COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 20.7.2021 SWD(2021) 701 final DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN Informe sobre el Estado de Derecho en 2021























Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria que acompaña al documento COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Informe sobre el Estado de Derecho en 2021



Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea {COM(2021) 700 final} - {SWD(2021) 702 final} - {SWD(2021) 703 final} - {SWD(2021) 704 final} - {SWD(2021) 705 final} - {SWD(2021) 706 final} - {SWD(2021) 707 final} - {SWD(2021) 708 final} - {SWD(2021) 709 final} - {SWD(2021) 710 final} - {SWD(2021) 711 final} - {SWD(2021) 712 final} - {SWD(2021) 713 final} - {SWD(2021) 714 final} - {SWD(2021) 715 final} - {SWD(2021) 716 final} - {SWD(2021) 717 final} - {SWD(2021) 718 final} - {SWD(2021) 719 final} - {SWD(2021) 720 final} - {SWD(2021) 721 final} - {SWD(2021) 722 final} - {SWD(2021) 723 final} - {SWD(2021) 724 final} - {SWD(2021) 725 final} - {SWD(2021) 726 final} - {SWD(2021) 727 final}



Resumen El sistema de justicia austriaco sigue beneficiándose de un nivel de percepción de la independencia muy elevado y hay debates en curso sobre la reforma anunciada para introducir un Ministerio Fiscal independiente. Es importante que esta reforma tenga en cuenta las normas europeas relativas a la independencia del Ministerio Fiscal. Mientras tanto, se han llevado a cabo cambios para reducir la obligación de los fiscales de informar. Se han adoptado otras medidas con respecto a los sistemas de gestión del cumplimiento para tribunales y fiscales, y la obligación de ofrecer información a los paneles de personal con respecto a las propuestas de nombramientos judiciales. Seguía existiendo algunas preocupaciones con respecto a las normas de contratación en los tribunales de lo contencioso-administrativo, en particular para el nombramiento de vicepresidentes y presidentes. Austria se está esforzando por seguir mejorando la digitalización del sistema de justicia. El sistema de justicia continúa funcionando de manera eficiente y muestra mejoras en asuntos administrativos. La aplicación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción está en curso, pero se han registrado algunos retrasos debido a la pandemia de COVID-19. Tras los recientes escándalos políticos, se han intensificado las investigaciones sobre corrupción política de alto nivel. No obstante, los fiscales que trabajan en estos casos se han enfrentado a discursos negativos de políticos. Las obligaciones de información de la fiscalía especializada son onerosas, lo que provoca retrasos y tiene efectos negativos en la eficacia de las investigaciones sobre corrupción, pero se han llevado a cabo modificaciones recientes destinadas a reducir esta carga. Se han introducido nuevas medidas para prevenir la corrupción de funcionarios públicos y de altos cargos ejecutivos, pero las medidas para responder de forma eficaz a los riesgos de integridad de los parlamentarios siguen siendo limitadas al no existir la obligación de divulgar los activos, los intereses, las deudas y los pasivos. Existe un marco jurídico sobre actividades de presión, pero su ámbito de aplicación y la información disponible al público siguen siendo limitados. Continúa suscitando preocupación el control de la financiación de los partidos políticos. Los medios de comunicación siguen contando con un marco jurídico y un entorno propicio sólidos y las autoridades de los medios de comunicación continúan funcionando de manera independiente. Se han detectado riesgos para el pluralismo de los medios en relación con la falta de un marco global y vinculante que garantice el acceso a documentos y a la información pública. Para abordar esto, el Gobierno ha propuesto una nueva ley sobre la libertad de acceso a la información. Los medios de comunicación continúan recibiendo un importe elevado de gasto público en publicidad estatal, pero persisten las preocupaciones con respecto a la equidad y transparencia de su asignación, la posible influencia política en el proceso y el hecho de que no se tienen suficientemente en cuenta aspectos relativos al pluralismo de los medios de comunicación. La ayuda financiera pública destinada al sector de los medios de comunicación durante la pandemia de COVID-19 se consideraba, en general, efectiva, pero se plantearon ciertas dudas sobre su distribución objetiva. Si bien se han adoptado algunas medidas para mejorar la protección de los periodistas durante las protestas, su seguridad se ve cada vez más amenazada, en particular por el acoso y la intimidación en línea. En lo que respecta a los controles y equilibrios, se están tomando medidas para mejorar la participación de las partes interesadas y los ciudadanos en la formulación de políticas. En el contexto de la pandemia de COVID-19, el ejecutivo está facultado para actuar por decreto sobre la base de una legislación específica, con un mayor escrutinio parlamentario desde otoño de 2020. El Tribunal Constitucional ha desempeñado un papel importante en la revisión de estas medidas, anulando varias de ellas por no estar suficientemente justificadas. El Defensor del Pueblo, que también ha tenido un papel activo en el contexto de la pandemia de COVID-19, se está preparando para volver a recibir la acreditación como institución nacional de derechos humanos. El Gobierno ha llevado a cabo esfuerzos para seguir desarrollando el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, en particular, consultándolas sobre las ayudas que se han asignado a la sociedad civil en el marco de la pandemia de COVID-19. I.Sistema judicial El sistema judicial austriaco se divide en dos ramas independientes. La jurisdicción ordinaria consta de 115 tribunales de distrito, 20 tribunales regionales, 4 tribunales regionales superiores y el Tribunal Supremo. Desde 2014, Austria cuenta también con un sistema separado de tribunales de lo contencioso-administrativo, con once tribunales de lo contencioso-administrativo de primera instancia (nueve tribunales regionales de lo contencioso-administrativo, uno federal y el Tribunal Federal de lo Tributario) y el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo . El Tribunal Constitucional garantiza el control de constitucionalidad de las leyes federales y regionales. El ejecutivo es el encargado de los nombramientos judiciales basándose en propuestas no vinculantes de paneles de personal compuestos por jueces o asambleas plenarias de un tribunal, que confeccionan una lista de tres candidatos para cada puesto por orden de preferencia . El Ministerio Fiscal es una autoridad judicial de estructura jerárquica bajo la supervisión del ministro de Justicia, quien puede dar tanto instrucciones generales como instrucciones en asuntos concretos . Austria participa en la Fiscalía Europea. Los letrados están registrados en uno de los nueve Colegios de Abogados locales, que son corporaciones de derecho público y organismos autónomos, organizados en el marco del Colegio Federal de Abogados . Independencia El nivel de percepción de la independencia del poder judicial se ha mantenido constantemente muy elevado y para las empresas, ha mejorado aún más. En 2021, el 83 % del público general y el 78 % de las empresas perciben la independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces como «bastante buena» o «muy buena» . En general, en los últimos cinco años, el nivel de percepción de la independencia del público general y las empresas ha mostrado un aumento constante, con la excepción de 2021, cuando disminuyó ligeramente para el público general. Se está preparando una reforma para crear un ministerio fiscal federal independiente dirigido por un fiscal general. Tras el anuncio de 24 de febrero de 2021 de la creación de un ministerio fiscal federal a cargo de un fiscal general independiente , el Ministerio de Justicia ha creado un grupo de trabajo integrado por partes interesadas del poder judicial y expertos, que se reúne mensualmente desde mayo de 2021 y examinará diferentes cuestiones constitucionales y legales relacionadas con la reforma. Se espera que el grupo presente sus resultados en el primer semestre de 2022, pero no se le ha encargado que prepare un proyecto de texto legislativo concreto. Las partes interesadas han venido exigiendo desde hace mucho tiempo la reforma de la fiscalía , ya que el sistema de obligaciones de información (véase más adelante) y el derecho del ministro de Justicia a dar instrucciones a los fiscales sobre asuntos individuales, incluso la instrucción de no enjuiciar estos casos, han sido objeto de críticas . Las partes interesadas han subrayado la necesidad de garantizar que la reforma prevista introduzca garantías estructurales tangibles para asegurar en la práctica la independencia del nuevo fiscal general de cualquier influencia política del poder ejecutivo o legislativo . Es importante que la reforma se prepare en consulta con todas las partes interesadas pertinentes y que tenga en cuenta las normas europeas relativas a la independencia del Ministerio Fiscal . Se están tomando medidas para reducir las obligaciones de los fiscales de informar al poder ejecutivo. De conformidad con la intención del programa del Gobierno ya señalada en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 , el Gobierno ha adoptado medidas para reducir las obligaciones de información del Ministerio Fiscal, que las partes interesadas consideran que en la actualidad son onerosas y desproporcionadas (véase también la sección II) . Como primera medida, en marzo de 2021, a petición del Ministerio de Justicia, se revocó un decreto de la Fiscalía Superior de Viena sobre las obligaciones de información de sus fiscalías subordinadas (que les obligaba a notificar las principales actuaciones procesales tres días antes de su ejecución) (véase también la sección II) . Además, el 12 de junio de 2021, el Ministerio de Justicia llevó a cabo una revisión del decreto sobre las obligaciones de información que delimita dichas obligaciones de forma más estricta en determinadas circunstancias, por ejemplo, eliminando la obligación de presentar informes si las personas de interés público son víctimas de un delito . No obstante, las partes interesadas han señalado que esto podría no reducir significativamente la carga de la Oficina de Lucha contra los Delitos Económicos y la Corrupción de la Fiscalía Federal ya que un gran número de sus casos son asuntos de interés público en los que las obligaciones seguirían aplicándose . El ministro de Justicia emitió veintidós instrucciones en asuntos individuales en 2020 y ocho hasta mayo de 2021 , todas ellas de conformidad con el dictamen del Consejo de Directivas independiente . Se espera que el próximo informe sobre instrucciones se presente al Parlamento en el verano de 2021. Se ha introducido la obligación de proporcionar información a los paneles de personal en caso de desviación de sus recomendaciones para los nombramientos judiciales. Las modificaciones a la Ley sobre jueces y fiscales, que codifican la obligación del Ministro de Justicia de proporcionar comentarios por escrito a los paneles de personal —compuestos principalmente por jueces elegidos por sus pares— , en caso de que no se siga su recomendación entraron en vigor en diciembre de 2020. También permiten que los paneles de personal envíen una reacción por escrito en el plazo de dos semanas . En el caso de los fiscales, se ha establecido un proceso similar . Esta iniciativa responde a elementos de una recomendación del GRECO de reforzar la participación de los paneles de personal en los procedimientos de nombramiento . El GRECO ha señalado que los paneles de personal todavía no participan en la selección de los jueces en formación y no existe un control judicial del procedimiento de nombramiento. Los paneles de personal (u otros órganos que representen al poder judicial) tampoco intervienen en la selección del presidente y vicepresidente del Tribunal Supremo lo que ha suscitado las críticas de dicho Tribunal . La contratación en los tribunales de lo contencioso-administrativo sigue suscitando preocupación, en particular con respecto al nombramiento de los presidentes y vicepresidentes de dichos órganos jurisdiccionales . Como ya se indicó en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, los nombramientos de los vicepresidentes y presidentes de los tribunales regionales de lo contencioso-administrativo normalmente siguen siendo prerrogativa del ejecutivo, sin la permanente participación del poder judicial . En marzo de 2021, el GRECO reiteró sus recomendaciones relativas a una mayor participación de los paneles de personal en los nombramientos judiciales, incluidos los de los vicepresidentes y presidentes de los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo . Las partes interesadas continúan haciendo hincapié en que la falta de una participación permanente del poder judicial en estos nombramientos, combinada con los amplios poderes y deberes de los presidentes de los tribunales, suscita preocupación con respecto a las normas europeas . El Gobierno y la Conferencia de presidentes de los tribunales de lo contencioso-administrativo han aclarado que en varios estados federales se establecen por ley o en la práctica comités especiales para elaborar propuestas de nombramiento , pero que no necesariamente involucran a (la mayoría de) los jueces. Asimismo, se han hecho llamamientos a armonizar los requisitos de contratación de los jueces de los tribunales de lo contencioso-administrativo, que en cada tribunal regional de lo contencioso-administrativo se regulan por separado . De acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Europa, si el ejecutivo toma decisiones con respecto a la selección de jueces, una autoridad independiente y competente procedente en una parte sustancial del poder judicial debe estar autorizada para hacer recomendaciones o expresar opiniones que el ejecutivo siga en la práctica . Se están tomando medidas para mejorar el marco de integridad de los jueces y fiscales. Tras la adopción, en 2019, de las directrices de cumplimiento para todos los empleados judiciales , los tribunales y la fiscalía están actualmente aplicando un sistema integral de gestión del cumplimiento, que incluye el establecimiento de responsables del cumplimiento a escala regional que actúan como puntos de contactos únicos para las cuestiones que plantean todos los empleados judiciales al respecto . Se ha puesto en marcha un programa de aprendizaje en línea sobre cumplimiento, que se centra en cuestiones relacionadas con los conflictos de intereses, y ya lo han completado más de 1 400 empleados . El GRECO ha acogido con satisfacción el establecimiento de las directrices de cumplimiento y de los responsables del cumplimiento, pero ha hecho hincapié en la necesidad de aclarar el asesoramiento confidencial en asuntos de ética que se ofrece a los jueces y los fiscales . Además, las partes interesadas señalan que fue el ejecutivo y no el propio poder judicial quien estableció las directrices de cumplimiento y que no se ha elaborado un código de ética para los jueces de lo contencioso-administrativo. El GRECO observa asimismo que, hasta la fecha, no se ha introducido un sistema de valoraciones periódicas en Austria . Calidad Se han asignado recursos adicionales a los órganos jurisdiccionales y al Ministerio Fiscal, pero siguen existiendo retos en el Tribunal Supremo de lo Tributario. Tras la creación de puestos adicionales en 2020, se aumentó nuevamente el presupuesto destinado el poder judicial en 2021, incluida la financiación adicional relacionada con el impacto de la pandemia COVID-19 , y se finalizó el proceso de contratación de la mayoría de los puestos creados . Austria destina alrededor del 0,28 % del PIB a su sistema de justicia . Si bien este aumento del presupuesto responde a las preocupaciones planteadas por las partes interesadas y un estudio del Ministerio de Justicia con respecto a los recortes presupuestarios anteriores en el sistema de justicia , una auditoría publicada en enero de 2021 por el Tribunal de Cuentas confirma que en el Tribunal Supremo de lo Tributario siguen existiendo retos en materia de recursos , sobre todo en lo que respecta a los escasos niveles de personal de tribunales en comparación con otros órganos jurisdiccionales (solo alrededor de 0,25 puestos de personal de tribunales por juez) y el número de puestos de jueces vacantes , situación que también ha provocado un importante retraso en la tramitación de los casos. El Tribunal de Cuentas ha dirigido una serie de recomendaciones al Tribunal Supremo de lo Tributario y al Ministerio de Finanzas entre las que se incluye la reducción de la carga administrativa de los jueces para permitir avances en la reducción de la acumulación de casos y los plazos de tramitación . Se están llevando a cabo cambios para reducir las tasas judiciales en ámbitos específicos. Como se señalaba en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, las partes interesadas consideran que las altas tasas judiciales en Austria pueden dificultar el acceso a la justicia . Se han aplicado una serie de medidas para reducir dichas tasas en ámbitos específicos, en particular, en el caso de los procedimientos de la acusación particular . Si bien, en el marco de la reforma de los procedimientos de ejecución en su conjunto, que se llevó a cabo en abril de 2021, se han incrementado las tasas judiciales, al mismo tiempo se han reducido algunas actuaciones procesales que requieren una tasa . Se están preparando otras medidas específicas relacionadas con las tasas judiciales, por ejemplo, para los procedimientos civiles , pero en esta fase no se prevé una evaluación general del sistema de tasas judiciales . En 2020, los ingresos por tasas judiciales cayeron debido a la pandemia de COVID-19 y el ajuste por inflación se pospuso temporalmente hasta mayo de 2021, lo que redujo esta parte del presupuesto del poder judicial que, no obstante, sigue siendo elevado. En particular, las partes interesadas señalan como posibles obstáculos para el acceso a la justicia la falta de un límite máximo de tasas judiciales en casos de alto valor y los ajustes automáticos por inflación . Se han creado ofertas de formación inicial para los jueces de los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo. Desde 2020, la Academia Austriaca de Jueces de lo Contencioso-Administrativo ofrece un programa de formación para jueces de tribunales de lo contencioso-administrativo recién nombrados, que incluye módulos sobre la gestión de los procedimientos, ética profesional, legislación en materia de función pública destinada a los jueces y justicia digital . Mientras que los jueces y fiscales de los órganos jurisdiccionales ordinarios reciben una formación inicial integral de cuatro años , a los jueces de los tribunales de lo contencioso-administrativo se les contrata cuando tienen una experiencia jurídica profesional previa de al menos cinco años . Sin embargo, la legislación no exige que los jueces de lo contencioso-administrativo recién nombrados reciban una formación inicial , lo que ha suscitado las críticas de las partes interesadas . Además, se ha recomendado la creación de un programa anual de formación en el servicio para todos los jueces y fiscales, que abarcaría, en particular, aspectos relacionados con la integridad . Se están llevado a cabo esfuerzos para seguir avanzando en la digitalización del sistema judicial. En general el nivel de digitalización del sistema judicial es alto: se han establecido plenamente las normas procesales para el uso de herramientas digitales en asuntos civiles, penales y administrativos , y los tribunales y las fiscalías utilizan de forma generalizada las herramientas de comunicación digital y electrónica . Existen, en gran medida, soluciones digitales para incoar y seguir procedimientos civiles, administrativos y penales . Como ya se señaló en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 , Austria sigue avanzando en la ejecución del proyecto «Justicia 3.0», que tiene como objetivo pasar completamente a un sistema de archivos electrónicos de aquí a 2025. En junio de 2021, se habían digitalizado totalmente los procedimientos en cincuenta y seis tribunales y nueve fiscalías, así como en el Tribunal Supremo y la Fiscalía General . Los próximos hitos previstos son el uso exclusivo de archivos digitales en todas las fiscalías de aquí a mediados de 2022 y en todos los nuevos procesos civiles a mediados de 2023 . La nueva plataforma JustizOnline, que se puso en marcha en noviembre de 2020, es un lugar consolidado para que los ciudadanos accedan a servicios, como el envío de solicitudes electrónicas o la consulta de archivos de asuntos, y ofrece ayuda a los usuarios a través de una herramienta de chatbot . Además, el Gobierno está poniendo en marcha un nuevo sistema digital integral de información sobre el rendimiento con datos de los órganos jurisdiccionales y las fiscalías, que se publicarán en JustizOnline . En el contexto de la pandemia de COVID-19, se han tomado medidas procesales para permitir el uso de sistemas de videoconferencia, tanto en materia civil como penal, con arreglo a un sistema de «semáforo» .

Eficiencia El sistema de justicia continúa funcionando de manera eficiente y muestra mejoras en asuntos administrativos . El tiempo medio de resolución de asuntos contenciosos comerciales se ha mantenido en un nivel bajo (137 días en 2019 frente a 138 en 2018), con una tasa de resolución estable del 100,4 % y un número reducido de casos pendientes, lo que demuestra que la justicia está manejando su carga de trabajo de manera eficiente a este respecto . En lo que respecta a los asuntos administrativos, los indicadores de eficiencia muestran nuevas mejoras, en particular en relación con la tasa de resolución (110,7 % en 2019 frente a un 89,7 % en 2018), y el número de asuntos pendientes, que ha disminuido, pero, en general, sigue siendo elevado (0,8 % casos por 100 habitantes en 2019 frente a un 0,9 en 2018) . Aun así, el tiempo medio para resolver asuntos administrativos (440 días) sigue siendo relativamente prolongado . II.Marco de lucha contra la corrupción La aplicación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y de las medidas previstas en el Plan de acción para 2019-2020 está en curso. Entre las autoridades que participan en la lucha contra la corrupción están el Ministerio Federal de Justicia, la Oficina de Lucha contra los Delitos Económicos y la Corrupción de la Fiscalía Federal (Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft – WKStA), el Ministerio Federal de Asuntos de Interior y su Oficina Federal de Lucha contra la Corrupción (BAK) y el Servicio Nacional de Inteligencia (BK). El Tribunal de Cuentas es responsable de auditar e informar sobre la gestión financiera a escala nacional y local, también sobre aspectos relacionados con la lucha contra la corrupción, y de supervisar las finanzas de los partidos políticos. El marco jurídico incluye las correspondientes disposiciones del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, así como la legislación específica en materia de corrupción . Esta legislación cubre los casos que implican a funcionarios públicos extranjeros. Los expertos y los directivos de empresas perciben que el nivel de corrupción en el sector público sigue siendo relativamente bajo. En el Índice de percepción de la corrupción de 2020 de Transparencia Internacional, Austria obtiene una puntuación de 76/100 y ocupa el puesto n.º 5 en la Unión Europea y el n.º 15 del mundo . Esta percepción se ha mantenido relativamente estable durante los últimos cinco años . La aplicación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción está en curso, pero se han registrado algunos retrasos durante la pandemia de COVID-19. En 2018 se adoptó una Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción que va acompañada de un Plan de acción aprobado el 16 de enero de 2019, que abarca el período 2019-2020 . El principal objetivo de la Estrategia y el Plan de acción para el ciclo 2019-2020 es mejorar y garantizar la integridad y transparencia en la Administración, la política y los negocios. El organismo de coordinación de la lucha contra la corrupción decidió ampliar el ciclo de aplicación y revisión de la Estrategia y su Plan de acción. Mientras que las medidas para 2019 se registran como aplicadas, las medidas previstas para 2020 sufrieron retrasos ya que la mayoría de ellas se referían a conferencias, reuniones y programas de formación que no pudieron llevarse a cabo durante la pandemia de COVID-19 . No obstante, se pusieron en marcha nuevas actividades, como el asesoramiento individual por correo electrónico y teléfono sobre consultas de cumplimiento e integridad de los miembros de la Red de responsables de la integridad . Además, en 2020, aumentaron en un 60 % las solicitudes de adhesión a la Red entre los funcionarios públicos . Las investigaciones de corrupción de alto nivel se han intensificado, mientras que determinados fiscales han sido objeto de comentarios públicos negativos de políticos. La Oficina de Lucha contra los Delitos Económicos y la Corrupción de la Fiscalía General lleva a cabo una mayoría significativa de las investigaciones a gran escala en Austria . Tras una serie de escándalos políticos de alto perfil, la Oficina ha intensificado sus investigaciones sobre corrupción política de alto nivel. Los fiscales a cargo de algunos de los casos más visibles han sido objeto de comentarios públicos negativos de representantes del Gobierno , algo que ha sido criticado por el Presidente Federal y por las asociaciones judiciales, que han señalado que tales declaraciones públicas repercuten de forma negativa en la percepción pública de la independencia del poder judicial . La Oficina Federal de Lucha contra la Corrupción, que lleva a cabo investigaciones policiales y coopera con la Oficina de Lucha contra los Delitos Económicos y la Corrupción de la Fiscalía General, registró treinta y dos nuevos casos de corrupción en 2020. De acuerdo a un proyecto de ley que se presentó a consulta pública en marzo de 2021 , ya no estarán autorizados los registros sobre el terreno en las sedes de las autoridades públicas y, en lugar de obtener documentos y pruebas, la Oficina de Lucha contra los Delitos Económicos y la Corrupción de la Fiscalía General deberá presentar una solicitud de «asistencia administrativa». La fiscalía y las partes interesadas manifestaron preocupación por el impacto negativo de esta disposición en la capacidad de recabar pruebas, lo que podría afectar a la eficacia de las investigaciones anticorrupción . Después de revisar y analizar todas las respuestas a las consultas públicas y celebrar una reunión de expertos con las partes interesadas, se presentó un proyecto de ley revisado . Las onerosas obligaciones de información de los fiscales provocan retrasos y tienen un impacto negativo en la eficacia de las investigaciones anticorrupción . Con arreglo al refuerzo de la obligación de información que se introdujo en 2019, los fiscales de la Oficina de Lucha contra los Delitos Económicos y la Corrupción de la Fiscalía General (WKStA) tienen que informar a la Fiscalía Superior tres días hábiles antes de iniciar determinadas actuaciones procesales. La WKStA ha señalado que estas obligaciones adicionales de información son onerosas y pueden provocar retrasos en las investigaciones , ya que alrededor del 40 % de sus procedimientos están sujetos a rigurosas obligaciones de presentación de información . El número de informes ha aumentado considerablemente en los últimos años (de 1 100 en 2017 a 1 957 en 2018 y 2 299 en 2019) . Para abordar estas cuestiones, el Ministerio de Justicia adoptó, en marzo de 2021, un nuevo decreto que relaja parcialmente las obligaciones de información y aclara que el Ministerio Fiscal no necesita informar sobre las actuaciones procesales importantes antes de iniciar su ejecución. Se prevé hacer las modificaciones correspondientes a la Ley sobre el Ministerio Fiscal en 2021 (véase también la sección I). Recientemente se ha publicado una revisión del decreto sobre las obligaciones de información. Está pendiente la reforma de las normas sobre la financiación de los partidos políticos, incluido el papel del Tribunal de Cuentas. Como se señaló en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, el Tribunal de Cuentas de Austria tiene competencias de auditoría limitadas y la única competencia de investigación que tiene es verificar la exactitud de las cuentas de los partidos políticos . En un informe reciente, el Tribunal de Cuentas criticó el régimen de subvenciones a los organismos de educación de los partidos políticos con representación parlamentaria y recomendó que se concedieran al Tribunal derechos de auditoría y sanción plenos . Aunque en su programa para 2020-2024 , el Gobierno se comprometió a emprender reformas encaminadas a reforzar el control de la financiación de los partidos políticos, hasta el momento no se han adoptado medidas concretas al respecto. Según las partes interesadas y el Tribunal de Cuentas, las reformas deberían prever competencias de investigación y control adicionales para el Tribunal de Cuentas encargado de supervisar la financiación de los partidos, en particular, una mayor transparencia y rendición de cuentas en el proceso de presentación de informes, así como una revisión del sistema de sanciones . Las medidas para responder de forma eficaz a los riesgos de integridad en el caso de los miembros del Parlamento siguen siendo limitadas . Los miembros del Parlamento no están obligados a declarar públicamente sus activos, intereses, deudas, pasivos ni cualquier otro interés económico, incluidas las inversiones en empresas. Además, no existen mecanismos de seguimiento y sanción orientados a controlar la veracidad de las declaraciones cuando se publican voluntariamente . Tampoco se prohíbe a los parlamentarios ocupar puestos de trabajo externos, cargos directivos o formar parte de consejos de administración. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha destacado el bajo nivel de cumplimiento de Austria en lo que respecta a las recomendaciones formuladas sobre la prevención de la corrupción entre los miembros del Parlamento, los jueces y los fiscales . Se han introducido nuevas medidas para prevenir la corrupción de los funcionarios y de las funciones ejecutivas de alto nivel. El 18 de noviembre de 2020, el Consejo de Ministros adoptó un Código de conducta para la prevención de la corrupción en la Administración pública . Este código contiene instrucciones destinadas a los empleados y directores de la Administración pública sobre la manera de responder a los intentos de soborno, la entrega de obsequios y las invitaciones, las denuncias de irregularidades y las actividades de presión, e incluye ejemplos de los comportamientos que cumplen las normas y de otros que no lo hacen. Además, el Código explica las obligaciones de información con respecto a las actividades asociativas o los empleos secundarios y las obligaciones de protección de datos y confidencialidad. Una nueva autoridad federal disciplinaria, que comenzó a funcionar oficialmente el 1 de octubre de 2020, o en algunos casos una comisión disciplinaria conjunta establecida en la administración parlamentaria, tiene competencia para tomar decisiones disciplinarias y decidir sobre la suspensión de los funcionarios federales . Las medidas disciplinarias disponibles con arreglo el código disciplinario aplicable a los funcionarios federales son las amonestaciones, las multas de mayor o menor cuantía y el despido. En el caso de los empleados federales contratados, la autoridad de personal tiene competencia para dictar medidas disciplinarias como amonestaciones, resolución del contrato y despido. Por lo que respecta a las normas relativas al empleo de miembros del Gobierno una vez terminada su labor, el 22 de febrero de 2021 se presentó una propuesta ministerial, que tiene por objeto introducir un período de incompatibilidad de tres años para que los miembros del Gobierno puedan sean miembros titulares o suplentes del Tribunal Constitucional . La legislación sobre actividades de presión está siendo objeto de examen. Como se señaló en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, si bien existe un marco jurídico sobre las actividades de presión, tanto su ámbito de aplicación como la información en el Registro de actividades de presión que se pone a disposición del público son limitados . El Tribunal de Cuentas recomienda llevar a cabo una evaluación de la Ley sobre actividades de presión para examinar cómo podrían considerarse de forma más completa las normas internacionales en la materia, incluida la introducción de una huella legislativa . En otoño de 2020, el Ministerio Federal de Justicia creó un grupo de trabajo para analizar las posibles mejoras que podrían introducirse en el marco jurídico . Cada vez se utiliza más el instrumento de denuncia de irregularidades. En 2013, Austria estableció un instrumento de denuncia de irregularidades a cargo de la Oficina de Lucha contra los Delitos Económicos y la Corrupción de la Fiscalía General. Los datos del 31 de diciembre de 2020 muestran que se denunciaron en el sistema 10 945 presuntos delitos penales. Se constató que solo una pequeña proporción se denunció sin justificación (menos del 5 %). Aproximadamente el 40 % de las denuncias se remitieron a otras autoridades competentes, en su mayoría fiscales, para su seguimiento . La pandemia de COVID-19 ha repercutido en las actividades de prevención y ha aumentado los riesgos de corrupción en ciertos sectores. Solo se pudieron aplicar parcialmente las medidas contempladas en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción. Por ejemplo, no pudieron llevarse a cabo por completo las actividades que la Oficina Federal de Lucha contra la Corrupción realiza a través de su Red de responsables de la integridad al haberse suspendido todas las formas tradicionales de formación en el aula . No obstante, la transferencia de conocimientos a la Red de responsables de la integridad se organizó a través de canales alternativos (el sitio web de la Red, correos electrónicos, contactos bilaterales con miembros de la Red, etc.). El Tribunal de Cuentas ha puesto en marcha auditorías públicas relacionadas con la pandemia de COVID-19, que se centraron en ámbitos de riesgo claves, en particular, la estructura y el alcance financiero de las medidas de ayuda. Las fiscalías destacaron la adquisición de equipos y material sanitarios como un ámbito de riesgo específico . Las partes interesadas señalaron que en los procedimientos de compra urgentes se permitían gastar elevados importes y los requisitos de transparencia eran limitados . III. Libertad y pluralismo de los medios de comunicación La libertad de expresión y el deber de las autoridades estatales de facilitar el acceso a la información están consagrados en la Constitución. El Derecho derivado garantiza el derecho de los periodistas a proteger la confidencialidad de sus fuentes y regula la obligación de las autoridades de divulgar información al público . Los reguladores de los servicios de comunicación audiovisual, la Autoridad austriaca de comunicaciones (KommAustria) y la Autoridad austriaca reguladora de la radiodifusión y las telecomunicaciones (RTR) se establecieron en virtud de la Ley KommAustria, en 2001. La Ley KommAustria se ha modificado recientemente para trasponer la Directiva de servicios de comunicación audiovisual . Las autoridades reguladoras de los medios de comunicación continúan funcionando de forma independiente y con recursos adecuados. Las entidades reguladoras para los servicios de comunicación audiovisual, la Autoridad austriaca de comunicaciones y la Autoridad austriaca reguladora de la radiodifusión y las telecomunicaciones, son totalmente independientes del Gobierno. Las modificaciones a la Ley KommAustria para trasponer la Directiva de servicios de comunicación audiovisual entraron en vigor el 1 de enero de 2021. Entre otras cosas, estas modificaciones asignan nuevas funciones a KommAustria, especialmente en el campo de la alfabetización mediática y la accesibilidad. Los nuevos recursos destinados a la autoridad se consideraron suficientes habida cuenta de las nuevas funciones . El instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación (Media Pluralism Monitor) de 2021 confirma que el riesgo para la independencia y la eficacia de los medios de comunicación de Austria es muy bajo . Existen normas de transparencia de la propiedad de los medios de comunicación. Sin embargo, en la práctica, no siempre es fácil identificar la propiedad última. La Ley sobre los medios de comunicación de Austria contiene disposiciones concretas que requieren la divulgación de la propiedad en el sector de los medios de información . Sin embargo, según el Media Pluralism Monitor de 2021, el indicador sobre la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación muestra un riesgo medio. El Media Pluralism Monitor señala que la información sobre las estructuras de propiedad definitiva generalmente no está disponible, lo que se debe en parte a la formulación jurídica utilizada que podría interpretarse en el sentido de que limita los requisitos de divulgación al 100 % de la participación en los medios de comunicación . Las partes interesadas también señalaron cuestiones relacionadas con la transparencia de las estructuras de propiedad complejas de los grupos de medios de comunicación . En Austria existe un alto grado de concentración de los medios informativos, debido, en particular, a la alta concentración existente en diferentes subsectores de comunicación . Se asigna una gran cantidad de publicidad estatal a los medios de comunicación en un contexto de continua preocupación sobre la transparencia y equidad de dicha asignación. La asignación de publicidad estatal está regulada por la Ley federal constitucional sobre la cooperación y la financiación de los medios de comunicación, así como por la Ley sobre la transparencia en la cooperación y la financiación de los medios de comunicación . Se ha manifestado preocupación por el elevado importe (223 millones EUR ) que Austria gasta en publicidad estatal, cantidad que parece ir en aumento . La publicidad se distribuye con arreglo a criterios basados en la cobertura y circulación de los medios de comunicación, según los datos del año anterior . La Ley sobre la transparencia en los medios de comunicación, de 2012, establece que el Gobierno, las empresas y organismos públicos deberán divulgar las colaboraciones con propietarios específicos de medios de comunicación que asciendan a un importe superior a 5 000 EUR por trimestre. Según las conclusiones de un informe del Tribunal de Cuentas, al menos un tercio de los contratos de publicidad pública no se hacen públicos debido a este umbral . Varias partes interesadas y un estudio han expresado preocupación por la transparencia y equidad de esta asignación de publicidad, señalando la discrepancia sustancial entre las subvenciones oficiales y la cantidad de publicidad estatal distribuida, así como el riesgo de que esta última se utilice para lograr influencia política . Continúa habiendo inquietud con respecto a las garantías de independencia editorial y las partes interesadas también señalaron que los criterios de asignación, que se basan en la cobertura y la circulación, no tienen suficientemente en cuenta el pluralismo de los medios de comunicación . El Media Pluralism Monitor de 2021 considera que el nivel de riesgo de la normativa estatal de recursos y apoyo al sector de los medios de comunicación es medio . Se consideró que la ayuda financiera pública destinada al sector de los medios de comunicación fue eficaz para compensar la disminución de los ingresos debido a la pandemia. No obstante, la distribución equitativa seguía siendo motivo de preocupación. En 2020, las subvenciones estatales recurrentes a los medios de comunicación ascendieron a alrededor de 49 millones EUR y las subvenciones extraordinarias debido a la pandemia de COVID-19 a unos 35 millones EUR . Las normas para la distribución de subvenciones directas e indirectas en sí parecen ser transparentes . No obstante, según el Media Pluralism Monitor de 2021, parece que la prensa sensacionalista de gran tirada sigue beneficiándose de forma desproporcionada de las subvenciones estatales, incluidas las subvenciones especiales concedidas al sector de los medios de comunicación debido a la pandemia de COVID-19 .

El Gobierno ha propuesto una reforma de la legislación sobre la libertad de acceso a la información. Como ya se señaló en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 , la obligación de dar información está consagrada en la Constitución y especificada en la legislación federal y en leyes provinciales. Sin embargo, en Austria no existe el derecho general a acceder a documentos. Además, en la práctica, existen limitaciones al acceso a la información derivadas del deber de secreto establecido en la Constitución: un plazo de seis meses para que los organismos públicos denieguen formalmente las solicitudes (después de rechazarlas de manera informal en un plazo de ocho semanas) y así como largos procesos judiciales en los asuntos de acceso a la información. En febrero de 2021, el Gobierno propuso una ley sobre «libertad de información», en el marco de un paquete más amplio sobre transparencia, que reformaría el sistema y establecería el derecho constitucional de todos los ciudadanos a recibir información . La propuesta se ha publicó para consulta pública hasta abril de 2021 . Si bien se reconocieron ciertas mejoras en lo que se refiere a la garantía del acceso a los documentos en plazos más breves, los medios de comunicación y las partes interesadas de la sociedad civil señalaron deficiencias en el proyecto de ley, en particular con respecto a la ausencia de un organismo de supervisión independiente y a aspectos relacionados con la aplicación práctica de la ley . Austria ha adoptado medidas para mejorar la protección de los periodistas durante las manifestaciones. Sin embargo, las amenazas y el acoso en línea siguen suponiendo un reto para la profesión. No hay disposiciones específicas en la legislación austriaca sobre seguridad de los periodistas. Desde octubre de 2020, en la plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas ha publicado un nuevo aviso sobre ataques contra periodistas durante las protestas . Según el Media Pluralism Monitor de 2021, el indicador sobre la profesión periodística, las normas y la protección muestra un riesgo bajo. No obstante, como indican el Media Pluralism Monitor 2021 y las partes interesadas nacionales , si bien las normas generales de la profesión periodística siguen siendo adecuadas, la seguridad de los periodistas se ve cada vez más amenazada, en particular por el acoso y la intimidación en línea. Las partes interesadas señalaron el uso creciente de amenazas legales contra periodistas y la utilización de litigios supuestamente destinados a intimidarlos, que se destacó como un problema especialmente para los periodistas independientes . Las quejas por los ataques contra periodistas durante las manifestaciones «anticoronavirus» han llevado a la creación de fuerzas policiales específicas destinadas a la protección de los periodistas durante las protestas . IV. Otras cuestiones institucionales en relación con los controles y equilibrios Austria es una república federal con un parlamento bicameral compuesto por el Consejo Nacional (Nationalrat) y el Consejo Federal (Bundesrat). Las propuestas legislativas pueden partir del Gobierno, de los miembros de ambas cámaras del Parlamento o de la iniciativa popular . El Tribunal Constitucional lleva a cabo una revisión a posteriori de la constitucionalidad de las leyes, lo cual es posible en casos concretos o como revisión en abstracto de una ley, basándose en recursos del Gobierno federal o de un gobierno regional, o de un tercio de los miembros de cada una de las cámaras parlamentarias. Varias oficinas del Defensor del Pueblo contribuyen a defender los derechos fundamentales . Se han adoptado medidas para mejorar la participación de los ciudadanos y las partes interesadas en la formulación de políticas. En diciembre de 2020, el Ministerio de Arte, Cultura Deporte y Función Pública presentó un Libro Verde sobre la participación pública en la era digital , que se elaboró en un proceso participativo con expertos de diferentes sectores y la sociedad civil, y establece un planteamiento coherente y nuevas normas para promover una participación pública integradora de los ciudadanos y las partes interesadas en los procesos de formulación de políticas en un contexto digital. Esta es la primera fase de un proyecto que prevé la creación de una nueva guía para la participación pública en la era digital y de un sitio web específico de aquí a 2023 . Por lo que respecta a la consulta de las partes interesadas sobre las propuestas legislativas, un acuerdo de todos los partidos políticos en el Consejo Nacional adoptado el 26 de marzo de 2021 prevé que todas las iniciativas legislativas, incluidas las que presentan los miembros del Parlamento y el Consejo Federal, estén abiertas a la consulta pública siempre que la propuesta se debata en el Parlamento . Aun así, falta por establecer un marco jurídico general sobre consultas públicas con plazos establecidos antes de que la propuesta sea considerada en el Parlamento , lo que implica que, según las partes interesadas, en la práctica los plazos de consulta pueden ser más cortos de lo recomendado . Las partes interesadas destacan la actual ausencia de una legislación completa sobre el acceso a la información (véase la sección III) como un impedimento para la transparencia del proceso legislativo . El marco para la adopción de medidas relacionadas con la pandemia de COVID-19 se ha modificado varias veces y desde otoño de 2020, se ha concedido un papel más importante al Parlamento. Las medidas relacionadas con la pandemia de COVID-19 se han adoptado sobre la base de una ley específica de medidas para el COVID-19 que se adoptó en marzo de 2020 y posteriormente se ha modificado varias veces, generalmente en un procedimiento acelerado . Esta ley concede al ministro de Salud la facultad de adoptar ordenanzas en relación con la pandemia de COVID-19. En septiembre de 2020, se introdujeron modificaciones orientadas a reforzar el control parlamentario de las ordenanzas, con el requisito de que las ordenanzas más restrictivas debían ser ratificadas por el comité principal del Consejo Nacional antes de su entrada en vigor y aplicarse por un período limitado . Además, se introdujo la obligación de consultar sobre las ordenanzas a la recién creada «Comisión Corona» (compuesta por representantes de los Ministerios, los Estados Federales y expertos en salud pública) . En general, el Parlamento ha seguido funcionando de conformidad con los procedimientos ordinarios sin disposiciones especiales por la pandemia de COVID-19 , pero con frecuencia actuó de forma acelerada y los miembros del Parlamento presentaron propuestas legislativas que permitían omitir el proceso de consulta . El Tribunal Constitucional desempeña un papel importante en los controles y equilibrios, así como en la revisión de las medidas para el COVID-19. Tras una serie de sentencias importantes en julio de 2020 , el Tribunal Constitucional ha continuado dictando sentencias relacionadas con las medidas para el COVID-19, y ha concluido que una serie de ordenanzas del Gobierno eran ilegales . En particular, el Tribunal Constitucional consideró en varios asuntos que el Ministerio responsable no había documentado suficientemente las razones por las que las medidas eran necesarias . En reacción a esta jurisprudencia, el Gobierno ha insertado justificaciones escritas en las propias ordenanzas, en particular, sobre su base científica y el razonamiento jurídico . Asimismo, el Tribunal Constitucional ha desempeñado un papel importante en la defensa del derecho de las comisiones de investigación del Parlamento a acceder a los documentos . En mayo de 2021, el Tribunal solicitó la ejecución por parte del Presidente Federal de una orden en un caso en que el ministro responsable no había facilitado a la comisión de investigación la información pertinente a pesar de que una sentencia de dicho Tribunal le obligaba a compartirla . El Defensor del Pueblo, que se está preparando para renovar la acreditación, ha desempeñado un papel importante en el marco de la pandemia de COVID-19. El Defensor del Pueblo, que actúa como institución nacional de derechos humanos, ha recibido, por última vez en 2011, la acreditación B de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI por sus siglas en inglés) . Ahora está previsto que, en otoño de 2021 o primavera de 2022, vuelva a presentarse al proceso con el fin de obtener la acreditación A , habida cuenta de los refuerzos a su mandato desde la última acreditación . El Defensor del Pueblo ha asumido un papel activo en el marco de la pandemia de COVID-19 y ha dedicado un tercio más de su informe anual, publicado el 12 de mayo de 2021, al impacto de la pandemia en la buena administración y los derechos humanos . En particular, el informe destaca que muchas medidas relacionadas con el COVID-19, especialmente las que restringían los derechos fundamentales, se tomaron con muy poca antelación y carecían de previsibilidad y criterios . El Gobierno ha llevado a cabo esfuerzos orientados a seguir desarrollando el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, en particular, implicándolas en la preparación de las ayudas concedidas a la sociedad civil en el marco de la pandemia de COVID-19. El Gobierno ha tomado varias medidas para mejorar la participación de la sociedad civil, en particular con respecto al fondo de apoyo de 700 millones EUR para la organización sin fines de lucro creado con objeto de ayudar al sector a hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19 . Este fondo se creó en consulta con las organizaciones interesadas, que consideran que el proceso puede servir de ejemplo para la cooperación futura entre el Gobierno y la sociedad civil . En la actualidad, el espacio cívico de Austria vuelve a considerarse «abierto» . No obstante, las partes interesadas han criticado el proyecto de legislación antiterrorista que el Parlamento presentó en mayo de 2021 por su posible impacto en la libertad de asociación . Además, las organizaciones de la sociedad civil siguen considerando que las normas relativas a la exención de impuestos para las donaciones son un reto para determinados actores de la sociedad civil . El Gobierno se ha comprometido a crear un grupo de trabajo dedicado a examinar el marco fiscal para las organizaciones sin fines de lucro, aunque este proceso se ha estancado debido a la pandemia de COVID-19 . Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético* * La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021 está disponible en: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation_es . 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·Defensor del Pueblo ·Administración Parlamentaria ·Club de Prensa Concordia ·Consejo de la Prensa ·Fiscalía Superior de Viena ·Fiscalía Especializada en la Lucha contra la Corrupción y la Criminalidad Económica ·Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo ·Tribunal Supremo * Además, la Comisión mantuvo reuniones horizontales con las siguientes organizaciones: ·Amnistía Internacional ·Centro de Derechos Reproductivos ·CIVICUS ·Unión por las Libertades Civiles en Europa ·Sociedad Civil Europa ·Conferencia de Iglesias Europeas ·EuroCommerce ·European Center for Not-for-Profit Law ·Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación ·Foro Cívico Europeo