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Dictamen

del Comité Consultivo sobre operaciones de concentración

emitido en su reunión de 5 de octubre de 2000 en relación con un anteproyecto de decisión en el asunto COMP/M.1845 - AOL/Time Warner

(2001/C 283/05)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

1. El Comité Consultivo está de acuerdo con la Comisión en que la operación notificada constituye una concentración en el sentido del Reglamento sobre operaciones de concentración y en que tiene dimensión comunitaria.

2. El Comité Consultivo conviene con la definición de la Comisión relativa a los mercados siguientes:

a) el mercado de contenidos de música en línea (banda estrecha), que tiene al menos dimensión comunitaria por lo que no es necesario establecer una distinción más detallada entre los mercados separados de teledescarga y extractos;

b) el mercado del suministro de programas de reproducción, que es global;

c) los mercados de acceso a internet por línea telefónica (acceso de banda estrecha) que son de dimensión nacional.

3. Una mayoría del Comité Consultivo coincide con la Comisión en que la nueva entidad ocuparía una posición dominante en:

a) el mercado de música en línea;

b) el mercado de programas informáticos musicales.

y en que no es necesario llegar a una conclusión respecto a si la transacción podría dar lugar a una prosición dominante en el mercado del Reino Unido de acceso a internet por línea telefónica.

Una minoría no está de aucerdo.

4. El Comité Consultivo coincide con la Comisión en que la nueva entidad no ocuparía una posición dominante en los contenidos de banda ancha ni en el acceso de banda ancha.

5. El Comité Consultivo conviente con la Comisión en que las soluciones propuestas por las partes despejan todas las inquietudes desde el punto de vista de la competencia planteadas en el proyecto de decisión.

Una minoría opina que las soluciones no son necesarias en el presente caso.

6. El Comité Consultivo recomienda la publicación de este dictamen en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

7. El Comité Consultivo solicita a la Comisión que tenga en cuenta las observaciones y comentarios planteados por las delegaciones durante el debate.
12.

insiste en que el certificado verde digital no debe ser una condición previa para el ejercicio de los derechos de libre circulación ni un documento de viaje, y hace hincapié en el principio de no discriminación, en particular respecto de personas no vacunadas;
19.

considera, no obstante, que las reformas estructurales necesarias para la realización de los objetivos de Lisboa no deben hacerse en detrimento de la cohesión social y, por consiguiente, deben ir acompañadas de importantes inversiones económicas, sociales y educativas; en este contexto, el Comité de las Regiones subraya la necesidad de completar el «Pacto de Estabilidad y Crecimiento» con criterios más precisos que tengan en cuenta las inversiones de los entes públicos y, en particular, las destinadas a gastos de infraestructuras y ayudas a la inserción profesional y social;
51.

acoge con satisfacción las propuestas relativas a los vehículos de emisión cero (normas de CO 2 y normas post-Euro VI), pero señala que la reglamentación debe establecerse de manera que pueda acompasarse al desarrollo requerido en cuanto a producción de energía renovable, redes de transporte de electricidad y redes de distribución regionales y locales, así como a infraestructuras de repostaje y recarga. Las nuevas normas deben dejar margen suficiente para la innovación y ser tecnológicamente neutras. Estas normas deben aplicarse no solo a los turismos y autobuses, sino también a las furgonetas y camiones no contaminantes en el contexto de una logística urbana sin emisiones; asimismo, pide que se elaboren normas de la UE para los ciclomotores y escúteres contaminantes y para las embarcaciones de navegación interior. Además de controlar las emisiones, también se necesitan unas normas más estrictas para los neumáticos y los frenos a fin de reducir las partículas que contribuyen a la contaminación atmosférica; En ese sentido, siempre debe tenerse en cuenta que los vehículos también deben cumplir otros requisitos (en particular por lo que se refiere a la autonomía y a la duración de la recarga o el repostaje) que resultan esenciales para el buen funcionamiento del transporte de pasajeros y el reparto de mercancías, y en particular del transporte público de cercanías;
8.

recuerda que, en un futuro próximo, los esfuerzos de recuperación deberán revestir una firme dimensión social a fin de mantener sólidas redes de seguridad social, salvaguardar los puestos de trabajo de los trabajadores y evitar despidos abusivos. En particular, los empleados en modalidades de empleo temporal y atípico, las mujeres, los inmigrantes, los jóvenes y las personas con discapacidad constituyen los grupos más vulnerables del mundo del trabajo. Quienes han perdido su empleo como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 podrían no volver a sus puestos de trabajo anteriores. Los programas de la UE deben apoyar la actualización de las competencias de aquellas personas que corren riesgo de desempleo, los desempleados y las personas inactivas, especialmente aquellas personas con una mayor dificultad de inserción laboral (personas en riesgo de pobreza y exclusión social, familias monomarentales y monoparentales con dificultad de conciliación, etc.). Todo ello respetando la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razones de sexo, género, nacimiento, etnicidad, ideas políticas y religiosas, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social;
20.

insta a las pymes a que sean más eficientes desde el punto de vista energético, reduzcan su consumo energético, aumenten la producción y el uso de energías renovables y adopten un proceso de producción circular a fin de reducir los costes y construir una economía competitiva y sostenible. No obstante, las pymes y las microempresas no deberían asumir una parte desproporcionada de los costes asociados con la transición hacia la sostenibilidad, ni deberían verse expuestas a una competencia desleal de terceros países con normas medioambientales menos estrictas; considera, en este sentido, que debería preverse un mecanismo de ajuste de las emisiones de carbono en frontera para garantizar que no haya competencia desleal por parte de terceros países;
24.

toma nota de las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de junio de 2018, en las que se señala que las negociaciones de adhesión con Turquía se han paralizado en la práctica, que no se puede tener en cuenta la apertura o cierre de ningún otro capítulo, y que en la actualidad no está previsto ningún otro trabajo para la modernización de la unión aduanera entre la UE y Turquía; deplora que Turquía siga sin atenerse a lo dispuesto en el Protocolo Adicional al Acuerdo de Asociación con la UE y no reconozca la República de Chipre; en este contexto, reitera sus preocupaciones y recomendaciones respecto de Chipre, expresadas previamente en detalle en su Dictamen sobre el Paquete de ampliación 2018; deplora, asimismo, que pese a los reiterados llamamientos de la Unión Europea para que ponga a fin a sus actividades ilegales en el Mediterráneo oriental, Turquía continua con sus operaciones de perforación en aguas territoriales chipriotas, y reafirma su plena solidaridad con Chipre en relación con su reconocimiento internacional, su soberanía y derechos de conformidad con el Derecho internacional;
24.

open house . No obstante, las normas previstas por la Directiva sobre contratación pública no siempre se ajustan a los sistemas nacionales de los Estados miembros y pueden generar, en la práctica, cargas administrativas desproporcionadas para los entes locales y regionales señala que el nuevo régimen para servicios sociales y otros servicios especiales presenta dificultades para los entes locales y regionales; los problemas constatados están vinculados, entre otras cosas, con la naturaleza específica de tales servicios y el contexto particular en que se prestan; critica que a partir de ahora se apliquen obligaciones de llevar a cabo licitaciones públicas a partir de un determinado umbral (750 000 EUR), pese a que siguen persistiendo los motivos que explican la falta de relevancia para el mercado interior de este tipo de servicios; observa que, en parte, estas normas no se ajustan a los sistemas nacionales de los Estados miembros. El Tribunal de Justicia ha considerado ( 9 ) que la Directiva sobre contratación pública no es aplicable a los supuestos en que la administración pública no adopta ninguna decisión de selección cuando los proveedores de servicios actúan en el marco de simples procedimientos de autorización o procedimientos. No obstante, las normas previstas por la Directiva sobre contratación pública no siempre se ajustan a los sistemas nacionales de los Estados miembros y pueden generar, en la práctica, cargas administrativas desproporcionadas para los entes locales y regionales ( 10 ) . Además, el ámbito de aplicación del régimen no es inequívoco por la referencia a los códigos CPV —de contenido indeterminado— en el anexo XIV;
34.

advierte que la formación y herramientas para los docentes deben ser un requisito previo debido a la dificultad de enseñar inteligencia emocional y pensamiento crítico. En general el profesorado no ha recibido formación en esta área, y no necesariamente es consciente no solo de su importancia sino incluso de su existencia. La dificultad de enseñar una habilidad profunda, si el docente no la tiene, debería ser compensada con herramientas y procesos acordes con la importancia de estas habilidades, no solo para afrontar la desinformación sino para el desarrollo de la persona como ciudadano y profesional;
18.

reitera su preocupación por el hecho de que la norma de contabilidad ESA 2010 de Eurostat, aplicable desde septiembre de 2014, no distinga entre gasto e inversión. La transposición de estas normas a la legislación nacional de algunos Estados miembros hace que sus entes locales y regionales se vean obligados a aplicar umbrales máximos de inversión pública por habitante y año. Estos umbrales máximos impiden a los entes territoriales, en particular, proporcionar la cofinanciación necesaria para los proyectos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Asimismo, estos umbrales bloquean a aquellos entes locales y regionales que disponen de una reserva de recursos financieros para emprender proyectos de inversión de cierta envergadura no relacionados con dichos Fondos; por todo ello, insta a la Comisión Europea a que presente un informe sobre la aplicación de la norma ESA 2010;
10.

pide que los objetivos del FEMP se centren en la actividad marítimo-pesquera, la acuicultura sostenible en el mar y en aguda dulce, y su importancia y no, como se ha señalado en varias ocasiones, que se dé prioridad a su sustitución por otras actividades, ya que todas las actividades marinas pueden ser compatibles. Entiende que la actividad pesquera puede conservar su carácter tradicional y relanzarlo con la vista puesta en el futuro, para lo cual es importante aumentar el atractivo de la profesión pesquera. En particular, demanda que el FEMP se dedique al sector de la pesca y al de la acuicultura sostenible en el mar y en agua dulce, y que aspire a alcanzar los objetivos de la política pesquera común, apoyando, en particular, la pesca costera artesanal, proporcionando incentivos a las jóvenes generaciones, haciendo que la profesión pesquera resulte más atractiva y fomentando las comunidades costeras de la Unión; por consiguiente, velará por que el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca se conforme de manera que respalde las nuevas modalidades y el desarrollo del sector, y que la normativa de ayudas estatales apoye este tipo de actuaciones.
19.

subraya que el principio de subsidiariedad y el concepto de valor añadido europeo deberán ser tenidos en cuenta en la reforma. El CDR pide que se analicen las «pruebas de subsidiariedad» propuestas en el Informe Monti. No obstante, habrá que velar por que no se explote la subsidiariedad para renacionalizar las políticas europeas, y por que no se aprueben más trasvases de fondos a los Estados miembros que podrían debilitar las políticas que más han contribuido a la construcción europea, esto es: la política agrícola común, la política de cohesión y de desarrollo rural y una agenda social basada en el empleo de calidad para los ciudadanos de la UE;
26.

subraya que la movilidad de emisiones bajas o nulas debería revolucionar el transporte en términos de redes, vehículos y combustibles. El requisito previo es la disponibilidad de energía y combustibles de bajo coste y accesibles. Además de los motores eléctricos y propulsados por hidrógeno, que ofrecen la posibilidad de no contaminar, los biocombustibles avanzados, que no compitan con la producción de alimentos y se produzcan de manera respetuosa con el medio ambiente, tienen un importante papel que desempeñar en la consecución de los objetivos en materia de reducción de emisiones. Por tanto, debería ponerse el acento principalmente, pero no exclusivamente, en el desarrollo a precios asequibles de una infraestructura de recarga de vehículos eléctricos y propulsados por pilas de combustible de hidrógeno, teniendo en cuenta la función de carburante y la capacidad de almacenamiento de este gas. Sin embargo, conviene apoyar mediante incentivos financieros las tecnologías con bajas emisiones tales como los biocombustibles avanzados;
44.

propone examinar, junto con la Comisión Europea, formas concretas de invitar a las administraciones regionales y locales a que participen de forma activa en las redes como Ciudades Inteligentes o el Pacto de los Alcaldes, o en las redes de prevención y promoción de la salud impulsadas por la OMS (WHO Healthy Cities Network, WHO Healthy Ageing Task Force, WHO Age-Friendly Cities Project, WHO Regions for Health Network, Schools for Health in Europe Network, etc.) en ámbitos clave de la iniciativa emblemática «Una Europa que utilice eficazmente los recursos» (10), como la biodiversidad y el uso del suelo, la gestión de los residuos y del agua o la contaminación atmosférica;
22.

hace hincapié en que no hay suficientes pruebas que indiquen un falseamiento de la competencia debido a la no imposición del IVA a ciertos tipos de actividades de organismos del sector público, a actividades de cooperación intermunicipal o a actividades consideradas de interés público. La no sujeción de los entes públicos al IVA corresponde a criterios objetivos y armonizados a nivel europeo y no a la discreción de los Estados miembros;
41.

Se plantea qué capacidad tiene el nivel NUTS 2 para reflejar comunidades y geografías reales cuando, en numerosos Estados miembros, las zonas NUTS no son más que áreas geográficas de carácter puramente estadístico y base demográfica, y no reflejan verdaderas delimitaciones ni zonas geográficas operativas. Aunque constata que en la actualidad también se hace uso de los NUTS para asignar Fondos Estructurales de la UE, su utilización para formular y evaluar el impacto territorial de las políticas de cohesión, transporte, medio ambiente, etc., de la UE tiene un efecto dominante que hace que las políticas de la UE no se ajusten a las situaciones que se dan sobre el terreno. A este respecto, en aras de una asignación más equitativa de los fondos, es de vital importancia que las deficiencias fundamentales del PIB, tales como las diferencias territoriales que provoca el tránsito de los trabajadores transfronterizos en las regiones NUTS, se vean compensadas teniendo en cuenta la situación social y medioambiental en las regiones cuando se toman decisiones sobre la admisibilidad;
59.

considera que, dada la lentitud de la Comisión en la elaboración de directrices y actos delegados, sería adecuado que, en la negociación de los programas de desarrollo rural, la Comisión no exigiese la presentación de estos hasta no haberse aprobado dichas normas de la UE. Esto no reduciría los retrasos en la aprobación de los programas, pero simplificaría su negociación;
15.

Por este motivo, y aunque no pone en tela de juicio la importancia de la rendición de cuentas, el CDR manifiesta dudas acerca de la parte del punto 3 («Rendición de cuentas») en la que se afirma que las administraciones locales deben desempeñar «un papel decisivo» en el proceso de impulsar el control y la responsabilización, en particular, de las autoridades nacionales. El CDR considera que este planteamiento no refleja adecuadamente las relaciones en la administración pública, y es más bien partidario de reforzar la cooperación y la coherencia del conjunto de esta administración.
27.

solicita a la Comisión que facilite a la mayor brevedad posible guías prácticas, precisas y concretas de aplicación para la integración de la infraestructura verde en las diferentes políticas de la Unión, y propone que los entes regionales y locales ya comprometidos con la promoción de la infraestructura verde participen en su elaboración para concebir conjuntamente con la Comisión variantes locales de esas guías, más precisas en términos de biotopos y de conocimientos y experiencias locales; reconoce en este sentido que ya existe una primera guía de este tipo, titulada «Guide to multi-benefit cohesion policy investments in nature and green infrastructure» (5);
26.

Recuerda que el envejecimiento activo y saludable es un objetivo clave de Europa 2020 que queda, además, respaldado por varias iniciativas emblemáticas (la Agenda de nuevas cualificaciones y empleos, la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Agenda Digital) así como gran variedad de instrumentos de financiación de la UE al alcance de los entes locales y regionales como se pone de relieve en el folleto publicado conjuntamente por el Comité de las Regiones, la Comisión Europea y la AGE Platform Europe sobre «How to promote ageing well in Europe: instruments and tools available to local and regional actors» (Fomentar un buen envejecimiento en Europa: instrumentos y medidas al alcance de los agentes locales y regionales) (3).
Ponente: Isabelle BOUDINEAU (FR/PSE), Miembro de la Asamblea Regional de Nueva Aquitania Documentos de referencia: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2021/1153 y el Reglamento (UE) n.o 913/2010 y se deroga el Reglamento (UE) n.o 1315/2013 COM(2021) 812 final Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Plan de acción para impulsar el transporte ferroviario de pasajeros de larga distancia y transfronterizo COM(2021) 810 final Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2021/1153 y el Reglamento (UE) n.o 913/2010 y se deroga el Reglamento (UE) n.o 1315/2013 COM(2022) 384 final
Documento de referencia:

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo COM(2018) 392 final Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 COM(2018) 393 final Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica los Reglamentos (UE) n.o 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, (UE) n.o 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, (UE) n.o 251/2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, (UE) n.o 228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión, y (UE) n.o 229/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las islas menores del mar Egeo COM/2018/394 final
2. El Estado miembro responsable será aquel en el que se encuentre legalmente un miembro de la familia del menor no acompañado, siempre que ello redunde en el interés superior del menor. Cuando el solicitante sea un menor casado cuyo cónyuge no esté presente legalmente en el territorio de los Estados miembros, el Estado miembro responsable será aquel en el que estén presentes legalmente el padre, la madre u otro adulto responsable del menor, ya sea conforme a la ley o a la práctica de dicho Estado miembro, o un hermano.

2. El Estado miembro responsable será aquel en el que se encuentre legalmente un miembro de la familia del menor no acompañado, siempre que ello redunde en el interés superior del menor. Cuando el solicitante sea un menor casado cuyo cónyuge no esté presente legalmente en el territorio de los Estados miembros, el Estado miembro responsable será aquel en el que estén presentes legalmente el padre, la madre u otro adulto responsable del menor, ya sea conforme a la ley o a la práctica de dicho Estado miembro, o un hermano.

5. A falta de un miembro de la familia o un pariente, a los que se refieren los apartados 2 y 3, el Estado miembro responsable será aquel en el que el menor no acompañado esté presente, a no ser que se demuestre que esto no redunda en el interés superior del menor.

5. A falta de un miembro de la familia o un pariente, a los que se refieren los apartados 2 y 3, el Estado miembro responsable será aquel en el que el menor no acompañado haya presentado su primera solicitud de protección internacional, a no ser que se demuestre que esto no redunda en el interés superior del menor.

6. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 57 sobre la identificación de los miembros de la familia o parientes de un menor no acompañado, los criterios para establecer la existencia de vínculos familiares probados, los criterios para evaluar la capacidad de un pariente para hacerse cargo del menor no acompañado, incluso en los casos en que los miembros de la familia, hermanos o parientes del menor no acompañado se encuentren en más de un Estado miembro. Al ejercer sus facultades para adoptar actos delegados, la Comisión no deberá excederse del alcance del interés superior del niño, tal como se establece en el artículo 8, apartado 3.