INFORME EXPLICATIVO sobre el Protocolo celebrado sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea relativo a la interpretación, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Convenio relativo a la notificación o traslado en los Estados miembros de la Unión Europea de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (Texto aprobado por el Consejo el 26 de junio de 1997) (97/C 261/04)

I. OBERSAVACIONES DE CARÁCTER GENERAL

1. En su reunión de los días 29 y 30 de octubre de 1993, el Consejo confirió a un Grupo de trabajo denominado «Simplificación de la notificación de documentos judiciales» el mandato de elaborar un instrumento destinado a simplificar y acelerar los procedimientos de notificación entre los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil.

Durante los trabajos sobre el Convenio relativo a la notificación o traslado en los Estados miembros de la Unión Europea de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y comercial, se consideró necesario atribuir al Tribunal de Justicia competencia de interpretación de sus normas con objeto de garantizar una aplicación uniforme de las mismas.

Al término de los trabajos del Grupo, el texto del proyecto de Convenio fue sometido por la Presidencia neerlandesa, conforme al artículo K.6 del Tratado de la Unión Europea, al examen del Parlamento Europeo (1).

El Consejo adoptó, el 26 de mayo de 1997, el presente Protocolo (2), al igual que el Convenio relativo a la notificación o traslado en los Estados miembros de la Unión Europea de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil. Dichos instrumentos fueron firmados en la misma fecha por los representantes de todos los Estados miembros.

2. a) El instrumento se basa en las disposiciones del artículo 177 del Tratado CE y se inspira en muy amplia medida en los artículos 1 a 4 del Protocolo de 3 de junio de 1971 relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia y ejecución de las decisiones en materia civil o mercantil.

Concretamente, figuran en él dos formas de presentación de solicitudes al Tribunal previstas en el Protocolo de 1971.

b) Las modalidades para la entrada en vigor del Protocolo son, en cambio, similares a las establecidas por los Protocolos primero y segundo de 19 de diciembre de 1988 sobre la interpretación del Convenio relativo a la ley aplicable a las obligaciones contractuales.

En efecto, el principio de la atribución de competencia al Tribunal está planteado en el Convenio pero es el Protocolo el que define, concretamente, las condiciones de presentación de la solicitud de interpretación y los órganos jurisdiccionales nacionales competentes para presentar tal solicitud.

La entrada en vigor del Protocolo no debe ser anterior a la del Convenio; la entrada en vigor del Convenio tendrá lugar tras la ratificación de los quince Estados miembros; la entrada en vigor del Protocolo tendrá lugar tras su adopción por tres de dichos Estados;

En estas condiciones, la primera fecha en que el Protocolo podrá entrar en vigor es la fecha de entrada en vigor del Convenio. De este forma, únicamente las jurisdicciones de los Estados miembros que sean Parte a la vez en el Protocolo y en el Convenio estarán en condiciones de solicitar al Tribunal que resuelva o se pronuncie sobre una cuestión de interpretación.

c) Por último, las disposiciones finales son análogas a las establecidas en esta materia por el Consejo de la Unión Europea por lo que se refiere a los Convenios establecidos en el marco del título VI del Tratado de la Unión Europea. Coinciden con las del Convenio, mediante las oportunas adaptaciones.

II. OBSERVACIONES SOBRE LA PARTE DISPOSITIVA

Artículo 1

El artículo 1 recoge el principio, planteado en el Protocolo de 1971, de atribución de competencia al Tribunal de Justicia para interpretar las disposiciones del Convenio relativo a la notificación o traslado en los Estados miembros de la Unión Europea de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, así como del propio Protocolo.

Artículo 2

1. Este artículo define los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros competentes para solicitar al Tribunal de Justicia que se pronuncie a título prejudicial sobre una cuestión de interpretación.

Se trata, en primer lugar de los más altos órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, cuya lista figura en la letra a) del apartado 1.

Esta enumeración es limitativa y los demás órganos jurisdiccionales supremos que pudieran existir no están facultados para presentar tales solicitudes al Tribunal, aun cuando sus decisiones tuvieran una incidencia en materia civil o mercantil.

En segundo lugar, según lo dispuesto en la letra b), los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, cuando deciden en apelación, son igualmente competentes para presentar solicitudes al Tribunal de Justicia.

Se trata por lo tanto en primer lugar de los Tribunales de apelación, salvo cuando se pronuncian en primera instancia, así como de los demás órganos jurisdiccionales nacionales que conocen de un asunto en calidad de órgano jurisdiccional de apelación.

En cambio, los órganos jurisdiccionales que se pronuncian en primera instancia no están facultados para presentar solicitudes al Tribunal.

2. La lista que se extiende en la letra a) puede modificarse a solicitud del Estado miembro interesado. Se trata de una posibilidad que no estaba prevista en el Protocolo de 1971.

Tal modificación puede resultar necesaria, por ejemplo, al producirse un cambio en la organización judicial de un Estado miembro.

La solicitud debe dirigirse al Secretario General del Consejo, en su calidad de depositario del Protocolo. Éste informará con la mayor brevedad a los demás Estados miembros, incluidos los que aún no sean partes en el Protocolo.

La decisión de modificación de la lista deberá ser tomada por el Consejo de conformidad con las normas de procedimiento aplicables.

Una vez adoptada, la modificación surtirá efecto en las condiciones que se precisen en la decisión del Consejo (como, por ejemplo, la entrada en vigor de dicha modificación). Debido a su naturaleza, la adopción de tal decisión por los Estados miembros según sus normas constitucionales respectivas no ha parecido necesaria. Por lo tanto se han previsto normas particulares, que constituyen una excepción al procedimiento previsto en el artículo 9 del Protocolo en materia de modificación del Convenio.

En caso de adhesión al Protocolo de un Estado que se adhiera a la Unión Europea, dicho Estado deberá indicar, al depositar su instrumento de adhesión, el o los más altos órganos jurisdiccionales que vayan a ser competentes para solicitar al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre una cuestión de interpretación (apartados 3 y 4 del artículo 8).

Tal mecanismo permite un control por parte de los Estados miembros, aun por parte de aquéllos que no son partes en el Convenio, de las designaciones efectuadas, conservándose así la lógica del sistema.

Artículo 3

1. Este artículo, basado en el artículo 177 del Tratado CE, recoge el artículo 3 del Protocolo de 1971 sobre la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de Bruselas de 1968, y se refiere al procedimiento de recurso prejudicial.

El apartado 1 estipula que los órganos jurisdiccionales indicados en la letra a) del apartado 1 del artículo 2 deben presentar una solicitud de interpretación al Tribunal de Justicia si consideran que dicha interpretación es necesaria para poder dictar sentencia.

Tal disposición, al someter a una exigencia a los órganos jurisdiccionales supremos, pretende fomentar una aplicación uniforme del Convenio en los Estados miembros de la Unión Europea.

2. El apartado 2 de este artículo dispone que los órganos jurisdiccionales, al pronunciarse en apelación, tendrán la facultad de presentar al Tribunal de Justicia una solicitud de interpretación cuando consideren que se requiere una decisión sobre un punto planteado en un asunto pendiente ante ellos.

Artículo 4

1. Este artículo recoge el artículo 4 del Protocolo de 1971. Establece un segundo procedimiento, que permite a los fiscales generales de los Tribunales de casación o a cualquier otra autoridad designada por los Estados miembros solicitar al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre una cuestión de interpretación, cuando comprueben que una resolución que tenga fuerza de cosa juzgada pronunciada por un órgano jurisdiccional de su Estado es contraria a la interpretación dada sobre este punto por el Tribunal o por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro parte en el Protocolo.

Dicha disposición también tiene por objeto fomentar una interpretación uniforme del Convenio.

Corresponde a la autoridad judicial competente evaluar la conveniencia de presentar al Tribunal un recurso a efectos de una interpretación en tal caso.

2. Además, cualquier Estado miembro, aun no siendo parte en el Protocolo, así como la Comisión y el Consejo de la Unión Europea, tendrán la facultad de presentar memorias u observaciones escritas al Tribunal de Justicia ante el cual se haya presentado un recurso de interpretación.

Artículo 5

Al igual que en el Protocolo de 1971, este artículo establece el principio de la aplicación del Estatuto del Tribunal de Justicia y de su Reglamento de procedimiento.

Artículo 6

Este artículo, que indica que el Protocolo no podrá ser objeto de reserva alguna, no da lugar a observaciones especiales.

Artículo 7

Este artículo fija la entrada en vigor del Protocolo según las normas establecidas al respecto por el Consejo de la Unión Europea.

Para que el Tribunal de Justicia pueda ejercer su competencia lo más rápidamente posible, la entrada en vigor del Protocolo se ha fijado en la fecha de expiración de un plazo de noventa días a contar desde el depósito del tercer instrumento de adopción por uno de los quince Estados miembros de la Unión Europea el 26 de mayo de 1997, fecha de la adopción por el Consejo del acto por el que se celebra el Protocolo.

No obstante, el Protocolo sólo podrá entrar en vigor una vez que los quince Estados miembros hayan adoptado el Convenio relativo a la notificación y traslado entre los Estados miembros de la Unión Europea de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil. Conforme a su artículo 24, el Convenio entrará en vigor noventa días después de la fecha de notificación, por el Estado miembro que proceda el último a este trámite, de la terminación del procedimiento de adopción previsto por las normas constitucionales.

Así pues, una aplicación anticipada del Convenio según el apartado 4 del artículo 24 del mismo no podrá ser base para atribuir competencia de interpretación al Tribunal. La adopción del Protocolo por parte del conjunto de los Estados miembros tampoco permitiría al Tribunal interpretar las disposiciones del Convenio mientras éste no haya entrado en vigor.

Artículo 8

Este artículo prevé que el Protocolo quede abierto a la adhesión de cualquier Estado que se adhiera a la Unión Europea. Los países terceros no podrán adherirse al Convenio ni al Protocolo.

Por lo que se refiere a las modalidades de adhesión al Protocolo, este artículo dispone concretamente modalidades simplificadas de modificación de la lista de los más altos órganos jurisdiccionales que figura en la letra a) del apartado 1 del artículo 2, como consecuencia de la designación de los órganos jurisdiccionales del nuevo Estado miembro, según el principio fijado en el apartado 2 del artículo 2.

El Consejo adoptará las modificaciones que haya que realizar en la lista de los más altos órganos jurisdiccionales entre la fecha de depósito del instrumento de adhesión al Protocolo y la fecha de entrada en vigor del Protocolo respecto del Estado miembro que se adhiere.

Artículo 9

Este artículo se refiere al procedimiento de modificación del Protocolo.

Sólo los Estados miembros partes en el Protocolo así como la Comisión tienen la posibilidad de proponer enmiendas.

El Consejo recomienda la adopción por los Estados miembros, según sus normas constitucionales respectivas, de las modificaciones adoptadas por él.

Este procedimiento no es aplicable a la simple modificación de la lista de los más altos órganos jurisdiccionales.

Artículo 10

Este artículo confiere al Secretario General del Consejo la función de depositario del Protocolo.

El Secretario General informará a los Estados miembros de cualquier modificación relativa al Protocolo y garantizará su publicación en la serie C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

(1) Dictamen emitido el 11 de abril de 1997 (no publicado aún en el Diario Oficial).

(2) Véase la página 17 del presente Diario Oficial.