Dictamen sobre el Libro Verde sobre las garantías de los bienes de consumo y los servicios postventa (94/C 295/02)

El 22 de noviembre de 1993, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre el Libro Verde sobre las garantías de los bienes de consumo y los servicios postventa.

La Sección de medio ambiente, sanidad y consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 3 de mayo de 1994 (ponente : Sr. Proumens).

En su 316o pleno (sesión del 1 de junio de 1994), el Comité Económico y Social ha aprobado por unanimidad el siguiente dictamen.

1. Preámbulo

1.1. La armonización de las legislaciones en materia de garantías y servicios postventa en el marco del gran mercado de la Unión Europea constituye en principio una iniciativa deseable con vistas a facilitar el comercio en el interior de la Comunidad y hacer que los consumidores tengan menos reticencias a la hora de efectuar sus compras fuera del territorio del Estado miembro en que residan.

1.2. No deben ocultarse las dificultades con que va a tropezar esa armonización. Para darse cuenta de ello, basta con comparar las diferentes legislaciones nacionales en materia de garantías legales.

1.3. A este respecto, la Comisión ha procedido a hacer un resumen lo más completo posible en el que se ponen de manifiesto las numerosas divergencias existentes, ya sean de tipo legal o las relativas a la jurisprudencia; por otra parte, no obstante, el resumen tiene el mérito de subrayar la convergencia que existe especialmente entre los principios básicos.

1.4. En un primer momento, el examen de estos problemas se limitará a las compras de bienes de consumo duraderos, en estado nuevo.

1.5. Los ámbitos cubiertos que son objeto de análisis y sobre los que se dan una serie de pistas son :

- la garantía legal,

- las garantías comerciales,

- los servicios postventa.

2. Observaciones preliminares

2.1. En primer lugar el Comité se pregunta en qué medida las compras de los productos indicados no deberían separarse en dos tipos de análisis de compras transfronterizas.

2.2. Por una parte, han de tenerse en cuenta las compras efectuadas por las poblaciones próximas a las fronteras de los Estados miembros en el país del que son limítrofes y que, por lo que sabemos, pueden ser relativamente importantes.

2.3. Por otra parte, no parece que la Comisión posea una información precisa y cuantificada sobre las compras de esos bienes de consumo en lugares de compra alejados del Estado miembro del que sea originario el comprador.

2.4. Además, la Comisión ha llevado a cabo una encuesta que muestra que un 59 % de los compradores potenciales teme efectuar una compra en otro Estado miembro. Por una parte, ello justifica la actual iniciativa jurídica; por otra parte, no obstante, las distancias, que pueden ser importantes, seguirán constituyendo sin duda un freno para esta categoría de compradores. Evidentemente, lo mismo ocurre con todas las dificultades que puede provocar la disparidad lingüística de la UE. Ciertamente, las soluciones que pudieran encontrarse, gracias especialmente a los resultados del análisis ex-puesto en el Libro Verde, no podrían suprimir esos obstáculos.

2.5. No obstante, no debe perderse de vista el desarrollo que se observa en el sector de la venta a distancia, incluida la venta por correspondencia, y que preocupa al conjunto de los actores económicos efectados, y de modo especial a los consumidores.

3. La garantía legal

3.1. Antes de nada, la Comisión ha mostrado que la solución del Derecho internacional privado (DIP), si bien es posible, presenta numerosas desventajas tanto para los consumidores como para las empresas que se dedican a la fabricación, la importación y la distribución. El Comité llega a la conclusión de que esa solución no es deseable.

3.2. Debido a la disparidad de los textos y a las diferencias en la interpretación de la aplicación de las reglamentaciones en vigor, podría tenerse en cuenta esta armonización.

3.3. En efecto, una armonización de los textos legales o reglamentarios es técnicamente posible a nivel comunitario.

3.4. No obstante, esta armonización sólo puede establecerse en unas condiciones que conviene definir : ya sea una armonización mínima y/o una armonización total.

Sin embargo, ante los argumentos presentados a favor de una u otra solución, podría optarse por una situación intermedia, que sería una armonización progresiva.

3.5. En un primer momento, esta tercera vía permitiría definir, a partir de todas las disposiciones nacionales comunes, una base comunitaria, sin que por ello hubiera que desmantelar o minimizar las normas nacionales existentes.

3.6. La ulterior búsqueda de una aproximación de las disposiciones diferentes o divergentes podría tal vez ser objeto de debate entre los actores económicos afectados, y cada logro, una vez examinado, podría ser ratificado por la Comisión a fin de darle forma y fuerza legal, a través de una reglamentación.

3.7. Por otra parte, si bien en la aplicación de la garantía legal se da un carácter prioritario al criterio objetivo, es decir, al producto, debe subrayarse que, en el presente caso, la operación se limita a los bienes de consumo duraderos, en estado nuevo.

3.8. Así pues, sería importante que la Comisión definiera claramente no tanto los bienes de consumo en estado nuevo, que son nociones bien conocidas, sino lo que se entiende por « duradero ».

3.9. Por otra parte, en lo que respecta al « defecto », que debe acarrear las consecuencias de la aplicación de la garantía legal, la Comisión se inclina a favor del « defecto de conformidad con las legítimas expectativas del consumidor ». No obstante, aunque esta base sea aceptable para el consumidor puede causar problemas a los productores o a los distribuidores. Esta definición no parece permitir un análisis totalmente objetivo, lo que podría multiplicar o complicar los casos conflictivos y quebrantar la seguridad jurídica. Con todo, en este ámbito podría ser de gran utilidad recurrir a los certificados de calidad procedentes de organismos nacionales o internacionales (por ejemplo ISO/Afnor, etc.).

3.10. Quedan por definir mejor los diferentes responsables en la constatación de un defecto y evitar también los desplazamientos de uno a otro que no pueden ser más que perjudiciales tanto para los consumidores como para los demás actores económicos.

3.11. Se ha previsto que el consumidor pueda elegir el nivel que él hace responsable del defecto o de los daños, pero cabe preguntarse si esta solución no daría lugar a cascadas de responsabilidad, a la tentación de elegir, tal vez de manera equivocada, el nivel considerado como el más apto, desde el punto de vista financiero o económico, para satisfacer al demandante. No obstante, debe señalarse que, desde el punto de vista del consumidor, muy a menudo es el vendedor o el distribuidor el interpelado en primer lugar, mientras que, normalmente y en la mayoría de los casos, es el fabricante el último responsable.

3.12. Esta opción deliberada, si llegara a aceptarse, permitiría al comprador elegir libremente uno de los cuatro derechos citados por la Comisión : anulación, reembolso parcial, sustitución y reparación, toda vez que las diferentes soluciones no se encuentran al mismo nivel en el proceso de venta. Las condiciones de aplicación de estos remedios están lejos de ser responsabilidad de la misma persona.

3.13. En cualquier caso, si se tiene en cuenta el hecho de que muchos consumidores conocen mal o poco las garantías legales del Estado miembro en que residen, con más razón sería conveniente que puedan ser informados a nivel comunitario.

El Comité considera que « los centros de información al consumidor » creados en las regiones limítrofes (donde las operaciones transfronterizas son evidentemente más numerosas) podrían proporcionar de manera útil y sistemática toda la información necesaria.

4. Las garantías comerciales

4.1. Si la armonización de las garantías comerciales llegara a ser total y obligatoria, esas garantías, que se basan en la libertad de comercio, se convertirían en garantías legales.

4.2. Por otra parte, esta situación no impediría a los productores y distribuidores encontrar, aparte de todas estas garantías legales o legalizadas, otras garantías comerciales para satisfacer a su clientela.

4.3. No obstante, estos procedimientos, que resultan posibles especialmente a nivel de las empresas multinacionales, podrían poner a algunas PYME ante dificultades de ejecución que no podrían asumir en todos los casos.

4.4. Por otra parte, sin embargo, para responder a las preocupaciones expresadas por los consumidores podría tenerse en cuenta establecer una serie de directrices en este ámbito.

4.5. Dichas directrices podrían incluir, por ejemplo :

- la relación de las garantías comerciales con las garantías legales,

- el contenido y la duración de la garantía,

- los procedimientos que deberán seguirse para la ejecución de esas garantías.

4.6. Está claro que se trata de un esquema que debería poder articularse a partir de otros elementos como :

- las prácticas corrientes a nivel nacional,

- las prácticas propias a cada tipo de producto,

- las prácticas corrientes entre los diferentes eslabones de la cadena producción/distribución.

4.7. Por otra parte, todos estos parámetros deberían debatirse con los consumidores en el marco del Foro de consumo, fundamentalmente con los sectores afectados, lo que permitiría establecer códigos que puedan constituir la base de un código europeo del consumidor.

4.8. Esta iniciativa tendría la ventaja, frente a una Directiva comunitaria, de una mayor flexibilidad y una mejor adaptación a las situaciones existentes en los diferentes Estados miembros.

4.9. Es cierto que, si se desarrollara esta iniciativa, convendría definir los medios de supervisar la buena aplicación de estos códigos y establecer las medidas (o las sanciones) que deberían tomarse frente a las empresas que los contravinieran.

4.10. Es evidente que, en lo que respecta al establecimiento de dichos códigos, aun cuando resulte necesario el dictamen de los organismos de normalización en lo que se refiere a algunas cuestiones técnicas, para el conjunto de los códigos no sería conveniente recurrir únicamente a esos mismos organismos. En efecto, en este caso se trata de establecer relaciones contractuales entre los consumidores y los profesionales.

4.11. Si bien la creación de un « marchamo europeo » puede ser tentadora, debe subrayarse que dicho marchamo favorecería fundamentalmente a las grandes empresas, cuyos productos son idénticos en cada mercado nacional. Por otra parte, los requisitos para la concesión de ese « marchamo europeo » podrían crear sistemas burocráticos muy pesados tanto para las autoridades competentes de los Estados miembros como para los profesionales.

5. Los servicios postventa

5.1. En este ámbito el problema subyacente es fundamentalmente el de los recambios disponibles.

5.2. A este respecto debe señalarse que el Libro Verde no dice nada significativo.

5.3. En primer lugar debe insistirse en el hecho de que a las empresas les interesa que el suministro de los recambios, que para la Comisión sigue siendo una actividad comercial remunerada, se haga lo mejor posible, ya que dicho suministro es fuente de beneficios.

5.4. No parece oportuno reglamentar la disponibilidad de los recambios que están en función de las particularidades de cada tipo de producto. No obstante, a nivel de los códigos antes mencionados, debería preverse una cláusula al respecto, en función precisamente de los productos a los que refieran.

Hecho en Bruselas, el 1 de junio de 1994.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Susanne TIEMANN