COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 11.11.1996 
COM(96) 535 final 
95/0207 (COD) 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
con arreglo a la letra d) del apartado 2 del artículo 189 B del Tratado CE, 
sobre las enmiendas del Parlamento europeo 
a la posición común del Consejo sobre la 
propuesta de 
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
relativa a la interconexión en el sector de las telecomunicaciones con vistas a 
garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de 
los principios de red abierta (ONP) 
POR EL QUE SE MODIFICA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
con arreglo al apartado 2 del artículo 189 A del Tratado CE) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La letra (d)del apartado (2) del artículo 189 B exige que la Comisión emita 
dictamen sobre las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo en segunda 
lectura. 
La Comisión presenta a continuación su dictamen sobre dichas enmiendas a la 
posición común del Consejo referente a la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y el Consejo relativa a la interconexión en el sector de las 
telecomunicaciones con vistas a garantizar el servicio universal y la 
interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de red abierta (ONP). 
Se incluye una propuesta modificada que recoge las enmiendas propuestas por el 
Parlamento Europeo en segunda lectura y aceptadas por la Comisión. 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
1.ANTECEDENTES 
a) La Comisión adoptó su propuesta el 19.07.95, propuesta que fue transmitida 
oficialmente al PE y el Consejo el 12.09.951. 
b) El Comité Económico y Social emitió dictamen favorable el 28.02.962. 
c) El Parlamento Europeo aprobó una resolución favorable en primera lectura el 
14.02.96, proponiendo 69 enmiendas a la propuesta de la Comisión3. 
d) El Consejo adoptó su posición común el 18.06.96. 
1 DOn°C313, 24.11.1995, p.7 
2 TRA/301 , 28.02.1996 
3 A4-0017/96, PV 14.02.1996 
e) La Comisión aceptó dicha posición común e informó al Parlamento Europeo de su 
posición el 14.06.96. 
f) El Parlamento Europeo votó en segunda lectura el 19.09.96, aprobando una 
resolución favorable que incluía 31 enmiendas a la posición común . 
2. FINALIDAD DE LA DIRECTIVA 
Esta Directiva constituye un elemento esencial del marco reglamentario del futuro sector 
de las telecomunicaciones, liberalizado a partir del 1.1.98. 
Hará posible que las nuevas empresas que se incorporen al mercado puedan acceder a 
los actuales clientes empresariales y particulares de forma que se fomente la inversión 
y el crecimiento del mercado en el sector de los servicios de telecomunicación, dentro 
de un marco reglamentario estable y previsible. Al mismo tiempo garantizará la conexión 
e interoperabilidad de las redes y los servicios, de manera que los usuarios puedan 
beneficiarse cada vez en mayor medida de la prestación en toda Europa de los servicios 
universales de telecomunicación. 
La Directiva establece unos principios armonizados para la interconexión que deben 
aplicarse a nivel nacional bajo la supervisión de las autoridades nacionales de 
reglamentación, de conformidad con el principio de subsidiariedad. 
3. POSICIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LAS ENMIENDAS DEL PE 
3.1 ENMIENDAS DEL PE ACEPTADAS POR LA COMISIÓN 
De las 31 enmiendas aprobadas por el Parlamento europeo en segunda lectura, la 
Comisión acepta 12 en su totalidad, y 9 parcialmente o en cuanto al fondo (con alguna 
reformulación del texto), lo que supone un total de 21. La Comisión mantiene una 
posición coherente con la manifestada con motivo de la primera lectura, y apoya las 
enmiendas que puedan mejorar la posición común. Sobre esta base, la posición de la 
Comisión sobre cada una de las enmiendas es la siguiente: 
A4-276/96, PV 19.09.1996 
Enmiendas aceptadas plenamente: 4, 5, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30 
Enmiendas aceptadas parcialmente o en cuanto al fondo: 1, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 25, 31 
En el cuadro adjunto se explica la posición de la Comisión sobre cada una de estas 
enmiendas. Las enmiendas más importantes aceptadas por la Comisión afectan a los ocho 
campos siguientes: 
Estudio de la creación de una autoridad europea de reglamentación 
[Enmiendas 8 y 31(en parte)] 
La Comisión acepta la petición mantenida en las enmiendas 8 y 31 (última parte) de que 
se examine en el informe que la Comisión debe presentar antes del final de 1999 la 
posibilidad de establecer una autoridad europea de reglamentación en materia de 
telecomunicaciones, pero considera que, en este momento, sería prematuro especificar 
las misiones que deberá desempeñar dicha entidad reguladora europea. El Consejo no 
aceptó la enmienda del PE sobre este asunto en primera lectura. 
Al apoyar la enmienda del PE, la Comisión quiere dejar constancia de que el informe 
propuesto para 1999 podría abordar esta cuestión aunque la Directiva no la mencionase 
explícitamente. 
Procedimiento de solución de litigios trasfronterizos en materia de interconexión 
[Enmiendas 5 y 27] 
La Comisión apoya las enmiendas 5 y 27 del PE que vuelven a introducir un 
procedimiento vinculante de solución de litigios a nivel de la UE, como se solicitaba en 
la propuesta original de la Comisión. 
Suspensión de algunas obligaciones de la Directiva para algunos Estados miembros 
[Enmiendas 7 y 29] 
Según consignó en su comunicación sobre la posición común del Consejo, la Comisión 
considera que el texto de la posición común da respuesta a las inquietudes fundamentales 
expresadas por el Parlamento en su primer lectura, ya que vincula la suspensión de 
algunas de las obligaciones de esta Directiva con los períodos de transición para la plena 
liberalización de los servicios de comunicación, indicando claramente que tales 
suspensiones serán validas mientras existan, y en la medida en que existan, dichos 
periodos de transición. 
No obstante, la Comisión manifiesta su preferencia por los textos propuestos por el 
Parlamento en las enmiendas 7 y 29, que exigen a los Estados miembros que se 
benefician de períodos de transición para la plena liberalización al amparo de la 
Directiva de la Comisión, con arreglo al artículo 90, relativa a la plena competencia de 
los mercados de telecomunicaciones (96/19/CE) que soliciten la correspondiente 
suspensión de algunas obligaciones de esta Directiva en la medida en que lo justifique 
cualquier derecho especial o exclusivo referente a las telecomunicaciones. 
Definición de interconexión 
[Enmienda 10] 
Uno de los objetivos principales de esta Directiva es facilitar el establecimiento de una 
competencia efectiva en todos los niveles del mercado de la comunicaciones y, en 
particular, en los servicios y en las infraestructuras de red. Por esta razón, la Comisión 
apoya en cuanto al fondo la enmienda 10, que explicita que los proveedores de servicios 
están incluidos en el ámbito de aplicación de la definición de interconexión. Sin 
embargo, la redacción de esta definición que figura en la propuesta original de la 
Comisión es más correcta técnicamente que la propuesta en la enmienda del PE (se 
refiere a la conexión de las instalaciones de las organizaciones prestadoras de servicios 
de telecomunicación no a conexión de servicios de telecomunicación, como en la 
enmienda propuesta). 
La Comisión no hace suya la otra parte de la enmienda, que introduce una referencia a 
los "puntos de interconexión" ya que este término no se define ni utiliza en la Directiva. 
Reconsideración de la necesidad de la Directiva cuando se haya elaborado una 
competencia efectiva 
[Enmienda 9] 
La Comisión coincide con la idea expresada en la enmienda 9 de que las normas sobre 
competencia del Tratado serán las que desempeñen el papel primordial una vez 
conseguida la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones, y de que 
en ese momento habrá que replantearse si la Directiva resulta necesaria. Sin embargo, 
la Comisión considera que este principio debe expresarse en un considerando y no en 
un artículo, como propone el Parlamento, ya que no se trata de un requisito jurídico. 
Además, sería prematuro especificar en este momento qué especificaciones resultarán 
adecuadas (o no lo resultarán) en un entorno de competencia efectiva. 
Transportabilidad de los números 
[Enmiendas 25 y 31 (en parte)] 
La Comisión apoya la exigencia, contenida en la enmienda 25, de que las llamadas se 
transfieran al nuevo número del usuario o que se comunique el nuevo número a quienes 
las efectúan cuando todavía no se disponga de la transportabilidad de los números, dada 
la importancia que tienen estas facilidades para los usuarios del teléfono. La Comisión 
coincide también con el Parlamento en la especificación de que dichas facilidades deben 
proporcionarse bien a una tarifa razonable aprobada por la autoridad nacional de 
reglamentación (en el caso de la transportabilidad de los números y la transferencia de 
las llamadas), bien gratuitamente (en el caso de la comunicación del número nuevo). La 
Comisión, sin embargo, no está de acuerdo en que la exigencia de que los números sean 
transportables no se limite a la red telefónica pública fija, sino que se extienda a todos 
los números nacionales, ya que esto supondría ampliar excesivamente su alcance y 
retrasar su aplicación. 
La Comisión apoya la enmienda 31 (primera parte) del PE, que menciona explícitamente 
la posibilidad de anticipar el calendario de introducción de la transportabilidad de los 
números. 
Posición en las organizaciones y foros internacionales relacionados con la 
numeración 
[Enmiendas 4 y 23] 
La Comisión apoya las enmiendas 4 y 23, que refuerzan la exigencia de que se cordinen 
las posiciones de los Estados Miembros y de la Comunidad en las organizaciones y foros 
internacionales en los que se adoptan decisiones en materia de numeración. 
Orientaciones de la Comisión 
[Enmiendas 3(en parte) y 17] 
Se considera que las orientaciones constituyen la herramienta más adecuada para abordar 
problemas financieros complejos, dado que resultan más flexibles y fáciles de actualizar 
que la legislación de la UE. El procedimiento del Comité propuesto garantizará que las 
orientaciones cuenten con el respaldo de los Estados miembros. Por ello, la Comisión 
apoya las enmiendas 3 (primera parte) y 17 (primera parte) que vuelven a introducir la 
solicitud de que la Comisión elabore orientaciones en materia de sistemas de contabilidad 
de costes y de separación (más que transparencia) contable en relación con la 
interconexión. Sin embargo, tales orientaciones no pueden tener carácter vinculante. 
3.2. ENMIENDAS DEL PE NO ACEPTADAS POR LA COMISIÓN 
La Comisión no ha aceptado 10 de las 31 enmiendas propuestas por el Parlamento 
Europeo. 
Las enmiendas no aceptadas por la Comisión son las siguientes: 
Enmiendas no aceptadas : 2, 6, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 26, 28 
A continuación se explican las razones por las que no se han aceptado dichas enmiendas, 
que se han agrupado en cuatro grandes categorías. 
Servicio universal 
[Enmiendas l(en parte), 11, 12, 15 y 18] 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas del PE por las que se solicita a los Estados 
miembros que establezcan un fondo del servicio universal para la financiación del coste 
neto de las obligaciones de servicio universal (enmiendas 1 (última parte), 11, 12 y 18). 
Corresponde a los Estados miembros decidir si resulta necesario un sistema para la 
financiación del servicio universal. Es posible que algunos de ellos decidan no establecer 
ningún mecanismo de reparto del coste neto de las obligaciones del servicio universal 
si dicho coste es muy reducido. Por otro lado, según el modo en que un Estado miembro 
imponga las obligaciones de Servicio universal, puede resultar conveniente establecer un 
fondo del servicio universal o recaudar las aportaciones destinadas a sufragar los costes 
del servicio universal mediante una cuota suplementaria que deberán abonar las partes 
interconectadas. En ambos casos, las exigencias de transparencia y objetividad son las 
mismas y las aportaciones de los agentes del mercado serán también las mismas. La 
Comisión ha expresado su preferencia por los fondos del servicio universal en su 
comunicación sobre la consulta referente al Libro Verde sobre infraestructuras. Sin 
embargo, dado que el coste del servicio telefónico universal en algunos Estados 
miembros es relativamente bajo, es posible que los gastos asociados al establecimiento 
de un fondo de servicio universal administrado con independencia no estén justificados 
en todos los casos. 
La Comisión tampoco puede aceptar la enmienda 15, que solicita que la Comisión 
prepare, antes del 31 de Octubre de 1996, una propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y el Consejo sobre el cálculo del coste y la financiación del servicio universal. 
Según anunció en su publicación sobre el servicio universal publicada en marzo del 
presente año5, la Comisión tiene previsto publicar orientaciones sobre el cálculo del 
COM (96) 73, 13.03.1996 
coste y la financiación del servicio universal en las que se proporcionarán directrices más 
concretas al respecto. La Comisión no prevé en este momento la necesidad de elaborar 
una directiva específica sobre el calculo del coste y la financiación del servicio universal. 
Separación contable 
[Enmiendas 2, 19 y 20] 
La finalidad de la separación contable es garantizar la plena transparencia de las 
transferencias de costes internas y evitar la discriminación. La separación contable no 
resulta tan eficaz a la hora de evitar la discriminación como la separación estructural, 
pero resulta menos perturbadora. Las enmiendas 2, 19 y 20, propuestas por el PE, 
debilitarían la exigencia de mantener la separación contable al pedir tan sólo una 
"contabilidad transparente". Este planteamiento obligaría a las ANR a invertir recursos 
y conocimientos en cuantía muy superior, para comprobar que no se producen 
transferencias anticompetitivas. 
Comitología 
[Enmiendas 6, 26 y 28] 
Según dejó constancia en su postura sobre la posición común del Consejo, la Comisión 
lamenta que el Consejo insistiera en introducir un procedimiento de comité de 
reglamentación del tipo III a en ésta Directiva. Sin embargo, la Comisión reconoce que 
esto resulta coherente con otras directivas en el campo de la ONP, en las que está 
utilizándose el mismo procedimiento. Por ello, la Comisión, aun insistiendo en su 
preferencia por un comité consultivo, aceptó la modificación del procedimiento para que 
el Consejo pudiese adoptar la posición común por mayoría cualificada. En 1994 se llegó 
a un acuerdo interinstitucional entre el PE, el Consejo y la Comisión sobre la 
comitología, y se redactó un modus vivendi para abordar las situaciones en que se 
utilizan comités de reglamentación. Por estos motivos, la Comisión no acepta las 
enmiendas 6, 26 y 28 del PE. 
Otras enmiendas 
[Enmienda 16(en parte)] 
La Comisión no acepta la primera parte de la enmienda 16 en la que se vinculan las 
cuotas de interconexión con las aportaciones a los costes netos fijos de la red local. 
Dichos costes -que constituyen la forma de deficit de acceso- deben eliminarse 
gradualmente lo antes posible de conformidad con el derecho comunitario y, cuando 
existan, deben especificarse por separado y no incluirse en las cuotas de interconexión. 
4. Conclusiones 
La Comisión ha aceptado 21 de las 31 enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo 
en segunda lectura sea en su totalida, en parte, o en cuanto al fondo. 
De conformidad con el apartado 2 del articulo 189 A del tratado CE, la propuesta 
modificada de la Comisión incorpora dichas enmiendas. 
Propuesta modificada de 
Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo 
relativa a la interconexión en el sector de las telecomunicaciones con vistas a 
garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los 
principios de la oferta de red abierta (ONP) 
10 
Texto de la posición común Texto modificado 
Considerando 8 
(basado en la enmienda 1 del PE) 
Considerando que la Resolución del 
Consejo de 7 de febrero de 1994 establece 
las condiciones para la financiación de un 
servicio universal de telefonía vocal: que 
las obligaciones de prestación de un 
servicio universal contribuyen a la 
consecución de los objetivos de cohesión 
económica y social e igualdad territorial de 
la Comunidad; que en un Estado miembro 
puede haber más de una organización con 
obligaciones de servicio universal: que el 
cálculo del coste neto del servicio universal 
debe tener debidamente en cuenta los 
gastos y los ingresos, así como los factores 
económicos externos y los beneficios 
intangibles resultantes de la prestación del 
servicio universal, pero que no debe 
obstaculizar el proceso de reequilibrio de 
tarifas en curso; que los costes de las 
obligaciones de servicio universal deben 
calcularse sobre la base de procedimientos 
transparentes; que las aportaciones 
económicas relacionadas con las 
obligaciones de servicio universal deben 
separarse de las cuotas de interconexión; 
que cuando una obligación de servicio 
universal represente una carga injusta para 
una organización conviene permitir que los 
Estados miembros establezcan mecanismos 
para compartir el coste neto del suministro 
universal de una red de telefonía pública 
fija y un servicio de telefonía pública fija 
con otras organizaciones que administre 
redes públicas de telecomunicación y/o 
servicios de telefonía vocal a disposición 
del público; que ello habrá de efectuarse 
respetando los principios contenidos en la 
legislación comunitaria, en particular los 
relativos a la no discriminación y a la 
proporcionalidad, y sin perjuicio de los 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 100 
A del Tratado; Considerando que las obligaciones de 
prestación de un servicio universal 
contribuyen a la consecución de los 
objetivos de cohesión económica y social e 
igualdad territorial de la Comunidad; que 
en un Estado miembro puede haber más de 
una organización con obligaciones de 
servicio universal; que el objetivo debe ser 
introducir las nuevas tecnologías tales como 
la red digital de servicios integrados 
(RDSD tan pronto como sea posible v 
sobre una amplia base: que en la fase 
actual de desarrollo de la RDSI en los 
Estados miembros esta red no es accesible 
a todos los usuarios v por lo tanto no 
puede estar sujeta a las obligaciones de 
servicio universal: que el cálculo del coste 
neto del servicio universal debe tener 
debidamente en cuenta los gastos y los 
ingresos, así como los factores económicos 
externos y los beneficios intangibles 
resultantes de la prestación del servicio 
universal, pero que no debe obstaculizar el 
proceso de reequilibrio de tarifas en curso; 
que los costes de las obligaciones de 
servicio universal deben calcularse sobre la 
base de procedimientos transparentes; que 
las aportaciones económicas relacionadas 
con las obligaciones de servicio universal 
deben separarse de las cuotas de 
interconexión; que cuando una obligación 
de servicio universal represente una carga 
injusta para una organización conviene 
permitir que los Estados miembros 
establezcan mecanismos para compartir el 
coste neto del suministro universal de una 
red de telefonía pública fija y un servicio 
de telefonía pública fija con otras 
organizaciones que administren redes 
públicas de telecomunicación y/o servicios 
de telefonía vocal a disposición del 
público; que ello habrá de efectuarse 
respetando los principios contenidos, en la 
11 
Texto de la posición común Texto modificado 
Considerando 12 
(basado en la ennmienda 3 del PE) 
Considerando que las autoridades 
nacionales de reglamentación deben 
desempeñar un papel importante en lo que 
se refiere a fomentar el desarrollo de un 
mercado competitivo en interés de los 
usuarios comunitarios y garantizar una 
interconexión adecuada de las redes y la 
interoperabilidad de los servicios; que la 
negociación de acuerdos de interconexión 
puede verse facilitada si las autoridades 
nacionales de reglamentación establecen 
determinadas condiciones de antemano y 
delimitan los ámbitos que deben figurar en 
los acuerdos de interconexión; que si surge 
un litigio en materia de interconexión entre 
partes del mismo Estado miembro, la parte 
perjudicada debe poder acudir a la 
autoridad nacional de reglamentación para 
solucionar el litigio; que las autoridades 
nacionales de reglamentación deben poder 
exigir a las organizaciones la interconexión 
de sus instalaciones siempre que pueda 
demostrarse que va en interés de los 
usuarios; legislación comunitaria en particular los 
relativos a la no discriminación y a la 
proporcionalidad, y sin perjuicio de los 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 100 
A del Tratado; 
Considerando que las autoridades 
nacionales de reglamentación deben 
desempeñar un papel importante en lo que 
se refiere a fomentar el desarrollo de un 
mercado competitivo en interés de los 
usuarios comunitarios y garantizar una 
interconexión adecuada de las redes y la 
interoperabilidad de los servicios; que la 
negociación de acuerdos de interconexión 
puede verse facilitada si las autoridades 
nacionales de reglamentación establecen 
determinadas condiciones de antemano, de 
conformidad con las orientaciones comunes 
adoptadas por la Comisión con vistas a 
facilitar el desarrollo de un mercado 
interior europeo perfectamente armonizado. 
y delimitan los ámbitos que deben figurar 
en los acuerdos de interconexión; que si 
surge un litigio en materia de interconexión 
entre partes del mismo Estado miembro, la 
parte perjudicada debe poder acudir a la 
autoridad nacional de reglamentación para 
solucionar el litigio; que las autoridades 
nacionales de reglamentación deben poder 
exigir a las organizaciones la interconexión 
de sus instalaciones siempre que pueda 
demostrarse que va en interés de los 
usuarios; que cada operador debe ser 
responsable de la comunicación v 
tarificación de sus abonados hasta el punto 
de interconexión más apropiado: 
12 
Texto de la posición común Texto modificado 
Considerando 15 
(basado en la enmienda 4 del PE) 
Considerando que la numeración constituye 
un elemento clave de la igualdad de acceso; 
que las autoridades nacionales de 
reglamentación deben tener la 
responsabilidad de administrar y controlar 
los planes nacionales de numeración, así 
como los aspectos de los servicios de 
telecomunicación relacionados con la 
denominación y el direccionamiento cuya 
coordinación a nivel nacional resulta 
necesaria, con vistas a garantizar una 
competencia efectiva; que, al ejercer dicha 
responsabilidad, las autoridades nacionales 
de reglamentación deben tomar en 
consideración el principio de 
proporcionalidad, especialmente en lo que 
respecta a los efectos que cualquier medida 
pueda tener en los operadores de las redes, 
en los revendedores y en los consumidores; 
que la transportabilidad de los números es 
una facilidad importante para los usuarios 
y debe implantarse en cuanto sea viable; 
que los sistemas de numeración deben 
elaborarse previa consulta con todas las 
partes interesadas y en armonía en el marco 
europeo de numeración a largo plazo y los 
sistemas internacionales de numeración tal 
como se está haciendo en la Conferencia 
Europea de Administraciones de Correos y 
Telecomunicaciones (CEPT); que los 
requisitos de numeración en Europa, la 
demanda de prestación de nuevos servicios 
paneuropeos, así como la mundialización y 
la sinergia del mercado de las 
telecomunicaciones hacen deseable la 
coordinación de las posiciones nacionales 
en las organizaciones y foros 
internacionales cuando se tomen decisiones 
en materia de numeración; Considerando que la numeración constituye 
un elemento clave de la igualdad de acceso; 
que las autoridades nacionales de 
reglamentación deben tener la 
responsabilidad de administrar y controlar 
los planes nacionales de numeración, así 
como los aspectos de los servicios de 
telecomunicación relacionados con la 
denominación y el direccionamiento cuya 
coordinación a nivel nacional resulta 
necesaria, con vistas a garantizar una 
competencia efectiva; que, al ejercer dicha 
responsabilidad, las autoridades nacionales 
de reglamentación deben tomar en 
consideración el principio de 
proporcionalidad, especialmente en lo que 
respecta a los efectos que cualquier medida 
pueda tener en los operadores de las redes, 
en los revendedores y en los consumidores; 
que la transportabilidad de los números es 
una facilidad importante para los usuarios 
y debe implantarse en cuanto sea viable; 
que los sistemas de numeración deben 
elaborarse previa consulta con todas las 
partes interesadas y en armonía en el marco 
europeo de numeración a largo plazo y los 
sistemas internacionales de numeración tal 
como se está haciendo en la Conferencia 
Europea de Administraciones de Correos y 
Telecomunicaciones (CEPT); que los 
requisitos de numeración en Europa, la 
demanda de prestación de nuevos servicios 
paneuropeos, así como la mundialización y 
la sinergia del mercado de las 
telecomunicaciones hacen necesaria una 
postura coordinada de los Estados 
miembros v de la Comunidad en las 
organizaciones y foros internacionales 
donde se toman decisiones en materia de 
numeración; 
Considerando 18 
(basado en la enmienda 5 del PE) 
13 
Texto de la posición común Texto modificado 
Considerando que, además de los recursos 
previstos en la legislación nacional o 
comunitaria, es necesario que exista un 
procedimiento de conciliación para los 
litigios transfronterizos que queden fuera de 
la competencia de una única autoridad 
nacional de reglamentación; que interesa 
que dichos procedimientos, que deben ser 
puestos en marcha por cualquiera de las 
autoridades nacionales de reglamentación 
afectadas, sean rápidos, poco costosos y 
transparentes y permitir la participación de 
todas las partes afectadas; Considerando que, además de los recursos 
previstos en la legislación nacional o 
comunitaria, es necesario que exista un 
procedimiento de conciliación para los 
litigios transfronterizos que queden fuera de 
la competencia de una única autoridad 
nacional de reglamentación; que interesa 
que dichos procedimientos, que deben ser 
puestos en marcha por cualquiera de las 
partes afectadas, sean rápidos, poco 
costosos y transparentes y permitir la 
participación de todas las partes afectadas 
Considerando 22 
(basada en la enmienda 7 del PE) 
Considerando que la aplicación de 
determinadas obligaciones debe vincularse 
con la fecha de la liberalización de los 
servicios y la infraestructura de 
telecomunicaciones y, especialmente 
respecto de los Estados miembros 
pertinentes, debe tomar plenamente en 
consideración los períodos de transición 
concedidos por Resolución del Consejo de 
22 de julio de 1993. relativa al informe 
sobre la situación del sector de las 
telecomunicaciones v la necesidad de que 
prosiga el desarrollo en este mercado, v por 
Resolución del Consejo de 22 de diciembre 
de 1994. relativa a los principios v al 
calendario de liberalización de las 
infraestructuras de telecomunicación2. 
incluido el mantenimiento de derechos 
especiales o exclusivos relacionados con la 
interconexión directa entre las redes 
móviles de esos Estados miembros y las 
redes fijas o móviles de otros Estados 
miembros; que debe concederse la 
suspensión de la obligación de ofrecer la 
transportabilidad de los números cuando la 
Comisión convenga en que dicha 
obligación supondría una carga excesiva 
para determinadas organizaciones; Considerando que la aplicación de 
determinadas obligaciones debe vincularse 
con la fecha de la liberalización de los 
servicios y la infraestructura de 
telecomunicaciones y, especialmente 
respecto de los Estados miembros 
pertinentes, debe tomar plenamente en 
consideración los períodos de transición 
concedidos por el apartado 2 del artículo 2 
de la Directiva 90/388/CEE de la Comisión 
modificada por la Directiva de 96/19/CE2 
la Comisión, incluido el mantenimiento de 
derechos especiales o exclusivos 
relacionados con la interconexión directa 
entre las redes móviles de esos Estados 
miembros y las redes fijas o móviles de 
otros Estados miembros; que debe 
concederse la suspensión de la obligación 
de ofrecer la transportabilidad de los 
números cuando la Comisión convenga en 
que dicha obligación supondría una carga 
excesiva para determinadas organizaciones; 
DO n°C 379, 31.12.1984, p.4 DO n°C 74, 22.3.1996, p.13 
14 
Texto de la posición común Texto modificado 
Considerando 24 
(basado en la enmienda 9 del PE) 
Considerando que debe examinarse el 
funcionamiento de la presente Directiva 
antes del 31 de diciembre de 1999, en 
particular para examinar el alcance del 
servicio universal y el calendario para la 
transportabilidad de los números; que debe 
examinarse también periódicamente la 
situación de la interconexión con terceros 
países, con vistas a adoptar las medidas 
apropiadas. Considerando que debe examinarse el 
funcionamiento de la presente Directiva 
antes del 31 de diciembre de 1999, en 
particular para examinar el alcance del 
servicio universal y el calendario para la 
transportabilidad de los números; que debe 
examinarse también periódicamente la 
situación de la interconexión con terceros 
países, con vistas a adoptar las medidas 
apropiadas; y que cuando se haya 
alcanzado en el mercado una competencia 
realmente efectiva, las normas en materia 
de competencia del Tratado serán en 
general suficientes para desarrollar una 
vigilancia ex-post de la competencia leal de 
manera que deberá reconsiderarse la 
necesidad de la presente Directiva. 
15 
Texto de la posición común Texto modificado 
Considerando 25 
(basado en la enmienda 8 del PE) 
Considerando que el objetivo esencial de la 
interconexión de las redes y la 
interoperabilidad de los servicios en todo el 
territorio de la Comunidad no puede 
alcanzarse de manera suficiente por los 
Estados miembros, y por lo tanto puede 
realizarse mejor a nivel comunitario 
mediante la presente Directiva; Considerando que el objetivo esencial de la 
interconexión de las redes y la 
interoperabilidad de los servicios en todo el 
territorio de la Comunidad no puede 
alcanzarse de manera suficiente por los 
Estados miembros, y por lo tanto puede 
realizarse mejor a nivel comunitario 
mediante la presente Directiva; que es 
deseable, cuando se revise la presente 
Directiva, prever la posibilidad de 
establecer una autoridad europea de 
reglamentación que se haga cargo de las 
tareas realizadas por la Comisión o por la 
autoridad nacional de reglamentación con 
arreglo a lo dispuesto en la presente 
Directiva, que serían llevadas a cabo de 
forma mucho más eficaz por dicha 
autoridad europea de reglamentación: 
Artículo 2, apartado 1, letra a) 
(Enmienda 10) 
a) "interconexión", la conexión física y 
lógica de las instalaciones de redes de 
telecomunicaciones utilizadas por la misma 
o por otra organización distinta, de manera 
que los usuarios de una organización 
puedan comunicarse con los usuarios de la 
misma o de otra organización distinta o 
acceder a los servicios prestados por otra 
organización; a) "interconexión", la conexión física y 
lógica de las instalaciones de las 
organizaciones suministradoras de redes de 
telecomunicación v/o servicios de 
telecomunicación utilizados por la misma o 
por otra organización distinta, de manera 
que los usuarios de una organización 
puedan comunicarse con los usuarios de la 
misma o de otra organización distinta o 
acceder a los servicios prestados por otra 
organización; 
16 
Texto de la posición común Texto modificado 
Artículo 5, apartado 5, párrafo primero 
(basado en la enmienda 13 del PE) 
5. Cuando se establezca el mecanismo 
contemplado en el apartado 4, las 
autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que los 
principios aplicados al reparto de los 
costes y los datos referentes al 
mecanismo aplicado se pongan a 
disposición del público con arreglo al 
apartado 2 del artículo 14. 5. Cuando se establezca un mecanismo 
para compartir el coste neto de las 
obligaciones de servicio universal 
contemplado en el apartado 4, las 
autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que los 
principios aplicados al reparto de los 
costes y los datos referentes al 
mecanismo aplicado se pongan a 
disposición del público con arreglo al 
apartado 2 del artículo 14. 
Artículo 5, apartado 6 
(basado en la enmienda 14 del PE) 
Hasta el momento en que se aplique el 
procedimiento descrito en los apartados 
3, 4 y 5, deberán notificarse a la 
autoridad de reglamentación, antes de 
introducirlas, las cuotas pagaderas por 
una parte interconectada que incluyan o 
sirvan de aportación destinada a costear 
las obligaciones de servicio universal. 
Si la autoridad nacional de 
reglamentación, por iniciativa propia o 
a raíz de una solicitud motivada de una 
parte interesada, considera excesivas 
dichas cuotas, se exigirá a la 
organización de que se trate que las 
reduzca. Esta reducción deberá aplicarse 
con efectos retroactivos, a partir de la 
fecha en que se introdujeron las cuotas, 
pero no antes del 1 de enero de 1998. 6. Hasta el momento en que se aplique el 
procedimiento descrito en los apartados 
3, 4 y 5, deberán notificarse a la 
autoridad de reglamentación, antes de 
introducirlas, las cuotas pagaderas por 
una parte interconectada que incluyan o 
sirvan de aportación destinada a costear 
las obligaciones de servicio universal. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 17 de la presente Directiva, si 
la autoridad nacional de reglamentación, 
por iniciativa propia o a raíz de una 
solicitud motivada de una parte 
interesada, considera excesivas dichas 
cuotas, se exigirá a la organización de 
que se trate que las reduzca. Esta 
reducción deberá aplicarse con efectos 
retroactivos, a partir de la fecha en que 
se introdujeron las cuotas, pero no antes 
del 1 de enero de 1998. 
17 
Texto de la posición común Texto modificado 
Artículo 7, apartado 2 
(basado en la enmienda 16 del PE) 
2.Las cuotas de interconexión deberán 
atenerse a los principios de transparencia y 
orientación por los costes. La carga de la 
prueba de que las cuotas resultan de los 
costes incluyendo un porcentaje de 
beneficio razonable corresponderá a la 
organización que proporciona la 
interconexión a sus instalaciones. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
podrán solicitar a una organización que 
justifique plenamente las cuotas de 
interconexión que aplica y, cuando proceda, 
exigirle que las modifique. Las 
disposiciones del presente apartado se 
aplicarán asimismo a las organizaciones 
que figuran en la parte 3 del Anexo I y que 
tengan un peso significativo en el mercado. 
Artículo 7, apartado 5, párrafo primero 
(basado en la enmienda 17 del PE) 
5. Las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que los 
sistemas de contabilidad de costes 
utilizados por las organizaciones 
afectadas permitan la aplicación de las 
exigencias del presente artículo y se 
basen en documentos suficientemente 
detallados, tal como se indica en el 
Anexo V. 
Artículo 9, apartado 1 
(basado en la enmienda 21 del PE) 
1. Las autoridades nacionales de 
reglamentación fomentarán y garantizarán 2.Las cuotas de interconexión deberán 
atenerse a los principios de transparencia y 
orientación por los costes. La carga de la 
prueba de que las cuotas resultan de los 
costes incluyendo un porcentaje de 
beneficio razonable corresponderá a la 
organización que proporciona la 
interconexión a sus instalaciones. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
podrán solicitar a una organización que 
justifique plenamente las cuotas de 
interconexión que aplica y, cuando proceda, 
exigirle que las modifique. Las 
disposiciones del presente apartado se 
aplicarán asimismo a las organizaciones 
que figuran en la parte 3 del Anexo I que 
hayan sido notificadas por la autoridad 
nacional de reglamentación de que tienen 
un peso significativo en el mercado 
nacional para la interconexión. 
5. La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 
15. elaborará unas orientaciones sobre 
los sistemas de contabilidad de costes v 
de transparencia contable en relación 
con la interconexión. Las autoridades 
nacionales de reglamentación velarán 
por que los sistemas de contabilidad de 
costes utilizados por las organizaciones 
afectadas permitan la aplicación de las 
exigencias del presente artículo y se 
basen en documentos suficientemente 
detallados, tal como se indica en el 
Anexo V. 
1. Las autoridades nacionales de 
reglamentación fomentarán y garantizarán 
18 
Texto de la posición común Texto modificado 
una interconexión adeucada en interés de 
todos los usuarios, y desempeñarán sus 
responsabilidades con vistas a obtener el 
máximo rendimiento económico y alcanzar 
el máximo beneficio para los usuarios 
finales. una interconexión adeucada en interés de 
todos los usuarios, y desempeñarán sus 
responsabilidades con vistas a obtener el 
máximo rendimiento económico y alcanzar 
el máximo beneficio para los usuarios 
finales. 
En particular, las autoridades nacionales de 
reglamentación tendrán en cuenta: 
- la necesidad de garantizar unas 
comunicaciones satisfactorias de 
extremo a extremo para los usuarios, 
- la necesidad de fomentar un mercado 
competitivo, En particular, las autoridades nacionales de 
reglamentación tendrán en cuenta: 
- la necesidad de garantizar unas 
comunicaciones satisfactorias de 
extremo a extremo para los usuarios, 
- la necesidad de fomentar un mercado 
competitivo, 
- la necesidad de asegurar un desarrollo 
justo y adecuado de un mercado interior 
europeo de telecomunicaciones 
perfectamente armonizado, con lo que 
habrán de coordinar sus políticas, 
orientaciones y acciones con las 
autoridades homologas de otros Estados 
miembros v con la Comisión, v 
proporcionar ayuda v asistencia en caso 
necesario. 
la necesidad de promover el 
establecimiento y el desarrollo de las 
redes y servicios transeuropeos, la 
interconexión e interoperabilidad de las 
redes y servicios nacionales, y el acceso 
a dichas redes y servicios; 
los principios de no discriminación 
(incluida la igualdad de acceso) y 
proporcionalidad. 
la necesidad de mantener el servicio 
universal. la necesidad de promover el 
establecimiento y el desarrollo de las 
redes y servicios transeuropeos, la 
interconexión e interoperabilidad de las 
redes y servicios nacionales, y el acceso 
a dichas redes y servicios;. 
los principios de no discriminación 
(incluida la igualdad de acceso) y 
proporcionalidad. 
la necesidad de mantener el servicio 
universal. 
Artículo 11 
(basado en la enmienda 22 del PE) 
Cuando una organización que preste redes 
públicas de telecomunicaciones y/o 
servicios de telecomunicaciones accesibles 
al público y disfrute, con arreglo a la Cuando una organización que preste redes 
públicas de telecomunicaciones y/o 
servicios de telecomunicaciones accesibles 
al público y disfrute, con arreglo a la 
legislación nacional, de un derecho general 
a montar instalaciones en un terreno 
19 
Texto de la posición común Texto modificado 
legislación nacional, de un derecho general 
a montar instalaciones en un terreno 
público o privado, o por encima o por 
debajo del mismo, o pueda beneficiarse de 
un procedimiento de expropiación o 
utilización de la propiedad, las autoridades 
nacionales de reglamentación procurarán 
que tales instalaciones y propiedad sean 
compartidas con otras organizaciones que 
presten redes y servicios de 
telecomunicaciones accesibles al público. público o privado, o por encima o por 
debajo del mismo, o pueda beneficiarse de 
un procedimiento de expropiación o 
utilización de la propiedad, las autoridades 
nacionales de reglamentación procurarán 
que tales instalaciones y propiedad sean 
compartidas con otras organizaciones que 
presten redes y servicios de 
telecomunicaciones accesibles al público^ 
en particular, cuando unos requisitos 
esenciales priven a otras organizaciones de 
alternativas de acceso viables. 
Los acuerdos de coubicación o 
instalaciones compartidas serán objeto 
normalmente de acuerdo técnico y 
comercial entre las partes afectadas. La 
autoridad nacional de reglamentación podrá 
intervenir para solucionar litigios, según 
prevé el artículo 9. 
En particular, los Estados miembros sólo 
podrán obligar a celebrar acuerdos de uso 
compartido de instalaciones y/o propiedad 
(incluida la coubicación física) transcurrido 
un período adecuado de consulta pública 
durante el cual todas las partes interesadas 
deben tener oportunidad de expresar sus 
opiniones. Tales acuerdos podrán incluir 
reglas de prorrateo de los costes del uso 
compartido de las instalaciones y/o 
propiedad. Los acuerdos de coubicación o 
instalaciones compartidas serán objeto 
normalmente de acuerdo técnico y 
comercial entre las partes afectadas. La 
autoridad nacional de reglamentación podrá 
intervenir para solucionar litigios, según 
prevé el artículo 9. 
Los Estados miembros sólo podrán obligar 
a celebrar acuerdos de uso compartido de 
instalaciones y/o propiedad (incluida la 
coubicación física) transcurrido un período 
adecuado de consulta pública durante el 
cual todas las partes interesadas deben tener 
oportunidad de expresar sus opiniones. 
Tales acuerdos podrán incluir reglas de 
prorrateo de los costes del uso compartido 
de las instalaciones y/o propiedad. 
20 
Texto de la posición común Texto modificado 
Artículo 12, apartado 2 
(basado en la enmienda 23 del PE) 
Para garantizar la plena 
interoperabilidad de las redes y 
servicios de alcance europeo, los 
Estados miembros adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar la 
coordinación de sus posiciones 
nacionales en las organizaciones y los 
foros internacionales en que se adoptan 
las decisiones referentes a la 
numeración, teniendo en cuenta la 
posible evolución futura de la 
numeración en Europa. 2. Para garantizar la plena 
interoperabilidad de las redes y 
servicios de alcance europeo, los 
Estados miembros v la Comunidad 
garantizarán la coordinación de sus 
posiciones en las organizaciones y los 
foros internacionales en que se adoptan 
las decisiones referentes a la 
numeración, teniendo en cuenta la 
posible evolución futura de la 
numeración en Europa. 
Artículo 12, apartado 3 
( basado en la enmienda 24 del PE) 
Los Estados miembros velarán por que 
los planes nacionales de numeración de 
las telecomunicaciones estén 
controlados por la autoridad nacional de 
reglamentación, con vistas a garantizar 
la independencia con respecto a las 
organizaciones suministradoras de redes 
o servicios de telecomunicaciones. Para 
garantizar una competencia efectiva, las 
autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que los 
procedimientos de atribución de 
números y/o de intervalos de 
numeración sean transparentes, 
equitativos y se realicen en el momento 
oportuno, y que la atribución se efectúe 
de manera objetiva, transparente y no 
discriminatoria. Las autoridades 
nacionales de reglamentación podrán 
establecer condiciones para el uso de 
determinados prefijos o determinados 
códigos abreviados, en particular 
cuando se utilicen para servicios de 
interés público general (p. ej., servicios 
de llamada gratuita, de quiosco, de guía 
telefónica o de urgencia), o para 
garantizar la igualdad de acceso. 3. Los Estados miembros velarán por que 
los planes nacionales de numeración de 
las telecomunicaciones estén 
controlados por la autoridad nacional de 
reglamentación, con vistas a garantizar 
la independencia con respecto a las 
organizaciones suministradoras de redes 
o servicios de telecomunicaciones y 
facilitar la transportabilidad de los 
números. Para garantizar una 
competencia efectiva, las autoridades 
nacionales de reglamentación velarán 
por que los procedimientos de 
atribución de números y/o de intervalos 
de numeración sean transparentes, 
equitativos y se realicen en el momento 
oportuno, y que la atribución se efectúe 
de manera objetiva, transparente y no 
discriminatoria. Las autoridades 
nacionales de reglamentación podrán 
establecer condiciones para el uso de 
determinados prefijos o determinados 
códigos abreviados, en particular 
cuando se utilicen para servicios de 
interés público general (p. ej., servicios 
de llamada gratuita, de quiosco, de guía 
telefónica o de urgencia), o para 
garantizar la igualdad de acceso. 
21 
Texto de la posición común Texto modificado 
Artículo 12, apartado 5 
(basado en la enmienda 25 del PE) 
5. Las autoridades nacionales de 
reglamentación procurarán que se 
introduzca lo antes posible la 
transportabilidad de los números, el 
servicio en virtud del cual los usuarios 
que lo soliciten podrán conservar su(s) 
número(s) en la red pública telefónica 
fija en un lugar específico, con 
independencia de la organización que 
preste el servicio, y velarán por que 
dicho servicio esté disponible por lo 
menos en todos los centros de población 
importantes antes del 1 de enero de 
2003. 5. Las autoridades nacionales de 
reglamentación procurarán que se 
introduzca lo antes posible la 
transportabilidad de los números, el 
servicio en virtud del cual los usuarios 
que lo soliciten podrán conservar^ 
mediante el pago de una tarifa 
razonable aprobada por la autoridad 
nacional de reglamentación. su(s) 
número(s) en la red pública telefónica 
fija en un lugar específico, con 
independencia de la organización que 
preste el servicio, y velarán por que 
dicho servicio esté disponible por lo 
menos en todos los centros de población 
importantes antes del 1 de enero de 
2003. Si no se dispone todavía de este 
servicio, las autoridades nacionales de 
reglamentación garantizarán que, 
cuando un usuario hava cambiado de 
compañía, las llamadas telefónicas 
dirigidas a su antiguo número se 
transfieran al usuario, a una tarifa 
razonable aprobada por la autoridad 
nacional de reglamentación, o que, 
durante un plazo razonable, se 
comunique el nuevo número a las 
personas que efectúen dichas llamadas 
sin cobrar por este servicio al usuario o 
a quienes le llamen. 
22 
Texto de la posición común Texto modificado 
Artículo 17 
(basado en la enmienda 27 del PE) 
Procedimiento de conciliación para los 
litigios entre organizaciones que operen al 
amparo de autorizaciones concedidas por 
Estados miembros distintos 
1. Sin perjuicio de: 
a) cualquier acción que la 
Comisión o un Estado 
miembro pueda emprender 
con arreglo al Tratado; 
b) los derechos de la parte que 
invoque el procedimiento de 
los apartados 2 y 3, de las 
organizaciones afectadas o de 
cualquier otra parte con 
arreglo a la legislación 
nacional aplicable; podrá 
recurrirse al procedimiento 
descrito en los apartados 2, 3 
y 4 en caso de litigio en 
materia de interconexión entre 
organizaciones que operen al 
amparo de autorizaciones 
concedidas por Estados 
miembros distintos, cuando 
dichos litigios no sean de la 
responsabilidad de una sola 
autoridad nacional de 
reglamentación que ejerza sus 
competencias con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 9. 
2. Cualquiera de las partes podrá someter 
el litigio a todas las autoridades 
nacionales de reglamentación afectadas. 
Las autoridades nacionales de 
reglamentación coordinarán sus 
esfuerzos para solucionar el litigio, con 
arreglo a los principios establecidos en 
el apartado 1 del artículo 9. Resolución de litigios a nivel comunitario 
1. Sin perjuicio de: 
a) cualquier acción que la 
Comisión o un Estado 
miembro pueda emprender 
con arreglo al Tratado; 
b) los derechos de la parte que 
invoque el procedimiento de 
los apartados 2 y 3, de las 
organizaciones afectadas o de 
cualquier otra parte con 
arreglo a la legislación 
nacional aplicable; podrá 
recurrirse al procedimiento 
descrito en los apartados 2, 3 
y 4 en caso de litigio en 
materia de interconexión entre 
organizaciones que operen al 
amparo de autorizaciones 
concedidas por Estados 
miembros distintos, cuando 
dichos litigios no sean de la 
responsabilidad de una sola 
autoridad nacional de 
reglamentación que ejerza sus 
competencias con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 9. 
2. Cualquiera de las partes podrá someter 
el litigio a todas las autoridades 
nacionales de reglamentación afectadas. 
Las autoridades nacionales de 
reglamentación coordinarán sus 
esfuerzos para solucionar el litigio con 
arreglo a los principios establecidos en 
el apartado 1 del artículo 9, e 
informarán de ello a la Comisión. 
23 
Texto de la posición común Texto modificado 
3. Si las autoridades nacionales de 
reglamentación afectadas no llegan a un 
acuerdo en un plazo de seis meses a 
partir de su remisión, cualquiera de 
ellas podrá acogerse al procedimiento 
previsto en el apartado 4 mediante 
notificación a la Comisión con copia a 
todas las partes y a las autoridades 
nacionales de reglamentación afectadas. 
La solución solamente tendrá fuerza 
obligatoria cuando todas las partes estén 
de acuerdo. 
4. Tras una notificación a la Comisión 
sobre la base del apartado 3, la 
Comisión deberá someter el caso al 
Presidente del Comité ONP.E1 
Presidente del Comité ONP convocará 
lo antes posible un Grupo de Trabajo 
que incluya al menos dos miembros de 
dicho Comité, un representante de cada 
una de las autoridades nacionales de 
reglamentación afectadas y al Presidente 
del Comité ONP o a otro funcionario de 
la Comisión por él designado. El Grupo 
de Trabajo se reunirá normalmente 
dentro de los diez días siguientes a la 
convocatoria. El Presidente, a propuesta 
de cualquier miembro del Grupo de 
Trabajo, podrá decidir que se invite 
como máximo a otras dos personas en 
calidad de expertos con funciones de 
asesoramiento 3. Si las autoridades nacionales de 
reglamentación afectadas no llegan a un 
acuerdo en un plazo de seis meses a 
partir de su remisión, cualquiera de las 
partes o autoridades nacionales de 
reglamentación afectadas podrá acogerse 
al procedimiento previsto en el apartado 
4 mediante notificación a la Comisión 
con copia a todas las partes y a las 
autoridades nacionales de 
reglamentación afectadas. La solución 
solamente tendrá fuerza obligatoria 
cuando todas las partes estén de 
acuerdo. 
4. Tras una notificación a la Comisión 
sobre la base del apartado 3, la 
Comisión convocará lo antes posible un 
Grupo de Trabajo que incluya al menos 
dos miembros de dicho Comité, un 
representante de cada una de las 
autoridades nacionales de 
reglamentación afectadas y al Presidente 
del Comité ONP o a otro funcionario de 
la Comisión por él designado. El Grupo 
de Trabajo se reunirá normalmente 
dentro de los diez días siguientes a la 
convocatoria. El Presidente, a propuesta 
de cualquier miembro del Grupo de 
Trabajo, podrá decidir que se invite 
como máximo a otras dos personas en 
calidad de expertos con funciones de 
asesoramiento. 
El Grupo de Trabajo dará a la parte que 
recurra a este procedimiento, a las 
autoridades nacionales de reglamentación 
de los Estados miembros y a las 
organizaciones afectadas la posibilidad de 
presentar sus dictámenes oralmente o por 
escrito. El Grupo de Trabajo dará a la parte que 
recurra a este procedimiento, a las 
autoridades nacionales de reglamentación 
de los Estados miembros y a las 
organizaciones afectadas la posibilidad de 
presentar sus dictámenes oralmente o por 
escrito. 
El Grupo de Trabajo hará lo posible por 
lograr un acuerdo entre las partes afectadas. 
El Presidente informará al Comité ONP de 
los resultados de dicho procedimiento. El Grupo de Trabajo hará lo posible por 
lograr un acuerdo entre las partes afectadas 
o. de lo contrario, definirá su posición en 
un plazo de tres meses. Esta posición 
24 
Texto de la posición común Texto modificado 
constituirá el fundamento de la solución 
que se haya de aplicar a nivel nacional sin 
demora. Si no se alcanza una posición 
acordada, o si la posición acordada no se 
aplica en un plazo razonable de tiempo 
que, salvo en casos justificados, no 
excederá de dos meses, la Comisión 
adoptará la solución apropiada con arreglo 
al procedimiento establecido en el artículo 
16. Esta solución se adoptará sin perjuicio 
de las posibilidades que existan en la 
legislación nacional para que una parte 
reclame por daños y perjuicios ante los 
tribunales competentes si existen indicios 
de que el comportamiento de la otra parte 
ha provocado pérdidas económicas a causa 
de la distorsión de la competencia. No 
obstante, los asuntos resueltos a nivel de la 
UE no podrán ser impugnados en estas 
demandas. 
Artículo 20, apartado 1 
(basado en la enmienda 29 del PE) 
1. Se concederá la suspensión de las 
obligaciones que imponen los apartados 
1 y 2 del artículo 3, los apartados 1 y 2 
del artículo 4 y los apartados 1 y 3 del 
artículo 9 en la medida en que tales 
obligaciones se refieran a la 
interconexión directa entre las redes 
móviles de ese Estado miembro y las 
redes fijas o móviles de otros Estados 
miembros, así como el artículo 5, a los 
Estados miembros indicados en las 
Resoluciones del Consejo de 22 de julio 
de 1993 v de 22 de diciembre de 1994 
que se beneficien de un período de 
transición adicional para la 
liberalización de los servicios de 
telecomunicaciones, durante el tiempo v 
en la medida en que se acojan a estos 
períodos de transición. Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de 
su intención de recurrir a los mismos. Los Estados miembros con redes menos 
desarrolladas a los que se conceda un 
período adicional de hasta 5 años para 
cumplir todas o cada una de las 
obligaciones derivadas de la Directiva 
96/19/CE podrán solicitar el 
correspondiente aplazamiento de 
algunos o todos los requisitos de los 
apartados 1 y 2 del artículo 3, los 
apartados 1 y 2 del artículo 4 y los 
apartados 1 y 3 del artículo 9 en la 
medida en que tales obligaciones se 
refieran a la interconexión directa entre 
las redes móviles de ese Estado 
miembro y las redes fijas o móviles de 
otros Estados miembros, así como el 
artículo 5, en la medida justificada por 
cualesquiera derechos especiales o 
exclusivos relativos a servicios e 
infraestructuras de telecomunicaciones 
permitidos con arreglo a la legislación 
comunitaria. 
25 
Texto de la posición común Texto modificado 
Artículo 20, apartado 2 
(basado en la enmienda 30 del PE) 
2. Cualquier Estado miembro podrá 
solicitar la suspensión de las 
obligaciones que le impone el apartado 
5 del artículo 12 cuando pueda 
demostrar que supondrían una carga 
desmesurada para determinadas 
organizaciones o clases de 
organizaciones. El Estado miembro 
informará a la Comisión de las razones 
por las que solicita la suspensión, la 
fecha en la que podrá cumplir tales 
requisitos y las medidas previstas para 
conseguirlo. La Comisión examinará la 
solicitud teniendo en cuenta la situación 
particular en ese Estado miembro y la 
necesidad de garantizar un marco 
reglamentario coherente a escala 
comunitaria, y comunicará al Estado 
miembro si considera que la situación 
particular en dicho Estado miembro 
justifica una suspensión y, si es así, 
hasta qué fecha está justificada dicha 
suspensión. Cualquier Estado miembro podrá 
solicitar la suspensión de las 
obligaciones que le impone el apartado 
5 del artículo 12 cuando pueda 
demostrar que supondrían una carga 
desmesurada para determinadas 
organizaciones o clases de 
organizaciones. El Estado miembro 
informará a la Comisión de las razones 
por las que solicita la suspensión, la 
fecha en la que podrá cumplir tales 
requisitos y las medidas previstas para 
conseguirlo. La Comisión examinará la 
solicitud teniendo en cuenta la situación 
particular en ese Estado miembro y la 
necesidad de garantizar un marco 
reglamentario coherente a escala 
comunitaria, así como también las 
posibilidades existentes de satisfacer por 
otros medios los requisitos, y 
comunicará al Estado miembro si 
considera que la situación particular en 
dicho Estado miembro justifica una 
suspensión y, si es así, hasta qué fecha 
está justificada dicha suspensión. 
26 
Texto de la posición común Texto modificado 
Artículo 22, apartado 2 
(basado en la enmienda 31 del PE) 
2. La Comisión examinará e informará de 
manera periódica al Parlamento Europeo y 
al Consejo sobre el funcionamiento de la 
presente Directiva, por vez primera el 31 
de diciembre de 1999 como muy tarde. A 
tal efecto, la Comisión podrá solicitar 
información a los Estados miembros. 2. La Comisión examinará e informará de 
manera periódica al Parlamento Europeo y 
al Consejo sobre el funcionamiento de la 
presente Directiva, por vez primera el 31 
de diciembre de 1999 como muy tarde. A 
tal efecto, la Comisión podrá solicitar 
información a los Estados miembros. 
Este informe examinará las disposiciones 
de la presente Directiva que deberían 
adaptarse a la vista de la evolución del 
mercado y de la tecnología y de las 
modificaciones de la demanda de los 
usuarios, en particular por lo que respecta 
a: Este informe examinará las disposiciones 
de la presente Directiva que deberían 
adaptarse a la vista de la evolución del 
mercado y de la tecnología y de las 
modificaciones de la demanda de los 
usuarios, en particular por lo que respecta 
a: 
a) las disposiciones del artículo 5; 
b) la confirmación del calendario a que se 
refiere el apartado 5 del artículo 12. a) las disposiciones del artículo 5; 
b) la confirmación o anticipación del 
calendario a que se refiere el apartado 5 
del artículo 12. 
La Comisión examinará asimismo la 
posibilidad de establecer rápidamente una 
autoridad europea de reglamentación que 
realice las tareas que desempeñen la 
Comisión o las autoridades nacionales de 
reglamentación con arreglo a la presente 
Directiva v que puedan llevarse a cabo 
mejor a nivel comunitario. 
27 

ISSN 0257-9545 
COM(96) 535 final 
DOCUMENTOS 
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N° de catálogo : CB-CO-96-543-ES-C 
ISBN 92-78-10671-2 
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L-2985 Luxemburgo 
28