En general, las relaciones con los Parlamentos nacionales continuaron siendo intensivas y fructíferas en 2018. Los dictámenes emitidos tanto como parte del diálogo político de la Comisión con los Parlamentos nacionales como en el marco del sistema de alerta temprana de subsidiariedad cubren un amplio abanico de políticas y cuestiones. El número de dictámenes presentados en el diálogo político se mantuvo al mismo alto nivel en 2018 que en 2017, aunque la gran mayoría de los dictámenes fueron emitidos por unas pocas Cámaras muy activas. A la inversa, el número de Parlamentos nacionales que no emitieron ningún dictamen aumentó a ocho (diez Cámaras) en 2018. Al mismo tiempo, alrededor de un tercio de todos los dictámenes recibidos por la Comisión se referían a propuestas que no están sujetas al control de subsidiariedad, incluidos varios dictámenes de iniciativa propia no relacionados con ninguna propuesta específica de la Comisión.

·En su dictamen positivo con reservas sobre los contenidos ilegales en línea, el Comité cuestionó la proporcionalidad de las opciones de actuación previstas, argumentando que estas no eran coherentes con el ámbito de aplicación de la intervención. Esta se centraba en los contenidos terroristas en línea, pero la base de referencia y las opciones de actuación no reflejaban adecuadamente ese enfoque. La evaluación de impacto también necesitaba reflejar mejor por qué las medidas adicionales sobre los contenidos terroristas eran más urgentes que las dedicadas a otros contenidos ilegales. Como resultado, se revisó la evaluación de impacto y se adaptaron las opciones de actuación para garantizar un mejor enfoque y un contenido más detallado.

Las directrices del programa «Legislar mejor» y su correspondiente «caja de herramientas» exigen que la Comisión realice un análisis de la subsidiariedad al estudiar una nueva iniciativa en ámbitos en los que la Unión no tiene competencia exclusiva, y al evaluar la pertinencia y el valor añadido europeo de una intervención vigente. La Comisión analiza la subsidiariedad tanto para iniciativas legislativas como no legislativas.

En 2018, el Parlamento Europeo recibió formalmente 473 documentos de Parlamentos nacionales en virtud del Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. De estos, 46 eran dictámenes motivados, mientras que los 427 restantes eran contribuciones (no planteaban asuntos relacionados con el cumplimiento del principio de subsidiariedad). En comparación, en 2017 se remitieron oficialmente al Parlamento Europeo 49 dictámenes motivados y 372 contribuciones. La proporción de dictámenes motivados respecto de las contribuciones sigue siendo baja, lo que indica que los Parlamentos nacionales no consideran que el control de subsidiariedad constituya un medio para paralizar el proceso legislativo de la Unión Europea, sino más bien una manera de expresar sus opiniones y preocupaciones.

El marco financiero plurianual fue la segunda iniciativa prioritaria del programa de trabajo de subsidiariedad para el segundo semestre de 2018. Del paquete de propuestas legislativas, la única propuesta que planteó dudas fue la propuesta de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros, en la que se destacó que no había una evaluación de impacto, lo cual, debido a su importancia y contenido completamente nuevo, debería considerarse como una deficiencia procedimental fundamental. Si bien «acoge con satisfacción la intención de la Comisión de introducir tres nuevos recursos propios», el dictamen incluye que el Comité de las Regiones «considera lamentable que la propuesta de la Comisión de introducir nuevos recursos propios no proporcione una evaluación suficiente del cumplimiento del principio de subsidiariedad y del impacto potencial de la propuesta sobre la situación financiera de las autoridades locales y regionales». La Comisión respondió que la introducción de nuevos recursos reduciría la contribución de los Estados miembros sobre la base de la renta nacional bruta, y que el principio de compartir una base fiscal común entre la Unión Europea y los Estados miembros, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido, era una práctica bien asentada.

3. aplicación del mecanismo de control de subsidiariedad por los Parlamentos nacionales

3.1. Visión general

En 2018, la Comisión recibió 37 dictámenes motivados de los Parlamentos nacionales, una cifra significativamente inferior que en 2016 (65) y en 2017 (52). El número total de dictámenes recibidos en 2018 fue casi el mismo que en años anteriores (576 en 2017, 569 en 2018), lo que significa que la proporción de dictámenes motivados en comparación con el número total de dictámenes recibidos continuó disminuyendo, cayendo del 10,5 % en 2016 y el 9 % en 2017 al 6,5 % en 2018. La proporción de dictámenes motivados en comparación con el número total de dictámenes sobre las propuestas de la Comisión sujetas al mecanismo de control de subsidiariedad también se redujo considerablemente, del 17,6 % (65/370) en 2016 y del 16 % (52/325) en 2017 al 10,5 % (37/351) en 2018.

Los 37 dictámenes motivados recibidos en 2018 se referían a 22 propuestas o paquetes diferentes (véase el anexo 1). Ninguno recibió más de cuatro dictámenes motivados (con entre cinco y siete votos). Esto contrasta con la situación en 2016, donde la propuesta de revisar la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores recibió catorce dictámenes motivados y desencadenó el procedimiento de «tarjeta amarilla», y en 2017, donde la propuesta sobre el mercado interno de la electricidad generó once dictámenes motivados sin desencadenar este procedimiento. Las propuestas que dieron origen a la mayoría de los dictámenes motivados fueron las relativas a la revisión de la Directiva sobre el agua potable, a la fiscalidad de las actividades digitales en la Unión y a la racionalización de las medidas para promover la finalización de la red transeuropea de transporte. Cada una generó cuatro dictámenes motivados. La sección 3.2. los describe con más detalle.

Si bien los dictámenes motivados enviados por los Parlamentos nacionales cuestionan generalmente el valor añadido de la acción propuesta a nivel europeo en comparación con la acción a nivel nacional, regional o local, también vale la pena mencionar que, a la inversa, el dictamen motivado emitido por la Assemblée nationale francesa sobre planes estratégicos en el marco de la política agrícola común se opuso a la delegación excesiva de poder a los Estados miembros y consideró que la política se aplicaría más efectivamente a nivel de la Unión.

El descenso del número total de dictámenes motivados emitidos en 2018 coincidió con un descenso similar del número de dictámenes motivados emitidos por Cámara. Catorce de las cuarenta y una Cámaras emitieron dictámenes motivados en 2018 (frente a veintiséis en 2016 y diecinueve en 2017). La Cámara que emitió de largo el mayor número de dictámenes motivados fue el Riksdag sueco. Ella sola emitió doce dictámenes motivados, más de un tercio del total. Otras Cámaras que emitieron dictámenes motivados en 2018, por orden alfabético de Estados miembros, fueron: el Poslanecká sněmovna checo (4), el Senát checo (1), el Folketing danés (2), el Dáil y el Seanad Éireann irlandeses (4), el Bundestag alemán (2), el Sénat francés (2), la Assemblée nationale francesa (1), el Senato della Repubblica italiano (1), la Kamra tad-Deputati maltesa (1), la Tweede Kamer neerlandesa (1), el Bundesrat austríaco (3) y la House of Commons (2) y la House of Lords británicas (1).

3.2. Casos clave

Esta sección presenta las tres propuestas o paquetes individuales que recibieron el mayor número de dictámenes motivados en 2018 (cuatro cada una).

·Propuesta relativa a la revisión de la Directiva sobre el agua potable

El 1 de febrero de 2018, la Comisión propuso refundir la Directiva sobre la calidad del agua destinada al consumo humano. Esta propuesta dio lugar a cuatro dictámenes motivados.

El Bundesrat austríaco cuestionó el beneficio de las disposiciones sugeridas sobre evaluación de riesgos e información al público y la compatibilidad de las disposiciones sobre el acceso a la justicia con el sistema jurídico austríaco. El Dáil y el Seanad Éireann irlandeses consideraron que la propuesta limitaba innecesariamente el alcance para la toma de decisiones nacional y no tenía en cuenta los acuerdos existentes a nivel nacional y las consideraciones locales y regionales. La House of Commons británica argumentó que la propuesta no explicaba el mayor beneficio de actuar a nivel europeo y otorgaba a los Estados miembros poco margen discrecional para aplicar las nuevas disposiciones, en particular sobre el requisito de proporcionar acceso al agua potable en espacios públicos. El Poslanecká sněmovna checo consideró que la calidad del agua y los asuntos relacionados con el libre acceso al agua en los espacios públicos podían alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros a nivel central, regional y local.

En sus respuestas a las preocupaciones sobre la subsidiariedad expresadas por los Parlamentos nacionales, la Comisión hizo hincapié en que al proponer la revisión de la Directiva sobre el agua potable estaba respondiendo a la primera iniciativa ciudadana europea exitosa, «Right2Water», y a una resolución del Parlamento Europeo que instaba a la Comisión a que presentara propuestas legislativas coherentes con el objetivo principal de esa iniciativa ciudadana europea. También estaba dando seguimiento a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Además, la evaluación de la Directiva sobre el agua potable confirmó el valor de la legislación sobre agua potable a nivel europeo. Por tanto, la Comisión sostuvo que el objetivo de la propuesta de proteger la salud humana al garantizar agua potable de alta calidad para los ciudadanos de toda Europa podría lograrse mejor a nivel europeo. La Comisión también recordó que la propuesta dejaba a los Estados miembros un amplio margen de discrecionalidad a la hora de transponer la Directiva a la legislación nacional y aplicarla.

·Propuesta de Directivas sobre la fiscalidad de las actividades digitales en la Unión

El 21 de marzo de 2018, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva que establecía normas relativas al impuesto sobre sociedades de una presencia digital significativa y una propuesta de Directiva sobre el sistema común del impuesto de los servicios digitales sobre los ingresos resultantes de la prestación de ciertos servicios digitales. Estas Directivas formaban parte de un paquete sobre la fiscalidad de la economía digital e iban destinadas a abordar los problemas planteados por el marco actual del impuesto sobre sociedades que no está a la par con las nuevas funcionalidades del sector digital. Estas dos propuestas activaron cuatro dictámenes motivados. Las cuatro Cámaras que emitieron los dictámenes motivados argumentaron que la fiscalidad era principalmente un asunto de los Estados miembros y que el objetivo de las propuestas podría lograrse mejor a través de soluciones nacionales coordinadas a nivel internacional, en particular bajo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

En sus respuestas, la Comisión destacó que la fiscalidad de las actividades digitales tenía una dimensión internacional porque estaba arraigada en el marco fiscal internacional y se refería a los casos de actividades digitales transfronterizas. Las acciones nacionales en este ámbito que no estuvieran coordinadas crearían complejidad, conducirían a distorsiones en el mercado único y aumentarían el riesgo de doble imposición. Ante esta situación, una solución europea aportaría valor añadido en comparación con diferentes políticas nacionales, ya que reduciría la carga de cumplimiento para las empresas sujetas a las nuevas reglas y enviaría una señal firme a la comunidad internacional de que la Unión Europea está comprometida a garantizar una fiscalidad justa de la economía digital. La Comisión ha estado trabajando en estrecha colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con el fin de apoyar el desarrollo de una solución internacional, pero esto llevaría tiempo y la propuesta del impuesto sobre sociedades de una presencia digital significativa estimularía el debate internacional.

·Propuesta de Reglamento sobre la racionalización de las medidas para promover la finalización de la red transeuropea de transporte

El 27 de mayo de 2018, la Comisiónadoptó una propuesta de Reglamento sobre la racionalización de las medidas para promover la finalización de la red transeuropea de transporte. Esta propuesta estaba destinada a apoyar la implementación eficaz y oportuna de la red principal de transportes transeuropea y requiere que cada Estado miembro designe una única autoridad competente para la concesión de permisos. Dio lugar a cuatro dictámenes motivados.

El Riksdag sueco apoyó los objetivos de la propuesta, pero criticó el alcance propuesto del proyecto de Reglamento, que incluiría todos los componentes de infraestructura de la red principal de transportes transeuropea, consistentes en redes de transporte nacionales sujetas a procedimientos nacionales de planificación y concesión de permisos. En opinión del Riksdag, no es necesario controlar a fondo los procedimientos nacionales de planificación y concesión de permisos, ni el funcionamiento de las instituciones nacionales, incluido el autogobierno local y regional. El Bundestag alemán también apoyó los objetivos de la propuesta, pero consideró que los Estados miembros podrían alcanzar estos objetivos de manera igualmente eficaz a nivel central, regional o local, sin que cada Estado miembro tenga que designar una única autoridad competente. También criticó la elección de un reglamento, considerando que una directiva habría permitido que pudieran tenerse más en cuenta las especificidades nacionales. El Senát checo consideró que el procedimiento integrado único propuesto no tenía en cuenta la complejidad de las situaciones que se habían presentado y que la situación actual podría mejorarse mediante el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros. El Oireachtas irlandés consideró que la propuesta limitaba innecesariamente la toma de decisiones nacional y no tenía en cuenta las especificidades locales y regionales.