TEXTOS APROBADOS
1. Fondos propios de las entidades de crédito
A5-0282/2000
Resolución del Parlamento Europeo sobre la evaluación de la Directiva 89/299/CEE relativa a los
fondos propios de las entidades de crédito (2000/2207(INI))
El Parlamento Europeo,
1dash Visto el Primer informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo referente a la aplicación
de la Directiva sobre Fondos propios (89/299/CEE) (COM(2000) 74),
1dash Visto el documento de consulta de la Comisión titulado «Revisión de los requisitos de capital regla-
mentarios de las entidades de crédito y empresas de inversión de la UE(1)»,
1dash Visto el documento de consulta elaborado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, «Un
nuevo marco para los requisitos de capital»,
1dash Visto el apartado 2del artículo 47 y el artículo 163 de su Reglamento,
1dash Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A5-0282/2000),
A. Considerando que la Comisión está consultando actualmente a las partes interesadas en la revisión del
marco jurídico de los requisitos de capital aplicable a las entidades de crédito y empresas de inversión,en vista de los debates que está celebrando el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea para proceder
a una nueva revisión del Acuerdo de 1988 relativo al capital,
B. Considerando que el documento de consulta de la Comisión constituye una primera fase en la presen-
tación de los asuntos y opciones que deben examinarse, y que se espera que el Comité de Basilea
presente nuevas propuestas a principios de 2001,
C. Considerando que el informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva sobre Fondos propios
tiene por objeto describir y evaluar la forma en que los Estados miembros han aplicado las disposicio-
nes de la Directiva 89/299/CEE, y que presenta las posibles medidas que se deben adoptar a nivel
europeo para hallar una definición más armonizada de fondos propios,
D. Considerando que los fondos propios de una entidad sirven para absorber pérdidas no compensadas
por un volumen suficiente de beneficios, que permiten a las autoridades supervisoras evaluar la sol-
vencia de las entidades, que garantizan la continuidad de las mismas y que protegen el ahorro; que, si
bien la Directiva sobre fondos propios se refiere a la calidad y composición del capital, el examen del
Comité de Basilea se centra actualmente en el volumen de capital que las entidades de crédito deben
poseer, lo cual puede incidir en la composición del capital,
E. Considerando que, si bien es obvio que desde que se adoptó la Directiva sobre Fondos propios hace
diez años han surgido cuestiones nuevas, en particular debido a las innovaciones en el sector de los
servicios financieros y al desarrollo de nuevos instrumentos de capital más rentables, parece recomen-dable, en vista de los debates que se están celebrando en Basilea, esperar los resultados de la revisión
de los requisitos de capital antes de estudiar la posibilidad de modificar el marco jurídico de los fondos
propios,
F. Considerando que también es importante esforzarse por lograr una coherencia entre la definición de
fondos propios empleada en la UE y a nivel internacional, al objeto de mantener la competitividad de
las entidades de crédito de la UE pero que, al elaborar las disposiciones europeas, debería también
considerarse que éstas son vinculantes para todas las entidades crediticias inclusive las entidades espe-
cializadas, mientras que las normas de Basilea sólo tienen por objeto los bancos comerciales que tra-bajan a escala internacional, y sólo en calidad de recomendaciones,
(1) MARKT/1123/99 de 22.11.1999.8.8.2001 ES C 223/361 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
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G. Considerando que el objetivo de una disposición prudente sobre los requisitos de capital es garantizar
que las entidades de crédito y las empresas de inversión posean fondos en proporción a la naturaleza e
importancia de los riesgos que asumen; que existe un consenso cada vez mayor sobre el hecho de que
el marco actual no permite cubrir adecuadamente la totalidad de los riesgos que algunas entidadesasumen, no reconoce suficientemente ni fomenta nuevas técnicas de gestión del riesgo y puede dar
lugar incluso a una asignación desacertada de los recursos,
H. Considerando que el documento de consulta de la Comisión y la revisión de Basilea pretenden crear,
por consiguiente, un marco jurídico para los requisitos de capital que refleje de forma más exacta losriesgos que las entidades de crédito asumen realmente, sobre la base de tres pilares, a saber, requisitos
mínimos de capital, proceso de supervisión y disciplina de mercado,
I. Considerando que si no se adecuan más claramente las necesidades de fondos propios a los riesgos,
ello dará lugar a una situación reglamentaria artificial que incitará a los prestatarios de solvencia reco-nocida a evitar totalmente los bancos ya tomar dinero prestado directamente de los mercados finan-
cieros, con lo que los bancos quedarían expuestos de forma desproporcionada a bajos riesgos,
J. Considerando, por lo que respecta al primer pilar, que la Comisión propone afinar el planteamiento
actual para graduar mejor el riesgo mediante el recurso tanto a sistemas de evaluación interna del
riesgo por parte de las entidades como a la modificación de la ponderación del riesgo a través de
agencias externas especializadas en la evaluación de riesgos de crédito, la modificación de las obliga-
ciones en materia de consolidación, un mayor reconocimiento de las técnicas de atenuación de riesgos,
y el desarrollo de los requisitos de capital para otros riesgos,
K. Considerando que, conforme a las propuestas de la Comisión, todas las entidades bancarias, previo el
correspondiente reconocimiento por parte de las autoridades supervisoras, podrán emplear las técnicas
de atenuación de riesgos para disminuir su asignación de capital, independientemente de que opten
por una calificación crediticia interna o por una calificación estándar modificada,
L. Considerando que, en lo referente al segundo pilar, la Comisión opina que las autoridades supervisoras
deben estar facultadas para exigir a una entidad concreta que disponga de fondos por un valor supe-
rior al coeficiente mínimo estrictamente exigido, y que las entidades deben adoptar una estrategia paramantener un nivel suficiente de fondos,
M. Considerando, por lo que al tercer pilar se refiere, que la Comisión opina que una divulgación ade-
cuada de información permite a los participantes en el mercado evaluar mejor la competitividad de
una entidad, lo cual refuerza la disciplina de mercado,
N. Considerando que el documento de consulta de la Comisión se centra casi exclusivamente en las enti-
dades bancarias y que sólo menciona a las empresas de inversión en segundo plano; que dicha actitud
es sorprendente, dado que las normas comunitarias sobre requisitos de capital se aplican a miles de
empresas de inversión y de gestión de activos; que es fundamental que las características y requisitosde las entidades no bancarias, como las empresas de inversión y de gestión de activos, se tomen en
consideración a la hora de examinar los requisitos de capital,
O. Considerando la preocupación de las pequeñas y medianas empresas (PYME), cuya financiación se basa
mayoritariamente en las entidades bancarias, por los efectos que la adopción de nuevas normas sobre
requisitos de capital puede tener sobre la capacidad de las PYME para obtener financiación mediante
préstamos debido a la posibilidad de que aumente la asignación de capital para las empresas más
arriesgadas; considerando así mismo que estas empresas temen que se las considere de elevado riesgo
debido únicamente a que no disponen de calificación externa; que el uso generalizado de la califica-
ción crediticia interna es el principal medio práctico para garantizar que las PYME se beneficien de unmarco jurídico que permita graduar mejor el riesgo, dado que es muy improbable que el riesgo de
dichas empresas sea objeto de una calificación externa,
P. Considerando que el sector europeo de servicios financieros es fundamentalmente distinto del de los
Estados Unidos, país en el que las prácticas contrarias a la competencia (por ejemplo, el Gobiernoproporciona garantías a las empresas que avala para que los costes de financiación sean bajos) colocan
a las entidades de crédito europeas en desventaja en su esfuerzo por acceder a los mercados mundiales
de capital,
Q. Considerando la preocupación del sector europeo de servicios financieros por garantizar que la Unión
Europea lleve a cabo las modificaciones legislativas exigidas por la revisión del Acuerdo sobre capital
con arreglo a un calendario similar al de los Estados Unidos, al objeto de garantizar normas coheren-
tes y evitar que la UE se coloque en una posición de desventaja en materia de competencia,C 223/362 ES8.8.2001 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
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R. Considerando que, habida cuenta de que las normas sobre requisitos de capital imponen costes signi-
ficativos a las entidades bancarias y a las empresas de inversión y de que se pretende adoptar un
marco jurídico más complejo y que permita graduar mejor el riesgo, la UE debe esforzarse al máximo
por garantizar que la aplicación de dichas normas sea lo más sencilla posible para las entidades ban-carias y las empresas y que sólo se impongan cargas costosas si son estrictamente necesarias para
garantizar los objetivos conexos de protección del depositante y/o mejora de la estabilidad sistémica,
S. Considerando que la consulta a la Comisión brinda una oportunidad ideal al Parlamento para debatir
en profundidad los principios y cuestiones tratados en la revisión sobre los requisitos de capital para-
lelamente al proceso de Basilea, de tal forma que al hacerse pública la normativa de ejecución se pueda
adoptar en plazo breve,
1. Considera que la aplicación de la Directiva sobre Fondos propios ha sido satisfactoria en líneas gene-
rales; pide a la Comisión, a la luz de los resultados de la revisión de Basilea, que presente propuestas de
comunicación con fines interpretativos o de modificación de la Directiva que tengan en cuenta el desarro-
llo de nuevos instrumentos de capital más rentables y que garanticen la coherencia entre la definición de
fondos propios utilizada en la UE y la que se emplea a escala internacional;
2. Opina que las normas comunitarias sobre los requisitos de capital deben modificarse para que la
asignación de capital se ajuste más al riesgo; señala que las propuestas de Basilea están concebidas única-mente para las entidades bancarias que desempeñan sus actividades a escala internacional, que el sector de
inversiones y bancario de la UE está diversificado y que la nueva normativa debería reflejar dicho factor; se
felicita de que la Comisión así lo reconozca dado que concede un papel más importante a la calificación
crediticia interna que el que prevé el documento consultivo de Basilea, de conformidad con los debates de
Basilea;
3. Insta a la Comisión a que convierta la calificación interna en la piedra angular del nuevo marco
jurídico del capital, y a que garantice el mayor empleo posible de la calificación interna así como la posi-
bilidad de que entidades de menor envergadura también que puedan cumplir los criterios mínimos enmateria de reconocimiento de una calificación interna, para evitar, de este modo, otorgar una excesiva
ventaja competitiva a las entidades bancarias grandes y complejas, siempre y cuando las entidades afectadas
cumplan las normas exigidas; dichas normas deberían requerir evaluaciones razonables, objetivas y trans-
parentes de la probabilidad de incumplimiento y de las pérdidas que pudiera sufrir el prestamista, y debe-
rían poder compararse fácilmente en todos los Estados miembros, de forma que ningún sistema bancariose beneficie con respecto a otro de una ventaja reglamentaria artificial;
4. Exige que, a la vista de la diversidad del sector bancario y de inversión de la Unión Europea, la
Comisión presente propuestas legislativas que transpongan el Acuerdo de Basilea de manera que refleje
fielmente los requisitos específicos de todos los Estados miembros de la Unión Europea; comprueba que,
aunque el Acuerdo de Basilea se concibió inicialmente con vistas a su aplicación a las principales entidades
de crédito activas a nivel internacional, las normas de la UE sobre los fondos propios reglamentarios se
aplican a un abanico mucho más amplio de entidades bancarias, de crédito y de inversión, y exige que esta
diversidad se tenga en cuenta de manera prioritaria en las nuevas normas de la UE;
5. Pide a la Comisión que garantice que los sistemas de calificaciones tanto externas como internas sean
reconocidos y autorizados por las autoridades de vigilancia de las entidades crediticias, y que no se registre
discriminación alguna entre ellos;
6. Pide que la nueva normativa proporcione orientaciones claras a las entidades bancarias que les per-
mitan adoptar gradualmente un sistema de calificación crediticia interna conforme desarrollan sistemas
adecuados que les permitan adoptar el método de calificación crediticia interna para una parte de su car-
tera de préstamos y la calificación estándar modificada para el resto; pide además a la Comisión y a losEstados miembros que alcancen un acuerdo en el seno del Comité de Basilea para fijar un período de
transición suficientemente largo que permita al mayor número posible de entidades bancarias adoptar las
medidas necesarias para aplicar un sistema de calificación crediticia interna;
7. Opina que sectores descentralizados, como confederaciones o cooperativas bancarias, deberían poder
disponer de un sistema adecuado que cumpla los criterios exigidos y haya sido desarrollado por un orga-
nismo central, de forma que dicho sistema pudiera ser utilizado por todos los bancos de ese sector;
8. Subraya la necesidad de seguir buscando una definición de criterios objetivos para la utilización de la
calificación crediticia interna por parte de las entidades y la forma de vincularla a la asignación de capital;
espera que se reconocerá el potencial de reducción del riesgo de la valoración de los préstamos en el
contexto de la cartera de la que forman parte; propone un enfoque espectral para la calificación crediticia
interna, que permita el reconocimiento de varios sistemas de calificación crediticia interna con distintos
grados de complejidad;8.8.2001 ES C 223/363 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
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9. Insta a la Comisión a que reconozca las especiales características de las carteras al por menor de
préstamos; toma nota de que el sector bancario ha obtenido resultados considerablemente satisfactorios
en materia de gestión de carteras al por menor y cuenta con datos amplios y complejos tanto sobre las
posibilidades de incumplimiento como sobre los índices de pérdidas de dichas carteras; insta al Comité deBasilea y a la Comisión a que, a la hora de formular nuevas normativas, tengan en cuenta tanto este logro
como los amplios datos de que disponen los bancos, y reconozcan como corresponde el potencial de
reducción de riesgo que conlleva una gestión prudente y adecuada de una cartera de préstamos al por
menor de pequeña cuantía; opina, en particular, que la Comisión y el Comité de Basilea deberían examinar
si, mediante la nueva normativa, se debería permitir a los bancos que establezcan una clasificación interna
general para una cartera en lugar de para cada préstamo de dicha cartera;
10. Pide que se hagan todos los esfuerzos posibles para garantizar que la aplicación de las reglamen-
taciones sobre calificaciones internas sea todo lo coherente posible en toda la UE, al tiempo que se permite
un limitado grado de flexibilidad para tener en cuenta condiciones particulares locales y las prácticas delmercado;
11. Observa que, si bien los métodos de desarrollo de modelos de riesgos crediticios se encuentran
actualmente en una fase muy temprana para su uso en los sistemas de calificaciones internos, la Comisión
y el Comité de Basilea deberían seguir atentamente su evolución con vistas a adoptarlos en el futuro;
12. Constata que, dado que nunca será posible que todos los bancos utilicen sistemas de calificación
crediticia interna, es necesario un enfoque estándar alternativo modificado, y que la Comisión propone que
se recurra a la evaluación por parte de agencias de calificación crediticia externas para perfeccionar el
enfoque normalizado; opina que, dado que la calificación crediticia externa es relativamente infrecuente
para las empresas que no pertenecen al sector financiero en Europa y que puede resultar muy cara para
las PYME, su utilización debería limitarse en la medida de lo posible;
13. Toma nota de la existencia en algunos Estados miembros de registros de créditos que, desde un
punto de vista, deberían desempeñar una función en el nuevo marco de adecuación del capital;
14. Opina que debe ampliarse el abanico de operaciones de riesgo valoradas conforme a un enfoque
normalizado, y acepta cautelosamente el papel limitado propuesto por la Comisión para la calificación
crediticia externa; insta, sin embargo, a la Comisión, al Comité de Basilea y a la banca, en vista de lapreocupación suscitada por la calificación crediticia externa, a que estudien formas alternativas adicionales
para poder desarrollar un sistema más escalonado de tramos de riesgo en el marco de este enfoque nor-
malizado; este marco general debería ser dinámico y flexible y tener especialmente en cuenta las garantías
adicionales que puedan ofrecer las PYME que busquen financiación; en cualquier caso, un mayor perfec-
cionamiento del enfoque normalizado debería formar parte del nuevo marco jurídico del capital que garan-
tice asimismo la posibilidad real y viable de que un amplio espectro de instituciones crediticias pequeñas y
grandes apliquen calificaciones internas siempre que se cumplan las normas objetivas y las garantías cau-telares;
15. Observa que la utilización de calificaciones externas para ampliar el abanico de las garantías adicio-
nales beneficiará potencialmente a las empresas que hayan sido o no objeto de calificación; las nuevas
propuestas de reducción del riesgo originarán la disminución de las exigencias de capital propio cuando
las empresas (hayan sido o no calificadas) ofrezcan como garantías adicionales valores de empresas califi-
cadas;
16. Subraya la importancia de establecer un marco para «calificar a los calificadores», estableciendo
criterios mínimos para la acreditación de agencias de calificación externa con objeto de garantizar su cre-dibilidad y transparencia;
17. Acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión de aumentar el reconocimiento de las técnicas
de atenuación del riesgo crediticio, que el marco jurídico actual no fomenta suficientemente; reconoce el
efecto de reducción del riesgo de las garantías hipotecarias y, por consiguiente, pide que se desarrolle un
análisis empírico riguroso con el fin de establecer la ponderación justa de los préstamos hipotecarios; pide
el reconocimiento del potencial de reducción del riesgo de las garantías reconocidas por los bancos y elsector bancario, por cuanto mitigan el riesgo, y toma nota especialmente de la importancia de los métodos
clásicos de garantía de los créditos como son, por ejemplo, las hipotecas en la atenuación de riesgos, que
precisamente para otras entidades crediticias pequeñas constituyen la garantía principal; pide que, en el
supuesto de que las entidades bancarias y empresas de inversión repercutan los riesgos, por ejemplo a
través de su aseguramiento o de mecanismos de compensación, la transmisión del riesgo resultante se
traduzca en una reducción de la asignación de capital;
18. Pide que las nuevas normas de adecuación de fondos propios establezcan criterios generales míni-
mos que deban satisfacerse antes de que se pueda reconocer una técnica de atenuación del riesgo conC 223/364 ES8.8.2001 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
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vistas a las disposiciones relativas a la adecuación de fondos propios; este enfoque horizontal es preferible
a intentar formular disposiciones legislativas individuales para cada técnica de atenuación del riesgo y
fomenta una gestión prudente del riesgo al mismo tiempo que facilita que tanto la legislación como los
supervisores se adapten a las distintas evoluciones del mercado;
19. Considera que todo gobierno soberano de la zona del euro deberá ser evaluado por los mercados
financieros sobre la base de su propia solvencia con arreglo a los compromisos contenidos en los princi-
pios de no corresponsabilidad financiera («no bail-out») del Tratado de Maastricht (artículos 101-103);
considera, por tanto, que la asignación de capital requerida por las autoridades de vigilancia de las entida-des crediticias para la compra de la deuda de los gobiernos de la zona del euro deberá ser conforme a lasdisposiciones reglamentarias previstas dependiendo del tipo de evaluación objetiva de la solvencia que seadopte y no deberá beneficiarse de ningún tipo de distorsión de la competencia, haciendo que no se pro-
duzca ninguna asignación de capital para la compra de la deuda de cualquiera de los gobiernos soberanos
de la zona del euro;
20. Opina que la introducción de una normativa sobre requisitos de capital que permita graduar mejor
el riesgo implica que se tendrán que examinar más atentamente otros riesgos, dado que el sistema regula-
dor de la asignación de capital actual puede verse reducido; considera que, si bien una asignación razona-
ble para cubrir «otros riesgos» podría contribuir a alentar una gestión prudente de los riesgos, las técnicas
de evaluación de dichos riesgos están escasamente desarrolladas; mientras no se desarrolle un métodoexacto para calibrar los demás riesgos, su regulación se debería seguir llevando a cabo de forma cualitativa,a través de una supervisión prudencial, y no de forma cuantitativa, con un incremento de la asignación;
21. Se opone a las propuestas de calcular una asignación de capital para otros riesgos sobre la base de
indicadores brutos como el tamaño de la empresa, las ganancias, el volumen de negocios, etc., dado quedichas variables son inadecuadas pues no tienen una relación obvia con «otros riesgos»; manifiesta su con-
vencimiento de que una asignación basada en dichas variables penalizaría a las empresas prósperas e inci-
taría a los bancos a gestionar la necesidad de fondos propios en vez de gestionar el riesgo; se siente
especialmente preocupado por el impacto de dicha asignación sobre las inversiones de elevado volumeny bajo riesgo, como son los fondos indexados; manifiesta el convencimiento de que, en el supuesto de quese introduzca una asignación para otros riesgos, se deberían adoptar disposiciones transitorias para garan-tizar que las entidades bancarias que no puedan beneficiarse inmediatamente de un enfoque basado en unacalificación interna que permita graduar los riesgos de forma más precisa no resulten penalizadas con unapesada asignación adicional para cubrir «otros riesgos»;
22. Apoya el mantenimiento de la excepción en cuanto a las necesidades de fondos propios de forma
subconsolidada y/o individual (que actualmente establece el apartado 7 del artículo 3 de la Directiva rela-tiva a la supervisión de entidades de crédito de forma consolidada, y el apartado 7 del artículo 7 de la
Directiva sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión en las entidades de crédito), pero
pide la introducción de criterios armonizados para la utilización de dicha dispensa;
23. Pide a la Comisión que estudie más atentamente los requisitos y características de las empresas de
inversión y los gestores de activos; la asignación de capital impuesta a dichas empresas debería limitarse a
los riesgos que asumen, esto es, «otros riesgos», como los riesgos operativos; las empresas de inversión ya
están sometidas a asignación de capital para otros riesgos, que se debería revisar si en el futuro la Comi-sión introduce una asignación de capital aplicable a otros riesgos en general;
24. Opina que, si bien los supervisores no deben intentar convertirse en gestores de banca «en la som-
bra», deberían tratar de evaluar el tratamiento real del riesgo por parte de las entidades en vez de limitarse
a controlar el cumplimiento de normas formales; las autoridades supervisoras nacionales deberían estar
facultadas para exigir a las entidades que posean fondos por un valor superior al capital mínimo estricta-mente exigido; sin embargo, ésta debería ser una de las distintas medidas empleadas en el marco de unasupervisión prudencial y sólo se debería recurrir a la misma si hay un buen motivo para ello;
25. Apoya la divulgación voluntaria por parte de las entidades bancarias de su coeficiente de capital, o
de sus principales riesgos financieros y de sus técnicas de gestión de riesgos, pues de este modo contribu-
yen a fortalecer la disciplina de mercado; sin embargo, no se debería pedir a las entidades que revelen
públicamente los requisitos mínimos de capital establecidos por los supervisores para cada caso, pues se
correría el riesgo de que el coeficiente exigido se considere de hecho como una valoración por parte del
supervisor, con las consiguientes distorsiones de la competencia;
26. Pide a la Comisión que haga todos los esfuerzos posibles para garantizar que los bancos de la UE no
sean objeto de trato discriminatorio por parte de las autoridades de los Estados Unidos en virtud de la ley
Gramm-Leach-Bliley, y que intente encontrar una rápida solución al litigio al respecto entre los Estados
Unidos y la Unión Europea;8.8.2001 ES C 223/365 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
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27. Opina que, en virtud de la igualdad de materia de competencia, se debe facilitar a todas las entida-
des de crédito, independientemente de su forma jurídica, la entrada de fondos propios básicos a través de
terceros en la medida en que los fondos adquiridos por ese medio sean permanentes, puedan absorber
pérdidas y no puedan ser retirados por terceros;
28. Pide que se haga lo posible por garantizar que la nueva normativa no dificulte aún más a las PYME
la obtención de financiación a través de préstamos, y que se reconozca que la normativa sobre requisitosde capital debe estar destinada a proteger a los ahorradores y a minimizar el riesgo sistémico, por lo que
constituye un instrumento poco adecuado para tratar de forma directa o global la financiación de las
PYME, que debe tratarse con medidas de fomento del capital riesgo; opina, en cualquier caso, que, si bien
en el futuro las empresas de alto riesgo pueden estar sujetas a una mayor asignación de capital, lo que
podría reflejarse en el coste de la financiación a través de préstamos, se debe facilitar a la mayor parte de
las empresas de bajo, mediano o relativamente alto riesgo (la mayoría de las PYME) la obtención de finan-
ciación merced a una nueva normativa, y en particular a una ampliación de las garantías aceptadas (inclu-sive hipotecas como garantías adicionales);
29. Reconoce no sólo la importancia vital de una rápida aplicación del nuevo marco jurídico del capital,
sino asimismo la necesidad de una legislación flexible y actualizada; está dispuesto a tener en cuenta las
propuestas destinadas a revisar el proceso legislativo con el fin de facilitar la flexibilidad, la rápida aplica-
ción y la actualización de la legislación sobre el nuevo marco jurídico del capital; recuerda a este respecto
la declaración conjunta firmada por el Parlamento, el Consejo y la Comisión acerca del procedimiento de
codecisión, en virtud de la cual las tres instituciones se comprometen a cooperar de buena fe con vistas a
reconciliar en la medida posible sus posiciones, de forma que, siempre que ello sea factible, los actos
puedan ser adoptados en primera lectura; está dispuesto a considerar nuevas propuestas relativas a unafutura revisión de esta declaración conjunta con el fin de acelerar aún más los procedimientos de codeci-
sión a la hora de formular y actualizar la legislación;
30. Pide al Parlamento, a la Comisión y al Consejo que cooperen y se consulten formal e informalmente
en las fases más tempranas del proceso legislativo, y muestren la voluntad política de coincidir en los
principios generales, con objeto de facilitar la adopción de los cambios legislativos necesarios lo antes
posible, preferiblemente en primera lectura;
31. Subraya la importancia de mantener en igualdad de condiciones la competencia entre la banca y las
empresas de inversión de Estados Unidos y de la UE, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a
presionar para que se establezca una moratoria para la aplicación del Acuerdo revisado durante el períodode tiempo que se acuerde, al objeto de que los miembros del Comité de Basilea dispongan de tiempo
suficiente para adoptar la normativa de aplicación y permitir que el Acuerdo entre en vigor el mismo día
en todos los Estados;
32. Acoge con satisfacción la invitación de la Comisión para crear un «Grupo 2005» formado por
representantes de la Comisión, el Parlamento y el Consejo, con objeto de supervisar y facilitar la oportunaaplicación a tiempo del programa de acción de los servicios financieros; pide al Grupo que explore opcio-nes para una puesta en práctica más rápida del programa de acción (inclusive el nuevo Acuerdo de Basi-lea), y que presente opciones para que sean examinadas por el Parlamento Europeo en un plazo de 6meses a partir de la adopción de la presente resolución;
33. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión.
2. Funciones del Defensor del Pueblo Europeo
A5-0293/2000
Resolución del Parlamento Europeo por la que se modifica la Decisión del Parlamento de 9 de
marzo de 1994 sobre el estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del
ejercicio de sus funciones
El Parlamento Europeo,
1dash Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y particularmente sus artículos 21, 195 y 279,
así como el artículo 20 D del Tratado CECA y el artículo 107 D del Tratado CEEA,
1dash Vista su decisión 94/262/CECA, CE, Euratom de 9 de marzo de 1994 sobre el estatuto del Defensor
del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones,(1)
(1) DO L 113 de 4.5.1994, p. 15.C 223/366 ES8.8.2001 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Viernes, 17 de noviembre de 2000