COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 30.10.1996 
COM(96) 488 final 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO 
LOS ACUERDOS DE PESCA 
Situación actual y perspectivas 

INTRODUCCIÓN 
La Resolución adoptada por el Consejo el 3 de noviembre de 19761 establecía los 
fundamentos para la celebración de los acuerdos de pesca. Tras veinte años de experiencia, 
la Comisión considera conveniente ahora reflexionar acerca de su política exterior de pesca2. 
SECCIÓN I 
1.1. Evolución de los acuerdos de pesca entre 1977 v 1996 
La política comunitaria en materia de acuerdos de pesca vio oficialmente la luz mediante la 
Resolución del Consejo de 3 de noviembre de 1976, en la que se establecía la extensión a 200 
millas de las zonas de pesca de los Estados miembros frente a las costas del Atlántico norte 
y del mar del Norte a partir del 1 de enero de 1977. Esta decisión se adoptó con el fín de 
proteger los intereses comunitarios tras las declaraciones unilaterales por las que ciertos países 
ampliaron su soberanía a 200 millas frente a sus costas, comprometiendo los derechos 
tradicionales de pesca de los buques comunitarios. La citada Resolución establecía, por una 
parte, que la actividad pesquera ejercida por buques de terceros países en los caladeros 
incluidos en las 200 millas comunitarias debería ser objeto de un acuerdo entre la Comunidad 
y los países asociados en cuestión, y, por otra, que el mantenimiento de los derechos de pesca 
existentes y la obtención de nuevos derechos para los pescadores comunitarios en aguas de 
terceros países se determinaría en el marco de los acuerdos comunitarios de pesca 
correspondientes. 
La política de acuerdos de pesca constituía un factor esencial para salvaguardar una parte 
importante del sector de la pesca, generador de una actividad económica vital y, por 
consiguiente, de un gran número de puestos de trabajo en la Comunidad, sobre todo en las 
regiones costeras que dependen principalmente de la pesca. Además, esa política contribuye 
en gran medida a garantizar el suministro de productos de la pesca a la Comunidad. 
Los acuerdos de pesca comunitarios, inicialmente limitados al mar del Norte, se han ido 
extendiendo a otras aguas. Actualmente, la Comunidad es signataria de 26 acuerdos: 15 con 
países de África y el Océano Indico, 10 con países del Atlántico norte, entre los que se 
cuentan 5 del mar Báltico, y uno con un país de América Latina. 
DOn°C 105 de 7. 5.1981. 
Esta Comunicación tiene por complemento el documento de trabajo de los servicios de la Comisión 
sobre acuerdos de pesca elaborado para el seminario celebrado por el Parlamento Europeo en Quimper 
los días 13 y 14 de mayo de 1996. 
Desde la celebración de los primeros acuerdos se ha observado una evolución constante en 
las características y la variedad de nuestros acuerdos de pesca. La adhesión de España y de 
Portugal, en 1986, con su propia red de acuerdos de pesca, y la de Suecia y Finlandia, años 
más tarde, confirieron un enorme ímpetu al desarrollo de los acuerdos comunitarios de pesca. 
Para hacer frente a los costes financieros que suponen ciertos acuerdos para la Comunidad, 
el presupuesto destinado a las cuestiones internacionales de pesca ha aumentado de 6 millones 
de ecus en 1981 a 280 millones de ecus en 1996, y las posibilidades de pesca 
correspondientes de 13.900 TRB a 132.000 TRB (a las que hay que añadir la cuota adicional 
de 136.600 toneladas en Groenlandia). 
Además, la Comisión ha recibido del Consejo un mandato para la negociación de nuevos 
acuerdos con países latinoamericanos, africanos y de otros continentes3. 
1.2. Naturaleza de los acuerdos 
Tipos de acuerdos de pesca 
No existe un modelo único de acuerdo de pesca. En realidad, las características de cada 
acuerdo reflejan los objetivos y los intereses económicos de las partes. El Acuerdo con 
Argentina celebrado en mayo de 1994, que fomenta la creación de asociaciones de empresas 
y sociedades mixtas, se consideró un "acuerdo de segunda generación", pasando todos los 
acuerdos precedentes a denominarse acuerdos "clásicos" o de "primera generación". 
En el marco de su política exterior de pesca, la Comunidad ha celebrado toda una gama de 
acuerdos diferentes con los países asociados: 
acuerdos recíprocos en virtud de los cuales la Comunidad ofrece a la otra parte 
posibilidades de pesca en aguas de sus Estados miembros a cambio de oportunidades 
equivalentes para sus buques en las aguas del país cosignatario (Noruega, las islas 
Feroe, Islandia y las Repúblicas Bálticas); 
acuerdos con arreglo a los cuales los buques comunitarios pueden capturar poblaciones 
excedentes en aguas de un tercer país (Estados Unidos4, Canadá5); 
Mandatos para la celebración de nuevos acuerdos: 
América Latina: Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Uruguay. 
África: Gabon, Sudafrica, Mozambique, Namibia. 
Otras zonas: Polonia, Rusia y EE.UU. 
Este Acuerdo expiró al final de 1993. 
Canadá aún no ha ratificado el Acuerdo de 1992. 
acuerdos en virtud de los cuales el acceso a los recursos por parte de los buques 
comunitarios tiene como contrapartida una compensación financiera (países ACP y del 
Océano índico, y Marruecos en algunos aspectos); 
acuerdos de acceso a los recursos a cambio de compensación financiera y de acceso 
al mercado (Groenlandia); 
por último, el Acuerdo con Argentina, que supone la constitución de sociedades mixtas 
y asociaciones de empresas. 
Cada uno de estos modelos tiene su propio fundamento y responde sobre todo a los patrones 
históricos y las disposiciones reguladoras de la actividad pesquera, el grado de desarrollo del 
sector pesquero de los países asociados o la existencia de poblaciones comunes de peces en 
las zonas de pesca de la Comunidad y del tercer país. 
La aprobación por parte del Consejo de un mandato de negociación con los países de América 
Latina en octubre de 1990 supuso el primero de los grandes cambios de la política 
comunitaria en materia de acuerdos de pesca, pues se trató de tener en cuenta las 
posibilidades comerciales de países con sectores pesqueros desarrollados. La principal 
innovación que supuso este tipo de acuerdos fue que el acceso a las posibilidades de pesca 
en las aguas de los países latinoamericanos no se basaría en la concesión de licencias por 
parte de los países asociados, sino en la constitución de sociedades mixtas y asociaciones de 
empresas del sector pesquero entre los armadores comunitarios y los agentes del tercer país 
en cuestión. 
1.3. Principios básicos 
La negociación de los acuerdos de pesca se efectúa de acuerdo con las directrices de 
negociación aprobadas a tal efecto por el Consejo. A su vez, estas directrices se basan 
esencialmente en los principios recogidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, y, en el caso de los países ACP, también en el Convenio ACP-UE. 
Asimismo, se tienen en cuenta los derechos y obligaciones de los estados ribereños y de la 
Comunidad, especialmente el deber de cooperación internacional. Uno de los objetivos clave 
que se persigue es la conservación y el uso racional y sostenible de los recursos de pesca. 
Por lo que respecta a la captura de poblaciones que resultan excedentarias debido a las normas 
y la capacidad pesquera de los estados ribereños, el principio rector de los acuerdos se 
encuentra en las disposiciones pertinentes del artículo 62 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) y en el Convenio de Lomé ACP-UE. 
Desde el principio, los acuerdos de pesca han sido de carácter comercial al consistir en la 
concesión de posibilidades de pesca a la flota comunitaria a cambio de posibilidades de pesca 
o del pago de una contribución financiera al país cosignatario del acuerdo. No obstante, este 
aspecto comercial no prejuzga en absoluto el compromiso de la Comisión en cuanto a la 
conservación de los recursos en aguas de los países asociados, como queda plasmado en los 
niveles y condiciones de pesca, disposiciones de control, etc. previstos en los acuerdos. 
En el caso de los países ACP, los acuerdos de pesca constituyen un elemento específico de 
la política comunitaria global en relación con estos países. De acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 130 V del Tratado CE, dicho elemento ha de ser coherente con la política 
comunitaria de desarrollo establecida en el Convenio ACP-CE. Por lo tanto, aunque el 
objetivo de nuestros acuerdos sea contrario a la expansión de la industria pesquera, incluida 
la pesca artesanal, del país asociado, la Comunidad debe asegurar en estos casos que el 
acuerdo no limita su desarrollo o viabilidad. 
Sin embargo, los acuerdos con los países ACP encierran su propia filosofía, no basada en 
objetivos de desarrollo. En estos casos, la faceta comercial debe entenderse como el 
establecimiento de concesiones recíprocas, es decir, la creación de un equilibrio entre las 
posibilidades de pesca que se otorgan a la Comunidad recibe y lo ésta que paga al tercer país 
en cuestión. 
La compensación global consiste esencialmente en la contribución financiera pagada por la 
Comunidad y los armadores a través de las tasas de las licencias, pero también en la adopción 
de medidas de desarrollo por parte de los armadores, como la contratación de ciudadanos de 
los países ACP para formar las tripulaciones, la obligación de desembarcar determinadas 
capturas, la autorización de la presencia de observadores a bordo de los buques, etc., 
específicamente solicitadas por el tercer país durante las negociaciones. 
En las transacciones comerciales, el país asociado es completamente libre de escoger el 
destino final de la compensación financiera del acuerdo. En general, el grueso de esta 
compensación pasa a la hacienda pública, aunque alguna parte se dedica a la ejecución de 
medidas especificas en el sector nacional de la pesca, la investigación científica sobre 
poblaciones, la organización de actividades de formación, los servicios de inspección, etc. En 
la mayoría de los países asociados, la contribución de los programas científicos y de 
formación a los sectores correspondientes ha resultado sumamente positiva. Estos programas 
han permitido la formación o reorientación profesional de un gran número de ciudadanos de 
los países socios en diversas ramas del sector pesquero: pescadores, observadores, científicos, 
economistas e ingenieros de la industria de transformación. Una grata novedad en lo que 
respecta a la asignación de los fondos se encuentra en el nuevo Acuerdo con Marruecos, que 
destina el 30% de la financiación total al desarrollo del sector pesquero marroquí a lo largo 
de los cuatro años de vigencia del Acuerdo. 
Además, los Acuerdos hacen actualmente un hincapié especial en el fomento de controles 
efectivos de la actividad pesquera mediante la ejecución de programas de observación e 
inspección, la financiación de las infraestructuras de inspección en los países asociados y la 
organización en los Estados miembros de programas específicos de inspección de los buques 
de pesca que faenen al amparo de los acuerdos. 
SgÇÇIpN II 
PAPEL DE LOS ACUERDOS DE PESCA 
Objetivos generales 
Los objetivos establecidos para los acuerdos de pesca en las directrices de negociación 
adoptadas por el Consejo les confieren un papel clave en la política pesquera común de la 
Comunidad. Estos objetivos se hallan especialmente relacionados con los puestos de trabajo 
directa o indirectamente generados por la actividad pesquera, el nivel y estabilidad de las 
posibilidades de pesca para la flota comunitaria, el pescado y los productos derivados del 
pescado obtenidos en aguas comunitarias y suministrados al mercado comunitario y la 
relevancia de los acuerdos en la política estructural aplicada al conjunto de la flota 
comunitaria. 
2.1. Aspectos socioeconómicos 
Una de las principales razones de ser de estos acuerdos conserva cierta naturaleza económica 
y social. Al mantener o ampliar las posibilidades de pesca de la flota en aguas de terceros 
países, los acuerdos protegen el nivel de empleo directo en los buques de pesca y el de 
empleo indirecto en la industria de transformación y afín dentro de la Comunidad. Por lo 
tanto, la continuidad de estos acuerdos resulta vital para las comunidades costeras 
dependientes del sector de la pesca, ya que éstas suelen además hallarse ubicadas en regiones 
económicamente desfavorecidas con escasas o nulas posibilidades alternativas de trabajo. 
Se calcula que unos 20.000 trabajadores de la Comunidad están directamente empleados en 
los 1.300 buques pesqueros que faenan al amparo de nuestros acuerdos de pesca. De acuerdo 
con los estudios socioeconómicos regionales se estima, calculando por lo bajo, que un puesto 
de trabajo en el mar genera otro en tierra, por lo que otras 20.000 personas trabajan en la 
industria pesquera y los servicios complementarios directamente relacionados con estos 
acuerdos. Esta dimensión del sector queda perfectamente ilustrada por el Acuerdo con 
Marruecos, que por sí sólo da empleo directo en los buques a unos 8.000 pescadores. 
La creación y el mantenimiento de los puestosde trabajo derivados de los acuerdos de pesca 
no se circunscribe únicamente a la Comunidad, ya que estos acuerdos también generan 
posibilidades de empleo en el sector pesquero de nuestros socios ACP. Los acuerdos prevén 
la contratación de pescadores locales a bordo de nuestros buques en cifras que varían en 
función del tamaño del barco. También se envían observadores a bordo de los buques; las 
reparaciones, suministros y demás servicios destinados a los barcos constituyen asimismo 
fuentes de empleo en los puertos de nuestros socios. Además, los centros de investigación y 
los servicios de inspección de los países cosignatarios de los acuerdos resultan también 
beneficiados de los puestos adicionales de trabajo directamente derivados de la ejecución de 
los acuerdos. Los acuerdos que prevén desembarques obligatorios por parte de los buques 
comunitarios en los países asociados también contribuyen a la creación de empleo en las 
industrias de transformación pesqueras de dichos países. 
2.2. Mercados 
Otro objetivo importante de los acuerdos de la Comunidad es el suministro de productos 
pesqueros procedentes de la Comunidad al mercado comunitario. El mercado comunitario de 
pescado es el más importante del mundo: en 1993 consumió más de 9 millones de toneladas, 
de las cuales se importaron 3,6 millones por un valor de 7.000 millones de ecus, cifra superior 
al valor de la producción comunitaria, que alcanzó 6.000 millones de ecus por un total de 6,7 
millones de toneladas. 
En este contexto, es importante que la Comunidad utilice y desarrolle instrumentos que 
garanticen que el abastecimiento de su mercado a partir de fuentes comunitarias mantenga su 
importancia relativa. Los acuerdos de pesca, combinados con las capturas en aguas 
internacionales, contribuyen aproximadamente al 25% de la producción total de la Comunidad. 
Por consiguiente, constituyen un medio importante para asegurar el abastecimiento del 
mercado comunitario y reducir nuestro déficit comercial de productos de la pesca. 
Es de notar que este déficit ha aumentado considerablemente en los últimos años, 
especialmente entre 1988 y 1990, hasta alcanzar actualmente un 54% del valor de la demanda 
de nuestro mercado. Esta tendencia puede explicarse por la expansión del propio mercado 
como consecuencia de la adhesión de España y Portugal a la Comunidad en 1986 y por el 
fuerte crecimiento de la demanda de productos pesqueros, ya que el consumo anual per capita 
pasó de 15 kg en 1983 a 22 kg en el periodo comprendido entre 1983 y 1990. 
El problema del abastecimiento del mercado comunitario mediante recursos también 
comunitarios afecta cada vez más a nuestra industria de transformación, sector en el que 
funcionan entre 2.500 y 3.000 empresas que dan empleo a unas 110.000 personas y cada vez 
más dependiente de las importaciones para conseguir la materia prima. 
La Comunidad, mediante su política pesquera y de desarrollo, ha creado de forma unilateral 
una serie de regímenes especiales preferenciales para la importación de productos de la pesca 
de los países ACP, Marruecos y Groenlandia. Estas concesiones ofrecen considerables 
ventajas comerciales a algunos de nuestros socios en materia pesquera: los productos 
pesqueros de los países ACP entran en el mercado comunitario exentos de derechos y la 
mayor parte de los productos pesqueros marroquíes gozan de ventajas similares. Además, en 
virtud de los Acuerdos pesqueros con Argentina y Groenlandia, los productos pesqueros de 
interés para estos países son objeto de concesiones arancelarias, aunque éstas son de 
naturaleza erga omnes. No obstante, con el progresivo desmantelamiento de las barreras 
arancelarias mundiales a raíz de la Ronda Uruguay, los mercados mundiales se irán abriendo 
progresivamente y los competidores extranjeros tendrán en el mercado comunitario un nivel 
de costes considerablemente inferior, en algunas ocasiones, al de sus homólogos comunitarios. 
Algunos acuerdos pesqueros establecen además, con carácter facultativo u obligatorio, el 
desembarque de las capturas de nuestros buques en los puertos de los países en los que faena 
la flota comunitaria. Tanto los desembarques obligatorios como los voluntarios fomentan la 
actividad económica y el empleo en esos países. Además, se producen desembarques de 
especies de gran calidad que pueden destinarse a la transformación y subsiguiente exportación 
o al suministro del mercado local. 
23. Recursos pesqueros 
Un elemento clave de los acuerdos radica en el compromiso conjunto de las partes para la 
conservación y la gestión racional de las pesquerías. De conformidad con las normas de 
Derecho internacional y la CNUDM, es al país asociado y no a la Comunidad a quien 
corresponde dictaminar la existencia de poblaciones excedentarias y, por lo tanto, determinar 
el nivel de posibilidades de pesca ofrecidas y las condiciones de pesca de las distintas flotas, 
incluida la comunitaria. La evaluación del estado de las poblaciones es responsabilidad del 
estado ribereño y, dado que nuestros acuerdos de pesca fomentan de forma activa la 
investigación sobre poblaciones, las negociaciones para la renovación de los acuerdos 
pesqueros se basan en los resultados de los programas de investigación que suele financiar 
la Comunidad. En los últimos años, cuando los índices de captura han revelado la existencia 
de problemas en relación con determinadas poblaciones de peces capturadas con arreglo a 
acuerdos, la Comisión ha optado unilateralmente por reducir sus propias posibilidades de 
pesca para proteger dichas poblaciones. 
Las zonas de pesca en las que faena la flota de la Comunidad se han delimitado de forma que 
no se produzca interferencia alguna con la pesca artesanal de los terceros países; del mismo 
modo, cuando el país asociado dispone de una flota pesquera industrial, las posibilidades de 
pesca ofrecidas a la Comunidad tienen en cuenta las necesidades de aquélla. No obstante, la 
mayor parte de los países ACP con los que la Comunidad ha firmado acuerdos de pesca no 
poseen flotas industriales de importancia. Por lo tanto, los buques de la Comunidad obtienen 
recursos que, en otras circunstancias, permanecerían sin explotar o serían capturados, a 
menudo de forma ilegal, por buques de otros países, sin ventaja alguna, en cualquiera de los 
casos, para el país ACP en cuestión. 
La presencia de la flota comunitaria, a diferencia de la de los buques de terceros países, se 
halla correctamente regulada y, en los países ACP, limitada mediante una serie de 
procedimientos claros de concesión de licencias y de medidas de control de actividad de la 
flota, envío de observadores a bordo y realización de inspecciones en el mar y en puerto. Los 
buques comunitarios están obligados a cumplir las condiciones técnicas fijadas en los 
acuerdos, en función, entre otros criterios, de las zonas de pesca, los artes y las dimensiones 
de malla autorizados. 
La Comisión cada vez se plantea con más tesón el objetivo de garantizar la aplicación efectiva 
tanto en las aguas de los países ACP asociados como en las de la propia Comunidad, de las 
normas establecidas para asegurar que las medidas técnicas y de conservación Cuidadosamente 
elaboradas durante las negociaciones son respetadas por los buques comunitarios. Con tal 
propósito, los acuerdos reservan ciertos fondos para que los terceros países refuercen sus 
servicios de inspección, mientras que los nuevos sistemas de control (por satélite) permitirán 
una vigilancia más intensa y precisa. Este último instrumento, unido a la presencia de 
observadores a bordo de los buques, debería mejorar considerablemente los sistemas de 
8 
control. Del mismo modo, los Estados miembros han desarrollado programas específicos de 
inspección que se aplican en relación con determinados acuerdos y se ha establecido un 
sistema de cooperación administrativa con los servicios de inspección de los países socios. 
2.4. Utilización de los acuerdos de pesca 
Los acuerdos de pesca se negocian para proporcionar a la flota comunitaria acceso a los 
recursos de las aguas de toda una serie de países. El nivel de utilización del acuerdo varía de 
un acuerdo a otro y puede considerarse desde dos puntos de vista, a saber, las posibilidades 
de pesca y los niveles de captura. 
Las posibilidades de pesca fijadas en un acuerdo determinado dependen de muchos factores, 
entre los que destacan las políticas pesqueras de nuestros socios, el estado de los recursos y 
las posibilidades solicitadas por los Estados miembros para sus buques. Para apreciar el grado 
de utilización de las posibilidades de pesca, se debería tener en cuenta cuáles son las especies 
de objetivo. A este respecto, se dan dos situaciones muy distintas: en primer lugar, las 
posibilidades de pesca de atún y pez espada se fijan atendiendo al número de buques 
pesqueros autorizados para faenar; dado que estas especies son altamente migratorias, los 
armadores suelen solicitar licencias para toda la zona de distribución de las mismas. Por el 
contrario, la pesca de especies demersales al amparo de los acuerdos suele fijarse en función 
de un parámetro diferente, a saber, el tonelaje de registro bruto de los buques comunitarios 
que faenan en las aguas de la otra parte en un momento dado. 
Como puede observarse, la utilización de las posibilidades de pesca varía a lo largo del 
período de vigencia del acuerdo en función de numerosos factores como la cuantía de las 
tasas de las licencias, los índices de capturas, los precios de mercado de las distintas especies, 
las condiciones climatológicas y marinas, etc. Conviene indicar que los Estados miembros y 
los armadores no están expuestos a sanción alguna si no utilizan plenamente las posibilidades 
de pesca ofrecidas durante el periodo de vigencia del acuerdo, ya que los armadores suelen 
pagar sus licencias de forma trimestral. 
La segunda consideración se halla relacionada con el nivel de rendimiento de las actividades 
de pesca propiamente dichas, es decir, el índice de capturas efectuadas por los buques 
comunitarios que faenan al amparo del acuerdo. Durante muchos años, la Comisión intentó 
persuadir a los Estados miembros de que comunicasen las capturas realizadas por sus buques 
en las aguas de los terceros países con los que se había firmado el acuerdo, especialmente 
cuando se trataba de países ACP. En 1987 la Comisión adoptó un Reglamento (3151/87) a 
tal efecto, que fue anulado por el Tribunal de Justicia en 1989. Hasta 1993 no se adoptó un 
nuevo Reglamento de control (2847/93) que obliga a los Estados miembros a controlar las 
actividades de pesca de sus buques, especialmente en aguas de países asociados. Esto significa 
que sólo ha podido disponerse de datos periódicos sobre estas actividades en los últimos años, 
y la Comisión considera, que es necesario perfeccionar el sistema en lo que respecta a la 
regularidad y exactitud de las comunicaciones sobre capturas 'de los buques que faenan en 
virtud de los acuerdos. 
La situación de las capturas de atún realizadas por nuestra flota es diferente en el sentido de 
que se rige por un sistema independiente de comunicación de las capturas, ya que la pesca 
se lleva a cabo tanto en aguas internacionales como en las aguas de los países socios, 
siguiendo los patrones de migración de la especie. Cada atunero rellena diariamente un 
impreso de capturas que es enviado al instituto científico nacional correspondiente del Estado 
miembro de pabellón de que se trate. La Comisión recibe un estado general de las capturas 
de cada buque, en el que se basa la compensación financiera concedida a los países socios 
por la parte de las capturas efectuadas en sus aguas. 
2.5. Flotas pesqueras 
El ejercicio de la actividad pesquera en aguas de terceros países al amparo de los acuerdos 
contribuye a reducir la presión que sufren las poblaciones de los mares comunitarios. Unos 
1.000 buques faenan en virtud de los Acuerdos con Marruecos y los países ACP y una media 
de 300 buques participan en los firmados con Noruega, Groenlandia, etc. La presencia de la 
flota comunitaria desde hace muchos años en las aguas de los países asociados mediante los 
acuerdos de primera generación ha revelado a estos países el potencial de desarrollo de sus 
propias flotas con vistas a la explotación de sus recursos; puede considerarse que se ha 
producido una transferencia de conocimientos técnicos y experiencia. Este desarrollo ha ido 
acompañado en ciertas ocasiones de una consiguiente reducción de las posibilidades de pesca 
para la flota comunitaria en determinadas aguas. 
Los acuerdos de segunda generación, que incluyen la creación de sociedades mixtas y 
asociaciones de empresas, tienen implicaciones más directas en la política estructural aplicada 
por la Comunidad a su flota ya que, en el caso de las sociedades mixtas, los buques de pesca 
comunitarios son transferidos de forma definitiva a la flota del país asociado. Gracias a este 
sistema, nuestros socios pueden modernizar su flota con la paralela reducción de la flota 
comunitaria. En el caso de las poblaciones no excedentarias, cuando se crea una asociación 
de empresas, el buque comunitario cedido sustituye a otro buque de la flota local, con lo que 
no se produce aumento alguno del esfuerzo pesquero. 
Conviene observar que, en general, los acuerdos con los países ACP conceden a los buques 
comunitarios acceso a recursos que exceden de la capacidad de captura de la flota nacional 
y que, en otras circunstancias, bien permanecerían sin explotar, bien serían explotados por las 
flotas de altura competidoras, procedentes sobre todo de los países asiáticos. 
Como es evidente, las flotas de muchas de las naciones cuyo sector pesquero se halla muy 
desarrollado se caracterizan por el fenómeno de exceso de capacidad, es decir, cuentan con 
demasiados buques en relación con los recursos pesqueros disponibles. Se están realizando 
considerables esfuerzos por reducir el tamaño de estas flotas y no cabe duda de que se trata 
de un proceso que, tanto en la Comunidad como en el resto del mundo, seguirá su curso. El 
exceso de la capacidad de pesca compromete la explotación sostenible a larg .lazo de las 
poblaciones y crea grandes problemas para la viabilidad económica de las flots¿ "î desarrollo 
futuro del sector de la pesca depende de la reducción de los tamaños de las fN ?s a niveles 
que supongan un esfuerzo pesquero máximo equivalente al rendimiento máx\ j sostenible 
de los recursos pesqueros. Esta tendencia, unida a la expansión de las flotas de algunos países 
10 
en proceso de desarrollo, no carece de repercusiones para la política pesquera de la 
Comunidad y sus acuerdos de pesca. 
SEÇÇIQN m 
Perspectivas 
Se está constituyendo un nuevo marco jurídico internacional aplicable a la actividad pesquera 
en todo el mundo, formado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, el Acuerdo sobre poblaciones transzonales y altamente migratorias y el Código de 
conducta de pesca responsable de la FAO, este último carente de fuerza jurídica vinculante. 
Dado que la Comunidad ha sido uno de los principales participantes en el proceso de 
elaboración de estos textos, debe mostrar, como entidad pesquera responsable, una actitud 
activa y constructiva también en la fase de ejecución. 
Los acuerdos pesqueros de la Comunidad no pueden quedar al margen de estos 
acontecimientos. Este instrumento, que ha constituido una pieza clave de la política pesquera 
común, debe ser capaz de ajustarse a la nueva situación internacional y al nuevo orden 
jurídico. El sector pesquero seguirá siendo objeto de la máxima atención pública, fenómeno 
del que no escaparán los acuerdos de pesca. Por lo tanto, éstos deben ser responsables -y 
percibirse como tales- en todo lo referente a las prácticas pesqueras y equilibrados en io que 
respecta a los intereses de ambas partes. 
No obstante, existe toda una serie de factores que influirá en la futura evolución de los 
acuerdos de pesca. 
En primer lugar, el nivel de los créditos presupuestarios disponibles constituirá un factor clave 
para determinar la evolución de la política de acuerdos. En la situación presupuestaria actual, 
los costes de los acuerdos vigentes dejan un margen muy escaso para la negociación de 
nuevos acuerdos y es muy posible que lleguen incluso a comprometer en el futuro la 
renegociación de algunos de ellos. En segundo lugar, las nuevas directrices y estrategias 
internacionales de gestión dirigidas a la explotación sostenible de los recursos pesqueros, así 
como el desarrollo de ios sectores pesqueros nacionales (flota, industria de transformación y 
puertos) de nuestros socios pueden provocar una reducción de las posibilidades de pesca 
disponibles para la flota comunitaria. 
La Comisión considera que la política de acuerdos de pesca que es preciso adoptar a corto 
y medio plazo debe ser matizada en función de las distintas situaciones en las que se inscriben 
los acuerdos actualmente vigentes. 
11 
En primer lugar, los acuerdos que establecen un intercambio recíproco de cuotas y, en algunos 
casos, la gestión conjunta de las poblaciones constituyen un elemento clave de la 
administración de la PPC, motivo que, añadido a la situación equilibrada del intercambio de 
cuotas, conduce a la Comisión a defender el mantenimiento de estos acuerdos. 
En segundo lugar, por lo que respecta a la posible celebración de acuerdos de pesca con 
nuevos países, la Comisión cree que, en general, dichos acuerdos se basarán en el modelo de 
segunda generación, que implica el fomento de las sociedades mixtas y las asociaciones de 
empresas; en función de los intereses de ambas partes, este modelo podría aplicarse a la 
posible renovación de los acuerdos existentes. El Acuerdo con Argentina ha demostrado cuan 
interesante puede resultar este modelo para la celebración de acuerdos con países que 
disponen de una industria pesquera consolidada, como los países de Latinoamérica, la zona 
sur de África y Nueva Zelanda. El énfasis de los nuevos acuerdos en el fomento de una 
cooperación entre los países asociados y la Comunidad, que no se limite a la mera fase de 
explotación o extracción implica el reconocimiento de que el establecimiento de una relación 
viable a largo plazo y mutuamente beneficiosa, puede basarse en una mayor integración de 
los respectivos sectores pesqueros. 
Por último, se encuentran los acuerdos que suponen costes financieros para* la Comunidad, 
entre los que destacan los celebrados con Marruecos, Groenlandia y los países ACP. El 
significado económico y social de estos acuerdos para la Comunidad en términos de empleo, 
abastecimiento del mercado, etc., ya se ha ilustrado en la Sección II. 
La situación presupuestaria del sector de los acuerdos de pesca celebrados en el marco de la 
PPC impone no obstante una serie de nuevas condiciones para la celebración de nuevos 
acuerdos y la renovación de los existentes. Esta situación financiera puede actualmente 
sacrificar el mantenimiento de ciertos acuerdos para concentrar los recursos financieros de la 
Comunidad en el desarrollo de los acuerdos considerados más interesantes y atractivos para 
los armadores comunitarios. 
El nivel de utilización de los acuerdos en términos de expedición de licencias por parte de 
los armadores constituye un indicador interesante que permite además comprobar cómo ciertos 
acuerdos, sistemáticamente infrautilizados, presentan un interés muy limitado para los 
pescadores de la Comunidad. 
Por lo tanto, a corto o medio plazo, la Comisión debería considerar una serie de opciones: 
a) Acelerar la reducción de la flota comunitaria que faena en aguas extracomunitarias. 
Esta medida exigiría medios para absorber la flota afectada, que no puede ser 
abandonada a su suerte. Por lo tanto, esta acción requeriría recursos financieros 
adicionales de los ya programados en las intervenciones estructurales para conseguir 
la reconversión o el desguace de los buques y reducir los riesgos de retorno de los 
buques a las aguas comunitarias, de las que también es precio eliminar J exceso de 
capacidad. 
12 
Por otra parte, una reducción de tales características acarrearía un aumento del grado 
de dependencia de la Comunidad en cuanto al abastecimiento de productos de la 
pesca, actualmente ya situado en más del 54%, con graves consecuencias en el nivel 
de empleo, especialmente en las regiones costeras de la Comunidad, que ya se 
encuentran en una situación desfavorecida a este respecto. 
b) Renunciar a los acuerdos menos "atractivos" desde el punto de vista del interés que 
presentan para todo el sector. 
Renunciando a algunos acuerdos que, en principio, podrían inscribirse en esta 
categoría se producirían ahorros que podrían dedicarse a otros acuerdos de mayor 
rentabilidad económica y social. Sin embargo, al examinarlos no deberán desestimarse 
los parámetros no cuantificables como, por ejemplo, la naturaleza de los vínculos 
establecidos entre la Comunidad y el país o países de que se trate, o la coherencia de 
nuestra política de gestión y control de las actividades de pesca de los buques 
pesqueros comunitarios que faenan en zonas lejanas. 
c) Concentrar el esfuerzo financiero en los acuerdos más atractivos. 
Esta opción, que se sitúa en la línea de la anterior, implica la negociación del capítulo 
financiero de los acuerdos pendientes de renovación para situarlo en proporción con 
el interés real del sector. Ello significaría que, en futuros acuerdos, las obligaciones 
financieras de la Comunidad se limitarían a la compensación financiera, excluyendo 
por lo tanto la financiación de cualquier otro tipo de medida. El resultado previsto de 
esta solución sería también por lo tanto la redistribución de los recursos 
presupuestarios existentes de forma que pudieran concentrarse en los acuerdos vigentes 
o futuros con mayor potencial. 
d) Modificar la distribución actual de los costes de los acuerdos de pesca. 
Actualmente, la Comisión asume la mayor parte de los costes de los acuerdos de 
pesca. La opción propuesta supondría que los armadores y/o los Estados miembros 
corriesen con una mayor proporción de los costes actuales de los acuerdos. Además 
de las repercusiones financieras, este ajuste podría mejorar el índice de utilización de 
determinados acuerdos de pesca. 
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ISSN 0257-9545 
COM(96) 488 final 
DOCUMENTOS 
ES 03 11 
N* de catálogo : OB-CO-96-496-ES-C 
ISBN 92-78-09790-X 
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L-2985 Luxemburgo 
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