No obstante, es necesario seguir trabajando para garantizar que todos los ciudadanos de la Unión conozcan sus derechos y puedan participar plenamente del proceso democrático europeo. Este es un aspecto político prioritario para la Comisión, que ha reivindicado una Unión de cambio democrático. Esta labor ha de ser además un esfuerzo conjunto, en el que Estados miembros, parlamentos nacionales e instituciones de la UE colaboren para reforzar la confianza de los ciudadanos europeos en este proyecto común, a fin de conseguir una Europa mejor y más fuerte.

5.2.2. Promover la igualdad y la no discriminación

5.2.Proteger a todos los ciudadanos y promover la igualdad y la no discriminación

El voluntariado es otra manera de poner en práctica los valores de la UE. Con el fomento de la solidaridad, del entendimiento mutuo y de la tolerancia, se contribuye a reforzar la cohesión social y la ciudadanía activa. Se intensificará el Servicio Voluntario Europeo y se tomarán medidas para promover la concesión de créditos de estudio para voluntariado, así como la elaboración de planes de estudios que combinen contenido académico y compromiso cívico a través de Erasmus+. El Cuerpo Europeo de la Solidaridad, que enraíza con los valores fundamentales de compromiso y solidaridad de la UE, se basará en los programas de la Unión en materia de juventud en una primera fase y, como parte de su componente de voluntariado, movilizará las redes de partes implicadas en el ámbito del empleo, la educación y la sociedad civil de toda Europa, a fin de que los jóvenes puedan prestar su ayuda allí donde más se los necesite. Actuará como elemento de conexión entre los jóvenes que trabajen en un proyecto solidario común, contribuyendo de este modo a la creación de una perspectiva europea más fuerte. Jóvenes de toda la UE podrán participar en una amplia variedad de actividades solidarias prestando su ayuda a organizaciones no gubernamentales (ONG), a una autoridad local o a una empresa privada que se dedique a la resolución de situaciones problemáticas en toda la UE, como reconstruir comunidades afectadas por algún desastre natural; responder a dificultades sociales, por ejemplo la exclusión social, la pobreza y los desafíos sanitarios y demográficos; o trabajar en la acogida e integración de refugiados.

En su Comunicación del 14 de junio de 2016 sobre el apoyo a la prevención de la radicalización que conduce al extremismo violento, la Comisión anunció medidas concretas. En particular, la Comisión establecerá una red para facilitar los contactos directos con modelos positivos en los centros educativos, y en centros juveniles y clubes deportivos, a fin de animar e inspirar a los jóvenes para que se conviertan en miembros activos y comprometidos de la sociedad europea. Promoverá en mayor medida la capacidad del trabajo en el ámbito de la juventud, de las organizaciones y de las redes juveniles, para que actúen como fuerzas de inclusión, ayudando a los jóvenes a comprometerse, a trabajar como voluntarios y a impulsar un cambio social positivo. Así, en estrecha colaboración con los Estados miembros, creará un conjunto de herramientas para ayudar a trabajadores y organizaciones del ámbito de la juventud. Incrementará el uso de e-Twinning, una plataforma en línea que promueve la colaboración y el intercambio entre profesores y centros educativos de toda Europa, y la ampliará a los países vecinos de la UE.

Los ciudadanos de la UE esperan que se intensifique la promoción de los valores comunes de la Unión. Según han sugerido, para ello debe recurrirse de manera particular a la educación, la movilidad de los jóvenes y las actividades culturales. Este era también el espíritu en el que se basó la adopción de la Declaración de París de marzo 2015.

La Comisión proseguirá con su labor de informar a los ciudadanos sobre sus derechos en la Unión y sobre lo que deben hacer si estos no son respetados. Asimismo, seguirá atendiendo al número cada vez mayor de ciudadanos de la Unión que solicita información sobre sus derechos, en especial por medio del portal «Tu Europa», que en la actualidad recibe más de 1,4 millones de visitas al mes. El portal de e-Justicia, una ventanilla única electrónica dentro del ámbito de la justicia, complementa esta herramienta ofreciendo información sobre los sistemas judiciales a los ciudadanos que necesitan acceder a ellos (así como a jueces, abogados y otros profesionales de este campo) y mejorando el acceso a la justicia. La Comisión está mejorando además su sitio web Europa para que los usuarios encuentren la información que buscan de manera rápida y sencilla. Los esfuerzos llevados a cabo para mejorar la accesibilidad del sitio web Europa facilitarán también el acceso a esta información por parte de las personas con discapacidad.

Los europeos están más sensibilizados que nunca sobre su estatuto de ciudadanos de la Unión y actualmente la mayoría de ellos considera conocer sus derechos como ciudadanos de la UE . También creen estar mejor informados de sus derechos, aunque no necesariamente de todos ellos , ya que el derecho a la protección consular, por ejemplo, sigue siendo poco conocido . El porcentaje de europeos que desea conocer mejor cuáles son sus derechos sigue aumentando. Por otra parte, los ciudadanos de la Unión pueden no ser siempre conscientes de que beneficiarse de los derechos dimanantes de la ciudadanía de la Unión también conlleva algunos deberes. Por ejemplo, pueden pasar por alto la importancia que revisten sus documentos de identidad y de viaje y el hecho de que, para reducir el riesgo de fraude, deben denunciar inmediatamente cualquier pérdida o robo de estos.

Internet es la principal fuente de información política de la mayoría de los ciudadanos en la actualidad, en particular de las generaciones más jóvenes. También está aumentando el número de europeos que usan servicios de contenidos en línea cuando se desplazan de un país a otro. En aplicación de la Estrategia para el Mercado Único Digital, la Comisión propuso un Reglamento que permitiese a los ciudadanos viajar dentro de la Unión con el contenido digital que hubieran comprado o al que se hubieran suscrito en su lugar de residencia.

Fomentar la participación del electorado en las elecciones al Parlamento Europeo es una responsabilidad compartida. Los Estados miembros deben promover la participación en la vida democrática informando mejor a los ciudadanos sobre sus derechos de sufragio activo en las elecciones locales y europeas y eliminando los obstáculos para su participación. Por otra parte, los ciudadanos de la Unión, en particular los que votan en un país diferente de su país de procedencia, agradecerían prácticas que les facilitasen el voto en dichas elecciones en calidad de no nacionales (por ejemplo, mediante cartas individuales, inscripción en línea en el censo electoral, voto electrónico). Dichas prácticas redundarán en beneficio de todos los ciudadanos de la Unión.

En su informe sobre las elecciones europeas de 2014 la Comisión apuntaba que, de cara a las elecciones de 2019, era necesario examinar, a fin de darles respuesta, las razones de la persistente baja participación en algunos Estados miembros. Las probabilidades de participación de los ciudadanos son mayores cuando saben por qué políticas, programas y partidos políticos van a votar. Pero la participación no solamente está relacionada con el hecho de votar, sino también con el desempeño de un activo papel en el debate político y en la vida de los partidos políticos, así como con el hecho de presentarse como candidato. Consiste en participar en las instituciones de la UE y en exigirles responsabilidades.

Ser ciudadano europeo también implica disfrutar de derechos políticos. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de voto en las elecciones al Parlamento Europeo. Los ciudadanos móviles de la Unión tienen derecho de voto en el país en el que residen o en su país de procedencia. No obstante, este derecho no se ejerce de una forma tan plena como debería.

Para casarse o para conseguir un empleo en otro país de la Unión, normalmente los ciudadanos tienen que someterse a largos y costosos trámites administrativos. Para resolver este problema, en julio de 2016, la Unión Europea adoptó un reglamento con el objeto de poner fin a estos trámites administrativos y ayudar a los ciudadanos a desplazarse con mayor facilidad a otro país de la Unión. Cuando los países de la UE hayan implantado todas las medidas necesarias, los ciudadanos podrán presentar en un Estado miembro documentos públicos (como los certificados de nacimiento, matrimonio o defunción) que hayan sido expedidos por otro sin tener que revestirlos de ningún sello (la «apostilla») para demostrar su autenticidad. Por otra parte, al utilizar impresos estándar multilingües, que la Comisión terminará de generar con los Estados miembros en 2017, los ciudadanos no siempre necesitarán aportar traducciones de sus documentos públicos.

Un Mercado Único Digital conectado implica ampliar en mayor medida y crear servicios de administración electrónica centrados en los usuarios, de fácil manejo y que no den problemas, para los ciudadanos que deseen estudiar, trabajar, residir y jubilarse o establecerse y montar un negocio en cualquier parte de la UE. La Comisión también está analizando la posibilidad de aplicar el principio de «solo una vez», para que ni ciudadanos ni empresas tengan que enviar la misma información a las administraciones públicas en más de una ocasión. Así se reduciría también la carga administrativa de los ciudadanos.

Antes de tomar la decisión de trasladarse a otro país de la Unión (o de regresar al país de origen tras haber residido en otro Estado miembro), la mayoría de los europeos usa internet para buscar la información y la ayuda que necesitan a fin de poder, por ejemplo, trabajar, estudiar, viajar, residir o jubilarse en otro Estado miembro. En la práctica, la información disponible en internet suele ser difícil de encontrar, está incompleta, resulta complicada de entender, es inexacta, no está actualizada o no está disponible y no siempre se corresponde con las necesidades de los usuarios. La mayoría de los europeos manifiesta que sería más sencillo establecerse en otro país de la Unión y residir allí si las autoridades facilitasen información y asesoramiento adaptado a las necesidades individuales por medio de portales web de ventanilla única y si pudieran resolver los trámites administrativos a través de internet. Con el nuevo Reglamento EURES (UE) n.° 2016/589 ya se facilita la conexión transfronteriza entre demandantes de empleo y empresarios. Una mejor cooperación entre las autoridades nacionales también facilitaría los trámites.

No obstante, aun así los europeos pueden encontrar dificultades cuando se trasladan a otro país de la UE o residen en él. Algunas dificultades son de carácter legal, otras están relacionadas con los procedimientos y otras son de tipo tecnológico. No obstante, lo habitual es que para aportar una diferencia notable, se necesite un cambio de carácter relativamente menor.

Los ciudadanos no adquieren el derecho de sufragio activo en las elecciones presidenciales o nacionales cuando se trasladan a otro país de la Unión. Además, los ciudadanos de ciertos países de la Unión podrían verse privados actualmente de su derecho de voto en las elecciones nacionales de su país de origen (denegación del derecho de voto) por haber vivido en otro país de la UE durante un cierto período de tiempo. Los ciudadanos no deben verse desfavorecidos por haber ejercido su derecho de libre circulación. En 2014 la Comisión invitó a los Estados miembros en cuestión a que permitieran que los nacionales que hiciesen uso de sus derechos de libre circulación mantuviesen su derecho de voto en las elecciones nacionales si mostraban un interés continuo por la vida política de su país. La Comisión seguirá supervisando los avances registrados en los Estados miembros pertinentes y planteando medidas apropiadas para animarles a buscar soluciones equilibradas. También analizará las posibilidades de que los ciudadanos de la Unión de terceros países que hayan ejercido su derecho de libre circulación voten en las elecciones nacionales de su país de residencia.

En 2014, los europeos realizaron 214 millones de desplazamientos transfronterizos a otros países de la Unión. Muchos ciudadanos de la Unión viajan por trabajo o se desplazan entre diferentes países de la UE. Para planificar sus viajes y sus desplazamientos, a los ciudadanos de la UE les ayudaría disponer de información sobre viajes multimodales relativa a toda la Unión. En la actualidad, es complicado viajar por Europa usando medios de transporte multimodales y requiere mucho tiempo, sobre todo si lo comparamos con hacer el viaje en coche. La planificación de un viaje de puerta a puerta exige una combinación de numerosos servicios de información sobre viajes y los viajeros no siempre pueden gestionar eficazmente los cortes en el servicio, cuando se producen. Lo más idóneo sería que la información sobre viajes multimodales facilitase a los viajeros una amplia diversidad de opciones de viaje y que les permitiese, por ejemplo, elegir la ruta más rápida y más barata, la menos perjudicial para el medio ambiente o la más accesible para personas con movilidad reducida, compensándoles además en el caso de que se produzca algún retraso.

Las cuentas bancarias son algo indispensable para todos los ciudadanos, ya que les permiten recibir sus salarios, pensiones y prestaciones, y pagar facturas. No obstante, algunos ciudadanos, por ejemplo los estudiantes o los trabajadores de corto plazo, tienen dificultades para abrir una cuenta bancaria en otro país de la UE. Desde el 18 de septiembre de 2016, todos los ciudadanos de la Unión tienen derecho a abrir una cuenta bancaria básica aunque no vivan en el país de la UE en el que se encuentra el banco e independientemente de su situación económica. A pesar de los importantes avances registrados en los últimos años, son necesarios mayores esfuerzos para que se puedan comprar y vender sin dificultades servicios financieros tales como seguros, hipotecas y préstamos de forma transfronteriza. Se propondrá un plan de acción sobre los servicios financieros al por menor para que los ciudadanos puedan beneficiarse de mejores productos y disponer de un mayor número de opciones, independientemente de su edad, competencias y país de residencia.

Las normas en materia de sucesión internacional ayudan a las familias internacionales a establecer qué órgano judicial será el competente y qué legislación se aplicará a su herencia, por ejemplo, si el causante vivía en un país de la Unión que no era país de origen o si tenía herederos o bienes en diferentes países de la UE. Los ciudadanos se beneficiarán del «certificado sucesorio europeo» que permitirá a herederos, legatarios, albaceas testamentarios y administradores del caudal hereditario demostrar su condición como tales y ejercer sus derechos y facultades en toda la Unión. Para resolver las restantes deficiencias que afectan a parejas internacionales que quedan en una situación legal poco clara cuando se divorcian de su pareja o cuando esta fallece, en junio de 2016 se adoptaron un par de reglamentos que les ayudarán, ya estén casados o sean parte de una unión registrada, a gestionar sus bienes y repartirlos en caso de divorcio o fallecimiento de uno de los miembros de la pareja.

1.9.Responder a las amenazas para la seguridad y proteger los ciudadanos

Europa se enfrenta a amenazas de seguridad complejas, normalmente transfronterizas, y la amplia mayoría de los europeos considera que es necesaria una acción más uniforme para resolverlos. La libre circulación dentro de la UE, muy apreciada por los ciudadanos de la Unión, exige además medidas de seguridad para las fronteras externas y para combatir y evitar la delincuencia. Por otra parte, el espacio Schengen ha permitido que se crucen las fronteras internas sin realizar un control de las personas, lo que ha dado lugar a una interacción más sencilla y frecuente entre los ciudadanos de la Unión. Sin embargo, el reto que supone mantener la seguridad en una Europa abierta ha sido puesto a prueba de manera muy seria en los últimos años.

1.9.1.Responder a las amenazas para la seguridad en el ámbito de la justicia y los derechos fundamentales basándose en la confianza mutua

La aplicación de la Agenda Europea de Seguridad, el desarrollo de una Unión de Seguridad genuina y efectiva y la protección reforzada de las fronteras externas de la UE pueden proporcionar una respuesta adecuada, realista y tangible a las preocupaciones de los ciudadanos acerca de la seguridad, respetando plenamente los valores, las libertades y los derechos fundamentales europeos.

La Comisión Europea ya ha puesto en marcha y propondrá otras iniciativas para apoyar la actualización, modernización e interoperabilidad del marco de seguridad de Europa (Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), tráfico ilegal de armas de fuego, actualizaciones en el Sistema de Información de Schengen (SIS), registro de datos de pasajeros (PNR)). El eje central de estas iniciativas es la seguridad de los ciudadanos a través de la mejora de la confianza entre las partes implicadas pertinentes de la Unión, la intensificación de la cooperación transfronteriza operativa entre los cuerpos nacionales de seguridad y la facilitación de un intercambio y un uso mejores y más inteligentes de la información y de la inteligencia a todos los niveles para hacer frente a la amenaza del terrorismo.

En diciembre de 2016, la Comisión adoptó un Plan de acción para la seguridad de los documentos en el que se establecían medidas concretas para mejorar la seguridad de los documentos de viaje. Una de estas medidas está relacionada con el fraude y la falsificación de carnés nacionales de identidad expedidos por Estados miembros y de documentos de residencia de nacionales de la UE que residen en otro Estado miembro, así como de los miembros de su familia. Los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia que viven o viajan en la UE pueden encontrarse, de hecho, con dificultades a la hora de utilizar estos documentos . En la actualidad, existe una amplia variedad de carnés y documentos de este tipo, con niveles de seguridad considerablemente diferentes, lo cual genera dificultades para los ciudadanos en la práctica. Unos carnés de identidad y documentos de residencia que puedan reconocerse de manera más sencilla y segura facilitarían a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos de ciudadanía de la Unión. Las autoridades públicas, incluidas las fronterizas, así como las empresas (establecimientos comerciales, bancos, empresas de servicios públicos, etc.) aceptarían estos documentos con más facilidad. Al mismo tiempo, se limitaría el riesgo de fraude y falsificación. Con esta perspectiva, la Comisión está evaluando actualmente diferentes opciones políticas, entre las cuales se encuentra una posible armonización de las medidas de seguridad, para ayudar a subsanar las dificultades prácticas que encuentran los ciudadanos y simplificar así su libre circulación .

1.9.2.Proteger a los ciudadanos de la Unión en el exterior

Las situaciones de crisis y emergencia individuales en el exterior pueden provocar especial riesgo y malestar para los ciudadanos que no tienen manera de contactar de forma inmediata con las autoridades de su país de origen. El derecho a la protección consular de la UE constituye una garantía adicional de valor inestimable para los ciudadanos de la Unión que necesitan ayuda durante una estancia en un tercer país en el que su país de origen carece de representación. Tras una propuesta de la Comisión en 2011, el 20 de abril de 2015 se adoptó una Directiva para clarificar cuándo y cómo pueden recibir ayuda los ciudadanos de la Unión y cómo deben cooperar los Estados miembros y coordinarse entre sí y con la Unión para garantizar una protección eficaz de los ciudadanos de la Unión no representados. Los Estados miembros disponen de plazo hasta mayo de 2018 para aplicar esta normativa. La Comisión apoya a los Estados miembros en su esfuerzo por garantizar la correcta y puntual transposición de esta Directiva. En paralelo, sigue incluyendo y negociando cláusulas de consentimiento en acuerdos bilaterales con una serie de terceros países, a fin de garantizar que acepten que los países de la UE representados presten ayuda a los nacionales no representados de otros países de la Unión.

La protección consular incluye ayuda en caso de internamiento o detención o en caso de accidente o enfermedad grave. Pero la situación más frecuente en la que necesitan ayuda los ciudadanos de la Unión durante sus estancias fuera de la UE es cuando les han robado el pasaporte, cuando lo han perdido o cuando este ha sido destruido, o si no disponen de él temporalmente. En esos casos, necesitan un documento provisional de viaje para poder regresar a casa. La normativa existente en el ámbito europeo que establece un formato uniforme para dichos documentos provisionales de viaje es del año 1996, por lo que debe actualizarse. Algunos Estados miembros no utilizan el formato uniforme por problemas de seguridad. La Comisión analizará las posibilidades de modernización de la normativa sobre los documentos provisionales de viaje para ciudadanos de la Unión no representados, incluidas las medidas de seguridad del DPV con el formato uniforme de la UE, a fin de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la protección consular de manera efectiva.

Al viajar por la UE, los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia, nacionales de terceros países, también podrían encontrarse en situaciones en las que no cuenten con representación y precisen la ayuda de las autoridades de otro país de la Unión. La Directiva no contempla actualmente tales circunstancias, por lo que la Comisión evaluará la situación de los ciudadanos de la Unión no representados que se encuentren en dificultades dentro de la UE para decidir si es necesaria alguna medida encaminada a garantizar su protección .

1.10.Proteger a todos los ciudadanos y promover la igualdad y la no discriminación

1.10.1.Proteger y apoyar a víctimas y testigos

Millones de personas de la UE son víctimas de algún delito todos los años. La Unión Europea dispone de legislación para garantizar que todas las víctimas de delitos cuenten con derechos básicos, independientemente del lugar de la UE en el que se perpetre el delito o en el que tenga lugar el proceso penal. Además, los ciudadanos de la UE gozan ahora de un mejor acceso a la justicia desde que el Parlamento y el Consejo aprobaran legislación sobre la presunción de inocencia, la protección de los menores y la asistencia jurídica gratuita en los procesos penales. La Comisión seguirá supervisando la situación para asegurarse de la correcta aplicación de la normativa de la UE, en particular la Directiva sobre los derechos de las víctimas de 2012 y la Directiva de lucha contra la trata de seres humanos de 2011, a fin de que las víctimas disfruten plenamente de sus derechos en la práctica.

Por lo que se refiere concretamente a la violencia contra la mujer, prácticamente la totalidad de los europeos (un 96 %) considera que la violencia doméstica contra la mujer resulta inaceptable pero sigue siendo un mal generalizado. La Comisión va a poner en marcha un año de medidas específicas para ampliar su compromiso con la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer y para reducir las desigualdades entre mujeres y hombres. Su propósito es vincular todos los trabajos que se realizan en la Unión e implicar a todos los interlocutores (Estados miembros, profesionales pertinentes y ONG) a fin de combatir la violencia contra la mujer de manera colectiva. La Comisión está trabajando además en la adhesión de la Unión al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (el «Convenio de Estambul»).

1.10.2.Promover la igualdad y la no discriminación

Pese a los esfuerzos por acabar con la discriminación, desde 2012 se ha producido un claro aumento del número de europeos que afirma haber sufrido alguna forma de discriminación o acoso. Para subsanar las deficiencias en materia de protección frente a la discriminación, incluso por razón de la edad, la religión o las convicciones, la discapacidad o la orientación sexual, y para garantizar la igualdad de condiciones en toda la Unión, resulta esencial concluir las negociaciones sobre la Directiva horizontal relativa a la lucha contra la discriminación propuesta.

Gracias a la labor realizada en todos los ámbitos, las políticas de la Unión sobre igualdad de género han contribuido a la mejora de las vidas de muchos ciudadanos europeos. No obstante, todavía quedan por mejorar ciertos aspectos, por ejemplo el salarial. El Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019 adoptado en diciembre de 2015 ofrece una completa perspectiva de los esfuerzos realizados por todos para reforzar la igualdad entre mujeres y hombres. Con motivo del semestre europeo, todos los años la Comisión confiere también gran visibilidad a la necesidad de resolver las desigualdades entre mujeres y hombres. La financiación de la UE está desempeñando asimismo un papel esencial. Entre 2014 y 2020, se calcula que se destinarán aproximadamente 5 850 millones EUR a medidas para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.