Casi todos los Estados miembros (AT, BE, BG, CY, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, LT, LU, LV, NL, PL, PT, SI, SK y UK) incluyen una referencia directa a la nacionalidad en sus registros nacionales de antecedentes penales mediante la inscripción de la «nacionalidad» en la lista de los datos de identificación de la persona condenada inscritos en el registro de antecedentes penales o mediante la introducción de una disposición por la que se creaba explícitamente tal obligación. En el caso de CZ y SE, esta obligación puede deducirse del contexto general de los actos legislativos.

El artículo 4, apartado 1, de la Decisión Marco exige a cada Estado miembro que garantice que todas las condenas de los nacionales de otro Estado miembro vayan acompañadas de información sobre la nacionalidad o nacionalidades de la persona condenada en el momento de su transmisión a su registro de antecedentes penales. De lo contrario, el Estado miembro de condena no podría transmitir información al Estado miembro del que es nacional la persona, y no funcionaría el principio de centralización de la información en un solo lugar.

En 17 Estados miembros (BE, BG, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IT, LU, NL, PL, PT, SI y SK), los registros de antecedentes penales son responsabilidad del Ministerio de Justicia y en 11 (AT, CY, DK, HU, IE, LT, LV, MT, RO, SE y UK), del Ministerio del Interior. En los ministerios de Justicia, la mayoría de los Estados miembros asignaron sus registros de antecedentes penales a las oficinas de las autoridades centrales a los efectos de la Decisión Marco; LU y SK lo asignaron a la Fiscalía General. En los ministerios del Interior, los Estados miembros los asignaron a los servicios competentes de policía. De conformidad con el artículo 3, apartado 1, de la Decisión Marco, dos Estados miembros designaron a más una autoridad central a nivel nacional: cuatro en el caso de CY y dos en el caso de CZ .

Algunos Estados miembros (AT, CY, CZ, FI, PL, PT, SK y UK) adoptaron la definición prevista en la Decisión Marco. En el caso de BG y HU, esto puede deducirse del contexto general de la normativa. En un número considerable de Estados miembros (BE, DE, EE, HR, LU, NL, SE y SI), el término condena parece ir más allá de las resoluciones dictadas únicamente por los órganos jurisdiccionales penales. Por ejemplo, NL intercambiará también resoluciones adoptadas por un fiscal y, en algunos casos, datos sobre investigaciones judiciales o asuntos en curso. Varios Estados miembros (ES, FR, LT y LV) no establecieron una definición clara de lo que consideran condena a efectos de la Decisión Marco.

Los Estados miembros han adoptado diferentes enfoques para la transposición de la Decisión Marco en su legislación nacional. AT, BG, CZ, DE, FR, HU, SE y SK han modificado diversas normas nacionales; EE, NL, PL y PT han modificado su legislación nacional de registros de antecedentes penales. Además de estas modificaciones, FI y BE adoptaron o propusieron normas de ejecución separadas. ES y LU sólo adoptaron una norma de ejecución separada. HR, LT y LV han adoptado nueva legislación que regula los aspectos relativos a los registros de antecedentes penales en general y algunas normas secundarias específicas. Dos Estados miembros han adoptado nueva legislación con un alcance más amplio (SI: una ley sobre cooperación internacional en materia penal; UK: una ley sobre Derecho penal y protección de datos). En CY, el texto de la Decisión Marco se incorporó directamente en la legislación nacional.

Seis Estados miembros (DK, EL, IE, IT, MT y RO) todavía no han comunicado las medidas de transposición de las obligaciones derivadas de la Decisión Marco, pero cinco de ellos (DK, EL, IE, IT y RO) han intercambiado información sobre antecedentes penales a través del sistema ECRIS.

De conformidad con el artículo 13 de la Directiva Marco, la Comisión ha recibido notificaciones sobre las normas nacionales de transposición de 22 Estados miembros: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, LT, LU, LV, NL, PL, PT, SE, SI, SK y UK. El presente informe se basa en las disposiciones de transposición de dichos Estados miembros.

El artículo 11, apartado 2, de la Decisión Marco determina las categorías de los datos transmitidos por el Estado miembro de condena en relación con una persona condenada en el extranjero que deben ser conservados por el Estado miembro de nacionalidad. Aunque la gran mayoría de los Estados miembros (AT, BE, BG, CY, DE, EE, FI, FR, HR, HU, LT, LU, NL, PL, SK y UK) conservan toda la información exigida, tres (CZ, LV y SE) han adoptado disposiciones de aplicación que no precisan qué información debe conservarse, sino que son más generales o incluyen condiciones específicas. ES y PT no han facilitado listas sobre la información conservada, sino que han establecido una obligación general de conservar toda la información transmitida por los demás Estados miembros.

Casi todos los Estados miembros (AT, BE, BG, CZ, CY, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, LT, LU, LV, NL, PL, PT, SE, SK y UK) han previsto, en su legislación, una disposición específica sobre la obligación de conservación. La mayoría establece que toda la información recibida de otros Estados miembros se conservará en sus registros de antecedentes penales, es decir, independientemente de que el delito sea castigado también en virtud de su legislación. AT, LT y PT recogen esto de forma explícita en sus disposiciones. SI no parece haber incluido una disposición sobre las obligaciones de conservación en su legislación.

Un número considerable de Estados miembros (DE, EE, ES, FR, HU, PL y SE) no han adoptado las disposiciones pertinentes. FR y PL informaron a la Comisión de que transmiten dicha información a través de los canales del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, ya que sus autoridades centrales no tienen acceso directo a las copias de las resoluciones judiciales.

La mayoría de los Estados miembros (AT, BE, BG, CY, CZ, FI, HR, LT, LU, LV, NL, SI, SK y UK) ya han transpuesto en su totalidad el artículo 4, apartado 4, de la Decisión Marco. Al parecer, BG envía copias de las resoluciones judiciales que no han sido solicitadas en casos individuales, ya que lo hace de manera automática para todas las notificaciones. En muchos Estados miembros, las copias de las resoluciones no están directamente a disposición de las autoridades centrales o en los registros de antecedentes penales. Algunos Estados miembros (CZ, LT, LV y SK), por lo tanto, imponen una obligación explícita a sus órganos jurisdiccionales o a las autoridades competentes del Estado de proporcionar a la autoridad central la información solicitada. AT reenvía tales peticiones a sus tribunales para nuevas medidas. CZ y CY nombró a unas autoridades centrales que tienen acceso directo a las copias de las resoluciones judiciales para tratar las solicitudes previstas en el artículo 4, apartado 4. PT no hace referencia explícita a la obligación de responder a tales solicitudes, pero su autoridad central podrá solicitar copias de las resoluciones judiciales de los órganos jurisdiccionales que han dictado la condena con el fin de responder a las solicitudes procedentes de otros Estados miembros.

Para garantizar que la información sea exhaustiva y actualizada, el artículo 4, apartado 3, de la Decisión Marco obliga al Estado miembro de condena a notificar inmediatamente al Estado miembro de nacionalidad del condenado cualquier revisión o supresión posterior de información en las notificaciones anteriores. Casi todos los Estados miembros (AT, BE, BG, CY, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, LT, LU, LV, PL, PT, SE, SI, SK y UK) han aplicado esta disposición, refiriéndose explícitamente a la transmisión de actualizaciones. En el caso de CZ, la obligación puede deducirse del contexto. NL ha incluido una disposición relativa a la corrección y supresión de «datos inexactos» en notificaciones anteriores.

De conformidad con el artículo 11, apartado 1, de la Decisión Marco, el Estado miembro de condena debe incluir en su notificación al Estado miembro de nacionalidad información «obligatoria» sobre el condenado, la naturaleza de la condena, el delito que dio lugar a la condena y el contenido de la misma. Asimismo, debe transmitir la información «facultativa», si es que consta en el registro de antecedentes penales e «información adicional», si la autoridad central dispone de ella. Aunque la gran mayoría de los Estados miembros (AT, BE, BG, CY, DE, EE, ES, FR, HR, HU, LT, LU, NL, PL, PT, SI, SK y UK) registran y transmiten toda la información obligatoria, en cuatro casos (CZ, FI, LV y SE) las disposiciones de aplicación son más generales o incluyen algunas condiciones específicas. Por ejemplo, FI incluye «fecha, lugar y país de nacimiento» solo en ausencia de un «código de identificación personal» y en LV «la fecha de nacimiento» se incluye únicamente en ausencia de dicho código.

Casi todo los Estados miembros (AT, BE, BG, CY, CZ, EE, ES, FI, FR, HR, HU, LT, LU, LV, NL, PL, PT, SE, SI, SK y UK) han transpuesto enteramente la obligación de notificación. Aunque la mayor parte prescribieron que la notificación debe enviarse «inmediatamente», «sin demora», «tan pronto como sea posible» o «cuando se inscriba en el registro de antecedentes penales», tres introdujeron un plazo concreto para la transmisión. Este plazo va desde «el primer día hábil siguiente a más tardar» (LT), pasando por los diez días (CZ) hasta los dos meses después de la fecha de inscripción de la información en los registros de antecedentes penales (ES). DE y PT no parecen haber establecido en su legislación nacional en qué momento deben enviarse esas notificaciones; en la práctica, sin embargo, DE cumple la obligación prevista en el artículo 4, apartado 2, de la Decisión Marco.

CZ y DE no envían determinadas condenas pronunciadas en otros Estados miembros que sus tribunales nacionales no consideren condenas;

Todos los Estados miembros (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, LT, LU, LV, NL, PL, PT, SE, SI, SK, UK) han procedido a la transposición en sus legislaciones nacionales, en su totalidad, del artículo 7, apartado 1, de la Decisión Marco. La mayoría ha asumido la lista exacta de las categorías de datos previstos en el artículo. Los demás establecieron la obligación de responder a través de la información pertinente incluida en su registro (DE, EE, FI, HU, LV, NL y PL) o en un extracto nacional expedido a efectos penales (FR y LU). EE también envía una copia de la condena.

La gran mayoría de los Estados miembros (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, ES, FI, FR, HR, HU, LV, NL, PL, PT, SK y UK) han aplicado estas disposiciones, haciendo referencia explícita a la inscripción de las actualizaciones. Algunos Estados miembros (por ejemplo, BE, HR, HU y UK), prevén que solo puede retransmitirse la información actualizada. FR y PT han desarrollado el principio de «doble régimen jurídico» con más detalle, estableciendo que la supresión de una condena extranjera de sus registros nacionales de conformidad con la normativa nacional no impide su transmisión a otro Estado miembro si ha sido suprimida en el Estado miembro de condena. De acuerdo con las disposiciones previstas en la legislación de LT, la obligación de actualización, aunque no es explícita, puede deducirse del contexto. SE no menciona el registro de modificaciones, solo la supresión. En EE, sólo la obligación de supresión puede deducirse de la referencia a la legislación pertinente, no a la obligación de modificación. Dos Estados miembros prevén la supresión obligatoria de las condenas extranjeras impuestas a sus ciudadanos tras un máximo de cinco años (DE) o de veinte años (SE) a partir de la fecha de supresión de la condena, si, mientras tanto, no se ha recibido la información del Estado miembro de condena. LU y SI parecen no haber regulado las actualizaciones. Además de las actualizaciones de la información conservada, NL introdujo una forma específica de actualizaciones de la información facilitada previamente a otro Estado miembro en respuesta a una solicitud en los casos en que esta información haya sido modificada en el plazo de un año desde que fue transmitida.

Sin embargo, ello no debe conducir a que las personas sean tratadas de forma menos favorable que si hubieran sido condenadas por su órgano jurisdiccional nacional. Por ejemplo, si las normas nacionales sobre la conservación y supresión de información hubieran conducido a la supresión de una condena, el Estado miembro de nacionalidad del condenado ya no podría utilizar tal información en procedimientos nacionales. Sin embargo, siempre debe poder transmitir tal información a otro Estado miembro que lo solicite. La Decisión Marco establece el principio de «doble régimen jurídico», dependiendo de si se utiliza la información a nivel interno en el Estado miembro de nacionalidad o es remitida a otro Estado miembro.

Tres Estados miembros exigen además el consentimiento del interesado si debe darse una respuesta:

en ES, esto ocurre siempre salvo que la ley obligue a una persona a presentar el extracto de antecedentes penales;

en LT, el consentimiento es obligatorio en los casos de personas cuyos derechos y libertades no estén restringidos por la legislación del país debido a su condena;

en LU, los intercambios se producen únicamente cuando se trata de trabajar con niños y siempre se necesita el consentimiento.

AT, LV, PL y SK no incluyen una referencia a la legislación nacional en las respuestas a las solicitudes para otros fines, ni ninguna otra limitación referida a la información, permitiendo de este modo transmisiones comparables a las de un procedimiento penal. Cuatro Estados miembros no intercambian información para fines distintos de un procedimiento penal, excepto en el caso de las solicitudes procedentes de una persona (FI, HU y PT) o para trabajar con niños (aplicando así la Directiva 2011/93/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores) (LU). Dos de estos países (HU y LU), además de SI, que no transmite las condenas dictadas en otros Estados miembros, no incluyen en sus disposiciones restricciones sobre la transmisión de información en consonancia con las normas establecidas por el Estado miembro de condena. FI, HU, LU, SI, EE, FR y NL no incluyen la obligación de indicar el Estado miembro de condena del que puede obtenerse la información restringida. Mientras que algunos Estados miembros (por ejemplo, BG, EE, SE) han establecido que, en el momento de enviar notificaciones sobre condenas en su territorio, podrán limitar la transmisión posterior de esta información únicamente a procedimientos penales, las notificaciones de ES y PT siempre estarían limitadas en este sentido.

5.3. Solicitudes procedentes de un tercer país

De conformidad con el artículo 7, apartado 3, de la Decisión Marco, al responder a las solicitudes de terceros países (es decir, países no pertenecientes a la UE), el Estado miembro de nacionalidad podrá, en las condiciones establecidas en el artículo 7, apartados 1 y 2, transmitir información sobre las condenas recibidas de otros Estados miembros.

En la legislación de los Estados miembros, la transmisión de información de los registros de antecedentes penales a terceros países se rige por los convenios sobre asistencia judicial, otros acuerdos internacionales o disposiciones específicas previstas en la legislación sobre antecedentes penales.

La gran mayoría de los Estados miembros (BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, HU, LV, NL, PL, SE, SI, SK y UK) incluyen de forma explícita el artículo 7, apartado 3, en su legislación. En LT, puede deducirse del contexto. En el caso de PT se prevé que las solicitudes procedentes de países no pertenecientes a la UE sean respondidas en virtud de los acuerdos internacionales aplicables, a condición de que haya reciprocidad. AT, FR y LU no han adoptado disposiciones en este ámbito.

5.4. Solicitudes a un Estado miembro distinto del Estado miembro de nacionalidad

Es posible que una solicitud de información se dirija a un Estado miembro distinto del Estado miembro de nacionalidad. Por ejemplo, puede ser que el Estado miembro de condena reciba una solicitud de información sobre las condenas anteriores a la entrada en vigor de la Decisión Marco que podrían no haber sido transmitidas al Estado miembro de nacionalidad, o una solicitud puede referirse a un nacional de un país tercero que tampoco es ciudadano de la UE.

El artículo 7, apartado 4, de la Decisión Marco exige al Estado miembro que recibe la solicitud responder transmitiendo la información que posee en su registro de antecedentes penales sobre las condenas pronunciadas en su territorio así como sobre las condenas dictadas contra nacionales de terceros países y contra apátridas. La respuesta está sujeta a las mismas condiciones que las establecidas en el artículo 13 del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, es decir, es obligatoria y deberá contener toda la información (en el caso de las solicitudes a efectos de un procedimiento penal), o atenerse a la legislación nacional (en el caso de las solicitudes para otros fines).

Por lo que se refiere a los nacionales de terceros países, el mecanismo ECRIS mediante el cual se envían «solicitudes genéricas» a todos los Estados miembros para determinar si esta persona fue condenada, en combinación con la obligación de responder prevista en el artículo 7, apartado 4, de la Decisión Marco, da lugar a una enorme carga administrativa para todos los Estados miembros, incluidos los Estados miembros (la mayoría) que no disponen de la información solicitada. Por esta razón, la Comisión propone una modificación de la Directiva sobre el intercambio de información sobre antecedentes penales en relación con los nacionales de terceros países condenados en la UE.

La gran mayoría de los Estados miembros (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, LT, LV, NL, PL, PT, SE y UK) ya han aplicado en su totalidad el artículo 7, apartado 4, de la Decisión Marco. La mayor parte de los Estados miembros (AT, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, LT, NL, PL y SE) no hacen ninguna distinción entre las respuestas a las solicitudes relativas a sus ciudadanos, los ciudadanos de otros Estados miembros y los nacionales de terceros países, en relación con el procedimiento penal o de otro tipo; todos se rigen por las mismas disposiciones generales. Además de estas disposiciones, dos Estados miembros establecen concretamente que la información se ha de facilitar con arreglo al Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (HU) o los tratados internacionales (LV). FI, HU y PT solo responderán a las solicitudes a efectos de un procedimiento penal. BE, BG, CY, HR y UK adoptaron una disposición separada, en su mayoría reproduciendo el contenido del artículo 7, apartado 4, de la Decisión Marco, específicamente para responder a solicitudes relativas a ciudadanos de otros Estados miembros. Otros dos Estados miembros cuentan en su legislación con una disposición separada similar, pero en SI ésta aborda únicamente las respuestas relativas a los ciudadanos de terceros países y apátridas (no a los ciudadanos de los demás Estados miembros) y, en el caso de SK, solo se menciona que la información debe facilitarse en la medida requerida por un acuerdo internacional. LU parece no haber transpuesto esta disposición.

5.5. Plazo de respuesta

Las respuestas a las solicitudes a efectos de un procedimiento penal y otros fines debe proporcionarse inmediatamente y, en cualquier caso, en el plazo de diez 10 hábiles, o 20 días hábiles si la solicitud procede de una persona que solicita información sobre su propia inscripción en el registro. Cuando el Estado miembro requerido necesite información adicional para identificar el objeto de la solicitud, consultará de inmediato al Estado miembro requirente y dará una respuesta en los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la información.

Casi todo los Estados miembros (AT, BE, CY, CZ, BG, EE, ES, FI, FR, HR, HU, LT, LU, LV, NL, PL, SI, SK y UK) han transpuesto las disposiciones en materia de plazos. HU y PL no adoptaron disposiciones relativas a su petición de información suplementaria. CZ, NL y SK aplican el plazo de diez días también a las solicitudes presentadas por una persona. SE regula las respuestas a las solicitudes de un procedimiento penal, pero no para otros fines. DE no mencionó el plazo de respuesta a las solicitudes de conformidad con el artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco, solo para los casos de una solicitud presentada por un particular. PT no parece haber establecido plazos en su legislación.

6. Solicitud de información

Cuando la información sea solicitada a nivel nacional para el procedimiento penal u otros fines, la autoridad central del Estado miembro podrá, de conformidad con su Derecho nacional, presentar una solicitud de información a la autoridad central de otro Estado miembro (artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco).

Casi todos los Estados miembros (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, HU, LU, LV, NL, PL, PT, SE, SI, SK y UK) han adoptado una disposición que permite a una autoridad central solicitar información cuando así lo requieran las autoridades nacionales. Algunos Estados miembros (BG, EE, FI, HR, HU, LV, PL, PT, SE y SI) indican en su legislación exactamente quién puede solicitar información a la autoridad central a nivel nacional y en qué circunstancias. CZ, FI y HU solo solicitan información a efectos de un procedimiento penal. PL solicita información de conformidad con la ley del Estado miembro requerido, en lugar de la suya propia. FR y LT no han adoptado disposiciones explícitas sobre las solicitudes con arreglo al artículo 6, apartado 1.