3)

El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 3 Investigaciones externas Controles y verificaciones in situ en los Estados miembros y en terceros países [Enm. 28] 1. Dentro del ámbito de aplicación definido en el artículo 1 y en el artículo 2, puntos 1 y 3, la Oficina efectuará controles y verificaciones in situ en los Estados miembros y, de conformidad con los acuerdos de cooperación y de asistencia mutua vigentes y cualquier otro instrumento jurídico en vigor, en terceros países y en los locales de organizaciones internacionales. [Enm. 29] 2. Los controles y verificaciones in situ se realizarán de conformidad con el presente Reglamento y, en aquellos aspectos no cubiertos por este, con el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96. 3. Los operadores económicos cooperarán con la Oficina en el curso de sus investigaciones. La Oficina podrá solicitar a los agentes económicos información oral y escrita de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra b) . [Enm. 30] 4. La Oficina llevará a cabo controles y verificaciones in situ previa presentación de una habilitación escrita, según lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, del presente Reglamento y en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/1996. Informará al operador económico afectado del procedimiento aplicable al control, incluidas las garantías procedimentales aplicables, y de su deber de cooperar. 5. En el ejercicio de estas competencias, la Oficina cumplirá las garantías procedimentales previstas en el presente Reglamento y en el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96. Durante la realización de un control o verificación in situ, el operador económico afectado tendrá derecho a no realizar declaraciones autoinculpatorias y a contar con la asistencia de una persona de su elección. Cuando el operador económico realice declaraciones durante los controles in situ, se le ofrecerá la posibilidad de expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado miembro en el que esté ubicado. El derecho del operador económico a contar con la asistencia de una persona de su elección no impedirá a la Oficina acceder a los locales de este ni retrasará indebidamente el inicio del control. 6. A petición de la Oficina, la autoridad competente del Estado miembro de que se trate prestará al personal de la Oficina , sin demora indebida, la asistencia necesaria para permitir la realización efectiva de su misión, tal como se especifica en la habilitación escrita prevista en el artículo 7, apartado 2. [Enm. 31] El Estado miembro de que se trate garantizará, de conformidad con el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96, que el personal de la Oficina disponga de acceso a toda la información, los documentos y los datos relacionados con el asunto investigado que puedan ser necesarios para llevar a cabo de manera eficaz y eficiente los controles y verificaciones in situ, y que dicho personal pueda asumir la custodia de documentos o datos para asegurar que no exista peligro de que desaparezcan. Cuando se utilicen dispositivos privados con fines profesionales, dichos dispositivos serán investigados por la Oficina únicamente si esta tiene motivos sólidos para suponer que su contenido puede ser pertinente para la investigación. [Enm. 32] 7. Cuando el operador económico afectado se someta a un control o verificación in situ autorizados en virtud del presente Reglamento, no serán de aplicación el artículo 2, apartado 4, del Reglamento (Euratom, CE) n.o 2988/95, ni el artículo 6, apartado 1, párrafo tercero, y el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96, en la medida en que dichas disposiciones exigen el cumplimiento de la legislación nacional y pueden limitar el acceso de la Oficina a la información y la documentación en las condiciones aplicables a los inspectores de las Administraciones nacionales. En los casos en que el personal de la Oficina encuentre que un operador económico se resiste a someterse a un control o una verificación in situ autorizados en virtud del presente Reglamento, el Estado miembro de que se trate prestará a dicho personal la asistencia necesaria de las autoridades policiales para que pueda llevar a cabo el control o la verificación in situ de forma eficaz y sin demoras indebidas. Cuando presten asistencia de conformidad con el presente apartado o con el apartado 6, las autoridades nacionales competentes actuarán con arreglo a las normas procedimentales nacionales aplicables a la autoridad nacional competente de que se trate. Si dicha asistencia requiere la autorización de una autoridad judicial de conformidad con la legislación nacional, se solicitará esa autorización. 7 bis. Cuando se demuestre que un Estado miembro no cumple con su deber de cooperar en virtud de los apartados 6 y 7, la Unión tendrá derecho a recuperar el importe correspondiente a los controles o verificaciones in situ de que se trate. [Enm. 33] 8. En el ejercicio de sus funciones de investigación, la Oficina efectuará los controles y las verificaciones previstos en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 y en las normativas sectoriales a que se refiere el artículo 9, apartado 2, del citado Reglamento, en los Estados miembros y, de conformidad con los acuerdos de cooperación y de asistencia mutua vigentes y cualquier otro instrumento jurídico en vigor, en terceros países y en los locales de organizaciones internacionales. 9. Durante una investigación externa, y en la medida en que sea estrictamente necesario para determinar la existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión, la Oficina podrá tener acceso a la información y los datos pertinentes, con independencia del soporte en el que estén almacenados, de que dispongan las instituciones, órganos y organismos, en relación con los hechos investigados. Será de aplicación a tal efecto el artículo 4, apartados 2 y 4. [Enm. 34] 10. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 quater , apartado 1, cuando, antes de que se adopte una decisión sobre iniciar o no una investigación externa, la Oficina disponga de información que sugiera la existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión, esta podrá informar a las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate y, en caso necesario, a las instituciones, órganos y organismos de que se trate. Sin perjuicio de las normas sectoriales mencionadas en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95, las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate velarán por que se adopten las medidas oportunas, con arreglo al Derecho nacional, en las que podrá participar la Oficina. Las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate informarán a la Oficina, a petición de esta, sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos merced a la información mencionada en el párrafo primero del presente apartado.»[Enm. 35]