1.INTRODUCCIÓN

1.1. El Convenio de Lugano

El Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de 2007 (en lo sucesivo, «el Convenio de Lugano») fue celebrado por la Unión Europea, Dinamarca por derecho propio y tres de los cuatro miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (Suiza, Noruega e Islandia, en lo sucesivo «los Estados de la AELC») .

En la Unión, el ámbito de la competencia judicial y del reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil se rige por el Reglamento (UE) n.º 1215/2012 (Reglamento refundido Bruselas I bis). El Convenio de Lugano reproduce la versión anteriormente vigente del Derecho de la Unión en ese ámbito [el Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo].

El Convenio de Lugano es un «convenio doble», que regula tanto la competencia judicial internacional (es decir, la cuestión de la competencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto de naturaleza transfronteriza) como el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales extranjeras en materia civil y mercantil.

El Convenio está abierto a la adhesión de los miembros futuros de la AELC y de los Estados miembros de la UE en relación con determinados territorios no europeos que formen parte de ellos. De conformidad con los artículos 70 a 72 del Convenio de Lugano, la adhesión de cualquier otro Estado a él exige la presentación de una solicitud al depositario, que se la transmitirá a las Partes contratantes. Las Partes contratantes procurarán dar su consentimiento en el plazo de un año como máximo a partir de la solicitud de adhesión del depositario . Solamente en caso de acuerdo unánime de las Partes contratantes, el depositario solicitará al Estado que se adhiera al Convenio de Lugano. Una vez depositado el instrumento de adhesión, las Partes contratantes disponen aún de un período para formular objeciones. El Convenio solo entrará en vigor entre el Estado adherente y las Partes contratantes que no hubieren formulado objeciones antes del primer día del tercer mes siguiente al depósito del instrumento de adhesión.

La competencia externa para celebrar el Convenio de Lugano de 2007 y, por lo tanto, también para aceptar la adhesión de una nueva Parte y para objetar a la entrada en vigor del Convenio entre la Unión Europea y una nueva Parte pertenece exclusivamente a la Unión.

1.2. La solicitud del Reino Unido

El Convenio de Lugano era aplicable al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en lo sucesivo, «el Reino Unido») hasta el 31 de enero de 2020, en virtud de su pertenencia a la UE. En lo que respecta a la vigencia del período transitorio, que finalizó el 31 de diciembre de 2020, la UE notificó a las demás Partes en el Convenio de Lugano que el Reino Unido debía recibir el tratamiento de Estado miembro a efectos de los acuerdos internacionales en los que la Unión era Parte, entre los que estaba el Convenio de Lugano.

El 8 de abril de 2020, el Reino Unido solicitó su adhesión al Convenio de Lugano de 2007 por derecho propio. Esa solicitud se presentó al depositario del Convenio de Lugano. El Reino Unido propuso que la aplicación del Convenio se extendiese a Gibraltar.

Mediante carta de 14 de abril de 2020, el depositario transmitió oficialmente la solicitud y la información correspondiente a las Partes contratantes del Convenio de Lugano, entre ellas a la Unión Europea, representada por la Comisión Europea.

2.ANÁLISIS DE LA COMISIÓN

En vista de la naturaleza del Convenio de Lugano (véase la sección 2.1) y del marco actual para la cooperación judicial con terceros países (véase la sección 2.2), la Comisión considera que la UE no debe dar su consentimiento a la adhesión del Reino Unido al Convenio de Lugano.

2.1. Naturaleza del Convenio de Lugano

El Convenio de Lugano reproduce las normas de la UE en materia de competencia judicial internacional y su sistema cuasiautomático de reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil en relación con los Estados de la AELC. De ese modo, extiende los beneficios del marco de la UE para el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales a esos países, así como a los Estados miembros de la UE en relación con esos países. En consecuencia, facilita en gran medida el acceso de las resoluciones judiciales en materia civil pronunciadas en los Estados de la AELC al espacio de justicia de la UE en materia civil y mercantil, y viceversa.

El Convenio de Lugano representa una característica esencial de un espacio común de justicia y constituye una medida de acompañamiento de las relaciones económicas de la UE con los países de la AELC y el EEE. Con respecto a Noruega e Islandia, esas relaciones se basan en el Acuerdo EEE, que aúna a los Estados miembros de la UE y a los Estados de la AELC y el EEE en el mercado interior. Las relaciones económicas y comerciales de la UE con Suiza están reguladas por una serie de acuerdos bilaterales mediante los cuales Suiza ha aceptado adoptar determinados aspectos de la legislación de la UE a cambio de su acceso a parte del mercado interior de la Unión. Todas las Partes contratantes actuales representan este contexto. Esos países participan, al menos parcialmente, en el mercado interior de la UE, que abarca la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas.

En consecuencia, el Convenio de Lugano supone un respaldo a la relación de la UE con terceros países que gozan de una integración normativa particularmente estrecha con la UE, en particular por mor de la armonización con el acervo de la Unión o con partes de este. Aunque el Convenio está, en principio, abierto a la adhesión de «cualquier otro Estado» tras la solicitud del depositario posterior al acuerdo unánime de las Partes contratantes (véase anteriormente), no constituye el marco general adecuado para la cooperación judicial con cualquier tercer país. No va dirigido a todos los terceros países, como se desprende del hecho de que, desde 1988 (año en que se acordó el primer Convenio de Lugano), únicamente Polonia se ha adherido al Convenio como tercer país, pero lo hizo como paso en su camino hacia la adhesión a la UE. Ningún tercer país distinto de los países de la AELC y el EEE es Parte en el Convenio. Desde el 1 de enero de 2021, el Reino Unido es un tercer país con un acuerdo de libre comercio «ordinario» que facilita el comercio pero no incluye ninguna de las libertades fundamentales o las políticas del mercado interior. El Convenio se fundamenta en un alto nivel de confianza mutua entre las Partes contratantes y representa una característica esencial de un espacio común de justicia proporcional al elevado grado de interconexión económica basada en la aplicabilidad de las cuatro libertades.

2.2. Marco internacional para la cooperación judicial en materia civil entre la UE y terceros países