Dictamen del Comité de las Regiones sobre la "Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Alimentaria Europea y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria"

(2001/C 357/05)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Alimentaria Europea y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (COM(2000) 716 final - 2000/0286 COD);

vista la decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, de consultarle sobre este tema, a tenor de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 265 y en el artículo 152 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;

vista la decisión de la Mesa, de 13 de junio de 2000, de encargar la preparación de los trabajos del Comité sobre este tema a la Comisión de Política Social, Salud Pública, Protección de los Consumidores, Investigación y Turismo (Comisión 5);

visto el proyecto de Dictamen (CDR 64/2001 rev.) aprobado por la Comisión 5 el 19 de abril de 2001 (ponente: Sra. Haijanen (FIN/PPE),

ha aprobado por unanimidad en su 39o Pleno celebrado los días 13 y 14 de junio de 2001 (sesión del 14 de junio) el presente Dictamen.

Puntos de vista y recomendaciones del Comité de las Regiones

1. La seguridad alimentaria ha suscitado en los últimos años grandes dudas en Europa. En el peor de los casos, diversas crisis como la de las dioxinas o la EEB han mermado la confianza en las actividades comunitarias. La propuesta de la Comisión proporciona una base de gran importancia con vistas a mejorar la seguridad de los productos alimenticios. Es importante dejar bien claro que la protección de la salud humana ha de constituir el punto de partida de toda legislación en materia de alimentos y piensos.

2. Los principios generales y comunes arrojan luz sobre la legislación relativa a la alimentación humana y animal. La actual legislación ha venido desarrollándose desde hace cuarenta años a partir de premisas que, en parte, son incluso contradictorias. Por este motivo, ha resultado a menudo difícil adaptar las legislaciones comunitaria y nacional, tanto por parte de los profesionales del sector como de las autoridades responsables del control en este ámbito.

3. La propuesta de Reglamento resalta la significación que reviste toda la cadena de producción alimentaria, "desde la granja -o la piscifactoría- hasta la mesa del consumidor". La legislación alimentaria afecta a principios y exigencias fundamentales para la comercialización de alimentos, así como para garantizar al consumidor la seguridad de los alimentos. Por este motivo, es importante que se establezca también un control estricto de la producción primaria, en la que se incluyen los piensos.

4. El Comité de las Regiones respalda la creación de una Autoridad Alimentaria Europea puesto que la Comunidad ha de estar en condiciones de basar su legislación alimentaria en conocimientos científicos. Asimismo, es necesario garantizar la independencia de esta Autoridad y la transparencia de sus actividades.

5. El sector de la producción alimentaria está formado por unidades y operadores de tamaño reducido. En Europa, las explotaciones agrícolas, los comercios minoristas o los restaurantes son, por lo general, empresas de pequeñas dimensiones. Además, la mayor parte de la transformación de productos alimenticios sigue teniendo lugar en el ámbito de la pequeña y mediana empresa. Por ello, la legislación alimentaria debería tener en cuenta el carácter especial de los productos tradicionales, importante en algunas localidades y regiones. Las nuevas normas no deberían ir en detrimento de estos productos, que contribuyen a mantener la diversidad cultural de la UE. Por consiguiente, el plano local y regional desempeña una función clave a la hora de garantizar la seguridad alimentaria.

6. La propuesta de Reglamento constata que, por lo que respecta a la seguridad de los alimentos y los piensos, la responsabilidad recae en el productor. Este planteamiento se justifica porque, en su ámbito de competencias, es precisamente el productor quien mejor conoce las distintas etapas a que se someten los productos alimenticios. Este principio se incorporará a la legislación y constituirá un instrumento idóneo para recordar a los empresarios sus responsabilidades al respecto.

7. Aunque sea posible, y adecuado, dotar de unos principios comunes a la legislación europea en materia alimentaria, también será necesario otorgar un margen de actuación suficiente a los agentes locales y regionales. En Europa, la producción alimentaria es un sector de rica tradición local. La producción alimentaria de carácter regional tiene una importante repercusión, tanto en el empleo como en otros ámbitos económicos. Producir y consumir alimentos en un marco de proximidad ahorra energía y costes de transporte; además, también se mejora la calidad de los productos, ya que de esta manera se evita en gran medida la fase de almacenaje o transporte de los alimentos.

8. Europa presenta diferencias en términos de incidencia de los riesgos alimentarios. Estas disparidades se deben, entre otros motivos, al clima, las modalidades y procedimientos de producción y la tradición. Algunas regiones vienen llevando a cabo desde hace años una actuación encaminada a eliminar determinados riesgos de índole alimentaria. Resulta imprescindible no poner en peligro estos esfuerzos mediante, por ejemplo, el traslado de animales o productos alimenticios de una región a otra.

9. Es preciso tener presente el carácter local de la producción y distribución de los productos alimenticios para no poner en peligro los principios comunes de la seguridad alimentaria, como la exigencia de producir alimentos seguros. Una producción alimentaria segura y de elevada calidad redunda también en interés del productor. Cuando se trata de alimentos de calidad, es posible encontrar mercados más allá de la propia región. Por lo tanto, no se debería imponer obstáculos artificiales a la comercialización de producciones locales o de pequeña escala. Si los alimentos y su modo de producción cumplen los objetivos generales que establece la legislación, se debería permitir comercializar estos productos en todo el territorio de la Comunidad.

10. El carácter local y reducido de la seguridad alimentaria también representa un considerable desafío a efectos de control. Independientemente de que éste tenga un carácter estatal, municipal o privado -mediante un sistema de certificación-, el control sólo será efectivo cuando se aplique a escala local. Para garantizar su credibilidad, la aplicación de la legislación exige una actividad periódica de control, en la que las instancias de inspección locales desempeñan una función crucial. La Comisión ha comunicado que tiene previsto presentar su propuesta de Reglamento sobre el control de los alimentos durante el año 2001. Los Estados miembros se deberían hacer cargo de los recursos necesarios para llevar a cabo el control alimentario y aumentarlos en función de las necesidades. Por su parte, también sería preciso disponer de coordinación a nivel estatal y comunitario para garantizar la homogeneidad de las actividades de control.

11. Es fundamental que todos los alimentos importados de terceros países, tanto los destinados al consumo humano como al consumo animal, cumplan con la legislación alimentaria europea y estén sujetos a las mismas modalidades y procedimientos de control. De esta forma se evitarán condiciones favorables indebidas en perjuicio de los productores comunitarios.

12. Los principios que se exponen en la propuesta de Reglamento afectan también a las instancias de inspección de carácter local. Sin embargo, un buen principio tampoco debe hacer imposible las actividades de orden práctico. La idea que se ha planteado en torno a una evaluación científica del riesgo, como base de la toma de decisiones o de la gestión del riesgo, difícilmente podrá llevarse plenamente a la práctica recurriendo a las autoridades locales. En las tareas de control se debe utilizar el sentido común, teniendo en cuenta ante todo los conocimientos de quien las lleve a cabo. Por ello, la evaluación científica del riesgo debería ser realizada especialmente por la recién creada Autoridad Alimentaria Europea.

13. En la propuesta de Reglamento se establecen igualmente unas normas generales para situaciones especiales como la intoxicación por ingestión de alimentos. En la mayor parte de los casos, este tipo de situaciones tiene un carácter local. Del mismo modo, es frecuente que incluso las epidemias y crisis más graves, incluso transfronterizas, tengan un origen local. Por este motivo, las actividades locales y la cooperación eficaz entre las autoridades y los empresarios del sector alimentario desempeñan un papel crucial en la prevención y gestión de las situaciones de crisis.

14. Se sugiere que, de acuerdo con los Estados miembros, se revisen y uniformen las nociones jurídicas relativas a los diversos delitos en materia alimentaria, con el fin de favorecer los controles y garantizar la uniformidad de condiciones para la competencia en el mercado interior.

15. Así pues, la seguridad alimentaria representa, en gran medida, una cuestión de índole local y regional. No obstante, en la propuesta de Reglamento no se tiene en absoluto en cuenta el papel del Comité de las Regiones. Éste debería estar representado en la Junta directiva de la Autoridad Alimentaria Europea y estar facultado para pedirle, en caso necesario, la elaboración de dictámenes científicos.

16. El Comité de las Regiones opina, por otra parte, que la Autoridad Alimentaria Europea debería actuar en sus actividades con la máxima publicidad y transparencia. Las decisiones de su Junta directiva así como sus documentos deberían ser públicos y estar al alcance de todos los ciudadanos.

Bruselas, 14 de junio de 2001.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Jos Chabert