Ayudas estatales - Italia

Ayuda C 1/2002 (ex N 285/2001) - Artículo 26 de la Ley regional n° 32 de 23 de diciembre de 2000 - Ayudas a la internacionalización de las empresas (Sicilia)

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

(2002/C 132/08)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 15 de enero de 2002, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a: Comisión Europea Dirección General de Competencia

Registro de Ayudas Estatales

B - 1049 Bruxelles/Brussel Fax (32-2) 296 12 42.

Dichas observaciones serán comunicadas a Italia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

I. Procedimiento

1. Las autoridades italianas notificaron la medida citada en el encabezamiento mediante carta de la Representación Permanente de Italia ante la Unión Europea de 10 de mayo de 2001, que dió lugar a un canje de notas entre la Comisión y las autoridades del Estado miembro. Durante el procedimiento de examen las autoridades italianas modificaron parcialmente el proyecto de régimen.

II. Descripción de la medida

2. Las ayudas deberían ser concedidas por la Región siciliana de conformidad con el régimen que nos ocupa. El fundamento jurídico es el artículo 26 de la Ley Regional n° 32 de 23 de diciembre de 2000 y el Decreto de 22 de junio de 2001(1). Los artículos 13 y 15 de la Ley anteriormente mencionada contienen disposiciones generales aplicables al régimen. El artículo 198 de la misma Ley contiene una disposición de suspensión de la aplicación de la medida en cuestión hasta la aprobación de la decisión de la Comisión como consecuencia del procedimiento de notificación.

3. El régimen tiene por objeto favorecer la internacionalización de la economía regional. Para lograr los objetivos previstos, el régimen en cuestión prevé las siguientes ayudas:

- contribuciones en los costes de la inversión para la realización de proyectos terminados con una presencia estable en uno o más mercados extranjeros (centros de exposición, salón de demostraciones, oficina de representación); las intensidades máximas previstas ascienden al 35 % de equivalente neto de subvención (ESN), aumentadas de 15 puntos de porcentaje en equivalente bruto de subvención (ESB), si se trata de PYME,

- contribuciones para la creación y el comienzo de consorcios entre pequeñas y medianas empresas para la realización de proyectos de cooperación en el marco de las actividades promocionales de importancia internacional; la medida prevé una intensidad regresiva en cinco años, con un límite máximo del 70 %, 60 %, 50 %, 40 % y 30 %.

4. La duración del régimen está prevista hasta el 31 de diciembre de 2006. No se precisa claramente el presupuesto anual.

5. Pueden beneficiar del régimen las pequeñas y medianas empresas (PYME), incluso asociadas. También pueden beneficiar a los consorcios y sociedades de consorcios, incluso bajo forma cooperativa, constituidos por PYME. Los beneficiarios deben estar inscritos en el registro de empresas de las Cámaras de comercio y, para las empresas artesanales, en el registro de las empresas artesanales.

6. En los documentos de notificación no está claro si las actividades relacionadas con la producción, transformación o comercialización de productos enumerados en el anexo I del Tratado CE, así como los sectores de los transportes, la siderurgia, la construcción naval, las fibras sintéticas y el automóvil se excluyen del ámbito de aplicación. Existen también dudas por lo que se refiere a la posible exclusión de las empresas en dificultad(2) y a las ayudas en favor de la reestructuración financiera de empresas en dificultades. Lo mismo sucede para las posibles inversiones en capital fijo, realizadas en forma de adquisición de un establecimiento que cerró y que habría cerrado sin esta adquisición.

7. El régimen prevé la concesión de ayudas en forma de subvención.

8. Las ayudas previstas por el régimen que nos ocupa son acumulables con las ayudas previstas por el régimen que tiene como fundamento jurídico el artículo 36 de la Ley regional 32/2000 (ayuda estatal N 619/2001, que está siendo examinada por la Comisión).

III. Valoración de la medida

9. La medida citada en el encabezamiento constituye una ayuda estatal, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE, puesto que concede una ventaja a sus beneficiarios, esta ventaja es de origen estatal, las medidas en cuestión afectan a la competencia y pueden afectar a los intercambios entre los Estados miembros.

10. La Comisión debe evaluar si las derogaciones previstas en las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 son aplicables al régimen que nos ocupa.

Evaluación de la compatibilidad de la ayuda y mención de las dudas de la Comisión

Ayudas a la internacionalización

11. Las ayudas que representan contribuciones en los costes de la inversión para la realización de proyectos terminados con una presencia estable en uno o más mercados extranjeros parecen referirse muy especialmente a las actividades relacionadas con la exportación. Las ayudas a la exportación no son compatibles con el Reglamento (CE) n° 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001(3) e implican problemas de compatibilidad con el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre las subvenciones y las medidas compensatorias(4). Las autoridades italianas impugnan la calificación de ayudas a la exportación. Sin embargo, no aportan elementos que puedan demostrar sus aserciones.

12. La Comisión duda incluso respecto a la posible calificación de ayudas a la inversión, según lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento (CE) n° 70/2001 anteriormente mencionado, para las intervenciones previstas por la medida citada en el encabezamiento. No obstante, incluso en el supuesto de que estas ayudas debieran calificarse de ayudas a la inversión, la Comisión considera que las derogaciones regionales previstas por las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 no son pertinentes en este caso.

Ayudas de explotación

13. Las ayudas en forma de contribuciones para la creación y el comienzo de consorcios entre pequeñas y medianas empresas para la realización de proyectos de cooperación en el marco de las actividades promocionales de importancia internacional no cumplen las condiciones del Reglamento (CE) n° 70/2001 anteriormente mencionado. La Comisión considera que se trata de ayudas de explotación.

14. Las ayudas de explotación están en principio prohibidas. Sin embargo, pueden concederse ayudas de este tipo con carácter excepcional en las regiones que se benefician de la derogación de la letra a) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE. La Región siciliana puede optar a esta derogación. Incumbe no obstante al Estado miembro de poner en evidencia las desventajas existentes y estimar su importancia(5).

15. La Comisión duda en cuanto a la compatibilidad de las ayudas previstas por la medida. Por otra parte, las autoridades italianas no demostraron la proporcionalidad de estas ayudas al funcionamiento con las desventajas que pretenden paliar. Tampoco facilitaron información que precisara la naturaleza de las desventajas regionales que deben cubrirse, su justificación y cuantificación. Además, la Comisión señala que deben ser excluidas las ayudas de explotación que tienen por objeto promover las exportaciones entre los Estados miembros.

Otras disposiciones que implican dudas de compatibilidad

16. Además de las explicaciones que son necesarias por la falta de precisión de las disposiciones incluidas en la medida, la Comisión señala que las disposiciones referentes a la necesidad de inscripción en los registros de las empresas podrían constituir una infracción de las normas comunitarias por lo que se refiere al derecho de establecimiento, de conformidad con el artículo 49 del Tratado CE, y del principio de no discriminación por motivos de nacionalidad (artículo 12 del Tratado CE); las empresas establecidas en otros Estados miembros y que operan en la Región siciliana pueden no disfrutar de la medida si no puede acceder a la inscripción en los registros.

17. Por último, la Comisión tiene dudas en cuanto a la aplicación de la norma de minimis, en la medida en que la disposición del artículo 15 de la Ley regional n° 32/2000 prevé que los beneficiarios deben declarar las ayudas recibidas en de minimis a partir del 1 de enero de 2000. En cambio, el período que se toma como referencia en el apartado 2 del artículo 2 del del Reglamento (CE) n° 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis(6) puede variar, tal como se deduce del quinto considerando de dicho reglamento.

CARTA

"Con la presente la Commissione ha l'onore di informare la Repubblica italiana che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sulla misura citata in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

I. Procedimento

1. Con lettera della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea del 10 maggio 2001, registrata dalla Commissione il 14 maggio 2001, n. A/33813, le autorità italiane hanno notificato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, il regime di aiuto in oggetto.

2. Con lettere del 7 giugno 2001, n. D/52282, e dell'8 agosto 2001, n. D/53320, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari. Ha quindi inviato un sollecito con lettera del 27 settembre 2001, n. D/53971, e accordato una proroga dei termini per la risposta con lettera del 31 ottobre 2001, n. D/54517.

3. Le autorità italiane hanno fornito le informazioni con lettere della Rappresentanza permanente del 13 giugno 2001, registrata il 15 giugno 2001, n. A/34746, del 19 luglio 2001, registrata il 26 luglio 2001, n. A/36017, del 26 settembre 2001, registrata il 1o ottobre 2001, n. A/37575, del 23 ottobre 2001, registrata il 25 ottobre 2001, n. A/38357, e del 22 novembre 2001, registrata il 26 novembre 2001, n. A/39245.

4. Nel corso del procedimento d'indagine, le autorità italiane hanno parzialmente modificato il progettato regime.

II. Descrizione dettagliata della misura

Titolo e base giuridica

5. Gli aiuti dovrebbero essere concessi dalla Regione Sicilia in virtù del regime in oggetto. La base giuridica è costituita dall'articolo 26 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e dal decreto del 22 giugno 2001(7). Gli articoli 13 e 15 della legge succitata contengono disposizioni generali applicabili al regime. L'articolo 198 della stessa legge contiene una disposizione sospensiva dell'attuazione della misura in oggetto fino all'adozione della decisione da parte della Commissione una volta esplicata la procedura di notifica.

Obiettivo del regime

6. Il regime è destinato a favorire l'internazionalizzazione dell'economia regionale mediante la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese, singole o associate, consorzi e società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese operanti sul territorio della Regione siciliana.

Oggetto

7. Per conseguire gli obiettivi perseguiti, il regime in causa prevede le seguenti agevolazioni:

- contributi sui costi dell'investimento per la realizzazione di progetti finalizzati ad una presenza stabile in uno o più mercati esteri (centri espositivi, show room, uffici di rappresentanza),

- contributi per la costituzione e l'avviamento di consorzi tra piccole e medie imprese per l'attuazione di progetti di cooperazione nell'ambito di attività promozionali di rilievo internazionale.

8. Gli aiuti succitati sono anche previsti dall'articolo 36 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000, che costituisce una delle basi giuridiche del progetto di regime N 619/2001, che attualmente forma oggetto di esame da parte della Commissione.

9. Il decreto del 22 giugno 2001 prevede altri aiuti, che saranno tuttavia accordati conformemente al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis(8).

10. Per gli aiuti di cui al punto 7, primo trattino, della presente decisione il decreto del 22 giugno 2001 prevede l'ammissibilità delle spese rientranti nella definizione di investimento - compresi investimenti immateriali - adottata dalla normativa comunitaria. Nel decreto si precisa che si tratta di spese per l'acquisto o locazione di locali, delle spese relative all'acquisto di attrezzature nonché delle spese per investimenti immateriali. Nel formulario inviato ad accompagnamento della notifica (prima delle modifiche intervenute nel corso del procedimento d'indagine), le autorità italiane hanno indicato tra gli investimenti immateriali la certificazione di qualità, la tutela dell'ambiente, l'innovazione tecnica e l'acquisto dei programmi di gestione per l'informatica. La definizione d'investimento materiale è precisata all'articolo 13 della legge regionale n. 32/2000. Questo stesso articolo prevede anche quanto segue:

- le spese per gli investimenti immateriali e per studi e consulenze non possono superare il 25 % delle spese ammissibili,

- gli investimenti di sostituzione sono esclusi,

- il beneficiario deve impegnarsi a mantenere l'investimento per un periodo di cinque anni,

- gli aiuti all'investimento immateriale sono concessi a condizione che il beneficiario si impegni a sfruttarli esclusivamente nel proprio stabilimento, per un periodo di cinque anni,

- le domande di aiuto sono presentate prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto.

11. Per quanto riguarda gli aiuti di cui al punto 7, secondo trattino, della presente lettera il decreto del 22 giugno 2001 stabilisce l'ammissibilità della totalità delle spese connesse alla costituzione del consorzio nonché di quelle connesse all'avviamento e al funzionamento, per un periodo di cinque anni. In entrambi i casi si tratta delle spese concernenti le spese notarili per la costituzione del consorzio nonché di quelle generali e di personale che risultino direttamente collegate, sotto il profilo dell'avviamento e del funzionamento, con la buona riuscita dell'iniziativa. Le spese precisate sono le seguenti:

- costi relativi al personale e oneri erariali,

- canoni di locazione degli immobili destinati alle attività consortili o associative,

- acquisizione, anche mediante leasing, di beni mobili (attrezzature e arredi),

- promozione e pubblicità di prodotti delle imprese consorziate e dei servizi resi dal consorzio.

Stanziamento e durata del regime

12. La durata del regime è fissata al 31 dicembre 2006. Lo stanziamento annuo non è chiaramente precisato. Nel formulario di notifica inviato con lettera del 26 settembre 2001, le autorità italiane hanno indicato uno stanziamento di '... lire 98 miliardi circa di EUR per il regime di aiuti di cui agli articoli 26-36 a 39 della legge regionale 32/2000 ...'. La Commissione suppone che l'ammontare sia espresso in lire, ma le autorità italiane dovrebbero precisarlo. Inoltre la notifica in oggetto concerne unicamente il regime di aiuto avente base giuridica all'articolo 26 di detta legge. Tale articolo prevede, al comma 2, uno stanziamento non superiore a 120 miliardi di lire.

Beneficiari

13. Possono beneficiare del regime le piccole e medie imprese, singole o associate. Sono ammissibili anche i consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra piccole e medie imprese. I beneficiari devono essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio e, ove si tratti di imprese artigiane, anche nell'albo delle imprese artigiane. Per la definizione di PMI, le disposizioni del regime rinviano alle disposizioni comunitarie. Le autorità italiane non hanno tuttavia precisato se si tratti di PMI quali definite nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996(9). Sussistono dubbi anche in merito alla classificazione dei consorzi e società consortili come PMI.

14. Nella notifica originaria, il formulario di notifica escludeva l'applicazione del regime in oggetto alle attività connesse alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato CE nonché ai settori dei trasporti, della siderurgia, della produzione navale, delle fibre sintetiche e dell'industria automobilistica. L'articolo 15 della legge regionale 32/2000 prevede tuttavia che le disposizioni concernenti gli aiuti contenute nella stessa legge si applicano ai settori succitati. Gli ultimi documenti inviati nonché il formulario di notifica concernente le disposizioni modificate non precisano più se i settori citati siano esclusi. Permangono dubbi anche per quanto riguarda l'eventuale esclusione delle imprese in difficoltà(10) e degli aiuti a favore della ristrutturazione finanziaria di tali imprese. Altrettanto dicasi per gli eventuali investimenti in capitale fisso realizzati sotto forma di acquisto di uno stabilimento che ha chiuso oppure che avrebbe chiuso se non fosse rilevato.

Forma e intensità dell'aiuto

15. Il regime prevede la concessione di aiuti sotto forma di sovvenzioni.

16. Per i contributi ai costi dell'investimento per la realizzazione di progetti finalizzati ad una presenza stabile in uno o più mercati esteri (centri espositivi, show room, uffici di rappresentanza), le intensità massime previste ammontano al 35 % ESN maggiorate di 15 punti percentuali in ESL per le PMI.

17. Per i contributi per la costituzione e l'avviamento di consorzi tra piccole e medie imprese per l'attuazione di progetti di cooperazione nell'ambito di attività promozionali di rilievo internazionale, la misura prevede un'intensità decrescente per i primi cinque anni a concorrenza del 70 %, 60 %, 50 %, 40 % e 30 %.

Cumulo

18. Gli aiuti disposti dal regime in oggetto possono essere cumulati con quelli disposti dal regime avente come base giuridica l'articolo 36 della legge regionale 32/2000 (aiuto di Stato N 619/2001, attualmente oggetto di esame da parte della Commissione).

III. Valutazione della misura

Valutazione della presenza di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

19. Quando la Commissione decide di avviare un procedimento d'indagine formale, procede ad una valutazione preliminare esponendo sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti(11).

20. Per stabilire se la misura in oggetto costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, occorre determinare se reca un vantaggio ai beneficiari, se tale vantaggio è di origine statale, se le misure in causa falsano la concorrenza e se sono di natura tale da incidere sugli scambi intracomunitari.

21. Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE risiede nella possibilità che la misura rechi un vantaggio a taluni beneficiari specifici. Si tratta quindi di determinare, da un lato, se le imprese beneficiarie ricevano un vantaggio economico che non avrebbero potuto ottenere in condizioni normali di mercato oppure se evitino di sostenere costi che di regola avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie delle imprese e, d'altro lato, se tale vantaggio sia concesso ad una categoria o a un gruppo determinato di imprese. La concessione di sovvenzioni e i contributi alle spese di gestione delle imprese operanti nella Regione siciliana comportano vantaggi economici per i beneficiari giacché riducono i costi di realizzazione dei progetti ammissibili ad aiuto nonché le spese correnti che le imprese avrebbero normalmente dovuto sostenere. La misura in oggetto è destinata unicamente alle piccole e medie imprese operanti in detta regione. Di conseguenza favorisce tali imprese giacché gli aiuti non sono accordati alle imprese situate al di fuori di tali zone e che non abbiano la qualità di piccola o media impresa, di consorzio o di società consortile.

22. In base alla seconda condizione di applicazione dell'articolo 87 gli aiuti devono essere concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali. Nella fattispecie l'esistenza di una risorsa statale è comprovata dal fatto che la misura è effettivamente sostenuta, da un punto di vista economico, dal bilancio pubblico di una regione.

23. In virtù della terza e quarta condizione di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, l'aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.

Nel caso specifico le misure previste minacciano di falsare la concorrenza, dato che rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne fruiscono. Se tale effetto si produce nel quadro degli scambi intracomunitari, questi ultimi risentono di dette misure. In particolare, le misure in causa falsano la concorrenza e incidono sugli scambi intracomunitari se le imprese beneficiarie esportano una parte della loro produzione negli altri Stati membri. Per di più la misura in oggetto si prefigge di favorire l'internazionalizzazione e l'economia della Regione siciliana mediante la concessione di aiuti a talune imprese. Occorre peraltro osservare che perfino quando le imprese non esportano, la produzione nazionale è avvantaggiata. Infatti, come ha sottolineato la Corte di giustizia '... quando uno Stato membro concede un aiuto ad un'impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che (...) le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite'(12).

24. Per i motivi testé illustrati, la Commissione considera, nella fase attuale del procedimento, che la misura in causa è in linea di massima vietata dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e può considerarsi compatibile con il mercato comune unicamente se può beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato CE.

Legittimità del regime

25. Poiché si tratta di una misura che non è ancora in vigore, la Commissione constata che le autorità italiane hanno soddisfatto gli obblighi di notifica ad essi incombenti in conformità dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

Base giuridica della valutazione

26. Una volta considerata la natura di aiuto di Stato delle misure in esame, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione deve esaminare se le misure stesse possono essere dichiarate compatibili con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato CE.

27. Quanto all'applicabilità delle deroghe previste dal trattato CE, la Commissione ritiene in questa fase che gli aiuti in causa non possano beneficiare delle deroghe dell'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE, dato che non si tratta di aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 87, lettera a), né di aiuti destinati a ovviare ai danni recati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), e che inoltre non rientrano nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c). Per ovvie ragioni non sono neppure applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d). La Commissione deve pertanto valutare se le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) siano applicabili al regime in oggetto.

Valutazione della compatibilità dell'aiuto ed esposizione dei dubbi da parte della Commissione

Aiuti all'internazionalizzazione

28. Gli aiuti sotto forma di contributi sui costi dell'investimento per la realizzazione di progetti finalizzati ad una presenza stabile in uno o più mercati esteri (centri espositivi, show room, uffici di rappresentanza) sembrano riguardare in particolare attività connesse all'esportazione. Tali aiuti infatti sembrano effettivamente correlati alla creazione e al funzionamento di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. Gli aiuti all'esportazione non sono compatibili con il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001(13). Tali aiuti presentano altresì problemi di compatibilità con l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative(14). Inoltre la Commissione da tempo si è opposta agli aiuti all'esportazione(15). Nella settima relazione sulla politica di concorrenza (1977), al punto 242, la Commissione ha indicato che gli aiuti all'esportazione applicati agli scambi intracomunitari 'non possono beneficiare di alcuna deroga qualsiasi sia la loro intensità, forma, motivazione o finalità'.

29. Le autorità italiane contestano la definizione di aiuti all'esportazione e osservano che le misure non sono direttamente connesse all'esportazione di prodotti né alla costituzione e al funzionamento di reti di distribuzione e di commercializzazione. Tuttavia non forniscono alcun elemento atto a giustificare tali asserzioni. Si limitano invece ad osservare che gli aiuti avrebbero effetti benefici sullo sviluppo regionale della Sicilia e che la misura in oggetto dovrebbe essere definita aiuto a finalità regionale. Le autorità italiane hanno inoltre precisato che sarebbero disposte ad escludere dagli aiuti qualsiasi infrastruttura consistente in depositi, magazzini, centri di distribuzione di merci e tutto quanto possa ricondursi alla commercializzazione e alla distribuzione. La Commissione tuttavia formula dubbi quanto alla definizione d'investimento degli interventi disposti dalla misura in oggetto ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 70/2001 succitato.

30. Tuttavia anche nell'ipotesi che gli aiuti in causa possano essere considerati aiuti all'investimento, la Commissione ritiene che le deroghe regionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), non siano pertinenti nel caso di specie. Infatti, tali deroghe possono applicarsi unicamente agli investimenti realizzati all'interno delle regioni ammissibili. Vero è che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 70/2001 succitato recita: 'un aiuto all'investimento ..., all'interno o all'esterno della Comunità europea, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato ...'. Detto regolamento è quindi applicabile per gli investimenti effettuati all'estero. Devono tuttavia essere soddisfatte tutte le condizioni previste. In particolare l'articolo 4, paragrafo 2, prevede che l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 15 % per le piccole imprese e il 7,5 % per quelle medie. È solo quando l'investimento è effettuato in una regione assistita che l'intensità media può, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, raggiungere il massimale degli aiuti all'investimento a finalità regionale. Ne consegue che i massimali d'aiuto previsti per la Regione siciliana possono applicarsi solo quando l'investimento è effettuato in quella stessa regione. Le autorità italiane ritengono invece di poter applicare le intensità previste per la Regione siciliana, in quanto regione ammessa alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale, ma la misura in oggetto riguarda la realizzazione di strutture al di fuori di detta regione. Nelle loro spiegazioni le autorità italiane si sono limitate a fornire interpretazioni discutibili delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001, al fine di sostenere l'applicabilità dei massimali d'intensità previsti per il territorio della Regione siciliana.

Aiuti al funzionamento

31. Gli aiuti concessi sotto forma di contributi per la costituzione e l'avviamento di consorzi tra piccole e medie imprese per l'attuazione di progetti di cooperazione nell'ambito di attività promozionali di rilievo internazionale non soddisfano le condizioni del succitato regolamento (CE) n. 70/2001. La Commissione esamina tali aiuti considerando che configurano aiuti al funzionamento.

32. La Regione siciliana può beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE come risulta dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale summenzionata.

33. In base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(16) gli aiuti destinati a ridurre le spese correnti dell'impresa (aiuti al funzionamento) sono di norma vietati. In via eccezionale, possono tuttavia essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale, della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. Spetta allo Stato membro dimostrare l'esistenza degli svantaggi e quantificarne l'importanza. Gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e di importo decrescente(17).

34. La Commissione constata che è previsto un limite di tempo per la misura in questione, dato che è applicabile fino al 2006, e che i massimali d'intensità sono decrescenti.

35. La Commissione osserva tuttavia che la misura non precisa se l'intensità sia espressa al lordo o al netto e che il massimale iniziale del 70 % sembra piuttosto elevato. Le autorità italiane non hanno dimostrato la proporzionalità degli aiuti al funzionamento agli svantaggi che intendono compensare. Esse non hanno peraltro fornito informazioni atte a precisare la natura degli svantaggi regionali da compensare. Non ne hanno neppure descritta né quantificata l'entità, né dimostrato che tali aiuti siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale. Le autorità italiane non hanno nemmeno spiegato in che modo la forma degli aiuti, e la loro durata, siano atte a compensare la natura di detti svantaggi, né dimostrato che il livello degli aiuti è proporzionale agli svantaggi citati.

36. Si deve inoltre osservare che sono da escludersi gli aiuti al funzionamento destinati ad incoraggiare le esportazioni tra Stati membri(18).

Altre disposizioni comportanti dubbi di compatibilità

37. Oltre i chiarimenti resisi necessari data la mancanza di precisione delle disposizioni contenute nella misura, come risulta in particolare dalla descrizione di cui alla parte II della presente decisione (ad esempio, lo stanziamento, il campo di applicazione oppure la definizione di PMI, soprattutto per quanto riguarda i consorzi), la Commissione sottolinea che la misura prevede che le imprese beneficiarie siano iscritte nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio e, ove si tratti di imprese artigiane, anche nell'albo delle imprese artigiane. Tale disposizione potrebbe costituire un'infrazione alle regole comunitarie in materia di diritto di stabilimento, a norma dell'articolo 49 del trattato CE, e del principio di non discriminazione effettuata in base alla nazionalità (articolo 12 del trattato CE); infatti, le imprese stabilite in altri Stati membri e operanti nella Regione siciliana possono essere escluse dai benefici della misura qualora non abbiano accesso all'iscrizione nei registri citati.

38. In merito agli aiuti che il decreto del 22 giugno 2001 prevede di concedere in base alla regola de minimis, la Commissione rileva che la disposizione contenuta nell'articolo 15, comma 3, in fine, della legge regionale n. 32/2000, che forma parte integrante della notifica in oggetto, non sembra prendere in considerazione il periodo di tre anni conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis(19). Infatti, in base a detta disposizione della legge regionale i beneficiari devono dichiarare gli aiuti percepiti a titolo del de minimis a partire dal 1o gennaio 2000. Il periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento succitato può invece cambiare, come risulta dal quinto considerando dello stesso regolamento.

IV. Decisione

39. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita la Repubblica italiana a presentare le proprie osservazioni e a fornirle ogni informazione utile ai fini della valutazione della misura entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.

40. La Commissione fa presente alla Repubblica italiana l'effetto sospensivo dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e ribadisce che ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio qualsiasi aiuto illegittimo può formare oggetto di recupero presso il beneficiario."

(1) Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, Parte I, n° 37 de 27.7.2001.

(2) Tal como vienen definidas por las Directrices comunitarias para las ayudas estatales al rescate y a la reestructuración de las empresas en dificultad (DO C 288 del 9.10.1999).

(3) Por lo que se refiere a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE en favor de las pequeñas y medianas empresas (DO L 10 de 13.1.2001). Véase en particular el considerando 16 y las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 1.

(4) DO L 336 de 23.12.1994.

(5) Directrices relativas a las ayudas de finalidad regional, apartados 4.15 a 4.17.

(6) DO L 10 de 13.1.2001, p. 30.

(7) Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, Parte I, n. 37 del 27.7.2001.

(8) GU L 10 del 13.1.2001.

(9) GU L 107 del 30.4.1996. La stessa risoluzione figura all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001).

(10) Quali definite dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999).

(11) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 [ora articolo 88] del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999).

(12) Sentenza del 13 luglio 1988, Francia/Commissione, 102/87, Racc. pag. 4067, punto 19 della motivazione.

(13) Relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001). Cfr. in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), nonché il considerando n. 16.

(14) GU L 336 del 23.12.1994.

(15) Cfr. decisione della Commissione del 25 luglio 1973 relativa alle agevolazioni fiscali concesse a norma dell'articolo 34 della legge francese n. 65-566 del 12 luglio 1965, nonché in base alla circolare del 24 marzo 1967 indirizzata alle imprese francesi che creano stabilimenti all'estero (GU L 253 del 10.09.1973).

(16) GU C 74 del 10.3.1998, modificati con comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 258 del 9.9.2000.

(17) Punti 4.15-4.17 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

(18) Punto 4.17 degli orientamenti citati.

(19) GU L 10 del 13.1.2001.