31 LL90 foiario Oficial de las comunidades Europeas c^C^332B10B 
Dictamen sobre la política de medio ambienteymercado interior europeo(dictamen adicional 
a la iniciativa sobrelapolíticademedioambiente,un factor fundamental deldesarrollo 
económicoysocial^ 
(90^332^31^ 
El 30 de enero de!990, de conformidad con el apartado3del artículo 20 del Reglamento 
Interno, el comité Económicoy^ocial decidió elaborar un dictamen adicional sobre el tema 
de la políticade medio ambientey mercado interior europeo, comocomplementode su 
dictamen de iniciativa sobre la política del medio ambiente, un factor fundamental des 
desarrollo económicoysocial^P 
La lección de medio ambiente, sanidadyconsumo, encargada de preparar los trabajos en la 
materia, adoptó su dictamen el^de septiembre de 1990 (ponente^r.Boisserée^. 
En su 2^9^ sesión plenaria (reunión del 19 de septiembre de 1990^,el comité Económicoy 
social aprobó por^votosafavor,l^encontrayéó abstenciones el siguiente dictamen. 
A. REPERCU^Ol^E^ DEL AiERCADO INTERIOR 
El^EL^iEDlO A^viBlE^TEDE LA CC^viUD 
I^IDAD 
1. Observación preliminar 
Ell^ de noviembre de!9^9,elComité Económicoy 
social emitió un dictamen de inicitiva sobre la política 
del medio ambiente, un factor fundamental del desarro 
lio económicoy social (ponente^r.Beretta^(^.Este 
dictamen trata délas interacciones entre economíay 
ecologíay abordaigualmentelosproblemasparticuL 
aresquese derivan de lainclusióndelapolíticadel 
medio ambiente en la política del mercado interior 
europeo. 
Independientemente de los trabajos del comité Econó 
micoy^ocialybasándose en una decisión del consejo 
de ministros de medio ambiente de los días ly2de 
octubre de 19^^, la Comisión creó unaT^For^ cuyo 
cometido era estudiar las consecuencias para el medio 
ambiente de la realización del mercado interior (a partir 
definalesde!992^.Elinformededichogrupodeestudio 
está ya terminados elllde enero de 1990 fue presentado 
a la^eccióndemedioambiente,sanidady consumo, 
introducido por el ^r.^chneider, presidente del grupo. 
El objetivo del dictamen adicional del comité es estu 
diar losconflictosquepodrían surgir entre,por una 
parte, una política de medio ambiente continuada e 
intensificaday,porotra, los cambios que se esperan 
del mercado interior, y formular propuestasdesolu 
ción, todo ello desde la perspectiva de los intereses 
económicosysociales representados en el comité Eco 
nómicoy^ocial.Aeste respecto, sería oportuno e^ami 
nar en especial la utilización de instrumentos de la 
economía de mercado y, de incentivos a un tipo de 
consumo compatible con el medio ambiente. Dicho 
objetivo determina que el dictamen adicional no abar 
que todoslospuntosdelamplioinforme déla T^ 
^or^, sino que se limite prioritariamentealas cuestión 
nes relacionadas con el objetivo que se persigue. Por la amplitud de su enfoque, el informe de laT^D 
^or^ es comparable al informe C^ecchini sobre el pro 
nóstico de las dimensiones económicas del mercado 
interiora además, hay que verlo en relación con los 
testos elaborados por la comisión sobre los temas 
^ medio ambiente y energías y ^ medio ambiente y 
transportes^, con su estrategia en materia de desechos 
ycon sus trabajos sobre el informe Brundtland(resul 
tado de los trabajosde la comisión mundial sobre medio 
ambienteydesarrollo, creada por las daciones Unidas^. 
2. Consideraciones del informe Beretta 
En el dictamen de iniciativadelComité Económicoy 
social sobre la política del medio ambiente, un factor 
fundamental del desarrollo económicoysocial (informe 
Beretta^ se formulanye^plican las siguientes considerad 
cienes de fondor 
— la integración entre la política del medio ambiente 
ylas otras políticas comunitarias, en especial la del 
mercado interior^aeste respecto, el informe Beretta 
se remite al dictamen del Comité Económico y 
social sobre el cuarto programa de acción de la 
comunidad Europea en favor del medio 
ambienten, 
— la integración de la política de medio ambiente en 
la Coarta social europea y la participación de los 
sectores económicosysociales (incluidas las asocia 
cienes de consumidores y de defensa del medio 
ambienten en la aplicación de la política de medio 
ambiente en el mercado interior, 
— elestablecimientodeunadirecciónautónomadel 
mercado mediante la creación de incentivos a la 
producciónyal consumo destinadosaun comportad 
miento compatible con el medio ambienten el 
informe Beretta mencionaaeste respecto la necesP 
dad de un proceso de optimi^ación, 
— la constitución de un Eondo europeo para el medio 
ambiente que resuelva las tareas déla política del 
medio ambiente que los Estados miembros no pueD 
dan llevaracabo por sí solos, 
— la mejora de las bases jurídicas de una política 
europeadel medio ambiente enel marco del merD 
cado interior, lo cual significa que deberá especifi 
0) DO n° C 56 de 7. 3. 1990. (2) DO n° C 180 de 8. 7. 1987, p. 26. 
N° C 332/108 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 12. 90 
carse la relación entre el artículo 100 a) y los artí­
culos 130 r) y siguientes del Tratado CEE e introdu­
cirse un verdadero principio de decisión por 
mayoría para las medidas relativas a la política del 
medio ambiente (cf. apartado 2 artículo 130 s del 
Tratado CEE). 
3. Consideraciones del informe de la Task-Force 
3.1. El informe sobre medio ambiente y mercado 
interior (1992—La dimensión medioambiental), elabo­
rado a petición de la Comisión y que en lo sucesivo 
llamaremos informe de la Task-Force, está listo para 
su examen por la Comisión, que tiene previsto someter 
sus conclusiones al Consejo de Ministros, una vez termi­
nado el examen. 
Independientemente de las conclusiones de la Comisión 
y de las decisiones del Consejo de Ministros, parece 
justificado que el Comité base sus observaciones en el 
texto del informe de la Task-Force. 
3.2. En este informe se recogen las siguientes conside­
raciones, que guardan relación con el presente dictamen 
de iniciativa: 
a) La importancia de la calidad de vida y del medio 
ambiente para el éxito del mercado interior. 
b) La constatación de que el mercado interior irá unido 
a desregulaciones y crecimiento económico, que des­
encadenarán problemas adicionales para el medio 
ambiente si no se producen importantes modifica­
ciones en la política europea del medio ambiente. 
El informe de la Task-Force considera que la realiza­
ción del mercado interior tendrá las siguientes con­
secuencias : 
— de aquí al año 2010, un aumento de las emisiones 
de S02 y NOx del 8 al 9% y del 12 al 14% 
respectivamente, por encima del porcentaje que 
normalmente habrían alcanzado, 
— un aumento del tráfico de camiones del 30 al 
50%, 
— una separación cada vez mayor entre la cantidad 
de desechos y las capacidades de tratamiento, 
— un aumento de la contaminación de origen agrí­
cola, 
— por último, un aumento del turismo que, de no 
existir previamente estructuras que respeten el 
medio ambiente, podrá causar nuevos daños 
ambientales. 
Entre las causas del problema « medio ambiente y mer­
cado interior » hay que destacar las siguientes reflexio­
nes del informe de la Task-Force: 
— La progresión prevista del consumo de energía en 
las actuales estructuras de producción significa un 
aumento de la contaminación atmosférica, un agra­
vamiento del efecto invernadero y una extensión de 
las tecnologías de riesgo, si no se crean condiciones 
generales adecuadas para dominar tales procesos 
(ahorro de energía mediante la mejora de la eficacia 
en la producción, la transformación y el consumo 
de energía, así como ahorros cuantitativos y modifi­cación de la estructura de producción, por ejemplo 
con la intensificación de las fuentes de energía reno­
vables). 
— La liberalización de los transportes de mercancías 
acentuará la competencia de precios en perjuicio de 
los ferrocarriles; es de temer un desplazamiento 
competitivo del transporte de mercancías a las carre­
teras (aumento de un 30 hasta un 50%), lo cual 
incrementará espectacularmente los daños al medio 
ambiente. 
— La liberalización de la evacuación de desechos 
—consecuencia del mercado interior—, si no va 
acompañada de una legislación suficiente en materia 
de eliminación y prevención, llevará forzosamente 
a tolerar un turismo de basuras, es decir, los des­
echos se evacuarán donde resulte más barato; de 
ese modo (a causa del transporte y los trasvases) 
aparecerán peligros suplementarios para el medio 
ambiente y se comprometerán las estrategias de 
prevención de desechos. 
— El desplazamiento de los precios ligado al mercado 
interior amenaza con estimular comportamientos 
perjudiciales para el medio ambiente. 
— Con la integración del mercado, son de esperar 
relocalizaciones geográficas que pueden tener conse­
cuencias ecológicas considerables, incluido el peli­
gro de que aumenten los fenómenos de concentra­
ción urbana. 
c) Partiendo de tales previsiones, el informe de la Task-
Force examina las siguientes cuestiones: 
— ¿Qué requisitos deberán cumplirse para que se 
rompa la relación entre crecimiento económico y 
contaminación del medio ambiente ? 
— ¿Qué oportunidades ofrece el mercado interior para 
el desarrollo y aprovechamiento de tecnologías que 
respeten el medio ambiente, de modo que se avance 
hacia la protección de este último ? 
— ¿Qué función pueden desempeñar los instrumentos 
económicos de la política del medio ambiente en el 
marco de la nueva estrategia y qué consecuencias 
pueden extraerse de dicha estrategia para la armoni­
zación —actualmente en fase preparatoria— de los 
sistemas fiscales e impositivos en la Comunidad ? 
— ¿Qué estrategias políticas en favor del medio 
ambiente deberán desarrollarse para responder a las 
exigencias del mercado interior y cómo conciliar a 
este respecto los problemas europeos y regionales ? 
— ¿Qué posibilidades hay de aprovechar verdadera­
mente los medios acrecentados de los Fondos 
Estructurales de la Comunidad en el marco de una 
política del medio ambiente, o en cualquier caso, 
impedir que sirvan para financiar procesos indesea­
bles para el medio ambiente ? 
d) Por último, el informe de la Task-Force analiza la 
importancia de los principios fundamentales de una 
política del medio ambiente en el mercado interior: 
— principio de quien contamina paga, 
31. 12. 90 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 332/109 
— principio de la acción preventiva, 
— principio de subsidiariedad, y 
— principio de optimización de la relación costes/ 
beneficios. 
4. Valoración del informe de la Task-Force 
4.1. En su conjunto, el informe merece una valora­
ción positiva; el análisis que realiza de la situación 
actual y previsible del medio ambiente parece acertado. 
El informe pone de manifiesto de manera explícita e 
insistente la urgente necesidad de una acción en favor 
del medio ambiente paralela a la realización del mer­
cado interior. El informe merece ser aprovechado en 
la elaboración de una política comunitaria del medio 
ambiente para los años 90. 
4.2. Muy acertadamente, el informe sitúa el principio 
de quien contamina paga en el centro de sus considera­
ciones y reconoce la necesidad de imputar al causante 
(productor, transportista, consumidor) los costes de los 
daños ecológicos. El informe se limita a enumerar los 
diferentes instrumentos de la economía de mercado 
con los que habría que dotar a la política del medio 
ambiente, sin realizar propuestas concretas para su 
aplicación. Por ese motivo, el Comité Econémico y 
Social, en el presente dictamen, se basa también en 
el informe de la Organización de cooperación y de 
desarrollo económicos (OCDE) titulado «Instrumentos 
económicos para la protección del medio ambiente» 
(París, 1989). 
4.3. Hay que valorar positivamente el checho de que 
el informe de la Task-Force dé prioridad a la protección 
del medio ambiente integrada en el proceso de produc­
ción, sobre la protección mediante acciones posteriores 
de saneamiento (end-of-pipe-technology). Des­
graciadamente, se echan en falta a este respecto indi­
caciones concretas para los diferentes sectores con pro­
blemas (transportes, energía, agricultura, química y 
turismo). Tales indicaciones son tanto más importantes 
cuanto que la política actual de la Comunidad en 
materia de medio ambiente desconoce aún la protección 
integrada y prácticamente no contiene estrategia alguna 
de prevención de la contaminación. 
B. UNA NUEVA POLÍTICA DEL MEDIO 
AMBIENTE PARA EUROPA 
5. Principios para una nueva política del medio 
ambiente de la Comunidad 
5.1. Las crisis ecológicas observadas en Europa 
exigen un cambio estructural en el sentido de un mayor 
respeto del medio ambiente y de nuevos modelos cua­
litativos en los que hay que incluir el ahorro y la eficacia 
en el uso de recursos limitados y donde tenga prioridad 
el objetivo de un desarrollo a largo plazo social y 
ecológicamente soportable (Sustainable Develop-
ment)i}), sin abandonar el sistema económico de la 
Europa Occidental, que está suficientemente probado. 
(J) Cf. informe de la Comisión mundial para medio ambiente y 
desarrollo para la Asamblea General de las Naciones Unidas 
de 1987. Paralelamente al producto nacional bruto utilizado 
hasta ahora como criterio de medida del bienestar, 
convendría desarrollar otros indicadores que puedan 
medir la calidad de vida. El Comité es consciente de la 
dificultad de cuantificar la calidad del medio ambiente, 
en especial si se tienen en cuenta los distintos haremos 
internacionales. En cualquier caso, la nueva política 
europea del medio ambiente deberá desarrollarse de tal 
modo que el crecimiento económico no sea necesa­
riamente sinónimo de aumento de los daños al medio 
ambiente sino que pueda ser compatible con la 
reducción de la contaminación ambiental (separación 
entre crecimiento y daños al medio ambiente). 
5.2. La necesidad de actuar es tan grande que 
deberán utilizarse todas las posibilidades técnicas y 
organizativas para reducir drásticamente las emisiones 
de sustancias contaminantes a la atmósfera. En lo 
esencial, los especialistas están unánimemente de 
acuerdo en que en la práctica se pueden reducir dichas 
emisiones en los plazos prescritos para alcanzar los 
siguientes valores: 
Deberán reducirse en un 80 a un 90 %, con relación al 
nivel actual, las sustancias contaminantes S02, NO x y 
NHL, así como las partículas y el polvo, con el fin 
de detener el proceso de acidificación de los suelos y 
preservar la capa de ozono. La lucha contra el efecto 
invernadero exigirá hasta el año 2005 una reducción 
del 30 al 40 % de CO, y por lo menos del 50 % de aquí 
a cuarenta años. Se deberán dejar de arrojar a las aguas 
las 129 sustancias identificadas por la Comisión como 
particularmente peligrosas. Asimismo, deberá 
impedirse la emisión de sustancias cancerígenas. Igual­
mente, hasta el año 2000 se deberá reducir a la mitad 
la cantidades de desechos especiales. 
5.3. La nueva política del medio ambiente debería 
tener en cuenta que la protección del medio ambiente 
y el desarrollo económico no son necesariamente objeti­
vos opuestos, sino que presentan múltiples intereses 
convergentes, en especial si se utilizan categorías de 
orden económico. Como ejemplo, se pueden citar: 
— algunos sectores económicos importantes (por 
ejemplo, la calidad de la vivienda, con lugares de 
esparcimiento cercanos, así como el turismo) 
dependen de la preservación de espacios atractivos 
mediante una política ambiental preventiva en la 
Comunidad; e este respecto, no sólo hay que tomar 
en consideración los peligros para el hombre y la 
naturaleza sino también las molestias que perjudi­
can el bienestar y disminuyen el atractivo de la 
región, 
— una política del medio ambiente más sólida y 
mejorada es de gran importancia para el desarrollo 
de una tecnología ambiental progresiva y puede 
acrecentar las posibilidades de mejorar la posición 
de la Comunidad en el comercio mundial (expor­
tación de tecnologías limpias), 
— una política del medio ambiente más rigurosa inci­
dirá positivamente en el mercado de trabajo (2), al 
menos en algunos sectores de la economía. 
(2) Dictamen del CES sobre el medio ambiente y empleo (DO 
n°C319de30. 11. 1987). 
N°C 332/110 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 12. 90 
5.4. Los objetivos de la política del medio ambiente 
de los años 90 deberán ser ambiciosos si se quiere 
preservar en el próximo siglo los fundamentos y 
espacios vitales de los ciudadanos de Europa; para ello, 
no sólo es necesario adaptar los objetivos concretos de 
la calidad del medio ambiente a las normas ecológicas 
y a los progresos de la técnica, sino que también habrá 
que reconsiderar seriamente los instrumentos de la polí­
tica del medio ambiente, entre los que hay que distin­
guir: 
a) Las disposiciones legales (normas sobre emisiones, 
producción y productos) que han prevalecido hasta 
hora en las direcivas comunitarias y en la legislación 
de los Estados miembros, entre las que hay que 
contar también las disposiciones relativas a la 
prevención de avenas en las instalaciones y a las 
medidas de urgencia en caso de accidentes y 
catástrofes de carácter general. 
b) Los instrumentos económicos de la política del 
medio ambiente (es decir, flexibilización de la 
aplicación de las exigencias en materia de protección 
del medio ambiente, introducción de impuestos 
ecológicos, cálculo de tasas e impuestos al consumo 
de acuerdo con haremos de tipo ecológico, ayudas 
públicas, responsabilidad civil para los daños cau­
sados al medio ambiente, así como introducción de 
un sistema de reciclado). 
Estos instrumentos económicos no se han introdu­
cido todavía en la política del medio ambiente de 
la Comunidad ni han sido propuestos oficialmente 
(si se exceptúa la propuesta de Directiva sobre la 
responsabilidad civil por los daños y perjuicios cau­
sados por los residuos) (1). La experiencia en los 
Estados miembros y de la Comunidad es limitada 
(véase el informe de la OCDE mencionado anterior­
mente). 
c) Integración de la política del medio ambiente en 
medidas y decisiones que dependan del sector 
público, por ejemplo: 
— infraestructuras públicas a nivel comunitario, 
nacional o municipal (por ej. infraestructura de 
transportes), 
— establecimiento de prioridades en favor del 
medio ambiente en los presupuestos públicos 
(por ejemplo, promoción del transporte público 
de cercanía a través del sistema de tarifas). 
d) Otros instrumentos de la política del medio 
ambiente: 
— fomento de un tipo de producción que respete 
el medio ambiente mediante reorganización en 
el seno de las empresas e incentivos en el sector 
publicitario, 
— fomento del comportamiento respetuoso del 
medio ambiente, por ejemplo, mediante la infor­
mación, la educación y la formación, tanto 
escolar como extraescolar, 
— promoción de la protección del medio ambiente 
mediante el apoyo a las asociaciones ecologistas 
y demás organizaciones interesadas en la protec­
ción del medio ambiente y en las cuestiones 
relacionadas con la misma. 
(*) DO n° C 251 de 4. 10. 1989. 5.5. En el mercado interior, la polítical del medio 
ambiente consistirá también en una combinación de 
instrumentos políticos tradicionales y nuevos, que 
deberán adaptarse sobre todo a la creación de 
estructuras de aprovisionamiento sólidas y compatibles 
con el medio ambiente en los sectores con problemas 
ecológicos (energía, transportes, agricultura y produc­
ción química). La eficienca y una situación socialmente 
aceptable sólo se realizarán mediante la alianza de 
disposiciones reglamentarias, inversiones públicas en 
infraestructuras, incentivos de las economías de mer­
cado e innovaciones espontáneas por parte de los consu­
midores y de la industria. La combinación diferirá según 
los sectores económicos. 
a) En el mercado interior tampoco podrá renunciarse 
a reglas más estrictas en materia de emisiones y de 
productos, ni a valores límite establecidos de 
manera dinámica para dichas emisiones, sobre todo 
cuando se trate de proteger al hombre y al medio 
ambiente contra peligros graves. No obstante, no 
se trata únicamente de adaptar los valores límite y 
las normas al estado de la técnica, sino también de 
examinar la concepción de los distintos sectores del 
medio ambiente en el derecho comunitario (por 
ejemplo, parece necesario revisar a fondo la concep­
ción de la Comunidad Europea en materia de 
gestión de residuos, de modo que se dé prioridad a 
la prevención). Por último, deberá intensificarse la 
vigilancia de todas las fuentes de emisión por parte 
de las autoridades y en el seno de las empresas 
deberán controlarse eficazmente todas las emisiones 
y los sistemas de prevención para casos de averías 
en las empresas y de medidas de urgencia para 
accidentes y catástrofes; tales sucesos son a menudo 
causa de grave daños al medio ambiente cuando 
falta la prevención para emergencias. Habrá que 
examinar el fundamento de las consideraciones que 
llevan al Consejo de Ministros a delegar en los 
expertos (2) el poder de legislar sobre normas 
técnicas en el marco de la reglamentación sobre la 
protección del medio ambiente; en cualquier caso, 
convendría asegurarse de que los representantes de 
las asociaciones de ecologistas y demás organizacio­
nes interesadas en la protección del medio ambiente 
y en las cuestiones relacionadas con la misma estén 
suficientemente representados en la composición de 
tales grupos de normalización. En relación con los 
instrumentos reglamentarios de la política de medio 
ambiente, conviene tener en cuenta las interdepen­
dencias geográficas, pero también las interdepen­
dencias entre los diferentes medios que deberán 
protegerse (en especial, agua, aire, suelo); las conta­
minaciones del medio ambiente no conocen 
fronteras. Sobre todo la Europa del Este tiene una 
necesidad enorme de recuperar su retraso en materia 
de protección del medio ambiente. Si en esos países 
no se formentan intensamente las mejoras, las 
medidas de protección en el interior de la Com­
unidad, por muy estrictas que sean, perderán parte 
de su eficacia. 
b) Paralelamente habrá que aplicar además los nuevos 
instrumentos económicos, no sólo con el fin de 
economizar gastos en la protección del medio 
ambiente, sino también para movilizar reservas que 
aumenten su eficacia. 
(2) Véase la Resolución del Consejo de Ministros del 7 de mayo 
de 1985 sobre el nuevo enfoque para la armonización de 
normas técnicas (DO n° C 136 de 9. 6. 1985). 
31. 12. 90 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 332/111 
c) La combinación de ambos métodos podría adoptar 
la siguiente forma: fijación de valores límite y nor­
mas en un nivel mínimo progresista y aplicación 
de incentivos (instrumentos económicos) para la 
realización de los objetivos situados por encima 
de las normas mínimas, con el fin de reducir la 
contaminación residual. La elección de los métodos 
deberían efectuarse según un criterio de 
aprovechamiento máximo a fin de obtener 
resultados mejores y más rápidos con una inversión 
mínima. No obstante, deberá tenerse en cuenta que 
los instrumentos económicos también exigen una 
movilización a nivel de las administraciones nacio­
nales o municipaes (por ej., deberían controlarse las 
emisiones para poder calcular un impuesto sobre 
las mismas). Una autorregulación adaptada a los 
mecanismos de mercado no existe en el ámbito del 
medio ambiente (sin perjuicio de las propuestas 
formulada en el punto 6.3). 
d) En las siguientes consideraciones del Comité Econó­
mico y Social se valoran únicamente los nuevos 
instrumentos de la política del medio ambiente, 
en especial, los económicos. Su aplicación debería 
concentrarse en los puntos centrales señalados en el 
informe de la Task-Force, en concreto, los relativos 
a energía, tráfico, química y agricultura. 
6. Flexibilidad de las exigencias de protección del 
medio ambiente 
6.1. Entre los instrumentos económicos de la política 
del medio ambiente figura igualmente la fexibilidad en 
la aplicación de las normas en determinados sectores 
regionales. Se trata por ejemplo de compensaciones en 
relación con las emisiones, que ofrecen a las empresas 
la posibilidad de crear asociaciones en zonas geográficas 
limitadas para establecer medidas de protección del 
medio ambiente, escogidas en función de criterios de 
utilidad regional y económica y permitidas por las 
autoridades si se alcanza globalmente el objectivo regio­
nal en materia de medio ambiente. Este enfoque puede 
optimizar la relación costes/beneficios y será especial­
mente bien acogida si fomenta la protección integrada 
del medio ambiente (véase punto 4.3 supra). 
6.2. En este contexto se mencionan frecuentamente 
las licencias de emisión negociables, cuya aplicación en 
los Estados Unidos ha merecido juicios divergentes y 
más bien críticos, sobre todo porque allí se aplican a 
sectores estrictamente limitados. Dicho dispositivo sería 
aplicable, en todo caso, como complemento de prescip-
ciones reglamentarias y a condición que el valor de la 
licencia (cantidades de emisión) se reduzca paulatina­
mente, con el fin de lograr una dinámica en la política 
del medio ambiente. 
En su dictamen sobre el cuarto programa de acción, el 
Comité Económico y Social rechazó este sistema por 
temer que dichas licencias de emisión negociables des­
plazasen («privatizasen») las responsabilidades en 
materia de medio ambiente. 
6.3. Algunos Estados miembros han tenido buenas 
experiencias en lo que se refiere a acuerdos voluntarios para la realización de normas ambientales entre las 
autoridades responsables por una parte y empresas 
individuales o sectores industriales o comerciales por 
otro. Naturalmente, este sistema no debe servir para 
que las autoridades públicas se sustraigan a sus respon­
sabilidades en materia de protección del medio 
ambiente. Sin embargo, de este modo se consigue fre­
cuentemente aplicar, mediante el autocontrol, medidas 
de mayor eficacia en la protección del medio ambiente 
y se logra intervenir más precozmente. En general, la 
Comunidad también debería fomentar tales acuerdos. 
En relación con esos tipos de cooperación, hay que 
mencionar igualmente las instalaciones industriales 
comunitarias, como por ejemplo las agencias de reci-
clado para el tratamiento o reutilización de desechos o 
residuos de producción. 
7. Tasas e impuestos ecológicos 
7.1. Las tasas y los impuestos ecológicos (por los que 
se entiende el cálculo o diferenciación de impuestos 
según criterios de política ambiental) se distinguen por 
que los ingresos de aquéllas se destinan a un uso ajeno 
al presupuesto general del Estado, mientras que el pro­
ducto de los impuestos sirve para objetivos fiscales 
generales, aunque la cuantía del impuesto varíe en 
función de criterios ambientales. No obstante, existen 
formas mixtas de ambos instrumentos, por ejemplo, en 
el caso de impuestos especiales cuya finalidad principal 
es orientar el comportamiento de los productores y los 
consumidores. 
A pesar de esta distinción, por regla general las tasas e 
impuestos se tratan conjuntamente como instrumentos 
de la política del medio ambiente. En general, el impue­
sto ecológico tiene la ventaja de exigir solamente un 
pequeño esfuerzo administrativo suplementario, ya que 
entronca con el procedimiento tributario general, mien­
tras que los impuestos del medio ambiente exigen la 
aplicación de un procedimiento de cálculo y recauda­
ción propio. 
7.2. El objetivo de estos impuestos es incitar a pro­
ductores y consumidores a adoptar un comportamiento 
favorable al medio ambiente, lo cual se produce 
mediante un mecanismo de precios que imputa al conta­
minador los costes derivados de su actividad (según el 
principio ampliado de que quien contamina paga). Las 
tasas e impuestos ecológicos deben ser suficientemente 
elevados para que sean perceptibles y provoquen cam­
bios de comportamiento. 
Deberán ir acompañados de medidas que eviten que los 
grupos de poblacción económicamente débiles se vean 
perjudicados, lo cual se conseguirá sobre todo fomen­
tando y desarrollando alternativas que sean compati­
bles con la salvaguardia del medio ambiente y compara­
tivamente más baratas que los tipos de comportamiento 
nocivos para el medio ambiente. Resultan inadecuadas 
aquellas medidas sociales compensatorias que anulan 
el efecto estimulante de las tasas e impuestos ecológicos. 
Los impuestos y tasas ecológicos no están indicados en 
el caso de acciones ambientales de efecto immediato, 
deben responder a una estrategia a largo plazo, entre 
otras cosas por la necesidad de calcular las dicisiones 
de inversión a largo plazo. 
N°C 332/112 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 12. 90 
Tampoco son un remedio universal. Hay muchos casos 
en los que se influye mejor en el comportamiento del 
productor y del consumidor mediante prohibiciones o 
disposiciones reglamentarias. 
7.3. Entre las tasas sobre el medio ambiente figuran 
en primer lugar las que gravan las emisiones (agua, 
aire) (*) o los residuos (impuestos sobre los vertidos). 
El cálculo de la tasa no está desprovisto de problemas: 
debe ser suficientemente elevada como para influir en 
el comportamiento de los productores, pero no tanto 
como para que equivalga prácticamente a la prohibición 
del producto o del procedimiento al que se aplica. La 
disparidad de las prácticas actuales se pone claramente 
de manifiesto si se considera que el nivel de las tasas 
percibidas por las aguas residuales es muy diferente 
dentro de la Comunidad (en los Países Bajos, a veces 
es hasta quince veces más elevado que en la República 
federal de Alemania). No obstante, a la hora de calcular 
las tasas también deberán tomarse en consideración las 
diferencias regionales; una tasa dada podrá ser menos 
eficaz en unas regiones de la Comunidad que en otras. 
Para que realmente sean eficaces, las tasas sobre emisio­
nes deberían regirse por el coste marginal de las medidas 
de protección por encima de los valores límite. Es decir, 
deberían concebirse como tasas sobre la contaminación 
residual que fomenten la mejora del nivel técnico. 
Las tasas sobre las emisiones sólo tienen sentido si 
afectan por igual a todos los sectores del medio 
ambiente, a fin de evitar que se transfieran sustancias 
contaminantes de un sector caro a otro barato. 
En relación con las tasas ecológicas, deberían elaborarse 
Directivas-marco o Recomendaciones a nivel comunita­
rio que tengan en cuenta la experiencia acumulada 
hasta ahora en los Estados miembros y fuera de la 
Comunidad y que dejen un margen suficiente para 
las situaciones regionales. En esas Directivas-marco o 
Recomendaciones deberían sentarse los siguientes prin­
cipios : 
— principio relativo al importe de la tasa, que vendría 
determinado en función de las normas relativas 
a las emisiones (impuesto sobre la contaminación 
residual), 
— principio relativo a la supresión de la tasa una vez 
alcanzado el objetivo perseguido (reducción de las 
emisiones), con exclusión de la posibilidad de con­
vertirlo en un impuesto utilizado con fines fiscales, 
— principio que garantice que el producto de las tasas 
se destinará a la financiación de inversiones en 
favor del medio ambiente, sobre todo en el ámbito 
municipal, así como a la financiación de la protec­
ción del medio ambiente en el Tercer Mundo y a la 
exención fiscal (tasas e impuestos) para la produc­
ción y el consumo compatibles con el medio 
ambiente. 
(!) Por ej., Sueciá proyecta un impuesto sobre las emisiones de 
SO, que se rige por el coste marginal de su prevención, lo 
que equivaldría a 4 600 ECU por tonelada, en el estado actual 
de las normas suecas contra la contaminación atmosférica. 7.4. En opinión del Comité Económico y Social, la 
diferenciación en términos de política ambiental entre 
los impuestos existentes (por ej. sobre el petróleo, sobre 
el gas) o la introducción de nuevos impuestos especiales 
en favor del medio ambiente (por ej. sobre el empaque­
tado) reviste una importancia considerable a escala 
comunitaria. A este respecto, es necesaria una armoni­
zación en la Comunidad, paralela a la de los impuestos 
sobre el consumo y sobre la cifra de negocios. 
El Comité Económico y Social opina que, debe darse 
prioridad a una diferenciación más pronunciada de 
los impuestos sobre la energía en función de criterios 
ambientales. Estos impuestos tienen una importancia 
primordial para la estrategia de transformación estruc­
tural en favor del medio ambiente, ya que deben fomen­
tar las tecnologías que ahorran energía y materias pri­
mas y acelerar su comercialización. Los impuestos sobre 
la energía deben estimular e intensificar la eficacia de 
la transformación y uso de la energía y encauzar las 
decisiones sobre un aumento de la eficacia (en contra­
posición a ampliaciones de las capacidades) hacia un 
proceso racional y conveniente desde el punto de vista 
del medio ambiente. 
Dentro de los impuestos sobre la energía, la diferencia­
ción en función de la política del medio ambiente está 
especialmente indicada en el caso de los actuales impue­
stos sobre los aceites minerales. De ese modo se crearían 
incentivos al desarrollo de alternativas de producción y 
de consumo, por ejemplo en el sector de los transportes. 
Además debería considerarse la posibilidad de un 
impuesto sobre las demás fuentes de energía fósiles. No 
obstante, también a este respecto deberán tenerse en 
cuenta las grandes diferencias regionales si se quiere 
fijar un tipo impositivo correcto. A título meramente 
complementario habrá que considerar la posibilidad de 
un impuesto sobre el consumo de electricidad (indepen­
dientemente de los diferentes tipos de energía primaria 
utilizados en su producción) para mejorar la eficacia 
en el uso de la electricidad y lograr de ese modo un 
ahorro de energía. 
En relación con consideraciones actuales de la Comisión 
de la Comunidad Europea en materia de armonización 
fiscal, el Comité Económico y Social señala lo siguiente: 
— La Comisión considera la posibilidad de gravar 
los productos energéticos (por ej. combustible para 
calefacciones) con un tipo de impuesto sobre el 
valor añadido (IVA) reducido; esto suscita objecio­
nes desde el punto de vista ecológico, porque com­
prometería los esfuerzos por mejorar la eficacia. 
Los ahorros realizados con la reducción de calefac­
ción son más ventajosos que la reducción del tipo 
impositivo. 
— Al fijar los valores hacia los que deberán tender los 
impuestos sobre los productos petroleros deberían 
incluirse los tipos más altros actualmente en vigor 
en la Comunidad, a fin de dará los Estados la mayor 
libertad posible para fijar el impuesto sobre los 
productos petroleros en función de motivaciones de 
orden ecológico; el excedente de los ingresos fiscales 
debería dedicarse a fines relacionados con la política 
del medio ambiente. 
— En la armonización de los impuestos sobre los pro­
ductos petroleros deberá cuidarse de que los impue­
stos sobre el diesel aumenten al menos hasta el 
nivel de los impuestos sobre la gasolina, ya que los 
vehículos con motor diesel no son en absoluto 
menos contaminantes que los vehículos dotados de 
carburador, al menos en el caso de que no estén 
equipados con catalizador. 
31. 12. 90 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 332/113 
— En más de una ocasión se ha propuesto integrar el 
impuesto sobre los vehículos, tal y como existe 
en los Estados miembros, en el impuesto sobre la 
gasolina, para proporcionar así a los automovilistas 
una información realista sobre el coste real de un 
trayecto en coche. No obstante, el Comité Econó­
mico y Social llama la atención sobre el hecho de 
que, de ese modo, sería imposible llevar a cabo una 
diferenciación en términos de política del medio 
ambiente del impuesto sobre los vehículos, diferen­
ciación cuya utilidad ha quedado probada en algu­
nos Estados miembros. 
7.5. Según dichas consideraciones, el Comité Econó­
mico y Social recomienda que se examine la introduc­
ción de los siguientes impuestos ecológicos: 
— impuesto sobre la energía (véase punto 7.4, 
párrafo 3), 
— impuesto sobre las emisiones de S02, NOx y polvo 
a la atmósfera, 
— impuestos sobre las aguas residuales, según el grado 
de contaminación, 
— impuestos sobre determinados tipos de empaque­
tado, así como sobre desechos peligrosos, 
— impuesto sobre los abonos artificiales (nitrógeneo y 
fosfato), fabricados por procedimientos industri­
ales, en el marco de una nueva conception de la 
política agraria europea más favorable al medio 
ambiente, 
— impuesto sobre el cloro, destinado a fomentar el 
desarrollo de sustitutos de hidrocarburos clorados. 
8. Otros instrumentos económicos de la política del 
medio ambiente 
a) Entre los instrumentos económicos de la política 
del medio ambiente figuran normas destinadas a 
obligar a los productores y comerciantes a recoger 
los envases usados, lo cual podrá facilitarse 
mediante un sistema de fianzas. La introducción 
con carácter obligatorio de este tipo de sistemas es 
necesaria si se quiere superar el problema de los 
vertidos, que se está agravando de un modo especta­
cular. De este modo deberá lograrse: 
— renunciar a envases innecesarios, 
— influir en el tipo y candidad de los materiales 
utilizados para envases, con el fin de facilitar el 
problema de los vertidos, 
— intensificar el reciclado de desechos, 
— y fomentar productos alternativos. 
En las discusiones en materia de medio ambiente 
existen propuestas a favor de introducir también la 
retirada obligada de mercancías de larga duración 
(por ej. autos), a fin de estimular la creación de 
productos más fáciles de eliminar. 
El Comité Económico y Social es consciente de 
los problemas de organización que comportará la 
obligación de retirada para las pequeñas y medianas 
empresas; sin embargo, es de la opinión que dichos 
problemas pueden hallar solución gracias a la coop­
eración de la industria y el comercio y se fuera 
necesario con la ayuda del sector público. b) Entre los instrumentos económicos se halla la intro­
ducción de la responsabilidad civil independiente 
de la falta en caso de daños causados al medio 
ambiente; la perspectiva de dicha responsabilidad 
hará que se tomen precauciones especiales en las 
actividades que pudieran causar daños al medio 
ambiente, con lo cual se favorecerá su protección. 
En este contexto, se remite al dictamen del Comité 
Económico y Social sobre la propuesta de Directiva 
relativa a la responsabilidad civil por los daños 
causados por los desechos, en especial en lo que 
se refiere a la propuesta de crear un fondo de 
responsabilidad para daños cuyo origen no pueda 
dilucidarse (por ejemplo, la carga del passado) así 
como para los daños que no se puedan imputar 
a nadie en particular; las medidas de prevención 
adoptadas por los grupos de contaminadores de que 
se trate pueden aligerar el importe de la contribu­
ción al Fondo, reforzando así el principio de quien 
contamina paga (*). 
c) Desde el punto de vista del derecho de competencia 
existen reservas contra la concesión de ayudas públi­
cas para el saneamiento de procedimientos de pro­
ducción que plantean problemas para el medio 
ambiente. La concesión de ayudas y ventajas fiscales 
para algo que se exige con carácter general es cues­
tionable, porque va en contra del principio de quien 
contamina paga. Estas reservas podrían pasar a un 
segundo plano en los casos de adaptación de las 
condiciones técnicas en regiones menos desarrolla­
das o en sectores que presentan problemas manifies­
tos (véase el dictamen del Comité Económico y 
Social sobre el proyecto de Decisión de la Comisión 
relativo a un programa de acciones regionales para 
proteger el medio ambiente y favorecer el desarrollo 
socioeconómico (2). 
d) Las tarifas de consumo (agua, electricidad) deberían 
calcularse con arreglo a criterios de orden ecológico 
(por ej., adaptando las tarifas del consumo de 
energía de modo que el consumo suplementario no 
se calcule degresiva sino progresivamente; véase el 
dictamen del Comité Económico y Social sobre el 
cuarto programma de acción (3). 
(x) Dictamen del CES sobre la propuesta de Decisión del Consejo 
relativa a la responsabilidad civil por los daños causados por 
los desechos (DO n° C 112 de 7. 5. 1990). 
(2) DO n° C 112 de 7. 5. 1990, p. 28 — ENVIREG. 
(3) DO n° C 180 de 8. 7. 1987, p. 26, punto 2.1.3.5: « En el marco 
de la coordinación entre la política del medio ambiente y la 
política energética el Comité concede prioridad a las medidas 
encaminadas al incremento de la eficacia de la transformación 
y utilización de energía porque constituye el único medio 
para conciliar la protección del medio ambiente, la economía 
de recursos y el nivel de vida. Convendría desarrollar las 
medidas que tengan como objetivo la producción de energía 
y calor en las centrales eléctricas, de manera rentable y 
beneficiosa para el medio ambiente. 
Las tarifas que favorezcan un consumo suplementario de 
electricidad, calor, agua, etc., deberían ser suprimidas. La 
Comisión debería elaborar modelos de estructura arancelaria 
adaptados a las necesidades de la política del medio ambiente 
en Europa. Por supuesto, el Comité no pretende con ello la 
supresión de las tarifas aplicadas a los grandes consumi­
dores. » 
N°C 332/114 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 12. 90 
9. Medidas complementarías 
9.1. Los impuestos y precios, en tanto que instrumen­
tos de la política del medio ambiente, son suficientes 
en el caso de problemas ambientales causadas o resue­
ltos por medidas oficiales (por ej. infraestructuras), o 
de monopolios que no reaccionan con flexibilidad a los 
signos dados por los precios; el centralismo, ya sea en 
el interior de la empresa o del Estado, puede representar 
un grave impedimento a la flexibilidad de decisión que 
pretende lograrse con los instrumentos económicos para 
el medio ambiente. 
9.2. En la influencia que ejerce el sector público en 
el medio ambiente a través de las medidas de infraes­
tructura desempeñan una función especial las decisiones 
de los Estados miembros y de los municipios en materia 
de planificación y ordenación del territorio que inclu­
yen, por ejemplo, iniciativas en materia de infraestruc­
tura de transportes. Hasta ahora, la Comunidad no ha 
tenido aquí influencia directa alguna: las decisiones 
públicas susceptibles de tener incidencias sobre el medio 
ambiente solamente se pueden guiar a través de los 
programas comunitarios, especialmente del Fondo 
Regional y, en cierto modo, a través de la política de 
competencia. 
El equilibrio que se solicita en el informe de la Task-
Force entre la política del medio ambiente y la del 
mercado interior sólo podrá alcanzarse si las acciones 
de la Comunidad se someten a un control ecológico de 
calidad (evaluación del impacto global de los programas 
y disposiciones de la Comunidad Europea, véase el 
dictamen del Comité Económico y Social sobre el cuarto 
programa de acción) (*). Soló de ese modo se podrá 
garantizar la integración de la política del medio 
ambiente en las otras políticas. Ello implica por ejemplo 
el fomento de los transportes públicos, sobre todo por 
ferrocarril o barco por las vías fluviales o marítimas 
existentes y significa también la readaptación de las 
disposiciones relativas a las ayudas de la Comunidad y 
a los créditos del Banco Europeo de Inversiones concedi­
dos a sectores concretos de la economía, para que 
contribuyan al desarrollo de comportamientos y de 
tipos de producción favorables al medio ambiente y no 
contaminantes. La Agencia para el medio ambiente 
cuya creación está en marcha, deberá desempeñar un 
papel importante en la valoración ecológica de todas 
las políticas comunitarias. 
Esta integración de la política del medio ambiente en 
la política regional de la Comunidad debería llegar 
hasta el punto de poder denegar a los Estados miembros 
la concesión de ayuda regional para infraestructuras 
(según las cuotas) en el caso de que no se presentaran 
planes de fomento compatibles con el medio ambiente. 
Por otra parte, sería oportuno verificar si la política 
europea de ordenación del territorio exige que se adop­
ten Directivas-marco comunitarias con vistas a una 
ordenación del territorio que respete el medio ambiente, 
en especial en regiones transfronterizas, así como la 
posibilidad de que las autoridades comunitarias inter­
vengan en casos específicos de importancia suprarregio-
nal, una vez que se hayan modificado los Tratados 
comunitarios. 
0) DO n° C 180 de 8. 7. 1987, p. 26. Tales Directivas - marco deberán limitarse a procedi­
mientos de planificación territorial que fijen criterios 
mínimos de protección del medio ambiente. La compe­
tencia comunitaria en el ámbito de la ordenación del 
territorio deberá reforzar in situ el respeto de la dimen­
sión ecológica y no oponerse al principio de subsidi-
ariedad. 
9.3. El objetivo del informe de la Task-Force no 
podrá alcanzarse sin los requisitos siguientes: 
— concesión de ayudas a empresas y corporaciones 
administrativas que necesiten un importante sane­
amiento desde el punto de vista de la protección del 
medio ambiente pero que carezcan de los fondos 
necesarios, en el marco de las distintas medidas 
comunitarias de fomento, especialmente del 
ENVIREG, 
— mayor disponibilidad de fondos comunitarios para 
el fomento de la investiga y el desarrollo (I + D) en 
el ámbito de la técnica y gestión del medio ambiente, 
así como de la transferencia de tecnologías; esta 
concentración en la concesión de fondos de (I + D) 
correspondería a la integración de las políticas de 
investigación y del medio ambiente (2), 
— mejora de la transmisión de información para la 
aplicación de nuevas tecnologías y productos lim­
pios, y otras medidas destinadas a fomentar la con­
ciencia de la importancia del medio ambiente y los 
procesos de producción compatibles con éste, 
— desarrollo, en amplias capas de la población, de la 
concienca de la importancia del medio ambiente, 
especialmente mediante la educación y la informa­
ción sobre comportamientos y productos no conta­
minantes (por ej. mediante marcas distintivas y con­
cesión de primas). A la hora de dar la marca ecoló­
gica o de introducir a nivel europeo un etiquetado 
que mencione la protección del medio ambiente, no 
solamente deberá valorarse el producto en función 
de su utilización o de su eliminación sino también 
de la incidencia que pudiera tener sobre el medio 
ambiente su fabricación, distribución, etc, 
— intensificación del papel de las associaciones ecolo­
gistas y de cualquier otra organización interesada 
en la política del medio ambiente; a este respecto, 
conviene también facilitar a dichas asociaciones el 
acceso a las informaciones administrativas en mate­
ria de medio ambiente (por ej. actas, etc.), así como 
a las informaciones de las que disponen las autorida­
des comunitarias (3), 
— mejora de la transparencia de los resultatos y déficit 
en materia de medio ambiente mediante la presenta­
ción de balances ecológicos, a nivel local, de las 
empresas y de las corporaciones administrativas así 
como informes anuales sobre el medio ambiente, 
fomento de la creación de fondos voluntarios que 
garanticen la concesión de créditos privados para 
inversiones en favor del medio ambiente, 
(2) Véase dictamen del CES sobre los problemas específicos de 
la investigación y desarrollo tecnológicos en el ámbito del 
medio ambiente, doc. CES n° 1054/90. 
(3) Véase el dictamen del CES sobre la Directiva sobre libertad 
de información en materia de medio ambiente (DO n° C 139/ 
89, p. 47). 
31. 12. 90 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 332/115 
— reforzamiento del papel de los trabajadores y de sus 
órganos representativos en la gestión de la empresa 
en materia de medio ambiente. Deberá exigirse la 
formación y el perfeccionamiento de los trabajado­
res en el ámbito de las técnicas del medio ambiente, 
así como la designación de entre el personal de 
delegados del medio ambiente y la creación de gru­
pos en el interior de la empresa que lleven la respon­
sabilidad en el seno de la misma del desarrollo de 
la conciencia de la importancia del medio ambiente. 
Dichos delegados y comités deberán disponer de 
la facultad de valorar las medidas de la empresa 
mediante análisis de la relación costes/beneficios, 
así como de vigilar que se respeten las disposiciones 
relativas a la protección del medio ambiente y de 
adoptar iniciativas que favorezcan las innovaciones 
en la gestión de la empresa en materia de medio 
ambiente. 
10. Vías hacia una Comunidad Europea del medio 
ambiente 
10.1. Ante la perspectiva del mercado interior, el 
objetivo de la nueva polítia comunitaria para el medio 
ambiente deberá ser la reorientación ecológica de las 
tendencias en el sentido de un desarrollo compatible 
con el medio ambiente (sustainable development). El 
Comité Económico y Social pide pues a la Comisión 
que incluya los principios de política del medio 
ambiente que se acaban de señalar en sus consideracio­
nes, a la hora de preparar el quinto programa de acción 
para la protección del medio ambiente 1993-1998. 
10.2. Si de ese modo las Comunidades Europeas 
evolucionan hacia una Comunidad del medio ambiente, 
deberá examinarse si las bases actuales del Tratado son 
suficientes para dicho desarrollo. 
En base a las experiencias de los últimos años y pese a 
los progresos evidentes realizados desde la entrada en 
vigor del Acta Única, el Comité Económico y Social ve 
los siguientes problemas: 
a) Es necesario especificar la relación entre el artículo 
100 A y los artículos 130 R y siguientes del Tratado 
CEE (Véase igualmente el informe Beretta). 
b) Debería introducirse el principio de la mayoría 
absoluta para las decisiones adoptadas conforme al 
artículo 130 R y siguientes del Tratado CEE, sin 
que siga siendo necesario pasar por la decisión por 
unanimidad del Consejo. El procedimiento previsto 
actualmente no se ha aplicado prácticamente nunca, 
razón por la cual en numerosas ocasiones se han 
transferido medidas de política del medio ambiente 
al artículo 100 A. En el marco del artículo 130 S, el 
Consejo podría dar vía libre, ya desde ahora, a 
decisiones mayoritarias para determinados ámbitos; 
no obstante, parece más ventajoso especificar el 
dispositivo en cuestión. Asimismo, el procedimiento 
Hecho en Bruselas, el 19 de septiembre de 1S de cooperación entre la Comisión y el Parlamento 
podría ser beneficioso para la política del medio 
ambiente. 
c) Sería oportuno considerar la posibilidad de una 
competencia en materia de ordenación del territorio 
(véase arriba punto 9.2). 
d) El principio de subsidiaridad también tendrá su 
papel en la política del medio ambiente, una vez 
realizado el mercado interior. La prioridad de las 
competencias centrales o descentralizadas deberá 
ser valorada según los temas y teniendo en cuenta 
las distintas situaciones en las diversas partes de la 
Comunidad. El apartado 4 del artículo 130 R del 
Tratado CEE exige fundamentalmente la subsidiari­
dad para medidas adoptadas a nivel comunitario. 
Las experiencias muestran que muy frecuentemente 
se han conseguido avances en la política del medio 
ambiente de la Comunidad gracias a amplias inicia­
tivas adoptadas a nivel nacional. Naturalmente, hay 
que sopesar el principio de subsidiaridad teniendo 
en cuenta el peligro de distorsión de la competencia 
en el mercado interior (véase el apartado 4 del 
artículo 100 A del Tratado CEE) (14). Con el fin de 
evitar la aparición de complicadas diferencias entre 
Estados miembros y Comisión, así como en el seno 
del Consejo, parece necesario una mayor precisión 
en el Tratado mismo, tomando en consideración las 
prioridades regionales y suprarregionales. El Comité 
Económico y Social ha realizado sus propuestas a 
este respecto en su dictamen sobre el cuarto pro­
grama de acción (nos 1.4 y 2.1.1.5 del dictamen del 
13 de mayo de 1987 — doc. CES n° 482/87). 
e) A la integración de la política del medio ambiente 
en las otras políticas de la Comunidad debería 
corresponder una mejor coordinación en el seno de 
la Comisión. 
f) Como el Comité ha tenido ya ocasión de sugerir (15), 
en algunas circunstancias de emergencia y en rela­
ción con aspectos particulares de la política ambien­
tal comunitaria la Comunidad Europea a través de 
Reglamentos y no de Directivas. 
10.3. El Comité Económico y Social sugiere que se 
tengan en cuenta las observaciones que preceden, en el 
marco de las negociaciones que acaban de empezar con 
vistas a una nueva revisión de los Tratados. 
(1) En este contexto conviene observar que el Tribunal de Justicia 
en su sentencia sobre el sistema obligatorio de envases retor-
nables (caso 302/86, sentencia del 20 de agosto 1988) dio 
prioridad a la protección del medio ambiente frente a la 
eliminación de limitaciones al comercio. 
(2) DO n° C 225 de 10. 9. 1990, p. 14. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE