Dictamen sobre las repercusiones de la PAC en el empleo y la situación social de los asalariados y los propietarios de explotaciones agrarias en la Unión Europea (15)

(96/C 18/14)

El 23 de febrero de 1995, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre las repercusiones de la PAC en el empleo y la situación social de los asalariados y los propietarios de explotaciones agrarias en la Unión Europea (15).

La Sección de Agricultura y Pesca, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 28 de septiembre de 1995 (Ponente : Sr. Wilms, Coponentes : Sra. Santiago y Sr. Laur).

En su 329° Pleno de los días 25 y 26 de octubre de 1995 (sesión del 25 de octubre de 1995), el Comité Económico y Social ha aprobado sin votos en contra y 2 abstenciones el siguiente dictamen.

1. Política Agrícola Común y empleo

1.1. Con la Política Agrícola Común, la Unión Europea intenta desde los años 60 asegurar los ingresos de los agricultores en la Unión. En los años 80 crece la producción agrícola, lo que lleva aparejado un fuerte incremento de los costes para el sistema de organizaciones de mercado en los principales mercados agrícolas, sin lograr a la larga el objetivo de asegurar los ingresos. Por lo tanto se hace inevitable una reforma. La reforma de la Política Agrícola Común realizada en 1992 y los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT tienen claras repercusiones en el empleo de las zonas rurales de la Unión. La disminución de los precios agrícolas, para reducir los excedentes estructurales y las cargas financieras de la UE, y la obligación de retirar la producción, agravan -en diferente medida según las distintas regiones- los problemas del empleo en el sector rural. La disminución de la producción perjudicará a corto y medio plazo ante todo a los trabajadores agrícolas asalariados, pero también a los propietarios de explotaciones agrarias cuyas explotaciones resulten poco rentables. La pérdida de puestos de trabajo afectará a los sectores hasta ahora fuertemente protegidos. El potencial de producción agrícola está sujeto por ello a tendencias de concentración en las zonas más propicias. Es posible que en aquellas explotaciones agrícolas que incrementen su superficie en estas zonas aumente a largo plazo el número de trabajadores asalariados. En la próxima revisión de la Política Agrícola de la UE deberán tomarse en consideración los efectos que los cambios de políticas tienen en el empleo.

1.2. También se han producido importantes repercusiones en el empleo en las empresas rurales alimentarias, la industria alimentaria y el sector de la distribución de productos agrarios. En función de la importancia que tenga el empleo agrario (en sentido amplio) en la región afectada, se producirá una reducción del empleo, que puede poner en peligro las características que convierten el espacio rural en un lugar de vida agradable.

1.3. En las zonas rurales de Europa vive y trabaja más de la mitad de los europeos. Ahora bien, el espacio rural no sólo reviste una gran importancia como espacio vital y económico para sus habitantes, sino que también constituye un lugar de reposo para la población que vive y trabaja en las aglomeraciones urbanas. El mundo rural adquiere un valor propio gracias a su variado paisaje, al tiempo que es imprescindible para las diversas especies biológicas y es una zona de equilibrio ecológico para las aglomeraciones urbanas.

1.4. En algunas regiones con amplias zonas rurales, el porcentaje de personas que infructuosamente buscan un puesto de trabajo es claramente superior a la media. El desplazamiento regular hacia los puestos de trabajo en las grandes aglomeraciones urbanas supone para muchos trabajadores y trabajadoras un largo trayecto, con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero. La gran distancia que separa el trabajo de la vivienda provoca importantes flujos adicionales y congestión del tráfico. Desde el punto de vista de la viabilidad de las zonas rurales, cabe considerar que esto es más positivo que un completo éxodo rural, que se traduce en la agudización de los problemas en las grandes aglomeraciones. Por consiguiente, existen también importantes aspectos de política medioambiental que justifican la conservación de zonas rurales viables en la Unión.

1.5. Dado que el « primer mercado de trabajo » se encuentra subdesarrollado precisamente en el ámbito rural se ha formado en muchos casos un « segundo mercado de trabajo » en el que un amplio número de iniciativas, en parte con subvenciones públicas (como, por ejemplo, el programa LEADER), intentan ofrecer puestos de trabajo también a los grupos problemáticos. Un ejemplo de esto lo constituyen las sociedades de promoción del trabajo y de desarrollo del empleo y de las estructuras de los nuevos Estados federados alemanes.

2. La mujer en la agricultura

2.1. En la reestructuración del mundo agrario y rural, la mujer figura entre los principales agentes de todo proceso de desarrollo.

2.2. Muchas mujeres trabajan en el sector agrario (de los 2,5 millones de trabajadores agrícolas 700 000 son mujeres). Por regla general aceptan los puestos de trabajo menos cualificados y peor remunerados de la actividad agrícola. En algunas zonas rurales de la Unión Europea, son precisamente las mujeres las que tienen que conformarse con trabajos a domicilio y trabajos estacionales de corta duración con poca o ninguna protección social.

2.3. La actividad agrícola que se ejerce en el seno de la empresa familiar constituye un elemento característico de la civilización occidental : el 90 % de las explotaciones agrarias de la Unión Europea son empresas familiares, en cuya gestión la mujer desempeña un papel indispensable. Las mujeres han visto incrementadas sus responsabilidades en las explotaciones familiares y su trabajo ha sido muchas veces fundamental para la supervivencia de las empresas. La mujer sigue llevando la empresa cuando el hombre se dedica a una actividad adicional, fuera del sector agrícola, para incrementar los ingresos familiares.

2.4. En el sector agrario y rural, no es fácil analizar el empleo y el trabajo de la mujer. Se debe realizar en el marco indisociable familia-empresa, en el que lo esencial de las tareas agrarias todavía es efectuado por la célula familiar. El resultado de esta compleja situación es que todavía en muchos países de la UE sólo se reconoce profesionalmente como gestor de la empresa al cabeza de familia, en el que, como empresario, recae la responsabilidad económica y financiera de la misma.

2.5. El trabajo de la mujer, principalmente como auxiliar en las tareas agrícolas, sigue siendo con frecuencia « invisible », no se recoge en las estadísticas y la legislación no lo contempla. Cabe exigir, pues, su reconocimiento oficial e incluso un estatuto profesional para aquélla, por ejemplo, como coempresaria.

2.6. En las explotaciones, la división del trabajo y de las responsabilidades coloca a la mujer en una situación profesional mal definida y en una relación social con frecuencia subordinada al hombre, que por lo general ocupa los puestos directivos.

2.7. En la Unión Europea, el 75,7 % de las explotaciones están dirigidas por hombres y sólo el 24,3 % por mujeres. En contrapartida, el 73,7 % del número total de trabajadores familiares son mujeres. No obstante, se observa un aumento de la actividad femenina en determinadas zonas rurales, principalmente en el sur de España, en Portugal, en el norte de Francia, en Italia y en Escocia. En este caso, las estadísticas oficiales se aproximan más a la realidad de la actividad de la mujer agricultora.

2.8. Con la reorientación de la PAC, las mujeres desempeñarán un papel fundamental en la futura configuración del mundo rural : las nuevas medidas de acompañamiento y las medidas de política regional van a dar origen, mediante la diversificación de la actividad agrícola, a nuevas fuentes de ingresos (artesanía, turismo rural, pequeñas transformaciones de productos agrarios, protección del medio ambiente, conservación del entorno rural y nuevas tecnologías).

2.9. La diversificación de las actividades tiene como objetivo contribuir a la supervivencia de las explotaciones familiares y con ello ofrecer nuevas posibilidades de empleo a los jóvenes.

3. Seguridad social y movimientos migratorios

3.1. Tradicionalmente, los movimientos migratorios de la mano de obra agrícola se han desarrollado desde los países mediterráneos hacia los Estados miembros del sur de la Unión. A raíz de los cambios políticos acaecidos durante los últimos años en los países de Europa central y oriental se han producido cambios considerables en los movimientos migratorios que afectan a los mercados de trabajo del sector agrario en los Estados miembros del norte de la Unión Europea. Debido a la profunda crisis estructural que siguen padeciendo los antiguos países del CAEM, los movimientos migratorios no están aún consolidados y por ello no se pueden describir detalladamente.

3.2. Debe partirse del supuesto de una presión migratoria persistente, la cual tiene importantes repercusiones en las condiciones laborales. Disminuye el número de empleos fijos, mientras que aumenta el porcentaje de trabajadores estacionales. Los niveles actuales de remuneración, alojamiento y seguridad laboral están amenazados.

4. Los sistemas de previsión agrícola de la UE

4.1. Normas jurídicas comunes

4.1.1. La organización de los regímenes de seguridad social sigue siendo competencia exclusiva de los Estados miembros de la Unión. El Tratado de Maastricht no ha introducido cambios a este respecto. Las cuestiones referentes a qué personas tienen derecho al seguro, qué prestaciones se otorgan y cómo se financian siguen regulándose a nivel nacional.

4.1.2. No obstante, es preciso tener en cuenta algunas normativas comunes, como las Directivas 86/613/CEE y 79/7/CEE sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres (que ejerzan una actividad autónoma y en materia de seguridad), por las que se prohíbe todo tipo de discriminación directa o indirecta por razón de sexo.

4.1.3. La falta de un estatuto jurídico social de la « mujer agricultora » en una serie de Estados miembros tiene como consecuencia su privación del derecho a prestaciones por parte de los regímenes nacionales de seguridad social.

4.1.4. En este contexto también cabe hacer referencia al Reglamento (CEE) 1408/71, basado en el artículo 51 del Tratado CE, que establece que los períodos de carencia y de seguro en los distintos Estados miembros deben ajustarse al cumplimiento de ciertas condiciones. Esto se aplica expresamente a determinados sistemas de previsión agrarios. El Reglamento establece que, en caso de cambiar de actividad profesional en distintos Estados miembros, no pueden perderse los derechos a pensión, con el fin de garantizar el respeto de la libre circulación de los trabajadores y de los trabajadores por cuenta propia titulares de un seguro en el seno de la Unión.

4.2. Sistemas de previsión agrícola

4.2.1. En la mayoría de los Estados miembros no hay regímenes especiales agrarios, por lo que los trabajadores y responsables de explotaciones están asegurados dentro del régimen general.

4.2.2. Los siguientes países no tienen ningún tipo de seguro agrario : Bélgica, Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo y Portugal. Los trabajadores autónomos y los asalariados pertenecen al régimen general de la seguridad social. En otros países, como Dinamarca, Suecia y Reino Unido, las prestaciones del seguro de vejez son sufragadas por todos los ciudadanos y se financian completa o predominantemente a través de los impuestos.

4.2.3. En algunos países existen regímenes especiales del seguro de vejez para los agricultores autónomos : es el caso de Alemania (desde 1995 también en los nuevos Estados federados), Francia, Grecia, España, Italia, Austria y Finlandia. Sin embargo, en parte estos regímenes especiales sólo son autónomos desde un punto de vista organizativo (el organismo competente goza de independencia dentro del régimen general de seguridad social), por lo que el derecho a las prestaciones se corresponde en lo esencial con el del sistema general (tal como ocurre en España y Finlandia).

4.2.4. Los sistemas de previsión especiales para agricultoras y agricultores asalariados existen únicamente en Grecia, España, Italia y Francia, si bien sólo son independientes en cuanto a su organización. En los otros Estados miembros los trabajadores agrícolas asalariados se integran dentro del régimen general de la seguridad social.

4.2.5. El nivel, frecuentemente bajo, de la pensión de vejez de los trabajadores agrícolas asalariados en los Estados miembros con regímenes de seguridad social se mejora en algunos países con regímenes complementarios regulados por ley o por convenio.

5. Objetivos del dictamen del Comité Económico y Social

5.1. Fomento del empleo

5.1.1. El fomento de la creación de nuevos puestos de trabajo constituye el elemento fundamental para la supervivencia del mundo rural de la Unión. Debe concederse prioridad absoluta a la lucha contra el paro. Para asegurar el empleo y crear nuevos puestos de trabajo en el ámbito rural es necesario combinar las posibilidades de la política agraria con medidas de política laboral, económica, social, regional y medioambiental, a fin de lograr una igualdad de trato entre zonas urbanas y rurales, es decir, entre los sectores económicos. Para ello es imprescindible aplicar la idea de que todos los afectados cooperen sobre la base de una colaboración. En este sentido, se deberían revisar continuamente los instrumentos políticos (Fondos estructurales) para poder aprovechar el gran potencial de empleo que ofrece el ámbito rural.

Se pueden crear nuevas fuentes de empleo e ingresos mediante :

- la mejora de la infraestructura de las zonas rurales (que al mismo tiempo es una de las condiciones previas más importantes para las otras medidas mencionadas);

- la indemnización de algunas acciones ecológicas específicas prestadas por los agricultores al margen de sus obligaciones habituales;

- el fomento de una agricultura sostenible basada en unos requisitos ecológicos (por ejemplo, la agricultura biológica);

- el desarrollo regional de la comercialización y la transformación de materias primas agrícolas en alimentos de primera calidad;

- el fomento del cultivo de productos agrícolas y forestales como materias primas renovables para uso técnico y energético (por ejemplo, mediante medidas de carácter fiscal);

- la realización de numerosos programas de repoblación forestal en las regiones en que no se pueda mantener una explotación agraria; programas de lucha contra los incendios forestales;

- la mejora del estado actual y mejor conservación de los bosques existentes;

- la explotación de las posibilidades de la biotecnología;

- el desarrollo del turismo rural;

- el desarrollo de puestos de trabajo rurales en el sector de los servicios (las posibilidades se extienden desde la conservación del paisaje y de la infraestructura viaria hasta la explotación de nuevas tecnologías de la información, como por ejemplo el trabajo a distancia) (« teleworking »);

- el fomento masivo de las intervenciones en materia de cualificación (véase el punto 5.6)

5.1.2. Debería dedicarse especial atención a la creación de posibilidades de combinar empleos. También deberían reexaminarse las políticas de ayuda y las reglamentaciones fiscales, empresariales y sociales y su, a veces, demasiado burocrática gestión, que se opongan a este objetivo. Al respecto, no obstante deben tenerse en cuenta las posibles repercusiones en la actividad rural en lo que se se refiere a la defensa de la igualdad de oportunidades.

5.1.3. Las ayudas de la Unión deben seguír concentrándose en las zonas rurales especialmente desfavorecidas. Es importante armonizar las medidas de fomento adoptadas en el marco de los planes de desarrollo sectoriales y regionales, para evitar que interfieran diversos proyectos y derechos de utilización.

5.1.4. Es, además, necesario un procedimiento concertado por parte de los Estados miembros para regular los recientes movimientos migratorios y el trabajo transfronterizo siempre bajo observancia de la normativa acordada sobre libre circulación de personas y mercado interior. El Comité se pronuncia a favor de una reglamentación europea que posibilite normas mínimas establecidas por ley o por convenios colectivos.

5.2. Fomento de la protección de la salud y la seguridad en el trabajo

5.2.1. A juicio del Comité, urge desarrollar iniciativas que contribuyan a promover la incorporación de, por ejemplo, directivas comunitarias de protección del trabajo al derecho nacional en muchos Estados miembros que aún no lo han hecho. Parece ser que las disposiciones mínimas contenidas en las directivas relativas a la protección de los trabajadores aún no han sido aplicadas en numerosos países, de modo que es de esperar que con la transposición se consiga mejorar la protección de la salud.

5.2.2. Es importante acelerar los procedimientos de normalización del CEN, con el fin de disponer de un paquete normativo que responda a los requisitos básicos de seguridad. Con ello se lograría un nivel de seguridad común controlable.

5.2.3. También es esencial mejorar la asistencia a las explotaciones agrícolas familiares en materia de técnicas de seguridad y medicina laboral. Para evitar falseamientos de la competencia en la Unión es necesario armonizar las normas.

5.3. Fomento de la igualdad de oportunidades para las mujeres

5.3.1. El Parlamento Europeo solicitó a la Comisión que modificara la Directiva 86/613/CEE al objeto de reconocer el estatuto profesional de la mujer agricultora. Esta directiva recomienda a los Estados miembros que reconozcan derechos propios a las esposas de los trabajadores autónomos. Desafortunadamente, no todos los Estados miembros han satisfecho esta solicitud. Por consiguiente, la Comisión debería adoptar medidas eficaces contra los Estados miembros que no apliquen estas disposiciones. Asimismo, es preciso combatir el problema de la pobreza ligada a la vejez específicamente « femenina » estableciendo la obligatoriedad del seguro para las mujeres que trabajen en el sector agrario.

5.3.2. A fin de permitir que las mujeres puedan consagrarse a nuevas actividades de conservación y desarrollo del mundo rural, debería fomentarse la creación de servicios de asistencia social y servicios auxiliares en los siguientes ámbitos :

- guarderías y asistencia a personas de edad avanzada,

- transportes,

- sanidad,

- servicios de sustitución,

- centros de fomento del trabajo y centros de orientación empresarial para mujeres.

5.4. Fomento de la seguridad social en la vejez ()

5.4.1. El documento informativo de la Sección de Agricultura y Pesca de 11 de diciembre de 1985 () ponía de relieve que los trabajadores agrarios constituyen un sector con un bajo nivel de renta y que, por esta razón, perciben de los regímenes de seguridad social -que se establecen en función del nivel de ingresos- un nivel de prestaciones menor que la media de los trabajadores de la industria. Esta observación sigue siendo cierta. Por ello, es imprescindible mejorar, siempre que exista una discriminación negativa, el nivel de las prestaciones de jubilación de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia del sector agrario, especialmente en los casos en que los regímenes de seguridad social se basen en el nivel de ingresos.

5.4.2. Por otra parte, hay que introducir una cierta permeabilidad, convenientemente regulada, en los Estados miembros, para los casos de cambio de puestos de trabajo entre Estados miembros, entre los distintos sistemas de seguridad social -en caso de que existan regímenes especiales-, a fin de tener en cuenta las necesidades de la política estructural.

5.4.3. La reducción del número de asegurados -debida a cambios estructurales- pone en peligro la financiación de los regímenes del seguro de vejez existentes en el sector agrario dentro del régimen general de la seguridad social en una medida superior a la que producen las fluctuaciones demográficas « normales ». Ello hace que las transferencias financieras procedentes de los impuestos generales o de las cotizaciones a la seguridad social sean cada vez más importantes. La transferencia financiera entre los regímenes generales y especiales de la seguridad social de un país sólo podrá realizarse mediante una profunda armonización de las cotizaciones y prestaciones.

5.5. Fomento de la reglamentación sobre la jubilación anticipada

5.5.1. Por último, dentro de las medidas de acompañamiento de la reforma de la PAC, es necesario establecer la posibilidad de que los trabajadores agrarios por cuenta ajena disfruten de derechos específicos de jubilación anticipada, ya que la actual reglamentación, únicamente de carácter derivado (jubilación anticipada en caso de cese de la explotación o reducción de plantilla) no es suficiente. La agricultura se verá afectada en adelante por un profundo cambio estructural; la normativa sobre jubilación anticipada por cese de la actividad, aplicable a la mayoría de responsables de explotaciones agrarias de la UE, debe además, como derecho autónomo, ampliarse a los trabajadores asalariados.

5.6. Fomento de la cualificación de los trabajadores asalariados y de los trabajadores autónomos

5.6.1. El fomento de la cualificación de los trabajadores asalariados y de los trabajadores autónomos en el mundo rural se ejerce en tres ámbitos :

- Fomento de innovaciones en la agricultura y silvicultura; explotación responsable de las nuevas biotecnologías, compatibilidad del progreso técnico y ecológico y diversificación de las actividades agrícolas.

- Fomento de iniciativas del sector privado (por ejemplo, actividades para trabajadores independientes y formación de empresarios), de iniciativas (culturales, etc.) no estatales y aplicación de intervenciones (administrativas) estatales.

- Fomento de actividades de asesoramiento.

5.6.2. Es indispensable la coordinación regional de las medidas relevantes de cualificación y formación profesional permanente, que deben elaborarse de común acuerdo entre las administraciones laborales, los inversores privados, los sindicatos y los responsables de la formación. Para que los trabajadores puedan aprovecharse verdaderamente de las medidas de cualificación, deben celebrarse acuerdos por ley y por convenios colectivos sobre dispensas laborales y permisos de formación. Es necesario garantizar una subvención a los trabajadores autónomos.

5.7. Fomento del establecimiento de jóvenes agricultores

5.7.1. Al igual que se fomenta la reglamentación sobre la jubilación anticipada y las medidas de cualificación, convendría aumentar las ayudas al establecimiento de jóvenes agricultores y configurar de forma más flexible la reglamentación sobre primas y cuotas. El establecimiento de jóvenes agricultores altamente cualificados y capaces de responder de forma flexible y dinámica a los desafíos de la agricultura del futuro mejora la estructura de la producción agrícola.

6. Diálogo social en el sector agrario

6.1. El diálogo social en el sector agrario está institucionalizado en toda Europa y se complementa con el diálogo social a nivel nacional.

7. Diálogo social institucional

7.1. El diálogo social se lleva a cabo a través de la « Federación Europea de Sindicatos de Trabajadores Agrarios » (EFA) y con los representantes de las patronales en el « Comité de las Organizaciones Profesionales Agrícolas de la Comunidad Europea » (COPA/COGECA/GEOPA), con sede en Bruselas desde 1960, en el marco del « Comité paritario para los problemas sociales de los trabajadores agrarios por cuenta ajena » (Comité de iniciativa), así como mediante la participación en los « Comités consultivos en el ámbito de la agricultura ».

8. Comité paritario

8.1. En el artículo 2 de los Estatutos se establece que « el Comité colaborará con la Comisión en la elaboración y realización de la política social, cuyo objetivo es mejorar y armonizar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores agrarios ».

8.2. El Comité paritario tiene derecho tanto a emitir dictámenes como a adoptar iniciativas propias.

8.3. Después de los extraordinarios resultados obtenidos hasta la mitad de los años ochenta, al hacer el balance del trabajo del Comité paritario hoy en día debe adoptarse una actitud más crítica. En la actualidad, sólo en contadas ocasiones un dictamen emitido por el Comité paritario tiene repercusiones directas en las condiciones sociales y de vida de los trabajadores agrarios. En concreto, los acuerdos en el seno del Grupo de trabajo sobre Armonización llevaron, entre los años 1978 y 1981, a una progresiva reducción -por convenio- del tiempo de trabajo en el sector agrícola hasta lograr las 40 horas semanales.

8.4. En la actualidad, los grupos de trabajo del Comité paritario trabajan con la intención de « agotar todas las posibilidades ». Los grupos de trabajo actuales centran su actividad en los siguientes ámbitos :

a) Empleo (aumento del atractivo de los puestos de trabajo, mejora de la cobertura social).

b) Armonización (controvertidos debates para la elaboración de un proyecto de recomendación europea sobre :

- el desarrollo de un plan escalonado hacia la semana de 38 horas,

- la introducción de vacaciones mínimas de 5 semanas,

- los acuerdos sobre los permisos para formación,

- las condiciones laborales de las trabajadoras y de los trabajadores estacionales,

- el acuerdo de la duración anual del tiempo de trabajo).

c) Formación profesional (estudios sobre la formación profesional, el perfeccionamiento y la formación permanente).

d) Seguridad e higiene (reducción de los problemas de la utilización de productos fitosanitarios).

e) Estadística (aumento del trabajo a tiempo parcial en el sector de la agricultura, informe sobre las condiciones para los trabajadores agrarios fijadas en los convenios colectivos y en la legislación vigente en la Unión Europea), y

f) Política forestal (estudio de los efectos del salario a destajo en la seguridad laboral).

8.5. En los últimos años, una mayor coordinación ha permitido que la labor de los grupos de trabajo sea sustancialmente más efectiva. La presencia de un consejero de la EFA y del COPA/COGECA/GEOPA en los grupos de trabajo ha tenido un efecto particularmente positivo.

8.6. Parece necesaria la constitución de un nuevo Grupo de trabajo sobre la región mediterránea y Europa oriental para poder resolver los problemas planteados en la Unión Europea por los cambios políticos y económicos de estos países.

9. Comités consultivos

9.1. El comité consultivo más importante en el marco del diálogo social es el « Comité consultivo de la política estructural agraria ».

9.2. El Comité paritario se reúne por término medio dos veces al año. Las reuniones tienen un carácter predominantemente informativo. Dado que la estructura del Comité paritario no está todavía ligada exclusivamente a las cuestiones de la política regional y del futuro del entorno rural, no pueden aprovecharse suficientemente las posibilides del Comité paritario.

9.3. La configuración de una política europea sobre empleo es precisamente el ámbito en el que el Comité paritario puede desempeñar un papel central en el diálogo social europeo.

10. El Comité Económico y Social solicita a la Comisión que en adelante le presente un informe de síntesis anual en el que se recojan las propuestas de iniciativas para la creación de empleos en el sector agrícola por parte del Comité paritario, los Comités consultivos de la Comisión y el CES.

Hecho en Bruselas, el 25 de octubre de 1995.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Carlos FERRER

() El capítulo 5.4 no se aplica a aquellos Estados miembros que no disponen de una seguridad social basada en el nivel de ingresos.

() Doc. CES 728/85 fin.