COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 04.04.1995 
COM(95) 113 final 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 
AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO 
SOBRE EL ESTADO Y APLICACIÓN DE LA 
DIRECTIVA 90/388/CEE 
RELATIVA A LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOS 
DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
INDICE 
PREFACIO 
RESUMEN 
I INTRODUCCIÓN 
Objetivo 
Contexto 
II ESTADO ACTUAL DE APLICACIÓN 
a) Comentarios generales 
b) Procedimientos formales 
c) Extensión al Espacio Económico Europeo y a los Estados de 
Europa Central y Oriental 
III CUESTIONES CONCRETAS DE APLICACIÓN 
a) Cuestiones generales relacionadas con los servicios vocales 
b) Efectividad del monopolio de telefonía vocal en un entorno 
liberalizado 
c) Redes empresariales y grupos cerrados de usuarios 
d) Servicios de datos para el público 
e) Separación de las funciones de explotación y regulación 
IV INCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y REDES DE COMUNICACIÓN 
POR SATÉLITE (DIRECTIVA 94/46/CE) 
a) Significado de la Directiva 94/46/CE 
b) Telefonía vocal 
d) Acceso al segmento espacial 
e) Organizaciones internacionales de comunicación por satélite 
f) Calendario de aplicación 
V FUTURA EVOLUCIÓN EN EL CONTEXTO DE LA 
LIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y LAS 
INFRAESTRUCTURAS 
VI. CONCLUSIONES 
ANEXO I: Aplicación de la Directiva 90/388/CEE por los Estados 
miembros 
ANEXO II: Lista de autoridades reguladoras nacionales competentes en 
materia de telecomunicaciones 
PREFACIO 
La Unión Europea está en pleno proceso de rápida adaptación a la nueva realidad que 
está imponiendo la naciente sociedad de la información. La tecnología digital está 
transformando las telecomunicaciones, la informática, la información y los medios 
audiovisuales. La sociedad de la información ha empezado a tener un profundo efecto 
sobre la economía y sobre el modo en que trabajamos, vivimos y nos divertimos, e 
influye en nuestra manera de hacer negocios, de organizamos y relacionarnos. 
El informe "Europa y la sociedad mundial de la información", elaborado a petición del 
Consejo Europeo, examinó detenidamente este cambio fundamental y propuso un marco 
global. A raíz de este informe, los Jefes de Estado europeos confirmaron en Corfú este 
análisis de la situación e hicieron un llamamiento para que se defina un marco 
reglamentario claro y estable que permita seguir progresando. 
Los cambios que supone la sociedad de la información se están produciendo en el mundo 
entero. No sólo afectan a Europa y sus principales competidores económicos, sino a la 
propia naturaleza de la competencia económica. Para competir con eficacia, actualmente 
es necesario poder conseguir, procesar, manipular, almacenar y producir información 
rápida y eficazmente. 
En una economía cada vez más mundializada resulta vital para las empresa europeas 
mantener y aumentar su competitividad no sólo para conservar sus posiciones en los 
mercados existentes sino para aprovechar las nuevas oportunidades y ganar otros 
mercados. Para ello, debe dárseles la posibilidad de beneficiarse de la amplia difusión e 
integración de las nuevas tecnologías de la información en los procesos productivos. 
Naturalmente, al estimular el crecimiento económico, la competitividad contribuye a la 
creación de empleo. 
El progreso y la innovación tecnológicos hacen posible ofrecer a los usuarios una gama 
cada vez mayor de servicios y aplicaciones de más alto rendimiento y más adaptados a 
sus necesidades particulares. Los usuarios no tienen por qué ser únicamente empresas. 
También pueden ser particulares que de este modo tienen la posibilidad de acceder 
directamente a nuevos servicios y ofertas de ocio que conllevan cierto grado de 
interactividad. 
Al mismo tiempo, las cuestiones relacionadas con el empleo en este sector merecen 
especial atención. El Libro Verde sobre la liberalización de las infraestructuras de 
telecomunicaciones y redes de televisión por cable (COM(94)440 final y COM(94)682 
final) considera que el incremento de la competitividad tendrá un impacto en el empleo, 
no solamente preservando puestos de trabajo que de otra manera hubieran desaparecido, 
sino permitiendo también la creación de nuevos empleos, al beneficiarse las compañías 
europeas de las ventajas competitivas derivadas de la existencia de nuevas tecnologías y 
servicios de telecomunicación. Particularmente importantes, en términos de empleo, serán 
los efectos de las nuevas tecnologías en las pequeñas y medianas empresas, 
tradicionalmente la primera fuente de creación de empleo en Europa. 
La experiencia demuestra que las reducciones potenciales de puestos de trabajo son 
compensadas por la creación de nuevos empleos, y que el total de empleo en 
telecomunicaciones no ha sido perjudicado por la liberalización. Sería importante, para 
lograr un desarrollo mayor, la intensificación del dialogo social en este sector. La 
Comisión ha puesto en marcha un gran estudio que debería proporcionar una base 
cuantitativa más firme para valorar hasta qué punto la existencia de competencia está 
creando nuevas oportunidades de empleo. 
Estas materias serán también estudiadas y discutidas en profundidad en el marco de los 
nuevos grupos consultivos sobre la Sociedad de la Información recientemente creados 
por la Comisión, a saber, el Foro de la Sociedad de la Información y el Grupo de 
Expertos de Alto Nivel en Aspectos Sociales y Societarios de la Sociedad de la 
Información. 
El plan de actuación publicado por la Comisión en respuesta a las conclusiones de la 
cumbre de Corfú y al informe sobre Europa y la sociedad mundial de la información 
("Europa en marcha hacia la sociedad de la información", Comunicación de la Comisión 
de 19 de julio de 1994) subrayaba la necesidad de continuar y acelerar el proceso de 
liberalización de las telecomunicaciones. En este contexto, la Resolución 93/C 213/01 del 
Consejo, de 22 de julio de 1993, relativa a la necesidad de que prosiga el desarrollo del 
mercado de las telecomunicaciones, establece las directrices básicas para la evolución del 
marco reglamentario en la Unión Europea y fija el 1 de enero de 1998 como fecha en que 
habrá de ser efectiva la total liberalización del sector (con períodos transitorios 
suplementarios para determinados Estados miembros). La Resolución hace hincapié en 
la importancia de garantizar la plena aplicación de la legislación vigente y en la necesidad 
de seguir preparando este marco reglamentario de cara al 1 de enero de 1998. El 22 de 
diciembre de 1994, el Consejo adoptó la Resolución 94/C 379/03 que hace extensivos el 
principio de liberalización y el calendario convenido para los servicios a las 
infraestructuras de red por medio de las cuales éstos se prestan. 
La Directiva 90/388/CEE de la Comisión, relativa a la competencia en los mercados de 
servicios de telecomunicaciones, ha sido la piedra angular del proceso de liberalización 
de las telecomunicaciones de la UE y seguirá siendo una pieza fundamental del proceso 
de reforma que en la actualidad se centra en el plazo de 1998 fijado por el Consejo para 
la liberalización de todos los servicios de telecomunicaciones y las infraestructuras por 
medio de las cuales se prestan. De conformidad con las Resoluciones mencionadas, antes 
del 1 de enero de 1996 deberán elaborarse las propuestas y medidas necesarias para 
preparar el marco reglamentario de dicha liberalización. La Directiva 90/388/CEE 
constituye, asimismo, el marco al que se atiene la Comisión cuando se la insta a que sin 
esperar la fecha de 1998 tome medidas para suprimir las restricciones que congestionan 
el suministro de infraestructuras para los servicios que ya han sido liberalizados en virtud 
de la Directiva. En este contexto, el 13 de octubre de 1994 la Comisión aprobó una 
Directiva por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE para incluir en ésta los servicios 
y redes de comunicación por satélite. Por otro lado, el 21 de diciembre de 1994 la 
Comisión aprobó para consulta un proyecto de Directiva por la que se modifica la 
Directiva 90/388/CEE en lo referente a la utilización de las redes de televisión por cable 
para la prestación de servicios de telecomunicaciones. 
En los cuatro últimos años se han realizado importantes progresos en los Estados 
miembros. No obstante, todavía quedan por resolver algunas cuestiones importantes. La 
Resolución del Consejo de 22 de julio de 1993 señalaba que "es preciso que el actual 
marco reglamentario, y en particular la Directiva 90/388/CEE, sea aplicado de manera 
rápida y efectiva". Al mismo tiempo, dicha Directiva exigía a la Comisión que evaluase 
en 1994 los efectos de determinadas medidas. Por todo ello, la Comisión considera 
conveniente presentar al Parlamento Europeo y al Consejo la presente Comunicación 
sobre los progresos generales realizados en la aplicación de los objetivos de la Directiva. 
RESUMEN 
La Sección I describe el objeto de la Comunicación, inscribiéndolo dentro de la evolución 
pasada, presente y futura del marco reglamentario. 
La Sección II contiene un comentario general de los progresos realizados por los Estados 
miembros en la aplicación de la Directiva 90/388 y enumera los principales elementos 
que han sido examinados y supervisados por la Comisión y que han servido para medir 
los progresos realizados. 
La Sección III explica y aclara algunas cuestiones concretas que se han planteado a lo 
largo de los últimos cuatro años con motivo de la aplicación de la Directiva. Estas 
cuestiones se agrupan en tres grandes áreas: servicios de voz para grupos cerrados de 
usuarios y redes empresariales, servicios de datos para el público y separación de las 
funciones de explotación y regulación. 
La Sejcción IV describe la reciente inclusión de las redes y servicios de telecomunicación 
por satélite en el marco de la Directiva por medio de la Directiva 94/46/CE. 
La Sección V examina las perspectivas futuras en lo referente a la Directiva y su 
aplicación, inscribiéndola en el contexto más amplio de la plena liberalización de los 
servicios y las infraestructuras y, en particular, la preparación con vistas a la fecha de 
1998. 
La Sección VI recoge las conclusiones de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 
y su incidencia en la política de telecomunicaciones de la UE en general. 
I INTRODUCCIÓN 
Objetivo 
La Directiva 90/388 de la Comisión (en adelante, "la Directiva de Servicios" o "la 
Directiva") fue publicada el 28 de junio de 1990. Desde entonces se ha erigido en la 
piedra angular de la normativa de la UE en materia de liberalización del mercado europeo 
de las telecomunicaciones. En su Resolución de 22 de julio de 19931, el Consejo destacó 
la importancia de una rápida aplicación de la Directiva. Dicha Resolución señalaba que 
"es preciso que el actual marco reglamentario, y en particular la Directiva 90/388/CEE, 
sea aplicado de manera rápida y efectiva". 
Éste es, pues, el contexto en el que se inscribe la presente Comunicación sobre el estado 
y aplicación de la Directiva2. 
Esta Comunicación tiene tres objetivos relacionados entre sí3: 
i Describir y explicar el estado actual de aplicación de la Directiva. 
ii Indicar y clarificar las principales cuestiones. 
iii Situar la Directiva en el contexto del paquete de reformas centrado en el plazo 
límite de 1998, de conformidad con la Resolución del Consejo de 1993, que 
'^espalda la intención de la Comisión de preparar, antes del 1 de eneró dé 1996, 
las necesarias modificaciones del marco normativo comunitario a fin de realizar 
plenamente là^liberalization de todos los servicios de telefonía vocal pública antes 
del 1 de enero de 1998". 
Contexto 
La Directiva dé Servicios establecía cuatro fechas en las cuales tenían que haberse 
aplicado determinadas disposiciones: 
Resolución 93/C231/01 del Consejo. 
La presente Comunicación nó abarca otros asuntos relacionados con la política de 
telecomunicaciones de la UE, como la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas arrendadas. 
De ellos se ocupan exhaustivamente otras comunicaciones recientes. Véanse el Libro Verde sobre 
la liberalización de las infraestructuras de telecomunicaciones y redes de televisión por cable, 
Partes I y II, COM(94)440 y COM(94)682, y la'Cómtmicación sobre la situación actual y 
perspectivas futuras del acceso abierto a las redes y servicios de telecomunicación (oferta de red 
abierta), COM(94)513. 
Conviene señalar que la presente Comunicación no sustituye en modo alguno los procedimientos 
formales previstos en el Tratado para garantizar la plena aplicación del derecho comunitario. 
el 31 de diciembre de 1990 para abrir a la competencia los servicios de 
telecomunicaciones, salvo la telefonía vocal y la simple reventa de capacidad; 
el 1 de julio de 1991 para crear una entidad independiente responsable de la 
concesión de autorizaciones de explotación y la vigilancia de las condiciones de 
utilización; 
el 30 de junio de 1992 para la notificación de cualquier procedimiento de licencia 
o declaración para la provisión de servicios de conmutación de datos por paquetes 
0 por circuitos para el público. 
el 31 de diciembre de 1992 para abrir a la competencia la simple reventa de 
capacidad4. 
La Resolución A3-0113/93 del Parlamento, de 20 de abril de 1993, invitó a la Comisión 
a preparar la liberalización de los servicios intracomunitarios y nacionales de telefonía 
vocal y adoptar, lo antes posible, las medidas necesarias para explotar plenamente el 
potencial de la infraestructura existente de las redes de cable para los servicios de 
telecomunicación y suprimir sin demora las restricciones existentes en lo referente a la 
utilización de las redes de cable para los servicios no reservados, así como a tomar 
medidas a fin de lograr una óptima utilización de las redes de telecomunicación 
transfronteriza de las compañías ferroviarias y eléctricas5. 
La Resolución 93/C213/01 del Consejo fijó un calendario para el desarrollo de las 
telecomunicaciones y confirmó la fecha del 
1 de enero de 1998 para la liberalización de los servicios de telefonía vocal 
pública6. 
El 17 de noviembre de 1994 el Consejo adoptó otra Resolución en la que se confirmaba 
la fecha del 
1 de enero de 1998 para la liberalización, asimismo, de las infraestructuras de 
telecomunicaciones7. 
Tras la publicación del plan de actuación de la Comisión de 19 de julio de 1994 con el 
título "Europa en marcha hacia la sociedad de la información"8, la Unión ha asumido 
La Directiva también contempla la posibilidad de prorrogar hasta el 1 de enero de 1996 el plazo 
hasta el que se prohiba la simple reventa de capacidad en aquellos Estados miembros en que la 
red de prestación de servicios de conmutación de datos por circuitos o por paquetes todavía no se 
halle suficientemente desarrollada. 
DO n° C 150/42 de 31 de mayo de 1993. 
Aunque algunos Estados miembros que no disponen de redes tan desarrolladas (p.ej.: España, 
Irlanda, Grecia y Portugal) disfrutan de un período transitorio adicional de hasta 5 años. Las redes 
de dimensiones muy reducidas (Luxemburgo) también pueden beneficiarse, cuando resulte 
justificado, de una prórroga de hasta dos años. 
Como la anterior, con ciertas excepciones, véase la Resolución del Consejo de 22 de diciembre 
de 1994 relativa a los principios y al calendario de la liberalización de las infraestructuras de 
telecomunicaciones, (94/C 379/03); DO C379/4 de 31.12.1994. 
COM(94)347. 
8 
plenamente la política de aplicación de la sociedad de la información. Las citadas 
Resoluciones, las conclusiones del Consejo Europeo de Corfú9 y la Comunicación de la 
Comisión sobre la consulta acerca del Libro Verde sobre las comunicaciones móviles y 
personales10 y los resultados de la consulta que se está celebrando acerca del Libro Verde 
sobre infraestructuras (Partes I y II)" servirán de directrices para introducir nuevas 
modificaciones en la Directiva de Servicios con vistas a la total liberalización del sector 
de las telecomunicaciones. En este Contexto, cuanto más se acerque la fecha límite fijada 
más importante será examinar de manera permanente la situación reinante en los Estados 
miembros. 
9 Conclusiones del Consejo Europeo, Corfú, 24-25 de junio de 1994. \ 
10 .; Hacia un entorno de comunicaciones personales: Libro Verde sobre un planteamiento común en 
el campo de las comunicaciones móviles y personales en la Unión Europea (COM(94) 145 final). 
11 Op. cit. 
II ESTADO ACTUAL DE APLICACIÓN 
a) Comentarios generales 
Los Estados miembros tenían la obligación de aplicar las disposiciones de la Directiva 
y comunicar a la Comisión, a más tardar el 31 de diciembre de 1990, el 1 de julio de 
1991 y el 31 de diciembre de 199212, las medidas adoptadas. Todos los Estados 
miembros, salvo dos, cumplieron los requisitos de notificación13. A fin de evaluar el 
grado de aplicación efectiva de la Directiva 90/388/CEE en los Estados miembros, se 
elaboró una lista de los elementos constitutivos esenciales. Aunque esta lista no es 
exhaustiva, las cuestiones que enumera sirven de pauta para evaluar los progresos 
efectuados en materia de aplicación de la Directiva14: 
Definición de "servicio de telefonía vocal" para el cual pueden mantenerse los 
derechos exclusivos o especiales de conformidad con lo dispuesto en la 
^ Directiva15. 
Continuación de otros derechos exclusivos. 
Acceso de los prestadores de servicios a la transmisión/encaminamiento en redes 
telefónicas públicas conmutadas y líneas arrendadas. 
Condiciones que imponen los regímenes de autorización o declaración existentes. 
Transparencia y apertura del procedimiento de concesión de autorizaciones. 
Condiciones exigidas para la simple reventa de capacidad de comunicación de 
datos. 
Notificación (dentro de plazo) de cualquier régimen especial de autorización 
aplicable a este tipo de reventa. 
Justificación de los regímenes especiales16. 
Condiciones de acceso abierto a las redes públicas (formal y efectivo). 
Disponibilidad de las líneas arrendadas en un plazo razonable de tiempo. 
Justificación de las restricciones a la utilización de las líneas arrendadas. 
Justificación de las restricciones al proceso de datos 
(antes o después de la transmisión por la red pública)17. 
12 Como ya se indicó, las excepciones a la fecha de 31.12.90 se refieren a a) normas sobre simple 
reventa de servicios de conmutación de datos: 31.12.92, y b) la creación de una entidad 
independiente: 1.7.91. 
Italia (las disposiciones incluidas únicamente en la Legge Comunitaria 1994 son incompletas) y 
Grecia (todavía no se han notificado las medidas necesarias para poner en funcionamiento el 
organismo regulador independiente). 
Con relación a las cuestiones enumeradas, véanse los artículos 1, 2, 3,4, 5, 6 y 7 de la Directiva. 
Sin perjuicio de las fechas límite fijadas en la Resolución del Consejo de 22 de julio de 1993. 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3. 
Debe demostrarse que son necesarias para garantizar el respeto de exigencias esenciales o del 
10 
Garantía, por parte de los Estados miembros, de no discriminación entre 
prestadores de servicios (incluidos los organismos de telecomunicaciones), por jo 
que se refiere a las condiciones de utilización y las tarifas practicadas. 
Separación de las funciones de regulación y explotación e independencia de la 
entidad reguladora, que deberá serlo de manera efectiva y operativa. Sus funciones 
abarcarán: la concesión de autorizaciones de explotación, la vigilancia de las 
condiciones de utilización, el control de conformidad y de las especificaciones 
obligatorias y la atribución de las frecuencias. 
Basándose en esta lista, la Comisión ha comprobado que el grado de aplicación efectiva18 
de la Directiva en la Unión todavía varía de manera significativa según el Estado 
miembro. Algunos tendrán que adoptar medidas suplementarias para que la Comisión 
pueda considerar que aplican la Directiva correctamente19. 
b) Procedimientos formales 
En lo posible la Comisión ha procurado tratar los aspectos pendientes de aplicación de 
la Directiva mediante contactos y negociaciones bilaterales con los Estados miembros 
afectados. Este método se ha revelado particularmente eficaz (para ambas partes) cuando 
la información solicitada se ha facilitado con prontitud y claridad} y cuando ha habido 
una voluntad patente de encontrar rápidamente una solución viable. 
Cuando los problemas de aplicación no pueden resolverse por medio de negociaciones 
informales dentro de unos límites temporales razonables, la Comisión se ve obligada a 
incoar el procedimiento formal por incumplimiento de una Directiva previsto en el 
artículo 169 del Tratado?0. 
En estos momentos hay yarios procedimientos formales en curso, Dos de ellos por no 
haber notificado los Estados miembros todas las medidas nacionales de aplicación 
exigidas21. Otros dos por nó haberse aplicado correctamente la Directiva22. 
20 
21 orden publicó. 
La notificación oficial no siempre garantiza la aplicación efectiva. 
La Sección III de la presente Comunicación examina este punto de manera más detenida. 
Asimismo, en el Anexo se hacen algunos comentarios sobre los progresos realizados por los 
distintos Estados miembros. 
El artículo 169 del Tratado CE versa sobre el incumplimiento de una obligación prevista por el 
Tratado, incluida la aplicación de las directivas. 
Según el artículo 169 del Tratado, debe seguirse el siguiente procedimiento: 
i) La Comisión expone los cargos en una carta de emplazamiento e invita al Estado 
miembro interesado a que presente sus observaciones, 
ii) Si el Estado miembro no pone fin a la infracción, la Comisión emite un dictamen 
motivado (no vinculante) en el que expone su punto de vista e invita al Estado miembro 
a adoptar las medidas apropiadas en un plazo determinado, 
iii) Si el Estado miembro no se atiene al dictamen motivado en el plazo fijado, la Comisión 
puede recurrir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Italia y Grecia. 
Alemania y España. 
••'••••.'•:' -" ::-.' • ii .". '•••, '•' 
c) Extensión al Espacio Económico Europeo y a los Estados de Europa Central 
y Oriental 
De conformidad con el Acuerdo EEE, la Directiva de Servicios (incluidas las 
modificaciones) también es aplicable a los Estados miembros del EEE desde el 1 de julio 
de 199423. 
Como la Directiva de Servicios sólo específica la aplicación del artículo 90 en conjunción 
con los artículos 59 y 86 del Tratado y los Acuerdos Europeos y los Acuerdos Interinos 
que la Unión ha firmado con seis países de Europa Central y Oriental contienen una 
disposición similar, los principios generales de esta Directiva (y sus modificaciones) son 
también relevantes para esos países. 
23 Con arreglo al Anexo sobre competencia (XIV) del Acuerdo, las directivas aprobadas en virtud 
del apartado 3 del artículo 90 en el ámbito de las telecomunicaciones, esto es, la Directiva de 
Servicios y la Directiva de Terminales (88/301/CEE) son aplicables en los Estados miembros del 
EEE desde el 1 de julio de 1994, al igual que las directivas ulteriores que las modifican, p.ej.: la 
Directiva 94/46/CEE sobre comunicaciones por satélite. 
12 
m CUESTIONES CONCRETAS DE APLICACIÓN 
La aplicación de la Directiva ha puesto de manifiesto la necesidad de prestar una atención 
especial a cinco áreas principales: 
a) Cuestiones generales relacionadas con los servicios de voz 
b) Efectividad del monopolio de telefonía vocal 
c) Redes empresariales y grupos cerrados de usuarios (GCU) 
d) Servicios de conmutación de datos para el público 
e) Separación de las funciones de explotación y regulación 
a) Cuestiones generales relacionadas con los servicios vocales 
Aunque la Directiva define detalladamente el concepto de "servicio de telefonía vocal"24, 
han surgido discrepancias25 acerca de lo que cada Estado miembro considera como 
"servicio de telefonía vocal" y, por consiguiente, hasta qué punto han de suprimirse26 los 
derechos especiales o exclusivos27 para los servicios de voz. 
24 
25 
26 
27 De conformidad con el artículo 1 de la Directiva "se entenderá por servicio de telefonía vocal la 
explotación comercial para el público del transporte directo y de la conmutación de la voz en 
tiempo real desde y con destino a las terminales de la red pública conmutada, que permita a 
cualquier usuario utilizar el equipo conectado a su terminal para comunicar con otra terminal". 
Véase también la decisión del Tribunal Europeo de Justicia, Rec. 1992, p. 1-5833, que ha servido 
de guía para la Comisión en la elaboración de la definición délos derechos especiales y exclusivos 
(véase a continuación). 
De conformidad con el artículo 2 de la Directiva "los Estados miembros suprimirán los derechos 
exclusivos o especiales de prestación de servicios de telecomunicaciones distintos de los de la 
telefonía vocal...". 
De conformidad con el artículo 2 de la Directiva 94/46/CEE (véase la Sección IV): 
"derechos exclusivos" son los derechos concedidos por un Estado miembro a una empresa para 
reservarle el derecho de un servicio de telecomunicaciones o de emprender una actividad, mediante 
cualquier instrumento legal, reglamentario o administrativo, y dentro de una zona geográfica. 
"derechos especiales" son los derechos concedidos por un Estado miembro a un número limitado 
de empresas mediante un instrumento legal, reglamentario o administrativo que, en una zona 
determinada, 
limite, con^rreglo a criterios que no sean objetivos, proporcionales y no discriminatorios, 
a dos o más el número de empresas autorizadas a prestar un servicio o emprender una 
actividad, o 
designe, con arreglo a tales criterios, a varías empresas que compitan entre sí, 
autorizándolas a prestar un servicio o emprender una actividad, o 
confiera a Una empresa o empresas, con arreglo a tales criterios, ventajas legales o 
reglamentarias que dificulten gravemente la capacidad de otra empresa de prestar el 
mismo servicio de telecomunicaciones o emprender la misma actividad en la misma zona 
geográfica y en unas condiciones básicamente similares. 
• - •••••.• f. •. 13- ". • ' • r 
De conformidad con la Directiva de Servicios, los Estados miembros suprimirán los 
derechos exclusivos o especiales para la prestación de servicios de telecomunicaciones 
distintos de los de la telefonía vocal. En cada caso deberá determinarse, en virtud de los 
criterios definidos más adelante, si un servicio dado es o no un servicio de telefonía 
vocal. Ahora bien, las autoridades reguladoras nacionales pueden exigir a los prestadores 
de servicios que faciliten la información necesaria para determinar la naturaleza del 
servicio previsto . 
Por lo tanto, un enfoque consistente en adoptar una normativa que fije un conjunto 
limitado de servicios no reservados cuya prestación esté permitida no es conforme a lo 
dispuesto en la Directiva. 
La legislación nacional puede reservar un servicio de voz sólo cuando incluye todos los 
elementos de la definición comunitaria de telefonía vocal, es decir, debe consistir en la 
explotación comercial para el público del transporte directo y de la comunicación de voz 
en tiempo real entre terminales de la red pública conmutada. 
Resultará útil detenerse a considerar el significado de cada uno de estos elementos: 
"Explotación comercial" 
Esto implica que debe autorizarse la mera prestación técnica no comercial de una 
conexión telefónica entre dos usuarios. El término "comercial" debe entenderse en el 
sentido habitual de la palabra, esto es, a cambio de remuneración y con ánimo de lucro 
(o al menos de cubrir todos los costes variables y contribuir a los costes fijos). El hecho 
de poner una línea arrendada a disposición de uno o más usuarios que comparten los 
costes, sólo puede considerarse como una actividad de carácter comercial si además se 
arrienda cierta capacidad suplementaria con el fin expreso de hacer posible su reventa. 
La definición vigente también posibilita que las empresas aunen sus recursos para alquilar 
líneas conjuntamente, beneficiándose así de las tarifas fijas de alquiler. Ello permite una 
utilización más eficiente de la red telefónica y redunda en beneficio de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME)29. 
"Para el público" 
Los términos "para el público" no están definidos en la Directiva y deben interpretarse 
en su sentido habitual: un servicio que se pone a disposición de todo el público en las 
mismas condiciones. 
28 
29 Particularmente en el caso de la prestación de servicios de voz a grupos cerrados de usuarios en 
redes de lineas arrendadas conectadas en diferentes terminales a la red pública conmutada. En este 
caso, algunas autoridades reguladoras nacionales exigen una información detallada, como la 
clientela a que se dirige el servicio, la publicidad proyectada, las tarifas previstas..., a fin de 
determinar la naturaleza del servicio. 
Con anterioridad las PYME se encontraban en una situación desventajosa por el hecho de que, al 
no utilizar en la mayoría de los casos los servicios telefónicos conmutados de manera intensiva, 
no les era rentable optar por las elevadas tarifas fijas de alquiler de líneas. Por ello, en la práctica 
las líneas arrendadas estaban reservadas a las grandes empresas. 
14 
Los servicios prestados en redes empresariales o en grupos cerrados de usuarios 
constituyen un ejemplo de servicios que no están destinados al público y que, por 
consiguiente, no pueden ser objeto de derechos especiales o exclusivos. Las redes 
empresariales y los grupos cerrados de usuarios abarcan toda una serie de servicios de 
telecomunicación de voz y datos que son de gran importancia para la Directiva de 
Servicios porque no pueden asimilarse a los servicios de telefonía vocal que los Estados 
miembros pueden reservar para sus organismos de telecomunicaciones. 
Más adelante (Ule) se pormenorizan las cuestiones concretas que plantea la liberalización 
de estos servicios. 
"Entre terminales de la red pública conmutada" i 
"Entre terminales de la red pública conmutada" significa que, para qué se pueda reservar 
un servicio de voz, no sólo ha denser objeto de una explotación comercial y estar 
destinado al público, sino que también debe conectar dos terminales de ía red 
conmutada*? al mismo tiempo. Siempre que todos y cada uno de sus clientes estén 
conectados a través de una línea arrendada dedicada, el prestador de servicios puede 
ofrecer un servicio comercial que les, conecte con la red pública31. El objetivo que se 
persigue es, nuevamente, suprimir las restricciones al uso de líneas arrendadas. Así, estas 
líneas pueden utilizarse para ofrecer servicios de telefonía vocal a usuarios distintos de 
los GCU siempre que no se incurra en una oferta comercial de "simple reventa" de 
servicios telefónicos conmutados32. Por otro lado, là "simple reventa" puede ser legítima 
cuando el servicio no se ofrece al público, sino, por ejemplo, a un grupo cerrado de 
usuarios33. 
"Transporte directo y comunicación de voz en tiempo real" 
Esta parte de la definición excluye la posibilidad de reservar cualquier aplicación de 
almacenamiento y retransmisión o de correo de voz. Los servicios de encaminamiento de 
llamadas a través de la red pública conmutada por la ruta menos onerosa, o los servicios 
de telefonía por tarjeta de crédito en los que se de acceso al servicio de telefonía vocal 
de un O.T. en el marco de un servicio de transacciones financieras, son también ejemplos 
30 
31 
32 
33 La Directiva no define explícitamente el concepto de red pública conmutada. Debe atribuírsele el 
significado común: la red telefónica pública conmutada (RTPC) que está integrada por los medios 
de conmutación y transmisión utilizados por el organismo de telecomunicaciones para prestar el 
servicio telefónico normal. 
Es decir, siempre que estén conectados a través de una línea arrendada dedicada, no será preciso 
que los clientes tengan una relación jurídica o económica previa con los destinatarios de sus 
llamadas. Esto es lo que normalmente se entiende por servicio "dial-out" o "one-erided" (de 
"llamadas externas"). ' 
Con el término "simple reventa" se hace referencia a la situación en la que la llamada tiene su 
origen y destino en la red pública conmutada. En este sentido, el servicio telefónico se ofrece al 
público en general, ya que la llamada local puede provenir de cualquier usuario de la red pública 
conmutada y el cliente no es conectado por el prestador de servicios a través de una línea 
arrendada dedicada. 
Este servicio puede incluir prestaciones para las que sea preciso prescindir de la red pública, como 
el teletrabajo, el desvío de llamadas fuera del horario de oficina, la radiobúsqueda, los servicios 
Centrex, y puede estar justificado cuando se trata de pequeñas unidades comerciales que necesitan 
comunicarse entre sí pero cuyo volumen de llamadas es insuficiente para rentabilizar la utilización 
de líneas arrendadas. 
.•'•' ' ' ; - ' 15•• :"- •••••".-
de servicios de voz que están liberalizados por cuanto no constituyen un "transporte 
directo". 
Como la reserva de los servicios de voz es una excepción a la regla general de libre 
competencia, debe interpretarse de manera restrictiva. Así, no deben incluirse 
automáticamente en el área reservada los nuevos servicios y prestaciones de voz que se 
introduzcan en respuesta a una demanda que no satisfagan los servicios telefónicos 
existentes. Si un Estado miembro quiere incluirlos entre los servicios reservados, tendrá 
que probar que tal restricción resulta justificada34. 
Las tarjetas telefónicas constituyen un ejemplo concreto de servicios que, desde el punto 
de vista de los usuarios, pueden considerarse diferentes de los servicios de telefonía vocal 
reservados. Los servicios que se prestan con estas tarjetas no se ajustan a la definición 
de servicio de telefonía vocal, ya que, gracias a algunas características adicionales, como 
el pago mediante tarjeta de crédito o de débito, el encaminamiento por la ruta menos 
onerosa, la marcación abreviada, etc., satisfacen importantes necesidades que no prevén 
los servicios de telefonía vocal normales. Cuando son este tipo de características 
adicionales y no unas tarifas inferiores el factor clave que mueve a los usuarios a optar 
por las tarjetas telefónicas, hay que considerar liberalizados los servicios que se prestan 
con éstas. El hecho de que esté cobrando fuerza un mercado de tarjetas telefónicas a 
pesar de que las tarifas en muchos casos son más elevadas que las de los servicios de 
telefonía vocal35 demuestra que este mercado es distinto del de la telefonía vocal. Los 
prestadores de servicios de tarjetas telefónicas han desarrollado este nuevo mercado 
adaptando los servicios a las necesidades de los clientes y facturándoselos en 
consecuencia. Esta evolución abre nuevas posibilidades a los usuarios de la Unión y no 
debe frenarse con restricciones encaminadas a preservar el mercado tradicional de la 
telefonía vocal. 
Si se prohibiese a los prestadores de servicios de tarjetas telefónicas encaminar las 
llamadas por medio de líneas arrendadas, se les colocaría en una posición competitiva 
desventajosa frente a los prestadores de este tipo de servicios que poseen sus propias 
redes, toda vez que se les convertiría en meros revendedores de telefonía vocal y no 
podrían controlar sus principales costes. En tales condiciones no podrían competir con los 
organismos de telecomunicaciones (OO.TT.). Éstos últimos tienen la ventaja adicional de 
poder ofrecer los mismos servicios de telefonía vocal que de tarjeta telefónica y de poder 
desarrollar su propio servicio de tarjeta telefónica basándose en sus ficheros de usuarios 
intensivos. 
34 
35 Para determinar la naturaleza del servicio previsto, las autoridades reguladoras nacionales pueden 
exigir que se les facilite la información necesaria, que puede incluir la publicidad prevista y los 
proyectos de tarifas. 
"En contra de lo que suele pensarse, el precio no es el principal factor (del desarrollo de los 
servicios de tarjetas telefónicas). De hecho, comparando las tarifas de las tarjetas telefónicas y 
de las llamadas internacionales directas desde la CE, se llega a la conclusión de que en este 
servicio dirigido fundamentalmente alas empresas el criterio primordial es la comodidad". Véase: 
Nuevos modos de competencia en los servicios de telefonía vocal en la Comunidad Europea, BIS 
Strategic Decisions, octubre de 1993, estudio realizado para la Comisión Europea. 
Las características adicionales, como la facturación y la facilidad de utilización (no es preciso 
utilizar la moneda extranjera local, el telefonista habla el idioma del usuario), parecen ser factores 
fundamentales en este servicio. 
16 
Este estado de cosas podría dar lugar a que los OO.TT. acabasen ofreciendo servicios de 
tarjeta telefónica únicamente a los residentes del territorio nacional sin introducirse en los 
mercados geográficos vecinos. 
Con todo, puede ser preciso evaluar individualmente los servicios de tarjeta telefónica que 
vayan á prestarse a través de la red de los OO.TT., y en particular sus prestaciones 
adicionales, a fin de determinar su naturaleza y mercado. Para ello, deben seguirse dos 
criterios: el grado de intercambiabilidad funcional de los servicios y los posibles 
obstáculos a su sustitución, La evaluación deberá tener en cuenta las particularidades de 
los mercados en cuestión. 
b) Efectividad del monopolio de telefonía vocal en un entorno liberalizado 
Al abrirse a la competencia algunas categorías de servicios de voz, ciertos Estados 
miembros temían que, como no podían definirse de manera rigurosa desde el punto de 
vista técnico, los prestadores dé servicios ofrecerían servicios que en realidad serían de 
"telefonía vocal", eludiendo así los monopolios. En la práctica, la experiencia ha 
demostrado que estos temores estaban infundados. El motivo principal és que los casos 
de elusion "oficiosa" de cierta importancia difícilmente pueden pasarle desapercibidos at 
Estado miembro afectado. Un servicio que está destinado al público debe ser "ipso facto" 
de dominio público. 
En efecto, dado que cualquier oferta comercial generalmente implica cierta publicidad (de 
los servicios propuestos) o, al menos la elaboración de listas de precios, contratos y 
facturas, los casos de elusion serían evidentes desde un principio. Además, cualquier 
infracción que dé lugar a un desvío sustancial de trafico a la red de un competidor es 
detectado rápidamente por el operador público que suministra la capacidad de línea 
arrendada a dicho competidor. Está claro que el O.Ti no dudará en informar a la 
autoridad reguladora nacional. 
Con todo, los procedimientos de autorización o de declaración de varios Estados 
miembros todavía exigen a los solicitantes que faciliten una descripción del servicio que 
desean prestar. Cuando las redes están conectadas a la red telefónica pública conmutada, 
por ejemplo en el caso de los servicios de voz prestados a través dé líneas arrendadas, 
con frecuencia los Estados miembros exigen que se explique cómo va a impedir el 
solicitante que sea posible efectuar simultáneamente llamadas internas y externas ("dial-
in" y ,rdial-out"). Conviene señalar que con arreglo al artículo 4 de la Directiva, no 
pueden imponerse restricciones técnicas al prestador del servicio. Éste únicamente tiene 
que indicar claramente en los contratos celebrados con sus clientes el alcance de los 
servicios autorizados. 
La mayor parte de los operadores que han sido autorizados respetan el monopolio de 
telefonía vocal. No quieren arriesgarse a que se les revoque la autorización o a qué la 
autoridad reguladora nacional ordene la desconexión de las líneas arrendadas en cuestión 
dejándoles así en la imposibilidad de cumplir las obligaciones contraídas con sus clientes. 
De hecho, antes de principiar sus actividades, muchos prestadores de servicios consultaron 
a las autoridades reguladoras nacionales o a los servicios de la Comisión. 
17 
c) Redes empresariales y grupos cerrados de usuarios 
Como ya se ha indicado, en el proceso de aplicación de la Directiva una de las cuestiones 
de mayor importancia que se ha planteado es la de las redes empresariales y los grupos 
cerrados de usuarios. 
La liberalización efectiva de las redes empresariales y los servicios destinados a GCU es, 
sin duda, un aspecto clave para el desarrollo de unas comunicaciones empresariales 
modernas y, por consiguiente, para el mantenimiento de la competitividad de la industria 
comunitaria frente a Japón y EE.UU. Por lo tanto, éste es un objetivo fundamental de la 
Directiva. La competencia y los mercados están experimentando un proceso de creciente 
mundialización. Cuando se niega a las empresas los beneficios que reporta la 
competencia: costes inferiores y calidad y posibilidad de elección crecientes, o bien 
acaban perdiendo competitividad o, si pueden, buscan entornos menos restrictivos. 
A este respecto, cabe señalar que los objetivos de la Directiva todavía no han sido 
alcanzados en varios Estados miembros por dos motivos: 
i) las discrepancias en torno a los límites de los grupos cerrados de usuarios, que 
son más amplios que los de las redes empresariales; 
ii) la congestión del suministro de capacidad a los nuevos prestadores de servicios 
derivada de las restricciones impuestas al uso de infraestructuras alternativas (esta 
cuestión se abordará con mayor detenimiento en la Sección V). 
La Comisión ha examinado los casos en los que los Estados miembros han adoptado 
disposiciones con arreglo a la Directiva para autorizar la prestación de servicios de voz 
a GCU. Ha encontrado diversas definiciones36. Basándose en la experiencia adquirida, la 
Comisión utilizará las siguientes definiciones37*: 
"Redes empresariales"'. 
son, en general, redes creadas por una sola organización que comprende varias 
entidades jurídicas, como una sociedad y sus filiales en otros Estados miembros 
constituidas con arreglo a la legislación interna del país. 
"Grupos cerrados de usuarios": 
son entidades que no están vinculadas necesariamente por lazos económicos pero 
que pueden considerarse miembros de un grupo por tener una relación profesional 
duradera, entre ellas o con una u otra entidad del grupo, y cuyas necesidades 
internas de comunicación se derivan del interés común en que se funda esta 
relación. 
36 
37 Para una descripción por países, véase el Anexo. 
La Comisión dio por válidas estas definiciones en su "Libro Verde sobre la liberalización de las 
infraestructuras de telecomunicaciones y redes de televisión por cable, Parte I, Principios y 
Calendario", COM(94)440 final, Bruselas 25.10.1994, p. 27. 
18 
En general, èl vínculo entre los miembros del grupo es una actividad empresarial 
común: 
Pueden pertenecer a esta categoría, por ejemplo, las actividades consistentes en 
la transferencia de fondos para el sector bahcario, los sistemas de reservas de las 
compañías aéreas, las transferencias de información entre universidades que 
participan en un proyecto de investigación común, los reaseguros, las actividades 
entre bibliotecas, los proyectos comunes de diseño y las diversas instituciones o 
servicios de organizaciones intergubernamentales o internacionales. 
Según la definición de "servicio de telefonía vocal" del artículo 1 de la Directiva, los 
servicios prestados a estas categorías de redes ó entidades están plenamente liberalizados. 
Con todo, algunos Estados miembros no los autorizaron hasta que intervinieron los 
servicios de la Comisión. 
d) Servicios de datos para el público39 
El artículo 10 de la Directiva de Servicios dispone que, en el curso del año 1994, la 
Comisión evaluará los efectos de las medidas adoptadas por los Estados miembros con 
relación a los servicios de conmutación de datos por paquetes o por circuitos a que se 
refiere su artículo 3, con el fin de determinar si procede efectuar un ajuste de las 
disposiciones de dicho artículo, habida cuenta, en particular, de la evolución tecnológica 
y el desarrollo de los intercambios en la Comunidad. 
Durante la consulta sobre el Libro Verde de 1987, varios Estados miembros hicieron 
hincapié en la necesidad de establecer un régimen especial para los servicios básicos de 
red de conmutación de datos, como el X.2539. Por lo que se refiere a la prestación de 
estos servicios en sí, no hay motivo alguno que justifique el mantenimiento de derechos 
exclusivos. No obstante, la Comisión reconoce que las redes desarrolladas de conmutación 
de datos pueden tener un efecto estructural sobre las inversiones y la ordenación del 
territorio y, por lo tanto, pueden ser objeto dé un régimen especial de conformidad con 
el artículo 3 de la Directiva, consistente, en especial, en là aplicación de un pliego de 
condiciones de servicio público que recoja una serie de normas comerciales referentes a 
las condiciones de permanencia, disponibilidad y calidad del servicio. 
Asimismo, dada la diferencia existente en la^fecha de adopción de la Directiva entre las 
tarifas aplicadas para la utilización de servicios de transmisión de datos en redes 
conmutadas y para la utilización de líneas arrendadas, en el artículo 3 se dispuso que los 
derechos exclusivos para los servicios de conmutación de datos que consistiesen en 
"simple reventa de Capacidad"40 podrían mantenerse hasta el 31 de diciembre de 1992, 
38 
39 
40 El artículo 1 define el "servicio de conmutación de datos por paquetes o por circuitos" como "la 
explotación comercial para el público del transporte directo de datos desde y con destino a las 
terminales de la red pública conmutada, "que permita a cualquier usuario utilizar el equipo 
conectado a su terminal para comunicar con otra terminal". 
X.25 es un protocolo normal para redes de conmutación de paquetes. Los protocolos avanzados 
para la transferencia de datos a alta velocidad se basan en la repetición de tramas. 
La Directiva los define como "la explotación comercial para el público de la oferta de transporte 
de datos a través de circuitosarrendados como servicio independiente, comprendiendo solamente 
'•; v :.•'•'••:•:'•••:•.•'•. • 19 '• - • ; 
con la posibilidad de prorrogarlos hasta el 1 de enero de 1996 en el caso de los países 
cuya red de suministro de servicios de conmutación de datos por circuitos o por paquetes 
aún no estuviese suficientemente desarrollada41. Con ello se pretendía conseguir una 
aproximación gradual de tales tarifas. En un principio solicitaron dicha prórroga dos 
Estados miembros42, aunque en ninguno de los casos se mantuvo la solicitud. 
En cuanto al régimen especial, sólo tres Estados miembros43 notificaron un proyecto de 
pliego de condiciones a la Comisión antes de la fecha límite establecida en la Directiva: 
el 30 de junio de 1992. La Comisión examinó junto con los Estados miembros implicados 
si los pliegos de condiciones previstos son objetivos, carecen de efectos discriminatorios, 
son transparentes y guardan proporción con el objetivo perseguido. Las discusiones 
bilaterales celebradas para ello resultaron muy útiles y servirán de experiencia de cómo 
puede regularse un servicio liberalizado para garantizar determinados objetivos propios 
de un servicio público sin restringir la competencia. Concretamente, se puso de manifiesto 
que, dada la diferente posición de partida en que se encuentran los operadores ya 
presentes en el mercado por un lado y los nuevos operadores por otro, debe evitarse 
imponer a estos últimos condiciones que constituyan una barrera a su entrada en el 
mercado y que vengan a consolidar la posición del operador dominante. En tales 
situaciones, los Estados miembros no deberían imponer a los operadores que quieren 
introducirse en el mercado las mismas condiciones que al operador público dominante. 
En los últimos años, la rápida evolución tecnológica y, concretamente, el desarrollo del 
ATM44 al lado de los X.25 tradicionales ha dejado sin justificación el régimen específico 
vigente para los servicios básicos de conmutación de datos. Es de suponer que en un 
futuro próximo las redes públicas principales basadas en el X.25 seguirán coexistiendo 
con las redes de repetición de tramas y con las basadas en el nuevo ATM. Será difícil 
aplicar el mismo tipo de normativa específica de un servicio a tecnologías tan diferentes. 
Ello podría retrasar nuevas ofertas de redes virtuales privadas y servicios de valor añadido 
y limitar así el progreso técnico en este campo. Además, las obligaciones en materia de 
calidad o cobertura pierden sentido al aumentar la diferenciación de la oferta. La 
41 
42 
43 
44 la conmutación, el tratamiento, el almacenaje de datos o la conversión de protocolo, en la medida 
necesaria para la transmisión, en tiempo real, desde y con destino a la red pública conmutada". 
Considerando 11 de la Directiva. 
Grecia y España. 
Tres Estados miembros (Bélgica, Francia y España) han adoptado condiciones suplementarias para 
la concesión de autorizaciones para el suministro de simple reventa de servicios de conmutación 
de datos por paquetes o por circuitos. En España, por ejemplo, se aplica un régimen que regula 
la adjudicación de concesiones para el suministro de servicios de conmutación de datos por 
paquetes o por circuitos que no se ajusta plenamente a las observaciones de la Comisión en este 
ámbito. El ámbito de aplicación de este régimen español es demasiado amplio, ya que incluye los 
servicios de datos entre "terminales de la red", en vez de entre "terminales de la red pública 
conmutada". 
Italia estaba también considerando la adopción de condiciones adicionales, pero no puso en práctica 
la Directiva dentro del plazo fijado. Dado que, en virtud del efecto directo de los artículos 2 y 3 
de la Directiva, la simple reventa de capacidad ha quedado liberalizada en ese país sin restricción 
adicional alguna, el Gobierno italiano deberá justificar apropiadamente la reintroducción de 
cualquier restricción adicional. 
ATM: "Modo de transferencia asincrónico", comunicaciones avanzadas de alta velocidad. Véase, 
asimismo, el Libro Verde sobre la liberalización de las infraestructuras de telecomunicaciones y 
redes de televisión por cable, op. cit. 
20 
aparición de nuevos servicios exige un grado de flexibilidad inalcanzable mediante-
reglamentaciones. 
Los regímenes específicos vigentes en tres Estados miembros también tienen 
repercusiones sobre el comerció entre Estados miembros. El limitado número de 
solicitudes de (autorización presentadas con arreglo a los regímenes vigentes en los tres 
Estados miembros puede explicarse en parte por el hecho de que muchos prestadores del 
servicio en cuestión prefieren limitarse a grupos cerrados de usuarios antes que solicitar 
una autorización en tales condiciones. 
A la vista de ello, dado que la mayoría dé los Estados miembros no ha considerado 
necesario adoptar regímenes específicos para los servicios de conmutación de datos y que 
ello no parece haber redundado en perjuicio de los objetivos de interés público 
perseguidos por tales regímenes, la Comisión considera que las condiciones exigidas para 
aplicar un pliego de condiciones de servicio público a los servicios de conmutación de 
datos deberán revisarse en el contexto de la modificación general del marco reglamentario 
de telecomunicaciones que deberá presentarse antes del 1 de eneró de 1996 dé 
conformidad con la Resolución 93/C 213/01 del Consejo, y que debe contemplarse la 
posibilidad de poner fin a los actuales regímenes específicos para los servicios de 
conmutación de datos45. 
e) Separación de las funciones de explotación y regulación 
La separación de la función de regulación del sector de las telecomunicaciones de la 
función de explotación del organismo nacional de telecomunicaciones era, sin duda 
alguna, la condición más importante para reformar y liberalizar los mercados de 
telecomunicaciones de la UE. Independientemente del medio institucional, legal o 
estructural utilizado para alcanzar este objetivo, el artículo 7 de la Directiva46 exige a los 
Estados miembros que separen las funciones de regulación y explotación de las 
telecomunicaciones. 
Aunque en la actualidad la mayoría de los Estados miembros han instaurado las oportunas 
autoridades reguladoras, la Comisión considera que al menos en cinco Estados miembros 
el grado de separación existente entre las funciones de ésta y las del organismo de 
telecomunicaciones no es suficiente47. 
45 
46 
47 Estos regímenes pueden, empero, ser precisos para los servicios de telefonía vocal una vez que se 
haya liberalizado la prestación de dichos servicios al público. Véanse los criterios de autorización 
propuestos para las redes de comunicaciones móviles y personales y para las redes fijas (Libro 
Verde sobre las comunicaciones móviles y personales y Libro Verde sobre la liberalización de las 
infraestructuras de telecomunicaciones y redes de televisión por cable, op. cit.). 
El artículo 7 dispone que los Estados miembros garantizarán que "a partir del 1 de julio de 1991, 
la concesión de las autorizaciones de explotación, el control de conformidad y de las 
especificaciones obligatorias, la atribución de las frecuencias y la vigilancia de las condiciones dé 
utilización sean realizados por una entidad independiente de los organismos de 
telecomunicaciones". 
Por ejemplo, en los Países Bajos ejerce la función reguladora el Ministerio de Transportes y Obras 
Públicas a través de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones. Sin embargo, este 
Ministerio es asimismo el accionista mayoritario de KPN, que todavía goza del derecho exclusivo 
• • "• • •••".:; 21 •: 
La cuestión de la independencia de las autoridades reguladoras nacionales se planteó en 
diversas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia relacionadas con el artículo 
6 de la Directiva 88/301/CEE ("Directiva de Terminales"), el cual dispone que los 
Estados miembros velarán por que, a partir del 1 de julio de 1989, la determinación de 
las normas técnicas, su supervisión y el control de conformidad sean efectuados por una 
entidad independiente de las empresas públicas o privadas que comercialicen equipos de 
telecomunicaciones. En sus sentencias de 27 de octubre de 199348, el Tribunal declaró que 
se había incumplido este requisito en Francia, ya que a la sazón diferentes departamentos 
del mismo ministerio eran responsables de la explotación comercial de la red pública, la 
fijación de las normas técnicas, el control de conformidad y la autorización de equipos 
terminales. 
Dado que el artículo 7 de la Directiva de Servicios refleja en gran medida el tenor del 
artículo 6 de la Directiva de Terminales, conviene analizar la aplicación de dicho artículo 
7 por los Estados miembros a la luz de las citadas sentencias. La mera separación legal 
o administrativa -como la existente entre dos servicios de un ministerio- sólo es suficiente 
para cumplir los requisitos del artículo 7 en las siguientes condiciones: 
* debe probarse que se trata de una separación "real"; 
* en particular, debe haber independencia financiera entre los dos organismos; 
* cualquier movimiento de personal del organismo regulador al organismo operador 
debe ser objeto de una supervisión especial. 
Dos tipos de separación estructural que ofrecen garantías razonables en cuanto al 
cumplimiento de estas condiciones son: 
i) la atribución de funciones de regulación a un departamento del ministerio 
competente, cuando la empresa de telecomunicaciones está controlada por 
accionistas privados; 
ii) la atribución de las funciones de regulación a un organismo independiente del 
ministerio competente (salvo en lo que atañe al control de sus cuentas y de la 
legalidad de sus decisiones), cuando dicho ministerio es el accionista único o 
48 de instalar, mantener y explotar la infraestructura de telecomunicaciones y suministra servicios 
obligatorios a los solicitantes. 
Tampoco está totalmente clara la separación de poderes entre el regulador y el operador en 
Bélgica, España y Grecia. No obstante, ante la inquietud de la Comisión, el Gobierno belga ha 
manifestado su intención de respetar la completa autonomía del operador público BELGACOM 
en el ámbito de los servicios no reservados. En España el Director General de Telecomunicaciones 
(responsable en materia de regulación) también es el Delegado del Gobierno en el Consejo de 
Administración de Telefónica, aunque desde un punto de vista legal el Delegado del Gobierno 
podría pertenecer a otro Ministerio. 
En Grecia, mientras que las funciones han sido formalmente separadas, el continuo trasiego de 
personal desde el organismo operacional hacia el organismo regulador hace que la separación de 
esos organismos no esté ciara en la práctica. 
Asuntos Decoster y otros (C-69/91) y Taillandier (C-46/90). 
22 
mayôritario dêl operador o si se mantiene una participación importante del Estado 
en el operador. 
Al margen de las garantías jurídicas y las normas generales que implica la Directiva, el 
modo y el espíritu con que se lleva a la práctica la separaciónde funciones constituye una 
importante prueba de su compatibilidad con el artículo 7. La plasmación institucional de 
esta "independencia" dependerá, en cierta medida, de la tradición jurídica y la experiencia 
de cada Estado miembro. 
23 
IV INCLUSION DE LOS SERVICIOS Y REDES DE 
COMUNICACIÓN 
POR SATÉLITE (DIRECTIVA 94/46/CE) 
El 13 de octubre de 1994 la Comisión aprobó la Directiva 94/46/CE. Esta Directiva 
incluye los equipos de comunicación por satélite de las estaciones terrenas en la Directiva 
de Terminales49 y los servicios de comunicación por satélite en la Directiva de 
Servicios50. 
a) Significado de la Directiva 94/46/CE 
El objetivo de la política de la Unión Europea en el sector de las comunicaciones por 
satélite, compartido por el Consejo y la Comisión, radica en fomentar lo antes posible una 
mayor utilización de las comunicaciones por satélite en la UE. Es éste un objetivo de 
gran importancia por el creciente retraso que padece la UE en materia de desarrollo de 
comunicaciones de empresa por satélite frente a sus principales competidores. 
La Directiva exige la supresión de todos los derechos exclusivos concedidos para la 
prestación de servicios de comunicación por satélite y de todos los derechos especiales51 
para la prestación de los servicios de telecomunicaciones por ella cubiertos. 
b) Telefonía vocal 
La modificación de la Directiva 90/388 introducida por la Directiva 94/46 no afecta a las 
restricciones sobre el suministro de telefonía vocal al público por medio de redes de 
comunicación por satélite. Sin embargo, esto no significa que pueden imponerse 
restricciones de tipo técnico. Si bien el Considerando 16 de la Directiva 94/46 declara que 
"tratándose de la transmisión directa de la voz a través de estaciones terrenas de 
49 
50 Directiva de la Comisión de 16 de mayo de 1988, relativa a la competencia en los mercados de 
terminales de telecomunicaciones (88/301/CEE, DO L 131/73 de 27.5.88)r 
La Directiva 94/46/CE constituye la principal medida adoptada para alcanzar los objetivos de 
liberalización del sector de las comunicaciones por satélite propugnados en la Resolución 92/C 
8/01 del Consejo (basada en el Libro Verde sobre las comunicaciones por satélite, COM(90)490). 
Otras medidas referentes a este sector son la Directiva 93/97/CEE del Consejo, de 29 de octubre 
de 1993, relativa al reconocimiento mutuo de las homologaciones para terminales de comunicación 
por satélite, y la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a una 
política para el reconocimiento mutuo de licencias y otras autorizaciones nacionales para la 
prestación de servicios de redes de satélite y servicios de comunicación por satélite, COM(93)652 
de 4.1.94. 
Por derechos especiales se entiende en la Directiva los que "limiten el número de empresas 
autorizadas a prestar servicios de telecomunicaciones con arreglo a criterios que no sean objetivos, 
proporcionales y no discriminatorios o designen, con arreglo a tales criterios, a varias empresas 
que compitan entre sí autorizándolas a prestar tales servicios". 
24 
comunicación por satélite, dicha explotación comercial para el público en general sólo 
podrá tener lugar cuando las redes de las estaciones estén conectadas con las redes 
públicas conmutadas", ésta es simplemente una regla general. No debe interpretarse que 
permite imponer restricciones técnicas para proteger el monopolio de la telefonía vocal. 
La carga de la prueba de que un servicio nuevo es un servicio de "telefonía vocal" sigue 
recayendo en el regulador. 
De hecho, el suministro de servicios de telefonía vocal para grupos cerrados de usuarios 
supone con frecuencia este tipo de conexiones con la red pública conmutada, ya que 
algunos miembros de dichos grupos no están conectados con la red a través de las 
estaciones de comunicación por satélite52. 
c) Servicios de radiodifusión 
La Directiva 94/46/CE no introduce modificaciones en lo referente a los servicios de 
radiodifusión. No obstante, hay que distinguir entre el contenido de los servicios de 
radiodifusión y su suministro técnico. Corrió indica el Considerando Ï7, la prestación de 
servicios de red por satélite para la difusión de programas de radio y televisión es, por 
su propia naturaleza, un servicio de telecomunicaciones y, por consiguiente, no hay 
motivos para que reciba un tratamiento diferente. Así, la Directiva establece una 
distinción entre: 
* los servicios prestados por la empresa de servicios de telecomunicaciones 
(transmisión, conmutación y otras actividades) necesarios para la difusión de las 
señales^ que son servicios de telecomunicaciones que están liberalizados én virtud 
de la pirectiva, y 
* las actividades de los organismos que controlan el contenido de los mensajes que 
van a difundirse, que constituyen actividades de radiodifusión que no entran 
dentro del ámbito de aplicación de esta Directiva. 
Por lo tanto, los servicios de radiodifusión por satélite que deben liberalizarse con arreglo 
a la Directiva incluyen los servicios suministrados a través de enlaces de conexión de 
operadores de telecomunicaciones desdé estudios o sobre el terreno a estaciones terrenas 
de enlace ascendente, así como los servicios de enlace ascendente de punto a punto y de 
punto a múltipunto, los servicios de radiodifusión por satélite de recepción directa en el 
hogar (DTH) y los servicios a cabeceras de los sistemas de distribución. 
d) Acceso al segmento espacial 
En virtud de la Directiva los Estados miembros están obligados a suprimir todas las 
restricciones a la oferta de capacidad en el segmento espacial en su territorio. 
52 Con arreglo a la definición establecida, los grupos cerrados de usuarios no deben definirse con 
arreglo a criterios técnicos, esto es, según la red a la que estén conectados sus miembros, que no 
debe ser accesible a terceros, sino con criterios sociológicos, esto es, según la relación económica 
y profesional que vincule a los miembros. 
- '•/•' ' ' 25 :'- ' • ' 
Esto significa que los Estados miembros deben garantizar: 
* la supresión de toda norma que prohiba o restrinja la oferta de capacidad en el 
segmento espacial a cualquier operador autorizado de redes de estaciones terrenas 
de comunicación por satélite, y 
* que, dentro de su territorio, todo prestador del segmento espacial pueda 
comprobar si la red de estaciones terrenas por satélite que vaya a utilizar en el 
segmento espacial se ajusta a las condiciones vigentes de acceso a su capacidad 
de segmento espacial. 
En su Comunicación de 10 de junio de 1994 sobre las comunicaciones por satélite 
relativa al suministro de capacidad de segmento espacial y el acceso a la misma53, la 
Comisión anunció su intención de aplicar las normas de competencia para suprimir en la 
Unión Europea todas las restricciones nacionales al acceso al segmento espacial. En este 
sentido, cabe señalar que se aplicarán los procedimientos de información establecidos en 
el artículo 3 de la Directiva para obtener la información necesaria para alcanzar dicho 
objetivo. 
e) Organizaciones internacionales de comunicación por satélite 
Las nuevas obligaciones relativas al segmento espacial no afectan directamente a la 
posición de los organismos de telecomunicaciones en cuanto signatarios de convenios por 
los que se constituyen organizaciones internacionales. No obstante, los Estados miembros 
tienen la obligación de velar por que sus normativas nacionales no contengan 
disposiciones restrictivas que tengan por efecto impedir la oferta de capacidad de 
segmento espacial en su territorio por parte de otro signatario del convenio o por sistemas 
independientes. De igual modo, los Estados miembros deben garantizar que no hay 
restricciones de carácter normativo o de otro tipo que impidan el libre acceso desde otro 
Estado miembro a la capacidad de segmento espacial arrendada por un operador 
autorizado. Un ejemplo de tales restricciones son las que impiden a los operadores que 
no sean signatarios del convenio comprobar los requisitos técnicos y operativos de las 
estaciones terrenas por satélite. 
El artículo 3 de la Directiva 94/46/CE exige a los Estados miembros que comuniquen a 
la Comisión, a petición de ésta, la información de que dispongan sobre cualquier medida 
relacionada con las organizaciones internacionales de comunicación por satélite que 
pudiera dificultar el respeto de las normas de competencia del Tratado CE. El 
Considerando 21 explica que esta disposición tiene por finalidad, entre otras, hacer 
posible el seguimiento de la revisión que se está llevando a cabo en dichas organizaciones 
internacionales para mejorar las condiciones de acceso. 
Por lo tanto, el artículo 3 de la Directiva 94/46/CE no afecta directamente a la posición 
de los signatarios. No obstante, si se constata que los signatarios siguen manteniendo 
mecanismos disuasorios destinados a impedir el acceso múltiple y favorecer de este modo 
el reparto del mercado del suministro del segmento espacial, la Comisión se verá obligada 
53 COM(94)210 final. 
26 
a estudiar la cuestión para decidir si debe aplicar medidas contra los signatarios de que 
se trate en virtud de las normas de competencia del Tratado. 
La supeditación de la utilización a determinadas obligaciones en materia de inversión 
constituye uno de estos mecanismos disuasorios siempre que mueva a los signatarios a 
renunciar al segmento espacial por temor a tener que asumir una mayor cuota de 
inversión. En consecuencia, si no se modifican, los actuales requisitos de inversión de las 
organizaciones internacionales, y en particular de EUTELSAT, que operan en mercados 
cada vez más competitivos, tendrán que ser examinados detenidamente atendiendo à lo 
dispuesto en la normativa de competencia. 
f) Calendario de aplicación 
La Directiva 94/46 concede a los Estados miembros nueve meses para comunicar a la 
Comisión las medidas de incorporación de sus disposiciones al derecho interno. Por lo 
tanto, los Estados miembros deberán remitir a la Comisión, antes del 8 de agosto de 
1995, una copia de las medidas adoptadas para suprimir las actuales restricciones al 
suministro de servicios de comunicación por satélite y una copia de los procedimientos 
de autorización o declaración actualmente vigentes o en preparación para la explotación 
de las redes de comunicación por satélite. Con ello se pretende que la. Comisión pueda 
determinar, si esas condiciones son necesarias para satisfacer exigencias esenciales. En la 
información facilitada a la Comisión deberán indicarse Jas tarifas que impongan los 
procedimientos de autorización y los criterios en que se basen dichas tarifas. 
El Considerando 22 que menciona el hecho de que la Comisión tendrá en cuenta la 
Situación de aquellos Estados miembros en los cuales la red terrestre no esté todavía 
suficientemente desarrollada, debe ser considerado en el marco de este requisito de 
notificación. Los Estados miembros que consideraran necesario solicitar una prórroga de 
la fecha de plena aplicación de las disposiciones antes mencionadas54 deberían solicitarlo 
formalmente y con la necesaria justificación en el plazo previsto para la comunicación 
de las medidas de aplicación de la Directiva, es decir, antes del 8 de agosto de 1995. La 
Comisión estimará entonces si se abstiene de insistir en la inmediata liberalización de los 
servicios por satélite relevantes. Este hecho no impedirá, sin embargo, las posibles 
actuaciones ante los tribunales nacionales de esos Estados miembros por parte de terceras 
partes. 
Dada la gran variedad de servicios de comunicación por satélite, la solicitud debe incluir 
una lista de ios servicios de redes por satélite para los que se pide la prórroga, junto con 
las estimaciones de los mercados de dichos servicios. 
En la solicitud también debe explicarse qué servicios de los organismos de 
telecomunicaciones nacionales se verán afectados y, sobre la base del volumen de 
negocios de estos servicios y su contribución a la financiación de la red pública, deberá 
demostrarse que la aplicación de las disposiciones de la Directiva tendría un impacto 
negativo sobré el futuro desarrollo de la red pública. 
54 
La excepción puede durar como máximo hasta el 1 de enero de 1996. 
:. ',-. .. -•••• 27 '• . . '••"' 
La Comisión se remitirá al principio de proporcionalidad. La Comisión insistirá en 
cualquier caso, por ejemplo, en la liberalización de aquellos servicios que, desde un punto 
de vista económico, sean insignificantes. 
28 
V FUTURA EVOLUCIÓN EN EL CONTEXTO DE 
LA LIBERALIZACIÓN 
DE LOS SERVICIOS Y LAS INFRAESTRUCTURAS 
Aunque la cuestión de la aplicación plena y efectiva de la Directiva de Servicios seguirá 
siendo un importante polo de atención, hay qué considerar el futuro desarrollo de esta 
Directiva en el contexto global que se determinó con motivo de la revisión realizada de 
conformidad con las disposiciones de la Directiva en 1992, revisión que condujo a la 
Resolución 92/213/01 del Consejo, de 22 de julio de 1993, sobre la plena liberalización 
de los servicios a más tardar el 1 de enero de 1998, la cual ha sido completada por la 
Resolución 94/C379/03 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, que incluye la 
liberalización de las infraestructuras en dicho calendario. 
De conformidad con la Resolución 93/213/01 del Consejo, la Comisión debe: 
"... preparar, antes del 1 de eneró de 1996, las necesarias modificaciones del marco 
normativo comunitario a fin de realizar plenamente la liberalización de todos los servicios 
de telefonía vocal pública antes del 1 de,enero de 1998...". 
Dado el papel clave de la Directiva de Servicios en la supresión de las restricciones a la 
competencia y el mantenimiento de unas condiciones de mercado equitativas, las 
modificaciones a esta Directiva constituirán el núcleo fundamental de estas medidas. 
Como se indica en el Libro Verde (Parte I) sobre la liberalización de las infraestructuras 
de telecomunicaciones55: 
La Directiva 90/388, relativa a la competencia en los mercados de servicios de 
telecomunicaciones, dispone que se someta ala competencia la prestación de todos los 
servicios de telecomunicaciones, con cuatro excepciones importantes: 
los servicios de comunicación por satélite, 
los servicios de telefonía móvil y radiobüsqueda, 
- los servicios deradiodifusión y radiodifusión televisiva parael público, y 
los servicios de telefonía vocal para el público en general. 
La versión inicial de la Directiva 90/388 no abarcaba el uso de infraestructuras 
alternativas y redes de televisión por cable para la prestación de servicios liberalizados. 
Esta Directiva sólo exigía la supresión de las restricciones al uso de una única fuente de 
infraestructura, a saber, las líneas arrendadas que ofrecen los 00,TT., para la oferta de 
servicios liberalizados. 
55 Opcit. 
29 
Con relación a las excepciones que acaban de enumerarse, hay que tener en cuenta lo 
siguiente: 
* La Directiva 94/46/CE56, por la que se modifican las Directivas 88/301/CEE 
(terminales de telecomunicaciones) y 90/388/CEE (servicios de 
telecomunicaciones), especialmente en relación con las comunicaciones por 
satélite, aprobada el 13 de octubre de 1994, ha puesto fin a la excepción aplicable 
a los servicios de comunicación por satélite. Como se indica en la Sección IV, los 
Estados miembros disponen de un plazo de 9 meses para comunicar las medidas 
de aplicación adoptadas. 
* El 21 de diciembre de 1994 la Comisión aprobó, para consulta, un proyecto de 
Directiva por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en lo referente a la 
liberalización del uso de redes de televisión por cable para servicios ya 
liberalizados de conformidad con esta última Directiva, que establece una 
sustancial apertura del mayor desarrollo de estas redes, con un énfasis particular 
en el multimedios. 
* La Comunicación de la Comisión sobre las consultas realizadas a raíz del Libro 
Verde sobre las comunicaciones móviles y personales se publicó el 23 de 
noviembre de 199457. Esta Comunicación proponía la supresión de todos los 
derechos especiales y exclusivos relacionados con los servicios móviles a más 
tardar el 1 de enero de 1996. Habrá que considerar las modificaciones a la 
Directiva de Servicios que ello supone. 
Por último, tendrá gran importancia la adaptación del marco reglamentario del sector de 
las telecomunicaciones a los objetivos de las Resoluciones del Consejo de 22 de julio de 
1993 y 22 de diciembre de 1994, integrando en ese marco la fecha límite de 1 de enero 
de 1998 para la plena liberalización de las telecomunicaciones (con períodos transitorios 
adicionales para determinados Estados miembros). Las medidas necesarias para dicha 
adaptación deben proponerse antes dell de enero de 1996. Como se explica en el Libro 
Verde sobre la liberalización de las infraestructuras de telecomunicaciones (Parte II)58, 
con este planteamiento se pretende crear un entorno óptimo para el desarrollo del sector 
de las telecomunicaciones de la Unión Europea combinando la política de competencia 
con normas sectoriales específicas. 
Para ello, no sólo será necesario adaptar las directivas de armonización vigentes en el 
sector de las telecomunicaciones (como las directivas sobre la oferta de red abierta), 
elaborar propuestas encaminadas a mantener un servicio universal y garantizar la 
interconexión, así como revisar los acuerdos institucionales de regulación del sector. 
También será preciso volver a modificar la Directiva de Servicios. 
En el Consejo de 17 de noviembre, la Comisión se congratuló de que se hubiese aceptado 
la fecha de 1998 como plazo límite para la liberalización délas infraestructuras de todos 
los servicios de telecomunicaciones. También tomó nota del interés que manifestaron 
56 
57 
58 Véase la Sección IV. 
COM(94) 492 final: Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la consulta acerca 
del Libro Verde de las comunicaciones móviles y personales. 
Op. cit. 
30 
diversos Estados miembros por que se adoptasen rápidamente medidas para liberalizar las 
infraestructuras alternativas de los servicios qué ya han sido liberalizados en virtud de la 
Directiva de Servicios. Este aspecto deberá ser objeto de una reflexión más detenida. 
31 
VI. CONCLUSIONES 
La Directiva 90/388/CEE de la Comisión constituye la medida legislativa más importante 
aprobada hasta la fecha para liberalizar las telecomunicaciones en la UE. La Comisión 
no escatimará esfuerzos y medios para resolver los problemas que plantea su aplicación. 
La evaluación de 1992 puso de manifiesto que la eficacia de las medidas de liberalización 
del sector de las telecomunicaciones (que a la sazón eran medidas de liberalización de 
las comunicaciones de datos, los servicios de valor añadido y el suministro de servicios 
de comunicación de datos y voz a empresas y grupos cerrados de usuarios) era 
cuestionada por mucho prestadores y usuarios de tales servicios. También reveló que la 
aplicación de la Directiva de Servicios se ve dificultada por el hecho de que las 
infraestructuras no están disponibles en condiciones razonables. 
Concretamente, las elevadas tarifas aplicadas a la infraestructura básica en la que se 
explotan o se prestan a terceros los servicios liberalizados y la escasa disponibilidad de 
dicha estructura han sido un obstáculo al desarrollo generalizado de redes empresariales 
de alta velocidad en Europa, al acceso a bases de datos a distancia por parte de empresas 
y particulares y a la difusión de servicios innovadores, como el telebanco y la enseñanza 
a distancia. Además, las restricciones de carácter normativo vigentes en muchos Estados 
miembros todavía impiden a los terceros utilizar las infraestructuras alternativas que 
explotan, como las redes de televisión por cable y las redes de empresas de energía, 
ferrocarriles o carreteras, para satisfacer sus necesidades en materia de comunicaciones 
internas. Muchas empresas y asociaciones de usuarios han hecho hincapié en que, como 
consecuencia de ello, las empresas europeas son menos competitivas, los servicios 
innovadores se difunden con mayor lentitud y se retrasa la creación y el desarrollo de 
redes y servicios paneuropeos. 
En el debate político que se lleva a cabo en los propios Estados miembros cada vez hay 
una mayor conciencia de la importancia de disponer de unas infraestructuras eficaces y 
asequibles. El Parlamento Europeo ha hecho un llamamiento a la Comisión para que 
adopte lo antes posible las medidas necesarias. 
El informe sobre Europa y la sociedad mundial de la información ha subrayado el hecho 
de que la permanente situación de congestión en el suministro de infraestructuras 
constituye un gravísimo obstáculo al desarrollo de la Infraestructura Europea de la 
Información. El plan de actuación Europa en marcha hacia la sociedad de la información 
aprobado por la Comisión en respuesta a este informe ha establecido un marco general. 
Los esfuerzos encaminados a la aplicación efectiva de la Directiva de Servicios y las 
reflexiones sobre su futura evolución tendrán en cuenta estos objetivos generales. Éste es 
el propósito de la Comisión al presentar su Comunicación al Parlamento Europeo y al 
Consejo. 
32 
ANEXO I 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 90/388/CEE POR 
LOS ESTADOS MIEMBROS 
A continuación se describe brevemente el estado de aplicación de la Directiva en los 
Estados miembros. Dada la gran velocidad a la que está evolucionando este sector, para 
mayor información es preferible dirigirse a las autoridades reguladoras nacionales. 
Esta descripción no incluye información sobre la aplicación de la Directiva en el Espacio 
Económico Europeo. 
BÉLGICA 
En Bélgica ía Directiva ha sido incorporada mediante la Ley de 21 de marzo de 199159. 
Por lo que se refiere a las telecomunicaciones, esta Ley transforma la Régie des 
Télégraphes et des Téléphones/Regie van Telegraaf en Telefoon (RTT) en un empresa 
pública autónoma denominada BELGACOM. 
En cuanto a la definición de servicio reservado establecida en esta Ley belga, el artículo 
68 define el "servicio telefónico" como el servicio de telecomunicaciones consistente en 
el transporte directo en tiempo real de señales vocales desde y con destino a los puntos 
de conexión, incluidos los servicios necesarios para su explotación. Mediante cartas de 
julio de 1991 y junio de 1993, el Gobierno belga confirmó que su interpretación de esta 
Ley se ajustaba a la Directiva. 
Si un operador manifiesta su deseo de prestar servicios liberalizados, puede elaborarse 
mediante Real Decreto una lista de servicios no reservados que, a modo de excepción, 
quedarían autorizados automáticamente a condición de que el solicitante notifique al IBPT 
el servicio. No obstante, hasta la fecha, la Comisión no tiene conocimiento de tal lista. 
A falta de ésta, el solicitante debe informar al IBPT de su propósito de prestar el servicio 
con dos meses de antelación, plazo durante el cual el IBPT puede oponerse al suministro 
del servicio si considera que es contrario a la Ley de 1991. El artículo 8.9.5 dispone que 
el IBPT deberá formular una decisión motivada cuando deniegue su autorización a la 
prestación de un servicio. 
Bélgica es uno de los tres Estados miembros que han establecido condiciones de 
autorización suplementarias para el suministro de servicios públicos de conmutación de 
59 Moniteur Bélge de 27 de marzo de 1991, p. 6155 y corrigendum en el Moniteur Belge de 20 de 
julio de 1991. Esta misma Lëy incorpora la Directiva relativa a la competencia en los mercados 
de terminales de telecomunicaciones, Directiva 88/301/CEE de la Comisión. 
•''•"' ••••• -33' '.;'••' .-• 
datos por paquetes o por circuitos. El artículo 3 de la Directiva lo permite siempre que 
la Comisión apruebe tales condiciones, como efectivamente lo hizo en julio de 1993. 
De conformidad con el artículo 85 de la Ley belga de 1991, BELGACOM sólo puede 
denegar a un usuario el acceso a una línea arrendada cuando existan exigencias esenciales 
reconocidas por el derecho comunitario. Además, como estipula el contrato de gestión 
(artículo 21.3), BELGACOM debe atender al menos el 90% de las solicitudes registradas 
de líneas arrendadas de oferta de red abierta en el plazo de tres meses, salvo que se 
convenga otra cosa con el cliente. 
Por lo que se refiere al requisito de independencia de BELGACOM de la autoridad 
reguladora establecido en el artículo 7 de la Directiva, la Ley de 1991 atribuye la función 
reguladora al ministro responsable (asesorado por la autoridad reguladora nacional, el 
Institut Belge des Services Postaux et des Télécommunications, IBPT). El Gobierno belga 
ha declarado que respetará la autonomía completa de BELGACOM en materia de 
servicios no reservados. 
DINAMARCA 
En este país la Directiva ha sido incorporada mediante la Ley 743 de 14 de noviembre 
de 1990 y la Orden de codificación 398 de 13 de mayo de 1992. 
En virtud de dicha Ley, el Ministro de Comunicaciones puede otorgar una concesión a 
TeleDanmark para el establecimiento y explotación de: servicios públicos fijos y de 
radiofonía, telefonía vocal, servicios de comunicación de texto y datos, suministro de 
líneas arrendadas, comunicaciones móviles y servicios de comunicación por satélite y 
transmisión de programas de radio y televisión. 
Un aspecto conflictivo que dio lugar a la incoación de un procedimiento por infracción 
contra Dinamarca era la definición de "telefonía vocal", que está reservada para 
TeleDanmark. Inicialmente la Ley 743 reservaba para TeleDanmark todas las 
transmisiones no públicas de tráfico, a excepción de la telefonía vocal a través de redes 
arrendadas entre entidades jurídicas diferentes (esto es, uso compartido). Evidentemente, 
esta Ley imponía demasiadas restricciones al uso de las líneas arrendadas existentes, 
contraviniendo la Directiva. 
La Comisión dio por terminado el procedimiento al adoptar el Gobierno danés la Orden 
905 de 2 de noviembre de 1994, que permite el suministro de servicios nacionales de 
telefonía vocal para el público sin necesidad de autorización o declaración alguna. Por 
lo que se refiere a las llamadas internacionales, se exige una autorización cuando las 
llamadas realizadas en la red telefónica pública conmutada se transportan a través de 
líneas arrendadas y vuelven a la red telefónica pública conmutada.-Esta autorización sólo 
es válida para las llamadas con destino a países que hayan liberalizado los servicios de 
telefonía vocal. 
La citada Orden fue aprobada en virtud del artículo 3 de la Ley danesa de 1990, que 
autoriza al .ministro para aprobar medidas encaminadas al establecimiento y explotación 
de servicios que no estén incluidos en la concesión o los derechos especiales de 
TeleDanmark. 
34 
Las normas aplicables a los servicios de conmutación de datos por paquetes o por 
circuitos con posterioridad al 31 de diciembre de 1992 se establecieron en la Orden 
danesa de diciembre de 1992. Hay una ligera discrepancia entre el alcancé de estas 
normas y el previsto en el artículo 3 de la Qirectiva, ya que la Orden incluye todos los 
servicios de comunicación de datos. 
ALEMANIA 
En este país dos leyes aprobadas el 8 de junio de 1989 definen el marco jurídico para la 
prestación de servicios de telecomunicaciones: la Postverfassungsgesetz (PVG), que 
establece la organización y funciones del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones y 
de Deutsche Bundespost Telekom, y una enmienda a la Fernmeldeanlagegesétz (FAG), 
que regula, entre otras cosas, el monopolio que conserva el Estado. Este marco jurídico 
fue modificado sustancialmente por la Ley de 14 de septiembre de 1994 
(Postneuórdnungsgesetz-PTNeuOG), que entró en vigor el 1 de enero de 1995, 
No obstante, esta Ley no modificó la definición de "telefonía vocal" reservada a DBP 
Telekom, pese a que la Comisión indicó en abril de 1994 al Gobierno alemán que esta 
definición es más amplia que la contenida en la Directiva. En sustancia, se plantean tres 
problemas. En primer lugar, la definición alemana dice: "para terceros" en vez de "para 
el pública". Como consecuencia, la conmutación de voz para grupos cerrados de usuarios 
está incluida en el monopolio. En segundo lugar, el término "conmutación de voz" de la 
Ley alemana en la práctica se interpreta de tal manera que se incluyen en él monopolio 
las comunicaciones mixtas (voz combinada con 4atós o imágenes), a pesar de que desde 
un punto de vista técnico puede disociarse el intercambio de voz de la comunicación de 
datos, como ocurre con la videofom'a en redes digitales de servicios integrados. Por 
último, la definición incluye todo tipo de conmutación de voz, sin distinguir si la voz 
procede de la red pública conmutada o es conmutada a dicha red; De conformidad con 
la Directiva, la conmutación de voz procedente de una red de línea arrendada o 
conmutada a una red de línea arrendada no puede estar reservada. 
Tras varios contactos bilaterales fue posible resolver provisionalmente los aspectos 
principales de la primera cuestión. La Ley alemana (FAG) reserva la telefonía vocal para 
terceros, concepto que desborda los límites de la telefonía vocal "para el público" fijados 
en la Directiva. Para restablecer la conformidad entre el derecho alemán y el comunitario, 
el Ministerio alemán de Correos y Telecomunicaciones, en vez de modificar la ley, hizo 
uso de su facultad de conceder autorizaciones para permitir, mediante las órdenes 
(Verfügung) 1/1993, de 6 de enero de 1993, y 8/1993, de 13 de enero de 1993, a las 
empresas privadas suministrar telefonía a grupos cerrados de usuarios. Estas órdenes 
crearon una autorización por categorías (Állgemeingenehmigung) para la prestación de 
servicios a entidades económicamente integradas. 
En cuanto al artículo 6 de la Directiva, la Sección 29 TKV dispone que es necesario 
obtener una autorización de conexión (Anschalteerlaubnis) para los terminales que vayan 
a conectarse con terminales dé red de líneas de transmisión. La Comisión estima que tal 
restricción es contraria al artículo 6 de la Directiva ya que retrasa la utilización de 
equipos ya homologados utilizados en la conmutación y proceso de señales (como los 
concentradores) para conectar redes de líneas arrendadas con la red telefónica pública 
conmutada. La Comisión ha planteado esta cuestión a las autoridades alemanas quienes 
35 
abolirán la disposición en cuestión. Mientras tanto, el Ministerio ha otorgado una licencia 
de conexión por categorías (Vfg 269/1994). 
Las facultades a que se refiere ei artículo 7 de la Directiva eran ejercidas hasta el 31 de 
diciembre de 1994 por el ministro de Correos y Telecomunicaciones. Con arreglo al 
nuevo régimen, el Ministerio contará con la ayuda de un Consejo Regulador 
(Regulierungsrat) compuesto por representantes de los Estados federados y del Parlamento 
Federal (Bundestag). Por otra parte, la participación del Estado en DBP Telekom, que ha 
sido transformada en sociedad por acciones, ahora es gestionada por un organismo 
separado: la Bundesanstalt für Post und Telekommunikation (BAnst PT). 
GRECIA 
Grecia incorporó la Directiva mediante la Ley 2075/92 de 21 de julio de 1992, que no 
llegó a surtir efectos plenos por cuanto el Gobierno griego no adoptó la orden por la que 
debían establecerse las normas de funcionamiento interno del órgano regulador 
independiente previsto por la Ley. El 20 de octubre de 1994 esta Ley fue sustituida por 
la Ley 2246/94. Esta última tampoco establece un marco regulador completo y es preciso 
desarrollarla, aunque todavía no se han adoptado las medidas de aplicación. 
Como el Gobierno griego no ha adoptado en el plazo previsto las medidas de aplicación 
de la Directiva de Servicios, la Comisión ha incoado ante el Tribunal de Justicia el 
procedimiento establecido en el artículo 169 del Tratado. 
El artículo 2.15 de la Ley 2246/94 define la "telefonía vocal" utilizando los mismos 
términos que la Directiva. No obstante, el artículo 3.2 de la Ley establece el principio de 
que la telefonía vocal está reservada y sólo reconoce en una segunda fase que todos los 
demás servicios están liberalizados. Por consiguiente, es posible una definición más 
amplia de la telefonía vocal reservada en Grecia. Además, este artículo pone como 
condición para la liberalización de dichos servicios el que su suministro sea compatible 
con un cumplimiento adecuado de la misión que tiene asignada el operador público OTE. 
De conformidad con dicho artículo 3.2, los servicios liberalizados están sujetos a una 
autorización individual o una declaración, según el volumen de capacidad de líneas 
arrendadas utilizado. El límite todavía no ha sido fijado. 
En cuanto a la simple reventa de transmisión de datos por paquetes o por circuitos, 
Grecia solicitó, mediante carta de 7 de febrero de 1992, la excepción hasta el 1 de enero 
de 1996 prevista en el Considerando 11 de la Directiva. Tras la aprobación de la Ley 
2075/92, que no distinguía la transmisión de datos por paquetes o por circuitos de otros 
servicios de telecomunicaciones liberalizados, Grecia confirmó, mediante carta de 27 de 
mayo de 1993, que ya no solicitaba la excepción y que la transmisión de datos por 
paquetes o por circuitos quedaba liberalizada. 
De conformidad con la Ley 2246/94, la autoridad reguladora independiente a que se 
refiere el artículo 7 de la Directiva es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(EET), que está bajo la supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La 
EET es la autoridad competente para atribuir frecuencias y numeraciones, conceder 
autorizaciones y homologaciones y. velar por el cumplimiento de las normas de 
competencia nacionales y del Tratado CEE. Esta Comisión todavía no ha empezado a 
36 
ejercer sus funciones y, entre tanto, hace las veces el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
ESPAÑA . 
La Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, Ley 31/1987 de 18 de diciembre de 
1987 ("LOT"), constituye la normativa vigente sobre las actividades relativas a las 
telecomunicaciones en España. En consonancia con la Directiva, la LOT fue modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre de 1992, que limitó los servicios reservados al 
servicio telefónico básico, el télex y el telégrafo, así como por el Real Decreto 804/1993, 
de 28 de mayo de 1993, por el que se incorporó el artículo 3 de la Directiva en lo que 
respecta a los servicios básicos de conmutación de datos. 
Como ocurre con otros Estados miembros, el principal problema que ha planteado la 
aplicación de la Directiva se refiere a la definición de la telefonía vocal y, en 
consecuencia, del área reservada. La LOT define la "telefonía vocal básica" en el apartado 
15 de su Anexo en los mismo términos que la definición de "telefonía vocal" de la 
Directiva. No obstante, a raíz de una denuncia presentada a la Comisión, se puso de 
manifiesto que las autoridades españolas no parecían tener un conocimiento cabal de esta 
definición y qué, aunque esté definido en la Ley, sería necesaria una orden administrativa 
para definir con mayor precisión él monopolio de la telefonía vocal básica de Telefónica, 
Todavía no se ha aprobado tal orden administrativa. 
En un principio, España solicitó la prórroga prevista en el Considerando 11 de la 
Directiva para los derechos exclusivos de simple reventa,, pero posteriormente retiró su 
solicitud. En cuanto a las concesiones para la prestación de servicios de conmutación de 
datos por paquetes o por circuitos, el Real Decreto de 28 de mayo de 1993 estableció un 
régimen para regularlas. Aunque se había notificado a la Comisión el proyecto de este 
Real Decreto, el texto aprobado no tomó en consideración las observaciones de la 
Comisión. Por ello, todavía se están discutiendo con las autoridades españolas aspectos 
imrx)rtantes para la Comisión, especialmente el alcance del régimen. 
En cuanto a la facultad reguladora a que se refiere el artículo 7 de-la Directiva, su titular 
es la Dirección General de Telecomunicaciones (DGT). La DGT se creó mediante Real 
Decreto de 19 de junio de 1985. Esta Dirección General otorga concesiones, 
autorizaciones y licencias administrativas para equipos y servicios. No obstante, el 
Director General de Telecomunicaciones también es el Delegado del Gobierno en el 
Consejo de Administración de Telefónica y puede vetar las decisiones del Consejo de 
Administración por motivos de orden público. Además, el artículo 15 de la LOT permite 
el nombramiento por el Gobierno de otros cinco miembros del Consejo de 
Administración. 
FRANCIA 
El Gobierno francés ha incorporado la Directiva principalmente con la aprobación de la 
Ley 90-1170 de 29 de diciembre de 1990, por la que se regula el sector de las 
telecomunicaciones. Esta Ley constituye una modificación del "Code des Postes et 
Télécommunications" (en adelante, el Código) que concede a France Télécom el derecho 
37 
exclusivo a establecer infraestructuras de red de telecomunicaciones abiertas al público 
en general. 
El artículo L 34 dispone que la Ley sólo afecta a los servicios suministrados al público. 
El artículo L 32.7 del Código define la telefonía vocal reservada como el suministro 
comercial de un sistema de transmisión directa de voz en tiempo real entre usuarios 
conectados a terminales de una red de telecomunicaciones. Todos los demás servicios 
prestados al públicos están liberalizados, aunque hay un procedimiento de declaración o, 
en el caso de los servicios de 5 o más Mbits/seg, un procedimiento de autorización60. 
De conformidad con el artículo L 34.2, France Télécom está facultada para prestar todo 
tipo de servicios de transporte (así se llama en la normativa francesa el suministro de 
simple reventa de servicios de conmutación de datos por paquetes o por circuitos). Los 
demás prestadores tiene que obtener una autorización. Francia ha adoptado condiciones 
de autorización suplementarias para el suministro de servicios de transporte. En su 
momento se notificó a la Comisión un proyecto definitivo de Decreto de aplicación del 
artículo L 34.2 sobre servicios de transporte. El 26 de noviembre de 1992 la Comisión 
decidió no plantear objeciones a su entrada en vigor. Este Decreto se aprobó oficialmente 
el 30 de diciembre de 1993 y se publicó en el Boletín del Estado francés de 31 de 
diciembre de 1993 (p. 18276). Este Decreto establece una serie de condiciones 
relacionadas con: 
las exigencias esenciales, 
la medición y publicación de las características del servicio y del área que abarca 
(artículo 2), 
el respeto de ciertas restricciones técnicas en materia de acceso al servicio 
(artículo 3), 
la interconexión con otros servicios de transporte (artículo 4), 
la defensa nacional y la seguridad pública a propósito de la codificación de datos 
(artículo 5), 
la competencia leal. 
La autorización de que goza France Télécom para prestar este servicio no puede 
transferirse a sus filiales. Por ello, TRANSPAC, que es una filial de la Compagnie 
Générale des Communications (COGECOM), que a su vez es una filial al 100% de 
France Télécom, tuvo que solicitar una autorización, que le fue concedida mediante Orden 
de 15 de julio de 1993 (Boletín del Estado francés de 8 de agosto de 1993, p. 11224). 
Por lo que se refiere a la separación de las funciones de regulación y explotación (artículo 
7), el Ministro de Industria, Correos y Telecomunicaciones y Comercio Exterior garantiza 
el cumplimiento de la normativa por los operadores públicos y vela por que la función 
de regulación del sector de las telecomunicaciones y la función de explotación de las 
redes y el suministro de servicios de telecomunicaciones sean ejercidas de manera 
independiente. Este ministro ejercita sus facultades a través de la "Direction Générale des 
Postes et Télécommunications" (DGPT). 
60 Se han concedido autorizaciones a las siguientes empresas: SITA, BT, SPRINT, SLIGOS, GSI, 
EDT y ESPRIT TELECOM. 
• 38 
IRLANDA 
Irlanda ha aprobado una serie de normas específicas para dar cumplimiento a la Directiva. 
Estas normas, contenidas en el "Statutory Instrument SI. 45 de 1992; European 
Communities (Telecommunications Services) Regulations 1992", han modificado la Ley 
de servicios de correos y telecomunicaciones de 1983. 
En materia de telefonía vocal, la definición de "telefonía vocal pública" del S.I. 45 es 
reflejo de la establecida en la Directiva. El derecho exclusivo concedido a Telecom 
Eireann en virtud de la Sección 87 de la Ley de 1983 se restringe a la oferta, suministro 
y mantenimiento de la red pública de telecomunicaciones y la oferta, suministro y 
mantenimiento de servicios de telefonía vocal con arreglo a la Norma 3.1 del S.I. 45. 
Pueden obtenerse autorizaciones para servicios de valor añadido con arreglo al artículo 
111 de la Ley de 1983 para el suministro de cualquier otro tipo de servicios, incluida la 
transmisión de voz a grupos cerrados de usuarios y los servicios vocales que sólo utilizan 
un punto de conexión entre las líneas arrendadas y la red pública conmutada. A finales 
de 1994 se habían concedido 20 autorizaciones de este tipo. 
El "Statutory Instrument" 45 de 1992 establece los derechos de los titulares de estas 
autorizaciones en materia de acceso a la red pública de telecomunicaciones y uso de la 
misma. Las condiciones aplicadas deben ser objetivas, públicas y han de carecer de 
efectos discriminatorios. De igual modo, en virtud de la Norma 4.3 del S.I. deben 
satisfacerse las solicitudes de líneas arrendadas en un plazo razonable y no deben 
imponerse restricciones al uso de dichas líneas salvo que sean necesarias para impedir que 
se presten servicios telefónicos y para garantizar la seguridad del funcionamiento de la 
red, el mantenimiento de la integridad de la red y, en casos justificados, la 
ihteroperabilidad de los servicios y la protección de los datos. 
Por lo que se refiere al artículo 7 de la Directiva de Servicios, el Ministro de Transportes, 
Energía y Comunicaciones es responsable del control de Telecom Eireann de conformidad 
con lo dispuesto en la Norma 5 del S.I. 45. • 
ITALIA 
En Italia la Directiva ha sido incluida en la Ley 142 de 19 de febrero de 1992, "Legge 
Comunitaria 1991 " (LC 1991), que atribuye al Gobierno la facultad de promulgar, en el 
plazo de un ano a partir de su entrada en vigor (amas tardar el 6 de marzo de 1993), una 
serie de decretos legislativos para aplicar las directivas comunitarias enumeradas en los 
Anexosr A y B, incluida la Directiva de Servicios. No obstante, el Decreto legislativo de 
aplicación de la Directiva de Servicios no fue aprobado en dicho plazo. Por ello, el 
Gobierna italiano incluyo la Directiva de Servicios en el artículo 54 de la Ley 146 de 22 
de febrero de 1994 (Legge comunitaria 1993). 
Este artículo repite los principios y criterios que deben seguirse para preparar el decreto 
legislativo de aplicación de la Directiva que ya habían sido enumerados en la LC 1991. 
Así, este artículo vuelve a prever un procedimiento de autorización específico para el 
suministro de servicios de conmutación de datos por paquetes o por circuitos, a pesar de 
que el plazo fijado en el artículo 3 de la Directiva de Servicios para el establecimiento 
de tales procedimientos ya había vencido. Dado ¡que, en virtud del efecto directo de los 
artículos 2 y 3 de la pirectiva, la simple reventa de capacidad ha quedado liberalizada 
: .-. .'"' 39 '•• -. : .V. -
en ese país sin restricción adicional alguna, el Gobierno italiano deberá justificar 
apropiadamente la reintroducción de cualquier restricción adicional. 
Como todavía no se han adoptado los correspondientes decretos legislativos, la Comisión 
está considerando la posibilidad de denunciar a Italia ante el Tribunal de Justicia por 
incumplimiento de su obligación de notificar las medidas de aplicación de la Directiva 
de Servicios. 
Entre tanto, sigue vigente el artículo 1 del Código Postal italiano de 1973, que dispone 
que "los servicios de telecomunicaciones ... son competencia exclusiva del Estado", 
aunque el artículo 2 de la Directiva implica que este artículo y las demás disposiciones 
por las que se establece un monopolio estatal de servicios de telecomunicaciones deben 
modificarse para facultar a los operadores privados a prestar todo tipo de servicios de 
telecomunicaciones salvo los pertenecientes a aquellas áreas bien delimitadas reservadas 
para el Estado. De conformidad con el marco jurídico italiano vigente, sólo pueden 
suministrarse los servicios de valor añadido enumerados en el artículo 3.2 del Plan 
Nacional de Regulación del Sector de las Telecomunicaciones, aprobado mediante 
Decreto Ministerial de 6 de abril de 1990. 
No obstante, en su decisión de 10 de enero de 1995, la autoridad italiana de defensa de 
la competencia (Autoritá Garante) declaró, en contra de lo previsto en la normativa 
italiana, que la negativa de Telecom Italia a suministrar líneas arrendadas a las empresas 
privadas que quisiesen ofrecer servicios de voz liberalizados en virtud de la Directiva 
constituía un abuso de posición dominante y requirió a Telecom Italia61 para que 
comunicase, en el plazo de 90 días, las medidas adoptadas para suprimir las restricciones 
a la competencia en el mercado de los servicios de voz para redes empresariales y grupos 
cerrados de usuarios, incluidas las redes virtuales privadas. La autoridad de defensa de 
la competencia basó su decisión en el efecto directo de los artículos 1 y 2 de la Directiva 
de Servicios en Italia. Telecom Italia ha recurrido esta decisión. 
Con la aplicación de la Ley 58/92 de reorganización del sector de las telecomunicaciones, 
las funciones de regulación y explotación quedaron, en principio, separadas al transferirse 
los organismos de explotación del Ministerio, esto es, ASST, a Iritel, una empresa del 
Grupo IRI. En la actualidad el Parlamento italiano está examinando un proyecto de ley 
sobre "las autoridades reguladoras de los servicios públicos" (n° 359) que, si se aprueba, 
creará, en otras cosas, un órgano regulador para el sector de correos y 
telecomunicaciones. No obstante, resulta difícil prever cuándo se aprobará. 
LUXEMBURGO 
En 1990 este país aprobó dos actos legislativos para incorporar la Directiva: el 
Reglamento (Règlement grand-ducal) de 3 de agosto de 1990, por el que se establecen 
las normas generales aplicables a los servicios públicos de telecomunicaciones, y los 
Reglamentos de 8 de octubre de 1990 sobre los servicios públicos de teléfono, las líneas 
arrendadas de telecomunicaciones, el servicio público luxpac, los servicios públicos de 
transmisión de alarmas y el servicio público de teléfono automático - Serviphone. 
1 Telecom Italia se creó el 18 de agosto de 1994 con la fusión de SIP, Maleable, IRITel, Telespazio 
y SIRM. 
40 
Mediante carta de 22 de octubre de 1991, las autoridades luxemburguesas declararon su 
intención de modificar la definición de "servicio telefónico básico" contenida en el 
Reglamento y añadir el término "para el público". 
Lá Ley de 20 de febrero de 1992 transformó la antigua Administration des P&T en una 
empresa pública con personalidad jurídica propia para cumplir el requisito del artículo 7 
de la Directiva, de separación de las funciones de regulación y explotación. El Ministro 
de Correos y Telecomunicaciones ejerce todos los poderes reguladores en lo referente al 
establecimiento y explotación de las redes de telecomunicaciones. 
PAÍSES BAJOS 
La legislación básica de telecomunicaciones de los Países Bajos, la Ley 520 de 
instalaciones de telecomunicaciones (Wet óp de Telecommunicatievoorzieningen, 
"WVT"), de 26 de octubre de 1988, que entró en vigor el 1 de enero de 1989, fue 
elaborada antes de la publicación del Libro Verde de la Comisión de 1987. Por ello, 
utiliza una terminología que difiere sustancialmente de la de la Directiva. 
Los servicios de telefonía vocal reservados se definen en el artículo 2 del Decreto 551 
de 1 de diciembre de 1988, que enumera los servicios obligatorios de KPN (Koninklijke 
PTT Netherlands). Según esta definición, no sólo están reservados los servicios 
comerciales. Además, esta definición no limita el monopolio a la telefonía vocal "para 
el público". Por último, tampoco tiene en cuenta si la prestación del servicio implica la 
utilización de dos puntos de conexión de las líneas arrendadas. Estas cuestiones se 
discutieron en una serie de contactos bilaterales mantenidos entre las autoridades 
neerlandesas y los servicios de la Comisión. A raíz de estos contactos, las autoridades 
neerlandesas publicaron una circular el 30 de mayo de 1994 que autorizaba los servicios 
de voz para grupos cerrados de usuarios. No obstante, la cuestión de los servicios de voz 
prestados a través de líneas arrendadas utilizando tan sólo una conexión con la red 
pública conmutada todavía está siendo discutida. 
El organismo regulador en materia de telecomunicaciones es el Ministerio de Transportes 
y Obras Públicas (Verkeer en Waterstaat), que puede dar instrucciones precisas a KPN 
sobre la ejecución de las directivas generales (BART) y las obligaciones relacionadas con 
los servicios obligatorios. Una de las responsabilidades de dicho Ministerio es la fijación 
de la política general de tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones (que, en 
la práctica, equivale al"control de precios" del Reino Unido). 
PORTUGAL 
Como en el caso de los Países Bajos, la normativa de telecomunicaciones portuguesa es 
anterior a la aprobación de la Directiva. La "Ley básica sobre el establecimiento, gestión 
y explotación de las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones", Ley 88/89 ("Ley 
básica") se aprobó el 11 de septiembre de 1989, antes de la adopción de la Directiva. Éste 
es el motivo por el que la terminología utilizada en dicha Ley a menudo difiere 
considerablemente de la de la Directiva. La Ley básica, y en particular la distinción entre 
servicios complementarios y servicios de valor añadido, se basa más en el tipo de 
tecnología utilizado que en la clase de servicio prestado. 
41 
En lo referente a la cuestión de los servicios reservados, cabe señalar que la legislación 
portuguesa no define los servicios cuya prestación está reservada a los operadores 
públicos de manera tan restrictiva como la Directiva de la Comisión. En primer lugar, el 
artículo 2.2 de la Ley básica define las "telecomunicaciones para uso público" como todos 
los servicios que están concebidos para cumplir los requisitos colectivos genéricos de la 
transmisión y recepción de mensajes e información. Esta definición es más amplia que 
el concepto de público de la Directiva. Ciertamente, la Ley básica enumera en su artículo 
2.3 las telecomunicaciones de uso privado y en la letra h) se incluyen "otras 
comunicaciones reservadas para el uso de entidades públicas o privadas concretas por 
medio de una autorización concedida por el Gobierno de conformidad con lo dispuesto 
en los tratados o acuerdos internacionales o la legislación especial vigente". No obstante, 
desde la entrada en vigor de la Ley, el Gobierno portugués no ha adoptado la legislación 
necesaria para liberalizar la telefonía vocal o los servicios de télex prestados a grupos 
cerrados de usuarios. En septiembre de 1991, el Gobierno portugués anunció la 
aprobación de una Orden ministerial (diploma) sobre las redes privadas para resolver esta 
cuestión. Mediante carta de 18 de noviembre de 1993, las autoridades portuguesas 
confirmaron que todavía estaban estudiando la cuestión y en una reunión bilateral 
posterior de 31 de enero de 1994 quedó patente su incapacidad para comprometerse con 
un calendario más preciso. 
En segundo lugar, en la legislación portuguesa la telefonía vocal se define de manera más 
lata que en la Directiva. La Ley básica no define la telefonía vocal. Ésta se define en el 
artículo 1 del anterior Reglamento de servicio telefónico público anexo al Decreto 
(Decreto-Lei) 199/87 de 30 de abril de 1987. La Ley básica se refiere a la explotación 
técnica de un sistema de acceso de los abonados a la red fija (que define como el 
conjunto de medios de transmisión situados entre un terminal y el primer nodo de 
concentración, conmutación o proceso), sin establecer distinciones según que este 
"sistema de acceso" sea una línea arrendada o la red telefónica pública conmutada. De 
igual modo, la Ley básica tampoco tiene en cuenta el número de conexiones con la línea 
arrendada que pueden utilizarse. 
En tercer lugar está la cuestión de las condiciones de autorización. Según la Directiva, 
los Estados miembros pueden establecer un régimen de concesión de autorizaciones para 
la prestación de servicios de telecomunicaciones cuando sea necesario para garantizar el 
respeto de las exigencias esenciales especificadas en la Directiva. Sin embargo, el 
régimen de concesión de autorizaciones portugués incluye otras obligaciones. 
Los servicios liberalizados se dividen en dos categorías: "servicios de telecomunicaciones 
complementarios" y "servicios de valor añadido", según un criterio técnico: la utilización 
de la propia infraestructura, especialmente los nodos de concentración, proceso y 
conmutación. Por consiguiente, los servicios más liberalizados pertenecen a la categoría 
de servicios fijos complementarios. Cada una de estas dos categorías de servicios está 
sujeta a sus propios requisitos de autorización. 
El apartado 2 del artículo 4 de la Directiva obliga a los Estados miembros a velar por que 
no haya más restricciones a la utilización de las líneas arrendadas que las justificadas por 
exigencias esenciales o por la existencia del monopolio de telefonía vocal. El artículo 14 
de la Ley básica parece más restrictivo, ya que sólo permite la utilización de tráfico de 
voz por líneas arrendadas para el uso exclusivo del abonado o para la prestación de 
servicios complementarios y de valor añadido, e incluso exige la obtención de una 
autorización para la utilización compartida de circuitos arrendados. 
42 
Portugal sostiene que su régimen de servicios complementarios (Portaría 930/92) es 
conforme al artículo 3 de la Directiva. No obstante, esta cuestión está por resolver. 
Portugal separó las funciones de regulación y explotación en 1989. De conformidad con 
la Ley básica, el Ministerio es responsable de la supervisión y control de las 
telecomunicaciones. Estas competencias incluyen la planificación y coordinación de los 
servicios e infraestructuras públicos nacionales que se consideren esenciales. 
En la práctica, la función de regulación se ha delegado en el Instituto de Comunicaciones 
de Portugal (ICP) y el Ministerio se limita a supervisar dicho Instituto y aprobar las 
directrices propuestas por él. 
REINO UNIDO 
En este país la legislación vigente aplicable a los servicios de telecomunicaciones es la 
Ley de Telecomunicaciones de 1984, que es anterior al Libro Verde de la Comisión y a 
la Directiva. Esta Ley ha sido ampliada en virtud de una nueva normativa basada en el 
Libro Blanco de 1991 y que ha supuesto la modificación de las autorizaciones existentes, 
la extensión de las autorizaciones de comunicación por cable para incluir la prestación 
de servicios de telefonía vocal y la concesión de nuevas autorizaciones. 
En general, la legislación del Reino Unido antecede ala Directiva de la Comisión. Por 
ejemplo, los derechos exclusivos de que gozaba BT para prestar los servicios de 
telecomunicaciones contemplados en el artículo 2 de la Directiva fueron suprimidos en 
el Reino Unido por el artículo 2 de la Ley de Telecomunicaciones de 1984. El artículo 
5 de esta Ley dispone que para explotar sistemas de telecomunicaciones será necesario 
contar con una autorización (que puede ser individual o por categorías). 
En cuanto a las disposiciones del artículo 4 de la Directiva, no se ha establecido una 
definición precisa de infraestructura, como en el caso de Alemania y los Países Bajos. El 
artículo 4 de la Ley de Telecomunicaciones define, por el contrario, el concepto de 
"sistema de telecomunicaciones" como: un sistema destinado al transporté, por medio de 
energía eléctrica, magnética, electromagnética, electroquímica o electromecánica, de: 
voz, música y otros sonidos, 
- imágenes visuales, -
señales que sirvan para transmitir (entre personas, entre cosas o entre personas y 
cosas) cualquier cosa que no sean sonidos o imágenes visuales, o 
- señales que sirvan para accionar o controlar máquinas o aparatos. 
El Ministerio competente llama a algunos de estos sistemas "sistemas de 
telecomunicaciones públicas". Los operadores de sistemas de telecomunicaciones públicas 
son titulares de autorizaciones individuales y generalmente están asimilados a operadores 
públicos de telecomunicaciones. Disfrutan de este tipo de licencias alrededor de veinte 
operadores públicos de enlace fijo y se han otorgado 126 concesiones de televisión por 
cable. 
Junto con la Ley de Telegrafía Inalámbrica de 1949, la Ley de Telecomunicaciones de 
1984 garantiza un ejercicio independiente de las funciones de regulación especificadas en 
el artículo 1. Asume esta tarea principalmente OFTEL, un departamento administrativo 
' ' « 43 
que no esta adscrito a ningún ministerio y depende del Director General de 
Telecomunicaciones, quien mientras dura su mandato no está sujeto a control ministerial. 
SUECIA 
En Suecia nunca ha habido un monopolio legal (de derecho) en telecomunicaciones. El 
monopolio de hecho del que disfrutaba Telia (anteriormente "Televerket") era el resultado 
de un proceso comercial. 
El actual marco reglamentario de las telecomunicaciones está basado en la Ley de 
Telecomunicaciones (Telelagen) de 1993. Al amparo de esta Ley, no existen los derechos 
exclusivos de prestación de servicios de telecomunicaciones (Art. 2.1. y 4). Cualquier 
operador tiene el derecho de obtener una licencia y de prestar servicios de 
telecomunicaciones. Las denegaciones de licencias deben ser justificadas y, además, el 
Artículo 37 de la Ley establece que las apelaciones contra la denegación de las licencias 
deberán ser presentadas ante el Tribunal Administrativo de Apelación. 
La posesión de una licencia es únicamente necesaria para la operación de las redes 
públicas y el suministro de líneas alquiladas. Otros servicios sólo están sujetos a un 
proceso de registro. 
No hay restricciones en el procesamiento de señales antes o después de la transmisión a 
través de la red pública (Art. 6.1.), ni tampoco hay discriminación alguna respecto a las 
condiciones de uso o en las tasas a pagar (Art. 6.2.). 
Teniendo en cuenta la separación existente entre el regulador y los operadores (Art. 7 de 
la Directiva), el Telestyrelsen (Agencia de Telecomunicaciones) es la encargada de 
asegurar el respeto de la reglamentación por parte de todos los operadores. La Agencia 
fue creada el 1 de julio de 1992. Su funcionamiento se establece en el Fôrording 
1992:895. La Agencia puede imponer sanciones, que incluyen la revocación de las 
licencias, a los operadores que no cumplan con sus obligaciones. 
La Agencia está presidida por un Director General, bajo la supervisión de un consejo, 
nombrado por el Gobierno. El Telestyrelsen tiene también responsabilidades en el área 
de la defensa. La Agencia obtiene sus recursos de tasas calculadas sobre la facturación 
bruta de los licenciatarios y de las demás partes inscritas en el registro. 
El mayor operador de telecomunicaciones en Suecia es Telia, el cual fue inscrito como 
compañía de responsabilidad limitada el 1 de enero de 1993 de acuerdo con la Ley 
1992:100. Es una compañía pública al 100%, supervisada por el Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones. 
AUSTRIA 
Austria transcribió la Directiva principalmente a través de su Ley 4e Telecomunicaciones 
(Femmeldegesetz) N° 908/1993, que entró en vigor el 1 de abril de 1994. Austria, sin 
embargo, no ha notificado todavía los decretos de desarrollo de esta Ley, ni tampoco las 
condiciones generales de uso de la red pública. 
44 
El servicio telefónico reservado es definido en los Artículos 44(2) y 2(6) de la Ley. La 
definición no se corresponde enteramente con la definición de la Directiva. Sin embargo, 
no se requiere la obtención de licencias para el suministro de servicios liberalizados. Las 
condiciones de acceso a la red pública y de uso de líneas alquiladas serán establecidas, 
a ténor del Artículo 44(6), en las condiciones generales de uso (Geschâftsbedingungen). 
El operador público de telecomunicaciones es el Post und Telegraphenverwaltung (PTV). 
La Ley confía las tareas reglamentarias al Ministerio de Economía Pública y 
Comunicaciones. 
FINLANDIA 
El marco regulador básico finlandés de las telecomunicaciones es la Ley de 
Telecomunicaciones 87/183 (Teletoimintalaki), la cual fue enmendada en 1988, 90 y 92. 
Bajo este marco, no existen ya ni derechos especiales ni exclusivos para la provisión dé 
servicios de telecomunicaciones, incluida la telefonía de voznen Finlandia. El sector de 
las telecomunicaciones ha sido abierto en su totalidad a la competencia. Las redes 
públicas de telecomunicaciones son operadas por organizaciones que poseen una licencia 
operativa otorgada por el Gobierno. 
El Artículo 10 de la Ley establece los derechos y obligaciones de los suscriptores y, en 
particular, el derecho al alquiler de líneas, así como los derechos al uso de aquellas en 
la provisión de servicios de telecomunicaciones o a su subarriendo a otros. 
Las comunicaciones de datos de conexión pública están sólo sometidas a notificación 
(Artículo 5(2) de la Ley). En 1994, había 63 organizaciones con licencias operativas y 
13 organizaciones notificadas que operaban conmutaciones de datos para el público. 
Los Artículos 18 a 23 de la Ley otorgan al Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones el poder de supervisión general y el fomento del sector de las 
telecomunicaciones. La aplicación cotidiana de la Ley de las Telecomunicaciones se 
confía, sin embargo, al Centro de Administración de las Telecomunicaciones, el cual es 
una agencia dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En 
principio, los costes del centro son cubiertos con las tasas de las licencias y de la 
inspección. ^ 
Telecom Finlandia es de propiedad estatal al 100%, pero opera como si fuera un tercero 
respecto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, aunque los miembros dé 
su consejo, así como sus máximos ejecutivos, son nombrados por el Gobierno. 
45 
ANEXO II 
LISTA DE AUTORIDADES REGULADORAS 
NACIONALES COMPETENTES 
EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES 
La descripción del marco reglamentario de los Estados miembros expuesta en el Anexo I 
se basa en la información notificada oficialmente a la Comisión. 
Para más información, es preferible dirigirse directamente a las autoridades reguladoras 
de los Estados miembros. La dirección completa de estas autoridades ha sido publicada 
en el Diario Oficial C 277/9 de 15 de octubre de 1993. 
Bélgica Institut belge des services postaux et 
des télécommunications (IBPT) 
Avenue de l'Astronomie, 14 
1000 Brussels 
Dinamarca Telestyrelsen 
Holsteingade 63 
DK - 2100 Kafbenhaven 0 
Alemania Bundesministerium fur Post 
und Telekommunikation 
Postfach 80 01 
D-53005 Bonn 
Grecia Ministry of Transport 
Sygrou 49 
Athens 
España Dirección General de 
Telecomunicaciones 
5a. planta 
Plaza de Cibeles s/n 
E-28701 Madrid 
Francia Direction générale des Postes et 
Télécommunications 
20, avenue de Ségur 
75700 Paris 
46 
Irlanda i Department of Transport, Energy 
¡ and Communications 
| Scotch Hause, 
| Hawkins Street 
! Dublin 2 
Italia ¡ Ispettorato genérale delle 
, | telecomunicazioni 
[Viale Europa 190 
1 00 144 Roma _-L ——— .— +— _ z _ 
Luxemburgo ¡ Ministère des Communications 
| 18, montée de la Pétrusse 
i L - 2945 Luxembourg 
—----———•——-—--—: . \-— ———.-_»—__-—.—.—_—»-_. 
Países Bajos j Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
¡ Hoofddirectie telecommunicatie en Post 
| Postbus 20901 
! NL - 2500 EX's Gravenhage 
————————T———-—: —-H —-—-—• ———-————-
Portugal | ICP 
¡ Av. José Malhoa Lote 1683 ! 1000 Lisboa —_~~———. —— -4 — 
Reino Unido j DTI 
¡ 151 Buckhingham Palace Road 
í London SW1W 9SS .—- **__ —+-——— ——— 
Suecia { Telestyrelsen (Telecom Agency) 
| Box 5398 
! S-10249 Stockholm . _ .„.——._- —-+- -_._ —~~ —-—.—_. 
Austria j Bundesministerium für ôffentliche 
| Wirtschaft und Verkehr 
j Kelsenstrafie 7 
r ! A-1030Wien 
¿_*_—-—_4—u +- _.—__^_—— . 
Finlandia j Telehallintokeskus 
j Vattuniemenkatu 8 A 
' , \ PL 53 
j SF-00211 Helsinki 
47 
BSN 0257-9545 
COM(95) 113 final 
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