A4-0374/96

Resolución sobre el impacto de las políticas monetarias sobre la economía real, la inflación, los tipos de interés, el crecimiento y el empleo en la tercera fase de la UEM, y la función económica de los criterios de convergencia

El Parlamento Europeo,

- Vistas sus Resoluciones de 27 de octubre de 1993 ((DO C 315 de 22.11.1993, pág. 91.)) sobre el SME y el Programa 1992: Consecuencias que deben extraerse para la realización de la UEM, de 15 de diciembre de 1993 ((DO C 20 de 24.1.1994, pág. 97.)) sobre la independencia de los bancos centrales nacionales en la perspectiva de las fases segunda y tercera de la UEM, de 25 de octubre de 1995 ((DO C 308 de 20.11.1995, pág. 54.)) sobre el Libro Verde de la Comisión sobre las modalidades de transición a la moneda única y de 30 de noviembre de 1995 ((DO C 339 de 18.12.1995, pág. 65.)) sobre la Unión Económica y Monetaria,

- Visto el artículo 148 de su Reglamento,

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial (A4-0374/96),

A. Considerando que los temas fundamentales de la política monetaria centralizada en la tercera fase de la UEM son:

a) la planificación, estructura interna, procedimientos de toma de decisión y objetivos del BCE,

b) el papel potencial que pueda desempeñar el BCE sobre el ritmo de crecimiento del PNB a medio plazo o el riesgo de recesión,

c) la coordinación de una política monetaria centralizada llevada a cabo por una única autoridad monetaria, el BCE y las políticas económicas descentralizadas concebidas y aplicadas por, al menos, 15 gobiernos de Estados miembros,

d) la coordinación de una política monetaria centralizada aplicada por una autoridad y de una política de tipos de cambio consistente en acuerdos sobre tipos de cambio con terceros países, la adopción de posiciones comunes por 15 gobiernos y la representación aún por definir de la UE en los organismos internacionales,

B. Considerando que la estructura institucional de la UEM refleja lo que la política monetaria puede y no puede lograr, a saber, llevar a cabo una política monetaria orientada hacia la estabilidad empleando un objetivo de política intermedio -que puede ser el objetivo de suministro de dinero-, lo que deja las siguientes preguntas por considerar:

a) ¿Cómo se pueden maximizar los beneficios de la independencia en política monetaria mediante una mejor coordinación de las políticas fiscales de los Estados miembros?

b) ¿Cuál es el mejor modo de lograr una situación en que se refuercen mutuamente la política de la autoridad monetaria independiente, que persigue como objetivo primordial la estabilidad de los precios, y las políticas de las autoridades fiscales descentralizadas, que persiguen como objetivo primordial el crecimiento?

c) ¿Cuáles son las consecuencias para la política si la autoridad monetaria independiente participa también en la determinación de la política de tipos de cambio?,

C. Considerando que la Unión Europea tiene un interés evidente en que el euro tenga la categoría de divisa de reserva, y teniendo en cuenta que ello dependerá de la cuota del mercado mundial de los países que participen en la moneda común y de la estabilidad de ésta, y que, por consiguiente, deberá alcanzarse el mayor equilibrio posible entre las repercusiones que tenga el euro sobre el aumento de los intercambios comerciales y la estabilidad que traerá consigo,

D. Considerando que los principios de legitimidad, transparencia y responsabilidad son elementos indispensables de un acuerdo institucional adecuado para la UEM, garantizando así la independencia de los bancos centrales,

E. Considerando que la independencia política, jurídica y económica del BCE está garantizada por el Tratado CE, artículo 109 B, y por el estatuto del BCE, artículo 15, si bien ello ha significado que:

a) el ciclo empresarial sujeto a consideraciones electorales no constituye una opción política disponible,

b) se limita la capacidad de los gobiernos nacionales de financiar nuevos gastos sin aumentar los impuestos o reducir otras partidas de gastos,

c) los gobiernos nacionales no podrán aliviar la carga de la deuda nacional mediante prácticas inflacionistas,

F. Recordando que la independencia del BCE, así como la de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros, están garantizadas por el Tratado CE (art. 107),

G. Considerando que la coordinación de una política monetaria única con políticas fiscales descentralizadas deberá ser garantizada por la legislación comunitaria derivada, que la independencia del BCE deberá ser fortalecida mediante el marco apropiado de responsabilidad, ofreciendo al público la confianza de que la misión del BCE es la de servir al público en su conjunto, que deberá reconsiderarse y fortalecerse la supervisión prudencial y que los aspectos internacionales de la UEM deberán verse como contribuciones hacia un nuevo orden monetario mundial,

1. Subraya la necesidad de llevar a la práctica la UEM en las condiciones establecidas por el Tratado de la Unión Europea y dentro de los plazos fijados, con el fin de lograr una combinación adecuada de medidas que refuercen la economía real con vistas a incrementar la confianza de los agentes económicos y a conseguir un tipo de inversiones y de crecimiento tal que entrañe la creación de un número considerable de puestos de trabajo;

2. Cree que, al tiempo que se prepara la tercera fase de la UEM y antes de decidir sobre los instrumentos monetarios con los que se aplicará la política monetaria única, el principio de «lo que la política monetaria puede o no puede conseguir» deberá reconsiderarse teniendo en cuenta:

a) los importantes cambios estructurales en los mercados de capital y financieros introducidos por la desregulación, la tecnología de la información y una mayor interdependencia económica,

b) el proceso de «desintermediación», en el que prestamistas y prestatarios establecen contacto sin hacer uso de los intermediarios financieros,

c) el mecanismo institucional apropiado que garantizase la coordinación de políticas, fortaleciera la independencia del BCE a través de una legitimidad democrática e hiciera más responsable la designación de miembros del Comité Económico y Financiero;

3. Insta a que se mejore la combinación de medidas entre la política monetaria única y las políticas económicas, de empleo y fiscales descentralizadas, para contribuir al crecimiento y al empleo; por tanto, solicita una mayor coordinación de las medidas, necesaria para lograr su óptima combinación; solicita, a este respecto, la adopción de medidas estructurales integradas, tal como se proponen en el Libro Blanco de Delors, así como su expansión;

4. Opina que la política monetaria no puede funcionar en un vacío institucional o fiscal, ni puede tampoco verse libre de influencias y coacciones externas, lo cual significa un fino equilibrio entre políticas monetaria, fiscal y de tipos de cambio; que de ello se deduce que el contexto financiero, institucional y económico influiría en la eficacia de la política monetaria; en este contexto, la política monetaria y la asignación de los créditos determinaría principalmente el tipo de interés y, en consecuencia, la acumulación de capital; ello puede influir en el índice de ahorro privado y de inversión y modificar así la distribución de la renta y de la riqueza, así como la incidencia sobre los impuestos;

5. Opina que, para evitar el riesgo que representa la aplicación de una política monetaria de la Unión en el vacío de una verdadera política fiscal a este mismo nivel, es necesario crear los instrumentos para la aplicación de una auténtica política de gasto público de la Unión, lo cual exige ir incrementando progresivamente el nivel del presupuesto de la Unión, de manera que ésta esté en condiciones de financiar una serie de políticas sobre las que actualmente tiene competencia formal, pero que no pueden ser efectivamente desarrolladas debido a la insuficiencia presupuestaria;

6. Reitera su opinión de que, en todo caso, el paso a la tercera fase de la Unión Monetaria y el desarrollo de la política monetaria común deben ir acompañados de una coordinación cada vez más estrecha de las políticas económicas de los Estados miembros;

7. Está convencido de que la interdependencia de la política monetaria y de las políticas fiscales hace necesaria una importante revisión del artículo 103 del Tratado CE sobre las orientaciones generales de las políticas económicas, así como la creación de normas detalladas para un procedimiento de supervisión multilateral; pide por lo tanto que la Comisión presente la propuesta adecuada como estipula el apartado 5 del artículo 103;

8. Insiste en que la propuesta mencionada debe basarse en la lógica de los considerandos B, C y G y tener como eje el logro de los principios centrales formulados en el artículo 2 del Tratado CE;

9. Mantiene su punto de vista de que la democracia y la libertad económica son el argumento esencial en defensa de la independencia del BCE; sin embargo, la independencia no puede mantenerse si no está basada en la legitimidad democrática, en el apoyo público y la transparencia, en resumen, en la responsabilidad; cree, en consecuencia, que la independencia y la responsabilidad son interdependientes y se refuerzan mutuamente;

10. Considera que las disposiciones del Tratado relativas a la independencia del BCE son firmes y que las relativas a la responsabilidad son endebles; se pronuncia a favor del control democrático del BCE, que debería informar a las comisiones parlamentarias y al Pleno con regularidad y dar a conocer las razones en las que se basan sus decisiones en materia de política monetaria; asimismo, confía en recibir permanentemente información apropiada;

11. Propone, en consecuencia, un acuerdo interinstitucional que concluirían el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea y que tendría como objetivo lograr que el procedimiento de nombramiento del Comité Ejecutivo del BCE y de los miembros del Comité Económico y Financiero sea transparente y legítimo democráticamente; el acuerdo interinstitucional tendría como objetivo clarificar el apartado 2 del artículo 109 A, relativo al nombramiento del Comité Ejecutivo del BCE, el apartado 3 del artículo 109 B, relativo al informe anual del BCE, y los apartados 2 y 3 del artículo 109 C, relativos al nombramiento de sus miembros y a la composición del Comité Económico y Financiero;

12. Reitera su opinión de que las políticas monetarias de los Estados miembros durante el proceso de convergencia deben tomar en consideración la necesidad de compensar los efectos de contracción derivados de la consolidación presupuestaria; teniendo en cuenta esto, recuerda la necesidad de que la Comisión y el IME, en sus respectivos informes solicitados en el apartado 1 del artículo 109 J, den cuenta de los indicadores estipulados en el mencionado apartado y, en particular, de lo siguiente:

a) la formación bruta de capital fijo y los modelos de inversión,

b) la evolución de los costes unitarios de la mano de obra,

c) el saldo de las operaciones corrientes,

d) el índice de desempleo,

e) el avance realizado en la consecución del mercado interior;

13. Manifiesta su confianza en que la consecución de la moneda única ejercerá un efecto positivo, ya que surgirá un ambiente de estabilidad de precios y de tipos de interés reducidos, lo que creará unas condiciones mejores para la inversión pública y privada (tanto en lo que se refiere al volumen como a la orientación de las decisiones de inversión) y tendrá, en consecuencia, efectos positivos sobre el crecimiento y el empleo;

14. Pide que la Comisión y el IME presenten al Parlamento y al Consejo un informe sobre si las disposiciones del Tratado (apartados 5 y 6 del artículo 105 y artículo 25 del Estatuto del Banco Central Europeo) sobre una supervisión prudencial de las instituciones de crédito bastarán para hacer frente a los choques externos originados en los mercados financieros mundiales, a la difuminación de la distancia entre prácticas bancarias tradicionales, operaciones en títulos y seguros, y a la naturaleza cambiante de los riesgos a que se enfrentan los intermediarios financieros;

15. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Instituto Monetario Europeo y a los Parlamentos de los Estados miembros.