ES Diario Oficial de la Unión Europea C 221/77

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un proceso monitorio europeo»

(COM(2004) 173 final/3 — 2004/0055 (COD))

(2005/C 221/16)

El 6 de abril de 2004, de conformidad con el artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Mesa del Comité Económico y Social Europeo decidió encargar a la Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo la preparación de los trabajos en este asunto.

Dada la urgencia de los trabajos, el Comité Económico y Social Europeo, en su 414o Pleno de los días 9 y 10 de febrero de 2005 (sesión del 9 de febrero), ha nombrado ponente general al Sr. PEGADO LIZ y ha aprobado por 73 votos a favor y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1. Objeto de la Propuesta

1.1. Con la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un proceso monitorio europeo (1), la Comisión da curso a una serie de iniciativas con miras a la gradual realización y desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia, eliminando los obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles en un espacio judicial europeo, como definió en su Plan de acción aprobado por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 3 de diciembre de 1998 (2).

1.2. Esta Propuesta cumple uno de los objetivos centrales del Libro Verde de 20 de diciembre de 2002 (3), y el otro objetivo de creación de un procedimiento europeo para simplificar y acelerar los litigios de pequeña cuantía está siendo objeto de tratamiento separado por parte de la Comisión.

1.3. En lo que se refiere a la creación de un proceso monitorio europeo, la Comisión, tras haber tenido en cuenta los comentarios y recomendaciones que sobre el citado Libro Verde emitieron el Parlamento Europeo y este Comité Económico y Social, presenta ahora un proyecto de Reglamento con el objetivo de establecer un proceso monitorio único en todo el espacio de la Unión Europea.

1.4. Su justificación para esta iniciativa está basada en las diferencias de legislación procesal civil de los Estados miembros, en los altos costes resultantes de esta circunstancia y en los retrasos ocasionados por los litigios transfronterizos, que asumen proporciones exageradas, en especial en los procesos de cobro de créditos no impugnados.

1.5. La Comisión ha querido ampliar la aplicación del proceso monitorio único a los litigios internos, por razones de igualdad entre los sujetos de Derecho y de no distorsión de la competencia entre los operadores económicos, siguiendo en esta orientación el Dictamen del CESE sobre el Libro Verde, aunque garantizando su compatibilidad con los principios de proporcionalidad y subsidiariedad.

1.6. El carácter facultativo del proceso monitorio queda bien enunciado en los artículos, siguiendo, aquí también, la opinión expresada por el CESE, según la cual el acreedor podrá optar por otro procedimiento, más formal, establecido en el Derecho nacional.

1.7. En la formulación de los mecanismos procesales contemplados, la Comisión se ha orientado por los siguientes principios fundamentales: a) máxima simplicidad del proceso, con la utilización de formularios normalizados; b) no apreciación del fundamento; c) ausencia de necesidad de presentación de una prueba; d) garantías suficientes de defensa del deudor; e) ausencia de recursos; f) fuerza ejecutiva; g) no obligatoriedad de representación por un abogado.

1.8. La Comisión garantiza asimismo la información recíproca de los órganos jurisdiccionales competentes para la expedición del requerimiento europeo de pago en los distintos Estados miembros, información que se actualizará periódicamente.

1.9. El Comité se congratula de que el Reino Unido e Irlanda estén considerando la posibilidad de adherirse a esta iniciativa, a semejanza de lo sucedido en iniciativas similares; por contra, el Comité habría valorado que, para un mejor funcionamiento del sistema ahora propuesto, Dinamarca no se excluyese totalmente de la aplicación del Reglamento y espera que, en el futuro, se superen las limitaciones que dificultan su plena adhesión a un espacio judicial único europeo.

1.10. El ámbito de aplicación territorial de la propuesta podrá ocasionar dificultades en el momento de su aplicación. Para evitarlas, deberían tomarse en consideración las especificidades de determinados territorios reflejadas en el artículo 299 del Tratado CE y las responsabilidades que algunos Estados miembros asumirán al respecto. En este sentido, es necesario precisar que, con independencia del ejercicio concreto del proceso monitorio, la designación de los respectivos organismos competentes deberá efectuarla la autoridad nacional que asuma la responsabilidad externa del Estado, avalando, por lo tanto, la legitimidad de dichos organismos.

2. Antecedentes e iniciativas paralelas

2.1. Hace ya mucho tiempo que se venía reflejando la preocupación por la uniformización y simplificación procesal civil como medio para garantizar la aplicación rápida y eficaz de la justicia en distintos documentos de las instituciones comunitarias, desde el Parlamento Europeo (4) a este Comité Económico y Social (5).

2.2. También la Comisión, haciéndose eco de estas preocupaciones, generalmente transmitidas por los operadores económicos, profesionales y por los consumidores, hace tiempo que venía reflexionando sobre las mejores vías a seguir, resultando especialmente interesantes los progresos realizados en el ámbito pionero del Derecho de los consumidores (6).

2.3. Pero fue claramente con el «Libro Verde sobre el proceso monitorio europeo y las medidas para simplificar y acelerar los litigios de escasa cuantía» cuando se planteó esta cuestión en términos de una posible iniciativa legislativa.

2.4. Esta iniciativa se inscribe, sin embargo, en un conjunto de medidas de especial relevancia que se han venido tomando sucesivamente a nivel de la cooperación judicial en materia civil a lo largo de los últimos años (7).

2.5. Cabe destacar, en particular, el Reglamento CE/805/2004, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados (8), texto que, además, no puede dejar de estar presente en la evaluación que se haga de la actual Propuesta de la Comisión, en la medida en que ambos constituyen dos caras de una misma moneda: la necesidad de simplificar y hacer eficaz la aplicación de la justicia civil en un espacio judicial único.

3. Instrumento legal y fundamento jurídico

3.1. De manera similar a las iniciativas adoptadas en este ámbito, la Comisión ha decidido proponer la utilización de un Reglamento y ha fundamentado su propuesta en la letra c) del artículo 61 y en el artículo 65 del Tratado.

3.2. En su Dictamen, el CESE se había pronunciado abierta y frontalmente a favor de la adopción de un Reglamento, por lo que no puede dejar de apoyar la opción escogida por la Comisión.

3.3. También considera el CESE que el fundamento jurídico es plenamente correcto, y corresponde a una interpretación no meramente formalista de los preceptos legales citados, única conforme al objetivo de la creación de un espacio judicial único en la UE.

4. Observaciones generales

4.1. El CESE acoge favorablemente la presentación de la propuesta de Reglamento, que, como ya ha mencionado, incluye la mayoría de las observaciones efectuadas por este Comité en su Dictamen sobre el «Libro Verde sobre el proceso monitorio europeo y las medidas para simplificar y acelerar los litigios de escasa cuantía» e intenta acertadamente dar cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

4.2. El CESE exhorta a la Comisión a que considere la posibilidad de hacer extensiva esta propuesta de Reglamento al Espacio Económico Europeo.

4.3. La necesidad de crear un procedimiento europeo para el cobro rápido de créditos no impugnados está bien documentada en las respuestas de los distintos Estados miembros al citado Libro Verde, así como la preocupación por garantizar a los presuntos deudores los derechos de defensa adecuados.

4.3.1. El CESE entiende, sin embargo, que la propuesta de la Comisión saldría ganando si fuese debidamente documentada con elementos estadísticos relativos a la previsión de los casos de litigios, ya sean transfronterizos o nacionales, que serán objeto del nuevo instrumento ahora propuesto, así como con un análisis de los costes/beneficios que supondrá su aplicación, lo que se omite en la exposición de motivos de la propuesta de la Comisión.

4.4. En su dictamen sobre el Libro Verde, el CESE señala, en particular que «la concepción de un proceso europeo de escasa cuantía dependerá sobre todo de que se encuentren las medidas apropiadas para acelerar los pleitos por demandas de escasa cuantía, sin poner en entredicho al mismo tiempo las garantías legales de las partes».

4.5. No obstante, el CESE considera que la propuesta de Reglamento, aunque debe ser objeto de una revisión atenta y cuidadosa para adecuarla mejor a sus objetivos, contempla de manera equilibrada estas dos necesidades: rapidez en el cobro y garantía de los derechos de defensa.

4.6. A pesar de eso, el CESE señala que es importante tener en cuenta que el requerimiento de pago no puede ser una forma de encubrir procedimientos menos correctos por parte de determinadas empresas, en particular, como forma de presión o de cobro de créditos sin respetar las normas de protección de los consumidores; del mismo modo, es importante garantizar que, con el modelo adoptado, no se propicien situaciones de colusión entre empresas situadas en Estados miembros diferentes que, simulando requerimientos de pago no impugnados, realicen transferencias pecuniarias de dudoso origen o incluso delictivas, utilizando un medio legal para el blanqueo de dinero.

4.7. El CESE alerta, por otra parte, sobre el hecho de que un número significativo de procedimientos de cobro que colapsan los tribunales, eventualmente incluso no impugnados, puedan estar relacionados con la publicidad agresiva o engañosa que fomenta sus productos convenciendo al consumidor de que su compra y su uso o consumo no conllevan mayores gastos o, si lo hacen, no son relevantes para los presupuestos familiares.

4.8. Por ese motivo, el CESE considera que la propuesta de Reglamento tan sólo representa un aspecto de un problema más amplio y complejo. Así, insta una vez más a la Comisión a que presente una propuesta legislativa que defina la responsabilidad de los proveedores, en la medida en que puedan contribuir con ciertos comportamientos menos leales al endeudamiento excesivo de las familias (9).

4.9. La Comisión considera que el proceso monitorio europeo ahora propuesto podrá coexistir con otros procedimientos de idéntica naturaleza y objetivo, incluidos en los Derechos nacionales de los Estados miembros.

4.9.1. No obstante, el CESE considera que sólo deberá existir un proceso monitorio: el que está previsto y regulado por la propuesta de Reglamento que se examina, el cual, por definición, no podrá dejar de ser considerado como el más adecuado a las situaciones a las que se aplica, so pena de perder legitimidad. Por esta razón, con la adopción del Reglamento, deberán desaparecer los procesos monitorios previstos en algunas legislaciones nacionales de los Estados miembros.

4.9.2. El carácter facultativo de este proceso monitorio deberá verificarse en relación con otros procesos comunes, y no con los procesos monitorios de la misma naturaleza y finalidad.

4.9.3. Por los motivos expuestos, o bien la exposición de motivos o bien el considerando 8 deberán volverse a formular para prever claramente la complementariedad del proceso monitorio europeo con otros procesos comunes, sumarios u ordinarios, y no con procesos monitorios nacionales de la misma naturaleza.

4.10. La propuesta de Reglamento utiliza a menudo la expresión «deudor» para referirse al destinatario del proceso monitorio europeo. El CESE considera que esta denominación es incorrecta, ya que transmite la idea de que el destinatario de este procedimiento es un deudor, cuando hasta que no tenga fuerza ejecutiva el requerimiento de pago todavía no existe un deudor propiamente dicho, que puede incluso nunca llegar a existir.

4.10.1. Así, el CESE considera que el término «deudor» debe sustituirse por «demandado» en todos los artículos donde figura, uniformizándose de este modo esta denominación en la propuesta de Reglamento.

4.11. Todos los plazos que figuran en la propuesta de Reglamento deben contarse en días, y no en semanas, deben definirse con precisión las normas para contarlos y para su suspensión o interrupción (por ejemplo, vacaciones judiciales, festivos, sábados y domingos, etc.), por razones obvias de seguridad jurídica, sugiriéndose que se adopten a este efecto las normas que figuran en los artículos 80 y siguientes del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

4.12. En el Derecho procesal son conceptos distintos el proceso común y el ordinario. En varios Estados miembros la distinción básica se hace entre el proceso común y el especial. Es especial cuando se prevé en la ley un proceso específico para determinados litigios, y común en todas las demás situaciones. A su vez, el proceso común puede ser ordinario, sumario o sumarísimo, en función del valor de la causa.

4.12.1. La propuesta de Reglamento utiliza la expresión «proceso ordinario» sin el rigor citado. En el apartado 2 del artículo 2 se hace referencia al proceso ordinario por oposición al proceso sumario. En el apartado 5 del artículo 6, y en los artículos 8 y 12 se hace referencia al proceso ordinario en su acepción de proceso común.

4.12.2. Así, las referencias al proceso ordinario que figuran en el apartado 5 del artículo 6 y en los artículos 8 y 12 de la propuesta de Reglamento deben sustituirse por «proceso común».

5. Observaciones particulares

5.1 Artículo 2 — Proceso monitorio europeo

5.1.1. La expresión «deudas dinerarias no impugnadas de cantidad determinada vencidas» debe sustituirse por la expresión «deudas dinerarias no impugnadas de cantidad fijada, líquida y vencida».

5.1.2. En efecto, para que un crédito determinado sea ejecutable, es fundamental que esté determinado, sea líquido y haya vencido. Este tipo de concepto es muy preciso en los distintos ordenamientos jurídicos, por lo que deberá mantenerse en aras de una mayor seguridad jurídica en la aplicación del Derecho.

5.2. Artículo 4 — Requisitos para la expedición de un requerimiento europeo de pago

5.2.1. En el apartado 1, la frase «...si se cumplen los requisitos contemplados en los artículos 1, 2 y 3 ...» deberá modificarse, ya que los artículos 1 y 2 no se refieren a requisitos propiamente dichos. El artículo 1 define el ámbito de aplicación del Reglamento, y el artículo 2 identifica el procedimiento establecido por el Reglamento.

5.2.1.1. Así, el CESE sugiere la siguiente redacción: «... si se cumplen las condiciones y los requisitos contemplados en los artículos 1, 2 y 3, respectivamente.»

5.2.2. El apartado 2 de este artículo otorga al órgano jurisdiccional la facultad de ofrecer al demandante la oportunidad de completar o rectificar su petición.

5.2.2.1. El CESE pide a la Comisión que analice las ventajas de transformar esta facultad en una obligación, al menos para los casos evidentes de errores importantes consistentes en completar de manera incompleta o deficiente los formularios, en aras de una mayor seguridad jurídica y economía procesal.

5.2.2.2. Por otra parte, la propuesta de Reglamento debería prever un plazo definido, necesariamente corto, para que el demandante responda a la solicitud del órgano jurisdiccional. Expirado ese plazo sin que el demandante haya perfeccionado la petición, ésta sería de entrada desestimada.

5.3. Artículo 5 — Desestimación de la petición

5.3.1. Desde el punto de vista procesal, en términos generales, la decisión de desestimar el requerimiento de pago podría contestarse por impugnación o por recurso. No obstante, lo que se pretende con el apartado 2 del artículo 5 es que esta decisión no sea oponible, con independencia del medio utilizado.

5.3.2. Así, habida cuenta de la manera en que se concibió este procedimiento y su carácter facultativo, que, por este motivo, no impide la utilización de otros medios jurídicos, el recurso resulta innecesario.

5.3.3. En estos términos, debe añadirse al final del apartado 2 de este artículo la siguiente expresión: «o recurso», para hacer compatible lo dispuesto en el artículo 5 con lo que consta en la exposición de motivos.

5.4. Artículo 6 — Aviso europeo de pago

5.4.1. Al final del apartado 2 de este artículo se prevé que no se admitirán métodos de notificación sin acuse de recibo personal del demandado (como se ha dicho anteriormente, la expresión «deudor» deberá sustituirse por «demandado») cuando no se conozca con seguridad la dirección del demandado.

5.4.1.1. El CESE señala a la Comisión que la expresión «conocer con seguridad la dirección del demandado» es demasiado imprecisa y puede crear situaciones de gran incertidumbre jurídica con consecuencias graves para los demandados.

5.4.1.2. Existe en varios Estados miembros la norma del domicilio convenido, en virtud de la cual, si la citación o notificación fuese enviada al domicilio convenido por las partes contratantes, se considera recibida, eximiendo así del acuse de recibo. ¿El domicilio convenido será suficiente para cumplir el requisito del conocimiento con certeza? El CESE considera que no lo es.

5.4.1.3. Si unimos esta norma, esto es, la dispensa de citación o notificación con acuse de recibo exigido al embargo de los bienes en la sede de ejecución, antes de la propia citación o notificación de los embargados, puede llegarse fácilmente a una situación en que el demandado sólo tenga conocimiento del requerimiento cuando se le embarguen los bienes, en la sede de ejecución.

5.4.1.4. El CESE considera que debe evitarse esta situación, grave y penosa para aquellos que ven cómo se embargan sus bienes sin haber tenido la oportunidad de oponerse (10). Así, el CESE propone, en la línea de lo que ha señalado con insistencia en el Dictamen sobre el Libro Verde ya citado, que no sea posible utilizar modos de citación y notificación que no contemplen el acuse de recibo del propio deudor, suprimiéndose, por este motivo, la expresión «cuando no se conozca con seguridad la dirección del demandado.» al final del apartado 2 del artículo 6.

5.4.2. El plazo de tres semanas al que se refiere la letra b) del apartado 3 del artículo 6 debe modificarse por el número de días equivalente, facilitando así la contabilidad de los plazos.

5.4.3. Es necesario especificar la naturaleza del plazo a que se refiere el apartado 5 de este artículo 6. Así, el CESE propone que se añada a continuación de «plazo» la expresión «de prescripción», al menos en la versión portuguesa y en las que no la contengan.

5.4.4. En el Dictamen sobre el Libro Verde antes citado, el CESE recomendó a la Comisión la necesidad de que «en el instrumento legislativo se incluya una norma sobre las consecuencias de la omisión de la obligación de informar».

5.4.4.1. En la presente propuesta no se hace ninguna referencia a este efecto, por lo que el CESE insta a la Comisión a que prevea estas normas.

5.5. Artículo 8 — Efectos del escrito de contestación

5.5.1. El CESE considera que en la propuesta de Reglamento que se examina no está claro que a partir del momento en que se presente un escrito de contestación el proceso se vaya a resolver con arreglo a las normas del procedimiento civil de cada Estado miembro, sin que sea necesario ningún otro impulso procesal de las partes.

5.5.2. Así, en el apartado 1 del artículo 8, a continuación de «el proceso se resolverá», debe añadirse la frase «automáticamente y sin necesidad de un nuevo impulso procesal».

5.6. Artículo 9 — Requerimiento europeo de pago

5.6.1. Igual que sucede en el artículo 6, en la parte final del apartado 2 de este artículo se afirma que no se admitirán métodos de notificación sin acuse de recibo personal del demandado cuando no se conozca con seguridad la dirección del demandado (como ha dicho anteriormente, la expresión «deudor» deberá sustituirse por «demandado»).

5.6.2. El CESE advierte a la Comisión de que la expresión «conocer con seguridad la dirección del demandado» es lo suficientemente imprecisa como para crear situaciones de gran incertidumbre jurídica con consecuencias graves para los demandados.

5.6.3. Por ese motivo, el CESE entiende que debe seguirse en este apartado exactamente lo mismo que se propuso para el artículo 6, esto es, que no sea posible utilizar métodos de citación y notificación sin acuse de recibo del propio deudor, suprimiéndose por este motivo la expresión «cuando no se conozca con seguridad la dirección del demandado» al final del apartado 2 del artículo 9.

5.7. Artículo 11 — Oposición al requerimiento europeo de pago

5.7.1 Si la Comisión acepta la sugerencia del CESE de que no se admitan métodos de citación o notificación sin acuse de recibo del propio demandado, deberá, en consecuencia, suprimirse el subapartado i) de la letra a) del apartado 4 de este artículo 11.

5.7.2 La expresión «actuara con prontitud» que figura al final del apartado 4 del artículo 11 es muy imprecisa y podría interpretarse de formas muy diversas.

5.7.2.1. Así, para reforzar la certidumbre y la seguridad jurídicas, el CESE sugiere que la Comisión defina un plazo límite para el ejercicio de los derechos previstos en el apartado 4 del artículo 11.

5.8 Artículo 12 — Efectos de la presentación de un escrito de oposición

5.8.1 Como se ha dicho para el artículo 8, no está claro en la propuesta de Reglamento que, a partir del momento en que se presente un escrito de oposición, el proceso se vaya a resolver con arreglo a las normas del procedimiento civil ordinario de cada Estado miembro sin que sea necesario ningún otro impulso procesal de las partes.

5.8.2 Así, en el apartado 1 del artículo 12, a continuación de «el proceso se resolverá» debe añadirse la frase «automáticamente y sin necesidad de un nuevo impulso procesal».

5.9 Artículo 13 — Representación legal

5.9.1 El CESE considera que la dispensa de representación por un abogado u otro profesional del Derecho puede admitirse cuando el valor del litigio sea lo suficientemente pequeño para que esté justificado, desde un punto de vista económico, la contratación de estos profesionales.

5.9.2 No obstante, la propuesta de Reglamento no define importes máximos (al contrario que algunas legislaciones de los Estados miembros) para este proceso monitorio, por lo que podrá utilizarse para cobrar importes elevados que, por ejemplo, de conformidad con la legislación de distintos Estados miembros y en caso de existir contestación, obligue a seguir un proceso ordinario.

5.9.3 En estas situaciones no tiene sentido que la intervención del profesional del Derecho se produzca sólo en el momento de la transición al proceso civil ordinario. En efecto, al demandado, en el momento de completar el formulario de respuesta propuesto, no sólo se le exige que diga si reconoce o no la deuda, sino también si presenta un escrito de oposición en relación con la totalidad de la deuda o sólo con el crédito principal, los intereses o los gastos. Ahora bien, al completar este formulario, el demandado puede estar perjudicando inadvertidamente la defensa que seguiría el abogado en caso de intervenir desde el inicio del proceso monitorio.

5.9.4 Por otra parte, la dispensa de representación por profesionales del Derecho puede representar una desventaja cuando estén en causa partes con estructuras muy desiguales (consumidores frente a profesionales, grandes empresas frente a pequeñas empresas o empresas familiares).

5.9.5 Por lo anteriormente expuesto, el CESE aconseja a la Comisión que considere si dispensa o no de la representación por abogado u otro profesional del Derecho a partir de un determinado importe (por ejemplo, 2 500 euros).

5.10 Artículo 14 — Costas

5.10.1 El CESE considera que debería añadirse un apartado 2 a este artículo con el texto siguiente: «El proceso monitorio europeo no tendrá costas si no existe escrito de contestación o de oposición».

5.10.2 Dada la naturaleza extrajudicial del proceso monitorio no contestado, se sugiere fijar antes una tasa única inicial, de importe reducido, con independencia de los valores reclamados.

5.10.3. Cuando esto no se entienda así, deberá quedar claro en el Reglamento que son aplicables a este procedimiento las disposiciones por las que, en el Derecho interno de cada Estado miembro, se haya procedido a la transposición de la Directiva 2003/8/CE de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios. (11)

5.11. Formularios anexos

5.11.1. Todo el sistema ahora propuesto se basa en la utilización de formularios, que constituyen los anexos 1 a 3 de la propuesta de Reglamento objeto de estudio (12). El funcionamiento eficaz de los procedimientos propuestos pasa así por la correcta adecuación de los formularios a las funciones a las que se destinan.

5.11.2. En la aplicación de los formularios en los conflictos transfronterizos, el CESE tiene dudas justificadas en cuanto a su eficacia y viabilidad.

5.11.3. Considérese el ejemplo siguiente: una empresa italiana presenta un requerimiento de pago a un tribunal italiano contra un consumidor polaco. ¿En qué lengua va a recibir el consumidor polaco el aviso europeo de pago? ¿En italiano? ¿En polaco? En la primera hipótesis, ¿Cómo se garantiza que el consumidor haya entendido el contenido de la notificación para poder decidir si presenta una declaración de defensa? En la última hipótesis, ¿quién es responsable de traducir la notificación?

5.11.4. Resulta además que los formularios en cuestión presuponen que el demandante no sólo ha de señalar los campos predeterminados, sino que también ha de escribir texto. ¿Quién es responsable de la traducción de ese texto? ¿Quién certifica su conformidad?

5.11.5. El Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, no resuelve las preocupaciones mencionadas anteriormente, dado el carácter poco formal y rápido del proceso monitorio europeo que se examina en el presente documento.

5.11.6. En efecto, aun cuando el hipotético consumidor polaco ya mencionado reciba el aviso europeo de pago en su lengua materna, ¿en qué lengua debe responder?, ¿quién va a traducir del polaco al italiano? Por otra parte, si no la recibe en polaco, la recusará legalmente. Ahora bien, en cualquiera de estas situaciones, se crean obstáculos que ponen en tela de juicio la rapidez del proceso monitorio europeo.

5.11.7. Así, el CESE insta a la Comisión a que reflexione sobre la manera más eficaz de garantizar que los objetivos de rapidez en el cobro de deudas y garantía de defensa del demandado no se vean perjudicados en la utilización de los formularios en conflictos transfronterizos.

5.11.8. El CESE entiende, asimismo, que, con la excepción de los formularios de respuesta, todos los demás son demasiado complejos para ser completados por personas que carezcan de formación jurídica.

5.11.9. En efecto, conceptos como «tipo de interés legal»; «% por encima del tipo base del BCE»; «la deuda se refiere a»; «requerimiento de pago»; «fuerza ejecutiva», no son fáciles de comprender por legos en la materia y, puesto que la Comisión propone la no obligatoriedad de representación por un abogado (en opinión del CESE sólo hasta un determinado valor reclamado) en este procedimiento, se hace necesario velar por que los verdaderos usuarios comprendan y sepan completar los formularios en cuestión.

5.11.10. Por otra parte, al menos en Portugal, son distintos conceptos el arrendamiento y el alquiler; se arriendan inmuebles y se alquilan muebles. Así, al menos en la versión portuguesa, los puntos 8.2. de la Petición de requerimiento europeo de pago y 9.3. del Aviso europeo de pago y del Requerimiento europeo de pago deberán modificarse en lo relativo al «Contrato de arrendamiento — mueble». Deberá tenerse idéntico cuidado en cuanto a la corrección jurídica de la terminología utilizada en las distintas versiones lingüísticas de la Propuesta, con arreglo a los conceptos del Derecho Civil de cada Estado miembro.

5.11.11. Por último, los puntos 11 de la Petición de requerimiento europeo de pago y 12 del Aviso europeo de pago y del Requerimiento europeo de pago resultan muy difíciles de completar para alguien que carezca de formación jurídica. El CESE sugiere que el tribunal analice esta cuestión teniendo en cuenta los domicilios del demandante y demandado.

Bruselas, 9 de febrero de 2005. La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo Anne-Marie SIGMUND

(1) COM(2004) 173 final, de 19.3.2004.

(2) DO C 19, de 23.1.1999.

(3) COM(2002) 746 final, de 20.12.2002, sobre el que se emitió el Dictamen, del que fue ponente el Sr. VON FUSTENWERTH (DO C 220, de 16.9.2003).

(4) Véanse las resoluciones del PE A2-152/86 de 13.3.1987, A3-0212/94 de 22.4.1994 y A-0355/96 de 14.11.1996.

(5) Se recuerdan a este efecto, en particular, los dictámenes sobre el «Libro Verde — Acceso de los consumidores a la justicia y solución de litigios en materia de consumo» (ponente: Sr. ATAIDE FERREIRA) (DO C 295 de 22.10.1994) sobre «Mercado Único y protección de los consumidores: oportunidades y obstáculos en el gran mercado» (ponente: Sr. CEBALLO HERRERO) (DO C 39, de 12.2.1996).

(6) Véanse a este efecto los documentos siguientes:

— Memorándum de la Comisión sobre el acceso de los consumidores a la Justicia (COM(84) 692 final de 12.12.1984) y Comunicación complementaria (COM(87) 210 final de 7.5.1987) en Suplemento del Boletín de las Comunidades Europeas 2/85.

— Comunicación de la Comisión sobre el Nuevo impulso a la política de los consumidores (COM(85) 314 final de 23.7.1985), en DO C 160 de 1.7.1985. Título provisional.

— Plan de acción de la Comisión de 14 de febrero de 1996 (COM(96) 13 final).

— Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «Hacia una mayor eficacia en la obtención y la ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión Europea» (COM(97) 609 final, de 22.12.1997, DO C 33 de 31.1.1998).

— Libro Verde — Acceso de los consumidores a la Justicia y solución de litigios en materia de consumo en el mercado único, (COM(93) 576 final).

— Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil (COM(2002) 196 final de 19.4.2002.

(7) Entre las que destacan las siguientes:

— Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 1998 relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (DO L 166/51, de 11.6.1998).

— Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, DO L 200, de 8.8.2000.

— Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas I), DO L 12 de 16.1.2001. El Dictamen del CESE sobre este asunto fue elaborado por el Consejero MALOSSE, DO C 117, de 26.4.2000.

— Reglamento (CE) no 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, DO L 174 de 27.6.2001. El Dictamen del CESE sobre este asunto fue elaborado por el Consejero H. BATALLER, DO C 139, de 11.5.2001.

— Programa de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO C 12, de 15.1.2001).

— Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, DO L 160, de 30.6.2000. El Dictamen del CESE sobre este asunto fue elaborado por el Consejero RAVOET, DO C 75, de 15.3.2000.

— Reglamento (CE) no 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes, Ibidem. El Dictamen del CESE sobre este asunto fue elaborado por el Consejero BRAGHIN, DO C 368, de 20.12.1999.

— Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil; Ibidem. El Dictamen del CESE sobre este asunto fue elaborado por el Consejero H. BATALLER, DO C 368, de 20.12.1999.

— Decisión del Consejo, de 28 de mayo de 2001, por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, DO L 174, de 27.6.2001. El Dictamen del CESE sobre este asunto fue elaborado por el Consejero RETUREAU, DO C 139, de 11.5.2001.

— Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a un nuevo marco jurídico para los pagos en el mercado interior (COM(2003) 718 final, de 2.12.2003). El Dictamen del CESE sobre este asunto fue elaborado por el Consejero RAVOET, DO C 302, de 7.12.2004).

(8) COM(2002) 159 final, DO C 203 de 27.8.2002. El Dictamen del CESE sobre este asunto fue elaborado por el Consejero RAVOE, DO C 85, de 8.4.2003.

(9) Véanse documento informativo y Dictamen del CESE sobre el endeudamiento de los hogares, del que fue ponente el Consejero Sr. Ataíde Ferreira, DO C 149, de 21.6.2002.

(10) El Reglamento (CE) no 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, prevé en su artículo 14 la posibilidad de citación o notificación sin acuse de recibo por el demandado, y no la considera admisible si no se conoce con seguridad el domicilio del demandado. De las distintas situaciones previstas, sólo las previstas en las letras c), d) y e) justifican las objeciones formuladas por el CESE, tanto en el presente dictamen como en el dictamen sobre el Libro Verde correspondiente.

(11) DO L 26/41, de 31.1.2003.

(12) El anexo 1 se refiere a la Petición de requerimiento europeo de pago a que hace referencia el artículo 3 de la propuesta de Reglamento. El anexo 2 se refiere al Aviso europeo de pago a que hace referencia el artículo 6 de la propuesta de Reglamento y al Formulario de respuesta – Aviso europeo de pago a que se refiere el artículo 7 de la propuesta de Reglamento. El anexo 3 se refiere al requerimiento europeo de pago mencionado en el artículo 9 de la propuesta de Reglamento y al Formulario de respuesta – Requerimiento europeo de pago mencionado en el artículo 11 de la propuesta de Reglamento.