La Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, afirmó en su discurso sobre el estado de la Unión de 2020 que «si usted es madre o padre en un país, también lo es en todos los demás países.». Con esta declaración, la Presidenta se refirió a la necesidad de garantizar que la filiación determinada en un Estado miembro sea reconocida en todos los demás Estados miembros. La Comisión ha tenido conocimiento a través de denuncias de ciudadanos, peticiones al Parlamento Europeo y procesos judiciales de que las familias pueden encontrar dificultades para que la filiación de sus hijos sea reconocida en situaciones transfronterizas dentro de la UE. Las causas de los problemas con el reconocimiento de la filiación son: i) las normas discrepantes de los Estados miembros relativas a la determinación de la filiación en situaciones internas (normas sustantivas) y en situaciones transfronterizas (normas sobre el Derecho aplicable); ii) las normas discrepantes de los Estados miembros relativas al reconocimiento de la filiación determinada en el extranjero; y iii) la ausencia de normas sobre el reconocimiento de la filiación en los instrumentos legales de la UE y a escala internacional vigentes. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia (en los sucesivo, «TJUE») obliga a los Estados miembros a reconocer la filiación determinada en otro Estado miembro a efectos de los derechos derivados del Derecho de la Unión, en particular los derechos que el hijo o la hija disfruta en virtud del Derecho de la Unión en materia de libre circulación, incluida la Directiva 2004/38/CE. Sin embargo, en virtud de la jurisprudencia del TJUE, los Estados miembros no están actualmente obligados a reconocer la filiación del hijo o de la hija con otros fines. El no reconocimiento de la filiación con otros fines puede tener consecuencias negativas importantes para los hijos en situaciones transfronterizas. Este no reconocimiento interfiere con los derechos fundamentales de los hijos, en particular el derecho a la identidad, el derecho a la no discriminación y el derecho al respeto de la vida privada y familiar. También pueden denegarse los derechos que la legislación nacional confiere a los hijos en virtud de la filiación. En consecuencia, los hijos pueden perder, en lo que respecta a uno de sus progenitores, sus derechos sucesorios, de alimentos o de custodia en otro Estado miembro, o su derecho a que cualquiera de sus progenitores actúe como representante legal en otro Estado miembro en cuestiones como escolarización, tratamientos médicos, apertura de una cuenta bancaria o gestión de su patrimonio. El no reconocimiento de la filiación lleva a veces a las familias a iniciar un litigio para que se reconozca la filiación de su hijo o hija en otro Estado miembro. Sin embargo, estos procedimientos implican costes, plazos y cargas considerables y tienen resultados inciertos. Además, el no reconocimiento de la filiación tiene un efecto negativo en el bienestar de los hijos y sus familias. En última instancia, la falta de reconocimiento de la filiación puede disuadir a los hijos y sus familias de ejercer su derecho a la libre circulación por temor a que la filiación del hijo o la hija no sea reconocida en otro Estado miembro a todos los efectos.