Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo sobre defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (97/C 99/01) COM(97) 46 final - 97/0034 (ACC)

(Presentada por la Comisión el 17 de febrero de 1997)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 113,

Vistos los Reglamentos por los que se establece una Organización común de los mercados agrícolas, así como los Reglamentos adoptados en virtud del artículo 235 del Tratado, aplicables a las mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas, y especialmente las disposiciones de estos Reglamentos que permiten una excepción al principio general de sustitución de todas las medidas de protección en las fronteras únicamente por las medidas previstas en dichos Reglamentos,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

(1) Considerando que, por el Reglamento (CEE) n° 2423/88 (1), el Consejo estableció un régimen común de normas relativas a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Europea;

(2) Considerando que dicho régimen común se estableció de conformidad con las obligaciones internacionales existentes, en particular las derivadas del artículo VI del Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio (en lo sucesivo denominado «GATT»), del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del GATT («Código antidumping de 1979») y del Acuerdo relativo a la interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del GATT («Código sobre subvenciones y derechos compensatorios»);

(3) Considerando que la conclusión de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales ha llevado a la creación de la Organización Mundial del Comercio («OMC»);

(4) Considerando que el Anexo 1 A del Acuerdo por el que se crea la OMC, aprobado por Decisión 94/800/CE del Consejo (2) («Acuerdo de la OMC») incluye, entre otros, el Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio de 1994 («GATT de 1994»), un Acuerdo sobre la agricultura («Acuerdo sobre agricultura»), un Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 (en lo sucesivo denominado «Acuerdo antidumping de 1994») y un nuevo Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias («Acuerdo sobre subvenciones»);

(5) Considerando que, para lograr una mayor transparencia y efectividad en la aplicación por la Comunidad de las normas establecidas en el Acuerdo antidumping de 1994 y en el Acuerdo sobre subvenciones, respectivamente, es necesario adoptar dos Reglamentos independientes que establezcan con suficiente detalle los criterios de aplicación de cada uno de estos dos instrumentos de defensa comercial;

(6) Considerando que para ello es preciso modificar las normas comunitarias que rigen la aplicación de las medidas compensatorias teniendo en cuenta las nuevas normas multilaterales, entre otras las relativas a los procedimientos de apertura de los procedimientos y desarrollo de las investigaciones posteriores, incluida la comprobación e interpretación de los hechos, el establecimiento de medidas provisionales, el establecimiento y percepción de derechos compensatorios, la duración y reconsideración de las medidas compensatorias, y la divulgación pública de la información relativa a las investigaciones sobre medidas compensatorias;

(7) Considerando que, teniendo en cuenta la magnitud de los cambios que representan los nuevos Acuerdos y para garantizar una aplicación adecuada y trasparente de las nuevas normas, los términos de los nuevos Acuerdos deben trasponerse a la legislación comunitaria en la medida de lo posible;

(8) Considerando que, además, parece recomendable explicar detalladamente cuando se considerará que existe una subvención, en función de qué principios estará sujeta a derechos compensatorios (en especial cuando la subvención haya sido concedida específicamente) y con acuerdo a qué criterios se calculará el importe de una subvención;

(9) Considerando que es evidente que para la determinación de la existencia de una subvención es necesario demostrar que ha existido una contribución financiera por parte de un gobierno o de cualquier poder público en el territorio de un país, o que ha existido cualquier tipo de ingreso o apoyo a los precios en el sentido del artículo XVI del GATT de 1994, y que en consecuencia la empresa subvencionada ha obtenido un beneficio;

(10) Considerando que es necesario establecer detalladamente qué tipos de subvenciones no estarán sujetos a derechos compensatorios y qué procedimiento se seguirá si durante una investigación se determina que una empresa investigada ha recibido subvenciones no sujetas a derechos compensatorios;

(11) Considerando que el Acuerdo sobre subvenciones establece que las disposiciones sobre las subvenciones no sujetas a derechos compensatorios deberán cesar en un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del Acuerdo OMC, a menos que sean prorrogadas por acuerdo mutuo de los miembros de la OMC; que para ello puede ser necesario modificar el presente Reglamento en consecuencia, en caso de que la validez de dichas disposiciones no sea ampliada;

(12) Considerando que las medidas que figuran en el Anexo 2 del Acuerdo sobre agricultura no están sujetas a derechos compensatorios con arreglo a lo dispuesto en dicho Acuerdo;

(13) Considerando que conviene establecer criterios claros y pormenorizados sobre los factores que pueden ser importantes para determinar si importaciones subvencionadas han provocado un perjuicio importante o amenazan con hacerlo; que, al demostrar que el volumen y los niveles de precios de las importaciones en cuestión son responsables del perjuicio sufrido por la industria de la Comunidad, también debería prestarse atención al efecto de otros factores y, en particular, a las condiciones de mercado existentes en la Comunidad;

(14) Considerando que es conveniente definir el término «industria comunitaria», prever que las partes vinculadas a exportadores podrán ser excluidas de la misma y definir asimismo el término «vinculado»; que también es necesario prever la adopción de medidas compensatorias en nombre de los productores en una zona de la Comunidad y establecer los criterios para la definición de dicha zona;

(15) Considerando que es necesario establecer quién puede presentar una denuncia relativa a derechos compensatorios y la medida en que debe estar apoyado por la industria comunitaria, así como la información sobre las subvenciones sujetas a derechos compensatorios, el perjuicio y la causalidad que la denuncia debe incluir; que también es conveniente especificar los procedimientos para la inadmisibilidad de las denuncias o la apertura de los procedimientos;

(16) Considerando que es necesario establecer la manera en que debe comunicarse a las partes interesadas la información que exijan las autoridades y ofrecerles una amplia oportunidad de presentar por escrito todos los elementos de prueba que consideren pertinentes para defender sus intereses; que también procede establecer con claridad las normas y procedimientos que deberán seguirse durante la investigación, en particular las normas según las cuales las partes deben darse a conocer, exponer sus argumentos y presentar la información en unos plazos determinados para que puedan ser tenidos en cuenta; que también es preciso establecer las condiciones en que las partes interesadas podrán acceder a la información presentada por las otras partes y hacer comentarios al respecto; que, asimismo, debería existir una cooperación entre los Estados miembros y la Comisión para la recogida de información;

(17) Considerando que es necesario establecer las condiciones en que se podrán imponer derechos provisionales, incluyendo la de que no podrán ser impuestos antes de 60 días ni después de nueve meses desde la apertura del procedimiento; que, en todo caso, dichos derechos sólo podrán ser impuestos por la Comisión por un período de cuatro meses;

(18) Considerando que es preciso especificar los procedimientos para la aceptación de compromisos que eliminen o compensen las subvenciones sujetas a derechos compensatorios y el perjuicio y que hagan innecesario el establecimiento de derechos provisionales o definitivos; que también procede establecer las consecuencias del incumplimiento o denuncia de un compromiso y que asimismo podrán establecerse derechos en casos de supuesto incumplimiento o cuando sean necesarias nuevas investigaciones para completar las conclusiones; que, al aceptar su contenido se deberá velar por que los compromisos propuestos y su aplicación no den lugar a un comportamiento anticompetitivo;

(19) Considerando que es necesario prever que la conclusión de los casos, independientemente de si se adoptan medidas definitivas o no, debe tener lugar en un plazo normal de doce meses, y en ningún caso después de trece, desde la apertura de la investigación;

(20) Considerando que las investigaciones o los procedimientos deben darse por concluidos cuando el importe de la subvención sea mínima o cuando, particularmente en los casos de importaciones originarias de países en vías de desarrollo, el volumen de las importaciones subvencionadas o el perjuicio sean insignificantes y que conviene definir esos términos; que cuando se adopten medidas, será necesario prever la conclusión de las investigaciones y establecer que las medidas serán inferiores al importe de las subvenciones sujetas a derechos compensatorios, si ello basta para evitar el perjuicio, así como especificar el método de cálculo del nivel de las medidas en casos de muestreo;

(21) Considerando que es necesario prever la percepción retroactiva de los derechos provisionales si se considera apropiado y definir las circunstancias que puedan desencadenar la aplicación retroactiva de los derechos para impedir que eludan las medidas que se apliquen; que también es necesario prever la aplicación retroactiva de los derechos en caso de incumplimiento o denuncia de los compromisos;

(22) Considerando que es necesario prever que las medidas deben dejar de tener efecto en el plazo de cinco años salvo que una reconsideración indique la conveniencia de que sean mantenidas; que también es necesario que, cuando existan pruebas suficientes de un cambio de circunstancias, esté prevista la posibilidad de reconsideraciones provisionales o investigaciones para determinar si está justificada la devolución de los derechos compensatorios;

(23) Considerando que aunque el Acuerdo sobre subvenciones no incluye ninguna disposición sobre la elusión de las medidas compensatorias, la posibilidad de dicha elusión existe en condiciones similares, aunque no idénticas, a la elusión de las medidas antidumping; que, por lo tanto, resulta apropiado incluir en el presente Reglamento disposiciones para impedir la elusión;

(24) Considerando que es necesario permitir la suspensión de las medidas compensatorias cuando se dé un cambio provisional en las condiciones del mercado que haga inapropiado temporalmente seguir aplicando dichas medidas;

(25) Considerando que es necesario prever que las importaciones investigadas puedan estar sujetas a registro en el momento de su importación con el fin de que posteriormente sea posible aplicarles cualquier eventual medida;

(26) Considerando que, a fin de garantizar una aplicación adecuada de las medidas, es necesario que los Estados miembros controlen y comuniquen a la Comisión el comercio de importación de los productos sujetos a investigación o a medidas, así como el importe de los derechos percibidos en el marco del presente Reglamento;

(27) Considerando que es necesario prever la consulta periódica a un Comité consultivo en momentos específicos de la investigación; que el Comité debe estar compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión;

(28) Considerando que conviene prever visitas de inspección para examinar la información sobre las subvenciones sujetas a derechos compensatorios y el perjuicio, aunque dichas visitas dependerán, no obstante, de la recepción de respuestas adecuadas a los cuestionarios;

(29) Considerando que es esencial prever el muestreo en los casos en que el número de partes o transacciones sea numeroso, con el fin de poder terminar las investigaciones en los plazos previstos;

(30) Considerando que es necesario prever que, cuando las partes no cooperen satisfactoriamente, podrá usarse otro tipo de información con el fin de establecer las conclusiones y que dicha información podrá ser menos favorable para dichas partes que si hubiesen cooperado;

(31) Considerando que debe preverse un tratamiento confidencial de la información que evite la divulgación de secretos comerciales o de Estado;

(32) Considerando que es fundamental prever la comunicación adecuada de los principales hechos y consideraciones a las partes que así lo soliciten y que dicha comunicación se efectúe, teniendo en cuenta el procedimiento decisorio en la Comunidad, en un plazo que permita a las partes defender sus intereses;

(33) Considerando que es prudente prever un sistema administrativo con arreglo al cual puedan presentarse argumentos en el sentido de que las medidas son en interés de la Comunidad y de los consumidores, y establecer los plazos en que dicha información deba ser presentada, así como el derecho de las partes afectadas a recibir la información;

(34) Considerando que para aplicar las normas del Acuerdo sobre subvenciones y mantener el equilibrio entre derechos y obligaciones que el Acuerdo ambiciona, es fundamental que la Comunidad tenga en cuenta la interpretación que del mismo harán sus principales socios comerciales, tal como se refleja en la legislación o en la práctica establecida;

(35) Considerando que el Consejo, por Reglamento (CE) n° 3284/94, de 22 de diciembre de 1994, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (3), sustituyó el Reglamento (CEE) n° 2423/88 y estableció un nuevo sistema común de defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea;

(36) Considerando que se comprobó, una vez publicado el Reglamento (CE) n° 3284/94, la existencia de problemas de redacción en el texto; que dicho Reglamento ha sido ya, además, objeto de modificaciones;

(37) Considerando que, en aras de una mayor claridad, transparencia y seguridad jurídica debe derogarse y sustituirse dicho Reglamento, sin perjuicio de los procedimientos compensatorios ya iniciados con arreglo al mismo o al Reglamento (CEE) n° 2423/88,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1 Principios

1. Podrá aplicarse un derecho compensatorio para compensar cualquier subvención concedida directa o indirectamente para la manufactura, producción, exportación o transporte de cualquier producto cuyo despacho a libre práctica en la Comunidad ocasione un perjuicio.

2. A efectos del presente Reglamento, se considerará que un producto es objeto de subvenciones cuando se beneficie de una subvención sujeta a derechos compensatorios tal como se define en los artículos 2 y 3.

3. Dicha subvención podrá ser concedida por el gobierno del país de origen del producto o por el gobierno de un país intermediario desde el que se exporte el producto a la Comunidad que, a efectos del presente Reglamento, se denominará «país de exportación».

Se entenderá por «gobierno», a efectos del presente Reglamento, el gobierno o cualquier organismo público del territorio del país de origen o de exportación.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, cuando los productos no sean directamente importados desde el país de origen sino que sean exportados a la Comunidad desde un país intermediario, las disposiciones del presente Reglamento serán plenamente aplicables y, en este caso, se considerará que las transacciones se realizan entre el país de origen y la Comunidad.

5. A efectos del presente Reglamento se entenderá por «producto similar» un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos, al producto de que se trate, o, a falta del mismo, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto considerado.

Artículo 2 Definición de subvención

Se considerará que existe subvención cuando:

1) a) haya una contribución financiera de un gobierno en el territorio del país de origen o de exportación, es decir:

i) cuando la práctica del gobierno implique una transferencia directa de fondos (por ejemplo, subvenciones, préstamos y aportaciones de capital), o posibles transferencias directas de fondos u obligaciones (por ejemplo, garantías de préstamos);

ii) cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos adeudados (por ejemplo, incentivos tales como bonificaciones fiscales); a este respecto, no se considerará como subvención la exoneración, en favor de un producto exportado, de los derechos o impuestos que graven el producto similar cuando se destine al consumo interno, ni la remisión de estos derechos o impuestos en un importe que no exceda del acumulado, siempre que la exoneración se conceda con arreglo a lo dispuesto en los Anexos I, II y III;

iii) cuando un gobierno proporcione bienes o servicios que no sean de infraestructura general, o cuando compre bienes;

iv) cuando un gobierno:

- realice pagos a un sistema de financiación;

- encomiende a una entidad privada una o más de las funciones descritas en los incisos i), ii) y iii) que normalmente le incumbirían, y la práctica no difiera realmente de las prácticas normalmente seguidas por los gobiernos;

b) haya alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los a efectos del artículo XVI del GATT de 1994; y

2) con ello se otorgue un beneficio.

Artículo 3 Sujeción de las subvenciones a derechos compensatorios

1. Las subvenciones estarán sujetas a medidas compensatorias sólo en los casos contemplados en los apartados 2 a 4.

2. Para determinar si una subvención es específica para una empresa o industria o para un grupo de empresas o industrias (denominadas en lo sucesivo «determinadas empresas») dentro de la competencia de la autoridad otorgante, se aplicarán los siguientes principios:

a) cuando la autoridad otorgante, o la legislación en virtud de la cual actúe la autoridad otorgante, limite explícitamente el acceso a la subvención a determinadas empresas, tal subvención se considerará específica;

b) cuando la autoridad otorgante, o la legislación en virtud de la cual actúe la autoridad otorgante, establezca criterios o condiciones objetivos que rijan el derecho a obtener la subvención y su cuantía, se considerará que no existe especificidad, siempre que el derecho sea automático y se respeten estrictamente tales criterios o condiciones.

A efectos del presente artículo, se entenderá por «criterios o condiciones objetivos», los criterios o condiciones que sean imparciales, no favorezcan a determinadas empresas en detrimento de otras y que sean de carácter económico y de aplicación horizontal, tales como el número de empleados o el tamaño de la empresa.

Los criterios o condiciones deberán estar claramente estipulados en una ley, reglamento u otro documento oficial de modo que se puedan verificar;

c) si hay razones para creer que la subvención puede en realidad ser específica aun cuando de la aplicación de los principios enunciados en las letras a) y b) resulte una apariencia de no especificidad, podrán considerarse otros factores. Estos factores son los siguientes: la utilización de un programa de subvenciones por un número limitado de determinadas empresas, la utilización predominante por determinadas empresas, la concesión de cantidades desproporcionadamente elevadas de subvenciones a determinadas empresas y la forma en que la autoridad otorgante haya ejercido facultades discrecionales en la decisión de conceder una subvención. A este respecto se considerará, en particular, la información sobre la frecuencia de aprobación o rechazo de las solicitudes de subvención y las razones para ello.

Al aplicar el párrafo primero, se tendrán en cuenta el grado de diversificación de las actividades económicas dentro de la jurisdicción de la autoridad otorgante, así como el período durante el que se haya aplicado el programa de subvenciones.

3. Se considerarán específicas las subvenciones que se limiten a determinadas empresas situadas en una región geográfica concreta de la competencia de la autoridad otorgante. Queda entendido que no se considerará subvención específica a los efectos del presente Reglamento el establecimiento o modificación de tipos impositivos de aplicación general por todos los escalones gubernamentales facultados para hacerlo.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3, se considerarán como específicas las siguientes subvenciones:

a) las supeditadas por ley o de hecho a la cuantía de las exportaciones como condición única o entre otras varias condiciones, con inclusión de las citadas en el Anexo I.

Se considerará que las subvenciones están supeditadas a la cuantía de las exportaciones cuando los hechos demuestren que la concesión de una subvención, aunque legalmente no esté supeditada a la cuantía de las exportaciones, sí lo está en realidad a exportaciones o ingresos de exportación reales o previstos. El mero hecho de que se concedan subvenciones a empresas que exporten no podrá considerarse en sí mismo como una subvención a la exportación a efectos del presente apartado;

b) las supeditadas al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados, como condición única o entre otras varias condiciones.

5. Las determinaciones de especificidad que se formulen de conformidad con las disposiciones del presente artículo deberán estar claramente basadas en la existencia real de pruebas.

Artículo 4 Subvenciones no sujetas a derechos compensatorios

1. Se considerarán no sujetas a medidas compensatorias las siguientes subvenciones:

a) las que no sean específicas a efectos de los apartados 2 y 3 del artículo 3;

b) las que sean específicas a efectos de los apartados 2 y 3 del artículo 3, pero que cumplan todas las condiciones establecidas en los apartados 2, 3 o 4 del presente artículo;

c) el elemento de subvención que pueda existir en cualquiera de las medidas enunciadas en el Anexo IV.

2. Las subvenciones para actividades de investigación contratadas a empresas o instituciones de enseñanza superior o investigación no estarán sujetas a medidas compensatorias si la subvención cubre no más del 75 % del coste de las actividades de investigación industrial o el 50 % del coste de las actividades precompetitivas de desarrollo, y a condición de que dichas subvenciones se limiten exclusivamente a:

a) gastos de personal (investigadores, técnicos y demás personal auxiliar empleado exclusivamente en actividades de investigación);

b) gastos de instrumentos, equipos, terrenos y edificios utilizados exclusiva y permanentemente para las actividades de investigación (salvo cuando hayan sido enajenados mediante una operación comercial);

c) gastos de servicios de asesoramiento y equivalentes utilizados exclusivamente para las actividades de investigación, incluida la adquisición de resultados de investigación, conocimientos técnicos, patentes, etc.;

d) otros gastos generales derivados directamente de las actividades de investigación;

e) otros gastos corrientes (tales como material, suministros y similares) en que se incurra directamente como consecuencia de las actividades de investigación.

El párrafo primero no se aplicará a las aeronaves civiles (definidas en el Acuerdo sobre el comercio de aeronaves civiles de 1979, tal como ha sido modificado, o en cualquier otro acuerdo posterior que pueda modificar o sustituir a dicho Acuerdo).

A efectos párrafo primero:

a) los niveles permitidos de subvenciones no sujetas a derechos compensatorios se establecerán por referencia a los costes totales incurridos durante la ejecución de un proyecto individual.

En el caso de programas constituidos tanto por «investigación industrial» como por «actividades precompetitivas de desarrollo» el nivel permitido de subvenciones no sujetas a derechos compensatorios no sobrepasará la media ponderada de los niveles permitidos de subvenciones no sujetas a derechos compensatorios aplicables a ambas categorías, calculada sobre la base de todos los gastos que puedan acogerse a los puntos a) a e) del párrafo primero;

b) se entenderá por «investigación industrial», la investigación planificada o una investigación básica destinada a la adquisición de nuevos conocimientos, con el objeto de que dichos conocimientos sean útiles para el desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios, o para mejorar significativamente productos, procesos o servicios ya existentes;

c) se entenderá por «actividades precompetitivas de desarrollo» la transposición de los resultados de la investigación industrial en planos, proyectos o diseños de productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados, destinados a la venta o al uso, incluida la creación de un primer prototipo que no pueda utilizarse con fines comerciales. También incluirá la formulación conceptual y el diseño de productos, procesos o servicios alternativos o proyectos piloto, siempre que estos proyectos no puedan ser adaptados o utilizados para usos industriales o explotación comercial. No incluirá alteraciones rutinarias o periódicas de productos, líneas de producción, procesos de fabricación o servicios ya existentes ni otras operaciones en curso, aunque dichas alteraciones puedan constituir mejoras.

3. Las subvenciones destinadas a regiones desfavorecidas situadas en el territorio del país de origen o de exportación, otorgadas con arreglo a un marco general de desarrollo regional y que no serían específicas si se aplicasen los criterios sentados en los apartados 2 y 3 del artículo 3 a cada una de las regiones que podrían optar a ellas, no estarán sujetas a medidas compensatorias, a condición de que:

a) las regiones desfavorecidas sean regiones geográficas claramente delimitadas y contiguas, con identidad económica y administrativa definible;

b) la región se considere desfavorecida sobre la base de criterios imparciales y objetivos, que indiquen que las dificultades de la región tienen su origen en circunstancias que no sean meramente temporales, claramente estipulados en leyes o reglamentos u otros documentos oficiales de modo que se puedan verificar;

c) los criterios mencionados en la letra b) incluyan una medida del desarrollo económico que se basará en uno, por lo menos, de los siguientes factores:

- la renta per cápita, los ingresos familiares per cápita o el PIB per cápita, que no deben superar el 85 % de la media del país de origen o de exportación de que se trate;

- la tasa de paro, que debe ser al menos el 110 % de la media del territorio del país de origen o de exportación de que se trate;

evaluados durante un período de tres años. No obstante, esta evaluación podrá ser compuesta e incluir otros factores.

A efectos del párrafo primero:

a) «marco general de desarrollo regional» significa que los programas regionales de subvenciones forman parte de una política de desarrollo regional internamente coherente y de aplicación general y que las subvenciones para el desarrollo regional no se conceden a puntos geográficos aislados que no tengan influencia en el desarrollo de una región, o en las que dicha influencia sea insignificante;

b) se entenderá por «criterios imparciales y objetivos» unos criterios que no favorezcan a determinadas regiones más de lo que convenga para la eliminación o reducción de las disparidades regionales en el marco de la política regional. A este respecto, los programas de subvenciones regionales incluirán topes a la cuantía de la asistencia que podrá otorgarse a cada proyecto subvencionado. Estos topes han de estar diferenciados en función de los distintos niveles de desarrollo de las regiones que reciban asistencia y han de expresarse en términos de coste de inversión o de coste de creación de puestos de trabajo. Dentro de estos topes, la distribución de la asistencia será suficientemente amplia y uniforme para evitar la utilización predominante de una subvención por determinadas empresas o la concesión de cantidades desproporcionadamente elevadas de subvenciones a determinadas empresas.

La definición se aplicará según lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 3.

4. Las subvenciones para promover la adaptación de instalaciones existentes a nuevas exigencias ambientales impuestas mediante leyes o reglamentos que supongan mayores obligaciones o una mayor carga financiera para las empresas, a condición de que dicha ayuda:

a) sea una medida excepcional que no volverá a repetirse;

b) se limite al 20 % de los costes de adaptación;

c) no cubra los gastos de sustitución y funcionamiento de la inversión subvencionada, que ha de recaer por entero en las empresas;

d) esté vinculada directamente y sea proporcionada a la reducción de las molestias y la contaminación prevista por una empresa y no cubra ningún ahorro en los costes de fabricación que puedan conseguirse, y

e) esté al alcance de todas las empresas que puedan adoptar el nuevo equipo o los nuevos procesos de producción.

A efectos del párrafo primero, se entenderá por «instalaciones existentes» las instalaciones que hayan funcionado durante al menos dos años en el momento en que se impongan las nuevas normas ambientales.

Artículo 5 Cálculo del importe de la subvención sujeta a derechos compensatorios

A efectos del presente Reglamento, el importe de las subvenciones sujetas a derechos compensatorios se calculará en función del beneficio obtenido por el beneficiario durante el período de subvención investigado. Normalmente este período deberá ser el más reciente ejercicio contable del beneficiario, pero podrá ser también cualquier otro período como mínimo un semestre previo a la apertura de la investigación para el que se disponga de datos financieros o de cualquier otro tipo que sean fiables.

Artículo 6 Cálculo del beneficio obtenido

Para el cálculo del beneficio obtenido se aplicarán las siguientes normas:

a) no se considerará que la aportación de capital social por el gobierno confiere un beneficio, a menos que la decisión de inversión pueda considerarse incompatible con la práctica habitual en materia de inversiones (inclusive para la aportación de capital de riesgo) de los inversores privados en el territorio del país de origen o de exportación;

b) no se considerará que un préstamo del gobierno confiere un beneficio, salvo que haya una diferencia entre la cantidad que paga por dicho préstamo la empresa que lo recibe y la que pagaría por un préstamo comercial comparable que pudiera obtener efectivamente en el mercado. En este caso el beneficio será la diferencia entre ambas cantidades;

c) no se considerará que una garantía crediticia facilitada por el gobierno confiere un beneficio, salvo que haya una diferencia entre la cantidad que paga por un préstamo garantizado por el gobierno la empresa que recibe la garantía y la cantidad que esa empresa pagaría por un préstamo comercial comparable sin la garantía del gobierno. En este caso el beneficio será la diferencia entre ambas cantidades, ajustada para tener en cuenta las eventuales diferencias en concepto de comisiones;

d) no se considerará que el suministro de bienes o servicios o la compra de bienes por el gobierno confiere un beneficio, a menos que el suministro se haga por una remuneración inferior a la adecuada, o la compra se realice por una remuneración superior a la adecuada. La adecuación de la remuneración se determinará en relación con las condiciones reinantes en el mercado para el bien o servicio de que se trate, en el país de suministro o de compra (incluidas las de precio, calidad, disponibilidad, comerciabilidad, transporte y demás condiciones de compra o de venta).

Artículo 7 Disposiciones generales sobre el cálculo

1. El importe de la subvención sujeta a derechos compensatorios se calculará por unidad del producto subvencionado exportado a la Comunidad.

De dicho importe se deducirán los siguientes elementos:

a) cualesquiera gastos de expediente y demás gastos que se hayan tenido que afrontar necesariamente para tener derecho a la subvención o para beneficiarse de la misma;

b) los tributos de exportación, derechos u otros gravámenes a que se haya sometido la exportación del producto a la Comunidad, destinados especialmente a neutralizar la subvención.

Cuando una parte interesada solicite deducciones, le incumbirá aportar la prueba de que la solicitud está justificada.

2. Cuando la subvención no se conceda en función de las cantidades fabricadas, producidas, exportadas o transportadas, su importe se calculará asignando de forma adecuada el valor de la subvención al nivel de producción, ventas o exportación del producto de que se trate durante el período de investigación.

3. Cuando la subvención se conceda para la adquisición, presente o futura, de activo fijo, el importe de la misma se calculará repartiéndola a lo largo de un período que corresponda al de la amortización normal de dicho activo fijo en la industria de que se trate. El importe así calculado para el período de investigación, incluido el derivado del activo fijo adquirido antes del mismo, se calculará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.

Para los bienes que no se deprecien, la subvención se asimilará a un préstamo sin interés y será calculado con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 6.

4. Cuando la subvención no pueda vincularse a la adquisición de activo fijo, el importe del beneficio obtenido durante el período de investigación deberá en principio atribuirse a dicho período con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2, salvo que existan circunstancias especiales que justifiquen la atribución a un período diferente.

Artículo 8 Determinación del perjuicio

1. A efectos del presente Reglamento y salvo que se especifique lo contrario, se entenderá por «perjuicio» el perjuicio grave sufrido por la industria de la Comunidad, la amenaza de perjuicio para esa industria o el retraso sensible en la creación de dicha industria, y deberá interpretarse con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo.

2. La determinación de la existencia de perjuicio se basará en pruebas manifiestas e implicará un examen objetivo de: a) el volumen de las importaciones subvencionadas y del efecto de las mismas en los precios de productos similares en el mercado interno, y b) en los efectos de dichas importaciones sobre la industria de la Comunidad.

3. Por lo que respecta al volumen de las importaciones subvencionadas, se tendrá en cuenta si ha habido un aumento considerable de las mismas, en términos absolutos o en relación con la producción o el consumo en la Comunidad. En lo tocante al efecto de las importaciones subvencionadas sobre los precios, se tendrá en cuenta si se ha subvalorado considerablemente su precio con respecto al precio de un producto similar de la industria de la Comunidad, o si el efecto de tales importaciones es hacer bajar los precios de manera significativa o impedir considerables subidas que en otro caso se hubieran producido. Ninguno o varios de estos factores bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.

4. Cuando las importaciones de un producto procedentes de más de un país sean objeto simultáneamente de investigaciones en materia de derechos compensatorios, sólo se podrán evaluar acumulativamente los efectos de dichas importaciones si se determina que:

a) el margen de las subvenciones sujetas a derechos compensatorios establecido en relación con las importaciones de cada país proveedor es superior al margen mínimo definido en el apartado 5 del artículo 14 y el volumen de las importaciones de cada país no es insignificante, y

b) procede la evaluación acumulativa de los efectos de las importaciones a la luz de las condiciones de competencia entre los productos importados y el producto similar de la industria de la Comunidad.

5. El examen de los efectos de las importaciones subvencionadas sobre la industria de la Comunidad incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de dicha industria, incluidos el hecho de estar todavía recuperándose de los efectos de prácticas de dumping o subvenciones anteriores, la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad; los factores que repercutan en los precios internos en la Comunidad; los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja, las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno o varios de estos factores bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.

6. Será necesario demostrar que, por todos los criterios que se mencionan en el apartado 2, las importaciones subvencionadas causan un perjuicio en el sentido del presente Reglamento. En concreto, esto conllevará la demostración de que el volumen y los niveles de precios mencionados en el apartado 3 son responsables de un impacto en el sector económico de la Comunidad, tal como se establece en el apartado 5, y que este impacto se produce en un grado tal que permite calificarlo como perjuicio importante.

7. También deberán examinarse otros factores conocidos, distintos de las importaciones subvencionadas, que al mismo tiempo perjudiquen a la producción de la industria de la Comunidad, para garantizar que el perjuicio no se atribuye a las importaciones subvencionadas mencionadas en el apartado 6. Entre los factores que pueden ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las importaciones no subvencionadas, la contracción de la demanda o variaciones en la estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores de terceros países y de la Comunidad y la competencia entre unos y otros. La evolución de la tecnología, los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la industria de la Comunidad.

8. El efecto de las importaciones subvencionadas se evaluará en relación con la producción por parte de la industria de la Comunidad del producto similar cuando los datos disponibles permitan identificarla separadamente con arreglo a criterios tales como el proceso de producción, las ventas de los productores y sus beneficios. Si no es posible efectuar tal identificación separada de esa producción, los efectos de las importaciones subvencionadas se evaluarán examinando la producción del grupo de productos o gama de productos más restringidos que incluya el producto similar y a cuyo respecto pueda proporcionarse la información necesaria.

9. La determinación de la existencia de una amenaza de perjuicio importante se basará en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. El cambio de circunstancias que daría lugar a una situación en la cual la subvención causaría un perjuicio deberá ser claramente previsto e inminente.

Al llevar a cabo una determinación sobre la existencia de una amenaza de perjuicio importante, se deberán considerar, entre otros, los siguientes factores:

a) la naturaleza de la subvención o subvenciones y los efectos que probablemente tengan en el comercio;

b) una importante tasa de incremento de las importaciones subvencionadas en el mercado de la Comunidad que indique la probabilidad de que aumenten sustancialmente las importaciones;

c) una capacidad suficiente y libremente disponible del exportador o un aumento inminente e importante de la misma que indique la probabilidad de un aumento sustancial de las exportaciones subvencionadas a la Comunidad, teniendo en cuenta la existencia de otros mercados de exportación que puedan absorber el posible aumento de las exportaciones;

d) el hecho de que las importaciones se realicen a precios que hayan de repercutir sensiblemente en los precios internos, haciéndolos bajar o conteniendo su subida, y que probablemente hagan aumentar la demanda de nuevas importaciones;

e) las existencias del producto objeto de la investigación.

Ninguno de estos factores por sí solo bastará necesariamente para obtener una orientación decisiva, pero todos ellos juntos han de llevar a la conclusión de la inminencia de nuevas exportaciones subvencionadas y de que, a menos que se adopten medidas de protección, se producirá un perjuicio importante.

Artículo 9 Definición de industria de la Comunidad

1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por «industria de la Comunidad» el conjunto de los productores comunitarios de los productos similares o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una parte principal de la producción comunitaria total de dichos productos, tal como se define en el apartado 8 del artículo 10, salvo que:

a) cuando los productores estén vinculados a los exportadores, a los importadores o sean ellos mismos importadores del producto objeto de la supuesta subvención, la expresión «industria de la Comunidad» podrá interpretarse en el sentido de que se refiere al resto de los productores;

b) en circunstancias excepcionales, el territorio de la Comunidad podrá estar dividido, a efectos de la producción de que se trate, en dos o más mercados competidores y los productores de cada mercado podrán ser considerados como una industria distinta si:

i) los productores de ese mercado venden la totalidad o la casi totalidad de su producción del producto de que se trate en ese mercado, y

ii) en ese mercado la demanda no está cubierta en grado sustancial por fabricantes del producto de que se trate establecidos en otro lugar de la Comunidad. En estas circunstancias, se podrá considerar que existe perjuicio incluso cuando no resulte perjudicada una porción importante de la industria de la Comunidad siempre que haya una concentración de importaciones subvencionadas en ese mercado aislado y que, además, las importaciones subvencionadas causen un perjuicio a los productores de la totalidad o la cuasi totalidad de la producción en ese mercado.

2. A efectos del apartado 1, se considerará que los productores están vinculados a los exportadores o a los importadores cuando: a) uno de ellos controle directa o indirectamente al otro; b) ambos estén directa o indirectamente controlados por un tercero, o c) controlen conjuntamente, directa o indirectamente, a un tercero, siempre que existan razones para creer o sospechar que el efecto de la relación podría llevar al productor afectado a comportarse de forma distinta a los productores no vinculados. A efectos del presente apartado, se considerará que uno controla a otro cuando tenga la capacidad jurídica o efectiva de limitar u orientar la actuación del otro.

3. Cuando se haya interpretado que «la industria de la Comunidad» se refiere a los productores de una determinada zona, los exportadores o el gobierno que conceda las subvenciones sujetas a derechos compensatorios tendrán la oportunidad de ofrecer compromisos con arreglo al artículo 13 para la zona en cuestión. En tales casos, al evaluar si estas medidas son en interés de la Comunidad, se tendrá particularmente en cuenta el interés de la región. En caso de que no se ofreciese rápidamente un compromiso en las situaciones mencionadas en los apartados 9 y 10 del artículo 13, podrá establecerse un derecho compensatorio provisional o definitivo para toda la Comunidad en conjunto. En este caso, y si ello es posible en la práctica, los derechos podrán limitarse a fabricantes exportadores específicos.

4. Se aplicarán al presente artículo las disposiciones del apartado 8 del artículo 8.

Artículo 10 Inicio del procedimiento

1. Excepto en los casos previstos en el apartado 10 del presente artículo, cualquier persona física o jurídica o cualquier asociación sin personalidad jurídica que actúe en nombre de la industria de la Comunidad podrá presentar una denuncia solicitando la apertura de una investigación para determinar la existencia, importancia o efectos de cualquier supuesta subvención.

La denuncia podrá ser presentada a la Comisión o a un Estado miembro, que la remitirá a la Comisión. La Comisión remitirá a los Estados miembros una copia de todas las denuncias que reciba. Se considerará que la denuncia ha sido presentada el primer día laborable siguiente al de su entrega a la Comisión mediante correo certificado o la fecha del acuse de recibo por parte de la Comisión.

Aunque no se haya formulado ninguna denuncia, cuando un Estado miembro posea pruebas suficientes sobre concesión de subvenciones y el perjuicio resultante para la industria de la Comunidad, transmitirá inmediatamente dichas pruebas a la Comisión.

2. Las denuncias contempladas en el apartado 1 deberán incluir los elementos de prueba suficientes de la existencia de subvenciones sujetas a derechos compensatorios (incluido, si ello fuera posible, su importe), el perjuicio y el nexo causal entre las importaciones presuntamente subvencionadas y el supuesto perjuicio. La denuncia deberá contener la información que razonablemente tenga a su alcance el solicitante sobre los siguientes puntos:

a) identidad del solicitante y descripción realizada por el mismo del volumen y valor de la producción comunitaria del producto similar. Cuando la denuncia escrita se presente en nombre de la industria de la Comunidad, se identificará la industria en cuyo nombre se haga la solicitud por medio de una lista de todos los productores comunitarios conocidos del producto similar ( o de las asociaciones de productores comunitarios del producto similar) y, en la medida de lo posible, se facilitará una descripción del volumen y valor de la producción comunitaria del producto similar que representen dichos productores;

b) una descripción completa del producto presuntamente subvencionado, los nombres del país o países de origen o exportación de que se trate, la identidad de cada exportador o productor extranjero conocido y una lista de las personas que se sepa importan el producto;

c) elementos de prueba sobre la existencia, importe, naturaleza y sujeción a derechos compensatorios de las subvenciones;

d) información sobre los cambios en el volumen de las importaciones supuestamente subvencionadas, el efecto de dichas importaciones sobre los precios del producto similar en el mercado comunitario y las consiguientes repercusiones para la industria de la Comunidad, sobre la base de los factores e índices pertinentes que influyan en el estado de la industria de la Comunidad, tales como los enumerados en los apartados 3 y 5 del artículo 8.

3. La Comisión examinará lo más detalladamente posible la exactitud y pertinencia de los elementos de prueba presentados con la solicitud para determinar si existen pruebas suficientes que justifiquen la apertura de una investigación.

4. Podrá abrirse una investigación para determinar si las supuestas subvenciones son o no específicas en el sentido de los apartados 2 y 3 del artículo 3.

5. También podrá abrirse una investigación con respecto a las subvenciones que no estén sujetas a derechos compensatorios con arreglo a los apartados 2, 3 y 4 del artículo 4 para determinar si se cumplen o no las condiciones establecidas en dichos apartados.

6. En caso de que se conceda una subvención de acuerdo con un programa de subvenciones notificado al Comité de subvenciones y medidas compensatorias de la OMC previamente a su ejecución, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 del Acuerdo sobre subvenciones y con respecto a la cual el Comité no haya determinado que se cumplen las condiciones pertinentes establecidas en el artículo 8 del Acuerdo sobre subvenciones, no se abrirá una investigación con respecto a una subvención concedida de acuerdo con dicho programa salvo que la entidad encargada de la solución de diferencias en la OMC haya constatado una violación del artículo 8 del Acuerdo sobre subvenciones o que se recurra al arbitraje previsto en el apartado 5 del artículo 8 del Acuerdo sobre subvenciones.

7. También podrá abrirse una investigación con respecto a las medidas citadas en el Anexo IV siempre que contengan un elemento de subvención, tal como se define en el artículo 2, con el fin de determinar si las medidas en cuestión se ajustan plenamente a las disposiciones dicho Anexo.

8. No se iniciará una investigación de conformidad con el apartado 1 salvo que se haya determinado, sobre la base del examen del grado de apoyo u oposición a la solicitud expresado por los productores comunitarios del producto similar, que la solicitud ha sido presentada por la industria de la Comunidad o en su nombre. La denuncia se considerará «presentada por la industria de la Comunidad o en su nombre» cuando esté apoyada por productores comunitarios cuya producción conjunta represente más del 50 % de la producción total del producto similar producido por la parte de la industria de la Comunidad que manifieste su apoyo u oposición a la solicitud. No obstante, no se iniciará ninguna investigación cuando los productores nacionales que apoyen expresamente la solicitud representen menos del 25 % de la producción total del producto similar producido por la industria de la Comunidad.

9. Salvo que se haya adoptado la decisión de abrir una investigación, las autoridades comunitarias evitarán toda publicidad acerca de la denuncia por la que se solicita la apertura de una investigación. No obstante, después de recibir una solicitud debidamente documentada con arreglo al presente artículo y, en todo caso, antes de proceder a abrir la investigación, la Comisión lo notificará al país de origen o de exportación interesado, al que se invitará a efectuar consultas para clarificar la situación con respecto a las circunstancias citadas en el apartado 2 del presente artículo y llegar a una solución mutuamente aceptable.

10. Si, en circunstancias especiales, la Comisión decidiera abrir una investigación sin haber recibido una solicitud escrita de la industria de la Comunidad o en su nombre, para proceder a la apertura de dicha investigación será necesario poseer suficientes elementos de prueba de la existencia de subvenciones sujetas a derechos compensatorios, del perjuicio y del nexo causal, de conformidad con lo indicado en el apartado 2, que justifiquen esta apertura.

11. Los elementos de prueba de las subvenciones y del perjuicio se examinarán simultáneamente en el momento de decidir si se inicia o no una investigación. La denuncia será rechazada cuando no existan elementos de prueba suficientes de las subvenciones ni de perjuicio que justifiquen la continuación del procedimiento relativo al caso. No se iniciará el procedimiento contra países cuyas importaciones representen una parte de mercado inferior al 1 %, salvo que el conjunto de los países de que se trate representen una cuota del 3 % o más del consumo comunitario.

12. La denuncia podrá ser retirada antes de la apertura de la investigación, en cuyo caso se tendrá por no presentada.

13. Cuando al término de las consultas resulte que existen elementos de prueba suficientes para justificar la apertura de un procedimiento, la Comisión deberá iniciarlo en el plazo de 45 días a partir de la presentación de la denuncia y publicar un anuncio a tal efecto en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Cuando los elementos de prueba presentados sean insuficientes, y previas consultas, se informará al denunciante en el plazo de un mes a partir de la fecha de presentación de la denuncia ante la Comisión.

14. El anuncio de inicio de los procedimientos deberá indicar la apertura de una investigación, el producto y los países afectados, ofrecer un resumen de la información recibida y precisar que toda la información adecuada deberá ser comunicada a la Comisión; deberá fijar los plazos durante los cuales las partes interesadas podrán darse a conocer, presentar sus puntos de vista por escrito y suministrar información, en caso de que se pretenda que dichos puntos de vista e información se tengan en cuenta durante la investigación. También fijará el plazo durante el cual las partes interesadas podrán solicitar ser oídas por la Comisión de conformidad con el artículo 5 del artículo 11.

15. La Comisión comunicará oficialmente a los exportadores e importadores y a sus asociaciones representativas notoriamente afectados y a los denunciantes, así como al país de origen o de exportación, la apertura del procedimiento y, teniendo en cuenta el carácter confidencial de la información, facilitará a los exportadores conocidos, y a las autoridades del país de origen o de exportación, el texto completo de la denuncia escrita contemplada en el apartado 1, que también pondrá a disposición de las restantes partes interesadas, a petición de las mismas. Cuando el número de exportadores implicados sea particularmente elevado, el texto completo de la denuncia escrita sólo podrá facilitarse a las autoridades del país exportador o a la asociación profesional afectada.

16. La existencia de una investigación en materia de derechos compensatorios no impedirá las operaciones de despacho de aduana.

Artículo 11 Investigación

1. Tras la apertura del procedimiento, la Comisión, en cooperación con los Estados miembros, abrirá una investigación en toda la Comunidad. Esta investigación se centrará tanto en la concesión de subvenciones como en el perjuicio, que serán examinados simultáneamente. A efectos de llegar a unas conclusiones representativas, se elegirá un período de investigación que, en el caso de la concesión de subvenciones, deberá abarcar normalmente el período previsto en el artículo 5. Normalmente no se tendrá en cuenta la información relativa a un período posterior al de investigación.

2. Las partes a quienes se envíen los cuestionarios utilizados en la investigación en materia de derechos compensatorios dispondrán de un plazo mínimo de 30 días para responder al mismo. El plazo para los exportadores comenzará a contar desde la fecha de recepción del cuestionario, que se supondrá recibido una semana después de su envío al exportador o de su transmisión a un representante diplomático apropiado del país de origen o de exportación. Podrá concederse una prórroga del plazo de 30 días, teniendo en cuenta el tiempo necesario para la investigación y siempre que la parte justifique adecuadamente las circunstancias particulares que concurren para dicha prórroga.

3. La Comisión podrá solicitar a los Estados miembros que le faciliten información. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para responder a dicha solicitud y enviarán a la Comisión la información solicitada junto con los resultados de todas las inspecciones, controles o pesquisas realizadas. Cuando dichas informaciones sean de interés general o un Estado miembro haya solicitado que se le transmitan, la Comisión las transmitirá a los Estados miembros, siempre que no tengan carácter confidencial, en cuyo caso transmitirá un resumen no confidencial.

4. La Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que proceda a la realización de todas las inspecciones y pesquisas necesarias, en particular entre los importadores, comerciantes y productores comunitarios, y a indagar en países terceros, siempre que las empresas implicadas den su consentimiento y que no exista oposición por parte del gobierno del país de que se trate, que habrá sido informado previamente. Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones necesarias para dar curso a las solicitudes de la Comisión. A petición de la Comisión o de un Estado miembro, funcionarios de la Comisión podrán prestar su asistencia a los representantes de la administración de los Estados miembros en el ejercicio de sus funciones.

5. La Comisión oirá a las partes interesadas que se hayan dado a conocer con arreglo al apartado 14 del artículo 10 siempre que lo hayan solicitado por escrito en el plazo fijado en el anuncio publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y que presenten una solicitud por escrito en este sentido, demostrando que son efectivamente partes interesadas que podrían verse afectadas por el resultado del procedimiento y que existen razones concretas para que sean oídas.

6. A los importadores, exportadores y denunciantes, así como al gobierno del país de origen o de exportación que se hubiesen dado a conocer con arreglo al apartado 14 del artículo 10 se les ofrecerá la oportunidad de reunirse con aquellas partes que tengan intereses contrarios para que puedan exponerse tesis opuestas y refutaciones. Al proporcionar esta oportunidad se habrán de tener en cuenta la necesidad de salvaguardar el carácter confidencial de la información y la conveniencia de las partes. Ninguna parte estará obligada a asistir a una reunión, y su ausencia no irá en detrimento de su causa. La información oral suministrada con arreglo al presente apartado será tenida en cuenta siempre que sea confirmada posteriormente por escrito.

7. Previa petición por escrito, los denunciantes, el gobierno del país de origen o de exportación, los importadores, los exportadores y sus asociaciones representativas, los usuarios y las organizaciones de consumidores que se hubiesen dado a conocer con arreglo al apartado 14 del artículo 10, podrán examinar toda la información presentada por cualquiera de las partes en el marco de la investigación, con excepción de los documentos internos elaborados por las autoridades comunitarias o sus Estados miembros, y que sea pertinente para la presentación de sus casos y no confidencial con arreglo al artículo 29. Las partes podrán manifestarse respecto de dicha información y dichas manifestaciones se tendrán en cuenta en función de sus propios méritos.

8. Salvo en las circunstancias previstas en el artículo 28, la información suministrada por las partes interesadas en la que se basen las conclusiones será examinada lo más detalladamente posible para comprobar su exactitud.

9. Respecto de los procedimientos iniciados en virtud del apartado 13 del artículo 10, la investigación concluirá, siempre que ello sea posible, dentro del plazo de un año. En todo caso, la investigación deberá haber concluido a los trece meses de su inicio, con arreglo a las conclusiones hechas en virtud del artículo 13 respecto de los compromisos o a las conclusiones hechas en virtud del artículo 15 respecto de la acción definitiva.

10. Durante la investigación, la Comisión dará al país de origen o de exportación una oportunidad razonable de proseguir las consultas con el fin de clarificar los hechos y alcanzar una solución mutuamente aceptable.

Artículo 12 Medidas provisionales

1. Podrán establecerse derechos provisionales si:

a) se ha iniciado una investigación de conformidad con el artículo 10;

b) se ha publicado un anuncio a tal efecto y dado a las partes interesadas una oportunidad adecuada de presentar información y hacer observaciones de conformidad con el apartado 14 del artículo 10;

c) existe una determinación preliminar positiva de que el producto importado se beneficia de subvenciones sujetas a derechos compensatorios y del consiguiente perjuicio al sector económico de la Comunidad, y

d) los intereses de la Comunidad exigen intervenir para impedir dicho perjuicio.

Los derechos provisionales no podrán ser establecidos antes de transcurridos 60 días desde la fecha de apertura de la investigación ni después de nueve meses desde la fecha de inicio del procedimiento.

El importe del derecho compensatorio provisional no sobrepasará el importe total provisionalmente establecido de subvenciones sujetas a derechos compensatorios ni ser inferior a dicho importe, siempre que resulte adecuado para eliminar el perjuicio ocasionado a la industria de la Comunidad.

2. Los derechos provisionales se cubrirán con una garantía y el despacho a libre práctica en la Comunidad de los productos en cuestión estará supeditado a la constitución de la misma.

3. La Comisión adoptará medidas provisionales previa consulta o, en caso de extrema urgencia, tras informar a los Estados miembros. En este último supuesto, se celebrarán consultas a más tardar diez días después de la notificación de la decisión de la Comisión a los Estados miembros.

4. Cuando un Estado miembro solicite la intervención inmediata de la Comisión y cuando se cumplan las condiciones de los párrafos primero y segundo del apartado 1, la Comisión decidirá en un plazo máximo de cinco días laborables, desde la recepción de la petición, si debe imponerse un derecho compensatorio provisional.

5. La Comisión informará inmediatamente al Consejo y a los Estados miembros de cualquier decisión adoptada con arreglo a los apartados 1 a 4. El Consejo, mediante mayoría cualificada, podrá decidir modificar la decisión de la Comisión.

6. Se podrán establecer derechos compensatorios provisionales por un período máximo de cuatro meses.

Artículo 13 Compromisos

1. Las investigaciones podrán concluir sin la imposición de derechos provisionales o definitivos una vez que se reciban compromisos satisfactorios y voluntarios con arreglo a los cuales:

a) el país de origen o de exportación convenga en eliminar o limitar la subvención o adoptar otras medidas respecto de sus efectos, o

b) el exportador convenga en revisar sus precios o cesar sus exportaciones a la zona concernida de modo que la Comisión, previas consultas, exprese su convencimiento de que se elimina el efecto perjudicial de la subvención. Los aumentos de precios estipulados en dichos compromisos no serán superiores a lo necesario para compensar la cuantía de la subvención sujeta a derechos compensatorios y no podrán ser inferiores a la cuantía de la subvención si ello basta para eliminar el perjuicio sufrido por la industria de la Comunidad.

2. Los compromisos podrán ser sugeridos por la Comisión, pero ningún país o exportador estará obligado a aceptarlos. El hecho de que los países o los exportadores no ofrezcan dichos compromisos, o no acepten la invitación para hacerlo, no deberá perjudicar en ningún modo a su caso. No obstante, el hecho de que prosigan las importaciones subvencionadas podrá considerarse como un indicio de que la materialización de la amenaza de perjuicio es más probable. No se pedirán compromisos a los países ni a los exportadores ni se aceptarán compromisos de los mismos salvo que hayan determinado positivamente de forma provisional la concesión de subvenciones y el perjuicio derivado de las mismas. Salvo en circunstancias excepcionales, los compromisos no podrán ser ofrecidos una vez finalizado el plazo durante el cual puedan presentarse observaciones de conformidad con el apartado 5 del artículo 30.

3. Los compromisos ofrecidos podrán no ser aceptados si su aceptación se considera no factible, por ejemplo si el número de exportadores actuales o potenciales es demasiado grande, o por otros motivos, entre ellos motivos de política general. En tal caso se deberá informar al país de origen o al exportador de que se trate sobre las razones por las que se propone rechazar la oferta de compromiso y se les dará la oportunidad de formular observaciones al respecto. Las razones del rechazo deberán constar en la decisión definitiva.

4. Podrá solicitarse a las partes que hubiesen ofrecido un compromiso que suministren una versión no confidencial del mismo, de forma que pueda transmitirse a las partes interesadas en la investigación.

5. Cuando, previas consultas, los compromisos sean aceptados y cuando el Comité consultivo no plantee ninguna objeción, la investigación se dará por concluida. En todos los otros casos la Comisión presentará inmediatamente al Consejo un informe sobre los resultados de las consultas, junto con una propuesta de conclusión de la investigación. La investigación se dará por concluida si en el plazo de un mes el Consejo, por mayoría cualificada, no decide nada en sentido contrario.

6. Normalmente, en caso de aceptación de los compromisos, la investigación sobre la concesión de subvenciones y el compromiso se dará por concluida. En tal caso, si se formula una determinación negativa de la existencia de subvenciones compensatorias o de perjuicio, el compromiso quedará extinguido automáticamente, salvo cuando dicha determinación se base en gran medida en la existencia de un compromiso. En este caso, podrá exigirse que se mantenga un compromiso durante un plazo razonable. En caso de que se formule una determinación positiva de la existencia de subvenciones y de perjuicio, el compromiso se mantendrá conforme a sus términos y a las disposiciones del presente Reglamento.

7. La Comisión podrá pedir a cualquier país o exportador del que se hayan aceptado compromisos que suministre periódicamente información relativa al cumplimiento de tales compromisos y que permita la verificación de los datos pertinentes. El incumplimiento de estas condiciones se considerará como un incumplimiento del compromiso.

8. Cuando, en el curso de una investigación, se acepten compromisos ofrecidos por determinados exportadores, se considerará que, a efectos de los artículos 18, 19, 20 y 22, surten efecto a partir de la fecha en que concluya la investigación para el país de origen o de exportación.

9. En caso de incumplimiento o denuncia de un compromiso por cualquiera de las partes, se podrá establecer un derecho con arreglo al artículo 15, sobre la base de los hechos establecidos en el contexto de la investigación que llevó al compromiso, siempre que la investigación hubiese concluido con una determinación final de concesión de subvenciones y perjuicio y, salvo en el caso de la denuncia del compromiso por parte del exportador o del país, se hubiese ofrecido al exportador o al país de exportación la oportunidad de presentar sus observaciones.

10. Previas consultas y si existen razones para creer que se está incumpliendo un compromiso, o en caso de incumplimiento o denuncia de un compromiso cuando no se haya concluido la investigación que condujo al mismo, podrá establecerse un derecho provisional, con arreglo al artículo 12, sobre la base de la información más adecuada disponible.

Artículo 14 Conclusión sin adopción de medidas

1. Cuando la denuncia sea retirada se dará por concluido el procedimiento, salvo que dicha conclusión no convenga a los intereses de la Comunidad.

2. Previas consultas y si no resultase necesaria ninguna medida de defensa y en el seno del Comité consultivo no se plantee ninguna objeción, se dará por concluido el procedimiento o la investigación. En todos los demás casos la Comisión someterá inmediatamente al Consejo un informe sobre el resultado de las consultas, así como una propuesta de conclusión del procedimiento. Si en el plazo de un mes el Consejo, por mayoría cualificada, no decidiere otra cosa, se dará por concluido el procedimiento.

3. Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 5 del presente artículo, se concluirán inmediatamente los procedimientos cuando se determine que el importe de las subvenciones sujetas a derechos compensatorios es mínimo o cuando el volumen de las importaciones subvencionadas, reales o potenciales, o el perjuicio sean insignificantes.

4. Respecto a un procedimiento iniciado en virtud del apartado 13 del artículo 10, se considerará que el perjuicio es insignificante si la cuota de mercado de las importaciones es inferior a las magnitudes contempladas en el apartado 11 del artículo 10. Respecto de las investigaciones sobre importaciones de países en vías de desarrollo, el volumen de importes subvencionados se considerará igualmente insignificante si representa menos del 4 % del total de las importaciones de productos similares en la Comunidad, salvo que las importaciones de países en vías de desarrollo, cuya cuota de mercado individual de importaciones totales represente menos del 4 %, represente conjuntamente más del 9 % del total de las importaciones de productos similares en la Comunidad.

5. Se considerará mínimo el importe de las subvenciones sujetas a derechos compensatorios cuando sea inferior al 1 % ad valorem, con las siguientes excepciones:

a) las investigaciones relativas a importaciones procedentes de países en vías de desarrollo, para las que el umbral mínimo será igual al 2 % ad valorem, y

b) los países en vías de desarrollo miembros de la OMC citados en el Anexo VII del Acuerdo sobre subvenciones, así como los países en vías de desarrollo miembros de la OMC que hayan eliminado completamente las subvenciones a la exportación, tal como se especifica en la letra a) del apartado 4 del artículo 3 del presente Reglamento, para los que el umbral mínimo de subvención será del 3 % ad valorem. Cuando la aplicación de la presente disposición dependa de la eliminación de las subvenciones a la exportación, será aplicable a partir de la fecha en que la eliminación de dichas subvenciones sea comunicada al Comité de subvenciones y medidas compensatorias de la OMC y siempre que las subvenciones a la exportación no sean concedidas por el país en vías de desarrollo afectado. La presente disposición expirará ocho años después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se crea la OMC;

teniendo en cuenta que sólo se dará por concluida la investigación cuando el importe de las subvenciones sujetas a derechos compensatorios se encuentre por debajo del nivel mínimo para los exportadores individuales y que dichos exportadores seguirán sujetos a los procedimientos y podrán ser reinvestigados en el marco de cualquier otra reconsideración posterior que se emprenda para el país en cuestión en virtud de los artículos 18 y 19.

Artículo 15 Establecimiento de derechos definitivos

1. Cuando de la comprobación definitiva de los hechos se desprenda que existe subvención sujeta a derechos compensatorios y perjuicio y que, con arreglo al artículo 31, los intereses de la Comunidad exigen una acción comunitaria, el Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Comité consultivo, podrá imponer un derecho compensatorio definitivo salvo que se supriman la subvención o subvenciones o se haya demostrado que éstas ya no suponen un beneficio para los exportadores de que se trate. Cuando estén vigentes derechos provisionales, podrá someterse al Consejo una propuesta de decisión definitiva en el plazo de un mes previo a la expiración de dichas medidas. El importe del derecho compensatorio no deberá sobrepasar el importe de las subvenciones sujetas a derechos compensatorios establecidos con arreglo al presente Reglamento pero será inferior a dicho margen si así resulta adecuado para eliminar el perjuicio a la industria de la Comunidad.

2. Se establecerá la cuantía apropiada del derecho compensatorio en cada caso y de forma no discriminatoria sobre las importaciones de un producto, cualquiera que sea su procedencia, en relación con las cuales se haya comprobado que se benefician de subvenciones sujetas a derechos compensatorios y que causan un perjuicio, a excepción de las importaciones procedentes de fuentes de las que se hayan aceptado compromisos en virtud de lo establecido en el presente Reglamento. El Reglamento por el que se establezca el derecho especificará el tipo de derecho para cada suministrador o, si ello no resulta factible, para el país suministrador afectado.

3. Cuando la Comisión haya limitado su examen con arreglo al artículo 27, los derechos que se apliquen a las importaciones procedentes de exportadores o productores que se hubiesen dado a conocer de conformidad con el artículo 27 pero que no hubiesen sido incluidos en el examen no deberá ser superior a la media ponderada del margen de las subvenciones sujetas a derechos compensatorios establecida para las partes en la muestra. A efectos del presente apartado, la Comisión no tendrán en cuenta los márgenes nulos ni los mínimos, ni los márgenes establecidos en las circunstancias mencionadas en el artículo 28. Se aplicarán derechos individuales a las importaciones de cualquier exportador o productor para el que se haya calculado un importe de subvención individual, con arreglo al artículo 27.

Artículo 16 Retroactividad

1. Sólo se aplicarán medidas provisionales o derechos compensatorios definitivos a los productos que se despachen a libre práctica después de la fecha de entrada en vigor de la medida adoptada de conformidad con el apartado 1 del artículo 12 o con el apartado 1 del artículo 15, según el caso, con las excepciones que se indican en el presente Reglamento.

2. Cuando se haya aplicado un derecho provisional y de los hechos se desprenda que existen subvenciones sujetas a derechos compensatorios y perjuicio, el Consejo, con independencia de si debe imponerse o no un derecho compensatorio definitivo, decidirá en qué medida se percibirá definitivamente el derecho provisional. A tal fin el «perjuicio» no incluirá un retraso sensible en la creación de una industria de la Comunidad, ni una amenaza de perjuicio importante, a menos que se haya demostrado que dicha amenaza se habría transformado en perjuicio importante si no se hubieran aplicado medidas provisionales. En todos los demás casos en que exista amenaza o retraso deberán liberarse los importes provisionales y sólo se podrán imponer derechos definitivos a partir de la fecha en que exista una determinación final de retraso importante o amenaza del mismo.

3. Si el derecho compensatorio definitivo es superior al provisional, no se exigirá la diferencia. Si el derecho definitivo es inferior al provisional, el derecho se calculará de nuevo. Cuando la determinación final sea negativa, el derecho provisional no se confirmará.

4. Podrá percibirse un derecho compensatorio definitivo sobre los productos que se hayan declarado a consumo 90 días como máximo antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales pero no con anterioridad a la apertura de la investigación, siempre que las importaciones hayan sido registradas con arreglo al apartado 5 del artículo 24, la Comisión haya dado a los importadores afectados la oportunidad de presentar sus observaciones y que:

a) existan circunstancias críticas cuando, con respecto al producto subvencionado en cuestión, sea difícil reparar el perjuicio causado por importaciones masivas efectuadas en un período relativamente corto de un producto que goza de subvenciones sujetas a derechos compensatorios según lo establecido en el presente Reglamento, y

b) para impedir que tal perjuicio se reproduzca, resulte necesario imponer retroactivamente derechos compensatorios sobre esas importaciones.

5. En caso de incumplimiento o denuncia de compromisos, se impondrán derechos definitivos para las mercancías despachadas a libre práctica no más de 90 días antes de la aplicación de las medidas provisionales, siempre que las importaciones se hubiesen registrado con arreglo al apartado 5 del artículo 24 y que este cálculo retroactivo no se aplique a las importaciones realizadas antes del incumplimiento o denuncia del compromiso.

Artículo 17 Duración

Las medidas compensatorias sólo tendrán vigencia durante el tiempo y en la medida en que sean necesarios para contrarrestar los efectos perjudiciales de las subvenciones sujetas a derechos compensatorios.

Artículo 18 Reconsideración en el momento de la expiración

1. Las medidas compensatorias definitivas serán suprimidas cinco años después de su imposición o en un plazo de cinco años a partir de la fecha de conclusión de la última reconsideración de las subvenciones y el perjuicio, a menos que durante la reconsideración se determine que la expiración podría conducir a una continuación o a una reaparición de las subvenciones y el perjuicio. La reconsideración en el momento de la expiración se abrirá a iniciativa de la Comisión o a petición de la industria de la Comunidad o en su nombre, y la medida seguirá en vigor a la espera del resultado de la reconsideración.

2. En el momento de la expiración de las medidas podrá procederse a su reconsideración si la solicitud contiene pruebas suficientes de que la expiración de las medidas podría resultar en una continuación o una reaparición de las subvenciones y el perjuicio. Esta posibilidad podría entreverse, por ejemplo, si existen pruebas de que continúa la concesión de subvenciones y del perjuicio, o de que la eliminación del perjuicio se debe exclusiva o parcialmente a la existencia de medidas, o de que las circunstancias de los exportadores o las condiciones de mercado son tales que indican la posibilidad de que prosigan los efectos perjudiciales de las subvenciones.

3. Durante las investigaciones contempladas en el presente artículo, los exportadores, importadores, el país de origen o de exportación y los productores comunitarios tendrán la oportunidad de completar, refutar o comentar los elementos contenidos en la solicitud de reconsideración y las conclusiones al respecto se elaborarán teniendo debidamente en cuenta todas las pruebas significativas y convenientemente documentadas presentadas en relación con la cuestión de si la expiración de las medidas podría o no dar lugar a la continuación o reaparición de las subvenciones y el perjuicio.

4. Se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas un anuncio sobre la inminente expiración en un momento adecuado del último año del período de aplicación de las medidas definidas en el presente artículo. Durante los tres últimos meses previos al final del período de cinco años, los productores comunitarios podrán presentar una solicitud de reconsideración en virtud del apartado 2. También se publicará un anuncio comunicando la expiración definitiva de las medidas contempladas en el presente artículo.

Artículo 19 Reconsideración provisional

1. La necesidad de continuar con la imposición de medidas también podrá ser reconsiderada a iniciativa de la Comisión o a petición de un Estado miembro, a condición de que un período razonable de tiempo de al menos un año haya transcurrido desde la imposición de la medida definitiva, y siempre que lo haya solicitado cualquier exportador, importador, los productores de la Comunidad, del país de origen o de exportación incluyendo pruebas suficientes que avalen la necesidad de dicha reconsideración provisional.

2. Podrá iniciarse una reconsideración provisional cuando la solicitud incluya pruebas suficientes en el sentido de que ya no es necesario seguir imponiendo la medida para contrarrestar la subvención sujeta a derechos compensatorios o el perjuicio y no parezca probable que el perjuicio continúe o reaparezca en caso de supresión o modificación de las medidas o de que la medida existente ya no es suficiente para contrarrestar la subvención sujeta a derechos compensatorios y sus efectos perjudiciales.

3. Cuando los derechos compensatorios impuestos sean inferiores a los subsidios sujetos a derechos compensatorios, se iniciará una reconsideración provisional si los productores comunitarios facilitan pruebas suficientes en el sentido de que los derechos no han modificado los precios de reventa de los productos importados en la Comunidad o lo han hecho de forma insuficiente. En caso de que la investigación demuestre que las alegaciones son correctas, los derechos compensatorios podrán ser incrementados hasta alcanzar la subida de precio necesaria para eliminar el perjuicio; no obstante, el nuevo nivel del derecho no deberá sobrepasar el importe de las subvenciones sujetas a derechos compensatorios.

4. Al efectuar las investigaciones de conformidad con el presente artículo, la Comisión podrá considerar, entre otros factores, si las circunstancias relativas a las subvenciones y al perjuicio han cambiado significativamente o si las medidas existentes están consiguiendo el resultado esperado de eliminar el perjuicio previamente establecido con arreglo al artículo 8. A este respecto, en la determinación final deberán tenerse en cuenta todas las pruebas pertinentes debidamente documentadas.

Artículo 20 Reconsideraciones urgentes

Todo exportador cuyas exportaciones estén sujetas a un derecho compensatorio definitivo pero que no haya sido objeto de investigación por motivos que no sean la negativa a cooperar tendrá derecho a que se efectúe rápidamente un examen para que la Comisión fije con prontitud un tipo de derecho compensatorio individual para él. Esta reconsideración se iniciará previa consulta al Comité consultivo y se dará a la industria de la Comunidad la oportunidad de presentar sus observaciones.

Artículo 21 Devoluciones

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 18, un importador podrá solicitar la devolución de los derechos percibidos cuando se demuestre que el importe de las subvenciones sujetas a derechos compensatorios sobre cuya base se pagaron los derechos ha sido eliminado o reducido hasta un nivel inferior al nivel del derecho vigente.

2. Al solicitar una devolución de derechos compensatorios, el importador deberá presentar una solicitud a la Comisión. La solicitud deberá ser presentada a través del Estado miembro en cuyo territorio se despacharon a libre práctica los productos y en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que las autoridades competentes determinaron efectivamente el importe de los derechos definitivos que deberán aplicarse o de la fecha de adopción de la decisión de percibir definitivamente los importes garantizados mediante el derecho provisional. Los Estados miembros deberán transmitir inmediatamente la solicitud a la Comisión.

3. La solicitud de devolución sólo se considerará convenientemente basada en pruebas cuando incluya información precisa sobre el importe de la devolución de derechos compensatorios pedida y toda la documentación aduanera relativa al cálculo y al pago de dicho importe. También deberá incluir pruebas, referentes a un período representativo, sobre el importe de las subvenciones sujetas a derechos compensatorios para el exportador o el productor al que se aplique el derecho. En los casos en que el importador no esté vinculado al exportador o al productor de que se trate y en que dicha información no esté inmediatamente disponible, o en que el exportador o productor se niegue a facilitarla al importador, la solicitud deberá incluir una declaración del exportador o del productor en el sentido de que el importe de las subvenciones ha sido reducido o eliminado, tal como se especifica en el presente artículo, y que la Comisión facilitará las pruebas pertinentes. Cuando dichas pruebas no sean remitidas por el exportador o el productor en un plazo razonable, la solicitud será rechazada.

4. Previa consulta al Comité consultivo, la Comisión decidirá si se accede a la solicitud y en qué medida, o podrá decidir en cualquier momento abrir una reconsideración provisional, en cuyo caso la información y los resultados de dicha reconsideración, realizada con arreglo a las disposiciones aplicables a dichas reconsideraciones, se utilizarán para determinar si la devolución está justificada y en qué medida. Las devoluciones de los derechos se efectuarán normalmente en un plazo de doce meses, pero en ningún caso después de dieciocho meses tras la fecha en que la solicitud de devolución, debidamente justificada mediante pruebas, haya sido realizada por un importador del producto sometido al derecho compensatorio. En circunstancias normales, el pago de las devoluciones autorizadas lo efectuarán los Estados miembros en un plazo de 90 días a partir de la mencionada decisión.

Artículo 22 Disposiciones generales relativas a las reconsideraciones y a las devoluciones

1. Las disposiciones pertinentes de los artículos 10 y 11, con excepción de las relativas a los plazos, se aplicarán a cualquier reconsideración efectuada con arreglo a lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 20. Estas reconsideraciones deberán efectuarse rápidamente y normalmente deberán haber concluido en un plazo de doce meses a partir de la fecha de su apertura.

2. Las reconsideraciones mencionadas en los artículos 18, 19 y 20 serán iniciadas por la Comisión previa consulta al Comité consultivo. Las medidas serán derogadas o mantenidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 o modificadas con arreglo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 por la institución comunitaria responsable de su establecimiento. Cuando se deroguen medidas para exportadores individuales pero no para todo un país, dichos exportadores seguirán estando sometidos a los procedimientos y podrán ser reinvestigados en el marco de cualquier reconsideración posterior que pueda realizarse para dicho país con arreglo a los artículos 18, 19 y 20.

3. Cuando, al final del período de aplicación de las medidas definidas en el artículo 18, se esté procediendo a la reconsideración de las medidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, dicha reconsideración también tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 18.

4. En todas las investigaciones de reconsideración o devolución efectuada en el marco de los artículos 18 a 21, la Comisión aplicará, siempre que las circunstancias no hayan cambiado, la misma metodología que la aplicada en la investigación que condujo al derecho, teniendo debidamente en cuenta los artículos 5, 6, 7 y 27.

Artículo 23 Elusión

1. Cuando exista elusión de las medidas en vigor, los derechos compensatorios impuestos con arreglo al presente Reglamento podrán ampliarse a las importaciones de productos similares o a partes de los mismos procedentes de países terceros. Se entenderá por «elusión» un cambio en las características del comercio entre terceros países y la Comunidad derivado de una práctica, proceso o trabajo para el que no exista una causa o una justificación económica adecuadas y distintas de la imposición del derecho, y haya pruebas de que se están minando los efectos correctores del derecho por lo que respecta a los precios o las cantidades del producto similar.

2. Las investigaciones mencionadas en el presente artículo se abrirán cuando la solicitud contenga pruebas suficientes en relación con los factores mencionados en el apartado 1. La apertura se hará, previa consulta al Comité consultivo, mediante un reglamento de la Comisión que también deberá indicar a las autoridades aduaneras su obligación de registrar las importaciones, con arreglo al apartado 5 del artículo 24, o exigir garantías. Las investigaciones serán efectuadas por la Comisión, que podrá hacerse asistir por las autoridades aduaneras, y estarán finalizadas en un plazo de nueve meses. Cuando los hechos finalmente comprobados justifiquen la ampliación de las medidas, esto será decidido por el Consejo, por mayoría simple y a propuesta de la Comisión, a partir de la fecha en que se haya impuesto el registro con arreglo al apartado 5 del artículo 24 o en que se hayan exigido las garantías. Se aplicarán al presente artículo las disposiciones de procedimiento del presente Reglamento relativas a la apertura y desarrollo de las investigaciones.

3. Los productos no estarán sujetos al registro mencionado en el apartado 5 del artículo 24 o a otras medidas cuando estén acompañados por un certificado aduanero que especifique que la importación de las mercancías no constituye una elusión. A petición escrita de los importadores podrán expedirseles certificados, previa autorización en virtud de la decisión de la Comisión y previa consulta al Comité consultivo, o de la decisión del Consejo que estableció las medidas, y será válida durante el plazo y en las condiciones que en ellos se establezcan.

4. Ninguna de las disposiciones del presente artículo se opondrá a la aplicación normal de las disposiciones vigentes en materia de derechos de aduana.

Artículo 24 Disposiciones generales

1. Los derechos compensatorios provisionales o definitivos se establecerán mediante reglamento y los percibirán los Estados miembros según la forma, el tipo y demás modalidades de aplicación fijados en el reglamento que los establezca. Se percibirán independientemente de los derechos de aduana, impuestos y otros gravámenes normalmente exigibles a la importación. Ningún producto podrá estar sometido a la vez a derechos antidumping y a derechos compensatorios a efectos de regular una misma situación derivada de la existencia de dumping o de la concesión de subvenciones a la exportación.

2. Los Reglamentos que establezcan los derechos compensatorios provisionales o definitivos y los Reglamentos o Decisiones por los que se acepten compromisos o se den por concluidas las investigaciones o procedimientos se publicarán el el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. En particular, estos reglamentos o decisiones incluirán, sin menoscabo de la protección de la información confidencial, los nombres de los exportadores, si es posible, o de los países exportadores, una descripción del producto y un resumen de los hechos y consideraciones aplicables a la determinación de la subvención y del perjuicio. Se enviará una copia del reglamento o de la decisión a las partes notoriamente afectadas. Las disposiciones del presente apartado se aplicarán mutatis mutandis a las reconsideraciones.

3. En el presente Reglamento o con arreglo al mismo podrán adoptarse disposiciones especiales, en particular por lo que respecta a la definición común del concepto de origen, tal como se especifica en el Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo (4).

4. Las medidas impuestas en virtud del presente Reglamento podrán ser suspendidas en interés de la Comunidad, mediante decisión de la Comisión, por un período de nueve meses. La suspensión podrá ser prorrogada por un período no superior a un año, si el Consejo así lo decide, por mayoría simple, a propuesta de la Comisión. Sólo podrán suspenderse las medidas si las condiciones del mercado han experimentado un cambio temporal en grado tal que el perjuicio tenga escasas posibilidades de volverse a producir como consecuencia de la suspensión, y siempre y cuando la industria de la Comunidad haya tenido la oportunidad de formular sus comentarios al respecto y éstos hayan sido tenidos en cuenta. Las medidas podrán volverse a aplicar en cualquier momento después de la consulta si dejasen de existir las causas que motivaron la suspensión.

5. Previa consulta al Comité consultivo, la Comisión podrá instar a las autoridades aduaneras a adoptar las medidas adecuadas para registrar las importaciones de tal forma que posteriormente las medidas puedan ser aplicadas contra dichas importaciones a partir de la fecha de registro. Las importaciones podrán estar sujetas a registro a petición de la industria de la Comunidad y siempre que se incluyan pruebas suficientes para justificarlo. El registro será instaurado mediante un reglamento que especificará la finalidad del mismo y, en caso apropiado, el importe estimado de la posible obligación futura. Las importaciones no podrán estar sometidas a registro por un período superior a nueve meses.

6. Los Estados miembros informarán a la Comisión mensualmente sobre las importaciones de productos sujetos a la investigación y a las medidas, y sobre el importe de los derechos percibidos con arreglo al presente Reglamento.

Artículo 25 Consultas

1. Las consultas previstas en el presente Reglamento, excepto las contempladas en el apartado 9 del artículo 10 y en el apartado 10 del artículo 11, se desarrollarán en el seno de un Comité consultivo compuesto por representantes de cada Estado miembro y presidido por un representante de la Comisión. Las consultas tendrán lugar inmediatamente, a petición de un Estado miembro o por iniciativa de la Comisión y, en cualquier caso, en un período de tiempo que permita respetar los plazos establecidos por el presente Reglamento.

2. El Comité se reunirá a convocatoria de su presidente. Éste comunicará a los Estados miembros, en el plazo más breve posible, todos los elementos de información pertinentes.

3. Si ello fuese necesario, las consultas podrán celebrarse únicamente por escrito; en tal caso la Comisión informará a los Estados miembros y señalará un plazo durante el cual podrán expresar sus opiniones o solicitar ser oídas, a lo que accederá el presidente siempre que dichas audiencias puedan celebrarse en un período que permita respetar los plazos establecidos en el presente Reglamento.

4. Las consultas versarán especialmente sobre:

a) la existencia de subvenciones sujetas a derechos compensatorios y los métodos que permitan determinar su importe;

b) la existencia e importancia del perjuicio;

c) el nexo causal entre las importaciones que sean objeto de subvenciones o de dumping y el perjuicio;

d) las medidas que, habida cuenta de las circunstancias, resulten apropiadas para prevenir o reparar el perjuicio causado por las subvenciones y las modalidades de aplicación de las mismas.

Artículo 26 Inspecciones

1. La Comisión recabará cualquier información que considere necesaria y, cuando lo juzgue apropiado, examinará y verificará los libros de los importadores, exportadores, comerciantes, agentes, productores, asociaciones y organizaciones comerciales para verificar la información facilitada sobre las subvenciones y el perjuicio. En caso de que no exista una respuesta apropiada dentro de los plazos adecuados, podrá no realizarse una inspección in situ.

2. En caso necesario, la Comisión realizará investigaciones en países terceros, siempre que lo consientan las empresas implicadas, que lo comunique al país interesado y que estos últimos no se opongan. Tan pronto como haya obtenido el consentimiento de las empresas de que se trate, la Comisión notificará al país de origen o exportador los nombres y direcciones de las empresas que serán inspeccionadas y las fechas acordadas.

3. Se informará a las empresas de que se trate con anterioridad a la inspección de la naturaleza general de la información que se trata de verificar y qué otra información es preciso suministrar, si bien esto no habrá de impedir que durante la inspección, y a la luz de la información obtenida, se soliciten más detalles.

4. Durante las investigaciones llevadas a cabo de conformidad con los apartados 1, 2 y 3, la Comisión estará asistida por representantes de la administración de los Estados miembros que expresen ese deseo.

Artículo 27 Muestreo

1. En los casos en que el número de denunciantes, exportadores, importadores, tipos de productos o transacciones sea elevado, la investigación podrá limitarse a:

a) un número prudencial de partes interesadas, productos o transacciones, utilizando muestras que sean estadísticamente válidas sobre la base de la información de que dispongan en el momento de la selección, o

b) el mayor porcentaje representativo del volumen de producción, ventas o exportación que pueda razonablemente investigarse en el tiempo disponible.

2. La selección final de las partes, tipos de productos o transacciones con arreglo al presente artículo será competencia de la Comisión, aunque se dará preferencia a una muestra elegida en colaboración con las partes afectadas y con el consentimiento de las mismas, siempre que se den a conocer y presenten suficiente información en un plazo de tres semanas a partir de la apertura de la investigación, con el fin de que se pueda elegir una muestra representativa.

3. En los casos en que se haya limitado el examen de conformidad con el presente artículo, podrá no obstante calcularse el importe de subvenciones sujetas a derechos compensatorios correspondiente a todo exportador o productor no seleccionado inicialmente que presente la información necesaria en los plazos establecidos en el presente Reglamento, salvo que los exportadores o productores sean tan numerosos que los exámenes individuales resulten excesivamente gravosos e impidan concluir la investigación a su debido tiempo.

4. Cuando se decida realizar una muestra y exista una falta de cooperación tal por alguna de las partes o por todas ellas que podría afectar materialmente al resultado de la investigación, podrá elegirse una nueva muestra. No obstante, en caso de que persista un grado importante de falta de cooperación o el tiempo para seleccionar una nueva muestra sea insuficiente, se aplicarán las disposiciones pertinentes del artículo 28.

Artículo 28 Falta de cooperación

1. Cuando una parte interesada o un país tercero niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite en los plazos establecidos por el presente Reglamento u obstaculice de forma significativa la investigación, podrán formularse conclusiones provisionales o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los datos disponibles.

Si la Comisión comprueba que alguna de las partes o países terceros interesados ha suministrado información falsa o engañosa, hará caso omiso de dicha información y podrá utilizar los datos de que disponga.

Se comunicará a las partes interesadas las consecuencias de la falta de cooperación.

2. El hecho de no dar una respuesta por medios informatizados no se considerará una falta de cooperación siempre que la parte interesada muestre que presentar la respuesta de dicha forma supondría un trabajo o un coste suplementario desproporcionados.

3. Cuando la información facilitada por una parte no sea óptima en todos los aspectos, ese hecho no justificará, sin embargo, que las autoridades la descarten, siempre que las deficiencias no sean tales que dificulten sobremanera llegar a conclusiones razonablemente adecuadas y que la información sea convenientemente presentada a su debido tiempo, pueda ser verificada y la parte interesada haya actuado como mejor haya podido.

4. Si no se aceptan elementos de prueba o informaciones, la parte que las haya facilitado deberá ser informada inmediatamente de los motivos y deberá ofrecérsele la oportunidad de presentar nuevas explicaciones en los plazos previstos. Si las autoridades consideran que las explicaciones no son satisfactorias, en cualesquiera conclusiones que se publiquen se expondrán las razones por las que se hayan rechazado las pruebas o las informaciones.

5. Si las determinaciones, incluidas las relativas al importe de las subvenciones, están basadas en las disposiciones del apartado 1 del presente artículo, incluida la información facilitada en la denuncia, se deberá, siempre que ello sea posible y teniendo en cuenta los plazos de la investigación, comprobar la información a la vista de la información de otras fuentes independientes disponibles, tales como listas de precios publicadas, estadísticas oficiales de importación y estadísticas de aduanas, y de la información facilitada durante la investigación por otras partes interesadas.

6. En caso de que una parte interesada no coopere o sólo lo haga parcialmente, de manera que dejen de comunicarse informaciones pertinentes, ello podrá conducir a un resultado menos favorable para esa parte que si hubiera cooperado.

Artículo 29 Confidencialidad

1. Toda información que por su naturaleza sea confidencial (por ejemplo, porque su divulgación significaría una ventaja sensible para un competidor o tendría un efecto claramente desfavorable para la persona que proporcione la información o para un tercero del que la haya recibido) o que las partes en una investigación faciliten con carácter confidencial será, previa justificación suficiente al respecto, tratada como tal por las autoridades.

2. Las autoridades exigirán a las partes interesadas que faciliten información confidencial que suministren resúmenes no confidenciales de la misma. Tales resúmenes serán lo suficientemente detallados para permitir una comprensión razonable del contenido sustancial de la información facilitada con carácter confidencial. En circunstancias excepcionales, esas partes podrán señalar que dicha información n