ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
L.

Considerando que tanto en la exposición de motivos de su propuesta legislativa presentada el 22 de abril de 2015 por la que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 en lo que respecta a la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el uso de alimentos y piensos modificados genéticamente en su territorio, como en la exposición de motivos de la propuesta legislativa presentada el 14 de febrero de 2017 por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 182/2011, la Comisión lamentaba que, desde la entrada en vigor del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, las decisiones de autorización hayan sido adoptadas por la Comisión sin el apoyo del dictamen del comité del Estado miembro, y que la devolución del expediente a la Comisión para la adopción de la decisión final, que verdaderamente constituyó una excepción en el marco del procedimiento en su conjunto, se haya convertido en la norma a la hora de adoptar decisiones sobre autorizaciones de alimentos y piensos modificados genéticamente; que el presidente Juncker ha deplorado en diversas ocasiones esa práctica y la ha calificado de no democrática (13);
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Vistos los estudios especializados elaborados para la Comisión de Asuntos Exteriores, incluido el estudio titulado «The electoral reforms in three association countries of the Eastern Neighbourhood — Ukraine, Georgia and Moldova and their impact on political developments in these countries» (Las reformas electorales en tres países asociados de la vecindad oriental: Ucrania, Georgia y Moldavia, y su impacto en los acontecimientos políticos en estos países), publicado el 26 de octubre de 2017, el estudio titulado «Institutional Architecture for the Implementation Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine» (Arquitectura institucional de los acuerdos de ejecución en Georgia, Moldavia y Ucrania), publicado en junio de 2018, y el estudio comparativo titulado «The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine» (Desarrollo de un marco institucional para la aplicación de los Acuerdos de Asociación en Georgia, Moldavia y Ucrania), publicado en julio de 2018,
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Visto el documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad titulado «Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020» (La igualdad de género y la capacitación de las mujeres: transformar la vida de niñas y mujeres a través de las relaciones exteriores de la UE (2016-2020)), adoptado en 2015 (SWD(2015)0182),
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Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 3 de diciembre de 2015, titulado «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019), y en particular su capítulo n.o 3.1: «Increasing female labour-market participation and the equal economic independence of women and men» (Incrementar la participación de la mujer en el mercado laboral y promover la igual independencia económica de mujeres y hombres) (SWD(2015)0278),
F.

Considerando que, al final de 2017, la población mundial de refugiados era superior a 25,4 millones, incluidos 7,4 millones de niños en edad de escolarización primaria, de los cuales 4 millones no tenían acceso a ningún tipo de enseñanza primaria; que en los países frágiles afectados por conflictos un 37 % más de niñas que de niños no van al colegio y las jóvenes son casi un 90 % más proclives a no cursar estudios secundarios que sus compañeros masculinos en los países no afectados por conflictos;
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Visto el estudio de 2017 del Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo titulado «Mapping the Representation of Women and Men in Legal Professions Across the EU» (Cartografía de la representación de mujeres y hombres en las profesiones jurídicas en la UE) (8),
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Visto el estudio titulado «How can the EU and the Member States better help victims of terrorism?» (¿Cómo pueden ayudar mejor la UE y los Estados miembros a las víctimas del terrorismo?), publicado por el Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales en septiembre de 2017,
92.

Alienta el desarrollo de sinergias y colaboraciones entre la educación formal, no formal e informal; celebra los avances realizados en los últimos años en el contexto de la aplicación de la Recomendación del Consejo sobre la validación del aprendizaje no formal e informal antes de 2018; pide, no obstante, a los Estados miembros que, después de 2018, prosigan sus esfuerzos por consolidar la aplicación de la Recomendación del Consejo de 2012 sobre la validación del aprendizaje no formal e informal y que establezcan marcos jurídicos pertinentes y creen estrategias integrales de validación que permitan la validación; subraya que el reconocimiento del aprendizaje informal y no formal, incluido el adquirido a través de cursos en línea gratuitos, resulta fundamental en relación con la idea de abrir la educación a los más desfavorecidos;
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Visto el Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1924/2006 y (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.o 608/2004 de la Comisión (3),
B.

Considerando que el PIB per cápita de las zonas no urbanizadas representa el 70 % de la media de la Unión, mientras que los habitantes de las ciudades disfrutan de un PIB per cápita que alcanza el 123 % de esa media;
G.

Considerando que, en 2015, el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo elaboró trece valoraciones iniciales, una evaluación de impacto de las enmiendas parlamentarias significativas y seis evaluaciones de impacto ex post; que también elaboró cuatro informes sobre el coste de la no Europa y dos evaluaciones del valor añadido europeo; que, en 2016, el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo elaboró treinta y seis valoraciones iniciales, una evaluación de impacto de las enmiendas parlamentarias significativas y catorce evaluaciones de impacto ex post; que también completó siete informes sobre el coste de la no Europa y cinco evaluaciones del valor añadido europeo;
—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y (CE) n.o 73/2009 del Consejo (1),
5.

Observa con preocupación que el Informe Especial del TCE n. o 5/2017 se afirma que existe el riesgo de que la financiación de la UE esté limitándose a reemplazar la financiación nacional en vez de crear valor añadido; recuerda que, de conformidad con el principio de adicionalidad, la IEJ está destinada a complementar la financiación nacional y no a sustituir a las propias políticas de los Estados miembros ni a la financiación para combatir el desempleo juvenil; destaca que el presupuesto de esta Iniciativa no puede respaldar por sí solo la ambición de ofrecer a todos los jóvenes una buena oferta de empleo, formación continuada, aprendizaje o prácticas en un plazo de cuatro meses tras acabar la educación oficial o quedarse en el paro, y no fue concebido para este fin;
—

Vistas las Comunicaciones de la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) sobre la Política Europea de Vecindad (PEV), en particular el informe de 2017 sobre la aplicación de la revisión de la Política Europea de Vecindad (JOIN(2017)0018) y el documento de trabajo revisado de 2017 titulado «Eastern Partnership — 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results» (Asociación Oriental — 20 objetivos para 2020: Centrarse en las prioridades clave y los resultados tangibles) (SWD(2017)0300), así como la Comunicación de 2016 sobre la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea,
19.

Recuerda a la Unión sus compromisos en virtud del marco de igualdad de género y empoderamiento de la mujer a través de las relaciones exteriores de la Unión (2016-2020); solicita al SEAE que siga de cerca los casos de revisión in loco y pide a la Comisión que garantice que en la cooperación europea para el desarrollo se siga un enfoque basado en los derechos humanos, poniéndose particular énfasis en la igualdad de género y la lucha contra todas las formas de violencia sexual contra las mujeres y las niñas; pide a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión que incrementen el apoyo que prestan a los defensores de los derechos humanos en el país y a las ONG que obran en favor de los derechos de mujeres y niñas, en particular la salud y los derechos sexuales y reproductivos y la planificación familiar en El Salvador, también mediante financiación;
47.

Recuerda el riesgo de procedimientos penales y civiles a que se exponen los denunciantes de irregularidades; subraya que a menudo, en el supuesto de que exista un procedimiento judicial, ellos constituyen la parte más débil; considera, por tanto, que en caso de supuestas represalias contra el denunciante, el empresario debe probar que su actuación no guarda relación con la denuncia efectuada; considera que la base de la protección de los denunciantes debe ser la información expuesta, tanto si dicha información es de interés público como si no, y no la intención del denunciante; subraya, no obstante, que el denunciante debe haber comunicado una información que considera fidedigna; estima que la confidencialidad debe estar garantizada durante todo el procedimiento y que no debe revelarse la identidad del denunciante sin su consentimiento; subraya que una revelación de la identidad sin el consentimiento del denunciante debe ser objeto de sanciones penales;
E.

Considerando que un estudio independiente concluye que la evaluación del riesgo de la EFSA no es aceptable en su forma actual, ya que no determina las lagunas en los conocimientos y las incertidumbres ni evalúa la toxicidad o el impacto en el sistema inmunitario y el sistema reproductor; que el mismo estudio considera que se debería rechazar el plan de supervisión porque no proporciona datos esenciales (10);
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Visto el estudio realizado por su Dirección General de Políticas Interiores de la Unión, titulado «Rebooting the Mediation Directive: Assessing the limited impact of its implementation and proposing measures to increase the number of mediations in the EU» («Relanzamiento» de la Directiva sobre la mediación: evaluación del impacto limitado de su aplicación y propuesta de medidas destinadas a aumentar el número de mediaciones en la Unión) (4),
10.

Apoya la intención de la Comisión de estudiar una posible iniciativa a escala de la Unión en el sector de la confección cuyos principios fundamentales sean las iniciativas voluntarias y unos estrictos códigos de conducta; toma nota del documento de trabajo de la Comisión, de 24 de abril de 2017, titulado «Sustainable garment value chains through EU development action» (Cadenas de valor sostenibles en el sector de la confección mediante la acción para el desarrollo de la Unión), y reitera su petición de no limitarse al documento de trabajo sino de incluir el posible estudio de la legislación vinculante sobre diligencia debida; subraya, asimismo, que la coordinación, el intercambio de información y de buenas prácticas y el compromiso de los gobiernos de establecer las condiciones marco adecuadas pueden contribuir a aumentar la eficacia de las iniciativas públicas y privadas relacionadas con la cadena de valor y lograr resultados positivos en materia de desarrollo sostenible; resalta la importancia de sensibilizar a los consumidores para aumentar la transparencia, así como de apoyar los esfuerzos destinados a mejorar los estándares laborales y medioambientales, la seguridad de los productos y el consumo sostenible;
—

Vistos el Reglamento (UE) n.o 670/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2012, que modifica la Decisión n.o 1639/2006/CE, por la que se establece un programa marco para la innovación y la competitividad (2007 a 2013), y el Reglamento (CE) n.o 680/2007, por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y energía (6) (en relación con la fase piloto de la Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones para la Financiación de Proyectos),
F.

Considerando los numerosos comentarios críticos presentados por los Estados miembros durante el período de tres meses de consultas; que dichos comentarios se refieren, entre otros asuntos, a: la ausencia de datos relativos a la identificación y la cuantificación de los residuos de herbicidas y metabolitos en las plantas y semillas modificadas genéticamente utilizadas para alimento/pienso, deficiencias en la evaluación del riesgo medioambiental y en el plan de vigilancia medioambiental por lo que respecta, entre otras cosas, a los diferentes puntos de vista sobre si se ha informado de la existencia de variantes silvestres en Europa, o la ausencia de datos relativos al poder germinativo de las semillas importadas, así como al hecho de que no se hubieran tenido en cuenta los efectos no deseados; que algunos de los comentarios criticaban además la base de datos en general muy deficiente, y más específicamente, el hecho de que solo se hubiera tenido en cuenta un número muy limitado de estudios y que, por ejemplo, no se hubiera efectuado ninguna prueba de toxicidad apropiada con material vegetal del algodón GHB119, como tampoco se había realizado ningún estudio sobre los efectos de algodón modificado genéticamente en la salud humana y animal, y que el estudio nutricional presentado no se consideró admisible (7);
4.

Insta a que se mantenga el impulso reformador con objeto de transformar a Bosnia y Herzegovina en un Estado plenamente eficaz, integrador y funcional, basado en el Estado de Derecho, que garantice la igualdad y la representación democrática de todos los pueblos y ciudadanos que lo componen; lamenta que los esfuerzos comunes de reforma se sigan viendo a menudo dificultados por las divisiones étnicas y políticas, causadas por unas tendencias desintegradoras profundamente arraigadas que obstaculizan el desarrollo democrático normal, así como por una mayor politización de las administraciones públicas; subraya también que Bosnia y Herzegovina no tendrá éxito como país candidato a la adhesión a la Unión mientras no haya establecido las condiciones institucionales adecuadas; insta a los dirigentes políticos a emprender la tarea de introducir los cambios necesarios, incluida la reforma dc la ley electoral, teniendo asimismo en cuenta los principios manifestados en sus anteriores resoluciones, incluidos los principios de federalismo, descentralización y representación legítima, con objeto de garantizar que todos los ciudadanos puedan presentarse como candidatos, ser elegidos y ejercer cargos en todos los niveles políticos, en igualdad de condiciones; considera fundamental mantener un consenso sobre la integración en la Unión y realizar progresos de manera concertada en relación con el Estado de Derecho, en particular con respecto a la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada y la reforma del sistema judicial y la administración pública; destaca asimismo la necesidad de que la atención se centre de forma continuada y eficaz en las reformas sociales y económicas, algo que debe seguir siendo una prioridad;
2.

Recuerda a las autoridades de Burundi su deber de garantizar, proteger y promover los derechos humanos, en particular los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos, como la libertad de expresión y la libertad de reunión, conforme a lo establecido en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en otros instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos; recuerda al Gobierno de Burundi sus obligaciones internacionales contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular en lo relativo al respeto de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho y el tratamiento de los asuntos en los tribunales, en particular el derecho a un juicio justo e imparcial;
—

Vistas las siguientes Observaciones Generales del Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas: la Observación n.o 6 (2005) sobre el trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen; la Observación n.o 7 (2005) sobre la realización de los derechos del niño en la primera infancia; la Observación n.o 9 (2006) sobre los derechos de los niños con discapacidad; la Observación n.o 10 (2007) sobre los derechos del niño en la justicia de niños, niñas y adolescentes; la Observación n.o 12 (2009) sobre el derecho del niño a ser escuchado; la Observación n.o 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia; y la Observación n.o 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial,
8.

Manifiesta su preocupación ante la próxima entrada en vigor de la nueva Ley de gestión de las ONG extranjeras el 1 de enero de 2017, dado que obstaculizaría extraordinariamente las actividades de la sociedad civil china y limitaría en gran medida las libertades de asociación y expresión en el país, en particular prohibiendo las ONG extranjeras que no estén registradas en el Ministerio de Seguridad Pública chino, impidiendo que los departamentos provinciales de seguridad pública financien a personas u organizaciones chinas, y prohibiendo a los grupos chinos realizar «actividades» en nombre o con la autorización de ONG extranjeras no registradas, incluidas las que tienen su sede en Hong Kong y Macao; pide a las autoridades chinas que garanticen un entorno seguro y justo y procesos transparentes que permitan a las ONG operar libre y eficazmente en China;
6.

Recuerda que limitar el aumento de la temperatura mundial a muy por debajo de 2 o C no garantiza que se eviten repercusiones climáticas adversas significativas; reconoce que es necesario llegar a una comprensión clara de las implicaciones políticas específicas de limitar la subida de la temperatura mundial a una media de 1,5 o C; acoge con satisfacción, por lo tanto, la elaboración a tal fin de un informe especial del IPCC en 2018; destaca que no se debe sobreestimar el potencial de los sumideros a la hora de contribuir a la neutralidad de las emisiones;
10.

Celebra que el nuevo Acuerdo institucional sobre la mejora de la legislación contenga disposiciones destinadas a mejorar la ejecución y la aplicación del Derecho de la Unión y a fomentar una cooperación más estructurada a este respecto; apoya el llamamiento hecho en el Acuerdo a una mejor detección de las medidas nacionales que no están relacionadas estrictamente con la legislación de la Unión (práctica conocida como sobrerregulación); destaca la importancia de mejorar la transposición y la necesidad de que los Estados miembros comuniquen e indiquen con claridad las medidas nacionales que complementan las directivas europeas; recalca que, al aplicar el Derecho de la Unión, los Estados miembros deben abstenerse de añadir obstáculos innecesarios a la legislación de la Unión, lo que conduce a una idea equivocada de la actividad legislativa de la Unión y aumenta el escepticismo injustificado de los ciudadanos frente a la Unión; señala, no obstante, que lo anterior no afecta en modo alguno a la prerrogativa de los Estados miembros de adoptar a escala nacional normas sociales y ambientales más rigurosas que las acordadas a escala de la Unión;
—

Visto el estudio de caso de Eurofound titulado «Added value of the European Globalisation Adjustment Fund: A comparison of experiences in Germany and Finland» (2009),
28.

Acoge favorablemente la adopción de las medidas comerciales autónomas de emergencia para Túnez como paso concreto en favor de la economía tunecina y un incentivo a las reformas; pide un aumento de la ayuda de la Unión destinada a Túnez por medio del Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), así como la coordinación de la ayuda internacional a Túnez, para que este país aproveche plenamente el apoyo de la Unión y pueda crear empleo, en particular para los jóvenes licenciados; alienta el establecimiento de asociaciones con otros países y organizaciones donantes interesados a escala regional y mundial y, en particular, la adopción de medidas que reduzcan las disparidades regionales e impulsen la formación y las inversiones en la agricultura, teniendo en cuenta las particularidades locales, las TIC, la economía social, el sector manufacturero y las pymes, lo que potenciaría la creación de empleo; observa que el sector del turismo se ha visto seriamente afectado por los atentados terroristas y, a la vista de las medidas aplicadas desde entonces por las autoridades tunecinas, pide a los Estados miembros que no lo hayan hecho que vuelvan a evaluar la situación de la seguridad lo antes posible, de manera que el sector turístico tunecino pueda recuperarse;
58.

Destaca, en particular, la movilización de la totalidad del Instrumento de Flexibilidad en 2016; señala que este instrumento permite financiar gastos muy concretos que no pueden financiarse dentro del límite de una o más rúbricas y que no están vinculados a una política específica de la Unión; considera, por lo tanto, que aporta una verdadera flexibilidad en el marco del presupuesto de la Unión, especialmente en el caso de crisis graves; pide, en consecuencia, un aumento sustancial de la dotación financiera de este instrumento, hasta un límite anual de 2 000 millones EUR, y señala que este importe se consigna únicamente en caso de que la Autoridad Presupuestaria decida movilizar este instrumento; recuerda que el Instrumento de Flexibilidad no está vinculado a ningún ámbito concreto de actuación y que puede movilizarse para cualquier fin que se considere necesario;
2.

Pide a la Comisión que, a tal fin, se base en la consulta pública en curso y en el futuro informe del Parlamento, presentando, en consonancia con el principio de subsidiariedad y los objetivos del Tratado, una propuesta sobre un pilar europeo de derechos sociales, que deberá plasmarse en iniciativas concretas, en particular con el fin de: — promover la accesibilidad y la calidad de la educación temprana, los servicios de guardería y la asistencia sanitaria, que son cruciales para garantizar que no quede desatendido ningún niño; para ello, la Comisión debe examinar nuevas medidas para desarrollar las inversiones sociales y, en particular, reducir la pobreza infantil; — colmar las carencias en materia de competencias y garantizar el acceso a una educación, una formación y un aprendizaje permanente de calidad para todos; — reducir las desigualdades sociales y promover el empleo de calidad, especialmente para los jóvenes y los desempleados de larga duración, con el fin de impulsar el crecimiento económico; — afrontar los retos que plantean la conciliación de la vida laboral y la vida familiar y la brecha de género en materia de remuneraciones y pensiones;
1.

Muestra su condena a la Comisión no solo por no cumplir con su obligación de adoptar actos delegados en virtud del Reglamento (UE) n.o 528/2012, sino también por incumplir sus obligaciones institucionales establecidas en los propios Tratados, en particular en el artículo 266 del TFUE;
(15)

De conformidad con el artículo 298 del TFUE, el presente Reglamento no debe aplicarse a las administraciones de los Estados miembros. Por otra parte, el presente Reglamento no debe aplicarse a procedimientos legislativos, procesos judiciales y procedimientos que conduzcan a la adopción de actos no legislativos directamente basados en los Tratados, actos delegados o actos de ejecución.