[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 14.11.2006

COM(2006) 691 final

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN

Medir los costes administrativos y reducir las cargas administrativas en la Unión Europea

{COM(2006) 689 final}{COM(2006) 690 final}

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN

Medir los costes administrativos y reducir las cargas administrativas en la Unión Europea

1. INTRODUCCIÓN

La Comisión Europea ha propuesto una ambiciosa estrategia para medir los costes administrativos y reducir las cargas administrativas en la UE que pasa por la fijación de un objetivo común de reducción global de estas cargas en un 25 % a medio plazo para el conjunto de la UE. Recalca así su compromiso con la iniciativa «Legislar mejor» como parte de su estrategia de crecimiento y empleo.

El presente documento de trabajo sirve de complemento a la Comunicación «Análisis estratégico del programa «Legislar mejor» en la Unión Europea» y presenta de forma pormenorizada las piezas maestras de la estrategia diseñada a escala de la UE para medir los costes administrativos y reducir las cargas administrativas que se proponen en el Análisis estratégico. Estas piezas maestras han sido definidas teniendo en cuenta las conclusiones del estudio piloto sobre la medición de las cargas administrativas que se llevó a cabo en el verano de 2006 y se presentan aquí de forma resumida[1]. El objetivo del presente documento es abrir un amplio debate con el Consejo, el Parlamento Europeo, los Estados miembros y las partes interesadas sobre la mejor manera de reducir las cargas administrativas en la UE. Tomando como base las conclusiones de este debate, la Comisión presentará en enero de 2007, a tiempo para el Consejo Europeo de primavera de ese año, una propuesta de programa de acción de la UE para reducir las cargas administrativas. El presente documento constituye, pues, el primer elemento de la respuesta de la Comisión a las Conclusiones del Consejo Europeo de junio de 2006, en las que se instaba a la Comisión a presentar, a más tardar a principios de 2007, propuestas encaminadas a la reducción de las cargas administrativas.

1.1. Los costes administrativos y el entorno empresarial de la UE

La adopción de buena parte de la legislación comunitaria obedece a la necesidad de corregir las deficiencias de los mercados y de asegurar condiciones equitativas para todos a nivel comunitario. Garantizar estas condiciones pasa a menudo por la imposición de la obligación de facilitar datos y hacer declaraciones sobre la aplicación de la normativa. Sin embargo, algunos de los procedimientos en vigor son hoy innecesariamente largos, complejos o inútiles.

Los costes administrativos innecesarios y desproporcionados representan un grave obstáculo a la actividad económica. Constituyen además un fastidio importante para las empresas y a menudo son citados como aspecto prioritario en las consultas sobre la simplificación. La Comisión está decidida a reducir, en la medida de lo posible, estas cargas innecesarias.

Los costes administrativos son importantes en la medida en que obligan a empresas de toda la UE a pasar una parte considerable de su tiempo cumplimentando impresos y haciendo declaraciones sobre cuestiones de lo más variopinto. Si se redujeran los requisitos que resultan superfluos, el personal podría dedicar más tiempo a sus actividades económicas nucleares, lo que permitiría a su vez reducir los costes de producción y realizar nuevas inversiones e innovaciones, con la consiguiente mejora de la productividad y la competitividad en general.

Por el momento, sólo cuatro Estados miembros han procedido a una medición de sus costes administrativos. Sin embargo, a partir de la extrapolación de datos relativos a los Países Bajos, se ha podido determinar que los costes administrativos en EU-25 son del orden del 3,5 % del PIB de la UE.

Costes administrativos por Estado miembro |

En 2004, la CPB (Oficina Central de Planificación de los Países Bajos) estimó que una reducción del 25 % de la carga administrativa resultaría en un aumento del 1,6 % del PIB de la Unión Europea.

Un reciente estudio llevado a cabo por los servicios de la Comisión[2] basándose en las estimaciones de la CPB indica que una reducción del 25 % de los costes administrativos podría traducirse en un aumento del PIB de hasta un 1,5 % (es decir, unos 150 000 millones de euros)[3].

Gráfico: Efectos de una reducción del 25 % de los costes administrativos en el PIB de aquí a 2025

Cuadro |

Reducción de los costes administrativos y alza del PIB por Estado miembro (variaciones en % del PIB en el escenario tendencial para 2025) |

1.2. Definición de «costes administrativos»

Se entiende por «costes administrativos» los costes habidos por las empresas, el sector asociativo, los poderes públicos y los ciudadanos para cumplir una obligación legal de facilitar información sobre sus actividades (o su producción) a las autoridades públicas o a partes del sector privado. No deben confundirse con los costes de cumplimiento resultantes de los requisitos genéricos de la legislación, por ejemplo los costes generados por el desarrollo de nuevos productos o procesos adaptados a nuevas normas sociales y medioambientales. Las medidas de reducción de los costes administrativos se limitan, pues, a la racionalización de los requisitos de información y no afectan a los principios fundamentales de la legislación de base. Las medidas de simplificación encaminadas a reducir los costes administrativos serían así más fáciles de definir que las medidas destinadas a modificar la naturaleza o el ámbito de aplicación de la legislación de base. Habida cuenta de su naturaleza y a la luz de las experiencias de los Estados miembros que han elaborado programas de reducción de los costes administrativos, estas medidas deberían ser relativamente fáciles de adoptar y poner en práctica. En este sentido, difieren completamente de las iniciativas de desregulación.

Los requisitos administrativos pueden desglosarse a su vez en obligaciones de información (OI): un texto legislativo puede establecer requisitos en cuanto a la presentación de información (por ejemplo la presentación regular de un certificado de conformidad a las autoridades públicas). Se entiende por «obligación de información» cada requisito específico recogido en un texto legislativo.

Es importante establecer una distinción entre la información que las empresas recopilarían aun en el caso de que no lo exigiera la legislación y la información que no se recogería de no existir disposiciones legislativas al efecto. La primera genera lo que se conoce como «costes administrativos» , la segunda, las llamadas «cargas administrativas» . La iniciativa «Legislar mejor» de la Comisión tiene por objeto medir los costes administrativos y reducir las cargas administrativas.

1.3. Distribución de los costes administrativos en la Unión Europea

A partir de sólo tres mediciones tendenciales efectuadas por los Estados miembros se han podido desglosar los costes en las categorías A, B y C, que se describen a continuación. Los resultados de las mediciones efectuadas en Dinamarca y en los Países Bajos[4] indican que sólo una parte menor de los costes es imputable a las medidas de transposición y ejecución y que las obligaciones nacionales e internacionales generan costes importantes. Aunque los datos del Reino Unido no están aún disponibles en su totalidad —se publicarán en breve—, los que ya han sido remitidos a la Comisión para facilitar el ejercicio piloto parecen confirmar la importancia que revisten las obligaciones nacionales. Todo hace pensar que una parte considerable de los costes son generados a nivel nacional; de ahí la necesidad de un firme compromiso a ese nivel, paralelamente a los esfuerzos de la Comisión, para mejorar el entorno empresarial.

Distribución de los costes administrativos en Dinamarca y en los Países Bajos |

Parte de los costes administrativos según el origen de la legislación | DK | NL |

Categoría A: provienen directamente de la legislación internacional[5] | 28 % | 43 % |

Categoría B: origen internacional pero ejecución nacional | 15 % | 13 % |

Categoría C: origen nacional | 57 % | 44 % |

Fuente: Mediciones tendenciales realizadas en Dinamarca y los Países Bajos.

Se observan, en efecto, grandes diferencias entre los Estados miembros analizados. Esta diversidad obedece probablemente a disparidades en la metodología utilizada para las mediciones, pero también podría deberse a diferencias en los distintos sectores de las economías nacionales, en las tradiciones jurídicas y en las culturas administrativas[6]. Con todo, estos datos son muy valiosos, pues permiten determinar cuál es el origen de los costes y, por ende, qué ámbitos son susceptibles de simplificación. No cabe duda de que para poder alcanzar el objetivo común para la UE propuesto por la Comisión se requerirán acciones tanto a nivel de la UE como a nivel nacional. Sólo aunando esfuerzos en ese sentido será posible mejorar de manera significativa el entorno empresarial en la UE.

Otro factor que dificulta la comparación de los costes administrativos es la diversidad de las normativas de los Estados miembros. En aras de la comparabilidad, es preferible examinar las obligaciones de información que pasar revista a actos legislativos en su totalidad. Estas obligaciones constituyen, pues, las piezas maestras de cualquier programa de reducción de los costes administrativos.

A la hora de determinar cuál es el origen reglamentario de un coste, es indispensable poder determinar con precisión si la medida transpone una obligación impuesta a un nivel superior y si la autoridad responsable de la transposición ha añadido algo a la obligación «original» (sobrerregulación respecto de lo establecido en el acto comunitario). La importancia de este aspecto reside en la necesidad de que las responsabilidades estén perfectamente delimitadas no sólo por razones de orden político, sino también de orden práctico. Las medidas «internas» y las medidas de «transposición» requieren tratamientos diversos: cuando la autoridad ha «creado» o añadido una obligación, es libre de reducirla o suprimirla; en cambio, cuando transpone estrictamente una obligación, no puede proceder en ese sentido en ausencia de una decisión colectiva.

Por lo general, la transposición no plantea mayores problemas, gracias a las referencias cruzadas y a los considerandos que figuran al principio de los actos. Los costes administrativos son imputables fundamentalmente a cuatro fuentes: el Derecho internacional, el Derecho comunitario, el Derecho nacional y el Derecho regional. El Derecho internacional requiere siempre la transposición. Para que un tratado internacional entre en vigor, los signatarios deben velar por que sus disposiciones adquieran el estatuto de legislación nacional, es decir, sean incorporadas a su ordenamiento jurídico interno. En cambio, por lo que hace al Derecho comunitario, una parte es directamente aplicable (reglamentos) y otra requiere la transposición (directivas)[7]. De esta forma, ciertas disposiciones comunitarias y nacionales transponen obligaciones internacionales (Organización Mundial del Comercio, protocolo de Kioto, etc.), y ciertas disposiciones nacionales y regionales son una transposición del Derecho comunitario.

Tampoco resulta problemático determinar el grado de sobrerregulación cuando la obligación impuesta por un tratado internacional o un acto comunitario es clara, precisa e incondicional. La autoridad encargada de la transposición sólo debería ser responsable de los elementos que añade a esa obligación. En caso de que no se cumplan esas condiciones, podría ser necesario recurrir al dictamen de especialistas.

2. MEDICIÓN DE LOS COSTES ADMINISTRATIVOS: EXPERIENCIAS HABIDAS HASTA LA FECHA

2.1. Las mediciones nacionales y el modelo de costes estándar

Es importante reconocer la labor realizada por los Estados miembros pioneros en materia de medición de los costes y aplicar las enseñanzas extraídas de estas experiencias a la hora de confeccionar el programa de acción de la UE. Los esfuerzos desplegados por el Ministerio de Hacienda neerlandés para medir los costes administrativos dieron como resultado la puesta a punto del modelo de costes estándar (MCE). El desarrollo de este modelo se debió a la necesidad de disponer de un método simplificado y coherente para medir y, por tanto, reducir el impacto de la reglamentación aplicable a las empresas.

El principal punto fuerte del MCE estriba en el grado de detalle que permite alcanzar en las mediciones, por ejemplo evaluando las actividades individuales. La metodología del MCE permite producir datos estandarizados sobre los costes de los recursos que utilizan las empresas para cumplir leyes y normas de ejecución específicas. En la práctica, el MCE tiene por objeto determinar cuáles son las obligaciones de información contenidas en la reglamentación que obligan a las empresas a facilitar datos a los poderes públicos o a terceros. Aunque a menudo resulta difícil hacerlo, es posible desglosar estas obligaciones de información en lo que se ha dado en llamar «datos requeridos» (DR). A fin de satisfacer las obligaciones de información impuestas - o, mejor dicho, para producir la información requerida - las empresas afectadas deben, por lo general, acometer tareas administrativas adicionales. Los costes generados por estas actividades suplementarias pueden resultar del empleo de recursos internos (p. ej. tiempo de trabajo del personal) o del uso de recursos externos (p. ej. honorarios de expertos o costes de externalización). En los Países Bajos esta metodología se utilizó en 2003 para efectuar una medición tendencial exhaustiva.

El modelo de costes estándar ha sido adoptado por varios países y ha conducido a la creación de una red de miembros (países) que participan bien con la intención de medir sus costes administrativos, bien en calidad de observadores. Diecisiete[8] de los veinticinco Estados miembros de la UE forman parte actualmente de dicha red y cuatro de ellos (la República Checa, Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido) han finalizado un análisis a gran escala de su corpus legislativo y han podido determinar el origen (nacional o internacional) de los requisitos legales en materia de información. Varios de ellos se han marcado ambiciosos objetivos de reducción. Austria y Alemania acaban de embarcarse en un proceso similar. En otros países miembros de la red MCE que aún no han emprendido una medición tendencial exhaustiva, el uso de este método ha impulsado varias iniciativas en diversos ámbitos políticos. Conviene subrayar que si bien la fórmula básica es muy similar en los distintos Estados miembros, existen grandes diferencias entre ellos por lo que respecta a la aplicación concreta del método, lo que dificulta la comparación.

2.2. El modelo de la UE

El 23 de marzo de 2005, el Consejo Europeo invitó «a la Comisión y al Consejo a que estudien una metodología común de medición de las cargas administrativas con el objetivo de llegar a un acuerdo antes del término de 2005». La Comunicación de la Comisión titulada «Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo», adoptada el 16 de marzo de 2005, contiene asimismo, en forma de documento de trabajo de los servicios de la Comisión, un boceto detallado de un posible «modelo de cálculo de los costes administrativos netos de la UE» basado en el MCE[9].

En dicho documento de trabajo, la Comisión evalúa, en particular, la conveniencia de definir un planteamiento común para medir los costes administrativos que permita corregir las diferencias en la aplicación del MCE. Un planteamiento común de esta índole tendría las siguientes ventajas:

- aclararía las posibles diferencias en los procedimientos adoptados a nivel de la UE y de los Estados miembros;

- facilitaría la comparación entre países y entre ámbitos políticos, la evaluación comparativa y el desarrollo de mejores prácticas;

- haría posible economías de escala en lo que respecta a la recopilación y validación de los datos.

En una fase piloto que se llevó a cabo entre abril y septiembre de 2005 se modificó y perfeccionó el boceto de modelo de cálculo. Lo que se pretendía con esta fase piloto era someter a prueba diferentes formas de evaluar los costes administrativos impuestos por la legislación comunitaria. A raíz de este ejercicio, la Comisión presentó una metodología revisada, también llamada «MCE UE»[10]. La Comisión describía una serie de aspectos susceptibles de mejora, precisando que ello no constituía, sin embargo, una condición previa para su aplicación. El 15 de marzo de 2006 se incluyó en las Directrices de evaluación de impacto un manual de uso para la aplicación del modelo[11], que ha sido traducido a todas las lenguas oficiales de la UE a fin de facilitar la convergencia metodológica. El modelo MCE UE se ha aplicado en una serie de evaluaciones de impacto ya publicadas o pendientes de publicación[12].

2.3. Comparación de los dos modelos

La mayoría de las principales características metodológicas propuestas por la Comisión se asemejan mucho al prototipo de MCE desarrollado originalmente en los Países Bajos[13]. Así, por ejemplo, la Comisión propone utilizar la misma ecuación de base, los mismos parámetros de coste pertinentes (tarifas internas/externas, costes de equipos y de suministros, etc.), las mismas fórmulas para expresar la frecuencia de las actividades administrativas y el mismo planteamiento para la evaluación del rendimiento de una «entidad normalmente eficiente»[14].

Sin embargo, la metodología común de la UE también presenta una serie de particularidades que sólo comparte con algunas de las variantes nacionales del MCE. Estas diferencias radican en la composición de los grupos destinatarios de las OI (incluidos los ciudadanos y el sector asociativo)[15], en si debe incluirse o no información facilitada a partes del sector privado[16], en si deben evaluarse o no costes excepcionales importantes y en las modalidades de fijación de un umbral de exclusión para las OI[17]. A fin de facilitar la codificación y recuperación de la información, el MCE UE prevé tipologías de obligaciones de información y de requisitos en materia de datos[18]. Más importante quizás, su hoja de información permite poner en relación las medidas de transposición y el acto original[19] y dar cuenta de la sobrerregulación[20]. Por último, cuando se aplica a la evaluación de impacto (ex-ante) , el modelo MCE UE sigue un planteamiento basado en los «costes netos», en el que éstos se definen como los costes que generaría la medida propuesta, menos los costes que ésta eliminaría en la UE o a nivel nacional. Esta última característica, concebida específicamente para el análisis ex-ante , no es, como tal, adecuada para medir los costes de la legislación en vigor.

3. EMPRENDER UN EJERCICIO DE MEDICIÓN DE LOS COSTES ADMINISTRATIVOS A ESCALA DE LA UE

3.1. Determinar cuáles son las obligaciones de información

Una de las principales conclusiones del proyecto piloto es que el programa de medición debería basarse en la determinación de las distintas OI. Aunque se sabe que el número de OI difiere considerablemente de un Estado miembro a otro[21], son más fáciles de comparar que actos legislativos enteros, los cuales, además, también varían entre los Estados miembros. Por consiguiente, es imprescindible contar con una clasificación clara de las OI tanto en los actos de base como en las normas de ejecución, tanto a nivel de la UE como a nivel nacional. Se trata de una condición esencial para la medición cuantitativa, la fijación de objetivos apropiados en materia de reducción (escenario tendencia general, por ámbito político, por Estado miembro, por autoridad nacional/regional) y la delimitación de responsabilidades (p. ej. a quién corresponde adoptar medidas para reducir los costes).

La realización de un ejercicio de medición a escala de la UE no está exenta de dificultades, muchas de ellas de índole metodológica. En primer lugar, el uso de la metodología exige proceder a un inventario detallado de todas las OI importantes correspondientes a exigencias legales contenidas en el acto legislativo. En segundo lugar, es evidente que un ejercicio de medición a escala de la UE pasa necesariamente por una cierta armonización y una selección de las OI que van a medirse.

3.2. Requisitos mínimos de armonización

Habida cuenta de que los Estados miembros que ya han concluido sus mediciones tendenciales han adoptado variantes ligeramente diferentes del MCE neerlandés original, es difícil establecer comparaciones internacionales de los datos existentes, en particular cuando se trata de agregar resultados y determinar el origen de las OI.

Para el programa de medición a escala de la UE se requerirá un nivel mínimo de armonización que permita validar y comparar los datos, obtener resultados significativos a nivel de la UE y fijar objetivos de reducción ad hoc .

Los resultados del programa piloto parecen indicar la necesidad de armonizar los parámetros siguientes:

- las clasificaciones por origen de las OI;

- los coeficientes de costes estandarizados (gastos generales);

- el tipo de actividades administrativas y el tipo de poblaciones afectadas (segmentación del número de sectores-empresas);

- la definición de «empresa eficaz»;

- las entidades afectadas (hogares, empresas, administraciones, etc.).

Estas cuestiones metodológicos deben ser objeto de un acuerdo previo entre la Comisión y los Estados miembros. Ya se han propuesto diversas opciones para cada una de las variables mencionadas, pero lo más apropiado sería basar el ejercicio en las definiciones de los parámetros que figuran en el MCE UE. Sin embargo, se propone que el ámbito de acción de este primer ejercicio de medición se limite a las empresas[22], conforme a la estrategia de crecimiento y empleo, pues aún no se han resuelto algunos interrogantes relativos a la evaluación de los costes impuestos a otros grupos.

3.3. Una propuesta relativa al ámbito de aplicación del ejercicio de medición

Tanto la legislación europea como las legislaciones nacionales se encuentran en el origen de muchos costes administrativos. Dados los vínculos existentes entre ambos niveles legislativos, está claro que las mediciones deberían abarcar tanto uno como otro. Por otra parte, a la vista de la envergadura de la operación, es evidente que tanto la Comisión como los Estados miembros han de contribuir al programa. En la práctica, cabe contemplar tres posibilidades en lo que respecta al ámbito de aplicación del ejercicio de medición a nivel de la UE. El programa podría tratar de identificar las OI y medir los costes administrativos[23]:

- de los reglamentos y directivas comunitarios (incluidas las OI derivadas del Derecho internacional),

- de los reglamentos y directivas comunitarios y de las medidas nacionales de transposición de las directivas,

- de los requisitos de información derivados de todas las fuentes legislativas.

A la luz de los datos de que se dispone para los países que ya han procedido a este tipo de mediciones, parece que la última opción es la más apropiada. Por razones prácticas, sin embargo, se propone que, para este programa, a través del proyecto de medición coordinado por la Comisión sólo se proceda a la medición de los reglamentos y directivas comunitarios y de las medidas nacionales de transposición. Los Estados miembros, por su parte, llevarían a cabo únicamente mediciones de los requisitos de información derivados de la legislación nacional. Esta organización del trabajo garantizaría un uso óptimo de los recursos disponibles.

El proyecto piloto ha demostrado asimismo que los costes son generados en gran medida por un número limitado de obligaciones de información. Parece, en efecto, que gran parte de los costes se concentran en unos pocos ámbitos políticos. Los datos del Reino Unido, que serán publicados próximamente por el Gobierno de ese país, indican un grado de concentración particularmente elevado. Sería pues aconsejable, al menos en un primer ejercicio de medición a escala de la UE, dar prioridad a aquellos ámbitos que, según los ejercicios de medición que se llevan a cabo actualmente a nivel nacional y otros datos disponibles, parecen más saturados. La información disponible, en particular los ejercicios nacionales de medición, apunta a los ámbitos que se mencionan a continuación como posibles prioridades. La lista propuesta contiene los datos relativos a la República Checa, Dinamarca y los Países Bajos, así como los datos del Reino Unido, que fueron remitidos a la Comisión para el ejercicio piloto y serán publicados próximamente por el Gobierno de ese país (véase el anexo 2).

Los cuadros de los anexos 3 y 4 son el resultado de la comparación de datos entre países llevada a cabo en el marco del proyecto piloto y muestran una serie de ámbitos prioritarios para la reducción de las cargas administrativas. La Comisión definirá sus ámbitos prioritarios en el programa de acción que se publicará en enero de 2007.

Es evidente que las mediciones tendenciales deberían llevarse a cabo en estrecha cooperación entre los Estados miembros y la Comisión. Por consiguiente, se propone que la Comisión elabore un inventario de las obligaciones de información contenidas en la legislación comunitaria. Posteriormente se procederá a la validación de este inventario.

3.4. Cuestiones organizativas

La Comisión desearía impulsar el planteamiento antes expuesto mediante una asociación con los Estados miembros, sustentada en un contrato de servicios cuya adjudicación se hará a través de una licitación que se publicará en enero de 2007. También se aprovecharán a este respecto los resultados de otras iniciativas emprendidas en este ámbito por los servicios de la Comisión. Así, por ejemplo, la Comisión tiene la intención de realizar una serie de estudios sobre la medición de las cargas administrativas en sectores específicos. En concreto, en lo que respecta al Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo, en diciembre de 2006 se pondrá en marcha un estudio sobre la medición de las cargas administrativas que pesan sobre los agricultores como consecuencia de la reforma de la PAC en 2003.

Los servicios que van a externalizarse serán esencialmente la creación y el funcionamiento de un equipo internacional de expertos que realizará los trabajos que le encarguen la Comisión y los Estados miembros durante un período máximo de tres años.

Las principales tareas del contratista podrían serían:

- ayudar a la Comisión y a los representantes designados de los Gobiernos nacionales a definir las líneas maestras de un exhaustivo ejercicio de medición, en ámbitos prioritarios, de los costes administrativos generados por las legislaciones nacional y comunitaria sobre la base de los principios antes expuestos (que se detallarán en el programa de acción),

- ayudar a la Comisión a desarrollar una serie de programas de reducción de las cargas administrativas proponiendo acciones y objetivos a los niveles nacional y comunitario sobre la base de las mejores prácticas y de principios comunes (véase el punto 4).

Para asistir a la Comisión en la supervisión de las actividades del contratista, el control de la evolución de los trabajos, la definición de prioridades y la aprobación de los informes periódicos del contratista podría constituirse un grupo operativo compuesto por representantes de los servicios de la Comisión y miembros del grupo de alto nivel de expertos nacionales en reglamentación.

Los trabajos no incluirán las legislaciones nacionales. En este ámbito, la medición debería ser efectuada por los Estados miembros y podría abarcar diferentes ámbitos prioritarios correspondientes a las diferentes realidades nacionales.

También está previsto proceder regularmente a un intercambio de puntos de vista con la red MCE y consultar su opinión acerca de la resolución de las cuestiones metodológicas que pudieran plantearse. Por otra parte, las investigaciones que se han llevado a cabo han demostrado que las cargas administrativas derivadas de la aplicación de la legislación pueden variar considerablemente entre los distintos Estados miembros. Una manera de reducir estas cargas sería extraer enseñanzas útiles de las iniciativas que ya han dado buenos resultados. La Comisión trabajará con los Estados miembros para determinar y difundir buenas prácticas en este campo.

4. OBJETIVOS DE REDUCCIÓN DE LAS CARGAS ADMINISTRATIVAS

Si lo que se quiere es reducir las cargas administrativas en la UE es necesario un compromiso político a todos los niveles. Alcanzar un acuerdo sobre objetivos comunes de reducción permitiría imprimir el impulso político necesario y responsabilizaría a todos los actores de la reducción de las cargas que les incumben. Saber cuáles son los objetivos facilitaría la supervisión del proceso en su conjunto. Al examinar las medidas emprendidas por los cuatro Estados miembros que han puesto en marcha programas de medición y reducción de los costes administrativos es posible extraer una serie de enseñanzas útiles con vistas al desarrollo de una estrategia de la UE.

4.1. La fijación de objetivos en cuatro Estados miembros

Los cuatro países que han empezado (o concluido) la fase de medición y que trabajan ya sobre la base de los resultados de ese ejercicio han adoptado planteamientos similares en sus estrategias de fijación de objetivos. En primer lugar, todos los países habían fijado ya un objetivo «político» global antes de obtener resultados (UK) o incluso antes de empezar la fase de medición (CZ, DK y NL). Los Países Bajos y Dinamarca han fijado un objetivo de reducción del 25 % de la medición tendencial (en cinco años), mientras que el objetivo de la República Checa se cifra en el 20 %[24]. La diferencia entre estos dos porcentajes no es verdaderamente significativa. Los objetivos globales se fijaron para sentar las bases del ejercicio y concretar de forma global el nivel de voluntad política. Si bien es cierto que los objetivos se han fijado de forma un tanto aproximativa y no reposan en análisis específicos, hay que reconocer que han funcionado perfectamente, sirviendo de marco e imprimiendo el impulso necesario a lo largo de todo el ejercicio. Por otra parte, los Países Bajos fijaron objetivos sectoriales específicos (por ministerios/departamentos) después de haber terminado la fase de medición. El Reino Unido va a hacer lo mismo y la República Checa contempla asimismo esta posibilidad. Por último, tres Estados miembros se han marcado objetivos de reducción netos, es decir, que en la suma total de las cargas que han de reducirse se incluirán las nuevas cargas administrativas impuestas a las empresas a lo largo del período de reducción considerado.

4.2. Enseñanzas que han de tenerse en cuenta a la hora de fijar objetivos a escala de la UE

Tal y como se indicó en el Análisis estratégico y se ha ilustrado más arriba, sólo la fijación de objetivos comunes a nivel comunitario y de los Estados miembros puede producir resultados significativos. Por esta razón, la Comisión ha propuesto que se fije un objetivo común de reducción para todas las cargas administrativas en la UE. Para ello, conviene tener en cuenta tres elementos.

En primer lugar, de la experiencia adquirida por los Estados miembros que ya han sido revisados se desprende la necesidad de fijar un objetivo general en una fase inicial, paralelamente a la puesta en marcha de un ejercicio de medición basado en una metodología acordada. La Comisión considera que el Consejo Europeo debería fijar este objetivo en la primavera de 2007. Se propone que se sitúe en el 25 % de las cargas administrativas para el conjunto de la UE. Para las partes del ejercicio de medición a cargo de la Comisión, la acción se centrará en las cargas originadas en los ámbitos prioritarios que se propondrán en el programa de acción[25]. Se espera que el objetivo del 25 % se alcance en cinco años. A efectos de seguimiento, podría proponerse un objetivo intermedio a tres años. Se trata de un calendario bastante ambicioso, sobre todo si tenemos en cuenta que un ejercicio de esta envergadura no tiene precedentes y exigirá un tiempo considerable (según las estimaciones actuales, un año y medio). Al final del ejercicio, la Comisión y los Estados miembros deberán elaborar propuestas, que irán acompañadas de sus correspondientes evaluaciones de impacto. Por último, los cambios necesarios a nivel comunitario tendrán que decidirse, en gran medida, en el marco del proceso interinstitucional. Este calendario requerirá, por tanto, un firme compromiso por parte de las instituciones y de los Estados miembros de la UE.

En segundo lugar, se fijarán objetivos parciales más específicos, por ámbito político, atendiendo a los resultados de las mediciones tendenciales (es decir, en el cuarto trimestre de 2008): podrían contemplarse objetivos más ambiciosos en ámbitos políticos en los que las cargas administrativas sean particularmente pesadas y el margen de reducción, significativo.

En tercer lugar, además del objetivo global y de los objetivos parciales, se propone que a partir de la primera mitad del próximo año se inicien los trabajos relativos a unas cuantas propuestas de reducción de las cargas administrativas que podrían reportar grandes beneficios con solo introducir cambios menores en la legislación de base. La rápida cosecha de estos «frutos maduros» constituiría una prueba tangible del compromiso real de las instituciones europeas con este calendario y permitiría obtener resultados inmediatos. Se propone que esos «frutos maduros» se determinen en el programa de acción que se pondrá en marcha a principios de 2007, una vez concluidas las consultas sobre el presente documento y teniendo debidamente en cuenta los procesos de revisión estratégica previstos o en curso[26].

Los objetivos deberían ser acordados por el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo a fin de dar muestras de un compromiso firme y amplio con el calendario propuesto. Dada la naturaleza de las propuestas de simplificación a nivel de la UE, las propuestas de reducción de las cargas administrativas deberían recibir un tratamiento prioritario en el proceso de toma de decisiones interinstitucional, preferiblemente a través del procedimiento acelerado[27].

Por último, también es crucial el compromiso de los Estados miembros, ya que una parte considerable de los costes proviene directamente de las legislaciones nacionales y regionales. Para que pueda alcanzarse el objetivo global, los Estados miembros tendrán que tomar decisiones que permitan reducir los costes.

Las pruebas disponibles en los cuatro Estados miembros que han llevado a cabo mediciones tendenciales exhaustivas de los costes generados tanto a nivel comunitario como a nivel de los Estados miembros parecen indicar que el objetivo de reducción del 25 % podría alcanzarse racionalizando los requisitos de información a ambos niveles. Esta constatación se ve corroborada por los ejercicios parciales de medición llevados a cabo por un mayor número de Estados miembros en distintos sectores, como se indica en el anexo 1. Estos resultados empíricos ponen de manifiesto la existencia de cargas administrativas importantes que podrían reducirse, sin alterar los objetivos de la legislación de base, utilizando algunos de los métodos de reducción de costes descritos en el punto 5. La Comisión confía, por tanto, en que un programa conjunto con los Estados miembros a lo largo de un período de cinco años permitirá alcanzar el objetivo marcado. Huelga decir que la capacidad de alcanzar este objetivo dependerá del compromiso de todas las instituciones de la UE y de todos los Estados miembros.

5. PRINCIPIOS COMUNES PARA LA REDUCCIÓN DE LAS CARGAS ADMINISTRATIVAS

La medición de los costes administrativos en la UE no es un fin en sí mismo. De lo que se trata es de reducir los trámites burocráticos para las empresas europeas. De las conclusiones del proyecto piloto se desprende que los costes se concentran sobre todo en determinados ámbitos prioritarios. Se propone que el ejercicio de medición de la Comisión también se centre en estos ámbitos y que, de ser posible, determine cuáles son los «frutos maduros» relacionados con ellos. Por lo que hace a la forma de reducir las cargas, los principios que figuran a continuación podrían, de ser aceptados, contribuir de manera significativa a la puesta en práctica del proceso:

- reducir la frecuencia de las declaraciones obligatorias a los niveles mínimos necesarios para alcanzar los objetivos de la legislación de base (p. ej. existen aún numerosos reglamentos financieros que requieren una declaración mensual; podría contemplarse una reducción de esta frecuencia);

- verificar si la misma obligación de información no se impone varias veces por canales diferentes y eliminar los casos de solapamiento (p. ej. ciertas obligaciones de información impuestas actualmente en el ámbito medioambiental aparecen en distintos actos legislativos);

- sustituir la recogida de información que se efectúa actualmente por medio de formularios en papel por un sistema de declaración electrónica y basada en la Red, utilizando, en la medida de lo posible, portales inteligentes (ciertas experiencias llevadas a cabo en los Estados miembros demuestran que el uso de portales inteligentes que abarquen una serie de requisitos de información puede suponer un ahorro importante; en Noruega el portal «Antinn» abarca la práctica totalidad de las obligaciones de información impuestas a las empresas por el Gobierno central[28]);

- introducir umbrales para los requisitos de información, procurando reducir en lo posible las exigencias impuestas a las pequeñas y medianas empresas o recurrir a métodos de muestreo (es de sobra conocido que los costes administrativos afectan de forma particular a las PYME; la recogida de datos con fines de información debería tener en cuenta esta constatación);

- contemplar la sustitución de los requisitos de información impuestos a todas las empresas de un sector dado por un planteamiento basado en el riesgo, consistente en centrarse específicamente en los operadores más expuestos (la experiencia del Reino Unido en relación con el control de la aplicación de la legislación en distintos ámbitos demuestra que esta fórmula puede conducir a una reducción significativa de los costes sin comprometer el objetivo de la legislación);

- reducir o suprimir los requisitos de información impuestos en relación con exigencias legales que entretanto han desaparecido o han sido modificadas (p. ej. en el ámbito del transporte por carretera, subsisten obligaciones de información que remontan a la época en que se exigía un permiso para poder efectuar transportes internacionales).

Es evidente que estas medidas no deberían comprometer la finalidad subyacente de la legislación y podría darse el caso de que, por razones de protección de la salud pública o el medio ambiente, de protección de los intereses financieros de la Comunidad o de garantía de una buena gestión financiera, siga siendo necesario imponer obligaciones de información relativamente rigurosas.

6. LOS PRÓXIMOS PASOS

En su «Análisis estratégico del programa “Legislar mejor” en la Unión Europea»[29], la Comisión prevé varias etapas, entre las que se incluye la presentación a principios de 2007 de un programa de acción para la reducción de las cargas administrativas, sobre la base de los resultados de las consultas que tendrán lugar en relación con el presente documento de trabajo de la Comisión y del Análisis estratégico al que acompaña. Este programa de acción contendrá asimismo propuestas de acción inmediata en relación con los llamados «frutos maduros».

El programa de acción contendrá propuestas que permitirán al Consejo Europeo de primavera de 2007 adoptar las siguientes decisiones:

- fijar un objetivo global de reducción de las cargas administrativas en la UE;

- acordar ámbitos prioritarios para la medición de los costes administrativos y la reducción de las cargas;

- aprobar la metodología de medición propuesta en el programa de acción, y

- aprobar la lista de «frutos maduros» con los que ya es posible empezar a trabajar.

[pic]A continuación, la Comisión, las demás instituciones de la UE y los Estados miembros pondrían en marcha el programa de medición y tomarían decisiones con respecto a los «frutos maduros». El vasto programa de medición podría comenzar en la primavera de 2007 y se presentaría un informe en el cuarto trimestre de 2008. En ese momento, la Comisión podría proponer objetivos sectoriales más detallados así como acciones de simplificación.

Estas acciones podrían ser objeto de un capítulo separado en el programa permanente de simplificación, que ya contiene una serie de propuestas importantes encaminadas a la reducción de las cargas administrativas[30]. De esta manera, el programa de simplificación podría contribuir al seguimiento de los progresos registrados en la puesta en práctica de la estrategia de reducción de las cargas administrativas. Entretanto, los Estados miembros podrían tomar medidas similares y contribuir a la reducción de las cargas modificando su legislaciones nacionales o regionales. Además, podrían informar sobre sus programas nacionales de reducción de las cargas administrativas en el capítulo «Legislar mejor» de sus informes de evolución, en el contexto de la estrategia de crecimiento y empleo. De esta manera, la Comisión estaría en condiciones de informar anualmente sobre los progresos registrados - tanto a nivel comunitario como nacional - en su informe anual de evolución y de ayudar así al Consejo Europeo a definir las futuras orientaciones de este programa.

7. CONCLUSIONES

En su «Análisis estratégico del programa «Legislar mejor» en la Unión Europea», la Comisión Europea propone reducir en un 25 % las cargas administrativas en la Unión Europea. Diversos estudios han demostrado que esta medida podría contribuir de forma significativa a la consolidación del clima empresarial en Europa y generar importantes beneficios económicos (del orden de 150 000 millones de euros en términos absolutos a medio plazo).

El presente documento establece una posible hoja de ruta para lograr este objetivo basada en una asociación entre las instituciones de la UE y los Estados miembros. El planteamiento adoptado se asienta en una metodología común para medir los costes en ciertos ámbitos prioritarios acordados y en principios comunes para la reducción de las cargas. Los progresos registrados se supervisarían a través de objetivos parciales e intermedios acordados.

Si bien es cierto que las ventajas de este planteamiento podrían ser considerables, conviene no subestimar los recursos necesarios para la puesta en práctica del proyecto. Para obtener los frutos esperados, es, por tanto, esencial un compromiso firme de todas las instituciones de la UE y de todos los Estados miembros.

Todos los comentarios y sugerencias relativos al planteamiento descrito en el presente documento serán bienvenidos. Se invita a todas las partes interesadas a presentar contribuciones. Sobre la base de esta consulta, la Comisión concluirá su propuesta de programa de acción para la medición y la reducción de las cargas administrativas en la UE, cuya presentación está prevista para principios de 2007.

Envíe sus comentarios a la siguiente dirección de correo electrónico antes del 1 de enero de 2007: entr-admin-burdens@ec.europa.eu |

ANNEX 1

Current initiatives in Member States for measuring administrative costs in selected areas

(updated at September 2006)

[pic]

ANNEX 2

Possible priority areas of Community legislation as indicated by national measurements

No | Area | EC legislation - examples | NL | DK | CZ |

1 | Annual Accounts/Company Law | Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty on the annual accounts of certain types of companies. | The area 'private law', which includes accounting, represents 22.5% of Total administrative burdens in Cat. A and 12.8% in Cat. B in the NL. | 27% of Cat. A and 12.9% of B | n.a. |

3rd Council Directive of 9 October 1978 (78/855/EEC) and 6th Council Directive of 17 December 1982 (82/891/EEC) |

Council regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings |

Second Council Directive of 13 December 1976 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, in respect of the formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital, with a view to making such safeguards equivalent (77/91/EEC) |

2 | Health Protection (including Animal Health and Zootechnics) | Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use | Health protection is 23.41% of Cat. A, whereas 'health care is 4.87%. In Cat. B, percentages are much lower (0.43% and 0) | Approx. 4.8% of Cat. A and 12.9% of Cat. B | 12.8% of Cat. A and 21.8% of Cat. B |

Directive 2001/20/EC on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use |

3 | Working environment/employment relations | Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work | 9.63% of Cat. A and 8.27% of Cat. B. | Approx. 7.9% of Cat. A and 10.6% of Cat. B | n.a. |

No | Area | EC legislation - examples | NL | DK | CZ |

4 | Fiscal Law/VAT | Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment | 19.02% of Cat A and 14.27% of Cat. B | 9.7% of Cat. A and 3.7% of Cat. B (includes duties) | n.a. |

5 | Statistics | Council Regulation (EEC) No 3330/91 and Commission Regulation (EC) No 1901/2000 laying down certain provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 3330/91 | low percentages, but it was likely included in other areas, depending on the areas in which statistical have to be produced | 2.6% of Cat. A (includes keeping logbooks for fisheries) | 4.4% of Cat. A and 5.3% of Cat. B |

6 | Agriculture and Agricultural Subsidies | Council Regulation (EC) No 1782/2003 of 29 September 2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers and amending Regulations (EEC) No 2019/93, (EC) No 1452/2001, (EC) No 1453/2001, (EC) No 1454/2001, (EC) 1868/94, (EC) No 1251/1999, (EC) No 1254/1999, (EC) No 1673/2000, (EEC) No 2358/71 and (EC) No 2529/2001 | 0.15% of Cat. A and 1.61% of Cat. B | 13.2% of Cat. B (includes direct support to farmers, agricultural use of fertilizers, premium for livestock and commercial keeping of animals) | Protection of plants and plant products is 1.2% of Cat. A and 1.3% of Cat.B. Marketing of seeds and plants is 2.6% of Cat. B |

No | Area | EC legislation - examples | NL | DK | CZ |

7 | Food Labelling | Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97 | n.a. | 7.6% of Cat. A | Labelling of food is inluded in "production and placing on the market of food and tobacco products" and in "requirements for packaging", which jointly account for 53.9% of Cat. A Food and tobacco labelling accounts for 25% of Cat. B. |

Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs. (article 3-25) |

No | Area | EC legislation - examples | NL | DK | CZ |

8 | Transport | EEC Council: Regulation No 11 concerning the abolition of discrimination in transport rates and conditions, in implementation of Article 79 (3) of the Treaty establishing the European Economic Community | 4.71% of Cat A and 5.76% of Cat. B | n.a | n.a. |

Council Regulation (EEC) No 3820/85 of 20 December 1985 on the harmonization of certain social legislation relating to road transport; Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport; COUNCIL REGULATION (EC) No 2135/98 of 24 September 1998 amending Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and Directive 88/599/EEC concerning the application of Regulations (EEC) No 3820/84 and (EEC) No 3821/85 |

Regulation No 725/2004 of 31 March 2004 on enhancing ship and port facility security |

Council Directive 94/57/EC of 22 November 1994 on common rules and standards for ship inspection and survey organizations and for the relevant activities of maritime administrations. |

Council Directive 96/26/EC of 29 April 1996 on admission to the occupation of road haulage operator and road passenger transport operator and mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications intended to facilitate for these operators the right to freedom of establishment in national and international transport operations; |

Council Directive 97/70/EC of 11 December 1997 setting up a harmonized safety regime for fishing vessels of 24 meters in length and over. |

Council Directive 96/35/EC of 3 June 1996 on the appointment and vocational qualification of safety advisers for the transport of dangerous goods by road, rail and inland waterway; |

Council Directive 80/1119/EEC of 17 November 1980 on statistical returns in respect of carriage of goods by inland waterways; |

Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on safety on the Community's railways and amending Council Directive 95/18/EC on the licensing of railway undertakings and Directive 2001/14/EC on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification (Railway Safety Directive); |

Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs; |

9 | Fisheries legislation | Council Regulation (EEC) No 2847/93 of 12 October 1993 establishing a control system applicable to the common fisheries policy Council Directive 97/70/EC of 11 December 1997 setting up a harmonized safety regime for fishing vessels of 24 meters in length and over. | n.a | n.a | n.a |

Source: Pilot project on administrative burdens

ANNEX 3

Priority areas at national level

Below are tables reporting the most burdensome areas resulting from national legislation[31].

Denmark Top-20 C-legislation | Costs (€) | Share of C | Share of total costs |

Tax requirements for accounts | 403.893.874 | 17,3% | 9,7% |

Annual accounts | 257.738.456 | 11,0% | 6,2% |

Taxation | 195.439.575 | 8,4% | 4,7% |

Price labelling | 166.712.672 | 7,1% | 4,0% |

Self-checking in the food industry | 100.016.302 | 4,3% | 2,4% |

Holidays | 61.333.135 | 2,6% | 1,5% |

Income taxation etc. | 60.185.549 | 2,6% | 1,4% |

Supllementary pensions | 59.695.163 | 2,6% | 1,4% |

Working environment II | 55.839.686 | 2,4% | 1,3% |

Legal framework between employers and employees | 42.827.736 | 1,8% | 1,0% |

Invoicing of road, soil, sewer etc. | 41.949.880 | 1,8% | 1,0% |

Private limited companies | 40.991.726 | 1,8% | 1,0% |

Supplementary pensions II | 29.738.100 | 1,3% | 0,7% |

Land register | 27.548.139 | 1,2% | 0,7% |

Taxation of pensions | 25.065.589 | 1,1% | 0,6% |

Sale and purchase of real-estate | 24.447.172 | 1,0% | 0,6% |

Good practice for financial companies | 24.324.442 | 1,0% | 0,6% |

Public limited companies | 21.721.877 | 0,9% | 0,5% |

Unemployment benefits (sickness and maternity | 20.510.223 | 0,9% | 0,5% |

Land register II | 17.210.322 | 0,7% | 0,4% |

Total | 1.677.189.619 | 71,8% | 40,2% |

ANNEX 4

Netherlands- Administrative costs by domain | C |

Fiscal law | 1984,12 |

Employee insurances | 982,20 |

Health care | 870,97 |

Private law | 521,81 |

Spatial planning:Environmental licenses (general) | 304,21 |

Labour relations | 301,70 |

Working conditions | 295,30 |

Buildings | 294,53 |

Financial markets | 211,70 |

Transport of goods | 204,15 |

Social care | 186,20 |

Medical ethics | 124,66 |

Road traffic law | 103,44 |

Spatial planning: Environmental licenses (sectoral) | 101,13 |

Constitutional and administrative law | 99,98 |

Spatial planning & urban renewal | 84,65 |

Traffic: general | 64,07 |

Agriculture | 63,00 |

Water facilities/constructions | 56,91 |

Corporations and rent law | 52,79 |

Labour market and welfare | 47,70 |

Competition law, ex pricing law | 46,07 |

Seagoing | 38,96 |

Agriculture | 38,21 |

Spatial planning: Rest | 30,29 |

Cluster Telecom & Post | 27,67 |

Soil / ground | 24,64 |

Cat c | 18,14 |

Health protection | 15,64 |

Energy | 9,45 |

Waste | 9,33 |

Inland navigation | 8,52 |

Transportation of persons | 7,85 |

Waste/material & products | 5,99 |

Aviation | 3,87 |

Statistics | 3,53 |

[1] Pilot project on administrative burdens , WIFO-CEPS, octubre de 2006.

[2] EPC Better Regulation Thematic Paper , Comisión Europea.

[3] Cabe recordar que esta cifra representa una progresión importante del nivel del PIB en el año en que se registra. Así, por ejemplo, si la carga administrativa se redujera en un 25 % entre 2007 y 2011, en 2011 el PIB sería superior en un 1,5 % al que se alcanzaría sin esa reducción. Esta progresión es permanente en la medida en que el PIB permanecerá más elevado si la carga administrativa se mantiene al nivel más bajo (75 %). Sin embargo, no afecta a la tasa de crecimiento del PIB, es decir, a su dinámica de crecimiento.

[4] Este tipo de desglose no está disponible para la República Checa y aún no se ha hecho público para el Reino Unido.

[5] La categoría A engloba tanto los costes resultantes de la legislación comunitaria como de la legislación internacional (no comunitaria).

[6] Pilot project on administrative burdens , WIFO-CEPS, octubre de 2006.

[7] Con todo, la distinción entre reglamentos y directivas no es siempre una base fiable para determinar quién es responsable del nivel de obligaciones administrativas. En efecto, algunas directivas imponen obligaciones de información claras, precisas e incondicionales; los Estados miembros no tienen, de hecho, discrecionalidad alguna para decidir cómo proceder la transposición. A su vez, algunos reglamentos sólo prevén obligaciones de carácter general o dejan a los Estados miembros libertad para fijar umbrales nacionales.

[8] Bélgica, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Países Bajos, Austria, Polonia, Finlandia, Suecia y Reino Unido.

[9] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la reducción de los costes administrativos impuestos por la legislación («Minimizing Administrative Costs Imposed by Legislation, Detailed Outline of a Possible EU Net Administrative Cost Model») , SEC(2005) 175 de 16 de marzo de 2005, adjunto a la Comunicación de 2005 «Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo».

[10] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la elaboración de una metodología común de la UE para evaluar los costes administrativos impuestos por la legislación de la UE («Developing an EU common methodology for assessing administrative costs imposed by EU legislation - Report on the Pilot Phase [April-September 2005]) , SEC(2005) 1329, adjunto a la Comunicación de la Comisión relativa a una metodología común de la UE para la evaluación de los costes administrativos impuestos por la legislación, COM(2005) 518 de 21 de octubre de 2005.

[11] http://ec.europa.eu/governance/impact/docs_en.htm.

[12] Véase, por ejemplo, el impacto en los servicios postales, SEC(2006) 1292, adjunto al COM(2006) 594.

[13] Un análisis metodológico pormenorizado puede encontrarse en el documento Pilot project on administrative burdens , WIFO-CEPS, octubre de 2006.

[14] Manual de uso, passim .

[15] El modelo MCE UE tiene por objeto evaluar los costes impuestos por la legislación a las empresas, el sector asociativo, los poderes públicos y los ciudadanos. A este respecto, la metodología común de la UE es similar a la versión actual del modelo MCE neerlandés, pero parece tener un alcance más amplio que las medidas emprendidas en Dinamarca o el Reino Unido.

[16] La metodología común de la UE incluye no sólo las obligaciones de información hacia las administraciones públicas (p. ej. los requisitos contables), sino también las obligaciones de información hacia el sector privado, en particular los consumidores (p. ej. el etiquetado). En esto coincide con los métodos danés y neerlandés.

[17] Conforme al principio de análisis proporcionado, la metodología de la UE atribuye particular importancia a la definición de los umbrales más apropiados que deben utilizarse para determinar las obligaciones de información que no van a incluirse en el análisis. Las consultas realizadas con algunos Estados miembros pusieron de manifiesto que la única opción posible sería fijar umbrales expresados en número de horas, como en la variante danesa del MCE.

[18] Las variantes nacionales del MCE facilitan listas indicativas.

[19] Si el acto evaluado es la transposición de un acto adoptado a otro nivel, la hoja de información indica el artículo y apartado del acto «original» en el que se define cada obligación de información.

[20] Los porcentajes que figuran en las columnas internacional, UE, nacional y regional indican si la transposición corresponde estrictamente a la obligación original y, de no ser así, qué parte del coste suplementario se debe a la transposición.

[21] El Reino Unido inventarió casi 20 000 obligaciones, Dinamarca, 1 100, y los Países Bajos, 3 000.

[22] Esto no excluye que la Comisión pueda poner en marcha iniciativas destinadas a reducir las cargas administrativas que pesan sobre los particulares, las administraciones públicas o el sector asociativo.

[23] Para más detalles técnicos, véase el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la reducción de los costes administrativos impuestos por la legislación («Minimizing Administrative Costs Imposed by Legislation, Detailed Outline of a Possible EU Net Administrative Cost Model») , adjunto a la Comunicación de 2005 «Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo», SEC(2005) 175 de 16 de marzo de 2005.

[24] La República Checa ha dejado abierta la posibilidad de ajustar su objetivo una vez haya concluido el ejercicio de medición.

[25] En los demás ejercicios de revisión previstos o en curso, incluida la revisión del régimen de pago único de los agricultores, se hará referencia explícita a este objetivo del 25 %.

[26] Para principios de 2008 está prevista una revisión «en profundidad» del Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo. Incluirá propuestas destinadas a simplificar el régimen y a reducir así las cargas administrativas.

[27] Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor», diciembre de 2003 (DO C 321 de 31.12.2003, p. 1).

[28] Transmisión electrónica: declaración del registro de accionistas: 36 % en 2004 y 62 % en 2005; declaraciones del IVA: 46 % en el primer período de 2005; declaraciones fiscales de las empresas: alrededor del 40 % en 2004 y del 60 % en 2005.

[29] COM(2006) 689 de 14 de noviembre de 2006.

[30] Véase el «Primer informe de evolución sobre la estrategia para la simplificación del marco regulador», documento de trabajo de la Comisión, octubre de 2006, por ejemplo en relación con los siguientes ámbitos políticos: medio ambiente: revisión de la Directiva relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (IPPC) y otras normas afines sobre vertidos industriales para dar más claridad y coherencia (especialmente en lo relativo a la información) y racionalizar los requisitos; Directiva sobre los productos de construcción: revisión encaminada a aportar claridad y reducir las cargas administrativas, en especial para las PYME, mediante una mayor flexibilidad en la formulación y el uso de especificaciones técnicas, normas de certificación menos estrictas y la eliminación de los obstáculos prácticos que han venido impidiendo la creación de un auténtico mercado interior de los productos de construcción; estadísticas: se suavizan los requisitos de información estadística para los operadores económicos y, señaladamente, las PYME, teniendo en cuenta los resultados del proyecto piloto en curso sobre medida y reducción de los costes administrativos y el estudio de viabilidad para analizar la posibilidad de implantar un sistema de recogida de datos de flujo único.

[31] Pilot project on administrative burdens , WIFO-CEPS, octubre de 2006.