ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
2.1.2

Desde una perspectiva económica, los buques son bienes de inversión móviles que no se importan, sino que se registran bajo el pabellón que elija el armador. En sí, este producto no requiere un gran esfuerzo de marketing ni redes de distribuidores o mantenimiento. Además, es natural que los costes de transporte de las embarcaciones sean muy reducidos. Habida cuenta de que, por lo general, los costes de transacción son bajos y de que no se aplican normas antidumping, el mercado de la construcción naval viene determinado en gran medida por los precios de oferta.
2.8

La Comisión tiene razón indudablemente cuando afirma que el problema ecológico central de los recursos no renovables no se plantea, por ejemplo, en términos de si estos están todavía presentes en el planeta o no. Los ejemplos del carbón, petróleo o gas enseñan que el problema propiamente ecológico es el del uso de estas materias primas (extracción y, en este caso, incineración, con el efecto resultante de las emisiones de dióxido de carbono), y no el de que existan o no existan.
Se insertarán los artículos 3.4 y 3.5 siguientes: «3.4 No obstante, podrán aceptar invitaciones a conferencias, recepciones o eventos culturales y a los actos sociales asociados, incluyendo una hospitalidad apropiada, siempre que su participación en esos actos sea compatible con el desempeño de sus funciones de miembros del Consejo de Gobierno. En relación con esos actos, podrán aceptar que los organizadores, salvo que sean entidades sujetas a su supervisión, les paguen gastos de viaje y alojamiento proporcionales a la duración de su participación. En particular, los miembros del Consejo de Gobierno observarán especial prudencia respecto de las invitaciones individuales. Estas normas se aplicarán igualmente a sus cónyuges o parejas en caso de que las invitaciones se extiendan a estas personas y su participación sea compatible con los usos internacionalmente aceptados. 3.5 Los miembros del Consejo de Gobierno no aceptarán para sí mismos los honorarios en retribución de conferencias y discursos que den o pronuncien a título oficial como miembros del Consejo de Gobierno.»
(1)

El Register of Institutions and Affiliates Data (RIAD) es un conjunto compartido de datos de referencia de unidades jurídicas y otras unidades institucionales estadísticas cuya recopilación sirve de apoyo a los procesos de negocio del Eurosistema y al desempeño de las tareas del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del Mecanismo Único de Supervisión (MUS). La información que se registra en RIAD la facilitan los miembros del Eurosistema y los bancos centrales nacionales (BCN) de los Estados miembros cuya moneda no es el euro que contribuyen voluntariamente al funcionamiento de RIAD.
Vista la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) no 1060/2009 y (UE) no 1095/2010, y en particular el apartado 6 del artículo 3 […] y el apartado 3 del artículo 53,

Vista la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) no 1060/2009 y (UE) no 1095/2010, y en particular el apartado 6 del artículo 3 […] y el apartado 3 del artículo 53,
2.1.

Sin embargo, el proyecto de reglamento admite todavía dos métodos distintos de tratar los productos de temporada, utilizando sea índices de ponderaciones anuales invariables, sea índices de ponderaciones estacionales limitadas a una clase. Aunque el proyecto de reglamento establece ciertas restricciones a la aplicación de estos dos tipos de índices a fin de limitar la no comparabilidad de los resultados entre países, las simulaciones demuestran que, con ciertas condiciones, los dos métodos arrojan aún resultados bastante dispares. Por eso el BCE celebraría una norma más estricta que sólo permitiera aplicar uno de los dos métodos, para así mejorar la comparabilidad del tratamiento de los productos de temporada. No obstante, si no se espera que la elección entre los dos métodos afecte significativamente a los IPCA globales, y si suprimir uno de los métodos previstos en el proyecto de reglamento pudiera demorar notablemente la adopción del mismo, el BCE celebraría que el tratamiento de los productos de temporada se limitara a sólo uno de los métodos en las futuras revisiones del reglamento.
10.

El artículo 4 del reglamento propuesto establece un mecanismo de excepciones a la prohibición mediante autorizaciones concedidas por las autoridades competentes del Estado miembro en el que se fabrique o importe por vez primera una medalla o ficha, o por la Comisión en el caso de las solicitudes de terceros países. El BCE observa que las autorizaciones concedidas en virtud del apartado 1 del artículo 4 permiten la utilización de los términos «euro» o «euro cent» en condiciones de utilización controlada en caso de que no exista riesgo alguno de confusión. Sin embargo, dicho apartado no prevé la concesión de autorización especial para utilizar el símbolo euro. El BCE no aprecia justificación alguna para distinguir entre el uso del símbolo euro y el de los términos «euro» y «euro cent». Además, en relación con el mismo apartado, la exposición de motivos de la Comisión se refiere expresamente a las excepciones específicas a la letra a) del artículo 2 en los casos en que la utilización «del símbolo euro» sea práctica. Por consiguiente, el BCE recomienda que se haga referencia al símbolo euro en el apartado 1 del artículo 4 del reglamento propuesto. El BCE entiende que, cuando se concede la autorización, el agente económico correspondiente del Estado miembro debe identificarse claramente en la superficie de la medalla o ficha, en cuyo anverso o reverso debe además figurar la estampilla «No de curso legal». En este punto, el BCE recomendaría que se indicara en el apartado 1 del artículo 4 el tamaño mínimo de la estampilla «No de curso legal», pues, a falta de este requisito, se corre el riesgo de inscripciones casi ilegibles. Por otra parte, el BCE observa que las autorizaciones que se pueden conceder en virtud del apartado 2 del artículo 4 se refieren a medallas y fichas cuyo tamaño está dentro de la gama de referencia, siempre que no haya riesgo de confusión y se cumplan las condiciones sobre las combinaciones de diámetro y altura del canto y las combinaciones de diámetro y propiedades metálicas. El BCE no tiene objeciones al mecanismo de excepciones del artículo 4 del reglamento propuesto, ya que las medallas y fichas que en su virtud se autoricen deben cumplir requisitos visuales o físicos estrictos que evitan todo posible riesgo de confusión.
Dictamen del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo

de 24 de abril de 2003

acerca de la Recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre el nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo

(CON/2003/6)

(2003/C 105/07)

1. Por carta de 14 de abril de 2003, el Presidente del Consejo de la Unión Europea solicitó al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) que emitiera dictamen acerca de la Recomendación 2003/301/CE del Consejo, de 14 de abril de 2003, relativa al nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo(1).

2. En esa Recomendación, que, tras ser consultada al Consejo de Gobierno del BCE y al Parlamento Europeo, se someterá a los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros que han adoptado el euro, se recomienda que Gertrude Tumpel-Gugerell sea nombrada miembro del Comité Ejecutivo del BCE por un mandato de ocho años a contar desde el 1 de junio de 2003.

3. El Consejo de Gobierno del BCE considera que la candidata propuesta es una persona de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios, según se requiere en la letra b) del apartado 2 del artículo 112 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

4. El Consejo de Gobierno del BCE no tiene inconveniente en la Recomendación del Consejo de que la candidata propuesta sea nombrada miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

5. El Consejo de Gobierno del BCE ha adoptado el presente Dictamen de conformidad con la letra b) del apartado 2 del artículo 112 del Tratado y con los artículos 11.2 y 43.3 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo.

6. El presente Dictamen se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 24 de abril de 2003.

En nombre del Consejo de Gobierno del BCE

El Presidente

Willem F. Duisenberg

(1) DO L 109 de 1.5.2003.
XI.

El proyecto de acuerdo de retirada también establece que, en el caso de los importes de los proyectos en el marco del décimo FED o de FED anteriores que no se hayan comprometido o que se hayan liberado el día de entrada en vigor de este acuerdo, no se volverá a utilizar la parte del Reino Unido de estos importes. Lo mismo ocurre con la parte de los fondos del Reino Unido que no se haya comprometido o que se haya liberado en el marco del undécimo FED tras el 31 de diciembre de 2020. Las negociaciones sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea siguen en curso, por lo que el texto final del acuerdo no se ha confirmado todavía.
Informe Especial no 8/2008 "¿Constituye la condicionalidad una política eficaz?"

(2009/C 45/04)

El Tribunal de Cuentas Europeo informa de que acaba de publicar su Informe Especial no 8/2008 "¿Constituye la condicionalidad una política eficaz?".

El informe puede consultarse o descargarse en el sitio Internet del Tribunal de Cuentas Europeo: www.eca.europa.eu

También puede obtenerse gratuitamente en versión papel y CD-ROM, enviando una petición a la dirección siguiente:

Tribunal de Cuentas Europeo

Unidad "Comunicación e informes"

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxemburgo

Tel. (352) 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

o rellenando una orden de pedido electrónico en EU-Bookshop.

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19.

La mayoría de las prórrogas relativas al capítulo 1 6 corresponde a las visitas de fiscalización de los agentes, y asciende a 460 508 euros. En 2017 se realizaron varias visitas de fiscalización de las que no se habían recibido declaraciones de gastos, o se recibieron pero no habían sido totalmente tramitadas al final del ejercicio. Otros importes que han contribuido a las prórrogas del capítulo 1 6, con respecto a los cuales existían compromisos jurídicos pero no se recibieron las facturas correspondientes en 2017, son los correspondientes al Centro infantil polivalente (213 220 euros), al Perfeccionamiento profesional (158 968 euros) y a los gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal (180 000 euros).
16.

Las prórrogas de créditos comprometidos fueron elevadas en el título II (gastos administrativos), ya que ascendieron a 1 250 000 euros, es decir, el 33 % (frente a 998 324 euros en 2015, es decir, el 14 %) y también en el título III (apoyo operativo), donde ascendieron a 2 550 000 euros, es decir, el 62 % (frente a 4 millones de euros en 2015, es decir, el 65 %). En el título II, las prórrogas se refieren principalmente al alquiler (0,6 millones de euros) y a la compra de equipos de hardware que aún no se habían entregado al final del ejercicio (0,5 millones de euros). Las prórrogas en el título III se refieren a las evaluaciones y al seguimiento del programa LIFE por parte de expertos externos (1, 5 millones de euros), verificaciones ex post en curso (0,5 millones de euros) y servicios informáticos que se encargaron en 2016 pero solo se habían entregado parcialmente y no habían sido facturados al final del ejercicio. La Agencia debería plantearse introducir créditos presupuestarios diferenciados que reflejen mejor la naturaleza plurianual de las operaciones y los retrasos inevitables entre la firma de los contratos, las entregas y los pagos.
12.

El Tribunal emitió una opinión con reservas sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas de la Empresa Común ECSEL. Las disposiciones actuales de ejecución de las auditorías ex post de la Empresa Común ECSEL no le permiten calcular un porcentaje único de error ponderado fiable ni un porcentaje de error residual, por lo que el Tribunal no puede determinar si este control clave proporciona garantías suficientes de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a los proyectos del 7PM gestionados por la empresa común.
2013

Los procedimientos de selección de personal de la Escuela todavía no son plenamente transparentes. La orientación facilitada a los miembros de los comités de selección para la evaluación coherente de los criterios de selección no era suficientemente clara; los requisitos relativos a la experiencia profesional no siempre se ajustaban a las normas de desarrollo del Estatuto de personal de la Escuela, y la documentación del procedimiento de selección estaba incompleta.
2012

En 2012 el Observatorio concedió subvenciones a los observatorios nacionales de los Estados miembros (los beneficiarios) con el fin de respaldar la cooperación a través de la red Reitox (1). El gasto total de subvenciones se elevó en 2012 a 2,6 millones de euros, lo que representa el 16 % del gasto operativo total. Las verificaciones del Observatorio previas al reembolso de gastos declarados por los beneficiarios consisten en una comprobación documental de declaraciones de gastos y de los certificados de auditoría emitidos por auditores externos contratados por los mismos beneficiarios. El Observatorio no suele obtener de los beneficiarios ningún documento que justifique la subvencionabilidad y exactitud de los gastos declarados. El control ex post de los beneficiarios sobre el terreno en relación con los gastos es muy poco habitual (2). En consecuencia, los controles existentes no aportan a la dirección del Observatorio más que garantías limitadas de la subvencionabilidad y exactitud de los gastos declarados por los beneficiarios. El Observatorio obtuvo en nombre del Tribunal documentación justificativa de las operaciones fiscalizadas que facilitaba garantías razonables en cuanto a su legalidad y regularidad. Estas garantías podrían ser mucho mayores si se procediera a una comprobación aleatoria de documentos justificativos y se controlaran más beneficiarios sobre el terreno.
Competencias de la Empresa Común Reglamento (EU) no 557/2014 del Consejo, de 6 de mayo de 2014, por el que se establece la Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2 (DO L 169 de 7.6.2014, p. 54).

Objetivos De conformidad con el artículo 2 del Reglamento no 557/2014 del Consejo, la Empresa Común IMI 2 tendrá los siguientes objetivos: a) apoyar, con arreglo al artículo 25 del Reglamento (UE) no 1291/2013, el desarrollo y la ejecución de la investigación precompetitiva y de las actividades de innovación de importancia estratégica para la competitividad y el liderazgo industrial de la Unión o para hacer frente a desafíos de sociedad específicos, en particular las partes II y III de la Decisión 2013/743/UE y, en particular, la mejora de la salud y el bienestar de los ciudadanos europeos; b) contribuir a los objetivos de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores, en particular: i) aumentar el índice de éxito en ensayos clínicos de medicamentos prioritarios determinados por la Organización Mundial de la Salud, ii) cuando sea posible, acortar el tiempo necesario para estudios preliminares de la eficacia clínica de medicamentos contra enfermedades como el cáncer y enfermedades inmunitarias, respiratorias, neurológicas o neurodegenerativas, iii) hallar nuevos tratamientos de enfermedades para las que existen una gran necesidad no satisfecha, como la demencia de Alzheimer, y pocos incentivos para el mercado, como la resistencia a los antibióticos, iv) perfeccionar biomarcadores diagnósticos y terapéuticos de enfermedades, en clara relación con su interés clínico y aprobados por las autoridades sanitarias, v) reducir el índice de fracaso de las vacunas experimentales en ensayos clínicos de fase III mediante nuevos biomarcadores de eficacia inicial y controles de seguridad, vi) mejorar el proceso actual de desarrollo galénico impulsando la puesta a punto de herramientas, normas y planteamientos para evaluar la eficacia, la inocuidad y la calidad de los productos sanitarios regulados.
10.

Por lo que se refiere a la Empresa Común Artemis, la auditoría de las declaraciones de gastos de los proyectos ha sido delegada a las autoridades financieras nacionales con arreglo a los acuerdos administrativos en vigor. Artemis recibió informes de auditoría de las autoridades financieras nacionales, pero no evaluó sistemáticamente la calidad de dichas auditorías, como tampoco recibió información sobre las estrategias de auditoría de todas las autoridades financieras nacionales, por lo que no podía evaluar si las auditorías ex post ofrecían garantías suficientes sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. Por consiguiente, la información disponible sobre la ejecución de la estrategia de auditoría ex post de esta Empresa Común no es suficiente para que el Tribunal concluya que este control clave funciona eficazmente (4). Artemis recibió pues una opinión con reservas (5) dado que no se había obtenido suficiente evidencia de auditoría apropiada sobre la que basar la opinión, y los posibles efectos se consideran significativos, pero no generalizados (6).
La Unión desarrollará una política común en materia de asilo, protección subsidiaria y protección temporal destinada a ofrecer un estatuto apropiado a todo nacional de un tercer país que necesite protección internacional y a garantizar el respeto del principio de no devolución. Esta política deberá ajustarse a la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y al Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, así como a los demás tratados pertinentes.

Información y análisis: compartir y fundir información y datos, análisis y evaluaciones, no limitarse a comparar y fundir información, sino también unos análisis de tendencias y evaluación comunes.

La Oficina contribuirá a la creación de un Sistema Europeo Común de Asilo. Tiene la misión de facilitar, coordinar y reforzar la cooperación práctica entre los Estados miembros en los múltiples aspectos del problema del asilo, como proporcionar apoyo práctico y operativo a los Estados miembros; prestar apoyo operativo a los Estados miembros, en particular aquellos cuyos sistemas de asilo y acogida estén sometidos a especial presión, incluida la coordinación de los equipos de apoyo al asilo y proporcionar asistencia científica y técnica respecto a la política y la legislación de la Unión en todos los ámbitos que tengan una incidencia directa o indirecta en el asilo.

[Reglamento (UE) no 439/2010 del Parlamento Europeo y el Consejo por el que se crea una Oficina Europea de Apoyo al Asilo]

Productos y servicios facilitados en 2013
11.

En 2012 el Observatorio concedió subvenciones a los observatorios nacionales (los beneficiarios) de los Estados miembros con el fin de respaldar la cooperación a través de la red REITOX (8), y el total de gastos por este concepto se elevó a 2,6 millones de euros, lo que representa el 16 % del total de gastos operativos. Las verificaciones del Observatorio previas al reembolso de gastos declarados por los beneficiarios (que no suelen remitir documentos justificativos de la subvencionabilidad y exactitud de los gastos declarados) consisten en una comprobación documental de declaraciones de gastos y de los certificados de auditoría emitidos por auditores externos contratados por los mismos beneficiarios. El control ex post de los beneficiarios sobre el terreno en relación con los gastos es muy poco habitual (9). En consecuencia, los controles existentes no aportan a la dirección del Observatorio más que garantías limitadas de la subvencionabilidad y exactitud de los gastos declarados por los beneficiarios. El Observatorio obtuvo en nombre del Tribunal documentación justificativa de las operaciones fiscalizadas que facilitaba garantías razonables en cuanto a su legalidad y regularidad. Estas garantías podrían ser mucho mayores si se procediera a una comprobación aleatoria de documentos justificativos y se controlaran más beneficiarios sobre el terreno.
Competencias de la Agencia

Objetivos — La Agencia es responsable de la ejecución de las tareas de gestión del segundo programa en el ámbito de la salud (2008-2013), conforme a la Decisión no 1350/2007/CE, el programa en el ámbito de la protección de los consumidores (2007-2013), conforme a la Decisión no 1926/2006/CE y las medidas de formación sobre seguridad alimentaria contempladas en el Reglamento (CE) no 882/2004 y la Directiva 2000/29/CE. — La Agencia también gestiona todas las fases de las medidas de ejecución que le han sido delegadas en el marco del programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública (2003-2008), adoptado mediante la Decisión no 1786/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Funciones En el marco de los programas de la Unión la Agencia desempeña las tareas siguientes, definidas en el acto de delegación adoptado el 9 de septiembre de 2008 (1): Programa de Salud Pública 2003-2008 — Decisión no 1786/2002/CE Programa de Salud Pública 2008-2013 — Decisión no 1350/2007/CE Programa de protección de los consumidores 2007-2013 — Decisión no 1926/2006/CE Medidas de formación sobre seguridad alimentaria — Reglamento (CE) no 882/2004 y Directiva 2000/29/CE: a) la gestión de todas las fases del ciclo de los proyectos (a fines de control y divulgación, la Agencia tomará las medidas necesarias para crear una base de datos de los proyectos o para desarrollar una ya existente, que contenga una descripción de los proyectos y los resultados finales); b) el control de los proyectos llevados a cabo en el marco de estos programas y medidas, incluida la realización de las etapas necesarias; c) la recopilación, tratamiento y divulgación de datos, y en particular la compilación, análisis y transmisión a la Comisión de toda la información necesaria para orientar la ejecución de los programas y medidas, fomentar la coordinación y sinergia con otros programas de la Unión Europea, de los Estados miembros o de organizaciones internacionales; d) la organización de reuniones, seminarios, discusiones y formaciones; e) la contribución a la evaluación del impacto del programa, en particular la evaluación anual o intermedia de la ejecución de los programas, y la aplicación de medidas de seguimiento requeridas por la Comisión a las evaluaciones; f) la difusión de los resultados de las actividades de información previstas y realizadas por la Comisión; g) la producción de datos globales de control y de supervisión; h) la participación en los trabajos preparatorios a las decisiones de financiación.
16.

La auditoría de las declaraciones de gastos de los proyectos se delegó en las autoridades financieras nacionales de los Estados miembros. Los acuerdos administrativos firmados con dichas autoridades no prevén medidas concretas para las auditorías ex post. Al final de la fiscalización (septiembre de 2012), la Empresa Común no había recibido suficiente información acerca de las estrategias de auditoría de las autoridades financieras nacionales (14) y no podía valorar si la estrategia de auditoría ex post proporcionaba garantías suficientes sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes (15). Además, las autoridades financieras nacionales tampoco habían realizado auditorías ex post de las subvenciones pagadas hasta el final de 2011.
12.

La Agencia no controló suficientemente el desarrollo de una herramienta informática interna denominada e-Stream, cuyo objetivo era automatizar los procedimientos de aprobación del flujo de trabajo del servicio de gestión científica: la justificación económica del proyecto no se concretó suficientemente; no se detectaron ni abordaron adecuadamente sus riesgos, y la dirección no supervisó la evolución del proyecto. Estas deficiencias contribuyeron al fracaso del proyecto informático, ocasionando una pérdida de valor de 258 967 euros.