ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Desde el punto de vista del Derecho de la competencia de la UE, se considera que las personas que trabajan por cuenta ajena están integradas en la empresa con la que mantienen una relación laboral. Por consiguiente, el artículo 101 del Tratado no les es aplicable, sino únicamente a la empresa que las emplea. En principio, las personas que trabajan por cuenta propia se consideran «empresas» que ejercen su actividad en el mercado como operadores económicos independientes respecto a sus comitentes. Por lo tanto, entran en el ámbito de aplicación del artículo 101 del TFUE.

El objetivo general de la iniciativa es garantizar que la legislación de la UE en materia de competencia no obstaculice las negociaciones colectivas ni los acuerdos sobre las condiciones laborales de los trabajadores por cuenta propia sin asalariados que tengan poca influencia en sus condiciones laborales. Para alcanzar este objetivo, la iniciativa i) identificará a las personas que trabajan por cuenta propia que tienen poca influencia en sus condiciones laborales y que no deben verse obstaculizadas para negociar y acordar colectivamente sus condiciones laborales; y ii) aportar claridad en cuanto a la aplicación del Derecho de la competencia de la UE a los convenios colectivos relativos a las condiciones laborales de las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados.

El principio de subsidiariedad no se aplica, ya que la Comisión tiene competencias exclusivas en este ámbito. La actuación de la UE es esencial para hacer frente a la incertidumbre que rodea a la aplicación de las normas de competencia de la UE a los convenios colectivos relativos a las condiciones laborales de las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados. A falta de intervención de la UE, persistirán la inseguridad jurídica, los riesgos de infracción y el efecto disuasorio asociado.

¿Cuáles son las distintas opciones posibles para alcanzar los objetivos? ¿Existe o no una opción preferida?
El cambio climático es un problema transfronterizo en el que una actuación coordinada de la UE complementa y refuerza eficazmente las medidas adoptadas a escala nacional y local. Si no se toman nuevas medidas a escala de la UE, es probable que las iniciativas nacionales y locales por sí solas sean insuficientes, y corren el riesgo de fragmentar el mercado interior. La actuación de la UE proporcionaría a toda la cadena de valor del automóvil la señal de mercado estable a largo plazo y la seguridad reglamentaria que se requieren para las grandes inversiones de capital necesarias para implantar los vehículos de emisión cero.

¿Cuáles son las distintas opciones posibles para alcanzar los objetivos? ¿Existe o no una opción preferida? De no ser así, ¿por qué no?
No hay datos sobre la aplicación de las normas relativas a la declaración de patrimonio. Aunque existen tales normas, se han suscitado dudas acerca de la exactitud y verificación de dichas declaraciones. Además, si bien existen normas y sanciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de declaración del patrimonio, en particular para los funcionarios de alto rango y las personas del medio político (como los diputados al Parlamento y el presidente de la República), su eficacia sigue siendo poco clara a falta de información sobre la aplicación del sistema de declaración del patrimonio. Así pues, las dudas expuestas en el informe del año pasado aún no se han disipado.

Dirección General de Comunicación (2019), Encuesta «Flash» del Eurobarómetro n.º 482: Businesses’ attitudes towards corruption in the EU.

Proyecto de información sobre la delincuencia organizada y la corrupción, «Cyprus Journalist Says He is Being spied on and Fears for His Life» ( https://www.occrp.org/en/daily/12631-cypriot-journalist-says-he-is-being-spied-on-and-fears-for-his-life ).

Reporteros sin Fronteras (2021), Aportación de Reporteros sin Fronteras para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021

Reporteros Sin Fronteras (2021), Clasificación mundial de la libertad de prensa 2021: Chipre ( https://rsf.org/en/cyprus )

Sigma Live (2021), Informe sobre la ciudadanía ( https://www.sigmalive.com/news/politics/795517/ekthesi-politografiseonto-53-ektos-nomikou-plaisioupeitharxikes-efthynes ).

Tribunal Supremo de Chipre (2021), Aportación del Tribunal Supremo de Chipre al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.

Transparencia Internacional (2021), Índice de percepción de la corrupción de 2020.

Anexo II: Visita a Chipre

Los servicios de la Comisión celebraron reuniones virtuales en abril de 2021 con:

·el Ministerio de Justicia

·el Tribunal Supremo

·el Consejo de la Abogacía Chipriota

·la Oficina de Transparencia y Prevención de la Corrupción

·la Policía (servicio de asuntos internos)

·la Policía (unidad de delitos financieros)

·la Autoridad de Radio y Televisión,

·la Oficina de Prensa e Información,

·representantes de la Fiscalía General,

·el Ministerio del Interior (medios de comunicación)

·Foro de Integridad de Chipre
En la actualidad, las deficiencias en materia de reglamentación y aplicación, unidas a la evolución del mercado, la tecnología y la sociedad, impiden que los ciudadanos y las empresas hagan pleno uso de identificaciones electrónicas y servicios de confianza en la UE. Dado este contexto, y a la luz de los objetivos que establece el mandato político de la presidenta de la Comisión y del Consejo Europeo, la presente iniciativa intenta abordar los siguientes problemas principales: En primer lugar, no se está satisfaciendo la creciente demanda de servicios públicos y privados de identificación electrónica de confianza y las expectativas de los usuarios de contar con soluciones sin fisuras a la hora de identificarse y compartir atributos a través de las fronteras en toda clase de situaciones de utilización públicas y privadas. Además, las soluciones de identidad digital disponibles no resuelven adecuadamente los problemas de control y seguridad de datos. En segundo lugar, no hay igualdad de condiciones para la prestación de servicios de confianza, y el ámbito de aplicación del Reglamento es insuficiente.
La prestación de servicios esenciales utilizando infraestructuras críticas que sustenten funciones sociales o actividades económicas vitales en la Unión requiere que dichos servicios se presten de manera fiable, lo que significa que los operadores pertinentes deben ser resilientes a los riesgos actuales y previstos en el futuro (como peligros naturales, acciones híbridas, terrorismo, incidentes internos, emergencias de salud pública o accidentes). El marco europeo vigente hoy en día no es plenamente adecuado ni está preparado para el futuro. A pesar de la Directiva sobre las infraestructuras críticas europeas (ICE) de 2008 y de otras medidas a escala nacional y de la UE que se han adoptado desde entonces, los operadores no siempre están adecuadamente equipados para hacer frente a los riesgos creados por un contexto operativo cada vez más complejo, definido, entre otras cosas, por un panorama de riesgos dinámico y unas interdependencias más profundas entre sectores. La Directiva sobre las infraestructuras críticas europeas, centrada en la protección de activos más que en la resiliencia de los operadores, atañe a un reducido número de infraestructuras críticas europeas con implicaciones transfronterizas identificadas en dos sectores (energía y transporte). Además, existen enfoques y deficiencias divergentes a escala nacional en materia de cobertura sectorial, criterios, evaluación de riesgos, intercambio de información, etc. Todo ello se traduce en trabas al correcto funcionamiento del mercado interior, lo que obstaculiza significativamente la capacidad de los operadores para prestar los servicios en cuestión en toda la Unión de forma fiable y sin restricciones injustificadas.
Los aparatos de refrigeración siguen siendo uno de los aparatos que más electricidad consumen en los hogares (tras las calderas eléctricas y la iluminación, pero por delante de televisiones, hornos eléctricos, lavadoras, lavavajillas, etc.). Estaba previsto que el consumo de electricidad de los aparatos de refrigeración domésticos descendiera en una situación sin cambios con respecto a la actual a 57 TWh/a en 2030, frente a los 86 TWh/a en 2015. No obstante, es posible que no se llegue a alcanzar este ahorro debido a: (1)el etiquetado energético y los requisitos sobre eficiencia energética, actualmente obsoletos. Otros de los problemas con la normativa actual son: (2)la falta de requisitos de economía circular; (3)los vacíos legales o la menor adecuación de los requisitos en torno a determinadas tecnologías.
Los prestadores de servicios de alojamiento de datos apoyan , en general, el escenario de partida, y consideran que, en primer lugar, deberían evaluarse los plenos efectos de las iniciativas no normativos. En caso de adoptarse un instrumento jurídico, su apoyo iría a una intervención específica que afecte a cuestiones concretas de particular valor público. Los Estados miembros reconocen la necesidad de seguir apoyando medidas (por ejemplo, un desarrollo continuo del escenario de partida) y apoyan una intervención específicamente orientada a los contenidos terroristas. Los Estados miembros destacan, en particular, la necesidad de tener una definición común de contenidos terroristas, obligaciones de actuación en caso de requerimientos, medidas proactivas y de transparencia y medidas que faciliten que los contenidos retirados sean accesibles por los cuerpos policiales. El Consejo Europeo instó a la Comisión a «presentar una propuesta legislativa para mejorar la detección y la retirada de los contenidos que inciten al odio y a la comisión de actos terroristas». La sociedad civil que representa los derechos digitales y los medios universitarios han mostrado su apoyo a la evolución del escenario de partida, y han aconsejado mantener la precaución en lo que respecta a ciertos elementos incluidos en las opciones normativas, en particular las medidas proactivas y los efectos sobre los derechos fundamentales. Los particulares expresaron también esas preocupaciones en sus respuestas a la consulta pública, en la que una muestra representativa de ciudadanos que respondía a una encuesta específica del Eurobarómetro expresó su apoyo a nuevas medidas a escala de la UE contra los contenidos ilícitos en línea.
La evaluación de impacto ha estudiado las siguientes opciones estratégicas (además del escenario de partida, es decir, la no intervención de la UE): ·Opción 1: requisitos de cobertura íntegra respecto de los préstamos dudosos no garantizados y garantizados al final de determinados períodos de tiempo definidos, sin ningún requisito de cobertura previo. ·Opción 2: incrementar los requisitos de cobertura gradualmente (de forma lineal o progresiva) a partir de la clasificación como dudosas y previendo la cobertura íntegra de las exposiciones dudosas no garantizadas y garantizadas al final de determinados períodos de tiempo. ·Opción 3: para los préstamos dudosos garantizados, aplicación de recortes de valoración en función del tipo de garantía real (los préstamos dudosos no garantizados se tratarían con arreglo a lo previsto en las opciones 1 y 2). Tras la evaluación y el análisis de las repercusiones, se consideró preferible la opción 2 (aplicación de una cobertura progresiva hasta la cobertura íntegra), ya que permite alcanzar los objetivos estratégicos y optimizar al mismo tiempo la relación coste-beneficio. Establece un equilibrio adecuado entre dejar suficiente tiempo para posibles recuperaciones y evitar el efecto de salto abrupto una vez transcurrido el período de tiempo.
La exposición a agentes carcinógenos y mutágenos en el lugar de trabajo puede provocar cáncer, que es la principal enfermedad profesional en la Europa de los Veintiocho, así como otros problemas de salud importantes no relacionados con el cáncer. Para contribuir a proteger a los trabajadores contra dichos riesgos, la UE ha adoptado la Directiva 2004/37/CE, sobre agentes carcinógenos y mutágenos, que establece requisitos en este ámbito para eliminar o reducir la exposición a dichos agentes, así como valores límite de exposición profesional. No obstante, esta Directiva tiene que actualizarse periódicamente partiendo de la información disponible, incluidos datos científicos y técnicos. Se han presentado dos propuestas legislativas que actualizan la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos: COM(2016)248 y COM(2017)11, que abordan de forma conjunta veinte agentes carcinógenos. Los colegisladores ya han adoptado la primera enmienda [Directiva (UE) 2017/2398]. Esta evaluación de impacto, que acompaña a la tercera propuesta, cubre otros cinco agentes químicos a los que aproximadamente un millón de trabajadores están expuestos en sus lugares de trabajo.

¿Qué opciones legislativas y no legislativas se han estudiado? ¿Existe o no una opción preferida? ¿Por qué?

Para los carcinógenos en cuestión se determinaron varias opciones, de las que se descartaron algunas. Por ejemplo, se consideró desproporcionado prohibirlos en el lugar de trabajo, mientras que limitarse a directrices no legislativas o a la autorregulación no contribuiría sustancialmente a resolver los problemas detectados. Las propuestas de opciones legislativas con respecto a cinco agentes carcinógenos (cuyos valores límite de exposición profesional se establecen en el anexo III) se basaron en los resultados de los debates entre científicos, empleadores, trabajadores y representantes de los Estados miembros. Para la mayoría de los carcinógenos se analizaron también opciones más y menos estrictas. En los casos de que se trata, las opciones elegidas se consideran complementarias y añaden valor a las actuales medidas del Reglamento REACH. La seguridad jurídica de las partes interesadas se alcanza mejor estableciendo en la Directiva una lista clara de agentes químicos, junto con valores límite de exposición profesional, para gestionar el riesgo de la exposición profesional a carcinógenos químicos.

No obstante, en el caso del formaldehído, el número de empresas es muy elevado y, en el caso del cadmio, se verían afectadas principalmente las grandes empresas. Por consiguiente, se espera que el coste por empresa en términos relativos para ambas sustancias sea modesto. El conjunto de opciones preferidas no conllevará ninguna obligación suplementaria de información ni incrementará la carga administrativa de las empresas, como tampoco es probable que genere costes medioambientales significativos.
La financiación participativa es un servicio financiero basado en la tecnología que puede contribuir a que los proyectos empresariales consigan la financiación que necesitan y a que los inversores diversifiquen su cartera. La financiación participativa se está consolidando como parte esencial de la cadena de financiación para las empresas emergentes y las empresas jóvenes. Es a menudo el principal instrumento de financiación de las empresas en su fase inicial cuando los fondos de capital riesgo o incluso los de capital de inversión solo muestran un interés parcial en ellas. La financiación participativa ofrece una alternativa a los préstamos bancarios no garantizados, como los descubiertos bancarios o los saldos deudores por tarjetas de crédito, que constituyen actualmente la principal fuente de financiación externa para las pymes. Al complementar la financiación bancaria, la financiación participativa diversifica las fuentes de financiación en la economía. Brinda nuevas oportunidades, en particular para las empresas jóvenes e innovadoras que carecen de garantías reales de envergadura, activos fijos o historial financiero. A pesar de este papel de gran relevancia, los mercados de financiación participativa de la UE destinados a la financiación empresarial presentan un desarrollo claramente inferior a los de otras grandes economías y, lo que es más importante, no son capaces de operar adecuadamente de forma transfronteriza. Estudios recientes y datos recopilados a través de consultas específicas han confirmado que, debido a la fragmentación e incompatibilidad de los regímenes normativos, las plataformas de financiación participativa no pueden desarrollarse ni prestar libremente sus servicios a escala paneuropea. Del mismo modo, los inversores se abstienen de participar en actividades transfronterizas por la falta de confianza en esas plataformas y la fragmentación de los marcos normativos aplicables a la prestación de servicios.
¿Qué opciones legislativas y no legislativas se han estudiado? ¿Existe o no una opción preferida? ¿Por qué? Máximo catorce líneas

Las empresas y los representantes de intereses apoyan las opciones no reglamentarias y preferirían no estar sujetos a requisitos documentales específicos de la UE en el momento de la importación. De todos estos requisitos, parece que la declaración del importador es la que suscita menos objeciones. Los Estados miembros, las autoridades públicas, las ONG y la sociedad civil están a favor de medidas más estrictas, como el certificado de exportación y la licencia de importación. No están seguros de la eficacia de la declaración del importador, ya que la autocertificación no se ha probado en este ámbito.
¿Por qué? ¿Cuál es el problema que se afronta? Máximo once líneas

En aras de la estabilidad financiera y la agenda de crecimiento y empleo de la Comisión, resulta urgente colmar una serie de lagunas en el marco reglamentario actual; aplicar una serie de medidas internacionales posteriores a la crisis; y completar urgentemente las iniciativas relativas a la unión bancaria. Más concretamente, en la actualidad existen riesgos significativos para la estabilidad financiera y una carencia preocupante de financiación bancaria sostenible de la economía. Además, aún queda mucho por hacer para garantizar que en el futuro los contribuyentes no se vean obligados a soportar la carga del colapso de entidades «demasiado grandes para quebrar». Asimismo, en la medida de lo posible, es esencial tratar de reducir las desproporcionadas obligaciones de reglamentación y cumplimiento.

La intervención de la UE es necesaria porque los requisitos prudenciales para las entidades ya se abordan a escala de la UE. A tal efecto, se considera que modificar estos instrumentos jurídicos (el RRC, la DRC y la DRRB) constituye la mejor alternativa (véase el artículo 114 del TFUE en relación con el RRC y la DRRB y el artículo 53, apartado 1, del TFUE en relación con la base jurídica de la DRC). Otras iniciativas a escala de la UE podrían promover una aplicación uniforme de las normas reglamentarias y la convergencia de las prácticas de supervisión. Además, garantizarían unas condiciones equitativas en toda la UE, lo que es importante, puesto que los bancos, si bien difieren en alcance geográfico, operan en mercados con un mayor alcance geográfico y gozan de plena libertad para prestar servicios y establecerse en otros Estados miembros. No obstante, los Estados miembros y las autoridades nacionales competentes mantendrían las competencias existentes para abordar determinadas características económicas y financieras nacionales específicas (políticas macroprudenciales y colchones contra riesgos sistémicos).

¿Qué opciones legislativas y no legislativas se han estudiado? ¿Existe o no una opción preferida? ¿Por qué? Máximo catorce líneas
ES    ES ES 
 
ES    ES  COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 4.6.2008 
SEC(2008) 1977 
  
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN 
Evaluación de impacto sobre la propuesta de  la Comisión de Reglamento del Consejo 
relativo a la conservación de los recursos pesq ueros a través de medidas técnicas en el 
Atlántico y el Mar del Norte 
DG responsable: DG FISH 
Planificación de los trabajos: 2006/FISH/004 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO  
sobre la propuesta de Reglamento del Consej o relativo a la conservación de los recursos 
pesqueros a través de medidas técnicas 
  
{COM(2008) 324} 
{SEC(2008) 1978}  
 
ES    ES RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO  
sobre la propuesta de Reglamento del Consej o relativo a la conservación de los recursos 
pesqueros a través de medidas técnicas 
La evaluación de impacto se refiere a un proyect o de propuesta de Reglamento relativo a la 
conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas en el Atlántico y el Mar 
del Norte. 
La propuesta de nuevo Reglamento sobre medidas técnicas de conservaci ón en el Atlántico y 
el Mar del Norte se considera un paradigma esenci al de la simplificación en el Plan de acción 
de la Comisión 2006-2008 para la simplificación de  la legislación sobre la política pesquera 
común (PPC)1. La propuesta forma parte también del programa permanente de simplificación 
de la Comisión. 
Al reconocer que la legislación sobre medidas té cnicas aplicables en el Atlántico y el Mar del 
Norte resulta demasiado compleja y difícil de in terpretar, controlar y poner en aplicación, el 
Consejo ha invitado a la Comisión a que pr esente una propuesta simplificada. En sus 
conclusiones sobre la promoción de métodos  de pesca más respetuosos con el medio 
ambiente, el Consejo recomienda también a doptar un planteamiento por regiones según el 
que, según convenga, las medidas se ajus ten a las condiciones regionales. 
La simplificación es, por lo tanto, uno de los objetivos fundamentales del nuevo Reglamento 
propuesto; los objetivos operativos específicos son los siguientes: 
• integrar todas estas modificaciones en un conjunto completo de medidas técnicas 
fáciles de comprender, controlar y poner en aplicación; 
• establecer un equilibrio entre las medidas aplicables en todas las zonas en general, 
por un lado, y, por otro, las medidas aplicab les de forma específica en una región 
concreta correspondiente a un determinado consejo consultivo regional (CCR). 
El ámbito de aplicación de la propuesta es relativamente reducido, ya que no modifica de 
forma substancial el fondo de la normativa corre spondiente, sino que modifica tan sólo el 
planteamiento legislativo, por lo que tendrá un reducido impacto medioambiental, social y 
económico. Se trata de una evaluación de impact o proporcionada para la que no se ha creado 
ningún grupo director interservici os. Se ha consultado a los com ités científicos y a los comités 
de las partes interesadas. 
Se facilitan datos sobre los procesos de  consulta, las opciones y los impactos. 
                                                 
1 COM(2005) 647 final.