Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO relativo a la creación de la Fiscalía Europea /* COM/2013/0534 final - 2013/0255 (APP) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA Actualmente la incoación de procedimientos penales contra los delitos cometidos contra el presupuesto de la UE es competencia exclusiva de los Estados miembros sin que exista ninguna autoridad propia de la Unión en este ámbito. A pesar de que los daños potenciales pueden ser significativos, las autoridades competentes no siempre investigan y enjuician esos delitos, debido a lo limitado de los recursos asignados a la ejecución de la legislación. Como consecuencia, los esfuerzos nacionales en este ámbito están a menudo fragmentados y la dimensión transfronteriza de dichos delitos suele pasar desapercibida para las autoridades. Abordar los casos de fraude transfronterizo requeriría investigaciones y procedimientos penales estrechamente coordinados y eficaces a escala europea, pero los niveles actuales de intercambio de información y coordinación no son suficientes para lograrlo, pese a que órganos de la Unión como Eurojust, Europol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) han intensificado sus esfuerzos al respecto. La coordinación, la cooperación y el intercambio de información se enfrentan a numerosos problemas y limitaciones debido al reparto de responsabilidades entre las autoridades pertenecientes a las distintas jurisdicciones territoriales y funcionales. Las lagunas en la actuación judicial contra el fraude están presentes a diario a diferentes niveles y entre distintas autoridades y constituyen un obstáculo importante para la correcta investigación y la incoación de procedimientos penales contra los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión. Eurojust y Europol poseen un mandato general para facilitar el intercambio de información y coordinar las investigaciones y los procedimientos penales que se realizan a escala nacional, pero carecen de competencias para llevar a cabo tales actuaciones por su cuenta. Una de las misiones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) es investigar el fraude y las actividades ilegales que afectan a la UE, pero sus competencias en lo relativo a las investigaciones administrativas son limitadas. A menudo las actuaciones de las autoridades judiciales nacionales siguen siendo lentas, los índices medios de incoación de procedimientos penales son reducidos y los resultados obtenidos en los distintos Estados miembros de la Unión, desiguales en su conjunto. Con este historial, es posible considerar que las medidas judiciales adoptadas actualmente por los Estados miembros en la lucha contra el fraude no son eficaces, equivalentes ni disuasorias como exige el Tratado. Dado que actualmente, las autoridades investigadoras y fiscales de los Estados miembros en materia penal no pueden alcanzar un nivel equivalente de protección y ejecución de la legislación, la Unión no solo está facultada para actuar sino que tiene la obligación de hacerlo. El artículo 325 del Tratado lo requiere desde un punto de vista jurídico, pero de forma que se tengan en cuenta las normas específicas de la Unión aplicables a este ámbito. La UE se encuentra en la posición idónea para proteger sus propios intereses financieros iniciando actuaciones judiciales contra los delitos que atenten contra los mismos. El artículo 86 del Tratado aporta la base jurídica necesaria para este nuevo sistema de incoación de procedimientos penales a escala de la Unión, cuyo fin es corregir las deficiencias del régimen actual de ejecución de la legislación, basado únicamente en actuaciones nacionales, así como añadir coherencia y coordinación a dichas actividades. La presente propuesta tiene por objeto establecer la Fiscalía Europea y definir sus competencias y procedimientos y complementa una propuesta legislativa anterior[1], que define los delitos penales y las sanciones aplicables. Esta propuesta forma parte de un paquete legislativo, puesto que irá acompañada de una propuesta relativa a la reforma de Eurojust. 2. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIONES DE IMPACTO Para elaborar el Reglamento, la Comisión ha realizado amplias consultas con las partes interesadas en numerosas ocasiones[2]. Las consultas preparatorias efectuadas con vistas a la presente propuesta han abarcado las cuestiones principales que figuran en el Reglamento, incluidas diversas opciones en cuanto al establecimiento institucional, jurídico, organizativo y operativo de un sistema europeo para la investigación y la incoación de procedimientos penales contra los delitos en cuestión. A principios de 2012 se publicaron y distribuyeron en línea dos cuestionarios: uno destinado a los profesionales del ámbito judicial y otro destinado al público en general. En términos generales, las respuestas fueron positivas en cuanto a la adopción de nuevas medidas para reforzar el marco material y procesal para luchar contra los delitos que afectan a los intereses financieros de la UE y la mayoría también se mostró a favor de la idea de crear una Fiscalía Europea. También se plantearon una serie de sugerencias, inquietudes y preguntas más detalladas, en particular, en lo que respecta a la relación entre dicha Fiscalía Europea y las fiscalías nacionales, las competencias de la Fiscalía Europea para dirigir y coordinar investigaciones a escala nacional o las dificultades que pueden surgir con cualquier reglamento europeo armonizado en los procedimientos de dicha Fiscalía. Al mismo tiempo, se han llevado a cabo estudios de campo en varios Estados miembros, como parte del estudio externo que respalda este informe. Además, en el transcurso de 2012 y a principios de 2013 se celebraron varios debates y reuniones a escala europea: · Red de fiscales u otras instituciones equivalentes de los Tribunales Supremos de los Estados miembros, Budapest, 25-26 de mayo de 2012. · Conferencia: «A Blueprint for the European Public Prosecutor's Office?» Luxemburgo, 13-15 de junio de 2012. La conferencia reunió a expertos y representantes de alto nivel del ámbito académico, las instituciones de la UE y los Estados miembros. · Consulta de la Vicepresidenta Reding, que se reunió con los fiscales generales y con los directores de las fiscalías de los Estados miembros en Bruselas el 26 de junio de 2012. La reunión permitió debatir abiertamente aspectos concretos relativos a la protección de los intereses financieros de la Unión. · El 18 de octubre de 2012, la Comisión organizó una reunión de consulta sobre cuestiones relativas a una posible reforma de Eurojust, en la que también se debatieron aspectos relacionados con la creación de una Fiscalía Europea con los representantes de los Estados miembros. En general, la reunión respaldó la creación de un vínculo estrecho entre Eurojust y la Fiscalía Europea. · Décima Conferencia de fiscales de la OLAF, Berlín, 8-9 de noviembre de 2012, fue una oportunidad para estudiar formas en que los fiscales nacionales podrían interactuar con la Fiscalía Europea, si esta se crea. · Consulta informal celebrada el 26 de noviembre de 2012 con abogados defensores (CCBE y ECBA) en la que se analizaron las garantías procesales de los sospechosos y se formularon recomendaciones útiles a ese respecto. · Seminario de la ERA titulado «Towards the European Public Prosecutor's Office (EPPO)», 17 y 18 de enero de 2013. · Reunión del Grupo de Expertos de la Comisión sobre la política penal europea, Bruselas, 23 de enero de 2013. · Reunión de consulta adicional con la ECBA y el CCBE, Bruselas, 9 de abril de 2013. Asimismo, durante la segunda mitad de 2012 y principios de 2013 se celebraron numerosas reuniones de consulta bilaterales con las autoridades de los Estados miembros. La Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto de las alternativas políticas teniendo en cuenta, entre otros, un estudio externo (Contrato específico nº JUST/2011/JPEN/FW/0030.A4) que ha considerado diversas opciones en lo que respecta a la creación de una Fiscalía Europea. Según el análisis de la evaluación de impacto, la creación de la Fiscalía Europea como un órgano descentralizado e integrado de la Unión, basado en los sistemas judiciales nacionales, ofrece los mayores beneficios y genera los menores costes. 3. ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 3.1. Base jurídica La base jurídica de la propuesta es el artículo 86 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Con arreglo al apartado 1 de dicho artículo, «[p]ara combatir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión, el Consejo podrá crear, mediante reglamentos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo especial, una Fiscalía Europea a partir de Eurojust. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo». El apartado 2 del citado artículo define la responsabilidad de la Fiscalía Europea de la siguiente manera: «[l]a Fiscalía Europea, en su caso en colaboración con Europol, será competente para descubrir a los autores y cómplices de infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión definidos en el reglamento contemplado en el apartado 1, y para incoar un procedimiento penal y solicitar la apertura de juicio contra ellos. Ejercerá ante los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros la acción penal relativa a dichas infracciones». Por último, el apartado 3 del artículo 86 del Tratado define el ámbito de aplicación sustantivo de los Reglamentos que se aprobarán con arreglo a él: «[l]os reglamentos contemplados en el apartado 1 fijarán el Estatuto de la Fiscalía Europea, las condiciones para el desempeño de sus funciones, las normas de procedimiento aplicables a sus actividades y aquéllas que rijan la admisibilidad de las pruebas, así como las normas aplicables al control jurisdiccional de los actos procesales realizados en el desempeño de sus funciones». 3.2. Subsidiariedad y proporcionalidad Es necesario que la Unión actúe, ya que las medidas previstas poseen una dimensión vinculada intrínsecamente a la Unión que conlleva la gestión y coordinación a escala de la Unión de las investigaciones y los procedimientos contra los delitos penales que afectan a sus intereses financieros, cuya protección es necesaria por parte tanto de la Unión como de los Estados miembros, en virtud del artículo 310, apartado 6, y del artículo 325 del TFUE. Conforme al principio de subsidiariedad, este objetivo solo puede alcanzarse a nivel de la Unión, debido a su escala y sus repercusiones. Como ya se ha indicado, la situación actual en la que la incoación de procedimientos penales contra los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión recae únicamente en las autoridades de los Estados miembros, no es satisfactoria y no logra alcanzar el objetivo de luchar de forma eficaz contra los delitos que atañen al presupuesto de la Unión. Con arreglo al principio de proporcionalidad, el presente Reglamento no excede de lo necesario para lograr su objetivo. A lo largo del texto propuesto, las opciones elegidas son las menos intrusivas para los ordenamientos jurídicos y las estructuras institucionales de los Estados miembros. Las características principales de la propuesta, como la elección de la legislación aplicable a las medidas de investigación, la figura de los fiscales delegados, el carácter descentralizado de la Fiscalía Europea y el sistema de control jurisdiccional, se han diseñado de forma que no vayan más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos principales de la propuesta. Los artículos 86 y 325 del Tratado disponen con toda claridad las competencias de la Unión para luchar contra el fraude y otros delitos que atentan contra los intereses financieros de la Unión. El paquete propuesto cumple con el requisito de subsidiariedad, ya que dicha facultad de la Unión no es complementaria de la de los Estados miembros y se ha hecho necesario ejercerla para lograr una protección más eficaz de los intereses financieros de la Unión. 3.3. Explicación de la propuesta por capítulos Los objetivos principales de la propuesta son los siguientes: · Contribuir a reforzar la protección de los intereses financieros de la Unión y al desarrollo de uno de los ámbitos de la justicia, así como fomentar la confianza de las empresas y los ciudadanos en las instituciones de la Unión, a la vez que se respetan todos los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. · Establecer un sistema europeo coherente para la investigación y la incoación de procedimientos penales contra los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión. · Garantizar investigaciones y procedimientos penales más eficaces y efectivos contra los delitos que afectan a los intereses financieros de la UE. · Aumentar el número de procedimientos penales, generando así un mayor número de condenas y recuperaciones de fondos de la Unión obtenidos de forma fraudulenta. · Garantizar una estrecha cooperación y un intercambio de información eficaz entre las autoridades europeas y las autoridades nacionales competentes. · Aumentar el efecto disuasorio para disminuir los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión. 3.3.1. Capítulo I: Objeto y definiciones Este capítulo determina el objeto del Reglamento, que es la creación de la Fiscalía Europea. Además, define una serie de términos utilizados en el texto, como el de «intereses financieros de la Unión». 3.3.2. Capítulo II: Normas generales Este capítulo establece las características fundamentales de la Fiscalía Europea, su estatus y estructura como nuevo órgano de la Unión con funciones de investigación e incoación de procedimientos penales. De esta forma, dispone normas específicas sobre el nombramiento y el cese del Fiscal Europeo y sus delegados. Asimismo, establece los principios básicos de su funcionamiento. La sección 1 (Estatus, organización y estructura de la Fiscalía Europea) aclara cómo se crea la Fiscalía Europea y las funciones que se le encomendarán. El texto determina su creación como un nuevo órgano de la Unión con personalidad jurídica, así como su relación con Eurojust. Entre las características principales de la Fiscalía Europea, el texto hace referencia a la independencia y la rendición de cuentas, que deben garantizar que esta puede ejercer sus funciones y sus competencias con inmunidad a toda influencia indebida. En el texto, también se describen los rasgos principales de la estructura de la Fiscalía Europea. La sección 2 (Nombramiento y cese de los miembros de la Fiscalía Europea) dispone las normas aplicables al proceso de nombramiento y cese del Fiscal Europeo, sus delegados y su personal. El proceso de nombramiento del Fiscal Europeo se concibe de tal forma que se garantiza su independencia y su rendición de cuentas ante las instituciones de la Unión, mientras que su procedimiento de cese recae sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el caso de los fiscales europeos delegados, que nombrará y cesará el Fiscal Europeo, el procedimiento garantiza su integración en los sistemas nacionales de incoación de procedimientos penales. La sección 3 (Principios básicos) describe los principios jurídicos fundamentales que regirán las actividades de la Fiscalía Europea, incluida la conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la proporcionalidad, la legislación nacional aplicable a la ejecución del Reglamento, la neutralidad procesal, la legalidad, la diligencia de las investigaciones y el deber de los Estados miembros de asistir en las investigaciones y la incoación de procedimientos penales por parte de la Fiscalía Europea. La sección 4 (Competencias de la Fiscalía Europea) aclara los delitos penales que se incluyen en el ámbito de competencias materiales de dicha Fiscalía. Tales delitos deben definirse haciendo referencia a la legislación nacional mediante la cual se aplica el Derecho de la Unión (Directiva 2013/xx/UE). El texto distingue dos categorías de delitos: los primeros competen automáticamente a la Fiscalía Europea (artículo 12) y los segundos (artículo 13) requieren determinar sus competencias cuando existen determinados vínculos con delitos pertenecientes a la primera categoría. La sección también describe la forma en que la Fiscalía Europea ejercerá sus competencias sobre dichos delitos. 3.3.3. Capítulo III: Reglamento interno en materia de investigaciones, incoación de procedimientos penales y procesos judiciales Este capítulo abarca las características fundamentales de las investigaciones y los procedimientos penales de la Fiscalía Europea e incluye disposiciones sobre la forma en que deben supervisarlas los tribunales nacionales, qué decisiones puede tomar Dicha Fiscalía una vez que finaliza la investigación, cómo puede ejercer sus funciones la imputación y cómo pueden utilizarse las pruebas recabadas en los tribunales. La sección 1 (Proceso de investigación) dispone las normas generales que se aplican a las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Europea, incluidas las fuentes de información utilizadas, la forma en que se inician las investigaciones y en que dicha Fiscalía puede obtener información adicional procedente de bases de datos o información recabada previa solicitud. La sección 2 (Tratamiento de la información) explica el funcionamiento del Sistema de Gestión de Casos. La sección 3 (Medidas de investigación) determina los tipos y condiciones de las medidas de investigación individuales a las que podrá recurrir la Fiscalía Europea. El texto no regula detalladamente cada una de estas medidas, sino que requiere la aplicación de la legislación nacional. La sección 4 (Finalización de la investigación y competencias de incoación de procedimientos penales) expone los distintos tipos de decisiones que puede tomar la Fiscalía Europea cuando termina una investigación, incluidos los autos de incoación de procedimientos penales y los sobreseimientos. La sección 5 (Admisibilidad de pruebas) regula la admisibilidad de las pruebas recabadas y presentadas por la Fiscalía Europea a los tribunales. La sección 6 (Confiscación) regula la disposición de los bienes confiscados por los tribunales nacionales debido al proceso iniciado por la Fiscalía Europea. 3.3.4. Capítulo IV: Garantías procesales Las normas de este capítulo establecen las garantías para los sospechosos y otras personas implicadas en los procedimientos de la Fiscalía Europea, que tendrá que respetar las reglas correspondientes, especialmente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Las normas hacen referencia a la legislación de la Unión (Directivas sobre diversos derechos procesales en procesos penales) relativa a determinados derechos, pero también definen de forma autónoma otros derechos que aún no regula la legislación de la UE. Como tales, dichas normas proporcionan una capa de protección adicional respecto a la legislación nacional, de forma que los sospechosos y otras personas puedan gozar directamente de protección a escala de la Unión. 3.3.5. Capítulo V: Control jurisdiccional El artículo 86, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea permite que el legislador de la Unión determine las normas aplicables al control jurisdiccional de las medidas procesales adoptadas por la Fiscalía Europea en el desempeño de sus funciones. Esta posibilidad refleja la naturaleza específica de dicha fiscalía, que difiere de todos los demás órganos y agencias de la UE y requiere normas especiales en cuanto al control jurisdiccional. El artículo 86, apartado 2, del citado Tratado exige que la Fiscalía Europea ejerza sus funciones como fiscalía en los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros. Las investigaciones de la Fiscalía Europea también están estrechamente relacionadas con cualquier posible imputación y surtirán efecto principalmente en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. En la mayoría de los casos, también las llevarán a cabo las autoridades policiales y judiciales, que actuarán conforme a las instrucciones de dicha Fiscalía y, en algunos casos, tras haber obtenido también la autorización de un órgano jurisdiccional nacional. Por consiguiente, la Fiscalía Europea constituye un órgano de la Unión cuya actuación revestirá importancia principalmente en los ordenamientos jurídicos nacionales. Por ese motivo, conviene considerar a la Fiscalía Europea como autoridad nacional a efectos del control jurisdiccional de sus actuaciones de investigación e incoación de procedimientos penales. Por tanto, los órganos jurisdiccionales nacionales deben disponer del control jurisdiccional de todas las actuaciones de investigación e incoación de procedimientos penales impugnables que hayan emprendido la Fiscalía Europea, y los órganos jurisdiccionales de la Unión no deben poseer competencias directas en cuanto a dichas actuaciones, en virtud de los artículos 263, 265 y 268 del Tratado, puesto que dichos actos no deben considerarse competencia de la UE a efectos de control jurisdiccional. Con arreglo al artículo 267 del Tratado, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden o, en determinadas circunstancias, deben remitir al Tribunal de Justicia cuestiones relativas a sentencias prejudiciales en materia de interpretación o de validez de las disposiciones de la legislación de la Unión que atañen al control jurisdiccional de actuaciones de investigación e incoación de procedimientos penales realizadas por la Fiscalía Europea, incluidas cuestiones relativas a la interpretación del presente Reglamento. Dado que la Fiscalía Europea se considerará una autoridad nacional a efectos de control jurisdiccional, los órganos jurisdiccionales nacionales solo podrán remitir cuestiones relacionadas con la interpretación al Tribunal de Justicia en cuanto a las actuaciones de la misma. Por tanto, el procedimiento de sentencias preliminares garantizará la aplicación uniforme del presente Reglamento en toda la Unión, al mismo tiempo que la validez de los actos de la Fiscalía Europea podrá impugnarse ante los órganos jurisdiccionales nacionales con arreglo a la legislación nacional. 3.3.6. Capítulo VI: Protección de datos Este capítulo establece las normas que rigen el régimen de protección de datos que en el contexto concreto de la Fiscalía Europea especifican y complementan la legislación de la UE aplicable al tratamiento de datos personales por parte de los órganos de la Unión (en particular, el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2000 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos. La supervisión de todos los datos personales tratados en el marco de las actividades de la Fiscalía Europea se ha encomendado al Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD). 3.3.7. Capítulo VII: Disposiciones en materia financiera y de personal Las normas de este capítulo regulan la forma en que la Fiscalía Europea gestionará su presupuesto y su personal, basándose en la legislación europea aplicable, es decir, en lo relativo a cuestiones presupuestarias, el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, y en lo relativo al personal, el Reglamento nº 31 (CEE) en su versión revisada. 3.3.8. Capítulo VIII: Disposiciones sobre las relaciones de la Fiscalía Europea Este capítulo regula la relación de la Fiscalía Europea con las instituciones de la Unión u otros órganos, así como con otros actores no pertenecientes a la UE. Se aplican normas especiales a la relación de la Fiscalía Europea con Eurojust, habida cuenta del vínculo especial que los une en el ámbito de las actividades operativas, la administración y la gestión. 3.3.9. Capítulo IX: Disposiciones generales Estas disposiciones abordan aspectos institucionales que surgen con la creación de cualquier nuevo órgano o agencia de la Unión. Se inspiran en gran medida en el «enfoque común sobre las agencias descentralizadas», pero tienen en cuenta la naturaleza (judicial) específica de la Fiscalía Europea. Las disposiciones abarcan cuestiones como el estatus jurídico y las condiciones de funcionamiento, el régimen lingüístico, las reglas relativas a la prevención del fraude, la gestión de información clasificada, las investigaciones administrativas y las normas sobre responsabilidad. 3.3.10. Capítulo X: Disposiciones finales Estas disposiciones tratan de la ejecución del Reglamento y contemplan la adopción de disposiciones de aplicación, disposiciones transitorias, normas administrativas y entrada en vigor. 4. IMPLICACIONES PRESUPUESTARIAS La propuesta pretende ser rentable para el presupuesto de la UE: parte de los recursos actuales de la OLAF se utilizarán para establecer la sede central de la Fiscalía Europea, que a su vez dependerá del apoyo administrativo de Eurojust. Surgirán costes adicionales limitados en cuanto a la posición de los fiscales europeos delegados, que estarán situados en los Estados miembros y formarán parte íntegra de la Fiscalía Europea. Dado su estatus dual, como fiscales de la Unión y nacionales, recibirán una remuneración procedente del presupuesto de la UE y estarán cubiertos por el Estatuto de los funcionarios. Puesto que la fase de creación de la Fiscalía Europea probablemente durará varios años, se transferirá gradualmente personal de la OLAF a dicha Fiscalía y se reducirá de la plantilla de personal y el presupuesto de la OLAF el número equivalente de puestos transferidos y los créditos correspondientes. La Fiscalía Europea alcanzará la velocidad de crucero una vez alcanzado el nivel de plantilla completa. Dicho nivel se alcanzará en 2023 con 235 empleados, de los cuales 180 corresponderán a puestos de plantilla y 55 a personal externo. El coste estimado para 2023 con dicho nivel de personal ascenderá aproximadamente a 35 millones EUR. 2013/0255 (APP) Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO relativo a la creación de la Fiscalía Europea EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 86, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Vista la aprobación del Parlamento Europeo, Previa consulta con el Supervisor Europeo de Protección de Datos, De conformidad con un procedimiento legislativo especial, Considerando lo siguiente: (1) Tanto la Unión como los Estados miembros tienen la obligación de proteger los intereses financieros de la UE ante los delitos penales, que cada año generan daños financieros significativos. Pese a ello, actualmente las autoridades nacionales no investigan ni procesan suficientemente esos delitos. (2) La creación de la Fiscalía Europea está prevista en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en el marco del ámbito de libertad, seguridad y justicia. (3) El Tratado exige expresamente que la Fiscalía Europea se cree a partir de Eurojust, lo cual implica que el presente Reglamento debe establecer vínculos entre ambas entidades. (4) El Tratado dispone que el mandato de la Fiscalía Europea es luchar contra los delitos que perjudican los intereses financieros de la UE. (5) Con arreglo al principio de subsidiariedad, la lucha contra los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión puede mejorar a escala de la Unión, habida cuenta de su escala y repercusiones. La situación actual, en la que la incoación de procedimientos penales contra delitos que atentan contra los intereses financieros de la Unión recae exclusivamente en las autoridades de los Estados miembros y no es suficiente para lograr tal objetivo. Dado que los objetivos del Reglamento, concretamente la creación de la Fiscalía Europea, no pueden ser alcanzados por los Estados miembros, dada la fragmentación de los procedimientos penales nacionales en el campo de los delitos cometidos contra los intereses financieros de la Unión y que, por tanto, debido al hecho de que la Fiscalía Europea tendrá competencias exclusivas para procesar tales delitos, dichos objetivos se lograrán mejor a escala de la Unión, esta podrá adoptar medidas, con arreglo al principio de subsidiariedad tal y como figura en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. (6) Conforme al principio de proporcionalidad, dispuesto en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos y garantiza unas repercusiones en los ordenamientos jurídicos y estructuras institucionales de los Estados miembros lo menos intrusivas posible. (7) El mandato de la Fiscalía Europea debe ser investigar, incoar procedimientos penales y solicitar la apertura de juicio contra los autores de delitos que atentan contra los intereses financieros de la Unión. Esto requiere competencias autónomas de investigación e incoación de procedimientos penales, incluida la capacidad de llevar a cabo investigaciones en casos complejos de carácter transfronterizo. (8) La estructura organizativa de la Fiscalía Europea también debe permitir una toma de decisiones rápida y eficaz en la realización de investigaciones y procedimientos penales, ya impliquen a uno o a varios Estados miembros. (9) Como norma general, las investigaciones de dicha Fiscalía deben efectuarlas los fiscales europeos delegados en los Estados miembros. En los casos que impliquen a varios Estados miembros o que revistan especial complejidad, es posible que, para investigar e incoar procedimientos penales con eficacia, se requiera que la Fiscalía Europea también ejerza sus competencias dando instrucciones a las autoridades policiales y judiciales. (10) Puesto que se otorgarán competencias de investigación e incoación de procedimientos penales a la Fiscalía Europea, deben establecerse garantías institucionales que aseguren su independencia y su rendición de cuentas ante las instituciones de la Unión. (11) La estricta rendición de cuentas constituye un complemento a la independencia y a las competencias que se le otorgan en virtud del presente Reglamento. El Fiscal Europeo responde completamente del desempeño de sus funciones como responsable de la Fiscalía Europea y, como tal, debe rendir cuentas institucionalmente de sus actividades generales ante las instituciones de la Unión. Como consecuencia, en determinadas circunstancias, cualquiera de las instituciones de la Unión puede solicitar su cese al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo, en casos graves de conducta indebida. Esta rendición de cuentas debe combinarse con un estricto régimen de control jurisdiccional por medio del cual la Fiscalía Europea solo puede ejercer sus competencias coercitivas de investigación previa autorización judicial y si el tribunal verifica la conformidad de las pruebas que se le presentan con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (12) Con el fin de garantizar la coherencia de su actuación y, por tanto, una protección equivalente de los intereses financieros de la Unión, la estructura organizativa de la Fiscalía Europea debe permitir una coordinación y gestión central de todas las investigaciones y los procedimientos penales de su ámbito de competencias. Por consiguiente, la Fiscalía Europea debe poseer una estructura central en la que el Fiscal Europeo tome las decisiones. (13) Con objeto de maximizar la eficacia y minimizar los costes, la Fiscalía Europea debe respetar el principio de descentralización por el cual debe, en principio, recurrir a los fiscales europeos delegados situados en los Estados miembros para incoar investigaciones y procedimientos penales. La Fiscalía Europea debe depender de las autoridades nacionales, incluidas las autoridades policiales, especialmente para la ejecución de medidas coercitivas. En virtud del principio de cooperación leal, todas las autoridades nacionales y los órganos competentes de la Unión, incluido Europol, Eurojust y la OLAF, están obligados a respaldar activamente las investigaciones y los procedimientos penales de la Fiscalía Europea, así como a cooperar con la misma en todo lo que puedan. (14) Las actividades operativas de la Fiscalía Europea deben llevarlas a cabo los fiscales europeos delegados o su personal nacional en los Estados miembros conforme a las instrucciones del Fiscal Europeo y en nombre de este. El Fiscal Europeo y sus delegados deben disponer del personal necesario para desempeñar sus funciones con arreglo al presente Reglamento. La Fiscalía Europea debe considerarse indivisible. (15) El procedimiento para la designación del Fiscal Europeo debe garantizar su independencia y su legitimidad y debe ser concebido por las instituciones de la Unión. Los delegados del Fiscal Europeo deben nombrarse por medio del mismo procedimiento. (16) El procedimiento para el nombramiento de los fiscales europeos delegados debe garantizar que forman parte integral de la Fiscalía Europea y que se integran, tanto a escala operativa como funcional, en los sistemas jurídicos nacionales y en las estructuras de incoación de procedimientos penales. (17) La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea constituye la base común para la protección de los derechos de los sospechosos en procesos penales durante las fases previa y posterior al juicio. Las actividades de la Fiscalía Europea deben desempeñarse respetando plenamente y en todo momento esos derechos. (18) Las investigaciones y los procedimientos penales de la Fiscalía Europea deben regirse por los principios de proporcionalidad, imparcialidad y equidad hacia el sospechoso. Esto incluye la obligación de buscar todo tipo de pruebas, tanto inculpatorias como exculpatorias. (19) Es necesario determinar el reglamento interno aplicable a las actividades de la Fiscalía Europea. Puesto que resultaría desproporcionado aportar disposiciones detalladas sobre la ejecución de investigaciones y procedimientos penales, el presente Reglamento solo citará las medidas de investigación que la Fiscalía Europea puede requerir, dejando otras cuestiones, en particular las normas relativas a su ejecución, a las legislaciones nacionales. (20) Con el fin de garantizar seguridad jurídica y tolerancia cero ante los delitos que perjudican los intereses financieros de la Unión, las actividades de investigación y procedimiento penal de la Fiscalía Europea deben basarse en el principio de incoación obligatoria de procedimiento penal, según el cual debe iniciar investigaciones y, conforme a condiciones adicionales, incoar procedimientos penales contra todo delito que se encuentre en su ámbito de competencias. (21) El ámbito de competencias material de la Fiscalía Europea debe limitarse a los delitos penales que afectan a los intereses financieros de la Unión. Toda ampliación de tales competencias para incluir delitos graves de carácter transfronterizo requeriría una decisión unánime por parte del Consejo Europeo. (22) A menudo los delitos que atentan contra los intereses financieros de la Unión están estrechamente relacionados con otros delitos. En aras de la eficacia procesal y para evitar cualquier posible infracción del principio ne bis in idem, las competencias de la Fiscalía Europea también deben abarcar los delitos que la legislación no defina técnicamente como delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión cuando los hechos constitutivos sean idénticos y estén vinculados de forma inextricable con aquellos que atentan contra los delitos financieros de la UE. En estos casos mixtos, en los que predomina un delito que afecta a los intereses financieros de la Unión, la Fiscalía Europea debe ejercer sus competencias previa consulta con las autoridades competentes del Estado miembro en cuestión. El predominio debe determinarse conforme a criterios como las repercusiones financieras del delito para la Unión, para los presupuestos nacionales, el número de víctimas u otras circunstancias relacionadas con la gravedad del delito o con las sanciones aplicables. (23) Las competencias de la Fiscalía Europea en cuanto a los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión deben ser prioritarias por encima de las reclamaciones nacionales de jurisdicción, de forma que pueda garantizar coherencia y gestionar las investigaciones y los procedimientos penales a escala de la UE. En lo que respecta a dichos delitos, los Estados miembros solo deben actuar previa solicitud de la Fiscalía Europea, a menos que sean necesarias medidas urgentes. (24) Dado que la Fiscalía Europea debe incoar procedimientos judiciales ante los órganos jurisdiccionales nacionales, sus competencias deben definirse haciendo referencia al Derecho penal de los Estados miembros, que criminaliza los actos u omisiones que atentan contra los intereses financieros de la Unión y determina las sanciones correspondientes mediante la aplicación de la legislación europea en cuestión, en particular [Directiva 2013/xx/UE[3]], en los sistemas jurídicos nacionales. (25) La Fiscalía Europea debe ejercer sus competencias con la mayor amplitud posible, de forma que sus investigaciones y procedimientos penales puedan abarcar los delitos cometidos fuera del territorio de los Estados miembros. Por tanto, el ejercicio de sus competencias debe ajustarse a las normas dispuestas por la [Directiva 2013/xx/UE]. (26) Dado que la Fiscalía Europea posee competencias exclusivas para gestionar los delitos que atentan contra los intereses financieros de la Unión, las autoridades nacionales competentes y los órganos correspondientes de la UE, incluidos Eurojust, Europol y la OLAF, deben facilitar las investigaciones que esta lleve a cabo en el territorio de los Estados miembros desde el momento que se notifique un posible delito a dicha Fiscalía hasta que esta decida incoar procedimientos penales o archivar el caso. (27) Con objeto de cumplir plenamente su obligación de informar a la Fiscalía Europea cuando existan sospechas de que se ha cometido un delito para el que esta está facultada, las autoridades nacionales de los Estados miembros, así como todas las instituciones, órganos organismos y agencias de la Unión deben seguir los procedimientos de notificación vigentes y disponer de mecanismos eficaces para efectuar una evaluación preliminar de las denuncias que les lleguen. A tal fin, las instituciones, órganos, organismos y agencias de la UE recurrirán a la OLAF. (28) Para la investigación y la incoación de procedimientos penales eficaces de los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión es fundamental que la Fiscalía Europea recabe pruebas en toda la UE mediante el uso de un conjunto exhaustivo de medidas de investigación, teniendo en cuenta al mismo tiempo el principio de proporcionalidad y la necesidad de obtener una autorización judicial para ciertas medidas de investigación. Estas medidas deben ser utilizables en los delitos que son competencia de la Fiscalía Europea, para que esta lleve a cabo sus investigaciones y procedimientos penales. Una vez que la Fiscalía Europea o la autoridad judicial competente las soliciten, las medidas deben aplicarse de conformidad con la legislación nacional. Además, la Fiscalía Europea debe tener acceso a todas las fuentes de información pertinentes, incluidos los registros públicos y privados. (29) El uso de las medidas de investigación dispuestas por el presente Reglamento debe cumplir los requisitos establecidos, incluida la necesidad de obtener autorización judicial para ciertas medidas coercitivas de investigación. Otras medidas de investigación pueden someterse a una autorización judicial si así lo requiere la legislación del Estado miembro en que vayan a ejecutarse. Los requisitos generales de proporcionalidad y necesidad deben aplicarse a la solicitud de las medidas tomadas por la Fiscalía Europea y a su autorización por parte de la autoridad nacional competente en materia judicial con arreglo al presente Reglamento. (30) El artículo 86 del Tratado exige que la Fiscalía Europea ejerza funciones de fiscalía, que incluyen la decisión de imputar a un sospechoso y elegir la jurisdicción. La decisión de imputar a un sospechoso debe ser adoptada por el Fiscal Europeo, de forma que exista una política común de incoación de procedimientos penales. Dicho Fiscal Europeo debe elegir la jurisdicción del proceso conforme a un conjunto de criterios transparentes. (31) Teniendo en cuenta el principio de incoación obligatoria de procedimiento penal, las investigaciones de la Fiscalía Europea deben derivar normalmente en una imputación ante los órganos jurisdiccionales competentes en los casos en que existan pruebas sólidas y no existan motivos jurídicos que impidan dicha imputación. En ausencia de dichas pruebas y cuando no existan muchas perspectivas de que las pruebas necesarias puedan derivar en un proceso judicial el caso puede archivarse. Además, la Fiscalía Europea debe tener la posibilidad de archivar el caso cuando se trata de un delito menor. Cuando el caso no se archive por tales motivos pero tampoco exista justificación para la imputación, la Fiscalía Europea debe tener la posibilidad de proponer una transacción al sospechoso, siempre en aras de una correcta administración de la justicia. Las normas aplicables a las transacciones, así como las que se apliquen al cálculo de las multas que se impongan debe clarificarse en las normas administrativas de la Fiscalía Europea. La archivación de un caso mediante una transacción con arreglo al presente Reglamento no debe interferir en la aplicación de medidas administrativas por parte de las autoridades competentes, siempre que dichas medidas no hagan referencia a sanciones que puedan equivaler a sanciones penales. (32) Las pruebas presentadas al tribunal por la Fiscalía Europea deben reconocerse como pruebas admisibles y, por tanto, se asume que cumplen cualquier requisito probatorio pertinente con arreglo a la legislación nacional de los Estados miembros en los que está situado dicho tribunal, siempre que este considere que respecta la equidad del procedimiento y los derechos de defensa del ciudadano en virtud de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El tribunal no puede excluir las pruebas presentadas por la Fiscalía Europea por considerarlas inadmisibles basándose en que las condiciones y normas para recabar ese tipo de pruebas difieren según la legislación nacional que se les aplica. (33) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Requiere que la Fiscalía Europea respete, en particular, el derecho a un proceso judicial imparcial y los derechos de defensa y presunción de inocencia, consagrados en los artículos 47 y 48 de la Carta. El artículo 50 de la Carta, que protege el derecho a no ser procesado o condenado dos veces en procedimientos penales por el mismo delito (ne bis in idem), garantiza que no habrá dobles procedimientos penales debido a los procedimientos judiciales incoados por la Fiscalía Europea. Por tanto, las actividades de la Fiscalía Europea deben desempeñarse de plena conformidad con dichos derechos y debe aplicarse e interpretarse el presente Reglamento como corresponde. (34) El artículo 82, apartado 2, del Tratado permite que la Unión establezca normas mínimas sobre los derechos de las personas físicas en los procesos penales, con el fin de garantizar que se respetan los derechos de defensa y la imparcialidad de los procedimientos. Aunque la Unión ya ha asentado un acervo considerable, algunos de estos derechos aún no se han armonizado en el Derecho de la Unión. Respetando tales derechos, el presente Reglamento debe establecer normas que se aplicarían exclusivamente a los fines del mismo. (35) Las actividades de la Fiscalía Europea deben estar sujetas a los derechos de defensa ya contemplados en la legislación correspondiente de la Unión, como la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales[4], la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales[5] y la [Directiva 2013/xx/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de xx xxxx de 2013 relativa al acceso a un abogado en procesos penales y al derecho a poder comunicarse tras ser arrestado], tal y como las aplica la legislación nacional. Cualquier sospechoso que sea objeto de una investigación iniciada por la Fiscalía debe beneficiarse de ellos. (36) El artículo 86, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea determina que es el legislador de la Unión quien debe fijar las normas aplicables al control jurisdiccional de las medidas procesales adoptadas por la Fiscalía Europea en el desempeño de sus funciones. Esta competencia otorgada al legislador refleja la naturaleza específica de dicha Fiscalía, que difiere de todos los demás órganos y agencias de la UE y requiere normas especiales en cuanto al control jurisdiccional. (37) El artículo 86, apartado 2, del citado Tratado exige que la Fiscalía Europea ejerza sus funciones como fiscalía en los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros. Las acciones emprendidas por la Fiscalía Europea en el transcurso de sus investigaciones están estrechamente relacionadas con los procedimientos penales que pueden derivar de estas y generan repercusiones en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros. En la mayoría de los casos las llevarán a cabo las autoridades policiales y judiciales, que actuarán conforme a las instrucciones de dicha Fiscalía y, en ciertas ocasiones, tras haber obtenido autorización de un órgano jurisdiccional nacional. Por ese motivo, es conveniente considerar a la Fiscalía Europea como autoridad nacional a efectos del control jurisdiccional de sus acciones de investigación e incoación de procedimientos penales. Por tanto, se encomendará a los órganos jurisdiccionales nacionales el control jurisdiccional de todas las actuaciones impugnables de investigación e incoación de procedimientos penales emprendidas por la Fiscalía Europea y los órganos jurisdiccionales de la Unión no deben poseer competencias directas en cuanto a dichas actuaciones, en virtud de los artículos 263, 265 y 268 del Tratado, puesto que dichos actos no se considerarían competencia de la UE con fines de control jurisdiccional. (38) Con arreglo al artículo 267 del Tratado, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden o, en determinadas circunstancias, deben remitir al Tribunal de Justicia cuestiones relativas a sentencias prejudiciales en materia de interpretación o de la validez de las disposiciones de la legislación de la Unión, incluido el presente Reglamento, que atañen al control jurisdiccional de las actuaciones de investigación e incoación de procedimientos penales de la Fiscalía Europea. Los órganos jurisdiccionales nacionales no deben tener la posibilidad de remitir al Tribunal de Justicia cuestiones relativas a la validez de los actos de la Fiscalía Europea, ya que dichas actuaciones no deben considerarse actos de un órgano de la Unión a efectos de control jurisdiccional (39) Asimismo, conviene aclararse que las cuestiones relativas a la interpretación de las disposiciones de la legislación nacional que adquieran carácter aplicable en virtud del presente Reglamento deben tratarlas únicamente los órganos jurisdiccionales nacionales. Por consiguiente, dichos órganos jurisdiccionales no remitirán al Tribunal de Justicia casos relativos a la interpretación de la legislación nacional a que hace referencia el presente Reglamento. (40) Puesto que el Tratado indica que la Fiscalía Europea se creará a partir de Eurojust, ambos deben coexistir, cooperar y complementarse a nivel orgánico, operativo y administrativo. (41) La Fiscalía Europea también debe colaborar estrechamente con otras instituciones y organismos de la Unión, con el fin de facilitar el ejercicio de sus funciones con arreglo al presente Reglamento y , en su caso, establecer acuerdos formales que recojan normas detalladas relativas a la cooperación y al intercambio de información. La cooperación con Europol y la OLAF debe resultar especialmente importante para evitar duplicidades y permitir que la Fiscalía Europea obtenga la información pertinente de que dispongan, así como recurrir a sus análisis e investigaciones específicas. (42) El tratamiento de datos personales efectuado por la Fiscalía Europea estará sujeto al Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos[6]. Esto atañe al tratamiento de datos personales en el marco de los objetivos y labores de la Fiscalía Europea, a los datos relativos al personal y a los datos administrativos personales que posea. El Supervisor Europeo de Protección de Datos debe supervisar el tratamiento de datos personales que realiza la Fiscalía Europea. Los principios dispuestos en el Reglamento (CE) nº 45/2001 deben especificarse y complementarse en lo que respecta al tratamiento de datos personales operativos efectuado por la Fiscalía Europea cuando sea necesario. Cuando la Fiscalía Europea transfiera datos personales operativos a una autoridad de un tercer país, a una organización internacional o a Interpol en virtud de un acuerdo internacional suscrito con arreglo al artículo 218 del Tratado, las garantías adecuadas aportadas en cuanto a la protección de la privacidad, de los derechos fundamentales y de las libertades individuales deben garantizar que se cumplen las disposiciones del presente Reglamento en materia de protección de datos. (43) El tratamiento de datos personales realizado por las autoridades competentes de los Estados miembros con fines de prevención, investigación, detección o incoación de procedimientos penales contra delitos penales o para la ejecución de sanciones penales está sujeto a la [Directiva 2013/xx/EU relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos]. (44) El sistema de tratamiento de datos de la Fiscalía Europea debe basarse en el Sistema de Gestión de Casos de Eurojust, pero sus ficheros temporales de trabajo deben considerarse expedientes desde el momento en que se inicia una investigación. (45) El régimen financiero, presupuestario y de personal de la Fiscalía Europea debe seguir las normas europeas correspondientes aplicables a los órganos dispuestos en el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo[7], teniendo en cuenta como corresponde, no obstante, el hecho de que la Fiscalía Europea posee competencias únicas para llevar a cabo investigaciones y procedimientos penales a escala de la Unión. Debe obligarse a la Fiscalía Europea a proporcionar información una vez al año. (46) Las normas generales de transparencia aplicables a los organismos de la UE también deben aplicarse a la Fiscalía Europea, pero únicamente en lo que respecta a sus labores administrativas, de forma que no se ponga en peligro en modo alguno el requisito de confidencialidad de sus funciones operativas. Del mismo modo, las investigaciones administrativas llevadas a cabo por el Defensor del Pueblo Europeo deben respetar el requisito de confidencialidad de la Fiscalía Europea. (47) Con arreglo al artículo 3 del Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, adjunto al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cuyos Estados miembros han notificado su deseo de [no] [participar y] aprobar y aplicar el presente Reglamento. (48) Según los artículos 1 y 2 del Protocolo nº 22 sobre la posición de Dinamarca, adjunto al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no va a participar en la aprobación del presente Reglamento y no está obligada ni se someterá a su aplicación. (49) El 13 de diciembre de 2003 los Representantes de los Estados miembros se reunieron a escala del Jefe de Estado o de Gobierno y eligieron la sede de la Fiscalía Europea. HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: CAPÍTULO I OBJETO Y DEFINICIONES Artículo 1 Objeto Por el presente Reglamento se crea la Fiscalía Europea y establece normas en cuanto a su funcionamiento. Artículo 2 Definiciones A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las siguientes definiciones: a) «persona»: cualquier persona física o jurídica; b) «delitos penales que afectan a los intereses financieros de la Unión»: delitos contemplados por la Directiva 2013/xx/UE, tal y como se aplica en la legislación nacional; c) «intereses financieros de la Unión»: todos los ingresos, gastos y activos abarcados por o adquiridos mediante o debido al presupuesto de la UE y a los presupuestos de las instituciones órganos, organismos y agencias establecidas con arreglo a los Tratados, así como a los presupuestos gestionados y supervisados por los mismos. d) «datos administrativos personales »: todos los datos personales tratados por la Fiscalía Europea salvo los datos personales operativos; e) «datos personales operativos»: todos los datos personales tratados por la Fiscalía Europea necesarios para cumplir los objetivos dispuestos en el artículo 37. CAPÍTULO II NORMAS GENERALES Sección 1 Estatus, organización y estructura de la Fiscalía Europea Artículo 3 Creación 1. La Fiscalía Europea se crea como órgano de la Unión con una estructura descentralizada. 2. La Fiscalía Europea tendrá personalidad jurídica. 3. La Fiscalía Europea cooperará con Eurojust y dependerá de su apoyo administrativo con arreglo al artículo 57. Artículo 4 Funciones 1. La labor de la Fiscalía Europea será luchar contra los delitos penales que afectan a los intereses financieros de la Unión. 2. La Fiscalía Europea será responsable de investigar, procesar y llevar ante los tribunales a los autores y cómplices de los delitos penales citados en el apartado 1. A este respecto, la Fiscalía Europea dirigirá y supervisará las investigaciones e incoará procedimientos penales, incluida la archivación del caso. 3. La Fiscalía Europea ejercerá las funciones de fiscalía en los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros, respetando los delitos mencionados en el apartado 1, incluida la presentación de una imputación y cualquier recurso hasta que se resuelva el caso. Artículo 5 Independencia y rendición de cuentas 1. La Fiscalía Europea será independiente. 2. La Fiscalía Europea, incluido el Fiscal Europeo, sus delegados y el personal, los fiscales delegados y su personal nacional, no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ninguna persona, Estado miembro o institución, órgano, organismo o agencia de la Unión en el desempeño de sus deberes. Las instituciones, órganos, organismos o agencias de la Unión y los Estados miembros respetarán la independencia de la Fiscalía Europea y no intentarán influirla en el ejercicio de sus funciones. 3. El Fiscal Europeo rendirá cuentas ante el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea en cuanto a las actividades generales de la Fiscalía Europea, en particular, presentando un informe anual conforme al artículo 70. Artículo 6 Estructura y organización de la Fiscalía Europea 1. La estructura de la Fiscalía Europea incluirá un Fiscal Europeo, sus delegados, el personal que les asiste en el desempeño de sus labores en virtud del presente Reglamento y fiscales europeos delegados situados en los Estados miembros. 2. El Fiscal Europeo estará al frente de la Fiscalía Europea, dirigirá sus actividades y organizará su labor. El Fiscal Europeo estará asistido por cuatro delegados. 3. Los delegados ayudarán al Fiscal Europeo a cumplir con todos sus deberes y le sustituirán, con arreglo a las normas aprobadas según el artículo 72, párrafo primero, letra d), cuando este no esté presente o no pueda atender dichos deberes. Uno de los delegados se encargará de la ejecución del presupuesto. 4. Los fiscales europeos delegados incoarán las investigaciones y los procedimientos penales de la Fiscalía Europea bajo la dirección y supervisión del Fiscal Europeo. Cuando se considere necesario por el bien de la investigación o del procedimiento, el Fiscal Europeo también ejercerá su autoridad de forma directa, con arreglo al artículo 18, apartado 5. 5. En cada Estado miembro debe haber al menos un fiscal europeo delegado, que formará parte íntegral de la Fiscalía Europea. Los fiscales europeos delegados actuarán bajo la autoridad exclusiva del Fiscal Europeo y, al incoar las investigaciones y los procedimientos penales que se les asignen, acatarán instrucciones, directrices y decisiones únicamente de él. Cuando actúen según su mandato en virtud del presente Reglamento, serán completamente independientes de las fiscalías nacionales y no tendrán obligaciones respecto a las mismas. 6. Los fiscales europeos delegados tanbién podrán ejercer sus funciones como fiscales nacionales. En caso de que sus tareas entren en conflicto, los fiscales europeos delegados lo notificarán al Fiscal Europeo, quien, tras consultar a las autoridades fiscales nacionales competentes, les indicarán cómo actuar en pro de las investigaciones y los procedimientos penales de la Fiscalía Europea para conceder prioridad a las funciones que derivan del presente Reglamento. En tales casos, el Fiscal Europeo informará inmediatamente a las autoridades fiscales nacionales competentes. 7. Las medidas tomadas por el Fiscal Europeo, los fiscales delegados, cualquier miembro del personal de la Fiscalía Europea o cualquier otra persona que actúe en su nombre en el ejercicio de sus derechos se atribuirán a dicha Fiscalía Europea. El Fiscal Europeo representará a la Fiscalía Europea frente a las instituciones de la Unión, los Estados miembros u otras terceras partes. 8. Cuando sea necesario a efectos de una investigación o la incoación de un procedimiento, el Fiscal Europeo podrá asignar con carácter provisional recursos y personal a los fiscales europeos delegados. Artículo 7 Reglamento interno de la Fiscalía Europea 1. El Reglamento interno de la fiscalía Europea se aprobará por medio de una decisión del Fiscal Europeo, sus delegados y cinco fiscales europeos delegados, que elegirá dicho Fiscal Europeo conforme a un estricto sistema de rotación equitativa que refleje la distribución demográfica y geográfica de todos los Estados miembros. Esta decisión se adoptará por mayoría simple, para lo que cada miembro dispondrá de un voto. En caso de empate, el Fiscal Europeo tendrá voto de calidad. 2. El Reglamento interno regirá la organización de las labores de la Fiscalía Europea e incluirá normas generales sobre la asignación de casos. Sección 2 Nombramiento y cese de los miembros de la Fiscalía Europea Artículo 8 Nombramiento y cese del Fiscal Europeo 1. El Fiscal Europeo será designado por un Consejo, previo consentimiento del Parlamento Europeo, para un período de ocho años no renovable. El Consejo decidirá por mayoría simple. 2. El Fiscal Europeo se elegirá entre personas que ofrezcan plenas garantías de independencia, posean las cualificaciones necesarias para ocupar un alto cargo judicial y cuenten con experiencia pertinente en procedimientos penales. 3. La selección se basará en una convocatoria abierta que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, tras la cual la Comisión elaborará y presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una lista de candidatos preseleccionados. Antes de presentar dicha lista, la Comisión solicitará la opinión de un grupo creado por ella y formado por siete personas elegidas entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia, miembros de los tribunales supremos nacionales, de las fiscalías nacionales y/o juristas de renombre. El Parlamento Europeo propondrá a uno de ellos, al igual que el Presidente de Eurojust, en calidad de observador. 4. Si el Fiscal Europeo ya no cumple las condiciones exigidas para el desempeño de sus labores o si se determina que es culpable de conducta indebida grave, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podrá cesarle, previa solicitud del Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión. Artículo Nombramiento y cese de los delegados del Fiscal Europeo 1. Los delegados del Fiscal Europeo se designarán conforme a las normas establecidas en el artículo 8, apartado 1. 2. Los delegados del Fiscal Europeo se elegirán entre personas que ofrezcan plenas garantías de independencia, posean las cualificaciones necesarias para ocupar un alto cargo judicial y cuenten con experiencia pertinente en procedimientos penales. 3. La selección se basará en una convocatoria abierta que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, tras la cual la Comisión elaborará y presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, de acuerdo con el Fiscal Europeo, una lista de candidatos preseleccionados que reflejará la distribución demográfica y geográfica de los Estados miembros. 4. Los delegados se designarán conforme a las normas establecidas en el artículo 8, apartado 3, por iniciativa del Fiscal Europeo. Artículo 10 Nombramiento y cese de los fiscales europeos delegados 1. El Fiscal Europeo designará a los fiscales europeos a partir de una lista de al menos tres candidatos que cumplan los requisitos dispuestos en el apartado 2, presentada por los Estados miembros en cuestión. Se les nombrará por un período renovable de cinco años. 2. Los fiscales europeos delegados poseerán las cualificaciones necesarias para ocupar un alto cargo judicial y contarán con la experiencia pertinente como fiscales. Deberán ofrecer plenas garantías de independencia. Los Estados miembros nombrarán fiscal con arreglo a la legislación nacional al fiscal europeo delegado, cuando este no tuviera ese estatus en el momento de su nombramiento. 3. El Fiscal Europeo podrá cesar a los fiscales europeos delegados si dejan de reunir las condiciones establecidas en el apartado 2 o los criterios aplicados al cumplimiento de sus deberes, así como si se determina que son culpables de conductas indebidas graves. Los fiscales europeos delegados no podrán ser cesados como fiscales nacionales por las autoridades nacionales competentes durante el ejercicio de sus funciones en nombre de la Fiscalía Europea sin la previa autorización del Fiscal Europeo. Sección 3 Principios básicos Artículo 11 Principios básicos de las actividades de la Fiscalía Europea 1. La Fiscalía Europea se asegurará de que sus actividades respetan los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 2. Los actos de la Fiscalía Europea se guiarán por el principio de proporcionalidad mencionado en el artículo 26, apartado 3. 3. Las investigaciones y los procedimientos penales incoados por la Fiscalía Europea se regirán por el presente Reglamento. La legislación nacional se aplicará en la medida en una cuestión quede sin regular por el presente Reglamento. La legislación nacional aplicable será la del Estado miembro en que se lleve a cabo la investigación o se incoe el procedimiento. Cuando una cuestión esté sujeta a la legislación nacional y al presente Reglamento, prevalecerá este último. 4. La Fiscalía Europea tendrá competencias exclusivas para investigar y procesar los delitos penales que atenten contra los intereses financieros de la Unión. 5. La Fiscalía Europea llevará a cabo sus investigaciones de forma imparcial y buscará todas las pruebas pertinentes, tanto inculpatorias como exculpatorias. 6. La Fiscalía Europea incoará investigaciones sin retrasos indebidos y garantizará la diligencia de sus investigaciones y procedimientos penales. 7. Las autoridades competentes de los Estados miembros asistirán y respaldarán activamente las investigaciones y los procedimientos penales de la Fiscalía Europea si esta lo solicita y se abstendrán de adoptar cualquier medida, política o procedimiento que pueda retrasar u obstaculizar sus avances. Sección 4 Competencias de la Fiscalía Europea Artículo 12 Delitos penales que competen a la Fiscalía Europea La Fiscalía Europea tendrá competencias en cuanto a los delitos penales que perjudican los intereses financieros de la Unión, tal y como dispone la Directiva 2013/xx/UE y tal y como esta se aplica en la legislación nacional. Artículo 13 Competencias accesorias 1. Cuando los delitos citados en el artículo 12 estén relacionados de forma inextricable con delitos penales distintos de los mencionados en el artículo 12 y la investigación y la incoación de procedimientos penales de manera conjunta resulten beneficiosas para la buena administración de la justicia, la Fiscalía Europea también estará facultada en cuanto a dichos delitos penales, a condición de que los delitos a que hace referencia el artículo 12 sean preponderantes y los otros delitos penales se basen en hechos idénticos. Si no se cumplen estas condiciones, el Estado miembro que posea competencias para los otros delitos también será competente en los delitos citados en el artículo 12. 2. La Fiscalía Europea y las autoridades fiscales nacionales se consultarán mutuamente para determinar cuál de ellas es competente con arreglo al apartado 1. Cuando proceda y con arreglo al artículo 57, Eurojust podrá colaborar para ayudar a determinar dicha competencia. 3. En caso de desacuerdo entre la Fiscalía Europea y las fiscalías nacionales en cuanto a las competencias dispuestas en el apartado 1, el órgano judicial nacional competente en materia de asignación de competencias para la incoación de procedimientos penales a escala nacional decidirá sobre la competencia accesoria. 4. El establecimiento de competencias con arreglo al presente artículo no será objeto de control jurisdiccional. Artículo 14 Ejercicio de las competencias de la Fiscalía Europea La Fiscalía Europea ejercerá sus competencias exclusivas de investigación e incoación de procedimientos penales contra cualquier delito mencionado en los artículos 12 y 13, cuando parte o todo el delito haya sido cometido: a) en el territorio de uno o varios Estados miembros, o b) por uno de sus nacionales, por miembros del personal de la Unión o por miembros de las instituciones. CAPÍTULO III Reglamento interno en materia de investigaciones, incoación de procedimientos penales y procesos judiciales Sección 1 Proceso de investigación Artículo 15 Fuentes de investigación 1. Todas las autoridades nacionales de los Estados miembros y todas las instituciones, órganos, organismos y agencias de la Unión informarán inmediatamente a la Fiscalía Europea de todo comportamiento que pueda constituir un delito perteneciente a su ámbito de competencias. 2. Cuando los fiscales europeos delegados tengan conocimiento de algún comportamiento que pueda constituir un delito perteneciente al ámbito de competencias de la Fiscalía Europea informarán inmediatamente al Fiscal Europeo. 3. La Fiscalía Europea podrá recabar o recibir información de cualquier persona sobre conductas que puedan constituir un delito de su competencia. 4. El Fiscal Europeo o los fiscales europeos delegados registrarán y verificarán toda información remitida a la Fiscalía Europea. Cuando decidan, previa comprobación, no incoar una investigación, deberán archivar el caso y anotar los motivos en el Sistema de Gestión de Casos. Asimismo, informarán a la autoridad nacional, la institución de la UE, el órgano, el organismo o la agencia que proporcionó la información y, en su caso, si estos lo solicitan, a las personas que aportaron la información. Artículo 16 Inicio de investigaciones 1. El Fiscal Europeo o, en su nombre, los fiscales europeos delegados iniciarán una investigación mediante decisión escrita cuando existan razones fundadas para pensar que se está cometiendo o se ha cometido un delito que compete a la Fiscalía Europea. 2. Cuando el Fiscal Europeo inicie una investigación, asignará el caso a un fiscal europeo delegado, a menos que desee dirigir la investigación personalmente, con arreglo a los criterios descritos en el artículo 18, apartado 5. Cuando sea un fiscal europeo delegado quien inicie la investigación, este lo notificará inmediatamente al Fiscal Europeo. Previa recepción de dicha notificación, el Fiscal Europeo verificará que ni él ni otro fiscal europeo delegado haya incoado ya una investigación. En aras de la eficacia de la investigación, el Fiscal Europeo podrá asignar el caso a otro fiscal europeo delegado o hacerse cargo personalmente del mismo, con arreglo a los criterios dispuestos en el artículo 18, apartado 5. Artículo 17 Medidas urgentes y remisiones 1. Cuando sea necesario adoptar medidas inmediatas respecto a un delito perteneciente al ámbito de competencias de la Fiscalía Europea, las autoridades nacionales adoptarán las medidas urgentes que fueren necesarias para garantizar una investigación y un procedimiento eficaces. A continuación, las autoridades nacionales remitirán el caso sin demora a la Fiscalía Europea. En ese caso, la Fiscalía Europea confirmará, a ser posible en el plazo de 48 horas desde el inicio de la investigación, las medidas adoptadas por las autoridades nacionales, aunque dichas medidas se adopten y ejecuten con arreglo a normas distintas de las que recoge el presente Reglamento. 2. Si en cualquier fase de la investigación surgen dudas en cuanto a la competencia en el caso, la Fiscalía Europea podrá consultar con las fiscalías nacionales para determinar qué autoridad es competente. Mientras se decide al respecto, la Fiscalía Europea adoptará las medidas urgentes que fueren necesarias para garantizar que el caso se investigue y procese de forma eficaz. Cuando se determine que la competencia corresponde a la autoridad nacional, esta confirmará las medidas urgentes adoptadas por la Fiscalía Europea en un plazo de 48 horas desde el inicio de la investigación a escala nacional. 3. Cuando una investigación iniciada por la Fiscalía Europea revele que el comportamiento objeto de investigación constituye un delito penal que no es de su competencia, dicha Fiscalía remitirá el caso sin demora a las autoridades policiales y judiciales competentes. 4. Cuando una investigación iniciada por las autoridades nacionales revele con posterioridad que el comportamiento constituye un delito que pertenece al ámbito de competencias de la Fiscalía Europea, dichas autoridades remitirán el caso a la Fiscalía Europea sin demora. En ese caso, la Fiscalía Europea confirmará, a ser posible en un plazo de 48 horas desde el inicio de la investigación, las medidas adoptadas por las autoridades nacionales, aunque dichas medidas se adopten y se ejecuten con arreglo a normas distintas de las que recoge el presente Reglamento. Artículo 18 Proceso de investigación 1. El fiscal europeo delegado designado dirigirá la investigación en nombre del Fiscal Europeo y conforme a las instrucciones del mismo. El fiscal europeo delegado adoptará las medidas de investigación personalmente o bien dará instrucciones a las autoridades policiales y judiciales competentes del Estado miembro en que se encuentre. Dichas autoridades cumplirán las instrucciones del fiscal europeo delegado y ejecutarán las medidas de investigación que se les asignen. 2. En casos transfronterizos en los que deban ejecutarse medidas de investigación en un Estado miembro distinto de aquel en que se inició la investigación, el fiscal europeo delegado que la inició o al que el Fiscal Europeo asignó el caso mantendrá estrechas consultas con el fiscal europeo delegado del Estado en que deba aplicarse dicha medida de investigación. El fiscal europeo delegado adoptará las medidas de investigación personalmente o bien dará instrucciones a las autoridades nacionales competentes para que las ejecuten. 3. En casos transfronterizos el Fiscal Europeo puede agrupar a varios fiscales europeos delegados en la investigación y crear equipos conjuntos. Asimismo, podrá ordenar a cualquier fiscal europeo delegado que recabe la información pertinente o que adopte medidas de investigación concretas en su nombre. 4. El Fiscal Europeo supervisará las investigaciones realizadas por los fiscales europeos delegados y garantizará su coordinación. Les dará instrucciones cuando sea necesario. 5. El Fiscal Europeo podrá reasignar el caso a otro fiscal europeo delegado o dirigir la investigación personalmente si lo estima necesario en aras de la eficacia de la investigación o el procedimiento penal debido a uno o varios de los siguientes criterios: a) la gravedad del delito; b) circunstancias específicas relativas al estatus del supuesto autor; c) circunstancias específicas relativas al carácter transfronterizo de la investigación; d) la no disponibilidad de autoridades nacionales de investigación; o e) la solicitud de las autoridades competentes del Estado miembro en cuestión. 6. Cuando el Fiscal Europeo se ocupe directamente de la investigación, informará al fiscal europeo delegado del Estado miembro en que deban ejecutarse las medidas de investigación. Toda medida de investigación realizada por el Fiscal Europeo deberá ejecutarse en colaboración con las autoridades del Estado miembro a cuyo territorio afecte. Las medidas coercitivas serán ejecutadas por las autoridades nacionales competentes. 7. Las investigaciones llevadas a cabo bajo la autoridad de la Fiscalía Europea estarán protegidas por las normas relativas al secreto profesional con arreglo a la legislación europea aplicable. Las autoridades que participen en las investigaciones de la Fiscalía Europea también estarán sujetas a la obligación del secreto profesional con arreglo a la legislación nacional aplicable. Artículo 19 Suspensión de privilegios o inmunidades 1. Cuando las investigaciones de la Fiscalía Europea impliquen a personas protegidas por privilegios o inmunidades conforme a la legislación nacional y dichos privilegios o inmunidades supongan un obstáculo para llevar a cabo una investigación concreta, la Fiscalía Europea presentará una solicitud justificada por escrito para su suspensión, con arreglo a los procedimientos establecidos por la legislación nacional. 2. Cuando las investigaciones de la Fiscalía Europea impliquen a personas protegidas por privilegios o inmunidades conforme a la legislación de la Unión, en particular, el Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, y dichos privilegios o inmunidades supongan un obstáculo para llevar a cabo una investigación concreta, la Fiscalía Europea presentará una solicitud justificada por escrito para su suspensión con arreglo a los procedimientos establecidos por la legislación de la UE. Sección 2 Tratamiento de la información Artículo 20 Acceso de la Fiscalía Europea a la información Desde el momento en que la Fiscalía Europea registre un caso, deberá poder obtener cualquier información pertinente almacenada en las bases de datos nacionales de investigaciones penales y de las fuerzas del orden, así como de otros registros pertinentes de las Administraciones públicas, o podrá acceder a tal información por medio de los fiscales europeos delegados. Artículo 21 Recopilación de información 1. Cuando sea necesario para sus investigaciones, la Fiscalía Europea obtendrá de Eurojust y Europol, previa solicitud, cualquier dato pertinente sobre un delito perteneciente a su ámbito de competencias. Asimismo, podrá solicitar a Europol que proporcione asistencia analítica a una investigación determinada llevada a cabo por dicha Fiscalía. 2. Las instituciones, órganos, organismos y agencias de la Unión y las autoridades de los Estados miembros proporcionarán la asistencia y la información necesarias a la Fiscalía Europea previa solicitud de esta. Artículo 22 Sistema de Gestión de Casos, índice y ficheros temporales de trabajo 1. La Fiscalía Europea creará un Sistema de Gestión de Casos compuesto por ficheros temporales de trabajo y por un índice que contenga los datos personales mencionados en el anexo y datos que no sean de carácter personal. 2. El objetivo del Sistema de Gestión de Casos será: a) respaldar la gestión de las investigaciones y los procedimientos penales llevados a cabo por la Fiscalía Europea, en particular efectuando comprobaciones cruzadas de la información; b) facilitar el acceso a la información de las investigaciones y los procedimientos penales en curso; c) facilitar la supervisión de la legalidad y la conformidad con las disposiciones del presente Reglamento en materia de tratamiento de datos personales. 3. El Sistema de Gestión de Casos puede vincularse con la conexión de telecomunicaciones segura mencionada en el artículo 9 de la Decisión 2008/976/JAI[8]. 4. El índice contendrá referencias a ficheros temporales de trabajo tratados en el marco de la labor de la Fiscalía Europea y podrá recoger datos que no sean de carácter personal distintos de los dispuestos en las letras a) a i), k) y m) de los puntos 1 y 2 del anexo. 5. En el cumplimiento de sus deberes en virtud del presente Reglamento, la Fiscalía Europea puede tratar datos personales relativos a casos individuales en los que está trabajando en un fichero temporal de trabajo. La Fiscalía Europea permitirá que el responsable de la protección de datos dispuesto en el artículo 41 acceda a dicho fichero temporal de trabajo. La Fiscalía Europea informará al responsable de la protección de datos cada vez que se abra un nuevo fichero temporal de trabajo que contenga datos personales. 6. Para el tratamiento de datos personales relacionados con los casos, la Fiscalía Europea no puede crear ningún archivo automatizado distinto del Sistema de Gestión de Casos o del fichero temporal de trabajo. Artículo 23 Funcionamiento de los ficheros temporales de trabajo y del índice 1. La Fiscalía Europea abrirá un fichero temporal de trabajo para cada caso respecto al que se le transmita información, en la medida en que dicha transmisión respete el presente Reglamento u otros instrumentos jurídicos aplicables. La Fiscalía Europea se encargará de la gestión de los ficheros temporales de trabajo que haya abierto. 2. La Fiscalía Europea decidirá, analizando caso por caso, mantener el carácter restringido del fichero temporal de trabajo o dar acceso a él o a partes del mismo a su personal, cuando esto sea necesario para que dicho personal lleve a cabo su labor. 3. La Fiscalía Europea decidirá qué información relacionada con un fichero temporal de trabajo debe introducirse en el índice. A menos que el Fiscal Europeo decida lo contrario, la información registrada y sujeta a verificación con arreglo al artículo 15, apartado 4, no se introducirá en el índice. Artículo 24 Acceso al Sistema de Gestión de Casos En la medida en que estén vinculados al Sistema de Gestión de Casos, los fiscales europeos delegados y su personal solo podrán acceder a: a) el índice, a menos que se les haya denegado expresamente el acceso; b) los ficheros temporales de trabajo abiertos por la Fiscalía Europea relativos a las investigaciones y los procedimientos penales que tengan lugar en su Estado miembro; c) los ficheros temporales de trabajo abiertos por la Fiscalía Europea relativos a las investigaciones y los procedimientos penales que tengan lugar en otro Estado miembro siempre que estén vinculados a investigaciones o procedimientos penales que tengan lugar en su Estado miembro. Sección 3 Medidas de investigación Artículo 25 Autoridad en materia de investigación de la Fiscalía Europea 1. Con el fin de que la Fiscalía Europea lleve a cabo investigaciones y procedimientos penales, el territorio de los Estados miembros de la Unión se considerará un territorio jurídico único en el que dicha Fiscalía puede ejercer sus competencias. 2. Cuando la Fiscalía Europea decida ejercer sus competencias en cuanto a un delito que uno de sus nacionales o bien miembros del personal de la Unión o de sus instituciones hayan cometido íntegramente o en parte fuera del territorio de los Estados miembros, solicitará asistencia para conseguir que el tercer país en cuestión coopere con arreglo a los instrumentos y procedimientos dispuestos en el artículo 59. Artículo 26 Medidas de investigación 1. La Fiscalía Europea estará facultada para solicitar u ordenar las siguientes medidas de investigación en el ejercicio de sus competencias: a) inspeccionar cualquier local, territorio, medio de transporte, vivienda privada, ropa o pertenencias personales u ordenador; b) conseguir la elaboración de cualquier objeto o documento pertinente, así como de datos informáticos almacenados, incluidos los datos de tráfico y los relativos a cuentas bancarias, ya sean encriptados o descifrados, en su formato original o en otro formato determinado; c) precintar locales y medios de transporte y congelar datos, con el fin de conservar su integridad, evitar la pérdida o contaminación de pruebas o garantizar la posibilidad de confiscación; d) congelar los instrumentos o los productos del delito, incluida la congelación de activos, si se prevé que el órgano jurisdiccional los confisque y si existen motivos para pensar que el propietario, poseedor o gestor intentará burlar la sentencia que ordene su confiscación; e) interceptar las comunicaciones, incluidos los correos electrónicos enviados y recibidos por el sospechoso, así como toda conexión de telecomunicaciones que utilice el mismo; f) establecer una vigilancia en tiempo real de las telecomunicaciones, ordenando que se transmita al instante el tráfico de datos de telecomunicaciones, con el fin de localizar al sospechoso e identificar a las personas que han estado en contacto con él en un momento concreto; g) supervisar las transacciones financieras, solicitando a cualquier institución crediticia o financiera que informe a la Fiscalía Europea en tiempo real de cualquier transacción financiera realizada mediante una cuenta concreta que posea o gestione el sospechoso o cualquier otra cuenta que pueda deducirse de forma razonable que está vinculada con el delito; h) congelar futuras transacciones financieras, solicitando a cualquier institución crediticia o financiera que se abstenga de llevarlas a cabo cuando conlleven el uso de cualquier cuenta determinada a nombre del sospechoso o gestionada por él; i) adoptar medidas de vigilancia en lugares que no sean de carácter público, solicitando vigilancia encubierta de vídeo y audio en dichos lugares, a excepción de la videovigilancia en viviendas privadas, y la grabación de los resultados; j) llevar a cabo investigaciones encubiertas, solicitando a un funcionario que actúe de forma encubierta o con una identidad falsa; k) citar a sospechosos y testigos, cuando existan motivos razonables para pensar que pueden proporcionar información que resulte útil para la investigación: l) adoptar medidas de identificación, solicitando que se tomen fotos, se grabe a particulares y se registren las características biométricas de estos; m) incautarse de objetos necesarios como prueba; n) acceder a locales y tomar muestras de productos; o) inspeccionar medios de transporte, cuando existan motivos razonables para pensar se están transportando productos relacionados con una investigación; p) adoptar medidas para seguir y supervisar a particulares, con el fin de determinar su paradero; q) rastrear y seguir cualquier objeto mediante medios técnicos, incluido el control de entregas de mercancías y de transacciones financieras; r) establecer vigilancia específica de los sospechosos o terceras personas en lugares públicos; s) acceder a los registros públicos nacionales o europeos, así como a los de entidades privadas de interés público; t) interrogar a los sospechosos y a los testigos; u) nombrar expertos. 2. Los Estados miembros garantizarán que las medidas a que hace referencia el apartado 1 puedan utilizarse en las investigaciones y los procedimientos penales realizados por la Fiscalía Europea. Dichas medidas estarán sujetas a las condiciones contempladas en el presente artículo y a las que disponga la legislación nacional. La Fiscalía Europea puede ordenar o solicitar otras medidas de investigación distintas de las mencionadas en el apartado 1 si se encuentran disponibles con arreglo a la legislación del Estado miembro en que se ejecute la medida. 3. Las medidas de investigación individuales citadas en el apartado 1 no se solicitarán si no existen motivos razonables y si existen medios menos intrusivos que puedan lograr el mismo objetivo. 4. Los Estados miembros garantizarán que las medidas de investigación a que hacen referencia las letras a) a j) del apartado 1 se someten a la autorización previa de la autoridad judicial competente del Estado miembro en que van a ejecutarse. 5. Las medidas de investigación mencionadas en las letras k) a u) del apartado 1 se someterán a autorización previa con arreglo a la legislación nacional del Estado miembro en que va a llevarse a cabo la investigación. 6. Si se cumplen las condiciones dispuestas en el presente artículo, así como aquellas aplicables según la legislación nacional para autorizar la medida solicitada, la autoridad judicial competente concederá dicha autorización en un plazo de 48 horas en forma de decisión justificada por escrito. 7. La Fiscalía Europea podrá solicitar a la autoridad judicial competente el arresto o la detención preventiva del sospechoso, con arreglo a la legislación nacional. Sección 4 Finalización de la investigación y competencias para incoar procedimientos penales Artículo 27 Incoación de procedimientos penales ante los órganos jurisdiccionales nacionales 1. El Fiscal Europeo y los fiscales europeos delegados tendrán las mismas competencias que los fiscales nacionales en materia de incoación de procedimientos judiciales y enjuiciamiento, en particular, será competente para presentar alegatos procesales, participar en la toma de declaraciones y ejercer las acciones o recursos a que tuviere derecho. 2. Cuando el fiscal europeo delegado competente considere concluida la investigación, presentará al Fiscal Europeo un resumen del caso, junto con un proyecto de imputación y una lista de pruebas, para su revisión. Si este no da instrucciones de archivar el caso conforme al artículo 28, el Fiscal Europeo ordenará al fiscal europeo delegado que presente el caso ante el órgano jurisdiccional nacional o bien que lo remita de nuevo para continuar investigando. El Fiscal Europeo también puede presentar el caso por sí mismo ante el órgano jurisdiccional nacional. 3. La imputación presentada al órgano jurisdiccional nacional debe citar las pruebas que se presentarán durante el proceso. 4. El Fiscal Europeo elegirá la jurisdicción del proceso y determinará el órgano jurisdiccional nacional competente, en estrechas consultas con el fiscal europeo delegado que presente el caso, teniendo en cuenta la correcta administración de la justicia y considerando los siguientes criterios: a) el lugar donde se cometió el delito o, si se trata de varios delitos, donde se cometieron la mayoría de ellos; b) el lugar donde resida habitualmente el acusado; c) el lugar donde estén situadas las pruebas; d) el lugar donde residan habitualmente las víctimas directas. 5. Cuando sea necesario para la recuperación, el seguimiento administrativo o la supervisión, el Fiscal Europeo notificará la imputación a las autoridades nacionales competentes, a los interesados y a las instituciones, órganos, y organismos europeos correspondientes. Artículo 28 Archivación del caso 1. El Fiscal Europeo archivará el caso cuando la incoación del procedimiento resulte imposible por alguno de los siguientes motivos: a) el fallecimiento del sospechoso; b) el comportamiento investigado no constituye un delito penal; c) el sospechoso se beneficia de una amnistía o de inmunidad ; d) la expiración del plazo de prescripción nacional para incoar procedimientos penales; e) el sospechoso ya ha sido absuelto o condenado por los mismos hechos en el seno de la Unión o el caso ya se ha tratado con arreglo al artículo 29. 2. El Fiscal Europeo podrá archivar el caso basándose por cualquiera de los siguientes motivos: a) la infracción constituye un delito menor según la legislación nacional por la que se aplica la Directiva 2013/XX/UE sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal; b) la ausencia de pruebas pertinentes. 3. La Fiscalía Europea puede remitir los casos que desestime a la OLAF o a las autoridades administrativas o judiciales competentes a escala nacional para su recuperación, seguimiento administrativo o supervisión. 4. Cuando se inicie la investigación sobre la base de la información proporcionada por la parte perjudicada la Fiscalía Europea informará a dicha parte. Artículo 29 Transacciones 1. Si el caso no se archiva y si puede contribuir a la buena administración de la justicia, la Fiscalía Europea podrá, previa compensación de los daños, proponer al sospechoso el pago de una multa a tanto alzado que, una vez abonada, derive en la archivación del caso (transacción). Si el sospechoso está de acuerdo, abonará dicha multa a tanto alzado a la Unión. 2. La Fiscalía Europea supervisará la recaudación del pago que conlleve la transacción. 3. Cuando el sospechoso acepte y abone la transacción, el Fiscal Europeo archivará el caso y lo notificará oficialmente a las autoridades policiales y judiciales competentes. Asimismo, informará de ello a las instituciones, órganos y agencias de la Unión. 4. La archivación a que hace referencia el apartado 3 no será objeto de control jurisdiccional. Sección 5 ADMISIBILIDAD DE las PRUEBAS Artículo 30 Admisibilidad de las pruebas 1. Si el tribunal considera que la admisión de las pruebas que la Fiscalía Europea le presente no perjudican a la imparcialidad del procedimiento ni a los derechos de defensa consagrados en los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales, estas se aceptarán en el proceso sin que sea necesaria ninguna validación ni ningún proceso jurídico similar, incluso aunque la legislación nacional del Estado miembro en que esté situado dicho tribunal recoja normas diferentes en cuanto a la recopilación y presentación de tales pruebas. 2. Una vez aceptadas las pruebas, no se verán afectadas las competencias de los órganos jurisdiccionales nacionales de evaluar libremente las pruebas presentadas por la Fiscalía Europea. Sección 6 Confiscación Artículo 31 Disposición de los activos confiscados Cuando, previa solicitud de la Fiscalía Europea, el órgano jurisdiccional nacional competente haya decidido, mediante una sentencia final, confiscar cualquier propiedad relacionada con un delito o producto del mismo, perteneciente al ámbito de competencias de la Fiscalía Europea, se transferirá al presupuesto de la Unión el valor monetario de dicha propiedad o productos, en la medida necesaria para compensar los perjuicios causados a la UE. CAPÍTULO IV GARANTÍAS PROCESALES Artículo 32 Alcance de los derechos de los sospechosos, los acusados y otros implicados 1. Las actividades de la Fiscalía Europea se llevarán a cabo de plena conformidad con los derechos de los sospechosos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el derecho a un proceso imparcial y a los derechos de defensa. 2. Todo sospechoso y acusado implicado en los procedimientos de la Fiscalía Europea poseerá, como mínimo, los siguientes derechos procesales, tal y como disponen la legislación de la Unión y la del Estado miembro: a) el derecho a interpretación y traducción, contemplado en la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo; b) el derecho a la información y a acceder a los documentos del caso, recogido en la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo; c) El derecho de acceso a un abogado y a comunicarse con terceras personas e informarlas en caso de detención, tal y como dispone la [Directiva 2013/xx/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de xx xxxx de 2013 relativa al acceso a un abogado en procesos penales y al derecho a poder comunicarse tras ser arrestado]; d) el derecho a permanecer en silencio y a la presunción de inocencia; e) el derecho a la asistencia jurídica; f) el derecho a presentar pruebas, nombrar expertos y escuchar a los testigos. 3. Los sospechosos y acusados tendrán los derechos enumerados en el apartado 2 desde el momento en que se sospeche que han cometido un delito. Una vez que el órgano jurisdiccional nacional competente admita a trámite la imputación, los derechos procesales del sospechoso y acusado se basarán en el régimen nacional aplicable al caso en cuestión. 4. Los derechos citados en el apartado 2 también se aplicarán a toda persona distinta del sospechoso o acusado que declare ante la Fiscalía Europea si en el transcurso de la entrevista, el interrogatorio o la audiencia se convierte en sospechosa de haber cometido un delito penal. 5. Sin perjuicio de los derechos dispuestos en el presente capítulo, los sospechosos y acusados, así como otras personas implicadas en los procedimientos de la Fiscalía Europea, tendrán todos los derechos procesales que les proporciona la legislación nacional aplicable. Artículo 33 Derecho a permanecer en silencio y a la presunción de inocencia 1. Con arreglo a la legislación nacional, el sospechoso y acusado implicado en los procedimientos de la Fiscalía Europea tendrá derecho a permanecer en silencio cuando se le interrogue en lo que respecta a los hechos que se sospecha que ha cometido y será informado de que no está obligado a autoinculparse. 2. Se presumirá que el sospechoso y acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la legislación nacional. Artículo 34 Derecho a la asistencia jurídica Conforme a la legislación nacional, todo sospechoso o acusado de un delito perteneciente al ámbito de competencias de la Fiscalía Europea tendrá derecho a que las autoridades nacionales le proporcionen asistencia jurídica total o parcialmente gratuita si no posee medios suficientes para costearla. Artículo 35 Derechos relativos a las pruebas 1. Conforme a la legislación nacional, el sospechoso y acusado tendrá derecho a presentar pruebas para que la Fiscalía Europea las tenga en cuenta. 2. Con arreglo a la legislación nacional, el sospechoso y acusado tendrá derecho a solicitar a la Fiscalía Europea que recopile cualquier prueba pertinente para la investigación, incluido el nombramiento de peritos y las audiencias de testigos. CAPÍTULO V CONTROL JURISDICCIONAL Artículo 36 Control jurisdiccional 1. Cuando adopte medidas procesales en el desempeño de sus funciones, la Fiscalía Europea se considerará una autoridad nacional a efectos de control jurisdiccional. 2. Cuando el presente Reglamento otorgue carácter aplicable a las disposiciones de la legislación nacional, dichas disposiciones no se considerarán propias del Derecho de la Unión a efectos de lo dispuesto en el artículo 267 del Tratado. CAPÍTULO VI PROTECCIÓN DE DATOS Artículo 37 Tratamiento de datos personales 1. Según el presente Reglamento, la Fiscalía Europea solo podrá procesar con medios automatizados o en archivos manuales estructurados los datos personales enumerados en el punto 1 del anexo, relativos a las personas que, con arreglo a la legislación nacional de los Estados miembros correspondientes, sean sospechosas de haber cometido o participado en un delito que compete a la Fiscalía Europea o que hayan sido condenadas por dicho delito, a los efectos siguientes: – investigaciones y procedimientos penales realizados conforme al presente Reglamento; – intercambio de información con las autoridades competentes de los Estados miembros y con otros órganos de la Unión conforme al presente Reglamento; – cooperación con terceros países conforme al presente Reglamento. 2. La Fiscalía Europea solo podrá procesar los datos personales citados en el punto 2 del anexo relativos a las personas que, en virtud de la legislación nacional de los Estados miembros en cuestión, se consideren testigos o víctimas en el marco de una investigación o un procedimiento penal relativos a uno o varios de los tipos de delitos que competen a la Fiscalía Europea, así como los relativos a menores de 18 años. Dichos datos personales solo podrán tratarse si resulta estrictamente necesario para los fines especificados en el apartado 1. 3. En casos excepcionales y durante un período que no excederá del límite necesario para archivar el caso al que atañen los datos tratados, la Fiscalía Europea también podrá procesar datos personales distintos de los mencionados en los apartados 1 y 2 relativos a las circunstancias de un delito, siempre que sean directamente pertinentes y se incluyan en investigaciones en curso y a cargo de dicha Fiscalía, y siempre que su tratamiento sea estrictamente necesario para los fines determinados en el apartado 1, en la medida en que tal tratamiento de datos específicos se efectúe con arreglo al presente Reglamento. Cuando se recurra a este apartado, se informará inmediatamente al responsable de la protección de datos mencionado en el artículo 41. 4. La Fiscalía Europea solo podrá procesar tratar datos personales, procesados por medios automatizados o de otro tipo, que revelen el origen racial o étnico, las inclinaciones políticas, la religión o las convicciones filosóficas, la afiliación a sindicatos y los datos relativos a la salud o a la vida sexual cuando resulten estrictamente necesarios para sus investigaciones y complementen otros datos personales ya procesados. Cuando se recurra a este apartado se informará inmediatamente al responsable de la protección de datos. Dichos datos no podrán procesarse en el índice mencionado en el artículo 22, apartado 4. Cuando estos datos se refieran a testigos y víctimas en el sentido del apartado 2, será la Fiscalía la que decida si los procesa o no. 5. El tratamiento de datos personales por la Fiscalía Europea en el marco de sus actividades estará sujeto al Reglamento (CE) nº 45/2001. El presente Reglamento concreta y complementa el Reglamento (CE) nº 45/2001 en lo que respecta a los datos personales operativos. Artículo 38 Plazos de almacenamiento de los datos personales 1. Los datos personales tratados por la Fiscalía Europea no podrán almacenarse más allá de la primera fecha aplicable de entre las siguientes: a) la fecha límite de incoación de procedimientos penales por prescripción de los delitos vigente en todos los Estados miembros afectados por la investigación y los procedimientos; b) la fecha en que la persona hubiese sido absuelta y en que la decisión judicial hubiese adquirido carácter definitivo; c) tres años después de la fecha en que la decisión judicial del último de los Estados miembros afectados por la investigación o los procedimientos hubiese adquirido carácter definitivo; d) la fecha en que la Fiscalía Europea hubiese determinado que había dejado de ser necesario continuar la investigación o el procedimiento. 2. El cumplimiento de los plazos de almacenamiento dispuestos en el apartado 1 se supervisará permanentemente mediante medios adecuados de tratamiento automatizado. En cualquier caso, la necesidad de almacenar los datos se revisará cada tres años a partir de su introducción. Si se almacenan datos relativos a las personas a que hace referencia el anexo durante un período superior a cinco años, se informará al Supervisor Europeo de Protección de Datos. 3. Cuando expire uno de los plazos de almacenamiento que figuran en el apartado 1, la Fiscalía E