Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Comunicación de la Comisión - Programa de acción social 1998-2000»

(98/C 407/30)

El 5 de mayo de 1998, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social sobre el «Programa de acción social 1998-2000».

La Sección de Asuntos Sociales, Familia, Educación y Cultura, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 16 de julio de 1998 (ponente: Sr. Meriano; coponente: Sra Engelen-Kefer).

En su 357° Pleno de los días 9 y 10 de septiembre de 1998 (sesión del 9 de septiembre de 1998) el Comité Económico y Social ha aprobado por 102 votos a favor, 4 en contra y 7 abstenciones el presente Dictamen.

I. Líneas generales de la Comunicación

1. La Comunicación de la Comisión trata del programa de acción social 1998-2000, que es continuación del programa de 1995-1997, basado a su vez en el Libro Blanco y en el Libro Verde sobre la política social (1993 y 1994, respectivamente).

1.1. Tras un breve balance de las iniciativas adoptadas hasta ahora (que se enumeran en el Anexo 1 del documento) y un análisis de los desafíos que han surgido en el ámbito social a causa de los cambios actuales (desempleo elevado, rapidez de las transformaciones, pobreza y exclusión social, pero también instauración de la UEM, tendencias demográficas y perspectivas de la ampliación), la Comisión define los nuevos objetivos de la política social europea, teniendo en cuenta las innovaciones institucionales introducidas en este ámbito por el Tratado de Amsterdam, al que se ha incorporado el Protocolo sobre la política social.

En este marco, la acción social se desarrolla de acuerdo con tres líneas clave de acción:

- empleo, capacitación y movilidad;

- transformaciones en el mundo laboral;

- sociedad basada en la integración.

1.2. Por lo que se refiere a los instrumentos operativos, en el documento se destaca en primer lugar la importancia del diálogo político, social y civil. A este respecto, la Comisión reivindica un papel específico en el seguimiento de los objetivos decididos de común acuerdo, especialmente por lo que se refiere a la estrategia europea del empleo, y anuncia que presentará próximamente propuestas destinadas a renovar el diálogo social. Asimismo, aprovechará para ello los fondos estructurales y, en particular, el Fondo Social Europeo, cuyo proyecto de reforma hace hincapié en el apoyo de la modernización de los sistemas de educación, formación y empleo. Por otra parte, la Comisión se propone desarrollar en el ámbito legislativo una actividad de estímulo por medio de debates periódicos con el Parlamento Europeo y el Consejo sobre las propuestas presentadas, que se recogen en el anexo 2 de la Comunicación.

1.3. Respecto de la primera línea clave de acción, la Comisión tiene la intención de aplicar la estrategia de empleo establecida en las Cumbres de Amsterdam y Luxemburgo, mediante evaluaciones anuales y recomendaciones eventuales destinadas a los Estados miembros, así como fomentando el intercambio de las mejores prácticas e innovaciones, prestando especial atención al problema del trabajo no declarado y reservándose el derecho, una vez ratificado el Tratado de Amsterdam, de utilizar las medidas de estímulo previstas en él. Más concretamente, la Comisión se esforzará por mejorar la inserción profesional, el espíritu de iniciativa y la igualdad de oportunidades, a partir de las propuestas presentadas hasta ahora y de las que elaborará durante el presente año para una nueva generación de programas de educación y formación. Por último, en cuanto a las medidas destinadas a favorecer la libre circulación de los trabajadores, la Comisión presentará antes de mediados de 1998 un paquete de propuestas para adaptar y poner al día las principales disposiciones legales en este ámbito.

1.4. Respecto de la segunda línea de acción, en la Comunicación de la Comisión se trata de forma prioritaria la modernización de la organización del trabajo, basándose en el debate puesto en marcha por el Libro Verde sobre el tema y en el carácter primordial que el Consejo Europeo extraordinario de Luxemburgo sobre el empleo le concedió. La Comisión señala la intención de presentar a finales de 1998 una nueva comunicación sobre esta cuestión y sobre la capacidad de adaptación, así como de consultar a los interlocutores sociales en relación con un posible acuerdo marco que cubra todos los aspectos, incluida la flexibilidad de la jornada laboral, y con la necesidad de una acción comunitaria para proteger a los teletrabajadores. Junto con estas medidas, a las que se añadirán las propuestas para la protección de los trabajadores excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo y una iniciativa destinada a fomentar una mayor participación de los empleados en las empresas, la Comisión hace referencia al mandato que le confirió el Consejo extraordinario sobre el empleo de crear un grupo de estudio de alto nivel encargado de analizar las consecuencias económicas y sociales de los cambios industriales; la Comisión se basará en sus conclusiones para intentar que se adopten normas mínimas sobre información y consulta a nivel nacional, y presentará en 1999 un informe sobre la aplicación de la Directiva relativa al comité de empresa europeo.

En la misma línea, la Comisión elaborará acciones específicas para maximizar la contribución de la sociedad de la información al fomento del empleo, la igualdad de oportunidades y la integración social; en el ámbito de la salud y seguridad en el lugar de trabajo, completará el programa comunitario actual (1996-2000), presentando propuestas que actualicen los instrumentos legislativos existentes y que amplíen la cobertura a riesgos no cubiertos en la actualidad.

1.5. Respecto del contenido de la tercera línea de acción, en el documento de la Comisión se concede gran importancia a la modernización y mejora de la protección social, en línea con el debate lanzado por la Comunicación publicada el año pasado (). A principios de 1999, la Comisión publicará una evaluación de los avances realizados, con especial atención a la convergencia de los sistemas de protección social, basada en la Recomendación del Consejo de 1992 (); por otra parte, presentará en 1998 propuestas para la reforma del Reglamento n° 1408/71 sobre coordinación de los sistemas de seguridad social. Además, se prevé la presentación en 1999 de una propuesta para actualizar y completar el marco legislativo relativo a la igualdad de trato entre mujeres y hombres en estos mismos sistemas de seguridad social.

Se examina a continuación en la Comunicación la problemática de la integración social y se fija como objetivo el desarrollo de una acción que impida la formación de bolsas de exclusión. Asimismo, se anuncia la presentación en 1998 de una comunicación sobre la integración social, de un informe sobre la aplicación de la recomendación de 1992 relativa a los ingresos mínimos, así como la posibilidad de elaborar una propuesta en la que se fije una serie de instrumentos para promover la integración de las personas excluidas del mercado laboral, utilizando las medidas incentivadoras previstas en el Tratado de Amsterdam una vez ratificado.

En el tema de la lucha contra la discriminación, la Comisión declara, entre otros aspectos, su intención de elaborar acciones específicas en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, presentar una propuesta legislativa para luchar contra la discriminación racial cuando se ratifique el nuevo Tratado, tener en cuenta a las personas con discapacidades en las medidas adoptadas en virtud del artículo 95 del Tratado de Amsterdam, de acuerdo con el compromiso suscrito en la declaración adjunta a este último, y fomentar el debate sobre los derechos fundamentales basándose en el informe del comité de expertos.

Por último, la Comisión se propone intervenir en el fomento de una sociedad capaz de garantizar una protección eficaz de la salud, aprovechando la experiencia adquirida con el programa marco actual, proseguir su estrategia de lucha contra el tabaquismo y aplicar los programas sanitarios existentes (SIDA, enfermedades transmisibles, cáncer, toxicomanía, etc.).

1.6. El último capítulo de la Comunicación se dedica a la dimensión exterior de la política social, con referencia tanto a la participación progresiva de los países de Europa Central y Oriental (PECO) candidatos a la adhesión en los programas y actividades sobre el tema y a la promoción del diálogo social, como a la contribución financiera que debe proporcionarse, especialmente por medio del programa PHARE, para el desarrollo y la adaptación de las estructuras sociales de dichos países. Habida cuenta del aumento de las responsabilidades que la UE tendrá que asumir a nivel mundial a raíz de la creación de la unión económica y monetaria, la Comisión presentará antes de finales del presente año una comunicación sobre el desarrollo de la dimensión exterior de la política social europea y se encargará de fomentar normas laborales básicas reconocidas a nivel internacional, intentando reforzar la cooperación entre la OIT y la OMC al respecto.

2. Observaciones generales

2.1. El Comité reconoce que el Tratado de Amsterdam instaura condiciones favorables para reforzar la política social y, por lo tanto, coincide con la Comisión en que el nuevo programa de acción social tenga ya en cuenta las nuevas posibilidades que el Tratado ofrecerá una vez ratificado. A su juicio, la política social a nivel europeo debería orientarse hacia la búsqueda consensual de condiciones mínimas compatibles con los requisitos de la competitividad, con el fin de salvaguardar el modelo social europeo, aunque con las adaptaciones necesarias a lo largo de los años por la evolución de la situación.

2.2. Si el modelo social europeo, entendido como una búsqueda constante de un compromiso entre los intereses de los distintos grupos sociales, debe considerarse legítimamente como un valor permanente de nuestra sociedad, su validez sólo se demostrará en la práctica si es capaz de afrontar a su debido tiempo los desafíos generados por un entorno histórico que evoluciona rápidamente. Entre los retos de carácter político e institucional, la Comunicación de la Comisión atribuye especial importancia, con toda razón, a la avanzada construcción de la unión económica y monetaria, así como, en el futuro, a la ampliación progresiva de la UE a los PECO. No obstante, el Comité considera que se echa de menos en ambos asuntos un análisis adecuado de la Comisión sobre las repercusiones previsibles de la evolución actual en el conjunto de la política social.

2.3. Por lo que se refiere a la UEM, el Comité comparte la opinión de la Comisión de que el nuevo marco económico hará todavía más necesaria una estrecha conexión entre política económica y política social. En concreto, refiriéndose a las observaciones formuladas en su momento sobre la reestructuración del diálogo social y las repercusiones de la unión económica y monetaria en el mercado laboral europeo, en las que señalaba que «sin la posibilidad de devaluar la moneda, la carga del ajuste estructural recaerá principalmente en los salarios y precios» (), el Comité considera que aumentará la responsabilidad de todos los interesados, especialmente de los interlocutores sociales, a la hora de fomentar un entorno de estabilidad para el crecimiento económico, la competitividad, el empleo y la defensa de la protección social de nivel adecuado.

2.4. En cualquier caso, debe potenciarse más el diálogo con los ciudadanos en el ámbito de la política social [véanse la declaración n° 23 del Tratado sobre la cooperación con las asociaciones de solidaridad y el dictamen del Comité de 10 de diciembre de 1997 sobre «La cooperación con las asociaciones de solidaridad como agentes económicos y sociales en el ámbito social» ()]. Cada vez se reconoce más la importancia de la opinión de la sociedad civil. Asimismo, debe hacerse hincapié en el valor añadido que aporta la participación de los ciudadanos en el conjunto del debate europeo.

2.5. El Comité también acepta la valoración de la Comisión sobre la atención especial que debe concederse a la política social durante la transición de los PECO hacia la economía de mercado, y destaca en particular la referencia al papel del programa PHARE en el desarrollo y actualización de las infraestructuras sociales de estos países. Habida cuenta de la gravedad de los problemas existentes -ampliamente ejemplificada por la experiencia de la integración de Alemania del Este en la República Federal-, el Comité pide a la Comisión que realice un examen más profundo e indique de forma más precisa las iniciativas que piensa adoptar al respecto. De hecho, el Comité opina que la Comisión debe asistir a los países candidatos en todo lo relacionado con el desarrollo de sus sistemas de seguridad social y de su legislación social.

2.6. Tal como se destaca en la Comunicación de la Comisión, la exacerbación de la competencia internacional obliga a la economía de la UE a aumentar su competitividad y hace que una mayor flexibilidad de la mano de obra, en cuanto a la polivalencia de las cualificaciones y a los usos laborales, sea una condición necesaria para responder eficazmente a la demanda del mercado y lograr una reactivación duradera del crecimiento y el empleo. Consciente de los riesgos sociales inherentes a una especie de «espiral de reducción», el Comité hace suya la afirmación de la Comisión de que es necesario «lograr el adecuado equilibrio entre la flexibilidad y la seguridad» y, al igual que ella, se muestra convencido de que el diálogo social debe desempeñar una función capital en la búsqueda de este compromiso, especialmente respecto de la estrategia del empleo.

2.7. Asimismo, el Comité comparte la opinión de la Comisión de que sólo una Europa capaz de ofrecer posibilidades laborales defenderá los valores fundamentales del modelo social europeo, y se compromete de forma expresa a utilizar en la puesta en práctica de las conclusiones del Consejo Europeo extraordinario de Luxemburgo nuevas iniciativas en favor de un crecimiento dinámico y un aumento del empleo.

2.8. A este respecto, el Comité se declara muy satisfecho por la filosofía en que se basa el programa de la Comisión, que le da un carácter orgánico y convierte al empleo en el objetivo central de toda la política social. En una coyuntura histórica caracterizada por la globalización y una evolución tecnológica acelerada, la estrategia del empleo debe utilizar toda una panoplia de instrumentos que se recogen en dicho programa. Entre otros, destacan los nuevos programas de formación, la mejora de la inserción profesional y de los intercambios de mejores prácticas en materia de organización laboral, también en relación con las perspectivas que ofrece en el ámbito social la rápida instauración de la sociedad de la información; sin olvidar el fomento del espíritu de iniciativa, la igualdad de oportunidades y la libre circulación, así como, en el plano financiero, la reforma del Fondo Social Europeo para convertirlo en un instrumento de apoyo a las políticas nacionales de empleo.

2.9. Todos estos instrumentos tienden a incrementar la empleabilidad de la mano de obra en la medida en que preparan a los individuos y a la colectividad para un mundo cambiante. A este respecto, un aumento de la flexibilidad y la movilidad profesional y geográfica de los trabajadores y una protección social orientada ante todo a enriquecer su cualificación profesional pueden contrarrestar de manera eficaz el desarrollo inquietante que presenta hoy día el fenómeno de la exclusión, además de permitir superar un nivel de crecimiento económico insuficiente merced una combinación eficaz de las orientaciones generales de política económica fijadas en mayo pasado para toda la Unión y las líneas de acción de la política de empleo mencionadas anteriormente.

2.10. En este sentido, el Comité defiende la elaboración de un calendario realista que incluya las iniciativas políticas anunciadas en el programa de acción y las propuestas pendientes, y cuyo cumplimiento se compruebe periódicamente en colaboración con las instituciones de la UE y con los interlocutores sociales. El Comité pide a la Comisión que presente propuestas concretas para llevar a la práctica los proyectos políticos.

3. Observaciones específicas

3.1. El Comité hace hincapié en la importancia que debe concederse al fomento del espíritu empresarial, que el Consejo Europeo extraordinario de Luxemburgo convirtió en uno de los pilares de la estrategia del empleo. Consciente de la importancia que el desarrollo del trabajo por cuenta propia adquiere en el contexto actual, el Comité reafirma su apoyo decidido a las acciones prioritarias expuestas en la reciente Comunicación de la Comisión sobre el tema (), en particular todo lo que afecta a la difusión de la cultura empresarial y a la mejora del entorno propio de las empresas.

3.2. Respecto de las iniciativas incluidas en la estrategia de empleo, el Comité considera especialmente positiva la propuesta de la Comisión de «desarrollar un planteamiento preventivo de la exclusión social» y de poner en práctica, siempre que sea posible y sin detrimento de las competencias nacionales en la materia, las medidas incentivadoras previstas en el Tratado de Amsterdam en favor de las personas excluidas del mercado laboral, recordando que esta problemática forma parte de sus preocupaciones desde hace tiempo ().

3.3. El Comité considera plenamente justificada la importancia que se concede en el programa al diálogo social, en especial por lo que se refiere al empleo. El Comité se muestra a favor de que los interlocutores sociales, en el marco del diálogo social y en ejercicio de su autonomía contractual, puedan establecer normas mínimas equilibradas mediante acuerdos que puedan convertirse en una normativa adoptada por el Consejo a propuesta de la Comisión, como ya ha ocurrido con los temas del permiso parental y el trabajo a tiempo parcial en los que la Comisión, de forma acertada, asumió la iniciativa legislativa. No obstante, el papel de catalizador desempeñado por la Comisión en este proceso no debe anular la iniciativa de los interlocutores sociales; por el contrario, estos deberán intervenir desde el inicio en la elaboración del programa de acción social, así como pronunciarse sobre las propuestas específicas incluidas antes de su elaboración definitiva.

3.4. En el mismo orden de ideas, el Comité considera que el impulso de nuevas formas de organización del trabajo debería constituir un elemento esencial de una estrategia del empleo integrada a nivel europeo. Dado que los procesos productivos en la industria y los servicios se basan cada vez más en los conocimientos, las empresas deben combinar el potencial innovador y la flexibilidad con un aumento de las aptitudes profesionales y de la motivación del personal, persiguiendo objetivos comunes de eficacia, competitividad y desarrollo personal, desde el punto de vista de una mejor cualificación y mayor margen para el ejercicio de sus capacidades. En efecto, la innovación y adaptación empresarial a las evoluciones estructurales y a las nuevas formas de organización del trabajo requieren que el personal pueda cualificarse para nuevos requisitos profesionales.

3.5. Por lo que se refiere a las iniciativas que la Comisión quiere adoptar a raíz del debate sobre el Libro Verde relativo a la nueva organización del trabajo y de las indicaciones posteriores del Consejo Europeo extraordinario de Luxemburgo, el Comité confirma su interés por la experimentación progresiva de nuevas formas participativas de organización del trabajo empresarial y, cuando proceda, sectorial. A este respecto, considera útil el intercambio de experiencias positivas con la correspondiente transferencia de conocimientos prácticos y reitera que las nuevas formas de organización del trabajo deberán tener en cuenta la gran diversidad de las situaciones y no podrán, por su propia naturaleza, convertirse en modelos de aplicación universal (). No obstante, el Comité estima que el proceso actual podría impulsarse mediante una mayor participación sobre todo de los trabajadores menos cualificados en los programas de fomento de la formación en el sector privado y público. En este punto, podría ser útil que la Comisión adoptara una iniciativa de tipo político.

3.6. Habida cuenta de que la experimentación progresiva de nuevas formas de organización del trabajo es de por sí inseparable de las posibles repercusiones contractuales, el Comité considera deseable que puedan alcanzarse en el futuro acuerdos suplementarios sobre el trabajo flexible y demás formas nuevas de trabajo, en el entendimiento de que las eventuales soluciones no deberán menoscabar la autonomía contractual de los interlocutores sociales. El debate que la Comisión quiere iniciar con la reciente Comunicación sobre el trabajo no declarado () podría servir de manera apreciable para delimitar los ámbitos de acción al respecto.

3.7. En cuanto a la intención recogida en la Comunicación de la Comisión de consultar durante este año a los interlocutores sociales sobre la necesidad de una acción comunitaria en materia de protección de los teletrabajadores, el Comité estima que, en la situación actual, tal iniciativa exige una aclaración previa y que conviene crear las condiciones de un debate general entre las partes interesadas para «especificar y analizar una definición, un marco y un concepto comunes» del teletrabajo (). Simultáneamente, deberían establecerse normas mínimas para garantizar la protección de los datos sobre los trabajadores de que disponen las empresas en toda la UE y que tengan carácter personal o permitan la identificación.

3.8. De forma más general, el Comité considera positiva la atención que el programa presta a las perspectivas de mejora de las condiciones de vida y trabajo y de creación de empleo que ofrece la sociedad de la información, en especial desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades y de la integración de las personas discapacitadas, y remite a un dictamen aprobado recientemente sobre el particular ().

3.9. El Comité toma nota del compromiso de la Comisión de que «continuará fomentando la información y consulta adecuadas a los trabajadores en relación con las decisiones que les afectan» y de que procurará que se adopten normas mínimas en la materia a nivel nacional, confirmando la opinión por lo demás ya formulada () de que, en las condiciones actuales, la mejora de las estructuras de comunicación interna y el aumento de las posibilidades de participación de los empleados son condiciones necesarias para lograr los objetivos empresariales. Asimismo, el Comité considera que deben garantizarse de forma eficaz a nivel nacional los derechos de información, consulta y, en su caso, participación reconocidos a los representantes del personal.

3.10. Respecto de la propuesta de la Comisión de presentar en 1999 un informe sobre la aplicación de la Directiva relativa al comité de empresa europeo, condición necesaria de la sociedad accionarial europea, el Comité remite a lo expuesto en el dictamen sobre el estatuto de la sociedad europea (), en el que destaca la imposibilidad de ampliar a todos los Estados miembros el modelo de participación adoptado por uno o varios de ellos y la necesidad de evitar que, en caso de fusión, puedan incumplirse las normas nacionales sobre la participación de los representantes de los trabajadores por medio de un instrumento jurídico europeo; presenta propuestas para prevenir la imposición de soluciones contrarias a las posiciones de las partes interesadas; y reconoce la necesidad hallar las soluciones adecuadas por medio de la negociación ().

3.11. El Comité defiende la aplicación de las nuevas disposiciones legales sobre protección de los trabajadores, que desempeñan un papel primordial para luchar de forma activa contra los riesgos sanitarios socioprofesionales y reducir el coste económico de las enfermedades laborales. A este respecto, es indispensable fomentar constantemente, también con programas de la Comisión, las iniciativas de aplicación de estas medidas. El Comité concede gran importancia a la parte del programa de acción dedicada a la modernización y mejora de la protección social. Asimismo, comparte la declaración de la Comisión de que los sistemas de protección social en Europa deben adaptarse para satisfacer mejor las demandas existentes y asumir las nuevas necesidades, las circunstancias cambiantes y una mayor presión para controlar los costes. En este sentido, debería garantizarse el mantenimiento de un alto nivel cualitativo de la seguridad social en Europa. El Comité apoya la intención de la Comisión de centrarse en especial en la orientación de los sistemas impositivos y de subsidios hacia la creación de empleo, así como de analizar en detalle las tendencias demográficas. Por otra parte, pide a la Comisión que elabore en un plazo razonable propuestas sobre un marco europeo de sistemas complementarios de pensiones, tal como solicitó en el dictamen sobre el Libro Verde de 1997, y que adopte medidas adicionales para proteger los derechos complementarios de pensiones de los trabajadores por cuenta ajena y propia que se desplacen dentro de la Unión Europea, de acuerdo con las sugerencias recogidas en el dictamen sobre la propuesta de Directiva en la materia.

3.12. La distribución de las perspectivas de empleo y carrera entre hombres y mujeres sigue siendo muy desigual. Este desequilibrio tiene repercusiones obvias en el conjunto de la política social, por lo que se impone reconsiderar de forma general las relaciones entre familia y empleo y eliminar las discriminaciones que, en materia de horarios, dificultan la participación de la mujer en actividades de formación, con el fin de aumentar la empleabilidad de las mujeres y desarrollar sus competencias en el propio lugar de trabajo. A este respecto, es necesario tener presente en todas las políticas los múltiples aspectos de la especificidad generada por la diferencia sexual. La UE debería desempeñar un papel determinante en todos estos temas. El Comité apoya los esfuerzos de la Comisión para integrar la igualdad de oportunidades en todos los proyectos comunitarios pertinentes, especialmente en el marco de la estrategia del empleo. Del mismo modo, el Comité considera positivas las acciones específicas previstas para mejorar la situación de la mujer y la introducción de una dimensión de igualdad de sexos en todo el proceso de toma de decisiones comunitario.

3.13. El Comité considera significativo, también en la óptica de sus trabajos anteriores, que en el programa de la Comisión, además de anunciar una serie de iniciativas destinadas a suprimir las discriminaciones que subsisten dentro del mercado laboral comunitario, se dedique todo un capítulo a la dimensión exterior de la política social. A su juicio, los derechos sociales fundamentales son en gran parte independientes del potencial económico y del nivel de productividad de cada país. Por eso, el Comité muestra su satisfacción por la voluntad de la Comisión de proseguir el debate sobre los derechos fundamentales a partir del informe del comité de expertos. Asimismo, apoya la propuesta de la Comisión de favorecer un conjunto de normas laborales reconocidas a nivel internacional, sobre todo en el marco de la OIT, y de potenciar la cooperación con la OIT, la OMC y la OCDE al respecto.

3.14. El Comité apoya el principio de la igualdad de trato de las minorías en la Unión y las iniciativas políticas de lucha contra la intolerancia, el racismo y la xenofobia.

3.15. El Comité llama la atención sobre las nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas a la política de salud pública y remite al dictamen sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre el desarrollo de la política de salud pública en la Comunidad Europea» en el que se ofrece un análisis más detallado de dicha política.

Bruselas, el 9 de septiembre de 1998.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() COM(97) 102 final.

() DO L 245 de 26.8.1992, p. 49, y dictamen del Comité de 28.11.1991 (DO C 40 de 17.2.1992).

() Dictamen sobre «Los efectos de la Unión Económica y Monetaria: aspectos económicos y sociales de la convergencia y sensibilización a la moneda única» (26.9.1996), DO C 30 de 30.1.1997, p.73.

() DO C 73 de 9.3.1998.

() Dictamen sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo sobre el fomento del espíritu empresarial en Europa: prioridades para el futuro» (27.5.1998), DO C 235 de 27.7.1998, p. 69.

() Véase en especial el dictamen sobre la «Comunicación de la Comisión - El futuro de la protección social: marco para un debate europeo» (28.11.1996), DO C 66 de 3.3.1997, y el dictamen de 1.7.1998 sobre «El coste de la pobreza y de la exclusión social en Europa», DO C 284 de 14.9.1998, p. 25.

() Véase en especial el dictamen sobre el «Libro Verde - Cooperación para una nueva organización del trabajo» (11.12.1997), DO C 73 de 9.3.1998.

() COM(1998) 219 final.

() Véase el dictamen citado sobre una nueva organización del trabajo, punto 3.7.7.

() Dictamen sobre la «Comunicación de la Comisión sobre la dimensión social y del mercado de trabajo de la sociedad de la información - Prioridad para las personas - Las próximas etapas» (26.2.1998), DO C 129 de 27.4.1998.

() Véase en especial el dictamen sobre la «Comunicación de la Comisión - El futuro de la protección social: marco para un debate europeo» (28.11.1996), DO C 66 de 3.3.1997, y el dictamen de 1.7.1998 sobre «El coste de la pobreza y de la exclusión social en Europa», DO C 284 de 14.9.1998, p. 25, punto 3.5.4.

() Dictamen sobre el «Estatuto de la sociedad europea» (11.12.1997), DO C 129 de 27.4.1998.

() Véase el informe final del Grupo de expertos «European Systems of Worker Involvement» (Informe Davignon), mayo de 1997.