ES

Bruselas, 10.7.2007

COM(2007) 361 final

2007/0143 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre el seguro de vida el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio

Solvencia II

(presentada por la Comisión)

{SEC(2007) 870}

{SEC(2007 871}

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Observaciones generales

La importancia económica y social de los seguros y reaseguros es tal que, en general, se reconoce la necesidad de intervención de las autoridades públicas a través de una supervisión prudencial. Los aseguradores no sólo ofrecen protección frente a futuros hechos que puedan derivar en pérdidas, sino que, además, canalizan los ahorros de las familias hacia los mercados financieros y la economía real.

Los aseguradores y reaseguradores deben satisfacer determinados requisitos en materia de solvencia, a fin de poder atender a los compromisos adquiridos frente a los tomadores de seguro. Las normas actualmente vigentes en materia de solvencia están desfasadas. En efecto, no son variables en función del riesgo, dejan a los Estados miembros un margen excesivo para la introducción de variantes nacionales, no tratan adecuadamente la supervisión de grupo, y se han visto en este tiempo superadas por la evolución sectorial, intersectorial e internacional. Por ello es necesario un nuevo régimen de solvencia, denominado Solvencia II, que refleje plenamente los cambios registrados en los ámbitos de la supervisión prudencial, la ciencia actuarial y la gestión de riesgos, y que permita actualizaciones en el futuro.

El proyecto Solvencia II es uno de las principales temas pendientes del Plan de Acción en materia de Servicios Financieros (1999-2005). Si bien en 2002 se incrementó, en el marco de Solvencia I, la cuantía mínima del fondo de garantía, se trató meramente de una medida provisional, necesaria para la protección de los tomadores de seguro en tanto no se emprendiera una reforma más radical. Solvencia II, que propone una revisión más amplia de la situación financiera de las empresas de seguros o de reaseguros, es el resultado de ese proceso.

Al hilo de los programas de la Comisión de mejora y simplificación de la normativa, se ha aprovechado la revisión del actual régimen de solvencia para refundir 14 Directivas de seguros y reaseguros en un único documento, en el que se han integrado las nuevas normas de solvencia.

2. Consulta de las partes interesadas

a) Consulta de las partes interesadas

A lo largo del proyecto, los servicios de la Comisión se han mantenido en estrecho contacto con los interesados. El grupo de trabajo sobre solvencia de la Comisión, integrado por expertos de los Estados miembros, ha celebrado de tres a cinco reuniones anuales para debatir el proyecto Solvencia II desde que éste se puso en marcha en 2004.

El Comité Europeo de Supervisores de Seguros y Pensiones de Jubilación (CESSPJ) ha sido una importante fuente de asesoramiento técnico en el proyecto Solvencia II. El CESSPJ prestó asesoramiento a la Comisión en la concepción del nuevo régimen de solvencia y organizó una serie de estudios cuantitativos de impacto. Antes de enviar su dictamen a la Comisión, el CESSPJ sometió su borrador a consulta pública. Su contribución al proyecto ha sido sustancial, y su participación en el proceso volverá a ser necesaria más adelante.

En junio de 2006, la DG MARKT organizó una audiencia pública, que contó con el concurso de 191 participantes. Asimismo, los servicios de la Comisión publicaron un cuestionario en línea, en la página de "Tu voz en Europe", que obtuvo 147 respuestas. Por otra parte, la DG MARKT envió un cuestionario pormenorizado a 58 empresas de toda Europa, al que siguieron entrevistas en directo en algunas de dichas empresas (fundamentalmente pequeñas y medianas).

La Comisión se ha dirigido a diversas instancias para solicitar su concurso en la evaluación del impacto potencial del nuevo régimen de solvencia, entre ellas, el Banco Central Europeo (estabilidad financiera), las empresas de seguros y de reaseguros (CEA/AISAM/ACME), el sector (productos y mercados de seguros), FIN-USE (consumidores) y el CESSPJ (autoridades de supervisión). Por su parte, la DG ECFIN elaboró un informe sobre el impacto de Solvencia II en el plano macroeconómico.

b) Evaluación de impacto

El análisis efectuado y las contribuciones recibidas de los interesados confirman que la introducción de un nuevo régimen de solvencia basado en el riesgo económico, y aplicando íntegramente el método Lamfalussy, es la forma más eficaz y eficiente de cumplir los objetivos generales de Solvencia II. Se trata, concretamente, de acrecentar la integración del mercado de seguros y reaseguros de la UE, mejorar la protección de los tomadores de seguros y los beneficiarios, elevar la competitividad internacional de los aseguradores y reaseguradores de la UE y promover una mejora de la legislación.

Un sistema basado en sólidos principios de valoración económica desvelará la verdadera situación económica de los aseguradores, redundando en una mayor transparencia y una mayor confianza en el conjunto del sector. El establecimiento de requisitos legales basados en el riesgo garantizará un equilibrio justo entre, de un lado, un importante nivel de protección del tomador y, de otro, costes razonables para los aseguradores.

En particular, los requisitos de capital reflejarán el perfil específico de riesgo de cada empresa de seguros o de reaseguros. Aquellos aseguradores que gestionen adecuadamente sus riesgos, mediante políticas rigurosas, el empleo de técnicas apropiadas de reducción del riesgo o la diversificación de sus actividades, se verán recompensados con una exigencia de capital menor que la prevista con arreglo al régimen actualmente en vigor en la UE. Por el contrario, las empresas de seguros mal gestionadas o que asuman mayores riesgos deberán disponer de un mayor volumen de capital, a fin de velar por que los compromisos contraídos con el tomador se cumplan oportunamente.

Solvencia II llevará a otorgar mayor importancia a una sólida gestión del riesgo y rigurosos controles internos. La responsabilidad de la solidez financiera de los aseguradores se atribuirá estrictamente a los órganos de dirección, como no puede ser de otro modo. Se dotará a los aseguradores de mayor libertad, esto es, deberán guiarse por principios firmes y no por disposiciones arbitrarias. Los requisitos legales se adecuarán a la práctica del sector, y los aseguradores serán recompensados por implantar los sistemas de gestión del riesgo y del capital que mejor se ajusten a sus necesidades y su perfil global de riesgo. A cambio, estarán sujetos a una supervisión reforzada. El nuevo régimen aumentará la transparencia y facilitará la divulgación de la información. Los aseguradores que se atengan a las mejores prácticas se verán recompensados por los inversores, los participantes en el mercado y los consumidores.

No obstante, la adopción de un nuevo planteamiento basado en el riesgo económico puede verse acompañada de algunos efectos secundarios a corto plazo. Solvencia II puede dar lugar a una disminución de la cobertura en ciertos tipos de seguros, al aplicarse a los riesgos un régimen acorde con su verdadero coste económico (p. ej., garantías financieras clásicas integradas en productos de ahorro a largo plazo). Por lo demás, el aumento de la transparencia puede redundar en una disminución de los subsidios cruzados entre ramos de actividad (p. ej., del seguro de automóvil a los seguros de enfermedad y accidente) y traducirse en un incremento de los precios en determinados ámbitos o respecto de categorías específicas de tenedores expuestos a mayor riesgo. Si bien es ésa una evolución muy positiva desde la perspectiva de la creación de un sector de seguros eficiente y transparente, el posible impacto social de todo cambio en el comportamiento de los aseguradores que de ello se derive deberá vigilarse atentamente y debatirse, de manera que puedan arbitrarse soluciones sostenibles a largo plazo frente a los problemas que puedan plantearse a raíz de la introducción del nuevo régimen de solvencia. Deberá alentarse a los aseguradores y a las autoridades nacionales a que evalúen las probabilidades de que se produzcan tales cambios y, en su caso, estudien la manera de atenuar su impacto. Por último, si bien no es previsible que Solvencia II influya de manera sensible en las pautas de inversión de las empresas de seguro de vida, no cabe descartar que en los seguros no de vida se registre un aumento de la inversión en renta fija, en detrimento de la renta variable. Con todo, las participaciones de las empresas de seguros no de vida en instrumentos de capital no representan sino una proporción reducida (4%) de la capitalización bursátil en la EU25, y se espera que la transición a la nueva distribución de activos no presente dificultades.

3. Enfoque legislativo y base jurídica

a) Enfoque legislativo

Con motivo de las modificaciones que impone el nuevo régimen, Solvencia II, se han refundido en un único texto las 13 Directivas en materia de seguros de vida y no de vida, reaseguros, grupos de seguros y liquidación que se enumeran a continuación:

· Directiva 64/225/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, relativa a la supresión, en materia de reaseguro y de retrocesión, de las restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios [1];

· Primera Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio [2];

· Directiva 73/240/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, por la que se suprimen, en materia del seguro directo distinto del seguro de vida, las restricciones a la libertad de establecimiento [3];

· Directiva 76/580/CEE del Consejo, de 19 de junio de 1976, por la que se modifica la Directiva 73/239/CEE sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio [4];

· Directiva 78/473/CEE del Consejo, de 30 de mayo de 1978, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de coaseguro comunitario [5];

· Directiva 84/641/CEE del Consejo, de 10 de diciembre de 1984, por la que se modifica, en lo que se refiere en particular a la asistencia turística, la primera Directiva (73/239/CEE) por la que se establece una coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de seguro directo distinto del seguro de vida y a su ejercicio [6];

· Directiva 87/344/CEE del Consejo de 22 de junio de 1987 sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro de defensa jurídica [7];

· Segunda Directiva 88/357/CEE del Consejo de 22 de junio de 1988 sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo, distinto del seguro de vida, por la que se establecen las disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios y por la que se modifica la Directiva 73/239/CEE [8];

· Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida (tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida) [9];

· Directiva 98/78/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de octubre de 1998 relativa a la supervisión adicional de las empresas se seguros que formen parte de un grupo de seguros [10];

· Directiva 2001/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las compañías de seguros [11];

· Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida [12];

· Directiva 2005/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2005, sobre el reaseguro [13];

Dado que una reelaboración íntegra de las Directivas vigentes habría exigido algo más que una refundición de las mismas, la refundición efectuada sigue la estructura de las Directivas existentes en el ámbito de los seguros y reaseguros. Así pues, las nuevas disposiciones de Solvencia II se han incorporado en distintos capítulos y títulos del proyecto de Directiva y se muestran sobre fondo gris. No se han introducido modificaciones sustanciales en las Directivas vigentes objeto de refundición, salvedad hecha de las que impone el nuevo régimen de solvencia.

La propuesta aplica la «técnica de refundición» (Acuerdo Interinstitucional 2002/C 77/01), que permite la introducción de modificaciones de fondo de la normativa vigente sin necesidad de adoptar para ello una nueva directiva. La refundición reduce la complejidad y hace que la legislación de la UE resulte más accesible y comprensible. En buen número de disposiciones de las actuales Directivas se introducen modificaciones de carácter no sustantivo a fin de mejorar la estructura, redacción y legibilidad. Se han suprimido aquellos artículos o partes de artículos que han quedado desfasados, y todos los cambios se han señalado con claridad en el texto.

Las nuevas disposiciones sobre solvencia representan principios basados en el método Lamfalussy referido al ámbito de los servicios financieros y se ajustan a los cuatro niveles en que éste se estructura. Dichos principios se seguirán desarrollando mediante disposiciones de aplicación. Gracias al método Lamfalussy, el nuevo régimen de solvencia podrá adecuarse a la futura evolución tecnológica y del mercado, así como a la evolución de la reglamentación contable y de seguros y reaseguros a nivel internacional.

b) Base jurídica

La propuesta se basa en el artículo 47, apartado 2, y en el artículo 55 del Tratado, que constituyen la base jurídica para la adopción de medidas comunitarias con vistas a la realización del mercado interior en el sector de los servicios financieros. El instrumento por el que se ha optado es una Directiva, por tratarse del instrumento jurídico más apropiado para alcanzar los objetivos. Las nuevas disposiciones propuestas no van más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos que se persiguen.

4. Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación de las actuales Directivas no ha sufrido modificación alguna. La propuesta es aplicable, por tanto, a todas las empresas de seguros y de reaseguros, tanto del ramo de vida como de ramos distintos del de vida. No obstante, la actual exclusión de las pequeñas mutuas se ha hecho extensiva a todas las pequeñas empresas de seguros, según se definen en el artículo 4, con independencia de su forma jurídica. La Directiva no se aplica a los fondos de pensiones regulados por la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo [14], la cual será objeto de revisión en 2008. Llegado ese momento, la Comisión examinará las posibilidades y la conveniencia de establecer requisitos de solvencia adecuados en lo que respecta a los fondos de pensiones, y la manera de proceder. La Directiva tampoco modifica el régimen aplicable a los conglomerados financieros. No obstante, en caso de que se detecten problemas a ese respecto, éstos se abordarán en el curso de la revisión de la Directiva sobre conglomerados financieros (2002/87/CE), que tendrá lugar en 2008.

5. Comentarios sobre los artículos

Los comentarios que siguen se refieren únicamente a los artículos nuevos o a aquéllos que han sido modificados a raíz de la introducción de las nuevas normas de solvencia.

a) Requisitos cualitativos y supervisión

Los requisitos cualitativos y las normas de supervisión aplicables a las empresas de seguros y de reaseguros (pilar 2 del régimen Solvencia II) se exponen en dos secciones, que tratan de las autoridades de supervisión y las normas generales y del sistema de gobernanza, respectivamente.

Autoridades de supervisión y normas generales - Artículos 27-38

Objetivo principal de la supervisión – Artículo 27

El principal objetivo de la regulación y supervisión del sector de seguros y reaseguros consiste en proteger adecuadamente a los tomadores de seguros. Si bien otros objetivos, tales como la estabilidad financiera y la equidad y estabilidad de los mercados, han de tomarse asimismo en consideración, no deben menoscabar el principal objetivo.

Principios generales de supervisión – Artículo 28

La supervisión se basará en un planteamiento prospectivo y orientado al riesgo. Solvencia II adopta, por tanto, un enfoque basado en el riesgo económico, de modo que el régimen implantado refleje el verdadero perfil de riesgo de las empresas de seguros y de reaseguros. Ese sistema deberá basarse en sólidos principios económicos y servirse de manera óptima de la información que proporcionan los mercados financieros.

Se ha puesto especial cuidado en evitar que el nuevo régimen de solvencia resulte excesivamente gravoso para las pequeñas y medianas empresas de seguros y de reaseguros. En consecuencia, se hace hincapié en el principio de proporcionalidad, cuya validez se hace extensiva a todos los requisitos establecidos en la Directiva, pero que es particularmente pertinente en lo que respecta a la aplicación de los requisitos cuantitativos y cualitativos del régimen de solvencia y a las normas de supervisión. Este principio se seguirá desarrollando en las disposiciones de aplicación.

Transparencia y rendición de cuentas – Artículo 30

La transparencia y la rendición de cuentas contribuyen a la legitimidad e integridad de las autoridades de supervisión, y a la credibilidad del sistema de supervisión. En consecuencia, este artículo dispone que las autoridades de supervisión habrán de desempeñar sus funciones de forma transparente y responsable. La divulgación de información favorece la transparencia y permite una comparación coherente de los enfoques adoptados por los Estados miembros. Un aspecto importante en este sentido es la instauración de procedimientos transparentes para el nombramiento y la revocación de los miembros de los órganos rectores y gestores de las autoridades de supervisión.

Poderes de supervisión – Artículo 34

A fin de garantizar la eficacia de la supervisión, las autoridades de supervisión han de estar plenamente facultadas para desempeñar sus funciones. De ahí que el artículo 34 disponga la obligación de los Estados miembros de velar por que las autoridades de supervisión estén facultadas para adoptar las medidas que procedan a fin de garantizar que las empresas de seguros y de reaseguros cumplan los requisitos legales establecidos en la Directiva e impedir o subsanar las posibles irregularidades. En este contexto, resulta particularmente importante disponer también de poderes de supervisión con respecto a las actividades objeto de externalización o subexternalización. Todos los poderes de supervisión se ejercerán en el momento oportuno y de forma proporcionada.

A fin de garantizar una supervisión eficaz, es fundamental que la supervisión se realice tanto in situ como a distancia, por lo que se faculta a los supervisores para llevar a cabo verificaciones in situ en los locales del asegurador o reasegurador.

Proceso de revisión supervisora – Artículo 36

El incumplimiento de los requisitos cuantitativos y cualitativos puede tener graves consecuencias para la solidez financiera de las empresas de seguros o de reaseguros. Por ello, la revisión supervisora tiene por objeto delimitar las entidades que presentan características financieras, organizativas o de otro tipo, susceptibles de generar un perfil de mayor riesgo.

Con arreglo al proceso de revisión supervisora, las autoridades de supervisión comprueban y evalúan las estrategias, los procesos y los procedimientos de información establecidos por las empresas de seguros y de reaseguros a fin de atenerse a lo dispuesto en la Directiva, así como los riesgos a los que las empresas afectadas se enfrentan o podrían enfrentarse, y la capacidad de dichas empresas para evaluar tales riesgos. La revisión comporta asimismo una evaluación de la adecuación de los métodos y prácticas de las empresas destinados a determinar posibles sucesos o futuras alteraciones de las condiciones económicas que pudieran incidir negativamente en la situación financiera global de aquéllas. Con vistas a garantizar la eficacia del proceso de revisión supervisora, es importante que se faculte a las autoridades de supervisión para subsanar las carencias o deficiencias detectadas en la revisión supervisora, haciendo para ello un seguimiento de sus constataciones.

Es fundamental, por otra parte, que las autoridades de supervisión dispongan de instrumentos de control adecuados que les permitan detectar el deterioro de la situación financiera y subsanarlo. Los resultados del proceso de revisión supervisora resultan de gran utilidad para las autoridades de supervisión a la hora de establecer las prioridades sus futuras actuaciones, así como con vistas a garantizar un grado de coherencia adecuado entre sus enfoques prudenciales y a proporcionar información a la empresa.

Incrementos del capital – Artículo 37

El punto de partida de cara a la adecuación de los requisitos cuantitativos en el sector asegurador y reasegurador es el capital de solvencia obligatorio. Por tanto, sólo en circunstancias excepcionales estrictamente definidas pueden las autoridades de supervisión, tras el proceso de revisión supervisora, exigir a las empresas de seguros y de reaseguros que incrementen su capital. Si bien la fórmula general pretende atender al perfil de riesgo de la mayor parte de las empresas de seguros y de reaseguros de la Comunidad, es posible que, en algunos casos, el enfoque normalizado no refleje plenamente el perfil de riesgo muy particular de una empresa.

En el supuesto de que el modelo interno completo o parcial presente deficiencias relevantes (véase más adelante la letra e)) o de que se constaten carencias significativas en la gobernanza, es imprescindible que las autoridades de supervisión velen por que la empresa tome cuantas medidas sean necesarias para corregir las deficiencias que hayan llevado a la imposición del incremento del capital, en aras de la protección del tomador del seguro. Las autoridades de supervisión tienen la obligación de analizar los progresos realizados por la empresa en la corrección de las deficiencias observadas, como mínimo, una vez al año. Únicamente en el caso de que la desviación del perfil de riesgo de una empresa sea significativa y la elaboración de un modelo interno parcial o completo no resulte eficaz, puede el incremento del capital tener carácter permanente.

El planteamiento adoptado respecto del sector de seguros y reaseguros, más armonizado y más basado en criterios económicos que el aplicado en la Directiva sobre los requisitos de capital, justifica una mayor armonización en lo que respecta a los incrementos del capital.

Responsabilidad del órgano de administración o dirección – Artículo 40

Las empresas de seguros y de reaseguros deberán observar principios antes que normas, lo que hace recaer mayor responsabilidad sobre los órganos de dirección que en la actualidad.

La Directiva dispone claramente que el órgano de administración o dirección de la empresa de seguros o reaseguros debe asumir la responsabilidad última del cumplimiento, por parte de la empresa, de lo dispuesto en la misma.

Sistema de gobernanza - Artículos 41 a 49

Sistema de gobernanza y requisitos generales - Artículo 41

La coherencia de los requisitos en materia de gobernanza entre los ámbitos bancario, de valores y de seguros y reaseguros es fundamental a la hora de garantizar la coherencia intersectorial. Tal es el objetivo que persiguen los requisitos de gobernanza previstas en la presente Directiva.

El establecimiento de unos requisitos de gobernanza rigurosos es condición previa para un sistema de solvencia eficiente. Algunos riesgos sólo pueden tenerse debidamente en cuenta mediante la imposición de exigencias en materia de gobernanza y no de requisitos cuantitativos. La solidez del sistema de gobernanza constituye, por tanto, un factor clave de cara a la gestión adecuada de la empresa de seguros, y resulta vital para la eficacia del sistema de supervisión.

El sistema de gobernanza supone el cumplimiento de las exigencias en lo que respecta a la aptitud y honorabilidad, la gestión del riesgo, la autoevaluación de riesgos y solvencia, el control interno, la auditoría interna, la función actuarial y la externalización. En las disposiciones de aplicación relativas a los requisitos de gobernanza se desarrollará el principio de proporcionalidad.

La definición de las funciones de gobernanza en la Directiva debe facilitar la aplicación del sistema de gobernanza a las empresas. Por función se entiende la capacidad administrativa para llevar a cabo determinadas tareas. La definición de una función determinada no obsta para que la empresa decida libremente la manera de organizar dicha función en la práctica, salvo disposición en contrario en la Directiva. Dicha definición no debe traducirse en requisitos excesivamente gravosos, pues deberán tenerse en cuenta la naturaleza, la envergadura y la complejidad de las operaciones de la empresa. Las funciones de gobernanza podrán, por tanto, encomendarse al propio personal de la empresa, o bien realizarse bajo el asesoramiento de expertos externos, o externalizarse a expertos, dentro de los límites fijados en la presente Directiva. Por otra parte, en empresas de menor entidad o complejidad, cada persona o unidad organizativa puede desempeñar más de una función.

A fin de que el sistema de gobernanza funcione adecuadamente, las empresas deben contar con políticas escritas en las que se establezca con claridad cómo debe abordarse el control y la auditoría internos, la gestión de riesgos, y, en su caso, la externalización. La participación activa del órgano de administración o de dirección en el sistema de gobernanza resulta imprescindible, de ahí que las políticas escritas hayan de ser aprobadas por dicho órgano y revisadas, como mínimo, con periodicidad anual, o antes de cualquier cambio significativo en el sistema. Es fundamental que la modificación de las políticas preceda a cualquier cambio en el sistema, ya que, de otro modo, la empresa estaría actuando en contradicción con sus estrategias y procesos internos. Corresponde a las autoridades de supervisión, dentro del proceso de revisión supervisora, comprobar y evaluar el sistema de gobernanza.

Autoevaluación de riesgos y solvencia – Artículo 44

Dentro de su sistema de gestión de riesgos, todas las empresas de seguros y de reaseguros deben asumir como práctica habitual, integrándola en su estrategia comercial, la evaluación periódica de sus necesidades globales de solvencia, atendiendo a su perfil de riesgo específico.

La autoevaluación de riesgos y solvencia tiene una doble vertiente. Es, por una parte, un proceso de evaluación interna dentro de la empresa y, como tal, se integra en las decisiones estratégicas de la misma. Por otra, constituye también una herramienta en manos de las autoridades de supervisión, a las cuales debe mantenerse informadas de los resultados de la autoevaluación de riesgos y solvencia de la empresa.

La autoevaluación de riesgos y solvencia no requiere el desarrollo o la aplicación de un modelo interno parcial o completo por parte de la empresa. No obstante, si la empresa utiliza ya un modelo interno parcial o completo para el cálculo del capital de solvencia obligatorio, el resultado del modelo interno deberá utilizarse en la citada autoevaluación. La autoevaluación de riesgos y solvencia no crea un tercer requisito de capital de solvencia. Tampoco debe resultar excesivamente gravosa para las empresas de menor entidad o complejidad. El control de esa autoevaluación por las autoridades de supervisión forma parte del proceso de revisión supervisora de la empresa. Los resultados de cada autoevaluación realizada deben comunicarse a las autoridades de supervisión dentro de la información a facilitar con fines de supervisión, con arreglo a lo previsto en el artículo 35.

Externalización – Artículos 38 y 48

A medida que la externalización adquiere mayor importancia, aumenta la necesidad de adoptar un enfoque más coherente al respecto. A fin de garantizar una supervisión eficaz de las actividades externalizadas, es fundamental que las autoridades de supervisión de la empresa que externalice las actividades puedan acceder a toda la información pertinente que obre en poder del proveedor del servicio de externalización, y que tengan derecho, asimismo, a realizar inspecciones de las actividades externalizadas en los locales de dicho proveedor, con independencia de que éste sea una entidad regulada o no regulada. En caso de que la actividad se externalice a un proveedor de servicios de un tercer país, es necesario que las autoridades de supervisión de la empresa que externalice las actividades puedan acceder a toda la información pertinente que obre en poder del proveedor del servicio de externalización, con independencia de que éste sea una entidad regulada o no regulada. La externalización comprende asimismo la subexternalización.

Una manera de lograr la eficacia de la supervisión, especialmente si el proveedor de servicios es una entidad no regulada, es prestando particular atención al contrato entre la empresa que externalice las actividades y el proveedor de servicios de externalización. Antes de la externalización de actividades importantes, así como de cualquier cambio posterior significativo en relación con dichas actividades, debe informarse oportunamente y en forma adecuada a las autoridades de supervisión.

Las exigencias establecidas en la presente Directiva toman en consideración los trabajos del Foro Conjunto y son coherentes con las normas y prácticas actuales en el sector bancario y con la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (2004/39/CE) y su aplicación a las entidades de crédito.

b) Información presentada a efectos de supervisión y publicación de información

La información presentada a efectos de supervisión y la publicación de información constituyen el «pilar 3» del régimen Solvencia II.

Información que deberá facilitarse a efectos de supervisión - Artículo 35

La propuesta mantiene, en lo esencial, la actual filosofía del acervo, consistente en imponer a las empresas la obligación general de facilitar toda información necesaria a efectos de supervisión. No obstante, en consonancia con el planteamiento Lamfalussy, la propuesta introduce una serie de principios básicos a los que ha de ajustarse la información facilitada a efectos de supervisión, y permite la adopción de disposiciones de aplicación con vistas a garantizar el oportuno grado de convergencia.

Publicación de información - Artículos 50 a 55

De acuerdo con la propuesta, las empresas tendrán la obligación de publicar, con periodicidad anual, un informe sobre su situación financiera y de solvencia. Se prevé la posibilidad de establecer una excepción, durante un período transitorio, por lo que respecta a los incrementos individuales del capital. Las empresas tienen la obligación de actualizar, si procede, la información facilitada (los casos de insuficiencia del capital mínimo y del capital de solvencia obligatorios están regulados en disposiciones específicas) y pueden publicar información adicional con carácter facultativo. Las empresas habrán de dotarse de una política en materia de publicación de información, y la publicación del informe sobre la situación financiera y de solvencia estará supeditada a su aprobación por el órgano de administración o dirección. Por último, la propuesta permite la adopción de disposiciones de aplicación con vistas a garantizar el oportuno grado de convergencia.

c) Fomento de la convergencia de la actividad supervisora – Artículo 69

De acuerdo con el Comité de Servicios Financieros, el fomento de la convergencia de la actividad supervisora constituye uno de los principales retos a los que habrá de hacerse frente en los próximos años. Aun partiendo de la base que representa un marco regulador común, sólo será posible crear condiciones de competencia realmente equitativas a través de prácticas comunes y más coherentes entre las autoridades de supervisión por lo que respecta a la toma de decisiones y a su aplicación. La convergencia de la actividad supervisora comporta, concretamente, una aplicación cotidiana común y uniforme de la normativa comunitaria y el fomento, día a día, de una supervisión y una aplicación práctica coherente del mercado único. Las evaluaciones inter pares y los mecanismos de mediación pueden jugar un papel destacado a la hora de impulsar la convergencia de la actividad supervisora.

Corresponde fundamentalmente al CESSPJ favorecer la aplicación coherente de la presente Directiva y la convergencia de las prácticas de supervisión en la Comunidad. Este artículo dispone, por tanto, que los Estados miembros deben adoptar cuantas medidas sean precisas para garantizar la participación activa de las autoridades de supervisión en la labor del CESSPJ.

d) Requisitos cuantitativos

Los requisitos cuantitativos aplicables a las empresas de seguros y de reaseguros («pilar 1» del régimen Solvencia II) se establecen en seis secciones: valoración de activos y pasivos, provisiones técnicas, fondos propios, capital de solvencia obligatorio, capital mínimo obligatorio, e inversiones. Los requisitos del pilar 1 se basan en un planteamiento económico centrado en el total del balance. El planteamiento descansa sobre una evaluación integrada del balance global de las empresas de seguros y de reaseguros, valorando los activos y pasivos de manera coherente. De acuerdo con tal planteamiento, el importe de los recursos financieros disponibles de las empresas de seguros y de reaseguros debe cubrir sus requisitos financieros globales, esto es, la suma de sus obligaciones no subordinadas y los requisitos de capital. La consecuencia del citado planteamiento es que los fondos propios admisibles (véase más adelante) deben superar el capital de solvencia obligatorio.

Valoración de activos y pasivos – Artículo 73

El artículo 73 establece normas de valoración respecto de todos los activos y pasivos, basadas en la actual definición de valor razonable de las NIIF. A fin de garantizar una valoración coherente de los elementos del balance en todos los Estados miembros, se elaborarán disposiciones de desarrollo en las que se establezca el método de cálculo de su valor razonable. Por lo que se refiere a los pasivos, las normas de valoración no tienen en cuenta la solvencia propia de la empresa, en tanto que, en la valoración de los activos, debe atenderse a las condiciones de solvencia y de liquidez corrientes.

Provisiones técnicas – Artículos 74 a 84

Para que la empresa pueda atender a las obligaciones de seguro y de reaseguro que asuma frente a los tomadores y los beneficiarios de contratos, es preciso que constituya provisiones técnicas. El cálculo de dichas provisiones deberá efectuarse con arreglo a lo previsto en el artículo 74.

– En particular, el cálculo de las provisiones técnicas se basará en su valor de salida actual. El valor de salida actual refleja el importe que la empresa de seguros o de reaseguros tendría que pagar hoy si transfiriera todas sus obligaciones y derechos contractuales de manera inmediata a otra entidad. La utilización del valor de salida actual no debe interpretarse en el sentido de que la empresa de seguros o de reaseguros pueda, deba o vaya a transferir efectivamente dichas obligaciones.

– El cálculo de las provisiones técnicas ha de ser coherente con el mercado, y sólo se hará uso de información específica sobre la empresa en la medida en que esa información permita a las empresas de seguros o de reaseguros reflejar más adecuadamente las características de la cartera de seguros subyacente.

En los artículos 75 a 78 y 80 a 84 se describe el cálculo de las provisiones técnicas. Éstas deberán calcularse como la suma de la mejor estimación y un margen de riesgo, salvo en el caso de riesgos susceptibles de cobertura, derivados de obligaciones de seguro o de reaseguro (véase más adelante).

– La mejor estimación corresponde al valor actual esperado de los flujos de caja futuros, teniendo en cuenta la totalidad de las entradas y salidas de caja (ajustadas en función de la inflación) necesarias para liquidar las obligaciones de seguro y reaseguro durante todo su período de vigencia, incluidos todos los gastos, las participaciones discrecionales futuras en los beneficios, las garantías financieras implícitas y las opciones contractuales. El cálculo de la mejor estimación debe basarse en sólidas técnicas actuariales y en datos de buena calidad y ha de cotejarse periódicamente con los datos que arroje la experiencia anterior.

– El margen de riesgo garantiza que el valor global de las provisiones técnicas sea equivalente al importe que las empresas de seguros y de reaseguros tendrían que pagar hoy si transfirieran sus derechos y obligaciones contractuales de manera inmediata a otra entidad; o, alternativamente, el coste adicional, por encima de la mejor estimación, correspondiente a la constitución de capital destinado a avalar las obligaciones de seguro y reaseguro durante el período de vigencia de la cartera.

Con respecto a los riesgos susceptibles de cobertura –esto es, riesgos que pueden neutralizarse mediante la compra o la venta de instrumentos financieros–, el valor de las provisiones técnicas se calcula directamente, como elemento global, y se obtiene a partir de los valores de dichos instrumentos financieros (véase el artículo 75.4).

Por lo que se refiere a los riesgos no susceptibles de cobertura, el margen de riesgo se calcula por el método del coste de capital (véase el artículo 75.5). En este caso, la tasa de coste del capital utilizada es la misma para todas las empresas (p. ej., un porcentaje fijo) y corresponde al diferencial sobre el tipo de interés sin riesgo aplicable a una empresa de seguros o de reaseguros con calificación crediticia BBB a la hora de obtener fondos propios admisibles.

Fondos propios –Artículos 85 a 98

Los fondos propios representan los recursos financieros de los que dispone una empresa de seguros o de reaseguros para protegerse frente a los riesgos y absorber, en su caso, las pérdidas financieras. La determinación de los importes de fondos propios admisibles para la cobertura de los dos requisitos de capital se basa en un proceso en tres fases. Cada una de dichas fases corresponde a una subsección, a saber: determinación de los fondos propios, clasificación de los fondos propios, y admisibilidad de los fondos propios.

En la primera fase, han de determinarse los importes de fondos propios disponibles. Los fondos propios son la suma de:

– elementos del balance, o «fondos propios de base» (véase el artículo 86).

– elementos no consignados en el balance, o «fondos propios complementarios» (véase el artículo 87).

Los fondos propios de base comprenden el capital económico (esto es, el excedente de los activos con respecto a los pasivos, valorados de conformidad con las secciones 1 y 2) y los pasivos subordinados (ya que esos pasivos pueden utilizarse como capital, por ejemplo, en caso de liquidación).

Los fondos propios complementarios engloban los compromisos cuyo cumplimiento las empresas pueden reclamar al objeto de incrementar sus recursos financieros, tales como dividendos pasivos y letras de crédito. Dado que los citados fondos propios complementarios no están sujetos a las normas de valoración previstas en las secciones 1 y 2, la determinación de sus importes debe someterse a la aprobación previa de las autoridades de supervisión.

En una segunda fase, dadas sus diferentes características y la distinta medida en que permiten absorber pérdidas, los elementos de fondos propios se clasificarán en tres niveles, en función de su naturaleza y de la medida en que satisfacen cinco criterios fundamentales (a saber: subordinación, capacidad de absorción de pérdidas, permanencia, perpetuidad y ausencia de gastos de administración) que se establecen en el artículo 92.

– La clasificación de los fondos propios en niveles se basa en criterios cualitativos que habrán de especificarse más en detalle a través de disposiciones de aplicación (véase el artículo 96); No obstante, a fin de facilitar esa clasificación, las citadas disposiciones de aplicación establecerán asimismo una lista de elementos preclasificados.

NaturalezaCalidad | Consignados en el balance (fondos propios de base) | No consignados en el balance (fondos propios complementarios) |

Elevada | Nivel 1 | Nivel 2 |

Media | Nivel 2 | Nivel 3 |

Baja | Nivel 3 | − |

En la tercera fase, dado que los elementos de fondos propios de nivel 2 y nivel 3 no permiten una total absorción de pérdidas en cualquier circunstancia, se plantea la necesidad de limitar su reconocimiento a efectos de supervisión. Según dispone el artículo 97, los fondos propios disponibles están sujetos a dos series de límites a la hora de determinar los importes admisibles a efectos de supervisión:

– En lo que respecta al capital de solvencia obligatorio, la proporción de elementos del nivel 1 en los fondos propios admisibles debe ser, como mínimo, de un tercio, y la proporción de elementos del nivel 3 no debe superar un tercio.

– Por lo que se refiere al capital mínimo obligatorio, no son admisibles los elementos de fondos propios complementarios, y la proporción de elementos admisibles del nivel 2 debe limitarse a la mitad.

Capital de solvencia obligatorio – Artículos 99 a 124

La sección 4, relativa al capital de solvencia obligatorio, se divide en tres partes, a saber: una presentación general de ese requisito de capital, la fórmula general del capital de solvencia obligatorio, y la utilización de modelos internos a efectos de solvencia.

Disposiciones generales relativas al capital de solvencia obligatorio calculado por medio de la fórmula general o de un modelo interno

El capital de solvencia obligatorio debe corresponderse con el capital económico que han de poseer las empresas de seguros y de reaseguros para limitar la probabilidad de ruina al 0,5 %, lo que equivale a una ruina cada 200 años (véase el artículo 100). El capital de solvencia obligatorio se calculará mediante técnicas de valor en riesgo, ya sea con arreglo a la fórmula general o recurriendo a un modelo interno: deben evaluarse todas las pérdidas potenciales de los siguientes doce meses, incluida la modificación adversa del valor de los activos y pasivos. El capital de solvencia obligatorio refleja el verdadero perfil de riesgo de la empresa, teniendo en cuenta todos los riesgos cuantificables, así como el efecto neto de las técnicas de reducción del riesgo.

El capital de solvencia obligatorio debe calcularse al menos una vez al año, controlarse de manera permanente y volverse a calcular en caso de que el perfil de riesgo de la empresa registre alguna desviación significativa; El capital de solvencia obligatorio ha de cubrirse con un importe equivalente de fondos propios admisibles (véase el artículo 99).

Fórmula general del capital de solvencia obligatorio

Los artículos 102 a 108 describen los objetivos, la estructura y la definición global de la fórmula general del capital de solvencia obligatorio. La estructura «modular», basada en técnicas de agregación lineal, se explica con más detalle en el anexo IV de la Directiva. En los artículos 103 y 104 se definen los riesgos que engloban los distintos módulos y submódulos de la fórmula general. Las especificaciones precisas de esos módulos y submódulos se adoptarán mediante disposiciones de aplicación, dada la probabilidad de que varíen con el tiempo.

La fórmula general del capital de solvencia obligatorio está destinada a lograr un equilibrio adecuado entre sensibilidad al riesgo y funcionalidad. Admite tanto el recurso a parámetros específicos de la empresa, si procede (véase el artículo 103.7), como simplificaciones normalizadas en lo que respecta a las PYME (véase el artículo 107).

Dado que las nuevas normas de valoración atienden debidamente a las características crediticias y de liquidez de los activos, que el capital de solvencia obligatorio cubre todos los riesgos cuantificables y que todas las inversiones están sujetas al principio de prudencia, no se mantendrán límite cuantitativo de inversión alguno, ni criterios de admisibilidad de los activos. No obstante, a la luz de la evolución del mercado, si surgieran nuevos riesgos que la fórmula general del capital de solvencia obligatorio no cubre, el artículo 108.2 permite a la Comisión adoptar disposiciones de aplicación temporales en las que se establezcan límites de inversión, y criterios de admisibilidad de los activos, durante el tiempo necesario para actualizar la fórmula.

Modelos internos

Los artículos 109 a 124 describen los requisitos aplicables a las empresas de seguros y de reaseguros que utilizan, o se proponen utilizar, un modelo interno completo o parcial para el cálculo del capital de solvencia obligatorio. Antes de que las autoridades de supervisión autoricen la utilización de un modelo interno, las empresas de seguros y de reaseguros deben presentar una solicitud (véase el artículo 109) aprobada por el órgano de de administración o dirección de la empresa (véase el artículo 113), que acredite que se satisface la prueba de utilización, así como las normas de calidad estadística, de calibración, de validación, y sobre documentación (véanse los artículos 117 a 122). Las autoridades de supervisión deberán decidir si aceptan o rechazan la solicitud en los seis meses siguientes al recibo de la solicitud completa presentada por la empresa de seguros o de reaseguros.

Por lo que respecta a la utilización de modelos internos parciales, se introducen requisitos adicionales destinados a impedir que las empresas de seguros y de reaseguros elijan el modelo a su libre conveniencia (véase el artículo 110). Por otra parte, el artículo 111 faculta a la Comisión para adoptar disposiciones de aplicación en las que se adapten las normas establecidas en los artículos 117 a 122 en relación con los modelos internos parciales, con el fin de tener en cuenta el alcance limitado de esos modelos.

El artículo 116 faculta a las autoridades de supervisión para exigir a la empresa de seguros o de reaseguros cuyo capital de solvencia obligatorio se calcule conforme la fórmula general, que desarrollen un modelo interno parcial o completo ante la eventualidad de que la fórmula general no refleje adecuadamente el perfil de riesgo de la empresa.

Capital mínimo obligatorio – Artículos 125 a 128

El capital mínimo obligatorio se corresponde con un nivel de capital por debajo del cual los intereses de los tomadores, en caso de continuar la empresa su actividad, se verían seriamente comprometidos. La insuficiencia del capital mínimo obligatorio activa la intervención en última instancia de las autoridades de supervisión, y lleva a revocar la autorización (véanse los artículos 126 y 136). se Las empresas tienen, por tanto, la obligación de mantener fondos propios de base admisibles para cubrir el capital mínimo obligatorio (véase el artículo 125). Dado que la intervención en última instancia de las autoridades de supervisión puede estar sujeta a la autorización de los tribunales nacionales, el capital mínimo obligatorio debe calcularse con periodicidad trimestral, con arreglo a una fórmula sólida y sencilla, a partir de datos auditables.

El artículo 126, relativo a la configuración y calibración específicas del capital mínimo obligatorio, contiene una breve enumeración de principios generales. A la espera de conocer los resultados del QIS3 (tercer estudio de impacto cuantitativo), se ha adoptado un planteamiento abierto, puesto que no se ha tomado decisión final alguna con respecto al capital mínimo obligatorio.

Concretamente, el texto permite probar los dos enfoques siguientes:

– cálculo del capital mínimo obligatorio con arreglo a una versión simplificada de la fórmula general (enfoque modular) que atiende al riesgo de suscripción de seguro de vida, el riesgo de suscripción de seguro no de vida y el riesgo de mercado, y calibrado en función de un valor en riesgo (VaR) con un nivel de confianza del 90% a un horizonte de un año;

– cálculo del capital mínimo obligatorio en porcentaje del capital de solvencia obligatorio (enfoque compacto), calibrado a un tercio de este último.

A título de ejemplo, el artículo 126.1.c) permite calibrar el capital mínimo obligatorio en función de un nivel de confianza de entre el 80% (puesto que un tercio de un capital de solvencia obligatorio calibrado en función de un VaR con un nivel de confianza del 99,5% equivale a un VaR con un nivel de confianza del 80%, en el supuesto de una distribución normal) y el 90% (el nivel utilizado en el enfoque modular que se examina actualmente).

Así pues, a fin de facilitar la transición al nuevo régimen (véase el artículo 128), las empresas de seguros y de reaseguros que cumplan los requisitos correspondientes al régimen Solvencia I en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, pero no satisfagan el capital mínimo obligatorio, dispondrán de un plazo de un año para adaptarse al nuevo régimen.

Inversiones – Artículos 129 a 132

Todas las inversiones que mantengan las empresas de seguros y de reaseguros (esto es, los activos representativos de las provisiones técnicas, más los activos que cubren del capital de solvencia obligatorio y los activos de libre disposición) deben invertirse, gestionarse y controlarse con arreglo al principio de prudencia establecido en el artículo 129. El principio de prudencia obliga a las empresas de seguros y de reaseguros a invertir sus activos en el mayor beneficio de los tomadores, a conciliar adecuadamente inversiones y pasivos, y a prestar la debida atención a los riesgos financieros, tales como los de liquidez y de concentración.

e) Supervisión de grupo - Artículos 219 a 277

Introducción

La manera en que se lleve a cabo la supervisión de los grupos de seguros y de reaseguros reviste una importancia capital para el funcionamiento satisfactorio del mercado único y del régimen Solvencia II. Por ello la propuesta trata de proponer formas adecuadas de simplificar la supervisión de grupos de seguros y de reaseguros en la UE.

Principales mejoras aplicables a todos los grupos de seguros y de reaseguros

· Supervisor de grupo – determinación y designación: la propuesta introduce el concepto de «supervisor de grupo». Se designará una única autoridad respecto de cada grupo, con poderes concretos de coordinación y decisión. Los criterios adoptados se inspiran en la Directiva sobre conglomerados financieros, si bien la propuesta introduce mayor flexibilidad allí donde se estime necesario.

· Supervisor de grupo – derechos y obligaciones: el supervisor de grupo es el principal responsable de todos los aspectos fundamentales de la supervisión del grupo (solvencia de grupo, operaciones intragrupo, concentración de riesgo, gestión de riesgos y control interno). Esa responsabilidad ha de ejercerse en cooperación y concertación con las autoridades de supervisión locales. Por otra parte, deben establecerse, en relación con cada grupo, mecanismos de coordinación entre todos los supervisores implicados.

· Otras medidas indispensables para garantizar una supervisión de grupo eficaz: la propuesta introduce, en consonancia con la Directiva sobre conglomerados financieros, un conjunto completo de disposiciones que imponen a las autoridades de supervisión la obligación de intercambiar información de manera automática (información esencial) o previa solicitud (información pertinente), consultarse antes de adoptar decisiones importantes, y cursar debidamente las solicitudes de verificación de información.

· Solvencia de grupo – elección de método: con vistas a permitir, en la medida de lo posible, que todos los grupos se beneficien de los efectos de la diversificación, la propuesta manifiesta una clara preferencia por el método de consolidación.

· Solvencia de grupo – modelo interno de grupo: la propuesta permite a los grupos solicitar autorización para utilizar un modelo interno para el cálculo del capital de solvencia obligatorio del grupo y del capital de solvencia obligatorio individual de las entidades vinculadas. El procedimiento se inspira, en gran medida en la Directiva sobre exigencias de capital (2006/48/CE-artículo 129). Podrá consultarse al CESSPJ, a instancias de la empresa matriz o de cualquiera de los supervisores implicados.

· Supervisión de subgrupos: con objeto de limitar la carga que pesa sobre los grupos, la propuesta dispone, en esencia: a) que, de manera general, sólo se someta a supervisión de grupo al nivel más alto dentro de la UE, y b) que los Estados miembros puedan autorizar a sus autoridades a someter a supervisión de grupo al nivel más alto dentro de un Estado miembro. En la práctica, debería reducirse así el número de niveles de supervisión a un máximo de tres (grupos a nivel de la UE, subgrupos nacionales, entidades individuales), de manera acorde con lo previsto en la Directiva sobre exigencias de capital.

· Disposiciones de aplicación: con vistas a favorecer, en la medida de lo posible, la convergencia de las decisiones y las prácticas de los supervisores de grupo, la propuesta contiene, respecto de varias disposiciones fundamentales, una referencia a ulteriores disposiciones de aplicación.

Otras mejoras en relación con los grupos que recurran a la ayuda del grupo

La propuesta introduce un régimen innovador orientado a facilitar la gestión del capital por parte de los grupos, concretamente permitiendo, por una parte, que, en determinadas condiciones, la empresa matriz recurra a declaraciones de ayuda del grupo para satisfacer parcialmente el capital de solvencia obligatorio de sus filiales, y por otra, previendo excepciones, cuando proceda, a algunos artículos sobre supervisión individual. La propuesta permite la adopción de disposiciones de aplicación y prevé una revisión del sistema en su conjunto transcurridos cinco años desde la transposición de la Directiva.

Observación general: la supervisión de grupo no es meramente complementaria

De acuerdo con la normativa vigente de la UE, la supervisión de grupo sirve meramente de complemento a la supervisión individual (la supervisión individual se efectúa del mismo modo respecto de todas las entidades, formen o no parte de un grupo, y la supervisión de grupo viene simplemente a añadirse a la individual). La propuesta modifica sustancialmente esa filosofía: el texto sobre grupos contiene numerosas disposiciones que influirán directamente en el modo de ejercer la supervisión individual sobre entidades pertenecientes a un grupo. A fin de dejar constancia expresa de este cambio fundamental, el término «adicional» se ha suprimido allí donde figuraba (incluido el título).

6. Disposiciones de aplicación

La Directiva atribuye a la Comisión competencias de ejecución. Los supuestos en que se han atribuido a la Comisión tales competencias se enumeran específicamente en cada uno de los artículos pertinentes. En el ejercicio de esas competencias de ejecución, la Comisión estará asistida por el Comité Europeo de Seguros y Pensiones de Jubilación creado por la Decisión 2004/9/CE de la Comisión. Las disposiciones que la Comisión adopte estarán sujetas al procedimiento consultivo o al procedimiento de reglamentación con control establecido en el artículo 3, el artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE.

Las disposiciones de aplicación permitirán definir con mayor precisión los principios establecidos en la Directiva, potenciando con ello la armonización y la convergencia en materia de supervisión. Dichas disposiciones se elaborarán sobre la base de mandatos otorgados por la Comisión al CESSPJ, se someterán a consulta con los interesados y serán objeto de una evaluación de impacto.

2002/83/CE (adaptado)

2007/0143 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA .../.../CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de […]

sobre el seguro de vida el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 47, apartado 2, y su artículo 55,

Vista la propuesta de la Comisión [15],

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo [16],

Previa consulta al Comité de las Regiones [17],

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado [18],

Considerando lo siguiente:

nuevo

(1) Es preciso introducir una serie de modificaciones importantes en la Primera Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio [19], en la Directiva 78/473/CEE del Consejo, de 30 de mayo de 1978, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de coaseguro comunitario [20], en la Directiva 87/344/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1987, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro de defensa jurídica [21], en la Segunda Directiva 88/357/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1988, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo, distinto del seguro de vida, por la que se establecen las disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios y por la que se modifica la Directiva 73/239/CEE [22], en la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida) [23], en la Directiva 98/78/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, relativa a la supervisión adicional de las empresas de seguros que formen parte de un grupo de seguros [24], en la Directiva 2001/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las compañías de seguros [25], en la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida [26], y en la Directiva 2005/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2005, sobre el reaseguro y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2002/83/CE [27]. Con fines de claridad, resulta oportuno refundir dichas Directivas.

(2) A fin de facilitar el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro, y su ejercicio, es necesario eliminar las diferencias más importantes entre las legislaciones de los Estados miembros en lo que respecta a la regulación de las empresas de seguros y de reaseguros. En consecuencia, resulta oportuno establecer un marco legal dentro del cual las empresas de seguros y de reaseguros desarrollen la actividad aseguradora en todo el mercado interior, haciendo así más fácil para las empresas de seguros y de reaseguros con domicilio social en la Comunidad la satisfacción de los compromisos y la cobertura de los riesgos localizados en ella.

(3) Desde la óptica del correcto funcionamiento del mercado interior, es conveniente establecer normas coordinadas referentes a la supervisión de los grupos de seguros y, con vistas a la protección de los acreedores, a los procedimientos de saneamiento y liquidación de las empresas de seguros.

(4) Es conveniente que algunas empresas que prestan servicios de seguro no estén sujetas al sistema establecido por la presente Directiva, en razón de sus dimensiones, su régimen jurídico, su naturaleza – al estar estrechamente vinculadas a regímenes públicos de seguro – o los servicios específicos que ofrecen. Asimismo, resulta oportuno excluir ciertos organismos de diversos Estados miembros cuya actividad se circunscribe a un sector sumamente limitado y queda restringida por ley a un determinado territorio o a determinadas personas.

(5) La Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como del control de la obligación de asegurar esta responsabilidad [28], la Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado, relativa a las cuentas consolidadas [29], la Segunda Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles [30], la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo [31], y la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio [32], establecen normas generales en los ámbitos de la contabilidad, el seguro de responsabilidad civil resultante de la circulación de vehículos automóviles, los instrumentos financieros y las entidades de crédito, y contienen definiciones relativas a estas áreas. Es conveniente que algunas de estas definiciones sean aplicables a efectos de la presente Directiva.

(6) El acceso a la actividad de seguro o de reaseguro debe estar supeditado a autorización previa. Es, pues, necesario establecer las condiciones y el procedimiento para la concesión de dicha autorización, así como para su eventual denegación.

(7) Al ser la presente Directiva un instrumento esencial para la plena realización del mercado interior, debe permitirse a las empresas de seguros y de reaseguros autorizadas en sus Estados miembros de origen desarrollar en toda la Comunidad alguna o la totalidad de sus actividades, mediante el establecimiento de sucursales o la prestación de servicios. Resulta, por tanto, adecuado proceder a la armonización necesaria y suficiente para lograr el reconocimiento mutuo de las autorizaciones y los sistemas de supervisión, y, por ende, una autorización única válida en toda la Comunidad y que haga posible que la supervisión de la empresa sea realizada por el Estado miembro de origen.

(8) La Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE del Consejo (Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles) [33], establece normas sobre la designación de representantes para la tramitación y liquidación de siniestros. Dichas normas deben ser de aplicación a efectos de la presente Directiva.

(9) Las empresas de reaseguros deben limitar su objeto social a la actividad de reaseguro y a las operaciones conexas. Esta exigencia no debe impedir a una empresa de reaseguros realizar actividades tales como la prestación a sus clientes de servicios de asesoramiento estadístico o actuarial, de análisis de riesgos o de investigación. Asimismo, podrá comportar funciones de sociedad de cartera y actividades relacionadas con el sector financiero en el sentido del artículo 2, punto 8, de la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero, y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [34]. En cualquier caso, el citado requisito no permite ejercer actividades bancarias y financieras que no guarden relación alguna.

(10) La protección de los tomadores de seguros presupone que las empresas de seguros y de reaseguros están sujetas a requisitos de solvencia efectivos. A la luz de la evolución del mercado, el sistema actual no resulta ya adecuado. Es, pues, necesario establecer un nuevo marco regulador.

(11) En consonancia con los últimos avances en materia de gestión de riesgos, en el contexto de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y la Asociación Actuarial Internacional, y con la evolución reciente en otros sectores financieros, procede adoptar un enfoque basado en el riesgo económico, que incentive una correcta evaluación y gestión de riesgos por parte de las empresas de seguros y de reaseguros. Es conveniente llevar a cabo una mayor armonización mediante la introducción de normas específicas de valoración de los activos y pasivos, incluidas las provisiones técnicas.

(12) El nuevo régimen de solvencia no debe resultar demasiado gravoso para las pequeñas y medianas empresas de seguros.

(13) El principal objetivo de la regulación y supervisión del sector de seguros y reaseguros consiste en proteger adecuadamente a los tomadores de seguros. La estabilidad financiera y la equidad y estabilidad de los mercados son otros de los objetivos de la regulación y supervisión del sector de seguros y reaseguros que deben también tenerse en cuenta, si bien no han de menoscabar el objetivo principal.

(14) Por consiguiente, las autoridades de supervisión de los Estados miembros deben tener a su disposición todos los medios necesarios para velar por el ejercicio ordenado de la actividad por parte de las empresas de seguros y de reaseguros en toda la Comunidad, ya sea al amparo del derecho de establecimiento o de la libre prestación de servicios. A fin de garantizar la eficacia de la supervisión, todas las medidas adoptadas por las autoridades de supervisión deben ser proporcionadas a la naturaleza y la complejidad de los riesgos inherentes a la actividad de una empresa de seguros o de reaseguros, con independencia de la importancia que revista la empresa considerada para la estabilidad financiera global del mercado.

(15) Las autoridades de supervisión han de poder obtener de las empresas de seguros y de reaseguros la información necesaria para el desempeño de su función supervisora.

(16) Conviene atribuir a las autoridades de supervisión del Estado miembro de origen la responsabilidad de controlar la solidez financiera de las empresas de seguros y de reaseguros. Para ello, deben llevar a cabo con regularidad revisiones y evaluaciones.

(17) El punto de partida de cara a la adecuación de los requisitos cuantitativos en el sector asegurador es el capital de solvencia obligatorio. Por tanto, las autoridades de supervisión sólo deben imponer un incremento sobre el capital de solvencia obligatorio en circunstancias excepcionales estrictamente definidas, tras el proceso de revisión supervisora. La fórmula general para calcular el capital de solvencia obligatorio pretende reflejar el perfil de riesgo de la mayor parte de las empresas de seguros y de reaseguros. Con todo, es posible que, en algunos casos, el enfoque normalizado no refleje adecuadamente el perfil de riesgo muy particular de una empresa. Si esa desviación del perfil de riesgo de una empresa es significativa y la elaboración de un modelo interno parcial o completo no resulta eficaz, el incremento del capital puede tener carácter permanente. En el supuesto de que el modelo interno completo o parcial presente deficiencias relevantes o de que se constaten carencias significativas en la gobernanza, las autoridades de supervisión deben velar por que la empresa tome cuantas medidas sean necesarias para corregir las deficiencias que hayan llevado a la imposición del incremento del capital.

(18) Algunos riesgos sólo pueden tenerse debidamente en cuenta a través de exigencias en materia de gobernanza y no a través de los requisitos cuantitativos que se reflejan en el capital de solvencia obligatorio. Resulta, pues, esencial un sistema de gobernanza eficaz para la correcta gestión de la empresa de seguros y para el sistema de regulación.

(19) Todas las empresas de seguros y de reaseguros deben asumir como práctica habitual, integrándola en su estrategia comercial, la evaluación periódica de sus necesidades globales de solvencia, atendiendo a su perfil de riesgo específico. Los resultados de cada evaluación deben comunicarse a las autoridades de supervisión dentro de la información a facilitar con fines de supervisión.

(20) A fin de garantizar una supervisión eficaz de las actividades externalizadas, es fundamental que las autoridades de supervisión de la empresa de seguros o de reaseguros que externalice las actividades tengan acceso a toda la información pertinente que obre en poder del proveedor del servicio de externalización, con independencia de que éste sea una entidad regulada o no regulada, y que tengan derecho, asimismo, a realizar inspecciones in situ. Con vistas a tener en cuenta la evolución del mercado y cerciorarse de que siguen verificándose las condiciones para la externalización, las autoridades de supervisión deben ser informadas antes de la externalización de actividades importantes. Estas exigencias toman en consideración los trabajos del Foro Conjunto y son coherentes con las normas y prácticas actuales en el sector bancario y con la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros y su aplicación a las entidades de crédito.

(21) Con fines de transparencia, las empresas de seguros y de reaseguros deben publicar, al menos una vez al año, información esencial sobre su situación financiera y de solvencia. Las empresas deben tener la posibilidad de publicar información adicional con carácter voluntario.

(22) Conviene prever el intercambio de información entre las autoridades de supervisión y las autoridades o los organismos que, por su función, contribuyen a reforzar la estabilidad del sistema financiero. Es, por tanto, necesario especificar las condiciones en las que han de ser posibles tales intercambios de información. Por otra parte, cuando sólo sea posible divulgar información con el consentimiento expreso de las autoridades de supervisión, debe permitirse a éstas supeditar, cuando proceda, su consentimiento al cumplimiento de condiciones estrictas.

(23) Es necesario fomentar la convergencia de la actividad supervisora, no sólo en lo que respecta a los instrumentos de supervisión, sino también a las correspondientes prácticas. El Comité Europeo de Supervisores de Seguros y Pensiones de Jubilación instituido por la Decisión 2004/6/CE de la Comisión [35] debe desempeñar un papel importante en este sentido e informar periódicamente sobre los progresos realizados.

(24) Con objeto de limitar la carga administrativa y de evitar la duplicación de tareas, resulta oportuno que las autoridades de supervisión y las autoridades nacionales del ámbito estadístico colaboren e intercambien información.

(25) A fin de reforzar la supervisión de las empresas de seguros y de reaseguros y la protección de los tomadores de seguros, los auditores legales, según se definen en la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo [36], deben estar obligados a informar de inmediato sobre cualquier hecho que pueda incidir seriamente en la situación financiera o la organización administrativa de una empresa de seguros o de reaseguros.

(26) Es conveniente que las empresas de seguros y de reaseguros que ejerzan actividades tanto de seguro de vida como de seguro no de vida gestionen dichas actividades por separado, a fin de proteger los intereses de los tomadores de un seguro de vida. En particular, dichas empresas deben quedar sujetas a los mismos requisitos de capital que los aplicables a un grupo de seguros equivalente compuesto por una empresa de seguros de vida y otra de seguros no de vida, teniendo en cuenta la mayor transferibilidad del capital en el caso de las empresas de seguros multirramo.

(27) La evaluación de la situación financiera de las empresas de seguros y de reaseguros ha de basarse en sólidos principios económicos y hacer un uso óptimo de la información proporcionada por los mercados financieros, así como de los datos generalmente disponibles sobre los riesgos técnicos de seguros.

(28) Las normas de valoración a efectos de supervisión deben ser, en la medida de lo posible, compatibles con la evolución contable internacional de forma que se limite la carga administrativa impuesta a las empresas de seguros o de reaseguros.

(29) Con arreglo a ese enfoque, los requisitos de capital deben estar cubiertos por fondos propios, ya sean éstos elementos consignados o no en el balance. Dado que todos los recursos financieros no permiten una total absorción de pérdidas ni en caso de liquidación ni en caso de continuidad de la explotación, los elementos de los fondos propios deben clasificarse con arreglo a criterios de calidad, y el importe de fondos propios admisible como cobertura de los requisitos de capital debe limitarse según corresponda. Los límites aplicables a los elementos de los fondos propios sólo deben servir para determinar la situación de solvencia de las empresas de seguros y de reaseguros, sin restringir más allá la libertad de dichas empresas en lo que respecta a su gestión interna del capital.

(30) A fin de permitir a las empresas de seguros y de reaseguros cumplir sus compromisos frente a los tomadores y beneficiarios de seguros, resulta oportuno que los Estados miembros exijan a dichas empresas la constitución de provisiones técnicas adecuadas. El cálculo de las citadas provisiones técnicas debe armonizarse en toda la Comunidad, con objeto de lograr una mayor comparabilidad y transparencia.

(31) El cálculo de las provisiones técnicas debe ser acorde con la valoración de los activos y de los demás pasivos y coherente con el mercado, y ajustarse a la evolución internacional en materia de contabilidad y supervisión.

(32) La cuantía de las provisiones técnicas ha de reflejar las características de la cartera de seguros subyacente. En consecuencia, únicamente conviene utilizar información específica de la empresa para calcularlas en la medida en que esa información permita a las empresas de seguros y de reaseguros reflejar mejor las características de la cartera de seguros subyacente.

(33) Es necesario que el valor actual esperado de los pasivos por seguros se calcule a partir de información actual y fiable y de hipótesis realistas, teniendo en cuenta las garantías financieras y las opciones de los contratos de seguro o reaseguro, para obtener una valoración económica de las obligaciones de seguro o reaseguro. Resulta oportuno exigir la utilización de técnicas actuariales eficaces y armonizadas.

(34) Atendiendo a la situación específica de las pequeñas y medianas empresas, procede prever métodos simplificados para el cálculo de las provisiones técnicas.

(35) El régimen de supervisión debe comportar un requisito variable en función del riesgo y basado en un cálculo prospectivo, para garantizar la intervención precisa y oportuna de las autoridades de supervisión (el capital de solvencia obligatorio), y un nivel mínimo de seguridad por debajo del cual no deberían descender los recursos financieros (el capital mínimo obligatorio). Ambos requisitos de capital deben estar armonizados en la Comunidad, a fin de alcanzar un nivel uniforme de protección de los tomadores de seguros.

(36) El capital de solvencia obligatorio debe reflejar un nivel de fondos propios admisibles tal que permita a las empresas de seguros y de reaseguros absorber pérdidas significativas y que ofrezca a los tomadores y beneficiarios de seguros una garantía razonable de que se efectuarán los pagos al vencimiento.

(37) Con vistas a promover una buena gestión de riesgos, y adaptar los requisitos reglamentarios de capital a las prácticas del sector asegurador, el capital de solvencia obligatorio debe corresponderse con el capital económico que han de poseer las empresas de seguros y de reaseguros para garantizar que no haya más de una ruina cada 200 años. Ese capital económico debe calcularse sobre la base del verdadero perfil de riesgo de dichas empresas, teniendo en cuenta la incidencia de las posibles técnicas de reducción del riesgo, así como los efectos de la diversificación.

(38) Resulta oportuno prever el establecimiento de una fórmula general para calcular el capital de solvencia obligatorio, a fin de permitir a todas las empresas de seguros y de reaseguros evaluar su capital económico. A efectos de la estructura de la fórmula general, conviene adoptar un enfoque modular, es decir, evaluar, en una primera fase, la exposición individual a cada categoría de riesgo y proceder, en una segunda fase, a su agregación. Cuando el recurso a parámetros específicos de la empresa permita reflejar mejor su verdadero perfil de riesgo de suscripción, conviene establecer esta posibilidad, siempre y cuando dichos parámetros se deriven por medio de una metodología normalizada.

(39) Atendiendo a la situación específica de las pequeñas y medianas empresas, procede prever métodos simplificados para el cálculo del capital de solvencia obligatorio de conformidad con la fórmula general.

(40) Con arreglo al planteamiento orientado al riesgo del capital de solvencia obligatorio, resulta oportuno prever la posibilidad de utilizar, en circunstancias específicas, modelos internos completos o parciales para el cálculo de dicho capital, en lugar de la fórmula general. A fin de ofrecer a los tomadores y beneficiarios de seguros un nivel de protección equivalente, los citados modelos internos deben estar sujetos a la aprobación previa de las autoridades de supervisión con arreglo a procesos y normas armonizados.

(41) Por norma general, el nuevo planteamiento basado en el riesgo no contempla el concepto de límites cuantitativos de inversión y criterios de admisibilidad de los activos. No obstante, conviene establecer la posibilidad de introducir límites de inversión y criterios de admisibilidad de los activos para atender a riesgos que no estén adecuadamente cubiertos por un submódulo de la fórmula general.

(42) Cuando el importe de los fondos propios de base admisibles descienda por debajo del capital mínimo obligatorio, y en el supuesto de que las empresas de seguros y de reaseguros no puedan volver a nivelar el citado importe de fondos propios con el capital mínimo obligatorio en un breve plazo, debe revocarse la autorización de dichas empresas.

(43) Resulta necesario calcular el capital mínimo obligatorio según una fórmula sencilla, a partir de datos que se puedan auditar.

(44) Las empresas de seguros y de reaseguros deben contar con activos de calidad suficiente para cubrir sus necesidades financieras globales. Todas las inversiones que mantengan las empresas de seguros y de reaseguros deben gestionarse con arreglo al principio de prudencia.

(45) Los Estados miembros no deben exigir a las empresas de seguros y de reaseguros que inviertan en determinadas categorías de activos, puesto que esta exigencia sería contraria a la liberalización de los movimientos de capital establecida en el artículo 56 del Tratado.

(46) Es preciso prohibir cualquier disposición que permita a los Estados miembros exigir, independientemente de la forma que adopte esta exigencia, la pignoración de los activos que cubran las provisiones técnicas de una empresa de seguros o de reaseguros, cuando el asegurador esté reasegurado por una empresa de seguros o de reaseguros autorizada de conformidad con la presente Directiva, o por una empresa de un tercer país cuyo régimen de supervisión se considere equivalente.

(47) Dada la creciente movilidad de los ciudadanos europeos, el seguro de responsabilidad civil resultante de la circulación de vehículos automóviles es cada vez más objeto de oferta transfronteriza. A fin de garantizar que sigan funcionando correctamente el sistema de la carta verde y los acuerdos entre oficinas nacionales de aseguradores de automóviles, conviene que los Estados miembros puedan requerir que las empresas de seguros que ofrezcan, en su territorio, seguros de responsabilidad civil resultante de la circulación de vehículos automóviles en régimen de prestación de servicios se afilien a la oficina nacional y participen en su financiación, así como en la del fondo de garantía creado en ese Estado miembro. El Estado miembro de prestación del servicio debe exigir a las empresas que ofrezcan seguros de responsabilidad civil resultante de la circulación de vehículos automóviles el nombramiento de un representante en su territorio para que recoja toda la información necesaria en relación con los siniestros y represente a la empresa considerada.

(48) En el contexto de un mercado interior, la posibilidad de acceder a la mayor gama de productos de seguro disponibles en la Comunidad redunda en beneficio de los tomadores. Por consiguiente, el Estado miembro del compromiso o el Estado miembro en el que se localice el riesgo deben velar por que nada impida la comercialización en su territorio de todos los productos de seguro que se ofrezcan a la venta en la Comunidad, siempre que no sean contrarios a las disposiciones legales de interés general vigentes en ese Estado miembro y en la medida en que las normas del Estado miembro de origen no preserven el interés general.

(49) Resulta oportuno prever un sistema de sanciones para el caso en que una empresa de seguros no se atenga a las disposiciones de interés general vigentes, en su caso, en el Estado miembro del compromiso o el Estado miembro en el que se localice el riesgo.

(50) En un mercado interior de seguros, los consumidores pueden elegir entre una gama mucho más amplia y variada de contratos. Al objeto de que puedan aprovechar plenamente esta diversidad y la intensificación de la competencia, deben recibir toda la información que precisen antes de la celebración del contrato y durante todo el período de vigencia del mismo, de forma que puedan elegir el contrato que mejor se adapte a sus necesidades.

(51) Toda empresa de seguros que ofrezca contratos de asistencia debe poseer los medios necesarios para hacer efectivas las prestaciones en especie que propone en un plazo adecuado. Procede establecer disposiciones especiales para calcular el capital de solvencia obligatorio y el mínimo absoluto del capital mínimo obligatorio que tales empresas deben poseer.

(52) Resulta oportuno facilitar el ejercicio del coaseguro comunitario en relación con las actividades que, por su naturaleza o envergadura, vayan a ser probablemente objeto de coaseguro internacional, mediante un mínimo de armonización, a fin de evitar el falseamiento de la competencia y las diferencias de trato. En este contexto, la empresa de seguros abridora debe evaluar los compromisos y fijar la cuantía de las provisiones técnicas. Además, en el ámbito del coaseguro comunitario conviene instaurar una especial colaboración tanto entre las autoridades de supervisión de los Estados miembros, como entre éstas y la Comisión.

(53) En aras de la protección de los asegurados, resulta oportuno armonizar las legislaciones nacionales relativas al seguro de defensa jurídica. Es conveniente prevenir, en la medida de lo posible, o estar en condiciones de resolver cualquier conflicto de intereses derivado, en particular, del hecho de que la empresa de seguros cubra a otra persona o esté ofreciendo simultáneamente a una persona cobertura de defensa jurídica y de cualquier otro ramo. Para ello, es posible alcanzar, de distintas maneras, un nivel adecuado de protección de los tomadores de seguros. Sea cual sea la opción elegida, debe protegerse el interés de las personas que disfruten de una cobertura de defensa jurídica mediante garantías equivalentes.

(54) Los conflictos entre las empresas que ofrezcan cobertura de defensa jurídica y los asegurados deben resolverse de la forma más rápida y justa posible. Conviene, por tanto, que los Estados miembros prevean un procedimiento de arbitraje u otro procedimiento que ofrezca garantías comparables.

(55) En algunos Estados miembros, los seguros de enfermedad privados o voluntarios pueden sustituir total o parcialmente a la cobertura de enfermedad que proporcionan los sistemas de seguridad social. La particular naturaleza de ese seguro de enfermedad lo diferencia de otros ramos de seguro de daños y de vida, en el sentido de que resulta necesario garantizar a los tomadores el acceso efectivo a la cobertura de enfermedad privada o suscrita con carácter voluntario, con independencia de su edad o perfil de riesgo. Habida cuenta de esa naturaleza y de las consecuencias sociales de los contratos de seguro de enfermedad, las autoridades de supervisión del Estado miembro en el que se localice el riesgo deben, en el caso del seguro de enfermedad privado o voluntario, tener la posibilidad de exigir la notificación sistemática de las condiciones generales y especiales de las pólizas, a fin de comprobar que dichos contratos son una alternativa parcial o completa a la cobertura de enfermedad proporcionada por el sistema de seguridad social. Dicha comprobación no debe constituir una condición previa para la comercialización de los productos.

(56) A tal fin, algunos Estados miembros han adoptado disposiciones legales específicas. Para proteger el interés general, es conveniente que exista la posibilidad de adoptar o mantener tales disposiciones legales, en la medida en que no restrinjan indebidamente el derecho de establecimiento o la libre prestación de servicios, y siempre y cuando se apliquen por igual. La naturaleza de las citadas disposiciones legales puede variar dependiendo de las circunstancias de cada Estado miembro. El objetivo de protección del interés general también puede alcanzarse exigiendo a aquellas empresas que ofrezcan cobertura de enfermedad privada o suscrita con carácter voluntario que ofrezcan pólizas estándar acordes con la cobertura proporcionada por los regímenes legales de seguridad social y a cambio de una prima que no exceda de un determinado límite máximo, y que participen en los sistemas de compensación de pérdidas. Otra posibilidad es exigir que las bases técnicas de la cobertura de enfermedad privada o suscrita con carácter voluntario sean similares a las del seguro de vida.

(57) Los Estados miembros de acogida deben tener la posibilidad de requerir que toda empresa de seguros que ofrezca por cuenta propia, en su territorio, cobertura obligatoria frente a accidentes laborales se atenga a las disposiciones específicas al respecto establecidas en su legislación nacional. No obstante, este requisito no debe aplicarse a las disposiciones relativas a la supervisión financiera, que ha de seguir siendo competencia exclusiva del Estado miembro de origen.

(58) Conviene establecer las oportunas normas en relación con las entidades con cometido especial que asumen los riesgos de las empresas de seguros y de reaseguros sin ser empresas de seguros o de reaseguros. Los importes recuperables procedentes de las entidades con cometido especial deben considerarse deducibles en el marco de contratos de reaseguro o retrocesión.

(59) Atendiendo a la especial naturaleza de las actividades de reaseguro limitado, los Estados miembros deben velar por que las empresas de seguros y de reaseguros que celebren contratos o ejerzan actividades de reaseguro limitado puedan determinar, medir y controlar debidamente los riesgos derivados de dichos contratos o actividades.

(60) A fin de tener en cuenta los aspectos internacionales del reaseguro, conviene prever la posibilidad de celebrar acuerdos internacionales con terceros países en los que se definan las modalidades de supervisión de las entidades de reaseguros que ejerzan actividades en el territorio de cada una de las partes contratantes. Además, resulta oportuno prever un procedimiento flexible que permita evaluar la equivalencia del régimen prudencial de terceros países y el de la Comunidad, con vistas a propiciar la liberalización de los servicios de reaseguro en terceros países, ya sea mediante establecimiento o prestación transfronteriza de servicios.

(61) Las medidas relativas a la supervisión de empresas de seguros y de reaseguros pertenecientes a un grupo deben permitir a las autoridades que supervisan a una empresa de seguros o de reaseguros formarse un juicio más fundamentado sobre su situación financiera.

(62) Esta supervisión de grupo debe abarcar a las sociedades de cartera de seguros y a las sociedades mixtas de cartera de seguros en la medida de lo necesario. No obstante, la presente Directiva no debe implicar, en modo alguno, que los Estados miembros estén obligados a someter a supervisión a dichas empresas individualmente.

(63) Si bien el principio fundamental de la supervisión del sector asegurador sigue siendo la supervisión de cada una de las empresas de seguros y de reaseguros, es necesario determinar qué empresas están sujetas a supervisión a nivel de grupo.

(64) Conviene, en cualquier caso, someter a supervisión de grupo a la empresa participante última que tenga su domicilio social en la Comunidad. No obstante, los Estados miembros deben tener la posibilidad de permitir a sus autoridades de supervisión que sometan a supervisión de grupo a un número limitado de niveles inferiores, si lo consideran necesario.

(65) En el caso de las empresas de seguros y de reaseguros que formen parte de un grupo, es preciso evaluar la solvencia a nivel de grupo.

(66) Las empresas de seguros y de reaseguros pertenecientes a un grupo deben tener la posibilidad de solicitar la aprobación de un modelo interno destinado a calcular la solvencia tanto a nivel de grupo como individual.

(67) Es preciso velar por que los fondos propios se distribuyan adecuadamente dentro del grupo y estén disponibles para proteger a los tomadores y beneficiarios de seguros cuando sea necesario. A tal fin, las empresas de seguros y de reaseguros pertenecientes a un grupo deben disponer de fondos propios suficientes para cubrir su capital de solvencia obligatorio, salvo que el objetivo de protección de los tomadores y beneficiarios de seguros pueda alcanzarse eficazmente de otra manera. Resulta, pues, oportuno autorizar a las empresas de seguros y de reaseguros pertenecientes a un grupo a cubrir, en determinadas circunstancias, su capital de solvencia obligatorio mediante una declaración de ayuda del grupo presentada por su empresa matriz. Con objeto de evaluar la necesidad de una posible revisión futura del régimen de ayuda del grupo y de preparar tal revisión, es conveniente que la Comisión presente un informe sobre las normas de los Estados miembros y las prácticas de las autoridades de supervisión en este ámbito.

(68) La solvencia de una empresa de seguros o de reaseguros filial de una sociedad de cartera de seguros o de una empresa de seguros o de reaseguros de un tercer país puede verse afectada por los recursos financieros del grupo del que forme parte y por la distribución de esos recursos dentro del grupo. Por consiguiente, debe ofrecerse a las autoridades de supervisión los medios para ejercer la supervisión de grupo y adoptar las medidas pertinentes a nivel de la empresa de seguros o de reaseguros cuando su solvencia esté o pueda estar amenazada.

(69) Las concentraciones de riesgo y las operaciones intragrupo pueden afectar a la situación financiera de las empresas de seguros o de reaseguros. Por consiguiente, las autoridades de supervisión deben estar facultadas para someter a una supervisión general determinados tipos de concentraciones de riesgo y de operaciones intragrupo, y para adoptar las medidas pertinentes a nivel de la empresa de seguros o de reaseguros cuando su solvencia esté o pueda estar amenazada.

(70) Las empresas de seguros y de reaseguros pertenecientes a un grupo deben contar con un sistema de gobernanza adecuado, que ha de estar sujeto a revisión supervisora.

(71) Todos los grupos de seguros o de reaseguros sujetos a supervisión de grupo deben tener un supervisor de grupo designado entre las autoridades de supervisión implicadas. Es conveniente incluir entre los derechos y obligaciones del supervisor de grupo los oportunos poderes de coordinación y decisión. Las autoridades que intervengan en la supervisión de las empresas de seguros y de reaseguros pertenecientes al mismo grupo deben establecer mecanismos de coordinación.

(72) Las autoridades de supervisión deben tener acceso a toda la información pertinente para llevar a cabo la supervisión de grupo. Resulta oportuno establecer una cooperación entre las autoridades responsables de la supervisión de las empresas de seguros y de reaseguros y entre dichas autoridades y las encargadas de la supervisión de empresas que operan en otros sectores financieros.

(73) Las empresas de seguros y de reaseguros que formen parte de un grupo encabezado por una empresa situada fuera de la Comunidad deben estar sujetas a mecanismos de supervisión de grupo equivalentes y adecuados. Por tanto, es preciso velar por la transparencia de las normas y el intercambio de información con las autoridades de terceros países siempre que sea pertinente.

(74) Dado que las legislaciones nacionales relativas a las medidas de saneamiento y los procedimientos de liquidación no están armonizadas, resulta oportuno garantizar, en el contexto del mercado interior, el reconocimiento mutuo de las medidas de saneamiento y la normativa en materia de liquidación de los Estados miembros referidas a empresas de seguros, así como la cooperación necesaria habida cuenta de las exigencias de unidad, universalidad, coordinación y publicidad de tales medidas, y de igualdad de trato y protección de los acreedores de seguros.

(75) Es conveniente velar por que las medidas de saneamiento que hayan sido adoptadas por las autoridades competentes de un Estado miembro, a fin de preservar o restablecer la solidez financiera de una empresa de seguros y de evitar, en la medida de lo posible, una situación de liquidación, surtan plenamente efecto en toda la Comunidad. No obstante, los efectos de dichas medidas de saneamiento, así como de los procedimientos de liquidación, frente a terceros países no deben verse alterados.

(76) Resulta oportuno establecer una distinción entre las autoridades competentes a efectos de las medidas de saneamiento y los procedimientos de liquidación y las autoridades de supervisión de las empresas de seguros.

(77) La definición de «sucursal» a efectos de insolvencia debe, de conformidad con los principios vigentes en la materia, tener en cuenta la personalidad jurídica única de la empresa de seguros. No obstante, la legislación del Estado miembro de origen debe determinar la consideración que cabe otorgar, en la liquidación de una empresa de seguros, a los activos y pasivos en manos de personas independientes facultadas para actuar permanentemente como agentes por cuenta de la empresa de seguros.

(78) Conviene establecer las condiciones en las que los procedimientos de liquidación que, sin estar fundamentados en la insolvencia, conlleven un orden de prelación en el pago de los créditos de seguro entrarán en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Los regímenes nacionales de garantía de salarios han de poder subrogarse en los créditos a favor de los asalariados de una empresa de seguros en razón de su contrato o relación de trabajo. Estos créditos subrogados deben tener la consideración que determine la legislación del Estado miembro de origen (lex concursus).

(79) Las medidas de saneamiento no son obstáculo para la apertura de un procedimiento de liquidación. Por consiguiente, ha de ser posible abrir un procedimiento de liquidación en ausencia de medidas de saneamiento o con posterioridad a la adopción de tales medidas, y cerrar dicho procedimiento mediante un convenio u otra medida análoga, incluidas las medidas de saneamiento.

(80) Es conveniente que únicamente las autoridades competentes del Estado miembro de origen estén facultadas para adoptar decisiones en relación con los procedimientos de liquidación que afecten a empresas de seguros. Las decisiones deben surtir efectos en toda la Comunidad y ser reconocidas por todos los Estados miembros. Las decisiones deben publicarse con arreglo a los procedimientos del Estado miembro de origen, así como en el Diario Oficial de la Unión Europea. Asimismo, conviene poner la información a disposición de los acreedores conocidos que residan en la Comunidad, los cuales deben tener derecho a presentar créditos y formular observaciones.

(81) En el procedimiento de liquidación deben tenerse en cuenta todos los activos y pasivos de la empresa de seguros.

(82) Todas las condiciones relativas a la apertura, el desarrollo y el cierre de los procedimientos de liquidación han de regirse por la legislación del Estado miembro de origen.

(83) A fin de velar por que los Estados miembros actúen de forma coordinada, las autoridades de supervisión del Estado miembro de origen y las autoridades de supervisión de los demás Estados miembros deben ser informadas con carácter urgente de la apertura de los procedimientos de liquidación.

(84) Resulta de suma importancia que los asegurados, tomadores de seguros, beneficiarios y terceros perjudicados con derecho de acción directa contra la empresa de seguros por un crédito originado por operaciones de seguro estén protegidos en los procedimientos de liquidación, si bien tal protección no se extenderá a los créditos que no tengan su origen en obligaciones derivadas de contratos u operaciones de seguro, sino en la responsabilidad civil en que incurra un agente en el curso de negociaciones en las que, de conformidad con la legislación aplicable al contrato u operación de seguro, no incumba responsabilidad al propio agente con arreglo al contrato u operación de seguro. De cara al logro de este objetivo, los Estados miembros deben poder elegir entre métodos equivalentes que permitan otorgar un trato especial a los acreedores de seguros, sin que ninguno de esos métodos impida a un Estado miembro establecer un orden de prelación entre las diferentes categorías de créditos de seguro. Además, debe garantizarse un equilibrio adecuado entre la protección de los acreedores de seguros y otros acreedores privilegiados protegidos en virtud de la legislación del Estado miembro considerado.

(85) La apertura de procedimientos de liquidación debe conllevar la retirada de la autorización concedida a la empresa de seguros para ejercer la actividad, salvo cuando ello ya se haya produ