ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
G.

Considerando que, a pesar de los progresos generales en la protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo, también en Europa, el retroceso en el derecho de acceso al aborto seguro y legal es motivo de grave preocupación; que la anulación de Roe contra Wade podría envalentonar al movimiento contra el aborto en la Unión Europea; que Polonia es el único Estado miembro de la Unión que ha eliminado un motivo para el aborto de sus leyes, ya que el Tribunal Constitucional ilegítimo decidió el 22 de octubre de 2020 revertir los derechos adquiridos ya consolidados de las mujeres polacas, lo que implica la prohibición de facto del aborto; que el aborto está prohibido en Malta; que el aborto médico durante el embarazo temprano no es legal en Eslovaquia y no está disponible en Hungría; que el acceso al aborto también se está erosionando en Italia (5); que en otros Estados miembros de la Unión, como en Croacia recientemente, se deniega el acceso a la asistencia al aborto (6);; que es imperativo que la Unión y sus Estados miembros defiendan la salud y los derechos sexuales y reproductivos y hagan hincapié en que los derechos de las mujeres son inalienables y no pueden ser eliminados ni debilitados; que es fundamental que la Unión y sus Estados miembros sigan progresando en la garantía del acceso a una asistencia al aborto segura, legal y oportuna, de conformidad con las recomendaciones y los elementos de prueba de la Organización Mundial de la Salud;
57.

Considera que el informe anual es el lugar más adecuado para consagrar una parte específica a la realización de un análisis pertinente en el marco del Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho; toma nota de que, el 27 de abril de 2022, la Comisión inició finalmente el procedimiento formal contra Hungría en virtud del Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho, mediante el envío de una notificación por escrito; insta a la Comisión a que inicie el procedimiento establecido en el artículo 6, apartado 1, de dicho Reglamento también al menos en el caso de Polonia; recuerda que la aplicabilidad, la finalidad y el ámbito de aplicación del Reglamento están claramente definidos y no necesitan estar respaldados por explicaciones adicionales; condena la decisión de la Comisión de seguir redactando directrices incluso después de la sentencia del TJUE que confirma la legalidad y validez del Reglamento; pide a la Comisión que garantice, posiblemente mediante una propuesta legislativa, que la aplicación del artículo 6 del Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho no afecte directa o indirectamente a los ciudadanos, dado que los responsables de vulneraciones del Estado de Derecho son representantes gubernamentales o jefes de Estado, y que las instituciones públicas locales o las entidades privadas pueden acceder directamente a los fondos que permanecen en el presupuesto consolidado de la Unión; pide a la Comisión que aplique con mayor rigor el Reglamento sobre disposiciones comunes y el Reglamento Financiero para poner fin al uso discriminatorio de los fondos de la Unión, en particular los usos de carácter político, y que estudie todo el potencial de estos instrumentos y del Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho para proteger la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, garantizando así que los fondos de la Unión no se utilicen en iniciativas que no respeten los valores de la Unión consagrados en el artículo 2 del TUE, al mismo tiempo que se respetan los intereses de los beneficiarios finales que no son entidades gubernamentales;
37.

Reitera que el 30 % del marco financiero plurianual y el 37 % de Next Generation EU están dedicados a la acción por el clima, que el 20 % de este último instrumento está destinado a la transición digital; pide a la Comisión que supervise a los Estados miembros y les ofrezca orientaciones y recomendaciones para garantizar que se desarrollan las competencias necesarias para lograr la doble transición ecológica y digital; lamenta la exclusión de las zonas urbanas en el contexto de Next Generation EU y, por tanto, pide una mayor implicación y participación de las ciudades y las zonas urbanas en la planificación y aplicación de los planes de recuperación y resiliencia en el contexto de Next Generation EU;
6.

Destaca que muchas regiones de nivel NUTS 2 con un PIB per cápita inferior al 75 % de la media de la EU-27 y las regiones en transición con un PIB per cápita entre el 75 % y el 90 % de la media de la EU-27, las zonas rurales y las zonas con baja densidad de población no se ajustan de manera uniforme a las normas de prestación de asistencia sanitaria en comparación con los servicios disponibles en las zonas más desarrolladas de la Unión; subraya que son necesarias una mayor convergencia y cooperación en este ámbito entre los Estados miembros y a escala de la Unión, en particular a través de inversiones de la política de cohesión; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen para establecer normas mínimas tanto para las infraestructuras sanitarias como para los servicios sanitarios y que utilicen fondos de la Unión para garantizar igualdad de acceso a unos servicios médicos con unos niveles mínimos de calidad en todas las regiones, especialmente en el caso de problemas acuciantes en las regiones fronterizas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan en común su compromiso y sus recursos para alcanzar este objetivo;
3.

Recuerda que el Defensor del Pueblo Europeo puede formular recomendaciones, propuestas de soluciones y sugerencias de mejora a fin de resolver un problema de mala administración; observa que, cuando una reclamación no se refiere al ámbito de competencias del Defensor del Pueblo Europeo, este puede aconsejar al reclamante que se dirija a otra autoridad o bien a la Comisión de Peticiones; destaca que en 2020, el Defensor del Pueblo Europeo recibió más de 1 400 reclamaciones que no se inscribían en su ámbito de competencias, principalmente porque no hacían referencia a actividades relacionadas con la administración de la Unión;
N.

Considerando que los principales temas de preocupación planteados en las peticiones presentadas en 2020 se refieren a derechos fundamentales (en particular, el impacto de las medidas de emergencia en relación con la COVID-19 en el Estado de Derecho y la democracia, así como en la libertad de circulación, el derecho al trabajo, el derecho a la información y el derecho a la educación, y un gran número de peticiones relacionadas con los derechos de las personas LGBTQ+ en la Unión), la salud (en particular, las cuestiones relativas a la crisis de salud pública derivada de la pandemia, que abarcan desde la protección de la salud de los ciudadanos, incluidos los tratamientos y los equipos de protección, hasta la gestión de la crisis sanitaria en los Estados miembros y la adquisición y distribución de vacunas), el medio ambiente (principalmente las actividades mineras y su impacto en el medio ambiente, la seguridad nuclear, la contaminación atmosférica y el deterioro de los ecosistemas naturales), la justicia (en particular cuestiones relacionadas con el acceso a la justicia o las supuestas irregularidades procesales o las preocupaciones por el Estado de Derecho, junto con los casos transfronterizos de sustracción de menores y derechos de custodia), el empleo (en particular la accesibilidad del mercado laboral y el empleo precario), la educación (en particular cuestiones relacionadas con el acceso discriminatorio a la educación) y el mercado interior (en particular cuestiones relacionadas con las restricciones nacionales a los viajes en el contexto de la pandemia y su repercusión en la libertad de circulación de personas dentro y fuera de la Unión), y la aplicación del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, además de muchos otros ámbitos de actividad;
—

Vistas la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 18 de diciembre de 1979 y sus Recomendaciones generales n.o 21 (1994), n.o 24 (1999), n.o 28 (2010), n.o 33 (2015) y n.o 35 (2017),
—

Visto el informe de Ecorys y SportsEconAustria a la Comisión Europea, de 2020, titulado «Mapping study on measuring the economic impact of COVID-19 on the sport sector in the EU» (Estudio analítico sobre la medición del impacto económico de la COVID-19 en el sector del deporte en la UE),
—

Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente n.o 17/2019, titulado «Marine messages II — Navigating the course towards clean, healthy and productive seas through implementation of an ecosystem-based approach» (Mensajes del mar II: navegando rumbo a mares limpios, sanos y productivos mediante la aplicación de un enfoque ecosistémico),
54.

Destaca que los Estados Unidos no han adoptado el ECCI, un estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras a escala mundial entre autoridades fiscales que fue desarrollado por la OCDE en 2014; señala, por tanto, que los EE. UU. van muy a la zaga del resto del mundo en cuanto a normas comunes para el intercambio de información; reconoce que los EE. UU. desempeñaron un papel precursor en el fomento de la transparencia cuando se promulgó la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras; lamenta, no obstante, las limitaciones del acto en términos de reciprocidad y sus efectos secundarios sobre los denominados «estadounidenses accidentales»; lamenta que hasta la fecha no se haya encontrado una solución duradera a escala europea; recuerda, a título comparativo, que el ECCI requiere el intercambio plenamente recíproco de información sobre cuentas financieras entre los países y territorios que participan en el acuerdo ECCI; observa, por tanto, que los EE. UU. se están convirtiendo en un importante factor de secreto financiero para ciudadanos no estadounidenses, a través de dos lagunas principales: solo se comparte información sobre activos estadounidenses y no se comparte información alguna sobre la titularidad real;
J.

Considerando que la expresión «en toda su diversidad» utilizada en la presente resolución recuerda que las mujeres, los hombres y las personas no binarias pertenecen a categorías heterogéneas también, aunque no exclusivamente, en relación con su raza, color, origen étnico o social, lengua, religión o convicciones, opinión política o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales, estado de salud, estado civil, condición migratoria o estatuto de refugiado; que con dicha expresión se afirma el compromiso de no dejar a nadie fuera y de alcanzar en Europa la igualdad de género para todos; que no puede lograrse ningún progreso real en materia de igualdad de género sin un enfoque interseccional;
27.

Pide que se imponga una moratoria al despliegue de sistemas de reconocimiento facial para fines coercitivos con funciones de identificación, a menos que se utilicen estrictamente para fines de identificación de víctimas de delitos, hasta que las normas técnicas puedan considerarse plenamente acordes con los derechos fundamentales, los resultados obtenidos no estén sesgados y no sean discriminatorios, el marco jurídico prevea salvaguardias estrictas contra el uso indebido y un control y supervisión democráticos estrictos y existan pruebas empíricas de la necesidad y proporcionalidad del despliegue de estas tecnologías; señala que, cuando no se cumplan los criterios anteriores, los sistemas no deben utilizarse ni desplegarse;
4.

Subraya que la OTAN es un socio valioso también para los Estados miembros de la Unión no pertenecientes a la alianza; reconoce que la OTAN coopera con algunos de los Estados miembros de la Unión no pertenecientes a la Alianza, entre otras vías a través de su programa Asociación para la Paz (APP) y la Iniciativa de Interoperabilidad de la Asociación (PII); recuerda que la cooperación entre la Unión y la OTAN no debe ir en detrimento de la política de seguridad y defensa de los Estados miembros de la Unión no pertenecientes a la Alianza; recuerda que la cooperación de la OTAN con los Estados miembros de la Unión que no son miembros de la OTAN forma parte integrante de la cooperación UE-OTAN; acoge con satisfacción la participación de los Estados miembros de la Unión no pertenecientes a la OTAN en las iniciativas de la alianza, respetando las políticas de neutralidad, los marcos constitucionales respectivos, la participación de terceros países y las ambiciones de la Unión; destaca que las dos organizaciones tienen características muy distintas y que ambas deben cooperar con pleno respeto de la autonomía y los procedimientos de decisión respectivos, sobre la base de los principios de reciprocidad e inclusividad y sin perjuicio del carácter específico de las políticas de seguridad y defensa de cada Estado miembro; recuerda la distinta naturaleza y funciones de ambas organizaciones, siendo la Unión una organización civil con un brazo militar para las operaciones exteriores contempladas en el artículo 43, apartado 1, del TUE (misiones de Petersberg), y la OTAN, una alianza militar encargada de organizar la defensa territorial colectiva de sus miembros;
B.

Considerando que, según el informe especial de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) de 2020 titulado «Impact of the Covid-19 pandemic on trade and development: transitioning to a new normal» (El impacto de la pandemia de COVID-19 en el comercio y el desarrollo: transición hacia una nueva normalidad), la perturbación causada por la COVID-19 ha tenido consecuencias reales y desproporcionadas en los hogares vulnerables y desfavorecidos de bajos ingresos, los migrantes, los trabajadores del sector informal y, a menudo, mujeres, sobre todo en los países en desarrollo, donde las poblaciones no gozan de la cobertura de las redes de seguridad social y, además, se ven especialmente afectadas por un desempleo creciente;
1.

Expresa su rechazo a la utilización por parte de Marruecos de los controles fronterizos y de la migración y, en particular, de menores no acompañados, como medio para ejercer presión política contra un Estado miembro de la Unión; lamenta, en particular, que niños, menores no acompañados y familias hayan participado en el cruce masivo de la frontera entre Marruecos y la ciudad española de Ceuta, poniendo en peligro evidente sus vidas y su seguridad; lamenta la escalada en la crisis política y diplomática, que no debería poner en peligro ni las relaciones estratégicas, pluridimensionales y privilegiadas de vecindad entre el Reino de Marruecos y la Unión y sus Estados miembros ni la cooperación sostenida, basada en la confianza, en los ámbitos de la lucha contra el terrorismo, la trata de seres humanos y el tráfico de estupefacientes, la migración y las políticas comerciales; considera que los desacuerdos bilaterales entre socios cercanos deben abordarse mediante el diálogo por canales diplomáticos; pide que se apacigüen las tensiones recientes y que se restablezca una asociación constructiva y fiable entre la Unión y Marruecos; reitera su apoyo a seguir avanzando en esta relación basada en la confianza y el respeto mutuos; insta a Marruecos, a este respecto, a que respete su compromiso arraigado en favor de una cooperación reforzada en materia de gestión de fronteras y movilidad migratoria, en un espíritu de cooperación y diálogo; hace hincapié en la importancia que reviste reforzar la asociación entre la Unión y Marruecos, que debe tener en cuenta las necesidades de ambas partes de manera equilibrada y equitativa;
14.

Lamenta que las actuales disposiciones antiterroristas, que son excesivamente difusas, y el abuso de las medidas antiterroristas se hayan convertido en la columna vertebral de esta política de Estado de represión de los derechos humanos y de cualquier voz crítica en el país, con la cooperación cómplice de un poder judicial que no puede o no quiere frenar los abusos del orden constitucional; lamenta que este concepto amplio de terrorismo contravenga el principio básico de responsabilidad individual mediante acusaciones genéricas colectivas; observa con gran preocupación el continuo encarcelamiento en masa de personas, como periodistas, defensores de los derechos humanos y opositores políticos, condenados o en prisión provisional por cargos relacionados con el terrorismo, en particular por la supuesta pertenencia a una organización terrorista, sobre la base de pruebas escasas; manifiesta su seria preocupación por que, como se indicó durante la aprobación del examen periódico universal, las autoridades turcas no tienen planes de revisar la Ley contra el terrorismo; insta, por consiguiente, a Turquía a que armonice su legislación en materia de lucha contra el terrorismo con las normas internacionales para garantizar la protección efectiva de los derechos y las libertades fundamentales y la proporcionalidad y la igualdad ante la ley; reconoce que Turquía tiene preocupaciones legítimas en materia de seguridad y el derecho a luchar contra el terrorismo; hace hincapié, no obstante, en que debe hacerlo desde el pleno respeto del Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales; reitera su firme condena inequívoca de los ataques terroristas violentos por parte del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que está incluido desde 2002 en la lista de la Unión de organizaciones terroristas; transmite sus sinceras condolencias a los ciudadanos turcos y en particular a las familias de los trece ciudadanos turcos asesinados en los ataques terroristas en Gara (Irak) en febrero de 2021;
—

Visto el Reglamento (UE) n.o 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga la Decisión n.o 1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 713/2009, (CE) n.o 714/2009 y (CE) n.o 715/2009 (6) (Reglamento RTE-E),
9.

Subraya que la Comisión está obligada a informar sin demora al Parlamento Europeo y al Consejo de cualquier notificación remitida a los Estados miembros en caso de que tenga motivos razonables para considerar que se cumplen las condiciones para la adopción de medidas con arreglo al Reglamento; observa con decepción que no se ha remitido ninguna notificación escrita a los Estados miembros desde la entrada en vigor del Reglamento, pese a las numerosas preocupaciones relativas a las vulneraciones del Estado de Derecho señaladas en el Informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2020, que inciden en la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión y aún no han sido resueltas por los Estados miembros; observa que los demás procedimientos establecidos en la legislación de la Unión no permiten a la Comisión proteger el presupuesto de la Unión de manera más eficaz;
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Visto el Informe de políticas de la OCDE, de 10 de julio de 2020, titulado «Skill measures to mobilise the workforce during the COVID-19 crisis» (Medidas de capacitación para movilizar a la población activa durante la crisis de la COVID-19) (16),
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Vistos el debate en el Comité de asuntos de actualidad del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa, y sus posteriores informes titulados «Fact-finding report on the role of local authorities with regard to the situation and rights of LGBTIQ people in Poland» (Informe sobre la investigación del papel de las autoridades locales en lo que respecta a la situación y los derechos de las personas LGBTIQ en Polonia), de 27 de enero de 2021, y «Protecting LGBTIQ people in the context of rising anti-LGBTIQ hate speech and discrimination: The role of local and regional authorities» (Protección de las personas LGBTIQ en el contexto del auge de la incitación al odio y la discriminación contra las personas LGBTIQ: El papel de los poderes locales y regionales), de 10 de febrero de 2021,
—

Visto el estudio encargado por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de febrero de 2019, titulado «Contribution to Growth: The Single Market for Services — Delivering Economic benefits for citizens and businesses» (Contribución al crecimiento: el mercado único de servicios — Proporcionar beneficios económicos a los ciudadanos y las empresas),
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Vistas las declaraciones pertinentes de los expertos de las Naciones Unidas sobre Yemen, y en particular las de 3 de diciembre de 2020, titulada «UN Group of Eminent International and Regional Experts Briefs the UN Security Council Urging an end to impunity, an expansion of sanctions, and the referral by the UN Security Council of the situation in Yemen to the International Criminal Court» (El Grupo de Eminentes Expertos Internacionales y Regionales sobre el Yemen de las Naciones Unidas informa al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e insta a que se ponga fin a la impunidad, a que se amplíen las sanciones y a que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas someta la situación en Yemen a la Corte Penal Internacional), de 12 de noviembre de 2020, titulada «UN experts: technical team must be allowed to avert oil spill disaster threatening Yemen» (Expertos de las Naciones Unidas: debe autorizarse a un equipo técnico a impedir la marea negra que amenaza a Yemen), de 15 de octubre de 2020, titulada «UAE: UN experts say forced return of ex-Guantanamo detainees to Yemen is illegal, risks lives» (Emiratos Árabes Unidos: los expertos de las Naciones Unidas afirman que el retorno forzoso de antiguos prisioneros de Guantánamo a Yemen es ilegal y pone vidas en peligro), y de 23 de abril de 2020, titulada «UN experts appeal for immediate and unconditional release of the Baha’is in Yemen» (Los expertos de las Naciones Unidas solicitan la liberación inmediata e incondicional de los bahaíes en Yemen),
—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1295/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece el Programa Europa Creativa (2014 a 2020) y se derogan las Decisiones n.o 1718/2006/CE, n.o 1855/2006/CE y n.o 1041/2009/CE (34),
D.

Considerando que en toda política de igualdad de género es esencial una perspectiva interseccional horizontal para reconocer y abordar estas amenazas múltiples de discriminación; que las políticas de la Unión no han aplicado hasta ahora un enfoque interseccional y se han centrado principalmente en la dimensión individual de la discriminación, que no aborda sus dimensiones institucional, estructural e histórica; que la aplicación de un análisis interseccional no solo nos permite entender los obstáculos estructurales, sino que también proporciona datos para crear parámetros de referencia y trazar el camino hacia unas políticas estratégicas y eficaces contra la discriminación, la exclusión y las desigualdades de género sistémicas;