ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31.10.2000 L 278/39
CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores del Reglamento (CE) no1522/2000 del Consejo,de 10 de julio de 2000,por el que se
establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de fibras sintéticas discontinuas depoliéster originarias de Australia,Indonesia y Tailandia y por el que se percibe definitivamente el derecho
provisional establecido
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 175 de 14 de julio de 2000)
En la página 26, en el artículo 1, en el apartado 2, en el cuadro, en la columna «Empresa», en la fila de Australia:en lugar de: «Tutte le società»,
léase: «Todas las empresas».
En la página 26, en el artículo 1, en el apartado 2, en el cuadro, en la columna «Empresa», en la fila de Indonesia, en lasegunda y tercera líneas:en lugar de: «Graha Irma, 17th floor,JI. HR Rasuna Said Blok X-1»,
léase: «Graha Irama, 17th floor,JI. H.R. Rasuna Said Blok X-1».
En la página 27, en el artículo 1, en el apartado 2, en el cuadro, en la columna «Empresa», en las filas de Indonesia y deTailandia, al final:en lugar de: «Tutte le altre società»,
léase: «Todas las demás empresas».
Corrección de errores de la Recomendación BCE/2000/10 del Banco Central Europeo,de 5 de octubre de 2000,
sobre los auditores externos de los bancos centrales europeos
(Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 259de 13 de octubre de 2000)
En la página 65, en el considerando 2:en lugar de: «[...] y que la excepción en favor de Grecia establecida en el considerando 4 de la Decisión 98/317/CE delConsejo(
2), con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 109 J del Tratado; [...]»,
léase: «[...] y la excepción en favor de Grecia establecida en el considerando 4 de la Decisión 98/317/CE delConsejo, de 3 de mayo de 1998, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 109 J delTratado(
2), [...]».
RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO en favor de un Reglamento (CE) del Consejo relativo a los límites y condiciones para los incrementos de capital del Banco Central Europeo (BCE/1998/11) (98/C 411/07)

(Presentada por el Banco Central Europeo el 3 de noviembre de 1998)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (en lo sucesivo denominados «los Estatutos») y, en particular el apartado 1 de su artículo 28,

Considerando la recomendación efectuada por el Banco Central Europeo (BCE);

Considerando el dictamen del Parlamento Europeo;

Vista la opinión de la Comisión de las Comunidades Europeas;

Actuando de conformidad con el procedimiento dispuesto en el apartado 6 del artículo 106 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (en lo sucesivo denominado «el Tratado») y en el artículo 42 de los Estatutos;

Considerando que en los apartados 1 y 2 del artículo 28 de los Estatutos se dispone que el BCE recibirá de los Bancos Centrales nacionales un capital de hasta 5 000 millones de euros, que será operativo desde la creación del BCE; que en el apartado 1 del artículo 28 del Estatuto se dispone que el Consejo especificará los límites y condiciones aplicables a los aumentos de capital que el BCE podrá realizar más allá de los límites fijados en dicho artículo;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Incrementos del capital del BCE

El Consejo de Gobierno del BCE podrá aumentar el capital de BCE más allá de lo especificado en la primera frase del apartado 1 del artículo 28 de los Estatutos mediante un importe adicional de hasta 5 000 millones de ecus.

Artículo 2

Disposición Final

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 1999.

Este Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los Estados miembros.
2.2

Segunda: la definición de «infraestructura crítica europea »incluye expresamente las dependencias intersectoriales, pues la eficacia de las medidas de aplicación referidas a un sector determinado podría reducirse notablemente si no se tuvieran debidamente en cuenta dichas interdependencias sectoriales. Sin embargo, se observa que esta definición no se refiere expresamente sólo a bienes situados exclusivamente en la UE. Por consiguiente, no está claro qué tratamiento recibirán conforme a la directiva propuesta los bienes situados en parte fuera de la UE cuya interrupción o destrucción afecte a ICE. El BCE celebraría que se aclarara esta cuestión.
Dictamen del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo

de 1 de abril de 2004

acerca de la recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre el nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo

(CON/2004/11)

(2004/C 87/11)

1. Por carta de 30 de marzo de 2004, el Consejo de la Unión Europea solicitó al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) que emitiera dictamen acerca de la Recomendación 2004/296/CE del Consejo, de 30 de marzo de 2004, sobre el nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo(1).

2. En dicha recomendación, que, tras ser consultada al Consejo de Gobierno del BCE y al Parlamento Europeo, se someterá a los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros que han adoptado el euro, se recomienda que D. José Manuel González-Páramo sea nombrado miembro del Comité Ejecutivo del BCE por un mandato de ocho años a contar desde el 1 de junio de 2004.

3. El Consejo de Gobierno del BCE considera que el candidato propuesto es una persona de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios, según se requiere en la letra b) del apartado 2 del artículo 112 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

4. El Consejo de Gobierno del BCE no tiene inconveniente en la recomendación del Consejo de que el candidato propuesto sea nombrado miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

5. El Consejo de Gobierno del BCE ha adoptado el presente dictamen de conformidad con la letra b) del apartado 2 del artículo 112 del Tratado y con los artículos 11.2 y 43.3 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 1 de abril de 2004.

En nombre del Consejo de Gobierno del BCE

El presidente del BCE

Jean-Claude Trichet

(1) DO L 97 de 1.4.2004, p. 65.
VII. Las cuestiones clave de auditoría son aquellas que, según el criterio profesional del Tribunal, revistieron mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del período corriente. Si bien examinó estas cuestiones al fiscalizar los estados financieros en su conjunto y formarse una opinión sobre los mismos, el Tribunal no emite una opinión específica sobre ellas Gastos devengados VIII. El Tribuna evaluó los gastos devengados presentados en las cuentas (véase la nota 2.8), que están sujetos a un elevado grado de estimación. Al final del ejercicio 2018, la Comisión calculó que los gastos subvencionables efectuados pero todavía no notificados por los beneficiarios ascendían a 5 133 millones de euros (al final del ejercicio 2017: 4 653 millones de euros) IX. El Tribunal examinó el cálculo de estas estimaciones del devengo y controló una muestra de 30 contratos individuales para valorar el riesgo de inexactitudes en el devengo. Basándose en el trabajo realizado, el Tribunal llegó a la conclusión de que los gastos devengados reconocidos en las cuentas definitivas eran apropiados Impacto potencial de la salida del Reino Unido de la Unión Europea sobre las cuentas de los FED de 2018 X. El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó oficialmente al Consejo Europeo su intención de abandonar la UE. El 19 de marzo de 2018, la Comisión publicó un proyecto de acuerdo de retirada que destacaba los avances realizados en las negociaciones con el Reino Unido y establecía que el Reino Unido seguiría formando parte de los FED hasta el cierre del undécimo FED y de todos los FED anteriores que sigan abiertos. Asimismo, asumiría las mismas obligaciones que los Estados miembros en virtud del acuerdo interno por el que se estableció el undécimo FED, así como las obligaciones derivadas de los FED anteriores hasta su cierre XI. El proyecto de acuerdo de retirada también establece que, en el caso de los importes de los proyectos en el marco del décimo FED o de FED anteriores que no se hayan comprometido o que se hayan liberado el día de entrada en vigor de este acuerdo, no se volverá a utilizar la parte del Reino Unido de estos importes. Lo mismo ocurre con la parte de los fondos del Reino Unido que no se haya comprometido o que se haya liberado en el marco del undécimo FED tras el 31 de diciembre de 2020. Dado que las negociaciones sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea siguen en curso, el texto final del acuerdo no se ha confirmado todavía XII. Por consiguiente, no existe ningún impacto financiero que notificar en las cuentas de los FED de 2018. El Tribunal llega a la conclusión de que las cuentas de los FED, a 31 de diciembre de 2018, reflejan correctamente el estado del proceso de retirada en dicha fecha
XI.

El Tribunal observa, que en otros ámbitos, los pagos siguen significativamente afectados por errores y la Comisión y los Estados miembros, así como otros países beneficiarios, necesitan aumentar los esfuerzos para poner en práctica sistemas de control y supervisión adecuados, con el fin de mejorar la gestión de los riesgos asociados. Se trata, en concreto, de los ámbitos siguientes: política agrícola común, acciones estructurales, políticas internas y acciones exteriores: a) con respecto a los gastos de la PAC, el Tribunal halló pruebas de que los gastos no sujetos al SIGC, o cuando el SIGC no se aplica de forma adecuada o su introducción es muy reciente, plantean mayores riesgos dado que los sistemas de control no son tan eficaces. Además, los resultados de la inspección del SIGC no son suficientemente verificados y validados por un organismo independiente y las solicitudes de ayuda comunitaria no suelen ser controladas sobre el terreno por este último. Los sistemas de liquidación y los controles posteriores al pago en el caso de las ayudas de la PAC no cubiertas por el SIGC no ofrecen garantías razonables del cumplimiento de la legislación comunitaria. El Tribunal concluyó que, en general, los gastos de la PAC seguían significativamente afectados por errores; b) en el ámbito de las acciones estructurales, el Tribunal detectó una vez más que la Comisión no mantiene una supervisión efectiva destinada a mitigar el riesgo de que los controles delegados a los Estados miembros no impidan el reembolso de gastos excesivos o no subvencionables. En ambos períodos de programación (1994-1999 y 2000-2006), el Tribunal observó que los gastos no estaban libres de irregularidades importantes. Algunos programas del período 1994-1999 se cerraron sin una base sólida; c) en el ámbito de las políticas internas, pese a los avances realizados en determinados campos, la fiscalización del Tribunal reveló debilidades en los sistemas de control y supervisión que provocaron un nivel significativo de errores en los pagos a los beneficiarios. Los errores se derivan, principalmente, de unos sistemas de reembolso de costes complicados y de la falta de claridad de los procedimientos e instrucciones que rigen los diferentes programas; d) por lo que respecta a las acciones exteriores, las mejoras de los sistemas de control y supervisión de la Comisión todavía no han tenido repercusiones en los organismos de ejecución, donde persiste un nivel significativo de errores, que puede atribuirse a la falta de un enfoque global en materia de supervisión, control y auditoría de dichos organismos.
Informe Especial no 1/2009 "Actividades bancarias en la cuenca mediterránea en el contexto del programa MEDA y los protocolos anteriores"

2009/C 91/03

El Tribunal de Cuentas Europeo anuncia que acaba de publicar su Informe Especial no 1/2009 "Actividades bancarias en la cuenca mediterránea en el contexto del programa MEDA y los protocolos anteriores".

El informe puede consultarse o descargarse en el sitio Internet del Tribunal de Cuentas Europeo: www.eca.europa.eu

También puede obtenerse gratuitamente en versión papel y CD-ROM, enviando una petición a la dirección siguiente:

Tribunal de Cuentas Europeo

Unidad "Comunicación e informes"

12 rue Alcide De Gasperi

1615 Luxemburgo

LUXEMBOURG

Tel.: +352 4398-1

Correo electrónico: euraud@eca.europa.eu

o rellenando una orden de pedido electrónico en EU-Bookshop.

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III.

La IAV ha resultado ser un éxito, como demuestra el continuo incremento del número de IAV expedidas, y la Comisión y los Estados miembros no escatiman esfuerzos por mejorar el sistema IAV. a) Cuando se somete al Comité del Código Aduanero una cuestión de clasificación, las directrices administrativas ordenan a los Estados miembros que no debe expedirse otra IAV hasta que se resuelva el asunto. El tiempo necesario para resolver esos casos en el Comité es debido a los procedimientos implicados en la Decisión de Comitología [Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999 (DO L 184 de 17.7.1999)]. b) La Comisión persigue la utilización incorrecta de la IAV con efectos negativos sobre los recursos propios tradicionales cuando tiene conocimiento de ella a través de sus inspecciones, investigaciones y controles documentales. El importe de los recursos propios tradicionales potencialmente implicado es muy variable y el número limitado, por lo que no es probable que las estimaciones sean significativas. c) Dentro de los limitados recursos humanos disponibles, las consultas de la base de datos EBTI-3 se basan en el análisis de riesgo. En junio de 2007, la Comisión inició la primera fase de una medida de seguimiento EBTI-3 para examinar cómo expiden la IAV los Estados miembros. Hasta la fecha, se han emprendido seis visitas de seguimiento y están previstas otras ocho para 2008. d) La Comisión insta continuamente a los Estados miembros a que verifiquen si hay solicitudes IAV y IAV divergentes consultando la base de datos EBTI-3. Dada la complejidad y los numerosos elementos técnicos de la clasificación arancelaria, puede haber multitud de razones por las que la expedición de la IAV lleve tiempo. e) La actual legislación no impone una obligación al operador económico titular de una IAV de declarar o utilizar esa IAV al despachar sus mercancías en la aduana. No obstante, el Código Aduanero Modernizado (CAM), que está previsto que se adopte en 2008, hará la IAV vinculante para el titular. Las disposiciones de aplicación del CAM establecerán las condiciones para la declaración de la IAV. En el contexto de su función de facilitar el comercio, el valor de las mercancías comercializadas utilizando la IAV no tiene un impacto sobre la eficiencia del mecanismo en sí. f) Como reconoce el Tribunal, la concesión de períodos de gracia es rara. No obstante, la Comisión está estudiando la mejor manera de intensificar los controles al respecto en sus conversaciones con los Estados miembros en el Comité del Código Aduanero.
78.

La Comisión comparte las preocupaciones del Tribunal. No obstante, considera que la situación es más compleja. El instrumento se ha utilizado de múltiples maneras en distintos Estados miembros y los resultados no son uniformemente negativos. Deben ponerse de relieve otros datos más alentadores, en particular la formación de asociaciones de organizaciones de productores y la aparición de organizaciones de grandes productores en algunos Estados miembros desde la reforma de la política en 1996 (en particular BE, NL e IT), alguna de las cuales ya pueden contrarrestar el poder de negociación de los grandes minoristas.
33.

La Comisión reconoce que la introducción del nuevo instrumento CES en 2000 dio pie a una ejecución lenta pero progresiva, aunque no existe relación entre la introducción del SEDA, que debía ponerse en marcha como muy pronto en 2002, y las dificultades iniciales para ejecutar los programas de subvenciones de CES, introducidos dos años antes. Las dificultades iniciales se debieron principalmente a la curva de aprendizaje seguida por los organismos de ejecución, que carecían de experiencia en el nuevo mecanismo de «medidas». Aunque los programas de subvenciones representaron una mayor carga de trabajo para las delegaciones (aprobación previa de la convocatoria de propuestas y directrices para los solicitantes), según las disposiciones aplicables a la ayuda exterior (descentralizada), la evaluación de las solicitudes presentadas de financiación de proyectos no es tarea de las delegaciones, sino de las autoridades nacionales. Las delegaciones no aprueban cada contrato individual, sino que aprueban globalmente los informes de evaluación y la lista definitiva de propuestas de adjudicación preparados por las autoridades nacionales. La dificultades iniciales se debieron principalmente a la curva de aprendizaje de los países, que tuvieron que aplicar este nuevo mecanismo de «medidas».
13.

Al igual que en los años precedentes, el TCE emitió una opinión con reservas sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas de la empresa común ECSEL. Las diferencias significativas en las metodologías y los procedimientos aplicados por las distintas autoridades financieras nacionales no permiten a ECSEL calcular un porcentaje único de error ponderado fiable ni un porcentaje de error residual, por lo que el TCE no pudo determinar si las auditorías ex post proporcionan garantías suficientes de la legalidad y la regularidad de los pagos intermedios y finales subyacentes de los proyectos del 7PM gestionados por la empresa común. Esta cuestión no es pertinente para la ejecución de los proyectos de Horizonte 2020, ya que sus auditorías ex post corren a cargo del servicio común de auditoría de la Comisión.
Los acuerdos se subvención no establecían umbrales para cada categoría de coste específica (como personal, subcontratación, servicios jurídicos, etc.).

2014

El Instituto sobrestimó sus necesidades presupuestarias para 2014 en 13,1 millones de euros, un 5,6 % (3,4 millones de euros, un 2,5 %, en 2013) y solo se comprometieron 220 millones de los 233,1 millones de euros del presupuesto. Este bajo porcentaje de ejecución se debe principalmente a los créditos afectados a las subvenciones no utilizados (11,4 millones de euros) para financiar las actividades de las CCI. Los planes empresariales de las CCI, a partir de los cuales se firmaron los acuerdos de subvención, no precisan la utilización de la totalidad de los créditos de que disponía en 2014 el Instituto. Los créditos no utilizados volverán a incluirse en los presupuestos del Instituto de los años 2015-2017 tal y como dispone su reglamento financiero.
13.

Al igual que en 2015, el TCE emitió una opinión con reservas sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas de la empresa común ECSEL. Los mecanismos existentes en dicha empresa para las auditorías ex post de los beneficiarios de las subvenciones del 7PM no permiten calcular un porcentaje de error ponderado fiable ni un porcentaje de error residual de sus pagos del 7PM, por lo que el TCE no pudo determinar si las auditorías ex post proporcionan garantías suficientes de la legalidad y la regularidad de los pagos intermedios y finales subyacentes de los proyectos del 7PM gestionados por la empresa común. Esta cuestión se deriva del sistema de control que la empresa común ECSEL heredó de sus predecesoras (las empresas comunes ENIAC y ARTEMIS) y ya no será aplicable a la ejecución de los proyectos de Horizonte 2020.
24.

La regla fundamental que subyace en la contratación pública es garantizar la competencia entre los operadores económicos. El Tribunal hizo constar en cuatro IAE que las agencias no habían cumplido plenamente esta regla. En este sentido, se refirió al recurso, en circunstancias que no pueden considerarse excepcionales, al procedimiento negociado sin la publicación de una convocatoria y subrayó la ausencia de competencia en el caso de contratos marco que no definen claramente los servicios requeridos ni los precios en concreto.
25.

En 2015, la F4E realizó auditorías ex post de los tres beneficiarios de las subvenciones que había concedido (36). A pesar de que la F4E está adoptando las medidas necesarias para corregir los errores identificados (37), no se ha calculado el porcentaje de error residual debido al escaso número de auditorías ex post que se realizaron hasta la fecha (38), así como el reducido impacto de las subvenciones concedidas por la F4E en su presupuesto total (39).
14.

En 2014 la Agencia celebró un contrato marco por valor de 15 millones EUR (que abarcaba de 2014 a 2017) para servicios de consultoría en alta dirección. Sus objetivos y las actividades programadas no eran suficientemente precisos como para justificar la decisión de adjudicación o el volumen del contrato. No hay pruebas de que el Consejo de Administración haya sido consultado al respecto, lo que habría sido apropiado dada la naturaleza y el valor del contrato, aunque el Reglamento Financiero no exija esta consulta.
19.

La mayoría de las prórrogas relativas al capítulo 1 6 corresponde a las visitas de fiscalización de los agentes y asciende a 4 78 305 euros. En 2014 se realizaron varias visitas de fiscalización de las que no se habían recibido declaraciones de gastos, o se recibieron pero no habían sido totalmente tramitadas al final del ejercicio. Otros importes que han contribuido a las prórrogas del capítulo 1 6, con respecto a los cuales existían compromisos jurídicos pero no se recibieron las facturas correspondientes en 2014, son los correspondientes al «Centro infantil polivalente» (2 54 430 euros) y al «Perfeccionamiento profesional» (1 99 609 euros).
1.

La Agencia del Sistema Europeo Global de Navegación por Satélite o GNSS (conocida como «GSA» y denominada en lo sucesivo «la Agencia»), cuya sede fue transferida de Bruselas a Praga el 1 de septiembre de 2012 (1), se creó en virtud del Reglamento (UE) no 912/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1321/2004 del Consejo (3) y se modifica el Reglamento (CE) no 683/2008 (4), con la misión de gestionar los intereses públicos relativos a los programas europeos de radionavegación por satélite (GNSS) y ser su órgano regulador durante las fases de despliegue y explotación del programa Galileo. En virtud del Reglamento (CE) no 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, las competencias de la Agencia se vieron limitadas al control de la seguridad de los sistemas Galileo y a la preparación de su comercialización (5). Además, la Comisión confió la explotación del Sistema Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario (EGNOS) a la Agencia mediante un acuerdo de delegación.
La Oficina no aprobó las normas de desarrollo del Estatuto en cuanto a la contratación y utilización de personal contractual y a la ocupación temporal de puestos directivos.

La Oficina procedió a una comprobación física de sus activos en diciembre de 2012, pero sin que se redactara un informe sobre dicha comprobación. Debido a ello no es posible verificar la exactitud de los registros contables correspondientes.

2012

Los procedimientos de selección de personal mostraron deficiencias significativas que afectaban a la transparencia y la igualdad de trato de los candidatos: no siempre se aplicaron las ponderaciones y los umbrales fijados de antemano, no se empleó el mismo método de evaluación en los distintos procedimientos y no se mencionó la posibilidad de recurso en el anuncio de vacante.