COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN - La seguridad de la minería: informe de seguimiento de los últimos accidentes ocurridos en el sector

ÍNDICE

1. Introducción

2. Casos de rotura de diques en explotaciones mineras de todo el mundo

2.1. El accidente de Aznalcóllar

2.2. El accidente de Baia Mare

3. Acciones de seguimiento inmediatas

3.1. El grupo operativo ("Task Force") "Baia Mare"

3.2. El informe del PNUMA y la OCAH sobre el vertido de cianuro en Baia Mare (Rumanía)

4. El accidente de Baia Mare desde el punto de vista técnico: descripción del proyecto y conclusiones que cabe extraer

4.1.1. Descripción de la empresa

4.1.2. Descripción del proyecto

4.1.3. Circunstancias del vertido

4.1.4. Conclusiones que cabe extraer del accidente

5. Situación actual con respecto a la legislación comunitaria vigente en materia de medio ambiente

5.1. Directiva 85/337/CEE del Consejo, modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y Convenio de Espoo (CEPE) sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo

5.2. Directiva 76/464/CEE del Consejo relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad

5.3. Directiva 96/82/CE de 9 de diciembre de 1996 relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (Directiva Seveso II) y Convenio de la CEPE sobre los Efectos Transfronterizos de los Accidentes Industriales

5.4. Legislación comunitaria en materia de gestión de residuos

5.4.1. Directiva 75/442/CEE modificada por la Directiva 91/156/CEE relativa a los residuos

5.4.2. Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos

5.5. Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (Directiva IPPC)

6. Seguimiento: plan de acción

6.1. Modificación de la Directiva Seveso II

6.2. Una iniciativa sobre la gestión de los residuos mineros

6.3. Elaboración de un documento técnico con arreglo a la Directiva IPPC

6.4. Información para el grupo operativo "Baia Mare"

1. Introducción

El vertido de cianuro al Danubio tras la rotura del muro de contención de una balsa de estériles en Baia Mare (Rumanía) y la contaminación del Parque Nacional "Coto de Doñana" como consecuencia de otro accidente ocurrido en 1998 en Aznalcóllar (España) han sensibilizado a la opinión pública con respecto a los peligros que acarrean las actividades mineras tanto para el medio ambiente como para la seguridad de las personas.

El accidente de Baia Mare demostró que en la región en la que se encuentra la explotación en cuestión la opinión pública tenía un conocimiento muy escaso de los riesgos inherentes a la minería y a los procesos industriales conexos. También demostró que no existe suficiente comunicación entre los distintos estamentos de las instituciones, ni entre las propias instituciones, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la población, acerca de la preparación necesaria para situaciones de emergencia, la capacidad de respuesta en tales situaciones y las opciones y posibilidades de evitar daños.

Estos accidentes han cuestionado asimismo la eficacia de las políticas comunitarias para la prevención de estas catástrofes y han puesto de relieve la necesidad de revisar la política ambiental en esta materia.

La Comisión ya ha establecido su política para promover el desarrollo sostenible en la industria extractiva no energética de la UE, incluida la extracción de metales, en su Comunicación de 3 de mayo de 2000 [1]. La presente Comunicación, que debe considerarse en este contexto, tiene por objeto dar cuenta de los accidentes e informar con más detalle al Consejo y al Parlamento Europeo acerca de algunas de las acciones anunciadas en la anterior Comunicación, concentrándose en la prevención de accidentes en relación con las actividades de extracción de metales. Asimismo tiene por objeto dar la oportunidad a las principales partes interesadas, concretamente el sector minero, las ONG y los Estados miembros, de expresar sus opiniones sobre dichas acciones. Esta Comunicación se ha preparado con el asesoramiento del grupo operativo "Baia Mare" (véase la sección 3.1.). Como fuente de información objetiva sobre el accidente de Baia Mare, este documento se basa en gran medida en el informe del PNUMA y la OCAH [2], publicado en marzo de 2000 (véase la sección 3.2.).

[1] COM(2000) 265 final, 3.5.2000.

[2] Vertido de Cianuro en Baia Mare (Rumanía), misión de evaluación del PNUMA y la OCAH de marzo de 2000.

2. Casos de rotura de diques en explotaciones mineras de todo el mundo

En los diez últimos años se han producido diversos accidentes mineros en todo el mundo. En 1992, la rotura de un dique en la mina de oro de Summitville en Colorado (EE.UU.) provocó la desaparición de toda vida acuática en un tramo de 25 km del río Alamosa. En 1993, un asentamiento minero ecuatoriano dedicado a la extracción de oro resultó sepultado por un corrimiento de fangos y detritos que causó la muerte de veinticuatro personas. En 1994 se produjo un accidente similar en la mina de oro sudafricana Harmony, con el resultado de diecisiete muertos y ochenta casas destruidas. En 1995, dos millones y medio de metros cúbicos de una solución de cianuro procedente de la mina de oro de Omai (Guayana) contaminaron el río Essequibo y causaron una pérdida masiva de vida acuática. En 1996, en la isla de Marinduque (Filipinas), el río Boac recibió tres millones de toneladas de fangos tóxicos procedentes de una mina de cobre y se inundaron veinte aldeas.

Aunque los accidentes anteriormente descritos no tuvieron lugar en Europa, en los últimos tiempos se han producido en este continente dos accidentes mineros que han cuestionado la seguridad de estas explotaciones en los Estados miembros de la Unión y en los países candidatos a la adhesión, así como la idoneidad de la legislación comunitaria en esta materia.

2.1. El accidente de Aznalcóllar [3]

[3] Algunos datos se han tomado del informe del World Wildlife Fund titulado "Analysis and evaluation of the clean-up activities of the toxic spill in Guadiamar river" (1998).

Este accidente tuvo lugar el 25 de abril de 1998 en las instalaciones de la empresa Boliden-Apirsa, que explotaba una mina en el pueblo de Aznalcóllar. Boliden-Apirsa había comprado la mina en 1987, fecha en la que ésta llevaba ya bastantes años en funcionamiento.

En la mina de Aznalcóllar se producen concentrados de zinc, plata, plomo y cobre que se extraen de un criadero pirítico. La mena pirítica, que también contiene arsénico, cadmio, talio y otros metales en menor concentración, se disgrega en las propias instalaciones y se tritura hasta obtener un grano bastante fino. Entonces se separan los distintos compuestos metálicos por medio de un proceso de flotación, en el que se utiliza agua a la que se agrega dióxido de azufre (SO2), hidróxido de calcio (Ca(OH)2), pentahidrato de sulfato de cobre y un compuesto orgánico para favorecer el proceso.

En el momento del accidente, los residuos del proceso se vertían a un enorme estanque artificial (balsa de estériles), un método muy utilizado para gestionar y eliminar este tipo de residuos. El estanque abarcaba una superficie aproximada de 1,5 km2, y contenía unos treinta y un millones de toneladas de fangos. En torno a esta balsa se había construido un dique de contención, que se venía recreciendo periódicamente para aumentar su capacidad. El material utilizado en esta construcción provenía principalmente de la propia explotación minera.

En la noche del 24 al 25 de abril de 1998, el dique que aseguraba la balsa sufrió una rotura de unos 50 metros de longitud. Se vertieron alrededor de tres millones de metros cúbicos de fangos y cuatro millones de metros cúbicos de aguas ácidas, que contaminaron unas 4.500 hectáreas de tierra en los lindes del Parque Nacional "Coto de Doñana" y que alcanzaron el río Guadiamar. La mayor parte de los fangos permanecieron en las proximidades del embalse, donde se encontraron capas de hasta dos metros de espesor. La capa que cubría la mayor parte de la superficie afectada era de unos veinte centímetros, aunque llegaba a reducirse a unos pocos milímetros. No hubo muertos ni heridos. La cuestión de si el accidente era predecible, y por lo tanto evitable, sigue siendo objeto de investigación.

Las autoridades locales, provinciales y regionales y la empresa titular de la mina realizaron trabajos de emergencia para contener los fangos y las aguas ácidas, en especial con el fin de proteger la reserva natural del Coto de Doñana. Los trabajos de limpieza continuaron durante la mayor parte de 1998 y se repitieron en algunas zonas en 1999. Los fangos y los suelos contaminados se llevaron al antiguo pozo de la mina de Aznalcóllar, situado al norte de la balsa. Ésta se encuentra actualmente en fase de desmantelamiento. Tras recibir autorización de la Junta de Andalucía, la mina reanudó sus actividades en 1999, utilizando temporalmente el antiguo pozo de Aznalcóllar para verter sus residuos.

2.2. El accidente de Baia Mare

El 30 de enero de 2000 se rompió un dique de contención en la fundición Aurul de Sasar (Rumanía), donde se tratan los residuos de la mina de oro de Baia Mare. Se calcula que unos 100.000 m3 de barro y aguas residuales -con una concentración de 126 mg de cianuro por litro- se vertieron por los canales de desagüe al río Lapus, un afluente del Somes (Szamos), a través del cual alcanzaron el río Tisza y el curso superior del Danubio a su paso por Belgrado, desembocando finalmente en el mar Negro. Esta fuerte contaminación transfronteriza pudo tener graves repercusiones sobre la biodiversidad, los ecosistemas fluviales, el abastecimiento de agua potable y las condiciones socioeconómicas de la población local.

Rumanía, Hungría y la República Federativa de Yugoslavia tomaron y analizaron muestras. Las mediciones realizadas el 1 de febrero de 2000 en la localidad de Satu Mare, a orillas del Somes, revelaron que la concentración máxima de cianuros era de 7,8 mg por litro (en comparación con el límite máximo de 0,01 mg por litro que se aplica en las aguas superficiales). Una ola tóxica de 30 a 40 kilómetros de longitud aniquiló la flora y la fauna del curso central del río Tisza, cifrándose las pérdidas en cientos de miles de euros. Cuatro semanas después podía medirse la pluma de cianuro en el delta del Danubio, a 2.000 km del origen del vertido.

En largos tramos del sistema fluvial hasta la confluencia del Tisza con el Danubio se registraron graves efectos, típicos del cianuro: el fitoplancton y el zooplancton se extinguieron al paso de la pluma y los peces murieron en el acto o poco después. Las autoridades húngaras estimaron el total de peces muertos en más de mil toneladas, mientras que las pérdidas de este tipo comunicadas por las autoridades rumanas fueron muy pequeñas. Las autoridades de Yugoslavia comunicaron la aparición de grandes cantidades de peces muertos en la parte del río Tisza que discurre por el país. En el Danubio no se registraron episodios importantes de este tipo. Poco después de pasar la pluma de cianuro, los microorganismos acuáticos se recuperaron con rapidez. Para saber qué efectos tendrá este accidente sobre la biodiversidad a largo plazo será necesario seguir realizando análisis. Los expertos en medio ambiente temen que se hayan puesto en peligro algunas especies raras y singulares, tanto de la flora como de la fauna, como las cinco águilas pescadoras que habitan en el Parque Nacional de Hortobagy, en Hungría.

El oportuno intercambio de información y las medidas preventivas adoptadas por las autoridades rumanas, húngaras y yugoslavas, incluido el cierre temporal de la presa del lago Tisza, mitigaron y redujeron los riesgos y efectos del vertido. El suministro de agua a las dos ciudades más grandes que se asientan en las márgenes del río Tisza -Szolnok (120.000 habitantes) y Szeged (206.000 habitantes)- quedó a salvo gracias a la ágil actuación de las autoridades locales.

Se pusieron fuentes alternativas de abastecimiento de agua a disposición de los pueblos cercanos al lugar del accidente, aunque presuntamente no se les informó del vertido con la suficiente rapidez. Gracias a los suministros alternativos y a los pozos profundos, la población del curso inferior no tuvo problemas con el agua potable. Por lo tanto, el riesgo sanitario inmediato del vertido en sí parece ser mínimo, aunque en el largo plazo podrían producirse problemas crónicos de salud debido a la contaminación por metales pesados.

El vertido tuvo lugar en una zona ya contaminada con metales pesados tras una larga historia de explotación minera y tratamiento de metales. En los puntos del curso superior afectados se registraban asimismo altas concentraciones de algunos metales pesados. Por consiguiente, el accidente se produjo en una región en la que existen instalaciones mal gestionadas y conservadas y estanques de flotación que contienen cianuros o metales pesados, muchos de los cuales registran pérdidas constantes. Existe el riesgo de que tanto las aguas superficiales y subterráneas como el suelo sigan contaminándose como consecuencia de estas fugas constantes o de accidentes graves.

3. Acciones de seguimiento inmediatas

Tras realizar una evaluación preliminar de las consecuencias del accidente de Baia Mare, se estudió la adopción de siete medidas:

-Crear un grupo operativo internacional presidido por la Comisión Europea.

-Prestar asistencia técnica inmediata a las autoridades húngaras y rumanas.

-Evaluar las necesidades de ayuda económica en función de los informes de daños y formular proyectos de restauración.

-Reforzar los servicios de protección civil de la Unión Europea.

-Ampliar a los países candidatos a la adhesión el estudio que está realizando la Comisión sobre los puntos negros de la industria minera.

-Revisar y posiblemente adaptar la legislación comunitaria vigente.

-Acelerar la legislación de la responsabilidad ambiental.

Además, la Comisión está recopilando información de los Estados miembros y de los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea sobre el número, localización y capacidad de las instalaciones dedicadas a la transformación de menas de sulfuros y de menas auríferas por medio del cianuro. Sería especialmente interesante averiguar si las balsas de residuos utilizadas en estas instalaciones se gestionan correctamente o si plantean peligros para el medio ambiente, ya sea por contaminación crónica o por un alto riesgo de rotura.

3.1. El grupo operativo ("Task Force") "Baia Mare"

Este grupo operativo está dirigido por un representante nombrado por la Comisión Europea. Sus seis miembros son funcionarios de alto nivel de la propia Comisión y de organismos nacionales, regionales e internacionales de protección del medio ambiente. La secretaría está en Viena, en las instalaciones de la Comisión para la protección del Danubio.

La misión del grupo operativo consiste en determinar qué ocurrió, evaluar los daños y proponer medidas para reparar los perjuicios causados. Además propondrá la adopción de medidas encaminadas a mantener a la opinión pública perfectamente informada de la situación. Para evitar que ocurran accidentes similares en el futuro, identificará posibles puntos negros en la cuenca del Danubio y recomendará el modo de reducir los riesgos.

El grupo operativo celebró su primera reunión en marzo de 2000, en las oficinas de la Comisión Europea en Bruselas. En ella acordó:

-Establecer lo que ocurrió y averiguar las causas del vertido con la mayor exactitud posible.

-Evaluar los daños y proponer medidas para reparar los perjuicios causados. Se decidirá lo que hay que hacer a largo plazo para restaurar el equilibrio ecológico en las zonas afectadas, sin entrar en ningún tipo de consideración sobre "compensaciones".

-Mantener a la opinión pública informada a través de un proceso de comunicación bidireccional, en colaboración con organizaciones no gubernamentales (ONG) consolidadas y reconocidas.

-Identificar otros "puntos negros" en las industrias mineras y extractivas.

-Presentar sugerencias para reducir posibles riesgos adicionales y, en su caso, establecer si (en opinión de sus miembros) el marco legislativo vigente es adecuado.

En su segunda reunión, celebrada en abril de 2000, el grupo operativo analizó el informe conjunto del PNUMA y la OCAH, que recoge los resultados de la evaluación realizada por estos organismos sobre el terreno. El grupo operativo ha mantenido seis reuniones hasta la fecha.

Como parte de su mandato, el grupo operativo ha publicado un Inventario de establecimientos de alto riesgo de las industrias mineras, extractivas y de tratamiento de minerales que se asientan en la cuenca del río Tizsa (http://europa.eu.int/comm/environment/enlarg/home.htm).

El grupo operativo hará público su informe definitivo a finales del año 2000. La industria europea de extracción de metales se ha ofrecido a colaborar con el grupo operativo.

3.2. El informe del PNUMA y la OCAH sobre el vertido de cianuro en Baia Mare (Rumanía)

A petición de los gobiernos de Hungría, Rumanía y la República Federativa de Yugoslavia (RFY), y tras mantener consultas con la Comisión Europea y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de Naciones Unidas, el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) anunció el 18 de febrero de 2000 que se enviaría un equipo de expertos internacionales a la zona afectada para realizar un análisis científico de los daños ambientales causados por el vertido.

La misión fue iniciativa conjunta del PNUMA y la OCAH, y estuvo organizada por la Unidad Ambiental Conjunta de ambos organismos y dirigida por el Director de la Oficina Regional del PNUMA para Europa. Tenía el cometido de realizar una descripción científica independiente del vertido y de la situación y los acontecimientos que lo causaron, obtener y analizar información relacionada con dicho vertido y sus implicaciones para el medio ambiente, y recomendar la adopción de medidas de prevención y procedimientos de actuación en casos similares en el futuro.

La misión resultó ser un modelo útil para la cooperación entre organismos y la ejecución rápida de trabajos de evaluación pluridisciplinares. Por sus limitaciones de magnitud, alcance y tiempo, no pretendía realizar una descripción exhaustiva de la emergencia y de sus implicaciones, sino principalmente obtener datos ambientales para informar un proceso internacional de investigación y análisis llevado a cabo, entre otros, por el grupo operativo "Baia Mare".

La misión, que desarrolló su trabajo entre el 23 de febrero y el 6 de marzo de 2000, tomó y analizó muestras y mantuvo entrevistas con expertos locales y nacionales y conversaciones con las autoridades nacionales, las poblaciones afectadas y las ONG locales.

Con muy poca antelación al desplazamiento a las zonas afectadas, se seleccionaron expertos de siete países (Austria, República Checa, Finlandia, Alemania, Noruega, Suecia y Suiza) especializados en química, ecotoxicología, biología, tecnología de procesos e ingeniería de obras hidráulicas.

El equipo se reunió en la capital rumana, Bucarest, desde donde se desplazó al lugar en el que se rompió el dique, en la zona de Baia Mare. Después cruzó la frontera con Hungría y siguió el sistema fluvial hasta la frontera con Yugoslavia. Finalmente, tomó muestras a lo largo del curso del Danubio en este país. La misión se dividió en siete áreas principales de investigación:

-Construcción y gestión de la presa, para comprender cómo ocurrió la rotura.

-Planificación de emergencias y sistemas de alerta rápida.

-Implicaciones para las comunidades que puedan verse afectadas por la contaminación de los pozos y las fuentes de abastecimiento público de agua potable.

-Calidad de las aguas superficiales, incluidos los efectos químicos, biológicos y ecotoxicológicos.

-Efectos sobre el suelo y los sedimentos, especialmente con relación a la liberación de metales pesados.

-Métodos de muestreo y análisis empleados por las distintas autoridades locales y nacionales, con el fin de detectar posibles discrepancias en la medición de la contaminación.

-Entrevistas y contactos con las autoridades locales, ONG y representantes de la población para valorar el contexto y las implicaciones del vertido en términos socioeconómicos.

El informe de la misión de evaluación del PNUMA y la OCAH se publicó a finales de marzo de 2000 y está disponible en la dirección de Internet http://www.natural-resources.org/environment/BaiaMare/index.htm).

4. El accidente de Baia Mare desde el punto de vista técnico: descripción del proyecto y conclusiones que cabe extraer

En este capítulo se describen la empresa y su proyecto. Sin prejuzgar los resultados del grupo operativo "Baia Mare", se señalan las razones más probables del vertido de cianuro y se exponen las conclusiones que cabe extraer del accidente.

4.1.1. Descripción de la empresa

La empresa que gestionaba la planta de tratamiento de los residuos mineros de Baia Mare (Rumanía) se llama Aurul S.A. Se trata de una sociedad anónima cuyos accionistas principales son la empresa australiana Esmeralda Exploration Limited (con un 50 %) y Remin (empresa estatal rumana, que posee el 44,8 %). Esmeralda es una pequeña empresa que sólo explota esta instalación de Baia Mare. Esta empresa pasó a administración judicial después del accidente.

4.1.2. Descripción del proyecto

La producción de minerales que Remin llevaba a cabo anteriormente en la zona de Baia Mare había dejado tras de sí grandes cantidades de residuos con una baja concentración de oro y plata. Estos diques restringían el desarrollo urbano de la ciudad y eran causa de graves problemas ambientales. Los residuos se apilaban en el centro de la ciudad y contaminaban las aguas superficiales y subterráneas, además de provocar ventiscas de polvo, en especial durante el verano. Por lo tanto, se organizó un proceso de licitación internacional y se eligió un proyecto para limpiar estos establecimientos. El desarrollo de nuevas tecnologías de tratamiento determinó que el reproceso de estos residuos fuese técnica y económicamente viable.

El "Proyecto de retratamiento de los residuos de Baia Mare" se diseñó para procesar 2.500.000 toneladas anuales de residuos procedentes de las antiguas actividades mineras. Para poder aprovecharlos en el proceso de lixiviación de oro, los residuos se mojaban con chorros de agua, de modo que se formasen fangos que pudieran bombearse a un tanque de sedimentación. De ahí pasaban a un molino de bolas, principalmente para pulimentar las superficies y que la cianuración fuese más eficaz. Después, los finos fangos formados por mineral y agua pasaban al proceso de "carbono en pulpa" (CIP).

Los residuos del proceso CIP se bombeaban a la presa situada a unos siete kilómetros al sur de Baia Mare, en la zona de la aldea de Sasar. Antes de iniciar las operaciones, se construyó una nueva balsa de estériles de 96 hectáreas utilizando diques de tierra y un revestimiento plástico. La construcción comprendía un dique interior y otro exterior más bajo. Este último no estaba diseñado como dique de seguridad para contener un posible vertido, sino más bien para almacenar el lixiviado y el agua de lluvia que rebosan del dique interior.

Al iniciarse el proceso, las fracciones más gruesas de los residuos se emplearon para continuar la construcción de la presa. Con el fin de realizar la separación, se instalaron varios hidrociclones a lo largo del dique superior. La fracción más fina, junto con el agua utilizada, se vertía al estanque situado detrás de la presa. Una vez precipitados los fangos, el agua decantada se reciclaba en el proceso de lixiviación, con el fin de reducir al mínimo el uso de cianuro en el mismo.

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

Figura 1. Sección transversal de la balsa de estériles (Freeboard : Bordo libre; Beach : Playa)

En resumen, la balsa desempeñaba en algunos aspectos la misma función que un amontonamiento de residuos mineros o un vertedero: el almacenamiento de minerales triturados. Cuando la balsa de estériles alcanzaba su forma y volumen definitivos, el agua restante se eliminaba por bombeo o evaporación.

4.1.3. Circunstancias del vertido

Tras sufrir condiciones meteorológicas extremas (hielo y nieve en la balsa de estériles, precipitaciones de 36 litros por metro cuadrado), los residuos depositados en el dique interior se empaparon. Resultó así afectada la estabilidad del dique y se produjo un corrimiento local que se convirtió en una rotura de aproximadamente 23 metros. El agua así liberada llenó el espacio existente entre los dos diques y desbordó el dique exterior.

4.1.4. Conclusiones que cabe extraer del accidente

Hay que señalar que la cianuración es actualmente, tanto por razones ambientales como económicas, el método preferido para el tratamiento de minerales auríferos y es una práctica habitual en todo el mundo. El diseño y gestión de las balsas de residuos, ya correspondan a minas de oro o a otras industrias extractivas, depende en gran medida de las condiciones específicas de cada establecimiento, entre las que cabe citar el terreno y la mineralogía del lugar en el que se pretende construir el estanque, el tipo de residuos y las condiciones meteorológicas.

Aurul S.A. reciclaba el agua cianurada en un "circuito cerrado". La empresa optó por este sistema para ahorrarse el coste de los productos químicos de neutralización y reducir las compras de cianuro. A consecuencia de ello, esta balsa de estériles se encontraba en situación de riesgo, en tanto que siempre contenía altas concentraciones de cianuro Los expertos rumanos calcularon que se habían vertido al río unas 120 toneladas de cianuro.

Cuando se utilizan balsas para acumular los residuos derivados del tratamiento de los minerales auríferos con cianuro, una forma de neutralizar el cianuro puede ser añadir hipoclorito sódico al agua que contiene los residuos antes de hacerla pasar a la balsa. Después de una fase de sedimentación, el agua se vierte o se devuelve al proceso para volver a mezclarla con cianuro. La forma más obvia de evitar accidentes si aumenta en exceso el nivel del agua en el estanque es asegurarse de que la presa está bien diseñada y construida con material adecuado para soportar la carga que puede producirse. La instalación de un dique de contención adicional es otra medida que puede reducir el impacto ambiental de una rotura de la presa, y cuanto más peligroso sea el contenido del estanque -por ejemplo, si no se aplica ningún tratamiento para eliminar el cianuro-, mayores serán las consecuencias de un posible vertido, justificándose así la adopción de tales medidas.

Como capacidad de almacenamiento suplementaria para contener posibles vertidos, podrían construirse diques adicionales. Otra medida sería ampliar la extracción de agua del estanque para reducir el nivel en caso de un incremento repentino causado por una fuerte precipitación. Además, hay que tener mucho cuidado en la gestión y el continuo recrecimiento de la balsa de estériles, especialmente en lo que respecta al equilibrio entre el agua y las partículas sólidas en la presa y el efecto que sobre dicho equilibrio puede tener, por ejemplo, un fuerte aguacero. Ello implica mantener permanentemente controlado el tamaño de la "playa" (es decir, la parte que se extiende entre la parte superior del dique interior y la superficie del agua; véase la figura 1.), así como del "bordo libre" (es decir, la altura del muro de contención desde el nivel del agua hasta su parte superior; véase la figura 1.). Por otra parte, este accidente es también un recordatorio de que en el diseño y gestión de una balsa de estériles hay que tener en cuenta las peores condiciones meteorológicas previsibles, como una tormenta de agua o nieve, así como el efecto que tienen las temperaturas bajo cero sobre el estanque. Estas propuestas dan una idea de lo que podría hacerse en el transcurso del diseño y la gestión de las balsas de residuos de este tipo para minimizar los riesgos de accidentes.

Finalmente, el accidente puso de manifiesto una cuestión clave: la ineficacia de los procedimientos de autorización e inspección y su responsabilidad en la creación de las circunstancias que han permitido la construcción de presas con defectos de diseño. De acuerdo con el informe del PNUMA y la OCAH, antes de que pudieran iniciarse las operaciones en esta instalación fue necesario obtener veintidós permisos distintos relacionados con el medio ambiente y la salud pública, proceso que duró un total de siete años. En Rumanía subsiste el problema de que no hay una coordinación general eficaz entre los distintos organismos que participan en la concesión de permisos y de que no haya existido una entidad única dotada de facultades reguladoras y de supervisión técnica. Preocupa mucho la posibilidad de que otras instalaciones de muy diversos sectores industriales de los países candidatos a la adhesión hayan sido sometidas a un control inadecuado y sean peligrosas para el medio ambiente y la salud. Por consiguiente, será preciso estudiar la necesidad de mejorar los procedimientos de autorización y aumentar los recursos y capacidades de los organismos reguladores.

5. Situación actual con respecto a la legislación comunitaria vigente en materia de medio ambiente

La Comunidad dispone de varios instrumentos legales que regulan los aspectos ambientales de las actividades mineras.

5.1. Directiva 85/337/CEE del Consejo [4], modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo [5], relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y Convenio de Espoo (CEPE) sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo [6]

[4] DO L 175 de 5 de julio de 1985.

[5] DO L 73 de 14 de marzo de 1997.

[6] DO C 104 de 24 de abril de 1992.

La Directiva 85/337/CEE del Consejo, modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, también conocida como Directiva EIA, exige la realización de un estudio de impacto ambiental en un gran número de actividades económicas, incluidas las explotaciones mineras y las presas utilizadas en relación con ellas, en el caso de que estas actividades puedan tener efectos importantes para el medio ambiente.

La Directiva EIA hace hincapié en el enfoque preventivo, ya que exige que se evalúen los efectos ambientales que pueden tener las distintas actividades antes de que se otorgue la autorización para llevarlas a cabo. Esta evaluación ha de reflejarse en un informe de impacto ambiental que debe ser tenido en cuenta por la autoridad competente para otorgar la autorización. La previsión de medidas paliativas forma parte de dicha evaluación. Un factor importante del proceso de estudio del impacto ambiental es la implicación y participación de la población en la normativa establecida. La autoridad competente debe tener en cuenta las aportaciones recibidas. Este procedimiento tan participativo asegura la transparencia y la información y participación del público desde las primeras fases del proyecto, y contribuye a facilitar la detección y reducción de los posibles riesgos para el medio ambiente.

La Directiva EIA también incorpora el Convenio de Espoo (CEPE) sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo. Este Convenio se firmó en 1991 y entró en vigor en 1997. En la actualidad son 30 sus Partes Contratantes, entre las que se cuenta la Comunidad Europea. El Convenio también hace referencia a las actividades mineras y a las presas con ellas relacionadas. En el caso de que un proyecto pueda tener un importante impacto ambiental de alcance transfronterizo, éste debe notificarse a las Partes afectadas y debe presentarse toda la información relevante sobre el proyecto, incluido el estudio de impacto ambiental, para que la población que pueda verse afectada tenga la oportunidad de realizar sus aportaciones. El resultado de esta consulta transfronteriza debe ser tenido en cuenta por la autoridad competente de la Parte a la que corresponda la responsabilidad de autorizar el proyecto.

5.2. Directiva 76/464/CEE del Consejo relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad [7]

[7] DO L 129 de 18 de mayo de 1976, p. 23.

Esta Directiva se refiere a la contaminación causada por el vertido de sustancias peligrosas en el medio acuático. Sin embargo, no se ocupa de la contaminación accidental. En cinco directivas derivadas de ella se regulan dieciocho sustancias, entre ellas el cadmio y el mercurio, mediante la adopción de valores límite aplicables a las emisiones de toda la Comunidad y de criterios de calidad del medio acuático. En relación con los contaminantes más importantes, que deben señalarse entre una gran variedad de otras sustancias como los cianuros y los metales pesados, los Estados miembros deben establecer programas nacionales de reducción de emisiones. Estos programas deben incluir objetivos de calidad del agua legalmente vinculantes y plazos para la aplicación de determinados objetivos de reducción de emisiones. En relación con las actividades mineras, su potencial tóxico es considerable debido a la presencia de ciertas sustancias peligrosas que pueden tener efectos perjudiciales sobre el medio acuático. Esto lleva a establecer un requisito de autorización previa de los vertidos que contengan este tipo de contaminantes. Por lo tanto, con esta Directiva sería posible controlar eficazmente la contaminación procedente de fuentes puntuales de la minería.

5.3. Directiva 96/82/CE de 9 de diciembre de 1996 relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (Directiva Seveso II) [8] y Convenio de la CEPE sobre los Efectos Transfronterizos de los Accidentes Industriales [9]

[8] DO L 10 de 14 de enero de 1997, p. 13.

[9] DO L 326 de 3 de diciembre de 1998, p. 1.

Esta Directiva trata de la prevención de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y de la limitación de sus consecuencias para las personas y para el medio ambiente, con vistas a garantizar de manera coherente y eficaz unos niveles de protección elevados en toda la Comunidad.

La principal novedad de la Directiva Seveso II consiste en que obliga a las empresas a establecer un sistema de gestión de la seguridad que incluya una minuciosa evaluación de los riesgos existentes en las situaciones en que pueden presentarse accidentes. Una evaluación de riesgos de este tipo juega un papel crucial en la prevención de accidentes graves.

El ámbito de aplicación clásico de la Directiva Seveso II son las fábricas e instalaciones de almacenamiento de productos químicos, donde las cantidades de sustancias peligrosas superan ciertos límites.

En la letra e) del artículo 4 se dejan fuera del ámbito de aplicación de la Directiva las actividades de las industrias de extracción dedicadas a la exploración y explotación de minerales en minas y canteras, así como mediante perforación. Más aún, en la letra f) del mismo artículo se excluyen también los vertederos de residuos.

Estas excepciones se remontan a la Directiva Seveso original de 1982, en la que se excluían las actividades de extracción y otras actividades mineras, así como las instalaciones para la eliminación de residuos tóxicos y peligrosos, sometidas a regulación comunitaria en la medida en que ésta esté encaminada a la prevención de accidentes graves.

Cuando se presentó al Consejo y al Parlamento Europeo la propuesta de adopción de la Directiva Seveso II, en la exposición de motivos se justificaba el mantenimiento de las excepciones citadas afirmando que "aunque es posible que se produzcan accidentes graves en estos ámbitos, no es fácil integrarlos en el marco de la propuesta dado que ésta cubre necesidades especiales o peligros especiales".

La Directiva Seveso II deja cierto margen a la interpretación de su ámbito de aplicación, lo cual podría utilizarse para excluir del mismo determinadas actividades de tratamiento o balsas de residuos mineros.

En esta Directiva también se incorpora el Convenio de la CEPE sobre los Efectos Transfronterizos de los Accidentes Industriales. Este Convenio se firmó en 1992 y entró en vigor en abril de 2000. En la actualidad, son 17 sus Partes Contratantes, entre las que se cuenta la Comunidad Europea. El objetivo del Convenio es la protección de la salud humana y del medio ambiente contra los accidentes industriales que pueden tener efectos transfronterizos y promover una cooperación internacional activa entre las Partes Contratantes antes, durante y después de este tipo de accidentes. Sin embargo, no se aplica a la rotura de diques de contención, con excepción de los efectos de los accidentes industriales provocados por este tipo de roturas.

5.4. Legislación comunitaria en materia de gestión de residuos

5.4.1. Directiva 75/442/CEE [10] modificada por la Directiva 91/156/CEE [11] relativa a los residuos

[10] DO L 194 de 25 de julio de 1975, p. 39.

[11] DO L 78 de 26 de marzo de 1991

En el artículo 2 de la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos, modificada por la Directiva 91/156/CEE, se establece que los residuos resultantes de la prospección, de la extracción, del tratamiento o del almacenamiento de recursos minerales, así como de la explotación de canteras quedarán excluidos del campo de aplicación de la Directiva 75/442/CEE cuando ya estén regulados por otras normas comunitarias. En la actualidad, no existe ninguna norma comunitaria específica sobre este tipo de residuos. Por lo tanto, la Directiva 75/442/CEE se aplica a los residuos de la industria de extracción.

En el artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE se establece que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los residuos se valorizarán o se eliminarán sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos o métodos que puedan perjudicar el medio ambiente.

5.4.2. Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos [12]

[12] DO L 182 de 16 de julio de 1999, p. 1.

El depósito de residuos en un estanque es una operación de eliminación de residuos regulada por una norma comunitaria vigente: la Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos. Esta Directiva entró en vigor el 16 de julio de 1999 y surtirá efecto el 16 de julio de 2001.

De acuerdo con ella, queda excluido de su ámbito de aplicación el depósito de residuos inertes no peligrosos procedentes de la prospección y extracción, tratamiento y almacenamiento de recursos minerales, así como del funcionamiento de las canteras. Sin embargo, los residuos procedentes de la extracción de los metales no suelen ser inertes. Por lo tanto, estarían sujetos a la Directiva.

En la misma Directiva se establecen requisitos relativos a la autorización de los vertederos, a su construcción técnica, a los tipos de residuos que pueden aceptar y a los procedimientos de control de los mismos.

Aunque la Directiva todavía no ha surtido efectos, establece varios requisitos que son relevantes para la gestión de los residuos derivados de las actividades mineras..

-Al elegir el emplazamiento del vertedero, ha de tenerse en cuenta -entre otros factores- a qué distancia se encuentra de aguas subterráneas o superficiales y el riesgo de inundación, hundimiento del suelo, corrimientos de tierras o avalanchas.

-Deben adoptarse medidas apropiadas para controlar el agua de lluvia y evitar que penetre en el vaso del vertedero.

-La colocación de los residuos en el vertedero deberá hacerse de manera tal que garantice la estabilidad de los residuos y de las estructuras asociadas, en particular para evitar los deslizamientos.

-Se establece un programa de vigilancia para controlar las aguas, los lixiviados y los gases, cuyos resultados deben facilitarse a las autoridades competentes.

Conviene señalar que la Directiva sobre vertederos se adoptó principalmente para regular el depósito de residuos en vertederos normales. Los problemas relacionados con la gestión de las balsas de residuos mineros no se han tenido específicamente en cuenta en esta norma.

5.5. Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (Directiva IPPC) [13]

[13] DO L 257 de 10 de octubre de 1996.

Todas las instalaciones comprendidas en el anexo I de la Directiva IPPC deben obtener un permiso de actividad de las autoridades competentes de los Estados miembros. Con respecto a la "contaminación cotidiana", estos permisos deben establecer valores límite de emisión o parámetros equivalentes basados en las mejores técnicas disponibles (MTD). Además, cuando el medio ambiente pueda verse afectado, el permiso deberá incluir disposiciones relativas a la existencia de condiciones de explotación distintas de las normales, en relación con la puesta en marcha, las fugas, los fallos de funcionamiento, las paradas momentáneas y el cierre definitivo de la explotación.

La Directiva IPPC se refiere al impacto ambiental global del proceso productivo; es decir, la contaminación del aire, del agua y del suelo, la generación de residuos, el consumo de energía, etc. Está enfocada a la prevención más que a la reducción de las emisiones. En la Directiva se distingue, por una parte, entre las instalaciones nuevas o sometidas a modificaciones esenciales y, por otra, las instalaciones ya existentes. Con respecto a la primera categoría, todas las disposiciones de la Directiva son de aplicación desde octubre de 1999. Con respecto a la segunda, los Estados miembros tienen de tiempo hasta octubre de 2007 para cumplir con la norma.

La Directiva IPPC no se aplica a las principales actividades de extracción, pero actividades como las que se llevan a cabo en la instalación de Baia Mare ya entran en el ámbito de aplicación de la norma. De hecho, la letra b) del apartado 2.5 del anexo I se refiere a las "instalaciones para la producción de materiales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procedimientos metalúrgicos, químicos o electrolíticos".

Sin embargo, la Directiva IPPC podría no aplicarse a todas las instalaciones de la Unión Europea en las que se utilizan balsas de residuos mineros, bien por no ser instalaciones de producción (si están separadas de la instalación de producción propiamente dicha), bien por no producir metales en bruto (si producen, por ejemplo, concentrados), bien por no considerarse como vertederos conforme a la categoría 5.4 del anexo I de la Directiva ("vertederos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas con exclusión de los vertederos de residuos inertes"). Sin embargo, es probable que la mayoría de las presas cumplan estas condiciones.

El concepto de "vertederos" no está definido en la Directiva IPPC, pero sí en la Directiva sobre vertederos (99/31/CE) [14]. De acuerdo con la letra g) del artículo 2 de esta última norma, se entiende por vertedero un emplazamiento de eliminación de residuos que se destine al depósito de los residuos en la superficie o subterráneo. El almacenamiento de residuos anterior a la valorización o tratamiento por un período inferior a tres años como norma general o el almacenamiento de residuos anterior a la eliminación por un período inferior a un año quedan excluidos de la definición de vertedero. Conviene señalar que las balsas de residuos de Baia Mare y Aznalcóllar no estaban destinadas al almacenamiento temporal. De acuerdo con la definición citada, es probable que la gran mayoría de las presas de este tipo estén de hecho sujetas a la Directiva de acuerdo con la actual redacción del anexo I.

[14] DO L 182 de 16 de julio de 1999.

6. Seguimiento: plan de acción

Los últimos accidentes mineros han demostrado la necesidad de revisar la política comunitaria en materia de medio ambiente. Esto es especialmente importante a la vista de la ampliación de la Unión Europea. Por lo tanto, las acciones descritas a continuación se prepararán en estrecha colaboración con los países candidatos a la adhesión.

Se han iniciado conversaciones con expertos de los Estados miembros con vistas a modificar la clasificación de residuos peligrosos e incluir estos residuos en la Lista de Residuos Peligrosos. Las primeras conclusiones se esperan para el segundo semestre del año 2000.

Además, en la Directiva marco sobre el agua recientemente adoptada por el Consejo y el Parlamento Europeo se contempla la adopción de medidas a nivel de demarcación hidrográfica, incluidas "cualesquiera medidas necesarias para prevenir la filtración significativa de contaminantes procedentes de instalaciones industriales y para prevenir o reducir los efectos de las contaminaciones accidentales" y "sistemas para detectar esos fenómenos o alertar sobre ellos".

Desde el punto de vista de la protección civil, la experiencia del accidente de Baia Mare (Rumanía) también demuestra claramente la necesidad de mejorar los sistemas de alerta rápida. Por lo tanto, la Comisión propone establecer un mecanismo comunitario para la coordinación de las intervenciones de Protección Civil en caso de emergencia [15].

[15] COM (2000) 593 final, 27.9.2000.

Más aún, el Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental [16] contiene propuestas para la introducción de un régimen comunitario de responsabilidad ambiental con el objetivo de mejorar la aplicación de los principios ambientales básicos ("quien contamina paga", cautela y acción preventiva) y de la legislación comunitaria vigente en la materia, así como garantizar la adecuada restauración del medio ambiente.

[16] COM(2000) 66 final, 9.2.2000.

El Consejo de Ministros de Medio Ambiente de 30 de marzo de 2000 otorgó un amplio respaldo a la propuesta de la Comisión para formular una Directiva marco sobre esta materia. Esta propuesta se encuentra en fase de preparación y está previsto que se presente antes de que finalice 2001. Antes es preciso llevar a cabo diversos estudios, que tratarán de aspectos económicos tales como la competitividad y la asegurabilidad, y de la valoración y reparación de los daños ocasionados a la biodiversidad, entre otras cosas. También se tendrán en cuenta las opiniones del resto de instituciones europeas y las aportaciones de las partes interesadas.

Aparte de estas actividades, se contemplan tres líneas básicas de actuación relacionadas con la gestión de los riesgos industriales, la gestión de los residuos de la minería, y la prevención y el control integrados de la contaminación.

6.1. Modificación de la Directiva Seveso II

En términos de gestión de los riesgos industriales, la Directiva Seveso II parece ser el instrumento legislativo más apropiado para evitar accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Esta norma obliga a las empresas a establecer sistemas de gestión de la seguridad que incluyan una minuciosa evaluación de los riesgos existentes en las situaciones en que pueden presentarse accidentes.

Con el fin de eliminar las ambigüedades que contiene la Directiva y que se han descrito anteriormente, se prevé una modificación de la misma para que incluya de forma inequívoca el tratamiento de minerales y, en particular, los diques o balsas de residuos que se utilizan en relación con dicho tratamiento. Es importante señalar que una actividad de este tipo sólo estaría sujeta a la Directiva si se utilizasen o generasen sustancias peligrosas en cantidades que superasen los umbrales establecidos en la Directiva.

Esta modificación se elaborará una vez que el grupo operativo "Baia Mare" termine su informe y formará parte de una revisión más general del ámbito de aplicación de la Directiva.

La explosión ocurrida a principios de año en el almacén de la empresa SE Fireworks en la localidad de Enschede (Países Bajos), que causó un gran número de muertos y heridos, ha revelado la necesidad de evaluar las cantidades umbrales asignadas a las sustancias pirotécnicas y de elaborar propuestas para modificar la Directiva Seveso II en este sentido.

Más aún, ya con ocasión de la adopción de la Directiva, el Consejo había solicitado a la Comisión que evaluase las cantidades umbrales asignadas a las sustancias peligrosas para el medio ambiente y la lista de sustancias cancerígenas incluida en el anexo I. Este trabajo ha sido realizado por dos grupos de trabajo técnicos que entregaron sus informes definitivos en abril de 2000. Estos informes recomiendan que se reduzcan notablemente las cantidades umbrales asignadas a las sustancias peligrosas para el medio ambiente y que se amplíe la lista de sustancias cancerígenas que contiene el anexo I de la Directiva Seveso II.

6.2. Una iniciativa sobre la gestión de los residuos mineros

La gestión de los residuos procedentes de las actividades de extracción y explotación de canteras requiere una investigación detallada. La minería genera uno de los mayores flujos de residuos de la Comunidad. Algunos flujos de residuos, en especial los generados por las industrias de extracción de metales no ferrosos, contienen grandes cantidades de sustancias peligrosas, como los metales pesados. Aunque todos los metales son sustancias de origen natural que forman parte esencial de la vida cotidiana, son elementos y, por lo tanto, persistentes. Deben mantenerse a niveles que no causen daños en el medio ambiente, aunque sus concentraciones en éste pueden variar mucho debido a la proximidad natural de depósitos metalíferos. Una vez traídos a la superficie mediante las actividades mineras, los metales y los compuestos metálicos tienden a estar químicamente más disponibles y requieren atención especial para evitar contaminaciones.

Por este motivo, en septiembre de 1999 se inició un estudio de la legislación y de las prácticas que se aplican en la gestión de los residuos generados por la industria de extracción. Este estudio se concentrará en los problemas ambientales que crea la gestión de los residuos mineros, así como en la determinación de las prácticas más adecuadas para evitar perjuicios para el medio ambiente.

El estudio se amplió a los países candidatos a la adhesión en los que se llevan a cabo actividades mineras importantes (Hungría, Bulgaria, Rumanía, Polonia, República Checa y Eslovaquia). Este estudio deberá quedar totalmente terminado antes de finales del año 2000 y se concentrará en la gestión de las balsas de residuos que contienen minerales metalíferos no ferrosos. Deberá realizarse un inventario de las principales actividades mineras a escala regional, en la medida que se disponga de información. Es previsible que resulte difícil obtener información. Con las limitaciones de tiempo y presupuesto, no es posible elaborar una relación pormenorizada de los puntos negros de todas las minas abandonadas y en funcionamiento que existen en estos países. En el largo plazo, el Centro Común de Investigación -en colaboración con otros servicios de la Comisión y de la Agencia Europea de Medio Ambiente- llevará a cabo un proyecto de investigación sobre el impacto ambiental de los residuos mineros en los países candidatos a la adhesión. Este estudio incluirá un inventario de instalaciones de almacenamiento de residuos tóxicos procedentes de la minería, un estudio comparativo de la legislación aplicable a los residuos mineros, y una evaluación de las consecuencias ambientales de los accidentes en este sector.

En función de los resultados del estudio, que se comentarán con todas las partes interesadas, se analizará la necesidad de adoptar algún tipo de iniciativa, concretamente una Propuesta de Directiva específica sobre la gestión de este tipo de residuos, en la que se considerará la especificidad del establecimiento, así como diferencias significativas entre varios subsectores de la industria extractiva. Este análisis se realizará en 2001.

6.3. Elaboración de un documento técnico con arreglo a la Directiva IPPC

Para contribuir a la aplicación de la Directiva IPPC en el subsector minero de los metales no ferrosos, la Comisión estudia organizar un intercambio de información sobre la gestión de las balsas de residuos, con vistas a la elaboración de un documento técnico especial (BREF) sobre mejores prácticas disponibles (MTD). Esto podría hacerse en el marco del intercambio de información sobre MTD que tiene lugar entre los Estados miembros y el sector, y que está coordinado por la Oficina Europea de IPPC [17] perteneciente al Centro Común de Investigación de la Comisión. Los trabajos deberían iniciarse antes de finales del año en curso, con el fin de concluirlos en otoño de 2002. El citado documento técnico se ocuparía tanto de las técnicas de reducción de la contaminación cotidiana como de las técnicas de prevención o paliación de accidentes.

[17] http://eippcb.jrc.es

Un BREF no es preceptivo por naturaleza. Es un simple documento informativo que orienta a las autoridades competentes (nacionales, regionales o locales) respecto al otorgamiento de permisos a las instalaciones sujetas a la Directiva IPPC. Aparte de las autoridades de los Estados miembros, hay otros grupos a los que puede interesar un BREF, como las autoridades de los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea, las empresas que explotan instalaciones IPPC en Europa, las pequeñas y medianas empresas del sector pertinente aunque no estén sujetas a la Directiva, la comunidad científica, agentes sociales no europeos, organizaciones ecologistas y, en último lugar, aunque no por importancia, la población en general.

Un documento técnico de referencia sobre las mejores prácticas disponibles en la gestión de balsas de residuos contribuiría a dar a conocer las medidas que ya existen para evitar accidentes similares en el futuro. Con esta información a su disposición, las autoridades responsables de la concesión de los permisos estarían en situación de exigir que las instalaciones que utilizan balsas de residuos en la Unión Europea cumplan las normas ambientales más rigurosas que puedan encontrarse en el mundo (siempre que cumplan el criterio de "disponibilidad" recogido en el apartado 11 del artículo 2 de la Directiva IPPC).

Tal como se ha señalado en esta misma Comunicación (véase la sección 5.5), puede que la Directiva IPPC no sea aplicable a todos los establecimientos de la Unión Europea en los que se utilizan balsas de residuos. Si es necesario, se podría clarificar el ámbito de aplicación de la Directiva IPPC con el fin de incluir de forma explícita las balsas de residuos metalíferos con riesgo inherente de causar daños importantes al medio ambiente o a la salud de las personas. Además, podría incluirse el tratamiento de determinados minerales y residuos mineros. Estas modificaciones podrían estudiarse en el contexto de una iniciativa sobre la gestión de los residuos mineros (véase la sección 6.2).

6.4. Información para el grupo operativo "Baia Mare"

Las tres acciones clave identificadas como actividades de seguimiento de los últimos accidentes mineros, es decir,

-una modificación de la Directiva Seveso II,

-una iniciativa sobre la gestión de los residuos mineros, y

-un documento de referencia sobre MTD con arreglo a la Directiva IPPC,

constituirán una importante aportación para el trabajo de el grupo operativo "Baia Mare".