Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE)

1. Antecedentes

En julio de 2000 la Comisión presentó la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas COM(2000)392 - C5-0429/2000 - 2000/0183 (COD) para su adopción mediante el procedimiento de codecisión establecido en el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea [1].

[1] DO C 365, 19.12.2000, p. 238.

El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 1 de marzo de 2001 [2].

[2] DO C 139, 11.5.2001, p. 15.

El Comité de las Regiones emitió su dictamen el 14 de diciembre de 2000 [3].

[3] DO C 144, 16.5.2001, p. 60.

El 12 de junio de 2001, el Parlamento Europeo adoptó una serie de enmiendas en primera lectura [4].

[4] DO C ....

La presente propuesta modificada contiene el dictamen de la Comisión, con arreglo del apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE, sobre las enmiendas propuestas en el dictamen del Parlamento adoptado el 12 de junio de 2001.

2. Objetivo de la propuesta de la Comisión

La Directiva relativa al servicio universal y a los derechos de los usuarios tiene por objetivo garantizar la prestación del servicio universal en los servicios telefónicos públicos en un contexto de mayor competitividad global, con medidas para financiar los costes de prestación del servicio universal de forma competitiva y neutral. También establece los derechos de los usuarios y consumidores de servicios de comunicaciones electrónicas, con las correspondientes obligaciones para las empresas. Su objetivo es garantizar la interoperabilidad de los equipos de televisión digital de los consumidores y garantizar la prestación de determinados servicios obligatorios tales como las líneas arrendadas. Reconoce los derechos de los Estados miembros a imponer a determinados servicios de radiodifusión de radio y televisión una "obligación de redifusión" en determinadas redes a fin de garantizar la disponibilidad universal de determinadas programaciones específicas. La Directiva también impone a los operadores de la red la obligación de cursar las llamadas con el nuevo código regional europeo ('3883') asignado por la UIT al espacio europeo de numeración telefónica.

3. Análisis del dictamen del Parlamento

3.1. Resumen de la posición de la Comisión

La Comisión puede asumir, total o parcialmente, o bien en principio, la mayoría de las enmiendas adoptadas por el Parlamento. Muchas de las enmiendas propuestas refuerzan o aclaran la propuesta original de la Comisión.

3.2. Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo en primera lectura

Enmiendas del Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo aprobó en primera lectura un total de 65 enmiendas a la propuesta original de la Comisión.

De las 62 enmiendas propuestas por la Comisión de Asuntos Jurídicos, 18 fueron incorporadas directamente del dictamen de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía a través del procedimiento "Hughes reforzado", y 60 se debatieron en el pleno. De las 14 enmiendas presentadas en el pleno, 5 se debatieron en el pleno, de un total de 65 enmiendas propuestas globalmente por el Parlamento en primera lectura.

Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión

La Comisión aceptó total o parcialmente, o bien en principio, las siguientes enmiendas: 2, 4 a 33, 35 a 39, 41, 42, 44 a 47, 49, 52, 53, 54, 57, 58, 60 y 70. Muchas enmiendas del Parlamento contenían diversos elementos diferenciables. Algunas partes de las enmiendas eran aceptables para la Comisión, mientras que otras no lo eran. En la Sección 3.2.2 se explica la posición de la Comisión respecto de todos los aspectos de las enmiendas que fueron aceptadas parcialmente y se describe lo que fue aceptado y lo que no fue aceptado por la Comisión.

Enmiendas del Parlamento Europeo no aceptadas por la Comisión

La Comisión no aceptó las enmiendas siguientes: 1, 3, 34, 40, 43, 48, 51, 55, 56, 59, 61, 66, 72 y 73. En la Sección 3.2.1 se explican detalladamente.

3.2.1 Enmiendas no aceptadas por la Comisión, en detalle

Enmiendas 1 y 37 (cuestiones de seguridad)

El objetivo de las enmiendas del Parlamento era introducir en la Directiva relativa al servicio universal nuevas medidas relacionadas con las cuestiones de seguridad, incluida la seguridad de la red y los riesgos contra la misma, que no sólo ya se contemplaban en la Directiva relativa a la protección de datos, sino que también duplicaban aspectos de la Directiva relativa a la protección de datos. La Comisión no ve la necesidad de introducir las mismas medidas en dos directivas que constituyen un paquete coherente. Además, esto podría complicar la ejecución en el sentido de que podría pensarse que las instituciones comunitarias intentan alcanzar diferentes objetivos mediante las mismas medidas en dos directivas diferentes.

Enmiendas 3 y 43 (espacio europeo de la numeración telefónica)

Las enmiendas 3 y 43 supeditan la aplicación del código regional europeo '3883' a un estudio de evaluación de la Comisión. El estudio al que se refieren las enmiendas 3 a 43 ya se había realizado en nombre de la Comisión. Dicho estudio concluyó que existía una demanda potencial y apoyó la creación del espacio europeo de la numeración telefónica (EENT) con un código regional europeo. Este código ha sido asignado por la UIT. La utilización comercial de los servicios relacionados con dicho código permitirá a las empresas europeas desarrollar unos servicios paneuropeos utilizando un número de teléfono único en toda Europa. El Consejo ha apoyado en dos ocasiones el desarrollo de la EENT. Supeditar la aplicación del código a un nuevo estudio pondría en entredicho el compromiso político que ya existe.

Enmienda 34 (contratos de los consumidores)

La Comisión consideró que la enmienda 34 del dictamen del Parlamento, que exigía condiciones equitativas y transparentes en unos contratos de consumidores redactados en términos claros y comprensibles, era una duplicación de las medidas comunitarias de protección de los consumidores ya existentes en las Directivas 97/7/CE y 93/13/CEE.

Enmienda 40 (asistencia al operador y consulta de guía telefónica)

La enmienda del Parlamento requería que los servicios de asistencia al operador y los servicios de consulta de guía telefónica fueran gratuitos o se prestaran por un precio mínimo. La Comisión rechazó esta enmienda por dos razones. Los servicios de asistencia y de consulta de guía telefónica constituyen elementos del servicio universal que deben ponerse a disposición de todos los abonados de forma asequible y que están supervisados por las autoridades reguladoras nacionales responsables del control del servicio universal. En segundo lugar, los servicios de consulta de guía telefónica son prestados actualmente por operadores en condiciones competitivas. Además de la guía telefónica universal, los usuarios finales pueden utilizar otras guías, ya sean electrónicas o impresas. Hacer que todos los servicios de consulta de guía telefónica sean gratuitos o se presten a un precio mínimo constituiría una regulación superflua que obstaculizaría la competencia en la prestación de este servicio.

Enmienda 48 (acceso a los servicios de acceso condicional)

La enmienda 48 del Parlamento proponía que los radiodifusores tuvieran acceso a los servicios de acceso condicional y a otras facilidades afines siempre que fuera necesario para la recepción pública de determinadas emisiones y para garantizar que dichas emisiones fueran fácilmente accesible y ocuparan un lugar destacado en los navegadores y las guías electrónicas de programación. La enmienda contiene dos partes que han sido rechazadas por la Comisión por motivos diferentes. La primera parte de la enmienda relativa al acceso a servicios de acceso condicional (CAS) de instalaciones relacionadas ya está regulada por las disposiciones de la Directiva sobre el acceso y la interconexión, en virtud de la cual a los radiodifusores se les concede el acceso a los CAS en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias. La segunda parte de la enmienda del Parlamento, que concede un lugar prominente a los radiodifusores en los navegadores y guías electrónicas de programación es una medida de regulación del contenido. Por lo tanto, esta parte de la enmienda del Parlamento trata de cuestiones que están fuera no sólo del ámbito de la directiva sobre el servicio universal, sino del conjunto del paquete normativo.

Enmienda 51 (examen periódico de los mercados)

Esta enmienda del Parlamento requeriría que las autoridades reguladoras nacionales efectuaran un examen anual de los controles de las líneas arrendadas a los usuarios. La Comisión considera que no se debe prescribir un plazo.

Enmienda 55 (solución de conflictos)

La enmienda 55 propugnaba la creación en cada Estado miembro de una Oficina nacional de quejas con procedimientos "accesibles". La Comisión simpatiza con la intención de esta enmienda, pero la considera excesivamente imperativa y que no respeta el principio de subsidiariedad.

Enmienda 56 (disposiciones del Anexo I sobre desconexión)

Las disposiciones de la enmienda 56 del Parlamento suprimían la facultad discrecional de los Estados miembros en situaciones de impago de facturas para exigir que las llamadas gratuitas para el abonado pudieran completarse, es decir, las llamadas recibidas durante el periodo anterior a la desconexión total. La Comisión considera más apropiado que cada Estado miembro disfrute de flexibilidad en la aplicación de las medidas relativas al impago. El Anexo ya prevé que la desconexión por impago sólo debería producirse previa advertencia. El Anexo concede a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para prever un periodo anterior a la desconexión completa en el que no se permitan llamadas gratuitas y la Comisión considera que esto es suficiente.

Enmienda 59 (supresión de la referencia a los mecanismos de IVA de recuperación)

La enmienda del Parlamento proponía suprimir el párrafo tercero de la Parte B del Anexo IV. Este párrafo dispone que los Estados miembros deberán tener debidamente en cuenta la posibilidad de utilizar mecanismos de IVA para recaudar las contribuciones a los operadores y prestadores de servicios en aras de una mayor transparencia y coherencia. La financiación de los costes del servicio universal desde dentro del sector, utilizando métodos eficaces y sencillos desde un punto de vista administrativo, probablemente se hará más difícil en el futuro. La Comisión considera que un método alternativo, tal como un tipo de impuesto sobre el valor añadido para el sector, debe seguir siendo una opción. En el futuro, los fondos del servicio universal tradicional serán más difíciles de gestionar con la convergencia.

Enmiendas 61, 72 y 73 (Anexo VI, interoperabilidad de los equipos de consumo digitales)

La enmienda 61 del Parlamento requería una interfaz común que debería instalarse en los aparatos de televisión en la Comunidad para que los usuarios pudieran manejar sus aparatos con cualquier sistema decodificador. La Comisión comparte el objetivo de la interoperabilidad pero rechazó la enmienda propuesta por ser excesivamente imperativa y por estar ya cubierta por lo dispuesto en el apartado 2 del Anexo VI. La enmienda 72 exigía que todos los aparatos estuviesen provistos de al menos una conexión de interfaz abierta que permita la conexión sencilla de los periféricos con plena funcionalidad para el usuario y conformes a la norma MHP. La Comisión rechazó esta enmienda por varias razones. El término "aparatos" es excesivamente amplio y podría incluir los teléfonos y ordenadores personales. El término "interactivo digital" es demasiado amplio y vago, mientras que exigir la conformidad con la norma MHP no es aceptable. La aplicación de la norma MHP debe ser objeto de un acuerdo voluntario por parte de la industria. La Comisión lo apoya, pero considera que no es necesario exigir la conformidad con la norma MHP.

Enmienda 66 (artículo 7, medidas especiales para usuarios con discapacidad)

La enmienda 66 cambió el término "servicios telefónicos" por el de comunicaciones electrónicas, con la finalidad de extender el ámbito del servicio universal a los usuarios con discapacidad, sin examinar la conveniencia o la justificación de esta medida. La Comisión consideró que la medida es desproporcionada en el momento actual.

3.2.2 Enmiendas propuestas por el Parlamento y aceptadas plena o parcialmente, o bien en principio, por la Comisión

Enmiendas 2, 24 a 30 (considerando 19 y artículo 16, regulación de las tarifas al público)

La enmienda 2 introdujo dos cambios en el considerando 19 de la Directiva al suprimir la referencia a los derechos exclusivos y al añadir un texto que deja claro que los controles de las tarifas al público sólo se permitirían con arreglo a la Directiva cuando la regulación del mercado de alcance nacional sea ineficaz. La Comisión acepta plenamente el primer cambio y, en principio, el segundo en el sentido de que podría darse preferencia a la regulación de ámbito general antes que a regulación de las tarifas al público, aunque aún se necesitan algunos controles básicos de tarifas al público sobre la provisión SMP de los servicios telefónicos.

La Comisión sólo consideró parcialmente aceptables las dos enmiendas propuestas a la enmienda 24. La primera enmienda, que requería a las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) revisar anualmente los mercados de líneas arrendadas, fue considerada por la Comisión demasiado onerosa y artificial. El marco debería ser flexible y las ANR deberían poder revisar en cualquier momento. El segundo cambio consistía en requerir a las ANR que consultaran públicamente sobre las medidas relacionadas con la regulación de las tarifas al público, y la Comisión lo aceptó en principio.

La enmienda 25 del Parlamento cambió el artículo al convertirlo en una regulación más general de las tarifas al público e incluyó medidas sobre la provisión de líneas arrendadas. La Comisión reconoció la conveniencia de combinar disposiciones en diferentes partes de la directiva que tratan de obligaciones que pueden imponerse a los operadores que tienen un peso significativo en el mercado (SMP), pero no aceptó la formulación propuesta. La enmienda también proponía un vínculo con la regulación del mercado de ámbito nacional de los operadores SMP en la directiva relativa al acceso y la interconexión, que la Comisión aceptó en principio, si bien consideró que la formulación debía evitar combinar los servicios de líneas arrendadas y los servicios telefónicos en un mercado único de regulación de las tarifas al público.

La enmienda 26 del Parlamento requería a las ANR que adoptaran medidas correctivas para tratar las quejas justificadas y que garantizaran unos mercados competitivos cuando las exigencias de usuarios o consumidores no están cubiertas a nivel nacional o transnacional. La Comisión estuvo de acuerdo en que tanto las soluciones de ámbito general como las de nivel de usuario pueden ser pertinentes para resolver estos problemas. Sin embargo, la intervención de las ANR no debería supeditarse tanto a las quejas sino más bien a los objetivos específicos del conjunto del paquete normativo.

La enmienda 27 del Parlamento suprimió el término "tarifarios" en los controles "tarifarios" y añadió "cuando procede" antes de "los sistemas de contabilidad de costes utilizados por las empresas en cuestión", cambios que aceptó la Comisión por su coherencia con la enmienda 26. De forma similar, la enmienda 28 suprimió el término"sus tarifas al público" del apartado 5 de este artículo, de forma consistente con las enmiendas anteriores. La enmienda también puso en relación los sistemas de contabilidad de costes con las políticas, principios y metodologías determinados por las ANR y la Comisión lo aceptó, al mismo tiempo que rechazaba la parte de la enmienda que suprimía el requisito de que las ANR garantizaran la publicación de una declaración sobre el cumplimiento.

La enmienda 29 suprimió el término "de las tarifas al público" y la Comisión lo aceptó por estar en la línea de las enmiendas anteriores. La enmienda 30 del Parlamento exigía la publicación de los detalles de los sistemas de descuento para las organizaciones que deben fijar sus tarifas en función de los costes. La Comisión aceptó esta enmienda en principio, basándose en que sería mejor que la obligación de publicar dependiera no tanto de la obligación de fijar tarifas según los costes sino de la designación de los operadores SMP.

Enmiendas 4 y 44 (considerando 27 y artículo 24, Suministro de facilidades adicionales)

La propuesta del Parlamento añade una frase que señala que la directiva favorece el desarrollo de facilidades de marcación por tonos e identificación de líneas llamantes sobre una base paneuropea y que ello beneficia a los usuarios. La Comisión aceptó la inclusión de esta frase del Parlamento. La enmienda 44 del Parlamento requería a los Estados miembros que pusieran a disposición otras facilidades, en función de su viabilidad técnica y su rentabilidad económica, y que facilitaran su puesta a disposición a través de las fronteras. La Comisión rechazó la primera parte de la enmienda pero aceptó la segunda, que corrige una deficiencia actual de la legislación existente.

Enmiendas 5 y 18 (considerando 32 y artículo 11, calidad del servicio prestado por las empresas designadas)

La enmienda 5 apoyaba la corregulación para alcanzar niveles de calidad y mejorar el funcionamiento de los servicios, y preveía la retirada de la regulación formal con la introducción de la corregulación. La enmienda estipula que cualquier medida de corregulación debe basarse en los mismos criterios de las medidas reguladoras formales. La Comisión sólo puede aceptar en principio que la corregulación puede ser una forma adecuada de mejorar los niveles de calidad y de mejorar el funcionamiento del servicio. La Comisión considera que el resto de la enmienda es demasiado restrictiva. Puede ser necesario mantener la regulación formal incluso cuando se aplican medidas de corregulación. La enmienda 18 del Parlamento extiende el ámbito de aplicación de las obligaciones de servicio universal en materia de calidad y seguimiento a las medidas para usuarios con discapacidades. La Comisión acepta favorablemente este enmienda sobre usuarios con discapacidad, si bien habrá que seguir desarrollando los parámetros de dicho seguimiento.

Enmienda 6 (artículo 1, objetivos de la directiva)

La enmienda 6 propone cambios menores en la redacción del apartado 2 del artículo y establece en un nuevo apartado 3 que la directiva reconoce los derechos de usuarios y consumidores, y que define un conjunto mínimo de servicios de una calidad determinada para todos los usuarios y consumidores, a un precio asequible y sin falsear la competencia. El nuevo apartado también menciona que la directiva establece objetivos en relación con la prestación de determinados servicios obligatorios tales como las líneas arrendadas. La Comisión aceptó las enmiendas por constituir declaraciones detalladas de los objetivos de la directiva no reflejados en la propuesta original.

Enmienda 7 (artículo 2, definiciones)

Las enmiendas del Parlamento añaden tres elementos nuevos a las definiciones, dos de los cuales fueron aceptados por la Comisión. La modificación de la definición de "red telefónica pública" fue útil para aclarar el texto original propuesto. El tercer cambio propuesto fue la inclusión del término "servicio asociado" y de una definición. La Comisión considera que el término no es necesario en la directiva porque la definición propuesta cubre determinados servicios de los operadores que se supone están incluidos en la definición de servicio telefónico disponible al público de la letra e) del artículo 2 del texto. El otro aspecto de la definición propuesta se refiere a elementos de presentación de las guías de programación electrónicas. Se trata de un tema de regulación de contenidos y, por tanto, no esta regulado por el nuevo paquete ni se trata de una definición necesaria en la actual Directiva.

Enmienda 8 (artículo 3, disponibilidad del servicio universal)

La enmienda añade "neutralidad competitiva" a la lista de principios de aplicación del servicio universal. La Comisión considera que estos términos son atractivos y adecuados para expresar la esencia del equilibrio que deberá alcanzarse entre la financiación de la disponibilidad universal de los servicios en el contexto de unos mercados cada vez más competitivos en general.

Enmienda 9 (artículo 4, suministro de acceso desde una ubicación fija)

El Parlamento propuesto tres enmiendas separadas al artículo 4 de la Directiva, en relación con la definición de las obligaciones de servicio público. La enmienda añadió el término "efectivo" al acceso a Internet; también exige a los Estados miembros que tengan en cuenta las tecnologías dominantes para determinar la velocidad de transmisión de datos y prescribe el principio de que los Estados miembros no fijarán velocidades de transmisión superiores a las que tiene acceso el público en general. La Comisión consideró que añadir "efectivo" al acceso a Internet podría crear una confusión innecesaria y una falta de coherencia en la aplicación, por lo que rechazó la enmienda propuesta. En cuanto a la determinación de las velocidades de transmisión que podrían considerarse para el acceso a Internet como parte de un servicio universal, la noción correcta es que en realidad las velocidades de transmisión son utilizadas por los usuarios en general y no son "velocidades de transmisión a las que tiene acceso el público en general". La Comisión rechazó la formulación por ser excesivamente amplia. No obstante, el requisito de que los Estados miembros han de tener en cuenta las tecnologías predominantes en la determinación de la velocidad de transmisión de datos es, entre otra, una consideración pertinente pero que debe evaluarse detenidamente según las circunstancias. La calidad de que disfruta el usuario al conectarse depende de factores que escapan al control del operador de la red y del prestador de servicios de Internet. Esta consideración forma parte de la apropiación contextual de lo que es adecuado. Por lo tanto, la Comisión acepta en principio la enmienda, pero cree que esta última idea se refleja mejor en un considerando.

Enmienda 10 (artículo 6, teléfonos públicos de pago)

El Parlamento propuso un cambio de redacción para aclarar que los Estados miembros podrán decidir no aplicar requisitos en lugar de "decidir no imponer obligaciones". La Comisión consideró que era una mejora del original.

Enmienda 11 (artículo 7, medidas especiales para usuarios con discapacidad)

La enmienda propuesta por el Parlamento desplazaría el artículo al capítulo sobre derechos de los consumidores y usuarios. La enmienda también proponía añadir una frase por la que se requería a los Estados miembros identificar a los usuarios con necesidades especiales después de efectuar una consulta pública. La Comisión rechazó la primera parte de la enmienda por ser el artículo parte integrante del conjunto mínimo de servicios definidos en el capítulo sobre el servicio universal al que pertenece esta disposición. La Comisión acogió favorablemente la introducción del procedimiento de consulta pública para definir las necesidades de los usuarios con necesidades especiales.

Enmiendas 12 y 13 (artículo 8, designación de empresas)

La enmienda proponía que la designación de una o más empresas para garantizar la prestación del servicio universal se hiciera a propuesta de la autoridad nacional de reglamentación. La enmienda del Parlamento también suprimía la mención específica de la necesidad de cubrir la totalidad del territorio nacional con un texto adicional que aclare la posibilidad de dividir el servicio universal según la cobertura y el servicio. La Comisión no aceptó las dos primeras enmiendas. La decisión de un Estado miembro no debería depender de una propuesta de la ANR y la supresión del requisito de cubrir la totalidad del territorio no se compensaba con el texto adicional propuesto en la enmienda. Este último texto fue plenamente aceptable para la Comisión. El Parlamento propuso en la enmienda 13 añadir un requisito de consulta pública al procedimiento de designación relativo al servicio universal. La Comisión se congratuló por la transparencia así añadida al procedimiento de designación de prestadores del servicio universal. La segunda parte de la enmienda exigía garantizar la integridad de la red, la calidad del servicio y la continuidad de la red. Esto fue aceptable, en principio, para la Comisión, pero en un artículo separado.

Enmiendas 14 y 15 (artículo 9, asequibilidad de las tarifas)

La enmienda 14 del Parlamento cambió el título del artículo por el de "Asequibilidad de las tarifas", que fue aceptado por la Comisión. Esta enmienda también prescribía en detalle el control de las tarifas y la metodología para efectuar dicho control, que la Comisión consideró demasiado detallados. La enmienda 14 también especificaba que todos los sectores de la población, incluidos los de bajas rentas y los sectores con necesidades especiales, deberían tener acceso a los servicios telefónicos y poder utilizarlos efectivamente. La Comisión acogió favorablemente esta adición. La enmienda 15 del Parlamento modificó la descripción de los consumidores que tienen derecho a tarifas especiales y aclaró el texto inicialmente propuesto, y ambas cosas fueron aceptadas por la Comisión.

Enmiendas 16 y 17 (artículo 10, control de gastos)

La enmienda 16 del Parlamento cambió la redacción que trataba de la prestación de servicios adicionales aclarando el texto original, lo cual fue aceptado por la Comisión. La enmienda 17 es una pequeña aclaración de la redacción del texto original y fue aceptada por la Comisión.

Enmiendas 19 y 20 (artículo 12, cálculo de costes del servicio universal)

La enmienda 19 del Parlamento reforzó las condiciones del artículo imponiendo a las ANR la obligación de determinar si el servicio universal representa una carga injusta y en qué medida, y el cambio fue aceptado por la Comisión. La enmienda 20 reforzó lo dispuesto en el artículo sobre la verificación del cálculo de costes netos del servicio universal para garantizar que las ANR efectúan el cálculo de forma transparente y lo ponen a disposición pública. La Comisión aceptó este refuerzo.

Enmiendas 21 y 22 (artículo 13, financiación de las obligaciones de servicio universal)

La enmienda 21 introdujo tres cambios específicos en el texto que fueron aceptados por la Comisión si bien se consideró que el segundo cambio estaría mejor en un considerando dado su carácter explicativo. En el primer apartado, la enmienda del Parlamento sustituyó "podrán optar" por "deberán decidir", dejando claro que los Estados miembros deberán compensar cuando exista una carga injusta; el segundo cambio mencionaba la lotería como fuente adicional de financiación disponible para el gobierno a efectos de compensación. Por último, la enmienda añadió "y/o" al final de la letra a) del apartado 1, dejando claro así que los Estados miembros pueden utilizar una combinación de mecanismos de financiación de forma compatible con la Directiva. La enmienda del Parlamento modificó ligeramente la redacción del artículo para aclarar los aspectos normativos propios de todo plan de financiación, y la Comisión lo aceptó como una mejora del texto.

Enmienda 23 (artículo 15, revisión del alcance del servicio universal)

La enmienda del Parlamento especificaba los factores que deberían considerarse especialmente al examinar el alcance del servicio universal, y la Comisión la rechazó por considerar que este lenguaje se centraba en determinadas condiciones y factores que podían prejuzgar la base para revisar el alcance en un plazo de varios años. La segunda parte de la enmienda, en la que se garantiza la transparencia y la Comisión está obligada a informar al Consejo y al Parlamento tras la revisión, fue aceptada por la Comisión.

Enmiendas 31 a 33 (artículo 17, contratos)

La enmienda 31 del Parlamento modificó el primer apartado del artículo 17 para especificar que en el contrato debería aparecer un mínimo de elementos de información "antes de la conclusión del contrato", y la Comisión lo rechazó por estar ya cubierto por los términos del artículo. La segunda enmienda propuesta requería que los "precios y tarifas" practicados se incluyeran en el contrato aunque tuvieran que modificarse, y la Comisión lo aceptó. En la enmienda 32, el Parlamento propuso cambiar "consumidores y usuarios" por abonados de los servicios electrónicos de comunicaciones, que la Comisión aceptó sólo en parte porque la utilización del término "abonados" en esta fase anterior a la conclusión del contrato es imprecisa. La Directiva marco define a los usuarios como los que ya han celebrado un contrato con los prestadores del servicio. La enmienda 33 del Parlamento cambió el término "consumidores y usuarios" por el de "abonados" en el apartado 3 del artículo y la Comisión lo aceptó por el mismo razonamiento hecho en relación con la enmienda 32. La enmienda también introdujo el derecho de los consumidores a ser informados de su derecho a retirarse de los contratos cuando se les notifique la intención de modificar los términos del contrato. La Comisión aceptó esta enmienda con una nueva redacción del apartado completo por razones de claridad.

Enmienda 35 (artículo 18, transparencia y publicación de información)

La enmienda 35 del Parlamento requería que las ANR garantizaran una información "exacta y actualizada", además de transparente, de los precios y tarifas aplicables. La Comisión consideró que garantizar una información exacta sobre los precios y tarifas aplicables sería impracticable para las ANR, pero aceptó que garantizaran la puesta a disposición de información actualizada. La enmienda 35 también requería que las ANR publicaran informes periódicos sobre tarifas y que desarrollaran guías interactivas para comparar tarifas; ambas cosas fueron rechazadas por la Comisión por considerarlas una regulación excesiva.

Enmiendas 36 y 37 (artículo 19, calidad del servicio)

La enmienda 36 del Parlamento añadió "sólo" al texto y aclaró el significado de la propuesta original, que la Comisión aceptó. El Parlamento propuso un nuevo artículo para crear una obligación de los Estados miembros de garantizar la integridad de la red y, en el caso de catástrofe o de fuerza mayor, de mantener disponible la red pública. La enmienda del Parlamento también requería que el acceso a los servicios de emergencia desde puntos fijos fuera ininterrumpido. Todas estas enmiendas fueron aceptadas por la Comisión, sujetas a revisión de los textos. Además, la enmienda requería que los operadores de la red y los prestadores de servicios adoptaran las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los servicios y que los abonados fueran informados siempre que existiera riesgo para la seguridad de la red, así como de los posibles remedios y los costes correspondientes. La Comisión rechazó estas enmiendas por motivos de duplicación con la directiva sobre protección de datos.

Enmienda 38 (artículo 20, interoperabilidad de los equipos de consumo utilizados para la televisión digital)

La enmienda suprimía el segundo apartado del artículo y la Comisión la aceptó, dada la duplicación con lo dispuesto en el artículo 31 de la directiva.

Enmienda 39 (artículo 21, servicios de asistencia mediante operadora e información sobre números de abonados)

La enmienda prevé que los abonados puedan figurar en guías accesibles al público de forma gratuita, y la Comisión la aceptó por no suponer ningún cambio respecto de las prácticas corrientes de las guías en general.

Enmiendas 41 y 42 (artículo 22, número europeo de emergencia)

La Comisión aceptó en principio el requisito de incluir teléfonos de texto (textphones) como medio para acceder a los servicios de emergencia, pero prefirió utilizar un considerando para explicar cómo esta posibilidad ya se trata en el texto existente. La enmienda 42 introdujo dos condiciones para que los servicios de emergencia puedan conocer la ubicación de las personas que efectúan llamadas. La Comisión aceptó la primera, es decir, "siempre que sea técnicamente viable", mientras que rechazó la segunda "y no implique un esfuerzo económico desproporcionado". Las otras enmiendas añadieron detalles excesivos a la aplicación y una referencia a la protección de datos, y ambas fueron rechazadas por la Comisión.

Enmiendas 45 y 46 (artículo 25, conservación del número)

La enmienda 45 del Parlamento añadió una disposición para que el coste de conservación del número para los abonados no disuadiera a éstos a utilizar esta facilidad. La Comisión aceptó esta enmienda con una adaptación del texto. La enmienda 46 creó para los Estados miembros la obligación de garantizar que los usuarios están regularmente informados de sus derechos a conservar sus números, y la Comisión la aceptó en principio, basándose en que unas medidas razonables son adecuadas para garantizar que los consumidores conocen sus derechos.

Enmiendas 47, 49 y 70 (artículo 26, obligaciones de transmisión)

Las enmiendas 47, 49 y 70 del Parlamento introdujeron varios cambios en el artículo 26, pero la Comisión sólo aceptó un número reducido de ellos. El alcance de las obligaciones permitidas en el artículo se redujo al ámbito del servicio público de radiodifusión", lo cual no incluye los canales de televisión comercial que funcionan según un criterio de diversidad cultural. La enmienda 47 añadió "o desarrolladas posteriormente" a las redes establecidas de distribución de radio y televisión, y la Comisión la aceptó porque introduce flexibilidad y tiene en cuenta la evolución futura de otras redes. La enmienda 49 aclaró el significado de la propuesta original añadiendo "sujetas a revisión periódica", para sustituir a "limitadas en el tiempo". La enmienda 70 reconoció a los Estados miembros discrecionalidad para "establecer un mecanismo de compensación" para los operadores de la red con obligaciones de transmisión. La Comisión consideró que debería establecerse el principio de compensación adecuada, no un mecanismo de compensación. La segunda parte de la enmienda 70 trata del cálculo de la compensación y establece que la compensación debería tener en cuenta el "coste neto" [término de servicio universal] de la capacidad de la red requerida y el valor de los servicios distribuidos por radiodifusores y proveedores de contenidos. La Comisión aceptó tener en cuenta, en la determinación de la compensación, el coste para los operadores, la capacidad de la red utilizada y el valor del contenido suministrado y, por lo tanto, aceptó la enmienda en parte.

Enmienda 52 (artículo 28, servicios obligatorios adicionales)

La enmienda 52 del Parlamento requería que las empresas fueran plenamente compensadas por los Estados miembros por cumplir sus obligaciones, que no son obligaciones de servicio universal, con arreglo a este artículo. La Comisión consideró que el alcance de las posibles medidas que podrían requerirse en el ámbito del artículo podía ser amplio. Por tanto, podía ser inadecuado estipular que debería concederse la compensación, ya que ello podría ser incompatible con las normas del Tratado sobre ayudas de Estado. La Comisión podría como mucho aceptar una declaración en este sentido en un considerando.

Enmiendas 53 y 54 (artículo 29, consulta con las partes interesadas)

La enmienda 53 requería que las ANR tuvieran en cuenta las opiniones de los usuarios con discapacidades en las consultas sobre temas relacionados con los derechos de los usuarios y consumidores. La Comisión acogió favorablemente esta adición. La enmienda 54 del Parlamento introdujo un nuevo artículo en el que se incita a los Estados miembros a desarrollar mecanismos de corregulación y se mencionan los artículos considerados más idóneos para este ejercicio. La Comisión aceptó la enmienda en parte y en principio. Consideró que la utilización de la corregulación debería ser coherente con un modelo normativo, principios de regulación pertinentes y un enfoque normativo global. Pero la Comisión consideró que no sería adecuado prejuzgar dónde podría aplicarse la corregulación e incluir dichas áreas explícitamente en el presente artículo. La idea podría ser aceptable en un considerando adaptando el texto.

Enmienda 57 y 58 (Anexo II, Introducción)

La Comisión aceptó la enmienda que añadía una frase al Anexo para subrayar el efecto de la disposición que favorece a los consumidores al permitirles adoptar decisiones con conocimiento de causa. Del mismo modo, la Comisión aceptó el requisito de que los Estados miembros garantizaran que los consumidores son informados de sus derechos sobre los servicios universales en relación con las facilidades mencionadas en el Anexo.

Enmienda 60 (Anexo V, apartado 3)

La enmienda 60 suprimió texto que la Comisión consideró no esencial. La Comisión aceptó la enmienda.

4. Conclusión

En general, la Comisión aceptó la gran mayoría de las enmiendas total o parcialmente, o bien en principio.0Esto refleja un paralelismo de opinión entre el Parlamento y la Comisión. La capacidad de la Comisión para aceptar la mayoría de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo en su primera lectura refleja también el hecho de que el Parlamento apoyaba los principios subyacentes a la propuesta original de la Comisión. Las opiniones del Parlamento y de la Comisión sobre las grandes políticas de que trata la Directiva son muy próximas entre sí.