La justicia civil sigue funcionando de manera eficiente y se han tomado medidas para mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19, mientras que la justicia penal y la de lo contencioso-administrativo son menos eficientes. La acumulación temporal de asuntos se debió a la aparición de la pandemia de COVID-19. Para reducir el retraso, se acortaron las vacaciones judiciales. En materia civil, la mayoría de los asuntos continuaron en forma de procedimientos escritos. Como consecuencia de ello, ya no existen retrasos. Esto también queda demostrado por los últimos datos sobre la eficiencia de la justicia civil, que sigue siendo sistemáticamente elevada, aunque la duración de los procedimientos es mucho más larga en las instancias segunda y tercera . El número de asuntos civiles pendientes es bajo , y la tasa de resolución siempre cercana al 100 %, lo que demuestra que la justicia civil gestiona su volumen de trabajo de manera eficaz . Sin embargo, los retrasos en asuntos penales fueron más destacados, ya que la mayor parte de las audiencias se suspendieron entre marzo y mayo de 2020. Por último, todavía no se dispone de datos sobre la duración de los procedimientos judiciales y el número de asuntos de lo contencioso-administrativo pendientes .

La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto deficiencias en el ámbito de la digitalización de la justicia. En junio de 2020, al inicio de la pandemia de COVID-19, se aprobó legislación temporal para permitir el uso de soluciones de comunicación digital ya existentes, como el correo electrónico, principalmente para información no sensible. El objetivo de esta legislación temporal es limitar el contacto físico directo entre jueces, personal judicial y usuarios de los tribunales. Al margen de las medidas temporales relacionadas con la pandemia de COVID-19, el proyecto de «justicia sin papel», que abarca 13 subproyectos, tiene por objeto abordar las deficiencias actuales facilitando al público más información sobre el sistema judicial a través de la creación de un portal en el que los ciudadanos puedan conectarse con abogados, jueces y notarios, y aumentar el índice de publicación en línea de las sentencias judiciales. Sin embargo, los resultados concretos del proyecto aún no se han materializado. Las partes interesadas han expresado su preocupación por el hecho de que las disposiciones legales temporales y el estado actual de la «justicia sin papel» no permitan trabajar a distancia y que aún no se hayan organizado vistas por videoconferencia. Describen el sistema de comunicación por correo electrónico del sistema judicial como una nueva herramienta que es bienvenida, pero señalan que la mayor parte de la comunicación entre los tribunales y los abogados sigue realizándose por fax. Además, subrayan el limitado alcance de las herramientas en línea disponibles. Está previsto que el proyecto de «justicia sin papel» se complete y sea operativo a más tardar en 2026.

Avanza la revisión de la Constitución, que suprime la facultad del ministro de Justicia de dar instrucciones a los fiscales en asuntos individuales. El enjuiciamiento se ejerce formalmente bajo la autoridad del Ministro de Justicia, que tiene competencia para ordenar a la fiscalía que se enjuicie un asunto concreto, pero no puede ordenar que tal enjuiciamiento no tenga lugar. Las garantías jurídicas que rodean esta facultad, combinadas con el hecho de que, en la práctica, la fiscalía está reconocida como independiente, parecen atenuar el riesgo para la autonomía de la fiscalía. Dado que el proyecto más reciente de enmiendas a la Constitución introduce en el texto la independencia de la fiscalía, las partes interesadas consideran que esto haría inconstitucional el poder de instrucción del Ministro. Cabe señalar que el Ministro de Justicia no ha dado instrucciones en un asunto concreto desde hace más de veinte años. Con arreglo al proyecto de enmiendas, el Ministerio de Justicia seguiría teniendo cierto grado de autoridad sobre la fiscalía, y podría dar instrucciones en materia de política penal. El 23 de marzo de 2021, el Consejo de Estado emitió un dictamen favorable sobre la reintroducción de la independencia de la fiscalía. Sin embargo, el Consejo expresó su preferencia por la versión anterior de las enmiendas, que no permitía al Ministro ofrecer orientaciones a la fiscalía. La revisión se encuentra actualmente en el Parlamento, sujeta a nuevos debates y posibles nuevas enmiendas.

El marco para la protección de los periodistas sigue siendo sólido. Desde el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, la Comisión no ha recibido ninguna indicación que sugiera un debilitamiento del marco para la protección de los periodistas. A este respecto, desde 2015 no se han creado alertas relativas a Luxemburgo en la Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas . Aunque los procedimientos penales por difamación contra los medios de comunicación siguen siendo escasos, aún preocupa a los profesionales y a las ONG que estos asuntos puedan utilizarse para intimidar a los medios de comunicación y a los periodistas, ya que este año se presentó un nuevo asunto ante los tribunales .

El acceso de los periodistas a documentos oficiales sigue siendo motivo de preocupación . Las partes interesadas señalaron, en particular, los efectos negativos de la Ley de 14 de septiembre de 2018 sobre una administración transparente y abierta en la profesión periodística, debido a la lentitud de los procedimientos de obtención de documentos. Las partes interesadas han sugerido que se establezca un procedimiento acelerado para los periodistas . En este contexto, los periodistas recordaron que Luxemburgo sigue siendo uno de los Estados miembros que no garantiza a la prensa un acceso a la información rápido y diferente del derecho de acceso de los ciudadanos, y pidieron al Gobierno que lo introdujera. Además, las partes interesadas han expresado su preocupación por el enfoque selectivo a la hora de divulgar información por parte de las autoridades. Asimismo, la Commision Consultive de Droits de l’Homme (CCDH) pidió al Gobierno que garantizara a los periodistas el acceso a la información en cualquier circunstancia. Además, como se recordó durante la consulta de las partes interesadas sobre la mencionada reforma del régimen de ayudas a la prensa , este acceso a la información se incluyó en la declaración del programa del Gobierno para el período 2018-2023 .

La mayor aplicación del marco jurídico de transparencia y administración abierta ha aportado varias mejoras, aunque persisten deficiencias en el acceso a la información. En los primeros años de aplicación de la Ley de 14 de septiembre de 2018 sobre el acceso a los documentos, la sociedad civil ha llamado la atención sobre su reducido ámbito de aplicación y su posible impacto negativo en la lucha eficaz contra la corrupción. Si bien la ley concede el derecho a solicitar acceso a documentos, no prevé un derecho general de solicitud de información. Por lo tanto, la parte solicitante puede no obtener ninguna información a menos que tenga conocimiento de la existencia de un documento específico . La Comisión para el Acceso a los Documentos (CAD) es un organismo administrativo independiente con funciones consultivas que carece de competencias de supervisión. La CAD está compuesta por cinco miembros y puede emitir dictámenes en dos asuntos: en primer lugar, cuando así lo solicite una administración que requiera un dictamen; y, en segundo lugar, al examinar un recurso en caso de que se haya denegado una solicitud de acceso a documentos. Un asunto puede presentarse a través de un sitio web específico o por escrito y la presentación de un asunto ante la CAD no constituye un requisito previo para remitir el asunto al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. En comparación con 2019, las solicitudes a la CAD disminuyeron en 2020 . De todos los dictámenes emitidos por la CAD, tres están pendientes ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en relación con los dictámenes emitidos en 2019 y uno está pendiente ante el Tribunal en relación con un dictamen emitido en 2020 . El hecho de que la notificación por parte de las entidades públicas a la CAD no sea obligatoria se ha identificado como una deficiencia.

Siguen existiendo deficiencias en el ámbito de las actividades de los grupos de presión y las declaraciones de patrimonio. La falta de coherencia y supervisión en la obligación de los diputados de revelar su patrimonio y los obsequios recibidos siguen siendo los problemas principales, como también señaló el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) . En la actualidad, no existe una regulación exhaustiva de las actividades de los grupos de presión. Los diputados aplican su propio código de conducta, que regula las reuniones internas, pero no los contactos informales . Al mismo tiempo, no existen normas en vigor para los grupos de presión de los miembros del Gobierno y los asesores de alto nivel.

El Gobierno está evaluando actualmente la necesidad de reforzar las normas en materia de lucha contra la corrupción. El objetivo principal de este ejercicio es la prevención. Sin embargo, el COPRECO no se ha reunido recientemente, ni de forma presencial ni en línea, y no ha recibido observaciones por escrito sobre posibles deficiencias de la legislación anticorrupción por parte de ningún ministerio . Por lo que se refiere a la formación específica en materia de lucha contra la corrupción, todos los nuevos funcionarios deben asistir a un módulo específico como parte de su formación obligatoria. Durante la pandemia de COVID-19, los seminarios se han impartido en línea .

La cooperación interinstitucional funciona bien entre todas las autoridades implicadas, aunque existen dificultades en materia de recursos humanos en el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal cuenta con 36 magistrados, una tercera parte de los cuales trabaja en el ámbito de la lucha contra los delitos económicos, financieros y de corrupción. El Ministerio Fiscal ha solicitado recursos adicionales, pero hasta la fecha no se ha concedido ningún aumento significativo. El último informe anual disponible también pone de relieve la falta de candidatos para cubrir puestos vacantes, tendencia que se ha confirmado este año, en particular en la sección económica y financiera del Ministerio Fiscal . No obstante, las autoridades informaron de que, en el caso de investigaciones complejas, los recursos pueden adaptarse rápidamente para responder a necesidades específicas que garanticen la eficacia del Ministerio Fiscal . El avance más importante desde el año pasado es la mejora de la infraestructura informática que permite a los fiscales trabajar y tener pleno acceso a los archivos a distancia. No se han notificado deficiencias en lo que respecta al marco jurídico para luchar contra los delitos financieros, y la cooperación con la Unidad de Información Financiera está funcionando bien.

El marco institucional para prevenir y combatir la corrupción no ha cambiado desde el informe del año pasado. Luxemburgo no dispone de una estrategia específica de lucha contra la corrupción, ni de un organismo anticorrupción; posee un marco jurídico e institucional de lucha contra la corrupción ampliamente asentado. El Ministerio de Justicia es la principal autoridad encargada de todo lo relacionado con la corrupción en general, incluida la coordinación de políticas. Dentro del Ministerio de Justicia, un comité intergubernamental, el Comité de Prevención de la Corrupción (COPRECO), actúa como foro consultivo y apoya la política nacional general de lucha contra la corrupción. Aunque no existe una fiscalía especializada en la lucha contra la corrupción como tal, la sección económica y financiera del Ministerio Fiscal tiene competencias específicas para investigar asuntos penales de naturaleza económica y financiera, incluidos los asuntos de corrupción.

Se propusieron dos nuevas revisiones constitucionales para que los ciudadanos tengan acceso directo al Tribunal Constitucional y para racionalizar las antiguas disposiciones relacionadas con el Estado, el Jefe de Estado y el Gobierno. La primera revisión constitucional presentada en junio de 2020 tiene por objeto dar a los ciudadanos acceso directo al Tribunal Constitucional en relación con las medidas reguladoras adoptadas por el Gobierno en caso de estado de emergencia. El objetivo de la revisión es proteger los derechos fundamentales. El 9 de marzo de 2021, el Consejo de Estado emitió su dictamen sobre esta revisión, manifestando que no considera necesario proceder a dicha reforma, ya que las medidas reguladoras adoptadas en el estado de emergencia no escapan al control de la legalidad efectuado por cualquier juez. A raíz de este dictamen, el Parlamento debe debatir y decidir cómo proceder, sobre la base de los comentarios y la evaluación recibidos. La segunda revisión constitucional, presentada el 17 de noviembre de 2020, tiene por objeto modificar la organización del Estado, la jefatura del Estado, la monarquía constitucional, el Gobierno, las relaciones entre el Estado y las comunidades religiosas, y los municipios. El objetivo de esta revisión es modernizar la Constitución y racionalizar las antiguas disposiciones relacionadas con el Estado, la jefatura del Estado y el Gobierno. Además, dejaría claro que el papel del Gran Duque es simbólico y formal, y que son los miembros del Gobierno quienes asumen la responsabilidad política de sus actos. El 9 de marzo de 2021, el Consejo de Estado emitió un dictamen favorable sobre esta revisión, señalando que muchas de las disposiciones ya habían sido aprobadas por el Consejo en virtud del proyecto de Constitución abandonado.

El proceso de toma de decisiones parece ser inclusivo, pero a menudo no se siguen las recomendaciones de las partes interesadas. Se han planteado dudas en cuanto a la regularidad y el alcance de la consulta de las partes interesadas en el proceso de toma de decisiones. A lo largo del procedimiento legislativo ordinario, es obligatorio un dictamen consultivo del Consejo de Estado para cada propuesta legislativa. Además, se consulta a cinco cámaras profesionales, para recabar su opinión en sus respectivos ámbitos de especialización. Sus dictámenes forman parte integrante de la propuesta legislativa y se tienen en cuenta a la hora de preparar enmiendas al proyecto legislativo. Sin embargo, si bien es posible que otras partes interesadas presenten opiniones, sus recomendaciones no se siguen regularmente. En cuanto al procedimiento regulador, el dictamen del Consejo de Estado también es obligatorio, salvo en el caso de las medidas reguladoras adoptadas durante un estado de emergencia, cuando la solicitud de dicho dictamen es facultativa. También deberá solicitarse el dictamen de las cámaras profesionales para cualquier proyecto de medida reguladora en sus respectivos ámbitos de especialización. Además, el hecho de no consultar a las cámaras profesionales competentes sobre un proyecto de regulación conlleva sanciones legales. En cuanto al papel de la Comisión Consultiva de Derechos Humanos (CCDH) en el proceso regulador, aunque el Gobierno no tiene obligación alguna de responder o seguir las recomendaciones de la CCDH, se ha puesto de manifiesto que el Gobierno rara vez las tiene en cuenta, especialmente durante la pandemia de COVID-19.. Además, sigue siendo muy poco frecuente que una comisión parlamentaria consulte a la CCDH en el proceso legislativo. En cuanto a la participación de otros organismos de derechos humanos (por ejemplo, el Defensor del Pueblo), el Gobierno realiza ocasionalmente consultas bilaterales o en el marco del Comité interministerial de derechos humanos. Sin embargo, sus aportaciones y recomendaciones rara vez se tienen en cuenta.

Actualmente se utilizan procedimientos legislativos ordinarios para promulgar medidas en relación con la pandemia de COVID-19. Entre el 18 de marzo de 2020 y el 24 de junio de 2020, Luxemburgo se basó en un estado de emergencia para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Este régimen constitucional permitió al Gobierno adoptar medidas adecuadas, necesarias y proporcionadas en todos los ámbitos durante un período de tiempo limitado. Posteriormente, el Parlamento ha venido utilizando el procedimiento legislativo ordinario, que va acompañado de plazos más breves, para hacer frente a los retos relacionados con la pandemia de COVID-19. A pesar de que las enmiendas se introducen de manera acelerada, el Parlamento intenta llevar a cabo consultas con las partes interesadas. Sin embargo, las partes interesadas están preocupadas por la falta de inclusividad del proceso de consulta, especialmente cuando se adopta legislación muy rápidamente, lo que a menudo limita la consulta al Consejo de Estado y a las cámaras profesionales.

Se ha creado la Cámara de los Derechos Humanos. Esta iniciativa de agrupar a las principales autoridades independientes que desempeñan funciones clave en la protección de los derechos fundamentales en un único organismo finalizó en 2020. La Cámara de los Derechos Humanos reúne a la CCDH, al Defensor de los Derechos del Niño y al Centro para la Igualdad de Trato. El objetivo de la Cámara de los Derechos Humanos es facilitar el acceso de los ciudadanos a las instituciones que protegen los derechos fundamentales y aumentar las sinergias entre las distintas instituciones. La CCDH es la institución nacional de derechos humanos acreditada de Luxemburgo. El Defensor de los Derechos del Niño se encarga específicamente de la protección de los derechos de todas las personas menores de 18 años. El Centro para la Igualdad de Trato es el organismo de la igualdad en Luxemburgo.

Aunque la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto en el trabajo de las ONG, en Luxemburgo el espacio de la sociedad civil sigue abierto. Desde abril de 2020, las campañas de recaudación de fondos y las actividades de promoción y sensibilización tuvieron que cancelarse debido a la pandemia de COVID-19. Las ONG informaron de que la interrupción de la actividad asociativa iba acompañada de consecuencias a nivel financiero. Sin embargo, en noviembre de 2020, el Gobierno presentó varios proyectos de subvenciones y los criterios de admisibilidad para obtener una subvención.

Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético*

* La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021 está disponible en https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation_es .

Informe de actividad 2020 de la Comisión para el Acceso a los Documentos (Rapport d’activité 2020 de la Commission d’accès aux documents) ( https://gouvernement.lu/dam-assets/fr/publications/rapport-activite/minist-etat/cad/rapport-activite-2020-cad.pdf ).

Media Pluralism Monitor de 2021 ( https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2021/ ).

Civicus, Monitor tracking civic space – Luxembourg ( https://monitor.civicus.org/country/luzembourg/ ).

Cámara de Diputados , Chambre des Députés (2019), Reglamento interno, versión de 2019, ( https://chd.lu/wps/wcm/connect/public/5abf3456-f398-4259-a831-20788c0f208c/reglementjuli2019.pdf?MOD=AJPERES&ContentCache=NONE&CACHE=NONE&CVID=mOb0p1W&CVID=mOb0p1W ).

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2010), Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades.

Consejo de Europa: Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas — Luxemburgo. ( https://www.coe.int/en/web/media-freedom/luxembourg ).

Consejo de Europa: Comisión de Venecia (2020), Opinion No. 1002 / 2020 on urgent interim opinion on the draft new constitution of Bulgaria (CDL-AD(2020)035)

Consejo de Estado (2015), Reglamento interno ( https://conseil-etat.public.lu/fr/legislation/reglesdeontologiques.html ).

Dirección General de Comunicación (2020a), Eurobarómetro Flash n.º 482: Businesses’ attitudes towards corruption in the EU:

Dirección General de Comunicación (2020b), Eurobarómetro especial n.º 502: Corrupción.

Proyecto de ley sobre la Ley modificada de 2020 de julio de 17 sobre medidas para combatir la pandemia de COVID-19. http://legilux.public.lu/eli/etat/projet/pl/20170427

ENNHRI (2020), Aportación de la ENNHRI para el Informe sobre el Estado de Derecho de 2021.

Comité de Ética (2020), Dictamen del Comité de Ética (Avis du comité d'éthique), (22.4.2020) ( https://gouvernement.lu/dam-assets/systeme-politique/gouvernement/rb-code-deontologie/Avis-du-comite-d-ethique-24042020-.pdf ).