Declaraciones de la Comisión

La Comisión procederá a un examen de todos los actos legislativos vigentes que no se habían adaptado al procedimiento de reglamentación con control antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, con objeto de evaluar si es necesario que dichos instrumentos sean adaptados al régimen de actos delegados introducido por el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Comisión presentará las propuestas pertinentes tan pronto como sea posible y, a más tardar, en las fechas mencionadas en el calendario indicativo adjunto a la presente declaración.

Mientras que esté en marcha este ejercicio de adaptación, la Comisión mantendrá periódicamente informado al Parlamento Europeo sobre los proyectos de medidas de ejecución relacionadas con estos instrumentos que se convertirán en el futuro en actos delegados.

Con respecto a los actos legislativos en vigor que actualmente contienen referencias al procedimiento de reglamentación con control, la Comisión analizará las disposiciones vinculadas a este procedimiento, en cada instrumento que tenga intención de modificar, con objeto de adaptarlas en su momento de conformidad con los criterios establecidos en el Tratado. Además, el Parlamento Europeo y el Consejo estarán autorizados para señalar actos básicos que consideren que es importante adaptar prioritariamente.

La Comisión evaluará los resultados de este proceso a finales de 2012 con el fin de calcular cuántos actos legislativos que contienen referencias al procedimiento de reglamentación con control siguen en vigor, tras lo cual preparará las iniciativas legislativas pertinentes para completar la adaptación. El objetivo general de la Comisión es que, para finales de la séptima legislatura del Parlamento, se hayan eliminado todas las disposiciones referentes al procedimiento de reglamentación con control de todos los instrumentos legislativos.

La Comisión señala que ha lanzado recientemente un estudio que proporcionará una revisión completa y objetiva de todos los aspectos de la política y la práctica de defensa comercial de la UE, incluidas una evaluación del funcionamiento, métodos, utilización y eficacia del actual régimen de instrumentos de defensa comercial para lograr sus objetivos en materia de política comercial, una evaluación de la eficacia de las decisiones existentes y potenciales de la Unión Europea (por ejemplo, la prueba del interés comunitario, la regla del derecho inferior, el régimen de recaudación de derechos) en comparación con las decisiones tomadas por determinados socios comerciales y un examen de la reglamentación de base antidumping y antisubvenciones teniendo en cuenta la práctica administrativa de las Instituciones de la UE, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las recomendaciones y resoluciones del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC.

En vista de los resultados del estudio y la evolución de las negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo, la Comisión tiene intención de analizar si debe actualizar y modernizar, y cómo hacerlo, los instrumentos de defensa comercial de la UE.

La Comisión recuerda, asimismo, las recientes iniciativas que ha tomado para mejorar la transparencia del funcionamiento de los instrumentos de defensa comercial (tales como el nombramiento de un Consejero Auditor) y sus trabajos con los Estados miembros para aclarar elementos clave de las prácticas de defensa comercial. La Comisión concede una importancia fundamental a esta labor e intentará identificar, en consultas con los Estados miembros, otras iniciativas que podrían tomarse en este sentido.

En virtud de las normas sobre comitología basadas en la Decisión 1999/468/CE del Consejo, cuando un Comité de Gestión de la Política Agrícola Común (PAC) haya emitido un dictamen desfavorable, la Comisión ha de presentar el proyecto de medida en cuestión al Consejo, el cual puede tomar una decisión distinta en un plazo de un mes. No obstante, no queda excluido que la Comisión actúe, ya que tiene la posibilidad de aplicar la medida o retrasar su aplicación. Así, la Comisión puede tomar la medida si considera, tras sopesarla, que la suspensión de su aplicación generaría, por ejemplo, perjuicios irreversibles al mercado. Si, posteriormente, el Consejo decide en otro sentido, la medida puesta en marcha por la Comisión, por supuesto, se convierte en redundante. Así, las reglas actuales dotan a la Comisión de un instrumento que permite proteger el interés común de toda la Unión mediante la adopción de una medida al menos de manera provisional.

El artículo 7 de ese Reglamento persigue el objetivo de mantener este enfoque dentro de las nuevas modalidades de comitología, pero limitado a situaciones excepcionales y a partir de criterios claramente definidos y restrictivos. Permitirá a la Comisión adoptar un proyecto de medida pese al dictamen desfavorable del comité de examen, siempre que "su no adopción en el plazo imperativo pudiera causar una perturbación importante en los mercados (…) o para los intereses financieros de la Unión.". La disposición hace referencia a situaciones en las que no se puede esperar hasta que el comité vote de nuevo sobre el mismo u otro proyecto de medida porque, mientras tanto, el mercado se vería gravemente afectado por, por ejemplo, el comportamiento especulativo de los operadores. Para velar por la capacidad de actuación de la Unión, la disposición daría a los Estados miembros y a la Comisión la oportunidad de mantener otro debate documentado sobre el proyecto de medida sin dejar los temas sin decidir y abiertos a especulación, lo que tendría repercusiones negativas para los mercados y el presupuesto.

Tales situaciones se pueden plantear, concretamente, en el contexto de la gestión diaria de la PAC (por ejemplo, en la fijación de las restituciones por exportación, la gestión de las licencias o la cláusula especial de salvaguardia), en la que, con frecuencia, es necesario tomar decisiones rápidamente, las cuales pueden tener consecuencias económicas significativas en los mercados y, por tanto, en los agricultores y operadores, aunque también en el presupuesto de la Unión.

En los casos en los que el Parlamento Europeo o el Consejo indiquen a la Comisión que consideran que un proyecto de acto de ejecución excede las competencias de ejecución establecidas en el acto de base, la Comisión revisará inmediatamente el proyecto de acto de ejecución teniendo en cuenta las posiciones expresadas por el Parlamento Europeo o el Consejo.

La Comisión actuará de manera que tenga debidamente en cuenta la urgencia del asunto.

Antes de decidir si el proyecto de acto de ejecución ha de adoptarse, modificarse o retirarse, la Comisión informará al Parlamento Europeo o al Consejo de la actuación que tiene intención de seguir y de las razones para ello.

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