Existen graves deficiencias en el funcionamiento de las instituciones democráticas de Turquía. Turquía no ha dado una respuesta creíble a la honda preocupación de la UE por el continuo deterioro del Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la independencia del poder judicial. Turquía debe invertir esta tendencia negativa de forma prioritaria, atendiendo para ello el debilitamiento de los controles y equilibrios efectivos en el sistema político. Los dirigentes de la UE han confirmado que el diálogo sobre el Estado de Derecho y los derechos fundamentales sigue siendo una parte integrante de la relación entre la UE y Turquía.

Se espera que Turquía apoye activamente las negociaciones para una solución justa, global y viable de la cuestión chipriota en el marco de la ONU, de conformidad con las resoluciones pertinentes de su Consejo de Seguridad y en consonancia con los principios en los que se fundamenta la UE. Es importante que Turquía reafirme su compromiso y su participación constructiva en las negociaciones sobre Chipre auspiciadas por las Naciones Unidas, en consonancia con las resoluciones pertinentes de su Consejo de Seguridad. No deben adoptarse medidas unilaterales que puedan aumentar las tensiones en la isla y socavar el retorno al diálogo. Es urgente que Turquía cumpla su obligación de garantizar la aplicación plena y no discriminatoria del Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación UE-Turquía y elimine todos los obstáculos a la libre circulación de mercancías, incluidas las restricciones a las conexiones directas de transporte con la República de Chipre.

21.En Kosovo, debido al cambiante contexto político y a la atención prestada a la respuesta y a la recuperación frente a la pandemia, los avances conseguidos en cuanto a las reformas relacionadas con la UE y la aplicación del AEA fueron, en términos generales, limitados. Las elecciones parlamentarias anticipadas de febrero de 2021 dieron lugar a la formación de un nuevo Gobierno que goza de una clara mayoría parlamentaria. La adopción de una segunda fase del Programa Europeo de Reformas (PER 2) y su Plan de Acción, refrendados por la Asamblea en octubre de 2021, confirmaron el renovado compromiso de Kosovo con las reformas relacionadas con la UE. La plena y efectiva aplicación del Plan de Acción a lo largo del próximo período será esencial.

Bosnia y Herzegovina debe abordar las 14 prioridades clave del Dictamen de la Comisión de mayo de 2019 sobre la candidatura de adhesión del país a la UE, en consonancia con las correspondientes Conclusiones del Consejo de diciembre de 2019. Además, debe mejorar radicalmente su marco legislativo e institucional, incluso a nivel constitucional en caso necesario, para cumplir los requisitos de la adhesión a la UE. Los actores políticos y las instituciones deben entablar un diálogo transparente e inclusivo —en particular, sobre las reformas electoral y constitucional— para subsanar inveteradas deficiencias electorales. Bosnia y Herzegovina tendrá que llevar a cabo toda una masa crítica de reformas antes de que la Comisión se plantee recomendar que se le otorgue la condición de país candidato. El cumplimiento de las 14 prioridades clave permitirá a la Comisión recomendar la apertura de las negociaciones de adhesión a la UE.

20.En Bosnia y Herzegovina, el compromiso político público de las autoridades de todos los niveles de gobierno con el objetivo estratégico de la integración europea no se ha plasmado en acciones concretas, ya que los líderes políticos siguieron enzarzados en retóricas divisivas y disputas políticas poco constructivas que han obstaculizado el progreso general en las 14 prioridades clave. El bloqueo de las instituciones estatales es muy preocupante y solo puede superarse mediante el diálogo político. Con todo, se han tomado ciertas medidas de importancia para resolver algunas de las grandes prioridades del dictamen. No se ha avanzado en cuanto al funcionamiento del poder judicial. Los persistentes y evidentes signos de deterioro siguen exigiendo medidas urgentes para reforzar la integridad del poder judicial y recuperar la confianza de los ciudadanos. La tasa de adaptación de Bosnia y Herzegovina a la política exterior y de seguridad de la UE disminuyó hasta el 43 % en agosto de 2021, desde el 70 % de 2020.

17.El Gobierno de Serbia siguió afirmando que la integración europea es su objetivo estratégico. El Gobierno dio prioridad a las reformas relacionadas con la UE en el primer semestre de 2021 y cumplió diversos compromisos importantes pendientes, en particular en materia de fiscalidad y energía. Serbia sigue siendo un socio importante en las misiones y operaciones de la PCSD de la UE y ha mejorado su adaptación a la política exterior de la UE, alcanzando el 61 % en agosto de 2021, frente al 56 % de 2020; se espera del país que haga nuevos esfuerzos. En cuanto a la normalización de las relaciones con Kosovo, Serbia ha empezado a participar en el proceso de diálogo. Ahora tiene que seguir manteniendo una participación constructiva y contribuir al acuerdo de normalización global, jurídicamente vinculante, con Kosovo. Ese acuerdo es urgente y crucial para que Serbia y Kosovo puedan avanzar en sus trayectorias respectivas de adhesión a la UE. Serbia también debe preservar y dar plena aplicación a todos los acuerdos de diálogo anteriores.

14.Esta cooperación regional también es crucial en el contexto del refuerzo de las relaciones de buena vecindad. Es esencial dejar atrás el legado del pasado y resolver los conflictos derivados de las hostilidades de la década de 1990. La negación del genocidio, la glorificación de los criminales de guerra o la retórica incendiaria no tienen cabida en la UE.

12.Desde la adopción del mercado regional común, los seis socios de los Balcanes Occidentales registraron considerables avances a la hora de negociar, dentro de este marco, diversos acuerdos regionales para facilitar la circulación de personas, profesionales y servicios en toda la región. A pesar de estos avances técnicos, estos acuerdos no pudieron adoptarse debido a divergencias políticas ajenas a su contenido. Es primordial superar esos obstáculos. La sustitución de las medidas unilaterales por una cooperación regional inclusiva sigue siendo una necesidad política y económica para los Balcanes Occidentales.

10.La adopción del marco jurídico del IAP III proporciona un sólido enfoque orientado hacia políticas concretas, con un despliegue estratégico y dinámico de la ayuda, que sitúa los requisitos fundamentales para la adhesión, en particular el Estado de Derecho y la buena gobernanza, en el núcleo del instrumento.

6.Turquía sigue siendo un socio clave para la Unión Europea en ámbitos esenciales de interés común, como la migración, la lucha contra el terrorismo, la economía, el comercio, la energía y el transporte. En ese contexto, se mantuvieron conversaciones de alto nivel sobre el clima y la migración, a las que seguirá en breve un diálogo sobre salud. En junio de 2019, el Consejo reiteró que Turquía seguía alejándose de la Unión Europea, y que, como las negociaciones de adhesión han llegado de hecho a un punto muerto, no se puede considerar la apertura ni el cierre de nuevos capítulos. Las circunstancias que fundamentaron dicha valoración siguen produciéndose en la actualidad. Dicho esto, el diálogo y la cooperación con Turquía aumentaron en 2021.

Serán de vital importancia un compromiso y una contribución constantes de Turquía, en términos concretos, a las negociaciones para una solución de la cuestión chipriota que resulte justa y viable y que satisfaga a todas las partes, en el marco de la ONU y de conformidad con las resoluciones pertinentes de su Consejo de Seguridad. En abril de 2021 se celebró una reunión informal de 5 + 1 sobre Chipre. Es importante que Turquía reafirme su compromiso y su participación constructiva en las negociaciones sobre Chipre auspiciadas por las Naciones Unidas, en consonancia con las resoluciones pertinentes de su Consejo de Seguridad, incluidos sus aspectos exteriores. No deben adoptarse medidas unilaterales que puedan aumentar las tensiones en la isla y socavar el retorno al diálogo. En relación con Varosha, Turquía debe revocar inmediatamente las medidas unilaterales anunciadas el 20 de julio de 2021 y todas las medidas adoptadas sobre Varosha desde octubre de 2020 que son contrarias a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Turquía debe cumplir urgentemente su obligación de aplicar de manera íntegra el Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación UE-Turquía y avanzar hacia la normalización de las relaciones con la República de Chipre.

Se reanudaron las conversaciones exploratorias entre Grecia y Turquía y se mantuvieron contactos de alto nivel. El Consejo Europeo de marzo de 2021 reafirmó que la UE seguiría comprometida con la defensa de sus intereses y de los de sus Estados miembros, así como con la preservación de la estabilidad regional. La UE prorrogó el marco vigente de medidas restrictivas adoptado en noviembre de 2019, en respuesta a las actividades de perforación no autorizadas de Turquía en el Mediterráneo Oriental .

Las nuevas y continuas actividades turcas de exploración de hidrocarburos no autorizadas en las zonas marítimas de Chipre y Grecia aumentaron las tensiones en el Mediterráneo Oriental y en el mar Egeo en el segundo semestre de 2020. La UE ha instado reiteradamente a Turquía a que se abstenga de plantear cualquier tipo de amenaza, crear fuentes de fricción o emprender acciones que dañen las relaciones de buena vecindad y la resolución pacífica de las disputas. En sus Conclusiones de diciembre de 2020, el Consejo Europeo condenó enérgicamente las acciones unilaterales, las provocaciones y la escalada en la retórica hostil de Turquía hacia la UE, los Estados miembros de la UE y los dirigentes europeos. También destacó que sigue abierta la oferta de una agenda positiva entre la UE y Turquía, siempre que este país muestre su disposición a promover una auténtica asociación con la Unión y sus Estados miembros y a resolver las diferencias mediante el diálogo y en cumplimiento del Derecho internacional. Las tensiones en el Mediterráneo Oriental disminuyeron visiblemente a principios de 2021. Turquía puso fin a las actividades de perforación ilegales en las zonas marítimas de Chipre. No obstante, a principios de octubre de 2021 se notificaron nuevos incidentes en relación con las prospecciones turcas y chipriotas.

No debería haber impedimento alguno a la participación plena e inclusiva de todos los socios de los Balcanes Occidentales en iniciativas y actos de cooperación regional, incluidos los programas financiados por la UE.

Es esencial dejar atrás el legado del pasado y resolver los conflictos derivados de las hostilidades de la década de 1990. La negación del genocidio, la glorificación de los criminales de guerra o la retórica incendiaria no tienen cabida en la UE. Los avances han sido limitados en cuanto a la solución de importantes asuntos bilaterales pendientes, como las disputas de fronteras y el cumplimiento de las demandas de justicia para las víctimas de crímenes de guerra, la identificación de las personas aún desaparecidas y el establecimiento de un registro exacto de las atrocidades cometidas en el pasado en la región.

En el marco del Consejo de Cooperación Regional y del ACELC y con la ayuda de la Comisión, se ha llevado a cabo una importante labor técnica destinada a permitir la libre circulación de personas y profesionales y la prestación de servicios electrónicos, así como a facilitar el comercio y aligerar los procedimientos aduaneros en la región como parte de la iniciativa del mercado regional común. Sin embargo, las medidas correspondientes no se han adoptado debido a desacuerdos no relacionados con su contenido. La región debe ahora dar muestra de liderazgo político para terminar este trabajo y adoptar acuerdos o decisiones jurídicamente vinculantes entre todos los socios de los Balcanes Occidentales, en beneficio de sus ciudadanos y sus empresas. Esto requiere un esfuerzo conjunto para el establecimiento del mercado regional común, partiendo de las reglas y normas de la UE y evitando medidas unilaterales que pongan en peligro esta labor.

Turquía está moderadamente preparada en el ámbito de las relaciones exteriores y tiene cierto nivel de preparación en el ámbito de la política exterior, de seguridad y de defensa. Sus avances en cuanto a las relaciones exteriores han sido limitados. Turquía ha mantenido una tasa de adaptación a la PESC muy baja, de tan solo el 14 % en agosto de 2021 (11 % en 2020 y 21 % en 2019). La política exterior de Turquía, cada vez más asertiva, siguió contraponiéndose a las prioridades de la PESC de la UE, debido en particular al enfoque conflictivo aplicado a Libia, a la negativa de Turquía a cooperar con la operación IRINI y a su apoyo a acciones militares en el Cáucaso, Siria e Irak. Aunque este año Turquía ha mostrado su voluntad de entablar un diálogo con la UE sobre política exterior y de seguridad y sobre cuestiones regionales, debe seguir tomando medidas decisivas para mejorar significativamente la adaptación a las declaraciones de la UE y a las decisiones del Consejo.

Todos los países de los Balcanes Occidentales han logrado avanzar en el ámbito de las relaciones exteriores, excepto Bosnia y Herzegovina, cuyos avances han sido solo limitados. En cuanto a la política exterior, de seguridad y de defensa, Albania ha avanzado a buen ritmo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia han logrado algunos avances, y Bosnia y Herzegovina no ha avanzado en absoluto. Los socios de los Balcanes Occidentales han seguido cooperando estrechamente con la UE en los asuntos de la política exterior y de seguridad común / la política común de seguridad y defensa (PESC/PCSD), en particular a través de sus importantes contribuciones a las misiones y operaciones de la PCSD de la UE. La adaptación a la PESC de la UE (declaraciones del alto representante en nombre de la UE y decisiones del Consejo sobre medidas restrictivas) es un aspecto importante del proceso de integración en la UE que pone de manifiesto la dirección estratégica de los países. Albania y Montenegro se han mantenido constantemente alineados al 100 % con las citadas políticas, lo que muestra su compromiso y su orientación estratégica. El índice de adaptación de Macedonia del Norte aumentó del 94 % en 2020 al 96 % en agosto de 2021. El índice de adaptación de Serbia aumentó del 56 % en 2020 al 61 % en agosto de 2021, primer paso hacia la inversión de la anterior tendencia negativa en cuanto al requisito de adaptación progresiva incluido en el marco de negociación del país. Resulta preocupante la acentuada disminución del índice de adaptación de Bosnia y Herzegovina, que pasó del 70 % en 2020 al 43 % en agosto de 2021. La inversión de esta tendencia pondría de manifiesto el compromiso de Bosnia y Herzegovina con la vía europea.

En el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural, Albania, Montenegro y Macedonia del Norte han realizado algunos avances, y Bosnia y Herzegovina no ha realizado ninguno. En el ámbito de la seguridad alimentaria y la política veterinaria y fitosanitaria, Macedonia del Norte y Montenegro han avanzado a buen ritmo, Albania ha realizado algunos avances, y Bosnia y Herzegovina, Kosovo y Serbia han realizado avances limitados. Por lo que se refiere a la pesca, solo Albania ha progresado satisfactoriamente. Montenegro ha realizado algunos avances. En la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales, Bosnia y Herzegovina no ha realizado ningún avance y los demás países de los Balcanes Occidentales han realizado avances limitados.

Albania, Macedonia del Norte y Serbia están moderadamente preparadas en el ámbito de la energía, en el que Montenegro tiene un buen nivel de preparación. En el ámbito de las redes transeuropeas, Albania, Bosnia y Herzegovina y Kosovo tienen cierto nivel de preparación, Serbia está moderadamente preparada y Macedonia del Norte tiene un buen nivel de preparación. Albania, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia tienen cierto nivel de preparación en materia de medio ambiente y cambio climático. Albania y Bosnia y Herzegovina han registrado algunos progresos en el ámbito de la política de transportes, mientras que Kosovo, Macedonia del Norte y Serbia han registrado avances limitados. No se ha observado progreso alguno en Montenegro. Debido a sus progresos en este bloque, la Comisión considera que Serbia cumple todos los criterios de referencia para su apertura, en particular gracias a la adopción del calendario de desagregación del sector del gas.

Turquía siguió adaptándose, en una medida limitada, al acervo de la UE, pero se produjo una regresión en los ámbitos de la sociedad de la información y los medios de comunicación, la política económica y monetaria, la política social y el empleo, y la política industrial. Turquía ha realizado algunos avances en los ámbitos de la ciencia y la investigación y la educación y la cultura, pero debe seguir esforzándose por una educación más inclusiva, especialmente para las niñas. Los preparativos de Turquía en el ámbito de la ciencia y la investigación están muy avanzados. La integración comercial de Turquía con la UE es elevada y el país mantiene un buen nivel de preparación para la unión aduanera, pero los avances realizados son limitados, especialmente en lo que se refiere a la aplicación de las medidas. Prosiguen las desviaciones de Turquía con respecto a las obligaciones que le impone la Unión Aduanera UE-Turquía, lo que ha contribuido a no pocas asperezas comerciales.

Debido a sus progresos en este bloque, la Comisión considera que Serbia cumple todos los criterios de referencia necesarios para su apertura, en particular gracias a la supresión de los impuestos discriminatorios sobre el alcohol de importación. En general, la región debe emprender reformas socioeconómicas para afrontar las deficiencias estructurales, la baja competitividad, el elevado desempleo y el impacto de la pandemia de COVID-19. Los avances en la adaptación a las normas de la UE en los ámbitos del IVA, los impuestos especiales y la fiscalidad directa ayudarían a fomentar el comercio intrarregional e internacional. La región también necesita reforzar considerablemente su ecosistema de investigación e innovación, de forma que las economías puedan ponerse al día e incorporar, entre otras tecnologías, la digital y la ecológica. En materia de educación y cultura, Montenegro y Serbia son los cabecillas de la región, mientras que Bosnia y Herzegovina y Kosovo tienen que empezar a recuperar el retraso acumulado.

La mayoría de los países socios de los Balcanes Occidentales tienen un nivel moderado de preparación en los temas que forman parte de este bloque. No obstante, Bosnia y Herzegovina sigue en una fase temprana en varios de ellos. En el ámbito de la fiscalidad, Serbia ha realizado buenos progresos, Bosnia y Herzegovina no ha avanzado en absoluto, y todos los demás países han logrado algunos avances. En el ámbito de la unión aduanera, Macedonia del Norte ha avanzado a buen ritmo, Serbia y Albania han realizado avances limitados, y Kosovo y Montenegro han realizado algunos avances. En el ámbito de la educación y la cultura, Montenegro, Serbia y Albania han registrado algunos avances. En el campo de la ciencia y la investigación, Albania ha avanzado a buen ritmo, mientras que Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia han realizado algunos avances. Los socios de los Balcanes Occidentales que registraron ciertos avances en el campo de la sociedad de la información y los medios de comunicación fueron Albania y Kosovo; en el ámbito de la política económica y monetaria, Macedonia del Norte; en el ámbito de la política social y el empleo, Albania y Macedonia del Norte. En el ámbito de la política empresarial e industrial, todos los socios de los Balcanes Occidentales han realizado algunos avances, excepto Bosnia y Herzegovina.

Turquía ha registrado algunos avances en los ámbitos de la libre circulación de capitales, los servicios financieros y la política de competencia, en la que, no obstante, persisten serias preocupaciones en relación con las ayudas estatales. El país tiene un nivel muy avanzado en el ámbito del Derecho de sociedades y un buen grado de preparación en los ámbitos de la libre circulación de mercancías, los servicios financieros y la protección de los consumidores y de la salud, así como el Derecho de propiedad intelectual. Se encuentra en una fase temprana de preparación en cuanto a la libre circulación de servicios y de trabajadores, sectores en los que no ha avanzado.

No obstante, para fomentar una recuperación sostenible a medio plazo, es preciso acelerar todavía más la aplicación de las reformas estructurales. Se trata de un factor esencial para cumplir los dos criterios económicos de adhesión a la UE: garantizar la existencia de unas economías de mercado operativas y demostrar la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la UE. Así como la puntuación media de la aplicación de las medidas de reforma de los PRE fue de solo 2,7 (sobre 5) en 2020, el nivel de aplicación de las recomendaciones acordadas conjuntamente aumentó significativamente, pasando del 35,5 % para las orientaciones políticas adoptadas en 2019 al 50,8 % en 2020. Esta mejora está principalmente relacionada con el plazo particularmente corto de muchas de las medidas recomendadas para mitigar la crisis de la COVID-19.

Es crucial reformar los sistemas de gobernanza nacionales para aumentar la rendición de cuentas sobre la gestión, la buena gestión financiera y la auditoría externa de los fondos públicos. Los avances en cuanto a los controles internos públicos y la rendición de cuentas sobre la gestión fueron lentos durante la COVID-19, pero Albania y Serbia hicieron importantes progresos en la definición del marco estratégico y el desarrollo de la metodología para aplicar sus reformas. Albania hizo un esfuerzo por aplicar un mayor número de las recomendaciones formuladas por la Oficina Estatal de Auditoría de Albania en 2020, en particular las dirigidas a subsanar las deficiencias que limitan la repercusión de las auditorías externas, el escaso control legislativo y las insuficientes consultas públicas. Montenegro mejoró considerablemente su proceso de seguimiento de las recomendaciones de auditoría y logró una comunicación más abierta y transparente con el Parlamento y con los ciudadanos en general. Albania ha tomado medidas decisivas para reforzar el control interno de las finanzas públicas (CIFP), como la delegación de responsabilidades financieras, la supervisión y el seguimiento de las auditorías internas.

Kosovo, Montenegro y Serbia avanzaron en la digitalización de sus sistemas de contratación pública. No obstante, la elusión de las normas de contratación pública de la UE en Serbia ha pasado a ser un importante tema de preocupación, ya que, en 2020, el 54 % del importe acumulado del conjunto de contratos públicos quedó exento de la aplicación de la Ley de contratación pública. La concesión de los aeropuertos de Montenegro aún no ha sido objeto de licitación conforme a las normas de la UE sobre contratación pública justa y transparente. Macedonia del Norte y Serbia han reforzado en cierta medida las capacidades de sus sistemas de contratación pública, pero es necesario otorgar prioridad al desarrollo de esas capacidades en Albania, Bosnia y Herzegovina y Kosovo. Albania y Montenegro mejoraron sus leyes de contratación pública y Albania adoptó su primera estrategia en la materia. Durante la mayor parte del período de referencia, Bosnia y Herzegovina otorgó un trato preferente a los licitadores nacionales en la adjudicación de los contratos públicos, infringiendo con ello el Acuerdo de Estabilización y Asociación.

Es todavía preciso afianzar, en la mayoría de los países, la gestión de los recursos humanos y de la función pública, lo que incluye la rendición de cuentas por parte de los gestores y el aumento de la profesionalidad de los funcionarios, para lo que es preciso facultar a los altos directivos y supervisores y delegar en ellos la toma de decisiones. Es preciso incorporar a los marcos legislativos y aplicar de forma coherente en todos los servicios públicos, tanto centrales como locales, unos procedimientos de nombramiento, promoción, degradación y cese transparentes y basados en los méritos. La estructura de la Administración pública debe garantizar la existencia de líneas eficaces de rendición de cuentas. Albania ha culminado una serie de etapas clave con la plena digitalización del proceso de designación de funcionarios públicos para garantizar una mayor transparencia. En Serbia, no se ha avanzado en la reducción del excesivo número de altos cargos «en funciones». En Bosnia y Herzegovina, las diferencias en las condiciones de trabajo derivadas de las distintas normativas aplicables a la función pública, así como de las prácticas divergentes en los distintos niveles de la Administración, siguen obstaculizando la movilidad de los funcionarios y la creación de un espacio administrativo sujeto a unas mismas normas. La mayoría de los países se han esforzado por mejorar los servicios a las empresas y al público en general. Serbia, Albania, Montenegro y Macedonia del Norte pusieron en marcha iniciativas y servicios de Administración electrónica como reacción a la pandemia de COVID-19. La rendición de cuentas por parte de la Administración y la gestión de los recursos humanos siguieron siendo motivo de preocupación en Turquía. Siguió ganando terreno la politización de la Administración en un contexto de falta de voluntad política de reforma.

La rendición de cuentas por parte de las Administraciones públicas sigue siendo una prioridad absoluta. Los organismos públicos no siempre se crean y organizan de forma eficaz. En Montenegro, las recientes reestructuraciones de la Administración pública han dado lugar a importantes cambios de personal que han afectado también a los niveles superiores, lo que hace peligrar la capacidad de este país para retener al personal experimentado en los aspectos relacionados con el proceso de adhesión a la UE en muchos sectores. En Albania se han creado en los últimos años agencias subordinadas sin ningún tipo de planificación estratégica. En Kosovo se han producido retrasos en la aplicación del marco legislativo recientemente adoptado y destinado a mejorar la organización y la rendición de cuentas por parte de la Administración. En Macedonia del Norte, aún no se ha adoptado la nueva Ley de organización del Estado, cuyo objeto es racionalizar el marco institucional, eliminar el solapamiento de competencias y aumentar la eficiencia de la Administración. Turquía no tiene un programa de reforma integral de la Administración pública ni una entidad principal encargada de ese proceso.

En Turquía, prosiguió durante el período de referencia el proceso de involución democrática. Turquía debe adaptar su marco constitucional a las normas europeas. A pesar de que en julio de 2018 se decretó el final del estado de excepción, determinadas disposiciones legales que otorgan competencias extraordinarias a las autoridades gubernamentales y que mantienen diversos elementos restrictivos del estado de excepción continuaron formando parte del ordenamiento jurídico vigente, lo que afectó a la democracia y los derechos fundamentales. En julio de 2021, el Parlamento turco aprobó un proyecto de ley que prorroga un año más estos aspectos restrictivos del estado de excepción. El acceso a la justicia siguió estando limitado para las personas afectadas negativamente por los decretos-leyes de excepción. El sistema presidencial no garantiza una separación de poderes sólida y efectiva, lo que reduce la rendición de cuentas democrática del ejecutivo. Los alcaldes forzosamente cesados en sus cargos en el sudeste del país siguieron siendo sustituidos por administradores nombrados por el Gobierno, procedimiento contrario al dictamen de la Comisión de Venecia de junio de 2020 . Los ataques del poder judicial contra los partidos de la oposición y los medios de comunicación ponen seriamente en peligro la legitimidad de las instituciones democráticas turcas y el pluralismo político. Otra señal preocupante en este sentido es la resolución del Tribunal Constitucional por la que admite a trámite la demanda con la que se pretende ilegalizar el segundo mayor partido de la oposición. Prosiguió la politización de la Administración pública. La sociedad civil se vio sometida a una presión constante y a la progresiva restricción de su espacio para actuar libremente.

En Montenegro, las elecciones parlamentarias dieron lugar a un cambio en la coalición gobernante y a la aparición de un nuevo panorama político. Las fricciones entre los poderes ejecutivo y legislativo han ralentizado las reformas, y la nueva legislación introducida por la mayoría parlamentaria pone en cuestión logros anteriores. En Kosovo, la aplastante victoria en las elecciones parlamentarias de una alianza de los partidos de oposición dio lugar a un importante cambio político y a la formación de un gobierno con una sólida mayoría en la Asamblea. El 17 de octubre de 2021 se celebraron en Kosovo elecciones locales, ante una misión de observación de la UE que presentará una evaluación tras el proceso electoral. Aunque, por lo general, las elecciones en la región estuvieron bien organizadas —especialmente, en Albania, gracias a un mayor uso de las tecnologías de la información—, siguen pendientes numerosas recomendaciones de anteriores misiones de observación electoral a la región sobre el recuento de votantes, el censo de votantes, la financiación de campañas, la resolución de litigios y las sanciones por incumplimiento de las normas electorales, y es preciso subsanar deficiencias estructurales. En particular, el aumento de la transparencia y de la rendición de cuentas en cuanto a la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación, requieren nuevos e importantes esfuerzos en toda la región. En Bosnia y Herzegovina se creó, en mayo de 2021, un grupo de trabajo interinstitucional para debatir las reformas electorales y constitucionales. Los actores políticos y las instituciones deben entablar un diálogo transparente e inclusivo para subsanar inveteradas deficiencias electorales antes de las próximas elecciones generales en octubre de 2022.

La capacidad de garantizar reformas creíbles y sostenibles en el ámbito de la democracia sigue siendo un reto acuciante para los países de la ampliación. La inexistencia de una verdadera voluntad política siguió siendo la principal razón de que no se produjeran avances sustanciales, o incluso de que se produjeran retrocesos.

Turquía sigue acogiendo a la mayor población de refugiados del mundo, con aproximadamente 4 millones de refugiados procedentes de Siria y de otros países en su territorio. En los ocho primeros meses de 2021, el número total de llegadas a la UE desde Turquía fue de 9 703, frente a 12 331 en el mismo período de 2020. No obstante, aunque la presión migratoria en las fronteras terrestres y marítimas turco-griegas también siguió siendo baja, en ese mismo período llegaron a Italia desde Turquía 4 739 personas, frente a 1 111 en 2020. Al mismo tiempo, el número total de llegadas irregulares a Chipre fue de 5 553 (4 957 después de haber cruzado la Línea Verde), frente a 3 800 en 2020.

Se han concluido las negociaciones acerca de los acuerdos sobre el estatuto con cinco países de la región, lo que permite a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) desplegar equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas con competencias ejecutivas en las zonas limítrofes de la frontera exterior de la UE, en apoyo de las autoridades fronterizas nacionales; dicho esto, no se han firmado aún esos acuerdos con Bosnia y Herzegovina y Macedonia del Norte. Un aspecto totalmente prioritario para reforzar la gestión y la protección de las fronteras es la entrada en vigor y la aplicación efectiva de todos los acuerdos sobre el estatuto. Los acuerdos con Albania, Montenegro y Serbia han entrado ya en vigor y se han llevado a cabo los despliegues correspondientes.

Aunque se están logrando ciertos avances, es necesario redoblar los esfuerzos en los Balcanes Occidentales en pos de unas instituciones, leyes y procedimientos nuevos o más sólidos en cuanto al asilo, el retorno y la gestión de las fronteras, con vistas también a la transposición de un acervo de la UE complejo y exigente. Los socios de los Balcanes Occidentales deben también asumir la responsabilidad respecto de todos los aspectos de la migración. Es necesario reforzar los sistemas de asilo y acelerar los retornos voluntarios y no voluntarios y la cooperación en materia de readmisión con los países de origen, así como la cooperación regional e internacional en la lucha contra los grupos de delincuencia organizada activos en el tráfico ilícito de migrantes y en la trata de seres humanos. La cooperación regional y la coordinación con la UE siguen siendo aspectos fundamentales.

La migración irregular siguió suponiendo un reto importante para los Balcanes Occidentales y Turquía. Siguió desarrollándose la cooperación a lo largo de las rutas migratorias del Mediterráneo Oriental y los Balcanes Occidentales. El tráfico ilícito de migrantes, la situación de los menores no acompañados, la trata de seres humanos y la insuficiente capacidad de los sistemas nacionales de asilo siguen siendo motivo de preocupación. La crisis en Afganistán, que podría dar lugar a un nuevo aumento del número de refugiados de ese país, requiere una estrecha y permanente cooperación entre la UE y los países socios.

En consonancia con las prioridades de la UE en el marco común de lucha contra las amenazas híbridas , la Estrategia de los Balcanes Occidentales y la Declaración de Zagreb , el SEAE y la Comisión han intensificado su diálogo con los socios de la ampliación acerca de la lucha contra las amenazas híbridas, concretamente en lo que respecta a la ciberresiliencia, la protección de infraestructuras críticas, la comunicación estratégica y la lucha contra la desinformación. La comunicación estratégica siguió centrándose en campañas de comunicación temáticas que destacan los beneficios de la ayuda de la UE para los ciudadanos y las economías, y en acciones de diplomacia pública que permiten entrar en contacto directo con los ciudadanos, en particular los jóvenes, para estimular el debate sobre el futuro europeo común. Paralelamente, la Comisión siguió comunicando, a través de los canales web y de los medios sociales, la evolución de las relaciones entre la UE y los Balcanes Occidentales y de las políticas correspondientes. Promover la libertad de expresión y el periodismo independiente en la región de la ampliación sigue siendo una prioridad, mientras que el desarrollo de capacidades de ciberseguridad es un capítulo esencial de la Agenda Digital para los Balcanes Occidentales y una prioridad de la nueva Estrategia de Ciberseguridad de la UE .

Las amenazas híbridas, incluidos los ciberataques y, sobre todo, la desinformación y la información errónea, han seguido siendo un problema grave en los países de la ampliación. Concretamente, en la región de los Balcanes Occidentales, agentes estatales y no estatales (algunos de ellos externos a la región), siguieron difundiendo desinformación para cuestionar la credibilidad de la UE, socavar la confianza pública en las instituciones democráticas y ampliar la polarización. Las campañas de desinformación e información errónea han sido especialmente intensas durante la pandemia de COVID-19, pero también en las campañas electorales. La mayor parte de la desinformación en la región es producida y difundida por agentes nacionales con fines internos, aunque también están activos agentes de terceros Estados.

Turquía sigue enfrentándose a amenazas de grupos terroristas. Si bien el Gobierno tiene un derecho legítimo y una responsabilidad a la hora de luchar contra el terrorismo, su marco jurídico y su respuesta deben armonizarse con las normas europeas y el acervo de la UE. Las medidas antiterroristas deben ser proporcionadas y aplicarse en cumplimiento del Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Turquía debe dejar de recurrir a una interpretación amplia de su legislación antiterrorista para arrestar y detener a periodistas, escritores, abogados, políticos, profesores, defensores de los derechos humanos y voces críticas. Turquía dio prioridad a la lucha contra el PKK, que sigue figurando en la lista de la UE de personas, grupos y entidades implicados en actos terroristas, y a la desarticulación del movimiento Gülen. Las capacidades institucionales de Turquía están adecuadamente desarrolladas, pero el país sigue enfrentándose a graves riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Aunque ha avanzado en el refuerzo de su marco de lucha contra estas dos actividades ilícitas, aún no ha cumplido las recomendaciones pendientes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Turquía debe desarrollar una estrategia y un plan de acción integrales para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Algunos de los socios de la región (Albania, Kosovo y Macedonia del Norte) están repatriando sistemáticamente a combatientes terroristas extranjeros y miembros de sus familias. En la mayoría de los países de los Balcanes Occidentales, la repatriación de combatientes terroristas extranjeros desde antiguas zonas de combate y la adopción de medidas suplementarias para lograr su reintegración y su resocialización de forma eficaz y sistémica suponen auténticos desafíos. Kosovo ha avanzado satisfactoriamente en la rehabilitación y reintegración de los combatientes terroristas extranjeros y sus familias, aunque existe cierta inquietud ante la puesta en libertad condicional anticipada de delincuentes extremistas violentos. En todos los países de los Balcanes Occidentales, es preciso mejorar el seguimiento de las medidas de reintegración y resocialización, incluidas las aplicadas en los centros penitenciarios. Ello requiere, en particular, el refuerzo de la cooperación entre instituciones a nivel nacional y local. El intercambio de información a través de la Aplicación de la Red de Intercambio Seguro de Información (SIENA) de Europol ha registrado importantes progresos. Los socios de los Balcanes Occidentales deben seguir transmitiendo, de forma proactiva, información sobre el retorno de los combatientes terroristas extranjeros y sus familias a través de los canales adecuados. Montenegro mantiene un buen intercambio de información sobre combatientes terroristas extranjeros con EUROPOL y EUROJUST. Macedonia del Norte adoptó, en junio de 2020, un plan nacional para la reintegración, la resocialización y la rehabilitación de los combatientes extranjeros retornados y los miembros de sus familias.

La cooperación con los socios de los Balcanes Occidentales en la lucha contra el terrorismo y la prevención de la radicalización sigue siendo de importancia vital. Aunque siguen presentes en la región ideologías religiosas y políticas extremas, y el auge de los foros de radicalización en línea en general es motivo de preocupación, no se notificaron durante el período de referencia incidentes de naturaleza extrema o violenta (terrorismo, extremismo, radicalismo), y la situación de la seguridad en la región se mantuvo estable.

Dentro de la región, se han observado ejemplos positivos en Albania, país donde se han registrado notables avances en la cooperación policial internacional que han dado lugar a detenciones de gran relieve, y en la lucha contra la producción y el tráfico de drogas. Macedonia del Norte ha logrado ciertos avances, algunos de ellos a nivel operativo, en la lucha contra la delincuencia organizada. Montenegro también ha registrado algunos avances en la mejora del acceso de las fuerzas y cuerpos de seguridad a bases de datos clave y en el aumento del número de investigadores y expertos en ámbitos esenciales. Por otra parte, una cooperación policial internacional ya consolidada siguió arrojando resultados, con incautaciones de drogas sin precedentes. Dicho esto, Kosovo, Serbia y Turquía solo progresaron tímidamente en la lucha contra la delincuencia organizada, y Bosnia y Herzegovina, país en el que el punto de contacto para la cooperación con Europol todavía no está operativo, no realizó avance alguno.

Las autoridades de los Balcanes Occidentales y de Turquía han de dar con una respuesta eficaz para evitar que la delincuencia organizada se infiltre en las economías. Se requieren también nuevos esfuerzos para acelerar el rastreo de los activos derivados del delito mediante investigaciones financieras y para garantizar una mayor eficacia en el decomiso y la recuperación de las ganancias ilícitas. Además, las fuerzas y cuerpos de seguridad deben reforzar su capacidad para hacer frente a la aparición de nuevas variaciones en la actividad delictiva, en particular diversas formas de ciberdelincuencia. La cooperación en la lucha contra la ciberdelincuencia está aumentando.

También se ha seguido invirtiendo en las estructuras de lucha contra la delincuencia organizada, lo que ha permitido reforzar los órganos judiciales y policiales especializados. No obstante, el historial de condenas firmes por delitos relacionados con la delincuencia organizada demuestra que la capacidad de las autoridades policiales y judiciales para investigar, procesar y juzgar casos notorios de delincuencia organizada —y, por tanto, para disuadir a posibles autores—, sigue siendo insuficiente. Idéntica situación se observa en relación con la lucha contra la trata de seres humanos, que exige también proporcionar protección y apoyo a las víctimas.

La delincuencia organizada sigue suponiendo una amenaza para la región, ya que afecta a las personas, las empresas, las instituciones estatales y la economía en su conjunto. Poderosas organizaciones delictivas de alcance mundial operan a sus anchas a través de las fronteras, incluidas las de la UE. Las organizaciones delictivas que están activas en los Balcanes Occidentales han demostrado una gran habilidad a la hora de explotar la evolución de la pandemia de COVID-19. En respuesta, los gobiernos han intensificado la cooperación policial operativa con la UE, en particular a través de la plataforma EMPACT , y con las agencias de la UE en ámbitos como el contrabando de drogas (especialmente cannabis y drogas sintéticas), el tráfico ilícito de migrantes, la trata de seres humanos, la delincuencia organizada contra la propiedad, el contrabando de productos sujetos a impuestos especiales (principalmente cigarrillos) y las armas de fuego. La nueva Estrategia de la UE para luchar contra la delincuencia organizada 2021-2025 confirmó el continuado compromiso de la UE con la prioridad a los proyectos de desarrollo de capacidad en terceros países, incluidos los de la ampliación. El objetivo es apoyar la cooperación operativa y ayudar a equipar a los socios con herramientas que les permitan erradicar estructuras delictivas complejas.

Por lo general, existen leyes y políticas de no discriminación, pero el seguimiento de los casos de discriminación, delitos motivados por el odio e incitación al odio es insuficiente. La protección legal de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (LGBTIQ) ha mejorado en la mayoría de los países socios de los Balcanes Occidentales, pero es preciso hacer que las leyes se cumplan, ya que la discriminación y la incitación al odio siguen siendo frecuentes. En Turquía, la protección de los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ y las campañas de incitación al odio y de difamación de la comunidad LGBTIQ siguen siendo un motivo de grave preocupación.

En Albania, la investigación previa de los miembros del poder judicial y el establecimiento de la Estructura especializada de lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada están dando resultados en la lucha contra la corrupción. Macedonia del Norte ha reforzado su marco estratégico e institucional y consolidado su historial de investigación, procesamiento y resolución de varios casos de corrupción, algunos de ellos de alto nivel. Los avances en Kosovo, Montenegro y Serbia fueron limitados. Aunque la Agencia de Lucha contra la Corrupción de Montenegro adoptó un enfoque más proactivo, el país debe redoblar sus esfuerzos de prevención y represión de la corrupción, así como de embargo y decomiso de activos. Kosovo ha ampliado la capacidad de su Fiscalía especial, pero sigue siendo necesario un esfuerzo constante para llevar a cabo investigaciones proactivas, dictar resoluciones judiciales firmes y lograr el decomiso final de activos. En Serbia se reforzó la capacidad de la Agencia para la Prevención de la Corrupción, pero no se tomaron medidas concretas para adoptar una nueva estrategia anticorrupción respaldada en un plan de acción creíble y realista, y la mayor parte de las recomendaciones del GRECO siguen pendientes. Bosnia y Herzegovina no ha avanzado en la lucha contra la corrupción generalizada y los indicios de clientelismo político. Los marcos legislativo e institucional siguen siendo inadecuados y están demasiado fragmentados. En Turquía no se ha producido avance alguno. Sus marcos jurídico e institucional contra la corrupción siguen estando muy por debajo de los niveles que dictan las normas internacionales y toleran una influencia política indebida en la investigación, el enjuiciamiento y la resolución de los casos de corrupción. Es necesario mejorar la rendición de cuentas y la transparencia de las instituciones públicas. La ausencia de una estrategia anticorrupción indica falta de voluntad para luchar contra esa lacra.

La corrupción en los Balcanes Occidentales y en Turquía sigue estando muy extendida. Además, algunos aspectos de vulnerabilidad a la corrupción se han visto exacerbados por la pandemia. Se necesitan esfuerzos y resultados sólidos en la lucha contra la corrupción para mitigar las amenazas a la gobernanza democrática, para crear seguridad jurídica y económica y para garantizar un entorno empresarial estable y transparente. El éxito en las medidas de prevención y lucha contra la corrupción varía entre unos países de la ampliación y otros, con avances continuos en algunos ámbitos y una clara ralentización en otros. La contratación pública sigue siendo especialmente vulnerable a la corrupción. Es preciso reforzar los mecanismos de control a lo largo de todo el proceso de contratación y aumentar significativamente la transparencia y la exigencia de responsabilidades a través de medidas más contundentes y ambiciosas. Los sectores de mayor riesgo no llevan a cabo sistemáticamente evaluaciones del riesgo de corrupción ni medidas para luchar contra esa lacra. En general, se requiere un esfuerzo bastante más importante y una clara voluntad política para ir dibujando una trayectoria creíble y sólida de investigación y procesamiento de los casos de corrupción, especialmente los de alto nivel, y para garantizar el embargo y el decomiso de los activos de origen delictivo.

En Turquía ha proseguido la grave involución observada en los últimos años. Este país no ha resuelto el problema fundamental que supone la falta de independencia sistémica del poder judicial. Prosiguieron las presiones políticas sobre jueces y fiscales, lo que socavó todavía más la independencia y la calidad general del poder judicial. Los ceses masivos de jueces y fiscales siguieron debilitando la eficiencia y la profesionalidad del sistema judicial. La negativa de Turquía a aplicar todas las sentencias pertinentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha acentuado todavía más las dudas en cuanto a la adhesión de Turquía a las normas internacionales y europeas. Las autoridades turcas han de subsanar urgentemente determinadas deficiencias graves, especialmente las que afectan al derecho a un juicio justo y al estricto respeto del principio de presunción de inocencia.

Albania ha seguido progresando a un ritmo sostenido en su reforma integral del sistema judicial y se observan resultados tangibles en el proceso de investigación previa. El Tribunal Constitucional es ya plenamente operativo y ha empezado a resolver causas importantes. Macedonia del Norte ha realizado algunos avances, por ejemplo, en la aplicación de su estrategia judicial. Los progresos de Serbia y Kosovo en sus reformas judiciales han sido limitados. En Serbia se observa un compromiso renovado con la reforma y existen planes para reforzar la independencia del poder judicial con cambios constitucionales que está previsto se introduzcan antes de que termine 2021. En Kosovo, la capacidad general de las instituciones judiciales para procesar y juzgar los casos con rapidez y eficacia sigue siendo escasa. Montenegro y Bosnia y Herzegovina no han avanzado en absoluto en sus reformas judiciales. En Montenegro, las reformas judiciales fundamentales están estancadas, y se requiere un compromiso político decisivo a todos los niveles de gobierno y a los niveles parlamentario y judicial para desbloquear el camino hacia el cumplimiento de los criterios de referencia intermedios relativos al Estado de Derecho. Bosnia y Herzegovina lleva retraso, pues no ha avanzado en absoluto en cuanto al refuerzo de su sistema judicial; la inexistencia de cualquier medida significativa ahondó el proceso de deterioro de la integridad general de este sector.

Ante la pandemia de COVID-19, los Gobiernos de los Balcanes Occidentales y de Turquía siguieron imponiendo restricciones destinadas a proteger la salud pública. Los parlamentos de los Balcanes Occidentales siguieron funcionando, en algunos casos con las limitaciones exigidas por la situación. La libertad de reunión se vio a menudo recortada por razones de salud pública, en contra, en algunos casos, de las recomendaciones de los Defensores del Pueblo; también se vieron restringidos otros derechos fundamentales. En algunos casos, la pandemia afectó a la eficiencia y la transparencia de los procedimientos judiciales. Las medidas de emergencia adoptadas en el contexto de la pandemia de COVID-19 deben ser proporcionadas, ceñirse a lo estrictamente necesario y limitarse en el tiempo para no conculcar el Estado de Derecho ni las normas democráticas y sobre derechos humanos.

Tanto la UE como Turquía siguen beneficiándose de la Unión Aduanera. El volumen del comercio bilateral aumentó y la cuota relativa de la UE en el comercio exterior de Turquía aumentó ligeramente. Sin embargo, Turquía no ha resuelto una serie de asperezas comerciales que dificultan el buen funcionamiento de la Unión Aduanera, a pesar de que la Comisión ha intensificado el diálogo. La política exterior de Turquía, cada vez más asertiva, siguió contrapuesta a las prioridades de la UE en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común y a los intereses de la UE en términos más generales, debido en particular a las intervenciones de dicho país y su apoyo a las acciones militares en la mayor parte de los conflictos regionales a su alrededor. En junio de 2021, los dirigentes de la UE indicaron que, en atención al interés común de la UE y Turquía por la paz y la estabilidad en la región, el Consejo Europeo esperaba que Turquía y todos los demás actores contribuyesen positivamente a la resolución de las crisis regionales.

La UE siguió cumpliendo su compromiso de prestar un importante apoyo financiero a los refugiados y a las comunidades de acogida en Turquía. El Mecanismo para los refugiados en Turquía ha movilizado 6 000 millones EUR. Su presupuesto operativo completo se contrató a finales de 2020; en agosto de 2021 se habían desembolsado más de 4 200 millones EUR a través de más de 100 proyectos. Entre sus logros cabe citar la ayuda para satisfacer las necesidades básicas de 1,8 millones de refugiados, la ayuda para la escolarización de 700 000 niños refugiados, la construcción de 363 escuelas y la prestación de más de 18 000 000 de consultas de atención sanitaria primaria. En junio, la Comisión propuso asignar un paquete adicional de 3 000 millones EUR para el período 2021-2023, importe que vendría a añadirse a los 500 millones EUR en concepto de financiación humanitaria «puente» concedidos en 2020. Esta cuantía incluirá fondos destinados a la gestión de la migración y el control de las fronteras, especialmente la frontera oriental de Turquía. La situación de los refugiados en la región seguirá siendo crítica o incluso se deteriorará, agravada por la COVID-19 y las consiguientes dificultades económicas. Los flujos migratorios procedentes de otras partes de la región, incluido Afganistán, podrían dar lugar a necesidades adicionales. No obstante, Turquía no ha revertido su tendencia negativa a alejarse de la Unión Europea, pues se observa una inquietante involución en los ámbitos de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la independencia del poder judicial. Los dirigentes de la UE han subrayado que los ataques contra los partidos políticos, los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación suponen importantes reveses para los derechos humanos y quebrantan las obligaciones de Turquía de respetar la democracia, la primacía de la ley y los derechos de las mujeres. El diálogo sobre estos aspectos sigue siendo una parte integrante de la relación entre la UE y Turquía.

Los cambios que se han producido en el trabajo, las transformaciones digital y ecológica y la pandemia de COVID-19 están repercutiendo de forma muy directa en la vida de las personas y afectando al tejido socioeconómico de la región. Para aprovechar las oportunidades y minimizar las posibles consecuencias negativas de tales desafíos, es fundamental que los socios de los Balcanes Occidentales mantengan la estabilidad macropresupuestaria y apliquen reformas estructurales para subsanar las deficiencias detectadas en sus economías y contribuir a crear unas sociedades más resilientes. Por consiguiente, la aplicación de las reformas establecidas en los Programas de Reforma Económica (PRE) y en las orientaciones políticas adoptadas conjuntamente con los Estados miembros de la UE es un aspecto esencial, no solo para mejorar la competitividad, fomentar la creación de empleo y facilitar la inclusión social, sino también para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y cumplir los criterios económicos del proceso de adhesión, además de maximizar los efectos potenciales del paquete de inversión de la UE.

La Comisión siguió aplicando la Estrategia para los Balcanes Occidentales y el Programa de Prioridades adoptado en la Cumbre UE-Balcanes Occidentales celebrada en Sofía en mayo de 2018 . La mayor parte de las acciones previstas están en curso o se han completado ya. En particular, están en fase de ejecución proyectos dirigidos a medir el funcionamiento de los sistemas judiciales de los países de los Balcanes Occidentales y hacer un seguimiento de los juicios por corrupción de alto nivel y los casos de delincuencia organizada. Además, los países de los Balcanes Occidentales están ahora estrechamente asociados a la labor de las agencias de la UE en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior. Está en marcha una cooperación estructurada con la UE en materia de migración y seguridad, en relación especialmente con la lucha contra el terrorismo, la prevención de la radicalización y el extremismo violento y la delincuencia organizada. No obstante, siguen pendientes de cumplimiento y de atención prioritaria determinadas recomendaciones relativas a las reformas necesarias en lo que respecta al Estado de Derecho en toda la región.

Por lo que respecta a los marcos de negociación con Macedonia del Norte y Albania, es fundamental que los Estados miembros de la UE concluyan los debates sin más demora y que las primeras conferencias intergubernamentales con ambos países se celebren lo antes posible bajo la Presidencia eslovena. Macedonia del Norte ha mantenido un ritmo constante y determinado a la hora de aplicar las reformas de la UE, en particular en aspectos fundamentales como el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. El país sigue cumpliendo las condiciones necesarias para celebrar la primera conferencia intergubernamental. Los asuntos bilaterales pendientes entre Bulgaria y Macedonia del Norte deben resolverse con carácter prioritario. Los avances de Albania en la reforma electoral y sus continuos buenos resultados en la aplicación de reformas clave para el Estado de Derecho apoyan la valoración de la Comisión según la cual el país ya cumple las condiciones para celebrar la primera conferencia intergubernamental de las negociaciones de adhesión. Los retrasos en el inicio oficial de las negociaciones de adhesión están repercutiendo de forma negativa en la credibilidad de la UE.

Montenegro y Serbia acordaron aplicar la metodología revisada de 2020 que se establece en la Comunicación de la Comisión titulada «Mejorar el proceso de adhesión: una perspectiva creíble de la UE para los Balcanes Occidentales». Ese acuerdo fue refrendado en las primeras conferencias políticas intergubernamentales celebradas con estos países el 22 de junio de 2021 y dejó patente el compromiso de la UE con el progreso de sus negociaciones de adhesión. La primera conferencia intergubernamental celebrada con Montenegro conforme a la metodología revisada dio un impulso político a la aceleración de la actividad con vistas a cumplir los criterios de referencia intermedios sobre el Estado de Derecho, siguiente hito que permitirá avanzar en las negociaciones de adhesión. La primera conferencia intergubernamental celebrada con Serbia conforme a la metodología revisada fijó la trayectoria hacia la apertura de bloques temáticos en función de los avances previstos por el país, en particular en el campo de las reformas referentes al Estado de Derecho.

COMISIÓN EUROPEA Estrasburgo, 19.10.2021 COM(2021) 644 final ANEXOS

de la COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Comunicación de 2021 sobre la política de ampliación de la UE {SWD(2021) 288 final} - {SWD(2021) 289 final} - {SWD(2021) 290 final} - {SWD(2021) 291 final} - {SWD(2021) 292 final} - {SWD(2021) 293 final} - {SWD(2021) 294 final}



ANEXO 1 - Resúmenes de las conclusiones de los informes Montenegro Por lo que se refiere a los criterios políticos, el período de referencia se caracterizó por las tensiones y la desconfianza entre los agentes políticos. La fuerte polarización entre la nueva mayoría de gobierno y la oposición persistió a lo largo de 2020 y se intensificó en el período postelectoral. Las enconadas relaciones y la desconfianza alimentaron frecuentes escaladas de hostilidad y exacerbaron más si cabe las divisiones políticas, incluso en el seno de la mayoría gobernante. Las elecciones parlamentarias dieron lugar a un cambio en la coalición de gobierno, modificaron la dinámica entre los órganos del Estado y demostraron la necesidad de encontrar un equilibrio dentro del nuevo panorama político, también para las cuestiones relativas a las comunidades religiosas y étnicas, que dominaron la agenda política durante el período de referencia. La fricción entre los poderes ejecutivo y legislativo ha ralentizado el trabajo de reforma. En diciembre de 2020, el Parlamento eligió al cuadragésimo segundo Gobierno de Montenegro, en el que se redujo considerablemente el número de ministerios. Se trata del primer Gobierno de Montenegro principalmente compuesto por técnicos sin filiación política específica. En su informe final sobre las elecciones parlamentarias de 2020, la misión limitada de observación electoral de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE recomendó una reforma integral que permitiese armonizar el marco jurídico electoral y regular en su totalidad los principales aspectos de las elecciones, aplicando un proceso inclusivo y con suficiente antelación a las próximas elecciones. En diciembre de 2020, el Parlamento creó una comisión de reforma electoral cuyo cometido era llevar a cabo amplias reformas legislativas antes del final de 2021. Los avances han sido lentos debido a los retrasos iniciales y a los boicots periódicos. El Parlamento destituyó al presidente de la Comisión Electoral Estatal (SEC) en junio de 2021 y aún no ha nombrado a su sucesor. Se requieren esfuerzos sostenidos para aumentar la profesionalidad, la transparencia y la obligación de rendición de cuentas de la SEC. En 2021, se celebraron elecciones locales en dos municipios. A pesar del acuerdo al que han llegado los distintos partidos para celebrar todas las elecciones locales el mismo día, el marco jurídico todavía prevé su desarrollo escalonado, lo que da lugar a campañas preelectorales casi constantes a escala nacional y local. Todavía no se ha logrado ofrecer una respuesta institucional creíble, independiente y eficaz al denominado «asunto de los sobres». La falta de una actitud constructiva por parte de todos los participantes en el juego parlamentario impidió un diálogo político significativo y polarizó más si cabe el panorama político. El boicot de las sesiones plenarias por la mayoría de los parlamentarios, tanto de la oposición como de la mayoría de gobierno, provocó la suspensión del proceso decisorio en el Parlamento en 2021. El Parlamento ha mejorado la transparencia de su trabajo, gracias a la comunicación con la ciudadanía, e intensificado su función legislativa y supervisora en términos generales. A menudo, la mayoría gobernante inició o aprobó legislación mediante el procedimiento acelerado, sin llevar a cabo las consultas públicas necesarias ni tener debidamente en cuenta los requisitos de adhesión a la UE. El Parlamento todavía ha de demostrar en la práctica su compromiso con el programa de reformas de la UE para Montenegro y mejorar la coordinación con el Gobierno sobre las iniciativas correspondientes. Ha de reforzar la capacidad profesional y técnica de su personal administrativo y aumentar la representación política de las mujeres. La composición del Parlamento actual carece de precedentes en la historia de Montenegro. El país debe esforzarse por alcanzar un amplio consenso entre los partidos y en la sociedad acerca de las reformas de aproximación a la UE, factor esencial para que el país avance en su trayectoria hacia la Unión. Está claro que se requiere una participación activa y constructiva de todas las partes para reforzar la responsabilidad parlamentaria, el control del Ejecutivo y la vigilancia democrática, mejorar la calidad de la legislación y facilitar nombramientos clave. Hasta el momento, el Parlamento no ha podido conseguir la mayoría necesaria de dos tercios para los nombramientos judiciales importantes y, por lo tanto, determinadas funciones esenciales del sistema judicial se siguen cubriendo de forma interina. Por lo que respecta a la gobernanza, es necesario aumentar la participación de las partes interesadas y la capacidad del Gobierno para introducir reformas. En diciembre de 2020, el Parlamento eligió al cuadragésimo segundo Gobierno de Montenegro. El número de ministerios se redujo a doce, cuatro de los cuales están ocupados por mujeres. Por su composición, se trata del primer Gobierno de Montenegro formado por técnicos, y solo el vicepresidente es el líder de un partido político. El Gobierno adoptó también un nuevo programa nacional para la adhesión a la UE correspondiente al período 2021-2023. La estructura de negociación se vio considerablemente debilitada por la dimisión o destitución de 110 de sus participantes, de los que dieciséis eran negociadores de capítulos y veinticuatro jefes de grupos de trabajo. La mayoría de estos puestos clave siguen vacantes. Con los nuevos equipos de gestión, algunos ministerios esenciales no demostraron el suficiente compromiso ni participaron de forma constructiva en el proceso de adhesión a la UE. El papel de la sociedad civil se reconoce y promueve, pero es necesario seguir mejorando el marco jurídico e institucional vigente para reforzar los mecanismos de consulta y cooperación entre las instituciones estatales y la sociedad civil en el contexto del proceso de adhesión a la UE. Montenegro está moderadamente preparado en lo que se refiere a la reforma de su Administración pública. En general, los avances realizados durante el período cubierto por el informe fueron limitados. El cambio de Gobierno y de mayoría parlamentaria tuvo hondas repercusiones en la función pública: las modificaciones de la Ley de funcionarios civiles y empleados del Estado rebajaron los requisitos de competencia, independencia y mérito aplicables a la designación de funcionarios públicos. Por otra parte, las recientes reorganizaciones de la Administración pública han dado lugar a importantes cambios en la plantilla, incluso en los niveles superiores, lo que pone en peligro la capacidad de Montenegro para retener personal con experiencia en los asuntos relacionados con el proceso de adhesión a la UE en muchos sectores. Se necesita una firme voluntad política para despolitizar con éxito la función pública, optimizar la administración del Estado y exigir a los gestores que rindan cuentas. Montenegro sigue moderadamente preparado para aplicar el acervo de la UE y las normas europeas en el ámbito del poder judicial y los derechos fundamentales, ámbitos en los que los avances registrados son por lo general limitados, al igual que los resultados obtenidos hasta ahora en materia de rendición de cuentas. No se ha avanzado en el ámbito del poder judicial y la aplicación de reformas judiciales clave está paralizada. No existe aún el decisivo compromiso político que requiere el desbloqueo de importantes segmentos de estas reformas y, debido a la incapacidad para reunir una mayoría cualificada, diversos nombramientos judiciales siguen pendientes en el Parlamento. A pesar del enfoque más proactivo adoptado por la Agencia Anticorrupción, se observa una corrupción generalizada en numerosos ámbitos, lo que es motivo de preocupación. Por lo que respecta a los derechos fundamentales, Montenegro siguió cumpliendo las obligaciones derivadas de los instrumentos y la legislación internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, persisten dificultades a la hora de garantizar la aplicación efectiva de la legislación nacional sobre derechos humanos. Los avances en el ámbito de la libertad de expresión fueron limitados. Montenegro ha alcanzado cierto grado de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Sus avances fueron limitados, y las recomendaciones del año pasado se cumplieron parcialmente en cuanto a la obtención de nuevos resultados en materia de represión y prevención de la corrupción y a los esfuerzos de la Agencia Anticorrupción para hacer frente a los retos que esta plantea. Es preciso seguir mejorando los resultados de embargo y decomiso de activos. La Agencia Anticorrupción (ACA), con un nuevo equipo de gestión, mostró un enfoque más proactivo, especialmente al intensificar sus actividades de comunicación y divulgación dirigidas al público en general, los medios de comunicación y la sociedad civil y al despejar la carga de trabajo pendiente de años anteriores. A pesar de esta tendencia positiva, persisten los retos que obstaculizan la independencia de la Agencia, el establecimiento de prioridades, la aplicación de un enfoque selectivo y la calidad de sus decisiones, aspectos que exigen un esfuerzo sostenido. La corrupción predomina en numerosos ámbitos. Para hacer frente a este problema con eficacia, se requiere una firme voluntad política, además de una contundente respuesta de la justicia penal frente a la corrupción de alto nivel. Montenegro tiene cierto nivel de preparación o está moderadamente preparado en la lucha contra la delincuencia organizada. Ha realizado algunos avances en la aplicación de las recomendaciones del año pasado, en particular en lo que se refiere a la mejora del acceso de las fuerzas y cuerpos de seguridad a las bases de datos clave y al aumento del número de investigadores y expertos en ámbitos esenciales. Siguió aumentando el número de casos de delincuencia organizada investigados y perseguidos, y se triplicó el de asuntos llevados a los tribunales. La cooperación policial internacional, bien asentada, siguió arrojando resultados, con un número sin precedentes de operaciones de incautación de drogas en el extranjero. Sin embargo, la capacidad para luchar contra el contrabando de tabaco y el blanqueo de capitales todavía no ha llegado al nivel esperado. Montenegro todavía tiene que resolver algunas deficiencias sistémicas de su sistema de justicia penal, incluidas algunas que afectan al procesamiento de los casos de delincuencia organizada. En cuanto a los derechos fundamentales, Montenegro dispone ya de un marco legislativo e institucional prácticamente completo y ha realizado algunos avances en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los instrumentos y la legislación internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, su aplicación efectiva sigue planteando dificultades. La eficacia de las investigaciones sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y los delitos motivados por el odio debe seguir mejorando. Los grupos vulnerables, como los gitanos y los egipcios, y las personas con discapacidad siguen sufriendo múltiples tipos de discriminación y dificultades para hacer valer sus derechos en los procedimientos administrativos y judiciales. Las mujeres siguen en condiciones desiguales a la hora de participar en la vida política y pública y de acceder al empleo y a las oportunidades económicas. La violencia de género y la violencia contra los menores son aún un motivo de honda preocupación. Han seguido aumentando los ataques por motivos étnicos y religiosos, los delitos de odio y la incitación al odio. Montenegro solo ha atendido parcialmente las recomendaciones del año pasado. Todavía debe mejorarse el acceso a la justicia, en particular para los grupos vulnerables. Las modificaciones de la Ley sobre la libertad de religión y creencias se adoptaron tras celebrar unas consultas limitadas —y no del todo inclusivas— con las comunidades religiosas. Montenegro ha alcanzado un cierto grado de preparación en el ámbito de la libertad de expresión. En general, sus avances durante el período cubierto por el informe fueron limitados y solo se atendieron parcialmente las recomendaciones del año pasado. La investigación sobre las heridas de bala sufridas por una periodista de investigación en 2018 ha arrojado nuevos datos, pero este caso, al igual que otros graves sucesos pasados, carece de un seguimiento judicial cabal y efectivo. En abril de 2021, el Gobierno creó una nueva comisión especial de vigilancia de la violencia contra los medios de comunicación, pero esta todavía no ha atendido plena o eficazmente las sólidas recomendaciones formuladas por la anterior comisión. Se halla en curso una revisión del marco jurídico con la que se pretende abordar los problemas adicionales detectados en relación con la Ley de medios de comunicación de 2020 y la Ley sobre el organismo público de radiodifusión RTCG, completándolas con una nueva Ley sobre medios audiovisuales y garantizando su plena armonización con el acervo de la UE y con las normas europeas. Es necesario redoblar los esfuerzos para limitar los efectos de la desinformación y el acoso y la incitación al odio en línea, garantizando al mismo tiempo que tales medidas no mermen desproporcionadamente la libertad de expresión. En junio de 2021, el Parlamento nombró al nuevo Consejo del RTCG sin un apoyo amplio de todos los partidos. Tras este cambio y los consiguientes relevos en el equipo de gestión del RTCG, el organismo público de radiodifusión empezó a presentar contenidos políticamente más diversos. En general, la situación de los medios de comunicación sigue estando muy polarizada, a menudo marcada por una información políticamente sesgada y desequilibrada y por una abundante participación de medios de comunicación extranjeros a la región, especialmente durante los períodos electorales. Los mecanismos de autorregulación siguen siendo débiles. Por lo que se refiere a los criterios económicos, Montenegro ha hecho algunos progresos y está moderadamente preparado en cuanto al desarrollo de una economía de mercado viable. El país sufrió una fuerte recesión en 2020, ya que la pandemia de COVID-19 asestó un duro golpe a su economía, dependiente del turismo. Esta situación generó importantes efectos indirectos negativos para el consumo privado, la inversión, el empleo, el comercio y las finanzas públicas. Para apoyar a los ciudadanos y a la economía, las autoridades instituyeron varios paquetes de ayuda económica. En su mayor parte, estas medidas estaban bien enfocadas, eran transparentes y tenían carácter temporal. A pesar de ciertos retrasos debidos a la pandemia, el Gobierno siguió aplicando algunas de las reformas previstas para mejorar el entorno empresarial. La fluida transición de gobierno, en medio de la crisis, preservó la eficacia de las políticas de respuesta a la COVID-19. El nuevo Gobierno consiguió mitigar los riesgos fiscales mediante la acumulación de importantes reservas que han cubierto las necesidades de financiación de 2021, incluidas las de los programas suplementarios de ayuda frente a la COVID-19. El sector financiero se mantuvo estable durante la crisis como consecuencia de su sólida posición anterior a esta y de las medidas de apoyo aplicadas por las autoridades, pero las secuelas retardadas de la crisis en los balances bancarios exigen un estrecho seguimiento de las entidades financieras. Montenegro ha hecho algunos progresos y está moderadamente preparado para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado en la Unión. La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto que la falta de diversificación y la dependencia del turismo hacen que la economía de Montenegro sea muy vulnerable a cualquier perturbación. Se han realizado algunos esfuerzos para mejorar las capacidades de innovación y para introducir estándares propios de la UE en las empresas locales mediante subvenciones públicas, pero los resultados siguen siendo modestos habida cuenta de la magnitud del reto. La calidad del sistema educativo y la orientación de los planes de estudios resultan inadecuados para mejorar el capital humano y corregir el desajuste de las capacidades. Se está avanzando con rapidez en la instalación de infraestructuras modernas de telecomunicaciones y energía, pero existe un importante déficit en las infraestructuras de transporte, que obstaculiza la integración con los mercados regionales y de la UE. Además, el bajo nivel de sofisticación de los productos nacionales, el pequeño tamaño de las empresas locales y el escaso nivel de participación en los mercados exteriores representan grandes obstáculos a la hora de aumentar la competitividad y diversificar la economía.

Por lo que se refiere a las relaciones de buena vecindad y la cooperación regional, Montenegro ha mantenido un compromiso constructivo con las relaciones bilaterales con otros países de la ampliación y con los Estados miembros de la UE vecinos, aunque las relaciones bilaterales con Serbia se han tensado en paralelo a la expansión de la retórica nacionalista. Por lo general, Montenegro participa activamente en la cooperación regional. En lo tocante a la capacidad de Montenegro para asumir las obligaciones de la adhesión, en la mayoría de los sectores se ha llevado a cabo un importante trabajo de adaptación y preparación para la aplicación del acervo de la UE, aunque el ritmo se ha ralentizado con respecto a períodos anteriores. El bloque temático del mercado interior es un capítulo esencial de los preparativos de Montenegro para cumplir los requisitos del mercado interior de la UE y un factor de gran importancia para las posibles medidas de integración temprana y para el desarrollo del mercado regional común. Se han logrado avances en la vigilancia del mercado, la acreditación y la normalización; los requisitos legales previos para el registro electrónico de sociedades; la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; el Derecho de sociedades; las ayudas estatales y la transparencia de las ayudas; la actividad bancaria, y la protección de la salud y de los consumidores. Montenegro debe centrarse ahora en: la adaptación al acervo de la UE en materia de metrología y normalización; el desarrollo de la capacidad operativa de la Agencia de Empleo; las profesiones reguladas, los movimientos de capitales y los pagos, incluidos los relativos a la adquisición de derechos de propiedad, y la eliminación progresiva de su régimen de ciudadanía para inversores; el Derecho de sociedades y la contabilidad de las empresas; la propiedad intelectual; la competencia y las ayudas estatales; la protección de los consumidores y de la salud y la aplicación de las leyes de armonización con el acervo de la UE en cuanto a los requisitos de capital para el sector bancario. El bloque temático de competitividad y crecimiento inclusivo presenta significativos vínculos con el Programa de Reforma Económica de Montenegro. Se han registrado progresos en el control del tabaco; las pensiones; la política industrial, la especialización inteligente, la educación y la formación profesionales y la facilitación del comercio. Por lo que respecta a la política económica y monetaria, se está trabajando para aplicar el plan de acción de adaptación al acervo de la UE. Montenegro debe centrarse ahora en: la independencia de los medios de comunicación; la coordinación de las cuestiones económicas y monetarias en materia de IVA, impuestos especiales y fiscalidad directa; el Derecho laboral y la ley contra la discriminación, la seguridad en el trabajo; la política industrial, la investigación y la innovación, la educación y la formación y el sistema de tránsito informatizado compatible con la UE. El bloque temático compuesto por la agenda ecológica y la conectividad sostenible tiene importantes vínculos con el Programa de Reforma Económica de Montenegro, el Plan Económico y de Inversiones de la Comisión y la Agenda Verde para los Balcanes Occidentales. Se ha avanzado en la creación de un mercado diario de la energía; en la Estrategia de Desarrollo del Transporte, la protección de la naturaleza y el Plan Nacional de Energía y Clima. Montenegro debe centrarse ahora en: el sector de la energía; las redes transeuropeas, las telecomunicaciones, los Reglamentos RTE-T y RTE-E; la transición ecológica, la gestión de los residuos, la calidad del agua, la protección de la naturaleza y el cambio climático. El bloque temático de recursos, agricultura y cohesión incluye políticas relacionadas con los Fondos Estructurales y los Fondos de Inversión de la UE y el desarrollo de las capacidades necesarias para asumir las responsabilidades que incumben a un futuro Estado miembro de la UE. Se ha avanzado en agricultura, alimentación y pesca, política regional e instrumentos estructurales, disposiciones financieras y presupuestarias y gestión de los recursos propios. Montenegro debe centrarse ahora en: la aplicación del programa IPARD, la agricultura, el desarrollo rural y la pesca, la mejora de los establecimientos alimentarios y de los controles de seguridad alimentaria, los requisitos de la política de cohesión de la UE, la capacidad para gestionar los programas en régimen de gestión indirecta del IAP y las normas de administración del sistema de recursos propios. Por lo que se refiere al bloque de relaciones exteriores, Montenegro siguió ajustándose plenamente a todas las posiciones, declaraciones y posiciones comunes de la UE en el ámbito de la PESC. También siguió aplicando, en el marco del mercado regional común, medidas basadas en las normas de la UE, a través, entre otros mecanismos, de la cooperación en el seno del ACELC y del Consejo de Cooperación Regional. La adaptación al Estatuto de Roma en su integridad permitiría cerrar provisionalmente el capítulo 31, que sigue abierto en este bloque. El refuerzo de la capacidad administrativa para aplicar el acervo de la UE sigue siendo un reto importante para Montenegro, que también implica la necesidad de reconstruir urgentemente una estructura de negociación funcional. En cuanto a la migración, tanto la migración legal como la irregular disminuyeron drásticamente en 2020 en el contexto de la pandemia de COVID-19. En comparación con 2019, la llegada de migrantes irregulares disminuyó en un 60 % en 2020, con 3 149 migrantes interceptados. La Fiscalía Especial llevó a cabo dos investigaciones sobre el tráfico ilícito de migrantes en 2020. En uno de esos casos, se dictaron condenas firmes contra ocho personas. Aunque la capacidad de Montenegro para gestionar los flujos migratorios mixtos y la integración de los refugiados está mejorando, el país debe sostener el esfuerzo para hacer frente a la presión migratoria, ampliando todavía más su capacidad de acogida y mejorando el nivel de calidad de los centros de acogida. En este mismo sentido, habrá de intensificar su cooperación internacional en materia de readmisión, apoyar una reintegración adecuada de los retornados, aumentar su capacidad para perseguir las redes de tráfico ilícito de migrantes y crear un sistema moderno de recopilación de datos sobre migrantes. Serbia Por lo que respecta a los criterios políticos, el Parlamento serbio y las fuerzas políticas siguieron participando en el diálogo interpartidista dirigido por el Parlamento Europeo con el fin de forjar un amplio consenso entre los diferentes partidos acerca de las reformas relacionadas con la UE, aspecto vital para el progreso del país en su camino hacia la UE. Sin embargo, el clima político durante el período de referencia siguió polarizado. Para que el proceso culmine con éxito, todos los actores políticos tienen que implicarse de forma constructiva y de buena fe y aplicar las medidas determinadas en septiembre de 2021 por los cofacilitadores del Parlamento Europeo y del Parlamento serbio durante el diálogo interpartidista. Por lo que se refiere a las elecciones, Serbia comenzó a aplicar las recomendaciones formuladas tiempo atrás por la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OIDDH de la OSCE), y el Gobierno restableció el grupo de trabajo sobre las elecciones. Todas las recomendaciones esenciales deben aplicarse de manera inclusiva y transparente, sobre la base de un consenso político más amplio y con bastante antelación a la celebración de los comicios. El mandato del Parlamento serbio, que se constituyó formalmente en agosto de 2020, está limitado en el tiempo desde sus inicios, ya que los líderes políticos anunciaron nuevas elecciones para la primavera de 2022 a más tardar. El Parlamento redujo significativamente el uso de procedimientos urgentes en general y adoptó un nuevo código de conducta para los diputados. No obstante, durante los debates parlamentarios siguió utilizándose un lenguaje incendiario contra los opositores políticos y los representantes de otras instituciones que expresaron opiniones políticas divergentes. Todos los políticos deben oponerse a la incitación al odio y contribuir a un diálogo político sobre las reformas relacionadas con la UE y, en particular, sobre los principios fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho. El Ministerio de Derechos Humanos y de las Minorías y Diálogo Social, de reciente creación, inició una serie de diálogos públicos. Sin embargo, se requieren nuevos esfuerzos para asegurar una cooperación sistemática entre el Gobierno y la sociedad civil. Es todavía preciso crear, sobre el terreno, un entorno propicio para el desarrollo y la financiación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), contra las que prosiguieron las agresiones verbales, incluso en sede parlamentaria. Serbia está moderadamente preparada en materia de reforma de la Administración pública. En general, durante el período cubierto por el informe se realizaron avances limitados. Serbia tiene aún que garantizar: i) los nombramientos basados en criterios de mérito y la reducción del excesivo número de altos cargos en funciones; ii) el importante papel de control de calidad de la Secretaría de Política Pública en la elaboración y coordinación de políticas, y iii) un mecanismo único para priorizar todas las inversiones, independientemente del tipo y la fuente de financiación. El sistema judicial de Serbia tiene cierto grado de preparación. Durante el período cubierto por el informe se realizaron avances limitados. La reforma constitucional del poder judicial se reactivó en diciembre de 2020 y está previsto que culmine a finales de 2021. El sistema de nombramientos judiciales y de evaluación de la labor de jueces y fiscales debe revisarse a fondo como consecuencia de la adopción de modificaciones de la Constitución, para permitir que la designación y la promoción profesional se basen en el mérito, ya que el marco jurídico vigente no ofrece garantías suficientes contra la posible influencia política en el poder judicial. Serbia tiene un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Durante el período cubierto por el informe se realizaron avances limitados. Por lo que se refiere a la prevención de la corrupción, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) llegó a la conclusión de que su recomendación sobre la Agencia para la Prevención de la Corrupción se había cumplido satisfactoriamente. Esa recomendación se refería a la necesidad de un nivel suficiente de independencia, de recursos financieros y de personal, así como a la ampliación de las competencias de la Agencia. Serbia tiene aún pendientes la adopción de una nueva estrategia de lucha contra la corrupción, acompañada de un plan de acción, y el establecimiento de un mecanismo eficaz de coordinación para alcanzar los objetivos de la política de prevención o de represión y luchar eficazmente contra la corrupción. El número de acusaciones y de condenas en primera instancia por casos de corrupción de alto nivel siguió disminuyendo en comparación con años anteriores. Serbia debe redoblar sus esfuerzos para subsanar estas deficiencias e intensificar la prevención y la represión de la corrupción. En cuanto a la lucha contra la delincuencia organizada, Serbia tiene cierto grado de preparación. Durante el período cubierto por el informe se realizaron avances limitados. Serbia todavía tiene que establecer una trayectoria convincente y efectiva de investigaciones, procesos y condenas firmes en casos de delincuencia grave y organizada, incluidas investigaciones financieras que vayan engrosando el registro de operaciones de embargo y decomiso de activos de origen delictivo. El número de condenas por delincuencia organizada disminuyó en comparación con 2019. Serbia debe adaptar su enfoque: en lugar de actuar caso por caso, ha de fijar una estrategia contra las organizaciones y, en lugar de centrar su atención en casos de importancia baja o media, debe abordar casos de alto nivel con el fin de desmantelar organizaciones de grandes dimensiones y difusión internacional y embargar sus activos. El marco legislativo e institucional de Serbia para la defensa de los derechos fundamentales está implantado ya en grandes líneas. Sin embargo, el país debe garantizar que ese marco se aplique de manera sistemática y eficiente. Es preciso reforzar las instituciones de derechos humanos y garantizar su independencia, recurriendo —entre otros medios— a la asignación de los recursos financieros y de personal necesarios. Por lo que respecta a la libertad de expresión, se han logrado algunos avances tras la adopción y la incipiente aplicación de un número limitado de medidas en el marco del plan de acción que corresponde a la estrategia de los medios de comunicación. Sin embargo, prosiguieron las agresiones verbales contra periodistas por parte de altos funcionarios, y los casos de amenazas y violencia siguen siendo motivo de preocupación. La mayor parte de las asociaciones de medios de comunicación se retiraron del grupo sobre seguridad de los periodistas en marzo de 2021, alegando la existencia de campañas de incitación al odio y de difamación dirigidas contra periodistas y representantes de la sociedad civil, en las que también participó el jefe del grupo parlamentario del partido gobernante. Estas agresiones verbales en el Parlamento se produjeron incluso después de la adopción de un código de conducta en diciembre de 2020. El entorno general para el ejercicio de una libertad de expresión sin cortapisas todavía debe consolidarse en la práctica. En cuanto a los criterios económicos, Serbia ha realizado algunos avances y dispone de un nivel de preparación entre moderado y bueno para el desarrollo de una economía de mercado viable. La economía serbia registró solo una ligera contracción en 2020 al quedar atenuado el impacto de la COVID-19 por el fuerte empuje anterior a la crisis, las generosas y oportunas medidas de apoyo fiscal y monetario, la estructura sectorial de la economía y unas medidas de contención cuya severidad media fue baja. Durante la crisis se redujeron los desequilibrios externos, mientras que su financiación siguió estando plenamente cubierta por las entradas de inversión extranjera directa (IED). El margen fiscal creado antes de la crisis permitió a Serbia facilitar un sustancial apoyo fiscal para mitigar la crisis en 2020 y 2021 y aumentar considerablemente el gasto de capital. Se preservó la estabilidad del sector bancario y el crecimiento de los préstamos fue vigoroso, respaldado por la suavización de las condiciones monetarias, las moratorias de los préstamos y las medidas de refuerzo de la liquidez. En el mercado de trabajo se registró una nueva disminución del desempleo en 2020, que refleja, sobre todo, la reducción de las tasas de actividad durante la crisis.

Se han observado algunos avances en las reformas de la Administración tributaria y en la privatización de los bancos estatales. No obstante, otras grandes reformas estructurales de la Administración pública y las empresas de propiedad estatal han seguido avanzando a ritmo lento, prolongando ineficiencias arrastradas del pasado. No se ha avanzado en el refuerzo de la legislación necesaria para afianzar la política fiscal. El Estado sigue teniendo una fuerte presencia en la economía, y el sector privado está infradesarrollado y se ve obstaculizado por las deficiencias en el Estado de Derecho —concretamente, la corrupción y la incuria del poder judicial— y la inobservancia de las normas de competencia leal. Serbia ha hecho algunos progresos y está moderadamente preparada para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado en la Unión. La estructura de la economía ha seguido mejorando y se ha mantenido un alto grado de integración económica con la UE. Sin embargo, a pesar de algunos avances, la calidad y la pertinencia de la educación y la formación no satisfacen plenamente las necesidades del mercado de trabajo. La inversión pública ha seguido aumentando con la finalidad de subsanar graves carencias en las infraestructuras, consiguientes a años de infrainversión. Aunque ha disminuido el coste de los préstamos para las pequeñas y medianas empresas, estas siguen enfrentándose a una serie de retos como la volatilidad del entorno empresarial y la competencia desleal. En cuanto a las relaciones de buena vecindad y la cooperación regional, Serbia mantuvo en general su compromiso respecto de las relaciones bilaterales con otros países de la ampliación y con los Estados miembros de la UE vecinos. Sin embargo, las relaciones con Montenegro se han caracterizado por la persistencia de las tensiones. Por lo general, Serbia participa activamente en la cooperación regional. En cuanto a la normalización de las relaciones con Kosovo, el diálogo facilitado por la UE prosiguió en las reuniones de alto nivel celebradas el 15 de junio y el 19 de julio de 2021 y en tres reuniones de negociadores principales. Durante el período cubierto por el informe, ambas partes designaron nuevos negociadores principales y equipos de negociación. Serbia debe intensificar sus ya importantes esfuerzos para ejecutar todos los acuerdos ya suscritos y contribuir a alcanzar un acuerdo de normalización global y jurídicamente vinculante con Kosovo. Ese acuerdo es urgente y crucial para que Kosovo y Serbia puedan avanzar en sus trayectorias respectivas de adhesión a la UE. Por lo que se refiere a la capacidad de Serbia para asumir las obligaciones de la adhesión a la UE, el país ha llevado a cabo una importante labor de adaptación al acervo de la UE en numerosos ámbitos entre los que destacan la fiscalidad y la energía. El bloque temático del mercado interior es un apartado esencial de los preparativos de Serbia para cumplir los requisitos del mercado interior de la UE y un factor de gran importancia para las posibles medidas de integración temprana y para el desarrollo del mercado regional común. Se ha avanzado en la armonización de la legislación sobre Derecho de sociedades, libre circulación de trabajadores, libre establecimiento y libre prestación de servicios. Sin embargo, no se ha avanzado en absoluto en los ámbitos de la libre circulación de capitales, los servicios financieros y la protección de los consumidores y la salud. El bloque temático de competitividad y crecimiento inclusivo presenta significativos vínculos con el Programa de Reforma Económica de Serbia. Se ha avanzado en los ámbitos de la fiscalidad, la política social y el empleo, la política industrial, el desarrollo científico y tecnológico y la educación. Por lo que respecta a la fiscalidad, la política social y el empleo, Serbia también ha cumplido los criterios de referencia para la apertura de las negociaciones. Sin embargo, no se ha avanzado en el refuerzo de las normas necesarias para afianzar la política fiscal. El bloque temático configurado por la agenda ecológica y la conectividad sostenible ocupa un lugar central en la Agenda Verde para los Balcanes Occidentales asumida por Serbia en noviembre de 2020 y estrechamente vinculada al Programa de Reforma Económica de Serbia y al Plan Económico y de Inversiones de la Comisión. Serbia ha cumplido los criterios de referencia para la apertura de las negociaciones en materia de energía. El país ha avanzado en la seguridad vial y en la reforma del sistema ferroviario. También ha adoptado una Ley de clima, así como un importante paquete legislativo sobre energía que incluye nuevas leyes sobre energías renovables y eficiencia energética. El bloque temático de recursos, agricultura y cohesión incluye políticas relacionadas con los Fondos Estructurales de la UE y con el desarrollo de las capacidades necesarias para asumir las responsabilidades que incumben a un futuro Estado miembro de la UE. También incluye algunas de las áreas de intervención fundamentales para garantizar sistemas alimentarios sostenibles y ayudar a las comunidades rurales a desarrollarse y diversificarse económicamente. Serbia ha progresado en materia de seguridad alimentaria gracias a la contratación de personal en los laboratorios nacionales de referencia y a la elaboración de un plan de acción sobre pesca; en materia financiera y presupuestaria, en lo que se refiere a la gestión de los recursos propios, y en política regional, en lo que respecta a la gestión financiera. En el bloque temático de relaciones exteriores, se mantuvieron prácticamente inalterados los patrones generales de Serbia en cuanto a la adaptación a la política exterior y de seguridad común de la UE. Serbia emprendió varias acciones contrarias a las posiciones de la UE en materia de política exterior. En 2020, el índice de adaptación de Serbia a las declaraciones pertinentes efectuadas por el alto representante en nombre de la UE y a las Decisiones del Consejo se situaba en el 56 %, porcentaje que en agosto de 2021 había aumentado hasta el 61 %. Serbia siguió participando en las misiones y operaciones de gestión de crisis de la UE en el marco de la política común de seguridad y defensa. No se lograron avances concretos hacia la conclusión de las negociaciones de adhesión a la Organización Mundial del Comercio. Serbia siguió contribuyendo significativamente a la gestión de los flujos migratorios mixtos hacia la UE, desempeñando un papel activo y constructivo y cooperando eficazmente con sus vecinos y los Estados miembros de la UE. También siguió aplicando eficazmente la estrategia de gestión integrada de las fronteras y su plan de acción. Macedonia del Norte Por lo que respecta a los criterios políticos, Macedonia del Norte prosiguió sus esfuerzos para reforzar la democracia y el Estado de Derecho, activando para ello los controles y equilibrios existentes y llevando a cabo actividades de comunicación sobre cuestiones políticas y legislativas clave. El país ha demostrado su compromiso con la obtención de resultados en los grandes principios fundamentales, en particular a través del programa «Europe at home» y del «Plan de acción 21» de lucha contra la corrupción. La primera vuelta de las elecciones locales tuvo lugar el 17 de octubre. La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OIDDH de la OSCE) ha desplegado una misión de observación electoral. Durante el período de referencia, los avances en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones pendientes de la OIDDH de la OSCE y de la Comisión de Venecia han sido limitados. Están por ultimar, en los plazos fijados y con criterios inclusivos, la revisión integral de la legislación electoral y la adopción de las leyes pertinentes. Los partidos de la oposición siguieron desarrollando una activa labor parlamentaria y, en algunas ocasiones, apoyaron leyes esenciales relacionadas con la UE. No obstante, el trabajo parlamentario se vio obstaculizado por la polarización política, agravada por la COVID-19, que en algunas ocasiones afectó a las funciones ordinarias de la Asamblea. Se requieren esfuerzos para fortalecer el papel del Parlamento como foro de diálogo político constructivo, en particular acerca del programa de reformas de la UE. El Parlamento siguió ejerciendo sus funciones legislativas. Debe prestarse una gran atención al uso de procedimientos acelerados, que debe limitarse para garantizar la eficacia de los procesos de vigilancia y consulta de la legislación. El Parlamento siguió ejerciendo el adecuado control del poder ejecutivo. Aún no se han puesto en marcha las propuestas de reforma interna del Parlamento acordadas durante la tercera ronda del «Diálogo Jean Monnet» a principios de 2020. Siguió determinándose, incluso mediante sentencias en primera instancia, la responsabilidad penal de quienes orquestaron o cometieron actos de violencia en el atentado perpetrado contra el Parlamento el 27 de abril de 2017. El Gobierno debe mantener el impulso de las reformas y centrarse en la aplicación del marco jurídico vigente en lugar de poner en marcha nuevas iniciativas esporádicas. La aplicación en tiempo real y en profundidad del programa de reformas requiere el apoyo sostenido de la sociedad en su conjunto. Las relaciones interétnicas s