Propuesta modificada de REGLAMENTO DEL CONSEJO relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS [1]

[1] Las modificaciones respecto de la propuesta inicial de la Comisión se han puesto de relieve mediante el efecto "tachado", para los párrafos suprimidos, y las fuentes "negrita" y "subrayado", para los párrafos nuevos o modificados.

1. antecedentes

El 14 de julio de 1999, la Comisión aprobó una propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [2]. La propuesta se remitió al Parlamento y al Consejo el 7 de septiembre de 1999. En su sesión de marzo de 2000, el Comité Económico y Social emitió un dictamen sobre esta propuesta [3]. El Parlamento Europeo, consultado en el marco del procedimiento de consulta, confió el examen de esta propuesta a su Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior (responsable del informe), así como a su Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos (consultada para opinión). La Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, después de recepción y examen de la opinión de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos (adoptada el 27 de enero de 2000) votó su informe el 4 de septiembre de 2000. Reunido en sesión plenaria el 21 de septiembre de 2000, el Parlamento Europeo adoptó el dictamen por el que se aprobaba la propuesta de la Comisión, a reserva de las modificaciones que se hubieran aportado, y se invitaba a la Comisión a modificar su propuesta en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 250, del Tratado CE.

[2] COM(1999) 348 final, de 14 de julio de 1999, DO C 376 , de 28.12.1999.

[3] DO C 117, de 26 de abril de 2000.

2. propuesta modificada

Se aprueba la presente propuesta modificada a raíz de las enmiendas votadas por el Parlamento Europeo. La Comisión ha aceptado algunas de ellas.

2.1. Modificaciones aceptadas o parcialmente aceptadas

2.1.1. Modificaciones que tienen en cuenta la posición especial del Reino Unido e Irlanda

De conformidad con el Protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda, estos Estados miembros no participan en la aprobación de las medidas adoptadas en el marco del Título IV del Tratado CE. No obstante, entre tanto, estos Estados miembros han notificado su intención de participar en las negociaciones sobre la presente iniciativa, posibilidad que está prevista por dicho Protocolo.

Procede, pues, aceptar las enmiendas del Parlamento encaminadas a tener en cuenta esta nueva situación e insertar una serie de disposiciones referentes a los "trusts". Estas disposiciones o sus equivalentes ya figuran en el texto del Convenio de Bruselas [4] pero, habida cuenta de la posición de estos Estados miembros en virtud del Protocolo, no se habían recogido en la propuesta de Reglamento de la Comisión de 14 de julio de 1999.

[4] DO C 27, de 26 enero de 1998.

Disposiciones de referencia

Apartado 5 bis del artículo 5

- Párrafo cuarto bis y párrafo quinto del artículo 23

- Párrafo quinto bis del artículo 57.

La Comisión acepta, pues, las enmiendas n°21 y 27 y reintroduce, por lo tanto, en la propuesta modificada el texto literal de las disposiciones actualmente previstas en el convenio de Bruselas en materia de "trusts".

2.1.2. Modificaciones encaminadas a asimilar los documentos públicos con fuerza ejecutiva a las resoluciones judiciales, en términos de reconocimiento de pleno Derecho

a) El Parlamento Europeo propone prever el reconocimiento de pleno Derecho de los documentos públicos con fuerza ejecutiva, a semejanza de lo previsto para las resoluciones judiciales. La Comisión puede aceptar el principio de esta ampliación. El reconocimiento de pleno Derecho de los documentos públicos con fuerza ejecutiva ya estaba, por otra parte contemplado en el Reglamento relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes [5] .

[5] DO L 160, de 30 de junio de 2000.

La Comisión pretende, por otra parte, proceder, como en el caso del Reglamento Bruselas II, a una verdadera asimilación de las resoluciones judiciales y los documentos públicos con fuerza ejecutiva en términos de reconocimiento. La propuesta modificada incorpora, pues, la enmienda 29 y prevé, además, para los documentos públicos con fuerza ejecutiva las mismas normas que las previstas en el artículo 33 para las resoluciones judiciales y, más concretamente, a la posibilidad de recurrir a un procedimiento de otorgamiento formal del reconocimiento.

Disposiciones de referencia :

Artículos 17 y 18

Artículo 54

La Comisión puede, pues, aceptar las enmiendas 18 (a), 19, y 29 (primera parte)

b) De la misma manera, la Comisión puede aceptar que los notarios se asimilen expresamente a las autoridades que intervienen en los procedimientos de otorgamiento de la fuerza ejecutiva. La Comisión, por otra parte, consideraba que la expresión "autoridad" ya incluía a los notarios.

Disposiciones de referencia :

- párrafo primero del artículo 35

- Anexos II y VI, apartado 3

La Comisión acepta, pues, las enmiendas n°28, 29 (in fine), 33, y 34.

2.1.3. Modificación referente a la competencia en materia de seguros

El Parlamento Europeo propone limitar la multiplicidad de foros competentes en materia de seguros, como se contemplan en el número 2 del artículo 9. Este artículo tiene por objeto permitir que un asegurador pueda ser demandado ante el tribunal donde tenga su domicilio el tomador del seguro, el asegurado o un beneficiario, sin distinción en función de la naturaleza del contrato de seguro (individual o de grupo) [6] . El Parlamento considera que la protección jurisdiccional debería limitarse a los contratos de seguro individuales, para evitar una dispersión demasiado importante de foros, cuyas consecuencias económicas serían excesivamente onerosas para los aseguradores. Se propone, pues, enmendar el artículo de modo que la protección jurisdiccional sólo se conceda en materia de contratos de seguros individuales.

[6] El artículo 8 del Convenio de Bruselas sólo otorga protección jurisdiccional al tomador del seguro, y no al asegurado o al beneficiario.

La Comisión puede aceptar parcialmente esta modificación. La posibilidad ofrecida al tomador del seguro de acudir al tribunal del lugar de su domicilio, sin consideración de la naturaleza del contrato, en efecto ya está prevista por el Convenio de Bruselas y no hay por qué derogarlo, ya que representaría un paso hacia atrás. Por el contrario, la Comisión puede aceptar que la ampliación de la protección jurisdiccional al asegurado y al beneficiario del contrato se limite a los supuestos en los que el contrato sea un contrato individual, para evitar una multiplicación inoportuna de los foros competentes.

Disposición de referencia : número 2 del párrafo primero del artículo 9

La Comisión puede, pues, aceptar parcialmente la enmienda 22.

2.1.3.1. Modificación del plazo de presentación del informe sobre la aplicación del Reglamento.

El Parlamento propone que el informe tenga en cuenta la repercusión del Reglamento en las pequeñas y medianas empresas y que el informe se elabore en un plazo de dos años en vez de cinco años.

La Comisión puede aceptar la primera parte de la enmienda. No puede, por el contrario, aceptar la reducción del plazo de cinco a dos años. Habida cuenta de la duración habitual de los procedimientos judiciales en los Estados miembros, será imposible disponer, en ese plazo, de las fuentes estadísticas y las decisiones nacionales adoptadas en aplicación del Reglamento que son necesarias para la elaboración de dicho informe.

Disposición de referencia: artículo 65

La Comisión acepta la enmienda 31 (segunda parte).

2.1.3.2. Modificación por la que se establece un plazo de entrada en vigor posterior a la adopción

Normalmente, un Reglamento entra en vigor el vigésimo día siguiente a su adopción. No obstante, dada la complejidad de la materia, procede prever un plazo más largo (de seis meses) de adaptación para las partes interesadas. Este plazo debe, no obstante, empezar a correr a partir de la adopción del Reglamento y no de su publicación en el Diario Oficial.

Disposición de referencia: artículo 67

La Comisión puede aceptar parcialmente la enmienda n° 32.

2.2. MODIFICACIONES NO ACEPTADAS

2.2.1. Modificaciones relativas a la creación de un artículo 17bis (autorización de cláusulas de remisión de los litigios a un organismo de solución extrajudicial de conflictos en materia de contratos celebrados por los consumidores)

La Comisión observa que el Parlamento Europeo no ha modificado el artículo 16 en que se establecen normas de competencia jurisdiccional protectoras de los consumidores. Por otra parte, no ha querido autorizar cláusulas contractuales que permitan, en los contratos celebrados por consumidores, remitir los litigios a un órgano jurisdiccional distinto del del domicilio del consumidor y, de ese modo, exceptuar el principio de protección sentado en el artículo 16 (competencia de principio del domicilio del consumidor). En esta cuestión, la Comisión sigue atentamente los debates que han tenido lugar en el Parlamento y procederá, desde la entrada en vigor del Reglamento, a una revisión del sistema, en la que se tenga en cuenta la situación existente en materia de solución alternativa de conflictos. La Comisión crea un nuevo considerando 14 bis sobre este tema.

En cambio, el Parlamento propone prever que el consumidor y el proveedor puedan comprometerse, en virtud de una cláusula contractual y con anterioridad a cualquier litigio, a someter su controversia a un sistema de solución extrajudicial de conflictos. Se prevén una serie de condiciones, en particular, el hecho de que el sistema en cuestión "esté autorizado" por la Comisión.

La Comisión comparte las preocupaciones que subyacen en la enmienda y explican la voluntad expresada por el Parlamento de considerar la propuesta de Reglamento como un elemento de un paquete de medidas legislativas, y no legislativas, que incluyen la instauración de sistemas de solución extrajudicial de conflictos. Reconoce que es deseable que las partes puedan solucionar sus controversias de manera amigable, en vez de tener que recurrir a los órganos jurisdiccionales oficiales, y que acudir a estos últimos debería ser siempre la última solución. La Comisión observa, por otra parte, que, en la práctica, el consumidor, en general, recurrirá prioritariamente a la vía extrajudicial cuando ésta le esté abierta. A tal efecto, por parte de operadores e instituciones se están llevando a cabo numerosos trabajos para favorecer la instauración de tales sistemas de solución alternativa de conflictos [7] .

[7] Véase, en particular, el documento de la Comisión y la Resolución del Consejo sobre la creación de una Red Extrajudicial Europea para la solución de litigios de consumo (EEJ-Net).

No obstante, no es posible, en el estado actual de desarrollo de estos trabajos, supeditar las opciones ofrecidas por el Reglamento al consumidor, en cuanto a competencia judicial internacional, a la obligación de recurrir previamente a un sistema de solución extrajudicial de conflictos. En efecto, en primer lugar, una solución de este tipo podría plantear problemas de carácter constitucional en algunos Estados miembros. En segundo lugar, los sistemas que una obligación de este presuponen no están aún implantados. En tercer lugar, las relaciones procesales entre los sistemas de solución alternativa de conflictos y los recursos judiciales (por ejemplo, en materia de prescripción) son muy complejas y han de ser analizadas con mayor profundidad.

En cualquier caso, la Comisión se propone proseguir las iniciativas en curso en cuanto a solución alternativa de conflictos en materia de consumo. En la redacción del informe que ha de presentar a los 5 años de la entrada en vigor del Reglamento, de conformidad con l dispuesto en el artículo 65 del Reglamento, la Comisión procederá a trazar un resumen de la situación en la materia y a examinar de nuevo las disposiciones pertinentes del Reglamento.

Disposición de referencia: artículo 16 y 17 bis nuevo

La Comisión no puede, pues, aceptar las enmiendas 38 y 39.

2.2.2. Modificaciones relativas al artículo 15 (definición de los contratos celebrados por los consumidores a los que se les aplica las normas de competencia judicial previstas en el artículo 16)

El Parlamento Europeo propone un nuevo apartado dirigido a definir el concepto de "actividad dirigida a" uno o varios Estados miembros y adopta, en particular, como criterio de valoración de la existencia de tal actividad cualquier tentativa del operador de limitar su actividad comercial a las transacciones con consumidores domiciliados en algunos Estados miembros.

La Comisión no puede aceptar esta enmienda, que es contraria a la filosofía de la disposición. Esta definición se basa, en efecto, en el concepto, esencialmente americano, de "actividad" como criterio general de determinación de la competencia jurisdiccional, concepto completamente ajeno al enfoque seguido en el Reglamento. Por lo demás, la existencia de un conflicto de consumo que determina el recurso al juez supone el celebración previa de un contrato entre los consumidores. Ahora bien, la existencia misma de este contrato parece en sí misma, ya, un claro indicio de que el proveedor de bienes o servicios dirigió su actividad comercial hacia el Estado del domicilio del consumidor. Por último, esta definición no es oportuna en la medida que invita a una nueva fragmentación del mercado en la Comunidad Europea.

Disposición de referencia: considerando 13 y artículo 15

La Comisión no puede, pues, aceptar las enmiendas nº 36 y 37.

2.2.3. Inserción de un nuevo artículo 55 bis relativo a la fuerza ejecutiva de las soluciones obtenidas en el marco de un sistema alternativo de solución de litigios

El Parlamento propone que estas soluciones tengan fuerza ejecutiva por el mismo concepto que un documento público con fuerza ejecutiva.

La Comisión no puede aceptar esta asimilación, que es absolutamente contraria a la filosofía del Reglamento. Una solución obtenida en el marco de un sistema extrajudicial de solución de conflictos no ha sido, por definición, redactado o extendido por una persona investida de poder público y, por lo tanto, en ningún caso puede asimilarse a un documento público con fuerza ejecutiva.

Disposición de referencia: artículo 55 bis nuevo

La Comisión no puede aceptar la enmienda 41, ni la parte final b) de la enmienda 18 (véase supra apartado 2.1.2.)

2.2.4. Otras modificaciones no aceptadas.

2.2.4.1. Inserción de un nuevo considerando 4 quinquies (enmienda 5)

La Comisión no puede aceptar esta enmienda que inserta la propuesta de Reglamento en el marco de un "paquete" de medidas legislativas, y no legislativas, remitiendo a una "decisión" de la Comisión relativa a la instauración de sistemas extrajudiciales de solución de conflictos y de procedimientos de menor cuantía ("small claims"). Este considerando no es compatible con la norma de principio según la cual un considerando tiene como único objetivo explicar las disposiciones del Reglamento. Por otra parte, aunque comparte el deseo del Parlamento Europeo de un desarrollo rápido de sistemas alternativos de solución de conflictos, la Comisión no puede aceptar que la adopción del Reglamento esté supeditada a este desarrollo. Por una parte, el Reglamento tiene vocación horizontal y su objeto es determinar normas de competencia judicial para el conjunto de la materia civil y mercantil, y no solamente para los litigios de consumo. Por otra parte, las normas de competencia jurisdiccional seguirán siendo necesarias, incluso después de la instauración de sistemas de solución alternativa de conflictos.

2.2.4.2. Modificación del considerando 5 (enmienda 14)

La Comisión no puede aceptar esta enmienda (no adopción del Reglamento hasta la revisión del Convenio de Bruselas), que es contraria al Tratado de Amsterdam y no tiene en cuenta la comunitarización de la cooperación judicial civil.

2.2.4.3. Otras enmiendas a los considerandos

Las enmiendas 2, 7, 8, 10, 12 y 13, 20 y 36 bien recogen principios que se derivan del Tratado, bien contienen compromisos a cargo de la Comisión, bien no tienen correspondencia en las disposiciones del Reglamento. La Comisión no puede aceptarlas.

1999/0154 (CNS)

Propuesta modificada de REGLAMENTO DEL CONSEJO relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, la letra c) de su artículo 61;

Vista la propuesta de la Comisión [8],

[8] DO C 376, de 28 de diciembre de 1999, COM (1999) 348 final.

Visto el dictamen del Parlamento Europeo [9],

[9] DO...

Visto el dictamen del Comité Económico y Social, [10]

[10] DO C 117, de 26 de abril de 2000.

Considerando lo siguiente:

(1) La Unión se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que esté garantizada la libre circulación de personas; para establecer progresivamente tal espacio, la Comunidad adopta, entre otras cosas, medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil necesarias para el buen funcionamiento del mercado interior;

(2) La disparidad de normas nacionales sobre competencia judicial y reconocimiento de las resoluciones judiciales hace más difícil la libre circulación de las personas así como el buen funcionamiento del mercado interior; son indispensables por consiguiente, disposiciones mediante las que se unifiquen las normas de conflictos de jurisdicción en materia civil y mercantil, simplificándose los trámites para un reconocimiento rápido y simple de las resoluciones judiciales y de su ejecución;

(3) Esta materia se encuentra dentro del ámbito de la cooperación judicial civil a efectos del artículo 65 del Tratado;

(4) De conformidad con el principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad, tal como se enuncian en el artículo 5 del Tratado, los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y sólo pueden, por consiguiente, ser alcanzados al nivel comunitario; el presente Reglamento se limita al mínimo requerido para alcanzar dichos objetivos y no excede de lo necesario a tal efecto;

(5) Los Estados miembros celebraron el 27 de septiembre de 1968, en el marco del cuarto guión del artículo 293 del Tratado CE, el Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [11] (en lo sucesivo, el Convenio de Bruselas) ; este Convenio, que forma parte del acervo comunitario, se ha ampliado a todos los nuevos Estados miembros y ha sido objeto de una serie de trabajos de revisión y el Consejo ha manifestado su acuerdo sobre el contenido del texto revisado; procede garantizar la continuidad de los resultados obtenidos en el marco de esta revisión;

[11] Véase la versión consolidada en el DO C 27, de 26.1.1998, p.1.

(6) Para alcanzar el objetivo de la libre circulación de sentencias en materia civil y mercantil, es necesario y oportuno que las reglas relativas a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de las sentencias se determinen por un instrumento jurídico comunitario directamente aplicable;

(7) Es importante incluir en el ámbito de aplicación material del presente Reglamento lo esencial de las materias civil y mercantil; las exclusiones de dicho ámbito de aplicación deben ser lo más limitadas posible;

(8) Los litigios a los que se aplica el presente Reglamento deben presentar un nexo con el territorio de los Estados miembros sujetos a dicho Reglamento; las reglas comunes, por consiguiente, se aplicarán, en principio, cuando el demandado esté domiciliado en uno de dichos Estados miembros;

(9) Los demandados domiciliados en un tercer país pueden someterse a las reglas de conflictos de jurisdicción aplicables en el territorio del Estado del juez que conoce del asunto y los demandados domiciliados en un Estado miembro no sujeto al presente Reglamento deben seguir sometidos al Convenio de Bruselas; a los efectos de la libre circulación de sentencias, las resoluciones dictadas según estas reglas deben reconocerse y ejecutarse en el territorio de la Comunidad de conformidad con el presente Reglamento;

(10) Las reglas de competencia deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben articularse en torno a la competencia de principio del domicilio del demandado y esta competencia debe regir siempre, excepto en algunos casos bien concretos en los que la materia en litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de vinculación; respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las reglas comunes y evitar conflictos de jurisdicción;

(11) El fuero del domicilio del demandado debe completarse con otros fueros alternativos a causa del estrecho vínculo existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de la justicia;

(12) En cuanto a los contratos de seguros, trabajo o consumo, es oportuno proteger la parte más débil y exceptuar la regla general, permitiéndola, en los casos pertinentes, acudir al órgano jurisdiccional del lugar de su domicilio;

(14) Debe respetarse la autonomía de las partes de un contrato, que no sea de trabajo, seguros o consumo, en cuanto a la elección del órgano jurisdiccional competente; en cambio, debe regularse las cláusulas de elección de foro de los contratos en los que se ponen en contacto partes de fuerza desigual;

(14bis)Por lo que respecta, más concretamente, a las cláusulas de elección de foro en los contratos celebrados entre consumidores, se procederá, desde la entrada en vigor del Reglamento, a una revisión del sistema previsto, en la que se tenga en cuenta el desarrollo de los mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, que deberá acelerarse;

(15) Es oportuno introducir en las reglas de principio previstas por el Reglamento la flexibilidad necesaria para tener en cuenta las particularidades procedimentales de determinados Estados miembros; a tal efecto conviene incluir en el Reglamento algunas disposiciones previstas en el Protocolo anexo al Convenio de Bruselas;

(16) El funcionamiento armonioso de la justicia al nivel comunitario exige evitar que se dicten en dos Estados miembros competentes en virtud del Reglamento decisiones inconciliables; importa prever un mecanismo claro y automático de solución de los casos de litispendencia y conexidad y, debido a las divergencias nacionales sobre la fecha en la que un asunto se considera "pendiente", es oportuno definir esta fecha de manera autónoma;

(17) La confianza recíproca en la justicia dentro de la Comunidad legitima que las resoluciones dictadas en un Estado miembro sean reconocidas de pleno Derecho, sin que sea necesario, excepto en caso de oposición, recurrir a ningún otro procedimiento; lo mismo es aplicable a los documentos públicos que, al igual que las resoluciones, emanan de los poderes públicos y, por consiguiente, tienen el mismo valor probatorio;

(18) Esta misma confianza recíproca justifica que sea eficaz y rápido el procedimiento para hacer ejecutoria, en un Estado miembro, una resolución dictada o un documento público extendido en otro Estado miembro; a tal efecto, el otorgamiento de la ejecución de una resolución debe producirse de manera casi automática, previo simple control formal de los documentos aportados, sin que sea posible plantear de oficio ninguno de los motivos de denegación de la ejecución previstos en el presente Reglamento;

(19) El respeto de los derechos de la defensa impone, no obstante, que el demandado pueda, llegado el caso, interponer un recurso que se examine de forma contradictoria contra la resolución dictada, si considera que se da uno de los motivos de denegación de la ejecución; asimismo, debe reconocerse una capacidad para recurrir al demandante si se deniega el otorgamiento de la ejecución;

(20) Procede garantizar la continuidad entre el Convenio de Bruselas y el presente Reglamento y, a tal efecto, es oportuno establecer disposiciones transitorias; la misma continuidad debe aplicarse por lo que respecta a la interpretación de las disposiciones del Convenio de Bruselas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Protocolo de 1971 [12] debe seguir aplicándose a los procedimientos que ya estuvieran pendientes en la fecha de entrada en vigor del Reglamento;

[12] Véase la versión consolidada en el DO C 27, de 26.1.1998, pp.1 y 28.

(21) De conformidad con los artículos 1 y 2 de los Protocolos sobre la posición del Reino Unido e Irlanda y sobre la posición de Dinamarca [13], estos Estados no participan en la aprobación del presente Reglamento; por lo tanto, ni el Reino Unido, ni Irlanda, ni Dinamarca están sujetos al presente Reglamento ni éste les es aplicable;

[13] DO C 340, de 10.11.1997, pp. 99 y 101.

(22) En vista del mantenimiento en vigor del Convenio de Bruselas en las relaciones entre los Estados miembros sujetos al presente Reglamento y los que no lo están, es importante establecer unas reglas claras sobre las relaciones entre el Reglamento y el Convenio de Bruselas;

(23) Un mismo afán de coherencia explica que el presente Reglamento no afecte a las reglas sobre la competencia judicial y el reconocimiento de las resoluciones contenidas en instrumentos comunitarios;

(24) El respeto de los compromisos internacionales contraídos por los Estados miembros justifican que el Reglamento no afecte a los convenios de los que son parte los Estados miembros y se refieren a materias especiales;

(25) A más tardar cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión examinará la aplicación del presente Reglamento con vistas a proponer, en su caso, las modificaciones necesarias,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Capítulo I - Ámbito de aplicación

Artículo 1

El presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No incluirá, en particular, las materias fiscal, aduanera y administrativa.

Se excluirá del ámbito de aplicación del presente Reglamento:

1) el estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales, los testamentos y las sucesiones;

2) la quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores y demás procedimientos análogos;

3) la Seguridad Social;

4) el arbitraje.

Capítulo II - Competencia

Sección 1 - Disposiciones generales

Artículo 2

Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.

A las personas que no tuvieren la nacionalidad del Estado en que estén domiciliadas les serán de aplicación las reglas de competencia judicial que se aplicaren a los nacionales.

El domicilio de una sociedad o de una persona jurídica se determinará de conformidad con los dispuesto en el artículo 57.

El término "Estado miembro" designará, a menos que se estipule en sentido contrario, un Estado miembro sujeto al presente Reglamento.

Artículo 3

Las personas domiciliadas en un Estado miembro sólo podrán ser demandadas ante los tribunales de otro Estado miembro en virtud de las reglas establecidas en las Secciones 2 a 7.

No podrán invocarse frente a ellas las reglas de competencia nacionales que figuran en el anexo I.

Artículo 4

Si el demandado estuviere domiciliado en un tercer Estado, la competencia judicial se regirá, en cada Estado miembro, por la ley de este Estado miembro, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 22 y 23.

Toda persona, sea cual fuere su nacionalidad, domiciliada en el territorio de un Estado miembro podrá invocar contra dicho demandado, del mismo modo que los nacionales de este Estado, las reglas de competencia judicial vigentes en el mismo y, en particular, las previstas en el anexo I.

Si el demandado estuviere domiciliado en el territorio de un Estado miembro no sujeto al presente Reglamento, la competencia judicial se regirá por el Convenio de Bruselas en su versión en vigor en este Estado miembro.

Sección 2 - Competencias Especiales

Artículo 5

Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro:

1) a) en materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda

b) salvo pacto en contrario, dicho lugar será:

- cuando se tratare de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas las mercaderías

- cuando se tratare de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser prestados los servicios

c) cuando la letra b) no fuere aplicable, se aplicará la letra a).

2) En materia de alimentos, ante el tribunal del lugar del domicilio o de la residencia habitual del acreedor de alimentos o, si se tratare de una demanda incidental a una acción relativa al estado de las personas, ante el tribunal competente según la ley del foro para conocer de ésta, salvo que tal competencia se fundamentare exclusivamente en la nacionalidad de una de las partes,

3) En materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o hubiere podido producirse el hecho dañoso.

4) Si se tratare de acciones por daños y perjuicios o de acciones de restitución fundamentadas en un acto que diere lugar a un procedimiento penal, ante el tribunal que conociere de dicho proceso, en la medida en que, de conformidad con su ley, dicho tribunal pudiere conocer de la acción civil.

Sin perjuicio de las disposiciones nacionales más favorables, las personas domiciliadas en un Estado miembro y perseguidas por infracciones involuntarias ante los órganos jurisdiccionales sancionadores de otro Estado miembro del que no fueren nacionales podrán, aunque no comparecieren personalmente, defenderse por medio de las personas autorizadas a tal fin. No obstante, el tribunal que conociere del asunto podrá ordenar la comparecencia personal; si ésta no tuviere lugar, la resolución dictada sobre la acción civil sin que la persona encausada hubiere tenido la posibilidad de defenderse podrá no ser reconocida ni ejecutada en los demás Estados miembros.

5) Si se tratare de litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, ante el tribunal en que se hallaren sitos.

5) bis En su condición de fundador, "trustee" o beneficiario de un "trust" constituido ya en aplicación de la ley, ya por escrito o por un acuerdo verbal confirmado por escrito, ante los tribunales del Estado contratante en cuyo territorio estuviere domiciliado el "trust".

6) Si se tratare de un litigio relativo al pago de la remuneración reclamada en razón del auxilio o el salvamento de los que se hubiere beneficiado un cargamento o un flete, ante el tribunal en cuya jurisdicción dicho cargamento o flete:

a) hubiere sido embargado para garantizar dicho pago, o

b) hubiere podido ser embargado a tal fin, pero se ha prestado una caución o cualquier otra garantía

El párrafo primero sólo se aplicará cuando se pretendiere que el demandado tiene un derecho sobre el cargamento o el flete o que tenía tal derecho en el momento de dicho auxilio o salvamento.

Artículo 6

El asegurador domiciliado en un Estado miembro podrá ser demandado:

1) Si hubiere varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estuvieren vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente.

2) Si se tratare de una demanda sobre obligaciones de garantía o para la intervención de terceros en el proceso, ante el tribunal que estuviere conociendo de la demanda principal, salvo que ésta se hubiere formulado con el único objeto de provocar la intervención de un tribunal distinto del correspondiente al demandado.

La competencia judicial prevista en el párrafo primero no podrá ser invocada ni en Alemania ni en Austria. Toda persona domiciliada en otro Estado miembro podrá ser demandada ante los tribunales de:

- Alemania, en aplicación de los artículos 68, 72, 73 y 74 de la Ley de Enjuiciamiento Civil («Zivilprozeßordnung») sobre la litis denuntiatio,

- Austria, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil («Zivilprozeßordnung») sobre la litis denuntiatio.

3) Si se tratare de una reconvención derivada del contrato o hecho en que se fundamentare la demanda inicial, ante el tribunal que estuviere conociendo de esta última.

4) En materia contractual, si la acción pudiere acumularse con otra en materia de derechos reales inmobiliarios dirigida contra el mismo demandado, ante el tribunal del Estado miembro en el que estuviere sito el inmueble.

Artículo 7

Cuando, en virtud del presente Reglamento, un tribunal de un Estado miembro fuere competente para conocer de acciones de responsabilidad derivadas de la utilización o la explotación de un buque, dicho tribunal o cualquier otro que le sustituyere en virtud de la ley interna de dicho Estado miembro conocerá también de la demanda relativa a la limitación de esta responsabilidad.

Sección 3 - Competencia en materia de seguros

Artículo 8

En materia de seguros, se determinará la competencia con arreglo a las disposiciones de la presente Sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y en el número 5 del artículo 5.

Artículo 9

El asegurador domiciliado en un Estado miembro podrá ser demandado:

1) ante los tribunales del Estado miembro donde tuviere su domicilio.

2) en otro Estado miembro, ante el tribunal del lugar donde tuviere su domicilio el tomador del seguro, o, cuando se trate de acciones, en el marco de contratos de seguros individuales, entabladas por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario, ante el tribunal del lugar donde tuviere su domicilio el demandante. o

3) si se tratare de un coasegurador, ante los tribunales del Estado miembro que entendiere de la acción entablada contra el primer firmante del coaseguro.

Cuando el asegurador no estuviere domiciliado en un Estado miembro pero tuviere sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro se le considerará, para los litigios relativos a su explotación, domiciliado en dicho Estado miembro.

Artículo 10

El asegurador podrá, ser demandado ante el tribunal del lugar en que se hubiere producido el hecho dañoso cuando se tratare de seguros de responsabilidad o de seguros relativos a inmuebles. La misma regla será de aplicación cuando se tratare de seguros que se refieren a inmuebles y a bienes muebles cubiertos por una misma póliza y afectados por el mismo siniestro.

Artículo 11

En materia de seguros de responsabilidad civil, el asegurador podrá ser demandado ante el tribunal que conociere de la acción de la persona perjudicada contra el asegurado, cuando la ley de este tribunal lo permitiere.

Las disposiciones de los artículos 8, 9 y 10 serán aplicables en los casos de acción directa entablada por la persona perjudicada contra el asegurador cuando la acción directa fuere posible.

El tribunal contemplado en el párrafo segundo será asimismo competente cuando la ley reguladora de esta acción directa previere la posibilidad de demandar al tomador del seguro o al asegurado.

La competencia judicial prevista en el presente artículo no podrá ser invocada ni en Alemania ni en Austria. Toda persona domiciliada en otro Estado miembro podrá ser demandada ante los tribunales de:

- Alemania, en aplicación de los artículos 68, 72, 73 y 74 de la Ley de Enjuiciamiento Civil («Zivilprozeßordnung») sobre la litis denuntiatio,

- Austria, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil («Zivilprozeßordnung») sobre la litis denuntiatio.

Artículo 12

Salvo lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 11, la acción del asegurador sólo podrá ser ejercitada ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio estuviere domiciliado el demandado, ya sea tomador del seguro, asegurado o beneficiario.

Las disposiciones de la presente Sección no afectarán al derecho de interponer una reconvención ante el tribunal que estuviere conociendo de una demanda inicial de conformidad con la presente Sección.

Artículo 13

Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente Sección los convenios:

1) posteriores al nacimiento del litigio, o

2) que permitieren al tomador del seguro, al asegurado o al beneficiario formular demandas, ante tribunales distintos de los indicados en la presente Sección, o

3) que, habiéndose celebrado entre un tomador de seguro y un asegurador, domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado miembro en el momento de la celebración del contrato, atribuyeren, aunque el hecho dañoso se hubiere producido en el extranjero, competencia a los tribunales de dicho Estado, a no ser que la ley de éste prohibiere tales convenios, o

4) celebrados con un tomador de seguro que no estuviere domiciliado en un Estado miembro, a no ser que se tratare de un seguro obligatorio o se refiriere a un inmueble sito en un Estado miembro, o

5) que se refirieren a un contrato de seguro que cubriere uno o varios de los riesgos enumerados en el artículo 14.

Artículo 14

Los riesgos contemplados en el número 5 del artículo 13 son los "grandes riesgos" a efectos de la letra d) del artículo 5 de la Directiva 73/239/CEE del Consejo [14], así como todo riesgo accesorio de los mismos.

[14] DO L 228 de16.8.1973, p. 3

Sección 4 - Competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores

Artículo 15

En materia de contratos celebrados por una persona, el consumidor, para un uso que pudiere considerarse ajeno a su actividad profesional, la competencia quedará determinada por la presente Sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y en el número 5 del artículo 5:

1) cuando se tratare de una venta a plazos de mercaderías;

2) cuando se tratare de un préstamo a plazos o de otra operación de crédito vinculada a la financiación de la venta de tales bienes;

3) en todos los demás casos, cuando la otra parte contratante ejerciere actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro del domicilio del consumidor o, por cualquier medio, dirigiere tales actividades a dicho Estado o a varios Estados, incluido este último, y el contrato estuviere comprendido en el marco de dichas actividades.

Cuando el cocontratante del consumidor no estuviere domiciliado en un Estado miembro, pero poseyere una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro, se considerará para todos los litigios relativos a su explotación que está domiciliado en dicho Estado.

La presente Sección no se aplicará al contrato de transporte, salvo el caso de los que, por un precio global, ofrecen una combinación de viaje y alojamiento.

Artículo 16

La acción entablada por un consumidor contra la otra parte contratante podrá interponerse ante los tribunales del Estado miembro en que estuviere domiciliada dicha parte o ante el tribunal del lugar en que estuviere domiciliado el consumidor.

La acción entablada contra el consumidor por la otra parte contratante sólo podrá interponerse ante los tribunales del Estado miembro en que estuviere domiciliado el consumidor.

Los párrafos primero y segundo no afectarán al derecho de presentar una reconvención ante el tribunal que entendiere de una demanda principal de conformidad con la presente Sección.

Artículo 17

Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente Sección los convenios:

1) posteriores al nacimiento del litigio, o

2) que permitieren al consumidor formular demandas ante tribunales distintos de los indicados en la presente Sección, o

3) que habiéndose celebrado entre un consumidor y su cocontratante, domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado miembro en el momento de la celebración del contrato, atribuyeren competencia a los tribunales de dicho Estado, a no ser que la ley de éste prohibiere tales convenios.

Sección 5 - Competencia en materia de contratos individuales de trabajo

Artículo 18

En materia de contratos individuales de trabajo, la competencia quedará determinada por la presente Sección, sin perjuicio del artículo 4 y del número 5 del artículo 5.

Cuando un trabajador celebrare un contrato individual de trabajo con un empresario que no tuviere su domicilio en un Estado miembro, pero poseyere una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro, se considerará, para todos los litigios derivados de la explotación de la sucursal, agencia o establecimiento, que tiene su domicilio en dicho Estado.

Artículo 19

Los empresarios domiciliados en un Estado miembro podrán ser demandados en otro Estado miembro:

1) ante los tribunales del Estado en que estuvieren domiciliados;

2) en otro Estado miembro

a) ante el tribunal del lugar en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo, o ante el tribunal del último lugar en que lo hubiere desempeñado, o

b) si el trabajador no desempeñare o no hubiere desempeñado habitualmente su trabajo en un único Estado, ante el tribunal del lugar en que estuviere o hubiere estado situado el establecimiento que hubiere empleado al trabajador.

Artículo 20

Los empresarios sólo podrán demandar a los trabajadores ante el tribunal del Estado miembro en el que estos últimos tuvieren su domicilio.

Lo dispuesto en la presente Sección no afectará al derecho de presentar una demanda reconvencional ante el tribunal que estuviere conociendo, conforme a la presente Sección, de la demanda inicial.

Artículo 21

Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente Sección los convenios atributivos de competencia posteriores al nacimiento del litigio, o que permitieran al trabajador formular demandas ante tribunales distintos de los indicados en la presente Sección.

Sección 6 - Competencias exclusivas

Artículo 22

Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio:

1) en materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, los tribunales del Estado miembro donde el inmueble se hallare sito.

No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados para un uso particular durante un plazo máximo de seis meses consecutivos, serán igualmente competentes los tribunales del Estado miembro donde estuviere domiciliado el demandado, siempre que el arrendatario fuere una persona física y que arrendador y arrendatario estuvieren domiciliados en el mismo Estado miembro.

2) en materia de validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas, así como en materia de decisiones de sus órganos, los tribunales del Estado miembro en que la sociedad o persona jurídica estuviere domiciliada; para determinar dicho domicilio, el tribunal aplicará sus reglas de Derecho internacional privado.

3) en materia de validez de las inscripciones en los registros públicos, los tribunales del Estado miembro en que se encontrare el registro.

4) en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, los tribunales del Estado miembro en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún convenio internacional.

Sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes según el Convenio sobre la patente europea, firmado en Munich el 5 de octubre de 1973, los tribunales de cada Estado miembro serán los únicos competentes, sin consideración del domicilio, en materia de registro o validez de una patente europea expedida para dicho Estado.

5) en materia de ejecución de las resoluciones judiciales, los tribunales del Estado miembro del lugar de ejecución.

Sección 7 - Prórroga de la competencia

Artículo 23

Si las partes, cuando al menos una de ellas tuviere su domicilio en un Estado miembro, hubieren acordado que un tribunal o los tribunales de un Estado miembro fueren competentes para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiere surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán competentes. Esta competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes.

Tal convenio atributivo de competencia deberá celebrarse:

a) por escrito o verbalmente con confirmación escrita, o

b) en una forma que se ajustare a los hábitos que las partes tuvieren establecido entre ellas, o

c) en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las partes conocieren o debieren conocer y que, en dicho comercio, fueren ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado.

"Por escrito" equivaldrá a toda comunicación realizada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo.

Cuando ninguna de las partes que hubieren celebrado un acuerdo de atribución de competencia estuviere domiciliada en un Estado miembro, los tribunales de los demás Estados miembros sólo podrán conocer del litigio cuando el tribunal o los tribunales designados hubieren declinado su competencia.

El tribunal o los tribunales de un Estado miembro a los que el documento constitutivo de un "trust" hubiere atribuido competencia serán exclusivamente competentes para conocer de una acción contra el fundador, el "trustee" o el beneficiario de un "trust" si se tratare de relaciones entre estas personas o de sus derechos u obligaciones en el marco del "trust".

No surtirán efecto los convenios atributivos de competencia ni las estipulaciones similares de documentos constitutivos de un "trust" si fueren contrarios a las disposiciones de los artículos 13 y 17 o si excluyeren la competencia de tribunales exclusivamente competentes en virtud del artículo 22.

Artículo 24

Con independencia de los casos en los que su competencia resultare de otras disposiciones del presente Reglamento, será competente el tribunal de un Estado miembro ante el que compareciere el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tuviere por objeto impugnar la competencia o si existiere otra jurisdicción exclusivamente competente en virtud del artículo 22.

Sección 8 - Comprobación de la competencia judicial y de la admisibilidad

Artículo 25

El tribunal de un Estado miembro, que conociere a título principal de un litigio para el que los tribunales de otro Estado miembro fueren exclusivamente competentes en virtud del artículo 22, se declarará de oficio incompetente.

Artículo 26

Cuando el demandado domiciliado en un Estado miembro fuere emplazado por un tribunal de otro Estado miembro y no compareciere, dicho tribunal se declarará de oficio incompetente si su competencia no estuviere fundamentada en las disposiciones del presente Reglamento.

Este tribunal estará obligado a suspender el procedimiento en tanto no se acreditare que el demandado ha podido recibir la cédula de emplazamiento o documento equivalente con tiempo suficiente para defenderse o que se ha tomado toda diligencia a tal fin.

Las disposiciones nacionales por las que se incorpore la Directiva ..../CE del Consejo [15] [relativa a la notificación o traslado en los Estados miembros de la Unión Europea de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil] se aplicarán en lugar del párrafo segundo, si la cédula de emplazamiento o un documento equivalente hubiere de ser remitida al extranjero en cumplimiento de dichas disposiciones.

[15] DO L , de , p.

Hasta la entrada en vigor de las disposiciones nacionales por las que se incorpore la Directiva contemplada en el párrafo tercero se aplicarán las disposiciones del Convenio de La Haya, de 15 de noviembre de 1965, relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, si la cédula de emplazamiento o un documento equivalente hubiere de ser remitida al extranjero en cumplimiento del citado Convenio.

Sección 9 - Litispendencia y conexidad

Artículo 27

Cuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante tribunales de Estados miembros distintos, el tribunal ante el que se formulare la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declarare competente el tribunal ante el que se interpuso la primera.

Cuando el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda se declarare competente, el tribunal ante el que se interpuso la segunda se inhibirá en favor de aquél.

Artículo 28

Cuando demandas conexas estuvieren pendientes ante tribunales de Estados miembros diferentes, el tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior podrá suspender el procedimiento.

Cuando tales demandas conexas estuvieren pendientes en primera instancia, cualquier tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior podrá de igual modo inhibirse, a instancia de una de las partes, a condición de que el tribunal ante el que se hubiere presentado la primera demanda fuere competente para conocer de ambas demandas y de que su ley permita su acumulación.

Se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente.

Artículo 29

Cuando en demandas sobre un mismo asunto los tribunales de varios Estados miembros se declararen exclusivamente competentes, el desistimiento se llevará a cabo en favor del tribunal ante el que se hubiere presentado la primera demanda.

Artículo 30

A efectos de la presente Sección, se considerará que un tribunal conoce de un litigio

1) desde el momento en que se le hubiere presentado el escrito de demanda o documento equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no hubiere dejado de tomar toda diligencia necesaria para que se entregare al demandado la cédula de emplazamiento, o

2) si dicho documento hubiere de notificarse al demandado antes de su presentación al tribunal, en el momento en que lo recibiere la autoridad encargada de la notificación, a condición de que posteriormente el demandante no hubiere dejado de tomar toda diligencia necesaria para presentar el documento al tribunal.

Sección 10 - Medidas provisionales y cautelares

Artículo 31

Podrán solicitarse medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un Estado miembro a las autoridades judiciales de dicho Estado, incluso si, en virtud del presente Reglamento, un tribunal de otro Estado miembro fuere competente para conocer sobre el fondo.

Capítulo III - Reconocimiento y ejecución

Artículo 32

Se entenderá por «resolución», a los efectos del presente Reglamento, cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro con independencia de la denominación que recibiere, tal como auto, sentencia, providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el secretario judicial liquidare las costas del proceso.

En Suecia, en los procedimientos sumarios de asuntos de requerimiento de pago (betalningsföreläggande) y de solicitud de ayuda (bandräckning), los términos «juez», «tribunal» y «jurisdicción» comprenderán el Servicio público sueco de cobro forzoso (kronofogdemyndighet).

Sección 1 - Reconocimiento

Artículo 33

Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros, sin que fuere necesario recurrir a procedimiento alguno.

En caso de oposición, cualquier parte interesada que invocare el reconocimiento a título principal podrá solicitar, por el procedimiento previsto en las Secciones 2 y 3 del presente Capítulo, que se reconozca la resolución.

Si el reconocimiento se invocare como cuestión incidental ante un tribunal de un Estado miembro, dicho tribunal será competente para pronunciarse sobre la existencia de uno de los motivos de denegación del reconocimiento contemplados en los artículos 41 y 42.

Sección 2 - Ejecución

Artículo 34

Las resoluciones dictadas en un Estado miembro que allí fueren ejecutorias se ejecutarán en otro Estado miembro cuando, a instancia de cualquier parte interesada, se hubiere otorgado su ejecución en éste último.

Artículo 35

La solicitud se presentará ante los tribunales, el notario o las autoridades competentes relacionados en la lista que figura en el Anexo II del presente Reglamento.

La competencia territorial se determinará por el domicilio de la parte contra la que se solicitare la ejecución o por el lugar de ejecución.

Artículo 36

Las modalidades de presentación de la solicitud se determinarán con arreglo a la ley del Estado miembro en el que se solicitare la ejecución.

El solicitante deberá elegir domicilio para la notificación del procedimiento en un lugar que correspondiere a la competencia del tribunal o de la autoridad que conociere de la solicitud. No obstante, si la ley del Estado miembro en el que se solicitare la ejecución no conociere la elección de domicilio, el solicitante designará un mandatario ad litem.

No se aplicará el párrafo segundo si la autoridad competente es una autoridad administrativa.

Se adjuntarán a la solicitud los documentos mencionados en el artículo 50.

Artículo 37

Se otorgará inmediatamente la ejecución de la resolución una vez cumplidas las formalidades previstas en el artículo 50, sin proceder a ningún examen de los motivos de denegación de la ejecución previstos en los artículos 41 y 42. La parte contra la cual se solicitare la ejecución no podrá, en esta fase del procedimiento, formular observaciones.

Artículo 38

La resolución dictada sobre la solicitud de otorgamiento de la ejecución se pondrá de inmediato en conocimiento del solicitante de conformidad con las modalidades determinadas por la ley del Estado miembro requerido.

El otorgamiento de la ejecución se notificará a la parte contra la que solicitare la ejecución, adjuntándose la resolución y la certificación si no hubieren sido ya notificados a dicha parte.

Artículo 39

La resolución sobre la solicitud de ejecución podrá ser recurrida por cualquiera de las partes.

El recurso se interpondrá ante los tribunales que figuran en el anexo III del presente Reglamento.

El recurso se sustanciará según las normas que rigen el procedimiento contradictorio.

El caso de incomparecencia de la parte contra la que se solicitare la ejecución ante el tribunal que conociere de un recurso, se aplicarán las disposiciones del artículo 26 aunque dicha parte no estuviere domiciliada en uno de los Estados miembros.

El recurso contra el otorgamiento de la ejecución se interpondrá dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de notificación. Si la parte contra la que se solicitare la ejecución estuviere domiciliada en un Estado miembro distinto de aquel en el que se hubiere otorgado la ejecución, el plazo será de dos meses y correrá a partir de la fecha de notificación, tanto si ésta se hizo en persona como en su residencia. Dicho plazo no admitirá prórroga en razón de la distancia.

Artículo 40

La resolución que decidiere sobre el recurso sólo podrá ser objeto de los recursos contemplados en el anexo IV.

Artículo 41

El tribunal que conociere del recurso previsto en los artículos 39 o 40 se pronunciará en breve plazo. Desestimará o revocará el otorgamiento de la ejecución:

1) si el otorgamiento de la ejecución fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido;

2) cuando se dictaren en rebeldía del demandado, si no se hubiere entregado o notificado al mismo la cédula de emplazamiento o documento equivalente, con tiempo suficiente y de forma tal que pudiere defenderse, a menos que no hubiere recurrido contra dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo;

3) si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada en un litigio entre las mismas partes en el Estado miembro requerido;

4) si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado miembro o un tercer país entre las mismas partes en un litigio que tuviere el mismo objeto y la misma causa, cuando esta última resolución reuniere las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido .

La resolución del Estado miembro de origen en ningún caso podrá ser objeto de una revisión en cuanto al fondo.

Artículo 42

El tribunal que conociere del recurso previsto en los artículos 39 o 40 denegará o revocará el otorgamiento de la ejecución si se hubiere desconocido las disposiciones de las secciones 3, 4 y 6 del Capítulo II.

En la apreciación de las competencias contempladas en el párrafo primero, el tribunal que conociere del recurso quedará vinculado por las apreciaciones de hecho sobre las cuales el tribunal del Estado miembro de origen hubiere fundamentado su competencia.

Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo primero, no podrá procederse a la fiscalización de la competencia del tribunal del Estado de origen; el orden público contemplado en el número 1 del artículo 41 no afectará a las reglas relativas a la competencia judicial

Artículo 43

El tribunal que conociere del recurso previsto en los artículos 39 o 40 podrá, a instancia de la parte contra la que se solicitare la ejecución, suspender el procedimiento si la resolución extranjera hubiese sido objeto de recurso ordinario en el Estado miembro de origen o si el plazo para interponerlo no hubiese expirado; en este último caso, el tribunal podrá especificar el plazo en el que deba interponerse dicho recurso.

Dicho tribunal podrá igualmente subordinar la ejecución a la constitución de una garantía que él mismo determinará.

Artículo 44

Cuando debiere reconocerse una resolución con arreglo al presente Reglamento, nada impedirá al solicitante instar la adopción de medidas provisionales, incluidas las medidas cautelares, de conformidad con la legislación del Estado miembro requerido, sin que resulte necesario el otorgamiento de la ejecución a efectos del artículo 37.

El otorgamiento de la ejecución incluirá la autorización para adoptar cualesquiera medidas cautelares.

Durante el plazo del recurso previsto en párrafo quinto del artículo 39 contra el otorgamiento de la ejecución y hasta que se hubiere resuelto sobre el mismo, solamente se podrán adoptar medidas cautelares sobre los bienes de la parte contra la que se hubiere solicitado la ejecución.

Artículo 45

Cuando la resolución del Estado miembro de origen se hubiere pronunciado sobre varias pretensiones de la demanda y el otorgamiento de la ejecución no pudiere concederse para la totalidad de ellas, el tribunal concederá la ejecución para una o varias de ellas.

El solicitante podrá pedir que el otorgamiento de la ejecución se limite a determinadas partes de una resolución.

Artículo 46

Las resoluciones extranjeras que condenaren el pago de multas coercitivas solamente podrán ejecutarse en el Estado miembro requerido cuando la cuantía hubiere sido fijada definitivamente por el tribunal del Estado miembro de origen.

Artículo 47

El solicitante que en el Estado de origen hubiere obtenido total o parcialmente el beneficio de justicia gratuita o una exención de costas y gastos gozará, en el procedimiento previsto en la presente Sección, del beneficio de justicia gratuita más favorable o de la exención más amplia prevista por el Derecho del Estado miembro requerido.

Artículo 48

A la parte que instare en un Estado miembro la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro no podrá exigírsele caución o depósito alguno, sea cual fuere su denominación por su condición de extranjero o por no estar domiciliado o no ser residente en el Estado miembro requerido.

Artículo 49

El Estado miembro requerido no percibirá impuesto, derecho ni tasa alguna, proporcional al valor del litigio, en los procedimientos relativos al otorgamiento de la ejecución.

Sección 3 - Disposiciones comunes

Artículo 50

La parte que invocare el reconocimiento o solicitare el otorgamiento de la ejecución de una resolución deberá presentar una copia auténtica de dicha resolución.

La parte que solicitare el otorgamiento de la ejecución deberá presentar asimismo la certificación al que se refiere el artículo 51, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52.

Artículo 51

El tribunal o autoridad competente del Estado miembro en el que se hubiere dictado una resolución expedirá, a instancia de cualquier parte interesada, una certificación conforme al formulario normalizado que figura en el anexo V .

Artículo 52

De no presentarse la certificación contemplada en el artículo 51, el tribunal o autoridad competente podrán fijar un plazo para su presentación, aceptar documentos equivalentes o dispensar de ellos si se considerare suficientemente ilustrado.

Si el tribunal o autoridad lo exigiere, se presentará una traducción de los documentos; la traducción estará certificada por una persona autorizada a tal fin en uno de los Estados miembros

Artículo 53

No se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna en lo que se refiriere a los documentos mencionados en los artículos 50, y en su caso, al poder para pleitos.

Capítulo IV - Documentos públicos con fuerza ejecutiva y transacciones judiciales

Artículo 54

Los documentos públicos con fuerza ejecutiva extendidos en un Estado miembro serán reconocidos de pleno Derecho en los demás Estados miembros, sin que fuere necesario recurrir a procedimiento alguno.

En caso de oposición, cualquier parte interesada que invocare el reconocimiento a título principal podrá solicitar, por el procedimiento previsto en las Secciones 2 y 3 del Capítulo 3, que se reconozca el documento público con fuerza ejecutiva.

Si el reconocimiento se invocare como cuestión incidental ante un tribunal de un Estado miembro, dicho tribunal será competente para pronunciarse sobre el mismo.

Los documentos públicos con fuerza ejecutiva, formalizados en un Estado miembro, serán declarados ejecutorios, a instancia de parte, en otro Estado miembro, con arreglo al procedimiento previsto en los artículos 34 a 49.

El tribunal ante el que se presentare un recurso con arreglo a los artículos 39 o 40 sólo desestimará o revocará el otorgamiento del reconocimiento o de la ejecución cuando el reconocimiento o la ejecución del documento fuere contraria al orden público del Estado miembro requerido.

El documento presentado deberá reunir las condiciones necesarias de autenticidad en el Estado miembro de origen.

Serán aplicables, en la medida en que fuere necesario, las disposiciones de la Sección 3 del Capítulo III.

La autoridad o el notario competente del Estado miembro en el que se hubiere formalizado el documento público con fuerza ejecutiva expedirá, a instancia de cualquier parte interesada, una certificación conforme al formulario normalizado que figura en el anexo VI.

Artículo 55

Las transacciones celebradas ante el tribunal durante un proceso y ejecutorias en el Estado miembro de origen serán ejecutorias en el Estado miembro requerido, en las mismas condiciones que los documentos públicos con fuerza ejecutiva. El tribunal o autoridad competente del Estado miembro en el que se haya celebrado la transacción ante el tribunal expedirá, a instancia de cualquier parte interesada, una certificación conforme al formulario normalizado que figura en el anexo V.

También se considerarán documentos públicos con fuerza ejecutiva, a efectos del párrafo primero del artículo 54, los acuerdos en materia de obligaciones alimentarias celebrados ante las autoridades administrativas o legalizados por las mismas.

Capítulo V - Disposiciones generales

Artículo 56

Para determinar si una parte está domiciliada en el Estado miembro cuyos tribunales conocieren del asunto, el tribunal aplicará su ley interna. Cuando una parte no estuviere domiciliada en el Estado miembro cuyos tribunales conocieren del asunto, el tribunal, para determinar si dicha parte lo está en otro Estado miembro, aplicará la ley de dicho Estado miembro.

Artículo 57

A efectos del presente Reglamento, se entenderá que una sociedad u otra persona jurídica está domiciliada en un Estado miembro si tiene en él su sede estatutaria, su administración central, o su centro de actividad principal.

Para determinar si un "trust" está domiciliado en el Estado miembro cuyos tribunales conocen del asunto, el tribunal aplicará las reglas de su Derecho internacional privado

Capítulo VI - Disposiciones transitorias

Artículo 58

Las disposiciones del presente Reglamento solamente serán aplicables a las acciones judiciales ejercitadas y a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados con posterioridad a su entrada en vigor.

No obstante, las resoluciones dictadas después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento como consecuencia de acciones ejercitadas con anterioridad a esta fecha serán reconocidas y ejecutadas con arreglo a las disposiciones del Capítulo III, si las reglas de competencia aplicadas se ajustaren a las previstas en el Capítulo II o en el Convenio de Bruselas o en un Convenio en vigor entre el Estado de origen y el Estado requerido al ejercitarse la acción.

Capítulo VII - Relaciones con los demás convenios

Artículo 59

El presente Reglamento no prejuzgará la aplicación de las disposiciones que, en materias particulares, regularen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones contenidas en los actos comunitarios o en las legislaciones nacionales armonizadas en ejecución de dichos actos.

Artículo 60

El presente Reglamento sustituirá, entre los Estados miembros, a las disposiciones del Convenio de Bruselas de 1968,

No obstante, se aplicará en cualquier caso el Convenio de Bruselas:

1) cuando el demandado estuviere domiciliado en un Estado miembro no sujeto al presente Reglamento o cuando los artículos 16 y 17 del Convenio de Bruselas confieran competencia a los tribunales de dicho Estado.

2) en materia de litispendencia y conexidad, tal como se contemplan en los artículos 21 y 22 del Convenio de Bruselas, cuando las demandas se formularen en un Estado miembro no sujeto al presente Reglamento y en un Estado miembro sujeto al presente Reglamento.

Las resoluciones dictadas en un Estado miembro sujeto o no sujeto al presente Reglamento por un tribunal que hubiere fundado su competencia en el Convenio de Bruselas serán reconocidas y ejecutadas en los Estados miembros sujetos al presente Reglamento con arreglo al Capítulo III del presente Reglamento.

Artículo 61

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 58, y en los artículos 62 y 63, el presente Reglamento sustituirá, entre los Estados miembros, a los convenios y al Tratado siguientes:

- el Convenio entre Bélgica y Francia sobre competencia judicial y sobre valor y ejecución de las resoluciones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, firmado en París el 8 de julio de 1899,

- el Convenio entre Bélgica y los Países Bajos sobre competencia judicial territorial, quiebra, y sobre valor y ejecución de resoluciones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, firmado en Bruselas el 28 de marzo de 1925

- el Convenio entre Francia e Italia sobre ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, firmado en Roma el 3 de junio de 1930,

- el Convenio entre Alemania e Italia sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Roma el 9 de marzo de 1936,

- el Convenio entre Bélgica y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de resoluciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia de obligaciones alimentarias, firmado en Viena el 25 de octubre de 1957,

- el Convenio entre Alemania y Bélgica relativo al conocimiento y la ejecución recíprocos en materia civil y mercantil de las resoluciones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, firmado en Bonn el 30 de junio de 1958,

- el Convenio entre los Países Bajos e Italia sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil firmado en Roma el 17 de abril de 1959,

- el Convenio entre Alemania y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de las resoluciones y las transacciones judiciales, y de los documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Viena el 6 de junio de 1959,

- el Convenio entre Bélgica y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de resoluciones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Viena el 16 de junio de 1959,

- el Convenio entre Grecia y Alemania relativo al reconocimiento y la ejecución recíprocos de resoluciones judiciales, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Atenas el 4 de noviembre de 1961,

- el Convenio entre Bélgica e Italia relativo al reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales y otros títulos ejecutivos en materia civil y mercantil, firmado en Roma el 6 de abril de 1962,

- el Convenio entre los Países Bajos y Alemania sobre reconocimiento y ejecución mutuos de resoluciones judiciales y otros títulos ejecutivos civil y mercantil, firmado en La Haya el 30 de agosto de 1962,

- el Convenio entre los Países Bajos y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de resoluciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en La Haya el 6 de febrero de 1963,

- el Convenio entre Francia y Austria sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Viena el 15 de julio de 1966,

- el Convenio entre España y Francia sobre reconocimiento de decisiones judiciales y arbitrales y actas auténticas en materia civil y mercantil, firmado en París el 28 de mayo de 1969,

- el Convenio entre Luxemburgo y Austria sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Luxemburgo el 29 de julio de 1971,

- el Convenio entre Italia y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de resoluciones y transacciones judiciales y de documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Roma el 16 de noviembre de 1971,

- el Convenio entre España e Italia sobre asistencia judicial y reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, firmado en Madrid el 22 de mayo de 1973,

- el Convenio entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia sobre reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil, firmado en Copenhague el 11 de octubre de 1977 ,

- el Convenio entre Suecia y Austria sobre reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil, firmado en Estocolmo el 16 de septiembre de 1982,

- el Convenio entre España y Alemania sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Bonn el 14 de noviembre de 1983,

- el Convenio entre España y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de resoluciones y transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil firmado en Viena el 17 de febrero de 1984,

- y el Convenio entre Finlandia y Austria sobre reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil, firmado en Viena el 17 de noviembre de 1986, y en tanto esté en vigor:

- el Tratado entre Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo sobre competencia judicial, quiebra y valor y ejecución de resoluciones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, firmado en Bruselas el 24 de noviembre de 1961 en tanto esté en vigor.

Artículo 62

El Tratado y los Convenios mencionados en el artículo 61 continuarán surtiendo sus efectos en las materias a las que no se aplicare el presente Reglamento.

Dicho Tratado y dichos Convenios continuarán surtiendo sus efectos en lo relativo a las resoluciones dictadas y los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados antes de la entrada en vigor del presente Reglamento.

Artículo 63

El presente Reglamento no afectará a los convenios en que los Estados miembros fueren parte y que, en materias particulares, regularen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones. Dichos convenios son los siguientes:

- Convenio sobre la patente europea celebrado en Munich el 5 de octubre de 1973;

- Convenio de Varsovia

- ...

Con el fin de asegurar su interpretación uniforme, el párrafo primero se aplicará de la siguiente manera:

1) el presente Reglamento no impedirá que un tribunal de un Estado miembro que fuere parte en un convenio relativo a una materia particular pudiera fundamentar su competencia en dicho convenio, aunque el demandado estuviere domiciliado en un Estado miembro no parte en tal convenio. El tribunal que conociere del asunto aplicará, en todo caso, el artículo 26 del presente Reglamento;

2) las resoluciones dictadas en un Estado miembro por un tribunal que hubiere fundado su competencia en un convenio relativo a una materia particular serán reconocidas y ejecutadas en los demás Estados miembros con arreglo al presente Reglamento;

Cuando un convenio relativo a una materia particular en el que fueren parte el Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido estableciere las condiciones para el reconocimiento a la ejecución de resoluciones, se aplicarán dichas condiciones. En todo caso, podrán aplicarse las disposiciones del presente Reglamento relativas al procedimiento de reconocimiento y ejecución de resoluciones.

Artículo 64

El presente Reglamento no afectará a los acuerdos por los que los Estados miembros se hubieren comprometido antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, en virtud del artículo 59 del Convenio de Bruselas, a no reconocer una resolución dictada en otro Estado contratante del citado Convenio contra un demandado que tuviere su domicilio o su residencia habitual en un Estado tercero cuando, en el caso previsto en el artículo 4 del citado Convenio, la resolución sólo hubiere podido fundamentarse en un criterio de competencia contemplado en el párrafo segundo del artículo 3 de dicho Convenio.

Capítulo VIII - Disposiciones finales

Artículo 65

A más tardar, cinco años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social un informe sobre la aplicación del presente Reglamento, dedicando especial atención a su repercusión en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas y los consumidores. Este informe se acompañará, si procede, de propuestas destinadas a adaptar el Reglamento.

Artículo 66

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los textos de las disposiciones legales nacionales por las que se modifiquen los artículos de las leyes mencionadas en el anexo I o los juzgados y tribunales designados en los anexos II y III del presente Reglamento. La Comisión adaptará dichos anexos en consecuencia.

Artículo 67

El presente Reglamento entrará en vigor el ...................seis meses después del día de su adopción.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

El Presidente

ANEXO I

Las reglas de competencia nacionales previstas en el párrafo segundo del artículo 3 y en el párrafo segundo del articulo 4 son las siguientes:

- en Bélgica: el artículo 15 del Código Civil (Code civil - Burgerlijk Wetboek) y el artículo 638 de la Ley de Enjuiciamiento (Code Judiciaire - Gerechtelijk Wetboek);

- en la República Federal de Alemania: el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Zivilprozeßordnung);

- en Grecia: el artículo 40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (-þäéêáò ðïëéôéêÞò äéêïíïìßáò),

- en Francia: los artículos 14 y 15 del Código Civil (Code civil);

- en Italia: los artículos 3 y 4 de la Ley nº 218, de 31 de mayo de 1995;

- en Luxemburgo: los artículos 14 y 15 del Código Civil (Code civil);

- en Austria: el artículo 99 de la Ley de Jurisdicción (Jurisdiktionsnorm);

- en los Países Bajos: el artículo 126, párrafo tercero, y el artículo 127 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering);

- en Portugal: letra c) del apartado 1 del artículo 65, el apartado 2 del artículo 65 y la letra c) del artículo 65 A de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Código de Processo Civil) y el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Laboral (Código de Processo de Trabalho);

- en Finlandia: oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken, incisos segundo, tercero y cuarto del párrafo primero del artículo 1 del Capítulo 10;

- en Suecia: la primera frase del párrafo primero del artículo 3 del Capítulo 10 del Código de Procedimiento Judicial (rättegångsbalken);

ANEXO II

Los tribunales, notarios o autoridades competentes ante los que se presentarán las solicitudes contempladas en el artículo 35 del Reglamento son los siguientes:

ANEXO III

Los tribunales de los Estados miembros ante los que se interpondrán los recursos contemplados en el artículo 39 del Reglamento son los siguientes:

ANEXO IV

Los recursos que podrán interponerse en virtud del artículo 40 son los siguientes :

- en Bélgica, Grecia, España, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, un recurso de casación

- en Alemania, una «Rechtsbeschwerde»la «Rechtsbeschwerde»,

- en Austria, un «Revisionsrekurs»

- en Portugal, un recurso sobre una cuestión de Derecho

- en Finlandia, un recurso ante «korkein oikeus/högsta domstolen»

- en Suecia, de un recurso ante «Högsta domstolen»

ANEXO V

Certificación contemplada en los artículo 51 y 55 del Reglamento ... del Consejo

relativa a las resoluciones y transacciones judiciales

(Español, spanish, espagnol, spagnolo, )

1. País de origen

2. Tribunal o autoridad que expide la certificación

2.1. Denominación:

2.2. Dirección

2.3. Tel./fax/correo electrónico

3. 3. Tribunal que dictó la resolución/ratificó la transacción judicial

3.1. Tipo de tribunal

3.2. Sede del tribunal

4. Resolución/transacción judicial

4.1. Fecha

4.2. Número de referencia

4.3. Partes de la resolución/transacción judicial

4.3.1. Nombre(s) de la(s) parte(s) demandante(s)

4.3.2. Nombre(s) de la(s) parte(s) demandada(s)

4.3.3. Nombre(s) de otra(s) partes(s), en su caso

4.4. Resolución dictada en rebeldía

4.4.1. Fecha de notificación o traslado de la cédula de emplazamiento

4.5. Texto de la parte dispositiva en anexo a la presente certificación

5. Nombres de las partes a las que se ha concedido el beneficio de justifica gratuita

La resolución/transacción judicial es ejecutoria en el Estado de origen (artículo 24 y 55 del Reglamento) frente a:

Nombre :

Hecho en....... , el.....

Firma y/o sello........

ANEXO VI

Certificación contemplada en el artículo 54 del Reglamento ... del Consejo

relativa a los documentos públicos con fuerza ejecutiva

(Español, spanish, espagnol, spagnolo, )

1. País de origen

2. Tribunal o autoridad que expide la certificación

2.1. Denominación:

2.2. Dirección

2.3. Tel./fax/correo electrónico

3. Notario o autoridad que otorgó fuerza ejecutiva al documento

3.1. Notario o autoridad ante la que se formalizó el documento público con fuerza ejecutiva (en su caso)

3.1.1. Nombre y designación de la autoridad o del notario

3.1.2. Sede de la autoridad o del notario

3.2. Notario o autoridad que registró el documento público con fuerza ejecutiva (en su caso)

3.2.1. Tipo de autoridad

3.2.2. Sede de la autoridad o del notario

4. Documento público con fuerza ejecutiva

4.1. Denominación del documento público con fuerza ejecutiva

4.2. Fecha

4.2.1. en la que se redactó el documento

4.2.2. en otro caso: en la que se registró el documento

4.3. Número de referencia

4.4. Partes del documento público con fuerza ejecutiva

4.4.1. Designación del acreedor

4.4.2. Designación del deudor

5. Texto de la obligación ejecutoria en anexo a la presente certificación

El documento público con fuerza ejecutiva es ejecutorio en el Estado de origen (artículo 54 del Reglamento) frente al deudor:

Nombre :

Hecho en........., el..................................

Firma y/o sello