ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
2.Los consumidores se enfrentan a obstáculos para obtener una indemnización. Demostrar que un producto es defectuoso y que el defecto causó el daño puede ser muy difícil para las víctimas de daños en casos complejos, como ciertos casos relacionados con productos con inteligencia artificial, productos inteligentes o productos farmacéuticos. La Directiva no otorga a las víctimas el derecho a la información técnica que puedan necesitar para probar la responsabilidad, ni existe ninguna posibilidad explícita de aligerar la carga de la prueba cuando las víctimas se enfrentan a dificultades desproporcionadas. La Directiva también impone restricciones a la hora de presentar reclamaciones: no se permiten las reclamaciones por daños materiales inferiores a 500 EUR y la responsabilidad del productor finaliza a los diez años.

1.Algunos productos, operadores económicos y daños de la economía digital y circular escapan a la responsabilidad objetiva. La Directiva se concibió mucho antes de la revolución digital y no está claro cómo se aplican sus normas a los productos de la era digital, en particular los programas informáticos y los productos que necesitan programas o servicios digitales para funcionar, como los dispositivos inteligentes y los vehículos autónomos. Tampoco está claro quién debe ser responsable cuando un producto que ha sido modificado por un restaurador o remanufacturador es defectuoso y causa daños. Además, cada vez es más frecuente que los consumidores compren productos de países no pertenecientes a la UE sin que haya un productor o importador con sede en la UE. Esto significa que no hay nadie a quien reclamar una indemnización en virtud de la Directiva si un producto es defectuoso y causa daños.

La iniciativa persigue cinco objetivos específicos: i) garantizar que las normas de responsabilidad reflejen la naturaleza y los riesgos de los productos en la era digital; ii) garantizar que las normas de responsabilidad reflejen la naturaleza de los productos en la economía circular; iii) garantizar que siempre haya una persona responsable con sede en la UE por los productos defectuosos comprados a productores de fuera de la UE; iv) aligerar la carga de la prueba en el caso de productos complejos y esclarecer la responsabilidad por defectos no descubiertos, garantizando al mismo tiempo un equilibrio justo entre productos y consumidores; y v) suavizar las restricciones a la hora de presentar reclamaciones, garantizando al mismo tiempo un equilibrio justo entre productores y consumidores.

1)Seguir garantizando el funcionamiento del mercado interior, la libre circulación de mercancías y una competencia no falseada entre los operadores del mercado;

¿Cuáles son las distintas opciones posibles para alcanzar los objetivos? ¿Existe o no una opción preferida? En caso negativo, ¿por qué?
Los problemas detectados para la revisión de las Directrices de medio ambiente (las futuras directrices pasarán a denominarse «Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía») son los siguientes: i) las Directrices de medio ambiente no están adaptadas a las nuevas tecnologías o a los nuevos tipos de medidas de ayuda; ii) las Directrices de medioambiente no reflejan adecuadamente la evolución reciente de la política de la UE en materia de clima, medio ambiente y energía; iii) los falseamientos de la competencia y los problemas de eficiencia no se abordan suficientemente, habida cuenta de la magnitud del gasto nacional en este ámbito; iv) las normas de evaluación de la compatibilidad son a veces excesivamente complejas, difíciles de aplicar o faltas de coherencia; y v) la eficacia de las normas relativas a las exenciones de impuestos para los grandes consumidores de energía no está clara. Las partes interesadas más afectadas por la revisión de las Directrices de medioambiente son las autoridades que conceden ayudas en los Estados miembros y las empresas de toda la UE (como beneficiarios potenciales o reales). Las Directrices de medio ambiente se aplican a todos los sectores empresariales y en toda la UE. Las Directrices de medio ambiente se revisaron como parte del control de adecuación del paquete de modernización de las ayudas estatales de 2014 y se realizó una evaluación a posteriori.
A la vista de la evolución del mercado, la tecnología y los comportamientos desde la adopción de la Directiva, los consumidores que contratan préstamos sufren perjuicios que podrían evitarse. De acuerdo con las estimaciones, casi 46 millones de personas tienen problemas relacionados con disposiciones fundamentales de la Directiva. Por otra parte, las empresas hacen frente a cargas y costes derivados de obligaciones poco claras, lo que disminuye la competitividad del mercado interior del crédito al consumo de la UE, tal como refleja la Evaluación de la Directiva publicada en 2020 [documento SWD(2020) 254 final], creando dificultades a los consumidores para acceder al crédito al consumo transfronterizo y a las empresas para facilitarlo. Los problemas se ven exacerbados por el surgimiento de nuevos productos de riesgo y de nuevos actores que no están (claramente) regulados. Esta situación, unida a un conocimiento limitado por parte del consumidor, da lugar a prácticas que se aprovechan de la situación y los patrones de comportamiento del consumidor, a créditos concedidos sin una evaluación exhaustiva de la solvencia del consumidor respecto al crédito, y a consumidores que resultan víctimas fáciles del endeudamiento excesivo debido a circunstancias individuales o a perturbaciones económicas sistémicas. Si no se actúa, los principales factores subyacentes, como la digitalización, los cambios en el comportamiento del consumidor, la falta de claridad de determinadas disposiciones de la Directiva, la insuficiencia en las consideraciones de la equidad y la insuficiente armonización entre Estados miembros, que dan lugar a una competencia imperfecta, seguirían sin ser abordados adecuadamente. Por consiguiente, los problemas señalados seguirían afectando a las partes interesadas, probablemente incluso en mayor grado, a la vista de las tendencias del mercado arrastradas por el avance de la digitalización.

La mayor parte de los costes de la aplicación de la nueva Directiva recaerá en los proveedores de crédito y algunas medidas (p. ej. los límites máximos) resultarán más caras para los proveedores que ofrecen servicios no cubiertos por la Directiva. Se estima que el coste de las medidas cuantificadas para los bancos está entre 1 400 millones EUR y 1 500 millones EUR. Aunque no es posible determinar exactamente en qué medida, cabe prever que los costes se van a repercutir a los consumidores.
¿Por qué? ¿Cuál es el problema que se afronta? Máximo once líneas

Como los demás tipos de sustancias químicas, los nanomateriales se utilizan en diferentes productos, y están reglamentados fundamentalmente por el REACH y otros actos legislativos que, conjuntamente, deben dar información adecuada sobre su utilización segura. Sin embargo, no está claro cómo deben abordarse los nanomateriales y debe demostrarse su seguridad en los expedientes de registro del REACH. Los requisitos de información dependen del tonelaje total en que una sustancia (en todas sus formas) se introduce en el mercado. La información para demostrar la seguridad puede depender de la forma de una sustancia y, aunque la estructura del expediente lo permite y la ECHA lo fomenta, no hay ningún requisito expreso en el Reglamento REACH para identificar tales formas diferentes, realizar pruebas específicas para diferentes formas o para justificar por qué la información facilitada es válida para todas ellas. Partiendo de la evaluación de los expedientes de registro presentados hasta el 2010 para las sustancias que también tienen nanoformas, la Comisión señaló la necesidad de requisitos más específicos sobre cómo abordar las nanoformas en los expedientes de registro. De no hacerlo así, podría proseguir la insuficiente demostración de la utilización segura de las nanoformas, con los consiguientes mayores riesgos para la salud y el medio ambiente debido a una mala gestión del riesgo y a escasas medidas de seguridad. Además, las empresas que desean registrar nanoformas tendrán que hacer frente a incertidumbres, lo que conducirá a una aplicación ineficaz y a costes más elevados, que afectarán a la innovación, a las decisiones de inversión y a la competitividad.
Sobre la base de la evaluación de 2016 del VIS, con el fin de responder a los nuevos desafíos en materia de visados, fronteras y seguridad, y para establecer la interconectividad con los sistemas informáticos existentes y futuros, la evaluación de impacto abordó cuatro ámbitos problemáticos: ·Falta de documentos de viaje como prueba en los procedimientos de retorno: la legislación de la UE vigente no contempla esta posibilidad, lo que da lugar a unos procedimientos de retorno lentos y difíciles, que generan retrasos y costes para los Estados miembros. ·Falta de datos biométricos que permitan la identificación de los menores: en virtud de la legislación de la UE vigente no se toman las impresiones dactilares a los menores de doce años, por lo que los menores, especialmente vulnerables a la trata de seres humanos, son más difíciles de identificar. ·Información insuficiente sobre los visados de larga duración y los permisos de residencia: la falta de información crea problemas en la gestión de las fronteras exteriores y hace que el espacio Schengen sea más vulnerable a los riesgos para la seguridad. ·Controles insuficientes de los riesgos migratorios y de seguridad durante la tramitación de las solicitudes: control desigual entre los Estados miembros, no consultándose a este efecto los sistemas informáticos existentes (incluidos los que serán interoperables en el futuro).
¿Qué opciones legislativas y no legislativas se han estudiado? ¿Existe o no una opción preferida? ¿Por qué?

Se ha considerado una serie de opciones políticas para mejorar el uso de las herramientas y procesos digitales, para las fusiones, escisiones y conversiones transfronterizas y para la resolución de los litigios jurídicos. En cada uno de estos ámbitos, se han escogido las opciones preferidas. Las opciones preferidas para mejorar el uso de las herramientas y procesos digitales consistirían en introducir normas armonizadas en materia de registro electrónico de sociedades y sucursales y presentación de documentos societarios, así como en una mayor transparencia de la información societaria de los registros mercantiles. En el caso de las operaciones transfronterizas, las opciones preferidas para la información, la consulta y la participación de los trabajadores serían: i) introducir modificaciones específicas en las normas vigentes sobre las fusiones transfronterizas; ii) aplicar también estas normas a las escisiones y las conversiones transfronterizas, y iii) incluir disposiciones específicas para las escisiones y las conversiones transfronterizas como consecuencia de los mayores riesgos que perciben los trabajadores en dichas operaciones. Las opciones preferidas introducirían asimismo normas armonizadas de protección de los acreedores y los accionistas minoritarios en todas las operaciones transfronterizas. La opción preferida para las conversiones transfronterizas introduciría normas y procedimientos que obliguen a los Estados miembros a evaluar caso por caso si la conversión transfronteriza en cuestión constituye un artificio con el que se pretende obtener ventajas fiscales indebidas o perjudicar indebidamente los derechos de los empleados, de los accionistas minoritarios o de los acreedores. En cuanto al conflicto de leyes, la opción preferida armonizaría las disposiciones pertinentes, en particular el criterio de conexión basado en el lugar de constitución de la sociedad. En general, las opciones preferidas se complementan entre sí para contribuir a los objetivos políticos de la iniciativa. Esto significa que el impacto máximo se lograría si el paquete legislativo integrara los cinco ámbitos de actuación. No obstante, los ámbitos de actuación son autónomos y el paquete legislativo puede estar compuesto solo por algunos de ellos.
Los niveles elevados de préstamos dudosos perjudican a la estabilidad financiera, ya que lastran la rentabilidad y la viabilidad de las entidades afectadas e inciden, a través de una menor actividad crediticia de los bancos, en el crecimiento económico. Como consecuencia de ello, los préstamos dudosos repercuten negativamente tanto en el funcionamiento de la Unión Bancaria como en la creación de una Unión de los Mercados de Capitales. A fin de seguir intentando resolver el problema de los altos niveles de préstamos dudosos en Europa, el «Plan de acción para hacer frente a los préstamos dudosos en Europa» del Consejo Europeo insta a las diversas instituciones a adoptar las medidas adecuadas. En particular, con objeto de reducir el riesgo de que los préstamos dudosos vuelvan a plantear problemas en el futuro, uno de los principales frentes de actuación es permitir a los bancos recuperar con eficacia y rapidez el valor de la garantía real de los préstamos garantizados en caso de impago de los prestatarios. De hecho, cuando los procedimientos de ejecución de las garantías reales son largos y costosos, las ventajas microeconómicas de la utilización de dichas garantías se ven mermadas (ex ante, los bancos tienden a prestar menos o a tipos de interés más altos y, ex post, acumulan en su contabilidad un gran volumen de préstamos dudosos en relación con los cuales resulta difícil recuperar el valor de la garantía). Los procedimientos de ejecución en la UE suelen ser de carácter judicial. Sin embargo, las ineficiencias del sistema judicial constituyen un obstáculo para la resolución de los préstamos dudosos en algunos Estados miembros, principalmente a causa de la excesiva duración del procedimiento. A veces esto se debe también a la congestión de los tribunales, dando lugar, en la práctica, a la recuperación de un menor importe por los acreedores garantizados. En algunos Estados miembros existen mecanismos extrajudiciales para ejecutar las garantías reales, como alternativa más rápida y menos costosa que los procedimientos judiciales, pero no en todos. Los procedimientos extrajudiciales son muy heterogéneos en el conjunto de Estados miembros, siendo su enfoque, su alcance y su eficacia muy variables, y ello impide que los bancos y los prestatarios empresariales puedan disfrutar de las mismas condiciones.
La Comisión ha considerado una serie de opciones estratégicas que permiten alcanzar los objetivos antes señalados en distinta medida. El escenario de referencia es el formado por el actual statu quo, es decir, la no intervención. Existen también una serie de opciones que difieren en cuanto al grado de armonización, puesto que van desde una opción no normativa a opciones que implican una armonización completa. Más concretamente: ·escenario de referencia: no intervenir; ·opción 1: opción no normativa; ·opción 2: armonización mínima basada en los regímenes nacionales; ·opción 3: armonización completa que sustituye a los regímenes nacionales; u ·opción 4: «29.º régimen» que se aplica paralelamente a los regímenes nacionales. La opción preferida es una armonización mínima basada en los regímenes nacionales. La opción 2 permite alcanzar la mayoría de los objetivos de la iniciativa a un coste razonable. Además, mantiene un equilibrio adecuado entre el grado de flexibilidad necesario para atender a las características de los Estados miembros y la uniformidad necesaria para lograr la coherencia a escala de la UE. Se considera que es probablemente la opción más eficaz para alcanzar los objetivos, al tiempo que resulta eficiente y reduce al mínimo las perturbaciones y los costes de transición. De las opciones consideradas, es también de las más ambiciosas en términos de regulación, siendo, a la vez, el curso de acción que goza de mayor apoyo entre los interesados.
1) En algunos Estados miembros de la UE, los transportistas por cuenta propia (es decir, las empresas que transportan sus propios productos) no pueden utilizar vehículos alquilados de más de seis toneladas y, por lo tanto, no pueden beneficiarse de las ventajas asociadas (en términos de flexibilidad, productividad y asignación de capital). 2) Los mercados de alquiler de vehículos en los Estados miembros de la UE que imponen restricciones siguen estando infradesarrollados, lo que provoca un aumento de precios y una reducción de las posibilidades de elección para los que no se ven afectados por las restricciones. 3) La capacidad de los Estados miembros de la UE de prohibir la utilización de vehículos alquilados en otro Estado miembro de la UE conduce a un conjunto poco uniforme de restricciones. La inseguridad jurídica resultante disuade a los transportistas de mercancías de alquilar vehículos en otro Estado miembro de la UE. 4) Las empresas de alquiler de vehículos y los transportistas no pueden hacer el uso más eficiente de su flota (por ejemplo, trasladando sus vehículos de un lugar a otro para hacer frente a picos temporales de la demanda).
Algunos sectores de servicios siguen mostrando una falta de integración en el mercado interior. Es el caso, en particular, de los servicios de construcción y de diversos servicios prestados a las empresas. En primer lugar, aparece la complejidad administrativa a la que se enfrentan los prestadores de servicios que operan de forma transfronteriza. En segundo lugar, la Directiva de servicios no prevé mecanismos de cooperación bien estructurados. En tercer lugar, las pymes suelen encontrar dificultades para acceder a la cobertura de seguro necesaria para realizar sus actividades en otros Estados miembros. Finalmente, hay una gran diversidad de entornos reglamentarios para algunos servicios prestados a las empresas en los distintos Estados miembros. Como resultado de esta situación, solo unos pocos prestadores de servicios proporcionan servicios transfronterizos o crean un establecimiento secundario. La competencia en estos mercados sigue siendo limitada, lo que conduce a una asignación de recursos poco eficiente, escasa posibilidad de elección para los consumidores y precios elevados. Debido a sus repercusiones, un escaso rendimiento de los servicios prestados a las empresas acarrea también importantes costes en lo que a la competitividad de la economía industrial de la UE se refiere. En los últimos años, los progresos realizados por los Estados miembros en la aplicación de la Directiva de servicios se han ralentizado e incluso han retrocedido en algunos casos, y no se observan signos de recuperación.
¿Qué opciones legislativas y no legislativas se han estudiado? ¿Existe o no una opción preferida? ¿Por qué motivo?

En la denominada Decisión de reparto del esfuerzo (DRE) están establecidos desde 2013 objetivos nacionales para los sectores no incluidos en el RCDE. El Consejo Europeo confirmó su intención de continuar con ese instrumento para regular las reducciones de los GEI en la UE también durante el periodo 2021-2030. De conformidad con las orientaciones, la presente evaluación de impacto analiza la manera de: i) establecer objetivos a escala de los Estados miembros de una manera equitativa que corresponda al PIB per cápita y tenga en cuenta la rentabilidad, y ii) mejorar los mecanismos de flexibilidad existentes y nuevos para que los objetivos puedan alcanzarse de una manera rentable, reduciendo al mismo tiempo la carga administrativa. Los nuevos mecanismos de flexibilidad prevén un vínculo limitado con el sector del uso de la tierra, así como una flexibilidad única y limitada de los sectores del RCDE hacia los sectores no incluidos en el RCDE.
La UE se enfrenta a crecientes déficits y desfases estructurales de competencias en determinados sectores clave (por ejemplo, TIC, ingeniería y atención sanitaria) que requieren en muchos casos un elevado nivel de competencias. Además, en las próximas décadas la UE tendrá que hacer frente a los retos demográficos del rápido envejecimiento de la población, la paulatina disminución de la población activa y el aumento de la tasa de dependencia por vejez. Esto pone en peligro el crecimiento, la capacidad de innovación y la competitividad de la Unión, que compite con otras grandes economías por atraer talento: en la actualidad, el 48 % de los migrantes no europeos con bajo nivel educativo opta por un destino europeo, mientras que el 68 % de los que tienen un nivel de estudios alto prefiere un destino no europeo de la OCDE. En 2009 se adoptó la Directiva sobre la «tarjeta azul UE» (TA), con el fin de hacer de la UE un destino más atractivo para los trabajadores extranjeros altamente cualificados (TAC) y contribuir a reforzar la economía del conocimiento. No obstante, una comparación a escala internacional revela que la UE sigue sin atraer y retener en los Estados miembros a un número suficiente de TAC, tanto con los planes nacionales como con la TA. Los principales problemas son: - las deficiencias estructurales de la TA: condiciones de admisión restrictivas (por ejemplo, alto umbral salarial), limitación de la movilidad en el interior de la UE y bajo nivel de armonización (margen de maniobra de los Estados miembros en cuestiones centrales), lo que se traduce en una escasa «comercialibilidad»; - las deficiencias estructurales de los regímenes nacionales de TAC paralelos: si bien estos pueden adaptarse mejor a las características específicas de los mercados laborales nacionales, las significativas variaciones existentes entre Estados miembros ponen de manifiesto que solo unos pocos pueden considerarse un éxito relativo, mientras que por su naturaleza no pueden ofrecer una movilidad en el interior de la UE que se considere un elemento de atractivo importante, lo que conduce a la ineficiencia de la (re)asignación de la mano de obra en la UE. De ahí la coexistencia de diferentes conjuntos paralelos de normas y procedimientos de admisión de TAC aplicables en la UE, lo que ha dado lugar a que el sistema de inmigración de la UE sea complejo e ineficiente y no haya sido capaz de dar una respuesta rápida y eficaz a la demanda creciente de TAC y compensar las carencias de competencias y de mano de obra. Además, la UE no admite a otros nacionales de terceros países (NTP) con talento y altamente capacitados . Sin embargo, muchos de los factores que influyen en la capacidad de atracción que la UE puede ejercer en los TAC son ajenos a la política de migración, incluidos los niveles de vida, las oportunidades profesionales, los sistemas fiscales y de prestaciones sociales, las lenguas, el nivel salarial, etc.