Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades en la ejecución del Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) 2002-2006

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las normas de participación, que son aprobadas por el Consejo, constituyen uno de los instrumentos jurídicos de aplicación del Programa Marco comunitario de investigación.

Las presentes normas se han elaborado con miras a dos objetivos:

- adaptar las disposiciones que rigen la participación en los programas de investigación al espíritu y las características del nuevo Programa Marco, especialmente a los principios en los que se basan los nuevos modos de intervención y apoyo propuestos; y

- simplificar y aligerar estas disposiciones con respecto a las que se aplican actualmente, haciéndolas más legibles y comprensibles.

El dispositivo así creado se atiene a los principios anteriormente definidos. Además, las nuevas normas de participación no están pensadas para ir acompañadas de un reglamento de aplicación, como es el caso de las normas actuales.

Concebido con el objetivo de ayudar a la creación del Espacio Europeo de la Investigación, el Programa Marco 2002-2006 pone en práctica los principios siguientes, que se aplican especialmente mediante redes de excelencia y proyectos integrados:

- apertura a priori de los proyectos a nuevos participantes;

- flexibilidad intrínseca de sus condiciones de funcionamiento, que puede adoptar la forma, entre otras cosas, de lanzamiento de nuevas actividades;

- gran autonomía en la ejecución, ya que los participantes llevan a cabo sus actividades en condiciones que, en gran parte, definen ellos mismos, y conciertan entre sí los acuerdos más convenientes para garantizar la correcta realización del proyecto.

En el caso de las normas de participación y financiación, la aplicación de estos principios y la adecuación a las características y objetivos del nuevo Programa Marco se traducen en las innovaciones siguientes:

- La igualdad completa de derechos y obligaciones entre participantes de los Estados miembros y de los Estados candidatos asociados (artículos 12 y 13).

- Las organizaciones europeas de cooperación científica tienen derecho a participar en el Programa Marco exactamente en las mismas condiciones que cualquier entidad establecida en un Estado miembro (lo cual no ocurre actualmente) (art. 12).

- Para la selección de propuestas, se establecen criterios generales que tienen en cuenta los objetivos específicos de los nuevos instrumentos (art. 18).

- La contribución financiera de la Comunidad adopta formas nuevas: una "subvención a la integración" en el caso de las redes de excelencia y una "subvención al presupuesto" en el de los proyectos integrados, formas que permiten une importante flexibilidad e implican sistemas de control menos engorrosos y más eficaces, esencialmente a posteriori (art. 22).

- Se da a los consorcios a cargo de las redes y los proyectos integrados la posibilidad de modificar la asociación, entre otras cosas, lanzando concursos en condiciones bien definidas (art. 23) y basándose en el consentimiento de la Comisión en forma simplificada.

- Se han definido normas específicas de participación en las actividades de investigación y formación dentro del campo temático prioritario "Investigación sobre la energía de la fusión" especialmente adaptadas a las características de este campo (artículos 29 y 30).

Las normas están elaboradas de manera que garanticen la buena marcha de los proyectos en los que podrá intervenir un número elevado de participantes y que serán realizados por asociaciones que podrán evolucionar.

Otro aspecto importante es que se han definido consultando con los usuarios de los programas, la comunidad científica y la industria.

Los mismos principios se aplicarán a las disposiciones de aplicación técnica para la puesta en práctica del Programa Marco, especialmente las incluidas en el modelo de contrato y los programas de trabajo. Estas disposiciones serán objeto de concertación con los usuarios y los responsables nacionales.

De acuerdo con uno de los principios clave del Programa Marco 2002-2006, el modelo de contrato y los programas de trabajo se elaborarán de acuerdo con los mismos objetivos que la reformulación de las actuales normas, es decir con el mismo espíritu de simplificación y aligeramiento. Así, las disposiciones financieras actuales quedarán simplificadas en el modelo de contrato y los formularios de solicitud de subvención.

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades en la ejecución del Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) 2002-2006

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su artículo 7,

Vista la propuesta de la Comisión [1],

[1] DO C [...] de [...], p. [...]

Visto el dictamen del Parlamento Europeo [2]

[2] DO C [...] de [...], p. [...]

Visto el dictamen del Comité Económico y Social [3],

[3] DO C [...] de [...], p. [...]

Considerando lo siguiente:

(1) El Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) 2002-2006 de actividades de investigación y formación, destinado a facilitar la creación del Espacio Europeo de la Investigación (en lo sucesivo denominado «el Programa Marco 2002-2006») fue aprobado por la Decisión n° .../200/Euratom del Consejo [4]. Las modalidades de la participación financiera de la Comunidad deben completarse mediante otras disposiciones que han de adoptarse de conformidad con el artículo 7 del Tratado.

[4] DO C [...] de [...], p. [...]

(2) Estas disposiciones deben inscribirse en un marco coherente y transparente que tenga plenamente en cuenta los objetivos y las particularidades de los instrumentos definidos en el anexo III del Programa Específico sobre Energía Nuclear, aprobado por la Decisión nº .../200/Euratom [5], con el fin de garantizar su aplicación óptima.

[5] DO C [...] de [...], p. [...]

(3) Las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades deben tener en cuenta la naturaleza de las actividades de investigación (incluida la demostración) y formación en el campo de la energía nuclear. Estas normas, además, pueden variar dependiendo de que el participante esté establecido en un Estado miembro, un Estado asociado - candidato o no candidato a la adhesión - o un tercer país, o según su estructura jurídica: organización nacional, organización internacional - de interés europeo o no -, o asociación de varios participantes.

(4) Las actividades del Programa Marco deben llevarse a cabo respetando principios éticos, comprendidos los que figuran en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y buscando mejorar la información al público y el diálogo con éste, así como potenciar el papel de la mujer en la investigación.

(5) Con arreglo al Programa Marco 2002-2006, la participación de las entidades jurídicas de terceros países debe efectuarse teniendo en cuenta los objetivos de la cooperación internacional, en particular los consagrados en el artículo 101 del Tratado.

(6) Deben alentarse a participar en el Programa Marco 2002-2006 a las organizaciones internacionales que tienen por misión desarrollar la cooperación en materia de investigación en Europa y que, al ser la mayoría de sus miembros Estados miembros o Estados asociados, contribuyen a la realización del Espacio Europeo de la Investigación .

(7) El Centro Común de Investigación (en lo sucesivo denominado CCI) participa en las acciones indirectas de investigación y desarrollo tecnológico en las mismas condiciones que las entidades jurídicas establecidas en los Estados miembros.

(8) La ejecución de las actividades del Programa Marco debe ajustarse a los intereses financieros de la Comunidad y garantizar su protección.

DECIDE:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES INTRODUCTORIAS

Artículo 1

Objeto

La presente Decisión establece las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades en la investigación realizada dentro del Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) 2002-2006 de actividades de investigación y formación, destinado a facilitar la creación del Espacio Europeo de la Investigación (en lo sucesivo denominado "Programa Marco 2002-2006").

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Decisión, se entiende por:

(a) Acción indirecta: una actividad de IDT realizada por uno o varios participantes mediante un instrumento del Programa Marco 2002-2006.

(b) Actividades de IDT: las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, comprendidas las de demostración, y las actividades de formación descritas en el anexo del Programa Marco 2002-2006.

(c) Presupuesto: una previsión de todos los recursos y los gastos necesarios para la ejecución de una acción indirecta.

(d) Consorcio: el conjunto de los participantes en una misma acción indirecta.

(e) Contrato: un acuerdo de subvención cuyo objeto sea la ejecución de una acción indirecta y que cree derechos y obligaciones entre la Comunidad y los participantes en la acción indirecta.

(f) Entidad jurídica: toda persona física, o toda persona jurídica constituida de conformidad con el Derecho nacional aplicable donde esté establecida, con el Derecho comunitario o con el Derecho internacional, y que esté dotada de personalidad jurídica y tenga la capacidad, en nombre propio, de ser titular de derechos y obligaciones de todo tipo.

(g) Estado asociado: todo Estado parte de un acuerdo internacional celebrado con la Comunidad en virtud del cual o sobre la base del cual aporte una contribución financiera a todo o a parte del presupuesto del Programa Marco 2002-2006.

(h) Estado candidato asociado: todo Estado asociado reconocido por la Comunidad como Estado candidato a la adhesión a la Unión Europea.

(i) Agrupación europea de interés económico (AEIE): toda entidad jurídica constituida de conformidad con el Reglamento (CEE) nº 2137/85 del Consejo [6].

[6] DO L 199 de 31.07.1985

(j) Instrumentos: las modalidades de intervención indirectas de la Comunidad previstas en el anexo III del Programa Específico sobre Energía Nuclear.

(k) Irregularidad: toda infracción de una disposición del Derecho comunitario o cualquier otro incumplimiento de una obligación contractual resultante de una acción u omisión de una entidad jurídica y que tenga o pueda tener por efecto un perjuicio para el presupuesto general de las Comunidades o los presupuestos gestionados por éstas al ocasionar un gasto indebido.

(l) Organización internacional: toda entidad jurídica resultante de una asociación de Estados, distinta de la Comunidad, creada en virtud de un tratado o de un acto similar, dotada de órganos comunes y provista de una personalidad jurídica internacional distinta de la de sus partes.

(m) Organización internacional de interés europeo: una organización internacional la mayoría de cuyos miembros sean Estados miembros de la Comunidad o Estados asociados y cuyo objetivo principal sea contribuir al fortalecimiento de la cooperación científica y tecnológica europea.

(n) Participante: toda entidad jurídica que contribuya a una acción indirecta y sea titular de derechos y obligaciones con respecto a la Comunidad en virtud de la presente Decisión o del contrato.

(o) Tercer país: todo Estado que no sea ni Estado miembro ni Estado asociado.

Artículo 3

Independencia

1. Dos entidades jurídicas serán independientes entre sí a los efectos de la presente Decisión cuando no exista un vínculo de control entre ellas. Se entenderá que existe un vínculo de control cuando una entidad jurídica controle a la otra, directa o indirectamente, o dependa del mismo control, directo o indirecto, que la otra. El control podrá derivarse en particular de:

a) la posesión directa o indirecta de más del 50% del valor nominal del capital emitido de una entidad jurídica o una mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de la entidad;

b) la posesión, directa o indirecta, de hecho o de derecho, del poder de decisión dentro de la entidad jurídica.

2. La posesión directa o indirecta de más del 50% del valor nominal del capital emitido de una entidad jurídica o la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de la entidad por sociedades públicas de participación, inversores institucionales o sociedades y fondos de capital riesgo no constituirá por sí misma un vínculo de control.

3. La propiedad o la tutela ejercida por un mismo organismo público sobre varias entidades jurídicas no será de por sí un vínculo de control entre ellas.

CAPÍTULO II

INSTRUMENTOS

Artículo 4

Redes de excelencia

1. Estas redes tendrán por objeto reforzar la excelencia científica y tecnológica de la Comunidad mediante una integración gradual y permanente de la capacidad de investigación y formación existente o en ciernes tanto a nivel nacional como regional. Cada red tendrá por objeto hacer avanzar los conocimientos en un campo determinado reuniendo una masa crítica de competencias. Las actividades de estas redes se orientarán generalmente a objetivos a largo plazo y multidisciplinarios y no perseguirán resultados precisos definidos de antemano en cuanto a productos, procedimientos o servicios.

2. Con el fin de crear un centro de excelencia virtual, los participantes llevarán a término un programa común de actividades que integre una parte importante, o incluso la totalidad, de su capacidad y de sus actividades de investigación y formación en el campo correspondiente. En su caso, la entidad jurídica de la que dependa el instituto, departamento, laboratorio o equipo miembro de la red le conferirá una autonomía suficiente con este fin.

El programa común de actividades se centrará en las actividades de investigación y formación y comportará necesariamente actividades de integración, así como actividades de difusión de la excelencia fuera de la red, como las descritas en el anexo III de la Decisión 200./ .../EURATOM [por la que se aprueba el Programa Específico sobre Energía Nuclear] [7]. La actualización anual del programa común de actividades, de acuerdo con la Comisión, podrá comportar la reorientación de algunas de ellas o el lanzamiento de actividades nuevas.

[7] DO L [...], [...], p. [...]

Artículo 5

Proyectos integrados

1. El objetivo de los proyectos integrados será reforzar la competitividad de la Comunidad o ayudar en la resolución de problemas sociales importantes mediante la movilización de una masa crítica de recursos y competencias de investigación, desarrollo tecnológico y formación. En esta perspectiva, cada proyecto integrado contará con objetivos claramente definidos en cuanto a conocimientos científicos y tecnológicos y se ejecuta con el fin de obtener unos resultados concretos y aplicables a productos, procesos o servicios.

2. Los proyectos integrados se presentarán en principio como un conjunto de componentes específicos, de dimensiones y estructuras variables según la tarea que deban realizar, que corresponderán a diferentes partes de la investigación o la formación necesarias para alcanzar los objetivos globales comunes, y estarán integrados en un todo coherente y ejecutados de manera estrechamente coordinada.

Las actividades realizadas dentro de los proyectos integrados incluirán actividades de investigación y formación, comprendidas las actividades de demostración, actividades de gestión y aprovechamiento de los conocimientos destinadas a fomentar la innovación, y cualquier otro tipo de actividades directamente relacionadas con los objetivos de la Decisión 200./ .../EURATOM [por la que se aprueba el Programa Específico sobre Energía Nuclear], descritos en el anexo III de dicha Decisión. El conjunto de estas actividades se inscribe en un plan de ejecución, actualizado anualmente de acuerdo con la Comisión. Esta actualización puede incluir la reorientación de ciertas actividades y el lanzamiento de otras nuevas.

Artículo 6

Proyectos específicos focalizados en materia de investigación o formación

1. Los proyectos específicos focalizados en materia de investigación pueden adoptar alguna de las dos formas siguientes o una combinación de ambas:

(a) Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, destinados a la adquisición de nuevos conocimientos, ya sea para mejorar de manera notable o poner a punto nuevos productos, procedimientos o servicios ya sea para responder a otras necesidades de la sociedad y de las políticas comunitarias.

(b) Proyectos de demostración, destinados a probar la viabilidad de nuevas tecnologías que ofrezcan ventajas económicas potenciales pero no puedan comercializarse en el estado en que se encuentren.

2. Los proyectos específicos focalizados en materia de formación están destinados a facilitar la difusión temprana de nuevos conocimientos a escala europea y a integrar mejor las actividades nacionales.

Artículo 7

Iniciativas integradas sobre infraestructuras

Las iniciativas integradas sobre infraestructuras agruparán una combinación de actividades esenciales de cara al fortalecimiento y el desarrollo de infraestructuras de investigación para la prestación de servicios a escala europea. Con este fin, combinarán actividades de conexión en red con una actividad de apoyo o con actividades de investigación necesarias para la mejora del rendimiento de las infraestructuras. Asimismo, comprenderán un componente de difusión de los conocimientos a los posibles usuarios, incluidos los de la industria, y, en particular, las PYME.

Artículo 8

Acciones de fomento de los recursos humanos y la movilidad

Las acciones de fomento de los recursos humanos y la movilidad se llevan a cabo con fines de formación, de desarrollo de competencias o de transferencia de conocimientos. Estas acciones consisten en un apoyo a actividades realizadas por personas físicas, estructuras de acogida, incluidas redes de formación, y equipos de excelencia.

Artículo 9

Acciones de coordinación

Las acciones de coordinación tendrán por objeto estimular y sostener iniciativas coordinadas de diferentes agentes de la investigación, la formación y la innovación. Estas acciones comprenden un conjunto de actividades, como la organización de congresos, reuniones y cursos de formación, la realización de estudios, los intercambios de personal, el intercambio y la difusión de buenas prácticas, y la creación de sistemas de información y de grupos de expertos; asimismo, cuando sea necesario, podrán incluir un apoyo a la definición, organización y gestión de iniciativas conjuntas o comunes.

Artículo 10

Acciones de apoyo específico

Las acciones de apoyo específico se llevarán a cabo para alcanzar objetivos marcados en el Programa Marco 2002-2006 o podrán contribuir a preparar las actividades futuras de la política comunitaria de investigación y formación o comprender actividades de seguimiento y evaluación. Estas acciones, que podrán combinarse según los casos, consistirán, en particular en conferencias, seminarios, estudios y análisis, premios y concursos científicos de alto nivel, grupos de trabajo y de expertos, apoyo operativo, y actividades de difusión, información y comunicación.

CAPÍTULO III

NORMAS de participación y financiación

Artículo 11

Ámbito de aplicación

1. Las normas establecidas en el presente capítulo se aplicarán a la participación de las entidades jurídicas en acciones indirectas. Estas normas se aplicarán sin perjuicio de las normas específicas sobre actividades de IDTF dentro del campo temático prioritario "Investigación sobre la energía de fusión" del Programa Específico sobre Energía Nuclear, establecidas en el capítulo IV.

Artículo 12

Principios generales

1. Toda entidad jurídica que participe en una acción indirecta podrá beneficiarse de una contribución financiera de la Comunidad con sujeción a lo dispuesto en los artículos 14 y 15.

2. Toda entidad jurídica establecida en un Estado asociado podrá participar en las acciones indirectas en las mismas condiciones y con los mismos derechos y obligaciones que una entidad jurídica establecida en un Estado miembro, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 13.

3. El CCI podrá participar en las acciones indirectas en las mismas condiciones y con los mismos derechos y obligaciones que una entidad jurídica establecida en un Estado miembro.

4. Toda organización internacional de interés europeo podrá participar en las acciones indirectas en las mismas condiciones que una entidad jurídica establecida en un Estado miembro y disfrutar de los mismos derechos y estar sometida a las mismas obligaciones que ésta, de conformidad con el acto por el que se constituya.

5. Dependiendo de los instrumentos utilizados o los objetivos de la actividad de IDT, los programas de trabajo de los programas específicos podrán limitar, en su caso, la participación en una acción indirecta de las entidades jurídicas, en función de sus actividades o sus tipos.

Artículo 13

Número mínimo y lugar de establecimiento de los participantes

1. Los programas de trabajo especificarán el número mínimo de participantes requerido para la acción indirecta, así como su lugar de establecimiento, según la naturaleza del instrumento y los objetivos de la actividad de IDT.

2. Para las redes de excelencia y los proyectos integrados, el número mínimo de participantes no podrá ser inferior a tres entidades jurídicas independientes establecidas en tres Estados miembros o Estados asociados diferentes, de los cuales al menos dos deben ser Estados miembros o Estados candidatos asociados.

3. Las acciones de apoyo específico y las acciones de recursos humanos y movilidad, con excepción de las redes de formación mediante la investigación, podrán ser ejecutadas por una entidad jurídica.

Cuando el programa de trabajo fije un número mínimo superior o igual a dos entidades jurídicas establecidas en otros tantos Estados miembros o Estados asociados, este número se fijará en las condiciones previstas en el apartado 4.

4. Para los instrumentos distintos de los indicados en los apartados 2 y 3, el número mínimo de participantes no podrá ser inferior a dos entidades jurídicas independientes establecidas en dos Estados miembros o Estados asociados diferentes, de los cuales al menos uno deberá ser Estado miembro o Estado candidato asociado.

5. Una AEIE, o cualquier otra entidad jurídica que esté establecida en un Estado miembro o Estado asociado y agrupe en su seno a entidades jurídicas independientes que respondan a las condiciones de la presente Decisión, podrá participar por sí sola en una acción indirecta cuando su composición responda a las condiciones establecidas con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 a 4.

Artículo 14

Participación de entidades jurídicas de terceros países

1. Sin perjuicio de otras restricciones que pueda establecer el programa de trabajo del programa específico, toda entidad jurídica establecida en un tercer país podrá participar, añadiéndose al número mínimo de participantes fijado en el artículo 13, en las actividades de IDT, siempre y cuando así esté establecido dentro de una actividad de IDT o siempre que su participación sea esencial para la realización de la acción indirecta.

2. Toda entidad jurídica establecida en un tercer país podrá recibir una contribución financiera de la Comunidad siempre y cuando así esté establecido dentro de una actividad de IDT o siempre que su participación sea esencial para la realización de la acción indirecta.

Artículo 15

Participación de organizaciones internacionales

Toda organización internacional distinta de las organizaciones internacionales de interés europeo indicadas en el apartado 4 del artículo 12 podrá participar en las actividades de IDTF en las condiciones estipuladas en el artículo 14.

Artículo 16

Condiciones sobre competencias técnicas y recursos

1. Los participantes dispondrán de los conocimientos y las competencias técnicas necesarias para la realización de la acción indirecta.

2. En el momento de la presentación de la propuesta los participantes deberán disponer, al menos potencialmente, de los recursos necesarios para la realización de la acción indirecta y precisar su origen.

A medida que se desarrollen los trabajos, deberán disponer, en la forma y en el momento requeridos, de los recursos necesarios para la realización de la acción indirecta.

Se entenderá que los recursos necesarios para realizar la acción indirecta son recursos humanos, infraestructuras, recursos financieros y, en su caso, bienes inmateriales, así como otros recursos facilitados por un tercero en virtud de un acuerdo previo.

Artículo 17

Presentación de propuestas de acción indirecta

1. Las propuestas de acciones indirectas se presentarán en el marco de convocatorias de propuestas publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y, en la medida de lo posible, serán ampliamente difundidas por otros medios.

2. El apartado anterior no será aplicable a:

(a) determinadas acciones de apoyo específico a las actividades de entidades jurídicas designadas en los programas de trabajo;

(b) determinadas acciones de apoyo específico consistentes en una adquisición o un servicio según las disposiciones aplicables en materia de contratación pública;

(c) las acciones de apoyo específico que, en vista de su carácter apropiado y su utilidad en relación con los objetivos y el contenido científico y tecnológico del programa específico, puedan ser objeto de solicitudes de subvención dirigidas a la Comisión, siempre que esté previsto en el programa específico y que dicha solicitud no entre en el ámbito de aplicación de una convocatoria de propuestas abierta.

(d) las acciones de apoyo específico mencionadas en el artículo 19.

3. Las convocatorias de propuestas podrán ir precedidas de convocatorias de manifestaciones de interés a fin de que la Comisión pueda detectar y evaluar con precisión los objetivos y las necesidades, sin perjuicio de las decisiones que pueda tomar al respecto posteriormente.

Artículo 18

Evaluación y selección de propuestas de acción indirecta

1. Las propuestas de acción indirecta mencionadas en el apartado 1 del artículo 17 y en la letra c) del apartado 2 del mismo artículo se evaluarán con arreglo a los criterios siguientes:

(a) pertinencia con respecto a los objetivos del programa específico;

(b) calidad científica y tecnológica;

(c) valor añadido comunitario, incluida la masa crítica de recursos movilizados, la repercusión prevista o su contribución a las políticas comunitarias;

(d) calidad del plan de aprovechamiento o de difusión de los conocimientos, posibles efectos en materia de innovación y competencias en materia de gestión de la propiedad intelectual;

(e) capacidad de llevar a término la acción indirecta, valorada teniendo en cuenta recursos, competencias y organización.

2. En la aplicación de la letra c) del apartado 1, se tendrán también en cuenta los criterios siguientes:

(a) para las redes de excelencia, la amplitud y la intensidad de la labor de integración que se llevará a cabo y la capacidad de la red para fomentar la excelencia más allá de los miembros de la red, así como las perspectivas de perennidad que ofrezca la integración de sus capacidades de investigación y sus recursos más allá del período que dure la contribución financiera de la Comunidad;

(b) para los proyectos integrados, la ambición de los objetivos y la amplitud de los medios empleados, de manera que permitan contribuir de manera significativa al fortalecimiento de la competitividad o a la solución de problemas sociales.

(c) para las iniciativas integradas de infraestructuras, las perspectivas de perennidad de la iniciativa más allá del período que dure la contribución financiera de la Comunidad.

3. Los programas de trabajo de los programas específicos determinarán, según la naturaleza de los instrumentos empleados o los objetivos de la actividad de IDT, cuáles de los criterios mencionados en el apartado 1 aplicará la Comisión, y los detallarán y completarán, así como los mencionados en el apartado 2, de manera que se tenga en cuenta, en particular, la contribución de las propuestas de acción indirecta a la mejora de la información y el diálogo con el público y a la potenciación del papel de la mujer en la investigación.

4. Toda propuesta de acción indirecta que vaya en contra de los principios éticos fundamentales, especialmente los que figuran en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, o que no cumpla las condiciones establecidas en el programa de trabajo o en la convocatoria de propuestas podrá ser excluida en cualquier momento del procedimiento de evaluación y selección.

Todo participante que haya cometido una irregularidad durante la ejecución de una acción indirecta podrá ser excluido en cualquier momento del procedimiento de evaluación y selección.

5. La Comisión evaluará y seleccionará las propuestas de acciones indirectas de acuerdo con procedimientos transparentes, equitativos e imparciales, que especificará en un manual de evaluación al que dará publicidad.

6. La Comisión evaluará las propuestas con la asistencia de expertos independientes, que designará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19. En el caso de algunas acciones de apoyo específico, en particular las mencionadas en el apartado 2 del artículo 17, sólo recurrirá a esta asistencia si la Comisión lo estima conveniente.

Artículo 19

Nombramiento de expertos independientes

1. La Comisión nombrará a expertos independientes a los efectos de las evaluaciones previstas en el Programa Marco 2002-2006 y los programas específicos, así como para las misiones de asistencia mencionadas en el apartado 6 del artículo 18 y el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 26.

Además, podrá constituir grupos de expertos independientes que la asesoren en la ejecución de su política de investigación.

2. La Comisión nombrará a los expertos independientes con arreglo a uno de los procedimientos siguientes:

a) Para las evaluaciones previstas en el artículo 5 del Programa Marco 2002-2006 y en el apartado 2 del artículo 6 de los programas específicos, la Comisión nombrará como expertos independientes a personalidades científicas, políticas o de la industria de muy alto nivel que posean un importante experiencia en investigación, política de investigación o gestión de programas de investigación a nivel nacional o internacional.

b) Para asistir en la evaluación de las propuestas de redes de excelencia y de proyectos integrados y para el seguimiento de las que se seleccionen y ejecuten, la Comisión nombrará como expertos independientes a personalidades científicas o de la industria que posean conocimientos del nivel más elevado y una autoridad reconocida en el plano internacional en el campo de especialización correspondiente.

c) Para la constitución de los grupos mencionados en el párrafo segundo del apartado 1, la Comisión nombrará como expertos independientes a profesionales que posean unos conocimientos, una competencia y una experiencia de primer plano y bien acreditadas en el campo o sobre las cuestiones objeto de los trabajos.

d) En los casos distintos de los mencionados en las letras a), b) y c), y para tener en cuenta de manera equilibrada a los diferentes protagonistas de la investigación, la Comisión nombrará a expertos independientes que posean las competencias y los conocimientos adecuados en relación con las tareas que les sean encomendadas. Con este fin, se basará en convocatorias de candidaturas individuales o en convocatorias dirigidas a instituciones de investigación con objeto de constituir listas de aptitud, o bien, cuando lo considere conveniente, podrá elegir al margen de estas listas a cualquier persona que reúna las competencias requeridas.

3. Al nombrar a un experto independiente, la Comisión se asegurará de que no esté afectado por un conflicto de intereses en relación con el tema sobre el que deba pronunciarse. Con este fin, pedirá al experto que firme una declaración en la que declare la ausencia de conflictos de intereses en el momento de su nombramiento y se comprometa a advertir a la Comisión en el caso de que surgiese tal conflicto en el curso de su misión.

Artículo 20

Contratos

1. Las propuestas de acción indirecta seleccionadas serán objeto de contratos basados en el modelo de contrato correspondiente preparado por la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el Programa Marco 2002-2006 y en la presente Decisión, teniendo en cuenta, según proceda, las particularidades de los diferentes instrumentos.

2. El contrato establecerá los derechos y obligaciones de los participantes de conformidad con la presente Decisión, en particular, las modalidades de seguimiento técnico, tecnológico y financiero de la acción indirecta, de actualización de sus objetivos, de evolución del consorcio, y de desembolso de la contribución financiera de la Comunidad, y, en su caso, las condiciones para la admisión de los gastos necesarios.

Asimismo, el contrato establecerá las normas sobre difusión y aprovechamiento de los conocimientos y los resultados con arreglo al capítulo 2 del título II del Tratado.

3. A fin de asegurar la protección de los intereses financieros de la Comunidad, se estipularán en los contratos sanciones adecuadas.

Artículo 21

Ejecución de las acciones indirectas

1. Con arreglo a lo dispuesto en el contrato, y según las modalidades de organización que en él se establezcan, el consorcio se encargará de la ejecución técnica de la acción indirecta bajo la responsabilidad solidaria de los participantes.

2. La contribución financiera de la Comunidad a una acción indirecta, se abonará, según las modalidades previstas en el contrato, al participante designado por el consorcio y aceptado por la Comisión. Éste gestionará la contribución financiera de la Comunidad aplicando las decisiones tomadas por el consorcio en cuanto a su distribución entre participantes y actividades.

3. Sin perjuicio de las adaptaciones previstas en el contrato según la naturaleza del instrumento y la cuantía de la contribución de los participantes,

a) cada participante será responsable con carácter indefinido y solidario del empleo de la contribución financiera de la Comunidad asignada de conformidad con el apartado 2, con excepción de la parte de ésta asignada a los participantes mencionados en la letra b);

b) cuando un participante, por razones legales o reglamentarias, no pueda considerarse responsable solidario, sólo será responsable de la parte de la contribución financiera de la Comunidad que se le haya asignado con arreglo al apartado 2.

4. La Comisión sólo exigirá que se asuma la responsabilidad a la que se refiere la letra a) del apartado 3 en la medida en que ni el participante que haya incumplido sus obligaciones ni el consorcio por propia iniciativa hayan reparado, dentro de un plazo razonable, el perjuicio causado a la Comunidad.

5. Cuando varias entidades jurídicas estén agrupadas en una entidad jurídica común que actúe como participante único con arreglo al apartado 5 del artículo 13, ésta asumirá las tareas mencionadas en los apartados 1 y 2 del presente artículo y será responsable ante la Comunidad, sean cuales fueren los acuerdos concertados entre las entidades jurídicas que la compongan.

Artículo 22

Contribución financiera de la Comunidad

Con arreglo al anexo de la presente Decisión, y dentro de los límites del encuadramiento comunitario de ayudas de Estado de investigación y desarrollo [8], la contribución financiera de la Comunidad podrá adoptar tres formas diferentes, a saber:

[8] DO C 45 de 17.02.1996, p. 5.

(a) para las redes de excelencia, adoptará la forma de una subvención a la integración, cuyo importe se determinará en función del valor de las capacidades y los recursos que el conjunto de los participantes proponga integrar; esta subvención completará los recursos empleados por los participantes para ejecutar su programa común de actividades;

la aportación comunitaria se abonará teniendo en cuenta la ejecución del programa común de actividades y basándose en los gastos correspondientes a éste, gastos que serán complementario de los sufragados por los propios participantes y que deberán ser certificados por una auditor externo o, en el caso de entidades jurídicas públicas, por un interventor debidamente habilitado;

(b) para algunas acciones de recursos humanos y movilidad y de apoyo específico, con excepción de las acciones indirectas mencionadas en la letra b del apartado 2 del artículo 17, la contribución adoptará la forma de una cantidad a tanto alzado;

(c) para los proyectos integrados y los demás instrumentos, con excepción de los mencionados en las letras a) y b) y salvo las acciones indirectas mencionadas en la letra b) del apartado 2 del artículo 17, la contribución adoptará la forma de una subvención al presupuesto, calculada como porcentaje del presupuesto total asignado por los participantes a la realización de la acción indirecta, modulado según el tipo de actividad.

El contrato especificará los gastos necesarios para la ejecución de la acción indirecta, que deberán estar certificados por un auditor externo independiente o, en el caso de entidades jurídicas públicas, por un interventor debidamente habilitado.

El contrato podrá establecer tipos medios por clases de gastos o cantidades a tanto alzado definidas de antemano, así como, de acuerdo con los participantes, un valor por actividad que no se aleje de manera significativa de los gastos habidos.

Artículo 23

Modificación del consorcio

1. Dentro de los límites de la contribución financiera de la Comunidad e independientemente del instrumento, el consorcio, por iniciativa propia o en ejecución del contrato, podrá, de acuerdo con la Comisión, evolucionar en su composición y, en particular, ampliarse a cualquier entidad jurídica que contribuya a la realización de la acción indirecta.

Con excepción de las modificaciones indicadas en el apartado 2, el consorcio determinará cuáles serán las nuevas entidades jurídicas según las normas que considere adecuadas o con arreglo al contrato.

2. El programa común de actividades de una red de excelencia o el plan de ejecución de un proyecto integrado especificará qué modificaciones de la composición del consorcio obligan a la publicación previa de un concurso.

El consorcio publicará la convocatoria del concurso y llevará a cabo su difusión de manera amplia mediante medios de divulgación de la información específicos, en particular los sitios de Internet sobre el Programa Marco 2002-2006, la prensa especializada o folletos informativos.

El consorcio evaluará las ofertas:

(a) teniendo en cuenta los criterios que hayan presidido la evaluación y la selección de la acción indirecta, fijados de conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 18;

(b) con la asistencia de expertos que no estarán bajo su autoridad y a los que designará basándose en los criterios indicados en la letra b) del apartado 2 del artículo 19.

De conformidad con el apartado 1, la Comisión podrá oponerse si, tras esta evaluación, el consorcio propone su ampliación a nuevos participantes.

Artículo 24

Contribución financiera complementaria

La Comisión podrá aumentar la contribución financiera de la Comunidad a una acción indirecta en curso de ejecución a fin de ampliarla a nuevas actividades que impliquen la incorporación de nuevos participantes.

Este aumento se llevará a cabo mediane una convocatoria de propuestas, restringida, en su caso, a las acciones indirectas en curso de ejecución, tras una evaluación realizada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18.

Artículo 25

Actividades del consorcio en favor de terceros

Cuando el contrato prevea que el consorcio lleve a cabo todas sus actividades o parte de ellas en favor de terceros, éste se encargará de hacer la publicidad adecuada, en su caso, conforme a lo establecido en el contrato.

El consorcio evaluará y seleccionará las solicitudes que le sean remitidas con arreglo a los principios de transparencia, equidad e imparcialidad, y según las modalidades previstas en el contrato.

Artículo 26

Seguimiento y auditoría de carácter técnico, tecnológico y financiero

1. La Comisión evaluará periódicamente las acciones indirectas a las que contribuya la Comunidad, basándose en informes de las actividades, que tratarán también de la ejecución del plan de aprovechamiento o de difusión de los conocimientos, y que le remitirán los participantes con arreglo a lo estipulado en el contrato.

Para el seguimiento de las redes de excelencia y los proyectos integrados, y siempre que sea necesario para otras acciones indirectas, la Comisión estará asistida por expertos independientes que designará con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 19.

2. De conformidad con el contrato, la Comisión tomará todas las medidas convenientes para asegurar la consecución de los objetivos de la acción indirecta, respetando los intereses financieros de la Comunidad según los cuales, si es necesario, podrá ajustar la contribución financiera de la Comunidad o interrumpir la acción indirecta en caso de infracción de lo dispuesto en la presente Decisión o lo estipulado en el contrato.

3. La Comisión o cualquier representante autorizado de ésta tendrá derecho a efectuar auditorías técnicas, tecnológicas y financieras a los participantes, con el fin de asegurar que la acción indirecta se realice o se haya realizado en las condiciones por ellos declaradas y con arreglo a lo estipulado en el contrato.

4. Con arreglo al artículo 160 del Tratado, el Tribunal de Cuentas podrá comprobar cómo se ha empleado la contribución financiera de la Comunidad, basándose en sus propias normas.

Artículo 27

Protección de los intereses financieros de la Comunidad

1. La Comisión velará por que, en la ejecución de las acciones indirectas, queden protegidos los intereses financieros de las Comunidades Europeas mediante controles efectivos y medidas disuasorias y, en caso de que se detecten irregularidades, mediante sanciones que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias con arreglo a los Reglamentos (CE, Euratom) nº 2988/95 [9] , nº 2185/96 [10] y nº 1074/99 [11].

[9] DO L 312 de 23.12.1995, p.1.

[10] DO L 292 de 15.11.1996, p.2.

[11] DO L 210, 10.08.1999, p.24

CAPÍTULO IV

NORMAS ESPECÍFICAS DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE IDTF DENTRO DEL CAMPO TEMÀTICO PRIORITARIO "INVESTIGACIÓN SOBRE LA ENERGÍA DE FUSIÓN"

Artículo 28

Las normas del presente capítulo se aplicarán a las actividades de IDTF dentro del campo temático prioritario "Investigación sobre la energía de fusión". En caso de conflicto entre las normas establecidas en el presente capítulo y las establecidas en los capítulos II y III, prevalecerán las del presente capítulo .

Artículo 29

Procedimiento

Las actividades de IDTF dentro del campo temático prioritario "Investigación sobre la energía de fusión" podrán ejecutarse basándose en los procedimientos establecidos en los siguientes marcos:

a) los contratos de asociación con los Estados miembros, los Estados Asociados o las entidades jurídicas establecidas en dichos Estados;

b) el Acuerdo Europeo para el Desarrollo de la Fusión (European Fusion Development Agreement (EFDA));

c) cualesquiera otros acuerdos multilaterales celebrados por la Comunidad con entidades jurídicas asociadas;

d) las entidades jurídicas que puedan crearse después de que haya emitido dictamen el Comité Consultivo del Programa de Fusión al que se refiere el apartado 2 del artículo 5 del Programa Específico sobre Energía Nuclear;

e) otros contratos de duración limitada con entidades jurídicas no asociadas establecidas en Estados miembros o Estados Asociados;

f) acuerdos internacionales relacionados con la cooperación con terceros países o con cualquier entidad jurídica que pueda establecerse en virtud de tales acuerdos.

Artículo 30

Contribución financiera de la Comunidad

1. En los contratos de asociación mencionados en la letra a) del artículo 29 y los contratos de duración limitada mencionados en la letra e) del artículo 29, se establecerán las modalidades de la contribución financiera comunitaria a las actividades que cubran.

El tipo anual de base de la contribución financiera de la Comunidad no superará el 20% de los gastos corrientes en 2003 y disminuirá anualmente de manera que el valor medio durante el período de vigencia del Programa Marco 2002-2006 no rebase el 15%.

2. Previa consulta al Comité Consultivo del Programa de Fusión mencionado en el apartado 2 del artículo 5 del Programa Específico sobre Energía Nuclear, la Comisión podrá financiar:

a) los gastos de capital de proyectos claramente definidos a los que el Comité haya otorgado prioridad, a un tipo uniforme igual al 35%;

b) actividades multilaterales definidas concretamente y ejecutadas en virtud del Acuerdo Europeo para el Desarrollo de la Fusión o por cualquier entidad jurídica establecida con este fin, incluida la contratación pública.

3. En el caso de proyectos y actividades que reciban una contribución financiera superior al tipo anual de base mencionado en el párrafo segundo del apartado 1, todas las entidades jurídicas mencionadas en las letras a) a e) tendrán derecho a participar en los experimentos realizados con el equipo correspondiente.

4. La contribución financiera de la Comunidad a las actividades realizadas dentro del marco de un acuerdo de cooperación internacional mencionado en la letra f) del artículo 29 se definirá en el acuerdo o por cualquier entidad jurídica establecida en virtud de éste.

La Comunidad, junto con las entidades jurídicas asociadas al programa, podrá crear cualquier entidad jurídica adecuada para gestionar su participación en un acuerdo y su contribución financiera a éste.

Hecho en Bruselas, el [...]

Por el Consejo

El Presidente

ANEXO

Actividades de IDT y contribución financiera de la Comunidad por tipos de instrumento

>SITIO PARA UN CUADRO>

(1) La contribución financiera de la Comunidad se aplica a un presupuesto de gastos adicionales a los que sufragan aparte los participantes, excepto para las propuestas mencionadas en la letra b del apartado 2 del artículo 17, en las que cubre un precio de adquisición, o cuando adopta la forma de una cantidad a tanto alzado fijada previamente por la Comisión.

Estos gastos podrán ser sufragados por la Comunidad al 100%. Así, en el caso particular de las acciones de coordinación, ésta cubre al 100% el presupuesto necesario para la coordinación de las actividades cuya financiación corre a cargo de los propios participantes.

(2) En casos debidamente justificados

(3) Estos tipos varían según los campos y se fijan en el programa de trabajo. La contribución de la Comunidad cubre de manera complementaria los gastos del programa común de actividad.

(4) El modelo de contrato precisará las condiciones según las cuales se financiará a algunas entidades jurídicas, en particular las entidades públicas, el 100% de sus costes marginales.

(5) Los tipos de financiación comunitaria podrán modularse de acuerdo con las normas por las que se rige el encuadramiento comunitario de ayudas de Estado de investigación y desarrollo, dependiendo de que las actividades sean de investigación o de demostración, o bien en función de las demás actividades que se lleven a cabo, como la formación de los investigadores o la gestión del consorcio.

(6) Las actividades de cualquier iniciativa integrada de infraestructura tienen que incluir obligatoriamente una actividad de conexión en red (acción de coordinación: hasta el 100% del presupuesto) y al menos una de las siguientes actividades: actividades de investigación (hasta el 50% del presupuesto) o actividades de servicios específicos (por ejemplo: acceso transnacional a las infraestructuras de investigación: hasta el 100% del presupuesto).

501DC0726

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN - Simplificar y mejorar el marco regulador.

Introducción

1. En diciembre de 1992, el Consejo Europeo de Edimburgo reconoció la simplificación y la mejora del marco regulador como una de las principales prioridades de la Comunidad.

Nueve años después, hay que reconocer que, a pesar de los esfuerzos realizados, los resultados obtenidos distan mucho de los objetivos marcados, debido a la complejidad de la tarea y a la falta de apoyo político real. Por consiguiente, la mayor parte del trabajo --y la más importante-- está aún por hacer. Esta opinión es compartida por las dos ramas del poder legislativo, como se ha puesto de manifiesto en numerosos debates del Parlamento Europeo a lo largo de los dos últimos años.

La mejora y la simplificación del marco regulador sigue siendo, pues, una necesidad absoluta para el futuro de la Unión Europea, tal y como se explica en el Libro Blanco sobre la gobernanza europea, adoptado por la Comisión el 25 de julio pasado:

* la necesidad de reforzar la legitimidad democrática del proyecto europeo implica que la Unión debe trabajar en favor de una legislación mejor, más simple, más adaptada a los problemas planteados y más accesible. Es ésta condición sine qua non para que la acción comunitaria sea mejor comprendida, mejor aplicada y, por consiguiente, mejor aceptada por los ciudadanos europeos;

* el desarrollo económico y social de la Unión exige, con arreglo a la estrategia definida en el Consejo Europeo de Lisboa, un marco regulador claro y eficaz que garantice la protección de los ciudadanos y la competitividad de las empresas, mejorando para ello la seguridad jurídica y reduciendo el coste de una regulación de mala calidad [1];

[1] Según un estudio encargado por la Comisión a EOS/Gallup, las empresas europeas consideran que la mala calidad de la regulación constituye una carga excesivamente gravosa. Siempre según ese estudio, el coste de la regulación podría estimarse en un 4 % del PIB comunitario. Un 15 % de este coste, es decir el 0,6 % del PIB comunitario, podría evitarse gracias a una mejor regulación, lo que supondría un ahorro de unos 50 millones de euros.

* de cara a la ampliación a los países candidatos, es imprescindible mejorar y simplificar el marco regulador, único medio de garantizar la plena aplicación del acervo comunitario en una Europa ampliada pero que mantenga intacta su capacidad de acción.

2. En los últimos dos años se viene reiterando al más alto nivel la necesidad de una auténtica movilización de las instituciones y de los Estados miembros:

* las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, posteriormente refrendadas y desarrolladas por los Consejos Europeos de Estocolmo y Gotemburgo, piden el establecimiento, «a más tardar en 2001», de una «estrategia para una actuación más coordinada orientada a simplificar el marco regulador» [2];

[2] Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa de los días 23 y 24 de marzo de 2000: establecer «a más tardar en 2001, una estrategia para una actuación más coordinada orientada a simplificar el marco regulador, incluido el funcionamiento de las administraciones públicas, tanto a escala nacional como comunitaria»; conclusiones del Consejo Europeo de Estocolmo de los días 23 y 24 de marzo de 2001: «la Comisión, en colaboración con todos los órganos competentes, deberá presentar antes de finalizar 2001 un plan para simplificar y mejorar la normativa»; conclusiones del Consejo Europeo de Gotemburgo de los días 15 y 16 de junio de 2001: «la Comisión incluirá en su plan de acción para una mejor reglamentación, que deberá presentarse en el Consejo Europeo de Laeken, mecanismos que garanticen la inclusión en todas las propuestas políticas importantes de una evaluación del impacto sobre la sostenibilidad que tenga en cuenta sus posibles consecuencias económicas, sociales y ambientales».

* los debates que tuvieron lugar en 1999 y 2000 en el Parlamento Europeo sobre la evaluación de los programas SLIM y BEST pusieron de manifiesto la necesidad de asignar, a todos los niveles, los recursos necesarios para disponer de una legislación simple, comprensible y de buena calidad;

* el Grupo consultivo de alto nivel, creado por los Ministros de Administraciones Públicas en noviembre de 2000, ha presentado recientemente una contribución importante y de excelente calidad sobre todos los aspectos de esta cuestión. El informe del grupo presidido por el Sr. Mandelkern contiene un análisis detallado de ejemplos de buenas prácticas para garantizar una regulación de calidad a lo largo de todo el proceso legislativo. Incluye asimismo un gran número de recomendaciones específicas para mejorar la calidad de los actos legislativos (tanto nacionales como comunitarios), si bien no se resalta suficientemente la responsabilidad de los Estados miembros. La calidad de la legislación nacional y comunitaria mejoraría si los Estados miembros y las instituciones comunitarias aplicaran --actuando siempre dentro de sus respectivos ámbitos de competencia-- las recomendaciones del informe. La Comisión considera, sin embargo, que la aplicación de las recomendaciones del grupo Mandelkern debería tener en cuenta las particularidades del proceso decisorio comunitario y las competencias de cada Institución [3].

[3] Así, por ejemplo, algunas recomendaciones propuestas por el grupo Mandelkern serían difícilmente conciliables con ciertas prácticas habituales del legislador comunitario, por ejemplo el hecho de supeditar expresamente la adopción de un instrumento regulador a la condición de que se proponga un nuevo acto para completar otros aspectos de la cuestión.

La Comisión está convencida de que no se producirá progreso alguno a menos que todos los agentes (instituciones europeas y autoridades nacionales) que intervienen en el marco regulador modifiquen su forma de actuar. Una reforma de estas características no exige nuevas modificaciones de los Tratados. Sin embargo, la Comisión considera que es necesario un debate interinstitucional acerca de la simplificación y la mejora del marco regulador, a fin de delimitar el marco político de una estrategia común.

3. La Comisión ya presentó al Consejo Europeo de Estocolmo un informe provisional [4], en el que hacía balance de la situación y formulaba una serie de principios básicos y de posibles vías de reflexión. Por otra parte, el Libro Blanco sobre la gobernanza europea [5], adoptado por la Comisión el 25 de julio de 2001, propone una serie de orientaciones, sobre las cuales se ha abierto un amplio proceso de consulta que se prolongará hasta marzo de 2002. La Comisión toma nota asimismo con gran interés del primer dictamen del Parlamento Europeo sobre el referido Libro Blanco [6]. Lo importante ahora es que estos elementos se integren en una estrategia coordinada y operativa. Esta estrategia requiere:

[4] COM (2001) 130.

[5] COM (2001) 428.

[6] Resolución del Parlamento Europeo, incluida en el informe de la Sra. KAUFMANN, aprobada el 28 de noviembre de 2001.

* una definición común de los objetivos: por lo que respecta a la Comisión, se trataría, en concreto, de mejorar las prácticas y los mecanismos actuales de regulación a lo largo de todo el ciclo legislativo y de simplificar cualitativa y cuantitativamente la legislación existente; el objetivo no es desregular ni interferir las prerrogativas del ejecutivo o del legislador, y mucho menos restringir la capacidad de acción de la Comunidad;

* un apoyo político firme y real de los Estados miembros y de las instituciones, que se traduzca sobre todo en recursos humanos y presupuestarios apropiados, nuevos métodos y una nueva cultura de trabajo;

* la definición de acciones específicas, realistas y movilizadoras, que hagan llegar a los europeos el mensaje político que se quiere difundir.

Por consiguiente, la forma en que se van a aplicar los principios y el contenido de esta estrategia debería ser objeto de un diálogo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.

4. El elemento fundamental de la presente Comunicación de la Comisión es, por tanto, la consulta de las demás instituciones y los Estados miembros sobre esta estrategia y las acciones que considera más prioritarias en este marco, a saber:

(1) simplificar y mejorar el acervo comunitario;

(2) una legislación mejor elaborada y más apropiada;

(3) una nueva cultura en las instituciones;

(4) una mejor transposición y aplicación del Derecho comunitario [7].

[7] La Comisión recuerda que había propuesto otras medidas en el marco de su informe provisional presentado en el Consejo Europeo de Estocolmo.

A partir de la reacción del Consejo y del Parlamento Europeo a la presente Comunicación y teniendo en cuenta el amplio proceso de consulta abierto por el Libro Blanco sobre la gobernanza, que se prolongará hasta marzo de 2002, la Comisión propondrá, en junio de 2002, un plan de acción detallado sobre la mejora y la simplificación del marco regulador.

1. Simplificar y Mejorar el acervo comunitario

En primer lugar, es necesario superar la contradicción política actual: por un lado, se alaba el acervo comunitario por el conjunto de derechos y de disposiciones de integración que representa y, por otro, se recibe críticas por las dificultades planteadas por su acceso, comprensión y aplicación.

En la actualidad, el acervo comunitario ocupa más de 80 000 páginas, lo que dificulta su consulta y aplicación tanto para los especialistas como para los ciudadanos. Estas dificultades aumentarán sin duda con la adhesión de nuevos Estados, que deberán incorporar este acervo a sus ordenamientos jurídicos. Es esencial, por tanto, simplificar y reducir el volumen de los textos, así como determinar un objetivo cuantificado y un calendario político preciso.

Existen varios métodos para alcanzar estos objetivos [8]. Aunque en los últimos años se han puesto en práctica algunas acciones puntuales (por ejemplo, la iniciativa SLIM), los resultados siguen siendo extremadamente limitados. Las instituciones y los Estados miembros deben sacar las conclusiones necesarias y definir una campaña de simplificación legislativa en la que primen la coherencia, la eficacia y la coordinación.

[8] La consolidación consiste en reagrupar, en un sólo texto no vinculante y con fines exclusivamente informativos, las disposiciones en vigor de una regulación determinada, que se encuentran dispersas en el primer acto jurídico y en sus sucesivas modificaciones. La codificación consiste en la adopción de un nuevo acto jurídico que, sin cambiar su sustancia, integra un instrumento anterior y sus sucesivas modificaciones en un texto único. Este nuevo acto jurídico sustituye y deroga el anterior. El 20 de diciembre de 1994 se concluyó un acuerdo interinstitucional sobre un método de trabajo acelerado con vistas a la codificación oficial de los textos legislativos. La refundición supone la adopción de un acto jurídico único que introduce las modificaciones sustanciales requeridas, las codifica con las disposiciones del acto anterior que permanecen inalteradas y deroga este último. Recientemente se ha concluido el acuerdo interinstitucional para hacer un uso más estructurado de la técnica de refundición de actos jurídicos, que facilitará la aplicación de este método. Por último, la simplificación es un ejercicio que procura simplificar, teniendo en cuenta la experiencia adquirida, la sustancia de una regulación y adaptarla a las necesidades de los usuarios (el método SLIM es el mejor ejemplo de ello).

La Comisión propone que las instituciones definan conjuntamente un programa integrado de cara a la simplificación del acervo comunitario. Para alcanzar este objetivo podría reducirse el número de actos --mediante la utilización del método de codificación o la refundición de normas sucesivas-- y el número de páginas, para lo que se podría recurrir, además, a la simplificación de la sustancia del instrumento regulador [9]. La aplicación de este programa, que viene a completar el programa de codificación ya adoptado por la Comisión, podría reducir de forma significativa --hasta en un 25 %-- el volumen de los textos existentes antes de que concluya el mandato de la presente Comisión, en enero de 2005. Una vez concluida esta primera fase del proceso, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, las instituciones definirían la metodología de la segunda fase.

[9] Conforme a los principios definidos en el acuerdo interinstitucional sobre la refundición adoptado por las instituciones en 2001.

Todas las partes interesadas deben tener presente que un plan de estas características ha de contar con los recursos necesarios y culminar en la definición de nuevos métodos de trabajo [10].

[10] Véase la parte 3 del documento, p. 10.

Al mismo tiempo, es indispensable retirar del sistema legislativo aquellas propuestas que hayan quedado obsoletas. A fin de hacer llegar un mensaje político claro en este sentido, la Comisión tiene la intención de retirar un centenar de propuestas pendientes anteriores a 1999 que ya no son pertinentes.

2. Una legislación mejor elaborada y más adaptada

A menudo se reprocha a la legislación comunitaria la supuesta inadaptación de las soluciones propuestas por la Comisión y posteriormente aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo.

La Comisión considera que entra dentro de sus competencias velar por la mejora permanente de la calidad de la legislación comunitaria [11]. Es ésta una cuestión fundamental de cara a la consolidación de las estructuras democráticas de la Comunidad.

[11] Con arreglo al Acuerdo interinstitucional sobre la calidad de la redacción de la legislación comunitaria, DO C 73 de 17.3.1999.

En este contexto, e independientemente de los resultados del actual proceso de consulta, la Comisión propone dos acciones prioritarias.

A - Reforzar las consultas y los análisis de impacto previos

Cualquier propuesta legislativa constituye un compromiso por parte de la Comisión. Guiándose siempre por el interés comunitario, la Comisión procede a una evaluación previa del problema planteado a fin de evaluar la conveniencia de una actuación a escala comunitaria. A continuación, consulta a las partes interesadas y efectúa análisis de impacto a fin de decidir cuál es el medio más eficaz para alcanzar los objetivos marcados, cuál es el instrumento más adecuado y, en su caso, cuáles serían el coste y los beneficios de una eventual propuesta. Llegados a esta fase, podría suceder que no se considerara necesaria una intervención a escala comunitaria.

La Comisión tiene la intención de mejorar estas prácticas, a fin de garantizar a los ciudadanos europeos, conforme a lo dispuesto en el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad [12], una legislación más eficaz y transparente.

[12] Véase el punto 9 del referido Protocolo, anexo al Tratado CE.

1) Consultas

La Comisión ya dispone de instrumentos adecuados (libros verdes, libros blancos, consultas de los interlocutores sociales, foros, consultas interactivas cada vez más frecuentes en Internet, etc.) y de numerosas instancias (grupos de expertos y comités consultivos) a efectos de consulta. En aras de la transparencia, se ha comprometido asimismo a publicar a la mayor brevedad una lista completa de todos ellos. La Comisión tiene en cuenta asimismo, en su caso, los dictámenes del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones. Estos elementos constituyen un acervo único e inestimable para la Comisión, y cualquier mejora constituirá una garantía adicional para los ciudadanos.

Hemos de seguir avanzando por esta vía. La Comisión tiene intención de intensificar estas consultas, en particular las destinadas a los representantes de la sociedad civil, recurriendo al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones y facilitando el acceso del público a las bases de datos que permiten consultas en línea (vía Eur-Lex y Pre-Lex) [13].

[13] EUR-LEX es la base de datos interinstitucional que recoge la legislación vigente. PRE-LEX es un sitio especializado que contiene una parte de la legislación en preparación. Se podría estudiar la posibilidad de convertir EUR-LEX en un portal de acceso a todos los sitios legislativos. Por otra parte, para las medidas nacionales de transposición, EUR-LEX ya incluye CELEX.

2) Análisis de impacto

En la actualidad, la Comisión ya efectúa estudios previos de sus proyectos de propuestas, para decidir si es conveniente o no una intervención a escala comunitaria.

En caso de que se considere necesaria una intervención de este tipo, el estudio previo también es de utilidad a la hora de decidir qué propuestas deben someterse a un análisis de impacto detallado. Esta decisión corresponde al Colegio y su adopción coincide con la aprobación del programa de trabajo.

En este contexto, y de conformidad con el mandato otorgado por el Consejo Europeo de Gotemburgo, la Comisión tiene la intención de establecer, de aquí a finales de 2002, un método coherente para los análisis de impacto que garantice que todas las propuestas importantes integran, de manera proporcionada y adaptada a su contenido, una evaluación de los componentes económicos, sociales y medioambientales del desarrollo sostenible. Se presentará en breve una comunicación al respecto. El sistema se basará en una evaluación de los costes y los beneficios, haciendo hincapié en las repercusiones económicas, sociales y medioambientales. La evaluación del impacto delimitará el problema que hay que abordar, para pasar después a analizar las posibles opciones disponibles, sus respectivos efectos y la forma en que debe aplicarse la acción política.

La Comisión espera que, siempre que se efectúe una evaluación a escala nacional del impacto de una regulación, los Estados miembros, siguiendo las recomendaciones del grupo Mandelkern, notifiquen a la Comisión y a los demás Estados miembros sus resultados y los detalles de las propias medidas de regulación.

La generalización de estas prácticas, una labor ardua pero necesaria, no debe dar lugar a una prolongación excesiva del ciclo legislativo, ni constituir un obstáculo a la capacidad de acción de la Unión [14]. La Comisión considera que un instrumento regulador mejor elaborado y basado en consultas y análisis de impacto sólidos facilitaría y aceleraría su aprobación por el Consejo y el Parlamento Europeo.

[14] En este sentido, está claro que estos análisis de impacto detallados no se llevarán a cabo en el caso de propuestas urgentes o de menor importancia, de propuestas de gestión corriente, de simples modificaciones o actualizaciones o de actos requeridos por el propio Tratado.

B - Aprovechar mejor los instrumentos disponibles

En el Libro Blanco sobre la gobernanza europea, adoptado en julio de 2001, la Comisión expresó su deseo de emprender una reflexión común sobre la adaptación de los instrumentos legislativos y de los métodos de acción complementarios de la Comunidad.

En aras de una mayor eficacia, se impone delimitar con precisión los instrumentos y los tipos de acción disponibles. La Comisión respetará las disposiciones del Tratado sobre el uso de un determinado instrumento regulador cuando así se especifique.

Son varios los instrumentos disponibles: reglamentos, directivas, decisiones, decisiones marco, acuerdos y recomendaciones. El método abierto de coordinación y los acuerdos entre los interlocutores sociales son instrumentos complementarios.

Es preciso que se comprenda cabalmente la distinción entre reglamento y directiva: la utilización de reglamentos sólo debe contemplarse para aquellas acciones que exijan una aplicación uniforme en todos los Estados miembros. La directiva debe volver a ser, en los demás casos, un instrumento que defina el marco jurídico y los objetivos que deben alcanzarse, de conformidad con el Tratado y el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad [15].

[15] Véase el punto 6 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

De cara a hacer un mayor uso de directivas menos detalladas, convendría atribuir a la Comisión, siempre que fuera necesario, más competencias en materia de ejecución. Al mismo tiempo, habría que reexaminar los procedimientos en vigor en materia de comitología y de control de los actos de ejecución por parte del legislador.

Por otra parte, habría que aprovechar todas las posibilidades que ofrecen los distintos tipos de acción disponibles para alcanzar los objetivos del Tratado: acción reguladora, coordinación, apoyo financiero, medidas vinculantes o no vinculantes. Además, a la vista de la existencia de determinados nuevos requisitos en sectores específicos, se debería reservar un lugar más importante a las propias partes interesadas (agentes económicos, interlocutores sociales, otros tipos de agentes), a fin de hacerlas partícipes de las responsabilidades y de evitar una normativa excesivamente compleja, conforme a los referidos principios y en el pleno respeto de las exigencias en materia de transparencia y defensa del interés general.

La corregulación permitiría alcanzar estos objetivos de flexibilidad y mayor eficacia. Combina medidas legislativas o reglamentarias vinculantes --que constituyen el marco jurídico y político principal de la acción-- y medidas adoptadas por las partes más interesadas en su aplicación. Debería preverse asimismo un sistema de sanciones a escala comunitaria, lo que garantizaría la continuidad del Derecho y la coherencia de la legislación.

La corregulación no es una forma de soslayar las prerrogativas del legislador, ni de evitar la regulación. Corresponde al legislador apreciar caso por caso la conveniencia o no de recurrir a dicho procedimiento. Las modalidades de este recurso se precisarán en el marco del diálogo interinstitucional. El Tratado prevé asimismo el mecanismo de los acuerdos entre interlocutores sociales a escala europea, que pueden aplicarse por un acto vinculante del Consejo o con arreglo a los procedimientos y prácticas propios de los interlocutores sociales y los Estados miembros (véanse los artículos 138 y 139 del Tratado). La producción de normas comunitarias por medio de estos acuerdos garantiza el respeto de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad.

Así pues, la Comisión recurrirá, en su caso, a estos instrumentos y métodos a fin de proponer una respuesta plenamente adaptada a las situaciones planteadas. En este sentido, considera que la autorregulación, en condiciones claramente definidas, también puede ser una forma de alcanzar los objetivos del Tratado y evitar una regulación excesiva. El Libro Blanco sobre la gobernanza europea proponía a tal efecto un amplio debate sobre el marco general en el que se inscribirían estas prácticas. La Comisión desearía conocer la reacción de las demás instituciones y de los Estados miembros al respecto.

3. Una nueva cultura dentro de las instituciones

Como se ha podido constatar desde 1992, la simplificación del marco regulador no es algo que pueda decretarse sin más. No sólo es preciso asignar los recursos humanos y presupuestarios necesarios, sino también adaptar las estructuras existentes para dar paso a una nueva cultura política y administrativa [16].

[16] La Comisión tiene intención de presentar los recursos necesarios para la aplicación del plan de acción en la EPA (Estrategia política anual) para 2003. Ya ha tomado decisiones relativas a los recursos asignados al programa de codificación.

Un cambio de estas características requiere un esfuerzo colectivo de la Comisión, las demás instituciones y los Estados miembros.

La Comisión intenta sentar un precedente con la creación de una red legislativa interna para promover ejemplos de buenas prácticas y aplicar los principios de calidad legislativa adoptados en el marco del diálogo interinstitucional.

Esta red permitirá detectar en una fase más temprana del proceso legislativo aquellas iniciativas que no satisfacen los criterios de subsidiariedad y proporcionalidad. La Secretaría General se encargará de gestionar y coordinar esta red legislativa y de someter al Colegio aquellas propuestas que se consideren contrarias a los referidos principios. La Comisión se reserva la posibilidad de retirar sus propuestas si las enmiendas propuestas por el Consejo o el Parlamento Europeo introducen un nivel de complicación legislativa incompatible con estos principios.

Puesto que la legislación comunitaria también es responsabilidad del Parlamento Europeo y del Consejo, debería crearse paralelamente una red interinstitucional, bajo los auspicios de la Comisión, encargada de velar por la calidad legislativa de los textos.

Una nueva cultura requiere nuevos métodos de trabajo. Así, por ejemplo, la codificación, la refundición o la simplificación de los textos no debería confiarse únicamente a los expertos que contribuyeron a la adopción de los actos originales. Por esta razón, sería conveniente crear en el Consejo un grupo ad hoc encargado de esta misión. Del mismo modo, la aprobación de textos simplificados en el Consejo y el Parlamento debería llevarse a cabo mediante procedimientos acelerados.

4. Una mejor transposición y aplicación del Derecho comunitario

Los Estados miembros, de los que depende el 90 % de la legislación europea, tienen también una responsabilidad política en relación con la calidad del marco regulador, en la medida en que deben aplicar y, en su caso, transponer los instrumentos jurídicos comunitarios. Es ésta una tarea esencial que es conveniente reforzar.

La Comisión, por su parte, ha de verificar si la legislación se incorpora correctamente y debe garantizar, junto con los Estados miembros, sus efectos concretos.

En este sentido, la Comisión desea que los Estados miembros se comprometan a transponer fielmente y en los plazos previstos los actos comunitarios, a fin de alcanzar los objetivos fijados por el Consejo Europeo de Lisboa. También deben modernizarse y acelerarse los procedimientos de notificación a la Comisión de estas medidas de transposición.

Siguiendo esta misma lógica, cada Estado miembro debería designar corresponsales de transposición/aplicación encargados de garantizar una comunicación fluida entre los servicios de la Comisión y las administraciones nacionales. Esta estructura permitirá igualmente, a través de una más estrecha cooperación, contar con mejores mecanismos de feedback, a fin de evaluar la utilidad y la eficacia de una determinada norma.

Por último, y sin perjuicio de su papel de guardiana de los Tratados, la Comisión debería, junto con los Estados miembros, examinar la posibilidad de definir un enfoque común en materia de control y aplicación práctica de la legislación comunitaria. Este enfoque requeriría la definición de objetivos, principios y criterios comunes, mecanismos de cooperación administrativa, intercambios de información, asistencia mutua y una vigilancia coordinada del sector en cuestión.

Conclusión

La simplificación y la mejora del marco regulador requieren una acción coordinada por parte de las instituciones y los Estados miembros. Los resultados hasta ahora obtenidos han sido escasos. La Comisión insta a todas las partes interesadas a que se movilicen de cara a la definición de una estrategia común al servicio de la legislación y, por consiguiente, de los ciudadanos europeos.

A la espera de las reacciones que suscite el presente documento, la Comisión propone entablar cuanto antes un debate común con el Parlamento Europeo y el Consejo a fin de definir los principios y el contenido de esta estrategia, que debería culminar en junio de 2002 con la adopción de un plan de acción y, posiblemente, de acuerdo interinstitucional.