INFORME EXPLICATIVO del Protocolo del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (Texto aprobado por el Consejo el 19 de diciembre de 1997) (98/C 11/02)

I. INTRODUCCIÓN

Diversos estudios y proyectos emprendidos en los Estados miembros y en las Instituciones comunitarias (1) pusieron de relieve el hecho de que la legislación de los Estados miembros contiene disposiciones que pueden ser utilizadas en la lucha contra el fraude y contra la corrupción activa y pasiva de los funcionarios nacionales.

Aunque las características específicas de estas legislaciones nacionales varían de un Estado miembro a otro, todas ellas tienen elementos comunes que hacen posible llegar a una definición común.

Se ha establecido también que los distintos Derechos penales de los Estados miembros no son ni mucho menos completos en su aplicabilidad a la dimensión internacional de la corrupción -en la que están implicados funcionarios comunitarios o funcionarios de otros Estados miembros- que afecta o que puede afectar a los intereses financieros de las Comunidades.

El hecho de que existan todos estos elementos comunes en los Derechos nacionales muestra la necesidad de medidas que susciten una respuesta adecuada a escala de la Unión Europea y garanticen una mayor convergencia en el modo en que los Derechos penales de los Estados miembros perciben las formas de corrupción con ramificaciones internacionales.

El presente Protocolo relativo a la corrupción de los funcionarios fue propuesto a petición de la Presidencia española como un instrumento adicional para completar el Convenio (2) celebrado el 26 de julio de 1995 y para reforzar la protección de los intereses financieros de las Comunidades. Constituye, en particular, una respuesta a la letra h) del punto 7 de la Resolución del Consejo, de 6 de diciembre de 1994, sobre la protección jurídica de los intereses financieros de las Comunidades (3), que establece que «los Estados miembros deberían adoptar medidas eficaces para sancionar el soborno en el que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas en relación con los intereses financieros de las Comunidades».

II. COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS

Artículo 1

Esta disposición introductoria define los términos «funcionario» y «Convenio» a efectos del Protocolo cuando dichos términos aparezcan en él.

1.1. El término «funcionario» hace referencia a diversas categorías de personas -funcionarios comunitarios, funcionarios nacionales o funcionarios de otro Estado miembro- con objeto de garantizar una aplicación generalizada y homogénea de las disposiciones esenciales del Protocolo en la lucha contra la corrupción.

Estas categorías se definen en relación con sus respectivos estatutos.

1.2. La letra b) del apartado 1, basada en la redacción del proyecto de Tratado de 1976, se aplica a «funcionarios comunitarios», entre los que se cuentan no solamente los funcionarios permanentes stricto sensu, a los que se aplica el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, sino también las distintas categorías de personal contratado con arreglo al régimen aplicable a los otros agentes. La definición incluye también a los expertos nacionales destinados a las Comunidades Europeas para llevar a cabo funciones equivalentes a las desempeñadas por funcionarios comunitarios y otros agentes.

Los miembros de las Instituciones comunitarias -la Comisión, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas- no están cubiertos por esta definición (véanse los comentarios sobre el apartado 2 del artículo 4).

1.3. La última frase de la letra b) incluye en la definición de «funcionario comunitario» al personal de los organismos creados de conformidad con el Derecho comunitario, que en la actualidad son los siguientes:

- la Agencia Europea de Cooperación (4),

- el Banco Europeo de Inversiones (5),

- el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (6),

- la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (7),

- el Instituto Universitario Europeo (8),

- el Fondo Europeo de Inversiones (9),

- la Agencia Europea de Medio Ambiente (10),

- la Fundación Europea de Formación (11),

- el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (12),

- la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (13),

- la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (14),

- la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (15),

- el Instituto Monetario Europeo (16),

- la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (17),

- el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión (18),

- el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (19).

Esta disposición se refiere al personal de los organismos responsables en un sentido muy amplio de aplicar la legislación comunitaria, ya adoptada o todavía por adoptar con arreglo a los Tratados comunitarios, cuyas actividades son tales que su corrupción tendría una repercusión perjudicial para la protección de los intereses financieros de las Comunidades.

1.4. La letra c) del apartado 1 define el concepto de «funcionario nacional» en términos de un funcionario o empleado público definido conforme al Derecho nacional de cada Estado miembro a efectos de su propio Derecho penal. Se da por tanto prioridad a la definición del Derecho penal. Esto significa que, en caso de que esté implicado un funcionario nacional del Estado en el que se incoan las diligencias, se aplicará su definición de funcionario nacional; pero cuando esté implicado un funcionario de otro Estado miembro, la definición con arreglo al Derecho de dicho Estado no es concluyente si la persona de que se trate no hubiere tenido la condición de funcionario de conformidad con la legislación del Estado miembro en que se incoan las diligencias. Esto se deduce del párrafo segundo de la letra c), según el cual un Estado miembro podrá determinar que las infracciones de corrupción en que estén implicados funcionarios nacionales de otro Estado miembro se refieran únicamente a aquellos funcionarios cuya condición sea compatible con la de funcionarios nacionales conforme al Derecho nacional del Estado en que se incoen diligencias.

La referencia al Derecho del Estado miembro del funcionario significa que pueden tenerse debidamente en cuenta situaciones nacionales específicas relativas a la condición jurídica de las personas que ejerzan funciones públicas.

Los apartados 2 y 3 del artículo 4 muestran que el concepto de «funcionario nacional» no incluye de forma automática, en todos los Estados miembros, a los parlamentarios, a los ministros, a los jueces de los tribunales supremos o a los miembros de un tribunal de cuentas. No obstante, ello no impide que cualquier Estado miembro extienda la definición de «funcionario nacional» a una o varias de estas categorías de personas.

1.5. En el apartado 2 del artículo 1 se define el concepto de «Convenio», a los efectos del Protocolo, como el Convenio celebrado en Bruselas el 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidad, publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 316, de 27 de noviembre de 1995.

Se hace referencia a las disposiciones pertinentes de dicho Convenio en el apartado 1 del artículo 4, en el artículo 7 y en el apartado 3 del artículo 9.

Artículo 2

En el artículo 2 se definen los elementos de la infracción de corrupción pasiva que cause o pueda causar perjuicio a los intereses financieros de las Comunidades. Esta definición vincula el Protocolo al Convenio al que completa.

La expresión «pueda causar perjuicio» se utiliza para abarcar los casos de corrupción cuyos efectos en las finanzas de las Comunidades no han logrado el objetivo perseguido.

2.1. El apartado 1 enumera una serie de elementos constitutivos de corrupción de un funcionario, entre los cuales la intención constituye un componente necesario.

2.2. Los componentes materiales de la corrupción incluyen «aceptar, solicitar o recibir» determinadas cosas, «directamente o a través de un intermediario».

Esto incluye:

- un acto unilateral por parte de un funcionario que solicita un beneficio para sí mismo haciendo saber a otra persona, explícita o implícitamente, que deberá «pagar» para que cumpla o se abstenga de cumplir un acto oficial; es irrelevante si se atiende esa solicitud, siendo el elemento clave de la infracción la solicitud en sí misma,

- que el infractor acepte o reciba determinadas cosas de conformidad con un acuerdo con el que entrega dichas cosas; la infracción es completa cuando se hayan intercambiado consentimientos, incluso si posteriormente el funcionario renuncia a ejecutar el acuerdo o devuelve la cosa recibida.

El Protocolo no hace distinción entre formas directas e indirectas de corrupción. El hecho de que pueda estar involucrado un intermediario, con lo que se amplía el ámbito de la corrupción pasiva para incluir la actuación indirecta del funcionario, supone necesariamente identificar la naturaleza delictiva de la conducta del funcionario, independientemente de la buena o la mala fe del intermediario implicado.

2.3. La infracción también cubre el caso en el que el funcionario verbi gratia pida obsequios u otra ventaja no ya para sí mismo sino para terceros, como su cónyuge o socio, un amigo íntimo, un partido político u otra organización.

2.4. Las cosas que constituyen la sustancia material de la corrupción incluyen ofertas, promesas o ventajas de cualquier tipo en beneficio del funcionario o de cualquier otra persona.

Las «ventajas de cualquier tipo» constituyen un concepto deliberadamente general que abarca no solamente objetos materiales (dinero, objetos valiosos, bienes de todos los tipos, servicios prestados) sino también cualquier cosa que pueda representar un interés indirecto, tal como saldar las deudas de la persona corrupta, realizar obras en una propiedad suya. Esta enumeración no es exhaustiva. El concepto de ventaja, solicitada, recibida o prometida, abarca todo tipo de ventajas materiales o intangibles.

A efectos del Protocolo, es irrelevante el momento en el tiempo en el que se dan o proporcionan las cosas que constituyen la sustancia de la corrupción. Al abarcar expresamente el hecho de aceptar promesas, el apartado 1 del artículo 2 incluye pagos aplazados, siempre que tengan su origen en un acuerdo delictivo entre la persona corrompida y el corruptor.

2.5. Es esencial que la solicitud o la aceptación sean anteriores al acto o abstención ofrecida o aceptada por el funcionario.

El texto es inequívoco: «el hecho . . . de que un funcionario . . . solicite, o reciba ventajas . . . . o el hecho de aceptar la promesa . . . por cumplir o no cumplir . . .».

Así, resulta claro que, desde un punto de vista cronológico, debe producirse primero la solicitud o aceptación y después el acto o la abstención del mismo por parte del funcionario.

Por consiguiente, un beneficio recibido después del acto, pero sin que haya una solicitud o aceptación previa, no genera responsabilidad penal según el Protocolo. Además, el artículo no se aplica a los regalos que no estén relacionados con alguna actuación posterior del funcionario realizada en cumplimiento de sus obligaciones.

2.6. Las tareas o funciones de los funcionarios son el objetivo de las conductas a las que se aplica el Protocolo.

El Protocolo se aplica tanto al hecho de cumplir o de abstenerse de cumplir cualquier acto dentro de las competencias del que ocupa el cargo o función en virtud de cualquier ley o norma (deberes oficiales) en la medida en que se realice incumpliendo los deberes de su cargo. Además esta conducta tiene que ser de tal naturaleza que cause o pueda causar perjuicios a los intereses financieros de las Comunidades.

Los Derechos de algunos Estados miembros incluyen los casos en que un funcionario, en contra de la obligación de su cargo de actuar imparcialmente, recibe una ventaja por actuar de conformidad con sus funciones (por ejemplo, dar un trato preferente acelerando o suspendiendo la tramitación de un asunto). El presente artículo cubre estos casos.

2.7. El apartado 2 del artículo 2 solicita a los Estados miembros que adopten las normas de Derecho penal necesarias para garantizar que las conductas del tipo que se describen en el apartado 1 se tipifiquen como infracciones penales.

Corresponde por tanto a los Estados miembros ver si su actual Derecho penal abarca todas las categorías de personas y formas de conducta pertinentes y, de no ser así, adoptar las medidas necesarias para establecer las infracciones penales correspondientes. Pueden hacerlo estableciendo una infracción de carácter general o estableciendo varias infracciones específicas.

Artículo 3

Este artículo describe los componentes de la infracción de corrupción activa de un funcionario que cause o pueda causar perjuicio a los intereses financieros de las Comunidades.

Es el corolario de la infracción definida en el artículo 2, vista desde el punto de vista del autor de la corrupción; se trata en particular de garantizar el buen funcionamiento de la administración pública y de proteger a los funcionarios de posibles maniobras contra ellos, entendiéndose que en la mayoría de los Estados miembros la corrupción activa y pasiva son infracciones diferentes y autónomas para las que existen actuaciones judiciales diferenciadas y autónomas.

El apartado 1 del artículo 3 identifica una serie de formas censurables de conducta del autor de la corrupción que constituyen corrupción activa de un funcionario.

3.1. El «hecho intencionado de que cualquier persona . . .» se refiere al autor de la corrupción, sea cual sea la calidad (negocios, servicio público, etc.) en la que actúe; el autor puede ser un particular que actúa como tal o en nombre de una empresa, o una persona que ejerce una función pública.

El acto constitutivo de corrupción debe realizarse intencionalmente, es decir, con intención deliberada de que se produzcan actos contrarios a las obligaciones propias de la función pública.

La cuestión de si existe infracción cuando el autor de la corrupción actúe deliberadamente pero esté equivocado en cuanto al poder que cree tiene el funcionario deberá determinarse de conformidad con el Derecho nacional.

3.2. La acción del autor de la corrupción puede consistir en prometer o dar, directamente o a través de un intermediario, una ventaja (material o intangible) de cualquier naturaleza, tanto si se obra o no en consecuencia de la oferta como si se materializa o no alguna ventaja.

La maniobra de corrupción puede ser unilateral o bilateral; puede referirse a un bien material o inmaterial: el concepto de ventaja debe entenderse en su sentido más amplio posible, en relación con los puntos 2.4 y 2.5 anteriores.

El artículo no distingue entre las formas -directa o indirecta- en que se realiza la maniobra de corrupción. Incluye las actuaciones cuyo objetivo es el funcionario, sean éstas directas o a través de un intermediario.

3.3. La corrupción activa tiene como objetivo una persona que debe, por definición, ser un funcionario, independientemente de si la ventaja es para el propio funcionario o para otra persona.

3.4. El objetivo perseguido por la corrupción activa es el mismo que en el caso de la corrupción pasiva; véase el punto 2.6.

3.5. El apartado 2 del artículo 3 está redactado en los mismos términos que el apartado 2 del artículo 2; véase el punto 2.7.

Artículo 4

Este artículo refuerza las medidas contra el fraude y la corrupción mediante la exigencia de ajustar el Derecho penal de los Estados miembros en lo relativo a la conducta pertinente de sus funcionarios nacionales con objeto de incluir una conducta similar de funcionarios comunitarios que afecten o puedan afectar a los ingresos y gastos comunitarios.

4.1. El apartado 1 se refiere a las infracciones que en los Estados miembros están relacionadas con conductas fraudulentas que afectan a los intereses financieros de la Comunidad, tal como se definen en el artículo 1 del Convenio, y que sean cometidas por funcionarios nacionales en el ejercicio de sus funciones.

Aquí, el Derecho penal de todos los Estados miembros debe aplicar el principio de asimilación al carácter punible de las infracciones, del mismo modo que para las infracciones indicadas en los artículos 2 y 3, de forma que todo lo que constituya infracción cuando sea cometido por funcionarios de una categoría (nacionales) constituya también una infracción cuando haya sido cometido por funcionarios de otra categoría (comunitarios).

El efecto del principio es que los Estados miembros también deberán tomar las medidas necesarias para ampliar la aplicación de sus infracciones de fraude a conductas similares atribuibles a funcionarios comunitarios que actúen en el ejercicio de sus funciones. Esta ampliación no se refiere tanto a la conducta en sí misma como a la categoría de los infractores.

Cada Estado miembro podrá elegir la forma de efectuar dicha extensión.

4.2. En la reunión del Consejo de 23 de noviembre de 1995, los Estados miembros y la Comisión estuvieron de acuerdo en que, a efectos de este Protocolo, los ministros de los gobiernos nacionales y los miembros de la Comisión deberían ser tratados de forma similar.

Este parecer se refleja en el apartado 2 con respecto a las infracciones de fraude que dañen o puedan dañar los intereses financieros de la Comunidad y las infracciones de corrupción pasiva y activa tal como aparecen definidas en el Protocolo. A escala nacional se refiere a los ministros del gobierno, diputados de los parlamentos nacionales, miembros de los tribunales supremos y miembros del tribunal de cuentas; a escala de Instituciones comunitarias, se refiere a sus equivalentes en el ejercicio de estas funciones (miembros de la Comisión, diputados del Parlamento Europeo, miembros del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y miembros del Tribunal de Cuentas).

Por ello, a efectos de las infracciones punibles de fraude y corrupción, los miembros de la Comisión se asimilan a los ministros del gobierno, los diputados del Parlamento Europeo a los miembros de los parlamentos nacionales, los miembros del Tribunal de Justicia a los miembros de los tribunales superiores nacionales y los miembros del Tribunal de Cuentas Europeo con los equivalentes nacionales. En virtud de esta asimilación, las disposiciones nacionales relativas a infracciones cometidas por miembros de parlamentos nacionales, ministros de gobiernos, etc., deberán ampliarse con el fin de incluir a los miembros de las Instituciones comunitarias arriba mencionados.

Dado que determinados Estados miembros no tienen un tribunal de cuentas como tal, los organismos equivalentes serán:

- «National Audit Office» en el Reino Unido,

- «Office of the Comptroller and Auditor-General» en Irlanda,

- «Rigsrevisionen» en Dinamarca,

- «Riksrevisionsverket» en Suecia,

- «Valtiontalouden tarkastusvirasto/Statens revisionsverk» en Finlandia.

4.3. El apartado 3 permite la posibilidad de establecer excepciones al principio de asimilación del apartado 2 en aquellos Estados miembros en que la responsabilidad penal de los ministros del gobierno esté regida por una legislación especial aplicable en situaciones nacionales específicas. No obstante, ello no excluye la responsabilidad penal por infracciones cometidas por miembros de la Comisión o contra ellos con arreglo a las normas comunes del Derecho penal nacional.

Esta posibilidad es especialmente útil en Dinamarca, donde las normas de Derecho penal que rigen la responsabilidad de los ministros se aplican en situaciones específicas (por ejemplo, aquellas en que los ministros pueden tener responsabilidad penal por actos cometidos por sus subordinados) en las que otras personas con cargos importantes no serían penalmente responsables.

4.4. Con arreglo al apartado 4, los apartados precedentes sobre asimilación con respecto al carácter punible se entenderán «sin perjuicio de las disposiciones aplicables en cada Estado miembro en lo relativo al procedimiento penal y a la determinación de los órganos jurisdiccionales competentes».

A efectos de los distintos apartados del artículo 4 considerados en su conjunto, el Protocolo no podrá en modo alguno afectar u obstaculizar las normas nacionales de procedimiento penal o las normas sobre jurisdicción de los tribunales para someter a juicio casos referentes a las infracciones correspondientes, lo que no impide que el artículo produzca plenos efectos en los sistemas jurídicos nacionales.

En especial, con relación a las personas contempladas en el apartado 2, con respecto a las cuales el principio de asimilación implica de manera general y sin excepciones la igualdad de trato respecto del Derecho penal, debe señalarse lo siguiente: cuando una ley especial de un Estado miembro confiera a un tribunal específico la competencia jurisdiccional para juzgar a los ministros del gobierno, a los diputados de los parlamentos nacionales, a los miembros de los tribunales supremos o a los miembros de los tribunales de cuentas que hayan sido acusados de una infracción, dicho tribunal también podrá tener jurisdicción en asuntos similares que afecten a los miembros de la Comisión, a los miembros del Parlamento Europeo, a los miembros del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y a los miembros del Tribunal de Cuentas, pero sin perjuicio de las disposiciones nacionales relativas a la jurisdicción.

4.5. El apartado 5 establece que el Protocolo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones relativas a la retirada de la inmunidad para el personal de las Instituciones comunitarias.

Por lo tanto, la retirada de la inmunidad es una condición previa al ejercicio de la mencionada jurisdicción; el Protocolo reconoce la obligación de cada una de las instituciones afectadas de aplicar las disposiciones relativas a los privilegios y las inmunidades, con sujeción a los procedimientos existentes y las posibilidades de reparación previstas en el Derecho comunitario (20).

Artículo 5

5.1. El apartado 1 del artículo 5 dispone que los Estados miembros deberán garantizar que las infracciones de corrupción activa y pasiva definidas en los artículos 2 y 3 sean siempre objeto de sanciones penales, en otras palabras, que puedan ser juzgadas por tribunales penales.

Esto se aplica igualmente a la complicidad en la infracción y a su instigación, que deben interpretarse con arreglo a las definiciones dadas en los derechos penales de cada Estado miembro.

Puesto que las infracciones tipificadas como corrupción activa y pasiva incluyen la conducta consistente en hacer promesas, con independencia de que luego tales promesas se mantengan o cumplan realmente, no se consideró necesario imponer la obligación de tipificar las tentativas de corrupción activa o pasiva. No obstante, los Estados miembros que lo deseen también pueden penalizar la tentativa de infracción.

Las sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias, expresión que se ha tomado de una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En el asunto 68/88 (Sentencia de 21 de septiembre de 1989, Rec. 2965) el Tribunal de Justicia se expresaba en estos términos: (los Estados miembros) «deben procurar, en particular, que las infracciones del Derecho comunitario sean sancionadas en las condiciones análogas de fondo y de procedimiento a las aplicables a las infracciones del Derecho nacional cuando tengan una índole y una importancia similares y que, en todo caso, confieran un carácter efectivo, proporcionado y disuasorio a la sanción».

En cumplimiento de esta sentencia, los Estados miembros tienen cierto margen al determinar la naturaleza y severidad de las penas que puedan ser impuestas. Éstas no tienen por qué ser privativas de libertad. Adicionalmente o como alternativa al encarcelamiento, pueden imponerse multas.

5.2. No obstante, el Protocolo sí exige que los Estados miembros establezcan en los casos más graves penas privativas de libertad, que pueden dar lugar a la extradición. Corresponderá a los Estados miembros decidir qué criterios o elementos de hecho determinarán la gravedad de una infracción a la luz de sus respectivas tradiciones jurídicas.

5.3. El apartado 2 se refiere a la relación entre el Derecho penal y las normas disciplinarias cuando las circunstancias sean tales que un mismo acto de corrupción pueda estar sujeto a ambos; se da prioridad al principio de independencia de los sistemas disciplinarios nacionales o europeo en el hecho de que la incoación del procedimiento penal «no obstará al ejercicio de los poderes disciplinarios de las autoridades competentes contra los funcionarios nacionales o los funcionarios comunitarios».

Para tener en cuenta determinadas tradiciones jurídicas nacionales, el apartado permite seguidamente que las autoridades nacionales tengan en cuenta los principios de su propia legislación en virtud de las cuales, al determinar la sanción penal que deba imponerse, se puedan tener en cuenta las sanciones disciplinarias ya impuestas a la misma persona por la misma infracción. Esta es una disposición específica que no será obligatoria en aquellos Estados miembros que no reconozcan o no apliquen sanciones disciplinarias.

Artículo 6

6.1. Este artículo establece una serie de criterios para otorgar a las autoridades judiciales y de aplicación de la ley la competencia para entablar acciones y entender en los asuntos relativos a las infracciones cubiertas por el Protocolo: corrupción activa y pasiva e infracciones especificadas en el artículo 4.

6.2. Según el apartado 1, un Estado miembro establecerá su competencia en cuatro situaciones:

a) cuando la infracción se haya cometido, total o parcialmente, en su territorio, por ejemplo cuando el caso de corrupción se produzca allí, la ventaja se conceda allí o el acuerdo de infracción se alcance allí, con independencia de la condición o nacionalidad del corruptor o del funcionario de que se trate (principio de territorialidad);

b) cuando el autor de la infracción sea uno de sus nacionales o uno de sus funcionarios (principio de personalidad activa): el criterio de la condición del autor de la infracción significa que la competencia puede establecerse independientemente de la lex loci delicti. En ese caso, corresponderá a los Estados miembros entablar acciones por infracciones cometidas en el extranjero, incluidos los países no miembros. Esta disposición reviste especial importancia en el caso de los Estados miembros que no extraditen a sus propios nacionales;

c) cuando la infracción se haya cometido contra uno de los nacionales del Estado miembro, sea éste un funcionario o un miembro de una Institución comunitaria (principio de personalidad pasiva). Esto es de particular interés en los casos de corrupción activa en el extranjero por parte de personas que no son nacionales del Estado miembro pertinente;

d) cuando el autor de la infracción sea un funcionario comunitario al servicio de una Institución de las Comunidades Europeas que tenga su sede en el Estado miembro de que se trate. El criterio de la sede es útil para casos especiales no cubiertos por otras normas de competencia, en particular cuando la infracción sea cometida fuera de la Comunidad por parte de un funcionario de la Comunidad que no sea nacional de un Estado miembro (21).

6.3. El apartado 2 permite a cualquier Estado miembro no aceptar, o hacerlo con condiciones, las normas enunciadas en las letras b), c) y d) del apartado 1 a través de una declaración a estos efectos en el momento de la notificación contemplada en el apartado 2 del artículo 9 del Protocolo.

El efecto del apartado 1 del artículo 11, como se verá más tarde, es que las letras b), c) y d) del apartado 1 del artículo 6 son las únicas disposiciones con respecto a las que podrán formularse reservas.

Artículo 7

El artículo 7 se refiere a disposiciones específicas del Convenio, declarándolas aplicables a la corrupción activa y pasiva tal como se define en el Protocolo así como a las infracciones definidas en el artículo 4.

Las disposiciones pertinentes del Convenio pueden resumirse como sigue:

- el artículo 3 establece que los jefes de empresa pueden ser penalmente responsables,

- los apartados 1, 2 y 4 del artículo 5 tratan de la extradición y del principio aut dedere aut judicare,

- el artículo 6 establece el principio de estrecha cooperación entre los Estados miembros en casos de fraude contra los intereses financieros de la Comunidad.

Estos tres principios se aplican sin restricción a la conducta a la que se aplique el Protocolo.

- El artículo 7 establece el principio ne bis in idem, que también es aplicable en asuntos del Protocolo. Hay que señalar que la ejecución de una sentencia incluye casos en que la ejecución se suspende,

- el artículo 9 permite a los Estados miembros adoptar disposiciones de Derecho interno que sean más estrictas que las derivadas el Convenio; así pues, el Protocolo constituye un conjunto de normas mínimas,

- el artículo 10 establece, entre otras cosas, disposiciones para la transmisión de información por parte de los Estados miembros a la Comisión, lo que es también aplicable al ámbito del Protocolo.

El informe explicativo del Convenio recoge los detalles sobre el contenido de estas reglas.

Artículo 8

Este artículo especifica la competencia que se otorga al Tribunal de Justicia para resolver sobre litigios entre Estados miembros y entre los Estados miembros y la Comisión referentes a la interpretación o aplicación del Protocolo (22).

Los comentarios pormenorizados figuran en el informe explicativo del Convenio. Este artículo del Protocolo recoge el artículo 8 del Convenio con objeto de garantizar la coherencia entre los dos instrumentos.

El apartado 2 del artículo 8 especifica los casos en que el Tribunal de Justicia es competente para entender de desacuerdos entre los Estados miembros y la Comisión.

Es importante señalar que el Tribunal de Justicia tiene competencia específica para interpretar el concepto de «funcionario comunitario» tal y como se define en el artículo 1.

Artículo 9

Este artículo se refiere a la entrada en vigor del Protocolo, que no podrá ser anterior a la del Convenio.

Artículo 10

Este artículo se refiere a la adhesión de nuevos Estados miembros al presente Protocolo.

Artículo 11

Este artículo establece que únicamente podrán formularse reservas con respecto a las letras b), c) y d) del apartado 1 del artículo 6. Una reserva podrá ser retirada en todo momento dirigiendo una notificación al Secretario General del Consejo.

(1) En particular:

- proyecto de Tratado de 10 de agosto de 1976 (DO C 222 de 22.9.1976, p. 13),

- Resolución del Parlamento Europeo de 11 de marzo de 1994 (DO C 91 de 28.3.1994, p. 334),

- Resolución del Consejo de 6 de diciembre de 1994 (DO C 355 de 14.12.1994, p. 2),

- Resolución del Parlamento Europeo de 15 de diciembre de 1995.

La Presidencia española pidió a la Comisión que presentase los resultados del estudio comparativo del asunto. El trabajo fue ultimado el 1 de diciembre de 1994; se descubrió que cada sistema legal tenía medidas coherentes propias, pero que existían divergencias inevitables -y contraproducentes- entre los Estados miembros con respecto a la definición tanto de la corrupción propiamente dicha como de las personas contra las que iban dirigidas las medidas de lucha contra la corrupción entre los funcionarios públicos.

(2) DO C 316 de 27.11.1995, p. 48.

(3) DO C 355 de 14.12.1994, p. 2.

(4) Reglamento (CEE) n° 3245/81 del Consejo (DO L 328 de 16.11.1981, p. 1).

(5) Artículos 198 D y 198 E del Tratado CE.

(6) Reglamento (CEE) n° 337/75 del Consejo (DO L 39 de 13.2.1975, p. 1). Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 354/95 (DO L 41 de 23.2.1995, p. 1).

(7) Reglamento (CEE) n° 1365/75 del Consejo (DO L 139 de 30.5.1975, p. 1). Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 1947/93 (DO L 181 de 27.7.1993, p. 13).

(8) Convenio por el que se crea un Instituto Universitario Europeo (DO C 29 de 9.2.1976, p. 1).

(9) Estatutos del Fondo Europeo de Inversiones (DO L 173 de 7.7.1994, p. 1); véase también el artículo 30 del Protocolo sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones y el artículo 239 del Tratado CE.

(10) Reglamento (CEE) n° 1210/90 del Consejo (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1).

(11) Reglamento (CEE) n° 1360/90 del Consejo (DO L 131 de 23.5.1990, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) n° 2063/94 (DO L 216 de 20.8.1994, p. 9).

(12) Reglamento (CEE) n° 302/93 del Consejo (DO L 36 de 12.2.1993, p. 1). Reglamento modificado por el Reglamento (CE) n° 3294/94 (DO L 34 de 30.12.1994, p. 7).

(13) Reglamento (CEE) n° 2309/93 del Consejo (DO L 214 de 24.8.1993, p. 1).

(14) Reglamento (CE) n° 2062/94 del Consejo (DO L 216 de 20.8.1994, p. 1). Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1643/95 (DO L 156 de 7.7.1995, p. 3).

(15) Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo (DO L 11 de 14.1.1994, p. 1). Reglamento modificado por el Reglamento (CE) n° 3288/94 (DO L 349 de 31.12.1994, p. 83).

(16) Artículo 109 F del Tratado CE; Protocolo sobre los Estatutos del Instituto Monetario Europeo, anejo al Tratado de la Unión Europea.

(17) Reglamento (CE) n° 2100/94 del Consejo (DO L 227 de 1.9.1994, p. 1). Reglamento modificado por el Reglamento (CE) n° 2506/95 (DO L 258 de 28.10.1995, p. 3).

(18) Reglamento (CE) n° 2965/94 del Consejo (DO L 314 de 7.12.1994, p. 1). Reglamento modificado por el Reglamento (CE) n° 2610/95 (DO L 268 de 10.11.1995, p. 1).

(19) Reglamento (CE) n° 1035/97 del Consejo (DO L 151 de 10.6.1997, p. 1).

(20) Véase en particular el artículo 18 del Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas.

(21) Si bien, como regla general, los funcionarios de la Comunidad tienen la nacionalidad de uno de sus Estados miembros, puede haber excepciones a dicha regla.

(22) Cabe señalar que el Consejo, mediante acto de 29 de noviembre de 1996, celebró el Protocolo relativo a la interpretación, con carácter prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Convenio sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 151 de 20.5.1997, p. 1). Este acto se aplica no sólo al Convenio, sino también al presente Protocolo.