B4-1108, 1125, 1135, 1160 y 1184/96

Resolución sobre la situación en Colombia

El Parlamento Europeo,,

- Vistas sus anteriores resoluciones sobre Colombia,

- Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

- Vista la visita reciente de una delegación del Parlamento Europeo a Colombia, del 24 al 26 de septiembre de 1996,

- Visto el informe sobre Colombia publicado por Amnistía Internacional en septiembre de 1996,

A. Conmocionado por la escalada de la violencia que se produce en Colombia desde el mes de agosto de 1996, en lo que se presenta como la mayor ofensiva de los últimos treinta años y amenaza con degenerar en una guerra civil abierta,

B. Considerando que, a pesar de los compromisos contraídos por el Presidente Samper para luchar contra las violaciones de los derechos humanos en Colombia al acceder a sus funciones en agosto de 1994, la situación sigue deteriorándose en lo que se refiere a los derechos humanos,

C. Considerando que las fuerzas de la guerrilla colombiana han sido responsables de numerosas violaciones de los derechos humanos, incluida la toma y detención de rehenes y los asesinatos deliberados y arbitrarios de civiles,

D. Considerando que las fuerzas de seguridad colombianas han desplegado una estrategia de respuesta de emergencia caracterizada por el recurso a grupos paramilitares, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, asesinatos políticos y otras formas de violación de los derechos humanos,

E. Especialmente consternado por la información sobre el asesinato, el 13 de octubre de 1996, de Josué Giraldo, Presidente del Comité de Derechos Humanos del departamento de Meta, que había prestado testimonio con ocasión de la Conferencia sobre Derechos Humanos que se celebró en el Parlamento Europeo,

F. Preocupado por los intentos de poner cortapisas a la oficina de la Procuraduría General, privándola de sus funciones de investigación disciplinaria y transfiriendo éstas a la jurisdicción militar,

G. Considerando que se espera que el Gobierno colombiano eleve un proyecto de ley de reforma del Código Penal militar al Congreso colombiano durante su actual período de sesiones,

H. Tomando en cuenta las intenciones del ejecutivo de restringir la libertad de prensa en Colombia y otras medidas de «contrarreforma constitucional»,

I. Considerando que todavía no se ha abierto en Colombia la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, financiada por la UE, debido a las dificultades planteadas por las autoridades colombianas,

J. Observando que el Vicepresidente colombiano Humberto de la Calle dimitió el 5 de septiembre de 1996, afirmando su plena convicción de que la campaña electoral del Presidente Samper fue financiada en parte con dinero procedente del narcotráfico y pidió a Samper que presentase igualmente su dimisión,

K. Subrayando la situación de los campesinos y comunidades indígenas, víctimas inocentes de la violencia y del narcotráfico, en los que progresivamente se ven obligados a participar contra su voluntad,

L. Informado con indignación de que el pasado 28 de septiembre de 1996 fueron asesinados en Colombia Eliseo y Eder Narváez, miembros de una de las familias de campesinos que tienen un conflicto de tierras con la hacienda «Bellacruz», lo que eleva a 8 asesinatos y a 5 desapariciones forzadas los crímenes cometidos este año por los grupos paramilitares en este conflicto,

M. Recordando la posición de la Unión Europea en materia de cooperación con los países andinos y con Colombia en especial, en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, que se basa en el principio de corresponsabilidad entre los países consumidores y los productores, como se explicita en la declaración de Cochabamba, y que se plasma en las diferentes acciones de cooperación y en el Sistema de Preferencias Generalizadas que beneficia especialmente a los países andinos y a Colombia en particular,

1. Condena sin reservas todas las violaciones de los derechos humanos perpetradas en Colombia, tanto por las fuerzas de seguridad como por los grupos paramilitares y los grupos guerrilleros;

2. Pide al Gobierno colombiano que ponga fin al recurso por parte del ejército a asesinatos arbitrarios y extrajudiciales, la práctica de la tortura y cualesquiera otras violaciones de los derechos humanos;

3. Exhorta al Gobierno, al Congreso, a los demás órganos de los poderes públicos, a los partidos políticos y a la sociedad civil a continuar velando por el fortalecimiento de la democracia y la vigencia del estado de Derecho en Colombia;

4. Insta a los responsables de la guerrilla a dejar de ejercer presiones sobre la población;

5. Se congratula de los esfuerzos realizados por la Oficina del Ministro de Justicia colombiano para detener a los militares y miembros de grupos paramilitares involucrados en asesinatos extrajudiciales, a pesar de la falta de cooperación del ejército y de las autoridades gubernamentales;

6. Pide al Gobierno de Colombia que no limite las funciones del Procurador General y que evite que las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad sean instruidas por la jurisdicción militar;

7. Acoge con satisfacción que, tras el llamamiento de su delegación, se haya iniciado un diálogo entre el Gobierno colombiano y los granjeros sin tierras expulsados de Bellacruz y reafirma su llamamiento para que se les faciliten tierras con plenas garantías de seguridad para que puedan reanudar existencias normales;

8. Pide a las Naciones Unidas y al Gobierno colombiano que hagan lo necesario para que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bogotá inicie de inmediato sus actividades;

9. Pide que se garantice integralmente la libertad de prensa en Colombia;

10. Insta a que se prosigan los esfuerzos para poner coto al narcotráfico en Colombia, reconociendo que sólo una acción internacional enérgica y concertada contra todas las fases del tráfico de drogas puede resultar eficaz en dicha tarea;

11. Pide al Presidente de Colombia que publique íntegramente el informe de su Comisión de Derechos Humanos sobre las actividades de British Petroleum en Casanare y pide a las compañías petroleras europeas que observen las normas más estrictas de respeto de los derechos humanos y de protección del medio ambiente, en especial considerando las condiciones de conflicto en las que trabajan;

12. Pide que se establezca un nuevo diálogo entre las compañías petroleras y la comunidad de Casanare para negociar el apoyo a un nuevo plan social y de desarrollo económico sostenible para dicha región, con asistencia de observadores de ONG europeas de derechos humanos si es posible;

13. Observa también que la estrategia de destrucción de la coca, por sí sola, corre el riesgo de desplazar el problema y de causar máximos daños ambientales, y por consiguiente manifiesta su apoyo a los programas para fomentar producciones alternativas;

14. Pide a la Comisión y al Consejo que mantengan un nivel de cooperación adecuado con Colombia para hacer frente a los desafíos que debe enfrentar este país en su lucha contra el narcotráfico, la violencia endémica, el respeto de los derechos humanos y el desarrollo económico;

15. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y al Gobierno de Colombia.