ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
3.8

Cabe seguir dudando de que los controles de identidad, los registros de equipajes o vehículos en las fronteras de carretera, en aeropuertos, puertos y, más raramente, en las estaciones de autobuses o ferroviarias impidan verdaderamente la circulación de los terroristas, aun sabiendo que la protección de los documentos de identidad constituye un buen método de lucha contra los falsos documentos de identidad; si bien estas medidas complican efectivamente hasta cierto punto los movimientos de los delincuentes en general, también complican la vida de todos los ciudadanos y tienden progresivamente a un verdadero control de los movimientos de las personas, y también si se tiene en cuenta la proliferación de los sistemas de vigilancia por vídeo, agentes privados de seguridad, generalización de las tarjetas electrónicas en las instituciones públicas y privadas y emisiones de los teléfonos móviles y otros medios de localización instantáneos de las personas. Pero estos medios no impiden la acción de comandos suicidas. Crean una sensación de Estado policial si no se adoptan disposiciones democráticas para demostrar que el uso que se hace de estas tecnologías no excede de lo que es estrictamente necesario para la consecución de su objetivo. Una solución podría ser la de órganos nacionales de vigilancia de los supervisores y la creación de un grupo europeo de reflexión en este ámbito y en el de los ficheros de supuestos terroristas.
9.3

El nitrato de amonio puede suministrarse en distintas concentraciones (porcentaje de contenido en nitrógeno), con o sin otros componentes esenciales (por lo general, derivados de fósforo y potasio). En estado de pureza, este contenido de nitrógeno ronda el 35 %, y es necesario cierto grado de dilución para evitar daños a la vegetación. Las distintas calidades pueden fabricarse bien mezclándolo con componentes o rellenos inertes –como la creta–, bien recurriendo a reacciones químicas, para obtener la proporción deseada de ingredientes fundamentales. Los productos que se venden a los agricultores pueden contener un 28 % o más de nitrógeno. Estos fertilizantes con alto contenido en nitrógeno están sujetos a los controles estipulados en el Reglamento (CE) no 2003/2003 a fin de garantizar que contienen la cantidad exigida de nitrógeno y que pueden utilizarse de manera segura, sin riesgo de explosión. Los fertilizantes conformes a estas normas pueden lucir el marcado «Abonos CE» y comercializarse internacionalmente. Los fertilizantes que no cumplen estos requisitos no pueden atravesar fronteras y se conocen como «abonos nacionales» Los productos destinados al consumidor presentan, por lo general, entre un 20 y un 25 % de contenido en nitrógeno. Cuanto menor es el porcentaje de nitrógeno, mayor es el coste del transporte, por unidad de fertilizante, y mayor el volumen que debe utilizarse en un área determinada. Aunque los fertilizantes de nitrato de amonio se consideran fundamentales para la agricultura con fines comerciales, no es así para los volúmenes, mucho más reducidos, que se venden al usuario particular en tiendas al por menor, cuyos productos pueden sustituirse por otros.
2.5

En el año 2004, con la aprobación del Reglamento (CE) no 883/2004 de coordinación de los sistemas de seguridad social, quedó fijada la fecha de derogación del Reglamento (CEE) no 1408/71 en el momento en que se produzca la aprobación y publicación del Reglamento de aplicación del anteriormente mencionado. Si no se produjera la aprobación de la propuesta de Reglamento sobre la que emitimos el presente Dictamen, los nacionales de terceros países que residen legalmente en la Unión quedarían a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) no 1408/71, no se verían beneficiados de la simplificación y de las mejoras introducidas en el Reglamento (CE) no 883/2004 y, además, se produciría la paradoja de contar con dos Reglamentos sobre seguridad social, uno de los cuales sólo sería de aplicación a nacionales de terceros países.
1.5

El CESE aprueba la modificación propuesta para el Reglamento no 852/2004 a fin de eximir a determinadas empresas del requisito del artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 852/2004, dejando claro que dichas empresas deben cumplir todos los demás requisitos establecidos en dicho Reglamento. En virtud del artículo 5, apartado 1 del Reglamento (CE) no 852/2004, todas las empresas (por regla general, pequeñas empresas) que venden sus productos directamente al consumidor final, como panaderías, carnicerías, ultramarinos, puestos de mercado, restaurantes, bares, etc., en suma, microempresas en el sentido de la Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, relativa a la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas alimentarias, crean, aplican y mantienen uno o más procedimientos permanentes basados en los principios del análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC).
6.6.4

En lo que respecta al VIH-SIDA, el informe de la UE titulado «AIDS & Mobility — HIV/AIDS Care and Support for Migrant and Ethnic Minority Communities in Europe» (SIDA y movilidad — Atención y ayuda a las comunidades de migrantes y minorías étnicas en Europa) (vii: UE — Publicado por K. Clark & G. Broring), presenta informes nacionales sobre: — las políticas nacionales; — el acceso a la asistencia sanitaria y social, y — los servicios de atención y ayuda.
4.1.3

En consecuencia, el artículo 4 impedirá la comercialización de productos innovadores que supongan una mejora respecto del conjunto de criterios establecidos únicamente por no cumplir uno de ellos. El CESE no puede adherirse a esta postura porque significa frenar inútilmente la innovación que supondría introducir mejores sustancias. El CESE considera que sólo debe recurrirse a los criterios intrínsecos de autorización para determinar las sustancias candidatas a la sustitución, y no para denegar de antemano la autorización de productos que aún no han sido objeto de detenida evaluación.
4.3.5

Se puede argumentar que un licitador debería asegurarse de que el órgano de contratación ha observado la suspensión y ha publicado los anuncios necesarios con respecto a la intención de adjudicar el contrato, y además, si el licitador no está satisfecho todavía, debería buscar una confirmación formal del comprador. La Nueva Directiva (Artículo 2 septies apartado 2) estipula que las únicas razones para anular un contrato una vez que ya se ha adjudicado son que un poder adjudicador no haya avisado con suficiente antelación de su intención de adjudicar un contrato o haya dejado de aplicar un plazo suspensivo. Esas condiciones limitadas, particularmente en los contratos grandes e importantes, parecerían ser fáciles de verificar. Pero los umbrales para los contratos de suministros y servicios no pueden describirse como «grandes e importantes», incluso para las PYME, aunque las consecuencias de daños irreparables en el caso de anulación probablemente lo sean. Endosar al licitador el riesgo de error y sus graves consecuencias no le parece justo al CESE y, por eso, debería reconsiderarse; además, que el vendedor asuma por su cuenta y riesgo las posibles graves consecuencias no resulta un mecanismo apropiado para prevenir la ilegalidad por parte de los poderes adjudicadores. Aunque las consecuencias en Hazell vs. Hammersmith y Fulham podrían no ser posibles en otras circunstancias o en otros países, sería deseable, hasta el punto de ser esencial, una legislación a nivel comunitario o nacional si a los licitadores no se les quiere poner en una situación de riesgo incontrolable al anular los contratos.
El Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia: Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, DO L 160 de 30.6.2000, p. 1. Véase al respecto el Dictamen del CESE en DO C 75 de 15.3.2000, p. 1 (ponente: Sr. Ravoet).
3.8

El CESE está de acuerdo con el informe Esko Aho en cuanto a que las empresas de más de 250 trabajadores no reciben toda la atención necesaria: una de las posibles razones residiría en el carácter excesivamente restringido de la definición de las PYME con respecto a la de los Estados Unidos y Japón. El CESE considera necesario que se preste atención a la financiación de las PYME innovadoras con vistas a crear una economía europea de la innovación en la que haya cohesión social. No resulta sorprendente que la región de Emilia-Romaña, que forma parte de la red Paxis (Pilot action of excellence on innovative start-ups) sea una de las más activas en este sentido, aunque otros indicadores de innovación en Italia sean menos favorables. Del mismo modo, los servicios de ayuda a las empresas deben especializarse para responder a las especificidades de las PYME en sus diversas formas (cooperativas, otras empresas de economía social, etc.).
3.1.1

El Reglamento no se aplicará a las transferencias de fondos resultantes de una transacción comercial efectuada con una tarjeta de crédito o de débito a condición de que un identificador único, que permita hacer el seguimiento de la operación hasta el ordenante, se adjunte a todas estas transferencias. No se excluyen explícitamente, pero tampoco se mencionan explícitamente, las operaciones de moneda electrónica (e-money), es decir, las operaciones con tarjetas prepagadas. Con respecto a las modalidades técnicas, los PSP harán sus propios comentarios. Por su parte, el CESE constata que las operaciones con tarjetas no siguen los mismos trámites que las órdenes de pago: el PSP del ordenante (al que se envía un extracto de cuenta en el que se detallan las operaciones realizadas con la tarjeta) no tiene conocimiento de las actividades desarrolladas por el beneficiario ni de la naturaleza de la relación entre ordenante y beneficiario. En la inmensa mayoría de los casos no sólo será imposible distinguir las transacciones comerciales de las que no lo son, sino que a menudo será técnicamente imposible identificar al ordenante.
2.2.1

Desde el 11 de septiembre de 2001 se ha hablado mucho de los progresos que deben realizarse en materia de protección en el ámbito del transporte marítimo y aéreo. El Consejo Europeo adoptó una serie de medidas basándose, en particular, en el dictamen del CESE de 24 de octubre de 2002, cuyas propuestas en materia de seguridad se referían esencialmente a los sectores de la navegación y la aviación. Cabe citar, en particular, el Reglamento (CE) no 2320/2002 por el que se establecen normas comunes para la seguridad de la aviación civil, el Reglamento (CE) no 725/2004 relativo a la mejora de la protección de los buques y las instalaciones portuarias y la propuesta de Directiva de mejora de la protección portuaria (COM(2004) 76 final). Todas estas medidas prevén disposiciones por las que se establecen inspecciones comunitarias que incluyen pruebas de calidad en dichos sectores. En cuanto a las normas relativas al transporte marítimo, quedan recogidas en la Directiva que se aprobó el 10 de mayo de 2005.
3.4.1

Un primer ejemplo de la dificultad de comprensión lo constituye el artículo 109, que establece en el apartado 2 que «La subvención no podrá tener por objeto o efecto producir rentabilidad alguna» , mientras que en el siguiente apartado 3, letra c), se dice que «El apartado 2 no se aplicará a (...) acciones cuyo objetivo sea reforzar la capacidad financiera del beneficiario o generar una renta». No se entiende cuál es la diferencia práctica entre «rentabilidad» y «renta», por lo que el CESE pide que se aclare tanto la forma como el contenido de la disposición.
1.4

La Comisión había decidido mantener invariable, en particular, el umbral de 249 000 euros aplicables a los contratos públicos de servicios subvencionados en más de un 50 % por los poderes adjudicadores (artículo 8, letra b) y a los contratos públicos de suministro adjudicados por los poderes adjudicadores no contemplados en el anexo IV (es decir, por los poderes adjudicadores que no sean autoridades gubernamentales centrales).
3.7.1

La vinculación al requerimiento por parte del empleador tiene como consecuencia que la disponibilidad en el lugar de trabajo ya no representa una prestación laboral. Esta idea no tiene en cuenta que los trabajadores en tiempo de atención continuada no son libres para prestar sus servicios en el lugar de trabajo y no disponen de tiempo libre ni pueden disfrutar de tiempo de descanso. Por la propia naturaleza del tiempo de atención continuada, el trabajador no puede disponer libremente de su tiempo, sino que ha de estar listo para desempeñar su trabajo en todo momento, en un lugar de trabajo, esto es, estar disponible. Equiparar esta situación particular al tiempo de descanso conduciría a tiempos de trabajo excesivos, que pondrían en considerable peligro la protección de la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores afectados. Además, parece que en la práctica es casi imposible vincular el tiempo de inactividad a la falta de requerimiento expreso. El ejercicio de la actividad concreta lo determinan las necesidades actuales en el lugar de trabajo, y no el requerimiento por parte del empleador, como puede comprenderse fácilmente en el funcionamiento de los hospitales o los servicios de bomberos.
2.1.4

En particular, para los grandes volúmenes de mercancías en trayectos largos y cuya entrega no reviste un carácter urgente, pero debe realizarse en una fecha concreta, el Comité proponía que la Comisión iniciara una reflexión sobre el paso progresivo de la práctica de «existencias cero» al concepto de valorización de las «existencias circulantes». Este enfoque permitiría relativizar la urgencia de las entregas y dotar a los modos alternativos al transporte por carretera de un verdadero grado de competencia por lo que se refiere al coste y a los plazos, garantizando al mismo tiempo unas fechas concretas de entrega. Todo el mundo comprende la lógica económica que ha fomentado el desarrollo de la práctica de «existencias cero», que conlleva una reducción máxima de los plazos de entrega convirtiendo la urgencia en el aspecto más importante del funcionamiento de los intercambios. Si se tiene en cuenta el concepto de desarrollo sostenible, hoy en día está claro que esta práctica y sus consecuencias suponen un coste elevado en términos de contaminación y consumo excesivo de energía. Este aspecto exige una reflexión, por lo que el Comité reitera a la Comisión su solicitud de participar en un debate en este sentido. Considera que aunque el transporte por carretera sigue siendo irremplazable en las distancias cortas, en particular en los recorridos finales, una práctica de las «existencias cero» llevada al extremo y la urgencia erigida en principio absoluto provocan las dificultades constatadas para transferir una parte del transporte de mercancías por carretera a otros modos de transporte más compatibles con las ambiciones del desarrollo sostenible.
e)

Comunicación de la Comisión COM(2000) 890 de 26.1.2001 — Dictamen de 12.9.2001, en DO C 311 de 17.11.2001, Creación de una sociedad de la información más segura mediante la mejora de la seguridad de las infraestructuras de información y la lucha contra los delitos informáticos, que propone toda una serie de medidas legislativas y no legislativas para reaccionar contra la violación de la intimidad, los contenidos ilegales, el acceso no autorizado, el sabotaje y los delitos contra la propiedad intelectual (COM(2000) 890 final, ponente: Sr. Dantin), Propuesta de Decisión marco relativa a los ataques contra los sistemas de información, que le dio continuación (COM(2002) 173 final de 19.4.2002) y Dictamen de 28.11.2001, DO C 48 de 21.2.2002) sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — Seguridad de las redes y de la información: Propuesta para un enfoque político europeo», del que fue ponente el Sr. Retureau;
2.1

Todos los países europeos han utilizado o utilizan actualmente el sistema de la CPP y las concesiones. Sin embargo, la Comisión todavía no ha podido realizar un inventario. Por su parte, el Banco Europeo de Inversiones dispone de estadísticas parciales sobre un centenar de proyectos. No debe olvidarse que la «primera Europa», esto es Roma, ya utilizaba hace dos mil años el sistema de concesiones. En el siglo XIX, la red europea de ferrocarril se realizó mediante contratos de concesiones. Estos contratos se desarrollaron enormemente no sólo para las vías férreas sino también para los servicios públicos municipales: agua, gas, electricidad, recogida de basuras, telefonía, etc.
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los dispositivos de retención para pasajeros de los vehículos de motor de dos ruedas"

(COM(2003) 145 final - 2003/0058 (COD))

(2003/C 234/04)

El 9 de abril de 2003, de conformidad con el artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su Dictamen el 25 de junio de 2003 (ponente: Sr. Pesci).

En su 401o Pleno de los días 16 y 17 de julio de 2003 (sesión del 16 de julio), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 112 votos a favor, ningún voto en contra y 3 abstenciones el presente Dictamen.

1. La propuesta tiene como objetivo consolidar en un solo texto toda la normativa adoptada desde 1993 en relación con los dispositivos de retención para pasajeros de vehículos de motor de dos ruedas.

2. El Comité considera muy útil tener todos los textos integrados en una directiva. De gran importancia en el contexto del mercado único, la falta de simplificación constituye un grave obstáculo que puede ralentizar -como indudablemente lo hace en el sector de los vehículos de motor- el desarrollo industrial. Se le ha asegurado al Comité que esta compilación de normas no contiene variación material alguna, sirviendo sólo al propósito de presentar el Derecho comunitario de forma clara y transparente. El Comité manifiesta su total apoyo a este objetivo y, teniendo en cuenta dichas garantías, acoge la propuesta favorablemente.

Bruselas, 16 de julio de 2003.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Roger Briesch
Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 80/232/CEE en lo que se refiere a la gama de pesos nominales de extractos de café y de extractos de achicoria"

(2001/C 123/06)

El 23 de octubre de 2000, de conformidad con el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos del Comité sobre este asunto, aprobó su dictamen el 10 de enero de 2001 (ponente: Sr. Liverani).

En su 378o Pleno de 24 de enero de 2001, el Comité Económico y Social ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

Esta propuesta se deriva de la obligación asumida por la Comisión de modificar la Directiva 80/232/CEE, añadiéndole la gama obligatoria anteriormente prevista en la Directiva relativa a los extractos de café y a los extractos de achicoria. El objetivo es que esta gama siga contando con un fundamento jurídico en la legislación comunitaria. No es necesario adaptar la gama dado que permite de forma satisfactoria la libre circulación de productos en estos sectores.

La Directiva entrará en vigor 20 días después de su publicación. Este corto plazo se justifica porque la gama ya figura en el acervo, por lo que todos los Estados miembros ya la han aplicado.

El Comité coincide con la propuesta de la Comisión.

Bruselas, 24 de enero de 2001.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Göke Frerichs
Dictamen del Comité Económico y Social sobre:

- la «Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la comercialización de patatas de siembra» (versión codificada),

- la «Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la comercialización de semillas de remolacha» (versión codificada),

- la «Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la comercialización de semillas de plantas oleaginosas y textiles» (versión codificada), y

- la «Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la comercialización de semillas de plantas forrajeras» (versión codificada)

(96/C 153/13)

El 30 de enero de 1996, de conformidad con los artículos 43 y 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre las propuestas mencionadas.

La Sección de Agricultura y Pesca, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 8 de febrero de 1996 (Ponente: Sr. Stokkers).

En su 333° pleno (sesión del 28 de febrero de 1996), el Comité Económico y Social ha aprobado por unanimidad el presente dictamen.

1. El Comité aprueba las propuestas de la Comisión dirigidas a la codificación de las siguientes Directivas:

- Directiva del Consejo relativa a la comercialización de patatas de siembra;

- Directiva del Consejo relativa a la comercialización de semillas de remolacha;

- Directiva del Consejo relativa a la comercialización de semillas de plantas oleaginosas y textiles;

- Directiva del Consejo relativa a la comercialización de semillas de plantas forrajeras.

2. El Comité emitió su dictamen sobre las propuestas iniciales de Directiva en los documentos CES 104/64 y CES 509/68.

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1996.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Carlos FERRER
BANCO CENTRAL EUROPEO
RECOMENDACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 6 de marzo de 2003
Al Consejo de la Unión Europea, sobre los auditores externos del Deutsche Bundesbank
(BCE/2003/3)
(2003/C 75/11)
EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y
del Banco Central Europeo, y, en particular, su artículo 27.1,
Considerando lo siguiente:(1) Las cuentas del Banco Central Europeo y de los bancos
centrales nacionales del Eurosistema son controladas por
auditores externos independientes recomendados por el
Consejo de Gobierno y aprobados por el Consejo de laUnión Europea.
(2) De acuerdo con lo dispuesto en la Decisión del Consejo, de
13 de marzo de 2000, por la que se modifica la Decisión1999/70/CE relativa a los auditores externos de los bancoscentrales nacionales (2000/223/CE) (
1), Ernst & Young
Deutsche Allgemeine Treuhand AG y KPMG DeutscheTreuhand-Gesellschaft AG fueron nombrados auditores ex-ternos del Deutsche Bundesbank para las cuentas anuales apartir del ejercicio de 2000.
(3) El Deutsche Bundesbank decidió en 2002 mantener a
Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG comosu único auditor externo para las cuentas anuales a partirdel ejercicio de 2002.(4) El Deutsche Bundesbank considera aconsejable volver a
nombrar dos auditores externos para las cuentas anualesa partir del ejercicio de 2003, por lo que ha solicitado alBCE que recomiende el nombramiento de un segundo au-ditor.
(5) El Deutsche Bundesbank ha seleccionado a los auditores
propuestos siguiendo las normas de contratación públicaque le son aplicables, y el BCE considera que los auditorespropuestos cumplen los requisitos necesarios.
RECOMIENDA:
A PwC Deutsche Revision AG como uno de los dos auditoresexternos del Deutsche Bundesbank (además de Ernst & YoungDeutsche Allgemeine Treuhand AG, cuyo mandato se ha reno-
vado) a partir del ejercicio de 2003 y por un año renovable.
La presente Recomendación se publicará en el Diario Oficial de
la Unión Europea .
Hecho en Fráncfort del Meno, el 6 de marzo de 2003.
El Presidente del BCE
Willem F. DUISENBERGES 27.3.2003 Diario Oficial de la Unión Europea C 75/11
(1) DO L 71 de 18.3.2000, p. 24.