C 300/24

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030

(2021/C 300/06)

Ponente general: Daniela BALLICO (IT/CRE), alcalde de Ciampino (RM) Documento de referencia: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Una Unión de la Igualdad: Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030 COM(2021) 101 final

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

1. resalta que los derechos de las personas con discapacidad, sancionados por los artículos 2, 9, 10, 19, 168 y 216, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los artículos 2 y 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE), los artículos 3, 15, 21, 23 y 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los artículos 3 y 17 del pilar europeo de derechos sociales, así como por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada el 26 de noviembre de 2009, deben ser garantizados y promovidos en todos los sectores y a todos los niveles de la Unión Europea y los Estados miembros;

2. acoge con satisfacción la Comunicación «Una Unión de la Igualdad: Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030», como acción estratégica tendente a promover su autonomía e inclusión, garantizar el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad, y proteger a los ciudadanos más expuestos a la discriminación y la marginación social;

3. considera que, por sus competencias y por el trabajo que realizan en el desarrollo de las mismas, se ha de reconocer a los entes locales y regionales como socios estratégicos para el diseño, la ejecución y el seguimiento de la Estrategia;

4. pide un mayor reconocimiento de los entes locales y regionales, ya que muchas de las políticas de inclusión de las personas con discapacidad deben elaborarse y aplicarse en el territorio, de un modo cercano a dichas personas. Para garantizar su plena implicación en la estrategia, es preciso que los fondos europeos, paralelamente a las estrategias y los recursos nacionales, regionales y locales pertinentes, aporten recursos adicionales suficientes que permitan realizar una transición justa hacia la vida independiente y la participación en la comunidad de las personas con discapacidad;

5. resalta la importancia del marco político que aporta la Estrategia con sus medidas, pues representa una oportunidad renovada de alcanzar objetivos concretos en materia de inclusión e independencia de las personas con discapacidad en la Unión Europea, empezando por los Estados miembros. La Estrategia llega en un momento difícil, cuando la pandemia de la COVID-19 ha puesto en grave riesgo la supervivencia, la salud y la dignidad de las personas con discapacidad y demostrado la debilidad de los sistemas de protección e inclusión social;

6. valora positivamente la adopción de intervenciones concretas para garantizar derechos y oportunidades a una quinta parte de la población europea, que vive con una discapacidad, ya sea física y/u orgánica, sensorial, intelectual, problemas de salud mental o pluridiscapacidad. La discapacidad es un indicador de mayor riesgo de pobreza, exclusión y depresión, especialmente cuando el entorno no se diseña para toda la diversidad humana;

7. manifiesta su satisfacción con esta Estrategia relativa a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que constituye el primer plan de acción universal dirigido a garantizar derechos y oportunidades a las personas con discapacidad;

8. apoya la creación por parte de la Comisión Europea de la Plataforma sobre discapacidad en 2021 y solicita formar parte de la misma en calidad de observador, a fin de supervisar la efectiva inclusión de las personas con discapacidad en todas las políticas y programas. Resalta la necesidad de una participación de pleno derecho de los entes locales y regionales, ya que son actores fundamentales de la gestión de políticas que afectan directamente a las personas con discapacidad en el territorio;

9. pide una cooperación reforzada con los órganos institucionales europeos representativos y resalta, por tanto, que el CDR puede contribuir a los trabajos de la Plataforma movilizando a los entes locales y regionales para sensibilizarlos sobre los retos de la nueva Estrategia en términos de lucha contra los estereotipos y la discriminación de las personas con discapacidad, y promoviendo un trato adecuado e igualitario de las mismas en la vida cotidiana;

10. resalta la importancia de colaborar con las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones de personas con discapacidad y sus familiares con vistas a la aplicación del principio «nada sobre nosotros sin nosotros», asegurando mecanismos de participación de las personas con discapacidad y sus familias, a través de las entidades del sector, creando además espacios específicos para las mujeres y niñas con discapacidad;

11. subraya la importancia de adoptar una perspectiva interseccional y holística; pide la inclusión de medidas relativas a grupos vulnerables de personas con discapacidad que se enfrentan a barreras basadas en la intersección de múltiples motivos, como el sexo, el género, la orientación sexual, el origen racial o étnico, la edad, la religión y las creencias, o una difícil situación socioeconómica o cualquier otra situación de vulnerabilidad. Por ello, solicita a la Comisión Europea que desarrolle en mayor medida el enfoque interseccional y elabore iniciativas cuya aplicación repercuta en la planificación, la gestión y la evaluación de las políticas públicas;

12. recuerda la necesidad de adoptar el principio según el cual las administraciones públicas han de dar ejemplo de cómo estructurar la inclusión social y cómo garantizar los derechos y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, tanto en términos de inserción laboral en el mercado de trabajo abierto como de prestación de servicios accesibles. A tal fin, es preciso que el CDR, como empleador y actor institucional, siga este principio predicando con el ejemplo ( lead by example ) y establezca un cronograma para ello;

13. resalta la necesidad, en particular en materia de inserción laboral y accesibilidad a bienes y servicios, de determinar las modalidades de participación del sector privado mediante la asociación público-privada;

14. observa que la Estrategia solo aborda la pandemia desde el punto de vista de la vida independiente y de forma marginal por lo que respecta a la inclusión educativa. Señala además la ausencia de un reconocimiento justo de los cuidadores familiares ( informal care ), un fenómeno sobre todo femenino que resurgió con fuerza durante la pandemia, cuando los servicios quedaron reducidos a la atención de los familiares, y que ha puesto de manifiesto la importancia del trabajo esencial de asistencia y cuidado, así como la necesidad de reforzar el acceso y uso de la tecnología en el ámbito personal;

15. insta a los Estados miembros a que incluyan medidas específicas para las personas con discapacidad en los programas nacionales de reforma y en los planes nacionales de recuperación y resiliencia;

Accesibilidad, autonomía e igualdad

16. concuerda con la Comisión Europea en la medida tendente a crear en 2022 AccesibleEU, un centro de recursos que agrupará a todas las partes interesadas. Además, insta a: evaluar en 2023 el funcionamiento del mercado interior de las tecnologías asistenciales; apoyar el cumplimiento de las obligaciones en materia de accesibilidad previstas por las Directivas sobre contratación pública; evaluar la aplicación de la Directiva sobre la accesibilidad de los sitios web; poner en marcha un inventario de las actividades relativas a las infraestructuras ferroviarias y su nivel de accesibilidad;

17. acoge con satisfacción la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) por parte de la Unión Europea y sus Estados miembros; pide al Consejo y a todos los Estados miembros que firmen el Protocolo Facultativo de la CDPD;

18. conviene con la Comisión Europea en la necesidad de supervisar la aplicación de las distintas Directivas en materia de accesibilidad, de forma que la Unión Europea y las instituciones puedan aplicar unas políticas de ejecución eficaces; la normativa de accesibilidad debe ser escrupulosamente respetada y mejorada para facilitar entornos accesibles, tanto en los edificios de viviendas, como todos los elementos relacionados con la cadena de la accesibilidad;

19. recuerda que las personas con discapacidad deben contar con todas las posibilidades para lograr una vida independiente y que se garantice el derecho a la autonomía a lo largo de su ciclo vital. Es fundamental que se regule la figura de la asistencia personal para las personas con discapacidad física con un mayor nivel de dependencia;

20. destaca el papel fundamental desempeñado por todas las personas con discapacidad como expertas de sí mismas. En este sentido, los entes locales y regionales desempeñan una función fundamental a la hora de reconocerles una participación activa en los procesos de toma de decisiones, también en materia de accesibilidad. Recuerda, a tal fin, el Premio Europeo «Ciudad Accesible» ( Access City Award ), adjudicado cada año por la Comisión Europea a tres ciudades europeas que se han distinguido por hacer el tejido urbano más accesible a todos sus ciudadanos, con especial atención a los problemas asociados a la edad y el grado de movilidad en general y anima a que iniciativas similares premien la accesibilidad en el ámbito rural y natural;

21. insta a la Comisión Europea a que haga de la accesibilidad un criterio vinculante con ocasión de la revisión del marco legislativo en materia de energía de los edificios, prevista para 2021, a fin de hacerlos más accesibles a las personas con discapacidad;

Disfrutar de los derechos de la Unión

Circular y residir libremente

22. está de acuerdo en la necesidad de adoptar la Tarjeta Europea de Discapacidad antes de que finalice 2023 a fin de garantizar el disfrute de los derechos de la Unión Europea en toda su amplitud, y también con vistas al reconocimiento recíproco de la situación de discapacidad en todos los Estados miembros. Espera con interés la futura propuesta de la Comisión sobre la tarjeta europea y manifiesta su deseo de que se puedan superar las dificultades surgidas en la fase de experimentación;

23. respalda el propósito de la Comisión de lograr una colaboración más efectiva con los Estados miembros para que transpongan cuanto antes la tarjeta y, al mismo tiempo, esforzarse por armonizar el reconocimiento de la discapacidad, que es indispensable para garantizar el derecho a la movilidad en la Unión Europea, empezando por el derecho a disfrutar de las mismas prestaciones y ayudas, y por la eliminación de las barreras;

Fomentar la participación en el proceso democrático

24. está de acuerdo en la necesidad, que recuerda la Estrategia, de promover la participación en la vida cívica y política de las personas con discapacidad, que aún hoy sufren discriminaciones en el ejercicio de su derecho al voto;

25. pide a la Comisión Europea que estudie un acuerdo europeo sobre el derecho al voto de las personas con discapacidad, a fin de eliminar obstáculos de todo tipo y resaltar el pleno derecho de estas a expresar sus preferencias políticas al igual que cualquier otro ciudadano europeo. Destaca que, en la práctica, la Comisión ha lanzado un programa de consultas sobre elecciones europeas inclusivas que sin embargo no aborda la cuestión de la discapacidad. Recomienda que dicho programa englobe a la mayor brevedad a las personas con discapacidad y todos los ámbitos donde se realizan elecciones;

26. coincide en la necesidad de mejorar el acceso de las personas con discapacidad a toda la gama de asistencia sanitaria. También comparte la valoración de la Comisión Europea sobre la inadecuación de los servicios sociales y sanitarios, que han mostrado sus limitaciones durante la pandemia. Destaca la situación especialmente difícil en zonas alejadas y rurales. Observa que la cuestión de la segregación aparece por primera vez en un documento europeo de esta importancia, y lo celebra. Considera absolutamente correcto abordar la cuestión de la segregación de las personas con discapacidad, así como su desinstitucionalización con vistas a ejercer el derecho a una vida independiente plena y efectiva en la comunidad, mediante el desarrollo de servicios de proximidad que incluyan la monitorización de la salud, la digitalización de los apoyos para la autonomía personal y la figura de la asistencia personal, y que pasa por elegir dónde, con quién y cómo vivir;

Desarrollar nuevas capacidades para nuevos puestos de trabajo

27. llama la atención sobre el hecho de que, en toda la Unión Europea, la crisis de la pandemia ha provocado pérdidas de puestos de trabajo, empezando por las personas con discapacidad. Subraya asimismo que este hecho ha afectado a los familiares de las personas con discapacidad que prestan asistencia, principalmente madres, compañeras e hijas;

28. comparte la opinión de que acelerar la transformación digital y la transición verde ofrece oportunidades, gracias al uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, la inteligencia artificial y la robótica adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad, y la necesidad de invertir en sus capacidades digitales;

29. recuerda la necesidad de recopilar datos comparables sobre la discapacidad para poder valorar mejor las lecciones de vida de las personas con discapacidad en los distintos contextos, calibrar las políticas y las medidas, seguir su evolución y efectuar las intervenciones pertinentes;

30. pide a la Comisión que aborde de forma sistemática la cuestión del déficit de información sobre las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito rural. Conforme al deseo expresado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y reafirmado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es necesario colmar el déficit informativo no solo con datos desagregados, sino también con indicadores de inclusión que permitan efectuar el seguimiento de las políticas y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad;

31. comparte la necesidad de adecuar las cualificaciones de las personas con discapacidad sirviéndose del papel que pueden desempeñar la enseñanza y la formación profesional y del próximo Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027). Comparte asimismo la estrategia de aplicar esas medidas mediante un fuerte compromiso con los Estados miembros, de modo que estos dispongan de programas inclusivos y accesibles, así como de los recursos necesarios, procurando el aprovechamiento y complementariedad de los existentes; además, destaca que debe promoverse con más empeño el acceso de las personas con discapacidad a la enseñanza superior;

32. resalta la necesidad de disposiciones específicas que permitan la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional de las personas con discapacidad, a fin de aprovechar el potencial de la transición digital en particular. Sobre esta base, celebra la utilización del aprendizaje como instrumento de inclusión social en el marco del programa Garantía Juvenil;

33. apoya la iniciativa de la Comisión Europea de instar a los Estados miembros a que definan objetivos claros para incrementar la tasa de empleo de las personas con discapacidad, especialmente en el mercado laboral abierto, y reforzar la capacidad de los servicios de empleo. Resalta la necesidad de facilitar el trabajo autónomo y el autoemprendimiento de las personas con discapacidad. Insta a los Estados miembros a que consideren incentivos fiscales para las empresas que contraten a trabajadores con discapacidad o una fiscalidad ventajosa para los trabajadores autónomos con discapacidad y especialmente el emprendimiento;

34. acoge con satisfacción la publicación del Plan de Acción para la Economía Social, cuyo fin es mejorar el entorno propicio para la economía social, en particular las oportunidades relacionadas con las personas con discapacidad. Pide más inversión en las empresas sociales centradas en la integración. Sostiene que las empresas sociales pueden promover un modelo orientado al mercado para actividades que, gestionadas con éxito, pueden ampliarse y ser viables desde el punto de vista financiero en el mercado laboral abierto ( 1 )

Igualdad de acceso y no discriminación

35. reconoce que la cuestión del acceso a la justicia no es secundaria y se evidencia, ante todo, en la discriminación institucional de las personas con discapacidades intelectuales y psicosociales y problemas de salud mental. Insta a los Estados miembros a que se visibilicen las buenas prácticas desarrolladas como forma de transferencia y efecto multiplicador;

36. recuerda que muchos de los ciudadanos de la UE que padecen trastornos de desarrollo o enfermedades mentales podrían ser sometidos a una tutela total o parcial. Manifiesta, no obstante, su inquietud acerca de la tutela completa toda vez que implica la pérdida de la práctica totalidad de los derechos legales y la transferencia a un representante legal de las decisiones que más atañen a la vida de una persona. Hay muchos adultos que, en contra de su voluntad, han sido internados en instituciones por representantes legalmente designados. El CDR pide a los Estados miembros que adopten normas que permitan aplicar el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) ( 2 ) y que impliquen en el proceso de toma de decisiones a los interesados, sus familias, las organizaciones que defienden sus intereses y los especialistas;

37. considera esencial abordar la cuestión de la lucha contra la violencia hacia las personas con discapacidad y, en particular las mujeres y los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, así como la cuestión de las personas con discapacidades intelectuales y sociales. Afirma que es necesario reforzar las medidas en este sentido en la nueva Estrategia; Por ejemplo, deberán supervisarse mejor las estructuras residenciales protegidas, y deberá concederse pleno acceso a todos los centros de asesoramiento y centros de acogida para mujeres;

38. conviene en que la necesidad de combatir la discriminación en todos los ámbitos de la vida de las personas con discapacidad es uno de los principales retos que debe afrontar la Unión Europea en la actualidad en materia de discapacidad;

39. reconoce que la educación es el principal vehículo de lucha contra las desigualdades, también por lo que respecta a las personas con discapacidad. Está de acuerdo en que la garantía de una educación inclusiva debe abarcar la infancia, la adolescencia y también los adultos con discapacidad. Reconoce que los programas europeos en la materia apoyan y fomentan este tipo de actividades. Pide que los entes locales y regionales, así como las asociaciones de personas con discapacidad y sus familiares, participen en el programa de aprendizaje de las personas con discapacidad, a fin de promover el intercambio de buenas prácticas, y pide que se favorezca una participación activa de los entes locales y regionales en la integración de las políticas de inclusión social con las de enseñanza;

Mejorar el acceso al arte y la cultura, las actividades recreativas, el ocio, el deporte y el turismo

40. es partidario de que se fomente el desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad, y de manera significativa de los niños, niñas y jóvenes, como de cualesquiera otras, mediante el acceso al arte, la cultura, las actividades recreativas, el ocio, el deporte y el turismo;

41. destaca, en especial, el papel desempeñado por el deporte para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad e insta a los Estados Miembros al fomento de programas que faciliten la participación de niños, niñas, jóvenes y personas con discapacidad con mayores limitaciones;

Predicar con el ejemplo

42. reconoce la importancia de adoptar un sistema articulado para una aplicación eficiente de la Estrategia. El primer paso es la inclusión de las personas con discapacidad de forma sistemática en los procesos de toma de decisiones;

43. destaca la necesidad de luchar eficazmente contra los estereotipos sobre la discapacidad física e intelectual en el discurso público, la representación en los medios de comunicación y la educación en la práctica, optando por una tolerancia cero frente a los prejuicios y la estigmatización que se basan en la discapacidad física o intelectual, incluido el uso de un lenguaje discriminatorio. Los entes locales y regionales están en muy buena posición para predicar con el ejemplo, en su calidad tanto de empleadores como de proveedores de servicios, y debido a su proximidad con los ciudadanos;

44. comparte el compromiso de la Comisión de reforzar la estrategia en materia de recursos humanos para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad en los puestos de trabajo mediante ajustes razonables, de forma que puedan ser igual de productivas que sus colegas: esto incluye la accesibilidad de los edificios y de todas las herramientas de trabajo, prestando especial atención al diseño, desarrollo y uso de las tecnologías al servicio de las personas;

45. apoya la necesidad de reforzar el marco de seguimiento para la aplicación de la Estrategia con la introducción de indicadores eficaces basados en los datos existentes y dirigidos a medir y evaluar el impacto de la inclusión social de las personas con discapacidad así como proponer e incorporar medidas tras dicha evaluación; recuerda la importancia de elaborar informes anuales de los progresos efectuados por los Estados miembros en materia de inclusión de las personas con discapacidad, incluyendo asimismo las buenas prácticas de los entes locales y regionales y de las asociaciones de personas con discapacidad y familiares;

46. pide a la Unión Europea, a los Estados miembros y a sus entes regionales y locales que refuercen la dimensión de la discapacidad en los sistemas estadísticos nacionales y regionales para poder disponer de datos fiables y periódicos en colaboración con Eurostat.

Bruselas, 7 de mayo de 2021. El Presidente del Comité Europeo de las Regiones Apostolos TZITZIKOSTAS

(1) Eurofound (2021), Disability and labour market integration: Policy trends and support in EU Member States, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20013en.pdf

(2) https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convention_accessible_pdf.pdf