Conviene señalar que algunos aspectos relacionados con el problema que se trata de resolver no se abordan en esta evaluación de impacto. En lo que concierne a la prestación de servicios formales para el cuidado de personas y los desincentivos económicos, el motivo es que la competencia de la UE en estos ámbitos es limitada. Teniendo en cuenta su gran influencia en el problema en cuestión, la iniciativa podría contemplar medidas para incrementar los esfuerzos actuales en dichos ámbitos, en particular en relación con la supervisión de las políticas de los Estados miembros en el Semestre Europeo y con el uso de los fondos de la Unión en el caso de los servicios formales para el cuidado de personas.

La actuación de la UE puede aportar un gran valor añadido a la superación de los retos mencionados en la definición del problema. En primer lugar, la situación actual demuestra que la actuación de la UE tiene mucha influencia en los marcos jurídicos de los Estados miembros. En el ámbito estratégico que abarca la presente iniciativa, solo cuando existe legislación de la Unión (es decir, sobre permisos de maternidad y paternidad), existe legislación en los Estados miembros. Cuando los Estados miembros cuentan con legislación propia, las variaciones de un Estado miembro a otro por lo que respecta a la duración y la generosidad de las condiciones pueden dar lugar a un desequilibrio de derechos, a una protección desigual para los ciudadanos de la Unión y a diferencias en el funcionamiento de los mercados de trabajo. En segundo lugar, las previsiones basadas en la información disponible muestran claramente que solo la actuación de la UE garantizará que se logren avances suficientes en todos los Estados miembros. Los empleadores, en particular las pequeñas y medianas empresas, pueden mostrarse reticentes a adoptar por su cuenta medidas más generosas de conciliación de la vida familiar y la vida profesional, habida cuenta de los costes a corto plazo y las cargas administrativas que dichas medidas podrían conllevar. Los Estados miembros pueden mostrarse reticentes a colmar esta laguna legislando en este ámbito, ya que es posible que perciban el riesgo de que sus propias empresas se encuentren en situación de desventaja con respecto a empresas de otros Estados miembros. Teniendo en cuenta que un porcentaje significativo del comercio de las empresas de la UE se realiza en el interior de esta, la actuación a nivel de la UE podría amortiguar estas preocupaciones y generar unas condiciones de igualdad, sin perder de vista la necesidad de evitar cargas adicionales para las empresas, en particular las pymes, y garantizando que todos los Estados miembros avancen en la misma dirección. En tercer lugar, la actuación a nivel de la UE podría amortiguar la tendencia de algunos Estados miembros a reducir las disposiciones sobre conciliación de la vida familiar y la vida profesional. De hecho, como consecuencia de la reciente crisis, los Estados miembros tienen prioridades divergentes en materia de políticas, y la atención de las autoridades nacionales está dirigida hacia otras cuestiones (en particular, aquellas que pueden reportar beneficios a corto plazo). Por último, las cuestiones relacionadas con la conciliación de la vida familiar y la vida profesional y la infrarrepresentación de las mujeres en el mercado de trabajo tienen una clara dimensión horizontal europea. La baja participación de las mujeres en el mercado de trabajo obstaculiza los objetivos de la UE en relación con la igualdad de género, la lucha contra la pobreza y el fomento del empleo y el crecimiento.