A4-0028/98

Resolución sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Instituto Monetario Europeo y al Comité Económico y Social, titulada «Impulsando la confianza de los clientes en los medios electrónicos de pago en el mercado único»(COM(97)0353 - C4-0486/97)

El Parlamento Europeo,

- Vista la Comunicación de la Comisión (COM(97)0353 - C4-0486/97),

- Vista la Recomendación de la Comisión, de 30 de julio de 1997, relativa a las transacciones efectuadas mediante instrumentos electrónicos de pago, en particular, las relaciones entre emisores y titulares de tales instrumentos (97/489/CE) ((DO L 208 de 2.8.1997, pág. 52.)), en anexo a la mencionada comunicación,

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos (A4-0028/98),

A. Considerando que los principales problemas que conlleva el uso de medios electrónicos de pago son los siguientes:

- la falta de disponibilidad de información exhaustiva destinada al cliente sobre los instrumentos de pago y sobre procedimientos de recurso eficaces,

- las responsabilidades en caso de pérdida o robo,

- la carga de la prueba en esas situaciones,

- la protección de los consumidores en caso de quiebra de un banco o de otra entidad participante en una transacción electrónica,

B. Considerando que los progresos técnicos en materia de comercio electrónico y de medios electrónicos de pago son cada vez más rápidos, por lo que es necesario actuar con cautela para no adoptar actos legislativos que no sean viables en la práctica o que dificulten la gestión de los sistemas de pago,

C. Considerando que esos avances tecnológicos, la introducción de la moneda única, la interdependencia cada vez mayor de las economías nacionales y las elevadas exigencias de los consumidores son factores que provocarán que el comercio y los pagos electrónicos incrementen continuamente su cuota en el mercado,

D. Considerando que el carácter intrínsecamente transfronterizo de esta tendencia conlleva la necesidad de establecer unas condiciones equivalentes de competencia en el mercado común y, en última instancia, a escala mundial,

E. Considerando que las normas de seguridad y las disposiciones en materia de responsabilidad constituyen un elemento esencial de esas condiciones de competencia, pero también son fundamentales para reforzar la confianza de los consumidores,

F. Considerando que en el futuro será necesario reflexionar más profundamente sobre las diferencias y las analogías existentes entre los instrumentos que se describen en la comunicación, por una parte, y entre las tarjetas de pago y los billetes normales emitidos por los bancos nacionales, por otra,

G. Considerando que, en este contexto, debe aclararse la cuestión de quién puede emitir productos de dinero electrónico,

1. Opina que, efectivamente, podría ser necesaria una propuesta de directiva sobre los medios electrónicos de pago, y sobre las transacciones monetarias realizadas a través de Internet;

2. Pide a la Comisión que no presente esa propuesta antes de haber investigado exhaustivamente el grado de aplicación de la recomendación, los problemas que se hayan planteado y los problemas que puedan surgir, teniendo también en cuenta la necesidad de diferenciar las normas aplicables a las tarjetas de crédito, a las tarjetas de pago, a las tarjetas de pago electrónico y a los sistemas de pago;

3. Señala que la aplicabilidad de la recomendación a las transacciones realizadas a través de Internet dista mucho de estar clara;

4. Pide por consiguiente a la Comisión que, entre tanto, presente, en un texto separado una propuesta viable para encontrar una solución jurídica a los problemas relacionados con las transacciones monetarias realizadas a través de Internet,

5. Afirma que, en el caso de que se proponga un acto legislativo en este ámbito, no aceptará, respecto al ámbito de aplicación y a las definiciones, unas disposiciones tan enigmáticas y confusas como las contempladas en los artículos 1 y 2 de la citada Recomendación 97/489/CE;

6. Comunica a la Comisión su preferencia por mecanismos de autorregulación, en vez de una legislación complicada, con miras a la protección del consumidor y a unos niveles de seguridad elevados; el núcleo de ese mecanismo de autorregulación podría estar formado por disposiciones en materia de responsabilidad que constituyan al mismo tiempo un incentivo

- para los emisores de medios electrónicos de pago, con el fin de evitar posibles pérdidas gracias a elevados niveles de seguridad y

- para los titulares, con el fin de que no tengan que asumir la responsabilidad por las pérdidas en caso de que hayan actuado con cautela y con la debida diligencia;

7. Constata que para que los mecanismos de autorregulación sean eficaces deberán preverse al menos cuatro tipos de normas:

a) normas destinadas a sensibilizar al cliente sobre posibles responsabilidades,

b) disposiciones claras y leales sobre las responsabilidades en caso de pérdida o robo,

c) normas sobre la carga de la prueba en caso de pérdida o robo de los medios electrónicos de pago que no conviertan la prueba en algo excesivamente difícil o prácticamente imposible para los titulares que sufren las consecuencias de esas situaciones,

d) normas para proteger a los consumidores en caso de error en la transacción electrónica por parte de un suministrador, un emisor de tarjetas de crédito o una entidad financiera;

8. Considera que sólo se podrá sensibilizar al cliente si se le obliga al emisor a entregar al cliente copias del contrato y de todas las condiciones aplicables, redactadas de forma comprensible, o a ponerlas a disposición de aquél por medios electrónicos, cuando el cliente haya comunicado una dirección electrónica;

9. Considera, por otra parte, que las disposiciones en materia de responsabilidad que se contemplan en la recomendación y, en particular, en el artículo 6 de la misma, constituyen un ejemplo interesante de regas leales en ese ámbito;

10. Lamenta que en la recomendación no se hayan abordado en toda su extensión la cuestión clave de la carga de la prueba ni tampoco la práctica deplorable de los bancos de cobrar una comisión además de sus márgenes de beneficios de compra o de venta;

11. Sugiere que el problema que supone la aportación de algunos elementos constitutivos de las reclamaciones del cliente en cuestiones relacionadas con las responsabilidades en caso de pérdida o robo podría resolverse mediante disposiciones de Derecho comunitario sustantivo, que se incorporarían al Derecho nacional sustantivo, y que

a) estipulen que para que el titular de una tarjeta pueda presentar una reclamación es suficiente que facilite pruebas que conviertan en verosímil o muy probable la existencia de una determinada situación objetiva, o

b) estipulen que la presentación de algunas pruebas sea considerada como equivalente en valor a una prueba en debida forma en el sentido del sistema jurídico nacional aplicable;

12. Acoge con satisfacción las normas sobre el valor de las firmas electrónicas, que evitarán situaciones en las que el consumidor deba asumir todos los riesgos; considera que el apartado 3 del artículo 6 de la Recomendación 97/489/CE podría constituir un interesante punto de partida de una legislación vinculante en ese ámbito;

13. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo y a los Parlamentos de los Estados miembros.