12. Servicios de interés general
A5-0361/2001
Resolución del Parlamento Europeo sobre la comunicación de la Comisión titulada «Los servicios
de interés general en Europa» (COM(2000)580 /dash C5-0399/2001 /dash 2001/2157(COS))
El Parlamento Europeo,
4dash Vista la comunicación de la Comisión (COM(2000) 580 4dash C5-0399/2001),
4dash Visto el artículo 36 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, relativo al acceso
a los servicios de interés económico general,
4dash Vistos los artículos 2, 5, 16 y 73, el apartado 3 del artículo 81 y los artículos 86, 87, 88 y 295 del
Tratado CE,
4dash Vistas sus anteriores resoluciones sobre los servicios de interés general, en particular la de 17 de
diciembre de 1997 sobre la Comunicación de la Comisión relativa a los servicios de interés generalen Europa (COM(1996) 443 4dash C4-0507/96) (
1), y la más reciente de 18 de mayo de 2000 sobre la
comunicación de la Comisión relativa a un proyecto de Directiva por la que se modifica la Directiva80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las
empresas públicas (SEC(1999) 404 4dash C5-0102/2000 4dash 2000/2065(COS)) (
2),
4dash Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Niza sobre los servicios de interés general y la Decla-
ración de 11 de diciembre de 2000 sobre los servicios de interés económico general,
4dash Vista la audiencia celebrada al respecto el 6 de marzo de 2001 por la Comisión de Asuntos Económi-
cos y Monetarios,
4dash Visto el apartado 1 del artículo 47 de su Reglamento,
4dash Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión
de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, asícomo de la Comisión deEmpleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía
(A5-0361/2001),
A. Considerando que los servicios de interés general deben considerarse parte del modelo social europeo,
B. Considerando que la política de liberalización de diferentes servicios de interés general puede tener
incidencias tanto positivas como negativas para el ciudadano-usuario y que, por ello, esta políticanecesita una evaluación detallada y comparativa de la calidad de los servicios prestados antes de quese lancen nuevas etapas de liberalización,
C. Considerando que, de conformidad con el artículo 16 del Tratado CE, los servicios de interés general
en Europa ocupan un lugar importante dentro de la Comunidad y desempeñan un papel esencial en elfomento de la cohesión social y territorial,
D. Considerando que, de conformidad con el artículo 36 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, la Unión reconoce y respeta el derecho al acceso a los servicios de interés económicogeneral, según lo regulan las leyes y las prácticas nacionales con arreglo a lo previsto en el Tratadoconstitutivo de la Comunidad Europea, a fin de fomentar la coherencia social y territorial de la Unión,
E. Considerando que, conforme al principio de subsidiariedad contemplado en el apartado 2 del artículo
5 del Tratado CE, será función de los Estados miembros y de sus autoridades locales, en determinadascondiciones estrictamente definidas por las disposiciones comunitarias, determinar qué servicios sonde interés económico general y cuál es el modo de gestión apropiado,
F. Considerando que la evolución del mercado único ha dado lugar a una mayor competencia entre
empresas públicas y privadas, por lo que es importante y correcto aplicar las normas de competenciade un modo eficaz y justo,
(1) DO C 14 de 19.1.1998, p. 74.
(2) DO C 59 de 23.2.2001, p. 238.13.6.2002 ES C 140 E/153 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Martes, 13 de noviembre de 2001
G. Considerando que las sentencias del Tribunal de Justicia europeo «Corbeau», de 9 de mayo de 1993, y
«commune d’ Almelo», de 17 de abril de 1994, precisan bajo qué condiciones determinados derechosexclusivos acordados a un servicio de interés general pueden escapar a las normas de la competencia,
H. Considerando que, de conformidad con el artículo 295 del Tratado CE, la Unión Europea ha de
mantenerse neutral con respecto a los regímenes de la propiedad,
I. Considerando que tanto las empresas públicas como aquellas a las que se han concedido derechos
especiales o exclusivos, con arreglo al apartado 1 del artículo 86 del Tratado CE, o a las que se haencargado la gestión de servicios de interés económico general, con arreglo al apartado 2 del artículo86 del Tratado CE, constituyen un factor económico esencial de la Comunidad y de los Estadosmiembros,
J. Considerando que, con la introducción de la moneda única europea y el desarrollo de la mundializa-
ción, el Derecho de competencia deberá aplicarse en el futuro de manera uniforme en la UniónEuropea para evitar o suprimir las distorsiones transfronterizas de la competencia,
K. Considerando que la definición y la estructuración de los servicios de interés general siguen siendo, en
principio, responsabilidad de las autoridades competentes al nivel adecuado, en el respeto de unaaplicación uniforme de la legislación sobre ayudas públicas, garantizada mediante la verificación dela Comisión bajo la supervisión del Tribunal de Justicia,
L. Considerando que el desarrollo de los servicios de interés general sobre la base del modelo de la
economía social de mercado debe constituir un elemento clave de la política económica, financiera ysocial europea,
M. Considerando que el respeto de la prestación de servicios de interés general en los países candidatos a
la adhesión y los procesos de desarrollo de los mismos constituyen un importante aspecto que debetenerse en cuenta en las negociaciones para la adhesión,
N. Considerando que debe tenerse especialmente en cuenta el respeto de la situación específica de las
zonas rurales (regiones socialmente desfavorecidas, regiones periféricas, etc.),
I. El concepto de los servicios de interés general en la Unión Europea
1. Toma nota de la comunicación de la Comisión sobre los servicios de interés general y comparte su
opinión de que considerar que un servicio es de interés general y el modo en que debe prestarse sonaspectos que se deciden sobre todo a nivel local, asícomo de que los ciudadanos europeos deben recibirservicios de interés general de alta calidad a precios asequibles y, cuando la situación social lo justifique, deforma gratuita;
2. Pide a la Comisión que efectúe a la mayor brevedad una evaluación precisa y comparativa de las
consecuencias reales de la política de liberalización de los servicios de interés general antes de acometernuevas etapas de liberalización;
3. Aprueba la opción elegida por la Comisión, que considera que el proceso de Cardiff constituye un
marco para la evaluación regular del funcionamiento de los servicios de interés económico general en elmercado único;
4. Hace hincapié en que los servicios de interés económico general deben garantizar un acceso equita-
tivo, la seguridad del suministro, la continuidad, un elevado nivel de calidad y la responsabilidad demo-crática;
5. Respalda el objetivo común de los Jefes de Estado y de Gobierno y de la Comisión de conseguir una
mayor previsibilidad y una seguridad jurídica acrecentada a través de la aplicación del Derecho de compe-tencia en el ámbito de los servicios de interés general;
6. Pide al Consejo Europeo de Laeken que respalde, ante la Comisión, su propuesta de directiva marco
relativa a los objetivos y modalidades de organización de los servicios de interés general fundamentada enel artículo 95 del Tratado CE; con ella debe crearse el marco jurídico que garantice a los ciudadanos laprestación de servicios de interés general, en aplicación del artículo 16 del Tratado CE;C 140 E/154 ES 13.6.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Martes, 13 de noviembre de 2001
7. Espera, por consiguiente, que, en la directiva marco, la Comisión establezca los principios comunes
en los que se basan los servicios de interés general a un nivel de subsidariedad adecuado, y que especifiquey defina los principios comunes de una reglamentación democrática y transparente, que garantice unaparticipación activa de los ciudadanos y los usuarios en el proceso de definición, evaluación y apreciaciónde las misiones y que institucionalice un procedimiento común y plural de apreciación;
8. Pide a la Comisión que garantice la coherencia entre los principios definidos en su directiva marco y
las disposiciones ya aprobadas por las que se rigen las industrias específicas;
9. Observa que, tras una primera fase de realización del mercado interior que suponía la apertura de las
redes nacionales a la competencia, fase que todavía no ha concluido, la Unión entra ahora en una segundafase en la que el desarrollo de los intercambios transfronterizos y la aparición de operadores y de redespaneuropeas hacen necesario definir competencias y responsabilidades a nivel comunitario para los servi-cios de interés general;
10. Es consciente de que el Consejo Europeo celebrado en Lisboa fijó para la UE el objetivo de conver-
tirse en la zona económica más dinámica del mundo, y constata que esto presupone recompensar lainnovación y las ideas de todos los agentes económicos;
11. Señala que un control eficaz de las ayudas por parte del Estado, adaptado a las necesidades y a las
características de los servicios de interés general, resulta oportuno y necesario;
12. Constata que la Unión Europea sólo tiene derecho a controlar las prácticas abusivas para determinar
si se ha producido una violación grave de la competencia leal, garantizada a los ciudadanos de la Unión, en
todo el territorio comunitario y con una incidencia transfronteriza al mismo tiempo;
13. Subraya la importancia de las organizaciones sin fines de lucro en cuanto que organizaciones de la
sociedad civil (trabajo voluntario, fines no comerciales, modalidades organizativas cercanas al ciudadano,ausencia de propietarios) como tercer pilar junto al mercado y el Estado, y destaca su importancia para la
capacidad de autoayuda de los ciudadanos;
14. Subraya además que lo decisivo no es quién presta los servicios de interés general, sino que se
mejoren las normas de calidad, se mantengan la responsabilidad, la capacidad de financiación y el desarro-llo sostenible y se haga de la eficiencia, seguridad del suministro y de la continuidad un criterio para laadjudicación de los contratos, y acoge favorablemente el anuncio realizado por la Comisión de que no se
propone marcar pautas sobre si han de ser empresas públicas o privadas quienes presten dichos servicios;
15. Constata que los Tratados europeos responden a ambos objetivos al comprometer, por una parte, a
la Unión y a los Estados miembros en una política de competencia leal y al subrayar, por otra, la necesidadde garantizar el acceso a los servicios de interés general;
16. Constata que por servicios de interés general debería entenderse en términos generales aquellos
servicios de importancia para la vida cotidiana de las personas, es decir, entre otros, los transporte, losservicios de correos, las telecomunicaciones, la educación, los hospitales, los servicios sociales, las canali-zaciones de drenaje, la recogida de residuos y el suministro de agua y energía, sobre todo eléctrica;
17. Da por supuesto que la política de competencia de la Comisión respetará el artículo 151 del Tra-
tado CE y que la Unión Europea hará todo lo que esté en su mano por tener en cuenta los interesesculturales de los Estados miembros y por atender a las particularidades del sector cultural y a su diversidad,en el respeto del principio de subsidiariedad;
18. Recuerda que, en virtud del artículo 16 del Tratado, incumbe a la Comunidad y a los Estados
miembros determinar las funciones asícomo la ejecución de los servicios de interés económico general,es decir, imponer a los proveedores, independientemente de su carácter público o privado, obligacionesrelativas a los servicios, en condiciones que les permitan cumplir su misión;
19. Subraya la importancia de que los servicios de interés general se ofrezcan en unas condiciones
fiables (alta calidad, disponibilidad generalizada, precio óptimo, idoneidad social y seguridad duradera delos suministros);
20. Destaca que numerosos servicios de interés general pueden suministrarse en condiciones de compe-
tencia leal y subraya que, para que ello sea así, debe darse el mismo trato, por principio, a las empresasprivadas y a las públicas;13.6.2002 ES C 140 E/155 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Martes, 13 de noviembre de 2001
21. Considera que, en el marco del trabajo sobre la responsabilidad social de las empresas, inscrito en la
Agenda Social Europea aprobada en Niza, deberá especificarse asimismo la corresponsabilidad de los ope-radores privados y públicos con respecto a los servicios de interés general;
22. Constata que la mejor forma de prestar servicios de interés general en beneficio de los ciudadanos
es definiéndolos pública y claramente y fijando los objetivos económicos y de rendimiento que debenalcanzarse; cuando se trate de actividades económicas, debe darse, por principio, al mayor número posiblede ofertantes, por medio de procedimientos de licitación, la posibilidad de cumplir las obligaciones de losservicios que prestan, en condiciones de competencia;
23. Constata que, en la medida en que el sector público de los Estados miembros impone obligaciones
de servicio a las empresas y concede compensaciones económicas procedentes de fondos públicos para laimposición de dichas obligaciones, dichas compensaciones no constituyen ventajas, siempre que las ayudasno superen la compensación de las cargas exigidas por el sector público;
24. Acoge favorablemente que la Comisión abogue por unos servicios de interés general de la mayor
amplitud posible y que, a la hora de materializar dicho objetivo, reconozca el principio de subsidiariedad y
la libertad de actuación, bajo determinadas condiciones, de que disponen los Estados miembros para definiry controlar los servicios de interés general;
25. Recuerda que las autoridades locales deben conservar la libertad de elección del modo de gestión de
los servicios de interés general de que son responsables en virtud de las disposiciones de sus Estadosmiembros respectivos, y que esta libertad comprende el derecho a recurrir a una gestión directa o a una
gestión delegada de estos servicios; subraya, no obstante, que cuando una autoridad local decide recurrir a
la gestión delegada de los servicios de interés general de que es responsable, debe recurrir sistemáticamentea la licitación competitiva de conformidad con el Derecho comunitario; subraya asimismo que las entida-des que gestionan servicios de interés general de acuerdo con el modo de gestión directa no puedenconquistar mercados exteriores ajenos a su esfera territorial de actividad, pero que esto no debe constituirun obstáculo para la intermunicipalidad;
26. Acoge favorablemente la declaración de la Comisión de que, en la Unión Europea, los servicios de
interés económico general y de interés social y regional han de prestarse aunque el mercado no ofrezcaincentivos suficientes al respecto;
27. Comparte la opinión de la Comisión de que, con vistas al cumplimiento de las obligaciones de
servicio público, pueden concederse derechos especiales compatibles con el Derecho de competencia yestablecerse mecanismos de financiación especiales para las obligaciones adicionales;
28. Coincide con la Comisión en que las denominadas «actividades no vinculadas a los mercados», sobre
todo las funciones soberanas de los Estados miembros y sus autoridades locales como, por ejemplo, laseguridad interior y exterior, la administración de justicia y las relaciones exteriores, no están sujetas alDerecho de competencia comunitario;
29. Respalda la postura de la Comisión de excluir de la aplicación de las normas de competencia y de
las disposiciones relativas al mercado interior los servicios relacionados con los sistemas educativos nacio-nales, la salud pública, la afiliación obligatoria al régimen básico de la seguridad social y las actividadescorrespondientes a los poderes públicos, tales como los organismos de control del espacio aéreo o desupervisión de la contaminación marina, asícomo aquellas entidades que prestan sin fines de lucro servi-cios de índole social, caritativa y cultural;
30. Subraya que, además de la cuestión de la neutralidad competitiva en la provisión de los servicios de
interés general, también han de constituir un aspecto decisivo para la prestación de estos servicios larentabilidad económica, social y medioambiental para los ciudadanos, los usuarios y los contribuyentes,la calidad, la financiación (incluida su transparencia), la fiabilidad y el control;
31. Da por sentado que, en el marco de las consultas adicionales, la Comisión precisará aún más,
ayudándose de ejemplos concretos, directrices y comunicaciones, asícomo de propuestas de normas deexcepción, las cuestiones controvertidas relacionadas con la claridad jurídica y los ámbitos de aplicacióndel Derecho de competencia comunitario;C 140 E/156 ES 13.6.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Martes, 13 de noviembre de 2001
32. Considera que, en el marco de las negociaciones de la OMC, la Comisión debe pedir que se clarifi-
quen ciertas disposiciones del acuerdo sobre los servicios (GATS), a fin de precisar que las normas de laOMC no perjudican el derecho de los Estados miembros de reglamentar los servicios de interés general yde intervenir en este ámbito;
II. Necesidad de actuación a escala europea
33. Respalda la opinión de la Comisión en lo que respecta a los principios de neutralidad, libertad de
definición y proporcionalidad, y subraya que, en virtud de estos principios, los Estados miembros gozan delibertad para definir las funciones y la gestión de los servicios de interés general, y que corresponde a laComisión velar por que se cumplan las disposiciones relativas al mercado interior y a las normas de lacompetencia;
34. Respalda las demandas formuladas en la Cumbre de Niza de que las disposiciones relativas al mer-
cado interior y las reglas de competencia se apliquen de tal modo que los servicios de interés generalpuedan cumplir sus funciones salvaguardando la seguridad jurídica y la rentabilidad;
35. Considera que, a la vista de los éxitos y de los problemas que han surgido hasta la fecha en la
liberalización de ámbitos importantes de los servicios en el marco del programa relativo al mercado inte-rior, deben evaluarse mejor, antes de tomar una decisión, las repercusiones para la cohesión social yterritorial y, si resulta conveniente, debe continuarse a buen ritmo la liberalización iniciada en los ámbitosde los transportes, la electricidad, el gas y los servicios postales;
36. Estima que la liberalización progresiva del sector de los servicios en la Unión Europea debe ir
acompañada del mantenimiento de un servicio universal;
37. Señala que las empresas públicas y privadas deben tener siempre un acceso equivalente a la presta-
ción de servicios de interés general, cuando no lo impidan de forma expresa las disposiciones nacionales delos Estados miembros; subraya la importancia de los controles de la competencia y de la buena gestión
económica, por ejemplo, mediante el uso de valores de referencia y registros de buenas prácticas para la
prestación óptima de los servicios;
38. Hace hincapié en que el respeto de la elección y de los criterios que se aplican a los servicios de
interés general exige una gobernanza más democrática: legislación aprobada en codecisión, aplicada por laComisión bajo el control del Parlamento Europeo;
39. Subraya, en el contexto del principio de subsidiariedad, que los Estados miembros y las autoridades
regionales y locales son libres de definir y elegir los prestaciones de servicios que deseen;
40. Pide a la Comisión que vele por una mayor claridad jurídica, que aclare en qué casos no se ve
afectado el comercio intracomunitario (aplicación local) y que mejore mediante un procedimiento desupervisión gradual la transparencia de la estructura decisoria; también le pide que decida con mayor
rapidez en los casos tipo y en las reclamaciones sencillas, en aras de la transparencia y de una mayor
seguridad jurídica;
41. Se felicita profundamente de que, en los últimos meses, la Comisión haya precisado y desarrollado
sus líneas directrices a través de reglamentos y, de este modo, haya contribuido a una mayor claridad, enparticular, en lo que respecta a las ayudas a las PYME, la norma «de minimis» y las ayudas a la formación ya la protección del medio ambiente, y subraya que las ayudas a empresas privadas y públicas sólo debenautorizarse en condiciones muy estrictas;
42. Pide a la Comisión que precise la manera de distinguir entre las actividades económicas y las no
económicas y lo que se entiende por «control de los errores manifiestos» en el plano conceptual, enrelación con el «control de la proporcionalidad» en el plano operativo, y subraya que las reglas de compe-tencia no se aplican en ningún caso a las actividades no económicas;
43. Espera que la Comisión coordine una evaluación regular y pluralista de la manera como se prestan
los servicios de interés general, en particular en lo que se refiere a la contribución a la cohesión social yterritorial de la Unión, a la calidad de los servicios, a la accesibilidad en igualdad de condiciones y a unsistema de fijación de precios equitativo y transparente;
44. Considera indispensable que se desarrollen procedimientos de evaluación pluralistas; propone que el
Parlamento Europeo organice el debate entre los diferentes foros existentes (CES, CdR, organizacionesconsultivas, asociaciones que participan en iniciativas sobre los servicios de interés general y asociacionesde consumidores); pide que este proceso concluya en una consulta previa a la toma de decisiones;13.6.2002 ES C 140 E/157 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Martes, 13 de noviembre de 2001
45. Pide a la Comisión que elabore un informe en el que se evalúen la situación y las necesidades
actuales de los servicios de interés general en los países candidatos a la adhesión;
III. Medidas necesarias a escala de los Estados miembros
46. Considera necesario que los Estados miembros y sus administraciones subsidiarias (Estados federa-
dos, regiones y autoridades locales) gocen en el futuro de mayor libertad para definir de manera autónomalos servicios de interés general en el respeto del Derecho de competencia de la Unión Europea;
47. Subraya la responsabilidad de la Unión Europea en relación con la política de competencia, que, a la
vista de los desafíos que encierran la moneda única, el mercado único europeo, la mundialización de laeconomía y el desarrollo tecnológico, ha adquirido una importancia todavía mayor, si bien consideranecesario un amplio debate político sobre los límites de la política de competencia cuando ésta entra enconflicto con otras políticas básicas tanto de la UE como de ámbito nacional, regional o local;
48. Considera necesario que la Comisión ejerza un control adicional sobre los abusos;49. Considera que, en una democracia parlamentaria, es necesario presentar de manera transparente y
abierta a los ciudadanos y a los contribuyentes las estructuras y un análisis coste/eficacia de las posibilida-des de la prestación de servicios, junto con las alternativas que ofrece la competencia, incluidas las impli-caciones a largo plazo para la calidad de vida de los ciudadanos;
50. Considera esencialmente problemática la subvención cruzada en el caso de los proveedores de ser-
vicios de interés general, ya que con esta clase de subvenciones los servicios prestados no pueden presen-tarse de forma adecuada, regida por la oferta y ajustada a las necesidades;
51. Considera, por consiguiente, que es jurídicamente posible y políticamente razonable que los costes
adicionales de las prestaciones que se ofrecen a los ciudadanos en condiciones especialmente ventajosas se
puedan compensar, llegado el caso, fiscalmente, siempre que se garantice la transparencia de una financia-ción de este tipo;
52. Considera que la rápida aplicación de la directiva europea sobre la transparencia adoptada en el año
2000 es el instrumento apropiado para hacer comprensible a la opinión pública el problema de la sub-vención cruzada en empresas que prestan servicios tanto en el mercado libre como en virtud de obligacio-
nes de servicio público y lograr con ello una mayor claridad y sinceridad en lo referente a la utilización de
los ingresos públicos y otras ayudas;
53. Respalda la posición de la Comisión Europea en la medida en que para la actividad de un tercer
operador privado, también en los sectores empresariales públicos aún no liberalizados, la adjudicación decontratos requiere en principio una licitación previa;
54. Opina que en todos los ámbitos en los que puedan ofrecerse servicios de interés general en régimen
de competencia, el acceso a dichos servicios debe estar abierto por igual a las empresas privadas; subraya, aeste respecto, el principio de subsidiariedad que se aplica a la economía de las corporaciones locales;
55. Considera esencialmente incompatible con el principio de neutralidad competitiva el hecho de que,
en aquellos ámbitos en los que operan tanto empresas privadas como públicas, estas últimas estén exentasdel pago del impuesto sobre el volumen de negocios en ciertas actividades como el suministro de agua,gas, electricidad y energía térmica o la gestión de los residuos, y opina que un trato fiscal preferencialunilateral hacia las empresas públicas es incompatible con el Derecho comunitario, por lo que es necesarioque las empresas públicas y privadas reciban en principio un trato igual en la legislación fiscal;
56. Recuerda que, de conformidad con los criterios de Copenhague, tampoco los países candidatos
pueden favorecer de modo arbitrario a sus empresas, sino que deberían aprovechar los regímenes transi-torios para reformar el estatuto de las mismas, reconstruir unos servicios de interés general eficaces yequitativos y fomentar su capacidad de hacer frente a la presión general de la competencia;
57. Subraya que las obligaciones fundamentales del sector público en cuanto a la realización equitativa
y adecuada de licitaciones conforme a las disposiciones legales a escala europea y nacional pueden cons-tituir un instrumento eficaz para impedir las restricciones de la competencia que, al mismo tiempo, per-mita al sector público definir y controlar las condiciones relativas a la calidad, la disponibilidad y losrequisitos ambientales;C 140 E/158 ES 13.6.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Martes, 13 de noviembre de 2001
58. Opina que la supresión de los monopolios públicos no debe conducir al establecimiento de mono-
polios privados;
59. Opina que, por lo que se refiere al derecho de definición de los servicios de interés general, espe-
cialmente en lo relativo a la descripción de los servicios, a los procedimientos de licitación y al control dela prestación de servicios, tanto los Estados miembros como las administraciones subsidiarias deben contarcon unos derechos democráticos de codecisión y unas competencias suficientes como para poder garanti-zar una oferta óptima a los ciudadanos, también en condiciones de competencia;
IV. Con referencia a casos concretos de índole sectorial
60. Subraya que la política relativa al mercado interior de la Unión Europea ha contribuido básicamente
a incrementar la calidad, a reducir los precios y a mejorar la disponibilidad a un elevado nivel tecnológico,como es el caso en el sector de las telecomunicaciones;
61. Lamenta que la Comisión y los Estados miembros no hayan sido capaces de prever y gestionar la
atribución de licencias UMTS de acuerdo con una lógica de servicio de interés general;
62. Constata que, en su propuesta de directiva por la que se modifican las directivas sobre los mercados
interiores de la electricidad y del gas natural, la Comisión ha dejado claro que los Estados miembros tienenplena libertad en términos jurídicos para determinar servicios importantes de interés general y que entreéstos se encuentran la protección de los clientes socialmente más débiles contra la exclusión injustificada
del abastecimiento, la transparencia de las condiciones contractuales para los consumidores, mecanismos
de arbitraje poco costosos y transparentes, el abastecimiento de las regiones periféricas a precios razona-bles para fomentar la cohesión social y territorial, la toma en consideración de la protección ambiental, asícomo el mantenimiento y el desarrollo de las infraestructuras;
63. Pide que se imponga a los Estados miembros la obligación de utilizar los procedimientos trans-
parentes de atribución definidos por la Comisión para las nuevas capacidades de prestación cuando ellose revele necesario como consecuencia de la evolución de la oferta y la demanda, con vistas a la seguridaddel abastecimiento;
64. Pide a la Comisión que presente opiniones de expertos y propuestas para garantizar, en el ámbito
de la gestión de los residuos, la seguridad de la eliminación y el reciclado seguro en términos ecológicos,incluso sin obligaciones de notificación y transferencia, mediante el establecimiento de un marco de eco-nomía de mercado;
65. Pide a los Estados miembros que, de común acuerdo con las autoridades locales y regionales, exa-
minen si la apertura a las empresas privadas de los servicios de suministro de agua y de la eliminación deaguas residuales podría contribuir a mejorar el funcionamiento de estos servicios;
66. Opina que también en el ámbito del suministro de agua debe procurarse aplicar técnicas de defini-
ción de mejores prácticas, exámenes de buena gestión económica, sistemas de cooperación y estructurasempresariales eficaces y que, por debajo de la liberalización, muchas medidas particulares derivadas de unaapertura limitada del mercado pueden tener consecuencias favorables para la seguridad de los suministros,la fijación de los precios, la protección de las aguas subterráneas y la defensa del medio ambiente;
67. Opina que, a pesar de las particulares condiciones del suministro de agua y de la eliminación de
aguas residuales, estos servicios deben gestionarse con arreglo a criterios económicos, y pide a los Estadosmiembros que impulsen este proceso y que, en aquellos casos en que sea posible, investiguen si las priva-tizaciones realizadas hasta la fecha han contribuido a alcanzar mejoras adecuadas en el funcionamiento delos servicios de agua en cuestión;
68. Subraya que se necesitan entidades bancarias de derecho público que contribuyan a la provisión de
servicios de interés general poniendo las cuentas a disposición de todos, proporcionando un amplio aba-nico de servicios a la comunidad, facilitando el acceso a los créditos para las pequeñas y medianas empre-sas y fomentando otras muchas actividades orientadas al bien común;
69. Opina que la directiva sobre la transparencia también debe aplicarse en el sector de la «banca
pública» para poder delimitar con mayor claridad la función pública y los costes reales del ejercicio dedicha función pública, valorarlos en términos de competencia y, llegado el caso, compensarlos financiera-mente;13.6.2002 ES C 140 E/159 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Martes, 13 de noviembre de 2001
70. Opina que la comunicación de la Comisión sobre los servicios de interés general en Europa no
destaca debidamente la especial significación de las asociaciones benéficas y de las agencias independientesque ofrecen en algunos Estados miembros una amplia gama de servicios sobre la base de la solidaridad, laética, la religión, la caridad o la diversidad cultural;
71. Subraya, por tanto, la necesidad de establecer una exención global para la oferta socialmente impor-
tante en el ámbito social y cultural que permita a los ciudadanos disfrutar también en el futuro de estasofertas en condiciones especiales y a precios competitivos, y que pueden destinarse ingresos públicos a estepropósito de forma abierta y transparente, siempre que no se ocasionen distorsiones graves de la compe-tencia;
72. Aboga por que las actividades no comerciales, esto es aquellas de índole social, cultural y caritativa,
queden excluidas por norma general de los controles sobre las ayudas y fundamentalmente de la aplicacióndel Derecho comunitario de competencia, asícomo por que se elaboren las correspondientes directrices alrespecto;
73. Considera necesario elaborar una lista de criterios de distinción entre actividades económicas y no
económicas conforme a la definición de la Comisión cuando haya que tomar decisiones en casos dudosos;
74. Opina que los organismos públicos de radiodifusión, en su ámbito de funciones de derecho público,
no se ven afectados por las normas de competencia de los Tratados europeos;
75. Considera que, en el ámbito de los servicios de interés general, los sectores audiovisual 4dash con
independencia del tipo de emisión audiovisual, ya sea televisión pública, televisión privada, vídeo streamingetc.- y cultural deben ser objeto de un enfoque específico para lograr objetivos como la protección de losderechos fundamentales y de los principios democráticos, el pluralismo, el acceso de todos a la cultura y alprogreso tecnológico, el derecho de réplica, la diversidad cultural y lingüística y la protección de losusuarios, en particular, de los menores;
76. Valora positivamente las conclusiones del coloquio de Lille de los días 19 y 20 de julio de 2000
sobre la misión del servicio público de radiodifusión y pide a la Comisión que, junto con los Estadosmiembros, analice las posibles modalidades de aplicación de los principios del Protocolo 32 anejo alTratado de Amsterdam;
77. Confirma que, dentro de un marco comunitario que regule los servicios de interés general y les
garantice la capacidad de cumplir sus objetivos, corresponde a los Estados miembros definir las funcionesde la radiodifusión pública y especificar su estructura financiera de conformidad con este Protocolo;
78. Solicita a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que, en la aplicación del Derecho de
competencia, garanticen la seguridad jurídica para el servicio público audiovisual y las industrias culturales;
79. Solicita a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que coordinen sus esfuerzos para
garantizar a los usuarios y a los operadores del sector audiovisual y de los medios de comunicación, enun marco regulador claro y previsible, un acceso equitativo y no discriminatorio a las infraestructuras y loscontenidos;
80. Subraya la necesidad de definir de manera objetiva el concepto de posición dominante para los
mercados de medios y de contenidos audiovisuales, con el fin de tener debidamente en cuenta la rápidaevolución de estos mercados y los consiguientes peligros de la denegación del acceso;
81. Subraya la necesidad de mantener los servicios de interés general aún cuando los operadores estén
funcionando en un mercado liberalizado mediante las autorizaciones generales y no sólo bajo la concesiónde una licencia individual;
82. Considera que la evaluación del interés general en el ámbito de los contenidos audiovisuales y de la
cultura debería ser objeto, a escala europea, de una reflexión política de alto nivel, profunda y periódica;
83. Destaca que la apertura al mercado de antiguos monopolios estatales por la que abogan todas las
instituciones de la Unión Europea 4dash la Comisión, el Consejo y el Parlamento- debe responder al principiode una competencia justa y compatible con las preocupaciones de carácter social, comprometida con losintereses de los ciudadanos y que tenga en cuenta sus nuevas necesidades;C 140 E/160 ES 13.6.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
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84. Expresa su convencimiento de que el modelo de la economía social de mercado constituye el
modelo europeo de futuro que tiene mayores probabilidades de revelarse viable y sostenible a escala inter-nacional;
85. Opina que no es necesaria una modificación del artículo 16 del Tratado para lograr una mayor
seguridad y claridad jurídica en el ámbito de los servicios de interés general y, en este contexto, respalda
la decisión de la Cumbre de Niza de no dejar fijados los límites del ámbito de los servicios de interéseconómico general; subraya que en un ámbito tan dinámico como el de los servicios de interés general,una regulación excesiva privaría a los actores de oportunidades y posibilidades de desarrollo que beneficianprimordialmente a los ciudadanos y contribuyentes;
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86. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité
Económico y Social y a los Parlamentos de los Estados miembros.13.6.2002 ES C 140 E/161 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
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