COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 15.12.2021 COM(2021) 851 final 2021/0422(COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y por la que se sustituye la Directiva 2008/99/CE {SEC(2021) 428 final} - {SWD(2021) 465 final} - {SWD(2021) 466 final}



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta La legislación vigente de la UE que establece normas mínimas comunes para tipificar como delito la delincuencia medioambiental es la Directiva 2008/99/CE, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. La Comisión evaluó la Directiva entre 2019 y 2020 y publicó sus conclusiones en octubre de 2020. Constató que la Directiva no fue muy efectiva en la práctica: en los últimos diez años, el número de casos de delincuencia medioambiental investigados y condenados con éxito se había mantenido muy bajo. Además, los niveles de las sanciones impuestas eran demasiado bajos para resultar disuasorios y la cooperación transfronteriza no se llevaba a cabo de manera sistemática. La evaluación puso de manifiesto deficiencias considerables en la aplicación, en todos los Estados miembros y en todos los niveles de la cadena de aplicación de la ley (policía y otras fuerzas y cuerpos de seguridad, y tribunales penales). También se detectaron deficiencias en los Estados miembros en términos de recursos, conocimientos especializados, sensibilización, priorización, cooperación e intercambio de información, y se constató que no existían estrategias nacionales generales para luchar contra la delincuencia medioambiental que implicaran a todos los niveles de la cadena de aplicación de la ley y adoptaran un enfoque multidisciplinar. Además, la falta de coordinación entre la aplicación del Derecho administrativo y penal y la imposición de sanciones supone una frecuente traba para la eficacia. También se observó que la falta de datos estadísticos fiables, exactos y completos sobre los procesos relacionados con la delincuencia medioambiental en los Estados miembros no solo obstaculizaba la evaluación de la Comisión, sino que también impedía a los responsables políticos y a los profesionales nacionales supervisar la eficacia de sus medidas. Sobre la base de las conclusiones de la evaluación, la Comisión decidió revisar la Directiva. El programa de trabajo de la Comisión para 2021 prevé una propuesta legislativa de revisión de la Directiva en diciembre de 2021. Se propone sustituir la Directiva 2008/99/CE. La presente propuesta va acompañada de una Comunicación en la que se explican sus objetivos estratégicos. Para abordar los problemas detectados, la propuesta plantea seis objetivos: 1.Mejorar la eficacia de las investigaciones y el enjuiciamiento de los delitos mediante la actualización del ámbito de aplicación de la Directiva. 2.Mejorar la eficacia de las investigaciones y el enjuiciamiento de los delitos mediante la aclaración o la eliminación de términos vagos que se utilizan en las definiciones relativas a la delincuencia medioambiental. 3.Garantizar tipos y niveles de sanciones eficaces, disuasorios y proporcionados para la delincuencia medioambiental. 4.Fomentar la investigación y el enjuiciamiento transfronterizos de los delitos. 5.Mejorar el proceso de toma de decisiones bien fundamentadas en materia de delincuencia medioambiental mediante una mejora de la recogida y la difusión de datos estadísticos. 6.Mejorar la eficacia operativa de las cadenas nacionales de aplicación de la ley para fomentar las investigaciones y el enjuiciamiento y sanción de los delitos. •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial Los objetivos de la presente propuesta son coherentes con las siguientes disposiciones políticas y legislativas: ·Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros; ·Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea;

·Directiva 2014/41/UE, relativa a la orden europea de investigación en materia penal; ·Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias; ·Decisión Marco 2009/948/JAI del Consejo, sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en procesos penales; ·Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros; ·Reglamento (UE) 2016/794, relativo a Europol; ·Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea; ·Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF); ·Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal; ·Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. •Coherencia con otras políticas de la Unión El Derecho penal forma parte de una estrategia global de la UE para proteger y mejorar el estado del medio ambiente, que es una prioridad para la Comisión Europea. La Comunicación sobre el Pacto Verde y la Estrategia sobre Biodiversidad establecen toda una serie de medidas de protección del medio ambiente que se refuerzan e influyen mutuamente, reuniéndolas en un enfoque holístico. Las medidas de Derecho penal se utilizan como último recurso cuando otras medidas no han sido suficientes para garantizar el cumplimiento de las normas. Así pues, los indicadores medioambientales relativos, por ejemplo, al grado de contaminación atmosférica o a la biodiversidad medirían la eficacia de la estrategia global para mejorar el medio ambiente, y no solo la eficacia del nuevo enfoque contra la delincuencia medioambiental. Además, la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad y la Estrategia de la UE contra la Delincuencia Organizada 2021-2025 mencionan la evaluación y la revisión de la Directiva entre las acciones clave señaladas para luchar contra la delincuencia medioambiental. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica La base jurídica de la Directiva propuesta es el artículo 83, apartado 2, del TFUE. El artículo 83, apartado 2, del TFUE establece la competencia de la UE para establecer normas mínimas con respecto a la definición de las infracciones penales y las sanciones en las políticas de la UE que hayan sido objeto de medidas de armonización, cuando sea necesario para una ejecución eficaz de las leyes: «Cuando la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros en materia penal resulte imprescindible para garantizar la ejecución eficaz de una política de la Unión en un ámbito que haya sido objeto de medidas de armonización, se podrán establecer mediante directivas normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en el ámbito de que se trate. Dichas directivas se adoptarán con arreglo a un procedimiento legislativo ordinario o especial idéntico al empleado para la adopción de las medidas de armonización en cuestión, sin perjuicio del artículo 76». •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) Las actividades delictivas relacionadas con el medio ambiente tienen a menudo una dimensión transfronteriza, en vista de que algunos delitos medioambientales suelen afectar a varios países (por ejemplo, el tráfico ilícito de residuos, de especies protegidas o de productos derivados de especies silvestres, véase la sección 1: Introducción) o tienen efectos transfronterizos (por ejemplo, en caso de contaminación transfronteriza del aire, el agua y el suelo). Por tanto, la cooperación transfronteriza entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y las autoridades judiciales es fundamental. La Directiva vigente tenía por objeto proporcionar un marco jurídico armonizado de los delitos a fin de facilitar la cooperación transfronteriza. Sin embargo, como se detalla en el informe de evaluación, a pesar de los progresos realizados en la creación de un conjunto común de definiciones a escala de la UE de los delitos medioambientales que requieren niveles de sanciones más disuasorios, los Estados miembros por sí solos no han conciliado sus respectivos puntos de vista de la delincuencia medioambiental dentro del margen de maniobra que deja la Directiva. Del mismo modo, los niveles insuficientes de sanciones en una serie de Estados miembros impiden la igualdad de condiciones en toda la UE y la aplicación de instrumentos de reconocimiento mutuo (como la orden de detención europea y la orden europea de investigación). Existe una brecha cada vez mayor entre la respuesta de la justicia penal a la delincuencia medioambiental y la realidad delictiva sobre el terreno. A pesar de la Directiva actual, el número de investigaciones y condenas transfronterizas en la UE por delitos medioambientales no ha aumentado sustancialmente. Mientras tanto, por el contrario, la delincuencia medioambiental está creciendo a un ritmo anual del 5 % al 7 % a escala mundial, lo que crea daños duraderos para los hábitats, las especies, la salud de las personas y los ingresos de las administraciones públicas y las empresas.

•Proporcionalidad De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5, apartado 4, del TUE, la propuesta de revisión de la Directiva 2008/99/CE se limita a lo que es necesario y proporcionado para adaptar la legislación vigente que regula los delitos en este ámbito a las nuevas amenazas. Las medidas relativas al uso de herramientas de investigación e intercambio de información se incluyen únicamente en la medida necesaria para el funcionamiento eficaz del marco de Derecho penal propuesto. La propuesta define el alcance de los delitos con el fin de abarcar todas las conductas pertinentes sin exceder de lo que es necesario y proporcionado. La nueva directiva incluye nuevas categorías de delitos medioambientales en la medida en que lo exige la legislación medioambiental subyacente. Tanto los delitos como las sanciones se limitan a infracciones graves de la legislación medioambiental y, por tanto, respetan la proporcionalidad. •Elección del instrumento De conformidad con el artículo 83, apartado 2, las normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y las sanciones en los ámbitos de actuación de la UE que hayan sido objeto de medidas de armonización solo pueden establecerse mediante una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo adoptada con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.



Sigue siendo necesario imponer sanciones penales para garantizar una aplicación efectiva en los ámbitos cubiertos por la Directiva de 2008 relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. Por consiguiente, la Comisión propone mantener la lista de delitos que figura en el artículo 3 de la Directiva de 2008, con las precisiones y modificaciones necesarias, que incluye: los delitos graves de contaminación; la gestión ilegal de residuos y el traslado ilegal de residuos; la explotación de instalaciones en las que se lleven a cabo actividades peligrosas o se almacenen o utilicen sustancias peligrosas; delitos relacionados con la fabricación, la producción, la transformación, la manipulación, la utilización, la tenencia, el almacenamiento, el transporte, la importación, la exportación o la eliminación de material radiactivo; delitos contra las especies silvestres, incluidos la matanza, destrucción, posesión o recogida ilegales de especímenes de especies de fauna y flora silvestres, el tráfico ilegal de especies silvestres y el deterioro de los hábitats; la producción, comercialización, importación, exportación, utilización, emisión o liberación ilegales de sustancias que agotan la capa de ozono. La necesidad de luchar contra estas categorías de delitos mediante sanciones penales fue confirmada por las conclusiones del Consejo en las que se establecen las prioridades de la UE en la lucha contra las amenazas graves y organizadas para la plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas delictivas (EMPACT) 2022-2025. Por lo que respecta, en particular, a la delincuencia en materia de residuos, el informe de evaluación de la amenaza de la delincuencia grave y organizada en la Unión Europea de 2021 afirma que «la gestión de residuos es una industria lucrativa y en rápido desarrollo, que atrae cada vez a más delincuentes. La mayoría de los casos de tráfico de residuos denunciados implicaban a personas que trabajan o que actúan en empresas de gestión de residuos como gestores o personal, que infringen la legislación nacional e internacional y las normas que regulan la recogida, el tratamiento y la eliminación de residuos para maximizar sus beneficios. Los traficantes de residuos con más éxito son aquellos que controlan todo el ciclo de transformación, desde los países de origen hasta los de destino. Los delincuentes que trafican con residuos entre distintos países utilizan principalmente estructuras empresariales legales para organizar los delitos relacionados con los residuos. A menudo varias empresas son propiedad de las mismas personas físicas o de testaferros. Las estructuras jurídicas de negocio cambian con frecuencia su dirección y a menudo se clausuran tras un breve período de actividad, a medida que una nueva entidad comercial se hace cargo de la actividad. Las empresas que operan en distintas fases del ciclo de residuos suelen estar situadas en diferentes jurisdicciones. El tráfico de residuos está estrechamente vinculado a otros delitos como el fraude documental, el fraude económico, la evasión fiscal, la corrupción, el blanqueo de capitales, así como el robo y el vertido de residuos procedentes de la producción ilegal de drogas». Además, la Comisión ha señalado la necesidad de imponer sanciones penales para garantizar la aplicación efectiva de las políticas de la UE en materia de protección del medio ambiente, en relación con las siguientes categorías de delitos que actualmente la Directiva no cubre: ·la comercialización de productos que, incumpliendo los requisitos obligatorios, causen daños sustanciales al medio ambiente debido a su uso a mayor escala; ·las infracciones graves de la legislación de la UE en materia de sustancias químicas que causan daños sustanciales al medio ambiente o a la salud humana; ·el reciclado ilegal de buques; ·la extracción ilegal de agua; ·la descarga en origen de sustancias contaminantes procedentes de buques (se propone que esta categoría de delitos se tome de la Directiva 2005/35/CE, para armonizar el marco jurídico); ·el comercio ilegal de madera; ·las infracciones graves de las normas sobre introducción y propagación de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión; ·la elusión grave de los requisitos para realizar una evaluación del impacto ambiental; ·la producción, comercialización, importación, exportación, utilización, emisión o liberación ilegales de gases fluorados de efecto invernadero. Estas conductas presentan un riesgo potencialmente elevado para la salud humana y el medio ambiente, y pueden tener repercusiones negativas especialmente graves para el medio ambiente y la sociedad. A pesar de las consecuencias perjudiciales reales y potenciales, en la actualidad la ejecución de las normas pertinentes no es lo suficientemente eficaz. Hasta la fecha, la adopción y el recurso a sanciones administrativas por parte de los Estados miembros han resultado ser insuficientes para garantizar el cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente, por lo que se requieren medidas más estrictas de prevención y lucha contra la delincuencia medioambiental. Por ejemplo, por lo que respecta al Reglamento de la UE sobre la madera, si bien todos los Estados miembros han incluido sanciones para los infractores en la legislación nacional, los tipos de sanciones y sus niveles máximos varían considerablemente de un Estado miembro a otro: pueden imponerse incautaciones y multas administrativas en veintitrés Estados miembros, multas penales en dieciséis, encarcelamiento en diecisiete, suspensión del comercio en quince y otros tipos de sanciones en once. Las multas aplicables a las infracciones del Reglamento de la UE sobre la madera oscilan entre 50 EUR y un importe ilimitado. Estas discrepancias entre los regímenes sancionadores de los Estados miembros aplicables a la infracción del Reglamento de la UE sobre la madera y el hecho de que, en muchos casos, las sanciones se consideren demasiado bajas para tener un efecto realmente disuasorio sobre las conductas ilícitas, junto con una ejecución de las leyes desigual a lo largo de la UE, conllevan un riesgo de desviación de las corrientes comerciales. Además, las disparidades en los regímenes sancionadores y la falta de aplicación uniforme en los Estados miembros socavan la igualdad de condiciones al colocar en desventaja a los operadores que cumplen estrictamente los requisitos. Esto puede abordarse mediante la armonización de la tipificación penal y la aproximación de los niveles de sanciones en toda la UE en la Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. Es evidente que las sanciones administrativas son inadecuadas en circunstancias como las que dieron lugar al asesinato en un Estado miembro de dos guardas forestales que habían estado investigando problemas relacionados con la explotación forestal ilegal. El patrón subyacente de las infracciones relacionadas con la madera es de tal gravedad que las autoridades deben disponer de los medios de ejecución penal necesarios para abordarlas. Por lo que respecta a las cuestiones relacionadas con la madera, la Comisión había iniciado un procedimiento de infracción contra ese Estado miembro por la falta de controles efectivos de los operadores y por la no aplicación de las sanciones adecuadas. Mientras tanto, dicho Estado miembro introdujo sanciones penales por infracciones específicas que anteriormente solo estaban sujetas a sanciones administrativas, insuficientes para garantizar el cumplimiento.

Las graves infracciones de las prohibiciones del uso de dispositivos de manipulación en vehículos de motor descubiertas desde 2015 demuestran que ni siquiera las grandes empresas ya consolidadas pueden verse disuadidas de cometer infracciones si consideran que el único mecanismo de control del cumplimiento será de naturaleza administrativa. Otro ejemplo es la extracción ilegal de agua, que contribuye a un grave agotamiento de los recursos hídricos, un problema que se agrava como consecuencia del cambio climático. En su Informe Especial de 2021 titulado Uso sostenible del agua en la agricultura: probablemente, los fondos de la PAC favorecen un consumo de agua mayor, pero no más eficiente, el Tribunal de Cuentas documenta la ineficacia de las medidas administrativas para hacer frente a la extracción excesiva de agua y subraya que los controles son infrecuentes y las sanciones demasiado bajas para garantizar una aplicación efectiva y el cumplimiento de las obligaciones pertinentes. El informe hace referencia a deficiencias en los regímenes sancionadores en los distintos Estados miembros. Además, un número limitado de Estados miembros ha introducido sanciones aplicables a los promotores en virtud de la Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental. Por ejemplo, no se identifica como objetivo de manera sistemática a los promotores en los casos en que no realizan una evaluación del impacto ambiental de un proyecto determinado o ejecutan proyectos antes de finalizar los procedimientos correspondientes o sin disponer de los permisos adecuados. El incumplimiento de estas obligaciones puede tener consecuencias negativas importantes para el medio ambiente, pese a lo cual el nivel actual de sanciones no disuade lo suficiente de cometer tales delitos. Es esencial que el cumplimiento de las normas de la UE sobre actividades que tienen un impacto para el medio ambiente y sobre bienes sensibles desde el punto de vista medioambiental se refuerce con la disponibilidad de sanciones penales que demuestren una forma más severa de desaprobación social en comparación con las sanciones administrativas. El establecimiento de delitos para violaciones graves de las normas de la Unión que, independientemente de su base jurídica, contribuyen a la política de la Unión de protección del medio ambiente, establece límites claros para los tipos de conductas que se consideran particularmente inaceptables y envía un mensaje al público y a los posibles infractores de que las autoridades competentes se toman muy en serio dicho comportamiento. Esto parece especialmente adecuado teniendo en cuenta la confianza explícita en los principios preventivos y de precaución en este ámbito de actuación. Unas normas mínimas comunes sobre la definición de los delitos y las sanciones penales en materia de medio ambiente también permitirían utilizar métodos de investigación más eficaces y alcanzar una cooperación más eficaz dentro de los Estados miembros y entre ellos. Se ha reconocido la especial importancia de esto en lo que se refiere a la lucha contra el tráfico de residuos y de especies silvestres (incluido el comercio ilegal de madera), dada la relación con el mercado interior y la política comercial de la UE. Habida cuenta de los posibles efectos devastadores de los delitos medioambientales sobre el medio ambiente y la salud humana, es importante que los posibles autores de los delitos no perciban que algunas partes de la UE aplican un régimen reglamentario más indulgente y menos eficaz. La imposición de sanciones penales por las conductas más graves contra el medio ambiente tendrá un mayor efecto disuasorio sobre los posibles infractores. Por tanto, es esencial la introducción por parte de todos los Estados miembros de sanciones penales para garantizar la aplicación efectiva de la política de la Unión en materia de protección del medio ambiente. Por lo que respecta a la inclusión de la conducta negligente entre los delitos, es importante subrayar el grado de confianza de las normas en materia de medio ambiente de la UE en las medidas preventivas y de precaución. El TFUE establece explícitamente (artículo 191, apartado 2) que la política medioambiental se basa en estos principios. Es importante contar con un alto nivel de diligencia para la realización de actividades que son intrínsecamente peligrosas debido al uso de materiales o procesos peligrosos. En este contexto, una conducta negligente puede tener repercusiones importantes e incluso catastróficas, por lo que es necesario hacer hincapié en la posición de la sociedad de que la conducta negligente debe considerarse lo suficientemente grave como para ser tipificada como delito. El Derecho penal pretende tener un efecto disuasorio, y la mera inclusión de la negligencia debe por sí misma desincentivar cualquier inclinación hacia tales conductas, por ejemplo con el fin de obtener un beneficio económico a través de la subinversión o la aplicación de recortes. El acervo medioambiental comprende un importante número de instrumentos, como la Directiva sobre las emisiones industriales, la Directiva Seveso, el Reglamento REACH y la legislación en materia de residuos, que se centran en garantizar que las actividades y sustancias peligrosas o de alto riesgo se traten con un alto nivel de salvaguardias técnicas. Lamentablemente, por lo que respecta a la frecuencia con la que se producen determinados delitos, se reconoce que la delincuencia organizada menoscaba la gestión de residuos. Los problemas de desobediencia de las prohibiciones relacionadas con las especies silvestres son también un contratiempo reconocido desde hace tiempo, como demuestra el hecho de que el Convenio de Berna se centre en el trabajo relacionado con la lucha frente a los delitos contra la vida silvestre, por ejemplo. También en este contexto, y debido a la naturaleza de la conducta pertinente, es necesario que la presente Directiva cubra también el comportamiento negligente. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO •Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente La Comisión llevó a cabo una evaluación de la Directiva vigente en 2019-2020 (publicada en octubre de 2020), en la que concluyó que la Directiva no tenía muchos efectos en la práctica. La evaluación ex post de la Directiva se guio por cuatro criterios principales de evaluación: a) la eficacia (evaluación de si se han alcanzado los objetivos de la Directiva), b) la eficiencia (evaluación de si los beneficios de contar con la Directiva y aplicarla justifican los costes), c) la coherencia (con otra legislación y otras políticas pertinentes de la UE en materia penal y medioambiental, así como con las obligaciones internacionales de la UE) y d) la pertinencia (pertinencia de los objetivos originales de la Directiva a la luz de las necesidades actuales y futuras). La evaluación también tuvo en cuenta las repercusiones sociales y económicas para diferentes grupos de partes interesadas. En la evaluación se detectaron seis problemas principales que han dado lugar a la falta de eficacia de la Directiva en la práctica: 1. El ámbito de aplicación de la Directiva está obsoleto y está definido de manera compleja, lo que obstaculiza la eficacia de las investigaciones, el enjuiciamiento de los delitos y la cooperación transfronteriza. 2. La Directiva contiene varias definiciones poco claras que se utilizan para las descripciones de los delitos medioambientales, lo que puede obstaculizar la eficacia de las investigaciones, el enjuiciamiento de los delitos y la cooperación transfronteriza. 3. Los niveles de sanciones no son suficientemente eficaces ni disuasorios en todos los Estados miembros con arreglo a la Directiva actual. 4. Una cooperación y una coordinación internas y transfronterizas insuficientes en materia de delincuencia medioambiental entre los Estados miembros obstaculizan la eficacia de las investigaciones y el enjuiciamiento de los delitos. 5. La falta de datos estadísticos fiables, exactos y completos sobre los procesos relacionados con la delincuencia medioambiental en los Estados miembros impide a los responsables políticos y a los profesionales nacionales supervisar la eficacia de sus medidas. 6. Cadena de aplicación de la ley ineficaz: la delincuencia medioambiental no se prioriza, detecta, investiga, enjuicia ni sanciona de una manera eficaz debido al funcionamiento ineficaz de la cadena de aplicación de la ley. Se han detectado lagunas en la aplicación de la ley en todos los Estados miembros y en todos los niveles de la cadena de aplicación de la ley (inspectores, policía, fiscalía y órganos jurisdiccionales penales), incluidas la falta de recursos, la insuficiente formación y la falta de conocimientos especializados, la falta de sensibilización y de establecimiento de prioridades, y la debilidad de la cooperación y el intercambio de información. Sobre la base de los resultados de la evaluación, la Comisión Europea decidió revisar la Directiva y realizó una evaluación de impacto. Las distintas etapas de la evaluación de impacto, desde la definición de los problemas y sus causas hasta la determinación de los objetivos y las posibles opciones estratégicas, se basaron en las conclusiones del informe de evaluación.

•Consultas con las partes interesadas La Comisión llevó a cabo consultas públicas y específicas con las partes interesadas, que resultaron muy productivas, para aprovechar la experiencia externa y comprender las preocupaciones del público en general. Además, se esforzó por garantizar que las opciones que se tuvieron en cuenta para la revisión de la Directiva sean las formas más adecuadas de aumentar su eficacia y apoyar el trabajo de los profesionales en la práctica. Las consultas se llevaron a cabo de la manera más amplia posible para recibir las aportaciones pertinentes, las pruebas y la explicación de las necesidades pertinentes y reales de las diferentes categorías de partes interesadas en relación con los seis objetivos principales: ·aclarar y actualizar el ámbito de aplicación de la Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal; ·aclarar los términos jurídicos utilizados para definir los delitos medioambientales; ·mejorar la disponibilidad de tipos y niveles de sanciones disuasorias y comparables; ·mejorar la cooperación transfronteriza; ·mejorar la recogida y la difusión de información y datos estadísticos; y ·mejorar el funcionamiento de la cadena de aplicación de la ley (formación, coordinación y cooperación, recursos y enfoque estratégico). Las consultas se llevaron a cabo en una fase temprana y buscaron la opinión de un amplio abanico de partes interesadas, como miembros del público en general, expertos, profesionales (miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, inspectores, fiscales y jueces), redes de profesionales (IMPEL, ENPE, EUFJE y EnviCrimeNet), autoridades públicas de los Estados miembros (ministerios de Justicia y ministerios de Medio Ambiente), agencias europeas (Europol y Eurojust), organizaciones no gubernamentales (ONG) medioambientales, organizaciones empresariales, empresas individuales y el mundo académico. Se consultó a todas estas partes interesadas sobre sus expectativas y preocupaciones en relación con la necesidad y el contenido de una posible revisión de la Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. Durante el proceso de consulta, la Comisión recurrió a diversos métodos y formas de consulta. Fueron los siguientes: ·La consulta sobre la evaluación inicial de impacto y una consulta pública abierta de doce semanas, en la que se recabaron opiniones de todas las partes interesadas. ·Una serie de talleres temáticos y reuniones de grupos de expertos específicos en línea, en particular reuniones del Foro de Cumplimiento y Gobernanza Medioambiental y su grupo de trabajo sobre sanciones para los delitos medioambientales. Se enviaron cuestionarios específicos y documentos de consulta con antelación para preparar las reuniones organizadas por la Comisión. ·Una serie de conferencias en línea en las que la Comisión participó y presentó su trabajo en este ámbito recabaron información sobre las seis opciones principales de otros participantes en la conferencia, y se invitó a otros participantes al proceso de expertos y a la consulta pública. ·Reuniones bilaterales en línea con un amplio abanico de partes interesadas organizadas a iniciativa de la Comisión o de las partes interesadas. ·Documentos de síntesis y documentos de análisis de agencias europeas, profesionales, redes de profesionales (por ejemplo, la declaración conjunta de IMPEL/ENPE/EUFJE y EnviCrimeNet adoptada en una conferencia celebrada en mayo de 2021 dedicada a la lucha contra la delincuencia medioambiental y a la revisión de la Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal), representantes de la industria, autoridades públicas de los Estados miembros, ONG, la sociedad civil y el mundo académico. En total, las actividades de consulta específicas duraron más de seis meses, de febrero a julio de 2021. La consulta se concibió para seguir la misma secuencia lógica que la evaluación de impacto, empezando por la definición del problema y permitiendo el desarrollo gradual de las posibles opciones y sus repercusiones: ·La mayoría de los encuestados confirmó la necesidad de actualizar el ámbito de aplicación de la Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y de aclarar los términos jurídicos. ·La mayoría de las contribuciones procedentes de ONG y asociaciones empresariales señalaron ámbitos medioambientales o legislación específica que no contempla la actual Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, pero cuya inclusión debería sopesarse. ·La mayoría de los encuestados consideró apropiado incluir disposiciones sobre los niveles mínimos de las sanciones máximas y sobre las circunstancias agravantes. La inclusión de una disposición sobre el decomiso junto con legislación contra las personas jurídicas se considera útil en algunos casos.

·Varias partes abogaron por una mejor recogida y transmisión de información por parte de los Estados miembros. Se planteó la preocupación de que esto conllevara ajustes informáticos complejos, un proceso largo y dificultoso que supone una pesada carga administrativa para las fuerzas y cuerpos de seguridad, el ministerio fiscal y el poder judicial. ·La gran mayoría de las partes interesadas confirmó la urgente necesidad de mejorar la eficacia de la cadena de aplicación de la ley en la práctica y la necesidad de disposiciones en materia de formación, recursos, cooperación y coordinación, junto con enfoques estratégicos para luchar contra la delincuencia medioambiental. La Comisión tuvo en cuenta todas las respuestas a la hora de decidir a qué opciones debía darse preferencia. Puede encontrarse más información sobre las consultas en los anexos de la evaluación de impacto (anexos 7 y 8). •Obtención y uso de asesoramiento especializado Para garantizar la disponibilidad de las pruebas necesarias para su evaluación de impacto, la Comisión se basó en una amplia gama de asesoramiento especializado. Los dictámenes de expertos considerados pueden dividirse en dos categorías principales: estudios del estado de la cuestión y consultas con las partes interesadas. En primer lugar, la Comisión evaluó la actual Directiva en 2019-2020 y publicó sus conclusiones en octubre de 2020. La evaluación ayudó a la Comisión a comprender los beneficios e inconvenientes de la legislación actual. Allanó el camino para la revisión de la Directiva, ya que la evaluación subrayó claramente que la legislación actual solo tenía efectos insignificantes en la práctica. Tras la evaluación, la Comisión encargó un estudio para apoyar la evaluación de impacto; dicho estudio se llevó a cabo entre abril y octubre de 2021. Su objetivo era evaluar el impacto de las distintas opciones, principalmente sus efectos financieros y económicos. Además de los dos estudios, la Comisión llevó a cabo una revisión exhaustiva de la bibliografía existente sobre el tema, como se refleja en las numerosas referencias utilizadas en la evaluación de impacto. Además, se analizó un gran número de declaraciones escritas de partes interesadas, como Eurojust, Europol, redes de profesionales, profesionales independientes, Estados miembros, ONG y empresas. El trabajo de documentación también abarcó la revisión de los dictámenes del Parlamento Europeo, como el informe sobre la responsabilidad de las empresas por daños medioambientales [2020/2027 (INI)] de la Comisión de Asuntos Jurídicos. También se tuvieron en cuenta las conclusiones de grupos de trabajo, como la encuesta por países para la II Reunión del Grupo de trabajo sobre medio ambiente y Derecho penal del Consejo de Europa, de 15 de junio de 2021. Asimismo, se ha estudiado cuidadosamente el trabajo pertinente de las principales redes europeas para la aplicación y el cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente (IMPEL, EnviCrimeNet, ENPE y EUFJE). Además, se han tomado en consideración los resultados de la octava ronda de evaluaciones mutuas del Consejo sobre la lucha contra la delincuencia medioambiental. •Evaluación de impacto La presente propuesta legislativa se basa en una evaluación de impacto. El Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen positivo (con reservas) el 1 de octubre de 2021. El anexo I de la evaluación de impacto explica cómo se abordaron los comentarios de dicho Comité. Una evaluación mostró que la Directiva, aunque establece un marco común de la UE para los principales delitos medioambientales, no tiene muchos efectos en la práctica. No afectó al número de condenas ni al nivel de sanciones impuestas en los Estados miembros. En particular, en la evaluación se detectaron los siguientes problemas clave específicos: 1.El ámbito de aplicación de la Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal (definido en dos anexos de la Directiva y una lista de delitos en su artículo 3) está obsoleto y se define de manera compleja, lo que obstaculiza la eficacia de las investigaciones, el enjuiciamiento de los delitos y la cooperación transfronteriza. 2.Las definiciones de lo que constituye un «delito medioambiental» son poco claras y obstaculizan la eficacia de las investigaciones, el enjuiciamiento de los delitos y la cooperación transfronteriza entre los Estados miembros y dentro de ellos. 3.Los niveles de sanciones no son eficaces ni disuasorios en todos los Estados miembros. 4.La cooperación transfronteriza es demasiado limitada. 5.Los responsables políticos y los profesionales desconocen la naturaleza y la magnitud de la delincuencia medioambiental, así como la eficacia de las medidas de aplicación de la ley, debido a la limitación en la recogida, el tratamiento y el intercambio de datos estadísticos. 6.La cadena de aplicación de la ley para luchar contra la delincuencia medioambiental, entre otras cosas, es ineficaz debido a la falta de formación y especialización, así como a la insuficiente coordinación y cooperación entre los distintos niveles de aplicación de la legislación medioambiental. La Comisión ha desarrollado una serie de opciones estratégicas legislativas y no legislativas. Las opciones consideradas y descartadas en una fase temprana fueron las siguientes: derogar la Directiva, y abordar los problemas detectados únicamente a través de medidas no vinculantes, como orientaciones de la UE sobre la interpretación de las definiciones y los niveles de las sanciones.

Sobre la base de la evaluación, la única opción adecuada para lograr los objetivos específicos determinados es revisar la Directiva. Esto no excluiría las medidas no legislativas de apoyo (en lo sucesivo: la «opción principal»). En el contexto de la opción estratégica principal, se han determinado y evaluado las siguientes subopciones (en lo sucesivo: las «opciones») con todo detalle en la evaluación de impacto para abordar cada uno de los objetivos específicos. Objetivo 1: mejorar la eficacia de las investigaciones y del enjuiciamiento de los delitos mediante la actualización del ámbito de aplicación de la Directiva y la introducción de un mecanismo viable para mantenerla actualizada a la luz del Pacto Verde Europeo. ·Opción 1a: actualizar la lista vigente de la legislación pertinente en los anexos, añadir al artículo 3 nuevas categorías de delitos pertinentes e introducir el procedimiento de comité para mantener actualizado el anexo. ·Opción 1b: hacer referencia a la legislación sectorial pertinente en términos generales y suprimir los anexos; pulir la definición de lo que constituye delito medioambiental en el artículo 3 y añadir nuevas categorías de delitos pertinentes. ·Opción 1c: definir la delincuencia medioambiental en la Directiva sin el requisito de infracción de la legislación sectorial pertinente de la UE. La opción preferida es la 1b, ya que añade más claridad jurídica sobre qué infracciones de la legislación sectorial constituyen delitos medioambientales. En el futuro, el legislador de la Unión tendría que actualizar la Directiva (de forma similar a la situación actual), ya que un mecanismo más sencillo, a saber, el procedimiento de comité, no es aplicable a los componentes esenciales de la Directiva. La definición de delincuencia medioambiental es un componente esencial. Los delitos recogidos en el artículo 3 se definirían por referencia a una definición más amplia de lo que se considera «ilícito» y se incluiría también una lista actualizada de categorías de delitos basadas en infracciones graves de la legislación vigente en materia de medio ambiente. Objetivo 2: Mejorar la eficacia de las investigaciones y el enjuiciamiento de los delitos mediante la aclaración o la eliminación de términos vagos que se utilizan en las definiciones de los delitos medioambientales. ·Opción 2a: definir con mayor precisión los términos poco claros que aparecen en la Directiva (por ejemplo, «daños sustanciales»). ·Opción 2b: eliminar términos vagos como, por ejemplo, «daños sustanciales», en particular mediante la tipificación como delito de los comportamientos de riesgo (delito de puesta en peligro). ·Opción 2c: una combinación de las opciones 2a y 2b. La opción preferida es la 2c, ya que, en aras de la claridad, el legislador debe arrojar luz en la propia Directiva (opción 2a) sobre las definiciones poco claras detectadas y añadir también más delitos basados en el concepto de riesgo, esencial para los casos que impliquen un gran perjuicio que pueda demostrarse en procesos sobre delincuencia medioambiental. Los delitos de puesta en peligro afectarían a aquellos casos en los que el legislador haya decidido que la infracción de normas sectoriales expondría el medio ambiente a un riesgo intolerable. Objetivo 3: Garantizar tipos y niveles de sanciones eficaces, disuasorios y proporcionados para la delincuencia medioambiental. ·Opción 3a: introducir niveles mínimos de sanciones máximas. ·Opción 3b: la opción 3a más circunstancias agravantes y sanciones accesorias. ·Opción 3c: la opción 3b más la obligación de vincular el nivel de las multas a la situación financiera de la persona jurídica y/o las ganancias ilegales. La opción preferida es la 3c, ya que todas las medidas abordan diferentes aspectos de un régimen sancionador eficaz y se refuerzan mutuamente. Objetivo 4: Fomentar la investigación y el enjuiciamiento transfronterizos de los delitos. Un paquete de disposiciones que fomentan directamente la cooperación transfronteriza, como herramientas de investigación eficaces y armonizadas, la obligación de cooperar a través de Europol, Eurojust y la OLAF, y normas en materia de jurisdicción. Objetivo 5: Mejorar el proceso de toma de decisiones bien fundamentadas en materia de delincuencia medioambiental mediante una mejora de la recogida y la comunicación de datos estadísticos. ·Opción 5a: obligar a los Estados miembros a recoger y comunicar de forma periódica a la Comisión datos estadísticos relacionados con la delincuencia medioambiental.

·Opción 5b: opción 5a más una obligación de los Estados miembros de recoger y comunicar datos estadísticos con arreglo a normas comunes armonizadas. La opción preferida es la 5b. Objetivo 6: Mejorar la eficacia operativa de las cadenas nacionales de aplicación de la ley para fomentar la detección, la investigación y el enjuiciamiento de los delitos y las sanciones. Un paquete de obligaciones para fomentar la aplicación práctica, como la oferta de formación específica y periódica a todos los niveles de la cadena de aplicación de la ley, estrategias nacionales generales contra la delincuencia medioambiental y medidas de sensibilización. Paquete preferido Con arreglo al objetivo 1, es probable que eliminar los anexos y, en su lugar, pulir la definición de lo que constituye un delito medioambiental ofrecida en el artículo 3, además de añadir nuevas categorías de delitos medioambientales en el mismo artículo, mejore la eficacia de las investigaciones y el enjuiciamiento de este tipo de delitos, especialmente en lo que respecta a la cooperación transfronteriza. Sin embargo, si en un futuro se añaden nuevos ámbitos de delincuencia medioambiental al ámbito de aplicación de la Directiva, también sería necesario actualizar periódicamente la Directiva a través del procedimiento legislativo. No hay una manera más sencilla de hacerlo, ya que las definiciones de las categorías de delitos medioambientales son un componente esencial de la Directiva y requieren una decisión del legislador de la Unión. En virtud del objetivo 2, tanto los delitos de puesta en peligro como los que requieren la manifestación del daño son necesarios para responder adecuadamente a la delincuencia medioambiental. La Directiva actual se basa en una combinación de estos dos tipos de definición de delito. La propuesta tendrá que añadir nuevas categorías de delitos de puesta en peligro y especificar con mayor precisión qué conductas están tipificadas como delito; también tendrá que añadir información que permita determinar qué puede constituir daño medioambiental. Unas definiciones más precisas de términos poco claros, como «daños sustanciales» y «cantidad desdeñable o no desdeñable», mejorarán la claridad de la Directiva. El hecho de centrarse en los delitos de puesta en peligro y los comportamientos de riesgo permitirá sancionar eficazmente los casos en que sea difícil determinar los daños reales o no se haya producido ningún daño. Por lo tanto, la aplicación combinada de ambas opciones puede dar lugar a una mayor eficacia de las investigaciones y el enjuiciamiento de los delitos medioambientales. Con arreglo al objetivo 3, el paquete de medidas sobre sanciones (opción 3c: niveles mínimos de sanciones máximas, circunstancias agravantes, sanciones accesorias, vinculación del nivel de las multas a las ganancias ilegales y la situación financiera del infractor) conducirá, en la práctica, a un aumento del carácter eficaz, proporcionado, disuasorio y uniforme de las sanciones en toda la UE. Además, los niveles mínimos de las sanciones máximas que conllevan prisión permitirán a los profesionales encargados de la aplicación de la ley acceder a instrumentos de investigación que solo están disponibles para los delitos sancionables con un cierto nivel mínimo de penas máximas. Esto dará lugar a investigaciones más eficaces y facilitará la cooperación transfronteriza. Las medidas en virtud del objetivo 4 (aproximación de los instrumentos de investigación, obligación de cooperar a través de las agencias de la UE y creación de puntos de contacto nacionales) fomentarán directamente la cooperación transfronteriza, se complementarán y reforzarán mutuamente y darán lugar a investigaciones más eficaces, ya que muchos casos de delincuencia medioambiental solo pueden perseguirse satisfactoriamente a escala transfronteriza. La opción preferida con arreglo al objetivo 5 dará lugar a una norma mínima comúnmente definida para la recogida de datos sobre procedimientos de delincuencia medioambiental y, por tanto, a datos estadísticos que sean comparables en toda la UE. El paquete de medidas propuesto con arreglo al objetivo 6 (formación/especialización, requisitos de cooperación y coordinación, sensibilización y estrategias nacionales) tendrá una influencia positiva en la eficacia práctica en todos los niveles de la cadena de aplicación de la ley (inspectores, policía, fiscalía y jueces del orden penal). Dado que la Directiva debe mejorar en los seis ámbitos problemáticos, la combinación de las opciones preferidas para cada objetivo debe dar lugar al mejor paquete global. En conjunto, las opciones preferidas pueden tener efectos acumulativos que van más allá de lo que podría lograrse con cada una de las opciones preferidas por separado. La cooperación transfronteriza se verá impulsada no solo por las medidas del objetivo 4, sino también a través del alcance más amplio de la Directiva que permite dicha cooperación en más áreas medioambientales. Unas definiciones más precisas de lo que constituye delincuencia medioambiental en virtud del objetivo 2 reducirán las diferentes percepciones en los Estados miembros que hasta ahora han obstaculizado o, incluso, puesto fin a la cooperación. La definición de los niveles máximos de sanciones no solo garantiza sanciones más disuasorias, sino que también abre la puerta a herramientas de investigación transfronteriza eficaces previstas en instrumentos legislativos que solo pueden aplicarse a partir de un determinado nivel de sanción para una determinada categoría de delitos. En virtud del objetivo 6, una mejor formación y especialización con arreglo a normas comparables en los Estados miembros también facilitará directamente la cooperación transfronteriza. La capacidad de los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad para anticipar mejor las posibilidades de éxito de un caso, que dará lugar a que se enjuicien más casos, se ve reforzada por definiciones más precisas de la delincuencia medioambiental (objetivo 2) y por una mejor formación y especialización en virtud del objetivo 6. La mejora de la cooperación transfronteriza (objetivo 4) y la disponibilidad de tipos y niveles de sanciones más disuasorios (objetivo 3) son otros factores que podrían facilitar la decisión de invertir los recursos necesarios para abordar los casos de delincuencia medioambiental. La eficacia y el carácter disuasorio de las investigaciones penales medioambientales no se lograrán solo mediante sanciones más adecuadas mediante la opción preferida en el marco del objetivo 3, sino que unas investigaciones más eficaces a través de los efectos combinados de las opciones preferidas en el marco de los objetivos 1, 2, 4 y 6, tal como se han descrito anteriormente, también contribuirán a un sistema de justicia penal que disuada de la comisión de delitos medioambientales. De este modo, las opciones preferidas no solo sirven mejor a los objetivos correspondientes, sino que también refuerzan la eficacia global de la Directiva más allá de cada objetivo específico. ¿A quién afecta la Directiva? Estados miembros y autoridades públicas Se espera que las disposiciones sobre la aplicación de la Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal refuercen la eficacia de la cadena de aplicación de la ley y garanticen la comparabilidad de las iniciativas de lucha contra la delincuencia medioambiental en toda la UE. Las disposiciones pueden generar algunos costes para las autoridades medioambientales, policiales y judiciales de los Estados miembros, tanto puntuales como permanentes. Sin embargo, los beneficios a medio y largo plazo serán muy superiores a dichos costes. Las autoridades nacionales tendrán que aportar recursos humanos y materiales adicionales (principalmente en la policía y el ministerio fiscal, ya que son las instituciones casi siempre responsables de investigar y enjuiciar los delitos medioambientales). Del mismo modo, la obligación de los Estados miembros de recoger y comunicar datos estadísticos con arreglo a normas nuevas y más armonizadas podría crear una carga administrativa adicional, en términos de la posible adaptación de los sistemas actuales para el registro de los casos y de elaboración de dichas estadísticas a escala nacional antes de transmitirlas a la UE. Todos los Estados miembros tendrían que impartir cierto grado de formación adicional a los profesionales correspondientes a lo largo de la cadena de aplicación de la ley, teniendo en cuenta los términos revisados de la Directiva y el personal adicional. Los recursos necesarios dependerán de la medida en que los Estados miembros ya impartan formación periódica en materia de delincuencia medioambiental. Por último, existen algunos costes adicionales relacionados con la creación de puntos de referencia nacionales en diversas instituciones y el desarrollo de estrategias nacionales de lucha contra la delincuencia medioambiental.

Empresas de la UE No hay costes directos asociados a la Directiva para las empresas de la UE. Sus costes de cumplimiento se derivan de la legislación medioambiental administrativa. Una mayor eficacia en la aplicación de la ley en el ámbito de la delincuencia medioambiental protegería a las empresas que operan legalmente de la competencia desleal derivada de las actividades empresariales ilegales. Además, se reducirían los daños a la reputación de un sector (por ejemplo, la gestión de residuos o la producción química) afectado por actividades ilegales, lo que supondría beneficios adicionales para las empresas que cumplen las normas. Dado que la delincuencia medioambiental seguirá estando vinculada a una infracción de la legislación administrativa, existe un riesgo limitado de que las empresas puedan ser sancionadas por actividades medioambientales permitidas en virtud del Derecho administrativo, con la excepción de las situaciones específicas y bien definidas mencionadas en la Directiva. Pymes Las pymes pueden enfrentarse a una presión algo mayor debido a su menor capacidad para pagar multas o recurrir a asesoramiento jurídico y llevar a cabo actividades de diligencia debida. La posibilidad de vincular las multas a la situación financiera de una empresa, además de otros aspectos circunstanciales del delito, podría reducir la vulnerabilidad de las pymes frente a tales multas. Ciudadanos de la UE Se espera que una aplicación más eficaz de la legislación penal medioambiental tenga repercusiones positivas para la sociedad en su conjunto. Además de los beneficios para la calidad de vida asociados a la protección del medio ambiente, la reducción de la actividad delictiva promueve la mejora de la gobernanza, la reducción de la corrupción y la reducción de los riesgos que plantean las grandes organizaciones delictivas. •Adecuación regulatoria y simplificación En esta evaluación de impacto no se determinó ninguna posibilidad de simplificar la Directiva ni de reducir costes innecesarios. La Directiva, que es un instrumento de Derecho penal, no genera ningún coste adicional para los ciudadanos, las empresas ni las pymes. Así se confirmó durante las consultas con las partes interesadas. La propuesta contendrá una serie de disposiciones adicionales destinadas a añadir precisión a la Directiva, actualmente muy genérica, a clarificar su ámbito de aplicación, a dar definiciones más exactas de los delitos y a garantizar la eficacia, la proporcionalidad y el efecto disuasorio de las sanciones. Esto simplificará y facilitará la aplicación práctica por parte de las autoridades de los Estados miembros y, de este modo, garantizará que la Directiva alcance mejor sus objetivos. La propuesta también contiene nuevas disposiciones que obligan a los Estados miembros a adoptar medidas específicas que garanticen la aplicación efectiva de la Directiva en la práctica (medidas de formación, medidas de sensibilización, medidas para reforzar la cooperación transfronteriza, medidas para proporcionar los recursos necesarios, etc.). Si bien puede parecer que se trata de nuevas obligaciones que generan costes para los Estados miembros, en realidad las disposiciones en cuestión solo establecen explícitamente lo que, en cualquier caso, es una obligación de los Estados miembros. Los Estados miembros no solo están obligados a transponer la Directiva a su Derecho interno, sino que también deben adoptar las medidas de aplicación práctica necesarias. La evaluación puso de manifiesto que la aplicación práctica es deficiente en todos los Estados miembros y a lo largo de toda la cadena de aplicación de la ley. Por lo tanto, las obligaciones que establece la Directiva son necesarias para garantizar el cumplimiento por parte de los Estados miembros. Las medidas de ejecución requeridas en la propuesta son medidas que los profesionales han considerado las más pertinentes para permitirles hacer cumplir las disposiciones nacionales que transponen la Directiva. En particular, se ha considerado que la formación es una necesidad fundamental para mejorar la aplicación de la ley en lo que respecta a la delincuencia medioambiental. •Derechos fundamentales Es probable que la Directiva tenga repercusiones positivas para el nivel de protección del medio ambiente, objeto del artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La mejora del medio ambiente contribuirá a mejorar el bienestar físico (salud) de los ciudadanos, lo que está contemplado en el valor de la dignidad humana. Por lo tanto, también tendrá un efecto positivo en el derecho a la vida (artículo 2 de la Carta), el derecho a la integridad de la persona (artículo 3), el cuidado y el bienestar de los menores (artículo 24), el derecho a unas condiciones de trabajo justas y equitativas (artículo 31) y el derecho a la protección de la salud y otros cuidados sanitarios (artículo 35). La presente Directiva, que es un instrumento de Derecho penal, deberá transponerse al Derecho interno respetando los derechos fundamentales y los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, la «Carta») reconocidos en el TUE. En concreto, debe transponerse y aplicarse respetando debidamente el derecho a la protección de los datos de carácter personal (artículo 8 de la Carta), la libertad de empresa (artículo 16), la presunción de inocencia y los derechos de la defensa (artículo 48), los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas (artículo 49), y el derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por la misma infracción (artículo 50). Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben garantizar los derechos procesales de los sospechosos o acusados en los procesos penales. Sus obligaciones en virtud de la presente Directiva se entienden sin perjuicio de sus obligaciones como Estados miembros en virtud del Derecho de la Unión en materia de derechos procesales en los procesos penales. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La presente propuesta tiene repercusiones presupuestarias insignificantes para los Estados miembros y para la Comisión. Puede encontrarse información específica sobre las repercusiones financieras para la Comisión en la ficha de financiación legislativa adjunta al presente paquete legislativo. La Comisión soporta dos tipos de costes: costes puntuales y costes recurrentes. Las primeras repercusiones financieras para la Comisión están relacionadas con el quinto objetivo de la revisión, esto es, mejorar la recogida y la comunicación de datos estadísticos sobre delitos medioambientales. Los costes de la Comisión para este objetivo ascienden a 155 000 EUR en 2025. Este coste global se divide en tres tipos de gastos. En primer lugar, la definición de normas mínimas costará 110 000 EUR y es un coste puntual que no se producirá hasta 2025. El segundo coste está relacionado con el mantenimiento de las normas y es un coste recurrente anual de 16 000 EUR. El último coste asociado a este objetivo es el informe bienal de la Comisión sobre los datos de los Estados miembros, que supone también un coste periódico anual de 25 000 EUR. Además de estos costes para el quinto objetivo de la revisión, la Comisión también tendrá que prever otro coste puntual para sus obligaciones de comunicación. La propuesta legislativa establece que la Comisión tendrá que elaborar dos informes. El primer informe se refiere a la transposición de la Directiva por parte de los Estados miembros y costará 405 000 EUR divididos entre el coste de contratar a un contratista para la elaboración del estudio, a saber, 350 000 EUR, y su revisión por parte del personal de la Comisión, a saber, 54 600 EUR. El segundo informe que la Comisión debe elaborar es un estudio que analizará la eficacia de la Directiva con una serie de indicadores concretos. Este estudio, que se realizará una vez finalizado el actual marco financiero plurianual, costará 420 000 EUR. Por lo tanto, los costes para la Comisión en 2025 serían de 560 000 EUR y los costes anuales recurrentes relacionados con la Directiva ascenderían a 45 000 EUR. Esta evaluación no incluye los costes del informe sobre la eficacia de la Directiva, que se elaboraría una vez finalizado el actual marco financiero plurianual. Las repercusiones financieras de la Directiva para los Estados miembros están relacionadas con tres objetivos de su revisión: mejorar la eficacia de la cooperación y la coordinación entre los Estados miembros (objetivo 4), mejorar la recogida y la comunicación de datos estadísticos sobre delincuencia medioambiental (objetivo 5) y mejorar la eficacia del funcionamiento de la cadena de aplicación de la ley (objetivo 6).

Por lo que respecta al objetivo 4, habrá dos grupos de costes para todos los Estados miembros: uno para instrumentos de investigación y otro para el establecimiento de puntos de contacto nacionales. En cuanto a los instrumentos de investigación, no había datos disponibles que permitieran una evaluación inicial del coste. Sin embargo, para el establecimiento de puntos de contacto nacionales, el coste para todos los Estados miembros oscilará entre 475 600 y 792 700 EUR, dependiendo de la opción que elijan. En cuanto al objetivo 5, pueden señalarse varios tipos de costes para los Estados miembros. Dos de ellos son costes puntuales: el coste del establecimiento de un procedimiento nacional de coordinación, que costaría 146 200 EUR para todos los Estados miembros, y el coste de definir las normas mínimas, que ascendería a 280 000 EUR. Dos de los costes relacionados con el objetivo 5 no son puntuales sino recurrentes. En primer lugar, los Estados miembros tendrán que mantener las normas, lo que debería generar unos costes para todos los Estados miembros de 35 000 EUR. La coordinación, la recogida y la comunicación de datos costarán 220 000 EUR para todos los Estados miembros. Esto significa que el importe total de los costes que soportarán los Estados miembros para el objetivo 5 es de aproximadamente 683 000 EUR. Por lo que respecta al objetivo 6, los Estados miembros asumirían igualmente varios tipos de costes: formación, sensibilización del público, definición y aplicación de estrategias nacionales, y aumento del personal. Dado que la formación es una de las principales medidas de apoyo de la Directiva, se ha calculado que, para todos los Estados miembros, su coste ascenderá a 7 800 000 EUR. Los costes relacionados con las estrategias nacionales deben dividirse en costes puntuales y recurrentes. La definición y la primera aplicación de las estrategias nacionales costarán 864 000 EUR para todos los Estados miembros. Una vez completada esta primera parte, los Estados miembros soportarán costes recurrentes estimados en 325 000 EUR para todos ellos. Por último, el coste del aumento de personal vinculado a esta Directiva se ha estimado en 4 millones EUR para todos los Estados miembros. Por tanto, todos los costes del objetivo 6 ascienden a unos 13 millones EUR para todos los Estados miembros. Estos costes deben evaluarse a la luz de las pérdidas que supone la delincuencia medioambiental. Según las estimaciones del PNUMA y de Interpol, publicadas en junio de 2016, las pérdidas anuales que ocasiona la delincuencia medioambiental oscilan entre 91 000 y 258 000 millones USD. 5.OTROS ELEMENTOS •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información La propuesta pretende corregir las deficiencias de la Directiva actual y, en consecuencia, establece diversas medidas para la aplicación, el seguimiento, la evaluación y la información. En primer lugar, tras la entrada en vigor de la Directiva, deberán establecerse normas mínimas para la comunicación y la recogida de datos estadísticos sobre delincuencia medioambiental mediante un acto de ejecución. A más tardar un año después de la entrada en vigor de la Directiva, los Estados miembros tendrán que elaborar una estrategia nacional de lucha contra la delincuencia medioambiental y establecer un plan de acción para transponer la Directiva. Esto permitirá a la Comisión evaluar tanto la transposición de la Directiva revisada por parte de los Estados miembros como su compromiso con una lucha más eficiente contra la delincuencia medioambiental. El plan de ejecución y las disposiciones de evaluación e información no acaban con la entrada en vigor de la Directiva. Los Estados miembros dispondrán de dieciocho meses tras la entrada en vigor de la Directiva para transponerla a su legislación nacional. Dos años después de finalizar este período de transposición, la Comisión tendrá que elaborar un informe sobre la forma en que los Estados miembros han transpuesto la Directiva. Cinco años después de finalizar el período de transposición, la Comisión debe elaborar un estudio sobre la eficacia de la Directiva para evaluar su valor añadido. Además de estos procedimientos de seguimiento, cada dos años los Estados miembros deben elaborar un informe con información relativa a la Directiva, como su estrategia nacional o sus medidas de coordinación y cooperación. Sobre la base de los datos transmitidos por los Estados miembros, la Comisión también elaborará informes estadísticos sobre delincuencia medioambiental. •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta Artículo 1: objeto Esta disposición establece el propósito de la Directiva y, en particular, su objetivo de apoyar la protección del medio ambiente mediante el establecimiento de delitos y sanciones penales. Artículo 2: definiciones Esta disposición contiene definiciones de los términos utilizados en la Directiva, en particular una definición más pulida de «ilicitud» a efectos de definir los delitos medioambientales. Artículo 3: delitos Esta disposición describe los delitos contemplados por la presente Directiva. Algunos de los delitos proceden de la Directiva actual, otros son versiones modificadas y más claras de los actuales y otros son delitos nuevos. Además, los términos empleados en la definición de los delitos se aclaran en el sentido de que especifican elementos que deben tenerse en cuenta en la investigación, el enjuiciamiento y la resolución de delitos: en particular, «daños sustanciales», «pueda(n)» causar daños y «cantidad desdeñable». Artículo 4: incitación, complicidad y tentativa El artículo 4 tipifica como delito la incitación a los delitos y la complicidad en la comisión de los delitos a que se refiere el artículo 3, apartado 1. Asimismo, se tipifica la tentativa de cometer determinados delitos, mencionados en el artículo 4. Artículo 5: sanciones aplicables a las personas físicas Este artículo establece unas normas mínimas para garantizar que los delitos mencionados en los artículos 3 a 4 puedan castigarse con sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias. Además, la propuesta exige que los Estados miembros introduzcan niveles y tipos de sanciones específicos para los delitos medioambientales. La categorización propuesta refleja la gravedad de los delitos. Por ejemplo, el apartado 2 establece que los delitos a que se refiere el artículo 3 deben castigarse con una pena máxima de prisión de al menos diez años si causan o pueden causar la muerte o lesiones graves a cualquier persona.

El apartado 5 tiene por objeto que los Estados miembros adopten medidas para garantizar que los delitos a que se refieren los artículos 3 y 4 puedan ser objeto de sanciones y medidas adicionales para permitir una respuesta adaptada a los diferentes tipos de conductas delictivas. Artículo 6: responsabilidad de las personas jurídicas Este artículo contiene obligaciones para garantizar la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos mencionados en los artículos 3 y 4 cuando dichos delitos se hayan cometido en su beneficio. También establece que los Estados miembros deben asegurarse de que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de la falta de supervisión y control que haya hecho posible la comisión de alguno de los delitos mencionados en el artículo 3 y 4 en beneficio de la persona jurídica. Además, la responsabilidad de la persona jurídica no debe excluir los procesos penales contra las personas físicas. Artículo 7: sanciones a las personas jurídicas Este artículo establece las sanciones aplicables a las personas jurídicas implicadas en los delitos contemplados en la presente propuesta. Artículo 8: circunstancias agravantes Este artículo establece las circunstancias agravantes que deben tenerse en cuenta a la hora de aplicar sanciones a uno de los delitos contemplados en los artículos 3 y 4. Artículo 9: circunstancias atenuantes Este artículo establece las circunstancias atenuantes que deben tenerse en consideración a la hora de aplicar sanciones a uno de los delitos contemplados en los artículos 3 y 4. Artículo 10: embargo y decomiso Esta disposición garantiza que los Estados miembros brinden a las autoridades competentes la oportunidad de embargar y decomisar los productos de los delitos contemplados en la presente propuesta. Artículo 11: plazos de prescripción de los delitos Este artículo establece disposiciones relativas a los plazos de prescripción para que las autoridades competentes puedan llevar a cabo la investigación, el enjuiciamiento y la resolución de los delitos contemplados en la presente propuesta durante un tiempo determinado. Artículo 12: jurisdicción Este artículo establece disposiciones sobre la jurisdicción para asegurar que los Estados miembros establezcan jurisdicción para los delitos contemplados en la propuesta e informen a la Comisión si deciden ampliar dicha jurisdicción en casos específicos en los que el delito se haya cometido fuera de su territorio. Artículo 13: protección de las personas que denuncien delitos medioambientales o que colaboren en la investigación Esta disposición se refiere a la protección de personas como los denunciantes, los defensores del medio ambiente y otras personas que comuniquen información o aporten pruebas a una investigación relacionada con delitos medioambientales. Artículo 14: derechos del público interesado a participar en los procesos Esta disposición se refiere a los derechos procesales a participar en procesos penales, que deben concederse al público interesado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2. Artículo 15: prevención

Esta disposición obliga a los Estados miembros a adoptar medidas preventivas para reducir los delitos medioambientales. Artículo 16: recursos Esta disposición tiene por objeto garantizar que las autoridades nacionales que detecten, investiguen o enjuicien delitos medioambientales o resuelvan sobre ellos dispongan de suficiente personal cualificado y de recursos financieros, técnicos y tecnológicos suficientes para desempeñar sus funciones de manera eficaz. Artículo 17: formación Esta disposición tiene por objeto mejorar las actividades de formación a lo largo de la cadena de aplicación de la ley para garantizar que todas las partes implicadas dispongan de las capacidades y competencias especializadas necesarias para desempeñar sus funciones de manera eficaz. Artículo 18: instrumentos de investigación Esta disposición establece la obligatoriedad de poner instrumentos de investigación especiales a disposición de la investigación de los delitos a que se refieren los artículos 3 y 4. Artículo 19: coordinación y cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros Esta disposición exige a los Estados miembros que garanticen la coordinación y la cooperación en los aspectos estratégico y operativo entre todas sus autoridades competentes implicadas en la prevención y la lucha contra la delincuencia medioambiental. Artículo 20: estrategia nacional de lucha contra la delincuencia medioambiental Esta disposición tiene por objeto garantizar un enfoque estratégico para luchar contra la delincuencia medioambiental e incluye aspectos que deben abordarse mediante una estrategia nacional que deberá establecerse en cada Estado miembro. Artículo 21: recogida de datos y estadísticas Esta disposición aborda la necesidad de recoger información de forma sistemática sobre las iniciativas de lucha contra la delincuencia medioambiental y de proporcionar datos estadísticos sobre dicho tipo de delincuencia. Exige a los Estados miembros que recojan, publiquen y envíen a la Comisión datos estadísticos pertinentes. Asimismo, establece la obligación de que la Comisión publique periódicamente un informe sobre la base de los datos estadísticos facilitados por los Estados miembros. Esta disposición también tiene por objeto ayudar a abordar la actual disponibilidad limitada de datos sobre delincuencia medioambiental, lo que ayudaría a evaluar la eficacia de los sistemas nacionales de lucha contra los delitos medioambientales. Artículo 22: competencias de ejecución Esta disposición complementa el artículo 25 y tiene por objeto reforzar la obligación de los Estados miembros de enviar datos estadísticos a la Comisión, solicitando a la Comisión la adopción de un acto de ejecución que defina unas normas comunes mínimas para la comunicación de datos estadísticos. Artículo 23: procedimiento de comité Esta disposición aborda la necesidad de que la Comisión esté asistida por un comité para adoptar el proyecto de acto de ejecución. Artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 Estos artículos contienen disposiciones adicionales sobre la transposición y la comunicación de información por parte de los Estados miembros, la evaluación y la presentación de informes por parte de la Comisión, la entrada en vigor y la aplicación de la Directiva 2005/35/CE y la sustitución de la Directiva 2008/99/CE por la presente Directiva.





2021/0422 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y por la que se sustituye la Directiva 2008/99/CE EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 83, apartado 2, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)De conformidad con el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Unión se compromete a velar por un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. (2)La Unión sigue preocupada por el aumento de los delitos medioambientales y sus efectos, que socavan la eficacia de la legislación medioambiental de la Unión. Además, estos delitos se extienden cada vez en mayor medida más allá de las fronteras de los Estados miembros en los que se cometen. Tales delitos suponen una amenaza para el medio ambiente y, por lo tanto, requieren una respuesta apropiada y eficaz. (3)Los sistemas de sanciones vigentes en virtud de la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y de la legislación sectorial medioambiental no han sido suficientes en todo el ámbito político medioambiental para lograr el cumplimiento del Derecho de la Unión en materia de protección del medio ambiente. Este cumplimiento debe reforzarse mediante la disponibilidad de sanciones penales que pongan de manifiesto una desaprobación social de naturaleza cualitativamente diferente a la de las sanciones administrativas. (4)Debe mejorarse la eficacia de las investigaciones, el enjuiciamiento y la resolución de los delitos medioambientales. Debe revisarse la lista de delitos medioambientales establecida en la Directiva 2008/99/CE y deben añadirse categorías adicionales de delitos basados en las infracciones más graves del Derecho de la Unión en materia de medio ambiente. Deben reforzarse las disposiciones relativas a las sanciones a fin de aumentar su efecto disuasorio, así como la cadena de aplicación de la ley encargada de la detección, investigación, enjuiciamiento y resolución de los delitos medioambientales. (5)Los Estados miembros deben tipificar las categorías de delitos y precisar mejor las definiciones de las categorías de delitos, así como armonizar los tipos y niveles de las sanciones. (6)Los Estados miembros deben prever en su legislación nacional sanciones penales por las infracciones graves de las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la protección del medio ambiente. En el marco de la política pesquera común, el Derecho de la Unión establece un conjunto completo de normas de control y aplicación en virtud del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 y del Reglamento (CE) n.º 1005/2008 en caso de infracciones graves, en particular las que causan daños al medio marino. Con arreglo a este sistema, los Estados miembros pueden elegir entre sistemas sancionadores administrativos o penales. En consonancia con la Comunicación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad de aquí a 2030, determinadas conductas ilícitas intencionadas contempladas en el Reglamento (CE) n.º 1224/2009 y en el Reglamento (CE) n.º 1005/2008 deben tipificarse como delitos. (7)Para constituir un delito medioambiental con arreglo a la presente Directiva, una conducta debe ser ilícita con arreglo al Derecho de la Unión que proteja el medio ambiente o la legislación, los reglamentos administrativos o las decisiones nacionales que den efecto a dicho Derecho de la Unión. Debe definirse qué conductas constituyen cada una de las categorías de delito y, en su caso, debe establecerse un umbral que deberá cumplirse para que la conducta en cuestión sea tipificada como delito. Dicha conducta debe considerarse delito cuando se cometa intencionadamente y, en determinados casos, también cuando se cometa por negligencia grave. Las conductas ilegales que causen la muerte o lesiones graves a las personas, daños sustanciales o un riesgo considerable de daños sustanciales para el medio ambiente, o que se consideren especialmente perjudiciales para el medio ambiente de otro modo, constituyen un delito cuando se cometen por negligencia grave. Los Estados miembros siguen teniendo libertad para adoptar o mantener normas penales más estrictas en este ámbito. (8)Una conducta debe considerarse ilícita también cuando se lleve a cabo con arreglo a una autorización por parte de una autoridad competente de un Estado miembro si dicha autorización se obtuvo de manera fraudulenta o mediante corrupción, extorsión o coerción. Además, los operadores deben adoptar las medidas necesarias para cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables en relación con la protección del medio ambiente cuando lleven a cabo la actividad correspondiente, incluido el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la legislación nacional y de la UE aplicable, en los procedimientos que regulan las modificaciones o actualizaciones de las autorizaciones vigentes. (9)El medio ambiente debe protegerse en un sentido amplio, tal como se establece en el artículo 3, apartado 3, del TUE y en el artículo 191 del TFUE, abarcando todos los recursos naturales (aire, agua, suelo, fauna y flora silvestres, en particular los hábitats), así como los servicios que son posibles gracias a los recursos naturales.

(10)La aceleración del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación del medio ambiente, junto con ejemplos tangibles de sus efectos devastadores, han llevado al reconocimiento de la transición ecológica como el objetivo definitorio de nuestro tiempo y una cuestión de equidad intergeneracional. Por tanto, si la legislación de la Unión contemplada por la presente Directiva evoluciona, esta Directiva deberá contemplar también cualquier legislación de la Unión actualizada o modificada que entre en el ámbito de aplicación de los delitos definidos en la presente Directiva, cuando las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión permanezcan inalteradas en esencia. Sin embargo, cuando nuevos instrumentos jurídicos prohíban nuevas conductas perjudiciales para el medio ambiente, la presente Directiva deberá modificarse para añadir también a las categorías de delitos las nuevas infracciones graves del Derecho de la Unión en materia de medio ambiente. (11)Los umbrales cualitativos y cuantitativos utilizados para definir los delitos medioambientales deben aclararse proporcionando una lista no exhaustiva de circunstancias que las autoridades que investigan, enjuician los delitos o resuelven sobre ellos deben tener en cuenta a la hora de evaluar dichos umbrales. Esto debe promover la aplicación coherente de la Directiva y una lucha más eficaz contra los delitos medioambientales, además de proporcionar seguridad jurídica. No obstante, dichos umbrales o su aplicación no deben dificultar en exceso la investigación, el enjuiciamiento o la resolución de los delitos. (12)En los procesos penales y en los juicios, debe tenerse debidamente en cuenta la participación de grupos delictivos organizados que operan de formas que repercuten negativamente en el medio ambiente. Los procesos penales deben abordar la corrupción, el blanqueo de capitales, la ciberdelincuencia y el fraude documental, además de (en relación con las actividades empresariales) la intención del delincuente de maximizar los beneficios o ahorrar gastos, cuando se produzcan en el contexto de la delincuencia medioambiental. Estas formas de delincuencia están a menudo interrelacionadas con formas graves de delitos medioambientales y, por lo tanto, no deben tratarse de forma aislada. A este respecto, es especialmente preocupante que algunos delitos medioambientales se cometan con la tolerancia o el apoyo activo de las administraciones o los funcionarios competentes en el desempeño de su función pública. En algunos casos, dicho apoyo puede incluso adoptar la forma de corrupción. Algunos ejemplos de tales comportamientos son hacer la vista gorda o guardar silencio en relación a la infracción de las leyes que protegen el medio ambiente tras las inspecciones; omitir deliberadamente inspecciones o controles, por ejemplo, con respecto a si el titular del permiso respeta las condiciones del mismo; resolver o votar a favor de la concesión de licencias ilegales o emitir informes favorables falsificados o no veraces. (13)La incitación a los delitos cometidos intencionadamente y la complicidad en ellos también deben ser punibles. La tentativa de cometer un delito que cause la muerte o lesiones graves a una persona o daños sustanciales al medio ambiente, o que pueda causar daños sustanciales al medio ambiente o se considere especialmente perjudicial por otro motivo, también debe constituir un delito cuando se lleve a cabo intencionadamente. (14)Las sanciones para los delitos deben ser eficaces, disuasorias y proporcionadas. Para ello, deben fijarse niveles mínimos para la pena máxima de prisión aplicable a las personas físicas. Las sanciones accesorias se consideran a menudo más eficaces que las sanciones financieras, especialmente para las personas jurídicas. Por lo tanto, deben preverse sanciones o medidas adicionales en los procesos penales. Entre ellas deben figurar la obligación de restablecer el medio ambiente, la exclusión del acceso a financiación pública, incluidos los procedimientos de contratación pública, las subvenciones y concesiones, y la retirada de permisos y autorizaciones. Esto se entiende sin perjuicio de la facultad discrecional de los jueces o tribunales en los procesos penales para imponer sanciones adecuadas en cada caso concreto. (15)Cuando así lo disponga el Derecho interno, las personas jurídicas también deben ser consideradas responsables penalmente de los delitos medioambientales de conformidad con la presente Directiva. Los Estados miembros cuyo Derecho interno no prevea la responsabilidad penal de las personas jurídicas deben velar por que sus sistemas sancionadores administrativos prevean tipos y niveles de sanciones eficaces, disuasorios y proporcionados, tal como se establece en la presente Directiva, a fin de alcanzar sus objetivos. Debe tenerse en cuenta la situación financiera de las personas jurídicas para garantizar el carácter disuasorio de la sanción impuesta. (16)Debe fomentarse una mayor aproximación y eficacia de los niveles de sanciones impuestos en la práctica mediante circunstancias agravantes comunes que reflejen la gravedad del delito cometido. Cuando se haya causado la muerte o lesiones graves a una persona y estos elementos no sean ya constituyentes del delito, podrían considerarse circunstancias agravantes. Del mismo modo, que un delito medioambiental cause daños sustanciales e irreversibles o duraderos a todo un ecosistema debe ser una circunstancia agravante debido a su gravedad, en particular en casos comparables al ecocidio. Dado que los beneficios o gastos ilegales que pueden generarse o evitarse mediante delitos medioambientales son un incentivo importante para los delincuentes, deben ser tenidos en cuenta a la hora de determinar el nivel adecuado de las sanciones en cada caso concreto. (17)Cuando los delitos sean de carácter continuado, deberá ponérseles fin lo antes posible. Cuando los infractores hayan obtenido beneficios económicos, dichos beneficios deben decomisarse. (18)La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de los principios y las normas generales del Derecho penal nacional en materia de determinación de las penas o aplicación y ejecución de sentencias de conformidad con las circunstancias específicas de cada caso concreto. (19)Los Estados miembros deben establecer normas relativas a los plazos de prescripción necesarias para permitirles luchar de manera eficaz contra los delitos medioambientales, sin perjuicio de las normas nacionales que no establezcan plazos de prescripción para la investigación, el enjuiciamiento y el cumplimiento. (20)Las obligaciones que impone la presente Directiva de prever sanciones penales no deben eximir a los Estados miembros de la obligación de prever sanciones administrativas y otras medidas en el Derecho interno para las infracciones establecidas en la legislación medioambiental de la Unión. (21)Los Estados miembros deben definir claramente, con arreglo a su legislación nacional, el ámbito de aplicación del Derecho administrativo y del Derecho penal con respecto a los delitos medioambientales. En la aplicación del Derecho interno que transponga la presente Directiva, los Estados miembros deben velar por que la imposición de sanciones penales y administrativas respete los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el principio del ne bis in idem. (22)Además, las autoridades judiciales y administrativas de los Estados miembros deben tener a su disposición una serie de sanciones penales y otras medidas para hacer frente a los diferentes tipos de conductas delictivas de manera individualizada y eficaz. (23)Habida cuenta, en particular, de la movilidad de los autores de las conductas ilícitas contempladas en la presente Directiva, así como del carácter transfronterizo de los delitos y de la posibilidad de realizar investigaciones transfronterizas, los Estados miembros deben establecer jurisdicción para contrarrestar dichas conductas de manera eficaz. (24)Los delitos medioambientales conllevan daños para la naturaleza y la sociedad. Quienes denuncian infracciones del Derecho de la Unión en materia de medio ambiente prestan un servicio de interés público y desempeñan un papel clave en la detección y prevención de tales infracciones, salvaguardando así el bienestar de la sociedad. Las personas que están en contacto con una organización en el contexto de sus actividades laborales suelen ser las primeras en conocer las amenazas o los daños para el interés público y el medio ambiente. Aquellos que denuncian irregularidades son conocidos como «denunciantes». Sin embargo, los posibles denunciantes suelen renunciar a informar sobre sus preocupaciones o sospechas por temor a sufrir represalias. Estas personas deben beneficiarse de la protección equilibrada y eficaz para denunciantes establecida en la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo. (25)Otras personas también pueden poseer información valiosa sobre posibles delitos medioambientales. Pueden ser miembros de la comunidad afectada o miembros de la sociedad en general que participan activamente en la protección del medio ambiente. Las personas que denuncien delitos medioambientales, así como las que cooperen en la aplicación de la ley en relación con tales delitos, deben recibir el apoyo y la asistencia necesarios en el contexto de los procesos penales, de modo que su cooperación no les perjudique. También debe protegerse a estas personas de sufrir acoso o de ser injustamente procesadas por denunciar tales delitos o por su cooperación en los procesos penales. (26)Dado que la naturaleza no puede representarse a sí misma como víctima en un proceso penal, a efectos de la aplicación efectiva de la ley, los miembros del público interesados, tal como se definen en la presente Directiva, y teniendo en cuenta el artículo 2, apartado 5, y el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus, deben tener la posibilidad de actuar en nombre del medio ambiente como bien público, dentro del ámbito de aplicación del marco jurídico de los Estados miembros y con sujeción a las normas procesales pertinentes. (27)La falta de recursos y competencias de ejecución de las autoridades nacionales que detectan, investigan, enjuician o delitos medioambientales o resuelven sobre ellos crea obstáculos para la prevención y el castigo efectivos de este tipo de delitos. En concreto, la escasez de recursos puede impedir que las autoridades adopten cualquier tipo de medida o puede limitar sus medidas de ejecución, lo que permite que los infractores eludan su responsabilidad o reciban penas que no se corresponden con la gravedad del delito. Por lo tanto, deben establecerse criterios mínimos relativos a los recursos y las competencias de ejecución. (28)El funcionamiento efectivo de la cadena de aplicación de la ley depende de una serie de competencias especializadas. Dado que la complejidad de los retos que plantean los delitos medioambientales y la naturaleza técnica de este tipo de delitos requieren un enfoque multidisciplinar, es necesario que todas las autoridades competentes pertinentes cuenten con unos conocimientos jurídicos y técnicos y con una formación y especialización de alto nivel. Los Estados miembros deben impartir la formación adecuada para las funciones de quienes detectan, investigan o enjuician delitos medioambientales o resuelven sobre ellos. A fin de maximizar el grado de profesionalidad y la eficacia de la cadena de aplicación de la ley, los Estados miembros también deben valorar la posibilidad de asignar unidades de investigación, fiscales y jueces de lo penal especializados a los casos de delincuencia medioambiental. Los tribunales penales generales podrían disponer salas de jueces especializadas. Deben ponerse a disposición de todas las autoridades pertinentes en materia de aplicación de la ley los conocimientos técnicos necesarios. (29)Para garantizar una aplicación satisfactoria de la ley, los Estados miembros deben poner a disposición de dichas autoridades instrumentos de investigación eficaces para los delitos medioambientales, como los que existen en su Derecho interno para luchar contra la delincuencia organizada u otros delitos graves. Entre estas herramientas deben estar la intercepción de comunicaciones, la vigilancia discreta, en particular la vigilancia electrónica, las entregas vigiladas, el control de cuentas bancarias y otros instrumentos de investigación financiera. Estos instrumentos deben aplicarse de conformidad con el principio de proporcionalidad y respetando plenamente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De conformidad con el Derecho interno, la naturaleza y la gravedad de los delitos investigados deben justificar el uso de estos instrumentos de investigación. Debe respetarse en todo momento el derecho a la protección de los datos personales.

(30)Para garantizar un sistema de aplicación de la ley eficaz, integrado y coherente que comprenda medidas de Derecho administrativo, civil y penal, los Estados miembros deben organizar la cooperación interna y la comunicación entre todos los agentes a lo largo de las cadenas de aplicación de la ley administrativa y penal y entre los agentes que aplican sanciones, tanto punitivas como correctoras. De conformidad con las normas aplicables, los Estados miembros también deben cooperar a través de las agencias de la UE, en particular Eurojust y Europol, así como con los órganos de la UE, en particular la Fiscalía Europea y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), en sus respectivos ámbitos de competencia. (31)Para garantizar un enfoque coherente de la lucha contra los delitos medioambientales, los Estados miembros deben adoptar, publicar y revisar periódicamente una estrategia nacional de lucha contra este tipo de delitos, en la que se establezcan los objetivos, las prioridades y las medidas y los recursos necesarios correspondientes. (32)Para abordar de forma eficaz los delitos contemplados en la presente Directiva, es necesario que las autoridades competentes de los Estados miembros recopilen datos exactos, coherentes y comparables sobre la magnitud y las tendencias de los delitos medioambientales, así como sobre las iniciativas para luchar contra ellos y sus resultados. Estos datos deben utilizarse para preparar estadísticas que sirvan para la planificación operativa y estratégica de las actividades de aplicación de la ley, así como para facilitar información a los ciudadanos. Los Estados miembros deben recoger y comunicar a la Comisión datos estadísticos pertinentes sobre los delitos medioambientales. La Comisión debe evaluar y publicar periódicamente los resultados sobre la base de los datos transmitidos por los Estados miembros. (33)Los datos estadísticos recogidos en virtud de la presente Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal deben ser comparables entre los Estados miembros y recogerse sobre la base de unas normas mínimas comunes. A fin de garantizar condiciones uniformes en la aplicación de la presente Directiva, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para definir el formato normalizado de la transmisión de datos estadísticos. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. (34)Las obligaciones en virtud de la presente Directiva se entienden sin perjuicio del Derecho de la Unión en materia de derechos procesales en los procesos penales. Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben garantizar el pleno respeto de los derechos procesales de los sospechosos o acusados en los procesos penales. (35)Alternativas: suprímase una opción en función de la elección de IRL: (36)[no-participación:] De conformidad con los artículos 1 y 2 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido e Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción de la presente Directiva y, por lo tanto, no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación. O [participación:] De conformidad con el artículo 3 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido e Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, Irlanda ha notificado [, mediante carta de...,] su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva. (37)La Directiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo fue completada por la Directiva 2009/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo con disposiciones relativas a los delitos y las sanciones penales aplicables a las descargas de sustancias contaminantes procedentes de buques. Dichos delitos y sanciones deben entrar en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Por lo tanto, para los Estados miembros que participan en la presente Directiva, la Directiva 2009/123/CE debe sustituirse en consecuencia. (38)De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y, por lo tanto, no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación. (39)Dado que los Estados miembros no pueden alcanzar de manera suficiente el objetivo de la presente Directiva, a saber, garantizar definiciones comunes de los delitos medioambientales y la disponibilidad de sanciones penales eficaces, disuasorias y proporcionadas para los delitos medioambientales graves, sino que, debido a la magnitud y los efectos de la presente Directiva, dicho objetivo puede lograrse mejor a escala de la Unión, la UE puede adoptar medidas, de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar tal objetivo. (40)La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y acata los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en especial la protección de datos de carácter personal, la libertad de expresión y de información, la libertad de empresa, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la presunción de inocencia y los derechos de la defensa, los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, y el derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por la misma infracción. La presente Directiva tiene por objeto garantizar el pleno respeto de tales derechos y principios y debe aplicarse en consecuencia. HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 1 Objeto La presente Directiva establece normas mínimas relativas a la definición de los delitos y las sanciones penales para proteger con mayor eficacia el medio ambiente. Artículo 2 Definiciones A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 1)«ilícita»: una conducta que infrinja uno de los elementos siguientes:

a)la legislación de la Unión que, con independencia de su base jurídica, contribuya a la consecución de los objetivos de la política de la Unión en materia de protección del medio ambiente establecidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; b)una ley, un reglamento administrativo de un Estado miembro o una decisión adoptada por una autoridad competente de un Estado miembro que dé cumplimiento a la legislación de la Unión mencionada en la letra a). La conducta será considerada ilícita incluso cuando se haya llevado a cabo con arreglo a una autorización por parte de una autoridad competente de un Estado miembro si dicha autorización se obtuvo de manera fraudulenta o mediante corrupción, extorsión o coerción. 2) «hábitat dentro de un área protegida»: todo hábitat de especies en una zona clasificada como zona de protección especial de conformidad con el artículo 4, apartado 1 o apartado 2, de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, o todo hábitat natural o un hábitat de especies en una zona clasificada como zona especial de conservación de conformidad con el artículo 4, apartado 4, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo; 3)«persona jurídica»: toda persona jurídica conforme al Derecho interno aplicable, a excepción de los Estados u organismos públicos que actúen en el ejercicio de la potestad del Estado y de las organizaciones internacionales públicas; 4)«público interesado»: las personas que hayan sido afectadas o que pudieran verse afectadas por los delitos a que se refieren los artículos 3 o 4. A efectos de la presente definición, se considerará que tienen interés las personas que tengan un interés suficiente o que manifiesten el menoscabo de un derecho, así como las organizaciones no gubernamentales que promuevan la protección del medio ambiente y que cumplan cualquier requisito proporcionado con arreglo al Derecho interno; 5)«víctima»: tiene el mismo significado que se le atribuye en el artículo 2, apartado 1, letra