[pic] | COMISIÓN EUROPEA |

Bruselas, 21.3.2011

COM(2011) 148 final

2008/0062 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO enmarcada en el artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre

la posición del Consejo en primera lectura respecto de una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para facilitar la aplicación transfronteriza de la normativa sobre seguridad vial

2008/0062 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO enmarcada en el artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre

la posición del Consejo en primera lectura respecto de una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para facilitar la aplicación transfronteriza de la normativa sobre seguridad vial

1. CONTEXTO

Fecha de transmisión de la propuesta al PE y al Consejo: COM(2008) 151 final – 2008/0062(COD) | 19.3.2008 |

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: | 17.9.2008 |

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo, primera lectura: | 17.12.2008 |

Fecha de adopción de la posición del Consejo: | 17.3.2011 |

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

El objetivo de la propuesta de la Comisión es mejorar la seguridad vial estableciendo para las infracciones más graves un sistema de intercambio de información entre el Estado de la infracción y el Estado de matriculación. El sistema permitirá identificar al propietario de un vehículo que haya cometido una infracción en un Estado miembro distinto del de la matriculación, haciendo posible así que ese primer Estado pueda perseguir y sancionar al responsable.

Las infracciones de tráfico que cubre la propuesta son las siguientes: exceder la velocidad permitida, no hacer uso del cinturón de seguridad, no detenerse en un semáforo en rojo y conducir en estado de embriaguez. Estas infracciones son causantes del mayor número de accidentes de carretera y de víctimas mortales.

El texto de la propuesta regula también el procedimiento que habrá de seguirse para el intercambio de información (datos, autoridades responsables, red) y establece el modelo de la carta de notificación que se enviará al titular del certificado de matriculación. La propuesta, además, prevé para ese intercambio la creación de una red de la UE que incluya las interfaces necesarias con los sistemas y redes existentes.

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN DEL CONSEJO

3.1 Observaciones generales sobre la posición del Consejo

En lo que atañe al fondo de la posición del Consejo, el texto en general facilitará el intercambio transfronterizo de información sobre las infracciones de tráfico contra la seguridad vial y podrá contribuir a la consecución de los principales objetivos que se propone la Comisión para garantizar un alto nivel de protección de todos los usuarios de carreteras de la Unión. El texto coadyuvará al cumplimiento de las nuevas orientaciones sectoriales en materia de seguridad vial adoptadas por la Comisión para el período 2011-2020, particularmente el objetivo estratégico que persigue una mayor ejecución de las normas de circulación. Se espera que la Directiva tenga un fuerte efecto disuasorio, convenciendo a todos los conductores de la necesidad de respetar las leyes de tráfico.

El principal objetivo de la propuesta de la Comisión era establecer un intercambio de información que posibilitara la identificación del propietario de un vehículo que hubiese cometido una infracción en un Estado miembro distinto del de la matriculación. Este objetivo se ha alcanzado ya en gran medida en la posición del Consejo en primera lectura, si bien es cierto que en ella no se contempla el establecimiento de una red de la UE consagrada a las necesidades de la Directiva, que era la arquitectura propuesta inicialmente por la Comisión para el sistema de información.

El segundo gran objetivo que persigue la Comisión en su propuesta atañe al seguimiento dado a la identificación del infractor una vez que se dispone de la información. Este objetivo figura sólo parcialmente en la posición del Consejo en primera lectura, pero la Comisión cree que hay posibilidades de reforzar el texto en este aspecto basándose en las enmiendas pertinentes hechas por el Parlamento Europeo en primera lectura.

Por lo que se refiere a la elección de la base jurídica, la Comisión ha considerado que, desde la perspectiva jurídica e institucional, la «cooperación policial» (artículo 87, apartado 2, del TFUE) no es la base jurídica idónea para esta Directiva. En este contexto, la Comisión ha hecho introducir en las actas del Consejo una declaración reservándose el derecho a utilizar todos los medios jurídicos a su disposición (véase el punto 4). Además, ha observado que la «cooperación policial» como base jurídica cuenta con el apoyo unánime del Consejo.

3.2 Observaciones concretas de la Comisión

3.2.1 Fondo de la posición del Consejo

El Consejo ha decidido ampliar la lista de infracciones cubiertas por la Directiva. Además de las cuatro grandes causas de mortalidad (exceso de velocidad, no hacer uso del cinturón de seguridad, no respetar un semáforo rojo y conducir en estado de embriaguez), la lista incluye ahora también otras infracciones, como la conducción bajo los efectos de alguna droga. La Comisión se felicita de esta ampliación del ámbito de aplicación del instrumento.

En lo que respecta al mecanismo de intercambio de información y a la red que habrán de utilizarse, el enfoque adoptado por la posición del Consejo se deriva de los instrumentos existentes de «cooperación policial». Más concretamente, se basa en el intercambio de información que existe actualmente en el contexto de las Decisiones Prüm[1], que prevén la cooperación transfronteriza en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza mediante el intercambio de datos sobre la matriculación de los vehículos. El Consejo ha propuesto que el Estado miembro en el que esté matriculado el vehículo infractor permita al Estado miembro de la infracción acceder a su base de datos de matriculación de vehículos para recabar información sobre éstos y sobre sus titulares. Para este intercambio de información, el Consejo ha optado en su posición, no por la red electrónica de la UE que proponía inicialmente la Comisión, sino por el uso directo de los sistemas que existen ya en virtud de las Decisiones Prüm.

Aunque expresando su preferencia por el establecimiento de una red electrónica de la UE acorde con su propuesta inicial, la Comisión ha mostrado flexibilidad en este tema y ha aceptado que el intercambio de información se efectúe en la medida de lo posible empleando sistemas ya existentes, como el llamado Eucaris. La Comisión considera, en efecto, que el enfoque adoptado por el Consejo a propósito del intercambio de información afecta principalmente a los aspectos técnicos de ese intercambio, sin desvirtuar en lo fundamental el principal objetivo de la Directiva.

Por otra parte, la carta de notificación propuesta inicialmente por la Comisión ha sido sustituida en la posición del Consejo por una carta informativa (artículo 4 bis ) que deberá enviarse al infractor cuando el Estado miembro donde se haya cometido la infracción decida sancionar ésta. El uso del modelo que figura en el anexo de la Directiva adquiere carácter facultativo para los Estados miembros. La Comisión puede aceptar el enfoque del Consejo siempre que los Estados miembros informen al infractor de su decisión de proceder contra la infracción de la seguridad vial.

En cuanto a la protección de datos, la Comisión puede aceptar que la Decisión 2008/977/JAI se aplique al intercambio de información sobre delitos penales, pero insiste en añadir una referencia a la Directiva 95/46/CE para el intercambio de datos relacionados con las infracciones administrativas.

Por último, es preciso señalar que, mientras la Comisión ha aceptado la mayor parte de las enmiendas introducidas por el Parlamento Europeo en primera lectura dado que vienen a reforzar su propuesta inicial, el Consejo no ha incluido ninguna de ellas en su posición.

3.2.2 Base jurídica

La Comisión desea llamar la atención del Parlamento Europeo sobre el cambio de la base jurídica que ha sido decidido en el Consejo y que, por representar un delicado precedente, ha llevado a la Comisión a emitir una declaración (véase la declaración de la Comisión en el punto 4).

En primer lugar, la Directiva tiene un claro objetivo de seguridad vial y entra por tanto en el ámbito de aplicación del artículo 91 del TFUE. Además, la Directiva propuesta no tiene ninguna repercusión en la clasificación nacional de las infracciones contra esa seguridad.

En cambio, dado que en el marco del artículo 87, apartado 2, del TFUE hay tres Estados miembros con un régimen de excepción en materia de cooperación policial (participación voluntaria, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, y exclusión voluntaria, en el de Dinamarca, de conformidad, respectivamente, con los Protocolos 21 y 22 del TFUE), ello significa que, potencialmente, esos tres Estados miembros no quedarían cubiertos por la Directiva propuesta.

Además, la Comisión estima que el artículo 87, apartado 2, sólo puede cubrir las infracciones de tráfico de carácter penal.

4. CONCLUSIONES/OBSERVACIONES GENERALES

Pese a considerar que en la posición del Consejo hay varios aspectos que responden efectivamente a los principales objetivos de su propuesta inicial, tal y como ya antes se ha explicado (véase en especial el punto 3.2.1), la Comisión ha tenido que hacer la declaración siguiente debido al cambio introducido en la base jurídica:

«La Comisión observa que el proyecto de texto transaccional de la Presidencia goza de unanimidad en el Consejo, incluso por lo que se refiere a la sustitución de la base jurídica propuesta por la Comisión, es decir del artículo 91, apartado 1, letra c), del Tratado FUE, por el artículo 87, apartado 2, del Tratado FUE. Si bien la Comisión comparte la opinión del Consejo sobre la importancia de la consecución de los objetivos de la Directiva propuesta en materia de mejora de la seguridad vial, considera sin embargo que, desde un punto de vista jurídico e institucional, el artículo 87, apartado 2, del Tratado FUE no constituye la base jurídica adecuada y se reserva por consiguiente el derecho a utilizar todos los medios de derecho a su alcance.»

Para la segunda lectura, debe estudiarse la posibilidad de alcanzar compromisos que permitan encontrar soluciones adecuadas para cubrir tanto las infracciones administrativas como las penales.

[1] Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, y Decisión 2008/616/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, relativa a la ejecución de la Decisión 2008/615/JAI.