[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 8.7.2009

COM(2009) 334 final

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

relativo a la aplicación del Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales

ÍNDICE

1. Síntesis 4

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (CE) Nº 882/2004 5

2.1. Legislación sectorial sobre controles oficiales: residuos de medicamentos veterinarios y plaguicidas 5

2.2. Fitosanidad 7

3. SITUACIÓN DE LA APLICACIÓN 7

3.1. Directrices de la Comisión 7

3.2. Planes nacionales de control plurianuales (PNCPA) e informes anuales 8

3.3. Auditorías generales 8

3.4. Controles oficiales sobre piensos y alimentos importados 8

3.5. Artículo 23: autorización de los controles previos a la exportación 11

3.6. Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria 12

3.7. Laboratorios comunitarios de referencia (LCR) 12

3.8. Actualizaciones técnicas 13

4. TASAS 13

4.1. Contexto 13

4.2. Ámbito de la evaluación 14

4.3. Principales conclusiones derivadas del estudio 14

4.4. Posibilidades de cambio 15

1. SÍNTESIS

En virtud del artículo 65 del Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales [1] (Reglamento sobre controles oficiales», en lo sucesivo «RCO») la Comisión debe presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo para examinar, en particular, la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento.

Dicho informe debe abordar las siguientes cuestiones:

«a) volver a evaluar el ámbito de aplicación en relación con la salud animal y el bienestar de los animales;

b) velar por que otros sectores contribuyan a la financiación de los controles oficiales mediante la ampliación de la lista de actividades a que se refieren la sección A del anexo IV y la sección A del anexo V, teniendo en cuenta en particular la incidencia, tras su adopción, de la legislación comunitaria en materia de higiene de los piensos y los alimentos;

c) fijar importes mínimos actualizados de tasas a que se refieren la sección B del anexo IV y la sección B del anexo V, teniendo en cuenta en especial los factores de riesgo ».

La experiencia adquirida hasta el momento en relación con la salud animal y el bienestar de los animales no hace necesaria la revisión del ámbito de aplicación del Reglamento definido en el artículo 1. Por otro lado, los actuales debates con objeto de modernizar y simplificar dos sectores importantes pueden ayudar a aclarar la relación entre el marco general definido en el Reglamento y la legislación sectorial vigente. Este es el caso en concreto de las actividades de revisión actuales realizadas como seguimiento de la Estrategia de Salud Animal (2007-2013)[2], que se proponen, entre otras cosas, establecer un marco regulador único sobre la salud animal («legislación sobre salud animal») y las actividades a que dará lugar la próxima revisión del acervo fitosanitario existente (estrategia fitosanitaria). Además, debe estudiarse la necesidad de garantizar la coherencia de las disposiciones comunitarias sectoriales vigentes aplicables a las actividades de control en campos específicos (sobre residuos de medicamentos veterinarios y plaguicidas, por ejemplo) con los principios y requisitos del Reglamento. La sección 2 del presente informe se ocupa de esta cuestión.

La sección 3 de este informe da cuenta de las principales acciones e iniciativas desarrolladas para aplicar el Reglamento, teniendo en cuenta la experiencia adquirida desde el 1 de enero de 2006. Los Estados miembros van adquiriendo progresivamente una experiencia práctica en la elaboración y puesta en marcha de los planes de control plurianuales (PNCPA), utilizados asimismo por la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión (OAV) en el marco de sus auditorías generales periódicas. Los informes anuales nacionales también constituyen un elemento importante del nuevo marco para los controles oficiales establecido por el RCO, si bien la limitada experiencia con dichos informes no permite aún realizar un análisis en profundidad o extraer conclusiones en este momento.

En virtud del artículo 65, se deberá examinar, en particular la cuestión de las tasas percibidas para la financiación de los controles oficiales («tasas de inspección»). La sección 4 del informe da cuenta de la situación actual de los debates y reflexiones sobre esta cuestión relativamente compleja, a partir de los resultados de un estudio reciente realizado para la Comisión por un evaluador externo.

Dicho estudio proporciona a la Comisión una valiosa información sobre el funcionamiento actual del sistema de tasas, identifica algunas deficiencias del marco legislativo vigente aplicable a las tasas de inspección y de su aplicación por parte de los Estados miembros y examina la posible necesidad de revisar determinadas características de dicho marco. De acuerdo con el estudio, se puede contemplar la modificación de una serie de puntos, para que los Estados miembros puedan garantizar la realización del objetivo establecido en el artículo 26 del RCO, según el cual « los Estados miembros velarán por que existan los recursos económicos adecuados para facilitar los recursos personales y de otro tipo necesarios para efectuar los controles oficiales ». Para ello, sugiere diversas hipótesis futuras posibles, que van de la plena armonización de las características del sistema de tasas a una mayor flexibilidad de los Estados miembros a la hora de aplicarlo, a la vez que garantiza la transparencia y la claridad de su funcionamiento en todos los Estados miembros.

Hacen falta análisis más detallados sobre los temas tratados en el estudio, incluyendo un debate público con las partes interesadas sobre los resultados de la evaluación realizada, y una evaluación del impacto de las distintas opciones de cambio. La Comisión tiene previsto poner en marcha dicha evaluación durante el año 2009.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (CE) Nº 882/2004

2.1. Legislación sectorial sobre controles oficiales: residuos de medicamentos veterinarios y plaguicidas

Aunque dentro de los controles oficiales se incluyen también los controles sobre residuos de medicamentos veterinarios y plaguicidas, el RCO hace referencia a la necesidad de mantener en vigor las normas más específicas que ya existen en el ámbito de los piensos y alimentos y de salud animal, y establece en particular el mantenimiento de la Directiva 96/23/CE del Consejo, relativa a las medidas de control aplicables respecto de determinadas sustancias y sus residuos[3], y de la Directiva 86/362/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la fijación de contenidos máximos para los residuos de plaguicidas sobre y en los cereales[4], que fue posteriormente derogada por el Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo [5].

En virtud de la Directiva 96/23/CE, los Estados miembros deben poner en marcha planes nacionales de control de residuos que se presentarán con carácter anual a la Comisión junto con los resultados de la puesta en marcha durante el año anterior y las medidas adoptadas para el seguimiento de los resultados no conformes. También establece esta Directiva que el número mínimo de muestras que se analizarán para cada producto alimenticio en función de la producción nacional, sin tener en cuenta otros elementos que pueden afectar la evaluación de riesgos (por ej. prácticas de cría, medicamentos autorizados, etc.). Además de los residuos de medicamentos veterinarios y plaguicidas, los anexos I y II de la Directiva 96/23/CE incluyen asimismo los contaminantes medioambientales[6] dentro del grupo de sustancias que deben controlarse en el marco de los planes de control de residuos.

Ya en 2003 se publicó un documento de reflexión para poner en marcha un amplio proceso de consulta sobre los aspectos técnicos de la Directiva[7]. Durante este proceso, las partes interesadas expresaron un gran interés por que se revisara esta Directiva y se aclarara la distinción entre controles de medicamentos veterinarios y contaminantes en general para adaptarla al RCO.

El Reglamento (CE) nº 396/2005 sobre plaguicidas contiene una serie de artículos que se refieren directamente a los controles (artículos 26 a 30), cuyo objeto es comprobar aleatoriamente el cumplimiento de los límites máximos de residuos (LMR) a nivel comunitario, complementados con controles específicos a nivel nacional. El Reglamento (artículos 31 y 32) también contempla disposiciones relativas a la elaboración de los informes anuales. Algunas diferencias en el enfoque adoptado entre el Reglamento (CE) nº 396/2005 y lo dispuesto en el RCO son el resultado de las negociaciones interinstitucionales celebradas por separado y simultáneamente que dieron lugar a la adopción de los dos actos.

Con el objetivo de legislar mejor, conviene tener en cuenta la posibilidad de integrar a través de los necesarios cambios legislativos la normativa aplicable actualmente a los controles oficiales sobre plaguicidas, contaminantes y residuos de sustancias farmacológicamente activas en los alimentos en el marco del RCO, a fin de racionalizar y simplificar el marco legislativo general a la vez que se permite la flexibilidad necesaria para que se integren los dos sectores en los PNCPA de los Estados miembros.

2.2. Fitosanidad

En el sector fitosanitario, la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad[8], establece reglas de control sectorial. Por consiguiente, los controles oficiales en ese ámbito no se rigen por el RCO excepto en el caso de las disposiciones aplicables al establecimiento de los PNCPA y la elaboración de informes anuales al respecto y a las inspecciones comunitarias en los Estados miembros y en terceros países (artículos 41 a 46).

Como parte de un ejercicio más general encaminado a evaluar el acervo existente en el ámbito fitosanitario[9], se tendrá en cuenta la necesidad de racionalizar las disposiciones sobre controles oficiales de la Directiva 2000/29/CE y las del RCO.

3. SITUACIÓN DE LA APLICACIÓN

3.1. Directrices de la Comisión

El RCO introduce una serie de nuevas obligaciones para los Estados miembros relativas a la planificación, la auditoría y la elaboración de informes sobre sus actividades de control oficial. La Comisión, conforme al artículo 43 del RCO, ha elaborado unas directrices para ayudar a los Estados miembros a cumplir esas condiciones. A tal fin, se adoptaron las siguientes decisiones de la Comisión:

- Decisión 2006/677/CE de la Comisión, de 29 de septiembre de 2006, por la que se establecen las directrices que fijan criterios para la realización de auditorías con arreglo al Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales[10].

- Decisión 2007/363/CE de la Comisión, de 21 de mayo de 2007, sobre directrices destinadas a ayudar a los Estados miembros a elaborar el plan nacional de control único, integrado y plurianual previsto en el Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo[11].

- Decisión 2008/654/CE de la Comisión, de 24 julio 2008, sobre directrices destinadas a ayudar a los Estados miembros a elaborar el informe anual relativo al plan nacional de control único, integrado y plurianual previsto en el Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo[12].

La Comisión organiza periódicamente grupos de trabajo para seguir desarrollando la aplicación de las directrices y prestar ayuda a los Estados miembros cuando elaboren los PNCPA, los informes y las auditorías.

3.2. Planes nacionales de control plurianuales (PNCPA) e informes anuales

De conformidad con los artículos 41 y 42 del RCO, los Estados miembros deben elaborar y aplicar un único plan nacional de control plurianual integrado (PNCPA) a más tardar el 1 de enero de 2007 y han de facilitar a la Comisión una versión actualizada cuando esta lo solicite.

Todos los Estados miembros han facilitado a la Comisión sus PNCPA, que se están evaluando en el marco de las auditorías generales de la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión (OAV) de la Comisión (véase el capítulo 3.3).

De conformidad con el artículo 44, un año después de haber comenzado la aplicación de los PNCPA, y desde entonces con una periodicidad anual, los Estados miembros presentarán a la Comisión un informe que contendrá toda adaptación efectuada en los PNCPA, los resultados de los controles y de las auditorías, el tipo y el número de casos de incumplimiento y las acciones destinadas a asegurar el funcionamiento eficaz de los planes nacionales de control plurianuales, incluida la ejecución y sus resultados. Hasta la fecha, la Comisión ha recibido los informes anuales de veintiséis Estados miembros (Portugal no ha presentado informe anual, ya que su primer PNCPA no se puso en marcha hasta 2008 debido a la reestructuración de sus servicios de control; por tanto, el primer informe se realizará durante el ciclo de notificación de 2009).

3.3. Auditorías generales

En virtud del artículo 45 del RCO, expertos de la Comisión efectuarán auditorías generales y específicas en los Estados miembros para verificar que los controles oficiales que se efectúan en los Estados miembros sean acordes con los PNCPA y cumplan la legislación comunitaria.

La OAV de la Comisión lleva a cabo las auditorías generales de los Estados miembros en un ciclo de tres años. En 2007, se llevaron a cabo auditorías generales en Austria y los Países Bajos y en 2008 en otros seis Estados miembros (Alemania, Eslovaquia, España, Estonia, Hungría e Irlanda). En 2009, serán objeto de una auditoría general nueve Estados miembros (Bélgica, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania, Portugal y Reino Unido). Los diez Estados miembros restantes serán auditados en 2010.

Los informes finales correspondientes a una auditoría general se hacen públicos y se pueden encontrar en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm.

3.4. Controles oficiales sobre piensos y alimentos importados

Los controles oficiales para comprobar el cumplimiento de la legislación sobre piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales deben hacer referencia a los alimentos, los piensos y los animales, tanto producidos en la Comunidad como importados. Lo dispuesto en el título II, capítulo V, y en el título VI, capítulo II, del RCO constituye el marco general y los procedimientos aplicables a los controles oficiales sobre piensos y alimentos importados de terceros países en el territorio de la Comunidad.

El título II, capítulo V, del Reglamento (CE) nº 882/2004 contiene una normativa uniforme aplicable:

( a las medidas que deben tomar las autoridades competentes a raíz de los controles oficiales sobre importación de piensos y alimentos, como por ejemplo, en caso de sospecha de incumplimiento o incumplimiento demostrado (artículos 18 a 22);

( a la autorización de los controles previos a la exportación efectuados por terceros países, con objeto de reducir la frecuencia de los controles a la importación (artículo 23);

( a la cooperación necesaria entre las autoridades sanitarias competentes y los servicios aduaneros para organizar los controles oficiales (artículo 24).

El artículo 25 faculta a la Comisión, mediante el procedimiento establecido en la Decisión 1999/468/CE del Consejo (procedimiento de comitología) [13], a adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación uniforme de los controles oficiales sobre piensos y alimentos importados.

El RCO reconoce las peculiaridades de los controles a que deben someterse los piensos y alimentos de origen animal (artículo 14) a diferencia de los piensos y alimentos de origen no animal (artículos 15 a 17). En cuanto a los primeros, el Reglamento reconoce la validez del marco existente de procedimientos armonizados de importación establecido por la Directiva 97/78/CE del Consejo[14] y efectuados por la red de puestos de inspección fronterizos establecidos en todas las fronteras exteriores de la Comunidad. El Reglamento contempla que la autoridad competente designada de acuerdo con la Directiva 97/78/CE deberá efectuar asimismo controles a fin de comprobar el cumplimiento de los aspectos de la legislación sobre piensos y alimentos no cubiertos por esta Directiva.

La Comisión, en el marco de su nueva Estrategia de Salud Animal (2007-2013), está revisando actualmente sus controles veterinarios de las importaciones para mejorar la inspección en las fronteras a partir de un enfoque basado en el riesgo. La revisión estudiará la manera de garantizar lo mejor posible la alerta precoz y la detección rápida de riesgos relativos a productos de origen animal de manera que se puedan aplicar medidas a la importación para garantizar un nivel elevado y constante de protección de la salud de las personas y animales dentro de la UE.

Al contrario de lo que ocurre actualmente con los piensos y alimentos de origen animal, los piensos y alimentos de origen no animal no están sometidos de forma sistemática a controles armonizados comunitarios en las fronteras antes de su importación en la Comunidad (con excepción de los productos para los que existen medidas de emergencia con arreglo al artículo 53, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 178/2002[15]). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del RCO, los controles de piensos y alimentos de origen no animal se llevarán a cabo en un lugar adecuado, incluido el punto de entrada en la Comunidad, el punto de despacho a libre práctica, un almacén, los locales del explotador de la empresa alimentaria o de piensos que realice la importación, o cualquier otro punto de las cadenas de alimentación humana y animal. Los Estados miembros deciden, basándose en su evaluación de riesgos, la frecuencia más apropiada y las modalidades de los controles oficiales sobre productos importados.

En el apartado 5 del mismo artículo 15 se contempla una excepción a las normas generales mencionadas y se estipula que debe elaborarse una lista de los piensos y los alimentos de origen no animal que, sobre la base de los riesgos conocidos o emergentes, tendrán que ser objeto de un control oficial más intenso en el punto de entrada en la Comunidad. El x.x.2009, [actualizar antes de la publicación] se ha adoptado un proyecto de Reglamento destinado a establecer por primera vez disposiciones generales y dicha lista.

Las normas anteriores se complementan con las del título VI, capítulos I y II, del RCO, que establecen los procedimientos mediante los cuales la Comisión recopilará información pertinente en lo que respecta al nivel de cumplimiento de los sistemas de los terceros países con las normas comunitarias sobre piensos y alimentos (artículos 46 y 47), y decide que, en caso necesario, se impondrán condiciones de importación específicas para autorizar la entrada de piensos y alimentos en la Comunidad (artículo 48).

La información pertinente también se recopila a través de inspecciones de la OAV en terceros países (artículo 46) y mediante cuestionarios previos a las visitas enviados antes de las mencionadas inspecciones, que facilitan en concreto información sobre la organización y gestión de los controles sanitarios por parte de los países.

En la medida en que las condiciones y los procedimientos detallados para la importación no se hayan previsto en la legislación comunitaria, (en particular en el Reglamento (CE) nº 854/2004[16]), podrán establecerse condiciones de importación específicas con arreglo al procedimiento de comitología. Dichas condiciones y procedimientos pueden incluir el establecimiento de una lista de terceros países desde los cuales pueden importarse productos específicos en la Comunidad, el establecimiento de los modelos de certificados que acompañan a las partidas y/u otras condiciones especiales de importación, en función del tipo de producto o de animal y de los posibles riesgos con él relacionados (artículo 48).

Las normas aplicables a la celebración de acuerdos de equivalencia con terceros países se contemplan en el artículo 49. Esos acuerdos pueden reconocer que las medidas aplicadas por terceros países en ámbitos específicos ofrecen garantías equivalentes a las que se aplican en la Comunidad, siempre que los terceros países aporten pruebas objetivas a este respecto.

3.5. Artículo 23: autorización de los controles previos a la exportación

El artículo 23 del RCO da la posibilidad a la Comisión de autorizar, conforme al procedimiento indicado en el artículo 62, apartado 3, del Reglamento, los controles específicos efectuados por un tercer país antes de la exportación de un producto determinado (piensos y alimentos) a la Comunidad. Como consecuencia de la autorización de los controles previos, se puede reducir la frecuencia de los controles de las importaciones de piensos o alimentos.

La autorización de los controles previos a la exportación efectuados por terceros países podrá concederse si

- una auditoría comunitaria ha demostrado que los piensos o alimentos exportados a la Comunidad cumplen los requisitos comunitarios o equivalentes;

- los controles previos a la exportación efectuados en el tercer país resultan suficientemente eficaces y capaces de sustituir o permitir que se reduzcan los controles documentales, identificativos y físicos realizados en virtud de la legislación comunitaria.

En otras palabras, la autorización de los controles previos a la exportación garantiza que dichos controles se llevan a cabo de conformidad con los requisitos pertinentes contemplados en la legislación comunitaria.

La autorización de los controles previos a la exportación en función del artículo 23 del RCO no afecta al derecho de la autoridad competente de los Estados miembros de efectuar controles oficiales sobre piensos y alimentos importados. No obstante, las autoridades competentes de los Estados miembros tendrán en cuenta la existencia de un régimen autorizado de controles previos a la exportación a la hora de decidir la frecuencia de realización de los controles físicos sobre piensos y alimentos. Dicha frecuencia se determinará en función de los riesgos asociados con los distintos tipos de piensos y alimentos, las garantías ofrecidas por el tercer país exportador, los controles efectuados por el explotador de la empresa alimentaria o de piensos que importa el producto, el historial con respecto al cumplimiento de los requisitos del producto del tercer país de que se trate y del establecimiento de origen, así como de los explotadores de empresas alimentarias o de piensos que efectúan la importación o la exportación del producto.

La Decisión 2008/47/CE, de 20 de diciembre de 2007, por la que se autorizan los controles previos a la exportación efectuados por los Estados Unidos de América en cacahuetes y productos derivados para detectar la presencia de aflatoxinas[17] es hasta el momento la única Decisión de la Comisión que aprueba un régimen de este tipo.

3.6. Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria

El artículo 51 del RCO faculta a la Comisión a organizar la formación para el personal de las autoridades competentes tanto de los Estados miembros como de los terceros países encargado de la legislación sobre piensos y alimentos, la salud animal, el bienestar de los animales y la fitosanidad. De conformidad con este artículo, la Comisión puso en marcha la iniciativa «mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria», que se encuentra actualmente en su tercer año de actividad. Los resultados del segundo año se publicaron en el informe anual sobre la iniciativa:http://ec.europa.eu/food/training_strategy/annual_report2007/index_en.htm.

Al terminar el año 2008, aproximadamente 7 500 participantes se habían beneficiado directamente de la formación proporcionada por la iniciativa, de los cuales un 52 % procedían de Estados miembros, un 13 % de países candidatos, países potencialmente candidatos, países de la Asociación Europea de Libre Comercio y países de la Política Europea de Vecindad y un 35 % de otros terceros países. Los niveles de participación están llamados a crecer en los próximos años, hasta alcanzar una media de 6 000 participantes anuales.

En septiembre de 2006, la Comisión adoptó una Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo sobre Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria[18], en la que se describen el alcance y finalidad de la iniciativa y su estrategia de desarrollo futuro. De acuerdo con las conclusiones de la Comunicación y los resultados de un análisis coste/beneficio realizado por un consultor independiente, la Comisión decidió delegar las tareas de ejecución del programa a la «Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo»[19].

3.7. Laboratorios comunitarios de referencia (LCR)

El anexo VII del RCO establece la lista consolidada de laboratorios comunitarios de referencia (LCR) para piensos y alimentos y para la salud animal, entre los que se incluyen laboratorios previamente designados por diversos actos sectoriales y nuevos LCR en ámbitos aún no cubiertos. Desde julio de 2005, la Comisión ha puesto en marcha tres convocatorias para la selección y designación de nuevos LCR.

De esta manera, se han podido añadir a lista del anexo VII los nuevos LCR siguientes:

- nuevos LCR en los siguientes sectores: fiebre aftosa, brucelosis, Listeria monocytogenes , estafilococos coagulasa positivos, Escherichia coli , incluida la presencia de E. coli verotoxigénica (VTEC), Campylobacter , parásitos (en particular, Trichinella , Echinococcus y anisakis ), resistencia a los antimicrobianos, proteínas animales en los piensos, residuos de plaguicidas, micotoxinas en los alimentos y los piensos, dioxinas y PCB e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)[20].

- LCR para enfermedades de los équidos distintas de la peste equina africana[21].

- LCR para las enfermedades de los crustáceos, la rabia y la tuberculosis bovina, se establecen responsabilidades y tareas suplementarias para los LCR para la rabia y la tuberculosis bovina[22].

3.8. Actualizaciones técnicas

La norma EN ISO/IEC 17020 sustituye a la norma EN 45004

De conformidad con el artículo 5 del RCO, la autoridad competente podrá delegar tareas de control específicas relacionadas con los controles oficiales en uno o más organismos de control de acuerdo con determinados requisitos. Dichos organismos de control deben trabajar y estar acreditados conforme a las normas europeas, en concreto con la norma EN sobre «Criterios generales para el funcionamiento de los diversos tipos de organismos que realizan inspección» . La anterior norma EN 45004 ha sido sustituida por la norma EN ISO/IEC 17020. Por lo tanto, el RCO debería modificarse en consecuencia. La Comisión prepara en la actualidad una modificación del RCO, que se adoptará mediante el procedimiento de comitología, para reflejar los cambios de las normas ISO.

La norma EN ISO/IEC 17011 sustituye a la normas EN 45002 y EN 45003

De conformidad con el artículo 12, apartados 1 y 2, del RCO, la autoridad competente designará los laboratorios que pueden realizar el análisis de las muestras tomadas en los controles oficiales y dichos laboratorios deberán estar acreditados conforme a determinadas normas europeas. Las anteriores normas EN 45002 «Criterios generales para la evaluación de los laboratorios de ensayo» y EN 45003 «Sistemas de acreditación de laboratorios de ensayo y calibración. Requisitos generales relativos a su funcionamiento y reconocimiento» se han sustituido por la norma EN ISO/IEC 17011 «Requisitos generales para los organismos de acreditación que realizan la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad» , y el RCO se ha modificado de acuerdo con ello[23].

4. TASAS

4.1. Contexto

En virtud del artículo 65 del RCO, en el informe se examinará, en particular la cuestión de las tasas percibidas para la financiación de los controles oficiales («tasas de inspección»).

Con objeto de elaborar un informe sobre este tema complejo, la Comisión solicitó una evaluación externa destinada a proporcionar una mejor comprensión del funcionamiento de los sistemas de tasas de inspección que aplican actualmente los Estados miembros con arreglo a las disposiciones correspondientes del RCO (artículos 26 a 29).

La evaluación («el estudio») la llevó a cabo un contratista durante el periodo comprendido entre abril y noviembre de 2008 por medio de una encuesta enviada a las autoridades competentes de todos los Estados miembros, un análisis en profundidad (monografías) en relación con seis Estados miembros que representan diversos regímenes de tasas, entrevistas a expertos clave y partes interesadas a escala de la UE y un amplio examen de literatura y datos existentes (entre los que figuran los informes de la OAV y la legislación nacional pertinentes).

Los resultados del estudio concluyeron y se pusieron a disposición de la Comisión en febrero de 2009.

4.2. Ámbito de la evaluación

Los objetivos del estudio fueron dos:

a) evaluar la situación actual en lo relativo a la aplicación de las disposiciones vigentes en materia de tasas, en particular la manera en que el sistema funciona en la práctica;

b) evaluar las ventajas e inconvenientes de una serie de opciones políticas (relativas al ámbito de aplicación de las normas actuales y al mecanismo de fijación de las tasas).

Se pidió asimismo a los evaluadores que identificaran los principales puntos fuertes y débiles del actual sistema, así como los principales problemas y deficiencias que deberían subsanarse en el futuro. Se observó especialmente la manera en que se aplican en la actualidad los artículos 26 a 29 del RCO y cómo contribuye el sistema de tasas, en su aplicación actual, a alcanzar los objetivos del mismo.

4.3. Principales conclusiones derivadas del estudio

El estudio reveló que las disposiciones del RCO relativas a la financiación son muy diferentes según los Estados miembros y que existe una gran falta de claridad y de transparencia en los diversos sistemas nacionales de tasas en su aplicación actual. Como consecuencia, la comparación directa de los niveles reales de las tasas en toda la UE (y entre los sectores) es muy difícil.

Los resultados del estudio sugieren también que, debido a la muy amplia definición de las categorías de costes en el anexo VI del Reglamento y a la mencionada falta de transparencia de los métodos de cálculo, no resulta fácil establecer si las tasas basadas en los costes reflejan verdaderamente los costes reales que supone para las autoridades competentes de los Estados miembros la realización de las inspecciones por las que se cobran dichas tasas.

En términos más generales, el estudio investigó si se había conseguido el objetivo principal del sistema de tasas de inspección actualmente existente, lo que supone garantizar que los Estados miembros tengan los recursos económicos suficientes para efectuar los controles oficiales (artículo 26 del Reglamento). El estudio induce a pensar que ese objetivo principal está lejos de alcanzarse actualmente en el conjunto de la UE.

4.4. Posibilidades de cambio

A partir de las conclusiones señaladas, el estudio evalúa las ventajas e inconvenientes de una serie de opciones políticas y compara las posibles alternativas a las normas actuales.

Como hipótesis de trabajo, el estudio contempla los dos posibilidades extremas siguientes:

- «plena subsidiariedad», que implicaría la derogación de la mayor parte de imposiciones recogidas en el marco jurídico existente, sobre todo en lo relativo al cálculo de las tasas y al ámbito de aplicación de las tasas obligatorias; los Estados miembros tendrían libertad para decidir la mejor manera de financiar sus servicios de controles oficiales;

- «plena armonización», con unas tasas fijadas al mismo nivel en el conjunto de la Unión Europea y para todos los sectores afectados (definidos en la legislación comunitaria).

El estudio evalúa a continuación las ventajas e inconvenientes de las posibilidades intermedias, derivadas de la suma de elementos moderadores a las dos opciones más radicales. El análisis se realiza teniendo en cuenta en particular cómo se caracterizarían los principales componentes de un marco legislativo sobre tasas de inspección en una escala que va de la «plena subsidiariedad» a la «plena armonización». Esos principales componentes son, en particular:

( carácter obligatorio/no obligatorio de la tasa

( nivel armonizado/no armonizado de los importes de las tasas

( método armonizado/no armonizado de cálculo de las tasas

( armonización/no armonización de las reducciones de las tasas y de las sanciones por incumplimiento

( lista de actividades cubiertas por las tasas (alcance del sistema).

También se tiene en cuenta la posibilidad de mantener el sistema en su estado actual pero con algunas mejoras para hacer frente, en la medida de lo posible, las deficiencias mencionadas.

La Comisión va a realizar ahora una evaluación de impacto para valorar las opciones disponibles y la necesidad de elaborar una propuesta legislativa. A tal efecto, se consultará a las diversas partes interesadas.

En la siguiente dirección se publica una información detallada sobre los resultados del estudio relativo a las tasas: [completar].[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] DO L 165 de 30.4.2004, p. 1.

[2] Una nueva estrategia de salud animal para la Unión Europea (2007-2013) en la que «más vale prevenir que curar», Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones. COM(2007) 539 final.

[3] DO L 125 de 23.5.2006, p. 10.

[4] DO L 221 de 7.8.1986, p. 37.

[5] DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.

[6] El Reglamento (CEE) nº 315/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993, por el que se establecen procedimientos comunitarios en relación con los contaminantes presentes en los productos alimenticios define «contaminante» como cualquier sustancia que no haya sido agregada intencionadamente al alimento en cuestión, pero que sin embargo se encuentra en el mismo como residuo de la producción (incluidos los tratamientos administrados a los cultivos y al ganado y en la práctica de la medicina veterinaria), de la fabricación, transformación, preparación, tratamiento, acondicionamiento, empaquetado, transporte o almacenamiento de dicho alimento o como consecuencia de la contaminación medioambiental. El control de otros contaminantes distintos de los incluidos en los anexos de la Directiva 96/23/CE se organiza en el marco de la normativa sobre contaminantes.

[7] Como consecuencia de ello, el Reglamento (CE) nº 2377/90 ha sido modificado por el Reglamento (CE) nº xxx/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos de las sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal (COD 2007/0064).

[8] DO L 169 de 10.7.2000, p. 1.

[9] El Consejo invitó a la Comisión a evaluar el actual acervo fitosanitario y estudiar posibles modificaciones del mismo, y presentar posteriormente una propuesta para una estrategia fitosanitaria comunitaria. La Comisión ha puesto en marcha una evaluación y a mediados de 2009 dará comienzo un estudio.

[10] DO L 278 de 10.10.2006, p. 15.

[11] DO L 138 de 30.5.2007, p. 24.

[12] DO L 214 de 9.8.2008, p. 56.

[13] Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

[14] Directiva 97/78/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 1997, por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de terceros países, DO L 24 de 30.1.1998, p. 9.

[15] Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, DO L 131 de 1.2.2002, p. 1.

[16] Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano, DO L 139 de 30.4.2004, p. 206, corregido y vuelto a publicar en el DO L 226 de 25.6.2004, p. 83.

[17] DO L 11 de 15.1.2008, p. 12.

[18] COM(2006) 519 de 20.9.2006, disponible en línea en: http://ec.europa.eu/food/training/communication_final_report_en.pdf

[19] Decisión 2008/544/CE de la Comisión, de 20 de junio de 2008, por la que se modifica la Decisión 2004/858/CE con objeto de transformar la "Agencia Ejecutiva para el Programa de Salud Pública" en la "Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo", DO L 173 de 3.7.2008, p. 27.

[20] Reglamento (CE) nº 776/2006 de la Comisión, de 23 de mayo de 2006, DO L 136 de 24.5.2006, p. 3.

[21] Reglamento (CE) nº 180/2008 de la Comisión, de 28 de febrero de 2008, DO L 56 de 29.2.2008, p. 4.

[22] Reglamento (CE) nº 737/2008 de la Comisión, de 28 de julio de 2008, DO L 201 de 30.7.2008, p. 29.

[23] Reglamento (CE) nº 1029/2008 de la Comisión, de 20 de octubre de 2008, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo para actualizar una referencia a determinadas normas europeas, DO L 278 de 21.10. 2008, p. 6.