Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la mediación en los seguros (Refundición) /* COM/2012/0360 final - 2012/0175 (COD) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. Contexto de la propuesta La Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la mediación en los seguros (DMS I)[1] es la única legislación de la UE que regula el punto de venta de los productos de seguro, y lo hace con el fin de garantizar los derechos de los consumidores. Fue adoptada el 9 de diciembre de 2002 y debía ser incorporada por los Estados miembros antes del 15 de enero de 2005. Se trata de un instrumento de armonización mínima que contiene principios de alto nivel y que ha sido implementada en los 27 Estados miembros de muy diversas formas. La necesidad de revisar la DMS I ya se reconoció durante el control de aplicación efectuado por la Comisión en 2005-2008. Tanto las recientes como las actuales turbulencias financieras han puesto de manifiesto la importancia de garantizar la protección del consumidor de manera efectiva en todos los sectores financieros. En noviembre de 2010, el G-20 pidió a la OCDE, al Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) y otras organizaciones internacionales pertinentes que elaboraran principios comunes en el ámbito de los servicios financieros, al objeto de incrementar la protección de los consumidores. El proyecto de principios de alto nivel del G-20 sobre la protección del consumidor en materia financiera destaca la necesidad de una adecuada regulación y/o supervisión de los proveedores de servicios financieros y los agentes que tratan directamente con los consumidores. Según dichos principios, los consumidores deben gozar siempre de niveles de protección comparables. La actual revisión de la DMS I se enmarca en esos principios y en iniciativas internacionales conexas. Durante los debates en el Parlamento Europeo sobre la Directiva que regula la capitalización y la supervisión de las empresas de seguros desde un enfoque basado en el riesgo (Solvencia II)[2], adoptada en 2009, se pidió, además, expresamente una revisión de la DMS I. Algunos diputados del Parlamento y algunas organizaciones de consumidores consideraban que la crisis financiera había puesto de relieve la necesidad de mejorar la protección del tomador de seguro, y que era posible mejorar las prácticas de venta de diferentes productos de seguro. En especial, se expresaron serias dudas sobre las normas de venta de productos de seguro de vida con componentes de inversión. En aras de la coherencia intersectorial, el Parlamento Europeo pidió que en la revisión de la DMS I se tuviera en cuenta la revisión, actualmente en curso, de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID II)[3]. Ello supone que, en lo que atañe a la regulación de las prácticas de venta de los productos de seguro de vida con componentes de inversión, la propuesta de Directiva revisada (DMS II) debe establecer niveles de protección del consumidor iguales a los de la MiFID II. 1.1. Objetivos de la propuesta La Directiva revisada (DMS II) aspira a mejorar la regulación del mercado minorista de seguros de manera eficiente. Persigue garantizar condiciones equitativas de competencia entre todos aquellos que intervienen en la distribución de los productos de seguro, e incrementar la protección del tomador de seguro. Los objetivos generales de la actual revisión son evitar el falseamiento de la competencia y reforzar la protección del consumidor y la integración del mercado. Más concretamente, con el proyecto DMS II, se pretenden las siguientes mejoras: ampliar el ámbito de aplicación de la DMS I a todos los canales de distribución (por ejemplo, aseguradores directos, empresas de alquiler de automóviles, etc.); detectar, gestionar y mitigar los conflictos de intereses; aumentar el nivel de armonización de las sanciones y medidas administrativas aplicables por incumplimiento de disposiciones esenciales de la Directiva vigente; aumentar la adecuación y objetividad del asesoramiento; garantizar que la cualificación profesional del vendedor sea acorde con la complejidad de los productos vendidos; simplificar y aproximar el procedimiento de acceso transfronterizo a los mercados de seguros de toda la UE. 1.2. Coherencia con otras políticas y otros objetivos de la Unión Los objetivos de la propuesta guardan coherencia con las políticas y los objetivos de la Unión. El Tratado prevé actuaciones para garantizar la implantación y el funcionamiento del mercado interior con un elevado nivel de protección de los consumidores, así como la libre prestación de servicios. La actual propuesta se presenta en el contexto de un paquete de medidas orientado a los productos minoristas y centrado en el consumidor, conjuntamente con la propuesta relativa a los productos preempaquetados de inversión minorista (PPIM), que regula la información sobre los productos de inversión, y la Directiva OICVM V. La iniciativa PPIM tiene por objeto garantizar un enfoque horizontal coherente de la información sobre los productos de inversión y los productos de seguro con componentes de inversión (los denominados seguros de inversión[4]); las disposiciones sobre las prácticas de venta se incluirán en las revisiones de la DMS I y la MiFID. La propuesta guarda, asimismo, coherencia y complementariedad con otros actos legislativos y otras políticas de la UE, en particular en materia de protección de los consumidores, protección de los inversores y supervisión prudencial, tales como la Directiva Solvencia II, la MiFID II y la iniciativa PPIM. La DMS II regulará las prácticas de venta de todos los productos de seguro, desde los de carácter general, como puede ser el seguro de automóviles, hasta los contratos de seguro de vida, incluidos los que tienen componentes de inversión, como, por ejemplo, los seguros de vida vinculados a fondos de inversión. La DMS II seguirá siendo un instrumento jurídico de «armonización mínima». Ello quiere decir que los Estados miembros pueden ir más lejos, si lo consideran necesario, a efectos de la protección del consumidor. No obstante, las normas mínimas de la DMS I se reforzarán considerablemente. Algunas partes de la nueva Directiva se reforzarán con medidas de nivel 2, en aras de la concordancia con la MiFID: en particular, en el capítulo que regula la distribución de contratos de seguro de vida con componentes de inversión. 2. Consulta de las partes interesadas y evaluación de impacto Los servicios de la Comisión consultaron a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ, antes CESSPJ) numerosos aspectos de la revisión de la DMS. La AESPJ presentó su informe final en noviembre de 2010[5]. Durante 2010-2011, los servicios de la Comisión se reunieron periódicamente con representantes del sector de seguros, organizaciones de consumidores y supervisores para debatir sobre la revisión prevista. Entre el 26 de noviembre de 2010 y el 28 de febrero de 2011, dichos servicios realizaron una consulta pública sobre la revisión de la DMI I. Los resultados de esta consulta también eran favorables, en líneas generales, a la orientación de la revisión trazada por los servicios de la Comisión[6]. El 10 de diciembre de 2010, se organizó una audiencia para debatir sobre la DMS II. La discusión se centró en el ámbito de aplicación de la Directiva, los requisitos de información aplicables a los intermediarios de seguros, los conflictos de intereses, las operaciones transfronterizas y los requisitos de cualificación profesional[7]. El 11 de abril de 2011, se organizó una reunión con expertos de los Estados miembros y con la AESPJ para debatir los resultados de la consulta pública y la posible estructura y contenido de la DMS II. La gran mayoría de los interesados presentes en estas reuniones manifestaron su apoyo a la orientación de la revisión de la DMS I trazada por los servicios de la Comisión. En consonancia con su política de mejora de la legislación, la Comisión realizó una evaluación de impacto de las distintas opciones de actuación. Para preparar la evaluación de impacto se utilizaron diversos estudios específicos encargados por diferentes servicios de la Comisión. En primer lugar, la DG MARKT encargó a PriceWaterhouseCoopers (PWC) un estudio que ofreciera una visión global del funcionamiento de la distribución de seguros en la UE. El informe, finalizado en julio de 2011, se publicó en el sitio web de la Comisión[8]. En segundo lugar, la presente propuesta tiene en cuenta los resultados de un estudio encargado en 2010 sobre los costes y beneficios de las posibles modificaciones de las normas de distribución de productos de seguro y de productos de seguro de inversión[9]. En tercer lugar, se han tenido en cuenta las conclusiones de un estudio sobre la calidad del asesoramiento que se ofrece en toda la UE[10]. Asimismo, se ha tenido en cuenta un cuarto estudio que analiza desde la óptica de la economía de la conducta los diferentes factores que intervienen en la toma de decisiones de los inversores[11]. Las opciones de actuación examinadas en la evaluación de impacto se analizaron en función de diferentes criterios: la integración del mercado por lo que atañe a los operadores del mercado, la protección y confianza del cliente, condiciones de competencia equitativas para los diversos operadores del mercado, y la relación coste-eficacia, es decir, en qué medida las distintas opciones sirven para alcanzar los objetivos perseguidos y facilitar el funcionamiento de los mercados de seguros de forma eficiente y con una buena relación coste-eficacia. Globalmente, de acuerdo con el mencionado estudio de PWC y las estadísticas del sector, reelaboradas por los servicios de la Comisión, y a la vista del gran número de empresas afectadas (aproximadamente un millón), se estima que la carga administrativa que representará la propuesta tendrá un coste medio relativamente moderado de unos 730 euros por empresa. La evaluación de impacto se ultimó en 2012. Se atendió a las recomendaciones del Comité de Evaluación de Impacto de la Comisión Europea, en particular en lo relativo a los efectos sobre las PYME. Por ejemplo, las PYME intermediarias, actualmente excluidas del ámbito de aplicación, y que la presente propuesta incluirá, son esencialmente empresas cuya actividad principal no es la mediación de seguros (de modo que esta última tiene carácter meramente auxiliar frente a su actividad principal; por ejemplo, las agencias de viajes o las empresas de alquiler de automóviles). Estos intermediarios estarán sujetos a un régimen más liviano (procedimiento de declaración, artículo 4 de la presente propuesta), aplicándose así un enfoque proporcionado al carácter auxiliar de la mediación que realizan. En general, se han introducido requisitos proporcionales a fin de tener en cuenta los intereses de las PYME y respetar el principio de que «a menor complejidad del producto, menor regulación». Por ejemplo, algunos productos de inversión se presentan bajo el envoltorio de contratos de seguro de vida. Se introducirá un régimen más riguroso para las prácticas de venta de esos productos (contratos de seguro de vida con componentes de inversión [productos de seguro de inversión o PPIM de seguros]); véase el capítulo VII. 3. Aspectos jurídicos de la propuesta 3.1. Base jurídica La propuesta, basada en el artículo 53, apartado 1, y el artículo 62 del TFUE, reemplazará a la Directiva 2002/92/CE, y aborda la armonización de las disposiciones nacionales sobre los intermediarios de seguros y otros vendedores de productos de seguro. Introduce en el ámbito de aplicación de la Directiva a algunos vendedores que realizan ventas auxiliares, así como servicios postventa, tales como el peritaje y la gestión de siniestros. Aclara el ejercicio de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios, así como las facultades de las autoridades de supervisión de los Estados miembros de origen y de acogida a este respecto. El objetivo y objeto principal de esta propuesta es la armonización de las disposiciones nacionales relativas a las normas de conducta aplicables a los vendedores de productos de seguro y otras entidades presentes en los mercados de seguros y de reaseguros, sus condiciones de gobernanza y su marco de supervisión. 3.2. Subsidiariedad y proporcionalidad Según el principio de subsidiariedad (artículo 5, apartado 3, del TUE), solo debería actuarse a escala de la UE cuando los objetivos perseguidos no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones o los efectos de la acción propuesta, pueda alcanzarlos mejor la UE. La mayoría de los aspectos que plantea la revisión ya están regulados en el vigente marco jurídico de la DMS I. Además, los mercados de seguros tienen cada vez más carácter transfronterizo. Las condiciones en las que las empresas y los operadores pueden competir en este contexto, ya se trate de las normas sobre transparencia o protección del cliente, han de ser comparables en todos los países y constituyen ya la esencia de la DMS I. Es preciso actuar ahora a escala europea para actualizar y modificar el marco regulador establecido por la DMS I, a fin de tener en cuenta la evolución habida en los mercados de seguros desde su entrada en aplicación. Debido a esta integración, una intervención nacional por separado sería mucho menos eficiente y daría lugar a una fragmentación de los mercados, generando arbitraje regulador y un falseamiento de la competencia. La AESPJ debe desempeñar un papel fundamental en la implementación del nuevo marco de alcance comunitario. Es necesario dotar a la AESPJ de competencias específicas de cara a mejorar el funcionamiento de los mercados de seguros. La propuesta tiene plenamente en cuenta el principio de proporcionalidad, a saber, que la actuación de la UE debe ser la adecuada para alcanzar los objetivos, y limitarse a lo estrictamente necesario. La propuesta es compatible con este principio y busca un equilibrio adecuado entre el interés público y la relación coste-eficacia de las medidas: en particular, al elaborar las disposiciones se ha atendido especialmente a la necesidad de hallar un equilibrio entre la protección del consumidor, la eficiencia de los mercados y los costes para el sector. Atendiendo a ese principio, la propuesta diferencia entre los diferentes canales de venta de productos de seguro e impone obligaciones de registro y de cualificación profesional menos gravosas para quienes venden productos de seguro simples. Así, por ejemplo, quienes venden productos de seguro con carácter auxiliar, como pueden ser las empresas de alquiler de automóviles y las agencias de viajes, están sujetos a un procedimiento simplificado de declaración, en lugar de tener que registrarse como intermediarios de seguros. La propuesta distingue también entre los productos de seguro de vida y los productos de seguro de carácter general a la hora de fijar los requisitos de transparencia de la remuneración. Estas medidas de proporcionalidad se adoptan para tener en cuenta los diferentes niveles de complejidad y de riesgos para el consumidor que presentan los diversos productos de seguro, y, asimismo, a fin de reducir las cargas administrativas de las PYME que vendan productos de seguro. 3.3. Cumplimiento de los artículos 290 y 291 del TFUE El 23 de septiembre de 2009, la Comisión adoptó tres propuestas de reglamentos por los que se creaban la ABE, la AESPJ y la AEVM. A este respecto, la Comisión se remite a las declaraciones que hizo, en relación con los artículos 290 y 291 del TFUE, con ocasión de la adopción de los reglamentos por los que se crean las Autoridades Europeas de Supervisión, según las cuales: «En lo que atañe al proceso de adopción de normas reglamentarias, la Comisión subraya el carácter singular del sector de los servicios financieros, derivado de la estructura Lamfalussy y reconocido explícitamente en la Declaración 39, aneja al TFUE. No obstante, la Comisión abriga serias dudas sobre si las limitaciones de su papel en la adopción de actos delegados y medidas de ejecución se ajustan a los artículos 290 y 291 del TFUE.». 3.4. Referencias a otras directivas La Directiva 2009/138/CE, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), no es todavía aplicable, por lo que la presente propuesta hace referencia a las definiciones establecidas en la Directiva 73/239/CEE, la Directiva 2002/83/CE y la Directiva 2005/68/CE. Las Directivas 73/239/CEE, 2002/83/CE y 2005/68/CE quedarán derogadas por la Directiva 2009/138/CE. 3.5. Explicación detallada de la propuesta Capítulo I – Ámbito de aplicación y definiciones El artículo 1 amplía el ámbito de aplicación de la DMS I para incluir las ventas de contratos de seguro realizadas por empresas de seguros y de reaseguros sin la intervención de un intermediario. Incluye, asimismo, las actividades de gestión de siniestros realizadas por empresas de seguros y para empresas de seguros, así como el peritaje y la liquidación de siniestros. La exclusión «de minimis» del ámbito de aplicación de la DMS I sigue siendo la misma (las ventas de contratos de seguro con carácter auxiliar a la venta de bienes, una prima anualizada inferior a 500 EUR y el cumplimiento de otros criterios previstos en la exención), salvo que el límite de prima anualizada se incrementa a 600 EUR en prorrata (menos de 2 EUR al día). Los mencionados 2 EUR son el importe de la prima por contrato y por día. Por ejemplo, los ópticos que vendan seguros complementarios de gafas aún quedan fuera del ámbito de aplicación de la Directiva. Los contratos de seguro vendidos con carácter auxiliar a la venta de servicios entran en el ámbito de aplicación de la Directiva tras la revisión. Este es el caso, por ejemplo, de los contratos de seguro de viaje vendidos por agencias de viajes, de los contratos de seguros generales vendidos por empresas de alquiler y arrendamiento con opción a compra de automóviles. El artículo 2, reformula las definiciones de la DMS I, introduciendo algunos cambios y nuevas definiciones. · La «mediación de seguros» se amplía para dar cabida a la ampliación del ámbito de aplicación que establece el artículo 1, y se especifica que determinadas actividades realizadas a través de sitios web de búsqueda y comparación de seguros constituyen actividad de mediación de seguros. Se elimina la actividad de «presentación». La «mediación de reaseguros» se modifica de igual manera. · Los «productos de seguro de inversión» se definen siguiendo la definición de «producto de inversión» del Reglamento sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión (Reglamento PPIM). · La definición de «intermediario de seguros ligado» se amplía para incluir a los intermediarios que trabajen bajo la responsabilidad de otro intermediario de seguros. · «Asesoramiento» se define como una recomendación personal efectuada a un cliente a solicitud de este o por otras razones. · Se define «cliente profesional» a efectos de su exclusión de las disposiciones sobre información. · «Practicas de venta cruzada» se define como una práctica en la que dos o más productos se agrupan en una misma venta. · «Comisión contingente» se define como una comisión en la que el importe a pagar se basa en el logro de objetivos acordados. · «Vínculos estrechos» se define como determinadas relaciones entre personas y situaciones que podrían afectar a la capacidad del supervisor para ejercer su labor eficazmente. · «Remuneración» se define para incluir, además de los pagos (honorarios, comisiones, etc.), las ventajas económicas de cualquier tipo. · Se introducen modificaciones aclaratorias de las definiciones de «Estado miembro de origen», «Estado miembro de acogida», «intermediario de seguros», «intermediario de reaseguros» y «soporte duradero». Capítulo II – Condiciones de registro El artículo 3 apenas introduce cambios en las condiciones de registro, pero dispone que la AESPJ cree un registro electrónico único (conexión de las bases de datos nacionales) y que se facilite información sobre determinadas relaciones con otras personas. Este registro electrónico único funcionará como un portal con conexión a los registros nacionales. Asimismo, se exime del registro a las personas que entren en el ámbito de aplicación del procedimiento de declaración (véase el artículo 4). Capítulo III – Procedimiento de declaración El artículo 4 establece un procedimiento simplificado que exime a dos categorías de personas del procedimiento de registro antes mencionado, permitiéndoles realizar actividades de mediación mediante una simple declaración. Se trata de las siguientes personas: · aquellas cuya actividad de mediación de seguros sea auxiliar de su actividad principal y que reúnan una serie de otras condiciones (por ejemplo, las agencias de viajes); grosso modo, esas otras condiciones consisten en que los productos sean complementarios de otro producto o servicio y no ofrezcan cobertura de seguro de vida o de responsabilidad civil, salvo de forma accesoria; · asimismo, se exime a quienes realicen solo actividades de gestión de siniestros a título profesional y de peritaje. El procedimiento de declaración se aplica principalmente a las agencias de viajes, las empresas de alquiler de automóviles que vendan productos de seguro y a quienes realicen peritajes o gestión de siniestros. Capítulo IV – Libre prestación de servicios y libertad de establecimiento Los artículos 5, 6 y 7 son reflejo de lo dispuesto en el artículo 5 de la DMS I, la propuesta de MiFID revisada y el Protocolo de Luxemburgo[12]. Se aborda también el reparto de competencias entre los supervisores del Estado miembro de origen y de acogida, en particular en las situaciones en las que un intermediario de seguros o reaseguros incumpla sus obligaciones mientras ejerce su actividad en el Estado miembro de acogida. Capítulo V – Otros requisitos de organización El artículo 8 establece los requisitos profesionales y de organización que recoge el artículo 4 de la DMS I: poseer los conocimientos y aptitudes apropiados; gozar de buena reputación; disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional y adoptar medidas de protección frente a la posibilidad de que el intermediario no pueda transferir la prima a la empresa de seguros, o el importe de la indemnización o el reembolso de la prima al asegurado. Establece también el requisito de formación profesional permanente. En aras de la proporcionalidad, las normas aplicables a quienes realicen actividades de mediación con carácter auxiliar o cuyas actividades se limiten a la gestión profesional de siniestros serán proporcionadas a la complejidad del producto vendido. Por consiguiente, el artículo 8 no se aplica plenamente a estos intermediarios Se faculta a la Comisión para adoptar actos delegados en los que se detalle el concepto de conocimientos y aptitudes apropiados. El artículo 9 se refiere a la publicación de normas de interés general. Este artículo varía frente al artículo 6 de la DMS I, exigiendo ahora a los Estados miembros que publiquen las normas de interés general, y a la AESPJ que recabe y publique información sobre dichas normas (en la Comunicación Interpretativa de la Comisión «Libre prestación de servicios e interés general en el sector de seguros» [2000/C 43/03] figura una exposición indicativa de los principios de interés general en relación con las Terceras Directivas de seguros). Los artículos 10 a 12, reformulan los antiguos artículos 7, 9 y 10, sobre las autoridades competentes, el intercambio de información entre los Estados miembros y las quejas. El artículo 13 se refiere a los procedimientos para la resolución extrajudicial de litigios con los clientes, y refuerza el antiguo artículo 11 de la DMS I, exigiendo (en lugar de exhortar) a los Estados miembros que establezcan procedimientos y velen por la participación en ellos. El artículo 14 se refiere a la restricción en el uso de intermediarios. Amplía el antiguo artículo 3, apartado 6, de la DMS I a las empresas de reaseguros y a los intermediarios de seguros y reaseguros, y tiene en cuenta el procedimiento de declaración (véase el artículo 4). Capítulo VI – Obligaciones de información y normas de conducta Los artículos 15 a 20 reformulan los requisitos de información, la exención relativa a los grandes riesgos, las disposiciones más estrictas del antiguo artículo 12 y las condiciones de información del antiguo artículo 13. Establecen, además, las siguientes disposiciones adicionales: · El principio general de que los intermediarios deben actuar en el mejor interés de sus clientes. · Requisitos de información similares para las empresas de seguros. · La obligación de que los intermediarios de seguros revelen la base y el importe de su remuneración. · La obligación de divulgar el importe de toda remuneración variable que perciban los empleados de ventas de las empresas y los intermediarios de seguros. · Un régimen obligatorio de «plena información» para la venta de productos de seguro de vida y un régimen de «información a solicitud» para la venta de productos de seguro no de vida, con un período transitorio de cinco años. Transcurrido el período transitorio de cinco años, el régimen de plena información se aplicará automáticamente también a la venta de productos de seguro no de vida. Durante el período transitorio, la propuesta distingue entre los productos de vida y no de vida. En la venta de productos de seguro de vida, la remuneración (comisión) tiende a ser más elevada. Además, los productos de seguro de vida están más próximos a los productos de inversión y su adquisición constituye una inversión a largo plazo. En el caso de los productos de seguro no de vida, la situación es diferente. La remuneración es generalmente inferior (comisión de entre aproximadamente el 5 % y el 10 % de la prima) y el producto conlleva menos riesgos. En la mayoría de los países de la UE, el consumidor puede cambiar a otro producto sustitutivo muy fácilmente y de forma asequible. · La obligación de que las empresas y los intermediarios de seguros faciliten al cliente, antes de celebrar un contrato, suficiente información sobre el producto de seguro de modo que pueda tomar una decisión fundada. · El requisito de que la AESPJ garantice que la información que reciba sobre disposiciones nacionales más estrictas se comunique a las empresas y los intermediarios de seguros, así como a los consumidores. · Otras excepciones al requisito general de facilitar la información en un soporte duradero. Por lo que atañe a una mayor protección de los consumidores, estas disposiciones ofrecen más transparencia respecto a la Directiva original (2002/92/CE) en relación con la naturaleza, la estructura y el importe de la remuneración del intermediario, y arrojan claridad sobre la relación entre el comitente y el agente, incluido el modo en que la misma puede repercutir en el asesoramiento. La protección de los consumidores ha progresado significativamente en los últimos años, y los consumidores de hoy buscan cada vez más información y son conscientes de los costes. La comunicación de los distintos componentes del precio total -incluida la remuneración del intermediario- permitirá al cliente elegir basándose en la cobertura del seguro, los servicios conexos (por ejemplo, si el intermediario se ocupa también de gestionar los siniestros) y el precio. Esto contribuirá a garantizar a los consumidores unos servicios de mediación y unos productos de seguro adecuados y con una buena relación coste-eficacia. La comunicación obligatoria de la remuneración se estima que tendrá efectos positivos en la competencia dentro de la distribución de seguros, al garantizar que los consumidores reciban información más extensa sobre los productos y los costes, así como sobre posibles conflictos de intereses. Será más fácil para los consumidores comparar las coberturas y los precios del seguro frente a los productos vendidos por otros canales de distribución. Varios Estados miembros de la UE ya exigen que se informe sobre la remuneración en relación con algunos productos de seguro, y la MiFID II así lo exigirá en relación con los productos de inversión. Esta nueva información ofrecerá a los consumidores un conocimiento más completo de los servicios que presta el intermediario y los correspondientes costes. La información sobre la remuneración deberá, no obstante, hacerse de forma que pueda efectuarse una comparación entre los intermediarios y los aseguradores directos. La información sobre el precio de la cobertura y los costes de distribución permitirá la comparabilidad. En particular, a fin de evitar situaciones de conflictos de intereses, las empresas de seguros deberán también comunicar la base de cálculo de la remuneración variable que corresponda a sus empleados por la venta de un producto. Estas disposiciones buscan, además, resolver determinados problemas esenciales que plantea la prestación transfronteriza de servicios de mediación de seguros: la falta de seguridad jurídica y de comparabilidad. Si se mejora el marco jurídico armonizado, tanto los intermediarios como sus clientes pueden ser más proclives a vender o adquirir productos de seguro transfronterizamente. Una mejor información facilitará la comparación entre productos y canales de distribución (como se señaló más arriba), algo que en la actualidad resulta particularmente difícil en situaciones de comercio transfronterizo. El artículo 21 introduce una disposición sobre las prácticas de ventas combinadas, y exige que se informe al cliente de que los productos pueden adquirirse por separado, y se aporte determinada información al respecto. Además establece que la AESPJ debe elaborar -y posteriormente actualizar- directrices para la supervisión de estas prácticas. Capítulo VII – Requisitos adicionales de protección del cliente en relación con los productos de seguro de inversión El artículo 22 establece el ámbito de aplicación de estas disposiciones adicionales, que se aplicarán a las empresas o los intermediarios de seguros cuando vendan productos de seguro de inversión El artículo 23 contiene disposiciones adicionales sobre los conflictos de intereses, y establece que deben determinarse tales conflictos. Faculta a la Comisión para que, mediante acto delegado: · especifique las medidas necesarias para detectar, prevenir, gestionar y comunicar esos conflictos; y · establezca criterios para la especificación de los tipos de conflictos que pueden perjudicar a los intereses de los clientes. El artículo 24 se basa en el artículo [23] de la MiFID II. Establece la obligación que impone la MiFID II de: · actuar con honestidad, equidad y profesionalidad, en el mejor interés de los clientes; · velar por que la información sea veraz, clara y no engañosa; · aportar información sobre la empresa o el intermediario de seguros, y sus servicios (en particular, si se ofrece o no asesoramiento de forma independiente), sobre el alcance de un posible análisis de mercado (si se ofrecerá o no una evaluación continua de la adecuación), sobre las estrategias y los productos de inversión propuestos, y sobre los costes. Asimismo, especifica los criterios para determinar si el asesoramiento es independiente, que incluyen la obligación de evaluar productos disponibles en el mercado y de no aceptar remuneración de terceros. Se faculta a la Comisión para adoptar actos delegados que garanticen el cumplimiento de este artículo. El artículo 25 establece cómo debe evaluarse la idoneidad y la adecuación, y exige que se obtenga información del cliente. En las ventas sin asesoramiento, el intermediario o empresa debe obtener información sobre los conocimientos y la experiencia del cliente para determinar si el producto es adecuado para él. En las ventas con asesoramiento, debe averiguarse la situación financiera del cliente y sus objetivos de inversión para determinar si el producto es adecuado. Cuando un producto no sea adecuado o idóneo, según el caso, debe advertirse al cliente de ello. El vendedor también deberá conservar documentación sobre las condiciones en que prestará servicios al cliente, y proporcionar informes a este. Se faculta a la Comisión para adoptar actos delegados que garanticen el cumplimiento de este artículo. Capítulo VIII - Sanciones El artículo 26 establece que los Estados miembros deben velar por que las autoridades competentes adopten sanciones y medidas administrativas efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de infracción de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la Directiva. Las sanciones y medidas administrativas se aplicarán a las personas físicas o jurídicas que, con arreglo al Derecho nacional, sean responsables de una infracción. Las autoridades competentes deben estar dotadas de todas las facultades de investigación necesarias, y cooperar en los casos transfronterizos. El artículo 27 establece que las sanciones o medidas impuestas por infracciones cometidas deben publicarse. El artículo 28 especifica una serie de infracciones, y establece las sanciones administrativas aplicables a los intermediarios, tales como la revocación del registro y prohibiciones a las personas responsables de las funciones de gestión, así como sanciones pecuniarias de hasta el doble del beneficio derivado de la infracción cuando este pueda determinarse. La presente propuesta no regula las sanciones penales. El artículo 29 establece los factores que deben tenerse en cuenta al aplicar sanciones y medidas, tales como los beneficios derivados de la infracción, las pérdidas ocasionadas a terceros, y el grado de colaboración de la persona responsable, y dispone que la AESPJ debe emitir directrices con respecto a las sanciones. Asimismo, establece que las sanciones y medidas deben comunicarse al intermediario o la empresa, motivando dichas sanciones. El artículo 30 exige mecanismos eficaces para alentar la denuncia de infracciones y proteger adecuadamente a los denunciantes y sus datos personales, así como los datos personales de las personas físicas presuntamente responsables de las infracciones. El artículo 31 dispone que debe facilitarse anualmente a la AESPJ información agregada con respecto a las infracciones, que la AESPJ deberá publicar. Se faculta a la Comisión para adoptar normas técnicas de ejecución en este sentido, que la AESPJ deberá elaborar y presentar a la Comisión [6] meses después de la publicación de la Directiva. Capítulo IX – Disposiciones finales Los artículos 32 a 39 reformulan (y actualizan, en su caso) las disposiciones finales de la DMS I sobre el derecho a acudir a los tribunales, la incorporación y entrada en vigor, la derogación de legislación previa y los destinatarios. Además, los artículos 33 y 34 establecen las condiciones aplicables a la facultad de la Comisión de adoptar actos delegados según se especifica en esta Directiva, y el artículo 35 prevé un proceso de reexamen y evaluación de la Directiva por la Comisión después de su entrada en vigor. En ese reexamen se analizarán, en particular, los efectos de las normas de información que establece el artículo 17, apartado 2, sobre los intermediarios de seguros no de vida que sean pequeñas y medianas empresas. 4. INCIDENCIA PRESUPUESTARIA En la ficha financiera que acompaña a esta propuesta se evalúa la incidencia presupuestaria específica para la Comisión. La incidencia presupuestaria de la propuesta está relacionada con los cometidos asignados a la AESPJ, según se especifica en la ficha financiera legislativa que acompaña a la presente propuesta. La propuesta tiene repercusiones en el presupuesto de la Unión. ê 2002/92/CE (adaptado) 2012/0175 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la mediación en los seguros (Refundición) (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Ö de Funcionamiento de la Unión Europea Õ y, en particular, el apartado 2 de su artículo 47 y el artículo 55 Ö su artículo 53, apartado 1, y su artículo 62 Õ, Vista la propuesta de la Comisión Europea, ò nuevo Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, ê 2002/92/CE Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, ò nuevo Previa consulta del Supervisor Europeo de Protección de Datos, ê 2002/92/CE ð nuevo De conformidad con el procedimiento ð legislativo ordinario ï establecido en el artículo 251 del Tratado, Considerando lo siguiente: ò nuevo (1) Procede introducir una serie de modificaciones en la Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre de 2002, sobre la mediación en los seguros[13]. En aras de la claridad, la citada Directiva debe refundirse. (2) El objetivo y objeto principal de la presente Directiva es armonizar las disposiciones nacionales aplicables en los ámbitos mencionados, por lo que la misma ha de basarse en el artículo 53, apartado 1, y en el artículo 62 del TFUE. La forma de Directiva resulta oportuna a fin de que las disposiciones de aplicación en los ámbitos regulados por la presente Directiva puedan adaptarse, en su caso, a las posibles especificidades del mercado y del sistema jurídico concretos de cada Estado miembro. La presente Directiva persigue también la coordinación de las disposiciones nacionales que regulan el acceso a la actividad de mediación de seguros y de reaseguros, incluidos la gestión de siniestros a título profesional y el peritaje, y, por tanto, se basa en el artículo 53, apartado 1, del Tratado. Asimismo, dado que se trata de un sector que ofrece servicios en toda la Unión, la presente Directiva se basa también en el artículo 62 del Tratado. ê 2002/92/CE considerando 1 (adaptado) (3) Los intermediarios de seguros y reaseguros desempeñan un papel fundamental en la distribución de productos de seguros y reaseguros en la Comunidad Ö Unión Õ. ê 2002/92/CE considerando 2 La Directiva 77/92/CEE del Consejo, de 13 diciembre 1776, relativa a las medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios para las actividades de agente y de corredor de seguros (ex grupo 630 CITI) y por la que se establecen, en particular, medidas transitorias para estas actividades[14], supuso un primer paso en el objetivo de facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios para los agentes y corredores de seguros. ê 2002/92/CE considerando 3 La Directiva 77/92/CEE debía seguir siendo aplicable hasta la entrada en vigor de disposiciones que coordinasen las normas nacionales sobre el acceso y ejercicio de las actividades de agente y de corredor de seguros. ê 2002/92/CE considerando 4 La Recomendación 92/48/CEE de la Comisión, de 16 diciembre 1791, sobre los mediadores de seguros[15] fue seguida en gran parte por los Estados miembros y contribuyó a aproximar las normas nacionales sobre los requisitos profesionales y el registro de los intermediarios de seguros. ê 2002/92/CE considerando 9 ð nuevo (4) Pueden distribuir los productos de seguros diversas personas o instituciones entidades: agentes, corredores, operadores de bancaseguro, ð empresas de seguros, agencias de viajes y empresas de alquiler de automóviles, ï etc. La igualdad de trato entre los operadores y la protección del cliente requieren que todas estas personas o instituciones entidades se contemplen en la presente Directiva. ò nuevo (5) La aplicación de la Directiva 2002/92/CE ha dejado patente la necesidad de precisar más una serie de disposiciones, al objeto de facilitar el ejercicio de la mediación en los sectores de seguros y de reaseguros, y, asimismo, que la protección del consumidor exige ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva a todas las ventas de productos de seguro, ya se realicen a través de intermediarios de seguros o de empresas de seguros. Las empresas de seguros que vendan productos de seguro directamente deben estar comprendidas en el ámbito de aplicación de la nueva Directiva, en condiciones similares a las de los agentes y corredores de seguros, por lo que atañe a sus ventas, sus servicios postventa y sus procedimientos en caso de siniestro. (6) Al objeto de garantizar un mismo nivel de protección, sea cual sea el canal a través del cual el consumidor adquiera un producto de seguro, bien directamente a una empresa de seguros, bien indirectamente a un intermediario, es necesario incluir en el ámbito de la presente Directiva, además de a las empresas de seguros, a otros participantes en el mercado que vendan productos con carácter auxiliar (por ejemplo, las agencias de viajes, las empresas de alquiler de automóviles y los proveedores de bienes que no reúnen las condiciones para estar exentos). (7) La presente Directiva debe aplicarse a las personas cuya actividad consista en asistir (por cuenta de un cliente o de una empresa de seguros) en la gestión y ejecución de un contrato de seguro o de reaseguro, tal como la actividad de gestión de siniestros a título profesional, o de peritaje o liquidación de siniestros. ê 2002/92/CE considerando 5 (8) Sin embargo, eExisten aún entre las normativas nacionales diferencias de importancia, las cuales constituyen obstáculos al acceso y ejercicio de las actividades de los intermediarios de seguros y reaseguros en el mercado interior. Conviene por consiguiente sustituir la Directiva 77/92/CEE por una nueva Directiva. ò nuevo (9) Las recientes y las actuales turbulencias financieras han puesto de manifiesto la importancia de garantizar la protección del consumidor de manera efectiva en todos los sectores financieros. Por ello, resulta oportuno fortalecer la confianza del cliente y hacer más uniforme el régimen regulador aplicable a la distribución de los productos de seguro, a fin de garantizar un nivel de protección del cliente adecuado en toda la Unión. Las medidas de protección del cliente deben adaptarse a las especificidades de cada categoría de cliente (profesional o de otro tipo). ê 2002/92/CE considerando 11 ð nuevo (10) La presente Directiva debe aplicarse a las personas cuya actividad consistae en suministrar a terceros servicios de mediación de seguros ðo de reaseguros ï a cambio de una retribución remuneración, que puede ser pecuniaria o revestir cualquier otra forma de ventaja económica acordada y relacionada con la prestación suministrada por dichos intermediarios. ò nuevo (11) La presente Directiva debe aplicarse a aquellas personas cuya actividad consista en proporcionar información sobre uno o varios contratos de seguro o de reaseguro a partir de unos criterios seleccionados por el cliente a través de un sitio web o por otra vía, o proporcionar una clasificación de productos de seguro o reaseguro o un descuento sobre el precio del contrato cuando el cliente pueda celebrar directamente un contrato de seguro al final del proceso; no debe aplicarse a las actividades meramente de presentación consistentes en proporcionar información sobre posibles tomadores a los intermediarios o empresas de seguros o reaseguros, o información sobre los productos de seguro o reaseguro o sobre una empresa o un intermediario de seguros o reaseguros a posibles tomadores. ê 2002/92/CE considerando 12 (12) La presente Directiva no debe aplicarse a las personas que ejerzan otra actividad profesional, por ejemplo, experto fiscal o contable, que asesoren en materia de seguros de forma accesoria en el marco de esta otra actividad profesional, ni a quienes faciliten simple información de carácter general sobre los productos de seguro, siempre que dicha actividad no tenga como objetivo niayudar al cliente a celebrar o a ejecutar un contrato de seguro o de reaseguro, ni gestionar, de forma profesional, los siniestros de una compañía de seguros o de reaseguros, ni efectuar actividades de peritaje y de liquidación de siniestros. ê 2002/92/CE considerando 13 ð nuevo (13) La presente Directiva no se debe aplicar a las personas que ejerzan la mediación de seguros como actividad auxiliar bajo determinadas condiciones estrictas ð restrictivas en lo que atañe al contrato y, más concretamente, los conocimientos necesarios para venderlo, los riesgos asegurados y el importe de la prima ï . ê 2002/92/CE considerando 10 (adaptado) (14) La presente Directiva contiene una definición de Ö define Õ «intermediario de seguros ligado» que toma Ö para tener Õ en cuenta las características de los determinados mercados de determinados los Estados miembros y cuyo objetivo es establecer las condiciones de registro que pueden aplicarse aplicables a dichos intermediarios. Esta definición no impide que los Estados miembros tengan conceptos similares a éste, referentes a intermediarios de seguros que, sin dejar de actuar por cuenta de una compañía de seguros y en su nombre, y bajo la total responsabilidad de dicha compañía, estén habilitados para percibir primas y cantidades de dinero destinados a los clientes según las condiciones de garantía financiera establecidas en la presente Directiva. ê 2002/92/CE considerando 14 ð nuevo (15) Los intermediarios de seguros y reaseguros ð que sean personas físicas ï deben ser registrados en por la autoridad competente del Estado miembro en el que residan o en el que tengan su domicilio social, siempre y cuando cumplan requisitos profesionales estrictos en relación con su competencia, honorabilidad, seguro de responsabilidad profesional y capacidad financiera; ðaquellos que sean personas jurídicas deben ser registrados por la autoridad competente del Estado miembro en que tengan su domicilio social (o si, conforme al Derecho nacional aplicable, carecen de domicilio social, su administración central), siempre y cuando cumplan requisitos profesionales estrictos por lo que atañe a sus aptitudes, buena reputación, seguro de responsabilidad civil profesional y capacidad financiera. Los intermediarios de seguros que ya estén registrados en Estados miembros no deben estar obligados a registrarse nuevamente en virtud de la presente Directiva. ï ê 2002/92/CE considerando 6 y considerando 15 (adaptado) ð nuevo (16) Los intermediarios de seguros y reaseguros deben poder gozar de los derechos de libertad de establecimiento y libre prestación de servicios consagrados en el Tratado. Dicho registro Ö En consecuencia, el registro o Õ ð una declaración en sus Estados miembros ï debe permitir a los intermediarios de seguros y reaseguros ejercer sus actividades en otros Estados miembros en virtud de los principios de libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios, siempre y cuando se haya seguido un procedimiento de notificación adecuado entre las autoridades competentes. ê 2002/92/CE considerando 16 (nuevo) (17) Conviene imponer sanciones adecuadas a las personas que ejerzan la actividad de mediación de seguros o reaseguros sin estar registradas, a las empresas de seguros o reaseguros que empleen los servicios de intermediarios no registrados y a los intermediarios que no cumplan las normas nacionales adoptadas de conformidad con la presente Directiva. ò nuevo (18) En aras de una mayor transparencia, y a fin de facilitar la actividad transfronteriza, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) debe crear, hacer pública y mantener actualizada una base de datos única en la que consten inscritos todos los intermediarios de seguros y de reaseguros que hayan notificado su intención de ejercer el derecho a la libertad de establecimiento o la libre prestación de servicios. Los Estados miembros deben facilitar a la AESPJ la información pertinente a la mayor brevedad posible a fin de que pueda llevar a cabo esa labor. En la base de datos debe figurar un hiperenlace a las autoridades competentes pertinentes de cada Estado miembro. Cada autoridad competente de cada Estado miembro debe, a su vez, incluir en su sitio web un hiperenlace a esta base de datos. (19) Deben establecerse claramente los derechos y las responsabilidades de los Estados miembros de origen y de acogida en lo referente a la supervisión de los intermediarios de seguros y de reaseguros que estén registrados en ellos o que desarrollen actividades de mediación de seguros o reaseguros en su territorio en el ejercicio de la libertad de establecimiento o la libre prestación de servicios. (20) Los Estados miembros no deben aplicar los requisitos de registro a aquellos intermediarios de seguros que desarrollen la actividad de mediación de seguros en relación con determinados tipos de contratos de seguro con carácter auxiliar, o en relación con la actividad de gestión de siniestros a título profesional o de peritaje o liquidación de siniestros, a condición de que cumplan lo dispuesto en la presente Directiva sobre conocimientos, aptitudes y buena reputación, así como las disposiciones aplicables en materia de información y normas de conducta, y que se haya presentado a la autoridad competente una declaración de actividad. ê 2002/92/CE considerando 7 (adaptado) (21) La imposibilidad para los intermediarios de seguros de ejercer libremente en toda la Ö Unión Õ Comunidad constituye un obstáculo al correcto funcionamiento del mercado único de los seguros. ò nuevo (22) Es importante garantizar un elevado nivel de profesionalidad y competencia entre los intermediarios de seguros y de reaseguros y los empleados de aseguradores directos que intervengan en la actividad de venta de seguros, ya sea en la fase preparatoria, durante la venta o con posterioridad a la misma. Así pues, los conocimientos profesionales de los intermediarios, los empleados de aseguradores directos, las empresas de alquiler de automóviles y las agencias de viajes, así como de las personas que realicen actividades de gestión de siniestros, de peritaje o liquidación de siniestros, deben estar en consonancia con el nivel de complejidad de esas actividades. Debe garantizarse su formación permanente. ê 2002/92/CE considerando 8 ð nuevo (23) La coordinación de las normativas nacionales sobre los requisitos profesionales y el registro de las personas que acceden a la actividad de mediación de seguros ð o de reaseguros ï y ejercen dicha actividad pueden contribuir por tanto a la realización del mercado único de los servicios financieros y a una mayor protección del consumidor en este ámbito. ò nuevo (24) Al objeto de potenciar la actividad transfronteriza, deben introducirse principios que regulen el reconocimiento mutuo de los conocimientos y las aptitudes de los intermediarios. (25) El Estado miembro de acogida debe aceptar una cualificación nacional acreditada de nivel 3 o superior, dentro del Marco Europeo de Cualificaciones establecido conforme a la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente[16], como prueba de que un intermediario de seguros o de reaseguros reúne los requisitos en materia de conocimientos y aptitudes necesarios para ser registrado, de acuerdo con la presente Directiva. El citado marco ayuda a los Estados miembros, las instituciones educativas, los empleadores y los particulares a comparar las cualificaciones de los sistemas educativos y formativos de toda la Unión. Se trata de una instrumento esencial para el desarrollo de un mercado laboral a escala de la Unión. Su finalidad no es sustituir a los sistemas de cualificaciones nacionales, sino complementar la actuación de los Estados miembros facilitando la cooperación entre ellos. (26) Pese a los sistemas de pasaporte único que ya existen para los aseguradores y los intermediarios, el mercado europeo de seguros sigue estando muy fragmentado. Con el fin de facilitar la actividad transfronteriza y ofrecer mayor transparencia al consumidor, los Estados miembros deben velar por que se publiquen las normas de interés general aplicables en sus territorios, y debe ponerse a disposición del público un registro electrónico único e información sobre las normas de interés general de todos los Estados miembros que sean aplicables a la actividad de mediación de seguros y de reaseguros. ê 2002/92/CE considerando 17 (27) La cooperación y el intercambio de información entre las autoridades competentes es son fundamentales para proteger a los consumidores y garantizar la solidez del sector de los seguros y reaseguros en el mercado único. ê 2002/92/CE considerando 22 ð nuevo (28) Son precisos procedimientos ðextrajudiciales ï adecuados y eficaces de reclamación y recurso en los Estados miembros, a fin de resolver los conflictos entre los intermediarios ð o las empresas ï de seguros y los consumidores, utilizando, en su caso, los procedimientos existentes. ðDeben existir procedimientos de reclamación y de recurso extrajudiciales efectivos para resolver los litigios que surjan entre las empresas de seguros o personas que vendan u ofrezcan productos de seguro y sus clientes en relación con los derechos y obligaciones establecidos en virtud de la presente Directiva. A fin de hacer más eficaces los procedimientos extrajudiciales de resolución de litigios que se refieran a reclamaciones presentadas por clientes, la presente Directiva debe prever que las empresas de seguros o las personas que vendan u ofrezcan productos de seguro estén obligadas a participar en aquellos procedimientos de resolución de litigios que no culminen en una decisión vinculante y que hayan sido entablados contra ellos por clientes en relación con los derechos y obligaciones establecidos en virtud de la presente Directiva. La finalidad de estos procedimientos extrajudiciales de resolución de litigios sería dirimir de forma más rápida y menos onerosa los litigios entre las empresas de seguros o las personas que vendan u ofrezcan productos de seguro y sus clientes, y aliviar la carga del sistema judicial. No obstante, dichos procedimientos extrajudiciales no deben menoscabar los derechos de las partes en ellos involucradas a emprender acciones judiciales. ï ê 2002/92/CE considerando 23 ð nuevo Sin perjuicio del derecho de los clientes a de emprender acciones judiciales ante los tribunales de justicia, los Estados miembros deben ð velar por que las entidades responsables de la resolución alternativa de los litigios a que se refiere la presente Directiva cooperen ï incitar a los organismos públicos o privados creados a fin de resolver los conflictos al margen de los tribunales a cooperar en la resolución de los conflictos transfronterizos. ðLos Estados miembros deben alentar a dichas entidades a que se adhieran a la red FIN-NET[17]. ï Por ejemplo, esta cooperación podría permitir a los consumidores dirigir a los órganos extrajudiciales del Estado miembro de su propio país de residencia las denuncias sobre intermediarios de seguros establecidos en otros Estados miembros. La creación de la red FIN-NET ofrece una mayor ayuda a los consumidores cuando utilizan servicios transfronterizos. En las disposiciones relativas a los procedimientos se debe tener en cuenta la Recomendación 98/257/CE de la Comisión, de 30 marzo 1798, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo[18]. ò nuevo (29) La continua ampliación de la gama de actividades que muchos intermediarios y empresas de seguros desarrollan simultáneamente ha incrementado las posibilidades de que surjan conflictos de intereses entre esas diferentes actividades y los intereses de sus clientes. Por ello, resulta necesario que los Estados miembros establezcan normas que garanticen que tales conflictos no lesionen los intereses del cliente. (30) Los consumidores deben disponer de antemano de información clara sobre la condición en que actúan las personas que venden el producto de seguro y sobre la remuneración que reciben. Es necesario establecer que los intermediarios y las empresas de seguros europeos estén obligados a informar sobre dicha condición. Esta información ha de facilitarse al consumidor en la fase precontractual. La finalidad es dar a conocer la relación entre la empresa de seguros y el intermediario (en su caso) y la estructura y composición de la remuneración de los intermediarios. (31) A fin de mitigar los conflictos de intereses entre el vendedor y el comprador de un producto de seguro, es necesario garantizar información suficiente sobre la remuneración de los distribuidores de seguros. Consiguientemente, en los productos de seguro de vida, el intermediario y los empleados del intermediario de seguros o la empresa de seguros deben estar obligados a informar al cliente sobre su remuneración antes de la venta. En el caso de otros productos de seguro, y sin perjuicio de un período transitorio de cinco años, debe informarse al cliente de su derecho a solicitar esa información, que debe proporcionársele cuando así lo haga. (32) Al objeto de que el cliente disponga de información comparable sobre los servicios de mediación de seguros prestados, ya efectúe su compra a través de un intermediario o directamente a una empresa de seguros, y de evitar el falseamiento de la competencia al incitar a las empresas de seguros a vender directamente a los clientes, en lugar de a través de intermediarios, para sortear las obligaciones de información, dichas empresas deben también estar obligadas a facilitar a los clientes con quienes traten directamente para la prestación de servicios de mediación información sobre la remuneración que reciben por la venta de productos de seguro. (33) La finalidad de la presente propuesta es aumentar la protección del consumidor, por lo que algunas de sus disposiciones solo afectan a las relaciones entre empresas y consumidores, especialmente aquellas que regulan las normas de conducta de los intermediarios de seguros o de otros vendedores de productos de seguro. (34) A fin de evitar que se produzcan ventas inapropiadas, cuando resulte necesario, la venta de productos de seguro debe ir acompañada de asesoramiento honesto y profesional. ê 2002/92/CE considerando 18 (35) Para el consumidor es esencial saber si trata con un intermediario que le asesora sobre los productos de un amplio número de empresas de seguros o bien sobre los productos ofrecidos por un número específico de empresas de seguros. ê 2002/92/CE considerando 20 ð nuevo (36) ðLos consumidores dependen cada vez más de recomendaciones personales, por lo que resulta oportuno incluir una definición de asesoramiento. Antes de asesorar al cliente, el intermediario de seguros o la empresa de seguros deben analizar las necesidades y los deseos del cliente, así como su situación financiera. ï Si el intermediario afirma facilitar asesoramiento sobre los productos de un amplio número de empresas de seguros, debe efectuar un análisis objetivo y suficientemente amplio de los productos disponibles en el mercado. ð Todos los intermediarios de seguros y empresas de seguros ï Ddeben explicar, además, las razones en que se basa su asesoramiento. ò nuevo (37) Antes de celebrar un contrato, incluso en las ventas sin asesoramiento, debe darse al cliente la información pertinente sobre el producto de seguro, de modo que pueda tomar una decisión fundada. El intermediario de seguros debe poder explicar al cliente las características esenciales de los productos que vende. (38) Deben establecerse normas uniformes que dejen a la persona que vende el producto de seguros un cierto margen de elección por lo que respecta al soporte en el se proporcione la información al cliente, permitiendo las comunicaciones electrónicas cuando resulte adecuado por las circunstancias de la operación. No obstante, el cliente debe tener la posibilidad de recibir la información en papel. En aras del acceso del cliente a la información, toda la información precontractual debe facilitarse siempre de forma gratuita. ê 2002/92/CE considerando 21 ð nuevo (39) Es menos necesario exigir que se facilite esta información cuando el consumidor es una empresa que deseea contratar un seguro o reaseguro de riesgos comerciales e industriales ð o sea un cliente profesional (véase el anexo I de la Directiva) ï . ê 2002/92/CE considerando 19 (adaptado) ð nuevo (40) La presente Directiva debe precisar las obligaciones ð mínimas ï que en materia de información que deben presentar tener ð las empresas de seguros y ï los intermediarios de seguros frente a los clientes. Un Estado miembro Ö debe poder Õ podrá, a este respecto, mantener o adoptar disposiciones más estrictas que puedanpodrán imponerse a los intermediarios de seguros y ð las empresas de seguros ï , con independencia de su lugar de residencia, ð de las disposiciones de su Estado miembro de origen ï , cuando que ejerzan sus actividades de mediación ð de seguros ï en su territorio, a condición de que dichas disposiciones más estrictas sean conformes al Derecho Ö de la Unión Õ comunitario, incluida la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico, en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico)[19]. ð Todo Estado miembro que prevea aplicar y que aplique a los intermediarios de seguros y a la venta de productos de seguro disposiciones adicionales a las establecidas en la presente Directiva debe cerciorarse de que las obligaciones administrativas que se deriven de tales disposiciones sean conmensuradas desde la óptica de la protección del consumidor. En aras de esa protección y con el fin de evitar la venta inapropiada de productos de seguro, los Estados miembros, con carácter excepcional, deben estar autorizados a aplicar los requisitos más estrictos a los intermediarios de seguros que realicen actividades de mediación de seguros con carácter auxiliar, siempre que lo consideren necesario y proporcionado. ï ò nuevo (41) Las prácticas de venta cruzada son una estrategia común entre los proveedores de servicios financieros minoristas de toda la Unión. Pueden ofrecer ventajas a los consumidores, pero puede también suceder que no se tengan adecuadamente en cuenta sus intereses. Por ejemplo, determinadas prácticas o productos de venta cruzada, como las prácticas de venta vinculada, que consisten en la venta de dos o más servicios o productos financieros en un paquete en el que al menos uno de esos servicios o productos no se vende separadamente, pueden falsear la competencia y afectar negativamente a la movilidad de los consumidores y a su capacidad de elegir con conocimiento de causa. Un ejemplo de prácticas de venta vinculada es la apertura obligatoria de una cuenta corriente cuando se presta un servicio de seguro a un cliente, con el fin de pagar las primas, o la celebración obligatoria de un contrato de seguro de automóvil cuando se otorga un crédito de consumo a un cliente, para asegurar el automóvil financiado. Si bien las prácticas de venta combinada, en las que dos o más servicios o productos financieros se venden conjuntamente en un paquete, pero cada uno de los servicios o productos puede adquirirse también separadamente, pueden asimismo falsear la competencia y afectar negativamente a la movilidad del cliente y a su capacidad de elegir con conocimiento de causa, al menos dejan a este libertad de elección, por lo que no plantearían tanto el peligro de que los intermediarios de seguros sorteen las obligaciones impuestas por la presente Directiva. Es necesario evaluar detenidamente el recurso a estas prácticas con el fin de promover la competencia y la libre elección del consumidor. (42) A menudo, se ofrecen a los clientes contratos de seguro que comportan inversiones, como posibles alternativas o sustitutos de productos de inversión sujetos a la Directiva [MiFID II][20]. En aras de una protección coherente del inversor y a fin de evitar el riesgo de arbitraje regulador, resulta importante que los productos de inversión minorista (productos de seguro de inversión, según se definen en el Reglamento sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión) sean objeto de las mismas normas de conducta, esto es: el aporte de información apropiada, la obligación de que el asesoramiento sea adecuado, la restricción de los incentivos, y obligaciones por lo que atañe a la gestión de los conflictos de intereses, y, en el caso de los asesores independientes, restricciones en cuanto a la forma de remuneración. La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y la AESPJ deben colaborar entre sí para lograr la mayor coherencia posible en las normas de conducta relativas a los productos de inversión minorista sujetos a la [MiFID II] o a la presente Directiva, mediante directrices. A los productos de seguro de inversión deben aplicárseles, a la vez, las normas de la presente Directiva aplicables a todos los contratos de seguro (capítulo VII de la presente Directiva) y la normas reforzadas para los productos de seguro de inversión. Por consiguiente, quienes desarrollen actividades de mediación de seguros que se refieran a productos de seguro de inversión deben cumplir las normas de conducta aplicables a todos los contratos de seguro y las normas reforzadas aplicables a los productos de seguro con fines de inversión. (43) A fin de garantizar que las empresas de seguros y las personas que desarrollen actividades de mediación de seguros cumplan lo dispuesto en la presente Directiva, y reciban un trato similar en toda la Unión, los Estados miembros deben establecer sanciones y medidas administrativas que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. En la Comunicación de la Comisión «Regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de servicios financieros», de 8 de diciembre de 2010[21], se examinan las facultades vigentes y su aplicación práctica con el fin de favorecer la convergencia de las sanciones y medidas. Así, las sanciones y medidas administrativas establecidas por los Estados miembros deben reunir ciertos requisitos esenciales por lo que se refiere a los destinatarios, los criterios a la hora de aplicarlas, la publicación, las facultades sancionadoras esenciales y el nivel de las sanciones administrativas pecuniarias. (44) En particular, las autoridades competentes deben estar facultadas para imponer sanciones pecuniarias suficientemente elevadas como para que contrarresten las ventajas que quepa esperar y resulten disuasorias incluso para las grandes entidades y sus directivos. (45) Al objeto de que las sanciones se apliquen de forma coherente en todos los Estados miembros, estos deben cerciorarse de que las autoridades competentes tengan en cuenta todas las circunstancias pertinentes a la hora de determinar el tipo de medidas o sanciones administrativas y el nivel de las sanciones administrativas pecuniarias. (46) Con el fin de intensificar el efecto disuasorio sobre el público en general e informar de aquellas infracciones de las normas que puedan ir en detrimento de la protección del cliente, deben publicarse las sanciones y medidas impuestas, salvo en circunstancias muy delimitadas. Para garantizar el cumplimiento del principio de proporcionalidad, las sanciones y medidas impuestas deben publicarse de forma anónima cuando su publicación pueda causar un perjuicio desproporcionado a los afectados. (47) De cara a detectar posibles infracciones, las autoridades competentes deben estar dotadas de las necesarias facultades de investigación, y deben establecer mecanismos efectivos que muevan a informar de las infracciones reales o potenciales. (48) La presente Directiva debe referirse tanto a las sanciones como a las medidas administrativas, con independencia de si en el Derecho nacional se consideran sanciones o medidas. (49) La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las posibles disposiciones de la legislación de los Estados miembros en materia de delitos penales. (50) Con vistas a la consecución de los objetivos de la presente Directiva, procede delegar en la Comisión el poder para adoptar actos, de conformidad con el artículo 290 del Tratado, que especifiquen los conceptos de conocimientos y aptitudes apropiados del intermediario, la gestión de los conflictos de intereses, las obligaciones en materia de normas de conducta por lo que se refiere a los productos preempaquetados de inversión minorista del ámbito del seguro, y los procedimientos y formularios para presentar la información sobre las sanciones. Es especialmente importante que la Comisión lleve a cabo las consultas apropiadas durante sus trabajos preparatorios, incluido a nivel de expertos. Al preparar y redactar los actos delegados, la Comisión debe garantizar una transmisión simultánea, oportuna y apropiada de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo. (51) Las normas técnicas del ámbito de los servicios financieros deben garantizar una armonización coherente y una adecuada protección de los consumidores en toda la Unión. En su calidad de órgano con conocimientos técnicos muy especializados, resulta eficiente y apropiado confiar a la AESPJ la elaboración de proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución que no comporten decisiones políticas, para su presentación a la Comisión. (52) Al amparo de los actos delegados que establecen los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y de acuerdo con los artículos 10 a 15 del Reglamento (UE) nº 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación)[22], la Comisión debe adoptar los actos delegados previstos en el artículo [8] en relación con los conceptos de conocimientos y aptitudes apropiados del intermediario, el artículo [17 y 23] en relación con la gestión de conflictos de intereses y los artículos [24 y 25] en relación con las normas de conducta relativas a los productos preempaquetados de inversión minorista del ámbito del seguro, así como las normas técnicas de ejecución a que se refiere el artículo [30] en relación con los procedimientos y formularios de presentación de la información relativa a las sanciones. El proyecto de estos actos delegados y normas técnicas de ejecución debe elaborarlo la AESPJ. (53) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos bajo la supervisión de las autoridades competentes de los Estados miembros, en particular las autoridades públicas independientes designadas por los Estados miembros[23], y el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos[24], deben aplicarse al tratamiento de datos personales que realice la AESPSJ en el marco de la presente Directiva, bajo la supervisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos. (54) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, según figuran consagrados en el Tratado. (55) De conformidad con la Declaración política conjunta de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos de 28 de septiembre de 2011, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de incorporación, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de incorporación. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada. (56) Resulta oportuno que, cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, se realice un reexamen de la misma a fin de tener en cuenta la evolución del mercado, así como los cambios habidos en otros ámbitos del Derecho de la Unión o la experiencia de los Estados miembros en la implementación del Derecho de la Unión, en particular en lo que atañe a los productos regulados por la Directiva 2003/41/CE. ê 2002/92/CE considerando 24 (adaptado) (57) Procede en consecuencia derogar la Directiva 77/92/CEE Ö 2002/92/CE Õ . ò nuevo (58) La obligación de incorporar la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyan una modificación sustantiva respecto de la Directiva 2002/92/CE. La obligación de incorporar las disposiciones inalteradas se deriva de la Directiva 2002/92/CE. (59) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de incorporación al Derecho nacional de la Directiva 2002/92/CE. ê 2002/92/CE HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: CAPÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES Artículo 1 Ámbito de aplicación ê 2002/92/CE ð nuevo 1. La presente Directiva establece normas sobre el acceso y ejercicio de a las actividades de mediación de seguros y reaseguros y el ejercicio de las mismas,ð incluidas la gestión de siniestros a título profesional y el peritaje, ï por parte de personas físicas y jurídicas establecidas en un Estado miembro o que deseean establecerse en él. ê 2002/92/CE 2. La presente Directiva no se aplicará a las personas proveedoras de servicios de mediación para contratos de seguro cuando concurran todas las circunstancias siguientes: (a) que el contrato de seguro solo exijage que se conozca la cobertura del seguro que se ofrece; (b) que el contrato de seguro no seaes un contrato de seguro de vida; (c) que el contrato de seguro no cubrae ningún riesgo de responsabilidad civil; (d) que la actividad profesional principal de la persona en cuestión seaes distinta de la de mediación de seguros; ê 2002/92/CE (adaptado) (e) que el seguro seaes complementario del bien o del servicio prestado Ö de mercancías suministradas Õ por algún proveedor, cuando dicho seguro cubra: i) el riesgo de avería, pérdida o daño de a las mercancías suministradas por dicho proveedor, o Ö ; Õ ê 2002/92/CE (adaptado) ð nuevo ii) daños al equipaje o pérdida del mismo y demás riesgos relacionados con un viaje contratado con dicho proveedor, incluso cuando el seguro cubra un seguro de vida o los riesgos de responsabilidad civil, siempre que dicha cobertura sea accesoria a la cobertura principal relativa a los riesgos relacionados con dicho viaje; (f) que el importe de la prima anual ð del contrato de seguro, cuando se prorratee para obtener un importe anual, ï no sea superior a Ö 600 EUR Õ 500 euros y la duración total del contrato de seguro, incluidas las posibles prórrogas, no sea superior a cinco años. ê 2002/92/CE (adaptado) 3. La presente Directiva no se aplicará a los servicios de mediación de seguros y reaseguros suministrados en relación con riesgos y compromisos localizados fuera de la Comunidad Ö Unión Õ . ê 2002/92/CE ð nuevo La presente Directiva tampoco no afectará al dDerecho de un Estado miembro en lo referente a la mediación de seguros ð y de reaseguros ï ejercida por ð empresas o ï intermediarios de seguros y reaseguros establecidos en un tercer país y que trabajean en régimen de libre prestación de servicios en su territorio, siempre y cuando esté garantizada la igualdad de trato de todas las personas que ejerzan o puedan ejercer actividades de mediación de seguros ð y de reaseguros ï en ese mercado. La presente Directiva no regulará las actividades de mediación de seguros ð o de reaseguros ï ejercidas en terceros países ni las actividades de las empresas comunitarias de seguros o reaseguros, tal como se definen en la Primera Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida y a su ejercicio(8), y en la Primera Directiva 79/267/CEE del Consejo, de 5 de marzo de 1979, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, referentes al acceso a la actividad del seguro directo sobre la vida, y a su ejercicio(9), ejercidas a través de intermediarios establecidos en terceros países. ò nuevo Los Estados miembros informarán a la Comisión de las dificultades de carácter general que hallen sus intermediarios de seguros para establecerse o ejercer actividades de mediación de seguros en un tercer país. ê 2002/92/CE ð nuevo Artículo 2 Definiciones A efectos de la presente Directiva se entenderá por: 1. «empresa de seguros»: toda empresa que haya recibido autorización oficial con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Directiva 73/239/CEE o en el artículo 6 de la Directiva 79/267/CEE; 2. «empresa de reaseguros»: toda una empresa distinta de una empresa de seguros o de una empresa de seguros de un Estado no miembro cuya actividad principal consista en aceptar los riesgos cedidos por una empresa de seguros, por una empresa de seguros de un Estado no miembro o por otras empresas de reaseguros ð que haya recibido autorización oficial con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 2005/68/CE ï ; ê 2002/92/CE ð nuevo 3. «mediación de seguros»: toda actividad de presentación, ð asesoramiento, ï propuesta o realización de trabajo previo a la celebración de un contrato de seguro, o de celebración de estos contratos, o bien la de asistencia en la gestión y ejecución de dichos contratos, en particular en caso de siniestro ð , así como la actividad de gestión de siniestros a título profesional y de peritaje. ï No tendrán la consideración de mediación de seguros dichas actividades cuando las lleve a cabo una empresa de seguros o un empleado de una empresa de seguros que actúe bajo la responsabilidad de esa empresa. ðSe considerará que estas actividades constituyen también mediación de seguros si las desarrolla una empresa de seguros sin la intervención de un intermediario de seguros. ï ò nuevo A los efectos de la presente Directiva, ninguna de las actividades que a continuación se indican constituirá mediación de seguros: ê 2002/92/CE ð nuevo (a) Tampoco se considerarán como mediación de seguros las actividades de información prestadas con carácter accesorio ð a un cliente ï en el contexto de otra actividad profesional, siempre que dicha actividad no tenga como objetivo ð si el proveedor no efectúa ninguna acción adicional ï para ayudar al cliente a celebrar o a ejecutar un contrato de seguro, ni la gestión de siniestros de una empresa de seguros a título profesional o actividades de peritaje y liquidación de siniestros; ò nuevo (b) el mero suministro de datos y de información sobre tomadores potenciales a los intermediarios de seguros o las empresas de seguros, o de información sobre productos de seguros o sobre un intermediario de seguros o una empresa de seguros a tomadores potenciales. 4. «producto de seguro de inversión»: un contrato de seguro que podría clasificarse también como «producto de inversión», según se define en el artículo 2, letra a), del [Reglamento sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión (PPIM)]; ê 2002/92/CE ð nuevo 5. «intermediario de seguros»: toda persona física o jurídica, ð distinta de una empresa de seguros, ï que, a cambio de una remuneración, emprenda o realice una actividad de mediación de seguros; ê 2002/92/CE ð nuevo 64. «mediación de reaseguros»: toda actividad de presentación, ð asesoramiento, ï propuesta o realización de trabajo previo a la celebración de un contrato de reaseguro, o de celebración de estos contratos, o bien la de asistencia en la gestión y ejecución de dichos contratos, en particular en caso de siniestro, ð así como la actividad de gestión de siniestros a título profesional y de peritaje ï These activities when undertaken by a reinsurance undertaking or an employee of a reinsurance undertaking who is acting under the responsibility of the reinsurance undertaking are not considered as reinsurance mediation ð Se considerará que estas actividades constituyen también mediación de reaseguros si las desarrolla una empresa de reaseguros sin la intervención de un intermediario de reaseguros. ï ò nuevo A los efectos de la presente Directiva, ninguna de las actividades que a continuación se indican constituirá mediación de reaseguros: ê 2002/92/CE (a) Tampoco se considerarán como mediación de reaseguros las actividades de información prestadas con carácter accesorio incidental en el contexto de otra actividad profesional, siempre que dicha actividad no tenga como objetivo ayudar al cliente a celebrar o a ejecutar un contrato de reaseguro, ni la gestión de siniestros de una empresa de reaseguros a título profesional o actividades de peritaje y liquidación de siniestros; ò nuevo (b) el mero suministro de datos y de información sobre tomadores potenciales a los intermediarios de reaseguros o las empresas de reaseguros, o de información sobre productos de reaseguros o sobre un intermediario de reaseguros o una empresa de reaseguros a tomadores potenciales; ê 2002/92/CE ð nuevo 76. «intermediario de reaseguros»: toda persona física o jurídica, ð distinta de una empresa de reaseguros, ï que, a cambio de una remuneración, emprenda o realice una actividad de mediación de reaseguros; 87. «intermediario de seguros ligado»: toda persona que ejerza una actividad de mediación de seguros en nombre y por cuenta de una o varias empresas de seguros, si los productos de seguro no entran en competencia, que no perciba ni las primas ni las sumas destinadas al cliente ð o uno o varios intermediarios de seguros, ï y actúe bajo la plena responsabilidad de dichas empresas de seguros para sus productos respectivos. ðo intermediarios de seguros, siempre y cuando los intermediarios de seguros bajo cuya responsabilidad la persona actúe no actúen, a su vez, bajo la responsabilidad de otra empresa o intermediario de seguros ï ; Se considerará asimismo como intermediario de seguros ligado que actúa bajo la responsabilidad de una o varias empresas de seguros para sus productos respectivos, a toda persona que ejerza una actividad de mediación de seguros complementaria de su actividad profesional principal, cuando el seguro constituya un complemento de los bienes o servicios suministrados prestados en el marco de dicha actividad profesional principal, y que no perciba ni las primas ni las sumas destinadas al cliente; ò nuevo 9. «asesoramiento»: la recomendación hecha a un cliente, a petición de este o a iniciativa de la empresa de seguros o del intermediario de seguros; ò nuevo 10. «comisión contingente»: toda remuneración en forma de comisión en la que el importe a pagar se base en el logro de objetivos acordados en relación con el negocio que el intermediario genere para el asegurador; ê 2002/92/CE 118. «grandes riesgos»: los grandes riesgos definidos en la letra d) del el artículo 5, letra d), de la Directiva 73/239/CEE; 129. «Estado miembro de origen»: (a) cuando el intermediario sea una persona física, el Estado miembro en el que tenga su residencia y ejerza sus actividades; (b) cuando el intermediario sea una persona jurídica, el Estado miembro en el que tenga su domicilio social o, si conforme a su Derecho nacional no tiene domicilio social, el Estado miembro en que su tenga su oficina principal administración central; ê 2002/92/CE (adaptado) ð nuevo 1310. «Estado miembro de acogida»: el Estado miembro en el que un intermediario de seguros o reaseguros tenga una sucursal Ö mantenga una presencia o un establecimiento permanentes Õ o suministre servicios ð , y que no sea su Estado miembro de origen ï ; 1412. «soporte duradero»: un suporte duradero cualquier instrumento que permita al cliente almacenar la información que se le ha enviado personalmente de forma accesible para una futura consulta durante un período de tiempo adaptado al objetivo de dicha información y que permita la reproducción exacta de la información almacenada. ðsegún se define en el artículo 2, apartado 1, letra m), de la Directiva 2009/65/CE; ï En particular se entenderá por soportes duraderos los disquetes informáticos, los CD-ROM, los DVD y el disco duro del ordenador del consumidor en el que se almacena el correo electrónico, pero no incluyen un sitio Internet, salvo si dicho sitio cumple los criterios especificados en la definición de los soportes duraderos. ò nuevo (15) «prácticas de venta cruzada»: la oferta de un servicio o un producto de seguro conjuntamente con otro servicio o producto, como parte de un paquete, o como condición para otro acuerdo o paquete; (16) «vínculos estrechos»: la situación a que se refiere el artículo 4, punto 31, de la Directiva [MiFID II]; (17) «centro principal de actividad»: el lugar en el que se gestiona la actividad principal; (18) «remuneración»: toda comisión, honorario o cualquier otro pago, incluida cualquier posible ventaja económica, ofrecidos u otorgados en relación con actividades de mediación de seguros; (19) «prácticas de venta vinculada»: toda oferta de un paquete constituido por uno o varios servicios auxiliares y un producto o servicio de seguro, cuando el servicio o producto de seguro no se ofrezca al consumidor por separado; (20) «prácticas de venta combinada»: toda oferta de un paquete constituido por uno o varios servicios auxiliares y un producto o servicio de seguro, cuando el servicio o producto de seguro se ofrezca también al consumidor por separado, aunque no necesariamente en los mismos términos y condiciones que combinado con otros servicios auxiliares. ê 2002/92/CE (adaptado) ð nuevo CAPÍTULO II CONDICIONES DE REGISTRO Artículo 3 Registro 1. ðSalvo en las condiciones previstas en el artículo 4, ï Llos intermediarios de seguros y de reaseguros deberán estar registrados por una autoridad competente en los términos definidos en el apartado 2 del artículo 7, en su Estado miembro de origen. ðLas empresas de seguros registradas en los Estados miembros de acuerdo con la Directiva 73/239/CEE, la Directiva 2002/83/CE y la Directiva 2005/68/CE, así como sus empleados, no tendrán la obligación de registrarse nuevamente a efectos de la presente Directiva. ï Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros podrán establecer que las compañías empresas de seguros y de reaseguros u otros organismos puedan colaborar Ö cooperar Õ con las autoridades competentes en el registro de los intermediarios de seguros y de reaseguros, así como en la comprobación aplicación de los requisitos contemplados en el artículo 4 8 para dichos intermediarios. En particular, en el caso de los intermediarios de seguros ligados, a éstos los podrán registrar las compañías empresas de seguros, o las asociaciones de empresas de seguros ð o los intermediarios de seguros o reaseguros ï bajo el control de una autoridad competente. ò nuevo Los Estados miembros podrán establecer que, cuando un intermediario de seguros o reaseguros actúe bajo la responsabilidad de una empresa de seguros o reaseguros o de otro intermediario de seguros o reaseguros registrado, este último o la empresa sean los encargados de verificar que aquel reúne las condiciones de registro que establece la presente Directiva. En este caso, la persona o entidad que acepte la responsabilidad, habiendo sido informada por los Estados miembros de lo especificado en el presente artículo, apartado 7, letras a) y b), deberá verificar que se cumpla lo especificado en el presente artículo, apartado 7, letra c). Los Estados miembros podrán también establecer que la persona o entidad que se responsabilice del intermediario se encargue de registrarlo. ê 2002/92/CE ð nuevo Los Estados miembros no estarán obligados a exigir el requisito contemplado en los párrafos primero y segundo a todas las personas físicas que trabajen para una empresa ð de seguros o reaseguros o un intermediario de seguros o reaseguros registrado ï y ð que ï ejerzan la actividad de mediación de seguros o y reaseguros. ê 2002/92/CE (adaptado) En el caso de personas jurídicas, lLos Estados miembros Ö garantizarán que las personas jurídicas sean registradas Õ registrarán a estas últimas e indicarán además en el registro los nombres de las personas físicas, en el seno de la dirección, responsables de las actividades de mediación. 2. Los Estados miembros podrán establecer más de un registro para los intermediarios de seguros y reaseguros siempre que fijen criterios con arreglo a los cuales se deban registrar los intermediarios. ò nuevo Los Estados miembros establecerán un sistema de registro en línea, consistente en una formulario único de registro disponible en un sitio web, al que deberán poder acceder fácilmente los intermediarios y las empresas de seguros, y que podrá ser cumplimentado directamente en línea. ê 2002/92/CE 3. Los Estados miembros velarán por que se cree un punto único de información que permita un acceso fácil y rápido a la información procedente de dichos registros establecidos por vía electrónica y que se actualizarán permanentemente. Este punto de información permitirá asimismo la identificación de las autoridades competentes de cada Estado miembro contempladas en el párrafo primero del apartado 1, párrafo primero. Este registro indicará además el país o los países en que el intermediario opera en régimen de libertad de establecimiento o de libre prestación de servicios. ò nuevo 4. La AESPJ establecerá, publicará en su sitio web, y mantendrá actualizado, un registro electrónico único en el que consten los intermediarios de seguros y de reaseguros que hayan notificado su intención de desarrollar actividad transfronteriza de conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV. Los Estados miembros facilitarán prontamente a la AESPJ la información pertinente, a fin de que pueda llevar a cabo esta labor. En la base de datos deberá figurar un hiperenlace a la autoridad competente pertinente de cada Estado miembro. El registro contendrá enlaces a los sitios web de las autoridades competentes de cada Estado miembro. ê 2002/92/CE 3. Los Estados miembros velarán por que la inscripción en el registro de los intermediarios de seguros, incluidos los intermediarios de seguros ligados, y los intermediarios de reaseguros esté sujeta al cumplimiento de los requisitos profesionales contenidos en el artículo 4 8. Asimismo, los Estados miembros velarán por que los intermediarios de seguros, incluidos los intermediarios de seguros ligados, y los intermediarios de reaseguros que dejen de cumplir dichos requisitos sean excluidos del registro. La validez del registro estará sujeta a una revisión periódica por parte de la autoridad competente. En caso necesario, el Estado miembro de origen informará, por los medios apropiados, al Estado miembro de acogida de dicha circunstancia exclusión. ò nuevo 5. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes no incluyan a un intermediario de seguros o de reaseguros en el registro a no ser que tengan el convencimiento de que el intermediario reúne los requisitos establecidos en el artículo 8. ê 2002/92/CE ð nuevo 4. Las autoridades competentes podrán expedir al intermediario de seguros o reaseguros un documento mediante el cual toda persona interesada pueda comprobar que están debidamente registrados consultando el o ð cualquiera de ï los registros mencionados en el apartado 2. En dicho documento se incluirá, por lo menos, la información indicada en el artículo 16, letras a) y b), las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 12 y, cuando se trate de personas jurídicas, el nombre o nombres de las personas físicas mencionadas en el párrafo cuarto del apartado 1, párrafo cuarto, del presente artículo. El Estado miembro exigirá que el documento se devuelva a la autoridad competente que lo haya expedido cuando el intermediario de seguros o reaseguros ya no esté registrado. 5. Los intermediarios de seguros y de reaseguros inscritos en el registro podrán emprender y ejercer la actividad de mediación de seguros y de reaseguros en la Comunidad en régimen tanto de libertad de establecimiento como de libre prestación de servicios. ò nuevo 6. Los Estados miembros establecerán que las solicitudes de los intermediarios para ser incluidos en el registro se tramiten en el plazo máximo de seis meses desde la presentación de una solicitud completa, y que se notifique la decisión al solicitante sin demora. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes adopten las medidas oportunas para poder verificar si los intermediarios de seguros y reaseguros cumplen, en todo momento, los requisitos de registro que establece la presente Directiva. 7. Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes exijan a los intermediarios de seguros y reaseguros, como condición para el registro, lo siguiente: (a) información la identidad de los accionistas o socios, ya sean personas físicas o jurídicas, que posean en el intermediario una participación superior al 10 %, y el importe de esas participaciones; (b) información sobre la identidad de las personas que posean vínculos estrechos con el intermediario de seguros o reaseguros; (c) una prueba satisfactoria de que las participaciones o los vínculos estrechos no impiden a la autoridad competente el ejercicio efectivo de sus funciones de supervisión. 8. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes denieguen el registro si las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de un tercer país aplicables a una o varias personas físicas o jurídicas con las cuales el intermediario de seguros o reaseguros posea vínculos estrechos, o las dificultades para hacer cumplir esas disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, impiden el ejercicio efectivo de sus funciones de supervisión. CAPÍTULO III PROCEDIMIENTO DE REGISTRO SIMPLIFICADO – DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES Artículo 4 Procedimiento de declaración para la prestación, con carácter auxiliar, de servicios de mediación de seguros, de gestión de siniestros a título profesional o de liquidación de siniestros 1. Los requisitos de registro que establece el artículo 3 no se aplicarán a los intermediarios de seguros que desarrollen la actividad de mediación de seguros con carácter auxiliar, a condición de que concurran todas las circunstancias siguientes: (a) que la actividad profesional principal del intermediario de seguros sea distinta de la de mediación de seguros; (b) que el intermediario de seguros solo desarrolle la actividad de mediación en conexión con determinados productos de seguro que sean complementarios de un producto o servicio, y que figuren claramente indicados en la declaración; (c) que esos productos de seguro no ofrezcan cobertura de seguro de vida o de responsabilidad civil, salvo cuando tal cobertura sea accesoria a la cobertura principal. 2. Los requisitos de registro que establece el artículo 3 no se aplicarán a los intermediarios de seguros cuya actividad consista exclusivamente en la prestación de servicios de gestión de siniestros a título profesional o de liquidación de siniestros. 3. Todo intermediario de seguros al que sea de aplicación lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo presentará a la autoridad competente de su Estado miembro de origen una declaración en la que comunicará a dicha autoridad su identidad y su dirección, y las actividades profesionales que desarrolle. 4. Los intermediarios a los que sean de aplicación los apartados 1 y 2 del presente artículo estarán sujetos a lo dispuesto en los capítulos I, III, IV, V, VIII y IX y en los artículos 15 y 16 de la presente Directiva. CAPÍTULO IV LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO Y LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ê 2002/92/CE (adaptado) ð nuevo Artículo 65 Notificación de establecimiento y prestación de servicios en otros Estados miembros ÖEjercicio de la libre prestación de servicios Õ 1. Todo intermediario de seguros o de reaseguros que se proponga ejercer una actividad ð en el territorio de otro Estado miembro ï por vez primera en uno o más Estados miembros en régimen de libre prestación de servicios o de libre establecimiento, informará de ello ð facilitará ï a las autoridades competentes del Ö su Õ Estado miembro de origen ð la siguiente información ï .: En el plazo de un mes a partir de la notificación, dichas autoridades competentes comunicarán a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida que lo deseen la intención del intermediario de seguros o de reaseguros, e informarán al mismo tiempo al intermediario interesado. El intermediario de seguros o de reaseguros podrá iniciar su actividad un mes después de la fecha en que las autoridades competentes del Estado miembro de origen le hayan informado de la comunicación mencionada en el párrafo segundo. No obstante, dicho intermediario podrá iniciar su actividad inmediatamente si el Estado miembro de acogida no desea ser informado. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión su deseo de ser informados con arreglo al apartado 1. La Comisión advertirá a su vez a los Estados miembros. Las autoridades competentes del Estado miembro de acogida podrán adoptar las medidas necesarias para publicar de manera adecuada las condiciones en las cuales, por motivos de interés general, deberán desarrollarse dichas actividades en su territorio. ò nuevo (a) el nombre, la dirección y todo posible número de registro del intermediario; (b) el Estado o Estados miembros en que el intermediario tenga previsto operar; (c) la categoría de intermediario y, si procede, el nombre de las empresas de seguros o de reaseguros a las que represente; (d) los ramos de seguro pertinentes, si procede; (e) la justificación de sus conocimientos y aptitudes profesionales. 2. La autoridad competente del Estado miembro de origen, en el plazo de un mes, a partir de la fecha de recepción de la información a que se refiere el apartado 1, la transmitirá a la autoridad competente del Estado miembro de acogida, que acusará recibo sin demora. El Estado miembro de origen comunicará por escrito al intermediario de seguros o reaseguros que el Estado miembro de acogida ha recibido la información y que la empresa de seguros o de reaseguros puede comenzar a desarrollar su actividad en el Estado miembro de acogida. Cuando reciba la información a que se refiere el apartado 1, el Estado miembro de acogida aceptará la experiencia previa en la actividad de mediación de seguros o reaseguros, justificada mediante prueba de registro o declaración en el Estado miembro de origen, como acreditación de que se poseen los conocimientos y las aptitudes necesarios. 3. La prueba de registro o de declaración previos consistirá en un documento acreditativo del registro expedido por la autoridad u organismo competente del Estado miembro de origen del solicitante, o la declaración recibida por dicha autoridad, que el solicitante enviará en apoyo de su solicitud al Estado miembro de acogida. 4. Si se producen cambios en cualquiera de los datos comunicados en aplicación del apartado 1, el intermediario de seguros o reaseguros lo comunicará por escrito a la autoridad competente del Estado miembro de origen como mínimo un mes antes de que el cambio sea efectivo. La autoridad competente del Estado miembro de acogida será también informada de ese cambio por la autoridad competente del Estado miembro de origen, a la mayor brevedad posible y, a más tardar, un mes después de que la autoridad competente del Estado miembro de origen haya recibido esa información. Artículo 6 Ejercicio de la libertad de establecimiento 1. Los Estados miembros dispondrán que todo intermediario de seguros o reaseguros que se proponga ejercer la libertad de establecimiento para crear una sucursal en el territorio de otro