ES Diario Oficial de la Unión Europea C 157/48

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Proyecto de Decisión de la Comisión relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 86 del Tratado a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general» y el «Proyecto de Directiva de la Comisión por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas»

(2005/C 157/06)

El 19 de marzo de 2004, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre los proyectos mencionados.

La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 5 de octubre de 2004 (ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER — Coponente: Sr. BURANI).

En su 413o Pleno de los días 15 y 16 de diciembre de 2004 (sesión del 15 de diciembre de 2004), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 140 votos a favor y 9 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1 La letra g) del artículo 3 del Tratado CE dispone que la acción de la Comunidad implicará «un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado interior». El mantenimiento de un control eficaz destinado a evitar que las ayudas concedidas por los Estados miembros falseen la competencia constituye una parte esencial de este régimen.

1.2 De la necesidad de controlar las ayudas estatales han dejado constancia sucesivamente varios Consejos Europeos. En sus conclusiones de 24 de marzo de 2001, el Consejo Europeo de Estocolmo indicó que «Deberá reducirse el nivel de las ayudas públicas en la Unión Europea y dotar de mayor transparencia al sistema.... Para ello, […] los Estados miembros deberían demostrar una tendencia a la baja de las ayudas públicas en relación con el PIB para 2003, teniendo en cuenta la necesidad de desviar la ayuda hacia objetivos horizontales de interés común, incluidos los de cohesión».

1.3 La Comisión Europea presenta una propuesta para regular las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general, articulada mediante una Decisión y un marco comunitario «ad hoc», así como mediante la modificación de la Directiva 80/723/CEE, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas (1).

1.4 Dicha propuesta tiene como objeto aplicar las normas del Tratado, en especial las normas sobre competencia, a las compensaciones financieras concedidas por los Estados miembros a algunos servicios de interés económico general (SIEG), destinado a asumir total o parcialmente los costes específicos derivados de las obligaciones de servicio público.

1.4.1 La propuesta diferencia, no obstante, entre diversas categorías de compensaciones, limitando en este sentido su aplicación. Así, quedarían excluidas de las nuevas disposiciones, aquellas compensaciones que reúnan los cuatro criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en sus sentencias Altmark (2) y Enirisorse (3). A saber, que la empresa beneficiaria esté efectivamente encargada de la ejecución de las obligaciones de servicio público claramente definidas; que los parámetros para el cálculo de la compensación estén previamente establecidos de forma objetiva y transparente; que la compensación no supere el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable; y, si la empresa encargada de la ejecución de dichas obligaciones no hubiera sido contratada conforme a procedimientos óptimos de contratación pública, el nivel de la compensación se calcule sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada para su misión, así como para obtener un beneficio razonable, habría soportado para la ejecución de estas obligaciones. Para el Tribunal de Justicia estas compensaciones no responden a las disposiciones del Tratado relativas a «ayudas de Estado».

1.4.2 Quedan asimismo excluidas de su aplicación las ayudas económicas «de minimis» reguladas en virtud del Reglamento (CE) no 69-2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001 (4), y las destinadas a determinados servicios públicos de radiodifusión (5).

1.4.3 Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 CE y en los Reglamentos (CEE) no 1191/69 (6) y 1107/70 (7) del Consejo, quedan excluidas de la aplicación de la presente Propuesta ciertas ayudas concedidas en el sector del transporte terrestre –por ferrocarril, por carretera y por vía navegable– especialmente en el caso de empresas que sólo presten trasportes urbanos, suburbanos o regionales.

1.4.4 Finalmente, y con base en consideraciones de la propia Comisión Europea que toman en cuenta los objetivos específicos de la Política Común de Transporte, se excluyen también de su aplicación las compensaciones por servicio público en los sectores del transporte aéreo o marítimo (8), con excepción del transporte marítimo cuando el servicio público consista en la conexión de islas con unos volúmenes de tráfico inferiores a 100 000 pasajeros por año.

1.4.5 Por consiguiente, el ámbito de aplicación de la Propuesta, según establece el artículo 1 de la Decisión, se refiere, además del referido servicio de conexión interinsular, a las compensaciones por servicio público que constituyan ayudas estatales a empresas activas en todos los sectores que se rijan por el Tratado CE y que cumplan las condiciones siguientes: 1) un volumen de negocios anual, descontados los impuestos e incluidas todas las actividades, que no hubiera alcanzado «un umbral a determinar» (9) durante los dos ejercicios anteriores al de la concesión del SIEG y cuyo importe anual de la compensación por dicho servicio sea inferior a «un umbral a determinar» (10), y que, en el caso de entidades de crédito se sustituye por «un umbral a determinar» del balance general; 2) las concedidas a los hospitales que realicen actividades de SIEG; 3) las concedidas a las empresas encargadas de la vivienda de protección oficial que realicen actividades de SEIG.

1.4.6 La aplicación de la Decisión a estos ámbitos no prejuzga el carácter compatible de las ayudas estatales con el Tratado en aplicación del artículo 86.2 CE cuando se cumplan ciertas condiciones. Así, la Comisión Europea propone distinguir entre, por una parte, aquellas cuyo elevado importe puede dar lugar a falseamientos importantes de la competencia y, por otra parte, aquellas cuyo importe es más modesto.

1.4.7 Así mismo, la Propuesta hace más imperativo todavía el mandato de transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas o que tienen encomendadas obligaciones de servicio público, al modificar la vigente Directiva 80/723/CEE mediante una nueva definición de «empresa obligada a llevar cuentas separadas» que, independientemente de la calificación jurídica de las compensaciones por servicio público, incluye la separación de cuentas cuando las empresas beneficiarias de tales compensaciones también realizan actividades ajenas al SIEG.

1.4.8 En fin, las disposiciones de la Propuesta se aplicarán sin perjuicio de las disposiciones específicas más estrictas relativas a las obligaciones de servicio público contenidas en las legislaciones y medidas comunitarias sectoriales, y de las disposiciones comunitarias vigentes en materia de contratos públicos.

1.4.9 En todo caso, la Propuesta circunscribe su ámbito de aplicación a los servicios que constituyan SIEG en el sentido del artículo 86.2 CE, noción de la que, sin embargo, no se hace definición alguna en la misma.

1.4.10 Más concretas resultan otras previsiones contenidas en la Propuesta tales como las relativas a la compatibilidad y exención de notificación de las ayudas, a los requisitos de la misión de servicio público y al cálculo de la compensación.

1.4.11 Así, el artículo 2 de la propuesta de decisión estipula que cuando las condiciones fijadas por la misma sean cumplidas, las compensaciones de servicio público, serán compatibles con el mercado común y exoneradas de la obligación de notificación previa contemplada por el artículo 88.3 del Tratado.

1.4.12 Según el artículo 4 de la propuesta de decisión, la misión de servicio público debe ser confiada por medio de un acto oficial (acto legislativo, o reglamentario, o contrato), indicando la naturaleza precisa de las obligaciones de servicio público, así como las empresas y el territorio concernidos.

1.4.13 Este último extremo se trata con especial concisión tanto en el artículo 5 de la Decisión como en los puntos 12 a 23 del Marco Comunitario en cuestión. En esencia, se prevé que el importe de la compensación no supere los costes derivados del cumplimiento de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los correspondientes ingresos y un beneficio razonable por el cumplimiento de estas obligaciones.

1.4.14 Los costes asignados al SIEG pueden cubrir todos los costes variables causados por la prestación del SIEG, una contribución adecuada a los costes fijos y una remuneración conveniente de los fondos propios en la medida en que se destinan al SIEG (11). Los costes de las actividades ajenas al SIEG nunca pueden imputarse al SIEG. Como regla general el cálculo de los costes «deberá efectuarse de conformidad con unos principios contables aceptados».

1.4.15 Los ingresos deben incluir al menos todos los ingresos procedentes del SIEG. A su vez, se entiende por beneficio razonable un tipo de remuneración del capital que tenga en cuenta el riesgo, o la inexistencia del mismo, soportado por la empresa a causa de la intervención del Estado (12).

1.4.16 En fin, el Estado debe controlar regularmente la inexistencia de compensación excesiva, es decir, la que no sea necesaria para el funcionamiento del SIEG, dado que constituye una ayuda estatal incompatible con el mercado común. No obstante, si el importe de la compensación excesiva no supera el 10 % de la compensación anual puede descontarse del año siguiente. Puede, incluso, que ante la variabilidad anual de los costes de algunos SIEG, una compensación superior al 10 % resulte necesaria para el funcionamiento del SIEG; en este caso, el Estado debería realizar un balance sectorial periódico que no podrá ser superior a los tres años, y la compensación excesiva tras ese periodo será objeto de reembolso.

2. Observaciones generales

2.1 La presente Propuesta cumple el compromiso de la Comisión ante el Consejo Europeo de Laeken de diciembre de 2001 para mejorar la seguridad jurídica en el ámbito de las compensaciones de servicio público, y, más concretamente, el de establecer un marco comunitario de apoyo para las ayudas estatales concedidas a las empresas encargadas de la gestión de SIEG (13).

2.2 Ciertamente, existe inseguridad jurídica en lo concerniente a las normas aplicables a la financiación de los servicios de interés general y, más en concreto, a la aplicación de las normas sobre las ayudas estatales. Y ello a pesar de que, como ya se apuntó anteriormente, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia –sentencias Altmark y Enirisorse– proyecta algunos criterios jurídicos de obligado cumplimiento en este ámbito.

2.3 No obstante, se deben aclarar aún dichos criterios y, más concretamente, los métodos de cálculo de los costes (transparencia, parámetros) y la naturaleza de las obligaciones de servicio público que son objeto de compensación (14).

2.4 En este sentido, la Propuesta resulta especialmente oportuna para los operadores económicos dado que, mientras no entre en vigor el marco normativo en cuestión, cualquier ayuda pública que reciban dichos operadores en cuanto que proveedores de un servicio de interés económico general y que no haya sido notificada a la Comisión independiente de su cuantía, puede ser ilegal.

2.5 Por lo tanto, no estarían protegidas de una acción que cuestione su legalidad ante la propia justicia ordinaria de los Estados miembros.

2.6 Máxime por cuanto existen, en particular, dos ámbitos –la financiación y la asignación de mercados- donde el poder de los Estados miembros para definir y desarrollar las misiones de los SIEG entra en conflicto habitualmente con ciertas normas fundamentales del Derecho Comunitario.

2.7 Así, los Estados miembros disponen de un amplio margen de discrecionalidad para decidir sobre la oportunidad y los medios de financiación de la prestación de los SIEG ya que, en ausencia de armonización comunitaria, el límite principal de dicho margen es el respeto a la normativa europea de defensa de la competencia (15), sin perjuicio del cumplimiento de sus misiones sociales y con pleno respeto al principio de subsidiariedad, que es una norma jurídica vinculante de naturaleza constitucional que tanto la Unión como los Estados miembros deben respetar, y que no debe conducir al cuestionamiento del acervo comunitario.

2.8 Sería conveniente que la Comisión examinase el modo de exponer de forma explícita por qué razón se presenta cada una de las propuestas (fundamento jurídico, necesidad, proporcionalidad) y por qué debería realizarse a nivel comunitario (criterios de subsidiariedad, indicadores cualitativos y/o cuantitativos), en aras de las buenas prácticas y de conformidad con el protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

2.9 Estas y otras razones invitan a acoger positivamente la Propuesta de la Comisión que, en esencia, orienta a los poderes públicos de los Estados miembros en el cumplimiento de obligaciones fundamentales como la ejecución transparente de los procedimientos de contratación pública y la vigilancia frente a los posibles efectos nocivos para la libre competencia causados por un desempeño empresarial ineficiente de la misión de los SIEG (16).

2.10 El CESE se pronuncia a favor de una propuesta legislativa que conduzca a extender los criterios avanzados por el Tribunal de Justicia, para sacar las compensaciones de las obligaciones de servicio público de las disposiciones del Tratado relativas a ayudas de Estado.

3. Observaciones específicas

3.1 Conviene señalar no obstante algunas cuestiones de forma y fondo que se suscitan a la luz del análisis de la Propuesta.

3.2 Los tres objetivos principales de la Propuesta se sintetizan, primero, en establecer la presunción de conformidad con el mercado común de las ayudas públicas de un montante «relativamente limitado» que son destinadas a las empresas encargadas de la prestación de SIEG; segundo, reforzar la seguridad jurídica en lo concerniente a las compensaciones por la prestación de SIEG que superan dicho montante, mediante un marco comunitario que fije los criterios de evaluación de las mismas; y, tercero, clasificar los criterios que determinen que tales compensaciones pueden constituir una ayuda pública.

3.3 Para el CESE convendría extender las disposiciones de la propuesta a toda compensación de una obligación de servicio público claramente definida y estable que corresponda al sobrecoste ocasionado, sin sobrepasarlo, llevando cuentas separadas la empresa beneficiaria; todo ello bajo reserva de control a posteriori y de sanción por la Comisión y el Tribunal de Justicia.

3.4 Sin embargo, la Propuesta no delimita concisamente su ámbito de aplicación que, especialmente en el caso de la Decisión, se determina mediante criterios heterogéneos que, bien excluyen ciertas situaciones o ámbitos sectoriales (vid. supra 1.4.2 — 1.4.4), bien los delimitan de forma general atendiendo más a criterios de naturaleza cuantitativa que cualitativa (vid. supra 1.4.5).

3.5 Otro tanto puede decirse con relación a la utilización en alguna disposición de la Propuesta de conceptos jurídicos indeterminados tales como el del cálculo de los costes asignados al SIEG, «de conformidad con unos principios contables aceptados». O la propia remisión al ámbito de aplicación de la misma a los «servicios que constituyan SIEG en el sentido del artículo 86.2 CE». Noción que, como es sabido, no está definida ni en los Tratados ni en el Derecho derivado comunitario.

3.6 A juicio del CESE y al igual que el resto de modos de transporte, debería excluirse de su campo de aplicación todo el cabotaje insular, salvo que la Comisión justificase de forma adecuada su inclusión en la propuesta.

3.7 En este sentido, y dado el carácter marcadamente técnico-instrumental de los objetivos de la Propuesta parece razonable exigir a la Comisión un mayor esfuerzo de deslinde de la noción de SIEG frente a otras que tienden a superponerse en las tradiciones constitucionales de los Estados miembros, tales como la noción de servicio público y servicio de interés general (17). De hecho, los términos generales con los que concibe aún la Comisión la noción de SIEG excluirían de ésta las actividades del máximo interés social como la financiación de la investigación vinculada a la mejora de la salud o la protección de los consumidores (18).

3.8 En este sentido debe subrayarse que, frente a la necesidad de esclarecer jurídicamente, a nivel supranacional, los conceptos de «servicios de interés general» y de «servicios de interés económico general», no resulta tan perentorio definir al mismo nivel los servicios sociales por, al menos, dos razones: primera, dichos servicios sólo serían relevantes para el ordenamiento comunitario en el caso de que conllevaran un beneficio económico para el prestador y, segunda, en este supuesto, se englobarían forzosamente en uno de los dos conceptos arriba indicados.

3.9 A mayor abundamiento, la Propuesta no aborda la clasificación de algunos modos de financiación del SIEG, como la financiación solidaria que teniendo en cuenta los problemas de acceso a ciertos mercados nacionales (v.gr. los seguros), o la determinación de los criterios para la evaluación de buenas prácticas a nivel comunitario entre otras ventajas, clarificaría la legalidad del denominado «descremado» (cream skimming) (19).

3.10 La Propuesta impone los mismos criterios de respeto al marco normativo fundamental del mercado interior sin distinción de sectores y sin ponderar la respuesta de los operadores.

3.11 Así, parte de un principio erróneo de igualdad de tratamiento a situaciones que son diferentes. La distribución de agua potable, el saneamiento urbano o el reciclaje de los desechos se equipararían a la distribución eléctrica o la distribución de gas. Sectores que no funcionan bajo las mismas condiciones (v. gr. respeto al medio ambiente, infraestructuras, etc.), ni que se desempeñan en mercados homologables: aquellos circunscritos al ámbito local o regional, y éstos de ámbito nacional, transnacional o internacional. No resulta adecuado equipararlos mediante las mismas normas supranacionales de financiación.

3.12 Tampoco es similar la atracción sectorial para los operadores del SIEG. Algunos servicios exigen determinadas infraestructuras y equipamientos necesarios para su prestación que, lógicamente, suponen un encarecimiento de los costes o, incluso, el rechazo de la inversión privada por falta de rentabilidad a corto y medio plazo.

3.13 Además, la Propuesta, cuya base jurídica es el artículo 86.3 CE reproduce la asimetría existente en los Tratados entre la regulación del derecho de la competencia que interpreta los SIEG como derogaciones del artículo 86.2 CE, y su reconocimiento positivo en el artículo 16 CE y en el artículo 36 de la Carta de Derechos Fundamentales. Este enfoque relativiza el valor sustantivo de los SIEG tanto en la acción política de la UE –cohesión social y territorial– como en la garantía del disfrute por sus ciudadanos de derechos básicos como la libre circulación.

3.14 Los problemas que suscita la Propuesta tocan así en el fondo mismo de la técnica legislativa empleada por la Comisión, al menos en lo que afecta a dos cuestiones: su finalidad instrumental y su eficacia normativa. Con relación a la primera cuestión, la técnica de la Propuesta recuerda a la conocida tipología de los reglamentos de exención por categorías, de uso ordinario en el régimen jurídico comunitario de ordenación de la Competencia en el mercado interior. Así, englobando de «facto» situaciones diferentes se corre el riesgo de una armonización encubierta que zanje por la vía reglamentaria, la compleja realidad de los SIEG, cuando lo que se requiere es una aproximación jurídica más detallada y de mayor calado.

3.15 Al hilo de esta observación, hay que referirse a la segunda cuestión: la eficacia normativa. A falta de una Propuesta previa de Directiva marco, largamente reclamada por el Comité (20), que consolide los objetivos y principios normativos básicos relativos a los SIEG, y que precise los conceptos utilizados por los Tratados y las directivas sectoriales, así como las condiciones de intervención de los diferentes operadores (21), la Propuesta en cuestión no garantiza por sí misma el nivel de seguridad jurídica que demanda este ámbito del mercado interior.

3.16 Sin la mencionada infraestructura jurídica, son previsibles innumerables conflictos de aplicación e interpretación con el consiguiente colapso de los órganos jurisdiccionales competentes. Su implementación podría provocar, de hecho, conculcaciones al principio de subsidiariedad que, en el actual contexto del proceso de integración, goza de unos niveles reforzados de protección de los que un botón de muestra es el artículo I-9 y el Protocolo «ad hoc» anejo al Proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, elaborado por la Convención Europea.

3.17 El CESE desea que la misión de fortalecer la cohesión económico, social y territorial, no se vea obstaculizada por la puesta en práctica del marco previsto. Es preciso mantener, si bien reorientándolas hacia los objetivos de la cohesión, y tal como establece el Tratado, las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo, y las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas.

3.18 Posiblemente, deba existir un nuevo planteamiento de la política de ayudas de Estado a nivel comunitario, pues, cada vez puede resultar más complicada la actuación de la Comisión en relación con los poderes regionales y/o locales, con los que debería relacionarse directamente en los expedientes que se incoen por el otorgamiento de ayudas por estos poderes públicos.

Bruselas, 15 de diciembre de 2004. La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo Anne-Marie SIGMUND

(1) Proyecto de Directiva, que modifica la Directiva 2000/52/CE (DO L 193 de 29.7.2000, p. 75).

(2) Sentencia de 24 de julio de 2003 en el asunto C-280/00, pendiente de publicación en la Recopilación.

(3) Sentencia de 27 de noviembre de 2003 en los asuntos acumulados C-34/01 a C-38/01, pendiente de publicación en la Recopilación.

(4) DO L 10 de 13.1.2001, p. 30. Se trata de las ayudas económicas a una empresa cuyo importe no sea superior a 100 000 euros durante un período de tres años. Debe reseñarse que dicho Reglamento no es aplicable a sectores del transporte y de las actividades vinculadas a la transformación o a la comercialización de los productos enumerados en el anexo I del Tratado.

(5) Concretamente, aquellos determinados en los Puntos 49 a 56 de la Comunicación de la Comisión CE publicada en el DO C 320 de 15.11.2001.

(6) DO L 156, de 28.6.1969. Modificado en último lugar por el Reglamento (CEE) no 1893/91 (DO L 169 de 29.6.1991, p. 1).

(7) DO L 130, de 15.6.1970. Modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 543/97 (DO L 84 de 26.3.1997, p. 6).

(8) Existen, no obstante, normas aplicables a estos sectores en el Reglamento (CEE) no 2408/92 del Consejo de 23 de julio de 1992 (DO L 240 de 24.8.1992, p. 8) relativo al acceso de las compañías aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias, modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y de Consejo (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1) y en el Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo de 7 de diciembre de 1992 (DO L 364 de 12.12.1992, p. 7), relativo al cabotaje marítimo.

(9) Los respectivos umbrales se fijarán definitivamente a la luz de los resultados de la consulta abierta por la Comisión con relación al contenido de la Propuesta.

(10) Este último umbral podrá determinarse teniendo en cuenta una media anual que represente la suma actualizada de las compensaciones concedidas durante la vigencia del contrato o durante un periodo de cinco años.

(11) Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 2003, Chronopost, as. ac. C-83/01P, C-93/01P y C-94/01P, pendiente de publicación en la Recopilación.

(12) Según el artículo 5.4 de la Decisión se habrá de prestar una atención particular al determinar el beneficio razonable a la concesión de derechos exclusivos o especiales, pudiendo además el Estado miembro en cuestión, introducir criterios incentivadores en función de la calidad del servicio prestado.

(13) COM(2001) 598 final.

(14) Comisión CE: Documento de trabajo de los servicios de la Comisión «Informe relativo a la consulta pública acerca del Libro verde sobre servicios de interés general», Bruselas, 29.3.2004, SEC(2004) 326, pp. 27-28.

(15) Así, pueden recurrir a diversos mecanismos de financiación tales como la ayuda directa con cargo al Presupuesto del Estado, los derechos especiales o exclusivos, las contribuciones de los operadores del mercado, el establecimiento de una tarifa tipo o la financiación solidaria del SIEG; vid. Comisión CE, COM(2004) 374, p. 13.

(16) Véase, en este sentido, Parlamento Europeo: Informe sobre el Libro Verde de los servicios de interés general, Bruselas, 17.12.2003, doc. A5-0484/2003 Final, PE 323.188, pp. 11-13. Igualmente Comité de las Regiones, «Dictamen sobre el Libro Verde sobre los servicios de interés general», DO C 73 de 23.3.2004, p. 7, espec. pp. 10-11.

(17) Esta cuestión ha sido reiteradamente abordada por el Comité Económico y Social Europeo y, de forma más reciente, en su Dictamen sobre el «Libro Verde sobre los servicios de interés general» de 11 de diciembre de 2003, DO C 80 de 30.3.2004, p. 66.

(18) Véase, el Anexo 1 («Definiciones terminológicas») del «Libro Blanco sobre los servicios de interés general», COM(2004) 374 final, cit. p. 23.

(19) Especialmente podrá ser cuestionado en los sectores liberalizados puede tener efectos negativos en casos de equiparación de tarifas y de financiación cruzada entre los servicios rentables y los deficitarios.

(20) DO C 241 de 7.10.2002, punto 4.4.

(21) Véanse los puntos 3.1 a 3.5 del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 11 de diciembre de 2003; cit. supra.