COMISIÓN EUROPEA Bruselas,1.6.2018 COM(2018) 393 final 2018/0217(COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 {SWD(2018) 301 final}

{SEC(2018) 305 final}



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Motivación y objetivos de la propuesta La propuesta de marco financiero plurianual (MFP) presentada por la Comisión para el período 2021-2027 (la propuesta de MFP) delimita el marco presupuestario y las principales orientaciones de la política agrícola común (PAC). Sobre esta base, la Comisión presenta un conjunto de Reglamentos que establecen el marco legislativo de la PAC para el período 2021-2027, junto con una evaluación de impacto de hipótesis alternativas sobre la evolución de esta política. Estas propuestas contemplan como fecha de aplicación el 1 de enero de 2021 y se presentan para una Unión de 27 Estados miembros, de acuerdo con la notificación por parte del Reino Unido de su intención de retirarse de la Unión Europea y de Euratom sobre la base del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, recibida por el Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017. La última reforma de la PAC se decidió en 2013 y se llevó a la práctica en 2015. Desde entonces, el contexto en que se forjó esa reforma ha cambiado considerablemente. Más concretamente: Los precios agrícolas han disminuido sustancialmente, debilitados por los factores macroeconómicos, las tensiones geopolíticas y otras fuerzas. El énfasis de las negociaciones comerciales se ha trasladado de manera más visible de los acuerdos multilaterales a los bilaterales y la UE se ha abierto más a los mercados mundiales. La UE ha suscrito nuevos compromisos internacionales, por ejemplo en relación con la atenuación del cambio climático (a través de la COP 21) y los aspectos generales del desarrollo internacional [a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU], y también participa en esfuerzos para responder mejor a otros acontecimientos geopolíticos como las migraciones. Estos cambios han generado un debate público en torno a la reforma de 2013 y su capacidad para ayudar a la PAC a responder de forma adecuada a las dificultades generales pendientes relacionadas con la vitalidad económica del sector agrícola, la protección del medio ambiente, las medidas contra el cambio climático y el logro de un tejido económico y social sólido en las zonas rurales de la UE, en especial habida cuenta de las oportunidades que están surgiendo en los ámbitos del comercio, la bioeconomía, la energía renovable, la economía circular y la economía digital. La PAC debe modernizarse para responder a estas dificultades, simplificarse para hacerlo con una carga administrativa mínima, y guardar mayor coherencia con otras políticas de la UE a fin de maximizar su contribución a las diez prioridades de la Comisión y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En efecto, tal como recordaba la Comisión en su reciente Comunicación sobre el MFP, una política agrícola común modernizada habrá de apoyar la transición hacia un sector agrícola plenamente sostenible y el desarrollo de unas zonas rurales dinámicas que proporcionen alimentos seguros y de calidad elevada a más de 500 millones de consumidores. Europa necesita un sector agrícola inteligente, capaz de adaptarse, sostenible y competitivo a fin de garantizar la producción de alimentos seguros, de alta calidad, asequibles, nutritivos y variados para sus ciudadanos, y disponer de un sólido tejido económico y social en las zonas rurales. Una política agrícola común modernizada debe potenciar su valor añadido europeo, reflejando un mayor nivel de ambición en materia de medio ambiente y clima, y respondiendo a las expectativas de los ciudadanos en los ámbitos de la salud, el medio ambiente y el clima. Conforme a lo previsto en su programa de trabajo para 2017, la Comisión llevó a cabo una amplia consulta sobre la simplificación y modernización de la PAC para maximizar su contribución a las diez prioridades de la Comisión y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El debate se centró en prioridades políticas concretas para el futuro, sin perjuicio de la dotación financiera que se asigne a la PAC en el próximo MFP. Este proceso incluía una amplia consulta, así como análisis de los datos disponibles sobre los resultados de la PAC, incluidos los dictámenes pertinentes de la Plataforma REFIT. El resultado de la consulta se presentó en la Comunicación titulada El futuro de los alimentos y de la agricultura, adoptada el 29 de noviembre de 2017. La Comunicación abría un diálogo estructurado sobre el futuro de la PAC en las instituciones de la UE, así como con las partes interesadas. Este documento estratégico presentaba las dificultades, los objetivos y las posibles vías para lograr una PAC orientada al futuro que sea más sencilla, inteligente y moderna, y lidere la transición hacia una agricultura más sostenible. En particular, la Comisión destacaba entre las principales prioridades para la PAC posterior a 2020 una mayor ambición en los sectores del medio ambiente y la acción por el clima, una mejor orientación de las ayudas y un mayor recurso al nexo virtuoso entre investigación, innovación y asesoramiento. También proponía mejorar los resultados de la PAC a través de un nuevo modelo de aplicación para reorientar la política y centrarla en los resultados y no en el cumplimiento, así como reequilibrar las responsabilidades entre la UE y los Estados miembros introduciendo una mayor subsidiariedad. El nuevo modelo pretende alcanzar más satisfactoriamente los objetivos de la UE sobre la base de la planificación estratégica, intervenciones políticas generales e indicadores comunes de rendimiento, aumentando así la coherencia estratégica en la futura PAC y con otros objetivos de la UE. •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial El artículo 39 del TFUE establece los objetivos de la PAC: ·incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el empleo óptimo de los factores de producción, en particular, de la mano de obra; ·garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura; ·estabilizar los mercados; ·garantizar la seguridad de los abastecimientos;

·asegurar al consumidor suministros a precios razonables. La presente propuesta es plenamente coherente con los objetivos de la PAC establecidos en el Tratado. Moderniza y simplifica la manera en que se aplican las disposiciones del Tratado. •Coherencia con otras políticas de la Unión La agricultura y la silvicultura ocupan el 84 % del territorio de la UE. Estos sectores dependen del medio ambiente y, al mismo tiempo, ejercen en él su influencia. Por consiguiente, algunos de los objetivos específicos de la PAC que se proponen impulsarán una serie de medidas en los ámbitos del medio ambiente y del clima, en consonancia con las respectivas políticas de la UE. Es bien sabido que las pautas de consumo influyen en la salud pública. Las políticas agrícolas están vinculadas a las políticas en materia de sanidad debido a su relación con la alimentación y, en ocasiones, también con la manera en que se producen los alimentos. Las propuestas refuerzan los vínculos con la política sanitaria, en particular por lo que se refiere a la alimentación sana y a la disminución del uso de agentes antimicrobianos. La UE es una gran importadora de productos básicos y exportadora de productos agrícolas y alimenticios de calidad, por lo que ejerce influencia en los sistemas alimentarios de terceros países. La propuesta, en consonancia con el artículo 208 del TFUE, toma en consideración objetivos de cooperación para el desarrollo de la UE como son la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible en los países en desarrollo, velando en particular por que la ayuda de la UE a los agricultores tenga efectos nulos o mínimos en el comercio. Por último, al igual que en otros sectores, la agricultura y las zonas rurales pueden utilizar de manera más óptima los nuevos conocimientos y tecnologías, en particular las tecnologías digitales. Las propuestas refuerzan los vínculos con la política de investigación al asignar un lugar destacado a la organización del intercambio de conocimientos en el modelo de aplicación de las políticas. Del mismo modo, la importancia otorgada a la digitalización facilita el vínculo con la Agenda Digital de la UE. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica Artículo 42 y artículo 43, apartado 2, del TFUE en lo que respecta al Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC. •Subsidiariedad (en caso de competencia no exclusiva) El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la competencia en materia de agricultura es compartida entre la Unión y los Estados miembros, y establece una política agrícola común con objetivos comunes y una aplicación común. El sistema actual de aplicación de la PAC se basa en una serie de requisitos detallados a escala de la UE que incluye controles estrictos, sanciones y auditorías. Estas normas suelen ser muy preceptivas incluso a escala de la explotación agrícola. No obstante, en el entorno climático y agrícola de la Unión, que está muy diversificado, ni los enfoques descendentes ni los de solución única resultan adecuados para conseguir los resultados deseados y el valor añadido de la UE. En el modelo de aplicación que se propone, la Unión debe establecer los parámetros políticos básicos (objetivos de la PAC, tipos generales de intervención y requisitos básicos), al tiempo que los Estados miembros han de asumir mayores responsabilidades y ser más transparentes en cuanto a la manera en que cumplen los objetivos y logran las metas acordadas. Gracias a una mayor subsidiariedad se podrán tener mejor en cuenta las necesidades y las condiciones locales en relación con estos objetivos y metas. Los Estados miembros tendrán que adaptar las intervenciones de la PAC para maximizar su contribución a los objetivos de la UE. Al tiempo que se mantienen las estructuras de gobernanza actuales —lo cual resulta necesario para garantizar un seguimiento eficaz y la consecución de todos los objetivos políticos—, los Estados miembros también tendrán más protagonismo a la hora de diseñar el marco de control y cumplimiento aplicable a los beneficiarios (incluidos los controles y las sanciones). •Proporcionalidad Los retos económicos, medioambientales y sociales a los que se enfrentan el sector agrícola y las zonas rurales de la UE requieren una respuesta sustancial que haga justicia a la dimensión europea de esos retos. El mayor poder de elección que se ofrecerá a los Estados miembros a la hora de seleccionar y adaptar los instrumentos políticos disponibles en el marco de la PAC para cumplir los objetivos, siguiendo un modelo más basado en los resultados, ha de reducir aún más la probabilidad de que la PAC sobrepase un nivel de actuación proporcionado. •Elección del instrumento Dado que todos los actos originales son reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo, las modificaciones deben introducirse mediante un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

•Evaluaciones ex post / Control de calidad de la legislación existente La PAC está profundamente arraigada en la construcción y el desarrollo de la Unión Europea (UE). Creada a principios de los años sesenta en torno a los objetivos establecidos en el Tratado, la PAC ha pasado desde entonces por varios procesos de reforma destinados a aumentar la competitividad del sector agrícola, fomentar el desarrollo rural, hacer frente a los nuevos desafíos y responder de forma más adecuada a las exigencias sociales. La última gran reforma se adoptó en 2013. En la reforma de 2013, los objetivos generales de la PAC se estructuraron en torno a tres bloques: i) Producción alimentaria viable ii) Gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima iii) Desarrollo territorial equilibrado A fin de evaluar los avances en la consecución de estos objetivos y detectar futuras dificultades, se organizó un amplio proceso de consulta que proponía un debate estructurado con todas las partes interesadas, incluidas las no pertenecientes al sector agrícola. Por otra parte, la gran cantidad de información disponible sobre la PAC (resumida brevemente en el recuadro 1 infra) permitió recopilar datos sobre sus resultados, que sirvieron de base para evaluar sus logros y carencias a lo largo de los años, especialmente con respecto a su última reforma. Cabe destacar la siguiente información: ·Datos recopilados a través del marco común de seguimiento y evaluación, que tiene por objeto medir el rendimiento de la PAC. ·Una serie de estudios de evaluación programados a lo largo del marco financiero plurianual en curso (2014-2020) para evaluar los objetivos de la PAC actual, cuyas primeras conclusiones estarán disponibles en 2017-2018. Resultados relativos a los progresos hacia las metas y las dotaciones financieras correspondientes disponibles en los informes anuales sobre desarrollo rural. ·Se han publicado en la página web de la DG AGRI documentos de referencia, datos, hechos y cifras adicionales pertinentes para la evaluación de impacto. •Consultas con las partes interesadas En el marco de la consulta pública organizada se recibieron más de 322 000 contribuciones, tuvieron lugar un diálogo estructurado con las partes interesadas y cinco seminarios de expertos, se obtuvieron dictámenes de la Plataforma REFIT, así como contribuciones del Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones y los parlamentos nacionales. El proceso también tuvo en cuenta las recomendaciones del Grupo operativo sobre mercados agrícolas (AMTF) y la Conferencia de Cork sobre desarrollo rural (2016). •Obtención y utilización de asesoramiento técnico Con el fin de recopilar datos y conocimientos de los expertos sobre cuestiones relacionadas con la PAC, se organizó una serie de seminarios especializados entre marzo de 2017 y febrero de 2018. Dichos seminarios permitieron intercambiar puntos de vista entre expertos y funcionarios de la Comisión y avanzar en la formulación de las principales conclusiones y cuestiones clave que se han de tener en cuenta en el proceso de modernización y simplificación. Las cinco cuestiones que debían abordarse en los seminarios se seleccionaron de modo que abarcaran los principales ámbitos en que se habían detectado lagunas de conocimiento y desacuerdos sobre los planteamientos estratégicos. Los seminarios se diseñaron de acuerdo con una metodología similar, basada en lo siguiente: 1)recopilación de los datos más recientes de que disponían expertos, personal académico, profesionales e instituciones internacionales; 2)énfasis especial en las experiencias prácticas sobre el terreno; 3)evaluación del potencial de los nuevos planteamientos o tecnologías para mejorar la formulación de las políticas futuras en el ámbito específico considerado.

Los resúmenes de los seminarios y presentaciones pueden consultarse en la siguiente dirección: https://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-have-your-say/workshops_en Seminario n.º 1: Mejores prácticas para responder a las necesidades medioambientales y climáticas (23 y 24 de marzo de 2017) En este seminario, de una duración de dos días, participó una amplia gama de expertos en desafíos medioambientales y climáticos. Se examinaron los siguientes aspectos: ·Herramientas disponibles para evaluar las necesidades medioambientales. ·Métodos para mejorar la asimilación de las medidas (haciendo hincapié en el papel de los enfoques basados en el comportamiento). Seminario n.º 2: Gestión de riesgos (18 y 19 de mayo de 2017) En este seminario, de una duración de dos días, se procuró recopilar nuevos datos en el debate sobre los instrumentos destinados a ayudar a la comunidad agraria a afrontar en mejores condiciones los riesgos asociados a la producción, los precios y las rentas. Se examinaron los siguientes temas: ·Retos de la red de seguridad del mercado de la UE y evolución reciente del sistema de gestión de riesgos vigente en los Estados Unidos. ·Los mercados a plazo en la UE, el sector de los seguros y reaseguros agrícolas de la UE, una asociación público-privada y un régimen de seguro de cultivos. ·Aspectos de la gestión de riesgos relacionados con el comportamiento. Seminario n.º 3: Productos alimenticios y cuestiones afines (31 de mayo de 2017) El seminario sobre productos alimenticios y cuestiones afines examinó la adecuación de la PAC a la política sanitaria y su capacidad para facilitar la adaptación de los agricultores a la evolución de las pautas de consumo. En particular, la resistencia a los agentes antimicrobianos merece mayor atención. Seminario n.º 4: Aspectos socioeconómicos (9 de junio de 2017) El seminario sobre aspectos socioeconómicos se centró en el análisis de la dinámica de crecimiento y empleo en el sector agroalimentario de la UE. Examinó los vínculos entre las cadenas de valor globales de productos agrícolas y alimenticios en la UE, tanto desde una perspectiva conceptual como desde un punto de vista práctico, sobre la base de estudios de casos. Seminario n.º 5: Medición del comportamiento medioambiental y climático de la PAC (26 de febrero de 2018) En el seminario se examinaron los objetivos políticos básicos que pueden fijarse a escala de la UE, la manera de aplicarlos en los Estados miembros y el modo de supervisarlos, controlarlos y evaluarlos. •Evaluación de impacto La evaluación de impacto que acompaña a las propuestas legislativas, así como los dictámenes del Comité de Control Reglamentario (CCR), están disponibles en el sitio web siguiente:

Lista de evaluaciones de impacto y dictámenes correspondientes del Comité de Control Reglamentario El CCR emitió inicialmente un dictamen negativo. Aunque apreciaba la ambición de modernizar y simplificar la PAC y el análisis en profundidad de las distintas hipótesis, que examinan acertadamente los compromisos entre los objetivos políticos, el CCR consideró que el informe debía explicar mejor la justificación, la viabilidad y el funcionamiento del nuevo modelo de aplicación que se propone. Los complementos solicitados se añadieron en el informe de evaluación de impacto, también en un anexo especial sobre las propuestas relativas al nuevo modelo de aplicación. Sobre esta base, el CCR emitió un dictamen positivo con reservas. El Comité reconocía las mejoras introducidas en el informe, al tiempo que solicitaba nuevas especificaciones sobre las garantías precisas para reducir los riesgos detectados. El anexo 1 del informe de evaluación de impacto (documento de trabajo de los servicios) detalla los ajustes realizados para satisfacer las exigencias del Comité. En el informe de evaluación de impacto se presentan y examinan distintas opciones estratégicas. No se muestra preferencia por ninguna de ellas, pero en las diferentes opciones se analizan distintas combinaciones de elementos de las propuestas para determinar cuál podría ser la combinación óptima. Las opciones examinan esencialmente enfoques contrastados para lograr los objetivos fijados: 1.distintos niveles de ambición en materia de medio ambiente y clima, centrándose en las posibles repercusiones de los sistemas obligatorios y voluntarios de aplicación; 2.diversas maneras de apoyar la renta de los agricultores, y en particular su distribución entre diferentes agricultores, prestando especial atención a los posibles efectos en las pequeñas y medianas explotaciones; 3.intervenciones socioeconómicas más amplias, en particular con arreglo a la política de desarrollo rural, así como enfoques transversales respecto a la modernización. La primera opción estudia la posible contribución de un régimen ecológico voluntario al aumento de las ambiciones en materia de medio ambiente y clima. También examina el papel que pueden desempeñar las herramientas de gestión de riesgos respecto de los pagos directos de menor cuantía a la hora de apoyar la renta de los agricultores. Dos subopciones reflejan las diferentes ambiciones y enfoques medioambientales de los Estados miembros en relación con los pagos directos dentro del nuevo modelo de aplicación. Otra opción orienta con mayor precisión los pagos directos y hace más ambiciosa la aplicación de la condicionalidad con el fin de mejorar el rendimiento económico y medioambiental conjunto de la PAC, abordando asimismo los retos climáticos. También se desarrollan subopciones para ilustrar las posibles diferencias en las ambiciones de los Estados miembros con respecto a los objetivos medioambientales y climáticos. Se presenta una opción final que insiste sobremanera en el cuidado del medio ambiente y el empleo, y centra la atención en las pequeñas y medianas explotaciones como medio para mantener el empleo en las zonas rurales. Los Estados miembros están obligados a destinar el 30 % de los pagos del primer pilar a la financiación complementaria de cuatro regímenes de carácter voluntario para los agricultores, a saber: la agricultura ecológica, los pastos permanentes, las zonas con limitaciones naturales (ZLN) y los elementos lineales del paisaje, para así seguir impulsando la acción por el clima y la gestión sostenible de los recursos naturales. La evaluación de impacto señala los difíciles compromisos que son inherentes a una política que aborda tantos objetivos diferentes cuando se modifican significativamente sus parámetros básicos. Un parámetro básico esencial es el nivel de las ayudas de la PAC. El recorte del 5 % propuesto por la Comisión en su Comunicación de mayo de 2018 sobre el MFP para 2021-2027 se encuentra dentro del rango considerado en la evaluación de impacto. En lo que se refiere a la renta agraria, son importantes tanto el nivel de las ayudas como su distribución. Asegurar un nivel adecuado de apoyo, y por tanto de renta agraria, sigue siendo un elemento clave para el futuro a fin de garantizar la seguridad alimentaria, la ambición en materia de medio ambiente y clima, y la vitalidad rural. Una mejor orientación de las ayudas, centrándolas en las pequeñas y medianas explotaciones y las zonas con limitaciones naturales, puede ayudar a mantener un mayor número de puestos de trabajo en las explotaciones y las actividades agrícolas en la totalidad del territorio, reforzando así el tejido social y económico de las zonas rurales. La fijación de límites y la convergencia pueden mejorar la distribución de los pagos directos. Es evidente que cualquier opción que redistribuya significativamente los pagos directos y los destine a explotaciones y regiones de menor productividad entrañará a corto plazo una reducción de la competitividad de la UE, aunque mejorará la protección del medio ambiente. Menos evidente es, empero, determinar cuál es la combinación de medidas adecuada para atenuar los efectos negativos en las rentas y, al mismo tiempo, abordar retos que también son pertinentes para la agricultura, tales como el medio ambiente y la acción por el clima o las expectativas sociales. Para ello es necesario incentivar ajustes que mejoren el rendimiento del sector, tanto en el aspecto socioeconómico como en el medioambiental. Las contribuciones de la consulta de las partes interesadas y los análisis demuestran que ello es posible, siempre que las medidas complementarias necesarias para responder a una mayor ambición en materia de medio ambiente y acción por el clima permitan la adopción de las mejores prácticas (tanto en la agricultura convencional como en otros tipos de agricultura), que incluyen los conocimientos, la innovación y la tecnología pertinente más novedosa. Sobre la base de las hipótesis y opciones expuestas en el análisis, existen posibles compromisos para alcanzar los objetivos económicos, medioambientales y sociales de la PAC, así como con respecto de su tan anhelada modernización y simplificación. En resumen, la redistribución podría tener efectos limitados en la renta y respaldar esa mayor ambición que se persigue en materia de medio ambiente y acción por el clima, así como otras sinergias en el marco de la PAC. A tal fin, sin embargo, sería necesario que el sector y la política aprovecharan las oportunidades que ofrecen aquellas actividades de innovación y tecnologías que ya permiten la modernización y la simplificación. Otras hipótesis y opciones alterarían sin duda los resultados pormenorizados, aunque el principal mensaje subyacente sería el mismo: la opción preferida para la futura PAC debe combinar los mejores elementos de las distintas opciones, pero también ha de evitar sus puntos flacos, introduciendo las salvaguardias necesarias para garantizar condiciones equitativas en la UE. Se imponen, pues, criterios claros con respecto al nivel y la distribución de las ayudas a la renta (p. ej., la fijación de límites y/o la degresividad), la ambición climática y medioambiental, la condicionalidad, los incentivos para la modernización y el grado adecuado de subsidiariedad y simplificación. •Adecuación regulatoria y simplificación La aplicación de la política reviste actualmente gran complejidad debido en gran medida a la importancia que se concede al cumplimiento de normas detalladas, establecidas a escala de la UE. El nuevo modelo de aplicación que se propone eliminará el nivel de los criterios de subvencionabilidad a escala de la UE a los efectos de la concesión de ayudas, lo cual permitirá a los Estados miembros establecer las condiciones de subvencionabilidad más idóneas para sus circunstancias particulares. Cabe esperar que ello entrañe una simplificación sustancial. Históricamente, la PAC ha desarrollado en las sucesivas reformas distintos instrumentos. En algunas ocasiones ha resultado difícil coordinar esos instrumentos. La presente propuesta reúne en un marco único y coherente la totalidad de los diferentes elementos de apoyo de la PAC, lo cual reducirá la carga administrativa que supone la aplicación de la PAC.

•Derechos fundamentales La propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La propuesta de la Comisión sobre el marco financiero plurianual para el período 2021-2027 [COM(2018) 322 final] prevé que una parte importante del presupuesto de la UE se siga destinando a la agricultura, al tratarse de una política común de importancia estratégica. Así, en precios corrientes, se propone que la PAC se concentre en sus actividades de base, con 286 200 millones EUR asignados al FEAGA y 78 700 millones EUR al Feader. Estos Fondos agrícolas se complementan con financiación adicional procedente de Horizonte Europa, ya que la dotación propuesta para este programa incluye ayudas por valor de 10 000 millones EUR a la investigación y la innovación en la alimentación, la agricultura, el desarrollo rural y la bioeconomía. Se creará en el FEAGA una nueva reserva agrícola para financiar la ayuda adicional al sector agrícola. Los importes de la reserva no utilizados durante un año se transferirán al siguiente. En lo que respecta a la distribución de los pagos directos entre los Estados miembros, se propone que todos los Estados miembros cuyos pagos directos se sitúen por debajo del 90 % de la media de la UE prosigan el proceso iniciado en el período 2014-2020 y colmen el 50 % de la diferencia existente hasta alcanzar el 90 %. Todos los Estados miembros contribuirán a financiar esta convergencia externa de los niveles de los pagos directos. Las asignaciones de los Estados miembros para pagos directos establecidas en el Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC se calculan sobre esta base. En el caso del desarrollo rural, se propone reequilibrar la financiación entre los presupuestos de la UE y de los Estados miembros. En consonancia con lo previsto para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el incremento de los porcentajes de cofinanciación nacionales permitirá mantener prácticamente sin cambios las ayudas públicas a las zonas rurales europeas. La distribución de la ayuda del Feader se basa en criterios objetivos vinculados a los objetivos políticos y tiene en cuenta la distribución actual. Como ya ocurre hoy en día, las regiones menos desarrolladas deben seguir beneficiándose de porcentajes de cofinanciación superiores, que también se aplicarán a determinadas medidas tales como la iniciativa LEADER y los pagos para compromisos de gestión. Se ofrecerá a los Estados miembros cierto nivel de flexibilidad para las transferencias entre asignaciones. Hasta el 15 % de los pagos directos correspondientes puede transferirse a la asignación del Feader y viceversa. Puede transferirse un porcentaje más elevado de pagos directos a la asignación del Feader para intervenciones destinadas a alcanzar objetivos medioambientales y climáticos, y subvenciones para instalación de jóvenes agricultores. En la ficha financiera que acompaña a la propuesta se ofrecen detalles sobre la repercusión financiera de la propuesta relativa a la PAC. 5.OTROS ELEMENTOS •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información El cambio a una política más orientada hacia el rendimiento requiere el establecimiento de un marco de rendimiento sólido que, basándose en un conjunto de indicadores comunes, permita a la Comisión evaluar y supervisar los resultados de la política. El marco común de seguimiento y evaluación (MCSE) y el sistema de control de los pagos directos y el desarrollo rural actualmente vigentes podrían servir de base para el seguimiento y la evaluación del rendimiento de las políticas, si bien se deberán racionalizar y desarrollar (en particular, aumentando la coherencia entre los dos pilares). Serían precisas nuevas inversiones a fin de desarrollar los indicadores adecuados y garantizar flujos de datos suficientes. Un nuevo marco de seguimiento y evaluación del rendimiento (MSER) integrará todos los instrumentos de la futura PAC, tanto los planes estratégicos de la PAC como aquellos aspectos de la PAC no cubiertos por dichos planes (algunas partes de la organización común de mercados o determinados regímenes). El rendimiento se medirá en relación con los objetivos específicos de la política por medio de un conjunto de indicadores comunes. El nuevo modelo se articulará en torno a los siguientes principios: ·Los indicadores de contexto siguen siendo de utilidad por cuanto reflejan aspectos pertinentes de las tendencias generales en los ámbitos de la economía, el medio ambiente y la sociedad, y pueden influir en el rendimiento. ·Se debería seleccionar un conjunto de indicadores limitados, aunque más específicos, eligiendo ante todo aquellos indicadores que reflejen lo más fielmente posible la contribución de la intervención financiada al logro de los objetivos con respecto al nivel de referencia, para lo cual se deberán emplear definiciones claras. ·El rendimiento global de la política se evaluará con carácter plurianual sobre la base de indicadores de impacto. El seguimiento anual del rendimiento de la política se basará en la lista completa de indicadores de resultados. ·Los indicadores de realización establecerán anualmente la relación entre gasto y rendimiento de la aplicación de la política. Se trata de un ejercicio anual basado en una lista de los indicadores de realización (en primer lugar los ya disponibles). ·La fiabilidad de los indicadores de rendimiento pertinentes puede mejorarse mediante sinergias entre datos estadísticos y administrativos, pero requiere la existencia de un sistema de controles de calidad. En esencia, lo que se propone es un cambio en las responsabilidades y oportunidades dentro de un marco común, claramente definido y aplicado, a fin de alcanzar más de un objetivo clave al mismo tiempo; a saber: la simplificación, la orientación a los resultados (más que al cumplimiento), y la eficacia y efectividad de las políticas.

Está prevista una revisión anual del rendimiento como elemento clave del proceso de seguimiento y gestión de la aplicación de las políticas actualmente en curso. Para que la revisión anual del rendimiento sea operativa, se deberán presentar conjuntamente los indicadores de realización y de resultados oportunos en un informe anual sobre la aplicación del plan estratégico de la PAC, el denominado informe anual sobre el rendimiento. Los Estados miembros informarán anualmente sobre la realización y los gastos efectuados, así como sobre la distancia respecto de las metas fijadas para todo el período, expresada en valores de indicadores de resultados. Las evaluaciones se llevarán a cabo de conformidad con los apartados 22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 2016, en el que las tres instituciones confirmaron que las evaluaciones de la normativa y las políticas vigentes deben servir de base para la evaluación de impacto de otras opciones de actuación. Estas evaluaciones estudiarán los efectos del programa sobre el terreno basándose en los indicadores/metas del programa y en un análisis detallado del grado en que el programa puede considerarse pertinente, eficiente y eficaz, aporta suficiente valor añadido de la UE y es coherente con otras políticas de la UE. En ellas se expondrán las enseñanzas extraídas a fin de detectar deficiencias, problemas o cualquier potencial para seguir mejorando las medidas o sus resultados y contribuir a maximizar su explotación o repercusión. •Documentos explicativos (en el caso de las directivas) No procede. •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta La propuesta abarca tres Reglamentos: ·Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (en lo sucesivo, «Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC»). ·Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 (en lo sucesivo, «Reglamento horizontal de la PAC»). ·Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, (UE) n.º 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, (UE) n.º 251/2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, (UE) n.º 228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión, y (UE) n.º 229/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las islas menores del mar Egeo (en lo sucesivo, «Reglamento de modificación»). Estos Reglamentos combinados adaptan la PAC, adecuando sus objetivos a las prioridades de la Comisión Juncker y a los ODS, al tiempo que simplifican la aplicación de la política. La PAC estará más adaptada a las circunstancias locales merced a la supresión de la condición de subvencionabilidad que se aplica a escala de la UE para poder optar a las ayudas. Los Estados miembros podrán determinar la mayoría de las condiciones de subvencionabilidad a escala nacional para adecuarlas a sus circunstancias específicas. Al mismo tiempo, la carga administrativa derivada de los controles se reducirá mediante la limitación del vínculo directo entre las condiciones de subvencionabilidad establecidas para toda la UE y los beneficiarios finales. Con el fin de seguir mejorando el desarrollo sostenible de la agricultura, la alimentación y las zonas rurales, los objetivos generales de la PAC se han de centrar en la viabilidad económica, la resiliencia y la renta de las explotaciones agrarias, en un mejor comportamiento medioambiental y climático, y en el fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales. Por otra parte, el fomento del conocimiento, la innovación y la digitalización en la agricultura y las zonas rurales constituye un objetivo transversal. La nueva PAC perseguirá los siguientes objetivos específicos: a)apoyar una renta viable y la resiliencia de las explotaciones agrícolas en todo el territorio de la UE para mejorar la seguridad alimentaria; b)mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad, en particular haciendo mayor hincapié en la investigación, la tecnología y la digitalización; c)mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor; d)contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación a sus efectos, así como a una energía sostenible; e)promover el desarrollo sostenible y la gestión eficaz de recursos naturales tales como el agua, el suelo y el aire; f)contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar los servicios ecosistémicos y conservar los hábitats y los paisajes; g)atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial en las zonas rurales; h)promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales, incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible;

i)mejorar la respuesta de la agricultura de la UE a las exigencias sociales en materia de alimentación y salud, en particular la preocupación por unos productos alimenticios seguros, nutritivos y sostenibles, así como en materia de bienestar de los animales. Para alcanzar estos objetivos, los Estados miembros deben velar por la simplificación y el rendimiento de las ayudas de la PAC. Deberán diseñar intervenciones que se adecuen a sus circunstancias sobre la base de los tipos de intervenciones mencionados en el Reglamento. Los Estados miembros tendrán que prestar especial atención a los objetivos específicos en materia de medio ambiente y clima, al relevo generacional y a la modernización de la aplicación de las políticas, haciendo hincapié en una mejor utilización de los conocimientos y el asesoramiento y las nuevas tecnologías (digitales). Los Estados miembros presentarán las intervenciones que proponen para alcanzar los objetivos específicos de la UE en el marco de un plan estratégico de la PAC. La normativa establece disposiciones sobre el contenido de dicho plan estratégico. Corresponderá a la Comisión controlar y aprobar los planes. Dichos planes agruparán la mayor parte de los instrumentos de ayuda de la PAC financiados con cargo al FEAGA (incluidos los programas sectoriales, elaborados hasta ahora en el marco del Reglamento de la OMC) y al Feader. De esta forma, se dispondrá de una única estrategia coherente de intervención por Estado miembro, diseñada a través de los Estados miembros. Los Estados miembros fijarán en los planes estratégicos de la PAC los objetivos que pretenden alcanzar en el período de programación, utilizando para ello indicadores comunes de resultados. Una vez elaborados los planes estratégicos de la PAC, los Estados miembros deberán informar anualmente de los progresos logrados en su aplicación, utilizando para ello un sistema de indicadores comunes. Los Estados miembros y la Comisión supervisarán los progresos y evaluarán la eficacia de las intervenciones. En la siguiente sección se ofrece información sobre el contenido específico de los tres Reglamentos. Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC El título I establece el ámbito de aplicación del Reglamento, así como una serie de definiciones. El título II presenta los objetivos generales y específicos la PAC que se han de lograr a través de las intervenciones diseñadas por los Estados miembros en sus planes estratégicos de la PAC. El título III introduce una serie de requisitos comunes para los planes estratégicos de la PAC, así como elementos que se aplican a varias intervenciones. Los requisitos comunes se refieren a la conformidad con principios generales y derechos fundamentales tales como la prevención del falseamiento de la competencia, el respeto del mercado interior y la no discriminación, así como el cumplimiento de las normas de la OMC sobre la ayuda interna. También se incluyen entre ellos requisitos relativos a elementos específicos que deben definirse en los planes de la PAC, como, por ejemplo, qué es una zona agrícola, una actividad agrícola, un agricultor genuino o un joven agricultor. En esta sección se describen las obligaciones de «condicionalidad» (los requisitos que cualquier beneficiario de los pagos por superficie tiene que cumplir en relación con las buenas prácticas agrícolas, pero también las obligaciones derivadas de la normativa de la UE, y la necesidad de disponer de unos servicios de asesoramiento a las explotaciones que funcionen bien). Por último, este título presenta los tipos de intervenciones que los Estados miembros pueden utilizar para ejecutar sus planes estratégicos de la PAC. Los tipos de intervenciones son las grandes categorías de intervenciones a los que los Estados miembros pueden recurrir en sus planes estratégicos de la PAC. El título IV establece disposiciones financieras. Incluye, en particular, asignaciones financieras por Estados miembros y por Fondos, y define la flexibilidad para realizar transferencias de asignaciones entre Fondos. Fija los porcentajes de contribución del Feader en relación con el gasto público de los Estados miembros y establece una serie de asignaciones financieras mínimas o máximas con fines específicos. El título V presenta las normas aplicables a los planes estratégicos de la PAC. Indica los elementos que los Estados miembros deben tener en cuenta a la hora de elaborar un plan estratégico de la PAC, así como el contenido mínimo de este, incluyendo los objetivos y la planificación financiera. Este título también explica las normas que regulan la aprobación de los planes estratégicos de la PAC por parte de la Comisión y el modo en que esos planes pueden modificarse. El título VI prevé los elementos necesarios en materia de coordinación y gobernanza. Confiere responsabilidades a las autoridades de los Estados miembros para realizar tareas específicas relacionadas con los planes estratégicos de la PAC. Establece un comité de seguimiento para fomentar la participación de todas las partes interesadas. También prevé la creación de redes para facilitar la adecuada ejecución de los planes estratégicos de la PAC. Estas redes se crearán tanto a escala nacional como de la UE. Por último, este título establece la Asociación Europea para la Innovación a fin de impulsar el intercambio de conocimientos y la innovación. El título VII introduce el marco de seguimiento y evaluación del rendimiento, estableciendo normas relativas al contenido y al calendario de los informes sobre los progresos que han de presentar los Estados miembros respecto de sus planes estratégicos de la PAC, y normas sobre la manera de seguir y evaluar estos progresos. Este título contiene, en particular, las normas relativas a una bonificación por buen rendimiento medioambiental y climático. Finalmente, los títulos VIII y IX comprenden las normas sobre competencia, que explican cómo han de aplicarse en particular las normas sobre ayudas estatales, y las disposiciones finales, que explican qué disposiciones se derogan y cuándo pasa a ser aplicable este Reglamento. Reglamento horizontal de la PAC Se propone mantener la actual estructura de la PAC en dos pilares, complementando las medidas anuales de aplicación general del primer pilar con medidas que reflejen las particularidades nacionales y regionales con arreglo a un enfoque de programación plurianual en el segundo pilar. No obstante, la nueva PAC diseñada para el período posterior a 2020 se caracterizará por una mayor subsidiariedad de modo que los Estados miembros puedan adecuar mejor las medidas de ejecución previstas en los dos pilares a sus realidades y a las circunstancias concretas de los agricultores. Una mayor subsidiariedad supone reequilibrar las responsabilidades en la gestión de la PAC y buscar una nueva relación entre la Unión Europea, los Estados miembros y los agricultores. Sobre esta base, el Reglamento horizontal de la PAC se adapta al nuevo modelo de aplicación y ofrece más flexibilidad para los Estados miembros a la hora de aplicar la estrategia (de acuerdo con sus necesidades locales), menos burocracia para los beneficiarios y el cambio a una estrategia basada en el rendimiento. Dejar de insistir a escala de la UE en el cumplimiento y considerar prioritario el rendimiento requiere una identificación clara de los objetivos que debe lograr la estrategia: de nuevo, estos objetivos se fijarán a escala de la UE. A fin de avanzar hacia un mecanismo más orientado a los resultados, las garantías sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes cederán el paso a las garantías sobre el rendimiento y el cumplimiento de los requisitos básicos de la UE, como el Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) o los organismos de gobernanza (organismos pagadores, los organismos de coordinación, autoridades competentes y organismos de certificación). Se mantendrán las estructuras de gobernanza sólidas y fiables que caracterizan a la PAC. Además de disposiciones financieras, el Reglamento horizontal de la PAC sigue incluyendo disposiciones sobre los principios generales de los controles y las sanciones, los controles de condicionalidad y el SIGC. Así, el Reglamento establece normas sobre la financiación, la gestión y los sistemas de control, los procedimientos de liquidación (liquidación financiera anual y liquidación anual del rendimiento) y el procedimiento de conformidad. Este Reglamento incluye diversos elementos de simplificación. En primer lugar, la nueva liquidación anual del rendimiento refleja la transición del cumplimiento por parte de cada uno de los beneficiarios al rendimiento de la política en los Estados miembros.

Además, prevé reducir el número de organismos pagadores y reforzar la función de los organismos de coordinación y de certificación, en consonancia con el nuevo modelo de aplicación. El sistema resultará así más transparente y menos oneroso para las administraciones nacionales y la Comisión. Se introduce el concepto del enfoque de auditoría única de conformidad con el Reglamento Financiero, por lo que podrá reducirse el número de auditorías de la Comisión. Reglamento de modificación La Comunicación sobre el futuro de los alimentos y de la agricultura confirma que la orientación al mercado constituye un componente esencial de la PAC, pero destaca también los retos relacionados con la sostenibilidad medioambiental y el cambio climático. Por otra parte, pone al sector agrícola en el centro del debate sobre los alimentos y las preocupaciones de los ciudadanos al respecto, recordando que «el cometido más importante de la política es ayudar a los agricultores a prever acontecimientos en materia de hábitos alimentarios y ajustar su producción a las señales del mercado y la demanda de los consumidores». Dado que las normas detalladas que impiden la realización de los ajustes necesarios se establecen a escala de la UE, la reforma representa una oportunidad para introducir las modificaciones que se imponen. La PAC también debe responder a las preocupaciones de los ciudadanos en relación con la producción agrícola sostenible. Por tanto, está previsto mantener la estructura y las características principales del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, si bien se va a modificar un número limitado de disposiciones a la vista de la evolución económica, medioambiental y social que se ha registrado desde su entrada en vigor en 2014. En primer lugar, está previsto suprimir las disposiciones relativas a las intervenciones sectoriales que se establecieron previamente en el Reglamento (UE) n.º 1308/2013, ya que estas intervenciones de la futura PAC se regirán por el [Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC] y formarán parte de los planes estratégicos de los Estados miembros, con el fin de velar por una mayor coherencia de las intervenciones de la PAC. En segundo lugar, pese a que las sucesivas reformas de la política vitivinícola de 2008 y 2013 han alcanzado en general sus objetivos, contribuyendo al dinamismo económico del sector vitivinícola, han surgido nuevos problemas económicos, medioambientales y climáticos. Por consiguiente, el Reglamento prevé una serie de modificaciones específicas de las normas existentes para hacer frente a esos problemas. En tercer lugar, la Comunicación sobre el futuro de los alimentos y de la agricultura aboga por que se incremente el atractivo del sistema de indicaciones geográficas (IG) para los agricultores y los consumidores, y se facilite su gestión. Se propone por ende modificar las normas actuales sobre las IG, repartidas en cuatro actos de base, a fin de simplificar el sistema de IG, agilizar el registro de las indicaciones geográficas e incrementar la eficacia del procedimiento de aprobación de las modificaciones de los pliegos de condiciones. Con estas modificaciones se pretende simplificar el sistema de IG, hacerlo más comprensible para los consumidores, facilitar su promoción y reducir los gastos administrativos de gestión del sistema. En lo que se refiere a las normas aplicables a las IG de vinos, se podría simplificar el procedimiento de aprobación, abreviar plazos y racionalizar los recursos, de acuerdo con los principios indisociables de subsidiariedad y proporcionalidad, si se limitara el control de las solicitudes por parte de la UE a los errores manifiestos, si se separaran las normas sobre propiedad intelectual de otros requisitos establecidos en el pliego de condiciones, y si se facultara a los Estados miembros para decidir sobre las modificaciones que no tienen efectos a escala de la UE. En la misma línea, está previsto simplificar algunos procedimientos específicos, por ejemplo el de oposición, en aras de una mayor eficiencia del procedimiento de aprobación. Gracias a una definición más clara de la «denominación de origen protegida» para los vinos, las agrupaciones de productores podrán utilizar nuevas variedades, también necesarias en respuesta al cambio climático, y se podrán presentar justificaciones de las solicitudes adecuadas y acordes con las realidades de la viticultura y la enología. También se propone aumentar la protección de las IG contra la falsificación de las indicaciones geográficas en Internet y en las mercancías en tránsito. La simplificación propuesta para las IG de los vinos debe aplicarse igualmente a los productos agrícolas y alimenticios a fin de garantizar un grado razonable de coherencia entre los regímenes y hacer llegar los mencionados beneficios a los productores de IG también en este sector. El sistema de indicaciones geográficas de vinos aromatizados, en el que se integran tan solo 5 de las 3 350 IG, no puede funcionar debidamente y ha de incorporarse a otro régimen; el de productos agrícolas y alimenticios es adecuado puesto que ya incluye otras bebidas alcohólicas. Por otra parte, el Reglamento contempla disposiciones que se limitan a traducir a la legislación interior los compromisos aceptados por la UE y sus Estados miembros en el contexto de las recientes decisiones ministeriales de la Organización Mundial del Comercio, en particular sobre subvenciones a la exportación y, más en general, medidas de competencia de las exportaciones. Por último, se propone suprimir una serie de disposiciones obsoletas, entre ellas el sistema de regulación de la producción y requisitos aplicables al sector del azúcar, que expiró al final de la campaña de comercialización de 2016/2017. 2018/0217 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 43, apartado 2, Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, Visto el dictamen del Comité de las Regiones, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada El futuro de los alimentos y de la agricultura, de 29 de noviembre de 2017, llega a la conclusión de que la política agrícola común (en lo sucesivo, «la PAC») debe redoblar sus esfuerzos ante los futuros retos y oportunidades fomentando el empleo, el crecimiento y la inversión, luchando contra el cambio climático y adaptándose a él, y trasladando la investigación y la innovación de los laboratorios a los campos y los mercados. La PAC también debe responder a las preocupaciones de los ciudadanos en relación con la producción agrícola sostenible. (2)[Resoluciones pertinentes del Consejo y del PE] (3)Es conveniente modificar el modelo de aplicación de la PAC, hasta ahora basado en el cumplimiento, para hacer mayor hincapié en los resultados y el rendimiento. En consecuencia, la Unión ha de fijar los objetivos políticos esenciales, los tipos de intervención y los requisitos básicos de la Unión, mientras que los Estados miembros deben asumir mayores obligaciones y responsabilidades con miras al logro de esos objetivos. Es necesario por tanto garantizar una mayor subsidiariedad para tener mejor en cuenta las condiciones y las necesidades locales. En consecuencia, en el marco del nuevo modelo de aplicación, corresponde a los Estados miembros adaptar sus intervenciones de la PAC a los requisitos básicos de la Unión para potenciar al máximo su contribución a los objetivos de la PAC de la Unión y diseñar el marco de cumplimiento y control para los beneficiarios. (4)La PAC comprende diversas intervenciones y medidas, muchas de las cuales son intervenciones cubiertas por los planes estratégicos de la PAC a que se refiere el título III del Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC]. Otras siguen todavía la lógica de cumplimiento tradicional. Es importante aportar financiación para todas las intervenciones y medidas al objeto de contribuir al logro de los objetivos de la PAC. Tales intervenciones y medidas poseen algunos elementos en común, por lo que su financiación ha de regularse en el mismo conjunto de disposiciones. No obstante, en caso necesario, estas disposiciones han de permitir un tratamiento diferente. El Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo regulaba dos Fondos agrícolas europeos; a saber: el Fondo Europeo Agrícola de Garantía («FEAGA»), y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural («Feader») (en lo sucesivo, «los Fondos»). Dichos Fondos deben mantenerse en el presente Reglamento. Habida cuenta del alcance de la reforma, procede sustituir el Reglamento (CE) nº 1306/2013. (5)Las disposiciones del Reglamento (UE, Euratom) …/… del Parlamento Europeo y del Consejo [nuevo Reglamento Financiero], en particular las relativas a la gestión compartida con los Estados miembros, la función de los organismos autorizados y los principios presupuestarios, deben aplicarse a las intervenciones y medidas establecidas en el presente Reglamento. (6)A fin de armonizar las prácticas de los Estados miembros a la hora de aplicar la cláusula de fuerza mayor, el presente Reglamento debe establecer, cuando proceda, exenciones respecto de las normas de la PAC en casos de fuerza mayor y en circunstancias excepcionales, así como una lista no exhaustiva de los posibles casos de fuerza mayor y circunstancias excepcionales que han de reconocer las autoridades nacionales competentes. Estas últimas deben tomar decisiones caso por caso en materia de fuerza mayor o circunstancias excepcionales sobre la base de las pruebas pertinentes. (7)El presupuesto general de la Unión (el presupuesto de la Unión) debe financiar los gastos de la PAC, incluidos los correspondientes a las intervenciones del plan estratégico de la PAC con arreglo al título III del Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC], bien directamente a través de los Fondos, bien en el contexto de la gestión compartida con los Estados miembros. Procede especificar los tipos de gastos que pueden financiarse con cargo a los Fondos. (8)A fin de alcanzar los objetivos de la PAC previstos en el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («el Tratado») y de cumplir el principio de gestión compartida establecido en el artículo 59 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012, los Estados miembros deben velar por que existan los sistemas de gobernanza necesarios. Procede por tanto establecer disposiciones que regulen la designación de la autoridad competente, del organismo pagador, del organismo de coordinación y del organismo de certificación. (9)Es necesario adoptar disposiciones relativas a la autorización de los organismos pagadores y los organismos de coordinación por parte de los Estados miembros, al establecimiento de procedimientos para obtener las declaraciones de fiabilidad y los informes anuales de rendimiento, así como para obtener la certificación de los sistemas de gestión y control, de los sistemas de notificación y la certificación de las cuentas anuales por organismos independientes. Por otra parte, para garantizar la transparencia del sistema de controles que se han de realizar a escala nacional, en particular en lo que respecta a los procedimientos de autorización, validación y pago, y reducir la carga administrativa y de auditoría de la Comisión y de los Estados miembros en caso de que se exija la autorización de cada organismo pagador, debe limitarse el número de autoridades y organismos en los que se vayan a delegar estas responsabilidades, sin menoscabo de las disposiciones constitucionales de cada Estado miembro. (10)El Estado miembro que autorice a más de un organismo pagador debe designar un único organismo público de coordinación a fin de garantizar la coherencia en la gestión de los Fondos, establecer el enlace entre la Comisión y los distintos organismos pagadores autorizados, y garantizar que se comunique sin tardanza la información solicitada por la Comisión sobre las actividades de dichos organismos pagadores. Asimismo, el organismo de coordinación debe adoptar y coordinar medidas para subsanar las deficiencias de carácter común detectadas a escala nacional y mantener informada a la Comisión del curso dado a las mismas. (11)La participación de los organismos pagadores autorizados por los Estados miembros es un requisito esencial en el marco del nuevo modelo de aplicación para tener garantías razonables de que las intervenciones financiadas por el presupuesto de la Unión alcanzarán los objetivos y las metas establecidos en los planes estratégicos de la PAC correspondientes. Por lo tanto, el presente Reglamento debe establecer explícitamente que solo los gastos efectuados por los organismos pagadores autorizados pueden ser reembolsados con cargo al presupuesto de la Unión. Además, los gastos financiados por la Unión con respecto a las intervenciones contempladas en el Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC deben presentar las realizaciones correspondientes y cumplir los requisitos básicos y los sistemas de gobernanza de la Unión. (12)En el contexto del respeto de la disciplina presupuestaria, es necesario definir el límite máximo anual de los gastos financiados por el FEAGA, teniendo en cuenta los importes máximos fijados para ese Fondo en el marco financiero plurianual establecido en el Reglamento (UE, Euratom) [COM(2018)322 final – Reglamento MFP]. (13)La disciplina presupuestaria también requiere que el límite máximo anual de los gastos financiados por el FEAGA se respete en todas las circunstancias y en cada una de las etapas del procedimiento presupuestario y de ejecución del presupuesto. En consecuencia, es necesario que el límite máximo nacional de los pagos directos de cada uno de los Estados miembros establecido en el Reglamento (UE) …/… [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC] se considere el límite máximo financiero de esos pagos para el Estado miembro de que se trate y que los reembolsos de dichos pagos no sobrepasen ese límite máximo. (14)Con objeto de garantizar que los importes destinados a la financiación de la PAC respetan los límites máximos anuales, es oportuno mantener el mecanismo de la disciplina financiera mediante el que se ajusta el nivel de las ayudas directas. En cambio, debe suprimirse el umbral de 2 000 EUR. Debe mantenerse una reserva agrícola para prestar apoyo al sector agrícola cuando la evolución del mercado o una crisis grave afecten a la producción o distribución agrícolas. El artículo 12, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE, Euratom) [Nuevo Reglamento Financiero] dispone que los créditos no comprometidos pueden ser prorrogados únicamente al ejercicio siguiente. A fin de simplificar considerablemente la aplicación para los beneficiarios y las administraciones nacionales, es conveniente recurrir a un mecanismo de reconducción que permita emplear los importes no utilizados de la reserva de crisis del sector agrícola que se creará en 2020. A tal fin es necesario establecer una excepción a los dispuesto en el artículo 12, apartado 2, letra d), de modo que los créditos no comprometidos de la reserva agrícola se prorroguen sin limitación temporal alguna para financiar la reserva agrícola en el ejercicio o los ejercicios siguientes. Por otra parte, en lo que se refiere al ejercicio de 2020, no es precisa una segunda excepción por cuanto el importe total no utilizado de la reserva disponible al final del ejercicio de 2020 debe prorrogarse al ejercicio de 2021 en la línea correspondiente de la nueva reserva agrícola sin devolverse a las líneas presupuestarias que cubren las intervenciones en forma de pagos directos en el marco del plan estratégico de la PAC.

(15)A fin de evitar una carga administrativa excesiva para las administraciones nacionales y los agricultores, conviene prever que el reembolso de los importes prorrogados del ejercicio anterior en relación con la aplicación de la disciplina financiera no se efectúe cuando la disciplina financiera se aplique por segundo año consecutivo (ejercicio N+1) o cuando el importe total de los créditos no comprometidos represente menos del 0,2 % del límite máximo anual del FEAGA. (16)Teniendo en cuenta los niveles de los pagos directos a los agricultores de Croacia en el marco de la aplicación del mecanismo de introducción progresiva a todos los pagos directos concedidos en ese Estado miembro, el instrumento de la disciplina financiera solo debe aplicarse en Croacia a partir del 1 de enero de 2022. (17)Las medidas adoptadas para determinar la contribución financiera de los Fondos con respecto al cálculo de los límites máximos financieros no afectan a las competencias de la Autoridad Presupuestaria designada por el Tratado. Por consiguiente, estas medidas deben basarse en las dotaciones financieras fijadas con arreglo al Acuerdo Interinstitucional de [...] [COM(2018) 322 final- Reglamento MFP]. (18)La disciplina presupuestaria exige también un examen continuo de la situación presupuestaria a medio plazo. En su caso, la Comisión debe proponer al legislador las medidas adecuadas para garantizar que los Estados miembros respeten los límites máximos previstos en el Reglamento (UE, Euratom) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo [COM(2018) 322 final, Reglamento del MFP]. Además, con el fin de garantizar el respeto del límite máximo anual, procede que la Comisión pueda hacer pleno uso en cualquier momento de sus competencias de gestión y, en caso necesario, proponer al Parlamento Europeo y al Consejo o al Consejo medidas adecuadas para rectificar la situación presupuestaria. Si, al final de un ejercicio presupuestario, no puede respetarse el límite máximo anual como consecuencia de los reembolsos solicitados por los Estados miembros, la Comisión ha de estar facultada para adoptar medidas que permitan la distribución provisional del presupuesto disponible entre los Estados miembros en proporción a sus solicitudes de reembolso aún no pagadas, así como medidas que garanticen el cumplimiento del límite máximo fijado para el ejercicio de que se trate. Los pagos para ese ejercicio deben imputarse al siguiente ejercicio presupuestario y el importe total de la financiación de la Unión por Estado miembro debe fijarse definitivamente, así como una compensación entre Estados miembros para garantizar que se respeta el importe fijado. (19)En la ejecución del presupuesto, la Comisión debe poner en marcha un sistema mensual de alerta y seguimiento de los gastos agrícolas, de forma que, en caso de riesgo de rebasamiento del límite máximo anual, pueda, a la mayor brevedad posible, adoptar las medidas adecuadas en el marco de sus competencias de gestión y proponer otras medidas si estas resultan insuficientes. Es conveniente que la Comisión presente al Parlamento Europeo y al Consejo un informe periódico en el que se compare la evolución de los gastos efectuados hasta la fecha en relación con las estimaciones y se haga una evaluación de la ejecución previsible para el resto del ejercicio presupuestario. (20)Con respecto al FEAGA, los recursos financieros necesarios para sufragar los gastos efectuados por los organismos pagadores autorizados han de ser suministrados por la Comisión a los Estados miembros en forma de reembolsos basados en la contabilización de los gastos efectuados por dichos organismos. También es necesario prever que, hasta que se hagan efectivos dichos reembolsos en forma de pagos mensuales, los Estados miembros deben movilizar los recursos financieros necesarios en función de las necesidades de sus organismos pagadores autorizados. El presente Reglamento debe establecer explícitamente que los costes administrativos y de personal de los Estados miembros y los beneficiarios participantes en la ejecución de la PAC deben correr a su cargo. (21)Con el fin de que la Comisión disponga, en particular, de medios para gestionar los mercados agrícolas, facilitar el seguimiento de los gastos agrícolas y supervisar los recursos agrícolas a medio y largo plazo, conviene prever la utilización del sistema agrometeorológico y la adquisición y mejora de datos obtenidos por satélite. (22)Por lo que se refiere a la gestión financiera del Feader, deben adoptarse disposiciones con respecto a los compromisos presupuestarios, los plazos de pago, la liberación de créditos y las interrupciones. Las intervenciones en el ámbito del desarrollo rural se financian con cargo al presupuesto de la Unión sobre la base de compromisos por tramos anuales. Los Estados miembros deben poder disponer de los Fondos de la Unión previstos en cuanto se aprueben los planes estratégicos de la PAC. Por lo tanto, es necesario un sistema de prefinanciación convenientemente limitado que garantice un flujo regular de fondos, de forma que los pagos a los beneficiarios en el marco de las intervenciones se realicen en el momento oportuno. (23)Además del sistema de prefinanciación, es necesario establecer una distinción entre los pagos intermedios y el pago del saldo por parte de la Comisión a los organismos pagadores autorizados. También es preciso establecer normas detalladas que regulen esos pagos. La norma de la liberación automática de los compromisos debe agilizar la ejecución de las intervenciones y contribuir a la buena gestión financiera. Las normas por las que se rigen los marcos nacionales de los Estados miembros que cuentan con intervenciones regionales, establecidas en el Reglamento (UE) …/... del Parlamento Europeo y del Consejo [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC], también ponen a disposición de los Estados miembros un instrumento para garantizar la ejecución y la buena gestión financiera. (24)Los Estados miembros deben velar por que la ayuda de la Unión se abone con suficiente antelación a los beneficiarios y estos puedan utilizarla de manera eficaz. El incumplimiento por parte de los Estados miembros de los plazos de pago establecidos en el Derecho de la Unión puede plantear graves problemas a los beneficiarios y comprometer la periodicidad anual del presupuesto de la Unión. Por consiguiente, los gastos efectuados fuera de los plazos de pago deben excluirse de la financiación de la Unión. De conformidad con el principio de proporcionalidad, la Comisión debe estar facultada para establecer excepciones a esta norma general en relación con los dos Fondos. (25)De acuerdo con la estructura y las características esenciales del nuevo modelo de aplicación de la PAC, la subvencionabilidad de los pagos efectuados por los Estados miembros para la financiación de la Unión ya no ha de depender de la legalidad y regularidad de los pagos a los beneficiarios individuales. En lugar de ello, en el caso de los tipos de intervenciones contemplados en el Reglamento (UE)…/… [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC], los pagos de los Estados miembros deben ser subvencionables si van acompañados del nivel de realización correspondiente y cumplen los requisitos básicos de la Unión. (26)El Reglamento (UE) n.º 1306/2013 preveía reducciones y suspensiones de los pagos mensuales o intermedios a fin de apoyar el control de la legalidad y la regularidad. En el marco del nuevo modelo de aplicación, estos instrumentos han de utilizarse para respaldar la aplicación basada en el rendimiento. Asimismo, es conveniente aclarar la diferencia entre reducciones y suspensiones. (27)El procedimiento para reducir los pagos del FEAGA por incumplimiento de los límites máximos financieros establecidos por el Derecho de la Unión debe racionalizarse y adecuarse al aplicado a los pagos del Feader en este contexto. (28)Los Estados miembros deben presentar a la Comisión las cuentas anuales y un informe anual sobre el rendimiento acerca de la aplicación del plan estratégico de la PAC a más tardar el 15 de febrero de N + 1. En caso de que esos documentos no se envíen y ello impida a la Comisión liquidar las cuentas del organismo pagador de que se trate o controlar la subvencionabilidad del gasto con respecto a las realizaciones notificadas, la Comisión debe estar facultada para suspender los pagos mensuales e interrumpir el reembolso trimestral hasta que se reciban los documentos pendientes. (29)Es oportuno introducir un nuevo tipo de suspensión de los pagos en relación con situaciones en que las realizaciones sean anormalmente bajas. Cuando las realizaciones notificadas se sitúen en un nivel anormalmente bajo en comparación con los gastos declarados y los Estados miembros no puedan hacer valer razones fundadas y comprensibles para explicar esta situación, la Comisión debe estar facultada no solo para reducir los gastos correspondientes al ejercicio de N-1, sino también para suspender los futuros gastos relacionados con la intervención cuyas realizaciones hayan sido anormalmente bajas. Tales suspensiones han de ser confirmadas en la decisión de liquidación anual del rendimiento. (30)Por lo que respecta al seguimiento plurianual del rendimiento, la Comisión también debe estar facultada para suspender los pagos. Por consiguiente, en caso de demora o avances insuficientes para alcanzar los objetivos establecidos en el plan estratégico nacional de la PAC, la Comisión debe estar facultada para solicitar al Estado miembro afectado que adopte las medidas correctoras necesarias con arreglo a un plan de acción que se elaborará en consulta con la Comisión y contendrá indicadores claros para medir los progresos realizados, por medio de un acto de ejecución. Si el Estado miembro no presenta o no aplica el plan de acción o si este es manifiestamente insuficiente para corregir la situación, la Comisión debe estar facultada para suspender los pagos mensuales o intermedios por medio de un acto de ejecución. (31)Al igual que en el marco del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, la Comisión debe estar facultada para suspender los pagos cuando existan deficiencias graves en los sistemas de gobernanza, en particular cuando no se cumplan los requisitos básicos de la Unión o la información no sea fidedigna. Con todo, es preciso revisar los requisitos aplicables para la suspensión de los pagos a fin de aumentar la eficiencia del mecanismo. Las consecuencias financieras de tales suspensiones deben decidirse de acuerdo con un procedimiento específico de conformidad. (32)Las autoridades nacionales competentes han de abonar íntegramente a los beneficiarios los pagos de la PAC previstos por el Derecho de la Unión. (33)A fin de hacer posible la reutilización de determinados tipos de ingresos de la PAC a los fines de la propia PAC, dichos ingresos deben considerarse ingresos afectados. Es necesario modificar la lista de importes que figura en el artículo 43 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 y armonizar las disposiciones correspondientes, fusionándolas con las disposiciones vigentes relativas a los ingresos afectados. (34)El Reglamento (CE) n.º 1306/2013 contiene una lista de medidas de información relacionadas con la PAC y sus objetivos, y fija asimismo las normas sobre su financiación y la ejecución de los proyectos correspondientes. Deben mantenerse en el presente Reglamento las disposiciones específicas relativas a los objetivos y tipos de medidas de información que se han de financiar.

(35)La financiación de medidas e intervenciones en el marco de la PAC está supeditada en gran medida al principio de gestión compartida. Para garantizar que los Fondos de la Unión se gestionan adecuadamente, la Comisión debe llevar a cabo controles sobre la manera en que las autoridades de los Estados miembros encargadas de efectuar los pagos gestionan los Fondos. Es preciso determinar la naturaleza de los controles que debe efectuar la Comisión, precisar las condiciones en que esta ha de asumir sus responsabilidades de ejecución del presupuesto de la Unión y aclarar las obligaciones de cooperación de los Estados miembros. (36)Para que la Comisión pueda cumplir su obligación de verificar la existencia y el correcto funcionamiento en los Estados miembros de los sistemas de gestión e inspección de los gastos de la Unión, con independencia de las inspecciones realizadas por los propios Estados miembros, conviene prever la realización de controles por parte de personas autorizadas por la Comisión para actuar en su nombre, que deben poder solicitar ayuda a los Estados miembros en su trabajo. (37)Es necesario hacer el mayor uso posible de las tecnologías de la información para elaborar la información que debe transmitirse a la Comisión. Es importante que, al efectuar los controles, la Comisión tenga acceso total e inmediato a los datos sobre los gastos, tanto en papel como en soporte electrónico. (38)Al objeto de aplicar los requisitos del [nuevo] Reglamento Financiero en lo que se refiere a la confianza en las auditorías y para reducir el riesgo de solapamiento entre auditorías efectuadas por distintas instituciones, es necesario establecer normas relativas al enfoque de auditoría única y prever la posibilidad de que la Comisión obtenga garantías del trabajo de organismos de certificación fiables. (39)Para establecer la relación financiera entre los organismos pagadores autorizados y el presupuesto de la Unión, es conveniente que la Comisión efectúe anualmente la liquidación de cuentas de esos organismos en el marco de la liquidación financiera anual. La decisión relativa a la liquidación de cuentas debe limitarse a la integridad, exactitud y veracidad de las cuentas y no ha de abarcar la conformidad de los gastos con el Derecho de la Unión. (40)De conformidad con el nuevo modelo de aplicación, procede establecer una liquidación anual del rendimiento para controlar la subvencionabilidad de los gastos en relación con las realizaciones notificadas. A fin de hacer frente a situaciones en que el gasto declarado no se corresponda con las realizaciones notificadas y los Estados miembros no puedan justificar tal desviación, conviene establecer un mecanismo de reducción de los pagos. (41)La Comisión es responsable de la ejecución del presupuesto de la Unión en cooperación con los Estados miembros, de conformidad con el artículo 317 del Tratado. Por consiguiente, conviene facultar a la Comisión para decidir, mediante actos de ejecución, si los gastos efectuados por los Estados miembros se ajustan al Derecho de la Unión. A los Estados miembros les debe asistir el derecho a justificar sus decisiones de pago y recurrir a la conciliación en caso de desacuerdo con la Comisión. A fin de proporcionar a los Estados miembros garantías jurídicas y financieras sobre los gastos efectuados en el pasado, debe fijarse un plazo de prescripción para que la Comisión decida cuáles serán las consecuencias financieras del incumplimiento. (42)Para proteger los intereses financieros del presupuesto de la Unión, los Estados miembros deben implantar sistemas para cerciorarse de que las intervenciones financiadas por los Fondos se llevan efectivamente a cabo y se ejecutan correctamente, al tiempo que se mantiene el sólido marco de buena gestión financiera vigente. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2988/95 del Consejo, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, los intereses financieros de la Unión deben estar protegidos mediante medidas proporcionadas, como son la prevención, la detección, la corrección y la investigación de irregularidades, incluidos los fraudes, la recuperación de los Fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas. Además, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede realizar investigaciones administrativas, incluidos controles sobre el terreno e inspecciones, con vistas a establecer si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar y perseguir el fraude y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión con arreglo a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo. De conformidad con el Reglamento Financiero, cualquier persona o entidad que reciba Fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de la Unión, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), y asegurarse de que las terceras partes que intervienen en la ejecución de los Fondos de la Unión concedan derechos equivalentes. Los Estados miembros deben disponer de sistemas que les permitan informar a la Comisión, de manera que la OLAF pueda ejercer sus competencias y garantizar un análisis eficiente de los casos de irregularidad, sobre las irregularidades detectadas y otros casos de incumplimiento de las condiciones establecidas por los Estados miembros en el plan estratégico de la PAC, incluido el fraude y su seguimiento, así como sobre el seguimiento de las investigaciones de la OLAF. Los Estados miembros deben establecer las disposiciones necesarias para asegurar el examen eficaz de las reclamaciones relativas a los Fondos. (43) Las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea son aplicables al presente Reglamento. Dichas normas se establecen en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento para la elaboración y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos públicos, premios y ejecución indirecta, al tiempo que prevén el control de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también prevén la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas en relación con el Estado de Derecho en los Estados miembros por cuanto el respeto del Estado de Derecho es una condición previa esencial para la buena gestión financiera y la eficacia de la financiación de la UE. (44)Es adecuado garantizar que la denegación o la recuperación de los pagos que resultan del incumplimiento de las normas de contratación pública reflejen la gravedad de dicho incumplimiento y respeten el principio de proporcionalidad, como se pone de manifiesto, por ejemplo, en las directrices pertinentes establecidas por la Comisión para calcular las correcciones financieras que hay que aplicar al gasto financiado por la Unión en régimen de gestión compartida en caso de incumplimiento de dichas normas. Asimismo, conviene aclarar que tales incumplimientos afectan a la legalidad y regularidad de las operaciones solo hasta el nivel de la parte de la ayuda que no debe pagarse o retirarse. (45)Diversas disposiciones de la normativa agrícola sectorial exigen la constitución de una garantía para avalar el pago de un importe adeudado si no se cumple una obligación. Procede aplicar una norma horizontal única a todas estas disposiciones con el fin de reforzar el ámbito de las garantías. (46)Los Estados miembros deben establecer y poner en marcha un sistema integrado de gestión y control («el sistema integrado») para determinadas intervenciones previstas en el Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC] y para las medidas contempladas en el capítulo IV del Reglamento (UE) n.º 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y en el capítulo IV del Reglamento (UE) n.º 229/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, respectivamente. Para mejorar la eficacia y el seguimiento de la ayuda de la Unión, debe autorizarse a los Estados miembros a hacer uso del sistema integrado en otras intervenciones de la Unión. (47)Procede mantener los principales elementos existentes del sistema integrado, y en particular las disposiciones relativas a un sistema de identificación de parcelas agrícolas, un sistema de solicitudes geoespaciales y un sistema de solicitudes basado en los animales, un sistema de identificación y registro de derechos de pago, un sistema de registro de la identidad de los beneficiarios y un sistema de control y sanciones. Los Estados miembros han de seguir utilizando los datos o productos de información proporcionados por el programa Copernicus, además de tecnologías de la información tales como Galileo y EGNOS, a fin de garantizar que se disponga de datos exhaustivos y comparables en toda la Unión para efectuar el seguimiento de la política agroambiental y climática e impulsar la utilización de datos e información completos, gratuitos y abiertos recopilados por los satélites y servicios Sentinels de Copernicus. A tal fin, el sistema integrado debe incluir también un sistema de seguimiento de superficies. (48)El sistema integrado, que forma parte de los sistemas de gobernanza que deben estar en vigor a fin de aplicar la PAC, debe garantizar que los datos agregados presentados en el informe anual sobre el rendimiento sean fidedignos y comprobables. Habida cuenta de la importancia de un sistema integrado que funcione correctamente, es necesario establecer requisitos de calidad. Los Estados miembros deben llevar a cabo una valoración anual de la calidad del sistema de identificación de parcelas agrícolas, del sistema de solicitudes geoespaciales y del sistema de seguimiento de superficies. Además, los Estados miembros deben subsanar cualquier posible deficiencia y, si así lo solicita la Comisión, establecer un plan de acción. (49)La Comunicación de la Comisión titulada El futuro de los alimentos y de la agricultura fijaba como orientaciones estratégicas de la futura PAC una mayor atención al medio ambiente y la acción por el clima y la contribución al logro los objetivos climáticos y medioambientales de la Unión. Así pues, la puesta en común de los datos del sistema de identificación de parcelas y de otros datos del sistema integrado de gestión y control se ha convertido en una necesidad para fines medioambientales y climáticos a escala nacional y de la Unión. Deben por tanto establecerse disposiciones que regulen el intercambio, entre las autoridades públicas de los Estados miembros y con las instituciones y órganos de la Unión, de los datos recopilados mediante el sistema integrado que sean pertinentes para la protección del medio ambiente y el clima. A fin de aumentar la eficacia a la hora de utilizar los datos a disposición de las distintas autoridades públicas para la producción de estadísticas europeas, también debe preverse que los datos del sistema integrado se pongan a disposición de los organismos que forman parte del Sistema Estadístico Europeo para fines estadísticos. (50)El control de los documentos comerciales de las empresas que reciben o efectúan pagos puede constituir un medio muy eficaz de vigilancia de las operaciones comprendidas en el sistema de financiación del FEAGA. Dicho control completa los demás controles ya efectuados por los Estados miembros. Por otra parte, las disposiciones nacionales en materia de control puede ser más amplias que las previstas por el Derecho de la Unión. (51)Los documentos en que debe basarse ese control deben seleccionarse de forma que sea posible llevar a cabo un control completo. La elección de las empresas que vayan a ser objeto de control debe efectuarse teniendo en cuenta las características de las operaciones que tengan lugar bajo su responsabilidad, y la distribución por sectores de las empresas que reciben o efectúan pagos debe realizarse en función de su importancia financiera dentro del sistema de financiación del FEAGA. (52)Deben definirse las competencias de los agentes encargados de los controles, así como la obligación de las empresas de mantener a disposición de los mismos durante un período determinado los documentos comerciales, y de facilitarles los datos que soliciten. Asimismo, debe permitirse el embargo de documentos comerciales en determinados casos. (53)Habida cuenta de la estructura internacional del comercio agrícola y en aras del buen funcionamiento del mercado interior, es necesario organizar la cooperación entre los Estados miembros. También es necesario crear un sistema de documentación centralizado a escala de la Unión en relación con las empresas establecidas en terceros países que reciben y efectúan pagos. (54)Corresponde a los Estados miembros adoptar sus respectivos programas de control, pero dichos programas deben ser comunicados a la Comisión para que esta pueda desempeñar su función de supervisión y coordinación, garantizando que tales programas se fundamentan en criterios apropiados y velando por que el control se concentre en los sectores o empresas donde existe mayor riesgo de fraude. Es esencial que cada uno de los Estados miembros designe un servicio encargado de supervisar el control de los documentos comerciales y coordinar dicho control. Los servicios designados deben ser independientes de los servicios que llevan a cabo el control previo a los pagos. La información obtenida durante dicho control debe estar amparada por la confidencialidad a fin de proteger el secreto comercial.

(55)La condicionalidad es un elemento importante de la PAC, en particular en lo que respecta a sus aspectos relacionados con el medio ambiente y el clima, aunque también en materia de sanidad y cuestiones relacionadas con los animales. Por consiguiente, deben llevarse a cabo controles y, en caso necesario, aplicarse sanciones para garantizar la eficacia del sistema de condicionalidad. Para asegurar la igualdad de condiciones entre beneficiarios de distintos Estados miembros, deben adoptarse a escala de la Unión determinadas normas generales sobre los controles y sanciones en el ámbito de la condicionalidad. (56)Con el fin de garantizar que los Estados miembros aplican la condicionalidad de forma armonizada, es necesario prever un porcentaje mínimo de control a escala de la Unión, al tiempo que la organización de los organismos de control competentes y de los controles debe dejarse a discreción de los Estados miembros. (57)Los Estados miembros han de poder establecer los pormenores de las sanciones, si bien estas deben ser proporcionadas, efectivas y disuasorias y han de aplicarse sin perjuicio de otras sanciones establecidas en virtud de la legislación nacional o de la Unión. En aras de un enfoque eficaz y coherente por parte de los Estados miembros, es necesario prever un porcentaje mínimo de sanción a escala de la Unión para los casos de incumplimiento que se produzcan por primera vez debido a una negligencia, mientras que la reiteración ha de penalizarse con un porcentaje más elevado y la intencionalidad puede conllevar la exclusión total del pago. A fin de garantizar la proporcionalidad de las sanciones, cuando el incumplimiento sea de carácter menor y se produzca por primera vez, debe permitirse a los Estados miembros introducir un sistema de alerta rápida. (58)Al objeto de garantizar la igualdad de condiciones entre los Estados miembros y la eficacia y el efecto disuasorio del sistema de sanciones en el ámbito de la condicionalidad, deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados relativos a la aplicación y el cálculo de dichas sanciones. (59)Para garantizar una cooperación armoniosa entre la Comisión y los Estados miembros en la financiación de los gastos de la PAC y, más concretamente, para permitir a la Comisión contrastar la gestión financiera de los Estados miembros y liquidar las cuentas de los organismos pagadores autorizados, es necesario que los Estados miembros conserven datos específicos y los notifiquen a la Comisión. (60)Al objeto de compilar los datos que deben enviarse a la Comisión y permitir que esta tenga acceso pleno e inmediato a los datos relacionados con los gastos, tanto en papel como en formato electrónico, es necesario fijar normas adecuadas sobre la presentación y transmisión de los mismos, incluidas normas sobre plazos. (61)Dado que los datos personales o los secretos comerciales pueden verse afectados por la aplicación de los sistemas de control nacionales y la liquidación de conformidad, los Estados miembros y la Comisión deben velar por la confidencialidad de la información recibida en ese contexto. (62)En aras de una buena gestión financiera del presupuesto de la Unión y de la imparcialidad de trato tanto en los Estados miembros como entre los beneficiarios, deben establecerse disposiciones sobre el uso del euro. (63)El tipo de cambio del euro en moneda nacional puede variar durante el período en el cual se realiza una operación. Por lo tanto, el tipo aplicable a los importes de que se trate debe determinarse teniendo en cuenta el hecho por el que se alcanza el objetivo económico de la operación. El tipo de cambio utilizado deberá ser, por ende, el del día en que se produzca el hecho. Es necesario precisar este hecho generador o suspender su aplicación, respetando al mismo tiempo determinados criterios, en particular la rapidez de la repercusión de los movimientos monetarios. Deben establecerse normas específicas que permitan afrontar situaciones monetarias excepcionales que puedan presentarse tanto en la Unión como en el mercado mundial y que exijan una reacción inmediata para garantizar el correcto funcionamiento de los mecanismos establecidos en virtud de la PAC. (64)Los Estados miembros que no han adoptado el euro deben tener la posibilidad de pagar en euros, y no en moneda nacional, los gastos derivados de la normativa de la PAC. Deben adoptarse disposiciones específicas a fin de garantizar que esta posibilidad no constituya una ventaja injustificada para quienes efectúan los pagos o los reciben. (65)El Derecho de la Unión sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos, y en particular los Reglamentos (CE) n.º 45/2001 y (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, debe ser aplicable a la recopilación de datos personales por parte de los Estados miembros y la Comisión con el fin de cumplir sus respectivas obligaciones de gestión, control, auditoría, seguimiento y evaluación impuestas por el presente Reglamento. (66)La publicación de los nombres de los beneficiarios de los Fondos sirve para reforzar el control público sobre la utilización de esos Fondos y es necesaria para garantizar un nivel adecuado de protección de los intereses financieros de la Unión. Ello se consigue en parte mediante el efecto preventivo y disuasorio de dicha publicación, en parte disuadiendo a los beneficiarios individuales de toda conducta irregular, y también en parte reforzando la responsabilidad personal de los agricultores en cuanto al uso de los fondos públicos recibidos. La publicación de la información pertinente está en consonancia con la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también con el planteamiento establecido en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012. (67)En este contexto, debe reconocerse en su justa medida el papel desempeñado por la sociedad civil, incluyendo a los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales, y su contribución al refuerzo del marco de control de las administraciones contra el fraude y contra cualquier otro uso indebido de los fondos públicos. (68)El Reglamento (UE).../... [RDC] establece normas para garantizar la transparencia en la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y en la comunicación de los programas amparados por los Fondos. En aras de la coherencia, debe preverse que dichas normas se apliquen también, en su caso, a los beneficiarios de las intervenciones del Feader y del FEAGA. (69)A fin de lograr el objetivo del control público de la utilización de los Fondos, es preciso poner en conocimiento del público un determinado nivel de información sobre los beneficiarios. Dicha información debe abarcar datos sobre la identidad del beneficiario, el importe concedido y el Fondo del que procede, la finalidad y la naturaleza del tipo de intervención o medida de que se trate. La publicación de esta información debe efectuarse de forma que interfiera lo menos posible en el derecho de los beneficiarios al respeto de su vida privada y a su derecho a la protección de sus datos personales, derechos ambos reconocidos por los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (70)Con la publicación de detalles sobre la medida o la intervención que faculta al agricultor a recibir ayuda y sobre la naturaleza y el objetivo de la misma, se facilita al público información concreta sobre la actividad subvencionada y el fin para el que se concedió la ayuda. Facilitar esta información al público tendría un efecto preventivo y disuasorio y contribuiría a proteger los intereses financieros de la Unión. (71)Publicar esos datos junto con la información general prevista en el presente Reglamento aumenta la transparencia sobre el uso de los Fondos de la Unión en el ámbito de la PAC, contribuyendo de este modo a la visibilidad y a la mejor comprensión de esa política. Ello permite a los ciudadanos participar más intensamente en el proceso de toma de decisiones y garantiza que la administración goce de mayor legitimidad y sea más eficaz y responsable ante los ciudadanos. También llama la atención de los ciudadanos sobre ejemplos concretos de la prestación de «servicios de interés general» a través de la agricultura y sustenta la legitimidad de las ayudas estatales al sector agrícola. (72)De ello se desprende por tanto que la publicación general de la información pertinente no rebasa los límites de lo necesario en una sociedad democrática, habida cuenta de la necesidad de proteger los intereses financieros de la Unión y del objetivo primordial del control público de la utilización de Fondos. (73)Para cumplir los requisitos de protección de datos, los beneficiarios de los Fondos deben ser informados de la publicación de sus datos antes de que se lleve a cabo. También deben ser informados de que estos datos podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación de la Unión y de los Estados miembros para salvaguardar los intereses financieros de la Unión. Asimismo, los beneficiarios deben ser informados de sus derechos en virtud del Reglamento (UE) 2016/679, así como de los procedimientos aplicables para el ejercicio de esos derechos. (74)A fin de completar o modificar determinados elementos no esenciales del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo han de recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos deben tener sistemáticamente acceso a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(75)Al objeto de completar algunos elementos no esenciales del presente Reglamento, es preciso delegar en la Comisión poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado. Esta delegación de poderes ha de ejercerse en lo que respecta a la autorización de los organismos pagadores y los organismos de coordinación, las obligaciones de los organismos pagadores en materia de intervención pública, las normas sobre el contenido de las responsabilidades en materia de gestión y control de los organismos pagadores, las normas para el cálculo de la disciplina financiera que deben aplicar los Estados miembros a los agricultores, los tipos de medidas que ha de financiar el presupuesto de la Unión en el régimen de intervención pública y las condiciones de reembolso, las condiciones de subvencionabilidad y los métodos de cálculo basados en los elementos efectivamente constatados por los organismos pagadores, en los importes a tanto alzado determinados por la Comisión o en los importes, sean a tanto alzado o no, previstos por la normativa agrícola sectorial, la valoración de las operaciones en relación con la intervención pública y las medidas que deben adoptarse en caso de pérdida o deterioro de los productos de intervención pública, y la determinación de los importes que deben financiarse. Dicha delegación debe abarcar también las excepciones