COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES - Séptimo informe sobre la aplicación del conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones [SEC(2001)1922]

1. RESUMEN Y CONCLUSIONES PRINCIPALES

El Consejo Europeo de Lisboa constituyó un hito para el sector europeo de las comunicaciones electrónicas, que experimenta un proceso de convergencia. Los Jefes de Estado y de Gobierno avalaron con su autoridad la transición a una economía digital basada en el conocimiento para Europa, posteriormente encarnada en el plan de acción eEurope. Se acerca ahora otro momento importante: el de la adopción por el Parlamento Europeo y el Consejo del nuevo marco regulador. El presente informe parte de la idea de que el nuevo marco, pensado para unos mercados cada vez más competitivos y convergentes, debe fundarse en la aplicación plena y coherente de la actual reglamentación de la UE. De hecho, el nuevo marco cuenta con mecanismos que garantizan la permanencia de las salvaguardias competitivas hasta el momento en que se demuestren innecesarias. El informe:

- presenta algunos de los indicadores clave del mercado

- examina algunos de los requisitos previos imprescindibles para la transición relacionados con la aplicación del marco actual

- se centra en las cuestiones reglamentarias pendientes.

El mensaje básico es que, ante un trasfondo macroeconómico fundamentalmente pesimista, el sector de servicios de telecomunicación sigue conociendo un auge notable y las autoridades nacionales de reglamentación siguen sacando adelante el proceso de aplicación, no obstante lo cual, en vísperas de la adopción del nuevo marco, persisten aún varios escollos en la reglamentación.

1.1. Evolución del mercado

El sector de servicios de telecomunicación sigue constituyendo un factor de crecimiento importantísimo para la economía europea. Los mercados nacionales combinados de los 15 Estados miembros crecerán hasta unos ingresos estimados de 218 000 millones de euros para finales de 2001, lo que representa un crecimiento del 9,5%. Aunque esta cifra refleje una disminución de tres puntos porcentuales con respecto al crecimiento real en 2000, aún es ligeramente superior al 9% previsto en el último informe sobre la aplicación. Desde entonces, usuarios y consumidores han seguido disfrutando de nuevas posibilidades de elegir operador y de una disminución general de las tarifas. Al mismo tiempo, la cuota de mercado de los operadores tradicionales ha seguido disminuyendo en todos los mercados de llamadas fijas.

Resumimos a continuación las principales tendencias.

1.1.1. Crecimiento [1]

[1] Las previsiones de crecimiento se basan en el Observatorio Europeo de Tecnología de la Información (EITO) 2001

El segmento de expansión más rápida en cuanto a ingresos vuelve a ser el de servicios móviles, con un crecimiento esperado del 22,3% aproximadamente, pasando de 67 000 a 82 000 millones de euros para finales de 2001. Es un crecimiento inferior al 38,1% conseguido en 2000, pero superior a la previsión del 20%. Para finales de 2001 se espera que el mercado de servicios móviles represente un 38% de los ingresos de los mercados de telecomunicaciones de la UE combinados. La penetración del móvil sigue aumentando de manera espectacular, a ritmos sustancialmente más elevados que los del año anterior en todos los Estados miembros y con un 36% más de abonados en Europa. El índice de penetración medio alcanza ya el 73%, con niveles iguales o superiores al 75% en siete Estados miembros.

El segmento de telefonía vocal fija, incluidos los servicios de Internet por conmutación, sigue siendo el más importante del mercado de la UE, con una cuota estimada del 51% en términos de ingresos, pero su crecimiento estimado permanece al nivel de 2000, es decir, 2,7%. No obstante, esta cifra oculta el crecimiento continuado del tráfico vocal y en particular del tráfico de Internet por conmutación medido en minutos, dada la disminución de los precios de estas llamadas.

El segmento de líneas arrendadas y de datos representa el 11% del mercado y su crecimiento en 2001 se estima en un 3,8%.

1.1.2. Evolución de los precios

Gracias a la competencia, los precios al consumo están disminuyendo globalmente. Las llamadas de larga distancia de los operadores tradicionales se han abaratado en un 11% desde el año pasado y en un 45% desde 1998. El gasto mensual promedio general en llamadas nacionales (locales y de larga distancia más cuotas fijas) ha pasado de 37,02 EUR en 1998 a 32,75 EUR en 2001 para los usuarios residenciales y de 85,57 EUR a 68,54 EUR para los empresariales en el mismo período [2]. Las llamadas internacionales del operador tradicional se han abaratado igualmente, en un 17% desde 2000 para los usuarios residenciales y en un 21% para los empresariales.

[2] Todos los precios de la RTCP se expresan en EUR PPA (paridad del poder adquisitivo).

Los precios de los nuevos operadores son en la mayor parte de los casos sensiblemente inferiores: en Alemania, por ejemplo, un nuevo operador propone precios un 75% más bajos que los del operador tradicional en llamadas de larga distancia y reducciones de hasta el 29% en llamadas locales. Los nuevos operadores de Bélgica, Francia, España y Reino Unido cobran entre el 36% y el 56% menos que el operador tradicional en llamadas de larga distancia.

Dentro de los Estados miembros se aprecia una tendencia a la reducción o eliminación de las diferencias entre los precios de las llamadas a diferentes distancias, es decir, convergen los precios de las llamadas locales, regionales y de larga distancia. Se trata de una tendencia positiva, ya que indica que los precios están comenzando a reflejar el coste real de la prestación del servicio.

Estas reducciones han ido de la mano de un aumento de las cuotas de abono mensuales desde el pasado año del 7% para los usuarios residenciales y del 3% para los empresariales. Este hecho responde a la necesidad de suprimir el falseamiento de los precios de las cuotas de acceso y fomentará la incorporación de nuevos operadores, al quedar eliminadas las subvenciones cruzadas anticompetitivas de los operadores tradicionales. Globalmente, el coste de las llamadas locales en Europa permaneció estable.

1.1.3. Posibilidades de elección

Evidencia el vigor de la competencia en el sector de las telecomunicaciones el hecho de que la totalidad de la población de 12 Estados miembros pueda elegir entre más de cinco operadores para las llamadas internacionales y de larga distancia. En lo que se refiere a las llamadas locales, son seis los Estados miembros en que existe esa posibilidad.

El uso de la preselección del operador ha registrado un rápido aumento, además de seguirse haciendo intenso uso de la selección del operador a través de códigos de acceso. Son alrededor de 110 los operadores a los que puede accederse en Europa para efectuar llamadas locales sin utilizar códigos, y 214 en el caso de llamadas de larga distancia e internacionales.

1.1.4. Estructura del mercado

Las cuotas de mercado de los operadores tradicionales por ingresos al detalle han disminuido desde la liberalización en una media del 10% para las llamadas locales, y en torno al 20% para las de larga distancia y al 30% para las internacionales. La cuota del operador tradicional por ingresos al detalle para llamadas internacionales está por debajo del 50% en un Estado miembro, en torno al 60% en otros cuatro y entre el 70% y el 75% en otros tres. Sin embargo, aun cuando las cuotas de mercado del operador tradicional en lo que se refiere a llamadas locales se sitúan alrededor del 70% en dos Estados miembros, siguen oscilando entre el 90% y el 100% en al menos diez.

Al mismo tiempo, la cuota de mercado de los principales operadores móviles ha disminuido desde 2000, siendo actualmente inferior al 50% en dos tercios de los Estados miembros.

1.1.5. Penetración de Internet

El índice medio de penetración de Internet en los hogares de la UE se situaba en un 36% aproximadamente en junio de 2001. El nivel más elevado correspondía a Suecia, con un 64%, mientras que en Grecia era ligeramente inferior al 12%.

Ocho Estados miembros han superado la cifra del 41,5% de penetración en los hogares conseguida en Estados Unidos en agosto de 2000 [3].

[3] Según los últimos datos publicados en septiembre de 2001 por el Departamento de Comercio estadounidense (US Census Bureau).

1.2. Evolución de la reglamentación

En lo que se refiere a la transposición del marco, tres Estados miembros (Francia, Italia y Luxemburgo) ha notificado legislación nacional que da una respuesta satisfactoria a las principales inquietudes de la Comisión. El marco nacional ha sido consolidado en otro Estado miembro (Grecia), consiguiéndose una mayor claridad y seguridad jurídica.

Elemento esencial del proceso regulador son las autoridades nacionales de reglamentación (ANR), que constituyen la interfaz necesaria para la aplicación de los principios comunitarios con arreglo a los marcos jurídicos y las condiciones del mercado nacionales. A lo largo del periodo de referencia, las ANR han hecho gala de creciente experiencia y autoridad en la regulación del sector. Los resultados son palpables en el mercado: las posibilidades de elegir servicios y proveedores siguen aumentando, los precios disminuyen.

En algunos Estados miembros se trabaja ya en la adaptación de las autoridades reguladoras al proceso de convergencia de las comunicaciones electrónicas, en algunos casos reforzando la coordinación con las autoridades nacionales en materia de competencia o atribuyendo facultades en este ámbito a las ANR. Resulta alentador que el aumento de la cooperación entre las ANR a nivel europeo presagie ya la coordinación al amparo del nuevo marco.

Las audiciones celebradas para preparar el presente informe demostraron claramente que las cuestiones esenciales que tienen planteadas los organismos reguladores, aparte de la necesidad de perfeccionar y clarificar sus propios métodos de funcionamiento, son actualmente la competencia en el acceso local, en particular para la banda ancha, las cuotas por terminación de llamadas en redes móviles, la interconexión a tanto alzado para el acceso a Internet, las tarifas y el suministro de líneas arrendadas, los principios generales de tarificación y contabilidad de costes y la implantación de las redes móviles de tercera generación. También siguen planteando problemas la numeración, el servicio universal, los derechos de paso y la transposición de la Directiva sobre protección de datos.

1.3. Conclusiones principales

En resumidas cuentas, aun cuando el mercado sigue siendo dinámico y el proceso de aplicación no ha cesado de avanzar, persisten varios escollos en la reglamentación a nivel europeo. Esto se debe a varios factores. En primer lugar, el marco actual todavía no se aplica plenamente en todos los Estados miembros, ni de forma coherente en toda la Comunidad. Además, algunas de las medidas de aplicación adoptadas a nivel nacional no son necesariamente coherentes entre sí. En determinadas áreas, el propio marco deja cierto margen de maniobra a las autoridades encargadas de aplicarlo, lo cual ha inducido divergencias en la reglamentación de los Estados miembros.

Los motivos de inquietud más importantes son los siguientes:

1. La competencia en el acceso local de banda ancha, y en particular la aplicación del Reglamento sobre desagregación del bucle local, para hacer posible un acceso a Internet de alta velocidad: la Comisión considera que los avances no resultan satisfactorios y es preciso acelerarlos sobre la base de un estrecho seguimiento por parte de las ANR, un calendario vinculante y unas sanciones creíbles. La Comisión considera también que los organismos reguladores deben actuar para garantizar que no exista discriminación en la oferta DSL al por mayor a los nuevos operadores.

2. La interconexión, incluido el coste de la terminación de llamadas en redes móviles y la oferta de interconexión a tanto alzado para las llamadas a Internet: la Comisión considera que no puede justificarse la amplia gama de tarifas por terminación de llamadas en redes móviles en hora punta entre Estados miembros ni considerando los costes reales de la terminación de llamadas ni considerando su nivel en relación con las tarifas promedio de red fija a red fija. Además, la Comisión considera que debe fomentarse la interconexión a tanto alzado para llamadas a Internet, y que en cualquier caso debe facilitarse a los nuevos operadores siempre que se facilite a una empresa dependiente del operador tradicional.

3. Mantenimiento de unos precios elevados, largos plazos de entrega y ausencia de orientación por los costes en las líneas arrendadas, particularmente a las velocidades que permiten el despliegue de la banda ancha y el comercio electrónico: la Comisión considera que la amplia variedad de precios aplicados en la Comunidad y los plazos de entrega notablemente distintos no pueden justificarse por diferencias en los costes o en las condiciones.

4. Mantenimiento del falseamiento de las tarifas y la compresión de precios: la Comisión considera que en algunos casos las ANR deben ser más rigurosas en la comprobación de la contabilidad reglamentaria inmediatamente después de su cierre y en la expedición de declaraciones de cumplimiento en beneficio del mercado.

5. El funcionamiento pleno de la política de numeración: la Comisión considera que debería estar ya disponible en la totalidad de los Estados miembros toda la gama de servicios de selección del operador y preselección del operador.

6. La implantación dispar de los derechos de paso: la Comisión cree que es preciso trabajar más para eliminar las incertidumbres relativas a la función asignada a las autoridades locales y municipales y para facilitar la implantación de los servicios móviles de tercera generación.

7. Protección del consumidor: la Comisión considera necesario reforzar el seguimiento de los asuntos relacionados con los consumidores y cree que sus intereses deben gozar de una protección equivalente en toda la Comunidad, en particular en lo que se refiere al control de la calidad del servicio, la transparencia de los precios y los contratos, así como a la existencia de mecanismos de reparación.

Existen también inquietudes en relación con la organización de las autoridades nacionales de reglamentación, en particular en lo que se refiere a los facultades conferidas y a su capacidad para dar una solución rápida a los litigios. Los dilatados procedimientos de recurso existentes en casi todos los Estados miembros generan incertidumbre con respecto a la reglamentación y puede ser aprovechados por los operadores tradicionales. Muchas ANR consideran que carecen de recursos suficientes o su plantilla no ha alcanzado aún el nivel previsto. El nuevo marco conferirá nuevas responsabilidades a los organismos reguladores, por lo cual es preciso trabajar ahora por la eliminación de estas inquietudes.

Por último, aunque en el informe se hace referencia a las discrepancias en las condiciones de concesión de licencias e implantación de los servicios móviles de tercera generación, las opiniones básicas de la Comisión están contenidas en su Comunicación de marzo de 2001. En lo que se refiere a la itinerancia internacional, la Comisión ha efectuado indagaciones al amparo del Reglamento 17/62, en particular en relación con las sospechas de colusión y precios excesivos. Mientras no concluya este procedimiento, la Comisión no estará en situación de hacer públicos sus hallazgos.

Séptimo informe sobre la aplicación del conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones

ÍNDICE

RESUMEN Y CONCLUSIONES PRINCIPALES

METODOLOGÍA Y OBJETIVOS

PANORÁMICA DEL MERCADO

PANORÁMICA DE LA REGLAMENTACIÓN

La reglamentación en Europa antes de la transición al nuevo marco

Principales escollos de la reglamentación en Europa

ULTERIORES INFORMES

ANEXOS- {SEC(2001)1922}

1. DATOS SOBRE EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

2. DATOS SOBRE LA REGLAMENTACIÓN, INCLUIDA LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA SOBRE SEÑALES DE TELEVISIÓN

3. PANORÁMICA DEL GRADO DE APLICACIÓN EN LOS ESTADOS MIEMBROS

4. LISTA DE OPERADORES, ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES QUE HAN INTERVENIDO EN LA PREPARACIÓN Y EN LAS AUDICIONES DEL SÉPTIMO INFORME

2. METODOLOGÍA Y OBJETIVOS

2.1. Metodología

La Comisión, en una serie de informes remitidos al Parlamento Europeo y al Consejo, ha tratado de ir examinando periódicamente tanto la transposición de las directivas que componen el actual conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones como la aplicación efectiva de las normas incorporadas al Derecho interno. Los informes han facilitado asimismo datos que han permitido determinar las tendencias en aspectos clave del mercado tales como crecimiento, tarifas de los servicios al por menor, líneas arrendadas e interconexión, acceso local y cuota de mercado de los operadores tradicionales.

Los informes quinto y sexto se centraron, en particular, sobre los progresos realizados con respecto a requisitos clave de la reglamentación referidos a autoridades nacionales de reglamentación (ANR), licencias, interconexión, acceso local, servicio universal, servicios móviles, tarifas, contabilidad de costes, líneas arrendadas, numeración, protección de datos y derechos de paso. Dichos informes se prepararon sobre la base de una serie de encuentros bilaterales entre los servicios de la Comisión y agentes del mercado (operadores tradicionales y nuevos), representantes de los usuarios y los consumidores, ANR y ministerios, y utilizando los datos sobre el mercado facilitados por las ANR.

Para elaborar este séptimo informe, los servicios de la Comisión celebraron reuniones bilaterales preparatorias con los mismos protagonistas en las capitales de los 15 Estados miembros, y las complementaron con audiciones celebradas en Bruselas a las que se invitó a organismos representativos de los agentes del mercado, los usuarios y los consumidores y a las autoridades nacionales, incluidas las responsables de la competencia. Estas audiciones se celebraron en septiembre y octubre de 2001. Se invitó a los Estados miembros a presentar escritos a la Comisión como base para los debates de las audiciones, colocándose por anticipado dichos escritos en el sitio web de la Comisión [4]. Los agentes del mercado y las asociaciones también presentaron algunas contribuciones por escrito.

[4] http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/implementation/index http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/others

Los datos sobre el mercado y la reglamentación los facilitaron las autoridades nacionales de reglamentación sobre la base de un cuestionario preparado por los servicios de la Comisión. Sus respuestas constituyen la fuente de la mayor parte de los datos que figuran en el informe y, salvo que se especifique otra cosa, reflejan la situación a 1 de agosto de 2001.

En cuanto a la reglamentación, la situación descrita corresponde al 31 de octubre de 2001, salvo que se especifique otra cosa.

2.2. Objetivos

En julio de 2000, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo cinco propuestas de directiva por las que se establece un marco regulador de los mercados de comunicaciones electrónicas, acompañado de medidas relativas al acceso y la interconexión, las autorizaciones, el servicio universal y los derechos de los usuarios y la protección de datos en el sector de las telecomunicaciones. Este nuevo marco sustituirá al creado por el actual conjunto de medidas. Existe además otra propuesta de decisión sobre la coordinación de la actuación de los Estados miembros en materia de espectro radioeléctrico. Por último, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron una propuesta del Reglamento sobre el acceso desagregado al bucle local en diciembre de 2000, que entró en vigor en enero de 2001.

El Consejo adoptó posiciones comunes sobre cuatro de las directivas el 17 de septiembre. Por consiguiente, cabe esperar que el nuevo marco regulador quede adoptado en su totalidad próximamente, estando prevista su transposición en un plazo de 15 meses a partir de su adopción.

La Comisión ha defendido repetidamente la idea de que el funcionamiento pleno y efectivo del marco actual es un requisito previo para el éxito de la transposición de nuevo marco regulador a la legislación nacional y de su aplicación en los Estados miembros. Por consiguiente, en vísperas de la adopción del nuevo marco, la Comisión, con el propósito de establecer un fundamento sólido con vistas a la aplicación del nuevo marco, está tratando de determinar, tanto horizontalmente a nivel europeo como en lo que se refiere a cada Estado miembro, qué aspectos del actual no se aplican suficientemente.

En el presente informe se presenta una panorámica de la evolución del mercado, como en los precedentes, y se recogen a continuación algunas consideraciones dictadas por el contexto de la transición al nuevo marco, acompañadas de un resumen de los principales escollos con que tropieza la reglamentación en Europa. Los anexos contienen datos detallados de análisis del mercado y sobre la reglamentación, junto con capítulos dedicados a los distintos países en los que se presenta información más amplia sobre la situación de la reglamentación en cada uno de ellos. Se pretende siempre evitar, en la medida de lo posible, las referencias a hachos comentados ya en el sexto informe, que puede consultarse en la página web de la Comisión.

En 1999, la Comisión remitió un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el funcionamiento de la Directiva 95/47/CE [5] (Directiva de señales de televisión). El anexo 2.3 contiene una evaluación actualizada sobre la evolución de su aplicación y del mercado, según exige la Directiva.

[5] Directiva 95/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión.

En el anexo del último informe figuraba un capítulo sobre la aplicación de la OMC en terceros países. La Comisión celebrará audiciones sobre este tema en noviembre de 2001 y presentará un informe por separado a los Estados miembros en el foro del Consejo adecuado.

Conviene dejar constancia asimismo de que la Comisión realiza actualmente estudios sectoriales en virtud del Reglamento 17/62 sobre los mercados de líneas arrendadas, el bucle local y la itinerancia.

3. PANORÁMICA DEL MERCADO

3.1. Crecimiento del mercado

El sector de servicios de telecomunicación, pese a los indicadores negativos de los mercados financieros, sigue constituyendo un factor de crecimiento importantísimo para la economía europea. Los mercados nacionales combinados de los 15 Estados miembros tenían a finales de 2000 un valor aproximado de 199 000 millones de euros, y se espera que alcancen los 218 000 millones para finales de 2001, lo que representa un crecimiento del 9,5%. Aunque esta cifra representa una disminución de tres puntos porcentuales con respecto al crecimiento real en 2000, aún es ligeramente superior al 9% previsto en el último informe sobre la aplicación. En el período comprendido entre agosto de 2000 y agosto de 2001, usuarios y consumidores han seguido beneficiándose de nuevas posibilidades de elegir operador y de una disminución global de las tarifas. Al mismo tiempo, la cuota de mercado de los operadores tradicionales ha seguido reduciéndose en todos los mercados de llamadas fijas.

El segmento de expansión más rápida vuelve a ser el de servicios móviles, con un crecimiento esperado del 22,3% aproximadamente, pasando de 67 000 millones de euros a finales de 2000 a 82 000 millones para finales de 2001. Es un crecimiento inferior al 38,1% real conseguido en 2000, pero superior a la previsión del 20%. Para finales de 2001 se espera que el mercado de servicios móviles represente un 38% de los ingresos de los mercados de telecomunicaciones de la UE combinados. El segmento de telefonía vocal, incluidos los servicios de Internet por conmutación, sigue siendo el más importante del mercado de la UE, con una cuota estimada del 51%, pero su crecimiento estimado permanece al nivel de 2000 (2,7%), y en algunos Estados miembros, in particular España, Italia, Austria y Finlandia, el mercado móvil lo iguala en valor o incluso lo supera ligeramente.

Los residentes en la UE gastaron en promedio 762 euros per cápita en servicios de telecomunicación (incluida la televisión por cable) en 2000, lo que significa un aumento del 14%. Se registró un gasto per cápita superior al promedio en Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Austria, Finlandia, Suecia y Reino Unido, creciendo a un ritmo especialmente fuerte la cifra correspondiente a España.

3.2. Mercado móvil

La penetración del móvil sigue aumentando de manera espectacular, a ritmos sustancialmente más rápidos que los del año anterior en todos los Estados miembros. En agosto de 2001 había un 36% más de abonados en Europa que doce meses antes. El índice de penetración medio alcanza ya el 73%, con niveles iguales o superiores al 75% en Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia y Suecia.

La cuota de mercado promedio de los principales operadores móviles ha disminuido desde 2000, siendo actualmente inferior al 50% en dos tercios de los Estados miembros. La redistribución de las cuotas de mercado durante el pasado año ha beneficiado en particular a los competidores más pequeños en Bélgica, Países Bajos, Austria, Finlandia y Reino Unido.

3.3. Posibilidades de elección de operadores

La totalidad de la población de 12 Estados miembros puede elegir entre más de cinco operadores para las llamadas internacionales y de larga distancia. En otros dos (Bélgica y Luxemburgo) las posibilidades son ligeramente más restringidas. En Grecia, los nuevos operadores titulares de licencias no habían iniciado aún sus actividades a 1 de julio de 2001.

La situación es más compleja en lo que se refiere a los servicios de llamadas locales. Seis Estados miembros (Dinamarca, Irlanda, Austria, Portugal, Suecia y Reino Unido) indican que la totalidad de su población puede escoger entre más de cinco proveedores alternativos, mientras que en España y Luxemburgo existen entre 3 y 5 operadores. En otros Estados miembros puede elegir entre 3 a 5 operadores el 85% (Italia), el 40% (Bélgica) y el 22% (Alemania) de la población. Por último, sólo un 1% de la población francesa tiene realmente la opción de no encaminar las llamadas locales a través del operador tradicional. La situación en Bélgica, España e Italia representa un progreso importante comparada con la de un año atrás.

La oferta alternativa de servicios de acceso directo se encuentra menos desarrollada: existen algunas posibilidades de elección en Bélgica, Alemania, Francia, Países Bajos, Austria y Reino Unido.

Se ha registrado un rápido aumento del uso de la preselección del operador, siendo alrededor de 110 los operadores que la utilizan para suministrar llamadas locales a usuarios residenciales, es decir, un 58% más que el año precedente, y 214 para llamadas de larga distancia e internacionales. Además, cada vez se utiliza más para suministrar llamadas locales la selección del operador, ya intensamente usada para llamadas de larga distancia e internacionales. Se ha asignado código de acceso en la UE a más de mil nuevos operadores.

3.4. Reducción global de las tarifas

Dentro del proceso en curso de reequilibrado de las tarifas, en virtud del cual las cuotas de abono promedio mensuales en la UE aumentaron en un 12% entre 1997 y 2000, dichas cuotas aumentaron en un 7% para los usuarios residenciales y en un 3% para los empresariales desde el pasado año. Las tarifas aplicadas por los operadores tradicionales a las llamadas locales han permanecido estables en términos generales desde el pasado año: 42 céntimos para una llamada de diez minutos y 14, frente a los 13 del pasado año, para una llamada de tres minutos. Sin embargo, se han registrado aumentos notables en Portugal (del 100% para las llamadas locales breves y del 30% para las de diez minutos), y en Bélgica y Francia (33% y 25% respectivamente para llamadas de tres minutos). Las llamadas locales más caras son las de Bélgica, Austria, Reino Unido, Portugal e Irlanda, con tarifas superiores al promedio de la UE tanto para las llamadas de tres minutos como para las de diez.

Al mismo tiempo, siguen disminuyendo las tarifas de los operadores tradicionales para las llamadas de larga distancia, ascendiendo el precio promedio de una llamada de larga distancia de tres minutos a 40 céntimos, frente a los 45 del pasado año (11% de disminución desde el año pasado y 45% desde 1998). El coste de una llamada de diez minutos pasó de 144 céntimos a 124 (14% de disminución desde el año pasado y 47% desde 1998). Las reducciones más importantes con respecto al 2000 corresponden a Bélgica (60% a 70% según la duración de la llamada), Austria (58%) y Grecia (alrededor del 30%). También bajaron los precios en Portugal, Italia y España, aunque sigan por encima del promedio de la UE.

Globalmente, el gasto mensual promedio de la UE en llamadas nacionales (llamadas locales y de larga distancia y cuotas fijas) ha disminuido continuamente en los últimos años, pasando de 37,02 EUR a 32,75 EUR entre agosto de 1998 y 2001 para usuarios residenciales, IVA incluido, y de 85,57 EUR a 68,54 EUR para usuarios empresariales, IVA excluido. No obstante, algunos Estados miembros registraron un aumento en el coste total de las llamadas nacionales en el caso de los usuarios residenciales, especialmente a lo largo del pasado año.

En lo que se refiere a las llamadas locales y de larga distancia, se produjo durante el pasado año una consolidación de la tendencia a la reducción o eliminación de la influencia de la distancia en el precio de una llamada. A 1 de agosto de 2001, las tarifas de las llamadas en hora punta no tienen ya en cuenta la distancia (llamadas locales, regionales y nacionales de 3, 50 y 200 km respectivamente) en Estados miembros pequeños tales como Bélgica y Dinamarca (en Luxemburgo ya era el caso), mientras que en Austria las diferencias existentes son ya mínimas. En Grecia el operador tradicional no aplica ya tarifas diferentes a las llamadas locales y regionales. Se ha consolidado el proceso de eliminación de diferencias entre las llamadas de 50 y 200 km, realidad ya en Irlanda, Italia, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido e introducido más recientemente en Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia y Suecia. En España y Portugal persisten las distintas tarifas en función de la distancia.

Se ha registrado una disminución general del coste de las llamadas internacionales a través de los operadores tradicionales durante el pasado año, habiendo pasado de 1,43 EUR a 1,18 EUR (un 17% menos desde 2000) para los usuarios residenciales y de 1,02 EUR a 0,81 EUR (un 21% menos desde 2000) para los empresariales; desde 1998, la disminución ha sido de 1,84 EUR y 1,33 EUR respectivamente.

En agosto de 2001 el gasto mensual promedio en la UE correspondiente a una cesta combinada de llamadas nacionales e internacionales había disminuido con respecto al año anterior en un 4% para los usuarios residenciales y en un 4,6% para los empresariales. En media, un tercio del gasto mensual corresponde a cuotas fijas (incluidos el abono y una parte de las cuotas de alta) y dos tercios a las tarifas por realización de llamadas locales, de larga distancia, internacionales y a redes móviles. Sin embargo, esta proporción varía de un Estado miembro a otro, representando las cuotas fijas un 58% del gasto mensual en Luxemburgo y sólo un 23% en Grecia.

Los nuevos operadores suelen aplicar tarifas bastante inferiores a las de los operadores tradicionales, dependiendo del tipo y la duración de la llamada. Los siguientes ejemplos se basan en una muestra limitada de ofertas de los operadores alternativos (véase anexo 1.3).

Para llamadas de larga distancia, un operador alternativo ofrece en Alemania tarifas inferiores en un 75% a las del tradicional, mientras que operadores nuevos de Bélgica, Francia (para llamadas de más duración), España y Reino Unido cobran entre un 36% y un 56% menos que sus operadores tradicionales correspondientes. El principal operador nuevo de Suecia, por el contrario, aplica tarifas sólo un 10% por debajo de las del tradicional, aunque estas se encuentran ya entre las más bajas de la UE.

Para llamadas locales, los nuevos operadores ofrecen reducciones sustanciales, sin ser tan llamativas: entre el 25% y el 29% en Alemania, el 12% y el 18% en Francia y Reino Unido, y en torno al 8% en Suecia.

3.5. Reducción de las cuotas de mercado de los operadores tradicionales

Las cuotas de mercado de los operadores tradicionales por ingresos al detalle siguieron disminuyendo en todos los segmentos de servicios de llamadas fijas a lo largo del año transcurrido. Se calcula que, en promedio, los operadores tradicionales han perdido desde la liberalización aproximadamente un 10% de los mercados de llamadas locales (todas las llamadas locales) y en torno al 20% del mercado de larga distancia y al 30% del de llamadas internacionales.

La cuota del operador tradicional en lo que se refiere a ingresos al detalle para llamadas internacionales está por debajo del 50% en un Estado miembro (Reino Unido), situándose en torno al 60% en tres Estados miembros (Alemania, Italia y Suecia) y entre el 70% y el 75% en otros tres (Francia, Irlanda y Países Bajos). La caída de la cuota ha sido especialmente notable en países como Alemania, Francia, Italia y Países Bajos, que introdujeron la liberalización el 1 de enero de 1998, y en Irlanda, que abrió su mercado casi un año después. También se aprecia una disminución de las cuotas en el segmento de llamadas locales (p. ej., los operadores tradicionales poseen una cuota del 70% aproximadamente en Alemania y Reino Unido en lo que se refiere a ingresos al detalle), aunque los operadores tradicionales mantienen cuotas de entre el 90 y el 100% del mercado en al menos diez Estados miembros.

Los anexos 1 y 2 contienen gráficos y cuadros detallados que ilustran las tendencias señaladas, así como datos adicionales sobre valores del mercado, índices de penetración, cuotas de mercado, tarifas al detalle y tarifas aplicadas a la interconexión y a las líneas arrendadas.

4. PANORÁMICA DE LA REGLAMENTACIÓN

En esta sección se presentan algunas consideraciones generales surgidas durante la preparación del informe en relación con el marco actual y la transición al nuevo y, a continuación, se resumen las principales inquietudes planteadas en relación con la aplicación práctica del actual marco regulador a nivel europeo.

En este contexto, con posterioridad al sexto informe las autoridades nacionales de reglamentación, sin excepciones, han progresado considerablemente en la supervisión del proceso de aplicación y han consolidado una pauta de cooperación con los otros organismos reguladores europeos que prefigura la futura coordinación en el seno del Grupo Europeo de Reguladores de los Servicios y las Redes de Comunicaciones Electrónicas.

4.1. La reglamentación en Europa antes de la transición al nuevo marco

En lo que se refiere a los nuevos operadores, los retos planteados por la actual situación financiera y del mercado militan en favor de una transición mensurada al contexto regulador más flexible establecido por el nuevo marco. Corresponde obviamente a los Estados miembros estudiar esta situación, en particular al amparo de los mecanismos, contenidos en la nueva Directiva de acceso, relativos a la revisión por las ANR de las obligaciones ya existentes en materia de acceso e interconexión con arreglo a las Directivas de interconexión, telefonía vocal y líneas arrendadas.

Desde esta perspectiva, la relajación de las obligaciones existentes que permitirá el nuevo marco regulador adaptado a un entorno competitivo solamente resultaría adecuada cuando se hubiera aplicado plenamente el marco actual. En lo que se refiere al acceso desagregado al bucle local y a las tarifas de las líneas arrendadas, por ejemplo, existen varios Estados miembros que aún deben adoptar medidas encaminadas a garantizar la orientación por los costes, y no deberían suprimirlas en el nuevo marco hasta que así lo recomendara un análisis del mercado efectuado por las ANR. Análogamente, los países candidatos no podrán aplicar el nuevo marco sin haber establecido antes los cimientos pertinentes basándose en el actual.

También es evidente la necesidad de aplicar el marco actual de manera coherente en toda la Comunidad antes de pasar al nuevo, si se quiere alcanzar con las nuevas directivas el objetivo de que todos los agentes del mercado puedan competir en Europa en igualdad de condiciones. Habrá que esforzarse por garantizar el respeto de las normas del mercado único, en particular si se quiere que resulten viables varios servicios nuevos. La persistencia de una reglamentación fragmentada obstaculizará sin duda la aparición de operadores paneuropeos capaces de prestar servicios paneuropeos. Los agentes paneuropeos están actualmente desmoralizados por las divergencias que persisten en la reglamentación, divergencias de las que son víctimas por la propia naturaleza de sus operaciones, incluidos los operadores tradicionales de un Estado miembro que son operadores nuevos en otro.

Importan asimismo que los distintos aspectos del actual marco regulador se apliquen de manera coherente dentro de cada Estado miembro. Los principios relacionados con las tarifas, la contabilidad de costes y la no discriminación, por ejemplo, están relacionados entre sí y exigen una estrategia de aplicación coherente por parte de las ANR, que deben disponer de facultades y procedimientos que les permitan evitar la apropiación del mercado a través del falseamiento de las tarifas. Es precisa asimismo una separación clara de las funciones de los diversos organismos que ejercen funciones reguladoras. Una distribución de responsabilidades compleja o un solapamiento de las competencias no solo van en detrimento de la seguridad y coherencia de la reglamentación, sino que suele desembocar en un empleo poco eficiente de los recursos. Resulta asimismo esencial impedir que consideraciones políticas puedan justificar la intervención en el proceso de reglamentación y en el mercado, por ejemplo imponiendo o avalando unas tarifas al detalle artificialmente bajas. Es evidente el riesgo que esto supondría para la competencia: en el mercado de acceso local de banda ancha, por ejemplo, factores como un precio elevado para el acceso desagregado al bucle local y la coubicación, la ausencia de acceso compartido, la inexistencia de un servicio DSL al por mayor prestado por el operador tradicional y la autorización del organismo regulador al operador tradicional para que ofrezca sus propios servicios DSL a precios al detalle bajos conspirarán para impedir la entrada en el mercado de nuevos operadores

La mayor parte de los Estados miembros han transpuesto el concepto de no discriminación en consonancia con las directivas (en particular, las de interconexión y líneas arrendadas), pero muchos no han conseguido garantizar la aplicación práctica de tal principio. La no discriminación significa que los operadores tradicionales deben dar a los nuevos operadores el mismo trato que a sus asociadas que compiten con ellos; por consiguiente, las ANR tienen que procurar que dicha igualdad de trato se aplique, en particular, a la comunicación de información sobre el lanzamiento de productos al detalle. El hecho, representativo de la igualdad de trato, de que las ofertas al por mayor sean simultáneas con las ofertas al detalle no debe invalidarse comunicando las ofertas a la empresa asociada al operador tradicional antes que a sus competidores. Algunos operadores tradicionales se encuentran en proceso de reestructuración, y en la medida en que esto suponga una mayor transparencia y la ausencia de discriminación, hay que congratularse de ello.

Existe una demanda, en particular por parte de los nuevos operadores y de los organismos de usuarios y consumidores, de orientación permanente en materia de evaluación comparativa y mejores prácticas. Las evaluaciones comparativas se ha demostrado muy útiles en la transición a una comprobación plena de los costes de los servicios regulados. Sin embargo, seguir adelante con la política de evaluaciones comparativas plasmadas en recomendaciones, en relación por ejemplo con la interconexión, podría resultar contraproducente, ya que con ello de alguna manera se da a entender que, en cierta medida, es posible llegar a unas tarifas orientadas por los costes sin imponer principios de contabilidad de costes. No obstante, sigue teniendo una importancia clara la publicación de datos sobre las tarifas de interconexión y líneas arrendadas, y en particular de las desviaciones de los topes contenidos en la Recomendación de 1999 [6], así como sobre la oferta, y esto se efectuará en los ulteriores informe sobre la aplicación y en los documentos del Comité ONP a disposición del público. Igual de importantes son los informes sobre las mejores prácticas, por ejemplo en relación con la resolución de litigios por las ANR o las guías sobre precios al consumo.

[6] Recomendación de la Comisión sobre los precios de interconexión para líneas arrendadas en un mercado de las telecomunicaciones liberalizado, C(1999) 3863, noviembre de 1999.

Conviene señalar que algunas de las medidas en favor de la competencia contenidas en el nuevo marco, tal como se reflejan en las posiciones comunes adoptadas el 17 de septiembre de 2001, están aplicándose ya en varios Estados miembros. Un ejemplo es la conservación del número en las redes móviles, que es ya efectiva en Dinamarca, España y Reino Unido y entrará en vigor en Italia a principios de 2002 y en Alemania en Irlanda más avanzado del año, para fomentar la competencia en un sector que, en opinión de algunos organismos reguladores, aún no es competitivo. Hay que congratularse de esta aplicación de salvaguardias para la competencia, frente a una flexibilización prematura de la reglamentación.

4.2. Principales escollos en la reglamentación en Europa

Presentamos a continuación un panorama de los problemas horizontales más importantes de la reglamentación en los Estados miembros. Las cuestiones esenciales que tienen planteadas actualmente los organismos reguladores, aparte de la necesidad de perfeccionar y aclarar sus propios métodos de funcionamiento, son: tarifas por terminación de llamadas en redes móviles, interconexión a tanto alzado para acceso a Internet, competencia en el acceso local, en particular en el caso de la banda ancha, tarifas y oferta de líneas arrendadas y tarifas y principios de contabilidad de costes en general. También se hace referencia a la implantación de las redes móviles de tercera generación, dada su importancia para el desarrollo futuro del mercado; este tema fue objeto de una Comunicación de la Comisión en marzo de 2001 [7]. También siguen pendientes determinadas cuestiones relativas a: numeración, servicio universal, derechos de paso y transposición de la Directiva de protección de datos específica para las telecomunicaciones.

[7] Comunicación sobre la introducción de las comunicaciones móviles de tercera generación en la Unión Europea: Situación actual y perspectivas de futuro, COM(2001)141 de 20 de marzo de 2001.

4.2.1. Las autoridades nacionales de reglamentación y los mecanismos de recurso

Para hacer posible la incorporación sin trabas al mercado y la seguridad reglamentaria es preciso que las ANR cuenten con unas facultades de adopción de decisiones claramente definidas, unos procedimientos ágiles y unas sanciones disuasorias que les permitan controlar el comportamiento de los operadores tradicionales. A menudo no es éste el caso, y los nuevos operadores demandan que los organismos reguladores actúen de manera más proactiva y se adelanten a los acontecimientos. Una de las áreas en las que se ha señalado la ausencia de proactividad y/o competencias de parte de las ANR en casi todos los Estados miembros es la de la aplicación del acceso desagregado al bucle local. En lo que se refiere al funcionamiento de los organismos reguladores, preocupa el reparto de competencias entre éstos y los ministerios correspondientes, que a veces es poco clara y retrasa la intervención reguladora. Este problema se plantea sobre todo en Italia en lo que se refiere a la concesión de licencias y en Austria en lo relativo a la gestión del espectro y la numeración. En España, la amplia división de tareas dificulta la coordinación de las decisiones reguladoras.

En un mercado que evoluciona tan aprisa, los agentes desean que la ANR resuelva los litigios rápidamente. Sin embargo, existe un conflicto obvio entre, por una parte, la calidad de las decisiones y, por otra, su rápida adopción al ritmo de la evolución del mercado. En algunos Estados miembros, el operador tradicional (y en algunos casos sus filiales) ha conseguido adelantarse y tomar posiciones en la implantación de los servicios DSL, mientras los operadores nuevos emprendían lentas acciones ante los organismos reguladores y los tribunales. Otra dificultad es que las autoridades se resistirán a suspender la introducción de nuevos servicios, en particular de banda ancha, por los operadores tradicionales si tal medida les expone a ser acusadas de "bloquear la implantación de la sociedad de la información". El impulso político al despliegue de los servicios de alta velocidad debe tener en cuenta la necesidad de facilitar la incorporación a este nuevo e importante mercado.

Preocupa también en algunos casos concretos la falta de capacidad coactiva, en particular para conseguir que el operador tradicional aplique las decisiones de la ANR. En particular, existen problemas relacionados con la duración y complicación de los procedimientos en Francia, Italia, Austria y Portugal, y con la escasa cuantía de las sanciones en Irlanda y Alemania.

Por otra parte, parece que los operadores tradicionales han mantenido, por motivos estratégicos, su práctica de recurrir sistemáticamente las decisiones de las ANR (en Alemania, Grecia, España, Italia, Irlanda, Austria, Finlandia y Suecia en particular), pese a que en la mayor parte de los casos los recursos no prosperen. Aun cuando un proceso con garantías constituya un principio jurídico fundamental, es necesario que las ANR desincentiven las medidas dilatorias desproporcionadas. Los operadores manifiestan preocupación por la duración de los procedimientos de recurso en Bélgica, Alemania, Países Bajos, Austria y Finlandia. En Alemania, la ANR ha dejado en suspenso sus decisiones relativas a la implantación de los servicios DSL mientras los tribunales se pronuncian sobre el tema de la suspensión, y en Suecia los tribunales han dejado en suspenso la decisión de la ANR relativa al abaratamiento de las tarifas de interconexión móvil.

El nuevo marco regulador atribuirá a las ANR tareas nuevas y complejas, referidas en particular al análisis del mercado y a la designación de las empresas con peso significativo en el mercado aplicando el criterio del dominio. Por tanto, es fundamental que funcionen al cien por cien con arreglo a la marco actual en lo que se refiere a competencias, asignación de tareas, recursos y capacidad operativa. Algunas ANR han señalado expresamente en las audiciones que deberán ser dotadas de mayores recursos presupuestarios y humanos; las hay que no tienen cubierta todavía la plantilla establecida en su plan de creación. El cuadro 1 del anexo 2.4 contiene una panorámica de la financiación y dotación de personal de las ANR.

4.2.2. Interconexión - terminación de llamadas en redes móviles

Preocupa en algunos Estados miembros la competitividad en el mercado de terminación de llamadas en redes móviles. Aun cuando la tarifa promedio en hora punta para la terminación de llamadas en móviles disminuyó en Europa en torno a un 10% a lo largo del pasado año, su valor en términos absolutos, 18,16 céntimos, es diez veces superior al de la tarifa promedio de interconexión de red fija a fija al nivel de tránsito doble. Aunque los factores de costes sean evidentemente distintos en el caso de las redes móviles y de las redes fijas, esta diferencia de un orden de magnitud resulta difícil de explicar.

En lo que se refiere a la disparidad de precios de un Estado miembro otro, las tarifas en hora punta de tres Estados miembros (Grecia, Italia y Portugal) son dos veces superiores aproximadamente a las del Estado miembro donde las tarifas son más bajas (Reino Unido); las tarifas de otros tres Estados (España, Francia y Finlandia) están cerca de las más elevadas, y las de otros tres (Luxemburgo, Austria y Suecia) próximas a la más baja (véase anexo 2.2). Las tarifas por terminación de llamadas en móviles aquí consideradas no incluyen la última revisión de control de precios de la ANR del Reino Unido.

Los organismos reguladores suelen coincidir en que el problema deriva del hecho de que sea el que efectúa la llamada, y no el que le recibe, el que abona la tarifa por terminación. Los operadores fijos alegan que puede obtenerse una indicación del nivel de las tarifas por terminación en móvil en un mercado competitivo dividendo por dos el coste de una llamada dentro de la red móvil de que se trate, y que esta fórmula pone de manifiesto que los niveles de las tarifas son discriminatorios.

Los operadores móviles, por su parte, alegan que existen ahorros intrínsecos en las llamadas dentro de una red, que la competencia existe en virtud del número de métodos con que es posible efectuar una llamada (fijas, móviles, VoIP, etc.) y que la reducción de las tarifas por terminación en móviles inducirá un incremento de las tarifas por retención, y por lo tanto de los márgenes, de los operadores fijos, y en particular del tradicional. Además, existe una presión competitiva derivada del hecho de que los usuarios empresariales de los servicios móviles tenderán a dirigirse al operador cuyas tarifas por terminación sean más bajas cuando dichos usuarios efectúen un gran número de llamadas de redes fijas a móviles, caso por ejemplo de las llamadas desde la sede central a los móviles de los vendedores. Se baraja, no obstante, el contraargumento de que los operadores móviles explotan el interés por los precios de los usuarios empresariales ofreciéndoles paquetes especiales (es decir, aplicando discriminaciones de precios); además, la inexistencia de la conservación del número móvil y de integración de los servicios fijo y móvil imponen costes elevados a los usuarios empresariales que desean cambiar de operador móvil.

Los organismos reguladores tienen a su disposición las normas de la ONP contenidas en las directivas, incluidos los principios de orientación por los costes para los operadores con peso significativo en el mercado (PSM) nacional de la interconexión, junto con, en determinados casos, facultades en materia de competencia u otras con arreglo a la legislación nacional. La Comisión investiga actualmente una reclamación oficial al amparo del artículo 82 del Tratado (abuso de posición dominante) en relación con varios operadores de redes móviles.

Existen actualmente en Europa nueve situaciones reglamentarias:

Cuadro 1 - Regulación de las tarifas por terminación en redes móviles en Europa

Francia, Irlanda, Suecia; Austria hasta octubre de 2001 [8] // La ANR designa los operadores móviles que tienen PSM en el mercado nacional de interconexión, e impone obligaciones de orientación por los costes (actualmente en revisión en Austria)

[8] Por decisión de 5 de noviembre de 2001, la ANR no aplica ya la orientación por los costes a ninguno de los operadores móviles (pues no existe ninguna designación de PSM en lo que se refiere al mercado nacional de interconexión), pero aplica el principio de "precios apropiados" en virtud de sus competencias de resolución de litigios.

Bélgica // La ANR designa los operadores móviles que tienen PSM en el mercado nacional de interconexión, pero impone reducciones de las tarifas basándose en comparaciones europeas

Italia // La ANR designa los operadores móviles que tienen PSM en el mercado nacional de interconexión, pero no se han actualizado las medidas de control de tarifas aplicadas

España // La ANR designa los operadores móviles que tienen PSM en el mercado nacional de interconexión, pero no ha concluido la comprobación de sus cuentas reglamentarias

Portugal, Reino Unido // La ANR no designa operadores con PSM en el mercado nacional de interconexión, pero impone controles de tarifas "apropiados" o "proporcionados" a todos los operadores móviles en virtud de sus facultades en materia de competencia

Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos // La ANR no designa operadores con PSM en el mercado nacional de interconexión, y por lo tanto no impone controles a las tarifas de interconexión

Alemania // La ANR no designa operadores con PSM en el mercado nacional de interconexión ni en el mercado móvil

Grecia // La ANR designa operadores con PSM en el mercado móvil, pero no en el mercado nacional de interconexión

Finlandia // La ANR designa operadores con PSM en el mercado móvil. Los operadores móviles cobran una cuota al usuario final (por oposición a una tarifa de interconexión) por la terminación de llamadas originadas en una red fija

La Comisión considera que las enormes diferencias que exhiben las tarifas por terminación de llamadas en móviles en hora punta de un Estado miembro a otro, desde 12,44 céntimos a 23,69 céntimos, no pueden justificarse en función de los costes reales de la terminación de llamadas ni de su nivel en relación con las tarifas promedio de red fija a red fija. Por consiguiente, es necesario que los organismos reguladores intervengan para corregir los excesos, apoyándose sea en la Directiva de interconexión, sea en sus facultades en materia de competencia. Sin embargo, aun cuando el peso de los operadores móviles en los mercados móviles nacionales y en los mercados de interconexión nacionales varíe patentemente de un Estado miembro a otro, la gama de soluciones reguladoras adoptadas y la variación de los precios por terminación de llamadas en hora punta, detalladas en el gráfico 8 del anexo 2.2, ilustran las divergencias posibles dentro de la reglamentación actual.

4.2.3. Interconexión - originación de llamadas de acceso a Internet a tanto alzado (FRIACO)

La gran mayoría de los usuarios europeos accede actualmente a Internet a través del teléfono ordinario o de una línea RDSI: es el acceso "en banda estrecha". Uno de los factores que disuade de una mayor utilización de Internet es que el cliente sabe que, en ausencia de una tarifa a tanto alzado o independiente del tiempo de conexión, la factura subirá con cada minuto que pase en línea. Muchos agentes del mercado consideran que el aumento del acceso en banda estrecha es la puerta que conduce a los servicios de mayor calidad disponibles a través de soluciones "de banda ancha", en particular DSL/ADSL (línea de abonado digital/DSL asimétrica) y cable de televisión. Cuando los operadores tradicionales ofrecen servicios de acceso a Internet al por menor independientes del tiempo de conexión, están obligados, con arreglo al principio de no discriminación, a ofrecer la misma interconexión a sus competidores para que éstos puedan prestar los mismos servicios.

Tras su decisión, de mayo de 2000, de obligar al operador tradicional a ofrecer una interconexión a tanto alzado, el organismo regulador del Reino Unido determinó en febrero de 2001 que debería ofrecerse la FRIACO a un nivel de la red situado por encima de las centrales locales, facilitando así a los nuevos operadores la prestación de servicios a tanto alzado, al no quedar obligados a invertir en la capacidad necesaria para llegar a las centrales locales. El precio al por menor del acceso a Internet en banda estrecha independiente del tiempo de conexión comienza en 21 EUR, y el 40% de los 10 millones de hogares del Reino Unido conectados a Internet utilizan paquetes a tanto alzado.

En los demás Estados miembros los avances han sido más lentos por causa de diversos factores. En Alemania, la ANR estableció en noviembre de 2000 que el operador tradicional, cuya filial ofrecía un producto a tanto alzado, debía hacer una oferta de interconexión a tanto alzado a sus competidores; pero la oferta al detalle de la filial del operador tradicional fue abandonada en marzo de 2001 y el recurso del operador tradicional contra la disposición de la ANR confirmado posteriormente por los tribunales. En los Países Bajos, la ANR determinó en noviembre de 2000 que el operador tradicional debía hacer una oferta de interconexión a tanto alzado. En un principio, la obligación se limitaba a la RDSI, pero está en marcha una consulta para ampliar la oferta. El operador tradicional ha recurrido el precio fijado por la ANR en abril de 2001. En Portugal, se introdujeron tarifas a tanto alzado para los servicios propios del operador tradicional en diciembre de 2000, pero la decisión de la ANR sobre las tarifas de interconexión ha sido recurrida, aunque no haya quedado en suspenso.

En Francia, el operador tradicional ha hecho ofertas de interconexión a tanto alzado a los nuevos operadores a nivel tanto local como regional, y se espera que el servicio entre en funcionamiento durante el otoño. En España, la ANR ha fijado precios de interconexión a tanto alzado para la originación de llamadas a Internet. Se están llevando a cabo, o han sido anunciadas, revisiones de los precios de acceso a Internet en Bélgica, Irlanda, Italia y Suecia.

El anexo 1.6 contiene un análisis de los precios de acceso a Internet por conmutación para perfiles residenciales y empresariales, basado en los paquetes de acceso a Internet disponibles en los Estados miembros.

4.2.4. La competencia en el mercado de acceso local

El Consejo Europeo de Lisboa reconoció, a la luz de las conclusiones de anteriores informes sobre la aplicación, que una de las claves de la competencia en el acceso de banda ancha era la apertura de la red de acceso local. Un elemento importante es la desagregación del bucle local (LLU), incluido el acceso compartido [9], dentro de un conjunto de métodos de acceso entre los que se incluyen el cable de televisión, el bucle local inalámbrico y el acceso indirecto a través del operador tradicional (bitstream) [10].

[9] Acceso al espectro de frecuencias distintas de la banda vocal del par de cobre trenzado.

[10] El operador tradicional instala un enlace de acceso de alta velocidad a los locales del cliente y luego pone este enlace de acceso a disposición de terceros para que puedan prestar servicios de alta velocidad a los clientes.

La implantación del acceso desagregado al bucle local, obligatoria a partir de enero de 2001 en virtud del Reglamento 2887/2000 [11], ha resultado decepcionante. En todos los Estados miembros se han publicado ofertas de referencia que incluyen tanto la desagregación como la coubicación [12], pero no el acceso compartido en los casos de Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo o Portugal (véanse las fechas de publicación de las ofertas de referencia en el cuadro 1 del anexo 2.1). Se han celebrado acuerdos de desagregación completa en diez Estados miembros, con participación de más de 200 operadores, la mitad de los cuales corresponden a Alemania, país donde la legislación nacional hizo obligatoria la desagregación en 1998. El número de líneas realmente desagregadas varía enormemente (véase el cuadro de la presente sección), desde unas pocas a una cantidad importante. No se ha desagregado ninguna línea en Irlanda ni en Luxemburgo. El acceso compartido tiene operatividad actualmente sólo en Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Suecia, aunque limitado a unos pocos centenares de líneas. En Francia se está en fase de pruebas.

[11] Reglamento (CE) no 2887/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, sobre el acceso desagregado al bucle local.

[12] Por coubicación se entiende el suministro del espacio físico y los recursos técnicos necesarios para acomodar y conectar los equipos del nuevo operador.

La traducción del imperativo político en realidad operativa ha resultado compleja para todos los implicados y se ha visto sometida a diversas demoras. Las ANR y los operadores han tenido que seguir una empinada curva de aprendizaje para superar las dificultades prácticas en materia, especialmente, de coubicación y fijación de precios. Además, en el caso de la LLU están presentes justamente los mismos factores que han lentificado el suministro, por ejemplo, de líneas arrendadas a precios competitivos y con plazos de entrega no discriminatorios, tales como una defectuosa supervisión de los sistemas de contabilidad de costes y unos procedimientos de resolución de litigios demasiado lentos. A esto hay que añadir la poca voluntad o la incapacidad de algunos operadores tradicionales para abrir plenamente este servicio de manera que sus competidores puedan acceder a él de manera efectiva y no discriminatoria y la posibilidad que su envergadura relativa, y en algunos casos las participaciones estatales, les ofrece de esperar a que amaine la situación económica actual. Los elevados gastos iniciales (coubicación, conexión de líneas, inversión en equipos o enlaces de retroceso) son difíciles de amortizar y han actuado como elemento disuasorio de la incorporación al mercado. Sin embargo, las dificultades financieras no deberían ser motivo de que los operadores tradicionales demorasen la desagregación con la esperanza o previsión de que los competidores acabarán por abandonar el mercado. En la situación actual, las ANR tendrán que estar particularmente atentas a este factor.

La coubicación de los equipos de los nuevos operadores en los locales de los tradicionales o mediante mecanismos que hagan posible la coubicación "virtual" o "a distancia" se ha demostrado un proceso lento y complejo. En el Reino Unido, por ejemplo, los nuevos operadores prepararon la especificación sobre coubicación, pero hubo que revisarla a la luz de la experiencia práctica. El organismo regulador italiano optó por poner fin a los trabajos de coubicación antes de desagregar efectivamente las líneas. Se considera que la coubicación es operativa en más del 20% de los repartidores principales (MDF) en Alemania, en el 12,5% en Dinamarca, y algo menos en los demás Estados miembros. El gráfico 2 del anexo 2.1 muestra el porcentaje de MDF para los que estaba operativa la coubicación en julio de 2001.

Sin embargo, aun cuando el número de líneas completamente desagregadas represente actualmente un pequeño porcentaje del total de líneas de acceso de Europa, ese número está creciendo en Dinamarca (40 000 líneas), Alemania (550 000), Italia (unas 1 000, incluidas las correspondientes a la fase de pruebas), Países Bajos (6 650), Austria (2 900) y Finlandia (40 000). También existen líneas desagregadas operativas en Suecia (1 605) y en menor medida en el Reino Unido (137). En Francia y Portugal se realizan pruebas actualmente.

Pese a los progresos realizados, el ritmo de aplicación del nuevo Reglamento no resulta globalmente satisfactorio y es preciso acelerarlo para abrir las redes locales a la competencia, en particular en el nuevo mercado de servicios de banda ancha al detalle. Para ello, las ANR deberán ejercer una vigilancia activa, fijando plazos obligatorios e imponiendo sanciones económicas creíbles a los operadores tradicionales que no cumplan los requisitos establecidos.

El operador tradicional ofrece su propio servicio de acceso a Internet de alta velocidad al detalle en 13 Estados miembros. El servicio del operador tradicional se ha desarrollado rápidamente en Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Italia, Países Bajos, Austria, Finlandia y Suecia (como porcentaje del total de líneas de abonado de dicho operador). Con arreglo al principio de no discriminación [13], las ofertas al detalle de los operadores tradicionales deben ir acompañadas de ofertas al por mayor a los competidores. Se han celebrado acuerdos para la prestación de servicios al por mayor por el operador tradicional a los nuevos operadores en Dinamarca, España, Italia, Austria, Suecia y Reino Unido, mientras que en Francia se encuentran en pruebas. También existe un servicio al por mayor en Bélgica, Países Bajos y Portugal, y recientemente ha quedado disponible en Suecia, aunque al parecer los nuevos operadores no lo utilizan aún. Sin embargo, sólo en dos Estados miembros (Dinamarca y Reino Unido) es comparable el número de líneas de acceso de alta velocidad de los nuevos operadores al número de líneas de acceso al detalle del operador tradicional (véase gráfico 5 del anexo 2.1). En siete Estados miembros (Bélgica, Alemania -donde según los nuevos operadores el operador tradicional ofrece un servicio por debajo del coste-, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia) el operador tradicional (en algunos casos con sus filiales) posee la totalidad o práctica totalidad de las líneas de acceso DSL. Esta ventaja de ser el primero en llegar se acentúa más aún cuando no se ofrece acceso compartido al bucle local. En Alemania, donde el servicio de alta velocidad del operador tradicional cuenta actualmente con 1,2 millones de clientes y espera recoger un millón más antes de finalizar 2001, no se ofrece ni DSL al por mayor ni acceso compartido. Allí donde se ofrecen servicios DSL al por mayor, los nuevos operadores indican que las ofertas suelen referirse a servicios ADSL que no les permiten prestar a sus clientes PYME servicios VDSL más adecuados a las necesidades de las empresas.

[13] Apartado 7 del artículo 16 de la Directiva 98/10/CE (nueva Directiva de telefonía vocal); apartado 3 del artículo 1 del Reglamento 2887/2000 (acceso desagregado al bucle local).

Todos los Estados miembros han comprendido el mensaje de Lisboa sobre la necesidad de garantizar un acceso a Internet barato como peldaño hacia la economía de la información, pero algunos no han adoptado medidas suficientes para hacer posible la oferta de un acceso DSL de bajo coste sobre bases competitivas. Cuando los operadores tradicionales fijan unos precios para el acceso artificialmente bajos, puede tratarse de una táctica predatoria; cuando los impone el gobierno o el organismo regulador, pueden constituir una infracción de los principios de tarificación del marco de la ONP. En cualquier caso, tienden a reforzar la posición dominante del operador tradicional y a excluir a sus competidores. Además, se plantea la cuestión de la compresión de precios cuando las tarifas de acceso compartido y bucle local desagregado son demasiado elevadas para que los nuevos operadores puedan obtener un margen en sus propias ofertas al detalle; la compresión de precios puede existir también entre el precio al por mayor del acceso indirecto y la oferta DSL del operador tradicional.

>SITIO PARA UN CUADRO>

Las opiniones sobre el papel del bucle local inalámbrico (WLL) en la apertura a la competencia del acceso local varían mucho de un Estado miembro a otro. En algunos la asimilación ha sido extremadamente lenta, mientras que en otros, en particular Italia, se considera que el WLL es una alternativa potencial a la desagregación del bucle local y a ciertas aplicaciones de las líneas arrendadas, aunque los nuevos operadores se han quejado de la incertidumbre que pesa sobre las condiciones y plazos de concesión de licencias. Se ha concedido un elevado número de licencias locales en particular en Alemania, Francia, Finlandia y Reino Unido. Se han otorgado licencias nacionales en Bélgica, Dinamarca, Grecia, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Austria, Portugal y Reino Unido. En el cuadro 3 del anexo 2.1 se presenta un panorama completo.

La manera de regular el WLL difiere asimismo enormemente, habiendo excluido algunas ANR al operador tradicional del proceso de concesión de licencias (Países Bajos; Italia durante un período de cuatro años) vista su posición dominante en el mercado del acceso local. En términos generales, y en razón de sus costes, el WLL parece más adecuado para atender las necesidades de los clientes empresariales que las de los residenciales.

En ocho Estados miembros (Bélgica, Alemania, España, Francia, Países Bajos, Portugal, Austria y Reino Unido -véase el gráfico 8 del anexo 2.1), se utiliza actualmente la infraestructura de la televisión por cable para prestar servicios de telefonía vocal, y en once Estados miembros entre el 60% y el 100% de los hogares disponen de cable (véase el gráfico 7 del anexo 2.1). Estas redes hacen o pueden hacer posible la competencia en el acceso de banda ancha. Por ello, pueden influir en la asimilación de otros medios de acceso, tales como el bucle local inalámbrico, y en la forma en que los organismos reguladores tratan de establecer un equilibrio entre la competencia en los servicios y en las infraestructuras.

El anexo 1.6 contiene datos sobre la penetración y precios de los servicios de banda ancha.

4.2.5. Líneas arrendadas

Los nuevos operadores y los usuarios empresariales están muy preocupados por el tema de los precios y la oferta de las líneas arrendadas. En el caso de las líneas de corta distancia (circuitos de cola) utilizadas para acceder a las redes corporativas, la banda ancha y el comercio electrónico, existe especial inquietud en relación con las líneas de 2 Mbit/s, objeto de mayor demanda.

En lo que se refiere a las líneas arrendadas nacionales, las tarifas de 2 Mbit/s siguen presentando notables diferencias de un Estado miembro a otro, variando el alquiler anual para una línea de 2 km de los 13 360 EUR de los Países Bajos a los 1 950 EUR de Dinamarca, para una de 50 km de 35 300 EUR o 33 500 EUR en España y Países Bajos respectivamente a unos 9 200 EUR en Suecia, y para una de 200 km desde nada menos que 63 500 EUR en España y más de 50 000 EUR en Italia, Portugal y Reino Unido a unos 12 700 EUR en Suecia.

No obstante, entre agosto de 2000 y agosto de 2001 las tarifas promedio en la UE disminuyeron en un 16% aproximadamente para todas las longitudes de los circuitos de 2Mbit/s, registrándose reducciones notables en Bélgica, España, Italia y Luxemburgo.

Desde agosto de 2001, las tarifas promedio en la UE para líneas de 2 km y de 50 km se han situado al nivel de las tarifas estándar de dos empresas de referencia estadounidenses, Verizon y Pacific Bell, que se mantuvieron estables a lo largo del pasado año. Además, parece que las tarifas promedio en la UE representan aproximadamente el 50% de las tarifas estándar en Estados Unidos para líneas de larga distancia, aunque sea preciso tener presente que este análisis no tiene en cuenta los posibles descuentos aplicados.

En lo que se refiere a las líneas arrendadas internacionales, para circuitos de 64 Kbit/s, Grecia y Reino Unido destacan por sus tarifas estándar sensiblemente superiores a la media para líneas a destinos próximos dentro de la UE y a EE. UU. Para semicircuitos de 2 Mbit/s a Estados miembros de la UE próximos o distantes y a EE. UU., Bélgica, Grecia, España, Austria, Finlandia y Reino Unido tienen, dependiendo de la ruta, tarifas estándar superiores en más de un 50% a la media.

No obstante, globalmente los alquileres anuales promedio de los semicircuitos internacionales siguieron disminuyendo en la UE a lo largo del último año, registrándose las reducciones más importantes en las líneas a destinos próximos dentro de la UE, con independencia de su velocidad. Las reducciones del último año oscilaron entre el 13% y más del 30%, y con respecto a años anteriores entre el 40 % aproximadamente para las líneas de 64 Kbit/s y 2 Mbit/s desde 1998 al 50% para las líneas de 34 Mbit/s desde 1999, aunque las reducciones del último año para las líneas a otros destinos son más modestas (en torno al 7%) que las de los dos años anteriores. Por ejemplo, en el caso de los semicircuitos de 2 Mbit/s a EE. UU., aun cuando hubo reducción de precios en cinco Estados miembros (Dinamarca, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal), las tarifas estándar conservaban los niveles de agosto de 2000 en los restantes.

Las tarifas de interconexión para líneas arrendadas suelen referirse a líneas que conectan los locales de los clientes (PYME, grandes empresas) con las redes de los nuevos operadores, y se usan particularmente para tráfico de Internet y comercio electrónico. Normalmente se incluyen en la oferta de interconexión de referencia del operador tradicional, excepción hecha de tres Estados miembros (Francia, Finlandia y Suecia).

Los alquileres mensuales para la interconexión de líneas arrendadas de 2 y 5 km varían notablemente de un Estado miembro a otro. En lo que se refiere a circuitos de 64 Kbit/s, en la mayoría de los Estados miembros las tarifas de los circuitos de 5 km parecen superar el tope de 80 EUR mensuales indicado en la Recomendación de la Comisión de 1999, mientras que en seis Estados miembros los precios superan el tope de 350 EUR para circuitos de 2 Mbit/s. La superación de los topes resulta especialmente notable en cinco Estados miembros (Bélgica, España, Francia, Irlanda y Luxemburgo) para ambos tipos de línea. No se dispone de datos sobre Finlandia.

En cuatro Estados miembros (España, Francia, Irlanda y Austria), las tarifas de los circuitos de 34 Mbit/s superan los topes (hasta cuadruplicarlos en el caso de Irlanda) para extremos locales de 2 km y 5 km, mientras que en dos (Portugal y Luxemburgo, en el último caso sobre la base de estimaciones) se supera el tope en el caso de los circuitos de 2 km. No se dispone de datos ni de estimaciones basadas en tarifas al detalle para Países Bajos y Finlandia.

Para líneas de 155 Mbit/s, destaca Grecia con unas tarifas cuatro veces superiores a la media de la UE. También parece haber alquileres situados por encima de la media en Francia, Irlanda e Italia. No se dispone de datos sobre Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal.

En lo que se refiere a los plazos de entrega de las líneas arrendadas, el informe sobre líneas arrendadas más reciente [14] presentado al comité ONP el 10 de octubre de 2001 refleja acusadas variaciones de un Estado miembro a otro [15]. El plazo de entrega típico para las líneas de 64 Kbit/s supera los 5 meses en los Países Bajos, es de casi 4 en Irlanda, de más de 3 en Austria y de más de 2 en Dinamarca, frente a sólo 10 días en Portugal y Finlandia. Para las líneas de 2 Mbit/s, el plazo va desde los 7 meses aproximadamente en Países Bajos y Austria, 3 en Irlanda, 2,5 en España y 2 o algo menos en Alemania, Francia y Suecia, hasta las 2-3 semanas en Portugal y Reino Unido. Para las líneas de 34 Mbit/s, se registran plazos superiores al año en Austria, 4,5 meses en Alemania y 3,5 meses en el Reino Unido. Portugal comunica plazos de entrega de 2-3 días. Por último, en lo que se refiere a las líneas de 155 Mbit/s, los plazos varían desde 3-4 meses en Alemania y Francia y 2,5 en Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria, hasta 20 días en el Reino Unido.

[14] Disponible en el sitio web de la Comisión, véase nota 4.

[15] Obsérvese que el mencionado informe deja constancia de anomalías metodológicas que limitaron el alcance del análisis y de la comparación entre países.

Aun cuando los precios de las líneas estén descendiendo para todas las velocidades y distancias y no existan anomalías llamativas en relación con los precios estándar de EE. UU., parece difícil que las enormes diferencias de precios entre los Estados miembros puedan justificarse por divergencias en los costes. Tampoco es fácil comprender las notables diferencias en los plazos de entrega de las líneas en las distintas velocidades solicitadas. Además, aun cuando a los nuevos operadores les resulte patentemente difícil demostrar que los plazos de entrega que deben soportar resultan discriminatorios en comparación con los que se aplican a las empresas controladas por el operador tradicional, es evidente que, en primer lugar, incluso si los plazos no fueran discriminatorios resultarían más desventajosos para los operadores nuevos que para los tradicionales, ya que los clientes tenderán a permanecer con su proveedor original, el tradicional, y, en segundo lugar, que la discriminación puede residir no sólo en los plazos, sino también en el conjunto de condiciones y sanciones que figuran en los contratos impuestos por el proveedor dominante. Los nuevos operadores siguen exigiendo que las ANR adopten una actitud proactiva en la aplicación del principio de no discriminación y han propuesto que se introduzcan obligaciones de presentación de informes más estrictas y se refuerce la transparencia. Los organismos reguladores deberían también estudiar la posibilidad de imponer acuerdos a nivel de servicio y sanciones creíbles en caso de incumplimiento de los requisitos de la reglamentación.

Por último, es habitual aplicar descuentos a los usuarios importantes, tales como los operadores móviles. Aunque esto pueda justificarse por la disminución del coste de suministrar un gran volumen de un producto, la aplicación de descuentos en otras circunstancias podría resultar discriminatoria y, en consecuencia, contraria a la competencia.

4.2.6. Servicios móviles - otorgamiento de licencias e implantación de la 3G

En el pasado informe se expresaba el temor de que el proceso de otorgamiento de licencias para los servicios móviles de tercera generación (3G) pudiera no concluir en todos los Estados miembros a tiempo para hacer posible la implantación del servicio a partir de enero de 2002. Conviene señalar que la Decisión UMTS no obliga a poner en marcha la 3G a partir del 1 de enero de 2002, sino que su intención era más bien garantizar que los procedimientos de otorgamiento de licencias no obstaculizaran su implantación a partir de esa fecha. El objetivo de otorgar licencias para hacer posible la implantación a partir de la fecha señalada se ha conseguido en todos los Estados miembros menos dos (Irlanda y Luxemburgo). En los cuadros 1 y 3 del anexo 1.5 se presenta un panorama detallado de la situación actual en lo que se refiere a licencias, cánones y tarifas de la 3G.

Las condiciones de implantación y cobertura varían considerablemente de un Estado miembro otro, existiendo licencias que prevén la puesta en marcha de los servicios a partir del 1 de enero de 2002, mientras que otras establecen tan sólo un requisito de cobertura para dentro de algunos años. Algunos Estados miembros (España y Portugal) han adoptado, a la vista de la situación del mercado y de la relativa indisponibilidad de equipos terminales, la decisión oficial de ampliar el plazo de implantación previsto en las condiciones originales de la licencia. Los operadores de otros Estados, en particular Suecia y Reino Unido, confían en que la implantación comenzará en el 2002 según lo previsto, es decir, de conformidad con las obligaciones contenidas en las licencias nacionales. En el cuadro 2 del anexo 1.5 se detallan las obligaciones impuestas en los distintos Estados miembros.

Se ha criticado mucho la existencia de planteamientos distintos entre las ANR con respecto al otorgamiento de licencias y a la implantación de los servicios móviles de 3G. Estas diferencias son resultado del margen de actuación individual, relativamente amplio, de que disfrutan las ANR con arreglo al actual marco de otorgamiento de licencias. Son producto asimismo de las diferencias existentes entre los Estados miembros en cuanto a estructuras y condiciones de los mercados, geografía, demografía, y cultura administrativa, y de la evaluación detallada que de estos factores llevan a cabo las ANR. No obstante, estas mismas situaciones contrastadas amenazan, en la práctica, con impedir la aparición de los servicios de tercera generación en condiciones de igualdad. La Comisión expuso varias consideraciones en relación con la implantación de las redes de 3G con arreglo a la legislación actual en su Comunicación de marzo de 2001 [16]. En ella se dejaba constancia de las dificultades creadas para la implantación de las redes de 3G por la imposición de unos límites de radiación electromagnética inferiores a los establecidos en la correspondiente Recomendación del Consejo [17] en Bélgica e Italia, así como en Luxemburgo, donde se imponen límites a los servicios móviles, pero no a otros radioemisores tales como los transmisores de radiodifusión. En algunos Estados miembros existe asimismo inquietud en relación con la dificultad de obtener emplazamientos para las antenas, vistas las limitaciones impuestas por consideraciones urbanísticas y de medio ambiente.

[16] Véase nota 7.

[17] Recomendación 1999/519/CE del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), DO L 199 de 30 de julio de 1999, p 59.

4.2.7. Tarifas y contabilidad de costes

Los principios de tarificación y los requisitos en materia de contabilidad de costes que figuran en las Directivas de liberalización y de la ONP tienen dos objetivos primarios: garantizar que, en la transición hacia un mercado plenamente competitivo, los usuarios y consumidores abonen precios que guarden relación con los costes y evitar que los proveedores dominantes pueden impedir la entrada en determinados segmentos del mercado realizando subvenciones cruzadas a partir de otros segmentos menos competitivos. Tras la publicación del sexto informe, se incoaron procedimientos de infracción con respecto a ocho Estados miembros por no transponer correctamente las disposiciones de las Directivas de interconexión y de telefonía vocal en materia de principios de contabilidad de costes [18]. Según estimaciones de las propias ANR, las tarifas no se encuentran aún plenamente reequilibradas en ocho Estados miembros, aunque en la mayor parte de los casos no existan obstáculos reglamentarios que lo impidan. En determinados casos, no obstante, la Comisión considera que existen bien obstáculos reglamentarios o políticos, bien un falseamiento de los precios debido a la ausencia de aplicación de los principios de tarificación.

[18] Puede consultarse la situación actual de los procedimientos en: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com

Los nuevos operadores afirman asimismo que en varios segmentos del mercado es práctica relativamente extendida la compresión de precios, y la consideran uno de los factores que en mayor medida obstaculizan la incorporación a los mercados de acceso a Internet de alta velocidad y telefonía vocal. En este contexto, el sexto informe documentaba ya la ausencia de una supervisión eficaz y de publicación de declaraciones de cumplimiento, y posteriormente se incoaron varios procedimientos de infracción. Los nuevos operadores se quejan asimismo del limitado acceso que tienen a la información relativa a los parámetros utilizados en los modelos de costes, tales como el coste de capital, información sin la cual no pueden confiar en la adecuación de los sistemas contables de los operadores tradicionales para los fines reglamentarios a que responden.

En el caso del suministro de líneas arrendadas, preocupa a los nuevos operadores el que las metodologías de contabilidad de costes de los tradicionales no resulten adecuadas para una fijación económica del precio de los productos en los mercados de banda ancha y comercio electrónico, así como el hecho de que las disparidades en los precios indiquen que las ANR no llevan a cabo una supervisión adecuada.

Los cuadros 2, 3 y 4 del anexo 2.4 ofrecen una panorámica de las evaluaciones efectuadas por las ANR con respecto a: grado de reequilibrio de las tarifas y reglamentación de las tarifas en vigor, metodologías de costes utilizadas para calcular las tarifas de interconexión, comprobación del cumplimiento con lo dispuesto sobre sistemas de contabilidad de costes y fecha en que se publicó por última vez una declaración de cumplimiento.

Cuatro Estados miembros, Bélgica en el caso de la telefonía vocal, Grecia, Luxemburgo y Finlandia, no han garantizado el respeto del sistema de contabilidad de costes, aunque en el caso de Finlandia se han efectuado algunas comprobaciones en casos concretos, no exigiéndose la orientación por los costes para las llamadas internacionales o de larga distancia ni para determinadas llamadas locales por considerarse que existe competencia efectiva en estos mercados. En dos Estados miembros, Alemania y Austria, la ANR comprueba los datos sobre costes en el contexto de los procedimientos individuales de aprobación de las tarifas del operador tradicional y de los procedimientos de resolución de litigios en materia de interconexión; sin embargo, no se efectúa ninguna comprobación anual. En tres Estados miembros (Francia, Italia y Portugal) las últimas cuentas comprobadas corresponden a años anteriores al 2000.

4.2.8. Numeración

Coinciden los nuevos operadores en señalar que los requisitos relativos a la selección del operador, preselección del operador y conservación del número figuran entre las medidas que más favorecen la competencia. A raíz del quinto informe se incoaron procedimientos de infracción con respecto a nueve Estados miembros en razón de la inexistencia de una prestación plena de estos servicios. Los cuadros 5 y 6 del anexo 2.4 indican su disponibilidad actual en los distintos Estados miembros.

Las ANR consideran que la selección y la preselección del operador están disponibles para todos los tipos de llamadas (locales, de larga distancia e internacionales, a redes móviles y a números no geográficos) en ocho Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, España, Irlanda, Italia, Luxemburgo -no para larga distancia-, Austria y Reino Unido). No están disponibles para llamadas a números locales o no geográficos en Alemania y Francia, y para llamadas a números no geográficos en Países Bajos, Finlandia y Suecia. Portugal disfruta de una excepción hasta finales de 2001, pero dispone ya de todas las formas de selección de números excepto las llamadas a números no geográficos, en tanto que la excepción de Grecia durará hasta finales de 2002.

La conservación del número es posible tanto para números geográficos como no geográficos [19] en 12 Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Irlanda, Italia, Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia, Suecia y Reino Unido), pero no lo es para números no geográficos en Francia ni en Luxemburgo. Grecia disfruta aquí también de una excepción hasta finales de 2002.

[19] Por ejemplo, números de urgencia, llamada gratuita o tarifa superior.

En dos Estados miembros (Alemania y Luxemburgo) siguen considerándose engorrosos los procedimientos de preselección del operador. El uso indebido que en algunos Estados miembros hacen los operadores tradicionales de la información relativa a los clientes que han optado por aceptar los servicios preseleccionados de un operador de la competencia les permite en muchos casos hacer tentativas para "recuperarlos".

Se considera problemático el coste de la conservación del número en Irlanda, Finlandia y Suecia, así como el de la preselección del operador en Finlandia.

4.2.9. Servicio universal y consumidores

Los nuevos operadores de los dos únicos Estados miembros que hasta ahora han implantado un mecanismo de financiación del servicio universal (Francia e Italia) siguen estando a favor de la financiación del servicio universal a través del sistema impositivo general. Si ello no es posible, preferirían un mecanismo de "paga o actúa" que les permitiera contribuir directamente a la prestación del servicio universal colaborando con el prestador designado, que normalmente es el operador tradicional, o sustituirle.

En otro Estado miembro (España), el organismo regulador competente ha rechazado la estimación del coste neto de la prestación del servicio universal presentada por el operador tradicional, 1 150 millones de euros para 1999, y ha determinado que la empresa no padecía una desventaja competitiva. Además, el organismo regulador ha publicado unas orientaciones sobre la manera de determinar el coste neto en años sucesivos.

Sólo en tres Estados miembros (Francia, Italia y Reino Unido) miden periódicamente los operadores tradicionales la calidad del servicio de telefonía vocal y hacen públicos los resultados. Las ANR de Bélgica, Austria y Finlandia publican esta información, y las de Alemania, Irlanda y Países Bajos lo harán este año por vez primera. En el cuadro 7 del anexo 2.4 se presenta una panorámica más detallada de la actuación de los Estados miembros y el uso de las normas del ETSI [20].

[20] Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación.

Tras la publicación en el sexto informe de información relativa a la ausencia de un nivel adecuado de detalle en la facturación, la Comisión inició procedimientos de infracción contra seis Estados miembros. Tres de ellos han señalado ya que están estudiando la introducción de la facturación detallada gratuita previa petición.

Los consumidores se quejan continuamente de la falta de transparencia en relación con los precios de los servicios, las condiciones de los contratos y la facturación. En Dinamarca, el organismo regulador ha establecido un sistema en línea de comparación de las tarifas ofrecidas, que podría constituir la mejor práctica para otros Estados miembros. Las ANR de España y Austria facilitan asimismo datos comparativos sobre precios en sus páginas web.

Todos los Estados miembros, excepto Grecia y Luxemburgo, publican informes sobre la evolución de las tarifas (véase cuadro 2 del anexo 2.4) de conformidad con la Directiva de telefonía vocal.

4.2.10. Derechos de paso

Siguen existiendo problemas en algunos Estados miembros en relación con el otorgamiento de derechos de paso a causa de la multiplicidad de autoridades locales y regionales competentes en este ámbito. En algunos Estados miembros (Bélgica, España, Italia, Luxemburgo y Austria), se ha complicado aún más la concesión del derecho a erigir mástiles para comunicaciones móviles. Además, las ANR no siempre garantizan la posibilidad de compartir instalaciones en caso de no concederse nuevos derechos de paso.

En muchos Estados miembros la concesión de derechos de paso escapa a las competencias de las autoridades centrales. En tales casos, los Estados miembros deben garantizar que las obligaciones derivadas de las medidas reguladoras de las telecomunicaciones sean respetadas a nivel local y regional.

En algunos países existen cargas adicionales impuestas sea directamente, como en Bélgica, en la que existen impuestos sobre la erección de antenas para comunicaciones móviles, sea indirectamente, a través de cánones por excavación elevados (Italia) y rehabilitación de carreteras por encima de los costes. En algunos casos (en particular en Italia) preocupa la aplicación del principio de no discriminación cuando se otorgan derechos de excavación exclusivos o privilegiados a empresas en las que tienen participación directa o indirecta los ayuntamientos.

4.2.11. Protección de datos

El Parlamento Europeo y el Consejo negocian actualmente una Directiva sobre protección de datos en el sector de las telecomunicaciones que sustituya a la actual. La Directiva futura, lo mismo que la presente, no impedirá a los Estados miembros adoptar medidas tendentes a proteger la seguridad pública o nacional o la defensa, aplicar la legislación penal o evitar el uso no autorizado del sistema de telecomunicaciones. No obstante, tales medidas quedan, por definición, fuera del ámbito del presente informe.

Por consiguiente, el anexo 2.4 del informe se centra en la información actualizada sobre las cuestiones objeto de la Directiva actual, en particular el correo electrónico y las llamadas no solicitados, la conservación de datos sobre tráfico y la identificación de la línea llamante.

Se han incoado varios procedimientos de infracción en relación con la transposición de la Directiva actual. Los Estados miembros afectados han adoptado ya medidas correctoras en nueve casos, pero siguen abiertos cinco procedimientos.

5. ULTERIORES INFORMES

La Comisión seguirá presentando informes sobre la evolución del mercado y la aplicación de las medidas reguladoras, centrándose particularmente en los progresos conseguidos por los Estados miembros en la transposición al Derecho interno del nuevo marco regulador.

La Comisión seguirá igualmente promoviendo el uso de los comités de la oferta de red abierta (ONP) y de licencias como foros para el examen de la aplicación completa del marco actual, como ya se ha hecho en relación con el Reglamento sobre desagregación del bucle local. Cuando proceda, se darán a conocer a través del sitio web de la Comisión los documentos preparados por los comités.