ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
R.

Considerando que en 64 casos el Defensor del Pueblo no detectó mala administración; que el hecho de que no se detecte mala administración no constituye un resultado negativo, dado que el demandante puede beneficiarse de una explicación completa de la institución afectada y que el resultado constituye la prueba de que la institución ha actuado conforme a los principios de buena administración;
11.

Llama la atención sobre la generalización de la flexibilidad horaria: trabajo en fin de semana, irregularidad e imprevisibilidad de los horarios de trabajo y ampliación de los mismos, y dado que la flexibilidad afecta en mayor medida a los trabajadores a tiempo parcial, en su mayor parte mujeres, supone que un mayor número de mujeres que de hombres sufren variaciones en sus horarios de una semana para otra, lo que hace aún más difícil a las mujeres conciliar vida familiar y laboral, en particular, las madres solteras y las que se ocupan de familiares dependientes; hace hincapié en que los contratos de trabajo deben ser estables y los horarios programados, si bien los horarios pueden ser negociados a petición de la trabajadora con el objetivo de conciliar mejor su vida profesional, familiar y privada; destaca que debe ser el trabajador quien escoja la flexibilidad de horarios, y no la empresa la que la imponga y aplique; rechaza las situaciones de flexibilidad e inseguridad contractual que no contemplan ni la estabilidad ni la creación de una familia;
—

Vistos el Documento 11372 y la Recomendación 1817(2007) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, ambos titulados «Parliaments united in combating domestic violence against women, mid term assessment of the Campaign» (Parlamentos unidos para hacer frente a la violencia doméstica contra las mujeres, evaluación intermedia de la Campaña),
G.

Considerando que la organización nacional de observación de elecciones, Golos, declaró en su informe final que las elecciones no fueron ni libres ni justas y no cumplieron las disposiciones de la Ley electoral rusa ni las normas internacionales en materia de elecciones, y que no se respetaron los principios fundamentales de las elecciones, es decir, una competencia auténtica e igualdad de derechos de todos los participantes, una administración neutra, unas comisiones electorales independientes, una votación conforme a la Ley y un proceso de escrutinio correcto;
55.

Considera que las apuestas deportivas constituyen un tipo de explotación comercial de las competiciones y pide a la Comisión y a los Estados miembros que protejan dichas competiciones contra todo uso no autorizado, contra los operadores sin licencia y contra las sospechas de amaño de partidos, en particular mediante el reconocimiento del derecho de propiedad intelectual de los organizadores sobre sus competiciones; que garanticen la contribución significativa de los operadores de apuestas a la financiación del deporte de base y de masas y que protejan la integridad de las competiciones, insistiendo en la educación de los atletas; opina, no obstante, que tales derechos de propiedad intelectual no han de perjudicar el derecho a emitir noticias breves, como dispone la Directiva 2007/65/CE (Directiva sobre el ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva);
10.

Propone la siguiente lista como un elenco no exhaustivo de prácticas sobre las que los productores han expresado su preocupación con respecto al funcionamiento de la cadena alimentaria: I) Acceso de minoristas: i) pago anticipado para acceder a la negociación ii) tarifas de inclusión en los listados de productos iii) tasas de acceso al mercado iv) tarifas de espacio de exposición v) imposición de promociones vi) morosidad vii) fijación de precios viii) cláusula de cliente más favorecido II) Condiciones contractuales injustas o modificaciones unilaterales de las cláusulas contractuales: i) modificación unilateral y retroactiva de las condiciones contractuales ii) incumplimiento unilateral de contrato iii) cláusulas/derechos de exclusividad iv) imposición de una contribución «obligatoria» para marcas propias «forzadas» v) imposición de modelos de contratos estándar vi) prácticas de represalia vii) acuerdos contractuales no escritos viii) recuperación de márgenes ix) descuentos globales x) morosidad xi) imposición de tarifas por tratamiento/eliminación de residuos xii) compras en grupo/negociaciones conjuntas xiii) subastas inversas xiv) plazos de entrega poco realistas xv) imposición de proveedores de envases o material de envasado (específicos) xvi) imposición de plataformas u operadores logísticos (específicos) xvii) pagos para financiar promociones (no acordadas previamente) xviii) prevalencia de productos de promoción xix) pagos por no alcanzar determinados niveles de venta xx) imposición de descuentos adicionales a los proveedores por ventas superiores a un determinado nivel xxi) retirada unilateral de productos de los espacios de exposición xxii) imposición de la devolución incondicional de mercancías (no vendidas) xxiii) imposición a los proveedores de costes relacionados con la disminución o el hurto de productos xxiv) imposición a los proveedores de costes injustificados en relación con reclamaciones de los clientes;
32.

Pide, por lo que se refiere al transporte ferroviario: — que la Comisión tenga en cuenta, cuando presente propuestas de una mayor apertura de los mercados, los compromisos suscritos por los Estados miembros en el sector del transporte público de cercanías y la oferta de servicios existente con miras a mejorar los servicios que se prestan actualmente, de forma que se garantice una mayor equidad en las condiciones de competencia y se impida el dumping social; — que se impulse la armonización técnica y la interoperabilidad entre los Estados miembros, y en particular la armonización de las normas de autorización de vehículos para el año 2015, de forma que el procedimiento de autorización no sea superior a seis meses en condiciones financieras transparentes, así como la introducción de las modificaciones pertinentes en el régimen de competencias y en la dotación financiera de la Agencia Ferroviaria Europea para el año 2012; — que se confiera un nuevo impulso, de forma inteligente y razonada, a las infraestructuras ferroviarias, la reducción del ruido y el plan de acción ERTMS para el período comprendido hasta el año 2020; — que la Comisión presente, a más tardar el 31 de diciembre de 2012, una propuesta de Directiva que incluya disposiciones sobre la relación entre la gestión de las infraestructuras y las operaciones de transporte, así como una propuesta para la apertura de los mercados nacionales de transporte ferroviario de pasajeros que no vaya en detrimento de la calidad de los servicios de transporte ferroviario y salvaguarde las obligaciones de servicio público; — que, en aras de una mayor eficiencia de los ferrocarriles, se refuercen la independencia y las competencias de las autoridades nacionales de regulación y se estreche la cooperación entre ellas en el seno de una red europea, y que la Comisión presente para 2014 una propuesta dirigida a apoyar en mayor medida este objetivo y a crear una autoridad reguladora europea; — que se preste mayor atención a la formación inicial y continua basada en normas de elevada calidad, y que se promueva el reconocimiento transfronterizo de los títulos y las cualificaciones; — que la Comisión evalúe qué impacto ha tenido la apertura del mercado del transporte ferroviario de mercancías en el transporte en vagones individuales y, en caso de que se demuestre que este tráfico ha descendido, que presente, antes del 31 de diciembre de 2012, una propuesta que permita a los Estados miembros apoyar esta actividad, teniendo en cuenta sus ventajas desde el punto de vista económico, social y del medio ambiente;
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Visto el informe del Comité de Auditoría Ambiental, de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, titulado «The impact of UK overseas aid on environmental protection and climate change adaptation and mitigation» (El impacto de la ayuda exterior del Reino Unido en la protección medioambiental y la adaptación al cambio climático y la atenuación del mismo), publicado el 29 de junio de 2011,
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Visto el informe de referencia del Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión «Deterring Illegal Activities in the Fisheries Sector – Genetics, Genomics, Chemistry and Forensics to Fight IUU Fishing and in Support of Fish Product Traceability», publicado en 2011,
A.

Considerando que el terremoto de magnitud 7,3 en la escala de Richter que devastó Haití el 12 de enero de 2010 causó 222 750 muertos, afectó a 3 millones de personas y desplazó a casi 1,7 millones de personas, de las que más de un millón siguen estando instaladas en campamentos no organizados que debían ser temporales, y que las asociaciones de defensa de los derechos humanos denuncian las «espantosas» condiciones de vida en estos campos no organizados, en particular las violaciones y la violencia sexual que sufren las mujeres,
R.

Considerando que una observación crítica se realiza cuando: i) ya no es posible que la institución concernida elimine el caso de mala administración, ii) la mala administración no tiene incidencia general, o iii) no se considera necesario un seguimiento por parte del Defensor del Pueblo;
4.

Hace hincapié en que los resultados de la consulta pública indican también que, al margen de la carga administrativa, entre los factores que posiblemente contribuyen a que no se apliquen las normas en materia de ayudas estatales a los SIEG figuran las inseguridades y los malentendidos, en particular en relación con conceptos clave de las normas como acto de atribución, beneficio razonable, empresa, servicios económicos y no económicos y pertinencia para el mercado interior;
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Visto el Reglamento (CE) no 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) no 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (9),
13.

Considera que, para desarrollar todo el potencial de la contratación pública, el criterio del precio más bajo no debería seguir siendo determinante para la adjudicación de los contratos, y que procede sustituirlo, en general, por el de la oferta más ventajosa en términos de beneficios económicos, sociales y medioambientales, teniendo en cuenta los costes del ciclo completo de vida de los productos, servicios y trabajos pertinentes; subraya que esto no excluiría el criterio del precio más bajo como criterio decisivo en el caso de productos o servicios normalizados; solicita a la Comisión que, en estrecha cooperación con los Estados miembros, elabore una metodología para el cálculo de los costes del ciclo de vida con carácter general y no obligatorio; subraya que apoyar el criterio de la «oferta más ventajosa desde el punto de vista económico» fomentaría la innovación y los esfuerzos para lograr la mejor calidad y el mayor valor, es decir para cumplir los requisitos de la Estrategia Europa 2020; resalta que esto es especialmente importante para la contratación pública de productos que repercuten en la salud de los consumidores —en el sector de la alimentación, por ejemplo—, donde la calidad y los métodos de producción desempeñan un importante papel; hace hincapié en que las normas relativas a la contratación pública deben ser suficientemente flexibles para asegurar que los consumidores pasivos —por ejemplo, en hospitales, centros de atención a las personas mayores, colegios y guarderías— tengan igualdad de acceso a alimentos saludables y de buena relación calidad-precio, y no sólo a la opción más barata disponible;
46.

Recuerda que no es factible escanear la carga al 100 %; pide a los Estados miembros que prosigan sus esfuerzos por aplicar el Reglamento (CE) no 300/2008 y el correspondiente Reglamento de la Comisión (UE) no 185/2010, con objeto de reforzar la seguridad a lo largo de toda la cadena de suministro;
2.

Toma nota de la aprobación de la Declaración de Toledo y del Documento de Referencia de Toledo sobre la regeneración urbana; coincide en la necesidad de una mayor continuidad y más coordinación en el camino hacia un programa de trabajo conjunto o «Agenda urbana europea»; celebra que los Ministros subrayen la necesidad de reforzar la cooperación y la coordinación con el Parlamento Europeo, así como el objetivo de fortalecer la dimensión urbana en la política de cohesión y promover el desarrollo urbano sostenible y los enfoques integrados mediante el refuerzo y el desarrollo de instrumentos para poner en práctica la Carta de Leipzig a todos los niveles; felicita a los Estados miembros y a la Comisión por sus esfuerzos en pro de la continuación del Proceso de Marsella y del desarrollo de un marco de referencia de ciudades europeas sostenibles; sigue con interés el lanzamiento de la fase de pruebas del marco de referencia; lamenta, no obstante, que las ciudades no estén participando suficientemente en este proceso; pide por ello a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que exista un mayor flujo de información sobre este proceso dirigida a las ciudades no participantes y que mantengan informado al Parlamento de los avances futuros;
P.

Considerando que el efectivo sistema compuesto por cuatro comisarios parlamentarios se reducirá a un defensor del pueblo general y dos adjuntos, lo que puede no ofrecer el mismo nivel de protección de los derechos, y que no incluirá entre sus competencias las del anterior Comisario de datos personales y libertad de información; considerando asimismo que las competencias de este último se transferirán a una autoridad cuyo modus operandi no se ha especificado,
2.

No se explica el retraso acumulado por la Comisión, que ha publicado su Comunicación el 9 de febrero de 2011, a pesar de tener la obligación de hacerlo a más tardar en 2010, y lamenta la debilidad de la Comunicación de la Comisión vistos los desafíos actuales, en particular la situación actual de crisis económica, los importes que quedan por asignar en el marco del 7o PM, etc.;
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Visto el informe de la Agencia Copenhagen Economics titulado Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan (Evaluación de los obstáculos al comercio y la inversión entre la UE y Japón), de 30 de noviembre de 2009,
—

Vistos el Vigésimo séptimo Informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE y el documento de trabajo adjunto de sus servicios titulado «Situation in the different sectors» (SEC(2010)1143),
2.

Acoge con satisfacción la decisión del Consejo Europeo, de 17 de diciembre de 2010, de conceder a Montenegro la condición de país candidato a la adhesión a la Unión Europea; lamenta, sin embargo, que la condición de candidato a la adhesión no vaya asociada al derecho a entablar negociaciones, al tiempo que destaca que no debe aplazarse de forma indebida o no justificada la decisión de iniciarlas; espera que comiencen las negociaciones a más tardar después de la publicación del Informe de situación de la Comisión de 2011, a condición de que Montenegro realice importantes avances en el cumplimiento de los criterios de referencia establecidos por la Comisión;
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Visto el tercer paquete energético, compuesto por el Reglamento (CE) no 713/2009, de 13 de julio de 2009, por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, el Reglamento (CE) no 714/2009, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1228/2003, el Reglamento (CE) no 715/2009, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1775/2005, la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE («Directiva sobre electricidad»), así como la Directiva 2009/73/CE, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE («Directiva sobre gas natural») (2),
—

Vista la publicación de Eurostat Statistics in focus, no 12/2010, titulada «Labour markets in the EU-27 still in crisis» (Persistencia de la crisis en los mercados de trabajo de la UE-27),
96.

Considera que el PEC es un instrumento importante para ejercer presiones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que ha contribuido a la responsabilidad económica dentro de la zona del euro; reconoce, no obstante, que su eficacia se ha visto comprometida por el hecho de haber sido aplicado de modo incorrecto y de no haber servido para contribuir suficientemente a optimizar la política económica de cada uno de los Estados miembros y de la zona del euro en su conjunto; observa que este instrumento de política económica no se concibió como un mecanismo corrector sostenible para compensar los desequilibrios corrientes y para gestionar los períodos de crisis o de muy escaso crecimiento; observa que, además de hacer cumplir las normas en vigor, los Estados miembros deberían aplicar políticas internas para promover el crecimiento, la innovación y competitividad, así como para perseguir un objetivo de calidad en el sentido de que el déficit público no sea superior a determinados límites;
26.

Subraya que, a fin de garantizar unas condiciones equitativas y no perjudicar a ningún modelo de negocio de empresas que no son sociedades anónimas, en particular cooperativas, mutuas y cajas de ahorro, el capital debe definirse, independientemente de la forma jurídica adoptada, de forma equilibrada sobre la base de la calidad de los instrumentos de capital (es decir, permanencia, capacidad de absorción de pérdidas, flexibilidad de pago);
E.

Considerando, sin embargo, que nueve Estados miembros no han recurrido nunca al FEAG, que los importes movilizados siguen estando muy por debajo del importe anual máximo disponible de 500 millones de euros y que la mayoría de las solicitudes afecta a regiones cuyo PIB per cápita es superior a la media de la UE y cuya tasa de desempleo se mantiene moderada; que se puede concluir que, aunque las mejoras introducidas en el Reglamento inicial han sido importantes, no permiten hacer frente al aumento del número de despidos colectivos que se ha registrado estos últimos años,
2.

Insta a todos los Estados miembros de la UE y a los países candidatos a que firmen y ratifiquen urgentemente la CMR antes de finales de 2010, incluidos los Estados no signatarios, a saber Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Turquía, y Estados los que han firmado pero aún no han ratificado la Convención, en particular Bulgaria, Chipre, la República Checa, Hungría, Italia, Lituania, los Países Bajos, Portugal y Suecia;
1.

Considera que, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Reglamento (CE) no 1049/2001 debe actualizarse urgentemente con las siguientes medidas: a) ampliar su ámbito de aplicación para abarcar el conjunto de instituciones, órganos y organismos de la UE no cubiertos actualmente, como el Consejo Europeo, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Justicia, Europol y Eurojust; b) modificar las disposiciones relativas a los procedimientos legislativos y no legislativos de conformidad con las nuevas definiciones que contienen los Tratados; c) actualizar, sobre la base de la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia, las normas que rigen, en particular, el tratamiento de los documentos, la información y los datos internos, con el fin de facilitar un acceso más amplio a los dictámenes del Servicio Jurídico emitidos en el marco del proceso de toma de decisiones, los documentos y la información relativa a los representantes de los Estados miembros cuando actúan en calidad de miembros del Consejo –incluidos los actos, propuestas y enmiendas presentados, la transcripción de las reuniones, sus posiciones y votaciones en el Consejo, incluidos sus grupos de trabajo y grupos de expertos–, los documentos relativos a acuerdos internacionales, la protección de datos personales e intereses comerciales, el contenido de los registros de las instituciones, etc.; d) facilitar el acceso a la información disponible en las instituciones de la UE que permita realizar una evaluación objetiva de la aplicación de las normas, actos, medidas y programas de la UE en los Estados miembros; asegurar una mayor transparencia financiera facilitando información detallada en lo que se refiere al presupuesto de la UE, su ejecución y los beneficiarios de los fondos y subvenciones de la UE; e) establecer, a través de un procedimiento transparente y respetando plenamente los principios democráticos y del Estado de Derecho, los principios generales y las restricciones, por motivos de interés público o privado, que limitan el acceso a los documentos clasificados excepcionalmente como «Très secret/Top secret», «secret» o «confidentiel» para proteger los intereses esenciales de la UE (artículo 9 del Reglamento (CE) no 1049/2001); f) definir los principios que podrían desarrollarse con acuerdos interinstitucionales en virtud del artículo 295 del TFUE con miras a aplicar de forma coordinada las nuevas disposiciones reglamentarias sobre legislar mejor; g) mejorar la accesibilidad de los documentos de la UE creando sistemas de uso más sencillo; h) asegurar que el Parlamento predique con el ejemplo en la UE garantizando el máximo grado de apertura, transparencia y acceso a los documentos;