Nuestras culturas democráticas europeas, en toda su diversidad, han de hacer frente al reto de la transformación digital. Las salvaguardias existentes para garantizar la transparencia y la paridad de los recursos y del tiempo de antena durante las campañas electorales no están diseñadas para el entorno digital. Las herramientas para las campañas en línea tienen potencia añadida, porque combinan datos personales e inteligencia artificial con la elaboración de perfiles psicológicos y técnicas complejas de microsegmentación. Algunas de estas herramientas, como el tratamiento de datos personales, están reguladas por el Derecho de la UE. Pero otras se enmarcan actualmente en las condiciones de servicio de las empresas, y pueden también zafarse de la reglamentación nacional o regional por haber sido desplegadas desde fuera de la jurisdicción electoral. Las dudas sobre la transparencia y la rendición de cuentas de las plataformas en línea se añaden al reto de garantizar el cumplimiento de las leyes. Las plataformas en línea pueden realizar actividades relacionadas con los medios informativos y actuar como guardianes para las noticias en línea, y al mismo tiempo no estar sujetas a las mismas leyes nacionales y normas profesionales.

La revolución digital ha transformado la política democrática. Las campañas políticas ya no se hacen ahora solo mediante el puerta a puerta, los carteles electorales, los spots de radio y las pantallas de televisión. Ahora también se hacen en línea. Esto ofrece a los actores políticos nuevas oportunidades de llegar a los votantes. También brinda nuevas oportunidades para el compromiso cívico, haciendo más fácil para algunos grupos (en particular los jóvenes) el acceso a la información y la participación en la vida pública y en el debate democrático.

Los altos niveles de participación de los votantes en las últimas elecciones celebradas en toda la UE demuestran que los ciudadanos siguen confiando en el poder de las urnas como herramienta para expresar su opinión y pedir cuentas a sus representantes. Al mismo tiempo, las redes sociales son uno de los canales para intentar manipular la opinión pública, desalentar la participación en las elecciones y arrojar dudas sobre la integridad de los procesos electorales. También se han documentado intentos de injerencia extranjera.

El mantenimiento de la democracia exige una actuación más decidida para proteger los procesos electorales, conservar el debate abierto democrático y actualizar las salvaguardias a la luz de las nuevas realidades digitales. La democracia consiste en la riqueza de las prácticas de participación, el compromiso cívico y el respeto de las normas democráticas y del Estado de Derecho, aplicados a lo largo de todo el ciclo electoral.

2.1Transparencia de la publicidad y comunicación políticas

El cumplimiento de las normas convencionales en materia de campañas políticas puede resultar especialmente difícil en el contexto en línea. Las normas suelen ser difíciles de aplicar o ineficaces en línea, o puede ser que las autoridades competentes no tengan las atribuciones o los medios para abordar las actividades en línea. Un factor adicional, aunque no exento de complicación, que añade posibilidades a la situación es el potencial transfronterizo de la actividad en línea, puesto que las cuestiones relativas a las elecciones se rigen en gran medida por normas aplicables únicamente a una jurisdicción específica o pueden no haber sido formuladas para tener en consideración el espacio en línea, que no tiene fronteras.

Existe una clara necesidad de una mayor transparencia en la publicidad política y la comunicación y en las actividades comerciales que la rodean. El refuerzo de la aplicación y el cumplimiento de las normas del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) reviste la máxima importancia.

Los ciudadanos, la sociedad civil y las autoridades responsables tienen que ser capaces de ver claramente el origen y la finalidad de dicha publicidad. En el entorno en línea, suele ser difícil reconocer el material político de pago y distinguirlo de otros contenidos políticos, entre otras cosas porque suele aparecer como contenido «orgánico» compartido o creado por otros usuarios. Esto produce inseguridad jurídica para los proveedores de servicios y otros operadores, en particular los intermediarios en línea, las consultoras políticas y las empresas afines, pero también para los partidos políticos, las organizaciones de campaña, los candidatos y para el público en general, y afecta a la rendición de cuentas y a la supervisión.

Las nuevas técnicas utilizadas por los intermediarios y/o prestadores de servicios para focalizar la publicidad basándose en la información personal de los usuarios permite que la publicidad política se amplifique y se ajuste a los perfiles específicos de un individuo o de un grupo, a menudo sin su conocimiento. Las técnicas de microsegmentación y de elaboración de perfiles pueden basarse en datos obtenidos indebidamente y ser utilizadas abusivamente para dirigir relatos que dividen y polarizan. Este proceso hace mucho más difícil que se pueda pedir cuentas a los políticos por los mensajes que envían y abre un nuevo camino a los intentos de manipular al electorado. También son preocupantes la ocultación y/o la tergiversación de información clave, como el origen y la intención política de los mensajes, sus fuentes y su financiación.

Para hacer frente a estas preocupaciones, la Comisión presentará en 2021 una propuesta legislativa sobre la transparencia del contenido político patrocinado. La propuesta completará la normativa sobre la publicidad en línea de la futura Ley de servicios digitales, a fin de poder contar con normas específicas con la antelación suficiente antes de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2024. Estará dirigida a los patrocinadores de contenido de pago y a los canales de producción/distribución, incluidas las plataformas en línea, los publicistas y las consultoras políticas, aclarando sus responsabilidades respectivas y proporcionando seguridad jurídica. Garantizará que los derechos fundamentales y las normas pertinentes se respeten con igual eficacia en línea y fuera de línea. La Comisión seguirá evaluando si es necesario o no adoptar un enfoque focalizado durante los períodos electorales.

La iniciativa determinará cuáles son los actores y el tipo de contenido patrocinado que entran en el ámbito de aplicación de los requisitos de transparencia reforzados. Respaldará la rendición de cuentas y permitirá el seguimiento y la aplicación de las pertinentes normas, auditorías y acceso a datos no personales, y facilitará la diligencia debida. La Comisión también estudiará la posibilidad de restringir más la microsegmentación y la elaboración de perfiles psicológicos en el contexto político. Podrían imponerse proporcionalmente determinadas obligaciones específicas a los intermediarios en línea, prestadores de servicios publicitarios y otros actores, en función de su escala e impacto (para la clasificación, la conservación de información, los requisitos de divulgación, la transparencia del precio pagado, y los criterios de segmentación y amplificación, por ejemplo). Otras disposiciones podrían prever un compromiso específico con las autoridades de supervisión, para permitir códigos de corregulación y normas profesionales.

Sobre la base de los intercambios interdisciplinarios entre Estados miembros en el marco de la Red Europea de Cooperación Electoral, creada en 2019 en vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo para permitir intercambios concretos y prácticos sobre una serie de temas pertinentes para garantizar unas elecciones libres y justas, la legislación propuesta se verá complementada con medidas de apoyo y orientaciones de los Estados miembros y otros actores, como partidos políticos y autoridades competentes nacionales, teniendo en cuenta los límites de la competencia de la UE en este ámbito.

Medidas: ·Proponer legislación en 2021 para garantizar una mayor transparencia en el ámbito del contenido patrocinado en un contexto político («publicidad política») ·Adoptar medidas de apoyo y orientaciones para los partidos políticos y los Estados miembros

2.2Normas más claras sobre la financiación de los partidos políticos europeos

La financiación de los partidos políticos europeos se rige por el Derecho de la UE El Informe sobre las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 puso de relieve la necesidad de reforzar algunas de las normas con el fin de evitar las injerencias externas, en particular mediante la mejora de la transparencia en cuanto a las fuentes de financiación para los partidos políticos europeos, con el fin de abordar la financiación indirecta por parte de intereses extranjeros canalizada por medios nacionales o donaciones privadas. En 2021, la Comisión propondrá una revisión de la legislación sobre la financiación de los partidos políticos europeos con vistas a combatir su financiación desde fuera de la UE, revisar los requisitos de auditoría, fortalecer los vínculos entre las campañas de financiación europeas y las nacionales, y facilitar la transparencia y la auditoría. El objetivo es poder disponer de las normas nuevas con la antelación suficiente antes de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2024.

La Comisión estudiará también la posibilidad de desarrollar programas informáticos basados en la web para ayudar a la sociedad civil en el ámbito de la financiación política y la transparencia financiera, detectando y exponiendo, por ejemplo, posibles fraudes e irregularidades en las cuentas publicadas de los partidos políticos.

Medidas: ·Proponer, en 2021, la revisión del Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas

2.3Cooperación reforzada en la UE para garantizar unas elecciones libres y justas

La organización de elecciones nacionales es una competencia de cada Estado miembro apoyada en normas internacionales, con algunas cuestiones, como la protección de datos, que se rigen por el marco más amplio del Derecho de la UE. Las elecciones al Parlamento Europeo y los derechos de voto de los ciudadanos móviles de la UE están regulados por legislación específica de la UE, aunque la mayoría de los aspectos relevantes para el proceso electoral siguen dependiendo de la legislación de cada país. La experiencia del período previo a las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 demostró que una mayor coordinación y cooperación a nivel nacional y de la UE pueden aportar una contribución esencial en este sentido.

La Comisión propondrá también un nuevo mecanismo operativo de la UE para apoyar procesos electorales resilientes. Estará organizado y coordinado a través de la Red Europea de Cooperación Electoral para apoyar el despliegue de equipos mixtos de expertos y los intercambios sobre cuestiones como la ciberseguridad de las elecciones y la criminalística en línea, en estrecha colaboración con el Grupo de Cooperación en Redes y Sistemas de Información y con el sistema de alerta rápida de la UE. La Comisión seguirá haciendo posible una cooperación más estrecha entre las autoridades competentes de los Estados miembros a la hora de lidiar con retos específicos (p. ej. relacionados con períodos electorales, observación electoral, supervisión electoral independiente y vías de recurso eficaces) e incluirá el seguimiento (también en línea), la detección de amenazas, la creación de capacidades, el funcionamiento de las redes electorales nacionales y el compromiso con el sector privado. Se explorarán opciones en favor del apoyo mutuo, incluido un foro en línea, la formación conjunta, la puesta en común de recursos y conocimientos especializados, así como de las capacidades de seguimiento en línea. Esta labor podría ser más fructífera si los procesos electorales o algunos aspectos de su administración se definiesen como infraestructuras críticas. La Comisión organizará un evento de alto nivel que reunirá a diversas autoridades con el fin de hacer frente a los retos relacionados con los procesos electorales y empoderará a los ciudadanos para participar como votantes y como candidatos en el proceso democrático.

Se adoptarán medidas específicas a nivel de la UE para proteger las infraestructuras electorales contra los ciberataques. En este contexto, se actualizará el compendio sobre ciberseguridad de la tecnología electoral y se organizarán nuevos ejercicios prácticos para analizar los riesgos y la preparación, basándose en el trabajo conjunto elaborado por la Red Europea de Cooperación Electoral y el Grupo de cooperación para la seguridad de las redes y los sistemas de información. La próxima estrategia de ciberseguridad de la UE proporcionará un marco transversal, acompañado de propuestas legislativas para incrementar la seguridad de las redes y sistemas de información y la protección de infraestructuras críticas.