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Bruselas, 20.7.2010

COM(2010) 400 final

INFORME DE LA COMISIÓNAL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

sobre los progresos realizados por Bulgaria en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación{SEC(2010) 948}

INFORME DE LA COMISIÓNAL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

sobre los progresos realizados por Bulgaria en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación

Introducción

El objetivo del Mecanismo de Cooperación y Verificación[1] (MCV), creado en el momento de la adhesión de Bulgaria la UE, es contribuir a la implantación de un sistema judicial y administrativo imparcial, independiente y eficaz, dotado del equipamiento adecuado para, entre otras cosas, luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada. Esto supone realizar cambios fundamentales, lo que lleva su tiempo y asimismo requiere contar con un amplio apoyo tanto de todo el espectro político, como de la sociedad en su conjunto. Llevar a cabo estos cambios constituye al mismo tiempo una inversión indispensable para el futuro de Bulgaria – Para obtener una hacienda pública saneada y lograr un desarrollo socioeconómico asentado en sólidas bases se requiere un sistema administrativo y judicial eficaz, que también es necesario para que Bulgaria pueda desempeñar plenamente su papel como miembro de la UE en ámbitos como la justicia y los asuntos de interior.

El presente informe anual es el cuarto desde la creación del MCV[2]. Contiene la evaluación efectuada por la Comisión del estado en que se encuentra el proceso de reforma y formula recomendaciones sobre lo que hay que hacer en el futuro inmediato para proseguir con las reformas necesarias. La Comisión considera que el MCV resulta de utilidad:

- para Bulgaria, al proporcionar una evaluación objetiva y una serie de recomendaciones sobre los ámbitos en que es preciso actuar

- para los restantes Estados miembros, que pueden seguir los avances realizados y prestar a Bulgaria el oportuno apoyo.

En el informe del presente año la Comisión señala el fuerte impulso al proceso de reforma que ha tenido lugar en Bulgaria desde el último informe anual de la Comisión de julio de 2009 . La nueva estrategia de reforma judicial demuestra la existencia en Bulgaria de una firme voluntad política para lograr una reforma en profundidad y duradera del Poder Judicial. El informe asimismo recomienda a Bulgaria mejorar la práctica jurisdiccional para que los jueces puedan actuar de una manera más proactiva y demostrar un mayor sentido de responsabilidad .

Estado en que se encuentra el proceso de reforma en Bulgaria

Logros

Desde julio de 2009 Bulgaria ha adoptado importantes reformas de sus procedimientos penales. La legislación para consolidar el decomiso de los productos del delito y mejorar la protección frente al conflicto de intereses está actualmente debatiéndose. Se ha reforzado la estructura del Ministerio Fiscal para combatir el fraude y la delincuencia organizada. Por primera vez desde la creación del Mecanismo de Cooperación y Verificación se aborda la delincuencia organizada de forma decidida. En junio el Gobierno adoptó una ambiciosa estrategia de amplio alcance, que ofrece un proyecto de reforma global y a largo plazo del Poder Judicial. Las reformas más acuciantes para mejorar la eficiencia, responsabilidad y coherencia de los procesos judiciales mediante enmiendas a la Ley relativa al sistema judicial se encuentran en fase de consulta dentro de las distintas instancias del Gobierno.

El fuerte impulso dado a las reformas por el Gobierno está surtiendo algunos frutos en el sistema judicial. Las alegaciones de corrupción dentro de la judicatura en abril están teniendo una respuesta disciplinaria y penal más contundente que en el pasado. Ha aumentado el número de autos de procesamiento por delincuencia organizada y se han pronunciado penas severas, si bien todavía no han sido ejecutadas, en un asunto de fraude de los fondos de la UE de amplia escala que tuvo lugar en abril y junio.

Al mismo tiempo, el análisis de la Comisión muestra que siguen existiendo importantes deficiencias en la práctica jurisdiccional tanto al nivel del Ministerio Fiscal como de los órganos jurisdiccionales. El proceso judicial en Bulgaria adolece de falta de iniciativa y capacidad profesional. En las investigaciones complejas aparece una carencia de dirección y de objetivo, los procedimientos son demasiado formales y demasiado largos y, a menudo, no prosperan ante el órgano jurisdiccional.

El análisis de la Comisión muestra asimismo la persistencia de deficiencias en la prevención de la corrupción y la protección frente al conflicto de intereses. Aún no ha comenzado la aplicación efectiva de la nueva estrategia nacional anticorrupción adoptada en noviembre de 2009. La aplicación de la normativa sobre conflicto de intereses no es suficientemente eficaz. Las deficiencias en la aplicación de los procedimientos de contratación pública están ampliamente extendidas. Para robustecer la lucha contra la corrupción y el conflicto de intereses, Bulgaria debería proseguir sus planes de creación de una comisión especial independiente de protección frente al conflicto de intereses, acelerar la aplicación del Plan de Acción en favor de la estrategia nacional anticorrupción y reforzar la legislación sobre decomiso de productos del delito.

Reforma del sistema judicial

Con las modificaciones del Código de Enjuiciamiento Criminal aprobadas a finales de mayo, Bulgaria aplica las recomendaciones que desde hacía tiempo venían formulando los expertos y miembros de la judicatura para reducir importantes restricciones procesales en aras de la mejora del proceso judicial. Con algunas excepciones, el Código de Enjuiciamiento Criminal ahora permite que los policías declaren ante el órgano jurisdiccional y establece la protección de la identidad de los testigos. En adelante, previa decisión del órgano jurisdiccional, podrán asignarse abogados de reserva para impedir los intentos de los procesados de retrasar las vistas por motivos injustificados. Se han mejorado las modalidades procesales de utilización en sede judicial de las declaraciones de los testigos obtenidas durante la investigación y la información aportada por la OLAF podrá utilizarse a partir de ahora como prueba. Los cambios introducidos por Bulgaria abordan algunos de los obstáculos procedimentales más frecuentes en Bulgaria, por lo que pueden considerarse un importante paso hacia adelante.

No obstante, para alcanzar los beneficios esperados de una mayor flexibilidad en los procesos penales en términos de un mayor número de procesamientos, juicios más cortos y sanciones disuasorias, Bulgaria debe invertir en la mejora de la práctica jurisdiccional.

Aunque los magistrados están obligados, por ley, a actuar en aras de la justicia en cuanto llegue a su conocimiento cualquier indicio de delito, rara vez se cumple esta obligación de una manera eficaz. En la práctica, la Comisión ha observado cierta reticencia del Ministerio Fiscal a iniciar investigaciones sobre la base de indicios obvios y a llevar a cabo investigaciones complejas y dilatadas en el tiempo. Por ejemplo, una práctica de persecución normal en caso de indicios de fraude grave, la ejecución de mandamientos de registro sin previo aviso, rara vez se aplica. Esta falta de iniciativa del Ministerio Fiscal se añade a la práctica procesal en virtud de la cual, a la hora de decidir sobre la admisibilidad de las pruebas, el respeto de criterios formales, que son al mismo tiempo restrictivos, parece tener más importancia que la claridad de las pruebas.

Persisten las deficiencias en materia de responsabilidad de los miembros de la judicatura. Desde julio de 2009, dichos miembros se han enfrentado a una serie de alegaciones de corrupción, tráfico de influencias y mala gestión, que han dañado su reputación pública. En su informe provisional de marzo de 2010, la Comisión insistió en que dichas alegaciones se sometieran a un exhaustivo escrutinio tanto desde el punto de vista disciplinario como penal. Respecto de las alegaciones de corrupción en relación con nombramientos judiciales de alto nivel realizados en el segundo semestre de 2009, tres magistrados fueron destituidos y se impusieron otras 15 sanciones disciplinarias. Dos miembros del CSJ dimitieron aunque conservaron su cargo de magistrados. Los procedimientos disciplinarios iniciados contra uno de ellos siguen su curso. El último caso, en abril de este año, relativo a la transmisión a un precio por debajo del mercado de inmuebles de gran valor a familiares de magistrados de elevado rango, dio lugar a que el CSJ y el Ministerio Fiscal iniciarán investigaciones disciplinarias y penales contra todos los magistrados implicados, el resultado de las cuales no es aún conocido. Para proteger la reputación de los magistrados, Bulgaria debe reforzar, aún más, la responsabilidad de los miembros de la judicatura mediante una estricta aplicación de todos los medios jurídicos y disciplinarios de sanción de la corrupción.

Para mejorar la práctica jurisdiccional se necesitan reformas globales, que hacen referencia a mejoras de los currículos de la formación y los estudios jurídicos, a cambios en los sistemas de evaluación para crear incentivos de carrera para los comportamientos proactivos y a mejoras en los procedimientos de selección y nombramiento. La nueva estrategia de Bulgaria de reforma del Poder Judicial se centra en el desarrollo de los recursos humanos dentro de la judicatura para abordar muchas de estas deficiencias. Se encuentran en fase de debate en la distintas instancias del Gobierno una serie de propuestas de enmiendas a la Ley relativa al sistema judicial, que han de introducir importantes mejoras en este campo.

Las enmiendas a la Ley relativa al sistema judicial supondrían asimismo un considerable refuerzo del papel y de las responsabilidades del Consejo Supremo Judicial (CSJ). Si se aprueban, la Ley exigirá al CSJ la preparación de un análisis anual de la carga de trabajo y autorizará al Consejo a redistribuir el personal y abrir y cerrar órganos jurisdiccionales sobre la base de los datos recogidos sobre la carga de trabajo. Las enmiendas igualmente incrementarán la transparencia de los nombramientos y reforzará la responsabilidad, al introducir la votación pública y la motivación detallada de las resoluciones y al concentrar todas las competencias disciplinarias en el CSJ. Además, a partir de ahora, se prohíbe explícitamente a los miembros del Consejo votar en caso de que pudieran encontrarse en una situación de conflicto de intereses.

Desde julio de 2009 la inspección del CSJ ha seguido identificando deficiencias en la práctica jurisdiccional, que se ponen en conocimiento de los presidentes de los órganos jurisdiccionales en forma de recomendaciones y supervisan en las siguientes visitas de inspección. Las inspecciones regulares de la Inspección del CSJ abarcan, al parecer, en la actualidad todo el sistema judicial búlgaro, excepto el Tribunal de Apelación de Sofía, de modo que, junto con su propia supervisión de asuntos de alto nivel, el Consejo cuenta ahora con una buena fuente de información de las deficiencias en estructura, disciplina y práctica. Con la aprobación de las futuras enmiendas a la Ley relativa al sistema judicial, el CSJ debería aprovechar su reforzado papel para lanzar iniciativas con el fin de mejorar la eficiencia de la Justicia, la coherencia de la práctica jurisdiccional y la responsabilidad de los miembros de la judicatura. La Comisión supervisará los avances realizados a este respecto en su próximo informe.

Lucha contra la delincuencia organizada

A raíz de una recomendación de la Comisión, Bulgaria creó equipos conjuntos permanentes para luchar contra la delincuencia organizada bajo el liderazgo del Ministerio Fiscal. Los equipos comprenden policías, jueces instructores y miembros del personal de Agencia Estatal de Seguridad Nacional. Por ahora, su objetivo es un pequeño número de casos de gran resonancia que se asignan mediante un acuerdo entre el Fiscal General, el Ministro del Interior y el Director de la Agencia Estatal de Seguridad Nacional. Debería considerare la extensión de esta prometedora estructura organizativa a todos los casos de delincuencia organizada, así como la inclusión en la primera fase de la investigación de miembros de la Comisión de Congelación e Incautación de Haberes Criminales (CEPACA).

Bulgaria intensificó asimismo sus esfuerzos llevando a cabo una serie de redadas policiales contra grupos de delincuencia organizada, aunque no se ha informado de un gran seguimiento judicial de las mismas.

Desde julio de 2009, aunque Bulgaria puede acreditar un incremento en el número de procesamientos en asuntos de delincuencia organizada, sin embargo, los asuntos importante han tenido poco desarrollo al nivel de órgano jurisdiccional. Hasta la fecha, la gran mayoría de condenas en asuntos de delincuencia organizada se obtienen mediante el instrumento de la conformidad «premiada» («plea-bargaining») con un procedimiento acelerado, a menudo por debajo de la pena mínima legal, tras la confesión del acusado. La judicatura búlgara debe también demostrar que es capaz de imponer sanciones disuasorias a la delincuencia organizada.

Aunque los datos correspondientes al año 2009 muestra que continúa el balance positivo en cuanto a la congelación e incautación de los productos del delito por parte de la Comisión de Congelación e Incautación de Haberes Criminales (CEPACA), el número de incautaciones confirmadas por los órganos jurisdiccionales sigue siendo muy bajo. Después mayo de 2009 se han registrado dos sentencias firmes y dos casos se han desestimado, mientras 206 peticiones están todavía pendientes de resolución ante los tribunales. Dado que la congelación e incautación de los presuntos productos del delito es una sanción eficaz con un importante efecto disuasorio en la lucha contra la delincuencia organizada, Bulgaria debería reforzar aún más este eficaz instrumento.

Lucha contra la corrupción

Bulgaria ha intensificado sus esfuerzos para luchar contra la corrupción a alto nivel. Desde julio de 2009 se han registrado varios autos de procesamiento contra dos miembros del Parlamento, tres antiguos ministros, tres antiguos viceministros y, por primera vez, también contra un ministro en el ejercicio de sus funciones. Además se procesó por corrupción a alto nivel a varios alcaldes y funcionarios de alto nivel y Bulgaria reforzó la capacidad del equipo conjunto para hacer frente a los fraudes contra los intereses de la UE; se dictó una condena a pena privativa de libertad para un funcionario de alto nivel por corrupción con fondos de la UE, así como condenas en dos casos emblemáticos relacionados con los fondos de la UE y el blanqueo de dinero. Se pronunciaron condenas elevadas de 10 y 12 años de privación de libertad al principal acusado, pero no se dictaron autos de prisión por el órgano jurisdiccional.

El análisis de la Comisión de la práctica jurisdiccional en este ámbito señala algunas deficiencias, que deberían corregirse. En la investigación del fraude con fondos de la UE es necesaria una estrategia de investigación global y proactiva por parte del Ministerio Fiscal. Dicha estrategia debería conducir a investigaciones sistemáticas de los vínculos entre asuntos interrelacionados, los aspectos de la delincuencia (financiera) organizada y los vínculos en los mecanismos de fraude con las autoridades administrativas. Bulgaria debería asimismo considerar una protección más enérgica de los testigos de acuerdo con las mejores prácticas de otro Estados miembros.

Los datos proporcionados por Bulgaria durante el primer año de aplicación de la Ley de regulación de los conflictos de intereses, que entró en vigor a finales de 2008, muestran que por el momento se han identificado o sancionado muy pocos casos de conflicto de intereses y se han remitido al Ministerio Fiscal pocos indicios de corrupción. Sin embargo, por lo que se refiere a la Administración central, las inspecciones han sido más frecuentes y una serie de casos desembocaron en sanciones disciplinarias o se comunicaron al Ministerio Fiscal[3]. Bulgaria debería reforzar lo más rápidamente posible la Ley de regulación de los conflictos de intereses para crear una Comisión central independiente responsable de la aplicación de la ley.

En noviembre de 2009 Bulgaria adoptó una Estrategia Nacional Anticorrupción y un Plan de Acción para su aplicación. Dicho Plan de Acción contempla ambiciosas actividades de prevención en todos los sectores públicos con asistencia extranjera; no obstante, la aplicación aún no ha comenzado. Bulgaria no ha cumplido aún las recomendaciones de la Comisión para reforzar las inspecciones y no puede informar acerca de ningún resultado en cuanto al refuerzo de los consejos regionales anticorrupción.

La aplicación de la legislación sobre contratación pública en Bulgaria muestra importantes deficiencias. Bulgaria inició controles por parte de las autoridades competentes, que reflejan un índice de irregularidad del 60% en todas las licitaciones verificadas y este índice alcanza casi el 100% en los proyectos de grandes infraestructuras públicas, en los que las autoridades tienen una obligación de control previo.

Al mismo tiempo, las autoridades administrativas y judiciales no están en condiciones de proteger la contratación pública de los conflictos de intereses de una manera efectiva debido a una serie de deficiencias en las estructuras y procedimientos. Es insuficiente la capacidad de las autoridades administrativas para asesorar sobre los procedimientos de contratación pública y para efectuar controles. La capacidad de la Agencia Pública de Inspección Financiera se ha visto considerablemente reducida y, en consecuencia, la agencia efectuó controles a posteriori en solo el 12% de todos los contratos públicos en 2009. Al mismo tiempo, los controles administrativos a posteriori no siguen una auténtica evaluación de riesgos. La introducción del sistema de control previo debería contribuir a eliminar las deficiencias del procedimiento. No obstante, la Agencia de Contratación pública carece de la capacidad suficiente para verificar la legalidad de las licitaciones mediante controles previos y para supervisar si se han cumplido sus recomendaciones.

Las diferentes autoridades administrativas responsables de aplicar la legislación sobre contratación pública en sus distintos aspectos, de prestar asesoramiento, elaborar la legislación, dar curso a las reclamaciones y efectuar controles sobre los contratos públicos no cooperan sistemáticamente entre sí en aras de la aplicación de la ley. Las sanciones administrativas que pueden imponerse no son suficientemente disuasorias en caso de conflicto de intereses o corrupción. Además, los procedimientos internos no permiten una detección eficaz del conflicto de interés para poder comunicarlo al Ministerio fiscal. Debería garantizarse un seguimiento sistemático de las irregularidades mediante sanciones disciplinarias o penales.

CONCLUSIONES

DESDE JULIO DE 2009 BULGARIA HA DADO UN FUERTE IMPULSO AL PROCESO DE REFORMA. HA APROBADO MEJORAS EN SUS procedimientos penales y puede acreditar un mayor número de autos de procesamiento en asuntos relacionados con la corrupción a alto nivel y la delincuencia organizada. Con todo, muy pocos asuntos han concluido en juicio. Se requiere una actuación urgente para mejorar la práctica profesional de la policía, del Ministerio Fiscal y de los órganos jurisdiccionales para lo que se requerirá asistencia externa. Los miembros de la judicatura deben tomar la iniciativa más a menudo y mostrar un mayor sentido de la responsabilidad. Los fondos públicos deben estar mejor protegidos frente al fraude y a los conflictos de intereses.

La nueva estrategia de reforma judicial de Bulgaria, aprobada por el Gobierno el 23 de junio, demuestra la determinación política de llevar a cabo una profunda reforma del Poder Judicial. La estrategia aborda las deficiencias existentes, que Bulgaria debería afrontar, como una cuestión de prioridad nacional, mediante un esfuerzo conjunto de las instancias políticas, el Poder Judicial y la sociedad búlgara.

Él éxito exigirá un compromiso permanente por parte de Bulgaria, la Comisión y otros Estados miembros.

Bulgaria ha establecido una nueva asociación con la Comisión y mejorado la calidad de sus informes sobre los progresos realizados en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación. La Comisión seguirá apoyando a Bulgaria para que siga avanzando en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación y elaborará su próxima evaluación en el verano de 2011.

recomendaciones

A la luz de su evaluación de los progresos realizados por Bulgaria en el cumplimiento de los indicadores establecidos en el Mecanismo de Cooperación y Verificación, la Comisión invita a Bulgaria a adoptar inmediatamente medidas en los siguientes campos:

Recomendaciones sobre la reforma del sistema judicial

Recordando las principales recomendaciones de julio de 2009, en particular respecto de la exigencia de que todos los órganos jurisdiccionales publiquen sus sentencias en línea, la Comisión invita a Bulgaria a adoptar inmediatamente medidas en los siguientes campos:

1. Aplicar la nueva estrategia judicial para llevar a cabo una profunda reforma del Poder Judicial. Aprobar y aplicar las modificaciones de la Ley relativa al sistema judicial., cuyo objetivo es mejorar la formación, la evaluación y el nombramiento de los miembros de la judicatura y reforzar la responsabilidad y eficiencia del Consejo Supremo Judicial. Reforzar la responsabilidad de los miembros del Poder Judicial mediante una estricta aplicación de todos los medios jurídicos y disciplinarios para sancionar la corrupción y el tráfico de influencias.

2. Mejorar la práctica jurisprudencial en el Ministerio Fiscal y los órganos jurisdiccionales mediante un análisis detallado de las deficiencias en cooperación con expertos extranjeros. Elaborar manuales de mejores prácticas, programas de formación y sistemas de tutorías en casos específicos e introducir una supervisión sistemática de la gestión de los órganos jurisdiccionales y las fiscalías. Promover una formación específica y la especialización de los servicios policiales, los fiscales y magistrados para mejorar sus conocimientos técnicos y eficacia a la hora de perseguir casos complejos, en particular, respecto de la delincuencia organizada económica y financiera.

3. Proseguir el trabajo sobre un nuevo Código Penal de acuerdo con el nuevo concepto de política penal adoptado por el Gobierno el 23 de junio de 2010 que contribuya a la eficacia judicial, por ejemplo, mediante la despenalización de pequeñas infracciones obsoletas. Seguir supervisando la aplicación de los nuevos códigos de enjuiciamiento y considerar futuras mejoras. Proseguir con la creación de una agencia de inspección médica para mejorar la calidad y la oportunidad de los certificados médicos exigidos por los órganos jurisdiccionales.

Recomendaciones sobre la lucha contra la delincuencia organizada

Recordando las principales recomendaciones de julio de 2009, en particular respecto la especialización de los miembros de la judicatura, la Comisión invita a Bulgaria a adoptar inmediatamente medidas en los siguientes campos:

4. Reforzar la capacidad del equipo conjunto sobre delincuencia organizada, extender su competencia a todos los casos de delincuencia organizada y hacer partícipe a la Comisión de Congelación e Incautación de Haberes Criminales (CEPACA) con el fin de garantizar la congelación e incautación de los activos correspondientes durante la fase de investigación de acuerdo con los requisitos operativos.

5. Proseguir la reforma de la policía con objeto de crear una fuerza de policía judicial competente, capaz de aplicar las mejores prácticas de otros Estados miembros.

6. Reforzar aún más la legislación sobre el decomiso de los productos de los delitos de acuerdo con el principio de «decomiso civil no basado en condena» y en las recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, en particular, para garantizar la aplicación de la ley respetando los derechos y libertades fundamentales. Considerar un derecho de iniciativa de la Comisión de Congelación e Incautación de Haberes Criminales (CEPACA) para iniciar los procedimientos dirigidos a la garantía e incautación de los activos, introducir normas para garantizar los activos desde el inicio de la fase de investigación en cooperación con el Ministerio Fiscal y ampliar el grupo de personas relacionadas para mejor acotar la actividad criminal mediante el decomiso.

Recomendaciones sobre la lucha contra la corrupción

Recordando las principales recomendaciones de julio de 2009, en particular respecto de la promoción de las investigaciones de oficio sobre alegaciones de corrupción y conflicto de intereses por parte de las autoridades administrativas, del refuerzo ulterior de las inspecciones y los consejos anticorrupción regionales y de la protección de los informadores, la Comisión invita a Bulgaria a adoptar inmediatamente medidas en los siguientes campos:

7. Mejorar la práctica jurisdiccional en asuntos de fraude y corrupción de alto nivel de acuerdo con las mejores prácticas de otros Estados miembros. Aplicar una estrategia de investigación global y proactiva, que investigue sistemáticamente los vínculos entre casos interrelacionados, los distintos aspectos de la delincuencia organizada y los vínculos con las autoridades administrativas. Para fortalecer la lucha contra la corrupción de alto nivel, Bulgaria debería aplicar más estrictamente las posibilidades jurídicas de detención en los casos graves y mejorar la protección de los testigos de acuerdo con las mejores prácticas de otros Estado miembros.

8. Reforzar la Ley sobre prevención de conflictos de intereses, en particular, mediante un órgano con mandato proactivo responsable de identificar y sancionar los conflictos de intereses. Acelerar la aplicación del Plan de Acción de ejecución de la Estrategia Nacional Anticorrupción.

9. Llevar a cabo evaluaciones de riesgos de manera continua respecto de la aplicación de la legislación sobre contratación publica y, consecuentemente, orientar las actividades de prevención y control en una dirección más proactiva hacia la consecución de resultados. Reforzar la capacidad de las autoridades administrativas para efectuar controles previos y a posteriori e incrementar la capacidad de sus servicios de asistencia a los órganos de contratación que necesiten asesoramiento. Garantizar que se aplican plenamente todas las sanciones existentes contra los particulares por infracciones de las normas de contratación pública, incluidas las medidas disciplinarias, con objeto de reforzar su carácter disuasorio.

10. Impulsar la cooperación entre los órganos responsables de la contratación pública para agrupar los contratos con vistas a poner en común conocimientos y crear economías de escala. Incrementar los esfuerzos de formación de los funcionarios de los órganos competentes con objeto de identificar y prevenir los conflictos de intereses y otras importantes irregularidades en la contratación pública. Desarrollar y aplicar la buena práctica de una cooperación sistemática entre las autoridades administrativas y judiciales competentes.

[1] Decisión 2006/929/CE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2006, por la que se establece un mecanismo de cooperación y verificación de los avances logrados por Bulgaria para cumplir indicadores concretos en materia de reforma judicial, lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada (DO L 354, 14.12.2006, p. 58).

[2] El informe se basa en las contribuciones regularmente recibidas de las autoridades rumanas, especialmente en respuesta a los cuestionarios detallados sometidos por la Comisión. En su labor, la Comisión ha contado con la asistencia de varios expertos y se ha basado en la documentación y la información facilitadas por diversas fuentes. El documento de trabajo de los servicios de la Comisión que lo acompaña describe, de forma pormenorizada, la evaluación realizada por la Comisión de los progresos registrados en relación con cada uno de los indicadores de referencia establecidos por la Decisión del MCV.

[3] Entre agosto de 2009 y mayo de 2010 Bulgaria informó que, en el marco de la Administración Central, se registraron 185 indicios de conformidad con la Ley de regulación de los conflictos de intereses y se llevaron a cabo 198 inspecciones. Se impusieron sanciones disciplinarias en 33 casos y se dictaron autos de carácter penal contra siete individuos.