Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema «Cambio climático y energía»

(97/C 379/04)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vistas las Conclusiones del Consejo de 3 de marzo de 1997 sobre la estrategia comunitaria para la Conferencia de las Naciones Unidas que se celebrará en Kioto, Japón, en diciembre de 1997;

vistos los seminarios organizados por el Comité de las Regiones y la Comisión Europea en Espoo (Finlandia) el 28 de febrero de 1997 y en Bolonia (Italia) el 18 de abril de 1997;

vista la decisión adoptada el 15 de enero de 1997, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 198 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de emitir un dictamen sobre el tema «Cambio climático y energía» y encargar su elaboración a la Comisión de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Energía (Comisión 5);

vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la dimensión energética del cambio climático (COM(97) 196 fin);

visto el proyecto de Dictamen (CdR 104/97 rev. 2) aprobado por unanimidad por la Comisión 5 el 6 de mayo de 1997 (Ponente: Sr. Hannu Penttilä),

ha aprobado en su 19° Pleno de los días 17 y 18 de septiembre de 1997 (sesión del 18 de septiembre) el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. La actividad humana está incrementando el efecto invernadero natural hasta el punto de constituir una amenaza para el sistema climático de la tierra. La concentración de dióxido de carbono y de otros gases que producen el efecto invernadero y que se encuentran presentes en la atmósfera aumenta sobre todo debido a la utilización de combustibles fósiles y a la destrucción de los bosques, así como a las prácticas agrarias intensivas.

1.2. Se estima que las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero se elevarán de los 220 ppm de la época preindustrial a unos 550 ppm en el año 2050. Este incremento supondrá con el tiempo un aumento de las temperaturas medias de unos 1,5 a 4,5 grados.

1.3. Las consecuencias del efecto invernadero siguen siendo imprevisibles en muchos aspectos. Los modelos de predicción del incremento de la temperatura no permiten evaluar los efectos de los cambios en las distintas regiones. Además, aún se desconocen los factores que favorecen indirectamente el efecto invernadero (el ozono troposférico, la nubosidad, las corrientes marinas). Así pues, las decisiones en el ámbito de la lucha contra el efecto invernadero no están libres de cierta incertidumbre.

1.4. Pese a esta incertidumbre, desde ahora deberán reducirse las emisiones de gases de efecto invernadero por los beneficios inmediatos que reportará, como el ahorro de recursos naturales no renovables, la reducción general de la contaminación atmosférica y la aplicación de nuevas tecnologías, con la consiguiente mejora de la competitividad económica. Además, es evidente que los costes de las medidas destinadas a la lucha contra el cambio climático tan sólo suponen una fracción del coste que supondría un eventual aumento del efecto invernadero.

2. Observaciones

2.1. A principios de los años setenta, los científicos advirtieron que el efecto invernadero se incrementaría debido a la actividad humana. La primera conferencia internacional sobre el cambio climático se celebró en febrero de 1979 en Ginebra a iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). En 1988 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la OMM constituyeron conjuntamente un Centro intergubernamental sobre el cambio climático (IPCC). Su labor consistía en determinar científicamente el impacto ecológico y socioeconómico del cambio climático y crear un Comité intergubernamental de negociación de una convención marco sobre el cambio climático (INC/FCCC). El Comité intergubernamental de negociación lo constituyen 150 representantes de diversos Estados de la UE, y de organizaciones internacionales, así como de las ONG. Este grupo propuso que las negociaciones se llevasen a cabo en el marco de las Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la propuesta en 1990 y encargó al Comité intergubernamental de negociación la elaboración de un proyecto de convenio sobre el cambio climático que se presentó en junio de 1992 en la Cumbre de Río de Janeiro.

2.2. En dicho proyecto se recogen objetivos de reducción de las emisiones, principios fundamentales, condiciones generales y específicas, mecanismos financieros, la obligación de información y un programa de seguimiento. En la Cumbre de Medio Ambiente de Río de Janeiro se entabló un intenso debate sobre si se debían establecer unos objetivos específicos de reducción de las emisiones o si bastaba con formular los principios fundamentales y las obligaciones. La Comunidad Europea propuso, con el apoyo de la Asociación de pequeños Estados insulares (AOSIS), que hasta el año 2000 se debería estabilizar el nivel de emisiones de CO2 en el nivel de 1990, pero la OPEP y los Estados Unidos se opusieron. El texto definitivo del Convenio no recoge objetivos concretos ni un calendario para alcanzarlos.

2.3. En la Cumbre de Río se fijaron los siguientes principios:

- la necesidad de estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que no amenace el sistema climático;

- la necesidad de alcanzar este nivel en un plazo que permita que los ecosistemas se adapten al cambio climático, que no suponga una amenaza para la producción alimentaria y que permita un crecimiento económico sostenible;

- el compromiso de los países desarrollados a tomar las medidas necesarias para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger los centros de reservas y de defensa contra los gases de efecto invernadero (como los bosques).

2.4. En la Primera Conferencia de las Partes de la Convención marco sobre el cambio climático que se celebró en Berlín en marzo de 1995 no se adoptó ninguna decisión en cuanto a objetivos concretos ni en cuanto al calendario. Sin embargo, se acordó que los países que figuran en el Anexo I prepararán los objetivos de reducción y el calendario para la próxima reunión de seguimiento que tendrá lugar en Kioto en 1997, teniendo en cuenta la propuesta de la AOSIS de reducir las emisiones al menos en un 20 % en un plazo determinado. Por su parte, la Unión Europea se prepara para la Conferencia de Kioto de acuerdo con el mandato de Berlín. En la reunión del Consejo de Ministros de Medio Ambiente del 3 de marzo de 1997 se definió la posición de la UE en las negociaciones, en el sentido de que el conjunto de países industrializados deberán reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, N2O y CH4) en un 15 % hasta el año 2010 respecto a los valores de 1990. Asimismo se acordaron objetivos de reducción de las emisiones en un 10 % hasta el año 2010 respecto a los valores de 1990 para los Estados miembros de la UE.

3. Riesgos

3.1. La política climática comprende toda una serie de medidas locales y regionales. Si la elaboración de la política de lucha contra el cambio climático no tiene en cuenta la acción a nivel local, se corre el riesgo de que el compromiso contraído para alcanzar los objetivos sea insuficiente.

3.2. Si no se repercute el total de los costes externos en el precio de la energía, la libre competencia en el sector energético limita claramente las posibilidades en cuanto a la protección del medio ambiente y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y en particular también las de las empresas locales y regionales de energía.

3.3. El aumento del número de vehículos particulares ha permitido que los usuarios se desplacen cada vez con mayor facilidad y rapidez. Esta evolución ha tenido también una incidencia en la utilización del suelo y la estructura de los servicios en la mayor parte de Europa. Baste mencionar que el tiempo dedicado a los desplazamientos hacia el lugar de trabajo no ha sufrido prácticamente ninguna modificación a lo largo de los últimos 10 años, mientras que en el mismo período han aumentado considerablemente las distancias recorridas. La diversificación de la utilización del suelo constituye el principal factor responsable del incremento del consumo de energía y la creciente dependencia del vehículo particular en la sociedad, y sus efectos son apreciables a muy largo plazo, lo que conlleva una pérdida de eficacia en materia de transporte, producción y distribución de la energía. Si esta tendencia se confirma, constituirá un importante obstáculo para la realización de la política de lucha contra el cambio climático.

3.4. Los recursos financieros de las autoridades locales y regionales son limitados, por lo que también son limitadas las inversiones destinadas a fomentar el ahorro energético y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de que estimularían la actividad económica de la región, crearían empleo y serían rentables a largo plazo.

3.5. La capacidad energética de la UE se incrementó un 20 % en los años 1975-1985. En el período 1985-1995 el incremento fue tan sólo de un 10 % y la mayor parte se centra en los años ochenta. Actualmente, frente a la disminución del incremento, sobre todo en el sector del transporte, se impone adoptar medidas especiales para salir de esta fase de estancamiento.

4. El cambio climático en el ámbito local y regional

4.1. La Conferencia sobre el Medio Ambiente de Río no fijó ninguna obligación ni definió ninguna política concreta en el ámbito regional o local para luchar contra el cambio climático. Las decisiones tomadas a nivel local y regional tienen, sin embargo, un impacto notable en las emisiones de gases de efecto invernadero y en la política climática. E incluso las decisiones tomadas a nivel estatal para estabilizar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se llevarán a la práctica en último término a nivel local y regional. Las autoridades locales y regionales disponen de un amplio poder de decisión sobre todo en materia de producción y distribución de la energía, utilización del suelo, explotación de la capacidad energética y programas de ahorro energético, política de transportes y contratos públicos. No obstante, aunque carecen de competencia legislativa o impositiva en materia de energía y transportes, es necesaria su integración en la planificación o diseño de la política energética general, a fin de garantizar la identidad de objetivos y las sinergias deseables.

4.2. La actividad local y regional se puede dividir en distintos sectores, en los que las posibilidades de acción y los medios disponibles varían considerablemente. En términos generales, la actividad local abarca los siguientes sectores:

- industria,

- producción y distribución de energía,

- servicios,

- vivienda,

- transporte.

Las autoridades locales y regionales disponen de mayor poder de decisión y mayores posibilidades de acción en el sector de los servicios, la vivienda y el transporte. Dado que los entes locales no disponen de competencias reguladoras en el sector de la industria, éste queda excluido del presente estudio.

4.3. La estructura de la producción de energía varía sustancialmente de una región a otra. Así, mientras que unas regiones son productoras de energía y sus ciudades y municipios son propietarios de las centrales de energía, existen otras que se ven obligadas a adquirir prácticamente toda la energía de terceros. Ahora bien, la producción de energía desempeña un papel clave en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En relación con la producción de energía existe, por otro lado, toda una serie de medidas que, combinadas, pueden contribuir a la reducción de las emisiones, por ejemplo, en la elección de combustibles y soluciones técnicas. Debería fomentarse sobre todo el uso de formas de energía renovables, dado que, además de tener, según criterios medioambientales, una gran ventaja frente a los combustibles fósiles, suelen aportar una solución más bien de carácter local e incentivan de esta forma la economía y el empleo local. El uso de fuentes de energía renovables estimula el desarrollo regional, crea empleo, especialmente en las regiones más débiles desde un punto de vista estructural, así como en el sector agrario, y permite reducir la dependencia de la Unión en materia de importación de energía.

4.4. Los servicios se reparten entre el sector privado y el público. Se trata de un sector bastante heterogéneo, teniendo en cuenta que engloba, por ejemplo, actividades en el ámbito de la administración, la sanidad pública, el deporte, el comercio y la educación. El consumo de energía y, por tanto, las emisiones de efecto invernadero en el sector de servicios, dependen sobre todo del consumo de calefacción y ventilación, de aire acondicionado y de la iluminación de los edificios. Los edificios públicos y de oficinas se diferencian de los edificios residenciales sobre todo por su mayor temperatura ambiental interna producida en gran parte por los equipos electrónicos como ordenadores, fotocopiadoras, etc. Según estimaciones neerlandesas y danesas, el potencial de ahorro en el sector de los servicios oscila entre un 20 y un 50 %. El mayor ahorro se podría alcanzar en la calefacción e iluminación. El sector público podría controlar directamente su consumo de energía en los edificios públicos y servir así de ejemplo para el sector privado.

En este contexto hay que mencionar el sistema finlandés de aplicaciones informáticas ETANA desarrollado por el centro de investigación técnica del Estado y financiado por la oficina de energía de la ciudad de Helsinki. Este sistema permite disponer rápidamente y de forma sencilla de una estimación de la cuantía de los costes de energía para un determinado edificio. Si los costes reales superan notablemente esta estimación, habrá que realizar las inversiones apropiadas con el fin de ahorrar energía. Un inventario sistemático de los diferentes ámbitos en cuestión permitiría centrar estas inversiones. El sector privado también tiene acceso al sistema de aplicaciones informáticas que ha despertado un gran interés. El segundo ejemplo es un proyecto internacional en el que participan especialmente Finlandia, Suecia, el Reino Unido, los Países Bajos y Dinamarca, en cuyo seno se ha constituido un grupo de compradores que organiza licitaciones para comercializar unas lámparas incandescentes cuya capacidad aumentará en un 30 % y cuya duración se multiplicará por cuatro. El precio por unidad oscilará entre los dos y los tres ecus. Este procedimiento es aplicable a numerosos proyectos específicos que tengan como finalidad la comercialización de nuevas tecnologías.

4.5. En el sector de la vivienda el potencial de ahorro es similar al del sector de los servicios. Sin embargo, en este sector existen problemas endógenos que pueden obstaculizar la reducción de las emisiones. Uno de estos obstáculos es la falta de información, puesto que las autoridades no siempre han podido hacer frente al reto que supone la difusión de la información entre los consumidores. Otro problema adicional es el enfoque a corto plazo de la planificación de los hogares. Las evaluaciones efectuadas sobre el potencial de ahorro varían sustancialmente, pero la media se sitúa en un 50 %. Ya que en el sector de la vivienda se utilizan hasta dos tercios de la energía, en función de las condiciones climáticas de la región, para la calefacción y el agua caliente, una parte considerable de este potencial puede realizarse con aislamiento térmico, modernas tecnologías de calefacción, calentadores de agua por medio de la energía solar, etc. Un instrumento apropiado para ello es, además de la creación de incentivos, la fijación de normas más estrictas para la construcción de viviendas. Por el contrario, el plazo de rentabilidad en la industria puede ser de varios años; para los hogares, sin embargo, debería ser inferior al año. Las evaluaciones efectuadas sobre el potencial técnico varían sustancialmente, pero el cálculo medio se sitúa en un 50 % hasta el año 2005.

4.6. El sector más problemático a la hora de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es el del transporte. Existen millones de fuentes individuales de emisiones y las autoridades locales y regionales carecen de medios suficientes para controlar dichas emisiones. La medida más eficaz a largo plazo es la regulación de la utilización del suelo. Las soluciones basadas en este criterio tienen consecuencias a largo plazo sobre el número de vehículos en circulación y el consumo de energía en general. Pero la planificación del transporte también tiene una influencia considerable sobre la reducción de las emisiones. Se calcula que, a pesar de las medidas comunitarias, las emisiones de gases de efecto invernadero aumentarán entre un 10 y un 30 % hasta el año 2005 con respecto a los valores de 1990.

4.7. La lucha contra el cambio climático a nivel local y regional puede llevarse a cabo a través de diferentes medidas. Las oficinas de energía regionales y locales constituyen una vía excelente para llevar a cabo esta acción que debe basarse en un método claro y coherente que permita evaluar la situación actual, las posibilidades de ahorro, el orden de importancia de las medidas y su aplicación, así como el control de las emisiones.

4.8. La lucha contra el cambio climático a nivel local ya se ha llevado a cabo en numerosas ciudades y regiones como, por ejemplo, Hannover, Copenhague, Bolonia o en el extrarradio de Helsinki. Por su parte, la UE podría contribuir en mayor medida al desarrollo de este tipo de medidas e incentivar así a las autoridades locales para que pongan en práctica estos proyectos de lucha contra el cambio climático. En las líneas siguientes se presentan a modo de ejemplo unas medidas de acción llevadas a cabo con éxito en el ámbito local:

a) Determinación del consumo de energía local y de las emisiones de gases de efecto invernadero

La definición del nivel actual del consumo de energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero es esencial para poder calcular la eficacia de las diferentes medidas y la evolución de las emisiones en cada región. En efecto, el consumo de energía en cada región varía en función del clima, los combustibles disponibles, la estructura de la producción de energía, el precio de la energía, la utilización del suelo, la política de transportes y la estructura económica.

b) Esbozo de un caso práctico «Business-as-usual»

En este caso se examina la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero partiendo del supuesto de que no se haya tomado ninguna medida de reducción. Esto permite disponer de datos que reflejen los efectos que tienen las diferentes actividades en la evolución de las emisiones. Sólo se podrá calibrar el impacto de la política a largo plazo en el sector del transporte y de la ordenación del territorio, si se examina la evolución de las emisiones a largo plazo. Esta labor supone una interacción productiva entre las distintas autoridades y las asociaciones locales y regionales.

c) Definición de los procedimientos de reducción de emisiones

Se establecerá una lista que recoja los diferentes instrumentos de reducción de las emisiones, su eficacia, las posibilidades de aplicación y sus costes. Existe a nivel regional todo un abanico de medidas para lograr la reducción de las emisiones, como las siguientes:

- incremento de la eficacia energética en la producción y el uso de energía,

- intensificación de la utilización del suelo,

- elección del combustible,

- recurso a fuentes de energía renovables,

- promoción del transporte público en la política de transportes.

d) Fijación de objetivos de reducción de las emisiones a nivel local

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel local es a la vez un reto y un objetivo, que debe definirse de forma realista. Los responsables de los aspectos técnicos exigen más que nada unas metas concretas a fin de poder encontrar ellos mismos las soluciones más apropiadas para alcanzar dichos objetivos. La definición de los objetivos es la labor más difícil de la estrategia de reducción de las emisiones, dado que se basa en elementos bastante inciertos. Los objetivos deberían englobar asimismo diferentes alternativas para aplicarlas en función de las necesidades. Al determinar los objetivos, habrá que seleccionar los medios necesarios para conseguirlos teniendo en cuenta los siguientes factores:

- eficacia,

- posibilidades locales,

- ventajas sinérgicas,

- apoyo por parte de los ciudadanos,

- ventajas a corto y largo plazo,

- posibilidades de seguimiento.

e) Elaboración de una estrategia

Los objetivos deberían recogerse en programas claros y concisos con la aprobación política y el apoyo de las autoridades regionales. Cada programa dispondrá de los medios más adecuados. A nivel regional, se trata principalmente de:

- diversas disposiciones administrativas (como la ordenación del territorio),

- instrumentos económicos (precios del transporte público, aparcamientos),

- información de los consumidores (centrales de energía, asesoramiento al consumidor),

- cooperación con los productores de energía,

- inversiones (saneamiento del sector energético, contratos públicos).

Además, debería crearse un sistema de seguimiento que permita controlar la aplicación de los programas y cuyos resultados se pondrían directamente en conocimiento de los responsables políticos.

f) Integración de los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la política de planificación local y regional

Se trata de un aspecto que se deberá tener en cuenta especialmente en la política municipal de vivienda, transporte, ordenación del territorio, energía y contratos públicos.

5. Instrumentos de reducción de las emisiones en los diferentes sectores

5.1. Producción de energía

Los principales medios de acción en el sector de la energía son la elección de los combustibles y las medidas técnicas encaminadas a mejorar el rendimiento. Entre las posibles soluciones, cabe sustituir el carbón por gas natural u otros combustibles biológicos y aumentar la producción combinada de electricidad y calor. Los resultados obtenidos gracias a estas medidas son ciertamente importantes. Además en el futuro las capacidades técnicas tenderán a aumentar la producción de energía solar y eólica, desarrollo que se podrá fomentar gracias a la introducción de un impuesto sobre la energía al que no estén sujetas las energías renovables. Los fondos recaudados podrían destinarse a sufragar los costes ocasionados por el periodo de transición técnica.

5.2. Sector de servicios

Dado que el sector de servicios se caracteriza por su diversidad, existen en este ámbito no pocas medidas eficaces para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Conviene analizar los diferentes subsectores gracias a un control de la energía, determinar las prioridades de inversión gracias a un análisis de coste-eficacia y estimular las inversiones en materia de ahorro energético.

5.3. Vivienda

El volumen del consumo de energía en el sector de la vivienda es especialmente alto, pero su estructura es relativamente uniforme. Por ello es posible reducir el consumo de energía y de emisiones de gases de efecto invernadero, concentrándose en los principales sectores como son la calefacción y refrigeración, el consumo de agua caliente, las instalaciones domésticas de calefacción y la iluminación. La educación y el fomento de las inversiones en el ahorro de energía constituyen los principales medios de acción que permitirán reducir especialmente las necesidades de energía para calefacción.

5.4. Transportes

Los transportes y la ordenación del territorio son dos sectores estrechamente vinculados y se considera que lo más eficaz en la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero consiste en actuar en este último sector. Ello exige una política especialmente estricta en cuanto a la implantación de los servicios. La planificación del transporte deberá realizarse con vistas a un fomento del transporte público y de los llamados transportes ligeros. Para disminuir la demanda energética en este sector, se requiere un desarrollo eficaz de los transportes públicos. Incluso si a nivel local y regional no existen muchos medios que permitan desarrollar las tecnologías de los automóviles de menor consumo de energía, la industria local y regional deberá ser consciente de la necesidad de invertir suficientemente en la investigación y desarrollo de productos de este tipo. Aunque la circulación de automóviles constituya la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de los transportes, las medidas de reducción no pueden obviar el transporte aéreo, marítimo y ferroviario.

6. Conclusiones

El Comité de las Regiones concede una gran importancia a las conclusiones siguientes:

6.1. La Unión Europea debería seguir ejerciendo un papel innovador y activo en las próximas fases del Convenio sobre el cambio climático. De conformidad con los requisitos del mandato de Berlín, fundamento de las negociaciones del protocolo, la Unión Europea debería fijar como objetivo común para todos los países desarrollados, es decir, los Estados que se recogen en el Anexo I del Convenio, una reducción sustancial de las emisiones, por ejemplo, para los años 2005, 2010 y 2020.

El Comité de las Regiones se declara dispuesto a contribuir a la participación activa de la Comunidad Europea en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que se celebrará en diciembre de 1997 en Kioto (Japón). La Conferencia de las Naciones Unidas, así como otras conferencias internacionales que reúnen a las autoridades locales y regionales, podrá beneficiarse de la experiencia y de la información adquiridas por la UE a nivel local y regional.

6.2. La Unión Europea debería intensificar sus esfuerzos para mejorar la eficacia de los instrumentos económicos, como pueda ser la armonización y el aumento de los impuestos sobre la energía, la constitución de fondos, el fomento del uso de energías renovables, el uso de técnicas eficaces desde el punto de vista energético y la introducción de normas para el consumo de energía.

6.3. Las nuevas unidades de producción de electricidad deberán ser capaces de producir simultáneamente calor y electricidad o utilizar fuentes de energía renovables. La conexión a la red de calefacción urbana debería ser obligatoria, siempre y cuando fuese técnicamente posible.

6.4. Deberían desarrollarse instrumentos apropiados de tipo económico o de otro tipo para fomentar la creación de centrales de energía de baja producción de emisiones de CO2.

6.5. En el territorio de la Unión Europea debería establecerse un impuesto unitario sobre la energía o un Fondo especial CO2. Los ingresos procedentes de este impuesto deberían destinarse, durante un período transitorio, a fomentar el ahorro energético y la utilización de energías renovables. Para evitar un aumento exagerado de las disparidades regionales, debido especialmente a la dependencia de diferentes formas de producción de energía o combustibles, convendría invertir las cantidades recaudadas gracias a los impuestos o el fondo de manera que las reformas y las inversiones necesarias no ocasionen ninguna carga excesiva para las estructuras económicas y sociales de las regiones afectadas.

6.6. La Unión Europea debería desarrollar los diversos programas de ahorro energético y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (SAVE, JOULE, THERMIE, ALTENER). La ayuda destinada a acciones locales en el sector de la energía debe estar garantizada a largo plazo y ampliada en caso de necesidad. Esta garantía supone también una ventaja para el sector de la producción de energía.

6.7. La Unión debería garantizar que la liberalización del mercado de la electricidad no ponga en peligro la introducción de soluciones ecológicas (como, por ejemplo, la producción combinada de electricidad y calor, el uso de combustibles ecológicos, la energía hidráulica y el recurso a energías alternativas).

6.8. La Unión debería procurar que, a la hora de imponer la reducción de las emisiones, se tuvieran en cuenta las condiciones de los Estados que quieran adherirse a la UE, si bien debería instar en todo caso a una rápida realización.

Muchos países se encuentran en un momento crítico de su historia y se pueden prever unos rápidos cambios, tanto negativos como positivos, en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero. Las autoridades locales y regionales de esos países necesitan una ayuda especial para poder intensificar la reducción de dichas emisiones. La Unión deberá aportar una ayuda a los proyectos comunitarios locales y regionales de los Estados miembros y de los que en un futuro se adhieran para mejorar la eficacia de la energía y reducir las emisiones citadas.

6.9. Tanto la ordenación del territorio local y regional como la política de transportes deberían fomentar el ahorro energético y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

6.10. A la hora de elaborar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, habría que conceder mayor importancia a las experiencias y conocimientos de las regiones. Todos los grupos de trabajo e instituciones en las que se tomen decisiones o soluciones importantes que afecten a las regiones deberían contar con una representación regional.

6.11. La Unión Europea debería subvencionar en mayor medida la labor que se lleva a cabo a nivel regional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en relación con los proyectos piloto y de inversión, desarrollo e investigación.

6.12. La Unión Europea debería hacer especial hincapié en el ahorro energético como medio para alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. A fin de alcanzar este objetivo, las autoridades locales se declaran dispuestas a asumir sus responsabilidades, sobre todo mediante los proyectos de ahorro de energía aplicables en su ámbito y a la información de los ciudadanos a este respecto.

6.13. La gravedad y la dimensión del cambio climático exigen que los objetivos fijados en la materia sean considerados en todas las acciones de la Unión Europea, especialmente en la política agrícola y en la reorientación de los Fondos estructurales.

Bruselas, el 18 de septiembre de 1997.

El Presidente del Comité de las Regiones

Pasqual MARAGALL i MIRA