P9_TA(2020)0204

Una política global de la Unión para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo — Plan de acción de la Comisión y evolución reciente

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 2020, sobre la política global de la Unión para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo — Plan de acción de la Comisión y evolución reciente (2020/2686(RSP))

(2021/C 371/12)

El Parlamento Europeo,

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de mayo de 2020, sobre un Plan de acción para una política global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (C(2020)2800),

— Visto el paquete de la Comisión de lucha contra el blanqueo, adoptado el 24 de julio de 2019 y que consiste en una Comunicación titulada «Hacia una mejor aplicación del marco de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo» (COM(2019)0360), el Informe sobre la evaluación de los recientes supuestos casos de blanqueo de capitales con la implicación de entidades de crédito de la UE («revisión ex post») (COM(2019)0373), el Informe sobre la evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan al mercado interior y están relacionados con actividades transfronterizas (Informe sobre la evaluación supranacional de riesgos) (COM(2019)0370) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que lo acompaña (SWD(2019)0650), y el Informe sobre la interconexión de los mecanismos centralizados automatizados nacionales (registros centrales o sistemas centrales electrónicos de consulta de datos) de los Estados miembros relacionados con las cuentas bancarias (COM(2019)0372),

— Vista la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (cuarta Directiva antiblanqueo) (1), y modificada por la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE (quinta Directiva antiblanqueo) (2),

— Visto el Reglamento (UE) 2019/2175 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2019, por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea); el Reglamento (UE) n.o 1094/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación); el Reglamento (UE) n.o 1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados); el Reglamento (UE) n.o 600/2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros; el Reglamento (UE) 2016/1011, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión; y el Reglamento (UE) 2015/847 relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos (3),

— Vistos la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo (4), la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal (5) y el Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1889/2005 (6),

— Vista la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea (7), y el informe de la Comisión sobre su aplicación, de 2 de junio de 2020, titulado «Recuperación de activos y decomiso: Garantizar que el delito no resulte provechoso» (COM(2020)0217),

— Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (8),

— Vista la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (9),

— Vistas las Conclusiones del Consejo, de 5 de diciembre de 2019, sobre las prioridades estratégicas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo,

— Vistas las Conclusiones del Consejo, de 17 de junio de 2020, sobre la mejora de las investigaciones financieras para luchar contra la delincuencia grave y organizada,

— Visto el dictamen de la Autoridad Bancaria Europea, de 24 de julio de 2019, sobre las comunicaciones a las entidades supervisadas relativas a los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la supervisión prudencial,

— Vista su Resolución, de 19 de abril de 2018, sobre la protección de los periodistas de investigación en Europa: el caso del periodista eslovaco Ján Kuciak y Martina Kušnírová (10),

— Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2017, sobre el Estado de Derecho en Malta (11),

— Vista su Resolución, de 28 de marzo de 2019, sobre la situación del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción en la UE, en particular en Malta y Eslovaquia (12),

— Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2019, sobre el Estado de Derecho en Malta tras las recientes revelaciones sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia (13),

— Vista la hoja de ruta de la Comisión hacia una nueva metodología para la evaluación a nivel de la Unión de los terceros países de alto riesgo en virtud de la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo,

— Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 22 de junio de 2018, sobre una metodología para identificar terceros países de alto riesgo en virtud de la Directiva (UE) 2015/849 (SWD(2018)0362),

— Vistos los cuatro Reglamentos Delegados adoptados por la Comisión —(UE) 2016/1675 (14), (UE) 2018/105 (15), (UE) 2018/212 (16) y (UE) 2018/1467 (17)— por los que se complementa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo identificando los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas,

— Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre la necesidad urgente de una lista negra de la UE de terceros países en consonancia con la Directiva contra el blanqueo de capitales (18),

— Vista su Resolución, de 26 de marzo de 2019, sobre delitos financieros y evasión y elusión fiscales (19),

— Vista su Resolución, de 19 de septiembre de 2019, sobre el estado de la aplicación de la legislación de la Unión contra el blanqueo de capitales (20),

— Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que, según la Comisión, en torno al 1 % (160 000 millones de euros) del producto interior bruto anual de la Unión está relacionado con actividades financieras sospechosas (21), como el blanqueo de capitales vinculado a la corrupción, el tráfico de armas y la trata de seres humanos, el narcotráfico, la evasión y el fraude fiscales, la financiación del terrorismo u otras actividades ilegales que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos de la Unión;

B. Considerando que, según Europol, durante el período 2010-2014 se incautó o embargó provisionalmente el 2,2 % del producto estimado del delito y se decomisó solo el 1,1 % de los beneficios de la delincuencia a nivel de la Unión, lo que significa que el 98,9 % de los beneficios estimados de la delincuencia no fue decomisado y permaneció a disposición de los delincuentes (22);

C. Considerando que el marco de la Unión de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se reforzó con la adopción de la cuarta Directiva antiblanqueo en mayo de 2015 y de la quinta Directiva antiblanqueo en abril de 2018 —cuyas fechas respectivas de transposición a las legislaciones nacionales de los Estados miembros eran junio de 2017 y enero de 2020—, así como con otras medidas y otros actos legislativos complementarios; que la tercera Directiva antiblanqueo no siempre se ha aplicado correctamente en los Estados miembros, pero la Comisión no ha incoado ningún procedimiento de infracción; que la Comisión inició procedimientos de infracción contra la mayoría de Estados miembros por no transponer correctamente la cuarta Directiva antiblanqueo a la legislación nacional e incoó procedimientos contra una amplia mayoría de Estados miembros por no comunicar o comunicar parcialmente las medidas de transposición de la quinta Directiva antiblanqueo (23);

D. Considerando que, en marzo de 2019, el Parlamento adoptó una ambiciosa resolución sobre delitos financieros, evasión fiscal y elusión fiscal, en la que concluía que era necesaria una revisión en profundidad de las normas de la Unión vigentes contra el blanqueo de capitales;

E. Considerando que, el 7 de mayo de 2020, la Comisión adoptó un Plan de acción (24) para una política global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, basada en seis pilares;

F. Considerando que, en la misma fecha, se publicó la nueva metodología para determinar los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas por lo que se refiere a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que no se basa únicamente en fuentes de información externas; que se aplicarán medidas reforzadas de diligencia debida con los clientes a los terceros países considerados de alto riesgo con arreglo a esta metodología, de conformidad con las obligaciones establecidas en virtud de la cuarta y la quinta Directivas antiblanqueo;

G. Considerando que un panorama legislativo, institucional y reglamentario fragmentado en toda la Unión en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo genera costes y cargas adicionales para quienes prestan servicios transfronterizos, incentiva a las empresas a registrarse donde las normas son más laxas y permite que las personas, las organizaciones y sus intermediarios financieros lleven a cabo actividades ilegales allí donde la supervisión y la exigencia de cumplimiento se consideran más débiles o indulgentes; que el marco legislativo vigente en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo da lugar a diferentes interpretaciones y prácticas entre los Estados miembros;

H. Considerando que ha habido una serie de revelaciones acerca de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a lo largo de los últimos años, entre las que se incluyen, sin limitarse a ellos, los casos mencionados en el informe de la Comisión sobre la evaluación de los casos recientes de casos de presunto blanqueo de capitales en los que están implicadas entidades de crédito de la Unión, el escándalo «Cum Ex» sobre el arbitraje de dividendos y las revelaciones sobre el caso «Luanda Leaks»; que se publican revelaciones adicionales con regularidad y, a menudo, se refieren al uso indebido de fondos de la Unión y a casos de corrupción en los Estados miembros; que este hecho demuestra la necesidad de que la Unión siga manteniendo como una prioridad la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y actualice su correspondiente marco legislativo;

I. Considerando que, en 2019, el servicio de auditoría interna del Banco Europeo de Inversiones (BEI) llevó a cabo una auditoría sobre la aplicación de su marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, principalmente a partir de 2017, en la que señalaba importantes deficiencias relacionadas en parte con la adaptación incompleta del marco; que el BEI elaboró un plan para subsanar en julio de 2020 a más tardar todas las deficiencias detectadas;

J. Considerando que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtió en mayo de 2020 (25) que el incremento de los delitos relacionados con la COVID-19, como el fraude, la ciberdelincuencia y el desvío y la explotación de fondos públicos y de ayuda financiera internacional, está creando nuevas fuentes de ingresos para actores ilícitos; que Europol también ha advertido sobre la forma en que los delincuentes han aprovechado rápidamente sus oportunidades para explotar la crisis adaptando sus modos de funcionamiento y desarrollando nuevas actividades delictivas, en particular a través de la ciberdelincuencia, el fraude, la falsificación y la delincuencia organizada contra la propiedad (26); que la Autoridad Bancaria Europea (ABE) ha emitido recomendaciones específicas para que las autoridades nacionales competentes colaboren las entidades obligadas a fin de detectar y mitigar los riesgos específicos para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo derivados del brote de COVID-19 y adaptar sus mecanismos de supervisión (27);

K. Considerando que, de los diez países y territorios más opacos del mundo según la clasificación en el índice de opacidad fiscal de Tax Justice Network, dos son Estados miembros de la Unión, otro se encuentra en Europa y dos son territorios de ultramar de un antiguo Estado miembro de la Unión; que, por consiguiente, la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción debe comenzar desde dentro de la Unión Europea;

L. Considerando que, de conformidad con el índice de opacidad fiscal de 2020, los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) son responsables del 49 % de toda la opacidad fiscal mundial;

M. Considerando que se utilizan facturas falsas para evadir impuestos o derechos de aduanas, blanquear el producto de actividades delictivas, eludir controles de divisas y trasladar beneficios a estructuras extraterritoriales; que la brecha de valor debida a las facturas falsas detectada en el comercio entre 135 países en desarrollo y 36 economías avanzadas en el decenio 2008-2017 equivale a 8,7 billones de dólares estadounidenses (28);

Plan de Acción de la Unión Europea y marco para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión, de 7 de mayo de 2020, sobre un Plan de acción para una política global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que sienta las bases de nuevas mejoras, en particular en la aplicación y el cumplimiento de la legislación vigente; pide a la Unión que realice progresos en los seis pilares del Plan de acción lo antes posible;

2. Se felicita por la intención de la Comisión de elaborar un código normativo único en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en particular convirtiendo en un reglamento las partes pertinentes de la Directiva antiblanqueo, a fin de garantizar un conjunto más armonizado de normas para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; sugiere que la Comisión considere los siguientes ámbitos de aplicación para ese reglamento: identificación de los titulares reales; una lista de las entidades obligadas y sus obligaciones de información; los requisitos de diligencia debida con los clientes, incluidos los relacionados con personas del medio político; disposiciones relativas a los registros de titularidad real y a los mecanismos centralizados de las cuentas de pago y de las cuentas bancarias; el marco de cooperación entre las autoridades competentes y las unidades de información financiera (UIF); las normas de supervisión de las entidades obligadas, tanto financieras como no financieras, y la protección de las personas que denuncien sospechas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo; estima que podrían ser necesarias nuevas normas técnicas, pero que en el reglamento deben abordarse las medidas de armonización esenciales al objeto de garantizar el papel adecuado del Parlamento y del Consejo como colegisladores en este ámbito tan sensible;

3. Celebra la intención de la Comisión de presentar, en los próximos doce meses, una nueva arquitectura institucional de la Unión para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo basada en un supervisor para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a escala de la Unión y un mecanismo de coordinación y apoyo de la Unión para las UIF; pide a la Comisión que evalúe la posibilidad de crear el mecanismo de coordinación y apoyo en la forma de una UIF de la Unión; pide a la Comisión que vele por que las responsabilidades del supervisor para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo alcancen a las entidades obligadas financieras y no financieras, con poderes de supervisión directa sobre determinadas entidades obligadas, en función de su tamaño o del riesgo que presenten, así como de supervisión de la aplicación de las normas de la Unión por parte de los supervisores nacionales; pide una división clara de las competencias respectivas de los supervisores de la Unión y nacionales, así como claridad acerca de las condiciones para la supervisión directa, tras una evaluación basada en el riesgo, por parte del supervisor para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a nivel de la Unión cuando la conducta o las actuaciones de los supervisores nacionales se consideren inadecuadas o insuficientes; pide que se dote de independencia presupuestaria y funcional al supervisor de la Unión para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y a la UIF de la Unión;

4. Pide a la Comisión que amplíe el código normativo único en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a fin de extender el ámbito de las entidades obligadas, en particular con vistas a integrar sectores del mercado nuevos y rompedores, así como la innovación tecnológica y la evolución de las normas internacionales, y garantizar que la prestación de servicios esté cubierta de la misma manera que la entrega de bienes; pide a la Comisión que aborde los riesgos de las criptodivisas haciendo cumplir el principio de «conozca a su cliente» de manera amplia, al mismo tiempo que se respetan los principios de necesidad y proporcionalidad; pide a la Comisión que garantice que las entidades obligadas no financieras estén sujetas a una supervisión similar a la de las entidades financieras, por parte de una autoridad pública independiente a nivel nacional, y que garanticen que los niveles de concienciación, formación, cumplimiento y sanción en caso de falta por parte de estas autoridades nacionales independientes sean adecuados; pide a la Comisión que vele por que la aplicación de las disposiciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo no conduzca a una legislación nacional que imponga excesivos obstáculos a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil;

5. Recuerda su posición sobre la necesidad de disponer en la Unión de unos registros interconectados y de alta calidad sobre los titulares reales, garantizando al mismo tiempo un nivel de protección de datos elevado; pide a la Comisión que examine la posibilidad de reducir el umbral para la identificación de un titular real, teniendo en cuenta las prácticas seguidas en los Estados Unidos, y que sugiera la creación de registros accesibles al público sobre los titulares reales de los fideicomisos y de estructuras análogas; pide a la Comisión que presente propuestas para colmar las lagunas existentes que permiten a las empresas ocultar a sus titulares reales finales, así como que permita a las empresas solicitar la conclusión de una relación empresarial en caso de que no pueda identificarse al titular real final; pide a la Comisión que aborde la necesidad y la proporcionalidad de armonizar la información en los registros catastrales e inmobiliarios y que trabaje en pro de la interconexión de esos registros; pide a la Comisión, si procede, que acompañe el informe con una propuesta legislativa;

6. Pide a la Comisión que aborde la carencia de datos suficientes y precisos en los registros nacionales que puedan utilizarse para identificar a los titulares reales finales, especialmente en situaciones en las que se utilice una red de sociedades ficticias; solicita que se refuercen las normas de transparencia en relación con la titularidad real, tanto a nivel de la Unión como de los Estados miembros, a fin de garantizar que proporcionan mecanismos de verificación relacionados con la exactitud de los datos; pide a la Comisión que refuerce su supervisión de la transposición de las disposiciones relativas a la creación de registros de titularidad real en los Estados miembros, con miras a garantizar que funcionan adecuadamente y que facilitan el acceso público a datos de alta calidad;

7. Acoge con agrado el plan para garantizar la interconexión de los mecanismos centralizados de cuentas de pago y de cuentas bancarias en toda la Unión Europea, con el fin de facilitar un acceso más rápido a la información financiera a las autoridades policiales y las UIF durante las diferentes fases de las investigaciones y mejorar la cooperación transfronteriza respetando plenamente las normas aplicables en materia de protección de datos;

8. Pide a la Comisión que revise las normas sobre la cantidad de información que debe recogerse durante la constitución de entidades corporativas y la creación de otras entidades jurídicas, fideicomisos y estructuras jurídicas análogas, y que proponga disposiciones más detalladas acerca de la diligencia debida con los clientes al abrir cuentas financieras, incluidas las cuentas bancarias;

9. Pide a la Comisión que proponga un conjunto más armonizado de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias a escala de la Unión por el incumplimiento de las normas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;

Aplicación de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

10. Lamenta profundamente que no se hayan incoado procedimientos de infracción por la aplicación incorrecta de la tercera Directiva antiblanqueo, y pide a la Comisión que inicie, en su caso, procedimientos de infracción contra los Estados miembros cuando esté justificado; expresa su honda preocupación por el hecho de que un gran número de Estados miembros no haya aplicado la cuarta Directiva antiblanqueo; acoge con satisfacción, por lo tanto, el enfoque de tolerancia cero de la Comisión y el inicio de procedimientos de infracción contra los Estados miembros sobre la base de los resultados de sus controles de exhaustividad; constata con gran preocupación que muchos Estados miembros no respetaron el plazo de transposición establecido para la quinta Directiva antiblanqueo, a saber, el 10 de enero de 2020, ni los plazos respectivos del 10 de enero de 2020 para los registros de titularidad real para las sociedades y otras entidades jurídicas y del 10 de marzo de 2020 para los fideicomisos y estructuras jurídicas análogas; celebra, por consiguiente, que la Comisión ya haya iniciado una serie de procedimientos de infracción y pide a la Comisión que incoe lo antes posible procedimientos de infracción adicionales contra los Estados miembros sobre la base de los resultados de sus controles de exhaustividad;

11. Lamenta que la Comisión no haya podido realizar por sí misma controles de corrección de la cuarta Directiva antiblanqueo por falta de capacidad y que dichos controles se estén completando varios años después de la entrada en vigor de la Directiva, lo que retrasa aún más la correcta ejecución de las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en los Estados miembros; pide a la Comisión que complete cuanto antes los controles exhaustivos de corrección e incoe, en su caso, nuevos procedimientos de infracción; insta a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que transpongan y apliquen de inmediato la cuarta y la quinta Directivas antiblanqueo; manifiesta su preocupación por la falta generalizada de exigencia de cumplimiento en los Estados miembros en los casos de corrupción y blanqueo de capitales de alto nivel, y pide a la Comisión que siga muy de cerca los acontecimientos y adopte medidas más enérgicas y decisivas a este respecto;

12. Acoge con satisfacción la inclusión de recomendaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en las recomendaciones específicas por país para determinados Estados miembros, adoptadas por el Consejo en el contexto del ciclo del Semestre Europeo; insta a la Comisión a que evalúe, en particular, si las UIF nacionales disponen de recursos suficientes para hacer frente eficazmente a los riesgos en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo;

Lista de la Unión de terceros países de alto riesgo

13. Pide a la Comisión que continúe evaluando la posibilidad de elaborar una «lista gris» de terceros países de alto riesgo potencial, siguiendo un enfoque similar al aplicado por la Unión al elaborar la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales; teme que la duración de doce meses del proceso por el que se establece la evaluación definitiva para identificar a los terceros países con deficiencias estratégicas amenace con provocar retrasos innecesarios en la actuación eficaz en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; acoge con satisfacción que la Comisión no se base únicamente en el proceso de elaboración de la lista del GAFI y esté dispuesto a utilizar los criterios reforzados previstos en la quinta Directiva antiblanqueo, especialmente en lo que respecta a la transparencia de la titularidad real, para llevar a cabo una evaluación autónoma de terceros países, que debe estar libre de injerencias geopolíticas;

14. Cuestiona el enfoque adoptado por la Comisión en su documento de trabajo titulado «Metodología para identificar terceros países de alto riesgo en el marco de la Directiva (UE) 2015/849», que define a los países que presentan un «nivel superior de amenaza» mediante dos criterios, ambos de obligado cumplimiento; recomienda que los países que supongan una amenaza significativa de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo se incorporen de inmediato a la lista de países y territorios no cooperadores sin más condiciones adicionales y que solo puedan retirarse de la lista cuando se hayan cumplido íntegramente los compromisos necesarios;

15. Pide a la Comisión que garantice un proceso transparente público con valores de referencia claros y concretos para los países que se comprometan a llevar a cabo reformas a fin de no figurar en la lista; pide a la Comisión asimismo que publique sus evaluaciones de los países evaluados y los países incluidos en la lista, con el fin de garantizar un control público de manera que no se abuse de la evaluación;

16. Solicita a la Comisión que tome medidas contra los terceros países que no cooperen con las investigaciones europeas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluidas las relacionadas con el asesinato de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia;

Supervisión actual de la UE

17. Destaca que el marco actual de la Unión de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo presenta deficiencias en lo que respecta al cumplimiento de las normas de la Unión, a lo que se añade la falta de una supervisión eficiente; respalda la ampliación ya adoptada de las competencias de la ABE, pero reitera su profunda preocupación en lo que se refiere a la capacidad de la ABE para llevar a cabo una evaluación independiente, en vista de su estructura de gobierno;

18. Pide que se excluya a las entidades domiciliadas en paraísos fiscales del acceso a los recursos financieros de la Unión, incluido el apoyo creado en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la epidemia de COVID-19;

19. Pide a las autoridades nacionales competentes, así como al BCE, que tengan en cuenta los riesgos ligados a la delincuencia financiera a la hora de ejecutar el proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES), puesto que ya están facultadas para hacerlo de conformidad con el marco legislativo vigente; pide que se faculte al BCE para retirar las licencias de los bancos que operen en la zona del euro e incumplan las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, independientemente de la evaluación de las autoridades nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales;

20. Pide a la ABE que lleve a cabo una investigación sobre las revelaciones del caso Luanda Leaks, en particular para evaluar si se han producido infracciones de la legislación nacional o de la Unión, y que analice las medidas adoptadas por los supervisores financieros; solicita a la ABE que formule las recomendaciones pertinentes de actuación y reformas destinadas a las autoridades competentes afectadas; pide a las demás autoridades competentes a escala nacional que inicien o prosigan sus investigaciones sobre las revelaciones del caso Luanda Leaks y procesen a las partes interesadas que incumplan las normas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;

21. Destaca el papel del periodismo de investigación internacional y de los denunciantes de irregularidades a la hora de exponer posibles delitos de corrupción, blanqueo de capitales y conducta indebida en general por parte de las personas del medio político, así como el rol que desempeñan los intermediarios financieros y no financieros al infiltrar fondos posiblemente ilícitos en el sistema financiero de la Unión sin los controles adecuados;

22. Observa con preocupación que el caso Luanda Leaks, así como otros escándalos anteriores, como el Cum Ex, los «papeles de Panamá», Lux Leaks y los «papeles del paraíso», han mermado en repetidas ocasiones la confianza de los ciudadanos en nuestros sistemas financieros y fiscales; subraya hasta qué punto es crucial restablecer la confianza de la población, garantizar unos sistemas fiscales justos y transparentes y velar por la justicia fiscal; destaca, a este respecto, que la Unión debe abordar con seriedad sus propios problemas internos, concretamente por lo que se refiere a sus jurisdicciones de baja tributación u opacas;

23. Observa que la ABE y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) han llevado a cabo investigaciones separadas acerca de los mecanismos de arbitraje de dividendos; toma nota de los resultados de la investigación de los servicios de la ABE y de su plan de acción de diez puntos para 2020-2021 para mejorar el futuro marco de requisitos prudenciales y de lucha contra el blanqueo de capitales que cubre dichos mecanismos; lamenta, no obstante, que la investigación de la ABE haya tardado más de dieciocho meses en concluir que era necesaria la apertura de una investigación formal; pide a la ESMA que lleve a cabo una investigación exhaustiva y que presente recomendaciones ambiciosas lo antes posible; lamenta la ausencia de medidas visibles por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros destinadas a investigar y enjuiciar a las entidades y personas responsables de estas prácticas ilegales de arbitraje de dividendos, así como la falta de cooperación entre las autoridades;

Cooperación entre los Estados miembros

24. Pone de relieve la necesidad de una mejor cooperación entre las autoridades administrativas, judiciales y policiales en el seno de la Unión; se felicita por que la Comisión haya retomado el llamamiento reiterado del Parlamento en favor de una evaluación de impacto sobre la creación de un mecanismo de coordinación y apoyo para las UIF de los Estados miembros; pide a la Comisión que considere la posibilidad de crear una UIF de la Unión como una oportunidad para respaldar la detección de transacciones sospechosas de carácter transfronterizo y llevar a cabo análisis conjuntos para la colaboración transfronteriza; sugiere que este mecanismo debería estar facultado para proponer medidas de ejecución comunes o normas de cooperación entre las UIF y promover la formación, el desarrollo de capacidades y el intercambio de experiencias por parte de las UIF; destaca la importancia de dar acceso a este mecanismo a la información pertinente en los distintos Estados miembros y de facultarlo para que trabaje en casos transfronterizos;

25. Pide la adopción de nuevas iniciativas que puedan imponer acciones a nivel nacional y de la Unión en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, por ejemplo, la ampliación de las competencias de la Fiscalía Europea y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y el fortalecimiento de las agencias existentes, como la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y Eurojust; toma nota de la intención de la Comisión de presentar una propuesta para reforzar el mandato de Europol, tal como se indica en su programa de trabajo modificado, y recuerda que un mandato reforzado debe ir acompañado del adecuado control parlamentario; considera que debe ser prioritario reforzar la capacidad de Europol de solicitar el inicio de investigaciones transfronterizas, en particular en los casos de ataques graves contra los denunciantes y los periodistas de investigación, quienes desempeñan un papel esencial a la hora de sacar a la luz la corrupción, el fraude, la mala gestión y otras irregularidades en los sectores público y privado;

26. Celebra la creación en Europol del Centro Europeo de Delitos Económicos y Financieros, que reforzará el apoyo operativo prestado a los Estados miembros y a los organismos de la Unión en los ámbitos de la delincuencia financiera y económica y promoverá el uso sistemático de las investigaciones financieras;

27. Pide a la Comisión que evalúe una propuesta relativa a un marco europeo para las investigaciones fiscales transfronterizas y otros delitos financieros transfronterizos;

28. Pide, a tal fin, que los Estados miembros y las instituciones de la Unión faciliten el rápido establecimiento de la Fiscalía Europea, y considera que todos los Estados miembros que aún no hayan anunciado su intención de incorporarse a la Fiscalía deberían hacerlo; pide una asignación realista de recursos financieros y humanos, así como el nombramiento de fiscales delegados a tiempo completo por parte de los Estados miembros, a fin de responder a la elevada carga de trabajo prevista de la Fiscalía Europea;

29. Observa que los recursos presupuestarios y humanos propuestos no son suficientes para prestar un apoyo pleno a las investigaciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y a los mecanismos de coordinación existentes, como la Red Operativa de Prevención del Blanqueo de Capitales (AMON) y la plataforma de intercambio FIU.net;

Otros aspectos conexos

30. Destaca el potencial de una cooperación adecuada entre el sector público y el privado, incluidas posibles asociaciones público-privadas (APP), en el contexto de la recopilación de información financiera para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que debe utilizarse mejor en el futuro, por ejemplo, las plataformas para compartir información entre las autoridades policiales, las UIF y el sector privado; alienta la contribución de todas las partes interesadas relevantes, en particular compartiendo durante la consulta pública las prácticas actuales que funcionen correctamente; opina que esta cooperación debe respetar estrictamente los límites de las normas aplicables en materia de protección de datos y los derechos fundamentales; pide a la Comisión que proponga un marco jurídico claro para la creación de plataformas tripartitas que regule las funciones y los perfiles de los participantes y garantice el cumplimiento del mismo conjunto de normas para el intercambio de información, la protección de la intimidad y los datos personales, la seguridad de los datos, los derechos de los sospechosos y otros derechos fundamentales; opina que, para que la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo sea más eficaz, es fundamental disponer de información oportuna y completa sobre la eficacia y el seguimiento de los informes sobre el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo;

31. Reitera su llamamiento a los Estados miembros para que dejen expirar lo antes posible todos los programas de ciudadanía para inversores o de residencia para inversores, especialmente cuando no se disponga de una verificación suficiente y falte transparencia, con miras a minimizar la amenaza a menudo conexa de blanqueo de capitales, de menoscabo de la confianza mutua y contra la integridad del espacio Schengen, además de otros riesgos políticos, económicos y de seguridad para la Unión y sus Estados miembros; pide a la Comisión que informe lo antes posible sobre las medidas que se propone adoptar en relación con los programas de ciudadanía para inversores o de residencia para inversores, así como sobre las conclusiones de su grupo de expertos creado a tal efecto; pide a la Comisión que siga analizando si se cumplen las condiciones previas para la apertura de procedimientos de infracción contra los Estados miembros por incumplimiento del artículo 4, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE);

32. Pide a la Comisión que supervise la aplicación por parte de los Estados miembros del Reglamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso ( 29 ) , al objeto de facilitar la recuperación transfronteriza de activos de origen delictivo, y la correcta transposición y aplicación de la Directiva 2014/42/UE sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea; pide a la Comisión que actualice los datos existentes sobre los activos incautados y decomisados; pide a la Comisión que en las próximas propuestas legislativas incluya disposiciones para facilitar el embargo administrativo por las UIF y un marco jurídico que obligue a las entidades financieras a realizar un seguimiento y ejecutar las solicitudes de revocación de forma fluida, así como disposiciones que permitan una cooperación transfronteriza rápida entre las autoridades a este respecto; expresa su preocupación al observar que los resultados globales en términos de activos decomisados no son satisfactorios y que los porcentajes de decomiso en la Unión sigan siendo muy bajos; pide a la Comisión que preste especial atención a las normas sobre el uso de bienes decomisados para fines de interés público o sociales y que trabaje para garantizar la devolución de los bienes decomisados a las víctimas en países no pertenecientes a la Unión;

33. Acoge con satisfacción la posibilidad, esbozada por la Comisión, de encomendar al supervisor de la Unión para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ciertas competencias al objeto de que supervise y respalde la aplicación de los embargos de bienes en virtud de las medidas restrictivas de la Unión (sanciones) en todos los Estados miembros;

34. Se felicita por la adopción de la Directiva (UE) 2018/1673 con la que se introducen nuevas normas penales y se permite una cooperación transfronteriza más eficaz y rápida entre las autoridades competentes, con el fin de impedir con mayor eficacia el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada vinculadas a dicho blanqueo; pide que se siga analizando la necesidad de armonizar las normas existentes, incluida la definición de algunos delitos principales del blanqueo de capitales, como los delitos fiscales;

35. Celebra la adopción de la Directiva (UE) 2019/1153 y espera la evaluación de la Comisión sobre la necesidad, y la proporcionalidad, de ampliar la definición de información financiera a cualquier tipo de información o dato en poder de las autoridades públicas o de las entidades obligadas y que esté a disposición de las UIF, así como de las oportunidades y los retos relativos a una ampliación del intercambio de información financiera o análisis financieros entre las UIF dentro de la Unión, a fin de cubrir intercambios relativos a delitos graves distintos del terrorismo o de la delincuencia organizada asociada con el terrorismo;

36. Manifiesta su preocupación ante la posibilidad de que la pandemia de COVID-19 afecte a la capacidad de los gobiernos y de los agentes del sector privado para aplicar las normas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; pide a la Comisión que, en coordinación con la ABE, lleve a cabo consultas con las autoridades nacionales responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con el fin de evaluar los riesgos y las dificultades específicos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo derivados del brote de COVID-19 y diseñar, sobre esta base, directrices concretas para la mejora de la resiliencia y del cumplimiento;

37. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que la Unión hable con una sola voz a escala mundial en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en particular permitiendo que la Comisión represente a la Unión en el GAFI, de conformidad con las disposiciones del Tratado y como ocurre en otros ámbitos políticos;

38. Solicita directrices más claras de los organismos a escala de la Unión, como el Comité Europeo de Protección de Datos, acerca de la protección de los datos personales y la intimidad y el cumplimiento del marco en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en particular en lo que se refiere a las obligaciones de diligencia debida y la conservación de datos, dado que los organismos nacionales de protección de datos han adoptado enfoques divergentes en el pasado en los distintos Estados miembros;

39. Pide que se asignen más recursos humanos y financieros a la unidad pertinente en la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales de la Comisión, y acoge con agrado que se hayan dedicado recursos adicionales a la ABE;

40. Pide a los Estados miembros que investiguen de forma exhaustiva y transparente todos los casos notificados de blanqueo de capitales y delitos conexos, como los asesinatos y la violencia contra los denunciantes de irregularidades y los periodistas; reitera su posición sobre la creación de un premio Daphne Caruana Galizia otorgado por el Parlamento; pide a las autoridades maltesas que dediquen todos los recursos disponibles a la identificación de los instigadores del asesinato de Daphne Caruana Galizia, y que sigan investigando a aquellos contra quienes siguen pendientes acusaciones graves de blanqueo de capitales, ya que sus informes han sido confirmados por las revelaciones de los papeles de Panamá; pide a las autoridades maltesas, además, que lleven a cabo investigaciones sobre los intermediarios financieros vinculados a Mossack Fonseca que sigan operando en Malta, y manifiesta su preocupación por la ineficaz autorregulación de los contables profesionales; pide la extradición a Malta del antiguo propietario y presidente de Pilatus Bank, ahora que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha retirado los cargos contra él debido a cuestiones de procedimiento, e insta a las autoridades maltesas a que enjuicien al banquero por las acusaciones de blanqueo de capitales y otros delitos financieros;

41. Se muestra profundamente preocupado por la falta de una supervisión eficaz, como se puso de manifiesto durante la evaluación de los resultados de los supervisores de Dinamarca y Estonia en el contexto del escándalo del Danske Bank; expresa su preocupación, además, por el reciente escándalo de Wirecard, así como por el papel que desempeña la autoridad de supervisión financiera de la República Federal de Alemania (BaFin) y sus posibles deficiencias; toma nota del fracaso de la autorregulación de los contables profesionales una vez más en este caso; toma nota de que la clasificación de esta empresa de tecnología financiera como empresa «tecnológica» y no como proveedor de servicios de pago ha tenido una importancia crucial para los fallos de la regulación; pide a la Comisión que aborde este problema con carácter de urgencia velando por una correcta clasificación de las empresas de pagos; pide a la Unión y a las autoridades nacionales competentes que inicien una investigación sobre los 1 900 millones de euros extraviados, y pide a la Comisión que estudie la forma de mejorar el funcionamiento del sector contable, en particular mediante auditorías conjuntas;

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42. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 141 de 5.6.2015, p. 73.

(2) DO L 156 de 19.6.2018, p. 43.

(3) DO L 334 de 27.12.2019, p. 1.

(4) DO L 186 de 11.7.2019, p. 122.

(5) DO L 284 de 12.11.2018, p. 22.

(6) DO L 284 de 12.11.2018, p. 6.

(7) DO L 127 de 29.4.2014, p. 39.

(8) DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.

(9) DO L 305 de 26.11.2019, p. 17.

(10) DO C 390 de 18.11.2019, p. 111.

(11) DO C 356 de 4.10.2018, p. 29.

(12) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0328.

(13) Textos Aprobados, P9_TA(2019)0103.

(14) DO L 254 de 20.9.2016, p. 1.

(15) DO L 19 de 24.1.2018, p. 1.

(16) DO L 41 de 14.2.2018, p. 4.

(17) DO L 246 de 2.10.2018, p. 1.

(18) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0216.

(19) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0240.

(20) Textos Aprobados, P9_TA(2019)0022.

(21) Politico, «Dirty money failures signal policy headaches for new Commission» (Los fallos en el dinero negro, síntoma de dolores de cabeza políticos para la nueva Comisión), 24 de julio de 2019.

(22) Europol, «Does crime still pay? — Criminal Asset Recovery in the EU — Survey of Statistical Information 2010-2014» (¿Sigue dando beneficios el delito? Recuperación de bienes delictivos — Encuesta de información estadística), 1 de febrero de 2016.

(23) Comisión Europea, Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, Quinta Directiva contra el blanqueo de capitales (quinta Directiva antiblanqueo) — Estado de transposición, 2 de junio de 2020.

(24) Comunicación de la Comisión, de 7 de mayo de 2020, sobre un Plan de acción para una política global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (C(2020)2800).

(25) Grupo de Acción Financiera Internacional, «COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing — Risks and Policy Responses» (Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo relacionados con la COVID-19 — Riesgos y respuestas políticas), mayo de 2020.

(26) Europol, «Pandemic profiteering: how criminals exploit the COVID-19 crisis» (Beneficiándose de la pandemia: cómo los delincuentes explotan la crisis de la COVID-19), 27 de marzo de 2020.

(27) Autoridad Bancaria Europea, «EBA statement on actions to mitigate financial crime risks in the COVID-19 pandemic» (Declaración de la ABE sobre acciones para mitigar los riesgos de la delincuencia financiera en la pandemia de COVID-19), 31 de marzo de 2020.

(28) Global Financial Integrity, «Trade-Related Illicit Financial Flows in 135 Developing Countries: 2008-2017», 3 de marzo de 2020.

(29) DO L 303 de 28.11.2018, p. 1.