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Bruselas, 13.09.2005

COM(2005) 426 final

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

relativa a la firma, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio n° 198 del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO

El Convenio n° 141 del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito fue adoptado por el Comité de Ministros de Consejo de Europa en septiembre de 1990 y abierto a la firma el 8 de noviembre del mismo año. Entró en vigor el 1 de septiembre de 1993 y todos los Estados miembros de la UE son parte desde entonces. Este Convenio intenta prever un conjunto de normas aplicables a las investigaciones penales que preceden al pronunciamiento y ejecución de resoluciones de decomiso y establecer un mecanismo eficaz de cooperación internacional con el fin de privar a los delincuentes de los instrumentos y productos de sus actividades.

No obstante, desde 1990 la comprensión de la amenaza que representa el blanqueo de dinero y la manera de responder a esta amenaza han evolucionado mucho, lo que ha dado lugar, a partir de 1998, a intercambios de opiniones entre las partes respecto a eventuales modificaciones del Convenio.

La Mesa del Comité Europeo para Asuntos Delictivos (CDPC) del Consejo de Europa decidió en noviembre de 2000 crear un grupo de reflexión sobre la oportunidad de elaborar un protocolo adicional al Convenio de 1990.

El informe final de actividad del grupo de reflexión se presentó al CDPC en su reunión plenaria de junio de 2002. Su conclusión era que argumentos de peso abogaban por una actualización de gran alcance del Convenio, que podía implicar, en particular, medidas relativas a la identificación, embargo y decomiso de haberes de origen delictivo y a la cooperación internacional en materia penal entre servicios represivos.

Durante su 52ª sesión en junio de 2003, el CDPC encargó a un Comité de expertos actualizar y completar el Convenio de 1990. El mandato se amplió seguidamente a la redacción de medidas contra la financiación del terrorismo conformes con las normas internacionales en la materia, así como medidas preventivas. Estas modificaciones de gran alcance condujeron finalmente a la redacción de un nuevo Convenio, más que a la elaboración de un simple protocolo.

De diciembre de 2003 a febrero de 2005 el Comité de expertos celebró siete sesiones y debatió un proyecto de nuevo Convenio "relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo". El acuerdo logrado en la sesión de diciembre de 2004 fue objeto de una consulta a la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa el 27 de enero de 2005 (dictamen n° 254/2005). En la última reunión del Comité de expertos en febrero de 2005 se discutieron las enmiendas parlamentarias y se redactó un proyecto definitivo, que fue examinado por el CDPC el 7 de marzo de 2005. A lo largo de su 925ª reunión de 3 de mayo de 2005, el Comité de Ministros adoptó formalmente el Convenio, abriendo la vía a la aprobación solemne del texto en la tercera cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno, organizada bajo los auspicios del Consejo de Europa en Varsovia los días 16 y 17 de mayo de 2005. 11 Estados miembros del Consejo de Europa, entre ellos ocho miembros de la Unión Europea (Austria, Bélgica, Chipre, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal y Suecia) firmaban el Convenio con motivo de esta cumbre.

El Convenio se abrió a la firma el 16 de mayo de 2005. Entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un periodo de tres meses tras la fecha en que seis signatarios –al menos cuatro de ellos Estados miembros del Consejo de Europa – hayan prestado su consentimiento a ser vinculados por el Convenio.

2. RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES

El 25 de junio de 2004 la Comisión adoptó una recomendación al Consejo con el fin de autorizar a la Comisión a abrir negociaciones en el marco de los trabajos del Comité de expertos del Consejo de Europa [SEC(2004) 822] para las materias de competencia comunitaria, así como una propuesta de Posición común del Consejo sobre estas mismas negociaciones para las materias incluidas en el título VI del Tratado de la Unión Europea [COM(2004) 444].

El 19 de noviembre de 2004 el Consejo adoptó una decisión que autorizaba a la Comisión a negociar los artículos del proyecto de Convenio que eran competencia comunitaria sobre la base del artículo 300 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y una posición común para lo demás. Esta autorización se combinaba con directrices de negociación.

Las negociaciones se han caracterizado por una estrecha cooperación entre los Estados miembros, las Presidencias del Consejo irlandesa, neerlandesa y luxemburguesa, y la Comisión, que se ha materializado en la celebración de reuniones de coordinación regulares y fructíferas. Los plazos inicialmente fijados fueron respetados y el proyecto de Convenio estuvo disponible en la cumbre de Varsovia de Jefes de Estado o de Gobierno de mayo de 2005.

Al término de la negociación, la Comisión considera alcanzados los objetivos fijados por el Consejo. El nuevo Convenio tiene en cuenta los otros instrumentos internacionales en la materia y, en particular, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capital (GAFI). Tal enfoque permitió, entre otras cosas, ampliar el Convenio a la financiación del terrorismo de manera precisa, concretamente refiriéndose a la definición de financiación del terrorismo contenida en el Convenio de Naciones Unidas de 9 de diciembre de 1999.

También ha sido garantizada la coherencia global del dispositivo previsto con los textos vigentes en la Unión Europea. Eso vale muy especialmente para las disposiciones relativas a las medidas preventivas contempladas en el artículo 13 y las que prevén la creación de células de información financiera (artículos 1, letra f), y 12) y sus normas de acción (contempladas en los artículos 14, 46 y 47). Así redactadas, estas cláusulas son plenamente compatibles con la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales[1], modificada por la Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[2], y la Decisión 2000/642/JHA del Consejo, de 17 de octubre de 2000, relativa a las disposiciones de cooperación entre las unidades de información financiera de los Estados miembros para el intercambio de información[3]. El Convenio también tiene en cuenta las propuestas recientemente presentadas por la Comisión, en particular, la propuesta de tercera Directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (COM(2004) 448) y la propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo relativo a la prevención del blanqueo de capitales mediante la cooperación aduanera (COM(2002) 328).

La cooperación internacional en materia penal fue reforzada, entre otras medidas, por disposiciones que permitían el suministro de información sobre los titulares de cuentas bancarias y sus transacciones. La facultad de extender estas disposiciones a las instituciones financieras no bancarias también se ha previsto.

En el artículo 52-4 del Convenio se ha establecido una cláusula de desconexión: permite a las Partes que son miembros de la Unión Europea aplicar las normas comunitarias y de la Unión correspondientes en vez de las normas del Convenio. Esta disposición salvaguarda el carácter necesariamente evolutivo de la legislación comunitaria y de la Unión e impide la aparición de cualquier incompatibilidad en el futuro.

Por último, se admite a la Comunidad Europea a la firma del Convenio: será informada de las firmas, ratificaciones, declaraciones y reservas presentadas por las otras Partes, así como de cualquier otro documento vinculado al Convenio. Por último, será miembro de la conferencia de las Partes prevista en el artículo 48, que tiene por objetivo hacer un seguimiento de la aplicación del Convenio. No obstante, contrariamente a lo previsto en otros Convenios del Consejo de Europa, la Comunidad no tendrá el derecho a decidir sobre eventuales enmiendas ni sobre la aceptación de nuevas Partes Contratantes del Convenio, aunque estará sometida a todas las obligaciones de él derivadas. Al contrario, el derecho a tomar estas decisiones se confía a los Estados miembros del Consejo de Europa (en el seno del Comité de Ministros), lo que significa que eventualmente podrán decidir Estados que sean terceras partes en el Convenio y, por tanto, no asuman ninguna de las obligaciones que en él se prevén. La participación de la Comunidad, más allá de contribuir a alcanzar el número de Partes requeridas para que el Convenio entre en vigor, reviste una clara importancia para incitar a las otras Partes a concluir y ratificar el Convenio, ya que la necesidad de cooperación internacional en el ámbito de la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo no ha sido nunca tan urgente.

Por consiguiente, la propuesta de decisión del Consejo presentada por la Comisión contiene un artículo único. Este artículo solicita al Consejo que autorice, en nombre de la Comunidad Europea, la firma del Convenio n° 198 del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo.

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

relativa a la firma, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio n° 198 del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 47, apartado 2, y su artículo 95, en relación con el artículo 300, apartado 2, párrafo primero,

Vista la propuesta de la Comisión[4],

Considerando lo siguiente:

(1) La Comunidad Europea considera la prevención del blanqueo de dinero y de la financiación del terrorismo y la lucha contra estos fenómenos cuestiones de importancia fundamental para la buena salud, integridad y estabilidad de las entidades de crédito y otros establecimientos financieros, así como para la confianza en el conjunto del sistema financiero y la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia;

(2) Los miembros del Consejo de Europa, así como la Comunidad Europea han negociado un nuevo instrumento concebido a partir del Convenio del Consejo de Europa n° 141 de 1990 relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito para tener en cuenta la evolución de la amenaza y el perfeccionamiento de las mejores prácticas internacionales;

(3) La Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 300, apartado 1, párrafo primero, del Tratado, condujo la negociación en nombre de la Comunidad Europea;

(4) La negociación se llevó a buen término y el nuevo Convenio n° 198 relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo se abrió a la firma de los Estados concernidos y de la Comunidad Europea el 16 de mayo de 2005 ante el Secretario General del Consejo de Europa;

(5) Sin perjuicio de su eventual conclusión en una fecha posterior, procede que la Comunidad Europea firme dicho Convenio;

DECIDE:

Artículo único

Sin perjuicio de una eventual conclusión en una fecha posterior, se autoriza al Presidente del Consejo a designar a la persona habilitada para firmar, en nombre de la Comunidad Europea, el Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

El Presidente

[… ]

ANEXO 1

Declaración de la Comisión

[para las actas de la reunión del Consejo en que se decida sobre la firma]

La Comisión observa que ciertas cláusulas generales e institucionales de este Convenio - en particular, la votación de enmiendas y la aceptación de nuevas Partes contratantes de que se trata en los artículos 54(1)-(3) y 50(1) - no permiten a la Comunidad ejercer plenamente su competencia exterior sobre la misma base que las otras Partes, aunque la Comunidad está sujeta a todas las obligaciones establecidas en el Convenio.

La Comisión considera que esta opción suscita dudas habida cuenta de su papel de guardiana de los Tratados y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Por consiguiente, las cláusulas generales y finales del Convenio no pueden de ninguna manera considerarse como un precedente en relación con otros convenios.

Por otra parte, la Comisión señala la necesidad de aplicar el Convenio de manera coherente con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) actualizadas por última vez en 2003 y el acervo pertinente. Esto se aplica en particular a la recomendación 36, letra c), relativa al auxilio judicial y a la extradición. No se denegará una petición de auxilio judicial sólo porque se considere que el delito implica también cuestiones fiscales.

[1] DO L 166 de 28.6.1991, p. 77.

[2] DO L 344 de 28.12.2001, p. 76.

[3] DO L 271 de 24.1.2000, p. 4.

[4] DO C […] de […], p. […].