ES    ES ES 
 
ES 1   ES  COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 16.7.2008 
SEC(2008) 2125 
  
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN 
Documento de acompañamiento de la  
 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO 
EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE 
LAS REGIONES 
 
Contratación pública para un medio ambiente mejor  
  
RESUMEN DE LA EVAL UACIÓN DE IMPACTO  
{COM(2008) 400 final} 
{SEC(2008) 2124} {SEC(2008) 2126} 
 
ES 2   ES RESUMEN 
Nuestro consumo actual en la UE causa  un daño medioambiental de proporciones 
insostenibles. Si el mundo entero siguiera pautas  de consumo tradicionales, la utilización de 
los recursos a nivel mundial podría  cuadruplicarse en 20 años. Por consiguiente, es necesario 
promover un desarrollo y una difusión más rápi dos de los productos beneficiosos desde el 
punto de vista medioambiental. 
Cada año, las autoridades públicas  gastan una cantidad equivale nte al 16 % del PIB de la UE, 
en concreto en sectores que tienen un impacto medioambiental relativamente elevado y en los que, al mismo tiempo, existe un margen de me jora importante (como el transporte, la 
construcción y los acces orios para la construcción). Por ejemplo, los edificios representan 
aproximadamente el 40 % del consumo final de en ergía en Europa. Las obras de construcción 
y renovación y los gastos de mantenimiento de  los edificios repres entan un porcentaje muy 
importante de los gastos anuales de la mayoría  de las autoridades públ icas, en algunos casos 
superior al 50 %. Al utilizar la contratación pública ecológi ca (CPE) para la realización de 
estas obras, se aplicarían unas normas medioambie ntales más estrictas, que podrían reducir de 
manera importante el consumo global de energía de estos edificios públicos. 
La CPE se define como un proceso por el cual  las autoridades públicas tratan de adquirir 
mercancías, servicios y obras con un impacto me dioambiental reducido durante su ciclo de 
vida, en comparación con el de otras mercancí as, servicios y obras con la misma función 
primaria que se adquirirían en  su lugar. Es un proceso qu e promueve la compra de un 
producto «ecológico», aunque no necesariamente c onduce a ella, y que respeta plenamente la 
legislación de la UE s obre contratación pública.  
La compra de productos más eficientes en cu anto a consumo de recursos puede reportar 
beneficios directos a los co mpradores y reducir significativamente los costes para los 
usuarios, incluso aunque el gast o inicial sea superior. Algunos  ejemplos son el equipo de 
oficina, la iluminación, los ve hículos y los edificios.  
Además, la CPE recompensa a las empresas que desarrollan esos productos y proporciona 
incentivos para el desarrollo futuro de las tecnologías, lo cual promueve la innovación que 
apoya la economía de la UE. Este aumento de la demanda traerá consigo economías de escala, 
que permitirán que los productos se introduzcan en los mercados convencionales. La CPE 
puede acelerar y aumentar la innovación o los adel antos tecnológicos que, en última instancia, 
reducirán los costes unitarios y convertirán esos productos en productos de gran consumo.  
El impacto ambiental reducido de los producto s más ecológicos cuya compra promueve la 
CPE contribuirá a realizar los objetivos medioambientales ya existentes, tal vez a un coste 
menor que otros instrumentos políticos disponibles.  
Considerando este enorme potencial, la CPE ha  recibido creciente atención política en los 
últimos años, empezando por la Comunicación sobre la política de productos integrada, de 
2003, en la que se recomendaba encarecidamen te a los Estados miembros que adoptaran 
planes de acción nacionales sobre CPE. Tambié n fuera de Europa, la mayoría de los países 
que son socios comerciales importantes, como los Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia, seguidos por países que están experimentando un rápido desarrollo, como China, Corea del 
Sur, Tailandia y Filipinas, han puesto en marcha políticas de contratación ecológicas o sostenibles. Ya en 2002, el Consejo de  la OCDE adoptó una Recomendación sobre 
 
ES 3   ES contratación pública ecol ógica. Como seguimiento de la Cu mbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible celebrada en Johannesburgo en se ptiembre de 2002, se cr eó en Marrakech un 
Grupo de Estudio sobre la contratación sosten ible, con el cometido de difundir prácticas 
sostenibles (ecológicas) de cont ratación pública, en especial en  los países en desarrollo.  
Más recientemente, en su Estrategia revisada  de la UE para un Desarrollo Sostenible, 
adoptada en junio de 2006, los líderes de la UE  expusieron un objetivo de CPE aplicable al 
conjunto de la UE: que, para el año 2010, el nivel medio de CPE en la UE se situaría al nivel 
que tenían entonces los Estados mi embros con mejor comportamiento.  
En 2006 se llevó a cabo una investigación que reveló  que sólo siete Estados miembros estaban 
poniendo en práctica una proporción  significativa de CPE y que, en los 20 Estados miembros 
restantes, la CPE se practicaba mu cho menos o nada en absoluto.  
La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha preparado una 
evaluación de impacto como base para la adop ción de una nueva iniciativa sobre la CPE cuya 
finalidad es aumentar la cantidad y la calidad  de la CPE en la UE. Las diversas opciones 
analizadas a tenor de la evaluación de impacto se han debatido con las partes interesadas, en 
una reunión celebrada el 25 de junio de 2007, y a través de poste riores contactos por escrito. 
Se ha pedido también a los miembros del Co mité Asesor sobre C ontratación Pública que 
comenten diversas opciones políticas. 
Los siguientes problemas han sido señalados como  obstáculos a la implantación de la CPE en 
la UE:  
(1) Desconocimiento de los beneficios, percepción errónea de la magnitud de los costes y 
falta de apoyo político a la CPE. 
(2) Falta de claridad jurídica. 
(3) Falta de información y herramientas pa ra la CPE, estructuras de formación 
inadecuadas, falta de conocimiento de las zona s prioritarias e inexis tencia de criterios 
de CPE fáciles de aplicar. 
(4) Falta de similitud entre los procedimientos y criterios de CPE en di ferentes lugares de 
la UE, lo cual acarrea también un increm ento de los costes administrativos, en 
particular para las PYME, y obs taculiza el mercado interior.  
Los servicios de la Comisión han descrito una  serie de acciones y medidas destinadas a 
incrementar drásticamente la cantidad y la cal idad de la CPE en la EU-27. Esas acciones 
pueden agruparse en diferent es opciones políticas.  
La opción 1  corresponde a «seguir como hasta ahor a»: la Comisión seguiría proporcionando 
orientación en su página web sobre CPE, inclui dos los estudios pertinentes y el Manual sobre 
CPE, y celebraría reuniones periódicas con los e xpertos nacionales en CP E para intercambiar 
las mejores prácticas.  
La opción 2  consistiría en un paquete de medida s de apoyo destinad as a proporcionar 
orientación, formular recomendaciones y sent ar las bases para ac ciones encaminadas a 
incrementar y mejorar la CPE en la UE, algunas de  las cuales se presenta rían a través de una 
Comunicación. Esta opción permitiría tratar lo s cuatro problemas mediante diferentes 
medidas o acciones: 
 
ES 4   ES • fijar un objetivo —voluntario— de CPE ap licable a toda la UE, basado en una 
cuantificación del objetivo de la estrategia en favor del desarrollo sostenible;  
• poner de relieve las directrices operativa s sobre CPE existentes y ofrecer otras 
nuevas;  
• ofrecer claridad jurídica sobre determinadas cuestiones; 
• determinar cuáles son los grupos de produc tos y servicios prioritarios y poner en 
marcha un proceso de mayor cooperación con los Estados miembros y las partes 
interesadas pertinentes a fin de establ ecer criterios comunes de CPE básicos y 
globales para esos grupos;  
• fomentar la sensibilización respecto a la  CPE y la formación al respecto mediante 
la difusión del kit de formación sobre CPE, la creación de plataformas de 
cooperación regional y local y la recomendación del uso de  la CPE en la ejecución 
de los proyectos financiados por la UE;  
• definir indicadores de CPE y asegurar  que se realicen periódicamente un 
seguimiento y un análisis comparativo basados en esos indicadores.  
La opción 3  consistiría en el establecimiento de objetivos obligatorios de CPE mediante un 
instrumento jurídico; podrían preverse divers as subopciones alternat ivas de objetivos:  
• objetivos obligatorios de CPE básica;  
• objetivos obligatorios de CPE «basada en los resultados»;  
• objetivos obligatorios re lativos al coste durante  el ciclo de vida.  
La opción 4  consistiría en diversas formas de CPE obligatoria, que se introducirían mediante 
un instrumento jurídico o la modificación de un instrumento jurídico existente; podrían 
preverse diversas subop ciones alternativas:  
• CPE obligatoria para determinados tipos  de entidades adjudicadoras (gobierno 
central) cuando compren determinados ti pos de productos o servicios (aún no 
determinados);  
• CPE obligatoria para todos los contrato s por encima de los umbrales de las 
Directivas sobre c ontratación pública; 
• aplicación obligatoria de un régimen de ges tión ambiental para todos los contratos 
de servicios y de obras por encima de determinados umbrales; 
• utilización obligatoria de la CPE en la ejecución de los proye ctos financiados por 
la UE, cuando proceda.  
La opción 5  consistiría en una propue sta para modificar los form ularios estándar sobre CPE, 
mediante la modificación de un instrumento jurídi co, a fin de facilitar la supervisión de la 
CPE, como elemento esencial de cualquier  política de CPE volunt aria u obligatoria.  
 
ES 5   ES La evaluación de impacto ha mostrado lo siguiente: 
Sólo cabe esperar mejoras menores del supuesto de  «seguir como hasta ahora» (opción 1), ya 
que los problemas subyacentes no se tratarán adecuadamente. Además, a medida que vaya aumentando lentamente la implantación de la CP E, es probable que la s diferencias entre las 
prácticas de los diversos Estados miembros creen mayores distorsi ones del mercado y más 
costes administrativos para lo s proveedores, y aporten sólo un estímulo muy limitado para la 
innovación ecológica. 
La opción 2, que presenta un paquete que in cluye apoyo, orientación, recomendaciones y 
acciones para incrementar la CPE, algunas de la s cuales se presentarán a través de una 
Comunicación, es, por el momento, la preferida. En  efecto, es la opción más eficaz para tratar 
los problemas relacionados con la  falta de información sobre cost es y beneficios, la falta de 
claridad jurídica y la falta general de información armonizada y herramientas para CPE.  
Un objetivo claro, incluso volunt ario, serviría a los Estados mi embros como impulso político 
para intensificar sus esfuerzos en el ámbito  de la CPE. Fomentaría probablemente el 
establecimiento y la utilización de directrices  centrales sobre CPE, asociadas a objetivos 
internos o a instrucciones polít icas o jurídicas dirigidas a au toridades regionales y locales 
concretas (o a todas ellas). La  existencia de un objetivo políti co proporcionaría también a la 
industria una indicación de la dirección probable que adoptaría la demanda de productos más 
ecológicos en los próximos decenios, lo cual le permitiría responder a tiempo a esta nueva 
demanda y planificar la innovación.  
Proporcionar orientación operativa sobre CPE podría ayudar a los Estados miembros a 
fortalecer sus propias estrat egias de CPE y a aumentar esta práctica. Podría reducir 
sustancialmente los costes que suelen ir asociados con el establecimiento y la realización de procesos de CPE. Asimismo, podría llevar a la s autoridades a otras formas de reducir sus 
costes e incrementar la eficacia de su CPE. Por ejemplo, los procedimientos conjuntos de 
contratación (que combinaran las acciones de contratación de dos o má s organismos públicos) 
podrían generar economías de escala mediante la agrupación de la demanda, y reducir los 
costes administrativos mediante el intercambio de experiencias sobre los criterios de CPE y 
sobre los nuevos productos disponibles en otro s mercados que no fueran los locales. Ofrecer 
orientación sobre la inclusión de l coste durante toda la vida como criterio de adjudicación 
animará también a los compradores a utilizar la  CPE, ya que comprobarán que ésta no es en 
muchos casos sino una contratación eficiente,  que permite ahorrar dinero a largo plazo. 
Los contactos con las partes in teresadas han puesto de manifi esto que, a pesar de las nuevas 
Directivas de contratación pública de 2004, que  permiten expresamente la inclusión de 
criterios medioambientales en los procedimie ntos de licitación, sigue  existiendo todavía 
incertidumbre jurídica. De hecho, los Estados miembros y las entidades adjudicadoras han 
planteado la necesidad de clarif icar la posibilidad de definir el producto que se va a comprar 
por referencia a criterios medioambientales relacionados con el pr oceso de producción del 
producto en cuestión. Hay también incertidumbre sobre las pruebas que se pueden solicitar a 
los licitadores para demostrar el cumplimiento  de las especificaciones técnicas o de los 
criterios de selección. Ofrecer unos criterios básicos eliminaría uno de los mayores obstáculos 
a la CPE, al suprimir uno de los principales co stes y causas de dificultad para los responsables 
de su ejecución. Aportaría proba blemente mayor coherencia a las características  del producto 
solicitadas por las autoridades y daría mayor transparencia a los productores y, con ello, una 
mejor señalización de ventajosas oportunidades de innovación, al mismo tiempo que reduciría 
 
ES 6   ES los costes administrativos que  conllevaría para ellos tener que proporcionar información 
medioambiental sobre el producto en di ferentes procesos de contratación.  
La creación de plataformas de cooperación y la recomendación de u tilizar CPE para la 
ejecución de proyectos financiados por la UE se rían especialmente eficaces para iniciar la 
implantación de la CPE por las autoridades local es, a las que suele ser más difícil llegar para 
darles a conocer estas prácticas y proporci onarles apoyo político, orientación y formación.  
En cuanto a los costes de realización de la CPE, en principio ésta propiciaría una mejor 
consideración de los costes del ciclo de vi da del producto. Sobre todo en los casos de 
productos rentables desde el punto de vista del empleo de recursos, comprar productos 
«ecológicos» puede significar también comprar productos «más baratos» para el comprador a 
lo largo de su ciclo de vida. Según las conclusiones de un estudio reciente  sobre los costes y 
los beneficios de la CPE, los costes administ rativos de la implantación  y la ejecución de la 
CPE en una entidad local en Europa son algo s uperiores a los de un procedimiento estándar. 
El factor generador de costes  más importante es la labor c ontinua de sensibilización, 
formación y apoyo para los compradores. Los costes del establecimiento de la política son bajos en comparación con los presupuestos gl obales de adquisiciones. La búsqueda de 
criterios medioambientales en la contratación puede generar algunos costes adicionales. Los 
criterios y directrices de CPE propuestos por la  Comisión reducirían significativamente esos 
costes adicionales.  
Los costes derivados de ofrece r orientación adiciona l para subsanar las deficiencias serán 
despreciables si se comparan con las sumas ma nejadas en la CPE, y correrá con ellos la 
Comisión. Los costes de difusión a través de redes regionales y locales recaerían 
principalmente en la Comisión, a través de la administración de programas de apoyo y la 
concesión de subvenciones a los proyectos id óneos. La Comisión correrá también con los 
costes del desarrollo de métodos de cálculo apropiados y de la  supervisión de la CPE. En 
ausencia de normas jurídicamente vinculante s, los Estados miembros no tendrán ninguna 
obligación particular de supervisión. 
En conclusión, todas las subopciones de la opc ión 2 pueden ponerse en práctica sin grandes 
costes adicionales para las entidades adjudicadoras ni pa ra los Estados miembros.  
Sin embargo, la evaluación de impacto ha demostrado también que, para maximizar los 
beneficios agregados de todas las subopciones complementarias incluidas en la opción 2, es 
imprescindible un mayor apoyo político. La mane ra más eficaz de incrementar este apoyo 
político sería la adopción de medidas obligatoria s. La evaluación de impacto ha puesto ya de 
relieve una serie de opciones obligatorias que tendrían el efecto de incrementar en diversa 
medida el apoyo político, desde los objetivos de  CPE obligatorios hast a la CPE obligatoria 
para todos los contratos regidos  por las Directivas de contra tación pública, pasando por una 
modificación de los formularios estándar de contra tación pública para facilitar la supervisión. 
Puesto que todas las opciones obligatorias exigir ían la adopción de un instrumento jurídico o 
de una propuesta para modificar otro ya existe nte, habría que llevar a cabo otra evaluación de 
impacto diferente para determinar cuáles serían las mejores soluciones.  
Esta otra evaluación de impacto se llevará a cabo en una fase posterior, con miras a adoptar 
—posiblemente— el instrumento jurídico apro piado como complemento a la orientación 
proporcionada en la Comunicación propuesta.  
 
ES 7   ES Para la supervisión, la Comisión propondría i ndicadores y anunciaría un apoyo continuo para 
establecer métodos que permitieran calcular esos indicadores.