Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales (95/C 210/06)

El 30 de marzo de 1994, de conformidad con el apartado 1 del artículo 8 B del Tratado de la Comunidad Europea, el Consejo de la Unión Europea decidió consultar al Comité de las Regiones sobre la propuesta mencionada arriba.

En su 4° Pleno (sesiones del 27 y 28 de septiembre de 1994), el Comité de las Regiones ha aprobado por mayoría, con una abstención, el siguiente dictamen (Ponente : Sr. O'Neachtain).

1. Introducción

1.1. El Comité de las Regiones felicita a la Comisión por presentar una Directiva amplia y equilibrada con el fin de corregir la situación existente en algunos Estados miembros, en los que los no nacionales no tenían hasta ahora derecho a votar o a presentarse como candidatos a las elecciones municipales. El apartado 1 del artículo 8 B del Tratado de la Comunidad Europea establece que todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida.

Por otra parte, si bien agradece la oportunidad de poder contribuir con su dictamen a la presente propuesta, el Comité lamenta el hecho de que el Tratado no mencione explícitamente en este caso la consulta obligatoria al Comité de las Regiones. Obviamente, el derecho de los ciudadanos de la Unión al sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales es un asunto que concierne de modo fundamental al Comité de las Regiones por su propia naturaleza y composición. El apartado 1 del artículo 8 del Tratado establece la ciudadanía de la Unión, mientras que el apartado 2 del artículo 8 afirma que los ciudadanos de la Unión serán sujetos de los deberes previstos en el Tratado. Siendo el Comité de las Regiones la institución más próxima a los ciudadanos de la Unión, es a todas luces improcedente que el Tratado no prevea la obligatoriedad de que se le consulte en esta materia, sin olvidar, desde luego, las demás propuestas legislativas, fundamentalmente las derivadas del artículo N del Tratado (referente al examen que se llevará a cabo en 1996 de las disposiciones del Tratado de las que se prevea una modificación). Por consiguiente, el Comité insta a la Comisión a que revise y amplíe el ámbito de consulta del Comité con vistas a presentar una propuesta sobre el tema al Consejo antes de que finalice 1994.

1.2. El artículo 8 B es el resultado de muchos años de debate político sobre este importante asunto, que ha culminado en la Directiva examinada, donde se establecen las modalidades conforme a las cuales los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales pueden ejercer el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones locales de dicho Estado miembro.

1.3. Sin perjuicio del principio de no discriminación entre los ciudadanos de la Unión, en la Directiva se ha puesto sumo cuidado para no modificar drásticamente la legislación que rige las elecciones locales de los distintos Estados miembros. Es muy específica en su objetivo de sustituir el requisito de la nacionalidad por el de la ciudadanía de la Unión. Este derecho fundamental, que afecta a unos cinco millones de ciudadanos de los Estados miembros, es un paso importante para el desarrollo de la ciudadanía europea y merece ser acogido favorablemente, tanto en el espíritu como en la letra de su objetivo.

1.4. A medida que la Unión Europea adquiere forma y se afianza el concepto básico de « ciudadanía europea », es esencial cubrir el « déficit democrático » y acercar la Unión al ciudadano. La Directiva propuesta constituye un paso importante para alcanzar este objetivo. Su aprobación ayudaría a demostrar a los muchos ciudadanos que se sintieron ajenos al « proceso de Maastricht » que la Unión, aunque respetuosa de la diversidad cultural y la pluralidad de ideas y tradiciones ratificadas en el Tratado, puede no obstante aglutinar valores democráticos básicos, comunes a todos, indisolublemente ligados a los derechos y deberes civiles y políticos. La Directiva contribuiría a dotar de expresión local, regional, nacional y transnacional a estos valores democráticos comunes.

1.5. Dentro de ese mismo espíritu, y como continuación de la Directiva que ahora se propone, la Unión Europea debería ocuparse también de la cuestión de los derechos y deberes civiles de los nacionales de terceros países con residencia legal en la Unión.

2. Observaciones específicas

2.1. Artículo 2.2

Debería añadirse la siguiente frase al apartado 2 del artículo 2 de la Directiva :

« El término incluye también las votaciones por sufragio universal directo organizadas por los entes locales básicos. »

2.2. Artículo 5.3

Con un espíritu de no discriminación, sería de desear que el derecho a presentar la candidatura para las funciones de presidente o miembro del gobierno de un ente local básico se extendiera a todos los ciudadanos de la Unión residentes en otro Estado miembro, independientemente de su nacionalidad; no obstante, el Comité reconoce que en ciertos casos -por ejemplo, cuando el cargo entraña deberes de Estado- los Estados miembros deben poder ejercer el derecho de reservar estos puestos para sus propios ciudadanos.

No obstante, el Comité insta a los Estados miembros a que eviten al máximo recurrir a estas restricciones y, en aquellos Estados miembros que opten por esta medida, a que la decisión sea considerada como una medida provisional, teniendo siempre presente el objetivo final de ampliar dicho derecho a todos los ciudadanos de la Unión residentes en su territorio.

2.3. Artículo 7, apartado 1

El método de inscripción en el censo electoral varía según los Estados miembros. En aquellos en que la inscripción se lleva a cabo oficialmente sin necesidad de que lo solicite la junta electoral, establecer un sistema separado en el que los ciudadanos de la Unión no nacionales de un país tengan que manifestar formalmente su voluntad de ser inscritos oficialmente en el censo podría considerarse discriminatorio a primera vista. No obstante, el Comité reconoce que el requisito de que haya una manifestación o declaración de la voluntad de votar tiene el fin de proteger el derecho de los no nacionales a decidir no votar si ese es su deseo. Es decir, el requisito de manifestar expresamente la voluntad de votar protege, por extensión, el derecho de los ciudadanos de la Unión residentes y no nacionales a no votar, si ese es su deseo, por ejemplo en los Estados miembros que impongan un régimen de voto obligatorio unido a un sistema de inscripción automática en el censo electoral.

No obstante, dado que el sistema de registro automático unido a un sistema de voto obligatorio no se aplica en toda la Comunidad y dado que no existe otra situación en la que los ciudadanos de la UE no nacionales de un Estado miembro se vean obligados a votar en contra de su deseo expreso, el Comité recomendaría que la necesidad de manifestar expresamente la voluntad de votar solo fuese obligatoria en los Estados miembros que apliquen el sistema mencionado. En los Estados miembros en los que no se aplique este sistema podrían mantenerse sin cambios los sistemas vigentes de inscripción y voto.

Asimismo, el Comité recomienda que en aquellos Estados miembros en los que es necesario manifestar expresamente la intención de votar, el contenido y la forma que adopte dicha manifestación se deje a la discreción de cada Estado miembro.

2.4. Artículo 8

2.4.1. Artículo 8, apartado 1

El Comité recomienda que el verbo « tomarán » se sustituya por « adoptarán », para garantizar que los votantes a que se refiere el artículo 3 tengan un punto de referencia legal preciso en lo que se refiere a la manifestación de su voluntad de quedar inscritos en el censo electoral con la suficiente antelación al período electoral.

2.4.2. Artículo 8, apartado 2

La decisión de que sea o no obligatorio que los no nacionales presenten una declaración formal en la que conste su nacionalidad y domicilio en el Estado miembro de residencia al tiempo que manifiestan su voluntad de ejercer el derecho de voto debería dejarse a la discreción de cada Estado miembro, en la medida en que si un Estado miembro ya ha establecido la nacionalidad y el lugar de residencia de los ciudadanos no nacionales por otros medios -por ejemplo, con un censo de población local- debería respetarse este sistema y considerarse suficiente en lo que respecta a los requisitos de la presente Directiva.

2.5. Artículo 9

2.5.1. Artículo 9, apartado 1

En aras de la claridad y de la coherencia entre las distintas versiones lingueísticas del texto, el Comité recomienda que se suprima la expresión « dichiarazione di » en el texto italiano y « declaration de » en el texto francés.

2.5.2. Artículo 9, apartado 2

De igual modo, el Comité recomienda que se supriman las expresiones « en outre » del texto francés e « inoltre » del texto italiano.

2.6. Artículo 10, apartado 1

En el caso de que la solicitud de inscripción en el censo electoral o la candidatura de un ciudadano de la UE no nacional sea rechazada, deberá preverse un plazo suficientemente amplio para recurrir la decisión. Por lo tanto, el Comité recomienda modificar el primer apartado del artículo 10 del modo siguiente :

« El Estado miembro de residencia informará a los interesados con la suficiente antelación del curso dado a su solicitud de inscripción en el censo electoral, o de la resolución adoptada sobre la admisibilidad de su candidatura. »

2.7. Artículo 12

Ateniéndose al apartado 1 del artículo 8 B, el Comité reconoce la posibilidad de que se establezcan excepciones a las disposiciones de la presente Directiva, pero, no obstante, opina que, apelando al principio de no discriminación, estas excepciones deben considerarse en última instancia como provisionales y susceptibles de ser revisadas con posterioridad. El Comité quiere subrayar también que las excepciones que se establezcan en virtud del apartado 1 del artículo 8 B deben definirse del modo más estricto posible, tanto en cuanto a su contenido como a su duración.

A este respecto, el Comité acoge con satisfacción el informe previsto en el apartado 3 del artículo 12, si bien precisa que dicho informe debería remitirse también al Comité de las Regiones.

Por otra parte, teniendo en cuenta la heterogeneidad de las concentraciones de ciudadanos no nacionales de la Unión en los distintos Estados miembros a nivel regional, el Comité desea dejar constancia de que algunos podrían argumentar que cualquier excepción que se establezca en virtud del apartado 1 del artículo 12 debe considerarse una disposición de ámbito local y no nacional. No obstante, le satisface poder afirmar que, en realidad, el funcionamiento de un sistema así no solo resultaría impracticable desde el punto de vista administrativo, sino que además puede aducirse que va en contra del espíritu y los principios subyacentes a la noción básica de ciudadanía de la Unión.

2.8. Con el fin de garantizar que todos los Estados miembros y sus regiones puedan disfrutar de los beneficios de la Directiva y para disipar temores en lo que se refiere a su ámbito de aplicación, el Comité propone que en el Anexo de la Directiva, en el apartado de Alemania, al final del segundo guión, se añada la siguiente precisión :

« Stadtgemeinde Bremen in der Freien Hansestadt Bremen »

Hecho en Bruselas, el 28 de septiembre de 1994.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Jacques BLANC