerablemente restringida en los mercados previamente mencionados, de modo que la concentración es incompatible con el mercado común.

7. El Comité consultivo considera provisionalmente que, siempre que se introduzcan determinadas mejoras de importancia, en especial por lo que se refiere a las placas litográficas y los envases semirrígidos, los compromisos formulados por las partes permiten retirar las objeciones planteadas a la concentración y hacen posible que la concentración sea compatible con el mercado común.

8. El Comité consultivo invita a la Comisión a tener en cuenta las demás cuestiones planteadas por los Estados miembros durante la discusión.

9. El Comité consultivo recomienda la publicación del presente dictamen en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Informe final del Consejero Auditor en el asunto COMP/36.041 - Michelin

(2002/C 129/07)

El proyecto de Decisión no da pie a observaciones particulares por lo que se refiere al procedimiento, que siguió su curso normal. Mediante medidas específicas, el Consejero Auditor garantizó la protección de los secretos comerciales de Michelin, pero también la intervención de Bandag, un competidor de Michelin, como tercero interesado tanto en la fase escrita como en la fase oral del procedimiento. Ni Michelin ni Bandag se quejaron de la manera que se celebró la audiencia. El proyecto de Decisión no contiene ninguna objeción como consecuencia del hecho de que no se brindara a Michelin la oportunidad de formular sus observaciones.

Hecho en Bruselas, el 12 de junio de 2001.

Helmuth Schröter
Informe anual del año 2000

(2001/C 218/03)

El Defensor del Pueblo Europeo, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 195 del Tratado CE y en el apartado 8 del artículo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo, ha presentado al Parlamento Europeo su Informe anual correspondiente al año 2000.

Los textos de este Informe anual pueden consultarse en cualquiera de las once lenguas oficiales de la Comunidad en la página Internet del Defensor del Pueblo: http://www.euro-ombudsman.eu.int

Copias del informe pueden obtenerse de la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

Puede contactarse al Defensor del pueblo Europeo en la dirección siguiente: 1, avenue du Président Robert Schuman BP 403 F - 67001 Strasbourg Cedex Tel. (33-3) 88 17 23 13 Fax (33-3) 88 17 90 62 E-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int
Dictamen

del Comité Consultivo sobre operaciones de concentración

emitido durante su septuagésimoprimera reunión de 18 de noviembre de 1999 relativo a un anteproyecto de decisión referente al asunto IV/M.1610 - Deutsche Post

(2001/C 106/02)

1. El Comité Consultivo coincide con la Comisión en que Deutsche Post ha facilitado información incorrecta y engañosa en su notificación en el sentido de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 14 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo.

2. El Comité Consultivo concuerda con la Comisión en que Deutsche Post ha facilitado información incorrecta en sus respuestas a las solicitudes de información en el sentido de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 14 del Reglamento (CEE) 4064/89.

3. El Comité Consultivo coincide con la Comisión en que Deutsche Post facilitó deliberadamente la información incorrecta y engañosa en su notificación y en sus respuestas.

4. El Comité Consultivo está de acuerdo con la Comisión en que debe imponerse una multa a Deutsche Post a tenor de lo dispuesto en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 14 del Reglamento (CEE) n° 4064/89.

5. El Comité Consultivo concuerda con la valoración que la Comisión hace de los elementos relativos a la naturaleza y gravedad de las infracciones al determinar el importe de las multas.

6. El Comité Consultivo está de acuerdo con el importe de las multas propuesto por la Comisión.

7. El Comité Consultivo invita a la Comisión a que tenga en cuenta los demás aspectos planteados por los Estados miembros durante la discusión.

8. El Comité Consultivo recomienda la publicación del presente Dictamen en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
10.

destaca que, aunque las recomendaciones relativas al Estado de Derecho basadas en el Marco de 2014 sigan vigentes, el propio marco no ha arrojado hasta la fecha resultados tangibles. Resulta particularmente lamentable que el Marco sobre el Estado de Derecho, aunque sí ofrezca orientaciones para el «diálogo constructivo» entre la Comisión y el Estado miembro de que se trate, no implique en la fase más temprana posible a los diferentes niveles de gobierno, incluidos los entes locales y regionales, así como a la sociedad civil. Esto es tanto más lamentable cuanto que las instituciones y Estados miembros de la UE deberían dejar claro en todo momento que, aunque se inicie un procedimiento formal contra el Gobierno de un Estado miembro determinado, la intención no es aislar al país en cuestión, y sigue habiendo una voluntad de colaborar con la sociedad de dicho país;
41.

acoge con satisfacción los continuos esfuerzos de la Comisión Europea (y, en particular, del Centro Común de Investigación y de la DG Política Regional y Urbana) y del programa GECT ESPON, cuyo objeto es seguir desarrollando herramientas metodológicas para evaluar el impacto territorial; recomienda que, incluso cuando no pueda hacerse una EIT —o no se considere pertinente—, se lleven a cabo otros tipos de evaluaciones de impacto, al nivel más bajo de detalle territorial que permitan los datos estadísticos existentes;
41.

observa con inquietud que, en la actualidad, los acuerdos de libre comercio no benefician al conjunto de las regiones, que determinados sectores económicos a menudo experimentan consecuencias negativas y que las pymes no están aprovechando todo el potencial de los acuerdos de libre comercio y sufren con más severidad los efectos de la competencia desleal favorecida por las medidas que adoptan algunos terceros países; lamenta que la Comunicación de la Comisión no proponga formas de mitigar los posibles efectos negativos de los acuerdos comerciales; no obstante, apoya la intención de la Comisión de crear una serie de herramientas digitales y portales en línea específicos dedicados a las pymes con el fin de facilitar su integración en estos acuerdos y abrir nuevas oportunidades ligadas a los procesos de acceso a los mercados de contratación pública, así como de corregir la citada competencia desleal;
20.

señala la necesidad de un apoyo integral a la modernización y descarbonización de las industrias de gran consumo de energía. No obstante, esto no puede hacerse transfiriendo la producción a otros países ni utilizando subcontratistas de terceros países que no respeten la normativa europea;
53.

acoge con satisfacción el conjunto de herramientas de la Red Europea de Desarrollo Rural (REDR) sobre medidas de desarrollo rural que los Estados miembros pueden aplicar para apoyar a los pueblos inteligentes y, por lo tanto, la innovación social, en particular, la cooperación (en concreto, el programa Leader), el intercambio de conocimientos, las redes de la PAC, el establecimiento de jóvenes emprendedores y la creación de empresas e industrias rurales, la realización de inversiones, etc. No obstante, se destaca que también es necesario adoptar medidas de apoyo más flexibles para la innovación en actividades no agrícolas integradas y funcionales a la actividad primaria y que permitan potenciar la bioeconomía y valorizar el territorio. Además del fomento de la creación de empresas, esto también incluye la posibilidad de promover el desarrollo empresarial en sectores distintos del agropecuario, posibilidad que debería recogerse en el artículo 69 del Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC;
29.

considera que no puede sumarse plenamente a la opinión de que la Estrategia Europea de Datos puede basarse en un ecosistema próspero; considera que, en este sentido, el apoyo en particular a las empresas emergentes parece ser de gran importancia, no solo debido a la situación actual, para la aplicación de la estrategia;
21.

considera que las decisiones de los representantes locales y regionales están muy vinculadas a las disposiciones europeas: a. cuando las regiones con competencias legislativas participan en el proceso de toma de decisiones europeo asistiendo a grupos de trabajo del Consejo y Consejos de Ministros abiertos a la participación regional; b. cuando se participa en la toma de decisiones europea en la fase de consulta, respondiendo a las diferentes consultas públicas realizadas por la Comisión europea; c. cuando se elaboran informes desde el Comité de las Regiones en los ámbitos de competencia previstos en los Tratados; d. cuando aplican directivas y reglamentos europeos en ámbitos muy variados (agua, residuos, movilidad, ahorro de energía, etc.); e. cuando solicitan fondos europeos (FEDER, FSE, etc.); f. cuando programan ayudas públicas, y g. cuando cooperan con colectivos de distintos Estados miembros;
27.

hace hincapié en que, como economía orientada a la exportación, la UE solo puede obtener beneficios con la inclusión de la contratación pública en los acuerdos comerciales internacionales. La UE ya es en este ámbito una de las economías más abiertas del mundo debido a la vigencia del Acuerdo sobre Contratación Pública en el marco de la OMC. Una mayor apertura asimétrica de los mercados de contratación pública no resulta oportuna. Debido a que es demasiado amplio el desajuste existente entre la apertura de los mercados de contratación pública de la UE y las prácticas restrictivas de los principales socios comerciales y de que no se garantice la reciprocidad sobre la apertura, debería considerarse la posibilidad de adoptar una iniciativa voluntaria y no vinculante en la UE en el sentido de una Carta para comprar productos de las regiones europeas («Buy from European Regions Charter»), con el fin de apoyar los productos locales y regionales en Europa. Dicha iniciativa podría clarificar, entre otras cosas, la manera de fomentar productos con la indicación «Hecho en las regiones europeas». Asimismo, el CDR reitera la petición formulada hace tiempo a la Comisión para que presente una propuesta legislativa sobre la extensión de la protección de las indicaciones geográficas a los productos no agrícolas;
17.

destaca que es necesario resolver el problema de la falta de vivienda en las aglomeraciones urbanas y en las zonas industriales y con servicios empresariales desarrollados, garantizando al mismo tiempo el acceso a la infraestructura necesaria para el bienestar, en particular para las personas que, por causas naturales o de otra índole (enfermedad, discapacidad, etc.) han dejado de pertenecer a la población activa o no están en condiciones de acceder al empleo. Es importante examinar las posibilidades que ofrecen las migraciones como la descongestión de las grandes ciudades y el desplazamiento de personas a zonas afectadas por la despoblación– sobre la base de datos en materia de vivienda gratuita y coste de la vida en las distintas regiones de la UE;
12.

considera particularmente alarmante el hecho de que una parte importante de los jóvenes haya recibido una formación que no se corresponde con los retos del mercado de trabajo actual, no existan apoyos suficientes para desarrollar proyectos emprendedores, innovación e investigación y los sistemas de educación en los Estados miembros no se ajusten en su evolución al carácter dinámico de las transformaciones económicas y sociales. Por ello, muchos jóvenes acceden al mercado de trabajo sin estar preparados para responder a las expectativas sociales y personales;
2.

No obstante, incluso si se aplica plenamente, las promesas actuales de las Partes no serán suficientes para alcanzar los objetivos acordados. Se precisará una acción reforzada de las regiones y ciudades, que están estrechamente vinculadas a las comunidades locales y los territorios, mientras que las Partes deberán presentar contribuciones actualizadas lo antes posible, ya en 2018. Por lo que respecta a la UE, en particular, el Comité Europeo de las Regiones mantiene su posición anterior en relación con la necesidad de reducir en un 50 % las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030, con el objetivo de que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su máximo lo antes posible y se supriman para 2050 o poco tiempo después.
En vista de la larga duración de algunos desplazamientos, es necesario prever que, en caso de que estos se prolonguen durante más de veinticuatro meses, el Estado miembro de acogida se considere el país en el que se realiza el trabajo . De conformidad con el principio recogido en el Reglamento Roma I, la ley de los Estados miembros de acogida debe aplicarse al contrato de trabajo de los trabajadores desplazados si las partes no eligen una ley aplicable. En caso de haber hecho una elección diferente, el resultado no puede ser el de privar al empleado de la protección a la que tiene derecho en virtud de disposiciones que no pueden derogarse por acuerdo al amparo de la legislación del Estado miembro de acogida. Esto debe aplicarse desde el inicio de un desplazamiento cuya duración se prevea superior a veinticuatro meses y desde el primer día posterior a los veinticuatro meses cuando se supere efectivamente esta duración. Esta norma no afecta la potestad de las empresas que desplazan trabajadores al territorio de otro Estado miembro de ejercer el derecho a la libre prestación de servicios también en los casos en los que el desplazamiento supere los veinticuatro meses. El objetivo es simplemente generar seguridad jurídica en la aplicación del Reglamento Roma I a una situación específica, sin modificar dicho Reglamento en modo alguno. En particular, el trabajador ha de disfrutar de la protección y las prestaciones que le confieren el Reglamento Roma I.

En vista de la larga duración de algunos desplazamientos, es necesario prever que, en caso de que estos se prolonguen durante más de doce meses, sea aplicable a la relación laboral la legislación d el Estado miembro de acogida. De conformidad con el principio recogido en el Reglamento Roma I, regirá esta disposición si las partes no eligen una ley aplicable. En caso de haber hecho una elección diferente, el resultado no puede ser el de privar al empleado de la protección a la que tiene derecho en virtud de disposiciones que no pueden derogarse por acuerdo al amparo de la legislación del Estado miembro de acogida. Esto debe aplicarse desde el inicio de un desplazamiento cuya duración se prevea superior a doce meses y desde el primer día posterior a los doce meses cuando se supere efectivamente esta duración. Esta norma no afecta la potestad de las empresas que desplazan trabajadores al territorio de otro Estado miembro de ejercer el derecho a la libre prestación de servicios también en los casos en los que el desplazamiento supere los doce meses.
25.

Reconoce, no obstante, que el Pacto de los Alcaldes no tiene la exclusiva y no es el único «camino a seguir» en la lucha contra el cambio climático. Existen iniciativas similares, tanto en los Estados miembros como en el Consejo de Europa, por lo que convendría crear sinergias entre ellas; Las iniciativas nacionales y regionales son importantes para brindar un apoyo más operativo, en particular a los municipios de menor tamaño. Conviene replantear la presentación de informes y los compromisos del Pacto de los Alcaldes, a fin de facilitar la coordinación con otras iniciativas internacionales destinadas a dar visibilidad a los niveles regional y local en el contexto de las negociaciones sobre el clima de las Naciones Unidas, como el Pacto de Alcaldes, Carbonn y Nazca;
5.

Las zonas rurales y urbanas como espacios funcionales complementarios: uno de los temores frecuentemente manifestados en el debate sobre la Agenda Urbana es que el mayor interés que se presta a la dimensión urbana podría redundar en detrimento del apoyo a las zonas rurales. El CDR destaca sin embargo la importancia de los vínculos que unen las zonas urbanas a las zonas rurales, y reconoce el papel que desempeñan estas últimas, que contribuyen también al crecimiento y la creación de empleo. Las políticas de la Unión no deben alimentar una relación de competencia entre estas dos dimensiones, dado que están integradas geográfica y administrativamente y en términos de políticas funcionales y temáticas. Por tanto, conviene hacer hincapié en el valor complementario de las dos dimensiones y, de esta manera, posibilitar y poner a prueba nuevas formas de gobernanza, en particular incrementando el acceso a los servicios y el desarrollo de las tecnologías digitales. Solo si ambas zonas son fuertes, será posible alcanzar el principal objetivo, que es una Europa ecológica, económica y socialmente sólida, y una cohesión territorial reforzada. Todas las ciudades y las zonas funcionales circundantes están en el centro de una política urbana europea: no solo las capitales y grandes ciudades, sino también las ciudades pequeñas y medianas, que revisten una importancia esencial para su periferia.
30.

Acoge, pues, favorablemente la inclusión de dos iniciativas en el sector de la energía oceánica en el avance del programa de trabajo Horizonte 2020 para 2016-2017 en cuanto a crecimiento azul y energía hipocarbónica (LCE 15, «Scaling up in the ocean energy sector to arrays», y LCE 16, «2nd generation of design tools for ocean energy devices and arrays development and deployment»);
48.

pide a la Comisión que desarrolle también formas adecuadas de respuesta para las ICE que hayan recibido un apoyo significativo pero que no cumplan todos los criterios formales o no alcancen exactamente el millón de firmas, para que cualquier mensaje político importante de estas iniciativas y la movilización que han suscitado no sean completamente ignorados;
14.

señala que los valores fundamentales que encarna «Europa» (es decir, no solo la Unión Europea y el Consejo de Europa, sino también las principales tradiciones nacionales), guardan relación no solo con el ordenamiento jurídico democrático, sino también con la política llevada a cabo con el fin de ofrecer una auténtica igualdad de oportunidades para poner en práctica dichos valores. Si esta perspectiva se desarrolla íntegramente, la posición de los entes regionales y locales se muestra bajo una luz completamente diferente. Porque entonces no se limitan a ser los órganos encargados de aplicar la legislación y las políticas nacionales (y europeas) con un planteamiento «de arriba abajo», sino que son agentes de pleno derecho con responsabilidad política para, dentro de unos marcos determinados y en función de la situación local, dar forma a una política integrada. Ya no se trata solo de derechos civiles y políticos, sino también de derechos económicos y sociales (educación, trabajo, salud, protección social, vivienda);
19.

considera no obstante que, si bien es cierto que estos sectores parecen disponer de medios más limitados en relación con el reparto presupuestario entre la producción y la distribución/promoción, los presupuestos de los que se dispone en un mercado como el de los Estados Unidos no pueden tomarse como referencia de base para argumentar a favor de un reajuste de este reparto. Es un hecho ampliamente reconocido que la ayuda es importante para mantener la producción audiovisual europea, así como que los productores tienen dificultades para conseguir un apoyo comercial inicial suficiente que les permita reunir los medios financieros necesarios para llevar a cabo los proyectos, lo que tiene como consecuencia directa que determinadas películas no cuenten con suficiente financiación y se vea afectada su calidad. Un aumento de los gastos de promoción y de salida no podría paliar los problemas vinculados a la financiación insuficiente de la película y no permitiría conseguir una audiencia superior. Aunque el aumento de los presupuestos de distribución y promoción resulta deseable en términos absolutos, en ningún caso debe realizarse en perjuicio de los presupuestos destinados a la producción de películas europeas;
10.

reconoce que alcanzar este objetivo de la sostenibilidad requiere cambios estructurales y diversificación en el sector de la pesca y destaca que las normas y las medidas sobre ayudas estatales deben facilitar estos cambios, centrándose especialmente en respaldar el desarrollo de la economía costera (industria transformadora, acuicultura sostenible, mercados pesqueros locales, nuevos productos, cadenas de suministro locales, etc.), las nuevas maneras sostenibles de pescar en los mares y océanos europeos (destacando especialmente el papel de las pequeñas flotas pesqueras costeras y de la pesca artesanal, pero prestando también especial atención a las mejoras en selectividad, eficiencia energética, etc. de los otros segmentos de la flota que contribuyen al suministro de productos pesqueros en la Unión Europea, especialmente si son para consumo humano) y la economía marina y acuícola en su sentido más amplio. Las ayudas estatales no deberán utilizarse para respaldar prácticas pesqueras no sostenibles;