Es importante señalar en ese contexto que el método no permite el «doble recuento» de la inflación, sino que garantiza la evolución paralela de los salarios de los funcionarios de la UE y los funcionarios nacionales, netos de inflación. Para ello, el indicador específico global se calcula en primer lugar neto de inflación en la muestra de 11 Estados miembros, y no se combina con el Índice Común hasta una segunda fase.

Aunque a todos los funcionarios de la UE les corresponden las mismas tablas salariales e importes básicos, se aplican coeficientes correctores al personal que presta sus servicios fuera de Bruselas y Luxemburgo, que no deben sufrir desde un punto de vista económico ni unos costes de vida más elevados en sus destinos ni beneficiarse de unos costes de vida más bajos.

No obstante lo dispuesto en el principio general de paralelismo de evolución del poder adquisitivo, una cláusula de moderación limita los aumentos elevados en el poder adquisitivo, así como cualquier pérdida elevada de poder adquisitivo para un año determinado. Si el incremento calculado del poder adquisitivo (indicador específico global) supera el 2 %, o si el poder adquisitivo se reduce en más del 2 %, la variación del poder adquisitivo para el personal de la UE queda limitada al 2 %. La parte del aumento o la pérdida de poder adquisitivo superior al 2 % se aplica nueve meses después, a partir del 1 de abril del año siguiente.

-asimismo, en virtud del artículo 15 del anexo XI del Estatuto, a más tardar el 31 de marzo de 2022, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que evaluará, en particular, si la evolución del poder adquisitivo de las retribuciones y pensiones de los funcionarios de la Unión es acorde con la evolución del poder adquisitivo de las retribuciones de los funcionarios nacionales de las administraciones centrales. Sobre la base de ese informe, la Comisión presentará, en su caso, una propuesta de modificación del anexo XI, así como del artículo 66 bis del Estatuto, conforme a lo establecido en el artículo 336 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Aunque la aplicación anual de la actualización no exige la aprobación de ningún acto jurídico, los colegisladores establecieron estrictas obligaciones de notificación:

El artículo 65 del Estatuto prevé que la actualización anual de las retribuciones y las pensiones tenga lugar antes de final del año a la luz de un informe sobre datos estadísticos preparados por Eurostat. Asimismo, indica que los importes y los coeficientes correctores a que se refieren el artículo 64 y el artículo 65, apartado 1, se entenderán como importes y coeficientes correctores cuyo valor real en un momento determinado está sujeto a actualización «sin intervención de ningún otro acto jurídico». La Comisión publicará los importes actualizados y los coeficientes correctores en las dos semanas posteriores a la actualización en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea, con fines informativos.

Además, durante las negociaciones que desembocaron en la reforma de 2004, el Consejo decidió utilizar una muestra de ocho Estados miembros de referencia. Esta decisión estuvo motivada por un análisis de datos retrospectivo que sugería que el desarrollo en esa muestra reflejaría de forma estrecha la evolución media en todos los Estados miembros. No obstante, debe observarse que un análisis posterior demostró que la evolución real del poder adquisitivo en la muestra seleccionada después de 2004 fue inferior a la media de todos los Estados miembros.

El uso de una muestra de Estados miembros para calcular el indicador específico global no ha sido siempre el enfoque elegido por el legislador. Antes de 2004, el indicador específico global se calculaba por referencia a los datos estadísticos para todos los Estados miembros (p. ej., quince Estados miembros en 2003).

El impacto acumulado del indicador específico global desde 2015 se ilustra en el GRÁFICO 5. Se corresponde con la evolución del poder adquisitivo de los funcionarios en la muestra de once Estados miembros a lo largo del periodo (ponderado de acuerdo con el PIB expresado en estándares de poder adquisitivo). De acuerdo con el principio de paralelismo (véase la parte 2.1.1), el poder adquisitivo de los funcionarios de la UE ha seguido la misma evolución.

En el CUADRO 3 se indica la serie temporal de los indicadores específicos para la muestra correspondiente de once Estados miembros desde 2015, junto con una media aritmética simple para el periodo. En el CUADRO 4 se muestran los mismos datos, pero expresados como índice acumulado (2014=100).

En virtud del método aprobado en 2013, el indicador específico global calculado a fecha de 2015 usando una muestra de once Estados miembros de referencia (ponderado según el PIB): Bélgica, Alemania, España, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Austria, Polonia, Suecia y el Reino Unido.

Los datos finales sobre el crecimiento del PIB anual en la UE fueron positivos. Por lo tanto, no se efectuó ninguna corrección en virtud del artículo 11, apartado 2, del anexo XI del Estatuto.

La previsión de crecimiento del PIB anual en la UE disponible en el momento de cada informe anual de Eurostat fue positiva. Por lo tanto, no se aplicó la cláusula de excepción en virtud del artículo 11, apartado 1, del anexo XI del Estatuto.

El indicador específico global no superó un límite superior de +2 % o un límite inferior de -2 % (véase el GRÁFICO 5). Por lo tanto, no se aplicó la cláusula de moderación.

En el contexto de la reforma del Estatuto en 2013, el Consejo Europeo instaba a la suspensión, durante dos años, del ajuste de las retribuciones y las pensiones de todos los funcionarios de las instituciones de la Unión a través del método. Por lo tanto, en 2013 y 2014 no se produjo ninguna actualización de las retribuciones y las pensiones y, por lo tanto, no se pudo calcular el indicador específico global para el mismo periodo, con arreglo al claro tenor del Estatuto.

En 2013, el colegislador mantuvo el principio de una muestra de Estados miembros, pero aumentando su tamaño de ocho a once.

Los coeficientes correctores solo pretenden mantener la equivalencia del poder adquisitivo con el tiempo entre los funcionarios destinados en distintos Estados miembros y los funcionarios destinados en Bruselas. Por el contrario, los coeficientes correctores no tienen por objeto mantener el poder adquisitivo en un determinado nivel. Así, como el poder adquisitivo de los funcionarios en Bruselas se redujo (reducción de un 10,5 % entre 2004 y 2018), se redujo en la misma proporción el poder adquisitivo de los funcionarios en todos los destinos.

Los coeficientes correctores suelen percibirse de manera errónea como el factor de reducción del poder adquisitivo de los funcionarios de la UE y se suele preguntar a la administración de la Comisión sobre el papel de los coeficientes correctores y la metodología empleada para calcularlos. Estas preguntas son planteadas por las partes interesadas, incluidos los funcionarios, los representantes del personal, los representantes de los países de acogida, etc. Esta cuestión surge, en especial, en aquellos casos que afectan a funcionarios cuyo lugar de empleo está sujeto a un coeficiente corrector inferior a 100, y en especial cuando este coeficiente corrector está sujeto a actualizaciones a la baja.

Debe observarse que desde la entrada en vigor de la modificación del anexo XI del Estatuto ha entrado en vigor un nuevo procedimiento para el establecimiento o la retirada de coeficientes correctores, de conformidad con el artículo 9 del mismo. Durante el periodo 2014-2018, no se han presentado solicitudes formales a la Comisión y la lista de coeficientes correctores aplicables se ha mantenido estable.

Al mismo tiempo, la percepción anterior sobre los coeficientes correctores sigue siendo un problema con relación al atractivo del servicio público europeo en algunos Estados miembros. A ese respecto, varios organismos de la UE informaron a la Comisión sobre un impacto negativo visible en su capacidad para incorporar y contratar a personal altamente cualificado y con un equilibrio geográfico.

5.2.2.Falta de consideración de los gastos efectuados fuera del lugar de trabajo

La metodología existente desarrollada por Eurostat en cooperación con los institutos nacionales de estadística se basa en el supuesto de que el gasto del funcionario se efectúa íntegramente en el lugar de destino. Esta simplificación ha sido objeto de algunas preguntas, ya que puede considerarse que no refleja perfectamente las pautas de consumo generales de los funcionarios, que también incluyen gastos fuera del lugar de destino. Eurostat y los institutos nacionales de estadística han iniciado conversaciones sobre la posibilidad de actualizar la metodología estadística de cálculo de coeficientes correctores para tener en cuenta los gastos efectuados fuera del lugar de destino.

5.2.3.Coste de vida en Luxemburgo

Con ocasión de la última reforma del Estatuto, los colegisladores mantuvieron la solución legislativa de que no se aplicarán coeficientes correctores a las retribuciones de los funcionarios en Bruselas y Luxemburgo, habida cuenta de la función especial de referencia que desempeñan estos lugares de trabajo como sedes principales y originales de la mayor parte de las instituciones. Al mismo tiempo, los colegisladores decidieron tener debidamente en cuenta la inflación en Luxemburgo al crear el Índice Común (véase la parte 4).

Esta solución legislativa ha sido objeto de críticas por parte de algunos funcionarios cuyo lugar de trabajo es Luxemburgo, que alegan que no refleja adecuadamente las supuestas diferencias en el coste de la vida entre Bruselas y Luxemburgo. Recientemente, los funcionarios se refirieron a la introducción de un coeficiente corrector específico para Luxemburgo por parte de la Asociación Europea de Libre Comercio, que tiene sus propias normas de personal.

La falta de un coeficiente corrector en Luxemburgo en el marco del Estatuto de los funcionarios de la UE también fue objeto de varias reclamaciones ante los tribunales de la UE. Sobre la base de la última sentencia dictada por el Tribunal General de la UE en octubre de 2018, esta solución legislativa es confirmada en la medida en que el Estatuto de los funcionarios modificado en 2013 sigue en vigor.

6.Conclusiones

Desde su introducción en 2014, el anexo XI del Estatuto y su artículo 66 bis han sido aplicados con éxito por la Comisión. El método para actualizar las retribuciones y las pensiones establecido en estos por parte del Parlamento Europeo y del Consejo han demostrado su eficiencia y efectividad a lo largo del ciclo quinquenal desde su aplicación (2014-2018). El método ha logrado sus objetivos a la vez que ha conseguido alejar las tensiones interinstitucionales y los asuntos en los tribunales del pasado.

En concreto pueden extraerse las siguientes conclusiones sobre la base de la aplicación del anexo XI del Estatuto y su artículo 66 bis para el periodo 2014-2018:

(1)En 2013 y 2014, los salarios y las pensiones de los funcionarios de la UE fueron «congelados» en términos nominales. Esto se sumó a los ajustes salariales limitados en 2012 (0,8 %) y sin ajuste en 2011.

(2)A partir del 1 de enero de 2014, se introdujo de nuevo la exacción de solidaridad a un tipo mayor. Este esfuerzo de solidaridad se tradujo en una mayor contribución de los funcionarios de la UE al presupuesto general de la UE a causa de la crisis económica. Esta contribución ha ido creciendo durante el periodo, aunque la situación económica y social de la Unión ha mejorado significativamente.

(3)Desde 2015, los funcionarios nacionales de once Estados miembros de referencia han observado el incremento del poder adquisitivo de sus salarios en un 2,1 %. Como consecuencia de la aplicación del principio de paralelismo inherente al método, desde 2015 el poder adquisitivo de los funcionarios de la UE aumentó en paralelo con el de los funcionarios nacionales de los once Estados miembros de referencia. No obstante, el uso de datos para la totalidad de los veintiocho Estados miembros de la UE habría generado una cifra distinta (+5,4 %).

(4)Tras una fase inicial de un incremento superior a la media de la cifra de la actualización en 2015 y 2016, que puede describirse como un efecto de «recuperación» de los Estados miembros tras la crisis económica y social, los siguientes ejercicios anuales de 2017 y 2018 han tenido como resultado unos incrementos salariales nominales moderados.

(5)En términos netos en 2018, el método tuvo como resultado un descenso del poder adquisitivo de los funcionarios de la UE del 0,4 %.

(6)Como el método contiene una actualización anual automática y cláusulas de crisis automáticas, permite subsanar con eficacia las dificultades en la aplicación de los métodos anteriores. Al mismo tiempo, el método estuvo constantemente bajo el examen del Parlamento Europeo y el Consejo, a través de los informes anuales de la Comisión.

(7)El método se sometió con éxito también al control jurídico de los tribunales europeos en los pocos asuntos judiciales individuales interpuestos en su contra. De este modo, también se evitaron las tensiones sociales, pues no se produjeron importantes huelgas en las instituciones durante ese periodo.

(8)En lo que se refiere a la plena aplicación del principio de igualdad del poder adquisitivo entre funcionarios de la UE de distintos lugares de destino a través del sistema de coeficientes correctores, se han detectado algunas cuestiones que se seguirán de cerca durante el próximo periodo de ejecución.