COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 20.7.2021 SWD(2021) 705 final DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN Informe sobre el Estado de Derecho en 2021







Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Chequia que acompaña al documento COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Informe sobre el Estado de Derecho en 2021













Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea {COM(2021) 700 final} - {SWD(2021) 701 final} - {SWD(2021) 702 final} - {SWD(2021) 703 final} - {SWD(2021) 704 final} - {SWD(2021) 706 final} - {SWD(2021) 707 final} - {SWD(2021) 708 final} - {SWD(2021) 709 final} - {SWD(2021) 710 final} - {SWD(2021) 711 final} - {SWD(2021) 712 final} - {SWD(2021) 713 final} - {SWD(2021) 714 final} - {SWD(2021) 715 final} - {SWD(2021) 716 final} - {SWD(2021) 717 final} - {SWD(2021) 718 final} - {SWD(2021) 719 final} - {SWD(2021) 720 final} - {SWD(2021) 721 final} - {SWD(2021) 722 final} - {SWD(2021) 723 final} - {SWD(2021) 724 final} - {SWD(2021) 725 final} - {SWD(2021) 726 final} - {SWD(2021) 727 final}



Resumen Se han producido avances en dos importantes reformas del poder judicial checo: el procedimiento de selección de los jueces y el régimen disciplinario que les es aplicable, la primera de los cuales se adoptó en mayo de 2021. Como ya se indicó en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, estas reformas podrían reforzar la independencia del poder judicial incrementando la transparencia del proceso de selección y ofreciendo salvaguardias adicionales en los procedimientos disciplinarios. Continúan los trabajos para mejorar la digitalización de la justicia, en particular la publicación de sentencias y la preparación de un sistema de gestión de archivos digitales. La eficiencia de los procedimientos de lo civil, mercantil y contencioso-administrativos ha mejorado. Los órganos jurisdiccionales han conseguido seguir trabajando durante la pandemia de COVID-19 sin graves alteraciones. Aunque el marco jurídico e institucional de lucha contra la corrupción está ya establecido en términos generales, no se ha avanzado en la aplicación de la Estrategia Anticorrupción del Gobierno para 2018-2022 y de los planes de acción que la acompañan. Más concretamente, al final del mandato del Gobierno actual, una serie de importantes iniciativas de reforma en materia de prevención de la corrupción permanecen pendientes de aprobación en el Parlamento checo, en particular los proyectos de ley sobre la actividad de los grupos de presión, la protección de los denunciantes y la prórroga del mandato de la Oficina Superior de Auditoría. En lo que respecta a la corrupción de alto nivel, las investigaciones y auditorías del uso de los fondos de la Unión Europea (UE) que se han llevado a cabo a escala nacional y europea han encontrado recientemente datos fehacientes que demuestran la existencia de conflictos de intereses en el más alto nivel ejecutivo, en virtud de los cuales se ha aceptado el asunto en la Fiscalía Europea. Además, en un asunto de fraude relacionado con las subvenciones de la UE, los investigadores nacionales han recomendado recientemente que se formule acusación. Debido a la pandemia de COVID-19, se han aplazado la mayoría de las medidas contra la corrupción que estaba previsto introducir en el sector sanitario en 2020. Las normas constitucionales garantizan la libertad de expresión y el derecho a la información, y prohíben expresamente la censura. En 2021, se promulgaron normas para mejorar la información acerca de la transparencia de la titularidad real de los medios de comunicación. El Consejo de Radiodifusión y Televisión de Chequia parece desempeñar sus funciones de manera efectiva, pero el órgano checo de supervisión de la televisión, que funciona de manera independiente, ha seguido viéndose afectado por controversias políticas. El sector de la prensa escrita se ha visto gravemente afectado durante la pandemia de COVID-19. No se ha aprobado ningún plan de ayuda a los medios de comunicación para contrarrestar los efectos de la pandemia. Desde los inicios de la pandemia, casi la mitad de los actos jurídicos adoptados se han sometido al procedimiento legislativo abreviado, con pocas posibilidades de que se mantengan consultas con las partes interesadas. Estas observan que el uso del procedimiento abreviado no se ha limitado a las leyes directamente relacionadas con la pandemia. El estado de emergencia permaneció vigente durante buena parte del año 2020. Su renovación en 2021, pese a la negativa de la Cámara de Diputados a prorrogarlo, ha sido objeto de críticas, en particular por razones de constitucionalidad. Los órganos jurisdiccionales han tenido que revisar las medidas de emergencias con frecuencia y han anulado varias de ellas. Se está debatiendo en el Parlamento un proyecto de ley para crear el nuevo cargo de Defensor del Menor. La pandemia de COVID-19 ha afectado seriamente a las organizaciones de la sociedad civil, obligándolas a limitar sus actividades.



I.Sistema judicial El sistema judicial checo está compuesto por ochenta y seis tribunales de distrito, ocho tribunales regionales, dos tribunales superiores, el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo . El Tribunal Constitucional está fuera de la estructura de la jurisdicción ordinaria, pero forma parte del sistema judicial, con la misión de garantizar la constitucionalidad de la legislación y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El órgano central del Estado responsable de la administración de los órganos jurisdiccionales es el Ministerio de Justicia. Este ministerio se encarga de la administración estatal de los tribunales superiores, regionales y de distrito dentro de los límites previstos por ley , ya sea directamente o a través de los presidentes de estos tribunales. Los presidentes de los dos Tribunales Supremos desempeñan algunas funciones de la administración central del Estado. Estas diversas autoridades tienen en cuenta la opinión de los consejos de jueces establecidos en el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, los tribunales superiores, los tribunales regionales y los tribunales de distrito de mayor tamaño. El presidente de la República nombra a los jueces entre los candidatos seleccionados por los presidentes de los tribunales regionales y presentados por el ministro de Justicia. El Ministerio Fiscal forma parte del poder ejecutivo. El ministro de Justicia, a propuesta del fiscal general, nombra a los fiscales para un mandato de duración indefinida. El fiscal general es nombrado y revocado por el Gobierno a propuesta del ministro de Justicia . Chequia participa en la Fiscalía Europea. El Colegio de Abogados está constituido por ley y es independiente. Cumple las funciones de Administración Pública en el ámbito de la profesión jurídica y ejerce la autorregulación de la profesión en su conjunto. La facultad de autogobierno del Colegio de Abogados está limitada por las potestades del ministro de Justicia en los ámbitos enumerados por la ley. Independencia La percepción de la independencia judicial en la opinión pública y entre las empresas sigue situándose en un nivel medio. En líneas generales, un 51 % tanto del público en general como de las empresas considera que la independencia de los tribunales y los jueces en Chequia es «muy buena» o «bastante buena» en 2021 . Esto representa una tendencia continua de incrementos anuales positivos de la percepción entre las empresas, mientras que el nivel de independencia judicial percibido por el público en general ha disminuido ligeramente en comparación con el año pasado. Se ha adoptado una modificación del procedimiento de selección de los jueces. Esta modificación, adoptada el 9 de junio de 2021 , tiene por objeto establecer un sistema transparente y uniforme de selección de nuevos jueces y de presidentes de los órganos jurisdiccionales basado en criterios precisos, objetivos y uniformes. Anteriormente, el proceso de selección de candidatos a cargos judiciales carecía de regulación legal. Las principales características de la modificación son coherentes con las normas europeas, en particular dado que la mayoría de los miembros de los comités encargados de seleccionar a los candidatos serán jueces . El proyecto de modificación del régimen disciplinario de los jueces ha sido aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados. Esta reforma tiene por objeto establecer una revisión judicial de las resoluciones adoptadas por el tribunal disciplinario en lo que respecta a los jueces mediante un sistema de doble instancia, donde los tribunales superiores actuarían como tribunales de primera instancia, y el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo como tribunales de apelación. En diciembre de 2020, la reforma fue aprobada en primera lectura en la Cámara de Diputados. Con el establecimiento de la doble instancia de revisión judicial, esta reforma podría contribuir a reforzar la independencia judicial, en consonancia con el Derecho de la Unión y las normas europeas . No cabe esperar que la reforma prevista del Ministerio Fiscal siga adelante en esta legislatura. La reforma del Ministerio Fiscal ha sido objeto de debate político y de recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) durante mucho tiempo. Como se señaló en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, el último proyecto de reforma , publicado en junio de 2019, pretendía modificar el régimen de nombramiento y cese de los fiscales y el mandato de los fiscales de rango superior. El proyecto de reforma encontró la oposición de las partes interesadas y del público en general y no es previsible que sea aprobado por el Gobierno antes de las elecciones parlamentarias de octubre. Se ha aprobado un código ético para los jueces por mayoría de los órganos jurisdiccionales. El código ético fue preparado por un grupo de trabajo creado en el Tribunal Supremo, encabezado por el presidente de dicho tribunal e integrado por jueces de órganos jurisdiccionales de distintos niveles. Una vez finalizado, se presentó el código a la aprobación de los consejos de jueces constituidos en los distintos órganos jurisdiccionales. El código fue aprobado por la inmensa mayoría de los consejos. La elaboración de un código de conducta profesional para los jueces es una recomendación del GRECO. Los jueces y los fiscales han sido objeto de declaraciones críticas por parte de representantes del Gobierno. Representantes del Ejecutivo han realizado en varias ocasiones comentarios críticos con los jueces de alto rango y con el Ministerio Fiscal, poniendo en duda su independencia. Los representantes del poder judicial han reaccionado con declaraciones en las que expresan su preocupación y recuerdan la importancia de la independencia judicial y de la confianza del público en el poder judicial. El 14 de mayo, el fiscal general anunció su dimisión y señaló que la presión que percibía fue una de las razones. Calidad El Parlamento no aceptó la propuesta del Gobierno de incrementar ciertas tasas judiciales. El 29 de enero de 2021, la Cámara de Diputados rechazó en primera lectura una propuesta de modificación de la Ley de Tasas Judiciales por razones de accesibilidad de la justicia a la luz de la actual pandemia de COVID-19. El Gobierno no tiene previsto abordar nuevas modificaciones ni volver a presentar la propuesta en la presente legislatura. La continuidad del sistema ampliado de asistencia jurídica gratuita ejecutado por el Colegio de Abogados de Chequia también ha contribuido a facilitar el acceso a la justicia, en particular a personas vulnerables que no pueden permitirse un abogado. Hay varios proyectos en marcha para mejorar la digitalización de la justicia. El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha una versión piloto de una base de datos centralizada de sentencias a disposición del público , que ha empezado por los asuntos civiles. Esta base de datos se irá ampliando poco a poco. En la Ley relativa a los Tribunales y los Jueces se ha introducido la obligación de que los órganos jurisdiccionales publiquen todas las sentencias a partir del 1 de julio de 2022, a raíz de una modificación que entró en vigor el 9 de junio de 2021. A esto contribuirá un proyecto que tiene el Ministerio de Justicia en marcha para favorecer la anonimización. En buena medida existen normas de procedimiento que permiten utilizar herramientas digitales en los órganos jurisdiccionales, así como instrumentos e infraestructuras digitales apropiados , hecho que ha sido de gran importancia para que los órganos jurisdiccionales continuaran funcionando durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, todavía faltan soluciones de acceso al expediente electrónico de la mayoría de los asuntos en curso . Los trabajos para la introducción de un sistema integral de expedientes electrónicos han continuado, pero siguen en fase de contratación pública. Se está debatiendo en el Parlamento un nuevo proyecto de legislación para reformar los procedimientos ejecutivos y de insolvencia. Los procedimientos ejecutivos y de insolvencia han sido tema de debate político durante muchos años, ya que es muy elevado el número de personas que se encuentran «atrapadas» por sus deudas y, tal como dictaminó el Tribunal Constitucional, ello puede afectar negativamente a sus derechos fundamentales, como el derecho a un nivel de vida adecuado . A raíz de una reforma del procedimiento de insolvencia adoptada en 2019 , se presentaron varias propuestas legislativas adicionales para regular los efectos de los procedimientos ejecutivos y de insolvencia, en particular para proteger a los deudores, incluidos los que son menores.

Eficiencia La eficiencia de los procedimientos en asuntos civiles, mercantiles y contencioso-administrativos ha mejorado. Además de no presentar problemas concretos en los asuntos civiles y mercantiles, la duración estimada de los procedimientos judiciales ha seguido disminuyendo poco a poco. El tiempo necesario para resolver asuntos de lo contencioso-administrativo se ha reducido considerablemente en comparación con años anteriores, con un tiempo de resolución estimado en primera instancia de 356 días en 2019 . Al mismo tiempo, la tasa de resolución de asuntos contencioso-administrativos superó el 107 % , lo que indica que los órganos jurisdiccionales también están en condiciones de reducir el número de asuntos atrasados. Esta evolución positiva puede ser consecuencia del traslado de jueces de otras jurisdicciones a las salas de lo contencioso-administrativo. En 2020, se nombraron nueve jueces nuevos para atender asuntos de contencioso-administrativos , lo cual podría aumentar aún más la eficiencia. Sin embargo, las partes interesadas han expresado su preocupación por la falta general de jueces y señalan que el Ministerio de Justicia no determina el número de jueces nombrados en función del volumen de trabajo real de los órganos jurisdiccionales. Los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal se han enfrentado a problemas de distinto grado durante la pandemia de COVID-19. El Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, cuyos procedimientos son mayoritariamente por escrito, informaron de que la pandemia de COVID-19 no ha afectado a su eficiencia de ningún modo. Los órganos jurisdiccionales de instancias inferiores se vieron obligados a aplazar vistas, hecho que puede retrasar los procedimientos, pero en general los órganos jurisdiccionales no registraron alteraciones importantes. El teletrabajo fue más problemático para el Ministerio Fiscal debido al bajo nivel de digitalización y a la naturaleza de su trabajo. II.Marco de lucha contra la corrupción En términos generales, Chequia cuenta con el marco legislativo e institucional necesario para prevenir y combatir la corrupción. El Departamento de Conflictos de Intereses y Anticorrupción del Ministerio de Justicia se encarga de la coordinación y supervisión de la Estrategia Anticorrupción nacional para 2018-2022, que es el marco estratégico establecido por Chequia para combatir la corrupción en el ámbito gubernamental. El Consejo Anticorrupción actúa como órgano consultivo del Gobierno. En cooperación con el Ministerio Fiscal, la Agencia Nacional para la Delincuencia Organizada es la unidad policial que posee competencias de ámbito nacional para investigar delitos de corrupción de alto nivel . La Oficina de Análisis Financiero actúa como unidad de inteligencia financiera de Chequia. La Oficina Superior de Auditoría revisa la gestión de los ingresos y gastos públicos por parte del Estado y sus conclusiones pueden contribuir a la detección de riesgos de corrupción. La percepción entre expertos y ejecutivos de empresas es que el nivel de corrupción en el sector público sigue siendo relativamente alto. En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2020 de Transparencia Internacional, Chequia obtiene una puntuación de 54 sobre 100 y ocupa el puesto n.º 14 de la Unión Europea y el n.º 49 del mundo . Esta percepción se ha mantenido relativamente estable durante los cinco últimos años . En diciembre de 2020, el Gobierno checo adoptó un nuevo Plan Anticorrupción para 2021-2022, en el que se reiteran prioridades ya establecidas anteriormente. Este plan de acción es el último de los cuatro adoptados en el marco de la actual Estrategia Anticorrupción del Gobierno para 2018-2022 . En comparación con el plan anterior, las cuatro áreas prioritarias permanecen sin cambios . El Gobierno se centrará en los objetivos pendientes, incluida la adopción de actos legislativos sobre la protección de los denunciantes y sobre la actividad de los grupos de presión, así como sobre transparencia, acceso a la información y riesgos de corrupción relacionados con la COVID-19 . En enero de 2022, se publicará una evaluación ex post del anterior plan de acción de 2020. Ya han comenzado los trabajos de análisis preparatorios para la nueva Estrategia Anticorrupción posterior a 2022 y se acelerarán en la primavera de 2022 para abarcar las nuevas prioridades del siguiente Gobierno y las medidas de cumplimiento de los compromisos internacionales de Chequia. La actividad de represión de la corrupción presenta cifras estables de investigaciones, enjuiciamientos y condenas. En 2020, las autoridades policiales checas iniciaron 180 investigaciones relacionadas con la corrupción (frente a 152 en 2019) , mientras que 180 personas fueron procesadas por delitos o sospechas de corrupción (frente a 190 personas en 2019) . En total, 169 personas comparecieron ante un órgano jurisdiccional (frente a 125 en 2019) , mientras que 111 fueron condenadas por corrupción a lo largo de 2020 (frente a 96 personas en 2019). El año pasado se registraron 23 resoluciones absolutorias en asuntos de corrupción (frente a las 30 del año anterior). En los últimos años, los asuntos de gran relevancia, que fueron asumidos en su mayoría por la Fiscalía Superior, tuvieron que ver principalmente con delitos relacionados con la contratación pública y la competencia (como la corrupción y las actividades delictivas de los funcionarios) y con el fraude fiscal a gran escala . En el Código Penal checo no existe un delito específico de cohecho internacional, aunque este se inscribe en el delito de corrupción genérico . La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha expresado preocupación por la escasa actividad coercitiva contra el cohecho internacional pese a que la economía checa está muy orientada a la exportación y a que se realizan exportaciones en sectores de alto riesgo que son propensos al cohecho . Las medidas aplicadas hasta la fecha, como el aumento del personal especializado y la mejora de las capacidades de análisis de datos, no han facilitado la detección e investigación del cohecho internacional. En este sentido, es necesario encontrar formas de dar prioridad a la detección, la investigación y el enjuiciamiento del cohecho internacional. Una de las opciones para potenciar la actividad coercitiva podría ser la introducción de un delito específico de cohecho internacional, bien por decreto o bien por una directiva interna que mencione el nivel de prioridad de este tipo de cohecho. Las investigaciones y auditorías han suscitado preocupación en relación con algunos asuntos de corrupción de alto nivel por el uso de fondos de la Unión Europea (UE) y conflictos de intereses. Un informe de la Comisión Europea, de 23 de abril de 2021, en el que se audita el desembolso de diecisiete subvenciones de la UE otorgadas a una empresa checa, detectó irregularidades y un conflicto de intereses y recomendó que se recuperasen unos 11 millones EUR por incumplimiento del Reglamento financiero de la UE de 2012, así como de la Ley de Conflictos de Intereses checa . El asunto fue remitido recientemente a la Fiscalía Europea, que lo aceptó. En general, la Ley de Conflictos de Intereses checa prohíbe las subvenciones a empresas mercantiles en las que un funcionario público posea una participación del 25 % o superior. Existe una Estrategia de lucha contra el fraude y la corrupción en la gestión de fondos de la UE para 2014-2020 que establece el marco regulador básico y va acompañada de directrices de procedimiento para las autoridades de gestión. Sin embargo, se ha expresado preocupación en algunos asuntos en relación con la gestión y distribución de fondos de la UE, en particular en investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) e investigaciones nacionales relacionadas, que recientemente concluyeron con una recomendación para que se formulase acusación en un asunto de alto nivel . La cooperación entre las instituciones competentes en la lucha contra la corrupción en Chequia funciona bien en la práctica y está prevista una mayor especialización y desarrollo informático en la policía. La cooperación entre el Ministerio Fiscal, la policía y la unidad de inteligencia financiera ha demostrado ser estrecha y eficaz en operaciones de gran escala . Según la policía y el Ministerio Fiscal, los recursos y el grado de especialización de investigadores y fiscales, así como su acceso a información pertinente, son suficientes para el desarrollo de su trabajo en la represión de la corrupción. El Presídium de la Policía, que está en un nivel jerárquico superior a la Agencia Nacional para la Delincuencia Organizada, acoge una unidad de análisis central encargada de proporcionar directrices y prestar ayuda a toda la policía en el análisis de asuntos. Para atender las necesidades de la policía de manera eficaz y establecer más niveles estratégicos de inteligencia, seguiría siendo necesario un mayor grado de especialización del personal en análisis, así como herramientas y funciones informáticas adicionales . Es previsible que se aplique el informe conceptual de 2019 destinado a los servicios de investigación en el que se demandan estas mejoras y que se revise en 2022 . La regulación de la actividad de los grupos de presión para aumentar la transparencia en el proceso legislativo está pendiente de adopción desde el período del último informe. Las cuestiones controvertidas que siguen siendo objeto de discusión se refieren a la definición del concepto «grupos de presión» . Esta regulación contemplaría la creación de un registro público de los grupos de presión y de los funcionarios públicos contactados por los grupos de presión, la obligación de que unos y otros revelasen los contactos mantenidos, y la introducción de una «huella legislativa» para hacer públicos los nombres de las personas que hayan tratado de influir en propuestas legislativas concretas. Este registro sería mantenido por la Oficina de Supervisión de las Finanzas de los Partidos y Movimientos Políticos. No hacer pública esta información podría acarrear multas de unos 3 860 EUR (100 000 coronas checas, CZK). La regulación de la actividad de los grupos de presión también incluiría disposiciones más exigentes en cuanto a la declaración de regalos. El umbral de valor de los regalos que debe comunicarse al actual Registro de Conflictos de Intereses bajaría de unos 400 EUR (10 000 CZK) a unos 200 EUR (5 000 CZK). Se han realizado esfuerzos preliminares para reforzar las normas de integridad aplicables a los miembros de la Cámara de Diputados. Todavía no se ha adoptado un código ético específico y vinculante para los miembros de la Cámara de Diputados, como ya existe para los funcionarios de la Administración Pública central. Una propuesta de modificación de la Ley del Reglamento interno de la Cámara de Diputados, que permite a esta cámara adoptar un código de conducta, no ha recibido apoyo político suficiente . Algunos partidos políticos han adoptado un código ético para sus propios miembros . En particular con respecto a los regalos recibidos por los parlamentarios, sigue existiendo preocupación por la falta de un marco apropiado que incluya también otros beneficios, como ventajas y servicios en especie, y de orientaciones prácticas para los parlamentarios . A raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno decidió en 2020 no incluir los ingresos de los cónyuges entre la información que es obligado presentar en la declaración de patrimonio. Los miembros del Parlamento tienen que revelar en cierta medida el patrimonio de sus cónyuges en la declaración de su patrimonio , por ejemplo cuando un determinado parlamentario y su cónyuge son propietarios conjuntos de un inmueble. Sigue sin ser obligatorio revelar los ingresos del cónyuge, al igual que el patrimonio de los familiares dependientes . A raíz de una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional , el Gobierno decidió no volver a modificar las normas de declaración del patrimonio en este sentido . Las normas aplicables a las donaciones destinadas a la financiación de partidos políticos son en general apropiadas, pero en la práctica hay algunos problemas . La Ley de Partidos y Movimientos Políticos recoge un importe máximo de unos 120 000 EUR (3 000 000 CZK) por cada donante concreto. Deben documentarse todas las donaciones por encima de unos 40 EUR (1 000 CZK). No están permitidas las donaciones de particulares u organismos públicos extranjeros. Las donaciones recibidas en período electoral deben publicarse en internet como mínimo tres días antes de las elecciones . Los incumplimientos pueden sancionarse con multas de entre 4 000 y 80 000 EUR (de 100 000 a 2 000 000 CZK). La Oficina de Supervisión de las Finanzas de los Partidos y Movimientos Políticos es el órgano responsable de la supervisión . Persisten deficiencias estructurales, ya que las mismas normas de límites máximos para las donaciones de particulares no se aplican a las elecciones presidenciales ni a las donaciones recibidas de organizaciones sin ánimo de lucro . También existen obstáculos al control de las donaciones de redes empresariales con numerosas entidades jurídicas . El Gobierno pretende realizar un análisis más minucioso con el fin de detectar otros problemas y vacíos legales en la práctica . Las modificaciones de la Constitución para reforzar la Oficina Superior de Auditoría continúan pendientes. El proyecto de ley de modificación de la Ley relativa a la Oficina Superior de Auditoría supondría una modificación de la Constitución. Ampliaría el mandato de la Oficina Superior de Auditoría, de modo que también pudiera auditar el gasto público de las administraciones locales, empresas de seguros de salud y empresas públicas (es decir, donde el Estado o una administración local tienen la mayoría o el control de la propiedad). La aprobación de este proyecto de ley se ha retrasado , pese al hecho de que era una prioridad contemplada en la Declaración del Programa de Gobierno. Se han presentado al Parlamento los trabajos de preparación en materia de protección de los denunciantes. El 25 de enero de 2021, el Gobierno aprobó el proyecto de ley sobre la protección de los denunciantes y una ley de modificación que lo acompañaba . Ambos están a la espera de la segunda lectura en la Cámara de los Diputados y se están debatiendo actualmente en las comisiones pertinentes de esta cámara. El proyecto de ley prevé la creación de sistemas internos de denuncia y un canal de comunicación al Ministerio de Justicia para que los denunciantes denuncien posibles irregularidades. La gobernanza de las empresas públicas está regulada, pero en la práctica hay problemas. En la práctica todavía no se ha garantizado sistemáticamente la prevención de los nombramientos políticos en empresas públicas . En 2020, el Gobierno aprobó la Estrategia sobre la política de propiedad pública , basada en las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas, Edición 2015. Esta estrategia trata de garantizar que el Estado ejerza sus derechos de propiedad en las empresas públicas de manera transparente y efectiva. La pandemia de COVID-19 ralentizó las reformas anticorrupción en determinados ámbitos. Se han aplazado la mayoría de las medidas anticorrupción que estaba previsto introducir en 2020, especialmente en el sector sanitario . El nuevo Plan Anticorrupción para 2021-2022 contempla medidas focalizadas en la contratación pública, en particular etiquetas específicas de los contratos públicos relacionados con la COVID-19 en el registro de contratos y el desarrollo de una metodología de contratación pública bajo el estado de emergencia o en situaciones de crisis similares . En general, se considera que el registro tiene efectos positivos para prevenir la corrupción, ya que aumenta la transparencia y la posibilidad de supervisión pública. III.Libertad y pluralismo de los medios de comunicación La Carta de los Derechos y Libertades Fundamentales, que forma parte del ordenamiento constitucional checo, garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información, y prohíbe expresamente la censura. La Ley de Radiodifusión y Televisión define con claridad las competencias del regulador checo de los medios de comunicación. La Ley sobre el libre acceso a la información garantiza el acceso a la información que obra en poder de las autoridades públicas.

Está pendiente la reforma destinada a reforzar la independencia del Consejo de Radiodifusión y Televisión. La Ley de Radiodifusión y Televisión señala que el Consejo es un «órgano administrativo independiente» formado por trece miembros, recoge sus derechos y obligaciones y establece los criterios de elegibilidad y exclusión y los procedimientos para su nombramiento, incluido el presidente. En el caso de que el Consejo incumpla de forma reiterada y grave las obligaciones previstas en la ley, o que se rechace en repetidas ocasiones la aprobación de su informe anual obligatorio por anomalías graves, la Cámara de Diputados puede proponer al primer ministro que destituya a todo el Consejo. Una reforma propuesta en agosto de 2020 eliminaría el papel que desempeña el primer ministro en el proceso de nombramiento, al tiempo que limitaría las competencias de la Cámara de Diputados en el sentido de que, en los casos antes mencionados, solo podrá proponer el cese de miembros concretos, con lo que se refuerza la independencia del Consejo como órgano. Esta modificación también exigiría que el Parlamento razonase cualquier cese de esta naturaleza. Además, la modificación serviría para cumplir los objetivos en materia de independencia marcados en la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada. Las competencias del Consejo de Radiodifusión y Televisión están bien definidas en la legislación y se aplican de manera efectiva en la práctica. El regulador no espera que las modificaciones propuestas en la Ley de Radiodifusión (véase el texto anterior) afecten de manera significativa al trabajo del Consejo, mientras que cabe esperar que sus recursos apenas sufran una pequeña consolidación de personal. La Ley de Radiodifusión y Televisión checa contempla el funcionamiento de los órganos de autorregulación reconocidos por el Consejo. Estos órganos pueden intervenir en acciones judiciales relacionadas con los ámbitos en los que desarrollan sus funciones. El proyecto de ley antes mencionado daría mayor margen a la autorregulación. Se ha expresado preocupación por el proceso de selección y la independencia de los miembros del órgano checo de supervisión de la televisión. Chequia adoptó legislación para regular la transparencia de la titularidad real que también se aplica a la propiedad de los medios de comunicación. La Ley 37/2021 Rec., de 5 de enero de 2021, que transpone la quinta Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales, establece un sistema de dos niveles de acceso a dicha información. Garantiza que el público tenga acceso a una cantidad limitada de datos sobre la propiedad, a través de un registro mantenido por el Ministerio de Justicia, y establece mecanismos que permiten a determinadas autoridades sancionar la falta de datos obligatorios. Sin embargo, el Media Pluralism Monitor (MPM) de 2021 (instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación) considera que esta es un área de alto riesgo, porque, de hecho, el sistema no obliga a las empresas a revelar su estructura de propiedad completa al público en general. En Chequia, existe un alto grado de concentración de los medios informativos, debido, en particular, a la alta concentración existente en diferentes subsectores de comunicación. Chequia no ha aprobado ninguna ley para regular la asignación de publicidad del Estado. Aparte de los requisitos generales sobre publicidad recogidos en la Ley de contratación pública, es decir, que cualquier contrato publicitario del Estado de valor superior a 2 000 EUR (50 000 CZK) debe hacerse constar en el registro público, Chequia no tiene normas específicas que regulen la asignación de publicidad del Estado. En el MPM de 2021, se hace referencia al seguimiento del gasto en publicidad de los ministerios checos entre 2010 y 2018 que ha llevado a cabo el Centro Checo para el Periodismo de Investigación, que ha revelado diferencias significativas en cuanto al reparto del gasto publicitario que hace cada ministerio entre distintos medios de comunicación. En el MPM de 2021, se señala que esto indica favoritismo y una falta general de transparencia. El acceso a la información está garantizado por ley, pero en la práctica existen obstáculos. No se ha modificado la Ley de libre acceso a la información que garantiza el acceso a la información que obra en poder de las autoridades públicas. En el MPM de 2021, se hace referencia a varios intentos de algunas autoridades públicas de interferir en la circulación de información durante la pandemia de COVID-19. El informe señala la negativa del Instituto de Información y Estadísticas de Salud a publicar datos detallados sobre la incidencia de los contagios por COVID-19. Si bien se considera que los periodistas están a salvo de sufrir daños físicos, no es infrecuente que sean objeto de insultos verbales, acoso y amenazas en internet. Tanto el MPM de 2021 como la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras se refieren al hecho de que esta profesión es objeto de ataques verbales constantes por parte de determinados partidos políticos y funcionarios públicos de alto rango. En 2020, la Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas no publicó ninguna alerta en relación con Chequia. En 2021, registró una alerta relativa a esta cuestión que afectaba al Consejo de la Televisión Checa. No se ha aprobado ningún plan de ayuda a los medios de comunicación para contrarrestar los efectos de la pandemia. Según el MPM de 2021, el sector de la prensa escrita se ha visto gravemente afectado por la pandemia de COVID-19. IV.Otras cuestiones institucionales en relación con los controles y equilibrios Chequia cuenta con un sistema parlamentario bicameral , en el que el presidente de la República se elige por sufragio universal directo. Las propuestas legislativas pueden ser presentadas por un miembro o grupo de miembros de la Cámara de Diputados, el Senado, el Gobierno o los órganos representativos de las regiones autónomas superiores . El Tribunal Constitucional puede realizar un control constitucional ex post. Además del sistema judicial, el Defensor del Pueblo y la sociedad civil desempeñan un papel en el sistema de contrapoderes institucionales. En 2020 y principios de 2021, casi la mitad de la legislación se ha adoptado siguiendo el procedimiento abreviado de emergencia. Entre enero de 2020 y mediados de febrero de 2021, sesenta de un total de ciento veintiocho leyes, que fueron aprobadas por el Parlamento y promulgadas en la Recopilación de Leyes, se adoptaron siguiendo el procedimiento legislativo de emergencia a través de una consideración sumaria y otras doce siguiendo un procedimiento acelerado por el que se adopta la ley en primera lectura . Las partes interesadas expresaron su preocupación por que estos procedimientos se utilizasen también para leyes no relacionadas con la lucha contra la pandemia de COVID-19 y criticaron el gran número de excepciones a la regla de mantener consultas con las partes interesadas . Por otra parte, las medidas de emergencia adoptadas por el Gobierno para combatir la pandemia de COVID-19 han sido objeto de críticas por no ir acompañadas de una justificación específica, comprensible y argumentada . Ambas cámaras del Parlamento adoptaron medidas para prevenir la propagación del virus en sus instalaciones, como la posibilidad de limitar de manera proporcionada el número de miembros presentes. El estado de emergencia se mantuvo vigente durante la mayor parte del año 2020 y se expresaron dudas sobre su constitucionalidad a principios de 2021. De acuerdo con la Ley Constitucional de Seguridad, el Gobierno puede declarar el estado de emergencia por un período máximo de treinta días, prorrogable únicamente con la autorización previa de la Cámara de Diputados . Con posterioridad al estado de emergencia que se prolongó desde el 12 de marzo hasta el 17 de mayo de 2020 , el Gobierno declaró un nuevo estado de emergencia que entró en vigor el 5 de octubre de ese mismo año y lo prorrogó periódicamente con autorización de la Cámara de Diputados hasta el 14 de febrero de 2021. El 11 de febrero de 2021, la Cámara de Diputados se negó a otorgar su consentimiento previo a una nueva prórroga del estado de emergencia. El Gobierno declaró entonces un nuevo estado de emergencia de catorce días de duración a petición de los Gobernadores de las Regiones, una decisión que fue objeto de críticas, en parte por considerarse una forma de eludir las disposiciones constitucionales. Posteriormente, la Cámara de Diputados decidió que este estado de emergencia terminaría cuando entrase en vigor una nueva ley de pandemias, pero no más tarde del 27 de febrero de 2021. Un grupo de senadores también presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional, el cual, si bien la consideró inadmisible, señaló que el estado de emergencia solo puede prorrogarse con la autorización de la Cámara de Diputados y que el procedimiento de prórroga establecido en la Constitución no puede ser sustituido por la declaración de un nuevo estado de emergencia. Ante el empeoramiento de la situación, el Gobierno declaró un nuevo estado de emergencia a partir del 27 de febrero de 2021 por un período de treinta días, que se prorrogó hasta el 11 de abril de 2021 con el consentimiento previo de la Cámara de Diputados. La aplicación de medidas de emergencia continuó sujeta a revisión judicial. Las medidas de emergencia promulgadas en respuesta a la pandemia de COVID-19 han sido revisadas con frecuencia por los órganos jurisdiccionales, incluido el Tribunal Constitucional. Sin embargo, las partes interesadas señalan que las medidas en vigor se han modificado con demasiada rapidez para que los órganos jurisdiccionales reaccionasen a tiempo. A causa de la pandemia se han retrasado proyectos para seguir mejorando la transparencia del proceso legislativo. El proyecto para crear los portales electrónicos «eCollection» y «eLegislation» , que facilitarían el control y la participación en el proceso legislativo, se ha retrasado debido al estado de emergencia y a los efectos de las restricciones impuestas con motivo de la pandemia de COVID-19. Ahora se ha previsto realizar el ensayo piloto del sistema y la formación de los usuarios a partir de noviembre de 2021 e iniciar las operaciones el 1 de enero de 2023. Se ha llevado al Parlamento un proyecto de ley sobre el Defensor del Menor. El proyecto de ley presentado en junio de 2020 por un grupo de miembros de la Cámara de Diputados propone establecer una institución independiente del Defensor del Pueblo, que también ejerce actualmente como órgano supervisor de la Convención sobre los Derechos del Niño. Todavía no se ha presentado una propuesta legislativa para la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos. En su primer año de mandato, el nuevo defensor del pueblo fue criticado por las partes interesadas, en particular por actuar con arbitrariedad y por declaraciones en las que presuntamente ponía en cuestión la aplicación del principio de proporcionalidad a la hora de limitar los derechos individuales . También fue criticado por declaraciones en las que cuestionaba la existencia de discriminación contra determinados grupos minoritarios . Durante la pandemia de COVID-19, el Defensor del Pueblo ha investigado distintas cuestiones relacionadas con la COVID-19. Varias de las medidas en cuestión fueron modificadas posteriormente por las autoridades. Las organizaciones de la sociedad civil se han visto muy afectadas por las restricciones impuestas durante la pandemia de COVID-19. El espacio cívico se considera abierto y la sociedad civil continúa participando activamente en los asuntos públicos. Según las partes interesadas, la pandemia de COVID-19 ha afectado notablemente a las organizaciones de la sociedad civil, de modo que la mayoría se han visto obligadas a limitar sus actividades a causa de las restricciones impuestas con motivo de la pandemia. Sin embargo, también se han observado aspectos positivos, ya que algunas organizaciones de la sociedad civil han notado un mayor apoyo público, ampliado sus actividades y aumentado su eficacia.

Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético (*) (*) La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021 está disponible en https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation_es . Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación (2021), Media Pluralism Monitor 2021. České noviny (2021), Según la mayoría de los abogados, el estado de emergencia es inconstitucional (Podle většiny právníků je nový stav nouze protiústavní) ( https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/podle-vetsiny-pravniku-je-novy-stav-nouze-protiustavni/1996439 ). CIVICUS, Monitor tracking civic space – Czechia [Monitor del espacio cívico, Chequia] ( https://monitor.civicus.org/country/czech-republic/ ).

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Anexo II: Visita a Chequia Los servicios de la Comisión celebraron reuniones virtuales en marzo de 2021 con los siguientes interlocutores: ·la Asociación de Periodistas ·el Consejo de Abogados de Chequia

·el Comité Nacional Checo del Instituto Internacional de la Prensa ·el Consejo de Radiodifusión y Televisión ·el Fondo para el Periodismo Independiente ·el Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación ·la Oficina de Análisis Financiero ·Frank Bold/Reconstrucción del Estado ·el Instituto Internacional de la Prensa ·la Liga de los Derechos Humanos ·el Ministerio de Cultura ·el Ministerio del Interior ·el Ministerio de Justicia ·la Agencia Nacional para la Delincuencia Organizada ·el Defensor del Pueblo ·la Alianza para el Gobierno Abierto ·la Fiscalía General ·el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo ·la Oficina Superior de Auditoría ·el Tribunal Supremo ·Transparencia Internacional Chequia ·la Unión de Jueces

·la Unión de Fiscales * Además, la Comisión mantuvo reuniones horizontales con las siguientes organizaciones: ·Amnistía Internacional ·el Centro de Derechos Reproductivos ·la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (CIVICUS) ·la Unión por las Libertades Civiles en Europa ·Civil Society Europe ·la Conferencia de Iglesias Europeas ·EuroCommerce ·el European Center for Not-for-Profit Law ·el Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación ·el Foro Cívico Europeo ·la Federación Europea de Periodistas ·European Partnership for Democracy ·el Foro Europeo de la Juventud ·Front Line Defenders ·Human Rights House Foundation ·Human Rights Watch ·ILGA-Europe