18. 4. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 102/5 
Dictamen sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se adopta un programa de 
acción comunitaria en materia de formación profesional de los funcionarios de aduanas 
(MATTHAEUSM1) 
(91/C 102/03) 
El 15 de enero de 1991, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social 
sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de asuntos sociales, familia, educación y cultura, encargada de preparar los 
trabajos en la materia, adoptó su dictamen el 14 de febrero de 1991 (ponente: Sr. Müller). 
En su 284a pleno (sesión del 27 de febrero de 1991), el Comité Económico y Social ha 
aprobado por unanimidad el siguiente dictamen. 
Desde la perspectiva del mercado único se acoge sin 
reservas el objetivo perseguido por la Comisión con 
el programa MATTHAEUS. De un modo general, se 
aprueba la propuesta de Decisión del Consejo. En lo 
que respecta a su aplicación, sin embargo, el Comité 
señala lo siguiente. 
1. Observaciones generales 
Todos los funcionarios de aduanas, independiente­
mente de su grado, deben tener la posibilidad —caso 
de que así lo deseen— de hacer uso del programa y 
adquirir una formación lingüística suficiente. 
El Comité duda de que el número de intercambios 
previsto (1 200) baste para lograr los objetivos marca­
dos. Sería conveniente aumentar esa cifra. 
2. Observaciones particulares 
2.1. Enseñanza de idiomas 
Para poder trabajar de un modo eficaz en otro Estado 
miembro se requiere un conocimiento satisfactorio del 
correspondiente idioma nacional. Por eso, los funciona­
rios seleccionados para el programa, en el caso de 
que no posean buenos conocimientos del idioma en 
cuestión, deberán ser formados con la suficiente antela­
ción en el idioma comunitario del país al que se despla­
cen para realizar el intercambio, con un nivel suficiente 
para poder participar activamente en la realización de 
las tareas encomendadas por el servicio al que estén 
destinados. Dado que la Comisión da una gran impor­
tancia a que todos los Estados miembros participen 
en el intercambio de funcionarios, será necesaria una 
completa formación en algunos idiomas comunitarios. 
Sería deseable que la Comisión organizara cursos, abier­
tos a los funcionarios de cada país, de los idiomas 
comunitarios menos difundidos, en particular el danés, 
neerlandés, portugués y griego, con los gastos a cargo 
de los Estados miembros. 
(») DO n° C 13 de 19. 1. 1991, p. 12. 2.2. Estatuto jurídico de los funcionarios en inter­
cambio 
En muchos Estados miembros, los funcionarios acogi­
dos en intercambio no podrán ejercer de un modo 
ilimitado las competencias nacionales que corresponden 
al personal local empleado en las administraciones 
aduaneras, ya que ello iría en contra de determinadas 
disposiciones legales o constitucionales (véase, por 
ejemplo, el apartado 4 del artículo 33 de la Ley Funda­
mental de la República Federal de Alemania). Aunque 
la propuesta prevé una limitación de las competencias, 
es de temer que, por la razón antes indicada, se tenga 
que hacer un uso extensivo de las posibilidades de 
restricción. La Comisión tiende todavía a dar prioridad 
a las soluciones nacionales. Sin embargo, una solución 
común sólo podría alcanzarse si la Comunidad Europea 
estableciera una normativa obligatoria para todos. 
2.3. Particularidades jurídicas en materia de responsa­
bilidad civil 
Actualmente no es posible evaluar el riesgo existente 
en materia de responsabilidad civil para los funciona­
rios en intercambio en otro Estado miembro. No es 
satisfactoria la normativa establecida en el apartado 3 
del artículo 4 de la propuesta. La asimilación de un 
funcionario procedente de otro país a los funcionarios 
del país de acogida en casos de reclamaciones podría 
perjudicar a dicho funcionario respecto a las condicio­
nes existentes en el ejercicio de sus funciones en el país 
de origen, lo cual no deja de ser problemático desde el 
punto de vista del deber de protección del Estado hacia 
sus funcionarios. Por ello, también se ha solicitado a 
la Comisión que examine las diferentes normativas 
nacionales en materia de responsabilidad civil. Hasta 
ahora no se tiene conocimiento de que la Comisión 
haya satisfecho dicha demanda. 
Sería conveniente que la Comisión cubriese los posibles 
agravios por medio de disposiciones en materia de 
seguros. Los participantes en el programa deberán al 
menos ser informados (eventualmente por escrito) sobre 
las diferencias y las particularidades legales en materia 
de responsabilidad civil. La Comisión debería establecer 
una lista con todas las particularidades existentes en 
dicha materia que hayan de ser observadas por los 
funcionarios en intercambio; sólo la Comisión podría 
obtener en poco tiempo una visión de conjunto de las 
diferentes normativas nacionales. 
Los funcionarios que, dentro del programa de intercam­
bio, ejerzan su actividad en otro país de la Comunidad 
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no podrán por tanto incurrir en una responsabilidad 
civil mayor que la prevista para casos análogos en su 
propio país. 
Efectivamente, en caso contrario es posible que la 
mayoría de los funcionarios renunciaran a participar 
en el programa. 
La solución debe buscarse en la garantía de dar al 
funcionario, en el ámbito del programa de intercambio, 
un tratamiento al menos igual al de su país. 
2.4. Particularidades en materia de derecho penal 
El estatuto jurídico de los declarantes ante las adminis­
traciones aduaneras presenta grandes diferencias entre 
los Estados miembros. Si los funcionarios en intercam­
bio actúan sin tener conocimiento de lo que es conside­
rado como infracción en el Estado miembro en que se 
encuentren, pueden verse perjudicados en materia de 
derecho penal. Aquí, como en el punto 2.3, sería necesa­
ria una aclaración, la cual, por las razones arriba aduci­
das, debería ser procurada por la Comisión. 
2.5. Aspectos sociales 
La realización del mercado único, en el que se suprimi­
rán los controles fronterizos entre los Estados miem­
bros, tendrá importantes repercusiones sociales para 
muchos funcionarios de aduanas. 
Si bien, por regla general, los funcionarios de aduanas, 
debido a su condición de funcionarios, no pueden ser 
despedidos, al suprimirse los controles fronterizos 
muchos de ellos tendrán que ser trasladados a otros 
servicios, a menudo lejanos, de la administración de 
aduanas, o bien tendrán que desempeñar funciones 
completamente distintas. 
El tener que abandonar la vivienda propia, adquirida 
con grandes sacrificios, la pérdida del puesto de trabajo 
de miembros de la familia y la disolución de los vínculos 
personales y familiares existentes hasta el momento 
provocan grandes inconvenientes de tipo social. 
La propuesta de Decisión del Consejo por la que se 
adopta un programa de acción comunitaria en materia 
de formación profesional de los funcionarios de adua­
nas (MATTHAEUS) brinda la ocasión para señalar 
dichas repercusiones, a fin de que la Comisión, junto 
con las administraciones nacionales, ofrezca soluciones 
socialmente válidas para los funcionarios de aduanas 
afectados por los próximos cambios y procure que estos 
Hecho en Bruselas, el 27 de febrero de 1991. funcionarios reciban una indemnización adecuada al 
ser trasladados a otro destino. Los diferentes problemas 
sólo podrán resolverse con la satisfacción de los intere­
ses de dichos funcionarios. 
2.6. Participación de los sindicatos y las asociaciones 
profesionales 
El Comité considera necesario que los sindicatos, el 
Comité Sindical Europeo de los Servicios Públicos 
(SCESP) y las asociaciones profesionales que represen­
ten a los funcionarios de aduanas participen de lleno 
en la fijación y el desarrollo del programa de acción 
MATTHAEUS y que su opinión sea escuchada en el 
desarrollo ulterior de la estructura de la administración 
de aduanas europea. El diálogo social europeo incluye 
también esta concertación. 
2.7. Perfeccionamiento profesional o readaptación de 
otros grupos profesionales relacionados con 
aduanas 
El Comité recomienda a la Comisión que tome iniciati­
vas adecuadas a fin de preparar a otros sectores que 
intervienen en las operaciones de aduana, como los 
transportistas y las agencias de aduana, para que la 
unión aduanera pueda funcionar de un modo eficaz. 
Para los trabajadores de los sectores mencionados que 
pierdan sus puestos de trabajo se han previsto las opor­
tunas medidas de readaptación. Los costes de ellas 
derivados deberán cubrirse con recursos nacionales o 
del Fondo Social de la Comunidad Europea. 
3. Consideración final 
El Comité considera que el programa de acción 
MATTHAEUS constituye un excelente primer paso 
en dirección a una formación profesional de alcance 
comunitario destinada a los funcionarios de aduanas. 
Otra iniciativa es un punto de referencia concreto para 
las directrices contenidas en la comunicación de la 
Comisión al Consejo sobre la unión aduanera. Tras 
ella deberían darse nuevos pasos en esa dirección y 
lograr lo antes posible la creación de un « centro euro­
peo para la formación de los funcionarios de aduanas », 
que constituiría la clave de bóveda de los sistemas de 
formación implantados en cada Estado miembro. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Frangís STAEDELIN