•Coherencia con otras políticas de la Unión

La evaluación de la Directiva contra la trata de seres humanos puso de manifiesto que el instrumento jurídico es coherente con los instrumentos legislativos pertinentes de la UE. Las modificaciones propuestas también están en consonancia con los objetivos políticos perseguidos por la Unión y, en particular, con:

–el marco regulador de las normas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, en particular la Directiva 2012/29/UE;

–el marco relativo a las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular, en particular la Directiva 2009/52/CE;

–el marco que regula la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes, en particular la Directiva 2004/81/CE del Consejo;

–el marco penal relativo a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, en particular la Directiva 2011/93/UE, así como el marco para la lucha contra los abusos sexuales de menores previsto en el Reglamento (UE) XXXX/YYY [propuesta de Reglamento por el que se establecen normas para prevenir y combatir el abuso sexual de los menores];

–el marco sobre recuperación y decomiso de activos, en particular la Directiva UE/XX/YY del Parlamento Europeo y del Consejo [propuesta de Directiva sobre recuperación y decomiso de activos].

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

•Base jurídica

•Subsidiariedad

De conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad enunciados en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y pueden alcanzarse mejor a escala de la Unión. De conformidad con el artículo 83, apartado 1, del TFUE y con las normas vigentes de la Directiva contra la trata de seres humanos, los Estados miembros tienen derecho a adoptar o mantener medidas más estrictas que las establecidas en el Derecho de la Unión.

El marco jurídico vigente para prevenir y combatir la trata de seres humanos y proteger a las víctimas se estableció a escala de la Unión, en primer lugar mediante la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo y, posteriormente, mediante la Directiva contra la trata de seres humanos. Los Estados miembros no pueden lograr una mejora del marco actual actuando de manera autónoma. En el contexto de la evaluación de impacto de la presente propuesta se llevó a cabo un control exhaustivo de la subsidiariedad. La dimensión transfronteriza de la trata de seres humanos se refiere a la nacionalidad de las víctimas y a los modi operandi de las redes delictivas que perpetran el delito. La recopilación de datos llevada a cabo en el contexto de la evaluación muestra que el 43 % de las víctimas en la UE eran ciudadanos de un país no perteneciente a la UE, que a menudo son objeto de trata de seres humanos por nacionales de terceros países. La dimensión transfronteriza también se refleja en el creciente número de operaciones y jornadas de acción apoyadas por Europol y en un aumento de más del 50 % desde 2015 en el número de casos de trata registrados en Eurojust. Los distintos elementos de las infracciones relacionadas con la trata de seres humanos pueden tener lugar en diferentes Estados miembros o en países no pertenecientes a la UE. Para mejorar la respuesta a las actividades delictivas, la cooperación policial y judicial transfronteriza requiere la armonización de la normativa nacional pertinente y el intercambio sistemático de buenas prácticas. En consecuencia, la cooperación transnacional se basa cada vez más en normas comunes de la UE en diferentes ámbitos delictivos, entre los que debe seguir figurando la trata de seres humanos.

La importancia creciente de la dimensión en línea del delito también justifica la acción de la UE. internet, las redes sociales y las plataformas en línea ofrecen a los tratantes la oportunidad de captar, controlar, transportar y explotar a las víctimas, trasladar beneficios y llegar a los usuarios en todas partes sin cruzar ninguna frontera y protegidos detrás de una pantalla. La acción a nivel de la Unión permite a las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros investigar y enjuiciar de manera más eficaz las infracciones facilitadas por la tecnología, mediante el intercambio de información y de mejores prácticas, en particular sobre la recopilación de pruebas digitales y sobre investigaciones financieras.