ES    ES  
 COMISIÓN  
EUROPEA 
Bruselas, 10.4.2014  
SWD(2014) 102  final/2 
  
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DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN 
 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 
 
que acompaña al documento 
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo  
relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo 
 
(refundición) 
 
(Texto pertinente a efectos del EEE) 
{COM(2014) 167 final} 
{SWD(2014) 103 final} {SWD(2014) 104 final} 
 
 
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1. INTRODUCCIÓN  
Los sistemas de pensiones de la Unión Europea (UE) deben adaptarse a fin de garantizar unas 
pensiones adecuadas, seguras y sostenibles. El mercado único también puede contribuir de forma 
decisiva a este objetivo. El Libro Blanco sobre las pensiones anuncia que  «en 2012, la Comisión 
presentará una propuesta legislativa de revisión de  la [Directiva 2003/41/CE relativa a las actividades 
y la supervisión de fondos de pensiones de empleo ]». Los fondos de pensiones de empleo (FPE), al 
igual que otras entidades financieras, son parte integrante del mercado único.  
La Directiva 2003/41/CE fue un primer paso en el camino hacia un mercado único. Diez años después 
de su adopción, es necesario revisar la Directi va por cinco motivos. En primer lugar, persisten 
obstáculos prudenciales que hacen que sea más ca ro para los empleadores afiliarse a un FPE en 
otros Estados miembros. En segundo lugar, el número de europeos que recurren a planes de 
pensiones de aportación definida, en los que los ri esgos se trasladan de los FPE y los empleadores a 
los interesados, ha aumentado de manera considerable. En tercer lugar, la reciente crisis financiera y 
económica ha puesto de manifiesto la necesida d de mejorar los niveles mínimos actuales de 
protección de los partícipes y beneficiarios de es tos planes. En cuarto lugar, los interesados no 
reciben información esencial fácilmente comprens ible, lo que les impide tomar decisiones con 
conocimiento de causa sobre la financiación de su jubilación. Por último, las competencias de 
supervisión son insuficientes para garantizar qu e los FPE cumplan los requisitos en materia de 
gobernanza y transparencia.  
Es importante tomar ahora medidas correctoras para reforzar la normativa microprudencial de la UE 
aplicable a los FPE, puesto que la mejora del rendi miento de los fondos de pensiones profesionales 
tarda mucho tiempo en materializarse. No actuar ahora supondría una pérdida de oportunidades en términos de ahorro de costes y rendimiento de las inversiones, y una inadecuada planificación 
financiera por parte de millones de europeos. As imismo, se aumentaría desproporcionadamente la 
carga para las jóvenes generaciones y se so cavaría la solidaridad intergeneracional. 
La presente propuesta no contempla la introducci ón de nuevas normas de solvencia para los FPE. 
Esta decisión se adoptó tras la honda preocupaci ón expresada por las partes interesadas durante las 
consultas públicas y sobre la base de los resultados del Quantitative Impact Study  («QIS») de la 
AESPJ, de julio de 2013. Los servicios de la Comisión , con el apoyo de la AESPJ, volverán a examinar 
la cuestión una vez se disponga de datos más completos.  
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
La Comisión ha identificado cuatro principales ámbi tos problemáticos, a saber: 1) la complejidad de 
la actividad transfronteriza; 2) los requisitos de go bernanza y gestión de riesgos; 3) la comunicación 
con los partícipes; y 4) las co mpetencias de supervisión. 
 
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 2.1. Obstáculos prudenciales que limitan el desarrollo de fondos de pensiones de 
empleo transfronterizos 
La experiencia adquirida en los últimos años por los empleadores, los FPE y los supervisores ha 
puesto de manifiesto la persistencia de obst áculos prudenciales importantes que limitan las 
operaciones transfronterizas de los FPE. En primer  lugar, existen requisitos prudenciales adicionales 
aplicables a la actividad transfronteriza, entre los que destacan los siguientes: i. la Directiva otorga al 
supervisor del país de acogida la facultad de impo ner normas de inversión adicionales en el caso de 
los FPE que operan en un marco transfronterizo; y ii. solo los planes de pensiones transfronterizos 
deben estar íntegramente financiados en todo momento. 
En segundo lugar, algunos de los procedimientos y definiciones aplicables a las actividades 
transfronterizas no son claros, especialmente los si guientes: i. no existe una definición clara de 
actividad transfronteriza; ii. no está garantizada una transferencia fluida de planes de pensiones 
entre FPE situados en diferentes Estados miembros; y iii. el ámbito de aplicación de las normas 
prudenciales aplicables en los Estados miembros de origen tampoco queda claro.  
2.2. Los requisitos en materia de gobernan za y gestión de riesgos no son 
suficientemente completos 
Apenas se registran quiebras directas de FPE.  Sin embargo, estos fondos sí quiebran de forma 
indirecta y existen varios indicadores que apuntan a que estas quiebras son causadas por deficiencias en su gobernanza y sus prácticas de gestión de riesgos. Esta situación plantea tres 
cuestiones: 
En primer lugar, es posible que las funciones de go bernanza de los FPE no sean adecuadas, lo cual 
afecta en particular a las funciones de auditoría inte rna y de gestión de riesgos, así como a la función 
actuarial de los planes de prestación definida. El  papel y las actividades de estas funciones tampoco 
están bien definidos. En consecuencia, bien estas fu nciones no existen en los FPE, bien personal no 
cualificado ocupa puestos clave en la estructura de gobernanza de estos fondos. Por otra parte, 
podrían plantearse conflictos de intereses, ya que las funciones pueden ser compartidas por el FPE y 
su promotor.  
En segundo lugar, los FPE no siempre aplican un enfoque sistemático a su propia evaluación de 
riesgos ni integran plenamente el sistema de gestión de riesgos en sus procesos de toma de 
decisiones. En la reciente crisis financiera se pudo  apreciar la ausencia general de un enfoque global 
de la gestión de riesgos de las entidades financieras de la UE.  
En tercer lugar, los FPE no recurren necesariamente  a un depositario con el fin de garantizar la 
seguridad de sus activos.  
2.3. Los partícipes no reciben informació n fácilmente comprensible sobre las 
pensiones 
Las personas deben estar debidamente preparadas para adoptar decisiones bien fundadas en 
relación con los planes de pensiones, pero hay i ndicios claros de la existencia de ineficiencias 
insostenibles de información, lo que ha permitido concluir que los partícipes y los beneficiarios no 
son suficientemente conscientes de las circunstancias que pueden afectar negativamente a sus 
 
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 prestaciones de pensión. Como ejemplos cabe citar las reducciones de los derechos de pensión 
devengados, costes y gastos significativos, y el de sconocimiento de los ciuda danos sobre su situación 
financiera en general y, en particular, sobre el hecho de que no suelen ahorrar suficiente para su 
pensión. 
2.4. Existen deficiencias en las competencias de supervisión  
Una supervisión prudencial eficaz requiere co mpetencias adecuadas para que las autoridades 
nacionales de supervisión puedan llevar a cabo su función de control de la solvencia de los FPE. 
Durante las consultas sobre la presente propuesta, se señalaron tres problemas en relación con las 
competencias de supervisión. 
En primer lugar, los FPE tienen la posibilidad  de eludir las normas prudenciales mediante la 
externalización en cadena, es decir, terceros prov eedores de servicios que transfieren actividades a 
subcontratistas. En segundo lugar, no todas las autoridades de supervisión están facultadas para 
desarrollar los instrumentos necesarios para compro bar la situación financiera de los FPE mediante 
pruebas de resistencia. En tercer lugar, los supe rvisores podrían necesitar competencias adicionales 
para supervisar eficazmente cualquier nuevo requi sito en materia de gobernanza y transparencia 
introducido por la presente propuesta. 
3. SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD  
Aunque en la actualidad los FPE son importantes vehí culos de financiación de la jubilación solo en 
algunos Estados miembros, existe potencial para qu e, de cara al futuro, se desarrollen en mayor 
medida en otros Estados miembros. Los Esta dos miembros han reducido, y algunos siguen 
reduciendo, las prestaciones de las pensiones estatale s. Como consecuencia de ello, para que la tasa 
de sustitución sea adecuada, será necesario que los ciudadanos europeos complementen los 
ingresos de jubilación mediante fondos de pens iones profesionales o personales. Así, en muchos 
Estados miembros se espera que las pensiones pr ivadas representen una mayor proporción de los 
ingresos por jubilación en los próximos decenios. Po r otra parte, los sistemas de aportación definida 
están adquiriendo una importancia creciente y po drían utilizarse cada vez más en un contexto 
transfronterizo, ya que las características de su s productos son más sencilla s en comparación con los 
sistemas de prestación definida. 
En virtud del artículo 4 del TFUE, la acción de la UE en relación con la plena realización del mercado 
interior debe evaluarse a la luz del principio de subs idiariedad establecido en el artículo 5, apartado 
3, del Tratado de la UE. Actuar a nivel de la UE puede aportar un valor añadido sustancial, ya que la 
acción de los Estados miembros, por sí mismos, no permitiría: i. eliminar los obstáculos para las 
actividades transfronterizas; ii. garantizar un ni vel mínimo más elevado de protección de los 
consumidores en toda la UE; iii. tener en cuenta  las externalidades positivas derivadas de las 
economías de escala, de la diversificación de ries gos y de la innovación inherentes a la actividad 
transfronteriza; iv. evitar el arbitraje regulador en tre los sectores de los servicios financieros; v. 
evitar el arbitraje regulador entre los Estados miem bros; y vi. tener en cuenta los intereses de los 
trabajadores transfronterizos. 
En la acción propuesta, los Estados miembros co nservan plenamente la responsabilidad de la 
organización de su sistema de pensiones, así como la facultad de decidir la función de cada uno de 
 
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 los tres pilares de este sistema en los diferentes  Estados miembros. La revisión no cuestiona esta 
prerrogativa. Tampoco aborda cuestiones de la legisl ación nacional en materia social y laboral, fiscal 
o contractual.  
La propuesta tiene en cuenta el principio de proporcionalidad , consagrado en el artículo 5, apartado 
4, del Tratado de la UE, ya que es adecuada para alcanzar los objetivos que persigue y no va más allá 
de lo estrictamente necesario para ello. Las op ciones de actuación seleccionadas buscan un 
equilibrio adecuado entre el interés público, la prote cción de los partícipes y beneficiarios de los FPE, 
y los costes soportados por los FPE, los promotores  y los supervisores. Aunque los FPE no sean PYME 
—muchos de ellos cumplen el criterio del número de trabajadores para ser definidos como PYME, 
pero superan los umbrales relativos al volumen de negocios anual y/o el balance anual— es 
importante que la normativa tenga en cuenta adec uadamente la naturaleza de sus actividades y el 
hecho de que la escala y la complejidad de sus actividades son generalmente menores que las de 
otras entidades financieras. Los requisitos prev istos se han estudiado cuidadosamente, se han 
diseñado como normas mínimas y se han adap tado a las especificidades de los FPE.  
La acción propuesta tiene en cuenta el principio de proporcionalidad en cada uno de los objetivos 
operativos de la siguiente manera: i. las funcio nes de gobernanza se han limitado a las que son 
esenciales para los FPE; ii. se ha racionalizado la documentación de la evaluación interna de los 
riesgos, adaptándola a las especificidades de los FPE; iii. la obligación de nombrar a un depositario 
no se impone a todos los FPE, sino únicamente a los sistemas de aportación definida; iv. la 
declaración de las prestaciones de pensión se limit a a un máximo de dos páginas, se centra en la 
información esencial y no impide a los FPE utilizar otros tipos de declaración con arreglo a requisitos 
nacionales y a su propio estilo de comunicación; v.  solo se otorgan nuevas facultades de supervisión 
en la medida en que son necesarias para supervisar  eficazmente las actividades de los FPE; vi. no se 
armoniza la información presentada a efectos de s upervisión, a fin de respetar los distintos enfoques 
nacionales en materia de supervisión; y vii. la s upresión de los obstáculos prudenciales para los FPE 
transfronterizos se limita a aquellos que han plan teado los problemas más importantes a las partes 
interesadas.  
4. OBJETIVOS  
4.1. Objetivo general 
El objetivo general de la presente iniciativa es facilitar el desarrollo del ahorro en pensiones de 
jubilación. Este objetivo está en consonancia co n el «Libro Blanco – Agenda para unas pensiones 
adecuadas, seguras y sostenibles», presentado en 2012 por la Comisión, en el que se anunciaba un 
conjunto de 20 iniciativas destinadas a ayudar a lo s Estados miembros a establecer un equilibrio más 
adecuado entre el tiempo de vida laboral y el tiem po de jubilación y a constituir planes de ahorro 
privados complementarios de jubilación. Según el Libr o Blanco, la revisión de la Directiva mejorará la 
eficiencia y seguridad de los fondos de pensiones de empleo, lo que contribuirá decisivamente a la 
adecuación y la sostenibilidad de las pensiones.  En su Resolución de 21 de mayo de 2013, el 
Parlamento Europeo considera que dicha propue sta debe reforzar las normas prudenciales 
aplicables a la gobernanza y a la gestión de ri esgos y la transparencia de la información. 
 
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 4.2. Objetivos específicos 
Para reforzar el papel del ahorro en pensiones de  jubilación es necesario mejorar el acceso a los 
regímenes complementarios, incluidos los transfront erizos. Ello será más fácil si los empleadores 
pueden efectivamente ofrecer planes de ahorro pr ivados complementarios de jubilación y si los 
interesados tienen la seguridad de que los planes de pensiones cumplirán lo que prometen. En consecuencia, la presente propuesta, cuyo objetivo general es facilitar en mayor medida la actividad 
transfronteriza y reforzar la segur idad aumentando la protección de los partícipes, tiene cuatro 
objetivos específicos: i. eliminar los obstác ulos prudenciales que persisten para los FPE 
transfronterizos; ii. garantizar una buena gobernan za y gestión de riesgos; iii. proporcionar una 
información clara y pertinente a los partícipes y be neficiarios; y iv. velar por que los supervisores 
dispongan de los instrumentos necesarios para el desempeño de sus funciones.  
4.3. Objetivos operativos 
Para alcanzar los objetivos específicos, se han iden tificado ocho objetivos operativos. Los obstáculos 
prudenciales que persisten podrán eliminarse si se suprimen los requisitos adicionales que se 
imponen a los FPE transfronterizos y se clarifican las definiciones y procedimientos aplicables a la 
actividad transfronteriza. Una mejor gobernanza pu ede lograrse mediante tres objetivos operativos 
complementarios y que se refuerzan mutuamente: i) garantizar una gestión profesional de los FPE; 
ii) exigir documentación relativa a la gestión de ries gos; y iii) proteger los activos frente al riesgo 
operativo. La información a los partícipes puede ser más clara y más eficaz facilitando anualmente 
una declaración sencilla con info rmación esencial sobre las pres taciones de jubilación. Para 
asegurarse de que los supervisores disponen de  los instrumentos necesarios para supervisar 
eficazmente los FPE, es necesario otorgarles nuevas competencias en relación  con la externalización 
en cadena y con las pruebas de resistencia, así co mo competencias suficientes para verificar el 
cumplimiento de los requisitos prudenciales y de transparencia.  
Opciones de actuación 
4.4. Supresión de los requisitos adiciona les impuestos a las actividades 
transfronterizas  
Al examinar las opciones de actu ación disponibles, conviene evaluar el nivel y el enfoque adecuados 
de una mayor aproximación de las legislaciones nacionales. Las opciones consideradas son las 
siguientes: 
Opción 1 – Mantenimiento de la situación actual : diferentes límites cuantitativos 
de inversión; normas más rigurosas respecto a la obligación de fi nanciación para los 
FPE transfronterizos. 
Opción 2 – Supresión de los requisitos adicionales de la Directiva : ningún límite 
cuantitativo nacional para  las inversiones; mismas  condiciones para los FPE 
transfronterizos y nacionales en cuanto al restablecimiento de la financiación íntegra. 
El cuadro que figura a continuación resume el anális is de ambas opciones. La opción 2 es la preferida 
porque, para solucionar de manera eficaz el prob lema, es necesario modifi car el marco jurídico.  
 
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 Comparación de las opciones de actuación con arreglo a criterios de eficacia, eficiencia y coherencia  
Eficiencia Coherencia  Eficacia 
Facilitar la actividad transfronteriza   
Opción 1 0 0 0 
Opción 2  ++ ++ ++ 
4.5. Clarificación de las definiciones y procedimientos aplicables a la actividad 
transfronteriza 
Para alcanzar este objetivo operativo, se examinaron las siguientes opciones:  
Opción 1 – Mantenimiento de la situación actual : mantenimiento de definiciones y 
procedimientos poco claros en relación co n la actividad transfronteriza (diferentes 
interpretaciones de las definiciones de actividad transfronteriza, ninguna 
disposición sobre la transferencia transfront eriza de planes de pensiones, falta de 
claridad en cuanto al ámbito de aplicac ión de las normas prudenciales y de la 
legislación social y laboral).  
Opción 2 – Directrices o recomendaciones  para mejorar la aplicación y la 
efectividad de la Directiva.  
Opción 3 – Clarificación de las definiciones y procedimientos aplicables a la 
actividad transfronteriza en la Directiva.  
El cuadro que figura a continuación resume el análisis de las diferent es opciones. La opción 
3 es la preferida porque resuelve de mane ra eficaz los problemas observados por los 
interesados y puede aportar beneficios económ icos a los empleadores que deseen afiliarse 
a un FPE en el extranjero. 
 
Eficiencia Coherencia  Eficacia 
Facilitar la actividad transfronteriza   
Opción 1 0 0 0 
Opción 2  0 -- 0 
Opción 3  ++ ++ ++ 
 
4.6. Garantizar una gestión profesional de los FPE 
Para alcanzar este objetivo operativo, se examinaron las siguientes opciones:  
Opción 1 – Mantenimiento de la situación actual : una función de gobernanza (función actuarial) 
para los planes de prestación definida y mixtos y ninguna función para los sistemas de aportación 
definida. 
Opción 2 – Añadir funciones de gestión de riesgos y de auditoría interna: tres funciones de 
gobernanza para los planes de prestación definida  y mixtos y dos funciones para los sistemas de 
aportación definida. 
 
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 El cuadro que figura a continuación resume el análisis de las diferentes opciones. La opción 2 es la 
preferida ya que mejora la protección de los part ícipes y beneficiarios, teniendo en cuenta las 
diferencias de tamaño y naturaleza de los FPE, si n aumentar excesivamente la carga administrativa 
para los FPE y los promotores.  
Comparación de las opciones de actuación con arreglo a criterios de eficacia, eficiencia y coherencia  
 Eficacia Eficiencia Coherencia 
 Mayor seguridad Facilitar la actividad 
transfronteriza   
Opción 1  0 0 0 0 
Opción 2  + + + + + + 
4.7. Exigir documentación relativa a la gestión de riesgos  
Para alcanzar este objetivo operativo, se examinaron las siguientes opciones:  
Opción 1 – Mantenimiento de la situación actual : los FPE no llevan a cabo una 
autoevaluación sistemática de su perfil de riesgo ni comunican esta evaluación a su 
autoridad de supervisión. 
Opción 2 — Introducir un informe sobre la ev aluación de riesgos para las 
pensiones para documentar la evaluación in terna de riesgos de los FPE y, en este 
contexto, exigir una descripción cualit ativa de cuatro elementos clave que 
determinan la posición de financiación : i) valoración explícita del margen de 
desviación desfavorable con respecto a la  mejor estimación co mo colchón frente a 
riesgos en el cálculo de las provisiones té cnicas; ii) evaluación cualitativa del apoyo 
del promotor a disposición del FPE en caso de déficit de financiación; iii) descripción de los mecanismos  de seguridad a disposició n de los FPE en caso de 
déficit de financiación, tales como prestaci ones mixtas, prestaciones discrecionales 
o reducciones de prestaciones ex post ; y iv) evaluación cua litativa de los riesgos 
operativos para todos los planes. La evalua ción de los riesgos para las pensiones se 
comunica al supervisor. 
Opción 3 — Igual que la opción 2, más una de claración común sobre las normas 
de solvencia  nacionales : obligación de que los planes de aportación definida y 
mixtos informen al supervisor en un form ato común sobre el valor de sus activos y 
pasivos con arreglo a los requisitos nacionales y cuantifiquen, en su caso, los mecanismos de seguridad y ajuste de las prestaciones. 
El cuadro que figura a continuación resume el análisis de las diferentes opciones. Tanto la opción 2 
como la 3 permitirían mejorar la gobernanza de los FP E. Pero la opción 2 es la preferida porque cabe 
esperar que sea más eficiente para los empleadores y FPE, ya que: i) deja a los FPE un margen de 
maniobra suficiente para que describan su situación pa rticular y reflejen así la naturaleza, la escala y 
la complejidad de sus actividades; y ii) su coste pr evisto sería considerablemente inferior al de la 
opción 3.  
 
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 Comparación de las opciones de actuación con arreglo a criterios de eficacia, eficiencia y coherencia  
 Eficacia Eficiencia Coherencia 
 Mayor seguridad Facilitar la actividad 
transfronteriza   
Opción 1   0 0 0 0 
Opción 2  + + + + 
Opción 3  ++ + - + 
4.8. Proteger los activos frente  al riesgo operativo  
Para alcanzar este objetivo operativo, se examinaron las siguientes opciones:  
Opción 1 – Mantenimiento de la situación actual : los FPE no están obligados a 
nombrar a un depositario; inexistencia de  disposiciones sobre las funciones de 
custodia y vigilancia de los activos. 
Opción 2 — Reforzar las funciones de custod ia y vigilancia de los activos ; ello 
implica lo siguiente: i) los instrumentos fi nancieros deben ser objeto de la debida 
diligencia y protección; ii) deben mantener se registros a fin de poder identificar 
todos los activos en todo momento y si n dilación; iii) deben tomarse todas las 
medidas necesarias para evitar cu alquier conflicto de intereses o 
incompatibilidades; iv) los depositarios o administradores de ben atenerse a las 
instrucciones de los FPE, excepto si son co ntrarias a la normativa nacional o de la 
UE; v) se debe velar por que, en las operaciones relativas a los activos de los FPE, se 
les entregue el contravalor en los plazos al  uso; y vi) los ingresos generados por los 
activos deben asignarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa nacional 
y/o de la UE. 
Opción 3 — Reforzar las funciones de custodia y vigilancia de los activos y obligar 
a todos los FPE a nombrar a un depositario : igual que la opción 2, pero el 
nombramiento de un depositario es obligatorio.  
Opción 4 — Reforzar las funciones de custodia y vigilancia de los activos y obligar 
a los planes de aportación definida a nombrar a un depositario : igual que la 
opción 3, pero el nombramiento de un depositario es obligatorio para los planes de aportación definida exclusivamente. 
El cuadro que figura a continuación resume el análisis de las diferentes opciones. La opción 4 es la 
preferida porque debería beneficiar a los trabajad ores gracias a una mejora de la gobernanza, de 
manera proporcionada, al evitar la duplicación i nnecesaria de la protección frente al riesgo 
operativo.  
 
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 Comparación de las opciones de actuación con arreglo a criterios de eficacia, eficiencia y coherencia  
 Eficacia Eficiencia Coherencia 
 Mayor seguridad Facilitar la actividad 
transfronteriza   
Opción 1 0 0 0 0 
Opción 2  + 0 - 0 
Opción 3 ++ 0 -- ++ 
Opción 4  ++ 0 + ++ 
4.9. Facilitar una declaración anual de  las prestaciones de pensión 
Para alcanzar este objetivo operativo, se examinaron las siguientes opciones:  
Opción 1 – Mantenimiento de la situación actual : en la mayoría de los casos, se 
proporciona información general sobre el plan previa solicitud; la información 
personalizada es limitada; no es obligatorio  facilitar información antes de afiliarse y 
no hay un modelo común.  
Opción 2 — Información personalizada en todas las fases:  se facilita información 
general y personalizada una vez al año; in formación previa a la  afiliación, pero sin 
un modelo común.  
Opción 3 — Declaración normalizada de las pres taciones de pensión en todas las 
fases : igual que la opción 2, pero con un modelo común. Una declaración breve y 
normalizada de las prestaciones de pe nsión, sobre una base anual, incluiría 
información general y personalizada sobre el plan de pensiones. Esta declaración se 
elaboraría con arreglo a un modelo común de dos páginas, que tendrá que precisar 
la AESPJ en un acto delegado. Sería el pr imer nivel de un método de comunicación 
moderno de múltiples niveles,  que en los niveles subsigui entes permitiría describir 
más pormenorizadamente las especificidades nacionales .  
El cuadro que figura a continuación resume el análisis de las diferent es opciones. La opción 
3 es la preferida porque permitiría a los partícipes y beneficiar ios tener una visión 
personalizada de sus derechos.  
Comparación de las opciones de actuación con arreglo a criterios de eficacia, eficiencia y coherencia 
 Eficacia Eficiencia Coherencia 
 Proporcionar información 
clara y pertinente  Facilitar la actividad 
transfronteriza   
Opción 1 0 0 0 0 
Opción 2 + - + + 
Opción 3 ++ ++ + ++ 
4.10. Garantizar la supervisión de la externalización en cadena y la posibilidad de 
exigir pruebas de resistencia 
Para alcanzar este objetivo operativo, se examinaron las siguientes opciones:  
 
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 Opción 1 – Mantenimiento de la situación actual .  
Opción 2 — Otorgar a los supervisores las mism as competencias con respecto a 
los subcontratistas que con respecto a lo s prestadores de servicios y darles la 
posibilidad de exigir pruebas de resistencia ; no se armoniza la información 
presentada a efecto s de supervisión. 
El cuadro que figura a continuación resume el análisis de las diferent es opciones. La opción 
2 es la preferida porque ofrecería a los partíc ipes y los beneficiarios una mayor seguridad, 
gracias a una mejor supervisión de los FPE, y porque los supervisores dispondrían de 
instrumentos adecuados para realizar su trabajo. 
Comparación de las opciones de actuación con arreglo a criterios de eficacia, eficiencia y coherencia 
 Eficacia Eficiencia Coherencia 
 Mayor seguridad Facilitar la actividad 
transfronteriza   
Opción 1 0 0 0 0 
Opción 2 ++ + ++ ++ 
4.11. Garantizar la supervisión de los re quisitos en materia de gobernanza y 
transparencia 
Para alcanzar este objetivo operativo, se examinaron las siguientes opciones:  
Opción 1 – Mantenimiento de la situación actual .  
Opción 2 — Otorgar a los supervisores comp etencias para supervisar los 
requisitos propuestos en materia de gobernanza y transparencia;  no se armoniza 
la información presentada a efectos de supervisión. 
El cuadro que figura a continuación resume el análisis de las diferent es opciones. La opción 
2 es la preferida porque permitiría a los supe rvisores supervisar eficazmente los FPE, como 
ocurre en otros sectores financieros de la UE. 
Comparación de las opciones de actuación con arreglo a criterios de eficacia, eficiencia y coherencia 
 Eficacia Eficiencia Coherencia 
 Mayor seguridad Facilitar la actividad 
transfronteriza   
Opción 1 0 0 0 0 
Opción 2 ++ + ++ ++ 
 
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 5. ANÁLISIS DE LOS PRINCI PALES IMPACTOS DE LAS OPCIONES PREFERIDAS  
Aunque la acción propuesta implica costes de ajuste  a corto plazo, el beneficio de todo el conjunto 
de opciones preferidas debería compensar estos costes a medio y largo plazo.  
5.1. Ventajas económicas 
Para los trabajadores  
Se espera que la propuesta aporte importantes ve ntajas económicas a los trabajadores. La mejora 
de la gobernanza aumentará probablemente el rendim iento ajustado al riesgo de las inversiones, lo 
que contribuirá a lograr resultados eficientes en té rminos de ingresos o cotizaciones de jubilación. 
Una mejor comunicación ayudará a los interesado s a tomar decisiones mejor fundadas sobre la 
financiación de su jubilación. Los FPE transfronterizos aportarán probablemente mejoras de 
eficiencia adicionales y economías de escala para  los efectivos reducidos; para los trabajadores 
móviles podría crearse una «ventanilla única» para su régimen de pensión. 
Para los empleadores  
La acción propuesta debería beneficiar a los empl eadores y sobre todo a las PYME y a las empresas 
multinacionales: 
Las empresas que operan a pequeña esca la o localmente podrían ahorrar costes  adhiriéndose a un 
FPE existente. Unos FPE mejor gestionados y más efic ientes reducirían la ca rga para sus promotores. 
Por otra parte, las empresas que operan a pequeña  escala o localmente donde no existe un mercado 
profundo y eficiente de FPE podrían beneficiarse de su afiliación a un FPE existente en el extranjero, 
en lugar de crearlo a nivel local. De hecho, los FPE establecidos en Estados miembros con 
experiencia contrastada en pensiones podrían ampl iar sus servicios a promotores de otros Estados 
miembros. Los servicios de la Comisión conocen casos recientes en los que los interlocutores 
sociales de PYME que operan en un Estado miembro tenían la intención de crear un FPE en otro 
Estado miembro, debido en gran parte a la inex istencia de productos en el mercado local.  
Muchas multinacionales instrumentan un mosaico in ternacional de fondos de pensiones locales. Ello 
aumenta la complejidad, lo que se traduce en una menor transparencia, riesgos ocultos, 
incoherencias e ineficiencias. Las empresas pueden evitar esta situación mediante la fusión de 
fondos de pensiones locales en un único FPE.  
Para las PYME  
Formalmente, los FPE no son PYME porque suelen poseer activos por encima del umbral previsto. 
Muchos son, no obstante, pequeñas entidades financ ieras. La simplificación de las definiciones y 
procedimientos transfronterizos debería beneficiar  a los pequeños FPE en mayor medida que a los 
grandes, debido a su menor capacidad financiera para absorber los costes de transacción. Las 
empresas promotoras que sean PYME, incluidos grup os de PYME, se beneficiarán de un acceso más 
fácil a los FPE ya establecidos en mercados en el extranjero, con lo que evitarán gran parte del coste 
inicial de entrada al mercado y se beneficiarán de la ley de los grandes números. 
 
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 Para los supervisores  
El nuevo régimen probablemente necesitará mayore s recursos de supervisión. Sin embargo, hasta 
qué punto ello implicará una variación de los costes  para los supervisores dependerá en gran medida 
de los regímenes nacionales preexistentes, que qui zá ya dispongan de recursos que les permitan 
centrarse en la calidad de la supervisión de los FPE. 
Para los presupuestos de los Estados miembros  
Se espera que la acción propuesta tenga dos efec tos positivos en los presupuestos de los Estados 
miembros. En primer lugar, unos FPE con una go bernanza adecuada y un mercado de FPE más 
profundo reforzarán los regímenes privados de jubila ción, lo que, a su vez, contribuirá a aliviar la 
presión sobre los regímenes obligatorios. Los Esta dos miembros que más podrían beneficiarse son 
aquellos con un mercado de FPE de reducidas dime nsiones en relación con el tamaño de su 
economía. En segundo lugar, los particulares bien informados tomarán normalmente mejores 
decisiones sobre sus ahorros de pensión cuando sean jóvenes. En este sentido, la presente 
propuesta puede conducir a una situación en la que los ciudadanos mejor informados ejercerán una 
presión menor sobre los regímenes obligatorios de pensiones, lo cual es beneficioso para la 
sostenibilidad de la hacienda pública.  
5.2. Beneficios sociales 
La propuesta debería tener un impacto social positivo  significativo. En primer lugar, la demanda de 
cualquier producto financiero depende principa lmente de la confianza que inspira y de su 
rendimiento. La acción propuesta mejorará la eficie ncia y seguridad de los productos de jubilación 
profesional. Es probable, por tanto, que contribuya a aumentar la tasa de cobertura de los planes de 
ahorro privados complementarios de jubilación, refo rzando así la protección social y la igualdad 
entre las rentas en una sociedad que envejece rá pidamente. En segundo lugar, una comunicación de 
información más eficaz aumentará la seguridad y la sensibilización de los ciudadanos, lo que les 
permitirá estar mejor informados sobre la brecha de las pensiones. Ello incitará a los particulares a 
tomar decisiones bien fundadas sobre el importe de l ahorro necesario para disponer de una pensión 
adecuada y las opciones de inversión, con el fin de  ahorrar de forma eficient e . E n t e rc er lu g ar, e l 
formato común de la declaración de las prestacion es de pensión favorecerá el funcionamiento del 
mercado de trabajo para las personas que trabajen  en diferentes Estados miembros. Por último, una 
mayor transparencia ayudará a los interlocutores sociales a someter la gestión de los FPE a una 
mayor disciplina, mejorando de esta forma el rendimi ento ajustado al riesgo de las inversiones.  
5.3. Beneficios medioambientales  
La acción propuesta no debería tener repercusiones medioambientales directas significativas.  
5.4. Costes 
Los costes previstos de la acción propuesta implic an un aumento de la carga administrativa, lo que 
supondrá un coste puntual de ajuste a corto plazo,  y costes recurrentes algo más elevados en el 
nuevo régimen. Una estimación del sector de los FP E sobre la carga administrativa ha destacado tres 
elementos que se prevé que sean los más onerosos . La acción propuesta evita los dos elementos 
más onerosos al tener en cuenta el principio de proporcionalidad, lo que significa que no se exigirá a 
 
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 los FPE que informen de los elementos cuantitativos comunes de la financiación en la evaluación de 
los riesgos para las pensiones y que pueden reducir las funciones de gobernanza a dos. Los planes de 
aportación definida de algunos Estados miembros tendrían un coste adicional por la necesidad de 
nombrar a un depositario. 
5.5. Impacto macroeconómico 
La acción propuesta no debería tener un impact o macroeconómico directo significativo, aunque 
cabe esperar tres beneficios indirectos. En primer lugar, gracias a la buena gobernanza y gestión de 
riesgos de los FPE, debería reforzarse su papel de inversores a largo plazo en la economía europea, al 
evitar una focalización excesiva en perfiles de rentab ilidad-riesgo a corto plazo. En segundo lugar, el 
mejor rendimiento y la mayor seguridad de los pro ductos de jubilación deberían también aumentar 
la motivación de los trabajadores e incidir positivamente en la productividad laboral. En tercer lugar, 
unas pensiones de jubilación más eficientes desde el punto de vista de la consecución de un mayor 
nivel de rendimiento ajustado al riesgo de los acti vos, contribuirán a reforzar el poder adquisitivo de 
la población jubilada.  
5.6. Impacto en terceros países 
La acción propuesta no se refiere a un ámbito en el que existan disposiciones reglamentarias 
internacionales, por lo que no se espera ningún impacto directo significativo en terceros países.  
5.7. Descripción general de los costes y beneficios 
Los beneficios del conjunto de opciones preferid as son principalmente de índole económica, pero 
también social, habida cuenta de la importancia de un sistema de jubilación adecuado y sostenible 
en una economía afectada por el envejecimiento.  
Aunque la acción propuesta implica costes de ajuste a corto plazo, los beneficios de todo el conjunto 
de opciones preferidas deberían compensar es tos costes. Las ventajas económicas para los 
trabajadores deberían ser significativas. Los empleadores pueden esperar conseguir nuevas economías de escala y repercutir al menos una pa rte de la carga administrativa adicional en los 
partícipes y beneficiarios. En general, es probable que la medida propuesta sea generadora de valor 
en una economía afectada por el envejecimiento . Puede ayudar a alcanzar mejores resultados 
sociales, sin poner en peligr o el crecimiento económico.  
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
Los servicios de la Comisión prepararán un plan de aplicación en el que se considerarán las acciones 
siguientes: reuniones con los Estados miembros, in tercambio de las mejores prácticas entre todos 
los Estados miembros, programas de formación di rigidos a las autoridades nacionales. También 
podría contemplarse y preverse un examen prelim inar por la AESPJ, seguido de un informe de 
evaluación de la Comisión.  
Se evaluarán los efectos de las opciones de actuación preferidas para comprobar en qué medida se 
materializan los impactos previsto s. Por consiguiente, cinco años después de la adopción de la 
Directiva revisada debería procederse a una evaluación ex post  de su aplicación. Consistirá en un 
informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al  Consejo y al Comité Económico y Social Europeo. 
 
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 Podrá ir acompañada, en caso necesario y en f unción de la evolución de la situación, de 
recomendaciones o de propuestas de modificación de  esta Directiva. La AESPJ recopilará los datos 
cualitativos y cuantitativos. Asim ismo, se consultará al Grupo de Partes Interesadas del Sector de 
Pensiones de Jubilación de la AESPJ y podría contar se con la participación del Grupo de los Usuarios 
de Servicios Financieros. Se estudiará además la posibilidad de realizar una encuesta Eurobarómetro 
y una encuesta general a los FPE, empleadores, part ícipes y beneficiarios. A los empleadores se les 
preguntaría sobre las posibles dificultades que entr aña la creación de planes de pensiones en el 
extranjero. La mejora de la comunicación de info rmación por los FPE, en términos de cantidad (es 
decir, mayor número de declaraciones o informes) y ca lidad de la información, serían indicadores de 
una mayor transparencia. En cuanto a la gobern anza, se evaluaría el aumento de los requisitos 
específicos para las funciones. Con respecto a la pr estación transfronteriza, se  tendría en cuenta el 
número de FPE transfronterizos.