Dictamen del Comité Económico y Social sobre el «Libro Verde - Función, posición y responsabilidad civil del auditor legal en la Unión Europea»

(97/C 133/01)

El 29 de julio de 1996, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social sobre el «Libro Verde - Función, posición y responsabilidad civil del auditor legal en la Unión Europea».

El Comité de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 7 de febrero de 1997 (Ponente: Sr. Moreland).

En su 343° Pleno (sesión del 26 de febrero de 1997), el Comité Económico y Social ha aprobado por 84 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1. Presentación de la Comisión

La Comisión estima que la falta de un punto de vista unificado y de una acción común en la UE sobre la función del auditor legal redunda negativamente en la fiabilidad potencial de las cuentas financieras, como consecuencia de la preocupación sobre la calidad de las auditorías, y en la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios en este sector. El objetivo de la Comisión consiste en garantizar que los servicios de auditoría se beneficien plenamente de las ventajas que ofrece el mercado único.

La Comisión pide a las partes interesadas que le comuniquen sus observaciones sobre varios ámbitos, en particular:

- el requisito de independencia del auditor;

- la exactitud de los estados financieros;

- el papel del auditor en relación con temas medioambientales y sociales;

- el contenido del informe de auditoría;

- las diferencias entre los requisitos y los sistemas educativos de los auditores;

- la alternancia de los auditores;

- el nombramiento y la autorización del auditor;

- la responsabilidad profesional de los auditores;

- la auditoría de las pequeñas sociedades;

- los sistemas de auditoría de grupos.

2. Conferencia de la Comisión

2.1. La Comisión organizó una Conferencia sobre el Libro Verde, que se celebró en Bruselas, los días 5 y 6 de diciembre de 1996, con la participación de 200 representantes de asociaciones profesionales y entes públicos. La Comisión ha sacado conclusiones «preliminares» de esta Conferencia. Entre ellas cabe señalar la necesidad de poner de relieve de las iniciativas de los profesionales de la contabilidad, la posible creación de un subcomité técnico, la realización de un estudio sobre la responsabilidad civil en el ejercicio de la profesión, el examen del artículo 2 de la Octava Directiva (), la posible elaboración de una Directiva sectorial relativa a la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios en el sector de la auditoría, y la necesidad de eximir a las pequeñas empresas de la obligación de someter sus cuentas a auditoría.

2.2. En el presente Dictamen se tiene en cuenta tanto lo abordado en la Conferencia como las conclusiones «preliminares».

3. Observaciones generales

3.1. El Comité acoge favorablemente el Libro Verde de la Comisión en la medida en que suscita un debate sumamente necesario sobre la forma de avanzar en el establecimiento de normas estrictas y compatibles en materia de auditoría y en la fundamentación del planteamiento de la Unión Europea para la fijación de normas internacionales.

3.2. A pesar de que los Estados miembros están de acuerdo en el objetivo común de garantizar que las cuentas y los estados financieros publicados ofrezcan una imagen fiel e imparcial de la situación financiera de una empresa, el Comité reconoce que la legislación, las costumbres y las prácticas varían considerablemente entre los Estados miembros y que existe una falta de consenso sobre una serie de cuestiones. Por lo tanto, el Comité insta a la Comisión a que fije prioridades y elabore un plan de actuación relativo a los requisitos mínimos aplicables en la UE. Además, en la medida de lo posible, la Comisión debería animar a la propia profesión auditora a armonizar sus procedimientos en el conjunto de la UE, es decir, a recurrir a la autorregulación. Sin embargo, dicha armonización debería ser objeto de un debate con la participación de otras partes interesadas, como los accionistas, los directores de empresa, etc., y de un estrecho seguimiento por parte de la Comisión. Por otra parte, la Comisión debería elaborar regularmente informes sobre los avances realizados en este ámbito a la atención del Consejo, el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social. En líneas generales, el planteamiento de la Comisión debería basarse en la subsidiariedad y en la flexibilidad. El Comité pide que se realice una estimación clara de los costes de cualquier nueva legislación o normativa a fin de garantizar que éstos no sean superiores a los beneficios, especialmente en lo que se refiere a las pequeñas empresas.

En el caso de una eventual modificación, debería evitarse que se establezcan requisitos que las empresas o los auditores apenas puedan cumplir, o solamente a costa de gastos adicionales considerables.

Paralelamente a la internacionalización de las normas materiales de contabilidad a partir de la labor realizada por los organismos IASC/IOSCO, el objetivo debería ser también la armonización de las normas a nivel internacional, especialmente en vista de los avances que ha conseguido ya la IFAC. Esto debería ser apoyado puesto que se ha dado prioridad a la autorregulación profesional.

3.3. El Comité hace hincapié en que es preciso dar prioridad a los sectores para los cuales la legislación y las prácticas nacionales en vigor constituyen un obstáculo para el funcionamiento del mercado único. A este respecto, los siguientes ámbitos merecen un trato prioritario:

- los sectores en los que existen limitaciones de la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios;

- los sistemas de auditoría de grupos en varios Estados miembros;

- la necesidad de garantizar que la evolución de las normas internacionales de auditoría se ajuste a los objetivos del mercado único;

- la adopción de un planteamiento común para la función y el estatuto jurídico de los auditores legales;

- la necesidad de garantizar que sea perceptible el carácter independiente de la auditoría de las cuentas;

- los requisitos educativos.

Asimismo, cabe señalar que la responsabilidad profesional es un tema importante para los auditores de todos los Estados miembros. Por consiguiente, el Comité propone que los Estados miembros y la UE coordinen sus actuaciones en la materia, sin perjuicio de que se intente hallar un marco mínimo de procedimientos técnicos y jurídicos aplicables horizontalmente en todos los Estados miembros de la Unión.

3.4. El Comité insta a la Comisión a que clarifique sus conclusiones sobre la línea de acción que debería adoptarse tras la conclusión de la fase de consulta actual.

4. Observaciones específicas

(Las siguientes observaciones siguen el orden de los puntos del Libro Verde.)

4.1. Función del auditor legal (3.1-3.38)

4.1.1. Definición de auditoría legal (3.1-3.7)

Es preciso evitar una definición restrictiva en cuanto a su aplicación. En todo caso, el Comité estima que debería hacerse hincapié en los objetivos de la auditoría y en la búsqueda de un acuerdo sobre la forma en que los auditores deberían comunicar sus conclusiones a los usuarios de las cuentas. El Comité considera que sería más apropiado permitir que los profesionales de la contabilidad tomen la iniciativa de formular una «definición», en vez de basarla en una directiva o una recomendación de la UE.

4.1.2. Exactitud de los estados financieros (3.8-3.13)

El Comité suscribe las observaciones de la Comisión, pero considera que el marco contable debe ser objeto de una clara definición por medio de las vías más adecuadas, teniendo en cuenta los trabajos realizados por los organismos profesionales mencionados en el punto 4.1.7. El auditor debería mencionar en términos inequívocos el marco determinado que haya utilizado.

4.1.3. Continuidad de funcionamiento o solvencia de la sociedad (3.14-3.21)

El Comité expresa su conformidad con los argumentos esgrimidos en el Libro Verde. Al comunicar los resultados de una evaluación de la situación de una empresa, los auditores deben cuidarse de no inducir a error y de no comprometer el éxito de las medidas correctivas que puedan haberse introducido previamente.

Cuando los auditores alberguen dudas sobre la continuidad de funcionamiento de la sociedad, una posible solución podría consistir en exigir que los directivos hagan una declaración al respecto que posteriormente sea objeto de observaciones por parte de los auditores. (Se trata de una cuestión que debería tenerse en cuenta en cualquier examen de la gestión de una sociedad - véase el punto 4.2.3 del presente Dictamen.)

4.1.4. Existencia de fraude (3.22-3.29)

El Comité reconoce que la dirección es la principal responsable de evitar y detectar el fraude y llevar a cabo controles internos apropiados, incluyendo, si procede, procedimientos de auditoría interna.

Sin embargo, tal como lo señala la Comisión, gran parte de la opinión pública piensa que la misión del auditor legal es detectar fraudes. El Comité comparte la opinión de que incumbe a los auditores responder de forma positiva a este postulado.

En materia de fraude conviene distinguir las diversas fases (detección, prevención y declaración) y tener en cuenta que el papel del auditor legal puede variar en consecuencia.

Es cuestionable que el informe de auditoría deba pronunciarse sobre los mecanismos de control interno de las sociedades auditadas. Estos sistemas deben ser evaluados para poder emitir el informe de auditoría basándose en ellos. Sólo en el caso de que esa evaluación fuese negativa debería informarse expresamente de ello al comité de auditoría de la empresa.

4.1.5. Respeto por parte de la sociedad de sus obligaciones legales (3.30-3.32)

A este respecto, el Comité expresa su conformidad con lo expuesto en el Libro Verde.

4.1.6. Actuación responsable de la sociedad en temas medioambientales y sociales (3.33-3.35)

En el marco de su misión fundamental, que consiste en emitir un dictamen sobre la exactitud y la fidelidad de los estados financieros de una empresa, los auditores tienen la obligación de confirmar que en las cuentas de la empresa figuran y se reflejan todos los pasivos, con inclusión de los pasivos relativos al medio ambiente o a los aspectos sociales cuando éstos sean susceptibles de incidir en la situación financiera de una empresa.

El Comité también considera que es necesario someter a las empresas de mayor envergadura a un control de su actuación social y reconoce que este control no sólo debería realizarse en lo que respecta al entorno físico, sino también en lo relativo a otros ámbitos como, por ejemplo, la actuación en materia de empleo. Sin embargo, es evidente que este planteamiento exige capacitaciones ajenas a las de un auditor encargado de examinar las cuentas financieras, es decir, el auditor «legal» no tiene por qué ser el responsable de esta tarea.

4.1.7. El informe de auditoría (3.39-3.46)

El Comité estima que sería conveniente respaldar el trabajo realizado por el Comité de normas internacionales de auditoría de la Federación Internacional de Contables (IFAC).

4.2. Posición del auditor legal (4.1-4.36)

4.2.1. Aptitud del auditor legal (4.1-4.6)

El Comité entiende finalmente que se debería proceder a una adaptación de la Octava Directiva () en función de las orientaciones recomendadas en el Libro Verde y de las recomendaciones de la Conferencia citada en el punto 2.1, tal como hayan quedado modificadas como consecuencia del proceso de consulta. No obstante, las adaptaciones deberían referirse a ámbitos no incluidos en el proceso de autorregulación.

El Comité propone que se preste mayor atención a la formación práctica y a la formación profesional continua. El Comité acogería favorablemente una coordinación más estrecha de los planes de estudios para la formación de auditores y toma nota de que la Comisión tiene previsto examinar la posible creación de un Comité permanente de educación en el ámbito de la contabilidad.

4.2.2. Independencia del auditor legal (4.7-4.28) - Definición de independencia

El Comité hace hincapié en la importancia de que el auditor sea independiente y sea percibido como tal.

No obstante, el Comité reconoce -al igual que la Comisión en el Libro Verde- que existe una falta de consenso sobre cuestiones como la prestación de servicios distintos de la auditoría por parte de los auditores. El Comité tiene en cuenta y suscribe en términos generales la afirmación de la Comisión en el sentido de que entre otras cosas «el auditor no tendría que participar en la elaboración de los estados financieros de su cliente». Además, el auditor no debería intervenir en la administración o en la toma de decisiones de la sociedad auditada.

El Comité reconoce que en lo que se refiere a las pequeñas empresas con limitados conocimientos de contabilidad, el auditor podría desempeñar un papel más activo asesorando sobre los procedimientos y la elaboración de cuentas.

El Comité acogería favorablemente la presentación de una propuesta en torno a un núcleo común de principios básicos por parte de la profesión contable. Por consiguiente, el Comité suscribe la conclusión «preliminar» de la Comisión en el sentido de que un nuevo subcomité técnico, que podría establecerse en el seno del Comité de Contacto de las Directivas Contables, debería examinar el núcleo de principios básicos sobre la independencia del auditor legal que se ha comprometido a desarrollar la Federación de Contables Europeos. No obstante, el Comité considera esencial que este subcomité técnico también esté compuesto de representantes de una gran variedad de partes interesadas, incluidos tanto los organismos auditados como los usuarios de cuentas auditadas.

4.2.3. Posición del auditor legal dentro de la sociedad - Auditoría legal y gestión de sociedades (4.18-4.28)

El Comité es consciente de la utilidad del recurso a comités de auditoría. No obstante, toda legislación adoptada en la materia debería prever un margen de flexibilidad para dar cabida a las prácticas nacionales. El Comité reconoce que en estos momentos sería prematuro tomar medidas legislativas.

Si bien se reconoce la importancia de la función de auditoría interna, el Comité no está a favor de la introducción de legislación vinculante en la materia.

El Comité estima que antes de aplicar principios de gestión de sociedades a la auditoría, la UE debería establecer directrices claras en materia de gestión de sociedades.

4.2.4. Función de los organismos gubernamentales y organizaciones profesionales (4.29-4.36) - Control de calidad

El Comité suscribe los puntos de vista de la Comisión.

4.3. Responsabilidad civil de los auditores (5.1-5.7)

El Comité reconoce que se trata de un tema importante para los auditores y que a este respecto hay grandes diferencias entre las tradiciones jurídicas de los Estados miembros. Sin embargo, habida cuenta de que todos los Estados miembros deberán abordar esta cuestión, el Comité considera que debería adoptarse un planteamiento coordinado. El Comité acogería favorablemente una cooperación entre la profesión y la Comisión con vistas a la presentación de propuestas concretas. El Comité reconoce que la responsabilidad civil debería guardar proporción con el grado de negligencia. El Comité acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de realizar un estudio sobre las diferencias entre los sistemas jurídicos de los Estados miembros.

Es preciso examinar más a fondo la cuestión de la responsabilidad profesional.

4.4. Auditoría legal en las pequeñas sociedades (6.1-6.7)

El Comité reconoce que es preciso establecer un equilibrio en relación con la imposición de cargas adicionales a las pequeñas sociedades y la necesidad de garantizar que todas las empresas presenten cuentas que no sean engañosas. El Comité estima que las sociedades deberían tener la obligación de someter sus cuentas a una auditoría apropiada y coincide con la Comisión en que no debería hacerse una excepción con las medianas empresas. Sin embargo, las pequeñas sociedades no deberían someterse a la obligación de auditoría por un profesional cualificado.

Cabe señalar que los costes relacionados con otras cuestiones planteadas en el Libro Verde, como la gestión de sociedades y los controles medioambientales y sociales, supondrían, con toda probabilidad, una carga desproporcionadamente elevada para las pequeñas sociedades, que no deberían someterse a estas obligaciones.

4.5. Sistemas de auditoría de grupos (7.1-7.4)

Es preciso examinar más a fondo esta cuestión.

El Comité reconoce que el proceso de auditoría de grupos de sociedades podría verse frustrado por la legislación nacional. La Comisión debería estudiar la posibilidad de introducir legislación comunitaria por la que se regiría el acceso a la información en los grupos de sociedades.

4.6. Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios (8.1-8.13)

4.6.1. Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios por parte de auditores independientes (8.3-8.5)

El Comité estima que es preciso examinar más a fondo esta cuestión.

Por lo general, el Comité está de acuerdo con lo expuesto en el Libro Verde, pero considera que las observaciones relativas a la delegación del trabajo de auditoría no son pertinentes.

4.6.2. Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios por parte de empresas de auditoría (8.6-8.13)

Sin duda alguna, tal como ocurre con otras profesiones como la abogacía, la libertad de establecimiento no es del todo posible. Esta cuestión exige un examen más detallado y, posiblemente, nuevas medidas legislativas.

Bruselas, el 26 de febrero de 1997.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() Octava Directiva del Consejo de 10 de abril de 1984, relativa a la autorización de las personas encargadas del control legal de documentos contables (DO n° L 126 de 12. 5. 1984).

() Cf. nota 1, p. 1.