COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
C0M(94) 353 final 
Bruselas, 05.10.1994 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO 
POSIBLE EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS EN TORNO AL 
LIBRO VERDE "PLURALISMO Y CONCENTRACIÓN 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL 
MERCADO INTERIOR - VALORACIÓN DE LA NECESIDAD 
DE UNA ACCIÓN COMUNITARIA" 
SUMARIO 
Introducción 
I. Proceso de consulta 
A. Método de consulta 
B. Valoración de la consulta 
II. Análisis de la consulta 
A. Presentación de las posiciones 
B. Análisis de las respuestas a los cuestionarios 
C. Observaciones sobre los comentarios 
m. Análisis de las opciones tras la primera consulta 
A. Posición de la Comisión sobre las opciones 
B. Conclusión 
C. Calendario 
INDICE 
SUMARIO ........2 
RESUMEN ; 5 
INTRODUCCIÓN 9 
I. PROCESO DE CONSULTA 13 
A. Método de consulta 13 
1. PARLAMENTO EUROPEO, COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL Y 
ESTADOS MIEMBROS 113 
2. SECTORES INTERESADOS 14 
B. Evaluación de la consulta.... 15 
1. EVALUACIÓN CUANTITATIVA 15 
2. EVALUACIÓN CUALITATIVA 15 
H. ANÁLISIS DE LA CONSULTA 17 
A. Presentación de las posiciones 17 
1. PARLAMENTO EUROPEO, COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL Y 
ESTADOS MIEMBROS 17 
2. SECTORES INTERESADOS 18 
B. Análisis de las respuestas a los cuestionarios 21 
1. RESPUESTAS RELATIVAS A LA NECESIDAD DE UNA ACCIÓN 21 
2. RESPUESTAS RELATIVAS AL CONTENIDO DE UNA POSIBLE 
ACTUACIÓN 30 
3. RESPUESTAS RELATIVAS ALAS NUEVAS TECNOLOGÍAS ,32 
4. RESPUESTAS RELATIVAS A LA EVOLUCIÓN DE LAS NORMATIVAS 
NACIONALES 33 
C. Observaciones sobre los comentarios 33 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE UNA POSIBLE ACTUACIÓN 34 
2. REALIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR Y PROTECCIÓN DEL 
PLURALISMO 38 
3. EFECTO "LIBERALIZADOR" DE UNA NORMA SOBRE 
m. ANÁLISIS DE LAS OPCIONES TRAS LA PRIMERA CONSULTA 40 
A. Posición de la Comisión frente a las opciones 40 
1. OPCIÓN I (NINGUNA ACCIÓN COMUNITARIA) 40 
2. OPCIÓN II (RECOMENDACIÓN RELATIVA A LA 
TRANSPARENCIA) ..44 
3. OPCIÓN III (ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES 
NACIONALES SOBRE LA PROPIEDAD DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN) 45 
B. Conclusiones , 57 
1. PLANTEAMIENTO DEL DEBATE 57 
2. PROFUNDIZAR CIERTOS ASPECTOS RELATIVOS AL CONTENIDO 
DE UNA POSIBLE INICIATIVA 58 
3. DESARROLLAR LA RED DE SECTORES INTERESADOS POR LA 
"PROPIEDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN" 62 
C. Calendario 63 
Anexos 
1. Lista de los comentarios escritos de carácter no confidencial 
2. Lista de las organizaciones europeas invitadas a la audiencia de los días 26 y 27 de 
abril de 1993 
3. Resumen del Libro Verde 
4. Resolución del Parlamento Europeo de 20 de enero de 1994 
5. Dictamen del Comité Económico y Social de 22 de septiembre de 1993 
6. Ficha sobre la disparidad de las normativas nacionales 
RESUMEN 
1. A raíz de la petición del Parlamento Europeo y de algunos sectores 
interesados, en enero de 1993 la Comisión solicitó a todas las partes interesadas 
que participasen en un amplio proceso de consulta en torno al Libro Verde 
"Pluralismo y concentración de los medios de comunicación en el mercado 
interior. Valoración de la necesidad de una acción comunitaria". Ha llegado el 
momento de presentar los primeros resultados de estas consultas iniciadas por la 
Comisión hace más de un año. Estos resultados llegan en un momento clave para 
el desarrollo del sector de los medios de comunicación en Europa y constituyen 
una contribución a la aplicación de la política de la Comisión hacia la sociedad de 
la información, cuya importancia ha quedado expuesta en el Libro Blanco sobre 
"Crecimiento, competitividad, empleo". En este sentido, la presente comunicación 
constituye el primer elemento de respuesta al informe del "High Level Group" 
("Grupo Bangemann"), encargado por el Consejo Europeo de efectuar propuestas 
sobre la sociedad de la información. Este informe destaca, concretamente, los 
efectos nefastos que sobre el mercado interior produce la disparidad de las 
normativas nacionales referentes a la propiedad de los medios de comunicación. 
2. El objeto de la consulta sobre el Libro Verde consistía en facilitar a la 
Comisión la información indispensable para que ésta pudiera adoptar una posición 
respecto del importante tema de la necesidad de una reglamentación comunitaria 
sobre la propiedad de los medios de comunicación. El Libro Verde señalaba un 
cierto número de obstáculos al correcto funcionamiento del mercado interior 
debidos a la disparidad de las normativas nacionales sobre la propiedad de los 
medios de comunicación (televisión, radio, prensa). Estas normativas nacionales 
pretenden mantener el pluralismo, limitando al mismo tiempo el acceso a la 
propiedad de los medios de comunicación y, en particular, la concentración 
simultánea de la propiedad de varias empresas de medios de comunicación en 
manos de una misma persona. El Libro Verde mostraba que esta disparidad 
implica cierto riesgo de restricción de la libre circulación de los servicios de los 
medios de comunicación entre los Estados miembros y de la libertad de 
establecimiento de las empresas del sector, una inseguridad jurídica importante y 
unas restricciones o distorsiones de la competencia. El Libro Verde concluía 
presentando tres opciones sin que la Comisión optase, en aquel momento, por 
alguna de ellas. La opción I consiste en no intervenir a escala de la Unión; la 
opción II es una recomendación tendente a agilizar el intercambio de información 
entre los Estados miembros relativa a la transparencia de la propiedad de los 
medios de comunicación y la opción III es una armonización de las restricciones 
nacionales a la propiedad de los medios de comunicación. 
3. El proceso de consulta, que ha durado más de un año, ha permitido obtener el 
dictamen del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social. Ambos se 
han pronunciado a favor de la opción III. Se consultó a los Estados miembros los 
cuales subrayaron la inexistencia de dificultades que pudieran justificar la segunda 
opción. 
4. La consulta ha permitido, ante todo, obtener los comentarios de los sectores 
interesados, tanto de los agentes económicos individuales como de las 
asociaciones representativas a escala europea. Se ha logrado una auténtica 
dinámica de consulta, puesto que el ritmo de los contactos sobre los comentarios 
escritos era intenso y las distintas posiciones evolucionaban conforme transcurría 
el tiempo. Las respuestas a un cuestionario complementario enviado el pasado 
verano revelaron una evolución de la posición de los sectores interesados. 
Actualmente, aunque existe una división de opiniones, parece que la mayoría de 
los agentes económicos está en contra del statu quo (opción I) y a favor de una 
modificación del marco legislativo actual sobre propiedad de los medios de 
comunicación. En cambio, existe una mayor división de opiniones, o una menor 
claridad de las mismas, en cuanto al nivel (europeo o nacional) en el que debería 
producirse dicha modificación. 
5. Esta opinión general parece estar motivada por varios factores: 
Entre los obstáculos al mercado interior señalados en el Libro Verde, la 
consulta ha revelado, más concretamente, que la inseguridad jurídica derivada del 
mosaico normativo actual producía la consecuencia de disuadir las inversiones en 
los medios de comunicación europeos. Esta situación limita las posibilidades que 
las empresas de comunicación tienen de aprovechar las oportunidades de 
desarrollo que les ofrece el mercado interior y de poder así desempeñar más 
activamente su cometido de promoción del pluralismo. 
El nuevo entorno político y económico de la "sociedad de la información", 
cuya importancia quedó señalada en el Libro Blanco de la Comisión "Crecimiento, 
competitividad, empleo", ha aportado una nueva dimensión a los inconvenientes 
derivados de la falta de reglas comunes, a escala de la Unión, sobre la propiedad 
de los medios de comunicación. La internacionalización de la industria de la 
comunicación y las nuevas tecnologías de la información exigen, en efecto, que las 
libertades del mercado interior se utilicen plenamente con objeto de facilitar la 
transformación de este sector en una industria europea, competitiva, moderna y 
que pueda ocupar plenamente un lugar esencial en el funcionamiento de las 
democracias. Esta exigencia explica que el establecimiento de un marco 
reglamentario adecuado a la sociedad de la información constituya uno de los 
objetivos prioritarios del Libro Blanco y que el informe del "High Level Group" 
subraye la importancia de disponer de un enfoque europeo que ponga fin al 
mosaico de reglamentaciones nacionales sobre la propiedad de los medios de 
comunicación. 
Con objeto de adaptarse a este nuevo entorno, las legislaciones nacionales 
sobre propiedad de los medios de comunicación han evolucionado, o están ya 
haciéndolo, en algunos Estados miembros. En efecto, la globalización y el 
desarrollo de nuevas tecnologías de la información ponen de manifiesto algunas 
carencias de las correspondientes normativas nacionales que exigen una 
modificación de las mismas. La perspectiva de esta actividad legislativa nacional, 
que no esté coordinada a escala de la Unión, puede incrementar los efectos 
nefastos en el mercado interior de la disparidad de las normativas nacionales, y en 
particular la fragmentación del mercado. 
6. Puesto que la industria europea de la comunicación se encuentra en un 
momento de evolución de su desarrollo y dada la importancia que la Comisión, al 
igual que el Parlamento Europeo, concede al mantenimiento del pluralismo, 
aquélla considera que parece necesaria una iniciativa comunitaria sobre la 
propiedad de los medios de comunicación. Según esta hipótesis, dicha iniciativa 
permitiría el funcionamiento del mercado interior de los medios, y, concretamente, 
facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento de las empresas de 
comunicación así como la libre circulación de servicios de comunicación en la 
Unión, manteniendo simultáneamente el pluralismo frente a determinadas 
concentraciones. Al mismo tiempo, crearía la seguridad jurídica necesaria para las 
inversiones en este sector y constituiría una red de seguridad que impediría 
aquellos casos de concentraciones que pudieran suponer un peligro para el 
pluralismo y que no pueden ser resueltos mediante las normas tradicionales del 
derecho de la competencia. 
7. La Comisión va a efectuar una segunda consulta con todas las partes 
interesadas con un doble objetivo: 
rectificar o ratificar la necesidad de una iniciativa comunitaria; 
en caso de que dicha inicitiva resultase necesaria, concretar sus contornos. 
1 INTRODUCCIÓN 
A raíz de la petición del Parlamento Europeo1 y de algunos sectores interesados, 
en enero de 1993 la Comisión puso en marcha un amplio proceso de consulta en 
torno al Libro Verde sobre "Pluralismo y concentración de los medios de 
comunicación en el mercado interior. Valoración de la necesidad de una acción 
comunitaria"2. 
Al adoptar este Libro Verde, la Comisión pretendía presentar una base para la 
reflexión al tiempo que subrayaba la importancia que concedía al mantenimiento 
del pluralismo en el espacio sin fronteras que supone el mercado interior. En 
efecto la realización de las libertades del mercado interior no puede efectuarse en 
detrimento del pluralismo: muy al contrario, contribuye a consolidarlo a través de 
las oportunidades que ofrece a los ciudadanos y a los medios de comunicación. 
El Libro Verde pretendía valorar la necesidad de una acción comunitaria, habida 
cuenta de la disparidad de las normativas nacionales sobre propiedad de los medios 
de comunicación. En efecto, desde mediados de los años ochenta, todos los 
Estados miembros han promulgado normas sobre la propiedad de los medios de 
comunicación. La finalidad de dichas normas estriba en limitar la libertad de los 
operadores con objeto de mantener el pluralismo. Cabe distinguir cuatro tipos de 
disposiciones: 
límites a la concentración monomedia, que impiden que una misma persona 
(física o jurídica) controle (o participe en) varios medios de comunicación de un 
mismo tipo a la vez; por ejemplo, prohibición de tener más de "x" cadenas de 
televisión o tener más del "x"% de una segunda cadena cuando el operador ya 
controla otra; 
límites a la concentración multimedia, que impiden que una misma persona 
contrólelo participe en) varios medios de distinto tipo; por ejemplo, una empresa 
Resolución de 15 de febrero de 1990 "sobre la concentración de los medios de comunicación", DO 
C 68, de 19.3.90, p. 137. Resolución de 16 de septiembre de 1992 sobre la concentración de los 
medios de comunicación y el pluralismo, DO C 284, de 2.11.1992, p. 44. 
COM(92) 480 final, de 23 de diciembre de 1992. 
periodística no puede controlar una cadena de televisión, o una cadena de 
televisión no puede controlar una radio; 
límites a la participación en el capital de una empresa de radio o televisión que 
se aplican sea cual sea la acumulación de los controles de otros medios; por 
ejemplo, en algunos Estados miembros es imposible, incluso para aquellas 
personas que no posean ningún medio, tener más del 25% de una cadena de 
televisión; 
límites relativos a las "disqualified persons" que prohiben a determinados tipos 
de operadores u organismos tener una autorización o una licencia de radio o 
televisión; por ejemplo, algunos Estados miembros establecen que los organismos 
públicos, las colectividades públicas, los organismos religiosos o políticos y las 
agencias de publicidad son "disqualified persons". 
Tras subrayar que estas normativas difieren en gran medida según los Estados 
miembros (anexo 7), y analizar el impacto de esta diversidad sobre la Comunidad, 
el Libro Verde resumía el análisis sobre la necesidad de una acción 3 
"Teniendo en cuenta los objetivos comunitarios y el análisis efectuado, las 
posibles necesidades de acción pueden caracterizarse de la siguiente manera: 
1- El objetivo de garantizar el pluralismo, según lo conciben y ponen en 
práctica los Estados miembros, no crea de por sí una necesidad de intervención. 
Por una parte, el funcionamiento de la Comunidad no amenaza en sí mismo al 
pluralismo, al contrario, puede repercutir positivamente sobre los dos factores 
que lo determinan: el número de medios y la diversidad de quienes los controlan. 
Por otra parte, los Estados miembros, y especialmente en caso de soslayamiento 
de hecho de las legislaciones, cuentan con los medios jurídicos para garantizar el 
pluralismo. Solamente en caso de que se produjesen discrepancias entre las 
autoridades nacionales sobre qué se considera soslayamiento, así como sobre 
aspectos relativos a la transparencia de la propiedad y del control de los medios 
de comunicación podrían eventualmente surgir dificultades. 
2- Entre las técnicas para conservar el pluralismo utilizadas a escala nacional, 
la disparidad de las normativas anticoncentración específicas a los medios de 
Cuarta parte. 
10 
comunicación constituyen obstáculos al funcionamiento del mercado interior de 
los medios de comunicación: 
puede dar lugar a restricciones a la libre circulación de servicios en caso de 
soslayamiento, 
puede crear restricciones al establecimiento, 
puede crear restricciones de competencia, 
puede crear distorsiones de competencia, 
puede crear una inseguridad jurídica relativa al caso de soslayamiento, 
crea límites al acceso a las actividades de los medios de comunicación. 
Las eventuales necesidades de una iniciativa comunitaria estriban por lo tanto 
más en las exigencias del funcionamiento del mercado interior que en el 
mantenimiento del pluralismo propiamente dicho. 
3- Por ahora, los obstáculos existen más bien en potencia, dado el carácter 
reciente de estas legislaciones y que las estrategias de los operadores tienen 
todavía frecuentemente un carácter nacional. 
4- Los obstáculos en potencia aparecen principalmente en el sector de la 
radiodifusión y en particular de la radiodifusión televisiva, que es el más 
regulado. La prensa se ve afectada fundamentalmente por las normas de 
propiedad multimedia más que por las normas monomedia relativas a la prensa. 
5- Las restricciones a la propiedad de los medios que dan lugar a los 
obstáculos no son incompatibles con el derecho comunitario". 
El Libro Verde concluía planteando tres opciones sin que la Comisión se 
pronunciase, en aquel momento, por alguna de ellas. La opción I consiste en no 
intervenir a escala de la Unión, la opción II consiste en una recomendación 
tendente a facilitar el intercambio de informaciones entre los Estados miembros 
relativas a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, 
mientras que la opción III consiste en armonizar las restricciones nacionales a la 
propiedad de los medios de comunicación. 
El método y la envergadura de la consulta estaban justificados, habida cuenta de la 
importancia que la Comisión concede al aspecto del mantenimiento del pluralismo 
en los medios de comunicación y el carácter complejo y delicado de este tema. El 
contexto de la aplicación del principio de subsidiariedad exigía también el recurso 
11 
a un enfoque de fondo que permitiese determinar con precisión las necesidades de 
actuación y las ventajas que supone actuar a escala de la Unión. 
Además, la consulta concreta sobre el Libro Verde se ha visto enriquecida con las 
tareas y el informe del "High Level Group", creado por el Consejo Europeo 
("Grupo Bangemann"), integrado por altas personalidades representativas de los 
sectores interesados y cuya tarea consistía en efectuar propuestas referentes a la 
"sociedad de la información". En efecto, los rápidos cambios del entorno 
tecnológico y económico de todos los sectores de los medios de comunicación 
deben desembocar, inevitablemente, en unas nuevas líneas de reflexión en la 
consulta. Por lo general, se acepta que la tecnología digital tiene la capacidad de 
transformar todos los sectores de los medios de comunicación al modificar la 
economía de la comunicación, las interdependencias sectoriales existentes y las 
relaciones entre el prestador de servicio y el consumidor. 
Los resultados del proceso de consulta y la aplicación del principio de 
subsidiariedad, particularmente la realidad de los obstáculos a las libertades del 
mercado interior y los nuevos riesgos de fragmentación del mismo creados por las 
nuevas reglamentaciones que están elaborando aisladamente algunos Estados 
miembros, llevan a la Comisión a la conclusión de que podría ser necesaria una 
iniciativa a escala comunitaria. Por lo tanto, la Comisión considera que conviene 
continuar la consulta. Esta última, además de enriquecer las informaciones ya 
obtenidas por la Comisión, debería permitir a ésta rectificar o ratificar la necesidad 
de una iniciativa y, en este último caso, disponer de los principales elementos de 
valoración indispensables para determinar el contenido de dicha iniciativa, 
contenido que debería ser equilibrado y proporcional a los retos fundamentales de 
la sociedad que se derivan del mantenimiento del pluralismo de los medios de 
comunicación. 
En un afán de transparencia, y teniendo en cuenta el número y la riqueza de las 
informaciones obtenidas durante la consulta, la Comisión ha querido presentar en 
esta Comunicación un informe intermedio para comunicar al Parlamento, al 
Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de Regiones su análisis de 
esta primera consulta y la evolución de la misma. 
12 
I. PROCESO DE CONSULTA 
Al lanzar esta consulta, la Comisión pretendió no limitarse a una mera consulta 
formal de los sectores interesados, sino realizar todo un proceso caracterizado por 
una dinámica propia y un diálogo franco y transparente con los agentes 
económicos. Este proceso ha dado lugar a la creación de una especie de red de 
personas y de agentes económicos interesados en el tema del pluralismo y de la 
propiedad de los medios de comunicación. 
A. Método de consulta 
1. PARLAMENTO EUROPEO, COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL Y 
ESTADOS MIEMBROS 
Una vez aprobado, se transmitió el Libro Verde al Parlamento y al Consejo. 
Además, la Comisión solicitó al Comité Económico y Social que formulase un 
dictamen al respecto. Por lo que se refiere a los Estados miembros, no se les pidió 
en aquel momento que tomasen una posición formal respecto de las opciones. En 
efecto, la consulta se efectuó ante todo con los sectores profesionales interesados, 
ya que el objeto de la misma consistía en valorar el impacto sobre el mercado 
interior de la disparidad de las normativas nacionales referentes a la propiedad de 
los medios de comunicación. Más allá de la transmisión del Libro Verde al 
Consejo y de la participación de los Estados miembros en la audiencia de los 
sectores interesados, la Comisión ha querido profundizar la consulta con los 
Estados miembros mediante un cuestionario referente a la transparencia de la 
propiedad de los medios de comunicación. En efecto, las autoridades nacionales 
eran las únicas que podían facilitar a la Comisión datos sobre los obstáculos al 
intercambio de informaciones entre Estados miembros relativas a la propiedad de 
los medios de comunicación. 
Por último, cabe señalar que el Libro Verde fue objeto de un intercambio de 
opiniones con ocasión del seminario ministerial celebrado en Mons el 5 de octubre 
de 1993, durante el cual los ministros de cultura subrayaron la necesidad de 
concienciar a los sectores profesionales nacionales ante la consulta. 
2. SECTORES INTERESADOS 
13 
Se utilizó un proceso de consulta bipartito consistente en consultar, por una parte, 
a las federaciones y asociaciones representantes de los medios profesionales a 
escala europa y, por otra, a los agentes económicos individuales y a cualquier otro 
interesado. Este método bipartito ha permitido obtener simultáneamente las 
posiciones comunes de las asociaciones y federaciones europeas y las 
contribuciones individuales actuales sobre los problemas concretos con que se 
encuentran los sectores interesados. 
Los días 26 y 27 de abril de 1993 se celebró una audiencia con las asociaciones y 
federaciones europeas (la lista de los participantes figura en el anexo). Sólo se 
invitó a las organizaciones europeas por problemas de espacio, pero las opiniones 
de las demás partes interesadas también han sido tenidas plenamente en cuenta. 
El 28 de julio de 1993, tras las primeras reacciones y comentarios recibidos sobre 
el Libro Verde, se envió a todas las partes interesadas un cuestionario 
complementario destinado a obtener más información sobre cuatro puntos 
concretos: el impacto de las nuevas tecnologías, las perspectivas de evolución de 
las normas nacionales, el criterio de la audiencia real y el criterio del control. 
Además, el servicio responsable de la Comisión y los sectores interesados han 
mantenido numerosos contactos y reuniones informales bilaterales. Asimismo, 
mediante la participación en conferencias o coloquios se ha conseguido sensibilizar 
a los sectores interesados sobre la necesidad de participar en la consulta. 
En un afán de transparencia, las contribuciones escritas recibidas han sido 
recopiladas, salvo cuando su autor se ha negado a ello, en cinco volúmenes que se 
difundieron a todos quienes lo solicitaron y que pueden obtenerse solicitándolo 
por escrito a la siguiente dirección: 
Comisión Europea, DG XV/E-5, C 107 8/59, 200 rue de la Loi, B - 1049 
Bruselas; fax: 296.17.36. 
B. Evaluación de la consulta 
14 
1. EVALUACIÓN CUANTITATIVA 
Cifras. En total la Comisión ha recibido más de 70 comentarios escritos sobre el 
Libro Verde y el cuestionario complementario. De dichos comentarios, 25 
proceden de federaciones o asociaciones europeas y el resto bien de operadores 
individuales, bien de federaciones nacionales, bien de individuos. 
Origen geográfico. Entre los comentarios procedentes de las partes interesadas 
que no eran federaciones profesionales europeas, los más numerosos eran los 
procedentes del Reino Unido, Alemania e Italia. Asimismo, se han recibido 
algunos comentarios procedentes de los Países Bajos, Francia y Grecia mientras 
que los agentes económicos de los demás Estados miembros no han presentado 
contribución alguna. 
Origen por sectores. Cerca de 20 contribuciones escritas proceden, más 
concretamente, del sector de la televisión, 15 del sector de la prensa, 6 del sector 
de la radio, 8 de operadores multimedia, 5 de federaciones de periodistas y 
trabajadores del sector de los medios de comunicación. 
2. EVALUACIÓN CUALITATIVA 
a) Dinámica de la consulta 
La Comisión ha velado por crear y mantener un dinámica en esta consulta que se 
ha manifestado en su negativa a no limitarse meramente a recibir los comentarios 
escritos. Al contrario, los contactos regulares establecidos entre el servicio 
responsable y las partes interesadas, así como el envío de un cuestionario 
complementario, han permitido obtener las posiciones de operadores que todavía 
no habían presentado comentarios así como la de aquellos que ya habían 
presentado su comentario al Libro Verde. El número de nuevos participantes en la 
consulta ha sido superior al de aquellos que no han participado en la misma. 
b) Representatividad de las posiciones 
Por lo que se refiere a las federaciones profesionales europeas es difícil valorar 
concretamente si las posiciones reflejan verdaderamente la postura de todos los 
15 
agentes económicos afectados. Sin embargo, por lo que se refiere a los agentes 
económicos individuales, la Comisión lamenta que los comentarios procedan 
principalmente de tres Estados miembros: Alemania, Italia y Reino Unido. Los de 
los demás Estados miembros se mostraron poco proclives a presentar 
contribuciones formales aun cuando alguno de ellos haya mantenido contactos 
informales con los servicios de la Comisión. 
c) Calidad de las informaciones 
Las contribuciones procedentes de aquellas partes que no eran asociaciones o 
federaciones europeas suministraron un gran número de informaciones concretas y 
útiles. Las posiciones de. las asociaciones y federaciones europeas son más bien 
producto de un compromiso y a veces contienen ambigüedades o incoherencias 
propias de un procedimiento de decisión colectiva. Las asociaciones de 
radiodifusión han participado activamente en la consulta, lo que ha permitido 
descubrir un medio de comunicación moderno y dinámico. 
Es importante señalar que buen número de las posiciones de las federaciones 
europeas fue presentado durante la audiencia celebrada en la primavera de 1993 
con carácter provisional y que, en la mayor parte de los casos, estas posiciones no 
se han visto ratificadas o desmentidas por posteriores contribuciones definitivas. 
Las asociaciones y federaciones han preferido más bien responder, posteriormente, 
al cuestionario complementario y mostrar la evolución de sus posiciones a través 
de estas respuestas sin ratificar o desmentir formalmente sus primeros 
comentarios. , 
Por último, hay que lamentar la escasa participación de las asociaciones de 
consumidores que, sin embargo, tienen que desempeñar un papel fundamental en 
este ámbito. 
n. ANÁLISIS DE LA CONSULTA 
Los resultados de la consulta no pueden presentarse de forma simplificada y 
esquemática debido a los múltiples matices, dudas o distinciones existentes en las 
16 
contribuciones y posiciones de los sectores interesados. Además, se han detectado 
algunos malentendidos que deben ser planteados por la Comisión. 
A. Presentación de las posiciones 
1. PARLAMENTO EUROPEO, COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL Y 
ESTADOS MIEMBROS 
a) Parlamento Europeo 
El Parlamento Europeo adoptó el 20 de enero de 19944 un dictamen sobre el Libro 
Verde. El Parlamento se pronuncia en favor de la opción III, subopción C 
(creación de un comité independiente). Así, invita a la Comisión a elaborar una 
propuesta de directiva "que armonice, por una parte, las restricciones nacionales 
en materia de concentración de medios de comunicación y permita, por otra, a la 
Comunidad intervenir en procesos de concentración de dimensión europea que 
pongan en peligro el pluralismo" (§1). 
El Parlamento pide la creación de un comité independiente o "Consejo europeo de 
los medios de comunicación". El Parlamento puntualiza algunos aspectos del 
contenido de la propuesta de esta directiva y, además, invita a la Comisión a 
proponer una directiva sobre el acceso a las informaciones de las autoridades 
nacionales y comunitarias, una directiva para garantizar la independencia de la 
información y unas propuestas referentes a un código europeo de los medios de 
comunicación para garantizar la eficacia profesional. 
b) Comité Económico y Social 
El 22 de septiembre de 1993, el CES aprobó un dictamen sobre el Libro Verde5 
en el que se pronuncia en favor de la opción III. Al igual que el Parlamento, pide 
que se elabore una propuesta de directiva y considera la subopción C "razonable y 
eficaz" (§4.7). 
c) Estados miembros 
4 DOC 44, de 14.2.94, p. 177. 
5 DO C 304, de 10.11.193, p. 17. 
17 
El cuestionario específico enviado a los Estados miembros en julio de 1993 ha 
revelado que nó existe ning na necesidad que justifique la opción II, ya que 
actualmente no existen verdaderas dificultades para el intercambio de 
informaciones relativas a la transparencia de la propiedad de los medios de 
comunicación. Por lo que se refiere a la elección entre las opciones I y III, los 
Estados miembros se mantienen más bien a la espera y parece que no han deseado 
adoptar una postura en este momento antes de conocer los resultados de la 
consulta con los sectores interesados. Un Estado miembro expresó su deseo de 
manifestar por escrito su posición sobre las opciones del Libro Verde. 
2. SECTORES INTERESADOS 
Con carácter general, la posición del sector puede presentarse de la siguiente 
manera: las actuales normativas nacionales sobre propiedad de los medios de 
comunicación deben cambiar, especialmente para responder a la 
internacionalización y al impacto de las nuevas tecnologías. En cambio, el 
aspecto del nivel, nacional o europeo, al que debe efectuarse dicho cambio 
suscita opiniones menos definidas o contrapuestas. Esto se debe a que los 
profesionales se muestran reticentes a pronunciarse sobre este aspecto sin conocer 
el contenido exacto de la normativa. Algunos de ellos sacaron la impresión de que 
la Comisión les pedía que firmasen "un cheque en blanco". Cabe señalar que esta 
posición se ha manifestado recientemente, con ocasión de las respuestas al 
cuestionario complementario. 
Teniendo en cuenta la complejidad de las preguntas planteadas, la diversidad de 
los sectores interesados y los matices de los comentarios, no es posible diferenciar 
y agrupar nominativamente las posiciones según los autores. Sin embargo sí se 
pueden establecer claramente cinco líneas divisorias en función del tipo de agente 
económico: 
a) Según el alcance la estrategia de los agentes económicos: estrategia 
europea/estrategia nacional 
18 
Los operadores que siguen una estrategia de establecimiento (adquisición de 
participaciones o de control de empresas de comunicación) en los distintos 
Estados miembros son los más interesados en que existan unas reglas comunes en 
la Comunidad, fijas y estables, que ofrezcan la seguridad jurídica indispensable a 
las inversiones en este sector en el que los riesgos y los costes de acceso son ya 
especialmente elevados. En cambio, aquellos agentes que siguen una estrategia de 
implantación en su mercado nacional se muestran menos interesados por las 
normas comunes, salvo cuando son víctimas de distorsiones de la competencia 
(véase infra). 
b) Según las actividades de los agentes económicos: actividades monomedia 
prensa/actividades multimedia 
Algunos agentes económicos que cuentan con una estrategia monomedia en 
prensa no comprenden el interés que pueda tener una acción comunitaria puesto 
que no son víctimas de la disparidad normativa sobre propiedad de los medios de 
comunicación. En efecto, tan sólo Italia y Francia cuentan con normas específicas 
que limitan la concentración monomedia mediante umbrales "mecánicos". En los 
demás Estados miembros no existe ese tipo de normas, por lo que los efectos de 
la disparidad son menos importantes que para las actividades multimedia o para la 
concentración monomedia en radiodifusión. En cambio, los agentes económicos en 
el sector multimedia (o en el monomedia TV y radio) mantienen posiciones más 
positivas ante una intervención comunitaria, ya que pueden tener que padecer los 
efectos de la disparidad de las normativas promulgadas en todos los Estados 
miembros. 
c) Según el origen de los agentes económicos: país abierto/país cerrado 
Aquellos operadores que ejercen su actividad en un país en el que la normativa 
sobre la propiedad es de tipo abierto muestran a veces cierta preocupación, ya que 
los inversores podrían concentrarse en su propio mercado en lugar de dirigirse a 
otros países en los que el acceso a la propiedad es más restringido: El ejemplo más 
conocido, que se planteó antes del Libro Verde, es el de la cadena británica de 
televisión ITV que manifestó su inquietud por el hecho de que en el Reino Unido 
un agente económico puede poseer el 100% del capital de una cadena de ITV, 
mientras que en otros Estados miembros la participación se limita a un máximo del 
19 
25% (como en España o Grecia) o a menos del 50% (como en Alemania y, desde 
hace poco, en Francia). 
d) Según la experiencia de los agentes económicos: nuevos 
participantes/participantes establecidos 
Los nuevos participantes tienen un evidente interés en comparación con los ya 
establecidos. En efecto, estos últimos se han visto obligados a encontrar un hueco 
en un entorno normativo nacional reciente y, por lo tanto, suelen mostrarse a 
menudo reticentes ante una acción que podría desestabilizarlo. En cambio, los 
nuevos participantes, que desean invertir en el sector de los medios de 
comunicación partiendo de un enfoque industrial, desean contar con un marco 
jurídico que liberalice el acceso al mercado-y que suprima la inseguridad jurídica 
del actual "mosaico" normativo. De esta forma, algunos agentes económicos 
activos en los medios de comunicación tradicionales manifestaron sus inquietudes 
ante la penetración en el mercado de los medios de comunicación de las grandes 
empresas de telecomunicación. 
e) Según la duración de la estrategia: estrategia a corto plazo/estrategia a 
largo plazo 
La consulta ha revelado también la diferencia entre aquellas empresas que 
disponen de una estrategia a largo plazo y las que la tienen a corto plazo o las que 
incluso carecen de ella. Estas últimas se ven a veces incitadas a preferir que se 
mantenga la actual situación a que surja una iniciativa comunitaria. En cambio, 
aquellos agentes que cuentan con una estrategia a largo plazo se muestran más 
positivos, puesto que el mercado interior les ofrece más oportunidades que 
riesgos. 
B. Análisis de las respuestas a los cuestionarios 
1. RESPUESTAS RELATIVAS A LA NECESIDAD DE ACCIÓN 
20 
Se trata de las respuestas a las preguntas números 1, 2, 3 y 56 del cuestionario del 
Libro Verde. 
a) Protección del pluralismo 
En lo que se refiere a la protección del pluralismo propiamente dicho, el 
Parlamento, el Comité Económico y Social, las asociaciones de periodistas y los 
sindicatos han subrayado que se podría poner en peligro el pluralismo existente y 
justifican una acción a escala europea. Concretamente, el Parlamento, en su 
Resolución de 20 de enero de 1994, considera que "los instrumentos normativos 
nacionales en materia de medios de comunicación no bastan por sí solos para 
garantizar la diversidad de opiniones y el pluralismo en Europa" (considerando A) 
y estima que "está aumentando la concentración e interconexión de los medios de 
comunicación en la Comunidad y que dichas interconexiones son muy difíciles de 
suprimir una vez constituidas" (considerando C). Por último, considera que 
"resulta necesario llevar a cabo la armonización de las restricciones nacionales en 
materia de medios de comunicación para evitar por una parte, su soslayamento y 
para garantizar, por otra, el funcionamiento del mercado interior, con lo que se 
logra al mismo tiempo que aumente la competitividad de los medios de 
comunicación europeos" (considerando E). 
b) Transparencia de los medios de comunicación 
CONSULTA 1: La Comisión desearía conocer la opinión de las partes interesadas en cuanto a la 
identificación de las necesidades de acción y en particular: 
- sobre los casos eventuales en los que la dimensión comunitaria de las actividades de los medios 
de comunicación hubiera hecho que las restricciones a la propiedad de dichos medios fuesen 
ineficaces, en relación con el objetivo del mantenimiento del pluralismo, especialmente a causa de 
su soslayamiento o de problemas de transparencia; 
- sobre la existencia de restricciones o de efectos restrictivos distintos de los señalados 
anteriormente; 
- sobre los casos concretos en los que las restricciones a la propiedad han obstaculizado 
efectivamente la actividad de los operadores económicos del sector; 
- sobre los sectores y actividades más directamente afectados por las restricciones a la propiedad 
(por ejemplo ¿los efectos restrictivos afectan al sector de la prensa no sólo en los aspectos 
multimedia sino también en los aspectos monomedia?). CONSULTA 2: La Comisión desearía 
conocer la opinión de las partes interesadas sobre si las necesidades que han sido identificadas son 
suficientemente importantes, habida cuenta de los objetivos comunitarios, como para hacer 
necesaria una acción en el sector de los medios de comunicación y, en caso afirmativo, en qué 
momento debería de producirse esta última. CONSULTA 3: La Comisión desearía conocer la 
opinión de las partes interesadas sobre la eficacia de actuar únicamente a nivel de los Estados 
miembros, teniendo en cuenta los objetivos comunitarios. CONSULTA 5: La Comisión desearía 
conocer la opinión de las partes interesadas sobre el interés de una acción en pro de la transparencia 
que fuese diferente de un instrumento de armonización. 
21 
El Parlamento y el CES rechazan una acción sobre la transparencia distinta de 
una reglamentación sobre la propiedad de los medios de comunicación (opción II). 
Ambas instituciones consideran que los dos tipos de medidas deben tratarse 
conjuntamente. Los sectores interesados están más divididos: los que se muestran 
reticentes u opuestos a una reglamentación sobre la propiedad de los medios de 
comunicación tienden a proponer una acción sobre la transparencia, mientras que 
aquellos que están en favor de la opción III se muestran hostiles a ello. Una 
autoridad de control nacional independiente se mostró favorable a la opción II. Las 
respuestas al cuestionario enviado a los Estados miembros en julio de 1993 indican 
por lo general que, por ahora, no han surgido obstáculos al intercambio de 
información. Cabe señalar que quienes están en favor de la opción II han entendido 
a veces que esta última abarca todos los problemas de transparencia, incluyendo la 
calidad y eficacia de las normativas nacionales, cuando en realidad se trataba 
únicamente del aspecto del intercambio de informaciones relativas a la materia7. 
c) Realidad de los obstáculos al mercado interior señalados en el 
LibroVerde 
Tras ün análisis jurídico, el Libro Verde afirma que los Estados miembros pueden 
legítimamente, en algunos casos, tomar medidas que limiten la aplicación de los 
principios del mercado interior con objeto de mantener el pluralismo que 
constituye un objetivo de interés general. De esta forma, el Libro Verde señalaba 
una serie de obstáculos al funcionamiento del mercado interior: la libre 
retransmisión {artículo 59) entre Estados miembros de las cadenas de televisión 
podría quedar restringida en caso de que se soslayasen de hecho las normativas 
sobre propiedad de los medios de comunicación; el derecho de establecimiento 
(artículo 52) en los Estados miembros, del que deben gozar las empresas de 
medios de comunicación, podría quedar limitado. Además, podrían existir 
Cuarta parte, Capítulo 5, §11 "Si existiese verdaderamente una necesidad en materia de 
transparencia, se trataría de facilitar la obtención de información y su intercambio entre las 
autoridades interesadas mediante la obligación jurídica para las empresas de medios de 
comunicación de divulgar los datos (que permitan en su caso identificar los lazos de 
control) y, para las autoridades competentes, de comunicarlos a otras autoridades. Para 
ello, podría proponerse una recomendación o, en caso necesario, un instrumento jurídico". 
22 
distorsiones de la competencia así como restricciones de la misma ; la 
inseguridad jurídica podría disuadir las inversiones y perjudicar la competitividad 
de medios de comunicación. Por último, con carácter general, el acceso a las 
actividades de los medios de comunicación podría quedar limitado. El proceso 
de consulta efectuado durante más de un año ha permitido demostrar la realidad de 
estos obstáculos. 
i) La disparidad de las normativas disuade las inversiones directas en las 
empresas de medios de comunicación y el derecho de establecimiento 
La consulta ha revelado que los obstáculos al mercado interior se materializan en 
las decisiones de no efectuar inversiones directas, es decir de no crear una empresa 
de medios de comunicación o participar én su capital. En efecto, la creación de 
una empresa de medios de comunicación (ya sea una nueva, una filial, una 
reestructuración, una adquisición de participaciones, una concentración, etc..) es 
un proyecto que requiere tiempo y que supone riesgo ya que en último término 
todo dependerá de la autorización concedida por una autoridad nacional. En este 
sentido, la materialización del obstáculo es producto en gran medida de un 
proceso que desemboca en una decisión de no invertir en un proyecto de creación 
de una empresa, más que de las decisiones de las autoridades finales denegando la 
autorización y dando lugar a un contencioso formal. 
Esta afirmación queda corroborada por dos fenómenos: por una parte, la 
infracapitalización o las dificultades de capitalización (dificultad para encontrar 
nuevos accionistas o conflictos entre éstos) de las empresas de medios de 
comunicación en algunos Estados miembros y, por otra las recientes inversiones 
de operadores europeos en mercados no europeos (algunos operadores indicaron 
que a falta de un verdadero mercado interior de los medios de comunicación 
preferían invertir en el mercado americano o en los nuevos mercados asiáticos). El 
análisis económico efectuado en el Libro Verde partiendo del estudio efectuado 
por una empresa consultora había señalado ya que las inversiones directas entre 
Estados miembros en las empresas del sector son bastante limitadas, salvo aquellas 
efectuadas en el sector de las revistas que, precisamente, no está incluido en las 
normas sobre propiedad de los medios de comunicación. 
23 
La disparidad de las normativas nacionales constituye un factor disuasorio por dos 
motivos: 
La disparidad da lugar a una inseguridad jurídica en cuanto a la legitimidad 
de una posible medida nacional que denegase una autorización en función de las 
participaciones o del control de medios de comunicación en otros Estados 
miembros. En efecto, la legalidad desde el punto de vista del derecho comunitario 
de dicha medida, establecida en varias normativas nacionales, debería considerarse 
teniendo en cuenta su proporcionalidad en relación con el objetivo perseguido. El 
resultado de este control de la proporcionalidad es sumamente aleatorio e incierto. 
Además, esta inseguridad se ve incrementada por el hecho de que las normas sobre 
propiedad de los medios de comunicación contienen a menudo numerosas 
imprecisiones que dan lugar a conflictos como, por ejemplo, los relativos a la 
definición del controlador en Alemania (contencioso entre dos autoridades de 
Estados federados) y en Francia (con ocasión de la recompra del diario "Dernières 
Nouvelles d'Alsace". Por último, la disparidad normativa y la inseguridad jurídica 
suponen costes en concepto de estudios sobre los proyectos de creación de un 
nuevo medio de comunicación. Este aspecto no es desdeñable, especialmente en 
los pequeños medios de comunicación como la radio. La participación de juristas y 
abogados en conferencias o seminarios sobre el Libro Verde y los contactos con 
abogados han revelado que los operadores encargan estudios que suponen un 
coste efectivo que viene a añadirse a las habituales tareas de análisis del mercado. 
La disparidad legislativa da lugar a restricciones de la competencia y arrastra 
a los operadores a una búsqueda de la jurisdiction más favorable consistente en 
determinar las perspectivas de inversión fundamentalmente en función del marco 
normativo nacional y no en función de las perspectivas del mercado. Algunos 
operadores han subrayado que esto puede dar lugar a tomar decisiones de 
inversión ineficaz o a no invertir en absoluto. Algunos mercados nacionales 
quedan así "protegidos" frente a la competencia de nuevos operadores lo que 
facilita la concentración de los operadores existentes. La afirmación de que estos 
últimos están sujetos al mismo marco normativo restrictivo que quienes desean 
acceder al mercado no es de recibo ya que los operadores ya existentes cuentan 
con la ventaja de haber tenido tiempo para implantarse e influir sobre las 
características del marco jurídico (efecto de "baronía"). 
24 
i i) La disparidad supone una inseguridad jurídica para la libre circulación de 
emisiones 
El Libro Verde estudió detalladamente el aspecto del soslayamiento y llegó a la 
conclusión de que los Estados miembros estaban legitimados para restringir la libre 
circulación de las cadenas que soslayan la normativa sobre propiedad de los 
medios de comunicación (por ejemplo, emitiendo vía satélite desde otro Estado 
miembro) si la medida era proporcional al objetivo del pluralismo. Teniendo en 
cuenta esta condición de proporcionalidad que requiere que se examine cada caso 
individualmente, el Libro Verde reconocía la importancia de la zona gris de 
incertidumbre jurídica existente para distinguir una situación de verdadero 
soslayamiento de la de un operador que no hace sino utilizar las oportunidades del 
mercado interior. 
La consulta ha revelado que la hipótesis de un soslayamiento de las normativas 
que pudiera amenazar al pluralismo es considerada como una posibilidad verosímil, 
especialmente por el Parlamento, aun cuando por ahora dicho soslayamiento no 
haya tenido lugar. Por otra parte, algunos operadores parecen preocupados por la 
posibilidad de que un Estado miembro invoque el argumento de soslayamiento en 
relación con actividades que, según aquellos, no suponen soslayamiento alguno. A 
este respecto cabe señalar que en determinados procedimientos de infracción, los 
Estados miembros han utilizado en varias ocasiones el objetivo del pluralismo para 
justificar las medidas que limitan la libre circulación de emisiones de televisión o la 
libertad de establecimiento. Las medidas nacionales invocadas en estos asuntos no 
se referían sin embargo a normativas relativas al pluralismo y a la propiedad de los 
medios de comunicación. En último término, cabe decir que los riesgos de que un 
Estado miembro invoque las normativas sobre la propiedad de los medios de 
comunicación para oponerse a una emisión procedente de otro Estado miembro, 
se incrementarán a medida que se vayan desarrollando las actividades 
transfronterizas. 
iii) La disparidad expone a los operadores a distorsiones de la competencia. 
Ya en 1992, la red británica de cadenas de televisión ITV había llamado 
formalmente la atención de la Comisión en cuanto a los efectos de distorsión de la 
25 
competencia derivados de la disparidad de las normativas sobre propiedad de los 
medios de comunicación. 
Varios operadores han manifestado que la diferencia de la normativa nacional 
de su país con respecto a las de otros Estados miembros les colocaba en una 
posición desfavorable para hacer frente a la competencia de las empresas de 
comunicación de los Estados miembros que han podido desarrollarse sin tantas 
restricciones. 
Durante la consulta, algunos operadores manifestaron su temor ante una 
liberalization fragmentada, a escala europea, es decir, únicamente en su Estado 
miembro. En efecto, de esta forma podrían quedar expuestos a la competencia de 
grandes grupos de otros Estados miembros o de terceros países atraídos por el 
mercado nacional que ha quedado liberalizado. En este sentido, los operadores de 
medios de comunicación han manifestado su temor ante los operadores de 
telecomunicación que están preparando, en el contexto de la sociedad de la 
información, su entrada en el mercado de los medios de comunicación y que serían 
los primeros interesados en una liberalization que pudiese haber sido decidida 
unilateralmente por un Estado miembro. 
iv) Las oportunidades ofrecidas por las nuevas tecnologías y el mercado 
interior no pueden aprovecharse al máximo con el actual marco jurídico. 
Se trata de una conclusión casi unánime de todos los operadores. En el momento 
en que las nuevas tecnologías (difusión numérica, compresión y convergencia) 
permiten y necesitan trascender las fronteras nacionales, el actual marco jurídico es 
inadecuado. Este marco se elaboró en una época que se caracterizaba por la 
escasez de frecuencias mientras que, en lo sucesivo, la técnica numérica 
multiplicará las capacidades técnicas para crear nuevas cadenas (entre 6 y 10 veces 
más). Este carácter inadecuado es producto no sólo de la calidad de las normativas 
nacionales sino también de la disparidad de los enfoques nacionales, ya que las 
inversiones necesarias para aplicar estas nuevas tecnologías requieren mercados a 
escala europea. Por lo tanto, no basta con que un Estado miembro adapte su 
normativa ya que el operador que esté establecido en el mismo se topará con 
obstáculos para exportar sus nuevos servicios de medios de comunicación a los 
26 
demás Estados miembros cuya normativa sobre la propiedad de los medios de 
comunicación no ofrece las mismas posibilidades. 
Una de las estrategias que los operadores evocan con mayor frecuencia consiste en 
difundir un paquete de cadenas temáticas (posible gracias a la compresión 
numérica) dirigido a un público concreto y reducido que, por lo tanto, tiene que 
tener dimensión transfronteriza si quiere ser rentable. Si estos paquetes podrían ser 
lícitos en algunos Estados miembros, no lo serían en otros en los que la legislación 
limita el número de cadenas. Jurídicamente, el resultado de un posible contencioso 
es muy aleatorio ya que habría que estudiar en cada caso si un Estado miembro 
puede, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, restringir legalmente 
dichas emisiones. Otro ejemplo de inseguridad jurídica del actual marco que podría 
plantear problemas en caso de difusión transfronteriza, consiste en las definiciones 
de los medios de comunicación televisados (¿quedan incluidos en las actuales 
reglamentaciones los periódicos electrónicos?) o en la aplicación de límites a la 
participación en el capital de una cadena de televisión. 
v) Las nuevas tecnologías y las reacciones reglamentarias frente a estas 
últimas producirán el efecto de amplificar a corto plazo el alcance de los 
obstáculos al mercado interior 
La consulta ha revelado que en virtud de las nuevas tecnologías los operadores 
piensan ya en términos de nuevos medios de comunicación y de nuevos mercados 
europeos para rentabilizar su explotación. A este respecto, los obstáculos al 
mercado interior tendrán, a muy corto plazo, un alcance completamente distinto: 
El desarrollo de las actividades transfronterizas de medios de comunicación 
bajo, el efecto de las nuevas tecnologías multiplica los riesgos de conflicto o de 
contencioso derivados de la disparidad normativa; 
Los obstáculos al mercado interior podrían llegar a ser aún más importantes 
ya que, ante las nuevas tecnologías, las normativas nacionales evolucionan y 
pueden llegar a ser aún más dispares. En Alemania, las autoridades competentes de 
los Estados federados han comenzado a revisar las normas sobre propiedad en el 
"Rundfunkstaatsvertrag"; en Bélgica se está planteando el impacto de las 
tecnologías numéricas; en Francia una ley reciente acaba de liberalizar las 
27 
disposiciones sobre la participación máxima en el capital de una televisión mientras 
que un informe del CSA propone que se modifiquen las normas contrarias a las 
concentraciones; en Italia, desde hace varios años, se está produciendo un debate 
público sobre la propiedad de los medios de comunicación; en los Países Bajos se 
ha iniciado un proceso de revisión de la normativa sobre propiedad multimedia con 
objeto de liberalizarla. Estas actividades normativas nacionales suponen un 
auténtico riesgo de que se incremente la disparidad de los enfoques nacionales si 
no existe una coordinación a escala comunitaria. Esta disparidad existe ya en 
cuanto al objetivo general: en algunos Estados miembros (por ejemplo, en el Reino 
Unido o Francia), la evolución tiende a liberalizar el marco actual para responder a 
la competencia mundial mientras que en otros (Alemania o Países Bajos) la 
discusión se centra más bien en un incremento de la eficacia del control. Por otra 
parte, esta disparidad se deberá a que estas modificaciones se efectúan a partir de 
unas bases iniciales muy distintas ya que las actuales normativas y los mercados 
nacionales son ya muy divergentes. Por lo tanto, si este movimiento legislativo no 
se encauza a escala europea, es poco probable que se produzca una convergencia 
natural de las legislaciones nacionales. 
Por último, ante la globalización de la industria de los medios de 
comunicación, si las empresas europeas de comunicación no pueden explotar las 
oportunidades de desarrollo que ofrece el mercado interior, no podrán competir a 
escala internacional. 
d) Calidad de las normas nacionales 
Frecuentemente se ha discutido la calidad de las normas nacionales sobre 
propiedad de los medios de comunicación, especialmente para subrayar la 
necesidad de facilitar el acceso de los agentes económicos a las actividades de 
comunicación. En particular, el sector de la radio ha subrayado este aspecto, dada 
la dificultad para obtener autorizaciones o licencias. Esta cuestión subraya la 
existencia de una presión para hacer que los marcos normativos nacionales 
evolucionen. 
e) Competitividad de la industria 
28 
La importancia del objetivo de la competitividad de la industria, ha sido 
destacada, especialmente por los editores y agentes multimedia, debido a la 
globalización de la industria de la comunicación y al desarrollo de las nuevas 
tecnologías. 
2. RESPUESTAS RELATIVAS AL CONTENIDO DE UNA POSIBLE 
ACTUACIÓN 
Se trata de las respuestas a las consultas 4 y 6 del cuestionario del Libro Verde y a 
las preguntas C y D del cuestionario complementario8. El aspecto del contenido de 
una acción ha estado omnipresente en las distintas posiciones y, paradójicamente, 
escasamente mencionado de forma precisa y concreta en las contribuciones 
recibidas. Muchos de los participantes en la consulta han mostrado una tendencia a 
CONSULTA 4: La Comisión desearía conocer la opinión de las partes interesadas sobre el 
contenido de un posible instrumento de armonización tal y como se describe 
anteriormente, y especialmente sobre las dos posibilidades del ámbito de aplicación, sobre 
el recurso a la audiencia real como base para establecer los límites, sobre la delimitación 
de las ¿onas de difusión, y en su caso sobre las otras posibles referencias y sobre los 
medios para definir la noción de controlador. CONSULTA 6: La Comisión desearía la 
opinión de las partes interesadas sobre el interés de crear un órgano que tenga 
competencias en materia de concentración de los medios de comunicación. 
CONSULTA Cl: Dado que un criterio de audiencia potencial (como el de la población 
que tiene acceso a los medios de comunicación por vía satélite) sería demasiado restrictivo, 
¿qué tipo de medidas deberían aplicarse para el cálculo de la audiencia real, en particular, 
para la concentración monomedia y multimedia de las empresas de radio y televisión (por 
ejemplo, el índice de audiencia para la televisión, el índice de audiencia diario para la 
radio y el número de ejemplares vendidos para la prensa)? CONSULTA C2: Con relación 
a los criterios utilizados a escala nacional, en particular el del número de cadenas, 
¿permitiría el criterio de audiencia ofrecer más posibilidades de acceso al mercado, sobre 
todo a las cadenas temáticas (debido a su escasa audiencia)? CONSULTA C3: ¿Cuáles 
deberían ser las condiciones para conseguir un sistema operativo aplicando umbrales 
basados en el índice de audiencia (compatibilidad, comparabilidad, equivalencia, etc...)? 
¿Es posible aplicar un criterio de audiencia multimedia integrado y único, o se deberían 
.establecer varios criterios en función de cada medio de comunicación y su combinación? 
CONSULTA C4: ¿Sería necesario establecer criterios complementarios como, por 
ejemplo, el idioma utilizado por el medio de comunicación, la naturaleza de las cadenas de 
radio y televisión afectadas, el número de licencias concedidas simultáneamente, etc.? 
CONSULTA C5: ¿Deberían los umbrales fijados permitir a los Estados miembros 
establecer umbrales más estrictos para los operadores establecidos en su territorio? 
CUESTIÓN DI: ¿Es necesario ir más allá de las normas generales, en particular del 
derecho de sociedades, y definir el control de los medios de comunicación mediante 
normas específicas? CUESTIÓN D2: ¿Es necesario ir más allá de las normas generales, en 
particular del derecho de sociedades, y definir el control de los medios de comunicación 
mediante normas específicas? CUESTIÓN D3: ¿Cuáles son los elementos de definición 
que podrían utilizarse, habida cuenta de los objetivos de eficacia, adaptabilidad al marco 
comunitario y compatibilidad con los sistemas actuales, así como de los efectos 
económicos y tecnológicos que podrían producir? 
29 
vincular el aspecto de la necesidad de una actuación con el del contenido de la 
misma, a pesar de que se trata de dos temas distintos a los que puede responderse 
por separado. 
El Parlamento y el CES abogan por la creación de un comité europeo, creación 
que, en cambio, rechaza la mayor parte de los sectores profesionales. 
Cobertura de la concentración monomedia en prensa. Según los resultados de la 
consulta, los operadores de los dos países (F, I) que cuentan con un límite 
automático para la concentración monomedia en prensa desean no verse más 
discriminados en relación con los demás Estados miembros que no cuentan con 
dichos límites, mientras que, por otra parte, los operadores de los demás Estados 
miembros se oponían a la ampliación de este tipo de límites en sus respectivos 
países. 
El criterio de la audiencia contemplado en el Libro Verde9 ha sido objeto de 
algunos comentarios de carácter bastante genérico. Se han manifestado tres 
posturas distintas: es un criterio lógico, pero plantea problemas de viabilidad; es un 
criterio insuficiente, que requiere además otros criterios económicos (como los 
ingresos); no es un criterio adecuado. La mayor parte de los comentarios 
corresponden a las dos primeras posturas. El aspecto de si se puede utilizar un 
criterio único integrado multimedia ha sido objeto de respuestas variadas. Cabe 
señalar que el criterio de la audiencia ha dado lugar a malentendidos y que las 
posiciones entre las respuestas al cuestionario del Libro Verde y las del 
cuestionario complementario han evolucionado en un sentido más positivo frente a 
este criterio. El equívoco consistía en que algunos operadores pensaron que este 
criterio podría perjudicar al crecimiento de una cadena de televisión ya existente 
cuando, en realidad, sólo se utilizaría para las solicitudes de autorización ante las 
autoridades nacionales para la creación de una nueva cadena o la toma de control 
(o de participaciones) en una cadena ya existente. 
El Libro Verde contempla la posibilidad de utilizar el criterio de la audiencia real para 
establecer los umbrales que limiten el acceso a la propiedad de los medios de 
comunicación: a la hora de conceder una licencia a una nueva cadena de televisión (o de 
autorizar el control de una cadena de televisión existente), la autoridad nacional de control 
habría de determinar si, en la zona de difusión cubierta por la nueva cadena, la audiencia 
real de los medios ya controlados por el solicitante de la licencia no supera el umbral 
establecido en la directiva. 
30 
El criterio de quién controla los medios de comunicación contemplado también 
en el Libro Verde10 ha sido objeto de escasos comentarios concretos. No obstante, 
la mayor parte de las contribuciones subrayan que sería necesario establecer unas 
normas específicas que transciendan la definición de control contenida en el 
derecho de sociedades. 
El aspecto de las personas que no pueden acceder a la propiedad de los medios 
de comunicación ("disqualified persons") ha sido considerado importante por el 
Parlamento que solicita que las agencias de publicidad no posean diarios, radios o 
televisiones y viceversa. 
3. RESPUESTAS RELATIVAS A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Se trata de las respuestas a la pregunta A11 del cuestionario complementario. 
Todas las respuestas subrayan la importancia de las nuevas tecnologías, 
especialmente la digitalización, compresión y convergencia que permitirán el 
incremento del número de cadenas de televisión, la considerable modificación de 
las estrategias comerciales y el aumento de la internacionalización. Las distintas 
posiciones subrayan que las actuales reglamentaciones sobre propiedad de los 
medios de comunicación son inadecuadas debido, concretamente, a los métodos 
Se trata de que haya una definición que permita a la persona o agente económico que 
controla una empresa de comunicación con objeto de aplicar el criterio de la audiencia para 
limitar el acceso a la propiedad. 
CUESTIÓN Al: ¿Cuáles son las nuevas tecnologías más recientes o las de próximo 
desarrollo que van a influir en el mercado? (Presentar las nuevas tecnologías distinguiendo 
entre aquellas que, desde el punto de vista de los consumidores, van a sustituir a las 
.actuales y aquellas que se desarrollarán paralelamente a las ya existentes, precisar plazos 
para la aplicación de dichas tecnologías). CUESTIÓN A2: ¿Cuál será el impacto 
económico previsible a escala comunitaria, en particular, sobre la estructura del mercado y 
la estrategia de los operadores en el mercado interior? Dicha valoración no deberá ser 
global, sino que deberá efectuarse tecnología por tecnología. Es importante facilitar 
información precisa sobre los costes que el acceso a las tecnologías supondrá para 
consumidores y operadores. CUESTIÓN A3: ¿Cuáles serán los posibles efectos sobre las 
normas en materia de propiedad de los medios de comunicación? ¿Permitirán estas normas 
el desarrollo de tales nuevas tecnologías o, por el contrario, contribuirán a limitarlas (en 
caso afirmativo, explicar de qué manera)?. CUESTIÓN A4: ¿En qué medida podrían 
contribuir las nuevas tecnologías a la evolución de las condiciones de concesión de 
autorizaciones o de licencias aplicables a los operadores de radio y televisión? En concreto, 
¿qué condiciones podrían preverse además de las relativas al pluralismo? 
31 
que utilizan, especialmente el criterio del número de cadenas controladas por un 
mismo operador o las definiciones de la radiodifusión (¿abarca la edición 
electrónica?). Las contribuciones subrayan también la importancia de las nuevas 
tecnologías para el sector de la edición. Algunos operadores del sector de la radio 
han mencionado, por su parte, el problema del acceso a las tecnologías y en 
particular la emisión digital de audio (DAB) y han subrayado el riesgo de nueva 
concentración que éstas crean. En cambio, otras posiciones subrayan la necesidad 
de flexibilizar los umbrales anticoncentración en la medida necesaria para 
contribuir al desarrollo de las nuevas tecnologías de difusión. Deberían 
profundizarse algunos aspectos tales como los vínculos económicos previos y 
posteriores del operador de medios de comunicación y los relativos a la 
integración vertical. 
4. RESPUESTAS RELATIVAS A LA EVOLUCIÓN DE LAS 
NORMATIVAS NACIONALES 
Se trata de las respuestas a la pregunta B12 del cuestionario complementario. 
Según las respuestas, en varios Estados miembros se está elaborando una 
reglamentación o se están efectuando los trámites previos a dicha elaboración, 
mientras que varias posiciones señalan el peligro de que se incremente la 
disparidad entre las normativas nacionales. 
C. Observaciones sobre los comentarios 
La consulta ha dado lugar a ciertos malentendidos que deben ser aclarados. 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE UNA POSIBLE ACTUACIÓN 
12 CUESTIÓN Bl: ¿Tiene usted noticia de que existan proyectos de nuevas leyes específicas 
anticoncentración en relación con los medios de comunicación en los Estados miembros? 
¿Cuál es su origen y su objeto? CUESTIÓN B2: ¿Desea que se introduzcan cambios en la 
legislación vigente? CUESTIÓN B3: ¿Cuáles son los factores que en el futuro podrían 
conducir a una reforma legal (nuevas autorizaciones para la radiodifusión, aparición de 
litigios, debates políticos, ineficacia de las normas nacionales, normas demasiado estrictas, 
etc.)? CUESTIÓN B4: ¿Cuánto tiempo se ha tardado en elaborar la legislación actual? 
¿Ha participado usted en dicha elaboración? CUESTIÓN B5: ¿Cree usted que los posibles 
cambios podrían acentuar o atenuar la disparidad de las legislaciones de los Estados 
miembros de la Comunidad? 
32 
a) Aspectos relativos al acceso a las informaciones y al ejercicio profesional 
de los periodistas. 
El Parlamento ha solicitado a la Comisión que proponga otras iniciativas distintas 
de las referentes a la concentración de los medios de comunicación. Se trata, 
concretamente, de una directiva sobre el acceso a las informaciones que obran en 
poder de las autoridades nacionales y comunitarias, una directiva sobre la garantía 
de la independencia informativa y un código de conducta sobre ética profesional. 
La Comisión quiere aclarar a este respecto que los temas tratados en el Libro 
Verde han quedado delimitados en función de las competencias comunitarias y del 
principio de subsidiariedad. 
Por lo que se refiere a la petición de una directiva sobre el acceso a la 
información que obra en poder de las autoridades nacionales y comunitarias, la 
Comisión reconoce que las cuestiones de la transparencia y del acceso a la 
información son importantes. En este sentido, ha presentado dos comunicaciones 
al Consejo, al Parlamento y al Comité Económico y Social, una de ellas sobre la 
transparencia en la Comunidad13 y la otra sobre el acceso del público a los 
documentos de las instituciones14. Ambas subrayan el interés de la Comisión por 
aplicar en las instituciones de la Unión una política de transparencia, 
concretamente mediante un acuerdo interinstitucional. No obstante, estas 
comunicaciones no entran en el tema del acceso a la información en los Estados 
miembros, puesto que estos temas se resuelven a escala nacional, según el enfoque 
propio de cada Estado. En este sentido, la intervención normativa por parte de la 
Unión no se justifica con arreglo al mercado interior ya que la disparidad de las 
normativas nacionales al respecto no da lugar a obstáculos que deban ser 
suprimidos mediante una armonización. 
Por lo que se refiere al código de conducta de los medios de comunicación sobre 
ética profesional, y a la directiva marco sobre la independencia de información 
de los periodistas, habida cuenta de las competencias comunitarias y del principio 
de subsidiariedad, estos temas no pueden tratarse a escala comunitaria, sino que 
son competencia de los Estados miembros. En efecto, por una parte, estos temas 
13 "La transparencia en la Comunidad" COM(93) 258 final, de 2 de junio de 1993. 
14 "El acceso del público a los documentos de las instituciones" COM(93) 191 final, de 5 de 
mayo de 1993. 
33 
no siempre se solventan por vía reglamentaria, sino más bien mediante códigos 
deontológicos que no son competencia del legislador y, por otra, cuando existen 
reglamentaciones, la disparidad entre Estados miembros no parece plantear 
problemas en cuanto al funcionamiento del mercado interior que pudieran justificar 
su armonización. 
b) Aspectos relativos al pluralismo interno 
El aspecto del pluralismo interno ha planteado ciertos equívocos que han dado 
lugar a que se efectuaran varias peticiones con objeto de excluir las cadenas 
públicas del ámbito de aplicación de una eventual directiva sobre la propiedad de 
los medios de comunicación. Es este un tema delicado y la Comisión quiere 
precisar que la peculiariedad de las cadenas públicas debe ser tomada plenamente 
en cuenta para determinar el contenido de la reglamentación. Sin embargo, una 
excepción de oficio o previa exige un análisis pormenorizado con arreglo a los 
siguientes ejes: 
En primer lugar, una armonización parcial, es decir que no abarcase todos los 
casos de concentración, podría no suprimir los obstáculos al mercado interior 
derivados de la disparidad de las normativas nacionales. 
Además, si el contenido de la directiva impide las concentraciones de medios 
de comunicación que sobrepasen determinado nivel, deben tenerse en cuenta todos 
los casos de concentración, incluso aquellos que afecten a cadenas públicas, 
considerando, no obstante, su misión de servicio público. 
Hay que subrayar también que, en algunas ocasiones, las cadenas públicas 
actúan como operadores privados cuando aplican una estrategia de diversificación 
que puede dar lugar, por ejemplo, a la creación de nuevas cadenas que no están 
sujetas a las obligaciones de pluralismo interno de las cadenas públicas. 
No hay que confundir los objetivos: la armonización referente a la propiedad 
de los medios no pondría en peligro en ningún modo las peculiariedades del 
servicio público, y concretamente la misión de servicio público y la obligación de 
pluralismo interno. 
34 
Por último, las medidas de pluralismo interno y las de pluralismo externo no 
son intercambiables: aunque el objetivo general sea el mismo, garantizar el 
pluralismo, el objetivo específico de estos dos tipos de medidas con vistas a 
alcanzar dicho objetivo general es diferente: las medidas relacionadas con el 
pluralismo interno pretenden garantizar la diversidad de las opiniones dentro de los 
programas de una misma cadena mientras que las medidas de pluralismo externo 
pretenden garantizar la diversidad de las opiniones, no ya en los programas de una 
cadena, sino a través de la independencia y autonomía entre los distintos medios 
de comunicación ofrecidos al público. De esta forma, no es posible compensar una 
eventual excepción en la aplicación de las medidas de pluralismo externo mediante 
la aplicación de medidas de pluralismo interno. 
c) El aspecto de la articulación entre el derecho general de competencia y las 
normas específicas sobre propiedad de los medios de comunicación 
Algunos comentarios han manifestado dudas en cuanto a la articulación del 
derecho específico sobre la propiedad de los medios de comunicación y el derecho 
genérico de la competencia. 
2i) Imposibilidad de sustituir las normas específicas sobre propiedad de los 
medios de comunicación por el derecho general de competencia 
Tal y como lo señalaba el Libro Verde15, aunque el derecho de competencia pueda 
contribuir al pluralismo, no basta para abarcar todas las situaciones, ya que el 
mantenimiento de la competencia y el del pluralismo constituyen dos objetivos 
distintos que exigen valoraciones diferentes. Por este motivo, los Estados 
15 Cuarta parte, capítulo 2, sección 1, subsección 2. Dada la distinta naturaleza de ambos 
instrumentos (derechos de la competencia/normas específicas aplicables a los medios de 
comunicación), podrían surgir situaciones en las que el pluralismo estuviese amenazado sin 
que la competencia efectiva estuviese obstaculizada de forma importante en el mercado 
común o en parte sustancial del mismo. Concretamente, esto podría derivarse de la 
definición de los mercados afectados que hace que sea difícil tener en cuenta un único 
mercado para las actividades multimedia y que lleva a considerar por separado cada 
mercado afectado. Por ejemplo, desde el punto de vista de un consumidor de medios de 
comunicación, que escucha la radio, lee el diario y ve la televisión, una concentración 
multimedia podría producir el efecto de que todos aquellos medios que consume dependen 
del mismo controlador, incluso sus subpartes de mercado en cada uno de los distintos 
mercados afectos son insuficientes para obstaculizar la competencia. 
35 
miembros han adoptado reglamentaciones específicas sobre la propiedad de los 
medios de comunicación, paralelas a las normas nacionales de competencia. 
Además, independientemente de la eficacia del derecho de competencia, subsiste 
la disparidad entre las normas nacionales específicas sobre propiedad de los 
medios de comunicación, al igual que subsisten sus efectos sobre el 
funcionamiento del mercado interior. 
La reducción de los umbrales en el reglamento sobre operaciones de 
concentración16, que a veces se ha sugerido como posible solución, no supondría el 
fin de los problemas planteados por la disparidad de las normativas nacionales 
específicas sobre propiedad de los medios de comunicación. 
ii) Riesgos de solapamiento con el derecho de competencia 
En este sentido opuesto al anterior, algunos comentarios parecen desear una 
norma específica que abarque situaciones que entran más bien en el ámbito del 
derecho de la competencia. Este es el caso de la concentración en el sector de la 
publicidad o de las relaciones verticales entre productor, poseedor de derechos 
que pueden entrar en el ámbito del derecho nacional o comunitario de competencia 
(Reglamento sobre las operaciones de concentración, artículos 85 y 86 del 
Tratado) sin que parezca necesario elaborar nuevas normas específicas. Asimismo, 
la aplicación eficaz del derecho de competencia puede abarcar las situaciones 
referentes a los sistemas de control del acceso a las nuevas tecnologías 
(codificación) que podrían limitar el acceso de algunas empresas al mercado de los 
nuevos medios. Por este motivo, a escala nacional las reglamentaciones específicas 
nacionales sobre pluralismo no abarcan por lo general estas situaciones. 
2. REALIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR Y PROTECCIÓN DEL 
PLURALISMO 
A este respecto, en su informe sobre la aplicación del Reglamento sobre operaciones de 
concentración, de julio de 1993, la Comisión decidió quedar a la espera antes de presentar 
una propuesta de revisión de los umbrales. Este tema se volverá a examinar a más tardar a 
finales de 1996. 
36 
En varios momentos durante el transcurso de la consulta, ha parecido que distintos 
participantes contraponían el objetivo de realización del mercado interior con el de 
protección del pluralismo. Según la Comisión, no se justifica esta contraposición. 
El mercado interior no es "el libre mercado" en el que quedaría desmantelada 
cualquier tipo de restricción. 
En efecto, el Libro Verde subraya que las normativas nacionales persiguen un 
interés general fundamental (garantizar el pluralismo) y que, por consiguiente, 
únicamente la armonización comunitaria de estas normas de interés general podría 
suprimir las restricciones a la libre circulación de servicios y a la libertad de 
establecimiento causadas por la disparidad de dichas normas. 
En este sentido, en la medida en que el buen funcionamiento del mercado interior 
requiere una reglamentación, ésta podrá simultáneamente alcanzar el objetivo de 
mantener el pluralismo frente a la concentración de los medios de comunicación. 
Dicho en otras palabras, la intervención de la Comunidad basada en motivos 
relacionados con el establecimiento y funcionamiento del mercado interior no se 
contrapone, en sí misma, a la exigencia de interés general de impedir las 
concentraciones peligrosas para el pluralismo que no abarque la mera aplicación 
del derecho de competencia. 
3. EFECTO "LIBERALIZADOR" DE UNA NORMA SOBRE 
PLURALISMO 
Algunos participantes en la consulta han manifestado sus dudas en cuanto a la 
posibilidad de liberalizar los sistemas de control de las operaciones de 
concentración mediante una norma sobre pluralismo. Sin embargo, no existe 
contradicción alguna entre reglamentación y liberalización. Al contrario, 
únicamente una reglamentación comunitaria produciría, llegado el caso, cierto 
grado de liberalización por tres motivos: • . * 
reduciría el número de normativas que los agentes económicos deben tener en 
cuenta en sus actividades europeas (sustituir 12 regímenes jurídicos diferentes por 
un régimen único); 
37 
suprimiría los obstáculos al mercado interior antes señalados (en particular la 
inseguridad jurídica en caso de soslayamiento de legislaciones) al suprimir la 
disparidad normativa; 
el tercer motivo no se relaciona con las ventajas comunitarias inherentes a 
cualquier armonización, de tipo "mercado interior", sino con la calidad del 
contenido de la norma jurídica. En este sentido, y con arreglo al principio de 
proporcionalidad, se tratará de definir un contenido que no supere lo 
imprescindible en relación con el objetivo necesario y que alcance un justo 
equilibrio entre la necesidad de facilitar el acceso a las actividades de los medios de 
comunicación y la de impedir las concentraciones peligrosas para el pluralismo que 
no pueden impedirse mediante la mera aplicación del derecho de competencia. En 
efecto, la eficacia del derecho de competencia deberá tenerse en cuenta para 
determinar el contenido y su efecto de liberalización, ya que el objeto de la 
reglamentación consistiría en abarcar únicamente aquellas situaciones peligrosas 
desde el punto de vista del pluralismo que no abarca el derecho de competencia. 
En cambio, las demás situaciones quedarían únicamente cubiertas por el derecho 
de la competencia general. Un instrumento que diese lugar a la confusión de 
géneros o que crease un solapamiento entre el derecho de competencia y las 
normas específicas, impediría la verdadera liberalización sin contribuir a garantizar 
mejor el pluralismo. Además, la calidad de la normativa dependerá de la capacidad 
de tener en cuenta el contexto de las nuevas tecnologías. En este sentido, la 
utilización del criterio de la audiencia sería, según la Concisión, suficiente por su 
naturaleza para ofrecer una seguridad más eficaz para mantener el pluralismo, al 
tiempo que sería menos penalizador que el criterio del número de cadenas en 
manos de un mismo agente económico. 
m. ANÁLISIS DE LAS OPCIONES TRAS LA PRIMERA CONSULTA 
A, Posición de la Comisión frente a las opciones 
Globalmente, la consulta ha confirmado el análisis que sirvió para determinar los 
obstáculos al mercado interior y las tres opciones posibles. Por lo tanto, esta 
comunicación no pretende volver a determinar los posibles obstáculos al mercado 
interior, por lo que el lector deberá remitirse al Libro Verde en busca de 
38 
explicaciones más detalladas. Una vez determinada la eventual conveniencia de 
actuar, la decisión final sobre la necesidad de acción, o, llegado el caso, sobre una 
u otra de las opciones, requiere que se valore la oportunidad de la misma. En el 
presente caso, habida cuenta de las características peculiares del tema examinado, 
la valoración de la Comisión sobre las distintas opciones posibles se ha efectuado 
teniendo en cuenta cuatro elementos: ¿Cuál es la opción que permite realizar mejor 
los objetivos comunitarios (criterio teleológico)? ¿Cuál es la opción que se adapta 
mejor a las perspectivas de evolución (criterio diacrónico)? ¿Cuáles son las 
repercusiones de las opciones (criterio de la repercusión)? ¿Cuál es la opción más 
coherente con las otras iniciativas comunitarias (criterio de la coherencia)? 
1. OPCIÓN I (NINGUNA ACCIÓN COMUNITARIA) 
a) En función de los objetivos comunitarios 
La pasividad de la Comisión produciría la consecuencia de no alcanzar los 
objetivos del mercado interior en los sectores de los medios de comunicación. En 
efecto, los obstáculos al funcionamiento del mercado interior, señalados en el 
Libro Verde, y concretamente la inseguridad jurídica relativa a la libre circulación 
de servicios y a la libertad de establecimiento, subsistirían y no podrían eliminarse 
mediante otro tipo de acciones. La opción I supondría que la actual situación en 
cuanto al acceso de los medios de comunicación sería aceptable en el contexto del 
mercado interior. 
b) En función de las perspectivas de evolución 
Dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales, se están desarrollando 
actividades legislativas de importancia que van en direcciones contrarias. Mientras 
que en Francia y en el Reino Unido existe una tendencia hacia la liberalización, en 
los Países Bajos la tendencia es hacia normas más estrictas (adopción reciente de 
un código deontológico que establece límites tradicionales a la concentración 
monomedia en el sector de la prensa), y este aspecto está siendo debatido en 
Alemania e Italia. 
Es difícil suponer que esta evolución pueda conducir espontáneamente a una 
aproximación de hecho de las normativas nacionales si no existe un marco 
39 
institucional a escala comunitaria. El contexto político y económico de cada 
sistema nacional hará que las tendencias legislativas se desarrollen con una lógica 
peculiar. Por ejemplo, basta considerar la forma en que cada uno de los países se 
ocupa del aspecto de la concentración multimedia. 
Hay que destacar que esta actividad normativa debería incluso aumentar por dos 
motivos. Por una parte, las definiciones tradicionales de las actividades de 
televisión, así como el criterio cuantitativo del número de cadenas controladas por 
un mismo agente económico (establecido en las normativas con objeto de limitar la 
concentración de los medios de comunicación), no se adecúan al nuevo contexto 
de la multiplicidad de cadenas (nuevas tecnologías) y van a dar lugar, a corto o 
medio plazo, a una modificación legislativa. Por otra parte, la aplicación de 
estrategias globales por parte de los agentes económicos, y concretamente la 
participación de los operadores de telecomunicación, va a dar lugar a una demanda 
de liberalización por parte de los operadores tradicionales de medios de 
comunicación ya existentes o, al contrario, a una presión para que se reglamenten 
estas nuevas situaciones. 
c) En función de la repercusión de la intervención 
Repercusión política. La decisión de no intervenir se opondría al deseo 
claramente manifestado por el Parlamento Europeo y el Comité Económico y 
Social, lo que podría tener consecuencias sobre las relaciones entre el Parlamento 
y la Comisión o el Consejo en cuanto a los futuros temas relacionados con el 
sector de los medios de comunicación, especialmente dentro del seguimiento del 
Libro Blanco. La pasividad se opondría también a la preocupación expresada en el 
informe del "High Level Group" que pide a la Comisión que reaccione frente a la 
situación actual en cuanto a la propiedad de los medios de comunicación y frente 
al peligro de que dicha situación empeore. La industria interpretaría la no 
intervención como una señal de que la Comunidad no pretende dotarse de una 
política pública tendente a favorecer las inversiones directas en el sector de los 
medios de comunicación. En los Estados miembros, la decisión de no intervenir 
podría eventualmente coincidir con el deseo manifestado por algunas autoridades 
nacionales que podrían mostrarse reticentes frente a la intervención de la 
Comunidad en un sector delicado. No obstante, si no se interviniese, el desarrollo 
40 
de las actividades transfronterizas del sector podría incrementar el riesgo de 
tensiones entre las autoridades nacionales competentes de la concesión de licencias 
o autorizaciones. La presión política a escala nacional para adoptar medidas sobre 
concentración de medios de comunicación se incrementaría también 
considerablemente. 
La repercusión económica de la decisión de no intervenir puede valorarse según 
dos posibilidades previsibles a corto plazo: por una parte, una liberalización 
fragmentaria, es decir, únicamente en uno o varios Estados miembros y, por otra, 
el mantenimiento de la situación actual o la consolidación de las restricciones 
nacionales. 
Desde el punto de vista de la oferta. Sea cual sea la posibilidad prevista, la 
fragmentación y compartimentación de los mercados, así como la inseguridad 
jurídica que de ellas se derivaría, producirían la consecuencia de disuadir las 
inversiones, procedentes de la Unión o de terceros países, en los medios europeos 
y disminuirían la competitividad del sector europeo de los medios de comunicación 
en el contexto de la cada vez mayor globalización del sector. 
En el caso de la posibilidad de la liberalización fragmentaria, los Estados 
miembros que liberalizasen los obstáculos al acceso a la propiedad de los medios 
de comunicación podrían ser objeto, a corto plazo, de un importante flujo de 
inversiones de agentes económicos procedentes de terceros países o de otros 
Estados miembros que no hayan liberalizado su sistema. Según su amplitud, este 
flujo de inversiones podría, como reacción, hacer que el país afectado volviese a 
introducir, a medio plazo, obstáculos normativos. Aún cuando se produjese un 
flujo masivo de inversiones, éste sería menor que si se efectuase una liberalización 
a escala de la Unión en la medida en que el mercado nacional liberalizado no 
tendría la dimensión suficiente para poder lanzar nuevos servicios innovadores. 
Una liberalización cuyo objetivo fuese incitar al desarrollo de la sociedad de la 
información, permitiendo la entrada de operadores de telecomunicación en el 
mercado de los medios de comunicación, sería poco eficaz a escala nacional y 
favorecería las situaciones monopolísticas nacionales o de las grandes empresas 
nacionales. En efecto, dado que el mercado nacional es limitado, los operadores de 
telecomunicación deberán, si quieren rentabilizar las inversiones necesarias para la 
sociedad de la información, adquirir una posición sólida en este mercado nacional, 
41 
integrándose verticalmente en el sector de los servicios de telecomunicación. En 
cambio, ei desarrollo de un sector fuerte y competitivo de servicios 
transfronterizos de medios de comunicación que utilizase las autopistas de la 
información limitaría la importancia de la integración vertical de los operadores de 
telecomunicación e incitaría a la creación de autopistas de información 
verdaderamente europeas. 
En el caso de la hipótesis de mantener la situación actual, el mercado europeo no 
será interesante para las posibles inversiones internacionales en el sector. En 
efecto, las nuevas tecnologías generan costes y exigen cada vez más que los 
operadores se dirijan a mercados concretos transfronterizos que abarquen varios 
Estados miembros. Ahora bien, la fragmentación, complejidad e inseguridad 
jurídicas actuales dificultan este enfoque transfronterizo y disuaden las inversiones 
que esta estrategia requiere para su aplicación. Además, los participantes 
tradicionales en el sector de los medios de comunicación intentarían desarrollarse 
en otros mercados mundiales (por ejemplo, Asia y PECO), lo que supondría una 
pérdida de inversiones en la Unión. En algunos casos, el mantenimiento de la 
situación actual evitaría desestabilizar a los agentes económicos ya existentes en 
detrimento de los posibles nuevos participantes (las normas sobre propiedad de los 
medios de comunicación han hecho necesarias unas estrategias de alianza muy 
complejas, a menudo dictadas por un contexto político concreto), y favorecería las 
estrategias exclusivamente nacionales. A largo plazo, estas empresas "protegidas" 
por una normativa cerrada ya no serán competitivas en el mercado mundial de los 
medios de comunicación y, más concretamente, en el multimedia. 
Desde el punto de vista de la demanda, la posibilidad de elección de los 
consumidores de medios europeos será limitada y es probable que se incremente la 
importación de servicios de medios de comunicación, especialmente multimedia, 
procedente de terceros países como los Estados Unidos. No obstante, el 
consumidor de medios europeos no será el objetivo de nuevos servicios 
innovadores, sino más bien el consumidor de servicios de dichos terceros países. 
d) En función de la coherencia 
42 
La opción I plantearía problemas de coherencia de la acción comunitaria. En 
efecto, el sector de los servicios de información y, en particular, el sector 
audiovisual es objeto de un trato prioritario, tal y como lo demuestra el Libro 
Blanco y el reciente Libro Verde sobre la competitividad de los programas 
audiovisuales. Por consiguiente, podría ser incoherente desarrollar una política 
europea únicamente sobre los aspectos relacionados con la explotación de 
programas de televisión o de obras audiovisuales, sin interesarse por las 
inversiones directas, es decir, la financiación de las empresas de medios de 
comunicación. Además, los sectores de la prensa, radio y multimedia podrían 
discrepar de la prioridad concedida al sector audiovisual. 
2. OPCIÓN II (RECOMENDACIÓN RELATIVA A LA TRANSPARENCIA) 
En función de los objetivos comunitarios. Una recomendación tendente 
únicamente a facilitar el intercambio de información entre autoridades nacionales 
relativa a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación no 
permitirá alcanzar los objetivos comunitarios, concretamente los del mercado 
interior. Esta acción no pondría fin a la disparidad de las normativas nacionales, 
que es fuente de obstáculos al mercado interior. Evidentemente, esto no significa 
que la Comisión considere que la transparencia de la propiedad de los medios no 
es un aspecto importante. Significa más bien que no se trata de un tema que 
necesite, como tal, una acción específica a escala comunitaria. En efecto, las 
respuestas de los Estados miembros al respecto, han revelado que no existían 
verdaderos obstáculos a los intercambios de informaciones. Además, los aspectos 
relativos a la calidad de las normativas nacionales destinadas a garantizar la 
transparencia pueden resolverse más eficazmente a escala nacional. En cambio, en 
la medida en que se establecerían normas sobre propiedad de los medios de 
comunicación a escala europea, las normas sobre transparencia e intercambio de 
información serían necesarias para la puesta en práctica de aquéllas. 
En función de las perspectivas de evolución. La internacionalización de las 
actividades de la información debería incrementar las necesidades de las 
autoridades nacionales de control en cuanto al intercambio de informaciones. Sin 
embargo, es difícil afirmar que esto incrementará forzosamente los obstáculos al 
intercambio de información. 
43 
En función de la repercusión. La repercusión económica de esta opción 
sería escasa, ya que afectaría principalmente a las autoridades nacionales de 
control y no a las empresas. No tendría por qué tratarse del mismo tipo de 
información que la que puedan interesar a las empresas, especialmente para su 
estrategia de fusiones y adquisiciones. Además, las condiciones de 
confidencialidad serían diferentes, puesto que se trata de transmisión de 
información a las autoridades públicas con objeto de controlar las obligaciones 
relacionadas con el pluralismo. 
En función de la coherencia. Sería difícil encajar esta opción con las demás 
iniciativas en este sector sin dejar de plantear problemas de incompatibilidad. 
3. OPCIÓN III (ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES 
NACIONALES SOBRE PROPIEDAD DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN). 
a) En función de los objetivos comunitarios 
i) Objetivos del mercado interior. La consulta ha confirmado más bien el 
análisis efectuado en el Libro Verde17 sobre los obstáculos al mercado interior 
creados por la disparidad de las reglamentaciones nacionales sobre propiedad de 
los medios de comunicación. Por consiguiente, para realizar en el sector de los 
medios de comunicación los objetivos del mercado interior contemplados en el 
artículo 7A del Tratado, es necesario adoptar una normativa comunitaria sobre 
propiedad de los medios de comunicación. Esta norma común pondría fin a la 
disparidad de las normas nacionales en este sector y permitiría, concretamente, 
suprimir los dos obstáculos mencionados con mayor frecuencia en la consulta: por 
una parte, la inseguridad jurídica que limita el ejercicio de la libertad de 
establecimiento así como de la libre circulación de servicios de medios de 
comunicación y que, de esta forma, disuade las inversiones directas en los medios 
de comunicación; por otra parte, el del falseamiento de la competencia resultante 
de la diferencia de restricciones. El objetivo comunitario que justifica la 
intervención a escala comunitaria consiste en garantizar el funcionamiento del 
mercado interior protegiendo al mismo tiempo la exigencia del mantenimiento del 
Ver arriba § II B 1 
44 
de comunicación; por otra parte, el del falseamiento de la competencia resultante 
de la diferencia de restricciones. El objetivo comunitario que justifica la 
intervención a escala comunitaria consiste en garantizar el funcionamiento del 
mercado interior protegiendo al mismo tiempo la exigencia del mantenimiento del 
pluralismo mediante la determinación de ciertos límites a la propiedad de los 
medios de comunicación. 
ii) Objetivos del mercado interior en el marco de la sociedad de la 
información .Una normativa comunitaria sobre propiedad de los medios de 
comunicación contribuiría también a las prioridades establecidas en el Libro 
Blanco sobre "Crecimiento, competitividad, empleo. Retos y pistas para entrar en 
el siglo XXI" y respondería a las inquietudes puestas de manifiesto en el informe 
del "High Level Group". En efecto, entre las cinco prioridades establecidas en el 
Libro Blanco para la realización de la sociedad de la información, figura la 
creación de un entorno normativo adecuado para lo cual es necesario suprimir el 
falseamiento de la competencia. A este respecto, parece que la situación actual en 
cuanto a propiedad de los medios se refiere, podría producir un efecto negativo 
sobre el lanzamiento de los proyectos relativos a la sociedad de la información. Tal 
y como explica el Libro Blanco, el éxito de esta sociedad dependerá del desarrollo 
de servicios que serán transmitidos por redes. Cuanto más importantes sean las 
perspectivas de explotación rentable de grupos de servicios variados con fuerte 
valor añadido (educación, cultura, venta a distancia, salud, juegos, ocio, guías 
prácticas, etc.), más fáciles serán de amortizar las inversiones en infraestructuras. 
Los servicios de medios sonoros, audiovisuales o multimedia jugarán a corto plazo 
un papel fundamental. El desarrollo de estos servicios es condición para el 
desarrollo de las infraestructuras. Por lo tanto, se trata de un objetivo estratégico 
fundamental que requiere un tratamiento normativo específico del tema de la 
propiedad de los medios de comunicación por tres motivos: 
.Los obstáculos a la libre circulación de servicios y al derecho de 
establecimiento derivados del mosaico normativo actual van a limitar la posibilidad 
de los operadores clásicos de medios de comunicación de prestar un servicio en 
los servicios de las autopistas de la información. En efecto, los obstáculos 
normativos a la libre circulación de servicios de la sociedad de la información 
pueden derivarse no sólo de las condiciones relativas al contenido de los servicios, 
sino también de las relacionadas con el propio prestatario de servicios. De esta 
45 
forma, al limitar las posibilidades de ser prestatario de servicios, la disparidad de 
las normativas nacionales sobre propiedad de los medios limita también la 
posibilidad de prestar más servicios y, por lo tanto, en cierta medida, la viabilidad 
del proyecto de la sociedad de la información. La llegada de estas últimas produce 
así el efecto de amplificar radicalmente los inconvenientes derivados de la 
inexistencia de una norma europea adecuada. 
.La hipótesis del desmantelamiento de todas las normas sobre propiedad de 
los medios de comunicación es discutible y nada realista. Durante la consulta, 
algunos operadores indicaron que el propio principio de la necesidad de disponer 
de normas sobre la propiedad de los medios desaparecería dada la cantidad de 
cadenas disponibles. La Comisión ha observado, en primer lugar, que el 
desmantelamiento de las normativas nacionales sobre propiedad de los medios de 
comunicación no es actualmente un hecho, mientras que sí lo es la necesidad de 
consolidar en este momento la competitividad del sector: La discusión que se está 
llevando a cabo en algunos Estados miembros no versa sobre el desmantelamiento, 
sino más bien sobre la adaptación hacia una flexibilización (liberalización), o hacia 
una mejor eficacia en relación con el objetivo del pluralismo. A continuación, y en 
cuanto al fondo, la cuestión del pluralismo externo subsistirá, incluso en un 
entorno caracterizado por la desaparición de la escasez de frecuencias. La 
multiplicación (por una cifra situada entre 6 y 10) del número de cadenas de 
televisión no impide que, teóricamente, todas puedan estar controladas por un 
mismo operador. La eventual disminución del riesgo de concentración del control 
de los medios no supone que sea menos indispensable contar con una seguridad 
que cubra las consecuencias inaceptables de su eventual materialización. 
.La inadaptación de las normas nacionales sobre propiedad de los medios de 
comunicación a las nuevas tecnologías de información ha sido subrayada a menudo 
por los sectores interesados durante la consulta, así como por el "High Level 
Group". El método utilizado más frecuentemente para medir el grado de 
concentración se considera inadecuado, ya que el criterio del número de cadenas 
es injusto cuando existen muchas de ellas y no hay escasez de frecuencias. 
También son objeto de discrepancia las excesivas restricciones al sector 
multimedia, ya que limitan la posibilidad de utilizar las autopistas de la información 
para prestar un paquete de servicios de medios de comunicación. Por último, se 
46 
considera a veces demasiado restrictivo el grado de concentración aceptado, 
teniendo en cuenta las exigencias de la competitividad necesaria para hacer frente a 
la globalización del sector. 
Hi) Contribución de la armonización desde el punto de vista del pluralismo. La 
realización de los objetivos del mercado interior contribuirá a garantizar una mejor 
protección del pluralismo. De la consulta se desprende que si existiese una norma 
de juego común sobre propiedad de los medios de comunicación se mejoraría la 
eficacia de la protección del pluralismo ya que permitiría: 
evitar la existencia de "paraísos de acogida" que harían posible que aquellos 
operadores que no tuviesen derecho a comprar un medio soslayasen esta 
prohibición difundiendo vía satélite desde otro Estado miembro que sí lo 
autorizase. Aún cuando jurídicamente los Estados miembros de recepción de estas 
emisiones pudieran movilizarse para impedir su retransmisión en su territorio, la 
aplicación práctica de esta protección podría ser en algunos casos aleatoria desde 
un punto de vista técnico y político ya que podría dar lugar a situaciones 
conflictivas entre autoridades nacionales (a escala nacional, se trata del caso de 
DSF que enfrenta a dos autoridades de los Estados federados alemanes en cuanto 
a la legalidad de la autorización de una nueva cadena). En cambio, una norma de 
juego común obligaría a los Estados miembros a ofrecer un nivel de protección 
equivalente introduciendo, en caso necesario, nuevas disposiciones inexistentes 
hasta el momento en algunos Estados miembros; 
abarcar eficazmente las actividades transfronterizas que se desarrollarán 
cada vez más como consecuencia de las nuevas tecnologías. Las legislaciones 
nacionales no están adaptadas a las actividades transfronterizas, especialmente en 
alguno de los casos no tienen en cuenta el efecto que puede producir en otros 
Estados miembros una autorización para difundir una cadena de televisión que será 
recibida en dichos Estados. Además, teniendo en cuenta que las disposiciones 
serán iguales, la transparencia y el seguimiento de la propiedad de los medios 
podrá realizarse más fácilmente ya que las autoridades nacionales deberán indagar 
el mismo tipo de información; 
aplicar un control en origen y no en destino. Con arreglo al principio del 
"home country control" y de la confianza recíproca, la autoridad competente para 
47 
conceder una autorización o licencia deberá tener en cuenta no sólo el interés de 
los ciudadanos sino también el de los ciudadanos de los otros Estados miembros 
que pudieran recibir dicha cadena. De esta forma, el interés general que se debe 
proteger no se limita a los confines de las fronteras nacionales sino a los de las 
fronteras de la Comunidad y se definen claramente las responsabilidades a escala 
europea de las autoridades nacionales de control. La aplicación del control y la 
eventual represión serán más eficaces ya que podrán dirigirse directamente a la 
empresa en cuestión y no a los intermediarios (distribuidores de cable, fabricantes 
de aparatos de recepción, etc ...); 
mejorar la calidad del marco reglamentario teniendo en cuenta las 
experiencias positivas de los diferentes Estados miembros. La segunda ronda de 
consultas debería permitir la realización de este intercambio de experiencias y 
satisfacer la exigencia de calidad que se desprende del objetivo de mantenimiento 
del pluralismo. Además, la discusión a escala europea permite superar las 
interferencias meramente nacionales que pudieran existir en un proceso legislativo 
nacional afectando la coherencia y la calidad del mismo; 
que los criterios previstos ofreciesen una protección más eficaz: el criterio de 
la audiencia real constituiría un método más eficaz para garantizar el pluralismo 
que el criterio del número de cadenas ya que una única cadena puede tener una 
audiencia real considerable y por lo tanto un importante poder de influencia. Al 
contrario, un operador puede resultar perjudicado al poseer varias cadenas cuando 
en realidad se trata de cadenas temáticas que introducen más pluralismo y cuya 
audiencia es sumamente escasa. El criterio del controlador, que permitirá 
identificar al operador responsable de los medios cuya audiencia se mide, permite 
trascender la simple definición formal (accionista mayoritario) que no tiene en 
cuenta del control de hecho del medio de comunicación. 
evitar que dos medios de algunos países se vean perjudicados o amenazados 
en relación con los de otros Estados miembros, únicamente debido a que estos 
últimos gozan de una normativa sobre propiedad de los medios más favorable que 
les ha permitido una cierta dimensión. 
48 
iv) Los objetivos comunitarios y el comité europeo independiente. La consulta 
no ha suministrado mucha información en cuanto al interés de proponer la 
creación de un comité europeo independiente para realizar los objetivos 
comunitarios, o sobre la ventajas que dicho comité podrían aportar desde el punto 
de vista del mercado interior. Por lo que se refiere al cometido, hay que intentar 
eludir la creación de un nuevo modelo de comité. En este sentido, la función que el 
Parlamento desea, es decir, pronunciarse sobre los casos concretos de 
concentración, podría estar en contradicción con el espíritu del principio de 
subsidiariedad y ser incoherente con los principios básicos de una normativa del 
tipo de las del "mercado interior". En efecto, en este tipo de normativa, salvo 
cuando lo justifican las peculiariedades del caso, son las autoridades nacionales 
competentes las que deberían, en su calidad de autoridad de derecho común, 
aplicar directamente las normativas nacionales por las que se incorpora la 
directiva, sin centralización a escala europea. Por lo tanto, la necesidad de dicho 
comité debería valorarse en su momento en función del contenido de la iniciativa 
comunitaria. 
b) En función de las perspectivas de evolución 
La posible evolución aboga en pro de una intervención en cuanto a la propiedad de 
los medios de comunicación. Por una parte, esta intervención permitiría crear las 
condiciones estructurales indispensables para aprovechar el nuevo entorno de la 
internacionalización y, por otra, evitará los riesgos de reacciones legislativas 
nacionales en sentidos opuestos. 
Las nuevas tecnologías y el nuevo entorno económico. El impacto de las nuevas 
tecnologías (televisión numérica compresión, convergencia) será considerable para 
el desarrollo del mercado de los medios de comunicación. En particular, las nuevas 
tecnologías incitan a la globalization (mundialización) de los mercados y por lo 
tanto harán que el sector de los medios de comunicación deba hacer frente cada 
vez más intensamente a la competencia de operadores de países ajenos a la Unión. 
Estos últimos podrían ser más competitivos que los operadores europeos, bien por 
su situación en su mercado de origen, bien porque son nuevos participantes en el 
sector de los medios de comunicación y proceden de un sector en el que la 
dimensión de las empresas es mucho más importante que la de los agentes 
económicos tradicionales presentes en el sector de los medios de comunicación. 
49 
El entorno político y jurídico debería evolucionar probablemente, a corto y medio 
plazo, debido, por una parte, a la presión de los operadores tradicionales de los 
medios de comunicación para modificar dicho entorno y, por otra, a la inquietud 
política ante las tendencias a la integración vertical de los operadores de 
telecomunicación que participan en el mercado de los servicios de las autopistas de 
la información. 
c) En función de la repercusión 
i) Repercusión política 
A escala europea, la opción III coincidiría con los deseos del Parlamento y del 
Comité Económico y Social, que se han pronunciado claramente a favor de una 
directiva sobre propiedad de los medios de comunicación y por la creación de un 
comité. La Comisión es consciente de que esta opción sería una respuesta de una 
importancia proporcional a las inquietudes manifestadas en numerosas ocasiones 
por el Parlamento. La opción III respondería también al informe del "High Level 
Group". 
A escala nacional, la opción III podría quizás suscitar algunos equívocos si se 
interpreta la intervención de la Comunidad como una ampliación de las 
competencias comunitarias. A este respecto, la Comisión recuerda que la 
competencia para intervenir en este ámbito se deriva del objetivo comunitario de 
realización y funcionamiento del mercado interior (artículo 7 A del Tratado) que, 
en el presente caso, exigiría que se armonizasen las normas nacionales sobre 
pluralismo limitando la propiedad de los medios de comunicación con objeto de 
suprimir las restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de 
servicios. Por lo tanto, la intervención en cuanto a la propiedad de los medios no 
ampliaría el ámbito de las competencias comunitarias sino que se inscribiría en el 
marco tradicional de las competencias relacionadas con el mercado interior. 
La repercusión de la creación de un comité de sabios sobre la organización 
institucional de la radiodifusión en los Estados miembros, tal y como se propone 
en la opción IIIc, podría ser importante. En efecto, una de las subopciones de la 
50 
opción III prevé la creación de un comité compuesto por representantes de las 
autoridades nacionales independientes competentes en el sector audiovisual. Estas 
autoridades sólo existen en algunos países (por ejemplo, los "Medienanstalten" en 
Alemania, el ITC en el Reino Unido o el CSA en Francia). En otros Estados 
miembros, no existen autoridades independientes competentes en el sector 
audiovisual o, de existir, carecen de poder verdadero y su función es meramente 
consultiva. Esta opción supondría, por lo tanto, la creación de estas autoridades 
independientes en aquellos Estados miembros que carecen de ellas. A falta de estas 
autoridades, el comité no sería auténticamente representativo, ya que algunos de 
sus miembros no tendrían experiencia concreta alguna a escala nacional. Puesto 
que, además, no se ha demostrado claramente la forma en que dicho comité 
supondría una mayor eficacia para alcanzar los objetivos de la Unión, la Comisión 
considera que sería mejor esperar hasta el momento de la adopción formal de su 
propuesta para pronunciarse en cuanto a la oportunidad de proponer la creación 
de dicho comité. En ese momento, habrá que valorar, concretamente, si los 
Estados miembros que carecen de tales autoridades independientes se han dotado 
ya de las mismas. 
En cuanto a la elección del instrumento, y sin perjuicio de otras posibles formas 
que pudiera adoptar la iniciativa comunitaria, un reglamento podría ser una 
solución eficaz ya que garantizaría una seguridad jurídica máxima para los agentes 
económicos y evitaría las posibilidades de incorporación incorrecta o incluso la 
falta de la misma. Sin embargo, las ventajas de la directiva se adecuarían 
especialmente a un tema tan delicado políticamente: ofrecería cierta flexibilidad de 
incorporación al ordenamiento nacional, constituiría un marco genérico que dejaría 
un margen de valoración a las autoridades nacionales y conferiría un cometido 
concreto a los parlamentos nacionales. Habida cuenta de la repercusión política 
que podría tener una acción sobre la propiedad de los medios de comunicación, la 
Comisión estima, por consiguiente, que. sería mejor tomar como punto de partida 
la directiva. 
ii) Repercusión económica. La repercusión económica de una posible norma 
dependerá, lógicamente, del contenido, y es difícil de valorar en el momento 
presente. Sin embargo, la promulgación de un marco normativo único sobre 
propiedad de los medios de comunicación, sea cual sea su contenido, tiene de por 
sí una repercusión económica. 
51 
Desde el punto de vista de la oferta, una norma común sobre los medios de 
comunicación, junto con la seguridad jurídica que introduciría, producirían el 
efecto de abrir el acceso al mercado y, concretamente, de fomentar las inversiones 
directas en el sector. Estas inversiones podrían proceder, principalmente, de los 
nuevos participantes. En efecto, hasta ahora los límites concretos existentes en 
cada país al acceso de los medios de comunicación, junto con el entorno a menudo 
politizado de las autoridades de los medios de comunicación, han fomentado más 
las estrategias de los "magnates", más que las estrategias comerciales, estimulando 
a las empresas a estructurar su capital en un complejo tejido de participaciones. La 
adopción de una norma europea, que no estuviese ya relacionada con el contexto 
específico de cada Estado miembro, debería estimular a los inversores que hasta 
ahora se han mostrado poco propensos a invertir en un entorno jurídico y político 
complejo e inseguro. 
Estas inversiones podrían dar lugar a reestructuraciones y a una tendencia a la 
concentración, que debe regirse por la normativa. En efecto, los nuevos segmentos 
de mercado que se desarrollarán gracias a las autopistas de la información serán al 
mismo tiempo arriesgados y costosos (por la tecnología utilizada y por la 
incertidumbre de la demanda de nuevos servicios de medios de comunicación). Por 
este motivo, los agentes económicos tenderán a reducir al mínimo estos riesgos 
mediante una estrategia de alianza o de adquisición y concentración con objeto de 
reducir el número de participantes y de llegar a una masa crítica lo suficientemente 
grande como para abarcar los niveles de inversión necesarios. 
Desde el punto de vista de la demanda, la apertura de los mercados nacionales 
hará que se desarrollen algunos mercados o que se creen otros nuevos. Los 
segmentos de mercado podrían verse más afectados. Aunque los recursos 
ofrecidos a escala nacional para un segmento del sector sean a menudo 
insuficientes, sí podrían ser adecuados si la fórmula se ampliase a escala europea. 
Una norma sobre propiedad de los medios daría a los operadores que lo deseen 
(por motivos comerciales) la oportunidad de desarrollar con mayor facilidad una 
estrategia de establecimiento consistente en implantarse en cada territorio para 
adaptar el servicio de medios de comunicación a un público concreto. La 
propiedad, el concepto de segmento de mercado y los conocimientos son 
52 
europeos, pero el "producto" se adapta a cada público. Los mercados nacionales 
tradicionales podrían también ser objeto de esta estrategia de establecimiento por 
parte de los agentes económicos de los demás Estados miembros. Por último, cabe 
señalar que una norma común facilitaría el desarrollo de los mercados de la 
difusión transfronteriza de servicios de televisión o radio, recortando la 
inseguridad jurídica que gravita sobre la difusión transfronteriza de las cadenas de 
televisión que no se ajustan a las normativas nacionales sobre propiedad de los 
medios de comunicación. Las autopistas de la información incrementarán las 
posibilidades de difusión transfronteriza, no sólo de los nuevos servicios, sino 
también de los medios tradicionales como la radio, y harán que el riesgo de que se 
invoque el argumento del soslayamiento de las normativas nacionales sea mayor. 
Como conclusión, parece que la apertura de los mercados nacionales en cuanto a 
la propiedad de los medios de comunicación debería favorecer las inversiones 
directas en este sector, especialmente las de los nuevos participantes, y supondrá 
una tendencia a la reestructuración y a la concentración. La ventaja de crear una 
red de seguridad que evite las situaciones de concentración de medios peligrosas 
para el pluralismo podría por lo tanto ponerse de manifiesto, así como el interés de 
que dicha red se cree a escala europea. En efecto, al tiempo que existiría una 
norma de seguridad que garantizase el pluralismo, las inversiones en este sector se 
verían estimuladas por la apertura del mercado y por la seguridad jurídica 
producida por un único marco europeo. En cambio, si la red de seguridad se 
crease a escala nacional, se disuadirían las inversiones y se limitaría la 
competitividad de los operadores nacionales mediante estrategias de "magnates 
nacionales", "barones" y participaciones capitalistas atomizadas y complejas. Por 
último, la importancia de la calidad del contenido de la norma de juego común es 
también evidente ya que deberá cumplir su función fundamental de impedir los 
casos de concentración que suponen un peligro para el pluralismo, al tiempo que 
no sería desproporcionada para facilitar al máximo las inversiones en este sector. 
d) En función de la coherencia 
La opción III se articula con las otras iniciativas comunitarias actuales relativas a 
los medios de comunicación. 
53 
El Libro Blanco "Crecimiento, competitividad, empleo" y el informe del "High 
Level Group". Como se ha subrayado anteriormente, la opción III se inscribe 
lógicamente en el enfoque seguido por el Libro Blanco para realizar la sociedad de 
la información y en las propuestas del "High Level Group". En efecto, una 
directiva sobre propiedad de los medios de comunicación constituiría una de las 
acciones necesarias para adecuar el marco reglamentario a la sociedad de la 
información. El objetivo de consolidar la competitividad de la industria de los 
medios de comunicación deberá tenerse en cuenta a la hora de determinar el 
contenido de una posible actuación. 
El Libro Verde "Opciones estratégicas para la consolidación de la industria de 
los programas en el contexto de la política audiovisual de la Unión Europea". 
Este Libro Verde inició un debate sobre determinadas opciones estratégicas para 
el sector de los programas audiovisuales. Este Libro Verde se distingue del 
relativo al pluralismo y a la concentración de los medios de comunicación, por su 
ámbito de aplicación, al no abarcar todos los medios, sino únicamente el sector 
audiovisual, y por su objeto, que no se refiere a la propiedad de dichos medios, 
sino al fomento de la producción y distribución de programas. 
" Digital Video Broadcasting". Una iniciativa sobre propiedad de los medios de 
comunicación seguiría también plenamente la lógica aplicada en las actuales tareas 
relacionadas con la "Digital Video Broadcasting" que deberían culminar 
garantizando un acceso lo más amplio posible a las nuevas tecnologías, tanto a los 
operadores como a los prestadores de servicios. 
Política de competencia. Una iniciativa relativa a la propiedad de los medios de 
comunicación sería una medida coherente y complementaria con la aplicación del 
derecho de competencia. Efectivamente, el objeto de esta directiva no sería 
garantizar el mantenimiento de la competencia, sino el del pluralismo, mediante 
normas relativas a la propiedad de los medios de comunicación y en la medida que 
fuera necesaria para el buen funcionamiento del mercado interior. La posibilidad 
de recurrir a medidas distintas en favor del pluralismo está prevista en el 
apartado 3 del artículo 21 del Reglamento sobre operaciones de concentración. El 
contenido material de esta iniciativa debería guardar una proporción estricta con el 
interés general (protección del pluralismo) con objeto de ofrecer una seguridad 
54 
máxima en este sentido, sin por ello duplicar o dar lugar a un solapamiento de 
aquellas situaciones que pueden ser abarcadas por el derecho de competencia. 
B. Conclusiones 
Tras analizar los resultados del proceso de consulta desarrollado durante más de 
un año, la Comisión ha llegado a la conclusión de que era necesario, teniendo en 
cuenta el reto que supone el aspecto del mantenimiento del pluralismo de los 
medios de comunicación, proceder a una segunda fase de consulta con todos los 
sectores interesados y en estrecha relación con los Estados miembros. 
Esta segunda fase de consulta será útil para ratificar o rectificar la necesidad de 
una iniciativa comunitaria, habida cuenta, concretamente, de la evolución de las 
nuevas tecnologías, y permitirá a la Comisión profundizar los aspectos relativos al 
contenido de una posible iniciativa con objeto de garantizar la calidad de la misma. 
Como hipótesis, una iniciativa comunitaria podría basarse en las siguientes 
orientaciones. 
1 - PLANTEAMIENTO DEL DEBATE 
Los obstáculos al funcionamiento del mercado interior señalados en el Libro Verde 
y creados por la disparidad de las normativas nacionales sobre propiedad de los 
medios de comunicación, así como sus posibles efectos negativos sobre el 
pluralismo, han adquirido recientemente una nueva dimensión. Estos obstáculos, 
considerados en un principio más bien teóricos, aparecen cada vez más claros y 
reales. En efecto, la internacionalización de la industria de los medios de 
comunicación y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información hacen 
indispensable que los medios de comunicación se conviertan en una auténtica 
industria europea competitiva y capaz de desempeñar con dinamismo su cometido 
específico en el funcionamiento de la democracia. En este contexto, la realización 
del mercado interior resulta una necesidad y una oportunidad. 
El marco normativo nacional sobre propiedad de los medios de comunicación va a 
evolucionar, o ya lo está haciendo en algunos Estados miembros, para adaptarse a 
esta nueva situación. Tal y como lo subraya el informe del "High Level Group", la 
55 
perspectiva de esta actividad legislativa descoordinada corre el peligro de 
incrementar aún más los efectos nefastos de la disparidad de las normativas 
nacionales sobre los nuevos servicios de los medios de comunicación. Ante la 
internationalization de los medios, unas respuestas aisladas, exclusivamente 
nacionales, podrían fragmentar aún más el mercado interior y resultar rápidamente 
ineficaces, e incluso contraproducentes, al impedir el desarrollo económico de los 
operadores de medios indispensable para el pluralismo, así como la circulación 
transfronteriza de sus servicios. 
2- PROFUNDIZAR DETERMINADOS ASPECTOS RELATIVOS AL 
CONTENIDO DE UNA POSIBLE INICIATIVA 
Hasta este momento, la consulta se ha centrado en el aspecto de la necesidad de 
una norma común sobre propiedad de los medios de comunicación a escala 
europea. Sin embargo, la consulta ha confirmado que las grandes líneas 
establecidas en el Libro Verde sobre la posible estructura de una iniciativa sobre la 
propiedad de los medios constituyen un buen punto de partida. Sin querer 
prejuzgar las conclusiones que la Comisión podría extraer de la segunda ronda de 
consultas, ésta deberá centrarse, especialmente, en los siguientes aspectos. 
a) Un enfoque general equilibrado 
El objeto de esta iniciativa sería permitir a los operadores aprovechar plenamente 
las oportunidades creadas por el mercado interior, especialmente la libertad de 
establecimiento de los medios de comunicación y la libre circulación de servicios 
de dichos medios, así como mantener al mismo tiempo el pluralismo al impedir la 
concentración de los medios. Simultáneamente, establecería la seguridad jurídica 
máxima necesaria para las inversiones en este sector y una red de seguridad que 
impidiese los casos de concentración peligrosos para el pluralismo y que no 
pueden ser resueltos mediante las normas tradicionales del derecho de 
competencia. Así se dispondría de un marco jurídico estable que no debilitaría la 
protección del pluralismo en los Estados miembros y que garantizaría un nivel 
equivalente de protección en la Unión. 
56 
Con arreglo a las orientaciones previstas en el Libro Verde, habría que examinar 
las condiciones relativas a la propiedad de los medios de comunicación que 
deberían ser aplicadas por las autoridades nacionales competentes cuando 
conceden una autorización o una licencia para un nuevo medio de radiodifusión 
(televisión o radio) o cuando un medio de radiodifusión ya existente es objeto de 
una nueva toma de control. Teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de las 
normativas nacionales actuales, estas condiciones deberían aplicarse como mínimo 
en aquellos casos en los que el operador que solicita una licencia para una radio o 
una cadena de televisión controla ya una radio o una televisión (concentración 
monomedia radio o monomedia televisión) y cuando el operador que solicita una 
licencia de radio o televisión ya controla un medio de distinto tipo, como una 
editora de periódicos (concentración multimedia). El aspecto de la cobertura de las 
concentraciones entre empresas de prensa (concentración monomedia prensa) 
deberá examinarse durante la segunda ronda de consultas teniendo en cuenta que 
tan sólo dos Estados miembros han promulgado normas concretas a este respecto. 
Con arreglo a este principio de proporcionalidad, estas condiciones no deberían 
superar lo imprescindible para alcanzar los objetivos establecidos y, por 
consiguiente, deberían ofrecer un equilibrio entre la necesidad de garantizar la 
diversidad de quienes controlan los medios de comunicación y la necesidad de 
facilitar el acceso a las actividades del sector con objeto de promover el desarrollo 
del mismo. Por consiguiente, habrá que determinar, durante la nueva consulta, las 
consecuencias del nivel de restricción de las distintas condiciones previsibles con 
objeto de velar por su proporcionalidad. Teniendo en cuenta el análisis efectuado 
en el Libro Verde sobre el contenido de una posible iniciativa 18 ésta debería 
consistir en: definir el concepto de controlador de un medio de comunicación; 
limitar determinadas acumulaciones de controles de varios medios a la vez por 
parte de una misma persona; utilizar para ello los criterios de la zona de difusión 
abarcada y de la audiencia real de los medios correspondientes a un mismo 
controlador de medios de comunicación; el aspecto de las personas excluidas que 
no pueden controlar medios de comunicación ("disqualified person"); la 
transparencia y el intercambio de información sobre el control de los medios de 
comunicación y los casos en los que cambian los controladores de los medios. 
b) Criterio de la audiencia real 
Cuarta parte, capítulo 5§IC. 
57 
El recurso al criterio de la audiencia real, tal y como se señala en el Libro Verde, 
es lógico ya que, al tratarse del pluralismo de los medios de comunicación, es 
necesario valorar los efectos de la concentración del control de dichos medios 
sobre el "ciudadano consumidor" de los mimos. En relación con el criterio del 
número de cadenas controlables por una misma persona, el criterio de la audiencia 
real ofrece la ventaja de adecuarse más al nuevo entorno de las tecnologías y de las 
autopistas de la información, que van a dar lugar a una multiplicación del número 
de cadenas. Además, el criterio de la audiencia sería más ajustado desde el punto 
de vista económico y menos penalizador (se facilitaría la creación de un paquete de 
cadenas temáticas, mientras que el criterio del número de cadenas podría impedir 
dicha creación) y más eficaz frente al objetivo del pluralismo (una única cadena 
pu~de plantear un problema de pluralismo en función de su audiencia real). Con 
relación al criterio de la cuota de mercado, el criterio de la audiencia real supone la 
ventaja de no producir una duplicación con el derecho de competencia, que utiliza 
este criterio para comparar la actuación de los agentes económicos entre sí (al 
tener especialmente en cuenta los ingresos) y no para evaluar como tal la 
repercusión de los medios de comunicación sobre el "ciudadano consumidor" de 
los mismos. Sin embargo, el criterio de la audiencia real plantea ciertas dudas que 
han dado lugar a que la Comisión efectúe un estudio de viabilidad. Este estudio 
examina, concretamente, los aspectos de la comparabilidad y compatibilidad de los 
distintos sistemas nacionales de medición de audiencias, el aspecto de los sistemas 
de medición de audiencia utilizables y la posibilidad de manejar un único criterio 
global o de conjugar varios tipos de medidas en función de la configuración de 
cada medio de comunicación. 
c) Criterio del controlador de los medios de comunicación 
Se tratará de encontrar una definición que permita determinar, cuando un agente 
económico cree una nueva cadena (o adquiera el control de una ya existente), 
cuáles son los medios que dicho operador controla, difunde o distribuye ya en la 
misma zona que la abarcada por la nueva cadena. Una vez identificados todos los 
medios, será posible valorar la audiencia real total controlada por el mismo 
operador. 
58 
La calidad de la definición del controlador de medios de comunicación estribará 
en su capacidad, por una parte, de ofrecer, al mismo tiempo, la seguridad jurídica 
necesaria para las inversiones, una eficacia suficiente que permita evitar el 
soslayamiento de las normas y una viabilidad que facilite su aplicación sencilla y, 
por otra, tener en cuenta los nuevos equilibrios entre los operadores, producto de 
las nuevas tecnologías. La Comisión ha iniciado también un estudio sobre este 
aspecto con objeto de llegar a una definición de controlador que tenga en cuenta 
las distintas experiencias a escala nacional y que se articule correctamente con las 
distintas definiciones ya utilizadas en el derecho de competencia o en el derecho de 
sociedades. 
La cuestión de las "disqualified persons". Por lo que a este aspecto de la 
definición de control se refiere, será también necesario determinar, tal y como lo 
hacen algunas normativas nacionales, aquellas categorías de personas que no 
pueden controlar un medio de comunicación, habida cuenta de sus funciones o de 
sus actividades. 
d) Otros aspectos 
Habrá que examinar otros aspectos tales como la forma jurídica de la iniciativa, la 
cobertura de la concentración monomedia prensa, el aspecto de la necesidad de un 
comité independiente y los problemas derivados de la evolución de las nuevas 
tecnologías como, por ejemplo, la definición de los nuevos medios y su relación 
con los problemas referentes al acceso. 
e) Consultas sobre estos aspectos 
La Comisión es consciente de que es necesario profundizar determinados aspectos 
relativos al contenido de esta iniciativa antes de ejercer su poder de iniciativa para 
presentar una propuesta de directiva al Consejo y al Parlamento. En los próximos 
meses se realizará una consulta concreta sobre estos aspectos con los sectores 
interesados (y más concretamente con aquellos que ya han participado en la 
consulta sobre la necesidad de acción). Se difundirá el análisis de los dos estudios 
antes citados así como un cuestionario sobre el método previsto para regular el 
acceso a la propiedad. Durante todo este proceso, la Comisión pretende mantener 
un estrecho contacto con el Parlamento Europeo y con las autoridades nacionales 
a las que se solicitará que aporten sus contribuciones al debate. 
59 
3- DESARROLLAR LA RED DE LOS SECTORES INTERESADOS POR LA 
"PROPIEDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN" 
La Comisión está especialmente interesada en mantener y ampliar las relaciones 
que se han desarrollado con los miembros del Parlamento y los sectores 
interesados durante el proceso de consulta. La riqueza de la red que se ha creado 
de hecho durante esta consulta procede, por una parte, de su composición, que 
agrupa tanto a los miembros del Parlamento como a las organizaciones 
profesionales y agentes económicos y, por otra, de su carácter multisectorial, ya 
que comprende, al mismo tiempo, a agentes que ejercen actividades eñ los sectores 
de la radio, televisión, prensa y multimedia. Estos distintos sectores no siempre 
tienen la costumbre de comparar sus intereses, que sin embargo son cada vez más 
comunes por lo que al tema de la propiedad de los medios de comunicación se 
refiere. Esta estructura flexible e informal debería desarrollarse, especialmente para 
incluir algunos Estados miembros cuyos agentes económicos no han participado 
muy activamente hasta ahora. 
Esta estructura, que debe aprovecharse, podría configurar a medio plazo una 
estructura cuyo carácter multisectorial será aún mayor al agrupar al conjunto de 
los servicios usuarios de las utopistas de la información. Por ello, la Comisión 
anima a los sectores profesionales a que se organicen en este sentido con objeto de 
fomentar el desarrollo de los servicios de la sociedad de la información. 
C. Calendario 
La consulta se iniciará este otoño con objeto de disponer de los comentarios de 
todos los sectores interesados durante el invierno 94/95. Se iniciará con el envío 
del análisis de los resultados de los estudios así como de un cuestionario. Con 
arreglo a estas consultas, podría presentarse durante el año 1995 una eventual 
iniciativa. 
60 
ANEXO 1 
LISTA DE LOS COMENTARIOS ESCRITOS NO CONFIDENCIALES 
I Comentarios sobre el libro verde 
Comentarios de las federaciones o asociaciones europeas 
Association des Télévision Commerciales Européennes (ACT) 
European Association of Advertising Agencies (EAAA) 
Association Européenne des Radios (AER) 
European Advertising Tripartite (EAT) 
European Committee of Trade Unions in Arts, Mass Media and Entertainment (EGAKU) 
European Publishers Council (EPC) 
Fédération Européenne des Radios Libres (FERL) 
European Group of the International Federation of Journalists (IF J) 
World Federation of Advertisers (WFA) 
Comité des Industries Cinématographiques et audiovisuelles des Communautés 
Européennes et de l'Europe extracommunautaire (CICCE) 
European Broadcasting Union/Union Européenne de Radio-Télévision (EBU/UER) 
AMARC-EUROPE 
European Newspaper Publishers' Association (ENPA-CAEJ) 
Europàische Grafische Fôderation 
Comentarios de los partidos interesados otros que las federaciones o las 
asociaciones europeas 
Broadcasting Entertainment Cinematograph & Theatre Union (BECTU) 
Channel Four Television 
Europaisches Medieninstitut 
Editoriale l'Espresso 
ITV 
Institute for Information Law (IVIR) 
New International pic. 
Pearson pic. 
Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)/Arbeitsgemeinschaft der offentlichrechtlichen 
Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) 
Independent Television Commission (ITC) 
Fininvest Comunicazioni 
British Sky Broadcasting Limited (BSkyB) 
Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation e.V. (VPRT) 
Federazione Italiana Editori Giornali 
RTL plus Deutschland Fernsehen 
Federazione Radio Televisioni (FRT) 
Reuters 
RCS Editori "Rizzoli Corriere della Serza" 
Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. 
(M 
II Respuestas al cuestionario complementario 
Comentarios de las federaciones o asociaciones europeas 
Association des Télévisions Commerciales Européenes (ACT) 
Association Européenne des Radios (AER) 
European Broadcasting Union/union Européenne de Radio-Télévision (EBU/UER) 
Fédération Graphique Européenne (EGF) 
European Group of Television Advertising (EGTA) 
Association Européenne des Editeurs de Journaux (ENPA) 
European Publishers Council (EPC) 
Fédération des Associations d'Editeurs de Périodiques de la CE (FAEP) 
Fédérations des Editeurs européens/Fédération of European Publishers (FEE/FEP) 
Groupement européen des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs (GESAC) 
International Federation of Journalists (IF J) 
Comentarios de los partidos interesados otros que las federaciones o 
asociaciones europeas 
Bertelsmann AG 
Channel Four Television 
Fininvest Comunicazioni 
Federazione Italiana Editori Giornali 
FUNK Fragen Unabhàngiger Neutraler Kommunikation 
Global Media Italia SRL 
ITC Independent Television Commission 
ITV Network 
L'Espresso 
News International 
OLON Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland 
Person pic 
RCS Editori 
RTL Pluls Deutschland Fernsehen 
VDZ Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e.V. 
Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) 
6<L 
ANEXO 2 
NOMBRES DE LOS INVITADOS A LA AUDICIÓN 
Association des Télévisions commerciales (ACT) 
Association européenne des Radios commerciales (AER) 
Association internationale des Télédistributeurs (AID) 
Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires (AMARC + AMARC-
EUROPE) 
Bureau européen des Unions des Consommateurs (BEUC) 
Confédération des Associations d'Editeurs de Journaux (CAEJ) 
Coordination européenne des Producteurs indépendants (CEPI) 
Confédération européenne des Syndicats (CES/ETUC) 
Comité des Industries cinématographiques des Communautés européennes (CICCE) 
European Association of Advertising Agencies (EAAA) 
European Alliance of Press Agencies (EAPA) (Belga Direction) 
Europâischer Gewerkschaftsausschufî fur Kunst, Medien und Unterhaltung/Secretariado 
Internacional de los Sindicatos de Artes, Medios de Comunicación y Espectáculo 
(EGAKU/ISETU) 
European Advertising Tripartite (EAT) 
European Films Producer Association (EFPA) 
European Group of Television Advertising (EGTA) 
European Graphical Federation (EGF/FGE) 
European Publisher Council (EPC) 
European Programmes Providers Group (EPPG) 
Fédération des Associations des Editeurs de Périodiques (FAEP) 
Fédération des Editeurs européens (FEP/FEE) 
Fédération européenne des Réalisateurs de l'Audiovisuel (FERA) 
Fédération européenne des Radios Libres (FERL) 
Fédération européenne des Téléspectateurs (FET/LA TELE EST A NOUS) 
Fédération Internationale des Artistes (FIA) 
Fédération Internationale des Associations de Distributeurs (FIAD) 
Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films (FIAPF) 
Fédération Internationale des Journalistes (FIT) 
Fédération Internationale de Musiciens (FIM) 
Fédération Internationale des Producteurs de Film Indépendant (FIPFI) 
Fédération Internationale des Syndicats des Travailleurs de l'Audiovisuel (FISTAV) 
Groupement des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs (GESAC) 
Fédération Internationale des Producteurs de Phonographes (IFPI) 
<fb 
Union européenne de Radiodiffusion (UER/EBU) 
Union des Confédérations de l'Industrie et des Employeurs d'Europe (UNICE) 
World Federation of Advertisers (WFA) 
The EC Committee 
Eureka Audiovisual 
Conseil de l'Europe 
Conseil de Ministres 
Parlement européen 
Comité Economique et Social (CES) 
European Free Trade Association (EFTA) 
UNESCO 
Etat membres 
G<\ 
ANEXO 3 
RESUMEN 
El Libro Verde pretende presentar una primera valoración de la necesidad de proponer una 
acción a escala comunitaria sobre la concentración de los medios de comunicación 
(televisión, radio, prensa escrita) así como las distintas opciones que se ofrecen a la 
Comisión tras haber obtenido las opiniones de las partes interesadas. 
Durante los últimos años el Parlamento ha expresado en repetidas ocasiones su 
preocupación en este sentido, en particular en dos resoluciones de 15 febrero de 1990 y 
16 de septiembre de 1992 que solicitan a la Comisión que proponga medidas 
reglamentarias tendentes a limitar las concentraciones de los medios de comunicación con 
objeto de salvaguardar el pluralismo. 
Habida cuenta de los objetivos de la Comunidad y de sus competencias, el análisis de las 
medidas necesarias puede resumirse de la siguiente forma: 
1. La protección del pluralismo es en sí misma competencia de los Estados miembros. La 
Comunidad, al aplicar sus objetivos y competencias, debe velar por que sus actividades 
y las que dependen de su competencia no supongan un perjuicio para el pluralismo. A 
este respecto, si se tiene exclusivamente en cuenta el objetivo de proteger el pluralismo, 
no parece necesaria una intervención a escala comunitaria ya que los mecanismos 
nacionales de protección del pluralismo creados por los Estados miembros pueden 
aplicarse a las situaciones de dimensión comunitaria. En este sentido, si un radiodifusor 
establecido en otro Estado miembro elude de hecho la legislación sobre el pluralismo, el 
Estado miembro de recepción podría, siempre que se respeten las condiciones 
establecidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, limitar la libre circulación de las 
<*<;• 
emisiones de dicho radiodifusor. Asimismo, cuando una operación de concentración, 
declarada compatible con el mercado común en virtud del reglamento sobre las 
operaciones de concentración, plantease problemas desde el punto de vista del pluralismo, 
los Estados miembros podrían todavía adoptar las medidas necesarias para garantizar la 
protección del pluralismo. 
2. Esta capacidad de los Estados miembros de mantener el pluralismo mediante la 
normativa nacional sobre concentraciones puede, sin embargo, crear interferencias con el 
espacio sin fronteras que constituye la Comunidad. En efecto, desde mediados de los años 
80, se han promulgado distintas legislaciones sobre la propiedad de los medios de 
concentración que se han desarrollado de forma divergente. Estas legislaciones relativas 
al pluralismo que consisten, especialmente, en limitar la participación máxima en el capital 
de un medio de comunicación y en impedir la concentración de los controles o de las 
participaciones en varios medios a la vez, deben distinguirse de las restricciones 
discriminatorias que limitan la propiedad por parte de los extranjeros y que, en 
consecuencia, son incompatibles con el Tratado. 
3. La disparidad de las disposiciones nacionales destinadas a garantizar el pluralismo 
puede tener, al menos en potencia, repercusión sobre el funcionamiento de este espacio 
sin fronteras: 
- un Estado miembro podría restringir la libre circulación de emisiones de radiodifusión en 
caso de que haya soslayamiento efectivo de una de estas legislaciones; 
- podría limitarse el establecimiento de empresas de medios de comunicación en otro 
Estado miembro; 
- se crean restricciones y distorsiones de la competencia; 
- las distintas valoraciones de los casos de soslayamiento podrían dar lugar a una 
inseguridad jurídica perjudicial para la competitividad de las empresas; 
bG 
- estas legislaciones limitan el acceso a las actividades y a la propiedad de los medios de 
comunicación cuando éste debería haberse facilitado para permitir la implantación del 
mercado interior y la competitividad de las empresas de los medios de comunicación 
necesaria para el pluralismo. 
4. Las restricciones a la propiedad que son el origen de estos efectos no son en sí 
mismas incompatibles con el derecho comunitario. En efecto, no son discriminatorias y 
persiguen un objetivo de interés general vinculado con la libertad de expresión. 
5. Las restricciones a la propiedad de los medios de comunicación no pueden ser 
sustituidas exclusivamente por la aplicación del derecho general de competencia y 
concretamente, a escala comunitaria, del reglamento sobre las operaciones de 
concentración. Éste sólo puede impedir las concentraciones que afectan al pluralismo 
cuando éstas afectan también a la competencia, lo que no siempre ocurre. 
6. Teniendo en cuenta este análisis, las distintas posturas que podría adoptar la Comisión, 
y sobre las que la Comisión solicita la opinión de las partes interesadas, pueden limitarse 
a tres opciones: 
I. no intervenir 
II. proponer una recomendación.referente a la transparencia 
III. proponer una armonización de las restricciones nacionales a la propiedad 
de los medios de comunicación mediante: 
a) una directiva del Consejo, o 
b) un reglamento del Consejo, o 
c) una directiva o un reglamento y la creación de un comité 
independiente. 
En este momento, la Comisión no tiene preferencia por ninguna de estas opciones y se 
muestra receptiva a cualquier otra opción. La Comisión desearía conocer la opinión de las 
6* 
partes interesadas sobre estas opciones así como sobre las consultas que se plantea en 
el Libro Verde y que se recogen a continuación: 
CONSULTA 1 
La Comisión desearía conocer la opinión de las partes interesadas en cuanto a la 
identificación de las necesidades de una acción y en particular: 
- sobre los casos eventuales en los que la dimensión comunitaria de las actividades de 
los medios de comunicación hubiera hecho que las restricciones a la propiedad de dichos 
medios fuesen ineficaces, en relación con el objetivo del mantenimiento del pluralismo, 
especialmente a causa de su soslayamiento o de problemas de transparencia; 
- sobre la existencia de restricciones o de efectos restrictivos distintos de los señalados 
anteriormente; 
- sobre los casos concretos en los que las restricciones a la propiedad han obstaculizado 
efectivamente la actividad de los operadores económicos del sector; 
- sobre los sectores y actividades más directamente afectados por las restricciones a la 
propiedad (por ejemplo ¿los efectos restrictivos afectan al sector de la prensa no sólo en 
los aspectos multimedia sino también en los aspectos monomedia?). 
CONSULTA 2 
La Comisión desearía conocer la opinión de las partes interesadas sobre si las 
necesidades que han sido identificadas son suficientemente importantes, habida cuenta de 
los objetivos comunitarios, como para hacer necesaria una acción en el sector de los 
medios de comunicación y, en caso afirmativo, en qué momento debería de producirse 
esta última. 
6& 
CONSULTA 3 
La Comisión desearía conocer la opinión de las partes interesadas sobre la eficacia de una 
acción que se efectuase únicamente a nivel de los Estados miembros, teniendo en cuenta 
los objetivos comunitarios. 
CONSULTA 4 
La Comisión desearía conocer la opinión de las partes interesadas sobre el contenido de 
un posible instrumento de armonización tal y como se describe anteriormente, y 
especialmente sobre las dos posibilidades del ámbito de aplicación, sobre el recurso a ia 
audiencia real como base para establecer los límites, sobre la delimitación de las zonas 
de difusión, y en su caso sobre las otras posibles referencias y sobre los medios para 
definir la noción de controlador. 
CONSULTA 5 
La Comisión desearía conocer la opinión de las partes interesadas sobre el interés de una 
acción en pro de la transparencia que fuese diferente de un instrumento de armonización. 
CONSULTA 6 
La Comisión desearía conocer la opinión de las partes interesadas sobre el interés de crear 
un órgano que tenga competencias en materia de concentración de los medios de 
comunicación. 
CONSULTA 7 
La Comisión desearía conocer la opinión de las partes interesadas sobre cada una de las 
opciones previstas. 
£<3 
ANEXO 4 
14.02.94 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 44/177 
Jueves, 20 de enero de 1994 
9. Pide a la Comisión que modifique sus fundamentos jurídicos con arreglo a los deseos 
expresados por el Parlamento Europeo; 
10. Pide que se le consulte de nuevo sobre las propuestas en que los procedimientos de 
consulta o de cooperación han sido sustituidos por el procedimiento de dictamen conforme; 
11. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución y el correspondiente informe 
a la Comisión y al Consejo. 
10. Pluralismo y concentración de los medios de comunicación 
A3-0435/93 
Resolución sobre el Libro Verde de la Comisión «Pluralismo y concentración de los medios de 
comunicación en el mercado interior» 
El Parlamento Europeo ' 
— Visto el Libro Verde de lá Comisión sobre «Pluralismo y concentración de los medios de 
comunicación en el mercado interior» (COM(92)0480 — C3-0035/93), 
— Visto el artículo 51 de su Reglamento, 
— Vistos el informe de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunica­
ción y las opiniones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos 
asf como de la Comisión de Asuntos Económicos y Mpnetarios y de Política Industrial 
(A3-0435/93), 
A. Considerando sus Resoluciones de 15 de febrero de 1990 (') sobre la concentración en el 
sector de los medios de comunicación y 16 de septiembre de 1992 Q sobre la concentración 
de los medios de comunicación y el pluralismo, en las que se señalan los peligros que 
representan, para la diversidad de opiniones y el pluralismo, la concentración de los medios 
de comunicación, y en las que se partía del supuesto de que los instrumentos normativos 
nacionales en materia de medios de comunicación no bastan por sí solos para garantizar la 
diversidad de opininiones y el pluralismo en Europa, 
B. Acogiendo con satisfacción el que la Comisión haya hecho suyo este problema con la 
presentación del Libro Verde «Pluralismo y concentración de los medios de comunicación 
en el mercado interior», y que antes de emprender una acción comunitaria haya iniciado un 
amplio procesó de consulta con las partes afectadas, 
C. Consciente de que está aumentando la concentración e interconexión de los medios de 
comunicación en la Comunidad y de que dichas interconexiones, cuando son contrarias a la 
diversidad de opiniones, son muy difíciles de suprimir una vez constituidas, 
D. Convencido de que, por estas razones, deben establecerse inmediatamente las premisas 
legales que permitan a la Comunidad adoptar en caso necesario medidas para poner coto a 
una concentración de medios de comunicación a escala europea que ponga en peligro la 
diversidad de opiniones y el pluralismo, 
E. Considerando que resulta, necesario llevar a cabo la armonización de las restricciones 
nacionales en materia de medios de comunicación para evitar, por una parte, su soslaya­
miento y para garantizar, por otra, el funcionamiento del mercado interior, con lo que se 
logra,al mismo tiempo que aumente la competitividad de los medios de comunicación 
europeos, 
F. Considerando lá importante contribución que presta la radiodifusión pública al fomento de la 
diversidad de opiniones, del pluralismo y de la formación general, y que dicha radiodifusión 
está sometida a otras condiciones de mercado que la radiodifusión comercial, . 
G. Considerando que desde la aparición de la radiodifusión comercial disminuyen sensiblemen­
te las cuotas de mercado de la radiodifusión pública y no comercial en algunos Estados 
miembros, 
(') DO C68 de 19.3.1990, p. 137. 
(:) DO C 284 de 2.11.1992. p. 44. 
?o 
N°C 44/178 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 14.02.94 
Jueves, 20 de enero de 1994 
H. Considerando que la transición hacia los «multimedia» se produce con gran rapidez debido a 
los nuevos avances tecnológicos y que las consecuencias de dicha transición sobre los 
medios de comunicación deberían tenerse en cuenta en una directiva específica, 
I. Considerando que la Comunidad debe adherirse al Convenio europeo para la protección de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales, por lo que tiene una obligación 
especial de proteger la libertad de expresión y la pluralidad derivada de dicha libertad y debe 
contribuir al desarrollo ulterior de este derecho, también en relación con países con los que 
ha celebrado acuerdos de asociación o de otra índole, 
J. Considerando que el mercado internacional de medios de comunicación (televisión, radio, 
medios impresos) es enorme; que actualmente la CE posee la mayor cuota individual del 
mismo y que este sector posee un enorme potencial en términos de empleo para el futuro, 
K. Considerando que el mercado interior de los medios de comunicación puede originar mayor 
rentabilidad, puestos de trabajo y diversidad cultural, lo que aumenta la disponibilidad" 
inversora de las empresas del sector dé los medios de comunicación, se crean más puestos de 
formación profesional y se incrementa la actividad en el ámbito de la investigación y 
desarrollo de dichos medios de comunicación, 
L. Considerando que la legislación en materia de concentración de medios de comunicación 
debe tener en cuenta no sólo la dimensión económica sino también, y en igual medida, la 
dimensión cultural; que el fortalecimiento global de la competitividad de los medios de 
comunicación europeos debe ir acompañado del fortalecimiento del pluralismo económico y 
cultural en este sector, 
M. Consciente de que el control de un amplio porcentaje de audiencia en un sector concreto, 
ejercido por un particular o por una empresa, representa un peligro para el pluralismo, la 
diversidad cultural y la calidad de los medios de comunicación, ya que con ello se reduce la 
autonomía e independencia de los mismos, 
N. Considerando qué el pluralismo en el ámbito de los medios de comunicación representa un 
elemento fundamental para la construcción de la Unión Europea, de acuerdo con las 
exigencias de democracia y respeto de los derechos humanos establecidas en el artículo F del 
Tratado de la Unión Europea, 
0. Considerando que la diversidad de las normativas nacionales en materia de pluralismo y 
concentración podría entorpecer el funcionamiento del mercado interior, en particular en el 
ámbito de los servicios y de la libertad de establecimiento, 
1. Pide a la Comisión que, previa consulta de las partes interesadas de conformidad con la 
denominada «Opción 3 c» del Libro Verde (directiva o reglamento y creación de un comité 
independiente), presente una propuesta de directiva que armonice, por una parte, las restricciones 
nacionales en materia de concentración de medios de comunicación y permita, por otra, á la 
Comunidad intervenir en procesos de concentración de dimensión europea que pongan en 
peligro el pluralismo. Para ello deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios: 
a) deberá contemplarse todo el ámbito de los medios de comunicación, es decir, la prensa y los 
medios audiovisuales^ Sólo así podrá evaluarse de manera más eficaz la concentración 
«multimedia» («cross-ownership») y, si procede, restringirse; 
b) no habrá de tenerse en cuenta únicamente el régimen formal de propiedad sino que deberá 
existir la posibilidad de averiguar si se da una «influencia dominante» por otras razones, por 
ejemplo, en el caso de los «sleeping partners», de relaciones familiares, de dependencia de 
un suministrador de programas o de un cliente de publicidad; 
c) deberá excluirse a determinados grupos o empresas de la participación en determinados 
sectores de los medios de comunicación («disqualified persons»); así, por ejemplo, las 
agencias publicitarias no podrán gestionar entes de radiodifusión ni viceversa; 
d) las centrales de compra de espacios publicitarios deberán estar sometidas a estrictas normas 
de competencia nacionales y comunitarias para que no puedan influir directa o indirecta­
mente sobre la línea editorial de los diferentes medios de comunicación; hay que limitar la 
interconexión de publicidad y programas («Bartering»); 
e) deberían someterse a una estricta aplicación de las normas de competencia las interconexio­
nes entre suministradores de programas, incluidos los que poseen derechos sobre programas, 
y los productores de los mismos, por una parte, y los que gestionan entes de radiodifusión, 
por otra; 
Y* 
14.02.94 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 44/179 
Jueves, 20 de enero de 1994 
f) debe regir el principio de la transparencia absoluta del régimen de propiedad; todos los que 
trabajan en el sector de la radiodifusión deberán estar obligados a declarar exhaustivamente 
su régimen de propiedad o fiduiciario así como todos los demás datos económicos de 
importancia (de manera análoga a lo establecido en el derecho de cartel); deberá notificarse 
toda modificación del régimen de propiedad; los expertos encargados por las autoridades 
responsables de la supervisión de los medios de comunicación, que serán independientes y 
estarán obligados a la confidencialidad, deberán poder examinar, cuando lo soliciten, todos 
los documentos pertinentes, incluidas las actas fiscales; deberá excluirse la posibilidad de 
negarse a facilitar estas informaciones amparándose en la confidencialidad de los negocios; 
g) en la medida en que un ente de radiodifusión, gracias a disposiciones jurídicas nacionales 
eficientes, sea independiente y pluralista en su estructura interna y no trabaje con afán de 
lucro, no estará sometido a aquellas disposiciones de la directiva que afecten a la 
transparencia; 
h) de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la acción comunitaria deberá otorgar a los 
Estados miembros margen suficiente para adaptarse a las exigencias particulares de la 
situación nacional en materia de medios de comunicación; esto se aplica, en particular, a la 
estructura organizativa de los medios de comunicación, a los requisitos fijados para los 
programas y a las medidas positivas como, por ejemplo, el fomento de radios no comerciales 
o de periódicos independientes; 
i) deberá existir la posibilidad —también a escala de los Estados miembros— de reaccionar 
ante situaciones de peligro para la diversidad de opiniones no previsibles por el momento, 
como, por ejemplo, en éí caso de que las compañías telefónicas ofrezcan programas de 
radiodifusión; 
j) el comité independiente o el Consejo europeo de los medios de comunicación desempeñará 
únicamente una función consultiva; con el apoyo de los organismos nacionales competentes 
para el sector de los medios de comunicación se le transmitirán los siguientes cometidos y 
competencias: 
— observación del sector de los medios de comunicación en Europa y fuera de Europa así 
como del desarrollo técnico-económico y social en dicho sector, presentará un informe 
al respecto cada dos años; 
— garantía de la plena transparencia en el caso de concentración de empresas (declaración 
de todas las participaciones privadas y públicas); 
— informes periciales y dictámenes destinados a la Comisión sobre proyectos de fusión de 
empresas a escala comunitaria o europea; 
— propuestas a la Comisión sobre posibles medidas de desconcentración de empresas; 
2. Considera que la cuota de difusión conseguida por un determinado propietario de medios de 
comunicación (controlador), es apropiada como criterio adicional para evaluar el grado de 
concentración de los medios de comunicación; 
3. Considera que la calidad y diversidad de este sector (el desarrollo de esta industria y la 
información que intenta suministrar) son elementos esenciales de la democracia; 
4. Espera que mediante la armonización de las restricciones nacionales en materia de 
concentración en el sector de los medios de comunicación se logre un elevado nivel de 
protección para el pluralismo y la diversidad de opiniones y se facilite, al mismo tiempo, el 
acceso al mercado de nuevas empresas de medios de comunicación; 
5. Pide a la Comunidad y a los Estados miembros que intervengan para que la directiva 
comunitaria sea completada posteriormente mediante un convenio del Consejo de Europa con el 
fin de tener en cuenta así la dimensión paneuropea del fenómeno; 
6. Pide nuevamente a la Comisión que presente propuestas relativas a la lista de medidas 
incluida la antes mencionada Resolución del Parlamento Europeo de 16 de septiembre de 1992 y ' 
proponga un programa de acción para fomentar la diversidad de opiniones y el pluralismo en los 
medios de comunicación, que incluya en particular: 
— una propuesta de directiva sobre el derecho de acceso a informaciones de autoridades 
comunitarias y nacionales de manera similar a lo establecido en la ley estadounidense sobre 
libertad de información («Freedom of Information Act»); - • 
— un código europeo de los medios de comunicación, elaborado a ser posible por las partes 
interesadas, para garantizar la ética profesional; 
— una directiva marco para garantizar la independencia de publicistas y periodistas en todos los 
medios de comunicación. 
7. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión y al Consejo. 
y5^ 
10. 11. 93 Diario Oficial de las Comunidades Europeas ANEXO 5 
N° C 304/17 
Dictamen sobre el Libro Verde de la Comisión: pluralismo y concentración de los medios 
de comunicación en el mercado interior — Valoración de la necesidad de una acción 
comunitaria 
(93/C 304/07) 
El 15 de febrero de 1993, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y 
Social sobre el Libro Verde de la Comisión: pluralismo y concentración de los medios de 
comunicación en el mercado interior—Valoración de la necesidad de una acción comunitaria. 
La Sección de Industria, Comercio,. Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos 
en este asunto, aprobó su dictamen el 7 de julio de 1993 (Ponente: Sr. Fium). 
En su 308° Pleno (sesión del 22 de septiembre de 1993), el Comité Económico y Social ha 
aprobado por mayoría, con 7 votos en contra y 15 abstenciones el siguiente dictamen. 
El Comité acoge con satisfacción el Libro Verde sobre 
« Pluralismo y concentración de los medios de comuni­
cación en el mercado interior — Valoración de la 
necesidad de una acción comunitaria» y aprecia en 
particular la visión global que el Libro Verde ofrece de 
la situación jurídica actual en los Estados miembros. 
El Comité acoge también con satisfacción el enfoque 
de dicho Libro Verde, que renuncia a declaraciones 
precipitadas y, en su lugar, prepara un diálogo exhau­
stivo entre los diversos grupos sociales. 
1. Introducción 
1.1. Ya con motivo de la preparación de la «Direc­
tiva del Consejo relativa a la coordinación de determi­
nadas disposiciones legales, reglamentarias y adminis­
trativas de los Estados miembros relativas.al ejercicio 
de actividades de televisión—Televisión sin fronteras », 
de 3 de octubre de 1989 (*), y también con posterioridad, 
el Comité había trabajado constructivamente en el desa­
rrollo de una perspectiva europea en el sector de los medios de difusión electrónicos y había aportado su 
contribución a dicha directiva con la presentación de 
importantes elementos. 
1.2. A la vista del debate en torno al Libro Verde, 
es necesario subrayar una vez más los aspectos esencia­
les de la política en materia de medios de comunicación 
que hasta el momento ha servido de pauta al Comité. 
Así, por ejemplo, el Comité en su dictamen, de 25 de 
septiembre de 1985 (2), relativo al « Libro Verde sobre 
la creación del mercado interior de radiodifusión, en 
especial por vía de satélite y cable » (3), hizo constar que, 
en principio, no puede ser función de la Comunidad 
intervenir en la estructura de los medios de comunica­
ción de los Estados miembros. La autorización de socie­
dades de televisión y radiodifusión debe seguir siendo 
competencia nacional. No obstante, debe cuidarse de 
que no se vea amenazado el pluralismo en la informa­
ción y opinión. En el mismo dictamen, el Comité pidió 
a la Comisión que examinase hasta qué punto pueden 
ser necesarias, por razones de creación de condiciones 
uniformes de competencia, propuestas para la armoni­
zación de las disposiciones nacionales sobre los conteni-
(') DO n° L 298 de 17. 10. 1989. (2) DO n° C 303 de 25. 11. 1985, p. 13. 
(3) Doc. COM(84) 300 final. 
¥3 
N°C 304/18 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 10. 11. 93 
dos de los programas; destacó, al respecto, los ámbitos 
siguientes: protección de la juventud, protección de la 
vida privada, protección de los derechos de autores, 
intérpretes y productores, publicidad televisiva. Desde 
la actual perspectiva, debería estudiarse con mayor 
intensidad especialmente la influencia de la publicidad 
televisiva y sus consecuencias de programación sobre 
la independencia y la integridad de las emisiones infor­
mativas, sin olvidar la influencia de las agencias de 
publicidad en el comercio de programas. El Parlamento 
Europeo, en su « Resolución sobre la concentración de 
los medios de difusión y pluralismo de opinión», de 
16 de septiembre de 1992 (*), expresó su «preocupación 
ante la creciente concentración en el sector de la publici­
dad y su influencia considerable en los programas y 
contenidos de los medios de difusión ... », y la Comisión 
también desea estudiar la situación de la publicidad. 
1.3. En su dictamen del 1 de julio de 1987 (2) sobre 
la propuesta de Directiva del Consejo referente a la 
coordinación de determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miem­
bros relativas al ejercicio de actividades de radiodifu­
sión (3), el Comité consideró que « las medidas legales 
y administrativas que deberán tomarse en el ámbito de 
la radiodifusión a escala nacional deben (...) evitar 
cualquier disposición que pueda crear un poder domi­
nante en la formación de opinión ». Además, en su 
dictamen adicional del 27 de abril de 1989 (4) destacó 
una vez más la necesidad de que no se adopten medidas 
que favorezcan la creación de posiciones dominantes 
que limiten el pluralismo y la libertad de información. 
Para su gran satisfacción, el Comité toma nota de que 
la Directiva sobre la televisión, adoptada entretanto 
por el Consejo, ahora incluye también un capítulo que 
regula el derecho de réplica de todas las personas físicas 
y jurídicas que se sientan lesionadas en sus intereses 
legítimos por la imputación de hechos falsos en un 
programa de televisión. El Comité Económico y Social 
ha sido la primera Institución comunitaria que' intro­
dujo esta petición en el procedimiento legislativo, asu­
mida después por el Parlamento Europeo, la Comisión 
y el Consejo. Además, se tuvieron en cuenta plenamente 
las observaciones del Comité relativas al derecho de la 
propiedad intelectual, la protección de niños y menores 
de edad y la publicidad, prohibiéndose esta última para 
los productos del tabaco y los medicamentos sujetos a 
prescripción para los tratamientos médicos. 
1.4. En su dictamen del 20 de diciembre de 1989 (5) 
sobre « Un nuevo estímulo para la cultura en la Comuni­
dad Europea » (6), el Comité constató que « El desarrollo 
de enormes sociedades europeas de medios de comuni­
cación se caracteriza por una tendencia a la globaliza-
ción, la interdependencia y el establecimiento de compa­
ñías mixtas (...). Se impone la adopción de medidas 
apropiadas para impedir la emergencia de monopolios 
y poder controlar las fusiones. Por consiguiente, el 
Comité instó a la Comisión a que considerase el estable­
cimiento de límites más claros a la monopolización y 
0) DO n° C 284 de 2. 11. 1992, p. 44. 
(2) DO n° C 232 de 31. 8. 1987, p. 29. 
(J) DO n° C 179 de 17. 7. 1986, p. 4. 
(4) DO n° C 159 de 26. 6. 1989, p. 67. 
(J) DO n° C 62 de 12. 3. 1990, p. 26. 
(6) DO n° C 175 de 4. 7. 1988. la propiedad cruzada de ios medios de comunicación, 
recurriendo especialmente a la adopción de medidas por 
las que se exijan la transparencia de las transacciones 
financieras y la publicidad de la actividad de los hol­
dings internacionales. Asimismo, propuso que se crease 
un « Observatorio europeo de los medios de comunica­
ción », a fin de supervisar y, si es preciso, frenar tales 
procesos de concentración económica y contribuir a 
fomentar y garantizar la libertad de información, y el 
pluralismo cultural. 
1.5. Asimismo, el Comité hizo constar que se impone 
la adopción de medidas comunitarias de acompaña­
miento que garanticen un mínimo de protección de las 
normas profesionales, así como de la ética, la auto­
nomía editorial y la libertad de conciencia, a todos los 
periodistas y empleados de los medios de comunicación. 
Igualmente será necesario disponer de instrumentos 
comunitarios para garantizar que los empleados de los 
medios de comunicación disfruten de derechos colecti­
vos contractuales básicos y de la cobertura de la seguri­
dad social, y para incitar a las sociedades transnaciona­
les a respetar los derechos adquiridos existentes y los 
pertinentes convenios laborales internacionales. 
1.6. Por último, en su dictamen'del 20 de septiembre 
de 1990 (7) sobre la, « Comunicación de la Comisión 
acompañada de dos propuestas de Decisión del Consejo 
relativas a un programa de acción para estimular el 
desarrollo de la industria audiovisual europea 
«MEDIA» 1991-1995 »(8), el Comité aprobó el 
siguiente texto: «La necesaria coexistencia democrá­
tica, dentro de nuestra sociedad, de productores de 
programas muy diversos, regidos por estructuras jurídi­
cas dispares —es decir, ofertas públicas y privadas— 
puede ser base para el pluralismo cultural. No obstante, 
condición previa es que, sea cual sea la forma, queden-
asegurados y garantizados los principios de la libertad 
de expresión para todos los grupos sociales. Deberá 
impedirse por todos los medios que se desarrollen 
estructuras monopolistas que limiten o incluso impidan 
el libre comercio de casetes, discos y películas. » 
1.7. En la Resolución A3-0153/92 del Parlamento 
Europeo sobre «La concentración de los medios de 
comunicación y el pluralismo», de 16 de septiembre 
de 1992 i9), advierte el Comité algunas indicaciones, 
paralelas a sus propias reflexiones, sobre la necesidad 
de que en la Comunidad se lleven a cabo determinadas 
acciones. Así, por ejemplo, el Comité desea apoyar 
igualmente los siguientes aspectos : 
— la petición de que se elabore una Carta para una 
radiotelevisión europea no lucrativa, es decir, la 
radiotelevisión pública, cooperativas de emisoras y 
canales públicos, 
— la protección y la conservación del patrimonio cul­
tural europeo y de la producción cultural europea, 
— la necesidad de reglamentar el derecho al acceso a 
las noticias sobre los acontecimientos de interés 
general, 
— la elaboración de un código de los medios de comu­
nicación, capaz de salvaguardar la ética profesional 
(véase punto 5), 
(7) DO n° C 332 de 31. 12. 1990, p. 174. 
(8) DO n° C 127 de 23. 5. 1990, p. 13. 
(9) DO n° C 284 de 2. 11. 1992, p. 44. 
*/ 
10. 11. 93 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 304/19 
la petición de que se presente una propuesta de 
directiva marco europea que garantice la indepen­
dencia periodística y editorial en todos los medios 
de comunicación, 
la petición de que se propongan medidas eficaces 
para el control y la limitación de la concentración 
de los medios de comunicación, y 
que se cree un Consejo Europeo de Medios de 
Comunicación independiente. al aplicar sus objetivos y competencias, debe procurar 
que sus actividades y las que dependen de su competen­
cia no supongan un perjuicio para el pluralismo. A este 
respecto, si se tiene exclusivamente en cuenta el objetivo 
de proteger el pluralismo, no parece necesaria una 
intervención a escala comunitaria por parte de la Comi­
sión, ya que los mecanismos nacionales de protección 
del pluralismo creados por los Estados miembros pue­
den aplicarse también en principio a las situaciones de 
dimensión comunitaria. 
2. Síntesis del documento de la Comisión 
2.1. A la vista del planteamiento básico del Tratado 
CEE —y, por tanto, también del Libro Verde—, es 
comprensible que el trabajo de la Comisión en sus 
aspectos esenciales se base en la realización de un 
mercado interior de actividades de radiodifusión y tele­
visión libre de obstáculos. Teniendo en cuenta el hecho 
de que los medios audiovisuales y su política de infor­
mación ofrecen elementos importantes para el desarro­
llo social y democrático de Europa, el Comité considera 
que se debe poner, no obstante, la misma atención 
en garantizar el pluralismo y la libertad/pluralidad de 
opinión en dichos medios. En este sentido se echa de 
menos la actividad de la prensa, ya sea como correctivo 
de los procesos de integración en el sector audiovisual 
o como fortalecimiento de dichos procesos. Mientras 
no se cree una protección para las decisiones políticas 
en materia de medios de difusión —en los Estados 
miembros o en la propia Comunidad— contra el peligro 
que representa la formación de cárteles de opinión, el 
desarrollo europeo podrá verse perjudicado. El Comité 
llama la atención sobre la importancia que tiene garan­
tizar los derechos fundamentales en la Comunidad, 
tal como lo han reconocido de diferentes maneras las 
instituciones comunitarias y en particular el Tribunal 
de Justicia. 
2.2. El Libro Verde se refiere a resoluciones específi­
cas del Parlamento Europeo y a los trabajos del Consejo 
de Europa. No obstante, en sus trabajos anteriores el 
CES ya adoptó una postura sobre el problema de la 
concentración de los medios de comunicación, en espe­
cial en su dictamen sobre la «Televisión sin fronteras». 
Hacer caso omiso de las declaraciones del CES al res­
pecto constituye una laguna importante en el Libro 
Verde; en sú versión definitiva, el documento de la 
Comisión debería tomar en consideración los extensos 
trabajos previos, propuestas e ideas avanzadas por el 
CES a ese respecto. 
2.3. El objetivo de la Comisión es, con ayuda del 
Libro Verde, presentar una primera valoración de la 
necesidad de proponer una acción a escala comunitaria 
sobre la concentración de los medios de comunicación 
(televisión, radio, prensa escrita), así como las distintas 
opciones que se ofrecen a la Comisión tras haber obte­
nido las opiniones de las partes interesadas. 
2.4. Su análisis de las respectivas disposiciones o, en 
su caso, medidas nacionales en el sector « Pluralismo y 
concentración de los medios de comunicación » ha lle­
vado a las siguientes conclusiones: 
2.4.1. La protección del pluralismo es en sí misma 
competencia de los Estados miembros. La Comunidad, 2.4.2. Sin embargo, esta capacidad de los Estados 
miembros de mantener el pluralismo mediante la nor­
mativa nacional sobre concentraciones puede crear 
interferencias con el espacio sin fronteras que constituye 
la Comunidad. Esto es válido, en especial, para las 
disposiciones nacionales que limitan las participaciones 
máximas en el capital de un medio de comunicación o 
las que tienen por objetivo impedir la concentración de 
los controles o de las participaciones en varios medios 
a la vez. 
2.4.3. Las disposiciones nacionales de esta naturaleza 
pueden tener, al menos en potencia, repercusión sobre 
el funcionamiento de este espacio sin fronteras : 
— un Estado miembro podría restringir la libre circula­
ción de emisiones de radiodifusión en caso de que 
haya soslayamiento efectivo de una de estas legisla­
ciones, 
— podría limitarse el establecimiento de empresas de 
medios de comunicación en otro Estado miembro, 
— se crearían restricciones y distorsiones de la compe­
tencia, 
— las distintas valoraciones de los casos de soslaya­
miento podrían dar lugar a una inseguridad jurídica 
perjudicial para la competitividad de las empresas,. 
— estas legislaciones limitan el acceso a las actividades 
y a la propiedad de los medios de comunicación, en 
lugar de facilitarlo para permitir la implantación 
del mercado interior y la competitividad de las 
empresas de los medios de comunicación, necesaria 
para el pluralismo. -
2.4.4. Las restricciones a la propiedad que den lugar 
a tales efectos ya no son incompatibles con el Derecho 
comunitario, debido a que sirven para proteger o garan­
tizar el pluralismo. Por ello, no pueden ser sustituidas 
exclusivamente por la aplicación del derecho general 
de competencia y concretamente, a escala comunitaria, 
del reglamento sobre las operaciones de concentración. 
2.4.5. Para un modo de proceder posible de la Comu­
nidad, la Comisión propone concretamente las tres 
opciones siguientes : 
I. No intervenir 
II. Proponer una recomendación relativa a la transpa­
rencia 
III. Proponer una armonización de las restricciones 
nacionales a la propiedad de los medios de comuni­
cación mediante: 
a) una directiva del Consejo, o 
ys 
N° C 304/20 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 10. 11.93 
b) un reglamento del Consejo, o 
c) una directiva o un reglamento y la creación de 
un comité independiente. 
En este momento, la Comisión no tiene preferencia por 
ninguna de estas opciones y se muestra abierta a otras 
alternativas. 
3. Observaciones generales 
3.1. A juicio del Comité, la Comisión debería tener 
en cuenta en debates ulteriores los puntos de vista 
siguientes : 
a) En su análisis de la situación en los países europeos, 
el Libro Verde llega a la conclusión de que la diversi­
dad de disposiciones tendentes a evitar las concen­
traciones en el sector de los medios de comunicación 
es un obstáculo al funcionamiento del mercado inte­
rior en los medios de comunicación y que, por 
consiguiente, es necesaria una intervención a escala 
comunitaria. El Comité reconoce que se deben 
suprimir los obstáculos —creados por las diversas 
disposiciones de los Estados miembros—que impi­
den el buen funcionamiento del mercado interior 
(limitación o, en su caso, distorsión de la competen­
cia, restricciones de la libre circulación de servicios 
y del derecho de establecimiento, inseguridad jurí­
dica), para que las empresas puedan aprovechar las 
ventajas de dicho mercado y tengan las mismas 
oportunidades de desarrollo en el interior de la 
Comunidad. No obstante, la Comisión no ve la 
necesidad de una legislación comunitaria para 
garantizar el pluralismo y la libertad de opinión: 
por una parte, porque el Tratado CEE declara que 
la garantía del pluralismo es un cometido nacional 
y, por otra, porque se supone que las diversas nor­
mativas nacionales sobre el pluralismo ofrecen al 
respecto garantías suficientes. 
b) El Comité considera que este razonamiento consti­
tuye una simplificación excesiva. La propia Comi­
sión reconoce que aunque la normativa comunitaria 
sobre la competencia puede ayudar indudablemente 
al mantenimiento del pluralismo, no es, sin 
embargo, el instrumento adecuado para ello. Es 
más: la mera supresión de las restricciones legales 
en el caso de las producciones de radio podría tener 
por resultado una restricción del pluralismo. La 
garantía del pluralismo y la libertad de opinión en 
los programas depende esencialmente de normativas 
que impidan los procesos de concentración en los 
medios de comunicación y, por tanto, las concentra­
ciones de cuasi-monopolio. Cuanto más extiendan 
algunos grandes grupos de medios de comunicación 
su posición dominante en el mercado europeo, tanto 
menores serán para los productores más pequeños 
de programas las posibilidades de mantener presen­
taciones alternativas de programas. 
c) Aunque la competencia de la Comunidad se limite 
al establecimiento del mercado interior, no puede 
prescindir, en el caso de los medios de comunica­
ción, del hecho de que la garantía de ofertas pluralis­
tas de programas —y, por ende, la garantía de la 
libertad y pluralidad de opinión— se vea seriamente 
condicionada por tales mecanismos de mercado. 
Por esta razón, el Comité considera un error la inhibición de la Comunidad respecto de posibles 
disposiciones encaminadas a mantener el plura­
lismo. Por consiguiente, una acción de la Comuni­
dad debería fijar los límites a la concentración de 
los medios de comunicación, a fin de garantizar que 
los consorcios en los medios de comunicación, que 
dominan sectores enteros de la opinión pública en 
determinadas regiones, no puedan poner en peligro 
el pluralismo en la Comunidad. Es cierto que la 
buena salud y la competitividad económicas de las 
empresas pueden ser condiciones de pluralismo, 
pero ello no conduce obligatoriamente, ni mucho 
menos, a un mayor pluralismo: incluso podría 
hacerlo retroceder, en caso de que una empresa 
controlase un mercado. 
d) El Comité considera que son necesarias disposicio­
nes sobre los grupos de medios de comunicación 
nacionales y transnacionales que en amplios sectores 
alcanzan una posición dominante de mercado de 
cuasi-monopolio en diversos Estados. En una direc­
tiva comunitaria no se puede tratar solamente de la 
supresión de los obstáculos que impiden el acceso 
al mercado. Por el contrario, en la legislación euro­
pea se tienen que fijar también límites concretos 
para poner coto a la concentración específica de los 
medios de comunicación. Esto regirá también para 
las emisoras nacionales de radio y televisión cuando 
alcancen unas dimensiones que les confieran una 
posición dominante en el mercado. Por el contrario, 
las emisoras públicas cuyo control social garantice 
su independencia respecto de decisiones estatales 
pueden contribuir considerablemente-a garantizar 
la libertad de opinión y de información, y, por 
consiguiente, a garantizar el pluralismo. 
e) Se deben crear disposiciones legales para el acceso 
a las frecuencias de satélites que permiten la emisión 
incontrolada de programas sobre Europa. 
f) Para asistir a la Comisión, se debería crear un 
comité de medios de comunicación compuesto por 
representantes del Parlamento Europeo y del CES, 
con inclusión de especialistas independientes y otros 
representantes de las tendencias socialmente signifi­
cativas. 
g) El Comité considera que también se debería garanti­
zar el pluralismo en otros sectores mediante disposi­
ciones legales. Así, por ejemplo, deben establecerse 
requisitos relativos a niveles democráticos mínimos 
en las estaciones europeas de televisión y radiodifu­
sión y en la prensa (garantía de la libertad «inte­
rior » de radiodifusión y de prensa, mediante coope­
ración, codecisión y prohibición de medidas discipli­
narias). El grupo europeo de la Federación Interna­
cional de Periodistas (IFJ), pidió igualmente, en su 
Declaración de Milán del 5 de marzo de 1993, que 
« al margen de las medidas que de modo muy gene­
ral deben garantizar la pluralidad de los medios de 
comunicación, se debe garantizar además el plura­
lismo en las editoriales y emisoras de radio. Es 
absolutamente imprescindible proteger la indepen­
dencia de las redacciones. Las redacciones son los 
propietarios del capital moral e intelectual de las 
sociedades de prensa y radio». Esta Declaración de 
Milán contiene también normas mínimas para la 
independencia de las redacciones en todos los 
medios de comunicación de Europa. 
& 
10. 11.93 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 304/21 
3.2. Por consiguiente, el Comité insta a la Comisión a 
que contribuya a clarificar las relaciones de propiedad 
en los medios de comunicación, ya sean electrónicos o 
relacionados con la impresión, recurriendo especial­
mente a la adopción de medidas por las que se exijan la 
transparencia de las transacciones financieras y la publi­
cidad de la actividad de los holdings internacionales, la 
concentración de capitales y las participaciones encu­
biertas de terceros. Disposiciones concretas en la legisla­
ción europea deberían imponer la obligación de dicha 
transparencia como una condición previa para la protec­
ción jurídica de la libertad de opinión e información. 
3.3. Dada la importancia de los medios de comunica­
ción para un ordenamiento social democrático y plura­
lista en la Comunidad, no basta con garantizar un 
cuadro de conjunto de los procesos de concentración y 
evitar las repercusiones negativas de tales procesos en 
la libertad de información y el pluralismo cultural. 
También se debería examinar la posibilidad de crear 
un Consejo europeo de medios de comunicación, en 
calidad de órgano de autocontrol, que pudiese interve­
nir en procesos de esta clase por medio de sugerencias 
para una mejor estructuración de la política europea 
en materia de medios de comunicación. 
3.4. Además, el CES señala que, respetando el princi­
pio de subsidiariedad, es de capital importancia la exis­
tencia de una normativa a escala comunitaria. No 
obstante, es indispensable que —a la vista de las posibi­
lidades tecnológicas (difusión de programas vía saté­
lite)— las disposiciones fundamentales de la Comuni­
dad se apliquen también en los terceros países. La 
Comisión debería iniciar sin demora las pertinentes 
negociaciones de cooperación. 
4. Respuesta a las consultas de la Comisión, desde el 
punto de vista del CES 
4.1. Consultai 
¿En qué medida es necesaria una acción, especialmente 
en lo que se refiere a : 
— las restricciones a la propiedad, 
— los efectos restrictivos, 
— los impedimentos concretos en los aspectos multi­
media y monomedia ? 
Existen bastantes casos —conocidos también pública­
mente— que justifican la necesidad de intervención. 
Así, por ejemplo, no se han respetado los requisitos 
para la autorización establecidos por la ley; la posesión 
simultánea —prohibida en los Estados Unidos, por 
ejemplo— de emisoras de televisión, revistas con pro­
gramas y periódicos fue utilizada por los consorcios de 
los medios de comunicación para atacar o limitar a los 
responsables de programas de la competencia y obtener 
así ventajas en este terreno. El comercio con derechos 
exclusivos relacionados con la información se extiende 
cada vez más y a largo plazo podría poner en peligro 
la libertad de información. Se debería mencionar tam­
bién la necesidad de impedir las restricciones del plura­
lismo que pueden surgir por medio de acuerdos interna­
cionales con terceros países : estos países pueden ocupar 
canales y frecuencias asignados ya en la Comunidad a 
estaciones locales y regionales de televisión, limitando o perturbando así las posibilidades de emisión de dichas 
estaciones. 
4.2. Consulta 2 
¿Las necesidades son suficientemente importantes, 
habida cuenta de los objetivos comunitarios, como para 
hacer necesaria una acción en el sector de los medios de 
comunicación? En caso afirmativo, ¿en qué momento 
debería producirse esta última ? 
A juicio del Comité, una « acción en el sector de los 
medios de comunicación» que eliminase los efectos 
restrictivos que pudiesen ser perjudiciales para la crea­
ción del mercado interior en el sector de los medios de 
comunicación debería tener en cuenta, por ello mismo, 
las repercusiones en el pluralismo y la diversidad de 
opinión de un poder ilimitado de mercado e incluir una 
normativa europea concreta para la transparencia de 
las empresas de medios de comunicación y para las 
restricciones de la concentración de los medios de comu­
nicación. Por esta razón, el Comité propone la pronta 
realización de una acción comunitaria a fin de : 
— establecer disposiciones unitarias a escala europea 
sobre la concentración destinadas a los medios de 
comunicación electrónicos o relacionados con la 
impresión, y 
— establecer la exigencia de unas normas mínimas 
democráticas que aseguren la libertad « interna » de 
la radio y de la prensa, a fin de garantizar la diversi­
dad de opiniones y la libertad de información. Ade­
más, se debe garantizar el derecho a la información 
sobre acontecimientos culturales y deportivos (aun­
que sean comerciales), y también contra la injerencia 
injustificada por parte de intereses comerciales, 
— publicar los ingresos procedentes de la publicidad 
de todas las emisoras. 
4.3. Consulta 3 
¿Qué eficacia tendría una acción que se efectuase única­
mente a nivel de los Estados miembros, teniendo en 
cuenta los objetivos comunitarios ? 
Las acciones que se efectuasen a escala de los Estados 
miembros de la Comunidad podrían ser oportunas. No 
obstante, para impedir más concentraciones de medios 
de comunicación y para garantizar el pluralismo es 
indispensable una acción de la Comunidad. 
4.4. Consulta 4 
¿Cuál sería el contenido de un posible instrumento de 
armonización, especialmente en relación con las dos 
posibilidades del ámbito de aplicación, el recurso a la 
audiencia real como base para establecer los límites, la 
delimitación de las zonas de difusión, y en su caso, en 
relación con las otras posibles referencias y los medios 
para definir la noción de controlador ? 
4.4.1. El Comité subraya lo dicho en relación con el 
ámbito de aplicación (C) del Libro Verde, en el sentido 
de que las restricciones por medio de disposiciones 
para garantizar el pluralismo no pueden referirse al 
contenido de las emisiones. Es cierto que no se puede 
w 
N° C 304/22 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 10. 11.93 
renunciar a prescripciones sobre los programas con el 
objetivo de garantizar la pluralidad de opinión y la liber­
tad de información, pero se deben seguir manteniendo 
disposiciones nacionales para codificar y controlar 
dichas disposiciones. No obstante, aunque se estuviese 
convencido de su eficacia parcial, ello no aportaría tam­
poco una garantía suficiente de pluralismo real. La razón 
es que la supresión de las restricciones nacionales para 
la posesión de medios de comunicación en el mercado 
interior europeo favorecería la expansión ulterior de gru­
pos de medios de comunicación con implantación inter­
nacional, cuyos intereses y cuya política de programas 
no se rigen por ideales pluralistas, entretanto, existen 
suficientes experiencias que demuestran que una política 
de programas de las estaciones orientada comercial-
mente no conduce a un mayor pluralismo, sino, por el 
contrario, a un incremento de la repetición; a lo mera­
mente plural, en lugar de al pluralismo. 
4.4.2. Por esta razón, el Comité acoge con satisfac­
ción las consideraciones del Libro Verde sobre un equili-
.brio entre la garantía de pluralismo y las facilidades 
para el acceso al mercado en la armonización de las 
disposiciones legales nacionales^en el mercado interior 
europeo, y destaca una vez más la necesidad de una 
legislación que impida las concentraciones para medios 
de comunicación con unas determinadas dimensiones. 
.El Comité propone concretamente lo siguiente: 
— Frente a los grupos multimedia de implantación 
internacional, podrían preverse restricciones de pro­
piedad también en el sector de la prensa, 
— No debe permitirse que Una empresa —de medios 
de comunicación o ajena a ellos— disfrute, en uno 
o varios mercados nacionales, de una posición 
dominante en uno o más sectores de los medios de 
comunicación (televisión, radio, prensa diaria), ni 
tampoco que una empresa —relacionada con los 
medios de comunicación o ajena a ellos—r- que ya 
controle un sector en un Estado miembro amplíe su 
dominio del mercado, 
— Las empresas —relacionadas con los medios de 
comunicación o ajenas a ellos-— que ya ocupan una 
posición dominante en un sector nacional de medios 
de comunicación no podrán adquirir en ningún otro 
Estado de la Comunidad participaciones mayorita-
rias en empresas de medios de comunicación, 
— La condición para que una empresa relacionada con 
los medios de comunicación, activa ya en un sector, 
reciba una autorización, cualquiera en otro sector 
debería ser la transparencia sin reservas de todas las 
participaciones y concentraciones de dicha empresa. 
4.5. Consulta 5 
¿Qué interés tendría una acción en pro de la transparen­
cia que fuese diferente de un instrumento de armoniza­
ción ? 
Por las razones ya indicadas, el Comité considera que 
la adopción de medidas para establecer la transparencia 
en todas las empresas con actividades en los medios de 
comunicación no tiene mucho sentido si aquéllas están 
desligadas de las medidas que regulen las normas relati­
vas a la concentración y al pluralismo. 4.6. Consulta 6 
¿Cuál sería el interés, independientemente de los aspec­
tos de « comitología » de un eventual instrumento de 
armonización, de crear un órgano que tenga competen­
cias en materia de concentración de los medios de 
comunicación ? 
Al igual que el Parlamento Europeo, en su Resolución 
del 16 de septiembre de 1992, el Comité considera 
razonable la creación de un Consejo europeo de medios 
de comunicación o de un organismo de arbitraje de 
medios de comunicación, compuestos por expertos 
independientes y por representantes de grupos social y 
culturalmente significativos. Sus cometidos serían anali­
zar las evoluciones en materia de concentración y aseso­
rar al Parlamento y a la Comisión en todas las cuestio­
nes relativas a los medios de comunicación. 
4.7. Opciones 
I. Ninguna acción específica 
El Comité comparte las ideas del Parlamento Euro­
peo sobre la concentración de los medios de comu­
nicación y considera también agravantes los argu­
mentos del Libro Verde en contra de una opción 
de esta clase. Por otra parte, en cualquier caso las 
legislaciones nacionales no pueden influir ya de un 
modo suficiente en la política de las multinacionales 
en este sector. Por consiguiente, el Comité no puede 
apoyar la opción I. 
II. Recomendación de transparencia 
El Comité considera que esta recomendación ais­
lada que la Comisión hace a los Estados miembros, 
y que quedaría desvinculada de las acciones tenden­
tes a la armonización de las restricciones nacionales 
a la propiedad, es insuficiente (cf. punto 4.5) y por 
ello la rechaza. 
III. Acciones para la.armonización de las 
legislaciones 
Teniendo en cuenta lo que ya se ha dicho (en 
particular, en la Consulta 4) sobre las repercusiones 
en el pluralismo, el Comité está de acuerdo en 
principio con la creación de una normativa, por 
medio de una directiva y, comparativamente, consi­
dera que la armonización mediante un reglamento 
es menos flexible. Por el contrario, el Comité consi­
dera razonable y eficaz la «Subopción C: Aproxi­
mación de las legislaciones y creación de un comité 
independiente ». 
5. Elementos de un código de los medios de comunica­
ción 
5.1. El Comité considera que, ante la creciente con­
centración de los medios de comunicación y el incre­
mento de la comercialización y la violencia de muchos 
programas de televisión, los problemas que se manifies-
¥$ 
10. 11.93 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 304/23 
tan en torno al tema del Libro Verde de la Comisión 
requieren la celebración de debates a mayor profundi­
dad, y no sólo en Europa. Por ello, el Comité propone 
algunas reflexiones de todos los grupos implicados 
sobre un código europeo de los medios de comunicación 
que, además de controlar el poder de dichos medios 
ejercido por los consorcios, incluya entre otras cosas el 
análisis de las necesidades de los consumidores de esos 
medios de comunicación y tenga en cuenta el manteni­
miento y el afianzamiento de la libertad de información 
y de expresión, la protección de los menores de edad 
ante las escenas de violencia y pornografía, la limitación 
de. dichas escenas en virtud de criterios basados en la 
dignidad humana y particularmente en la dignidad de 
la mujer, y la prohibición de la exaltación de la guerra. 
5.2. El Comité ya ha presentado en anteriores dictá­
menes algunos elementos para el citado código europeo 
de los medios de comunicación : 
« El aumento de la oferta de los medios de comunica­
ción hace necesaria una serie de medidas relaciona­
das con la política de consumidores y que impidan 
que el consumidor se encuentre inconscientemente 
a merced de aquellos que ejercen una influencia 
directa sobre los medios de comunicación y sobre 
la información contenida en dichos medios. Una 
adecuada instrucción podría ayudar al consumidor 
a aprovechar de modo consciente, y responsable Ja 
oferta de los medios de comunicación. En este sen­
tido, debería pensarse también una colaboración 
directa de las organizaciones de consumidores a 
través de programas propios. » 
(Dictamen del CES sobre el Libro Verde sobre el 
establecimiento del mercado común de la radiodifu­
sión, especialmente vía satélite y por cable de 
25 de septiembre de 1985). 
« Es posible, pues, el riesgo de que tras la apertura 
total del mercado de la radiodifusión, prevista en el 
Xibro Verde, se ofrezca al público un número cre­
ciente de emisiones de entretenimiento (largometra-
jes, música, juegos). Debido a sus índices de segui­
miento más elevados, según criterios comerciales 
dichas emisiones resultan especialmente rentables. 
En lugar de una auténtica diversificación de los 
programas, la consecuencia de ello podría ser una 
estandarización — algo no perseguido precisamente 
por el Libro Verde. » (ibid. 4.4) 
« Por ello parece deseable que la libre competencia 
en las emisiones de radio y televisión se vea enmar­
cada en unas normas europeas de calidad. Ante 
todo, deberían mantenerse y apoyarse las disposicio­
nes nacionales pertinentes. » (ibid. 4.5.2) 
« En lo que respecta a las medidas mínimas necesa­
rias en el ámbito del ordenamiento público deberán 
implantarse disposiciones comunitarias de armoni­
zación, especialmente en lo que concierne a : 
— la protección de los jóvenes frente a la porno­
grafía y a la exaltación de la violencia y de los 
conflictos bélicos, y 
— la protección de la vida privada (derecho de 
réplica). » (ibid. 5.4) « El Comité aprueba las disposiciones relativas a la 
protección de la infancia y de la juventud. Considera 
que estas reglas de buena conducta destinadas a la 
protección de la infancia y de la juventud deberían 
complementarse y fortalecerse mediante una educa­
ción sistemática del consumidor a escala nacional, 
con el fin de que los jóvenes que están expuestos 
constantemente a la radiodifusión puedan adquirir 
un sentido crítico tanto de cara a las emisiones 
como de cara a la publicidad. » 
(Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Con­
sejo referente a la coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y administrati­
vas de los Estados miembros relativas al ejercicio 
de actividades dé radiodifusión, de 1 de julio de 
1987 — Artículo 15, 2.25). 
5.3. En octubre de 1989 el Consejo aprobó la Direc­
tiva «Televisión sin fronteras», en el que se ponían de 
relieve algunos puntos importantes. En dicha directiva 
el Consejo: 
— confirmó la importancia que reviste la radiodifusión 
para el desarrollo de la cultura y la libre formación 
de la opinión en condiciones que salvaguarden el 
pluralismo y la igualdad de oportunidades, 
— reconoció la necesidad de consolidar el amplio 
marco común de regulación, principalmente en lo 
que respecta a las responsabilidades de los produc­
tores de programas: no presentar material inde­
cente, violento o racista; reservar la mayor parte del 
tiempo de transmisión a las obras europeas; atenerse 
a las normas generales en cuanto a la duración, 
presentación, forma, e inserción de los anuncios 
publicitarios; y velar por los contenidos y calidad 
de la publicidad en atención a la información, edu­
cación y protección de los consumidores. 
5.4. A este respecto, en su « dictamen adicional sobre 
«un nuevo estímulo para la cultura en la Comunidad 
Europea»» de 20 de diciembre de 1989, el Comité 
afirmaba lo siguiente: 
« Se considera que la cultura constituye un enrique­
cimiento dinámico y evolutivo de la vida diaria. La 
dimensión de la Comunidad Europea debe y puede 
continuar contribuyendo de forma significativa a 
este proceso, pero no forjando una identidad artifi­
cial como si de una «foto robot» se tratara, sino a 
través de la armonía en la que se desarrolla la 
diversidad, mediante un mayor contacto, compara­
ción y amalgama, la identificación de diferentes 
tradiciones culturales y de principios comunes de 
unidad y de comprensión mutua, y la eliminación de 
los perjuicios entre los diversos pueblos. El «modelo 
cultural» europeo no es exclusivo ni mucho menos 
una «amalgama» de gentes, sino más bien una plura­
lidad multivariada y multiétnica de culturas, cuya 
suma total enriquece cada cultura individual. El 
«modelo cultural» europeo actúa, no como una 
«fortaleza», sino como un trampolín hacia otras 
culturas de la Comunidad y de rodo el mundo. » 
(1-4.2) 
fr 
N° C 304/24 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 10. 11.93 
5.5. En los siguientes apartados del citado dictamen 
el Comité trataba con detalle los « aspectos culturales 
de la política de los medios de comunicación». En 
otro dictamen, de 20 de septiembre de 1990, sobre el 
programa de acción para estimular el desarrollo de la 
industria audiovisual europea « Media » 1991-1995, el 
CES constataba lo siguiente : 
« La política de los medios audiovisuales tiene múlti­
ples repercusiones, responsabilidades y obligaciones 
democráticas,. sociales y culturales de - cara a las 
personas. Por lo tanto, no se trata solamente de 
un mercado en perpetuo crecimiento con cifras de 
negocios de miles de millones y cientos de miles de 
empleados, sino también y muy especialmente, de 
conservar y fomentar constantemente la madurez 
que ha alcanzado la identidad cultural europea.» 
(3.7.3) « La necesaria coexistencia democrática, dentro de 
nuestra sociedad, de productores de programas muy 
diversos, regidos por estructuras jurídicas dispares 
—es' decir, ofertas públicas y privadas— puede ser 
base para el pluralismo cultural. No obstante, con­
dición previa es que, sea cual sea la forma, queden 
asegurados y garantizados los principios de la liber­
tad de expresión para todos los grupos sociales. » 
(3.7.4) 
6. Observación final 
El Comité pide a la^ Comisión que tenga en cuenta los 
criterios y propuestas que aquí se exponen, ya que así 
podría garantizarse que en el futuro desarrollo del 
mercado europeo de los medios de comunicación la 
dignidad humana ocupe el lugar central en una sociedad 
liberal y democrática. 
Hecho en Bruselas, el 22 de septiembre de 1993. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Susanne TIEMANN 
So 
Anexo 6 
Asunto: Disparidad entre las normativas nacionales sobre propiedad de los 
medios de comunicación. 
El Libro Verde ha revelado que las normativas nacionales específicas destinadas a 
limitar la propiedad de los medios de comunicación por motivos relacionados con 
el pluralismo tienen un importante grado de disparidad. Esta disparidad aparece a 
varios niveles, especialmente por lo que se refiere al tipo de restricción (límites de 
la acumulación de propiedad monomedia o multimedia, límites a la participación 
máxima en una cadena, límites en función del tipo de persona que controla el 
medio), al ámbito de aplicación de las restricciones a la propiedad de los medios 
(algunas legislaciones abarcan la concentración monomedia prensa, otras 
únicamente la monomedia TV, otras también la multimedia), al grado de 
restricción (el número de licencias acumulables y el límite de las participaciones 
varía), a las modalidades de aplicación de las restricciones (por ejemplo, algunas 
normativas distinguen entre TV vía satélite y terrestre, TV generalista/temática 
informativa, TV nacional/regional). Todos estos ejemplos ilustran las disparidades, 
pero deben considerarse con cierta cautela ya que se han podido producir cambios 
recientemente en las legislaciones y dado que esta presentación simplificada impide 
cualquier tipo de matiz y precisión. 
Ejemplo n° 1: Disparidad entre los cuatro tipos de disposiciones relativas a la 
propiedad de los medios de comunicación (definidos en la introducción): 
Restricciones 
modomedia 
prensa 
Restricciones 
monomedia 
TV o radio 
Restricciones 
multimedia B 
+ 
+ DK D 
+ 
+ G 
+ E 
+ 
+ F 
+ 
+ 
+ IRL 
+ I 
+ 
+ 
+ L 
+ NL 
+ P 
+ 
+ UK 
+ 
+ 
SA 
Participación 
máxima en el 
capital de una 
TV 
"Disqualified 
persons" + + + 
+ + + + 
+ + 
+ + 
+ + 
Ejemplo n° 2: Disparidad entre las normas que limitan la participación de un 
operador en el capital de una cadena de televisión (independientemente del 
número de cadenas que ya controle dicho operador) : 
En Italia y en el Reino Unido, no existe ningún límite de este tipo. 
En Alemania y Francia la participación máxima de una persona en el capital 
de una cadena de TV debe ser inferior al 50% del capital. 
En España, Grecia y Portugal la participación máxima de un operador en el 
capital de una cadena de TV se limita al 25% del capital-
Ejemplo n° 3: Disparidad entre las normas que limitan el número de cadenas de 
televisión que pueden estar en manos de una misma persona: 
En el Reino Unido no existe ningún límite para las cadenas vía satélite. 
En Italia el número máximo es de 3 cadenas. 
En Alemania, Francia (para las cadenas vía satélite) y Reino Unido 
("Channel 3") el número máximo se establece en 2 cadenas. 
En España y Francia (para las cadenas terrestres) el número máximo es de l 
cadena. 
Ejemplo n° 4: disparidad entre las normas que limitan la concentración 
monomedia en la prensa (adquisición del control de una empresa de prensa por 
otra empresa de prensa) : 
En Francia e Italia se prohibe la concentración entre dos empresas de prensa 
cuando la difusión de sus diarios sobrepasa un cierto límite (F=30%, 1=20%). 
En el Reino Unido y Alemania no existen estos límites específicos. 
Simplemente existen unos límites que dan lugar a una obligación de 
%L 
notificación y a un examen de las autoridades responsables de aplicar el 
derecho de competencia. 
En los demás Estados miembros no existe ningún límite específico. 
Ejemplo n° 5: Disparidad entre las normas específicas que limitan la 
concentración multimedia impidiendo el control de una cadena de TV por una 
empresa de prensa: 
Algunas normativas prohiben a una empresa de prensa controlar una cadena 
de TV si la difusión o la cuota de mercado de los diarios sobrepasan cierto 
límite. Este límite varía según los Estados miembros: Países Bajos = 25%, 
Italia = 16%, Francia = 20% (aplicable únicamente si el propietario de 
prensa controla ya una radio o una red de cable). 
En el Reino Unido, independientemente del umbral de difusión, un 
propietario de periódicos no puede poseer más del 20% del capital de una 
cadena "Channel 3" o "Channel 5". 
En el Reino Unido, para las cadenas vía satélite no existen límites, como 
tampoco en Francia cuando el propietario de prensa no posee radios ni red 
de cable. 
Ejemplo n° 6: Disparidad entre las normas relativas a las "disqualifiedpersons" 
(imposibilidad de que algunas categorías de personas, organismos o empresas 
controlen una cadena de televisión) : 
imposibilidad para las autoridades y empresas públicas o las colectividades 
locales: B, D, I, PB, P, RU, 
imposibilidad para los organismos políticos: B, D, P, RU, 
imposibilidad para los organismos religiosos: RU, 
imposibilidad para las agencias de publicidad: RU. 
S3 
ISSN 0257-9545 
COM (94) 353 final 
DOCUMENTOS 
ES 16 io 
N° de catálogo : CB-CO-94-431-ES-C 
ISBN 92-77-80806-3 
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