Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a un marco regulador común para las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A. Principios

El 23 de agosto 2000 la Comisión presentó la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas COM(2000)393 final - C5-0428/2000 - 2000/0184 (COD), para su adopción mediante el procedimiento de codecisión establecido en el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

El Comité Económico y Social emitió dictamen el 24 de enero de 2001.

El Comité de las Regiones informó al Consejo y al Parlamento Europeo, mediante carta fechada el 16 febrero 2001 de que no emitiría dictamen al respecto.

El 1 de marzo de 2001, el Parlamento Europeo adoptó una serie de enmiendas en primera lectura. En aquel momento, la Comisión manifestó su posición con respecto a cada una de las enmiendas, indicando cuáles de ellas podría aceptar plenamente, cuáles podría aceptar en parte o en cuanto al fondo y cuáles no podría incluir.

A la luz de todo ello, la Comisión ha preparado la presente propuesta modificada.

En respuesta a la primera lectura del Parlamento Europeo, la Comisión ha aceptado varias disposiciones nuevas. La mayor parte de ellas vienen a aclarar o consolidar ideas que existían ya en la propuesta original. Además, se han incluido algunas ideas nuevas que profundizan el texto original, pero no modifican sus principios fundamentales.

La Comisión no ha podido aceptar determinadas enmiendas del Parlamento Europeo por las razones siguientes:

- Enmiendas que crean la posibilidad de una reglamentación excesiva

En particular, la Comisión no puede aceptar la enmienda 56, que modifica el artículo 13 de la propuesta, referido al peso significativo en el mercado. Dicha enmienda añade condiciones alternativas para la designación de las empresas que tienen peso significativo en el mercado que, en opinión de la Comisión, podrían llevar a una reglamentación excesiva de las empresas en el sector de las comunicaciones electrónicas, así como, probablemente, a una incoherencia de la actuación reguladora en la UE.

- Enmiendas que ponen en peligro la armonización

En particular, la Comisión no puede aceptar parte de la enmienda 33, que suprime la obligación de que una ANR consulte a las otras ANR de la UE sobre las medidas propuestas al amparo del artículo 6 de la propuesta. La Comisión considera que este aspecto de la propuesta original resulta esencial para construir una cultura reguladora europea en el sector de las comunicaciones electrónicas.

- Enmiendas que se consideran ajenas al ámbito de aplicación del marco

En particular, la Comisión no puede aceptar las enmiendas que pretenden incluir los contenidos en el ámbito de aplicación del marco, confieren a las ANR obligaciones en relación con los contenidos o prevén que la regulación del sector audiovisual invalide las disposiciones del presente marco (en particular, las enmiendas 15, 42 y 43).

B. Explicación de las enmiendas principales

1. Ámbito de aplicación del nuevo marco

La propuesta pretende afectar a todas las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, pero no a los servicios que suministran contenidos o ejercen control editorial sobre ellos. Por lo tanto, debe entenderse sin perjuicio de las obligaciones que los Estados miembros puedan imponer a dichos servicios de conformidad con la legislación comunitaria. No obstante, resulta necesario tener en cuenta los vínculos que existen entre regulación de la transmisión y de los contenidos para garantizar la competencia, el pluralismo en los medios de comunicación, la diversidad cultural y la protección del consumidor. Por este motivo, la Comisión ha aceptado algunas partes de la enmienda 1 para aclarar estos aspectos. La Comisión ha aclarado asimismo el concepto de "recurso asociado" y añadido los sistemas que utilizan la red eléctrica a la lista de ejemplos que figuran en la definición de "red de comunicaciones electrónicas", incorporando de esta manera los principios que subyacen en las enmiendas 17 y 19.

2. Refuerzo de la armonización

El éxito del nuevo marco regulador dependerá de la existencia de unos mecanismos de armonización vigorosos que garanticen la coherencia de la actuación reguladora en toda la UE. La Comisión ha incluido decisiones clave en el ámbito de la política de espectro radioeléctrico (la decisión de subastar o permitir a las empresas que intercambien espectro en un mercado secundario) en el ámbito del mecanismo de transparencia que figura en el artículo 6, incorporando así en parte la enmienda 33. La Comisión ha modificado asimismo las disposiciones que le permiten adoptar medidas de armonización utilizando procedimientos de comitología en función del contenido de la enmienda 68, con el fin de dejar claro que las medidas previstas serán de naturaleza puramente técnica.

Pero tan importante como los mecanismos jurídicos es el desarrollo de una "cultura reguladora europea". Se han añadido varias disposiciones que explicitan la necesidad de que las autoridades nacionales de reglamentación coordinen entre ellas su actuación. Dichas modificaciones tienen en cuenta elementos de las enmiendas 4, 37, 38, 46 y 75. Otra vía importante para el desarrollo de una cultura reguladora común es conseguir que los organismos reguladores basen su actuación en un conjunto común de objetivos. Las modificaciones introducidas pretenden reforzar el efecto de estos objetivos, y por lo tanto incorporan la enmienda 34 y partes de las enmiendas 6 y 45.

3. Refuerzo de las consultas y la transparencia

La transparencia y la consulta constituyen elementos esenciales para una buena reglamentación. La Comisión ha introducido modificaciones que refuerzan sus obligaciones en materia de revisión de las Directrices, así como una obligación de consulta pública antes de adoptar su decisión sobre mercados de productos y servicios pertinentes con arreglo al apartado 1 del artículo 14, incorporando de esta manera elementos de la enmienda 57. La Comisión ha aclarado también que los resultados de la consulta efectuada por las ANR con arreglo al apartado 1 del artículo 6 deben ponerse a disposición del público, excepción hecha de la información confidencial desde un punto de vista comercial, con lo que se incorpora otro elemento de la enmienda 33. Por último, el apartado 4 del artículo 3 exige que los Estados miembros establezcan un punto de información único en el que se reúna la información sobre los consultas públicas efectuadas por las ANR en su territorio en un momento dado, con el fin de reforzar la transparencia para la industria, los usuarios y otras partes interesadas, incorporando así el principio que subyace en la enmienda 25.

4. Autoridades nacionales de reglamentación (ANR)

El éxito del nuevo marco dependerá de que unas ANR fuertes e independientes apliquen sus disposiciones de manera coherente. En consecuencia, la Comisión ha modificado el apartado 2 del artículo 3 para reforzar la independencia de las autoridades nacionales de reglamentación, en consonancia con la enmienda 22. Asimismo, se ha modificado el artículo 5 con el fin de facultar a las ANR para imponer sanciones por el incumplimiento o cumplimiento inadecuado de la obligación de facilitar información, así como para llevar a cabo inspecciones, incluso en las dependencias de las empresas. En compensación, el texto refuerza la protección de las empresas en relación con la información facilitada a las ANR, exigiendo que, cuando una ANR transmita información a otras ANR de otros Estados miembros, se notifique este hecho a la empresa afectada.

5. Peso significativo en el mercado y definición y análisis del mercado

La Comisión ha incluido en los considerandos elementos que aclaran el concepto de competencia efectiva utilizado en el artículo 14, así como un texto adicional que aclara que el concepto de peso significativo en el mercado deben aplicarlo las ANR sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en consonancia con la enmienda 9 y partes de las enmiendas 58, 60 y 61. Se incluye asimismo una definición de "mercado transnacional" para aclarar este concepto (utilizado en el apartado 1 del artículo 14). La Comisión ha incluido también un texto que aclara que las Directrices deben basarse igualmente en la jurisprudencia del Tribunal, en consonancia con parte de la enmienda 57.

6. Normalización

En materia de normalización, la Comisión prefiere apoyarse en normas voluntarias elaboradas por la industria, pero reservándose la facultad de hacer obligatorias las normas cuando esté justificado. En el área de la televisión digital existe cierta presión a favor de la imposición de normas en aras de la interoperabilidad para el consumidor. La Comisión deja claro en el considerando 23 que tiene competencias para hacer obligatorias las normas en el área de la televisión digital, así como en otras áreas del sector de las comunicaciones electrónicas, en consonancia con parte de la enmienda 11. En el mismo considerando, se ha añadido un texto que aclara que, con arreglo a la presente Directiva, la normalización debe entenderse sin perjuicio de las Directivas sobre equipos terminales de radio y telecomunicaciones, compatibilidad electromagnética y baja tensión.

7. Otras ampliaciones o aclaraciones del texto

En el artículo 4, se han aclarado y reforzado las disposiciones relativas a recursos, con el fin de que los mecanismos de recurso resulten "efectivos" y de que los organismos encargados de resolverlos tengan en cuenta los argumentos a favor y en contra en los asuntos que se les sometan. Se exige también que dichos organismos cuenten con la cualificación adecuada y tengan competencia para evaluar los aspectos económicos del asunto. Con estos cambios se deja asimismo claro que sólo tienen derecho de recurso los usuarios u operadores afectados por una decisión de una autoridad nacional de reglamentación, y se prevén las circunstancias en las que el organismo puede suspender la decisión de una ANR mientras se resuelve el recurso. Estas modificaciones incorporan la mayor parte de los elementos de las enmiendas 27-29.

En el artículo 8 se han introducido modificaciones que permiten el comercio secundario de radiofrecuencias cualquiera que haya sido la forma de asignación, en lugar de limitarlo a las frecuencias subastadas, en consonancia con parte de la enmienda 47.

En el artículo 10, el texto aclara que la exigencia de separación de la responsabilidad de conceder derechos de paso de cualquier función asociada con la propiedad o el control de las redes de comunicaciones electrónicas se aplica a las autoridades públicas, no solamente a las autoridades locales. Además, se han incluido dos nuevos elementos que exigen que los Estados miembros apliquen los procedimientos y condiciones relativos a los derechos de paso de forma coherente en todo su territorio e introducen un derecho de recurso contra las decisiones de las autoridades públicas en materia de derechos de paso ante un organismo independiente de las partes implicadas. Estas enmiendas incorporan en parte o en cuanto al fondo las enmiendas 53 y 54.

2000/0184 (COD)

Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a un marco regulador común para las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión [1],

[1] DO C 365 de 19.12.2000, p. 198.

Visto el dictamen del Comité Económico y Social [2],

[2] DO C 123 de 25.4.2001, p. 55.

Visto el dictamen del Comité de las Regiones [3],

[3] DO C (El Comité de las Regiones señaló, mediante carta de 16.02.2001, que no emitiría dictamen sobre la presente Directiva).

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado [4],

[4] DO C.

Considerando lo siguiente:

(1) El actual marco regulador de las telecomunicaciones ha conseguido crear las condiciones necesarias para una competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones durante la transición del régimen de monopolio al de plena competencia.

(2) El 10 de marzo de 1999, la Comisión presentó una Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías de la información y sus consecuencias para la reglamentación - Resultados de la consulta pública sobre el Libro verde [5].

[5] COM(1999) 108.

(3) El 10 de noviembre de 1999, la Comisión presentó una Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre los próximos pasos en la política del espectro radioeléctrico - Resultados de la consulta pública sobre el Libro Verde [6].

[6] COM(1999) 538.

(4) El 10 de noviembre de 1999, la Comisión presentó una Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones titulada "Hacia un nuevo marco para la infraestructura de comunicaciones electrónicas y los servicios asociados. Revisión de 1999 del sector de las comunicaciones" [7]. En esta Comunicación la Comisión pasaba revista al actual marco regulador de las telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva 90/387/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al establecimiento del mercado interior de los servicios de telecomunicaciones mediante la realización de la oferta de una red abierta de telecomunicaciones [8], modificada por la Directiva 97/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [9], y se presentaba para consulta pública una serie de propuestas políticas relativas a un nuevo marco regulador de la infraestructura de las comunicaciones electrónicas y los servicios asociados.

[7] COM(1999) 539.

[8] DO L 192 de 24.7.1990, p. 1.

[9] DO L 295 de 29.10.1997, p. 23.

(5) El 26 de abril de 2000, la Comisión presentó una Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre los resultados de la consulta pública sobre la Revisión de 1999 del sector de las comunicaciones y las orientaciones para el nuevo marco regulador [10]. En esta Comunicación se resumía la consulta pública y se establecían algunas orientaciones clave para la preparación de un nuevo marco en materia de infraestructura de comunicaciones electrónicas y servicios asociados.

[10] COM(2000) 239.

(6) El Consejo Europeo de Lisboa de 23-24 de marzo de 2000 subrayó las perspectivas de crecimiento, competitividad y creación de puestos de trabajo que ofrece el paso a una economía digital y basada en el conocimiento. En particular, insistió en la importancia de que las empresas y los ciudadanos de Europa puedan acceder a una infraestructura de comunicaciones de primera línea y poco costosa, así como a una amplia gama de servicios.

(7) La convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías de la información supone que todos los servicios y las redes de transmisión estén sometidos a un único marco regulador. Dicho marco regulador consta de la presente Directiva y de cuatro Directivas específicas: Directiva [../../CE] del Parlamento Europeo y del Consejo [relativa a la autorización de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas] [11], Directiva [../../CE] del Parlamento Europeo y del Consejo [relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión] [12], Directiva [../../CE] del Parlamento Europeo y del Consejo [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas] [13], Directiva [../../CE] del Parlamento Europeo y del Consejo [relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas] [14], así como del Reglamento (CE) n° del Parlamento Europeo y del Consejo [sobre el acceso desagregado al bucle local] [15] (en lo sucesivo denominado las medidas específicas). Es necesario separar la regulación de la transmisión de la regulación de los contenidos. Por consiguiente, este marco no cubre el contenido de los servicios prestados a través de las redes de comunicaciones electrónicas utilizando los servicios de comunicaciones electrónicas, tales como los contenidos radiodifundidos, los servicios financieros y determinados servicios de la sociedad de la información, y por tanto no afecta a las medidas relacionadas con tales servicios adoptadas a nivel nacional o comunitario, dentro del respeto de la legislación comunitaria, destinadas a fomentar la diversidad cultural y lingüística y a garantizar la defensa del pluralismo de los medios de comunicación. Los contenidos de los programas de televisión están cubiertos por la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva [16], modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [17]. La separación entre la regulación de la transmisión y la regulación de los contenidos no es óbice para tener en cuenta los vínculos que existen entre ambas, en particular, para asegurar la competencia, el pluralismo en los medios de comunicación, la diversidad cultural y la protección del consumidor.

[11] DO L

[12] DO L

[13] DO L

[14] DO L

[15] DO L 336 de 30.12.2000, p. 4.

[16] DO L 298 de 17.10.1989, p. 23.

[17] DO L 202 de 30.7.1997, p. 60.

(8) La presente Directiva no se aplica a los equipos que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad [18], pero sí a los equipos de consumo utilizados para la televisión digital. Es importante que los organismos reguladores insten a operadores de redes y fabricantes de equipos terminales a cooperar para facilitar el acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas de los usuarios con discapacidades.

[18] DO L 91 de 7.4.1999, p. 10.

(9) Los servicios de la sociedad de la información entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) [19].

[19] DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

(10) De conformidad con el artículo 14 del Tratado, el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores, en el que el libre movimiento de servicios de comunicaciones electrónicas está garantizado.

(11) De conformidad con el principio de separación de las funciones de reglamentación y de explotación, los Estados miembros deben garantizar la independencia de la autoridad o las autoridades nacionales de reglamentación con el fin de asegurar la imparcialidad de sus decisiones. Este requisito de independencia se entiende sin perjuicio de la autonomía institucional y de las obligaciones constitucionales de los Estados miembros, ni del principio de neutralidad con respecto a las normas de los Estados miembros por las que se rige el régimen de la propiedad establecido en el artículo 295 del Tratado. Las autoridades nacionales de reglamentación deben disponer de todos los recursos necesarios en cuanto a personal, competencia y medios financieros para el cumplimiento de sus misiones.

(12) Cualquier parte afectada por las decisiones de las autoridades nacionales de reglamentación debe tener derecho a recurrir ante un organismo independiente establecido por los Estados miembros. Dicho organismo debe poder examinar los hechos y los argumentos a favor y en contra del asunto y, mientras se resuelve el recurso, debe prevalecer la decisión de la autoridad nacional de reglamentación, salvo que el organismo decida por razones urgentes e imperativas que dicha decisión debe quedar en suspenso. Este procedimiento de recurso debe entenderse sin perjuicio de los derechos de las personas físicas o jurídicas en virtud del Derecho nacional.

(13) Las autoridades nacionales de reglamentación necesitan recabar información de los agentes del mercado para desempeñar eficazmente su cometido. También puede resultar necesario recoger tal información por cuenta de la Comisión, para que ésta pueda cumplir las obligaciones que le impone la legislación comunitaria. Las solicitudes de información deben ser proporcionadas y no suponer una carga excesiva para las empresas. La información recogida por las autoridades nacionales de reglamentación debe estar a disposición del público, salvo en la medida en que tenga carácter confidencial, de conformidad con la legislación nacional y comunitaria sobre secretos comerciales. Las autoridades nacionales de reglamentación deben tener los mismos derechos y obligaciones en materia de confidencialidad con respecto al intercambio de información que la «autoridad competente» a efectos del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, primer reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado [20], cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1216/1999 [21].

[20] DO 13 de 21.2.1962, p. 204/62.

[21] DO L 148 de 15.6.1999, p. 5.

(14) Es importante que las autoridades nacionales de reglamentación consulten con todas las partes interesadas las decisiones propuestas y tengan en cuenta sus observaciones antes de adoptar una decisión definitiva. A fin de garantizar que las decisiones adoptadas a nivel nacional no tengan efectos adversos sobre el mercado único u otros objetivos del Tratado, las autoridades nacionales de reglamentación deben también notificar determinados proyectos de decisiones a la Comisión y a las demás autoridades nacionales de reglamentación para darles oportunidad de formular observaciones y permitir a la Comisión, si es preciso, pedir la modificación o suspensión de estas decisiones. Este procedimiento debe entenderse sin perjuicio del procedimiento de notificación previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información [22], modificada por la Directiva 98/48/CE [23], ni de las prerrogativas de la Comisión en virtud del Tratado en caso de infracción de la legislación comunitaria.

[22] DO L 204 de 21.7.1998, p. 37.

[23] DO L 217 de 5.8.1998, p. 18.

(15) Las autoridades nacionales de reglamentación deben contar con un conjunto armonizado de objetivos y principios y, en su caso, coordinar su actuación con las autoridades de reglamentación de los otros Estados miembros. Estos objetivos y principios deben ser los únicos que informen la actuación de las autoridades nacionales de reglamentación en el cumplimiento de sus misiones al amparo de este marco regulador.

(16) El espectro radioeléctrico es un elemento esencial para los servicios de comunicaciones electrónicas basados en las radiocomunicaciones y, en la medida en que está relacionado con estos servicios, debe ser, por consiguiente, atribuido y asignado por las autoridades nacionales de reglamentación con arreglo a un conjunto de objetivos armonizados y de principios que rijan su actividad, así como a criterios transparentes, no discriminatorios y objetivos, teniendo en cuenta los intereses democráticos, sociales, lingüísticos y culturales inherentes al uso de las frecuencias. Es importante que la atribución y asignación del espectro radioeléctrico se gestionen con tanta eficiencia como sea posible, de forma coherente con la necesidad de llegar a un equilibrio entre las demandas de uso comercial y no comercial del espectro radioeléctrico, y de manera coherente en toda la Unión Europea. El comercio secundario del espectro radioeléctrico puede constituir un medio eficaz de potenciar el uso eficiente del espectro, siempre que existan suficientes salvaguardias para proteger el interés público, en particular la necesidad de garantizar la transparencia y la vigilancia reglamentaria de tales transferencias . La Decisión [...] del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad [24] establece un marco para la armonización del espectro radioeléctrico, y cualquier medida adoptada en virtud de la presente Directiva debe ir encaminada a facilitar los trabajos realizados al amparo de dicha Decisión.

[24] DO L

(17) Para que las empresas puedan competir en el sector de las comunicaciones electrónicas, resulta esencial que el acceso a los recursos de numeración se base en criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios. Todos los elementos de los planes nacionales de numeración deben ser gestionados por las autoridades nacionales de reglamentación, incluidos los códigos de punto utilizados en el direccionamiento de las redes. Cuando exista una necesidad de armonización de los recursos de numeración en la Comunidad, debe efectuarla la Comisión en uso de sus competencias de ejecución. El acceso por los usuarios finales a todos los recursos de numeración en la Comunidad constituye una condición previa esencial para que exista un mercado único. Debe incluir los números de llamada gratuita, los de tarifa superior y otros números no geográficos, salvo cuando el abonado al que se llama haya decidido limitar el acceso a partir de determinadas zonas geográficas. Las tarifas aplicadas a las partes que efectúan una llamada desde fuera del Estado miembro afectado no tienen por qué ser iguales a los aplicadas a las partes que efectúan la llamada desde dicho Estado miembro. Los requisitos de numeración en Europa, la necesidad de prestar nuevos servicios y servicios paneuropeos y la mundialización y la sinergia del mercado de las comunicaciones electrónicas hacen necesario que la Comunidad armonice las posiciones nacionales de conformidad con lo dispuesto en el Tratado en las organizaciones y foros internacionales donde se toman decisiones en materia de numeración.

(18) Debe contarse con procedimientos rápidos y no discriminatorios para el otorgamiento de derechos de paso, con el fin de garantizar que se dan las condiciones para una competencia leal y efectiva. Las condiciones ligadas al ejercicio de tales derechos deben estar objetivamente justificadas, no ser discriminatorias, y ser proporcionadas y transparentes. La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la legislación nacional relativa a la expropiación de propiedades.

(19) El uso compartido de instalaciones puede resultar beneficioso por motivos urbanísticos, de salud pública o medioambientales y las autoridades nacionales de reglamentación deben fomentarlo sobre la base de acuerdos voluntarios. En algunas circunstancias puede resultar adecuado imponer la obligación de compartir instalaciones, pero sólo debe imponerse a las empresas tras una completa consulta pública.

(20) Existe la necesidad de imponer obligaciones ex ante en determinadas circunstancias para garantizar el desarrollo de un mercado competitivo. La definición de peso significativo en el mercado contenida en la Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP) [25], modificada por la Directiva 98/61/CE [26], ha demostrado su eficacia en las primeras fases de la apertura del mercado en tanto que umbral de las obligaciones ex ante, pero debe adaptarse ahora para ajustarla a unos mercados más complejos y dinámicos. Por esta razón, la definición utilizada en la presente Directiva debe basarse en el concepto de dominación, según se define en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades. Salvo en otros casos exigidos por las obligaciones internacionales de la Comunidad y sus Estados miembros, las obligaciones reglamentarias ex ante pensadas para garantizar la competencia efectiva sólo están justificadas para las empresas que han financiado infraestructuras sobre la base de derechos especiales o exclusivos en áreas en las que existen obstáculos legales, técnicos o económicos que se oponen a la entrada en el mercado, en particular para la construcción de infraestructura de red, o que son entidades verticalmente integradas propietarias o explotadoras de infraestructura de red para la entrega de servicios a los clientes que prestan también servicios a través de dicha infraestructura, a la cual forzosamente deben acceder sus competidoras.

[25] DO L 199 de 26.7.1997, p. 32.

[26] DO L 268 de 3.10.1998, p. 37.

(21) Resulta esencial que estas obligaciones reglamentarias solamente puedan imponerse cuando no exista competencia efectiva y cuando las soluciones previstas en la legislación sobre competencia nacional y comunitaria no basten para remediar el problema. Resulta necesario, por consiguiente, que la Comisión elabore unas directrices a nivel comunitario a las que deban ajustarse las autoridades nacionales de reglamentación a la hora de evaluar si existe competencia efectiva en un mercado dado, así como el peso significativo en el mercado. Las autoridades nacionales de reglamentación deben analizar si determinado mercado de productos o servicios es efectivamente competitivo en una zona geográfica dada, que puede ser la totalidad o una parte del territorio del Estado miembro de que se trate. El análisis de la competencia efectiva debe incluir un análisis de si la competencia es prospectivamente competitiva, y por consiguiente de si una ausencia de competencia efectiva es duradera. Tales directrices deben abordar asimismo el tema de los nuevos mercados emergentes, en los que es probable que el líder del mercado posea de hecho una cuota de mercado sustancial, pero que no deben estar sometidos a obligaciones inadecuadas. La Comisión debe revisar periódicamente las directrices para garantizar que sigan siendo adecuadas en un mercado en rápida evolución. Las autoridades nacionales de reglamentación tendrán que cooperar entre sí cuando el mercado afectado tenga carácter transnacional.

(21bis) Al determinar si una empresa tiene peso significativo en un mercado específico, las autoridades nacionales de reglamentación deben basar su apreciación en las directrices de la Comisión, que a su vez deben basarse en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.

(22) La Comunidad y los Estados miembros han contraído compromisos en relación con las normas y con el marco regulador de las redes y servicios de telecomunicaciones en la Organización Mundial del Comercio.

(23) La normalización debe seguir siendo un proceso impulsado fundamentalmente por el mercado. No obstante, pueden darse aún situaciones en que convenga exigir el cumplimiento de determinadas normas a nivel comunitario para garantizar la interoperabilidad en el mercado único. A nivel nacional, los Estados miembros están sujetos a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE. La Directiva 95/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión [27] no imponía un servicio o sistema de televisión digital específico. A través del Digital Video Broadcasting Group, los agentes del mercado europeo han desarrollado una familia de sistemas de transmisión de televisión que han sido normalizadas por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) y se han convertido en Recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Cualquier decisión de hacer obligatoria la aplicación de tales normas debe ir precedida de una completa consulta pública. Los procedimientos de normalización al amparo de la presente Directiva se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 1999/5/CE, la Directiva 73/23/EEC del Consejo, de 19 de febrero de 1973, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión [28] y la Directiva 89/336/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la compatibilidad electromagnética [29].

[27] DO L 281 de 23.11.1995, p. 51.

[28] DO L 77 de 26.3.1973, p. 29.

[29] DO L 139 de 23.5.1989, p. 19.

(24) En caso de litigio entre empresas de un mismo Estado miembro en algún área regulada por la presente Directiva o por las Medidas específicas, la parte perjudicada debe poder acudir a la autoridad nacional de reglamentación para resolver el litigio. Las autoridades nacionales de reglamentación deben estar facultadas para imponer una solución a las partes.

(25) Además de los recursos previstos en la legislación nacional o comunitaria, es necesario que exista un procedimiento simple para la resolución de litigios transfronterizos que queden fuera de la competencia de una única autoridad nacional de reglamentación. Dicho procedimiento, que debe iniciarse a instancia de una de las partes en el litigio, pero con el acuerdo de todas, debe ser rápido, poco costoso y transparente. Cuando la Comisión decida establecer un grupo de trabajo para asistir en la resolución de litigios transfronterizos, debe velar por que sus miembros sean independientes de las partes implicadas.

(26) Debe sustituirse por un comité único al Comité ONP instituido por el artículo 9 de la Directiva 90/387/CEE y al Comité de licencias instituido por el artículo 14 de la Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones [30].

[30] DO L 117 de 7.5.1997, p. 15.

(27) Las autoridades nacionales de reglamentación y las autoridades nacionales en materia de competencia deben tener derecho a intercambiar información para poder establecer una cooperación plena.

(28) Debe crearse un grupo consultivo compuesto por las autoridades nacionales de reglamentación. La función primordial de este grupo debe ser asistir a la Comisión a la hora de conseguir una aplicación uniforme de la presente Directiva y de las medidas específicas para garantizar la coherencia entre los Estados miembros. Podrán establecerse grupos de expertos para examinar asuntos concretos, por ejemplo en relación con la protección del consumidor.

(29) Deben revisarse periódicamente las disposiciones contenidas en la presente Directiva, en particular con vistas a determinar la necesidad de modificarlas a la luz de la cambiante situación de la tecnología o el mercado.

(30) De conformidad con el artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión [31], conviene que las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva sean adoptadas con arreglo al procedimiento consultivo previsto en el artículo 3 de dicha Decisión o al procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 5 de dicha Decisión, según proceda.

[31] DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(31) De conformidad con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, enunciados en el artículo 5 del Tratado, el objetivo de conseguir un marco armonizado para la regulación de los servicios de comunicaciones electrónicas, redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, por la dimensión y los efectos de la acción, puede lograrse mejor a nivel comunitario. La presente Directiva se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar dicho objetivo y no excede de lo necesario a tal fin.

(32) Deben derogarse las siguientes Directivas y Decisiones:

- Directiva 90/387/CEE;

- Decisión 91/396/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, relativa a la creación de un número de llamada de urgencia único europeo [32];

[32] DO L 217 de 6.8.1991, p. 31.

- Directiva 92/44/CEE del Consejo, de 5 de junio de 1992, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas arrendadas [33], cuya última modificación la constituye la Decisión 98/80/CE de la Comisión [34];

[33] DO L 165 de 19.6.1992, p. 27.

[34] DO L 14 de 20.1.1998, p. 27.

- Decisión 92/264/CEE del Consejo, de 11 de mayo de 1992, relativa a la introducción de un prefijo común de acceso a la red telefónica internacional en la Comunidad [35];

[35] DO L 137 de 20.5.1992, p. 21.

- Directiva 95/47/CE;

- Directiva 97/13/CE;

- Directiva 97/33/CE;

- Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones [36];

[36] DO L 24 de 30.1.1998, p. 1.

- Directiva 98/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 1998, sobre la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal y sobre el servicio universal de telecomunicaciones en un entorno competitivo [37],

[37] DO L 101 de 1.4.1998, p. 24.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVO Y DEFINICIONES

Artículo 1

Ámbito de aplicación y objetivo

1. La presente Directiva establece un marco armonizado para la regulación de los servicios de comunicaciones electrónicas, las redes de comunicaciones electrónicas y los recursos asociados. Fija las misiones de las autoridades nacionales de reglamentación e instaura una serie de procedimientos para garantizar la aplicación armonizada del marco regulador en el conjunto de la Comunidad.

2. La presente Directiva, así como las Medidas específicas, se entenderá sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la legislación nacional de conformidad con la legislación comunitaria o por la legislación comunitaria en relación con los servicios prestados utilizando redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

3. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 1999/5/CE.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

(a) «red de comunicaciones electrónicas», los sistemas de transmisión y, cuando proceda, los equipos de conmutación o encaminamiento y demás recursos que permitan el transporte de señales mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios electromagnéticos con inclusión de las redes satelitales, redes terrenales fijas (de conmutación de circuitos y de paquetes, incluyendo Internet) y móviles, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva, sistemas a través de la red eléctrica y redes de televisión por cable, con independencia del tipo de información transportada;

(b) «servicio de comunicaciones electrónicas», el prestado contra remuneración que consiste, en su totalidad o principalmente, en la transmisión y encaminamiento de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas, con inclusión de los servicios de telecomunicaciones y servicios de transmisión en las redes utilizadas para la radiodifusión, pero no de los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante el uso de redes y servicios de comunicaciones electrónicas o ejerzan control editorial sobre ellos;

(c) «red pública de comunicaciones», una red de comunicaciones electrónicas que se utiliza, en su totalidad o en parte, para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público;

(d) «recursos asociados», los recursos asociados con una red de comunicaciones electrónicas y/o un servicio de comunicaciones electrónicas que hacen posible y/o soportan la prestación de servicios a través de esa red y/o servicio. Incluyen los sistemas de acceso condicional y las guías electrónicas de programas;

(e) «autoridad nacional de reglamentación», el organismo u organismos al cual o a los cuales ha encomendado un Estado miembro cualquiera de las misiones reguladoras asignadas en la presente Directiva y en las Medidas específicas;

(f) «usuario», una persona física o jurídica que utiliza o solicita servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público;

(g) «consumidor», cualquier persona física que utilice un servicio de comunicaciones electrónicas disponible al público para fines ajenos a su oficio, negocio o profesión;

(h) «servicio universal», un conjunto de servicios, definido en la Directiva [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas], de una calidad determinada disponible para todo usuario con independencia de su localización geográfica y, a la vista de las condiciones nacionales específicas, a un precio asequible;

(i) «abonado», cualquier persona física o jurídica que haya celebrado un contrato con un prestador de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público para la prestación de dichos servicios;

(j) «Medidas específicas», las Directivas y el Reglamento siguientes: Directiva [../../CE] relativa a la autorización de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, Directiva [../../CE] relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión, Directiva [../../CE] relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, Directiva [../../CE] relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y Reglamento (CE) n° sobre al acceso desagregado al bucle local;

(k) «Comité de Comunicaciones», el comité instituido de conformidad con el artículo 19;

(l) «Grupo Consultivo de Comunicaciones», el grupo instituido de conformidad con el artículo 21;

(m) «Mercado transnacional», un mercado de productos o servicios cuya dimensión geográfica comprende la totalidad de la Comunidad o una parte sustancial de la misma.

CAPÍTULO II

AUTORIDADES NACIONALES DE REGLAMENTACIÓN

Artículo 3

Autoridades nacionales de reglamentación

1. Los Estados miembros velarán por que cada una de las misiones asignadas a las autoridades nacionales de reglamentación en la presente Directiva y en las Medidas específicas sea atendida por un organismo competente.

2. Los Estados miembros garantizarán la independencia de las autoridades nacionales de reglamentación velando por que estas autoridades sean jurídicamente distintas y funcionalmente independientes de todas las entidades suministradoras de redes, equipos o servicios de comunicaciones electrónicas. Los Estados miembros que mantengan la propiedad o el control de empresas suministradoras de redes y/o servicios de comunicaciones electrónicas velarán por que exista una separación estructural plena y efectiva entre la función de reglamentación y las actividades asociadas con la propiedad o el control. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación puedan actuar con libertad, sin autorización o control de ningún otro organismo o entidad, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 y 6 de la presente Directiva.

3. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación ejerzan sus competencias con imparcialidad y transparencia.

4. Los Estados miembros publicarán las misiones que corresponden a las autoridades nacionales de reglamentación de forma fácilmente accesible, en particular cuando dichas misiones se asignen a más de un organismo. Los Estados miembros publicarán además los procedimientos de consulta y cooperación, en asuntos de interés común, tanto entre estas autoridades como entre estas autoridades las autoridades nacionales a las que se haya confiado la aplicación de la legislación sobre competencia y las autoridades a las que se haya confiado la aplicación de la legislación sobre los consumidores. Los Estados miembros velarán por que no exista superposición entre las misiones de estas autoridades.

5. Las autoridades nacionales de reglamentación y las autoridades nacionales en materia de competencia tendrán derecho a intercambiar información. Con vistas a facilitar la cooperación y el intercambio de información, las autoridades nacionales de reglamentación tendrán los mismos derechos y obligaciones en materia de confidencialidad, con respecto al intercambio de información, que la «autoridad competente» a efectos del Reglamento nº 17.

6. Los Estados miembros notificarán a la Comisión todas las autoridades nacionales de reglamentación que tengan asignadas misiones con arreglo a la presente Directiva y a las Medidas específicas, así como sus respectivas responsabilidades.

Artículo 4

Derecho de recurso

1. Los Estados miembros velarán por que existan a nivel nacional mecanismos efectivos en virtud de los cuales cualquier usuario o cualquier empresa suministradora de redes o servicios de comunicaciones electrónicas que se vean afectados por una decisión de una autoridad nacional de reglamentación tengan derecho a recurrir dicha decisión ante un organismo independiente del Gobierno y de la autoridad nacional de reglamentación de que se trate. Dicho organismo podrá examinar no solamente el procedimiento con arreglo al cual se adoptó la decisión, sino también los hechos y los argumentos a favor y en contra del asunto. Mientras se resuelvan estos recursos, prevalecerá la decisión de la autoridad nacional de reglamentación, salvo cuando el organismo al que se someta el recurso decida su suspensión por razones imperativas o urgentes.

2. Los Estados miembros velarán por que las decisiones adoptadas por dichos organismos puedan aplicarse realmente.

3. Cuando estos organismos no tengan carácter judicial, deberán aducir siempre por escrito los motivos de sus decisiones. Además, en tal caso, estas decisiones podrán ser revisadas por un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 234 del Tratado CE.

4. Los miembros de dichos organismos serán nombrados y cesarán en su cargo en las mismas condiciones que los miembros del poder judicial en lo que se refiere a la autoridad responsable de su nombramiento, la duración del mismo y el cese en el cargo. Los Estados miembros velarán por que el organismo facultado para examinar los recursos posea los conocimientos y la experiencia necesarios para el ejercicio de sus funciones. Por lo menos el miembro que presida el organismo deberá tener la misma cualificación jurídica y profesional que los miembros del poder judicial. El organismo será competente para evaluar los aspectos económicos del asunto y adoptará sus decisiones siguiendo un procedimiento en el que serán oídas ambas partes, y sus decisiones serán legalmente vinculantes por los medios que determine cada Estado miembro.

Artículo 5

Suministro de información

1. Los Estados miembros velarán por que las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas faciliten toda la información necesaria para que las autoridades nacionales de reglamentación puedan comprobar el cumplimiento de la legislación comunitaria. La información solicitada por la autoridad nacional de reglamentación sólo podrá utilizarse dentro de este marco y sólo para cumplir dicho cometido y deberá guardar proporción con el cumplimiento de esta misión. La autoridad nacional de reglamentación deberá motivar su petición de información.

1bis Los Estados miembros facultarán a las autoridades nacionales de reglamentación para imponer sanciones proporcionadas por no facilitar información o por facilitarla inadecuadamente y para efectuar todas las inspecciones necesarias en empresas. Si procede, las autoridades nacionales de reglamentación podrán autorizar a sus funcionarios a entrar en los locales de una empresa e inspeccionarlos.

2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación faciliten a la Comisión, cuando ésta lo solicite, la información necesaria para desempeñar las misiones que le asigna el Tratado. Cuando la información facilitada se refiera a datos que las empresas hayan facilitado anteriormente a petición de la autoridad nacional de reglamentación, dichas empresas deberán ser informadas al respecto. La información solicitada por la Comisión sólo podrá utilizarse dentro de este marco y sólo para cumplir dichas misiones, y deberá guardar proporción con el cumplimiento de dichas misiones. En la medida necesaria, la Comisión pondrá la información facilitada a una autoridad nacional de reglamentación a disposición de otra de estas autoridades del mismo o de otro Estado miembro. Cuando la información se haya facilitado con carácter confidencial, la Comisión y las autoridades nacionales de reglamentación afectadas mantendrán la confidencialidad de la información facilitada.

3. Los Estados miembros velarán por que, de conformidad con la normativa nacional sobre acceso público a la información y sin perjuicio de la normativa comunitaria y nacional sobre confidencialidad comercial, las autoridades nacionales de reglamentación publiquen la información que contribuya a un mercado abierto y competitivo.

4. Las autoridades nacionales de reglamentación publicarán las condiciones en que el público pueda acceder a la información a que se refiere el apartado 3, incluyendo las directrices y los procedimientos detallados para obtener dicho acceso. Deberá motivarse sustancialmente y publicarse cualquier decisión por la que se deniegue el acceso a la información.

Artículo 6

Mecanismo de transparencia y consulta

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5, los Estados miembros velarán por que, cuando las autoridades nacionales de reglamentación tengan intención de adoptar medidas con arreglo a la presente Directiva o a las medidas específicas, den a todas las partes interesadas oportunidad de formular observaciones en un plazo razonable. Las autoridades nacionales de reglamentación publicarán sus procedimientos de consulta nacionales. La autoridad nacional de reglamentación pondrá a disposición del público los resultados del procedimiento de consulta, salvo cuando se trate de información confidencial de acuerdo con la legislación nacional y comunitaria sobre secretos comerciales. Los Estados miembros establecerán un punto de información único donde estarán consignadas todas las consultas en curso.

2. Cuando una autoridad nacional de reglamentación tenga intención de adoptar medidas en virtud de los apartados 3, 4 y 5 del artículo 8 o de los apartados 4 y 5 del artículo 14 de la presente Directiva, o del apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 2000/.../CE [relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión], comunicará el proyecto de medida a la Comisión y a las autoridades nacionales de reglamentación de los demás Estados miembros, junto con el razonamiento en que se basa la medida. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán formular observaciones a la autoridad nacional de reglamentación de que se trate en el plazo de consulta que se determine de conformidad con el apartado 1.

3. La autoridad nacional de reglamentación de que se trate tendrá en cuenta en la mayor medida posible las observaciones de otras autoridades nacionales de reglamentación y comunicará sin dilación a la Comisión el proyecto de medida resultante.

4. La medida surtirá efecto un mes después de la fecha de comunicación a la Comisión, salvo que la Comisión notifique a la autoridad nacional de reglamentación de que se trate que mantiene serias dudas sobre la compatibilidad de la medida con el Derecho comunitario, y en particular con las disposiciones del artículo 7 de la presente Directiva. En tales casos, la medida no surtirá efecto durante otros dos meses. En este plazo, la Comisión adoptará una decisión definitiva y, si es preciso, pedirá a la autoridad nacional de reglamentación de que se trate que modifique o retire el proyecto de medida. Si la Comisión no adopta ninguna decisión transcurrido dicho plazo, la autoridad nacional de reglamentación podrá adoptar el proyecto de medida.

5. En circunstancias excepcionales, cuando una autoridad nacional de reglamentación considere que existe una necesidad urgente de actuar de inmediato, sin remitirse al procedimiento establecido en los apartados 1 a 4, para salvaguardar la competencia y proteger los intereses de los usuarios, podrá adoptar medidas de inmediato. Comunicará sin demora dichas medidas, plenamente justificadas, a la Comisión y a las demás autoridades nacionales de reglamentación. La Comisión comprobará la compatibilidad de estas medidas con el Derecho comunitario y en particular con las disposiciones del artículo 7 de la presente Directiva. Si resulta necesario, la Comisión pedirá a la autoridad nacional de reglamentación que modifique o suprima las medidas.

6. El hecho de que la Comisión omita actuar al amparo de los apartados 4 y 5 no menoscabará ni limitará en modo alguno su derecho a actuar al amparo del artículo 226 del Tratado en relación con cualquier decisión o medida de una autoridad nacional de reglamentación.

CAPÍTULO III

OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE REGLAMENTACIÓN

Artículo 7

Objetivos políticos y principios reglamentarios

1. Los Estados miembros velarán por que, al desempeñar las funciones reguladoras especificadas en la presente Directiva y en las Medidas específicas, las autoridades nacionales de reglamentación adopten todas las medidas razonables que estén encaminadas a la consecución de los objetivos enumerados en los apartados 2, 3 y 4, y se abstengan de adoptar medidas que contradigan, restrinjan o distorsionen esos objetivos. Tales medidas deberán guardar proporción con dichos objetivos.

Los Estados miembros velarán por que, al desempeñar las funciones reguladoras especificadas en la presente Directiva y en las Medidas específicas, en particular las destinadas a garantizar una competencia leal, las autoridades nacionales de reglamentación den preferencia a las medidas que sean neutras con respecto a la tecnología, sin perjuicio de la necesidad de alcanzar objetivos proporcionados de interés general y de garantizar un uso eficaz de los recursos escasos.

2. Las autoridades nacionales de reglamentación fomentarán un mercado de redes de comunicaciones electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas y recursos asociados abierto y competitivo:

(a) velando por que los usuarios, incluidos los usuarios discapacitados, obtengan el beneficio máximo en términos de posibilidades de elección, precio, calidad y rentabilidad del gasto;

(b) velando por que no exista falseamiento ni restricción de la competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas;

(c) promoviendo una inversión eficiente en infraestructura y facilitando el acceso al mercado a nuevos servicios innovadores; y

(d) velando por una atribución y asignación eficientes del espectro radioeléctrico.

3. Las autoridades nacionales de reglamentación contribuirán al desarrollo del mercado interior:

(a) suprimiendo los obstáculos que aún se opongan al suministro de redes de comunicaciones electrónicas, recursos asociados y servicios de comunicaciones electrónicas a nivel europeo;

(b) fomentando el establecimiento y desarrollo de las redes transeuropeas y la interoperabilidad de los servicios paneuropeos; y

(c) garantizando el desarrollo de una práctica reguladora coherente en toda la Unión Europea de manera que, en circunstancias similares, no se dispense un trato discriminatorio a las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, cualquiera que sea el lugar de la Unión Europea en que operen.

4. Las autoridades nacionales de reglamentación promoverán los intereses de los ciudadanos europeos:

(a) velando por que todos los ciudadanos dispongan de un acceso asequible a un servicio universal especificado en la Directiva 2000/.../CE [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas];

(b) garantizando a los consumidores un elevado nivel de protección en su relación con los suministradores, en particular garantizando la disponibilidad de procedimientos sencillos y poco onerosos de resolución de litigios aplicados por un organismo independiente de las partes implicadas;

(c) garantizando un elevado nivel de protección de los datos personales y de la intimidad;

(d) exigiendo la transparencia de las tarifas y condiciones de uso de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público; y

(e) teniendo en cuenta las necesidades de grupos sociales específicos, en particular de los usuarios con discapacidades.

Artículo 8

Gestión del espectro radioeléctrico

1. Los Estados miembros velarán por la gestión efectiva del espectro radioeléctrico para los servicios de comunicaciones electrónicas en su territorio, de acuerdo con los objetivos establecidos en el artículo 7. Velarán asimismo por que la atribución y asignación de espectro radioeléctrico por las autoridades nacionales de reglamentación se base en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionales

2. Las autoridades nacionales de reglamentación fomentarán la armonización del uso del espectro radioeléctrico en toda la Comunidad, atendiendo siempre a la necesidad de garantizar un uso efectivo y eficiente del mismo.

3. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán recurrir a subastas y a la fijación administrativa del precio del espectro con vistas a la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 7.

4. Los Estados miembros podrán autorizar que las empresas transfieran derechos de uso del espectro radioeléctrico con otras empresas . Las decisiones de autorizar la transferencia de tales derechos de uso en determinadas bandas de frecuencias estarán sujetas al procedimiento establecido en el artículo 6.

5. Los Estados miembros velarán por que la intención de una empresa de transferir derechos de uso del espectro radioeléctrico se notifique a la autoridad nacional de reglamentación responsable de la asignación del espectro y por que todas las transferencias tengan lugar bajo la supervisión y con el consentimiento previo de dicha autoridad. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las partes interesadas estén informadas de cualquier transferencia de derechos de uso del espectro radioeléctrico prevista, de manera que tengan oportunidad de presentar una oferta por tales derechos. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que no se falsee la competencia de resultas de este tipo de transferencias. Cuando se haya armonizado el uso del espectro radioeléctrico a través de la Decisión 2000/.../CE [relativa a un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea] u otra medida comunitaria, este tipo de transferencias no podrán suponer modificación del uso de ese espectro radioeléctrico.

6. Las decisiones de atribución de derechos de uso del espectro estarán sujetas al procedimiento establecido en el artículo 6.

Artículo 9

Numeración, denominación y direccionamiento

1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación controlen la atribución y asignación de todos los recursos de numeración nacionales y la gestión del plan nacional de numeración. Los Estados miembros velarán por que se proporcionen números e intervalos de numeración adecuados para todos los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.

2. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los planes y procedimientos de numeración se apliquen de forma que exista igualdad de trato entre todos los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. En particular, los Estados miembros garantizarán que las empresas a las que se haya atribuido un intervalo de números no discriminen a otros prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas en lo que se refiere a las secuencias de números utilizados para dar acceso a sus servicios.

3. Los Estados miembros velarán por que sean publicados los planes nacionales de numeración y todas las adiciones o modificaciones de que sean objeto posteriormente, con supeditación únicamente a las restricciones impuestas por razones de seguridad nacional.

4. Las autoridades nacionales de reglamentación apoyarán la armonización de los recursos de numeración dentro de la Comunidad cuando resulte necesario para sostener el desarrollo de servicios paneuropeos. Cualquier armonización deberá efectuarse con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 19.

5. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los usuarios de otros Estados miembros puedan acceder a los números no geográficos dentro de su territorio, excepto en el caso de que el abonado llamado haya decidido por motivos comerciales limitar el acceso de quienes efectúan llamadas desde determinadas zonas geográficas.

6. Para garantizar la plena interoperabilidad mundial de los servicios, la Comunidad adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la coordinación de las posiciones de los Estados miembros en las organizaciones y foros internacionales en que se adopten decisiones referentes a la numeración, denominación y direccionamiento de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.

Artículo 10

Derechos de paso

1. Los Estados miembros velarán por que los procedimientos utilizados para otorgar el derecho a montar instalaciones en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, estén a disposición de todos los suministradores de redes de comunicaciones electrónicas disponibles al público sobre las base de unas condiciones proporcionadas, transparentes y accesibles al público y aplicadas sin discriminaciones y sin demora. Los Estados miembros velarán por que los procedimientos y condiciones relativos a los derechos de paso se apliquen de manera coherente en todo su territorio.

2. Los Estados miembros velarán por que cuando las autoridades públicas mantengan la propiedad o el control de las empresas suministradoras de redes y/o servicios de comunicaciones electrónicas, exista una separación estructural efectiva entre la función responsable de otorgar los derechos de paso y las actividades asociadas con la propiedad o el control.

3. Los Estados miembros velarán por que existan mecanismos efectivos que permitan a las empresas recurrir las decisiones relativas al otorgamiento de derechos de paso o la demora injustificada en la adopción de tales decisiones ante un organismo que sea independiente de las partes.

Artículo 11

Coubicación e instalaciones compartidas

1. Cuando una empresa suministradora de redes comunicaciones electrónicas disfrute, con arreglo a la legislación nacional, del derecho a montar instalaciones en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, o pueda beneficiarse de un procedimiento de expropiación o utilización de una propiedad, las autoridades nacionales de reglamentación favorecerán el uso compartido de tales instalaciones o propiedades.

2. Los acuerdos de coubicación o uso compartido de instalaciones serán normalmente objeto de acuerdo técnico y comercial entre las partes afectadas. La autoridad nacional de reglamentación podrá intervenir para resolver litigios, según prevé el artículo 17.

3. Las autoridades nacionales de reglamentación sólo podrán imponer el uso compartido de instalaciones o propiedades (incluida la coubicación física) a una empresa que explote una red de comunicaciones electrónicas, en particular cuando las empresas no tengan acceso a alternativas viables dada la necesidad de proteger el medio ambiente, la salud pública o la seguridad pública o de alcanzar objetivos de ordenación territorial, solamente después de transcurrido un período adecuado de consulta pública durante el cual todas las partes interesadas deberán tener oportunidad de expresar sus opiniones. Tales acuerdos podrán incluir reglas de prorrateo de los costes del uso compartido de las instalaciones o propiedades.

Artículo 12

Separación de cuentas e informes financieros

1. Los Estados miembros exigirán a las empresas suministradoras de redes públicas de comunicaciones o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público que posean derechos especiales o exclusivos para la prestación de servicios en otros sectores, en el mismo o en otro Estado miembro, que:

(a) lleven una contabilidad separada para sus actividades asociadas con el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas, en la misma medida en que se exigiría si dichas actividades fueran desempeñadas por empresas jurídicamente independientes, de manera que se identifiquen todos los elementos de costes e ingresos, con su base de cálculo y los métodos de asignación detallados utilizados, relacionados con sus actividades asociadas con el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas, incluido un desglose pormenorizado del activo fijo y de los costes estructurales, o

(b) establezcan una separación estructural para las actividades asociadas con el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas.

Los Estados miembros podrán decidir la no aplicación de los requisitos mencionados en el párrafo primero a las empresas cuyo volumen de negocios anual en actividades asociadas con las redes o servicios de comunicaciones electrónicas en el Estado miembro sea inferior a 50 millones de euros.

2. Las empresas suministradoras de redes públicas de comunicaciones o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público proporcionarán información financiera a su autoridad nacional de reglamentación en cuanto ésta lo solicite y con el detalle exigido. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán publicar tal información en la medida en que contribuya a la consecución de un mercado abierto y competitivo, respetando siempre la normativa nacional y comunitaria en materia de confidencialidad comercial.

3. Los informes financieros de las empresas suministradoras de redes públicas de comunicaciones o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público serán elaborados, sometidos a una auditoría independiente y publicados. Dicha auditoría se efectuará con arreglo a la normativa nacional y comunitaria aplicable.

Este requisito se aplicará asimismo a las cuentas separadas exigidas en la letra a) del apartado 1.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 13

Empresas con peso significativo en el mercado

1. Cuando las Medidas específicas exijan a las autoridades nacionales de reglamentación que determinen si los operadores tienen peso significativo en el mercado, serán de aplicación los apartados 2 y 3.

2. Se considerará que una empresa tiene peso significativo en el mercado si, individual o conjuntamente con otras, disfruta de una posición de fuerza económica que permite que su comportamiento sea, en medida apreciable, independiente de los competidores, los clientes y, en última instancia, los consumidores.

3. Cuando una empresa tenga peso significativo en cierto mercado, podrá también considerarse que tiene peso significativo en un mercado estrechamente relacionado con el anterior cuando los vínculos entre ambos mercados sean tales que resulte posible hacer que el peso que se tiene en un mercado se deje sentir en el otro, reforzando de esta manera el peso en el mercado de la empresa.

Artículo 14

Procedimiento de análisis del mercado

1. Previa consulta pública y con las autoridades nacionales de reglamentación a través del Grupo Consultivo de Comunicaciones, la Comisión emitirá una Decisión sobre mercados de productos y servicios pertinentes (en lo sucesivo denominada "la Decisión"), dirigida a los Estados miembros. En la Decisión se enumerarán los mercados de productos y servicios del sector de las comunicaciones electrónicas cuyas características pueden justificar la imposición de las obligaciones reglamentarias establecidas en las Medidas específicas, sin perjuicio de los mercados que puedan definirse en casos concretos con arreglo a la legislación sobre competencia. La Comisión publicará asimismo unas directrices sobre análisis del mercado y evaluación del peso significativo en el mercado (en lo sucesivo denominadas "las Directrices"), que estarán de acuerdo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.

La Comisión podrá indicar en la Decisión cuáles de los mercados son transnacionales. En tales mercados, las autoridades nacionales de reglamentación afectadas llevarán a cabo conjuntamente el análisis de mercado y decidirán la eventual imposición de obligaciones reglamentarias de los apartados 2 a 5 de forma concertada.

Las autoridades nacionales de reglamentación deberán solicitar y recibir la autorización previa de la Comisión para utilizar definiciones de mercado distintas de las contenidas en la Decisión y para imponer obligaciones reglamentarias sectoriales en mercados distintos de los enumerados en la Decisión.

La Comisión revisará periódicamente la Decisión y las Directrices.

2. En un plazo de dos meses a partir de la fecha de adopción de la Decisión o de cualquier actualización de la misma, las autoridades nacionales de reglamentación efectuarán un análisis de los mercados de productos y servicios enumerados en la Decisión, de conformidad con las Directrices. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales en materia de competencia estén plenamente asociadas a dicho análisis. El análisis de cada mercado efectuado por las autoridades nacionales de reglamentación será objeto de publicación.

3. Cuando, en virtud de los artículos 16, 25 o 27 de la Directiva 2000/.../CE [relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas], o de los artículos 7 u 8 de la Directiva 2000/.../CE [relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión], las autoridades nacionales de reglamentación deban determinar si procede imponer, mantener o suprimir determinadas obligaciones a las empresas, determinarán, sobre la base de su análisis de mercado al que se refiere el apartado 2, si cada uno de los mercados enumerados en la Decisión es realmente competitivo en una zona geográfica específica de conformidad con las Directrices.

4. Cuando una autoridad nacional de reglamentación llegue a la conclusión de que un mercado es realmente competitivo, no deberá imponer las obligaciones reglamentarias sectoriales establecidas en las Medidas específicas. Si en ese mercado concreto existen ya obligaciones reglamentarias sectoriales impuestas a las empresas, deberá suprimir dichas obligaciones. Esta supresión de obligaciones deberá notificarse a las partes afectadas por ella con la antelación adecuada.

5. Cuando una autoridad nacional de reglamentación determine que uno de los mercados enumerados en la Decisión no es realmente competitivo en una zona geográfica especifica de conformidad con las Directrices, impondrá las obligaciones reglamentarias sectoriales establecidas en las Medidas específicas, o mantendrá dichas obligaciones si ya existen.

6. Las medidas que se adopten con arreglo a lo dispuesto en los apartados 4 y 5 estarán sometidas al procedimiento establecido en el artículo 6.

Artículo 15

Normalización

1. La Comisión elaborará y publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas una relación de normas y especificaciones que sirva de base para fomentar el suministro armonizado de redes de comunicaciones electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas y recursos asociados. Cuando proceda, la Comisión podrá, de conformidad con el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 19, solicitar que los organismos europeos de normalización elaboren normas.

2. Los Estados miembros fomentarán el uso de las normas y especificaciones a que se refiere el apartado 1, para el suministro de servicios, interfaces técnicas y funciones de red, en la medida estrictamente necesaria para garantizar interoperabilidad y para potenciar la libertad de elección de los usuarios.

En tanto no se hayan publicado de conformidad con el apartado 1 normas o especificaciones, los Estados miembros promoverán la aplicación de las normas y especificaciones aprobadas por organismos europeos de normalización tales como el ETSI o la institución europea común de normalización CEN/CENELEC.

En ausencia de tales normas o especificaciones, los Estados miembros promoverán la aplicación de las normas o recomendaciones internacionales aprobadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización Internacional de Normalización (ISO) o la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

Cuando existan normas internacionales, los Estados miembros adoptarán todas las medidas razonables para garantizar que los organismos europeos de normalización, tales como ETSI o CEN/CENELEC, utilicen tales normas, o las partes pertinentes de las mismas, como base de las normas que elaboran, salvo cuando tales normas internacionales o partes pertinentes resultarían ineficaces.

3. Si las normas y especificaciones a que se refiere el apartado 1 no se han aplicado adecuadamente o si no puede garantizarse la interoperabilidad de los servicios en uno o más Estados miembros, podrá convertirse en obligatoria la aplicación de tales normas y especificaciones con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 4, con el alcance estrictamente necesario para garantizar dicha interoperabilidad y mejorar la libre elección del usuario.

4. Cuando la Comisión tenga intención de convertir en obligatoria la aplicación de determinadas normas o especificaciones, publicará un anuncio a tal efecto en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas e invitará a todas las partes afectadas a formular observaciones. La Comisión, de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 3 del artículo 19, hará obligatoria la aplicación de las normas pertinentes haciendo referencia a las mismas y a su condición de obligatorias en la relación de normas y especificaciones contemplada en el apartado 1.

5. Cuando la Comisión considere que las normas y especificaciones a que se refiere el apartado 1 no contribuyen ya a la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas armonizados, o ya no satisfacen las necesidades de los consumidores, o bien dificultan el desarrollo tecnológico, las retirará de la relación de normas y especificaciones a que se refiere el apartado 1, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 19.

6. Cuando la Comisión considere que las normas y especificaciones a que se refiere el apartado 4 no contribuyen ya a la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas armonizados, o ya no satisfacen las necesidades de los consumidores, o bien dificultan el desarrollo tecnológico, las retirará de la relación de normas y especificaciones a que se refiere el apartado 1, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 19.

Artículo 16

Medidas de armonización

1. La Comisión, cuando proceda y de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 19, podrá formular recomendaciones a los Estados miembros. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación tengan en cuenta en la mayor medida posible estas recomendaciones en el cumplimiento de sus misiones. Cuando una autoridad nacional de reglamentación decida no seguir una recomendación, deberá hacer públicas las razones en que se basa.

2. Si la Comisión considera, entre otros aspectos, que las reglamentaciones divergentes a nivel nacional crean un obstáculo al mercado único, la Comisión, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 19, adoptará las medidas técnicas de ejecución adecuadas. La Comisión podrá recabar la opinión del Grupo Consultivo de Comunicaciones al respecto.

Artículo 17

Resolución de litigios entre empresas

1. En caso de litigio surgido en el ámbito regulado por la presente Directiva o las Medidas específicas entre empresas suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas de un Estado miembro, la autoridad nacional de reglamentación afectada publicará, a petición de cualquiera de las partes, una decisión vinculante en el plazo de dos meses para resolver el litigio. En circunstancias excepcionales y por acuerdo entre las partes en el litigio, el plazo para tomar la decisión podrá prorrogarse dos meses más. Los Estados miembros velarán por que todas las partes cooperen plenamente con la autoridad nacional de reglamentación. Cualquier obligación que la autoridad nacional de reglamentación imponga a una empresa al resolver un litigio deberá respetar lo dispuesto en la presente Directiva o en las Medidas específicas.

2. Al resolver un litigio, la autoridad nacional de reglamentación tendrá en cuenta, en particular:

(a) los intereses del usuario,

(b) las obligaciones o restricciones reglamentarias impuestas a cualquiera de las partes,

(c) la conveniencia de fomentar ofertas innovadoras en el mercado y de dotar a los usuarios de una amplia gama de servicios de comunicaciones electrónicas a nivel nacional y comunitario,

(d) cuando proceda, la disponibilidad de alternativas técnica y comercialmente viables a los servicios o instalaciones solicitados,

(e) la necesidad de mantener la integridad de las redes de comunicaciones electrónicas y la interoperabilidad de los servicios,

(f) la naturaleza de la solicitud en relación con los recursos disponibles para satisfacerla,

(g) las posiciones relativas de las partes en el mercado,

(h) el interés público (p. ej., la protección del medio ambiente, la salud y la seguridad pública),

(i) la promoción de la competencia,

(j) la necesidad de mantener un servicio universal.

3. Deberá publicarse la decisión adoptada por la autoridad nacional de reglamentación. Deberán exponerse detalladamente a las partes interesadas los motivos en que se basan.

4. El procedimiento a que se refieren los apartados 1, 2 y 3 no impedirá que cualquiera de las partes pueda emprender acciones por daños y perjuicios ante los tribunales nacionales.

Artículo 18

Resolución de litigios transfronterizos

1. En caso de litigio transfronterizo surgido en el ámbito regulado por la presente Directiva o las Medidas específicas entre partes ubicadas en diferentes Estados miembros, que quede fuera de la competencia de una única autoridad nacional de reglamentación, será aplicable el procedimiento establecido en los apartados 2 a 5.

2. Cualquiera de las partes podrá someter el litigio a las autoridades nacionales de reglamentación afectadas. Las autoridades nacionales de reglamentación coordinarán sus esfuerzos para encontrar una solución al litigio, de conformidad con el apartado 2 del artículo 17.

3. Si el litigio no se resuelve en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que fue sometido a las autoridades nacionales de reglamentación afectadas, cualquiera de las partes podrá, con el acuerdo de todas las partes, remitir a la Comisión, con copia a todas las partes implicadas, una solicitud de decisión sobre el litigio. Al hacerlo, las partes renuncian a cualquier acción ulterior al amparo de la legislación nacional.

4. Cuando la Comisión reciba una de las solicitudes a que se refiere el apartado 3, examinará el asunto asistida, cuando lo considere apropiado, por un grupo de trabajo compuesto por expertos, y emitirá una decisión en el plazo de tres meses. Los Estados miembros velarán por que todas las partes apliquen en su integridad dicha decisión.

5. En caso de no emitirse ninguna decisión con arreglo al apartado 4, las partes serán libres de emprender otras acciones con arreglo a la legislación nacional.

Artículo 19

Comité

1. La Comisión estará asistida por un Comité compuesto por los representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión, el "Comité de Comunicaciones".

2. Cuando se haga referencia a este apartado, se aplicará el procedimiento consultivo previsto en el artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.

3. Cuando se haga referencia a este apartado, se aplicará el procedimiento de reglamentación establecido en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.

El período previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

Artículo 20

Intercambio de información

1. Cuando proceda, la Comisión informará al Comité de Comunicaciones del resultado de las consultas celebradas periódicamente con los representantes de los operadores de redes, los prestadores de servicios, los usuarios, los consumidores, los fabricantes y los sindicatos.

2. El Comité de Comunicaciones, teniendo en cuenta la política de comunicaciones electrónicas de la Comunidad, fomentará el intercambio de información entre los Estados miembros y entre los Estados miembros y la Comisión sobre la situación y la evolución de las actividades reglamentarias en materia de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

Artículo 21

Grupo Consultivo de Comunicaciones

1. Se crea el Grupo Consultivo de Comunicaciones. El Grupo tendrá carácter consultivo y actuará con independencia.

2. El Grupo estará compuesto por representantes designados por las autoridades nacionales de reglamentación. El presidente será elegido por el Grupo. Las tareas de secretariado del Grupo correrán a cargo de la Comisión. El Grupo elaborará su propio reglamento interno, con el acuerdo de la Comisión.

3. Algunas de las misiones a que se refiere el apartado 4 podrán correr a cargo de grupos de expertos creados al efecto. Cuando proceda, se podrá invitar a representantes de las autoridades nacionales en materia de competencia y de otras autoridades pertinentes a participar en los trabajos del Grupo y de los grupos de expertos.

4. El Grupo, los grupos de expertos, o ambos:

(a) examinarán cualquier asunto relativo a la aplicación de las medidas nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva y de las Medidas específicas con vistas a promover la aplicación uniforme de estas medidas en todos los Estados miembros;

(b) adoptarán posiciones acordadas sobre la aplicación detallada de la legislación comunitaria, con vistas a facilitar los servicios paneuropeos;

(c) asesorarán a la Comisión en la preparación de la Decisión sobre mercados de productos y servicios pertinentes a que se refiere al artículo 14;

(d) examinarán los asuntos que les señalen los Estados miembros, las autoridades nacionales de reglamentación, los agentes del mercado o los usuarios, proponiendo soluciones cuando proceda;

(e) informarán a la Comisión de cualquier dificultad que se encuentre en la aplicación de la presente Directiva y de las Medidas específicas;

(f) aprobarán códigos de prácticas, elaborados por el Grupo o los grupos de expertos o por cualquier otra parte interesada, para su uso en los Estados miembros, sobre asuntos relacionados con la aplicación de la legislación comunitaria en el sector;

(g) efectuarán un seguimiento de las actividades de las autoridades nacionales de reglamentación y las hará públicas, si procede mediante una base de datos, en toda la Comunidad, en particular las consultas nacionales sobre asuntos reglamentarios específicos y las posteriores decisiones de las autoridades nacionales de reglamentación.

5. El Grupo informará a la Comisión de cualquier divergencia entre las legislaciones o prácticas de los Estados miembros que pueda afectar al mercado comunitario de redes o servicios de comunicaciones electrónicas, prestando especial atención a la necesidad de desarrollar servicios transnacionales y de eliminar las divergencias entre los regímenes reguladores nacionales de los Estados miembros. El Grupo podrá, por propia iniciativa, emitir dictámenes o formular recomendaciones sobre cualquier asunto relacionado con las redes o los servicios de comunicaciones electrónicas en la Comunidad.

6. Los dictámenes y recomendaciones del Grupo serán remitidos a la Comisión y al Comité de Comunicaciones. Si la Comisión tiene intención de adoptar medidas en respuesta a sus dictámenes y recomendaciones, informará de ellas al Grupo.

7. El Grupo y los grupos de expertos tendrán en cuenta en la mayor medida posible las opiniones de las partes interesadas, incluidos los consumidores, los usuarios, los operadores de redes, los prestadores de servicios, los fabricantes y las asociaciones pertinentes a nivel comunitario. A tal efecto, el Grupo y los grupos de expertos brindarán a las partes interesadas la posibilidad de formular observaciones sobre las actuaciones propuestas dentro de un plazo razonable.

Artículo 22

Publicación de información

1. Los Estados miembros velarán por que se ponga a disposición del público una información actualizada relativa a la aplicación de la presente Directiva y de las Medidas específicas, de manera tal que se garantice a todas las partes interesadas un fácil acceso a dicha información. Publicarán un anuncio en su boletín oficial nacional en el que se describa cómo y dónde se publica esta información. El primero de estos anuncios se publicará antes del 1 de enero de 2002, y posteriormente se publicará un nuevo anuncio siempre que la información en él contenida haya experimentado alguna modificación.

2. Los Estados miembros remitirán a la Comisión una copia de todos estos anuncios en el momento en que se publiquen. La Comisión distribuirá la información al Comité de Comunicaciones y al Grupo Consultivo de Comunicaciones, según proceda.

Artículo 23

Procedimientos de revisión

La Comisión examinará periódicamente el funcionamiento de la presente Directiva y presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, por vez primera, no más tarde de tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. A tal efecto, la Comisión podrá solicitar información a los Estados miembros, que deberán facilitársela sin dilación.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 24

Derogación

Quedan derogadas con efectos a partir de 1 de enero de 2002 las siguientes Directivas y Decisiones:

- Directiva 90/387/CEE;

- Decisión 91/396/CEE;

- Directiva 92/44/CEE, sin perjuicio de sus artículos 3, 4, 6, 7, 8 y 10;

- Decisión 92/264/CEE;

- Directiva 95/47/CE;

- Directiva 97/13/CE;

- Directiva 97/33/CE, sin perjuicio de sus artículos 4, 6, 7, 8, 11, 12 y 14;

- Directiva 97/66/CE;

- Directiva 98/10/CE, sin perjuicio de sus artículos 16 y 17.

Artículo 25

Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2001. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva y de cualquier modificación ulterior de las mismas.

Artículo 26

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 27

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el [...]

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

La Presidenta El Presidente

ANEXO

Lista de mercados que deberán incluirse en la Decisión inicial de la Comisión sobre mercados de productos y servicios (artículo 14)

1. Mercados a que se refiere la Directiva [...] sobre servicio universal y derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas

Artículo 16 (regulación de tarifas al por menor) y apartado 2 del artículo 25 (selección del operador)

- suministro de la conexión a la red telefónica pública y del uso de la misma en ubicaciones fijas

Artículo 27 (líneas arrendadas)

- suministro de líneas arrendadas a usuarios finales

2. Mercados a que se refiere la Directiva [...] relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión

Artículo 7 - mercados definidos con arreglo al anterior marco regulador en los que deben revisarse las obligaciones

Interconexión (Directiva 97/33/CE modificada por la Directiva 98/61/CE)

- originación de llamadas en la red telefónica pública fija

- terminación de llamadas en la red telefónica pública fija

- servicios de tránsito en la red telefónica pública fija

- originación de llamadas en las redes telefónicas públicas móviles

- terminación de llamadas en la red telefónica pública móvil

- interconexión de líneas arrendadas (interconexión de circuitos parciales)

Acceso a la red y acceso especial a la red (Directiva 97/33/CE, Directiva 98/10/CE)

- acceso a la red telefónica pública fija, incluido el acceso desagregado al bucle local

- acceso a las redes telefónicas públicas móviles, incluida la selección del operador

Capacidad de líneas arrendadas al por mayor (Directiva 92/44/CEE modificada por la Directiva 97/51/CE)

- suministro al por mayor de capacidad de líneas arrendadas a otros proveedores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas

3. Mercados a que se refiere el Reglamento [...] sobre al acceso desagregado al bucle local

- Servicios prestados a través de bucles (de cobre) desagregados