Informe provisional de la Comisión al Consejo Europeo de Estocolmo - Mejorar y simplificar el marco regulador

I. CONTEXTO Y OBJETIVO

El objetivo del presente informe provisional es presentar una primera respuesta de la Comisión a la petición del Consejo Europeo de Lisboa dirigida a las instituciones comunitarias y a los Estados miembros, en el sentido de «establecer, a más tardar en 2001, una estrategia para una actuación más coordinada orientada a simplificar el marco regulador, incluido el funcionamiento de las administraciones públicas, tanto a escala nacional como comunitaria».

Como se señala en la Comunicación de la Comisión con vistas al Consejo Europeo de Estocolmo [1], los ciudadanos y las empresas, en particular las PYME, necesitan un marco regulador claro, práctico y eficaz en un mercado mundial que cambia con rapidez. Éste es un elemento fundamental si la Unión Europea quiere convertirse en «la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social».

[1] Comunicación de la Comisión «Aprovechar al máximo las capacidades de la Unión Europea: consolidación y ampliación de la estrategia de Lisboa» - COM(2001) 79 final.

El establecimiento de una estrategia reguladora forma parte de una reflexión más amplia sobre el funcionamiento de la Unión Europea.

La Comisión, en su contribución al debate, tiene intención de proceder en tres etapas diferenciadas:

(1) El presente informe provisional, en el cual se hace balance de la situación y se formulan las primeras reflexiones de la Comisión para poner en práctica el mandato de Lisboa.

(2) La adopción, el próximo mes de julio, del Libro Blanco sobre la gobernanza europea.

(3) La presentación, antes de que finalice el año, de un plan de acción detallado sobre la mejora y la simplificación del marco regulador.

En sus trabajos, la Comisión también tendrá en cuenta las conclusiones del informe del Grupo Consultivo de Alto Nivel creado por los Ministros de Administraciones Públicas en noviembre de 2000.

II. ANÁLISIS Y CONSTATACIONES

Acciones ya iniciadas a escala comunitaria

Los principios de simplificación y mejora de la calidad de la legislación ya han sido objeto de normas y directrices a escala comunitaria [2].

[2] Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, Acuerdos interinstitucionales relativos al método de trabajo acelerado para la codificación oficial de los textos legislativos, de 20 de diciembre de 1994, y a las directrices comunes sobre la calidad de redacción de la legislación comunitaria, de 22 de diciembre de 1998, así como las declaraciones anexas a los Tratados comunitarios.

Además, desde 1985, la Comisión ha puesto en marcha varias iniciativas en este sentido.

Ejemplos de medidas ya adoptadas

* Directivas de «nuevo enfoque», que están dirigidas a armonizar normas limitándose a establecer los requisitos fundamentales y dejando a las empresas una amplia gama de posibilidades para conformarse a dichos requisitos (ficha I).

* Posibilidad de negociar acuerdos entre los interlocutores sociales en el ámbito social: una vez adoptados por el Consejo, dichos acuerdos son una alternativa a la legislación (ficha II).

* Introducción de sistemas y medidas de carácter voluntario (etiqueta ecológica; auditoría medioambiental; códigos de conducta en los ámbitos del transporte aéreo o de la protección de los consumidores; acuerdos para la reducción de las emisiones de CO2, etc.), y recurso a reglamentos marco, que pueden establecer objetivos precisos para un sector concreto y confiar su aplicación a los medios interesados, en particular mediante acuerdos (ficha III).

* Acciones de simplificación de la legislación existente llevadas a cabo principalmente en el ámbito del mercado interior (programa SLIM - ficha IV), y reformas en el marco de la Política Agrícola Común, que han permitido reducir el número de reglamentos y de cargas administrativas para los agentes (ficha V).

* Introducción de una evaluación del impacto sobre las empresas, basada en la consulta y en instrumentos de análisis económico, así como en un proyecto piloto de Business Test Panel.

* Creación de un grupo operativo para la simplificación del entorno empresarial (BEST) (ficha VI); consultas en línea a través de Internet sobre determinadas propuestas (por ejemplo, en el ámbito de las telecomunicaciones); recopilación permanente de las reacciones a través de un mecanismo de feedback procedente de las empresas.

Aun así, estos esfuerzos no siempre han dado los resultados esperados. No han formado parte de una acción global ni han tenido en cuenta el ciclo legislativo en su integridad.

En principio, la adopción de una legislación a escala europea tiene un importante papel de simplificación, ya que establece una normativa única en lugar de quince legislaciones nacionales. No obstante, la acción normativa de la Unión Europea es objeto de algunas críticas.

Principales críticas

* En muchos casos, la fase de preparación se considera insuficiente, en particular en lo que se refiere al análisis del impacto que las medidas propuestas tienen sobre los agentes económicos y otros círculos interesados. Se pide un proceso de consulta más profundo y sistemático, que debería abordar la cuestión de si es necesaria una solución reguladora.

* El volumen y la acumulación de la legislación. En sí mismo, el volumen de legislación comunitaria sigue siendo moderado [3]. Sin embargo, la acumulación de la legislación en algunos ámbitos, tras 50 años de actividad, dificulta a veces la comprensión del acervo y su aplicación.

[3] La totalidad de la normativa en vigor representa unas 70 000 páginas en el Diario Oficial. Por otra parte, de las estadísticas existentes se desprende que el número de actos propuestos ha disminuido considerablemente en los últimos años (250 propuestas de nuevas normas presentadas por la Comisión a lo largo del período 1990-1994, frente a 96 durante 1995-1999).

* La complejidad, que se debe a varios factores:

- la tendencia a tener actos de base demasiado detallados;

- el resultado de compromisos -en ocasiones, difíciles- sobre los textos con motivo de las negociaciones en el Parlamento Europeo y en el Consejo;

- el hecho de que, en muchos casos, además de la legislación comunitaria hay disposiciones nacionales de transposición.

* La duración del proceso legislativo. La adopción de un acto legislativo requiere, en promedio, unos veinte meses. Pueden ser necesarios de 18 a 24 meses más para que los Estados miembros efectúen la transposición de las directivas. Resulta difícil conciliar esos plazos con la rápida evolución de los mercados y de las tecnologías.

* La transposición y aplicación de las directivas en los Estados miembros son fuente de nuevas dificultades, divergencias, retrasos, o incluso casos de no transposición.

* Con frecuencia, la aplicación y el control del Derecho comunitario dentro de los sistemas nacionales requieren medidas que tienen un impacto diferente sobre los agentes económicos y sociales.

* Los interesados no siempre pueden acceder a la información sobre la situación en que se halla el Derecho aplicable.

* La adaptación y consolidación de la legislación. Los esfuerzos realizados por la Comisión para actualizar la normativa comunitaria, tanto en materia de consolidación (compilación para información), codificación o refundición de los actos legislativos (sustitución de los textos vinculantes), no siempre han tenido éxito.

El informe del Grupo de Alto Nivel presidido por el Sr. Alexandre Lamfalussy, relativo a la regulación de los mercados financieros europeos, recoge algunas de estas críticas, en particular la lentitud y la rigidez del sistema normativo actual, así como las ambigüedades a que da lugar. En el informe se destaca, en particular, la existencia de un desequilibrio entre nuestra ambición y los instrumentos legislativos y reglamentarios de que dispone la Unión Europea, ante la rápida evolución de los mercados financieros. Asimismo, se preconiza un mejor articulación entre la norma legislativa primaria y las normas de aplicación. Por último, se recomienda un compromiso político importante en favor de un enfoque más flexible de la reglamentación financiera, respetando el papel de las distintas instituciones comunitarias.

III. PRINCIPALES ASPECTOS DE UNA ESTRATEGIA REGULADORA

Una nueva acción coordinada

En lo sucesivo, una política de simplificación y refuerzo de la calidad de la legislación no es una opción más, sino una necesidad. Es la continuación lógica de los éxitos obtenidos a través de la construcción europea y, cada vez más, una condición de la legitimidad de la acción comunitaria.

La Comisión tiene una responsabilidad especial en el proceso de elaboración de los actos comunitarios, dado su derecho de iniciativa [4]. El éxito de sus esfuerzos de simplificación y de mejora del marco regulador depende, sin embargo, de la participación y del compromiso activo de todos cuantos intervienen en la «cadena legislativa», es decir, de las demás instituciones comunitarias y de los Estados miembros. Por consiguiente, es necesaria una acción coordinada.

[4] La nueva estrategia reguladora contemplada aquí debería aplicarse también al ejercicio del derecho de iniciativa de que disponen los Estados miembros en virtud del Título IV del Tratado CE.

Una estrategia global en un marco claramente definido

La Unión Europea necesita una estrategia global que aborde todos los aspectos de la mejora y de la simplificación del marco regulador, y que tenga por objetivo todo el ciclo de un acto comunitario, desde su preparación hasta su aplicación y, en su caso, su adaptación.

Principios generales de una estrategia reguladora

* legislar únicamente cuando sea indispensable

* efectuar una amplia consulta y un análisis del impacto antes de una propuesta

* elegir el instrumento apropiado

* acelerar el proceso legislativo

* velar por una transposición rápida y exacta y por una aplicación eficaz

* evaluar los efectos de la legislación

* acelerar la simplificación y codificación de los textos existentes

Esta estrategia ha de desarrollarse en el marco institucional de la Unión. Los Tratados nos ofrecen posibilidades y, al mismo tiempo, nos imponen obligaciones. Establecen objetivos, competencias, procedimientos y principios, que las instituciones y los Estados miembros han de respetar.

Para la Comisión, una acción dirigida a mejorar y simplificar el marco regulador no es sinónimo de «desregulación». La Comisión tiene intención de seguir utilizando plenamente los instrumentos del Tratado y desempeñando su papel impulsor, en cumplimiento de sus competencias. Los nuevos retos -ya se trate, por ejemplo, de la seguridad alimentaria o de la creación de un espacio de seguridad, libertad y justicia-exigen una respuesta legislativa adecuada por parte de la Unión. Esto no es incompatible con la voluntad de simplificar el marco regulador ni con la búsqueda de vías complementarias a los instrumentos definidos en los Tratados.

La conveniencia de legislar a escala europea

Antes de la preparación de cualquier normativa ha de determinarse si realmente es necesaria. ¿Se necesita o no una legislación- ¿Existen otras alternativas-

La dimensión europea o la importancia de un problema no son criterios suficientes para decidir si una normativa comunitaria es necesaria o no. El derecho de iniciativa de la Comisión conlleva asimismo el derecho de decidir no legislar, incluso cuando está sometida a cierta presión para que actúe, presión que puede provenir de las demás instituciones, de los Estados miembros, de los medios directamente interesados o de la sociedad civil.

La presión legislativa

De todas las propuestas de la Comisión:

* Entre un 20 y un 25 % son consecuencia de resoluciones del Consejo, del Parlamento Europeo o de peticiones de los interlocutores sociales y de los agentes económicos.

* Aproximadamente un 30 % son resultado de las obligaciones internacionales contraídas por la Comunidad.

* Entre un 10 y un 15 % se derivan de las obligaciones del Tratado y del Derecho derivado.

* Aproximadamente un 20 % están dirigidas a actualizar la legislación comunitaria existente (adaptación al progreso técnico, científico, etc.)

Por consiguiente, el primer análisis ha de centrarse en la conveniencia de una acción comunitaria para resolver un problema concreto. A tal fin, la Comisión reforzará su control del cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y seguirá elaborando documentos de consulta y de recopilación y análisis del «feedback». Este procedimiento se completará con un mayor rigor por parte de la Comisión en la programación de las iniciativas legislativas. Por último, el Libro Blanco sobre la gobernanza contribuirá a la reflexión sobre una mejor definición de los niveles apropiados de toma de decisiones.

Antes de iniciar una acción legislativa, la Comisión debe examinar si son necesarias medidas para aplicar las disposiciones del Tratado.

Cuando se determine la conveniencia de actuar a escala comunitaria, deberá plantearse inmediatamente cuáles son las modalidades y los instrumentos más apropiados. Existen varias soluciones alternativas o complementarias a la legislación, que hacen posible que también intervengan las partes interesadas. Lisboa ha aportado, con el método abierto de coordinación, un instrumento complementario que permite compartir las experiencias y comparar los progresos alcanzados. También pueden ser convenientes acciones voluntarias, por ejemplo la autorregulación.

Vías alternativas y complementarias

* Autorregulación («self-regulation»). Tiene carácter voluntario y está basada en una colaboración de las partes interesadas; en su caso, va acompañada de normas comunitarias que pueden regir los acuerdos entre esas partes. Si no son necesarias normas vinculantes, la Comisión fomenta el recurso a formas de acuerdos voluntarios (ficha III).

* Corregulación. Permite combinar las ventajas de la legislación, en particular su carácter previsible y vinculante, con las del enfoque más flexible de la autorregulación. La corregulación ya se ha utilizado en varios ámbitos, en particular en los siguientes:

- «nuevo enfoque»: las exigencias fundamentales se definen en una directiva marco, y las empresas y la industria pueden elegir la forma de cumplir dichas obligaciones (ficha I).

- posibilidad, introducida por el Tratado de Maastricht, de recurrir al establecimiento de acuerdos entre interlocutores sociales, por su propia iniciativa o previa consulta por la Comisión, como método alternativo de producción normativa en ámbitos que regulan las condiciones de trabajo y de acceso al trabajo (ficha II).

La elección -y, en su caso, la combinación de dichos instrumentos- debe hacerse caso por caso, sin excluir cierta flexibilidad, y una vez efectuado un análisis de la mejor forma de alcanzar el objetivo perseguido, sin cuestionar el control democrático del proceso legislativo ni las normas del Tratado, en particular en materia de competencia. El recurso a soluciones alternativas está limitado a los ámbitos que se presten a dichas soluciones.

Por su parte, la normativa proporciona instrumentos de control y al mismo tiempo garantiza la seguridad jurídica y el respeto del interés general. Por consiguiente, debe optarse por esta solución si fallan o son insuficientes otros mecanismos, como la corregulación o la autorregulación. Por otra parte, debe recurrirse a la legislación en los casos previstos por los Tratados. En general, cuando han de definirse objetivos de política y éstos han de aplicarse de forma uniforme, es necesario descartar enfoques diferentes o acuerdos voluntarios para alcanzar esos objetivos.

Calidad y simplificación

Cuando se ha optado por recurrir a la vía de la legislación comunitaria, ha de tenerse siempre presente, a lo largo de todo el ciclo del acto, la necesidad de calidad y de simplificación.

3 Una mejor preparación y consulta previa

* La evaluación del impacto ha de ser completa, objetiva y transparente. Debería ampliarse e intensificarse la consulta previa de los medios interesados, aunque no lleve consigo necesariamente una aceleración de la legislación. Debería abarcar, en particular, lo siguiente:

- una mayor participación de la sociedad civil, basándose, en particular, en las experiencias positivas de las consulta en línea a través de Internet. La consulta podrá centrarse en la conveniencia de una iniciativa y en su forma. En junio de 2001, la Comisión presentará una comunicación sobre las relaciones con la sociedad civil. Por otra parte, la Comisión está examinando actualmente, en cooperación con el Comité Económico y Social y con el Comité de las Regiones, la posibilidad de consultar más extensamente a dichos comités en la fase previa a la presentación de una iniciativa, en particular mediante dictámenes exploratorios.

- análisis del impacto cualitativo y cuantitativo, en particular a través de un mecanismo de feedback: deberían reforzarse los procedimientos existentes, en caso necesario desarrollando los proyectos piloto en curso y afinando los instrumentos de análisis económico [5].

[5] Las consultas en línea a través de Internet y el análisis del impacto a través de un mecanismo de feedback son los elementos clave de una iniciativa que la Comisión lleva a cabo en el marco de su Libro Blanco sobre la reforma (acción e-Comisión).

* En lo que respecta a la preparación, la Comisión velará por presentar actos tan sencillos como sea posible, a través de un refuerzo de las disposiciones y de los procedimientos internos en materia de calidad de la legislación.

3 Elección del instrumento

* La Comisión estudiará detenida y sistemáticamente el instrumento que ha de utilizarse para alcanzar los objetivos perseguidos, con arreglo al Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. No obstante, cuando proceda, y en particular con vistas a la adopción de normas detalladas que exijan una aplicación uniforme en los Estados miembros, recurrirá prioritariamente al reglamento, que es de aplicación inmediata y uniforme, en lugar de la directiva, que da lugar a 15 legislaciones nacionales de transposición diferentes. La Comisión motivará su elección.

* La Comisión examinará periódicamente su programación de iniciativas legislativas y evaluará su coherencia con vistas a lograr una legislación más sencilla y eficaz.

3 El proceso de adopción de los actos legislativos

* La Comisión fomentará la aplicación más estricta de la adopción de las decisiones del Consejo por mayoría cualificada, ya que llevar demasiado lejos la búsqueda de consenso puede dar lugar a un alargamiento de los plazos de adopción y a unos actos más complicados y más ambiguos.

* Deberá tratarse de reducir los plazos legislativos a través de acuerdos entre las instituciones, con vistas a utilizar más la posibilidad de finalizar, mediante el procedimiento de codecisión, el procedimiento en primera lectura y de acelerar el examen de los proyectos presentados por la Comisión («negociación rápida»).

* Deberá emplearse con mayor frecuencia la posibilidad de delegar en la Comisión los poderes que permiten adoptar las disposiciones de ejecución para alcanzar los objetivos del acto legislativo. Esto permitiría recurrir más a normativas marco más sencillas, que comprendan los elementos fundamentales del acto. En el ejercicio de esta delegación deberán respetarse los mismos principios (transparencia, consulta, etc.) que rigen el proceso legislativo.

* La Comisión examinará la introducción, para las propuestas que puedan quedar obsoletas, de un mecanismo de «guillotina», en virtud del cual la propuesta quedará anulada si no se adopta en un plazo determinado.

* La Comisión examinará la posibilidad de retirar su propuesta si los compromisos previstos en el Consejo o el Parlamento Europeo introducen un nivel de complicación legislativa incompatible con los principios del Tratado, en particular con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad o con los objetivos de la propuesta misma.

3 Transposición y aplicación a escala nacional

En el marco de la aplicación de la legislación comunitaria, debe garantizarse la coherencia, de lo cual serán responsables:

* Los Estados miembros, individualmente, en lo que respecta a la transposición fiel y dentro de los plazos de los actos comunitarios, a la aplicación eficaz de sus disposiciones, así como a la simplificación de la legislación «puramente nacional». Por lo que se refiere a la transposición de las directivas, los Estados miembros deberían elaborar sistemáticamente un cuadro de concordancias de las medidas nacionales con la legislación comunitaria.

* La Comisión, que propondrá, cuando sea posible, plazos más cortos para la transposición de las directivas, ejercerá más sistemática y rápidamente un control, y, si procede, propondrá medidas para eliminar las incoherencias y evitar una aplicación no uniforme del Derecho comunitario.

Será necesario desarrollar procedimientos de concertación entre los Estados miembros y la Comisión a fin de mejorar la aplicación efectiva de las normas y su rápida adaptación a las evoluciones comerciales, técnicas o de otro tipo.

3 Evaluación de los efectos de la legislación comunitaria

* La Comisión evaluará con regularidad los resultados y las consecuencias de las normativas comunitarias, en cooperación con las administraciones nacionales y los agentes económicos y sociales. Sobre esa base, podrá proponer la continuación de la acción, modificaciones del acto o su derogación.

* La Comisión mejorará el acceso a la información para que el Derecho comunitario sea más accesible, en particular mediante las nuevas tecnologías.

* La Comisión introducirá en cada propuesta relativa a ámbitos sujetos a rápidos cambios tecnológicos, organizativos o de mercados, un plazo para una revisión del acto, o incluso una «cláusula de extinción».

3 Simplificación de la legislación existente

La simplificación y actualización sistemática de la legislación vigente deberían garantizar de forma permanente una legislación adaptada a los objetivos. La Comisión tiene previsto:

* Evaluar con rapidez el feedback que indique la existencia de situaciones de complejidad excesiva y no justificada.

* Establecer una programación plurianual -actualizada con regularidad- de las acciones de simplificación que han de efectuarse, con unos plazos políticamente vinculantes que las instituciones han de acordar conjuntamente.

* Proponer un acuerdo entre las instituciones, con vistas a establecer los principios de la simplificación y a contraer un compromiso político para la aceleración de los trabajos legislativos a tal fin.

* Introducir sistemáticamente un elemento de simplificación en todas las revisiones periódicas de las directivas o de los reglamentos en vigor.

* Reforzar y desarrollar la acción ya iniciada en materia de codificación, refundición y consolidación, y decidir la publicación rápida y sistemática de los textos consolidados, a título informativo, siempre que se produzca una modificación. A tal fin, urge finalizar el acuerdo institucional sobre la refundición.

Desarrollar una nueva cultura administrativa y reguladora

La nueva estrategia prevista debería ir acompañada de un cambio profundo de la cultura administrativa y reguladora, y exige la movilización tanto de las instituciones comunitarias como de los Estados miembros.

En varios Estados miembros y, más en general, en la OCDE, se realizan importantes trabajos dirigidos a la simplificación de la legislación y de los procedimientos de decisión. Algunos Estados han creado estructuras específicas a escala nacional. Por su parte, la Comisión, utilizando la estructura de su Secretaría General y los mecanismos de coordinación ya existentes, tiene intención de crear una red de simplificación y de control interno de la calidad, que también podrá fomentar los intercambios de buenas prácticas.

IV. CONCLUSIÓN

En el presente informe provisional se trata de presentar un primer diagnóstico de los retos que debe afrontar la Unión Europea para responder a la petición, formulada en Lisboa, de simplificar el marco regulador, incluido el funcionamiento de la administración pública a escala comunitaria. Por su parte, la Comisión proseguirá y desarrollará sus acciones en este ámbito e intensificará sus reflexiones en el contexto del Libro Blanco sobre la gobernanza, que se adoptará en julio de 2001, antes de presentar sus propuestas de estrategia global en el Consejo Europeo, de aquí a finales de año.

Una acción eficaz en este ámbito exige asimismo la participación plena del Parlamento Europeo, el Consejo y los Estados miembros. El mandato del Consejo Europeo de Lisboa destaca asimismo la necesidad de una acción a escala nacional. Cabe esperar que el trabajo del Grupo Consultivo de Alto Nivel creado por los Ministros de Administraciones Públicas representará una contribución importante a este respecto.

ANEXOS

Ficha I

LAS DIRECTIVAS DE «NUEVO ENFOQUE»

Mediante la Resolución del Consejo, de 7 de mayo de 1985, relativa a «un nuevo enfoque de armonización técnica y de las normas», se ha introducido una nueva técnica reguladora. Sus objetivos eran establecer un «level playing field» para la libre circulación de productos en el mercado interior, garantizando al mismo tiempo un nivel de protección elevado. El instrumento legislativo propuesto era una forma de normativa conjunta en el cual las directivas marco establecerían los requisitos fundamentales, los procedimientos de evaluación de conformidad y la introducción del marcado CE, mientras que las empresas y la industria podrían elegir la forma de cumplir dichas obligaciones. En este marco, los organismos de normalización europeos son los responsables de elaborar las normas técnicas que ofrecerían una nueva vía (entre otras) para conformarse a las directivas.

Las directivas de «nuevo enfoque» se aplican a los productos destinados a ser comercializados en la CE (o puestos en servicio) por primera vez. De esta forma, las directivas se aplican a los nuevos productos manufacturados en los Estados miembros y a los productos usados y de ocasión importados de terceros países. Los elementos fundamentales en lo que respecta a este nuevo tipo de legislación del mercado interior son los siguientes:

* la armonización legislativa se limita a los requisitos fundamentales que deben cumplir los productos comercializados en la Comunidad para poder circular libremente en el mercado de la CE;

* las normas técnicas de los productos que cumplan los requisitos fundamentales, tal como se hallen definidos en las respectivas directivas, se establecen mediante normas armonizadas;

* la aplicación de las normas armonizadas sigue siendo voluntaria y el fabricante siempre puede aplicar otras normas técnicas para cumplir los requisitos fundamentales;

* los productos manufacturados con arreglo a las normas armonizadas se benefician de una presunción de conformidad con los requisitos fundamentales correspondientes.

Desde 1987, el Consejo y el Parlamento Europeo han adoptado unas 20 directivas, cuyo ámbito de aplicación abarca desde los aparatos médicos y los equipos de presión hasta las máquinas y los juguetes.

En una Resolución del Consejo, de 28 de octubre de 1999, sobre «el papel de la normalización en Europa» se invita a la Comisión a que examine sistemáticamente si el nuevo enfoque podría aplicarse a los sectores aún no cubiertos, con objeto de mejorar y simplificar la legislación.

Ficha II

ACUERDOS DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES

Desde 1993 (Tratado de Maastricht), los interlocutores sociales europeos pueden negociar acuerdos con objeto de regular aspectos de la política social relativos a las condiciones de trabajo, como:

* el lugar de trabajo para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores;

* las condiciones de trabajo;

* la información y la consulta de los trabajadores;

* la integración de las personas excluidas del mercado de trabajo, igualdad entre hombre y mujeres en el mercado de trabajo y en lo que respecta a las condiciones de trabajo;

* la seguridad social y la protección social.

El procedimiento (artículos 138 y 139 del Tratado) consta de tres grandes etapas. En primer lugar, la Comisión inicia una consulta, en dos fases, entre los interlocutores sociales europeos sobre la oportunidad -y, posteriormente, sobre el contenido- de una iniciativa. Más adelante, si procede, los interlocutores sociales pueden entablar una negociación durante un período de 9 meses. Por último, la Comisión presenta el acuerdo negociado en el Consejo para su aplicación mediante una directiva. El Consejo puede aprobar o rechazar el acuerdo.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, se han establecido cinco acuerdos (dos sectoriales), a saber:

* Acuerdo sobre el permiso parental;

* Acuerdo sobre el trabajo a tiempo parcial;

* Acuerdo sobre el trabajo de duración determinada;

* Acuerdo sobre la ordenación del tiempo de trabajo del personal móvil en la aviación civil;

* Acuerdo relativo a la organización del tiempo de trabajo de los trabajadores del mar.

Se está negociando a escala interprofesional un acuerdo sobre el trabajo temporal.

Por lo general, la duración media de todo el procedimiento ha sido inferior a dos años, tiempo que no resulta excesivo si se compara con la elaboración de la legislación comunitaria en el ámbito social.

La producción de normas comunitarias mediante acuerdos permite establecer actos que se ajustan a los requisitos presentados por los interlocutores sociales, respetar mejor los principios de proporcionalidad y subsidiariedad y contribuir de forma más eficaz a los objetivos de la política social.

Ficha III

PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

Desde hace algunos años, la Comisión ha fomentado la participación voluntaria de las partes interesadas y de los sectores público y privado (ONG), en distintos ámbitos.

En el sector medioambiental, la Comisión ha promovido:

Ya sea mediante un marco regulador que suscita adhesiones voluntarias:

* El reglamento que permite la participación voluntaria de organizaciones y de industrias en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (SGAM) fomenta la adhesión voluntaria de los industriales a un sistema dirigido a mejorar su actuación medioambiental.

* En virtud del Reglamento relativo a la etiqueta ecológica, los industriales, las ONG y las organizaciones de consumidores participan en la definición de los criterios de la etiqueta ecológica comunitaria adjudicada a los productos que respetan requisitos fundamentales en materia de medio ambiente.

Ya sea absteniéndose de generar una legislación vinculante y fomentando, mediante recomendaciones, compromisos voluntarios de los sectores industriales:

* Reducción de CFC - compromiso voluntario de la industria de los aerosoles, la industria de los plásticos y la industria del frío.

* Código de buena práctica medioambiental en el sector de los detergentes.

* Reducción de las emisiones de CO2 de los coches particulares - Compromisos voluntarios de las asociaciones de fabricantes de automóviles europeos, japoneses y coreanos, que han participado en la elaboración del programa AUTO-OIL, relativo a la calidad del aire.

* Al conceder una excepción en virtud del artículo 81 del Tratado para los compromisos voluntarios de los fabricantes de lavadoras, televisores y vídeos dirigidos a reducir el consumo de energía.

En el ámbito de la salud y la protección de los consumidores, se han propuesto diversos códigos de conducta y acuerdos voluntarios. Por ejemplo, las ONG (consumidores) y los organismos profesionales del sector se han puesto de acuerdo sobre un código de conducta relativo a la información de los consumidores sobre los costes y las condiciones de los préstamos hipotecarios. Este código de conducta constituye la base de una recomendación de la Comisión en este ámbito.

La iniciativa E-confidence, en la que participan los consumidores y los industriales, se creó a fin de buscar principios para elaborar códigos de conducta en el ámbito del comercio electrónico, así como sistemas de control y de evaluación de esos códigos. EuroLogo Négociation, código de conducta europeo firmado en 1998 por asociaciones de consumidores con relación al euro, permite exhibir un logotipo de confianza europeo y someterlo al control de la Comisión.

Fiche IV

SLIM

La iniciativa SLIM (una legislación más sencilla para el mercado interior) es uno de los proyectos piloto de simplificación de la legislación nacional y de la legislación comunitaria sobre el mercado interior.

El método SLIM está basado en tres ideas centrales:

* un conjunto de sectores específicos de trabajo (actualmente 14 sectores, frente a 4 sectores iniciales, en 1996);

* pequeños equipos de trabajo (presididos por la Comisión, con el mismo número de representantes [4 ó 5] de los Estados miembros y de las industrias interesadas, y algunos funcionarios de la Comisión en calidad de observadores);

* un período de tiempo limitado para identificar los problemas y apuntar soluciones, con un claro objetivo de simplificación.

Las recomendaciones SLIM se refieren a la legislación existente y pueden estar suscritas por la Comisión o no. Hasta la fecha, la Comisión, siguiendo las recomendaciones SLIM, ha formulado propuestas legislativas para 6 sectores. El Consejo y el PE han adoptado la legislación para 4 de esos sectores.

Los equipos SLIM han tenido un efecto de demostración y han actuado como laboratorios para lograr un consenso entre los Estados miembros, las industrias interesadas y la Comisión; sin embargo, su impacto sigue siendo escaso.

En 2000, la Comisión revisó la iniciativa SLIM y propuso una serie de recomendaciones para mejorar la metodología y, en su caso, sugerir un enfoque más amplio. A continuación se indican algunas de las recomendaciones clave resultantes del examen:

* creación de un grupo de especialistas denominado «legislar mejor», que trabaje bajo los auspicios del Comité Consultivo del Mercado Interior, y que ayudaría a orientar SLIM;

* mejora de la transparencia en la selección de los sectores y de los objetivos, y consulta de los Estados miembros y del Parlamento Europeo (PE);

* por lo que respecta a la Comisión, fijarse el objetivo de presentar propuestas en un plazo de 6 meses al efectuarse un informe SLIM;

* por lo que respecta al Consejo y al PE, desarrollar mecanismos para asegurarse de que se adoptan con rapidez las propuestas de simplificación;

* por lo que respecta a los Estados miembros, informar con regularidad al Comité Consultivo del Mercado Interior sobre los programas nacionales de simplificación.

El Consejo (en mayo de 2000) y el PE, en su aprobación de la revisión SLIM, destacaron la necesidad de que haya transparencia, coherencia y coordinación a escala nacional y comunitaria.

Ficha V

SIMPLIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AGRÍCOLA

En los últimos años, la Comisión ha convertido la simplificación en uno de los principios que rigen sus trabajos sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), y ha decidido conceder la máxima importancia a los dos objetivos siguientes:

* hacer que la legislación agrícola sea lo más clara, transparente y accesible posible;

* reducir al máximo la carga de trabajo administrativo que la PAC impone a los agricultores y otras partes interesadas, así como a las autoridades nacionales y comunitarias.

Para hacer la legislación agrícola más clara y accesible, la Comisión ha puesto en marcha las siguientes iniciativas:

Directrices internas a los servicios responsables de la producción legislativa agrícola: estas directrices están destinadas a que toda nueva propuesta legislativa y toda modificación de la legislación existente sea clara y sencilla.

Consolidación informal de la legislación agrícola: Desde 1999, la Comisión ha efectuado una consolidación informal de la legislación agrícola en todas las lenguas oficiales de la Comunidad. Este esfuerzo está dirigido a facilitar el acceso a la legislación, debido a las frecuentes modificaciones que se introducen en la legislación agrícola.

Disminución del número de reglamentos: se ha reducido el volumen de actos legislativos y administrativos (por ejemplo, un único reglamento para cada organización común de mercado).

Mecanismo de los intercambios: como consecuencia de recientes modificaciones, los reglamentos relativos a los mecanismos comerciales son más claros y más sencillos.

En el marco de la Agenda 2000, las reformas adoptadas, para los cultivos herbáceos y el desarrollo rural, han contribuido a la simplificación. Otras reformas adoptadas o propuestas más recientemente en los sectores del vino, la carne, el lino y el cáñamo también tendrán como resultado una simplificación de la legislación agrícola.

Además de las iniciativas adoptadas en el marco de la última reforma de la PAC, la Comisión ha adoptado iniciativas específicas destinadas a simplificar los procedimientos administrativos y a reducir la carga de trabajo administrativo que recae sobre los agricultores -en particular los pequeños- en materia de ayudas y pagos. Se trata del «régimen de los pequeños agricultores». Más del 20 % de los agricultores de la UE podrían beneficiarse de esta reducción de la carga administrativa.

Ficha VI

EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y SIMPLIFICACIÓN DEL MARCO REGULADOR PARA LAS EMPRESAS

Las evaluaciones del impacto sobre las empresas se han desarrollado a fin de que la legislación comunitaria propuesta no imponga excesivas cargas a las empresas (en particular, a las PYME) y para tratar de que se tengan más en cuenta los intereses comerciales en la etapa de redacción de una legislación y de que se informe a las instituciones comunitarias sobre las consecuencias probables para las empresas y la industria.

Se ha observado que el sistema es útil, desde 1986, para evaluar el impacto de la legislación sobre las empresas. Sin embargo, sigue sin producir los efectos esperados, ya que ha resultado ser un mero análisis cualitativo (más que cuantitativo) que tiene lugar demasiado tarde en el proceso de evaluación.

El sistema de evaluación del impacto sobre las empresas de la UE se está revisando actualmente. Con objeto de hacer balance y de reforzar la metodología de evaluación, incluida la consulta sistemática de las partes interesadas, la Comisión ha puesto en marcha un proyecto piloto. La Comisión realizará cuidadosas evaluaciones de una muestra de propuestas legislativas de su programa de trabajo para 2001.

En respuesta a un mandato del Consejo Europeo de Amsterdam (1997), la Comisión ha creado un grupo operativo para la simplificación del entorno empresarial (BEST), compuesto por representantes de los medios empresariales y de los poderes públicos en los Estados miembros. Un aspecto del ámbito de análisis y del mandato de BEST era indicar opciones para mejorar la legislación, así como suprimir los obstáculos al desarrollo de las empresas europeas, en particular las PYME. El grupo operativo presentó su informe final a la Comisión en mayo de 1998. Tomando como base las recomendaciones del grupo operativo, el Consejo invitó a la Comisión a que elaborara un calendario para evaluar la forma en que las políticas europeas y de los Estados miembros fomentan el espíritu empresarial y la competitividad. El 30 de septiembre de 1998, la Comisión presentó un plan de acción a tal fin, que fue adoptado por el Consejo el 29 de abril de 1999.

Una de las comprobaciones que BEST efectuó por lo que respecta al marco regulador se refiere a la administración pública. Varios Estados miembros han presentado (o están presentando) iniciativas para mejorar el marco regulador para las empresas, y también han desarrollado evaluaciones del impacto sobre las empresas en lo que respecta a la legislación. Algunos Estados miembros han introducido registros de todas las obligaciones que tienen las empresas y han creado grupos de trabajo de simplificación, comités interministeriales y células de «impacto regulador».

La Comisión -en estrecha colaboración con los Estados miembros- debe presentar informes sobre la aplicación del plan íntegro de acción BEST.