Propuesta modificada de Reglamento (CE) del Consejo por el que se fijan las exigencias para la aplicación de las acciones de cooperación al desarrollo que contribuyen al objetivo general del desarrollo y de la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho así como el del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (1) (1999/C 89/01) COM(1999) 13 final - 97/0191/A(SYN)

(Presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 189 A del Tratado CE el 22 de enero de 1999)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 130 W,

Vista la propuesta de la Comisión,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 C del Tratado,

Considerando que conviene fijar las disposiciones de aplicación de las medidas de cooperación al desarrollo que contribuyen al objetivo general del desarrollo y la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, así como al del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; que conviene también fijar las disposiciones de aplicación de las medidas de cooperación al desarrollo que contribuyen a la adecuada gestión de los asuntos públicos;

Considerando que el Consejo adoptó, al mismo tiempo que el presente Reglamento, el Reglamento (CE) n° . . . por el que se fijan las exigencias para la aplicación de las acciones comunitarias distintas de las de la cooperación al desarrollo, las cuales, en el marco de la política de cooperación comunitaria, contribuyen al objetivo general del desarrollo y la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, así como al del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en los terceros países;

Considerando que la política comunitaria en el ámbito de la cooperación al desarrollo contribuye al objetivo general del desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, así como al del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales;

Considerando que el apartado 2 del artículo F del Tratado de la Unión Europea estipula que la Unión respeta los derechos fundamentales, tal como están garantizados por el Convenio europeo de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal como se derivan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, como principios generales del Derecho comunitario;

Considerando que la actuación de la Comunidad en materia de promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos se inscribe en el respeto de los principios de universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos que constituyen la piedra angular del sistema internacional de protección de los derechos humanos y el pedestal de la construcción europea;

Considerando que la acción de la Comunidad en materia de promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos se inspira en los principios generales establecidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos y el Pacto internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales;

Considerando que la Comunidad reconoce la interdependencia de todos los derechos humanos y que los progresos efectuados en materia de desarrollo económico y social y en materia de realización de los derechos civiles y políticos deben apoyarse mutuamente;

Considerando que debe considerarse que los derechos humanos, a efectos del presente Reglamento, incluyen el respeto del Derecho humanitario internacional, teniendo también en cuenta los Convenios de Ginebra de 1949 y su protocolo adicional de 1977, el Convenio de Ginebra de 1951, relativo al estatuto de los refugiados, y el Convenio de 1948 sobre la prevención y la represión del crimen de genocidio, así como otras normas de Derecho internacional convencional o consuetudinario;

Considerando que la Resolución sobre los derechos humanos, la democracia y el desarrollo, adoptada el 28 de noviembre de 1991 por el Consejo y los Estados miembros reunidos en el Consejo, define orientaciones, procedimientos y líneas de acción concretas destinadas a promover, paralelamente con los derechos económicos y sociales, las libertades civiles y políticas mediante un régimen político representativo basado en el respeto de los derechos humanos;

Considerando que la actuación de la Comunidad en materia de promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos procede de un enfoque positivo y constructivo que inscribe los derechos humanos y los principios democráticos como un tema de interés común para la Comunidad y sus socios, así como un elemento del diálogo que puede dar lugar a iniciativas que promuevan su respeto efectivo;

Considerando que este enfoque positivo debe traducirse en la aplicación de acciones de apoyo a los procesos de democratización, de refuerzo del Estado de derecho y de desarrollo de una sociedad civil pluralista y democrática, así como en la aplicación de medidas de confianza destinadas, en particular, a prevenir los conflictos, apoyar los esfuerzos de paz y luchar contra la impunidad;

Considerando que procede que los instrumentos financieros utilizados para apoyar las acciones positivas en estos ámbitos en favor de cada país se utilicen de manera coherente con los programas geográficos y se integren con los otros instrumentos de desarrollo, con el fin de incrementar al máximo su impacto y su eficacia;

Considerando que es también necesario velar por que estas acciones sean coherentes con el conjunto de la política exterior de la Unión Europea, incluida la política exterior y de seguridad común;

Considerando que estas acciones deben contemplar en particular a las personas discriminadas, pobres o desfavorecidas, los niños, las mujeres, los refugiados, los emigrantes, las minorías, los desplazados, las poblaciones autóctonas, los presos y las víctimas de torturas;

Considerando que el apoyo comunitario a la democratización y al respeto de los principios del Estado de Derecho en el marco de un régimen político respetuoso de las libertades fundamentales del individuo contribuye a la realización de los objetivos inscritos en los distintos acuerdos celebrados por la Comunidad con sus socios, que hacen del respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos un elemento esencial de las relaciones entre las partes;

Considerando que deben preservarse la calidad, el impacto y la continuidad de las acciones, en particular previendo la posibilidad de poner en marcha programas plurianuales de promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos, que se prepararían en concertación con las autoridades del país interesado con un objetivo de asociación, teniendo en cuenta las necesidades específicas del país;

Considerando que la aplicación de una acción eficaz y coherente requiere que se tengan en cuenta las características consustanciales a la actuación en favor de los derechos humanos y de los principios democráticos, y se traduzcan, en particular, en el establecimiento de procedimientos flexibles, transparentes y rápidos para la toma de decisiones relativas a la financiación de acciones y proyectos en este ámbito;

Considerando que la Comunidad debe estar en condiciones de reaccionar rápidamente ante situaciones urgentes o de especial importancia con el fin de dar más credibilidad, visibilidad y eficacia al compromiso comunitario en materia de promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos en los países donde se produzcan tales situaciones;

Considerando que, especialmente por lo que se refiere a los procedimientos de concesión de subvenciones y evaluación de los proyectos, conviene tener en cuenta, en cumplimiento del Reglamento financiero y del principio de transparencia presupuestaria, la particularidad de los beneficiarios del apoyo comunitario en este ámbito, y en particular del carácter no lucrativo de sus actividades, los riesgos a que se exponen sus miembros, que a menudo actúan desinteresadamente, en un entorno a veces hostil, y su escaso margen de maniobra en términos de fondos propios;

Considerando que el desarrollo de la sociedad civil debe concretarse particularmente en la aparición y la organización de nuevos protagonistas y que, a este respecto, la Comunidad puede verse obligada en los terceros países beneficiarios a prestar apoyos financieros a socios que no pueden hacer constar ninguna experiencia previa en ese ámbito;

Considerando que procede que las decisiones relativas a la concesión de un apoyo financiero en favor de proyectos de promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos se tomen con imparcialidad en cumplimiento del principio de no discriminación por diferencias raciales, religiosas, culturales, sociales o étnicas respecto de los organismos beneficiarios del apoyo comunitario y las personas o grupos de personas a los cuales van dirigidos los proyectos apoyados, y que no sean dictadas por consideraciones políticas;

Considerando que procede fijar las modalidades de ejecución y gestión de la ayuda de la Comunidad para la promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos financiada por el presupuesto general de las Comunidades Europeas,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I Objetivos

Artículo 1

El presente Reglamento tiene por objeto fijar las disposiciones de aplicación de las acciones de la Comunidad que, en el marco de su política de cooperación al desarrollo, contribuyen al objetivo general de desarrollo y consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, así como al objetivo del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Tiene también por objeto fijar las disposiciones de aplicación de las acciones de la Comunidad que, en el marco de su política de cooperación al desarrollo, contribuyen a la adecuada gestión de los asuntos públicos.

Las acciones contempladas por el presente Reglamento se realizarán, en el marco de la política comunitaria de cooperación al desarrollo, en el territorio de los países en desarrollo o estarán vinculadas a situaciones relacionadas con ellos.

Artículo 2

Dentro de los límites del artículo 1 y de manera coherente con el conjunto de la política exterior de la Unión Europea, la Comunidad Europea colaborará técnica y financieramente en acciones que tengan por objeto, particularmente:

1) La promoción y la defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, tal como se declaran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los demás instrumentos internacionales relativos al desarrollo y la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, en particular:

a) la promoción y la protección de los derechos civiles y políticos;

b) la promoción y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales;

c) la promoción y la protección de los derechos fundamentales de las personas discriminadas, pobres o desfavorecidas, lo que contribuirá a reducir la pobreza y la exclusión social;

d) la protección y la promoción de los derechos de las minorías, de los grupos étnicos y de las poblaciones autóctonas, así como de los refugiados y desplazados;

e) el apoyo a las instituciones locales, nacionales, regionales o internacionales, incluidas las ONG, que realicen actividades relacionadas con la protección, la promoción o la defensa de los derechos humanos;

f) el apoyo a los centros de rehabilitación para las víctimas de torturas y a las organizaciones que ofrecen una ayuda concreta a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, o para contribuir a la mejora de las condiciones en los lugares en los que se priva de libertad a las personas, con el fin de impedir la tortura o los malos tratos;

g) el apoyo a la educación, la formación y la sensibilización en el ámbito de los derechos humanos;

h) el apoyo a las acciones de observación en el ámbito de los derechos humanos, incluida la formación de los observadores;

i) la promoción de la igualdad de oportunidades y las prácticas no discriminatorias, incluidas las medidas de lucha contra el racismo y la xenofobia;

j) la promoción y la protección de las libertades fundamentales, tal como se mencionan en el pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, particularmente la libertad de opinión, expresión y conciencia, y el derecho a la práctica de su lengua.

2) El apoyo a los procesos de democratización, en particular:

a) la promoción y la consolidación del Estado de Derecho y, en particular, el apoyo a la independencia y la consolidación del poder judicial y el apoyo a un sistema penitenciario respetuoso de la persona humana; el apoyo a las reformas constitucionales y legislativas; el apoyo a las iniciativas en favor de la abolición de la pena de muerte;

b) la promoción de la separación de poderes, en particular la de los poderes judicial y legislativo respecto del poder ejecutivo, y el apoyo a las reformas institucionales;

c) la promoción del pluralismo, tanto a nivel político como en la sociedad civil. Con este fin, es necesario consolidar las instituciones necesarias para garantizar el carácter pluralista de la sociedad, incluidas las organizaciones no gubernamentales (ONG), y promover la independencia y la responsabilidad de los medios de comunicación y el apoyo a la libertad de la prensa, así como el respeto de los derechos a la libertad sindical y a la libertad de reunión;

d) la promoción de una adecuada gestión de los asuntos públicos, particularmente mediante el apoyo a la transparencia de la administración y a la prevención y la lucha contra la corrupción;

e) la promoción de la participación de las poblaciones en los procesos de toma de decisiones, tanto a nivel nacional y regional como local y, en particular, la promoción de una participación equilibrada de los hombres y mujeres en la sociedad civil, la vida económica y la política;

f) el apoyo a los procesos electorales, particularmente mediante el apoyo a las comisiones electorales independientes, la concesión de asistencia material, técnica y jurídica para la preparación de las elecciones, incluidos los censos electorales, medidas destinadas a favorecer la participación de grupos específicos, particularmente las mujeres, en los procesos electorales, y mediante la formación de observadores;

g) el apoyo a los esfuerzos nacionales de demarcación de las responsabilidades civiles y militares y la sensibilización y la formación al respeto de los derechos humanos para las personas civiles y militares.

3) El apoyo a las acciones de promoción del respeto de los derechos humanos y de democratización para la prevención de los conflictos y el tratamiento de sus consecuencias, en estrecha relación con los foros competentes en la materia, en particular:

a) el apoyo a la instauración de estructuras, particularmente la instauración de sistemas locales de alerta rápida;

b) el apoyo a las medidas destinadas a equilibrar las oportunidades y colmar las disparidades que existen entre grupos de distinta identidad;

c) el apoyo a las medidas que favorezcan una solución pacífica entre los intereses de grupo, particularmente el apoyo a las medidas de confianza relativas a los derechos humanos y la democratización, con el fin de impedir los conflictos y restablecer la paz civil;

d) la promoción del Derecho humanitario internacional y de su respeto por todas las partes que participen en un conflicto;

e) el apoyo a las organizaciones internacionales, regionales o locales, incluidas las ONG, que participen en materia de prevención y resolución de conflictos y de tratamiento de sus consecuencias, incluido el apoyo a la creación de tribunales penales internacionales ad hoc y a la instauración de una jurisdicción penal internacional permanente, así como en materia de apoyo y asistencia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos.

Artículo 3

Para ello, el apoyo comunitario puede incluir, entre sus medios de actuación, la financiación de:

1) Acciones de sensibilización, información y formación de los participantes interesados y de la opinión pública, incluida la de los países interesados.

2) Acciones necesarias para la definición y preparación de los proyectos, es decir:

a) los estudios de definición y viabilidad;

b) los intercambios de conocimientos técnicos y experiencias entre organismos europeos y organismos de terceros países;

c) los gastos que se derivan de los concursos, en particular, la evaluación de las ofertas y la preparación de los documentos de proyectos;

d) la financiación de estudios de carácter general relativo a la actuación comunitaria en los ámbitos contemplados en el presente Reglamento.

3) Aplicación de proyectos relativos a:

a) las acciones de asistencia técnica y el personal expatriado y local con objeto de contribuir a la realización de los proyectos;

b) la compra y/o el suministro de todo producto o material estrictamente necesario para la ejecución de las acciones, incluidos, en casos excepcionales y debidamente justificados, la compra o el alquiler de locales;

c) cuando proceda, las medidas destinadas a poner de relieve la naturaleza comunitaria de las acciones.

4) Acciones de seguimiento, auditoría y evaluación de las acciones comunitarias, así como de las tareas de asistencia administrativa y técnica en beneficio mutuo de la Comisión y del beneficiario.

CAPÍTULO II Modalidades de ejecución de la ayuda

Artículo 4

1. Los socios que podrán obtener apoyo financiero de conformidad con el presente Reglamento son las organizaciones regionales e internacionales, las organizaciones no gubernamentales, las administraciones y agencias públicas nacionales, regionales y locales, las organizaciones de base comunitaria, los institutos y los agentes públicos o privados. Estos socios asumen en cualquier caso el compromiso de difundir, respetar y promover con sus acciones los principios democráticos y los derechos humanos, sin ninguna discriminación. En aras de una participación activa de la población interesada, la Comunidad presta un interés particular en los terceros países a las acciones, a menudo de pequeña dimensión, que favorecen la democracia de base.

2. La Comisión ejecutará las acciones financiadas por la Comunidad de conformidad con el presente Reglamento, bien a instancia de los socios mencionados en el apartado 1, bien por propia iniciativa.

Artículo 5

La ayuda de la Comunidad está abierta a los socios mencionados en el apartado 1 del artículo 4, que tengan su sede principal en un tercer país beneficiario de la ayuda de la Comunidad con arreglo al presente Reglamento o en un Estado miembro de la Comunidad, debiendo constituir dicha sede el centro efectivo de todas las decisiones relativas a las acciones financiadas de conformidad con el presente Reglamento. Excepcionalmente, esta sede puede estar situada en otro tercer país.

Artículo 6

Sin perjuicio del contexto institucional y político en el cual realizan sus actividades los socios contemplados en el apartado 1 del artículo 4, se tendrán en cuenta los elementos siguientes, en particular para determinar si un socio puede tener acceso a la financiación comunitaria:

a) cuando proceda, su experiencia en el ámbito de la promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos;

b) su capacidad de gestión administrativa y financiera;

c) su capacidad técnica y logística en relación con la acción considerada;

d) cuando proceda, los resultados de las acciones ejecutadas anteriormente, en particular aquéllas que se beneficien de una financiación comunitaria;

e) su capacidad de intensificar la cooperación con otros protagonistas de la sociedad civil en el tercer país en cuestión y de transportar la ayuda destinada a las organizaciones locales responsables ante la sociedad civil.

Artículo 7

1. La ayuda sólo se concederá a los socios contemplados en el apartado 1 del artículo 4, si éstos se comprometen a cumplir las condiciones de asignación y aplicación fijadas por la Comisión y a las que los socios se comprometieron por contrato.

2. Toda acción que se beneficie de la ayuda comunitaria se realizará de acuerdo con los objetivos definidos en la decisión de financiación de la Comisión.

3. La financiación comunitaria con arreglo al presente Reglamento adoptará la forma de subvenciones.

4. En la medida en que las acciones financiadas de conformidad con el presente Reglamento se traduzcan en convenios de financiación entre la Comunidad y los países beneficiarios, éstos dispondrán que la Comunidad no financiará el pago de impuestos, derechos y gravámenes.

Artículo 8

1. La participación en los concursos y en los contratos estará abierta en igualdad de condiciones a todas las personas físicas y jurídicas del país beneficiario y los Estados miembros. Podrá extenderse a otros países en desarrollo y, en casos excepcionales debidamente justificados, a otros terceros países.

2. Los suministros serán originarios de los Estados miembros o del país beneficiario u otros países en desarrollo. Podrán ser originarios de otros países en casos excepcionales debidamente justificados.

Artículo 9

1. Con el fin de conseguir los objetivos de coherencia y complementariedad y con objeto de garantizar la máxima eficacia para el conjunto de estas acciones, la Comisión, en estrecha cooperación con los Estados miembros, podrá adoptar todas las medidas de coordinación necesarias.

2. En cualquier caso, a efectos de las disposiciones del apartado anterior, la Comisión fomentará:

a) la instauración de un sistema de intercambio y análisis sistemático de información sobre las acciones financiadas y aquéllas cuya financiación prevean la Comunidad y los Estados miembros;

b) una coordinación en el lugar de ejecución de las acciones mediante reuniones periódicas de intercambio de información entre los representantes de la Comisión y de los Estados miembros en el país beneficiario.

3. La Comisión también fomentará, en estrecha cooperación con los Estados miembros, la promoción de un enfoque coherente en materia de ayuda humanitaria y, cada vez que ello sea posible, la integración de la protección de los derechos humanos en la ayuda humanitaria.

CAPÍTULO III Procedimientos de ejecución de las acciones

Artículo 10

La Comisión se encargará de la programación, la instrucción, la decisión y la gestión, el seguimiento y la evaluación de las acciones contempladas en el presente Reglamento con arreglo a los procedimientos presupuestarios y demás vigentes y, en particular, los del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas. La Comisión fijará las condiciones de asignación, movilización y ejecución de las ayudas contempladas en el presente Reglamento.

Artículo 11

1. Se adoptarán con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 12:

- las decisiones relativas a las acciones cuya financiación con arreglo al presente Reglamento supere 1 millón de euros por acción, así como toda modificación de estas acciones que implique un rebasamiento superior al 20 % del importe inicialmente acordado para la acción en cuestión,

- cualquier programa destinado a proporcionar un marco coherente de acción en un país o una región determinada o en relación con un tema particular, respecto del cual se hayan comprobado necesidades de carácter duradero, particularmente debido a su amplitud y su complejidad.

2. La Comisión informará al Comité contemplado en el artículo 12 acerca de las decisiones de financiación que tiene la intención de tomar acerca de los proyectos y programas de un valor inferior a 1 millón de euros. Esta información se efectuará a más tardar una semana antes de la toma de decisión.

Artículo 12

1. La Comisión será asistida por un Comité consultivo, en lo sucesivo denominado Comité de derechos humanos y de democracia, compuesto por los representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.

2. El representante de la Comisión presentará al Comité una propuesta que contendrá un proyecto de las medidas que deban adoptarse. El Comité emitirá un dictamen sobre este proyecto, en un plazo que el Presidente podrá fijar en función de la urgencia de la cuestión de que se trate, en su caso procediendo a una votación.

El dictamen se inscribirá en el acta; por otra parte, cada Estado miembro tiene el derecho a pedir que su posición figure en el acta. La Comisión prestará una atención muy especial al dictamen emitido por el Comité, e informará al Comité de la forma en que haya tenido en cuenta este dictamen.

Artículo 13

1. La Comisión podrá financiar intervenciones urgentes por un importe que no supere los 2 millones de euros. Se considerarán intervenciones urgentes las acciones que se refieran a necesidades inmediatas y no previsibles vinculadas a la interrupción brutal del proceso democrático o a la aparición de una situación de crisis o peligro excepcional e inminente que afecte al conjunto o a una parte de la población de un país y constituya una grave amenaza para la protección de los derechos y libertades fundamentales de los individuos.

2. Por lo que respecta a las acciones que respondan a estas condiciones, la Comisión adoptará su decisión, después de haber consultado a los Estados miembros mediante los instrumentos más eficaces. Los Estados miembros dispondrán de un plazo de cinco días laborables para formular posibles objeciones. En caso de haber objeciones, el Comité contemplado en el artículo 12 examinará la cuestión en su siguiente reunión.

3. La Comisión informará al Comité contemplado en el artículo 12, en su siguiente reunión, acerca de todas las intervenciones de emergencia financiadas con arreglo a las presentes disposiciones.

3 bis. La Comisión también informará al Parlamento Europeo acerca de sus intervenciones de emergencia.

Artículo 14

El Comité podrá examinar toda cuestión general o específica relativa a la ayuda comunitaria en la materia y debería también asumir un papel útil como instrumento para incrementar la coherencia de las acciones de la Unión Europea respecto a los terceros países en materia de derechos humanos y de democratización. Procederá una vez al año a examinar la programación prevista para el ejercicio siguiente o a intercambiar opiniones sobre las orientaciones generales de las acciones que deban realizarse en el siguiente año con arreglo al presente Reglamento.

Artículo 15

1. La Comisión procederá periódicamente a la evaluación de las acciones financiadas por la Comunidad con arreglo al presente Reglamento, a fin de establecer si se han alcanzado los objetivos contemplados por estas acciones y con el fin de suministrar directrices para mejorar la eficacia de las acciones futuras. La Comisión someterá al Comité un resumen de las evaluaciones realizadas, que llegado el caso podrán ser examinadas por éste. Los informes de evaluación estarán a disposición de los Estados miembros que los soliciten.

2. A instancia de los Estados miembros, la Comisión, con la participación de éstos, podrá también proceder a evaluaciones referentes a los resultados de las acciones y programas de la Comunidad contemplados por el presente Reglamento.

Artículo 16

Todo contrato o acuerdo de financiación celebrado de conformidad con el presente Reglamento establecerá, en particular, que la Comisión y el Tribunal de Cuentas podrán proceder a controles in situ y en la sede de los socios contemplados en el apartado 1 del artículo 4, con arreglo a las normas habituales definidas por la Comisión en el marco de las disposiciones vigentes, en particular las del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas.

Artículo 17

1. La Comisión informará a los Estados miembros, a más tardar en el plazo de un mes después de su decisión, acerca de las acciones y los proyectos aprobados, indicando sus importes, su naturaleza, el país beneficiario y los socios interesados.

2. La Comisión presentará cada año un informe anual al Parlamento Europeo y al Consejo. Este informe contendrá como mínimo los elementos siguientes:

a) un resumen de las acciones financiadas durante el ejercicio anterior;

b) la programación prevista para el presente ejercicio;

c) una síntesis de la evaluación efectuada con arreglo a las disposiciones del artículo 15 del presente Reglamento;

d) información relativa a los organismos con los cuales se hayan ejecutado las acciones contempladas en el artículo 1 del presente Reglamento.

Artículo 18

Tres años después de la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una evaluación global de las acciones financiadas por la Comunidad en el marco del presente Reglamento, que podrá ir acompañada de propuestas adecuadas relativas al futuro del presente Reglamento.

Artículo 19

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

(1) DO L 282 de 18.9.1997, p. 14.