La activación sin precedentes de la cláusula general de salvaguardia facilita la coordinación de las políticas presupuestarias durante esta grave recesión económica. La previsión de que la pandemia de COVID-19 provoque una grave recesión económica llevó a la Comisión a concluir que las condiciones actuales justifican la activación de la cláusula general de salvaguardia. Los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con esta evaluación. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Dicha cláusula permite a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de las políticas en el marco del Pacto, al tiempo que autoriza a los Estados miembros a apartarse de los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales. En concreto, autoriza a un Estado miembro a desviarse temporalmente de la senda de ajuste hacia su objetivo a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.

Globalmente, esta crisis ha agravado los retos estructurales existentes en relación con la eficacia, la accesibilidad y la resiliencia de los sistemas sanitarios. Se trata, por ejemplo, de la financiación insuficiente de las inversiones en sanidad (por ejemplo, para la preparación ante las crisis y la respuesta a las mismas), la limitación de la coordinación y la integración de la asistencia, una asistencia primaria insuficiente, la persistencia de obstáculos para el acceso a la asistencia sanitaria y las necesidades de asistencia médica no cubiertas, particularmente en el caso de las personas más vulnerables, debido principalmente al elevado nivel de los pagos directos. La crisis ha sometido a tensiones adicionales a los ingresos de los sistemas sanitarios, lo cual podría profundizar las desigualdades en materia de acceso, afectando particularmente a los grupos desfavorecidos. En numerosos Estados miembros, la escasez de personal sanitario se ha convertido en crítica debido a unas condiciones laborales que merman el atractivo de las profesiones sanitarias. La experiencia de los Estados miembros ha demostrado el potencial de la sanidad electrónica para mejorar la coordinación e integración de la asistencia sanitaria y hacerla eficaz y accesible, particularmente a través de la telemedicina. Entre las medidas adoptadas por la Comisión para apoyar directamente a los sistemas sanitarios nacionales, cabe citar las licitaciones para adquirir suministros y equipos médicos, en el marco del Acuerdo de Adquisición Conjunta, y la capacidad de rescEU, en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión, que permite crear una reserva estratégica de suministros médicos esenciales para los Estados miembros y respaldar la investigación sobre vacunas, diagnósticos y tratamientos. Además, el apoyo a los sistemas sanitarios es uno de los ámbitos cubiertos por la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus. Los instrumentos europeos, tales como los fondos de la política de cohesión y el Instrumento SURE .

Los sistemas de educación y formación también han sido afectados por la crisis. En la mayoría de los Estados miembros, se han suspendido las clases (así como el aprendizaje en el lugar de trabajo y la formación de aprendices), y las actividades docentes han pasado a ser impartidas parcialmente en línea. Esta situación afecta a los resultados educativos de los alumnos y, si no es contrarrestada por inversiones y reformas apropiadas, puede agravar las disparidades socioeconómicas y los retos estructurales existentes. Un número demasiado elevado de jóvenes sigue abandonando el sistema educativo sin haber obtenido las competencias básicas oportunas. La crisis de la COVID-19 ha mostrado la importancia de que todos los estudiantes tengan el mismo acceso a la enseñanza a distancia, a través de conexiones de banda ancha y aparatos informáticos, y tengan las competencias digitales necesarias. La inversión en infraestructuras de «elevado impacto social» deberá incluir todos los aspectos relevantes para los centros escolares y servicios educativos, desde la mejora de los edificios escolares (para garantizar la eficiencia energética, la higiene y el distanciamiento social entre alumnos) hasta los equipos informáticos. El apoyo a la obtención de competencias adecuadas, particularmente digitales, mejorará la productividad y la resiliencia de la mano de obra, facilitando la transición hacia una economía más ecológica y más inteligente.

Un buen funcionamiento del diálogo social es clave para garantizar que las medidas adoptadas sean fructíferas, inclusivas y sostenibles. Aunque no se dispone de un modelo único que sirva de referencia, en algunos Estados miembros existe claramente margen para mejorar el funcionamiento del diálogo social y aumentar la participación de los interlocutores sociales en el diseño y aplicación de las políticas pertinentes.

Unos sistemas tributarios equitativos y favorables al crecimiento podrían ayudar a respaldar la recuperación económica contribuyendo a un crecimiento inclusivo y sostenible. Unos sistemas tributarios justos y propicios al crecimiento pueden potenciar la inversión privada y mejorar el entorno empresarial, fomentar el empleo, reducir las desigualdades y contribuir a una economía resiliente desde el punto de vista medioambiental. Por otra parte, una simplificación del sistema tributario puede contribuir a limitar las distorsiones económicas y reducir las cargas administrativas para las empresas. Dado que un sistema tributario eficiente y equitativo es particularmente importante para respaldar una recuperación económica eficaz a medio plazo, a algunos Estados miembros se les recomienda que reformen sus sistemas tributarios, particularmente pasando de una fiscalidad del trabajo a una fiscalidad medioambiental.

La lucha contra la planificación fiscal agresiva sigue siendo una clara prioridad, particularmente a fin de permitir a los Estados miembros disponer de un volumen justo de ingresos tributarios para realizar su apoyo presupuestario. La transposición de la legislación de la UE y de las iniciativas acordadas a nivel internacional ayudará a reducir las prácticas de planificación fiscal agresiva. Sin embargo, algunas características de los sistemas fiscales de algunos Estados miembros (a saber, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y los Países Bajos) son utilizadas por las empresas que practican una planificación fiscal agresiva. A la luz de esas consideraciones, se recomienda a estos Estados miembros frenar la planificación fiscal agresiva.

2.3Sostenibilidad del medio ambiente

Las inversiones para la recuperación crean la oportunidad de reconfigurar la economía de la UE y basarla en un marco sólido y sostenible. Las recomendaciones específicas por país de este año determinan los ámbitos en que pueden anticiparse las inversiones sostenibles desde la perspectiva de los Estados miembros. Se recomienda a las autoridades que identifiquen proyectos preparados para una inversión inmediata y fuentes de financiación que permitan la neutralidad climática y la eficiencia de recursos en la industria, los edificios y los transportes, y que inicien la preparación de futuros proyectos de inversión a fin de hacer avanzar el programa de sostenibilidad medioambiental. Dentro de la amplia gama de medidas y políticas en los sectores de la energía, el clima y el medio ambiente, algunas se prestan a una rápida aplicación. Cabe citar la inversión en proyectos de pequeña escala —encaminados, por ejemplo, a la descarbonización de los transportes y el aumento de la eficiencia energética, particularmente mediante renovaciones de edificios— que puedan contribuir a la recuperación y situar a las economías en una senda sostenible a largo plazo.

El Pacto Verde Europeo y la aplicación de los planes nacionales de energía y clima integran el objetivo de neutralidad climática a largo plazo y las necesidades de inversión asociadas. El fomento de inversiones en el aumento de la eficiencia energética y en la producción y las redes de energías renovables puede contribuir a la transición hacia un sistema energético más competitivo, más sostenible y más seguro. Una política energética que combine las inversiones públicas y las privadas también puede contribuir significativamente a la recuperación económica.

La inversión en movilidad sostenible y en la economía circular representa una oportunidad de mejorar la productividad e impulsar la transición ecológica. Las inversiones en infraestructuras de transporte sostenibles (por ejemplo, transporte público urbano, ferrocarriles, infraestructuras para bicicletas y centros logísticos para el transporte intermodal) pueden aumentar la calidad para los ciudadanos y sostener la competitividad del sector del transporte.

Hay que respaldar las cadenas de suministro estratégicas esenciales para la resiliencia, la sostenibilidad y la autonomía estratégica de Europa. Esto se aplica especialmente a los sectores donde resulta difícil la descarbonización (tales como los de fabricación de acero, productos químicos, y la cadena de valor de la movilidad) y a las energías renovables. El objetivo es crear cadenas de suministro y mercados pioneros para las industrias europeas utilizadoras de energías limpias. La estrategia para la integración del sistema energético constituirá un importante factor para el logro de este objetivo, con el apoyo de múltiples iniciativas.

La inversión en infraestructuras de «elevado impacto» puede ser de utilidad a la hora de transigir entre distintas políticas y abordar los desequilibrios sociales actuales. En la medida de lo posible, los recursos asignados para la recuperación deberán canalizarse hacia infraestructuras y bienes públicos que propicien un crecimiento sostenible. Ello puede lograrse, por ejemplo, mediante inversiones en infraestructuras de transporte sostenibles en una forma que sea compatible con el objetivo de la UE de neutralidad climática (por ejemplo, transporte público urbano, ferrocarriles y centros logísticos para el transporte intermodal), así como mediante inversiones en infraestructuras medioambientales. La inversión en infraestructuras de «elevado impacto social» podría incluir la renovación de viviendas sociales y de viviendas de hogares de bajos ingresos, así como todos los aspectos relevantes de los centros escolares y los servicios educativos, desde la mejora de los edificios escolares (para garantizar la eficiencia energética, la higiene y el distanciamiento físico entre alumnos) hasta equipos informáticos que garanticen el aprendizaje a distancia, unas competencias adecuadas y el acceso a los estudiantes desfavorecidos. Abordar los retos medioambientales y relacionados con el cambio climático también es importante para preservar la salud humana. En particular, las inversiones en el marco del Pacto Verde son fundamentales para abordar la contaminación atmosférica.

Una mayor utilización de la tecnología digital puede ofrecer unas soluciones más ecológicas para organizar nuestras economías y nuestras sociedades. Puede ser adecuado considerar los cambios en el modo de vida de los ciudadanos y en las prácticas laborales en las empresas, especialmente cuando ello favorezca la reducción de la huella medioambiental y la optimización de la conciliación entre la vida profesional y la vida familiar.

2.4Productividad y competitividad

Aunque un mayor incremento de la productividad es crucial para aumentar la competitividad de la economía europea y para situarla en la senda de una sólida recuperación, la crisis actual plantea riesgos para el incremento de la productividad a medio plazo, y ello puede verse agravado aún más por las fricciones observadas en las cadenas de valor a nivel mundial. La adaptación de las empresas puede contribuir a incrementar la productividad. También pueden constituir factores de incremento de la productividad: la digitalización, el comercio electrónico, la administración electrónica y la sanidad electrónica, el desarrollo de nuevos modelos empresariales, las fórmulas de trabajo a domicilio y el teletrabajo a mayor escala.

Unas políticas apropiadas son esenciales para salir de la recesión económica a corto plazo y garantizar que los recursos humanos no se vean afectados a medio plazo. Los mecanismos de incremento de la productividad incluyen: a) el fomento de la innovación y la difusión tecnológica, por ejemplo, por medio de inversiones en I+D, b) una aplicación eficaz de las normas de competencia para subsanar los problemas relacionados con el poder de mercado, c) la inversión en competencias de las personas mediante la mejora de los sistemas educativo y de formación, d) la garantía de un buen funcionamiento de los mercados de trabajo que evite la segmentación de cualificaciones y oportunidades y que permita el desarrollo profesional; e) la facilitación de una asignación adecuada de recursos gracias a un marco favorable para las empresas, y f) la mejora del funcionamiento de las instituciones y de la gobernanza, con inclusión de unos sistemas judiciales eficientes e independientes. El apoyo a la inversión en la transformación digital puede tener un efecto doblemente positivo si se mantiene el actual «distanciamiento físico». La productividad del teletrabajo desempeñará un importante papel. No obstante, sus ventajas no estarán al alcance de las personas carentes de cualificaciones o formación.

La tecnología digital es esencial y contribuirá a una recuperación más firme de nuestras sociedades y de nuestras economías. Las recientes medidas de distanciamiento físico han sacado a la luz la importancia de una infraestructura digital moderna que garantice un acceso generalizado a Internet y la disponibilidad de los servicios digitales, que son indispensables para las actividades cotidianas. La inversión en la digitalización de las empresas y del sector público y el desarrollo de servicios digitales de datos en el sector público y en el sector privado pueden permitir el teletrabajo, el aprendizaje virtual y la enseñanza en casa. Además de aumentar la resiliencia y la productividad, esa transición también puede contribuir a la transformación ecológica de nuestras economías y a situar a los grupos vulnerables dentro del circuito económico. La inversión a largo plazo en actividades de I+D relativas a tecnologías digitales avanzadas y en competencias digitales avanzadas es indispensable para garantizar la soberanía tecnológica de Europa al tiempo que se preservan sus valores comunes.

La inversión debe tener en cuenta las cadenas de suministro. Numerosas plantas industriales han interrumpido su producción. Otras se han reconvertido. A raíz de la dislocación de la cadena de suministro y de la demanda, la reactivación del sistema probablemente tendrá lugar bajo nuevas formas (por ejemplo, ajustando los procesos a los insumos de diferente origen geográfico). Se trata de una oportunidad única de garantizar la autonomía estratégica abierta de Europa, particularmente diversificando y reforzando las cadenas de suministro en todo el mercado único y garantizando que nunca más afrontemos el riesgo de un abastecimiento insuficiente de bienes esenciales en los sectores de la alimentación y la asistencia sanitaria. Los programas de financiación con recursos propios que las autoridades de la UE y las autoridades nacionales podrían poner en marcha en favor de las pymes (particularmente de aquellas que participen activamente en proyectos innovadores y con potencial de crecimiento) podrían impedir quiebras evitables de empresas viables y servir de herramienta para superar la fragmentación industrial. La innovación es clave para una Europa productiva.

Para abordar la recuperación se deben tener en cuenta los amplios vínculos existentes entre los ecosistemas industriales y las empresas que se extienden por varios Estados miembros. La inversión también representa una poderosa herramienta para la política industrial de la UE. El restablecimiento de las cadenas de suministro de la UE requerirá un esfuerzo de búsqueda de eficiencia. La incertidumbre, la menor demanda y las dislocaciones de las cadenas de suministro han aumentado los costes de las empresas. El restablecimiento de la productividad y de la competitividad de costes se ha convertido en un reto para las empresas a corto plazo. Las innovaciones que permitan una reducción de costes se harán más atractivas, pero la eficiencia constituirá un reto para toda la economía. El coste de oportunidad para la sociedad de un gasto público ineficiente constituirá una carga que habrán de compartir las empresas y los ciudadanos. Ahora más que nunca será necesario mejorar la gobernanza y utilizar de forma profesional y eficiente las herramientas de contratación pública.

3.ESFUERZO CONJUNTO DE LAS INSTITUCIONES DE LA UE Y LOS ESTADOS MIEMBROS

La situación sin precedentes ha requerido la adopción de un enfoque específico para el Semestre Europeo de este año. En los últimos diez años, el Semestre Europeo se ha convertido en la herramienta clave para la coordinación de las políticas económicas y de empleo nacionales. Actualmente, forma parte integrante del esfuerzo de la UE para contener la propagación del virus, apoyar a los sistemas sanitarios nacionales, proteger y salvar vidas, y contrarrestar las repercusiones sociales y económicas de la pandemia. Por consiguiente, las recomendaciones propuestas ponen de relieve políticas económicas y de empleo adaptadas a las nuevas prioridades socioeconómicas de la crisis de la COVID-19 en ámbitos de interés común.