Entre estos valores figuran, en particular, los derechos fundamentales, la no discriminación y la igualdad, el antirracismo y la tolerancia, el respeto de la dignidad humana, el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial, la diversidad cultural, una sociedad civil dinámica, la libertad de expresión y la participación ciudadana en la vida democrática.

En particular, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea establece que «la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres». El artículo 3 especifica además que la «Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos» y que, entre otras cosas, «respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo». En este sentido, el documento de reflexión de la Comisión sobre el futuro de las finanzas de la UE afirma que «el presupuesto de la UE apoya este fin, trabajando junto con los presupuestos nacionales y complementando otros esfuerzos a nivel europeo y nacional».

El fomento de los valores y los derechos dentro de la UE se refleja en su promoción a nivel mundial, en particular a través de la vinculación al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. A este respecto, es necesario desarrollar sinergias, en particular con respecto a la acción exterior de la UE a nivel multilateral, pero también en la cooperación al desarrollo y en la política de ampliación, a fin de garantizar la coherencia en la promoción de los derechos humanos, el Estado de Derecho, la igualdad de género, la lucha contra la discriminación y la tolerancia.

Las evaluaciones y estudios del programa Europa para los Ciudadanos de los últimos 10 años han demostrado que este programa ha desempeñado un papel importante como único programa de la UE que se dirige directamente a los ciudadanos y logra su participación mediante un enfoque ascendente. La evaluación intermedia del programa Europa para los Ciudadanos 2014-2020 mostró que sus objetivos eran y siguen siendo pertinentes con respecto a los problemas que es necesario abordar, a saber, contribuir a que los ciudadanos comprendan la Unión, su historia común y su diversidad, promover la ciudadanía europea y mejorar las condiciones para la participación cívica y democrática a nivel de la Unión. Estos dos capítulos no solo son complementarios, sino que se refuerzan mutuamente gracias al vínculo entre las lecciones extraídas del pasado y los planes para el futuro de Europa. El alto número de participantes directos e indirectos en Europa para los Ciudadanos pone de manifiesto que el programa ha sido eficaz con un coste relativamente bajo. Al mismo tiempo, la alta demanda por parte de los solicitantes de subvenciones muestra que existe margen para la financiación adicional solicitada por las partes interesadas consultadas durante la evaluación. En su informe de marzo de 2017 sobre la ejecución del programa Europa para los Ciudadanos 2014-2020, el Parlamento Europeo expresó su firme apoyo al programa y pidió un importante aumento de su presupuesto. Europa para los Ciudadanos ha demostrado su valor añadido a nivel de la UE gracias a su impacto sobre los participantes y a su papel de complemento de otros programas de financiación de la UE y de iniciativas políticas en los ámbitos de la educación, la cultura y la ciudadanía de la UE. Entre los aspectos en que se ha detectado necesidad de mejoras se encuentra, en particular, el aumento de la visibilidad del programa, la revisión de los indicadores de seguimiento y el desarrollo de sinergias más fuertes con otros programas de financiación e iniciativas de la UE pertinentes.

En muchos ámbitos, como, por ejemplo, la igualdad y la no discriminación o la ciudadanía, los individuos están protegidos por el Derecho y la legislación de la Unión, pero no están suficientemente bien informados acerca de sus derechos. Solo mediante la sensibilización, el intercambio de mejores prácticas y la formación a nivel de la UE se podrá garantizar que se llegue a las personas en todos los Estados miembros, que las autoridades o estructuras administrativas estén informadas y que se transmita un mensaje coherente. Al mismo tiempo, la actuación a nivel de la UE da lugar a economías de escala, garantiza la calidad de las acciones y asegura que los Estados miembros interpreten y apliquen de forma coherente los instrumentos legislativos en toda la UE.

(8)La igualdad entre mujeres y hombres es un valor y un objetivo fundamental de la Unión Europea. La discriminación contra las mujeres y su trato desigual infringen sus derechos fundamentales e impiden su plena participación política, social y económica en la sociedad. Además, la existencia de barreras estructurales y culturales impiden el logro de una igualdad de género real. La promoción de la igualdad de género en todas las actividades de la Unión es, por consiguiente, una actividad fundamental para la Unión y un motor de crecimiento económico, y debe contar con el apoyo del programa.

(9)La violencia de género y la violencia contra los niños y los jóvenes supone una grave violación de los derechos fundamentales. La violencia persiste en toda la Unión, en todos los contextos sociales y económicos, y tiene graves repercusiones en la salud física y psicológica de las víctimas, así como en el conjunto de la sociedad. Los niños, los jóvenes y las mujeres son particularmente vulnerables a la violencia, especialmente en el contexto de las relaciones cercanas. Se debe actuar con el fin de promover los derechos del niño y de contribuir a proteger a los menores frente a los daños y la violencia, que representan un peligro para su salud física y mental y suponen una violación de sus derechos al desarrollo, la protección y la dignidad. El combate contra todas las formas de violencia, la promoción de la prevención y la protección y el apoyo a las víctimas constituyen prioridades de la Unión que ayudan a hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas y contribuyen a la igualdad entre hombres y mujeres. Estas prioridades recibirán el apoyo del programa.

(10)Una voluntad política fuerte y una actuación coordinada basada en los métodos y los resultados de programas precedentes como Daphne, el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía y el Programa de Justicia son necesarias para la prevención y la lucha contra todas las formas de violencia y la protección de las víctimas. En particular, desde su inicio en 1997, la financiación del programa Daphne para el apoyo a las víctimas de la violencia y la lucha contra la violencia contra las mujeres, los niños y los jóvenes ha sido un verdadero éxito, tanto por su popularidad entre las partes interesadas (autoridades públicas, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales) como en términos de eficacia de los proyectos financiados. Ha financiado proyectos de sensibilización, de prestación de servicios de apoyo a las víctimas y de respaldo a las actividades de las organizaciones no gubernamentales («ONG») que trabajan sobre el terreno. Ha abordado todas las formas de violencia, como, por ejemplo, la violencia doméstica, la violencia sexual, el tráfico de seres humanos y las nuevas formas emergentes de violencia, como el ciberacoso. Por lo tanto, es importante continuar todas estas acciones y que los resultados y las lecciones aprendidas se tengan en cuenta debidamente en la ejecución del programa.

(11)La no discriminación es un principio fundamental de la Unión. El artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé la lucha contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, La no discriminación también se encuentra consagrada en el artículo 21 de la Carta. Deben tenerse en cuenta las características específicas de las diversas formas de discriminación y, al mismo tiempo, deben concebirse las acciones apropiadas para prevenir y luchar contra la discriminación por uno o más motivos. El programa debe apoyar las acciones destinadas a prevenir y luchar contra la discriminación, el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia y otras formas de intolerancia. En este contexto, debe dedicarse una especial atención a la prevención y a la lucha contra todas las formas de violencia, odio, segregación y estigmatización, así como a combatir el acoso, el hostigamiento y el trato intolerante. El Programa debe ejecutarse buscando las sinergias con otras actividades de la Unión que tengan los mismos objetivos, en particular con las mencionadas en la Comunicación de la Comisión de 5 de abril de 2011, titulada «Estrategias nacionales de integración de los gitanos: marco europeo común hasta 2020» y con la Recomendación del Consejo, de 9 de diciembre de 2013, relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros.

(12)Los obstáculos debidos a la actitud y al entorno y la falta de accesibilidad impiden que las personas con discapacidades participen en la sociedad de forma plena y efectiva y en pie de igualdad con los demás. Las personas con discapacidades se enfrentan a obstáculos a la hora de —entre otras cosas— acceder al mercado de trabajo, beneficiarse de una educación inclusiva y de calidad, evitar la pobreza y la exclusión social, disfrutar del acceso a las iniciativas culturales y a los medios o de valerse de sus derechos políticos. En cuanto que parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en lo sucesivo, la «CDPD»), la Unión y todos sus Estados miembros se han comprometido a promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de todas las personas con discapacidad. Las disposiciones de la CDPD se han convertido en una parte integrante del ordenamiento jurídico de la Unión.

(13)El derecho al respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y de las comunicaciones (el derecho a la intimidad) es un derecho fundamental consagrado en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales. La protección de los datos personales es un derecho fundamental consagrado en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales y en el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El cumplimiento de las normas relativas a la protección de datos personales está sometido al control de autoridades de supervisión independientes. El marco jurídico de la Unión, en particular el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, establece disposiciones para garantizar que el derecho a la protección de los datos personales se aplique de manera eficaz. Estos instrumentos jurídicos confían a las autoridades nacionales de supervisión de la protección de datos la tarea de promover la sensibilización y la comprensión públicas en cuanto a los riesgos, las normas, las salvaguardias y los derechos en materia de tratamiento de datos personales. La Unión debe poder llevar a cabo actividades de sensibilización y realizar estudios y otras actividades relevantes, habida cuenta de la importancia del derecho a la protección de los datos de carácter personal en tiempos de rápido progreso tecnológico.

(14)El artículo 24 del TFUE obliga al Parlamento Europeo y al Consejo a adoptar disposiciones sobre los procedimientos y las condiciones necesarias a efectos de la presentación de iniciativas ciudadanas a tenor del artículo 11 del Tratado de la Unión Europea. Esta obligación se ha cumplido mediante la adopción del Reglamento [(UE) n.º 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo]. El programa debe apoyar la financiación de la asistencia técnica y organizativa para la aplicación del Reglamento [(UE) n.º 211/2011], respaldando así el ejercicio por parte de los ciudadanos de su derecho a poner en marcha y apoyar Iniciativas Ciudadanas Europeas.

(15)Con arreglo a los artículos 8 y 10 del TFUE, el programa debe apoyar la integración en todas sus actividades de los objetivos de igualdad entre mujeres y hombres, y de lucha contra la discriminación.

(16)El artículo 3, apartado 3, del TUE exige que la Unión promueva la protección de los derechos del niño, en consonancia con el artículo 24 de la Carta y con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

(17)En aplicación de los actos de la Unión en materia de igualdad de trato, los Estados miembros han creado organismos independientes para la promoción de la igualdad de trato, comúnmente conocidos como «organismos para la igualdad», con el fin de combatir la discriminación por razón de raza, origen étnico o género. Sin embargo, muchos Estados miembros han ido más allá de estas exigencias y garantizan que los organismos para la igualdad puedan combatir también la discriminación por motivo de edad, orientación sexual, religión, creencias, discapacidad u otros motivos. Los organismos para la igualdad desempeñan una función clave a la hora de promover la igualdad y garantizar la aplicación efectiva de la legislación sobre igualdad de trato al ofrecer, en particular, un apoyo independiente a las víctimas de discriminación, realizar sondeos independientes sobre la discriminación, publicar informes independientes y hacer recomendaciones sobre cualquier cuestión relacionada con la discriminación en sus países. Resulta esencial que el trabajo de los organismos para la igualdad a este respecto se coordine a nivel de la Unión. EQUINET se creó en 2007. Sus miembros son los organismos nacionales de promoción de la igualdad de trato establecidos por las Directivas 2000/43/CE y 2004/113/CE del Consejo y por las Directivas 2006/54/CE y 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. La situación de EQUINET es excepcional, pues es la única entidad que garantiza la coordinación de las actividades entre los organismos de igualdad. Las actividades de coordinación de EQUINET son claves para la correcta aplicación de la legislación antidiscriminatoria de la Unión en los Estados miembros, y deben contar con el apoyo del programa.

(18)Los organismos de derechos humanos independientes y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel esencial en la promoción, la protección y la sensibilización respecto de los valores comunes de la Unión que figuran en el artículo 2 del TUE, así como a la hora de contribuir al disfrute efectivo de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Tal como se pone de manifiesto en la Resolución del Parlamento Europeo de 18 de abril de 2018, una ayuda financiera suficiente es fundamental para el desarrollo de un entorno propicio y sostenible que permita a las organizaciones de la sociedad civil fortalecer su papel y llevar a cabo sus funciones de forma independiente y eficaz. Al complementar los esfuerzos realizados a nivel nacional, la financiación de la UE debe, por tanto, contribuir a apoyar, empoderar y desarrollar la capacidad de las organizaciones independientes de la sociedad civil que se dedican a la promoción de los derechos humanos y cuyas actividades contribuyen a la aplicación estratégica de los derechos establecidos por el Derecho de la UE y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, mediante, entre otras cosas, actividades de defensa, promoción y vigilancia, así como a promover, proteger y sensibilizar respecto de los valores de la Unión a nivel nacional.

(19)La Comisión debe garantizar la coherencia general, la complementariedad y las sinergias con el trabajo de los órganos, oficinas y agencias de la Unión, en particular el Instituto Europeo de la Igualdad de Género y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y debe hacer balance de los trabajos de otros actores nacionales e internacionales en los ámbitos que abarca el programa.

(20)El programa debe estar abierto, siempre que se cumplan determinadas condiciones, a la participación de los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio («AELC») que son miembros del Espacio Económico Europeo («EEE»), a los Estados miembros de la AELC que no son miembros del EEE, y a otros países europeos. Los países en vías de adhesión, los países candidatos y los candidatos potenciales que se acojan a una estrategia de preadhesión deben poder participar también en el programa.

(21)A fin de garantizar una asignación eficaz de los fondos del presupuesto general de la Unión, es necesario garantizar el valor añadido europeo de todas las acciones llevadas a cabo y su complementariedad respecto de las acciones de los Estados miembros, al tiempo que se busca la coherencia, la complementariedad y las sinergias con los programas de financiación que ofrezcan apoyo en los ámbitos políticos estrechamente vinculados, en particular en el contexto del Fondo de Justicia, Derechos y Valores —y, por tanto, del Programa de Justicia—, así como con el programa Europa Creativa y con Erasmus+, a fin de aprovechar el potencial de las pasarelas culturales en los campos de la cultura, los medios de comunicación, las artes, la educación y la creatividad. Es necesario crear sinergias con otros programas de financiación europeos, en particular en los ámbitos del empleo, el mercado interior, la empresa, la juventud, la salud, la ciudadanía, la justicia, la migración, la seguridad, la investigación, la innovación, la tecnología, la industria, lo cohesión, el turismo, las relaciones exteriores, el comercio y el desarrollo.

(22)El presente Reglamento establece una dotación financiera para el programa Derechos y Valores, que debe constituir el importe de referencia privilegiado a tenor del [:apartado 17 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera ], para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual.

(23)El Reglamento (UE, Euratom) n.º [el nuevo RF] («el Reglamento Financiero») es aplicable al presente programa. Establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, entre otras, las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, ejecución indirecta, , instrumentos financieros y garantías presupuestarias.

(24)Los tipos de financiación y los métodos de ejecución previstos en el presente Reglamento deben elegirse en función de su capacidad para cumplir los objetivos específicos de las acciones y para lograr resultados, teniendo en cuenta, en particular, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo de incumplimiento esperado. Esto implica que deba considerarse el empleo de cantidades a tanto alzado, de tipos fijos y de costes unitarios, así como la financiación no ligada a los costes a la que se refiere el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero. De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2988/95 del Consejo, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades y fraudes, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede llevar a cabo investigaciones administrativas, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer la posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar y perseguir el fraude y otras actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo. De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y garantizar que las terceras partes implicadas en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(25)Los terceros países que son miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) pueden participar en los programas de la Unión en el marco de la cooperación establecida con arreglo al Acuerdo sobre el EEE, que prevé la ejecución de programas sobre la base de decisiones tomadas en virtud de dicho Acuerdo. Asimismo, cabe la participación de terceros países en virtud de otros instrumentos jurídicos. Se debe incluir una disposición específica en el presente Reglamento a fin de otorgar los derechos y el acceso necesarios al ordenador competente, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude («OLAF») y al Tribunal de Cuentas Europeo para que puedan ejercer plenamente sus respectivas competencias.

(26)Las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea son aplicables al presente Reglamento. Estas normas figuran en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento para el establecimiento y la ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratación pública, premios y gestión indirecta, y prevén el control de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE conciernen también a la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros, ya que el respeto del Estado de Derecho constituye una precondición esencial para la buena gestión financiera y la financiación eficaz de la UE.

(27)De conformidad con el [artículo 94 de la Decisión 2013/755/UE] del Consejo, las personas y entidades establecidas en los países y territorios de ultramar pueden optar a la financiación, conforme a las normas y los objetivos del programa y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el país o territorio de ultramar de que se trate.