3. 2. 90 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 26/15 
II 
(Actos jurídicos preparatorios) 
COMISIÓN 
Propuesta modificada de Directiva del Consejo relativa al derecho de residencia de los 
estudiantes (') 
COM(89) 675 final — SYN 199 
(Presentada por la Comisión en virtud del apartado 3 del artículo 149 del Tratado CEE el 21 de 
diciembre de 1989) 
(90/C 26/17) 
(') DO n° C 191 de 28. 7. 1989, p. 2 [COM(89) 275 final]. 
PROPUESTA INICIAL PROPUESTA MODIFICADA 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS; EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS; 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó­
mica Europea y, en particular, el párrafo segundo de su 
artículo 7, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
En cooperación con el Parlamento Europeo, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social, 
Considerando que la letra c) del artículo 3 del Tratado 
establece que la acción de la Comunidad llevará consigo 
la supresión, entre los Estados miembros, de los obstácu­
los a la libre circulación de personas; 
Considerando que el artículo 8 A establece que el mer­
cado interior deberá establecerse, a más tardar, el 31 de 
diciembre de 1992; que el mercado interior implica un 
espacio sin fronteras interiores en el que la libre circula­
ción de personas estará garantizada; 
Considerando que, como se desprende de la jurispruden­
cia del Tribunal de Justicia, los artículos 128 y 7 del Tra­
tado prohiben toda discriminación entre nacionales de 
los Estados miembros por lo que se refiere al acceso a la 
formación profesional en la Comunidad; Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó­
mica Europea y, en particular, el párrafo segundo de su 
artículo 7, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
En cooperación con el Parlamento Europeo, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social, 
Considerando que la letra c) del artículo 3 del Tratado 
establece que la acción de la Comunidad llevará consigo 
la supresión, entre los Estados miembros, de los obstácu­
los a la libre circulación de personas; 
Considerando que el artículo 8 A establece que el mer­
cado interior deberá establecerse, a más tardar, el 31 de 
diciembre de 1992; que el mercado interior implica un 
espacio sin fronteras interiores en el que la libre circula­
ción de personas estará garantizada; 
Considerando que, como se desprende de la jurispruden­
cia del Tribunal de Justicia, los artículos 128 y 7 del Tra­
tado prohiben toda discriminación entre nacionales de 
los Estados miembros por lo que se refiere al acceso a la 
formación profesional en la Comunidad; 
N°C 26/16 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 3. 2. 90 
PROPUESTA INICIAL 
Considerando que la igualdad de acceso a la formación 
profesional supone la posibilidad de estar presente en el 
territorio del Estado miembro en el que se imparta la en­
señanza y, por ello, la determinación de normas para ga­
rantizar esa igualdad; 
Considerando que los estudiantes están sólo exepcional-
mente a cargo de la asistencia social; que, no obstante, 
los gastos de asistencia social prestada por el Estado 
miembro de acogida a los estudiantes sin más vínculo ju­
rídico con dicho Estado miembro que el simple hecho de 
haberse trasladado a él con objeto de seguir una forma­
ción profesional no debería soportarlos dicho Estado, 
sino el Estado miembro de procedencia; 
Considerando que es necesario que los Estados miem­
bros adopten medidas en el ámbito administrativo para 
facilitar la residencia sin discriminaciones; 
Considerando que el ejercicio del derecho de residencia 
sólo se convierte en una posibilidad real cuando también 
se confiere al cónyuge y a los hijos a su cargo; 
Considerando que es conveniente garantizar a los benefi­
ciarios de la presente Directiva el mismo régimen admi­
nistrativo que el previsto, en particular, en el Reglamento 
(CEE) n° 1612/68 del Consejo ('), en la Directiva 
68/360/CEE del Consejo (2) y en la Directiva 
64/221/CEE del Consejo (3); 
Considerando que la presente Directiva no se refiere a 
los estudiantes que gocen del derecho de residencia por 
ejercer o haber ejercido una actividad económica o que 
sean miembros de la familia de un trabajador migrante, 
(') DO n° L 257 de 19. 10. 1968, p. 2. 
(2) DO n° L 257 de 19. 10. 1968, p. 13. 
O DO n° 56 de 4. 4. 1964, p. 850/64. PROPUESTA MODIFICADA 
Considerando que la igualdad de acceso a la formación 
profesional supone la posibilidad de estar presente en el 
territorio del Estado miembro en el que se imparta la en­
señanza y, por ello, la determinación de normas para ga­
rantizar esa igualdad; 
Considerando que el derecho de residencia de los estu­
diantes se enmarca en un conjunto de decisiones cohe­
rentes con vistas a promover la formación profesional y a 
organizar la libertad de establecimiento; 
Considerando que, a través de medidas en el ámbito de 
la dimensión social del mercado interior, se podrán redu­
cir las desigualdades existentes entre los Estados miem­
bros, en lo relativo a las medidas que se refieran a los 
estudiantes, pero que mientras tanto dichas desigualda­
des no deben constituir obstáculo alguno a la libre circu­
lación y al derecho de residencia de los ciudadanos de la 
Comunidad; 
Considerando que los estudiantes están sólo excepcional-
mente a cargo de la asistencia social; que, no obstante, 
los gastos de asistencia social prestada por el Estado 
miembro de acogida a los estudiantes sin más vínculo ju­
rídico con dicho Estado miembro que el simple hecho de 
haberse trasladado a él con objeto de seguir una forma­
ción profesional no debería soportarlos dicho Estado, 
sino el Estado miembro de procedencia; 
Considerando que es necesario que los Estados miem­
bros adopten medidas en el ámbito administrativo para 
facilitar la residencia sin discriminaciones; 
Considerando que el ejercicio del derecho de residencia 
sólo se convierte en una posibilidad real cuando también 
se confiere al cónyuge y a los hijos a su cargo; 
Considerando que es conveniente garantizar a los benefi­
ciarios de la presente Directiva el mismo régimen admi­
nistrativo que el previsto en particular en el Reglamento 
(CEE) n° 1612/68 del Consejo ('), en la Directiva 
68/360/CEE del Consejo (2) y en la Directiva 
64/221/CEE del Consejo (3); 
Considerando que la presente Directiva no se refiere a 
los estudiantes que gocen del derecho de residencia por 
ejercer o haber ejercido una actividad económica o que 
sean miembros de la familia de un trabajador migrante, 
(') DO n° L 257 de 19. 10. 1968, p. 2. 
O DO n° L 257 de 19. 10. 1968, p. 13. 
(') DO n° 56 de 4. 4. 1964, p. 850/64. 
3. 2. 90 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 26/17 
PROPUESTA INICIAL PROPUESTA MODIFICADA 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
Artículo 1 Artículo 1 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas nece­
sarias para facilitar el ejercicio del derecho de residencia, 
con objeto de garantizar un acceso a la formación profe­
sional sin discriminaciones. A tal fin, los Estados miem­
bros reconocerán el derecho de residencia a todo estu­
diante que sea nacional de un Estado miembro y que no 
disponga ya de ese derecho con arreglo a otra disposi­
ción de Derecho comunitario, así como a su cónyuge y a 
los hijos a su cargo, siempre que esté inscrito en un cen­
tro de enseñanza para seguir una formación profesional 
y dispongan todos de un seguro de enfermedad. 
2. Los nacionales de los Estados miembros que tengan 
intención de seguir una formación profesional, así como 
los miembros de su familia, tendrán derecho a afiliarse al 
régimen de seguro de enfermedad del país de acogida en 
las mismas condiciones que los nacionales. 
3. Si la asistencia social del Estado miembro de aco­
gida tiene que hacerse cargo de un estudiante de los con­
templados en el apartado 1, dicho Estado miembro pro­
porcionará la asistencia de conformidad con su legisla­
ción. A solicitud del Estado miembro de acogida, el Es­
tado miembro de procedencia le reembolsará el importe 
de la asistencia prestada. A los efectos de la aplicación de 
la presente Directiva, se entenderá por «Estado miembro 
de procedencia» aquel en el que el estudiante tuviera su 
residencia principal antes de solicitar el derecho de resi­
dencia en otro Estado miembro con arreglo a la presente 
Directiva. 
Artículo 2 
1. El derecho de residencia se reconocerá mediante la 
expedición de un documento denominado «permiso de 
residencia de las Comunidades Europeas», cuya validez 
podrá limitarse a la duración de la formación perseguida. 
El permiso de residencia será renovable anualmente, sin 
perjuicio de la aplicación del párrafo tercero. Cuando un 
miembro de la familia no tenga la nacionalidad de un 
Estado miembro, se le expedirá un documento de resi­
dencia que tendrá la misma validez que el expedido al 
nacional del que dependa. 
Para la expedición del permiso o del documento de resi­
dencia, el Estado miembro sólo podrá exigir al solici­
tante que presente un documento de identidad y que su­
ministre la prueba de que cumple las condiciones previs­
tas en el apartado 1 del artículo 1. 
Si un Estado miembro ha obtenido el reembolso de los 
gastos de asistencia social con arreglo al apartado 3 del 
artículo 1, la renovación del permiso de residencia no 
podrá realizarse sin el acuerdo previo del Estado miem­
bro de procedencia. 1. Los Estados miembros adoptarán las medidas nece­
sarias para facilitar el ejercicio del derecho de residencia, 
con objeto de garantizar un acceso a la formación profe­
sional sin discriminaciones. A tal fin, los Estados miem­
bros reconocerán el derecho de residencia a todo estu­
diante que sea nacional de un Estado miembro y que no 
disponga ya de ese derecho con arreglo a otra disposi­
ción de Derecho comunitario, así como a su cónyuge y a 
los hijos a su cargo, siempre que esté inscrito en un cen­
tro de enseñanza para seguir una formación profesional 
y dispongan todos de un seguro de enfermedad. 
2. Los nacionales de los Estados miembros que tengan 
intención de seguir una formación profesional, así como 
los miembros de su familia, tendrán derecho a afiliarse al 
régimen de seguro de enfermedad del país de acogida en 
las mismas condiciones que los nacionales. 
3. Si la asistencia social del Estado miembro de aco­
gida tiene que hacerse cargo de un estudiante de los con­
templados en el apartado 1, dicho Estado miembro pro­
porcionará la asistencia de conformidad con su legisla­
ción. A solicitud del Estado miembro de acogida, el Es­
tado miembro de procedencia le reembolsará el importe 
de la asistencia prestada. A los efectos de la aplicación de 
la presente Directiva, se entenderá por «Estado miembro 
de procedencia» aquél en el que el estudiante tuviera su 
residencia principal antes de solicitar el derecho de resi­
dencia en otro Estado miembro con arreglo a la presente 
Directiva. 
Artículo 2 
1. El derecho de residencia se reconocerá mediante la 
expedición de un documento denominado «permiso de 
residencia de las Comunidades Euroepas», cuya validez 
podrá limitarse a la duración real de la formación perse­
guida. 
El permiso de residencia será renovable anualmente, sin 
perjuicio de la aplicación del párrafo tercero. Cuando un 
miembro de la familia no tenga la nacionalidad de un 
Estado miembro, se le expedirá un documento de resi­
dencia que tendrá la misma validez que el expedido al 
nacional del que dependa. 
Para la expedición del permiso o del documento de resi­
dencia, el Estado miembro sólo podrá exigir al solici­
tante que presente un documento de identidad y que su­
ministre la prueba de que cumple las condiciones previs­
tas en el apartado 1 del artículo 1. 
Si un Estado miembro ha obtenido el reembolso de los 
gastos de asistencia social con arreglo al apartado 3 del 
artículo 1, la renovación del permiso de residencia no 
podrá realizarse sin el acuerdo previo del Estado miem­
bro de procedencia. 
N°C 26/18 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 3. 2. 90 
PROPUESTA INICIAL PROPUESTA MODIFICADA 
2. Los artículos 2, 3, 9 y 10 de la Directiva 
68/360/CEE, el artículo 11 del Reglamento (CEE) n° 
1612/68, así como los artículos 2 a 9 de la Directiva 
64/221/CEE serán aplicables a los beneficiarios de la 
presente Directiva. 2. Los artículos 2, 3, 9 y 10 de la Directiva 
68/360/CEE, el artículo 11 del Reglamento (CEE) n° 
1612/68, así como los artículos 2 a 9 de la Directiva 
64/221/CEE serán aplicables a los beneficiarios de la 
presente Directiva. 
Los beneficiarios de la presente Directiva gozarán de to­
dos los derechos que se derivan del Reglamento (CEE) 
n° 1612/68, de las Directivas 68/360/CEE y 
64/221/CEE y de las disposiciones legales que los modi­
fican. 
Artículo 3 
Antes de finalizar el segundo año tras la entrada en vigor 
de la presente Directiva, y posteriormente cada tres años, 
la Comisión elaborará un informe sobre la aplicación de 
la presente Directiva y lo presentará al Consejo y al Par­
lamento. 
Artículo 3 
Los Estados miembros adoptaran las disposiciones lega­
les, reglamentarias y administrativas necesarias para 
cumplir la presente Directiva, a más tardar el 31 de di­
ciembre de 1990. Informarán inmediatamente a la Comi­
sión acerca de las medidas adoptadas. Artículo 4 
Los Estados miembros adoptaran las disposiciones lega­
les, reglamentarias y administrativas necesarias para 
cumplir la presente Directiva, a más tardar el 31 de di­
ciembre de 1990. Informarán inmediatamente a la Comi­
sión acerca de las medidas adoptadas. 
Las disposiciones adoptadas en virtud del párrafo pri­
mero se referirán explícitamente a la presente Directiva. Las disposiciones adoptadas en virtud del párrafo pri­
mero se referirán explícitamente a la presente Directiva. 
Artículo 4 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Esta­
dos miembros. Artículo 5 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Esta­
dos miembros.