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Bruselas, 17.10.2007

SEC(2007) 1317

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN

Documento adjunto a la Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO relativo a la protección de los ecosistemas marinos vulnerables de alta mar de los efectos adversos de la utilización de artes de fondo RESUMEN – INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO relativo a las posibles iniciativas para proteger los ecosistemas vulnerables de los fondos marinos de los efectos adversos de la utilización de artes de fondo, en respuesta al llamamiento en favor de una actuación urgente realizado por la Asamblea General de las Naciones Unidas

{COM(2007) 605 final}{SEC(2007) 1315}

RESUMEN – INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO

relativo a las posibles iniciativas para proteger los ecosistemas vulnerables de los fondos marinos de los efectos adversos de la utilización de artes de fondo, en respuesta al llamamiento en favor de una actuación urgente realizado por la Asamblea General de las Naciones Unidas

El presente informe aborda las posibles iniciativas que puede adoptar la Comisión tras un proceso internacional de dos años de duración que se ha desarrollado en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Comisión ha representado a la Comunidad en este proceso en consonancia con una posición definida en permanente consulta con los Estados miembros. También se ha solicitado y recibido la aportación de grupos interesados y se ha analizado la abundante bibliografía y documentación especializada de carácter científico que las ONG, el sector pesquero y la Secretaría de las Naciones Unidas (NU) han puesto en conocimiento de los participantes. Por consiguiente, este proceso ha permitido a la Comisión llevar a cabo una evaluación aún en curso de las opciones más idóneas para abordar el problema de las prácticas pesqueras destructivas con arreglo a los principios básicos que vertebran el enfoque de la evaluación de impacto. La Comunidad debe plantearse ahora cuál es la respuesta más adecuada que puede dar a sus compromisos internacionales.

En 2004, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), a través de la Resolución 59/25, ya realizó una primera llamada de atención acerca de la destrucción de los arrecifes de coral de los fondos marinos y de otros hábitats frágiles. Se instó entonces a actuar con carácter urgente con respecto a las prácticas pesqueras destructivas que amenazan estos ecosistemas vulnerables y se adquirió el compromiso de revisar en 2006 el progreso realizado. La revisión efectuada en noviembre de ese año desembocó en la formulación de una serie de recomendaciones específicas acerca del modo de regular las actividades pesqueras en los fondos marinos con el fin de hacer frente a esta sensible cuestión. La Comisión, en representación de la Comunidad Europea, tuvo una decisiva actuación en la concertación del conjunto de recomendaciones acordadas en la Resolución 61/105 de la AGNU, de 8 de diciembre de 2006. Los resultados de este debate internacional se consideran satisfactorios, pues confirman en gran medida la solvencia de la posición mantenida por la Comunidad.

El presente informe evalúa las opciones de que dispone la Comunidad para dar una respuesta efectiva a los llamamientos realizados por la AGNU. Las opciones analizadas son las siguientes:

Opción nº 1: no adoptar ninguna medida específica para efectuar la transposición de la Resolución 61/105, pues se trata de un acto no vinculante. No obstante, esta opción no supone que la UE vaya a hacer caso omiso de estas recomendaciones, sino que en ellas se sustentará su posición en el ámbito de la cooperación internacional en materia de pesca. En lo que se refiere a los buques comunitarios que faenen en zonas donde no exista una organización regional de ordenación pesquera (OROP), cada Estado miembro de la UE asumirá individualmente su responsabilidad con respecto a esta cuestión. Esta opción puede, no obstante, tener un impacto negativo en la credibilidad internacional de la UE y en su capacidad para impulsar el fomento de la gobernanza internacional en materia de pesca. Además, también supone la renuncia a determinadas responsabilidades que la Política Pesquera Común atribuye a la UE.

Opción nº 2: ir más allá de las recomendaciones formuladas por la Asamblea General e imponer una prohibición aplicable unilateralmente a los buques de la UE. Esta opción tendría una importante repercusión negativa a nivel socioeconómico en las flotas comunitarias, aunque pondría de manifiesto el firme compromiso de la UE en la protección de los ecosistemas marinos vulnerables. No obstante, la eficacia de este esfuerzo no estaría garantizada si otros Estados del pabellón continuaran autorizando la pesca, y ello haría difícilmente justificables las restricciones impuestas a la flota de la UE.

Opción nº 3: definir claramente una política y adoptar una reglamentación estricta para aplicar las recomendaciones de la Asamblea General. Esta opción supone tomar medidas específicas para aplicar la Resolución mediante la adopción a) de un documento político por el que la Comisión y la UE se comprometan a impulsar una estrategia clara en los foros internacionales, indicando los objetivos perseguidos y las actuaciones previstas; y b) de un Reglamento por el que se apliquen las medidas recomendadas por la Asamblea General con respecto a los buques comunitarios que operen en zonas donde no exista una OROP. Con esta opción se hará patente el compromiso de la UE de alcanzar el objetivo establecido, y quedará reforzada la credibilidad de la UE y su capacidad de liderazgo en el plano internacional. Aunque tendrá repercusiones para las autoridades nacionales responsables de la aplicación de esas normas, especialmente en lo concerniente al procedimiento de evaluación previa, también permitirá el mantenimiento de las actividades pesqueras, siempre que sean respetuosas con el medio ambiente. Por consiguiente, el sistema contribuirá a garantizar la protección de los ecosistemas marinos vulnerables.

El informe señala como conclusión que debe elegirse la opción nº 3. En él se sugiere que la Comisión adopte un documento político (una Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo) donde se defina claramente una estrategia para abordar este problema, habida cuenta de las responsabilidades que tiene la Comunidad por su protagonismo internacional en el ámbito de la pesca y por ser la principal instancia reguladora de la actividad pesquera en aguas comunitarias. Además, señala asimismo la necesidad de adoptar con carácter urgente un reglamento aplicable a las flotas de la UE que operan en zonas de alta mar donde no existen organizaciones ni mecanismos regionales de ordenación pesquera (OROP), y que se dirija fundamentalmente a la pesquería de las islas Malvinas/Falkland del Atlántico suroccidental. En lo que concierne a las zonas no incluidas en una OROP, la AGNU ha hecho hincapié con toda pertinencia en la responsabilidad que incumbe a los Estados del pabellón en un contexto en el que el sistema de gobernanza internacional en materia de pesca carece de solidez. Ello justifica que se haga frente con la máxima prioridad a las amenazas que se ciernen sobre los ecosistemas vulnerables de los fondos marinos en esas zonas.