ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
21.

Señala que el principio de subsidiariedad, tal como está contemplado en los Tratados, permite actuar a la Unión en los ámbitos que no son de su competencia exclusiva «sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión», mientras que el principio de proporcionalidad requiere que el contenido y la forma de la acción de la Unión no excedan de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados; recuerda que los principios de subsidiariedad y proporcionalidad están estrechamente relacionados entre sí, pero que son diferentes: mientras el primero hace referencia a la procedencia de la acción de la Unión en los ámbitos que no son de su competencia exclusiva, el segundo tiene que ver con la coherencia entre los medios adoptados por el legislador y los fines perseguidos por este y constituye una norma general que rige el ejercicio de las competencias de la Unión; recuerda, por tanto, que el examen de la proporcionalidad de un proyecto de acto legislativo es lógicamente posterior al examen de la subsidiariedad, pero que el control de la subsidiariedad no es plenamente eficaz si no se verifica la proporcionalidad;
L.

Considerando que las marcas territoriales de excelencia pueden contribuir a la resiliencia y al desarrollo de las economías territoriales, en particular en las regiones más vulnerables, las regiones de montaña y las regiones ultraperiféricas, al coordinar conjuntos de bienes (alimentarios y no alimentarios) y servicios de calidad que están indisolublemente ligados entre sí y profundamente arraigados en las especificidades de cada territorio, especialmente su patrimonio (histórico, cultural, geográfico, etc.); considerando que, en conjunto, estos bienes y servicios son únicos y generan beneficios al nivel territorial, al crear nuevas oportunidades en los mercados locales e internacionales, y pueden actuar también como plataforma para la promoción de las regiones como destinos turísticos; considerando que esas marcas territoriales tienen por objeto identificar los territorios que han cooperado para crear asociaciones y sinergias compartidas a fin de explotar de forma duradera sus recursos, fomentar la promoción de los productores locales y regionales y dinamizar sus economías, condición indispensable para la calidad de vida en el campo y para un desarrollo equilibrado de las zonas rurales y las urbanas; considerando que no deberían confundirse con los distintivos de calidad —denominación de origen protegida (DOP), indicación geográfica protegida (IGP) y especialidad tradicional garantizada (ETG)— utilizados para los productos alimentarios, con los que, lejos de ser incompatibles, son por el contrario plenamente complementarias, y que deberían contribuir al fomento de ambos regímenes tanto dentro como fuera de la UE y ayudar a mejorar la competitividad de las economías rurales, creando al mismo tiempo nuevas oportunidades de empleo;
R.

Considerando que, a pesar de que los niveles exactos de la trata de personas en la UE no son fáciles de identificar porque se ocultan a menudo en otras formas de criminalidad o no están debidamente registrados o investigados, se estima en 880 000 el número total de trabajadores forzosos en los Estados miembros de la UE, de los cuales 270 000 son víctimas de explotación sexual, la mayoría de ellos mujeres; considerando que la trata de seres humanos y la esclavitud son formas muy lucrativas de la delincuencia a menudo dirigidas por organizaciones criminales transnacionales; considerando que todos los países de la UE se ven afectados, pero que no todos han ratificado todos los instrumentos internacionales pertinentes, lo que aumentaría la eficacia de la lucha contra la trata de seres humanos; considerando, en particular, que sólo nueve Estados miembros han transpuesto plenamente y aplican la Directiva 2011/36/UE sobre la Prevención y la Lucha contra la Trata de Seres Humanos y que la Comisión debe aplicar plenamente la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016);
2.

Recuerda a los Estados miembros que, si no media un espíritu de compromiso, de entendimiento mutuo y una verdadera solidaridad, la Unión no será capaz de cumplir su papel consagrado en el Tratado de Lisboa y su deseo manifiesto de ser un proveedor de seguridad global; recuerda a este respecto que el artículo 42, apartado 7, del TUE («cláusula de defensa mutua» o «cláusula de asistencia mutua»), el artículo 222 del TFUE («cláusula de solidaridad»), y el artículo 42, apartado 6, del TUE («cooperación estructurada permanente»), introducidos por el Tratado de Lisboa, proporcionan el marco institucional para una solidaridad efectiva entre todos los Estados miembros en el ámbito de la seguridad y la defensa de la Unión; recuerda que esos instrumentos aún no se han llevado a la práctica; encomienda, en particular, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) la propuesta conjunta de Decisión del Consejo relativa a las modalidades de aplicación de la cláusula de solidaridad y les pide que evalúen qué implicaciones tendrá en caso de ser activada para responder a un desafío marítimo, o en el marco de una operación en la que participen unidades o infraestructuras marítimas; urge a la Comisión a adoptar pronto esta propuesta;
—

Vistos los documentos de trabajo sobre la situación de los derechos fundamentales: normas y prácticas en Hungría (tras la Resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2012) que incluyen los documentos de trabajo no 1 — Independencia del poder judicial, no 2 — Principios fundamentales y derechos fundamentales, no 3 — Legislación relativa a los medios de comunicación, no 4 — Los principios de la democracia y del Estado de Derecho, y no 5 — Observaciones finales del ponente, que se debatieron en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior los días 10 de julio de 2012, 20 de septiembre de 2012, 22 de enero de 2013, 7 de marzo de 2013 y 8 de abril de 2013 respectivamente, así como los comentarios del Gobierno húngaro al respecto,
55.

Hace hincapié en que no son aceptables las distorsiones de la competencia no autorizadas en el mercado, puesto que solo mediante una competencia justa se podrá garantizar a la UE un nivel de precios razonable en el ámbito de las fuentes de energía renovables; insta a la Comisión a que concluya lo antes posible los procedimientos en curso en materia de prácticas desleales; hace hincapié en que los mercados mundiales libres y abiertos ofrecen las mejores condiciones para el crecimiento de las fuentes renovables de energía; subraya que hay que seguir eliminando las barreras comerciales; insta a la Comisión a que no levante nuevos obstáculos al comercio de productos acabados o componentes utilizados en las tecnologías de energías renovables; pide a la Comisión que intervenga para corregir los obstáculos al comercio, proteger la competencia justa, ayudar a las empresas de la UE a acceder a los mercados de fuera de la UE y abordar las supuestas distorsiones del comercio, en particular por lo que respecta a las ayudas estatales ilegales;
19.

Observa con preocupación que algunas de las dificultades que afrontan los depositarios de conocimientos tradicionales son la vigilancia y la aplicación, es decir, detectar que se han producido violaciones y adoptar las medidas correctivas oportunas; lamenta, en este contexto, que los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos no estén contemplados en ninguna de las medidas de vigilancia del Protocolo de Nagoya, ya que no está prevista la obligación de divulgar al «punto de verificación» información sobre los conocimientos tradicionales utilizados, y que el certificado de conformidad reconocido a escala internacional no abarca los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, lo que limita la posibilidad de rastreo de la biopiratería relacionada con dichos conocimientos; opina que la UE debería conceder a los conocimientos tradicionales como mínimo el mismo nivel de protección que a los recursos genéticos a la hora de aplicar el Protocolo de Nagoya;
15.

Observa que el ayuntamiento ha mantenido relaciones positivas con los interlocutores sociales en el marco de la ayuda a los trabajadores de Saab; lamenta, no obstante, que la propuesta de la Comisión no incluya información más detallada sobre el proceso de consulta de los interlocutores sociales respecto a la aplicación de las medidas y, en particular, sobre la participación, posiblemente financiera, de Saab;
33.

Insta a la Comisión a que no prevea una disminución en términos reales de la financiación global de cada beneficiario; señala que el cálculo debe hacerse teniendo en cuenta al mismo tiempo lo siguiente: a) la proporción del total de la ayuda programada del IPA respecto al PIB de cada país no debe disminuir en términos relativos, incluso aunque, en términos reales, el denominador (PIB) de cada país beneficiario haya mostrado un incremento acumulado a lo largo del periodo 2007-2013, b) el número de países con acceso a la financiación del futuro Instrumento disminuirá probablemente con la adhesión de Croacia, lo que posiblemente cambiará la distribución comparativa de la financiación entre los beneficiarios; puesto que los cambios propuestos al nuevo Instrumento servirán para eliminar la diferenciación entre países sobre la base del estado de su candidatura, más países podrán acceder a la financiación, hasta ahora inaccesible para los no candidatos, destinada a los ámbitos de política orientados al desarrollo socioeconómico; recomienda en este contexto que no se prive a ningún beneficiario de un acceso suficiente y equitativo a la financiación debido a una limitación de los recursos de la UE, en particular en el ámbito del desarrollo institucional;
8.

Apoya la creación y la gestión, posiblemente por parte del BCE, de una base de datos de la UE centralizada sobre adquisiciones temporales de activos (repos) en euros alimentada por infraestructuras y bancos depositarios en la medida en que incorporen la liquidación de estas operaciones a sus propios libros; considera, no obstante, que dicha base de datos debería abarcar las operaciones en todas las denominaciones monetarias para que los supervisores tengan una visión conjunta y comprendan plenamente el mercado global de los repos; pide a la Comisión que adopte sin demora (a principios de 2013) un enfoque coherente de la recogida de datos centralizada, que detecte las carencias de datos y que combine esfuerzos de las iniciativas existentes de otros órganos y autoridades nacionales, en particular los registros centrales de operaciones creados por el Reglamento EMIR; invita a la Comisión a que presente un informe (para mediados de 2013) que cubra, aunque sin limitarse a ello, la estructura institucional necesaria (por ejemplo, el BCE, la JERS y el registro central independiente), los contenidos y la frecuencia de las recopilaciones de datos, en particular sobre los repos y las transferencias del riesgo financiero, y el nivel de recursos necesarios;
9.

Recuerda que es preciso prestar una atención especial a los jóvenes, habida cuenta de que la tasa de desempleo de la UE ha aumentado a más del 20 %, con picos que superan el 50 % en algunos Estados miembros o algunas regiones, y que la crisis actual afecta de forma particularmente dura a los jóvenes menos cualificados; subraya en particular los nefastos efectos de los programas de austeridad sobre el desempleo juvenil en algunos Estados miembros de la UE, especialmente en los de Europa meridional, que provocan una importante fuga de cerebros hacia otros países, incluidos países que no pertenecen a la UE; recuerda asimismo que, hoy en día, uno de cada siete alumnos (14,4 %) abandona el sistema educativo con tan solo una educación secundaria inferior y no participa en ninguna educación o formación posterior;
57.

Recuerda que más de la mitad del territorio de la UE lo gestionan los agricultores, que las tierras agrícolas ofrecen servicios ecosistémicos importantes y tienen un considerable valor socioeconómico, y que la financiación de la PAC representa una parte sustancial del presupuesto de la UE; subraya que la PAC no tiene por único objetivo el suministro de alimentos y el desarrollo rural, sino que es una herramienta fundamental para la biodiversidad, la conservación de la naturaleza, la mitigación del cambio climático y el mantenimiento de servicios ecosistémicos; observa que la PAC incluye ya medidas destinadas a proteger el medio ambiente, como la disociación de las ayudas, la ecocondicionalidad y medidas agroambientales; considera lamentable, no obstante, que con estas medidas no se haya logrado todavía frenar el deterioro global de la biodiversidad en la UE y que la biodiversidad de las tierras agrícolas esté en constante declive; pide, por consiguiente, que la PAC se reoriente hacia la compensación a los agricultores por el suministro de bienes públicos, dado que el mercado no tiene en cuenta ahora mismo el valor económico de los importantes bienes públicos que puede brindar la agricultura;
D.

Considerando que el objetivo de igualdad de género implica una mejor representación política de las mujeres; que la representación de las mujeres en la toma de decisiones políticas no ha experimentado ninguna mejora lineal en los últimos años pues el equilibrio de género en los Parlamentos nacionales en la UE no ha cambiado, ya que las mujeres ocupan el 24 % y los hombres el 76 % de los escaños; que el porcentaje de escaños ocupados por mujeres en los Parlamentos de algunos de los Estados miembros no supera el 15 %; y que las mujeres no ocupan más que el 23 % del total de puestos ministeriales; así como que en la segunda mitad de la legislatura 2009-2014 ha disminuido el número de vicepresidentas del Parlamento Europeo;
F.

Considerando que la declaración introducida recientemente «contiene ahora X % menos de [nutriente]» viola el principio relativo a las declaraciones comparativas establecido en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1924/2006; que esta declaración permite la comparación de los valores nutricionales de un producto consigo mismo, independientemente del nivel inicial de dicho nutriente, que podría ser excesivamente elevado en comparación con otros productos comercializados; que no podrá figurar una declaración nutricional en productos no reformulados pero cuyo contenido de un determinado nutriente sea, no obstante, menor que el del producto reformulado de una marca diferente, lo que inevitablemente inducirá a error a los consumidores;
4.

Insiste, en particular, en que: — el nuevo acuerdo acepte explícitamente la primacía del Derecho de la UE sobre las disposiciones de dicho acuerdo; — todas las medidas encaminadas a aplicar el acuerdo se adopten de conformidad con los procedimientos pertinentes previstos en los Tratados de la UE; — el acuerdo debe ser conforme al Derecho de la UE, en particular en lo que se refiere a los datos recogidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y, en aquellos casos en que las partes contratantes deseen comprometerse con objetivos contrarios al Derecho de la UE, deberán hacerlo mediante los procedimientos jurídicos de la UE aplicables y esto no deberá suponer la aplicación de dos raseros; — todas las partes contratantes del acuerdo, miembros de la zona del Euro presentes y futuros, deben tener el mismo derecho a participar en las Cumbres del euro; — debe respetarse la responsabilidad democrática mediante el fortalecimiento de la participación del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales, a sus respectivos niveles, en todos los aspectos de la coordinación y de la gobernanza económica europea; — la cooperación entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo debe inscribirse en el marco de los Tratados de la UE, de conformidad con el artículo 9 del Protocolo 1 del Tratado; — el nuevo acuerdo debe consagrar, de modo jurídicamente vinculante, un compromiso de las partes contratantes en relación con la adopción de todas las medidas necesarias para velar por que el contenido del acuerdo se integre en el Tratado en el plazo máximo de cinco años;
—

Vistos la Decisión 2011/522/PESC del Consejo, de 2 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2011/273/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (5), la Decisión 2011/523/UE del Consejo, de 2 de septiembre de 2011, por la que se suspende parcialmente la aplicación del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y la República Árabe Siria (6), el Reglamento (UE) no 878/2011 del Consejo, de 2 de septiembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (UE) no 442/2011 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (7), y el Reglamento (UE) no 1011/2011 del Consejo, de 13 de octubre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (UE) no 442/2011 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (8),
11.

Reitera la importancia que reviste la cooperación interregional (componente C), pero lamenta la falta de recursos que se le asignan; sugiere, por consiguiente, la revisión del límite de la tasa de cofinanciación de la UE de este componente, teniendo en cuenta también su capacidad de actuar como incentivo para los participantes de las regiones del objetivo «competitividad y empleo» con objeto de aumentar el número de proyectos financiados en el componente C, y solicita que se amplíen los ámbitos temáticos de cooperación no solo en materia de gobernanza y gestión de los programas operativos, sino también de desarrollo regional;
109.

Destaca que una gran parte de los fondos de cohesión asignados a la innovación no llegan a emplearse debido a requisitos administrativos inadecuados y a que los fondos de contrapartida necesarios no están disponibles en tiempos de restricciones financieras; constata que ello contribuye a agrandar la brecha económica entre los Estados miembros, que constituye el núcleo de la crisis actual de la zona del euro; aboga por la reforma y racionalización de los Fondos Estructurales, para que los agentes económicos afectados, en particular las PYME, puedan acceder a ellos con miras a su reestructuración;
105.

Subraya la necesidad de adoptar iniciativas para clarificar por completo la situación a nivel nacional y europeo de los jóvenes que no trabajan, no estudian o no siguen una formación; pide a la Comisión que, en cooperación con los Estados miembros, identifique las razones de la marginalización de los jóvenes y propongan vías para su reintegración, así como que tome medidas para remediar este problema mediante la consecución, durante los próximos diez años, de los objetivos relacionados con la empleabilidad y la competitividad de la mano de obra europea y con la reducción de los índices de abandono escolar;
4.

Insta al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros a que intervengan ante la UA y la SADC, y en particular ante Sudáfrica, para garantizar que la intimidación y la violencia no se producen en el contexto de unas futuras elecciones en Zimbabue; opina, no obstante, que unas elecciones anticipadas no resolverán las cuestiones pendientes de la reforma política y económica; considera que las elecciones deben basarse siempre en normas internacionales, incluido el respeto de los derechos humanos y la libertad de expresión y circulación, por lo que deben cesar inmediatamente el acoso y la detención de personas por sus opiniones políticas;
K.

Considerando que el porcentaje de la ayuda a los países en desarrollo que se destina a la agricultura y al desarrollo rural ha disminuido drásticamente a lo largo de las tres últimas décadas; que la inversión en sistemas alimentarios sostenibles en los países en desarrollo se ha reducido como consecuencia del cambio de prioridades a favor de una producción orientada a la exportación, lo que ha debilitado aún más las capacidades locales para producir y distribuir suficientes alimentos a precios equitativos; que muchos países en desarrollo no están alcanzando todo su potencial de producción de alimentos, y que un grave obstáculo para el aumento de la producción agrícola en los países en desarrollo es que los pequeños agricultores no tienen a menudo acceso a los microcréditos para poder realizar inversiones, debido en ocasiones a que no son propietarios de sus tierras,
5.

Considera por tanto que el concepto de «mala administración» debe seguir interpretándose de manera amplia, de modo que no sólo incluya la infracción de normas jurídicas o de principios generales del Derecho administrativo europeo, como la objetividad, la proporcionalidad y la igualdad, la no discriminación y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sino también casos en los que una institución no actúa coherentemente y de buena fe o no tiene en cuenta las expectativas legítimas de los ciudadanos, incluso cuando la propia institución se ha comprometido a respetar determinadas normas aun sin estar obligada a ello en virtud de los Tratados o del Derecho derivado;
3.

Hace hincapié en que la consolidación de la OSCE no debe implicar un debilitamiento de las instituciones y los mecanismos existentes, y en particular de la labor de la Oficina de Instituciones Democráticas y de Derechos Humanos (ODIHR), o un perjuicio para su independencia, mientras no hayan sido reformados o no se haya llegado a un acuerdo sobre una alternativa;
5.

Considera que, independientemente de las disposiciones del Reglamento (UE) no 407/2010 del Consejo, de 11 de mayo de 2010, y del Reglamento (CE) no 332/2002 del Consejo, de 18 de febrero de 2002, las normas que regulan el instrumento con finalidad especial deben prever la posibilidad de que los países que no forman parte de la zona del euro puedan recurrir a dicho instrumento;
2.

Subraya que la actual infrautilización del presupuesto 2009 no se limita al excedente presentado en el proyecto de presupuesto rectificativo no 4/2010, sino que asciende a más de 5 000 000 000 EUR, teniendo asimismo en cuenta el presupuesto rectificativo no 10/2009; advierte, por tanto, que los presupuestos rectificativos al final del ejercicio por los que se reduce el nivel de los créditos de pago al tiempo que se reduce en consecuencia la contribución global de los Estados miembros a la financiación del presupuesto de la UE entrañan una visión distorsionada de la ejecución presupuestaria;
G.

Considerando que la Unión Europea no alcanzará sus objetivos en materia de energía y clima para 2020 y, en particular, su objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 %, de aumentar la eficiencia energética en un 20 % y de alcanzar una cuota del 20 % como mínimo de energía producida a partir de fuentes renovables, si no acelera el desarrollo y la aplicación generalizada de unas tecnologías energéticas limpias, sostenibles y eficientes; que la futura estrategia de innovación debería integrar plenamente esta dimensión,
9.

Toma nota de la importancia del intercambio de órganos entre países, dada la necesidad de igualar donantes con receptores, y, en consecuencia, de la importancia de un grupo de donantes amplio que cubra las necesidades de todos los pacientes en lista de espera; considera que, si no hay intercambio de órganos entre Estados miembros, habrá muy pocas perspectivas de recibir un órgano para determinados receptores difícilmente compatibles, mientras que no se tendrá en cuenta a donantes específicos por no haber receptores adecuados en las listas de espera;
H.

Considerando que es esencial garantizar que la elaboración de medidas para la observancia de los derechos de propiedad intelectual se lleve a cabo de forma que no obstaculice la innovación ni la competencia, no socave las restricciones de los derechos de propiedad intelectual ni las disposiciones en materia de protección de datos personales, no restrinja el libre flujo de información ni suponga una carga innecesaria para el comercio legítimo,