Ayudas estatales - Bélgica

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la medida C 26/03 (ex N 351/02) - Modificación del régimen de los centros de coordinación

(2003/C 209/02)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 23 de abril de 2003, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Bélgica su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con una parte de la medida antes citada.

La Comisión decidió no formular objeciones con respecto a otras medidas, descritas en la carta que sigue al presente resumen.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre las medidas respecto de las cuales la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a: Comisión Europea Dirección General de Competencia

Dirección de Ayudas Estatales

B - 1049 Bruselas Fax (32-2) 296 12 42

Dichas observaciones serán comunicadas a Bélgica. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

Procedimiento

De acuerdo con el artículo 88 del Tratado, Bélgica notificó, por carta de 16 de mayo de 2002, la parte de un anteproyecto de ley relativa a la modificación del Decreto Real n° 187. Se trata pues de un nuevo régimen de los centros de coordinación, destinado a sustituir el régimen vigente desde 1983. La ley(1) se adoptó el 24 de diciembre de 2002. Según el artículo 32 de la ley, la fecha de entrada en vigor del nuevo texto del Decreto Real n o187 se fijará posteriormente por decreto real.

Descripción detallada de la medida

El régimen de los centros de coordinación se estableció en virtud del Decreto Real n° 187, de 30 de diciembre de 1982. Ha sido completado y modificado en sucesivas ocasiones(2). El artículo 29 de la ley de 24 de diciembre de 2002 (en lo sucesivo, "la ley") aporta nuevas modificaciones al régimen. Tras la entrada en vigor de estas modificaciones, el régimen presentará las siguientes características.

El beneficio del régimen se concede exclusivamente a los centros previa e individualmente autorizados por Decreto Real. Para obtener esta autorización, el centro debe formar parte de un grupo multinacional que cumpla determinados criterios de tamaño. El centro de coordinación debe tener por único objeto el desarrollo y la centralización, en exclusivo beneficio de la totalidad o una parte de las empresas del grupo, de una o más actividades de carácter preparatorio o auxiliar autorizadas por la ley(3). La autorización se concede al centro por un período de 10 años renovable. La ley prevé determinadas condiciones en las que la autorización no es o deja de ser válida.

Como excepción al régimen fiscal de Derecho común, el beneficio de los centros de coordinación se determina según el método denominado de "cost plus". Todos los costes soportados por los centros de coordinación se tienen en cuenta para la determinación del beneficio imponible por el método "cost plus". Los márgenes utilizados en el método "cost plus" se determinan caso por caso, en función de las actividades ejercidas por el centro de coordinación. Estos márgenes pueden fijarse en el marco de decisiones anticipadas por la Administración fiscal. La validez de estas decisiones no puede sobrepasar los cinco años. El contenido de estas decisiones puede revisarse si cambian las condiciones que han conducido a la determinación de los tipos de margen. Los centros de coordinación pueden, en determinadas condiciones, quedar exentos del impuesto sobre los bienes mobiliarios y del derecho de registro proporcional sobre las aportaciones y aumentos de capital estatutario.

Evaluación de la medida

En la medida en que las modalidades de determinación del beneficio en el marco del método "cost plus" tienen en cuenta todos los costes soportados por los centros de coordinación, y dado que los márgenes se fijan caso por caso en función de las actividades ejercidas por la empresa, la Comisión estima que estos elementos no constituyen ayudas estatales en el sentido definido en el apartado 1 del artículo 87 CE.

En cambio, la Comisión considera en esta fase que las exenciones de que se benefician exclusivamente los centros en materia de ventajas en forma de prestaciones gratuitas o a precio anormalmente reducido, así como en materia de exoneración del impuesto sobre los bienes mobiliarios y de los derechos de aportación de capital, satisfacen acumulativamente los cuatro criterios característicos de un régimen de ayudas, tales como éstas aparecen definidas en el apartado 1 del artículo 87 CE. En primer lugar, estas medidas de exención parecen ofrecer a sus beneficiarios una ventaja que aligera las cargas que, por regla general, gravan el presupuesto de las empresas. Se trata en efecto de impuestos normalmente soportados por las sociedades que perciben en Bélgica ventajas en forma de prestaciones gratuitas o a precio anormalmente reducido, o rentas mobiliarias, o que realizan aportaciones.

En segundo lugar, la Comisión constata que estas ventajas pueden financiarse mediante ingresos del Estado en la medida en que éste renunciaría así a percibir dichos impuestos. En tercer lugar, la Comisión constata que a estas ventajas sólo pueden acceder los centros de coordinación autorizados en el marco de la ley, lo que las convierte en medidas selectivas. Por último, la Comisión considera en esta fase que estos centros, así como los grupos a los que pertenecen, pueden operar en ámbitos en los que existe un intenso comercio intracomunitario. Así pues, no se puede descartar la posibilidad de que afecten a los intercambios y a la competencia.

En la medida en que los elementos de ayuda identificados no están vinculados a la realización de inversiones, ni están limitados en cuanto a su importe, la Comisión considera en esta fase que se trata de ayudas al funcionamiento. Actualmente, la Comisión sólo autoriza este tipo de ayudas, en circunstancias excepcionales, en las regiones que pueden acogerse a la excepción contemplada en la letra a) del apartado 3 del artículo 87, y bajo condiciones muy estrictas. Dado que Bélgica no puede acogerse a dicha excepción, la Comisión expresa sus dudas en cuanto a la compatibilidad de este régimen con el mercado común.

CARTA

"Met dit schrijven stelt de Commissie België ervan in kennis dat zij, na onderzoek van de door uw autoriteiten met betrekking tot de bovengenoemde steunmaatregel verstrekte inlichtingen, het volgende heeft besloten. Enerzijds heeft zij beslist geen bezwaar te maken tegen de forfaitaire regeling voor de vaststelling van de belastbare inkomsten van de coördinatiecentra (hierna te noemen 'de centra'), met uitzondering van de behandeling van abnormale en goedgunstige voordelen; anderzijds heeft zij besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden ten aanzien van de behandeling van de abnormale en goedgunstige voordelen die aan de centra worden verleend wanneer deze voordelen niet vooraf zijn belast ten name van de vennootschappen die hen toekennen, alsmede ten aanzien van de vrijstellingen van de roerende voorheffing en het registratierecht op kapitaalinbrengen (hierna te noemen 'het kapitaalrecht') waarin het nieuwe artikel 5, lid 4, van koninklijk besluit nr. 187 voorziet.

I. PROCEDURE

(1) Op 1 december 1997 heeft de Raad een gedragscode inzake de belastingregeling voor ondernemingen(4) vastgesteld en de Commissie tevens verzocht de in de lidstaten geldende belastingregelingen (opnieuw) te onderzoeken. Op 11 november 1998 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een mededeling over de toepassing van de regels betreffende steunmaatregelen van de staten op maatregelen op het gebied van de directe belastingen op ondernemingen(5) (hierna te noemen 'de mededeling').

(2) Koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982 voorziet in een van het gemeen recht afwijkende regeling voor erkende coördinatiecentra. In het kader van de werkzaamheden van de groep gedragscode werd deze regeling aangemerkt als een maatregel die schadelijke belastingconcurrentie veroorzaakt. Op 27 februari 2002 had de Commissie tevens een formele onderzoekprocedure ten aanzien van deze regeling ingeleid. Deze procedure is op 17 februari 2003 afgesloten met een negatieve eindbeschikking.

(3) Conform artikel 88 van het EG-Verdrag heeft België bij brief van 16 mei 2002 het deel van de tekst van een voorontwerp van wet tot wijziging van koninklijk besluit nr. 187 meegedeeld waarmee werd beoogd dit besluit in overeenstemming te brengen met de door de groep gedragscode van de Raad vastgestelde criteria. Het gaat derhalve om een nieuwe regeling voor coördinatiecentra ter vervanging van de sedert 1983 vigerende regeling, waarvan de voordelen sinds 17 februari 2003 niet meer mogen worden toegekend. De wet(6) is aangenomen op 24 december 2002. In artikel 32 van de wet is bepaald dat de datum van inwerkingtreding van de nieuwe tekst van koninklijk besluit nr. 187 later bij koninklijk besluit zal worden vastgesteld.

(4) Bij brieven van 18 juli en 8 november 2002 heeft de Commissie om aanvullende inlichtingen verzocht. Deze werden haar verstrekt bij brieven van de permanente vertegenwoordiging van respectievelijk 11 september en 16 december 2002. Tijdens de vergadering van 13 december 2002 tussen de vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Commissie werd om nadere preciseringen verzocht. De permanente vertegenwoordiging van België heeft deze preciseringen verstrekt bij brief van 4 februari 2003, die de Commissie op 10 februari heeft ontvangen.

(5) Op 17 februari 2003 heeft de Commissie de formele onderzoekprocedure afgesloten die zij bij brief van 27 februari 2002(7) ten aanzien van de regeling voor coördinatiecentra had ingeleid. In de eindbeschikking van de Commissie worden de diverse vrijstellingen van de onroerende voorheffing, de roerende voorheffing en het kapitaalrecht welke uitsluitend aan erkende coördinatiecentra worden verleend, beschouwd als bestaande steun die onverenigbaar is met de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag. Tevens wordt de toepassing van de forfaitaire methode van het 'cost plus'-type voor de vaststelling van de belastinggrondslag van dergelijke centra vanwege de specifieke kenmerken ervan als onverenigbare bestaande steun aangemerkt. België is bij brief van 17 februari 2003(8) van deze beschikking in kennis gesteld. De verlening of instandhouding van het uit deze steun voortvloeiende voordeel is onrechtmatig vanaf 17 februari 2003, de datum waarop de eindbeschikking is gegeven.

II. GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL

II.1. Rechtsgrond

(6) De regeling voor coördinatiecentra vindt haar oorsprong in koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982. Dit koninklijk besluit is aangevuld bij de wet van 11 april 1983, het koninklijk besluit van 20 december 1984 en de wet van 28 december 1992, en tevens herhaaldelijk gewijzigd(9).

(7) Artikel 29 van de wet van 24 december 2002 (hierna te noemen 'de wet') brengt nieuwe wijzigingen in de regeling aan. Na de inwerkingtreding van deze wijzigingen zal de regeling de hierna beschreven kenmerken vertonen.

II.2. Voorwaarden

(8) Net als in het verleden komt een coördinatiecentrum pas voor de regeling in aanmerking na voorafgaande en individuele erkenning bij koninklijk besluit. Om te worden erkend, moet het centrum deel uitmaken van een groep die een multinationaal karakter heeft, over een kapitaal en reserves beschikken waarvan het geconsolideerde bedrag ten minste 24 miljoen EUR bereikt en een jaaromzet behalen waarvan het geconsolideerde bedrag gelijk is aan of groter is dan 240 miljoen EUR. De criteria aan de hand waarvan het multinationale karakter van de groep wordt bepaald, zullen later bij koninklijk besluit worden vastgesteld. Het coördinatiecentrum moet als enig doel hebben de ontwikkeling en de centralisering van één of meer bij de wet toegestane activiteiten met een voorbereidend of hulpverlenend karakter(10), welke uitsluitend in het voordeel van het geheel of van een deel van de vennootschappen van de groep worden uitgeoefend. Ondernemingen uit de financiële sector (kredietverschaffers, banken, verzekeringen) komen niet voor deze regeling in aanmerking. Het coördinatiecentrum mag geen aandelen of andere maatschappelijke rechten in om het even welke vennootschappen bezitten, behalve in het kader van de plaatsing van liquiditeiten. Ten slotte moeten de centra in België tenminste het equivalent van tien voltijdse werknemers in dienst hebben nadat zij twee jaar werkzaam zijn geweest.

(9) De erkenning wordt aan het centrum verleend met ingang van het belastbaar tijdperk waarin de aanvraag tot erkenning is ingediend tot bij het verstrijken van het belastbaar tijdperk dat afgesloten wordt tijdens het tiende kalenderjaar na dat waarin de aanvraag werd ingediend. Mits nog steeds aan de erkenningsvoorwaarden wordt voldaan en daartoe bij de Federale Overheidsdienst Financiën een aanvraag wordt ingediend, kan de erkenning door die dienst worden hernieuwd, op voorwaarde dat daarmee wordt ingestemd door de minister van Financiën, de minister van Economie, de minister van Tewerkstelling en Arbeid en door de minister belast met Middenstand. De wet bepaalt tevens dat de erkenning ophoudt uitwerking te hebben voordat de aangevangen termijn van tien jaar is verstreken indien de instanties van de Europese Gemeenschappen definitief beslissen dat de huidige regeling voor coördinatiecentra moet worden opgeheven. De erkenning is tevens van rechtswege opgeheven met ingang van het belastbaar tijdperk waarin het centrum niet meer aan alle erkenningsvoorwaarden voldoet. Dit is met name het geval wanneer het centrum activiteiten uitoefent welke niet zijn vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit waarbij het werd erkend of in het besluit waarbij de erkenning werd hernieuwd.

II.3. Bijzondere bepalingen

(10) In afwijking van de belastingregeling volgens het gemeen recht(11) bepaalt koninklijk besluit nr. 187 in zijn nieuwe vorm dat het belastbare inkomen van de erkende coördinatiecentra forfaitair wordt vastgesteld en overeenkomt met een percentage van het bedrag van de uitgaven en de bedrijfskosten (de zogeheten 'cost plus'-methode). Deze methode wordt in de praktijk voor elk centrum op verschillende wijze toegepast volgens de voorwaarden die zijn vastgesteld bij voorafgaande beslissing van de Federale Overheidsdienst Financiën (zie de punten 19 tot en met 22).

(11) De kostenbasis omvat alle lasten van het centrum, met uitzondering van de belastingen. Occasionele uitgaven die voor rekening van vennootschappen van de groep zijn verricht en die rechtstreeks door de dienstverlener aan deze vennootschappen hadden kunnen worden gefactureerd, kunnen eveneens uit de 'cost plus'-grondslag worden geweerd. Het betreft hier de strikte toepassing van een beginsel uit het jaarrekeningenrecht dat op alle vennootschappen van toepassing is.

(12) Voor elke activiteit wordt een winstmarge vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de voorwaarden waaronder elk centrum de betrokken activiteit uitoefent. België heeft zich ertoe verbonden de belastingmethode aan te passen aan bepaalde activiteiten waaraan weinig of geen kosten verbonden zijn, zoals met name het bijzondere geval van de leningen die de centra uit hun eigen vermogen verstrekken. De percentages voor de winstmarge worden vastgesteld overeenkomstig de door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) neergelegde beginselen, zodat voor elk centrum een belastbaar inkomen wordt verkregen dat vergelijkbaar is met datgene dat zou worden verkregen door middel van de klassieke methode (verschil tussen baten en lasten) wanneer dienstverlener en cliënt onafhankelijk zijn van elkaar. Het percentage wordt vastgesteld bij voorafgaande beslissing (zie punt 19) van de Federale Overheidsdienst Financiën(12), die rekening houdt met de economische en juridische voorwaarden waaronder het centrum zijn activiteiten binnen de groep uitoefent.

(13) De uitgaven of lasten die niet aftrekbaar zijn als beroepskosten (hierna te noemen 'niet in aanmerking komende uitgaven') worden niet meer systematisch bij de volgens de 'cost plus'-methode berekende inkomsten gevoegd. De Belgische autoriteiten hebben evenwel bevestigd dat het voor elke activiteit van het centrum gehanteerde percentage voor de winstmarge zodanig zal worden vastgesteld dat het een normale situatie weerspiegelt, rekening houdend met de feitelijke en juridische omstandigheden waarin het centrum zich bevindt. Dat betekent dat wanneer er in een bepaalde economische sector van niet in aanmerking komende uitgaven sprake is en dit tot gevolg heeft dat de centra een belastingvoordeel genieten ten opzichte van ondernemingen uit dezelfde sector waarop de klassieke methode ('verschil tussen baten en lasten') van toepassing is, het 'cost plus'-percentage per geval zal worden aangepast.

(14) Ook de abnormale of goedgunstige voordelen(13) die door de leden van de groep aan het centrum worden verleend, worden in beginsel niet aan de volgens de 'cost plus'-methode berekende belastinggrondslag toegevoegd. Volgens de Belgische autoriteiten mogen deze voordelen niet bij de belastinggrondslag van het centrum worden gevoegd, aangezien de bevoegde controlediensten opdracht hebben gekregen spontaan inlichtingen met buitenlandse belastingautoriteiten uit te wisselen wanneer wordt vermoed dat er grootschalige fraude is gepleegd ten nadele van de fiscus van andere staten. Bovendien maken de op de uitwisseling van inlichtingen betrekking hebbende bepalingen van de door België gesloten verdragen ter voorkoming van dubbele belasting, van Richtlijn 77/799/EEG van de Raad van 19 december 1977 betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen(14) en van Verdrag 90/436/EEG van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen(15) het eveneens mogelijk de problemen in verband met de verrekenprijzen op te lossen.

(15) De belastbare winst van het coördinatiecentrum mag echter niet lager zijn dan het bedrag van de alternatieve grondslag, dat gelijk is aan het totaal van 1) de niet in aanmerking komende uitgaven - exclusief belastingen - en 2) de abnormale of goedgunstige voordelen die door de leden van de groep aan het centrum worden verleend.

(16) De winst van de coördinatiecentra wordt belast tegen het volle tarief van de vennootschapsbelasting.

(17) Bij wet van 28 december 1992 werd met ingang van 1 januari 1993 een jaarlijkse belasting op de coördinatiecentra ingevoerd, die werd vastgesteld op 10000 EUR per voltijdse werknemer van een centrum, maar niet hoger kan zijn dan 100000 EUR per centrum. Er wordt een belastingkrediet toegekend waarvan het bedrag gelijk is aan dat van de betaalde jaarlijkse belasting. Dat belastingkrediet wordt verrekend met de vennootschapsbelasting en het eventueel teveel betaalde bedrag wordt niet terugbetaald.

(18) Afgezien van de bovenbeschreven forfaitaire berekening zijn de volgende vrijstellingen op de centra van toepassing:

1. wanneer de begunstigde geïdentificeerd kan worden als niet zijnde een natuurlijk persoon, een rechtspersoon onderworpen aan de rechtspersonenbelasting of een buitenlandse rechtspersoon, is het centrum geen roerende voorheffing verschuldigd, noch met betrekking tot de uitgekeerde dividenden, noch met betrekking tot de inkomsten van schuldvorderingen of leningen, noch met betrekking tot de opbrengsten van de concessie van immateriële roerende goederen die hij verschuldigd is;

2. het evenredig registratierecht is niet verschuldigd ter zake van de inbrengen in en de vermeerderingen van het statutair kapitaal zonder nieuwe inbreng, van dat centrum.

Volgens de Belgische autoriteiten gaat het om vrijstellingen die reeds bij artikel 29, eerste alinea, leden 2 en 3, van de wet van 11 april 1984 waren ingevoerd. Aangezien alleen beide bovenbeschreven vrijstellingen gehandhaafd blijven, zijn deze ter wille van de samenhang en de leesbaarheid in koninklijk besluit nr. 187 overgenomen.

II.4. Voorafgaande beslissing

(19) Zoals bij de beschrijving van de regeling is aangegeven, worden de voor elk centrum geldende parameters van de 'cost plus'-methode bij voorafgaande beslissing vastgesteld (zie punt 12). Onder voorafgaande beslissing moet worden verstaan de juridische handeling waarbij de Federale Overheidsdienst Financiën, overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen, vaststelt hoe de wet wordt toegepast op een bijzondere situatie of verrichting die op fiscaal gebied nog geen uitwerking heeft gehad. De voorafgaande beslissing mag geen vrijstelling of vermindering van belasting tot gevolg hebben.

(20) De voorafgaande beslissing wordt getroffen op aanvraag. De aanvraag moet de volgende elementen bevatten: de identiteit van de aanvrager en, in voorkomend geval, van de betrokken partijen en derden, de beschrijving van de activiteiten van de aanvrager, de volledige beschrijving van de bijzondere situatie of verrichting en de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen waarop de beslissing moet slaan. De aanvraag bevat, in voorkomend geval, ook een volledige kopie van de aanvragen die voor hetzelfde onderwerp werden ingediend bij de fiscale overheden van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen of van derde staten waarmee België een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, en van de beslissingen met betrekking tot deze aanvragen.

(21) Voorafgaande beslissingen worden getroffen voor een termijn van vijf jaar. Krachtens artikel 23 van de wet van 24 december 2002 binden voorafgaande beslissingen de Federale Overheidsdienst Financiën voor de toekomst, behalve:

1. indien de voorwaarden waaraan de voorafgaande beslissing is onderworpen, niet vervuld zijn;

2. indien blijkt dat de situatie of de verrichtingen door de aanvrager onvolledig of onjuist omschreven zijn, of indien essentiële elementen van de verrichtingen niet werden verwezenlijkt op de door de aanvrager omschreven wijze;

3. in geval van wijziging van de bepalingen van de verdragen, van het Gemeenschapsrecht of van het interne recht die van toepassing zijn op de door de voorafgaande beslissing beoogde situatie of verrichting;

4. indien blijkt dat de voorafgaande beslissing niet in overeenstemming is met de bepalingen van de verdragen, van het Gemeenschapsrecht of van het interne recht.

Bovendien bindt de voorafgaande beslissing de Federale Overheidsdienst Financiën niet meer wanneer de voornaamste gevolgen van de situatie of de verrichtingen gewijzigd zijn door één of meer ermee verband houdende of erop volgende elementen die direct of indirect aan de aanvrager toe te schrijven zijn. In dat geval heeft de intrekking van de voorafgaande beslissing uitwerking vanaf de dag van de aan de aanvrager ten laste gelegde feiten.

(22) Voorafgaande beslissingen worden op anonieme wijze gepubliceerd, met inachtneming van de bepalingen inzake het beroepsgeheim.

III. BEOORDELING VAN DE MAATREGEL

III.1. Steunkarakter van de maatregelen: toepasselijkheid van artikel 87, lid 1, van het Verdrag

(23) Zoals in de aanhef van deze beschikking is uiteengezet, verschilt de beoordeling door de Commissie van de aangemelde regeling al naargelang het gaat om, enerzijds, het beginsel van de voorafgaande erkenning en het treffen van voorafgaande beslissingen, en, anderzijds, de (niet-)inaanmerkingneming van de aan de centra toegekende abnormale en goedgunstige voordelen bij de toepassing van de 'cost plus'-methode en de vrijstellingen van de roerende voorheffing en het kapitaalrecht.

(24) Om als een steunmaatregel te worden beschouwd, moet een maatregel tegelijk voldoen aan elk van de volgende, in artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag vastgelegde criteria die kenmerkend zijn voor een steunregeling: 1) de maatregel moet een voordeel verlenen dat de lasten verlicht die ondernemingen normaliter met eigen middelen moeten dragen; 2) dit voordeel moet met staatsmiddelen worden bekostigd; 3) de maatregel moet de mededinging en het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloeden; en 4) de maatregel moet specifiek of selectief zijn, in die zin dat hij bepaalde ondernemingen of bepaalde producties begunstigt.

III.1.1. Erkenningen en voorafgaande beslissingen

(25) De Commissie is van mening dat in principe noch erkenningen, noch voorafgaande beslissingen op zich een bron van economische voordelen in de zin van artikel 87 van het EG-Verdrag vormen. De individuele erkenning van een centrum geschiedt op aanvraag. De erkenning vormt slechts de bevestiging, na verificatie door de belastingadministratie, dat alle bij de wet gestelde voorwaarden zijn vervuld opdat het betrokken centrum kan profiteren van de uitzonderingsregeling die de wet uitsluitend voor erkende centra reserveert. Het gaat derhalve om een loutere vaststelling van de feiten, waarbij het recht op de gebruikmaking van de eventueel bij wet vastgestelde bijzondere regeling wordt erkend, maar waarbij niet wordt verwezen naar de inhoud van de betrokken regeling. De erkenning op zich geeft derhalve geen recht op een gunstiger regeling dan die welke op andere in België gevestigde vennootschappen van toepassing is. Hoewel de erkenning voor tien jaar geldig is, geeft zij evenmin recht op een onveranderlijke behandeling gedurende deze periode. De erkenning verleent bijgevolg geen enkel economisch voordeel. Op dezelfde manier verhoogt een voorafgaande beslissing van de belastingadministratie over de wijze waarop een regel uit het belastingrecht in de bijzondere situatie van een onderneming zal worden toegepast, de rechtszekerheid van de betrokken onderneming, maar verleent zij op zich geen economisch voordeel. De wet bepaalt trouwens dat een voorafgaande beslissing geen vrijstelling of vermindering van belasting tot gevolg mag hebben. In dat verband attendeert de Commissie op artikel 23 van de wet, waarin wordt bepaald dat elke voorafgaande beslissing nietig is wanneer deze van meet af aan dan wel tijdens haar geldigheidsduur als gevolg van de wijziging van essentiële elementen ervan resulteert in een - niet in overeenstemming met het Belgische interne recht zijnde - belastingvermindering of in een economisch voordeel dat de vorm aanneemt van - met het Gemeenschapsrecht onverenigbare - staatssteun.

(26) Het eventuele economische voordeel zou derhalve kunnen voortvloeien uit de belastingmaatregel die de administratie interpreteert, of zelfs uit de interpretatie zelf. In het onderhavige geval zal het eventuele voordeel voortvloeien uit hetzij de regelgeving (wetten, besluiten, circulaires enz.) betreffende de regeling voor coördinatiecentra, hetzij de toepassingsbepalingen ervan, d.w.z. de uitlegging die in het kader van specifieke voorafgaande beslissingen aan deze regelgeving wordt gegeven.

III.1.2. Forfaitaire vaststelling van de belastbare inkomsten ('cost plus')

(27) Wat de nieuwe 'cost plus'-regeling betreft, kan de toepassing van een alternatieve belastingmethode(16) (in dit geval een berekeningsmethode van het 'cost plus'-type), met name in het kader van handelstransacties binnen eenzelfde groep, gerechtvaardigd zijn om erop toe te zien dat deze transacties volgens het beginsel van de volledige mededinging plaatsvinden. In het onderhavige geval is de Commissie van oordeel dat de naleving van de beginselen die in de wet van 24 december 2002 zijn neergelegd - of die België heeft toegezegd te zullen respecteren -, waarborgen dat de uitzonderingsregeling ten doel heeft voor elk centrum en voor elk belastbaar tijdperk een belastinggrondslag vast te stellen die vergelijkbaar is met die welke bij volkomen concurrentie verkregen zou zijn als gevolg van de toepassing van de belastingregels van gemeen recht.

(28) De Commissie merkt meer in het bijzonder op dat deze nieuwe 'cost plus'-regeling op de volgende essentiële punten verschilt van de oude regeling, die op 17 februari 2003 onverenigbaar is verklaard door de Commissie. In de eerste plaats omvat de kostenbasis in het kader van de nieuwe 'cost plus'-regeling alle kosten van het centrum. Ten tweede worden de marges en andere voorwaarden - die voortaan bij voorafgaande beslissing worden vastgesteld - bepaald en aangepast naar gelang van de specifieke kenmerken van elke activiteit en van het betrokken centrum (zie de punten 10 tot en met 13), zodat, in overeenstemming met de OESO-regels, verrekenprijzen 'at arm's length' worden gewaarborgd. Zo is in correctiemaatregelen voorzien, met name om rekening te houden met het bestaan van niet in aanmerking komende uitgaven of met de geringe kosten die aan de uitoefening van bepaalde activiteiten verbonden zijn, en om steeds een belastinggrondslag te verkrijgen die vergelijkbaar is met die welke bij volkomen concurrentie verkregen zou zijn als gevolg van de toepassing van de belastingregels van gemeen recht.

(29) Ten slotte merkt de Commissie in verband met artikel 23, tweede alinea, 1, van de wet op (zie punt 21) dat om een belastingheffing te realiseren die vergelijkbaar is met die welke volgens de traditionele methode verkregen zou zijn, in het kader van de voorafgaande beslissingen indien nodig bepaalde voorwaarden kunnen worden gesteld die op straffe van nietigheid moeten worden nageleefd. De Commissie meent tevens te begrijpen dat voorafgaande beslissingen met name niet of niet meer geldig zijn indien blijkt dat de situatie of de verrichtingen door de aanvrager onvolledig of onjuist omschreven zijn, indien essentiële elementen van de verrichtingen niet werden verwezenlijkt op de door de aanvrager omschreven wijze of indien blijkt dat de voorafgaande beslissing niet in overeenstemming is met de bepalingen van de verdragen, het Gemeenschapsrecht of het interne recht. De Commissie interpreteert deze bepalingen derhalve in die zin dat zij de nietigheid garanderen van voorafgaande beslissingen wanneer deze beslissingen van meet af aan dan wel tijdens de geldigheidsduur ervan resulteren in een - niet in overeenstemming met het Belgische interne recht zijnde - belastingvermindering of in een economisch voordeel dat de vorm aanneemt van - met het Gemeenschapsrecht onverenigbare - staatssteun. Volgens de Commissie impliceert artikel 23 derhalve onder meer dat een bij voorafgaande beslissing vastgesteld percentage voor de winstmarge moet worden herzien wanneer dit percentage nadien verandert en niet meer aansluit bij de voorwaarden die bij vrije mededinging in de referentiesector gelden. De Commissie meent ten slotte te begrijpen dat artikel 23 de mogelijkheid biedt de percentages bij te stellen indien het handhaven ervan een voordeel voor het centrum zou inhouden, ongeacht wat de oorzaak van het voordeel is.

(30) De Commissie is tevens ingenomen met de systematische bekendmaking van de voorafgaande beslissingen (zie punt 22), omdat zulks de transparantie van de regeling zal vergroten, met name wat het voor elke activiteit van het centrum vastgestelde percentage voor de winstmarge betreft.

(31) Om die redenen en op grond van haar interpretatie van artikel 23 van de wet komt de Commissie tot de conclusie dat er geen economisch voordeel wordt verleend wanneer deze beginselen strikt worden toegepast. Aangezien een van de criteria van artikel 87 van het EG-Verdrag niet is vervuld, is dit deel van de nieuwe regeling voor coördinatiecentra derhalve geen steunmaatregel van de staten in de zin van genoemd artikel.

(32) De Commissie preciseert evenwel dat deze beoordeling geldt voor de regeling zoals zij door de Belgische autoriteiten is voorgesteld - rekening houdend met de regels voor het treffen van de voorafgaande beslissingen -, en gebaseerd is op de veronderstelling dat België de aangegane verbintenissen betreffende een aantal bepalingen ten aanzien van de concrete toepassing van de regeling nakomt. Zij slaat evenwel in geen geval op eventuele afzonderlijke uitvoeringsmaatregelen (koninklijke en ministeriële besluiten, decreten enz.) en voorafgaande beslissingen die, doordat zij van de bovenbeschreven beginselen afwijken, tot gevolg hebben dat aan sommige centra of aan de ondernemingen van de groepen waartoe deze centra behoren, een economisch voordeel wordt verleend. In dit verband is het van weinig of geen belang of het voordeel wordt genoten zodra de voorafgaande beslissing wordt getroffen, dan wel nadien, tijdens de geldigheidsduur van deze beslissing. Deze beschikking heeft evenmin betrekking op de gevallen waarin de door België aangegane verbintenissen (zie met name de punten 12 en 13) eventueel niet volledig worden nagekomen. In dergelijke situaties zou derhalve sprake kunnen zijn van onrechtmatige staatssteun die moet worden teruggevorderd.

III.1.3. Behandeling van abnormale en goedgunstige voordelen, vrijstellingen van de roerende voorheffing en van het kapitaalrecht

(33) Zoals in punt 14 wordt aangestipt, maken de eventueel aan de centra verleende abnormale en goedgunstige voordelen geen deel uit van de belastinggrondslag van de centra, terwijl zij wel opgenomen zijn in de belastinggrondslag van elke in België gevestigde vennootschap die aan de belastingregeling volgens het gemeen recht onderworpen is. Overeenkomstig het nieuwe artikel 5, lid 4, van koninklijk besluit nr. 187 zijn de coördinatiecentra bovendien vrijgesteld zowel van de roerende voorheffing op de door hen uitgekeerde roerende inkomsten, als van het kapitaalrecht. Zoals hierboven reeds is aangegeven, is de Commissie in dit stadium van oordeel dat deze in de nieuwe regeling voor coördinatiecentra vervatte vrijstellingen voldoen aan alle vier de in artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag neergelegde criteria die kenmerkend zijn voor een steunregeling.

III.1.3.1. Economisch voordeel

(34) In de eerste plaats lijken deze vrijstellingen een voordeel te verlenen dat de lasten verlicht die ondernemingen normaliter met eigen middelen moeten dragen.

a) Vrijstelling van de abnormale en goedgunstige voordelen

(35) In dit stadium is de Commissie van oordeel dat de niet-belasting ten name van de centra van de hun verleende abnormale en goedgunstige voordelen resulteert in een vermindering van de vennootschapsbelasting(17), die een van de lasten is die in België gevestigde vennootschappen normaliter met eigen middelen moeten dragen. België is van oordeel dat deze voordelen niet bij de winst ('cost plus'-grondslag) behoeven te worden gevoegd omdat zij moeten worden belast in de staat van vestiging van de vennootschap die de abnormale en goedgunstige voordelen verleent. De Commissie heeft bedenkingen ten aanzien van deze redenering. Indien immers aan vennootschap X (die in België gevestigd is en aan de belastingregeling volgens het gemeen recht onderworpen is) door vennootschap Y (die in België of in het buitenland gevestigd is) abnormale en goedgunstige voordelen worden verleend, dan worden deze voordelen automatisch ten name van vennootschap X belast. Ongeacht of het door Y verleende voordeel bestaat in het dragen van een van de lasten die normaliter op X rust, dan wel in het afrekenen van sommige verkopen van X tegen een hogere prijs dan die welke bij volledige concurrentie geldt, het voordeel komt noodzakelijkerwijze tot uiting in een stijging van de boekhoudkundige winst van de vennootschap X die het voordeel geniet. De belastbare winst van vennootschap X, die wordt berekend op basis van haar boekhoudkundige winst, omvat eveneens deze genoten voordelen, die dus automatisch ten name van X worden belast.

(36) België betoogt dat deze initiële belasting ten name van X nadien door de werking van de internationale instrumenten ter voorkoming van dubbele belasting ongedaan wordt gemaakt. In dit verband zij opgemerkt dat deze rectificatie zich niet in alle gevallen lijkt voor te doen en dat zij, in voorkomend geval, pas vele jaren na de initiële belastingheffing plaatsvindt. Zo lijkt de rectificatie niet plaats te vinden wanneer er geen sprake is geweest van een effectieve, vergelijkbare en voorafgaande belasting van het voordeel ten name van de vennootschap Y die het voordeel heeft verleend, omdat er dan geen risico van dubbele belasting bestaat. De rectificatie vindt evenmin plaats wanneer België en de andere betrokken staat niet gebonden zijn door een internationaal instrument dat een dergelijke rectificatie mogelijk maakt door middel van de spontane uitwisseling van inlichtingen (bilateraal verdrag(18), Europese richtlijn enz.). Onder dergelijke omstandigheden wordt de initiële belasting van de genoten voordelen definitief gedragen door vennootschap X, terwijl een centrum definitief van de belasting op dergelijke voordelen is vrijgesteld.

(37) In het andere geval, namelijk wanneer de rectificatie geschiedt ten name van vennootschap X, dan vindt zij doorgaans pas na meerdere jaren plaats, d.w.z. na het verstrijken van de tijd die nodig is om de belasting in de andere staat te heffen en om het in de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting vastgelegde rectificatiemechanisme zijn werk te laten doen. Intussen draagt vennootschap X de lasten die aan de belasting verbonden zijn. Onder dezelfde omstandigheden is het centrum gewoon van de belasting op deze voordelen vrijgesteld en draagt het dus nooit de overeenkomstige lasten die aan de inkomstenbelasting verbonden zijn. Deze verschillende behandeling lijkt de coördinatiecentra een voordeel op het gebied van de kasmiddelen op te leveren in vergelijking met vennootschap X, die de te haren laste komende initiële belasting moet financieren, ook al is dat slechts tijdelijk.

(38) Voorts lijkt de door de Belgische autoriteiten aangegane verbintenis (zie punt 14) om spontaan inlichtingen met de buitenlandse belastingautoriteiten uit te wisselen wanneer wordt vermoed dat er grootschalige fraude is gepleegd ten nadele van de fiscus van andere staten, ontoereikend om het economisch voordeel uit te sluiten dat verbonden is aan het feit dat geen initiële belasting geheven wordt op de abnormale en goedgunstige voordelen die aan de centra worden verleend. Deze spontane uitwisseling van inlichtingen blijft immers beperkt tot gevallen waarin wordt vermoed dat er grootschalige fraude is gepleegd en geschiedt op grond van een overeenkomst inzake de uitwisseling van inlichtingen en uitsluitend op basis van wederkerigheid. Een dergelijke uitwisseling lijkt derhalve het risico van een 'dubbele niet-belasting' van de aan de centra verleende voordelen niet uit te sluiten en zeker niet het voordeel op het gebied van de kasmiddelen dat verbonden is aan het feit dat er geen initiële belasting ten name van de centra wordt geheven.

(39) Ten slotte lijkt de opneming van de abnormale en goedgunstige voordelen in de alternatieve belastinggrondslag (zie punt 15) evenmin uit te sluiten dat de centra een voordeel genieten. De door de centra ontvangen abnormale voordelen worden immers pas effectief belast indien het bedrag van de alternatieve belastinggrondslag het bedrag van de 'cost plus'-grondslag overtreft. Aangezien deze grondslag bovendien niet bij de 'cost plus'-grondslag wordt geteld maar in de plaats ervan komt, lijkt het erop dat alleen het gedeelte van de geconstateerde voordelen wordt belast dat de 'cost plus'-grondslag overschrijdt of dat de 'cost plus'-grondslag, de hoofdgrondslag, buiten beschouwing wordt gelaten en dus van belasting wordt vrijgesteld.

(40) In dit stadium is de Commissie bijgevolg de mening toegedaan dat het feit dat op de door de centra genoten voordelen geen initiële belasting wordt geheven, in een voordeel voor hen kan resulteren. De Commissie is tevens van oordeel dat indien er geen spontane uitwisseling van inlichtingen zou plaatsvinden, het aan de centra toegekende voordeel dat uit de niet-belasting in België van de hun verleende abnormale en goedgunstige voordelen voortvloeit, zou blijven bestaan. Zij herinnert eraan dat dit economisch voordeel een niet onder deze beschikking vallende steunmaatregel kan vormen.

b) Vrijstelling van de roerende voorheffing

(41) De Belgische autoriteiten zijn van oordeel dat de coördinatiecentra geen enkel economisch voordeel in de zin van artikel 87 genieten. Vanwege het grote aantal vrijstellingen van de roerende voorheffing is België immers de mening toegedaan dat de voorheffing niet mag worden beschouwd als een van de lasten die in België gevestigde ondernemingen normaliter met eigen middelen moeten dragen. Deze vrijstellingen hebben tot gevolg dat het grootste deel van de aan in België gevestigde vennootschappen uitgekeerde of door hen ontvangen roerende inkomsten niet aan de roerende voorheffing onderworpen zijn. Dit geldt met name voor de vrijstellingen waarvan gebruik kan worden gemaakt door 'beroepsbeleggers' in de zin van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna te noemen 'KB/WIB92') of door niet-inwoners.

(42) In dit stadium is de Commissie de mening toegedaan dat de inhouding van een roerende voorheffing de regel is die in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna te noemen 'WIB92') is neergelegd. De roerende voorheffing lijkt derhalve een van de lasten te zijn die zowel binnen- als buitenlandse ondernemingen normaliter met eigen middelen moeten dragen wanneer zij - in de omstandigheden waarin het Belgische gemeen recht voorziet - roerende inkomsten uit Belgische bron ontvangen. Het WIB92 bepaalt tevens dat de binnenlandse vennootschappen en de Belgische dochterondernemingen die dergelijke inkomsten uitkeren, aan de voorheffing onderworpen zijn.

(43) Voorzover de vrijstelling van de inkomsten die door de centra worden uitgekeerd, verder gaat dan de vrijstellingen waarin het in België toepasselijke gemeen recht voorziet, lijkt zij een economisch voordeel te verlenen aan de centra en aan de groepen waartoe deze behoren. Het voordeel dat deze vrijstelling de begunstigde oplevert, vloeit, naar gelang van de gevallen, voort uit het uitstel van de betaling van de definitieve belasting of zelfs uit het niet-belasten in België van de betrokken roerende inkomsten.

(44) Met de tot dusver door de Belgische staat geformuleerde argumenten kan om de volgende redenen niet worden ingestemd.

(45) Ten eerste kan het feit dat er vrijstellingen bestaan waarvan door bepaalde ondernemingen gebruik kan worden gemaakt, niet worden gerechtvaardigd door het feit dat er andere vrijstellingen bestaan. In dit verband is het van weinig belang dat de vrijgestelde vennootschappen talrijker zijn dan de vennootschappen die de voorheffing betalen of moeten inhouden. Deze stelling wordt trouwens met geen enkel cijfergegeven gestaafd. Aangezien er verschillen bestaan in de toepassing van de roerende voorheffing en aangezien deze vrijstellingen de begunstigden ervan een voordeel verschaffen ten opzichte van de niet-begunstigden, vallen deze verschillen potentieel onder de toepassing van artikel 87 van het EG-Verdrag en dient te worden vastgesteld of in casu het geconstateerde voordeel steun vormt; indien dat het geval is, dient de verenigbaarheid ervan met de gemeenschappelijke markt te worden beoordeeld. De genoemde vrijstellingen kunnen zowel geen steun, steun die verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, als onrechtmatig in België ten uitvoer gelegde, niet met de gemeenschappelijke markt verenigbare steun vormen. De Commissie wenst in het bijzonder de nadruk te leggen op de inhoud van haar beschikking SG(83) D/12, die op 3 januari 1983 tot België werd gericht in verband met de regeling voor in werkgelegenheidszones gevestigde vennootschappen. In deze beschikking is bepaald dat de Commissie heeft vastgesteld dat de vrijstelling van het registratierecht onder het algemene steunverbod van artikel 92 (thans artikel 87), lid 1, van het EG-Verdrag valt, vooraleer deze steun in dat specifieke geval toch verenigbaar met de gemeenschappelijke markt werd verklaard. Op dit beginsel is opnieuw gewezen in de eveneens tot België gerichte beschikking(19) SG(2000) D/108799.

(46) Ten tweede wordt de grote meerderheid van de door België genoemde vrijstellingen slechts onder strikte voorwaarden en met inachtneming van bepaalde formaliteiten toegestaan. Deze vrijstellingen volstaan evenwel niet om alle begunstigden van inkomsten die door in België gevestigde vennootschappen worden uitgekeerd, dezelfde voordelen te verlenen als die welke begunstigden van door de centra uitgekeerde inkomsten genieten. De toekenning van dergelijke vrijstellingen lijkt overigens slechts zelden alleen samen te hangen met de hoedanigheid van de schuldenaar van de inkomsten, maar, in voorkomend geval, met de hoedanigheid van de begunstigde. Bovendien lijken de vrijstellingen die aan in België gevestigde beroepsbeleggers zijn toegekend, beperkt te blijven tot de inkomsten uit schuldvorderingen en verstrekte leningen en derhalve geen betrekking te hebben op dividenden en royalty's. Ook de vrijstellingen die gelden voor aan niet-inwoners uitgekeerde inkomsten lijken hoofdzakelijk beperkt te blijven tot spaarders niet-inwoners, zodat de vergelijking in het kader van deze analyse niet relevant is. Het is immers weinig waarschijnlijk dat de typische begunstigde van de door coördinatiecentra van multinationale groepen uitgekeerde inkomsten de spaarder niet-inwoner is.

(47) Ten derde worden met de beperking van de vrijstelling tot de gevallen waarin de begunstigde kan worden geïdentificeerd als niet zijnde een natuurlijk persoon, een rechtspersoon onderworpen aan de rechtspersonenbelasting of een buitenlandse rechtspersoon, kennelijk alleen natuurlijke personen en verenigingen zonder winstoogmerk of daarmee gelijk te stellen entiteiten beoogd. De enige voorwaarde waaraan binnen- en buitenlandse vennootschappen moeten voldoen om van de voorheffing te worden vrijgesteld, is dat zij geïdentificeerd moeten zijn. Het blijkt evenwel dat de voorheffing volgens het gemeen recht de definitieve Belgische belasting vormt voor zowel de inkomsten die worden uitgekeerd aan spaarders - natuurlijke personen - of aan verenigingen die aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn, als de inkomsten die worden uitgekeerd aan buitenlandse vennootschappen die in het land van bestemming van deze inkomsten de verrekening of de terugbetaling ervan niet kunnen verkrijgen. In het onderhavige geval houdt de vrijstelling die geldt voor de door de centra uitgekeerde inkomsten, een voordeel in voor de vennootschappen die in het buitenland zijn gevestigd, aangezien de voorheffing voor hen normaliter een definitieve belasting vormt.

(48) Ter illustratie volgt hierna een niet-uitputtende lijst van de inkomsten die van de roerende voorheffing lijken te zijn vrijgesteld wanneer zij door coördinatiecentra worden uitgekeerd, maar niet wanneer zij door aan het gemeen recht onderworpen vennootschappen worden uitbetaald:

- de dividenden die buiten de bij artikel 106, lid 6, van KB/WIB92 vastgelegde voorwaarden aan een in België gevestigde vennootschap worden uitgekeerd;

- de dividenden die buiten de bij artikel 106, lid 5, van KB/WIB92 tot toepassing van Richtlijn 90/435/EEG vastgelegde voorwaarden aan een in een andere lidstaat gevestigde vennootschap worden uitgekeerd;

- de roerende inkomsten die worden uitgekeerd aan een vennootschap die is gevestigd in een van de talrijke landen waarmee België een overeenkomst heeft gesloten die in een inhouding aan de bron voorziet, ook al is deze beperkt;

- de roerende inkomsten die worden uitgekeerd aan een buitenlandse vennootschap die buiten de Europese Unie is gevestigd in een land waarmee België geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten.

(49) Onder overigens gelijkblijvende omstandigheden lijkt deze verschillende behandeling rechtstreeks de begunstigden te bevoordelen van inkomsten die worden uitgekeerd door de centra, aangezien deze de bruto-inkomsten ontvangen, zonder inhouding van de voorheffing. Als gevolg daarvan lijken de centra voor dezelfde transacties en onder dezelfde omstandigheden hogere inkomsten te kunnen uitbetalen dan de andere in België gevestigde vennootschappen. De betrokken begunstigden kunnen echter pas van het voordeel van de vrijstelling profiteren wanneer zij de transactie verrichten of hun kapitaal in een centrum investeren. Vanwege de vrijstellingen van de roerende voorheffing bekleden de coördinatiecentra en de groepen die dergelijke centra bezitten, derhalve een bevoorrechte positie op de markten.

(50) Wat de groep als geheel betreft, heeft de niet-heffing van de roerende voorheffing eveneens als direct voordeel dat de tot de groep behorende begunstigde vennootschappen van de vrijgestelde inkomsten in een betere financiële positie komen te verkeren, waardoor zich een algemene verbetering van de financiële positie van de groep voordoet. Deze verbetering van de financiële positie van de groep zal vermoedelijk tot uiting komen in een betere beoordeling van de kredietwaardigheid van de groep, waardoor deze gunstigere voorwaarden op de financiële markt kan bedingen en zijn financiële positie verder kan versterken.

(51) De Belgische regering attendeert er tevens op dat de Commissie pleit voor de afschaffing van bronheffingen en dat de regeling voor coördinatiecentra in deze richting gaat. Met dit argument wordt verwezen naar de algemene context van de harmonisatie, terwijl de regeling voor coördinatiecentra tegen de achtergrond van het momenteel in België toepasselijke gemeen belastingrecht moet worden onderzocht. Het Belgische gemeen recht berust evenwel nog steeds op het beginsel van de inhouding van een voorheffing op roerende inkomsten. De regeling voor coördinatiecentra moet dus weliswaar als een stap in de goede richting worden gezien, maar het gaat om een selectieve stap doordat aan de centra een voordeel wordt toegekend ten opzichte van de andere vennootschappen die op het Belgische grondgebied gevestigd zijn.

c) Vrijstelling van het kapitaalrecht

(52) Wat het kapitaalrecht betreft, kan uit de artikelen 115 en volgende van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten worden afgeleid dat de belasting van inbrengen in en verhogingen van het kapitaal in België de regel is. Dit lijkt bovendien te worden bevestigd door Richtlijn 69/335/EEG van de Raad van 17 juli 1969 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal(20), die bepaalt dat de lidstaten die voor het handhaven van het kapitaalrecht opteren (hetgeen voor België het geval is), op elke inbreng in kapitaalvennootschappen - met uitzondering van de krachtens de richtlijn vrijgestelde verrichtingen - een eenvormig recht heffen van niet meer dan 1 %. Het kapitaalrecht lijkt derhalve een van de lasten te zijn die normaliter met eigen middelen moeten worden gedragen door elke kapitaalvennootschap die in België tot een inbreng in of een verhoging van haar kapitaal overgaat. De vrijstelling van deze belasting lijkt de centra en de multinationale ondernemingen waarvan zij deel uitmaken derhalve een voordeel te verlenen ten opzichte van andere kapitaalvennootschappen die in België tot soortgelijke operaties overgaan.

(53) België betwist dat het kapitaalrecht een van de lasten is die de ondernemingen normaliter met eigen middelen moeten dragen en voert ter staving daarvan aan dat het Belgisch recht in andere vrijstellingen van het kapitaalrecht voorziet, zoals met name die welke zijn verleend aan vennootschappen gevestigd in werkgelegenheidszones en die welke samenhangen met de toekenning van bepaalde subsidies ter bevordering van de investeringen en de werkgelegenheid in België. Volgens de Belgische autoriteiten geniet het merendeel van de kapitaalinbrengen in België bijgevolg één of andere vrijstelling, zodat er dus geen sprake is van een specifiek aan de centra toegekend voordeel. In dit verband is de Commissie van oordeel dat het enkele feit dat er andere vrijstellingen bestaan, en dat deze zelfs talrijk zijn, niet volstaat om een vrijstelling afdoende te rechtvaardigen. Ieder voordeel moet volgens de voorwaarden en omstandigheden die inherent zijn aan de toekenning ervan aan de geldende regels inzake staatssteun worden getoetst. De genoemde vrijstellingen kunnen zowel geen steun, steun die verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, als onrechtmatig in België ten uitvoer gelegde, niet met de gemeenschappelijke markt verenigbare steun vormen. De Commissie wenst in het bijzonder de nadruk te leggen op de inhoud van haar beschikking SG(83) D/12, die op 3 januari 1983 tot België werd gericht in verband met de regeling voor in werkgelegenheidszones gevestigde vennootschappen. In deze beschikking is bepaald dat de Commissie heeft vastgesteld dat de vrijstelling van het registratierecht onder het algemene steunverbod van artikel 92 (thans artikel 87), lid 1, van het EG-Verdrag valt, vooraleer deze steun in dat specifieke geval toch verenigbaar met de gemeenschappelijke markt werd verklaard. Op dit beginsel is opnieuw gewezen in de eveneens tot België gerichte beschikking(21) SG(2000) D/108799.

(54) Om de vrijstelling van het kapitaalrecht te rechtvaardigen, verwijst België tevens naar een aantal door de Raad en de Commissie geformuleerde standpunten ten gunste van de afschaffing van het kapitaalrecht. Deze verwijzing lijkt op zijn minst paradoxaal aangezien de betaling van dit recht in België de regel is. De vrijstelling van de centra lijkt op zijn best te kunnen worden beschouwd als een stap in de aangewezen richting, maar deze stap lijkt op discriminerende wijze te worden gezet, waarbij de centra in vergelijking met de andere op het Belgische grondgebied gevestigde vennootschappen worden begunstigd.

III.1.3.2. Gebruik van staatsmiddelen

(55) Ten tweede moet dit voordeel met staatsmiddelen worden bekostigd. In het onderhavige geval lijken de bovenbeschreven vrijstellingen - direct of als gevolg van het uitstel van de betaling van de belasting - tot een vermindering van de staatsmiddelen te leiden.

(56) In dit verband lijkt geen rekening te kunnen worden gehouden met de verwachte toename van de algemene belastinginkomsten naar aanleiding van de invoering van deze vrijstellingen omdat het steunkarakter van een maatregel individueel op het niveau van de begunstigde vennootschap - en op een bepaald moment - moet worden beoordeeld om vast te stellen of bepaalde vennootschappen meer ontvangen van de staat of minder bijdragen tot de financiering van openbare goederen en diensten.

III.1.3.3. Vervalsing van de mededinging en ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer tussen de lidstaten

(57) In dit stadium is de Commissie tevens van oordeel dat de in deze beschikking beschreven voordelen een vervalsing van de mededinging tussen de in België gevestigde vennootschappen veroorzaken of dreigen te veroorzaken en dat deze vervalsing het intracommunautaire handelsverkeer ongunstig kan beïnvloeden. Volgens de jurisprudentie van het Hof(22) en zoals opgemerkt in punt 11 van de mededeling, kan op grond van het enkele feit dat de steun de positie van deze onderneming ten opzichte van andere concurrerende ondernemingen in het intracommunautaire handelsverkeer versterkt, worden aangenomen dat dit handelsverkeer ongunstig is beïnvloed.

(58) In dit verband blijkt dat de centra door de voordelen die zij genieten, hun concurrentiepositie inderdaad lijken te versterken in de sector van de aan de groepsleden verleende diensten - waar zij onder meer direct concurreren met financiële instellingen, trustmaatschappijen en in fiscale aangelegenheden, aanwerving, informatica, enz. gespecialiseerde adviesbureaus - en op hun beurt ook de concurrentiepositie lijken te versterken van andere tot de groep behorende vennootschappen in de talrijke economische sectoren waarin deze actief zijn. Al deze sectoren zijn het onderwerp van intensieve internationale en intracommunautaire handel en de grote multinationale ondernemingen concurreren daar rechtstreeks met andere multinationale of lokale ondernemingen van verschillende grootte.

(59) Voorts kan het bestaan van vergelijkbare of concurrerende bepalingen in andere lidstaten geen rechtvaardiging vormen voor het toekennen van staatssteun. Zoals elke maatregel moet ook de regeling voor coördinatiecentra worden geanalyseerd in de context van het belastingstelsel van de betrokken lidstaat.

(60) Ten slotte profiteert de groep op directe en indirecte wijze van de financiële voordelen die voortvloeien uit het belastingstelsel dat van toepassing is op de coördinatiecentra. Deze voordelen versterken de financiële positie van de groep, hetgeen de door de banken aan deze groep toegekende rating kan beïnvloeden, waardoor zijn financiële positie nog verder wordt versterkt doordat hij toegang krijgt tot gunstigere voorwaarden.

III.1.3.4. Selectiviteit/specificiteit van de maatregel

(61) Ten slotte moet de maatregel selectief of specifiek zijn, in die zin dat hij bepaalde ondernemingen of bepaalde producties begunstigt.

(62) De bovenbeschreven voordelen lijken specifiek te zijn aangezien zij kennelijk bepaalde ondernemingen begunstigen in de zin van artikel 87 van het EG-Verdrag. De regeling is rechtstreeks van toepassing op de coördinatiecentra en, direct of indirect, op de andere vennootschappen van de multinationale groep waartoe deze centra noodzakelijkerwijs moeten behoren. De selectiviteit vloeit derhalve niet voort uit regionale of sectorale criteria, maar uit de verplichte criteria waaraan de centra en de groepen waartoe zij behoren moeten voldoen om te worden erkend en zo van de regeling te kunnen profiteren (zie punt 8). Het gaat onder meer om criteria betreffende de omvang en het multinationale karakter van de groep, en de aard en het karakter van de binnen de groep ontplooide activiteiten. De definitie van het begrip 'multinationaal karakter', die later bij koninklijk besluit zal worden vastgesteld, kan deze selectiviteit nog versterken.

(63) Doordat de belastingregels in kwestie alleen gelden voor coördinatiecentra van multinationale groepen die bovendien aan bepaalde voorwaarden op het gebied van omzet en geïnvesteerd eigen vermogen moeten voldoen, zijn deze regels niet van toepassing op:

- ondernemingen die andere taken vervullen dan die welke bij koninklijk besluit nr. 187 zijn toegestaan;

- eventuele groepen van ondernemingen die niet aan de criteria ter zake van het multinationale karakter voldoen;

- groepen van ondernemingen die niet aan de criteria ter zake van geïnvesteerd eigen vermogen en behaalde omzet voldoen;

- ondernemingen uit de financiële sector.

Rechtvaardiging door de aard of de opzet van het stelsel

(64) Zoals in punt 23 van de bovenbedoelde mededeling wordt gesteld, betekent 'het feit dat sommige bepalingen differentieel van aard zijn, (...) niet noodzakelijk dat zij als steunmaatregelen moeten worden beschouwd.' Sommige maatregelen die als steunmaatregelen overkomen, kunnen immers gerechtvaardigd blijken vanwege de aard en de opzet van het stelsel. In de mededeling staat verder dat 'het echter de taak van de lidstaat is een dergelijke rechtvaardiging aan te voeren'. Volgens de Commissie kan uit geen enkel van de tot dusver door de Belgische autoriteiten aangevoerde argumenten worden geconcludeerd dat de beoogde vrijstellingen door de aard en de opzet van het Belgisch belastingstelsel worden gerechtvaardigd en dat het algemene veeleer dan selectieve maatregelen betreft.

(65) De Belgische autoriteiten illustreren met een cijfervoorbeeld dat vennootschappen in het algemeen - en coördinatiecentra in het bijzonder - van de roerende voorheffing moeten worden vrijgesteld omdat zij elk jaar zeer veel financiële transacties verrichten. Zonder deze vrijstelling zou het totaalbedrag van de ingehouden voorheffingen het bedrag van de over het hele jaar verschuldigde belasting ver overtreffen, waardoor de Belgische staat zich verplicht zou zien aanzienlijke bedragen terug te betalen aan alle vennootschappen van het land. Dit zou in nog sterkere mate gelden voor de coördinatiecentra vanwege hun activiteiten in het kader van de centralisatie van het kasbeheer (cash pooling). Dit voorbeeld lijkt in het onderhavige geval niet relevant. Hierbij wordt er immers ten onrechte van uitgegaan dat de vennootschap die de inkomsten ontvangt, de belasting in België betaalt, maar in dat geval is het gemeen recht voldoende om de transactie vrij te stellen van de voorheffing. Deze procedure heeft bovendien geen betrekking op de - talrijke - vrijstellingen waarin het gemeen recht voorziet en waarvan de centra gebruik zullen kunnen blijven maken, maar uitsluitend op de aanvullende vrijstellingen die alleen voor de centra gelden. De kans dat de coördinatiecentra een voorheffing op alle uitgekeerde inkomsten moeten inhouden, lijkt dus beperkt te blijven tot de gevallen waarin alle inkomsten zouden worden uitgekeerd aan belastingplichtigen die niet kunnen profiteren van de algemene vrijstellingen waarin het Belgische en communautaire recht en de door België gesloten internationale verdragen voorzien. En in die veronderstelling zou het centrum eenvoudigweg dezelfde risico's lopen als andere vennootschappen die dezelfde activiteiten ontplooien in een groep die niet voldoet aan de in koninklijk besluit nr. 187 neergelegde voorwaarden.

III.2. Nieuwe steun

(66) In dit stadium is de Commissie om drie belangrijke redenen de mening toegedaan dat de vrijstellingen van de roerende voorheffing en van het kapitaalrecht als nieuwe steun moeten worden aangemerkt. Ten eerste maken deze vrijstellingen een integrerend deel uit van de aangemelde ontwerptekst, doordat deze tekst artikel 5 van koninklijk besluit nr. 187 wijzigt. Ten tweede is ook de procedure voor de erkenning en de verlenging van de erkenning van de centra gewijzigd en moeten de criteria ter zake van het multinationale karakter van de in aanmerking komende groepen later nog bij koninklijk besluit worden vastgesteld. De inwerkingtreding van de gewijzigde regeling zal eveneens later bij koninklijk besluit worden vastgelegd. Ten derde heeft de Commissie de toepassing van de oude 'cost plus'-methode en de in het kader van de vroegere regeling voor coördinatiecentra geldende vrijstellingen bij haar negatieve eindbeschikking van 17 februari 2003 onrechtmatig verklaard. De uit hoofde van de nieuwe regeling verleende vrijstellingen mogen derhalve geen voortzetting zijn van de bestaande steun waarin de vroegere regeling voorzag.

(67) Geen enkele van de in artikel 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 88 van het EG-Verdrag(23) omschreven situaties lijkt hier van toepassing te zijn.

III.3. Verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt

(68) Aangezien de voor de coördinatiecentra geldende belastingvrijstellingen staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag lijken te vormen, dient een eerste beoordeling van de eventuele verenigbaarheid ervan te worden verricht in het licht van de uitzonderingen van artikel 87, leden 2 en 3, van het EG-Verdrag.

(69) In dit stadium lijkt de regeling voor coördinatiecentra met geen enkele van de uitzonderingen van artikel 87, lid 2, overeen te komen, want de regeling is niet bedoeld voor individuele verbruikers en lijkt evenmin gericht te zijn op het herstellen van de schade veroorzaakt door buitengewone gebeurtenissen of op het compenseren van een ernstige verstoring van de Belgische economie. Ook de uitzonderingen van artikel 87, lid 3, onder b), d) en e), lijken in het onderhavige geval niet van toepassing te zijn, want met de onderzochte vrijstellingen wordt niet beoogd de verwezenlijking van een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang of de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed te bevorderen. Deze vrijstellingen behoren evenmin tot een categorie steunmaatregelen die door de Raad op voorstel van de Commissie verenigbaar zijn verklaard.

(70) Wat de toepassing van de uitzonderingsbepalingen van artikel 87, lid 3, onder a) en c), betreft, zijn de Belgische autoriteiten van oordeel dat de regeling voor coördinatiecentra het verrichten van investeringen en de schepping van werkgelegenheid in de hand werkt. Volgens de Belgische autoriteiten is de oprichting van een coördinatiecentrum een menselijke, financiële, materiële en vastgoedinvestering. Bovendien is een van de voorwaarden voor de erkenning van een coördinatiecentrum dat het ten minste tien voltijdse werknemers in dienst moeten hebben na verloop van twee jaar sinds het met zijn activiteiten is begonnen.

(71) De Commissie constateert dat er in dit stadium geen enkel element werd verstrekt aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de investeringen van de centra kunnen worden aangemerkt als voor steun in aanmerking komende initiële investeringen zoals omschreven in de punten 4.4 en 4.5 van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen(24). Voor grote ondernemingen, de categorie waartoe de meeste centra behoren, is investeringssteun overigens uitsluitend toegestaan in de regio's die vallen onder de uitzonderingsbepalingen van artikel 87, onder a) en c). Met betrekking tot de schepping van arbeidsplaatsen, ten slotte, staat in de richtsnoeren betreffende werkgelegenheidssteun(25) dat het steunniveau niet hoger mag zijn dan noodzakelijk om de schepping van arbeidsplaatsen te stimuleren. In het onderhavige geval constateert de Commissie dat het bedrag van de uit de regeling voortvloeiende belastingvoordelen kennelijk afhankelijk is van de omvang van de door het centrum gegenereerde activiteit, veeleer dan van het aantal geschapen arbeidsplaatsen.

(72) De aan de centra toegekende belastingvoordelen lijken dus niet gebonden te zijn aan investeringen, werkgelegenheidsschepping of specifieke projecten. Zij vormen derhalve permanente lastenverlichtingen die exploitatiesteun vormen. Exploitatiesteun is in beginsel echter verboden. In punt 4.15 van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen wordt bepaald dat dergelijke steun evenwel bij uitzondering onder bepaalde voorwaarden mag worden toegestaan in die regio's die onder de uitzonderingsbepaling van artikel 87, lid 3, onder a), vallen. Aangezien België niet onder deze bepaling valt, kunnen de steunmaatregelen in kwestie de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt, vermoedelijk zodanig veranderen dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad. In deze omstandigheden zouden zij dan ook niet vallen onder de uitzonderingsbepaling van artikel 87, lid 3, onder c). In het onderhavige geval lijkt de vergelijking met de werkgelegenheidszones, die de Commissie in 1982 heeft goedgekeurd, niet relevant om de verenigbaarheid van de maatregel met de gemeenschappelijke markt te verdedigen aangezien deze beschikking alleen de Waalse en Vlaamse werkgelegenheidszones betrof die op dat moment met een hoge werkloosheid te kampen hadden. De oprichting van een werkgelegenheidszone in het Brussels Gewest werd daarbij categorisch uitgesloten door de Commissie. De meeste coördinatiecentra blijken evenwel in dit gewest te zijn gevestigd.

(73) Op het eerste gezicht lijken de vrijstellingen in kwestie derhalve onder geen enkele van de uitzonderingsbepalingen van artikel 87 van het EG-Verdrag te vallen. De Commissie betwijfelt bijgevolg of de belastingregeling voor coördinatiecentra verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt.

(74) In verband met de vrijstelling van het kapitaalrecht die de coördinatiecentra genieten, vraagt de Commissie zich bovendien ook af of deze vrijstelling wel verenigbaar is met de bepalingen van Richtlijn 69/335/EEG van de Raad van 17 juli 1969 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal(26). Deze richtlijn voert immers een zeer strikt kader in door te bepalen dat de lidstaten die voor het handhaven van het kapitaalrecht opteren (hetgeen voor België het geval is), op elke inbreng in kapitaalvennootschappen - met uitzondering van de krachtens de richtlijn vrijgestelde verrichtingen - een recht heffen van niet meer dan 1 %. De uitsluitend aan de centra verleende vrijstelling van het kapitaalrecht lijkt aan geen enkele van de voorwaarden voor een specifieke vrijstelling te voldoen en zou dus in strijd zijn met genoemde richtlijn. Indien de aangemelde maatregel inderdaad tegen Richtlijn 69/335/EEG blijkt in te druisen, kan de Commissie deze maatregel in geen geval verenigbaar verklaren met de gemeenschappelijke markt.

IV. BESCHIKKING

(75) De Commissie heeft besloten:

- ten eerste, dat erkenningen van centra en ten behoeve van centra getroffen voorafgaande beslissingen, alsook de forfaitaire vaststelling van hun belastbaar inkomen dat aan de belasting van (binnen- en buitenlandse) vennootschappen onderworpen is, in het in deze beschikking beschreven kader in principe geen steunmaatregelen vormen;

- ten tweede, dat het op grond van de nog steeds heersende twijfel omtrent de verenigbaarheid van de vrijstellingen van de door de centra genoten abnormale en goedgunstige voordelen, de roerende voorheffing en het kapitaalrecht gerechtvaardigd is dat ten aanzien van deze maatregelen de formele onderzoekprocedure wordt ingeleid.

(76) De Commissie wijst België op de schorsende werking van artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag. Zij verwijst tevens naar artikel 14 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad, volgens hetwelk elke onrechtmatige steun van de begunstigde kan worden teruggevorderd.

(77) Voorts deelt de Commissie België mee dat zij de belanghebbenden door de bekendmaking van dit schrijven en van een samenvatting ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie in kennis zal stellen. Tevens zal zij de belanghebbenden in de lidstaten van de EVA die partij zijn bij de EER-Overeenkomst door de bekendmaking van een mededeling in het EER-Supplement van het Publicatieblad in kennis stellen, alsmede de toezichthoudende autoriteit van de EVA door haar een afschrift van dit schrijven toe te zenden. Alle bovengenoemde belanghebbenden zal worden verzocht hun opmerkingen te maken binnen een maand vanaf de datum van deze bekendmaking."

"Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la Belgique qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé ce qui suit. D'une part, elle a décidé de ne pas soulever d'objection au sujet du régime forfaitaire de détermination des revenus imposables des centres de coordination (ci-après 'centres') à l'exception du traitement réservé aux avantages anormaux et bénévoles; d'autre part, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE au sujet du traitement des avantages anormaux et bénévoles consentis aux centres lorsque ceux-ci n'ont pas été préalablement imposés dans le chef des sociétés qui les consentent, ainsi qu'au sujet des exonérations de précompte mobilier et de droit d'apport prévues par le nouvel article 5, paragraphe 4 de l'arrêté royal n° 187.

I. PROCÉDURE

(1) Le 1er décembre 1997, le Conseil a adopté un Code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises(27) et demandé à la Commission d'examiner ou de réexaminer les régimes fiscaux en vigueur dans les États membres. Le 11 novembre 1998, la Commission a adopté une Communication sur l'application des règles en matière d'aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises(28) (ci-après 'la communication').

(2) L'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 prévoit un régime fiscal dérogatoire du droit commun pour les centres de coordination agréés. Dans le cadre des travaux du groupe Code de Conduite du Conseil, il a été jugé que ce régime constituait une mesure de concurrence fiscale dommageable. La Commission avait également entamé une procédure formelle d'examen à son égard depuis le 27 février 2002. Cette procédure a été clôturée le 17 février 2003 par une décision finale négative.

(3) Conformément à l'article 88 du traité, la Belgique a, par lettre du 16 mai 2002, notifié la partie d'un avant-projet de loi relative à la modification de l'arrêté royal n° 187 visant à le rendre conforme aux critères fixés par le groupe Code de Conduite du Conseil. Il s'agit donc d'un nouveau régime des centres de coordination destiné à remplacer le régime en vigueur depuis 1983, dont le bénéfice ne peut plus être accordé depuis le 17 février 2003. La loi(29) a été adoptée le 24 décembre 2002. Aux termes de l'article 32 de la loi, la date d'entrée en vigueur du nouveau texte de l'arrêté royal n° 187 sera fixée ultérieurement par arrêté royal.

(4) Par lettres des 18 juillet et 8 novembre 2002, la Commission a demandé des renseignements complémentaires qui lui ont été fournis par lettres de la représentation permanente datées respectivement des 11 septembre et 16 décembre 2002. Au cours de la réunion tenue le 13 décembre 2002 entre les représentants du Service public fédéral finances et ceux de la Commission, des précisions complémentaires ont été demandées. La représentation permanente de la Belgique a fourni ces précisions à la Commission par lettre datée du 4 février 2003 et reçue le 10 février.

(5) Le 17 février 2003, la Commission a clôturé la procédure formelle d'examen ouverte(30) le 27 février 2002 à l'égard du régime des centres de coordination. La décision finale de la Commission déclare que les diverses mesures d'exonération de précompte immobilier, précompte mobilier et droit d'apport réservées aux centres de coordination agréés sont des aides existantes, incompatibles avec les articles 87 et 88 CE. Elle déclare également aide existante incompatible, l'application de la méthode forfaitaire de type cost plus utilisée pour déterminer la base imposable de ces centres, en raison de ses modalités propres. La Belgique a été informée de cette décision par lettre du 17 février 2003(31). L'octroi ou le renouvellement du bénéfice de ces aides est illégal à compter du 17 février 2003, date de la décision finale.

II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

II.1. Base juridique

(6) Le régime des centres de coordination trouve son origine dans l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982. Il a été complété par la loi du 11 avril 1983, l'arrêté Royal du 20 décembre 1984 et la loi du 28 décembre 1992 et modifié à plusieurs reprises(32).

(7) L'article 29 de la loi du 24 décembre 2002 (ci-après 'la loi') apporte de nouvelles modifications au régime. Après l'entrée en vigueur de ces modifications, le régime présentera les caractéristiques suivantes.

II.2. Conditions

(8) Comme auparavant, le bénéfice du régime est accordé aux seuls centres agréés préalablement et individuellement par arrêté royal. Pour obtenir cet agrément, le centre doit faire partie d'un groupe ayant un caractère multinational, disposant d'un capital et de réserves dont le montant atteint ou excède 24 millions EUR et réalisant un chiffre d'affaires annuel dont le montant consolidé atteint ou excède 240 millions EUR. Les critères définissant le caractère multinational du groupe seront définis ultérieurement par arrêté royal. Le centre de coordination doit avoir pour objet exclusif le développement et la centralisation, au seul profit de tout ou partie des sociétés du groupe, d'une ou plusieurs activités ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire autorisées par la loi(33). Les entreprises du secteur financier (crédit, banque, assurance) sont exclues du bénéfice de ce régime. Le centre ne peut pas posséder d'actions ou autres parts représentatives de droits sociaux dans une quelconque société, sauf à titre de placement de trésorerie. Enfin, les centres devront employer en Belgique au moins l'équivalent de dix personnes à temps plein au terme des deux premières années de leur activité.

(9) L'agrément est octroyé au centre à partir de la période imposable au cours de laquelle la demande d'agrément a été introduite, jusqu'à l'expiration de la période imposable clôturée au cours de la dixième année civile qui suit celle de l'introduction de la demande. Pour autant que les conditions d'agrément soient toujours remplies, celui-ci peut être renouvelé sur demande par le Service public fédéral Finances, avec l'accord des Ministre des Finances, de l'Économie, de l'Emploi et du Travail et du Ministre chargé des Classes moyennes. La loi prévoit également que les effets de l'agrément prennent fin avant l'expiration du terme de dix ans en cours en cas de décision définitive des autorités des Communautés européennes imposant l'abrogation du présent régime des centres de coordination. De même, l'agrément est abrogé, de plein droit, dès l'exercice au cours duquel le centre ne remplit plus toutes les conditions de l'agrément. Il en est ainsi notamment si le centre exerce des activités qui ne sont pas reprises à l'annexe de l'arrêté royal par lequel il a été agréé - ou par la décision par laquelle cet agrément a été renouvelé.

II.3. Dispositions particulières

(10) Par dérogation au régime fiscal de droit commun(34), l'arrêté royal n° 187 nouveau prévoit que le revenu imposable des centres agréés est déterminé forfaitairement et correspond à un pourcentage du montant des dépenses et frais de fonctionnement - selon la méthode dite 'cost plus'. L'application pratique de cette méthode se fait de manière individuelle pour chaque centre, selon des modalités fixées par une décision anticipée émanant du service Public Fédéral Finances (voir points 19 à 22).

(11) La base de coûts comprend l'ensemble des charges du centre à l'exception des impôts. Les débours occasionnels engagés pour le compte de sociétés du groupe et qui auraient pu être facturés directement par le prestataire à ces sociétés pourront également être exclus de la base du cost plus. Il s'agit de l'application stricte d'un principe de droit comptable qui s'applique à toutes les sociétés.

(12) Une marge bénéficiaire est fixée, pour chaque activité, compte tenu des conditions d'exercice propres à chaque centre. La Belgique s'est engagée à adapter la méthode de taxation à certaines activités générant peu ou pas de frais, notamment dans le cas particulier de prêts accordés par les centres sur fonds propres. Les taux de marge sont établis en accord avec les principes établis par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) de manière à obtenir, pour chaque centre, un revenu imposable comparable à celui qui aurait été obtenu par la méthode classique (produits moins charges) dans des conditions d'indépendance des prestataires et clients. Le taux de marge est fixé par une décision anticipée - voir point 19 - établie par le Service Public Fédéral Finances(35), qui tient compte des conditions économiques et juridiques dans lesquelles le centre exerce ses activités au sein du groupe.

(13) Les dépenses ou charges non déductibles au titre de frais professionnels (dites 'dépenses non admises') ne sont pas systématiquement ajoutées aux revenus calculés selon la méthode cost plus. Les autorités belges ont toutefois confirmé que le taux de marge relatif à chacune des activités du centre sera fixé de manière à refléter une situation normale eu égard aux circonstances de fait et de droit dans lesquelles se trouve le centre. Ceci signifie que dans la mesure où l'existence de dépenses non admises dans un secteur économique déterminé aurait pour effet de donner un avantage fiscal aux centres par rapport aux entreprises de ce même secteur soumises à la méthode 'produits moins charges', le taux du cost plus serait adapté cas par cas.

(14) De même, en principe, les avantages anormaux ou bénévoles(36) consentis au centre par les membres du groupe ne sont pas ajoutés à la base imposable obtenue selon la méthode cost plus. Selon les autorités belges, il n'y a pas lieu de rajouter ces avantages à la base du centre car les services de contrôle compétents ont reçu l'instruction d'échanger spontanément des renseignements avec les administrations fiscales étrangères lorsqu'il est supposé qu'une fraude importante a été commise au détriment du fisc d'autres États. En outre, les dispositions des conventions préventives de double imposition conclues par la Belgique en matière d'échange de renseignements, de la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs(37) et de la convention 90/436/CEE du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées(38) permettent également de traiter les problèmes relatifs aux prix de transfert.

(15) Le bénéfice imposable du centre ne peut cependant être inférieur au montant de la base alternative correspondant au total 1) des dépenses non admises - à l'exclusion des impôts - et 2) des avantages anormaux ou bénévoles consentis au centre par les membres du groupe.

(16) Le bénéfice des centres est imposé au taux plein de l'impôt des sociétés.

(17) La loi du 28 décembre 1992 a instauré, à partir du 1er janvier 1993, une taxe annuelle sur les centres de coordination fixée à 10000 EUR par membre du personnel occupé à temps plein par les centres, mais qui ne peut excéder 100000 EUR par centre. Un crédit d'impôt est accordé dont le montant est égal à celui de la taxe annuelle payée. Ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt des sociétés et l'excédent éventuel n'est pas restitué.

(18) Outre le calcul forfaitaire décrit ci-dessus, les exonérations suivantes sont applicables aux centres.

1) lorsque le bénéficiaire peut être identifié comme n'étant pas une personne physique, une personne morale assujettie à l'impôt des personnes morales, ni une personne morale non-résidente, le centre n'est pas redevable du précompte mobilier en raison des dividendes distribués, des revenus de créances ou prêts ou des produits de la concession de biens mobiliers immatériels, dont il est débiteur;

2) le droit d'enregistrement proportionnel n'est pas dû en raison des apports et des augmentations du capital statutaire, sans apport nouveau, de ce centre.

Selon les autorités belges, il s'agit des exonérations antérieurement prévues à l'article 29, al. 1er, 2o et 3o de la loi du 11 avril 1983. Étant donné que seules ces deux exonérations ont été conservées, elles ont été reprises dans l'arrêté royal n° 187 pour des raisons de cohérence et de lisibilité.

II.4. Décision anticipée

(19) Comme précisé dans la description du régime, la détermination pour chaque centre des paramètres de la méthode cost plus se fait par le biais d'une décision anticipée - voir point 12. Par décision anticipée, il y a lieu d'entendre l'acte juridique par lequel le Service public fédéral Finances détermine, conformément aux dispositions en vigueur, comment la loi s'appliquera à une situation ou à une opération particulière qui n'a pas encore produit d'effets sur le plan fiscal. La décision anticipée ne peut emporter exemption ou modération d'impôt.

(20) La décision anticipée est rendue sur demande. La demande doit contenir l'identité du demandeur et, le cas échéant, des parties et des tiers concernés, la description des activités du demandeur, la description complète de la situation ou de l'opération particulière, la référence aux dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles devra porter la décision. Elle contient également, le cas échéant, une copie intégrale des demandes qui ont été introduites pour le même objet auprès des autorités fiscales des États membres des Communautés européennes ou d'États tiers avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, et des décisions qui s'y rapportent.

(21) Les décisions anticipées sont rendues pour un terme de cinq ans. Selon l'article 23 de la loi du 24 décembre 2002, elles lient le Service public fédéral Finances pour l'avenir, sauf:

1) lorsque les conditions auxquelles la décision anticipée est subordonnée ne sont pas remplies;

2) lorsqu'il apparaît que la situation et les opérations décrites par le demandeur l'ont été de manière incomplète ou inexacte, ou lorsque des éléments essentiels des opérations n'ont pas été réalisés de la manière présentée par le demandeur;

3) en cas de modification des dispositions des traités, du droit communautaire ou du droit interne qui sont applicables à la situation ou à l'opération visée par la décision anticipée;

4) lorsqu'il s'avère que la décision anticipée n'est pas conforme aux dispositions des traités, du droit communautaire ou du droit interne.

En outre, la décision anticipée ne lie plus le Service public fédéral Finances lorsque les effets essentiels de la situation ou des opérations sont modifiés par un ou plusieurs éléments connexes ou ultérieurs qui sont directement ou indirectement imputables au demandeur. Dans ce cas, le retrait de la décision anticipée produit ses effets à partir du jour du fait imputable au demandeur.

(22) Les décisions sont publiées de manière anonyme, dans le respect des dispositions en matière de secret professionnel.

III. APPRÉCIATION DE LA MESURE

III.1. Caractère d'aide des mesures: applicabilité de l'article 87, paragraphe 1, du traité

(23) Comme exposé en préambule à cette décision, l'appréciation de la Commission au regard du régime notifié est différente selon qu'il s'agit d'une part, du principe de l'agrément préalable, de l'octroi de décisions anticipées ou, d'autre part, de la (non) prise en compte des avantages anormaux et bénévoles consentis aux centres en sus de l'application du cost plus, des exonérations de précompte mobilier et de droit d'apport.

(24) Une mesure est une aide lorsqu'elle satisfait cumulativement aux quatre critères caractéristiques d'un régime d'aide tels que précisés par l'article 87, paragraphe 1 du traité à savoir: 1) la mesure doit procurer un avantage qui allège les charges qui grèvent normalement le budget des entreprises; 2) cet avantage doit être octroyé au moyen de ressources d'État, 3) affecter la concurrence et les échanges entre les États membres et 4) être octroyé de manière sélective ou spécifique, c'est-à-dire en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

III.1.1. Agréments et décisions anticipées

(25) La Commission estime que ni l'octroi d'agréments, ni l'octroi d'une décision anticipée, ne constituent en principe, la source d'avantages économiques au sens de l'article 87 du traité. L'agrément individuel d'un centre est octroyé sur demande. Il ne fait que constater, après vérification par l'administration fiscale, que toutes les conditions fixées par la loi sont remplies pour que ce centre puisse bénéficier du régime dérogatoire que la loi réserve aux seuls centres agréés. L'agrément constate les faits et reconnaît le droit au régime particulier éventuellement fixé par la loi mais ne comporte aucune référence au contenu de ce régime. L'agrément n'est donc pas susceptible, en soi, de donner droit à un régime plus favorable que celui qui s'applique aux autres sociétés établies en Belgique. Bien qu'il soit établi pour dix ans, l'agrément ne comporte pas non plus de droit à un traitement inchangé au cours de cette période. Par conséquent, aucun avantage économique n'est octroyé par l'agrément. De la même manière, une décision anticipée donnée par l'administration fiscale sur la façon dont une règle de droit fiscal s'applique à la situation particulière d'une entreprise, augmente la sécurité juridique de l'entreprise concernée. Mais elle ne constitue pas, en soi, un avantage économique. La loi précise d'ailleurs qu'une décision anticipée ne peut emporter exemption ou modération d'impôt. Á ce propos, la Commission note les dispositions de l'article 23 de la loi qui constatent la nullité de toute décision anticipée offrant, dès le départ ou en cours de validité par altération d'éléments essentiels, une modération d'impôts - incompatible avec le droit interne belge - ou un avantage économique constitutif d'aide d'État - incompatible avec le droit communautaire.

(26) L'existence éventuelle d'un avantage résiderait donc, le cas échéant, dans la mesure fiscale dont l'administration fait l'interprétation, voire dans l'interprétation elle-même. En l'espèce, l'avantage éventuel résidera soit dans les dispositions réglementaires (lois, arrêtés, circulaires, etc.) du régime des centres de coordination, soit dans ses modalités d'application, c'est-à-dire dans l'interprétation qui en sera faite dans le cadre de décisions anticipées particulières.

III.1.2. Détermination forfaitaire des revenus imposables (Cost plus)

(27) En ce qui concerne le nouveau régime de cost plus, le recours à une méthode alternative(39) d'imposition, en l'occurrence une méthode d'évaluation du type 'cost plus', peut être justifiée, notamment dans le cadre de relations commerciales intra-groupe, afin de s'assurer que ces dernières sont effectuées selon le principe de pleine concurrence. Dans le cas présent, la Commission estime que le respect des principes inscrits dans la loi du 24 décembre 2002 - ou sur lesquels la Belgique s'est engagée - garantissent que le régime dérogatoire a pour but de déterminer, pour chaque centre, pour chaque exercice fiscal, une base imposable comparable à celle qui aurait été obtenue, en situation de concurrence parfaite, par application des règles fiscales de droit commun.

(28) En particulier, la Commission note que ce nouveau régime cost plus se distingue notablement de l'ancien régime - déclaré incompatible par la Commission le 17 février 2003 - pour les raisons essentielles suivantes. En premier lieu, dans le nouveau régime, la base de coûts du cost plus comprend l'ensemble des charges du centre. En second lieu, les marges et autres conditions - désormais fixées par décision anticipée - sont établies et adaptées en fonction des caractéristiques propres à chaque activité et au centre concernés (voir points 10 à 13) de manière à garantir des prix de transferts 'at arm's length' selon les règles préconisées par l'OCDE. Des corrections sont prévues pour tenir compte notamment de l'existence de dépenses non admises ou de la faiblesse des coûts liés à l'exercice de certaines activités, et pour obtenir dans tous les cas une base imposable comparable à celle qui aurait été obtenue, en situation de concurrence parfaite, par application des règles fiscales de droit commun.

(29) Enfin, la Commission note (voir point 21) à l'article 23, alinéa 2, 1o de la loi, que pour atteindre l'objectif d'une imposition comparable à celle qui aurait été obtenue selon la méthode traditionnelle, les décisions anticipées peuvent imposer, si nécessaire, le respect de certaines conditions à peine de nullité. La Commission comprend également que les décisions anticipées ne sont pas valables ou cessent de l'être notamment lorsqu'il apparaît que la situation et les opérations décrites par le demandeur l'ont été de manière incomplète ou inexacte, lorsque des éléments essentiels des opérations n'ont pas été réalisés de la manière présentée par le demandeur ou lorsqu'il s'avère que la décision anticipée n'est pas conforme aux dispositions des traités, du droit communautaire ou du droit interne. La Commission interprète ces dispositions en ce sens qu'elles garantissent donc la nullité des décisions anticipées offrant, dès le départ ou en cours de validité, une modération d'impôt - incompatible avec le droit interne belge - ou un avantage économique constitutif d'aide d'État - incompatible avec le droit communautaire. La Commission comprend ainsi que l'article 23 implique notamment la révision d'un taux de marge fixé par décision anticipée lorsque ce taux évolue par la suite et ne correspond plus aux conditions de pleine concurrence en vigueur dans le secteur d'activité de référence. La Commission comprend enfin que l'article 23 permet la révision du taux dès lors que son maintien confèrerait un avantage au centre et ce, quelle que soit la cause de l'avantage.

(30) La Commission accueille également favorablement la publication systématique des décisions anticipées (voir point 22) qui accroîtra la transparence du système, notamment quant aux taux de marge fixés pour chacune des activités du centre.

(31) Pour ces raisons et sur base de l'interprétation qu'elle fait de l'article 23 de la loi, la Commission conclut à l'absence d'avantage économique lié à l'application stricte de ces principes. Un des critères de l'article 87 du traité n'étant pas rempli, cette partie du nouveau régime des centres n'est donc pas une aide d'État au sens dudit article.

(32) La Commission précise néanmoins que cette évaluation s'applique au régime tel que présenté par les autorités belges - tenant compte des règles d'établissement des décisions anticipées - et moyennant le respect des engagements pris par la Belgique quant à certaines modalités pratiques d'application du régime. Elle ne couvre en aucun cas d'éventuelles mesures d'application (arrêtés royaux, ministériels, circulaires, etc.) ou décisions anticipées individuelles qui, s'écartant des principes décrits ci-dessus, auraient pour effet d'octroyer un avantage économique à certains centres ou aux entreprises des groupes auxquels ces centres appartiennent. Peu importe à ce sujet que l'avantage intervienne dès l'émission de la décision anticipée ou, par la suite, pendant sa période de validité. Cette décision ne couvre pas non plus les cas où les engagements pris par la Belgique (voir notamment points 12 et 13) ne seraient pas totalement respectés. De telles situations seraient donc susceptibles de constituer des aides d'État illégales sujettes à récupération.

III.1.3. Traitement des avantages anormaux et bénévoles, Exonérations de précompte mobilier et droit d'apport

(33) Comme évoqué au point 14, les avantages anormaux ou bénévoles éventuellement consentis aux centres ne font pas partie de la base imposable des centres alors qu'ils font partie de la base imposable de toute société établie en Belgique et soumise au régime fiscal de droit commun. Par ailleurs, aux termes de l'article 5, paragraphe 4 nouveau de l'arrêté royal n° 187, les centres de coordination sont exonérés de précompte mobilier sur les revenus mobiliers qu'ils distribuent ainsi que du droit d'enregistrement sur les apports. Comme évoqué ci-dessus, la Commission considère, à ce stade, que ces exonérations inscrites dans le nouveau régime des centres de coordination satisfont cumulativement aux quatre critères caractéristiques d'un régime d'aide tels que précisés par l'article 87, paragraphe 1, CE.

III.1.3.1. Avantage économique

(34) En premier lieu, ces mesures d'exonération semblent procurer un avantage qui allège les charges qui grèvent normalement le budget des entreprises.

a) Exonération des avantages anormaux et bénévoles

(35) La Commission estime à ce stade que la non imposition, dans le chef des centres, des avantages anormaux et bénévoles qui leur sont consentis, entraîne une diminution de l'impôt sur les revenus des sociétés(40) qui constitue une charge qui grève normalement le budget des sociétés établies en Belgique. La Belgique estime que ces avantages ne doivent pas être ajoutés aux bénéfices (base cost plus) des centres car ils doivent être taxés dans l'État où est établie la société qui octroie l'avantage anormal ou bénévole. La Commission formule des doutes au sujet de ce raisonnement. Ainsi, si la société X - établie en Belgique et soumise au régime fiscal de droit commun - bénéficie d'avantages anormaux et bénévoles octroyés par la société Y (établie en Belgique ou à l'étranger), elle est automatiquement imposée sur ces avantages. En effet, que l'avantage consenti par Y consiste à supporter une charge incombant à X ou à rétribuer certaines ventes de X au-dessus du prix de pleine concurrence, cet avantage se traduit nécessairement par une augmentation du bénéfice comptable de la société X qui le reçoit. Le bénéfice imposable de la société X, calculé à partir de son bénéfice comptable, comprend également ces avantages qui sont donc automatiquement imposés dans le chef de X.

(36) La Belgique fait valoir que cette imposition initiale sera détaxée par la suite dans le chef de X par le jeu des instruments internationaux préventifs de la double imposition. À ce sujet, il semble que cette rectification n'intervienne pas dans tous les cas, et que, le cas échéant, elle intervienne plusieurs années après l'imposition initiale. Ainsi, il semble que la rectification n'intervient pas lorsqu'il n'y a pas eu d'imposition effective, comparable et préalable de l'avantage dans le chef de la société Y qui l'a consenti puisqu'il n'y a pas de risque de double imposition. La rectification n'aura pas lieu non plus lorsque la Belgique et l'autre État concerné ne sont pas liés par un instrument international permettant d'opérer une telle rectification par la voie de l'échange spontané de renseignements (convention bilatérale(41), directive européenne, etc.). Dans ces circonstances, la société X supporte définitivement l'imposition initiale des avantages reçus, alors qu'un centre est définitivement exonéré d'impôt sur ces avantages.

(37) Alternativement, lorsque la rectification intervient dans le chef de la société X, elle intervient généralement après plusieurs années, le temps nécessaire pour qu'il y ait imposition dans l'autre État et que le mécanisme de rectification prévu par les conventions préventives de double imposition aboutisse. Entre-temps, la société X supporte la charge de l'impôt. Dans les mêmes circonstances, le centre est simplement exonéré d'impôt sur ces avantages et ne supporte donc jamais la charge correspondante de l'impôt sur les revenus. Cette différence de traitement semble introduire, au profit des centres de coordination, un avantage de trésorerie par rapport à la société X, qui doit financer, même temporairement, l'impôt initialement mis à sa charge.

(38) De plus, l'engagement pris par les autorités belges (voir point 14), d'échanger spontanément des renseignements avec les administrations fiscales étrangères lorsqu'il est supposé qu'une fraude importante a été commise au détriment du fisc d'autres États, ne semble pas suffire pour exclure l'avantage économique lié à l'absence d'imposition initiale des avantages anormaux et bénévoles accordés aux centres. En effet, cet échange spontané de renseignement est limité aux situations ou une fraude importante est suspectée, moyennant l'existence d'un accord d'échange de renseignements et sous réserve de réciprocité. Cet échange ne semble donc pas exclure le risque de 'double non-imposition' des avantages consentis aux centres, ni en tout cas, l'avantage de trésorerie lié à l'absence d'imposition initiale à charge des centres.

(39) Enfin, l'inclusion des avantages anormaux et bénévoles dans la base alternative d'imposition (voir point 15) ne semble pas non plus exclure l'existence d'un avantage dans le chef des centres. En effet, les avantages anormaux reçus par les centres ne sont effectivement imposés que si le montant de la base alternative dépasse le montant de la base cost plus. De plus, dès lors que cette base ne s'ajoute pas mais se substitue à la base cost plus, il semble que les avantages constatés ne sont imposés que dans la mesure du dépassement ou que la base cost plus, base principale, est alors négligée et par conséquent exonérée d'impôt.

(40) Par conséquent, la Commission estime, à ce stade, que l'absence d'imposition initiale des avantages reçus par les centres peut leur procurer un avantage. La Commission considère également qu'à défaut de transmission spontanée, l'avantage octroyé aux centres - par la non taxation en Belgique des avantages anormaux et bénévoles qui leur sont consentis - persisterait. La Commission rappelle que cet avantage économique est suscepti