COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Diez años de aplicación de la normativa antimonopolio del Reglamento (CE) nº 1/2003: logros y perspectivas futuras /* COM/2014/0453 final */





COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Diez años de aplicación de la normativa antimonopolio del Reglamento (CE) nº 1/2003: logros y perspectivas futuras 1. Introducción 1. El Reglamento (CE) nº 1/2003[1] introdujo una reforma esencial que permitió revisar de forma exhaustiva los procedimientos de aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE («las normas de competencia de la UE»). Introdujo un sistema basado en la aplicación directa de todas las normas de competencia de la UE. Facultó a las autoridades nacionales de competencia de los Estados miembros («ANC») y a los tribunales nacionales para aplicar todos los aspectos de las normas de competencia de la UE, al igual que la Comisión Europea. También introdujo nuevas y estrechas formas de cooperación entre la Comisión y las ANC, en particular en el marco de la Red Europea de Competencia («REC»). 2. Con ocasión de los diez años de aplicación del Reglamento (CE) nº 1/2003, la presente Comunicación: 1) presenta una revisión, basada en hechos, de su aplicación durante este período por parte de la Comisión y las ANC; y 2) examina algunos aspectos clave de su aplicación por parte de las ANC, en particular, los problemas institucionales y de procedimiento, con vistas a su perfeccionamiento. Se debe leer en conjunción con el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto que contiene un estudio más detallado. 3. La Comunicación se basa en el informe sobre los cinco años de funcionamiento del Reglamento (CE) nº 1/2003. En el informe se indicaba que el nuevo sistema había contribuido positivamente a la aplicación más estricta de las normas de competencia de la UE, pero que algunos aspectos merecían una posterior evaluación, tales como las divergencias de los procedimientos y de las competencias en materia de multas[2]. 2. Diez años de aplicación de la normativa antimonopolio del Reglamento (CE) nº 1/2003 4. El Reglamento (CE) nº 1/2003 ha dado a la Comisión un mayor margen para fijar sus prioridades, lo que le ha permitido dedicar más recursos a investigar casos y llevar a cabo investigaciones en sectores clave de la economía, que sufren falseamientos del mercado, así como formas menos convencionales de comportamiento contrario a la competencia en nuevos sectores, que pueden ser de especial importancia para los consumidores. 5. El Reglamento (CE) nº 1/2003 dotó también a la Comisión de un nuevo conjunto de poderes de aplicación, que incluían mayores poderes de investigación y la posibilidad de adoptar decisiones relativas a los compromisos, que se han utilizado con regularidad. 6. El nuevo sistema de aplicación se basa en gran medida en que los agentes del mercado evalúen la compatibilidad de su comportamiento con las normas de competencia de la UE y en que las autoridades de competencia tomen a posteriori medidas de ejecución específicas. Para apoyar este enfoque, la Comisión ha dado amplias orientaciones generales que ayudan a las empresas y autoridades nacionales de aplicación. La Comisión ya había adoptado un conjunto de comunicaciones sobre una serie de temas de fondo y de procedimiento en el momento de la entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1/2003. Posteriormente, adoptó reglamentos de exención por categorías revisados y directrices de acompañamiento relativos a la aplicación del artículo 101 del TFUE a los acuerdos horizontales, verticales y de transferencia de tecnología. Este sistema de autoevaluación delimitado por las extensas orientaciones facilitadas por la Comisión ha funcionado bien y las partes interesadas se han adaptado al nuevo sistema sin grandes dificultades. Además, la Comisión publicó un documento con directrices sobre sus prioridades en la aplicación del artículo 102 del TFUE a las prácticas de exclusión abusivas. También adoptó nuevas directrices para el cálculo de multas, una nueva Comunicación sobre clemencia, una Comunicación sobre los procedimientos de transacción en casos de cártel, una nota informativa sobre la incapacidad para pagar y una Comunicación sobre buenas prácticas en el marco de procedimientos antimonopolio[3]. 7. El Reglamento (CE) nº 1/2003 ha mejorado considerablemente la aplicación de las normas de competencia de la UE por parte de las ANC y los tribunales nacionales. Las ANC y los tribunales nacionales no solo están facultados para aplicar las normas de competencia de la UE en su totalidad: están obligados a hacerlo cuando los acuerdos o conductas puedan afectar al comercio entre los Estados miembros. Estos cambios han impulsado considerablemente la aplicación de las normas de competencia de la UE por parte de las ANC. El Reglamento también introdujo herramientas y obligaciones de cooperación con el fin de garantizar la eficiencia del reparto de tareas y la eficacia de la cooperación en la tramitación de los asuntos, y de fomentar una aplicación coherente. Basándose en estos mecanismos, la REC ha llegado a ser un foro polifacético de intercambio de experiencias sobre la aplicación del Derecho sustantivo de competencia y sobre la convergencia de los procedimientos y las sanciones. Los tribunales nacionales desempeñan un papel primordial en la aplicación en el ámbito privado de las normas de competencia de la UE. La Comisión ha intentado mejorar la eficacia de las acciones privadas de reparación de daños y perjuicios interpuestas ante los tribunales nacionales y en breve se adoptará una Directiva sobre las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de la normativa antimonopolio[4]. 8. Actualmente hay numerosas autoridades de aplicación de las normas de competencia de la UE, lo que ha dado lugar a que su aplicación se extienda. En el período comprendido entre el 1 de mayo de 2004 y el 31 de diciembre de 2013, esa aplicación creció a un ritmo considerable, con unos 780 asuntos investigados por la Comisión (122) y por las ANC (665). La aplicación por parte de las ANC se ha desarrollado de forma generalmente coherente. Decisiones de aplicación de mayo de 2004 a diciembre de 2013 COM: 122 || ANC: 665 9. La Comisión y las ANC han dado prioridad a las prácticas contrarias a la competencia más graves y perjudiciales, en particular, los cárteles, que constituyen una proporción sustancial de su actividad de aplicación. Una parte importante de sus actividades se dedicó también a combatir abusos de posición dominante en mercados liberalizados como los de la energía, las telecomunicaciones y el transporte, en particular, consistentes en prácticas para excluir del mercado a los competidores. 10. El considerable número de casos de aplicación conjunta por parte de la Comisión y las ANC se analiza desde varios puntos de vista: 1) los tipos de infracción; 2) los sectores en los que se ha centrado la aplicación, y 3) el tipo de procedimiento utilizado. Actividad de aplicación por tipo de infracción 11. La Comisión ha dado prioridad a la lucha contra los cárteles, que son las infracciones contrarias a la competencia más perniciosas. Para la Comisión, representan casi el 48 % de su actividad de aplicación. La Comisión y las ANC han desarrollado y adaptado sus programas de clemencia, que son una herramienta importante para descubrir otros cárteles, y han reforzado su capacidad de investigarlos, en particular mediante nuevas tecnologías y medios eficaces de recopilación de datos digitales. 12. Los otros acuerdos horizontales representan el 15 % de la actividad de aplicación de la Comisión. La Comisión se ha enfrentado a prácticas que tenían consecuencias importantes para los consumidores, por ejemplo, las cláusulas de inhibición de la competencia en el sector de las telecomunicaciones y la fijación de precios horizontal en el sector de los pagos. Los acuerdos verticales representan el 9 % de las actividades de la Comisión e incluyen las restricciones con graves efectos anticompetitivos entre los fabricantes de automóviles y sus socios del mercado posventa destinadas a excluir de ese mercado a los talleres de reparación independientes. 13. Al igual que la Comisión, las ANC también centraron en los cárteles sus esfuerzos por hacer cumplir la normativa (27 %). Además, las ANC se enfrentaron a un número significativo de otras prácticas horizontales (19 %), entre ellas intercambios aislados de información que no formaban parte de un acuerdo de cártel más amplio. Las ANC también fueron muy activas a la hora de hacer frente a prácticas verticales (27 %), en particular, imposición de precios de reventa, modalidades de distribución exclusiva y compra exclusiva contrarias a la competencia y restricciones del comercio paralelo. 14. La aplicación del artículo 102 del TFUE representa el 20 % de la actividad de aplicación de la Comisión. El principal objetivo fueron las prácticas de exclusión (84 %) que excluyen a los competidores o limitan la competencia efectiva. La Comisión se enfrentó a prácticas de exclusión como la negativa a negociar, los descuentos, las prácticas de vinculación y venta por paquetes, la compresión de márgenes y las cláusulas de exclusividad, así como a formas menos convencionales, tales como la realización de pagos para aplazar o cancelar el lanzamiento de los productos de un competidor. Los asuntos de explotación abusiva, como los precios excesivos (16 %), se trataron con menor frecuencia. Del mismo modo, la mayoría de las decisiones previstas de las ANC se referían a prácticas de exclusión abusiva (65 %). También se enfrentaron a una elevada proporción de asuntos de explotación abusiva unida a una exclusión abusiva (22 %) y a casos relativos únicamente a explotación abusiva (15 %). Las prácticas excluyentes examinadas por las ANC incluyen toda la gama de abusos clásicos así como formas menos típicas como la denigración de productos de los competidores. Los asuntos de explotación abusiva planteados por las ANC incluyen la fijación de precios excesivos por parte de los productores dominantes de energía y las tarifas excesivas impuestas por las entidades de gestión colectiva. Actividad de aplicación por sector 15. El desglose por sectores de las actividades de aplicación de la Comisión y las ANC muestra que, si bien abarcan una amplia gama de productos y servicios, una serie de sectores clave ocupa un lugar destacado. COM ANC 16. El sector más investigado por la Comisión y las ANC es el de las industrias básicas y manufactureras (42 y 92 decisiones, respectivamente). En gran medida, ello refleja la prioridad concedida a la lucha contra los cárteles, que se detectan mayoritariamente en este sector. 17. Tanto la Comisión como las ANC se han centrado en los sectores liberalizados recientemente o en vías de liberalización, como las telecomunicaciones, los medios de comunicación, la energía y el transporte, que a menudo se caracterizan por una gran concentración de los mercados o la presencia de operadores dominantes. Por ejemplo, la energía es el segundo sector en el que se ha adoptado un mayor número de decisiones (18 de la Comisión y 80 de las ANC). 18. Las ANC han sido particularmente activas en los sectores del transporte (69) y la alimentación (70). Otros ámbitos clave han sido los medios de comunicación (66), las telecomunicaciones (48), los bienes de consumo (42), otros servicios (35) y las profesiones liberales (31). La Comisión se ha mostrado muy activa en el sector de las tecnologías de la información (12), que es importante para el crecimiento de la economía de la UE y en el que muchos operadores tienen una actividad mundial. Las restantes 50 decisiones de la Comisión están repartidas en 13 sectores diferentes, siendo los más importantes el de los alimentos y el minorista (8). Actividad de aplicación por tipo de procedimiento 19. El instrumento más importante de aplicación de las normas de competencia de la UE, tanto para la Comisión como para las ANC, son las decisiones de prohibición. La utilización de estas decisiones por parte de la Comisión se vio facilitada por la introducción del procedimiento de transacción en casos de cártel. Este procedimiento expeditivo también existe en varios Estados miembros. 20. El Reglamento (CE) nº 1/2003 dotó a la Comisión de un conjunto reforzado de instrumentos de aplicación, especialmente la capacidad para tomar decisiones por las que los compromisos ofrecidos por las partes adquieren carácter vinculante y son de cumplimiento obligatorio en virtud del artículo 9. Esta facultad se ha implantado prácticamente en todas las ANC, de tal modo que las decisiones de prohibición y las relativas a los compromisos son los principales instrumentos utilizados en la REC. 21. La finalidad principal de las decisiones relativas a los compromisos es preservar la competencia efectiva, haciendo frente a las prácticas que pueden ser contrarias a la competencia, y garantizar un desenlace rápido en el mercado. Las decisiones relativas a los compromisos posibilitan una rápida resolución de los problemas de competencia con una mayor cooperación. A menudo esas decisiones se adoptaron con respecto a mercados en rápida evolución o en vías de liberalización. El enfoque dado a la aplicación por cada autoridad se basa en una serie de factores. Podrá adoptarse una decisión de prohibición si el asunto requiere que se impongan multas para sancionar comportamientos anteriores, si el único remedio disponible es el cese del comportamiento contrario a la competencia o si es necesario que haya un claro precedente jurídico. Asimismo, el recurso a las decisiones relativas a los compromisos depende de que las partes propongan compromisos eficaces, claros y precisos. Decisiones relativas a los compromisos y decisiones de prohibición COM ANC Cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales 22. En virtud del Reglamento (CE) nº 1/2003, los tribunales nacionales se han convertido en un importante instrumento de aplicación de las normas de competencia de la UE. El Reglamento establece una serie de mecanismos para fomentar la aplicación coherente por los tribunales nacionales. Con arreglo al artículo 15, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden solicitar a la Comisión un dictamen sobre cuestiones referentes a la aplicación de las normas de competencia de la UE. De 2004 a 2013 la Comisión ha emitido 26 dictámenes. La Comisión puede también participar como amicus curiae en los procedimientos judiciales nacionales. La Comisión ha hecho uso de esa herramienta en trece ocasiones en ocho Estados miembros. El Reglamento contiene un mecanismo por el cual se informa a la Comisión de las sentencias de los tribunales nacionales, pero su funcionamiento no ha sido óptimo[5]. 3. Mejorar la aplicación de la normativa de competencia por parte de las ANC: aspectos institucionales y procesales 23. El Reglamento (CE) nº 1/2003 ha supuesto un cambio significativo en la manera de aplicar el Derecho de competencia de la UE. Las normas comunitarias de competencia de la UE han llegado a ser en buena medida el «derecho nacional» en toda la Unión. Las ANC se han convertido en un pilar clave de la aplicación de las normas de competencia de la UE. Esto ha significado que las actividades realizadas en la REC han sido cada vez más importantes para garantizar una aplicación coherente y permitir que las partes interesadas se beneficien de una mayor igualdad de condiciones. 24. Tras diez años de trabajo conjunto, se ha logrado un considerable grado de convergencia en la aplicación de las normas, pero sigue habiendo divergencias debidas, en gran parte, a las diferencias en lo que respecta a la posición institucional de las ANC y a los procedimientos y sanciones nacionales. El Reglamento (CE) nº 1/2003 dejó abiertos en gran medida estos aspectos, sin perjuicio de los principios de efectividad y equivalencia del Derecho de la UE. 25. Para mejorar la aplicación de la normativa de competencia de la UE en el futuro, se debe reforzar la posición institucional de las ANC, garantizando al mismo tiempo una mayor convergencia de los procedimientos y sanciones nacionales aplicables a las infracciones de las normas antimonopolio de la UE. Ambos aspectos son fundamentales para alcanzar un verdadero espacio común de aplicación de la normativa de competencia de la UE. La presente Comunicación identifica una serie de ámbitos en los que se deben realizar más progresos en el futuro. Posición institucional de las ANC 26. El Derecho de la UE da a los Estados miembros un elevado grado de flexibilidad para el diseño de sus regímenes de competencia. Pese a la falta de requisitos específicos en la legislación de la UE, la posición de las ANC ha evolucionado hacia una mayor autonomía y eficacia. Muchas legislaciones nacionales contienen salvaguardias específicas para garantizar la independencia e imparcialidad de las ANC. Por ejemplo, las recientes reformas en Chipre, Irlanda, Grecia y Portugal han reforzado la posición de las ANC[6]. Las reformas se han recomendado en otros Estados miembros para reforzar la posición institucional y los recursos de las ANC en el marco del Semestre Europeo[7]. La Comisión ha seguido de cerca los casos en que las ANC se fusionaron con otros reguladores. Tal amalgama de competencias no debe conducir a un debilitamiento de la aplicación de la normativa de competencia ni a una reducción de los medios asignados al control de la competencia. 27. Para garantizar el cumplimiento efectivo de las normas de competencia de la UE, las ANC deben ser independientes en el ejercicio de sus funciones y disponer de recursos adecuados. Aún persisten retos a este respecto, en particular en lo que se refiere a la autonomía de las ANC con respecto a sus respectivos Gobiernos, y a los nombramientos y destituciones de los directivos o de los responsables de la toma de decisiones de las ANC. También han surgido problemas a la hora de garantizar recursos humanos y financieros suficientes. Esto se refleja en la resolución de los directores de las ANC adoptada en la REC sobre la persistencia de la necesidad de instituciones eficaces, que se tomó en el contexto de recortes en los créditos destinados a diversas autoridades[8]. La resolución subrayaba, entre otras cosas, la necesidad de disponer de recursos adecuados en términos de infraestructuras y expertos. 28. Por otro lado, los logros obtenidos hasta la fecha siguen siendo frágiles y reversibles en cualquier momento. Esto contrasta con ámbitos políticos afines, como los ferrocarriles, la energía y las telecomunicaciones, en los que la legislación de la UE ya prevé una serie de requisitos en materia de independencia y recursos financieros y humanos de las autoridades nacionales de supervisión. 29. Es necesario garantizar que las ANC puedan llevar a cabo sus funciones de forma imparcial e independiente. Para ello, se necesitan unas garantías mínimas para velar por la independencia de las ANC y de sus directivos y miembros de sus consejos de administración y dotar a las ANC de suficientes recursos humanos y financieros. A este respecto es importante asignarles un presupuesto separado y concederles autonomía presupuestaria, establecer un procedimiento de nombramiento de sus directivos y miembros de sus consejos de administración que sea claro y transparente y se base en los méritos, disponer de garantías que aseguren que los despidos solo pueden efectuarse por motivos objetivos no relacionados con el proceso de toma de decisiones de la ANC, y de normas sobre conflictos de intereses e incompatibilidades de los directivos y miembros del consejo de las ANC. Convergencia de los procedimientos 30. Los procedimientos para la aplicación de las normas de competencia de la UE por parte de las ANC se rigen en gran medida por el Derecho nacional, dentro de los principios generales del Derecho comunitario, en particular los principios de efectividad y equivalencia. Esto significa que las ANC aplican las normas de competencia de la UE basándose en procedimientos diferentes. 31. Muchos Estados miembros han ajustado de forma voluntaria sus procedimientos, en mayor o menor medida, a las normas de procedimiento establecidas para la Comisión en el Reglamento (CE) nº 1/2003. Los trabajos multilaterales realizados en la REC han sido un catalizador que ha fomentado una mayor convergencia. A modo de seguimiento del informe de 2009, en 2013 se aprobaron siete recomendaciones de la REC sobre las principales competencias de aplicación[9]. Estas recomendaciones han de servir como un instrumento que las ANC pueden utilizar ante los responsables políticos a fin de que estos les doten de un juego de herramientas eficaz en materia de competencia. 32. En la actualidad, aún subsisten diferencias en toda la UE. Mientras que la mayoría de las ANC tienen ahora las mismas herramientas principales de trabajo que la Comisión, algunas todavía carecen de competencias fundamentales, como la de inspeccionar locales ajenos a la empresa. No todas las ANC tienen competencias expresas para establecer sus prioridades de aplicación, es decir, para elegir qué casos se investigan. También existen diferencias en el ámbito de sus competencias de investigación, por ejemplo, las ANC pueden tener la facultad de inspeccionar, pero no pueden sellar locales o recopilar efectivamente pruebas digitales. Del mismo modo, todas las ANC tienen la facultad de adoptar decisiones de prohibición, pero algunas no pueden imponer soluciones estructurales. Algunas ANC no pueden sancionar efectivamente el incumplimiento de una decisión relativa a los compromisos o ejercer sus poderes de inspección. 33. Las recomendaciones de la REC son muy útiles en la práctica, pero esos instrumentos tan carentes de fuerza no siempre permiten lograr la convergencia cuando existen divergencias de procedimiento ancladas en las tradiciones y regímenes jurídicos nacionales. Por otra parte, los logros alcanzados en materia de convergencia siempre son reversibles. Las diferencias entre las normas de procedimiento generan costes legales e incertidumbre para las empresas que operan a escala transfronteriza. 34. Es necesario que todas las ANC dispongan de un conjunto completo de poderes eficaces y de alcance general. Elementos importantes de ese conjunto son las competencias básicas de investigación, el derecho de las ANC a fijar prioridades de aplicación, las competencias clave de toma de decisiones y los poderes necesarios en materia de aplicación e imposición de multas para obligar a respetar los poderes de investigación y toma de decisiones. Mejorar la eficacia de las sanciones a. Multas 35. La legislación de la UE no regula ni armoniza las sanciones por incumplimiento de las normas antimonopolio de la UE. Los Estados miembros deben velar por que se disponga de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. Independientemente de las sanciones que imponga una jurisdicción, se admite generalmente que la aplicación de la legislación antimonopolio no puede ser eficaz si no es posible imponer a las empresas multas civiles/administrativas disuasorias. 36. El haber prestado una atención permanente a disponer de sanciones eficaces ha contribuido a lograr un alto nivel de convergencia voluntaria, y muchas ANC usan un método básico similar para la fijación de las multas. Aún existen divergencias con respecto a los principios en los que se sustenta el cálculo de las multas, como la base utilizada para el cálculo del importe básico de la multa y el método para tener en cuenta la gravedad y la duración. 37. A un nivel superior, hay aspectos fundamentales relativos a los destinatarios potenciales de una multa y a la responsabilidad que plantean problemas. En primer lugar, en un Estado miembro no es posible actualmente imponer multas civiles/ administrativas disuasorias a las empresas. En segundo lugar, el concepto básico de «empresa», utilizado para el cálculo de la multa no siempre coincide con el concepto de empresa de la legislación de la UE, tal como ha sido interpretado por los tribunales de la UE, lo que puede tener consecuencias a la hora de determinar la responsabilidad de las empresas matrices y la sucesión económica. Además, algunas ANC todavía carecen de la facultad de imponer multas a las asociaciones de empresas. Por último, el límite máximo legal del volumen de negocios de la empresa se interpreta y aplica de manera diferente en algunos Estados miembros. Este tipo de diferencias pueden dar lugar a resultados muy divergentes en materia de multas, algunas de las cuales pueden no conseguir el efecto disuasorio deseado. 38. Para lograr una aplicación de las normas antimonopolio de la UE más convergente y efectiva en toda la UE, es necesario garantizar que todas las ANC dispongan de poderes efectivos para imponer multas disuasorias a las empresas y a las asociaciones de estas. A este respecto es importante velar por que las ANC puedan imponer multas civiles/administrativas efectivas a las empresas y a sus asociaciones por las infracciones de las normas de competencia de la UE; garantizar que existen unas normas básicas sobre imposición de multas que tengan en cuenta la gravedad y duración de la infracción y establezcan un máximo legal uniforme; y garantizar que puedan imponerse multas a las empresas, en consonancia con la jurisprudencia reiterada de los tribunales de la UE, en particular, en cuestiones tales como la responsabilidad de las empresas matrices y las sucesiones. Las medidas adoptadas a tal fin deberán encontrar el justo equilibrio entre una mayor convergencia de las normas básicas sobre multas y un grado de flexibilidad adecuado para las ANC a la hora de imponer multas en casos individuales. b. Clemencia 39. El Programa Modelo de Clemencia (PMC) de la REC es un buen ejemplo de la capacidad de la REC para desarrollar una herramienta política eficaz[10]. El PMC explica cómo elaborar un programa de clemencia más avanzado. Este ha sido un catalizador importante a la hora de incitar a la práctica totalidad de los Estados miembros o las ANC a introducir y desarrollar sus propias políticas de clemencia. Se ha producido un notable grado de armonización con el PMC y se está trabajando para aplicar los ajustes realizados en su revisión de 2012. 40. Un programa de clemencia bien diseñado es una herramienta esencial para mejorar la aplicación efectiva de las normas contra las infracciones más graves, en particular, los cárteles secretos de fijación de precios y de reparto de mercados. Sin embargo, no existe ningún requisito a nivel de la UE de tener un programa de clemencia y el ejemplar nivel de convergencia siempre puede ponerse en cuestión. Es necesario velar por garantizar los logros alcanzados en los programas de clemencia. c. Interrelación de los programas de clemencia para las empresas con las sanciones a las personas físicas 41. La mayoría de los Estados miembros contemplan sanciones que se deben imponer a los particulares por las infracciones del Derecho de la competencia, además de multas a las empresas. Si dichos sistemas no conceden clemencia a los empleados de las empresas que están considerando la posibilidad de presentar una solicitud de clemencia, puede verse desincentivada la cooperación con las autoridades de la UE. La amenaza de investigar y sancionar a los empleados puede disuadir de solicitar la clemencia a las empresas que podrían hacerlo. 42. Actualmente, solo algunos ordenamientos jurídicos prevén las garantías suficientes para proteger a los trabajadores de las empresas de sanciones individuales si cooperan en el marco del programa de clemencia de una ANC o de la Comisión Europea. Conviene estudiar las posibilidades de abordar la cuestión de la interacción entre los programas de clemencia para las empresas y la imposición de sanciones a las personas físicas vigentes en los Estados miembros. 4. Conclusión 43. El Reglamento (CE) nº 1/2003 ha transformado el panorama de la aplicación de la normativa de competencia. La aplicación de las normas de competencia de la UE se ha incrementado considerablemente merced a los logros de la Comisión, la REC y las ANC. La Comisión cuenta con un sólido historial de aplicación, con un importante número de asuntos investigados y encuestas realizadas en sectores clave de la economía. También ha asesorado a las partes interesadas, las ANC y los tribunales nacionales. Se ha desarrollado una dinámica de estrecha cooperación en el marco de la REC que ha servido de base a la aplicación coherente de las normas de competencia de la UE en todo su territorio. Las ANC se han convertido en un pilar clave de la aplicación de las normas de competencia de la UE y han impulsado considerablemente dicha aplicación. 44. Todos estos elementos han contribuido a la aplicación efectiva de las normas de competencia de la UE durante la última década. La competencia ha contribuido a ampliar la oferta en beneficio de los consumidores de productos y servicios de mejor calidad a precios más competitivos. Desempeña un papel clave en la creación de las condiciones necesarias para impulsar la productividad y la eficiencia de las empresas europeas, un factor crucial para permitir que la economía de la UE sea más competitiva y avance hacia un crecimiento sostenible. 45. No obstante, es importante basarse en estos logros para crear un verdadero espacio común de la aplicación de la normativa de competencia de la UE. 46. A tal fin, es necesario, en particular, lo siguiente: - garantizar en mayor medida la independencia de las ANC en el ejercicio de sus funciones y que cuenten con recursos suficientes; - velar por que las ANC dispongan de un conjunto completo de poderes de investigación y de toma de decisiones efectivos; y - velar por que en todos los Estados miembros existan poderes de imponer multas disuasorias efectivas y proporcionadas y programas de clemencia bien diseñados y estudiar medidas para evitar desincentivar a las empresas de solicitar clemencia. La Comisión seguirá evaluando las iniciativas adecuadas que deben adoptarse para alcanzar mejor esos objetivos. [1] Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 2003 de 4.1.2003, p. 1). [2] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, informe sobre el funcionamiento del Reglamento 1/2003 (COM(2009) 206 final) y documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto SEC(2009) 574 final («informe de 2009»). [3] Véase Internet (http:// ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/legislation.html). [4] Véase Internet (http:// ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html). [5] La Comisión ha recibido muy pocas sentencias de los tribunales nacionales pronunciándose sobre la aplicación de las normas de competencia de la UE. [6] Estos cambios se apoyaban en los programas de ajuste económico. También se han promovido otros cambios en el contexto del Semestre Europeo. [7] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Semestre Europeo 2014: recomendaciones específicas por país, COM(2014) 400 final. [8] Véase Internet (http:// ec.europa.eu/competition/ecn/ncas.pdf). [9] Véase Internet (http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html). [10] Véase Internet (http:// ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html).