Comunicación de la Comisión sobre un proyecto de Directiva relativa a la competencia en los mercados de servicios de comunicaciones electrónicas

(2001/C 96/02)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

La Comisión aprobó un proyecto de Directiva de la Comisión relativa a la competencia en los mercados de servicios de comunicaciones electrónicas.

La Comisión tiene la intención de adoptar la Directiva después de oír los comentarios de todas las partes interesadas.

La Comisión invita a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre el proyecto de Directiva que se publica a continuación.

Las observaciones deberán llegar a la Comisión en el plazo de dos meses a partir de la fecha de publicación de la presente. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 98 19], por correo electrónico (Lambros.Papadias@cec.eu.int) o por correo a la siguiente dirección: Comisión Europea DG Competencia

Unidad C1

Despacho J-70 2/271

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B - 1049 Bruxelles/Brussel.

Proyecto de Directiva de la Comisión relativa a la competencia en los mercados de servicios de comunicaciones electrónicas

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 3 de su artículo 86,

Considerando lo siguiente:

(1) La Directiva 90/388/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1990, relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones(1), ya ha sido modificada sustancialmente en varias ocasiones, especialmente por las Directivas 95/51/CE(2), 96/2/CE(3), 96/19/CE(4) y 1999/64/CE(5). Pero, como hay que volver a hacer modificaciones, conviene refundir estas últimas directivas para mayor claridad. Además, hay que tener en cuenta que también se ha de modificar la Directiva 94/46/CE(6).

(2) El artículo 86 del Tratado encomienda a la Comisión la tarea de garantizar que los Estados miembros cumplan las obligaciones impuestas por el Derecho comunitario en lo que respecta a las empresas públicas y a aquellas que disfrutan de derechos especiales o exclusivos. En virtud del apartado 3 del artículo 86, la Comisión puede especificar y precisar las obligaciones derivadas de dicho artículo y puede, en ese contexto, fijar las condiciones necesarias para llevar a cabo de forma efectiva la tarea de supervisión que le encomienda el citado apartado.

(3) La Directiva 90/388/CEE, relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones, obligó a los Estados miembros a poner fin a los derechos especiales y exclusivos de suministro de servicios de telecomunicaciones distintos de la telefonía vocal, los servicios por satélite y las radiocomunicaciones móviles. La Directiva 94/46/CE obligó a los Estados miembros a suprimir también los derechos exclusivos y especiales de suministro de servicios por satélite distintos de la telefonía vocal. La Directiva 95/51/CE obligó a los Estados miembros a suprimir todas las restricciones al suministro de capacidad de transmisión por redes de televisión por cable para la prestación de servicios de telecomunicaciones distintos de la telefonía vocal. Un año más tarde, la Directiva 90/388 volvió a ser modificada por la Directiva 96/2/CE, que liberalizó el mercado de las comunicaciones móviles y personales. La plena competencia en el mercado de las telecomunicaciones fue obra de la Directiva 96/19/CE, que obligó a los Estados miembros a poner fin también a los derechos especiales o exclusivos de suministro de telefonía vocal y de creación y suministro de redes de telecomunicaciones para la prestación de servicios de telecomunicaciones. La Directiva 1999/64/CE obligó a los Estados miembros a garantizar que las empresas de telecomunicaciones que gocen de una posición dominante en el mercado de suministro de redes públicas de telecomunicaciones y de servicios públicos de telefonía vocal y que exploten una red de televisión por cable creada al amparo de derechos especiales o exclusivos explotan sus redes de telecomunicaciones y de televisión por cable por medio de entidades jurídicas independientes.

(4) El Parlamento Europeo y el Consejo también han adoptado otras Directivas en este campo en virtud del artículo 95 del Tratado con vistas, principalmente, al establecimiento de un mercado interior de los servicios de telecomunicaciones mediante la aplicación de la oferta de red abierta y el suministro de un servicio universal en el contexto de unos mercados abiertos y competitivos, particularmente, la Directiva 98/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 1998, sobre la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal y sobre el servicio universal de telecomunicaciones en un entorno competitivo(7); la Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP)(8), modificada por la Directiva 98/61/CE(9); la Directiva 97/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997, por la que se modifican las Directivas 90/387/CEE y 92/44/CEE del Consejo a efectos de su adaptación a un entorno competitivo en el sector de las telecomunicaciones(10) y la Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones(11).

(5) En su "Revisión de 1999 del sector de las comunicaciones" para el Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, titulada "Hacia un nuevo marco para la infraestructura de comunicaciones electrónicas y los servicios asociados"(12), la Comisión anunció la adopción de un nuevo marco legislativo para el sector de las telecomunicaciones orientado a fomentar y mantener un mercado europeo de servicios de comunicaciones electrónicas abierto y competitivo. Con ello se perseguía reducir de veintiséis a seis el número de textos legislativos existentes. Así, se propuso la adopción de una directiva marco en la que se estableciesen los objetivos políticos generales y específicos y cuatro directivas particulares sobre concesión de licencias, acceso e interconexión, servicio universal y protección de datos y de la intimidad. Estas directivas estarían basadas en el artículo 95 del Tratado. Al mismo tiempo, la Comisión procedería a la consolidación y simplificación de la Directiva 90/388/CEE.

(6) Habida cuenta de la evolución del proceso de liberalización y de apertura gradual de los mercados de telecomunicaciones iniciado en Europa en 1990 con la adopción de la Directiva 90/388, sólo deben mantenerse en vigor las disposiciones que todavía son necesarias para alcanzar los objetivos de las Directivas 90/388/CEE, 94/46/CE, 95/51/CE, 96/2/CE, 96/19/CE y 1999/64/CE. Para una mayor claridad, resulta conveniente suprimir las disposiciones que han quedado obsoletas. Además, algunas de las definiciones utilizadas en esas Directivas han sido modificadas atendiendo a la evolución tecnológica registrada en el sector de las telecomunicaciones. Por último, conviene clarificar en lo posible la redacción de algunas disposiciones para facilitar su aplicación, teniendo en cuenta, cuando resulte apropiado, las directivas adoptadas en virtud del artículo 95 del Tratado y la experiencia adquirida con la aplicación de las Directivas 90/388/CEE, 94/46/CE, 95/51/CE, 96/2/CE, 96/19/CE y 1999/64/CE.

(7) La presente Directiva habla de "servicios de comunicaciones electrónicas" y "redes de comunicaciones electrónicas" en vez de "servicios de telecomunicaciones" y "redes de telecomunicaciones", que eran los términos previamente utilizados. Estas definiciones nuevas son indispensables para tener en cuenta el fenómeno de convergencia que se ha producido en los últimos años en las industrias de la tecnología de la información, los medios de comunicaciones y las telecomunicaciones, que permite agrupar en una sola definición todos los servicios y redes de comunicaciones electrónicas utilizados en la transmisión de señales electromagnéticas (comunicaciones fijas, inalámbricas, televisión por cable, redes por satélite).

(8) En este contexto, debe quedar claro que los Estados miembros tienen la obligación de poner fin (si todavía no lo han hecho) a los derechos exclusivos y especiales de suministro de todas las redes de comunicaciones electrónicas, no solamente de aquéllas destinadas al suministro de servicios de comunicaciones electrónicas, aunque la presente Directiva no modifique el ámbito de aplicación de la Directiva 90/388/CEE. La actual definición de las redes de comunicaciones electrónicas también implica que los Estados miembros no pueden restringir el derecho de un operador a crear y suministrar una red de cable con la excusa de que tal red puede utilizarse para la transmisión de señales de televisión. Ello se entiende, no obstante, sin perjuicio de las normas específicas establecidas por los Estados miembros de conformidad con el derecho comunitario y, en particular, la Directiva 89/552/CE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva(13), modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que regula la distribución de programas audiovisuales destinados al público en general(14)

(9) Conviene suprimir la posibilidad que tienen los Estados miembros cuyas redes están menos desarrolladas de solicitar una excepción de hasta cinco años a la obligación de liberalizar plenamente su mercado en virtud del párrafo cuarto del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 90/388/CE, toda vez que desde [...] ya no queda en vigor ninguna excepción de este tipo.

(10) En aplicación del principio de proporcionalidad, los Estados miembros deben dejar de exigir la obtención de licencias para suministrar servicios de comunicaciones electrónicas, incluida la telefonía vocal, y para crear y suministrar redes de comunicaciones electrónicas. Así lo propugna la Directiva [...] del Parlamento Europeo y del Consejo, según la cual los servicios y redes de comunicaciones electrónicas deben estar sujetos a un régimen de concesión de autorizaciones y no de licencias. Asimismo, debe ser posible recurrir toda decisión que impida el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas ante un organismo independiente y, en última instancia, ante los tribunales. El derecho de las personas a una protección judicial efectiva frente a toda medida estatal que viole los derechos que les confieren las disposiciones de una Directiva constituye un principio fundamental del Derecho comunitario(15).

(11) Los poderes públicos pueden ejercer una influencia dominante sobre las empresas públicas merced a las normas por las que se rigen estas últimas o a la distribución de su capital social. Por consiguiente, cuando los Estados miembros controlan operadores de red integrados verticalmente que explotan redes creadas al amparo de derechos especiales o exclusivos, para evitar posibles infracciones a las normas de competencia del Tratado, deben velar por que estos operadores no favorezcan a sus filiales de mercados descendentes, especialmente al fijar condiciones para la concesión de autorizaciones generales para sistemas de comunicaciones móviles y personales. Por lo tanto, los Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias para evitar cualquier discriminación entre dichos operadores integrados verticalmente y sus competidores.

(12) En cuanto a los derechos de uso de radiofrecuencias, aunque la Directiva 96/2/CE no obligó a los Estados miembros a suprimir los derechos exclusivos o especiales de uso de radiofrecuencias existentes en ese momento, dejó claro que a partir de entonces tales derechos debían concederse con arreglo a criterios objetivos y no discriminatorios y que la concesión de las licencias expedidas para sistemas de comunicaciones móviles y personales sólo podía restringirse basándose en la necesidad de garantizar una utilización eficaz del espectro de frecuencias y evitar interferencias perjudiciales entre sistemas electrónicos de radiocomunicación y otros sistemas técnicos espaciales o terrenales, y siempre y cuando ello se debiese a la falta de disponibilidad de un espectro de frecuencias y se justificase con arreglo al principio de proporcionalidad. La presente Directiva clarifica, pues, el principio derivado de la Directiva 96/2/CE al disponer que los Estados miembros no pueden conceder derechos exclusivos o especiales de uso de radiofrecuencias. No obstante, los derechos de uso de radiofrecuencias atribuidos con arreglo a criterios objetivos y no discriminatorios y mediante procedimientos transparentes no constituyen derechos especiales y, por consiguiente, no están sujetos a esta prohibición.

(13) En la medida en que los derechos y obligaciones derivados de convenios internacionales de constitución de organizaciones internacionales de satélites no sean compatibles con las normas de competencia del Tratado, los Estados miembros deberán tomar todas las medidas necesarias para poner fin a las incompatibilidades. El artículo 3 de la Directiva 94/46/CE tan sólo obligaba a los Estados miembros a "comunicar a la Comisión" la información de que dispusieran sobre tales incompatibilidades. El artículo 11 de la presente Directiva persigue reforzar la obligación de los Estados miembros de velar por la plena liberalización de los mercados de comunicaciones por satélite suprimiendo todas las restricciones vigentes que tengan su origen en los referidos convenios internacionales. Ello es reflejo del párrafo segundo del artículo 307 del Tratado CE, que sólo se aplica a los acuerdos celebrados por los Estados miembros con anterioridad al 1 de enero de 1958 (o, para los Estados miembros que se hayan adherido, antes de la fecha de su adhesión). Esta disposición no es aplicable a los acuerdos celebrados por los Estados miembros con posterioridad a dicha fecha, de manera que, en caso de incompatibilidad con las normas de competencia del Tratado CE, prevalece el Derecho comunitario. Para una mayor seguridad jurídica, los Estados miembros signatarios de tales acuerdos deben velar por que las disposiciones incompatibles queden formalmente revocadas.

(14) Por último, la presente Directiva mantiene la obligación que impone la Directiva 1999/64/CE a los Estados miembros de velar por que los proveedores dominantes de servicios de comunicaciones electrónicas exploten sus redes públicas de comunicaciones electrónicas y de televisión por cable por medio de entidades jurídicas independientes.

(15) Para los Estados miembros que hayan aplicado correctamente las Directivas 90/388/CEE, 94/46/CE, 95/51/CE, 96/2/CE, 96/19/CE y 1999/64/CE, las únicas obligaciones nuevas que impone la presente Directiva son las establecidas en el artículo 11. La presente Directiva no afecta a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de desarrollo y aplicación de las directivas mencionadas en el anexo I.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

- "derechos exclusivos": los derechos concedidos por un Estado miembro a una empresa por medio de un instrumento legal, reglamentario o administrativo que le reserve el derecho a prestar un servicio de comunicaciones electrónicas o a emprender una actividad en una zona geográfica específica,

- "derechos especiales": los derechos concedidos por un Estado miembro a un número limitado de empresas por medio de un instrumento legal, reglamentario o administrativo que, en una zona geográfica específica,

- designe o limite, con arreglo a criterios que no sean objetivos, proporcionales y no discriminatorios, a dos o más el número de tales empresas autorizadas a suministrar un servicio o emprender una actividad, o

- confiera a una empresa o empresas, con arreglo a tales criterios, ventajas legales o reglamentarias que afecten gravemente a la capacidad de otra empresa de prestar el mismo servicio de comunicaciones electrónicas o emprender la misma actividad en la misma zona geográfica y en unas condiciones básicamente equivalentes,

- "red de comunicaciones electrónicas": los sistemas de transmisión y, cuando proceda, los equipos de conmutación o encaminamiento y demás recursos que permiten el transporte de señales mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios electromagnéticos. Están incluidos, entre otros, las redes terrenales fijas (de conmutación de circuitos y de paquetes, incluida Internet) y móviles, las redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y las redes de televisión por cable, independientemente del tipo de información transportada,

- "red pública de comunicaciones electrónicas": una red de comunicaciones electrónicas utilizada, entre otras finalidades, para prestar servicios públicos de comunicaciones electrónicas,

- "servicios de comunicaciones electrónicas": los servicios remunerados cuya prestación consiste, en su totalidad o en parte, en la transmisión y encaminamiento de señales a través de las redes de comunicaciones electrónicas. Están incluidos, entre otros, los servicios de telecomunicaciones y los servicios de transmisión en redes utilizadas para la radiodifusión. Están excluidos los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante el uso de redes y servicios de comunicaciones electrónicas o ejerzan control editorial sobre ellos,

- "servicios públicos de comunicaciones electrónicas": los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público,

- "puntos de terminación de la red": el conjunto de conexiones físicas y de especificaciones técnicas de acceso que formen parte de la red pública de comunicaciones y que sean necesarias para tener acceso a esta red pública y comunicar eficazmente a través de ella,

- "red de estaciones terrenas de comunicación por satélite": una infraestructura de dos o más estaciones terrenas que funcionen conjuntamente a través de un satélite,

- "servicios de comunicaciones móviles y personales": los servicios distintos de los servicios por satélite que consistan, en todo o en parte, en el establecimiento de radiocomunicaciones para un usuario móvil, y que utilicen, en todo o en parte, sistemas de comunicaciones móviles y personales,

- "sistemas de comunicaciones móviles y personales": los sistemas consistentes en el establecimiento y explotación de una infraestructura de red móvil, esté o no conectada a las terminales de la red pública, que constituya el soporte para la transmisión o la prestación de servicios de radiocomunicación a los usuarios móviles,

- "servicio de telefonía vocal": la explotación comercial para el público del transporte directo y de la comunicación de la voz en tiempo real desde y con destino a las terminales de la red pública conmutada, que permita a cualquier usuario utilizar el equipo conectado a su terminal para comunicar con otra terminal,

- "redes de televisión por cable": toda infraestructura basada principalmente en el cable autorizada por un Estado miembro para el suministro o la distribución de señales de radio y televisión al público.

Artículo 2

Derechos exclusivos y especiales para redes y servicios de comunicaciones electrónicas

1. Los Estados miembros no podrán conceder derechos exclusivos o especiales para la creación o suministro de redes de comunicaciones electrónicas ni para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar el derecho de toda empresa a prestar servicios de comunicaciones electrónicas o a crear o suministrar las redes de comunicaciones electrónicas.

3. Los Estados miembros velarán por que no se impongan o mantengan restricciones a la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en redes de comunicaciones electrónicas creadas por los suministradores de servicios de comunicaciones electrónicas, en infraestructuras suministradas por terceros y por medio de redes compartidas, otras instalaciones o emplazamientos.

4. Los Estados miembros velarán por que tanto las autorizaciones concedidas a empresas para prestar servicios de comunicaciones electrónicas o para crear o suministrar redes de comunicaciones electrónicas como las condiciones a que estén supeditadas dichas autorizaciones, se basen en criterios objetivos, no discriminatorios, proporcionales y transparentes.

5. Deberá motivarse toda decisión de impedir que una empresa suministre servicios o redes de comunicaciones electrónicas. Asimismo, deberá ser posible recurrir tal decisión ante un organismo independiente y, en última instancia, ante los tribunales.

Artículo 3

Empresas públicas verticalmente integradas

Además de cumplir los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 2, los Estados miembros velarán por que, al fijar condiciones para la concesión de autorizaciones generales para sistemas de comunicaciones móviles y personales, las empresas públicas verticalmente integradas que suministren redes de comunicaciones electrónicas de propiedad estatal no favorezcan a sus propias actividades.

Artículo 4

Derechos de uso de frecuencias

1. Los Estados miembros no concederán derechos exclusivos o especiales de uso de radiofrecuencias. Siempre que existan frecuencias disponibles, los Estados miembros concederán derechos de uso de radiofrecuencias con arreglo a procedimientos abiertos, no discriminatorios y transparentes. Los Estados miembros sólo podrán restringir la concesión de derechos de uso de radiofrecuencias basándose en la necesidad de garantizar una utilización eficaz del espectro de frecuencias y evitar interferencias perjudiciales entre sistemas electrónicos de radiocomunicación y otros sistemas técnicos espaciales o terrenales, y siempre y cuando ello se debiese a la falta de disponibilidad de un espectro de frecuencias y se justificase con arreglo al principio de proporcionalidad.

2. La designación de radiofrecuencias para servicios de comunicaciones electrónicas se basará en criterios objetivos. Los procedimientos deberán ser transparentes y publicarse periódicamente.

Artículo 5

Numeración

Los Estados miembros velarán por que se supriman todos los derechos exclusivos y especiales en materia de numeración y por que se disponga de números adecuados para todos los servicios públicos de comunicaciones electrónicas. Para ello, los Estados miembros velarán por que los números sean asignados de manera objetiva, no discriminatoria, proporcional y transparente.

Artículo 6

Servicios de guía telefónica

Los Estados miembros garantizarán la supresión en su territorio de todos los derechos exclusivos y especiales en el ámbito de la creación y prestación de servicios de guía telefónica, incluidos la publicación de guías telefónicas y los correspondientes servicios de consulta.

Artículo 7

Obligaciones de servicio universal

1. Todo régimen nacional que resulte necesario para repartir el coste neto del cumplimiento de las obligaciones de servicio universal impuestas íntegra o parcialmente a empresas públicas en aplicación de la Directiva [...] se basará en criterios objetivos y no discriminatorios y se conformará al principio de proporcionalidad. Concretamente, cuando haya empresas que presten servicios de comunicaciones electrónicas que formen parte de obligaciones de servicio universal, este hecho se tendrá en cuenta a la hora de calcular cualquier contribución al coste neto de las obligaciones de servicio universal.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión todos los regímenes del tipo mencionado en el apartado 1 a fin de que ésta pueda verificar su compatibilidad con el Tratado y, en particular, con sus artículos 87 y 88.

3. A más tardar el 1 de enero de [...], la Comisión revisará la situación de los Estados miembros y evaluará, en particular, si los regímenes de financiación vigentes limitan o no el acceso a los mercados correspondientes. En tal caso, la Comisión examinará si existen otros métodos y presentará las propuestas que considere oportunas.

Artículo 8

Derechos de paso

1. Los Estados miembros no discriminarán entre suministradores de redes públicas de comunicaciones electrónicas por lo que se refiere a la concesión de derechos de paso para el suministro de dichas redes.

2. Cuando no sea posible conceder nuevos derechos de paso a empresas que deseen suministrar redes públicas de comunicaciones electrónicas por la necesidad de proteger el medio ambiente y respetar objetivos de ordenación urbana y rural, los Estados miembros deberán garantizar el acceso, en condiciones razonables, a las instalaciones existentes en virtud de derechos de paso vigentes y que no puedan duplicarse.

Artículo 9

Autoridades reguladoras nacionales independientes

Los Estados miembros velarán por que el control de conformidad y de las especificaciones obligatorias, la atribución de las frecuencias, los números, la vigilancia de las condiciones de utilización y cualquier otra función reguladora sean realizados por una entidad independiente de las empresas públicas que suministren servicios y redes de comunicaciones electrónicas.

Artículo 10

Separación de cuentas

En los regímenes de autorización del suministro de servicios y redes públicos de comunicaciones electrónicas, los Estados miembros garantizarán, por lo menos, que cuando se conceda una autorización a empresas que ya disfruten de derechos especiales o exclusivos en áreas distintas a las de los servicios de comunicaciones electrónicas, estas empresas mantengan una contabilidad separada para sus actividades como suministradores de servicios o redes de telefonía vocal y para las demás actividades, en cuanto su volumen de negocios supere los 50 millones de euros en el mercado de comunicaciones electrónicas de que se trate.

Artículo 11

Satélites

1. Los Estados miembros garantizarán la supresión de toda prohibición o restricción a la oferta de capacidad del segmento espacial a todo operador autorizado de redes de estaciones terrenas de comunicación por satélite y permitirán, dentro de su territorio, que todo suministrador del segmento espacial compruebe si la red de estaciones terrenas por satélite que vaya a utilizar en el segmento espacial se ajusta a las condiciones vigentes de acceso a su capacidad de segmento espacial.

2. Cuando los convenios internacionales de constitución de las organizaciones internacionales de satélites no sean compatibles con las normas de competencia del Tratado CE, los Estados miembros signatarios de los mismos tomarán todas las medidas necesarias para poner fin a tales incompatibilidades.

Artículo 12

Redes de cable

1. Los Estados miembros velarán por que ninguna empresa que suministre redes de comunicaciones electrónicas explote su red de televisión por cable por medio de la misma entidad jurídica que utilice para su red pública de comunicaciones electrónicas cuando tal empresa:

a) esté bajo el control del Estado miembro de que se trate o goce de derechos especiales; y

b) ocupe una posición dominante en una parte sustancial del mercado común de suministro de redes públicas de comunicaciones electrónicas y servicios públicos de telefonía vocal; y

c) explote, en la misma zona geográfica, una red de televisión por cable con arreglo a unos derechos especiales o exclusivos.

2. La Comisión revisará la aplicación de la presente Directiva cuando considere que se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en este artículo y se han alcanzado los objetivos fijados y, en cualquier caso, a más tardar el (1 de enero de ...).

3. Los Estados miembros que consideren que en su territorio existe un nivel suficiente de competencia en el suministro de infraestructuras y servicios de bucles locales informarán de ello a la Comisión.

Tal información incluirá una descripción detallada de la estructura del mercado. La información facilitada deberá ponerse a disposición de los interesados que lo soliciten, tomando en consideración el interés legítimo de las empresas de proteger sus secretos comerciales.

4. La Comisión decidirá en un plazo razonable, y tras haber oído las observaciones de los interesados, si puede ponerse fin en el Estado miembro de que se trate a la obligación de separación jurídica.

Artículo 13

Comunicaciones móviles y personales

1. Los Estados miembros no se negarán a autorizar la explotación de sistemas móviles que funcionen de acuerdo con la norma DCS 1800, a más tardar tras la adopción de una decisión del Comité Europeo de Radiocomunicaciones sobre asignación de frecuencias DCS 1800.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, los Estados miembros no se negarán a autorizar las aplicaciones de acceso público, incluidos los sistemas que operen de acuerdo con la norma DECT.

3. Los Estados miembros no restringirán la combinación de tecnologías o sistemas móviles, en particular cuando se disponga de equipos que respondan a normas múltiples. Cuando amplíen los derechos de uso de radiofrecuencias para cubrir tales combinaciones, los Estados miembros garantizarán que la ampliación esté justificada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4.

4. Cuando resulte necesario, los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar la aplicación del presente artículo tomando en consideración la exigencia de asegurar una competencia efectiva entre los operadores competidores en los mercados de referencia.

Artículo 14

Derogación

Quedan derogadas las directivas y disposiciones que figuran en la parte A del anexo I, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en lo que respecta a los plazos de transposición y aplicación de las que figuran en la parte B del anexo I.

Las referencias a las directivas derogadas se considerarán hechas a la presente Directiva y se entenderán con arreglo al cuadro de correspondencias del anexo II.

Artículo 15

Los Estados miembros informarán a la Comisión de las medidas adoptadas en aplicación de la presente Directiva en el plazo de cuatro meses a partir de su entrada en vigor.

Cuando los Estados miembros adopten dichas medidas, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los métodos para efectuar esta referencia serán fijados por los Estados miembros.

Artículo 16

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 17

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

(1) DO L 192 de 24.7.1990, p. 10.

(2) DO L 256 de 26.10.1995, p. 49.

(3) DO L 20 de 26.1.1996, p. 59.

(4) DO L 74 de 22.3.1996, p. 13.

(5) DO L 175 de 10.7.1999, p. 39.

(6) DO L 268 de 19.10.1994, p. 15.

(7) DO L 101 de 1.4.1998, p. 24.

(8) DO L 199 de 26.7.1997, p. 32.

(9) DO L 268 de 3.10.98, p. 37.

(10) DO L 295 de 29.10.1997, p. 23.

(11) DO L 117 de 7.5.1997, p. 15.

(12) COM(1999) 539.

(13) DO L 298 de 17.10.1989, p. 23.

(14) DO L 202 de 30.7.1997, p. 60.

(15) Véanse los asuntos C-70/95: Sodemare SA contra Regione Lombardia (Recopilación 1997, p. I-3395), y 222/86: Unectef contra Heylens y otros (Recopilación 1987, p. 4097).