ES    ES ES 
ES    ES  COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 2.7.2008 
SEC(2008) 2181  
  
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN 
 
que acompaña la 
propuesta de  
 
DIRECTIVA DEL CONSEJO  
 
por la que se aplica el principio de la igualdad de trato entre las personas 
independientemente de su religión o convi cciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual 
 
Resumen de la evaluación de impacto  
{COM(2008) 426 final} 
{SEC(2008) 2180} 
ES 2   ES DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN 
Documento que acompaña a  
la propuesta de Directiva del Consejo sobre el principio de la igualdad de trato 
Resumen de la evaluación de impacto 
 
1. INTRODUCCIÓN 
El derecho a la igualdad de trato es un principio general del Derecho comunitario1. El 
artículo 13 del Tratado permite emprender acciones  para luchar contra la discriminación por 
motivos de sexo, origen racial o étnico, re ligión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual. Este derecho también está r ecogido en el artículo 21 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.  
La UE ya ha emprendido una acción efectiva2 basada en el artículo  13 CE que complementa 
el corpus actual de legislación en materia de igualdad de géneros. No obstante, sigue 
existiendo discriminación en muchos campos, como  el acceso y el suministro de bienes y 
servicios, la vivienda, la educación, los servic ios sociales y la asistencia sanitaria.  
Ya al principio de su mandato, la Comisión se comprometió a estudiar la posibilidad de 
ampliar el marco legal basado en  el artículo 13 CE, tarea qu e comenzó en 2004 con el Libro 
Verde titulado «Igualdad y no discriminación en la Unión Europea ampliada» y prosiguió en 
2005 con su Estrategia marco sobre no discri minación e igualdad de oportunidades para 
todos, en 2007 con el Año Europeo de la Igua ldad de Oportunidades para Todos y en 2008 
con su Programa legislativo y de trabajo3. 
2. M ARCO JURÍDICO ACTUAL  
El marco jurídico comunitario actual aporta una protección mucho más amplia contra la 
discriminación por motivos de sexo, raza u orig en étnico que contra la discriminación por 
razón de religión o convicciones,  discapacidad, edad u orientación sexual, como se indica en 
el cuadro siguiente. Las Directivas en cuesti ón se han incorporado a hora a las legislaciones 
nacionales, de manera que ha aumentado c onsiderablemente la pr otección contra la 
discriminación en las legislaciones los Estados miembros. Además de la  protección jurídica, 
la acción a escala de la UE ha servido para reforzar la ayuda a las víctimas a través del 
establecimiento de «organismos para la igua ldad»: veinte Estados miembros no disponían 
anteriormente de un organismo de este tipo.  
                                                 
1 Asunto 203/86, España/Consejo (apartado 25), asunto C-15/95, EARL de Kerlast (apartado 35), y 
asunto C-144/04, Mangold (apartado 75). 
2 Directivas 2000/43/CE, 2000/78/CE y 2004/113/CE. 
3 COM(2007) 640. 
ES 3   ES Marco jurídico actual a escala europea: 
Motivos 
Ámbitos  Raza Religión  Discapacida
d Edad  Orientació
n sexual  Sexo 
Empleo y 
formación 
profesional  Sí y 
organismo para la 
igualdad  Sí Sí Sí Sí Sí y 
organismo 
para la 
igualdad 
Educación Sí y 
organismo para la 
igualdad No No No No No 
Bienes y 
servicios Sí y 
organismo para la 
igualdad No No No No Sí y 
organismo 
para la 
igualdad 
Protección 
social Sí y 
organismo para la 
igualdad No No No No Sí y 
organismo 
para la 
igualdad 
Aunque algunos Estados miembros de la Uni ón Europea disponen ya de legislación más 
estricta que la normas mínimas es tablecidas, hay grandes variacion es en cuanto al nivel y el 
alcance de la protección respecto a lo s diversos motivos. Cinco Estados miembros4 disponen 
de una protección jurídica detallada contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación se xual en los ámbitos indicados en el cuadro. 
Otros poseen disposiciones cons titucionales más generales o de  protección jurídica en algunos 
campos o por determinados motivos, pero no en relación con todos ellos. 
La diferencia en los niveles de protección cont ra la discriminación influye en las decisiones 
de las personas para poner en práctica sus dere chos a la libre circulac ión, por ejemplo, viajar, 
trabajar o estudiar en otro Estado miem bro. También pone trabas al funcionamiento 
transfronterizo de los proveedor es de bienes y servicios. 
2. P
RUEBAS Y CONSULTAS  
En 2006 se recibió el «análisis comparativo» que encomendó la Comisión en 2005 sobre las 
medidas nacionales en vigor que exceden de  los requisitos de la UE y su impacto5. En junio 
de 2007, la Comisión se dirigió por  escrito a los Estados miembros  para informarles sobre el 
estudio, anunciar la consulta pública prevista y pedirles más información sobre las medidas de 
mayor alcance que las Directivas del año 2000 que hubieran adoptado o tuvieran previsto 
adoptar. 
Además, la Comisión encargó otro estudio6 en 2007 al Consorcio para la Evaluación de 
Políticas Europeas (EPEC). El resultado, con el  título «Estudio sobre la discriminación por 
motivos de religión o convicciones , edad, discapacidad u orientac ión sexual fuera del ámbito 
del empleo», analizó el tipo y el alcance de la  discriminación en la UE fuera del terreno 
                                                 
4 Irlanda, Bulgaria, Luxemburgo, Eslovenia y Hungría. 
5 http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/public/pubst_en.htm#stud  
6 EPEC: Estudio sobre la discriminación por motivos de religión o convicciones, edad, discapacidad u 
orientación sexual fuera del ámbito del em pleo. Puede consultarse en la dirección: 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/org/imass_en.htm  
ES 4   ES laboral, y los gastos potenciales (directos e indirectos) que esta situación puede acarrear a las 
personas y a la sociedad. 
El Informe tiene en cuenta las contribuciones de la Red Europea de Expertos Independientes 
en el ámbito de la no discriminación y lo s resultados de una encuesta especial del 
Eurobarómetro realizada en marzo de 2008 sobr e discriminación y desigualdades en Europa7 
y de una encuesta flash Eurobarómetro, más centrada en ciertos ámbitos específicos, que se llevó a cabo en febrero de 2008
8. 
Cabe mencionar, en particular, una consulta pública en línea9, una encuesta en el sector 
empresarial10 y una consulta por escrito a los inte rlocutores sociales y las ONG europeas 
dedicadas a la lucha contra la di scriminación, acompañada de reuniones11. Paralelamente, las 
principales ONG de la UE que representan a personas con discapacidad presentaron una 
petición firmada por aproximadamente 1,3 millones de personas en la que pedían legislación 
en la materia. 
Los resultados de la consulta pública y la de las ONG fue un llamamiento claro al 
establecimiento de legislación de la UE para  mejorar el nivel de protección contra la 
discriminación, aunque algunos se manifestaron más favorables a directivas específicas por 
motivo de discriminación en el caso de la discapacidad y del sexo. La encuesta del Grupo de 
Consulta de las Empresas Europeas puso de manifi esto que sería de utilidad para las empresas 
disponer del mismo nivel de protección contra la  discriminación en toda la UE, si bien los 
interlocutores sociales en representación de  las empresas se mani festaron, en principio, 
contrarios a una nueva legislación, que consid eran una carga administrativa y económica. Los 
sindicatos se mostraron favorables a prohibir la  discriminación fuera del mercado de trabajo 
por los motivos de edad, discapaci dad, religión u orient ación sexual, y pusier on de relieve que 
precisamente la discriminación fuera del contex to laboral afecta a las posibilidades de sus 
miembros para encontrar empleo (por ejemplo, la falta de transporte accesible para los 
trabajadores con discapacidad). 
3. H IPÓTESIS  DE BASE  
Las Directivas comunitarias actuales deben continuar aplicándose. Algunos de los Estados 
miembros, pero no todos, poseen disposicione s jurídicas nacionales detalladas para la 
protección de las personas que sufren discrimi nación fuera del mercado de trabajo; otros 
tienen disposiciones constitucionales más generales. 
Seguirá habiendo discriminación contra las personas por moti vos de edad, discapacidad, 
religión o convicciones u orientación sexual, al go que además de perjudicar a los afectados, 
conllevará gastos y cargas innecesarios para la s personas, las empresas y la sociedad en su 
conjunto. 
                                                 
7 Encuesta especial del Eurobarómetro nº 296 sobre la discriminación en la UE, cuya publicación está 
prevista para julio de 2008, en las siguientes páginas web: http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/public/pubst_en.htm
 y 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm  
8 Flash Eurobarómetro nº 232. Los re sultados pormenorizados pueden cons ultarse en línea en la dirección 
siguiente: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_232_en.pdf  
9 Los resultados completos de la consulta pública están disponibles en: 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/news/news_en.htm#rpc  
10 http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/consultations/index_en.htm  
11 http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/org/imass_en.htm#ar  
ES 5   ES La Comunidad Europea y los ve intiséis Estados miembros que han firmado la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de la s Personas con Discapacidad deberán aplicar la 
Convención. 
4. D EFINICIÓN DEL PROBLEMA  
Un número importante de personas de la Un ión Europea sufren discriminación o están en 
situación de riesgo de ser discriminados, como ha  puesto de manifiesto la consulta pública (un 
35 % de los encuestados afirmó haber sufrido di scriminación en los ámbitos de la educación, 
la protección social o la asistencia sanitari a por razones de edad, discapacidad, religión u 
orientación sexual; y un 20 % declaró haberse se ntido discriminado en el acceso a bienes, 
servicios o vivienda). Según la  encuesta del Eurobarómetro12 que se llevó a cabo en febrero 
de 2008, entre un 8 % y un 16 % de los ciudadanos de la UE indicaron que ellos mismos, un 
miembro de su familia o algún amigo había su frido discriminación por razones de edad, 
discapacidad, religión, orientaci ón sexual o una combinación de factores. El estudio del EPEC 
demuestra el alcance de la discriminación por  religión o convicciones , edad, discapacidad u 
orientación sexual en determinados ámbitos (acceso a bienes y servicios, asistencia sanitaria, 
educación, transporte, etc.). Las ONG que re spondieron a la consulta  facilitaron también 
ejemplos concretos de discriminación. 
La protección jurídica con la que pueden contar  las víctimas de discriminación varía en 
función del motivo de discriminaci ón de que se trate, de que és ta tenga lugar en el terreno 
laboral o en otros ámbitos, y de dónde se re sida. Esta diferencia respecto a la protección 
contra la discriminación a escala nacional o de la UE tiene consecuencias prácticas: implica 
que la incidencia de la disc riminación señalada en el Informe no se trata de una manera 
coherente y que las víctimas de discriminación disponen de medios de reparación desiguales, 
en función del Estado miembro en que resi dan. También supone que las diferencias de 
protección que ofrecen los Estados miembros pued en influir en la movi lidad de las personas y 
en la comercialización transfront eriza de bienes y servicios. 
5. R EACCIÓN POLÍTICA DE LA UE 
Los objetivos de cualquier acción serán mejo rar la protección de la s personas contra la 
discriminación, lograr una mayor inclusión social y la plena participación  de todos los grupos 
en la sociedad y la economía, así como facilitar un marco jurídi co claro en todos los Estados 
miembros que estimule el comercio transfr onterizo y reste trabas a los desplazamientos. 
Se estudiaron varias posibilida des, y después de un primer examen de las políticas que 
podrían adoptarse, se seleccionaron seis pa ra ser analizadas con mayor profundidad: 
• ninguna intervención a escala de la UE; 
• autorregulación en el caso de los se rvicios de seguros y de banca; 
• una recomendación específica relativa a las competencias de los organismos para la 
igualdad y a la discriminación múltiple; 
• una recomendación general; 
• una directiva por cada motivo de discriminación; 
                                                 
12 Flash Eurobarómetro nº 232. 
ES 6   ES • una directiva que abarque varios motivos. 
6. C OMPARACIÓN DE LAS OPCIONES  
Se estudiaron todas las opciones para valorar en qué medida cada una de ellas podía cumplir 
los objetivos marcados y se compararon con la pr imera hipótesis de base (no intervenir, dejar 
todo como está). 
Se analizaron las repercusiones económicas y sociales respecto a todas las opciones, y el 
impacto medioambiental, en su caso. En la medi da de lo posible, se ofrecieron datos para 
ilustrar los gastos y beneficios que se generarían  para las personas, los prestadores de bienes y 
servicios y la sociedad en su conjunto, si bien  cabe mencionar que es difícil encontrar datos 
fiables sobre discriminación y lo s gastos que ésta conlleva. 
La opción de abstenerse de intervenir no servir ía para abordar los problemas determinados, lo 
que conllevaría la persistencia de los gastos económicos y soci ales de la discriminación y un 
aumento del riesgo de que se incrementen la s diferencias en la protección jurídica. 
Las opciones no legislativas que se estudiaron no pueden garanti zar ninguna mejora clara en 
el nivel de protección contra la  discriminación por ser imposible prever en qué medida los 
Estados miembros adoptarían estas opciones y la s llevarían a la práctica con eficacia. Se 
consideró que un diálogo con los sectores bancario y de segu ros podría ser un medio efectivo 
de tratar las alegaciones de di scriminación en este contexto. 
Se estimó que una acción indivi dual de los Estados miembros, ba sada en los marcos jurídicos 
y constitucionales nacionales, com portaba el riesgo no sólo de ma ntener las diferencias en los 
niveles actuales de protecci ón, sino de aumentarlas.  
Por tanto, el único medio seguro de progresar hacia los objetivos dete rminados era adoptar 
una medida jurídicamente vincul ante a escala de la UE. La experiencia con las Directivas 
actuales ha sido positiva y su transposición ha dado lugar a un nivel de protección mucho más elevado contra la discriminación en muchos  Estados miembros respecto a su situación 
anterior o de lo que hubiera sido sin el impulso de la acción de la UE. 
El Informe explica también que una directiva que prohíba la discriminación por discapacidad 
y otros motivos podría ser un medio efectivo y coherente para que los Estados miembros 
apliquen partes de la Convención de las Nacione s Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. En particular , con una definición del concepto  de «ajustes razonables», una 
directiva proporcionaría una mayor seguridad  jurídica que la Convención. Además, una 
directiva facilita mecanismos más claros y efectivos de reparación a las víctimas de 
discriminación. 
7. C
ONCLUSIÓN  
El Informe de evaluación del impacto llega a la  conclusión de que una medida comunitaria 
jurídicamente vinculante que amplíe el alcance de la protección contra  la discriminación por 
motivos de edad, discapacidad, orientación sexual y religión o co nvicciones sería el 
instrumento más adecuado para la c onsecución de los objetivos definidos.  
ES 7   ES 8. L A NUEVA DIRECTIVA  
• se basará en el enfoque y lo s conceptos de las Di rectivas del artícu lo 13 CE actuales, 
concretamente, en las Directivas 2000/ 43/CE y 2000/78/CE, por ejemplo, en las 
definiciones de discriminaci ón y de acoso, en la obligaci ón de proporcionar ajustes 
razonables y en las normas de procedimiento; 
• sólo prohibirá la discriminación en lo s campos que recaen en las competencias 
comunitarias, de manera que no afectará a la  organización o el contenido de la educación 
(por ejemplo, la educación para alumnos con necesidades especiales), las cuestiones de 
estado civil (por ejemplo, parejas del mismo sexo o matrimonio) o el Derecho de familia 
(por ejemplo, la adopción) o bi en las disposiciones nacionales  sobre el carácter laico del 
Estado o de sus instituciones; 
• establecerá prescripciones mínimas, de modo que cada Estado miembro sea libre de 
adoptar o mantener disposiciones que of rezcan una mayor protección y queda a la 
discrecionalidad de los Estados  miembros aumentar el nive l de protección que ofrecen a 
escala nacional; 
• no afectará a las disposiciones c onstitucionales nacionales por la s que se exige la igualdad 
de trato o se prohíbe  la discriminación. 
Este nuevo acto jurídico podría combinarse con un diálogo con los sectores bancario y de 
seguros para estudiar la discri minación que se percibe en estos ámbitos a fin de aclarar las 
normas para la industria y los consumidores. Asimismo, seguirá fomentando las medidas de índole no jurídica para luchar contra la discri minación, como la concienciación, la formación 
y el intercambio de buenas prácticas.