[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 09.08.2006

COM(2006) 446 final

INFORME DE LA COMISIÓN

sobre la labor desarrollada por los Comités durante el año 2005 {SEC(2006) 1065}

OBSERVACIONES GENERALES RESPECTO DEL SISTEMA DE COMITOLOGÍA

El presente informe cubre las actividades de los comités de comitología durante 2005. Consta de una introducción, un panorama horizontal de las actividades de los comités y un anexo con estadísticas pormenorizadas sobre cada uno de los comités de comitología, clasificados según los distintos servicios de la Comisión[1]. El anexo incluye asimismo observaciones sobre los cambios que se han producido en relación con el número de comités, así como sobre incidencias excepcionales que han afectado a proyectos de medidas específicos, como, por ejemplo, dictámenes desfavorables, resoluciones del PE derivadas del ejercicio de su derecho de control (véase el punto 1.2 infra ) y presentación de proyectos al Consejo (véase el punto 1.3 infra ). Las negociaciones en el Consejo (y con el Parlamento Europeo y la Comisión) sobre una revisión de la Decisión 1999/468/CE del Consejo deberán concluir formalmente en las semanas siguientes a la adopción del presente informe (véase el punto 1.5 infra ). En el próximo informe anual se dará una relación detallada de los resultados (correspondientes al año 2006).

1.1 Los comités de comitología y su contexto institucional

a) La función institucional de los comités de comitología

El propósito de los comités de comitología es ayudar a la Comisión en el ejercicio de las competencias de ejecución que la ha conferido el legislador, es decir, el Consejo actuando solo, o bien con el Parlamento Europeo en virtud del procedimiento de codecisión. Los comités de comitología comparten tres rasgos fundamentales.

En primer lugar , desde el Tratado de Maastricht han sido creados por el legislador (el Consejo y el Parlamento Europeo) de conformidad con el procedimiento “legislativo” vigente en el momento de la adopción del acto de base en virtud del cual se establecen, a saber, el procedimiento de codecisión. Por tanto, el fundamento jurídico de los comités de comitología reside en un “acto de base”.

En segundo lugar , diversos aspectos relacionados con su estructura y sus métodos de trabajo se han normalizado. Cada comité está presidido por un representante de la Comisión y se compone de representantes de los Estados miembros[2]. Los comités intervienen en el marco de los procedimientos establecidos en el acto legislativo de base, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión sobre comitología del Consejo 1999/468/CE[3].

En tercer lugar , los comités emiten dictámenes sobre las medidas de ejecución en fase de proyecto que les remite la Comisión en virtud de lo dispuesto en el acto legislativo de base, e intervienen en el marco de los procedimientos consultivo, de gestión o de reglamentación previstos a tal fin.

Los comités de comitología deben distinguirse de otros comités y grupos de expertos creados por la Comisión para ayudarla en el ejercicio de su derecho de iniciativa o en la realización de tareas de supervisión, coordinación o cooperación con los Estados miembros. Estos órganos consultivos (unos 1.300) no están cubiertos por este informe[4].

b) Comitología y transparencia: registro y depósito de los documentos de comitología

El artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, y las declaraciones del Consejo y de la Comisión relativas a esa disposición (especialmente las declaraciones nº 4 y 5), introducen medidas destinadas a mejorar la transparencia acerca de cómo trabajan los comités de comitología.

El artículo 7, apartado 5, de la Decisión 1999/468/CE dispone que la Comisión deberá publicar un registro en el que figurarán las referencias de todos los documentos enviados al Parlamento Europeo en virtud de los procedimientos de comitología. Dicho registro viene funcionando desde diciembre de 2003[5].

Con arreglo a su Declaración nº 5 sobre la Decisión 1999/468/CE del Consejo, la Comisión ha complementado el registro con un depósito de archivos como medida adicional de transparencia , de modo que numerosos documentos comunicados al Parlamento Europeo se encuentren directamente accesibles al público, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento y el Consejo, relativo al acceso del público a los documentos de las instituciones[6], que entró en vigor el 3 de diciembre de 2001. El registro indica la existencia de un documento y su información de referencia clave, mientras que el depósito contiene el documento en un formato transferible.

El artículo 4, apartado 3, del Reglamento 1049/ 2001 sobre transparencia protege el proceso de toma de decisiones de las instituciones de la UE, del que forman parte los procedimientos de comitología. El 17 de febrero de 2005, la Comisión decidió cómo se propone aplicar esta protección jurídica, hasta el punto de que el proyecto de medidas de ejecución deberá estar accesible al público después de que un comité haya votado al respecto [7] . Sólo por lo que se refiere a los intereses específicos, según lo definido en el artículo 4(1) y (2) del Reglamento (CE) n° 1049/2001 (es decir, la seguridad pública o los intereses comerciales) se retrasará el acceso directo hasta la adopción final de las medidas por la Comisión[8]. Tras la adopción final, las medidas son accesibles a través de los registros y bases de datos comunes de la Comisión (véase las actas de las reuniones de la Comisión en el registro de documentos de la Comisión[9]).

Como medida de acompañamiento para la reforma de la Decisión 1999/468/CE del Consejo (véase el punto 1.5 infra ), la Comisión está estudiando actualmente nuevas mejoras del registro a fin de proporcionar al Parlamento Europeo un acceso más transparente y coherente a los documentos que figuran en el depósito.

1.2 Derecho de control del Parlamento Europeo

La Comisión tiene la obligación de informar al Parlamento Europeo sobre la labor que desarrollan los comités y de remitirle los proyectos de medidas de ejecución de los actos de base adoptados de conformidad con el procedimiento de codecisión (artículo 251 del Tratado), de modo que el Parlamento pueda ejercer el derecho de control consagrado por el artículo 8 de la Decisión 1999/468/CE.

En febrero de 2000, el Parlamento Europeo y la Comisión celebraron un Acuerdo relativo a las modalidades de aplicación de la Decisión 1999/468/CE del Consejo , destinado específicamente a regular los procedimientos de ejecución de las obligaciones que corresponden a la Comisión[10].

Salvo en casos de urgencia, el Acuerdo prevé un plazo de un mes a partir de la recepción de un proyecto de medida de ejecución “definitivo”[11] en virtud de un acto legal adoptado mediante procedimiento de codecisión, para que el Parlamento Europeo pueda adoptar, en su caso, una resolución (en sesión plenaria) con arreglo al artículo 8 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, si considera que el proyecto de medida rebasa las competencias de ejecución contempladas en el acto de base[12].

En la práctica, y de conformidad con el punto 1 del Acuerdo anteriormente mencionado, los servicios de la Comisión introducen el proyecto de medida de ejecución en el registro, a la vez que lo envían a los Estados miembros como preparación de una reunión del comité. Si se inicia una votación mediante procedimiento escrito, sin que se celebre una reunión del comité de conformidad con el reglamento interno de un comité, se aplica lo mismo. Una vez celebrada la votación, los servicios de la Comisión - desde mediados de 2004 – rellenan un impreso de votación, que indica el resultado global de la votación por lo que se refiere al proyecto específico de medida de ejecución. También indican si el proyecto de medida de ejecución se ha modificado o no a consecuencia de su examen por el comité.

Si se modifica el proyecto de medida de ejecución, se introducirá una segunda vez en el registro, así como el impreso de votación, y se enviará al Parlamento Europeo. De esta manera, el Parlamento Europeo y el público (a los que se concederá normalmente acceso directo al proyecto de medida en esta fase del procedimiento de comitología) reciben un mensaje inequívoco que indicará cual es el proyecto “definitivo” de la medida de ejecución en el sentido del punto 6 del Acuerdo anteriormente mencionado. Si el proyecto de medida de ejecución no es objeto de modificación, sólo se introduce el impreso de votación y se comunica al Parlamento Europeo. En este caso, se considera que la versión del proyecto de medida de ejecución introducida inicialmente es el proyecto final.

a) Resoluciones adoptadas por el Parlamento Europeo en 2005

En 2005, el Parlamento Europeo adoptó dos resoluciones[13] en las que alegó que la Comisión había excedido las competencias de ejecución conferidas a ella al adoptar medidas específicas de ejecución. Ambas resoluciones se referían al sector del medio ambiente, y en especial a la Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS) en el ámbito de la política de residuos (véanse las referencias detalladas en el anexo de este informe, en el capítulo relativo a las estadísticas sobre el medio ambiente).La Comisión respondió a la primera resolución de 12 de abril de 2005 (B6-0218/2005) que, en su opinión, la justificación para conceder exenciones de los requisitos establecidos por la Directiva RoHS estaba fuera del alcance del derecho de control del Parlamento Europeo sobre si se exceden las competencias de ejecución. Tras reexaminar el trabajo en que se basa el proyecto de decisión y estudiar la información disponible (un estudio, la consulta de los interesados y debates en el Comité de adaptación técnica), la Comisión concluyó que la adopción del proyecto de medida era conforme con las disposiciones de la Directiva RoHS.La segunda resolución, adoptada el 6 de julio de 2005 (B6-0392/2005), hacía referencia a la propuesta de Decisión del Consejo, adoptada por la Comisión el 5 de junio de 2005, por la que se modifica, con el fin de adaptarlo al progreso técnico, el anexo de la Directiva RoHS con el fin de eximir al DecaBDE, una sustancia peligrosa de la familia de los polibromodefeniléteres (PBDE), de las restricciones de uso en virtud del artículo 4, apartado 1, de la Directiva RoHS[14]. Aunque en la resolución no se cita el artículo 8 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, sino el artículo 5, apartado 5, de la Decisión, el Parlamento Europeo consideró que la Comisión se había excedido en sus competencias de ejecución, porque, en su opinión, para la medida mencionada se habría necesitado una propuesta legislativa adoptada de conformidad con el procedimiento de codecisión. Puesto que no se alcanzó una mayoría cualificada en el Consejo, la decisión original fue finalmente adoptada por la Comisión el 13 de octubre de 2005 a pesar de la resolución del Parlamento, lo que ocasionó que el Parlamento Europeo plantease una acción ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas contra la Comisión para declarar la invalidez de la Decisión de la Comisión (asunto C -14/06; véase el apartado 1.4 infra ). La Comisión no justificó la adopción de la Decisión frente al Parlamento, dado que la resolución del Parlamento se dirigía al Consejo (a quien se remitió el asunto en su momento). La Comisión defiende su postura ante el Tribunal y aguarda la resolución del Tribunal.

b) Revisión de las comunicaciones al Parlamento Europeo

En la primera resolución, adoptada el 12 de abril de 2005, el Parlamento Europeo invitó a la Comisión a que realizase una revisión detallada de todas las comunicaciones de proyectos de medidas de ejecución desde que el registro empezó a funcionar en diciembre de 2003. La Comisión comunicó al Parlamento Europeo el resultado de su estudio en una comunicación con fecha de 20 de julio de 2005. En determinados sectores bien definidos, se habían producido un número limitado de anomalías en 50 proyectos de medidas en términos absolutos. Cabe señalar que en 2005 se adoptaron más de 2.000 proyectos de medidas; esto significa que los casos en que se detectaron irregularidades ascendieron a cerca del 1% de los casos en un año. Al parecer, los errores cometidos estaban vinculados a la aplicación de los llamados reglamentos de aproximación [15] , mediante los cuales unos 140 actos de base se aproximaron a la Decisión del Consejo 1999/468/CE. En efecto, desde la entrada en vigor, en especial, del Reglamento (CE) n° 1882/2003 el 20 de noviembre de 2003, diversos actos jurídicos entraron en el ámbito del procedimiento de codecisión, y todos los proyectos de medidas de ejecución relacionados debieron comunicarse al PE en virtud del derecho de control[16].

En todos los casos donde se detectaron anomalías, la Comisión propuso al Parlamento Europeo un control a posteriori, lo que dio a las comisiones parlamentarias interesadas la posibilidad de examinar las medidas de ejecución en cuestión. La Comisión también se ofreció a derogar cualquier medida que solicitase el Parlamento Europeo, y así lo hizo por lo que se refiere a la Decisión de la Comisión, de 24 de enero de 2005, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los vehículos al final de su vida útil (Decisión ELV)[17]. Además, la Comisión estableció mecanismos de control interno en sus procedimientos administrativos para evitar problemas similares en el futuro.

1.3 Presentación de la propuesta al Consejo

En 2005, se contabilizaron, en total, 11 casos de presentación de proyectos al Consejo.

En virtud de lo dispuesto en la Decisión 1999/468/CE, es preciso presentar los proyectos de medidas al Consejo cuando la Comisión no obtiene la mayoría necesaria para la adopción de un dictamen que refrende el proyecto con arreglo al procedimiento de reglamentación , o se encuentre con la oposición de una mayoría cualificada en el marco del procedimiento de gestión.

Los 11 proyectos presentados en 2005 corresponden a cuatro sectores de actividad: salud y protección de los consumidores (5), medio ambiente (4), Europe Aid (1) y estadísticas (1).

La cifra representa un pequeño porcentaje de menos del 0,5 % del número total de medidas de ejecución adoptadas por la Comisión en virtud del procedimiento de gestión o de reglamentación (2.637)[18].

La cifra total para 2005 es - en términos absolutos - inferior a la de 2004 (año en que se presentaron 14 proyectos al Consejo), y cabe señalar que 6 de las 10 presentaciones en 2005 eran proyectos de decisión de la Comisión relativos a la autorización para comercializar productos genéticamente modificados (en los sectores de la salud y la protección de los consumidores y el medio ambiente). Esta alta concentración de presentación de proyectos en el ámbito de los organismos genéticamente modificados (OGM) puede explicarse por la división de opiniones entre los Estados miembros por lo que respecta a las normas aplicables a la evaluación científica de nuevos productos (véanse las observaciones específicas en el anexo de este informe, en los capítulos relativos a las estadísticas sobre la salud y la protección de los consumidores y el medio ambiente).

1.4 Jurisprudencia[19]

a) Sentencia de 25 de octubre de 2005 (queso “FETA” )

En su sentencia de 25 de octubre de 2005[20] en los asuntos acumulados C-465/02 y C-466/02, Alemania y Dinamarca como solicitantes (apoyados por Francia y el Reino Unido) contra la Comisión (apoyada por Grecia), el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) desestimó la acción contra la validez del Reglamento (CE) n° 1829/2002 de la Comisión, de 14 de octubre de 2002[21], por el que se modifica el anexo del Reglamento (CE) n° 1107/96 en lo que se refiere a la denominación “Feta”. La Comisión registró de esta manera debidamente el nombre “FETA” como denominación de origen protegida conforme al Reglamento (CE) n° 692/2003 del Consejo, de 8 de abril de 2003, por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2081/92 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (acto jurídico de base)[22].

Uno de los argumentos del Gobierno alemán era que se había infringido el reglamento interno del comité regulador, según lo establecido en el artículo 15 del acto jurídico de base. Los documentos, que debían examinarse en la reunión del comité regulador de 20 de noviembre de 2001, no se habían notificado al Gobierno alemán 14 días antes de esa reunión, ni tampoco se notificaron en alemán.

Puesto que el comité no había adoptado su propio reglamento interno en el momento de la reunión, el Tribunal examinó en vez las disposiciones pertinentes del Reglamento interno estándar , adoptado por la Comisión el 31 de enero de 2001[23]. El artículo 3, apartado 1, de este Reglamento interno estándar establece que el Presidente deberá convocar a las delegaciones a la reunión y enviar otros documentos pertinentes a más tardar 14 días civiles antes de la fecha de la reunión.

Sin embargo, mientras que era bien sabido que el Gobierno alemán no recibió los documentos en alemán, y los recibió más tarde de los 14 días civiles requeridos[24], el Tribunal aplicó la jurisprudencia a la situación en el sentido de que una irregularidad procesal de esta naturaleza podía implicar la anulación del acto de la Comisión adoptado únicamente si, de no ser por esa irregularidad, el procedimiento hubiera podido llevar a un resultado distinto[25]. Esto no se daba en este caso, porque en la reunión en cuestión sólo se pidió a los miembros del comité que presentaran sus observaciones sobre los resultados de un cuestionario de la Comisión, mientras que el proyecto de reglamento de la Comisión se examinó posteriormente en una reunión de mayo de 2002[26].

b) Acción del Parlamento Europeo contra la Comisión (“DecaBDE”)

El 11 de enero de 2006, el Parlamento Europeo inició un procedimiento contra la Comisión ante el TJCE solicitando la anulación de la Decisión 2005/717/CE de la Comisión de 13 de octubre de 2005 (véase el punto 1.2 a) supra ). El Parlamento Europeo alega que la Comisión no ha cumplido las condiciones fijadas en la Directiva RoHS para eximir al DecaBDE, en una aplicación específica, de la prohibición contenida en dicha Directiva, y por tanto se ha excedido en sus competencias de ejecución. En opinión del Parlamento Europeo, la Comisión también había cometido un error manifiesto en la evaluación de las pruebas científicas, no había respetado el principio de cautela y, al extender la exención a todas las aplicaciones poliméricas del DecaBDE, sin excepción, había infringido el principio de proporcionalidad[27]. La Comisión impugna los argumentos presentados. El caso está pendiente ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

1.5 Evolución general

a) Reforma del actual sistema de comitología

La propuesta de la Comisión para un procedimiento regulador revisado[28] proponía situar al Parlamento Europeo y al Consejo en pie de igualdad en cuanto a la supervisión del ejercicio de parte de las competencias de ejecución conferidas a la Comisión por el Parlamento Europeo y al Consejo conforme al procedimiento de codecisión (artículo 251 del Tratado). Las medidas de ejecución afectadas son aquéllas que adaptan o que aplican actos de codecisión.

De conformidad con el artículo 202 del Tratado CE, para revisar la Decisión sobre comitología (1999/468/CE) se requiere la consulta del Parlamento Europeo y la unanimidad en el Consejo. La Presidencia británica del Consejo (segunda mitad de 2005) creó un grupo de “Amigos de la Presidencia” en septiembre de 2005 para discutir esta reforma propuesta. Este grupo se reunía regularmente bajo la Presidencia austriaca del Consejo (primera mitad de 2006).

El Parlamento Europeo otorgó mandato a dos de sus miembros, Joseph Daul (FR/PPE, presidente de la Conferencia de Presidentes de Comités) y Richard Corbett (Reino Unido/PSE, ponente sobre comitología de la comisión de asuntos constitucionales (AFCO)) para que mantuvieran conversaciones con la Presidencia del Consejo y la Comisión.

Como resultado de estas negociaciones, las tres instituciones alcanzaron un acuerdo al final de la presidencia austriaca para modificar la Decisión 1999/468/CE del Consejo con el fin de introducir un nuevo “procedimiento regulador con control”. Este nuevo procedimiento se aplicará a las medidas de ejecución de alcance general que modifican elementos no esenciales de los actos de base adoptados en virtud del procedimiento de codecisión. El Parlamento Europeo obtiene un derecho de veto sobre el fondo de tales medidas de ejecución, y por tanto mejora considerablemente su poder de control sobre los poderes de ejecución conferidos a la Comisión en virtud de los procedimientos de comitología.

b) Ampliación

El 25 de abril de 2005 se firmó el Tratado de Adhesión con Bulgaria y Rumania. De manera similar al enfoque seguido para los diez nuevos Estados miembros en el periodo previo a su adhesión en mayo de 2004, se ha concedido a Bulgaria y Rumania la condición de observadores activos a partir del 26 de abril de 2005, y pueden participar en las reuniones del comité[29]. Por lo que respecta al resto de los países candidatos, Turquía y Croacia[30] y, desde diciembre de 2005, también la Antigua República Yugoslava de Macedonia, sigue organizándose la participación sobre la base de la Comunicación de la Comisión al Consejo sobre la participación de los países candidatos en programas, agencias y comités comunitarios[31].

PANORAMA HORIZONTAL DE LAS ACTIVIDADES

2.1 Número de comités

Resulta importante establecer una distinción entre los comités de comitología, por un lado, y otros órganos, en particular, los “grupos de expertos” instituidos por la propia Comisión, por otro. Estos últimos se ocupan de la preparación y ejecución de las políticas, mientras que los comités de comitología actúan en el contexto de la ejecución de los actos legislativos. El presente informe se centra, exclusivamente, en los comités de comitología. El número de comités de comitología se ha desglosado por sectores de actividad ( Cuadro I ) a 31.12.2005. A título comparativo, se ofrecen las cifras correspondientes al año anterior (situación a 31.12.2004).

CUADRO I – NÚMERO TOTAL DE COMITÉS

Sector de actividad | 2004 | 2005 |

Empresa (ENTR) | 29 * | 32 |

Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) | 6 | 6 |

Agricultura (AGRI) | 30 | 31 |

Transporte/Energía/Redes Transeuropeas (TREN) | 39 | 38 |

Medio Ambiente (ENV) | 35 | 32 |

Investigación (RTD) | 3 | 3 |

Sociedad de la Información (INFSO) | 9 * | 10 |

Pesca (FISH) | 3 | 3 |

Mercado Interior (MARKT) | 11 | 10 |

Política Regional (REGIO) | 2 | 2 |

Fiscalidad y Unión Aduanera (TAXUD) | 10 | 10 |

Educación y Cultura (EAC) | 9 | 7 |

Sanidad y Protección de los Consumidores (SANCO) | 13 | 15 |

Justicia, Libertad y Seguridad (JLS) | 10 | 13 |

Relaciones Exteriores (RELEX) | 3 | 3 |

Comercio (TRADE) | 11 | 12 |

Ampliación (ELARG) | 2 | 3 |

EuropeAid (AIDCO) | 9 | 8 |

Ayuda humanitaria (ECHO) | 1 | 1 |

Estadísticas (ESTAT) | 7 | 8 |

Presupuesto (BUDG) | 2 | 2 |

Lucha contra el Fraude (OLAF) | 1 | 1 |

TOTAL | 245 | 250 |

* El número de comités de ENTR e INFSO en 2004 hubo de reducirse retroactivamente en 1, porque las configuraciones enumeradas para estos sectores de actividad pertenecen a dos comités del sector de Investigación.

Las cifras revelan la importancia relativa de los procedimientos de comitología en las actividades correspondientes a los diferentes sectores. Los sectores de transporte y energía (38), empresa (32), medio ambiente (32) y agricultura (31) siguen concentrando el mayor número de comités. Dichos sectores de actividad, por sí solos, contabilizan más de la mitad de los comités, con 133 de un total de 250. Los esfuerzos de la Comisión de estos últimos años para estabilizar el número de comités han dado resultados. Aunque el número global de comités a finales de 2005 es ligeramente más alto que en 2004, aún cumple el objetivo de la Comisión de limitar el número a cerca de 250. Mientras que el legislador ha creado nuevos comités en algunos sectores con más actividad (por ejemplo, Justicia, Libertad y Seguridad y Sanidad y Protección de los Consumidores ), en otros sectores el número ha disminuido como consecuencia de la reestructuración del marco jurídico. Determinados aumentos o reducciones del número de comités en un sector concreto se deben a la transferencia de responsabilidades de un servicio de la Comisión a otro. En las observaciones al cuadro por sectores de actividad que figura en el anexo se aporta información pormenorizada sobre la creación, supresión, transferencia y fusión de los comités.

2.2 Número de dictámenes y de medidas de ejecución

En el presente informe, como en los anteriores, se ofrecen cifras globales sobre los dictámenes formales emitidos por los comités[32] y las subsiguientes medidas de ejecución (= actos legales, decisiones administrativas y de financiación) adoptadas por la Comisión. Las cifras describen la “producción” concreta de los comités (Cuadro II). El número total de dictámenes emitidos por los comités en 2005 fue de 2.582 (frente a 2.777 en 2004); el número de medidas de ejecución adoptadas por la Comisión fue de 2.654 (frente a 2.625 en 2004).

CUADRO II - NÚMERO DE DICTÁMENES Y DE MEDIDAS DE EJECUCIÓN (2005)

Dictámenes | Medidas de ejecución | Dictámenes | Medidas de ejecución |

ENTR | 69 | 55 | EAC | 56 | 55 |

EMPL | 9 | 1 | SANCO | 303 | 303 |

AGRI | 1.321 | 1.481 | JLS | 16 | 15 |

TREN | 36 | 32 | RELEX | 2 | 2 |

ENV | 50 | 47 | TRADE | 14 | 12 |

RTD | 202 | 202 | ELARG | 83 | 83 |

INFSO | 86 | 85 | AIDCO | 139 | 124 |

PESCADO | 19 | 9 | ECHO | 50 | 50 |

MARKT | 13 | 12 | ESTAT | 30 | 21 |

REGIO | 12 | 12 | BUDG | 7 | 6 |

TAXUD | 61 | 47 | OLAF | 2 | 0 |

El gran número de medidas de ejecución adoptadas en algunos sectores de actividad – Agricultura (1.481), Sanidad y Protección de los Consumidores (303), Investigación (202), EuropAid (124) y Educación y Cultura (85) – refleja también la intensidad de la actividad delegada en la Comisión en esos ámbitos a través de los procedimientos de comitología[33]. En comparación con el año anterior, puede observarse un aumento significativo en la Sociedad de la Información (34 medidas de ejecución en 2004), mientras que puede observarse una disminución en el sector de Educación y Cultura (55 medidas de ejecución en 2005, frente a 115 en 2004).

En el anexo figuran otros cuadros horizontales (cuadro III: número de comités por procedimiento y cuadro IV: número de reuniones).

[1] El anexo se presenta por separado como un documento de trabajo de los servicios de la Comisión.

[2] Son los Estados miembros quienes son “miembros” legales de los comités y ejercen sus derechos de voto, y no las personas que los representan.

[3] DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

[4] La Comisión ha creado un Registro de grupos de expertos , accesible a través del servidor Europa: http://europa.eu.int/secretariat_general/regexp/

[5] Véase la página de Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/regcomito/registre.cfm?CL=enEl registro contiene documentos a partir de mediados de 2003.

[6] DO L 145, 31.05.2001, p. 43.

[7] La votación del comité puede tener lugar en el marco de una reunión normal del comité o mediante procedimiento escrito, de conformidad con su Reglamento Interno.

[8] O incluso podrá denegarse por razones de confidencialidad.

[9] http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/regcomito/registre.cfm?CL=en.

[10] DO L 256, 10.10.2000, p. 19. El acuerdo sustituye a algunos acuerdos anteriores: el Acuerdo Plumb/Delors de 1988, el Acuerdo Samland/Williamson de 1996 y el “modus vivendi” de 1994.

[11] Los proyectos se envían una primera vez antes de la reunión del comité y, si sufren cambios sustanciales durante dicha reunión, se vuelven a remitir posteriormente.

[12] A su vez, este proyecto deberá haberse adoptado en procedimiento de codecisión (artículo 251 del Tratado) entre el Consejo y el Parlamento Europeo.

[13] La primera el 12 de abril de 2005 (B6-0218/2005) y la segunda el 6 de julio de 2005 (B6-0392/2005).

[14] DO L 271, 15.10.2005, p. 48. El proyecto original de Decisión de la Comisión no había sido aprobado por el Comité de residuos el 19 de abril de 2005; la medida de ejecución se remitió posteriormente al Consejo.

[15] En particular, el Reglamento (CE) nº 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1) de 29.9.2003 sobre la adaptación a la Decisión 1999/468/CE del Consejo de las disposiciones relativas a los comités que asisten a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas en los actos sujetos al procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado CE (codecisión).

[16] Esta cadena de acciones, mediante la cual los actos jurídicos de base se consideran incluidos en el ámbito de la codecisión, podía haber sido una posible fuente de negligencia en el sentido de que los servicios responsables podían haber desatendido la nueva obligación de comunicar los proyectos de medidas para esos actos jurídicos de base que se han aproximado en sus sectores en virtud del Reglamento de aproximación “global” anteriormente mencionado.

[17] DO L 25 de 28 de enero de 2005, p. 73. Acto jurídico que deroga la Decisión relativa a los vehículos al final de su vida útil: 2005/437/CE, DO 152 de 15.06.05 p. 18; Acto jurídico por el que se vuelve a adoptar la Decisión relativa a los vehículos al final de su vida útil: 2005/438/CE, DO 152 de 15.06.05, p. 19.

[18] 2.654 medidas de ejecución en total (véase las observaciones en el cuadro II) menos 17 medidas de ejecución que se adoptaron a través del procedimiento consultivo.

[19] A partir de 2005, todas las sentencias del TJCE y las nuevas acciones incoadas ante el Tribunal se comunicarán en el mismo año.

[20] Todavía no publicada en los informes de Tribunal; véase el anuncio en el DO C 86 de 8.4.2006, p. 1.

[21] DO L 277 de 15.10.2002, p. 10.

[22] DO L 99 de 17.4.2003, p. 1.

[23] DO C 38 de 6.2.2001, p. 3.

[24] El 9 de noviembre de 2001, véase el punto 35 de la sentencia.

[25] Véase el punto 37 de la sentencia.

[26] Véase el punto 38 de la sentencia.

[27] Véase el anuncio en el DO C 86 de 8.4.2006, p. 11.

[28] Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 1999/468/CE por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (COM (2002) 719 final, adoptado el 11.12.2002). Esta propuesta se modificó en abril de 2004 - COM (2004) 324 final, de 22.4.2004 - para incluir las modificaciones técnicas del Parlamento Europeo (resolución adoptada el 2.9.2003 (P5-TA(2003)0352)).

[29] Decisión de la Comisión de 23 de marzo de 2005 - C(2005)874 (artículo 7).

[30] Bulgaria y Rumania tienen ahora el estatuto de países adherentes.

[31] COM (1999) 710 final, adoptado el 20.12.1999. Véase también la “Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Preparar la participación de los países de los Balcanes occidentales en las agencias y los programas comunitarios” (COM (2003) 748 final, adoptado el 3.12.2003).

[32] Incluidos los dictámenes favorables y desfavorables emitidos a raíz de una votación formal en el marco de un procedimiento de gestión o de reglamentación. En estas cifras no se incluyen los casos en que no hay dictamen, es decir, en que tuvo lugar una votación formal, pero no se alcanzó la mayoría (cualificada) necesaria.

[33] No obstante, conviene señalar que el número absoluto de actos adoptados no refleja en sí mismo la importancia política, económica o financiera de las decisiones adoptadas.