Según datos de Frontex, en 2014 otra importante ruta de inmigración en la UE fue la de los Balcanes occidentales, con 43 357 cruces irregulares de fronteras (el 15 % del total de la UE). Sin embargo, la mayoría de los inmigrantes que utilizaron dicha ruta no parecen, a primera vista, necesitar protección internacional, pues el 51 % de los que llegaron eran kosovares.

Como parte de las medidas inmediatas, la Comisión anunció que, a finales de mayo, propondría un mecanismo de activación del sistema de intervención de emergencia previsto en el artículo 78, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). La Agenda reconoce que los sistemas de asilo de los Estados miembros se enfrentan a una presión sin precedentes y que con los volúmenes de llegadas, en particular a los Estados miembros situados en primera línea, sus capacidades de acogida y tramitación están ya al límite de sus posibilidades. La Agenda anuncia que la propuesta para activar el artículo 78, apartado 3, incluirá un régimen temporal de reparto de las personas que tengan manifiestamente necesidad de protección internacional, a fin de garantizar una participación equitativa y equilibrada de todos los Estados miembros en este esfuerzo común. En el anexo de la Agenda figura una clave de redistribución basada en los criterios establecidos: PIB, población, tasa de desempleo y número histórico de solicitantes de asilo y de refugiados reasentados.

La propuesta contiene garantías y obligaciones específicas para los solicitantes que sean objeto de reubicación en otro Estado miembro. La propuesta especifica el derecho a recibir información sobre el procedimiento de reubicación, el derecho a recibir notificación de la decisión de reubicación indicando de forma precisa el Estado miembro de reubicación y el derecho a ser reubicado con los miembros de la familia en el mismo Estado miembro. La propuesta también recuerda la obligación de dar consideración primordial al interés superior del menor a la hora de decidir el Estado miembro de reubicación. Ello implica, entre otras cosas, la obligación de que Italia y Grecia indiquen a los demás Estados miembros si el solicitante de reubicación es un menor no acompañado y, junto con el Estado miembro que haya manifestado su interés por la reubicación del menor, garantice que antes de que se efectúe la reubicación, se proceda a evaluar el interés superior del menor, en consonancia con la Observación General nº 14 (2013) del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño a que su interés superior sea una consideración primordial. La propuesta también recuerda las consecuencias de los movimientos secundarios de los solicitantes o beneficiarios de protección internacional que formaban parte del régimen basado en la actual legislación de la UE aplicable, es decir, su lugar de entrada sin autorización en el territorio de un Estado miembro distinto del responsable (en este caso, el Estado miembro de reubicación).

Además de la reubicación, la propuesta establece otras medidas de apoyo in situ a Italia y Grecia. En particular, se prevé incrementar el apoyo facilitado por otros Estados miembros a Italia y Grecia bajo la coordinación de la OEAA y otras agencias pertinentes. El objetivo es ayudar a Italia y Grecia, en particular, durante la identificación y las fases iniciales de la tramitación de las solicitudes, así como en la aplicación del procedimiento de reubicación establecido en la presente propuesta (en especial, la aportación de información y asistencia específica a las personas afectadas y de medios prácticos para ejecutar los traslados).

La propuesta establece un procedimiento simple de reubicación, para garantizar un rápido traslado de las personas afectadas al Estado miembro de reubicación. Cada Estado miembro designará un punto de contacto nacional para la aplicación de la presente Decisión y lo comunicará a los otros Estados miembros y a la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA). Italia y Grecia, con la colaboración de la OEAA y, en su caso, de funcionarios de enlace de los Estados miembros, identificarán a intervalos regulares a los solicitantes que podrían ser reubicados. Al hacerlo, deberá darse prioridad a los solicitantes vulnerables. Italia y Grecia deberán transmitir a los puntos de contacto de los demás Estados miembros y a la OEAA el número preciso de solicitantes que podrían ser reubicados. Los demás Estados miembros deberán indicar el número de solicitantes que pueden ser reubicados inmediatamente en su territorio y cualquier otra información pertinente, por ejemplo en relación con la acogida de las familias o los solicitantes vulnerables. La decisión formal de reubicar a un solicitante deberá ser adoptada por Italia o Grecia y notificada al solicitante. La propuesta especifica que los solicitantes cuyas impresiones dactilares deban ser tomadas de conformidad con las obligaciones establecidas en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 603/2013 no podrán ser reubicados a menos que sus impresiones dactilares hayan sido tomadas. La propuesta también establece que los Estados miembros conservan el derecho a negarse a reubicar a un solicitante con respecto al cual sea probable que existan razones de orden público o seguridad nacional. La propuesta prevé que todos los actos de procedimiento deberán efectuarse lo antes posible y, en cualquier caso, que el traslado del solicitante deberá ejecutarse en el plazo de un mes a partir de su identificación como solicitante que va a ser reubicado. Por último, la propuesta también especifica que, a efectos del procedimiento de reubicación, los Estados miembros podrán decidir el envío de funcionarios de enlace a Italia y Grecia.

En segundo lugar, se propone que la presente Decisión se aplique solamente a los solicitantes para los que Italia o Grecia serían, en principio, el Estado miembro responsable, en consonancia con los criterios de toma a cargo definidos en el Reglamento (UE) nº 604/2013. De este modo, se garantiza que dicho Reglamento siga siendo aplicable a los solicitantes presentes en Italia y Grecia, incluidos los que presentan una tasa de reconocimiento superior al 75 %, en caso de que uno de los criterios objetivos establecidos en dicho Reglamento (como la presencia de los miembros de la familia en otro Estado miembro) indique que otro Estado miembro sería competente. Estos solicitantes serán trasladados, por tanto, a los demás Estados miembros en aplicación del Reglamento (UE) nº 604/2013 y no como parte de las medidas provisionales establecidas en la presente propuesta. Al mismo tiempo, el Reglamento (UE) nº 604/2013 sigue siendo aplicable también a las personas que no hayan sido reubicadas en virtud del presente régimen y que puedan ser devueltas a Italia por los demás Estados miembros. En esta hipótesis, la situación es diferente en Grecia, donde la situación actual es que los Estados miembros han suspendido las «transferencias de Dublín» a Grecia, en aplicación de la sentencia M.S.S. / Bélgica y Grecia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, seguida por la resolución en el asunto N.S. / Reino Unido del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que confirmaron la existencia de deficiencias sistémicas en el procedimiento de asilo y en las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo en Grecia.

La propuesta establece un objetivo numérico de solicitantes que serán reubicados desde Italia y Grecia, 24 000 y 16 000 respectivamente, e incluye en sus anexos dos claves de distribución que definen el número de solicitantes que se trasladarán desde Italia y Grecia a los demás Estados miembros. Este reparto entre Italia y Grecia se basa en sus porcentajes respectivos del total de cruces irregulares de sus fronteras por parte de personas que tienen manifiestamente necesidad de protección internacional; también tiene en cuenta el fuerte aumento del número de cruces irregulares de fronteras en Grecia entre enero y abril de 2015 en comparación con el mismo período del año anterior. Se propone que Italia y Grecia no sean considerados Estados miembros de reubicación. El total de 40 000 candidatos que deben ser reubicados desde Italia y Grecia corresponde aproximadamente al 40 % del total de personas que tienen manifiestamente necesidad de protección internacional llegadas de forma irregular a ambos países en 2014. Por tanto, la reubicación propuesta en la presente Decisión supone un reparto equitativo de la carga entre Italia y Grecia, por una parte, y los demás Estados miembros, por otra.

De conformidad con el artículo 78, apartado 3, las medidas que pueden ser adoptadas en favor de un Estado miembro deben ser provisionales. Al mismo tiempo, para garantizar que las medidas tengan un impacto real en la práctica y ofrezcan un apoyo genuino a Italia y Grecia para hacer frente a la afluencia de inmigrantes, la duración de estas medidas no debería ser demasiado corta. Por ello, se propone aplicar las medidas provisionales previstas en la presente propuesta durante 24 meses a partir de la entrada en vigor de la Decisión.

El ACNUR ha hecho un llamamiento para la activación de los mecanismos de solidaridad en la UE con el fin, especialmente, de apoyar a Grecia e Italia, en particular reubicando a los refugiados sirios que son rescatados en el mar en diferentes países de Europa, sobre la base de un sistema de reparto justo. Las ONG también han expresado su punto de vista sobre el problema de la reubicación de las personas que necesitan protección internacional.

La propuesta exige a Italia y Grecia que informen trimestralmente al Consejo y a la Comisión sobre la aplicación de la presente Decisión, incluyendo los planes de trabajo.

Por último, la propuesta especifica que la presente Decisión se aplicará a las personas que lleguen al territorio de Italia y Grecia a partir de la fecha de entrada en vigor de la Decisión. La Decisión se aplicará igualmente a los solicitantes que hayan entrado en el territorio de esos Estados miembros a partir del 15 de abril de 2015, fecha en torno a la cual se produjeron los trágicos acontecimientos que condujeron a la decisión del Consejo Europeo de reforzar la solidaridad y la responsabilidad interna y de comprometerse en particular a aumentar la ayuda de emergencia a los Estados miembros de primera línea.

3.2.Base jurídica

La base jurídica de la propuesta de Decisión del Consejo es el artículo 78, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

De conformidad con las disposiciones del Protocolo nº 21 adjunto al TFUE sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, el Reino Unido e Irlanda no participan en la adopción por el Consejo de medidas propuestas en virtud del título V de la tercera parte del TFUE. El Reino Unido e Irlanda podrán notificar al Consejo, en el plazo de tres meses a partir de la presentación de una propuesta o iniciativa, o en cualquier momento después de su adopción, que desean participar en la adopción y aplicación de las medidas propuestas.

De conformidad con las disposiciones del Protocolo nº 22 sobre la posición de Dinamarca, adjunto al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción por el Consejo de medidas propuestas en virtud del título V de la tercera parte del TFUE. En cualquier momento, Dinamarca podrá, de conformidad con sus normas constitucionales, notificar a los demás Estados miembros que desea aplicar plenamente todas las medidas pertinentes adoptadas sobre la base del título V del TFUE.

La Comunidad Europea ya ha concluido acuerdos con Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein para asociarlos al «acervo Dublín/Eurodac» (Reglamento nº 343/2003, sustituido por el Reglamento 604/2013, y Reglamento nº 2725/2000, que será sustituido por el Reglamento nº 603/2014). La presente propuesta no constituye un desarrollo del «acervo Dublín/Eurodac» y no existe por tanto ninguna obligación en nombre de los Estados asociados de notificar a la Comisión su aceptación de la presente Decisión, una vez aprobada por el Consejo. No obstante, los Estados asociados podrán decidir participar voluntariamente en las medidas provisionales establecidas por la presente Decisión.

3.3.Principio de subsidiariedad

El título V del TFUE, relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia, confiere a la Unión Europea determinadas responsabilidades en estas materias. Estas competencias deben ejercerse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, es decir, solo en la medida en que los objetivos de la acción propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión o a los efectos de la acción propuesta, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión Europea.

La situación de emergencia creada por la ya descrita afluencia repentina de nacionales de terceros países a Italia y Grecia somete a una gran presión a sus sistemas de asilo y a sus recursos. En consecuencia, otros Estados miembros pueden verse afectados debido a los movimientos secundarios de estas personas procedentes de Italia y Grecia hacia otros Estados miembros. Es evidente que las acciones de Estados miembros particulares no pueden responder satisfactoriamente a los retos comunes a los que se enfrentan conjuntamente los Estados miembros en este ámbito. La acción de la UE es, pues, esencial.

3.4.Principio de proporcionalidad

Las diferentes medidas financieras y operativas adoptadas hasta la fecha por la Comisión Europea y la OEAA en apoyo de los sistemas de asilo de Italia y Grecia no han bastado para hacer frente a la actual situación de crisis en ambos Estados miembros. Habida cuenta de la urgencia y la gravedad de la situación creada por la afluencia descrita anteriormente, la elección de nuevas medidas de la UE al respecto no va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de hacer frente a la situación de manera eficaz. En particular, la propuesta prevé la reubicación en el territorio de los demás Estados miembros, durante un período de dos años, de 24 000 y 16 000 solicitantes, procedentes de Italia y Grecia, respectivamente, que tienen manifiestamente necesidad de protección internacional. Sobre la base de los datos estadísticos de 2014 y de los primeros cuatro meses de 2015, el número de personas que deben ser reubicadas supone un 12 % en el caso de Italia, y un 19 % en el de Grecia, con respecto al total de cruces irregulares de las fronteras italiana y griega, respectivamente.

El resto de los nacionales de terceros países que han solicitado o no protección internacional quedan fuera del régimen de reubicación y seguirán estando bajo la responsabilidad de Italia y Grecia o del Estado responsable con arreglo al Reglamento (UE) nº 604/2013. Al mismo tiempo, el apoyo prestado por los Estados miembros de reubicación a Italia y Grecia está vinculado a la presentación por Italia y Grecia, y al seguimiento por la Comisión, de los planes que incluirán las medidas específicas adoptadas por ambos Estados para garantizar que, tras el final de aplicabilidad del procedimiento de reubicación previsto en la presente propuesta, sus sistemas de asilo y migración estarán mejor preparados para hacer frente a situaciones de presión excepcional.

3.5.Impacto en los derechos fundamentales

A raíz de la introducción de medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de Italia y Grecia, los derechos fundamentales previstos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE de los solicitantes que tienen manifiestamente necesidad de protección internacional estarán a salvo.

En particular, al garantizar un rápido acceso de los interesados a un procedimiento adecuado para la concesión de protección internacional, la presente Decisión pretende proteger el derecho de asilo y garantizar la protección contra la devolución, conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Carta. Además, al garantizar el traslado de las personas afectadas a un Estado miembro que esté en condiciones de ofrecerles unas condiciones adecuadas de acogida y perspectivas de integración, la presente Decisión tiene por objeto garantizar el pleno respeto del derecho a la dignidad y la protección contra la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes, según lo dispuesto en los artículos 1 y 4 de la Carta. La presente Decisión también quiere proteger los derechos del niño, de conformidad con el artículo 24 de la Carta, y el respeto a la vida familiar, de conformidad con su artículo 7.

3.6.Repercusiones presupuestarias

La presente propuesta implica costes adicionales para el presupuesto de la UE por un importe total de 240 000 000 EUR.