En el asunto Kaltoft el Tribunal se negó a aceptar que se pudiese interpretar que el Derecho de la Unión consagrase un principio general de no discriminación por razón de obesidad en el ámbito del empleo y la ocupación. Sin embargo, declaró que la noción de discapacidad contemplada en la Directiva de igualdad en el empleo debe interpretarse en el sentido de que la obesidad de un trabajador puede considerarse como una «discapacidad» cuando acarrea una limitación, derivada en particular de dolencias físicas, mentales o psicológicas a largo plazo, que, al interactuar con diversas barreras, pueda impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores.

4.Ciudadanía de la Unión (artículo 20, apartado 1, TFUE)

4.1.Introducción

En el artículo 20 del TFUE se establece que será ciudadano de la Unión toda persona que posea la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla. Si bien corresponde a cada uno de los Estados miembros determinar las condiciones para la adquisición y pérdida de la nacionalidad, respetando el Derecho de la Unión, otorgar a una persona la nacionalidad de un Estado miembro implica también otorgarle el estatuto de ciudadano de la UE, con los consiguientes derechos derivados del mismo que pueden ejercerse en toda la Unión. Por lo tanto, la Comisión considera que los Estados miembros deben usar su prerrogativa de concesión de ciudadanía con ánimo de cooperación, tal y como exigen los Tratados.

En este contexto, la Comisión analizó las iniciativas nacionales destinadas a inversores por las que se les otorgan derechos de ciudadanía a los nacionales de terceros países a cambio de la realización de inversiones. En la mayoría de los Estados miembros existen iniciativas que permiten a los inversores de terceros países residir en su territorio.

La Comisión intervino en un Estado miembro que había otorgado la ciudadanía a inversores a cambio de inversiones exclusivamente. Este Estado miembro modificó su iniciativa para exigir una residencia efectiva de un año antes de conseguir el estatuto de ciudadano. La Comisión mantiene actualmente un diálogo con otro Estado miembro que otorga la ciudadanía a cambio de la realización de inversiones exclusivamente.

Durante el periodo del informe, la Comisión atendió 14 reclamaciones, 56 cartas o consultas individuales, 23 preguntas y 7 peticiones del Parlamento Europeo en este ámbito, relacionadas principalmente con información sobre cómo obtener la nacionalidad de un Estado miembro y con la naturaleza de la ciudadanía de la Unión. También se referían a la manera en que debían ejercer los Estados miembros sus competencias para otorgar la nacionalidad respetando el Derecho de la Unión.

4.2.Avances en la jurisprudencia

En el asunto Alokpa el Tribunal declaró que los ciudadanos de terceros países que se ocupen del cuidado efectivo de un ciudadano de la Unión menor de edad pueden residir con el menor en el Estado miembro de acogida, en virtud del artículo 20 del TFUE, si, a consecuencia de una denegación, dicho ciudadano de la Unión se viere privado del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos conferidos por el estatuto de ciudadano de la Unión.

5.Derecho de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (artículo 20, apartado 2, letra a), y artículo 21 TFUE)

5.1.Introducción

Según el artículo 20, apartado 2, letra a), y el artículo 21 del TFUE, los ciudadanos de la Unión tienen el derecho de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación.

Para la mayoría de los ciudadanos, este derecho es una de las ventajas principales que se obtienen al pertenecer a la UE. Una mayoría absoluta de europeos de todos los Estados miembros de la Unión considera que la libre circulación de personas dentro de la UE confiere ventajas de carácter general a la economía de su país .

En 2015, más de 15 millones de ciudadanos de la UE vivían o trabajaban en un país de la Unión que no era su país de origen. Un número aún mayor de ciudadanos de la Unión visitaba temporalmente otros Estados miembros para pasar en ellos sus vacaciones, visitar a amigos y familiares y hacer negocios.

Durante el periodo del informe, la Comisión atendió 613 reclamaciones de ciudadanos, 309 cartas o consultas individuales, 75 preguntas y 46 peticiones del Parlamento Europeo sobre el ejercicio del derecho de libre circulación. Muchas de ellas se referían al derecho de entrada y residencia de miembros de la familia de ciudadanos de la Unión de terceros países (condiciones de emisión de visados y tarjetas de residencia, trámites adicionales) y a las condiciones en las que podían ejercer los ciudadanos de la Unión su derecho de libre circulación.

Los ciudadanos móviles de la Unión que se encuentran casos en los que no se ha aplicado correctamente el Derecho de la UE pueden conseguir ayuda a través de la plataforma SOLVIT , creada para reaccionar de manera rápida y buscar soluciones en el ámbito nacional. Entre 2013 y 2015, SOLVIT atendió 979 casos sobre la libre circulación de las personas.

Los ciudadanos europeos pueden dirigirse también al portal de Europe Direct (EDCC) de la Comisión, donde encontrarán información general sobre la Unión y asesoramiento sobre sus derechos. Durante el periodo del informe, Europe Direct recibió un total de 14 549 consultas sobre la libre circulación de las personas.

5.2.Avances en la jurisprudencia

El Tribunal ha interpretado el derecho de libre circulación en una serie de sentencias recientes. En particular, ha aclarado cómo se aplica el derecho de libre circulación en determinados casos relacionados con ciudadanos de la Unión económicamente inactivos, ciudadanos de la Unión que buscan un empleo y familiares de ciudadanos de la Unión procedentes de terceros países.

5.2.1 Acceso a prestaciones y/o asistencia social por parte de ciudadanos de la UE económicamente inactivos

El Tribunal declaró en el asunto Brey que el Derecho de la Unión no se opone a que la legislación nacional supedite la concesión de prestaciones de asistencia social a ciudadanos de la Unión económicamente inactivos al cumplimiento de las condiciones para disfrutar de un derecho de residencia en el Estado miembro de acogida que se exponen en la Directiva sobre libre circulación. No obstante, la Directiva exige a los Estados miembros que demuestren un cierto grado de solidaridad financiera, especialmente en el caso de dificultades temporales y, por lo tanto que no denieguen automáticamente prestaciones de asistencia social a ciudadanos de la Unión que atraviesen dificultades temporales mientras residen legalmente en otro Estado miembro. El Estado miembro de acogida debe tener en cuenta todas las circunstancias del caso particular para valorar si el ciudadano de la Unión inactivo se ha convertido en una carga excesiva para su sistema de asistencia social.