3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

•Subsidiariedad (por competencias no exclusivas)

Los mecanismos objeto de la presente Directiva reflejan situaciones en las que los contribuyentes actúan en contra del objetivo efectivo de la legislación, aprovechando las disparidades existentes entre los diferentes regímenes fiscales nacionales para reducir su carga fiscal. Los contribuyentes pueden beneficiarse de tipos impositivos reducidos o de dobles deducciones o asegurarse de que su renta queda exenta mediante su deducción en una determinada jurisdicción sin que resulte incluida, a nivel transfronterizo, en la base imponible de otra. Estas situaciones provocan un falseamiento de las decisiones de las empresas en el mercado interior y, a menos que se resuelvan eficazmente, pueden dar lugar a un entorno de competencia fiscal desleal. Con el objetivo de luchar contra las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente al funcionamiento del mercado interior, la presente Directiva establece normas de lucha contra la elusión fiscal en seis ámbitos específicos: deducibilidad de los intereses; imposición de salida; cláusula de inversión (switch over); norma general contra las prácticas abusivas (NGCPA); normas relativas a las sociedades extranjeras controladas (SEC); y marco para hacer frente a las asimetrías híbridas.

La presente Directiva, denominada a menudo Directiva de lucha contra la elusión fiscal, establece normas para combatir las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente al funcionamiento del mercado interior. Se trata de uno de los elementos constitutivos del paquete de medidas de lucha contra la elusión fiscal de la Comisión, que aborda una serie de nuevos acontecimientos y prioridades políticas importantes en el ámbito de la fiscalidad de las sociedades que exigen una reacción rápida a escala de la UE. En particular, surge a raíz de la finalización del proyecto de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (en lo sucesivo el proyecto BEPS, por sus siglas en inglés) del G 20 y la OCDE y responde a la demanda del Parlamento Europeo, de varios Estados miembros, de las empresas y la sociedad civil, y de algunos de los socios internacionales de reforzar y dotar de mayor coherencia al enfoque de la UE en materia de lucha contra el fraude del impuesto sobre sociedades.

La mayor parte de los Estados miembros son miembros de la OCDE y en el periodo comprendido entre 2013 y 2015 participaron en debates extensos y pormenorizados sobre las acciones contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, incluida la elaboración de aspectos técnicos. La OCDE organizó amplias consultas públicas con las partes interesadas respecto de cada una de las acciones contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Además, la Comisión ha debatido a nivel interno y con los expertos de la OCDE varios aspectos relacionados con la BEPS (por ejemplo, la normativa sobre sociedades extranjeras controladas), en particular cuando albergaba dudas sobre la compatibilidad de determinadas ideas o soluciones propuestas con la legislación de la UE.

3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

Las medidas previstas no van más allá de lo necesario para garantizar el nivel de mínimo de protección del mercado interior. Por tanto, la Directiva no establece una armonización completa, sino únicamente una protección mínima de los sistemas del impuesto sobre sociedades de los Estados miembros. De este modo, la Directiva garantiza el grado esencial de coordinación dentro de la Unión con el fin de realizar sus objetivos. Por consiguiente, la propuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar sus objetivos y, por tanto, es conforme con el principio de proporcionalidad.

Las normas de la presente Directiva tienen por objeto hacer frente a las prácticas de elusión fiscal transfronteriza y proporcionar un marco común para la incorporación de los resultados del proyecto BEPS a las legislaciones nacionales de los Estados miembros de manera coordinada. Estos objetivos no se pueden alcanzar suficientemente mediante la adopción de medidas por cada Estado miembro por separado. De hecho, un enfoque de ese tipo solo reproduciría, agravándola posiblemente, la actual fragmentación del mercado interior y perpetuaría los actuales falseamientos e ineficiencias debidos a la interacción de un mosaico de medidas dispares. Si el objetivo es adoptar soluciones operativas para el mercado interior en su conjunto (por ejemplo, la eliminación de las asimetrías existentes debido a la disparidad de los sistemas fiscales nacionales) y mejorar su resiliencia (interna y externa) frente a la planificación fiscal agresiva, una manera adecuada de progresar consiste en la adopción de iniciativas coordinadas a escala de la UE.

•Subsidiariedad (por competencias no exclusivas)

La Directiva es ampliamente integradora y pretende incluir a todos los contribuyentes del impuesto sobre sociedades de un Estado miembro. Su ámbito de aplicación abarca también los establecimientos permanentes, situados en la Unión, de contribuyentes del impuesto de sociedades que no estén sujetos a la Directiva.

La imposición de salida responde al propósito de evitar la erosión de la base imponible en el Estado de origen cuando los activos que incorporan plusvalías subyacentes no realizadas se trasladan, sin un cambio de propiedad, fuera de la jurisdicción fiscal de dicho Estado. Habida cuenta de que la aplicación de la imposición de salida dentro de la Unión debe respetar las libertades fundamentales y atenerse a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la presente Directiva también aborda la imposición de salida desde la perspectiva del Derecho de la Unión, otorgando a los contribuyentes la posibilidad de aplazar el pago de la cuota del impuesto a lo largo de un determinado número de años y liquidarlo a través de pagos fraccionados.

Los contribuyentes pueden intentar reducir su volumen de impuestos mediante el traslado de su residencia fiscal y/o sus activos a jurisdicciones que apliquen una tributación reducida. Dichas prácticas falsean el mercado ya que erosionan la base imponible del Estado de partida y trasladan los futuros beneficios de modo que estén sujetos a impuesto en la jurisdicción de destino que aplica una tributación reducida. En caso de que el contribuyente traslade su residencia fiscal fuera de un determinado Estado miembro, dicho Estado se verá privado de su futuro derecho a gravar los ingresos de dicho contribuyente, que pueden haberse generado ya pero no haberse realizado aún. La misma dificultad surge cuando los contribuyentes trasladan activos (sin enajenarlos) fuera de un Estado miembro y dichos activos incorporan beneficios no realizados.

Si bien se suele admitir que las sociedades financieras, es decir, las entidades financieras y las compañías de seguros, también deberían estar sujetas a limitaciones en materia de deducibilidad de los intereses, se reconoce al mismo tiempo que esos dos sectores presentan características específicas que requieren un enfoque individualizado. Ello se debe principalmente a que, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores de la economía, los costes financieros en que incurren o los ingresos que generan las sociedades financieras forman parte de su actividad principal. Habida cuenta de que los debates en este ámbito aún no son lo suficientemente concluyentes ni en el contexto internacional ni en el de la Unión, todavía no ha sido posible establecer normas específicas en los sectores financiero y de seguros. Sin embargo, es necesario precisar que, a pesar de la exclusión temporal de dichas sociedades financieras, está previsto que en última instancia se logre una norma de limitación de los intereses de amplio alcance que no esté sujeta a excepciones.

Los mecanismos objeto de la presente Directiva reflejan situaciones en las que los contribuyentes actúan en contra del objetivo efectivo de la legislación, aprovechando las disparidades existentes entre los diferentes regímenes fiscales nacionales para reducir su carga fiscal. Los contribuyentes pueden beneficiarse de tipos impositivos reducidos o de dobles deducciones o asegurarse de que su renta queda exenta mediante su deducción en una determinada jurisdicción sin que resulte incluida, a nivel transfronterizo, en la base imponible de otra. Estas situaciones provocan un falseamiento de las decisiones de las empresas en el mercado interior y, a menos que se resuelvan eficazmente, pueden dar lugar a un entorno de competencia fiscal desleal. Con el objetivo de luchar contra las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente al funcionamiento del mercado interior, la presente Directiva establece normas de lucha contra la elusión fiscal en seis ámbitos específicos: deducibilidad de los intereses; imposición de salida; cláusula de inversión (switch over); norma general contra las prácticas abusivas (NGCPA); normas relativas a las sociedades extranjeras controladas (SEC); y marco para hacer frente a las asimetrías híbridas.

La Directiva es ampliamente integradora y pretende incluir a todos los contribuyentes del impuesto sobre sociedades de un Estado miembro. Su ámbito de aplicación abarca también los establecimientos permanentes, situados en la Unión, de contribuyentes del impuesto de sociedades que no estén sujetos a la Directiva.

La presente propuesta de Directiva no tiene ninguna repercusión presupuestaria para la UE.

En este contexto, no se ha realizado evaluación de impacto alguna en relación con la presente propuesta por los siguientes motivos: existe una estrecha vinculación con el trabajo sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios de la OCDE; el documento de trabajo suministra un conjunto significativo de datos y análisis; las partes interesadas participaron ampliamente en una fase anterior en las consultas sobre los elementos técnicos de las normas propuestas; y, en especial, existe actualmente una demanda urgente de acción coordinada de la UE sobre esta cuestión, considerada una prioridad política internacional.

La mayoría de los Estados miembros, en su calidad de miembros de la OCDE, se han comprometido a incorporar los resultados del proyecto BEPS a su legislación nacional, y a hacerlo urgentemente. Habida cuenta de ello, es esencial avanzar rápidamente en la adopción de normas para coordinar la aplicación de las conclusiones sobre el proyecto BEPS en la UE. Teniendo en cuenta el gran riesgo de fragmentación del mercado interior que podría derivarse, en su caso, de la falta de coordinación de las acciones unilaterales llevadas a cabo por los Estados miembros, la Comisión presenta en esta propuesta soluciones mínimas comunes para su aplicación. La Comisión ha hecho todo lo posible por responder simultáneamente a la urgencia de actuar y a la imperiosa necesidad de evitar que el funcionamiento del mercado interior se vea comprometido por la adopción de medidas unilaterales por parte de algunos Estados miembros (sean o no miembros de la OCDE) o por la falta de acción por parte de otros. También se ha barajado la posibilidad de proponer la adopción de normativa no vinculante, pero ha quedado descartada por considerarse inadecuada para garantizar un enfoque coordinado.

Los elementos de la presente propuesta de Directiva se presentaron en términos generales y se debatieron con las delegaciones de los Estados miembros, las empresas y los representantes de las organizaciones no gubernamentales en una reunión de la plataforma de buena gobernanza fiscal celebrada el 30 de noviembre de 2015.

En el segundo semestre de 2014, la Presidencia Italiana del Consejo lanzó la idea de una «hoja de ruta de la UE en relación con el proyecto BEPS». El Consejo debatió la propuesta de BICCIS centrándose específicamente en sus elementos internacionales y relacionados con el proyecto BEPS. En este contexto, la Presidencia fomentó la coherencia con iniciativas paralelas de la OCDE, respetando al mismo tiempo la legislación de la UE. Este enfoque fue apoyado por el Grupo de alto nivel sobre fiscalidad y continuado por las Presidencias siguientes. Los debates sobre la hoja de ruta de la UE en relación con el proyecto BEPS prosiguieron en 2015. El objetivo era contribuir al debate de la OCDE y allanar el camino hacia una aplicación sin obstáculos de las futuras recomendaciones de la OCDE, teniendo en cuenta, no obstante, las especificidades de la UE.

Las asimetrías híbridas se derivan de las diferencias en la calificación jurídica de los pagos (instrumentos financieros) o de las entidades cuando interactúan dos ordenamientos jurídicos. A menudo, tales asimetrías pueden dar lugar a dobles deducciones (es decir, deducción a ambos lados de la frontera) o a una deducción de la renta a un lado de la frontera sin que dicha renta sea objeto de inclusión al otro lado. Los contribuyentes, en particular aquellos que participan en estructuras transfronterizas, suelen beneficiarse de esas disparidades entre los regímenes fiscales nacionales y reducir su deuda tributaria global en la Unión.

Los mecanismos de planificación fiscal son muy complejos y, generalmente, la legislación tributaria no evoluciona con la suficiente rapidez como para incluir todos los elementos de protección específicos para hacerles frente. Esta es la razón por la cual en todo régimen fiscal es útil contar con una NGCPA que permite hacer frente a las prácticas abusivas pese a no existir una norma específica de lucha contra la elusión fiscal.

El régimen propuesto tiene en cuenta que en la Unión los tipos del impuesto de sociedades no están armonizados. Con objeto de poder aplicarlo específicamente contra las prácticas de elusión fiscal, el umbral debería fijarse, en cualquier caso, de forma que abarque aquellas situaciones en que el gravamen se sitúe en un nivel inferior al 50 % en comparación con el Estado del contribuyente receptor. Sin embargo, el umbral tampoco debería fijarse a un nivel tan bajo que privara a la medida de sentido por aplicarse únicamente a las jurisdicciones fiscales más agresivas. Habida cuenta de lo anterior, una prueba en virtud de la cual el tipo legal del impuesto sobre sociedades en el país de residencia de la entidad o el país en el que esté situado el establecimiento permanente sea inferior al 40 % del tipo legal del impuesto sobre sociedades en el Estado miembro del contribuyente permitiría lograr un equilibrio entre el reconocimiento del margen para que exista una competencia fiscal justa y la necesidad de evitar las prácticas de elusión fiscal.

Considerando que la presente Directiva no establece un sistema del impuesto sobre sociedades independiente ni incluye un mecanismo para la consolidación de las bases imponibles de las sociedades de un grupo en toda la Unión, tal como se establece en la propuesta de BICCIS, sería lógico utilizar como referencia el tipo legal del impuesto sobre sociedades en el Estado miembro del contribuyente que recibe la renta procedente del extranjero, al menos, hasta que se lleven a la práctica los planes para relanzar la BICCIS, según lo anunciado por la Comisión.

DIRECTIVA DEL CONSEJO

por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente al funcionamiento del mercado interior

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 115,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

De conformidad con un procedimiento legislativo especial,

Considerando lo siguiente:

(1)Las prioridades políticas actuales en materia de fiscalidad internacional ponen de relieve la necesidad de garantizar el pago del impuesto allí donde se generen los beneficios y el valor. Así pues, es imprescindible restablecer la confianza en la equidad de los sistemas fiscales y permitir a los gobiernos ejercer de forma eficaz su potestad tributaria. Estos nuevos objetivos políticos se han traducido en recomendaciones de actuación concretas en el contexto de la iniciativa contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (en lo sucesivo BEPS, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En respuesta a la necesidad de lograr una imposición más equitativa, la Comisión, en su Comunicación de 17 de junio de 2015, estableció un Plan de Acción para un sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz en la Unión Europea (en lo sucesivo, el Plan de Acción).

(2)La mayoría de los Estados miembros, en su calidad de miembros de la OCDE, se han comprometido a aplicar los resultados de las 15 acciones contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, hechas públicas el 5 de octubre de 2015. Así pues, para el buen funcionamiento del mercado interior es esencial que, como mínimo, los Estados miembros cumplan los compromisos que han adquirido en virtud del proyecto BEPS y, más en general, que adopten medidas destinadas a desalentar las prácticas de elusión fiscal y garantizar una fiscalidad justa y eficaz en la Unión de manera suficientemente coherente y coordinada. En un mercado caracterizado por la gran integración de las economías, se impone la adopción de enfoques estratégicos comunes y una acción coordinada a fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior y maximizar los efectos positivos de la iniciativa contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Por otra parte, solo un marco común permitiría evitar la fragmentación del mercado y poner fin al falseamiento del mercado y a las asimetrías existentes en la actualidad. Por último, contar con medidas de ejecución a nivel nacional que se atengan a una orientación común en toda la Unión aportaría seguridad jurídica a los contribuyentes, en la medida en que dichas medidas fueran compatibles con el Derecho de la Unión.

(3)Es necesario establecer normas que refuercen el nivel medio de protección contra la planificación fiscal agresiva en el mercado interior. Dado que esas normas habrán de incorporarse a veintiocho sistemas nacionales del impuesto sobre sociedades distintos, deben quedar circunscritas a nociones de carácter general, y su aplicación debe dejarse en manos de los Estados miembros, pues son estos últimos quienes se hallan mejor situados para configurar los elementos específicos de las mismas de la forma que mejor se adapte a sus sistemas fiscales. Este objetivo podría lograrse mediante el establecimiento de un nivel mínimo de protección en favor de los sistemas nacionales del impuesto sobre sociedades en toda la Unión. Por tanto, es preciso coordinar las respuestas de los Estados miembros a la hora de aplicar los resultados de las 15 Acciones contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios con el fin de mejorar la eficacia del mercado interior en su conjunto en la lucha contra las prácticas de elusión fiscal. Procede, por tanto, establecer un nivel mínimo común de protección del mercado interior en sectores específicos.

(4)Es preciso establecer normas aplicables a todos los contribuyentes del impuesto sobre sociedades en un determinado Estado miembro. Resulta oportuno aplicar asimismo dichas normas a los establecimientos permanentes de los contribuyentes del impuesto de sociedades que puedan estar situados en otro u otros Estados miembros. Los contribuyentes del impuesto sobre sociedades pueden ser residentes a efectos fiscales en un Estado miembro o estar establecidos con arreglo a la legislación de un Estado miembro. Resulta oportuno que los establecimientos permanentes de entidades residentes a efectos fiscales en un tercer país también estén cubiertas por dichas normas si están situados en uno o varios Estados miembros.

(5)Es necesario establecer normas contra la erosión de las bases imponibles en el mercado interior y el traslado de beneficios fuera del mismo. Es preciso adoptar normas en los siguientes ámbitos a fin de contribuir a la consecución de dicho objetivo: limitación de la deducibilidad de los intereses, imposición de salida, cláusula de inversión (switch-over), norma general contra las prácticas abusivas, normas relativas a las sociedades extranjeras controladas y marco para hacer frente a las asimetrías híbridas. Cuando la aplicación de dichas normas provoque una doble imposición, los contribuyentes deben poder beneficiarse de una deducción del impuesto pagado en otro Estado miembro o en un tercer país, según el caso. Por tanto, las normas no solo deben tener por objeto contrarrestar las prácticas de elusión fiscal, sino también evitar la creación de otros obstáculos al mercado, como, por ejemplo, la doble imposición.

(6)En un intento de reducir su deuda tributaria global, los grupos de empresas transfronterizos recurren cada vez más al traslado de beneficios, a menudo mediante el pago de intereses incrementados, desde jurisdicciones con elevados niveles de imposición hacia países con niveles impositivos inferiores. A fin de desalentar tales prácticas, se precisa de una norma sobre limitación de los intereses en virtud de la cual se restrinja la deducibilidad de los costes financieros netos de los contribuyentes (es decir, el importe en que los gastos financieros exceden de los ingresos financieros). Por lo tanto, resulta necesario fijar una ratio de deducibilidad que haga referencia a los beneficios de los contribuyentes antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (los EBITDA, por sus siglas en inglés). Los ingresos financieros exentos de impuestos no deberían compensarse con los gastos financieros y ello debido a que, a la hora de determinar el importe máximo de intereses que puede deducirse, solo debería tenerse en cuenta la renta imponible. Para brindar facilidades a los contribuyentes que presentan riesgos reducidos en relación con la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, los intereses netos deberían ser siempre deducibles hasta un importe máximo fijo, que se aplicaría cuando condujera a una deducción mayor que la ratio basada en los EBITDA. Cuando el contribuyente forme parte de un grupo que mantenga cuentas consolidadas obligatorias, a efectos de concesión a dicho contribuyente del derecho a deducir importes más elevados de los costes financieros netos, debería tenerse en cuenta el endeudamiento del grupo en su conjunto. La norma de limitación de los intereses debería aplicarse en relación con los costes financieros netos de un contribuyente sin establecer distinciones en función de que los costes provengan de deuda contraída a nivel nacional, a nivel transfronterizo dentro de la Unión o con un tercer país. Si bien se suele admitir que las sociedades financieras, es decir, las entidades financieras y las compañías de seguros, también deberían estar sujetas a limitaciones en materia de deducibilidad de los intereses, se reconoce al mismo tiempo que esos dos sectores presentan características específicas que requieren un enfoque individualizado. Habida cuenta de que los debates a este respecto aún no son lo suficientemente concluyentes ni en el contexto internacional ni en el de la Unión, todavía no es posible establecer normas específicas en los sectores financiero y de seguros.

(7)La función de los impuestos de salida es garantizar que cuando un contribuyente traslade activos o su residencia fiscal fuera de la jurisdicción fiscal de un Estado, dicho Estado grave el valor económico de cualquier plusvalía creada en su territorio aun cuando la plusvalía en cuestión todavía no se haya realizado en el momento de la salida. Por consiguiente, resulta necesario especificar los casos en que los contribuyentes están sujetos a normas en materia de imposición de salida y sujetos a impuesto por las plusvalías no realizadas generadas en los activos que hayan trasladado. A fin de calcular los importes, es fundamental fijar el valor de mercado de los activos trasladados basándose en el principio de plena competencia. Es necesario abordar, dentro de la Unión, la aplicación de la imposición de salida e ilustrar las condiciones para atenerse al Derecho de la Unión. En tales situaciones, los contribuyentes deben tener derecho a elegir entre el pago inmediato de la cuota del impuesto de salida o su pago aplazado, posiblemente junto con los intereses y una garantía, a lo largo de una serie de años, liquidando su deuda fiscal mediante pagos fraccionados. El impuesto de salida no debe aplicarse cuando el traslado de los activos revista carácter temporal y mientras se prevea que los activos retornen al Estado miembro del responsable del traslado, cuando el traslado se realice a fin de cumplir los requisitos prudenciales o a efectos de la gestión de la liquidez, o en los casos de operaciones de financiación de valores o de entrega de activos como garantía.

(8)Habida cuenta de las dificultades inherentes a la concesión de deducciones fiscales en relación con los impuestos pagados en el extranjero, los Estados tienden de forma creciente a eximir del impuesto la renta extranjera en el Estado de residencia. No obstante, este enfoque tiene el efecto negativo involuntario de fomentar situaciones en las que la renta exenta o sujeta a un gravamen reducido entra en el mercado interior y, a continuación, circula — en muchos casos sin gravar — en la Unión, aprovechando los instrumentos disponibles en la legislación de la Unión. Para atajar estas prácticas, se utilizan habitualmente cláusulas de inversión (switch-over). Por consiguiente, es necesario prever una cláusula de inversión dirigida específicamente contra algunos tipos de renta extranjera, como, por ejemplo, las distribuciones de beneficios, el producto de la enajenación de acciones y los beneficios de los establecimientos permanentes que estén exentos de impuestos en la Unión y tengan su origen en terceros países. Esta renta debería ser imponible en la Unión si ha sido gravada por debajo de un determinado nivel impositivo en el tercer país. Teniendo en cuenta que la cláusula de inversión no exige un control sobre la entidad objeto de un gravamen reducido y, por tanto, es posible que no se tenga acceso a las cuentas obligatorias de la entidad, el cálculo del tipo impositivo efectivo puede ser un ejercicio muy complejo. Por consiguiente, al aplicar la cláusula de inversión, los Estados miembros deberían utilizar el tipo impositivo legal. Los Estados miembros que apliquen la cláusula de inversión deberían conceder una deducción fiscal en concepto del impuesto pagado en el extranjero, con el fin de evitar la doble imposición.

(9)Las normas generales contra las prácticas abusivas (NGCPA) se incluyen en los sistemas impositivos para hacer frente a las prácticas fiscales de este tipo que todavía no se han abordado a través de disposiciones específicas. Así pues, dichas normas generales tienen como función colmar las lagunas existentes y no deberían afectar a la aplicabilidad de las normas específicas de lucha contra el fraude. Dentro de la Unión, la aplicación de las NGCPA debe circunscribirse a los mecanismos «puramente artificiales» (falseados); dicho de otro modo, el contribuyente debe tener derecho a elegir la estructura más eficaz desde el punto de vista fiscal para sus operaciones comerciales. Además, es importante garantizar la aplicación de las normas generales en situaciones de ámbito nacional, dentro de la Unión y en relación con terceros países de manera uniforme, de modo que su alcance y los resultados de su aplicación en situaciones nacionales y transfronterizas no difieran.

(10)Las normas sobre sociedades extranjeras controladas (SEC) permiten reasignar la renta de una filial controlada sujeta a un bajo nivel de imposición a su sociedad matriz. A continuación, la sociedad matriz en cuestión pasa a tributar por la renta reasignada en su Estado de residencia a efectos fiscales. En función de las prioridades políticas de ese Estado, las normas SEC podrán aplicarse a toda una filial sujeta a imposición reducida o exclusivamente a la renta que haya sido desviada artificialmente a la filial. Es conveniente abordar las situaciones que se produzcan tanto en terceros países como en la Unión. A fin de respetar las libertades fundamentales, el efecto de las normas dentro de la Unión debería limitarse a los mecanismos que provoquen el traslado artificial de beneficios del Estado miembro de la matriz a la sociedad extranjera controlada. En ese caso, los importes de renta atribuidos a la sociedad matriz deben ajustarse con arreglo al principio de plena competencia, de modo que el Estado de la sociedad matriz grave exclusivamente el importe de la renta de las SEC en la medida en que no se atengan a este principio. Las normas SEC deben excluir de su ámbito de aplicación a las sociedades financieras cuando estas sean residentes en la Unión a efectos fiscales, incluidos los establecimientos permanentes de dichas empresas situados en la Unión. La razón subyacente es que la aplicación legítima de estas normas dentro de la Unión debe limitarse a situaciones artificiales sin contenido económico, lo que supone que dichas normas probablemente no puedan aplicarse a los sectores financiero y de seguros, fuertemente regulados.