Bruselas, 30.8.2004

COM(2004) 573 final

INFORME DE LA COMISIÓN

PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE INFORME ANUAL 2003 {SEC(2004)1058}{SEC(2004)1059}

ÍNDICE

Título I-Las actividades de la Comunidad para la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude: principales hechos del año 2003 5

1. El desarrollo de una política antifraude global 5

1.1. Evaluación global de las medidas adoptadas por la Comunidad en el ámbito de los Fondos Estructurales 5

1.2. El Grupo de trabajo «Recaudación» en el ámbito del FEOGA-Garantía 6

1.3. La política de prevención: un procedimiento más visible del blindaje de la legislación contra el fraude 7

2. Cooperación con los Estados miembros y los terceros países 8

2.1. Análisis de la información en el marco de la asistencia mutua 8

2.2. Cooperación contra formas de criminalidad perjudiciales para los intereses de las Comunidades: protección de la moneda europea 10

2.3. «Hércules»: programa para la promoción de acciones relativas a la protección de los intereses financieros de la Comunidad 11

3. Un enfoque interinstitucional para prevenir y luchar contra el fraude y la corrupción 11

3.1. Profundización de la reforma de la lucha contra el fraude 11

3.2. Avances en la aplicación de la reforma de la Comisión 13

4. El reforzamiento de la protección penal de los intereses financieros comunitarios 14

4.1. Propuestas más concretas sobre la creación de un Fiscal Europeo 14

4.2. Cooperación con Eurojust y Europol 16

Título II - Aplicación del artículo 280 por los Estados miembros en 2003 - Medidas adoptadas para proteger los intereses financieros de la Comunidad 17

5. Textos que contribuyen a la aplicación del artículo 280 del Tratado CE - principales evoluciones legislativas, reglamentarias y administrativas 18

5.1. Evoluciones de índole horizontal 18

5.2. Recursos propios 19

5.3. Gastos agrícolas 20

5.4. Sector de las acciones estructurales 20

6. Organización de los servicios encargados de la protección de los intereses financieros de las Comunidades en materia de acciones estructurales 21

6.1. Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 22

6.2. Fondo Social Europeo (FSE) 24

6.3. Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección «orientación» 26

6.4. Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) 28

6.5. Fondo de Cohesión 30

7. Coordinación entre los servicios en los Estados miembros 32

8. Le recaudación en el derecho nacional de los Estados miembros por constitución en parte civil durante un procedimiento penal 34

INTRODUCCIÓN

El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea invita a la Comisión a que presente junto con los Estados miembros al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre las medidas adoptadas para aplicar el artículo 280, relativo a la protección de los intereses financieros de la Comunidad. De acuerdo con el principio de responsabilidad compartida en este ámbito, el Informe de 2003 presenta, sucesivamente, las actividades de la Comunidad durante el ejercicio y las medidas adoptadas por los Estados miembros.

Las prioridades de la Comunidad para proteger sus intereses financieros y luchar contra el fraude se establecieron en el Enfoque estratégico global de 28 de junio de 2000[?] para el período 2000-2005 y su aplicación en el Plan de acción 2001-2003[?]. La primera parte del Informe señala algunas actividades destacadas de la Comunidad en 2003, sin agotar la todas las tareas realizadas para ejecutar el Plan de acción 2001-2003 y dar curso a la Resoluciones del Parlamento Europeo[?] y al Informe Anual del Ejercicio 2002 del Tribunal de Cuentas[?].

La segunda parte presenta un resumen de las medidas adoptadas en 2003 por los Estados miembros para aplicar el Tratado CE. En 2003 destacaron dos aspectos concretos: las acciones estructurales y la recaudación en el ámbito de los gastos directos.

Acompañan al Informe dos documentos de trabajo de los servicios[?], que son, por una parte, la aplicación del Plan de acción 2001-2003 y el inventario de las medidas adoptadas por los Estados miembros, y por otra los datos estadísticos pertinentes.

Título I-Las actividades de la Comunidad para la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude: principales hechos del año 2003

La Comisión estableció sus objetivos políticos y generales en su Enfoque estratégico global aprobado el 28 de junio de 2000[?] para el período 2001-2005. La aplicación de esta estrategia global por parte de la Comisión y de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude en sus funciones no operativas se concreta en el Plan de acción 2001-2003[?].

El Informe anual destaca las principales acciones llevadas a cabo por la Comisión en 2003, que siguen los cuatro ejes del Enfoque estratégico global. Se mencionan algunos temas horizontales, como los resultados de las auditorias de los Fondos Estructurales y el Informe de la Comisión que evalúa las actividades de la OLAF[?], así como los compromisos contraídos por la Comisión ante el Parlamento Europeo el 8 de noviembre de 2003. Se hace balance del progreso realizado en materia de protección penal de los intereses financieros de las Comunidades, en particular, del proyecto de Fiscal Europeo y a las relaciones entre la Comisión y los órganos de cooperación judicial y policial.

EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA ANTIFRAUDE GLOBAL

Evaluación global de las medidas adoptadas por la Comunidad en el ámbito de los Fondos Estructurales

El Reglamento (CE) N° 1681/94[?] de la Comisión, de 11 de julio de 1994, ofrece un marco para la comunicación y el seguimiento de las irregularidades. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1de su artículo 2, los Estados miembros comunican a la Comisión las disposiciones adoptadas con el fin de garantizar la corrección de las operaciones financiadas por la Comunidad, la prevención de las irregularidades y la recuperación de los fondos perdidos, así como la descripción de los sistemas de control de gestión vigentes.

En 2001, el Tribunal de Cuentas Europeo publicó su Informe especial[?] sobre la aplicación de este Reglamento en seis Estados miembros[?]. Constató numerosos incumplimientos por parte de los Estados miembros y recomendó a la Comisión realizar la evaluación y el control del funcionamiento de los sistemas de detección y comunicación de las irregularidades para restablecer su funcionamiento actual, exhaustivo y pertinente.

La Comisión[?] examinó la descripción de los sistemas de los 15 Estados miembros. En un segundo momento, procedió a comprobaciones in situ, efectuadas junto con la DG de Política regional y la OLAF, a nivel nacional y regional, para controlar la eficacia de los sistemas. Finalizados estos trabajos se redactaron los respectivos informes y se envió a las autoridades de los distintos Estados miembros un resumen con los principales resultados, conclusiones y recomendaciones.

En conjunto, estas misiones de auditoría destacan que hubo un progreso indiscutible desde 2001. No obstante, muchas de las observaciones del Informe 10/2001 del Tribunal de Cuentas siguen siendo pertinentes.

La Comisión señalaba problemas en la interpretación del Reglamento (CE) n° 1681/94, puesto que la mitad de los Estados miembros no comunicaban las irregularidades a la Comisión (OLAF) en los plazos previstos, o no facilitaban la información requerida[?]. El examen reveló también que, incluso cuando se habían notificado irregularidades, la forma de seguimiento del caso y su comunicación por parte de algunos Estados miembros no permitía la actualización de la base de datos de la Comisión.[?]

Por otra parte, el seguimiento interno de las irregularidades y los procedimientos de cobro de la mayoría de los Estados miembros se consideraron satisfactorios, lo que hace pensar que aquéllos cumplen mejor sus responsabilidades de gestión de los Fondos Estructurales y de las irregularidades y cobros, y que asumen generalmente sus tareas de manera adecuada.

Los Estados miembros mejoran pues su interpretación del concepto de irregularidad y tienen una idea más completa y fiable de la protección de los intereses financieros y de la lucha contra el fraude basada en datos completos, coherentes, exactos y al día. La Comisión envió a los distintos Estados recomendaciones específicas.

Además, un informe de síntesis de los 15 informes de auditoría[?] extrae algunas conclusiones sobre las posibilidades de mejora del sistema de notificación y seguimiento de las irregularidades. En 2005 se prevé presentar una propuesta de modificación del Reglamento (CE) N° 1681/94.

El Grupo de trabajo «Recaudación» en el ámbito del FEOGA-Garantía

Por lo que se refiere a las políticas comunitarias de gestión descentralizada (FEOGA-Garantía y Acciones estructurales), corresponde a los Estados miembros obtener de beneficiarios finales la recaudación de los fondos indebidamente pagados y transferirlos al presupuesto comunitario. La Comisión, por su parte, está obligada a seguir los procedimientos de recaudación iniciados por los Estados miembros y a ocuparse de la liquidación. Tanto la Comisión, como el Tribunal de Cuentas y la Autoridad presupuestaria han señalado su preocupación por la lentitud de estos procedimientos y la acumulación de los créditos comunitarios

En su Comunicación de 3 de diciembre de 2002[?] que tiene como objetivo, en particular, mejorar la recaudación, la Comisión decidió crear el Grupo de trabajo Recaudación, en el sector del FEOGA-Garantía, que estaría formado por agentes de la OLAF y de la DG de Agricultura. El total de los pagos debidos por irregularidades pendientes de recaudación en el sector del FEOGA-Garantía se estimaba en 2002 en 2 200 millones de euros, según los datos comunicados por los Estados miembros con arreglo a los artículos 3 y 5 del Reglamento n°595/91.

Los casos de irregularidad comunicados antes de 1999, examinados por el Grupo de trabajo, acumulan un importe superior a mil millones de euros. Por lo que respecta a las irregularidades de los años 1995 a 1999, así como a las previas a 1995 relativas a Italia, el Grupo de trabajo investigó 433 casos (343 de los cuales afectaban a Italia), cada uno de un importe superior a 500 000 euros. Al término de este examen, el total pendiente de recaudación se fijó en 700 millones de euros (en lugar de los 1000 millones inicialmente comunicados) correspondientes a nueve Estados miembros, de los que 550 millones procedían de Italia. Resumiendo, de estas auditorias se deduce que en casi todos los Estados miembros ha habido casos graves de «negligencia» por parte de los servicios y autoridades competentes, que no adoptaron medidas cautelares ni realizaron un seguimiento financiero adecuado. También se concluye que la lentitud y, a veces, la ineficacia de los procedimientos administrativos y judiciales nacionales, así como la ausencia de una atribución clara de competencias, ponen en peligro la recaudación efectiva de los fondos comunitarios.

Después de tratamiento de los casos superiores a 500 000 euros, el Grupo de trabajo examinará también los casos de menor importe.

La política de prevención: un procedimiento más visible del blindaje de la legislación contra el fraude

En su Enfoque estratégico global sobre la protección de los intereses financieros comunitarios, la Comisión definió la prevención como una de las cuatro grandes prioridades de su actuación. El «blindaje contra el fraude» definido en la Comunicación de 2001[?], efectiva en 2003, pone en práctica esta prioridad.

La Comisión instauró así un proceso de consulta que implicaba a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude desde prácticamente el principio, con el fin de aprovechar su experiencia operativa en la fase de la elaboración de las propuestas legislativas.'

Este procedimiento refuerza la cooperación, en particular, entre las Direcciones Generales responsables que proponen iniciativas legislativas y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Implica asimismo a las demás instituciones, ya que la información de la Comisión procede, además de su propia experiencia, de los informes del Tribunal de Cuentas Europeo y de las autoridades de control de los Estados miembros, así como de las conclusiones del Consejo y las resoluciones del Parlamento Europeo.

Si bien el mecanismo se puso en marcha en 2003, este primer año completo de funcionamiento ha sido de carácter esencialmente experimental.

Los servicios de la Comisión consultaron a la Oficina principalmente cuestiones agrícolas, aduaneras y de asistencia macro financiera a terceros países, así como asuntos relacionados con los gastos directos, como la educación, en el que la OLAF participó en la fase de preparación de los textos que autorizaban programas de subvención.

COOPERACIÓN CON LOS ESTADOS MIEMBROS Y LOS TERCEROS PAÍSES

Para luchar eficazmente contra el crimen organizado, en particular el transnacional, que afecta especialmente a los intereses financieros de la Comunidad, es necesaria una estrategia de cooperación e información mutua entre todos los socios públicos. La Comisión asume su responsabilidad aportando su asistencia en el ámbito de la inteligencia así como en el operativo.

Análisis de la información en el marco de la asistencia mutua

En materia operativa, el análisis de los fraudes o irregularidades perjudiciales a los intereses comunitarios es fundamental para orientar mejor la actividad sobre el terreno. La Comisión contribuye en este sentido poniendo a disposición de los Estados miembros sistemas de intercambio de información.

Los Estados miembros y los países candidatos pueden ya intercambiar información entre ellos y con la Comisión (OLAF) a través de una red de comunicación segura y eficaz, denominada sistema de información contra el fraude («AntiFraud Information System», AFIS). En 2003, la red AFIS se amplió a los países candidatos y a algunos terceros países.

El sistema AFIS ofrece diversas funciones operativas, en concreto:

- información genérica intercambiada en el marco de la asistencia mutua (mensajes y comunicaciones de sospecha de irregularidades o fraudes);

- información estructurada, transmitida por el sistema de alerta precoz, sobre mercancías sensibles en régimen de tránsito aduanero;

- operaciones de vigilancia conjunta en materia aduanera: se ampliaron a las operaciones no marítimas, y especialmente a la vigilancia de contenedores. El Consejo, en su Resolución del 2 de octubre de 2003[?] sobre una estrategia de cooperación aduanera, destacó el interés de estas acciones y el apoyo logístico y técnico de la Comisión;

- una herramienta de comunicación de datos sobre confiscación de cigarrillos (CIGinfo) entre las autoridades competentes y la OLAF. El 19 de mayo de 2003, la OLAF y la Organización Mundial de Aduanas aprobaron la transferencia sistemática de datos integrados en CIGinfo sobre confiscación de cigarrillos hacia la aplicación «CEN» (Customs Enforcement Network);

- un instrumento de grabación de las comunicaciones electrónicas (ECR) sobre fraudes e irregularidades en los Estados miembros que precisen un análisis posterior;

- un sistema de información mutua con Rusia (seguimiento electrónico de las exportaciones con restituciones que simplifica y acelera los procedimientos).

Puesto que la red AFIS no ofrece la posibilidad de almacenar información sensible a escala europea, el sistema de información aduanero (SIA) colma esta laguna. Desde el 24 de marzo de 2003, permite a las autoridades responsables de la aplicación de las legislaciones aduanera y agrícola interrogar directamente una base de datos central sobre mercancías, medios de transporte, personas y sociedades, cuando existen indicios reales de infracción de los Reglamentos en estos ámbitos. El objetivo es que los Estado miembros que introducen datos en el sistema puedan solicitar a otro Estado miembro acciones de investigación e información, vigilancia discreta o control específico.

El sistema de información aduanero se basa en el Reglamento (CE) N° 515/97[?] del Consejo y en el Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros [?], que entró en vigor provisionalmente el 1 de noviembre de 2001. Contiene normas estrictas sobre la protección de los datos personales. Catorce Estados miembros[?] ratificaron el Convenio SIA y pueden utilizar la base de datos del tercer pilar. Se han traducido a las lenguas oficiales el manual de procedimientos operativos y una guía para usuarios y se han organizad sesiones de formación con vistas a la entrada en vigor del sistema.

Además los Estados miembros decidieron crear un fichero de identificación de los expedientes correspondientes a investigaciones aduaneras (FIDE), que facilita la cooperación entre los servicios nacionales especializados en el marco de la cooperación aduanera intergubernamental[?]. La gestión de este instrumento, que debe ser completado por otro similar destinado a los ámbitos de competencia de la Comunidad, se confió a la OLAF. La Comisión introdujo la modificación del Reglamento (CE) n°515/97 en su programa de trabajo para 2004.

Cooperación contra formas de criminalidad perjudiciales para los intereses de las Comunidades: protección de la moneda europea

La protección de los billetes y monedas de euro es responsabilidad de las autoridades nacionales competentes, el Banco Central Europeo, Europol y la Comisión. La Comisión (OLAF) asume diversas tareas: la coordinación de medidas adoptadas por los Estados miembros para la protección técnica de las monedas de euro contra la falsificación, incluido el Centro Técnico y Científico Europeo (ETSC), la formación y la asistencia técnica a través del programa «Pericles» al programa 'Périclès'[?] y la legislación[?] sobre protección de los billetes y monedas de euro con sus sanciones correspondientes.

En 2003 se aprobó también el segundo informe[?] de la Comisión sobre la aplicación de la Decisión-marco del Consejo de 29 de mayo de 2000 por parte de los Estados miembros. El informe concluye que la aplicación ha sido generalmente satisfactoria y, que, en su conjunto, las disposiciones nacionales se ajustan al dispositivo sobre protección penal del euro contra la falsificación.

En el ámbito de la lucha contra falsificación de moneda, la protección del euro en metálico se confía al Centro Técnico y Científico Europeo, gestionado por dos agentes de la Comisión. En 2003, el Consejo encargó formalmente [?] a la Comisión de su funcionamiento, así como de la coordinación de las medidas de protección de las monedas de euro contra la falsificación.

Las estadísticas y los análisis realizados por el Centro en 2003 señalan un fuerte aumento de la actividad de falsificación de monedas. Así se demuestra no sólo por el mayor número de piezas falsificadas en circulación (se ha pasado de 2 339 detectadas en 2002 a 26 191 en 2003), sino también por el importante aumento de los tipos de falsificaciones y sus variantes (26 y 97 respectivamente).

Esta situación no hace peligrar la credibilidad de las monedas de euro. El número de falsificaciones detectadas y las potencialmente existentes es muy inferior a los 49 mil millones de piezas en circulación. Además, todas las falsificaciones conocidas deberían ser rechazadas por las máquinas clasificadoras y los distribuidores, una vez equipados y regulados de manera adecuada.

«Hércules»: programa para la promoción de acciones relativas a la protección de los intereses financieros de la Comunidad

El 27 de mayo de 2003, la Comisión presentó una propuesta por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de acciones en el ámbito de la protección de los intereses financieros de la Comunidad (programa «Hércules»)[?]. Este programa permite financiar acciones de formación, asistencia técnica e intercambios de datos sobre protección de los intereses financieros comunitarios, o acciones que contribuyan a la creación y difusión de conocimientos sobre esta materia, por ejemplo, estudios, conferencias o publicaciones. También prevé subvenciones de funcionamiento para organismos activos en este campo, de los Estados miembros, los países de la AELC/EEE y los tres países candidatos (Bulgaria, Rumania y Turquía).

La Decisión del Parlamento Europeo y el Consejo por la que se establece «Hércules» se adoptó el 6 de abril de2004[?] y prevé una dotación financiera para el programa de 11 775 000 euros por un período de 3 años a partir de 2004.

UN ENFOQUE INTERINSTITUCIONAL PARA PREVENIR Y LUCHAR CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

Desde mayo de 1999, la Comunidad dispone de un marco legal global para luchar contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que perjudique sus intereses financieros, así como para investigar comportamientos irregulares de instituciones, órganos y organismos.[?]. En 2003 se avanzó en la reflexión sobre la mejora de este dispositivo que enmarca las actividades de la OLAF y se tuvo en cuenta el informe de evaluación de la Comisión («artículo 15») y la experiencia del asunto EUROSTAT.

Profundización de la reforma de la lucha contra el fraude

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los Reglamentos 1073/99 y 1074/99[?], la Comisión aprobó, el 2 de abril de 2003, un informe de las actividades de la OLAF sobre la evaluación del marco legal de la lucha contra el fraude.

El informe expone el desarrollo de la política de lucha contra el fraude de la Comisión y la reforma de 1999 que supuso creación de la OLAF, de acuerdo con la prioridad de alto nivel concedida a la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad irregular contra el presupuesto comunitario. El informe examina la forma en que la OLAF cumple sus distintas funciones con su estatuto específico. Además de la tarea principal de realizar investigaciones internas y externas amparada en la independencia funcional, la OLAF en tanto que servicio de la Comisión, se encarga de la coordinación con las autoridades nacionales administrativas, judiciales y policiales competentes en la prevención y lucha contra el fraude, ofrece asistencia técnica a los Estados miembros, contribuye a la concepción de la estrategia contra el fraude de la Unión Europea y toma las iniciativas necesarias para reforzar la legislación existente.

El informe pone de relieve el carácter complementario que tienen las actividades operativas de la Oficina y las de sus socios a nivel nacional, interinstitucional e internacional, y concluye que deben reforzarse en el futuro la cooperación con los servicios de la Comisión y la asociación con los Estados miembros. Destaca la sinergia que resulta de la proximidad de las misiones operativas y las misiones generales de la Comisión, como la concepción y aplicación de la política de lucha contra el fraude y de la legislación. El informe señala también que el estatuto mixto de la OLAF puede complicar su gestión administrativa y presupuestaria y dificultar la comunicación con las instituciones.

La Comisión hizo 17 recomendaciones dirigidas al conjunto de la política de lucha contra el fraude que recogen adaptaciones legislativas para consolidar la estructura y el funcionamiento de la Oficina. Sin embargo, en opinión de la Comisión, la independencia organizativa total de la OLAF debe estudiarse en el marco de una futura revisión del Tratado CE y del impulso de la dimensión penal de la lucha contra el fraude.

El Parlamento Europeo, si bien crítico con el funcionamiento de la Oficina, ha manifestado su voluntad de concentrarse en la función de investigación y mejorar la circulación de la información entre la OLAF y las instituciones[?]. Asimismo, subrayó la importancia de las garantías en lo que concierne a los derechos de defensa, el control jurisdiccional de sus actividades y el papel del Comité de vigilancia de la OLAF. Además, puso en duda la eficacia de los correctivos impuestos por la Comisión, a raíz del asunto EUROSTAT, a su política de descentralización de las responsabilidades financieras y las medidas destinadas a aplicar una política de tolerancia cero en los casos de fraude y corrupción.

En su dictamen[?] de 18 de junio de 2003, el Comité de vigilancia concluía que las disposiciones del Reglamento 1073/99 no habían producido aún su pleno efecto. El Consejo, en sus conclusiones de 22.12.2003[?] pedía, además de la evaluación del marco jurídico de la Oficina, una valoración de su actividad operativa y consideraba necesario pasar por una etapa de estabilización antes de prever una modificación de su estatuto o sus tareas.

Además del balance intermedio previsto por el legislador, la reforma de la lucha contra el fraude progresa en un ambiente interinstitucional complejo en el que la actualidad aporta también sus imprevistos. Aprendida la lección del asunto EUROSTAT, el Presidente de la Comisión presentó un Plan de acción, más ambicioso que las 17 recomendaciones del informe de evaluación, en su intervención de 25 de septiembre de 2003 y en su discurso sobre el Estado de la Unión, de 18 de noviembre 2003, ante el Parlamento Europeo,

El Código de conducta[?] elaborado entre la Comisión y la OLAF en julio de 2003 aportaba ya una primera respuesta a una de las principales lagunas reveladas por la actualidad, garantizando y mejorando el intercambio puntual de información sobre las investigaciones internas de la Comisión. No obstante, parece necesario recurrir a la vía legislativa para garantizar la coherencia de estas normas en el conjunto de las instituciones y mejorar el contenido de la información.

Las principales directrices de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo para la Oficina, adoptada por la Comisión el 10 de febrero de 2004, son:

- centrar su actividad en las investigaciones de fraudes y en las prioridades operativas;

- mejorar la circulación de la información con las instituciones, órganos y organismos interesados para que puedan ejercer su responsabilidad política y adoptar medidas de seguridad;

- definir las garantías procesales de las personas durante las investigaciones;

- reforzar la eficacia de las investigaciones externas precisando las competencias de cara a los operadores económicos;

- además, sin que ello interfiera en el desarrollo de las investigaciones, este nuevo marco para la gobernanza de la OLAF refuerza el papel que el Comité de vigilancia ejerce como supervisor de la función de investigación.

Avances en la aplicación de la reforma de la Comisión

La modernización de la Administración pública europea siguió progresando durante 2003[?], en paralelo con los trabajos de profundización de la reforma de la lucha contra el fraude de mayo de 1999. En particular, la reforma financiera y administrativa interna de la Comisión concebida por el Libro Blanco de marzo de 2000 finaliza con la entrada en vigor del nuevo Reglamento Financiero el 1 de enero de 2003, que renueva el sistema de control interno, y la Decisión de julio de 2003 sobre la instancia especializada en la detección de irregularidades financieras. A raíz del acuerdo político al que se llegó el 19 de mayo de 2003 en el Consejo y del Dictamen del Parlamento Europeo de 19 de junio de 2003, la Comisión aprobó una propuesta modificada de Reglamento por la que se modificaba el Estatuto[?]. Desde su entrada en vigor, el 1 de mayo de 2004, la reforma tendrá un impacto importante en las prácticas de gestión de los servicios y contribuirá, en particular, a la prevención de irregularidades.

El asunto EUROSTAT puso de manifiesto la insuficiencia de las disposiciones actuales y la Comisión adoptó medidas horizontales complementarias: el Código de conducta sobre las relaciones entre los Comisarios y sus servicios, de septiembre de 1999 se revisó con el fin de mejorar la información de aquéllos y a la hora de asumir su responsabilidad política.

A tal efecto, un grupo de Comisarios, que incluye al Presidente, ha velado para que toda la información pertinente sobre fraudes, irregularidades y otros actos reprensibles procedentes, en concreto, de OLAF, IDOC[?] y el Servicio de auditoría interno sean objeto de un seguimiento riguroso. Un grupo interservicios de alto nivel asistirá a los Comisarios.

EL REFORZAMIENTO DE LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS

Propuestas más concretas sobre la creación de un Fiscal Europeo

La necesidad de perseguir de manera más eficaz a quienes atentan contra los intereses financieros comunitarios, con vistas a una Europa ampliada, indujo a la Comisión a proponer la creación de un Fiscal Europeo[?]. En 2001, la Comisión había aprobado un Libro Verde[?] sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la idea de un Fiscal Europeo se había debatido ampliamente durante el año 2002 con todos los medios interesados. El 2003 se caracterizó por el seguimiento de este debate y su concretización en las propuestas del Convenio europeo sobre la creación de una Fiscalía europea, cuya decisión corresponde a la Conferencia Intergubernamental (CIG).

Balance de la consulta pública sobre la creación de un Fiscal Europeo

En marzo de 2003, la Comisión presentó una síntesis de unas 200 reacciones al Libro Verde[?] y transmitió el informe a la Convención sobre el futuro de la Unión. Las opiniones son en su mayoría favorables a la creación de un Fiscal Europeo, si bien las autoridades gubernamentales se muestran en conjunto menos entusiastas que los profesionales y los representantes de la sociedad civil. Una minoría se declaró firmemente opuesta.

La evaluación general recoge opiniones sobre la necesidad de un Fiscal Europeo y confirma, precisándolo, el valor añadido que aportaría a la lucha contra la criminalidad que afecta a las finanzas comunitarias. La evaluación temática, por su parte, pone de manifiesto las cuestiones institucionales y jurídicas que deben estudiarse para facilitar la realización del proyecto: articulación con las instancias europeas existentes, derechos de la defensa y gestión de la prueba e integración en los sistemas penales nacionales.

En este informe, la Comisión sostiene que es imprescindible revisar los Tratados si se desea garantizar una protección efectiva y equivalente de los intereses financieros respetando los derechos fundamentales de las personas.

Por otra parte, la Comisión, al aprobar el informe de evaluación de las actividades de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, el 2 de abril de 2003[?], describió su perspectiva de evolución de la OLAF como una oficina que prestaría asistencia al Fiscal Europeo. La Comisión reiteró también su intención de promover activamente esta idea en la CIG.

Por su parte, en su Resolución de 27 de marzo de 2003, el Parlamento Europeo acogió favorablemente el Libro Verde y apoya la idea de la creación de un Fiscal Europeo.

Propuesta del Convenio europeo sobre la Fiscalía Europea

Consecuencia de estas iniciativas fue un primer proyecto dirigido a dotar a la Comunidad de una función de persecución penal. Según el proyecto de Tratado constitucional presentado el 18 de julio de 2003, el Convenio europeo propuso una base jurídica para la creación de una Fiscalía Europea (artículo III-175), cuyas funciones son similares a las propuestas por la Comisión[?]. La Fiscalía Europea podría investigar, perseguir y encausar a los autores y cómplices de delitos que fueran de su competencia. Ejercería ante los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros la acción penal relativa a dichas infracciones

En cambio, la organización de esta Fiscalía, creada «a partir de Eurojust», y su campo de competencia material, extendido más allá de la protección de los intereses financieros comunitarios a los delitos graves y transnacionales, muestran, en relación con las primeras propuestas de la Comisión, una evolución del debate iniciada con el informe de seguimiento del Libro Verde.

Cabe temer, no obstante, que la unanimidad como método de decisión elegido para la aplicación de estas propuestas ponga en peligro su realización, a fortiori, en el marco de una Europa ampliada. En vez de prever la creación de la Fiscalía Europea en el Tratado constitucional mismo, como proponía la Comisión, el Convenio ha remitido esta competencia al Consejo, que podrá decidir, sin obligación ni plazo, por unanimidad y después de la aprobación del Parlamento Europeo.

Por ello, al transmitir su dictamen a la CIG con arreglo al artículo 48 TUE[?], la Comisión recomendó la ampliación adicional y delimitada de la mayoría cualificada en relación con el proyecto de Tratado constitucional, incluida la decisión de crear la Fiscalía Europea únicamente para la protección de los intereses financieros comunitarios. La unanimidad seguiría siendo necesaria para crear una Fiscalía con competencias más amplias. A finales de 2003, la CIG no había zanjado la cuestión.

Cooperación con Eurojust y Europol

El Consejo de Tampere de octubre de 1999 propuso reforzar la asociación entre los órganos instituidos en el marco del tercer pilar y las instancias comunitarias competentes para proteger los intereses financieros, en el contexto del proyecto del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. En 2003, a raíz de la ampliación del mandato de Europol el 1 de enero de 2002[?] a todas las formas graves de delincuencia internacional, entre las que se encuentran el fraude y la corrupción, y de la creación de Eurojust[?], la colaboración entre la Comisión y los organismos de cooperación judicial y policial conoció un gran avance.

El 18 de febrero de 2003, la Comisión y Europol firmaron un acuerdo administrativo de cooperación para la consulta, asistencia mutua e intercambio de información en los ámbitos de interés común, que abarcan también la protección de los intereses financieros comunitarios. Sobre la base de estas disposiciones, el 8 de abril de 2004 Europol y la OLAF, en su función de investigación, celebraron un acuerdo administrativo para reforzar los intercambios de información estratégicos y técnicos (excluido el intercambio de datos sobre las personas) así como la valoración de las amenazas y el análisis de riesgos en los ámbitos de interés común.

El memorandum de acuerdo firmado el 14 de abril de 2003 entre la OLAF y Eurojust prevé una estrecha coordinación entre la unidad de magistrados de ambos, a fin de articular la cooperación prevista en el apartado 3 del artículo 280 del Tratado CE (es decir, entre las autoridades competentes y con la Comisión) y la cooperación entre autoridades nacionales organizada a través los miembros de Eurojust en el marco del tercer pilar[?].

Título II - Aplicación del artículo 280 por los Estados miembros en 2003 -Medidas adoptadas para proteger los intereses financieros de la Comunidad

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 280 DEL TRATADO CE, LA SEGUNDA PARTE DEL INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DA CUENTA DE LOS ESFUERZOS DESPLEGADOS POR LOS ESTADOS MIEMBROS DURANTE EL AÑO 2003 PARA LUCHAR CONTRA EL FRAUDE Y OTRAS ACTIVIDADES ILEGALES QUE ATENTAN CONTRA LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA COMUNIDAD.

Las contribuciones de los Estados miembros se basan en un cuestionario acordado con ellos en el Comité Consultivo de coordinación de la lucha contra el fraude (COCOLAF) y adaptado todos los años en función de la experiencia, para facilitar el seguimiento de las medidas adoptadas por los Estados. Este año las preguntas fueron más detalladas que los anteriores, con el resultado de una mayor precisión en las respuestas de los Estados miembros, aunque aún quedan esfuerzos por hacer en este sentido.

La Comisión desea detenerse en particular el ámbito de las acciones estructurales. En efecto, el Informe especial N° 10/2001 del Tribunal de Cuentas puso de relieve algunos fallos de los sistemas nacionales de detección, comunicación y seguimiento de las irregularidades en este campo. Las auditorias realizadas por la Comisión en varios Estados miembros entre noviembre de 2002 y enero de 2003 mostraron evoluciones significativas, pero también la subsistencia de lagunas. A la luz de estos informes, las nuevas medidas legislativas, reglamentarias y administrativas aprobadas por los Estados miembros en 2003 en el campo de las acciones estructurales merecen una atención especial.

La atención en un ámbito preciso, así como el carácter más detallado del cuestionario permitieron un mejor estudio comparativo de las nuevas medidas adoptadas por los Estados miembros. En el futuro, debe pues seguirse este método adaptando todos los años el objeto y los temas del cuestionario.

El método utilizado para la redacción del Título II consiste en formular una síntesis de las cuestiones principales a partir de las respuestas de los Estados miembros. La Comisión publicó junto con el presente informe un documento de trabajo de los servicios que contenía todas las respuestas de los Estados miembros.

Al igual que el año anterior, el primer capítulo contiene un resumen de las novedades legislativas, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros en materia de protección de los intereses financieros comunitarios contra el fraude y las irregularidades. Con el fin facilitar la comparación, el análisis se centra en algunos puntos clave, como la intensificación de las sanciones y la mejora de la comunicación de irregularidades.

El capítulo segundo se dedica a la organización de los servicios encargados de la protección de los intereses financieros de las Comunidades, en términos de personal, en el ámbito de las acciones estructurales (FEDER, FSE, FEOGA -sección Orientación-, IFOP y Fondo de cohesión). El análisis que hace la Comisión de los datos comunicados por los Estados pretende reflejar la situación actual de los dispositivos nacionales de protección de los intereses financieros comunitarios.

El tercer capítulo se ocupa de los avances realizados en la coordinación entre servicios nacionales durante el año 2003. Según el Plan de acción 2001-2003 de lucha contra el fraude, la cooperación entre todas las autoridades competentes es la clave de la movilización eficaz de recursos. Para lograrla es preciso mejorar la coordinación entre las autoridades tanto nacionales como europeas.

El último capítulo aborda la cuestión de la recaudación de las sumas indebidamente pagadas en concepto de gastos directos. Estudia, más concretamente, la posibilidad y las condiciones en las que las Comunidades Europeas proceden a la recaudación constituyéndose en parte civil, así como las modalidades en que las autoridades adoptan medidas cautelares (incautación y confiscación) con el fin de garantizar la recaudación.

TEXTOS QUE CONTRIBUYEN A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 280 DEL TRATADO CE - PRINCIPALES EVOLUCIONES LEGISLATIVAS, REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS

Las disposiciones presentadas a continuación son una selección ilustrativa de las medidas adoptadas por los Estados miembros en materia de lucha contra el fraude durante el año 2003, en los ámbitos de los recursos propios, los gastos agrícolas y las acciones estructurales.

Este resumen pone de manifiesto que además de la simple aplicación de la legislación comunitaria es indispensable recurrir al Derecho nacional para garantizar la protección efectiva y equivalente de los intereses financieros de las Comunidades.

Habida cuenta del carácter anual del Informe de la Comisión, la ausencia de medidas nuevas durante el período examinado no debe considerarse representativa del nivel general de protección de los intereses financieros en el Estado miembro en cuestión. Puede simplemente responder a una actividad más dinámica durante el período previo.

Evoluciones de índole horizontal

Francia señala la aprobación de la ley de 18 de marzo de 2003 sobre seguridad interior, que agrava considerablemente las sanciones penales previstas por el Código Aduanero para la importación o exportación sin declaración y para el contrabando organizado. La represión penal de los delitos aduaneros se refuerza significativamente, dado que este dispositivo se aplica tanto al ámbito de los recursos propios como al del FEOGA-Garantía. Hay que señalar la introducción por esta misma ley de varios artículos del código procesal penal con el fin de conferir un marco jurídico a los registros y requisas informáticos.

Francia creó por decreto, en la Dirección General de Aduanas (DGDDI), un sistema informatizado que se incluye en el dispositivo de la lucha contra el fraude (SILCF). Su objetivo es facilitar las misiones de investigación, comprobación, persecución y represión de los fraudes en los ámbitos competenciales conferidos a la DGDDI en materia económica, fiscal y de protección del espacio nacional y comunitario, incluidos los fraudes al presupuesto comunitario.

En Alemania, el Ministerio Federal de Hacienda, de acuerdo con los Estados Federados, definió un nuevo método de comunicación de irregularidades, con arreglo a los Reglamentos (CEE) N° 595/91 y (CE) N° 1681/94. El método tiene en cuenta las modificaciones introducidas a la normativa, así como de nuevos hechos producidos en este ámbito desde la adopción de los Reglamentos, y actualiza las directivas nacionales. Las autoridades competentes disponen ahora de instrucciones para comunicar las irregularidades y transmitir las notificaciones al Ministerio mediante un simple cuadro Excel. Así pues, se ha aligerado también el procedimiento administrativo.

En España, la Ley nº 11/2003 regula la formación de equipos comunes de investigación entre dos o a varios Estados miembros de la Unión Europea. Esta ley se aplica asimismo a los servicios comunes de investigación que pueden crearse con vistas a una actividad relacionada con la OLAF.

A raíz de la auditoría realizada en 2003 por los servicios de la Comisión con arreglo al Reglamento (CE) n°1681/94, el sistema holandés de comunicación de irregularidades y de recaudación de importes indebidamente pagados ha conocido mejoras en los ámbitos administrativo y contractual.

En Portugal, tras la modificación introducida por el Decreto ley n° 38/2003, el Código Penal prevé sanciones para los morosos. El Decreto ley n° 93/2003 regula las condiciones de cooperación, acceso y análisis de la información pertinente a efectos de la instrucción de delitos fiscales por la policía judicial y la administración fiscal.

Recursos propios

Entre las evoluciones más logradas se puede mencionar, en primer lugar, la transposición por Grecia y Portugal de la Directiva (CE) n° 2001/44 referente a la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos resultantes de exacciones reguladoras agrícolas, derechos de aduana y otras medidas. Las disposiciones adoptadas delimitan el ámbito de aplicación de la asistencia mutua, que corresponde, entre otras cosas, a los créditos relativos a sanciones y multas administrativas.

La Ley de finanzas de 2003 introduce en la legislación del Reino Unido un nuevo sistema de sanciones civiles, aplicable a las infracciones de las legislaciones aduaneras nacional y comunitaria. Estas sanciones se imponen, en primer lugar, a los casos menos graves de evasión de los derechos de aduana o del IVA a la importación; los servicios aduaneros están facultados para investigar estos casos con el fin de iniciar diligencias. En segundo lugar, se castigan los casos de violación de las legislaciones aduaneras nacional y comunitaria, en materia de importación y exportación en los que no ha habido evasión fiscal. Estas sanciones persiguen una represión eficaz y proporcionada.

En Portugal, el Decreto ley nº 93/2003 de 30 de abril de 2003 estableció la forma, extensión y límites de la cooperación coordinada en el acceso y tratamiento de la información entre la policía judicial, la Dirección General de impuestos (DGCI) y la Dirección General de aduanas e impuestos especiales sobre el consumo (DGAIEC).

Hay que señalar también que, en junio de 2003, el grupo de trabajo presidido por el Reino Unido presentó a la Organización Mundial de Aduanas un proyecto final del nuevo convenio de asistencia administrativa mutua. Se trata de modernizar el Convenio multilateral de Nápoles II. El proyecto debería aprobarse en junio de 2004. Chipre y Estados miembros como Países Bajos, Francia, España, y Reino Unido participaron activamente en estos trabajos. Algunas de las buenas prácticas observadas en la UE podrán difundirse a escala mundial.

En Bélgica, hay una división de «cooperación aduanera internacional» que asume desde ahora el papel de servicio central de coordinación y, llegado el caso, hace de intermediario entre los servicios de coordinación extranjeros y la autoridad judicial belga.

Irlanda comunica la aprobación de una enmienda del Criminal Justice Act de 1994, que entró en vigor el 5 de mayo de 2003, por la que se obliga a las autoridades competentes a que den parte de los casos de transacciones sospechosas.

Gastos agrícolas

Entre los principales hechos, Italia señala la aprobación de un decreto legislativo que impone una multa administrativa, de un importe igual a la financiación percibida, a las empresas beneficiarias de financiaciones del FEOGA-Garantía que, en un control efectuado en virtud del Reglamento (CEE) n° 4045/89, se nieguen a presentar la documentación precisa, declaren no tenerla o la sustraigan al control. El decreto prevé asimismo una multa de un importe máximo de 10 500 euros para los terceros que, con ocasión de un control cruzado, se nieguen a proporcionar los documentos.

Una ley griega permite imponer sanciones administrativas por decreto del Secretario General del Ministerio de Agricultura, en el ámbito de la alimentación animal, de acuerdo con las disposiciones comunitarias y nacionales. Estas sanciones se basan en la gravedad y duración de la infracción, la importancia de la empresa, la presencia de dolo y la reincidencia.

En Portugal, el Decreto nº 193/2003 clarifica algunos conceptos de los reglamentos relativos a FEOGA-Garantía relacionados con las sanciones por incumplimiento.

Una ley española que adopta medidas fiscales, administrativas y sociales modifica las infracciones y las sanciones aplicables en relación con el régimen de las cuotas lácteas.

Sector de las acciones estructurales

Entre los hechos que se refieren a los Fondos, Grecia mencionó la aprobación de un decreto ministerial conjunto que establece un nuevo sistema nacional de corrección financiera para la recaudación de los importes indebida o ilegalmente pagados en aplicación de programas cofinanciados con arreglo al marco de apoyo comunitario (MCA), al Fondo de Cohesión y a las iniciativas comunitarias, para el período de programación 2000-2006. El decreto ministerial regula la recaudación obtenida de los controles efectuados por las autoridades de gestión, las autoridades responsables del pago y el EDEL (Comité de Control Financiero).

Francia asigna, por decreto, a la CICC-Fondos Estructurales (Comisión interministerial de coordinación de los controles de las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales europeos) una nueva competencia de control de las distintas autoridades de gestión y pago. Este control puede afectar a colectividades territoriales pero también a las personas jurídicas y físicas que realizan operaciones inscritas en programas subvencionados por estos fondos, a los organismos por los que pasaron los fondos o a las distintas administraciones. La Comisión interministerial hace directamente recomendaciones a las colectividades territoriales cuando se designan como autoridad de gestión y pago.

En el ámbito del FEDER, Finlandia presenta una ley y un decreto de 2003 sobre financiación de medidas de desarrollo regional. Estos textos precisan las normas de concesión, pago, seguimiento, controles y restitución de las subvenciones. Las disposiciones prevén aumentar el importe restituido en algunos casos de infracciones dolosas y graves. Tienen un efecto preventivo y refuerzan al mismo tiempo las medidas a posteriori.

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS ENCARGADOS DE LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE ACCIONES ESTRUCTURALES

La protección de los intereses financieros comunitarios es competencia en primer lugar de los Estados miembros, que son responsables de la gestión de más del 80 % de los gastos y de la percepción de la totalidad de los recursos propios tradicionales. Los distintos tipos de control previstos por los reglamentos sectoriales cuentan con diversos protagonistas y agentes a distintos niveles de la Administración nacional (agencias de pago, autoridades de gestión, servicios nacionales centrales y descentralizados y servicios locales).

Los Estados miembros deben garantizar la protección efectiva y equivalente de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, asimilándolos a sus propios intereses. Dado que este año, el tema principal del informe anual son las acciones estructurales, el estudio de la organización de los servicios se concentrará también en él. En este ámbito, la lucha contra los fraudes e irregularidades es de particular interés para los Estados miembros, ya que afecta a programas cofinanciados.

Los Reglamentos sectoriales establecen las principales disposiciones del control que los Estados deben poner en marcha. Se trata, por una parte de los controles de regularidad, previstos en los mencionados reglamentos y, por otra, de acciones de control más específicas de lucha contra el fraude, al amparo del artículo 280 del Tratado CE.

Los controles de regularidad cubren, en primer lugar, las comprobaciones documentales, a veces denominadas «de primer nivel» o también «controles a priori» o «previos», y su objetivo es evaluar la conformidad con los procedimientos y criterios determinados por la normativa para la concesión de financiaciones o ventajas (véase nota 2 al final del documento).

Los controles de regularidad incluyen también comprobaciones «de segundo nivel», llamadas también «controles a posteriori», que tienen lugar después del pago de los fondos y cuyo objeto comprobar la realidad de las prestaciones, los proyectos financiados o la fiabilidad de un sistema de control. Estos controles a menudo se basan en un análisis de riesgos, como dicta la normativa comunitaria.

Además los Estados miembros deben efectuar acciones más específicas para luchar contra el fraude. Estos controles (investigaciones antifraude) se ejecutan sobre la base de sospechas de fraude detectadas por administraciones diversas en función de los Estados miembros: la policía, las administraciones de Hacienda o las autoridades judiciales, cuando el fraude se detecta en una fase avanzada.

Como la organización de los servicios es competencia exclusiva de los Estados miembros, se les pidió desglosar desde un punto de vista funcional su actividad de control según la tipología anteriormente mencionada, que toma como punto de partida el sector controlado en lugar de la entidad organizativa a que pertenece el personal afectado.[?] ( Nota 2 al final del documento ).

Distintos cuadros detallan los cálculos de los Estados miembros sobre el personal destinado en 2003 a cada tipo de control (previo, a posteriori y antifraude) en los cinco sectores cubiertos (FEDER, FSE, FEOGA-Orientación, IFOP, Fondo de Cohesión). Con el fin de llegar a cifras comparables, los tipos de información buscada y los conceptos de control se precisaron todo lo posible[?].

Las dos últimas columnas de cada cuadro ponen en relación el personal con el importe del presupuesto que debe controlarse. Estos datos ofrecen a los Estados miembros una primera valoración de la medida en la que se aproximan a los principios de asimilación, eficacia y equivalencia recogidos en el artículo 280 del Tratado. Puesto que en el momento de la redacción del presente informe no se disponía de las cifras consolidadas, las utilizadas corresponden a los datos provisionales del informe de ejecución de 2003 de la DG Presupuesto, de 28 de abril de 2004.

No obstante, como se trata de estimaciones basadas en interpretaciones, posiblemente divergentes, de las definiciones de control y personal, es importante interpretar estos datos con prudencia y considerar que tienen sólo un valor orientativo. El interés principal es obtener algunas grandes tendencias, que deberían precisarse con los Estados miembros en el marco de un diálogo estructurado.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) contribuye esencialmente a ayudar a las regiones menos desarrolladas, las que están en reconversión económica y las que tienen dificultades estructurales.

Cuadro 6.1 - FEDER: personal destinado por cada Estado miembro a los tres tipos de control.

|(1)

Pre-vios |(2) = (1)/(7)

% |(3)

A poste-riori |(4) = (3)/(7)

% |(5)

Inves-tiga-ciones antifraude[?] |(6) = (5)/(7)

% |(7) = (1) + (3) + (5)

Total (tres tipos de control)

|(8)

Presu-puesto que debe controlar-se (mill. de euros). |(9) = (8)/(7)

Presupuesto a controlar por agente

(mill. de euros). | |BE |105[?] | 94,26% | 6[?] | 5,74% | - [?] | 0,00% | 112 |64,04 | 0,57 | | DK | 30 | 95,19% | 1 | 4,00% | 0,25 | 0,80% | 32 |25,42 | 0,81 | | DE | 869[?] | 88,49% | 113[i] | 11,51% | -[?] | 0,00% | 982 |1818,68 | 1,85 | | EL | 81 | 79,41% | 21 | 20,59% | - | 0,00% | 102 |1005,36 | 9,86 | | ES [?] | 314 | 70,40% | 132 | 29,60% | - | 0,00% | 446 |4394,96 | 9,85 | | FR[?] | 313 | 84,37% | 58 | 15,63% | - | 0,00% | 371 |1268,69 | 3,42 | | IE | 344 | 56,39% | 266 | 43,61% | - | 0,00% | 610 |294,30 | 0,48 | | IT[?] | 531 | 60,14% | 208 | 23,56% | 144 | 16,30% | 883 |2869,57 | 3,25 | | LU | 3 | 60,00% | 1 | 20,00% | 1 | 20,00% | 5[?] |0,25 | 0,05 | | NL | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | - | 0,00% | 2[?] |116,97 | -[?] | | AT | 98 | 90,74% | 10 | 9,26% | -[?] | 0,00% | 108 |151,85 | 1,41 | | PT | 684 | 58,26% | 246 | 20,95% | 244[?] | 20,78 | 1174 |2392,51 | 2,04 | | FI[?] | 107[?] | 81,31% | 22[?] | 16,72% | 3[?] | 2,27% | 132 |116,85 | 0,89 | | SE | 100 | 83,35% | 18,5 | 15,40% | 1,5[?] | 1,25% | 120 |195,36 | 1,63 | | UK[?] | 204[?] | 49,67% | 143 | 34,75% | 64 | 15,50 % | 411 |938,39 | 2,28 | | Total |3 784 | 68,95% | 1 247 | 22,72% | 457 | 8,33% | 5 489 |15 653, 20 | 2,85 | |En el ámbito del FEDER, los controles previos parecen movilizar la mayor parte del personal en la mayoría de los Estados miembros (en el conjunto de los Estados miembros hubo un 68,95 % de controles previos, un 22,72 % de controles a posteriori y un 8,33 % de investigaciones antifraude). No obstante, hay poca homogeneidad entre los Estados miembros con respecto a la distribución del personal entre los tres tipos de control.

Hay que destacar los casos de Austria, Dinamarca y Bélgica que dedican más del 90% de su personal a los controles previos, lo que se inscribe en una lógica de prevención. De esta forma, los recursos se destinan a detectar los problemas potenciales en las primeras fases de la cadena de control.

Por lo que se refiere a las investigaciones antifraude, según las cifras comunicadas, sólo cuatro Estados miembros (Luxemburgo, Italia, Portugal y Reino Unido) pueden confirmar que les dedican más de 15% de sus efectivos.

Conviene, no obstante, señalar que algunos Estados miembros tuvieron dificultades para efectuar el desglose por tipo de control, y que otros destacan que sus agentes cubren varios sectores, lo que impide hacer análisis más pormenorizados.

Por otra parte, son varios los Estados miembros que no pueden dar cifras sobre los recursos humanos destinados a las investigaciones antifraude. Ello se explica por el hecho de que no existen servicios especialmente dedicados a la lucha contra el fraude (como es el caso de Austria, por ejemplo), o por el hecho de que los agentes no se limitan a investigaciones de un ámbito particular. Existe pues un solapamiento de actividad y es difícil determinar categóricamente el personal por tipo de fondo.

A pesar de estas reservas, los datos parecen indicar que los Estados miembros siguen estrategias de control diferentes, orientadas más o menos hacia una u otra metodología.

Fondo Social Europeo (FSE)

El Fondo Social Europeo (FSE) interviene esencialmente en la estrategia europea para favorecer el empleo.

Cuadro 6.2 - FSE: personal destinado por cada Estado miembro a los tres tipos de control.

|(1)

Previos |(2) = (1)/(7)

% |(3)

A poste-riori |(4) = (3)/(7)

% |(5)

Inves-tigacio-nes anti-fraude[?] |(6) = (5)/(7)

% |(7) = (1) + (3) + (5)

Total (tres tipos de control)

|(8)

Presu-puesto que debe controlar-se (mill. de euros) |(9) = (8)/(7)

Presu-puesto a controlar por agente (mill. de euros) | |BE |38[?] | 71,70% | 15[?] | 28,30% | - [?] | 0,00% | 53 |33,34 | 0,63 | | DK | 20 | 28,57% | 40 | 57,14% | 10[?] | 14,29% | 70 |44,49 | 0,64 | | DE | 596[?] | 84,90% | 106[?] | 15,10% | -[?] | 0,00% | 702 |1392,42 | 1,98 | | EL | 38 | 71,70% | 15 | 28,30% | | 0,00% | 53 |684,39 | 12,91 | | ES [?] | 1292 | 84,17% | 243 | 15,83% | - | 0,00% | 1535 |1738,36 | 1,13 | | FR [?] | 120 | 63,83 | 68 | 36,17 | - | 0,00% | 188 |579,97 | 3,08 | | IE | 16 | 71,11% | 6,5 | 28,89% | | 0,00% | 22,5 |113,85 | 5,06 | | IT[?] | 589 | 67,82% | 215 | 24,81% | 64 | 7,37% | 869 |1078,73 | 1,24 | | LU | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% | - | 0,00% | 4 |5,28 | 1,32 | | NL | 40 | 72,73% | 14 | 25,45% | 1 | 1,82% | 55 |77,72 | 1,41 | | AT | 264 | 99,44% | 1,5 | 0,56% | -[?] | 0,00% | 265,5 |112,92 | 0,42 | | PT | 486 | 77,64% | 140 | 22,36% | -[?] | 0,00% | 626 |740,27 | 1,18 | | FI[?] | 85,5[?] | 87,51% | 10[?] | 10,34% | 2 | 2,15% | 98 |172,06 | 1,76 | | SE | 108 | 83,72% | 19,5[?] | 15,12% | 1,5[?] | 1,16% | 129 |167,29 | 1,29 | | UK[?] | 70 | 48,61% | 64 | 44,44% | 10 | 6,94% | 144 |357,61 | 2,48 | | Total |3 764 | 78,21% | 960 | 19,95% | 89 | 184% | 4 813 |7 298, 70 | 1,52 | |

De nuevo, hay poca homogeneidad en la distribución del personal entre los tres tipos de control (previo, a posteriori y antifraude). La cifra del personal responsable de los controles a priori supera ampliamente la del dedicado a las otras dos categorías de control en 2003 (en el conjunto de los Estados miembros hubo un 78,21% de controles a priori, un 19,95% de controles a posteriori y un 1,84 % de investigaciones antifraude).

Sólo cuatro Estados se alejan significativamente de esta media. Dinamarca dedicaba menos de la mitad de su personal a los controles a priori, Luxemburgo y el Reino Unido, por su parte, destinaron a ellos alrededor del 50% de sus recursos humanos. Austria, por el contrario mantuvo a más de 99% de su personal en los controles a priori.

La mayoría de los Estados miembros movilizaba una parte muy escasa de su personal para las investigaciones antifraude (menos del 10 %), salvo Dinamarca (14,29%).

Estos datos permiten concluir que, tanto en el ámbito del FSE como en el del FEDER, la protección de los intereses financieros de las Comunidades parecía descansar, sobre todo, en los controles a priori.

Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección «orientación»

El Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), Sección "orientación" contribuye al desarrollo y ajuste estructural de las zonas rurales menos desarrolladas, mejorando la eficacia de las estructuras de producción, transformación y comercialización de los productos agrícolas y silvícolas.

Cuadro 6.3 - FEOGA - sección Orientación: personal destinado por cada Estado miembro a los tres tipos de control.

|(1)

Previos |(2) = (1)/(7)

% |(3)

A poste-riori |(4) = (3)/(7)

% |(5)

Inves-tigacio-nes anti-fraude[?] |(6) = (5)/(7)

% |(7) = (1) + (3) + (5)

Total (tres tipos de control)

|(8)

Presu-puesto que debe controlar-se (mill. de euros) |(9) = (8)/(7)

Presu-puesto a controlar por agente (mill. de euros) | |BE |11[?] | 92,52% | 1[?] | 7,48% | - [?] | 0,00% | 12 |16,22 | 1,32 | | DK | 1 | 31,25% | 2 | 68,75% | -[?] | 0,00% | 3 |1,04 | 0,33 | | DE | 332 | 57,24% | 248 | 42,76% | -[?] | 0,00% | 580 |545,41 | 0,94 | | EL | 40 | 71,43% | 16 | 28,57% | - | 0,00% | 56 |136,28 | 2,43 | | ES [?] | 299 | 85,43% | 51 | 14,57% | - | 0,00% | 350 |810,06 | 2,31 | | FR [?] | 55 | 94,83% | 3 | 5,17% | | 0,00% | 58 |102,36 | 1,76 | | IE | 113 | 85,93% | 15,5 | 11,79% | 3 | 2,28% | 131,5 |16,61 | 0,13 | | IT[?] | 179,5 | 61,90% | 46,5 | 16,03% | 24 | 8,28% | 250 |577,76 | 2,31 | | LU | 6[?] | 75,00% | 2[?] | 25,00% | | 0,00% | 8[?] |0,105 | 0,01 | | NL | 3 | 34,15% | 5 | 59,76% | 0,5 | 6,10% | 8 |4,20 | 0,51 | | AT | 14 | 66,67% | 7 | 33,33% | -[?] | 0,00% | 21 |25,93 | 1,23 | | PT | 559 | 93,95% | 36 | 6,05% | -[?] | 0,00% | 595 |294,15 | 0,49 | | FI[?] | 40[?] | 91,11% | 4[?] | 8,89% | - | 0,45% | 44 |23,43 | 0,53 | | SE | 42 | 90,67% | 3 | 6,07% | 1,5[?] | 3,25% | 46 |22,24 | 0,48 | | UK[?] | 60[?] | 48,78% | 33 | 26,83% | 30 | 24,39% | 123 |37,00 | 0,30 | | Total |1 755 | 76,75% | 472 | 20,66% | 59 | 2,59% | 2 286 | 2 612,80 | 1,14 | |

En el sector FEOGA-Orientación, los controles previos movilizaron también la mayor parte del personal de control de los Estados miembros (76,75%). Se encuentran una vez más disparidades en la distribución de los agentes entre los tres tipos de control.

Bélgica, Francia, Portugal, Finlandia y Suecia dedicaban incluso más del 90% de su personal a los controles previos. Dinamarca, por el contrario favorece, en este ámbito también, los controles a posteriori (68,75 %) frente a los previos (31,25 %).

En este sector, los Países Bajos habían destinado asimismo más recursos humanos a los controles a posteriori que a los previos en 2003.

Las investigaciones antifraude recibieron relativamente pocos efectivos (2,59 %). Algunos Estados miembros indicaron que se incluían en los demás tipos de control.

En general, el personal destinado por los Estados miembros a este sector, sin distinción de tipos de control, fue menos numeroso (2 286) comparado con los efectivos totales de control del FEDER (5 489) y del FSE (4 813), lo que resulta proporcional al presupuesto que debe controlarse. En efecto, el presupuesto más elevado por agente sigue correspondiendo al FEDER (2,85 millones de euros por agente) y el más reducido al FEOGA-Orientación (1,14 millones de euros por agente).

Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP)

El Instrumento Financiero de Orientación Pesquera (IFOP) apoya las evoluciones estructurales del sector pesquero.

Cuadro 6.4 - IFOP: personal destinado por cada Estado miembro a los tres tipos de control.

|(1)

Previos |(2) = (1)/(7)

% |(3)

A poste-riori |(4) = (3)/(7)

% |(5)

Inves-tiga-ciones anti-fraude[?] |(6) = (5)/(7)

% |(7) = (1) + (3) + (5)

Total (tres tipos de control)

|(8)

Presu-puesto que debe controlar-se (mill. de euros) |(9) = (8)/(7)

Presu-puesto a controlar por agente (mill. de euros) | |BE |1 | 62,50% | 1[?] | 37,50% | - | 0,00%- | 2 |1,44 | 0,90 | | DK | 5 | 79,03% | 1 | 20,97% | -[?] | 0,00% | 6 |25,51 | 4,11 | | DE | 27 | 52,94% | 24 | 47,06% | -[?] | 0,00%- | 51 |34,78 | 0,68 | | EL | 212[?] | 100,00% | - | 0,00% | | 0,00% | 212 |42,01 | 0,19 | | ES [?] | 87 | 64,44% | 48 | 35,56% | - | 0,00% | 135 |281,72 | 2,08 | | FR [?] | 27 | 93,10% | 2 | 6,90% | - | 0,00% | 29 |19,42 | 0,67 | | IE | 3 | 60,00% | 2 | 40,00% | 0 | 0,00% | 5 |6,94 | 1,38 | | IT[?] | 46 | 52,38% | 28 | 31,75% | 14 | 15,87% | 88 |12,68 | 0,14 | | LU[?] | - | - | - | - | - | - | - |0,150 | - | | NL | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% | - | 0,00% | 3 |10,09 | 3,25 | | AT | 5,5 | 52,38% | 5 | 47,62% | -[?] | 0,00% | 10,5 |0,22 | 0,02 | | PT | 39 | 76,47% | 12 | 23,53% | -[?] | 0,00% | 51 |36,95 | 0,72 | | FI[?] | 12[?] | 82,76% | 2,5[?] | 17,24% | - | 0,00% | 14,5 |8,94 | 0,62 | | SE | 10 | 74,07% | 2 | 14,81% | 1,5[?] | 11,11% | 13,5 |3,83 | 0,28 | | UK[?] | 10[?] | 46,51% | 0 | 0,00% | 11 | 52,33% | 21[?] |10,19 | 0,47 | | Total |487 | 77,01% | 129 | 20,38% | 16,5 | 2,61% | 632 |494, 87 | 0,78 | |En el sector IFOP, como en los demás Fondos Estructurales, los controles previos movilizaron la mayor parte del personal en los Estados miembros (77,01%).

También hay disparidades entre los Estados miembros respecto a la distribución del personal entre los tres tipos de control, ya que Alemania, Irlanda y Austria habían dedicado recursos más o menos equivalentes para los controles previos y los a posteriori, mientras que Finlandia y Dinamarca empleaban alrededor del 80% de su personal a los controles previos, Francia más del 90% y Grecia el 100%.

Fondo de Cohesión

El Fondo de Cohesión contribuye a la financiación de proyectos relacionados con el medio ambiente y con la infraestructura de transportes de las redes transeuropeas.

Cuadro 6.5 - Fondos de cohesión: personal destinado por cada Estado miembro a los tres tipos de control.

|(1)

Previos |(2) = (1)/(7)

% |(3)

A poste-riori |(4) = (3)/(7)

% |(5)

Inves-tigacio-nes anti-fraude[?] |(6) = (5)/(7)

% |(7) = (1) + (3) + (5)

Total (tres tipos de control) |(8)

Presu-puesto que debe controlar-se (mill. de euros). |(9) = (8)/(7)

Presu-puesto a controlar por agente (mill. de euros) | |EL |16 | 61,54% | 10 | 38,46% | - | - | 26 |40,08 | 1,54 | | ES [?] | 90 | 72,58% | 34 | 27,42% | - | - | 124 |1724,73 | 13,91 | | IE | 18 | 69,23% | 8 | 30,77% | - | - | 26 |172,09 | 6,62 | | PT | 20 | 62,50% | 12 | 37,50% | -[?] | - | 32 |258,12 | 8,01 | | Total |144 | 69,23 % | 64 | 30,77% | - | - | 208 |2195,02 | 10,55 | |El presupuesto que cada agente debe controlar es mucho más elevado que en el resto de los sectores (10,55 millones de euros frente a los 2,85 millones de euros del FEDER y los 1,52 millones de euros del FSE). Hay que señalar que se trata generalmente de proyectos de mayor envergadura. Este hecho podría conducir a una economía de escala en las acciones de control, y en consecuencia explicar que el número de agentes sea reducido en relación con el importe presupuestario.

También en el sector del Fondo de Cohesión, los controles previos movilizaron la mayor parte del personal en los Estados miembros (en su conjunto, se destinó el 69,23 % a los controles previos y el 30,77 % a los controles a posteriori)

Hay una cierta homogeneidad en el reparto de efectivos entre los tres tipos de control: dos tercios se destinan al control a priori y un tercio al control a posteriori.

En este ámbito, no se dedican recursos humanos exclusivamente a las investigaciones antifraude.

Conclusión

Al leer el presente cuadro, conviene tener en cuenta las numerosas reservas formuladas por los Estados miembros, que se recogen en las notas de los cuadros 6.1 a 6.5.

Cuadro 6.6 - Acciones estructurales: personal destinado por cada Estado miembro a los tres tipos de control.

|(1)

Previos |(2) = (1)/(7)

% |(3)

A poste-riori |(4) = (3)/(7)

% |(5)

Inves-tigacio-nes anti-fraude |(6) = (5)/(7)

% |(7) = (1) + (3) + (5)

Total (tres tipos de control)

|(8)

Presu-puesto que debe controlar-se (mill. de euros). |(9) = (8)/(7)

Presu-puesto a controlar por agente (en mill. de euros) | |BE |155 | 86,06 % | 23 | 12,94% | - | 0,00% | 178 |115,04 | 0,64 | | DK | 56 | 50,27% | 45 | 40,46% | 10 | 9,27% | 111 |96,46 | 0,87 | | DE | 1 824 | 78,79% | 491 | 21,21% | - | 0,00% | 2 315 |3 791,29 | 1,64 | | EL | 387 | 86,19% | 62 | 13,81% | - | 0,00% | 449 |1 908,12 | 4,42 | | ES | 2 082 | 80,39% | 508 | 19,61% | - | 0,00% | 2 590 |8 949,83 | 3,46 | | FR | 515 | 79,72% | 131 | 20,28% | - | 0,00% | 646 |1 970,44 | 3,05 | | IE | 494 | 62,14% | 298 | 37,48% | 3 | 0,38% | 795 |603,79 | 0,76 | | IT | 1 346 | 64,40% | 498 | 23,83% | 246 | 11,77% | 2 090 |4 538,74 | 2,17 | | LU | 11 | 64,71% | 5 | 29,41% | 1 | 5,88% | 17 |5,79 | 0,34 | | NL | 46 | 67,06% | 21 | 30,75% | 1,5 | 2,20% | 68 |208,98 | 3,07 | | AT | 381,5 | 94,20% | 23,5 | 5,80% | | 0,00% | 405 |290,92 | 0,72 | | PT | 1 788 | 72,15% | 446 | 18,00% | 244 | 9,85% | 2 478 |3 722,00 | 1,50 | | FI | 245 | 85,03% | 38 | 13,27% | 5 | 1,70% | 288 |321,28 | 1,11 | | SE | 2600 | 84,19% | 43 | 13,86% | 6 | 1,94% | 309 |388,72 | 1,26 | | UK | 344 | 49,43% | 240 | 34,83% | 105 | 15,24% | 689 |1 343,19 | 1,92 | | Total |9 934 | 73,98% | 2 872 | 21,39% | 622 | 4,63% | 12 535 |28 254,59 | 2,25 | |Del cuadro recapitulativo se deduce que en 2003, en el conjunto de los Estados miembros y de los ámbitos cubiertos, la gran mayoría de los recursos humanos se destinaba a los controles previos (controles previos 73,98 %, controles a posteriori 21,39 % e investigaciones antifraude 4,63 %).

Esta situación demuestra que en general se dio prioridad a dispositivos de vigilancia y comprobación previa que intervienen en el examen de las solicitudes de financiación.

Desde el punto de vista cuantitativo, los controles de la utilización de los fondos o de la ejecución de los proyectos (controles ex post o a posteriori) movilizan recursos menores, en la medida en que precisan de programación y técnicas de sondeo o de orientación específica de los riesgos.

Sin entrar a juzgar la elección del método de organización de los controles, que es competencia exclusiva de los Estados miembros, la Comisión lamenta que sólo nueve Estados miembros hayan podido facilitar una evaluación del personal dedicado a las investigaciones antifraude.

En su conjunto, los Estados miembros destinaron más personal a los controles del FEDER: 5 489 agentes, frente a los 4 813 para el FSE, los 2 286 del FEOGA-Orientación, los 632 del IFOP y los 208 del Fondo de Cohesión. Estas cifras son proporcionales al presupuesto que se controla, ya que el del FEDER es el más elevado. El importe que cada agente debe controlar asciende a 2,85 millones de euros en el caso del FEDER, 1,52 en el del FSE, 1,14 en el del FEOGA-Orientación y 0,78 en el del IFOP. En el ámbito del Fondo de Cohesión, este importe es muy superior, llegando a 10,55 millones de euros por agente.

Si se compara por Estado miembro, la cantidad que debe controlarse correspondiente al conjunto de los fondos varía de 0,34 a 4,42 millones de euros por agente. Cuando nos referimos a las cifras de cada fondo por separado, las divergencias se acentúan mucho. Por ejemplo, en el caso del FEDER van de 0,05 a 9,86 millones de euros por agente y en el del FSE de 0,42 a 12,91 millones de euros.

En términos generales se constata que la mayoría de los Estados miembros puso el acento de manera importante en la prevención, lo que explica la concentración de los recursos humanos en los controles a priori. Sólo algunos Estados optaron por una distribución más homogénea entre los tres tipos de control, lo que refleja una falta de interés por los controles repetidos y las investigaciones antifraude. Se confirmaron las tendencias definidas en el informe del año 2002.

COORDINACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS EN LOS ESTADOS MIEMBROS[?]

La eficacia de los controles e investigaciones de los recursos y gastos comunitarios pasa por una buena coordinación entre los distintos servicios competentes. El Informe Especial del Tribunal de Cuentas n°10/2001[?], así como las auditorías efectuadas por la Comisión en varios Estados miembros entre noviembre de 2002 y enero de 2003 mostraron lagunas en este ámbito a distintos niveles. Desde entonces, se han producido nuevos hechos que los Estados miembros han querido dar a conocer en su respuesta al «cuestionario artículo 280».

Hay que destacar algunos acontecimientos importantes de carácter horizontal. En Italia, las regiones, las provincias autónomas y las direcciones regionales de Guardia di Finanza celebraron nuevos protocolos de acuerdo, con el fin de coordinar todos los controles e intercambios de información relativos a las acciones estructurales. Por otra parte, los Fondos Estructurales fueron objeto de la actividad de un comité central y veinte Comités regionales de coordinación financiera constituidos por representantes de la policía financiera antes citada, de la Ragioneria Generale dello Stato y de la Agenzia delle Entrate .

Hay que destacar también las instrucciones de las autoridades centrales, que tuvieron como objetivo la aplicación uniforme de los procedimientos de control y comunicación de irregularidades. En ellas se recogen, en particular, las conclusiones extraídas del cierre de los programas de los Fondos Estructurales del período 1994-99 y los informes de auditoría del Tribunal de Cuentas y la Comisión. En 2003 utilizaron estas instrucciones la autoridades italianas (regiones de Venecia, Toscana y Campania), británicas (notas de orientación del «Compliance Group» de reciente formación, que agrupa distintos servicios encargados de la gestión de los Fondos Estructurales en Inglaterra), y francesas (nueva instrucción de control de las aduanas, guía de procedimiento destinada a los organismos de pago y los de control en el ámbito del FEOGA-Garantía).

Casi todos los Estados miembros dan cuenta de medidas destinadas a mejorar el intercambio de información y la cooperación: creación de unidades de coordinación, reuniones, formaciones y desarrollo de sistemas informáticos. Esta mejora tiene sobre todo como objetivo facilitar la comunicación de las irregularidades a la Comisión (OLAF) y merece, en consecuencia, una atención especial en el presente Informe.

Bélgica señala la creación de un órgano de coordinación de los organismos de pago para el FEOGA-Garantía. Se firmó un acuerdo de cooperación entre el Estado federal y las regiones en los ámbitos de la pesca y la agricultura. Algunos agentes de la administración de aduanas e impuestos especiales, así como funcionarios de las administraciones fiscales fueron nombrados oficiales de policía judicial auxiliar del Procureur du Roi (fiscal), con el fin de facilitar los trabajos de las investigaciones antifraude.

Hubo Estados miembros que crearon unidades con los responsables de control de distintos sectores. Así, en Dinamarca, se reunió en una misma unidad a los responsables de los controles FSE y FEDER en el Ministerio de Asuntos Económicos, Comercio e Industria. Igualmente, el Reino Unido reagrupó la función de pago de las dos secciones del FEOGA en el mismo servicio del Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos rurales. En Irlanda, se creó un dispositivo formal de intercambio de opiniones e información sobre la gestión financiera y los controles del FSE (ESF Financial Steering Group).

Muchos Estados miembros comunicaron la instauración de reuniones regulares a partir del año 2003 entre los responsables de los controles de distintos sectores (por ejemplo, el grupo EURONET de Irlanda del Norte) o entre los responsables de distintos tipos de control del mismo sector (por ejemplo, en Dinamarca en el ámbito del IFOP), con el fin de facilitar el intercambio de información y métodos de trabajo.

En Francia y Finlandia se impartieron cursos y seminarios sobre la mejora de la coordinación y cooperación entre servicios.

El Ministerio de Economía y Finanzas griego y la Agencia de pago (OPEKEPE) firmaron un memorándum de cooperación que regulaba los intercambios de información sobre los casos de irregularidades en el ámbito de las restituciones a la exportación. En Irlanda se firmó un acuerdo similar con el fin de garantizar que la ejecución de los controles a posteriori y las auditorías era acorde con los Reglamentos aplicables en el ámbito agrícola.

Entre los esfuerzos de mejora del intercambio de información cabe, por último, señalar los avances informáticos que facilitan la transferencia de datos. En este sentido trabajaron, en particular, las autoridades británicas (modernización del sistema de información utilizado por el ejecutivo escocés para la gestión del FEDER y el FSE), belgas (comparación de ficheros informáticos a nivel nacional con el fin de evitar las devoluciones indebidas de IVA; intercambios de información entre gestores de programas europeos para evitar la doble cofinanciación), e italianas (sistema informático de la región del Valle de Aosta utilizado en el plan de desarrollo rural).

LE RECAUDACIÓN EN EL DERECHO NACIONAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS POR CONSTITUCIÓN EN PARTE CIVIL DURANTE UN PROCEDIMIENTO PENAL

El cobro de deudas comunitarias que resultan de gastos directamente administrados por la Comisión («gastos directos») es un tema importante en el ámbito de la mejora de la protección de los intereses financieros de las Comunidades.

En este contexto, la Comisión adoptó dos comunicaciones para la mejora de la recaudación (2000 y 2002[?]). En ellas, se pone de manifiesto el papel que desempeña la OLAF para que la Comisión pueda «constituirse en parte civil», a raíz de una investigación de la OLAF en el sector de los gastos directos.

Constitución en parte civil: «la acción civil en el marco de un procedimiento penal» se considera un instrumento eficaz para la protección de los intereses financieros de las Comunidades. Reduce la duración del procedimiento al combinar el procedimiento penal con la acción civil. Este sistema ofrece varias ventajas y facilita a la Comisión el cobro de las deudas relacionadas con los gastos directos.

Parece pues importante mencionar las condiciones en las que el Derecho nacional faculta a la Comisión para iniciar una acción civil o adoptar medidas similares en nombre de las Comunidades, cuando se trata de casos de fraude relativos a los gastos directos.

Con el fin de evaluar la situación, se pidió a los Estados miembros que enviaran una primera descripción del fundamento jurídico de este tipo de acción previsto en su legislación.

Las respuestas de los Estados miembros [?] proporcionaron a la Comisión una visión global de las legislaciones nacionales sobre la posibilidad de iniciar una «acción civil en el marco de un procedimiento penal».

A excepción de los Estados que se rigen por el Common Law[?] , todos los demás[?] facultan a las Comunidades, representadas por la Comisión, para iniciar una «acción civil en el marco de un procedimiento penal», cuando se cumplen las condiciones previstas por el Derecho nacional.

En estos Estados miembros, cuando tal acción es posible, la solicitud de «constitución en parte civil» debe ser presentada por la «parte perjudicada» ante la las autoridades judiciales competentes . Además en algunos Estados[?], la Fiscalía es también competente para incoar este procedimiento.

Los Estados miembros[?] señalaron que el momento del inicio de la acción es fundamental para su admisibilidad. En algunos países[?], la «constitución en parte civil» sólo es posible antes de que comience el procedimiento judicial. Sin embargo, otros sistemas legales[?] exigen que el procedimiento penal esté ya en curso en el momento de la demanda civil. En estos casos, la solicitud de debe presentarse, a más tardar, durante la audiencia principal, y en todos los casos antes del inicio de los debates de clausura.

En los Estados miembros que se rigen por el C ommonLaw , aunque la Comisión no se puede constituir en parte civil, puede ser autorizada a presentar una solicitud de «compensación».

En numerosos Estados miembros el juez o el órgano jurisdiccional penal desempeña un papel crucial. Las respuestas de los Estados miembros sobre las condiciones aplicables a la «constitución en parte civil» son muy variadas. Sin embargo, la Comisión no ha recibido información suficiente por parte de todos ellos para poder realizar un análisis más detallado.

Todos los Estados miembros prevén plazos de prescripción, aunque su duración varía mucho de uno a otro. En algunos el Derecho civil contiene las disposiciones que los regulan. En conjunto, la duración de los plazos de prescripción va desde períodos largos de 20-30 años[?] hasta los más cortos de 3-5 años[?].

Medidas cautelares: además de la «constitución en parte civil», en el curso de un procedimiento penal pueden solicitarse «medidas cautelares». Los diversos sistemas legales prevén distintos instrumentos, como la confiscación o incautación de fondos. Estos instrumentos podrían utilizarse en algunos casos ya en la fase preliminar del juicio.

La complejidad de los sistemas legales nacionales demuestra en principio la necesidad de la Comisión de mantener una estrecha cooperación con las autoridades judiciales. De esta forma se garantizaría mejor protección efectiva de los intereses financieros de las Comunidades, en particular cuando la Comisión administra los fondos.

[1] Comunicación de la Comisión sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades. Lucha contra el fraude. Por un enfoque estratégico global (COM (2000)358 final).

[2] Véase el Plan de Acción 2001-2003 sobre la Protección de los intereses financieros (COM (2001) 254 final del 15.5.2001) para la aplicación de la Estrategia global 2001-2005.

[3] Resolución de 27 de marzo de 2003 sobre el Libro Verde de la Comisión relativa a la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo, y Resolución, de 13 de marzo de 2003, sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude - Informe anual 2001.

[4] DO C 286 de 28.11.2003.

[5] Documentos de trabajo de los servicios de la Comisión (SEC (2004) 1058) «Aplicación del Artículo 280 por los Estados miembros y la Comunidad en 2003 – Seguimiento del plan de Acción 2001–2003 y medidas adoptadas por los Estados miembros y (SEC (2004) 1059) “Evaluación estadística de las irregularidades – Fondos Agrícola, Estructurales y de Cohesión, Recursos propios – Año 2003.

[6] Véase referencia más arriba.

[7] Véase referencia más arriba.

[8] COM (2003) 154 final de 2.4. 2003.

[9] DO L 178 de 12.7.1994, p. 43.

[10] Informe especial n° 10/2001 sobre el control financiero de los Fondos Estructurales, Reglamentos (CE) n° 2064/97 y (CE) n° 1681/94. DO C 314 de 8.11.2001

[11] Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido y Portugal.

[12] En el contexto de la ejecución de la gestión del Presupuesto 2000 (COM (2002)696, apartado 71) la Comisión se comprometió a proceder a estos controles.

[13] Alemania, España, Francia, Grecia, Italia, Reino Unido y Región Valona de Bélgica. En dos casos (Luxemburgo y Región Flamenca en Bélgica), la Comisión constató que no existía ningún sistema de notificación de las irregularidades.

[14] Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Portugal y Suecia.

[15] «Examen de los sistemas y procedimientos de comunicación y seguimiento de las irregularidades en el marco de los Fondos Estructurales» (Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 19.12.2003).

[16] Comunicación de la Comisión de 3.12.2002 (COM(2002) 671 final) «Mejora de la recaudación de los créditos comunitarios derivados de la gestión directa y compartida de los gastos comunitarios»

[17] Comunicación de la Comisión de 7.11.2001 sobre blindaje de la legislación y de la gestión de los contratos contra el fraude (SEC (2001) 2029 final).

[18] DO C 247 de 15.10.2003.

[19] DO L 82 de 22.3.1997, p.1.

[20] Convenio de 26.7.1995 (DO C 316 de 27.11.1995). Véase el Informe del Comité provisional previsto en el artículo 3 del Acuerdo sobre la aplicación provisional del Convenio SIA (doc. n° 7361/04 de 12.3. 2004).

[21] Austria, Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Suecia y Reino Unido.

[22] Acto del Consejo, de 8 de mayo de 2003, por el que se aprueba un Protocolo que modifica, en lo relativo a la creación de un fichero de identificación de los expedientes de investigación aduanera, el Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros (DO C 139 de 13.06.2003).

[23] Decisión del Consejo 2001/923, de 17 de diciembre de 2001, por la que se establece un programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (DO L 339 de 21.12.2001).

[24] Reglamento (CE) n°1338/2001 del Consejo de 28.06.2001 (DO L 181 de 4.7.2001) y Decisión marco del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre el fortalecimiento de la protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la falsificación de moneda con miras a la introducción del euro (DO L 140 de 14.6.2000).

[25] Informe basado en el artículo 11 de la Decisión marco de 29.5.2000 (COM (2003)532 final, de 3.9.2003).

[26] Decisiones del Consejo 2003/861 y 2003/862 de 08.12.2003 relativas al análisis y la cooperación en relación con las monedas de euro falsificadas (DO L 325, del 12.12.2003).

[27] COM (2003) 278 final.

[28] Decisión n° 804/2004/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de 21.4.2004, por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de acciones en el ámbito de la protección de los intereses financieros de la Comunidad (DO, L. 143 de 30.4.2004).

[29] Decisión de la Comisión n°1999/352/CE, CECA, Euratom de 28.4.1999, por la que se crea la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, Reglamento (CE) n°1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y Reglamento (Euratom) n°1074/1999 del Consejo y Acuerdo interinstitucional relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina (DO L136 de 31.5.1999).

[30] COM (2003) 154 final de 2.4.2003.

[31] Resolución de 13.3.2003 sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude - Informe anual 2001. Resolución de 8.4.2003 sobre la aprobación de la gestión de 2001 y Resolución de 4.12.2003, sobre el informe de la Comisión relativo a la evaluación de las actividades de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

[32] Dictamen n° 2/03 que acompaña el Informe de la Comisión «Evaluación de las actividades de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)» de 18.6. 2003.

[33] Doc. 16280 / 03 FIN 644.

[34] SEC (2003) 871

[35] Informe de situación y medidas pendientes de introducción en 2004 (COM (2004)93final).

[36] COM (2003) 721 final

[37] Oficina de Investigación y Disciplina de la Comisión.

[38] COM (2000)608.

[39] COM (2001)715.

[40] COM (2003) 128: El informe de seguimiento, así como el conjunto de las respuestas recogidas están disponibles en Internet ( http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/green_paper/suivi/suivi_fr.pdf ).

[41] COM (2003)154.

[42] DO C 169 de 18.7.2003.

[43] COM (2003)548.

[44] Decisión del Consejo de 6.12.2001 (DO C 362 de 18.12.2001).

[45] Decisión del Consejo n° 2002/187/JAI de 28.2.2002 (DO L 63 de 6.3.2002).

[46] La Decisión del Consejo indica en su considerando 8 que «Las competencias de Eurojust se entienden sin perjuicio de las competencias de la Comunidad en materia de la protección de los intereses financieros de ésta».

[i] Se rogó a los Estados miembros que, en el caso de que algunas personas realizaran varios tipos de control (previo, a posteriori y antifraude), calculasen las cifras de personal tomando como base la duración relativa de cada tipo de control efectuado por el personal de que se trate.

Igualmente se pidió a los Estados miembros que, si algunas personas hubieran realizado controles relacionados con diversos Fondos, calcularan las cifras del personal tomando como base la duración relativa de los controles efectuados por cada persona en cada sector.

En el caso de que algunas misiones de control concretas se hubieran delegado a agencias u organismos exteriores (privados), se pidió a los Estados miembros que incluyeran en las cifras presentadas al personal destinado por estas agencias u organismos a la realización de esas misiones.

Las cifras se redondearon al número entero más próximo. Por ello pueden aparecer desfases en la columna de los totales entre cifras reales y cifras redondeadas.

[ii] Por control «previo» se entenderá:

- para los Fondos Estructurales, los controles y comprobaciones de los proyectos o acciones efectuados a distintos niveles (autoridad de gestión, autoridad de pago, autoridades delegadas o intermedias y beneficiarios finales) con el fin de comprobar la entrega de los productos y servicios cofinanciados y la veracidad de los gastos declarados (controles del servicio hecho), previstos en los apartados 2, 3 y 4 de los artículos 4 y 9 del Reglamento n° 438/2001;

- para el Fondo de Cohesión, los controles efectuados a distintos niveles (organismos de aplicación, autoridad de gestión, autoridad de pago y organismos intermedios) con el fin de velar por la exactitud de los gastos declarados y la realización del proyecto desde la fase de instrucción hasta la puesta en servicio de la inversión, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 de los artículos 4 y 9 del Reglamento n° 1386/2002.

Según lo dispuesto en el presente Informe, son controles « a posteriori »:

- para los Fondos Estructurales, los «controles por muestreo» de al menos el 5% de los gastos totales subvencionables, previstos por el artículo 3 del Reglamento (CE) n° 2064/97 (para el período de programación 1994-1999) y por el artículo 10 del Reglamento (CE) n° 438/2001(para el período de programación 2000-2006);

- para el Fondo de Cohesión, los «controles por muestreo» del 15% de los gastos totales subvencionables, previstos por el artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1386/2002, que permite comprobar el buen funcionamiento de los sistemas de gestión y control y las declaraciones de gastos de los proyectos;

las investigaciones antifraude son todas las realizadas a raíz de la existencia de sospecha de fraude.

[iii] Se pidió a los Estados miembros que, de ser posible, incluyeran también al personal de los servicios de persecución penal (policía y autoridades judiciales) destinado a este tipo de investigación.

[iv] De los que 4 agentes pertenecían a Flandes, 95 a la Región Valona y 6 a la Región de Bruselas Capital (correspondiendo el 0,42 para el período de programación 94-99).

[v] De los que 3 agentes de pertenecían a Flandes, 2 a la Región Valona y 1,4 a la Región de Bruselas Capital correspondiendo el 0,4 para el período de programación 94-99).

[vi] Incluidos en las dos primeras columnas.

[vii] Alemania señala que debido al elevado número de medidas y de servicios competentes no es posible hacer un cálculo del personal encargado de los controles.

[viii] Habida cuenta de la comprobación cruzada, realizada en 2003, de los controles a posteriori de una ayuda concreta durante los períodos 1994-1999 y 2000-2006, los datos correspondientes a los organismos independientes se basan en un cálculo del tiempo dedicado por el personal a una ayuda concreta en los distintos períodos durante el período del in forme.

[ix] Es imposible proporcionar información sobre el número de personas destinadas a las investigaciones judiciales en una instancia penal. Estas personas se encargan de muchos expedientes que generalmente superan el ámbito en cuestión.

[x] Algunos órganos consultados por las autoridades españolas no presentaron información completa sobre el personal. No se comunicó ningún dato sobre los efectivos de policía y justicia. Por esta razón la columna del personal antifraude está vacía, pero se añadieron las cifras disponibles a las de las dos primeras columnas.

[xi] Francia destaca la falta de fiabilidad de las estadísticas, lo que explica la prudencia de que hace gala en su comunicación.

[xii] En el caso de Italia, los datos comunicados se refieren a los períodos de programación 1988/1993, 1994/1999 y 2000/2006 y conciernen a las administraciones que respondieron al cuestionario.

[xiii] Sin contar INTERREG y el antiguo objetivo 5b.

[xiv] Dado carácter descentralizado de los programas, los distintos ministerios desconocen el número de funcionarios que ha participado en las actividades de control.

[xv] Para dar más fiabilidad al resultado total no se ha calculado el presupuesto que debe controlar cada agente, ya que en el ámbito del FEDER, las cifras comunicadas por los Países Bajos eran muy incompletas

[xvi] En Austria no hay personal o servicios especialmente destinados a la lucha contra el fraude.

[xvii] Esta cifra incluye 195 funcionarios de la PJ, 18 funcionarios del DCIAP y 31 funcionarios del DIAP. Estos agentes se encargan de las investigaciones antifraude, en todos los ámbitos (FEDER, FSE, FEOGA-Orientación, IFOP y Fondo de cohesión).

[xviii] En el caso de Finlandia, los datos no incluyen las cifras sobre efectivos de policía.

[xix] De los que 5 son agentes son de la región de Åland.

[xx] De los que 3 son agentes del servicio de control del ejecutivo regional de Åland (2 controladores de la administración y 1 controlador interno).

[xxi] Según la declaración del Ministerio de Interior, la contribución de los fiscales representa 0,1 hombre/año. Esta cifra no puede desglosarse por Fondos y cubre pues su conjunto. Según el Ministerio de Interior de Finlandia, la policía contribuye con 1,5 hombre/año todos los Fondos, cifra que tampoco puede desglosarse. Por lo que se refiere a la región de Åland, el personal se contó entre los efectivos destinados a los dos primeros tipos de control.

[xxii] El EBM se encarga de todas las investigaciones penales de los Fondos Estructurales. En total, se destinaron 6 hombres/año a las investigaciones sobre los fraudes a las subvenciones comunitarias. Dos de ellos eran fiscales, 2 policías y 2 contables. Es imposible saber como se repartieron la carga de trabajo según los Fondos. Entre los cuatro Fondos la cifra que se reparte en condiciones de igualdad es de 1,5 hombre/año.

[xxiii] El Reino Unido señala que hay 32 agentes para los controles previos, 19 para los controles a posteriori y 8 para las investigaciones antifraude: en total, 59 agentes trabajan para todos los Fondos, principalmente en las administraciones descentralizadas. Todos ellos se contabilizaron entre los agentes destinados al FEDER.

[xxiv] Los 122 agentes que realizan controles previos en el ámbito del FEDER en Inglaterra trabajan también en el del FEOGA.

[xxv] Se pidió a los Estados miembros que, de ser posible, incluyeran también el personal de los servicios de persecución penal (policía y autoridades judiciales) destinado a este tipo de investigación.

[xxvi] De los que 8 agentes son de Flandes, 3,69 de la Región Bruselas Capital y 26 de la Agencia FSE.

[xxvii] De los que 8 agentes son de Flandes, 2 de la Región Valona, 1,14 de la Región Bruselas Capital y 4 de la Agencia FSE.

[xxviii] Incluidos en las dos primeras columnas.

[xxix] Dinamarca calcula que durante el año 2003 la fiscalía para delitos económicos especiales destinaba una persona para las investigaciones antifraude relacionadas con los Fondos Estructurales.

[xxx] Alemania desea señalar que debido al elevado número de medidas y de servicios competentes, no es posible calcular la gran cantidad de personas trabajando en los controles.

[xxxi] Habida cuenta de la comprobación cruzada, realizada en 2003, de los controles a posteriori de una ayuda concreta durante los períodos 1994-1999 y 2000-2006, los datos correspondientes a los organismos independientes se basan en un cálculo del tiempo dedicado por el personal a una ayuda concreta en los distintos períodos durante el período del in forme.

[xxxii] Es imposible proporcionar información sobre el número de personas destinadas a las investigaciones judiciales en una instancia penal. Estas personas se encargan de muchos expedientes que generalmente superan el ámbito en cuestión.

[xxxiii] Algunos órganos consultados por las autoridades españolas no presentaron información completa sobre el personal. No se comunicó ningún dato sobre los efectivos de policía y justicia. Por esta razón la columna del personal antifraude no se completó, pero se añadieron las cifras disponibles a las de las dos primeras columnas.

[xxxiv] Francia destaca la falta de fiabilidad de las estadísticas, lo que explica la prudencia de que hace gala en su comunicación.

[xxxv] En el caso de Italia, los datos comunicados se refieren a los períodos de programación 1988/1993, 1994/1999 y 2000/2006 y conciernen a las administraciones que respondieron al cuestionario.

[xxxvi] En Austria no hay personal o servicios especialmente destinados a la lucha contra el fraude.

[xxxvii] Todos los agentes indicados en las cifras del personal FEDER trabajan también en las investigaciones antifraude de este sector.

[xxxviii] La actividad de la policía y los tribunales no se incluye en las cifras sobre el FSE facilitadas por el Ministerio de Trabajo finlandés.

[xxxix] De los que 3 son agentes de Åland.

[xl] De los que 3 agentes pertenecen al servicio de control del ejecutivo regional de Åland (2 controladores de la administración y 1 controlador interno).

[xli] De los que 5 están destinados a investigaciones administrativas.

[xlii] El EBM se encarga de todas las investigaciones penales de los Fondos Estructurales. En total, se destinaron 6 hombres/año a las investigaciones sobre los fraudes a las subvenciones comunitarias. Dos de ellos eran fiscales, 2 policías y 2 contables. Es imposible saber como se repartieron la carga de trabajo según los Fondos. Entre los cuatro Fondos la cifra que se reparte en condiciones de igualdad es de 1,5 hombre/año.

[xliii] El Reino Unido señala que hay 32 agentes para los controles previos, 19 para los controles a posteriori y 8 para las investigaciones antifraude: en total 59 agentes trabajan para todos los Fondos, principalmente en las administraciones descentralizadas. Todos ellos se contabilizaron entre los agentes destinados al FEDER.

[xliv] Se pidió los Estados miembros que, de ser posible, incluyeran también al personal de los servicios de persecución penal (policía y autoridades judiciales) destinado a este tipo de investigación.

[xlv] De los que 11,3 corresponden a la Región Valona y 0,08 a la Región Bruselas Capital (período de programación 94-99).

[xlvi] De los que 0,8 corresponden a la Región Valona y 0,12 a la Región Bruselas Capital (período de programación 94-99).

[xlvii] Incluidos en las dos primeras columnas.

[xlviii] Dinamarca calcula que durante el año 2003 la fiscalía para delitos económicos especiales destinaba una persona para las investigaciones antifraude relacionadas con los Fondos Estructurales.

[xlix] Es imposible proporcionar información sobre el número de personas destinadas a las investigaciones judiciales en una instancia penal. Estas personas se encargan de muchos expedientes que generalmente superan el ámbito en cuestión.

[l] Algunos órganos consultados por las autoridades españolas no presentaron información completa sobre el personal. No se comunicó ningún dato sobre los efectivos de policía y justicia. Por esta razón la columna del personal antifraude está vacía, pero se añadieron las cifras disponibles a las de las dos primeras columnas.

[li] Francia destaca la falta de fiabilidad de las estadísticas, lo que explica la prudencia de que hace gala en su comunicación.

[lii] En el caso de Italia, los datos comunicados se refieren a los períodos de programación 1988/1993, 1994/1999 y 2000/2006 y conciernen a las administraciones que respondieron al cuestionario.

[liii] No destinados con dedicación exclusiva a los controles en cuestión.

[liv] No destinados con dedicación exclusiva a los controles en cuestión.

[lv] No destinados con dedicación exclusiva a los controles en cuestión.

[lvi] En Austria no hay personal o servicios especialmente destinados a la lucha contra el fraude.

[lvii] Todos los agentes indicados en las cifras del personal FEDER trabajan también en las investigaciones antifraude de este sector.

[lviii] La actividad de la policía y los tribunales no se incluye en las cifras comunicadas por el Ministerio de Agricultura y Bosques finlandés relativas al FEOGA-Orientación.

[lix] De los que 2,75 agentes son de Åland.

[lx] De los que 0,5 agente de Åland se destina al servicio de control y 0,5 agente trabaja en la agricultura de Åland.

[lxi] El EBM se encarga de todas las investigaciones penales de los Fondos Estructurales. En total, se destinaron 6 hombres/año a las investigaciones sobre los fraudes a las subvenciones comunitarias. Dos de ellos eran fiscales, 2 policías y 2 contables. Es imposible saber como se repartieron la carga de trabajo según los Fondos. Entre los cuatro Fondos la cifra que se reparte en condiciones de igualdad es de 1,5 hombre/año.

[lxii] El