Dictamen del Comité Económico y Social sobre el «Informe anual de la Comisión - Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Unión Europea - 1996»

(97/C 296/06)

El 13 de febrero de 1997, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social sobre el «Informe anual de la Comisión - Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Unión Europea - 1996».

La Sección de Asuntos Sociales, Familia, Educación y Cultura, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 26 de junio de 1997 (Ponente: Sra. Drijfhout-Zweijtzer).

En su 347° Pleno de los días 9 y 10 de julio (sesión del 9 de julio), el Comité Económico y Social ha aprobado por 113 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. En el Cuarto Programa de acción comunitaria a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2000) se emitió la idea de un informe anual sobre igualdad de trato entre mujeres y hombres. El CES apoyó esta iniciativa en su Dictamen de 22 de noviembre de 1995. El 12 de febrero de 1997, la Comisión aprobó el primer informe anual, correspondiente a 1996.

1.2. Según se expone en el prefacio, la Comisión trata de responder a tres objetivos principales: dar una expresión visible a las políticas comunitarias sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (visibilidad), fomentar el debate sobre los progresos que deben realizarse y las políticas que deben formularse (estrategia) y ofrecer un punto de referencia a la Comisión, a los Estados miembros de la UE y a los países candidatos a la adhesión (convergencia).

1.3. Además, el informe se propone pasar revista de modo equilibrado a los avances y las tendencias, tanto a escala europea como nacional. Sirve, por consiguiente, como instrumento para el seguimiento de la igualdad de oportunidades. Su primera parte refleja la estructura del Cuarto Programa de acción comunitaria. Se ha previsto dedicar la segunda parte de estos informes a un tema específico y de actualidad sobre la igualdad de oportunidades.

2. Observaciones generales

2.1. Ya en años anteriores, la Comisión desempeñó un papel muy importante en la elaboración de una política comunitaria en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular por medio de las propuestas legislativas que condujeron a la aprobación de las directivas sobre igualdad de trato y mediante la elaboración de programas de acción quinquenales. Cada uno de estos programas de acción ha servido siempre de estímulo para la celebración de un nuevo y amplio debate sobre la posición de la mujer. Esta política ha contribuido a potenciar la atención que se presta al tema de la igualdad de trato entre hombres y mujeres y a que se registren progresos reales en los Estados miembros, en parte gracias a la jurisprudencia del Tribunal del Justicia. La aprobación de este primer informe, muy completo, en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la UE no sólo viene a completar felizmente la política realizada hasta la fecha por la Comunidad, sino que además marca una nueva y constructiva etapa en el desarrollo de una política general y coherente de la UE en materia de igualdad de oportunidades. Se trata, pues, de una iniciativa muy meritoria que el CES acoge con particular satisfacción. El documento merece amplia difusión.

2.2. No obstante, tal como ya se observó con motivo de la presentación del Cuarto Programa de acción, todavía queda mucho por hacer. En este sentido, pues, cabe subrayar la importancia de la observación contenida en el informe de que la acción para promover la igualdad de trato requiere un enfoque ambicioso: «se trata de no limitar los esfuerzos a la aplicación de medidas específicas en favor de las mujeres, sino de movilizar explícitamente con vistas a la igualdad todas las medidas y políticas generales» (p. 10).

El cúmulo de información concreta y de datos estadísticos muy recientes que el informe proporciona en relación con los múltiples aspectos de la posición de las mujeres en el mercado laboral y su participación en la adopción de decisiones demuestra también que, desde un punto de vista general, la política que se ha realizado no ha producido (todavía) los efectos previstos y no siempre ha tenido resultados satisfactorios. Considerada como tal, esta información concreta añade pocos elementos nuevos a lo que ya se sabía. Con todo, reunir esta información en un único documento es sin duda de gran utilidad, en particular para los que no están encargados específicamente de la política en materia de igualdad de oportunidades, pero que en la práctica deben tenerla en cuenta o pueden verse llevados a abordarla. El gran énfasis puesto en el estado de la cuestión y la circunstancia de que a veces la información se remonta lejos en el tiempo sí puede llevar a plantearse la pregunta de si el presente documento de la Comisión debe calificarse propiamente de «informe anual». Por lo demás, tratándose de un primer informe, este planteamiento es bastante comprensible, pero con vistas al futuro cabe adoptar, a juicio del Comité, otra fórmula. En el punto 4 («Sugerencias y observaciones») del presente Dictamen se examina con más detalle esta cuestión.

2.3. En el mismo orden de ideas expresadas en el punto anterior, los objetivos pretendidos con un informe anual de esta índole revisten también importancia. En el prefacio se menciona un cierto número de ellos y cabe preguntarse si estos objetivos no son demasiado amplios y ambiciosos. Desde diversos puntos de vista se puede observar, en efecto, que el informe no siempre cumple plenamente con las expectativas suscitadas por los mencionados objetivos.

2.4. Aunque el Comité es consciente de que ello puede atribuirse a la falta de competencias a escala comunitaria en determinados ámbitos, es preciso señalar que el equilibrio pretendido no siempre queda reflejado con claridad. Éste es sin duda el caso cuando se reproducen la evolución europea y nacional en determinados ámbitos; así, por ejemplo, a veces se presta amplia atención a la evolución de las políticas nacionales y una atención muy limitada a la comunitaria (véase, por ejemplo, el capítulo 2 y, en particular, el apartado 2.2), e inversamente (por ejemplo, en el capítulo 5 se esboza exclusivamente la evolución comunitaria). Además, existe también desequilibrio con respecto a la importancia que se concede a los respectivos temas y capítulos (o sus componentes): la exposición que se hace de determinados temas es insuficiente (véase en el capítulo 5 el relativo al «ejercicio de los derechos»).

2.5. La Comisión considera que el informe debe servir de instrumento de seguimiento de la política en materia de igualdad de oportunidades. Es evidente que, de este modo, la Comisión quiere darse la posibilidad de examinar el impacto que ha tenido la política comunitaria en los Estados miembros, cosa que efectivamente hace en relación con una serie de ámbitos. Y en lo que se refiere concretamente a la política estructural de la CE y a la aplicación de los Fondos estructurales, la Comisión sale airosa de su empeño. En otros casos, sin embargo, pueden aportarse mejoras (por ejemplo, «los servicios de atención a la infancia», «ejercicio de los derechos»). La naturaleza y el enfoque del informe son quizá la causa de que sólo exista una limitada evaluación (crítica) de la (propia) política. La fórmula diferente recomendada por el Comité ofrece al respecto más posibilidades para futuros informes (véase el punto 4.1).

Un asunto distinto es el de cómo fija la Comunidad las prioridades de su política, ahora concretamente que el presupuesto del Cuarto Programa de acción es restringido.

2.6. Al margen de lo que precede, cabe señalar que el enfoque adoptado en el informe, que se centra en la igualdad de oportunidades, es demasiado limitado. Da la impresión, en efecto, de que en materia de derechos las mujeres disfrutan ya de una posición de igualdad. Ambas igualdades tienen una importancia esencial: la igualdad de derechos constituye la base en que se asienta la igualdad de oportunidades. Existe el peligro de que este centrarse en la igualdad de oportunidades y la idea de cooperación e integración hagan perder de vista que la garantía de igualdad de derechos debe seguir siendo un punto permanente de atención. Que este peligro no es imaginario lo ilustra ya el hecho de que el informe presta muy poca atención a la aplicación de las directivas en materia de igualdad de trato por parte de los Estados miembros y aborda con seriedad igualmente escasa los problemas del ejercicio efectivo de los derechos que la legislación en la materia (comunitaria y nacional) concede a las mujeres. Refuerza esta impresión la circunstancia de que en el informe no se presta atención alguna al debate que actualmente se realiza en torno a la inclusión en el Tratado CE de un principio general de igualdad de oportunidades (véase también el Dictamen del CES sobre la sentencia Kalanke) (). La ausencia de una referencia de esta índole llama tanto más la atención cuanto que en el capítulo 4 del informe anual se incluye el texto de la Carta de Roma «Mujeres en favor de la renovación de la política y de la sociedad», de 18 de mayo de 1996, en la que se afirma: «Afirmamos [es decir, las ministras de diferentes Estados miembros de la Unión Europea] nuestro compromiso ante la necesidad de ampliar la igualdad entre mujeres y hombres en el nuevo Tratado de la Unión Europea». El Comité se ha pronunciado en el mismo sentido, tanto en el Dictamen sobre el Cuarto Programa de acción () como en el Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 76/207/CEE ().

2.7. Un último punto que merece atención es que la Comunidad recurre con creciente frecuencia a toda clase de instrumentos no vinculantes para dar forma a la política comunitaria. Todo hace pensar que la Comisión considera que las recomendaciones entrañan también obligaciones para los Estados miembros (véase p. 97 del documento de la Comisión). Y si no directamente, sí a través del principio de fidelidad a la Comunidad establecido en el artículo 5 del Tratado CE. Cabe preguntarse, además, de qué modo estos instrumentos y documentos llegan a las manos de los responsables encargados de aplicarlos (por ejemplo, el código de conducta en materia de igualdad de retribución) y cómo se regula el control de su seguimiento. El informe no ofrece información sobre estas cuestiones.

3. Observaciones particulares

3.1. Capítulo 1: Establecimiento de la cooperación en una sociedad cambiante

3.1.1. El carácter global e integrado de la nueva política de igualdad de oportunidades -adquirido en particular con la introducción del principio de integración de la igualdad entre los sexos- reviste un aspecto positivo. La integración de la dimensión de la igualdad se define en el informe anual del siguiente modo: «tener en cuenta sistemáticamente las prioridades y necesidades respectivas de las mujeres y de los hombres en todas las políticas y medidas». Con razón se señala al respecto que para la aplicación del principio de integración deben movilizarse simultáneamente los instrumentos jurídicos, los recursos financieros y la capacidad de análisis y de organización de la Comunidad. En el informe se subraya igualmente la necesidad de un sólido análisis estadístico en el que poder basar la política de igualdad de oportunidades. No obstante, el desarrollo de esta política es tan complicado y lento que, al margen de la integración, siguen siendo necesarias simultáneamente acciones específicas, en particular las acciones que fomentan las posibilidades profesionales y la independencia financiera.

Lamentablemente, el informe se limita a señalar lo compleja que resulta en la práctica la aplicación del principio de integración y los problemas que se deben afrontar. Aunque en él se ofrece una breve panorámica de las posibles estrategias en materia de integración para los diversos niveles de los distintos ámbitos políticos, no se profundiza en el análisis y no se mencionan las medidas que la Comunidad ha adoptado o se propone adoptar para hacer aceptar también en la realidad el principio de integración. Con la excepción de los Países Bajos, no se proporciona tampoco información sobre cómo aplican este principio los Estados miembros (ya sea, o no, a raíz de su introducción por parte de la Comunidad).

Por lo demás, la situación neerlandesa que se describe en el informe anual contiene dos interesantes elementos que merecerían un examen más detenido a escala comunitaria. Se trata, en primer lugar, de la aplicación de la denominada «Evaluación de los efectos de la emancipación» («Emancipatie Effectrapportage»), como instrumento de apreciación previa de la política proyectada. Quizá se pueda desarrollar también un instrumento de esta índole para la evaluación de la política comunitaria, en la cual por lo demás deberían participar igualmente los instrumentos que utilicen a tal objeto los Estados miembros. En segundo lugar, una evolución reciente intervenida en los Países Bajos muestra que la política de integración puede albergar un peligro si, por ejemplo, conduce a la supresión de los órganos consultivos especiales sobre cuestiones de emancipación (como ha sucedido en los Países Bajos con el Consejo de Emancipación), antes de saber con claridad cómo se pueden integrar y tener en cuenta en otros órganos (consultivos) cuestiones en materia de emancipación o igualdad de oportunidades.

Las conclusiones finales de la Comunicación de la Comisión «Incorporar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias» indican que en 1996 debería haberse realizado un considerable avance con respecto a la introducción y aplicación del principio de integración de la dimensión de la igualdad. En particular, deberían haberse adoptado medidas que permitiesen el seguimiento y la evaluación continuos de la acción emprendida y, a la luz de ello, establecer indicadores y procedimientos apropiados y analíticos. Además, se afirmaba que en el primer informe anual se presentarían la política y las medidas de los Estados miembros y la acción emprendida a escala comunitaria en este ámbito. El hecho de que en el informe existan apenas referencias en tal sentido permite suponer que en los Estados miembros se han registrado avances aún insuficientes, lo cual es lamentable.

3.1.2. El aumento progresivo de la aplicación del principio de igualdad de oportunidades en la política estructural de la Comunidad -y, por consiguiente, en la totalidad (actual) de los Fondos estructurales- y el influjo positivo que ello ha tenido, en particular en la ejecución de los recursos disponibles para la lucha contra el desempleo femenino de larga duración, son exponentes de una evolución alentadora. Pese a esta mejora, persiste la impresión de que la parte de los Fondos estructurales que se destina a las mujeres es demasiado poco importante. Por lo demás, lo mismo puede afirmarse respecto de los proyectos financiados en el marco de programas como SÓCRATES y LEONARDO. Si se desea que los Fondos y los programas fomenten la igualdad de oportunidades, es necesario un seguimiento y evaluación continuos desde la perspectiva de las diferencias socioculturales entre los sexos. Esto rige para todos los ámbitos en que se presenten obstáculos al fomento de la igualdad de oportunidades.

3.1.3. Teniendo en cuenta que el informe anual se dirige precisamente a un amplio público, debe observarse lamentablemente que en el apartado que lleva por título «Diálogo social e interlocutores sociales» se ha desaprovechado la oportunidad de examinar con más detenimiento los temas que debaten los interlocutores sociales en el marco del Protocolo sobre la política social. Así, por ejemplo, se presta poca atención a los resultados de la primera fase de las consultas, basadas en el Protocolo, sobre el respeto de la dignidad de hombres y mujeres en el trabajo.

El Comité, no obstante, desea subrayar explícitamente que la posibilidad que el Protocolo social ofrece a los interlocutores sociales de elaborar reglamentaciones por sí mismos no exime a la Comisión de su propia responsabilidad de desarrollar instrumentos propios en materia de igualdad de trato, y con menor razón aún cuando se trata de «temas difíciles».

3.2. Capítulo 2: Mujeres y hombres en una economía cambiante

3.2.1. Más de la mitad de este capítulo está dedicada al examen de los múltiples aspectos de la posición o participación de las mujeres en el mercado laboral. Una de las observaciones generales de mayor importancia es que siguen existiendo grandes diferencias de salario entre hombres y mujeres, mencionándose dos factores fundamentales que contribuyen al mantenimiento de estas diferencias: la concentración de las mujeres en los puestos de trabajo poco retribuidos y la segregación profesional en el mercado de trabajo. Como queda dicho, esta información proporciona pocos datos nuevos espectaculares. Sí ofrece, en cambio, la ocasión de subrayar explícitamente una vez más que uno de los objetivos más importantes de la política de igualdad de oportunidades es el derecho al trabajo y a la independencia financiera. La clara segregación que existe en el mercado del trabajo constituye tanto un obstáculo a la igualdad de oportunidades como un problema cualitativo en determinados ámbitos. Por tanto, la utilidad de la información puede residir en particular en el efecto inducido de sensibilización de los empresarios y otros responsables importantes hacia este tipo de problemas. Cabe lamentar que el informe no aborde los problemas relativos a la evaluación de los diversos tipos de trabajo. En efecto, la clasificación poco elevada que en los sistemas de evaluación del trabajo y retribuciones ocupa el trabajo realizado en particular por las mujeres es también una causa importante de la (demasiado) baja retribución salarial de las mujeres.

3.2.2. Los cambios intervenidos en el sistema educativo revisten importancia también para la superación de estos modelos. En el Dictamen del CES sobre la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma de decisión () se afirma al respecto, por ejemplo, que es necesario estimular a los hombres, jóvenes o adultos, a elegir profesiones ejercidas tradicionalmente por las mujeres. En el terreno de la pedagogía se necesitan estudios e iniciativas para que las mujeres dispongan de mayor libertad de elección de carreras y adquieran más conciencia de este hecho, lo cual les permitirá acceder a nuevas profesiones y más variadas y, además, se verán estimuladas a desarrollar actividades por cuenta propia. Los sistemas de becas de formación y estudios han demostrado su utilidad en el sentido de que permiten a todos los trabajadores perfeccionar periódicamente sus conocimientos y competencias.

3.2.3. El apartado sobre las diferencias salariales es insuficiente, tanto en lo que se refiere al análisis como a las conclusiones. Según los datos muy limitados de EUROSTAT, las mujeres ganan por término medio un 20 % menos que los hombres. La base en que se apoya este porcentaje es poco consistente y parece aplicarse sólo al trabajo manual. Por ello, el Comité espera con gran interés los resultados del estudio de EUROSTAT, anunciado por la Comisión para junio de 1997, en el que se examinarán las diferencias salariales entre hombres y mujeres siguiendo nuevos criterios.

3.2.4. En este apartado se observa acertadamente que las diferencias entre las mujeres también aumentan. No obstante, cabe lamentar en especial que la posición de los «grupos de mujeres» más vulnerables o más débiles -como los representados por las mujeres en el contexto de la emigración, mujeres de minorías étnicas, mujeres de edad avanzada, familias monoparentales, mujeres que trabajan en la empresa familiar, se reintegran en la vida profesional y las minusválidas-, no se plantee globalmente o sólo se plantee de modo marginal. No sólo se trata del caso particular de las mujeres que desean y pueden trabajar, sino también de las mujeres que por su situación personal no están en condiciones de participar en el sistema laboral. Esta última categoría ocupa por lo general en la escala de ingresos una posición que puede calificarse de mala. El Comité considera que esta situación no se puede obviar satisfactoriamente con la mera observación de que las diferencias entre las mujeres aumentan, sino que la situación de estos grupos vulnerables requiere por parte de la Comunidad mayor atención y una actitud más activa. Es indispensable al respecto que EUROSTAT reúna rápidamente datos sobre estas categorías. El Comité, por lo demás, lamenta tener que observar que desde el punto de vista geográfico también existen importantes diferencias en la situación de las mujeres en la UE.

3.2.5. Representan una evolución positiva los programas plurianuales para mejorar la situación del empleo, elaborados por los Estados miembros a raíz de las cinco prioridades fijadas en el Consejo Europeo de Essen. En estas prioridades se pide explícitamente que se tenga en cuenta la difícil situación de las mujeres en paro. Aunque la mayoría de los países ha adoptado medidas en favor de las mujeres o específicamente destinadas a ellas, cabe lamentar que en la elaboración de los programas plurianuales sólo se haya reservado un papel secundario al tema general «igualdad de oportunidades para hombres y mujeres». En relación con la segunda serie de programas (1996), en el informe se observa que, con la excepción de Suecia, en el capítulo de la política general no incluyen tampoco la perspectiva de las diferencias socioculturales entre los sexos.

La posición insatisfactoria de las mujeres trabajadoras en la UE, combinada con el hecho de que en los programas plurianuales en favor del empleo no se incluye en la mayor parte de los casos la perspectiva citada -cuando ésta es precisamente una de las prioridades principales de la actual política comunitaria en materia de igualdad de oportunidades-, requieren una actitud activa por parte de la Comunidad. Aunque las medidas comunitarias (entre otras) se consideran de importancia capital, la Comunidad aparentemente no puede hacer mucho más que emitir declaraciones políticas con respecto al fomento de la igualdad de oportunidades (como el informe dirigido al Consejo de Madrid). Por tanto, es preciso observar que la acción emprendida hasta la fecha a escala comunitaria (con excepción de los Fondos estructurales) es demasiado general y poco concreta para incluir en la política llevada a cabo el principio de integración de la igualdad y la perspectiva de las diferencias socioculturales entre los sexos.

3.3. Capítulo 3: La conciliación del trabajo y la vida familiar

3.3.1. La maternidad desempeña un papel importante en la participación de las mujeres en el mercado laboral. Esto es de gran importancia desde el punto de vista de la combinación del trabajo con la vida familiar. El Comité expresa su preocupación por el hecho de que, en la dinámica actual de restricciones presupuestarias, en una serie de Estados miembros se recortan gastos en los presupuestos destinados a los servicios de cuidados a los niños, lo cual tiene una influencia negativa en la política en materia de igualdad de oportunidades. Por otra parte, la insuficiente prestación de servicios de apoyo a las familias podría tener como consecuencia que las mujeres sólo puedan aceptar trabajos atípicos, por debajo de su nivel, o no puedan hacerlo en absoluto.

Al margen de los niños, esta combinación puede verse dificultada también por la prestación de cuidados a personas de edad avanzada, a los padres o por enfermedad de la persona con que se convive. En el informe no se examinan estos problemas desde esta perspectiva más amplia y, por tanto, este último aspecto se omite por completo. Tampoco se tienen en cuenta, pues, las consecuencias que en este contexto tienen la combinación de trabajo y vida familiar y las carencias de una seguridad social adecuada.

Por otra parte, aunque en el informe se describe hasta cierto punto la situación de los Estados miembros con respecto a la oferta de servicios de cuidados a los niños, la conclusión de la Comisión es que, a partir de la información disponible, resulta difícil concluir si estos servicios cumplen los requisitos establecidos en la Recomendación sobre el cuidado de los niños y de las niñas (por ejemplo, ser asequibles económicamente y disponibles en todas las zonas, cuidado serio, etc.) No se dispone de un sistema uniforme para la recogida de datos normalizados y su interpretación. El Comité considera que la Comisión debería adoptar iniciativas que permitan crear un sistema de esta índole.

En el marco del Tercer y Cuarto Programas de acción para la igualdad de oportunidades se creó la «Red de atención a la infancia de la Comisión Europea». Dentro de esta red se plantea una serie de problemas que pueden tener influencia en las posibilidades de combinar trabajo y vida familiar, como la atención a la infancia, igualdad de derechos de los padres en lo que se refiere al acceso al trabajo y la parte asumida por los hombres en los cuidados a los niños. La red concedió desde el principio una gran importancia al aspecto cualitativo. La actividad de la red quedó interrumpida con la aprobación del Cuarto Programa de acción para la igualdad de oportunidades. La atención a la infancia (incluyendo en ella también la atención extraescolar) es un tema al que se concede demasiado poca atención y, no obstante, puede tener consecuencias negativas para la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. Por ello, el Comité considera que, si no se adoptan iniciativas comunitarias adecuadas que permitan resolver estos problemas, la red debería ser reactivada.

A este efecto negativo se puede añadir el efecto en la salud de las mujeres. Estudios recientes en Suecia y Noruega muestran que el doble peso del trabajo a tiempo completo y trabajo no retribuido en el hogar (no compartido precisamente por igual) está teniendo un efecto cada vez más grave en la salud de las mujeres.

3.3.2. Reviste un carácter positivo la detección de los posibles aspectos discriminatorios que, en los ámbitos de la política fiscal y de la seguridad social, pueden frenar la participación de las mujeres en el mercado del trabajo y, en este contexto, el aumento de la atención hacia el problema de la individualización de los sistemas fiscales y de seguridad social. Estos sistemas deben basarse en el individuo. Éste es el único punto de partida correcto. En tal sentido, no obstante, debe tenerse en cuenta hasta qué punto la supresión de los derechos derivados puede empeorar la situación financiera de (los grupos más vulnerables de) las mujeres si, al mismo tiempo, no se prevé una compensación adecuada (tema de la lucha contra la pobreza). Los estudios comparativos que actualmente se realizan en los Estados miembros pueden servir de base para futuras propuestas en la materia.

Además, se debería prestar atención igualmente a las posibles consecuencias que la privatización en el sector de la seguridad social puede tener para la posición de las mujeres en el mercado laboral y para la igualdad de trato de hombres y mujeres. Así, por ejemplo, la privatización del seguro de enfermedad en los Países Bajos tiene consecuencias para todos los trabajadores, pero son principalmente los que tienen un horario flexible y el personal doméstico -trabajos que por lo general, como es sabido, desempeñan las mujeres- los que se ven más afectados (en particular con respecto a la obtención del subsidio de enfermedad). Por otra parte, habría que examinar igualmente el hecho de que por regla general las reglamentaciones sobre la seguridad social no se adaptan a las formas del denominado trabajo atípico (que no es un trabajo a tiempo completo por una duración indeterminada), cuando son precisamente las mujeres las que realizan este tipo de trabajo. A juicio del Comité, este aspecto de la privatización se presta de modo excelente a un estudio más detenido por parte de la Comisión en un informe ulterior, especialmente en relación con sus efectos en las mujeres. Como prolongación de lo que precede, cabe recomendar quizá que en el informe siguiente se examinen los problemas relativos a la seguridad social prestando una mayor atención a su mutua conexión, es decir, teniendo en cuenta las Directivas existentes (79/7, 86/378, y también la 86/613 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma), así como la tercera propuesta de Directiva por la que se completa la igualdad de trato en el sector de la seguridad social.

3.4. Capítulo 4: Fomento de una participación equilibrada de hombres y mujeres en la toma de decisiones

3.4.1. La descripción pormenorizada de la situación actual que presenta el informe pone de manifiesto una vez más la situación de retraso de las mujeres. A finales de 1997 se tendrá una idea precisa de en qué medida la Recomendación sobre participación equilibrada de hombres y mujeres en la toma de decisiones, aprobada por el Consejo el 2 de diciembre de 1996, habrá tenido efectos reales para superar este retraso.

Cabe acoger favorablemente que la Comisión haya adoptado este objetivo con respecto a su propia política de personal, pero lamentablemente los resultados obtenidos parecen ser aún insuficientes. Con la condición de que su interpretación adquiera un contenido realmente concreto, puede servir de ejemplo para los Estados miembros, los interlocutores sociales, ONG, etc.

No obstante, en el marco de una evaluación y debate permanentes, es importante fijar objetivos cifrados y plazos para fomentar esta participación al nivel adecuado.

3.5. Capítulo 5: Hacer posible que las mujeres ejerzan sus derechos

3.5.1. Una primera observación que puede hacerse con respecto a este capítulo es que su contenido es más amplio de lo que permite suponer el título. Sólo una pequeña parte del capítulo trata efectivamente de los problemas relativos al ejercicio de los derechos que la legislación comunitaria (y también nacional) reconoce a las mujeres en materia de igualdad de trato.

Se describe en primer lugar el marco legal comunitario y los cambios que ha experimentado. No obstante, por las razones que se exponen a continuación, dicha presentación es demasiado limitada e incompleta. Se mencionan únicamente las evoluciones que han tenido lugar a escala de la CE (en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y en la reglamentación). No se examina de modo global la aplicación y el mantenimiento de la legislación comunitaria y la política de los Estados miembros en la materia, cuando sería especialmente interesante conocer las carencias de esta última (por ejemplo, con respecto a la aplicación del concepto de discriminación indirecta). No tiene mucho sentido presentar la evolución que ha tenido lugar a escala comunitaria sin considerar simultáneamente su aplicación y respeto en los Estados miembros (donde, en definitiva, debe surtir efecto). Así, por ejemplo, es sorprendente que la información sobre la Directiva que establece el marco legal para la protección de la trabajadora embarazada se limite a reproducir su contenido. Aunque es posible que la Comisión no disponga de la indispensable información oficial de las autoridades nacionales sobre la aplicación de dicha Directiva (su aplicación debía intervenir antes de octubre de 1994), un informe de la Red de expertos jurídicos de la Comisión Europea ofrece información sobre el modo como esta Directiva se aplica en los Estados miembros.

Con excepción de ello, el informe se limita en exceso a hacer constar la evolución sin añadir nada sobre ella. Así, por ejemplo, cabe calificar de preocupante que, en materia de seguridad social, el Tribunal de Justicia parece adoptar una actitud cada vez más flexible en lo que se refiere a la justificación objetiva de la discriminación indirecta (preservación del equilibrio financiero, objetivo de una política social legítima).

3.5.2. En relación con el respeto de la legislación comunitaria en materia de igualdad de trato, la Comisión tiene una actitud poco crítica frente a sus propias actividades. El Comité tiene conocimiento de que la Red de expertos jurídicos ha afirmado en repetidas ocasiones que la Comisión debería intervenir con mayor energía en lo que se refiere al incumplimiento por parte de los Estados miembros de la aplicación y respeto de la legislación y ha propuesto a tal fin una estrategia basada en el artículo 169 del Tratado CE. Además, en relación con diversos Estados miembros se han formulado propuestas concretas de procedimientos en virtud del mismo artículo, pero hasta la fecha sólo se han iniciado 11 procedimientos por infracción.

Asimismo, se presta poca atención a los problemas con que se enfrentan las mujeres para exigir el cumplimiento de sus derechos en las jurisdicciones nacionales. El informe sólo menciona someramente que sobre este tema se ha celebrado una Conferencia bajo los auspicios de la Comisión, pero no dice nada sobre el detenido estudio que se llevó a cabo previamente en todos los Estados miembros. Y, sin embargo, este estudio puso de manifiesto la existencia de un gran número de obstáculos, como ausencia de conocimientos en la materia, costas y duración de las acciones judiciales y la reunión de pruebas y el reparto de la carga de la prueba. Además, entre los trabajadores que se siente discriminados existe el temor de acabar siendo víctimas de su propia acción. El resultado es a menudo que se desiste de iniciar una acción judicial contra el empresario. El estudio resalta, además, que la carga de la prueba sólo es uno de los muchos problemas que existen. Aunque el informe reproduce los requisitos establecidos por la Comunidad (es decir, el Tribunal de Justicia) para garantizar una protección efectiva de los derechos, no da ninguna indicación sobre la acción que a continuación podría emprenderse una vez identificados los obstáculos. La impresión que se obtiene es que en esta materia la Comunidad (Comisión) adopta una actitud de excesiva reserva.

3.5.3. En lo que se refiere a la atención detenida que se presta a la propuesta de la Comisión por la que se modifica la Directiva 76/207/CEE, el Comité recuerda que en su Dictamen de 25 de septiembre de 1996 no se suscribe dicha propuesta.

3.6. Capítulo 6: Los avances de Pekín

3.6.1. El Comité subraya una vez más la importancia de la Plataforma de Acción creada durante la Conferencia de Pekín, que examina los mismos temas principales y prioridades que la Unión Europea. Esto implica que, dentro de las actividades que la UE desarrolla en materia de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, la cooperación mundial debe ser una de las primeras prioridades.

Con respecto a este capítulo se puede señalar en particular que en 1996 se emprendieron pocas acciones y se registraron pocos avances.

4. Sugerencias y recomendaciones

4.1. Se debería dar quizá la preferencia a la realización de un balance general cada tres años, coincidiendo con la evaluación del Programa de Acción en vigor y aprovechando el impulso generado por la elaboración del siguiente. Es decir, elaborar un «Informe sobre el estado de la cuestión» en el que, basándose en informaciones concretas y estadísticas, se examine si la situación de la mujer ha mejorado realmente y, a raíz de ello, se seleccionen los puntos en los que la acción emprendida puede haber sido insuficiente. Los informes anuales (más sucintos) podrían servir igualmente de base para tal estudio, centrándose especialmente en los efectos específicos de una determinada acción o medida, comunitaria o nacional, de fomento de igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres. Prolongando esta reflexión, parece deseable que el informe, por una parte, se centre en el efecto de la política y normativa comunitarias en los Estados miembros y, por otra, indique qué política y normativa de la Comunidad, nueva o complementaria, resultan necesarias.

Lo expresado en el prefacio del Informe objeto de examen implica que los próximos informes anuales seguirán manteniendo el mismo enfoque, es decir, se ajustarán a la estructura del Cuarto Programa de acción. Cabe preguntarse si este modo de proceder es oportuno. En primer lugar, la articulación interna en particular parece demasiado artificial, en el sentido de que algunos temas aparecen dispersos en varios epígrafes y se plantean en diversos capítulos y, por consiguiente, se incurre en innecesarias repeticiones. Por otra parte, la evolución relacionada con la legislación comunitaria como tal en materia de igualdad de trato podría integrarse mejor en los capítulos correspondientes, ya que la política y la legislación no deberían examinarse disociadas.

No obstante, mayor importancia aún reviste el hecho de que la estructuración interna que se ha adoptado tiene por efecto que la información proporcionada queda con frecuencia en un nivel demasiado general. Quizá fuese recomendable destacar una serie de principios o puntos de acción y examinar cómo se integran y aplican en ámbitos específicos. Así, por ejemplo, se podría examinar la aplicación y el impacto del principio de integración en determinados sectores políticos (por ejemplo, transportes, agricultura, etc.).

4.2. En el presente Dictamen se incluye una serie de sugerencias, particularmente en el capítulo 3. Se reproducen a continuación brevemente y, además, se añade una serie de nuevas recomendaciones. La estrategia más eficaz a largo plazo sería desarrollar y mejorar la competencia y las cualificaciones de las mujeres y seguir fomentando las actitudes positivas hacia las jóvenes y las mujeres que comienzan la construcción de un hogar.

- Inclusión en el Tratado de un principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres;

- objetivos cifrados y plazos para una participación equilibrada de las mujeres en los órganos de adopción de decisiones;

- realización de una campaña destinada a dar a conocer mejor un código de conducta sobre igualdad de retribución para trabajo equivalente;

- mejora de los estudios estadísticos sobre diferencias salariales entre hombres y mujeres, al objeto de poder evaluar los efectos de la política de igualdad salarial;

- análisis de las perspectivas del mercado laboral para las mujeres;

- estudio de las posibilidades de reforzar la posición de las mujeres en el mercado del empleo;

- estudio de la situación económica de los grupos de mujeres más débiles;

- adopción de iniciativas comunitarias en el sector de los servicios de cuidados a los niños o, si ello no es posible, reactivación de la «Red de atención a la infancia»;

- con el fin de facilitar la lectura del informe, las «digresiones» relativas a la situación o iniciativas de un Estado miembro o de la Comunidad en un determinado ámbito podrían reproducirse mejor reuniéndolas aparte en un anexo o al final de cada capítulo.

Bruselas, el 9 de julio de 1997.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() DO C 30 de 30. 1. 1997, «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 76/207/CEE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo».

() DO C 39 de 12. 2. 1996.

() DO C 204 de 15. 7. 1996.