34. Solicita a la Comisión que, en el marco de la cooperación con los países con los que la Comunidad
celebra acuerdos internacionales de pesca, contemple las ayudas para incrementar la seguridad de lasembarcaciones y los equipos de salvamento, así como la formación profesional, y que oriente consecuen-temente la política de cooperación internacional a este fin;
35. Insta a la Comisión a que incluya los aspectos sociales, especialmente los de la seguridad y las
condiciones de trabajo, en el Reglamento sobre la reforma de la Política Comœn de Pesca para 2002;
36. Reclama una mayor coordinación entre centros y servicios de comunicación marítima, incremen-
tando y modernizando para ello sus medios tØcnicos y humanos actuales, y entre los centros radiomØdicoseuropeos para facilitar el intercambio de información permanente, en tiempo real, sobre asistencia mØdica,tal como prevØ la Directiva 92/29/CEE, con el fin de mejorar las tØcnicas de radiodiagnóstico y de teleme-dicina, así como el salvamento marítimo; esto podría llevarse a cabo mediante planes piloto específicos;
37. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los
Gobiernos de los Estados miembros, a la Organización Marítima Internacional, a la Organización Interna-cional del Trabajo y a la FAO.
25. Tarificación de las profesiones liberales
B5-0247/2001
Resolución del Parlamento Europeo sobre escalas de honorarios y tarifas obligatorias para deter-
minadas profesiones liberales, en particular los abogados, y sobre la función y la posición particu-
lares de las profesiones liberales en la sociedad moderna
El Parlamento Europeo,
 Vistos los artículos 6, 52, 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
 Vista la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 1998 destinada
a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquelen el que se haya obtenido el título (
1),
 Vista la Directiva 77/249/CEE de 22 de marzo de 1977 dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la
libre prestación de servicios por los abogados (2),
 Vista la Directiva del Consejo 85/384/CEE de 10 de junio de 1985 para el reconocimiento mutuo de
diplomas, certificados y otros títulos en el sector de la arquitectura, y que incluye medidas destinadas afacilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios (
3),
 Vista la Octava Directiva 84/253/CEE del Consejo de 10 de abril de 1984, basada en la letra g) del
apartado 3 del artículo 54 del Tratado CEE, relativa a la autorización de las personas encargadas delcontrol legal de documentos contables (
4),
 Vista la Directiva 89/48/CEE de 21 de diciembre de 1988 relativa a un sistema general de reconoci-
miento de los títulos de enseæanza superior que sanciona formaciones profesionales de una duraciónmínima de tres aæos (
5),
(1) DO L 77 de 14.3.1998, p. 36.
(2) DO L 78 de 26.3.1977, p. 17.
(3) DO L 223 de 21.8.1985, p. 15, modificada en œltimo lugar por la Directiva 90/658/CEE y el Acta de adhesión
de 1994.
(4) DO L 126 de 12.5.1984, p. 20.
(5) DO L 19 de 24.1.1989, p. 16.C 21 E/364 ES 24.1.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 5 de abril de 2001
 Vista la Decisión de la Comisión de 30 de junio de 1993 relativa a un procedimiento de conformidad
con el artículo 85 del Tratado CEE (IV/33.407  CNSD) (1),
 Vista la Decisión de la Comisión de 30 de enero de 1995 relativa a un procedimiento de conformidad
con el artículo 85 del Tratado CEE (IV/33.686  COAPI) (2),
 Vista la Decisión de la Comisión de 7 de abril de 1999 en el Asunto noIV/36.147  Código de
conducta EPI (3),
 Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 1998 en el Asunto C-35/96 Comisión de
las Comunidades Europeas/Repœblica italiana (4),
 Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 30 de enero de 1985 en el
asunto 123/83 BNIC/Clair (5),
 Vista la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de marzo de 2001 en el asunto T-144/99,
Instituto de Agentes Autorizados ante la Oficina Europea de Patentes/Comisión de las ComunidadesEuropeas,
 Vista la Comunicación interpretativa de la Comisión de 9 de diciembre de 1993 relativa a la libre
circulación de servicios a travØs de las fronteras (93/C/334/03)
 Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 29 de diciembre
de 2000 sobre una estrategia para el mercado interior de servicios (COM(2000) 888 final),
A. Considerando que las profesiones liberales constituyen uno de los pilares del pluralismo y la indepen-
dencia en la sociedad y que desempeæan funciones de interØs pœblico, y que la profesión jurídica enparticular constituye uno de los pilares de la protección del derecho fundamental a la defensa, asícomo de la aplicación del principio del Estado de Derecho,
B. Considerando que en algunos Estados miembros existen tarifas obligatorias que fijan los importes
mÆximos y/o mínimos que deben abonar los clientes por servicios prestados por profesionalesliberales,
C. Considerando que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los abogados, y en
igualdad de condiciones los miembros de otras profesiones liberales, son empresas sometidas a lasnormas de competencia,
D. Considerando que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no impide a los Estados miembros que
establezcan tarifas obligatorias (
6) porque «los artículos 85 y 86 (actualmente artículos 81 y 82 CE) del
Tratado sólo se refieren a los comportamientos contrarios a las normas sobre la competencia quehayan sido adoptados por las empresas por iniciativa propia (). Si una legislación nacional imponea las empresas un comportamiento contrario a la competencia, o si crea un marco jurídico que limitapor sí mismo cualquier posibilidad de comportamiento competitivo por parte de las empresas, no seaplican los artículos 85 y 86 (actualmente artículos 81 y 82). En tal situación la restricción de lacompetencia no se debe, como requieren estas disposiciones, a comportamientos autónomos de lasempresas» (
7); que, no obstante, los artículos 81 y 82 pueden aplicarse cuando la legislación nacional
no impide a las empresas adoptar un comportamiento autónomo que impida, limite o distorsione lacompetencia;
1. Considera que las profesiones liberales son la expresión de un orden democrÆtico fundamental
basado en el Derecho y, mÆs particularmente, un elemento esencial de las sociedades y comunidadeseuropeas en sus diferentes formas;
(1) DO L 203 de 13.8.1993, p. 27.
(2) DO L 122 de 2.6.1995, p. 37.
(3) DO L 106 de 23.4.1999, p. 14.
(4) Rec. Jurisprudencia TJCE 1998, p. I-3851.
(5) Rec. Jurisp. TJC5 1985, p. 391.
(6) VØase al efecto, Asunto C-185/91, Reiff [1993] REC I-5801, apartados 17 y 19; Asunto C-153/93 Delta Schiffahrts-
und Speditionsgeselschaft [1994] REC I-2517, apartados 16 y 18, y Asuntos acumulados C-140/94 a C-142/94 DIPy otros [1995] REC I-3257, apartados 18 y 19.
(
7) Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, Asuntos acumulados C-359/95 P y C-379/95 P,
Rec. [1997], I-6265.24.1.2002 ES C 21 E/365 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 5 de abril de 2001
2. Considera la importancia de las reglamentaciones, que satisfagan los requisitos de los artículos 81 y
82 del Tratado CE, establecidas bajo su propia responsabilidad por grupos profesionales para garantizar lacalidad de los servicios, establecer escalas especiales de valor, observar estas reglamentaciones de formaprofesional e incluir normas de deontología profesional;
3. Observa las altas cualificaciones requeridas para el ejercicio de las profesiones liberales, la necesidad
de proteger a los que se distinguen en el ejercicio de profesiones liberales en beneficio de los ciudadanoseuropeos, así como la necesidad de establecer unas relaciones específicas basadas en la confianza entre losprofesionales liberales y sus clientes;
4. Considera que las diversidades de los distintos grupos profesionales, que encuentran sus raíces en la
cultura, la historia jurídica, la sociología y la etnología de los Estados miembros, deben respetarse en arasde la aplicación del principio de subsidiariedad;
5. Reconoce que la manifestación de los valores tradicionales de las profesiones liberales debe adaptarse
al mundo cambiante de los negocios y a las necesidades de los consumidores modernos;
6. Pide a la Comisión que vigile especialmente las normas y decisiones de las asociaciones de profesio-
nales liberales que dificultan la libre prestación de servicios de los nacionales de otros Estados miembros;
7. Reconoce la importancia que se concede en algunos Estados miembros a las tarifas obligatorias para
garantizar unos servicios de alta calidad a los ciudadanos y crear relaciones de confianza entre los profe-sionales liberales y sus clientes;
8. Insta a la Comisión Europea a que siga estrictamente la interpretación del Tribunal de Justicia en la
aplicación de las normas de competencia a las tarifas obligatorias de las profesiones liberales;
9. Considera que sólo unas tarifas obligatorias establecidas por órganos o asociaciones profesionales de
todos los miembros de una determinada profesión pueden considerarse, de acuerdo con las circunstancias,como decisiones adoptadas por asociaciones de empresas sometidas a las normas de competencia;
10. Considera que los Estados miembros estÆn autorizados a establecer tarifas obligatorias teniendo en
cuenta los intereses generales (y no sólo el interØs de la profesión), y a proteger unas elevadas normas demoral, Øtica y calidad que los abogados, asesores fiscales, contables, mØdicos, psicoterapeutas, arquitectos yotras profesiones liberales representan y en las que confían sus clientes;
11. Considera que el objetivo de fomentar la competencia en las profesiones debe conciliarse, en cada
caso individual, con el objetivo de mantener las normas estrictamente deontológicas específicas de cada
profesión;
12. Seæala que las normas que son necesarias, en el contexto específico de cada profesión, para garan-
tizar la imparcialidad, competencia, integridad y responsabilidad de los miembros de dicha profesión opara evitar los conflictos de intereses y la publicidad engaæosa, y que ademÆs no representan obstÆculosa la libre circulación de servicios, no se consideran restricciones de la competencia en el sentido delapartado 1 del artículo 81 del Tratado;
13. Insta a la Comisión, en el marco de la nueva estrategia para el mercado interior de servicios, a
efectuar un estudio rÆpido de los obstÆculos que persisten para la prestación transfronteriza de serviciosy a suprimir estos obstÆculos;
14. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución a la Comisión.C 21 E/366 ES 24.1.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
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