COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 06.05.1997 
COM(97)200 final 
I PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS 
DE LA COMUNIDAD 
LUCHA CONTRA EL FRAUDE 
Informe anual 1996 
(presentado por la Comisión) 

LISTA DE LOS NUMEROS DEL TELÉFONO VERDE EN LOS ESTADOS MIEMBROS 
Deutschland 
ôsterreich 
Belgique/Belgïe 
Danmark 
España 
Suomi/Finland 
France 0130820595 
06605845 
080012426 
80018495 
900993295 
0800112595 
0800917295 Elláda 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Sverige 008003212595 
1800553295 
167878495 
08003595 
060224595 
0505329595 
0800963595 
020791695 
L&i 
INDICE 
INTRODUCCIÓN 1 
1. ESTRATEGIA CONTRA EL FRAUDE, BALANCE Y PERSPECTIVAS 5 
1.1 Los resultados obtenidos in situ: ¿Cómo detectar mejor los fraudes? 6 
1.1.1 Estructuración de la misión operativa de la Comisión 6 
1.1.2 Medios de ayuda y de orientación de las actividades contra el fraude in situ 7 
1.1.3 La cooperación judicial in situ 9 
1.2 Evolución del seguimiento financiero: ¿cómo mejorar la protección de los 
contribuyentes europeos? 9 
1.3 Mejora de la normativa comunitaria: ¿cómo adaptar el proceso de toma de decisiones y 
el marco legal para lograr una prevención más eficaz? 11 
1.4 Endurecimiento de las sanciones: ¿cómo disuadir más eficazmente? 12 
2. ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS . 14 
2.1 La situación en 1996 14 
2.2 Tendencias 14 
2.2.1 Los recursos propios tradicionales 14 
2.2.2 Los gastos 15 
2.3 Fuentes de información 15 
2.4 Análisis sectoriales 16 
2.4.1 Los recursos propios tradicionales 16 
2.4.1.1 El régimen de tránsito 16 
2.4.1.2 Los regímenes preferenciales . 17 
2.4.2 Los gastos... 17 
2.4.2.1 El FEOGA-Garantía 17 
2.4.2.2 Las acciones estructurales 18 
2.4.2.3 Los gastos directos 19 
2.5 La recaudación 19 
2.5.1 Recursos propios tradicionales 19 
2.5.2 FEOGA-Garantía 20 
2.5.3 Acciones estructurales <• 21 
3. INVESTIGACIONES 21 
3.1 Grandes fraudes transfronterizos organizados 24 
3.2 Grandes fraudes en el ámbito de las políticas comerciales (productos industriales, 
productos pesqueros y productos textiles) 30 
3.3 Fraudes nacionales en el sector agrícola 32 
3.4 Fraudes en el ámbito de las políticas estructurales 34 
1 b 
3.5 Fraudes en el ámbito de los gastos directos 26 
4. ASOCIACIÓN CON LOS ESTADOS MIEMBROS 38 
4.1 Organización de los Estados miembros para la protección de los intereses financieros de 
las Comunidades 38 
4.2 Política de formación 39 
5. PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES / HECHOS 
SIGNIFICATIVOS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS DIVERSOS SECTORES 40 
5.1 Sector de los recursos propios 41 
5.2 Sector agrícola „ 42 
5.3 Regímenes de tránsito e iniciativas aduaneras 42 
5.3.1 Los regímenes de tránsito 42 
5.3.1.1 El seguimiento de la comunicación de la Comisión del 29 de 
marzo de 1995 42 
5.3.1.2 La Comisión temporal de investigación del Parlamento Europeo 44 
5.3.2 El programa "Aduana 2000" 45 
5.3.3 Los regímenes preferenciales 45 
5.4 El sector de los gastos directos 45 
5.5 Asistencia mutua administrativa y asistencia técnica 46 
5.5.1 A nivel comunitario 46 
5.5.2 Entre la Comunidad y los terceros países 46 
6. PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS / INICIATIVAS LEGISLATIVAS 
HORIZONTALES 47 
6.1 El Reglamento sobre los controles y las verificaciones in situ 48 
6.1.1 Ámbito de aplicación del Reglamento '. 48 
6.1.2 La aplicación de los controles ¡ 49 
6.1.3 Resultado de las inspecciones 49 
6.2 Las actividades en el marco del Título VI del TUE. 50 
6.2.1 Primer protocolo sobre la corrupción de funcionarios 50 
6.2.2 El Protocolo en materia de protección penal de los intereses financieros 51 
ANEXOS • 52 
GLOSARIO • 61 
/ O 
INTRODUCCIÓN 
El VIII Informe anual de la Comisión sobre la protección de los intereses financieros y la 
lucha contra el fraude sirve de balance de todas las acciones iniciadas en estos ámbitos. 
Este informe 1996 también se ha propuesto como objetivo recordar brevemente todo el 
camino recorrido desde la puesta en práctica en 1994 de la nueva estrategia de la 
Comisión, y de destacar las perspectivas y las prioridades que hay que observar en el 
futuro. 
Se han registrado resultados importantes, tanto a nivel operativo como legislativo. 
El presupuesto anual de la Comisión Europea para 1996 se eleva a 82.000 millones de 
ecus. Se ha financiado por recursos propios de la Comunidad, esencialmente el IVA 
(39.800 millones de ecus, 49% de los recursos presupuestarios totales), así como los 
derechos de aduana y los derechos agrícolas (13.600 millones de ecus, 18% de los 
recursos presupuestarios) percibidos sobre las mercancías que entran en la Comunidad 
procedentes de países terceros. 
La estructura de los gastos presupuestarios se caracteriza por tener una parte mayoritaria 
de créditos destinados al apoyo de las políticas comunitarias. Algo menos de la mitad de 
los gastos son agrícolas, casi un tercio se consagra a las políticas estructurales y cerca del 
15% de los gastos, directamente gestionados por la Comisión, se dedican a la 
investigación y al desarrollo, a la protección de los consumidores, al medio ambiente o a 
las ayudas a países terceros. 
En el ámbito de los recursos propios tradicionales (derechos de aduana y exacciones 
agrícolas), el impacto de las irregularidades se eleva al 5,8% (787 millones de ecus) del 
importe de los ingresos percibidos por dicho concepto en 1996 por los Estados miembros, 
por cuenta de la Comunidad. El número de casos ronda los 2.000. Este impacto, en 
aumento, era del 3,6% en 1995. 
Por lo que se refiere a los gastos que se efectúan por los Estados miembros (más del 80% 
de los gastos del presupuesto comunitario, incluyendo la política agrícola común y las 
acciones estructurales), la incidencia global de las irregularidades es del 0,7% (498 
millones de ecus) del total de las financiaciones concedidas, es decir, unos 2.400 casos. 
También aquí se detecta un ligero aumento de dicha incidencia frente a 1995 (0,6%). Esta 
incidencia es del 0,1% (16 millones de ecus) del importe de las prestaciones concedidas 
por lo que se refiere a los gastos directamente gestionados por la Comisión, frente a la 
cifra de 0,3% para 1995. 
El volumen global de las irregularidades detectadas por los Estados miembros y la 
Comisión en 1996 es de 1.300 millones de ecus (irregularidades que afectan a los 
ingresos y a los gastos). Esta cifra era de 1.100 millones de ecus en 1995. 
Consta que, en el sector de la agricultura, la evolución de las políticas comunitarias hacia 
más ayudas directamente concedidas a los agricultores se ha traducido en un aumento de 
los casos detectados y en un relativo estancamiento de los importes comunicados. 
i A. 
En cuando a las políticas estructurales, la evolución es notable. En 1996, el 
establecimiento de normas prácticas de comunicación por los Estados miembros de las 
informaciones relativas a las irregularidades y a los fraudes implicó, en relación con 
1995, no sólo un sensible aumento de la actividad de la Comisión y del número de 
asuntos, sino sobre todo la cuadruplicación de los importes afectados. Por otra parte, en 
cuanto a las acciones estructurales, las malversaciones de subvenciones no solamente 
afectan a la contribución comunitaria, sino también ponen en peligro la cofinanciación 
nacional, y por ello, tienen una incidencia en los presupuestos de los Estados miembros. 
Tampoco en el ámbito de los recursos propios carece de incidencia el impacto de los 
fraudes para el contribuyente europeo, y ello en la medida en que los ingresos perdidos 
deben compensarse mediante el cuarto recurso1, basado en el PNB de los Estados 
miembros y soportado por los contribuyentes. 
Los fraudes que perjudican las finanzas de la Comunidad también tienen un impacto 
directo en los intereses financieros nacionales. Por ejemplo, en relación con el tráfico de 
cigarrillos, el impacto global constatado en 1996, en particular en materia de elusion del 
régimen de tránsito, es de 800 millones de ecus (derechos de aduana, impuestos 
especiales, IVA), de los que el 25% constituyen los derechos de aduana en beneficio de la 
Comunidad Europea. La mayor parte (75%) está a cargo de los presupuestos nacionales. 
En cuanto al alcohol, la elusion de los sistemas de impuestos especiales, durante los 
tráficos intracomunitarios (desaparición de cargamentos), ocasiona una pérdida de 
ingresos fiscales considerable en detrimento de los intereses nacionales (en 1996, 450 
millones de ecus). Esto arroja un total, para estos dos tráficos, de más de 1 millón de 
ecus, lo que equivale, en términos de impacto financiero, a los fraudes comunitarios 
detectados por los Estados miembros y comunicados a la Comisión en 1995. 
Pero hay que interpretar las cifras con prudencia. Las variaciones registradas pueden 
proceder tanto de una mejora del tipo de detección de las irregularidades, como de un 
aumento de los comportamientos irregulares o de las actividades fraudulentas en 
determinados ámbitos específicos, o por la presencia en el presente ejercicio de casos 
espectaculares. 
Los asuntos más importantes y la mayoría de los importes en juego (más de dos tercios) 
corresponden a un pequeño número de casos (2 a 3%). Este fenómeno revela la existencia 
de una gran delincuencia bien organizada. Es manifiesto que hay ayudas comunitarias 
que se desvían en provecho exclusivo de traficantes, sin beneficiar a los sectores 
económicos correspondientes. De igual modo, las políticas comerciales de la Unión y de 
los Estados miembros se ven en peligro por la amplitud de los tráficos que perjudican los 
intereses del presupuesto comunitario y de los presupuestos nacionales. 
Los datos comunicados por los Estados miembros, por muy fiables que sean, reflejan los 
resultados de los controles efectuados, pero no pueden por sí solos traducir la realidad del 
fraude. La manera en que las organizaciones delictivas fraccionan sus tareas dificulta 
mucho la aprehensión global de los comportamientos ilícitos. La complejidad de las 
operaciones, que mezclan actividades legales, raramente deja entrever clandestinas en su 
totalidad la estructura deiincuencial que imparte las órdenes. 
1 Se recuerda que los otros tres recursos presupuestarios son los derechos agrícolas, los derechos de aduana (que constituyen los 
recursos propios tradicionales) y el IVA. 
2 
Esta gran delincuencia burla las fronteras, organiza redes, monta operaciones financieras, 
multiplica las ventajas y destruye las pistas, en particular recurriendo a diferentes 
empresas presentes en el mercado (depositarios, transformadores, transportistas, 
comerciantes). Blanquean el producto de sus negocios, al igual que los cartels de la 
droga, a través de sociedades pantalla que utilizan redes bancarias diseminadas en 
numerosos centros financieros, tanto dentro como fuera de la Comunidad. El recurso a 
tales métodos permite instalar una serie de obstáculos que imposibilitan casi 
completamente el trabajo del inspector y del juez nacional. 
Contra los fraudes transnacionales, la intervención a nivel comunitario es más adecuada 
para recabar información y lanzar las operaciones necesarias. El establecimiento de "task-
groups" en los sectores más sensibles al fraude, con "puntos de contacto" en los Estados 
miembros, concreta la estrategia global de lucha contra el fraude y permite aprehender 
mejor la amenaza que representa la delincuencia organizada. El acceso privilegiado a la 
información, el aumento de competencias y la organización de acciones específicas in 
situ son indispensables para contrarrestar las prácticas de la delincuencia financiera 
organizada. 
Así, el fraude organizado necesita la movilización de un nivel apropiado de medios de 
acción, para proteger al contribuyente europeo, a los profesionales, beneficiarios de las 
políticas, y a los destinatarios de los fondos comunitarios. 
Los progresos realizados, tanto en el plano legislativo como en el del conocimiento del 
fenómeno in situ, permitirán en el futuro aumentar la eficacia de la lucha contra el fraude. 
En el marco de esta problemática de conjunto, debe quedar claro que, si bien debe 
hacerse hincapié en el combate operativo, la acción de prevención sigue siendo un punto 
fuerte de la protección de las finanzas públicas. Es un requisito imprescindible de la 
protección de los intereses financieros de las Comunidades2. 
El marco jurídico común para la protección de las finanzas comunitarias se apoya 
esencialmente en: 
• el Reglamento horizontal relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades, que 
trata de los controles, medidas y sanciones administrativas, adoptado el 18 de diciembre de 1995; 
• el Reglamento relativo a las inspecciones de verificaciones efectuadas in situ en los Estados miembros 
por los agentes de la Comisión para investigar fraudes e irregularidades, adoptado el 11 de noviembre 
de 1996; 
• el Convenio relativo a la protección penal de los intereses financieros de las Comunidades, firmado el 
26 de julio de 1995, y su primer Protocolo relativo a la lucha contra la corrupción, firmado el 27 de 
septiembre de 1996. Para que produzcan efectos, dichos textos deben ser ratificados por los 
Parlamentos nacionales y efectivamente incorporados en las legislaciones nacionales. 
El Reglamento horizontal define de una manera muy amplia el concepto de irregularidad. 
Este concepto cubre tanto la mera omisión, por error o negligencia, que puede causar un 
perjuicio al presupuesto de las Comunidades, como los comportamientos intencionados o 
deliberados que, por su parte, corresponden al concepto más restrictivo de fraude, tal 
como se define en el convenio penal. Las investigaciones que se presentan en dicho 
informe se refieren a expedientes en que ha intervenido la Comisión. Dichos expedientes 
Junto a la operación SEM 2000 (véase el capítulo 1 a partir de la página 9), cuyas orientaciones se proponen claramente el 
refuerzo del aspecto preventivo, en el ámbito aduanero por ejemplo, la prevención también constituye una prioridad del 
programa "Aduana 2000", recién adoptado por el Consejo y el Parlamento Europeo. Véase el capítulo 5.3.2, página 45. 
sólo se refieren a irregularidades que ofrecen un interés particular a nivel comunitario, 
cuyo carácter intencional aún no está necesariamente demostrado. Por tanto, dichas 
irregularidades no pueden considerarse globalmente como casos de fraude en el sentido 
penal del término. Lo mismo ocurre con los datos recogidos en la parte estadística del 
informe. 
Los resultados obtenidos in situ por el trabajo de los equipos comunitarios (en particular, 
los task-groups) benefician tanto a las finanzas comunitarias como a las nacionales. En 
1996 se han registrado unas 4.000 llamadas en el teléfono verde; 42 de ellas dieron lugar 
al inicio de investigaciones. 
Hay que recordar que la lucha contra el fraude es competencia en primer lugar de los 
Estados miembros, que, a través de sus distintos servicios de policía financiera, son los 
únicos disponen de los medios necesarios para luchar contra el fraude. No obstante, es 
esencial que la Comisión ejerza plenamente su función de coordinación e intervención, in 
situ, en los ámbitos en que pueda aportar un valor añadido, en particular, en casos de 
fraude transnacionales y de gran delincuencia financiera. 
El esfuerzo sostenido en el ámbito de la recuperación de los importes desviados, en 
particular en el ámbito del FEOGA-Garantía, permite atenuar los perjuicios al 
presupuesto europeo. En los casos comunicados por los Estados miembros antes de 1993, 
se saldaron un tercio de los importes. No obstante, todavía queda mucho por hacer, en 
materia de colaboración entre los Estados miembros y con la Comisión, para mejorar aún 
más la situación de la recuperación. Debe quedar bien claro que las irregularidades y los 
fraudes que afectan al presupuesto comunitario no implican irremediablemente la pérdida 
de los importes para el contribuyente, en la medida en que la detección de los casos 
mejora y siempre que los procedimientos de recaudación se pongan en marcha de manera 
efectiva. 
1. ESTRATEGIA CONTRA EL FRAUDE, BALANCE Y PERSPECTIVAS 
La realización del mercado único y la puesta en marcha del Tratado de la Unión Europea 
llevaron a la Comisión a concebir una nueva estrategia de lucha contra el fraude3, 
estrategia que fue adoptada en 1994. Tras tres años de aplicación, y puesto que la 
Conferencia intergubernamental que finalizará con el Consejo Europeo de Amsterdam 
(junio 1997) incluye la lucha contra el fraude en su orden del día, conviene hacer un 
balance con objeto de concentrar el trabajo sobre las cuestiones esenciales: 
• ¿Cuál es la mejor manera de detectar el fraude y combatir la delincuencia financiera? 
• ¿Cuál es la mejor manera de proteger los intereses financieros de las Comunidades y de los 
contribuyentes europeos? 
• ¿Cómo se podría adaptar mejor el marco jurídico de la lucha contra el fraude y contra la gran 
delincuencia financiera? 
• ¿ Cuál es la mejor manera de asegurar un debate eficaz y una represión equivalente? 
Los resultados obtenidos hasta ahora deben aprovecharse para hacer frente a los retos del 
próximo milenio, en especial con la vista puesta en la ampliación de la Unión. Objetivos 
que se inscriben en la lógica de las cuatro grandes directrices estratégicas adoptadas en 
1994: 
• la presencia in situ 
• el refuerzo de la cooperación con los Estados miembros 
• la mejora de la normativa comunitaria 
• la convergencia de los sistemas represivos de los Estados miembros. 
La experiencia adquirida in situ ha permitido detectar un número creciente de casos 
importantes, sobre todo en los sectores más propicios para la comisión de fraudes. La 
situación in situ debe mejorarse, tanto a escala comunitaria como nacional. También debe 
mejorar el cobro de las sumas defraudadas o desviadas y el seguimiento financiero de los 
casos detectados. La calidad de las normas comunitarias y sus medidas represivas 
destinadas a sancionar administrativa y penalmente a los defraudadores deben ampliarse 
a todos los sectores. 
El éxito de una estrategia de este tipo depende también de importantes medidas en 
materia de prevención. La Comisión ha creado nuevos procedimientos internos4 dirigidos 
a garantizar la "impermeabilidad" al fraude de los textos a lo largo de todo el 
procedimiento legislativo y de toma de decisiones. Una iniciativa de estas características 
en materia de prevención sólo será fructífera si los propios Estados Miembros se 
comprometen a este respecto. Además, todas estas tareas se inscriben plenamente en la 
programa SEM 20005, que consiste fundamentalmente en mejorar la gestión financiera de 
los gastos de la Unión. 
3 Doc. C0M(94) final. 
4 Doc. SEC(96) 1802. 
5 "Sound and Efficient Management" (gestión útil y eficaz). 
Los resultados obtenidos desde 1994 demuestran la pertinencia de utilizar un enfoque 
integrado a la hora de abordar el fenómeno del fraude comunitario. 
Este enfoque constituye el modelo estratégico de referencia para la lucha contra la gran 
delincuencia a escala de la Unión y contempla todos los elementos de una gestión global 
(presencia sobre el terreno, mejora de los sistemas de información y de análisis, 
fortalecimiento de la colaboración y de la cooperación entre todos los actores, refuerzo 
del marco jurídico comunitario, aproximación de las legislaciones penales). Este enfoque 
comunitario se ha traducido en un trabajo en común, tanto con las autoridades judiciales 
especializadas en la lucha contra los delitos monetarios como con los servicios represivos 
financieros tradicionales (policía, servicios de vigilancia aduanera y fiscal, control 
económico, etc.). 
El Consejo Europeo de Dublin preconizó una estrategia global análoga para, en general, 
combatir más eficazmente todas las formas de delincuencia organizada. 
1.1 Los resultados obtenidos in situ: ¿Cómo detectar mejor los fraudes? 
1.1.1 Estructuración de la misión operativa de la Comisión 
La UCLAF es el servicio operativo contra el fraude de la Comisión. Creada en 1988, esta 
estructura central de la lucha contra el fraude se ha ido desarrollando a partir de 1994 en 
torno a la actual estrategia contra el fraude, habiendo sido reforzada estructuralmente, 
atribuyéndosele medios adicionales en 1995. En 1996 se llevaron a cabo más de 300 
misiones de inspección. 
El enfoque global ha llevado a la Comisión a organizar su estructura central, basándola 
en la naturaleza pluridisciplinar de las investigaciones periciales (financiera, policial, 
aduanera, judicial, fiscal, etc.). La adaptación de la organización interna de los servicios 
de la Comisión facilitó la realización de los objetivos interdisciplinares, tanto en el plano 
normativo como en el operativo6. 
La protección eficaz del dinero del contribuyente europeo, pasa por un conocimiento de 
la realidad del terreno, así como por un análisis preciso del fenómeno, complejo y 
especialmente variable, del fraude, y de su dimensión a escala de la Unión. Es 
precisamente ese conocimiento preciso del terreno y de los riesgos a los que se debe 
hacer frente, el que permite adecuar, con regularidad, la respuesta de las instituciones 
comunitarias a la amenaza a la que se pretende hacer frente. 
El nuevo Reglamento sobre los controles y las verificaciones in situ efectuados por los 
agentes de la Comisión7 permitirá adquirir este conocimiento preciso del terreno, en 
todos los ámbitos de actividad de la Unión. El Reglamento, que entró en vigor el 1 de 
enero de 1997, tiene un objetivo preciso: la protección de los intereses financieros de la 
Comunidad y la detección e investigación de las irregularidades. Este dispositivo permite 
por primera vez a la Comisión intervenir en las mismas condiciones, tanto en el plano de 
los ingresos como en el de los gastos. El Reglamento dota de un contenido concreto a la 
6 Véase los informes anuales "Lucha contra el fraude" de 1994 y 1995. 
7 Véase el Capítulo 6.1, página 48. 
colaboración con los Estados miembros, precisando las condiciones en las que la 
Comisión puede intervenir, dentro del respeto del principio de subsidiariedad. 
La Comisión puede efectuar inspecciones in situ para investigar: 
• Las irregularidades graves o transfronterizas, o aquéllas en que estén implicadas redes de 
delincuencia organizada que operan en varios Estados miembros. 
• Las irregularidades cuando la situación en un Estados miembros requiera un refuerzo de los controles 
con objeto de garantizar una protección eficaz de los intereses financieros y un nivel de protección 
equivalente dentro de la Comunidad. 
• A instancias de un Estado miembro. 
El Reglamento precisa asimismo: 
• Las condiciones de acceso a la información, a la documentación y a los terrenos, locales, medios de 
transporte de los agentes económicos, así como a otros lugares de uso profesional. 
• La obligación de los agentes económicos de facilitar a la Comisión la realización de controles. 
• Las condiciones en que debe desarrollarse la ayuda de las autoridades nacionales. 
• La obligación, de las autoridades nacionales de proporcionar, en caso necesario, toda la ayuda 
necesaria. 
Por último, el citado Reglamento establece asimismo una estrecha conexión entre los 
controles administrativos in situ y el tratamiento penal del fraude, puesto que confiere a 
las comprobaciones de los agentes de la UCLAF el carácter de medio de prueba en los 
procedimientos judiciales. 
Este nuevo Reglamento, conforme con la estrategia contra el fraude que la Comisión defiende desde 1994, 
confiere a esta última nuevas responsabilidades, garantizando un seguimiento permanente de los asuntos y 
una asistencia continua a las autoridades nacionales encargadas de las diligencias penales. 
1.1.2 Medios de ayuda y de orientación de las actividades contra el fraude in situ 
El carácter transfronterizo y bien organizado de los fraudes comunitarios8 implica la 
creación de grupos de intervención in situ, multidisciplinares y plurinacionales. Estos 
"task-groups", fuerzas de apoyo y de intervención, creados con el propósito de concentrar 
las investigaciones en sectores muy propicios para el fraude, se han desarrollado con esta 
perspectiva. Compuestos de autoridades nacionales y de agentes de la Comisión, se 
organizan en equipos muy flexibles, en torno a puntos interés común, para hacer frente a 
la amenaza que representan las organizaciones criminales. 
El trabajo de estos equipos deberá, cada vez más, sacar provecho de las informaciones de 
que dispone la Comisión, basándose en una movilidad operativa adaptada a las 
dimensiones de la Unión, poniendo en común los conocimientos periciales de los 
diferentes Estados miembros para luchar eficazmente contra los peligros que supone el 
desarrollo de la delincuencia financiera organizada en todo el mundo. 
Los Estados miembros, por su parte, ya han adoptado algunas iniciativas encaminadas a 
crear servicios especializados en la lucha contra el fraude en detrimento del presupuesto 
Véase el Capítulo 3.1, a partir de la página 24. 
comunitario (caso de Italia y Francia, por ejemplo), o a establecer relaciones privilegiadas 
con la Comisión en este ámbito (caso de Bélgica y de España en particular9). 
Esta colaboración se da también entre la Comisión y las restantes instituciones. Sin 
insistir sobre el importante papel que juega la Autoridad presupuestaria (Parlamento 
Europeo y Consejo), cabe señalar que la Comisión (UCLAF) celebró un acuerdo 
específico con el Tribunal de Cuentas en virtud del cual, el Tribunal ha facilitado a la 
Comisión informaciones que han permitido a ésta última iniciar investigaciones en el 
ámbito de la lucha contra el fraude. 
Resulta indispensable reforzar las medidas in situ. Hay que contar con un cierto número 
de medios técnicos y operativos ("Inteligencia") para poder delimitar el fenómeno de la 
delincuencia financiera y para mejorar la detección de irregularidades y fraudes. La 
Comisión se está dotando de esos medios, que deben desarrollarse y estar 
permanentemente a disposición de los equipos de inspectores de la UCLAF y de las 
autoridades nacionales. Es la primera vez que a escala europea se cuenta con tal abanico 
de medios. Todos los sectores están cubiertos por dispositivos legales que definen las 
obligaciones de los Estados miembros y de la Comisión en materia de comunicación de 
los casos de fraude e irregularidades10. Este nuevo conjunto de información recíproca 
proporciona la trasparencia adecuada e indispensable para el seguimiento financiero, 
administrativo y judicial de los expedientes. También ayuda a la realización de 
investigaciones in situ. La recogida de estas informaciones permitirá el análisis regular 
del fenómeno del fraude, de sus desplazamientos y evoluciones, así como de los peligros 
a que están expuestas las haciendas públicas europeas, tanto para los Estados miembros 
como para las Comunidades. 
En este contexto, la Comisión tiene intención de crear, con la asistencia científica del Centro Común de 
Investigación, un verdadero centro de recogida de informaciones para su aprovechamiento y análisis^. 
Asimismo, prevé crear vínculos particulares entre la UCLAF y Europol^. 
Se han adoptado una serie de medidas, en general de índole aduanera, especialmente 
dirigidas a la creación de un sistema de intercambio de informaciones. 
• El "sistema de información previa", que funciona entre las aduanas de partida y de destino sobre las 
mercancías "sensibles" (operaciones de tránsito aduanero)^. 
^ Véase el Informe anual "Lucha contra el Fraude" de 1995, páginas 45 y 46. 
10 Reglamento (CEE, Euratom) n° 1552/89 del Consejo para los recursos propios tradicionales (DO L 155 de 7.6.1989); 
Reglamento (CEE) n°595/91 del Consejo para el FEOGA-Garantía (DO L 67 de 14.3.1991); Reglamento (CEE) n° 4253/88 del 
Consejo para las políticas estructurales (DO L 374 de 31.12.1988) y Reglamento (CE) n° 1681/94 de la Comisión (DO L 178 
de 12.7.1994) que establece en detalle las modalidades de información, Reglamento (CE) n° 1164/94 del Consejo (artículo 12) 
por el que se crea el Fondo de Cohesión (DO L 130 de 25.5.1994) y Reglamento (CE) n° 1831/94 de la Comisión (DO L 191 
de 27.7.1994) por el que se fijan en detalle las modalidades de comunicación; Reglamento (CEE) n° 1468/81 del Consejo 
sobre las modalidades de comunicación de informaciones relativas a los ámbitos aduanero y agrario, marco de la asistencia 
mutua (DOLÍ 44 de 2.6.1981). 
11 Como preconiza, por otra parte, el Parlamento Europeo en las recomendaciones de su comisión de investigación temporal 
sobre los regímenes de tránsito ("Informe final y recomendaciones" doc. PE 220895/def). Véase asimismo el Capítulo 5.3.1.2, 
página 44. 
12 Convenio de 26.7.1995 por el que se crea una oficina europea de policía, DO C 316 de 27.11.1995. 
13 Véase el Capítulo 2.4.1.1, página 16. 
• El sistema informático de intercambio de informaciones aduaneras entre los servicios de inspección de 
los Estados miembros^. 
• La introducción de cláusulas contra el fraude en los nuevos acuerdos de asociación celebrados con 
países terceros (protocolo tipo sobre la cooperación aduanera15), en especial con los países 
candidatos a la adhesión, habida cuenta de la proliferación de los fraudes y de la participación de 
redes de delincuentes internacionales, a menudo establecidas fuera de las fronteras de la Comunidad. 
1.1.3 La cooperación judicial in situ 
El fraude es a menudo transfronterizo. Ello implica una dispersión de las investigaciones 
y de los medios de prueba, debido a la existencia de 15 procedimientos nacionales, 
mientras que los autores del fraude pueden actuar rápidamente, apoyándose en las redes 
de delincuencia internacionales y utilizando los medios tecnológicos más avanzados en 
materia informática y telemática. En tales circunstancias, no se puede estar satisfecho de 
las condiciones en que actualmente se desarrollan los procedimientos. La asistencia de la 
Comisión, con sus especialistas en materia penal, los intercambios de información entre 
sus servicios competentes y las autoridades judiciales de los Estados miembros 
constituyen el esbozo de una solución que, en estos asuntos, pasa necesariamente por una 
coordinación a escala de la Unión (coordinación penal). 
El Parlamento Europeo, por su parte, ha relanzado, con ocasión de la Conferencia 
interparlamentaria sobre la lucha contra el fraude, organizada a iniciativa de la comisión 
de control presupuestario los días 23 y 24 de abril de 1996, y a través de su Presidente, 
Klaus Hânsch, la idea de un espacio judicial europeo, con unos objetivos claros y 
limitados, que tenga en cuenta la responsabilidad especial de las instituciones en materia 
de protección del dinero del contribuyente europeo. Es en este contexto en el que el 
Parlamento Europeo solicitó a la Comisión la realización de un estudio sobre la 
constitución de un Corpus Juris de las disposiciones penales para la protección de los 
intereses financieros de la Unión Europea16. Sobre esta base, el Parlamento Europeo ha 
previsto organizar en el primer trimestre de 1997 una serie de iniciativas para un gran 
debate sobre el tema "hacia un espacio judicial europeo"17. 
1.2 Evolución del seguimiento financiero: ¿cómo mejorar la protección de los 
contribuyentes europeos? 
El reparto de competencias entre los diferentes gestores y responsables en la Comisión y 
la carencia de un marco jurídico único aplicable a las comunicaciones de las autoridades 
nacionales, plantea el problema de la realización de un seguimiento financiero 
sistemático y eficaz a nivel comunitario. La adopción de los nuevos reglamentos en 
materia de comunicación y la aplicación de las recomendaciones formuladas por el 
14 Sistema SCENT, véase el Capítulo 5.5.1, sobre la asistencia mutua administrativa, página 46. 
1 ^ Protocolo relativo a la asistencia administrativa mutua en materia aduanera. 
16 Un grupo de científicos de alto nivel acaba de remitir a la Comisión las conclusiones de dicho estudio. 
17 Esta hipótesis es compartida por un grupo de siete magistrados europeos, especialmente preocupados por las cuestiones 
relacionadas con la lucha contra la delincuencia financiera internacional. La tesis de dichos magistrados pretende demostrar la 
total falta de adecuación de los instrumentos actuales (de la ayuda mutua en materia penal fundamentalmente) en relación con 
la amenaza que representa este tipo de delincuencia (véase "La Justice ou le Chaos. L'appel de Genève", libro de entrevistas 
de Denis Robert, ediciones Stock, octubre de 1996). 
GRP18 en el marco del programa SEM 2000, permitirán mejorar la trasparencia y la 
coordinación de todos los responsables de la recuperación de las sumas defraudadas. Esta 
obligación recíproca, entre los Estados miembros y la Comisión, en materia de 
trasparencia, deberá permitir a todos y cada uno asumir con garantías su propia 
responsabilidad financiera, tanto en lo que atañe a los recursos propios tradicionales 
como a los gastos. 
La Comisión y los Estados miembros estarán de esta manera en mejores condiciones de 
garantizar un seguimiento regular de las obligaciones definidas, con miras a determinar 
las responsabilidades financieras y, en su caso, de prever las medidas legales necesarias 
para una recuperación efectiva y más homogénea de las sumas indebidamente percibidas 
o defraudadas. 
La recaudación constituye una obligación fundamental, siendo la continuación lógica e 
indispensable del trabajo realizado in situ de detección de un fraude o irregularidad. 
También es uno de los parámetros para medir el éxito de la lucha contra el fraude. Es una 
simple medida reparadora. En efecto, el contribuyente europeo no comprendería que los 
defraudadores conservaran los frutos de las sumas no abonadas o indebidamente 
percibidas, teniendo que soportar el perjuicio causado a la hacienda pública. 
A partir de ahora, en todos los sectores, no sólo tienen los Estados miembros la 
obligación de comunicar las irregularidades que detecten, sino que también se cuenta con 
una serie de disposiciones que garantizan el que aquéllos asuman correctamente sus 
obligaciones en materia de recaudación. 
• En el ámbito de los recursos propios 
La modificación del Reglamento (CEE, Euratom) n° 1552/89 del Consejo incluye la puesta al día 
permanente del estado de las recaudaciones efectuadas por los Estados miembros en los casos defraude e 
irregularidades. A partir de ahora la Comisión^ debería estar en condiciones de conocer en todo 
momento la situación de los recursos defraudados y de proponer las medidas que, a su juicio, podrían 
completar las acciones nacionales insuficientes. Además, la Comisión ha previsto proponer algunas 
modificaciones al Reglamento (CEE, Euratom) n° 1552/89 del Consejo con objeto de clarificar las 
disposiciones relativas a la recaudación y las responsabilidades de los Estados miembros. 
La Comisión aplica asimismo un sistema de seguimiento mediante muestreo de ciertos casos defraude y 
de irregularidades en el ámbito de los recursos propios tradicionales en los que están en juego sumas 
especialmente importantes1®, casos que, globalmente, suponen más de tres cuartas partes de las sumas 
afectadas en los casos comunicados por los Estados miembros con arreglo al Reglamento (CEE, Euratom) 
n° 1552/89 del Consejo21. 
18 La Comisión sugirió reunir a un grupo de representantes personales de los Estados miembros (GRP), iniciativa respaldada por 
el Consejo Europeo de Madrid de diciembre de 1995. Los EM se mostraron dispuestos a asumir su parte de responsabilidad. 
El grupo sometió sus primeras conclusiones al Consejo Europeo de Dublin en diciembre de 1996 que las aprobó casi en su 
totalidad. Las recomendaciones que conllevan la adopción de medidas legales serán objeto en 1997 de una consulta a los 
comités de los fondos estructurales (que reúne a las delegaciones de los Estados miembros y a la Comisión). 
19 Que deseaba esta mejora del contenido de las comunicaciones de los Estados miembros a partir del 11.12.1992, fecha de la 
presentación de su propuesta de texto. 
20 Método de seguimiento mediante muestreo ( muestreo "B1994"), véase el Informe anual "Lucha contra el Fraude" de 1994, 
páginas 66 y siguientes. Véase asimismo el Capítulo 2.5.1, página 19. 
21 Véase el Capítulo 5.1, página 41. 
10 
• En el ámbito del FEQGA-Garantia 
A raíz de una clarificación de los mecanismos internos, el procedimiento de liquidación de cuentas ha sido 
reforzado, haciéndose más trasparente. De esta forma se garantizan mejor la realidad y la regularidad de 
las operaciones financiadas por el Fondo. Las cantidades en juego en los casos de fraude o de 
irregularidades se tienen en cuenta, y cuentan con un mejor seguimiento. Por ello, el procedimiento de 
liquidación incita a la adaptación de los mecanismos nacionales de control, con lo que se asegura una 
mejor prevención. Además, la Comisión ha previsto el establecimiento de una contabilidad específica en 
materia agraria, a imagen y semejanza de la que existe en el ámbito de los recursos propios tradicionales 
en relación con los derechos pendientes de cobro. 
• En el ámbito de las acciones estructurales 
La Comisión y los Estados miembros acometieron un trabajo minucioso para aclarar determinadas 
confusiones o divergencias de interpretación a propósito de los criterios de imputabilidad de los gastos a 
los programas de financiación comunitaria. 
Según el Reglamento (CEE) n° 4253/88 del Consejo, la obligación de los Estados miembros tanto de 
comunicar los casos de irregularidades como de recaudar las sumas afectadas esta claramente 
establecida. Falta sin embargo por precisar las condiciones en las que los Estados miembros, una vez 
cumplidas estas obligaciones fundamentales, pueden disponer de los importes recuperados para 
reafectarlos a otros proyectos libres de toda sombra de irregularidad. 
De la misma manera, resulta imprescindible clarificar y divulgar más eficazmente las responsabilidades y 
las obligaciones de los Estados miembros a lo largo de todo el procedimiento de afectación, de gestión y 
de control de los fondos estructurales, recordando que la responsabilidad recae en primer lugar en la 
esferas nacionales. Con este objetivo, la Comisión decidió preparar un reglamento de aplicación con 
arreglo al apartado 1 del artículo 23 del Reglamento (CEE) n° 4253/88 del Consejo sobre las condiciones 
del control que deben realizar los Estados miembros. 
Queda asimismo por ver qué medidas deberían adoptarse en relación a todo Estado miembro que no 
cumpla con sus obligaciones (algo que se inscribe en la misma línea de la petición del Consejo Europeo 
de Madrid de diciembre de 1995 de ampliar el principio de la liquidación a otros sectores, al igual que 
sucede en el sector agrario). En este contexto, la Comisión indicará las condiciones en las que piensa 
efectuar correcciones netas, eventualmente globales, aplicando plenamente en este punto las posibilidades 
que ofrecen los artículos 23 y 24 del Reglamento (CEE) n° 4253/88 del Consejo. 
El resultado de estas disposiciones se calibrará con el tiempo. Una dificultad adicional 
radica no obstante en el hecho de que las diferentes acciones de recaudación llevadas a 
cabo por los Estados miembros pueden verse comprometidas por la variedad de recursos, 
o lo que es lo mismo, por la lentitud de los procedimientos administrativos y judiciales. 
La aplicación de las medidas encaminadas al cobro efectivo de las cantidades adeudadas 
resulta, si cabe, aún más delicada en los casos transfronterizos. 
Estas medidas reparadoras no tienen el efecto disuasorio de las sanciones. Es necesario 
realizar una evaluación más correcta de la legislación, con objeto de mejorarla en 
aquellos puntos que la hacen vulnerable al fraude, así como reforzar la recaudación y el 
conjunto de medidas represivas. 
1.3 Mejora de la normativa comunitaria: ¿cómo adaptar el proceso de toma de 
decisiones y el marco legal para lograr una prevención más eficaz? 
Junto con la creación de unos instrumentos de control y de sanción más homogéneos es 
importante mejorar previamente la gestión financiera y la resistencia de los textos al 
fraude, tal y como se propone en el análisis comparado de las disposiciones nacionales 
11 
adoptadas para aplicar el artículo 209A CE, presentado al Consejo Europeo de Madrid en 
199522. 
• Este análisis comparativo ha subrayado que la lucha contra el fraude debe ir 
acompañada de una prevención eficaz. En el contexto del programa SEM 2000, la 
Comisión adoptó en 1996 nuevas medidas internas, con el objetivo de ejercer una 
mayor "vigilancia" sobre la permeabilidad de los textos legales y de las decisiones que 
tienen directa o indirectamente repercusiones financieras. 
La impermeabilidad al fraude debe aplicarse a los textos ya existentes y a las nuevas 
propuestas23. El GRP ha insistido en el hecho de que estos intentos resultarían inútiles 
si el Consejo y el Parlamento Europeo no ejercen una mayor vigilancia durante las 
fases de toma de decisiones del procedimiento legislativo. Las modificaciones que 
puedan debilitar los textos o introducir en ellos elementos que hagan directa o 
indirectamente posibles los fraudes e irregularidades, por ejemplo, con ocasión de la 
elaboración de los compromisos finales, deben evitarse. La Comisión ha señalado que 
dará la más alta prioridad política a esta preocupación antes de la adopción final de un 
texto jurídico. 
• La iniciativa destinada a simplificar y hacer más transparentes los procedimientos de 
toma de decisiones, de seguimiento, de gestión y de pago a los beneficiarios 
contribuye a reducir las posibles fuentes de mala utilización de los fondos, de falta de 
trasparencia y de aparición de irregularidades que de todo ello podrían derivarse. Estos 
esfuerzos necesitan la participación de los Estados miembros. 
Algunas otras recomendaciones del GRP también repercuten en la prevención de las 
irregularidades y los fraudes. Por ejemplo: 
- La mejora de la gestión de las políticas de la Unión en cuanto tales, en particular de aquéllas cuya 
gestión se delega en los Estados miembros. 
- La continuación de los trabajos que han permitido mejorar las actividades de control (control 
financiero) llevadas a cabo por la Comisión, el Tribunal de Cuentas y los Estados miembros. 
• Más específicamente en el ámbito aduanero, el programa Aduana 2000 contribuye a la 
realización de acciones destinadas a acabar con las actuales deficiencias en la gestión 
de la deuda aduanera. Estas acciones consisten en lo siguiente: 
- Mejorar la aplicabilidady la aplicación correctas de la legislación. 
- Desarrollar, como elemento indispensable de la política aduanera, relaciones sólidas respecto de 
los países terceros. 
1.4 Endurecimiento de las sanciones: ¿cómo disuadir más eficazmente? 
En ningún caso, el reembolso de las cantidades reviste carácter de sanción. Simplemente 
repara la injusticia que recae sobre el contribuyente, haciendo soportar la carga financiera 
de los fraudes y de las irregularidades a aquellos agentes económicos que los cometieron. 
22 Doc. C0M(95) 556 final. Véase el Informe anual "Lucha contra el Fraude" de 1995, páginas 35 y siguientes. 
23 Establecimiento de un control ex ante para el examen de los textos antes de su presentación al Consejo y organización de un 
control ex post, sobre los textos considerados como sumamente propicios para el fraude. 
12 
Estas medidas reparadoras no tienen carácter punitivo y deben ir acompañadas de 
sanciones represivas, administrativas o penales, cuyo efecto disuasorio resulta evidente. 
Para alcanzar el objetivo de una protección homogénea de los intereses financieros de las 
Comunidades en todo el territorio comunitario y evitar la constitución de zonas de menor 
represión, es necesario, por lo que a las sanciones se refiere, alcanzar un nivel comparable 
en toda la Unión. 
El Reglamento (CE, Euratom) n° 2988/95 del Consejo, relativo a la protección de los 
intereses financieros de las Comunidades, establece un marco único para promulgar 
sanciones administrativas comunitarias, lo que refleja la acción que se ha llevado a cabo 
en el marco de la política agrícola común. En el ámbito aduanero, el estudio de la 
situación, actualmente en curso, se plasmará en un sistema más homogéneo de sanciones 
administrativas en materia aduanera. Los resultados de los trabajos complementarios 
sobre el estado de la aplicación del artículo 209A del Tratado CE permitirán enriquecer el 
análisis comparado solicitado por el Consejo y el Parlamento Europeo, y orientar las 
iniciativas de la Comisión en todos los sectores de gastos24. 
Junto a este aspecto de las "sanciones administrativas", la evaluación de la 
compatibilidad de las sanciones penales nacionales ha permitido a la Comisión darse 
cuenta de la magnitud de las divergencias existentes. 
La Comisión ha propuesto una serie de iniciativas en el marco del Título VI del Tratado 
de la Unión Europea para aproximar las disposiciones penales de los Estados miembros. 
La firma del Convenio relativo a la protección penal de los intereses financieros de las 
Comunidades, en 1995, así como la del primer Protocolo a dicho Convenio, relativo a la 
corrupción, suponen un importante paso adelante. Estos instrumentos prevén la 
tipificación penal del fraude en detrimento del presupuesto de la Unión, en toda la 
Comunidad. Para que estos progresos no pierdan su sentido, esos instrumentos deben ser 
ratificados por los parlamentos nacionales. Esto, junto con la creación de un tipo penal, 
común y efectivo del fraude, facilitará el establecimiento de una cooperación judicial 
eficaz y la imposición de sanciones penales equivalentes en los Estados miembros. 
Sobre esta base y en virtud del Reglamento sobre los controles y verificaciones in situ 
(valor de medio prueba de las constataciones efectuadas por la Comisión en los 
procedimientos penales), el Protocolo adicional al Convenio relativo a la protección 
penal de los intereses financieros de las Comunidades25, en vías de negociación, ofrecerá 
un marco legal para la asistencia de la Comisión en pos de un tratamiento penal 
homogéneo de los expedientes, en toda la Comunidad. 
24 Véase la nota de pie de página n° 22, página. 12. 
25 Véase el Capítulo 6.2.2, página 51. 
13 
2. ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS" 
El objeto de este capítulo es presentar un análisis pormenorizado de los datos en posesión 
de la Comisión, con el fin de descubrir elementos concretos que permitan apreciar la 
amplitud del fenómeno y extraer las enseñanzas oportunas para acciones futuras. 
2.1 La situación en 1996 
En el ámbito de los recursos propios tradicionales, el número de casos de irregularidades 
y fraudes detectados en 1996 disminuyó en relación con el año anterior, mientras que 
aumentaba su incidencia presupuestaria. En 1996, los Estados miembros y la Comisión 
detectaron aproximadamente 2.060 casos de irregularidades o fraudes por un valor 
aproximado de 787 millones de ecus (cuadro 1). Estas cifras se basan en los resultados de 
las investigaciones realizadas por la UCLAF en cooperación con los Estados miembros, 
en las comunicaciones de los Estados miembros correspondientes al primer semestre de 
1996, así como en una extrapolación de estas comunicaciones al segundo semestre de 
1996. En efecto, según el Reglamento (CEE, EURATOM) n° 1552/89 del Consejo, 
todavía en vigor en 1996, los Estados miembros sólo comunicaban los casos detectados 
dos veces al año. Sólo a partir de 1997, con la modificación de este Reglamento27, se 
impone a los Estados miembros la obligación de comunicar a un ritmo trimestral (los 
casos detectados y actualización), lo que permitirá ejercer en el futuro un seguimiento 
más eficaz, así como dar cuentas de las cifras relativas a todo un año. 
En el ámbito de los gastos del FEOGA-Garantía, tanto el número de los casos detectados 
por los Estados miembros y la Comisión como su repercusión presupuestaria aumentaron 
en relación con el año anterior. En 1996, se detectaron más de 2.100 casos; siendo su 
incidencia presupuestaria de 346 millones de ecus (cuadro 2). 
En el ámbito de los gastos para acciones estructurales, el aumento en relación con el año 
1995 es aún más importante. En 1996, los Estados miembros y la Comisión detectaron 
385 casos; siendo su repercusión presupuestaria de 152 millones de ecus (cuadro 3). 
Por último, en el ámbito de los gastos directos28, la Comisión detectó 42 casos por un 
valor de 16 millones de ecus (cuadro 4). 
2.2 Tendencias 
2.2.1 Los recursos propios tradicionales 
Si se compara la situación de 1996 con la de años anteriores, se pone de manifiesto que el 
número de casos detectados está en ligera regresión en relación con los años 1994 y 
1995, mientras que la incidencia financiera de estos casos sigue aumentando. De nuevo, 
la incidencia financiera media (alrededor de 140^000 ecus en 1996 frente a 130.000 ecus 
en 1995) de los casos comunicados por los Estados miembros, que son responsables en 
Todos los cuadros y gráficos figiuran en Anexo. 
27 Véase el capítulo 5.1, página 41. 
28 "Los gastos directos" son gastos que benefician a sus destinatarios en forma de contratos directamente administrados y 
controlados por la Comisión (por ejemplo los sectores de la investigación, de la energía, del medio ambiente ...), sin que ello 
implique obligaciones reglamentarias para los Estados miembros. 
14 
primera instancia de la recaudación de los recursos propios tradicionales, es claramente 
inferior a la de los casos gestionados por la Comisión en cooperación con los Estados 
miembros, incidencia que pasó de 1,6 millones de ecus en 1995 a 2,3 millones de ecus en 
1996. Esto refleja la concentración de los trabajos de la Comisión en los grandes casos de 
delincuencia organizada con participación de redes transfronterizas que, 
fundamentalmente, sustraen los productos "sensibles", es decir, los que soportan elevados 
gravámenes e impuestos, como los cigarrillos. 
Si se comparan los importes defraudados con los flujos financieros (cuadro 5), resulta 
que el impacto es mucho más elevado en lo que atañe a los recursos propios tradicionales 
(que representan alrededor del 17% del total de los recursos presupuestarios) que en lo 
que se refiere a los gastos "acciones estructurales y FEOGA-Garantía" (que representan 
más del 80% del total de los gastos presupuestarios). 
2.2.2 Los gastos 
En el ámbito de los gastos del FEOGA-Garantía, el número de casos detectados aumentó 
de manera significativa, mientras que su incidencia presupuestaria global permanece por 
debajo del nivel de 1994, aunque se registra un aumento en relación con 1995. Esto 
confirma que los sistemas de detección de los Estados miembros son cada vez más 
eficaces y refleja los resultados de las medidas adoptadas en el marco de la reforma de la 
política agrícola común. Por otra parte, esta evolución demuestra que un número limitado 
de casos muy importantes (como los registrados en 1994 en el sector de los cereales) 
puede influir decisivamente en esas cifras. 
El incremento más importante en el número de los casos comunicados por los Estados 
miembros (+ 50%) y en la incidencia financiera global (que aumento más del doble en 
relación con 1995) se da en el ámbito de las acciones estructurales. Conviene señalar a 
este respecto que el sistema de comunicación sólo entró en vigor en 1994 y que fue en 
ese mismo año cuando se iniciaron las actividades in situ del servicio responsable de la 
Comisión. 
2.3 Fuentes de información 
Las comunicaciones oficiales de los Estados miembros, realizadas con arreglo a los 
Reglamentos sectoriales, siguen siendo una importante fuente de información sobre los 
casos de irregularidades y fraudes. En 1996, se comunicaron 1.950 casos de 
irregularidades en el ámbito de los recursos propios tradicionales y 2.241 casos en los 
ámbitos de los gastos indirectos (FEOGA-Garantía y acciones estructurales). Las 
comunicaciones de los Estados miembros sólo representan la mitad de la incidencia 
presupuestaria global de los casos de irregularidades y fraudes detectados en 1996. Este 
hecho pone de manifiesto que los casos más importantes, en particular aquéllos que se 
inscriben en el capítulo de delincuencia organizada, sobrepasan el campo de acción de un 
Estado miembro y que la Comisión es, con frecuencia, el único órgano capaz de 
determinar su incidencia, así como de coordinar las investigaciones relativas a este tipo 
de casos transfronterizos, de carácter complejo. 
El Reglamento (CEE) n°.°745/96 de la Comisión por el que se establecen disposiciones 
de aplicación de Reglamento (CEE) n°.° 1469/95 del Consejo que determinaba "la lista 
negra" sólo entró en vigor el 1 de julio de 1996. En consecuencia, en 1996, el número de 
comunicaciones enviadas bajo ese concepto a la Comisión fue muy limitado. Este 
15 
Reglamento debería producir todos sus efectos a partir de 1997, es decir, después de 
adoptar las disposiciones técnicas para su aplicación, de adaptar las estructuras en los 
Estados miembros y de poner en funcionamiento un sistema informatizado de 
almacenamiento y de tratamiento de datos por la Comisión. 
"El teléfono verde" volvió a ser una fuente de información complementaria interesante. 
El número de llamadas registradas en 1996 se sitúa casi al mismo nivel que en 1995 
(casi 4.000 llamadas). Cuarenta y dos de estas llamadas dieron lugar a amplias 
investigaciones, fundamentalmente en el ámbito de los recursos propios tradicionales y 
en el de las acciones estructurales. 
2.4 Análisis sectoriales 
2.4.1 Los recursos propios tradicionales 
2.4.1.1 El régimen de tránsito 
La Comisión ya había llamado anteriormente en varias ocasiones la atención sobre la 
preocupante situación por la que atravesaba el régimen de tránsito29 . En 1996, este 
régimen no sólo fue objeto de la primera comisión de investigación constituida por el 
Parlamento Europeo sobre la base del artículo 138C del Tratado CE30, sino que también 
resultó ser un sector de actividad prioritario para la Comisión y los Estados miembros. La 
puesta en funcionamiento del sistema informatizado de información previa sobre los 
"productos sensibles"31 (Early Warning System), a finales del mes de mayo de 1996, ha 
hecho posible un mejor seguimiento de las transacciones y una intervención in situ más 
rápida. 
El intercambio de informaciones sobre transacciones en régimen de transito de esos 
productos aumentó de manera espectacular. Desde la puesta en funcionamiento de este 
nuevo instrumento informático se han intercambiado cerca de 30 000 mensajes relativos 
a envíos individuales. Estos mensajes permiten un seguimiento de las transacciones 
potencialmente fraudulentas en tiempo real; algunos de estos mensajes contribuyeron al 
desmantelamiento, en 1996, de una serie de redes dedicadas a la sustracción al régimen 
de tránsito de productos agrícolas sensibles. 
El control más eficaz por parte de los Estados miembros del transporte de productos 
denominados "sensibles", efectuado al amparo de documentos TI, y el refuerzo de las 
disposiciones sobre las garantías aplicables a estos productos, tuvieron un efecto positivo 
en la prevención de los fraudes en el ámbito del tránsito. La Comisión, que realizó en 
1994 y 1995 inspecciones in situ, en virtud de los apartados 2 y 3 del Reglamento (CEE, 
Euratom) n° 1552/89 del Consejo, invitó a los Estados miembros a realizar las 
regularizaciones necesarias. Estas medidas de control continuaron en 1996. El número de 
casos de sustracción al régimen comunicados por los Estados miembros en 1996 
disminuyó sensiblemente en relación con los detectados durante el período 1990-1995. 
29 Véase informe anual'Mucha contra el fraude"para 1995, página 78. 
30 Véase el capítulo 5.3.1.2, página 44. Véase también el informe anual"lucha contra el fraude"para 1995, página 31. 
3 * Productos que más se gravan durante la importación en la Comunidad o que dan lugar a restituciones especialmente elevadas 
durante una exportación a un tercero país. 
16 
En cambio, son cada vez más los envíos que son objeto de una falsa declaración de 
especie al entrar en la Comunidad. 
2.4.1.2 Los regímenes preferenciales 
En 1996, otro grupo de irregularidades y fraudes fue el objetivo central de actividades 
operativas y análisis. Se trata de las irregularidades y de los fraudes que dañan los 
intereses financieros de la Unión Europea y afectan a su política comercial. La mayoría 
de los casos, excluidos los que afectan al régimen del tránsito, tratados por la Comisión 
en cooperación con los Estados miembros, y con un incidencia en los recursos propios 
tradicionales, se inscriben en esta categoría. La incidencia presupuestaria global de estos 
casos, detectados en 1996, fue del orden de 220 millones de ecus, incluidos en el importe 
de los fraudes cometidos en el ámbito de los ingresos. Los sectores económicos afectados 
son sensibles, fundamentalmente los productos textiles, los pesqueros y los electrónicos. 
Un hecho parece irrefutable: los certificados preferenciales expedidos por las autoridades 
de terceros países beneficiarios de estos regímenes se suelen revelar posteriormente 
como no aplicables, debido a los incumplimientos cometidos por los organismos 
expedidores en esos terceros países o porque estos organismos han sido inducidos a error 
por sus exportadores. En consecuencia, la Comisión emprendió una serie de trabajos para 
definir más claramente las obligaciones que incumben tanto al importador comunitario 
que presenta un certificado para optar a un régimen aduanero preferencial, como al 
organismo emisor en los terceros países32. 
2.4.2 Los gastos 
2.4.2.1 El FEOGA-Garantía 
Los casos de irregularidades comunicados por los Estados miembros en este sector 
representan un 96% de todos los casos detectados. Su incidencia presupuestaria sólo 
supone aproximadamente un 60% de la incidencia presupuestaria global de los casos 
detectados por los Estados miembros y la Comisión. Las investigaciones llevadas a cabo 
por la Comisión en cooperación con las autoridades nacionales suelen tratar de casos 
sofisticados, en los que están involucradas organizaciones de carácter criminal que 
operan en varios Estados miembros, la incidencia presupuestaria de los fraudes 
constatados en el marco de estas investigaciones no puede, por consiguiente, imputarse a 
un único Estado miembro. Así pues, es necesario mostrarse prudente en cuanto a la 
interpretación y al análisis de las cifras relativas a la dimensión del fraude constatado en 
los Estados miembros, tomados individualmente (véase el cuadro 6 para el desglose de 
los casos comunicados por Estado miembro). 
A pesar de permanecer relativamente estables estos últimos años, los gastos del 
FEOGA-Garantía han tenido una evolución bien definida en cuanto a su desglose por 
sector y por Estado miembro. Esta evolución refleja asimismo los efectos de la reforma 
de la PAC, con una tendencia a favorecer las ayudas directas a los agricultores en función 
de las evoluciones del mercado mundial. Resulta pues interesante comparar esa evolución 
de los gastos con la evolución de las irregularidades constatadas. 
32 Véase el capítulo 5.3.3, página 45. 
17 
La parte de los gastos del FEOGA-Garantía que pueden clasificarse como "apoyo a los 
mercados"33 disminuyó, pasando de un 44% en 1992 a un 22% en 1996. La parte de los 
gastos para "restituciones a la exportación" disminuyó también, pasando de un 27% en 
1992 a un 13% en 1996, mientras que los gastos para "ayudas a los agricultores"34 
aumentaron de un 29% en 1992 a un 57% en 1996. 
La incidencia de las irregularidades es significativamente más elevada por lo que se 
refiere a los gastos para "restituciones a la exportación" (los casos de irregularidades 
comunicados por los Estados miembros representan un 0,8% de los gastos de este tipo o, 
si se incluyen las investigaciones de la Comisión, un 2%) y a los gastos para "sostener los 
mercados" (los casos comunicados por los Estados miembros representan un 1,5% o, si 
se incluyen las investigaciones de la Comisión, un 2,2%) que por lo que se refiere "a las 
ayudas a los agricultores" (0,05% de los gastos de este tipo). A pesar de ser relativamente 
numerosas (722 del 1.944 casos comunicados en el ámbito del FEOGA-Garantía en 
1996), las irregularidades cometidas por los agricultores tienen un incidencia 
presupuestaria individual relativamente limitada (por término medio 15 000 ecus contra 
90 000 ecus en los casos en los que hay una restitución a la exportación y 220 000 ecus 
en los casos en los que se trata de una medida de apoyo a los mercados). 
En 1996, los sectores más afectados en términos monetarios por las irregularidades, 
fueron los siguientes: cereales, carne de vacuno, materias grasas (aceite de oliva), frutas y 
hortalizas, así como el sector de la leche y de ios productos lácteos (véanse los cuadros 6 
y 7). Con excepción del sector de frutas y hortalizas, esto confirma las comprobaciones 
correspondientes al período 1992-1996. Todo ello va unido a que en dichos sectores se 
registra un porcentaje relativamente elevado de gastos del FEOGA-Garantía. Sin 
embargo, si se comparan los gastos del FEOGA-Garantía en los cuatro sectores más 
afectados, desglosados por Estado miembro, con las irregularidades comunicadas se pone 
de manifiesto que la incidencia de estos últimos varía considerablemente de un Estado 
miembro a otro, según los años. 
2.4.2.2 Las acciones estructurales 
En 1996, el número de casos de irregularidades, así como los importes correspondientes, 
comunicados por los Estados miembros registran una neta progresión en relación con 
años anteriores. Esta evolución se debe a la progresiva aplicación por los Estados 
miembros de la normativa en la materia, a pesar de que algunos Estados miembros sólo 
cumplen parcialmente las obligaciones que les impone esa normativa. Hay que recordar 
que los casos comunicados como irregularidades no son necesariamente casos de fraude; 
no se ha demostrado aún el carácter intencional del comportamiento. 
El número de investigaciones iniciadas por la Comisión en cooperación con los Estados 
miembros fue, por su parte, ligeramente inferior al del año 1995 (88 casos en vez de 112) 
si bien su importe se cuadruplicó (88 millones de ecus en vez 23). Esta evolución es 
consecuencia del fortalecimiento de los sistemas establecidos por los Estados miembros y 
de la especialización de las investigaciones de la Comisión en los casos importantes. 
33 En particular, las medidas de intervención y distintas primas. 
34 En particular, las primas a la producción y las primas al abandono de la producción. 
18 
En número, predominan los casos comunicados en la esfera del Fondo Social Europeo, 
siendo, sin embargo, más importante la incidencia financiera de los casos comunicados 
en el ámbito del Fondo Regional (FEDER). 
El tipo de irregularidad más frecuente, un 50% de los casos, se refiere a los gastos 
realizados sobre la base de documentos que no son válidos o sin justificante alguno. Por 
lo demás, el 11% de los casos de irregularidades consisten en el incumplimiento de otras 
condiciones reglamentarias o contractuales, el 10% en la realización incompleta de la 
acción proyectada, y el resto, otras irregularidades tales como la realización errónea de la 
acción o la no realización de la misma. Estas irregularidades, que a menudo no se refieren 
a prestaciones materiales, no deben ser infravaloradas, ya que tras ellas se esconden a 
veces fenómenos de mayor envergadura. 
Los controles ordinarios, documentales o in situ, por sondeo, efectuados por los servicios 
competentes de los Estados miembros constituyen de hecho un medio eficaz de detectar y 
de prevenir las irregularidades (85% de los casos comunicados). 
2.4.2.3 Los gastos directos 
Se abrieron investigaciones en relación con todas las políticas de la Comisión ejecutadas 
en régimen de gastos directos: cultura y sector audiovisual, energía, investigación, medio 
ambiente, mercado interior, industria, turismo, medidas exteriores de cooperación con los 
países de la Europa Central y Oriental (PHARE), los Estados independientes de la 
antigua Unión Soviética (TACIS), los países mediterráneos (MED) y los países de 
América Latina y de Asia, así como el FED. En algunos de estos sectores, la Comisión 
explotó, desde el ángulo de la lucha contra el fraude, las informaciones relativas a la 
gestión financiera obtenidas por el Tribunal de Cuentas con ocasión de sus auditorías 
externas. 
Los mecanismos de fraude y de irregularidades puestos de relieve son de diversa índole 
(desvíos, favoritismo en la adjudicación de contratos o de subvenciones, no realización 
de cofinanciaciones, facturaciones artificialmente elevadas, prácticas en las que están 
involucrados todos aquéllos que gestionan los contratos o los programas). En aquellos 
sectores, en los que la Comisión se limita a gestionar la financiación, las constataciones 
efectuadas condujeron, en varias ocasiones, a acudir a los tribunales penales nacionales. 
2.5 La recaudación 
2.5.1 Recursos propios tradicionales 
La Comisión ya había tenido ocasión de expresar su preocupación a propósito de la 
situación poco satisfactoria de la recaudación en este sector. Esta situación no mejoró en 
1996. Las iniciativas tomadas, en especial la modificación del Reglamento (CEE, 
EURATOM) n° 1552/89 del Consejo y la introducción de un sistema informatizado para 
la transmisión de las comunicaciones a la Comisión35, sólo comenzarán a surtir efectos, 
permitiendo un mejor seguimiento financiero, a partir de 1997. 
35. Véase el apartado 2.4.1.1, página 16. 
19 
A pesar de que los Estados miembros tienen que comunicar a la Comisión los casos de 
irregularidades detectados que superen un límite de 10 000 ecus36 e inscribir los importes 
pendientes de cobro en la contabilidad separada contemplada en el artículo 6 del 
Reglamento mencionado, la Comisión detectó, en prácticamente todos los Estados 
miembros, diferencias importantes y no explicables entre los importes comunicados 
como irregulares y el estado recapitulativo anual de los derechos constatados37. 
Por consiguiente, la Comisión no dispone en la actualidad de datos completos y fiables 
sobre la recaudación de los importes relativos a los casos de irregularidades comunicados 
por los Estados miembros correspondientes a 1996. Esta situación debería mejorar 
considerablemente mediante la aplicación de las nuevas disposiciones del Reglamento 
(CEE, Euratom) n° 1552/89, que prevé la actualización trimestral de la situación de la 
recaudación. Lo mismo ocurre con los años anteriores. Sin embargo, el seguimiento por 
muestreo que la Comisión ejerce en materia de recaudación de los recursos propios 
tradicionales proporciona una indicación sobre el estado de la recaudación. Los casos de 
fraude seleccionados en el marco de la muestra B1994 (todos ellos de una elevada 
incidencia presupuestaria, afectan a varios Estados miembros) pueden considerarse como 
representativos de las dificultades halladas en materia de recaudación. De un total de 
124 millones de ecus afectados en los casos comunicados en el marco de la asistencia 
mutua38 hasta 1993, 2,6 millones de ecus (o sea un 2%) volvieron a las arcas 
comunitarias; 3,7 millones de ecus (3%), se dirimían en procedimientos judiciales al 
haber interpuesto los sujetos pasivos recurso contra las órdenes de pago; 70,5 millones de 
ecus (57%) estaban pendientes de recaudación. En cuanto al 38% restante, la Comisión 
no puede pronunciarse por carecer de suficiente información. 
2.5.2 FEOGA-Garantía 
En el ámbito de los gastos del FEOGA-Garantía, la recaudación de las sumas afectados 
mejoró en relación con años anteriores. A petición de la Comisión, los Estados miembros 
reexaminaron sistemáticamente la situación financiera de los casos que se habían 
comunicado antes de 1993 y cuyas posibilidades de recaudación podían evaluarse. De 
esta puesta al día resultó que, un 29% de las cantidades inicialmente comunicadas se 
habían recuperado, eran irrecuperables, o se habían puesto a cargo de los Estados 
miembros, y que aún quedaban por recuperar 549 millones de ecus correspondientes a 
1.588 casos aún abiertos. Otros 400 casos, por un valor de 264 millones de ecus, es decir 
un 34% de la suma inicialmente comunicada, era objeto de procedimientos judiciales 
todavía en curso (cuadro 8). En cuanto a los 257 millones de ecus restantes, habrá que 
decidir si son asumidos por el presupuesto comunitario o por el presupuesto del Estado 
miembro. 
Con el fin de aumentar la transparencia en lo que respecta a los importes pendientes de 
cobro en los casos de irregularidad, la Comisión examina la posibilidad de establecer en 
el marco del FEOGA-Garantía una contabilidad separada, del mismo tipo de la que existe 
en el ámbito de los recursos propios tradicionales. Esta iniciativa persigue los mismos 
objetivos que la liquidación de cuentas, sobre todo en lo que atañe a la clarificación de las 
36. Artículo 6§4 del Reglamento (CEE, EURATOM) n° 15 52/89 del Consejo. 
37 Artículo 7 del Reglamento (CEE, EURATOM) n° 1552/89 del Consejo. 
38. Reglamento (Cee) No.01468/81 del Consejo. 
20 
cuentas de los organismos que efectúan los pagos. Gracias a ella, la Comisión y el 
Tribunal de Cuentas podrán llevar a cabo investigaciones más eficaces. 
2.5.3 Acciones estructurales 
En el ámbito de los gastos para acciones estructurales, la situación de la recaudación se 
presenta de manera diferente. El artículo 23 del Reglamento (CEE) n° 4253/88 del 
Consejo obliga a los Estados miembros a recuperar las sumas tachadas de irregulares. 
Los Estados miembros pueden reutilizar estas sumas, a reserva de la aplicación del 
procedimiento descrito en el artículo 24 del mismo Reglamento, para financiar otros 
proyectos, libres de irregularidades y que respondan a los criterios fijados en el marco 
comunitario de apoyo (MCA). No obstante, esta nueva programación sólo es posible, si 
el Estado miembro comunicó la irregularidad en las condiciones precisadas por el 
Reglamento (CEE) n° 1681/94 de la Comisión. A finales de 1996, de los de 113 millones 
de ecus inicialmente comunicados se habían recuperado 23 millones de ecus (véase 
cuadro 9). Por otro lado, más de 13 millones de ecus, era objeto de procedimientos 
judiciales todavía en curso39 .. 
3. INVESTIGACIONES 
Las cifras de las irregularidades cometidas que han sido detectadas por la Comisión 
reflejan la intensidad de la acción sobre el terreno. No son sino la consecuencia del 
incremento de la cooperación entre la Comisión y las autoridades de los Estados 
miembros. La lucha contra el fraude, primer objetivo de la estrategia contra el fraude, se 
intensifica. Ya sea en el propio terreno del fraude o incluso en lo relativo al seguimiento 
administrativo y judicial, una cooperación total, leal y confiada, entre los servicios 
especializados de los Estados miembros y la estructura contra el fraude de la Comisión 
resulta esencial. 
Las actividades operativas de la Comisión se concentran en los grandes fraudes 
transfronterizos organizados. En la primera sección del presente capítulo se presentan 
algunos ejemplos significativos. 
En el año 1995, la Comisión ya había advertido acerca de la existencia de redes de 
delincuencia organizada en el ámbito de las políticas europeas40. El Consejo Europeo de 
Dublin de diciembre de 1996 manifestó una absoluta determinación para combatir la 
delincuencia organizada e insistió en la necesidad de un enfoque coordinado y coherente 
al nivel de la Unión41. La pertinencia de este enfoque ha quedado demostrada por la 
acción de la Comisión en el ámbito de la protección de los intereses financieros de las 
Comunidades. 
Menos de un 5% de los casos descubiertos lo han sido por la Comisión en estrecha 
colaboración con los servicios de investigación de los Estados miembros. Estos casos se 
3" Informaciones comunicadas por los Estados miembros. 
40 Véase el informe anual "Lucha contra el fraude" de 1995, páginas 20 a 22, y a partir de la página 47. 
41 En este contexto, hay que tener en cuenta la Decisión del Consejo Europeo de Dublin del mes de diciembre de 1996 de crear 
un grupo de alto nivel encargado de elaborar un programa de acción global en materia de lucha contra la delincuencia 
organizada. 
21 
refieren a más de la mitad de las sumas en juego, sin distinción de sectores (ingresos y 
gastos). El ámbito de los recursos propios es donde la plusvalía aportada por la Comisión 
resulta especialmente eficaz y "rentable". 
En la actualidad está claramente demostrada la implicación de organizaciones criminales 
en los fraudes organizados en los sectores de los cigarrillos, del alcohol y sector 
agroalimentario, ámbitos preferidos de la delincuencia organizada, que utiliza sus redes 
internacionales para la organización de operaciones ilícitas y el posterior blanqueo del 
producto del fraude, 
La delincuencia financiera organizada rebasa generalmente el marco nacional y a menudo 
adopta la forma de las transacciones transfronterizas. Su actividad generalmente se 
disimula muy bien ya que utiliza las estructuras comerciales tradicionales y se integra en 
los circuitos económicos habituales. Afecta a los sectores más delicados, es decir 
aquellos en los que es difícil efectuar controles, las ganancias potenciales son muy 
considerables y los riesgos que se corren siguen siendo pequeños. 
Una respuesta "operativa" a esta forma de delincuencia requiere unos conocimientos muy 
precisos. Esta es la razón por la que la UCLAF, junto con los servicios de investigación 
de los Estados miembros, haya puesto en marcha unos "task-groups" o "fuerzas de 
intervención" para luchar con más exactitud contra este tipo de fenómenos. De este 
modo, además de la "task-force" "cigarrillos", operativa desde 199442 para luchar contra 
el contrabando de cigarrillos por parte de bandas organizadas, se han creado otras dos 
"task-forces" en los sectores del aceite de oliva y de los alcoholes, de conformidad con el 
programa de trabajo de la Comisión. Por lo que al aceite de oliva se refiere, la experiencia 
de estos últimos años, en efecto, ha demostrado que este sector era especialmente 
propenso al fraude, organizado o no, bajo todas sus formas43, y se cometía en la mayoría 
de los casos por organizaciones criminales transfronterizas que utilizan un sistema de 
refacturación en cascada a través de múltiples sociedades "tapadera", lo que origina por 
añadidura una fructífera evasión fiscal. En cuanto a los alcoholes, se ha constatado 
asimismo sobre el terreno que estas redes, a menudo de carácter transfronterizo, estaban 
en manos de la delincuencia organizada, por lo que resultaba indispensable crear un "task 
group" específico. 
En estos "task-groups" participan la Comisión y los servicios directamente responsables 
de los Estados miembros en los diferentes sectores. Centralizan las informaciones 
recogidas sobre las redes organizadas para que los servicios operativos de los Estados 
miembros directamente afectados puedan tener acceso a las mismas y, de ese modo, 
coordinar mejor el conjunto de las acciones. Entre sus objetivos puede asimismo citarse 
el perfeccionar y hacer más selectivos los controles para desbaratar las tentativas de las 
organizaciones criminales, así como el garantizar una mejor coordinación de las 
investigaciones iniciadas por iniciativa de uno o varios Estados miembros p de la 
42 Véase igualmente el informe anual "Lucha contra el fraude " de 1995, apartado 1.14, página 57. 
43. Importación en contrabando puro y simple, falsa declaración de cantidad, importación con falsos certificados T2L 
(certificados que acreditan el estatuto comunitario de un producto), importación de aceite de avellanas bajo distintas 
apelaciones, mezclado posteriormente con aceite de oliva, (lo que permite el aumento del volumen de aceite de oliva y la 
percepción indebida de restituciones o ayudas al consumo), fraude durante las operaciones de perfeccionamiento activo, 
obtención indebida de restituciones (por aceites que no salen del territorio comunitario o son reimportados, por aceites de 
grano exportados como aceite de oliva, por aceites edulcorados) y ayuda al consumo (por ventas y tratamientos ficticios, por 
aceites edulcorados y por aceites que ya han disfrutado de esta ayuda). 
22 
Comisión. En general, los intercambios de información en este marco formal facilitan las 
investigaciones en curso y, sobre todo, contribuyen a la sensibilización de las 
administraciones nacionales responsables de los controles. 
En los sectores concretos de los cigarrillos y del alcohol, los fraudes cometidos no sólo 
afectan a los intereses financieros comunitarios sino también, y sobre todo, a los intereses 
financieros nacionales, en términos de impuestos sobre consumos específicos e IVA 
eludidos. Por otro lado, existen una serie de montajes fraudulentos que afectan 
exclusivamente al sistema IVA intracomunitario, consistentes en la creación de 
sociedades "tapadera" que desaparecen en cuanto se realizan las transacciones y 
sociedades "apartado de correos" que sólo existen por la declaración de una dirección 
ficticia. Gracias a estos procedimientos se puede comprar mercancías sin IVA y 
revenderlas con IVA, sin proceder a la devolución fiscal de los impuestos percibidos en 
la reventa. 
En la segunda sección del presente capítulo se presentan casos de fraude organizado en el 
marco de la política comercial exterior de la Unión. 
La Unión ha celebrado numerosos acuerdos preferenciales con terceros países respecto de 
determinados productos que reúnen unas condiciones específicas de fabricación y 
circulación. Dichos acuerdos o convenios están, por naturaleza, expuestos al fraude. Ya 
se trate del incumplimiento de las normas por las que se definen los productos que 
pueden optar a las preferencias o de la aplicación inadecuada del régimen preferencial a 
productos no originarios de los terceros países signatarios, la experiencia demuestra que 
los exportadores e importadores pueden estar implicados, de manera activa o no, con 
pleno conocimiento de causa o fortuitamente, en operaciones cuya finalidad es evitar el 
pago de derechos normalmente debidos o eludir el cumplimiento de otras medidas de 
política comercial. Las administraciones públicas de los terceros países afectados pueden 
igualmente estar implicadas en estos desvíos, por el mero hecho de no cumplir sus 
obligaciones, tendencia que, por otro lado, se vio confirmada en 1996. 
En la sección tercera se recogen dos ejemplos de investigaciones nacionales en el ámbito 
de la financiación de la PAC (Política Agrícola Común). Se trata de casos en los que está 
implicado un único Estado miembro, que ponen en juego cantidades considerables y 
revelan unas prácticas muy sofisticadas, aun cuando no se deban a redes transfronterizas. 
La existencia de tales prácticas demuestra con toda claridad la necesidad de continuar 
mejorando la eficacia y la fiabilidad de los sistemas de control al nivel nacional. 
Por último, las dos últimas secciones del capítulo se dedican a las acciones estructurales 
y al ámbito de los gastos directos. Estos dos sectores representan el 50% de los gastos del 
presupuesto comunitario. Los riesgos de irregularidad y fraude en estos sectores son muy 
variados: riesgos en la fase de la selección de los beneficiarios de los proyectos 
(favoritismo, clientelismo, corrupción, desvío), en la fase de la adjudicación de los 
contratos públicos, en la fase de la ejecución de las obras o prestaciones (incluida la no 
ejecución total o parcial, por ejemplo, en el ámbito de las prestaciones inmateriales) y en 
la fase de la facturación o en los diferentes montajes financieros. 
En todos estos ámbitos, está comprobado que las investigaciones no pueden llegar a buen 
término sin una total cooperación con el conjunto de las autoridades nacionales, incluidas 
las judiciales, las únicas investidas del poder de persecución y sanción penales de los 
defraudadores. Por lo que respecta al fraude transfronterizo, y cara al futuro, constituye 
23 
un aspecto esencial del dispositivo comunitario de lucha contra la gran delincuencia 
organizada la creación, dentro de la UCLAF, célula de coordinación penal, compuesta 
por expertos en materia penal, que dispondría de una capacidad de asistencia y de 
asesoramiento y aseguraría la coordinación de los procedimientos efectuando el enlace 
con las autoridades judiciales nacionales, representa hacia el futuro, un elemento esencial 
del dispositivo comunitario de lucha contra la gran delincuencia organizada44. 
3.1 Grandes fraudes trasfronterizos organizados 
3.1.1. Contrabando internacional de cigarrillos y alcohol 
En el año 1996 se vio confirmado que el objetivo preferido de las organizaciones 
criminales es el contrabando de cigarrillos sacados al mercado fraudulentamente en el 
territorio de la Comunidad. Durante este año se eludieron unos 800 millones de ecus45 en 
concepto de derechos de aduana, IVA e impuestos sobre consumos específicos, 200 
millones de los cuales en detrimento del presupuesto comunitario. Aun cuando algunos 
Estados miembros (Italia, España, Alemania) constituyen los principales mercados, el 
fenómeno se extiende por todo el territorio de la Comunidad y no sólo afecta a los 
intereses financieros, aunque la principal repercusión financiera se produzca en los 
Estados miembros, sino también a la credibilidad de la Unión Europea. Estas 
importaciones fraudulentas se organizan por redes criminales, muy bien estructuradas, 
que utilizan los grandes puertos de la Comunidad por los que transitan enormes 
cantidades de cigarrillos y cuentan con la amplitud de las transacciones para ocultar sus 
actividades ilegales. Estas operaciones fraudulentas se realizan tanto mediante la 
declaración de falsas denominaciones de especie46 como la indicación de falsos destinos 
finales fuera de la CEE. 
Las informaciones disponibles en la Comisión demuestran que son efectivamente las 
organizaciones criminales quienes están detrás del montaje de numerosas operaciones 
fraudulentas con cigarrillos que entran físicamente en la Comunidad, sobre todo, por los 
puertos del Norte de Europa (aunque también por las fronteras terrestres con los países de 
Europa Central y Oriental, así como con Suiza) y se colocan en el mercado europeo, en 
particular de Europa Meridional. Estas redes de delincuencia disponen de impresionantes 
facultades de organización con una considerable capacidad de movilización en términos 
de recursos y medios logísticos, así como con una estructura distribuida en varios 
territorios nacionales, dentro y fuera de la Comunidad. Entre las características de estas 
organizaciones, cuyas estructuras internas son muy difíciles de descubrir, conviene citar 
la utilización, a la hora de perpretar sus acciones fraudulentas, (en concreto para el 
blanqueo de los capitales derivados de las mismas) de numerosas sociedades cuya sede 
se encuentra en Suiza, Liechtenstein, Chipre, el Caribe o en determinados territorios 
europeos con un estatuto especial. Las organizaciones implicadas en estos fraudes se 
encuentran, por lo general, establecidas formalmente fuera de la Comunidad, pero 
disponen dentro de la Unión de una cadena de empresas asociadas filiales o sociedades 
"tapadera" que utilizan una red de depósitos aduaneros y fiscales. Estos depósitos 
44. Véase el capítulo 1.1.3, página 9. 
45. La Comisión no puede ni confirmar ni negar la cifra, más elevada claramente, que se anuncia por los profesionales del sector 
del tabaco. 
46. Una investigación trató de contenedores desaparecidos, que se suponía contenían juguetes cuando estaban llenos de cigarrillos. 
24 
desempeñan un papel fundamental en la realización del fraude, a veces simplemente 
almacenando las mercancías a la espera de que un servicio aduanero haya efectuado una 
operación de vigilancia, pero asimismo a veces llevando a cabo comportamientos más 
"activos", entre los que pueden citarse el cambio, el disimulo o, incluso, la supresión de 
las marcas de los embalajes. 
El grado de sofisticación de los fraudes ha sido puesto dé manifiesto por la comisión de 
investigación del Parlamento Europeo sobre el sistema de tránsito comunitario47. 
A raíz de la aplicación del sistema de información previa48 y de la entrada en vigor, el Io 
de febrero de 1996, de la prohibición del recurso a la garantía global del 100% para el 
transporte por carretera de determinadas mercancías delicadas, como los cigarrillos, los 
defraudadores se han orientado hacia otros mecanismos para efectuar su tráfico de 
contrabando. Desde entonces, los cigarrillos se han expedido sistemáticamente a partir de 
depósitos aduaneros establecidos en puertos del Benelux, bajo el régimen de tránsito 
comunitario. Los cigarrillos se cargan en esos puertos en barcos para la exportación con 
destino al África Occidental, pero nunca llegan al continente africano ya que se descargan 
en aguas internacionales, frente a las costas españolas y portuguesas y en buques de gran 
velocidad y especialmente adaptados, para posteriormente ser introducidos de 
contrabando y sacados al mercado en estos Estados miembros. 
• Para oponerse a tales prácticas la Comisión ha organizado, junto con el "task-group" 
de cigarrillos, una operación denominada "Operación Colombus", en la que participan 
todos los Estados miembros afectados por este tráfico. Durante el año 1996, se pudo 
comprobar que cerca de veinte cargamentos de cigarrillos de contrabando se habían 
cargado desde el Benelux con destino a África (como destino falso). Los barcos 
contenían más de 220 000 cajas (más de 2.200 millones de cigarrillos), destinados al 
mercado negro español. El perjuicio se calcula, para el año 1996, en 175 millones de ecus 
en derechos de aduana, IVA e impuestos sobre consumos específicos eludidos. La 
operación Colombus continuó, en estrecha colaboración con las autoridades nacionales 
afectadas49, desembocando en enero "de 1997 en la detención, por primera vez, de varios 
barcos en alta mar por las autoridades españolas en colaboración con las autoridades 
francesas y belgas. 
Otra ruta importante por la que las redes criminales organizaban su contrabando de 
cigarrillos con destino al mercado italiano se centraba en la República Federal de 
Yugoslavia. Durante el período de la aplicación de las sanciones internacionales ya se 
habían implantado y funcionaban las estructuras utilizadas para el desvío de los 
cigarrillos a territorio comunitario. 
La Comisión y los Estados miembros principalmente afectados organizaron una misión 
comunitaria a la República Federal de Yugoslavia para verificar el destino final de más 
de 200 envíos de cigarrillos, la mayoría de los cuales se había expedido a partir de 
depósitos aduaneros reconocidos de la Comunidad y Suiza, bajo el régimen de tránsito, 
con destino a Servia y Montenegro. Gracias a los controles efectuados, con la plena 
47. Véase el capítulo 5.3.1.2, página 44. 
48. Véase el capítulo 2.4.1.1., página 16. 
49. En particular con el SVA español ("Servicio de Vigilancia Aduanera") y la DNED francesa ("Direction Nationale des 
Enquêtes Douanières" (Dirección Nacional de Investigaciones Aduaneras). 
25 
colaboración de las autoridades locales, se descubrió que unos 335 000 cajas (es decir, 
más de 3.300 millones de unidades), se habían reintroducido de contrabando en territorio 
comunitario, en un plazo inferior a los seis meses, originando de este modo una evasión 
fiscal de aproximadamente 330 millones de ecus en derechos de aduana, impuestos sobre 
consumos específicos e IVA. 
De los elementos recogidos se desprende que esos cigarrillos se habían expedido bajo 
control aduanero, a partir o vía territorio comunitario, a un tercer país con el único 
objetivo de ser reintroducidos, a partir de dicho tercer país, en territorio comunitario para 
ser sacados a continuación al mercado interior de contrabando. 
• La Comisión ha sido informada en varias ocasiones por los Estados miembros de un 
incremento de los casos de contrabando en el ámbito de los alcoholes. Estos casos pueden 
consistir, por un lado, en exportaciones ficticias de alcohol etílico o bebidas alcohólicas 
con un destino declarado a los países de Europa Central y Oriental (PECO) y, por otro, en 
falsas declaraciones de especie a la importación en la Comunidad. Estos fenómenos se 
dan en la mayoría de los Estados miembros, así como en varios países limítrofes con la 
Comunidad. Tienen un impacto tanto en los recursos propios de la Comunidad como en 
ios de los Estados miembros. El impacto financiero es considerable y se refiere 
fundamentalmente a los impuestos sobre consumos específicos nacionales: un camión de 
alcohol equivale a 500 000 ecus de impuestos sobre consumos específicos. 
3.1.2. 
• En un caso que afectaba a la mayoría de los Estados miembros (Dinamarca, Bélgica, 
Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Portugal y España) se habían 
comprado piezas de ordenador, según el sistema IVA intracomunitario, por una sociedad 
determinada a una empresa establecida en otro Estado miembro, de manera que la entrega 
de los productos se llevaba a cabo sin IVA. El comprador no declaraba esta compra en su 
propio Estado miembro y, consecuentemente, no pagaba el IVA adeudado. A 
continuación, entregaba estos productos a otra empresa en el mismo Estado miembro, 
expidiendo una factura "IVA incluido". Cobraba el IVA así pagado por el comprador y 
desaparecía, cuando el comprador final era quien normalmente debía recuperar, según las 
normas del sistema, el importe del impuesto. Aunque estas ventas consecutivas 
efectivamente se efectuaron sujetas al IVA, la consecuencia de este fraude es que los 
Tesoros nacionales no percibieron ningún importe neto. Para un único Estado los importe 
de IVA enjuego se calcula que supone entre 100 y 150 millones de ecus (una parte de los 
cuales corresponde al presupuesto comunitario en virtud del recurso propio IVA). 
• Otro caso hace referencia a una serie de importaciones de plata en la Comunidad a 
partir de Suiza, que originaron unas entregas consecutivas en territorio comunitario y 
unas declaraciones de exportación ficticia. Las consecuencias de este fraude son 
idénticas, el no pago a las autoridades nacionales del IVA debido por las compras y 
ventas consecutivas que se facturaron y cobraron por sociedades "apartado de correos" 
(que rápidamente se volatilizaron). La colaboración entre la Comisión y los Estados 
miembros (Reino Unido, Italia, Alemania, Francia, Irlanda, España, Austria, Bélgica y 
Países Bajos) ha dado como resultado, hasta la fecha, la incautación de algunas de las 
entregas y la condena de uno de los participantes en este fraude a una pena de prisión. El 
importe del IVA eludido asciende a aproximadamente 60 millones de ecus. 
26 
3.1.3. Exportación de aceite de oliva 
A finales de 1995 se descubrió un número creciente de exportaciones de aceite de oliva a 
diversos países (USA, Canadá, Sudáfrica.). Después de que se hubiera efectuado una 
serie de verificaciones y controles en profundidad, resultó que los contenedores se habían 
expedido desde Grecia, vía Bélgica y el Reino Unido. En estrecha connivencia con estos 
expedidores de Grecia, algunos negociantes belgas y británicos cobraban las restituciones 
a la exportación. En realidad, para desbaratar los controles, dentro del contenedor sólo se 
colocaban una o dos hileras de cajas de auténtico aceite de oliva mientras que el resto de 
las cajas contenía aceites de distintos granos, que no tienen derecho a las restituciones a 
la exportación. 
Por el lado británico, se ha probado el fraude en la expedición de una treintena de 
contenedores, con una incidencia financiera estimada en 400 000 ecus. Las 
investigaciones realizadas hasta la fecha en Bélgica demuestran el carácter fraudulento de 
estas prácticas respecto de unos veinte contenedores con destino a USA y Rusia, con una 
incidencia financiera estimada en 180. 000 ecus. Se han interpuesto las correspondientes 
acciones judiciales en Bélgica y en el Reino Unido y prosiguen las investigaciones para 
desmantelar la organización criminal que opera sobre el terreno de varios Estados 
miembros con la única finalidad de cobrar restituciones a la exportación. 
Este tipo defraude transfronterizo organizado pone, una vez más, de manifiesto la necesidad de proceder 
regularmente, en las operaciones de exportación e importación, a efectuar controles físicos selectivos y 
exhaustivos. Además de la mera verificación del peso y de la cantidad de las mercancías, es indispensable 
recoger muestras, directamente del interior de los contenedores, y encargar, si fuere necesario, análisis a 
laboratorios especializados, particularmente en lo relativo a la densidad de la mercancía. 
3.1.4. Exportación de carne de vacuno a Bulgaria con substitución de despojos 
Las investigaciones realizadas en la actualidad por las autoridades aduaneras belgas en 
torno a la utilización ilícita de hormonas pusieron de manifiesto que la misma 
organización estaba detrás de un carrusel de importación y exportación de carne de 
vacuno (substitución durante el tránsito de productos de alta calidad por productos 
ordinarios, incluso no comestibles). Esta carne de vacuno y estos despojos comestibles 
procedían de establecimientos no reconocidos (Estados Unidos, Canadá, Australia y 
China). A la llegada a la Comunidad50, la carne y los despojos se almacenaron en aduana 
con vistas a una exportación a Bulgaria, bajo el régimen TIR51 o bajo la cobertura del 
documento TI (tránsito comunitario). 
En realidad, el cliente en Bulgaria, destinatario final de los envíos, había pedido despojos 
de una calidad inferior, y no mercancía de "buena calidad" (carnes y despojos 
comestibles). Las carnes y los despojos originarios de Estados Unidos, Canadá y 
Australia, después de haber entrado ilegalmente en territorio comunitario, fueron 
substituidos por despojos de una calidad claramente inferior y sacados fraudulentamente 
al mercado interior, eludiendo el control aduanero. La justicia belga ha iniciado un 
50- La Comisión efectúa controles in situ y expide certificados de conformidad a los establecimientos exportadores de carne en los 
terceros países, con destino a la Comunidad. Cualquier envío de carne con destino en la Comunidad ha de ir acompañado de 
un certificado sanitario, en el que se indique su destinatario final. 
51 Régimen de transporte internacional por carretera, definido en el Convenio TIR de 1975. 
27 
procedimiento de información judicial por corrupción frente a un funcionario de aduanas 
sospechoso de haber facilitado dicho tráfico. 
En mayo de 1996, se efectuó una misión comunitaria organizada por la UCLAF en 
Bulgaria con el fin de dilucidar la naturaleza de las mercancías declaradas a la 
importación en los servicios aduaneros en Sofía. Asimismo, había que interrogar a los 
responsables de las compañías búlgaras, los únicos capaces de proporcionar detalles 
sobre el número de personas implicadas y sobre las repercusiones financieras. Los 
resultados de esta misión, muy fructíferos, se comunicaron a las autoridades aduaneras 
belgas, que así pudieron proceder a las investigaciones pertinentes para conocer las 
circunstancias precisas en las que se efectuó la substitución. 
Además, se ha descubierto que esta carne de vacuno de buena calidad, convertida en 
comunitaria, se vendió a una sociedad francesa y se declaró a la exportación con 
percepción de restituciones (el tercer país destinatario era Rusia). Esta carne, por su parte, 
había sido objeto de una substitución, por lo que las restituciones se pagaron 
indebidamente. Actualmente siguen su curso las actuaciones judiciales en Bélgica. 
Estas prácticas tienen dos consecuencias de una naturaleza diferente. La primera es de orden financiero. 
Deben percibirse las exacciones reguladoras agrícolas (más de un millón de ecus) y reembolsarse las 
restituciones. La segunda es de orden sanitario, ya que los despojos importados, procedentes de 
establecimientos exportadores de terceros países no reconocidos, contienen en la mayoría de los casos 
hormonas prohibidas en Europa. 
3.1.5. Sustracción de carne al régimen de tránsito comunitario 
Una red criminal organizada ha falsificado diversos regímenes aduaneros para 
beneficiarse indebidamente de múltiples ventajas. 
• A raíz de una comunicación del Tribunal de Cuentas, la Comisión fue informada de 
que carne de aves de corral originaria de China, Brasil y Tailandia entraba en Alemania 
bajo la apariencia del régimen de tránsito comunitario. En los documentos de tránsito 
(TI) se indicaba como destino final Marruecos y España, oficinas de destino de Irún y 
Las Palmas (Islas Canarias). En realidad, la mayoría de los envíos se habían sustraído al 
régimen de tránsito en Alemania y entregado a destinatarios alemanes, habiéndose 
liquidado falsamente los documentos aduaneros mediante membretes falsos de las 
oficinas de aduanas de Irún y Las Palmas. Otra parte de las mercancías sustraídas se 
vendió a sociedades españolas. A raíz de una solicitud de asistencia mutua formulada por 
la aduana alemana a los Países Bajos, los servicios aduaneros holandeses constataron 
que, en ese Estado miembro, dieciocho envíos de carne de aves de corral se habían 
sustraído al régimen de tránsito según la misma técnica, con membretes falsos 
procedentes de Algeciras, Irún y Las Palmas. La carne de aves de corral se colocó 
fraudulentamente en los mercados alemán, holandés y español. El impacto financiero 
global de este fraude se calcula en 6 millones de ecus. 
Este sofisticado fraude internacional fue organizado por redes criminales que utilizaban 
sociedades establecidas en Andorra, Suiza y Gibraltar. 
• Otro expediente se refiere, a la vez, a carne de vacuno comunitaria declarada a la 
exportación para avituallamiento52 y a carne de vacuno procedente de terceros países, 
almacenada en aduana en la Comunidad (con exención de derechos), destinada también 
al avituallamiento. La investigación puso de manifiesto que la carne, procedente de 
sociedades establecidas en el Reino Unido, Dinamarca y Alemania, se había comprado 
por una compañía española para ser supuestamente vendida a avitualladores a través de 
un intermediario establecido en los Países Bajos. Los documentos de tránsito, que 
acompañaban a las mercancías y les permitían circular habían sido ultimados gracias a 
falsos membretes aduaneros españoles. Sin lugar a dudas, la carne se vendió en el 
mercado nacional. El impacto financiero de las expediciones que resultan fraudulentas 
puede estimarse en más de un millón de ecus, en términos de recursos propios eludidos 
(régimen de tránsito comunitario aplicado a mercancías procedentes de, y con destino a, 
terceros países). Por lo que se refiere a las carnes comunitarias bajo intervención, los 
Estados miembros tienen cerca de 5 millones de ecus en fianzas abonadas en el marco de 
este régimen, dinero que deberá recuperarse en detrimento de los operadores responsables 
del fraude. 
3.1.6. Exportaciones ficticias de vino a terceros países53 
En 1996 prosiguieron las investigaciones contra una organización mañosa especializada 
en las exportaciones fraudulentas de vino a los países de Europa Oriental, con la plena 
colaboración de la Guardia di Finanza, que llevaron al desmantelamiento de éstas. 
En una misión en Rumania, se descubrió que dos buques cargados de vino italiano 
exportado a dicho país se habían descargado de contrabando en el puerto rumano de 
Constanza. En cambio, se habían presentado unos documentos falsos por los que se 
acreditaba la salida al consumo de dicha mercancía en territorio rumano en el organismo 
italiano encargado del pago para el desembolso de las restituciones a la exportación. Se 
han iniciado frente a las empresas exportadoras procedimientos tanto para la recuperación 
de los importes pagados (aproximadamente 1 millón de ecus) como de carácter judicial 
En una misión efectuada en Eslovenia se pudo comprobar que se habían pagado 
indebidamente aproximadamente 1,2 millones de ecus a una sociedad italiana cuando el 
vino se había importado en Eslovenia exclusivamente con carácter temporal, bajo un 
régimen por el que se autorizaba la introducción de las mercancías en dicho país libres de 
derechos aduaneros, con la condición expresa de que el vino fuera reexpedido en el plazo 
de un año. El vino en cuestión fue reexportado a otros países de acuerdo con dicha 
condición, mientras que en Italia se presentaron unos documentos falsos para obtener el 
pago de restituciones, que deben pagarse únicamente si la mercancía ha salido 
efectivamente al mercado en el país de destino, es decir, Eslovenia. 
Se ha detenido al dirigente de una de estas sociedades, acusado de falsedad en documento 
y fraude al presupuesto comunitario por el Ministerio Público, que ha señalado a la 
UCLAF que se había lanzado una nueva orden de arresto contra otro responsable, 
también dirigente de una sociedad exportadora. 
52 Esta carne comunitaria estaba bajo "intervención" y fue vendida a un precio reducido para ser exportada (o, en este caso, 
destinada al avituallamiento, lo que se asimila a una exportación). 
53 Véase el informe anual "Lucha contra el fraude" de 1995, página 55 (apartado 1.11). 
29 
3.2 Grandes fraudes en el ámbito de las políticas comerciales (productos 
industriales, productos pesqueros y productos textiles) 
3.2.1. Productos industriales: receptores de satélite de Filipinas 
A raíz de una información de las autoridades alemanas sobre los riesgos de falsas 
declaraciones de origen preferencial en la importación de recaptores de satélite 
procedentes de Filipinas, se invitó a los restantes Estados miembros a realizar 
investigaciones sobre estas operaciones. Los primeros elementos recogidos demostraron 
que, por una parte, las cantidades importadas aumentaban constantemente y, por otra, 
algunos componentes de dichos aparatos, factor determinante de la obtención del trato 
preferencial, podían no haber sido fabricados en Filipinas, al contrario de lo que 
pretendían los operadores. Las investigaciones realizadas in situ demostraron que más de 
460 000 receptores de satélite, de un valor comercial estimado en 28 millones de ecus ( se 
habría de cobrar 3 millones de ecus de derechos de aduana a los importadores) se habían 
exportado a distintos Estados miembros en el marco del SPG, sin respetar los criterios 
relativos a las preferencias. Asimismo, se demostró que, al menos, algunos de los 
importadores sabían, antes de importar, que estos productos acabados no podían optar a 
un trato preferencial. Además, se probó que las autoridades filipinas no habían cumplido 
las obligaciones a que están sujetas en virtud de la cooperación administrativa, no sólo 
antes de la actuación in situ de la misión comunitaria sino durante la misma, impidiendo 
con ello el cese de las actividades fraudulentas. 
Durante el año 1996 no se pudo resolver un número importante defraudes cometidos con el fin de eludir 
el pago de los derechos de aduana normalmente debidos, así como el de derechos antidumping, por una 
errónea concesión de certificados de origen preferencial (formulario A). Ello se debe a que algunos países 
terceros exportadores se negaron a recibir misiones de cooperación administrativa que debían 
desplazarse sobre el terreno para realizar investigaciones. Hay que señalar que, en el marco del SPG, la 
Comisión dispone de un arma importante como reacción a eventuales actitudes de no cooperación 
manifestadas por determinados países beneficiarios. En efecto, puede iniciar una investigación destinada 
a la retirada total o parcial del SPG a países que no cumplan sus obligaciones en materia de cooperación 
administrativa. No obstante, esta investigación únicamente puede iniciarse previa queja de un Estado 
miembro o una tercera persona. 
3.2.2. Productos pesqueros 
• Conservas de atún importadas de Costa Rica 
Un análisis de las actividades de la industria atunera en América Central, llevada a cabo 
por la Comisión, puso de manifiesto una fuerte contradicción entre la capacidad pesquera 
reducida de las flotas locales y el volumen de importaciones en la Comunidad de 
conservas de atún procedentes de Costa Rica. De acuerdo con las autoridades de este 
país, una misión de cooperación administrativa compuesta de representantes de la 
UCLAF y de los Estados miembros afectados (Italia y Portugal) se desplazó sobre el 
terreno para verificar el origen de dichos productos. Las investigaciones se referían a más 
de 10.000 toneladas de productos, de un valor comercial de 28 millones de ecus. En la 
actualidad se está procediendo al cobro a los importadores comunitarios del importe de 
los derechos eludidos, es decir, 7 millones de ecus. Las autoridades locales aportaron 
toda la colaboración necesaria para el buen desarrollo de las operaciones. Las mayores 
dudas recaían sobre la nacionalidad de los barcos pesqueros utilizados en la producción 
de las conservas de atún objeto de la investigación. Rápidamente quedó claro que Costa 
Rica carecía de una capacidad pesquera comercial suficiente. 
30 
Las investigaciones conjuntas llevadas a cabo demostraron que, en su mayoría, los atunes 
desembarcados en Costa Rica, en realidad, habían sido pescados por barcos de otras 
nacionalidades. Estas capturas habían servido para la producción de conservas pendientes 
de investigación y habían resultado no ser aptas para el trato preferencial. En la 
Comunidad (en Italia, Portugal y España) se habían presentado varios centenares de 
certificados del tipo "formulario A'*, expedidos por las autoridades locales, para poder 
importar dichos productos libres de impuestos. Costa Rica ha reconocido que no son 
válidos. 
• Conservas de atún importadas de Turquía 
Un acuerdo bilateral celebrado entre la Unión Europea y Turquía autoriza la importación 
en el territorio comunitario de conservas de atún libres de derechos de aduana, con la 
condición expresa de que dichos productos respeten determinados criterios, por ejemplo, 
respecto al origen del pescado utilizado en la fabricación de conservas. En el mes de 
junio de 1996, representantes de la Comisión, acompañados de delegaciones de los 
Estados miembros (servicios aduaneros holandeses, alemanes, italianos y británicos) 
viajaron a Turquía en el marco de una misión de cooperación administrativa para 
verificar la autenticidad de varias centenas de certificados de origen preferencial 
expedidos por las autoridades turcas en la exportación de dichos productos. Las 
investigaciones iniciadas parecen indicar, por un lado, que las capturas de atún por la 
flota turca eran insignificantes y, por otro, que las especies de atún importadas en grandes 
cantidades en Turquía manifiestamente se destinaba a la fabricación de conservas. 
A partir de las investigaciones realizadas en Turquía, la misión pudo demostrar que las 
conservas exportadas a la Comunidad se obtenían a partir de atunes no originarios, a los 
que a veces se añadían cantidades ínfimas de atún originario turco en el momento de la 
exportación de los productos acabados. Los exportadores habían conseguido de las 
autoridades turcas la expedición de certificados ATR.1, gracias a declaraciones inexactas 
sobre el origen (turco o comunitario) de las materias primas, que hacían posible la 
importación en la Comunidad libres de derechos. La misión constató asimismo que 
varios importadores sabían que las conservas no podían disfrutar de franquicia de 
derechos aduaneros. En algunos casos, algunos importadores habían participado 
activamente en la organización del fraude, proporcionando ellos mismos atunes no 
originarios a las empresas conserveras turcas. La cantidad de mercancías en juego se 
calcula en 23.000 toneladas. Deberán cobrarse unos 18 millones de ecus de derechos 
aduaneros a importadores establecidos en Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y 
Reino Unido, países donde las mercancías se sacaron al mercado . 
3.2.3. Productos textiles 
• Textiles de Camboya 
En el mes de marzo de 1996, gracias a una misión comunitaria de cooperación 
administrativa, realizada con la colaboración de las autoridades camboyanas, se pudo 
descubrir unos 1.500 falsos certificados de origen preferencial (fórmula A). Estos 
certificados hacían referencia a más de 23 millones de prendas de vestir importadas en la 
Comunidad con exención de derechos durante el período 1992-1996. Además, las 
autoridades camboyanas expidieron erróneamente otros 1 700 certificados de origen 
(fórmula A), relativos a más de 16 millones de prendas, para la expedición de productos 
textiles que no respetaban los criterios del SPG, habida cuenta de que los hilos y los 
tejidos utilizados en su fabricación no eran originarios del país. En realidad, estos 
31 
materiales de base se habían importado en Camboya procedentes de otros países de Asia. 
Los derechos aduaneros enjuego son del orden de 15 millones de ecus. 
• Textiles de Bangladesh 
Durante los meses de noviembre y diciembre de 1996 viajó a Bangladesh una misión de 
cooperación administrativa (Comisión / 7 Estados miembros) debido a dificultades en la 
aplicación del sistema SPG por la administración local. Estas dificultades no son nuevas. 
En esta ocasión, las autoridades de Bangladesh habían reconocido la falsedad de varios 
centenares de certificados sospechosos (fórmula A) que acompañaban las expediciones 
de productos textiles importados en la Comunidad. 
Además, aproximadamente otros 14.000 certificados, reunidos por las administraciones 
de los Estados miembros afectados, han sido objeto de verificaciones en profundidad, por 
un lado, en cuanto a su autenticidad, pero también, en cuanto a su justificación respecto 
de las reglas del SPG sobre los productos textiles de que ese trata. Las conclusiones de 
las misiones efectuadas conjuntamente con las autoridades locales competentes, 
demostraron que se habían claramente minimizado las dificultades y los problemas 
relacionados con la autenticidad de los certificados textiles expedidos por las autoridades 
de Bangladesh. Las otras investigaciones realizadas sobre unos sesenta fabricantes de 
productos textiles en Bangladesh han revelado que la mayoría de los certificados enjuego 
se expidieron por la administración sobre la base de datos erróneos, que habían sido 
proporcionados por dichos exportadores. Los productos resultaron no originarios con 
arreglo a las normas del SPG. 
Las autoridades de Bangladesh admitieron la veracidad de las conclusiones de las 
misiones comunitarias. Sin embargo, no se han mostrado muy decididas a adoptar las 
medidas necesarias. Los recursos propios en juego, hasta la fecha, ascienden a cerca de 
60 millones de ecus, y pueden alcanzar los 100 millones de ecus. Al igual que otros 
países menos avanzados, como Laos, Camboya, Nepal y las Maldivas, Bangladesh ha 
depositado una solicitud de aplicación de una exención a la norma del origen en el marco 
del SPG. 
Las investigaciones relativas a estos fraudes o irregularidades pueden resultar en ocasiones muy largas y 
complejas. Además, la cantidad de informaciones y documentos que es preciso reunir para poder 
demostrar claramente los hechos está diseminada en lugares geográficos y latitudes muy alejadas del 
territorio de la Comunidad. 
La aplicación de los regímenes comerciales preferenciales por determinados terceros países y sus 
exportadores no deja de presentar dificultades, por lo que cada año se organiza un número mayor de 
misiones de cooperación administrativa. El año 1996 no constituye una excepción y dichas misiones se 
han efectuado en la mayoría de los casos en países del Sudeste Asiático. Sin embargo, la mayoría de los 
casos de incumplimiento de las reglas de origen detectados afecta a los PMA que experimentan las 
mayores dificultades, habida cuenta de su capacidad industrial, para respetar estas normas, 
encontrándose privados de hecho de esta forma del beneficio del SPG, especialmente en el sector textil. 
Esto es lo que motiva las solicitudes de aplicación de exención que presentan. 
3.3 Fraudes nacionales en el sector agrícola 
3.3.1. Aceite de oliva / Fraude a la avuda al consumo 
A raíz de un control llevado a cabo por la dirección aduanera griega de control de la 
delincuencia económica, se comprobó que una empresa de fabricación de bidones 
metálicos de cinco litros para el tratamiento de aceite de oliva había producido 
32 
masivamente facturas falsas para sus clientes, recibiendo, en contrapartida, el 10% de la 
suma facturada y la totalidad del importe del IVA. De este modo, se habían facturado 
ficticiamente 10,5 millones de bidones a 26 empresas de tratamiento de aceite de oliva 
durante los años 1992-1994. 
Las facturas de compra del tratamiento del aceite de oliva, junto con la factura de la 
compra del aceite, constituyen dos elementos esenciales para poder disfrutar de la ayuda 
al consumo. Las empresas afectadas percibieron de este modo una suma global de 
aproximadamente 21 millones de ecus por un aceite que nunca fue tratado. El caso se ha 
denunciado ante los tribunales. 
3.3.2. Financiación anticipada de restituciones a la exportación de sémola de trigo duro 
en España 
A raíz de unos controles realizados en España en empresas que habían disfrutado, en 
1995, de una financiación anticipada de las restituciones a la exportación de sémola de 
trigo duro, salieron a la luz unos fraudes relacionados con las cantidades de trigo duro 
declaradas 54. Se verificaron los documentos contables de todas las empresas españolas 
beneficiarías de este tipo de financiación anticipada durante los años 1993 y 1994. Como 
resultado de estos controles se demostró que los comportamientos fraudulentos 
descubiertos en 1995 tenían antecedentes. Gracias a las investigaciones llevadas a cabo 
con posterioridad pudo demostrarse que las sumas indebidamente percibidas por un 
mismo grupo español ascendían a aproximadamente 26,5 millones de ecus. 
El principio del fraude consistía en declarar existencias de entrada en almacén de 
financiación anticipada de restituciones (para su transformación en sémola antes de la 
exportación definitiva) en cantidades muy superiores a las que realmente se entregaban 
para almacenar el día de la declaración. Los controles físicos de las mercancías no 
pudieron efectuarse, al haber transcurrido varios años después de los hechos. Lo que hizo 
posible el descubrimiento del fraude fue el examen de los documentos relativos a las 
compras, los transportes, al almacenamiento y a la transformación. En algunos casos, el 
trigo declarado bajo control aduanero no había sido adquirido ante ningún proveedor. Por 
añadidura, algunas declaraciones, que habían sido aceptadas por el organismo español 
responsable del pago, eran manifiestamente incompletas en lo relativo a las indicaciones 
sobre los lugares de almacenamiento. Por último, mediante este procedimiento, basado en 
declaraciones falsas, el grupo español en cuestión pudo obtener financiaciones que le 
facilitaron, a continuación, la compra de materias primas que, a su vez, habrían de servir 
para operaciones de exportación. 
54 Véase el informe anual "Lucha contra el fraude" de 1995, páginas de 67 a 68 (apartado 3.6). 
33 
3.4 Fraudes en el ámbito de las políticas estructurales 
3.4.1. Fondo Soeial Europeo (FSE) 
• Acciones de formación profesional en España / Aumento artificial de los costes 
En 1996, la Comisión tuvo conocimiento de unos presuntos casos de fraude en el marco 
de las acciones de formación profesional cofinanciadas por el FSE y gestionadas por el 
INEM55. 
De las constataciones derivadas de los controles efectuados por las autoridades 
nacionales56, a las que tuvo acceso la Comisión, se deducen diversas irregularidades, 
como la realización incompleta de la acción, la presencia de gastos no justificados, gastos 
ficticios, una financiación excesiva y la existencia de una contabilidad incompleta o 
incorrecta. Se han iniciado varios procedimientos de cobro. El Ministerio Público ordenó 
una investigación judicial sobre el caso de fraude descubierto en la capital madrileña. Los 
controles suplementarios, que la Comisión solicitó a las autoridades nacionales en otras 
regiones españolas, han de permitir calibrar con exactitud el alcance de las 
irregularidades cometidas. 
• Acciones de formación profesional en Italia / Sociedad tapadera 
Una investigación judicial realizada en Italia sobre las acciones de formación profesional 
financiadas por el FSE durante los años 1990-1993 desembocó en la detención preventiva 
de dos funcionarios regionales inculpados de los delitos de malversación y tentativa de 
malversación. 
La investigación puso de manifiesto el pago oculto de sumas de dinero a dos 
funcionarios, como contrapartida de sus favores en el marco del ejercicio de sus 
funciones. De acuerdo con los primeros resultados de la investigación, los mecanismos 
consistían en la constitución, "ad hoc", de sociedades de asesoramientô, que estaban 
vinculadas a uno de los dos funcionarios regionales, sociedades a las que los promotores 
estaban "obligados" a recurrir en la elaboración del programa de gastos, si querían evitar 
ulteriores problemas durante los controles efectuados por el otro funcionario regional 
implicado. Ello supuso un aumento de los gastos presentados a la Región, al repercutirse 
en la práctica las comisiones pagadas a los dos funcionarios en facturas extendidas por 
sociedades "pantalla" por "servicios prestados" a los promotores. 
La Comisión adoptó las correspondientes medidas de salvaguardia de sus intereses financieros, es decir, 
la suspensión de los pagos a la región en cuestión. 
9 Acción de formación en el Reino Unido/ Gastos ficticios 
El examen de las cuentas anuales de un establecimiento de formación, situado en 
Londres, reveló que el importe de las solicitudes de financiación presentadas era mucho 
más elevado que los gastos certificados por los censores de cuentas en el balance anual. 
La diferencia, es decir más de 1,3 millones de ecus durante los años 1989 à 1994 
(importe FSE: alrededor de 570.000 ecus) , procedía de gastos ficticios. Debido a la 
55 "Instituto Nacional de Empleo". 
56 Los informes de control nacionales se comunican a la Comisión en virtud del apartado 1 artículo 23 del Reglamento 4253/88 
del Consejo. 
34 
amplitud de este tipo de financiación, se examinó el conjunto de las solicitudes 
presentadas durante ese período de tiempo. Resultó que la mayoría de los gastos 
imputados no estaba justificada, dada la inexistencia de justificantes. 
La Comisión está examinando, junto con el Reino Unido57, las consecuencias financieras 
de este caso. 
3.4.2. Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDERA / Desvío de fondos (programa 
RENAVAL-Francia)58 
Las financiaciones destinadas a la reconversión de las zonas de astilleros en la región de 
Provenza-Alpes-Costa Azul, después del descubrimiento en 1995 de casos de corrupción 
en el departamento del Var, dieron lugar a la interposición ante los tribunales de recursos 
contra determinados representantes electos. 
Además, el examen in situ de los expedientes administrativos del conjunto de las 
operaciones programadas reveló una ausencia generalizada de respeto de las normas 
aplicables a los contratos públicos, bien por ignorancia (respecto de una financiación 
pública total de 4,1 millones de ecus), negligencia o voluntad deliberada (respecto de un 
importe total de acciones financiadas de más de 14 millones de ecus). Las constataciones 
efectuadas condujeron a los servicios de la Comisión a llevar a cabo una aproximación 
sistemática de los procedimientos administrativos y procesos judiciales pendientes, con el 
objeto de determinar, después de la recepción del acta final de ejecución del programa, 
las medidas que, desde el punto de vista jurídico y financiero, debían adoptarse, en 
función de los sobrecostes provocados. 
3.4.3. Política pesquera 
Mediante Decisiones de 13.7.1992 y 5.7.1993, la Comisión concedió una ayuda 
comunitaria de 5,9 millones de ecus para 3 proyectos de creación de sociedades 
(sociedades mixtas59) por un armador pesquero francés, con la participación de socios 
instalados en un tercer país con el que la Comunidad mantiene buenas relaciones, con la 
perspectiva de un abastecimiento prioritario del mercado comunitario. A estas decisiones 
siguió, inmediatamente después de la constitución de dichas sociedades mixtas en 1993 y 
1994, el pago de un anticipo correspondiente al 80% de las financiaciones comunitarias 
(es decir, cerca de 4,8 millones de ecus), concedido como complemento de las ayudas 
nacionales previa e íntegramente entregadas (es decir cerca de 1,2 millones dé ecus). A 
raíz de la solicitud de liquidación del saldo de la ayuda de la Comunidad (20%), 
formulada sobre la base de un informe de actividad, se puso en marcha un control sobre 
las modalidades de utilización de las subvenciones ya recibidas, control efectuado al 
armador directamente. Se comprobó que tres de los cinco buques de pesca que debían 
faenar fuera de las aguas comunitarias en una explotación plurianual (los productos de su 
pesca debían sacarse al mercado comunitario) se habían vendido en 1996, uno de ellos, 
57 Marco del Reglamento (CEE) n°4253/88 del Consejo (artículo 24). 
58 Véase el informe anua! "Lucha contra el fraude" de 1995, página 72 (apartado 4.2.1). 
59 Reglamento (CEE) n°4028/86 del Consejo relativo a acciones comunitarias para la mejora y la adaptación de las estructuras 
del sector pesquero y de la acuicultura (DO L 376 de 31.12.1986), artículo 21 y Reglamento (CEE) n°1955/88 de la Comisión 
por el que se establecen las disposiciones de aplicación del precedente, en lo que se refiere a la cooperación en el marco de las 
asociaciones temporales de empresas en el sector pesquero (DO L 171 de 4.7.1988). 
35 
antes incluso de la salida efectiva del puerto francés. Esta constatación entraña la 
imposición de medidas de recuperación, habiéndose iniciado un primer procedimiento 
por la Comisión en diciembre de 1996, por un importe de 2,6 millones de ecus, respecto 
de una sociedad titular de dos buques. 
3.5 Fraudes en el ámbito de los gastos directos 
3.5.1. Investigación 
• Hidroelectricidad en Irlanda / Falsos justificantes 
En mayo de 1991 se celebró entre la Comisión y una sociedad irlandesa un primer 
contrato relativo a un programa de investigación sobre hidroelectricidad, al que siguieron 
otros dos contratos. Los importes totales ascienden a 9,2 millones de ecus, con una 
contribución comunitaria de 3,9 millones de ecus. Los controles efectuados in situ por la 
Comisión en los meses de mayo y junio de 1996 en la sede social de la sociedad en 
Dublin, y en los locales de un subcontratista en Suecia, pusieron de manifiesto que dicha 
sociedad había aumento artificialmente sus solicitudes de financiación mediante 
justificantes falsos. 
Los hechos son graves. La compañía no tiene ninguna competencia, ni siquiera 
antecedentes, en el ámbito de la investigación científica. Su candidatura inicial se basaba 
en el balance de otra compañía. No se ha respetado la legislación nacional y se ha 
presentado una contabilidad irregular, todo lo cual ha impulsado a la Comisión a acudir a 
los tribunales irlandeses. 
• Proyecto "Energía renovable" en Alemania / Desvío de las ayudas 
En el año 1995, la Comisión había iniciado una serie de investigaciones sobre los 
programas de investigación JOULE I y II / APAS-RENA60. Uno de los controles, 
efectuado en Alemania, reveló que una sociedad alemana estaba implicada en una serie 
de contratos de investigación y, como consecuencia de ello, había recibido de la 
Comisión unas cantidades importantes. A continuación quebró, por lo que fue incapaz de 
cumplir sus compromisos contractuales. 
Se descubrieron las siguientes irregularidades: falsas declaraciones de gastos, 
incrementadas por costes salariales inexistentes y prestaciones externas nunca realizadas; 
pagos recibidos de la Comisión a base de falsas declaraciones de costes o pagos 
recibidos en concepto de anticipos utilizados para el pago de deudas que no tenían nada 
que ver con la investigación; anticipos recibidos en concepto de coordinador, que nunca 
se pagaron a los restantes contratistas. Las autoridades judiciales competentes de 
Alemania habían entretanto iniciado la persecución penal de los responsables de la 
sociedad por infracciones relacionadas con la quiebra y desvío de subvenciones. Se 
dictaron órdenes de cobro de los pagos efectuados a la sociedad, es decir, 2,1 millones de 
ecus. Dada la inexistencia de activos, no es seguro que pueda efectuarse el cobro de las 
sumas, aunque el procedimiento penal en marcha debería conducir a un cobro parcial, a 
partir de los bienes propios del infractor. 
60 Véase el informe anual "Lucha contra el fraude" de 1995, página 73 (apartado 5.1.2). 
36 
3.5.2. Acciones exteriores 
• Operaciones humanitarias en la antigua Yugoslavia 
Se efectuó un auditoría a una organización no gubernamental francesa, beneficiaría de 7 
contratos de operación humanitaria en la antigua Yugoslavia por un importe total de total 
de 1,2 millones de ecus. 
Se constató una absoluta falta de contabilidad y justificantes, así como un desvío de 
fondos por parte del director-tesorero. Se han iniciado sin demora alguna los 
procedimientos de cobro de las correspondientes sumas. Las investigaciones efectuadas 
ante las autoridades judiciales francesas revelaron la existencia de un investigación 
preliminar a partir de informaciones que arrojaban sospechas sobre la gestión de la ONG 
y la honradez de su tesorero. Sobre la base de las constataciones efectuadas par la 
UCLAF en colaboración con los servicios de la policía judicial francesa, se procedió a la 
remisión, en el mes de junio de 1996, de los expedientes de auditoría y de gestión al 
tribunal competente para las correspondientes diligencias penales. 
• Programas de cooperación descentralizada en el Mediterráneo (1992-1995)61 
Durante los controles efectuados por el Tribunal de Cuentas se pusieron de manifiesto 
irregularidades, en relación con la gestión del conjunto de los programas de cooperación 
descentralizada en el Mediterráneo. Las principales irregularidades aparecidas en relación 
con las redes constituidas son la falta de contabilidad y de justificantes. El Tribunal 
constató igualmente que la Comisión había delegado, sin licitación alguna, la gestión de 
la administración de los programas a un organismo exterior a la Comunidad. Los trabajos 
del Tribunal realizados en este organismo demostraron la existencia de un conflicto de 
intereses ya que dos de los cuatro miembros de su consejo de administración dirigían al 
mismo tiempo las oficinas de asistencia técnica encargadas del seguimiento de los 
programas. Estas oficinas preparaban los expedientes para el comité de preselección de 
las propuestas, presidido por la Comisión, influyendo de este modo directamente en la 
adjudicación de los contratos de asistencia técnica. Mediante este procedimiento, se 
adjudicaron a dos oficinas de asistencia contratos para la ejecución de proyectos que 
ascendían a 270.000 y 405.000 ecus, sin procedimientos de licitación o selección previa. 
Sobre la base del informe preliminar del Tribunal de Cuentas, las Comisión bloqueó inmediatamente (a 
partir de octubre de 1995) los programas de cooperación descentralizada en curso en el Mediterráneo. 
Además, adoptó las siguientes medidas: liquidación de todos los contratos correspondientes con los 
diferentes organismos de asistencia técnica implicados, realización de tres auditorías por el Control 
Financiero (DG XX), emisión de órdenes de recaudación previstas en los informes del Interventor, 
realización de investigaciones por parte de la UCLAF, inicio de una auditoría financiera general de las 
redes, y redefinición del sistema de gestión para el futuro (decisiones déla Comisión de julio de 1996 y de 
enero de 1997). 
3.5.3. Fondo Europeo de Desarrollo (TED^) / Tentativa de desvío de fondos 
Una importante ayuda financiera se puso a disposición de Camerún en el marco de su 
programa de ajuste estructural. Esta financiación dio lugar a la apertura de cuentas 
bancarias en la dirección nacional del Banco de los Estados de África Central, así como 
"' Programas por los que se favorece la constitución de redes, en los ámbitos objeto de financiación, entre les socios 
mediterráneos. 
37 
en diversos bancos comerciales. Estas cuentas bancarias funcionan según el principio de 
la cogestion, por lo que las operaciones deben efectuarse sobre la base de una firma 
doble, la del Jefe de la Delegación de la Comisión y la del Ministro del Estado encargado 
de la Economía y la Hacienda, ordenador nacional del FED o de su delegado, en el caso 
que nos ocupa el Director General de Caja Autónoma de Amortización. 
Se emitieron órdenes de transferencia por un total de 4,16 millones de ecus, en las que se 
habían utilizado firmas falsas. Los servicios judiciales cameruneses efectuaron ocho 
detenciones. La vigilancia bancaria y la rapidez de actuación de los funcionarios de la 
Delegación de la Comisión evitaron que se produjera el daño, al bloquearse los pagos. 
Las constataciones a las que llegó una misión dirigida por la Comisión facilitaron la 
adopción de las medidas necesarias para garantizar los procedimientos adecuados. 
4. ASOCIACIÓN CON LOS ESTADOS MIEMBROS 
La política de lucha contra la delincuencia financiera ha llevado a la Comisión a entablar 
contactos con las autoridades y servicios nacionales especializados en la lucha contra la 
delincuencia económica y financiera. Por su parte, este nuevo tipo de relaciones 
privilegiadas ha llevado a algunos Estados miembros a tomar iniciativas importantes 
dirigidas a proteger los intereses financieros de las Comunidades. La Comisión procura 
destacar las iniciativas más significativas y ejemplares, ya que traducen el enfoque global 
e integrado de los fenómenos del fraude y de la delincuencia económica que actúan 
contra los intereses de los contribuyentes europeos. 
Por lo demás, prosiguen las acciones de formación del conjunto de los cuerpos y 
servicios nacionales responsables de la lucha contra el fraude (inspectores sobre el 
terreno, magistrados, jueces y fiscales). 
El diálogo con los Estados miembros no se limita a este tipo de acciones; es constante, 
bien a través de encuentros bilaterales con las autoridades competentes, bien en el marco 
institucional representado, en particular, por el Comité consultivo para la coordinación de 
las acciones en la materia (COCOLAF) y, por lo que se refiere más concretamente a las 
cuestiones relativas a la fiscalidad indirecta (IVA), por el subcomité contra el fraude 
(SCAF), cuya actividad se ha reanudado a iniciativa de la Comisión. 
Dicho comité, copresidido por la UCLAF y la DG XXI, fue reorganizado en mayo de 
1996 con el fin de ampliar su actividad. Su principal función es recoger, examinar y 
evaluar la experiencia de los Estados miembros sobre las nuevas tendencias en materia de 
evasión fiscal para proponer medidas apropiadas. También se ocupa del fraude que 
pudiera tener incidencia a nivel comunitario y apoya una cooperación más eficaz entre 
los servicios de los Estados miembros, en particular, en casos de fraudes.62 
4.1 Organización de los Estados miembros para la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades 
En Francia se ha creado una instancia de coordinación de la lucha contra el fraude en 
detrimento de los fondos comunitarios (ICLAF). Esta instancia de alto nivel deberá 
62 El principal punto del programa de dicho subcomité es encontrar los medios de crear una tipología del fraude en materia de 
IVA. En 1997 se examinarán 500 casos con dicho propósito. 
38 
coordinar las diversas administraciones encargadas a nivel nacional del control 
administrativo de los fondos comunitarios. Constituye un interlocutor privilegiado para la 
Comisión. La aduana francesa y la policía judicial se organizan para responder mejor a la 
opción política de una penalización creciente de la gran delincuencia financiera. La 
Dirección Central de la Policía Judicial constituyó una brigada de policía judicial "fraude 
comunitario", compuesta por agentes especialistas en materia de lucha contra la 
delincuencia financiera, que se ocupará de las redes de fraude comunitario y centralizará 
las informaciones nacionales sobre el tratamiento judicial de dichos asuntos.63 La 
Dirección General de Aduanas e Impuestos Indirectos ha propuesto, por su parte, la 
constitución de un cuerpo de "aduaneros judiciales". Este proyecto, que se refiere 
particularmente al fraude comunitario, va en el sentido de los puntos de reflexión del 
análisis comparado, efectuado por la Comisión, de las medidas adoptadas por los Estados 
miembros para aplicar el artículo 209 CE64. 
Irlanda, por su parte, ha anunciado la creación de una oficina especializada en la lucha 
contra la delincuencia financiera organizada65. Esta unidad operativa estará compuesta 
por agentes procedentes de los servicios de policía, aduanas y del fisco. 
En Italia, además de la creación de una célula especial para la represión de los fraudes 
comunitarios, la Guardia di Finanza ha proseguido y acentuado su colaboración con la 
Comisión para la protección de los intereses financieros de la Unión. El 4 de octubre de 
1996 se firmó en Roma un protocolo técnico de entente entre el Mando general de la 
Guardia di Finaza y la UCLAF con vistas a cristalizar, por primera vez en un acto formal, 
las estrechas relaciones de colaboración operativa que existen entre ambos órganos. 
En Alemania, el Ministerio de Justicia ha informado oficialmente a las autoridades 
judiciales de los Lander, mediante escrito de 21 de junio de 1996, de la posibilidad de 
cooperar con la Comisión en el marco del artículo 209 A del Tratado. 
Otros Estados miembros reflexionan sobre la creación o la reforma de estructuras que 
refuercen su capacidad de luchar contra el fraude y la gran delincuencia financiera 
organizada que atenían contra los intereses comunitarios. 
4.2 Política de formación 
En el pasado se han organizado numerosas acciones de formación de alcance general 
dirigidas, principalmente, a concienciar a las autoridades nacionales sobre las 
responsabilidades que les incumben en materia de prevención y represión del fraude en 
detrimento del presupuesto comunitario. Esta información general de base se ha 
garantizado en todos los Estados miembros. Posteriormente, la Comisión ha hecho más 
hincapié en la organización de acciones de formación más específicas, dirigidas a los 
servicios especializados en la gestión y el control de los fondos comunitarios que 
transitan por las administraciones nacionales, así como a las autoridades judiciales 
63 La creación de esta brigada operativa ilustra bien la necesidad de consolidar la cooperación y el intercambio de información 
con la UCLAF, con carácter previo a la acción judicial propiamente dicha. 
64 Véase la nota a pie de página n° 22, página 12. 
65 Criminal Assets Bureau (CBA). 
39 
(jueces, fiscales, policía judicial), cuya cooperación es indispensable para garantizar el 
éxito sobre el terreno de la lucha contra el fraude66. 
Para ampliar sus posibilidades de acción en términos de formación, la Comisión ha 
procurado que sus esfuerzos vayan acompañados de ayudas financieras a los Estados 
miembros, que se conceden a instancia de éstos, y sobre la base de un programa que 
contribuirá a mejorar la formación de los agentes nacionales encargados de la lucha 
contra el fraude. 
En 1996, los Estados miembros, con la Comisión, realizaron las acciones siguientes67, 
generalmente de 2 días de duración68: 
PAIS 
IRLANDA 
PORTUGAL 
AUSTRIA 
GRECIA 
REINO UNIDO 
FRANCIA 
POLONIA 
ALEMANIA 
SUECIA SERVICIOS COMPETENTES 
Inspectores de aduanas 
Inspectores de aduanas 
Inspectores y administradores 
Fiscales y magistrados 
Brigada fiscal 
Inspectores y administradores 
Servicios de aduanas y policía 
fiscales 
Inspectores y administradores 
Inspectores de aduanas 
Inspectores de aduanas 
Policía judicial 
Fiscales, magistrados, policía, 
inspectores de aduanas 
Inspectores de policía 
Inspectores y administradores TEMAS TRATADOS 
Fraudes agrícolas 
Contrabando de cigarrillos 
Irregularidades / Fondo de Cohesión 
Irregularidades / Fondo Social Europeo 
Fraude contra el presupuesto CE 
Irregularidades / Fondo de Cohesión 
Iniciación a la problemática de 
los fraudes comunitarios 
Irregularidades / Fondo de Cohesión 
Fraude en el ámbito de la fiscalidad 
Fraudes en el régimen de tránsito 
Delincuencia financiera 
Fraude comunitario y cooperación 
Fraude comunitario y cooperación 
Irregularidades / Fondos estructurales. 
5. PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS 
COMUNIDADES / HECHOS SIGNIFICATIVOS DE LA EVOLUCIÓN DE 
LOS DIVERSOS SECTORES 
El presente Capítulo está dedicado a los aspectos significativos de la evolución de la 
normativa sectorial que han incidido positivamente en la lucha contra el fraude, así como 
al desarrollo de un enfoque antifraude en otros ámbitos tales como el IVA, los regímenes 
de tránsito y los regímenes preferenciales. 
66 Los servicios solicitantes, en los nuevos Estados miembros y en los terceros países candidatos a la adhesión, han recibido 
cierta prioridad en el marco del programa de trabajo de la Comisión. 
67 Este cuadro no recoge los cursos ni seminarios organizados en Bruselas. 
6^ En el sector de aduanas y fiscalidad indirecta, la Comisión también organizó varios seminarios de información sobre las 
normas de origen preferencial en los terceros países (Camboya y Laos, entre otros), beneficiarios de preferencias arancelarias 
comunitarias, esencialmente los beneficiarios de preferencias generalizadas (SPG). 
40 
En lo que respecta a las modificaciones de la legislación comunitaria, hay que señalar 
ante todo, en materia de recursos propios, el fortalecimiento del Reglamento (CEE, 
Euratom) n° 1552/89 y, en el sector agrícola, la aplicación del Reglamento "Lista negra". 
En lo que respecta a los regímenes de tránsito aduanero, las medidas adoptadas se 
inscriben en el plan de reforma anunciado en 199569. Todas estas disposiciones forman 
parte de un paquete de medidas descrito en el programa de trabajo antifraude de la 
Comisión. 
5.1 Sector de los recursos propios 
• El 8 de julio de 1996, el Consejo aprobó el Reglamento (Euratom, CE) n° 1355/9670 
por el que se modifica el Reglamento (CEE, Euratom) n° 1552/89, relativo a la aplicación 
de la Decisión 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema de recursos propios de las 
Comunidades. Esta modificación pretende mejorar la comunicación a la Comisión de 
información relativa a casos de fraudes e irregularidades detectadas y constatadas por los 
Estados miembros en el sector de los recursos propios tradicionales71. El propio 
Reglamento regula el contenido exacto de las comunicaciones y la actualización de la 
información comunicada. Así, el seguimiento económico de los casos de fraude e 
irregularidades por los servicios de la Comisión será más fácil gracias a un volumen de 
información más detallada y regular, como lo es actualmente en el sector de los gastos, en 
virtud de los Reglamentos vigentes72. A partir de estas comunicaciones, la Comisión 
efectuará una síntesis anual destinada al Parlamento Europeo y al Consejo, que tratará 
tanto sobre las informaciones relativas a los casos de fraude e irregularidades como sobre 
las inspecciones que hayan efectuado los servicios especializados de los Estados 
miembros. 
• En 1996 la Comisión aumentó sus actividades de coordinación de las acciones 
emprendidas a iniciativa de los Estados miembros en materia de IVA. Se introdujeron 
mejoras en el sistema de intercambios de informaciones SCENT fiscal73. La UCLAF 
tomó iniciativas de apoyo y sostenimiento de varias acciones operativas antifraude 
transnacionales. No obstante, desde el punto de vista jurídico, las interpretaciones de la 
posibilidad de dirigir estas acciones sistemáticamente varían según los Estados 
miembros. También se demostró que, a nivel comunitario, donde las transacciones 
comerciales cuentan con componentes transnacionales, subsisten zonas grises en las que 
las administraciones carecen de los recursos suficientes, incluidos los jurisdiccionales. La 
experiencia en materia de inspecciones y verificaciones, tanto en relación con el IVA 
como con los recursos propios tradicionales, sobre los que la Comisión tiene una 
competencia administrativa, hace deseable establecer en el futuro una coordinación 
central coherente. Queda aún mucho por hacer en este sector, que constituye una 
importante fuente de ingresos para los Estados miembros y que representa casi la mitad 
de los ingresos presupuestarios anuales de la Unión Europea, es decir, alrededor de 
69 Comunicación de la Comisión de 29.3.1995 sobre el "fraude en el procedimiento de tránsito, soluciones previstas y 
perspectivas abiertas para el futuro", doc. C0M(95) 108 final. 
70 DOL 175 de 13.7.1996. 
71 Véase informe anual "Lucha contra el fraude" para 1995 página 23, y para 1994, página 9. 
72 Reglamento (CEE) n° 595/91 del Consejo (FEOGA-Garantía), Reglamento (CE) n°1681/94 de la Comisión (Fondos 
estructurales) y Reglamento (CE) n" 1831 /94 de la Comisión (Fondo de Cohesión). 
73 Sistema de intercambio de informaciones sobre la fiscalidad indirecta vía la red SCENT, véase el Capítulo 5.5.1, página 46. 
41 
45 millones de ecus desembolsados anualmente por las tesorerías nacionales en beneficio 
del presupuesto comunitario. 
5.2 Sector agrícola 
Tal como lo anunció en su programa de trabajo, la Comisión aprobó el Reglamento (CE) 
n° 745/96 de la Comisión74 relativo a las modalidades de aplicación del Reglamento (CE) 
n° 1469/95 del Consejo75 ("Lista negra"), referente a las medidas que deberán adoptarse 
en relación con determinados beneficiarios de operaciones financiadas por el FEOGA-
Garantía. Es la orimera vez que un texto de Derecho comunitario prevé la elaboración de 
una lista de operadores no fiables de la que podrán disponer las autoridades nacionales 
competentes que, de esta manera, estarán en condiciones de adoptar las medidas 
preventivas necesarias. La aplicación de este Reglamento está en su fase inicial. Los 
Estados miembros han designado, a tal fin, a una autoridad que recibirá y transmitirá la 
información a la Comisión (a través de la red SCENT). La Comisión centraliza las 
comunicaciones y garantiza la información recíproca de las autoridades nacionales, 
respetando las disposiciones sobre la protección de datos. La rapidez y calidad de estos 
intercambios son de primordial importancia, en la medida en que los operadores 
implicados pueden trasladarse de un Estado a otro si tienen conocimiento de la iniciación 
de procedimientos administrativos. 
5.3 Regímenes de tránsito e iniciativas aduaneras 
5.3.1 Los regímenes de tránsito76 
5.3.1.1 El seguimiento de la comunicación de la Comisión del 29 de marzo de 1995 
La intensificación de los intercambios y la desaparición de las fronteras internas requería 
el establecimiento de regímenes de circulación de mercancías en el territorio comunitario 
que estuvieran adaptados a este nuevo orden. Las dificultades proceden de la coexistencia 
de la dinámica ligada al mercado interno integrado y los controles nacionales que deben 
constituir la principal protección. El hecho es que, en estas circunstancias, los fraudes 
relacionados con los regímenes de tránsito, fraudes que no sólo afectan a los intereses 
comunitarios, se han desarrollado aún más. 
Tras su comunicación del 29 de marzo de 1995, que ponía de manifiesto el desarrollo del 
fraude en los regímenes de tránsito, la Comisión adoptó, el 3 de abril de 1996, una 
comunicación sobre las medidas de emergencia adoptadas o pendientes77 y puso en pie 
una "task force" tránsito. El 9 de octubre de 1996 presentó una comunicación sobre "el 
futuro de los regímenes de tránsito"78, que realiza un análisis profundo del conjunto del 
sistema y de su c áexto y evalúa cada una de las propuestas destinadas a mejorarlo o 
74 DO L 102 de 25.4.1996. 
75 DO L 145 de 29.6.1995. 
76 Véanse los informes anuales "Lucha contra el fraude" para 1994, página 14, y para 1995, página 25. 
77 Doc. SEC(96)290 final "Acciones de la Comisión en materia de lucha contra el fraude en el tránsito". 
78 Doc C0M(96) 477 final. Para coordinar los trabajos del grupo interservicios, la Dirección General de Aduanas y Fiscalidad 
Indirecta ha creado una "task force" específica cuyo mandato es estudiar todos los regímenes de circulación de mercancías, 
tales como el tránsito aduanero, a fin de adoptar propuestas de reforma global. 
42 
reformarlo. Sobre esta base, se han llevado a cabo durante seis meses intensas consultas 
con los distintos agentes afectados (autoridades nacionales, incluidas las de los países 
participantes en el régimen de tránsito común79, y asociaciones profesionales 
representativas de los operadores económicos), cuyo punto culminante será la 
conferencia "Eurotránsito 1997"en febrero de 1997 en Bruselas. Las informaciones 
recibidas de los Estados miembros, responsaêles del control del sistema y únicos 
poseedores de la información relativa a su gestión, demuestran que los regímenes de 
tránsito comunitario y de tránsito común suponen, aproximadamente, dieciocho millones 
de operaciones al año, lo cual implica un volumen fiscal de 450.000 millones de ecus, y 
esto en el marco de un sistema casi exclusivamente manual. El objetivo preferido de los 
defraudadores siguen siendo los productos considerados sensibles, sujetos a impuestos 
especiales nacionales, tales como cigarrillos, alcohol y otros productos agrícolas 
sensibles. El reto es siempre el mismo: garantizar que las mercancías llegan a su destino 
declarado y que se han cumplido todas las disposiciones aduaneras y fiscales. El importe 
anual del fraude al presupuesto comunitario en el régimen de tránsito se estima en un 
mínimo de 200 millones de ecus, mientras que los importes que eluden los impuestos 
nacionales son aún mayores80. 
Las medidas anunciadas en 1995, en el marco de la comunicación de la Comisión, se han 
concretado en este año en: 
. la aprobación del Reglamento (CE) n° 482/96 de la Comisión9,1 que permite fijar itinerarios 
obligatorios, la prohibición de cambiar de oficina de destino, los criterios de acceso a la garantía global, 
la prohibición temporal del recurso a la garantía global para determinadas mercancías y las obligaciones 
particulares relativas al transporte de mercancías sensibles. 
. la aprobación del Reglamento (CE) n° 2153/96 del Consejo*2 que fija la garantía global'en 100 % con 
algunas excepciones^. 
El proyecto de informatización del régimen de tránsito84 sigue movilizando a la 
Comisión, los Estados miembros de la Unión, los países de la AELC y los países 
VISEGRAD85, socios del tránsito común. 
El sistema informatizado se ha desarrollado para ser operativo en 1998. Hay que recordar 
que para crear el sistema en los plazos previstos es absolutamente necesario disponer de 
recursos humanos (equipos responsables de proyectos nacionales) y económicos. El 
proyecto de informatización se divide en tres fases. La primera, que concluirá a finales 
79 El propio régimen de tránsito común es una extensión del régimen de tránsito comunitario a los países de la Asociación 
Europea de Libre Comercio (AELC): Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. 
80 
81 El Parlamento Europeo estima que la pérdida anual de recursos procedentes del IVA es de aproximadamente 700 millones de 
ecus. 
DO L 70 de 20.3.1996. Este Reglamento modifica el Reglamento (CEE) n° 2454 de la Comisión (DO L 253 de 11.10.1993) 
por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Código de aduanas comunitario (DAC). 
82 DO L 289 de 12.11.1996. 
8^ La entrada en vigor, en el curso del año, de la prohibición de utilizar la garantía global para los cigarrillos y el alcohol, 
transportados por carretera, ha supuesto el cambio del modo de transporte de estos productos en beneficio de las vías aéreas y 
marítimas. Ello se debe a que la prohibición de utilizar la garantía global no se aplica cuando las mercancías se transportan por 
mar o por vía aérea. 
84 Véase el informe anual sobre la "Lucha contra el fraude" de 1995, página 28. 
85 Polonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa. 
43 
del primer trimestre de 1997, trata de la definición de especificaciones técnicas y 
funcionales del sistema. La segunda (diciembre 1996-junio 1998) se refiere a la 
construcción del sistema propiamente dicho (pliego de condiciones, programas 
informáticos, instalaciones informáticas y conexiones). Entrará en servicio en un número 
limitado de oficinas, en paralelo con el sistema actual de papel, por un periodo de cuatro 
a seis meses. Por último, la tercera fase (desde junio 1998) será la del desarrollo de la red 
y la infraestructura hasta la cobertura completa del conjunto de las oficinas de aduana 
habilitadas para el tránsito86. 
5.3.1.2 La Comisión temporal de investigación del Parlamento Europeo 
En 1996, la Comisión garantizó una estrecha cooperación y una colaboración activa con 
la Comisión temporal de investigación del Parlamento Europeo87. Esta participación en 
los trabajos del Parlamento Europeo se concretó en varias presentaciones orales y 
contribuciones escritas. El informe definitivo de la Comisión de investigación se 
publicará en el segundo trimestre de 199788. 
La Comisión de investigación procedió a la audición de responsables nacionales de 
aduanas para aclarar algunos aspectos y mecanismos de los fraudes detectados en el 
marco de la aplicación de los regímenes de tránsito (común, comunitario y TIR). 
La crisis que atraviesan estos regímenes pone en peligro la credibilidad del mercado 
interior y las administraciones aduaneras, por lo que el Parlamento Europeo, a través de 
estas audiciones, ha puesto de relieve la necesidad de definir un espacio judicial común89, 
en particular en casos de fraude grave en los que intervengan redes de delincuencia 
organizada. De hecho, según el Parlamento Europeo, la cooperación judicial existe en 
teoría pero no en la práctica, ya que las estructuras de los Estados miembros son 
demasiado dispares. Una de las mayores dificultades que surgen en la práctica es la falta 
de modelos de prueba, algo que impide la aceptación en todos los Estados miembros de 
los elementos recogidos en un Estado miembro. Estas diferencias benefician a la gran 
delincuencia, que se ingenia en crear sistemas de fraude cada vez más sofisticados a 
través de sociedades-pantalla y disponiendo de toda la "panoplia" del perfecto 
defraudador (declaraciones falsas, documentos falsos, sellos falsos...). 
La Comisión, por su parte, prosigue sus análisis y presentará en mayo de 1997 un 
informe final que contendrá una comunicación sobre la reforma global de los regímenes 
de tránsito y un plan de acción con las medidas necesarias para subsanar los fallos 
detectados. Dicho informe toma en consideración las recomendaciones de la Comisión 
temporal de investigación del Parlamento Europeo. 
86 El traslado se efectuará en primer lugar a países "piloto" y, más adelante, se extenderá al resto de los países. 
87 Comisión de investigación creada con arreglo a la Decisión del 13.12.1995. Véase el informe anual de la "Lucha contra el 
fraude" de 1995, página 31. 
88 Los temas de interés para la Comisión de investigación son la ampliación del régimen de tránsito común a los países 
VISEGRAD (desde el 1 de julio de 1996), la recaudación de derechos de aduana, incluido el tema espinoso de la 
responsabilidad financiera de los operadores que se han hecho garantes y las medidas que deberán adoptarse en caso de 
tránsito marítimo. 
89 Véase el Capítulo 1.1.3., página 9. 
44 
5.3.2 El programa "Aduana 2000" 
El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el 19 de diciembre de 1996 un programa 
de acción para la aduana en la Comunidad ("Aduana 2000")90, texto que desarrolla y 
amplía la acción piloto iniciada en 199491. Este programa que, en su artículo 8, trata 
específicamente de la lucha contra el fraude, tiene por objetivo mejorar la eficacia global 
de la acción aduanera y la homogeneidad de los controles de la frontera exterior de la 
Comunidad, aumentando la transparencia de la acción aduanera y la cooperación entre 
los servicios aduaneros de los Estados miembros. Actualmente, las condiciones de 
control y de aplicación de la normativa varían según las diversas oficinas de aduana de la 
Comunidad para la entrada de mercancías idénticas transportadas con el mismo medio de 
transporte. Además, las infracciones no reciben sanciones equivalentes en los diversos 
Estados miembros. Las orientaciones del programa "Aduana 2000" deben armonizar 
todos estos aspectos, incluidos los métodos de trabajo y el control de los aduaneros de la 
Unión. 
5.3.3 Los regímenes preferenciales 
La Comisión ha reforzado la reglamentación relativa a la cooperación administrativa 
entre los países beneficiarios del sistema de preferencias generalizadas (SPG), régimen 
autónomo comunitario, y la Comunidad que concede preferencias92. Las nuevas 
disposiciones, que empezaron a aplicarse el 1 de enero de 1997, aclaran las modalidades 
de participación de la Comunidad en las investigaciones tramitadas por las autoridades 
competentes de los países beneficiarios, a fin de obtener información sobre el origen real 
de los productos exportados al amparo de certificados de origen SPG. A nivel práctico, la 
Comisión ha creado un sistema informático de transmisión de las impresiones de los 
sellos utilizados para autentificar los certificados de origen, destinado a los servicios 
aduaneros de los Estados miembros. Esta transmisión técnica, al permitir una mayor 
rapidez en la circulación de información y una mayor legibilidad de los modelos de 
sellos, es un factor importante para desarrollar un control eficaz de los certificados de 
origen y la circulación de mercancías. Por último, a semejanza de lo que ha hecho en 
materia de tránsito, la Comisión se ha comprometido a preparar una comunicación al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la situación preocupante en el ámbito de la 
aplicación de los regímenes preferenciales. 
5.4 £1 sector de los gastos directos 
A principios de 1996 la Comisión creó un grupo interservicios para aclarar los problemas 
relacionados con la participación financiera de la Comunidad en las acciones de 
'.'Investigación, Desarrollo y Tecnologías" (IDT), con vistas a la preparación del quinto 
programa marco, que cubrirá el periodo a partir de 199993. Esta iniciativa se inscribe 
plenamente en la estrategia antifraude de la Comisión, dirigida a mejorar las 
90 Decisión n° 21Q/97/CE. DO L 33 de 4.2.1997. 
91 Véase el informe anual de la "Lucha contra el fraude" de 1995, página 28. 
92 Reglamento (CE) n° 12/97 de la Comisión, de 18 de diciembre de 1996 (DO L 9 de 13.1.1997), por el que se modifica el 
Reglamento (CEE) n° 2454/93 de la Comisión (DAC), en particular sus artículos 93,93bis y 94. 
93 El grupo ha elaborado un informe provisional, el informe final está previsto en el curso de 1997. Se someterá a la aprobación 
del Colegio y se integrará en el proyecto de propuesta del quinto programa marco. 
45 
disposiciones comunitarias de carácter económico. El objeto de los trabajos de este grupo 
es buscar soluciones a los problemas relacionados con los costes, la auditoría y las 
sanciones aplicables en caso de irregularidades en el sector de IDT. En el nuevo 
programa marco, la Comisión prevé proponer que su contribución financiera a las 
actividades de investigación y desarrollo tecnológico se conceda con arreglo a un 
régimen de Derecho basado en las normas comunitarias. Por tanto, podrán aplicarse 
sanciones administrativas en caso de irregularidades. El instrumento jurídico no sólo 
debe establecer las modalidades de ejecución de las órdenes de recaudación y los poderes 
de control con respecto a beneficiarios y terceros, sino también fijar las sanciones 
comunitarias aplicables en caso de irregularidades. El sector de IDT, habida cuenta de su 
importancia, será objeto de un nivel de protección equivalente al que existe para los 
gastos indirectos, gestionados por los Estados miembros. Al mismo tiempo, servirá de 
ejemplo para establecer el mismo tipo de protección en otros sectores de gastos directos. 
5.5 Asistencia mutua administrativa y asistencia técnica 
5.5.1 A nivel comunitario 
La propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la asistencia mutua en los sectores 
aduanero y agrícola, que la Comisión presentó en 199294, seguía en fase de examen en el 
Consejo y el Parlamento Europeo a finales de 199695. Este nuevo Reglamento establece 
una nueva base jurídica para crear una base de datos SID, alimentada con las 
informaciones intercambiadas por los Estados miembros a través de la red SCENT96. 
5.5.2 Entre la Comunidad y los terceros países 
En el marco de las relaciones con algunos terceros países (SPG, ACP, países 
pertenecientes a los acuerdos textiles), la Comunidad presta una asistencia técnica cuyo 
objetivo es ayudar a las autoridades competentes de estos países a aplicar las 
disposiciones de los acuerdos y regímenes comerciales97. La Comisión también debe 
velar por la aplicación de estos regímenes al entrar en su territorio. 
La Comisión también organiza, desde 1991, en el marco de los programas PHARE y 
TACIS, misiones específicas de asistencia técnica y de formación, principalmente a 
través de Euroaduana (consorcio que reúne a los 15 Estados miembros de la Unión y a 
los países de la AELC). Estas acciones cubren todas las actividades aduaneras, incluidas 
determinadas acciones en el ámbito de la lucha contra el fraude98. 
94 Véanse los informes anuales de la "Lucha contra el fraude" de 1994, página 13 y de 1995, página 23. 
9^ Ante la falta de consenso sobre la base jurídica entre las instituciones, el Consejo lanzó el procedimiento prescrito para la 
aplicación del Reglamento, que fue finalmente aprobado el 13.3.1997 (Reglamento (CE) n° 515/97 del Consejo, DO L 82 de 
22.3.1997). 
96 "System for a Customs Enforcement Network", módulo informático del SID (Sistema de información aduanero). 
9^ La Comisión también ha prestado asistencia técnica a las autoridades chinas responsables de la aplicación del acuerdo bilateral 
textil en materia de clasificación de los productos en cuestión (que condiciona la aplicación de restricciones cuantitativas). 
98 Se han entregado a los países PHARE equipos para la detección y el control aduanero (concretamente, control de precursores), 
a fin de aumentar las posibilidades de aplicación de sus propias normativas aduaneras. Véase el informe anual de la "Lucha 
contra el fraude" de 1995, página 29. 
46 
Por último, se han celebrado o están en fase de celebración con unos cincuenta países 
acuerdos con disposiciones relativas a la asistencia administrativa recíproca en el ámbito 
aduanero. Estas disposiciones proporcionan una base para la obtención de información y 
pruebas documentales sobre las transacciones cuya regularidad es dudosa. Se trata de 
elementos que no están disponibles en la Comunidad y que son indispensables para 
demostrar el fraude. Asimismo, puede tratarse de datos sobre las personas responsables 
de la organización de transacciones comerciales que han dado lugar, posteriormente, a 
irregularidades en la Comunidad. En 1996 entraron en vigor diversos acuerdos99, se 
firmaron acuerdos de cooperación aduanera y de asistencia mutua100 así como acuerdos 
con un protocolo relativo a la asistencia administrativa mutua101. 
El Consejo adoptó directrices para la negociación de acuerdos relativos a la asistencia 
administrativa mutua, o que contienen un protocolo en la materia, con una serie de 
países102. En 1997 se deberán tomar iniciativas para intensificar la cooperación en el 
sector particular de la protección de los intereses económicos, con determinados países, 
con vistas a la ampliación. 
6. PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS / INICIATIVAS 
LEGISLATIVAS HORIZONTALES 
Tras los progresos realizados a nivel legislativo horizontal103 en 1995 y siguiendo en la 
línea de su estrategia antifraude, la Comisión ha proseguido sus trabajos para lograr una 
mayor protección de las finanzas comunitarias consolidando el concepto de asociación 
operativa con los Estados miembros. El Reglamento sobre los controles y verificaciones 
in situ efectuados por los agentes de la Comisión, aprobado por el Consejo el 11 de 
noviembre de 1996, responde a este objetivo y a sus exigencias104. 
La dinámica creada por el Reglamento sobre la protección de los intereses financieros de 
las Comunidades105 ha permitido al legislador comunitario seguir estableciendo 
sanciones administrativas106 en el sector agrícola. Esta iniciativa concreta la posibilidad 
de adoptar sanciones administrativas para la protección del presupuesto comunitario, en 
armonía con las orientaciones definidas por el Reglamento de alcance general. 
99 Unión aduanera con Turquía, acuerdos provisionales con Israel, Ucrania, Rusia, Moldavia. 
100 Con Corea del Sur y los Estados Unidos. 
101 Con Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kirguizistán, Marruecos, Uzbekistán, Eslovenia y las Islas Feroe. 
10^ Suiza, Albania y Argelia. Además de estos países, las negociaciones para celebrar un acuerdo que contemple dichas 
disposiciones prosiguen con Sudáfrica, Canadá, Egipto, Jordania y Líbano, se han suspendido provisionalmente con México y 
se han relanzado con Japón y Hong-Kong. Aún están en curso los procedimientos de ratificación del acuerdo firmado en 1995 
con Marruecos y Túnez y quedan por completar los acuerdos firmados con los países de Mercosur (Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay) y Chile. Por último, la Comisión ha solicitado un mandato de negociación de un acuerdo de tipo "euro-
mediterráneo" con Siria. 
103 Véase el informe anual de la "Lucha contra el fraude" de 1995, Capítulo 1, a partir de la página 11. 
104 El Reglamento sobre controles y verificaciones in situ se inscribe en el marco definido en el artículo 10 del Reglamento (CE) 
n°2988/95 del Consejo. 
105 Reglamento (CE, Euratom) n° 2988/95 del Consejo (DO L 312 de 23.12.1995). 
106 Se trata, entre otros, del Reglamento (CE) n°887/96 de la Comisión (DO L 119 de 16.5.1996) sobre las modalidades de 
aplicación del régimen de ayuda al consumo para el aceite de oliva. 
47 
Asimismo, el Convenio firmado el 26 de julio de 1995, en el marco del Título VI del 
Tratado de la Unión Europea, ha iniciado el proceso de aproximación de los instrumentos 
jurídicos nacionales, con vistas a la protección penal de los intereses financieros de las 
Comunidades. Los trabajos efectuados en 1996 completan este instrumento inicial 
mediante la firma de un primer protocolo al Convenio, relativo a la corrupción de los 
funcionarios. Pero el Consejo no ha estado en condiciones de aprobar otro protocolo que 
complete el Convenio. No obstante, el Consejo Europeo de Dublin de diciembre de 1996 
subrayó su determinación de luchar contra la delincuencia internacional organizada, a fin 
de reforzar su acción dirigida a proteger los intereses financieros de las Comunidades. A 
este respecto, confirmó la importancia del Convenio sobre la protección de los intereses 
financieros y de los protocolos adicionales destinados a completarlo y pidió 
encarecidamente a los Estados miembros que ratificaran lo antes posible los textos ya 
aprobados. 
6.1 El Reglamento sobre los controles y las verificaciones in situ 
El Consejo Europeo de Madrid había solicitado explícitamente que se aprobara este 
Reglamento relativo a las inspecciones y verificaciones in situ efectuadas por la 
Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas 
contra los fraudes y otras irregularidades107, antes de finales de junio de 1996. En el 
Consejo Ecofin del 3 de junio de 1996 se alcanzó un consenso sobre este texto y el 
Parlamento Europeo aprobó la propuesta de Reglamento el 24 de octubre de 1996, tras 
una nueva solicitud del Consejo108. Este Reglamento constituye un avance considerable 
en la lucha contra el fraude y un paso importante en de refuerzo de los medios de que 
dispone la Comisión para luchar contra la gran delincuencia financiera. 
6.1.1 Ámbito de aplicación del Reglamento 
El Reglamento está destinado a aplicarse en todos los ámbitos de actividad de las 
Comunidades Europeas. Sus disposiciones permitirán a la Comisión disponer de una base 
jurídica nueva y autónoma para dirigir controles específicos "antifraude", a fin de 
descubrir irregularidades en los operadores financieros. Este mecanismo jurídico 
completa las bases ya existentes, previstas por las normativas sectoriales, para la 
organización de controles "tradicionales" de la correcta aplicación del Derecho 
comunitario. 
Se ha definido con precisión el marco en que la Comisión está autorizada para intervenir, 
sin que ello afecte a la responsabilidad de los Estados miembros que, en materia de 
protección de intereses financieros, sigue siendo primordial. La realización de controles 
in situ, mediante este Reglamento, cumple el objetivo concreto de detectar fraudes e 
irregularidades en todos los ámbitos de actividad de las Comunidades 109. Desde la lógica 
de la subsidiariedad, la Comisión puede efectuar inspecciones in situ en los casos en que 
esté en mejores condiciones para aportar un "valor añadido", es decir, en los casos de 
irregularidad grave, transnacional, compleja y sofisticada, así como en los casos 
107 Reglamento (Euratom, CE) n° 2185/96 del Consejo, DO L 292 del 15.11.1996. 
108 Los dictámenes sucesivos del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento se publicaron en el DO C 166 de 
10.6.1996 y en el DOC 347 de 18.11.1996. 
109 Salvo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y los sectores que no tienen repercusiones financieras en el presupuesto de la 
Unión. La propuesta inicial de la Comisión incluía el IVA en el ámbito de aplicación del Reglamento. 
48 
particulares en que, según el Consejo Europeo de Madrid, es necesario garantizar un 
"nivel de protección" de los intereses financieros de las Comunidades "equivalente" en 
todos los Estados miembros. 
6.1.2 La aplicación de los controles 
Los controles y las verificaciones in situ se efectúan cuando existen motivos para 
pensar110 que se han cometido irregularidades. Estas investigaciones, cuya iniciativa 
corresponde a la Comisión, pretenden reunir los elementos determinantes y necesarios 
para perseguir las irregularidades. Para garantizar el concepto de asociación y obtener 
toda la ayuda y cooperación necesarias, también en el caso de los controles de 
emergencia, el texto prevé expresamente, por una parte, que la Comisión informe 
previamente a todos los Estados miembros interesados y, por otra parte, la participación 
de las autoridades nacionales en los controles preparados y dirigidos por la Comisión. De 
hecho, sin una colaboración estrecha y leal, según el espíritu de los artículos 5 y 209 A 
CE, no es posible realizar un trabajo eficaz. El Reglamento regula el estatuto de los 
inspectores de la Comisión competentes para dirigir y participar en los controles. 
También prevé la posibilidad de recurrir, en su caso, al asesoramiento técnico por parte 
de empresas especializadas. 
Junto a los operadores económicos beneficiarios o deudores del presupuesto comunitario 
(ingresos y gastos), el texto prevé también que los controles puedan extenderse a otros 
operadores que intervengan (proveedores, transportistas, aseguradores...), a fin de no 
dejar nada de lado en la fase de recogida de los datos pertinentes sobre los hechos objeto 
de control111. De este modo se facilita la búsqueda de los elementos decisivos. Así, los 
inspectores de la Comisión tienen acceso a todas las informaciones y a la documentación 
relativa a las operaciones, en las mismas condiciones que los inspectores nacionales. 
También pueden tomar muestras. El Reglamento permite asimismo a los agentes de la 
Comisión, debidamente habilitados y autorizados, acceder a los locales de uso 
profesional en las mismas condiciones que los inspectores nacionales. Si es necesario, 
pueden solicitar asesoramiento al Estado miembro para cumplir su misión de control y 
verificación in situ. 
6.1.3 Resultado de las inspecciones 
La Comisión está obligada a informar a los Estados miembros de los resultados de sus 
inspecciones y verificaciones in situ. Un elemento fundamental y totalmente innovador es 
la admisión de los informes elaborados por los inspectores de la Comisión, a partir de la 
información obtenida durante la inspección in situ, como elementos de prueba en los 
procedimientos administrativos y judiciales del Estado miembro de que se trate. 
El legislador ha previsto que los informes redactados por los inspectores de la Comisión 
tengan la misma fuerza probatoria que los elaborados por los inspectores nacionales. El 
trabajo de los inspectores de la Comisión facilitará la recuperación de las cantidades en 
110 Artículo 5 del Reglamento (CE) n° 2185/96 del Consejo. 
111 Las informaciones reunidas por la Comisión están protegidas por el secreto profesional y por las normas de protección de los 
datos de carácter personal. 
49 
juego y los procedimientos penales mediante la aplicación de sanciones "eficaces, 
proporcionadas y disuasivas" a los defraudadores112. 
6.2 Las actividades en el marco del Título VI del TUE 
El año 1995 concluyó con el compromiso de completar el Convenio sobre la protección 
de los intereses financieros de la Comunidad. En la agenda figuraban dos proyectos de 
protocolo a este Convenio. El primer protocolo se refería a la corrupción que atenta o 
puede atentar contra los intereses financieros de las Comunidades Europeas. El segundo 
proyecto de protocolo pretendía ordenar las normas específicas de la cooperación judicial 
y dirigir investigaciones concertadas en caso de fraude plurinacional o transnacional. El 
Consejo Europeo de Madrid de diciembre de 1995 solicitó que concluyeran los trabajos 
destinados a completar el Convenio, tanto en cuanto a los procedimientos en caso de 
corrupción de funcionarios (nacionales y comunitarios) como en el ámbito de la 
cooperación judicial. 
6.2.1 Primer protocolo sobre la corrupción de funcionarios 
El poder de corrupción de la delincuencia organizada también puede ejercerse en caso de 
fraudes contra los intereses financieros de las Comunidades Europeas. Estos actos suelen 
tener carácter transnacional que pueden dar lugar a procedimientos contra infracciones 
relativas a funcionarios nacionales o comunitarios. Este primer protocolo del Convenio, 
relativo a la lucha contra actos de corrupción que atentan contra los intereses financieros 
de las Comunidades, fue elaborado por iniciativa de la Presidencia española del Consejo, 
en estrecha colaboración con la Comisión, y firmado por los Ministros de Justicia de los 
Estados miembros el 27 de septiembre de 1996113. También contempla las infracciones 
cometidas por o contra los miembros de la Comisión, del Parlamento Europeo, del 
Tribunal de Justicia y del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, en el 
ejercicio de sus funciones, en la medida en que prevé la asimilación de estas 
personalidades a los ministros de los gobiernos de los Estados miembros, a los elegidos 
de las asambleas parlamentarias y a los miembros de las más altas jurisdicciones y 
Tribunales de Cuentas nacionales. 
Ahora bien, la corrupción también puede darse en sectores de actividad de las 
Comunidades Europeas sin vínculo directo explícito con el fraude propiamente dicho. 
Por ello, tras la elaboración de este protocolo bajo la Presidencia española del Consejo, la 
Presidencia italiana volvió a tomar este mecanismo para extenderlo, en el marco de un 
Convenio, al conjunto de actos de corrupción. Deberá alcanzarse un acuerdo sobre un 
texto que supere la mera protección de los intereses financieros para alcanzar el objetivo 
de lucha global contra la corrupción. 
Hay que señalar la firma, el 29 de noviembre de 1996, en el Consejo de Ministros de 
Justicia, de un protocolo por el que se define el papel del Tribunal de Justicia en materia 
de protección de los intereses financieros y en el marco del sistema de información 
aduanero114. A tenor de este texto, los Estados miembros pueden introducir en sus 
112 Véase la sentencia de 21 de septiembre de 1989, asunto 68/88. 
113 DOC 313 de 25.10.1996. 
114 En el marco del SID, el Tribunal de Justicia se pronunciaría, con carácter prejudicial, sobre la interpretación del Convenio 
sobre la utilización de la informática en el sector de aduanas. El 23.7.1996 se firmó otro protocolo, calcado del protocolo 
50 
Derechos internos la posibilidad de recurrir al Tribunal, con arreglo a las modalidades de 
su elección, para la interpretación prejudicial del Convenio de que se trate. La cuestión de 
la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia es el único aspecto pendiente en el 
caso del Convenio sobre la corrupción. 
6.2.2 El Protocolo en materia de protección penal de los intereses financieros 
El 19 de enero de 1996115 la Comisión presentó al Consejo una propuesta de segundo 
protocolo al Convenio sobre la protección de los intereses financieros de las 
Comunidades. Esta propuesta recoge algunos elementos de protección penal que se 
habían descartado anteriormente del Convenio, con el fin de que la presidencia pueda 
decidir en los plazos fijados por el Consejo Europeo. La pretensión inicial de la propuesta 
de la Comisión era responder a las dificultades reales constatadas sobre el terreno, 
especialmente en lo que respecta a los delicados temas de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, del blanqueo de los productos del fraude contra el presupuesto de las 
Comunidades, del reconocimiento mutuo de las pruebas, la cooperación judicial y la 
centralización de los procedimientos116. Para la Comisión, que desea completar el 
abanico de medidas de protección plena de los intereses financieros de las Comunidades, 
estos temas son ineludibles. 
Al completar el Convenio, este protocolo, junto con el Reglamento sobre los controles y 
verificaciones in situ, debería constituir un conjunto coherente y crear vías de 
comunicación entre los resultados de los controles administrativos y los procedimientos 
penales. 
Dada la dificultad de los debates sobre estos temas, no ha sido posible mantener el nivel 
de ambición inicial del protocolo propuesto por la Comisión. No obstante, se han 
conservado algunos elementos como la responsabilidad de las personas jurídicas, el 
blanqueo y la asistencia de la Comisión en el marco de las investigaciones realizadas por 
las autoridades judiciales nacionales en los sectores de la lucha contra el fraude, a fin de 
que el Consejo pueda pronunciarse antes de que finalice la Presidencia neerlandesa en 
1997. Los elementos retirados del proyecto inicial siguen pendientes en el Consejo y, 
según la Comisión, deberán ser objeto de un nuevo protocolo para responder a la petición 
explícita del Consejo Europeo de Madrid de que prosigan los trabajos para completar el 
Convenio, a fin de crear los instrumentos de cooperación judicial que requiere la 
protección de las finanzas de Europa. 
relativo a la protección de los intereses financieros, sobre la interpretación prejudicial, por parte del Tribunal de Justicia, del 
Convenio sobre la creación de una Oficina Europea de Policía (Europol) (DO C 299 de 9.10.1996). 
115 Doc. COM(95)693 final,DOC 83 de20.3.1996. 
1 '6 Véase el informe anual de la "Lucha contra el fraude" de 1995, páginas 18 y 19. 
51 
CUADRO 1 
RECURSOS PROPIOS 
1993-1996 
IRREGULARIDADES 
comunicadas formalmente* 
por los ESTADOS MIEMBROS INVESTIGACIONES 
efectuabas por la 
COMISIÓN con los 
ESTADOS MIEMBROS 
\~NÚMERO efe CASOS 
IMPORTES en MILLONES de ECUS 
(*) Reglamento (CEE) 1SSZ'89 : se Incluye la osttmaMn para el segundo semestre da 1990. 
52 
CUADKÜ 2 
FEOGA - GARANTÍA 
1993 -1996 
IRREGULARIDADES 
comunicadas formalme 
por los ESTADOS MIEMB INVESTIGACIONES 
.G efectuadas por la 
ROS COMISIÓN con los 
ESTADOS MIEMBRO! 
(*) Sobre la base del Reglamento (CEE) 595/91 
53 
CUADRO 3 
ACCIONES 
ESTRUCTURALES 
1993-1996 
IRREGULARIDADES 
comunicadas formalme 
por los ESTADOS MIEIW INVESTIGACIONES 
efectuadas por la 
COMISIÓN con los 
ESTADOS MIEMBROS 
NUMERO de CASOS 
IMPORTES en MILLONES de ECUS 
¿¿32a 
23 
16 I ' 
O Sobre la base de los Reglamentos (CEE) 1681/94 y 1831/94 
( se excluyen los casos del 4 ' trimestre de 1996 relativos a Italia y los Países Bajos) 
54 
CUADRO 4 
INVESTIGACIONES efectuadas por la 
COMISIÓN con Sa asistencia de los 
servicios de los Estados miembros 
NUMERO de CASOS 
1,191^.1995 1996¿3 
IMPORTES en MILLONES de ECUS 
55 
Cuadro 5 
IMPACTO GLOBAL de las IRREGULARIDADES 
comunicadas en 1996 sobre el 
PRESUPUESTO COMUNITARIO de 1996 
Recursos 
gj%J f^ra^y 
irregularidades comunicadas por los Estados miembros 
Irregularidades detectadas por ia Comisión 
en cooperación con Sos Estados miembros •í3wJ fîèsfir 
320 Millones de ECUS 
467 Millones de ECUS 2,36% 
3,44% 
impacto global de las irregularidades 787 Millones de ECUS 5,80% 
ffif< táií&Jiétfiklto de -fes 
Estrucü 
Irregularidades comunicadas por los Estados miembros 
Irregularidades detectadas por la Comisión 
en cooperación con los Estados miembros 64 Millones de ECUS 
88 Millones de ECUS 0,26% 
0,36% 
Impacto global de las irregularidades 152 Millones de ECUS 0,62% 
Irregularidades comunicadas por los Estados miembros 
Irregularidades detectadas por ia Comisión 
en cooperación con los Estados miembros 204 Millones de ECUS 
142 Millones de ECUS 0,48% 
0,33% 
impacto global de las irregularidades 345 Millones de ECUS 0,80% 
Observación general: los casos de irregularidades detectadas y comunicadas durante 
1996 se refieren con frecuencia a ejercicios anteriores 
56 
CUADRO 6 
FEOGA GARANTÍA 
TOTAL DE LAS IRREGULARIDADES COMUNICADAS EN 1996 
-Ni Reglamento (CEE) 
595/91 
BELGIQUE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
ÔSTERREICH 
PORTUGAL 
SUOMI 
SVERIGE 
UNITED KINGD 
TOTAL NÚMERO DE CASOS 
COMUNICADOS 
22 
40 
479 
196 
122 
76 
30 
476 
128 
14 
53 
5 
58 
245 
1M4 CERRADOS 
10 
32 
218 
176 
11 
21 
23 
102 
69 
14 
6 
5 
57 
135 
879 PENDIENTES 
12 
8 
261 
20 
111 
55 
7 
374 
59 
0 
47 
0 
1 
110 
i.oes IMPORTES en ECUS rapo <<e<«<:/<>roí>re*n996; 
COMUNICADOS 
2.439.279 
553.498 
25.504.762 
1.361.106 
16.487.337 
5.096.471 
7.383.760 
123.503.793 
10.130.519 
0 
7.045.267 
106.969 
21.390 
4.157.736 
ntíiiitnmunt 
iunnniiiiHiit RECUPERADOS 
20.803 
516.270 
4.247.835 
56.403 
203.633 
340.798 
6.579.153 
1.548.069 
1.103.747 
0 
106.328 
106.969 
12.506 
1.561.884 
16.404.398 POR RECUPERAR 
2.418.476 
37.228 
21.256.927 
1.304.703 
16.283.704 
4.755.673 
804.607 
121.955.724 
9.026.772 
0 
6.938.939 
0 
8.884 
2.595.852 
187.387.489 
N.B. Luxemburgo ha señalado que no se ha detectado ninguna irregularidad > 4.000 ecus. 
Reglamento (CEE) 595/91 FEOGA GARANTÍA 
IRREGULARIDADES COMUNICADAS EN 1996 - PORSECTORES CUADRO 7 
00 mrn±mï^ï.ïïséçn>R 
MONTANTES COMPENSATORIOS MONETARIOS 
PLANTAS TEXTILES Y GUSANOS DE SEDA 
OTROS SECTORES AGRÍCOLAS 
HUEVOS Y AVES DE CORRAL 
PRODUCTOS DE LA PESCA 
AYUDAS ESPECIALES DE URGENCIA 
CARNES DE OVINO Y DE CAPRINO 
SECTORES NO PRECISADOS 
CARNE DE PORCINO 
AZÚCAR E ISOGLUCOSA 
AYUDAS AGROAUMENTARIAS 
PROTEAGINOSOS 
PRODUCTOS FUERA DEL ANEXO II 
OTRAS MEDIDAS FEOGA-GARANTÍA 
PRODUCTOS DEL SECTOR VITIVINÍCOLA 
FRUTAS Y VERDURAS 
TABACO 
CARNE DE BOVINO 
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 
MATERIAS GRASAS 
CEREALES Y ARROS 
TOTAL 
SECTOR 
MONTANTES COMPENSATORIOS MONETARIOS 
PLANTAS TEXTILES Y GUSANOS DE SEDA 
OTROS SECTORES AGRÍCOLAS 
HUEVOS Y AVES DE CORRAL 
PRODUCTOS DE LA PESCA 
AYUDAS ESPECIALES DE URGENCIA 
CARNES DE OVINO Y DE CAPRINO 
SECTORES NO PRECISADOS 
CARNE DE PORCINO 
AZÚCAR E ISOGLUCOSA 
AYUDAS AGROAUMENTARIAS 
PROTEAGMOSOS 
PRODUCTOS FUERA DEL ANEXO H 
ATRÁS MEDIDAS FEOGA-GARANTÍA 
PRODUCTOS DEL SECTOR VITIVINÍCOLA 
FRUTAS Y VERDURAS 
TABACO 
CARNE DE BOVINO 
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 
MATERIAS GRASAS 
CEREALES Y ARROZ 
TOTAL BE 
CAS 
1 
1 
i 
3 
i 
S 
7 
1 
2 
22 
11 
CAS 
1 
4 
230 
33 
10 
89 
1 
8 
85 
15 
476 IMPORTES 
A 
16 
32 
301 
0 
0 
1.507 
152 
0 
431 
2.439 B 
0 
32 
301 
0 
0 
1.507 
147 
0 
431 
2.418 
IMPORTES 
A 
0 
652 
4.086 
4.400 
8.860 
19.720 
25 
2.248 
28.259 
55.254 
123.504 a 
0 
652 
4.077 
3.666 
8.860 
18.963 
25 
2.248 
28.211 
55.254 
121.956 ÜK 
CAS 
1 
1 
3 
1 
1 
9 
W 
3 
7 
3 
40 
NL 
CAS 
1 
1 
31 
4 
6 
t 
2 
1 
11 
8 
39 
17 
128 IMPORTES 
A 
5 
10 
21 
98 
18 
120 
13 
9 
47 
212 
553 s 
0 
10 
7 
0 
0 
0 
2 
9 
9 
0 
37 
IMPORTES 
A 
5 
0 
540 
25 
128 
780 
29 
7 
63 
1.096 
4.462 
2.996 
10.131 B 
0 
0 
203 
7 
35 
754 
0 
0 
38 
1.096 
4.126 
2.768 
9.027 DE 
«AS 
2 
ë 
2 
13 
10 
4 
50 
129 
1 
127 
81 
2 
52 
479 
-US' 
CAS 
1 
1 
12 
Vi4 IMPORTES 
A 
11 
106 
0 
830 
672 
62 
1.716 
1.597 
43 
12.732 
5.631 
71 
2.034 
25.505 B 
0 
106 
0 
127 
102 
62 
1.255 
1.253 
43 
11.726 
4.953 
26 
1.602 
21.255 
IMPORTES 
A 
0 
0 
0 
0 B 
0 
0 
0 
0 EL 
CAS 
f 
2 
1 
18 
35 
138 
1 
196 
PO 
CAS 
1 
3 
4 
11 
2 
3 
3 
28 
S3 IMPORTES 
A 
12 
190 
5 
868 
0 
83 
203 
1.361 « 
0 
190 
5 
824 
0 
83 
203 
1.305 
IMPORTES 
A 
22 
19 
3.013 
2.915 
162 
40 
59 
814 
7.04* s 
22 
19 
3.013 
2.915 
162 
40 
59 
708 
6.938 ES 
CAS 
2 
2 
1 
4 
10 
5 
17 
38 
1 
8 
10 
23 
1 
122 
SU 
CAS 
1 
3 
1 
5 IMPORTES 
A 
10 
29 
7 
126 
2.303 
1.033 
1.059 
5.856 
25 
1.575 
816 
3.647 
0 
16.486 s 
1 
23 
7 
117 
2.289 
983 
921 
4.351 
25 
1.575 
816 
3.621 
0 
14.729 
IMPORTES 
A 
83 
0 
24 
107 B 
0 
0 
0 
0 FR 
«AS 
1 
1 
2 
3 
8 
6 
2 
• 
17 
9 
12 
15 
2 
76 
sy 
CAS 
5 
41 
8 
1 
2 
58 IMPORTES 
A 
4 
147 
12 
54 
59 
113 
43 
169 
347 
1.831 
1.702 
615 
5.096 0 
4 
147 
12 
5 
7 
92 
0 
97 
270 
1.831 
1.675 
615 
4.755 
IMPORTES 
A 
0 
13 
0 
0 
0 
9 22 0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 m 
CAS 
17 
11 
2 
30 
UK 
CAS 
4 
44 
4 
3 
49 
58 
38 
44 
2 
245 IMPORTES 
A 
6 
718 
6.659 
7.383 B 
4 
718 
83 
805 
IMPORTES 
A 
33 
513 
274 
134 
877 
767 
473 
1.076 
11 
4.158 a 
16 
281 
248 
122 
438 
468 
329 
672 
11 
2.585 \ A = Importe total indfcâdô-
tí = Sa1doaile<iupert¡r 
tUtAjLVgg 
CAS 
i m w 1 2 
€6 
35 
31 
31 
4 28 125 478 7$ 89 12B 231 217 252 
124 
1.944 5 
12 
100 
125 
147 
190 
529 
581 
1,230 
1.249 
3.013 3,276 4.859 
8.470 
8.543 
16.199 
19.745 19.966 
22.833 
32.119 
Mm, mm 7.599 
14,548 
18,988 
18,816 
14.769 
32.000 
É& 
N&. Luxemburgo ha señalado que no se ha detectado ninguna Irregularidad > 4.000 ecus 
;W5fM * 
BELGIQUE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM total 
comunicados 
155 
1.753 
92 
204 
140 
1.145 
1.345 
6.878 total 
ncuporadas 
116 
300 
1.434 
54 
141 
785 
114 
271 
624 
66 
1.158 a cargo" Jsl 
FEOGA-Garantía 
7 
89 a cargo* dal 
fc'afacto miembro por mùupemq 
66 
<R-299 17 
,1 g. (f.2-3-4; 
32 
19 
35: 
14 onto la 
JUSTICIA 
7 
92 
23 
18 
15 
237 petición del Estado 
miembro: s cargo 
del FEOQA-Garentla 
m^ï. SALDO 
j>rjj¿¿) 
24 
3 
76 
38 
40 
48 
3 
637 
13 
"73°/ó"~~f~"" J22%_ 
"T~ 27% j ~~~13y, 
" Incobrable : decisión formal en 9l marco de la liquidación de cuentas: Psglamcrto (CEE) 72¡)/70 
59 
ACCIONES ESTRUCTURALES CUADROS 
1994-1996 
REGLAMENTO (CEE) 1681/94 
de 1994 
Beigique/België 
Danmark 
Deutschland 
Elias 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Total 1994 Número de casos 
7 
6 
41 
10 
2 
10 
0 
0 
8 
1 
79 IMPORTES en ECUS 
Total declarado 
8.717 
157.949 
2.909.579 
389.284 
82.798 
1.454.432 
0 
0 
429.782 
81.884 
5.514.425 Total recuperado 
0 
16.164 
844.441 
12.137 
72.148 
0 
0 
0 
237.548 
0 
1.182.438 Saldo 
8.717 
141.785 
2.065.138 
377.147 
10.650 
1.454.432 
0 
0 
192.234 
81.884 
4.331.987 
Año 1995 
Beigique/België 
Danmark 
Deutschland 
Elias 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Total 1995 Número de casos 
0 
21 
58 
46 
0 
0 
5 
0 
13 
44 
7 
194 Total declarado 
0 
12.438.851 
2.517.817 
19.700.341 
0 
ü 
4.583.426 
0 
0 
2.573.264 
1.759.366 
43.573.065 Total recuperado 
0 
242,872 
1.495.098 
7.931.171 
0 
0 
0 
0 
0 
279.364 
561.822 
10.510.327 Saldo 
0 
12.195.979 
1.022.719 
11.769.170 
0 
0 
4.583.426 
0 
0 
2.293.900 
1.197.544 
33.062.738 
Año 1996 
Autriche 
Beigique/België 
Danmark 
Deutschland 
Ellas 
España 
Finlande 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
Suède 
United Kingdom 
Total 1996 Número de casos 
0 
6 
1 
52 
23 
34 
0 
30 
9 
42 
0 
0 
87 
7 
6 
297 Total declarado 
0 
264.580 
104.936 
14.935.572 
1.701.942 
3.182.165 
0 
1.271.486 
97.921 
24.405.863 
0 
0 
10.779.078 
20.669 
7.112.658 
63.877.070 Total recuperado 
0 
59.715 
0 
921.992 
529.944 
767.561 
0 
226.806 
93.971 
6.525.728 
0 
0 
925.102 
20.869 
1.334.152 
11.405.840 Saldo 
0 
204.865 
104.936 
14.013.580 
1.171.998 
2.414.604 
0 
1.044.680 
3.950 
17.880.135 
0 
0 
9.853.976 
0 
5.778.506 
52.471.230 
Total del documentó Número de casos 
570 Total declarado 
112.964.560 Total recuperado | Saldo 
23.098.605 \ 89.865.955 
( se excluyen los casos del 4° trimestre de 1996 en Italia y Países Bajos ) 
( - ) no se ha recibido ninguna comunicación 
( 0 ) comunicación que señala la inexistencia de casos o la no evaluación del importe 
60 
GLOSARIO 
CEE : Comunidad Económica Europea 
CE : Comunidad Europea (denominación utilizada desde la entrada en vigor del Tratado de la 
Unión Europea 
SEM 2000 : Programa de la Comisión para mejorar para el año 2000 la gestión de los créditos 
comunitarios (Sound and Efficient Management - Gestion saine et efficace) 
UCLAF : (Unidad de) Coordinación de la lucha contra el fraude (Dirección incluida en el 
organigrama de la Secretaría General de la Comisión) 
DO : Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DO L: serie L, DO C, serie C) 
TIR : Transporte internacional por carretera 
COCOLAF: Comité consultivo para la coordinación de la lucha contra el fraude 
SCAF : Subcomité antifraude (en el ámbito de la fiscalidad indirecta) 
SCENT : System for a Customs Enforcement NeTwork 
SID: Sistema de información aduanera 
EWS: Early Warning System (sistema de alerta precoz) 
IVA : Impuesto sobre el valor añadido 
SPG : Sistema de preferencias generalizadas, sistema "preferencial" autónomo 
FSE : Fondo Social Europeo 
FEDER : Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
MCA : Marco comunitario de apoyo 
FED : Fondo Europeo de Desarrollo 
PAC : Política agrícola común 
FEOGA : Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (Sección Garantía: 
FEOGA-Garantía, Sección Orientación: FEOGA-Orientación) 
GRP : Grupo de Representantes personales (dentro del programa SEM 2000) 
DAC : Disposiciones de aplicación del Código Aduanero Comunitario 
IDT : Investigación y desarrollo tecnológico 
PHARE : Programa de ayuda a la reconstrucción económica de los países de Europa Central y 
Oriental 
TACIS : Programa de asistencia técnica para el saneamiento y la recuperación económica a los 
nuevos Estados independientes y a Mongolia 
CECA : Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
ONG : Organización no gubernamental 
PMD : País menos desarrollado 
61 

ISSN 0257-9545 
COM(97) 200 final 
DOCUMENTOS 
ES 09 08 10 
N° de catálogo : CB-CO-97-207-ES-C 
ISBN 92-78-19626-6 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
L-2985 Luxemburgo 
Qñ-