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(4)El 27 de abril de 2018, Bélgica presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(5)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica.

(6)Bélgica se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y está sujeta a la norma en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé una mejora gradual del saldo presupuestario desde un déficit del 1,0 % del PIB en 2017 a un superávit del 0,1 % del PIB en 2021. Se espera alcanzar de aquí a 2020 el objetivo presupuestario a medio plazo, fijado en una situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales. No obstante, el saldo estructural recalculado sigue apuntando a un déficit del 0,2 % en 2020. Tras haber tocado techo en casi el 107 % del PIB en 2014 y bajar a cerca del 103 % en 2017, se espera que la ratio deuda pública / PIB siga bajando hasta situarse en el 94,6 % de aquí a 2021, según el Programa de Estabilidad de 2018. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Al mismo tiempo, no se han especificado las medidas necesarias para apoyar la consecución de los objetivos de déficit previstos a partir de 2019, lo que contribuye al deterioro previsto del saldo estructural en 2019 en el supuesto de que no se modifiquen las políticas, según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2018.

(7)El 23 de mayo de 2018, la Comisión publicó un informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE, dado que Bélgica no había logrado avances suficientes en el cumplimiento del valor de referencia en la reducción de la deuda en 2017. Tras una evaluación de todos los factores pertinentes, dado que actualmente no hay pruebas suficientemente sólidas para llegar a una conclusión sobre la existencia de una desviación significativa en Bélgica en 2017 y a lo largo de 2016 y 2017 considerados conjuntamente, el informe no pudo determinar plenamente si se cumple o no el criterio de la deuda definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/1997. La Comisión volverá a evaluar la conformidad sobre la base de los datos ex post para 2018 que deberán notificarse en la primavera de 2019.

(8)El Programa de Estabilidad de 2018 indica que el impacto presupuestario de las medidas relacionadas con la seguridad en 2017 es considerable y prueba de manera adecuada el alcance y la naturaleza de estos costes presupuestarios adicionales. Según la Comisión, los gastos adicionales subvencionables ascendieron en 2017 al 0,04 % del PIB en relación con las medidas relacionadas con la seguridad. Las disposiciones recogidas en el artículo 5, apartado 1, y en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 permiten hacer frente a este gasto adicional, en la medida en que la gravedad de la amenaza terrorista constituye un acontecimiento excepcional, su impacto en las finanzas públicas de Bélgica es significativo y la sostenibilidad no se vería comprometida al permitir una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste de cara al objetivo presupuestario a medio plazo. Por ello, y para tener en cuenta estos costes adicionales, se ha reducido el ajuste requerido en 2017 hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

(9)El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Bélgica que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no supere el 1,6 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Al mismo tiempo, se declaró que la evaluación del proyecto de plan presupuestario para 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018, deberán tener debidamente en cuenta el objetivo de conseguir una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. A raíz de la evaluación por la Comisión de la solidez de la recuperación en Bélgica, dando la debida consideración a sus retos en materia de sostenibilidad, efectuada en el marco de su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Bélgica, no deben tenerse en cuenta elementos adicionales a este respecto. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2018, sigue existiendo el riesgo de una desviación significativa de la trayectoria de ajuste recomendada hacia el cumplimiento del objetivo presupuestario a medio plazo en 2018 y a lo largo de 2017 y 2018, considerados en su conjunto.

(10)En 2019, en vista de la ratio de deuda pública de Bélgica por encima del 60 % del PIB y de la previsión de la brecha de producción del 0,4 % del PIB, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería exceder del 1,8 %, en consonancia con el ajuste estructural del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de exigencias en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una desviación significativa de ese requisito en 2019 y a lo largo de 2017 y 2018, conjuntamente considerados. No se espera, a priori, que Bélgica cumpla la norma en materia de deuda ni en 2018 ni en 2019. En términos generales, el Consejo considera que a partir de 2018 deberán tomarse medidas para cumplir lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sería prudente la utilización de los posibles beneficios excepcionales para acelerar la reducción de la ratio de deuda de las administraciones públicas.

(11)La sostenibilidad de las finanzas públicas sigue constituyendo un reto. La reforma de las pensiones aprobada en 2015 fue un paso significativo para abordar los riesgos relacionados con el envejecimiento de la población a largo plazo, pero el Informe sobre el envejecimiento de 2018 apunta a un aumento a largo plazo del gasto relacionado con el envejecimiento de la población, tanto para las pensiones como para los cuidados de larga duración. Se prevé que el gasto en pensiones aumente en 2,9 puntos porcentuales del PIB en 2070, en comparación con un aumento de 1,3 puntos porcentuales en la anterior actualización y una reducción de 0,1 puntos porcentuales del PIB por término medio en la zona del euro. A este respecto, la plena aplicación de la hoja de ruta del Gobierno para la reforma podría contribuir a abordar estos riesgos. Además, se prevé que el gasto en cuidados de larga duración aumentará, pasando de un nivel ya superior a la media de la UE del 2,3 % del PIB al 4,0 % del PIB de aquí a 2070. Reducir la fragmentación en la organización de los cuidados de larga duración, debido a la distribución de competencias entre los diferentes niveles administrativos, tiene el potencial de aumentar la eficiencia del gasto en este ámbito.

(12)La eficaz coordinación del presupuesto es esencial en un Estado miembro federal, como Bélgica, en el que gran parte de las competencias en materia de gasto se han transferido a los gobiernos subnacionales. A fin de mejorar la coordinación interna y de transponer el componente fiscal del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria («Pacto Presupuestario»), el Gobierno federal y las administraciones regionales y locales firmaron en 2013 un acuerdo de cooperación con el objetivo de definir sendas presupuestarias plurianuales generales y particulares, que serán supervisadas por el Alto Consejo de Finanzas. Se ha alcanzado un acuerdo sobre los objetivos presupuestarios para 2020, lo que constituye un paso positivo. Sin embargo, aún no hay un acuerdo formal sobre los objetivos presupuestarios anuales en todos los niveles de gobierno. Se han realizado progresos en relación con el establecimiento de garantías suficientes con respecto a la independencia del Alto Consejo de Finanzas.

(13)Existe margen para otorgar a la limitación del gasto un mayor papel en el saneamiento presupuestario. El gasto público total como porcentaje del PIB se sitúa por encima de la media de la zona del euro. Pese al potencial que encierra para estimular el crecimiento a largo plazo, la inversión pública es baja en comparación con la media europea, en particular en relación con el gasto público total. A las bajas reservas de capital público hay que sumar el deterioro sufrido por las infraestructuras públicas. Las revisiones del gasto pueden contribuir a una asignación más inteligente del gasto y apoyar un saneamiento que propicie el crecimiento. A nivel regional, solo Flandes tiene previsto introducir un enfoque de revisión del gasto en el proceso presupuestario. Actualmente, ningún nivel de gobierno en Bélgica está vinculado por reglas de gasto nacionales, con la excepción de un límite máximo para los gastos de asistencia sanitaria. Esto contrasta con la creciente adopción de dichas reglas en toda la UE e impide un saneamiento presupuestario basado en el gasto. Por otro lado, las cotizaciones al sistema de garantía de depósitos belga no se invierten en una cartera separada de activos de bajo riesgo.

(14)El reparto entre deuda y activos en los hogares belgas revela algunos puntos débiles, a pesar de su posición general de riqueza. Un período prolongado de aumento de los precios de la vivienda más rápido que la renta disponible de los hogares ha hecho que la situación financiera de estos hogares sea más frágil debido a un aumento casi mecánico de su deuda. Aunque se han anunciado medidas para abordar un aumento del riesgo macroprudencial, el complejo proceso decisorio macroprudencial nacional puede dejar sin resolver los riesgos para la estabilidad financiera. Los precios de la vivienda parecen actualmente algo sobrevalorados.

(15)Según lo indicado en la Recomendación para la zona del euro de 2018, la lucha contra la planificación fiscal abusiva es indispensable para impedir las distorsiones de la competencia entre empresas, proporcionar un trato equitativo a los contribuyentes y salvaguardar las finanzas públicas. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la UE. El antiguo sistema de deducción de los intereses teóricos que se basaba en las acciones se ha sustituido por un sistema incremental. El nuevo sistema, que comparte una estructura incremental con la bonificación en concepto de crecimiento e inversión propuesta en la base imponible común del impuesto sobre sociedades se limitará a dicho incremento de capital calculado sobre la base de una media de cinco años. Este cambio tiene por objeto contribuir a la neutralidad presupuestaria de la reforma del impuesto sobre sociedades y al mismo tiempo abordar el uso potencial del sistema en la planificación fiscal abusiva y aliviar además el problema del sesgo de la financiación en favor del endeudamiento. Si bien la falta de normas específicas contra las prácticas abusivas era un motivo de preocupación, actualmente se está preparando una reforma del marco de lucha contra estas prácticas. Esto constituye un paso positivo que será objeto de un estrecho seguimiento para garantizar que las nuevas normas aborden todas las formas de abuso. Sobre la base de las últimas gestiones, la Comisión proseguirá su diálogo constructivo para luchar contra las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes.

(16)El crecimiento económico reciente ha generado mucho empleo. El crecimiento del empleo fue sólido en 2017 y la tasa de desempleo se acerca actualmente a su nivel anterior a la crisis. No obstante, en lo que se refiere a la tasa de empleo de la población de entre 20 y 64 años (68,1 % en 2017), Bélgica no va por buen camino para alcanzar su objetivo del 73,2 % fijado en la Estrategia Europa 2020. Se ha progresado de forma limitada en la participación en el mercado laboral de los grupos desfavorecidos, dado que la inactividad y el desempleo se concentran en gran parte entre los trabajadores poco cualificados, las personas de origen migrante y los trabajadores de más edad, lo que sugiere que factores tanto estructurales como específicos de ciertos grupos obstaculizan la integración en el mercado de trabajo. En particular, las personas de origen migrante, que suponen una gran proporción de la población en edad de trabajar, siguen presentando resultados desfavorables en el mercado de trabajo, representando por tanto considerables capacidades potenciales sin explotar. En 2016, la tasa de empleo de los no nacidos en la UE fue del 49,1 %, es decir, más de 20 puntos porcentuales por debajo de la población nacida en Bélgica (la diferencia era incluso más pronunciada para las mujeres). Hay indicios de que las medidas de activación no son igual de eficaces para todos los grupos de población. Aunque se han tomado medidas para ayudar a los recién llegados a integrarse y para abordar la discriminación, sigue habiendo una falta de coordinación entre los distintos ámbitos de actuación y en los distintos niveles políticos para hacer frente al reto de integrar a las personas de origen migrante en el mercado de trabajo. Persisten importantes disparidades regionales en los resultados del mercado de trabajo.

(17)A pesar de los esfuerzos para reducir la cuña fiscal sobre el trabajo, los factores que desincentivan el trabajo siguen siendo elevados en el caso de algunos grupos, como los hogares formados por una sola persona que perciben el salario medio, y las segundas fuentes de ingresos familiares. A pesar de las medidas anteriores, la cuña fiscal para un hogar formado por una sola persona que percibe el salario medio se mantuvo entre las más elevadas de la UE en 2016. La trampa del desempleo para los trabajadores con salarios bajos (67 % del salario medio para un hogar formado por una sola persona) es también una de los mayores de la UE. Persiste un elevado nivel de desincentivos fiscales para la segunda fuente de ingresos familiares, en su mayoría mujeres.

(18)La tasa de vacantes de empleo es una de las más elevadas de la UE, lo que indica una importante inadecuación de las cualificaciones, debida, entre otros factores, al bajo nivel de movilidad y a la insuficiencia de conocimientos lingüísticos en la región de Bruselas. La participación en el aprendizaje permanente es baja. Un mayor compromiso por parte de las personas y los empleadores respecto del aprendizaje permanente es importante para que las personas puedan gestionar la transición entre empleos.

(19)Se han hecho algunos avances por lo que respecta a la igualdad de oportunidades para participar en una educación y formación profesionales de calidad a medida que las comunidades van integrando paulatinamente las reformas de la enseñanza. No obstante, pese a los buenos resultados medios en comparación con la situación internacional, sigue habiendo elevadas desigualdades educativas que se prolongan. Los resultados educativos de los alumnos de 15 años muestran diferencias importantes relacionadas con el origen socioeconómico y la condición de migrante. Las diferencias de rendimiento entre comunidades, así como la insuficiente representación de los grupos desfavorecidos entre los estudiantes con mejores resultados en ciencias, lectura y matemáticas, suscitan preocupación. Las grandes diferencias de rendimiento entre las escuelas van parejas a la desigualdad de oportunidades educativas. A pesar de la elevada proporción de titulados de educación superior, se observan desigualdades en el acceso a la educación de calidad, deficiencias de cualificaciones y disparidades regionales. La proporción de licenciados en ciencias, tecnología y matemáticas es una de las más bajas de la UE y las carencias en estos sectores podrían convertirse en un grave obstáculo para el crecimiento y la innovación. La escasez de profesores suscita preocupación, y las reformas relativas a los profesores avanzan lentamente. Es necesario adaptar el desarrollo profesional permanente de los profesores. Tanto la Comunidad Flamenca como la Federación Valonia-Bruselas han emprendido importantes reformas de sus sistemas educativos. Su ejecución está programada a lo largo de la próxima década y años sucesivos. Sin embargo, a finales de 2017, se tomó la decisión de aplazar la entrada en vigor de determinadas medidas clave. El impacto de las reformas y medidas dependerá en gran medida de su aplicación y seguimiento efectivos.

(20)Solo se han emprendido reformas limitadas para abordar el restrictivo marco reglamentario en el sector de los servicios. Flandes suprimió la ley de establecimiento para un número seleccionado de profesiones artesanales. No obstante, la regulación sigue siendo elevada en algunos servicios profesionales. En consecuencia, la competencia es débil en estos sectores, y se registran bajos índices de entrada de nuevas empresas en el mercado. En el sector de la construcción, los regímenes de autorización horizontal para el acceso al mercado se imponen y las licencias de construcción siguen siendo complejas pese a las medidas adoptadas en los últimos años. El índice de rotación en el sector de la construcción belga está muy por debajo de la media de la UE, lo que puede indicar que el sector sufre falta de competencia. Esto también afecta a la entrega de importantes proyectos de infraestructura. También hay importantes restricciones en el ámbito de los servicios de transporte ferroviario y por carretera. El escaso crecimiento de la productividad de la economía belga viene determinado en gran medida por el bajo incremento de la productividad en el sector de los servicios. Las restricciones normativas tienen también repercusiones negativas en los usuarios de estos servicios, en particular el sector manufacturero. Más reformas estructurales profundas en sectores de servicios clave ayudarían a fomentar el crecimiento de la productividad, un factor esencial para garantizar el crecimiento en el futuro, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas.

(21)Se han realizado progresos limitados en la mejora del funcionamiento del sector minorista. A pesar de las recientes reformas, las restricciones reglamentarias siguen pesando sobre los resultados del sector y dificultan la inversión. Los precios de muchas categorías de productos siguen siendo más elevados que en los países vecinos. Es necesario un mayor esfuerzo para hacer que el entorno empresarial sea favorable a la competencia y a la inversión a fin de que los consumidores disfruten de una mayor oferta de productos y de precios más bajos. En abril, la Comisión propuso buenas prácticas para orientar las reformas de los Estados miembros en el sector minorista.

(22)El espíritu empresarial en Bélgica sigue siendo bajo, a pesar de una serie de reformas en los últimos años y de las recientes medidas cuyo impacto está aún por evaluar. El dinamismo empresarial es reducido, ya que la tasa de creación de empresas sigue siendo de las más bajas de Europa, muy inferior a la media de la UE, acompañada de un bajo porcentaje de destrucción de empresas. Por otra parte, la carga administrativa de las empresas sigue siendo muy pesada, caracterizándose por procedimientos complejos y un bajo nivel de seguridad jurídica.

(23)Bélgica obtiene resultados medios en materia de servicios públicos digitales. En comparación con su buena posición global en el desarrollo de su economía digital, solo está en la media en cuanto a servicios públicos digitales. La estructura federal de Bélgica presenta retos específicos para el establecimiento de servicios de Administración electrónica coherentes a escala nacional. Unos sistemas diversos, no necesariamente interoperables, producen pérdidas por fricción. Siguen existiendo preocupaciones graves sobre el sistema judicial, en particular por lo que respecta a la lentitud de los procedimientos, la digitalización, y la fiabilidad, comparabilidad y homogeneidad de los datos de los órganos jurisdiccionales. El desarrollo de iniciativas para digitalizar determinados servicios judiciales en todos los juzgados (como e-deposit o e-box), está retrasado. No obstante, mientras este sistema de codificación uniforme no se aplique en todos los tribunales, los datos sobre la eficiencia de los procedimientos judiciales seguirá teniendo una limitada fiabilidad y comparabilidad.