Resumen

Desde la retrocesión de Hong Kong a la República Popular China en 1997, la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros han seguido de cerca la evolución política y económica en la Región Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong en el marco del principio de «un país, dos sistemas». De acuerdo con el compromiso contraído en 1997 con el Parlamento Europeo, se presenta un informe anual sobre la evolución de Hong Kong. Este es el decimoséptimo de estos informes y trata de los acontecimientos de 2014. La UE se atiene a la política de «una sola China» y apoya el principio de «un país, dos sistemas» y su aplicación.

La UE considera que, a pesar de los retos, el principio de «un país, dos sistemas», ha seguido funcionando bien en 2014, en beneficio de Hong Kong, China en su conjunto y la comunidad internacional.

El poder judicial ha seguido haciendo gala de su independencia y respeto constante de las garantías procesales. Durante la amplia campaña de desobediencia civil, el Estado de Derecho ha seguido siendo el principio rector de los organismos oficiales, los agentes económicos y la población en general. La lucha contra la corrupción ha proseguido con fuerza, como lo demuestran la condena de dos personalidades destacadas y unos indicadores de buena gobernanza positivos. Aparte de dos incidentes, la conducta policial durante los tres meses de protestas callejeras en favor de la democracia fue profesional y el uso de la fuerza fue proporcionado. Se ha seguido preservando la libertad de los medios de comunicación, aunque los ataques contra los representantes de los medios han constituido un creciente motivo de preocupación. El sistema económico de mercado libre ha seguido funcionando eficientemente y Hong Kong ha preservado su competitividad como centro internacional de negocios y ha seguido siendo el principal centro neurálgico para los negocios con China continental.

Hong Kong se encuentra en una etapa crucial de su desarrollo democrático, en la que se registran protestas sin precedentes y los debates cobran mayor polarización e intensidad, lo que revela fracturas políticas y socioeconómicas. La UE reitera su compromiso con la consolidación de la democracia, en particular el Estado de Derecho, la independencia del poder judicial, los derechos y las libertades fundamentales, la transparencia y la libertad de información y de expresión en Hong Kong.

Como parte interesada en el porvenir de Hong Kong y de acuerdo con la Ley fundamental, la UE apoya la introducción del sufragio universal para la elección del Jefe del Ejecutivo en 2017 y para el Consejo Legislativo en 2020. La UE apoya el afán de la ciudadanía hongkonesa, que reclama un alto grado de participación política y verdaderas alternativas para la elección del Jefe del Ejecutivo en 2017 y posteriormente. Un Gobierno que rinda cuentas contribuye a la estabilidad y la prosperidad, fomenta la salvaguardia de los derechos y libertades básicos y sirve para mantener la competitividad y la posición de Hong Kong como centro clave internacional de negocios. El sufragio universal daría a los organismos oficiales mayor apoyo público y legitimidad a la hora de alcanzar los objetivos económicos de Hong Kong y hacer frente a los retos sociales.

La UE confía en que, a través de un debate constructivo, Hong Kong estará en condiciones de alcanzar un acuerdo oportuno sobre un sistema electoral que sea democrático, justo, abierto y transparente. Al hilo de lo anterior, la UE confía asimismo en que el proceso de introducción del sufragio universal para la elección de todos los miembros del Consejo Legislativo en 2020 se inicie sin demora.

Respetando el principio de soberanía, la UE está dispuesta a cooperar en cuestiones relativas a la reforma electoral, en particular mediante intercambios interparlamentarios y la puesta en común de experiencias prácticas en materia de desarrollo democrático.

Evolución política

La introducción del sufragio universal para la elección del Jefe del Ejecutivo de Hong Kong en 2017 sigue siendo la principal cuestión interna. De conformidad con la Ley fundamental de la RAE de Hong Kong, el Jefe del Ejecutivo y el Consejo Legislativo deben seguir un procedimiento constitutivo de cinco fases. El Gobierno de la RAE acometió la primera de ellas el 15 de julio de 2014, cuando el Jefe del Ejecutivo, Leung Chun-ying, presentó al Comité Permanente del Congreso Nacional Popular de China (NPCSC) un informe que proponía la reforma del sistema de elección de ese cargo. La propuesta se basaba en una consulta pública de cinco meses de duración que había dado lugar a 124 700 propuestas escritas.

Según el citado informe, la cuestión clave de debate era el nombramiento de los candidatos. Se proponía que fueran nombrados por un comité de designación de 1 200 miembros, conforme a lo dispuesto en la Ley fundamental. Se rechazaba la idea de que fueran nombrados por partidos políticos u organizaciones cívicas, como propugnaban los partidos «pro-demócratas» de la oposición, para quienes el nombramiento por un comité no se ceñiría suficientemente a las normas democráticas y se saldaría con la exclusión de los candidatos «pro-demócratas».

Tras la consulta pública, la organización de la sociedad civil «Occupy Central with Love and Peace» celebró un referéndum extraoficial del 20 al 29 de junio. Se superaron ampliamente las expectativas, pues en él votaron casi 800 000 personas, la gran mayoría de las cuales respaldaron el procedimiento de nombramiento por los partidos políticos y organizaciones cívicas. En agosto, la organización de la sociedad civil progubernamental «Alliance for Peace and Democracy» recogió 1,5 millones de firmas contra la campaña de «Occupy Central» y en apoyo de la línea gubernamental; entre los firmantes figuraban el Jefe del Ejecutivo, Leung Chun-ying y otros altos funcionarios.

El debate cobró también intensidad al hilo de la publicación por el Consejo de Estado de China, el 10 de junio de 2014, de un Libro Blanco titulado «La práctica de la política de "un país, dos sistemas" en la RAE de Hong Kong». En él se subrayaba que el alto grado de autonomía de Hong Kong estaba sujeto a la autoridad del Gobierno central, que disponía de amplias competencias para gobernar la RAE, y se especificaba la necesidad de salvaguardar la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China. El Libro blanco también señalaba que «amar el país» era un requisito político de base para los administradores de Hong Kong, incluidos los jueces y demás personal judicial. Aunque según los representantes del Gobierno central el Libro Blanco se limitaba a describir la situación existente y no constituía una nueva política, no pocos ciudadanos hongkoneses consideraron ese documento como un intento de reducir el «alto grado de autonomía» de Hong Kong y socavar la independencia de su poder judicial.

El 31 de agosto de 2014, el NPCSC llegó a un acuerdo unánime sobre el marco para la primera elección de tipo «una persona, un voto» del Jefe del Ejecutivo de Hong Kong en 2017. Con arreglo al mismo, solo dos o tres candidatos que hubieran recibido al menos 601 votos de los 1 200 miembros del comité de designación podrían presentarse al cargo del Jefe del Ejecutivo. El propio comité de designación, basado en el modelo del comité electoral actual, se dividiría en cuatro sectores y sus miembros serían elegidos por unos 250 000 votantes individuales y colectivos.

La decisión del NPCSC fue ampliamente considerada más restrictiva de lo esperado, y excesivamente restrictiva, según los grupos de la oposición. El Colegio de Abogados de Hong Kong la describió como «injustificadamente restrictiva». Según el Gobierno y el Presidente del Consejo Legislativo, la decisión del NPCSC contemplaba, con todo, numerosos márgenes de flexibilidad que podrían aprovecharse para ampliar el carácter democrático del sistema electoral.

La reacción más significativa a la decisión del NPCSC fue una campaña desarrollada a partir de septiembre por diversos grupos estudiantiles y otros activistas en favor de la democracia. El 27 de ese mes, algunos activistas bloquearon las principales vías de tráfico de Hong Kong y grupos de manifestantes rodearon los edificios de la cámara legislativa y los principales edificios gubernamentales. La utilización de gases lacrimógenos por la Policía, el 28 de septiembre, se consideró de forma generalizada como desproporcionada e impulsó una participación masiva en las manifestaciones, que llegaron a reunir a unas 100 000 personas en su punto álgido. Pese a algunos incidentes aislados de violencia, las manifestaciones fueron mayoritariamente pacíficas y la utilización de la fuerza por la Policía fue mínima. Las manifestaciones perdieron intensidad gradualmente en un contexto de creciente desaprobación pública. Tras una serie de resoluciones judiciales se fueron desmontando las barricadas, la última de ellas el 15 de diciembre.

Los organismos oficiales adolecieron de lentitud a la hora de dialogar con los manifestantes y tratar de alcanzar un compromiso. Durante las manifestaciones, varios dirigentes internacionales, incluidos el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el Primer Ministro del Reino Unido, David Cameron, y la Alta Representante de la UE, Catherine Ashton, instaron a ambas partes a dar pruebas de moderación y a tratar de superar la confrontación política pacíficamente.

Aunque inicialmente las manifestaciones tuvieron carácter político, dejaron al descubierto importantes reivindicaciones socioeconómicas, en cuya base se encontraban problemas relacionados con el sustento y la percepción, especialmente entre la juventud, de que el sistema político les privaba de posibilidades económicas en beneficio de los intereses de la élite empresarial, cuyo principal interés es mantener buenas relaciones con el Gobierno central.