DECIMOSEXTO INFORME ANUAL

sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario

- 1998 -

(1999/C 354/01)

COM(1999) 301 final

(Presentado por la Comisión el 9 de julio de 1999)

Índice

>SITIO PARA UN CUADRO>

A petición, sucesivamente, del Parlamento Europeo (Resolución de 9 de febrero de 1983) y de los Estados miembros (punto 2 de la Declaración nº 19 aneja al Tratado firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992) la Comisión Europea elabora todos los años el Informe sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario. Dicho Informe responde asimismo a las peticiones expresadas en el Consejo Europeo o en los Consejos de los sectores específicos.

1. PRÓLOGO

La Comisión se fijó como objetivo prioritario velar estrictamente por la correcta aplicación del Derecho comunitario por los Estados miembros, para que los ciudadanos comunitarios se beneficien plenamente de la construcción europea. Tal como ilustra este Informe, el decimosexto desde la Resolución de 9 de febrero de 1983 del Parlamento Europeo, la Comisión se dotó de los medios necesarios para lograr este objetivo, tanto mediante un refuerzo sin precedente de las modalidades de utilización de los procedimientos de infracción contemplados en el artículo 169 del Tratado como mediante un mayor recurso a la cooperación administrativa, en particular, en el marco del plan de acción en favor del mercado interior.

1.1. Resumen estadístico de 1998

Más aún que en los años anteriores, en 1998 la Comisión se mostró activa en su papel de guardiana de los Tratados, tal como indican las cifras siguientes:

- El número de dictámenes motivados enviados durante el año alcanzó un récord histórico, nunca alcanzado desde la entrada en vigor del Tratado, con 675 dictámenes motivados, frente a los 334 enviados en 1997. Esta cifra representa un aumento del 102 %, aumento que resulta de una acción mucho más rigurosa y mucho más rápida de la Comisión, gracias a las reformas internas establecidas desde 1996 y reforzadas en 1998.

- Si bien el número de cartas de emplazamiento enviadas disminuye de 1462 en 1997 a 1101 en 1998, ello se debe exclusivamente a la reducción del número de procedimientos incoados por no incorporación de las Directivas. En efecto, los emplazamientos enviados por no conformidad de una normativa al Derecho comunitario o por aplicación incorrecta del mismo pasan de 432 en 1997 a 486 en 1998, lo que representa un aumento del 12 % (y del 42 % con respecto a 1996).

- El número de recursos del Tribunal de Justicia permanece estable, puesto que 125 expedientes fueron objeto de un recurso efectivo. Comparado con el número de cartas de emplazamiento y de dictámenes motivados, esto demuestra claramente que la inmensa mayoría de los expedientes de infracción se soluciona antes de cualquier intervención del Tribunal de Justicia.

- Los servicios de la Comisión desempeñaron en 1998 un papel muy activo en el descubrimiento de los casos de no conformidad o aplicación incorrecta del Derecho comunitario, puesto que el número de casos detectados de oficio por tales servicios pasó de 261 en 1997 a 396 en 1998, lo que representa un aumento del 52 %. Obsérvese que en los casos detectados de oficio se incluyen los expedientes abiertos como consecuencia de una pregunta parlamentaria o una petición.

- En cuanto al número de denuncias recibidas por los servicios de la Comisión, continuó el crecimiento iniciado en 1997, pasando de 957 en 1997 a 1128 en 1998, lo que representa un aumento del 18 % (y del 38 % con respecto a 1996). Esta cifra sería aún más considerable si se añadieran las aproximadamente 4000 denuncias idénticas enviadas en relación con la nueva legislación sueca relativa al control de los transportes y paquetes que contienen alcohol y tabaco, o a los centenares de denuncias referentes a los impuestos aplicados por algunos municipios belgas sobre las antenas parabólicas [dado su número, estas denuncias fueron objeto de un acuse de recibo único publicado en el Diario Oficial serie C(1) y en el sitio Internet de las instituciones comunitarias].

- Las decisiones de archivo disminuyeron un 7 %, pasando de 2112 en 1997 a 1962 en 1998, lo que, no obstante, demuestra el gran número de casos resueltos por lo que se refiere a la aplicación del Derecho comunitario.

- También aumentó la rapidez de tratamiento de los expedientes: el 25 % de los emplazamientos enviados en 1997 se referían a procedimientos de infracción incoados en ese año, porcentaje que pasó al 48 % en 1998. La aceleración es aún más fuerte en el caso de los dictámenes motivados, puesto que un 19 % de los enviados en 1998 se refieren a procedimientos incoados en 1998, frente a un 1 % en 1997.

- Finalmente, por lo que se refiere a la transparencia, cabe resaltar el aumento del número de expedientes que fueron objeto de un comunicado de prensa, de 248 en 1997 a 334 en 1998.

Estos pocos datos estadísticos muestran claramente el impacto de las reformas internas llevadas a cabo por la Comisión, en primer lugar en 1996 y posteriormente en 1998, para mejorar el funcionamiento de los procedimientos por incumplimiento. Estas reformas serán, pues, objeto de una descripción más profunda en este prólogo (apartado 1.2). La aplicación del Derecho comunitario por los Estados miembros evolucionó positivamente por lo que se refiere a la incorporación de las Directivas (apartado 1.3), pero, desgraciadamente, el respeto del Derecho comunitario en general sigue siendo muy variable según los Estados miembros (apartado 1.4). El recurso al mecanismo de multa coercitiva previsto por el artículo 171 del Tratado parece a veces el único modo de conseguir que un Estado miembro restablezca la legalidad comunitaria (apartado 1.5).

1.2. Reforma de los métodos de trabajo de la Comisión en materia de procedimientos de infracción: nuevas mejoras en 1998

La Comisión procedió en junio de 1998 a una evaluación del funcionamiento de sus métodos de trabajo relativos a los procedimientos de infracción contemplados en el artículo 169 del Tratado, que habían sido ya reformados en julio de 1996(2). Tal evaluación afectó al conjunto de procedimientos de infracción, cualquiera que fuera el ámbito del Derecho comunitario afectado.

Tras esa evaluación, la Comisión adoptó diferentes nuevas medidas internas, con el fin de mejorar aún más el funcionamiento de los procedimientos de infracción, ya se trate:

- de la aceleración del tratamiento de los expedientes,

- de una mayor transparencia de los procedimientos, o

- de la mejora de la relación con el denunciante.

1.2.1. Acelerar el tratamiento de los expedientes de infracción

Las mejoras en esta materia se referían tanto al mecanismo decisorio como a la ejecución de las Decisiones. Estas mejoras se recogen en el documento SEC(1998)1733 que se transmitió al Parlamento Europeo, a los Estados miembros y al Defensor del Pueblo Europeo.

Una de las principales modificaciones para acelerar el tratamiento de los expedientes de infracción fue la generalización, a partir de abril de 1998, de las reuniones bimensuales especialmente dedicadas a la aplicación del Derecho comunitario. En efecto, hasta hace poco, los expedientes de infracción sólo se examinaban en cuatro informes periódicos (en marzo, junio, octubre y diciembre), salvo que se tratara de expedientes urgentes. La utilización de tales informes periódicos, en los que se examina el conjunto de casos(3) ya sea de presunta infracción (antes del envío de la carta de emplazamiento) ya sea de infracción comprobada (después del envío de dicha carta) garantiza un enfoque coherente de los distintos expedientes, cualquiera que sea el ámbito del Derecho afectado, y un examen regular de cada asunto que se denuncia a la Comisión.

En la reforma de los métodos de trabajo de 1996, la Comisión añadió a este mecanismo la posibilidad de hacer examinar casos de infracción en las reuniones bimensuales sobre la aplicación del Derecho comunitario (habitualmente dedicadas a las ayudas estatales), con el fin de que se pudiera avanzar más rápidamente, sin esperar el informe siguiente, con los expedientes listos para una decisión de fondo.

Si bien en 1997 sólo se examinaron 40 expedientes siguiendo este nuevo procedimiento, en 1998 fueron cerca de 400 los expedientes objeto de una decisión de la Comisión en el marco de las reuniones bimensuales. Esto condujo a una aceleración de la toma de decisiones. De este modo, el dictamen motivado o el recurso pueden decidirse al expirar el plazo de respuesta que se concede al Estado miembro, en la medida en que no haya habido respuesta o que ésta no haya sido satisfactoria. Asimismo, un expediente resuelto puede ser objeto con mayor celeridad de una decisión formal de archivo, lo que pudiera incitar a los Estados miembros afectados a ajustarse cuanto antes al Derecho comunitario puesto que la etapa siguiente del procedimiento (dictamen motivado o recurso ante el Tribunal) puede iniciarse a partir de la expiración del plazo de respuesta concedido al Estado miembro, siempre y cuando no haya respuesta o ésta no sea satisfactoria. Del mismo modo, un expediente resuelto puede ser objeto más rápidamente de una decisión formal de archivo, lo que puede también incitar a los Estados miembros a ajustarse al Derecho comunitario. En términos generales, organizar reuniones de la Comisión dedicadas a los procedimientos de infracción con mayor frecuencia ha introducido más flexibilidad en la gestión de los expedientes.

La "desdramatización" de las cartas de emplazamiento, a las que se devolvió su verdadero sentido de solicitud de observaciones, así como la disminución paralela del recurso a la correspondencia previa al emplazamiento han permitido también a la Comisión decidir más rápidamente la apertura del procedimiento de infracción. Además la Comisión exige en adelante que se respeten de forma más rigurosa los plazos de respuesta a las cartas de emplazamiento y los plazos de ejecución de los dictámenes motivados, y la ausencia de respuesta o el no ajustarse al Derecho comunitario en el plazo prescrito da paso a la etapa siguiente del procedimiento.

No obstante, acelerar las decisiones sólo tiene sentido si los emplazamientos o los dictámenes motivados se notifican rápidamente al Estado miembro. En efecto, es necesario que el Estado miembro conozca oficialmente la opinión de la Comisión para que pueda suministrar explicaciones, ajustarse al Derecho comunitario o, si no lo desea, para que el procedimiento previsto en el artículo 169 pueda seguir adelante.

Si bien anteriormente los plazos de notificación de los emplazamientos o de los dictámenes motivados podían contarse por meses, en 1998 la Comisión se fijó como principio notificar las decisiones la misma semana de su adopción. Para lograr este objetivo, en el segundo semestre de 1998 se modificaron las normas internas con el fin, por una parte, de preparar la notificación con la máxima antelación posible a la decisión que debe ejecutarse y, por otra, de detectar sistemáticamente todo retraso injustificado.

Tal como se indica anteriormente, el impacto de estas normas es ya notable, puesto que un 19 % de los dictámenes motivados enviados en 1998 afectan a procedimientos incoados en 1998, mientras que el 1 % de los dictámenes motivados enviados en 1997 se refería a procedimientos incoados ese mismo año.

1.2.2. Una mayor transparencia

Desde la reforma de 1996, la publicidad vía la prensa se convirtió en norma en el caso de las decisiones de dictamen motivado y de recurso. Por el contrario, en el caso de las cartas de emplazamiento, la Comisión no difunde en principio ningún comunicado de prensa(4), dado que una carta de emplazamiento no determina la posición definitiva de la Comisión sino que es más bien una solicitud de observaciones, y que es en esta fase en la que más fácilmente pueden solucionarse las infracciones.

Tal como se indica anteriormente, el número de comunicados de prensa aumentó en 1998, puesto que fueron objeto de comunicados de prensa 334 infracciones, frente a 44 en 1996.

Esta tendencia hacia una mayor transparencia se continuará haciendo más accesible por Internet la información que en la actualidad sólo existe en papel.

1.2.3. Una mejor acogida al demandante

Aun cuando, ciertamente, el demandante no es parte "jurídicamente interesada" en los procedimientos establecidos en el artículo 169 del Tratado, los servicios de la Comisión conceden gran importancia a que esté correctamente informado del tratamiento que se da a su denuncia a lo largo del procedimiento.

Es por lo que, tras la investigación por propia iniciativa realizada por el Defensor del Pueblo en 1996(5), los servicios de la Comisión informan ahora sistemáticamente al demandante de su intención de proponer el archivo del asunto.

Además se ha establecido una nueva versión, más pedagógica, más explicativa y más precisa del formulario de denuncia, cuya última versión databa de 1989(6), con el fin de que el demandante sepa claramente qué puede esperar del procedimiento de infracción, y de informarle de los otros medios de acción disponibles para hacer valer sus derechos. Por otra parte, se mantiene el principio de tratamiento confidencial de las denuncias, con el fin de mantener la necesaria relación de confianza con el demandante y de evitarle cualquier posible perjuicio.

1.3. Grado de incorporación de las Directivas en 1998

El cuadro que se recoge a continuación ofrece una visión general del grado de comunicación de las medidas nacionales de ejecución del conjunto de las Directivas aplicables a 31 de diciembre de 1998.

>SITIO PARA UN CUADRO>

A 31 de diciembre de 1998, los Estados miembros habían comunicado por término medio un 95,7 % de las medidas nacionales de ejecución necesarias para la aplicación del conjunto de Directivas comunitarias aplicables. El aumento global del porcentaje de incorporación con relación a 1997, en el que el porcentaje fue del 94 %, se debe en primer lugar al refuerzo de los medios aplicados por la Comisión para hacer aplicar el Derecho comunitario, ya se trate de los propios procedimientos de infracción o de los medios menos contenciosos como la colaboración administrativa (en particular, las misiones "directivas") o de la peer pressure creada por el plan de acción en favor del mercado interior.

Cabe tener en cuenta en particular los esfuerzos realizados por Alemania y Bélgica para ponerse al día y los porcentajes de incorporación de Luxemburgo, Grecia, Italia y, en menor medida, de Francia, que siguen siendo preocupantes.

Si bien estas cifras globales son alentadoras, sigue habiendo problemas, en particular, en el ámbito de los transportes o en materia agrícola, en los que el porcentaje de incorporación está estancado en algunos sectores.

El cuadro recapitulativo insertado al final del anexo IV del presente Informe muestra de forma detallada, por Estado miembro y por sector, el grado de incorporación efectuada en 1998.

1.4. Panorama del grado de aplicación del Derecho comunitario en general por los distintos Estados miembros

El cuadro siguiente desglosa por Estado miembro los 2982 expedientes de infracción activos a 31 de diciembre de 1998 (incluidos tanto los casos en los que la Comisión todavía no ha decidido abrir el procedimiento de infracción como aquellos en que éste ya se ha iniciado).

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Según el cuadro, Francia es el Estado miembro contra el que se han iniciado más procedimientos mediante el envío de la carta de emplazamiento, especialmente en lo referente a casos de no conformidad o de aplicación incorrecta de la normativa comunitaria. Obsérvese que Francia es el Estado miembro contra el que se presentó en 1998 el mayor número de denuncias, 203 de las 1128 totales, es decir, el 18 %. La aplicación del Derecho comunitario en Italia, Grecia y Bélgica sigue siendo preocupante, en parte debido a los casos de no incorporación de las Directivas comunitarias.

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Cabe también observar la sobrerrepresentación de algunos Estados miembros en los expedientes que a 31 de diciembre de 1998 se encuentran en la fase de dictamen motivado o de recurso, tal como ilustran los cuadros siguientes. Esto indica que esos Estados miembros tienen más dificultades para solucionar rápidamente los casos de infracción al Derecho comunitario, bien debido a problemas de fondo, de carácter político o jurídico, bien simplemente debido al retraso, a veces importante, con que tales Estados miembros responden a las cartas de emplazamiento o a los dictámenes motivados de la Comisión.

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1.5. La aplicación continua del mecanismo de multa coercitiva previsto en el artículo 171 del Tratado

En 1998, la Comisión continuó recurriendo al mecanismo previsto en el apartado 2 del artículo 171 del Tratado, puesto que, en cinco ocasiones, adoptó decisiones de segundo recurso con solicitud de multa coercitiva(7). En efecto, en 1998 se interpusieron dos recursos de este tipo ante el Tribunal de Justicia.

Por primera vez se adoptó tal decisión en materia social, siendo -con mucho- el Derecho de medio ambiente en el que más se ha utilizado este instrumento. Cabe también constatar que Luxemburgo fue por primera vez objeto de una decisión de recurso con solicitud de multa coercitiva, uniéndose así a Grecia (cuatro decisiones), Italia (tres decisiones), Alemania (tres decisiones), Francia (dos decisiones) y Bélgica (una decisión).

La eficacia del mecanismo se confirma, puesto que la mayoría de las decisiones de recurso condujeron al Estado miembro interesado a ajustarse rápidamente al Derecho comunitario, bien antes incluso de la presentación de la solicitud ante el Tribunal, bien con posterioridad a la misma, tal como indica el cuadro siguiente.

>SITIO PARA UN CUADRO>

2. SITUACIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES

2.1. MERCADO INTERIOR

2.1.1. Aplicación del plan de acción en favor del mercado interior

El plan de acción en favor del mercado interior, aprobado por el Consejo Europeo de Amsterdam en junio de 1997, preveía un ambicioso programa de dieciocho meses. Si bien el ejercicio expira el 31 de diciembre de 1998, es evidente que el plan de acción ha sido un éxito. Se han realizado progresos considerables, tanto en el plano no legislativo como en el legislativo. En la mayoría de los casos, aunque no en todos ellos, se han alcanzado los progresos previstos en el plan de acción.

A pesar de los progresos realizados por algunos Estados miembros, está claro que no todas las Directivas aún no aplicadas lo estarán antes de finales de 1998, objetivo fijado en el plan de acción.

Sin embargo, el porcentaje de Directivas aún no aplicadas en uno o más Estados miembros ("el factor de fragmentación") registra una mejora sensible, habiendo descendido al 13,7 % (frente al 35 % en junio de 1997). No obstante, los progresos varían de un Estado miembro a otro, y la persistencia de retrasos en la incorporación de las Directivas es fuente de grave preocupación. Es urgente eliminar este retraso en la incorporación. La Comisión sigue la evolución de la situación en el cuadro de indicadores del mercado único -cuya segunda y tercera ediciones se publicaron, respectivamente, en mayo y en octubre- y presenta regularmente en un informe los progresos realizados en el Consejo de mercado interior.

Tras la comunicación de la Comisión de 13 de mayo de 1998(8), titulada "Incremento de la eficacia de la normativa sobre el mercado único", el Consejo de mercado interior, en su reunión del 24 de septiembre, hizo hincapié, entre otras cosas, en que debía concederse la máxima prioridad a la aplicación eficaz, completa y conveniente de las normas relativas al mercado único.

Se ha profundizado en las iniciativas destinadas a reforzar el marco de aplicación de la legislación y la resolución de los problemas, mediante la creación de puntos de contacto y de centros de coordinación. A través de Internet puede accederse a puntos de contacto para las empresas y el público. Estos esfuerzos son apoyados por el programa Karolus, que se ocupa de los intercambios de funcionarios responsables de la aplicación de las normas relativas al mercado único en los distintos Estados miembros. El 7 de abril, el Parlamento Europeo y el Consejo decidieron ampliar el programa hasta el 31 de diciembre de 1999(9).

La eficacia del mercado interior depende también de la correcta aplicación de sus normas en las jurisdicciones de la Unión. La acción Robert Schuman(10), recientemente adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo para un período de tres años, tiene por objetivo mejorar la aplicación del Derecho comunitario mejorando la formación y la información de los jueces y abogados. Al estimular la sensibilización de las profesiones jurídicas a los aspectos prácticos del Derecho comunitario, la acción Robert Schuman contribuye a la realización del potencial del mercado interior, en beneficio de los ciudadanos, de los consumidores y de las empresas. La acción trabaja en asociación con las instituciones responsables de la formación de jueces y abogados, que pueden solicitar apoyo financiero para proyectos específicos de formación o de información en el ámbito del Derecho comunitario.

En sus dos fases piloto de 1997 y 1998, se han seleccionado más de ochenta proyectos, elaborados a escala local, en el marco de la acción Robert Schuman. Los resultados de los proyectos que se encuentran ya en una fase avanzada de realización y la reacción de los profesionales demuestran el éxito de la iniciativa y la magnitud de las necesidades de formación en Derecho comunitario de los jueces y abogados, a las que la acción intenta responder. El primer año de la acción Robert Schuman empieza con una convocatoria de propuestas que se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas a principios de 1999.

La mejora y la simplificación de la legislación siguen siendo una importante prioridad política. En 1998 concluyó la fase III y se puso en marcha la fase IV de la iniciativa sobre la simplificación de la legislación en el mercado interior (iniciativa SLIM), mientras que las conferencias consagradas a la mejora de la normativa, organizadas por las Presidencias británica y austriaca, mostraron la creciente atención que se presta a este tema a nivel nacional. También se puso en marcha, como proyecto piloto el grupo de expertos de empresas europeas, que permite a las empresas evaluar de antemano las dificultades administrativas y los costes que se derivan de ajustarse a las nuevas propuestas legislativas(11). Este impulso político en favor de la simplificación y la mejora de la legislación favorece la creación de un entorno que permite a las empresas y a los ciudadanos aprovechar todas las ventajas del mercado único.

El diálogo con los ciudadanos y las empresas, que lanzó el Consejo Europeo de Cardiff, tiene por objetivo informar, a través del teléfono y de Internet, sobre la manera de ejercer los derechos que confiere la legislación comunitaria. Permite también la retroalimentación informativa sobre los problemas surgidos en este ámbito. OSIS (ventanilla única de Internet), que se puso "en línea" en diciembre de 1998 en el marco del diálogo con las empresas, permite el acceso directo a un amplio abanico de informaciones útiles sobre la manera de ejercer actividades comerciales en el mercado único.

Tres de las cuatro medidas legislativas prioritarias fijadas en el plan de acción han sido aprobadas, a saber, las que se refieren al mercado interior del gas, a la protección jurídica de los inventos biotecnológicos y al mecanismo de transparencia de los servicios de la sociedad de la información. No obstante, el hecho de que la cuarta propuesta prioritaria, es decir el estatuto de la sociedad europea, no se haya adoptado, ha impedido la aprobación de algunas propuestas conexas, como la propuesta de décima Directiva sobre las fusiones transfronterizas. Se han logrado los objetivos fijados con otras muchas medidas legislativas. Los progresos han sido especialmente importantes en el sector del comercio electrónico. También se han conseguido progresos apreciables en el ámbito de la liberalización de las telecomunicaciones y de la electricidad.

Entre las medidas destinadas a permitir que todos los ciudadanos se aprovechen de las ventajas del mercado único, figuran las propuestas de la Comisión relativas a las mejoras aportadas a los derechos de entrada y residencia de los trabajadores, así como su comunicación de 1 de julio, en la que se expone su futura propuesta sobre la creación de derechos unificados para todos los ciudadanos de la Unión. La supresión de los controles en las fronteras se efectuará en lo sucesivo sobre la base del artículo 62 del Tratado CE, modificado por el Tratado de Amsterdam.

Cabe señalar que en su Comunicación sobre el seguimiento de las recomendaciones del grupo de alto nivel sobre la libre circulación de las personas [Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 1 de julio de 1998, COM (1998) 403 final], la Comisión pone de relieve la necesidad de mejorar la información de los ciudadanos sobre sus derechos y la formación e información de todos los participantes en el ejercicio de la libre circulación. El objetivo consiste en garantizar así una aplicación concreta del Derecho comunitario de la libre circulación de las personas.

2.1.2. Libre circulación de las personas y ciudadanía de la Unión

2.1.2.1. Prohibición de las discriminaciones

En materia de procedimiento civil y de acceso a la justicia, tal como indicaba ya en su informe de 1997, la Comisión vela por que la jurisprudencia creada por el Tribunal de Justicia en los asuntos C-43/95 (Data Delecta)(12), C-323/95 (Hayes)(13) y C-122/96 (Saldanha)(14) acerca de la prohibición de la cautio judicatum solvi discriminatoria (la obligación de que sólo los solicitantes comunitarios que actúan en los tribunales de un Estado miembro distinto del de origen abonen una cantidad destinada a garantizar el importe de los gastos de justicia) sea respetada por las autoridades nacionales. El 8 de julio de 1998, la Comisión envió a las autoridades alemanas y españolas sendos dictámenes por los que se impugna la conformidad con el artículo 6 del Tratado de la obligación impuesta a los nacionales comunitarios de prestar tal fianza prevista, respectivamente, en el ZPO alemán y la LEC española. Alemania modificó su normativa ajustándose al dictamen motivado y el asunto se archivó. En España se halla en curso de aprobación un proyecto de ley relativo al procedimiento civil. En este último caso y al no haberse producido todavía la aprobación, la Comisión decidió interponer recurso ante el Tribunal en diciembre de 1998.

2.1.2.2. Entrada y residencia

Las Directivas del Consejo relativas al derecho de residencia de los estudiantes (93/96/CE), jubilados (90/365/CEE) y demás personas no activas (90/364/CEE) han sido ya incorporadas por todos los Estados miembros, siendo el último de ellos Alemania. Continúan los procedimientos de infracción relativos a la incorporación incorrecta de las tres Directivas mencionadas.

La Comisión ha decidido este año llevar a Francia e Italia ante el Tribunal de Justicia por la incorporación de las disposiciones de las Directivas relativas a la declaración de recursos de los estudiantes, los recursos de los jubilados y personas no activas, así como por el seguro de enfermedad de los estudiantes, jubilados y personas no activas.

Otros procedimientos relativos a la incorporación incorrecta de las tres Directivas están en una fase menos avanzada (Alemania y Austria).

Los procedimientos incoados por incorporación incorrecta contra España, Portugal, Finlandia y Suecia fueron archivados en 1998 gracias a la modificación de las legislaciones nacionales afectadas.

El 30 de marzo de 1998, la Comisión interpuso ante el Tribunal de Justicia un recurso contra Grecia [asunto C-85/98(15)]. El objeto de ese recurso es la práctica de las autoridades griegas de someter la expedición de los permisos de residencia de los nacionales de terceros países miembros de la familia de ciudadanos de la Unión a la percepción de un derecho superior al aplicado a la expedición del permiso de residencia de los ciudadanos de la Unión. La Comisión opina que esta diferencia de trato es contraria a las Directivas en materia de derecho de residencia.

2.1.2.3. Derecho de voto y de elegibilidad

Tras la entrada en vigor de la Directiva 94/80/CE del Consejo, el 1 de enero de 1996, los ciudadanos de la Unión que residen en un Estado miembro del que no son nacionales pudieron participar este año en las elecciones municipales que se desarrollaron en Alemania (Schleswig-Holstein, Baviera y Brandenburgo), en Austria (el Tyrol), en los Países Bajos, Irlanda, Grecia y en Suecia.

Como guardiana de los Tratados, la Comisión siguió, durante 1998, los procedimientos destinados a garantizar la incorporación de la Directiva 94/80/CE en todos los Estados miembros. El procedimiento de infracción contra Francia fue archivado tras la adopción por ese país de una ley de incorporación en el mes de mayo. Continúan los procedimientos incoados en 1997 contra Alemania (Sajonia y Baviera).

En su sentencia de 9 de julio de 1998 en el asunto C-323/97(16), el Tribunal de Justicia condenó a Bélgica por no comunicación de las medidas nacionales de incorporación de la Directiva.

Paralelamente, se incoaron procedimientos de infracción por incorporación incorrecta en siete de los nueve Estados federados austriacos.

El 7 de enero de 1998, la Comisión adoptó un informe sobre la aplicación de la Directiva 93/109/CE del Consejo, relativa al derecho de voto y de elegibilidad en las elecciones al Parlamento Europeo de los ciudadanos de la Unión que residan en un Estado miembro del que no son nacionales. Aunque el informe no propone ninguna modificación de la Directiva, indica algunas disposiciones cuya aplicación es mejorable. Se han incoado procedimientos de infracción por incorporación incorrecta a Grecia y Suecia, mientras que el procedimiento contra Italia fue archivado tras la modificación de la normativa correspondiente.

2.1.2.4. Profesiones reguladas

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia

En el marco de los procedimientos de infracción incoados sobre la base del artículo 171 del Tratado CE (incumplimiento de una sentencia del Tribunal), cabe indicar:

- El procedimiento incoado contra Grecia a raíz de las sentencias de 15 de marzo de 1988 [asunto C-147/86(17)] y de 30 de enero de 1992 [asunto C-328/90(18)] en el asunto de los Frontistiria (apertura de escuelas privadas) y de las escuelas privadas de danza y música fue archivado tras la aprobación de una nueva legislación conforme al Derecho comunitario.

- Prosiguen los procedimientos incoados sobre la base del artículo 171 relativos a la libre prestación de servicios por los guías turísticos en Italia y Francia [sentencia dictada el 26 de febrero de 1991 en los asuntos C-180/89(19) y C-154/89(20)]. Por lo que se refiere a Italia, continúa el examen de las disposiciones adoptadas por las regiones y, en el caso de Francia, la Comisión está a la espera de la entrada en vigor del proyecto de decreto notificado anteriormente.

- La Comisión decidió presentar un segundo recurso ante el Tribunal, con una solicitud de multa coercitiva, en el asunto relativo a la no comunicación de las medidas de incorporación de la Directiva 89/48/CEE del Consejo (primer sistema general de reconocimiento de diplomas) por parte de Grecia [véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de marzo de 1995 en el asunto C-365/93(21)].

Por lo que se refiere a las otras sentencias del Tribunal aún no ejecutadas, cabe señalar lo siguiente:

- A raíz de la sentencia de 22 de marzo de 1994 [asunto C-375/92(22)] contra España, relativa a la libre prestación de los guías turísticos, continúa, en cooperación con las autoridades españolas, el examen de los nuevos decretos relativos al ejercicio de la profesión que han sido adoptados por las Comunidades Autónomas.

Asuntos pendientes en el Tribunal de Justicia

La Comisión recurrió al Tribunal de Justicia por los asuntos siguientes:

- Contra Alemania, en relación con el acceso a la profesión de dentista (requisitos no previstos en las Directivas, 78/686/CEE y 78/687/CEE del Consejo relativas a los dentistas, por lo que se refiere a la admisión al registro de la seguridad social de los nacionales comunitarios titulares de diplomas obtenidos en los demás Estados miembros y conformes a las Directivas antes citadas).

- Contra España, por la Ley nacional por la que se incorpora la Directiva 85/384/CEE del Consejo, relativa a los arquitectos, que impone una restricción por lo que se refiere a la limitación del campo de actividad de los arquitectos migrantes. El recurso no se refiere a la duración máxima de las prestaciones de servicios en España impuesta a los arquitectos de los otros Estados miembros, ya que esa restricción ha sido suprimida de la legislación nacional.

- Contra Francia, en relación con el reconocimiento de los diplomas de enfermeros psiquiátricos obtenidos en otros Estados miembros sobre la base de los artículos 48, 52 y 59 del Tratado CE. En opinión de la Comisión, la legislación francesa por la que se permite el reconocimiento de tales diplomas no regulados por la Directiva sectorial establece un procedimiento que no se ajusta al Derecho comunitario.

Medidas nacionales de ejecución

El procedimiento incoado contra Grecia en virtud del artículo 169 del Tratado en relación con la Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de las formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE, se archivó después de que Grecia comunicara las medidas de incorporación.

Los procedimientos incoados contra varios Estados miembros en relación con la Directiva 94/38/CE, que introduce modificaciones a la Directiva 92/51/CEE por lo que se refiere al nivel de algunas calificaciones, han sido archivados.

No conformidad y aplicación incorrecta de las Directivas

En 1998, la Comisión recibió unas cincuenta denuncias por restricciones contrarias a los artículos 52 y 59 del Tratado CE así como a las Directivas que facilitan el reconocimiento mutuo de los diplomas con fines profesionales. Algunas de ellas dieron lugar al inicio de procedimientos de infracción, otras fueron archivadas por infundadas.

Los procedimientos incoados contra algunos Estados miembros, por incorporación o aplicación incorrectas de las Directivas han continuado. Cabe citar, por ejemplo, los procedimientos incoados contra España por lo que se refiere a la duración de la formación de los enfermeros responsables de cuidados generales, que se encuentra en la fase de dictamen motivado, y el procedimiento contra Italia, también en fase de dictamen motivado, relacionado con la prestación de servicios y el establecimiento de los abogados. En efecto, por una parte, la prohibición de apertura de un gabinete, establecida por la ley italiana de incorporación de la Directiva 77/249/CEE del Consejo (libre prestación de servicios por los abogados) es contraria a la sentencia de 30 de noviembre de 1995 del Tribunal de Justicia en el asunto C-55/94 (Gebhard)(23) y, por otra, la incorporación de la Directiva 89/48/CEE (primer sistema general de reconocimiento de los diplomas) está incompleta por lo que se refiere a la profesión de abogado. Además, la Comisión decidió presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia contra Italia (obligación en contradicción con los artículos 48 y 52 del Tratado) así como por lo que se refiere a la incorrecta incorporación de las Directivas 78/688/CEE y 78/678/CEE en lo relativo a la doble via de acceso a la profesión en particular.

En el procedimiento incoado contra España por las condiciones de reconocimiento de los diplomas obtenidos en países de América Latina, la Comisión decidió suspender la ejecución del recurso presentado en 1996, debido a la evolución positiva del asunto. En efecto, por una parte, las autoridades españolas han hecho progresos en la renegociación de las cláusulas de los acuerdos internacionales relativas al reconocimiento de los diplomas y, por otra, una reciente sentencia del Tribunal Supremo español reconoce como ajustados a Derecho el control efectuado por la administración española sobre la formación adquirida en un tercer país y el examen que se exige como condición previa al reconocimiento en caso de carencias comprobadas en la formación.

Diálogo con las autoridades nacionales

Con el fin de reforzar la cooperación administrativa y aportar soluciones rápidas a los problemas detectados, la Comisión mantuvo en 1998 contactos regulares con las autoridades nacionales tanto en el marco del grupo de coordinadores para las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE (sistema general de reconocimiento de diplomas), como en el marco de los Comités de altos funcionarios (especialmente de la salud pública).

2.1.2.5. Agentes comerciales independientes

El 13 de julio de 1998, la Comisión envió a Italia un dictamen motivado con arreglo al artículo 169 del Tratado, por no haber adoptado todas las medidas necesarias para incorporar correctamente la Directiva 86/653/CEE, relativa a los agentes comerciales. Italia incorporó esta Directiva en 1991, pero no incorporó varias disposiciones relativas a las condiciones en las cuales el agente tiene derecho a recibir una indemnización al final de su contrato, a recibir una copia escrita del contrato, y a cobrar una comisión sobre las operaciones concluidas gracias a su intervención, después del final del contrato de agencia. En este caso, el 2 de diciembre de 1998, la Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia.

Además la Comisión decidió enviar una carta de emplazamiento al Reino Unido por incorporación incorrecta de la Directiva 86/653/CEE. La Directiva fue parcialmente incorporada en el Reino Unido en 1993 por las "Commercial Agents Regulations (SI N° 3053 and SI N° 483)". No obstante, tal normativa no se aplicaba a los contratos de agencia cuando el agente ejerce su actividad en un Estado miembro distinto del Reino Unido y las partes no han elegido la legislación de otro Estado miembro como la legislación aplicable a su contrato. Por ejemplo, si un comitente inglés y un agente francés han celebrado un contrato de agencia y han decidido que ese contrato se regirá por la ley británica, no se aplicaría la legislación británica por la que se incorpora la Directiva y el contrato se regiría por un derecho común preexistente. Por consiguiente, el agente francés no tendría derecho a la compensación tras el final del contrato según las condiciones impuestas por la Directiva, lo que es contrario a los objetivos de ésta. Tras la carta de emplazamiento el Reino Unido modificó su normativa el 19 de noviembre de 1998 de conformidad con las observaciones de la Comisión, en vista de lo cual se archivó el caso.

2.1.3. Libre circulación de mercancías

2.1.3.1. Artículo 30 y siguientes del Tratado

Dado que, para el buen funcionamiento del mercado interior, es esencial que se respete el principio de libre circulación de mercancías, la Comisión presta una atención muy especial a la aplicación de los artículos 30 a 36 del Tratado. El volumen de expedientes en los que se cuestionan diversas medidas oficiales susceptibles de obstaculizar los intercambios sigue siendo significativo, aunque las estadísticas demuestran que tal volumen permanece estable desde los tres últimos ejercicios. El número de nuevas denuncias registradas por la Comisión en 1998 asciende a 132. El número de expedientes de infracción no archivados al 31 de diciembre de 1998 asciende a 323.

A la vista de estas cifras, cabe constatar que el contencioso sobre la libre circulación de mercancías está evolucionando. Los artículos 30 y siguientes deben desempeñar, más que nunca, el papel de "muro de contención". El Derecho comunitario derivado ha llegado a una fase de desarrollo muy importante y contiene normas uniformes o armonizadas para evitar un amplio abanico de obstáculos a los intercambios, si bien no debe sustituir a las normativas nacionales. Por una parte, el principio de subsidiariedad exige que la acción comunitaria se limite a lo que es estrictamente necesario adoptar a escala comunitaria, es decir, a aportar soluciones jurídicas a problemas que desbordan el marco nacional. Por otra parte, incluso en los sectores más regulados a escala comunitaria, hay con frecuencia aspectos que afectan a los productos, a su presentación, o a la actividad de las empresas del sector, que plantean problemas de un Estado a otro y que deben tratarse sobre la base de las normas generales del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías. La instrucción de este tipo de asuntos es cada vez más compleja desde el punto de vista jurídico, ya que se trata de determinar el alcance de las obligaciones que incumben a los Estados miembros a partir de una multitud de fuentes legislativas y reglamentarias, por una parte el Derecho primario y por otra el Derecho derivado. Los expedientes son también, desde un punto de vista técnico, más complejos que antes. Si el Derecho comunitario derivado y la acción de la Comisión sobre la base del artículo 30 del Tratado han permitido introducir progresivamente el principio de libre circulación en las leyes y las prácticas administrativas nacionales, ello quiere decir que los casos de obstáculos a los que se enfrentan los operadores se refieren cada vez más, por ejemplo, no a la aceptación por parte de un Estado del principio de reconocimiento mutuo, sino más bien a la manera concreta en que se aplica ese principio en un caso específico, en el que no se acepta un determinado producto en el Estado miembro de destino. Para la Comisión, ello implica unos análisis técnicos a menudo profundos de esos productos, sus implicaciones para la salud o para la seguridad, y el análisis correspondiente de las normas nacionales que impiden su aceptación.

La complejidad técnica y jurídica de los expedientes hace que la Comisión continúe haciendo hincapié en métodos de solución de los problemas denunciados que se basan en la estrecha colaboración con las autoridades nacionales. Un diálogo eficaz permite reconciliar lo mejor posible los distintos intereses en juego, y el equilibrio entre las preocupaciones legítimas de los Estados miembros en defensa de la salud y la seguridad públicas, y el imperativo de garantizar la aplicación uniforme y eficaz de las normas comunitarias. A tal fin, la Comisión favorece el instrumento de las "reuniones paquete", como marco en el que un debate abierto e informal puede aportar soluciones rápidas a los obstáculos denunciados por los operadores. En 1998, se celebraron en Luxemburgo reuniones de este tipo con todos los Estados miembros. En general, el porcentaje de éxito de estas reuniones es elevado: del total de asuntos examinados, más del 50 % se arreglaron, bien en el transcurso de la reunión, bien mediante la aprobación por el Estado miembro de una medida que responde a un compromiso asumido en la reunión. En cuanto a los expedientes conflictivos, representan por término medio un porcentaje apenas superior al 10 % de los expedientes tratados.

La eficacia de las reuniones paquete refleja el interés que los Estados miembros tienen en este instrumento. Fueron dichos Estados quienes rogaron a la Comisión que reanudara su iniciativa, lanzada en 1997, de reunir una vez al año a los Presidentes de las delegaciones nacionales que participan en las reuniones paquete. Tal encuentro, que tuvo lugar por segunda vez en febrero de 1998, permitió la consolidación de una red informal entre los servicios de la Comisión y los Presidentes nacionales, así como entre éstos. Esta estructura demostró su eficacia en la búsqueda de soluciones rápidas y flexibles a denuncias referentes a casos aislados y específicos. Los funcionarios nacionales interesados se ven a veces también implicados en el funcionamiento de las células de mercado interior, que podrían definirse como unidades que se interesan, en una Administración nacional, por el seguimiento de las denuncias procedentes de los operadores del país en cuestión que encuentran dificultades en otros Estados miembros. Estas células se dirigen a los servicios de la Comisión cuando las redes de colaboración administrativa no les permiten solucionar los problemas denunciados. Dichas células han desarrollado una interfaz flexible e informal con los servicios de la Comisión. Hasta ahora, se han creado células de este tipo en Dinamarca, el Reino Unido, Francia y España.

Por lo que se refiere a los sectores en los que más se solicitó la intervención de la Comisión en 1998, cabe citar en primer lugar el sector de los vehículos de motor. Los nacionales de la Unión Europea que dejan un Estado miembro para establecerse en otro siguen encontrando dificultades en la matriculación de sus vehículos en el país de destino, a pesar de la existencia de directrices claras en las que se estipulan los trámites admitidos por las disposiciones del Tratado CE relativas a la libre circulación de mercancías. Aunque su número disminuye debido a las intervenciones de la Comisión en este ámbito desde hace muchos años, tales denuncias siguen representando alrededor del 20 % del total de denuncias recibidas por la Comisión relativas a los obstáculos a los intercambios de mercancías. La Comisión consiguió solucionar en 1998 problemas surgidos en Francia, Portugal y Alemania. Las autoridades nacionales competentes han simplificado ya el procedimiento de matriculación de los coches y ciclomotores importados por particulares, por ejemplo reduciendo el tiempo necesario para la realización de los trámites.

Otros sectores en los que la Comisión recibe frecuentes denuncias de los operadores son la comercialización de complementos alimentarios y los productos alimentarios enriquecidos con vitaminas y nutrientes. Las relaciones entre el comercio y el medio ambiente preocupan también a las empresas europeas. Así por ejemplo, la Comisión ha tenido que ocuparse de algunos regímenes nacionales relativos al tratamiento de los residuos, en particular por lo que se refiere a los embalajes, así como algunos regímenes por los que se establecen los "impuestos ecológicos". Las importaciones paralelas de pesticidas, los criterios para la fijación de los precios de las especialidades farmacéuticas, la denominación de venta de los productos del chocolate y la comercialización de labores de metales preciosos constituyen otros ámbitos en los que los operadores comunitarios reclaman la intervención de la Comisión.

Por lo que se refiere a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cabe citar dos sentencias destacadas en el ámbito considerado. Comenzando cronológicamente por la última, el Tribunal secundó a la Comisión en el recurso que ésta presentó contra Francia por haber omitido incluir, en su normativa relativa al foie gras y a los preparados a base de foie gras, una cláusula de reconocimiento mutuo que permita la aceptación de productos de ese tipo legalmente fabricados y/o comercializados en otros Estados miembros. El Tribunal confirma que los Estados miembros tienen que incluir tales cláusulas en su legislación, cada vez que supeditan la comercialización de un determinado producto al cumplimiento de normas precisas relativo a su composición o de otras condiciones a las cuales dicho producto debe responder [sentencia de 22 de octubre de 1998 en el asunto C-184/96: Comisión contra República Francesa(24)]. Esto consagra la práctica constante de la Comisión de reclamar a los Estados miembros (en particular, en el marco de procedimientos de notificación establecidos por la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, véase la rúbrica siguiente) la inserción de este tipo de cláusulas en sus normativas nacionales con el fin de evitar la creación de barreras técnicas a los intercambios.

La otra sentencia del Tribunal cuya importancia no podría subestimarse es la dictada el 9 de diciembre de 1997 en el asunto C-265/95: Comisión contra República Francesa(25)), en la que el Tribunal secundó también a la Comisión cuando ésta reprocha a Francia haber infringido el artículo 30 del Tratado al no haber adoptado todas las medidas necesarias y proporcionadas para que las acciones de los particulares no obstaculicen la libre circulación de las frutas y hortalizas procedentes, en particular, de España. En esa sentencia, el Tribunal estableció el principio según el cual un Estado miembro tiene la obligación de contribuir activamente a la protección del principio de libre circulación de las mercancías, incluso frente a los actos de los particulares, pues, de lo contrario, puede ser considerado responsable de incumplimiento de las disposiciones del Tratado.

La sentencia antes citada confirma, por otra parte, el fundamento de la iniciativa adoptada por la Comisión, tras la petición del Consejo Europeo de Amsterdam del 16 y el 17 de junio de 1997, de proponer un instrumento adecuado para que la Comunidad pueda reaccionar rápida y eficazmente a graves ataques al principio de libre circulación de mercancías. La propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un mecanismo de intervención destinado a eliminar algunos obstáculos a los intercambios(26) recibió el acuerdo político del Consejo el 18 de mayo de 1998 así como el dictamen favorable del Parlamento Europeo el 5 de noviembre de 1998 y fue adoptado por el Consejo el 7 de diciembre de 1998 [Reglamento (CE) n° 2679/98(27)]. La Comisión no puede sino congratularse por la rapidez con la cual el conjunto de las instituciones dio curso a la petición del Consejo Europeo para crear un instrumento que pueda colmar las esperanzas tanto de las distintas Administraciones nacionales como de los agentes económicos.

Por último, la Comisión se congratula de la progresiva puesta en marcha del instrumento de transparencia que establece la Decisión n° 3052/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en virtud de la cual los Estados miembros tienen la obligación de notificar a la Comisión las medidas nacionales que constituyen excepciones al principio de libre circulación de mercancías. Durante el año 1998, se notificaron 68 medidas nacionales, la mayoría de ellas relativas a la comercialización de complementos alimentarios.

2.1.3.2. Normas de prevención previstas en la Directiva 98/34/CE(28) (antigua Directiva 83/189/CEE)

El procedimiento de información que establece la Directiva 98/34/CE es un instrumento fundamental de prevención de los obstáculos a los intercambios y de información mutua. Esta Directiva obliga a los Estados miembros a que presenten los proyectos de normativa técnica a un control previo a su adopción definitiva en el marco del procedimiento de información. Quedan excluidas del procedimiento sobre todo las normativas técnicas adoptadas para ajustarse a las obligaciones que se derivan de actos comunitarios.

En 1998, la Comisión recibió 604 proyectos de normativa técnica que fueron examinados por los servicios correspondientes de la Comisión. La cifra fue de 523(29) en 1996 y de 900 en 1997(30). Estas cifras ponen de manifiesto que, a pesar de la realización del mercado interior, los Estados miembros siguen adoptando una multitud de normativas técnicas. Estas normativas corren el riesgo de cuestionar el mantenimiento de este mercado y la integridad de beneficios que aporta al conjunto de sus agentes económicos.

De las 604 notificaciones de 1998, 60(31) fueron objeto de un dictamen detallado según el cual la medida considerada debe modificarse con el fin de eliminar infracciones al Derecho derivado comunitario o eliminar obstáculos injustificados a la libre circulación de bienes que de ello pudieran derivarse. Los Estados miembros emitieron, por su parte 99 dictámenes detallados(32). En uno de ellos(33), la Comisión solicitó que se demorara un año la aprobación de la medida nacional notificada, anunciando su intención de proponer actos de armonización comunitaria y 10(34) fueron también aplazadas un año, ya que se referían a una materia cubierta por una propuesta de Directiva o de Reglamento presentados al Consejo.

Desde 1989, la Comisión garantiza el cumplimiento de la obligación de notificación mediante el examen sistemático de las publicaciones oficiales de todos los Estados miembros. Cuando la Comisión observa una violación de la Directiva 98/34/CE, entabla un diálogo con el Estado miembro interesado con el fin de que solucione la situación, o incluso inicia un procedimiento de infracción con arreglo al artículo 169 del Tratado CE. A finales de 1998, estaban en curso de instrucción aproximadamente 30 procedimientos de este tipo.

Por otra parte, el 16 de junio de 1998, el Tribunal de Justicia tuvo que clarificar, en el marco de un procedimiento prejudicial, el alcance del principio de no oponibilidad de las normas técnicas adoptadas en incumplimiento de la Directiva 98/34/CE que consagró en su sentencia IA-Sécuritel de 30 de abril de 1996 (véase la sentencia Lemmens, en el asunto C-226/97).

2.1.3.3. Legislación armonizada

Las cuestiones relativas a los productos agrícolas se recogen en el apartado 2.13.2.

2.1.3.3.1. Productos alimenticios

Generalmente, en el sector de los productos alimenticios, los Estados miembros adoptan las medidas de ejecución de las Directivas sin por ello respetar en todos los casos los plazos fijados en las mismas.

En 1998 se notificó a la Comisión un número considerable de medidas de incorporación. Así, 89 infracciones por no comunicación fueron archivadas antes de finales de año. Durante 1998, la Comisión envió una carta de emplazamiento en 32 expedientes. Paralelamente, se enviaron 15 dictámenes motivados y la Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia en 2 expedientes.

Con respecto a los casos de aplicación incorrecta de las Directivas y Reglamentos relativos a los productos alimenticios, la Comisión decidió enviar dos cartas de emplazamiento y archivó dos expedientes que habían sido objeto de dictámenes motivados.

Al mismo tiempo, se han recibido cerca de una decena de denuncias, de las que se han resuelto unas cuantas tras un intercambio de correo entre los servicios de la Comisión y las autoridades nacionales.

2.1.3.3.2. Productos farmacéuticos

En 1998, se notificaron prácticamente todas las medidas de incorporación que quedaban por transmitir a la Comisión. A finales de octubre de 1998, trece de los quince Estados miembros habían incorporado todas las Directivas aplicables en el sector de los productos farmacéuticos. Sólo Francia y Bélgica deben aún concluir la incorporación. Tras los procedimientos de infracción incoados por la Comisión, el Tribunal de Justicia dictó en 1998 las siguientes sentencias en los casos de no incorporación pendientes:

- 12 de febrero de 1998 en el asunto C-144/97: no incorporación por Francia de la Directiva 92/74/CEE,

- 12 de marzo de 1998 en el asunto C-163/97: no incorporación por Bélgica de la Directiva 92/74/CEE,

- 15 de octubre de 1998 en el asunto C-283/97: no incorporación por Bélgica de la Directiva 92/73/CEE,

- 15 de octubre de 1998 en el asunto C-284/97: no incorporación por Francia de la Directiva 93/40/CEE.

Subsisten también algunos problemas generales con respecto a la interpretación y a la aplicación de las Directivas farmacéuticas por los Estados miembros, problemas que se refieren principalmente a las distintas interpretaciones que dan los Estados miembros al término "producto medicinal" (que a veces dan lugar a obstáculos a la libre circulación de mercancías) así como denuncias relativas al supuesto incumplimiento por las autoridades nacionales competentes de las disposiciones de la Directiva 89/105/CEE sobre la transparencia. La incorporación y la aplicación de los incisos i) a iii) de la letra a) del apartado 8 del artículo 4 de la Directiva 65/65/CEE por los Estados miembros y la gestión de la nueva autorización de productos medicinales "antiguos" son también objeto de procedimientos de infracción en curso.

La Comisión examina atentamente estos problemas y estas denuncias. Conviene indicar que está ya muy avanzado un proyecto de codificación de la legislación farmacéutica (humana y veterinaria) y que tal codificación mejorará la claridad de la legislación y, en definitiva, la eficacia de su aplicación. Cabe esperar que la Comunicación de la Comisión relativa a los procedimientos comunitarios de autorización de comercialización de los medicamentos (DO C 229 de 22.7.1998, p. 4), que se publicó el 22 de julio de 1998, encaminada a clarificar los procedimientos de reconocimiento centralizados y mutuos, tendrá el mismo efecto.

2.1.3.3.3. Productos químicos

Las últimas Directivas del sector químico, relativas a la limitación de la comercialización de las sustancias y preparados peligrosos y de los abonos, han sido incorporadas al Derecho nacional por la mayor parte de los Estados miembros, a menudo tras el inicio de los procedimientos de infracción.

La no comunicación de la incorporación de las Directivas 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE y 97/64/CE, relativas a la limitación de la comercialización de algunas sustancias peligrosas, de la Directiva 96/65/CE, relativa al etiquetado, envasado y clasificación de los preparados peligrosos, y de la Directiva 97/63/CE, relativa a los abonos, dio lugar al envío de 19 dictámenes motivados a los distintos Estados miembros. Por lo que se refiere a la Directiva 97/63/CE, relativa a los abonos, que motivó el inicio de un gran número de procedimientos de infracción, sólo cuatro siguen abiertos a finales de 1998.

La Directiva 97/56/CE, por la que se modifica por decimosexta vez la Directiva 76/769/CEE, relativa a la limitación de la comercialización y utilización de algunas sustancias y preparados peligrosos alcanzó el plazo límite de incorporación a finales de año y sólo ha sido incorporada por dos Estados miembros. Por el contrario, la Directiva 98/3/CE, relativa a los abonos, que se encuentra en la misma situación, ha sido incorporada por siete Estados miembros.

De un modo más general, a finales de 1998, faltan 51 medidas de incorporación relativas a 8 Directivas. Las medidas de incorporación se ajustan normalmente a las Directivas incorporadas.

2.1.3.3.4. Vehículos de motor, tractores, ciclomotores

El 1 de enero de 1996, se convirtió en obligatorio el procedimiento comunitario de homologación para los nuevos tipos de vehículos de la categoría M1, con lo que se convirtieron en obligatorias las distintas Directivas.

Con la adopción, el 14 de julio de 1997, de la Directiva 97/24/CEE, relativa a algunos elementos o características de los vehículos de motor de dos o tres ruedas, concluyó el procedimiento comunitario de homologación de los velomotores, motocicletas y triciclos. La incorporación de esta Directiva estaba prevista, a más tardar, para el 18 de diciembre de 1998. Después de esa fecha, la homologación de vehículos enteros es posible de manera facultativa durante un período de seis meses y pasará a ser obligatoria a partir del 17 de junio de 1999.

El porcentaje de incorporación efectivo es extremadamente elevado, siendo pocos los retrasos. En los casos relativamente poco frecuentes en los que se produce un retraso, el inicio del procedimiento de infracción basta normalmente para garantizar la incorporación en breve plazo. Sin embargo, la incorporación de algunas Directivas seguía incompleta a finales de 1998. Así, siete Estados miembros no habían incorporado la Directiva 97/24/CE, relativa a algunos elementos o características de los vehículos de motor de dos o tres ruedas, mientras que seis Estados miembros aún tenían que incorporar la Directiva 98/14/CE, relativa a la homologación de los vehículos de motor y de sus remolques, y la Directiva 97/54/CE, relativa a la velocidad máxima por construcción de los tractores agrícolas o forestales de ruedas. La Directiva 98/77/CE, relativa a las medidas que deben tomarse contra la contaminación del aire por las emisiones de los vehículos de motor, y la Directiva 98/90/CE, relativa a las puertas de los vehículos de motor y de sus remolques, que tenían que estar incorporadas al 31 de diciembre de 1998, sólo habían sido incorporadas por un único Estado miembro en la fecha prescrita.

2.1.3.3.5. Productos de construcción

Tras la condena de Bélgica por el Tribunal de Justicia (sentencia de 18 de diciembre de 1997), el texto del Real Decreto por el que se incorpora la Directiva 89/106/CEE fue comunicado a los servicios de la Comisión el 26 de agosto de 1998.

Por lo que se refiere a la incorporación de la Directiva 89/106/CEE por Austria, se incoó un procedimiento de infracción, ya que algunos artículos de la legislación austriaca no se ajustan a la Directiva.

En el marco del procedimiento de infracción en curso contra Grecia en relación con el control de la calidad de algunos aceros importados, se envió un dictamen motivado a las autoridades griegas el 4 de diciembre de 1998.

2.1.3.3.6. Bienes de equipo

(Mecánica, electromecánica, equipos de protección individual, aparatos de gas, preenvasado, metrología legal, productos médicos y barcos de recreo)

Durante 1998 se han realizado progresos considerables en la incorporación de las Directivas pertenecientes a los sectores citados. Así, la mayoría de las Directivas cuyo plazo de incorporación vencía el 31 de diciembre de 1998 y, en particular, las Directivas 73/23/CEE, 88/378/CEE, 89/336/CEE, 89/392/CEE, 89/686/CEE, 90/385/CEE y 90/396/CEE, a las que se hacía mención en el decimoquinto Informe anual, del año 1997, anteriormente citado, han sido incorporadas a todas las legislaciones nacionales, si bien sigue habiendo problemas con cuatro Directivas que se examinan más adelante.

También se constatan numerosos progresos en los casos de aplicación incorrecta de las Directivas o de no conformidad del Derecho nacional con las mismas. Sin embargo, sigue habiendo dificultades, en particular con las Directivas 89/392/CEE (máquinas), 89/686/CEE (equipos de protección individual) y 90/396/CEE (aparatos de gas) en las que se concentran alrededor de los dos tercios de las dificultades.

En 1998 se trataron 78 casos de infracción, 24 de ellos registrados en 1998. A finales de año, sigue habiendo 37, entre los que figuran 9 casos de no comunicación y otros 28 distintos de los casos de no comunicación.

En total, en 1998, se enviaron nueve dictámenes motivados, habiéndose recurrido una vez ante el Tribunal de Justicia.

Por lo que se refiere a los casos de no comunicación, la situación es la siguiente.

Bélgica aún no ha incorporado la Directiva 93/42/CEE del Consejo relativa a los productos médicos.

Por lo que se refiere a la Directiva 94/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los aparatos y sistemas de protección destinados a ser utilizados en atmósfera explosiva, se ha enviado un dictamen motivado a Bélgica, habiéndose además sometido al Tribunal de Justicia la no incorporación de esta Directiva por Irlanda.

Por lo que se refiere a la Directiva 95/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los ascensores, se envió un dictamen motivado a Francia, Italia y Luxemburgo.

Por último, por lo que se refiere a la Directiva 97/53/CE de la Comisión, relativa al material eléctrico utilizable en atmósfera explosiva, se envió un dictamen motivado a Grecia, Luxemburgo y Portugal. El período transitorio previsto en dicha Directiva terminó el 16 de junio de 1998.

Por lo que se refiere a los barcos de recreo, tres Estados miembros no habían aún incorporado la Directiva 94/25/CE a principios de 1998: Bélgica, España e Irlanda. En el caso de Finlandia, la incorporación sólo era parcial, al no haber sido efectuada por las Islas Åland.

En este contexto, todos los procedimientos del artículo 169 en curso contra España, Irlanda y Bélgica han sido archivados, así como los incoados contra Finlandia, tras la notificación por estos Estados de las medidas nacionales de incorporación correspondientes.

2.1.3.3.7. Productos cosméticos

En 1998, la Comisión ha constatado ciertos progresos en la aplicación de la normativa comunitaria relativa a los productos cosméticos.

Por lo que se refiere a los casos de no comunicación de las medidas nacionales de incorporación de Directivas comunitarias, la Comisión ha sobreseído numerosos procedimientos de infracción incoados contra algunos Estados miembros. No obstante, la Comisión deplora que cada una de las Directivas adoptadas por la Comisión desde 1995 por las que se adapta al progreso técnico la Directiva 76/768/CEE del Consejo, así como las Directivas relativas a los métodos de análisis para el control de la composición de los productos cosméticos, siga aún sin ser aplicada al menos por un Estado miembro de la Comunidad. A este respecto, conviene recordar que la Directiva 97/18/CE (por la que se aplaza la fecha a partir de la cual quedan prohibidos los experimentos con animales para ingredientes o combinaciones de ingredientes de productos cosméticos) hubiera debido incorporarse al Derecho nacional a más tardar el 31 de diciembre de 1997, con el fin de garantizar a los agentes económicos una determinada seguridad jurídica, independientemente de que tales pruebas sean realizadas o no en los Estados miembros. El hecho de que la Comisión tenga la intención de presentar próximamente al Consejo y al Parlamento una propuesta de Directiva relativa a la prohibición de las pruebas sobre los animales para probar los productos cosméticos terminados y sus ingredientes no pueden eximir a los Estados miembro del cumplimiento de sus obligaciones. Además, habida cuenta de la complejidad de los anexos, la Comisión recuerda la necesidad de hacer claramente mención, en cada medida nacional de ejecución, de la Directiva que el texto pretende incorporar.

Por lo que se refiere a la Directiva 93/35/CEE del Consejo, por la que se modifica por sexta vez la Directiva 76/768/CEE, la acción de la Comisión se vio parcialmente recompensada en 1998, ya que el texto ha sido ya incorporado en todos los Estados miembros, aunque de manera más o menos completa.

La Comisión está examinando en profundidad los casos de infracción distintos de los de no comunicación de las medidas nacionales, y los intercambios que tienen lugar entre ella y las autoridades nacionales permiten determinar soluciones satisfactorias tanto para la industria cosmética como para las autoridades competentes.

2.1.3.3.8. Productos textiles y calzado

El plazo de incorporación de la Directiva 97/37/CE de la Comisión por la que se adaptan al progreso técnico los anexos I y II de la Directiva 96/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las denominaciones textiles, venció el 1 de junio de 1998, habiéndose registrado en ese año una serie de medidas nacionales de incorporación de esta Directiva. Sólo Italia, Bélgica y Luxemburgo no han incorporado la Directiva 97/37/CE, por lo que están en marcha procedimientos de infracción contra estos tres Estados.

Por lo que se refiere a la Directiva 94/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en relación con el etiquetado de los materiales utilizados en los componentes principales del calzado destinado a la venta al consumidor, se ha enviado un procedimiento de infracción a Luxemburgo por no comunicación de las medidas nacionales de incorporación.

2.1.3.3.9. Responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos

Al adoptar la Ley n° 389-98 de 19 de mayo, relativa a la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos(35), Francia ha incorporado finalmente la Directiva 85/374/CEE del Consejo. A falta del texto de incorporación, la Comisión decidió, el 31 de marzo de 1998, recurrir al Tribunal de Justicia en virtud del artículo 171 del Tratado. Era la primera vez que la Comisión pedía que se impusieran sanciones pecuniarias a Francia de conformidad con esta disposición (158250 ecus al día)(36).

2.1.3.4. Regímenes especiales de libre circulación

Bienes culturales

El 24 de junio de 1998, la Comisión decidió enviar sendos dictámenes motivados a cinco Estados miembros por no comunicación de las medidas nacionales de incorporación de la Directiva 96/100/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica el anexo de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro. A raíz de las incorporaciones notificadas, la Comisión decidió en diciembre de 1998 archivar los procedimientos contra cuatro países. La Comisión prosigue el procedimiento contra Francia.

Por lo que se refiere a los asuntos C-413/97 (Alemania) y C-415/97 (Italia) presentados por no comunicación de las medidas de incorporación de la Directiva principal 93/7/CE del Consejo, la Comisión retiró el recurso dada la notificación de las medidas durante el año.

Explosivos

Por lo que se refiere a la Directiva 93/15/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, relativa a la armonización de las disposiciones sobre la comercialización y el control de los explosivos con fines civiles, las medidas de incorporación se ajustan normalmente a las Directivas incorporadas, con excepción de dos casos de infracción por incorporación incorrecta.

2.1.3.5. Unión aduanera

En materia aduanera, la actividad de la Comisión se desarrolla en torno a varias funciones, la principal de las cuales consiste en concebir, aplicar y gestionar los instrumentos aduaneros necesarios para la aplicación de las políticas comunes (política comercial, política agrícola, medio ambiente, salud pública etc.) de la Comunidad Europea a fin de controlar las fronteras exteriores, contribuyendo a la seguridad de los ciudadanos europeos y a la lealtad de los intercambios para las empresas, en el marco del mercado interior y de la unión económica y monetaria.

A este respecto, el control de la correcta aplicación de las disposiciones comunitarias sigue siendo, por supuesto, un elemento esencial de la acción de la Comisión en este sector. Así por ejemplo, a raíz de esta acción, Italia adaptó su legislación al código aduanero comunitario, para ajustarlo a las normas previstas en materia de representación, directa o indirecta, en aduana.

Cabe también destacar a este respecto que Alemania se ha ajustado a la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de septiembre de 1996 en el asunto C-61/94(37), relativo a la importación de productos lácteos en el marco del régimen de perfeccionamiento activo. En efecto, la Comisión había cuestionado que pudiera autorizarse tal importación, dado que el valor en aduana era inferior a los precios mínimos fijados con arreglo al acuerdo internacional relativo al sector lácteo, aprobado por la Comunidad mediante la Decisión 80/271/CEE del Consejo, de 10 de diciembre de 1979, relativa a la celebración de los acuerdos multilaterales resultantes de las negociaciones comerciales de 1973-1979(38), así como en el marco de las disposiciones del Reglamento (CEE) n° 1999/85 del Consejo, de 16 de julio de 1985, relativo al régimen de perfeccionamiento activo(39).

2.1.4. Libre circulación de los servicios y derecho de establecimiento

2.1.4.1. Artículos 52 y siguientes y 59 y siguientes

Por lo que se refiere a la libertad de establecimiento, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia por la incompatibilidad de dos Leyes belgas de 1919 y 1921 relativas a las asociaciones sin fines lucrativos porque incluyen disposiciones contrarias al principio general de no discriminación por razones de nacionalidad.

La Comisión envió un dictamen motivado a las autoridades francesas porque entre las condiciones requeridas por las empresas que fabrican y comercializan armas que pueden ser utilizadas por organismos privados o por particulares figura un requisito de nacionalidad.

Por lo que se refiere a la libre prestación de servicios, la Ley neerlandesa exige que, para poder registrar una patente, los depositantes no domiciliados en los Países Bajos se domicilien obligatoriamente en ese país ante un mandatario profesional. Tal requisito resulta contrario al principio establecido en el artículo 59, por lo que la Comisión envió un dictamen motivado a las autoridades neerlandesas.

También se envió un dictamen motivado a las autoridades italianas ya que una Ley por la que se establecen las listas de autorizaciones para los expedicionarios exige que toda persona física o jurídica que ejerza dicha actividad se inscriba en un registro específico que lleva la cámara de comercio territorialmente competente. Ahora bien, tal requisito de inscripción obstaculiza el ejercicio de su actividad por un operador económico no establecido en Italia que desea ejercer su actividad con carácter ocasional con arreglo al artículo 59.

En Portugal, la normativa que establece las normas para la toma de fotografías aéreas en el marco de una prestación de servicios dispone que sólo se autorizará a entidades o personas de nacionalidad extranjera en casos debidamente justificados. Tal discriminación basada en la nacionalidad, que no puede justificarse por razones de seguridad pública, ha dado también lugar al envío de un dictamen motivado a las autoridades portuguesas.

En Francia, un Decreto sobre la reglamentación de los aparatos de producción o almacenaje de gas dispone que los controles sobre estos aparatos de presión sólo pueden tener lugar fuera de Francia en circunstancias excepcionales, lo que desfavorece a las empresas no establecidas en Francia que deseen prestar allí sus servicios, lo que ha dado lugar al envío de un dictamen motivado a las autoridades francesas.

En el marco de la libre prestación de servicios, los desplazamientos a los Estados miembros de trabajadores por cuenta ajena, encuentran muchas dificultades. Así por ejemplo, se han enviado algunos dictámenes motivados a las autoridades belgas, por lo que se refiere, en primer lugar, a la obligatoriedad de que los prestadores extranjeros de servicios coticen al Fondo de seguridad de existencia de las fabricaciones metálicas de Bélgica, en segundo lugar por la obligatoriedad de abonar los timbres de fidelidad e intemperie en el sector de la construcción y, finalmente, por la obligatoriedad de pagar subsidios de comida y de alojamiento en el mismo sector. Por otra Parte, la Comisión decidió recurrir ante el Tribunal de Justicia por la normativa austriaca que prevé la responsabilidad codeudora de los clientes de los prestadores extranjeros de servicios para el pago de los salarios de los empleados desplazados, mientras que no se exige tal requisito a las empresas establecidas en Austria. Por último, la Comisión decidió enviar un dictamen motivado a las autoridades alemanas por las condiciones discriminatorias impuestas a las empresas extranjeras del sector de la construcción que desean prestar servicios conjuntamente con otras empresas en el marco de una asociación creada para la propia prestación (grupo de trabajo).

También en el ámbito del desplazamiento de los trabajadores asalariados, se plantea un problema particular en relación con los visados y los permisos de residencia y de trabajo de los nacionales desplazados de terceros Estados. La Comisión envió al respecto sendos dictámenes motivados a las autoridades belgas y alemanas.

Por último, algunas infracciones ponen de manifiesto la existencia de problemas tanto en relación con el principio de libre prestación de servicios como en relación con el de la libertad de establecimiento. Así por ejemplo, en materia de ferias y exposiciones, la normativa italiana nacional y regional plantea serios problemas, ya que limita la organización de tales acontecimientos sobre todo con requisitos relacionados con el carácter social del organismo, con su composición o su origen, y de ahí el envío de un dictamen motivado a las autoridades italianas.

Por lo que se refiere a la seguridad privada, el Tribunal de Justicia confirmó la posición adoptada por la Comisión en el marco de los procedimientos de infracción. Este sector no puede en sí verse limitado por condiciones discriminatorias basadas en la nacionalidad o el lugar de establecimiento, en particular por razones de seguridad pública. Por el contrario, las libertades fundamentales del mercado interior, como la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de trabajadores, se aplican en su totalidad [sentencia de 29 octubre de 1998 en el asunto C-114/97: Comisión contra España(40)], Por esta razón, la Comisión presentó un recurso contra Bélgica en el Tribunal de Justicia y decidió proceder de la misma forma contra Italia.

El ciudadano de la Unión que no dispone de una residencia en España se ve obligado a comparecer ante un notario español para la adquisición de un bien inmueble situado en territorio español aunque la escritura se haya firmado ya ante un notario extranjero. La intervención del notario español no se refiere a la escritura de compraventa, sino que únicamente tiene por objetivo el control fiscal de la escritura ya firmada entre las partes interesadas. La Comisión considera que tal normativa viola el derecho de establecimiento, la libre prestación de servicios, la libre circulación de capitales y la libre circulación de trabajadores, por lo que decidió llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia.

2.1.4.2. Servicios financieros

Diálogo con las autoridades nacionales

Con el fin de reforzar la cooperación administrativa y aportar soluciones rápidas a los problemas detectados, la Comisión mantuvo, en 1998, contactos regulares con las autoridades nacionales, tanto en el marco de los Comités institucionales (Comité consultivo bancario, Comité de seguros y Comité de contacto OPCVM) como en el marco de grupos de interpretación ad hoc (GTIAD en materia bancaria, Grupo de trabajo de interpretación en materia de seguros, Grupo de interpretación de la Directiva relativa a la adecuación de los fondos propios, etc.) o de grupos de alto nivel (HLSSC, en el sector de los valores mobiliarios).

Denuncias e infracciones comprobadas

En el sector bancario, la Comisión incoó en 1998 dos procedimientos de infracción, basados en sendas denuncias por incumplimiento de los artículos 52 y 59 del Tratado CE y de las Directivas. En el primer caso, se trata de la presunción de discriminación sobre la base de la nacionalidad en el reembolso de créditos de impuestos a bancos establecidos en Italia. Se ha enviado a este Estado miembro una carta de emplazamiento, con el fin de conocer los criterios adoptados para hacer la lista sobre cuya base se ha reembolsado una parte de esos créditos. El segundo caso se refiere a la obligación de un arquitecto en Luxemburgo de prestar una fianza en un banco de origen luxemburgués. Este procedimiento está en fase de instrucción.

En el ámbito de los seguros, la violación de los artículos 52 y 59 del Tratado CE así como de las Directivas fue, en 1998, objeto de dos nuevos procedimientos por infracción incoados por la Comisión sobre la base del artículo 169 del Tratado. En los dos casos, se trataba de denuncias. Con respecto a los procedimientos incoados antes de 1998, uno de ellos fue archivado porque el Estado miembro implicado se ajustó a los requisitos del Derecho comunitario.

En cuanto a las infracciones comprobadas, en 1998 alcanzaron la fase del dictamen motivado y el recurso un gran número de procedimientos. Con respecto al ámbito de los seguros, cabe indicar que el aumento del número de procedimientos por no conformidad o aplicación incorrecta se explica por infracciones prolongadas por parte de algunos Estados miembros. En algunos asuntos, en los que el diálogo con las autoridades nacionales no dio resultado, ha sido preciso presentar el asunto ante el Tribunal, con el fin de solucionar problemas muy serios de aplicación del Derecho comunitario.

En el sector de los valores mobiliarios, la Comisión incoó dos nuevos procedimientos en 1998, contra Italia (artículos 59 y 73 B) y Francia (artículos 52, 59 y 73 B), sobre la base de una denuncia. Según la Comisión, la ley italiana y la ley francesa establecen discriminaciones entre los mercados domésticos y los de los demás países de la Unión, así como entre los proveedores de servicio domésticos y los de los otros Estados miembros.

Tratado

En materia bancaria, el caso de infracción contra Grecia, relativo a la normativa sobre subvenciones para bienes de equipo obtenidos en arrendamiento financiero, fue archivado. La legislación griega preveía que solamente los equipamientos obtenidos en arrendamiento financiero por medio de una empresa de arrendamiento financiero establecida en Grecia podían gozar de subvenciones del Estado. Dicha normativa ha sido ampliada a todos los intermediarios de arrendamiento financiero comunitarios.

En el sector de los seguros, la Comisión envió en 1998 un dictamen motivado a España porque la legislación española no se atiene las normas del Tratado relativo a la libre prestación de servicios (artículo 59). Las autoridades españolas imponen la obtención de una autorización previa para operar en el territorio español no sólo a los profesionales que desean establecerse en España, sino también a los que desean realizar una prestación de servicio limitada en el tiempo. Ahora bien, según la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tal requisito es contrario al artículo 59 del Tratado, puesto que los prestadores de servicios no pueden ser sometidos a las mismas condiciones que deben respetarse en materia de libertad de establecimiento. Además, tal requisito no se justifica por consideraciones de interés general, como la protección del consumidor en el mercado español, puesto que no es ni necesaria ni proporcional en relación con el objetivo perseguido.

Medidas nacionales de ejecución

Los casos de no comunicación

En el sector bancario, los procedimientos de infracción contra el Reino Unido por no incorporación en el territorio de Gibraltar de varias Directivas bancarias, en particular, la Directiva 89/117/CEE del Consejo, relativa a las cuentas de las sucursales bancarias, la Directiva 86/635/CEE del Consejo, relativa a las cuentas anuales de los bancos, la Directiva 93/6/CEE del Consejo, relativa a la adecuación de los fondos propios de los bancos y entidades de inversión, la Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la garantía de los depósitos, y la Directiva 96/10/CE del Consejo, relativa al reconocimiento por las autoridades competentes de la compensación contractual, han sido todas archivadas, dado que el Reino Unido comunicó a la Comisión todas las leyes y Reglamentos por los que se incorpora estas Directivas en el territorio de Gibraltar.

Los dictámenes motivados por no incorporación de la Directiva 95/26/CE del Consejo, denominada "post BCCI", contra Alemania, España, Italia, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Francia y Grecia han sido ya enviados. Sobre la base de las respuestas obtenidas hasta ahora, la Comisión ha decidido archivar el procedimiento contra Grecia y contra el Reino Unido (por la no incorporación de esta Directiva en el territorio de Gibraltar) dado que estos Estados miembros han comunicado ya a la Comisión la normativa de incorporación de esta Directiva. Otros Estados miembros no han sido capaces de presentar un calendario claro para la incorporación de la Directiva. La Comisión ha decidido recurrir en estos casos al Tribunal de Justicia por no comunicación. Se trata de Francia, España y Luxemburgo.

Alemania ha incorporado y comunicado la Directiva 94/19/CE, relativa a la garantía de depósitos, y la Directiva 93/6/CEE, relativa a la adecuación de los fondos propios de los bancos y entidades de inversión, por lo que los correspondientes procedimientos ante el Tribunal de Justicia se han retirado.

Por lo que se refiere a los seguros, la Comisión mantiene la suspensión de su decisión de recurrir al Tribunal contra España, adoptada en 1996, por no comunicación de las medidas nacionales de ejecución relativas a la Directiva 92/96/CEE del Consejo (tercera Directiva sobre el seguro de vida). En su sentencia en el asunto C-361/95(41), relativo a la Directiva 92/49/CEE del Consejo (tercera Directiva sobre el seguro no de vida), dictada en diciembre de 1997, el Tribunal condenó a España por las mismas razones (incorporación parcial) que las del asunto relativo a la Directiva 92/96/CEE. Sin embargo, las autoridades españolas comunicaron en diciembre de 1998 las medidas nacionales de incorporación de ambas Directivas. Los servicios de la Comisión están comprobando si la incorporación está completa con el fin de solicitar, en su caso, el archivo de estos asuntos en 1999.

Por lo que se refiere a la Directiva 91/674/CEE del Consejo (cuentas anuales y cuentas consolidadas de las compañías de seguros), tras la comunicación de las medidas nacionales de ejecución, no se presentó finalmente ante el Tribunal el recurso decidido en 1998, archivándose el asunto. En su sentencia de 18 de diciembre de 1997, el Tribunal condenó también a España por incorporación parcial de la Directiva 91/371/CEE del Consejo (Directiva relativa al Acuerdo con Suiza) [asunto C-360/95(42)]. El procedimiento está actualmente suspendido en espera de la comunicación oficial de las medidas de incorporación, anunciada recientemente por las autoridades españolas.

Cabe indicar que, aunque la mayoría de los Estados miembros ya ha comunicado las medidas correspondiente a las terceras Directivas sobre los seguros de vida y no de vida, la incorporación o la aplicación de ambas Directivas no está exenta de problemas, ya que hay varios casos de incorporación parcial o no conforme.

En el ámbito de los valores mobiliarios, la Comisión envió al Reino Unido un dictamen motivado por no incorporación de las Directivas 85/611/CEE, 89/298/CEE y 89/592/CEE del Consejo por Gibraltar. El Reino Unido comunicó las medidas de incorporación, archivándose posteriormente el procedimiento.

Los casos de no conformidad y aplicación incorrecta

La Comisión envió en 1998 un dictamen motivado a Alemania por aplicación incorrecta de la Directiva 92/49/CEE del Consejo en materia de seguros. Más concretamente, Alemania ha suprimido formalmente en el texto de incorporación de la Directiva en cuestión la prohibición de acumular el seguro de enfermedad con otras ramas de seguros en el caso de las empresas no alemanas que desean abrir una sucursal en territorio alemán u operar como prestadores de servicios, de acuerdo con la tercera Directiva sobre el seguro no de vida, que ha suprimido la posibilidad de imponer la "no acumulación". Sin embargo, se ha añadido a la legislación social una nueva disposición según la cual el empleado se beneficiará de las cotizaciones pagadas por el empresario solamente si la compañía de seguros, independientemente del lugar de su sede, practica la no acumulación. Se trata de una violación indirecta de la Directiva 92/49/CEE.

Asuntos ante el Tribunal

En el sector bancario, se espera la sentencia del Tribunal de Justicia, dado que el mantenimiento de cuentas anónimas en el territorio de Austria se considera incompatible con la obligación de identificar a los clientes al abrir una cuenta, prevista en el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 91/308/CEE del Consejo, relativa al blanqueo de capitales.

Con respecto a los asuntos prejudiciales, el Tribunal aún no ha dictado sentencia en el asunto C-410/96 (Fiscal contra André Ambry). El Derecho francés exige una garantía financiera inmediatamente mobilizable para obtener una licencia administrativa (con el fin de ejercer el oficio de agente de viaje). Sin embargo, la Ley francesa prevé que si el establecimiento que concede la garantía se sitúa en un Estado miembro distinto de Francia, es necesario que tal establecimiento tenga un acuerdo con una entidad bancaria o una compañía de seguros francesa. Se ha planteado al Tribunal de Justicia la cuestión de la conformidad de tal requisito con el Derecho comunitario.

En el ámbito de los seguros, en 1998 se sometieron cuatro nuevos asuntos al Tribunal. En efecto, la Comisión presentó un recurso ante el Tribunal contra Francia por incorporación incompleta de las Directivas 92/49/CEE y 92/96/CEE, dado que, hasta ahora, Francia no ha comunicado ninguna medida por la que se modifique el código de la mutualidad con el fin de adaptarlo a las terceras Directivas sobre seguros. También se recurrió al Tribunal contra este mismo país por aplicación incorrecta de las terceras directivas sobre seguros, dado que la normativa francesa impone la obligación de rellenar una "ficha de comercialización" antes de la comercialización de las nuevas pólizas de seguro, en incumplimiento de las Directivas 92/49/CEE y 92/96/CEE, que prohíben a los Estados miembros aprobar disposiciones que exijan la aprobación previa o la comunicación sistemática de las condiciones generales y especiales de las pólizas de seguros.

Por otra parte, la Comisión recurrió ante el Tribunal contra Bélgica porque la legislación belga relativa al control de las compañías de seguros excluye la aplicación de la Directiva 92/49/CEE al seguro contra accidentes en el trabajo. La Comisión considera que esos riesgos están cubiertos por la Directiva en cuestión cuando son objeto de actividad de las empresas privadas de seguro. También se ha constatado la misma infracción por parte de Finlandia, contra la que se envió una carta de emplazamiento en 1996.

Por último, la Comisión recurrió ante el Tribunal contra España porque la legislación española por la que se incorpora la Directiva en cuestión no establece la obligatoriedad de que el organismo creado en los Estados miembros que tenga por misión reparar los daños causados por vehículos no identificados dé a la víctima una respuesta justificada de su intervención, tal como establece el apartado 4 del artículo 1de la Directiva 84/5/CEE del Consejo.

Por lo que se refiere a los servicios de inversión en el ámbito de los de los valores mobiliarios (Directiva 93/22/CEE del Consejo), se presentaron los recursos contra España y Luxemburgo, habiéndose archivado el procedimiento contra Alemania. No obstante, en noviembre de 1998 España notificó su Ley de incorporación.

2.1.4.3. Comunicaciones comerciales

No hay directiva alguna en vigor relativa a las comunicaciones comerciales vistas desde el punto de vista del mercado interior. Sin embargo, la Comisión recibió durante el año tres denuncias en este ámbito. También prosiguió la instrucción de los procedimientos de infracción en curso y entabló un diálogo con las autoridades francesas sobre la interpretación de la Ley "Evin", que prohíbe la publicidad televisada de bebidas alcohólicas, en el caso de acontecimientos deportivos que tienen lugar en el extranjero. Este procedimiento ya fue objeto de un dictamen motivado. La Comisión envió también un dictamen motivado a Alemania cuya legislación relativa a las primas y a los descuentos se considera contraria al artículo 59 del Tratado. Este procedimiento se inició sobre la base de la denuncia de un operador que ofrece bienes y servicios en el marco de un "club" que opera a partir de otro Estado miembro.

2.1.4.4. Medios de comunicación

En el ámbito de los medios de comunicación, la Comisión registró una decena de nuevas denuncias, algunas de las cuales fueron archivadas a lo largo del año. También recibió más de un centenar de denuncias relativas a los impuestos de las antenas parabólicas en un Estado miembro. Por lo que se refiere a las infracciones en curso, la Comisión procedió a archivar el procedimiento contra la normativa española relativa al sobrevuelo del territorio español para vuelos publicitarios, al haberse ajustado España al dictamen motivado de la Comisión.

2.1.5. Libre circulación de los capitales

Por lo que se refiere a la libertad de movimiento de los capitales y pagos en la Unión Europea y por lo que se refiere a los terceros países, la situación es, en general, ampliamente satisfactoria. A lo largo del año se han realizado algunos progresos suplementarios con la eliminación de algunas restricciones a la adquisición de bienes inmuebles en Austria (Viena). Aunque siguen descubriéndose algunas restricciones residuales, cabe constatar progresos regulares en su eliminación. La mayoría del escaso número de denuncias que emanan de agentes económicos se refiere a obstáculos a la adquisición de bienes inmuebles en otros países de la Unión Europea. En este ámbito, las restricciones en el Tyrol, muy similares a las practicadas en Viena, fueron objeto de un dictamen motivado, mientras que la Comisión decidió recurrir ante el Tribunal de Justicia con respecto a los procedimientos griegos en materia de adquisición de propiedades.

Con el fin de facilitar las inversiones transfronterizas, se iniciaron algunos procedimientos de infracción contra varios Estados miembros a la luz de los principios definidos en la Comunicación relativa a determinados aspectos jurídicos en materia de inversiones intracomunitarias (DO C 220 de 19.7.1997, p. 15) así como al envío de un cuestionario destinado a recoger informaciones sobre las prácticas nacionales. Así por ejemplo, se enviaron dos dictámenes motivados a Bélgica y uno a Francia. También se enviaron cartas de emplazamiento contra Irlanda, el Reino Unido y España, con un caso suplementario en este último país, en relación con los procedimientos de autorización específicos en materia de inversión intracomunitaria, que fue objeto de un dictamen motivado. Otros casos potenciales están en examen. Además, en el ámbito de las cesiones de activos públicos, se decidió recurrir al Tribunal en un caso relativo a ciertas restricciones en Italia. Los obstáculos a las inversiones extranjeras por los fondos de pensión han sido objeto de cartas de emplazamiento a Bélgica y Finlandia, mientras que la proporcionalidad de las multas por la no declaración de movimientos físicos dio lugar al envío de una carta de emplazamiento a Francia. También se decidió recurrir al Tribunal contra las restricciones belgas a la compra por algunas categorías de residentes de obligaciones de Estado particulares emitidas en el extranjero durante el período en cuestión.

2.1.6. El entorno de las empresas

2.1.6.1. Derecho de sociedades

En el ámbito del derecho de sociedades, cabe señalar la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998 que se pronunció sobre el recurso por incumplimiento presentado por la Comisión contra Alemania [asunto C-191/95(43)] por aplicación incorrecta de las Directivas 68/151/CEE (registro de sociedades) y 78/660/CEE (cuentas anuales) del Consejo.

En efecto, ambas Directivas establecen que las cuentas anuales de las sociedades de capitales sean objeto de publicidad y que los Estados miembros establezcan las sanciones adecuadas para las sociedades que omitan dar a sus cuentas anuales la publicidad prescrita. En Alemania, un 90 % aproximadamente de las sociedades de responsabilidad limitada no depositan sus balances en la Secretaría del Registro de Comercio.

En la sentencia antes citada, el Tribunal reconoció que las sanciones que el ordenamiento jurídico alemán establece para esa omisión no exigen el cumplimiento de la obligatoriedad de publicidad que establecen las dos Directivas mencionadas. Por lo tanto, el Tribunal declaró que Alemania faltó a las obligaciones que le incumben en virtud de dichas Directivas.

En cuanto a los otros procedimientos de infracción, la Comisión archivó en 1998 las numerosas infracciones por no comunicación, en particular el incoado contra Luxemburgo en relación con la incorporación de la Directiva 92/101/CEE del Consejo (modificación de la Directiva 77/91/CEE relativa al capital de las sociedades anónimas), así como los procedimientos del Consejo incoados contra Finlandia por la incorporación de las Directivas 78/660/CEE, 83/349/CEE, 90/604/CEE y 90/605/CEE del Consejo. En todos estos casos, las Directivas han sido incorporadas.

En cambio, en 1998, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia por no comunicación de las medidas de incorporación de la Directiva 92/101/CEE por la República Helénica.

2.1.6.2. Propiedad intelectual e industrial

Propiedad industrial

En el ámbito de la propiedad industrial, hay actualmente tres Directivas vigentes. Se trata de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, relativa a las marcas, y de las Directivas 98/44/CE, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, y 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección jurídica de los dibujos y modelos.

Según la Directiva relativa a las marcas, la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo que, a falta de su consentimiento, le habilita a prohibir a terceros el uso del signo en los negocios.

La armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas nacionales no es total, sino limitada a los aspectos que tienen una incidencia directa en el funcionamiento del mercado interior. Aparte de los aspectos armonizados, y, en particular, los aspectos de procedimiento, los Estados miembros conservan total libertad en la definición del régimen adaptado a su tradición.

En principio, el ámbito de la Directiva se limita al derecho sustancial de las marcas registradas y no contiene disposición alguna sobre armonización de los procedimientos.

El campo de la armonización puede así delimitarse, ya que la Directiva únicamente se aplica a las marcas registradas (los regímenes de protección de las marcas que resultan del uso son privativos de los Estados miembros), a todas las categorías de marcas registradas conocidas por las legislaciones nacionales (marcas de productos o servicios, marcas individuales, colectivas, de garantía o certificación), sin que ello signifique que los Estados miembros tengan la obligación de introducir en su legislación estas distintas categorías de marcas, y a las marcas que fueron objeto de un registro internacional que producía sus efectos en el Estado miembro.

Como la evolución heterogénea de las legislaciones nacionales relativas a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas en la Comunidad puede desincentivar el desarrollo industrial de tales invenciones y el buen funcionamiento del mercado interior, se ha considerado esencial que la Comunidad se dote de legislación en este ámbito. Pero no se ha considerado necesario crear un derecho especial que substituya al Derecho nacional de patentes. El marco comunitario puede limitarse a la definición de algunos principios que tienen por objeto determinar la diferencia entre invenciones y descubrimientos con respecto a la patentabilidad de algunos elementos de origen humano, al alcance de la protección que confiere una patente sobre una invención biotecnológica, a la posibilidad de recurrir a un sistema de registro que complete la descripción escrita, y a la posibilidad de obtener licencias obligatorias no exclusivas para dependencia entre variedades vegetales e invenciones.

Los Estados miembros deben poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a la Directiva 98/44/CEE a más tardar el 30 de julio de 2000.

La armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de dibujos o modelos, como la armonización de las legislaciones en materia de marcas nacionales, no es completa, sino que está limitada a algunos aspectos que inciden más directamente sobre el funcionamiento del mercado interior. Estos aspectos son la adquisición mediante registro del derecho sobre un dibujo o modelo en condiciones idénticas, la definición unitaria del concepto de dibujo o de modelo, así como