RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO para que autorice a la Comisión a abrir y conducir las negociaciones con la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre las condiciones y modalidades de adhesión de la Comunidad Europea

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

La presente Comunicación de la Comisión al Consejo aborda la adhesión de la Comunidad Europea a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y a la Organización Marítima Internacional (OMI).

Como subraya el Libro Blanco sobre el futuro de la política europea de transportes [1], es necesario que la Unión Europea, que constituye la primera potencia comercial del mundo y que realiza gran parte de esa actividad comercial fuera de sus fronteras, desempeñe el papel que le corresponde en la adopción de las normas internacionales que regulan gran parte de los transportes.

[1] Libro Blanco - La política Europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad, COM(2001)370 de 12.09.2001.

El acervo comunitario ha experimentado un desarrollo considerable en los últimos diez años, sobre todo en el ámbito del transporte aéreo y marítimo. Así pues, la creciente participación de la Comunidad en asuntos tratados en las dos organizaciones y el consiguiente desarrollo de la normativa comunitaria exigen reforzar su participación en la OACI y la OMI, organizaciones en las que participan países de todo el mundo y que establecen normas internacionales en materia de transporte aéreo y marítimo. La adhesión permitiría a la Comunidad cumplir sus obligaciones en materia de competencia exterior y garantizar la coherencia entre el Derecho comunitario y el internacional en estos dos sectores de especial importancia económica.

Como dictaminó el Tribunal de Justicia en 1971, a medida que la Comunidad va estableciendo normas internas comunes, también va adquiriendo autoridad sobre las negociaciones exteriores que pueden afectar dichas normas comunes (doctrina AETR) [2]. Posteriormente, en el Dictamen 1/76, el Tribunal de Justicia certificó también que, si la Comunidad tiene competencias internas para conseguir un objetivo concreto, dispone implícitamente de competencias exteriores exclusivas sobre ese tema en la medida en que ello sea necesario para alcanzar dicho objetivo [3].

[2] Asunto 22/70 de 31.03.1971, Comisión contra Consejo, RTJ 1971 p. 263.

[3] Dictamen 1/76 de 26.04.1977, Proyecto de Acuerdo relativo a la creación de un fondo europeo de inmovilización de la navegación interior, RTJ 1977, p.741.

El razonamiento de ambos fallos se vio confirmado por el Dictamen del Tribunal 1/94 [4]. Además, el Tribunal señaló que desde el momento en que la Comunidad ha incluido en sus actos legislativos internos cláusulas relativas al trato que ha de otorgarse a los nacionales de países terceros o ha conferido expresamente a sus Instituciones competencia para negociar con los países terceros, adquiere una competencia exclusiva en la medida cubierta por dichos actos. En cualquier caso, lo mismo sucede, incluso en el caso de que no exista cláusula expresa que faculte a sus Instituciones para negociar con Estados terceros, cuando la Comunidad haya llevado a cabo una armonización completa (...), puesto que las normas comunes adoptadas podrían verse afectadas, en el sentido de la sentencia AETR (...) si los Estados miembros conservaran libertad de negociación con los países terceros [5].

[4] Dictamen 1/94 de 15.11.1994, Competencia de la Comunidad para concluir acuerdos internacionales en materia de servicios y de protección de la propiedad intelectual, RTJ, 1994, p. I-5267.

[5] Dictamen 1/94, apartados 95 y 96.

Así pues, la Comunidad no tiene más opción que suscribir los Convenios de Chicago y Ginebra, a fin de cumplir las obligaciones que le competen tanto en virtud del Derecho derivado como de los principios sentados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Además de las consideraciones jurídicas y como señala la Comisión en su reciente Libro Blanco titulado La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad [6], (...) la Unión Europea, primera potencia comercial del mundo, que realiza gran parte de esta actividad comercial fuera de sus fronteras, [tiene] (...) poco peso en la adopción de normas internacionales que, fundamentalmente, regulan el transporte. Esta situación se explica por su exclusión, como Unión Europea, de la mayor parte de las organizaciones intergubernamentales, donde sólo dispone de un puesto de observador.

[6] COM(2001)370 de 12.09.2001.

Por consiguiente, la Comisión ha adoptado la posición siguiente: ...Conviene remediar rápidamente esta situación mediante la adhesión de la Comunidad a las organizaciones intergubernamentales que regulan los transportes, a fin de que la treintena de miembros de la Unión ampliada no sólo hable por unanimidad, sino que, además, pueda influir en la actividad de estas organizaciones fomentando un sistema de transporte internacional que tenga en cuenta los imperativos del desarrollo sostenible.

El potencial de incidencia de una acción comunitaria cuidadosamente coordinada sobre las decisiones adoptadas en la OACI y la OMI ya ha quedado demostrado con las muy limitadas posibilidades actuales de participación comunitaria efectiva. En el ámbito de la seguridad marítima, la Comunidad acordó prohibir la entrada de los buques de casco único a sus puertos en 2015. Esta decisión de la Unión Europea condujo a la OMI a modificar el calendario previsto para la retirada de tales buques. Asimismo, los esfuerzos comunitarios para lograr una reducción progresiva del ruido provocado por las aeronaves han contribuido a acelerar los debates multilaterales sobre la revisión de las normas de la OACI a este respecto.

El problema y sus soluciones

No obstante, las disposiciones vigentes sobre la participación de la Comunidad como observadora en la OACI o de la Comisión en la OMI no son ni satisfactorias ni suficientes para garantizar una representación efectiva de la posición comunitaria.

En este sentido, el hecho de que la Comunidad sólo pueda ser invitada a participar en reuniones de órganos subsidiarios de la OACI en calidad de observador y de forma esporádica, y no reciba información sobre las actividades cotidianas de la OACI y la Comisión de Aeronavegación, organismos cuyas decisiones se elaboran y adoptan en los tres años de intervalo que hay entre las reuniones de la Asamblea de la OACI, plantea un grave problema para la Comunidad.

Del mismo modo, el estatuto de observador de la Comisión en la OMI no le permite expresarse en nombre de la Comunidad en asuntos de competencia exclusiva de la misma, ni remitir a decisiones adoptadas a escala comunitaria, ya que las posiciones nacionales se consideran únicamente como tales, independientemente de la calidad de Estado miembro de la Comunidad del Estado que la expresa. Así las cosas, el estatuto de observador obstaculiza la utilidad de la coordinación de posiciones y favorece, por el contrario, que surjan posiciones contrarias a los intereses de la Comunidad.

Así pues, existe una clara contradicción entre el derecho legítimo de la Comunidad Europea a ejercer sus competencias en nombre de sí misma y el estatuto de la Comunidad y la Comisión en estas dos organizaciones.

Dado que los Convenios de Chicago y Ginebra, en virtud de los que se instituyeron dichas organizaciones internacionales, prevén únicamente la adhesión de Estados, la adhesión de la Comunidad exige modificar tales convenios de manera que las organizaciones de integración económica regionales puedan adherirse a aquellas. Por consiguiente, para que la Comunidad pueda adherirse, debe presentarse una propuesta de enmienda de ambos convenios, que deberá ser aprobada por mayoría de dos tercios de la Asamblea de cada organización y ratificada de conformidad con las disposiciones de los convenios respectivos [7].

[7] En el caso de la OMI, por dos tercios de los Estados signatarios; en el caso de la OACI, por el número de Estados signatarios establecido por la Asamblea, sin que dicho número pueda ser inferior a dos tercios del total de Estados signatarios.

A tal fin, la Comisión recomienda al Consejo que la autorice a negociar las enmiendas necesarias de los convenios.

No obstante, se prevé que el proceso sea largo dado que la Comunidad sólo podrá adherirse a dichas organizaciones cuando el número necesario de Estados miembros haya ratificado las enmiendas de los convenios respectivos.

Disposiciones transitorias

A la luz de lo anterior, se proponen medidas transitorias que se establecerán cuando la Comisión disponga de autorización para negociar las enmiendas de los convenios. El objetivo es intensificar las relaciones de trabajo entre la CE y ambas organizaciones, creando condiciones que permitan aumentar la participación en sus actividades.

Dadas las diferencias existentes entre las normas y el funcionamiento de ambas organizaciones internacionales, las posibilidades de que dispone actualmente la CE para participar en las actividades de una y otra difieren considerablemente.

Así, por ejemplo, la Comisión Europea cuenta con el estatuto de observador permanente en la OMI, lo que la autoriza a recibir todos los documentos y a participar cuando lo considera necesario, mientras que en la OACI la Comunidad tiene un estatuto de observador no permanente [8], por lo que sólo puede participar en las reuniones previa invitación y acceder sólo a la documentación relacionada con tales reuniones. Por consiguiente, las restricciones jurídicas son mayores en la OACI que en la OMI, lo cual significa que la Comisión coordina la posición de los Estados miembros en las reuniones de la OMI, mientras que, en la OACI, la Comunidad no puede asistir a las reuniones de los órganos internos en las que se adoptan las decisiones vinculantes.

[8] La normativa interna vigente de la OACI no contempla el estatuto de observador permanente.

Dadas estas diferencias, las dos partes de la Comunicación relativas a la OACI y a la OMI abordan desde una orientación distinta dichas etapas intermedias y presentan las oportunas recomendaciones en función de las necesidades y las posibilidades de cada situación.

En el caso de la OACI, teniendo en cuenta, por un lado, la fragilidad del estatuto actual de la Comunidad con respecto a los métodos de trabajo de la Organización y, por otro, la lejanía de su sede respecto a la Comunidad, la Comisión establecerá, junto con la negociación de adhesión, métodos de representación más eficaces designando un representante permanente en la sede de la OACI (como ocurre con los Estados miembros del Consejo de la OACI). Además, son necesarios procedimientos internos adecuados a escala comunitaria, adaptados a la situación real de las actividades de la OACI.

En el caso de la OMI, donde, pese a haber coordinación, la Comunidad no está autorizada a hablar con una sola voz, los Estados miembros deberán emprender una acción concertada en los comités, a fin de que la Presidencia o la Comisión, en función de las competencias, expresen la posición de la Comunidad. El proceso de plena participación podría exigir un plazo de tiempo considerable. Mientras tanto, convendrá estrechar las relaciones con otras Partes contratantes de dicha organización y con los representantes del sector. Por consiguiente, debe estudiarse la posibilidad de designar un representante permanente de la Comisión en la OMI.

Conclusiones

La Comisión invita al Consejo a que:- autorice a la Comisión a negociar, en nombre de la Comunidad, las enmiendas necesarias de los Convenios de Chicago y Ginebra de manera que la Comunidad pueda convertirse en miembro, así como las medidas oportunas para el período transitorio; y

- adopte los procedimientos internos adecuados a escala comunitaria para una participación efectiva en las actividades de las dos organizaciones.

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO para que autorice a la Comisión a abrir y conducir las negociaciones con la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre las condiciones y modalidades de adhesión de la Comunidad Europea

1. Introducción

Dada la ampliación de las competencias comunitarias en materia de seguridad del transporte marítimo, parece justificado considerar la adhesión de la Comunidad Europea a la Organización Marítima Internacional (OMI). Es necesario reforzar la participación comunitaria, para prevenir el incumplimiento por los Estados miembros de sus obligaciones comunitarias y garantizar la coherencia de la posición de la Comunidad.

Ello entraña modificar el Convenio de Ginebra de 1948, por el que se crea la OMI (véase el anexo II), y obtener el voto y la ratificación de dos tercios de los 160 Estados miembros de la Asamblea. Dado que lo prolongado de los procedimientos de la OMI hará que el proceso lleve varios años [9], es necesario adoptar una solución transitoria para mejorar los procedimientos internos de la Comunidad relativos a la coordinación de las posiciones de la OMI y reforzar la representación de la Comisión en la Organización.

[9] El proceso de ratificación de un convenio en la OMI lleva una media de entre 8 y 10 años.

Como subraya la Comisión en su Libro Blanco titulado La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad [10], conviene remediar rápidamente esta situación mediante la adhesión de la Comunidad a las organizaciones intergubernamentales que regulan los transportes, a fin de que la treintena de miembros de la Unión ampliada no sólo hable por unanimidad, sino que, además, pueda influir en la actividad de estas organizaciones para el interés común y el desarrollo sostenible. La Comisión precisa que la Unión Europea debe reforzar su capacidad de afirmación a escala internacional para expresarse por unanimidad en función de sus intereses sociales, industriales y ambientales.

[10] COM(2001) 370 de 12.09.2001, p.106 -107.

Por tanto, la Comisión recomienda al Consejo que:

- autorice a la Comisión a abrir y conducir las negociaciones con la OMI sobre las condiciones y modalidades de adhesión de la Comunidad Europea a la OMI de acuerdo con las disposiciones del artículo 300 del Tratado;

- adopte las directrices de negociación que se proponen a continuación. Además, la Comisión recomienda al Consejo que inste a los Estados miembros a apoyar su actuación en la búsqueda de estos objetivos de acuerdo con el artículo 10 del Tratado.

2. Competencias e intereses comunitarios en los asuntos competencia de la OMI

El problema de las competencias deriva del hecho de que no todos los actos comunitarios adoptados en el ámbito de la seguridad marítima tienen el mismo nivel de armonización: algunos de ellos establecen normas mínimas, otros establecen normas máximas y otros tienen un contenido que podría calificarse de mixto.

Por consiguiente, es preciso buscar soluciones basadas en la práctica comunitaria y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el ámbito de las competencias externas.

La Comunidad tiene competencias en muchos ámbitos directa o indirectamente vinculados a la seguridad del transporte marítimo y a la prevención de la contaminación marina ocasionada por los buques. Tales competencias se establecieron al entrar en vigor numerosos instrumentos vinculantes (reglamentos y directivas) adoptados sobre la base de resoluciones, recomendaciones y convenios de la OMI.

Esta normativa tiene como principal objetivo garantizar una aplicación armonizada y coherente en el conjunto de la Comunidad de las normas internacionales destinadas a los Estados miembros en su calidad de Estados de pabellón, y aplicables al tráfico internacional y nacional [11], así como a todos los buques, independientemente de su pabellón.

[11] Dentro de la Comunidad, no cabe distinguir entre transportes marítimos internacionales y nacionales.

Así, por ejemplo, la Comunidad ejerce competencias (véase el anexo I) en los siguientes ámbitos:

- Elaboración y aplicación de criterios y normas técnicas, que los Estados miembros han de adoptar obligatoriamente, especialmente en materia de equipos marinos.

- Elaboración de reglas y normas de seguridad para los buques de pasaje.

- Aplicación por parte del Estado del puerto de las normas internacionales relativas a la seguridad marítima, la prevención de la contaminación, las condiciones de vida y de trabajo a bordo de los buques y a los buques que hacen escala en los puertos comunitarios o en aguas bajo jurisdicción de los Estados miembros.

- Elaborar normas armonizadas entre los Estados miembros dirigidas a sus autoridades marítimas de inspección y a las sociedades de clasificación.

Reviste gran importancia que todas estas normas y las que se elaboren en el futuro [12] sean coherentes con las demás políticas desarrolladas por la Comunidad Europea, y especialmente con los objetivos del mercado interior y los de la política de medio ambiente.

[12] Las propuestas adoptadas en el paquete Erika I, es decir, los controles efectuados por el Estado del puerto, la reglamentación relativa a las sociedades de clasificación; la retirada de los viejos buques de casco único; y las del paquete Erika II, aún en fase de debate: el sistema comunitario de seguimiento, supervisión e información sobre el tráfico marítimo, el fondo de indemnización por los daños debidos a la contaminación por hidrocarburos en las aguas europeas y, sobre todo, la creación de una Agencia Europea de Seguridad Marítima.

Corresponde a la Comisión Europea, en tanto que garante de los Tratados, velar por esta coherencia, ocupando la posición que le corresponde en la escena internacional.

3. Adhesión de la Comunidad Europea

3.1. Estatuto de la Comisión Europea

El Convenio de Ginebra sólo reconoce estatuto de miembro a los Estados. Desde el punto de vista político, resulta imperativo tanto para los Estados miembros como para los Estados terceros, clarificar la forma de participación europea, sobre todo si se tiene en cuenta que las estructuras de la OMI no reconocen la existencia de organizaciones de integración económica. La Comisión Europea tiene, empero, estatuto de observadora desde la firma de un acuerdo de cooperación y colaboración entre la Comisión y la OCMI (que posteriormente se convirtió en la OMI) el 28 de junio de 1974. Por consiguiente, no es la Comunidad Europea la que dispone de ese estatuto, sino la Comisión (véase el anexo III).

Desde 1994 la Comisión recibe todos los documentos que figuran en el orden del día de los órganos de la OMI [13] y participa en todas las reuniones de los comités y subcomités que, a su juicio, revisten interés comunitario. Tales comités tienen competencias para modificar y enmendar por acuerdo tácito los anexos técnicos de los convenios de los que la OMI es depositaria.

[13] La Comisión participa en los 4 comités principales: el Comité de Seguridad Marítima (MSC), el Comité de Protección del medio ambiente marino (MEPC), el Comité de Cooperación Técnica (CTC) y el Comité Jurídico (LC).

La Comisión se encarga de coordinar, en función de las necesidades, las posiciones comunes o concertadas de los Estados miembros al margen de las reuniones de esos comités y bajo la égida del Estado miembro que ejerce la Presidencia del Consejo.

La presentación oral de dichas posiciones se efectúa en los debates celebrados por los órganos de la OMI y corre a cargo bien de una serie de Estados miembros que se expresan a título individual, bien de todos ellos en conjunto [14].

[14] Hasta hace poco, cuando la Comisión o el Estado miembro que ejercía la Presidencia se han expresado en nombre de los 15, esto llevó a veces a que países terceros expresaran, en ocasiones verbalmente, su oposición.

3.1.1 Carencias actuales

Aun cuando el principio de coordinación comunitaria esté establecido desde 1994, su aplicación no siempre ha resultado suficiente y ha dado lugar a discrepancias, debido ante todo a la falta de comunicación entre las delegaciones nacionales y, como señala el Libro Blanco, al hecho de que los Estados miembros no siempre tienen una posición coherente en [esta organización] con respecto a lo decidido a escala comunitaria.

Por otra parte, hay que recapitular brevemente las carencias actuales del estatuto de observador.

El estatuto de observador no permite a la Comisión desempeñar las siguientes tareas:

- Negociar directamente, aun cuando las cuestiones planteadas se refieran a ámbitos que han sido objeto de armonización comunitaria.

- Expresarse en nombre de los 15 Estados miembros. Actualmente, cuando se procede a una votación, sólo se contabilizan los Estados miembros que emiten un voto, sea positivo o negativo. Siempre se contabilizan de forma individual.

- Lograr una coordinación comunitaria eficaz en la esfera de las competencias comunitarias, por cuanto siempre existe el riesgo de que las opiniones expresadas por los Estados miembros no coincidan sistemáticamente con las acordadas a escala comunitaria.

- Aportar una contribución concreta y tangible a la política de seguridad marítima comunitaria.

Por otro lado, el estatuto de observador hace particularmente difícil la participación comunitaria en las negociaciones de los convenios internacionales al obligarla a estar vigilante y a aplicar procedimientos más complejos tanto en el plano interno como en el seno de las estructuras de la OMI, precisamente en un momento en que la Comunidad podría aspirar a participar.

3.1.2 Ampliación de competencias

El acervo comunitario se ha desarrollado considerablemente en un espacio de tiempo relativamente breve y el ritmo de crecimiento de las competencias sigue siendo elevado. Así, acaban de entrar en vigor las disposiciones del paquete Erika I, que irán rápidamente seguidas de las del paquete Erika II.

Hay otras propuestas en curso o incluidas en el programa de trabajo de la Comisión como el refuerzo de las normas comunitarias en materia de barcos de pasajeros o del medio ambiente, además de los instrumentos internacionales asociados, que también justifican una toma de posición internacional, sobre todo, en el seno de la OMI.

3.2. Valor añadido de la adhesión de la Comunidad

La adhesión de la Comunidad permitirá remediar las carencias y problemas descritos anteriormente en cuanto a las modalidades de participación y representación de la Comunidad en la OMI.

3.2.1 Valor añadido en la escena internacional

Aunque no quepa duda de que la OMI sigue siendo el foro más adecuado para elaborar normas internacionales relativas a la seguridad de los buques y a la prevención de la contaminación por ellos causada, conviene resaltar también que el carácter coercitivo del sistema jurídico comunitario hace posible una aplicación eficaz de tales normas.

Lógicamente, esta coherencia entre 15 Estados miembros, que llegarán a ser una treintena tras la ampliación, debe reflejarse en la escena internacional.

Desde el punto de vista económico, debe señalarse que las flotas de los Estados miembros representan actualmente el 12% del tonelaje mundial, porcentaje que, tras la ampliación, se elevará al 22%. La Europa de los Quince controla financieramente el 30% de la flota mundial y el tráfico marítimo con destino u origen en los puertos comunitarios supone el 30% del tráfico mundial.

Cuando la Comunidad incorpora en su reglamentación las normas de la OMI, éstas no sólo tienen efectos en la flota de los Estados miembros, sino también, a menudo, en las de los terceros países que comercian con los Estados miembros, sobre todo en materia de inspección.

Desde el punto de vista económico, dichos países no pueden eclipsar a un mercado tan sólido como el europeo, por lo que deberán familiarizarse con el régimen vigente en esta región del mundo y hacer todo lo posible por adecuarse al mismo. De hecho, las normas de seguridad impuestas por la Comunidad con arreglo a la reglamentación de la OMI se están convirtiendo poco a poco en una práctica profesional para todos los buques que operan en la zona europea.

Ahora bien, ese valor añadido debería plasmarse, de acuerdo con la evolución de las competencias, en un estatuto más adecuado.

En determinados ámbitos, los reglamentos y directivas establecen una armonización total entre los Estados miembros, lo que supone una competencia exclusiva de la Comunidad Europea. Por lo tanto, la Comunidad Europea deberá poder ejercer sus competencias en dichos ámbitos directamente ante la OMI [15].

[15] Véase el anexo I.

3.2.2 Futuras modalidades de la participación de la Comunidad Europea

Cuando la adhesión sea efectiva, convendrá adaptar la expresión de la opinión de la Comunidad y la de los Estados miembros en función del grado de armonización de las competencias, así como el procedimiento que se les deba aplicar.

- Cuando las actividades de coordinación comunitaria se refieran a un ámbito de competencia completamente armonizado, la Comisión se expresará y votará en nombre de los 15 Estados miembros.

- Cuando las actividades de coordinación comunitaria se refieran a un ámbito de competencia nacional, los Estados miembros se expresarán y votarán individualmente.

- Cuando las actividades de coordinación comunitaria se refieran a un ámbito de competencia compartida y se alcance una posición común, ésta será presentada por la Presidencia del Consejo o por la Comisión. De no alcanzarse ninguna posición común, los Estados miembros se expresarán y votarán individualmente de conformidad con el artículo 10 del Tratado.

3.3. Solicitud de adhesión de la Comunidad

El Convenio de Ginebra establece que el Secretario General de la OMI es el único que puede proponer una enmienda a los miembros de la Organización seis meses antes de la celebración de la Asamblea General.

A fin de tener una idea más clara de las diferentes etapas que marcan la adhesión de la Comunidad a la OMI, conviene recordar las normas de procedimiento y las etapas en que se enmarca la adhesión de la Comunidad [16].

[16] Véase el anexo II.

3.3.1 Etapas de la adhesión

Dado que el Convenio de Ginebra prevé únicamente la adhesión de Estados, el único medio de alcanzar los objetivos planteados es enmendar dicho convenio, insertando una cláusula que permita la adhesión de las organizaciones de integración económica regionales y adaptar todos los artículos pertinentes del Convenio que se vean afectados por dicha cláusula, incluidas las normas de procedimiento.

La adhesión de la Comunidad Europea deberá seguir las etapas siguientes:

- El Consejo autoriza a la Comisión a negociar las condiciones y modalidades de la adhesión de la Comunidad Europea a la OMI mediante una enmienda del artículo 66 del Convenio de Ginebra que permita el acceso de las organizaciones de integración económica regionales.

- La Comunidad presenta ante las autoridades competentes de la OMI una solicitud de enmienda del Convenio de Ginebra, de forma que se autorice la adhesión de las organizaciones de integración económica regionales.

- «Doce meses después de ser aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados miembros de la Organización que no sean miembros asociados, las enmiendas entrarán en vigor para todos los Estados miembros.»

- La Comisión adopta una propuesta de Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la Comunidad a la OMI y la presenta al Consejo.

- El Consejo, mediante una Decisión, autoriza a la Comunidad Europea a adherirse a la OMI. Los instrumentos de firma y aceptación deben serles presentados al Secretario General de Naciones Unidas (artículo 71 del Convenio de Ginebra).

- La adhesión de la Comunidad entra en vigor con arreglo a las disposiciones pertinentes del Convenio de Ginebra modificado.

3.3.2 Normas de procedimiento

Para ser adoptada, la enmienda debe obtener el voto positivo y la ratificación de dos tercios de los miembros que participan en la Asamblea de la organización. La enmienda se considera adoptada cuando dos tercios de los miembros de la OMI, es decir, 106 Estados de un total de 160, la han aceptado oficialmente [17] y entra en vigor a los doce meses de haberse notificado la última ratificación [18].

[17] De los cuales, podemos sustraer teóricamente los Estados miembros, los Estados de la AELC y determinados países candidatos.

[18] Artículo 66 del Convenio de Ginebra.

La Asamblea General de la OMI celebra reunión cada dos años y la última se celebró en noviembre de 2001, por lo que la decisión de modificar el Convenio no podrá tomarse hasta noviembre de 2003.

En caso de que el Secretario General de la OMI se niegue a proponer la modificación del Convenio para que la CE pueda adherirse, el procedimiento se verá bloqueado y sólo podrá obligarle a cambiar su posición una decisión del Consejo de la OMI. De hecho, el Consejo puede adoptar todas las decisiones adecuadas en el ámbito de intervención de la OMI en virtud de una delegación general de la Asamblea General de la OMI [letra m) del artículo 15, Parte IV del Convenio]. En la práctica la letra m) del artículo 15 junto con el artículo 52 del Convenio se extiende a la posibilidad de proponer enmiendas del Convenio. Por otra parte, las decisiones de dicho Consejo sólo requieren mayoría simple de los miembros presentes.

En caso de que el Secretario General de la OMI se niegue a proponer esta enmienda, será necesaria una acción concertada de los Estados miembros en el seno del Consejo de la OMI.

En cualquier caso, dado lo complejo del proceso de negociación y ratificación, es evidente que la adhesión de la Comunidad efectiva requerirá varios años.

4. Medidas transitorias

Es conveniente formalizar como medidas transitorias las actividades de coordinación comunitaria que ya funcionan correctamente en los comités y subcomités técnicos de la OMI. Durante el procedimiento de adhesión puede optarse por una solución intermedia a través de una actuación coordinada en los 4 comités de la OMI en los que la Comunidad dispone de competencias. También ha de tenerse en cuenta el nivel de armonización de competencias. Dicha armonización está sujeta por su propia naturaleza a una evolución continua, y las prácticas desarrolladas por la coordinación comunitaria en los comités y subcomités de la OMI reflejan esta situación.

Conviene, por tanto, adaptar la expresión de la opinión de la Comisión y la de los Estados miembros al grado de armonización de competencias, así como el procedimiento que se les deba aplicar.

- Cuando la coordinación comunitaria se refiera a un ámbito de competencia completamente armonizado, la Comisión se expresará y votará en nombre de los 15 Estados miembros.

- Cuando la coordinación comunitaria se refiera a un ámbito de competencia nacional, los Estados miembros se expresarán y votarán individualmente.

- Cuando las actividades de coordinación comunitaria se refieran a un ámbito de competencia compartida y se alcance una posición común, ésta será presentada por la Presidencia del Consejo o por la Comisión. De no alcanzarse ninguna posición común, los Estados miembros se expresarán individualmente de conformidad con el artículo 10 del Tratado.

Debe estudiarse la posibilidad de crear una representación permanente de la Comunidad ante la OMI por cuanto las negociaciones para la adhesión exigen una mayor presencia en las delegaciones permanentes de los Estados miembros de la OMI.

La creciente participación de la Comunidad en el ámbito de intervención de la OMI y el desarrollo natural de las normativas en el campo de la seguridad marítima hacen necesario que se refuerce su participación en la elaboración de las normas adoptadas bajo los auspicios de dicha organización.

Esto permitirá también que la Comunidad Europea respete sus obligaciones respecto a las competencias externas y garantice la coherencia de la posición comunitaria en este sector.

5. Conclusiones

Es conveniente que la Comunidad Europea se adhiera a la OMI, para lo cual los Estados miembros, reunidos en el Consejo, deberán adoptar un planteamiento común sobre la modificación de la Parte III del Convenio de Ginebra a fin de hacer posible la adhesión de organizaciones de integración económica regionales.

Dado que el proceso de adhesión se prolongará a lo largo de varios años, resulta necesario adoptar una solución transitoria, a fin de mejorar los procedimientos internos de la Comunidad en materia de coordinación de posiciones en la OMI y de reforzar la representación de la Comisión ante la OMI.

6. Recomendaciones

A la luz de lo anterior, la Comisión recomienda al Consejo que autorice a la Comisión a abrir y conducir las negociaciones con la OMI sobre las condiciones y modalidades de adhesión de la Comunidad Europea al Convenio de Ginebra, que designe un comité un comité especial que asista a la Comisión en dicho cometido, y que adopte las directrices de negociación que se incluyen a continuación.

Las directrices de negociación que siguen van encaminadas a permitir a la Comunidad Europea adherirse a la OMI.

Este estatuto debe posibilitar que la Comunidad, en igualdad de condiciones con los Estados miembros de la OACI, pueda:

a) expresar sus opiniones durante las negociaciones o en cualquier reunión de los órganos de la OMI;

b) en los asuntos que se decidan por votación, contar con un voto ponderado equivalente al de sus Estados miembros representados en los órganos de la OMI y sujeto al Derecho comunitario del que emanan las competencias externas;

c) asumir, en su propio nombre, los derechos y obligaciones derivados de los instrumentos elaborados en el marco de la OMI.

De acuerdo con el artículo 300 del Tratado CE, las negociaciones deben ser llevadas a cabo por la Comisión, en consulta con un comité especial designado por el Consejo. Los Estados miembros deben apoyar en todo lo posible, como miembros actuales de la OMI, la adhesión de la Comunidad a dicha organización.

Por lo que respecta a las cuestiones presupuestarias, dado que las contribuciones económicas de los Estados miembros de la Unión Europea representan una parte del presupuesto de la OMI, no se considera necesario contemplar la posibilidad de una contribución económica adicional de la Comunidad. No obstante, la Comunidad podría contemplar como alternativa una solución inspirada en la adoptada para su adhesión a la FAO, es decir, contribuir con una suma que cubra los gastos administrativos y de otro tipo derivados de su adhesión a la OMI (siempre que dicha cantidad no sea fijada unilateralmente por la OMI, sino de acuerdo con la Comunidad).

Durante las negociaciones, podría surgir la cuestión de cuál es el lugar más adecuado para incluir las disposiciones sobre la adhesión y la participación de la Comunidad. La OMI podría preferir incluir algunas de ellas en las normas de procedimiento, pero la Comunidad, en principio y para asegurar la seguridad jurídica de las disposiciones que permiten su participación, debe procurar incluirlas en el Convenio. No obstante, independientemente de la opción elegida, también es importante dejar un sustancial margen de maniobra a este respecto, a fin de hacer frente a las posibles exigencias prácticas de la OMI.

Por último, es probable que la OMI desee regular la participación de la Comunidad mediante una disposición general relativa a la participación de las organizaciones de integración económica regionales. En este caso, la Comunidad podría sugerir a la OMI la inclusión de una definición similar a la incluida en el estatuto de la FAO.

Una vez enmendado el Convenio de Ginebra y a la luz de los resultados obtenidos, la Comisión presentará una propuesta de Decisión del Consejo sobre la adhesión de la Comunidad Europea.

Durante el periodo de transición, los procedimientos relativos a las modalidades de presentación de la posición de la Comunidad ante la OMI seguirán lo establecido en la sección 4.

RECOMENDACIÓN

A la luz de lo aquí señalado, la Comisión recomienda que:

- se envíe al Secretario General de la OMI la carta adjunta en el apéndice 1, por la que se informa a dicha organización del deseo de la Comunidad Europea de abrir negociaciones con vistas a autorizar la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio de la Organización Marítima Internacional, denominado «Convenio de Ginebra»;

- el Consejo autorice a la Comisión a negociar con la OMI las condiciones y modalidades de la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio de Ginebra;

- puesto que de conformidad con el Tratado, la Comisión llevará a cabo dichas negociaciones en nombre de la Comunidad Europea, el Consejo designe un comité especial que la asista en esa tarea; y

- el Consejo adopte las directrices de negociación del apéndice 2 de la presente Recomendación.

ANEXO : DIRECTRICES DE NEGOCIACIÓN

Apéndice 1

Propuesta de carta a enviar al Secretario General de la OMI

Muy Sr. mío:

Nos complace comunicarle que la Comunidad Europea desea convertirse en miembro de pleno derecho de la OMI.

La Comunidad Europea tiene competencias para adoptar medidas en el ámbito de la seguridad marítima y la prevención y control de la contaminación marina. De hecho, dichas competencias ya se han ejercido al adoptar una serie de instrumentos en áreas en las que la OMI ha realizado o realiza su labor.

Por ello, la Comunidad, como tal, se ve cada vez más afectada por las actividades de la OMI, lo cual, a su vez, ha suscitado la cuestión de la adhesión de la Comunidad a la OMI. En este sentido, la Comunidad Europea considera que su adhesión a la Organización beneficiaría tanto a la propia Comunidad como a la OMI. Facilitar el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados tanto de la adhesión a la OMI como del acceso a los instrumentos relacionados con las áreas que son competencia de la Comunidad debería incidir positivamente también en la marcha y los resultados de las actividades de la OMI.

Sin embargo, la OMI no contempla la adhesión de las organizaciones de integración económica regionales, por lo cual le rogamos abra las negociaciones para introducir en la OMI y otras normas internas las modificaciones necesarias para que la Comunidad pueda adherirse a la OMI así como sobre las condiciones y la modalidad de nuestra adhesión.

La Comisión, asistida por un comité especial de Estados miembros será la encargada de conducir dichas negociaciones por parte de la Comunidad. La Comisión está a disposición de la OMI para reunirse en breve con sus representantes en la fecha que la OMI considere adecuada.

Aprovechamos para asegurarle una vez más que la Comunidad mantiene su compromiso de velar por que la OMI continúe siendo un foro atractivo para todos los países del mundo.

Por la Comisión

El Presidente

Por el Consejo de la Unión Europea

El Presidente

Apéndice 2

Directrices para la negociación de la adhesión a la OMI

- La Comunidad debe recibir el estatuto de miembro de pleno derecho en igualdad de condiciones con los Estados.

- Dicho estatuto debe permitir que la Comunidad participe en las negociaciones y las reuniones en igualdad de condiciones con los Estados.

- En cuanto al derecho a voto, la Comunidad debe contar con un número de votos equivalente al de los Estados miembros representados en los órganos pertinentes de la OMI y sujeto al Derecho comunitario del que emanan las competencias externas.

- La Comunidad no contribuirá económicamente al presupuesto de la OMI. En caso de que esto resultara imposible o comprometiera la aceptación de la adhesión de la Comunidad por los actuales miembros de la OMI, la Comunidad podría aceptar como alternativa la aportación de una suma que compense los gastos administrativos y de otro tipo derivados de su adhesión a la OMI. Dicha suma no deberá ser establecida unilateralmente por la OMI sino de acuerdo con la Comunidad.

- Como miembro de pleno derecho, la Comunidad deberá tener derecho a acceder a todos los futuros instrumentos negociados en el marco de la OMI que estén incluidos en sus competencias. Asimismo, la Comisión debe explorar la posibilidad de incluir en las normas de procedimiento de la OMI una disposición que permita la adhesión de la Comunidad a los convenios vigentes abiertos a los Estados miembros en los que la Comunidad cuenta con competencias.

- La Comisión debe procurar que las disposiciones relativas a la participación de la comunidad se incluyan en el lugar más adecuado de la normativa interna de la OMI, a fin de garantizar su seguridad jurídica. No obstante, la necesidad de asegurar jurídicamente dichas disposiciones debe ser sopesada en función de las limitaciones internas de la OMI.

- Si fuese necesario, la Comisión propondrá durante las negociaciones una definición de organización de integración económica regional similar a la contenida en el artículo II del acto constitutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación [19].

[19] "...por organización de integración económica regional debe entenderse la constituida por Estados soberanos, en su mayoría miembros de la Organización, y a la que sus Estados miembros han transferido competencias en una serie de asuntos competencia de la Organización, incluida la autoridad para tomar decisiones vinculantes para sus Estados miembros respecto a dichos asuntos."

ANEXO I

Derecho comunitario pertinente para las actividades de la OMI

1) Legislación adoptada

- Reglamento (CEE) nº 613/91 del Consejo, de 4 de marzo de 1991, relativo al cambio de registro de buques dentro de la Comunidad. (DO n° L 68 de 15.3.1991, p. 1), modificado.

- Directiva 93/75/CEE del Consejo, de 13 de septiembre de 1993, sobre las condiciones mínimas exigidas a los buques con destino a los puertos marítimos de la Comunidad o que salgan de los mismos y transporten mercancías peligrosas o contaminantes (DO n° L 247 de 5.10.1993, p. 19), modificada.

- Reglamento (CE) nº 2978/94 del Consejo, de 21 de noviembre de 1994, sobre la aplicación de la Resolución A. 747 (18) de la OMI relativa a la aplicación del arqueo de los tanques de lastre en los petroleros equipados con tanques de lastre separado (DO n° L 319 de 12.12.1994, p. 1).

- Directiva 94/57/CE del Consejo, de 22 de noviembre de 1994, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y peritaje de buques y para las actividades correspondientes de las administraciones marítimas (DO n° L 319 de 12.12.1994, p. 20) modificada.

- Directiva 95/21/CE del Consejo, de 19 de junio de 1995, sobre el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y de trabajo a bordo, por parte de los buques que utilicen los puertos comunitarios o las instalaciones situadas en aguas bajo jurisdicción de los Estados Miembros (control del Estado del puerto) (DO n° L 157 de 7.7.1995, p. 1) modificada.

- Reglamento (CE) nº 3051/95 del Consejo, de 8 de diciembre de 1995, sobre la gestión de la seguridad de transbordadores de pasajeros de carga rodada (DO n° L 320 de 30.12.1995, p. 14) (DO n° L 320 de 30.12.1995, p.14), modificado.

- Directiva 96/98/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre equipos marinos - Anexo A.2 (DO n° L 46 de 17.2.1997, p. 25), modificada.

- Directiva 97/70/CE del Consejo, de 11 de diciembre de 1997, por la que se establece un régimen armonizado de seguridad para los buques de pesca de eslora igual o superior a 24 metros (DO n° L 34 de 9.2.1998, p. 1), modificada.

- Directiva 98/18/CE del Consejo, de 17 de marzo de 1998, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje (DO n° L 144 de 15.5.1998, p. 1).

- Directiva 98/41/CE del Consejo, de 18 de junio de 1998, sobre el registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasajes procedentes de puertos de los Estados miembros de la Comunidad o con destino a los mismos (DO n° L 188 de 2.7.1998, p. 35).

- Directiva 1999/35/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, sobre un régimen de reconocimientos obligatorio para garantizar la seguridad en la explotación de servicios regulares de transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad (DO n° L 138 de 1.6.1999, p. 1).

- Directiva 1999/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, sobre el cumplimiento de las disposiciones relativas al tiempo de trabajo de la gente de mar a bordo de buques que hagan escala en puertos de la Comunidad (DO n° L 14 de 20.1.2000, p. 29).

- Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga - Declaración de la Comisión (DO n° L 332 de 28.12.2000, p. 81).

- Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO n° L 12 de 16.01.2001 p.1).

- Directiva 2001/25/EC del Consejo, de 4 abril 2001, relativa al nivel mínimo de formación en profesiones marítimas (DO n° L 136 de 18.5.2001, p. 28).

- Directiva 2001/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, por la que se establecen requisitos y procedimientos armonizados para la seguridad de las operaciones de carga y descarga de los graneleros (DO nº L 13 de 16.1.2002, p. 9).

2) Legislación propuesta

- Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Comité de seguridad marítima y por el que se modifican los reglamentos en materia de seguridad marítima y de prevención de la contaminación por los buques (DO nº C 365 E de 19.12.2000, p. 276).

- Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las directivas en materia de seguridad marítima y de prevención de la contaminación por los buques (DO nº C 365 E de 19.12.2000, p. 280).

- Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la introducción acelerada de normas en materia de doble casco o de diseño equivalente para petroleros de casco único (DO n° C 212 E de 25.7.2000, p. 121).

- Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento e información sobre el tráfico marítimo (DO n° C120 E de 24.4.2001, p. 67).

- Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la constitución de un fondo de indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos en aguas europeas y medidas complementarias (DO n° C120 E de 24.4.2001, p. 79).

- Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (DO n° C120 E de 24.4.2001, p. 83).

ANEXO II

Organización Marítima Internacional (OMI)

La OMI es una agencia especializada de la ONU que fue creada por el Convenio de Ginebra de 1948 y tiene su sede en Londres. La OMI se ocupa de cuestiones de seguridad marítima y de la protección del medio ambiente a raíz de la contaminación accidental ocasionada por los buques.

La OMI prepara conferencias diplomáticas con miras a la adopción de nuevas normas (convenios y protocolos) en materia de seguridad marítima y protección del medio marino y adopta en estos ámbitos recomendaciones en forma de resoluciones, que, salvo algunas excepciones, no tienen carácter vinculante.

Los órganos principales de la OMI son la Asamblea, que se reúne cada dos años (la vigésimo segunda sesión tuvo lugar en noviembre de 2001), el Comité de Seguridad Marítima (CSM), el Comité de Protección del Medio Marino (CPMM), el Comité Jurídico y el Comité Técnico. Una serie de subcomités, dependientes de los comités, preparan las decisiones. Se encarga de dirigir la organización un Consejo, compuesto por una cuarentena de miembros elegidos por la Asamblea.

El principal portavoz de la OMI es el Secretario General, D. William O'Neil (de nacionalidad canadiense).

La OMI está compuesta por 160 miembros efectivos, entre los que se cuentan todos los Estados miembros de la UE y todos los países candidatos a la adhesión. Éstos representan aproximadamente el 25 % del tonelaje mundial.

La OMI también es depositaria de gran número de convenios vigentes, en particular los Convenios SOLAS, MARPOL y STCW. A través de estos convenios se concede capacidad decisoria (posibilidad de introducir enmiendas) al CSM y al CPMM. A tal fin, estos comités adoptan resoluciones de carácter vinculante por las que se modifican los convenios y el protocolo. Las enmiendas entran en vigor por aceptación tácita.

ANEXO III

Estatuto de la Comisión ante la OMI

La Comunidad, como tal, no está representada en la OMI ni es Parte Contratante de ninguno de los convenios gestionados por ella. Únicamente los Estados tienen derecho a ser miembros de la organización. En el caso de las organizaciones internacionales, el Convenio sólo prevé relaciones de cooperación. No existen disposiciones referentes a las organizaciones de integración económica regionales, razón por la que la Comisión cuenta con el estatuto de observador desde 1974.

Tras un canje de notas entre el Sr. Ortoli, a la sazón Presidente de la Comisión Europea, y el Sr. Srivastava, Secretario General de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI, que posteriormente se convirtió en la OMI), el 28 de junio de 1974 se concluyó un Acuerdo de Cooperación.

Dicho Acuerdo prevé lo siguiente:

- Consultas recíprocas sobre asuntos de interés común.

- Intercambio de información, especialmente sobre los proyectos previstos y los programas de trabajo.

Dada la libertad que conceden los convenios y resoluciones a los Estados, la Comunidad ha adoptado más de una decena de directivas y reglamentos directa o indirectamente basados en los instrumentos (convenios o resoluciones) de la OMI.

Con esa normativa se pretende garantizar una aplicación armonizada y coherente de las normas internacionales en toda la Comunidad, tanto en el tráfico internacional como en el nacional.

Se introdujo así una competencia mixta y en 1994 el Consejo aprobó un planteamiento pragmático de coordinación para ejercer dicha competencia.

ANEXO IV

Normas de procedimiento pertinentes de la OMI

Parte I. Propósito de la Organización

Artículo 1

Los objetivos de la Organización son:

(a) Establecer un sistema de colaboración entre los Gobiernos en materia de reglamentación y prácticas gubernamentales relativas a cuestiones técnicas de toda índole concernientes a la navegación comercial internacional;

Parte III. Adhesión

Artículo 4

Todos los Estados pueden ser Miembros de la Organización [...].

Artículo 7

Todo Estado que no tenga derecho a ser Miembro según lo dispuesto en los artículos 5 y 6, podrá solicitar su incorporación en tal carácter por intermedio del Secretario general de la Organización y será admitido como Miembro, cuando se haya adherido al presente Convenio, de acuerdo con las disposiciones del artículo 71 [...].

Parte V. La Asamblea

Artículo 15

Las funciones de la Asamblea serán las siguientes:

(m) Remitir al Consejo todo asunto incluido en el ámbito de aplicación de la Organización para que éste las considere y tome una decisión al respecto (...)

Parte XI. La Secretaría

Artículo 52

La Secretaría General asumirá toda otra función que la Convención, la Asamblea o el Consejo puedan asignarle.

PARTE XV. Relaciones con las Naciones Unidas y otras organizaciones

Artículo 61

La Organización podrá, en todo asunto comprendido en la esfera de sus finalidades, colaborar con otras organizaciones intergubernamentales que no sean organismos especializados de las Naciones Unidas, pero cuyos intereses y actividades tengan relación con los fines que persigue la Organización.

Artículo 63

Sujeto a la aprobación de la Asamblea, resuelta por mayoría de dos tercios de votos, la Organización podrá tomar a su cargo, de cualquier otra organización internacional gubernamental o no gubernamental, aquellas funciones, recursos y obligaciones que estén dentro de las finalidades de la Organización y puedan ser transferidos a la misma en virtud de convenios internacionales o de acuerdos mutuamente satisfactorios convenidos por las autoridades competentes de las respectivas organizaciones interesadas. La Organización podrá igualmente asumir todas las funciones administrativas que entren en sus finalidades y que le hayan sido confiadas a un Gobierno, según los términos de un instrumento internacional.

Parte XVII. Enmiendas

Artículo 66

Los textos de los proyectos de enmiendas al presente Convenio serán comunicados a los Miembros por el Secretario general, con seis meses, por lo menos, de anticipación a su consideración por la Asamblea. Doce meses después de su aceptación por dos tercios de los Miembros de la Organización, excluidos los Miembros asociados, la enmienda entrará en vigor para todos los Miembros. Si en el transcurso de los sesenta primeros días de este período de doce meses un Miembro notifica que se retira de la Organización a causa de una enmienda, el retiro tendrá efecto, no obstante lo dispuesto en el artículo 73 del Convenio, en la fecha en que tal enmienda entre en vigor.

Artículo 67

Toda enmienda adoptada en las condiciones previstas en el artículo 66 será depositada ante el Secretario general de las Naciones Unidas, quien de inmediato enviará una copia de la misma a todos los Miembros.

Artículo 68

Las declaraciones de aceptación previstas en el artículo 66 deberán ser comunicadas por instrumento al Secretario general, para su depósito ante el Secretario general de las Naciones Unidas. El Secretario general notificará a los Miembros del recibo de dicho instrumento y de la fecha en la cual la enmienda entrará en vigor.

FICHA DE FINANCIACIÓN

Ámbito(s) político(s): Transporte marítimo

Actividad(es): Adhesión a la OMI

Denominación de la medida: Representación de la Comisión en la OMI

1. LÍNEA PRESUPUESTARIA(S) + TÍTULO(S)

2. DATOS GLOBALES EN CIFRAS

2.1 Dotación global de la medida (parte B): créditos de compromiso en millones de euros: ninguno

2.2 Período de aplicación: inicio en 2003, duración indefinida

2.3 Estimación global plurianual de los gastos:

a) Calendario de créditos de compromiso/créditos de pago (intervención financiera) (véase el punto 6.1.1) Ninguno

>SITIO PARA UN CUADRO>

b) Asistencia técnica y administrativa y gastos de apoyo (véase el punto 6.1.2): Ninguno

>SITIO PARA UN CUADRO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

c) Incidencia financiera global de los recursos humanos y otros gastos de funcionamiento (véanse los puntos 7.2 y 7.3)

>SITIO PARA UN CUADRO>

2.4 Compatibilidad con la programación financiera y las perspectivas financieras

|X| Propuesta compatible con la programación financiera existente.

| | Esta propuesta requiere una reprogramación de la rúbrica correspondiente de las perspectivas financieras,

| | incluido, en su caso, un recurso a las disposiciones del acuerdo institucional.

2.5 Incidencia financiera en los ingresos:

|X| Ninguna implicación financiera

o bien

| | Incidencia financiera. El efecto en los ingresos es el siguiente:

3. CARACTERÍSTICAS PRESUPUESTARIAS: No aplicable

>SITIO PARA UN CUADRO>

4. FUNDAMENTO JURÍDICO

Artículo 302 (antiguo artículo 229)

5. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

5.1 Necesidad de la intervención comunitaria

5.1.1 Objetivos perseguidos

La creciente participación de la Comunidad en asuntos tratados en la OMI y el consiguiente desarrollo de la normativa comunitaria exigen reforzar su participación en esta organización en la que se establecen normas internacionales en materia de transporte marítimo. Esto le permitirá satisfacer las obligaciones comunitarias por lo que respecta a las competencias exteriores y garantizar la coherencia de la posición de la Comunidad en este sector de especial importancia económica.

Por consiguiente, la Comisión adoptó, en su reciente Libro Blanco titulado La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad, la posición de que conviene remediar rápidamente esta situación mediante la adhesión de la Comunidad a la OMI, a fin de que la treintena de miembros de la Unión ampliada no sólo hable por unanimidad, sino que, además, pueda influir en la actividad de estas organizaciones fomentando un sistema de transporte internacional que tenga en cuenta los imperativos del desarrollo sostenible.

No se prevé contribución comunitaria al presupuesto de la OMI derivada de la adhesión.

No obstante, es de prever que el proceso será largo, dado que la Comunidad sólo podrá adherirse a la OMI cuando el número necesario de Estados miembros de la Organización haya ratificado la enmienda del Convenio. Por lo tanto, la Comisión establecerá, junto con la negociación de adhesión, métodos de representación más eficaces mediante la designación de un representante permanente en Londres. La representación consistirá de un sólo funcionario, con base permanente en la representación de la Comisión en Londres y una persona dedicada a las labores de secretaría, también con base en Londres. Los costes relacionados con esta plantilla serán la única parte de la presente solicitud de adhesión a la OMI que tendrá incidencias presupuestarias.

5.1.2 Disposiciones adoptadas a raíz de la evaluación ex ante

La necesidad de estos empleos ha quedado establecida debido a la creciente necesidad de establecer relaciones estrechas con otras Partes contratantes de la OMI y con representantes del sector, así como basándose en la experiencia acumulada al tener un funcionario permanentemente en Londres para seguir los asuntos de la OMI. Las negociaciones para la adhesión a la OMI, reclamada en el Libro Blanco sobre la política europea de transportes y objeto de la presente Comunicación, acentuarán la necesidad de dicha representación, cuyo programa anual de trabajo y resultados será supervisado por la unidad G de la DG TREN.

5.1.3 Disposiciones adoptadas a raíz de la evaluación ex post

El valor añadido de disponer de una representación permanente ante la OMI en Londres se revisará regularmente en función de la distribución de tareas y los programas de trabajo en cuestión.

5.2 Acciones previstas y modalidades de intervención presupuestaria

Precisar, para cada acción principal:

- la o las poblaciones a que la acción va destinada (en la medida de lo posible, especificar los beneficiarios en términos cuantitativos)

La acción propuesta beneficiará mutuamente a la Comisión, por un lado, y a las Partes contratantes de la OMI y los representantes del sector, por otro, al estrechar las relaciones entre ellos.

- el o los objetivos específicos fijados para el periodo de programación (en términos mensurables)

Establecimiento de un representante de la Comisión ante la Organización Marítima Internacional asistido por una secretaría.

- las medidas concretas que deban adoptarse para la ejecución de la acción

Negociación sobre las posibilidades de acomodar al representante de la Comisión ante la OMI en las oficinas de la delegación de la Comisión en Londres (espacio para oficinas).

- las realizaciones inmediatas de cada medida y su contribución al objetivo general

El objetivo a largo plazo de lograr la adhesión de la Comunidad a la OMI no se logrará de inmediato. Por contra, los beneficios de contar con una representación permanente (véase el apartado 5.1) serán inmediatos.

- las realizaciones previstas que cubran necesidades o resuelvan problemas

Las realizaciones resolverán el actual problema de infrarrepresentación de la Comisión en la OMI y aportarán un valor añadido substancial a la labro de la Comisión en Bruselas al reducir la necesidad de constantes misiones a la OMI.

También deberá facilitarse información sobre los acuerdos para la intervención presupuestaria (porcentaje y forma de la asistencia financiera solicitada).

El establecimiento de un representante de la Comisión ante la OMI y una secretaría requerirá recursos presupuestarios que deberán ser cubiertos por la Parte A del presupuesto.

5.3 Modalidades de ejecución

La representación propuesta requerirá una plantilla de dos funcionarios permanentes (un funcionario A y un funcionario C).

6. INCIDENCIA FINANCIERA

6.1 Incidencia financiera total en la Parte B (para todo el período de programación): Ninguna

6.1.1 Intervención financiera

Ninguna

6.1.2 Asistencia técnica y administrativa (ATA), gastos de apoyo (DDA) y gastos TI (créditos de compromiso): Ninguno

6.2 Cálculo de los costes por medida prevista en la Parte B (para todo el período de programación): Ninguno

Créditos de compromiso en millones de EUR (al 3er decimal)

>SITIO PARA UN CUADRO>

7. INCIDENCIA EN LOS EFECTIVOS Y EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

7.1 Incidencia en los recursos humanos

>SITIO PARA UN CUADRO>

7.2 Incidencia financiera global de los recursos humanos

>SITIO PARA UN CUADRO>

Los importes corresponden a los gastos totales de la acción durante 12 meses.

7.3 Otros gastos de funcionamiento que se derivan de la acción

>SITIO PARA UN CUADRO>

Los importes corresponden a los gastos totales durante 12 meses.

Las necesidades de recursos humanos y administrativos se cubrirán con la asignación concedida a la DG responsable en el marco de la asignación anual.

I. Total anual (7,2 + 7,3): 197.270 EUR

II. Duración de la acción: indefinida

III. Coste total de la acción (I x II): no aplicable //

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

8.1. Sistema de seguimiento: No aplicable

8.2. Modalidades y periodicidad de la evaluación prevista: No aplicable

9. MEDIDAS ANTIFRAUDE: No aplicable