Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema "La simplificación de la reglamentación en el mercado único" (OMU)

(2001/C 14/01)

El 29 de abril de 1999, de conformidad con el apartado 3 del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité decidió elaborar un Dictamen sobre el tema mencionado.

La Sección de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 19 de julio de 2000 (ponente: Sr. Vever).

En su 376o Pleno de los días 18 y 19 de octubre de 2000 (sesión del 19 de octubre), el Comité Económico y Social ha aprobado por 86 votos a favor y 1 abstención el presente Dictamen.

1. Resumen de las recomendaciones del Comité

1.1. El Comité subraya la urgencia de iniciar un proceso de simplificación de la reglamentación en el mercado único, mejorando la calidad de sus normas y la eficacia de su transposición, así como las libertades y las responsabilidades de los protagonistas de la sociedad civil.

1.2. El Comité pide que el Consejo Europeo de Estocolmo que se celebrará en la primavera de 2001 adopte a este efecto, a propuesta de la Comisión, un plan plurianual 2001-2005 de simplificación, con objetivos, prioridades, métodos, presupuestos, medios de seguimiento y de control. La ejecución de este plan deberá verificarse cada año, basándose en un informe de la Comisión, en el Consejo Europeo de primavera.

1.3. El Comité propone que este plan prevea la adopción de códigos de conducta por parte de las instituciones de la Unión, que garanticen que éstas actúen en favor de esta simplificación, y no de su complejidad. La Comisión deberá dar ejemplo, difundir en todos sus servicios una cultura de simplificación y hacer depender directamente de la Secretaría General, con medios adecuados, la unidad de simplificación creada recientemente. Deberá instarse a los Estados miembros y a sus administraciones a que también adopten estos códigos de conducta y contribuyan a difundir las mejores prácticas en este ámbito.

1.4. El Comité hace hincapié en la necesidad de reforzar el análisis de impacto que deberá acompañar a todo proyecto de reglamentación: en el futuro deberá realizarse con unas condiciones que garanticen plenamente su independencia y calidad e incluir un examen sistemático de las posibilidades de alternativas a una reglamentación (acuerdos contractuales, autorregulación, corregulación), así como una evaluación rigurosa de sus efectos sobre la simplificación y deberá hacerse público.

1.5. El Comité recomienda a la Comisión que vuelva a examinar la elección de los instrumentos de reglamentación: además del examen previo de las alternativas a una reglamentación, convendrá recurrir con mayor frecuencia a los reglamentos cuando parezca necesario para una simplificación efectiva, crear las condiciones para extender con éxito los reconocimientos mutuos, estrechar los márgenes de interpretación y de aplicación de las directivas, prever asimismo directivas que dejen a los agentes socioprofesionales, y no sólo a los Estados, responsabilidades para precisar y aplicar las exigencias fundamentales de estas directivas.

1.6. El Comité, como Asamblea de la Unión que representa a los usuarios de la reglamentación, pide a la Comisión que le permita participar estrechamente en la definición, la aplicación y la evaluación anual de este proceso de simplificación, antes de la consulta al Parlamento y al Consejo.

1.7. En concreto el Comité desea ser consultado por la Comisión cada año sobre las cuestiones prioritarias que merecen ser objeto de proyectos SLIM y de "test panels".

1.8. Para contribuir eficazmente al proceso de simplificación, el Comité adoptará un código de conducta que prevea:

- velar de manera permanente por las exigencias de simplificación, de calidad y de eficacia de la reglamentación para sus usuarios;

- organizar sus trabajos para responder dentro de los plazos a todas las consultas anticipadas sobre estos ámbitos;

- elaborar cada año un informe sobre los progresos del programa plurianual de simplificación;

- proceder a un examen sistemático del análisis de impacto para cada proyecto;

- alertar a las instituciones europeas sobre las posibles necesidades de orientación de la reglamentación hacia planteamientos contractuales, de autorregulación y de corregulación;

- desarrollar el diálogo con los medios socioprofesionales europeos para instarles a que asuman responsabilidades directas, en particular contractuales, en las normas comunitarias;

- desarrollar el diálogo con el Comité de las Regiones sobre la dimensión regional de la simplificación;

- desarrollar el diálogo con los Consejos económicos y sociales existentes en los Estados miembros para que desempeñen en sus Estados un papel análogo al que se ha fijado el Comité en el ámbito europeo para contribuir al éxito del proceso de simplificación.

2. Observaciones preliminares

2.1. La simplificación de la reglamentación en Europa es, hoy más que nunca, un motivo de preocupación para los europeos debido a:

2.1.1. El constante aumento de las normativas nacionales, circunstancia que limita los espacios de libertad e iniciativas privadas y asociativas en los Estados miembros, a la vez que complica a escala europea los reconocimientos mutuos entre Estados.

2.1.2. Las preguntas recurrentes sobre el grado de intervención de las instituciones comunitarias y sobre la propia complejidad de la reglamentación de armonización, con solapamientos a menudo inextricables entre los niveles de intervención nacional y europeo.

2.1.3. La persistencia, e incluso la adición por parte de los Estados, de disposiciones específicas redundantes con motivo de la transposición de reglamentaciones comunes, además de los retrasos y las dificultades de transposición de estas disposiciones europeas al Derecho nacional.

2.2. Esta preocupación va unida a unas mayores aspiraciones cualitativas de los europeos, ya se trate de la calidad de los productos, de los servicios, del trabajo, de la calidad de vida o del medio ambiente. La calidad de la legislación y de la reglamentación no puede abstraerse de esta expectativa general. En este ámbito, al igual que en los restantes, debería percibirse a Europa como garante de un valor añadido positivo. La emergencia de una "nueva economía" de los intercambios, basada en un modelo de relaciones más interactivo, transparente y descentralizado, también exige el desarrollo de una "nueva administración" de los ciudadanos, apoyada en una "nueva legislación", mejor adaptada a los cambios culturales de los comportamientos y aspiraciones de los europeos del siglo XXI. El objetivo fijado por el Presidente de la Comisión, Romano Prodi, de construir una administración comunitaria de alta calidad puede y debe mostrar el camino para esta inflexión importante que hoy esperan los europeos.

2.3. A escala de la Unión Europea se han realizado trabajos pertinentes de análisis sobre las exigencias de una simplificación, en particular con el Informe Molitor en 1995, seguidos de informes similares de otras instituciones internacionales, como la OCDE. Varios Estados miembros han procedido a reflexiones y adoptado iniciativas para frenar el exceso de nuevas reglamentaciones y simplificar las ya existentes.

2.4. En el ámbito comunitario se han iniciado acciones en los últimos años para intentar mejorar los métodos de intervención, en particular elaborando fichas de impacto, y corregir las reglamentaciones demasiado complejas, sobre todo a través de los proyectos SLIM. No obstante, ni los profesionales ni los europeos en su conjunto tienen la impresión de que hasta ahora se hayan logrado resultados realmente significativos en este ámbito. Por el contrario, con frecuencia se percibe a Europa como una fuente adicional de complicaciones, que pone nuevas limitaciones "tecnocráticas" a normas nacionales cuya complejidad y cantidad no se ven esencialmente modificadas.

2.5. Mediante sus estudios y audiencias, en particular la del 17 de mayo de 2000, organizada en el marco de la elaboración de este informe, el Observatorio del Mercado Único ha podido determinar muy claramente varias constataciones que apoyan este análisis:

2.5.1. La reglamentación comunitaria está considerada en su conjunto como demasiado compleja en relación con las expectativas de los usuarios;

2.5.2. La simplificación de la reglamentación se percibe como una auténtica necesidad para sus usuarios; existe un consenso muy amplio en que esta simplificación, cuando se conduce bien, no puede oponerse a los intereses bien concebidos de los interlocutores de la sociedad civil, sino que, por el contrario, se pone al servicio directo de su autonomía, de su toma en consideración y de sus intereses;

2.5.3. Si la mitad de los encuestados ve a priori virtudes simplificadoras en la armonización, la otra mitad está preocupada por los frecuentes solapamientos de disposiciones europeas y nacionales, haciendo recaer la responsabilidad en idénticas proporciones, o bien en una intervención comunitaria excesiva, o bien en el mantenimiento, e incluso en la introducción en las transposiciones de directivas, de disposiciones nacionales redundantes;

2.5.4. Una mayoría muy amplia considera que los progresos en la simplificación iniciados a escala comunitaria han sido insuficientes, al tiempo que todos subrayan la necesidad de acelerar fuertemente el proceso de simplificación antes de la ampliación;

2.5.5. Todos destacan, asimismo, la necesidad de un planteamiento de simplificación paralelo en los Estados miembros para llevar a buen término un proceso de simplificación de la reglamentación europea;

2.5.6. También todos se pronuncian a favor del desarrollo de diálogos contractuales y de dispositivos de autorregulación, dándoles preferencia sobre la exclusividad de una reglamentación clásica, en los ámbitos muy delicados para los interlocutores económicos y sociales, como los asuntos sociales, la protección del medio ambiente, la política de los consumidores y el comercio electrónico;

2.5.7. Todos esperan que el Comité Económico y Social se comprometa a fondo en la exigencia de simplificación al servicio de los usuarios, haciendo especial hincapié en la misión que debe corresponderle de velar por el desarrollo de alternativas contractuales y autorregulatorias a la reglamentación clásica.

2.6. El Consejo Europeo de Lisboa de los días 23 y 24 de marzo otorgó un mandato en el sentido de esta expectativa muy clara de un nuevo planteamiento de simplificación, acordando definir antes del año 2001 una estrategia destinada a simplificar el entorno reglamentario, incluido el funcionamiento de la administración pública, tanto en el nivel nacional como comunitario, y enumerar aquellos ámbitos en que los Estados deben reforzar la transposición. En el marco de sus nuevas acciones destinadas al mercado interior, la Comisión ha previsto presentar sus propuestas a este efecto a principios del primer semestre de 2001.

2.7. Para el Comité Económico y Social, que representa a los protagonistas de la vida económica y social, usuarios de la reglamentación, esta cuestión de una mejor calidad de la reglamentación en Europa es primordial por los motivos siguientes:

2.7.1. tiene una repercusión directa en el buen funcionamiento del mercado único,

2.7.2. condiciona el atractivo que reviste la construcción europea para los europeos,

2.7.3. forma parte de la cuestión general de un mejor gobierno europeo, asunto que, además, será objeto de un Libro Blanco de la Comisión Europea antes del primer semestre del año 2001,

2.7.4. se plantea en unos términos que pasan a ser urgentes con la preparación de la ampliación.

2.8. El Comité es consciente de que una simplificación acertada de la reglamentación es una obra compleja: debe evitar diversos escollos y plantearse desde un ángulo adecuado. No se trata de preconizar una desregulación brutal y simplista que iría en detrimento de la calidad de los productos, de los servicios y de los intereses colectivos de todos los usuarios, ya sean empresarios, asalariados o consumidores. La economía y la sociedad necesitan normas para funcionar adecuadamente, pero:

2.8.1. Estas normas deben elaborarse y aplicarse en el nivel adecuado, que puede situarse, según los casos, en el plano internacional, comunitario, nacional, regional o local: con la mundialización, el Comité no constata un exceso, sino una falta de reglamentación a escala internacional, bien ilustrada por los problemas que hoy encuentra la OMC, mientras que el nivel nacional continúa generando un exceso de reglamentación y solapamientos mal clarificados con el nivel comunitario;

2.8.2. Estas normas deben elaborarse de manera equilibrada, evitando añadir limitaciones no proporcionadas a su objetivo y respetando el desarrollo de espacios de libertad y autonomía contractual de los protagonistas de la sociedad civil, que deben participar directamente, más allá de las propias administraciones, en la formulación y la aplicación de políticas de simplificación: la simplificación no puede tener éxito si se deja al cuidado demasiado exclusivo de los funcionarios.

2.9. El nivel europeo es el adecuado para abordar la cuestión de la simplificación de la reglamentación en la medida en que:

2.9.1. Constituye una base fundamental a partir de la cual la Unión Europea puede participar en la indispensable elaboración de normas internacionales en el marco de la mundialización, apoyándose en un mercado único eficaz y coherente;

2.9.2. La reglamentación europea tiene en sí misma un objetivo simplificador que jamás debe perderse de vista, en la medida en que pretende armonizar y unificar quince reglamentaciones nacionales diferentes para que funcione el mercado único, aun cuando no pueda librarse de las críticas relativas a su ámbito de intervención y su contenido;

2.9.3. Las reglamentaciones nacionales no pueden ignorar los imperativos del buen funcionamiento del mercado único, tomándose demasiadas libertades con la aplicación de las normas comunes o descuidando su indispensable contribución a la simplificación del funcionamiento de este gran mercado.

2.10. El presente Dictamen de iniciativa del Comité Económico y Social no tiene por objetivo elaborar una nueva lista de medidas de simplificación en ámbitos específicos de intervención, sino más bien:

2.10.1. Comprender los factores de lo que se percibe globalmente como un fracaso, analizando las causas de la complejidad de la reglamentación en Europa y evaluando los primeros méritos, así como los verdaderos límites de las acciones de simplificación ya emprendidas;

2.10.2. Proponer un planteamiento más coherente y profundo para lograr esta simplificación, volviendo a examinar las responsabilidades de los distintos interlocutores europeos en una política de simplificación, incorporando métodos y criterios más eficaces de evaluación, seguimiento y consulta.

3. Los factores que determinan la complejidad de la reglamentación

3.1. La primera causa de la complejidad de la reglamentación en Europa es la mayor necesidad económica y social y la creciente demanda política de acciones comunes en este nivel, teniendo en cuenta realidades y culturas nacionales a menudo muy diversas. En este contexto, resulta sintomático constatar que el llamamiento realizado por la cumbre de Lisboa de marzo de 2000 para definir próximamente una estrategia europea de simplificación coincide con la fijación por esa misma cumbre de una agenda sin precedentes de nuevas acciones que habrán de iniciarse en el plano económico y social, conjuntamente entre las instituciones comunitarias y los gobiernos de los Estados miembros. Este deseo de simplificación puede parecer a priori una cuadratura del círculo, sobre todo cuando se considera la complejidad de los problemas que debe afrontar la armonización europea, habida cuenta de la lentitud de los procedimientos, del peso del conservadurismo administrativo y de las presiones ejercidas en distintos sentidos por los grupos de presión en Bruselas y Estrasburgo.

3.2. Estos factores de complejidad se ven acentuados por la falta de evaluación sistemática y de conocimiento argumentado del coste de esta complejidad, en la medida en que las instituciones comunitarias -al igual que los gobiernos- no han definido hasta ahora medios reales para conducir la acción de reglamentación europea simplificándola, y se han limitado a emprender algunas acciones ad hoc que encuentran rápidamente sus límites, ante la ausencia de un marco general político, incitativo y coherente. Este coste deberá asumirse en su globalidad, esto es, integrando tanto el coste del tiempo del que se priva abusivamente a los ciudadanos con procedimientos administrativos excesivos, el coste económico de cargas excesivas impuestas a las empresas, en particular a las PYME, para hacer frente a esta complejidad, o incluso el coste presupuestario y, por consiguiente, fiscal, de una asignación demasiado burocrática de los gastos administrativos en detrimento de una mejor calidad de las finanzas públicas al servicio real de la colectividad.

3.3. Los procedimientos institucionales tienen su parte de responsabilidad, aun cuando se trate más de limitaciones que de obstáculos sistemáticos para la simplificación. El precio de la búsqueda de un acuerdo mayoritario, e incluso unánime, primero entre los miembros de la Comisión y después en el Consejo, junto a los procedimientos de codecisión y de conciliación con el Parlamento, es con demasiada frecuencia un compromiso político complejo, que a menudo pierde de vista el interés bien concebido de los usuarios. La voluntad, por otra parte loable, de las presidencias semestrales del Consejo de lograr un buen balance cuantitativo de las decisiones adoptadas puede también contribuir a realizar sacrificios en cuanto a la calidad intrínseca de unas u otras de estas decisiones.

3.4. La adecuación de los instrumentos jurídicos elegidos resulta a menudo poco satisfactoria. Algunos reglamentos son abusivamente pesados y complejos, cuando con más concesiones mutuas podrían haberse simplificado sin perder nada de su eficacia, sino más bien lo contrario. Algunas directivas dejan opciones o márgenes excesivos de apreciación y aplicación a los Estados miembros, sin ningún control real, ni sobre el grado de complicación que estas libertades pueden causar a los usuarios de la reglamentación, ni sobre la insuficiencia de armonización real que esta situación creará para un funcionamiento verdaderamente satisfactorio del mercado único. Además, a veces la propia libertad que las directivas dejan a los Estados para decidir o mantener normas nacionales que van mucho más allá de las disposiciones comunes puede complicar abusivamente los intercambios, cuando la opción de reglamentos de aplicación uniforme habría permitido simplificarlas en unas condiciones aceptables para todas las partes interesadas. En otros casos, cláusulas de reconocimiento mutuo resultan inaplicables por falta de un seguimiento o de un acompañamiento jurídico que las hagan funcionar adecuadamente en la práctica.

3.5. También cabe señalar que casi todas las normas europeas han emanado exclusivamente del estrecho círculo de las instituciones europeas dotadas de poder de decisión o codecisión, esto es, la Comisión, el Parlamento y el Consejo. El debate europeo en profundidad sobre la subsidiariedad ha girado hasta ahora de manera demasiado exclusiva en torno a la dimensión vertical de este concepto (reparto de las tareas entre el nivel europeo y el nivel nacional o regional), descuidando todavía en gran medida su dimensión horizontal (reparto de las tareas entre la reglamentación y espacios contractuales o códigos de conducta). Por consiguiente, esta dimensión horizontal, aunque bien consolidada a escala nacional en numerosos Estados miembros, aún no ha encontrado prolongación ni equivalencias realmente comparables a escala europea. Con la notable excepción, todavía infrautilizada, del diálogo social europeo (hasta ahora se han celebrado tres acuerdos interprofesionales, transformados después en directivas sobre el permiso parental, el trabajo a tiempo parcial y el trabajo de duración determinada), así como algunos acuerdos voluntarios y códigos de conducta (en particular, para la protección del medio ambiente -en el marco del programa Auto-Oil- y la reducción del consumo energético), se han ofrecido pocos espacios de libertad contractual a los interlocutores socioeconómicos directamente afectados por la elaboración de normas comunes. Esta deficiencia de una cultura de colaboración, no sólo consultiva sino, llegado el caso, de codecisión con los medios socioprofesionales, en beneficio de un planteamiento de decisión esencialmente político y administrativo, va en detrimento de la participación y la asunción de responsabilidades por parte de los protagonistas de la sociedad civil en una política de simplificación. En cambio, exacerba sus presiones más corporativistas y, por consiguiente, las menos simplificadoras, sobre estos responsables políticos y administrativos de las decisiones.

3.6. La función consultiva, tal y como la ejerce, entre otros, el Comité Económico y Social, en representación del colectivo de protagonistas de la vida económica y social, dista todavía de tener por sí misma un peso institucional suficiente, frente al triángulo de codecisión formado por la Comisión, el Parlamento y el Consejo. Consultado de forma tardía, en el mismo momento de la entrada en liza de los codecisores, el Comité experimenta auténticas dificultades institucionales para tener un peso suficiente que deje la marca de los usuarios de la reglamentación en aras de una mejor simplificación. Debe necesariamente llevarse a cabo una reflexión sobre la revalorización de esta función consultiva, en interés de una mayor calidad de la reglamentación.

3.7. Por otra parte, con frecuencia se plantea un problema de ajuste entre reglamentación europea y reglamentaciones nacionales. En realidad, y, en particular, con la preferencia que cada vez más se otorga a las directivas sobre los reglamentos, es frecuente que las disposiciones acordadas en Bruselas se "peguen" a las reglamentaciones nacionales sin modificarlas de manera sustancial ni, con mayor motivo, eliminarlas. También sucede que los Estados miembros, en el momento de transponer las directivas, añaden normas nacionales que van mucho más allá de las contenidas en las directivas.

3.8. Por último, el hecho de que numerosas reglamentaciones nacionales no sean compatibles con la reglamentación europea complica el buen funcionamiento de los reconocimientos mutuos, como puso en evidencia un informe presentado por la Comisión en junio de 1999.

4. Los efectos de una reglamentación compleja

4.1. En el plano económico y social, una reglamentación europea demasiado compleja tiene efectos negativos sobre la competitividad económica, que, en un contexto internacional altamente competitivo, es más que nunca una condición necesaria, aunque no siempre suficiente, para crear y desarrollar el empleo. Penaliza el espíritu y la creatividad empresariales y obstaculiza el desarrollo de las pequeñas empresas, incluidas las empresas nacientes ("start up") necesarias para la vitalidad de la nueva economía europea. De modo general, frena la facultad de innovación, la capacidad de adaptarse a los cambios y de emprender reformas. Actualmente supone una desventaja importante en una Europa en movimiento, confrontada a las exigencias de la mundialización, en busca de un nuevo dinamismo creativo.

4.2. Esta complejidad tiene también efectos negativos sobre la libertad y la vida social de los ciudadanos, al imponerles limitaciones de tiempo y de coste, al aumentar las desigualdades frente a la comprensión de las normas, y al aumentar, en vez de reducir, los factores de exclusión.

4.3. En el plano político, esta complejidad, sobre la cual los Estados miembros se muestran reacios a asumir la responsabilidad directa ante sus opiniones públicas, fomenta las preocupaciones de gran parte de la opinión sobre la "eurocracia", e incluso su distanciamiento con respecto a la misma, cuando, por el contrario, debería percibirse a Europa como un espacio adicional de libertad, democracia y seguridad. La insuficiencia del espacio reservado a los diálogos contractuales de los interlocutores socioprofesionales directamente interesados debilita, por otra parte, la vitalidad de la democracia asociativa a escala europea, en un momento en que la importancia de los desafíos económicos, tecnológicos y sociales va a imponer el desarrollo de esta participación directa de los europeos en Europa.

4.4. En lo que se refiere al funcionamiento del mercado interior europeo, la complejidad de la reglamentación debilita la capacidad de suprimir realmente los obstáculos, cuando es necesario un nuevo impulso para dar el último toque a los elementos esenciales que todavía le faltan, en vísperas de nuevas ampliaciones. En particular, todavía se carece de instrumentos jurídicos simples a escala europea, como un auténtico estatuto de sociedad europea, una patente comunitaria fiable y poco costosa o un régimen europeo de IVA simplificado.

4.5. En el plano jurídico, la complejidad de la reglamentación europea también fomenta los déficit de transposiciones nacionales y los contenciosos jurídicos con la Comisión y el Tribunal de Justicia. Un objetivo importante de la simplificación debería ser el de garantizar un alto grado de transposición y una disciplina mucho mayor en la aplicación de las normas comunes.

4.6. Esta cuestión tiene, por último, una gran importancia con la preparación de la ampliación. Una simplificación de la reglamentación ayudará a los países candidatos a la adhesión a satisfacer la pesada exigencia de la adopción integral del acervo comunitario, facilitando también las transposiciones nacionales de los quince Estados miembros, que hasta ahora no han dado el mejor ejemplo a los países candidatos. Esta simplificación permitirá, asimismo, que el mercado único funcione en las mejores condiciones en la Europa ampliada.

5. La evaluación de las acciones de simplificación ya iniciadas

5.1. En la década de los ochenta, en pleno debate sobre el concepto de subsidiariedad, la Comisión acordó elaborar para todo proyecto de reglamentación comunitaria un análisis de impacto para justificar la intervención y analizar la relación coste-beneficio. Estos análisis de impacto se elaboran con arreglo a una tabla común, que incluye una justificación según el criterio de subsidiariedad, un análisis de impacto económico y social, incluido el punto de vista de las PYME, y una indicación de las consultas realizadas. Esta iniciativa era loable, pero su repercusión quedó finalmente limitada en su forma actual, en la medida en que la independencia de esta evaluación no está garantizada formalmente y no incluye el examen previo de alternativas a una reglamentación y tampoco efectúa una verificación sistemática del grado real de simplificación que aporta la intervención, ni es objeto de publicidad externa.

5.2. En la década de los noventa, la Comisión dio una gran importancia a la elaboración de Libros Verdes, que lanzan un debate público antes de iniciar un proyecto de reglamentación, de Libros Blancos, que presentan un programa global de reglamentación en un ámbito particular, y de Comunicaciones, que sitúan los problemas y los análisis antes de la presentación de proyectos específicos. Con el soporte técnico de Internet, que precisamente la Comisión Europea utiliza mucho en la actualidad, y, en particular, a través del sitio Europa, estas prácticas han permitido entablar un diálogo público e interactivo sobre los proyectos de intervención. El impacto de estas consultas previas ampliadas sobre la simplificación seguirá siendo, no obstante, inevitablemente limitado mientras se limiten a lanzar el debate sobre el contenido previsible de una reglamentación, en lugar de examinar sistemáticamente las alternativas previsibles a una reglamentación, como los códigos de conducta y los planteamientos de autorregulación.

5.3. En 1995, a petición del Consejo Europeo, un grupo de reflexión presidido por el Sr. Molitor examinó los medios para simplificar la reglamentación comunitaria.

5.3.1. Aparte de distintas propuestas de nueva formulación de varias reglamentaciones técnicas, en este informe se presentaron dieciocho recomendaciones generales. Muchas de estas recomendaciones fueron en gran parte "olvidadas" después y, por lo tanto, resulta útil recordarlas brevemente:

- acelerar la codificación a escala comunitaria y nacional;

- iniciar un programa de simplificación que englobe toda la legislación comunitaria existente, incluidas las transposiciones nacionales;

- obtener de la Comisión informes sobre lo que debe mantenerse, modificarse o retirarse;

- formular preguntas previas a todo proyecto (adecuación, subsidiariedad, relación coste-beneficio, alternativa a la intervención pública, proporcionalidad, limitación en el tiempo);

- obtener de la Comisión estudios públicos sobre la integración de las iniciativas comunitarias en los Estados miembros;

- respetar una serie de criterios para toda intervención: comprensión del contenido, claridad del objetivo, compatibilidad con la legislación vigente, delimitación del ámbito de aplicación, realismo del calendario, procedimientos de nuevo examen;

- publicar los estudios previos;

- consultar a los interesados (consumidores, empresas, trabajadores) de manera efectiva y sistemática, en el momento oportuno;

- elaborar una exposición de motivos sobre el empleo, la competitividad, los costes y la innovación;

- hacer públicos los motivos del apoyo o de la oposición de un Estado;

- incoar un procedimiento sistemático y público de evaluación de los resultados;

- desarrollar la simplificación en los niveles nacional y local, incluso en la transposición del Derecho comunitario;

- garantizar un mayor control de la aplicación nacional;

- condenar a sanciones pecuniarias a los Estados recalcitrantes;

- privilegiar el reglamento frente a la directiva si ello puede contribuir a la simplificación;

- aplicar el reconocimiento mutuo cada vez que sea posible;

- obtener de la Comisión información por anticipado, con un mayor recurso a los Libros Verdes y a los Libros Blancos;

- obtener de la Comisión informes sobre los avances de la simplificación, confiando la responsabilidad de simplificación a uno de los Comisarios, que podrá contar con el apoyo de una unidad central de coordinación de pequeñas dimensiones.

5.3.2. Cinco años después de su publicación, el informe Molitor sigue conservando en gran medida su actualidad, en particular debido a que la mayor parte de sus recomendaciones apenas han tenido efectos determinantes. Pueden anticiparse dos motivos esenciales para este fracaso:

5.3.2.1. Por una parte, no cabe duda de que el informe habría ganado si hubiese ido todavía más lejos en su análisis y sus propuestas: podría haber hecho mayor hincapié en los factores de la complejidad administrativa, incluida una cultura general de los responsables de las decisiones y de los gestores poco propicia a la simplificación, reflexionando sobre las propuestas necesarias para intentar resolver este problema; se ha ocupado, sobre todo, de los síntomas y los efectos de esta complejidad, a los que era difícil aportar soluciones eficaces sin una cuestión previa; el informe tampoco ha previsto explícitamente la implantación de controles, auditorías, medios con cargo a presupuestos destinados a garantizar a largo plazo la viabilidad y el refuerzo permanente de una política de simplificación.

5.3.2.2. Por otra parte, el Consejo que había encargado el informe Molitor no extrajo entonces las consecuencias operativas en la medida en que no pudo adoptar, con arreglo a estas bases (como, sin embargo, se recomendaba expresamente en el informe) un auténtico programa político de simplificación; en ello pueden verse sin duda los efectos de una politización entonces excesiva del debate sobre el dilema altamente deformador y conflictivo entre simplificación y desreglamentación, cuando, por el contrario, hubiera sido necesario tenerlo todo en cuenta e iniciar un nuevo planteamiento en favor de una reglamentación comunitaria que una la calidad a la simplicidad, la transparencia y la eficacia; por su parte, la Comisión se inspiró en varias de las recomendaciones del informe pero, sobre todo, en acciones fundamentalmente puntuales y parciales.

5.4. Entre estas acciones puntuales iniciadas por la Comisión, cabe mencionar especialmente la iniciativa "SLIM" (Simplificación de la legislación en el mercado interior), emprendida en 1996. Esta iniciativa ya ha permitido elaborar catorce proyectos destinados a simplificar distintas reglamentaciones anteriormente adoptadas por la Comunidad. Los grupos SLIM, compuestos por partes iguales de expertos de las administraciones nacionales y de representantes de los usuarios, elaboran propuestas para simplificar reglamentaciones europeas ya adoptadas desde hace al menos cinco años. Estos proyectos se refieren a los ámbitos más diversos (plantas ornamentales, sustancias peligrosas, preenvasado, materiales de construcción, abonos, compatibilidad electromagnética, servicios bancarios, seguros, derecho de sociedades, reconocimiento de títulos, disposiciones de seguridad social, IVA, estadísticas intrastat, estadísticas del comercio exterior). Como especificó la Comisión en su último informe de evaluación en marzo de 2000, estos proyectos progresaron adecuadamente en lo que se refiere a las recomendaciones de simplificación, permitiendo a la Comisión presentar con arreglo a estas bases numerosos nuevos proyectos simplificados. No obstante, siguió existiendo el problema de la adopción final de estos nuevos proyectos, que no se ha logrado hasta ahora por parte del Consejo y del Parlamento sino en muy pocos casos (plantas ornamentales, variables en intrastat, nomenclatura combinada del comercio exterior). Para revitalizar la dinámica de la iniciativa SLIM, la Comisión presentó en marzo de 2000 quince propuestas de reforma destinadas a responsabilizar más y de manera más coordinada a todos los participantes.

5.5. La Comisión también lanzó en 1998 proyectos piloto de paneles europeos de empresas para evaluar anticipada y directamente en las empresas la legitimidad y el coste de determinadas propuestas de reglamentación. Este procedimiento se utilizó en tres casos, sobre la simplificación de la representación fiscal para el IVA, la armonización de las contabilidades, y los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (en lo que respecta a este último caso, en 1744 empresas). No obstante, este procedimiento sigue siendo hasta ahora completamente experimental y la Comisión aún no tiene previsto ampliarlo a una escala mayor y más sistemática.

5.6. En 1997 la Comisión creó un Grupo operativo ("task force") para la simplificación del entorno empresarial, denominado BEST, con la ayuda de representantes socioprofesionales y universitarios. En 1998 elaboró un informe con diecinueve recomendaciones relativas, sobre todo, a los entornos de los Estados miembros en ámbitos muy diversos (procedimientos administrativos, sistemas educativos y de formación, flexibilidad de la mano de obra, financiación y fiscalidad, innovación). En el otoño de 2000 la Comisión presentará un informe de evaluación sobre la aplicación de estas recomendaciones.

5.7. En marzo de 1999, y como consecuencia del Tratado de Amsterdam, se publicó un acuerdo interinstitucional sobre la calidad de redacción, en el que se comprometían la Comisión, el Consejo y el Parlamento. Sus efectos son aún demasiado recientes para poder ser evaluados.

5.8. Cada año la Comisión también publica un informe "Legislar mejor", donde analiza su contribución a la acción de simplificación de la reglamentación comunitaria. El último informe, publicado en 1999, describe la evolución de las distintas iniciativas de simplificación introducidas recientemente, a la vez que señala los trabajos en curso para codificar, refundir y consolidar la reglamentación comunitaria, evitando solapamientos de textos y suprimiendo las disposiciones desfasadas.

5.9. Además, con motivo de su reforma administrativa interna, iniciada en el otoño de 1999, la Comisión ha creado una unidad de simplificación de la reglamentación en el seno de la Dirección General de Empresas. Esta iniciativa es loable, aunque su acción es limitada dado que dicha unidad no depende directamente de la Secretaría General, en la medida en que la simplificación debe ser una exigencia compartida por todas las direcciones generales y todos los servicios de la Comisión.

5.10. Por su parte, el Consejo de Mercado Interior de 25 de mayo de 2000 señaló la necesidad de coordinar mejor las distintas iniciativas de simplificación ya iniciadas (SLIM, BEST, test panels, análisis de impacto) en el marco de una estrategia coherente que deberá presentar la Comisión Europea al Consejo Europeo de primavera de 2001.

5.11. Por lo tanto, se constata lo siguiente:

5.11.1. Por una parte, que no han faltado iniciativas estos últimos años para intentar emprender acciones comunitarias de simplificación, pero estas iniciativas, aunque meritorias por su objetivo, su ámbito de aplicación y sus métodos, no han dado resultados lo bastante significativos como para contrarrestar el sentimiento general de que los resultados no son suficientes;

5.11.2. Por otra parte, que sin duda ha llegado el momento -ahora que el Consejo Europeo ha pedido a la Comisión que le presente una estrategia de simplificación para su reunión de la primavera de 2001- de reflexionar sobre un nuevo planteamiento, teniendo en cuenta las lecciones de estos semifracasos o semiéxitos.

6. Las propuestas del Comité para contribuir a un nuevo planteamiento de la simplificación

6.1. Como ha demostrado claramente la audiencia organizada por el Observatorio del Mercado Único, ahora hay que actuar con nuevas bases para progresar más rápidamente y mejor. El Comité se pronuncia, pues, a favor de un verdadero "proceso de simplificación" que conlleve:

6.1.1. Un plan plurianual para la simplificación que permita situar este proceso de manera coordinada en Europa:

6.1.2. Códigos de conducta de los responsables europeos de la reglamentación, en los que deberían participar los Estados;

6.1.3. Una mejor utilización del análisis de impacto, que deberá completarse e integrarse en el proceso de reglamentación;

6.1.4. Una asociación activa de los interlocutores económicos y sociales y de todos los protagonistas de la sociedad civil, sin cuya intervención será imposible lograr una política de simplificación.

6.2. El Comité desea, en primer lugar, que el Consejo respete su mandato de Lisboa adoptando en su reunión de la primavera de 2001 un auténtico plan plurianual para la simplificación de la reglamentación con unas prioridades y un calendario, tomando como base el proyecto detallado que ha pedido a la Comisión que le presente a principios de 2001, apoyándose en métodos innovadores, presupuestos y medios eficaces de evaluación. El Comité recomienda que este plan sea concebido para garantizar la plena realización de cambios importantes en este ámbito, a más tardar hacia el año 2005, esto es, antes de que finalicen los actuales mandatos del Parlamento Europeo y de la Comisión. Dicho plan deberá prever:

6.2.1. Acciones curativas destinadas a remediar las carencias importantes en la simplificación de la reglamentación existente;

6.2.2. Acciones preventivas destinadas a asegurar un nuevo planteamiento de simplificación de los proyectos de reglamentación comunitaria en curso y futuros;

6.2.3. Acciones de acompañamiento en los Estados miembros.

6.3. El Comité solicita que este plan permita iniciar un auténtico proceso de simplificación de la reglamentación en Europa, completando y ampliando los efectos de los procesos de dinamización de la economía, del mercado interior y del empleo ya iniciados en Luxemburgo, Cardiff y Colonia. La cumbre europea especial que se acordó organizar en adelante cada primavera, para evaluar el progreso de las acciones económicas y sociales decididas en Lisboa, deberá incluir en esta revisión anual los avances de este proceso de simplificación, basándose en un informe de la Comisión con cuadros indicativos.

6.4. En cuanto al contenido de la reglamentación, el Comité señala a las instituciones europeas la necesidad de no poner en peligro su valor añadido con compromisos excesivos, que añadirían particularismos nacionales en detrimento de los usuarios, y de no recargar las directivas con demasiadas opciones de aplicación nacionales, que limitarían el propio interés de la armonización. Todos los instrumentos jurídicos deberán contribuir a la simplificación, ya se trate de reglamentos, de directivas o de reconocimientos mutuos. El Comité subraya, asimismo, la necesidad de continuar con el esfuerzo de codificación, para evitar el solapamiento de textos y garantizar la comprensión y la simplicidad de lenguaje con arreglo al Acuerdo interinstitucional celebrado en diciembre de 1998.

6.5. En cuanto a la aplicación de la reglamentación, el Comité destaca la necesidad de que los Estados miembros abrevien las disciplinas de transposición, aun cuando el último cuadro indicativo de la Comisión revela que el 13 % de las directivas del mercado único cuyo plazo ha vencido, esto es, 194 de 1489, aún no se han transpuesto en todos los Estados miembros, lo que representa un deterioro neto que hace cada vez más improbable alcanzar el objetivo fijado del 1,5 % antes de que finalice el año 2000.

6.6. El Comité también desea señalar el carácter permanente de las reglamentaciones, recomendando que se prevea de manera sistemática, sobre todo en sectores de gran evolución, una vigencia limitada de las nuevas reglamentaciones, con plazos que prevean una revisión obligatoria del texto y, en caso de que no se satisfaga esta condición, su derogación.

6.7. El Comité subraya con especial atención el papel que deben desempeñar directamente los interlocutores económicos y sociales para lograr una política de simplificación en Europa:

6.7.1. Ocupando de manera útil los espacios contractuales que les abre el legislador europeo, en primer lugar en el ámbito social;

6.7.2. Presionando para obtener nuevos espacios contractuales, de autorregulación, de corregulación o de adopción de códigos de conducta a escala europea, en particular en lo que se refiere a la protección del medio ambiente, los intereses de los consumidores, el comercio electrónico y la sociedad de la información;

6.7.3. Estando dispuestos a participar directamente, en calidad de socios, en directivas de nuevo cuño que les permitan directamente, antes que a los Estados miembros, traducir determinadas exigencias esenciales mediante acuerdos, etiquetas, procedimientos de certificación y de autorregulación;

6.7.4. Participando activamente en los proyectos SLIM, donde pueden tener el mismo peso que los expertos de las administraciones;

6.7.5. Facilitando el desarrollo de "test panels" con los protagonistas sobre el terreno, en particular con empresas, sindicatos y asociaciones de consumidores.

6.8. El Comité desea que el plan plurianual de simplificación de la reglamentación se apoye en códigos de conducta de las instituciones europeas y de los Estados miembros, comprometiéndose a:

6.8.1. Adoptar una cultura general favorable a la simplificación, que apoye las expectativas de los usuarios socioprofesionales y de los representantes de la sociedad civil;

6.8.2. Actuar como protagonistas de la simplificación al igual que de la reglamentación, adoptando nuevos métodos para la elaboración, el contenido y la aplicación de la reglamentación;

6.8.3. Velar en el nivel nacional por la compatibilidad europea de las leyes y los reglamentos.

6.9. El Comité destaca el papel privilegiado que corresponde a la Comisión para garantizar el éxito de una política de simplificación. Con este fin, el Comité le presenta varias recomendaciones:

6.9.1. El Comité espera de la Comisión que presente, con miras al Consejo Europeo de Estocolmo de la primavera de 2001, un plan ambicioso e innovador, que abarque la duración del actual mandato de esta Comisión, esto es, de 2001 a 2005; este plan deberá permitir al Consejo Europeo iniciar un proceso global de simplificación de la reglamentación, como recomienda el Comité en su presente Dictamen. El Comité también espera de la Comisión que después presente cada año, a los Consejos Europeos de primavera siguientes, un informe donde se evalúen los progresos realizados, con cuadros indicativos, presentando también propuestas de nuevas acciones o de reorientación de acciones para respetar el calendario plurianual 2001-2005.

6.9.2. El Comité espera de la Comisión que haga especial hincapié en la exigencia de simplificación de la reglamentación en la reforma interna de sus servicios para convertirlos en una administración ejemplar; deberá otorgarse prioridad a la unidad central de simplificación, dotada de todos los medios necesarios, habida cuenta de la prioridad que debe otorgarse a su misión, directamente ante el Secretario General de la Comisión, en la medida en que la exigencia de simplificación deba convertirse en una preocupación compartida por todos los servicios de la Comisión, con independencia de las materias tratadas.

6.9.3. El Comité considera indispensable acompañar el plan de simplificación con presupuestos, para facilitar al proceso de simplificación los medios necesarios para tener éxito, con el apoyo de protagonistas de la sociedad civil, en particular para responder de manera mejor argumentada y sostenida que en la actualidad a las cuestiones previas de análisis de impacto.

6.9.4. El Comité señala la importancia del análisis de impacto, que debe seguir siendo un requisito previo sistemático para todo nuevo proyecto de reglamentación, y pide que se refuerce introduciendo cuatro innovaciones:

6.9.4.1. El Comité subraya la necesidad de reforzar la independencia y la calidad de los análisis de impacto, a la vez que se garantiza que se asignan para este fin los medios apropiados, mediante el empleo de buenas metodologías y una consulta efectiva a los medios socioprofesionales directamente afectados. Una buena práctica sería encomendar estos análisis a un organismo externo a la Comisión que reúna las cualificaciones y criterios de independencia requeridos.

6.9.4.2. El Comité propone que el control previo de la subsidiariedad se complete incorporando en adelante un criterio de alternativa: así, ya no sólo será necesario dedicarse a justificar el fundamento de una acción a escala europea, sino que también habrá que verificar si no existe para esta acción europea una alternativa a una nueva reglamentación por las instituciones europeas. Las alternativas previsibles podrán ser códigos de conducta de las empresas o de los medios socioprofesionales, planteamientos contractuales a la manera de un diálogo social (por ejemplo, en los ámbitos del medio ambiente, de la protección de los consumidores y del comercio electrónico). Si procede, estas alternativas también podrán consistir en acciones no reglamentarias ni contractuales, como acciones de formación, un recurso más sistemático a procedimientos judiciales, o incluso apoyos a asociaciones de la sociedad civil que puedan contribuir a lograr un objetivo.

6.9.4.3. El Comité propone que el análisis de impacto incluya en adelante, de manera explícita, un análisis de la simplificación que aporta la nueva reglamentación, incluido el ahorro en el coste o en el tiempo para los ciudadanos, tanto en lo que se refiere a su objetivo y su contenido como a su aplicación, lo que podrá justificar que se otorgue una gran importancia a las condiciones reales de esta aplicación.

6.9.4.4. Por último, el Comité propone que el análisis de impacto sea en adelante público y que acompañe al proyecto de reglamentación durante todo el proceso para que los codecisores puedan evaluar en qué medida el proyecto sigue respetando los criterios de la ficha de impacto, durante toda su evolución, a través de las enmiendas y hasta su adopción, y no sólo en su situación inicial. La publicidad del análisis de impacto también ayudará a evaluar regularmente si una determinada reglamentación ha envejecido y ya no responde en realidad a los criterios que habían justificado su adopción.

6.9.5. Los proyectos SLIM deberán continuarse y ampliarse, garantizando, como la Comisión ha manifestado su intención, que los proyectos de reglamentación revisados con arreglo a estas bases se presentarán durante los seis meses siguientes a las recomendaciones de un informe SLIM.

6.9.6. Deberán desarrollarse los planteamientos de "test panels", haciendo que en los mismos participen, según los asuntos, representantes de los interlocutores sociales y de los consumidores, e intentando prestarles todo el apoyo logístico que inevitablemente requiere su correcta utilización.

6.9.7. La Comisión deberá fomentar un entorno general favorable a la consolidación de una cultura de simplificación, sensibilizando sobre esta exigencia a los representantes elegidos, formando a los funcionarios (en primer lugar a los de sus propios servicios), organizando seminarios sobre este ámbito, instando a la evaluación comparativa de las mejores prácticas nacionales (difundiendo sus resultados en Internet), desarrollando la cooperación con otras instancias internacionales como la OCDE y apoyando iniciativas de la sociedad civil, de fundaciones y de "think tanks" que puedan contribuir a difundir a escala europea y en los niveles nacionales esta nueva cultura de la simplificación.

6.10. Como única asamblea que representa al conjunto de los usuarios de la reglamentación, el Comité Económico y Social es consciente del importante papel, sin duda central desde el punto de vista de estos usuarios, que está llamado a desempeñar en el marco de una nueva política europea de simplificación.

6.10.1. Para ejercer este papel de manera satisfactoria, el Comité pide a la Comisión:

6.10.1.1. Que se le consulte con mayor antelación cada vez que parezca posible, para evitar que su valor añadido consultivo en el ámbito de la simplificación se vea fuertemente penalizado por la consulta simultánea de las instituciones que disponen de una función de codecisión;

6.10.1.2. En particular, que se le consulte todos los años, con motivo de la presentación por la Comisión al Comité del programa anual indicativo de las consultas que se le dirigirán, acerca de la elaboración del informe al Consejo Europeo de la primavera sobre la evolución del proceso de simplificación; esto permitirá que la Comisión cuente con el Comité para la definición de nuevas acciones prioritarias, como el ámbito de nuevas iniciativas SLIM o los temas que justifiquen su examen por "test panels";

6.10.1.3. Participar directamente en la reflexión para mejorar y reforzar el análisis de impacto;

6.10.2. Para contribuir eficazmente a esta política de simplificación, el Comité está dispuesto a asumir en su totalidad la parte que le corresponde en los códigos de conducta que propone a las instituciones de la Unión. A este efecto, el Comité acuerda seguir varias líneas de conducta que se especifican en las conclusiones del presente dictamen.

6.11. En lo que se refiere a la participación de los codecisores en la política de simplificación, el Comité Económico y Social recomienda al Parlamento Europeo y al Consejo:

6.11.1. Que apoyen la reivindicación del Comité de realizar las consultas con mayor antelación, lo cual les permitiría disponer del dictamen del Comité desde el inicio de la fase de codecisión;

6.11.2. Que encarguen, si procede, al Comité misiones de consulta exploratorias en los ámbitos relacionados con la simplificación de la reglamentación, incluso en la reflexión sobre alternativas totales o parciales a una reglamentación en proceso de examen, o sobre las perspectivas de participación de interlocutores económicos y sociales en la aplicación de una directiva;

6.11.3. Que voten presupuestos que permitan a la Comisión desarrollar análisis y métodos que contribuyan al éxito de una política de simplificación;

6.11.4. Que se comprometan a pronunciarse en los doce meses siguientes a la presentación por la Comisión de un proyecto de reglamentación revisado en el marco de SLIM;

6.11.5. En la fase del procedimiento de conciliación, que verifiquen que su acuerdo respete los criterios elaborados por la ficha de impacto y que, por consiguiente, sea fiel a las expectativas de los usuarios;

6.11.6. Acelerar, antes de la ampliación, la adopción de medidas simplificadas que todavía hacen falta a los usuarios del mercado único, como la patente comunitaria, un estatuto operativo de sociedad europea, un régimen de IVA sin complicaciones en los intercambios intracomunitarios, la supresión de toda doble imposición en el seno del mercado único, las directivas que permitan facilitar las fusiones y las reestructuraciones europeas de empresas.

6.12. El Comité señala, asimismo, el papel de los órganos jurisdiccionales, tanto europeos como nacionales, así como el del Defensor del Pueblo, para contribuir a la simplificación:

6.12.1. Participar en la presión ejercida ante las instituciones europeas, los gobiernos y los parlamentos para que clarifiquen efectivamente las disposiciones legislativas y reglamentarias que están encargados de interpretar y de hacer aplicar;

6.12.2. Contribuir a la reflexión sobre una mayor codificación de los textos que facilite su simplificación para los magistrados, los juristas y todos los usuarios de la reglamentación.

6.13. En cuanto a la contribución de los Estados miembros a una política de simplificación, el Comité subraya el papel fundamental que les corresponde para garantizar su éxito y recomienda:

6.13.1. Que ellos mismos adopten códigos de conducta para la simplificación del funcionamiento del mercado único, garantizando la compatibilidad de las reglamentaciones nacionales con la reglamentación europea;

6.13.2. Que refuercen las disciplinas en cuanto a los plazos de transposición de la reglamentación comunitaria, siendo conscientes de que ahora deben dar un claro ejemplo a los países candidatos a la adhesión;

6.13.3. Que creen condiciones más propicias para el buen funcionamiento de los reconocimientos mutuos;

6.13.4. Que asuman responsabilidades directas para facilitar el funcionamiento del mercado único, siguiendo el ejemplo de las iniciativas ya adoptadas en los quince Estados miembros para establecer centros de coordinación del mercado interior, participando en una gestión compartida, en colaboración con la Comisión y los demás Estados miembros, y con arreglo a modalidades administrativas armonizadas, certificadas por la Unión Europea, en ámbitos relativos a la supresión de las barreras técnicas, el mejor funcionamiento de los reconocimientos mutuos, la seguridad de los productos, el medio ambiente, la lucha contra el fraude y la cooperación aduanera;

6.13.5. Que desarrollen iniciativas nacionales que contribuyan a lograr avances concretos en las políticas de la simplificación, desarrollando también ellos mismos unidades centrales de simplificación, y comuniquen las mejores prácticas a la Comisión para que ésta pueda establecer y difundir un "benchmarking" (evaluación comparativa) permanente:

7. Código de conducta del Comité Económico y Social para contribuir al proceso de simplificación

Para contribuir desde ahora al proceso de simplificación y a los códigos de conducta que recomienda a las instituciones de la UE, el Comité aprueba el código de conducta siguiente:

7.1. El Comité se fija como prioridad velar de manera permanente por las exigencias de simplificación, de calidad y de eficacia para sus usuarios de los proyectos de reglamentación sobre los que se le consulta.

7.2. El Comité se compromete a adaptar la organización de sus trabajos para responder dentro de los plazos a las consultas anticipadas que pudieran hacerle la Comisión, el Parlamento o el Consejo, cuando estas instituciones deseen así tomar en mayor consideración los dictámenes del Comité en lo que se refiere a las cuestiones de simplificación de la reglamentación.

7.3. El Comité decide elaborar cada año un informe de iniciativa sobre los progresos del programa plurianual de simplificación, destinado a apoyar a la Comisión en su evaluación anual para el Consejo Europeo de primavera.

7.4. El Comité acuerda realizar un examen sistemático del análisis de impacto para cada proyecto de reglamentación.

7.5. El Comité acuerda alertar a las instituciones europeas sobre las posibles necesidades de orientar la reglamentación hacia planteamientos contractuales, de autorregulación y de corregulación, bajo el control del legislador europeo, dejando a cargo de los interlocutores socioprofesionales de los ámbitos y sectores afectados el organizarse dentro de unos plazos razonables para responder a esta expectativa.

7.6. El Comité acuerda desarrollar el diálogo con los medios socioprofesionales europeos para incitarles a asumir estas responsabilidades, sobre todo contractuales, que les permitan contribuir directamente a las normas comunitarias.

7.7. El Comité acuerda desarrollar el diálogo con el Comité de las Regiones para establecer una cooperación continuada en este ámbito, en particular en lo que se refiere a la dimensión regional de la simplificación.

7.8. Por último, el Comité acuerda desarrollar el diálogo con los Consejos económicos y sociales existentes en los Estados miembros para que desempeñen en dichos Estados un papel análogo al que el Comité se ha fijado en el ámbito europeo para contribuir al éxito del proceso de simplificación.

Bruselas, 19 de octubre de 2000.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Göke Frerichs