A4-0411/98

Resolución sobre la comunicación de la Comisión «Democratización, Estado de Derecho, respeto de los derechos humanos y buen gobierno: retos políticos de la asociación entre la Unión Europea y los países ACP» (COM(98)0146 - C4-0390/98)

El Parlamento Europeo,

- Vista la comunicación de la Comisión (COM(98)0146 - C4-0390/98),

- Vistos los artículos 5, 224 m) y 366 bis del Convenio revisado de Lomé IV,

- Vistas sus resoluciones de 2 de octubre de 1997 sobre el Libro Verde de la Comisión relativo a las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP ((DO C 325 de 27.10.1997, pág. 28)), y de 1 de abril de 1998 sobre la comunicación de la Comisión relativa a las orientaciones para la negociación de nuevos acuerdos de cooperación con los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) ((DO C 138 de 4.5.1998, pág. 108.)),

- Vista la resolución de la Asamblea Paritaria sobre democracia, derechos humanos y desarrollo en los países ACP ((DO C 234 de 30.8.1993.)),

- Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación y la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa (A4-0411/98),

1. Recuerda que el fomento de los derechos humanos, el Estado de Derecho y los principios democráticos ya forma parte integrante de la política de desarrollo de la Unión Europea, y muy en particular de la cooperación ACP-UE, que es la manifestación más acabada de esta política, y constituye un elemento esencial y prioritario de la misma;

2. Destaca con satisfacción el enfoque positivo de la Unión Europea, y que consiste en apoyar financiera y técnicamente, los esfuerzos realizados en estos ámbitos por los países ACP;

3. Celebra, a este respecto, los importantes avances realizados en los últimos años en algunos países ACP, a pesar de las difíciles condiciones socioeconómicas; anima a dichos países a continuar con los progresos en la materia;

4. Pide insistentemente que la promoción de una buena gestión de los asuntos públicos, en la que se incluya una referencia explícita a la lucha contra la corrupción, también llegue a ser uno de los elementos esenciales, y que se defina como tal, en el próximo Convenio ACP-CE; considera esencial la inclusión en el próximo Convenio de instrumentos y medidas concretas que permitan el desarrollo de acciones efectivas contra la corrupción a todos los niveles;

5. Subraya que la corrupción generalizada en determinados países mina la confianza en la capacidad de acción del Estado y que la mejor forma de hacer desaparecer la desconfianza es contribuir a la apertura y transparencia de las instituciones públicas;

6. Subraya que las negociaciones con vistas a la renovación del Convenio ACP-CE deben ser la ocasión para realizar nuevos avances sustanciales, a la vez en la definición y en la comprensión común de los conceptos y los objetivos, en la definición de los sectores y ámbitos de actividad prioritarios derivados de lo anterior y en el procedimiento de realización concreta de la cooperación, así como de su evaluación;

7. Considera que el actual sistema económico internacional margina a los países ACP y contribuye a la marginación de los países ACP, y pide a la Comisión que incluya en el futuro Convenio ACP-CE dispositivos que permitan la realización de los objetivos fijados en las conferencias de las Naciones Unidas, en particular los compromisos adoptados en Río en 1992 y en Copenhague en 1995;

8. Recuerda su deseo de invitar a los países ACP a que propongan ellos mismos los criterios relativos al fomento de los derechos humanos, la democratización y el buen gobierno, incluyendo la lucha contra la corrupción; considera, a este respecto, que la comunicación de la Comisión constituye una aportación útil a la contribución de la Unión Europea para que dichos conceptos se tengan en cuenta en las próximas negociaciones con vistas a la renovación del Convenio ACP-CE;

9. Reitera su convencimiento de que el éxito de las relaciones entre la Unión y los países ACP requiere una visión integrada de los aspectos económicos, políticos, culturales, sociales y medioambientales, incluida la consideración de los intereses específicos de ambos sexos.

10. Subraya que las mujeres en general y las mujeres pobres en particular son objeto de discriminación en lo que se refiere a la participación en la vida política y el ejercicio de los derechos humanos; las mujeres son objeto de diversas formas de opresión, discriminación y violencia; por consiguiente, es necesario prestar atención a la participación de las mujeres en los procesos políticos y a los derechos jurídicos y sociales de las mujeres;

11. Aprueba la definición de los conceptos y los objetivos que se propone en la comunicación, así como la lista de los ámbitos de acción que deben considerarse prioritarios en el marco de la cooperación ACP-UE, y que corresponden a las orientaciones del Parlamento Europeo contenidas en sus citadas resoluciones de 2 de octubre de 1997 sobre el Libro Verde relativo a las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP y de 1 de abril de 1998,

12. Subraya, sin embargo, la importancia que concede a que se preste una especial atención a la situación de la infancia y a la protección de los derechos del niño en el contexto del diálogo ACP-UE sobre los derechos humanos;

13. También subraya la importancia de prever acciones específicas dirigidas al personal de los ejércitos y cuerpos de policía, así como al personal penitenciario, en particular en lo referente a sus condiciones de funcionamiento y su nivel de formación con respecto a los derechos humanos;

14. Considera que el desarrollo de los medios de comunicación independientes es indispensable para el desarrollo del proceso democrático y el respeto de los derechos humanos, y pide a la Comisión que ayude a los medios de comunicación independientes;

15. Opina que una mejora necesaria y sustancial de la aplicación concreta de la cooperación ACP-

UE en estos ámbitos -tanto en lo referente a la definición de las prioridades y la selección de los programas y proyectos, como en lo referente a su seguimiento y evaluación- exige que se profundice y amplíe el diálogo, tanto entre la Unión Europea y los países ACP, como entre los propios países ACP;

16. Subraya que este diálogo más amplio y profundo entre la Unión Europea y los países ACP debe extenderse a todos los temas y ámbitos afectados, y debe realizarse a la vez con el conjunto de los representantes de cada Estado - incluyendo a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial- así como con el conjunto de los representantes de la sociedad civil;

17. Subraya la importancia esencial que deberá tener la sociedad civil tanto a la hora de entablar el diálogo con los países ACP como para poner en marcha de las acciones de fomento de la democratización, del respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho, así como para realizar una evaluación y control de las mismas;

18. Considera que dicha participación de la sociedad civil permitirá un reforzamiento tanto de los agentes económicos y sociales de los países ACP -en especial cámaras de comercio, sindicatos, asociaciones de profesionales o de ciudadanos, ONG, etc.- como de los diversos partidos políticos;

19. Considera que el proceso y las modalidades de este diálogo más amplio y profundo deben definirse con claridad e institucionalizarse en el próximo Convenio ACP-CE; estima necesaria la inclusión de la Asamblea Paritaria como foro privilegiado para el desarrollo de dicho diálogo;

20. Subraya la importancia de que este diálogo sea operativo desde la fase de negociación con vistas a la definición de los Programas indicativos nacionales y regionales, que es la fase en la que se deciden los ámbitos prioritarios de acción y los volúmenes de financiación que se les deben destinar;

21. Considera que la calidad del diálogo entre la Unión Europea y cada uno de los países ACP, así como la del necesario debate sobre estas cuestiones que debe intensificarse en el seno de los distintos países ACP, requiere una mayor movilización de interlocutores y organizaciones ACP que puedan reforzar las capacidades de conocimiento y de propuesta en estos ámbitos; pide a la Unión Europea que apoye a nivel nacional y regional la aparición y organización de tales agentes;

22. Considera indispensable que se reconozca la especificidad social, económica, política y cultural de cada uno de los países ACP, y, en consecuencia, que se admita que la definición de los objetivos y de los ámbitos prioritarios de acción, el ritmo de los avances y la evaluación de los progresos realizados deben ser característicos de cada uno de los países afectados, sin que por ello pueda transigirse sobre los principios fundamentales de los derechos humanos;

23. Considera que corresponde a los países ACP encontrar, sin que por ello se ponga en tela de juicio la universalidad del respeto de los derechos humanos y los principios democráticos, las fórmulas con respecto a la creación de las instituciones capaces de garantizar dichos derechos;

24. Subraya que dentro de las instituciones paritarias, la Asamblea Paritaria ACP-UE, como órgano de representación de las poblaciones de los países miembros del Convenio, constituye un marco privilegiado para aportar una importante contribución a la ejecución de esta política; reitera su petición de democratizar la Asamblea Paritaria mediante disposiciones que permitan reflejar la diversidad de opiniones en los países ACP, actualmente presentes con un solo representante por país y considera que deben reforzarse las estructuras existentes del Consejo de Ministros ACP-UE y en la Asamblea Paritaria ACP-UE;

25. Opina que los progresos de la política de cooperación en esta materia deben ser objeto de un gran debate anual en la Asamblea Paritaria, sobre la base de un informe detallado transmitido por el Consejo de Ministros ACP-UE y considera, que cuando se constate una grave violación de los principios de los derechos humanos, de la democracia, del Estado de Derecho y del buen gobierno deben designarse ponentes (uno de la UE y otro del ámbito ACP) que puedan realizar una investigación y presentar un informe al Consejo de Ministros ACP-UE y a la Asamblea Paritaria ACP-UE;

26. Considera indispensable completar el enfoque positivo de la Unión Europea con sanciones semejantes a las previstas en la actualidad en el artículo 366 bis del Convenio; considera necesario que su aplicación también pueda producirse a iniciativa del Parlamento Europeo, y que se le consulte en todas las fases de aplicación de dicho artículo;

27. Desea que todos los países ACP dispongan de un Tribunal de cuentas nacional que sea independiente y pueda presentar sus informes a los gobiernos y a los parlamentos nacionales de los países ACP, de forma que, si procede, se puedan adoptar las medidas necesarias y desea que dichos Tribunales de cuentas nacionales colaboren eficazmente con el Tribunal de Cuentas Europeo con respecto al control de los recursos de la UE destinados a apoyar el desarrollo de los correspondientes países ACP;

28. También considera indispensable definir en el próximo Convenio un conjunto de sanciones concretas, uniformes y específicas en materia de lucha contra la corrupción, dirigidas contra las formas activas y pasivas de la corrupción, y aplicables tanto a la parte ACP y a los Estados miembros como a sus respectivos agentes económicos;

29. Estima que la definición de dichas sanciones en el próximo Convenio debe verse complementado con el establecimiento de un mecanismo común de control y de intervención ante el fenómeno de la corrupción, operativo tanto para los Estados miembros como para los países ACP;

30. Recomienda a la Comisión que evite por encima de todo dejarse arrastrar por actitudes burocráticas al poner en práctica las acciones propuestas en la comunicación, y que por el contrario recurra, para evaluar la situación en los correspondientes países ACP, a las ONG afectadas, que suelen disponer de un panorama detallado de los problemas que pueden existir en relación con los derechos humanos, el Estado de Derecho y el buen gobierno;

31. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión y al Consejo.