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Informe final del consejero auditor en el asunto COMP/34.493 - Duales System Deutschland (DSD)

[elaborado con arreglo al artículo 15 de la Decisión 2001/462/CE, CECA de la Comisión, de 23 de mayo de 2001, relativa al mandato de los consejeros auditores en determinados procedimientos de competencia (DO L 162 de 19.6.2001, p. 21)]

(2001/C 328/03)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

El proyecto de Decisión suscita las siguientes observaciones en lo relativo al derecho a ser oído:

La intención de la Comisión de supeditar la exención de la cláusula de exclusividad contenida en el contrato de servicios suscrito entre DSD y las empresas de gestión de residuos al cumplimiento de dos condiciones fue comunicada a DSD por carta de 13 de junio de 2001, es decir, en una fase tardía del procedimiento. Con objeto de otorgar a DSD el tiempo suficiente para preparar sus observaciones escritas, el consejero auditor amplió el plazo de respuesta, inicialmente limitado a dos semanas, en veinte días, o sea, hasta el 18 de julio de 2001. El proyecto de Decisión recoge detalladamente las objeciones formuladas por DSD con respecto a las condiciones previstas.

De este modo se ha preservado íntegramente el derecho de defensa de DSD, así como el derecho de los terceros interesados a ser oídos.

Hecho en Bruselas, el 23 de julio de 2001.

Helmuth Schröter
El Defensor del Pueblo Europeo (98/C 44/10)

De conformidad con el artículo 14 del Estatuto del Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo Europeo ha adoptado medidas de aplicación, en vigor desde el 1 de enero de 1998.

Las medidas de aplicación incluyen los procedimientos relativos al tratamiento que recibirán las reclamaciones al Defensor del Pueblo y al acceso público a los documentos custodiados por su servicio.

Las medidas de aplicación se encuentran disponibles en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea. Pueden obtenerse escribiendo al Defensor del Pueblo a la dirección indicada a continuación o a través de Internet (http://www.euro-ombudsman.eu.int).

Defensor del Pueblo Europeo

1, avenue du Président Robert-Schuman

BP 403

F-67001 Estrasburgo
12.

recuerda que, aunque el Reino Unido como tercer país no podría participar en el proceso decisorio de la UE, la mejor manera de mitigar el impacto de la retirada del Reino Unido de la UE es alcanzar un acuerdo ambicioso, que establezca una verdadera asociación entre la UE y el Reino Unido, que no se limite a las relaciones comerciales y económicas; destaca que, aunque dicho acuerdo no podrá concluirse ni celebrarse hasta que el Reino Unido haya salido de la UE, deben realizarse esfuerzos para facilitar su rápida conclusión. Destaca asimismo la necesidad de prever acuerdos específicos en materia de política exterior y de defensa que permitan conservar un vínculo entre el Reino Unido y la Unión y compartir información entre los servicios de inteligencia;
15.

señala, no obstante, que la creación de un marco facilitador que vaya más allá de los simples instrumentos de presupuestación ecológica es la única manera de avanzar para que esta forma de presupuestación tenga éxito y aporte beneficios a escala local y regional; no obstante, la carga que supone el desarrollo de este marco no debe recaer únicamente en los entes locales y regionales, sino que debe asumirla un nivel superior de gobernanza;
69.

considera que la NBE debe convertirse en un verdadero movimiento que involucre a los entes locales y regionales y no sea solo un proyecto descendente más. Crear un modo de vida europeo con conciencia ecológica es crucial para todas las ciudades y personas de la UE. Este debe ser un proyecto para todos, no solo para unos pocos. Las personas deben hacerlo suyo desde la base, y no solo en las grandes zonas urbanas. Su accesibilidad a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil constituye un aspecto positivo importante de la iniciativa de la NBE. Para tener éxito, este ejercicio debe ser social, cultural y territorialmente inclusivo.
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subraya que será necesario un sistema eficaz de tarificación para el CO 2 , que incluya un mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono, para hacer del CO 2 un elemento transparente del sistema económico y para fomentar la transición hacia la neutralidad en carbono; ello crearía nuevas condiciones equitativas para las actividades sostenibles y constituiría un instrumento fundamental para lograr que el sistema relativo al CO 2 sea transparente en todos los niveles y sectores;
14.

considera que hay que comunicar de otra manera sobre la política de cohesión, dirigiéndose, en particular, a un público más amplio y no solo a las partes interesadas. El público en general debe ser el centro de una comunicación específica, y esta comunicación debe emocionar a la gente: tiene que contar historias sobre el impacto en los ciudadanos locales, y no solo exhibir cifras o gráficos sobre mercados de trabajo lejanos o cuestiones de infraestructura y poblaciones remotas; debe centrarse en el papel que desempeña la UE como nivel de gobierno en la vida de las personas, no en informar a la opinión pública sobre la variedad de los diferentes fondos y proyectos que tiene. Fundamentalmente, la importancia de la confianza en el mensajero es al menos tan importante como el mensaje y la confianza pública en los entes locales y regionales es mayor que en los gobiernos nacionales o en la UE. Por tanto, los políticos regionales y locales tienen un papel potencialmente decisivo que desempeñar, y los miembros del CDR en particular deben dar ejemplo como «embajadores de Europa en las regiones, ciudades y municipios»;
24.

anima a diseñar y poner en práctica un «conjunto de herramientas de orientación relativas a las buenas prácticas en materia de seguridad destinadas al sector del transporte comercial por carretera», una «herramienta europea de evaluación in situ de objetivos no estratégicos», en fase de prueba, así como los trabajos en curso sobre las normas de la UE para garantizar la seguridad y la protección de las operaciones civiles de los sistemas de aeronaves no tripuladas;
15.

señala que, a nivel de la UE, el objetivo es contar con una conexión de velocidad superior a los 30 MB/s que funcione en toda Europa para 2020, inclusive en las zonas más rurales y aisladas. Sin embargo, esto es solo una media de la UE con enorme variación entre diferentes países y áreas locales, particularmente en las zonas rurales y más remotas en las que no es infrecuente, incluso en Estados miembros económicamente prósperos, tener velocidades de 10 MB/s. Este es el estándar usual para que un hogar típico pueda beneficiarse de los servicios en línea más populares. La falta de una banda ancha suficiente es hoy en día un grave desafío para la cohesión territorial. Pide a la Comisión Europea que intensifique los esfuerzos para desarrollar el internet de alta velocidad en las zonas rurales a través de modelos de financiación accesibles que no restrinjan el acceso de ciertos Estados miembros a financiación para la inversión en redes de banda ancha y que fomenten el acceso a financiación de la inversión en redes de banda ancha para proyectos a pequeña escala; asimismo reclama que se destine específicamente crédito al desarrollo de la banda ancha en zonas rurales y que este no pueda ser empleado en otras medidas;
3.

apoya el desarrollo de medidas encaminadas a mejorar la posición de los titulares de derechos por lo que respecta a la negociación relativa a la explotación de los contenidos a los que se refieren tales derechos; en particular, para la utilización por parte de los servicios en línea que dan acceso a contenidos cargados por los usuarios y que, tal vez, no den una remuneración equitativa por tal explotación. Subraya, no obstante, que con frecuencia los agentes regionales y locales, las pequeñas empresas y las empresas emergentes se encuentran en una posición más débil que los titulares de mayor envergadura, y no deben sufrir restricciones indebidas;
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hace hincapié en que, durante la segunda mitad del MFP, debe prestarse atención a las siguientes prioridades y retos políticos, que tienen un impacto directo o indirecto en el bienestar de los ciudadanos europeos: — fomentar el crecimiento, el empleo y la competitividad: el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) se creó sin una revisión de los límites máximos del MFP, a través de la redistribución de los fondos de programas existentes (reducción de 2 200 millones de euros para «Horizonte 2020» y de 2 800 millones de euros para el Mecanismo «Conectar Europa»). Una revisión del MFP debería compensar los recortes impuestos a estos programas en el marco del FEIE; — conseguir mayores sinergias entre los programas de la UE destinados a fomentar las inversiones públicas y privadas en las regiones y ciudades, en particular en relación con el objetivo de la cohesión territorial de la UE. Reitera su llamamiento a favor de una visión territorial global de las zonas urbanas y rurales como espacios funcionales complementarios; — luchar contra el desempleo, y en particular el desempleo juvenil: la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) debe seguir adelante al menos hasta 2020, poniendo particular énfasis en la integración de los jóvenes en el mercado de trabajo; — impulsar la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral; — afrontar las fuentes de desestabilización y las crisis exteriores; — responder a la migración y la crisis del asilo: los recursos disponibles en la rúbrica 3 del actual MFP son insuficientes para solucionar este problema en los años venideros. Es preciso incrementar el límite máximo del MFP correspondiente, a fin de garantizar la acogida e integración de los migrantes, organizadas principalmente por los entes regionales y locales. El nuevo MFP ofrece la oportunidad de incrementar los recursos destinados a la aplicación de las prioridades de la Agenda Europea de Migración; — garantizar la seguridad interior y combatir el terrorismo: podría preverse un incremento de los límites máximos del MFP para la rúbrica 3; — fomentar la protección social conjuntamente con el objetivo de aplicar la dimensión social de la UEM. La protección social es una condición necesaria para la paz social y para el crecimiento económico de cada país; — afrontar el reto demográfico, en particular mediante un mejor seguimiento del gasto relacionado con la cuestión demográfica, sobre todo con cargo a los Fondos EIE y al FEIE; — afrontar las diferentes crisis que los agricultores europeos soportan desde el inicio del actual MFP;
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pide que se tomen las medidas adecuadas para ayudar a las autoridades locales a la hora de con hacer frente a las crisis humanitarias, en particular las olas de que causa la inestabilidad de numerosos países de la PEV, lo que en la actualidad afecta especialmente a Siria y Ucrania. Los flujos migratorios, en particular en la región mediterránea, requieren un planteamiento global y a largo plazo, con la participación activa de todos los Estados miembros de la UE, incluidos los entes locales y regionales, y no únicamente los de aquellos países interesados desde un punto de vista geográfico. Los países, regiones y entes locales situados más allá de las fronteras externas de la Unión deberían obtener un apoyo adecuado para ejercer un control de estas fronteras externas y gestionar las emergencias relacionadas con la inmigración, incluidas las de carácter sanitario;
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se compromete, por tanto, a seguir atentamente la evolución de la situación, considerando una prioridad absoluta que se revise la propuesta de Reglamento, y manifiesta, en referencia al contenido de la misma, que es importante e imperativo apoyar a los pequeños y medianos productores y usuarios de variedades antiguas, raras, tradicionales y de las denominadas variedades «de nicho», que representan una parte importante de la diversidad genética de las especies vegetales cultivadas, cuyos productores no cuentan con la protección apropiada en razón de las costosas condiciones de los procedimientos de reconocimiento, y cuyo empleo en las condiciones locales adecuadas no se fomenta suficientemente, habida cuenta del interés objetivo y directo de los entes locales y regionales por evitar que esos operadores, que son los que mejor pueden garantizar la biodiversidad y que ejercen su actividad en unos ámbitos territoriales limitados, no se encuentren con excesivas dificultades operativas;
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insta a la Comisión a que no descuide la realización de análisis de costes-beneficios de las medidas propuestas en favor de la industria siderúrgica europea y le pide que garantice que estas no contradicen otras políticas europeas, en particular las relativas a la protección del medio ambiente y el clima y al desarrollo sostenible;
8.

Además, un estudio reciente del Comité de las Regiones: Dynamic health systems and new technologies: eHealth solutions at local and regional levels (Sistemas de salud dinámicos y nuevas tecnologías: servicios de salud electrónica a nivel local y regional) pone de relieve que la sanidad electrónica es una de las prioridades enumeradas en la agenda de los entes locales y regionales en Europa.
8.

destaca también que las nuevas disposiciones introducidas por el Tratado de Lisboa suponen un refuerzo de la ciudadanía europea, que se considera adicional (no meramente complementaria) y no sustitutiva de la ciudadanía nacional. La ciudadanía europea no se considera la expresión de unos vínculos preexistentes que conforman el cuerpo político sino un marco normativo que convierte la libertad de circulación de un Estado miembro a otro en un sistema de derechos y no de exclusión;
24.

subraya que, en general, las políticas se diseñan desde la perspectiva de las ciudades y las zonas urbanas. Estas no siempre se adaptan bien al contexto, las necesidades y las oportunidades específicas de las zonas rurales; insta a la Comisión Europea a que adopte medidas para tener mejor en cuenta el contexto rural. En el contexto actual, señala el riesgo de que, debido a la situación de emergencia provocada por la crisis, el plan de recuperación y otras políticas de la UE puedan aplicarse de manera más favorable para las ciudades y las zonas urbanas. Si el plan de recuperación no involucra a las regiones en su elaboración y aplicación, no se tendrán en cuenta algunas necesidades y oportunidades para las zonas rurales. Además, es importante destacar que la política rural va más allá de la política agrícola e incluye una política social y de gobernanza de los servicios para las zonas rurales, que suelen ser marginales desde el punto de vista productivo, pero fundamentales respecto de los aspectos medioambientales, paisajísticos y de protección de la biodiversidad. Debe prestarse más atención al desarrollo empresarial, los servicios, la innovación, la protección de la fauna y del paisaje y la accesibilidad en las zonas rurales;
Debe prestarse especial atención a garantizar la calidad de las actividades y otras oportunidades ofrecidas por el Cuerpo Europeo de Solidaridad, en particular proporcionando a los participantes formación, apoyo lingüístico, seguros, apoyo administrativo y apoyo posterior a las actividades, así como la validación de los conocimientos, las capacidades y las competencias adquiridas a través de su experiencia en el Cuerpo mediante criterios específicos de certificación. La seguridad y la protección de los voluntarios siguen teniendo asimismo la máxima importancia y estos no deben desplegarse en operaciones que se desarrollen en el escenario de conflictos armados, sean o no internacionales.

Debe prestarse especial atención a garantizar la calidad de las actividades y otras oportunidades ofrecidas por el Cuerpo Europeo de Solidaridad, en particular proporcionando a los participantes formación, apoyo lingüístico, seguros, apoyo administrativo y apoyo posterior a las actividades, así como la validación de los conocimientos, las capacidades y las competencias adquiridas a través de su experiencia en el Cuerpo mediante criterios específicos de certificación . Las actividades de voluntariado deben englobar a organizaciones con ánimo de lucro y sin él, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, asociaciones y empresas sociales, mediante el desarrollo de normas específicas para las llamadas «colocaciones profesionales» que permitan impulsar la promoción de proyectos solidarios con eventuales exenciones de cotizaciones o con incentivos fiscales por iniciativa autónoma de los Estados miembros. La seguridad y la protección de los voluntarios siguen teniendo asimismo la máxima importancia y estos no deben desplegarse en operaciones que se desarrollen en el escenario de conflictos armados, sean o no internacionales.
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reconoce el esfuerzo realizado mediante el documento de trabajo Key European action supporting the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals (SWD (2016) 390 final), que acompaña la Comunicación, en el que se propone integrar la Estrategia Europa 2020 con los objetivos de la Agenda 2030, para valorizar las relaciones entre los tres pilares, las siete iniciativas emblemáticas y los cinco objetivos vinculados a las prioridades de la Estrategia Europa 2020, así como las correspondientes a los once objetivos temáticos propuestos para los fondos de cohesión (FC);
7) En el artículo 49 se añade el siguiente apartado 9: «En lo que respecta a los gasoductos con destino y procedencia en terceros países completados antes del [PO: date of entry into force of this Directive], los Estados miembros podrán decidir establecer excepciones a los artículos 9, 10, 11 y 32, así como al artículo 41, apartados 6, 8 y 10, para las secciones de esos gasoductos entre la frontera de la jurisdicción de la Unión y el primer punto de interconexión, siempre y cuando la excepción no sea perjudicial para la competencia, el funcionamiento efectivo del mercado interior del gas en la Unión o la seguridad de suministro en la Unión. Las excepciones estarán limitadas en el tiempo y podrán quedar sujetas a condiciones que contribuyan a la consecución de las condiciones expuestas anteriormente. Cuando el gasoducto en cuestión esté situado en la jurisdicción de más de un Estado miembro, el Estado miembro en cuya jurisdicción se encuentre el primer punto de interconexión decidirá sobre la excepción relativa al gasoducto. Los Estados miembros publicarán toda decisión relativa a una excepción con arreglo al presente apartado en un plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva.».

7) En el artículo 49 se añade el siguiente apartado 9: «En lo que respecta a los gasoductos con destino y procedencia en terceros países completados antes del [PO: date of entry into force of this Directive], los Estados miembros podrán decidir establecer excepciones a los artículos 9, 10, 11 y 32, así como al artículo 41, apartados 6, 8 y 10, para las secciones de esos gasoductos entre la frontera de la jurisdicción de la Unión y el primer punto de interconexión, siempre y cuando la excepción no sea perjudicial para la competencia, el funcionamiento efectivo del mercado interior del gas en la Unión o la seguridad de suministro en la Unión. Las excepciones serán limitadas en el tiempo, dejarán de aplicarse a más tardar el… [3 años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] y estarán sujetas a las condiciones que contribuyen a la realización de las citadas condiciones. Cuando el gasoducto en cuestión esté situado en la jurisdicción de más de un Estado miembro, el Estado miembro en cuya jurisdicción se encuentre el primer punto de interconexión decidirá sobre la excepción relativa al gasoducto. La autoridad competente notificará sin demora a la Comisión la decisión, junto con toda la información pertinente relacionada con la misma. En un plazo de dos meses a partir de la notificación, la Comisión podrá adoptar una decisión por la que exija al Estado miembro que modifique o revoque la decisión de conceder una excepción. Los Estados miembros publicarán toda decisión relativa a una excepción con arreglo al presente apartado en un plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva.».
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subraya que la UE y sus Estados miembros deben jugar un papel crucial en el desarrollo e implementación de la Agenda 2030; en este sentido valora como positivos los pasos dados a través de la Comunicación Next steps for a sustainable European future: European actions for sustainability y de la Global Strategy on the EU’s Foreign and Security Policy;
La Recomendación no incluye la experiencia laboral que forma parte de planes de estudios de programas educativos o de formación profesional. No se incluyen en la presente Recomendación los períodos de prácticas cuyo contenido está regulado por la legislación nacional y que constituyen un requisito para obtener una titulación universitaria o acceder a una profesión determinada (como medicina, arquitectura, etc.).

La Recomendación no incluye la experiencia laboral que forma parte de planes de estudios de programas educativos o de formación profesional. No se incluyen en la presente Recomendación los períodos de prácticas cuyo contenido está regulado por la legislación nacional y que constituyen un requisito para obtener una titulación universitaria o acceder a una profesión determinada (como medicina, arquitectura, etc.); este segundo tipo de períodos de prácticas será objeto de una propuesta separada de la Comisión.
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señala, no obstante, que debería consultarse sistemáticamente a los entes locales y regionales en el marco de la elaboración, la aplicación y la gobernanza de las medidas relativas a la financiación de las redes transeuropeas de telecomunicaciones (en particular en lo que se refiere al despliegue de la banda ancha en las zonas menos pobladas, la prestación de servicios transfronterizos, etc.).
La frecuencia de las auditorías sobre operaciones debe ser proporcional al alcance de la ayuda de la Unión procedente del Fondo. En particular, el número de auditorías debe reducirse cuando el gasto total subvencionable de una operación no exceda de 100 000 EUR. Sin embargo, debe ser posible realizar auditorías en cualquier momento cuando haya pruebas de irregularidades o fraude o como parte de una muestra de auditoría. Para que el nivel de auditoría de la Comisión sea proporcional al riesgo, esta debe poder reducir su labor de auditoría en relación con los programas operativos cuando no existan deficiencias significativas o cuando la autoridad de auditoría sea fiable. Además, el alcance de las auditorías debe tener plenamente en cuenta la finalidad del Fondo y las características de la población objetivo de dicho Fondo.

La frecuencia de las auditorías sobre operaciones debe ser proporcional al alcance de la ayuda de la Unión procedente del Fondo. En particular, el número de auditorías debe reducirse cuando el gasto total subvencionable de una operación no exceda de 100 000 EUR. Sin embargo, debe ser posible realizar auditorías en cualquier momento cuando haya pruebas de irregularidades o fraude o como parte de una muestra de auditoría. Para que el nivel de auditoría de la Comisión sea proporcional al riesgo, esta debe poder reducir su labor de auditoría en relación con los programas operativos cuando no existan deficiencias significativas o cuando la autoridad de auditoría sea fiable. Además, el alcance de las auditorías debe tener plenamente en cuenta la finalidad del Fondo y las características de la población objetivo de dicho Fondo. En caso de que fueran necesarias las auditorías, se deberían tener también en cuenta, en relación con cada una de las acciones, las prácticas auditoras y las competencias desarrolladas del sector público, que posiblemente ya son utilizadas por las autoridades locales y regionales correspondientes en la aplicación de las medidas y en las acciones de apoyo a las mismas. Del mismo modo, habría que tener presente la posibilidad de que las actividades de las organizaciones asociadas ejecutoras de una acción recayeran en el ámbito de la financiación pública y de las prácticas de auditoría relativas a esta, así como la amplitud de las actividades de dicha organización y su experiencia.