Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Reglamento (CE) por el que se establecen las disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa de la PAC» () (98/C 407/34)

El 4 de junio de 1998, de conformidad con los artículos 43 y 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Agricultura y Pesca, encargada de preparar los trabajos sobre este asunto, aprobó su dictamen el 9 de julio de 1998 (ponente: Sr. Liverani).

En su 357° Pleno de los días 9 y 10 de septiembre de 1998 (sesión del 9 de septiembre de 1998), el Comité Económico y Social ha aprobado por 66 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. La propuesta que se examina forma parte de las propuestas de Reglamento presentadas por la Comisión con el propósito de traducir a textos legislativos las orientaciones reformistas de la política agrícola común contenidas en la Comunicación de la Comisión «Agenda 2000», a favor de las cuales se pronunció recientemente el Comité de forma general. El CES había confirmado las importantes repercusiones sociales, medioambientales y sobre el empleo de la PAC en el territorio europeo, y reafirmado la importancia, entre sus objetivos, de mejorar la productividad y la competitividad de la agricultura, proteger el empleo y estabilizar la población rural de la Unión ().

1.2. La propuesta presentada por la Comisión, que es profundamente innovadora, prevé:

- la introducción de límites máximos sobre el importe total que correspondería a un agricultor con arreglo a los regímenes de ayuda ();

- una modulación, por parte de los Estados miembros, de los importes totales de las ayudas en función de la mano de obra utilizada en las explotaciones ();

- condiciones medioambientales adicionales ().

2. Observaciones generales

2.1. La propuesta relativa a la modulación de la ayuda en función de la mano de obra empleada pretende que la situación actual del empleo en el sector agrario se estabilice o que -lo que sería deseable- llegue a ampliarse. La introducción del límite máximo modulado, según la Comisión, está motivada por la exigencia de tomar en cuenta las economías de escala realizables en ciertas explotaciones.

2.1.1. En coherencia con lo que se afirma en el mencionado dictamen, el Comité comparte plenamente el objetivo de salvaguardar el nivel actual de empleo en el sector agrario, pues considera que no se puede asistir pasivamente al fenómeno del éxodo rural y, en particular, al despoblamiento de las zonas de montaña desfavorecidas, que necesitan de la presencia humana para la protección del medio ambiente, la conservación física del territorio y el mantenimiento de una economía agraria capaz de producir rentas.

2.2. En la situación actual, podría contarse con un aumento del nivel de empleo si se realizase una política eficaz de desarrollo, en particular de las producciones con usos no alimentarios y de las producciones de calidad, y una política de desarrollo rural orientada también hacia la conservación del suelo, la reforestación y la protección hidrogeológica.

2.3. Con respecto al empleo, el Comité considera asimismo su deber alertar sobre las dificultades que podrían derivarse de las modalidades de actuación indicadas por la Comisión en la propuesta de Reglamento, ya que la aplicación del mecanismo y la determinación del límite mínimo de mano de obra que se ha de aplicar en las explotaciones agrarias se deja a la entera discreción de cada Estado miembro (). A estas dificultades se añaden las que surgen de la diversidad de sistemas nacionales de control del mercado laboral.

2.4. El Comité considera que con una normativa así formulada se corre el riesgo de crear situaciones muy distintas entre los distintos Estados miembros (y, posteriormente, dentro de cada Estado) a la hora de determinar el mínimo de mano de obra según los distintos tipos de explotación y su ubicación geográfica, así como dificultades de evaluar las variables ligadas al empleo generado por la agricultura o relacionado con el sector agrícola: comercialización del producto, transformación, etc. Podría derivarse asimismo una disparidad de tratamiento a nivel comunitario entre explotaciones agrarias de los Estados que decidieran aplicar el sistema y las explotaciones de aquellos que, por el contrario, decidieran no aplicarlo, lo que, evidentemente, podría falsear la competencia y plantear dificultades al control comunitario.

2.5. La institución de unos límites máximos modulados, tal como propone la Comisión, aunque responde a la exigencia -que el Comité comparte- de un reparto más equitativo de los fondos comunitarios entre los distintos agentes (y sectores) agrarios, podría originar resultados contrarios a los que se pretenden: podrían producirse divisiones reales o ficticias de las explotaciones para hacerlas entrar en los límites máximos, creando obstáculos a la concentración de los terrenos de las explotaciones y a las mejoras estructurales necesarias para una posterior liberalización de los intercambios agrarios internacionales y una mayor competitividad a escala mundial.

2.6. El Comité está de acuerdo con la idea de la Comisión de condicionar las ayudas comunitarias al cumplimiento de las normas adoptadas por la Unión Europea en materia medioambiental, siendo evidente que la nueva orientación de la PAC debe basarse en la conservación del medio ambiente, además de en la producción de bienes alimentarios que ofrezcan la máxima garantía de seguridad para la salud del consumidor.

2.6.1. El Comité considera un error otorgar a cada Estado miembro la facultad de determinar las sanciones en caso de incumplimiento de las normas medioambientales en la agricultura, ya que pueden generarse diferencias de trato entre unos Estados y otros, con penalizaciones más estrictas para algunos agricultores y más leves para otros y las consiguientes distorsiones de la competencia.

2.7. Otra cuestión importante es que las sumas obtenidas mediante la reducción de las ayudas revierta en la puesta en práctica de medidas medioambientales.

2.7.1. No cabe duda de que toda la cuestión medioambiental merece una especial atención y que se puede hacer que los agricultores se atengan a objetivos de protección del medio ambiente a través de incentivos y desincentivos y obligaciones concretas. No es menos evidente que una normativa de este tipo no puede prescindir del cumplimiento, también por parte de terceros países, de unas normas mínimas medioambientales y sanitarias si no se quiere comprometer el nivel de competitividad de la agricultura europea.

2.7.2. El problema, por tanto, se trataría también en un ámbito más general, durante las negociaciones de la OMC que comenzarán en el año 2000.

3. Observaciones específicas

3.1. En lo que se refiere al artículo 3 (condiciones medioambientales adicionales), el Comité señala que la política de ayudas comunitarias debe ser coherente con la reglamentación medioambiental derivada de la normativa comunitaria y de las legislaciones nacionales y regionales de los Estados miembros.

3.2. En lo que toca a la aplicación del artículo 4 (modulación), en opinión de el Comité, la Comisión debería establecer la obligación para cada Estado miembro de comunicar por tipos de explotaciones y regiones los criterios que -en relación con la situación previa- pretende aplicar para garantizar de manera concreta los niveles de empleo existentes en cada país, adoptando normas de fácil comprensión y aplicación para no imponer a los agricultores requisitos burocráticos onerosos y de difícil realización.

3.3. En cuanto al artículo 5 (disposiciones comunes), el Comité, a pesar de estar de acuerdo con el principio de mantener para cada Estado miembro la entidad de las cantidades previstas en el ámbito de los regímenes de ayuda de la PAC, considera conveniente que, al aplicar los artículos 3 y 4, la ayuda suplementaria comunitaria que se deriva de ellos para las medidas agroambientales se oriente a medidas que garanticen el máximo empleo adicional posible.

3.4. En cuanto a la institución de límites máximos (artículo 6), el Comité, aunque reitera su escepticismo sobre la eficacia de la medida, señala que la Comisión debería prever la obligación para los Estados miembros de adoptar normas específicas y formas de control a fin de disuadir de las parcelaciones ficticias para eludir los límites máximos.

3.5. En cuanto al artículo 8 (limitación de los pagos), el Comité apoya todos los esfuerzos orientados a evitar abusos; sin embargo, considera que se deja excesiva discrecionalidad a los Estados miembros, y que la definición de quiénes no tienen derecho a las ayudas por ejercer actividades no directamente relacionadas con la agricultura no queda suficientemente clara.

4. Conclusiones

4.1. El Comité está de acuerdo con las orientaciones de la reforma general de la PAC expresadas en la Comunicación «Agenda 2000», según afirmó en el Dictamen anterior (); asimismo, el Comité se muestra de acuerdo con la Comisión en la necesidad de establecer mediante un reglamento las normas comunes relativas a los regímenes de ayuda directa a los agricultores.

4.2. El Comité no puede dejar de señalar con preocupación que algunos aspectos de la propuesta de reglamento presentada por la Comisión pueden conducir a una indeseada renacionalización de la política agrícola comunitaria, con el consiguiente riesgo de comprometer los objetivos fundamentales, ya sea en lo que se refiere a garantizar las rentas, ya sea en relación con el desarrollo de la política agroambiental de defensa del territorio y de las zonas rurales, creando así riesgos de turbulencias en el mercado de la Unión, en perjuicio tanto de los agricultores como de los consumidores, además de riesgos para la política de defensa del empleo.

4.3. El Comité, sobre la base de las observaciones específicas formuladas en el presente Dictamen, insta a la Comisión y al Consejo a que consideren atentamente las consecuencias que tendría la aplicación de la propuesta de reglamento.

Bruselas, el 9 de septiembre de 1998.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() DO C 170 de 4.6.1998, p. 93.

() Dictamen sobre «Los aspectos agrícolas de la Comunicación de la Comisión "Agenda 2000"», DO C 73 de 9.3.1998.

() Artículo 6 de la propuesta de Reglamento.

() Artículo 4 de la propuesta de Reglamento.

() Artículo 3 de la propuesta de Reglamento.

() La determinación de la mano de obra se expresa en «unidades de trabajo anuales» (apartado 1 del artículo 4 de la propuesta de Reglamento).

() Dictamen sobre «Los aspectos agrícolas de la Comunicación de la Comisión "Agenda 2000"», DO C 73 de 9.3.1998.