3. 4. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 75/5 
33. Se puede poner en duda la suposición evidente 
de la Comisión, de que hay que hacer un muestreo muy 
frecuente para los compuestos prohibidos. Sin embargo, 
en atención a las recientes propuestas de la Comisión 
sobre las substancias del grupo II, que prohiben su 
presencia, parece pertinente modificar el nivel de 
ensayos, como se hizo para las substancias del grupo I, 
a fin de reflejar el peligro para la sanidad pública que 
se acaba de determinar en ellas. 
3.4. No se ve claramente cuál pueda ser el funda­
mento científico para someter los pesticidas a exigencias 
menos rigurosas que las propuestas para anabólicos y 
antibióticos, pues se conoce la toxicidad de los com­
puestos organofosfóricos y su persistencia, y se sabe 
que frecuentemente la vigilancia deja que desear. 
3.5. Sería más acertado, o al menos interesante, esta­
blecer las substancias que deben buscarse en los exáme­
nes, y definir luego las categorías con arreglo a esta 
relación. No se ve fácilmente cuál pueda ser la lógica 
Hecho en Bruselas, el 29 de enero de 1986. 
1. Observaciones generales 
1.1. El Comité observa que se ha avanzado poco 
hasta ahora en materia de derecho de establecimiento 
[l) DO n° C 217 de 28. 8. 1985, p. 3. de la clasificación propuesta; parece que obedece en 
parte a la similitud de funciones, en parte a la similitud 
de situación legal, y en parte a la similitud de métodos 
de análisis. 
Podría establecerse un sistema más práctico con base 
en cuatro categorías de prioridades para la prueba de 
la gama completa de compuestos; se establecerían las 
prioridades con arreglo a estas consideraciones: 
a) importancia para el consumidor; 
b) utilidad de los ensayos existentes; 
c) cantidad utilizada y condiciones de utilización; 
d) posibilidad de utilización indebida. 
3.6. Hay que tener cuidado de no hacer una relación 
de substancias demasiado específica ni demasiado 
exhaustiva. Hay que dejar cierta flexibilidad, de modo 
que se puedan añadir o suprimir substancias. ¿Desde 
cuándo, por ejemplo, es el arsénico un metal pesado ? 
(véase el capítulo 1.1, grupo V). Lo que es más, se duda 
seriamente de que haya alguna lógica para incluir en 
este grupo algunas de las otras substancias. 
El Presidente del Comité 
Económico y Social 
Gerd MUHR 
y de libre prestación de servicios, debido ante todo a la 
complejidad de los trabajos de armonización de los 
títulos profesionales. Esta situación es muy perjudicial 
para las personas que poseen un diploma de educación 
superior, y están capacitados profesionalmente en el 
país de origen, pero no pueden hacer valer su título en 
los demás países de la Comunidad. Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo referente a un sistema general de 
reconocimiento de los diplomas de educación superior (*) 
(86/C 75/02) 
El 26 de julio de 1985, el Consejo de las Comunidades Europeas decidió consultar al Comité 
Económico y Social en virtud del articulo 100 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Económica Europea, sobre la propuesta mencionada arriba. 
La sección de Industria Comercio, Artesanado y Servicios, encargada de preparar los trabajos 
en la materia, adoptó su dictamen el 8 de enero de 1986, partiendo del informe del Sr. De 
Bievre. 
El Comité Económico y Social, durante su 233a asamblea plenaria, en la sesión del 29 de 
enero de 1986, adoptó el siguiente dictamen por 55 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones 
(votación nominal). 
El Comité aprueba la propuesta de Directiva, a reserva de las observaciones generales y 
particulares que se exponen a continuación. 
N° C 75/6 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 3. 4. 86 
1.2. La iniciativa de la Comisión encaja en el marco 
de los trabajos relacionados con el Libro Blanco sobre 
el perfeccionamiento del mercado interior y en una 
situación política nueva que resulta de los siguientes 
actos: 
— Consejo Europeo de Fontainebleau (junio de 1984), 
— creación de un Comité (Comité Adonnino) para una 
Europa de individuos; de los trabajos de éste se 
desprende el nuevo enfoque, 
— Consejo Europeo de Bruselas, en marzo de 1985 
(que induce a la Comisión a tomar iniciativas en 
esta materia, en conformidad con las conclusiones 
del Comité Adonnino). 
1.3. La Comisión desea dar un gran paso en el campo 
del derecho de establecimiento, instaurando un sistema 
nuevo que permita a las personas con diplomas de 
educación superior obtenidos en un Estado miembro 
(país de origen) ejercer su profesión en otro Estado 
miembro (país de destino), con ciertas condiciones; se 
trata de diplomas obtenidos al cabo de un ciclo de 
estudios de tres años cuando menos, después del ciclo 
completo de segunda enseñanza. Este sistema no com­
prende la armonización previa de las diferentes etapas 
de formación, y está previsto, en caso de no equivalencia 
de los diplomas de educación superior, un sistema de 
compensación mediante la experiencia profesional o la 
realización de un periodo de ejercicion de adaptación. 
1.4. El Comité considera que el título de la propuesta 
de Directiva puede prestarse en parte a confusión. En 
efecto, en el nuevo sistema se trata de juzgar los diplo­
mas de educación superior que permiten ejercer en el 
país de origen la actividad profesional correspondiente, 
en relación con los diplomas de educación superior 
similares del país de destino, sin acordar en un principio 
un reconocimiento de equivalencia. 
1.4.1. Por consiguiente, habría que modificar el 
título de la propuesta de modo que se vea claramente 
que se trata del reconocimiento de diplomas de educa­
ción superior, y del juicio de sus diferencias, por razones 
de derecho de establecimiento y libre prestación de 
servicios. 
1.5. El Comité aprueba las medidas encaminadas a 
facilitar la libre circulación de ciudadanos de Estados 
miembros que desean ejercer una actividad profesional 
en un Estado miembro diferente de aquél en que obtu­
vieron un diploma de educación superior, siempre que 
existan las condiciones adecuadas para garantizar que 
se desempeña la actividad profesional de que se trata 
de acuerdo con los requisitos de competencia y respon-
dabilidad del país de destino. 
1.5.1. El Comité considera que el reconocimiento de 
los diplomas consiste no sólo en aceptar el certificado 
propiamente dicho, sino también todo el proceso en 
que la persona adquiere las capacidades para el ejercicio 
de su profesión, es decir, la parte docente, el período 
de práctica y/o la experiencia profesional. Ahora bien, 
en esta propuesta el término « diploma » se refiere exclu­sivamente a la educación superior, y debe definirse 
claramente de esta forma a fin de evitar toda ambi­
güedad. 
1.6. Se exponen a continuación las características del 
nuevo sistema, y las observaciones del Comité: 
a) el sistema es general (pues abarca todas las personas 
con diplomas de educación superior que desean 
ejercer una actividad profesional en un país dife­
rente de aquél en que recibieron la formación). No 
obstante, están excluidas las profesiones regidas por 
disposiciones de nivel comunitario (por ejemplo, 
médicos, arquitectos, etc.), y las profesiones en las 
que la supresión de restricciones para el ejercicio de 
una actividad profesional está subordinada a la 
coordinación previa de las condiciones de ejercicio 
de ésta (artículo 57, apartado 3, del Tratado); 
b) el sistema está fundado en la comparación de los 
niveles de formación, con miras no a la armoniza­
ción previa de estos niveles, sino a una compensa­
ción que puede consistir en la experiencia profesio­
nal y/o la realización de un período de adaptación. 
El Comité considera que en ciertos casos hay que 
cursar una formación complementaria para acceder 
a la equivalencia. Es importante establecer un sis­
tema preciso de criterios para juzgar si hay equiva­
lencia o no entre los diferentes niveles de formación, 
hasta donde se pueda, de modo que la experiencia 
profesional exigida para compensar estas diferen­
cias tenga el mismo valor en los Estados miembros 
y a nivel de la Comunidad. En la elaboración de 
estos criterios la Comisión debe contar con las orga­
nizaciones profesionales nacionales y de nivel comu­
nitario a las que atañe directamente el asunto, y 
éstas podrían intervenir en la vigilancia de la aplica­
ción de estos criterios a las personas interesadas, 
según los países; 
c) el sistema comprende una colaboración entre Esta­
dos miembros por una parte, y por otra parte con 
la Comisión. Es indispensable que los Estados 
miembros organicen concretamente las estructuras 
de asistencia y la vigilancia del nuevo sistema, de 
común acuerdo con las organizaciones profesionales 
a las que el asunto concierne. Para dar a conocer 
estas estructuras, los Estados miembros deben publi­
car un registro que comprenda esencialmente la lista 
de las organizaciones profesionales que intervienen 
para lograr que el sistema funcione correctamente; 
d) el sistema comprende garantías para los ciudadanos 
europeos que deseen hacer uso de él; 
e) el sistema es evolutivo (realización progresiva de las 
estructuras de asistencia, informe de los Estados 
miembros a la Comisión sobre la aplicación del 
sistema cada dos años, informe de la Comisión al 
Consejo sobre el estado de aplicación del sistema al 
cabo de 5 años (artículo 12). 
3. 4. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 75/7 
1.7. Por otra parte, el sistema no excluye que en un 
futuro pueda introducirse una reglamentación especí­
fica a nivel comunitario para ciertas actividades profe­
sionales determinadas (o la actividad de ciertas profe­
siones determinadas). Si se pone en vigor una Directiva 
sobre un sector determinado, las actividades profesiona­
les de que se trata dejan de regirse por la presente 
propuesta de Directiva. 
1.8. Queda claro que, fuera de la aplicación de las 
disposiciones de la presente Directiva y las disposiciones 
nacionales que se desprendan de aquéllas, el candidato 
debe cumplir con todas las demás reglamentaciones 
nacionales sobre el ejercicio de la actividad profesional, 
en el país de destino. 
1.9. El Comité considera que el nuevo sistema consti­
tuye un primer paso, al que ha de seguir un enfoque 
similar en otros casos en que las diferencias de forma­
ción y certificados otorgados impiden el ejercicio de 
ciertas actividades, juzgando desde el punto de vista de 
la libertad de establecimiento. 
2. Observaciones particulares 
2.1. Artículo 1 
2.1.1. Apartado a) 
2.1.1.1. El Comité pide que se añada lo siguiente 
para completar el párrafo a) de este artículo: 
«... de estudios de segunda enseñanza aprobado 
por un Estado miembro ». 
2.1.2. Apartado c) 
2.1.2.1. El Comité desea que se complete de esta 
forma el párrafo c) de este artículo : 
« ... a la que atañe en un Estado miembro o en otra 
parte bajo el control de una persona capacitada en 
un Estado miembro». 
2.1.3. Apartado d) 
2.1.3.1. El Comité considera que el período de adap­
tación debe realizarse bajo la vigilancia de un profesio­
nal capacitado, ciudadano de un Estado miembro, cual­
quiera sea el lugar en que aquél se realice. Debe modifi­
carse el párrafo d) de esta forma: 
«... que se realiza bajo la vigilancia de un profesio­
nal capacitado de un Estado miembro, al que se 
suma eventualmente una formación complementa­
ria evaluada, cuyas modalidades están determina­
das por el Estado miembro de destino, y que se 
confirma con un certificado de culminación del 
cursillo ». 
2.1.3.2. Además, se han de tomar todas las medidas 
apropiadas para que el ciudadano de un Estado miem­
bro que desee ejercer una actividad profesional en otro 
Estado miembro encuentre una estructura de asistencia, 
y ante todo un profesional capacitado que pueda super­
visar su actividad. 2.2. Artículo 3 
2.2.1. El Comité supone que las palabras «con las 
mismas condiciones que los naturales del país » quieren 
decir que el ciudadano de un Estado miembro conside­
rado en el primer apartado, que acede a una actividad 
profesional, debe cumplir el conjunto de las reglas 
profesionales en vigor en el Estado miembro de destino, 
y debe someterse al estatuto profesional en vigor en 
este Estado, de suerte que se hace miembro de la profe­
sión en toda la extensión de la palabra, con todos los 
derechos y obligaciones correspondientes. 
2.2.2. El Comité pide que se suprima el apartado b) 
de este artículo. 
2.3. Artículo 4 
2.3.1. El Comité pide que el apartado b) de este 
artículo se modifique de esta forma: 
«b) que realice un período de adaptación, que 
podría hacerse en el Estado miembro de des­
tino o en otra parte, bajo el control de un 
profesional capacitado en el Estado miembro 
de destino, durante tres años cuando más,». 
2.4. Artículo 5 
2.4.1. El Comité pide que se suprima este artículo. 
La Directiva ha de dirigirse únicamente a los ciudadanos 
de un país de la Comunidad con un diploma de educa­
ción superior (mínimo 3 años) y no a aquéllos con 
diplomas de otro tipo. 
2.5. Artículo 6 
2.5.1. El Comité pide que se eliminen las palabras 
«de no haber tenido ninguna quiebra». Se consideran 
suficientes las otras pruebas que se mencionan en este 
artículo. Por otra parte, no puede considerarse una 
quiebra como un elemento moral negativo, a no ser que 
se trate de una quiebra fraudulenta. 
2.5.2. El Comité considera que deben tenerse en 
cuenta igualmente los documentos extendidos por una 
autoridad jurisdiccional (por ejemplo colegios profesio­
nales), y en particular los juicios que éstas hayan pro­
nunciado en relación con la persona de que se trata. 
2.5.3. Además, habría que modificar el segundo pár­
rafo del primer apartado de este artículo, de esta forma: 
«..., en el párrafo anterior no se pueden acor­
dar ...». 
2.5.4. Si en un Estado miembro hay organismos pro­
fesionales aprobados, este Estado miembro debe esta­
blecer un registro de aquéllos; si estos organismos apli­
can un código de conducta, el candidato de otro país 
miembro que desee ejercer la profesión de que se trata 
debe cumplir este código. 
2.6. Artículo 7 
2.6.1. Hay que suprimir el primer apartado de este 
artículo, dado que la Directiva se refiere al acceso a 
N° C 75/8 Diario Oficial de ias Comunidades Europeas 3. 4. 86 
la profesión, y debe tratar únicamente del título que 
corresponde a esta profesión en el país de destino, para 
evitar que otros títulos (incluso académicos) utilizados 
en el ejercicio de la profesión puedan crear confusión 
entre los consumidores de los bienes y servicios suminis­
trados por esta profesión. Se necesitaría una Directiva 
especial para establecer una reglamentación de utiliza­
ción de títulos de formación (es decir, académicos), y 
esto exigiría cierta armonización a nivel de la Comuni­
dad; esta armonización no es objeto de la presente 
Directiva. 
2.6.2. Habría que completar el segundo apartado del 
artículo 7, a fin de establecer que el ciudadano del país 
de origen está obligado a presentarse con el mismo 
título profesional, o títulos, que el ciudadano del país 
de destino. 
2.7. Artículo 8 
2.7.1. Lo mismo que en el artículo 6, el Comité pide 
que se incluyan los colegios o asociaciones profesionales 
entre las autoridades competentes para extender certifi­
cados y documentos, si la ley del país de que se trata 
les concede autorización o les impone la obligación. 
2.7.2. En cuanto al procedimiento de examen de las 
solicitudes para ejercer una actividad profesional, se 
formará progresivamente una «jurisprudencia » con las 
decisiones que se tomen, lo que ha de facilitar el procedi­
miento para casos individuales análogos. 
2.8. Artículo 9 
2.8.1. Cuando se trate de designar las autoridades 
competentes con facultad para estudiar las solicitudes y tomar las decisiones que son objeto de la Directiva, 
habrá que procurar que las mismas autoridades esta­
blezcan las condiciones de acceso y los criterios de 
evaluación para ciudadanos del país y extranjeros, a 
fin de evitar discriminaciones de acceso a la actividad 
profesional, y de ejercicio de ésta, entre unos y otros. 
2.9. Artículo 10 
2.9.1. En lo referente al primer y al último guión del 
segundo apartado, bastaría con incluir en el informe 
una relación resumida del número y la naturaleza de 
las decisiones que se han tomado, indicando las medidas 
compensatorias estipuladas con base en el artículo 4. 
2.10. Artículo 11 
2.10.1. El Comité considera que los Estados miem­
bros deben poner en funcionamiento el sistema de asis­
tencia y coordinación previsto en el artículo 9, a más 
tardar un año después de la fecha en que se pone en 
vigoróla Directiva. 
2.11. Artículo 12 
2.11.1. El Comité considera, en vista de que se'trata 
de la instauración de un nuevo sistema general de 
reconocimiento de los diplomas, del cual se desconocen 
sin duda alguna todas las dificultades de aplicación 
concreta, que el plazo de 5 años previsto en este artículo 
puede ser demasiado largo, y que se debería fijar un 
plazo más breve (por ejemplo, 3 años después de la 
fecha en que se pone en vigor la Directiva) para el 
informe que la Comisión debe presentar al Consejo 
sobre el estado de aplicación del sistema, y para las 
modificaciones que puedan ser necesarias. 
Hecho en Bruselas, el 29 de enero de 1986. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Gerd MUHR 
ANEXOS 
del dictamen del Comité Económico y Social 
ANEXO 1 
Se ha procedido a la votación nominal sobre la totalidad del dictamen. 
Votaron a favor del dictamen los siguientes miembros, presentes o representados: 
Srs. Antonsen, Binnenbruck, Bleser, Boddy, Bonety, Breitenstein, Campbell, Carroll, Curlis, De Biévre, De 
Grave, d'Elia, Della Croce, Drago, Emo Capodilista, Sra. Engelen-Kefer, Srs. Flum, Fortuyn, Fuller, Geuenich, 
Glesener, van Greunsven, Hammond, Hannon, Sra. Heuser, Srs. Jarvis, Jenkins, Kirschen, Kübler, Lojewski, 
Srta. Maddocks, Srs. Milne, Mols Sorensen, Mourgues, Murphy, Nielsen B., Noordwal, de Normann, Poeton, 
Pronk, Rainero, Roseingrave, Rouzier, Roycroft, Saiu, Schmitz, Schoepges, Schwarz, Spijkers, Sra. Stobel, 
Srs. Swift, Van Melckenbeke, Wagner, Wick, de Wit. 
Votaron en contra del dictamen los siguientes miembros, presentes o representados: 
Srs. Dassis, Pearson, Raftopoulos. 
Se abstuvieron de votar los siguientes miembros, presentes o representados: 
Srs. Dunet, Kenna, Monier, Sir George Sharp, Srs. Storie-Pugh, Tixier. 
3. 4. 86 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 75/9 
ANEXO 2 
Enmiendas rechazadas 
En el transcurso de los debates se rechazaron las siguientes enmiendas, presentadas, en conformidad con el 
reglamento interno: 
Punto 1.6 b) 
(Enmienda de los Srs. Storie-Pugh y Tamlin) 
Añadir: 
« La propuesta debería prever la participación de los organismos profesionales nacionales, y los organismos 
comunitarios equivalentes, pues hay muchas personas que llevan varios años considerando la equivalencia 
de diplomas». 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 5, votos en contra: 66, abstenciones: 12. 
Punto 1.9 
(Enmienda de los Srs. Pearson y Storie-Pugh) 
Después del punto 1.9, añadir un nuevo párrafo redactado de esta forma: 
«1.10. No obstante, la Sección considera que dado el caso de proyectos de Directivas referentes a los 
niveles de formación profesional, que se preparen para someterlos a consideración del Consejo, habría que 
transmitir estas Directivas a las instituciones comunitarias competentes, y habría que completar el procedi­
miento como es debido ». 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 9, votos en contra: mayoría, abstenciones: 9. 
Al final de las observaciones generales: 
(Enmienda del Sr. Germozzi) 
Añadir el siguiente texto: 
« Si bien se mira con aprobación el enfoque concreto aplicado en la propuesta de Directiva que se considera, 
hay que hacer ver que es necesario crear un sistema coherente de compensación, que comprenda criterios de 
evaluación técnica de la equivalencia de los niveles de formación, con la participación formal de las 
organizaciones profesionales nacionales y comunitarias a las que atañe el caso (no se dejará de incluir entre 
éstas la "UEA PME", por ejemplo). Hay que velar por que estas organizaciones formen parte de los comités 
técnicos que se creen con este fin, para tratar con las autoridades nacionales competentes, para estudiar las 
solicitudes de ejercicio de una actividad profesional, y en el caso de instituciones internacionales, para estudiar 
las posibles medidas de compensación. 
Además del informe que debe presentar la Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo en un plazo 
de 5 años, sobre el estado de aplicación del sistema general propuesto en el artículo 12, resulta indispensable, 
en particular, iniciar un proceso de armonización previa de los cursos, los programas y los. exámenes, e 
igualmente de armonización de títulos, diplomas y normas de acceso a la profesión. Así pues, la directiva 
debería fijar los plazos para lanzar este proceso de armonización, y prever la utilización apropiada de los 
informes nacionales con este fin. 
Por otra parte, hay que subrayar que la Directiva podría constituir un precedente importante para el 
establecimiento de una reglamentación específica que garantice la libre circulación (sancionada por el Tratado 
de Roma) a aquéllos que ejercen profesiones liberales, pero igualmente a aquéllos que desempeñan otras 
profesiones de forma independiente, especialmente por su acción en favor del reconocimiento recíproco de 
títulos y diplomas para el acceso a las actividades productivas». 
Presentación de motivos 
Están claros en el propio texto de la enmienda. 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 3, votos en contra: gran mayoría. 
Punto 2.1 
(Enmienda de los Srs. Storie-Pugh y Tamlin) 
Añadir: 
«El apartado a) de la Directiva debería redactarse de esta forma: 
"... de tres años cuando menos de plena dedicación, o el equivalente de dedicación parcial, accesible ...". 
N° C 75/10 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 3. 4. 86 
Ahora bien, si en un Estado miembro existen dos diplomas de educación superior reconocidos por el Estado 
como equivalentes, uno acordado al cabo de tres años, y otro al cabo de dos, puede considerarse que el curso 
de dos años que culmina en un diploma, un certificado u otro título de educación superior, o su equivalente 
reconocido, cumple con la condición de duración que se manifiesta más arriba, siempre que los diplomas de 
educación superior otorgados al cabo de ambos cursos sean reconocidos como equivalentes por el Estado de 
que se trata». 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 2, votos en contra: 70, abstenciones: 3. 
Punto 2.5.1 
(Enmienda de los Srs. Storie-Pugh y Tafnlin) 
Modificar la primera frase de esta forma: 
«La posibilidad de que una quiebra pueda constituir un impedimento se ha de considerar en cada caso 
separadamente, para cada profesión ». 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 8, votos en contra: 40, abstenciones: 10. 
Punto 2.5.1 
(Enmienda de los Srs. Storie-Pugh y Tamlin) 
Añadir el siguiente texto: 
« Al final del primer párrafo del artículo 6, añadir: 
"A no ser que haya una disposición contraria, se considera como prueba suficiente la obligación de adherirse 
a un código de conducta profesional"». 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 2, votos en contra: 37, abstenciones: 11. 
Punto 2.5.4 
(Enmienda de los Srs. Storie-Pugh, Pearson y Tamlin) 
Modificar la cuarta línea de esta forma: 
« hay que respetar este código, o estos códigos, ... ». 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 2, votos en contra: 38, abstenciones: 10. 
Punto 2.6.2 
(Enmienda de los Srs. Campbell y Wick) 
Substituir este punto por el siguiente texto: 
«El Comité pide que se suprima el segundo párrafo del artículo 7». 
Presentación de motivos 
El permitir a los ciudadanos de un Estado miembro el ejercicio de su profesión en otro Estado miembro con 
acceso libre, de una forma voluntaria u obligatoria, a los títulos que exige el Estado miembro de destino no 
es una medida acertada; esta disposición no haría más que aumentar la confusión. 
Las propuestas que se han presentado con miras a la creación de un título europeo, como el profesional 
europeo (PE), son más precisas y atañen a todos los ciudadanos de países de la Comunidad con una formación 
adquirida en su país de origen, y que deseen ejercer su profesión en otro Estado miembro. 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 12, votos en contra: 38, abstenciones: 3.