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Visto el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (7),
9.

Celebra que la Comisión esté implicada y se comprometa con el proceso de petición y que responda en el menor tiempo posible a las nuevas peticiones que le son enviadas por el Parlamento; señala que las respuestas de la Comisión suelen ser detalladas y abarcan las peticiones que son de su competencia; recuerda, no obstante, que en numerosas ocasiones la Comisión no aporta nuevos elementos en respuestas a peticiones sobre las que se solicita una revisión por cambios en el estado y contexto de las mismas; lamenta las ocasiones en las que la Comisión se centra principalmente en aspectos procedimentales y no entra a tratar el fondo de la cuestión; recuerda a la Comisión que las peticiones que revelen una posible vulneración del Derecho de la Unión únicamente pueden archivarse después de que se haya llevado a cabo un análisis adecuado de las mismas; celebra el compromiso de la Comisión de enviar generalmente funcionarios competentes a las reuniones de la Comisión de Peticiones, ya que la calidad del tratamiento global de las peticiones mejora cuando la Comisión está representada en los debates por los funcionarios disponibles de grado más alto; lamenta que durante las reuniones de la Comisión de Peticiones, las respuestas de la Comisión se limiten generalmente al contenido de la respuesta oficial enviada y no aporten ninguna información nueva o relevante que permita resolver las cuestiones planteadas; celebra que las respuestas escritas se tomen seriamente en cuenta, lo mismo que las explicaciones durante los debates orales celebrados por la Comisión de Peticiones.
13.

Insta a la Comisión a evaluar cuidadosa y exhaustivamente el impacto cualitativo y cuantitativo de la reciente reforma y de las futuras reformas, en especial en la financiación de la economía real en Europa y sobre los proyectos legislativos europeos previstos, como la Unión de Mercados de Capitales; exhorta a la Comisión a hacer uso de las conclusiones resultantes de la convocatoria de datos y de los trabajos de evaluación sobre el primer balance de la regulación de los servicios financieros, que deberá presentarse antes de finales de 2016; pide a la Comisión que garantice que las nuevas propuestas del CSBB o su aplicación no contrarresten esas iniciativas; subraya que esta evaluación no debe comprometer los progresos alcanzados hasta la fecha y no debe ser vista como un llamamiento a la desregularización;
26.

Recuerda que las futuras relaciones ACP-UE deben ser de naturaleza política, por ejemplo, a través del desarrollo de proyectos políticos comunes en diferentes foros internacionales, y no basarse principalmente en el paradigma donante-receptor; subraya, por consiguiente, que los principios de la ayuda al desarrollo de la Unión deben aplicarse sobre una base de igualdad a todos los países en desarrollo, y que los países ACP más adelantados deben por lo tanto quedar excluidos de la ayuda al desarrollo de la Unión en las mismas condiciones que los países no ACP; considera que un mayor grado de autofinanciación por parte de los países ACP sería conforme con la ambición de la ACP de convertirse en un actor autónomo, y subraya, en este contexto, la importancia de reforzar, en el marco del nuevo acuerdo, las herramientas de creación de capacidades de los países ACP para que puedan financiar por sí mismos sectores vitales de la economía; pide a las partes que intensifiquen sus esfuerzos por mejorar la capacidad de los países ACP para movilizar los recursos nacionales, en particular mediante el refuerzo de los sistemas fiscales, la buena gestión de los recursos naturales, la industrialización y la transformación de las materias primas destinadas a los mercados locales, regionales e internacionales;
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Visto el documento de referencia elaborado por la Presidencia luxemburguesa del Consejo, «Looking back on 25 years of Interreg and preparing the future of Territorial cooperation» (Recapitulación de los 25 años de Interreg transcurridos y preparación del futuro de la cooperación territorial),
52.

Destaca que, aunque el Grupo «Código de Conducta» ha permitido lograr algunas mejoras, la autonotificación de medidas potencialmente perjudiciales por los Estados miembros no es eficiente, los criterios para identificar medidas perjudiciales están anticuados y el principio de unanimidad para tomar decisiones sobre el carácter perjudicial de las medidas no ha resultado eficaz; lamenta que varios Estados miembros se opongan a la necesaria reforma del Grupo «Código de Conducta»; insta a la Comisión y a los Estados miembros, por consiguiente, a que tomen las medidas necesarias para reformar lo antes posible los criterios para identificar medidas perjudiciales y los aspectos de gobernanza del Grupo «Código de conducta» (como su estructura de adopción de decisiones, el control de los procedimientos de desmantelamiento y mantenimiento del statu quo, la prevención de posibles dilaciones y las sanciones en caso de no observancia) a fin de incrementar su transparencia pública y mejorar su rendición de cuentas y garantizar una fuerte implicación del Parlamento y su acceso a la información; llama la atención sobre las deficiencias y otras informaciones pertinentes mencionadas en el nuevo anexo 3; señala, además, que, comparando la lista de la Comisión de todos los regímenes fiscales examinados formalmente por el Grupo «Código de Conducta» con los documentos de sesión correspondientes al momento de la decisión y a partir de ese momento, en primer lugar no queda claro en muchos casos cómo se alcanzó una decisión, por ejemplo, la razón por la que regímenes sobre los que había motivos para suponer que eran perjudiciales fueron declarados finalmente como no perjudiciales, y, en segundo lugar no queda claro, en los casos en los que el examen concluyó que ciertos regímenes eran perjudiciales, si los consiguientes procedimientos de desmantelamiento fueron llevados a cabo de forma satisfactoria por parte de los Estados miembros; destaca que, por tanto, los Estados miembros no cumplieron las obligaciones establecidas en las directivas del Consejo 77/799/CEE y 2011/16/UE, pues no intercambiaron espontáneamente información fiscal, ni siquiera en casos en los que había motivos claros, a pesar del margen discrecional que dejan ambas directivas, para suponer que podrían producirse pérdidas de ingresos fiscales en otros Estados miembros o que podrían derivarse ahorros fiscales de traslados artificiales de beneficios en el interior de grupos; hace hincapié en que la Comisión no cumplió su función de guardiana de los Tratados, establecida en el artículo 17, apartado 1, del TUE, al no actuar al respecto ni tomar todas las medidas necesarias para velar por que los Estados miembros cumplan con sus obligaciones, en particular las previstas en las directivas 77/799/CEE y 2011/16/UE del Consejo, pese a las pruebas de que no lo estaban haciendo;
U.

Considerando que alcanzar los objetivos de lucha contra la pobreza de la Estrategia Europa 2020, que es uno de sus cinco objetivos mensurables, exige un nuevo impulso político significativo; que esos objetivos no se pueden alcanzar si la política de lucha contra la pobreza no incluye una sólida dimensión de género, con la adopción de políticas nacionales para la protección de las mujeres, en particular contra al riesgo de pobreza;
B.

Considerando que la primera Cumbre Humanitaria Mundial se celebrará en Estambul los días 23 y 24 de mayo de 2016; que el secretario general de las Naciones Unidas, en su informe para la Cumbre Humanitaria Mundial titulado «Una humanidad: nuestra responsabilidad compartida», llama la atención sobre lo que él denomina «la erosión desvergonzada y brutal del respeto de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho humanitario» en situaciones de conflictos armados, algo que amenaza con provocar una regresión a la era de la guerra sin límites, y que en dicho informe se señala que el hecho de no exigir o no promover el respeto de dichas normas y no apoyar los mecanismos existentes en materia de aplicación, supervisión y rendición de cuentas contribuye a la erosión a que hace referencia el secretario general de las Naciones Unidas;
13.

Observa que los dictámenes motivados emitidos por los Parlamentos nacionales apuntan a la existencia de diversas interpretaciones de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; recuerda en este contexto que el principio de subsidiariedad, tal y como se establece en los Tratados, permite a la Unión, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, intervenir solamente «en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión»; recuerda asimismo que «en virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados»; anima a los Parlamentos nacionales a ser fieles a la letra del TUE al evaluar el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; recomienda encarecidamente a los Parlamentos nacionales y a las instituciones europeas que entablen intercambios de puntos de vista y prácticas respecto del control de la subsidiariedad y la proporcionalidad.
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Visto el documento estratégico del grupo de reflexión Bruegel, de noviembre de 2015, titulado «Policy Coordination in the Euro Area under the European Semester» (Límites de la coordinación de las políticas en la zona del euro en el marco del Semestre Europeo),
31.

Aboga por la creación de un marco financiero adecuado para estimular la innovación, el desarrollo sostenible de la economía azul y la creación de empleo, que combine, coordine y facilite la accesibilidad de los instrumentos financieros disponibles, como los Fondos Estructurales y de Inversión (el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca —FEMP—, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional —FEDER—, el Fondo Social Europeo —FSE— y el Fondo de Cohesión), el Programa Marco de Investigación, la posible creación de una futura comunidad de conocimiento e innovación centrada en la economía azul, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y otros instrumentos; destaca la necesidad de promover una mejor adecuación de los diversos instrumentos a las necesidades de los distintos agentes (instituciones públicas, entes locales, empresas, en particular las pymes, organizaciones no gubernamentales, etc.), así como una amplia divulgación de las oportunidades existentes;
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Vistos los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular el Convenio no 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, y el Convenio no 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,
Q.

Considerando que los países en desarrollo han estado intentando atraer inversiones en particular ofreciendo diversos incentivos y exenciones fiscales que no son transparentes ni se guían por una análisis coste-beneficio adecuado y que, a menudo, no atraen inversiones reales y sostenibles, lo que ha situado a unas economías en desarrollo contra otras, pues compiten por ofrecer el tratamiento fiscal más favorable, lo que conlleva resultados insatisfactorios en términos de sistemas tributarios eficaces y eficientes y una competencia fiscal perjudicial;
18.

Observa con preocupación que siguen pendientes la mayoría de las investigaciones sobre los acontecimientos del parque Gezi de mayo y junio de 2013 y las acusaciones relativas al uso desproporcionado de la fuerza y los abusos policiales, y que se ha avanzado poco en la identificación de los presuntos responsables; subraya que, tras recibir una serie de denuncias sobre el uso de la fuerza por funcionarios de policía durante las protestas de Gezi, el Defensor del Pueblo emitió un informe en el que constató el uso desproporcionado de la fuerza; pide a las autoridades turcas que indemnicen a todas las víctimas que eran manifestantes pacíficos o no eran manifestantes y se encontraban por casualidad en el lugar de los hechos; pide que se lleven a cabo investigaciones eficaces e imparciales de todos los casos de presuntos malos tratos por parte de funcionarios del Estado y que se lleve a los responsables ante la justicia; subraya la necesidad de que se adopten normas claras sobre el papel de las fuerzas del orden y el uso de la fuerza conforme a los estándares internacionales; insta enérgicamente a que se levanten las restricciones a la celebración de reuniones pacíficas y destaca que no deben utilizarse otras leyes, como la legislación antiterrorista, para impedir que se ejerza el derecho a protestar pacíficamente, y que manifestarse pacíficamente no debe ser motivo de detención; pide al Gobierno turco que establezca unos controles y contrapesos adecuados, objetivos y transparentes sobre la potestad de las fuerzas de seguridad; recomienda a las autoridades turcas que pongan en marcha un mecanismo independiente y eficaz para tramitar quejas contra la policía; expresa su profunda preocupación ante el paquete sobre seguridad interior, que es contrario al principio de supervisión judicial de las actividades policiales y tiene un ámbito de aplicación excesivo;
14.

Reitera que las competencias de la Fiscalía Europea únicamente deben extenderse a otros delitos diferentes de aquellos que afectan a los intereses financieros de la Unión cuando, de forma acumulativa: a) un comportamiento concreto constituya simultáneamente un delito que afecte a los intereses financieros de la Unión y otros delitos; y b) los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión sean predominantes y el resto meramente secundarios; y c) los demás delitos no se puedan someter a juicio y castigar si no han sido perseguidos y juzgados junto con los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión; opina también que, en caso de desacuerdo entre la Fiscalía Europea y las fiscalías nacionales sobre el ejercicio de las competencias, la Fiscalía Europea debe decidir, a nivel central, quién llevará a cabo la investigación y el enjuiciamiento; opina, además, que el establecimiento de competencias con arreglo a dichos criterios siempre debe ser objeto de control judicial;
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Visto el estudio del Departamento Temático A de la Dirección General de Políticas Interiores titulado «State aid — Crisis rules for the financial sector and the real economy» (Ayudas estatales: reglas para los servicios financieros y la economía real en tiempos de crisis), de junio de 2011,
13.

Pide la modernización de la red de delegaciones de la UE para que refleje las necesidades de la política exterior de la Unión en el siglo XXI, por ejemplo, adaptando el número de empleados y sus conocimientos; considera, por ejemplo, que todas las delegaciones situadas en zonas de conflicto, en particular en países donde haya una misión PCSD, deberían contar invariablemente con un experto en seguridad y defensa; pide a la AR/VP que refuerce la autoridad del jefe de delegación sobre todo el personal independientemente de la institución de la que proceda, así como que simplifique los presupuestos administrativos de las delegaciones para conseguir una única fuente de financiación; pide que se clarifique la cadena jerárquica; lamenta que aún no se hayan aprovechado plenamente las posibles sinergias y economías de escala que podrían conseguirse reforzando la cooperación entre las embajadas de los Estados miembros y las delegaciones de la UE; insiste en que se respete a todos los niveles un equilibrio equitativo entre el personal de los Estados miembros en comisión de servicios y los funcionarios de la UE, según lo establecido en la Decisión del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece el SEAE, y toma nota de que este equilibrio actualmente no se respeta, especialmente en los altos cargos como el de jefe de delegación;
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Vistos la Comunicación de la Comisión, de 7 de marzo de 2013, titulada «Normativa inteligente: Responder a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas» (COM(2013)0122), y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que la acompañaba, titulado «Monitoring and Consultation on Smart Regulation for SMEs» (SWD(2013)0060),
31.

Señala que el Parlamento acogió favorablemente, en principio, la introducción de los actos delegados en el artículo 290 del TFUE, por ofrecer una mayor posibilidad de supervisión, pero subraya que el otorgamiento de dichos poderes delegados, o de los poderes de ejecución en virtud del artículo 291, no constituye en ningún caso una obligación; reconoce que el uso de actos delegados debe contemplarse cuando sean necesarias flexibilidad y eficiencia y no puedan lograrse mediante el procedimiento legislativo ordinario, siempre que el objetivo, contenido, alcance y duración de dicha delegación se definan explícitamente y las condiciones a las que está sujeta la delegación se establezcan claramente en el acto de base; expresa su preocupación sobre la tendencia del Consejo en insistir en que se utilicen actos de ejecución para disposiciones en las que únicamente debiera usarse el acto de base o los actos delegados; subraya que el legislador solo puede decidir permitir el recurso a los actos de ejecución para la adopción de elementos que no requieran una nueva orientación política; es consciente de que el artículo 290 limita explícitamente el alcance de los actos delegados a los elementos no esenciales de un acto legislativo y que, por consiguiente, no cabe utilizar actos delegados para normas que son esenciales al objeto de la legislación pertinente;
5.

Señala con preocupación que las tradiciones culturales dejan con frecuencia a las mujeres en situación de dependencia de los hombres de la familia y sin protección legal en cuestiones de seguridad de la tenencia de la tierra; hace hincapié en las obligaciones internacionales de los Estados de garantizar unos derechos económicos, sociales y culturales mínimos, lo cual incluye la obligación del gobierno de garantizar que la ordenación del territorio no sea discriminatoria, en particular con respecto a las mujeres y a los pobres, y no viole otros derechos humanos;
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Visto el Reglamento (UE) no 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1924/2006 y (CE) no 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) no 608/2004 de la Comisión (2) (Reglamento relativo a la Información Alimentaria facilitada al Consumidor), y, en particular, sus artículos 7, apartado 1, y 26, apartados 2, 8 y 9,
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Visto el informe, de 10 de junio de 2013, encargado por la Comisión al Centre for European Policy Studies, titulado «Assessment of cumulative cost impact for the steel industry» (1) («Evaluación del impacto del coste acumulado para la industria siderúrgica»),
6.

Recomienda que se tomen las medidas necesarias para cerrar la brecha digital entre las diferentes regiones de los Estados miembros y para asegurar que el acceso y el uso de los servicios de salud electrónica no se conviertan en una fuente de desigualdad social o territorial sino que beneficien a todos los ciudadanos de la UE por igual y lleguen a los pacientes que no estén familiarizados con las TIC y a los que, de lo contrario, quedarían excluidos o no recibirían la atención adecuada por parte de los sistemas sanitarios nacionales;
10.

Reconoce los éxitos que la ESA ha logrado para Europa en el sector de las misiones espaciales en las últimas décadas, y alienta a los Estados miembros no pertenecientes a la ESA a que consideren la adhesión o una cooperación más intensa; observa, no obstante, que, a largo plazo, puede lograrse una mayor eficiencia operativa y una mayor coordinación y responsabilidad políticas mediante una cooperación más estrecha entre la ESA y la UE, con el fin, entre otras cosas, de evitar la duplicación de actividades y los solapamientos; pide a la Comisión que estudie cuidadosamente si en el futuro podría vincularse la ESA, por ejemplo, a las estructuras de gobernanza de la Unión como una organización interestatal, mientras no se considere oportuno convertir la ESA en una agencia europea;
55.

Toma nota de algunos avances positivos en el ámbito de la lucha contra la corrupción presentados en los informes de situación anuales de Croacia; le preocupa, no obstante, el riesgo de que las medidas adoptadas con anterioridad a la adhesión del país a la Unión Europea no sean irreversibles y sostenibles; destaca, por ejemplo, que no queda claro qué institución es la principal responsable de la supervisión de las reformas anticorrupción, que no se nombró a los miembros de la Comisión de Conflicto de Intereses hasta principios de febrero de 2013, lo cual plantea dudas sobre su operatividad y resultados reales, y que no solo se siguen efectuando nombramientos por intereses políticos en los ministerios y en las juntas de supervisión de las empresas, sino que, de hecho, están aumentando;
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Vista la Decisión de la Comisión, de 15 de noviembre de 2012, por la que se cursa una notificación a los terceros países que la Comisión estima susceptibles de ser considerados terceros países no cooperantes conforme al Reglamento (CE) no 1005/2008 del Consejo por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (14),
12.

Toma nota de los programas de multilingüismo de la Comisión; opina que los promotores de proyectos deben poder beneficiarse de las oportunidades que presentan y, habida cuenta de que las comunidades lingüísticas amenazadas que luchan por la supervivencia de una lengua amenazada de desaparición son a menudo pequeños grupos de población, insta a la Comisión a que no considere los programas en que están interesadas estas comunidades no subvencionables en razón de su escaso nivel de compromiso financiero, su limitado número de beneficiarios o las reducidas dimensiones de la zona afectada, y facilite en cambio el acceso a estos programas y les dé publicidad, proporcionando orientación sobre la elegibilidad para obtener financiación; insta a los Estados miembros a que actúen como intermediarios y promotores de estos pequeños grupos y comunidades con lenguas amenazadas de desaparición para que se beneficien de los fondos europeos, recordando al mismo tiempo que la financiación de la UE para la diversidad lingüística no debe reorientarse desde su destino previsto ni utilizarse para apoyar acciones que se sirvan de las lenguas amenazadas como vehículos para perseguir agendas políticas más amplias;
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Vistos los informes de 2011 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), titulados «Migrants in an irregular situation: access to healthcare in 10 European Union Member States» (18) y «Fundamental rights of migrants in an irregular situation in the European Union»,
22.

Llama la atención sobre la voluntad de varios Estados Miembros de aplicar sistemas de peaje en los próximos años o de prorrogar concesiones existentes; pide a la Comisión que vele por que dichos sistemas cumplan con los requisitos de interoperabilidad y garantice que la implementación de los sistemas de peaje no sea en ningún caso discriminatoria para los no residentes en el sentido de que no establezca barreras al principio de libre circulación;