Gran parte de la cooperación policial en la UE se basa en el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 1990. Este Convenio constituye el fundamento al que complementan otros instrumentos de la Unión, como la Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo sobre la simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea, o los capítulos 4 y 5 de la Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza (Prüm).

Debido a la dimensión transfronteriza e internacional de la delincuencia organizada, la información sobre viajes es fundamental para detectar a aquellos viajeros de alto riesgo de los que los cuerpos de seguridad no tienen conocimiento de otro modo y establecer vínculos entre los miembros de distintos grupos delictivos. Procesar los datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) ayuda a las autoridades relevantes a identificar a las personas implicadas en actividades delictivas cometidas por grupos organizados. Para asegurarse de que esta herramienta se aproveche al máximo, la Comisión seguirá vigilando la aplicación plena y efectiva de la Directiva sobre el registro de nombres de los pasajeros y respaldando la cooperación y el intercambio de datos del PNR entre los Estados miembros, en particular mediante el intercambio de buenas prácticas, la formación y el desarrollo de las capacidades necesarias. La información anticipada sobre los pasajeros (IAP), los datos personales de los pasajeros que las compañías aéreas recaban durante la facturación, también es muy valiosa, entre otras cosas porque complementa los datos del registro de nombres de los pasajeros. Si se revisase el marco jurídico actual, se podría introducir una serie de mejoras relacionadas, fundamentalmente, con la precisión y la exhaustividad de los datos. Además, y lo que es más importante, la Comisión analizará el posible uso de los datos de la IAP para consultar de manera sistemática los datos de Europol con el fin de luchar contra la delincuencia organizada y, quizás, ampliar su uso a los desplazamientos dentro del espacio Schengen, así como a los realizados en medios de transporte acuático y autobús. Con este objetivo en mente, la Comisión propondrá que se revise la Directiva relativa a la información anticipada sobre los pasajeros en el primer semestre de 2022, basándose en una evaluación del impacto que analizará en más profundidad estas opciones y sus repercusiones.

Con frecuencia, los investigadores que trabajan de forma aislada en un Estado miembro no son capaces de determinar la implicación de un grupo de delincuencia organizada en un delito concreto. El Marco de Prüm de 2008 permite que, durante sus investigaciones, las autoridades policiales busquen ADN y huellas dactilares en las bases de datos de otros Estados miembros con un sistema que únicamente permite saber si el dato buscado está o no en la base consultada mediante conexiones bilaterales, así como buscar datos del registro de vehículos. Si bien el Marco de Prüm ha sido imprescindible para resolver numerosos delitos en Europa, su carácter descentralizado ha impedido que se establezcan muchas conexiones bilaterales entre las bases de datos nacionales de distintos Estados miembros, debido a la complejidad técnica y la gran cantidad de recursos financieros y humanos necesarios para ello. Además, las autoridades pueden tardar semanas o incluso meses en compartir los datos personales correspondientes a una respuesta positiva. Con el objetivo de mejorar la eficiencia de las investigaciones penales y fortalecer el intercambio automatizado de información sobre los delincuentes, la Comisión propondrá modernizar el Marco de Prüm con miras a atender las necesidades operativas de las autoridades policiales, respetando los derechos fundamentales y los requisitos de proporcionalidad y necesidad, y adaptar las disposiciones en materia de protección de datos con la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal. La Comisión está estudiando opciones para garantizar que las bases de datos relevantes de todos los Estados miembros estén conectadas entre sí y acelerar el intercambio de información cuando se produce una respuesta positiva. Asimismo, la Comisión está valorando la necesidad de intercambiar, por medio del Marco de Prüm, otras categorías de datos relevantes para las investigaciones penales, como imágenes faciales, permisos de conducir, antecedentes penales y datos balísticos, y la posibilidad de añadir a Europol como nuevo asociado en dicho marco.

En el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia, en el que no existen controles fronterizos internos, se puede conseguir un alto nivel de seguridad mediante una cooperación policial y judicial intensa entre los distintos Estados miembros. Para luchar contra la delincuencia organizada en todas sus formas, resulta esencial tener un acceso oportuno a información, respetando plenamente los derechos fundamentales y, en particular, los relativos a la protección de datos. La Unión Europea ha proporcionado a las autoridades policiales una amplia variedad de herramientas destinadas a facilitar el intercambio de información que han demostrado ser cruciales para descubrir actividades y redes delictivas.

·Avancen en las negociaciones legislativas relativas a la revisión del Reglamento sobre Europol y, en particular, en lo que respecta a la modificación del Reglamento sobre el Sistema de Información de Schengen, con el objetivo de llegar a un acuerdo rápidamente.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en la que son partes la Unión Europea y los Estados miembros, es el principal instrumento internacional que permite la cooperación y la asistencia judicial recíproca cuando se investigan casos de delincuencia organizada. En 2021, la Comisión actualizará la declaración de competencias para armonizarla con las modificaciones del Tratado de Lisboa y asegurarse de que la Fiscalía Europea pueda utilizar las normas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional relativas a la asistencia jurídica recíproca para cooperar con las autoridades de terceros países. Además, la Comisión estudiará la posibilidad de notificar a la Fiscalía Europea como autoridad responsable en el contexto de los acuerdos de cooperación de la Unión con terceros países existentes y, cuando sea necesario, valorará la posibilidad de iniciar negociaciones con determinados terceros países prioritarios. Como indica la Declaración de Kioto que se aprobó en el 14.º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, la Unión y los Estados miembros tienen la firme determinación de reforzar el marco internacional que promueve el Estado de Derecho, la prevención de la delincuencia y la justicia penal, en particular participando activamente en los procesos en curso destinados a revisar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

La estrategia de la UE en materia de seguridad exterior en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común y de la Política Común de Seguridad y Defensa sigue siendo un componente esencial de los esfuerzos de la Unión encaminados a combatir la delincuencia organizada con el fin de reforzar la estabilidad y proteger los intereses de seguridad europeos. El Alto Representante/Vicepresidente seguirá desempeñando, con el apoyo del Servicio Europeo de Acción Exterior, un papel fundamental en la mejora de la cooperación estratégica y operativa con terceros países y organizaciones internacionales, haciendo un uso pleno de sus herramientas externas, como los diálogos de alto nivel, la red de expertos en lucha contra el terrorismo/seguridad de las delegaciones de la UE y, cuando sea pertinente, las misiones y operaciones de la Política Común de Seguridad y Defensa. Asimismo, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior continuarán priorizando los proyectos de desarrollo de la capacidad en terceros países, y en particular en los países candidatos y de la vecindad europea, con el objetivo de respaldar la cooperación operativa con los Estados miembros y las agencias de la UE y de dotar a los asociados con herramientas que los ayuden a acabar con las complejas estructuras delictivas que podrían afectar a la Unión.

La cooperación policial fuera de la Unión es necesaria para desmantelar las redes delictivas y las rutas de transporte mundiales. Resulta esencial reforzar la cooperación internacional, por ejemplo, mediante las actividades de las agencias de justicia y asuntos internos relevantes, en particular en lo que respecta a los países de la vecindad europea y los países candidatos.

Dado que es esencial comunicar y compartir información en el seno de los equipos conjuntos de investigación, la Comisión trabajará para desarrollar una plataforma de colaboración para dichos equipos y para incrementar la cooperación de Eurojust con terceros países. Asimismo, como anunció en la Comunicación sobre la digitalización de la justicia en la UE, a finales de 2021 la Comisión presentará una propuesta destinada a facilitar una comunicación y un intercambio de información y documentos seguros entre los órganos jurisdiccionales, las autoridades nacionales y, cuando proceda, las agencias de justicia y asuntos de interior. Además, la Comisión apoyará la modernización del sistema de gestión de casos de Eurojust con el objetivo de ayudar a esta agencia a formular observaciones a las autoridades nacionales y establecer enlaces judiciales entre las investigaciones en curso. Esto debería facilitar que Eurojust colabore de manera eficiente con sus asociados, en particular Europol y la Fiscalía Europea, ayudando a coordinar las investigaciones a escala nacional y evitando investigaciones paralelas con miras a garantizar la eficacia de los enjuiciamientos.

A través de EMPACT, los Estados miembros y sus asociados llevan a cabo más de 200 acciones operativas conjuntas cada año, las cuales están orientadas a luchar contra la delincuencia organizada, entre otras cosas generando una visión penal precisa de las prioridades de la UE en lo que respecta a la delincuencia, desarrollando las capacidades policiales para combatir delitos concretos, reforzando la cooperación con los socios internacionales, llevando a cabo actividades de prevención, investigando conjuntamente determinados fenómenos delictivos o grupos delictivos concretos, y estudiando sus métodos para blanquear capitales, cometer ciberdelitos u obtener documentos fraudulentos. Aunque EMPACT ya obtiene unos resultados operativos significativos, por ejemplo, en lo que se refiere a las drogas embargadas o los delincuentes detenidos, en la actualidad no se aprovecha todo su potencial. Los Estados miembros y los socios externos no siempre lo utilizan tanto como podrían ni se involucran activamente debido a su complejidad, el desconocimiento de los agentes de primera línea y la escasa financiación disponible, que también impiden que se lleven a cabo operaciones más complejas que dañarían de manera más notable a los grupos de delincuencia organizada.

En consonancia con la Estrategia de la UE para una Lucha Más Eficaz contra el Abuso Sexual de Menores de 2020 y la Estrategia Integral de la UE sobre los Derechos del Niño (2021-2025), la Comisión propondrá en 2021 legislación orientada a mejorar la protección de los niños y las niñas frente a los abusos sexuales de menores que, entre otras medidas, exigirá que los proveedores de servicios en línea pertinentes detecten materiales de pornografía infantil conocidos y los denuncien a las autoridades públicas. La legislación garantizará igualmente la coherencia con otras iniciativas legislativas y, en particular, con la propuesta de Ley de Servicios Digitales. La Comisión también sigue ayudando al Parlamento Europeo y el Consejo con el fin de llegar a un acuerdo, lo antes posible, acerca de la propuesta de Reglamento relativo a los esfuerzos voluntarios de determinados proveedores de servicios en la lucha contra el abuso sexual de menores en línea. Al mismo tiempo, Europol ha estado respaldando la expansión de su eficaz campaña «Trace an Object» («Rastrea un Objeto») con la que, mediante la colaboración ciudadana, obtiene información sobre objetos concretos presentes en imágenes de pornografía infantil, la cual puede ayudar a acotar la ubicación geográfica donde se cometieron dichos abusos y, en última instancia, contribuir a la identificación y el rescate de las víctimas.

Es indispensable aumentar la cooperación estructural para intensificar las actuaciones contra las organizaciones delictivas. Si se elaborasen criterios comunes a todos los Estados miembros para la identificación de los objetivos de alto valor y se facilitase la cooperación operativa y el intercambio de información en tiempo real, se podrían realizar más investigaciones conjuntas y sistemáticas de las personas que desempeñan un papel fundamental en una red delictiva. Se debería reforzar la actual Red @ON incorporando a todos los Estados miembros y desarrollando buenas prácticas, así como estableciendo un vínculo más estrecho con la labor de EMPACT contra las redes delictivas.

A escala europea, la cooperación operativa contra los grupos de delincuencia organizada de carácter mafioso llevada a cabo a través de la Red @ON facilita el destacamento en los distintos Estados miembros de investigadores especializados cuyo fin es ayudar en la investigación de los grupos de delincuencia organizada transfronterizos. Otro hito importante es la labor realizada por Europol en colaboración con los Estados miembros para definir objetivos de alto riesgo, es decir, presuntos miembros de organizaciones delictivas que entrañan un riesgo especialmente elevado para dos o más Estados miembros, y emprender actividades de inteligencia e investigación contra ellos.

Las investigaciones policiales no deberían detenerse tras el embargo de elementos ilegales o la detención de delincuentes de bajo nivel, sino centrarse en los agentes y las redes que constituyen la espina dorsal de los ecosistemas delictivos.

Con este objetivo, en noviembre de 2020 la Comisión adoptó el Plan de Acción sobre Propiedad Intelectual, y en 2022 establecerá un conjunto de herramientas de la UE contra la falsificación que establezca principios para la acción conjunta, la cooperación y el intercambio de datos entre los titulares de los derechos, los intermediarios y las autoridades policiales. Dado que los productos médicos suelen falsificarse en terceros países, es importante reforzar la gobernanza mundial, fundamentalmente mediante la adhesión y la ratificación por parte de los Estados miembros de la UE, y de ser posible de la propia Unión, del Convenio del Consejo de Europa sobre falsificación de productos médicos. Hasta la fecha, catorce Estados miembros han firmado este Convenio, y solo seis lo han ratificado.

Conviene prestar especial atención a los delitos contra el medio ambiente, pues tienen efectos nocivos sobre la biodiversidad y el medio ambiente, la salud y la cohesión social en la UE y en terceros países. Se sigue comerciando ilegalmente con todo tipo de especies silvestres —plantas, animales y sus derivados— y de animales de compañía, a menudo a gran escala y con posibles consecuencias devastadoras. La gestión y el transporte ilegal de residuos debilita a las industrias legítimas de tratamiento y reciclado de residuos. La UE ha adoptado legislación orientada a regular el comercio legal de vida silvestre y de residuos, y exigió a los Estados miembros que tipifiquen como delito y sancionen una amplia variedad de delitos contra el medio ambiente. El Plan de Acción de la UE contra el Tráfico de Especies Silvestres de 2016 y el Plan de Acción de Cumplimiento y Gobernanza Medioambiental de 2018 han complementado estos instrumentos legislativos. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ha perfeccionado considerablemente sus actividades operativas en la lucha contra el comercio ilícito de productos que entrañan un riesgo para el medio ambiente.

A pesar de estos esfuerzos, con frecuencia las autoridades de inspección, policiales y judiciales carecen de la capacidad y los recursos necesarios para detectar e investigar de manera efectiva los delitos contra el medio ambiente y emprender acciones penales contra ellos. Así sucede, en concreto, en aquellos Estados miembros que no poseen organismos policiales o judiciales especializados ni cuentan con un enfoque estratégico para combatir los delitos contra el medio ambiente. Es necesario fortalecer la capacidad policial a escala nacional y de la Unión. Las sanciones impuestas no son lo suficientemente disuasorias, y la coordinación y el intercambio de información dentro de los Estados miembros y entre ellos, en particular entre las autoridades administrativas y los organismos policiales, son insuficientes. La Comisión está revisando el Reglamento sobre los traslados de residuos y el Plan de Acción contra el Tráfico de Especies Silvestres de la UE. La Directiva sobre los delitos contra el medio ambiente se revisará con el fin de aclarar el alcance de los delitos contra el medio ambiente, aportar más precisión en lo que respecta a las sanciones, facilitar el uso de herramientas de investigación eficaces e impulsar la cooperación transfronteriza y el intercambio de información. Además, se reforzará la cooperación a través de las redes europeas de aplicación y cumplimiento de la legislación medioambiental. Por último, dado que la dimensión internacional del tráfico de especies silvestres es crucial, la Comisión promoverá la adopción de un protocolo adicional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

El tráfico ilegal de bienes culturales tiene consecuencias devastadoras para el patrimonio cultural de los países, facilita un medio de financiación a las organizaciones delictivas y es esencial para el blanqueo de capitales. Para responder de manera efectiva a este delito, es necesario mejorar la supervisión y el intercambio de información, reforzar la cooperación policial y aduanera, fortalecer la cooperación sobre el terreno en relación con la justicia y los asuntos de interior y la Política Común de Seguridad y Defensa, y aprovechar los conocimientos especializados de los diversos agentes públicos y privados. El acceso rápido a arqueólogos e historiadores del arte puede contribuir enormemente a las investigaciones del tráfico ilegal de bienes culturales. Con el propósito de combatir este tipo único de delito, la Comisión continuará apoyando el desarrollo de la capacidad entre expertos en materia de patrimonio cultural, en particular creando una red de expertos a la que los Estados miembros puedan recurrir en el marco de EMPACT. Se favorecerá que cooperen de manera estructurada con la policía a fin de facilitar las investigaciones y la financiación de proyectos relacionados con el tráfico ilegal de bienes culturales. Asimismo, la Comisión estudiará otras medidas necesarias para plantar cara a este fenómeno, tales como mejorar la trazabilidad en línea y fuera de línea de los bienes culturales en el mercado interior o cooperar con terceros países donde se saquean bienes culturales. A tal fin, la Comisión propondrá en 2022 un plan de acción para combatir el tráfico ilegal de bienes culturales.

Medidas clave: La Comisión: ·Propondrá que se modifique la Directiva relativa a la protección del medio ambiente (cuarto trimestre de 2021). ·Como parte de su propuesta para modificar el Reglamento sobre los traslados de residuos, reforzará las disposiciones relativas a la aplicación de la ley para combatir el traslado ilegal de residuos (segundo trimestre de 2021). ·Establecerá un conjunto de herramientas de la UE contra la falsificación que establezca principios para la acción conjunta, la cooperación y el intercambio de datos entre los titulares de los derechos, los intermediarios y las autoridades policiales (2022). ·Propondrá un plan de acción sobre el tráfico ilegal de bienes culturales (2022). ·Valorará la posibilidad de que la Unión se adhiera al Convenio del Consejo de Europa sobre falsificación de productos médicos. Se insta a los Estados miembros a que: ·Se unan a la Red @ON y la fortalezcan en lo que respecta a los grupos de delincuencia organizada de carácter mafioso, y estudien una integración más estructurada de una estrategia específica contra las redes delictivas en EMPACT. ·Establezcan o sigan mejorando las estructuras de coordinación nacionales o los organismos especializados de las autoridades policiales y judiciales centrados en luchar contra las estructuras de delincuencia organizada. ·Se adhieran al Convenio del Consejo de Europa sobre falsificación de productos médicos y lo ratifiquen. Se insta a los Estados miembros y Europol a que: ·Desarrollen criterios de identificación comunes para seleccionar e investigar los objetivos de alto valor y prioricen las investigaciones de aquellas personas y redes delictivas que entrañan un mayor riesgo para la seguridad de la UE. ·Adquieran conocimientos estratégicos y tácticos sobre los grupos de delincuencia organizada de alto riesgo. ·Refuercen la cooperación estratégica y operativa en la lucha contra la falsificación de productos médicos con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, entre otros organismos, así como a escala mundial.

3.Eliminar los beneficios generados por la delincuencia organizada y evitar su infiltración en la economía legal y la sociedad

3.1. Reforzar las medidas de recuperación de activos y lucha contra el blanqueo de capitales y promover las investigaciones financieras

La delincuencia organizada en la UE depende fundamentalmente de su capacidad para blanquear los enormes beneficios que obtiene con sus actividades. Si bien tres cuartos de las organizaciones delictivas siguen recurriendo a métodos básicos para ocultar sus beneficios ilícitos, tales como la inversión en inmuebles u otros bienes de gran valor, otras utilizan métodos cada vez más sofisticados con la asistencia de blanqueadores de capitales de cuello blanco. El rastro financiero que los delincuentes dejan tras de sí es un indicador clave de su actividad y proporciona pistas útiles para los investigadores, así como pruebas de incalculable valor contra los autores. En consecuencia, hacer un seguimiento de las finanzas de los delincuentes es esencial para descubrir actividades delictivas, impedir su comisión y evitar que se infiltren en la economía legal y la sociedad.

Pese a los avances de los marcos jurídicos destinados a luchar contra el blanqueo de capitales y recuperar activos, solo se detecta un pequeño porcentaje de las actividades de blanqueo de capitales, y únicamente se confisca el 1 % de los activos de origen delictivo. Esta situación se ha agravado con el uso cada vez mayor de canales financieros sometidos a una vigilancia más limitada que la del sector bancario, como las monedas virtuales.

Es preciso reforzar la lucha contra las operaciones financieras delictivas. Como destaca el Plan de Acción contra el Blanqueo de Capitales de 2020, es necesario mejorar considerablemente el marco de la UE centrado en ese objetivo con el fin de subsanar las enormes divergencias en su aplicación y las graves deficiencias existentes en el cumplimiento de las normas. No se está aprovechando al máximo el potencial de las investigaciones financieras, en parte debido a que los cuerpos de seguridad no poseen las capacidades necesarias para llevar a cabo estas investigaciones complejas y onerosas.

Además, el alcance reducido del marco jurídico de los decomisos en lo que se refiere a los activos y las actividades delictivas que cubre limita la capacidad para privar a los delincuentes de los activos que han obtenido ilegalmente. Es más, en la actualidad los organismos de recuperación de activos tienen dificultades para localizar dichos activos debido a que, entre otras cosas, no están facultados para inmovilizar temporalmente bienes con el propósito de evitar la desaparición de activos ni pueden acceder de forma directa e inmediata a determinados registros públicos, como los catastros o los registros mercantiles centrales. Por otro lado, los activos recuperados no siempre se gestionan con eficiencia y no se utilizan lo suficiente para compensar a las víctimas o beneficiar a la sociedad.

Como se anunció en el Plan de Acción contra el Blanqueo de Capitales de 2020, es prioritario garantizar la aplicación efectiva del actual marco de lucha contra el blanqueo de capitales. Además de los esfuerzos en curso para garantizar su aplicación efectiva, la Comisión está preparando propuestas legislativas encaminadas a reforzar y perfeccionar el marco de lucha contra el blanqueo de capitales de la UE. A tal fin, en el segundo trimestre de 2021 propondrá establecer un código normativo único directamente aplicable que fortalezca la supervisión en la Unión e instaure un mecanismo de coordinación y apoyo a escala de la UE para las Unidades de Información Financiera.

También es necesario seguir promoviendo la realización de investigaciones financieras tempranas en todos los Estados miembros, así como desarrollar la capacidad de los investigadores para afrontar la dimensión financiera de la delincuencia organizada. Las Conclusiones del Consejo sobre la mejora de las investigaciones financieras de 2020 instan a los Estados miembros a garantizar que las investigaciones financieras formen parte de todo tipo de investigaciones penales relativas a la delincuencia organizada. Del mismo modo, Europol ha redoblado sus capacidades para ayudar a los Estados miembros a efectuar investigaciones financieras mediante el establecimiento del Centro Europeo para Delitos Financieros y Económicos.

Es igualmente esencial intensificar las labores de inmovilización y decomiso fortaleciendo aún más el marco jurídico en la UE y las capacidades operativas de los organismos de recuperación de activos. Conviene explorar las medidas de decomiso no basado en condenas, ya que pueden contribuir a incrementar la cantidad de activos embargados cuando, por ejemplo, no es posible vincular los activos obtenidos a una condena penal. Con el objetivo de reforzar el régimen de decomiso y dotar a los organismos de recuperación de activos de un mandato más efectivo, en 2022 la Comisión propondrá que se revise la Directiva sobre el decomiso de 2014 y la Decisión del Consejo de 2007 sobre los organismos de recuperación de activos, con miras a ampliar el alcance de los delitos cubiertos, introducir normas más efectivas en lo tocante al decomiso no basado en condenas, garantizar la gestión efectiva y la reutilización de los activos embargados con fines sociales y para compensar a las víctimas de los delitos, y reforzar la capacidad de los organismos de recuperación de activos para rastrear y encontrar activos ilícitos.

Asimismo, la Comisión valorará las posibles opciones en lo que respecta al inicio sistemático de investigaciones financieras e investigaciones financieras posteriores a la condena. Para llevar a cabo investigaciones financieras efectivas y conseguir rastrear y decomisar activos resulta esencial poder acceder sin trabas a la información financiera. Por este motivo, es imperioso que los Estados miembros transpongan sin demora la Directiva relativa a facilitar el uso de información financiera, que proporciona a las autoridades policiales acceso a los registros centralizados de cuentas bancarias y fortalece la cooperación entre las autoridades policiales y las Unidades de Información Financiera. Además, la Comisión revisará la Directiva y el marco de lucha contra el blanqueo de capitales con el fin de brindar a las autoridades policiales acceso a la futura plataforma que interconectará los registros de cuentas bancarias de toda la Unión.

Al mismo tiempo, habrá que mejorar la cooperación internacional en lo que respecta a la respuesta represiva contra el blanqueo de capitales. Los Estados miembros deberían aprovechar todas las posibilidades que les ofrece la Red Operativa de Prevención del Blanqueo de Capitales (AMON), una red internacional informal de organismos policiales que luchan contra el blanqueo de capitales, y la Red Interinstitucional de Recuperación de Activos de Camden (CARIN), una red informal de profesionales policiales y judiciales especializados en el campo del seguimiento, la inmovilización, el embargo y el decomiso de activos. Por otra parte, la Comisión propondrá también que se ratifique, en nombre de la UE, el Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo del Consejo de Europa.

3.2. Intensificar las medidas contra la corrupción

La corrupción es un elemento central del modus operandi de los grupos de delincuencia organizada. Sobornan e intimidan a los funcionarios públicos y a los empleados de entidades clave como los puertos y utilizan la fuerza contra ellos para pasar desapercibidos, obtener información o facilitar sus actividades. Las actuales normas de la UE contra la corrupción obligan a los Estados miembros a tipificar como delito la corrupción activa y pasiva de los funcionarios públicos, establecer sanciones adecuadas y garantizar que se considere penalmente responsables a los empresarios que sobornan a funcionarios. Sin embargo, estos instrumentos no abarcan determinados delitos relacionados con la corrupción, como el tráfico de influencias, el abuso de poder, el enriquecimiento ilícito, la malversación u otras formas de desviación de bienes por parte de funcionarios públicos. Más recientemente, la Unión introdujo nuevas leyes que protegen a los denunciantes y exigen la creación de canales seguros para denunciar prácticas corruptas. El informe anual sobre el Estado de Derecho examina la situación de los Estados miembros también en lo que respecta a las políticas de lucha contra la corrupción.