Un nuevo Tribunal Superior de lo Penal inició su actividad como tribunal de apelación especializado en asuntos penales. En enero de 2021, el Tribunal Superior de lo Penal inició su actividad como tribunal especializado con jurisdicción para decidir sobre los recursos contra las decisiones de los tribunales de condado (que actúan como tribunales de primera o segunda instancia de lo penal) . El tribunal inició su labor a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional que disponía que el Tribunal Superior de lo Penal no cuestiona la posición constitucional del Tribunal Supremo. Se le ha proporcionado el personal profesional y administrativo necesario y una sala debidamente equipada. El Consejo del Poder Judicial del Estado nombró a once de un total de quince jueces, según lo dispuesto por el Ministro de Justicia y Administraciones Públicas para este órgano jurisdiccional, así como al nuevo presidente del Tribunal. Se prevé que el nuevo tribunal alivie la carga de trabajo del Tribunal Supremo como tribunal de segunda instancia. El Tribunal Supremo podría centrarse en las cuestiones de Derecho de los asuntos penales, actuando como tribunal de tercera instancia.

Se han asignado más recursos al Consejo del Poder Judicial del Estado y el Consejo de la Fiscalía del Estado para verificar las recientemente publicadas declaraciones de patrimonio de los jueces y los fiscales. En enero de 2021, se publicaron en línea e hicieron públicas las declaraciones de patrimonio de los jueces y los fiscales. El Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 señalaba que se necesitaría un apoyo con herramientas electrónicas y unos recursos humanos adecuados para garantizar que el Consejo del Poder Judicial del Estado y el Consejo de la Fiscalía del Estado pudieran verificar rápida y eficazmente las declaraciones, a ser posible con anterioridad a su publicación en línea. Ambos Consejos han empezado a tomar medidas para permitir la conexión de sus sistemas informáticos con las bases de datos de las autoridades competentes. No obstante, esta conexión, una vez lograda, solo permitiría una verificación más eficaz del patrimonio. Como se indicaba en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, estos sistemas informáticos no detectan automáticamente incongruencias entre el patrimonio real de los jueces y los fiscales y el declarado. En abril de 2021, se asignaron a los Consejos tres funcionarios trasladados temporalmente del Ministerio de Justicia y Administraciones Públicas (uno fue trasladado al Consejo de la Fiscalía del Estado y dos al Consejo del Poder Judicial del Estado), con el fin de ayudar en la verificación manual de las declaraciones de patrimonio. Se prevé que a finales de 2021 se introduzca en ambos Consejos una solución informática automatizada para llevar a cabo una comparación automatizada de datos. De conformidad con el plan nacional de recuperación y resiliencia, no está previsto que se lleven a cabo nuevas mejoras en las soluciones informáticas de los Consejos y de la Comisión para la Resolución de Conflictos de Intereses (que utiliza una solución informática desde 2018) hasta 2024.

El proceso en curso para el nombramiento al nuevo presidente del Tribunal Supremo ha sido objeto de controversia y el Tribunal Constitucional ha destacado la importancia de la cooperación entre los poderes públicos. El 15 de julio de 2021, finalizó el mandato de cuatro años del anterior presidente del Tribunal Supremo. El proceso de nombramiento del nuevo presidente ha dado lugar a un intenso intercambio entre los máximos representantes de los poderes públicos, que incluyó reiteradas declaraciones negativas sobre el Tribunal Supremo y otros jueces. Según la Constitución, el Parlamento nombrará al presidente del Tribunal Supremo a propuesta del presidente de la República. La Asamblea General del Tribunal Supremo y la comisión parlamentaria competente emiten un dictamen sobre los candidatos. Según ha aclarado el Tribunal Constitucional, estos dictámenes, que deben emitirse respecto de todos los candidatos, no son vinculantes para el presidente de la República. De conformidad con las modificaciones adoptadas en 2018, en febrero de 2021 el Consejo del Poder Judicial del Estado presentó a la oficina del Presidente de la República las solicitudes de los tres candidatos (incluido el actual presidente del Tribunal Supremo). El Presidente de la República propuso al Parlamento un candidato que no había solicitado la vacante, aduciendo que las modificaciones de 2018 a la Ley de tribunales que prevén el procedimiento de provisión son «inconstitucionales». Posteriormente, el Tribunal Constitucional concluyó que las modificaciones de 2018 respetan la Constitución. El Tribunal aclaró que el Presidente de la República sólo puede elegir entre los candidatos que se han presentado a la vacante. No obstante, también puede decidir no proponer a ninguno de estos candidatos e informar al Parlamento. Los aspirantes que no hayan resultado elegidos pueden solicitar el examen de la decisión del Parlamento ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal destacó, asimismo, el requisito constitucional de cooperación entre los poderes públicos para encontrar soluciones conjuntas de conformidad con el Estado de Derecho y evitar situaciones desestabilizadoras que obstaculicen el funcionamiento del Tribunal Supremo. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, el Presidente de la República solicitó que se volviera a publicar la vacante. Tras la nueva convocatoria, en junio de 2021, el Presidente de la República propuso al Parlamento a uno de los cinco candidatos que se presentaron a la vacante (no se presentó ninguno de los actuales jueces del Tribunal Supremo), pero el Parlamento no nombró al candidato. El 7 de julio de 2021, el Consejo de la Judicatura del Estado publicó la tercera convocatoria pública. Dado que no se nombró a un nuevo presidente del Tribunal Supremo antes de que expirara el mandato del anterior presidente, esta función será desempeñada, posiblemente por un tiempo prolongado, por el vicepresidente de dicho Tribunal. Teniendo en cuenta que el candidato a presidente del Tribunal Supremo podría ser, al mismo tiempo, nombrado también juez (si la persona no lo era ya), cabe señalar que, según las recomendaciones del Consejo de Europa sobre el proceso de selección de los jueces, cuando las disposiciones constitucionales o de otro tipo prescriben que el jefe del Estado, el Gobierno o el poder legislativo tomen las decisiones, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos debe aplicar en la práctica el dictamen de una autoridad independiente y competente procedente en gran parte del poder judicial (en este caso la Asamblea General del Tribunal Supremo.

Croacia está actualizando su legislación sobre medios de comunicación para transponer la Directiva de servicios de comunicación audiovisual y la revisión de la Ley de medios electrónicos todavía no se ha adoptado en 2021. Persisten las preocupaciones sobre la independencia política de la Agencia de Medios Electrónicos y, en el marco de la revisión de esta Ley, se prevé exigir nuevas cualificaciones a los miembros potenciales de su órgano regulador. Croacia tiene un marco sólido en materia de transparencia de la información sobre la propiedad de los medios de comunicación y prevé nuevas mejoras. Si bien la publicidad estatal está regulada en parte por la Ley de medios electrónicos, las partes interesadas señalan que con frecuencia socava la independencia política de los medios de comunicación que dependen económicamente de dicha financiación, especialmente a nivel local. Existe un marco jurídico para la protección de los periodistas, pero estos siguen siendo enfrentándose a amenazas. En particular, continúa suscitando serias preocupaciones el elevado número de demandas estratégicas contra la participación pública dirigidas contra periodistas. El acceso a la información está garantizado por ley, pero sigue habiendo retrasos importantes en la tramitación de las solicitudes de los periodistas.

La nueva Estrategia de Prevención de la Corrupción para el período 2021-2030 está en proceso de consulta pública. Al igual que la estrategia anterior, el proyecto de propuesta de la Estrategia también prevé reforzar el marco jurídico en materia de prevención de conflictos de intereses, que se encuentra actualmente en proceso de elaboración. Todavía no se han adoptado códigos deontológicos para los miembros del Gobierno y los miembros del Parlamento, y las «puertas giratorias» solo se han regulado parcialmente. Sigue pendiente la introducción de normas detalladas sobre las actividades de los grupos de presión. Aunque se anunciaron cambios en el marco sobre el sistema de inmunidad para los miembros del Gobierno, no se han llevado a cabo acciones legislativas al respecto. Los procedimientos de contratación pública siguen siendo un ámbito de alto riesgo de corrupción y se han descubierto varios casos gracias a información de denunciantes. Continúa el enjuiciamiento y la investigación de casos de corrupción de alto nivel, pero debido a los procedimientos judiciales prolongados, las condenas a menudo se retrasan.

No existe un consejo de medios de comunicación independiente y autorregulador que represente tanto a la prensa y el sector de los medios de comunicación como a las asociaciones de editores y periodistas. El ámbito de aplicación del Código Deontológico autorregulador de la Asociación de Periodistas Croatas se limita a los periodistas representados en la asociación y no parece estar suficientemente reconocido para proteger a los periodistas en la práctica. El Ministerio de Cultura y Medios de Comunicación está estudiando apoyar la constitución de un consejo de medios independiente y autorregulador en el marco de la propuesta de la nueva Ley de medios de comunicación.

Desde el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, ha habido progresos limitados en el refuerzo del marco jurídico para la prevención de conflictos de intereses. El Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 concluyó que era necesario mejorar el marco jurídico sobre conflictos de intereses en lo relativo a su aplicación y con el fin de garantizar que la Comisión para la Resolución de Conflictos de Intereses tenga competencias suficientes para imponer sanciones disuasorias y desempeñar su función preventiva esencial. Aunque el marco jurídico en materia de conflictos de intereses no ha cambiado, el proyecto de propuesta de Estrategia de Lucha contra la Corrupción 2021-2030 se compromete a mejorarlo, si bien proporciona pocos detalles sobre lo que implicaría. Las decisiones de la Comisión para la Resolución de Conflictos de Intereses han sido objeto de varias sentencias de los tribunales de lo contencioso-administrativo y del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, con respecto a las facultades de la Comisión en virtud del artículo 5 de la Ley sobre prevención de conflictos de intereses, el 12 de septiembre de 2019, el Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo confirmó la práctica de la Comisión y las sanciones que había impuesto. El 10 de diciembre de 2020, el Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo dictó sentencia sobre un recurso y, en referencia a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley sobre Prevención de Conflictos de Intereses, señaló que la Comisión para la Resolución de Conflictos de Intereses no tiene facultades para sancionar una violación de los principios de conducta de los funcionarios . La cuestión se refiere a la interpretación del artículo 5 y la posibilidad de que la Comisión imponga sanciones a los funcionarios basándose únicamente en esta disposición . Las implicaciones de esta sentencia son importantes ya que regula las facultades sancionadoras de dicha Comisión . El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) examinó las competencias de la Comisión para la Resolución de Conflictos de Intereses y destacó que cuando se trata de los artículos 2 y 5 de la Ley, la Comisión solo puede establecer si hubo una violación pero no puede imponer sanciones . En este sentido, el GRECO recomendó revisar las sanciones aplicables por violaciones a la Ley sobre Prevención de Conflictos de Intereses a fin de garantizar que todas las violaciones tengan las consecuencias debidas. La sociedad civil ha manifestado preocupación por la posible reducción de las facultades sancionadoras de la Comisión a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo . La Comisión para la Resolución de Conflictos de Intereses ha manifestado inquietud por las incoherencias en la jurisprudencia y ha propuesto a la Oficina de la Fiscalía del Estado iniciar ante el Tribunal Supremo la revisión extraordinaria de la sentencia del Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo con miras a anularla, propuesta que fue rechazada el 14 de mayo. El 27 de mayo de 2021, el Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo dictó otra sentencia en relación con el artículo 5 de la Ley en la que confirma la sentencia del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del 19 de diciembre de 2020.

Continúa el enjuiciamiento y la investigación de casos de corrupción de alto nivel, pero debido a los prolongados procedimientos judiciales, las condenas a menudo se retrasan. Se mantiene la tendencia positiva de las investigaciones y el enjuiciamiento de delitos de corrupción, también a nivel local. En 2020, la Oficina de la Fiscalía del Estado inició acusaciones contra 84 personas (109 personas en 2019). En el mismo período, los tribunales dictaron sentencias en relación con 92 personas, de las cuales 78 fueron condenadas (85 %). En lo que respecta a las sanciones por delitos de corrupción, se dictaron penas de prisión contra 31 personas (en el caso de 12, la pena de prisión se conmutó por trabajo por el bien público) y 47 condenas condicionales. En 2020, la duración de las investigaciones dirigidas por los fiscales de la Oficina de Prevención de la Corrupción y la Delincuencia Organizada (USKOK) aumentó (debido a la complejidad de los casos y la pandemia de COVID-19). En solo alrededor del 28 % de los casos de la USKOK, la investigación finalizó en seis meses (90 % en 2019). En aproximadamente el 35 % de los casos, la investigación duró hasta un año y en el 35 % restante un mínimo de dieciocho meses. Una vez que los casos llegan a los tribunales, varios asuntos de corrupción de alto nivel enfrentan a procedimientos prolongados que retrasan las sentencias judiciales. No se han adoptado medidas claras para corregir las ineficiencias del sistema de justicia que se señalaban en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020. Para abordar este asunto, el proyecto de Estrategia establece el objetivo de mejorar el marco jurídico para el enjuiciamiento de los delitos de corrupción con el fin de agilizar los procesos judiciales. En cuanto a los recursos disponibles en la actualidad, la USKOK informó de las dificultades para contratar nuevos fiscales al haber solicitantes que no cumplen los requisitos de experiencia. Tanto la USKOK como la Oficina Nacional de Policía para la Prevención de la Corrupción y la Delincuencia Organizada (PNUSKOK) señalaron que la cooperación en la investigación y el enjuiciamiento de delitos de corrupción funciona bien. Las autoridades nacionales indicaron que los recursos disponibles se consideran suficientes y que la formación especializada en materia de lucha contra la corrupción está disponible en línea. Se han detectado deficiencias en cuanto a la disponibilidad de equipo para realizar actividades de investigación complejas. Según el proyecto de estrategia, la PNUSKOK se digitalizará y renovará tanto a nivel nacional como local.

Asociación de Periodistas Croatas (2021), Bačić’s persecution of the leaders of the CJA and the Journalists’ Union is a new blow to media freedom (La persecución de Bačić a los líderes de la Asociación de Periodistas Croatas y el Sindicato de Periodistas es un nuevo golpe a la libertad de los medios de comunicación), de 13 de marzo de 2021, ( https://hnd.hr/eng/bacic-s-persecution-of-the-leaders-of-the-cja-and-the-journalists-union-is-a-new-blow-to-media-freedom ).

Consejo de Europa (2021), Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas, President of Croatian Journalists’ Union Maja Sever Threatened with Dismissal (Presidente del Sindicato de Periodistas Croatas, Maja Sever, amenazado con ser despedido), aviso n.º 40/2021.

El Tribunal Constitucional dictaminó que el Parlamento debe buscar formas alternativas de garantizar la participación de los parlamentarios durante la pandemia de COVID-19. El Parlamento continuó trabajando durante la pandemia de COVID-19, así como durante el período que siguió al terremoto de diciembre de 2020. En abril de 2020, se modificó el reglamento interno del Parlamento, limitándose, en situaciones especiales, el número de diputados que pueden sentarse simultáneamente en la cámara de votación y reduciéndose la duración de los debates. En octubre de 2020, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales estas modificaciones y señaló que existen posibilidades técnicas para organizar el trabajo del Parlamento de manera que no se restrinja la participación de los parlamentarios en los plenos y otros debates. En noviembre de 2020, se adoptó una nueva modificación al reglamento interno para garantizar que todos los miembros del Parlamento puedan participar en los debates. Los plenos se organizan en varias cámaras de forma simultánea, también mediante acceso a distancia. Sin embargo, el sistema informático no permite el registro de los votos emitidos por los distintos miembros del Parlamento y la participación a distancia solo está disponible para aquellos diputados que se encuentran en autoaislamiento o aislamiento. En cuanto al control parlamentario de las medidas relativas a la pandemia de COVID-19, en diciembre de 2020, el Parlamento solicitó al Gobierno que mientras se mantenga en vigor la decisión por la que se declara una epidemia, presente tres veces al año un informe sobre los efectos de la aplicación de la Ley sobre la protección de la población frente a las enfermedades infecciosas. En enero de 2021, el Gobierno presentó el primer informe que abarca el período comprendido entre marzo de 2020 y enero de 2021, y que el Parlamento aprobó por mayoría. En cuanto al proceso legislativo, entre enero de 2020 y marzo de 2021, el 51 % del total de leyes se aprobaron por el procedimiento de urgencia, lo que representa una disminución respecto a 2019. Una proporción significativa de estas leyes está relacionada con la pandemia de COVID-19.

Las medidas relacionadas con la pandemia de COVID-19 han sido adoptadas sobre la base de leyes en materia de enfermedades infecciosas que se modificaron dos veces. Croacia no declaró el estado de emergencia. Las medidas para hacer frente a la pandemia de COVID-19 se han adoptado sobre la base de la Ley sobre la protección de la población frente a las enfermedades infecciosas y la Ley sobre el sistema de protección civil, que se han modificado dos veces desde el inicio de la pandemia. La constitucionalidad y legalidad tanto del marco jurídico modificado como de las medidas restrictivas específicas que se adoptaron fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional, que ha confirmado su compatibilidad con la Constitución. El Tribunal también trató los recursos presentados por particulares que solicitaron el control de constitucionalidad y legalidad de determinadas decisiones vinculadas que adoptó la autoridad de protección civil. El Tribunal confirmó su legalidad, reconociendo que tenían un objetivo legítimo, que era proteger la vida y la salud de los ciudadanos, y eran necesarias para lograrlo. En un procedimiento separado incoado por iniciativa propia, el Tribunal estableció que una de las medidas adoptadas por la autoridad de protección civil no cumplía el requisito de proporcionalidad.

Se prevé mejorar la aplicación de la política reguladora. En marzo de 2021, la Oficina de Legislación del Gobierno inició un proyecto de apoyo técnico orientado a mejorar la capacidad analítica de aplicar herramientas y procesos metodológicos adecuados para lleva a cabo las evaluaciones del impacto reglamentario ex ante y ex post. El proyecto difundirá la aplicación de metodologías y procesos conexos en los organismos públicos más relevantes, mediante la realización de cursos de formación entre actores clave y partes interesadas en el sistema de evaluación del impacto reglamentario, como los ministerios competentes. El objetivo es mejorar la formación general y la efectividad reglamentaria. Sin embargo, es posible que se mantengan los problemas relacionados con la no inclusión del Derecho derivado y la limitación de recursos a nivel local y regional. Persisten asimismo las deficiencias en la aplicación de evaluaciones del impacto reglamentario. Aunque son principalmente los Ministerios los que llevan a cabo las evaluaciones del impacto reglamentario, la Oficina de Legislación del Gobierno proporciona formación sobre metodología y redacción de actos legislativos. El mandato de la Oficina de Legislación del Gobierno se limita al examen de las evaluaciones de impacto relativas al Derecho primario. Como consecuencia, la normativa del Derecho derivado queda sin controlar. Además, las autoridades públicas, en particular las locales y regionales, carecen de recursos humanos o experiencia para aplicar eficazmente la política reguladora.

Aunque las consultas públicas están integradas en los procedimientos legislativos, las partes interesadas perciben que la participación ciudadana es más formal que sustancial. Las consultas públicas se llevan a cabo a través del portal de consultas electrónicas del Estado. La Oficina de Legislación del Gobierno coordina las consultas públicas y administra el portal de consultas electrónicas. En general, el número de consultas públicas realizadas en un año ha ido en aumento. Como parte de su trabajo habitual, la Oficina del Comisionado de Información supervisó cómo se llevaron a cabo las consultas en 2020 . Como en años anteriores, las irregularidades más frecuentes estuvieron relacionadas con la duración de la consulta y la falta de justificación para acortar el plazo. Además, las reclamaciones también hacían referencia a que no se había publicado el informe sobre la consulta realizada o que no se habían adoptado ni publicado los planes de las consultas públicas. Por otra parte, las partes interesadas perciben que las consultas públicas, en particular, las que se llevan a cabo con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, son más formales que sustantivas. En 2021, está previsto llevar a cabo mejoras en el portal de consultas electrónicas destinadas principalmente a ampliar y actualizar las funcionalidades existentes.

Las demandas estratégicas contra la participación pública dirigidas contra periodistas continúan suscitando serias preocupaciones. Una encuesta realizada por la Asociación de Periodistas Croatas en abril de 2021 contabilizó 924 demandas activas contra periodistas y medios de comunicación en el país (en comparación con 905 en 2020). La asociación destaca que estas demandas tienen un fuerte impacto en los medios de comunicación afectados y amenazan, en particular, la existencia de los medios de comunicación locales más pequeños y de los periodistas independientes. Entre estos casos, se incluyen, por ejemplo, demandas contra periodistas por parte de destacados políticos o funcionarios . Si bien normalmente los tribunales fallan a favor de los periodistas afectados, las demandas estratégicas contra la participación pública suponen un riesgo financiero significativo para los periodistas y pueden tener un efecto intimidatorio importante. Muchas de estas demandas son por delitos de difamación. Las partes interesadas han pedido al Gobierno que aborde esta cuestión, en particular, la despenalización de la difamación. Las autoridades croatas han creado un grupo de expertos que asesore sobre iniciativas políticas orientadas a contrarrestar las demandas estratégicas contra la participación pública.

Existe un marco jurídico para la protección de los periodistas, pero estos siguen siendo objeto de discursos de odio y amenazas, tanto en línea como fuera de línea. Varios casos destacados se referían a ataques verbales de políticos contra periodistas, lo que pone de manifiesto la tensa relación entre algunos políticos y los medios de comunicación. Además, las partes interesadas manifestaron serias preocupaciones en relación con el presunto despido o la amenaza de despido por parte de Radio-Televisión de Croacia (HRT) contra los representantes del Sindicato de Periodistas Croatas y la Asociación de Periodistas Croatas. Desde octubre de 2020, la Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas ha registrado cinco avisos relacionados con hechos ocurridos en Croacia, en particular sobre casos de amenazas o insultos contra periodistas, así como una demanda por difamación contra un medio de comunicación. Si bien hubo casos de agresiones físicas contra periodistas en 2020, esta no parece ser una preocupación generalizada y la policía hace un seguimiento de dichos casos.

Asociación de Periodistas Croatas y el Sindicato de Periodistas Croatas (2021) Contribución de al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.

Asociación de Periodistas Croatas (2020), CJA’s poll: over 905 lawsuits against journalists and the media currently active in Croatia (Encuesta de la Asociación de Periodistas Croatas: más de 905 demandas contra periodistas y medios de comunicación están actualmente activas en Croacia), de 1 de mayo de 2020, ( https://hnd.hr/eng/cja-s-poll-over-905-lawsuits-against-journalists-and-the-media-currently-active-in-croatia ).

Asociación de Periodistas Croatas (2021), At least 924 lawsuits against journalists and the media currently active in Croatia (Por lo menos 924 demandas contra periodistas y medios de comunicación están actualmente activas en Croacia), de 16 de abril de 2021, ( https://hnd.hr/eng/cja-survey-at-least-924-lawsuits-against-journalists-and-the-media-currently-active-in-croatia ).

Parlamento de Croacia, Estrategia de Lucha contra la Corrupción 2015-2020, de 27 de febrero de 2015, ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_545.html ).

Proyecto de Estrategia de Lucha contra la Corrupción 2021-2030 tal y como se ha publicado para la consulta pública, de 25 de junio de 2021, ( https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16930 ).

Comisión Deontológica del Tribunal Supremo, «La Comisión Deontológica del Tribunal Supremo de la República de Croacia ha decidido sobre las denuncias de los jueces en el procedimiento de evaluación de la existencia de una violación del Código Deontológico del Poder Judicial», Comunicado de prensa del 31 de mayo de 2021, ( http://www.vsrh.hr/EasyWeb.asp?pcpid=560 ; http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/2021dok/Priopcenja/Ev%205-2021-3.pdf ; http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/2021dok/Priopcenja/Ev%207-2021-4.pdf ; http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/2021dok/Priopcenja/Ev%208-2021-3.pdf ; http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/2021dok/Priopcenja/Ev%208-2021-4.pdf ).

Foro Cívico Europeo (GONG) (2021), Aportación del Foro Cívico Europeo al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.

Comisión Europea (2019-2021), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE.

Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (2021) Contribución de la Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.

Asamblea General del Tribunal Supremo (2021), Comunicado de prensa de 18 de mayo de 2021, ( http://www.vsrh.hr/EasyWeb.asp?pcpid=560 ).

Asamblea General del Tribunal Supremo de Croacia (2021), Comunicado de prensa de 26 de marzo de 2021, ( http://www.vsrh.hr/EasyWeb.asp?pcpid=560 ).

GONG (2021), Letter to GRECO: The Commission must not be destroyed (Carta al GRECO: No debe destruirse la Comisión), de 4 de febrero de 2021, ( https://www.gong.hr/en/good-governance/anti-corruption-policy/letter-to-greco-plenkovic-undermines-the-fight-aga/ ).

GRECO (2020), Fifth evaluation round - Evaluation Report on Croatia on preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies [Quinta Ronda de Evaluación — Informe de evaluación de Croacia sobre Prevención de la corrupción y promoción de la integridad en Gobiernos centrales (altas funciones ejecutivas) y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad], de 24 de marzo de 2020, ( https://rm.coe.int/fifth-round-evaluation-report-on-croatia-preventing-corruption-and-pro/16809cff22 ).

GRECO, Fourth Evaluation Round: Fourth Evaluation Round, Addendum to the Second Compliance Report Croatia, Addendum to the Second Compliance Report Croatia (Cuarta ronda de evaluación: Addendum al Segundo Informe de cumplimiento - Croacia, de 21 de octubre de 2020, ( https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-respect-of-members-of/1680a010c3 ).

Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo, Comunicado de prensa de 3 de febrero de 2021, ( https://sudovi.hr/sites/default/files/priopcenja/2021-02/Visoki%20upravni%20sud%20Republike%20Hrvatske%20-%20priop%C4%87enje%20za%20javnost%203.%20velja%C4%8De%202021.pdf ).

Casa de los Derechos Humanos de Zagreb (2021), Contribución al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.

ILGA Europe (2021), Aportación al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.

Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de septiembre de 2020, U-II-2379/2020, ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_09_105_1969.html ).

Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de julio de 2019, U-III-673/2018, ( https://sljeme.usud.hr/usud/praksaw.nsf/fOdluka.xsp?action=openDocument&documentId=C12570D30061CE54C125842D00218646 ).