Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Comunicación de la Comisión - Modernización y mejora de la protección social en la Unión Europea»

(98/C 73/22)

El 18 de marzo de 1997, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la comunicación mencionada.

La Sección de Asuntos Sociales, Familia, Educación y Cultura, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 13 de noviembre de 1997 (Ponente: Sra. Maddocks; Coponente: Sr. Chevalier).

En su 350° Pleno (sesión del 10 de diciembre de 1997), el Comité Económico y Social ha aprobado por 76 votos a favor, 38 en contra y 9 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. ¿Competencia internacional?

La protección social y la competitividad pueden reforzarse mutuamente. No deberían perjudicarse entre sí, ni en el mercado interior ni en la Organización Mundial del Comercio. Juntos, pueden formar una base sostenible y cohesiva, integrada en la política macroeconómica, que sirva para fomentar el crecimiento y el empleo, apoyándose en la solidaridad, la empresa y la inclusión.

El gasto en protección social representa el 28 % del PIB total de la UE. En los Estados Unidos, el gasto neto supone un 27 % del PIB. En palabras de la Comisión, «si se tiene en cuenta tanto el gasto privado como el público, el gasto total por unidad familiar en protección social, atención sanitaria y pensiones alcanza niveles relativamente similares en los países desarrollados con altos niveles de industrialización» (). La Comunicación afirma claramente que «es importante comprender que las razones para reformar los sistemas de protección social no proceden de la competencia de terceros países» ().

1.2. ¿Evolución actual?

En la década de los ochenta y los noventa, el gasto en protección social de la UE en comparación con el PIB se incrementó a un ritmo más lento que durante la década de los setenta. Los incrementos con respecto al PIB se produjeron principalmente durante los periodos de recesión económica, cuando el PIB experimentó un crecimiento lento o nulo. Algunos Estados miembros también aumentaron sus gastos a fin de desarrollar sus sistemas de protección social y acercarse a los niveles de los Estados más desarrollados de la Unión (). En términos generales, el gasto en protección social de la UE ha sido relativamente estable, excepto durante los ciclos de bajo rendimiento económico. La Comisión concluyó que existen pocos indicios de que se vaya a producir una aceleración en el desarrollo de los gastos en protección social (). Al mismo tiempo, el gasto en protección social de la UE se caracteriza por ser capaz de mantener la estabilidad y la cohesión social en periodos de reestructuración, procesos de transformación industrial y grandes convulsiones macroeconómicas.

1.3. ¿La futura viabilidad de la protección social de la UE?

1.3.1. Al objeto de preservar su sistema de protección social, teniendo en cuenta al mismo tiempo la evolución demográfica y económica, numerosos Estados miembros tratarán de adaptar sus sistemas de protección social a lo largo de la próxima década de acuerdo con sus circunstancias y culturas particulares. En cualquier caso, esas adaptaciones deben llevarse a cabo a través de la cooperación en el marco de la Unión Europea.

1.3.2. La Comunicación de la Comisión considera que las verdaderas «razones de la reforma son de orden interno». Se destacan dos problemas mayores: «los abultados déficits públicos y el fracaso en la integración social» ().

1.3.2.1. Se puede argumentar que el primer problema no es debido a la protección social, pero tiene un efecto en la misma. El desempleo masivo y las correspondientes transferencias a fin de financiar los subsidios de los parados son problemas relacionados principalmente con los retrasos económicos y el funcionamiento del mercado de trabajo. Asimismo, la «bomba de relojería» demográfica y el temor a un índice de dependencia insostenible en el futuro próximo por lo que se refiere al número de jubilados que reciba una pensión en comparación con la población activa, también puede considerarse un problema grave de distribución de recursos, más relacionado con el índice de sustitución en el mercado laboral que con cualquier fallo inherente a la protección social. Al mismo tiempo se puede sostener asimismo que los ajustes necesarios tanto desde el punto de vista económico como del mercado laboral pueden verse impulsados y respaldados mediante determinadas adaptaciones de nuestros sistemas de protección social. La clave para progresar en ambos temas parece girar en torno al doble concepto de flexibilidad y seguridad, teniendo en cuenta la «naturaleza cambiante del trabajo» y la importancia de coordinar las políticas económicas y estructurales según lo establecido en la Declaración de la cumbre de Dublín sobre el Empleo, y resumido en el informe de la Comisión sobre Europa como «entidad económica».

1.3.2.2. El segundo problema, «el fracaso en la integración social» es más intrínseco a la protección social en la UE, especialmente en relación con el desempleo masivo y la correspondiente exclusión social, cuyos costes económicos y sociales estimados son enormes. Existe un consenso general sobre la necesidad de un gran cambio que permita pasar de unos sistemas de protección social de mantenimiento de la renta (pasivos) a otros más favorables al empleo (activos).

1.3.3. En la Comunicación de la Comisión se subrayan dos desafíos adicionales importantes: la «adaptación de la protección social a la evolución de la participación de hombres y mujeres en la vida profesional» y la «mejora de la protección social de las personas que se desplazan en el interior de la Unión». El Comité apoya todas las principales propuestas en este ámbito ().

2. ¿Propuestas específicas?

2.1. La protección social como factor de producción

2.1.1. El Comité siempre sostuvo que la protección social puede contribuir a estimular y reforzar el desarrollo económico, y llamó la atención sobre los efectos benéficos de un enfoque integrado y coordinado de las políticas sociales y económicas tanto a nivel europeo como nacional (). Asimismo la Comunicación de la Comisión, señala que «los Estados miembros que cuentan con una sólida red de seguridad presentan a menudo mejores resultados en términos de PIB per cápita o balanza comercial que los demás» (). La espiral negativa y descendente, consecuencia de los malos resultados económicos, que implica recortes en protección social y, por consiguiente, una reducción del consumo y la demanda, puede invertirse y recibir un enfoque positivo e integrado consistente en transformar los gastos pasivos en activos para que generen empleo, servicios y crecimiento. Como señala el Libro Blanco de Delors, para ello sería necesaria «una reestructuración de los sistemas nacionales de complemento de ingresos, de manera que se puedan completar los ingresos del trabajo con ingresos de la seguridad social desarrollando sistemas integrados de imposición y de complemento de ingresos» (). A este respecto, los próximos estudios que la Comisión lleve a cabo sobre la relación entre las políticas sociales y económicas podrían centrarse en el establecimiento de indicadores comparables del empleo potencial en el sector de los cuidados y la capacidad preventiva de la protección social. En este contexto, un reciente estudio subraya los costes que implica el no tener un modelo social desarrollado (). Últimamente, como señala la Comisión «una interrogante fundamental» es «¿cómo combinar obligaciones y oportunidades?» (). La Comisión señala oportunamente que «la exigencia apremiante de consolidar con urgencia las finanzas públicas ... no está en contradicción con un alto grado de protección social, ni conduce al desmantelamiento del principio de solidaridad. Por el contrario, refuerza la solidaridad entre diferentes generaciones ya que reduce la carga que pesará sobre las generaciones futuras.» () El Comité tiene conocimiento de que la Comisión presentará un informe sobre este tema a los Estados miembros y desearía participar en ese debate.

2.2. Hacia una protección social más favorable al empleo

2.2.1. Los cambios en el mercado laboral, como por ejemplo, el índice creciente de participación de la mujer y la ampliación de los modos de trabajo flexibles, así como el surgimiento de nuevas formas de organización del trabajo y los mecanismos para flexibilizar los permisos a lo largo de la vida laboral están haciendo evolucionar el mundo del trabajo hacia modelos de trabajo individual más variados (). La protección social puede apoyar tales cambios facilitando las distintas formas de transición del mercado de trabajo. Varios dictámenes del Comité sostienen que esos nuevos cambios deben ser tenidos en cuenta en la organización de la protección social (). La Declaración de Dublín sobre Empleo también proponía el desarrollo de sistemas de protección social susceptibles de adaptación a los nuevos modelos de trabajo y de proporcionar una protección social adecuada a las personas que desempeñan ese tipo de trabajo.

2.2.2. Las potenciales áreas de desarrollo para un cambio así, que haga la protección social más favorable al empleo, se encuentran principalmente en los sectores donde se pueda llevar a cabo una cooperación pública y privada. Por ejemplo, los sectores sanitario, de transporte, energía y medio ambiente son todos ellos ámbitos donde las inversiones, en forma de mecanismos de ayuda de carácter no salarial y asistencia complementaria, podrían permitir que otras necesidades importantes (como las de las personas de edad avanzada) fuesen más viables desde el punto de vista económico y podrían resultar beneficiosas para el crecimiento y el empleo. La pertenencia de estos programas al sector público les confiere una importancia considerable y, en consecuencia, el Libro Blanco del Presidente Delors propone lógicamente que se explote al máximo su potencial de creación de empleos gestionándolos mediante una «única administración pública» (). La participación de los interlocutores sociales, la economía social y las correspondientes ONG y las autoridades locales y regionales en este proceso podría contribuir asimismo a fomentar los programas prácticos, y garantizar una adecuada protección y unos incentivos positivos para facilitar el cambio de «la asistencia al trabajo». Muchas de las personas que reciben subsidios de forma prolongada acaban por encontrarse en un callejón sin salida y cada vez les resulta más difícil salir del atolladero. Este problema podría superarse a través de una campaña positiva para la mejora de la situación individual así como un ajuste (no perjudicial) del vínculo entre impuestos y subsidios. Tales incentivos podrían incluir un tope de ingresos más altos en términos de derechos de prestaciones.

2.2.3. Se podrían establecer colaboraciones similares de carácter público/privado, que funcionasen en parte como experiencia laboral y en parte como ayudas de renta, sujetas a acuerdos colectivos, y destinadas a la formación y el reciclaje de los desempleados que tratan de obtener una cualificación o una recualificación y acceder o volver a incorporarse en el mercado laboral. Los esfuerzos por fomentar transiciones flexibles entre escuela, formación y empleo son importantes. Una vez más, la participación de los interlocutores sociales en la negociación del marco de estos programas de formación laboral, que incluirían ayudas de renta, podría garantizar unos programas asistenciales basados en incentivos en lugar de ser obligatorios, y ofrecer garantías suficientes contra la sustitución de puestos de trabajo por mano de obra barata subvencionada. Es necesario prestar una atención particular a fin de garantizar que tales programas están concebidos y basados en criterios tendentes efectivamente a la creación de empleo. Como ya señaló anteriormente el Comité «la educación y la formación, aunque necesarias, no son suficientes para elaborar una política adecuada de lucha contra el desempleo. También es necesario diseñar unas políticas generales y específicas de creación de empleo» ().

2.2.4. Estas políticas deben ser llevadas a cabo:

- respetando el principio de subsidiariedad y, en particular, el acervo de cada Estado miembro en función de las negociaciones anteriores y las distintas «culturas sociales»;

- en estrecha colaboración con los participantes para definir los proyectos, garantizar su realización y evaluar los resultados;

- rechazando que se cree una capa social que trabaje en empleos artificiales e infraremunerados.

2.2.5. La protección social favorable al empleo también incluye propuestas para reducir los costes laborales no salariales. El Libro Blanco de Delors proponía la reducción o exención de las contribuciones de los empresarios a la seguridad social para los trabajadores menos cualificados y de menor salario mediante la compensación de los costes con medidas alternativas como impuestos sobre el medio ambiente, impuestos sobre los productos nocivos para la salud, e impuestos que hagan más atractiva la inversión productiva (). El dictamen de la Comisión de noviembre de 1996 sobre el «futuro de la protección social» seguía una orientación similar en lo que se refiere a las medidas compensatorias, pero proponía una exención parcial de las contribuciones de los empresarios a la seguridad social en todos los sueldos y salarios que se encontraran por debajo de un nivel acordado (). El Dictamen del Comité sobre la fiscalidad en la Unión Europea, de 9 de julio de 1997, también apoyaba estas fuentes de financiación alternativas (). La Comunicación de la Comisión señala que «a pesar de que varios Estados miembros han introducido diversas medidas para reducir los costes laborales no salariales, varios estudios han llegado a la conclusión de que apenas han afectado a la tasa global de desempleo, ya que generan pérdidas considerables y efectos de sustitución entre el trabajo subvencionado y el no subvencionado. Al mismo tiempo otros estudios muestran que para que repercutan positivamente sobre el empleo, es preciso que las medidas sean diseñadas cuidadosamente y se orienten hacia la creación de empleo» (). El Comité insta la Comisión a que siga trabajando en este tema y expresa su deseo de participar en este proceso. Está claro que tales programas no deberían implicar que los trabajos inseguros sustituyesen a los seguros, ni tampoco deberían perjudicar los derechos de los beneficiarios de la seguridad social. Debería observarse el principio de subsidiariedad.

2.2.5.1. Se admite comúnmente que, para promover el empleo, es «necesario invertir la tendencia de las estructuras impositivas a hacer recaer sobre el trabajo una carga cada vez mayor en comparación con otras bases de imposición» (). Esta es la razón por la que el Comité reconoce la importancia de una visión global de toda el área de imposición llevada a cabo por el Grupo de Alto Nivel sobre Política Fiscal que fue creado por el Consejo Europeo de Dublín. Además, la interacción entre fiscalidad y estructuras benéficas podría hacerse más neutral en lo que respecta a la dinámica del mercado de trabajo.

2.2.6. Las propuestas en la Comunicación de la Comisión a favor de una transición más flexible del trabajo hacia la jubilación, especialmente mediante los programas voluntarios de prejubilación a tiempo parcial, han recibido el consecuente apoyo del Comité, siempre que existan garantías legales y un sólido marco de convenios colectivos adaptados a los sectores afectados. «Los individuos reducirían progresivamente su tiempo de trabajo (transición hacia un tiempo de trabajo cada vez más parcial), pero al mismo tiempo alargarían su período de vida activa (retraso progresivo de la edad de jubilación)» (). Estos programas de trabajo a tiempo parcial individualizados, y sujetos a acuerdos colectivos, podrían diseñarse de tal modo que contribuyesen a liberar puestos de trabajo para los jóvenes desempleados, con los consiguientes ahorros en seguridad social y subsidios de desempleo. No obstante, los programas de este tipo no deben obrar en detrimento de los trabajadores de mayor edad. Dichos ahorros, junto a un recurso más gradual y escalonado a las pensiones, podrían compensar con creces las ayudas destinadas a completar los programas de prejubilación a tiempo parcial. Los costes y beneficios totales de tales disposiciones habrían de ser evaluados, y los ejemplos de buenas prácticas en toda la Unión Europea deberían ser objeto de debate por parte de los interlocutores sociales. Asimismo es necesario resolver el tema de los derechos correspondientes y la situación jurídica de los trabajadores a tiempo parcial.

2.2.7. Asimismo, el Comité defiende insistentemente la necesidad de protección social a fin de fomentar la integración. Ello requiere un nivel de ingresos mínimo garantizado, relacionado con la integración, la estabilidad y el reciclaje. Los empleos y las actividades son los mejores medios de sostener la integración social. Esto puede incluir empleos «no comerciales» que pueden suponer enormes ahorros para la hacienda pública y compensar de este modo las asignaciones, subsidios o exenciones fiscales.

2.3. Adaptar la protección social al envejecimiento demográfico de las sociedades europeas

2.3.1. La combinación de la caída de la natalidad y el aumento de la longevidad significa que la proporción de personas de edad avanzada con respecto a la población activa se doblará en los próximos cincuenta años. Ello hará que sea cada vez más difícil financiar los pagos de las pensiones si no hay un nivel adecuado de contribuyentes en el seno de la población activa. El desarrollo de modelos comunes de previsión de los gastos de protección social a largo plazo contribuiría a una mayor comprensión de los desafíos que plantean los cambios demográficos en toda la Unión. La «bomba de relojería» demográfica y las consiguientes presiones y dudas acerca de la sostenibilidad del régimen de pensiones representa en cualquier caso un grave problema de distribución relacionado con el índice de recolocación en el mercado laboral, como señala asimismo la Comisión en su Informe Demográfico de 1997 (). Diversos ajustes en el mercado laboral podrían contribuir a contrarrestar algunos de los problemas. Por ejemplo, la Comunicación de la Comisión señala que «la progresión de la participación de la mujer en el mercado de trabajo se mantendrá en los próximos años y representará un factor positivo para compensar el envejecimiento de la población activa» (). Una transición flexible hacia la jubilación mediante cambios voluntarios en la edad de jubilación, como se indica anteriormente, también podría reducir el índice de dependencia. Además, en un momento en el que existen más de 18 millones de parados en la UE, sería bastante paradójico tener miedo por la falta de mano de obra activa. El tema clave no es el conjunto de la estructura demográfica de la sociedad sino el número de individuos que aporta su contribución al PIB. El problema es más el empleo que las pensiones. Las preguntas que se plantean sobre la sostenibilidad de las pensiones, tanto si se trata de regímenes de reparto («pay as you go» o «PAYG») como de planes de pensiones capitalizados, están relacionadas en última instancia y de manera inevitable con los resultados económicos. Además, como señala la Comisión «no sería realista una reforma radical de los sistemas públicos para pasar de regímenes de reparto a planes de pensiones capitalizados, dados los enormes costes que acarrearía la transición.» ()

Para proporcionar un entorno seguro a los regímenes complementarios de pensiones se necesita la contribución de políticas relacionadas con los resultados económicos. Los regímenes de reparto dependen de políticas en las que la gente participe activamente en la creación de PIB. Los planes de pensiones capitalizados están sujetos a la inflación, la inversión y los riesgos de especulación de los capitales. Independientemente del modo en que se organizan los regímenes de pensión -público, complementario o privado- deben existir garantías para su coexistencia. El gasto necesario debe ser generado en todo caso por medio de las economías nacionales actuales y las políticas complementarias de estabilidad monetaria e inversión de capitales. En medio de todos estos condicionantes económicos, el Comité ya ha apoyado propuestas a favor de regímenes complementarios de pensiones trasladables.

2.3.2. El Comité ya ha apoyado las ideas expuestas en la Comunicación de la Comisión sobre las nuevas necesidades sanitarias de la gente de edad avanzada, especialmente en lo que se refiere a permitir a aquellos que lo deseen, si es posible, permanecer en sus propios domicilios en vez de estar en instituciones especiales. Permitir condiciones tales como la asistencia en casa, cuidados médicos y paramédicos, y el acceso a los servicios sociales, todo ello posiblemente en colaboración con el sector de voluntariado, es preferible y, de hecho, menos costoso que tener que depender de los seguros privados con los posibles riesgos de «antiselección» y «riesgo moral» (). El Comité ha propuesto medidas adicionales, incluyendo una tasa de solidaridad intergeneracional a fin de financiar infraestructuras y asistencia para las personas de edad avanzada y reducir la dependencia. También se pueden lograr medidas de protección social positivas a la hora de cubrir nuevos riesgos, incluso durante los períodos de recesión.

2.3.3. La protección y la atención de la salud representan un aspecto esencial de la protección social. Este capítulo no debe abordarse teniendo en cuenta sólo a las personas mayores sino que ha de estudiarse atendiendo a sus peculiaridades. El gasto de la asistencia sanitaria, especialmente para las personas muy ancianas, puede ser compensado parcialmente mediante la medicina preventiva, las orientaciones y los cuidados en el hogar. A fin de mejorar los resultados en el sector sanitario, y preparar los sistemas de atención sanitaria para los factores que influyen en el estatus sanitario de la población, los Estados miembros podrían plantearse un enfoque más coherente de la política sanitaria de acuerdo con las líneas indicadas por la OMS (). Además, se podría evaluar mejor la rentabilidad de las nuevas tecnologías y el impacto de las políticas comunitarias. La Comisión llama la atención asimismo sobre la necesidad de tener más en cuenta los aspectos sanitarios de los cambios en la organización del trabajo (). El dictamen del Comité de noviembre de 1996 sobre «el futuro de la protección social» subrayaba que «al aprobar la Recomendación de 1992 relativa a la convergencia de los objetivos y políticas de protección social, los Estados miembros de la UE dieron su apoyo al objetivo de garantizar a todas las personas residentes legalmente en el territorio de un Estado miembro el acceso a la atención médica necesaria, así como al mantenimiento y desarrollo de un sistema sanitario de calidad. El afán de limitar los gastos sanitarios debe modularse a fin de preservar el objetivo de igualdad de acceso a la atención médica de calidad para todos. La introducción de medidas que permitan la selección de los riesgos ("entresaca") pondría en peligro la solidaridad y la prestación de una atención eficaz.» ()

2.4. Adaptar la protección social a la evolución de la participación de hombres y mujeres en la vida profesional: hacia una individualización de los derechos

2.4.1. El Comité apoya las propuestas para reconciliar el trabajo y la vida familiar y aplicar progresivamente una individualización de los derechos, sin poner por ello en peligro el bienestar económico de la mujer. La Comisión afirma que «la idea de una pensión básica de vejez complementada por una pensión profesional podría solucionar este complejo problema» al tener mejor en cuenta la posición actual de la mujer en el mercado de trabajo y otros modelos de vida laboral (). Sin embargo, teniendo en cuenta las diferencias entre los distintos sistemas nacionales, se debe estudiar cuidadosamente los efectos que la idea de la Comisión pudiera tener sobre los sistemas de seguridad social basados en un sistema de cotizaciones e ingresos. Sería útil que la Comisión publicara una comunicación sobre la individualización de los derechos en la que se trataran estos problemas.

2.4.2. Asimismo, el CES siempre ha apoyado las propuestas a favor de la igualdad de trato en los regímenes de seguridad social estatutarios y profesionales.

2.5. Mejorar la protección social de las personas que se desplazan dentro de la Unión

2.5.1. El Comité ha apoyado todas las actualizaciones del Reglamento (CEE) n° 1408/71, permitiendo así una mayor coordinación de las disposiciones de seguridad social estatutarias relativas a las personas que se desplazan dentro de la UE.

También está elaborando un dictamen sobre el recientemente publicado Libro Verde sobre «Los sistemas complementarios de pensiones en el Mercado Único» (). El Comité ya ha solicitado disposiciones similares para los sistemas de jubilación profesionales, incluyendo un marco jurídico que proteja los bienes y derechos individuales, transferencia de valores equivalente en toda la UE, y un marco de coordinación comunitario para los sistemas de jubilación profesionales, quizá basado en el artículo 51 del Tratado, análogo al ya existente para los regímenes estatutarios (). También llama la atención sobre las anomalías fiscales de los trabajadores fronterizos.

3. Apoyar el proceso de adaptación a través de una acción a nivel europeo

3.1. El Comité ha solicitado un marco normativo comunitario sobre los derechos proporcionales para los trabajadores a tiempo parcial y para la coordinación de los sistemas de jubilación profesional. Asimismo ha solicitado la creación de un observatorio europeo sobre la pobreza y la exclusión social y el suministro de datos sobre los costes de la pobreza y la exclusión social. El CES ha apoyado las disposiciones de la UE sobre la igualdad de trato de hombres y mujeres en los regímenes de seguridad social estatutario y profesional. Numerosos dictámenes del Comité han propuesto o han respaldado medidas a favor del crecimiento, la competitividad y el empleo en toda la UE que son fundamentales para la sostenibilidad de la protección social. La gran interdependencia existente en la UE entre la política social y los resultados económicos sigue inalterable. Por ello, el Comité está de acuerdo con la Comisión en que «conviene inscribir las reformas de los sistemas de protección social en el contexto de la estrategia europea para el empleo y las Orientaciones Generales de la Política Económica, acordadas en el Consejo Europeo de Florencia» (). Por ello, el Comité también acoge favorablemente la intención de la Comisión de continuar el debate con los interlocutores sociales y entablar un diálogo en la sociedad civil con la participación de las instituciones europeas, consciente de que «la modernización y la mejora de la protección social en la Unión no pueden lograrse sin la participación activa de todos los implicados» (). El Comité también es consciente de que «el intercambio de experiencia entre los Estados miembros representa un importante valor añadido a nivel de la UE» () y desea que continúe esta función de «catalizador». En este marco, la evaluación comparativa (benchmarking) puede representar un instrumento útil particularmente para identificar las prácticas que muestren una particular efectividad en relación con los objetivos establecidos en la Recomendación de 1992 sobre convergencia de objetivos y políticas de protección social.

3.2. Sin embargo, el Comité observa en la Comunicación sometida a examen que la Comisión prevé un calendario muy ajustado y muy próximo, así como numerosos estudios y la elaboración de diversos documentos.

Así, por ejemplo:

- análisis: fiscalidad, subsidio de desempleo, metodología de previsión, relación entre mercado y atención sanitaria, cuidado de los niños y personas dependientes;

- evaluaciones: costes y beneficios de la protección social, impacto de las políticas y los medios de lucha contra el paro, ingresos mínimos, cargas salariales, sistemas de jubilación y pensiones, prevención-salud, coste de la salud;

- el Libro Verde sobre «Los sistemas complementarios de pensiones en el Mercado Único» (véase el punto 2.5.1).

3.2.1. Por su parte, el Comité propone que se incluya un estudio a fin de establecer indicadores comparables sobre el potencial de empleo del sector sanitario y la capacidad preventiva de la protección social. No obstante, la Comisión prevé las próximas etapas en breve: «Cumbre de Amsterdam, finales de junio, primer semestre de 1997...». Varios documentos no habrán sido, pues, examinados por el Comité, y en el caso de muchos otros, la consulta a los organismos afectados e interesados parece difícilmente realizable. Si se tiene en cuenta la extensión, la naturaleza y la gravedad de los temas abordados, el Comité exige que se emita el dictamen en el momento adecuado, es decir, cuando se elaboran los textos y no después de su publicación.

Bruselas, el 10 de diciembre de 1997.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() COM(97) 102 final, op. cit., punto 1.2, 2° párrafo. Los datos disponibles sobre gastos de protección social públicos y privados en Suecia y en los Estados Unidos expresados en términos porcentuales correspondientes al gasto privado por unidad familiar, muestran que en 1990, los hogares suecos dedicaron un 4,4 % de sus ingresos a sanidad privada, educación, pensiones y asistencia, y 36,8 % a impuestos, de un total de 41,2 %. Los americanos dedicaron un 29,2 % de sus ingresos a sanidad privada, educación, pensiones y asistencia, y un 10,4 % a impuestos, de un total de 39,6 %. Gosta Esping-Andersen «The Double Problem of Co-ordination in Contemporary Welfare States» (El doble problema de la coordinación en los estados del bienestar contemporáneos), documento preparado para la Conferencia sobre política social y resultados económicos, Amsterdam, 23 a 25 de enero de 1997.

() Ibídem; 3° párrafo. Las exportaciones adicionales de bienes suponen un 8 % del PIB de la UE, nivel que se ha mantenido durante dos décadas. Ello significa que el 92 % de la demanda se satisface con la producción europea, mientras que el 8 % corresponde a importaciones de países fuera de la UE, informe de la Comisión «Europa como entidad económica» CSE (96) 8 final de 4.12.1996, p. 8.

() «La protección social en Europa» COM(95) 457 - Capítulo 3.

() COM(95) 457 final, op. cit., resumen.

() COM(97) 102 final, op. cit., punto 1.2, último párrafo.

() COM(97) 102 final, op. cit., resumen puntos 4 y 5.

() Dictamen del CES sobre Política social y dinamismo económico - DO C 287 de 22.9.1997, puntos 2.3 y 3.

() COM(97) 102 final, op. cit., punto 1.2, 2° párrafo.

() Libro Blanco sobre «Crecimiento, competitividad, empleo. Retos y pistas para entrar en el Siglo XXI», punto 8.8, 3° guión de la letra c).

() Desempleo alemán y el modelo social europeo, Servicios de la Comisión.

() COM(97) 102, punto 2.1, 2° párrafo.

() Ibídem; punto 1.2, 4° párrafo.

() «Libro Verde - Cooperación para una nueva organización del trabajo», COM(97) 128 final.

() Véanse los Dictámenes sobre «El futuro de la protección social», DO C 66 de 3.3.1997 y sobre el «Tiempo de trabajo», DO C 18 de 22.1.1996.

() Ibídem; punto 8.8 c (iii).

() Dictamen del CES sobre la exclusión social, DO C 352 de 30.12.1993, punto 5.2.2.

() Libro Blanco, op. cit., puntos 9.4, 9.5.

() DO C 66 de 3.3.1997, punto 5.

() DO C 296 de 29.9.1997, punto 2.2.3.

() COM(97) 102 final, op. cit., punto 2.2.3, 4° párrafo.

() Comunicación de la Comisión «La fiscalidad en la Unión Europea - Informe sobre la evolución de los sistemas tributarios», COM(96) 546 final, punto 6.12. Los datos disponibles sobre la estructura fiscal de acuerdo con la función económica expresados en porcentaje de PIB muestran que, en 1993, la carga fiscal de los 15 de la UE era de 11 % para el consumo, 21,2 % para la mano de obra empleada, 7 % para el capital y 2,1 y 0,6 % sobre energía y medio ambiente respectivamente. Las estructuras del sistema tributario en la UE, informe de Eurostat, 1997.

() DO C 66 de 3.3.1997, op. cit., punto 6.4.1.7.

() Comisión Europea, Informe demográfico 1997, p. 3.

() COM(97) 102 final, op. cit., punto 1.2.3, 1° párrafo.

() Ibídem; punto 2.3.1, 7° párrafo.

() COM(97) 102 final, op. cit., punto 2.3.3, 3° párrafo.

() OMS, Health for all in Europe: an Epidemiological Review, (Sanidad para todos en Europa: una revisión epidemiológica), Copenhague, 1990.

() «Libro Verde - Cooperación para una nueva organización del trabajo» COM(97) 128 final, puntos 62 y 63.

() DO C 66 de 3.3.1997, punto 8.5.

() COM(97) 102 final, op. cit., punto 2.4 último párrafo.

() COM(97) 283 final.

() Dictamen del CES sobre «Sistemas complementarios de seguridad social» de 26 de mayo de 1992 - DO C 223 de 31.8.1992.

() COM(97) 102 final, punto 2.1, 2° párrafo.

() Ibídem; punto 3, 2° párrafo.

() Ibídem; punto 3, 1° párrafo.

ANEXO I al Dictamen del Comité Económico y Social

Los Consejeros siguientes, presentes o representados, votaron a favor del dictamen:

Señoras/Señores: ABEJÓN RESA, ANDREWS, ANGELO, ATTLEY, Dame Jocelyn BARROW, BASTIAN, BETELU BAZO, BØGH, BRIESCH, van den BURG, BURKHARD, Vasco CAL, CASSINA, CEBALLO HERRERO, CHAGAS, CHEVALIER, CHRISTIE, COLOMBO, DANTIN, DELAPINA, van DIJK, DRIJFHOUT-ZWEIJTZER, DRILLEAUD, ENGELEN-KEFER, ETTY, zu EULENBURG, FORGAS I CABRERA, FRERICHS, FUCHS, GAFO FERNÁNDEZ, GEUENICH, GLATZ, HAGG, HERNÁNDEZ BATALLER, JASCHICK, KALLIO, KANNISTO, KIENLE, de KNEGT, KONITZER, KONZ, KORYFIDIS, KUBENZ, LEMMETTY, LIVERANI, LYONS, LÖNNBERG, MADDOCKS, MANTZOURANIS, MARGALEF i MASIÁ, MENGOZZI, MERIANO, NILSSON, NYBERG, PELLARINI, POMPEN, QUEVEDO ROJO, RAMAEKERS, REUNA, SÁNCHEZ MIGUEL, SANTILLÁN CABEZA, SANTOS, SCHMITZ, SEPI, SEQUEIRA, SKOUBY, STOKKERS, STÖLLNBERGER, STRASSER, TSIRIMOKOS, TWIST, VOGLER, WAHROLIN, WESTERLUND, WRIGHT, ZUFIAUR NARVAIZA.

Los Consejeros siguientes, presentes o representados, votaron en contra del dictamen:

Señoras/Señores: ANDRADE, BAGLIANO, BARROS VALE, BEALE, BOUSSAT, BREDIMA SAVOPOULOU, BURANI, BYRNE, DE NORRE, DOCK, DONOVAN, FRANZ, GARDNER, GAUDER, GIESECKE, HAMRO-DROTZ, HORNUNG-DRAUS, JOHANSEN, KIELMAN, KONTIO, LEHNHOFF, LEVITT, LINSSEN, LITTLE, MALOSSE, MEGHEN, MOBBS, MORELAND, MORGAN, NOORDWAL, PIETTE, RAVOET, REGNELL, REITERER, SIMPSON, SIRKEINEN, WALKER, WHITWORTH.

Los Consejeros siguientes, presentes o representados, se abstuvieron:

Señoras/Señores: BENTO GONÇALVES, BOISSERÉE, BROOKES, DECAILLON, HAGEN, LERIOS, NIELSEN, RETUREAU, SOLARI.

ANEXO II al Dictamen del Comité Económico y Social

Al término de la votación nominal sobre el dictamen en su totalidad, los Miembros del Grupo de Empresarios cuyo nombre figura más adelante y que votaron en contra, presentaron la declaración siguiente:

El Grupo de Empresarios considera que el Dictamen del Comité no reconoce los problemas inherentes a los regímenes de protección social y subestima la necesidad de modernización y mejoras.

El Grupo apoya plenamente el concepto de protección social efectiva para todos los ciudadanos como factor fundamental del proceso económico pero afirma asimismo que es esencial mantener unos resultados económicos fuertes a fin de mantener los regímenes de protección social.

Los problemas actuales en numerosos Estados miembros pueden resumirse de la manera siguiente:

1. Los sistemas de protección social se han desarrollado de manera desorganizada y corresponden a modelos de vida y pautas de trabajo obsoletos.

2. Se ha creado una cultura de dependencia ya que no se hace lo suficiente por ayudar a los que reciben subsidios de manera prolongada a salir de su situación.

3. A los Estados miembros les preocupa el aumento de los costes a pesar de sus esfuerzos por controlar los déficits presupuestarios.

4. Se estima que el índice de dependencia de ancianos (los mayores de 65 años en comparación con el porcentaje de 15-64) se duplicará cuando los que empiezan a trabajar ahora se vayan a jubilar.

El Grupo acoge favorablemente el análisis de la Comisión. Apoya en general las propuestas de acción y espera que ayudarán los Estados miembros en su esfuerzo por superar los problemas. En particular, el Grupo considera que los siguientes aspectos deberían ser objeto de consideración detallada:

- la estructura de la provisión y la relación de los subsidios entre sí;

- centrar los beneficios en aquellos que más lo necesitan;

- ayudar a los que reciben subsidios de forma prolongada para que se preparen de cara al empleo;

- la relación entre impuestos y subsidios para que los que cobran menos tengan mejores incentivos para aceptar empleo;

- fomentar la responsabilidad individual;

- una evolución gradual hacia la financiación a largo plazo de al menos una parte de los subsidios de jubilación;

- una creciente colaboración entre provisión pública y privada.

Por último, el Grupo aplaude los esfuerzos de la Comisión por eliminar los obstáculos a la libre circulación en el ámbito de la protección social.

Señoras/Señores: ANDRADE, BAGLIANO, BARROS VALE, BEALE, BOUSSAT, BREDIMA SAVOPOULOU, BURANI, BYRNE, DE NORRE, DONOVAN, FRANZ, GARDNER, GAUDER, GIESECKE, HAMRO-DROTZ, HORNUNG-DRAUS, JOHANSEN, KIELMAN, KONTIO, LEHNHOFF, LEVITT, LINSSEN, LITTLE, MALOSSE, MEGHEN, MOBBS, MORGAN, NOORDWAL, RAVOET, REGNELL, REITERER, SIRKEINEN, WALKER, WHITWORTH.