[pic] | COMISIÓN EUROPEA |

Bruselas, 4.5.2010

COM(2010)203 final

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS REDES TRANSEUROPEAS DE ENERGÍA EN EL PERIODO 2007-2009de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) nº 680/2007y con los artículos 9, apartado 2, y 15, de la Decisión nº 1364/2006/CE

SEC(2010)505 final

INFORME DE LA COMISIÓNAL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO,AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEOY AL COMITÉ DE LAS REGIONES

SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS REDES TRANSEUROPEAS DE ENERGÍA EN EL PERIODO 2007-2009de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) nº 680/2007y con los artículos 9, apartado 2, y 15, de la Decisión nº 1364/2006/CE

MARCO POLÍTICO

La estabilidad y el crecimiento económico futuros de Europa dependen de que se realicen a tiempo inversiones adecuadas en infraestructuras energéticas. En 1996, como parte de las medidas de la UE para la realización del mercado único, se desarrollaron las redes transeuropeas de energía (RTE-E). Con ellas se trataba de dar un impulso más político a la inversión en infraestructuras energéticas. El centro de atención era entonces la fase de viabilidad de proyectos de red de gas y electricidad que contribuyeran al funcionamiento del mercado único, en especial iniciativas transfronterizas. En aquella época, la UE no tenía competencias en política energética y no existía el mercado interior de la energía. Eran empresas estatales nacionales las que gestionaban los proyectos de inversión en la red, cuyo objetivo primordial era la seguridad del suministro.

En posteriores revisiones de las RTE-E se incorporaron criterios de sostenibilidad y seguridad del suministro. Se suponía de manera general que la intervención de la UE en las fases de ejecución de estos proyectos no sería necesaria, ya que avanzarían movidos por los intereses comerciales. En consecuencia, el presupuesto de las RTE-E se mantuvo muy bajo: unos 22 millones de euros anuales en el periodo al que se refiere el presente informe.

En él se resume la evolución de la ayuda de las RTE-E durante el periodo 2007-2009 a la industria europea de la energía para concebir y ejecutar proyectos de red estratégica. El periodo abarcado por el presente informe está incluido en las orientaciones[1] sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía adoptadas en septiembre de 2006, que sustituyen a las de 1996[2] y 2003[3]. En las nuevas orientaciones se revisaron los objetivos de las políticas y se introdujo una serie de nuevos conceptos e instrumentos, como los diferentes niveles de prioridad y los coordinadores europeos, con el fin de dar un enfoque más específico a la ejecución de los proyectos y de mejorar la coordinación entre los Estados miembros a lo largo de los corredores transnacionales. Este informe tiene también por objeto evaluar cuáles han sido las repercusiones positivas de las RTE-E y analizar sus deficiencias.

En el anexo puede encontrarse información detallada sobre los proyectos de interés europeo y los proyectos prioritarios[4]. En él se incluye también un resumen descriptivo de los proyectos, se describen los progresos en su ejecución y se exponen las fuentes de financiación durante el periodo 2007-2009. Se ofrece asimismo una evaluación detallada de los problemas planteados durante la ejecución de los proyectos.

El marco de las políticas energéticas de la UE se ha transformado de manera fundamental durante el periodo abarcado en el presente informe. Se han adoptado ambiciosos objetivos en materia de energía y de cambio climático (los objetivos 20-20-20) y un tercer paquete de medidas relativas al mercado interior de la energía. Estos objetivos forman ahora parte central de la nueva estrategia Europa 2020[5] lanzada en marzo de 2010 por la Comisión. Durante este periodo, la UE se ha visto sometida además a la crisis económica más grave de su historia. Por otra parte, la geopolítica de la energía también ha cambiado, con el avance de China y otros países emergentes como importadores fundamentales de energía.

Este informe pone de relieve la importancia de las infraestructuras energéticas para los objetivos generales de la política energética de la UE y para el cumplimiento de sus objetivos 20-20-20. Aportará material para la preparación de una propuesta relativa a un nuevo instrumento de seguridad e infraestructuras energéticas de la UE, según lo solicitado por el Consejo Europeo en marzo de 2009[6] y lo anticipado por la Comisión en la Segunda revisión estratégica del sector de la energía (2008)[7] y en el Libro Verde sobre las redes de energía (2008)[8].

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LAS RTE-E

La política de las RTE-E se ha ido elaborando y configurando en los años noventa a través de las sucesivas orientaciones sobre las RTE-E y el correspondiente Reglamento Financiero. Sus objetivos actuales son los siguientes: 1) apoyar la realización del mercado interior de la energía de la UE; 2) reducir el aislamiento de las regiones menos favorecidas e insulares; 3) asegurar y diversificar el suministro energético de la UE, también mediante la cooperación con terceros países, y 4) contribuir al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente. El actual marco político de las RTE-E incluye redes de transporte de electricidad, gas y olefina.

En las orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía introducidas en 2006 se enumeraban los proyectos que podían beneficiarse de cofinanciación comunitaria de acuerdo con los objetivos y las prioridades mencionados. Hay en total unos 550 proyectos de RTE-E, clasificados en tres categorías, según la importancia estimada para reportar beneficios a escala europea.

Los proyectos de interés europeo son de naturaleza transnacional o tienen una repercusión significativa en la capacidad transnacional. Tienen la máxima prioridad para obtener financiación del presupuesto de la UE para RTE-E.

De los 32 proyectos de electricidad y 10 de gas de interés europeo, se han completado nueve, cinco de ellos en el sector de la electricidad y cuatro en el del gas. Además, hay 12 proyectos aún en construcción desde 2007, nueve de ellos en el sector de la electricidad y tres en el del gas. Sólo un número muy limitado de proyectos de interés europeo ha experimentado retrasos graves; es el caso de Yamal (no se ha iniciado la fase de estudio) y del Interconector del Báltico (se suspendió la construcción pese a que se habían concedido las autorizaciones necesarias). Se abandonó un proyecto (línea Stupava (SK) – sudeste de Viena (AT)).

Los proyectos prioritarios tienen una repercusión significativa en el funcionamiento del mercado interior, en la utilización de fuentes de energía renovables o en la seguridad del suministro. Se seleccionan entre los proyectos de interés común y tienen la segunda prioridad para obtener asistencia económica de la UE.

El número de proyectos prioritarios de electricidad y de gas es de unos 140 y 100 respectivamente. En el periodo 2007-2009 se finalizaron 21, respectivamente 9 y 12 en los sectores de la electricidad y el gas. Además, hay 46 proyectos que aún están en construcción: 33 de ellos en el sector de la electricidad y 13 en el del gas.

Los proyectos de interés común cumplen los objetivos y las prioridades establecidos en las orientaciones y presentan una viabilidad económica potencial, según lo determinado en un análisis de costes y beneficios desde el punto de vista del medio ambiente, la seguridad del suministro y la cohesión geográfica. En las orientaciones se enumeran 164 proyectos de interés común en el sector de la electricidad y 122 en el del gas.

A lo largo del periodo del presente informe, varios proyectos de cada una de las tres categorías tuvieron que redefinirse a raíz de cambios en la demanda del mercado o de dificultades encontradas durante su ejecución. Esto implica que es necesaria una definición más flexible de los proyectos de RTE-E para que respondan mejor a las necesidades de desarrollo de la red.

Las RTE-E han sido de máxima eficacia en aquellos proyectos que se habían seleccionado para financiación prioritaria, es decir, proyectos de interés europeo, y que tenían un apoyo político considerable y potencial comercial. Es preciso estrechar el ámbito de las RTE-E en torno a un número limitado de proyectos estratégicos que presenten prioridades europeas. Al mismo tiempo, la definición de los proyectos debe ser flexible para responder mejor a la evolución de los mercados.

FINANCIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS RTE-E

En la UE, las infraestructuras energéticas se financian principalmente a través de los gestores de la red de transporte (GRT), mediante tarifas (según el principio de que «el usuario paga»). Los recursos propios de los GRT representan entre el 20 % y el 100 % de la inversión total necesaria, según la magnitud de la inversión global. El resto suele financiarse mediante préstamos de las instituciones financieras internacionales o los bancos comerciales. En algunos casos se obtiene también capital adicional a través de asociaciones con empresas activas en los sectores del gas y la electricidad, diferentes de los GRT. Los Estados miembros, por lo general, no participan de manera directa en la financiación de los proyectos de las RTE-E, ya que habitualmente son los GRT los que los emprenden y financian.

La ayuda financiera de la UE a los proyectos de las RTE-E se efectúa por medio de una serie de instrumentos:

- El Reglamento financiero de las RTE[9] , revisado en junio de 2007, complementa las orientaciones sobre las RTE-E. El presupuesto del programa de financiación de las RTE-E para el periodo presupuestario 2007-2013 asciende a 155 millones de euros, de los cuales, unos 70 millones de euros corresponden al periodo 2007-2009. Aunque el porcentaje máximo de cofinanciación es del 50 % para los estudios y el 10 % de los costes subvencionables de las obras, rara vez asciende a más de entre 0,01 % y 1 % del coste total de inversión de un proyecto.

- El Banco Europeo de Inversiones desempeña un papel importante en la ejecución de los proyectos de RTE-E. En el periodo 2007-2009 la dotación financiera fue de 2 561 y 3 407 millones de euros para los proyectos de gas y de electricidad, respectivamente.

- Como reconocimiento de su importancia social y económica, los proyectos de infraestructuras energéticas han adquirido mayor prioridad en otras fuentes de financiación de la UE, como los Fondos Estructurales, los instrumentos de preadhesión y la política europea de vecindad (IEVA[10]/IIPV[11]), y el programa marco de IDT . Estos programas tienen un presupuesto significativamente superior al de las RTE-E para medidas relacionadas con la energía. No obstante, las cantidades absolutas fueron bajas, excepto las de los Fondos Estructurales, cuyo apoyo a los proyectos de RTE-E alcanzó casi los 700 millones de euros.

- En 2009, el Consejo acordó excepcionalmente asignar 3 980 millones de euros a infraestructuras y tecnologías energéticas en el marco del Programa Energético Europeo para la Recuperación (PEER) . La crisis económica de 2009 tuvo un impacto fundamental en los proyectos de infraestructuras comerciales. Estos fondos estaban destinados a proyectos en los que los retrasos causados por la retirada del crédito no sólo podrían ser perjudiciales para la seguridad del suministro de la UE, y por lo tanto para el futuro crecimiento económico, sino que podrían tener además una grave repercusión en el empleo y las cualificaciones en los sectores de la energía y la construcción que impediría la introducción de tecnologías de energías renovables y de baja emisión de carbono en las redes energéticas. Una gran parte de la financiación del PEER beneficiará a proyectos que son prioridades de las RTE-E.

Se está haciendo un uso más eficaz del presupuesto de las RTE-E gracias a una mayor coordinación con otras actividades e instrumentos de infraestructuras energéticas de la UE. El potencial de una coordinación aún más eficaz, incluso con las medidas nacionales, podría estructurarse mejor para consolidar las sinergias y la consecución de resultados, no sólo desde el punto de vista financiero sino también con el fin de asegurar la coherencia global de las acciones y políticas de la UE. Hace falta una mayor coordinación entre las RTE-E y los instrumentos de preadhesión/IEVA para generar más posibilidades de integración de las redes y de los mercados y atender mejor a cuestiones como el desarrollo de redes inteligentes y la mejora de las interconexiones entre los nuevos Estados miembros (Fondos Estructurales y BEI) y terceros países (instrumentos de preadhesión, IEVA/IIPV). La repercusión de las RTE-E podría aumentar considerablemente si se reforzara este enfoque.

AUMENTAR EL IMPACTO POLÍTICO

En las orientaciones de 2006 se reiteraron los objetivos tradicionales de las RTE-E, a saber, fomentar el funcionamiento y el desarrollo eficaces del mercado interior de la energía y reducir el aislamiento de las regiones menos favorecidas e insulares. Por otra parte, se hizo renovado hincapié en la necesidad de reforzar la seguridad del suministro energético y se confirmó el nuevo objetivo de contribuir al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente.

Durante el periodo al que se refiere el informe, el programa de RTE-E ha contribuido positivamente al desarrollo y el funcionamiento del mercado interior de la energía. En concreto, los once proyectos transfronterizos de electricidad que se han terminado, con mayor celeridad en el marco político de las RTE, han propiciado un aumento del comercio de energía y de la competencia, lo cual ha contribuido a la convergencia de los precios medios de la energía y ha promovido la integración de los mercados y, con ello, el desarrollo de un verdadero mercado interior de la energía.

La seguridad del suministro se ha reforzado también gracias al aumento de la capacidad de transporte entre los Estados miembros, así como en el interior de cada uno de ellos, tanto para la electricidad como para el gas, y a los tres proyectos de terminal para gas líquido y almacenamiento de gas. En este aspecto, las RTE-E han contribuido a diversificar el suministro de gas. Sin embargo, sólo a través del PEER se están realizando inversiones significativas en tecnología de flujo inverso de gas para interconectores de gas nuevos o ya existentes, beneficiosas para la seguridad del suministro.

Se ha progresado menos por lo que respecta a los objetivos de reducir el aislamiento de las regiones periféricas e insulares. Cuatro de los nueve proyectos aún están en construcción. La incertidumbre sobre la futura combinación de energías para la generación de electricidad (gas importado frente a renovables) es un freno para el desarrollo de las infraestructuras en los mercados aislados.

En los últimos años, el marco de las RTE-E se ha consolidado mediante la ampliación de sus objetivos, antes circunscritos a la interconexión entre los mercados, a la seguridad y la diversificación del suministro y otros objetivos de sostenibilidad. Sin embargo, el programa sigue dando sus resultados más eficaces en los grandes proyectos de interconectores, que están en gran medida impulsados por la oferta. La repercusión de las RTE-E ha sido menor a la hora de responder a desafíos más recientes relacionados con los objetivos estratégicos de la política energética de la UE.

FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN Y LA COOPERACIÓN

Las orientaciones establecieron un marco para estrechar la cooperación mediante, entre otras medidas, la mejora del intercambio de información y de la coordinación entre los Estados miembros. En el periodo del que trata el presente informe, las RTE-E se utilizaron por primera vez para designar coordinadores europeos: en septiembre de 2007, fueron nombrados cuatro coordinadores por un periodo cuatro años[12].

El papel de los coordinadores era mediar en los proyectos transfronterizos estratégicos para resolver las dificultades prácticas que los entorpecieran. Dos años después, dos de los coordinadores han concluido su mandato con éxito y otros dos siguen en activo. La ayuda más eficaz de los coordinadores consistió en conseguir reunir a los Estados miembros al más alto nivel para allanar problemas políticos o administrativos. Esto fue posible gracias a su imparcialidad y experiencia política, a la transparencia de su mandato, a su actuación en plazos muy ajustados y a la estrecha interacción con la Comisión y los Estados miembros al más alto nivel. Un inconveniente es el riesgo de confusión entre los papeles de los coordinadores y los de la Comisión, en particular si su mandato incluye proyectos cuyo ámbito rebasa las fronteras de la UE.

De forma paralela, la Comisión ha trabajado activamente para reunir a las partes interesadas con el fin de lograr un consenso sobre los próximos pasos de proyectos regionales políticamente sensibles y complejos. Entre estos proyectos cabe citar, en concreto, el Plan de interconexión del mercado báltico de la energía, el Corredor Meridional, incluido el gasoducto Nabucco, así como el apoyo a iniciativas regionales como el Foro Pentalateral (gas y electricidad), y el nuevo Foro Heptalateral (de electricidad) promovidos actualmente por Alemania y Polonia.

La coordinación entre los Estados miembros y las autoridades nacionales de reglamentación ha ido aumentando a medida que se ha intensificado el trabajo para completar una red europea de gas y electricidad plenamente interconectada.

La intervención de los coordinadores europeos ha permitido tratar algunas de las deficiencias existentes en el marco actual de las RTE-E. Su trabajo ha conducido a progresos significativos en los proyectos en cuestión, en especial cuando se ha tratado de proyectos que afrontan obstáculos claramente definidos y en los que participan varios países y empresas.

El papel de la Comisión para facilitar la ejecución de proyectos regionales complejos en los que participan varios países y empresas y que exigen un enfoque multisectorial ha sido esencial.

PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN

Por definición, casi todos los proyectos de RTE-E encuentran algunos obstáculos durante su ejecución. Estos obstáculos están relacionados principalmente con las limitaciones financieras y técnicas, problemas particulares de la ruta elegida y el marco jurídico y político. Ahora bien, uno de los obstáculos más importantes tiene que ver con los procedimientos de autorización. Las RTE-E no tienen competencias para tratar esta cuestión.

En las orientaciones sobre las RTE-E se exige a los Estados miembros que tomen todas las medidas necesarias para reducir los retrasos de los proyectos (en particular los proyectos de interés europeo) y, al mismo tiempo, cumplir los procedimientos medioambientales. Esto se aplica también a los terceros países participantes, de conformidad con el Tratado sobre la Carta de la Energía. Sin embargo, la longitud imprevisible de los procedimientos de autorización, que puede llegar a ser de varios años, e incluso décadas, es un problema cada vez mayor. En las zonas rurales puede verse incluso exacerbado por los requisitos medioambientales y por la oposición pública a proyectos de construcción importantes. En los proyectos de larga distancia, como son a menudo los proyectos de RTE-E, los problemas pueden multiplicarse por cada municipio, región y país que atraviese el proyecto.

La mayoría de los Estados miembros, si no todos, son conscientes de este problema y algunos han empezado a abordarlo a través de nuevos actos jurídicos de ámbito nacional destinados a acelerar o simplificar los procedimientos de autorización. Puesto que se trata de legislación muy reciente, todavía no se ha podido probar su vulnerabilidad a escollos jurídicos y otros problemas prácticos.

Para obtener el apoyo necesario a nivel nacional, algunos Estados miembros pueden declarar determinados proyectos como proyectos de interés nacional. Esto puede evitar retrasos durante el procedimiento de autorización y acelerar la ejecución de los proyectos de infraestructuras.

No obstante, no se ha hecho así en todos los Estados miembros y en muchos casos no se ha coordinado a un nivel regional o europeo más amplio para los proyectos transfronterizos. Además, en la actualidad, no hay ningún mecanismo en las orientaciones sobre las RTE-E que asegure la coherencia entre las prioridades europeas y nacionales en materia de infraestructuras de energía.

Es claramente necesario simplificar los procedimientos de planificación y autorización de los proyectos que atraviesan varias jurisdicciones. En los dos últimos años, se ha avanzado en la simplificación de los procedimientos de autorización de los proyectos más importantes de infraestructura energética en los Estados miembros. Sin embargo, es necesario actuar a nivel de la UE para asegurar más coordinación y coherencia.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Las RTE-E han contribuido positivamente a determinados proyectos al darles visibilidad política y ayudarles a conseguir fondos en el mercado financiero. La «etiqueta RTE-E» que se ha dado a los proyectos de mayor interés europeo y la creación de los coordinadores europeos han propiciado el logro de estos resultados.

Sin embargo, el marco de la política energética europea ha experimentado en los últimos años un cambio radical, que hace necesaria una revisión rigurosa del concepto de las RTE-E como marco y de las razones que lo justifican. Ya en 2008, en el Libro Verde de la Comisión Europea sobre la red de energía se examinaba si las RTE-E eran adecuadas para realizar los objetivos de 20-20-20 y de seguridad. Se sugería que hacía falta un nuevo instrumento para responder a los desafíos cada vez mayores de seguridad energética e inversión en redes en la UE. El Consejo Europeo hizo suyas estas conclusiones en marzo de 2009. En el presente informe se corroboran aún más estos argumentos. Asimismo, se abunda en las conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2009 en las que se pide a la Comisión que desarrolle un nuevo instrumento para la seguridad y las infraestructuras energéticas.

En el acuerdo sobre una política energética para Europa[13] , elaborado en 2007, se fijaron metas ambiciosas y objetivos vinculantes en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero[14] y la energía procedente de fuentes renovables[15] a fin de luchar contra el cambio climático, mejorar la competitividad y garantizar la seguridad del suministro energético para los consumidores europeos. Es necesario un desarrollo adecuado de las infraestructuras energéticas para que se realicen estos objetivos, en particular por lo que respecta a la integración de las fuentes de energía renovables en la red, a la mitigación de los riesgos tecnológicos mayores que presentan las tecnologías de baja emisión de carbono, a la integración de los mercados europeos de la energía y a la seguridad del suministro.

El marco normativo relacionado con las infraestructuras de gas y electricidad ha evolucionado considerablemente: el tercer paquete de medidas relativas al mercado interior de la energía[16] se adoptó en el verano de 2009 y se está aplicando actualmente. Proporciona nuevos instrumentos para una mejor cooperación entre los gestores de la red de transporte y los reguladores. La Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía empezará a funcionar en 2011, con el objetivo de asegurar la coordinación de las normas sobre acceso a la red e inversión transfronteriza. Las Redes Europeas de Gestores de Redes de Transporte de Gas (ENTSO-G) y de Electricidad (ENTSO-E) tienen la tarea de poner en práctica la integración de los mercados mediante una visión europea del acceso a las redes y de la inversión en ellas. Una de sus tareas principales es la elaboración de los planes decenales de desarrollo de la red; en diciembre de 2009 se publicó un primer proyecto para el gas y en marzo de 2010, otro para la electricidad.

En julio de 2009, al hilo de la Segunda revisión estratégica del sector de la energía, de noviembre de 2008, y de los llamamientos formulados por el Consejo y el Parlamento, amplificados por la crisis del gas de enero de 2009, la Comisión Europea propuso un nuevo reglamento relativo a las medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas . Al mismo tiempo que hace especial hincapié en el mercado interior como la mejor garantía para la seguridad del suministro, el reglamento proporciona normas comunes para asegurar el abastecimiento: la norma de las infraestructuras (n-1) y las normas de suministro para clientes protegidos. Exige asimismo que se establezcan flujos bidireccionales en todas las interconexiones en el plazo de los dos años siguientes a su entrada en vigor (con algunas excepciones).

Para estimular la recuperación económica, se asignaron casi 4 000 millones de euros del Programa Energético Europeo para la Recuperación a fin de incentivar la movilización de financiación privada en las infraestructuras de gas y electricidad, y en proyectos de energía eólica marina y de captura y almacenamiento de carbono. Se obtienen así enseñanzas útiles sobre los beneficios de una mayor colaboración entre los Estados miembros y de su participación estratégica a alto nivel.

En este contexto, las deficiencias de las RTE-E empezaron a manifestarse en 2007-2009. El programa ha respondido con demasiada lentitud a los principales problemas que han surgido en los últimos años y no está bien equipado para responder a los desafíos aún mayores que conllevarán las metas planteadas para 2020 y 2050.

El nuevo entorno político crea dificultades para las RTE-E, que carecen de los recursos y la flexibilidad necesarios para contribuir plenamente a la realización de los ambiciosos objetivos energéticos y climáticos. En el transcurso de 2010, la Comisión examinará la necesidad de un nuevo instrumento que refleje cabalmente la importancia de las infraestructuras para la realización de los objetivos políticos.

Según las conclusiones del presente informe, se presentan las siguientes prioridades, que se elaborarán y analizarán con más detalle en la próxima revisión de las RTE-E y en la evaluación de impacto que la acompañe.

En primer lugar, es preciso definir mejor las prioridades estratégicas de las infraestructuras de energía de la UE . Las redes de energía deben modernizarse para permitir a Europa cumplir sus objetivos de política energética, incluidos los formulados como «20/20/20». Es necesario que las redes adquieran una dimensión más europea, para hacer posible el desarrollo y el adecuado funcionamiento del mercado interior de la energía y fortalecer la seguridad del suministro, pero también para permitir la aplicación de las nuevas tecnologías. Las redes deben volverse también más flexibles, permitir una diversidad de fuentes renovables, una generación de energía más descentralizada y la incorporación de tecnologías inteligentes para la demanda de energía, como el concepto de una «superred» de electricidad y gas a nivel de la UE y redes para la captura y el almacenamiento de carbono. Habrá que estudiar también la dimensión externa de las infraestructuras y la diversificación de las rutas y las fuentes de suministro, especialmente en el sector del gas pero posiblemente también en el del petróleo.

En segundo lugar, es necesario un nuevo planteamiento para la definición de los proyectos . La actual categorización es confusa y no ofrece una visión de conjunto clara de los objetivos. Puede seguirse el planteamiento adoptado en la Segunda revisión estratégica del sector de la energía realizada por la Comisión, según el cual múltiples proyectos se agrupan en una iniciativa regional, como el Corredor Meridional para las importaciones de gas procedentes del Caspio, o el Plan de interconexión del Báltico. Hace falta un debate político riguroso para decidir cuáles deben ser las futuras prioridades de las infraestructuras europeas.

En tercer lugar, debe aprovecharse mejor el potencial de cooperación entre los Estados miembros que participan en proyectos concretos . Esto se aplica al nivel de la planificación y al de la coordinación política. Son insostenibles situaciones en las que a proyectos de interés europeo no se les dé la categoría de prioridad nacional, o en las que estos proyectos no sean igualmente apoyados por todos los Estados miembros. Debe estudiarse la posibilidad de establecer un organismo de autorización (central) en un Estado miembro, al menos en el caso de los proyectos transfronterizos, a fin de agilizar su ejecución.

En cuarto lugar, la consolidación de la estrategia de infraestructuras de la UE debe atraer un nivel de inversión acorde con sus desafíos . La financiación de las inversiones en la red mediante las tarifas pagadas por sus usuarios es el planteamiento establecido en Europa. Seguirá siendo el más importante también en el futuro. Sin embargo, puede haber casos en los que esté justificada la financiación pública, por los beneficios generalizados a escala europea, o fallos manifiestos del mercado que impiden que se lleve a cabo la inversión. Los fondos disponibles con cargo a otros instrumentos de la UE deben utilizarse mejor y coordinarse con acciones de política energética.

De manera paralela al presente informe la Comisión presenta sus primeras reflexiones sobre el futuro plan de acción energético, una de cuyas máximas prioridades debe ser el desarrollo de una infraestructura energética más fuerte y más flexible, plenamente adaptada a los desafíos políticos de nuestra época.

[1] Decisión nº 1364/2006/CE.

[2] Decisión nº 96/391/CE.

[3] Decisión nº 1229/2003/CE.

[4] SEC(2010)xxx

[5] Europa 2020 – Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, 3 de marzo de 2010.

[6] Consejo Europeo de Bruselas de 19 y 20 de marzo de 2009, Conclusiones de la Presidencia 7880/1/09.

[7] COM(2008) 781.

[8] COM(2008) 782.

[9] Reglamento (CE) nº 680/2007.

[10] Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA).

[11] Instrumento de Inversión de la Política de Vecindad (IIPV).

[12] Mario Monti, Josiaz van Aartsen, Georg Wilhelm Adamowitsch y Wladyslaw Mielczarski. Véanse los informes anuales y otros documentos relevantes de los coordinadores europeos en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/tent_e/coordinators_en.htm.

[13] COM (2007) 1; el Consejo lo hizo suyo en sus conclusiones de la primavera de 2007.

[14] Directiva 2009/29/CE por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero; Decisión nº 406/2009/CE sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020.

[15] Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

[16] Directivas 2009/72-73/CE, Reglamentos (CE) nos 713-714-715/2009.