[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 4.4.2006

COM(2006) 160 final

2004/0001 (COD)

Propuesta modificada de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a los servicios en el mercado interior

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comisión presenta una propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior. La propuesta incorpora las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo en primera lectura que la Comisión considera aceptables, así como muchas de las aclaraciones debatidas en el Consejo. También respeta plenamente las conclusiones del Consejo Europeo y destaca la necesidad de que el mercado interior de servicios funcione correctamente al mismo tiempo que se preserva el modelo social europeo.

1. ANTECEDENTES

La Comisión adoptó esta propuesta el 13 de enero de 2004 y la transmitió oficialmente al Parlamento Europeo y al Consejo el 6 de febrero de 2004.

El Comité de las Regiones emitió su dictamen el 29 de septiembre de 2004, y el Comité Económico y Social Europeo hizo lo propio el 9 de febrero de 2005. El Parlamento Europeo adoptó una Resolución legislativa en primera lectura el 16 de febrero de 2006, y presentó enmiendas a la propuesta de la Comisión.

2. OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

Mejorar la base del crecimiento económico y el empleo en la UE. La propuesta forma parte del proceso de reformas económicas lanzado por la Estrategia de Lisboa. Dado que los servicios representan la mayor parte de la economía de la UE, un mercado competitivo de servicios es fundamental para el crecimiento económico. Actualmente, obstáculos muy diversos del mercado interior impiden que muchas empresas de servicios, sobre todo PYME, crezcan más allá de las fronteras nacionales y se beneficien plenamente del mercado interior, lo que también perjudica a la competitividad global, no solo de los prestadores de servicios de la UE, sino también de su sector industrial, basado cada vez más en servicios de alta calidad. Todo ello hace a Europa menos atractiva para la inversión extranjera.

Lograr un auténtico mercado interior de los servicios eliminando los obstáculos jurídicos y administrativos al desarrollo de las actividades de servicios. Estos obstáculos aparecen tanto cuando prestadores de servicios de un Estado miembro quieren establecerse en otro Estado miembro como cuando quieren prestar un servicio desde su Estado miembro de establecimiento a otro Estado miembro: por ejemplo trasladándose temporalmente a otro Estado miembro. La propuesta intenta facilitar el ejercicio de esas dos libertades fundamentales inscritas en el Tratado CE (la libertad de establecimiento y la libertad de prestación de servicios) y ofrecer una mayor seguridad jurídica a los prestadores de servicios.

Reforzar los derechos de los consumidores como usuarios de servicios. No se está respondiendo a la demanda de los consumidores de servicios transfronterizos debido a las considerables dificultades jurídicas y administrativas, a la falta de información sobre los servicios de los demás Estados miembros y al grado de confianza en ellos. La propuesta tratará estos problemas obligando a los Estados miembros a suprimir las restricciones a la utilización de los servicios transfronterizos mediante la aplicación del principio de no discriminación y exigiendo mayor transparencia e información a los prestadores de servicios.

Establecer obligaciones jurídicamente vinculantes para una cooperación administrativa eficaz entre los Estados miembros. Una cooperación administrativa eficaz y que funcione correctamente es fundamental para que el mercado interior se desarrolle de forma adecuada. Las autoridades reguladoras de los Estados miembros conocen poco el marco jurídico y el sistema de control de los demás Estados miembros, por lo que no confían mucho en ellos. De eso se deriva una duplicación de las normas y los controles de las actividades transfronterizas, lo que puede dar pie a comerciantes sin escrúpulos para evitar el control o eludir las normas nacionales aplicables, con el riesgo subsiguiente para los usuarios de los servicios. La propuesta establece la obligación jurídica de intercambio de información y de asistencia recíproca entre los Estados miembros, apoyada por un sistema de información electrónica que funcione eficazmente y que permitirá a las autoridades competentes identificar con facilidad a sus interlocutores pertinentes en los demás Estados miembros y comunicarse con ellos.

3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN SOBRE LAS ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO

3.1. Ámbito de aplicación y otras medidas generales (artículos 1 a 4)

Servicios de interés general. Las enmiendas 13, 44, partes de la 72 y 289 , relativas a los artículos 1 y 2 y a los considerandos correspondientes, dejan claro que los servicios de interés económico general entran en el ámbito de aplicación de la Directiva, pero que esta no establece su liberalización o la privatización de los organismos públicos que prestan esos servicios, ni trata de su financiación o de las ayudas públicas. La enmienda 73 aclara en el artículo 2 que los servicios de interés general se sitúan fuera del ámbito de aplicación de la Directiva. La Comisión está de acuerdo con las enmiendas 44, las partes pertinentes de la 72 y la 289. También acepta las enmiendas 13 y 73, pero cambiando ligeramente la redacción del texto de la enmienda 73 (artículo 2) y de la 13 (nuevo considerando 7 bis ), que explica que, salvo las exclusiones explícitas de determinados sectores específicos, los servicios de interés económico general entran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva al tratarse de servicios de naturaleza económica.

Servicios sanitarios. La enmienda 78 excluye del ámbito de aplicación los servicios sanitarios, tanto privados como públicos, al añadir la modificación correspondiente en el artículo 2. La enmienda 304 especifica en el considerando 10 quater que esa exclusión abarca los servicios sanitarios y farmacéuticos prestados por profesionales regulados de la salud a sus pacientes con objeto de evaluar, mantener o restaurar su estado de salud. Las enmiendas 233/403 explican, en el artículo 1, que la Directiva no afecta a los servicios sanitarios públicos ni al acceso de los prestadores de servicios sanitarios a los fondos públicos. La enmienda 305 añade un nuevo considerando, el 10 quinquies, para explicar que la Directiva no afecta al reembolso de los gastos de servicios sanitarios proporcionados en otro Estado miembro y destaca que este asunto debería tratarse mediante otro instrumento para lograr una mayor seguridad y claridad jurídicas. La Comisión acepta la exclusión de los servicios sanitarios del ámbito de aplicación y confirma su compromiso de presentar una iniciativa específica en los servicios sanitarios. Así pues, acepta las enmiendas 78, 304 y 305. Las enmiendas 233/403 sobre la sanidad pública ya no son útiles a causa de su duplicación con la definición en el artículo 2.

Servicios sociales. La enmienda 292 establece, en el artículo 1, que la Directiva no afecta a los servicios que persiguen objetivos de asistencia social, y la enmienda 252 , relativa al artículo 2, excluye del ámbito de la Directiva servicios sociales como los de vivienda social, cuidado de los niños y de la familia. Las enmiendas 294 y 296 establecen dos nuevos considerandos que explican la naturaleza de los servicios sociales y, en particular, de la vivienda social, el cuidado de los niños y el apoyo a las familias. La enmienda 295 introduce un considerando que indica que la Directiva no trata de la financiación de la vivienda social, de las ayudas relacionadas con ella, ni de los criterios o condiciones impuestos por los Estados miembros para los servicios de vivienda social. Asimismo, la enmienda 10 añade, en otro considerando, que la Directiva no afecta a los requisitos para acceder a los fondos públicos de, por ejemplo, los servicios sociales. La Comisión considera que toda exclusión de la Directiva debe definirse claramente para garantizar una seguridad jurídica cada vez mayor y evitar interpretaciones divergentes en los Estados miembros. Así pues, la Comisión vuelve a redactar la definición de la enmienda 252 (artículo 2) y la junta con las enmiendas 294 y 296 en un nuevo considerando 10 nonies , a fin de indicar que la exclusión de la Directiva afecta a aquellos servicios sociales relacionados con la vivienda social, el cuidado de los niños y el apoyo a familias y personas necesitadas, que, debido a su interés para la sociedad, proporciona el Estado o prestadores encargados por el Estado con objeto de garantizar el apoyo a los que se hallan en un estado particular de necesidad. Por ello, la enmienda 292 se ha vuelto superflua. El texto de la enmienda 295 vuelve a redactarse para aclarar que se refiere a los servicios sociales en general y no solo a la vivienda social. La enmienda 10 se acepta en su totalidad. La enmienda 232 destaca el papel social específico de las actividades deportivas sin ánimo de lucro. Se acepta y se añade un nuevo considerando, el 16 bis, con una nueva redacción para garantizar la coherencia jurídica del texto.

Otras exclusiones sectoriales y exclusión completa de la fiscalidad. Las enmiendas 300 y 302/332 se refieren al artículo 2 y excluyen del ámbito de la Directiva a las empresas de trabajo temporal y a los servicios de seguridad, respectivamente. Los considerandos correspondientes, añadidos por las enmiendas 301 y 303, destacan que las normas aplicables a esos sectores deberían armonizarse plenamente. La enmienda 77 excluye a los servicios jurídicos desde el momento en el que se rigen por otros instrumentos comunitarios. Las enmiendas 79, 80 y 81 , relativas al artículo 2, y 16 , 17 y 18 , sobre sus considerandos correspondientes, excluyen del ámbito de aplicación a los servicios audiovisuales, con independencia de su modo de producción, distribución y transmisión, las actividades de juego por dinero, y las profesiones vinculadas al ejercicio del poder público , en particular los notarios. La Comisión acepta la exclusión de los servicios de las empresas de trabajo temporal y de los servicios privados de seguridad previstas en las enmiendas 300 y 302/333. No obstante, no se ha probado la necesidad de armonizar plenamente las empresas de trabajo temporal y los servicios de seguridad, por lo que no puede aceptar las enmiendas 301 y 303. La Comisión no acepta la enmienda 77 sobre la exclusión de los servicios jurídicos, que no es necesaria dado que el artículo 3 ya prevé que, en caso de conflicto entre lo dispuesto en la Directiva de Servicios y una disposición de otro instrumento comunitario que rija aspectos específicos de las actividades de servicios, prevalecerá esta última. En lo que se refiere a los servicios audiovisuales, la Comisión acepta la exclusión prevista en la enmienda 79 y vuelve a redactar la enmienda 19 (nuevo considerando 10 sexies ) para ajustarla con la enmienda al artículo y para aclarar que la Directiva no se aplica a las ayudas concedidas al sector audiovisual, que están cubiertas por las normas comunitarias de competencia. La Comisión también acepta en cuanto al fondo la exclusión de los servicios de apuestas pero vuelve a redactar el texto de las enmiendas 17 y 80 a fin de limitarse claramente a las actividades de juego por dinero como tales. La Comisión solo acepta en parte las enmiendas 18 y 81, relativas a las profesiones vinculadas al ejercicio del poder público, y ajusta la redacción de la exclusión a los límites precisos establecidos en el artículo 45 del Tratado CE, que prevé excluir de la libertad de establecimiento y la libertad de prestación de servicios las actividades concretas que supongan una participación directa y específica en el ejercicio del poder público, y no las profesiones como tales en su conjunto.

La Comisión acepta la exclusión plena de la fiscalidad, prevista en la enmienda 82 para el artículo 2 y en la enmienda 19 para el considerando 11.

Las enmiendas 14, 15, 20 74, 75 y 306 se refieren a exclusiones sectoriales (en el artículo 2 y los considerandos correspondientes) propuestas inicialmente para los servicios financieros, los servicios de comunicaciones electrónicas y los servicios de transporte y añade nuevas aclaraciones. La Comisión puede aceptar las enmiendas 14, 15, 20, 74 y 306, en su totalidad o sujetas a un cambio de redacción para garantizar la coherencia jurídica del texto (véase el artículo 2, el considerando 9 y los nuevos considerandos 10 bis y 10 ter ), pero no puede aceptar la enmienda 75, pues el considerando 10 bis ya incluye la explicación pertinente sobre los servicios de telecomunicaciones.

Ámbitos específicos del Derecho. La enmienda 298 aclara en el artículo 1 la relación de la Directiva con los derechos fundamentales reconocidos en los Estados miembros y en la Carta de Derechos Fundamentales, y la enmienda 299 introduce un nuevo considerando que establece que la Directiva debería interpretarse de modo que reconciliara el ejercicio de los derechos fundamentales con las libertades fundamentales establecidas en los artículos 43 y 49 del Tratado. La enmienda 8 aclara que la Directiva respeta plenamente las iniciativas comunitarias basadas en el artículo 137 del Tratado sobre el fomento del empleo y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo. La enmienda 297, sobre el artículo 1, y la enmienda 9, relativa al considerando correspondiente, declaran que la Directiva no se aplicará, o no afectará, al Derecho laboral, es decir, a ninguna disposición jurídica o contractual relativa a condiciones de empleo o de trabajo, incluida la salud y la seguridad en el trabajo y las relaciones entre empresarios y trabajadores, y que respetará plenamente las relaciones entre los interlocutores sociales, incluido el derecho a la acción sindical, y que no afectará a la legislación de los Estados miembros sobre seguridad social. Las enmiendas 290, sobre el artículo 1, y 291 (considerando) declaran que la Directiva no debería afectar a las normas de Derecho penal. La enmienda 7 y parte de la enmienda 72 aclaran, tanto en un considerando como en el texto del artículo 1, que la Directiva no afecta a las medidas que tomen los Estados miembros, de conformidad con el Derecho comunitario, relativas a la protección o al fomento de la diversidad cultural y lingüística y al pluralismo de los medios. En relación con las cuestiones sobre los derechos fundamentales, la Comisión acepta la enmienda 298, con un cambio de redacción para garantizar la coherencia jurídica del texto, y la enmienda 299 en su totalidad. En lo que se refiere al Derecho laboral, la Comisión está de acuerdo en que, como establece la enmienda 297, la Directiva no afecta al Derecho laboral ni al derecho a emprender una acción sindical, ni tampoco a la legislación de los Estados miembros sobre la seguridad social. No obstante, a fin de garantizar la coherencia jurídica del texto y aumentar su claridad y facilidad de comprensión, la Comisión afina el texto de las enmiendas 297 y 298 para que el Derecho laboral se trate en el artículo 1, apartado 6, y la cuestión de los derechos fundamentales, incluidos los relativos a los convenios colectivos, en el artículo 1, apartado 7. En lo que se refiere el Derecho penal, la Comisión acepta la enmienda 290 al declarar que la Directiva no afecta a las disposiciones de Derecho penal, así como la enmienda 291 (nuevo considerando 6 sexies), que se vuelve a redactar para dejar más claro que las normas de Derecho penal no deben utilizarse para eludir lo dispuesto en la Directiva . Por lo que se refiere a la protección o al fomento de la diversidad cultural y lingüística y al pluralismo de los medios, la Comisión acepta la enmienda 7 en su totalidad y redacta de nuevo la parte correspondiente de la enmienda 72 para garantizar la coherencia jurídica del texto. Por último, la Comisión acepta la enmienda 8 en su totalidad (nuevo considerando 6 septies ).

Relaciones de la Directiva con otras disposiciones del Derecho comunitario . Las enmiendas 83 y 21 tratan esta cuestión, relativa al artículo 3 y al considerando 13 correspondiente. La Comisión acepta una mayor aclaración, incluida en la enmienda 83, de que la Directiva no anula ningún instrumento comunitario y que en caso de conflicto con otros instrumentos comunitarios que rijan aspectos específicos del acceso a las actividades de servicios o a su ejercicio, prevalecerán las disposiciones de estos últimos instrumentos sobre dichos aspectos específicos. A fin de garantizar la coherencia global del texto y aproximar el trabajo del Parlamento Europeo y del Consejo, la Comisión ha añadido nuevas aclaraciones (considerandos 13 bis y 13 ter ). Además, las enmiendas 307 y 219 (junto con la enmienda 83) establecen que la Directiva se aplicará sin perjuicio del Derecho internacional privado, y en particular del Derecho internacional privado que rige las obligaciones contractuales y extracontractuales, y explica el efecto para las normas de protección de los consumidores. La Comisión acepta las enmiendas 307 y 219 con un pequeño cambio en la redacción para reforzar jurídicamente la referencia a la protección de los consumidores.

Definiciones (artículo 4). Las enmiendas 23 a 26, 39, 84 a 90, 308 y 92 a 98 se refieren a las definiciones de los términos incluidos en la Directiva (artículo 4 y considerandos correspondientes). La Comisión acepta totalmente las enmiendas 25-26, 93-94 y 97-98 y, con un pequeño cambio de redacción, las 23-24, que se reúnen. Además, la Comisión acepta en principio las enmiendas 39, 84, 88 a 90, 95 y 308, pero ha modificado su redacción para que el texto sea coherente con el acervo comunitario y con el ámbito de aplicación de la Directiva. No obstante, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 85 y 86. La enmienda 96, sobre la definición de «trabajador», también está de más en relación con el ámbito de aplicación redefinido, y no se acepta. La enmienda 92, sobre la noción de «autoridades competentes», y la enmienda 87, sobre la noción de «prestador», no se aceptan por motivos de claridad y coherencia del texto con el acervo comunitario. Por último, la Comisión no puede aceptar la enmienda 22, que suprime la lista del considerando 14 con ejemplos de servicios cubiertos por la Directiva. Este considerando es útil para aclarar la Directiva, por lo que debe volverse a incluir, con pequeñas modificaciones en su redacción que se ajusten al nuevo ámbito de aplicación. Asimismo, a fin de aprovechar la útil aclaración adicional facilitada por el Consejo, la Comisión completa los considerandos 18 bis (enmienda 25) y 20 bis y añade otro, el 18 ter .

La Comisión acepta en su totalidad, o con pequeños cambios en la redacción, las enmiendas 1 a 3, 5, 6 y 11 , referentes a los considerandos que describen los objetivos generales de la Directiva, y a su no interferencia con la división de competencias dentro de los Estados miembros, pero no puede aceptar la enmienda 4 .

3.2. Simplificación administrativa (artículos 5 a 8)

Simplificación de los procedimientos (artículo 5). La enmienda 99 transforma la sección 1 del capítulo sobre el derecho de establecimiento de los prestadores de servicios en un nuevo capítulo aparte sobre «Simplificación administrativa». La enmienda 27 aclara que las normas relativas a los procedimientos administrativos no se dirigen a armonizar el Derecho administrativo nacional, sino más bien a suprimir los elementos que constituyen una carga demasiado pesada para la libertad de establecimiento. La enmienda 100 establece, en el artículo 5, que los Estados miembros examinarán (el verbo «verificar», utilizado en la enmienda, no parece exacto) y, si procede, simplificarán los procedimientos y trámites aplicables al acceso a una actividad de servicios y a su ejercicio. Asimismo, introduce para los Estados miembros, «en colaboración con la Comisión», la obligación de elaborar formularios europeos armonizados (los mismos de la enmienda 29 ) y añade una lista de la legislación comunitaria vigente a la que no se aplicará el artículo 5, apartados 1 bis y 2. La enmienda 100 también explica que no afecta al derecho de los Estados miembros a exigir traducciones «no compulsadas» de los documentos en sus lenguas oficiales. La enmienda 30 destaca que los requisitos formales, como la presentación de documentos originales y traducciones compulsadas, no pueden imponerse si no están justificados por una razón imperiosa de interés general. La Comisión acepta las enmiendas 99, 27 y 29-30 en su totalidad, y la enmienda 100 en principio, con el cambio de redacción necesario para la coherencia jurídica del texto y para aprovechar la labor del Consejo. El texto de la Comisión aclara, en concreto, que el establecimiento de formularios europeos se llevará a cabo con arreglo al procedimiento de comitología y añade un nuevo considerando (22 ter ) que propone varios parámetros que los Estados miembros pueden tener en cuenta al estudiar la necesidad de simplificar los procedimientos y trámites.

Ventanillas únicas (artículo 6). La enmienda 102 explica que, si se requiere una inscripción pro forma, debe estar disponible por medios electrónicos en las ventanillas únicas. La enmienda 103 quiere que la Comisión las coordine creando una ventanilla única europea. La enmienda 104 aclara que el establecimiento de ventanillas únicas no afectará al reparto de funciones y competencias entre las autoridades dentro de los sistemas nacionales. La enmienda 309 fija un nuevo calendario para crear ventanillas únicas. La enmienda 310 establece que debería ser posible efectuar en dichas ventanillas todos los procedimientos y trámites necesarios para supervisar el cumplimiento de la Directiva 96/71/CE. La Comisión acepta las enmiendas 309 y 104 y además añade un nuevo considerando 25 bis , que refleja la labor del Consejo y aclara que la tarifa que puedan cobrar las ventanillas únicas debería ser proporcionada al coste de los procedimientos y trámites. No obstante, la Comisión no puede aceptar la enmienda 102, dado que la inscripción pro forma en las ventanillas únicas representaría una carga administrativa innecesaria. La Comisión tampoco puede aceptar la enmienda 103, pues una ventanilla única europea sería una estructura administrativa innecesaria y contraria al principio de subsidiariedad (dado que la cooperación administrativa pueden hacerla mejor los propios Estados miembros). La enmienda 310 no puede aceptarse debido a que no es apropiada la referencia a la supervisión del cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, que no se ve afectada en modo alguno por la presente propuesta.

Derecho a la información (artículo 7). La enmienda 105 aclara que el derecho a la información solo afecta a las vías de recurso generalmente disponibles. Las enmiendas 31, 106 y 110 aclaran que la obligación de las autoridades competentes de prestar asistencia no cubre la asesoría jurídica en casos individuales, que la obligación de informar puede cumplirse haciéndola accesible mediante un sitio web, que el asesoramiento podrá incluir una guía detallada y que la información deberá facilitarse de manera clara e inteligible. La enmienda 107 establece que la información y asistencia debería ser accesible a distancia y por vía electrónica, entre otros medios. La enmienda 108 fija el plazo para aplicar las obligaciones de información y la enmienda 109 aclara que la disponibilidad de la información en otras lenguas debe ser compatible con la legislación de los Estados miembros sobre el uso de las lenguas. La enmienda 33 , al introducir un nuevo considerando, refuerza lo dispuesto en el artículo 7. La Comisión acepta las enmiendas 105-106, 108-110, 31, 33 y, ajustándose a la labor del Consejo, añade la enmienda 31 (considerando 25 quater ), que afirma que los Estados miembros son los que deben determinar la responsabilidad en caso de que la información sea incorrecta o engañosa. Pero la Comisión no puede aceptar la enmienda 107, dado que eliminaría la obligación de informar por vía electrónica, lo que constituye una herramienta clave para que la simplificación administrativa sea una realidad.

Procedimientos por vía electrónica (artículo 8). La enmienda 111 fija un calendario revisado para la aplicación, explica que los procedimientos y trámites pueden efectuarse más fácilmente, entre otros medios, por vía electrónica (como la enmienda 32 ) y afirma que los procedimientos electrónicos no deben aplicarse si se solicita documentación original. La Comisión no puede aceptar la enmienda 111, aparte del calendario revisado, ni la enmienda 32 debido a que, como ya se ha dicho, los procedimientos electrónicos constituyen una medida clave de simplificación administrativa y que también pueden utilizarse para la documentación original mientras pueda presentarse electrónicamente una prueba de autenticidad. Sin embargo, la Comisión considera que, con arreglo a la enmienda 32 (considerando 26) y apoyándose en la labor del Consejo, debe aclarar que la obligación de prever procedimientos por vía electrónica no impide que los Estados miembros ofrezcan otras vías, además de la electrónica, para llevar a cabo los procedimientos y trámites.

3.3. Libertad de establecimiento de los prestadores (artículos 9 a 15)

Regímenes de autorización. La enmienda 35 aclara en el considerando 27 quater que lo dispuesto en la Directiva sobre los regímenes de autorización no afecta a las decisiones de las autoridades de crear una entidad pública o privada o de celebrar contratos. La enmienda 37 indica que razones imperiosas de interés general, como la salud pública, permiten justificar la aplicación de regímenes de autorización y otras restricciones a los servicios sociales, siempre que se respeten los principios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad. Las enmiendas 112-113 reorganizan el capítulo y la sección y cambian sus nombres. La enmienda 116 (así como la enmienda 209 ) excluye los regímenes de autorización del proceso de evaluación recíproca. La Comisión acepta las enmiendas 35 y 112-113 en su totalidad, y la enmienda 37 con pequeños cambios de redacción. Pero la Comisión no puede aceptar las enmiendas 116 y 209 porque la obligación de evaluar los regímenes de autorización e informar sobre ellos es una medida fundamental para facilitar el acceso a las actividades de servicio y su ejercicio. No obstante, la Comisión especifica en un nuevo considerando (27 quinquies ), con arreglo a la labor del Consejo, que la obligación de informar solo afecta a la existencia de regímenes de autorización y no a los criterios y las condiciones para la concesión de una autorización. En cuanto a las enmiendas 114, 115 y 117 , que incluyen sobre todo cambios técnicos, la Comisión acepta las enmiendas 115 y 117, esta última con un cambio de redacción necesario para la coherencia jurídica, pero no puede aceptar la enmienda 114, que perjudicaría la claridad del texto.

Condiciones de concesión de una autorización. Las enmiendas 34 y 121 establecen que la autorización debería cubrir normalmente todo el territorio nacional salvo si puede justificarse un ámbito geográfico más limitado por una razón imperiosa de interés general, como la protección del medio ambiente. Las enmiendas 34 y 123 prevén que la Directiva no afectará a las competencias locales y regionales de concesión de autorizaciones. La enmienda 119 añade «transparentes» y «accesibles» a los criterios que deben cumplir los regímenes de autorización. La enmienda 120 aclara que, al evaluar si las condiciones para la concesión de una autorización son equivalentes o comparables en lo esencial a las que ya esté sometido el prestador en otro Estado miembro (no duplicación), no solo se tendrá en cuenta su objetivo y su finalidad, sino también su efecto y la efectividad de su cumplimiento. La enmienda 122 excluye las decisiones de concesión de una autorización del requisito de motivación y de poder impugnarlas ante los tribunales. La enmienda 118 suprime la palabra «objetivamente» de la frase «estar justificados por una razón imperiosa de interés general» del artículo 10. La Comisión acepta las enmiendas 34, 118, 119 y 123 en su totalidad. En lo que se refiere a la enmienda 120, se acepta al insertar un nuevo considerando (27 octies ) para aclarar que el requisito de no duplicación no impide que los Estados miembros apliquen sus propias condiciones, pero requiere que tengan en cuenta las condiciones equivalentes cumplidas ya por el prestador en otro Estado miembro. Además, la Comisión está de acuerdo con el fondo de la enmienda 121, pero prefiere otra redacción. Y no puede aceptar la enmienda 122, ya que la exclusión de las decisiones de concesión de una autorización de la obligación de motivación podría llevar a menoscabar o imposibilitar el control judicial de una decisión administrativa, sobre todo para terceros.

Duración de la autorización. Selección entre varios candidatos. Las enmiendas 128 y 36 declaran que no queda afectada la capacidad de los Estados miembros para retirar autorizaciones, especialmente si ya no se reúnen las condiciones para su concesión. Las enmiendas 124-127, 129, 38 y 30 prevén aclaraciones útiles en el artículo 11 y sus considerandos correspondientes. La enmienda 130 establece que los Estados miembros podrán tener en cuenta, al aplicar su procedimiento de selección, varios objetivos de interés general. La Comisión acepta las enmiendas 128 y 36, limitadas a las situaciones en las que ya no se reúnen las condiciones de concesión de autorización. La Comisión también acepta las enmiendas 124-127, 129 y 38 en su totalidad o en parte, y las enmiendas 130 y 30 con pequeños ajustes de redacción.

Procedimientos de autorización. Las enmiendas 134 y 28 suprimen la regla según la cual la autorización se considerará concedida a falta de respuesta una vez vencido un plazo determinado («autorización tácita»). La enmienda 135 establece que solo debería facilitarse un acuse de recibo de las solicitudes previa petición del solicitante y que no debe especificar las vías de recurso disponibles. Las enmiendas 131-133 y 136-137 incluyen aclaraciones técnicas que la Comisión puede aceptar con pequeños cambios, en las enmiendas 136-137. Ahora bien, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 134 y 28, pues la autorización tácita (a falta de respuesta de las autoridades) es clave para facilitar la libertad de establecimiento. No obstante, la Comisión aclara en un nuevo considerando (28 bis ), con arreglo a la labor del Consejo, que podrán aplicarse diversas medidas con respecto a determinadas actividades, en lo que se refiere a la autorización tácita, cuando estén objetivamente justificadas por razones imperiosas de interés general. Igualmente, la Comisión no puede aceptar la enmienda 135, pues crearía una carga adicional para los solicitantes y dificultaría el control judicial.

Requisitos prohibidos (artículo 14). La enmienda 138 modifica el título de la sección. La enmienda 140 (y la 41 ) deja claro que la prohibición de una aplicación caso por caso de una prueba económica no se refiere a los requisitos de planificación que no persiguen fines económicos, sino que están al servicio de razones imperiosas de interés general. La enmienda 141 aclara que la prohibición de una intervención directa o indirecta de competidores en la concesión de autorizaciones no se refiere a la consulta de organismos como las cámaras de comercio sobre asuntos distintos de las solicitudes individuales. La enmienda 40 establece que, en determinados casos, puede justificarse una obligación de presencia del prestador del servicio en el ejercicio de su actividad. La enmienda 142 explica que la prohibición de exigir al prestador de servicios establecido en el territorio de un Estado miembro garantías financieras o seguros no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros requieran garantías financieras como tales, o requieran que se suscriba un seguro a través de empresas con derechos especiales o exclusivos, ni afecta a los requisitos relativos a la participación en un fondo de compensación colectivo. La enmienda 143 aclara el requisito de la inscripción previa. La Comisión acepta plenamente las enmiendas 138, 140, 141, 143 y 41, y la enmienda 40 con una aclaración adicional. La Comisión acepta la enmienda 142 en cuanto al fondo, pero cambia la redacción en el artículo pertinente por coherencia con el Derecho comunitario y añade una nueva aclaración en un nuevo considerando 32 bis, que se ajusta a la labor del Consejo. Además, la enmienda 143 prevé aclaraciones técnicas que la Comisión acepta, al mismo tiempo que añade un nuevo considerando (32 ter ) basado en la labor del Consejo, con otra aclaración sobre la prohibición de la inscripción previa.

Requisitos por evaluar (artículo 15). La enmienda 42 aclara que el proceso de evaluación recíproca no afecta a la libertad de los Estados miembros de establecer en su legislación un alto nivel de protección de los intereses públicos y que la evaluación ha de tener en cuenta la especificidad de los servicios de interés económico general y de las tareas particulares que se les asignan, que pueden justificar determinadas restricciones a la libertad de establecimiento. Las enmiendas 144 y 145 suprimen los ejemplos de requisitos relativos a la forma jurídica del prestador o a la propiedad de la empresa. Las enmiendas 147/242 excluyen del proceso de evaluación los requisitos relativos a las ventas con pérdidas y a las rebajas. Las enmiendas 149/242 suprimen la palabra «objetivamente» de la frase «estén justificados por una razón imperiosa de interés general». Las enmiendas 148/242 (así como la enmienda 43 ) excluyen las obligaciones de difusión del proceso de evaluación. Igualmente, la enmienda 150 excluye del artículo 15, apartados 1 a 4, los servicios de interés económico general y los regímenes de seguridad social. Además, la enmienda 150, junto con la enmienda 151 , suprime la prohibición de que los Estados miembros introduzcan cualquier nuevo requisito de tipo similar a no ser que cumpla los criterios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad, y la obligación correspondiente de los Estados miembros de notificar las nuevas disposiciones legales, reglamentarias o administrativas. La enmienda 146 añade una referencia a la Directiva sobre cualificaciones profesionales. La Comisión acepta las enmiendas 42, 147 y 148/149/242. La Comisión también acepta la supresión de los ejemplos de los artículos pertinentes, como en las enmiendas 144 y 145. La Comisión también añade en el considerando 34, ajustándose a la labor del Consejo, una aclaración de que la evaluación de los requisitos que imponen tarifas mínimas o máximas se refiere solo a las tarifas impuestas por las autoridades competentes para la prestación de determinados servicios, considerando que no afectan a las normas generales sobre fijación de precios como las del alquiler de alojamientos. La Comisión acepta en principio la enmienda 150, relativa a los servicios de interés económico general, y especifica que el artículo 15, apartados 1 a 3, solo se aplica a la legislación en el ámbito de los servicios de interés económico general en la medida en que dicha aplicación no perjudique la realización, de Derecho o de hecho, de las tareas particulares que se les han confiado. La supresión de las obligaciones de notificación (enmienda 151) menoscabaría seriamente el proceso de evaluación, por lo que no puede aceptarse. Por último, las enmiendas 146, 148 y 149/242 proponen cambios técnicos que la Comisión acepta (aunque en la enmienda 146 se haga referencia a la Directiva sobre cualificaciones profesionales en su conjunto, y no solo a su título II).

3.4. Libre prestación de servicios y excepciones (artículos 16 a 19)

Libre prestación de servicios (artículo 16). La enmienda 152 (relativa al título del capítulo) y la enmienda 293/rev. 4 (sobre el artículo 16) sustituye el antiguo principio del país de origen por una disposición sobre la libre prestación de servicios. La enmienda 293/rev. 4 confirma el derecho de los prestadores de servicios a prestar un servicio en un Estado miembro distinto de aquel en el que están establecidos, y obliga al Estado miembro en el que se presta el servicio a garantizar en su territorio el libre acceso a la actividad de servicios y su libre ejercicio. El artículo 16, apartado 1, también establece que el Estado miembro en el que se presta el servicio no puede aplicar sus propios requisitos nacionales a los prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro a no ser que estén justificados por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente, y deberán ser no discriminatorios, necesarios y proporcionados. El apartado 3 vuelve a confirmar la posibilidad de que los Estados miembros contemplados en el apartado 1 impongan sus requisitos nacionales a los prestadores de servicios que se desplacen a su territorio desde otros Estados miembros si dichos requisitos están justificados por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio. El apartado 3 también aclara que los Estados miembros podrán aplicar, de conformidad con el Derecho comunitario, sus condiciones de empleo. El artículo 16, apartado 2, establece una lista de requisitos, como el de estar establecido en el territorio para que se permita prestar un servicio, que los Estados miembros no pueden imponer a los prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro. La enmienda 293/rev. 4 también prevé que la Comisión, previa consulta con los Estados miembros y los interlocutores sociales, presente un informe sobre la aplicación del artículo 16 que incluya considerar la necesidad de proponer medidas de armonización.

La Comisión acepta las enmiendas 152 y 293/rev. 4 con pequeños ajustes de redacción en el apartado 3 para aclarar que, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los requisitos nacionales deben ser siempre no discriminatorios, necesarios y proporcionados. La Comisión también acepta, previo ajuste en la redacción, la enmienda 45 sobre el considerando 37, que indica que los Estados miembros pueden imponer sus requisitos si son indispensables por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente, y las enmiendas 46-47, que suprimen los considerandos que hacían referencia al antiguo principio del país de origen. Además, la Comisión, con arreglo a la labor del Consejo, añade considerandos explicativos: uno que se refiere a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el derecho de los Estados miembros a tomar medidas para evitar que los prestadores de servicios abusen de las ventajas de los principios del mercado interior (considerando 37 bis ), y otro que destaca la necesidad de garantizar que los prestadores puedan llevar consigo el equipo que sea inherente a la prestación del servicio cuando se desplacen para ejercer en otro Estado miembro (considerando 39 bis ), así como un considerando adicional que explique el concepto de «equipo» (considerando 39 ter ).

Excepciones complementarias a la libre prestación de servicios (artículo 17). La enmienda 400 cambia el nombre del artículo 17 y establece que la disposición sobre la libre prestación de servicios no se aplicará a servicios de interés económico general prestados en otro Estado miembro, entre otros los servicios postales, de distribución de electricidad, gas y agua, de aguas residuales y de gestión de residuos. La Comisión acepta la enmienda 400. La Comisión también aclara en un considerando (40 bis ), basándose en la labor del Consejo, que la excepción de los servicios postales abarca tanto las actividades reservadas al prestador del servicio universal como a los otros servicios postales. Además, también puede aceptarse la enmienda 165, que aclara en el artículo 17, punto 12, la excepción al régimen de autorización previsto en los artículos 3 y 4 del Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Unión Europea.

En cuanto a las actividades de abogados y notarios , la enmienda 160 suprime la excepción para los asuntos cubiertos por la Directiva 77/249/CEE del Consejo para facilitar el ejercicio efectivo de la libertad de prestación de servicios por parte de los abogados, y la enmienda 166 suprime la excepción de los actos para los que la ley exige la intervención de un notario. Estas enmiendas ya no tienen razón de ser, dado que la Comisión no acepta una exclusión general del ámbito de aplicación de la Directiva de las actividades de abogados o notarios, por lo que dichas derogaciones deberían mantenerse. Con respecto al cobro de deudas por vía judicial, la enmienda 161 introduce una nueva excepción que la Comisión puede aceptar. Al mismo tiempo, la Comisión aclara en un nuevo considerando (40 ter ) el alcance de esta excepción, ajustándose a la labor del Consejo.

En lo que se refiere a los requisitos que reservan una actividad a una profesión particular, la enmienda 162/404 introduce una nueva excepción que se añade a la relativa a las cuestiones cubiertas por el título II de la Directiva 2005/36/CE sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales. La enmienda 162/404 y la enmienda 48, que explican esta nueva excepción en un considerando (41 quater ), pueden aceptarse en principio, con un cambio de redacción para hacerlas más precisas.

En cuanto a la libre circulación de personas y a su residencia, la enmienda 163 aclara la excepción relativa a la Directiva 2004/38/CE y puede aceptarse.

Por lo que se refiere a la excepción al desplazamiento de nacionales de terceros países en el contexto de la prestación de un servicio, la enmienda 164 reformula el texto de la excepción que figura en el artículo 17, punto 11. Dado que se suprimió el artículo 25, la excepción del artículo 17, punto 11, tuvo que volver a redactarse. Las enmiendas 50 y 51, que introducen los considerandos 41 bis y 41 ter, explican la excepción a la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, se aceptan con pequeños cambios en su redacción.

Sobre las prohibiciones y requisitos específicos justificados por motivos de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente, las enmiendas 167 y 168 prevén modificar las excepciones del artículo 17, puntos 16 y 17. Según la Comisión, estas enmiendas ya no tienen sentido, pues, dado que el artículo 16 concede ahora a los Estados miembros la posibilidad más general de imponer requisitos nacionales relativos al orden público, la seguridad pública, la salud pública y la protección del medio ambiente, las excepciones más concretas del artículo 17, puntos 16 y 17, se han vuelto superfluas. En consecuencia, se han suprimido junto con sus considerandos correspondientes.

En cuanto al reembolso de la asistencia hospitalaria, la enmienda 169 suprime la excepción para el régimen de autorización aplicable al reembolso de la asistencia hospitalaria. La Comisión acepta la enmienda para ajustarse a la exclusión de los servicios sanitarios del ámbito de aplicación y a la supresión de la cobertura de la atención sanitaria del artículo 23.

Por lo que se refiere al Derecho internacional privado, la enmienda 170 introduce en el artículo 17 una excepción a todas las disposiciones del Derecho internacional privado, en especial a las aplicables a las obligaciones contractuales y extracontractuales, incluida la forma de los contratos. La Comisión acepta esta enmienda, que debe figurar en el artículo 17 debido a que la disposición sobre la libre prestación de servicios es la medida de la Directiva que podría entrar en conflicto con la aplicación de las normas del Derecho internacional privado. Las enmiendas 171, 172 y 173 suprimen las excepciones a los contratos de los consumidores, la validez formal de los contratos en materia de propiedad inmobiliaria y a la responsabilidad extracontractual del prestador en caso de accidente, que ya están cubiertos por una excepción más amplia para todas las disposiciones del Derecho internacional privado. La Comisión acepta estas enmiendas y las modificaciones correspondientes en los considerandos ( enmiendas 53 y 54 relativas a los considerandos 45 y 46).

La Comisión añade, asimismo, unas aclaraciones técnicas que reflejan la labor del Consejo.

Excepciones transitorias (artículo 18). La enmienda 174 suprime totalmente el artículo 18 con sus excepciones transitorias al (antiguo) principio del país de origen. La Comisión lo acepta porque las actividades de juego por dinero se han excluido del ámbito de aplicación de la Directiva, el acceso a la actividad de cobro de deudas por vía judicial está cubierto por una nueva excepción en el artículo 17, punto 7 bis , y el transporte de fondos y objetos de valor se ha incluido en el artículo 40, apartado 1.

Excepciones en casos individuales (artículo 19). La enmienda 175 ajusta el título al nuevo nombre del artículo 16. La enmienda 176 se refiere a las condiciones en las que podrá aplicarse la excepción en casos individuales y suprime la obligación de respetar el procedimiento de asistencia recíproca antes de tomar estas medidas. Las excepciones en casos individuales relativas a la salud pública, al orden público y al ejercicio de profesiones sanitarias ya no tienen razón de ser, pues la exclusión de la asistencia sanitaria del ámbito de aplicación de la Directiva y el hecho de que el artículo 16 ya concede a los Estados miembros la posibilidad más general de imponer requisitos relativos al orden público y a la salud pública. La Comisión suprime, por tanto, las excepciones en los casos individuales correspondientes y restringe el artículo 19 a la seguridad de los servicios. Ahora bien, la Comisión no puede aceptar la supresión del procedimiento de asistencia recíproca, que es fundamental para garantizar que esta excepción no acarree restricciones innecesarias a la libertad de prestación de servicios.

3.5. Derechos de los destinatarios de servicios (artículos 20 a 23)

Restricciones prohibidas / prohibición de discriminación . Las enmiendas 177 y 55 , relativas al artículo 21 y al considerando 50 sostienen que el destinatario de los servicios no debería estar sujeto a requisitos discriminatorios basados «únicamente» en su nacionalidad o lugar de residencia. La Comisión no puede aceptar este añadido a la cláusula de no discriminación prevista en el artículo 21, pues podría interpretarse como que permite la discriminación si se basa en otras razones. El resto de la enmienda 55 aclara el considerando 50 y puede aceptarse. La Comisión también añade algunas aclaraciones sobre el concepto de asistencia financiera mencionado en el artículo 20 para ajustarse a la labor del Consejo (véase el considerando 48 y el nuevo considerando 48 bis ).

Asistencia a los destinatarios. La enmienda 178 , relativa al artículo 22, sobre la asistencia a los destinatarios de servicios, aclara varios puntos sobre las informaciones y la asesoría que las ventanillas únicas ofrecen a los destinatarios. Además, esta enmienda suprime los puntos de contacto de la Red de centros europeos de los consumidores de la lista de asociaciones y organizaciones cuyos datos de contacto deberían comunicarse a los destinatarios y que pueden ofrecerles una ayuda práctica. La enmienda 179 añade un nuevo artículo 22 bis relativo a la posibilidad para un prestador de servicios de efectuar todos los procedimientos y trámites en una ventanilla única. La Comisión acepta la enmienda 178, salvo la parte que suprime la referencia a la Red de centros europeos de los consumidores, que, según la Comisión, debería desempeñar un papel muy activo en ofrecer una ayuda práctica a los consumidores. La Comisión no puede aceptar la enmienda 179 y la previsión de un nuevo artículo 22 bis , pues el papel y las responsabilidades de las ventanillas únicas ya se tratan lo suficiente en el capítulo de la Directiva relativo a la simplificación administrativa.

Reembolso de la asistencia sanitaria recibida en otro Estado miembro. Las enmiendas 56 a 62 y 180/247 suprimen el artículo 23, las medidas sobre el reembolso de la asistencia sanitaria recibida en otro Estado miembro y los considerandos correspondientes. La Comisión acepta esas supresiones y, como ya se ha dicho, presentará una iniciativa aparte sobre los servicios sanitarios.

3.6. Desplazamiento de trabajadores (artículos 24 y 25)

Medidas específicas sobre desplazamiento de trabajadores y desplazamiento de nacionales de terceros países. Las enmiendas 181, 182/248, 63-64, 183/249 y 65-66 suprimen las medidas pertinentes relativas a la eliminación de los obstáculos administrativos y a las obligaciones de los Estados miembros de cooperar en lo referente al desplazamiento de trabajadores y al desplazamiento de nacionales de terceros países. Mientras que la Comisión cree que es muy importante enfrentarse a las cargas administrativas suplementarias que perjudican las oportunidades de los prestadores de servicios para prestar servicios transfronterizos mediante el desplazamiento de su personal, y que es importante aumentar la cooperación administrativa a fin de combatir el trabajo subterráneo y el dumping social, acepta la supresión de estas medidas como parte de un compromiso global. Para enfrentarse a las cargas administrativas suplementarias y establecer un mejor funcionamiento del sistema de cooperación administrativa, la Comisión facilitará orientaciones a los Estados miembros sobre estas cuestiones.

3.7. Calidad de los servicios (artículos 26 a 32)

Información sobre los prestadores y sus servicios (artículo 26). Las enmiendas 184 y 186 establecen una obligación sistemática para los prestadores de servicios de poner la información a disposición de los destinatarios mediante las ventanillas únicas. La enmienda 185 introduce una obligación de informar a los destinatarios sobre la forma jurídica del prestador de servicios. La Comisión acepta la enmienda 185 con un pequeño cambio de redacción; en cambio, no puede aceptar las enmiendas 184 y 186, porque representarían una carga innecesaria para los prestadores de servicios.

Seguro de responsabilidad profesional (artículo 27). La primera frase de la enmienda 187 suprime la obligación de los Estados miembros de garantizar que los prestadores de servicios cuyos servicios presenten un riesgo particular para la salud o la seguridad del destinatario o un riesgo financiero particular para el destinatario estén cubiertos por un seguro de responsabilidad profesional, y la sustituye por una simple declaración sobre la posibilidad de que los Estados miembros exijan ese seguro. La segunda frase indica que el seguro también cubrirá los riesgos presentados por dichos servicios cuando se presten en otros Estados miembros. La Comisión acepa ambas frases de esta enmienda, con pequeños ajustes de redacción. Asimismo, se acepta la enmienda 67, que añade el considerando 63 bis, sujeto a los ajustes necesarios para reflejar los cambios en el artículo 27, apartado 1. El considerando 63 también se ajusta en consecuencia. La Comisión acepta las enmiendas 188, 189 y 190, pues son necesarias y no acarrean una carga suplementaria a los prestadores de servicios. Asimismo, con arreglo a la labor del Consejo, la Comisión aclara el texto del artículo 27 y sus considerandos correspondientes, en concreto sobre el ámbito de aplicación de este artículo, y aborda el riesgo de un fallo del mercado de seguros para prever la posibilidad de establecer un procedimiento que se enfrente a situaciones de fallo verificable del mercado de seguros.

Garantías posventa (artículo 28). La enmienda 191 suprime la obligación para los prestadores de servicios de informar sobre sus garantías posventa. La enmienda 192 suprime esta medida y aclara que las garantías posventa previstas en otros instrumentos comunitarios no deberían verse afectadas. La Comisión no puede aceptar la enmienda 191, pues los prestadores de servicio deben facilitar a los destinatarios la información pertinente sobre las garantías posventa. Asimismo, la Comisión no puede aceptar la enmienda 192 debido a que debe mencionarse explícitamente el vínculo con el resto de la legislación comunitaria sobre las garantías posventa.

Comunicaciones comerciales (artículo 29). La Comisión aclara el texto recogiendo la labor del Consejo, según la cual las normas profesionales en materia de comunicaciones comerciales deberán ser no discriminatorias, necesarias y proporcionadas.

Actividades multidisciplinares (artículo 30). La enmienda 193 (así como la enmienda 210 ) excluye las actividades multidisciplinares del proceso de evaluación recíproca. La Comisión no puede aceptar las enmiendas 193 y 210 debido a que la obligación de evaluar las restricciones a las actividades multidisciplinares y de informar sobre ellas es una medida clave para facilitar el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. La Comisión, a partir de la labor del Consejo, sigue aclarando qué restricciones pueden justificarse, y lo explica en un nuevo considerando (64 bis ).

Política de calidad de los servicios (artículo 31). La enmienda 194 aclara que los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, fomentarán el desarrollo de normas europeas voluntarias. La Comisión acepta la enmienda 194 al mismo tiempo que destaca, con arreglo a la labor del Consejo, el papel de las organizaciones de consumidores.

Resolución de litigios (artículo 32). La enmienda 195 introduce más datos de contacto que deben facilitar los prestadores. La enmienda 196 sustituye el término «adecuadas» por «satisfactorias». La Comisión acepta las enmienda 195 y 196, al mismo tiempo que aclara, con arreglo a la labor del Consejo, qué garantías financieras se considerarán equivalentes en el sentido de este artículo, y lo explica en un nuevo considerando (65 bis ).

3.8. Cooperación administrativa (artículos 34 a 38)

Asistencia recíproca y supervisión. Las enmiendas 199 a 202 y 68 a 69 reorganizan el capítulo sobre la cooperación administrativa y aclaran las obligaciones de los Estados miembros respectivos. La enmienda 199 cambia el nombre del capítulo. Las enmiendas 200-202 se dirigen a aclarar mejor el reparto de tareas entre el Estado miembro de establecimiento y el Estado miembro en el que se presta el servicio. En concreto, el Estado miembro de establecimiento es el responsable de la supervisión de los prestadores de servicios establecidos en su territorio y no puede negarse a controlar ni a aplicar medidas porque el servicio se haya prestado en otro Estado miembro. El Estado miembro de establecimiento debe llevar a cabo las comprobaciones, inspecciones e investigaciones y, a solicitud de otro Estado miembro, facilitar información acerca de los prestadores de servicios establecidos en su territorio. El Estado miembro en el que se presta el servicio es responsable de la supervisión de la actividad de servicio prestada en su territorio en aquellos aspectos en los que puede imponer sus requisitos nacionales con arreglo al artículo 16, apartado 1 (artículo 21, apartado 1, del texto consolidado del Parlamento). En los demás casos, llevará a cabo las comprobaciones, inspecciones e investigaciones in situ que estén justificadas objetivamente y no sean discriminatorias, o a solicitud del Estado miembro de establecimiento. La enmienda 69 explica que la cooperación administrativa efectiva es necesaria para evitar la multiplicación de normas aplicables a los prestadores de servicios o duplicaciones de controles en actividades transfronterizas, y elimina la posibilidad de que comerciantes abusivos eludan la supervisión o las normas nacionales aplicables a los servicios. La enmienda 68 establece la necesidad de un sistema de información electrónica que funcione correctamente.

La Comisión acepta las enmiendas 68-69 en su totalidad y las enmiendas 200-202 en cuanto al fondo. Reconociendo la necesidad de establecer claramente los cometidos y las obligaciones del Estado miembro de establecimiento y el Estado miembro en el que se presta el servicio, a fin de que la cooperación administrativa funcione con eficacia, la Comisión incorpora las enmiendas del Parlamento Europeo a la estructura elaborada por el Consejo.

Mecanismo de alerta. La enmienda 203 establece un mecanismo de alerta para que, si un Estado miembro tiene conocimiento de actos o circunstancias específicos de carácter grave que puedan ocasionar perjuicios graves para la salud o la seguridad de las personas, informe de inmediato a la Comisión y a los Estados miembros afectados. La Comisión acepta la enmienda 203 y añade también el medio ambiente a las razones que pueden desencadenar el mecanismo de alerta. Sin embargo, este nuevo sistema responde a un objetivo distinto del del sistema de asistencia recíproca en caso de excepciones en casos individuales, por lo que no puede reemplazarlo.

Información sobre la honradez de los prestadores. La enmienda 197 añade que la información que los Estados miembros deben facilitar a solicitud de una autoridad competente en otro Estado miembro debe ser estar relacionada directamente con las competencias del prestador de servicios, y que la solicitud debe estar debidamente justificada. La enmienda 198 establece que lo dispuesto sobre las solicitudes de información debe ajustarse a las normas de las disposiciones sobre la protección de datos personales y que toda la información pública debería estar a la disposición de los consumidores. La Comisión acepta ambas enmiendas y añade las aclaraciones siguientes, que reflejan la labor del Consejo: los Estados miembros facilitarán información sobre medidas disciplinarias o administrativas o condenas penales y decisiones relativas a insolvencias o quiebras, de conformidad con su legislación nacional; las sanciones y medidas solo se comunicarán si se ha adoptado una decisión definitiva; lo dispuesto sobre la honradez de los prestadores no impide iniciativas en el área de la cooperación policial y judicial en materia penal (nuevo considerando 66 octies ).

Medidas complementarias. La enmienda 68 describe la necesidad de un sistema de información electrónica que funcione correctamente para mejorar la cooperación administrativa entre los Estados miembros. La Comisión acepta la enmienda 68, traslada su contenido a un artículo y lo explica en un nuevo considerando (66 octies ). Asimismo, reflejando la labor del Consejo, introduce otra medida complementaria para el intercambio de los funcionarios responsables de llevar a cabo la asistencia recíproca.

3.9. Programa de convergencia y disposiciones finales (artículos 39 a 48)

Códigos de conducta (artículo 39). Las enmiendas 205 y 70 destacan la importancia de los códigos de conducta elaborados a escala comunitaria, sobre todo los de colegios, asociaciones y organismos profesionales, y aclaran que los códigos de conducta complementan los requisitos jurídicos de los Estados miembros. La enmienda 71 traslada a un considerando la descripción de los sectores que deberían incluirse en los códigos de conducta. La Comisión acepta esas enmiendas y, reflejando la labor del Consejo, añade un nuevo considerando (67 ter ) que describe el objetivo de los códigos de conducta.

Armonización complementaria (artículo 40). Con arreglo al ámbito de aplicación redefinido, la enmienda 206 suprime las actividades de juego por dinero, y la enmienda 208 suprime otros temas de una posible armonización complementaria, como los identificados mediante las excepciones en casos individuales o el procedimiento de evaluación recíproca. La enmienda 207 añade los servicios de seguridad a la lista de temas que deben evaluarse par su armonización complementaria. La Comisión acepta las enmiendas 206, 208 y 207, y especifica que se evaluará la posibilidad de una armonización complementaria de los servicios de seguridad y el transporte de fondos y objetos de valor un año después de la aplicación de la Directiva.

Asimismo, la Comisión acepta las enmiendas 211 y 212, relativas a la fecha en la que la Comisión presentará el informe sobre la evaluación recíproca y la cláusula de revisión.

Por último, la enmienda 213 fija un plazo de tres años para incorporar la Directiva a la legislación de los Estados miembros. Debido a la urgencia de avanzar hacia el mercado interior de los servicios, la Comisión considera que debe mantenerse el plazo de dos años.

4. PROPUESTA MODIFICADA

Con arreglo al artículo 250, apartado 2, del Tratado CE, la Comisión modifica su propuesta en la forma descrita a continuación.

2004/0001 (COD)

Propuesta modificada de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a los servicios en el mercado interior (Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 47, apartado 2, primera y tercera frase, y sus artículos 55, 71 y 80, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión[1],

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[2],

Visto el dictamen del Comité de las Regiones[3],

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado,

Considerando lo siguiente:

(1) La Unión Europea tiene por objetivo estrechar cada vez más los lazos entre los Estados y los pueblos de Europa y garantizar el progreso económico y social. Con arreglo al artículo 14, apartado 2, del Tratado, el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el que estén garantizadas la libertad de prestar servicios y la libertad de establecimiento. La eliminación de las barreras que obstaculizan el desarrollo de las actividades de servicios entre Estados miembros es un medio esencial de reforzar la integración entre los pueblos de Europa y de fomentar un progreso económico y social equilibrado y sostenible. A la hora de eliminar estas barreras es esencial velar por que el desarrollo de actividades de servicios contribuya al cumplimiento de la tarea, establecida en el artículo 2 del Tratado, de promover «un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un alto nivel de empleo y de protección social, la igualdad entre el hombre y la mujer, un crecimiento sostenible y no inflacionista, un alto grado de competitividad y de convergencia de los resultados económicos, un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente, la elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros».

(1 bis) Para el fomento del crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo en la Unión Europea resulta esencial un mercado competitivo de servicios. Actualmente, hay un gran número de barreras en el mercado interior que impiden a los prestadores de servicios, en particular a las pequeñas y medianas empresas (PYME), extender sus operaciones más allá de sus fronteras nacionales y beneficiarse plenamente del mercado interior. Ello debilita la competitividad global de los prestadores de servicios de la Unión Europea. Un mercado libre que obligue a los Estados miembros a suprimir las barreras para la circulación transfronteriza de servicios con, al mismo tiempo, una mayor transparencia y una mayor información proporcionaría a los consumidores una mayor posibilidad de elección y unos servicios a precios más bajos.

(2) En el informe de la Comisión sobre el «estado del mercado interior de servicios»[4] se hace un inventario de un gran número de obstáculos que impiden o frenan el desarrollo de los servicios entre los Estados miembros y, especialmente, de los servicios prestados por las PYME, tipo de empresas predominante en el sector de servicios. En el informe se llega a la conclusión de que, diez años después de lo que debería haber sido la realización del mercado interior, existe todavía un gran desfase entre la existencia de una economía integrada para la Unión Europea y la realidad vivida por los ciudadanos y los prestadores de servicios europeos. Los obstáculos incluidos en el inventario afectan a una amplia gama de actividades de servicios, así como a la totalidad de las etapas de la actividad del prestador de servicios, y presentan numerosos puntos en común, especialmente el hecho de tener su origen con frecuencia en un exceso de trámites administrativos, en la inseguridad jurídica que rodea a las actividades transfronterizas y en la falta de confianza recíproca entre los Estados miembros.

(3) A pesar de que los servicios son el motor del crecimiento económico y de que representan un 70 % del PIB y de los puestos de trabajo en la mayoría de los Estados miembros, esta fragmentación repercute de forma negativa en el conjunto de la economía europea y, especialmente, en la competitividad de las PYME y la circulación de los trabajadores , al tiempo que impide que los consumidores accedan a una mayor variedad de servicios a precios competitivos. Es importante señalar que el sector de los servicios es clave para el empleo, sobre todo de las mujeres, por lo que estas pueden aprovechar en gran medida las nuevas oportunidades ofrecidas por la plena realización del mercado interior de los servicios . El Parlamento Europeo y el Consejo han puesto de relieve que la eliminación de los obstáculos jurídicos que impiden el establecimiento de un auténtico mercado interior es prioritaria para conseguir el objetivo fijado por el Consejo Europeo de Lisboa de mejorar el empleo y la cohesión social y alcanzar un crecimiento económico sostenible con el fin de hacer de la Unión Europea la economía del conocimiento más competitiva y más dinámica y estimuladora del empleo del mundo de aquí al año 2010. La supresión de estos obstáculos , al tiempo que se preserva el modelo social europeo, es una condición esencial para superar los problemas ligados a la puesta en práctica de la estrategia de Lisboa y dar un nuevo impulso a la economía europea, especialmente en términos de empleo e inversión. Es importante, por consiguiente, realizar el mercado interior de los servicios con el debido equilibrio entre la apertura de los mercados y la preservación de los servicios públicos, los derechos sociales y los derechos de los consumidores .

(4) Por tanto, procede eliminar los obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios en los Estados miembros y a la libre circulación de servicios entre los Estados miembros y garantizar, tanto a los destinatarios como a los prestadores de los servicios, la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio efectivo de estas dos libertades fundamentales del Tratado. Dado que los obstáculos que entorpecen el mercado interior de los servicios afectan tanto a los operadores que desean establecerse en otros Estados miembros como a los que prestan un servicio en otro Estado miembro sin establecerse en él, procede permitir que el prestador desarrolle sus actividades de servicios dentro del mercado interior, ya sea estableciéndose en un Estado miembro, ya sea acogiéndose a la libre circulación de servicios. Los prestadores deben disponer de la posibilidad de elegir entre estas dos libertades en función de su estrategia de desarrollo en cada Estado miembro.

(5) La supresión de estos obstáculos no puede hacerse únicamente mediante la aplicación directa de los artículos 43 y 49 del Tratado, ya que, por un lado, resolver caso por caso mediante procedimientos de infracción contra los correspondientes Estados miembros sería, especialmente a raíz de las ampliaciones, una forma de actuar extremadamente complicada para las instituciones nacionales y comunitarias y, por otro, la eliminación de numerosos obstáculos requiere una coordinación previa de las legislaciones nacionales, coordinación que también es necesaria para instaurar un sistema de cooperación administrativa. Como han admitido el Parlamento Europeo y el Consejo, un instrumento legislativo comunitario permitiría crear un auténtico mercado interior de servicios.

(6) La presente Directiva establece un marco jurídico general que beneficia a una amplia gama de servicios sin por ello descuidar las peculiaridades de cada tipo de actividad o de profesión y de sus respectivos sistemas de regulación. Este marco se basa en un enfoque dinámico y selectivo, consistente en suprimir de forma prioritaria las barreras que se pueden eliminar rápidamente y, respecto a las demás, iniciar un proceso de evaluación, consulta y armonización complementaria de cuestiones específicas para permitir modernizar de forma progresiva y coordinada los sistemas nacionales de regulación de las actividades de servicios, operación que es indispensable para realizar un auténtico mercado interior de servicios de aquí a 2010. Conviene prever una combinación equilibrada de medidas relativas a la armonización selectiva, a la cooperación administrativa, a la disposición sobre la libre prestación de servicios y al estímulo para la elaboración de códigos de conducta sobre determinadas cuestiones. Esta coordinación de las legislaciones nacionales debe garantizar un elevado grado de integración jurídica comunitaria y un alto nivel de protección de los objetivos de interés general y, especialmente, la protección de los consumidores , que es indispensable para establecer una confianza recíproca entre los Estados miembros. La presente Directiva también tiene en cuenta otros objetivos de interés general, incluida la protección del medio ambiente, de la seguridad pública y de la sanidad pública y el cumplimiento del Derecho del trabajo.

(6 bis) Puesto que los objetivos de la acción propuesta, es decir, la supresión de obstáculos para el libre establecimiento de prestadores de servicios en los Estados miembros y la libre prestación de servicios entre Estados miembros, no pueden ser alcanzados suficientemente por los Estados miembros y por ello pueden alcanzarse mejor a escala comunitaria, debido a las dimensiones de la acción, la Comunidad podía adoptar medidas, de conformidad con el principio de subsidiariedad que establece el artículo 5 del Tratado. Con arreglo al principio de proporcionalidad que mencionan dicho artículo, la presente Directiva no irá más allá de lo que sea necesario para alcanzar los citados objetivos.

(6 ter) Conviene que lo dispuesto en la presente Directiva sobre la libertad de establecimiento y la libre circulación de servicios se aplique siempre que las actividades de que se trate estén abiertas a la competencia y, por tanto, no se obligue a los Estados miembros ni a liberalizar servicios de interés económico general ni a privatizar entidades públicas que presten este tipo de servicios, ni a abolir los actuales monopolios para otras actividades o determinados servicios de distribución.

(6 quater) La presente Directiva no afecta a los requisitos que rigen el acceso a los fondos públicos para determinados prestadores de servicios. Estos requisitos comprenden, en particular, los que establecen condiciones con arreglo a las cuales los prestadores de servicios tienen derecho a recibir financiación pública, incluidas condiciones contractuales específicas y, en particular, normas de calidad que han de respetarse como condición para percibir fondos públicos, por ejemplo, en el caso de los servicios sociales.

(6 quinquies) La presente Directiva no interfiere con las actividades de los Estados miembros, con arreglo al Derecho comunitario, relativas a la protección o la promoción de la diversidad cultural y lingüística y del pluralismo de los medios de comunicación, incluida la financiación de dichas actividades.

(6 sexies) El objetivo de la presente Directiva es crear un marco jurídico que garantice la libertad de establecimiento y de circulación de servicios entre Estados miembros y no armonizar el Derecho penal ni menoscabarlo . Así pues, la presente Directiva no afecta en general a las normas de Derecho penal. Sin embargo, ningún Estado miembro debería poder eludir las normas establecidas en la presente Directiva ni restringir la libre prestación de servicios mediante la aplicación de disposiciones de Derecho penal que afecten concretamente al acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio.

(6 septies) Es igualmente importante que la presente Directiva respete plenamente las iniciativas comunitarias basadas en el artículo 137 del Tratado con miras a alcanzar los objetivos del artículo 136 del Tratado relativos al fomento del empleo y de mejores condiciones de vida y de trabajo .

(6 octies) La presente Directiva no afecta a las condiciones de trabajo, incluidos los periodos máximos de trabajo y periodos mínimos de descanso, la duración mínima de las vacaciones anuales retribuidas, las cuantías de salario mínimo, la salud, la seguridad y la higiene en el trabajo, ni tampoco afecta a las relaciones entre los interlocutores sociales, incluido el derecho de negociar y celebrar convenios colectivos, el derecho de huelga y de emprender acciones sindicales, ni se aplica a los servicios prestados por empresas de trabajo temporal. La presente Directiva no afecta a la legislación de los Estados miembros sobre la seguridad social.

(6 nonies) La presente Directiva debería interpretarse de manera que reconcilie el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en los Estados miembros y por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea con las libertades fundamentales establecidas en los artículos 43 y 49 del Tratado. Estos derechos fundamentales incluyen , entre otros, el derecho a emprender una acción sindical. La presente Directiva debería interpretarse de manera que respete plenamente esos derechos fundamentales y las libertades fundamentales.

(6 decies) La presente Directiva solo afecta a los prestadores de servicios establecidos en un Estado miembro y no trata aspectos exteriores. No afecta a las negociaciones en organizaciones internacionales sobre comercio de servicios, en particular, en el marco del GATS.

[Considerando 7 suprimido]

(7 bis) La presente Directiva incluye únicamente aquellos servicios que se realizan con una contrapartida económica. Los servicios de interés general no están cubiertos por la definición del artículo 50 del Tratado, por lo que no están incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva . Los servicios de interés económico general son servicios que se realizan con una contrapartida económica, por lo que entran dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva. Sin embargo, determinados servicios de interés económico general, como los que pueden existir en el sector del transporte, están excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva, y algunos otros servicios de interés económico general, como, por ejemplo, los que puedan existir en el ámbito de los servicios postales, están excluidos de la disposición sobre la libre prestación de servicios. La presente Directiva no trata la financiación de servicios de interés económico general ni es aplicable a los sistemas de ayuda concedidos por los Estados miembros, en particular en el ámbito social, de conformidad con las normas comunitarias de competencia. La presente Directiva no trata las medidas de seguimiento del Libro Blanco de la Comisión sobre servicios de interés general.

[Considerando 8 desplazado]

(9) Conviene excluir los servicios financieros del ámbito de aplicación de la presente Directiva dado que estas actividades son objeto de una legislación comunitaria específica con el objetivo de realizar, como la presente Directiva, un auténtico mercado interior de servicios. Por consiguiente, esta exclusión se refiere a todos los servicios financieros, como los bancarios, de crédito, de seguros incluidos los reaseguros, de jubilación profesional o personal, de valores, de inversión, de fondos, de pagos, la asesoría sobre inversión y, de forma general, los servicios enumerados en el anexo I de la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio [5].

(10) Teniendo en cuenta que, en 2002, se adoptó una serie de instrumentos legislativos relativos a los servicios y redes de comunicaciones electrónicos, así como a los recursos y servicios asociados, mediante los cuales se estableció un marco normativo para facilitar el acceso a estas actividades en el mercado interior, principalmente mediante la supresión de la mayoría de los regímenes de autorización individual, conviene que las cuestiones que se rigen por dichos instrumentos queden excluidas del ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(10 bis) Las excepciones al ámbito de aplicación relativas a los servicios de comunicaciones electrónicas amparados por las Directivas 2002/19/CE [6] , 2002/20/CE [7] , 2002/21/CE [8] , 2002/22/CE [9] y 2002/58/CE [10] del Parlamento Europeo y del Consejo no solo se aplican a cuestiones tratadas concretamente en esas Directivas sino también a asuntos respecto de los cuales las Directivas dan explícitamente a los Estados miembros la posibilidad de adoptar determinadas medidas a escala nacional .

(10 ter) Los servicios de transporte , incluido el transporte urbano, los taxis y ambulancias, así como los servicios portuarios , están excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(10 quater) La exclusión de los servicios sanitarios abarca los servicios sanitarios y farmacéuticos prestados por profesionales de la salud a sus pacientes con objeto de evaluar, mantener o restaurar su estado de salud cuando estas actividades están reservadas a profesiones reguladas en el Estado miembro en que se presta el servicio .

(10 quinquies) La presente Directiva no afecta al reembolso de los gastos de servicios sanitarios proporcionados en un Estado miembro distinto de aquel en que resida el beneficiario de los servicios sanitarios. El Tribunal de Justicia se ha pronunciado al respecto en numerosas ocasiones, y ha reconocido los derechos de los pacientes. Es importante tratar este asunto mediante otro instrumento comunitario para lograr una mayor seguridad y claridad jurídicas en la medida en que esta cuestión no esté ya tratada por el Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo[11] sobre la aplicación de los regímenes de seguridad social .

(10 sexies) Conviene asimismo excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva los servicios audiovisuales, independientemente de cual sea su modo de transmisión , incluidas las salas de cine. Asimismo, la Directiva no se aplica a las ayudas concedidas por los Estados miembros en el sector audiovisual, que están reguladas por las normas comunitarias de competencia.

(10 septies) Procede excluir las actividades de juego por dinero, incluidas las loterías y apuestas, del ámbito de aplicación de la presente Directiva, habida cuenta de la especificidad de dichas actividades, que entrañan por parte de los Estados la aplicación de políticas relacionadas con el orden público y la protección de los consumidores .

(10 octies) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la aplicación del artículo 45 del Tratado, relativo en particular a determinadas actividades de los notarios y otras profesiones relacionadas con la facultad de autenticar y certificar.

(10 nonies) La presente Directiva no afecta a los servicios sociales relativos a la vivienda, la atención a los niños y el apoyo a familias y personas necesitadas que presta el Estado o prestadores encargados por el Estado a escala nacional, regional o local con el objetivo de garantizar el apoyo a quienes se hallan en un estado particular de necesidad a causa de unos ingresos familiares insuficientes, de una ausencia total o parcial de independencia o del riesgo de quedar marginalizados. Estos servicios son esenciales para garantizar los derechos fundamentales a la dignidad humana y a la integridad, y son una manifestación de los principios de cohesión social y de solidaridad, y no deben ser afectados por la presente Directiva.

(10 decies) La presente Directiva no se aplica a la financiación de los servicios sociales ni del sistema de ayudas correspondiente. Tampoco afecta a los criterios o condiciones establecidos por los Estados miembros para garantizar que los servicios sociales cumplan efectivamente una función en beneficio del interés público y de la cohesión social .

(11) Teniendo en cuenta el hecho de que en el Tratado se prevén bases jurídicas específicas en materia fiscal y vistos los instrumentos comunitarios ya adoptados en este sector, procede excluir el sector fiscal del ámbito de aplicación de la presente Directiva.

[Considerando 12 desplazado]

(13) Ya existe un volumen considerable de legislación comunitaria sobre las actividades de servicios . La presente Directiva viene a añadirse a este acervo comunitario con el fin de complementarlo. Se han determinado los puntos de conflicto entre la presente Directiva y otros instrumentos comunitarios, y están previstos en la presente Directiva, incluso mediante excepciones. No obstante, es necesario prever una regla para aquellos casos residuales o excepcionales cuando exista un conflicto entre una disposición de la presente Directiva y una disposición de otro instrumento comunitario. La existencia de dicho conflicto se determinará con arreglo a las normas del Tratado por las que se rigen el derecho de establecimiento y la libre circulación de servicios. Conviene evitar conflictos entre las medidas de la presente Directiva y un futuro instrumento comunitario en el momento de elaborar y negociar dicho instrumento.

(13 bis) La presente Directiva es coherente con la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales[12], a la que no afecta. Trata cuestiones distintas a las relativas a las cualificaciones profesionales, como por ejemplo el seguro de responsabilidad profesional, las comunicaciones comerciales, las actividades multidisciplinares y la simplificación administrativa. Con respecto a la prestación de servicios temporales transfronterizos, una excepción a la disposición sobre la libre prestación de servicios en la presente Directiva garantiza que no afecte al título II (Libre prestación de servicios) de la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Por tanto, ninguna de las medidas aplicables en el Estado miembro en el que se presta el servicio con arreglo a la Directiva 2005/36/CE estará afectada por la disposición sobre la libre prestación de servicios.

(13 ter) La presente Directiva es coherente con las demás iniciativas comunitarias en curso relativas a los servicios, especialmente con las que tratan de la competitividad de los servicios destinados a las empresas y la seguridad de los servicios. También es coherente con las iniciativas sobre mercado interior y con las relacionadas con la protección de los consumidores, como la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las prácticas comerciales desleales[13], y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores[14] («Reglamento relativo a la cooperación en materia de protección de los consumidores»).

(14) En la presente Directiva, el concepto de «servicio» incluye actividades enormemente variadas y en constante evolución; entre ellas se cuentan las siguientes: servicios destinados a las empresas, como los servicios de asesoramiento sobre gestión, servicios de certificación y de ensayo, de mantenimiento, de mantenimiento de oficinas, servicios de publicidad o relacionados con la contratación de personal o los servicios de agentes comerciales. El concepto de servicio incluye también los servicios destinados tanto a las empresas como a los consumidores, como los servicios de asesoramiento jurídico o fiscal, los servicios relacionados con los inmuebles, como las agencias inmobiliarias, o con la construcción, incluidos los servicios de arquitectos, o, también, los transportes, la distribución, la organización de ferias o el alquiler de vehículos y las agencias de viajes; servicios destinados a los consumidores, como los relacionados con el turismo, incluidos los guías turísticos, los servicios recreativos, los centros deportivos y los parques de atracciones, y, en la medida en que no estén excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva, los servicios a domicilio, como la ayuda a las personas de edad. Estas actividades pueden constituir al mismo tiempo servicios que requieren una proximidad entre prestador y destinatario, servicios que implican un desplazamiento del destinatario o del prestador y servicios que se pueden prestar a distancia, incluso a través de internet.

[Considerando 15 suprimido]

(16) Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la evaluación de si determinadas actividades, en especial las que reciben financiación pública y las prestadas por entidades públicas, constituyen un «servicio» debe efectuarse en función de los casos y a la vista de todas sus características, en particular la forma en que se prestan, organizan y financian en el Estado miembro de que se trate. El Tribunal de Justicia ha reconocido así que la característica esencial de la remuneración reside en el hecho de que constituye una remuneración por los servicios de que se trate y ha reconocido que la característica de la remuneración no se da en las actividades que realiza el Estado sin contrapartida económica, o en nombre del Estado en el marco de sus obligaciones en los ámbitos social, cultural, educativo y judicial, tales como los cursos realizados en el marco del sistema educativo nacional o la gestión de regímenes de seguridad social que no constituyen una actividad económica. El pago de cuotas por parte los destinatarios, por ejemplo, las tasas de instrucción o de matrícula pagados por los alumnos para hacer una contribución a los gastos de funcionamiento de un sistema no constituye por sí mismo remuneración porque el servicio se sigue financiando fundamentalmente con fondos públicos. Estas actividades no responden, pues, a la definición de «servicio» del artículo 50 del Tratado y, por tanto, no entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(16 bis) Las actividades de deporte aficionado no lucrativas revisten una importancia social considerable. A menudo persiguen objetivos enteramente sociales o recreativos. Por consiguiente, no pueden constituir actividades económicas en el sentido de la legislación comunitaria y quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva.

[Considerando 17 desplazado]

(18) El concepto de «prestador» incluye toda persona física con la nacionalidad de un Estado miembro o persona jurídica que ejerza una actividad de servicios, ya sea acogiéndose a la libertad de establecimiento o a la libre circulación de servicios. Así pues, el concepto de «prestador» no se limita únicamente a los casos en que el servicio se presta a través de las fronteras en el marco de la libre circulación de servicios, sino que también incluye los casos en que un operador se establece en un Estado miembro para desarrollar en él actividades de servicios. Por lo demás, el concepto de «prestador» no abarca el caso de las sucursales de sociedades de terceros países en un Estado miembro, ya que, con arreglo al artículo 48 del Tratado, solo disfrutan de las libertades de establecimiento y circulación de servicios las sociedades constituidas con arreglo a la legislación de un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Comunidad. La noción de destinatario también abarca a los nacionales de terceros países que ya se benefician de derechos reconocidos en actos comunitarios como los Reglamentos (CEE) nº 1408/71[15] y (CE) nº 859/2003[16] o las Directivas 2003/109/CE[17] y 2004/38/CE[18]. Además, los Estados miembros pueden ampliar la noción de destinatario a otros nacionales de terceros países presentes en su territorio.

(18 bis) El lugar de establecimiento de un prestador de servicios debe determinarse a tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual el concepto de establecimiento implica la realización efectiva de una actividad económica a través de un establecimiento fijo durante un periodo indefinido. Este requisito se cumple también cuando se constituye una empresa por un plazo determinado o cuando la empresa arrienda el edificio o las instalaciones desde donde ejerce su actividad. También puede cumplirse cuando el Estado miembro concede autorizaciones únicamente durante un periodo limitado en relación con un servicio en particular. No es necesario que el establecimiento adopte la forma de filial, sucursal o agencia, sino que puede consistir en una oficina dirigida por el propio personal del prestador o por una persona que sea independiente pero autorizada a actuar de manera permanente por la empresa, como sería el caso con una agencia. Con arreglo a esta definición, que exige el ejercicio efectivo de una actividad económica en el lugar de establecimiento de un prestador de servicios, una simple dirección postal no constituye un establecimiento. En los casos en los que un prestador tiene varios lugares de establecimiento, es importante determinar desde qué lugar de establecimiento se presta el servicio efectivo en cuestión. En aquellos casos en los que es difícil determinar desde cuál de los diferentes lugares de establecimiento se presta un determinado servicio, se considera que este es el lugar donde el prestador tiene el centro de sus actividades relacionadas con ese servicio en particular.

(18 ter) Lo dispuesto en el Tratado en relación con el establecimiento deja en libertad a los operadores económicos para elegir la forma jurídica que consideran conveniente para realizar su actividad. Por tanto, las personas jurídicas en el sentido del Tratado incluyen todas las entidades constituidas en virtud de la legislación del Estado miembro, o que se rigen por la misma, independientemente de su forma jurídica.

[Considerando 19 desplazado]

(20) El concepto de régimen de autorización incluye, en concreto, los procedimientos administrativos mediante los cuales se conceden autorizaciones, licencias, homologaciones o concesiones, pero también la obligación de estar inscrito en un colegio profesional o en un registro, en una lista oficial o en una base de datos, de estar concertado con un organismo o de obtener un carné profesional para ejercer una actividad. La concesión de una autorización puede ser resultado no solo de una decisión formal, sino también de una decisión implícita derivada, por ejemplo, del silencio administrativo de la autoridad competente o del hecho de que el interesado deba esperar el acuse de recibo de una declaración para iniciar la actividad en cuestión o para ejercerla legalmente.

(20 bis) La noción de razones imperiosas de interés general a la que se hace referencia en determinadas prescripciones de la presente Directiva ha sido desarrollada de manera gradual por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia relativa a los artículos 43 y 49 del Tratado y puede seguir evolucionando. La noción reconocida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia abarca al menos los ámbitos siguientes: orden público, seguridad y salud públicas, previstas en los artículos 46 y 55 del Tratado, mantenimiento del orden en la sociedad, objetivos de política social, protección de los destinatarios de los servicios, protección del consumidor, protección de los trabajadores, incluida su protección social, preservación del equilibrio financiero de los regímenes de seguridad social, prevención de fraudes, prevención de la competencia desleal, protección del medio ambiente y del entorno urbano, incluida la planificación urbana y rural, protección de los acreedores, garantía de una buena administración de justicia, seguridad vial, protección de la propiedad intelectual e industrial, objetivos de política cultural, incluida la salvaguardia de la libertad de expresión de los diversos componentes (en especial, los valores sociales, culturales, religiosos y filosóficos de la sociedad), mantenimiento de la diversidad de prensa, fomento de la lengua nacional, conservación del patrimonio nacional histórico y artístico y política veterinaria.

[Considerando 21 suprimido]

(21 bis) Las normas relativas a los procedimientos administrativos no tienen por objeto armonizar dichos procedimientos, sino suprimir los regímenes de autorización, procedimientos y formalidades excesivamente onerosos que obstaculizan la libertad de establecimiento y la creación de nuevas empresas de servicios que comporta.

(22) Una de las principales dificultades a que se enfrentan en especial las PYME en el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio reside en la complejidad, la extensión y la inseguridad jurídica de los procedimientos administrativos. Por este motivo, y a semejanza de otras iniciativas de modernización y de buenas prácticas administrativas a nivel comunitario o nacional, procede establecer principios de simplificación administrativa, en concreto introduciendo de forma coordinada a nivel comunitario el sistema de ventanillas únicas , limitando la autorización previa obligatoria a aquellos casos en que sea indispensable e introduciendo el principio de autorización tácita de las autoridades competentes una vez vencido un plazo determinado . El objetivo de este tipo de acción de modernización es, aparte de garantizar los requisitos de transparencia y actualización de los datos relativos a los operadores, eliminar los retrasos, costes y efectos disuasorios que ocasionan, por ejemplo, trámites innecesarios o excesivamente complejos y costosos, la duplicación de operaciones, el formalismo en la presentación de documentos, el poder arbitrario de las instancias competentes, plazos indeterminados o excesivamente largos, autorizaciones concedidas con un periodo de vigencia limitado o gastos y sanciones desproporcionados. Este tipo de prácticas tienen efectos disuasorios especialmente importantes para los prestadores que deseen desarrollar sus actividades en otros Estados miembros y requieren una modernización coordinada en un mercado interior ampliado a veinticinco Estados miembros.

(22 bis) Los Estados miembros introducirán, cuando proceda, formularios armonizados a escala comunitaria, establecidos por la Comisión, que puedan utilizarse como equivalentes a los certificados, justificantes o cualquier otra clase de documentos en relación con el establecimiento.

(22 ter) Para examinar la necesidad de simplificar procedimientos y trámites, los Estados miembros podrán tener en cuenta en particular su necesidad, número, posible duplicación, costes, claridad, accesibilidad, así como las dificultades prácticas y retrasos que podrían generarse en relación con el prestador de servicios de que se trate.

(23) Con el fin de facilitar el acceso a las actividades de servicio y su ejercicio en el mercado interior, procede establecer un objetivo, común a todos los Estados miembros, de simplificación administrativa y prever disposiciones relativas, en concreto, a ventanillas únicas, el derecho de información, los procedimientos por vía electrónica y la creación de un marco para los regímenes de autorización. A nivel nacional se pueden adoptar otras medidas para cumplir este objetivo, consistentes en reducir el número de procedimientos y trámites aplicables a las actividades de servicios y en asegurarse de que dichos procedimientos y trámites son indispensables para conseguir un objetivo de interés general y de que no existen solapamientos entre ellos, tanto en el contenido como en la finalidad.

(24) En aras de la simplificación administrativa, no deberían imponerse de forma generalizada requisitos formales, como la presentación de documentos originales, copias compulsadas o una traducción compulsada, excepto en aquellos casos en que esté objetivamente justificado por una razón imperiosa de interés general, como, por ejemplo, la protección de los trabajadores , la salud pública, la protección del medio ambiente o la protección de los consumidores. También procede garantizar que la autorización dé acceso normalmente a una actividad de servicios o a su ejercicio en todo el territorio nacional a no ser que esté justificado exigir una autorización individual para cada establecimiento —por ejemplo, para cada implantación de grandes superficies comerciales—, o una limitación de la autorización a un lugar específico del territorio nacional por una razón imperiosa de interés general.

(25) Conviene prever ventanillas únicas cuya función sea garantizar que todo prestador disponga de un interlocutor único al que dirigirse para realizar todos los procedimientos y trámites. El número de ventanillas únicas por Estado miembro puede variar según las competencias regionales o locales o según las actividades de que se trate. En efecto, la creación de ventanillas únicas no supone una interferencia en el reparto de competencias entre autoridades dentro de cada sistema nacional. Cuando varias autoridades tienen competencias a nivel regional o local, una de ellas puede hacerse cargo del papel de ventanilla única y de coordinador con las demás. Las ventanillas únicas pueden estar constituidas no solo por autoridades administrativas sino también por cámaras de comercio o de oficios, colegios profesionales u organismos privados a los que los Estados miembros encomienden esta función. La finalidad de las ventanillas únicas es interpretar un importante papel de ayuda al prestador, ya sea como autoridad directamente competente para expedir los documentos necesarios para acceder a una actividad de servicios, ya sea como intermediario entre el prestador y dichas autoridades directamente competentes. En una Recomendación, de 22 de abril de 1997, sobre la mejora y simplificación de las condiciones para la creación de empresas[19], la Comisión ya había invitado a los Estados miembros a introducir puntos de contacto para simplificar los trámites.

(25 bis) La tarifa que podrán cobrar las ventanillas únicas deberá ser proporcional al coste de los procedimientos y trámites de que se ocupen. Esto no impedirá a los Estados miembros encargar a las ventanillas únicas el cobro de otros derechos administrativos tales como los honorarios de los organismos de supervisión.

(25 ter) Los prestadores y los destinatarios de los servicios deben poder acceder fácilmente a determinados tipos de información, lo que debería incluir en concreto la información relativa a procedimientos y trámites, datos de contacto de las autoridades competentes, condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos y a la información sobre las vías de recurso disponibles y a los datos de contacto de las asociaciones y organizaciones que pueden proporcionar asistencia técnica a los prestadores o a los destinatarios. Esta información debe ser de fácil acceso, es decir, ha de estar fácilmente a disposición del público y no deben existir obstáculos para acceder a ella. Además, esta información debe comunicarse de manera clara e inequívoca.

(25 quater) La obligación de los Estados miembros de hacer lo necesario para que los prestadores y los destinatarios puedan acceder fácilmente a la información pertinente puede cumplirse ofreciendo dicha información en un sitio web de internet. La obligación de las autoridades competentes de asistir a los prestadores y a los destinatarios no les exige que faciliten asesoramiento jurídico en casos particulares, sino que se refiere únicamente a información general sobre la