En 2016, se añadieron 18 523 nuevos documentos al registro de documentos de la Comisión (véase el Anexo – Cuadro 1), que entraban en las categorías C, COM, JOIN, DO, PV, SEC o SWD. La Comisión no creó ni recibió en 2016 documentos sensibles que entraran en esas categorías.

6.1.El Tribunal de Justicia

El Tribunal de Justicia dictó tres sentencias en recursos de casación en los que la Comisión era parte en el procedimiento.

En el asunto Internationaler Hilfsfonds, referido al acceso al expediente relativo a un contrato de ayuda humanitaria, el Tribunal de Justicia confirmó el auto del Tribunal General desestimando el recurso interpuesto por el demandante contra la Comisión.

En su sentencia del asunto SeaHandling, el Tribunal de Justicia confirmó la existencia de una presunción general según la cual la divulgación del expediente administrativo de una investigación sobre ayuda estatal perjudicaría, en principio, la protección del objetivo de las actividades de investigación. Asimismo, dictaminó que un posible interés en obtener un documento a efectos de un procedimiento judicial no puede constituir un interés público general que justifique la divulgación. Además, explicó que, en caso de que se demore la respuesta, el demandante puede presentar una reclamación ante el Defensor del Pueblo o emprender acciones por daños y perjuicios para hacer valer su derecho de acceso y su derecho de defensa.

En su sentencia en el asunto Stichting Greenpeace Nederland, el Tribunal de Justicia estableció que la noción de «emisiones al medio ambiente» con arreglo al Reglamento 1367/2006 no se limita a emisiones efectivas, sino que también incluye las emisiones previsibles liberadas en el medio ambiente en condiciones normales o realistas de utilización de un producto o sustancia. El Tribunal también señaló que la información «[referente] a emisiones al medio ambiente» será «aquella que concierna o tenga relación con tales emisiones, y no a la información que presenta un vínculo, directo o indirecto, con las emisiones al medio ambiente».

6.2.El Tribunal General

El Tribunal General dictó doce sentencias relacionadas con el derecho de acceso a los documentos en las que la Comisión era parte en el proceso. En dos asuntos, el Tribunal General dictaminó que el recurso de anulación de la decisión de la Comisión era inadmisible. Uno de los asuntos no dio lugar a una sentencia.

En seis casos, el Tribunal General desestimó el recurso de anulación de la decisión confirmatoria de la Comisión sobre el acceso a los documentos interpuesto por el demandante, al confirmar la postura de la Comisión. En tres asuntos, el Tribunal General anuló parcialmente la decisión de la Comisión.

En materia de datos personales, el Tribunal General dictaminó que la Comisión no puede ocultar los datos personales del demandante, si queda claro que esta último está a favor de su divulgación. También aclaró que la institución no tiene que evaluar la ausencia de perjuicio para los intereses legítimos del interesado si el demandante no ofreció ninguna justificación explícita y legítima ni ningún argumento convincente para demostrar la necesidad de transferir esos datos personales.

En cuanto a los intereses comerciales, el Tribunal General recordó la presunción general de no divulgación de ofertas presentadas por licitadores en procedimientos de contratación pública, ya que su divulgación supondría un perjuicio para los intereses comerciales del adjudicatario y la libre competencia entre licitadores.

Respecto al objetivo de las investigaciones, el Tribunal General confirmó la presunción general de no accesibilidad a los documentos de investigación de la OLAF para las investigaciones en curso y, en alguno casos, cerradas. También declaró que la filtración no autorizada de información confidencial no justifica, por sí misma, la divulgación de estos documentos en virtud del Reglamento 1049/2001. El Tribunal General también declaró que, aunque el demandante esté en posesión de (partes de) los documentos solicitados, la Comisión no puede negarse a tramitar su solicitud en virtud del Reglamento 1049/2001.

Además, el Tribunal General volvió a confirmar la existencia de una presunción general de no divulgación de documentos que formen parte del expediente de un procedimiento de infracción durante la fase administrativa previa, ya que su divulgación, en principio, supondría un perjuicio para la protección del objetivo de las investigaciones.

En cuanto a los documentos que tengan un vínculo pertinente con un litigio judicial pendiente a nivel de la UE, o con procedimientos nacionales que puedan dar lugar a una sentencia prejudicial, el Tribunal General dictaminó que dichos documentos pueden protegerse contra su divulgación. La finalidad es garantizar que se cumplen los principios de igualdad de armas y buena administración de la justicia y, del mismo modo, la protección de los procedimientos judiciales.

Además, el Tribunal General confirmó que, a efectos de la aplicación de la excepción relativa a la protección del asesoramiento jurídico, resultan pertinentes el momento y la forma (formal o informal) en que se ofreció dicho asesoramiento. También reconoció que la protección del asesoramiento jurídico incluye la postura del Servicio Jurídico de la Comisión en su defensa de la posición de la Comisión ante el Tribunal de Justicia, en pie de igualdad con las demás partes. Por último, el Tribunal General declaró que el mero hecho de que el asesoramiento jurídico se prestara en el contexto de un proceso legislativo no es suficiente, por sí mismo, para establecer un interés público superior.

Respecto a la protección del proceso de toma de decisiones, el Tribunal General estableció que la Comisión puede presumir, sin proceder a un examen concreto e individual de los documentos elaborados en el marco de la preparación de una evaluación de impacto, que la divulgación de dichos documentos perjudica, en principio, gravemente a su proceso de toma de decisiones de elaboración de una propuesta política.

El Tribunal General también reconoció la importancia de que los empleados de la UE tuvieran la posibilidad de expresar sus opiniones de forma independiente. Confirmó que la divulgación de sus opiniones para uso interno, como parte de deliberaciones o consultas previas, podría comprometer gravemente el proceso de toma de decisiones de la Comisión, ya que disuadiría a los empleados de expresar su opinión de forma independiente y sin ser influidos indebidamente por la perspectiva de una amplia divulgación que dejaría expuesta a la institución de la que forman parte.

En otra sentencia, el Tribunal General aclaró que la existencia de la presión exterior a la que se vería expuesto el proceso de toma de decisiones debe demostrarse «con certeza» y que se han de aportar pruebas para «demostrar que existía un riesgo razonablemente previsible de que el proceso se viera sustancialmente afectado con motivo de dicha presión externa».

En 2016, el Tribunal General no dictó ninguna sentencia relacionada con el derecho de acceso a los documentos en recursos contra una resolución del Tribunal de la Función Pública en el que la Comisión fuera parte en el procedimiento.

6.3.Nuevos asuntos del Tribunal

En 2016, se plantearon diecinueve nuevos asuntos ante el Tribunal General contra decisiones de la Comisión en virtud del Reglamento 1049/2001. Además, cuatro nuevos recursos fueron interpuestos ante el Tribunal de Justicia contra resoluciones del Tribunal General en procedimientos en los que la Comisión era parte.