COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 10.4.2017 COM(2017) 167 final COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Cuadro de indicadores de la Justicia en la UE para 2017







1.INTRODUCCIÓN «Unos sistemas judiciales efectivos contribuyen al crecimiento económico y defienden los derechos fundamentales. Esta es la razón por la que Europa promueve y defiende el Estado de Derecho.» Según señala Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea, los sistemas judiciales de los Estados miembros desempeñan un papel fundamental a la hora de asegurar que los ciudadanos y las empresas puedan disfrutar plenamente de sus derechos, reforzar la confianza mutua y crear un marco favorable a la actividad empresarial y la inversión en el mercado único. Del mismo modo, Frans Timmermans, Vicepresidente primero de la Comisión Europea, insiste en que unos sistemas judiciales efectivos sirven igualmente para afianzar la aplicación del Derecho de la UE: «La Unión Europea se construyó en base a un conjunto de valores comunes, consagrados en el Tratado. Entre ellos se encuentra el respeto al Estado de Derecho. Nuestra organización se rige por este principio, por el que los Estados miembros se comprometen a aplicar el Derecho de la UE en todo su territorio.» Esta es la razón por la que la mejora de la eficacia de los sistemas judiciales nacionales se ha convertido en una prioridad repetidamente abordada en el Semestre Europeo, que es el ciclo anual de coordinación de las políticas económicas de la UE. Independencia, calidad y eficiencia son las principales cualidades de un sistema judicial eficaz. El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2017 (en lo sucesivo, «el cuadro de indicadores») ayuda a los Estados miembros a alcanzar este objetivo al proporcionar una visión global anual sobre la independencia, la calidad y la eficiencia de los sistemas judiciales nacionales. Este cuadro comparativo permite a los Estados Miembros identificar las posibles deficiencias, mejoras y buenas prácticas, así como las tendencias del funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales a lo largo del tiempo. Es también crucial para la eficacia de la legislación europea. A la hora de aplicar el Derecho de la Unión, los órganos jurisdiccionales nacionales actúan como órganos jurisdiccionales de la UE y garantizan que los derechos y obligaciones previstos en el Derecho de la Unión se apliquen de manera efectiva. Por este motivo, el cuadro de indicadores observa detenidamente el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales al aplicar el Derecho de la UE en determinados ámbitos. La edición de 2017 sigue desarrollando esta visión global y examina nuevos aspectos del funcionamiento de los sistemas judiciales: -Para entender mejor cómo los consumidores acceden al sistema judicial, examina qué canales utilizan para interponer demandas contra las empresas (por ejemplo, tribunales, métodos extrajudiciales); cómo la asistencia jurídica y las costas judiciales influyen en el acceso a la justicia, en particular para las personas en riesgo de pobreza; la duración de los procedimientos judiciales y ante las autoridades de protección del consumidor, y cuántos consumidores se sirven de la plataforma de resolución de litigios en línea (ODR) que entró en funcionamiento en 2016. -Para hacer un seguimiento de la independencia judicial en los Estados miembros, la edición de este año presenta los resultados de una nueva encuesta sobre la percepción de los ciudadanos y las empresas y muestra nuevos datos sobre las garantías para proteger la independencia judicial. -La presente edición continúa examinando cómo funcionan los sistemas judiciales nacionales en ámbitos específicos del Derecho de la UE pertinentes para el mercado único y para un entorno favorable a las inversiones. Presenta una primera visión global del funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales al aplicar la legislación de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de dinero en la justicia penal. Además, analiza la duración de los procedimientos de adopción de medidas cautelares destinadas a prevenir daños inminentes en determinadas áreas legislativas. -A fin de tener una idea más clara del uso actual de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los sistemas judiciales, esta edición presenta los resultados de una encuesta realizada entre abogados sobre la forma en que se comunican con los órganos jurisdiccionales y sus motivos para utilizar las TIC. -Dado que las normas sobre el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales pueden elevar la calidad de los sistemas judiciales, esta edición estudia con mayor detalle la normativa destinada a mejorar la gestión de los tribunales y la información que se proporciona a las partes sobre el curso seguido por su caso. Asimismo, considerando que se trata de la quinta edición, el cuadro de indicadores también hace un balance de los progresos logrados a lo largo del tiempo. Aunque todavía faltan datos de algunos Estados miembros, esta laguna de información continúa disminuyendo, en particular en lo que respecta a los indicadores sobre la eficiencia de los sistemas judiciales. La fructífera cooperación con los puntos de contacto de los Estados miembros sobre los sistemas judiciales nacionales y con los diversos comités y redes judiciales ha enriquecido considerablemente los datos. Las dificultades restantes en la recopilación de datos se deben a menudo a una capacidad estadística insuficiente o al hecho de que las categorías nacionales para las que se obtienen datos no corresponden exactamente a las utilizadas en el cuadro de indicadores. Solo en muy pocos casos puede atribuirse la insuficiencia de datos a la falta de voluntad de cooperación por parte de determinadas autoridades nacionales. La Comisión seguirá instando a los Estados miembros a reducir aún más esta laguna en los datos. ¿Qué es el cuadro de indicadores de la justicia en la UE? El cuadro de indicadores de la justicia en la UE es una herramienta de información destinada a ayudar a la UE y a sus Estados miembros a lograr una justicia más eficaz facilitando datos objetivos, fiables y comparables sobre la calidad, independencia y eficiencia de los sistemas judiciales en todos los Estados miembros. El cuadro de indicadores no presenta una clasificación única global, sino una visión general del funcionamiento de los sistemas judiciales sobre la base de diversos indicadores que son de interés común para todos los Estados miembros. El cuadro de indicadores no favorece un tipo concreto de sistema judicial y trata a todos los Estados miembros por igual. Con independencia del modelo de sistema judicial nacional o de la tradición jurídica en que se fundamenten, la puntualidad, la independencia, la sostenibilidad económica y la facilidad de acceso son algunos de los parámetros esenciales de un sistema judicial eficaz. El cuadro de indicadores se centra principalmente en los asuntos civiles y mercantiles contenciosos, así como en los asuntos administrativos, con el fin de ayudar a los Estados miembros en su esfuerzo por sentar las bases de un entorno más favorable a la inversión, las empresas y los ciudadanos. El cuadro de indicadores es una herramienta de análisis comparativo que evoluciona en diálogo con los Estados miembros y el Parlamento Europeo, con el objetivo de identificar los parámetros esenciales de un sistema judicial eficaz. ¿Qué método sigue el cuadro de indicadores de la justicia en la UE? El cuadro de indicadores utiliza diferentes fuentes de información. La mayoría de los datos cuantitativos los aporta actualmente la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa, con la que la Comisión ha suscrito un contrato para la realización de un estudio específico. Estos datos corresponden al período comprendido entre 2010 y 2015 y han sido comunicados por los Estados miembros con arreglo a la metodología de la CEPEJ. El estudio también incluye observaciones detalladas y fichas informativas específicas por país que amplían el contexto y que deben leerse conjuntamente con las cifras. Los datos sobre la duración de los procedimientos recabados por la CEPEJ muestran el «tiempo de tramitación», que es la duración calculada de los procedimientos judiciales (basada en la relación entre los asuntos pendientes y los asuntos resueltos). Los datos sobre la eficacia de los órganos jurisdiccionales al aplicar la legislación europea en ámbitos específicos muestran que la duración media de los procedimientos está directamente relacionada con el plazo de resolución de los asuntos judiciales. Cabe señalar que la duración de los procedimientos judiciales puede diferir a nivel geográfico dentro de un mismo Estado miembro, en particular en el caso de los centros urbanos en los que la actividad comercial puede generar un número de casos más elevado.

Las otras fuentes de datos son: el grupo de personas de contacto de los sistemas judiciales nacionales, la Red Europea de Consejos del Poder Judicial (RECPJ), la Red de Presidentes de los Tribunales Supremos de la Unión Europea (NPSJC), la Asociación de los Consejos de Estado y de los Tribunales Supremas Administrativos de la Unión Europea (ACA-Europa), la Red Europea de Competencia (REC), el Comité de Comunicaciones (COCOM), el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC), el Grupo de Expertos en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Eurostat, la Red Europea de Formación Judicial (REFJ), el Consejo de los Colegios de Abogados de la Unión Europea (CCBE) y el Foro Económico Mundial (WEF). La metodología del cuadro de indicadores se ha seguido desarrollando en estrecha cooperación con el grupo de personas de contacto en los sistemas judiciales nacionales, en particular mediante un cuestionario y la recopilación de datos sobre determinados aspectos del funcionamiento de dichos sistemas. El cuadro de indicadores ofrece datos sobre los tres elementos principales de un sistema judicial eficaz: calidad, independencia y eficiencia. Dichos datos deben interpretarse conjuntamente, ya que un sistema judicial eficaz no puede prescindir de ninguno de los tres aspectos citados y están a menudo interrelacionados (las iniciativas encaminadas a mejorar uno de ellos pueden influir en los otros). ¿Cómo aporta información el cuadro de indicadores de la justicia en la UE al Semestre Europeo? El cuadro de indicadores ofrece una visión comparativa de la calidad, la independencia y la eficiencia de los sistemas judiciales nacionales y ayuda a los Estados Miembros a mejorar la eficacia de dichos sistemas. Se facilita de este modo la identificación de las deficiencias y las mejores prácticas, así como el seguimiento de los desafíos y progresos. Las evaluaciones por país se llevan a cabo en el contexto del Semestre Europeo a través del diálogo bilateral con las autoridades nacionales y las partes interesadas. Esta evaluación tiene en cuenta las particularidades del ordenamiento jurídico y el contexto de los Estados miembros interesados, y puede llevar a la Comisión a proponer al Consejo recomendaciones nacionales específicas sobre la mejora de los sistemas judiciales nacionales . 2.CONTEXTO: LAS REFORMAS EN LA JUSTICIA SIGUEN SIENDO UNA PRIORIDAD – Avances a nivel nacional y europeo – En 2016, un gran número de Estados miembros continuaron sus esfuerzos para mejorar la eficacia de sus sistemas judiciales nacionales. Las reformas de la justicia requieren tiempo, a veces varios años desde su primer anuncio, pasando por la adopción de medidas legislativas y reglamentarias, hasta la aplicación efectiva de las medidas adoptadas. El Gráfico 1 presenta una visión global de las reformas en materia de justicia adoptadas y previstas. Presenta datos sobre las diferentes responsabilidades, sin ninguna evaluación cualitativa. A este respecto, es importante subrayar que toda reforma de la justicia debe respetar el Estado de Derecho y cumplir las normas europeas en materia de independencia judicial. El Gráfico 1 muestra que el Derecho procesal sigue siendo objeto de especial atención en varios Estados miembros y que se anuncia un número significativo de nuevas reformas en materia de asistencia jurídica, métodos alternativos de resolución de litigios, especialización judicial y mapas judiciales. Una comparación con el cuadro de indicadores de 2015 indica que el nivel de actividad se mantuvo estable por lo general, con respecto tanto a las reformas anunciadas como a las medidas en curso de negociación. Gráfico 1: Actividad legislativa y reglamentaria en relación con los sistemas judiciales en 2016 (medidas adoptadas/iniciativas anunciadas por Estado miembro) (fuente: Comisión Europea ) La UE anima a determinados Estados miembros a mejorar la eficacia de sus sistemas judiciales. En el Semestre Europeo de 2016, a partir de una propuesta de la Comisión, el Consejo formuló recomendaciones específicas en este ámbito a seis Estados miembros. Dos de los Estados miembros que en 2015 fueron objeto de una recomendación específica no recibieron esa recomendación en 2016 debido a los progresos que habían alcanzado. Además de los Estados miembros sujetos a recomendaciones nacionales específicas, otros ocho Estados miembros siguen haciendo frente a dificultades especiales, por lo que continúan siendo objeto de un estrecho seguimiento por parte de la Comisión a través del Semestre Europeo y de los programas de ajuste económico. La Comisión apoya asimismo las reformas de la justicia en Rumanía y Bulgaria mediante el mecanismo de cooperación y verificación.

En 2016, la Comisión adoptó, en virtud del marco de la UE para el Estado de Derecho, dos recomendaciones relativas al Estado de Derecho en Polonia, en las que se exponían las preocupaciones de la Comisión y se recomendaba la manera de abordarlas. La Comisión considera necesario que el Tribunal Constitucional de Polonia pueda cumplir plenamente con sus responsabilidades en virtud de la Constitución, en particular para garantizar un control constitucional eficaz de los actos legislativos. La Comisión continuará prestando su apoyo a las reformas de la justicia mediante los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE). Durante el actual período de programación 2014-2020, los Fondos EIE aportarán hasta 4 200 millones EUR para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para mejorar la capacidad de su administración pública, incluida la justicia. Catorce Estados miembros han identificado la justicia como un área prioritaria para el apoyo de los Fondos EIE. La Comisión hace hincapié en la importancia de adoptar un enfoque orientado a los resultados al aplicar estas prioridades y pide a los Estados miembros que evalúen el impacto del apoyo de los Fondos EIE. En 2016, cinco Estados Miembros solicitaron la asistencia técnica del Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión en cuestiones como el intercambio de experiencias nacionales en relación con las reformas de los mapas judiciales. No hay que escatimar esfuerzos, dado el positivo impacto económico del buen funcionamiento del sistema judicial. Un estudio realizado en 2017 por el Centro Común de Investigación ha identificado una correlación entre la mejora de la eficiencia de los tribunales y la tasa de crecimiento de la economía, así como entre la percepción de la independencia judicial por parte de las empresas y el crecimiento de la productividad. Cuando los sistemas judiciales garantizan la tutela de los derechos, es más probable que los acreedores presten, que las empresas se vean disuadidas de tener comportamientos oportunistas, que se reduzcan los costes de las transacciones y que las empresas innovadoras sean más propensas a invertir. Esta positiva influencia se ha señalado igualmente en investigaciones posteriores de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la OCDE, el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial. – Evolución de la carga de asuntos entrantes – El contexto general se caracteriza por un nivel bastante estable, pero alto, de casos en los sistemas judiciales de los Estados miembros, aunque dicho nivel varía considerablemente entre ellos (Gráfico 2). Esto demuestra la importancia de continuar esforzándose por garantizar la eficacia del sistema judicial. Gráfico 2: Número de asuntos civiles, mercantiles, administrativos y otros* (primera instancia/por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ ) * Según la metodología de la CEPEJ, esta categoría incluye todos los asuntos civiles y mercantiles contenciosos y no contenciosos, los asuntos registrales de la propiedad y de sociedades no contenciosos, otros asuntos registrales, otros asuntos no contenciosos, los asuntos administrativos y otros asuntos no penales. Cambios de metodología en CZ, HR, MT y FI. Gráfico 3: Número de asuntos civiles y mercantiles contenciosos* (primera instancia/por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ) * Los asuntos civiles y mercantiles contenciosos son litigios entre partes, por ejemplo en relación con contratos, según la metodología de la CEPEJ. Los asuntos civiles y mercantiles no contenciosos son procedimientos de jurisdicción voluntaria, como órdenes de pago no impugnadas. Cambios de metodología en CZ, HR, IT y FI. Los datos de NL incluyen asuntos no contenciosos. DE: datos basados únicamente en las estadísticas sobre la administración de justicia publicadas por la Oficina Federal de Estadística de Alemania. 3.Principales resultados del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2017 Eficiencia, calidad e independencia son los principales parámetros de un sistema judicial eficaz, y el cuadro de indicadores presenta indicadores de los tres ámbitos. 3.1 Eficiencia de los sistemas judiciales El cuadro de indicadores examina la eficacia de los procedimientos en los ámbitos generales del Derecho civil, mercantil y administrativo y en los ámbitos específicos en los que los órganos jurisdiccionales aplican la legislación de la UE. 3.1.1 Datos generales sobre eficiencia Los indicadores relacionados con la eficiencia de los procedimientos en el ámbito general de los asuntos civiles, comerciales y administrativos son: duración de los procedimientos (plazo de tramitación); tasa de resolución; y número de asuntos pendientes. 3.1.1.1 Duración de los procedimientos La duración del procedimiento expresa una estimación del tiempo necesario (en días) para resolver un asunto ante un órgano jurisdiccional, es decir, el tiempo que este tarda en emitir un fallo en primera instancia. El indicador correspondiente al «tiempo de tramitación» representa el número de asuntos pendientes dividido por el número de asuntos resueltos al final de un año, multiplicado por 365 días. Todas las cifras se refieren a procesos en primera instancia, cotejando, si están disponibles, los datos de 2010, 2013, 2014 y 2015. * Según la metodología de la CEPEJ, esta categoría incluye todos los asuntos civiles y mercantiles contenciosos y no contenciosos, los asuntos registrales de la propiedad y de sociedades no contenciosos, otros asuntos registrales, otros asuntos no contenciosos, los asuntos administrativos y otros asuntos no penales. Cambios de metodología en CZ, HR, IT, HU, MT, PT y FI. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y SK.

Gráfico 5: Tiempo necesario para resolver los asuntos civiles y mercantiles contenciosos*

(primera instancia/en días) (fuente: estudio de la CEPEJ) * Los asuntos civiles y mercantiles contenciosos son litigios entre partes, por ejemplo en relación con contratos, según la metodología de la CEPEJ. Los asuntos civiles y mercantiles no contenciosos son procedimientos de jurisdicción voluntaria, como órdenes de pago no impugnadas. Cambios de metodología en CZ, HR, IT, HU, MT, PT y FI. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y SK. Los datos de NL incluyen asuntos no contenciosos. DE: datos basados únicamente en las estadísticas sobre la administración de justicia publicadas por la Oficina Federal de Estadística de Alemania. Gráfico 6: Tiempo necesario para resolver los asuntos administrativos* (primera instancia/en días) (fuente: estudio de la CEPEJ) * Los asuntos administrativos son litigios entre ciudadanos y autoridades locales, regionales o nacionales, según la metodología de la CEPEJ. Cambios de metodología en HR, HU y FI. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y SK. DK, IE y AT no registran los asuntos administrativos por separado. DE: datos basados únicamente en las estadísticas sobre la administración de justicia publicadas por la Oficina Federal de Estadística de Alemania. 3.1.1.2 Tasa de resolución La tasa de resolución es la relación entre el número de asuntos resueltos y el número de asuntos ingresados. Permite valorar si un órgano jurisdiccional consigue ajustarse al ritmo de la carga de trabajo entrante. Cuando la tasa de resolución es prácticamente del 100 % o superior, ello significa que los sistemas judiciales pueden resolver, como mínimo, todos los asuntos que reciben. Si la tasa de resolución es inferior al 100 %, ello significa que los órganos jurisdiccionales resuelven menos casos de los que reciben. Gráfico 7: Tasa de resolución de los asuntos civiles, mercantiles, administrativos y otros*

(primera instancia/en % – los valores superiores al 100 % indican que se resuelven más casos de los que ingresan, mientras que los valores inferiores al 100 % indican que se resuelven menos casos de los que ingresan) (fuente: estudio de la CEPEJ) * Cambios de metodología en CZ, HR, IT, HU, MT, PT y FI. Los datos de EE reflejan un aumento del 50 % de los asuntos registrales resueltos. IE: se espera que el número de asuntos resueltos se infravalore debido a la metodología. Gráfico 8: Tasa de resolución de los asuntos civiles y mercantiles contenciosos* (primera instancia/en %) (fuente: estudio de la CEPEJ) * Cambios de metodología en CZ, HR, IT, HU, MT, PT y FI. IE: se espera que el número de asuntos resueltos se valore por debajo de su cifra real debido a la metodología. Los datos de NL incluyen asuntos no contenciosos. DE: datos basados únicamente en las estadísticas sobre la administración de justicia publicadas por la Oficina Federal de Estadística de Alemania. Gráfico 9: Tasa de resolución de asuntos administrativos* (primera instancia/en %) (fuente: estudio de la CEPEJ) * Cambios de metodología en HU y FI. Reorganización del sistema de tribunales administrativos en HR. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y SK. DK, IE y AT no registran los asuntos administrativos por separado. DE: datos basados únicamente en las estadísticas sobre la administración de justicia publicadas por la Oficina Federal de Estadística de Alemania. 3.1.1.3 Asuntos pendientes El número de asuntos pendientes expresa el número de asuntos que aún deben tramitarse al final del año correspondiente. Influye también en el plazo de resolución. Gráfico 10: Número de asuntos civiles, administrativos y otros pendientes* (primera instancia/por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ) *Cambios de metodología en CZ, HR, IT, HU, MT, PT y FI. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y SK. Gráfico 11: Número de asuntos contenciosos civiles y mercantiles pendientes* (primera instancia/por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ)

*Cambios de metodología en CZ, HR, IT, HU, MT, PT y FI. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y SK. Los datos de NL incluyen asuntos no contenciosos. DE: datos basados únicamente en las estadísticas sobre la administración de justicia publicadas por la Oficina Federal de Estadística de Alemania. Gráfico 12: Número de asuntos administrativos pendientes* (primera instancia/por cada 100 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ) * Cambios de metodología en HR, HU y FI. Los asuntos pendientes incluyen todas las instancias en CZ y SK. DK, IE y AT no registran los asuntos administrativos por separado. DE: datos basados únicamente en las estadísticas sobre la administración de justicia publicadas por la Oficina Federal de Estadística de Alemania. 3.1.2 Eficiencia en ámbitos específicos del Derecho de la EU Esta sección complementa los datos generales sobre la eficacia de los sistemas judiciales y presenta la duración media de los procedimientos en ámbitos específicos de aplicación de la legislación de la UE. El cuadro de indicadores de 2017 se fundamenta en datos anteriores sobre los ámbitos de la competencia, las comunicaciones electrónicas, la marca de la UE y la protección del consumidor, pero además proporciona información sobre la lucha contra el blanqueo de capitales. Los ámbitos han sido seleccionados de acuerdo a su pertinencia para del mercado único, la economía y el entorno empresarial. Por lo general, los retrasos largos en los procedimientos judiciales pueden tener consecuencias negativas sobre los derechos derivados de la legislación de la Unión en cuestión, por ejemplo cuando ya no es posible recurrir o cuando se han producido graves perjuicios financieros irrecuperables. – Competencia – La aplicación efectiva de la legislación sobre competencia garantiza la igualdad de condiciones para las empresas y, por tanto, es esencial para un entorno empresarial atractivo. El gráfico siguiente presenta la duración media de los asuntos de impugnación de decisiones de las autoridades nacionales de competencia que aplican los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Gráfico 13 Competencia: Duración media del control jurisdiccional* (primera instancia/en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con la Red Europea de Competencia) * IE y AT: no procede en este contexto ya que las autoridades no tienen competencias para adoptar las decisiones respectivas. AT: datos no basados en recursos contra la autoridad nacional de competencia. En ciertos años, el número de asuntos fue limitado, menos de cinco, para la mayoría de los Estados miembros, haciendo depender así los datos anuales tanto de asuntos excepcionalmente largos como breves, dando lugar a grandes variaciones de un periodo a otro. DE: los datos se refieren a multas, procedimientos en los que el tribunal de primera instancia dicta su propia sentencia, actuando la decisión de la autoridad de competencia como acusación. FR: los datos incluyen dos asuntos relativos al control jurisdiccional de decisiones de medidas cautelares que, por lo tanto, fueron tramitados con especial rapidez. Una columna vacía en un año determinado indica la ausencia de asuntos notificados por BE, CZ, HR, LV, LT, LU, NL, PL, SK, FI, SE y UK y que no hay datos disponibles de AT. La ausencia de registro de asuntos en algunos Estados miembros podría deberse a que no se impugnaron judicialmente las decisiones de la autoridad de competencia (por ejemplo, en LU). DE: la media son 1 246 días. CZ: la media son 2 091 días. – Comunicaciones electrónicas – La legislación sobre comunicaciones electrónicas de la UE tiene por objeto hacer que los mercados sean más competitivos, contribuir al desarrollo del mercado interior y generar inversión, innovación y crecimiento. La aplicación efectiva de esta legislación es también esencial para lograr unos precios más bajos para los consumidores y más calidad de los servicios. El gráfico siguiente indica el tiempo medio necesario para resolver los recursos judiciales contra las decisiones de las autoridades reguladoras nacionales que aplican la legislación de la UE en materia de comunicaciones electrónicas . Cubre un amplio espectro de casos, que van desde revisiones de «análisis de mercado» más complejas hasta asuntos centrados en el consumidor. Gráfico 14 Comunicaciones electrónicas: Duración media de los asuntos de control jurisdiccional* (primera instancia/en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con el Comité de Comunicaciones) * El número de asuntos por Estado miembro varía. Una columna vacía indica que el Estado miembro no ha notificado ningún asunto ese año. En algunos casos, el número limitado de asuntos pertinentes (BE, EE, IE, CY, LT y UK) puede hacer que los datos anuales dependan de un caso excepcionalmente largo o breve y dar lugar a grandes variaciones de un año a otro. DK: un órgano cuasi judicial conoce de los recursos en primera instancia. ES, AT y PL: diferentes órganos jurisdiccionales se encargan en función del objeto del asunto. PT: la media son 1 706 días. – Marca de la UE – La aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual es esencial para estimular la inversión en innovación. La marca de la UE es el título de propiedad intelectual más común de la Unión. La legislación europea sobre marcas de la UE concede un papel importante a los órganos jurisdiccionales nacionales, que actúan como órganos jurisdiccionales de la UE y toman decisiones que afectan al mercado único. El Gráfico 15 muestra la duración media de los casos de infracción de marcas de la UE en litigios entre particulares. Gráfico 15 Marca de la UE: Duración media de los asuntos de infracciones de marcas de la UE* (primera instancia/en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual)

* FR, IT y LT: una muestra de casos utilizados. PL: para 2015 se han utilizado estimaciones de los tribunales. En algunos casos, el número limitado de asuntos pertinentes (menos de cinco al año) en EE, IE, HR, HU, LU y FI puede hacer que los datos anuales dependan de un caso excepcionalmente largo o breve y dar lugar a grandes variaciones de un año a otro. IE: un caso particularmente largo de 2 326 días tuvo una significativa repercusión en la duración media. MT: los datos se refieren a asuntos transfronterizos en el cumplimiento de las leyes de aduanas. DK: los datos abarcan tanto los asuntos de marcas de la UE como los nacionales ante el Tribunal Marítimo y Comercial. AT: cambio de metodología respecto a 2013. Una columna vacía en un año determinado indica una ausencia de casos notificados por EE, HR y FI y que no hay datos disponibles de CZ, DE, EL, IT, AT, PL ni SK. – Protección de los consumidores – La aplicación efectiva de la legislación sobre consumidores de la EU garantiza que los consumidores se beneficien de sus derechos y que las empresas que vulneran las normas de protección de los consumidores no obtengan ventajas injustas. Las autoridades de protección de los consumidores y los órganos jurisdiccionales desempeñan un papel clave en la aplicación de la legislación de la UE en los diferentes sistemas de ejecución nacionales. El gráfico 16 ilustra la duración media de los asuntos de control jurisdiccional de las decisiones de las autoridades de protección de los consumidores que aplican la legislación de la UE. En lo que respecta a los consumidores y las empresas, la aplicación eficaz de la legislación puede suponer la implicación de una cadena de actores, no solo del sistema judicial sino también de la administración. Para examinar mejor esta cadena de aplicación, la presente edición examina la duración de los procedimientos llevados a cabo por las autoridades responsables, así como la duración del control jurisdiccional de tales decisiones. El gráfico 17 muestra la duración media de las decisiones administrativas de las autoridades nacionales de protección de los consumidores en 2014 y 2015 desde el momento en que se inicia un asunto. Entre las decisiones pertinentes se incluyen la declaración de infracciones de las normas sustantivas, las medidas cautelares, las órdenes de cese y desistimiento de actividades, la incoación de procedimientos judiciales o la conclusión de un asunto judicial. Gráfico 16 Protección de los consumidores: Duración media del control jurisdiccional* (primera instancia/en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores) * BE, LU, AT, FI, SE y UK: el supuesto no es aplicable dado que las autoridades responsables de los consumidores no tienen facultades decisorias sobre las infracciones de las normas pertinentes. En algunos de estos Estados miembros (por ejemplo, FI y SE,) las autoridades responsables de los consumidores pueden iniciar acciones ante los tribunales o ponerse en contacto con el fiscal (BE). DE: las autoridades administrativas solo pueden adoptar decisiones en los asuntos transfronterizos, pero no se han registrado asuntos pertinentes, ya que el Ministerio Federal de Justicia y Protección de los Consumidores instruyó a otras entidades homologadas a adoptar medidas coercitivas. Algunos Estados miembros disponen de sistemas mixtos (BG, DK, EE, IE, ES y LT) en los que las autoridades responsables de los consumidores deben ejercer acciones judiciales sobre algunas normas (por ejemplo, las cláusulas contractuales abusivas en BG y CY). DE y AT: la aplicación de la legislación civil en materia de protección de los consumidores la llevan a cabo estos últimos u organismos privados o semiprivados. ES: los datos corresponden a cuatro Comunidades Autónomas. En algunos casos, el número limitado de asuntos pertinentes (menos de cinco al año) en DK, EE, EL, FR, HR y NL puede hacer que los datos anuales dependan de un caso excepcionalmente largo o breve y dar lugar a grandes variaciones de un año a otro. IT, PL y RO proporcionaron una estimación. Una columna vacía en un año determinado indica una ausencia de casos notificados por DK y NL y que no hay datos disponibles de EL FR, PT ni SK. Las competencias de algunas de las autoridades incluyen partes de la legislación europea sobre consumidores pertinente. Gráfico 17 Protección de los consumidores: Duración media de las decisiones administrativas adoptadas por las autoridades de protección de los consumidores* (en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores) * BE, DE, LU, AT y SE: el supuesto no es aplicable. La cifra representa la media ponderada de los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades responsables de los consumidores en 2014 y 2015. DK, EL, CY y LT: se proporcionan estimaciones. IE y FI: los datos muestran la media de las categorías, cuya duración puede variar dependiendo de la complejidad de la infracción. NL: los datos abarcan las decisiones por las que se imponen multas administrativas por infracción de normas sustantivas. PT: la duración puede deberse a la complejidad de los procedimientos y, en algunos casos, a la falta de herramientas TIC para digitalizar algunos procesos. Algunos Estados miembros también indicaron el uso de instrumentos informales para la aplicación de la legislación, por lo general con éxito (LU y NL). Algunas autoridades son solamente competentes para determinadas partes de la legislación europea. – Medidas provisionales – Las medidas provisionales que los tribunales adoptan son procedimientos acelerados que incluyen, por ejemplo, medidas cautelares y la incautación de bienes con el fin de disuadir o prevenir una infracción inminente antes de la resolución definitiva de un asunto. La eficacia de los procedimientos de adopción de medidas provisionales es especialmente importante, ya que a menudo se utilizan en asuntos urgentes en los que los retrasos pueden causar daños irreparables al demandante. El Gráfico 18 ilustra el tiempo medio necesario para obtener una decisión de un tribunal nacional sobre una solicitud de aplicación de medidas provisionales o cautelares para poner fin a las infracciones de marcas de la UE y de las normas de las comunicaciones electrónicas. Gráfico 18 Medidas provisionales - Duración media de las medidas provisionales en 2015 * (primera instancia/en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual y el Comité de Comunicaciones) * Marca de la UE: LU, HU y RO no han notificado ningún asunto; BE, BG, DK, DE, EE, ES, FR, HR, NL, AT y UK no proporcionaron datos sobre medidas provisionales en este ámbito. Comunicaciones electrónicas: BE, DK, EE, IE, LV, NL, AT y UK no han notificado ningún asunto; LU y RO no han facilitado ningún dato sobre medidas provisionales en este ámbito. El número limitado de asuntos (menos de cinco al año) para la mayoría de los Estados miembros puede hacer que los datos anuales dependan de un caso excepcionalmente largo o breve y dar lugar a grandes variaciones de un año a otro.

– Blanqueo de capitales – Además de contribuir a la lucha contra la delincuencia, la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales es fundamental para la solidez, la integridad y la estabilidad del sector financiero, la confianza en su funcionamiento y la existencia de una competencia leal en el mercado único. Como subraya el Fondo Monetario Internacional, los delitos relacionados con el blanqueo de capitales pueden desalentar la inversión extranjera, distorsionar los flujos internacionales de capital y tener consecuencias negativas para los resultados macroeconómicos de un país, dando lugar a pérdidas del Estado del bienestar, detracción de recursos de los sectores económicos más productivos e incluso efectos secundarios desestabilizadores de las economías de otros países. La Directiva contra el blanqueo de capitales exige que los Estados miembros mantengan estadísticas sobre la eficacia de los sistemasde lucha contray.En cooperación con los Estados miembros, ariospenales los El Gráfico 19 muestra la duración media de los asuntos judiciales en primera instancia en el ámbito de los delitos por blanqueo de capitales. Gráfico 19 Blanqueo de capitales: Duración media de los asuntos judiciales* (primera instancia/en días) (fuente: Comisión Europea en cooperación con el Grupo de Expertos en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo) * No hay datos disponibles para [la lista de Estados miembros se actualizará al final de la CIS]. Los valores se clasifican según una media ponderada de la duración en 2014 y 2015. IT: cálculo basado en una muestra de las sentencias dictadas en 2015 y 2016. SE: el resultado es la duración máxima teórica del asunto, no una media. RO y SE: solo se dispone de datos sobre las condenas. EL, ES, FR y PT: solo se dispone de datos sobre el número de casos, no sobre su duración. 3.1.3 Resumen de la eficacia de los sistemas judiciales La puntualidad de las resoluciones es esencial para garantizar el buen funcionamiento del sistema judicial. Los principales parámetros utilizados por el cuadro de indicadores para examinar la eficacia de los sistemas judiciales son la duración del procedimiento (tiempo, estimado en días, necesario para resolver un asunto), la tasa de resolución (relación entre el número de asuntos resueltos y el número de asuntos ingresados) y el número de asuntos pendientes (que aún deben tramitarse antes del final del año). Datos generales sobre la eficiencia En cuanto a los grandes ámbitos del Derecho civil, mercantil y administrativo, el cuadro de indicadores de 2017 muestra que prosigue la tendencia positiva ya observada el año pasado. Asimismo muestra, en los Estados miembros para los que se dispone de datos, que, desde la primera edición del cuadro de indicadores en 2013, en general hay más Estados miembros en los que la eficiencia ha mejorado que Estados miembros en los que esta se ha resentido. Es alentador observar una evolución positiva, en particular en los Estados miembros que se enfrentan a desafíos, tal como se ha indicado en el contexto del Semestre Europeo o del programa de ajuste económico: La duración de los asuntos civiles y mercantiles contenciosos se ha reducido considerablemente en algunos de estos Estados miembros (Gráfico 5). El avance es aún más perceptible con una perspectiva de cinco años (desde 2010) que a corto plazo. Sin embargo, la categoría «todos los asuntos» (Gráfico 4) y, más aún, la categoría «asuntos administrativos» (Gráfico 6) muestran un cuadro positivo en comparación con el año pasado, es decir, una señal de estabilidad o mejora. En la mayoría de los Estados miembros, las tasas de resolución de los asuntos civiles y mercantiles contenciosos han mejorado durante los cinco años (Gráfico 8). Con algunas excepciones, lo mismo ocurre a corto plazo con los asuntos administrativos (Gráfico 9), lo que supone una mejora significativa respecto al año pasado, y también en la categoría general «todos los asuntos» (Gráfico 7). Se interpreta que, por lo general los Estados miembros pueden resolver los asuntos entrantes en los ámbitos estudiados. En cuanto a los asuntos pendientes, aunque los avances sean menos claros en el período de cinco años, se pueden observar algunas mejoras en los dos últimos años, independientemente de la categoría analizada. Aunque hay una estabilidad general en la categoría «todos los asuntos» (Gráfico 10), se observa una clara mejoría tanto en los asuntos civiles y mercantiles contenciosos (Gráfico 11) como en los asuntos administrativos (Gráfico 12). No obstante, a pesar de estos avances, el nivel de asuntos pendientes sigue siendo elevado en varios Estados miembros. Las reformas judiciales requieren tiempo para poder observar sus efectos. Sin embargo, ciertas reformas emprendidas parecen haber contribuido por el momento a mejorar la eficiencia. Por ejemplo, un Estado miembro informó de una gran mejora en el número de asuntos que estaban siendo resueltos y de la consiguiente reducción en los asuntos pendientes, debido principalmente al hecho de que de los asuntos administrativos conoce un único tribunal. Eficiencia en ámbitos específicos del Derecho de la UE Los datos sobre los procedimientos en ámbitos específicos (gráficos 13 a 19) tienen por objeto proporcionar una mejor perspectiva del funcionamiento de los sistemas judiciales en determinados tipos de litigios mercantiles regulados por el Derecho de la UE. En lo que respecta a los ciudadanos y las empresas, la aplicación eficaz de la legislación puede suponer la implicación de una cadena de actores, no solo del sistema judicial sino también de la administración. Para examinar mejor esta cadena de aplicación, la presente edición examina la duración de los procedimientos llevados a cabo por las autoridades responsables, así como la duración del control jurisdiccional de tales decisiones. Muestra igualmente la duración de las medidas cautelares para prevenir infracciones o daños inminentes en los ámbitos de las comunicaciones electrónicas y los derechos de propiedad intelectual. Los datos indican que: Los asuntos relativos a la competencia y las comunicaciones electrónicas son, en promedio, al menos varios meses más largos que los asuntos en los ámbitos específicos de la legislación europea sobre marcas y protección de los consumidores. Esto puede explicarse por la complejidad y la importancia económica de los asuntos relativos a la competencia y las comunicaciones electrónicas, y posiblemente por las normas procesales en algunos países de la UE. La duración de los procedimientos en los mismos Estados miembros puede variar considerablemente según el ámbito del Derecho del que se trate. La importancia de los diferentes actores en la cadena de aplicación se muestra en el apartado relativo a los consumidores. Los gráficos 16 y 17 ilustran la duración tanto de los procedimientos administrativos como del control jurisdiccional. Cuando intervienen estos dos eslabones de la cadena, la duración total de los procedimientos combinados puede variar, por ejemplo, entre 160 y 1 200 días, dependiendo del Estado miembro del que se trate. Sin embargo, los datos sugieren que, en muchos Estados miembros, gran parte de las decisiones administrativas no son impugnadas judicialmente, lo que indica que muchas infracciones son resueltas únicamente por la administración. Un tribunal puede decidir la adopción de medidas provisionales o cautelares para disuadir o prevenir una infracción de forma temporal. Los datos relativos a los ámbitos de las marcas y las comunicaciones electrónicas de la UE muestran que la duración de los procedimientos judiciales correspondientes puede oscilar entre varios días y ocho meses en los diferentes Estados miembros (Gráfico 20), pero también según el tipo de asunto dentro de un mismo país. La falta de asuntos de adopción de medidas provisionales en algunos Estados miembros puede deberse también a la existencia de normas de procesales que dificultan su utilización. La lucha eficaz contra el blanqueo de capitales es crucial para proteger el sistema financiero y la existencia de una competencia leal, así como para prevenir las consecuencias económicas negativas. La presente edición muestra los resultados de una recopilación piloto de datos sobre la duración de los procedimientos judiciales relativos a los delitos de blanqueo de capitales en virtud de la Directiva contra el blanqueo de capitales. En los Estados miembros donde se dispone de datos, parece haber variaciones notables en la duración de los asuntos: desde menos de medio año hasta casi tres años (Gráfico 19). Se espera que la recopilación de datos mejore con la transposición de la Directiva en junio de 2017.



3.2 Calidad de los sistemas judiciales Unos sistemas judiciales eficaces no solo requieren rapidez en la adopción de decisiones, sino también calidad. La calidad es el motor de la confianza de los ciudadanos y las empresas en el sistema judicial. Aunque no hay una forma única de medir la calidad de los sistemas judiciales, el cuadro de indicadores se centra en determinados factores que se aceptan como pertinentes en general y que pueden ayudar a mejorar la calidad de la justicia. Se agrupan en cuatro categorías: 1) acceso a la justicia de los ciudadanos y las empresas; 2) recursos materiales y humanos adecuados; 3) establecimiento de instrumentos de evaluación, y 4) utilización de normas de calidad. 3.2.1 Accesibilidad

La accesibilidad es necesaria a lo largo de toda la cadena de la justicia para facilitar la obtención de información sobre el sistema judicial, la incoación de una demanda y los aspectos financieros conexos y el estado del proceso hasta el final del mismo, de modo que la sentencia pueda ser rápidamente accesible en línea. – Información sobre el sistema judicial – Como requisito previo, el acceso a la justicia requiere que los ciudadanos y las empresas tengan la posibilidad de informarse debidamente sobre los diversos aspectos del sistema judicial. El Gráfico 20 muestra la disponibilidad de información en línea sobre el sistema judicial para el público en general. Gráfico 20: Disponibilidad de información en línea sobre el sistema judicial para el público en general* (fuente: Comisión Europea) * DE: cada Estado Federal y el nivel federal deciden qué información se proporciona en línea. – Asistencia jurídica y tasas judiciales – El acceso a la asistencia jurídica gratuita es un derecho fundamental consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»). Para recopilar datos comparables de los diferentes sistemas de asistencia jurídica gratuita y tasas judiciales, se han elaborado dos supuestos concretos de un litigio en materia de consumo en el contexto de la renta y las condiciones de vida de cada Estado miembro. Los datos del Gráfico 21 muestran la disponibilidad de asistencia jurídica gratuita en estos dos supuestos. Se basan en dos cuantías diferentes de la demanda: una demanda de alta cuantía (6 000 EUR) y otra de baja cuantía (el umbral de riesgo de pobreza de Eurostat para cada Estado miembro transformado en renta mensual). La mayor parte de los Estados miembros se basan en la renta del solicitante para conceder asistencia jurídica gratuita. El Gráfico 21 compara mediante porcentajes los umbrales de renta que permiten el acceso a la asistencia jurídica gratuita y el umbral de pobreza de Eurostat para cada Estado miembro. Por ejemplo, si la elegibilidad para la asistencia jurídica gratuita es el 20 %, significa que un solicitante con ingresos superiores en un 20 % al umbral de pobreza de Eurostat respectivo puede percibir dicha ayuda. Por el contrario, si la elegibilidad para la asistencia jurídica gratuita es de -20 %, ello significa que el umbral de renta para la asistencia jurídica gratuita es inferior en un 20 % al umbral de Eurostat. Algunos Estados miembros tienen un sistema de asistencia jurídica gratuita que prevé una cobertura del 100 % de las costas del litigio (asistencia jurídica gratuita plena), complementado por un sistema que cubre parte de las costas (asistencia jurídica parcial). Otros Estados miembros cuentan solo con un sistema de asistencia jurídica plena o parcial. Gráfico 21: Umbral de renta para la asistencia jurídica gratuita en un asunto específico de protección de los consumidores* (diferencias en % respecto del umbral de pobreza de Eurostat) (fuente: Comisión Europea en cooperación con el Consejo de la Abogacía Europea - CCBE) * El gráfico presenta umbrales para la asistencia jurídica gratuita de entre el 40 % y el -30 %. DK, DE, IE, FR, HR, LT, NL, PT, FI y SE conceden asistencia jurídica dentro de un umbral de renta situado entre el 40 % y el 154 %. HU, RO y UK (SC) conceden asistencia jurídica dentro de un umbral de renta de entre el -30 % y el -68 %. Por «demanda de menor cuantía» se entiende la demanda que se corresponde con el umbral de pobreza de Eurostat para una única persona en cada Estado miembro, convertido a renta mensual (por ejemplo, en 2014 este valor fluctuó entre 110 EUR en RO y 1716 EUR en LU. La mayoría de los Estados miembros utilizan la renta disponible para fijar el umbral de elegibilidad para la asistencia jurídica gratuita, excepto DK, LU y NL, que utilizan la renta bruta. En IE, SK y UK (SC) no se dispone de asistencia jurídica cuando la cuantía de la demanda corresponde al umbral de pobreza, ya que la cantidad sería demasiado pequeña. DE: el umbral de renta se basa en el anuncio de asistencia jurídica (Prozesskostenhilfebekanntmachung) de 2016 y en la media anual del coste de la vivienda (SILC). LV: renta comprendida entre 128,06 y 320 EUR, dependiendo del lugar de residencia del solicitante. El tipo se calcula sobre la base de la media aritmética. La mayoría de los Estados miembros exigen que las partes paguen una tasa judicial al iniciar un procedimiento judicial. El Gráfico 22 compara en los dos supuestos cuál es el porcentaje de la tasa judicial indicada respecto a la cuantía total de la demanda. Por ejemplo, en el gráfico a continuación, si la tasa judicial es de un 10 % para una demanda de 6 000 EUR, se entiende que el consumidor tendrá que pagar una tasa judicial de 600 EUR para poder iniciar un procedimiento. La demanda de menor cuantía se basa en el umbral de pobreza de Eurostat para cada Estado miembro. Gráfico 22: Tasa judicial por la apertura de un procedimiento en un litigio en el ámbito de la protección de los consumidores (importe de la tasa como porcentaje de la cuantía total demandada) (fuente: Comisión Europea en cooperación con el Consejo de la Abogacía Europea -CCBE) * «Demanda de menor cuantía», véase debajo del Gráfico 21.

– Presentación de una demanda en línea – La presentación de demandas por vía electrónica, la posibilidad de seguir y tramitar un procedimiento en línea y las comunicaciones electrónicas entre los órganos jurisdiccionales y los abogados también facilitan el acceso a la justicia y reducen los retrasos y los costes. Los sistemas informáticos de los órganos jurisdiccionales también desempeñan un papel cada vez más importante en la cooperación transfronteriza entre las autoridades judiciales, facilitando de este modo la aplicación de la legislación de la UE. Gráfico 23: Disponibilidad de medios electrónicos* (0 = disponible en el 0 % de los órganos jurisdiccionales, 4 = disponible en el 100 % de los órganos jurisdiccionales ) (fuente: estudio de la CEPEJ) * DK: los formularios electrónicos están disponibles en el sitio web, pero actualmente solo se pueden enviar por correo electrónico. LT: algunos documentos pueden presentarse a través del portal de servicios electrónicos de la judicatura. PL: la posibilidad de someter un asunto al órgano jurisdiccional por vía electrónica solo existe para las órdenes de pago. RO: puede presentarse demandas ante los órganos jurisdiccionales por correo electrónico. SK: es posible presentar demandas por vía electrónica en determinados procedimientos civiles. Los ciudadanos pueden acceder a la información sobre los procedimientos judiciales en los sitios web de la judicatura. SI: en ciertos tipos de asuntos es posible hacer un seguimiento de los actos procesales. – Comunicación entre jueces y abogados – La frecuencia de utilización de las diferentes TIC en el intercambio de información entre tribunales y abogados, así como las razones subyacentes tanto para su uso como para su desuso, difieren considerablemente entre los Estados miembros. A fin de tener una idea más clara del uso real de las TIC, el Gráfico 24 presenta los resultados de una encuesta entre abogados sobre los métodos que utilizan para comunicarse con los órganos jurisdiccionales y las razones por las que utilizan las TIC. Gráfico 24: Uso de las TIC entre jueces y abogados* (fuente: estudio del CCBE) * La presentación de documentos ante los tribunales cubre las siguientes opciones de respuesta: «presentación electrónica de una demanda», «presentación electrónica de una citación para comparecer ante un tribunal», «presentación electrónica de pruebas/documentos justificativos». Gráfico 25: Razones para la (no) utilización de las TIC entre jueces y abogados* (fuente: estudio del CCBE) * Una experiencia positiva abarca las siguientes opciones de respuesta: «muy práctico», «fácil de usar» y «otras ventajas». Una experiencia negativa abarca las siguientes opciones de respuesta: «no tan fácil de usar», «problemas técnicos» y «otros obstáculos». Los encuestados podían indicar un máximo de dos razones para el (no) uso de las TIC. – Comunicación con los medios – Para el público en general, los medios de comunicación sirven de canal que contribuye a la accesibilidad de los sistemas judiciales y las actividades judiciales.

Gráfico 26: Relaciones de los tribunales con la prensa y los medios de comunicación* (fuente: Comisión Europea) * Para cada instancia (primera, segunda y tercera), pueden asignarse dos puntos si están cubiertos los asuntos civiles/mercantiles y administrativos. Si solo se cubre una de las dos categorías de asuntos, se concede únicamente un punto. Puntuación máxima posible: 7 puntos. DE: cada Estado Federal tiene sus propias directrices para los jueces en cuanto a la comunicación con la prensa y los medios de comunicación. FI: en todos los tribunales existe una persona que puede ponerse en contacto con la prensa si es necesario, aunque no esté dedicada exclusivamente a ello. – Acceso a las resoluciones judiciales – Facilitar el acceso en línea a las sentencias mejora la transparencia y la comprensión del sistema judicial. Esto permite a los ciudadanos y a las empresas tomar decisiones informadas a la hora de acceder al sistema judicial. También podría contribuir a aumentar la coherencia de la jurisprudencia. Gráfico 27: Acceso en línea a las sentencias publicadas por parte del público en general* (asuntos civiles y mercantiles y asuntos administrativos, todas las instancias) (fuente: Comisión Europea) * Para cada instancia, se concedió un punto cuando todas las sentencias en los asuntos civiles, mercantiles y administrativos se encuentran disponibles (0,5 puntos si solo hay ciertas sentencias disponibles). En el caso de Estados miembros con solo dos instancias, se han asignado puntos para tres instancias reflejando la instancia superior en la instancia inexistente. A los Estados miembros que no distinguen entre asuntos administrativos y civiles/mercantiles se les han asignado los mismos puntos en ambos ámbitos. Puntuación máxima posible: 6 puntos. DK: la mayoría de los asuntos administrativos son juzgados por órganos administrativos colegiados cuasi-judiciales independientes de la judicatura. SE: los tribunales no hacen públicas las sentencias en línea con regularidad (solo los asuntos de particular relevancia). De acuerdo con el principio de acceso público a la información, los ciudadanos tienen derecho a acceder a cualquier sentencia o decisión. DE: es responsabilidad de cada Estado Federal decidir sobre la publicación en línea de las sentencias en primera instancia. Gráfico 28: Modalidades de publicación en línea de las resoluciones judiciales en todas las instancias* (asuntos civiles y mercantiles y asuntos administrativos, todas las instancias) (fuente: Comisión Europea) * Para cada instancia (primera, segunda y tercera), pueden asignarse dos puntos si están cubiertos los asuntos civiles/mercantiles y administrativos. Si solo se cubre una de las dos categorías de asuntos, se concede únicamente un punto por instancia. Puntuación máxima posible: 30 puntos. DK: la mayoría de los asuntos administrativos son juzgados por órganos administrativos colegiados cuasi-judiciales independientes de la judicatura danesa. NL: no hay palabras clave, pero sí un índice de contenidos de cada sentencia hecha pública. –Quejas a las empresas – El acceso al sistema judicial incluye vías que evitan tener que recurrir a los tribunales. El Gráfico 29 se basa en una encuesta sobre las actitudes de los comerciantes hacia el comercio transfronterizo y la protección de los consumidores. Se pidió a las empresas que indicaran si habían recibido quejas de los consumidores de su propio país y a través de qué canales. Gráfico 29: Canales para las quejas de los consumidores al margen de las empresas* (fuente: Encuesta de 2016 sobre las actitudes de los comerciantes hacia el comercio transfronterizo y la protección del consumidor) *Porcentaje de empresas que han recibido quejas a través de los canales correspondientes. La pregunta original contenía también las opciones de respuesta «canales de queja internos», y «otros canales», que en la mayoría de los Estados miembros son los dos principales canales utilizados. Las autoridades públicas son, en este contexto, las que se ocupan de las cuestiones relacionadas con los consumidores.

– Acceso a los métodos de resolución alternativa de litigio – El Gráfico 30 muestra los esfuerzos de los Estados Miembros para promover e incentivar el uso voluntario de métodos alternativos de resolución de litigios. El gráfico 31 muestra el número de demandas presentadas mediante la plataforma de resolución de litigios en línea europea (RLL). Esta herramienta multilingüe en línea está a disposición del público desde el 15 de febrero de 2016. Los consumidores y los comerciantes que mantienen un litigio contractual sobre un producto o un servicio adquirido en línea y que desean encontrar una solución por vías extrajudiciales pueden someter sus litigios en línea gracias a esta plataforma. Gráfico 30: Promoción e incentivos para la utilización de los métodos de resolución alternativa de litigios (RAL)* (fuente: Comisión Europea) * Datos agregados basados en los siguientes indicadores: sitio web con información sobre la RAL; campañas publicitarias en los medios de comunicación; folletos para el público; los órganos jurisdiccionales organizan sesiones de información específicas sobre la RLL previa solicitud; coordinador de la RLL/mediación en los órganos jurisdiccionales; publicación de evaluaciones de la utilización de la RLL; publicación de estadísticas sobre la utilización de la RLL; la asistencia jurídica cubre (en parte o en su totalidad) los costes de la RLL; reembolso total o parcial de las tasas judiciales, incluidos impuestos sobre el timbre, si prospera la RLL; no se exige abogado para el procedimiento de RLL; el juez puede actuar como mediador; otros. A cada uno de estos doce indicadores se asigna un punto. IE: la promoción y los incentivos se refieren solo a los procedimientos en materia de familia. PT: en los litigios civiles y mercantiles, las tasas judiciales se devuelven solamente en el caso de los litigios de escasa cuantía. LV: no se cobran tasas judiciales en los litigios laborales. Gráfico 31: Número de demandas presentadas mediante la plataforma de RLL (por cada 100 000 habitantes) (fuente: Plataforma de RLL - obtenido el 24 de marzo de 2017) * El gráfico muestra el número de demandas presentadas ante la plataforma de RLL, no el número de litigios recibidos por entidades de RLL a través de la plataforma de RLL. Algunos asuntos presentados ante la RLL se resuelven posteriormente de forma bilateral entre las partes fuera de la plataforma, sin ninguna participación adicional de una entidad de RLL. 3.2.2 Recursos Para el buen funcionamiento del sistema judicial se precisan recursos adecuados, así como unas condiciones adecuadas en los órganos jurisdiccionales y personal cualificado. Sin personal suficiente con las cualificaciones necesarias y acceso a formación continua, la calidad de los procedimientos y las decisiones está en riesgo. – Recursos financieros – Las cifras siguientes muestran el presupuesto realmente gastado en la judicatura, en primer lugar, por habitante (Gráfico 32) y, en segundo lugar, como porcentaje del Producto Interior Bruto (Gráfico 33). Gráfico 32: Gasto total de las administraciones públicas en la judicatura* (en EUR por habitante) (fuente: Eurostat) * Los datos de NL y SK son provisionales. Gráfico 33: Gasto total de la administración pública general en la judicatura en porcentaje del PIB* (fuente: Eurostat) * Los datos de NL y SK son provisionales. El Gráfico 34 muestra qué poder del Estado (judicial, legislativo o ejecutivo) fija los criterios para determinar los recursos financieros del poder judicial, y qué criterios se utilizan.

Gráfico 34: Criterios para determinar los recursos financieros del poder judicial* * DK: se tiene en cuenta el número de asuntos recibidos y los asuntos resueltos en primera instancia; DE: solo para el presupuesto del Tribunal Supremo Federal en lo que respecta a los tribunales de primera y segunda instancia; los sistemas judiciales varían entre los Estados Federales; EE: número de asuntos entrantes y resueltos en los tribunales de primera y segunda instancia; FR: número de asuntos recibidos y resueltos en los tribunales de todas las instancias; IT: el Ministerio de Justicia define criterios para los tribunales civiles y penales, mientras que el Consejo del Poder Judicial (CPGA) define criterios para los tribunales administrativos; HU: la ley establece que las retribuciones de los jueces deben determinarse en la Ley de presupuestos generales del Estado, asegurándose de que su importe no sea inferior al del año anterior; NL: se tiene en cuenta el número de asuntos resueltos basándose en una evaluación de los costes judiciales. – Recursos humanos – Unos recursos humanos adecuados son esenciales para la calidad de un sistema judicial. La diversidad entre los jueces, incluido el equilibrio de género, añade conocimientos, capacidades y experiencia complementarios y refleja la realidad de la sociedad. Gráfico 35: Número de jueces* (por cada 100 000 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ) * Esta categoría está compuesta por los jueces que trabajan a tiempo completo, con arreglo a la metodología de la CEPEJ. No incluye los secretarios judiciales (Rechtspfleger) que existen en algunos Estados miembros. EL: el número total de jueces profesionales incluye distintas categorías a lo largo de los años que recoge el gráfico, lo que explica en parte su variación. UK: media ponderada de las tres jurisdicciones; los datos de 2010 contienen datos de 2012 para UK (NI). Gráfico 36: Proporción de juezas profesionales en primera y segunda instancia y en Tribunales Supremos [fuente: Comisión Europea (Tribunales Supremos) y estudio de la CEPEJ (primera y segunda instancia)] * Datos de 2014 para PL y UK en primera y segunda instancia. Gráfico 37: Variación de la proporción de juezas profesionales en primera y segunda instancia desde 2010 a 2015 y en Tribunales Supremos desde 2010 a 2016* (diferencia porcentual) [fuente: Comisión Europea (Tribunales Supremos) y estudio de la CEPEJ (primera y segunda instancia)] * LU: la proporción de juezas en el Tribunal Supremo bajó del 100 % en 2010 al 0 % en 2016. UK: en el caso de Inglaterra y Gales, se ha utilizado la media en la primera y segunda instancia. PL y UK: los datos comparan 2010 con 2014. Gráfico 38: Número de abogados* (por 100 000 habitantes) (fuente: estudio de la CEPEJ) * De acuerdo con la metodología de la CEPEJ, un abogado es una persona cualificada y autorizada con arreglo a la legislación nacional para pleitear y actuar en nombre de sus clientes, para intervenir en la praxis jurídica, para actuar ante los tribunales o para asesorar y representar a sus clientes en asuntos jurídicos (Recomendación Rec (2000) 21 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la libertad de ejercicio de la profesión de abogado).

– Formación – La formación judicial es importante para contribuir a la calidad de las resoluciones judiciales y el servicio prestado a los ciudadanos. Los datos expuestos a continuación abarcan la formación judicial en una amplia gama de ámbitos, en particular la comunicación con las partes y la prensa y las competencias judiciales. Gráfico 39: Formación obligatoria de los jueces* (fuente: estudio de la CEPEJ) * Algunos Estados miembros no ofrecen formación obligatoria en determinadas categorías, pero pueden ofrecer formación opcional. Gráfico 40: Jueces participantes en actividades de formación continua en el Derecho de la UE o en el Derecho de otro Estado miembro* (en % del número total de jueces) (fuente: Comisión Europea, Formación judicial europea 2016) * En un reducido número de Estados miembros, la proporción de participantes excede del 100 %, lo que significa que los participantes tomaron parte en más de una actividad de formación. Los datos de AT incluyen a los fiscales, los datos de DK incluyen el personal judicial. Gráfico 41: Porcentaje de actividades de formación judicial continua en diferentes tipos de competencias judiciales* (en % del total de jueces que reciben formación) (fuente: Comisión Europea) * En el cuadro figura la distribución de las actividades de formación judicial continua (es decir, las que tienen lugar tras el periodo inicial de formación para ser juez) en cada uno de los cuatro ámbitos identificados como porcentaje del total. No se han tomado en cuenta las actividades de formación jurídica. Las autoridades de formación judicial en UK (NI) no indicaron actividades específicas de formación en las competencias seleccionadas. Gráfico 42: Posibilidad de formación de los jueces en la comunicación con las partes y la prensa (fuente Comisión Europea) 3.2.3 Instrumentos de evaluación El seguimiento y la evaluación de las actividades de los órganos jurisdiccionales contribuyen a mejorar la eficiencia judicial, detectando las deficiencias y necesidades, y haciendo que el sistema judicial responda mejor a los retos actuales y futuros. Unas herramientas informáticas adecuadas pueden proporcionar una gestión de los asuntos en tiempo real y estadísticas judiciales normalizadas. Por otra parte, pueden usarse en la gestión de los atrasos y sistemas automatizados de alerta temprana. Las encuestas también son esenciales para evaluar la manera en que funcionan los sistemas judiciales desde la perspectiva de los usuarios y los profesionales del Derecho. Un seguimiento adecuado de las encuestas es un requisito previo para mejorar la calidad de los sistemas judiciales. Gráfico 43: Existencia de un seguimiento y evaluación de las actividades de los órganos jurisdiccionales* (fuente: estudio de la CEPEJ) *El sistema de evaluación se refiere al rendimiento de los sistemas judiciales, utilizando indicadores y objetivos. En 2015, todos los Estados miembros, a excepción de LV, comunicaron que disponían de un sistema que les permite observar el número de asuntos ingresados, la duración de los procedimientos y el número de resoluciones dictadas, haciendo que estas categorías carezcan de relevancia. Del mismo modo, los trabajos en profundidad sobre las normas de calidad sustituyeron a la mera referencia a las normas de calidad como categoría de evaluación. Los datos sobre «otros elementos» incluyen, por ejemplo, los asuntos recurridos (EE, ES y LV), las audiencias (SE) o el número de asuntos resueltos en determinado plazo (DK). Gráfico 44: TIC disponibles para la gestión de asuntos y para la producción de estadísticas de la actividad de los órganos jurisdiccionales* (0 = disponible en el 0 % de órganos jurisdiccionales, 4 = disponible en el 100 % de órganos jurisdiccionales ) (fuentes: estudio de la CEPEJ)

Gráfico 45: Temas de las encuestas realizadas a usuarios y profesionales del Derecho* (fuente: Comisión Europea) * Se concedió un punto a los Estados miembros por cada tema de la encuesta, independientemente del nivel de sus resultados. Gráfico 46: Seguimiento de las encuestas realizadas a usuarios y profesionales del Derecho (fuente: Comisión Europea) 3.2.4 Normas de calidad Las normas pueden incrementar la calidad de los sistemas judiciales. Tras la elaboración de mapas sobre las normas de calidad en el cuadro de indicadores de 2016, esta edición examina determinadas normas relativas al tiempo de tramitación y la información a las partes. Los gráficos 47 a 49 presentan el uso de normas sobre plazos, calendarios y atrasos, y un resumen de los Estados miembros que aplican dichas normas. Los plazos son cuantitativos: por ejemplo, el tiempo que debe transcurrir entre el registro de un asunto y la primera audiencia. Los calendarios son prácticas u objetivos cuantificables: por ejemplo, el porcentaje predefinido de asuntos que deben concluirse dentro de un plazo determinado. Los retrasos son asuntos cuya resolución sigue pendiente después de haber transcurrido un periodo predefinido: por ejemplo, tres meses o incluso diez años. El Gráfico 48 muestra los diferentes ámbitos del Derecho en los que existen normas relativas al tiempo de tramitación. Gráfico 47: Normas sobre el tiempo de tramitación de los asuntos* (fuente: Comisión Europea) * Se concedió a los Estados Miembros 1 punto por cada ámbito del Derecho (civil/mercantil, administrativo u otro) que tuviera normas definidas. El Gráfico 48 muestra las competencias de los diferentes poderes del Estado para establecer y mantener un control de las normas relativas al tiempo de tramitación. Gráfico 48: Establecimiento y control de las normas * (fuente: Comisión Europea) * Los Estados miembros aparecen según el orden del Gráfico 47. Debe observarse que la definición «por el parlamento (normas establecidas en la legislación)» indica que una determinada norma solo puede establecerse como parte de la legislación. Incluso cuando más de un poder esté autorizado a establecer o controlar las normas relacionadas con el tiempo de tramitación, cada uno de ellos podrá hacerse plenamente responsable de un tipo de norma. El «poder ejecutivo» abarca las instituciones bajo el control directo o indirecto del gobierno. El «poder judicial» incluye organismos como los presidentes de los tribunales, los consejos del poder judicial, los órganos de los jueces, etc. CY y PT: no hay información respecto al control. El Gráfico 49 muestra qué medidas se utilizan cuando no se cumplen las normas relativas al tiempo de tramitación (Gráfico 48). A modo de ejemplo, en algunos Estados miembros el incumplimiento de la normativa tiene como consecuencia la celebración de una reunión extraordinaria entre el juez en cuestión y el presidente del tribunal a fin de discutir la situación. Si quien incumple la normativa es todo un tribunal, se celebraría una reunión entre el presidente de dicho tribunal y el presidente del órgano superior. Gráfico 49: Seguimiento del incumplimiento de las normas (fuente: Comisión Europea) – Información a las partes –

El Gráfico 50 presenta normas sobre la forma en que se informa a las partes y el tipo de información que reciben sobre el progreso de su asunto. Algunos Estados miembros disponen de un sistema de notificación automática por correo electrónico o SMS que facilita información sobre los retrasos, los calendarios o los progresos habituales de un asunto. Algunos optan por dar acceso en línea a la información a lo largo de la duración del asunto, mientras que otros lo dejan a la discreción de los órganos jurisdiccionales. Gráfico 50: Normas sobre la información relativa al progreso de los asuntos * (fuente: Comisión Europea) * Los Estados miembros recibieron puntos en función del método utilizado para proporcionar cada tipo de información. 1,5 puntos por la notificación automática por correo electrónico o SMS, 1 punto por permitir el acceso en línea durante todo el asunto, 0,5 puntos en cada caso por la información a petición de las partes, la discreción judicial o cualquier otro método utilizado. 3.2.5 Resumen sobre la calidad de los sistemas judiciales El cuadro de indicadores de 2017 examina los factores que contribuyen a la calidad de los sistemas judiciales: facilidad de acceso, recursos adecuados, herramientas de evaluación eficaces y normas apropiadas. Accesibilidad La presente edición examina en detalle el grado de accesibilidad de los sistemas judiciales para los usuarios, es decir, los ciudadanos, los consumidores y las empresas. La mayoría de los Estados miembros facilitan información en línea sobre sus sistemas judiciales (Gráfico 20). Sin embargo, hay margen de mejora en cuanto a la facilidad de uso de dicha información: por ejemplo, sitios web accesibles para los ciudadanos con discapacidades visuales o que proporcionen herramientas interactivas que permitan a los ciudadanos saber si tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita. Además, el acceso en línea a las sentencias judiciales en los asuntos civiles, mercantiles y administrativos podría mejorarse en todas las instancias (Gráfico 27). Solo 17 Estados miembros hacen públicas todas las sentencias civiles, mercantiles y administrativas de los tribunales superiores. La disponibilidad de la asistencia jurídica y la cuantía de las tasas judiciales tienen un impacto clave en el acceso a la justicia, en particular para los ciudadanos en situación de pobreza. La presente edición examina hasta qué punto los sistemas de asistencia jurídica gratuita ayudan a los consumidores en los litigios con empresas en los que se demanden tanto grandes cuantías (p. ej., 6 000 EUR) como se hagan reclamaciones de escaso valor (correspondientes al umbral de pobreza de Eurostat). El Gráfico 21 muestra que, en algunos Estados miembros, los consumidores cuyos ingresos son inferiores al umbral de pobreza de Eurostat no reciben asistencia jurídica gratuita. La dificultad para beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita podría ser particularmente disuasiva cuando las tasas judiciales representan una parte significativa de la cuantía de la demanda (Gráfico 22). El uso adecuado de las TIC en los órganos jurisdiccionales contribuye a acelerar los procedimientos y a reducir las costas. Se puede citar el caso de un Estado miembro que, al permitir a los órganos jurisdiccionales enviar a las partes documentos por vía electrónica y entregar el correo postal restante a través de un sistema postal centralizado, ahorró más de 4,5 millones EUR en 2016 (más del 2 % del presupuesto destinado a la judicatura). El cuadro de indicadores muestra que la presentación electrónica de demandas no se ha implementado en todos los Estados miembros (Gráfico 23), como tampoco hay formas de seguir en línea los progresos de los procedimientos judiciales. Una encuesta sobre el uso real de las TIC entre órganos jurisdiccionales y abogados muestra que las herramientas TIC se utilizan ampliamente en 10 de los 20 Estados miembros en los que se hizo dicho estudio (Gráfico 24). Se utilizan sobre todo en la comunicación cotidiana con los órganos jurisdiccionales, mientras que la firma de documentos y la presentación de demandas, citaciones y pruebas se realizan con menor frecuencia mediante medios electrónicos. En 8 de los 10 Estados miembros donde los abogados señalan un uso significativamente menor de las TIC, las razones más frecuentemente citadas son la falta de acceso a dichas herramientas y, en menor medida, una mala experiencia en su uso. Si se observan detenidamente los canales utilizados por los consumidores para presentar una demanda contra una empresa (órganos jurisdiccionales, autoridades públicas, mecanismos extrajudiciales, ONG de consumidores), parece que la vía más común es acudir a las autoridades públicas, seguida por los órganos jurisdiccionales y los mecanismos extrajudiciales (Gráfico 29). En comparación con años anteriores, el uso voluntario de métodos alternativos de resolución de litigios se promueve e incentiva cada vez más en todos los Estados miembros (Gráfico 30). El número significativo de demandas presentadas a través de la recién establecida plataforma de resolución de litigios en línea muestra la disposición de los consumidores a utilizar estos métodos. En la mayoría de los Estados miembros, los litigios transfronterizos representan una parte importante de todas las demandas presentadas a través de la plataforma de resolución de litigios en línea (Gráfico 31). Recursos Una justicia de máxima calidad requiere un nivel adecuado de recursos financieros y humanos, así como una formación y una diversidad apropiadas entre los jueces, incluido el equilibrio de género. El cuadro de indicadores muestra lo siguiente: En términos de recursos financieros, los datos muestran que, en general, más de la mitad de los Estados miembros aumentaron en 2015 los gastos en el sistema judicial por habitante (Gráfico 32). Sin embargo, pocos Estados Miembros con desafíos particulares han reducido su presupuesto. Los Estados miembros utilizan mayormente el coste histórico o factual para determinar los recursos financieros destinados al poder judicial en lugar de basarse en la carga de trabajo real o en las peticiones de los órganos jurisdiccionales (Gráfico 34). El nivel de equilibrio de género entre los jueces de primera y segunda instancia sigue siendo generalmente positivo o se orienta hacia el equilibrio (Gráfico 36). En los Tribunales Supremos, sin embargo, aunque la mayoría de los Estados miembros están avanzando hacia el equilibrio de género, algunos de ellos registran un retroceso (Gráfico 37). En lo que respecta a la formación de los jueces, aunque la mayoría de los Estados miembros parecen reconocer la importancia de la formación continua (gráficos 39 y 40), se necesitan esfuerzos para diversificar el alcance de la formación ofrecida. No existe en todos los Estados miembros una formación continua sobre las competencias judiciales, conocimientos informáticos, gestión de los órganos jurisdiccionales y ética judicial (Gráfico 41). Además, algunos Estados miembros no imparten formación relativa a la comunicación con las partes y con la prensa (Gráfico 42). En 2016, la Red Europea de Formación Judicial introdujo un programa de intercambio a corto plazo para los presidentes de los tribunales y los jefes de los servicios de la fiscalía centrado en la gestión del cambio y las TIC. Instrumentos de evaluación En todos los Estados miembros existen herramientas de control y evaluación de las actividades judiciales (Gráfico 43), pero no todos los Estados miembros disponen de toda la gama de herramientas. En muchos Estados miembros aún es necesario mejorar el potencial de los sistemas de gestión de los asuntos basados en las TIC (Gráfico 44) para así garantizar que puedan servir a diversos fines, incluida la generación de estadísticas, y que se apliquen de manera coherente en todo el sistema judicial. Por ejemplo, en algunos Estados miembros, las herramientas TIC no contemplan la gestión de los atrasos, incluida la identificación de asuntos particularmente antiguos. Por el contrario, algunos Estados miembros disponen de sistemas de alerta rápida para detectar fallos de funcionamiento o el incumplimiento de las normas de tramitación de los asuntos, lo que facilita la búsqueda de soluciones oportunas. En algunos Estados miembros, todavía no es posible garantizar la recopilación de datos a nivel nacional en todos los ámbitos de la justicia. El uso regular de encuestas sigue siendo una fuente central para entender las opiniones que los usuarios y profesionales tienen sobre el sistema judicial. Alrededor de la mitad de los Estados miembros realizaron encuestas en 2015 (Gráfico 45). Aunque todos los Estados miembros que realizan encuestas garantizan igualmente su seguimiento, su alcance difiere mucho entre ellos. La práctica más establecida es utilizar los resultados de la encuesta para elaborar un informe anual a nivel local o nacional (Gráfico 46). En varios Estados miembros, los órganos jurisdiccionales publican encuestas de satisfacción de sus usuarios. Normas Las normas pueden incrementar la calidad de los sistemas judiciales. Esta edición examina detenidamente ciertas normas destinadas a mejorar el calendario de los procedimientos y la información a las partes. La mayoría de los Estados miembros aplican normas sobre plazos. Sin embargo, algunos Estados miembros que se enfrentan a desafíos concretos en materia de eficiencia no aplican a día de hoy dichas normas. Las normas que establecen plazos (por ejemplo, el plazo que debe transcurrir desela fecha de registro de un asunto hasta la primera audiencia) son las más difundidas, mientras que aquellas que regulan los calendarios (por ejemplo, las que especifican qué porcentaje de asuntos deben concluirse en un tiempo determinado) lo son menos (Gráfico 47). El control del respeto de las normas se encuentra en principio bajo la responsabilidad del poder judicial (Gráfico 48). El incumplimiento de las normas puede originar varios tipos de seguimiento. Por lo general, se pide al juez en cuestión que informe o discuta el asunto, pero otras consecuencias pueden ser el aumento de recursos humanos o financieros de un determinado órgano jurisdiccional, la provisión de asistencia temporal por parte de jueces especiales o la reorganización de la administración judicial (Gráfico 49). La mayoría de los Estados miembros cuentan con normas sobre cómo informar a las partes sobre los progresos de su asunto, el calendario judicial o los posibles retrasos (Gráfico 50). Las diferencias entre los Estados miembros se refieren principalmente a los métodos utilizados. Algunos Estados miembros disponen de un sistema de notificación automática por correo electrónico o SMS que facilita información sobre los retrasos, los calendarios o los progresos generales de un asunto. Algunos optan por dar acceso en línea a la información a lo largo de la duración del asunto, mientras que otros lo dejan a la discreción de los órganos jurisdiccionales. En lo que se refiere a su accesibilidad por parte de los ciudadanos, la información automática proveniente del órgano jurisdiccional es preferible a la que requiere alguna acción de las partes.

3.3 Independencia La independencia judicial es un requisito que se deriva del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (artículo 47). También es importante para lograr un entorno de inversión atractivo, dado que garantiza la equidad, la previsibilidad y la seguridad del sistema jurídico en el que operan las empresas. Además de información sobre la percepción de la independencia judicial procedente de diversas fuentes, el cuadro de indicadores muestra cómo se organizan los sistemas judiciales para proteger la independencia judicial en determinadas situaciones en las que pueda peligrar su independencia. Como resultado de la continuidad de su cooperación con las redes judiciales europeas, en particular la Red Europea de Consejos del Poder Judicial (ENCJ), el cuadro de 2017 presenta cifras actualizadas sobre la independencia estructural, así como nuevos datos sobre el nombramiento y la evaluación de los jueces. 3.3.1 Percepción de la independencia judicial Gráfico 51: Percepción del público sobre la independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces (fuente: Eurobarómetro– colores claros: 2016, colores oscuros: 2017) El gráfico 52 muestra los principales motivos de la percepción de una falta de independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces. Los encuestados entre el público en general, que valoraron la independencia del sistema judicial como «bastante mala» o «muy mala», podían elegir entre tres razones para explicar su calificación. Los Estados miembros se encuentran en el mismo orden que se indica en el Gráfico 51. Gráfico 52: Razones principales aducidas por el público de su percepción de falta de independencia (proporción de todos los encuestados — cuanto más elevado es el valor, mayor es su influencia indica) (fuente: Eurobarómetro) Gráfico 53: Percepción de las empresas sobre la independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces (fuentes: Eurobarómetro– colores claros: 2016, colores oscuros: 2017) El Gráfico 54 muestra los principales motivos de la percepción de falta de independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces. Las empresas encuestadas, que valoraron la independencia del sistema judicial como «bastante mala» o «muy mala», podían elegir entre tres razones para explicar su calificación. Los Estados miembros se encuentran en el mismo orden que se indica en el Gráfico 53. Gráfico 54: Razones principales aducidas por las empresas de su percepción de falta de independencia (proporción de todos los encuestados — cuanto más elevado es el valor, mayor es su influencia) (fuente: Eurobarómetro)

Gráfico 55: WEF: percepción por las empresas de la independencia judicial* (percepción — cuanto más elevado es el valor, mejor es la percepción) (fuente: Foro Económico Mundial ) 3.3.2 Independencia estructural El cuadro de indicadores examina cómo se organizan los sistemas judiciales para proteger la independencia judicial en determinadas situaciones en las que puede verse en peligro. Esta edición se centra en algunos de los principales aspectos del estatuto de los jueces: el nombramiento (gráficos 56 y 57), la evaluación (Gráfico 58), el traslado sin consentimiento (Gráfico 59) y el cese (Gráfico 60). En tales situaciones, la Recomendación del Consejo de Europa de 2010 sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidad («la Recomendación») establece una serie de normas que garantizan el respeto de la independencia del poder judicial . Los datos presentados en el cuadro de indicadores no facilitan una evaluación ni datos cuantitativos sobre la eficacia de las salvaguardias. No pretenden reflejar la complejidad y los detalles de las salvaguardias. Tener más salvaguardias no garantiza en sí la eficacia de un sistema judicial . También cabe señalar que la aplicación de políticas y prácticas destinadas a promover la integridad y prevenir la corrupción en la judicatura también es esencial para garantizar la independencia judicial. – Salvaguardias relativas a los jueces – Las garantías de independencia estructural requieren normas, incluidas las normas relativas al nombramiento de los jueces. El Gráfico 56 presenta los órganos y las autoridades que proponen el nombramiento inicial de los jueces de los tribunales de primera instancia, así como las autoridades que los confirman en su cargo. Asimismo, muestra si la contratación de jueces se realiza a través de un examen o concurso al efecto o bien mediante una convocatoria de vacante sin un examen específico. Gráfico 56: Nombramiento de los jueces: autoridades que los proponen y nombran* * En varios países, algunas autoridades y organismos (por ejemplo, presidentes de órganos jurisdiccionales jueces) pueden o deben deliberar o ser consultados sobre los jueces candidatos [por ejemplo, en BE, CZ, DE, EE, LT, HU, NL, AT, UK (EN+WL) y UK (SC)]. En algunos países (por ejemplo, LT y PL) ciertos candidatos están exentos de pasar el examen especial para jueces debido a su cualificación o experiencia previa. CZ: el presidente nombra formalmente a los jueces y el Ministro de Justicia decide sobre la asignación de un juez a un determinado órgano jurisdiccional. En la práctica, los jueces candidatos a nombramiento son designados por los presidentes de los tribunales regionales. Posteriormente, la lista de candidatos se remite al Ministerio de Justicia que, a su vez, después de considerar todas las circunstancias, la envía al Jefe de Estado. DE: los procedimientos difieren sustancialmente a nivel federal. En la mitad de los 16 Estados federales, los comités electorales judiciales participan en la contratación. En algunos de los Estados federales, este asunto es tratado exclusivamente por el ministro federal de justicia, mientras que en otros Estados federales la autoridad para decidir sobre la contratación y el (primer) nombramiento se transfiere a los presidentes de los tribunales superiores regionales. Algunos Estados federales prevén la participación obligatoria de un consejo de jueces. Otros requieren un nombramiento conjunto por el ministro competente y un comité de conciliación si el consejo de jueces se opone. En algunos Estados federales, los jueces son elegidos por los parlamentos estatales y tienen que ser nombrados por el ejecutivo estatal. IE: la Junta Consultiva de Nombramientos Judiciales recomienda al menos siete candidatos al Gobierno para su nombramiento. Tras la decisión del Gobierno, el presidente nombra formalmente al juez y no puede negarse a nombrar al candidato propuesto. FR: los jueces candidatos se seleccionan a través de un examen específico para convertirse en juez y son clasificados acorde con los resultados obtenidos. Tras una entrevista entre el candidato y el Ministerio de Justicia acerca de la asignación a un tribunal en concreto, el Consejo Superior de la Magistratura emite un dictamen sobre el primer destino de los candidatos y el Ministerio de Justicia envía la lista de candidatos al presidente de la República, que debe nombrar formalmente a los jueces candidatos mediante decreto, sin ninguna discrecionalidad al respecto. LV: después de tres años, el Consejo de Cualificación Judicial, elegido y formado por jueces, emite un dictamen de evaluación del trabajo profesional de un juez. NL: la decisión de proponer un juez para su nombramiento la hace formalmente el presidente del órgano jurisdiccional, basándose en la recomendación del Comité de Selección Independiente. RO: los datos hacen referencia al nombramiento de los jueces decanos. UK (ING+GA): se aplican procedimientos diferentes en el nombramiento de los miembros de la magistratura (Alto Tribunal de Inglaterra y Gales y tribunales superiores), indicados anteriormente, y el nombramiento de los jueces ordinarios (tribunales de circuito e inferiores). El Gráfico 57 muestra la facultad discrecional del poder ejecutivo (por ejemplo, el Presidente de la República, el Gobierno) o el Parlamento para nombrar jueces en su primer destino en tribunales de primera instancia a propuesta de las autoridades competentes (entre otros, el Consejo del Poder Judicial, un órgano jurisdiccional). La altura de la columna depende de si el poder ejecutivo tiene la capacidad de rechazar a un juez candidato, o si puede elegir solo entre los candidatos propuestos, o si puede elegir y nombrar a cualquier otro candidato, incluso si este no ha sido propuesto por la autoridad competente. Una salvaguardia importante en caso de denegación del nombramiento es la obligación de motivarla y la posibilidad de un ccontrol jurisdiccional. El gráfico expone simplemente datos del sistema judicial sin realizar una evaluación cualitativa de la eficacia de las salvaguardias. Por ejemplo, cabe señalar que en varios países en los que el poder ejecutivo o el Parlamento tienen la facultad de rechazar a un juez candidato, ese supuesto nunca se ha dado (es el caso de NL, AT, SK, SE, UK (ING + GA) y UK (ESC)), o solo en contadas ocasiones (por ejemplo, en LV, SI y FI). Gráfico 57: Nombramiento de jueces: competencia del poder ejecutivo y del Parlamento* (mayor valor significa más discreción posible) * Para cada Estado miembro, se concedió un punto si el poder ejecutivo o el Parlamento pueden rechazar a un candidato y elegir otro entre los demás propuestos; se concedió un punto si el poder ejecutivo o el Parlamento no tienen ninguna obligación de motivar su negativa a nombrar a un juez candidato; se concedieron dos puntos si el poder ejecutivo puede rechazar a un candidato y elegir a cualquier otro; se concedieron dos puntos si no existe control jurisdiccional en caso de que no haya nombramiento. DE: datos no disponibles. IE: el Gobierno puede nombrar a una persona que no está en la lista enviada por la Junta Asesora de Nombramientos Judiciales, pero en la práctica no lo hace. El nombramiento final lo hace el presidente, que no puede negarse. EL (administrativo): el nombramiento final lo hace el presidente, que no puede negarse. LT: sin el dictamen del Consejo Judicial, el presidente no puede nombrar a un juez, si el Consejo Judicial da su visto bueno al presidente, este es libre de adoptar la decisión final; si el Consejo Judicial emite un dictamen negativo al presidente, este está obligado a atenerse a dicho dictamen al tomar la decisión final. LU: no hay ningún texto vinculante en esta materia, pero hasta ahora, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos nunca ha rechazado a un juez candidato propuesto para su nombramiento por la Comisión de Contratación y de Formación de las Relaciones de Justicia. PL: el supuesto de que el presidente deba motivar su decisión y haya control jurisdiccional al no haber habido nombramiento de jueces está siendo examinado por el Tribunal Supremo Administrativo.; RO: el presidente puede denegar el nombramiento de un juez decano o un fiscal solo una vez. Los motivos de tal negativa deben comunicarse al Consejo Superior de la Magistratura. SK: el presidente puede negarse a nombrar un juez candidato, cosa que nunca ha ocurrido. FI: si el presidente no nombra al candidato propuesto, no podrá elegir a otro, sino que deberá remitir dicho nombramiento una única vez para su mejor preparación. SE: si el Gobierno desea nombrar a un candidato que la Junta de Propuestas de Jueces no haya presentado, está legalmente obligado a recabar un nuevo dictamen de la Junta sobre ese otro candidato; UK(ING+GA) y UK(NI): la autoridad competente para proceder a los nombramientos es el Lord Chancellor (Ministro de Justicia del Reino Unido), que recomienda a un juez candidato para su nombramiento por parte de la Reina. UK(SC): la autoridad facultada para proceder a los nombramientos es el Primer Ministro de Escocia, que recomienda a un juez candidato para su nombramiento por parte de la Reina. Si el Primer Ministro de Escocia rechaza a un candidato, la autoridad proponente (Junta de Nombramientos Judiciales de Escocia) puede recomendar nuevamente a ese candidato al Primer Ministro. El Gráfico 58 muestra quién decide sobre la evaluación de los jueces y qué criterios se utilizan (por ejemplo, cuantitativos, cualitativos). La Recomendación establece que cuando las autoridades judiciales establezcan sistemas de evaluación de jueces, dichos sistemas deberán basarse en criterios objetivos. Gráfico 58: Evaluación individual de los jueces* * Para cada Estado miembro, se concedieron dos puntos si la evaluación la realizaba una autoridad u organismo y un punto si se trataba de una competencia compartida por dos autoridades u organismos. Se concedió un punto si un país usa criterios cuantitativos y cualitativos, y se concedieron dos puntos si solo se usan criterios cuantitativos. UK (EN+WL): no hay datos disponibles. EL: la evaluación de los jueces de lo civil y lo penal se realiza por el Consejo de la Judicatura, y la evaluación de los jueces de lo contencioso-administrativo se realiza por el órgano de inspección judicial. IT: en el caso de los jueces de lo civil y lo penal se evalúan criterios cualitativos y cuantitativos, y en el caso de los jueces de lo contencioso-administrativo se evalúan criterios cuantitativos. El Gráfico 59 muestra si se permite el traslado de jueces sin su consentimiento; en caso afirmativo, indica qué autoridades toman la decisión, los motivos para dichos traslados y si es posible apelar contra tal decisión. Los datos indican los jueces que fueron trasladados sin su consentimiento en 2015 por cuestiones organizativas, disciplinarias u otras causas, y cuántos recurrieron (si no hay cifra es que no se dispone de datos) . Gráfico 59: Salvaguardias relativas al traslado de jueces sin su consentimiento* (inamovilidad de los jueces)