Estos derechos, libertades y principios se mantendrán y se protegerán plenamente en la Unión tras la retirada del Reino Unido de la Unión. Por otra parte, el Acuerdo de Retirada garantiza que, cuando se haga referencia a las disposiciones o los conceptos del Derecho de la Unión, estos se interpreten y se apliquen con arreglo a los métodos y los principios generales de interpretación aplicables en la Unión, y en particular que se haga una interpretación conforme a la Carta de los Derechos Fundamentales. Esto es especialmente pertinente en lo tocante a la parte del Acuerdo sobre los derechos de los ciudadanos, que se basa en gran medida en el Derecho de la Unión.

El Acuerdo de Retirada respeta plenamente los Tratados y mantiene la integridad y la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión. Promueve los valores, los objetivos y los intereses de la Unión y garantiza la coherencia, la eficacia y la continuidad de sus políticas y acciones. En particular, el artículo 4 del Acuerdo de Retirada establece los métodos y principios relativos al efecto, la puesta en ejecución y la aplicación del Acuerdo que garantizan que los efectos jurídicos de las disposiciones del Derecho de la Unión declaradas aplicables en virtud del Acuerdo de Retirada sean los mismos tanto en el Reino Unido como en la Unión y sus Estados miembros.

a)artículo 18, apartado 1, letra c): notificación por parte de la Unión de problemas técnicos que impidan al Estado de acogida registrar la solicitud o expedir el certificado de solicitud a que se refiere la letra b) de dicho artículo;

Por ejemplo, cuando el Acuerdo prevea que la Unión facilite al Reino Unido información o notificaciones determinadas, será la Comisión la que, en principio, deba hacerlo en nombre de la Unión, basándose, en caso de que sea necesario, en la información facilitada por los Estados miembros o por otras instituciones u organismos pertinentes de la Unión. Lo anterior se aplica, en particular, a las siguientes disposiciones del Acuerdo:

t)artículo 185: notificación al Reino Unido en nombre de la Unión en relación con todo aquel Estado miembro que, de conformidad con esta disposición, haya declarado que, durante el período transitorio, no entregará a sus nacionales con arreglo a la Decisión Marco 2002/584/JAI.

k)artículo 127, apartado 7, letra b): notificación de la Unión al Reino Unido de los casos en que, durante el período transitorio, no se considere al Reino Unido un Estado miembro a efectos de un intercambio de información, un procedimiento o un programa que siga aplicándose o que comience después del final del período transitorio, y en que la participación permita el acceso a información sensible relacionada con cuestiones de seguridad de la que solo deban tener conocimiento Estados miembros;

b)artículo 150, apartado 4: el reembolso por el Banco Europeo de Inversiones del capital desembolsado.

Cuando el Acuerdo establezca que la Unión puede decidir invitar al Reino Unido, durante el período transitorio, a asistir excepcionalmente a determinadas reuniones de comités o grupos de expertos o a reuniones de órganos y organismos de la Unión (artículo 128, apartado 5, del Acuerdo) o a reuniones en el contexto de consultas y negociaciones internacionales [artículo 129, apartado 2, letra b), y artículo 130, apartado 3, del Acuerdo], estas invitaciones al Reino Unido deberá cursarlas, en principio, la Comisión en nombre de la Unión. Cuando la reunión la organicen los órganos y organismos de la Unión, corresponderá a estos enviar las invitaciones correspondientes. Estas invitaciones solo podrán cursarse cuando se cumplan las condiciones establecidas en el Acuerdo. La Comisión prevé publicar orientaciones a este respecto a fin de garantizar la aplicación coherente de estas disposiciones.

Cuando el Acuerdo establezca que la Unión debe consultar al Reino Unido durante el período transitorio, dicha consulta debe también llevarla a cabo la Comisión en nombre de la Unión. Esto se aplica, en particular, a las siguientes disposiciones del Acuerdo:

a)artículo 128, apartado 7: la obligación de la Unión de consultar con el Reino Unido sobre los proyectos de actos de la Unión que señalen o se refieran directamente a autoridades, procedimientos o documentos específicos de los Estados miembros;

b)artículo 129, apartado 5: la posibilidad de consultar al Reino Unido con arreglo a esta disposición;

c)artículo 130, apartado 1: la obligación de la Unión de consultar al Reino Unido sobre las posibilidades de pesca relativas a las aguas de la UE y de fuera de la UE con arreglo a esta disposición;

d)artículo 130, apartado 2: la obligación de la Unión de dar al Reino Unido la oportunidad de formular observaciones con arreglo a esta disposición.

Asimismo, corresponderá a la Comisión acordar con el Reino Unido las disposiciones y los mecanismos administrativos, tales como los contemplados en el artículo 134 (disposiciones administrativas entre los auditores de la Unión y el Reino Unido para facilitar el proceso de auditoría) o en el artículo 12 del Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del Norte (mecanismos administrativos necesarios para la correcta aplicación de las disposiciones sobre ayudas estatales del Protocolo).

La Comisión también actuará en nombre de la Unión en todas las etapas del procedimiento relativo a la solución de controversias con arreglo a la sexta parte, título III, del Acuerdo.

•Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

El proyecto de propuesta de Acuerdo de Retirada de la Comisión consta de 185 artículos estructurados en seis partes (divididas, a su vez, en títulos y capítulos), tres protocolos y nueve anexos, tal como se expone a continuación:

La primera parte (disposiciones comunes) contiene las disposiciones comunes del Acuerdo de Retirada (en lo sucesivo, «el Acuerdo»), y en particular las definiciones, el ámbito de aplicación territorial del Acuerdo de Retirada, y los métodos y principios relativos a los efectos, la puesta en ejecución y la aplicación del Acuerdo.

La segunda parte (derechos de los ciudadanos) establece las disposiciones destinadas a salvaguardar el estatuto y los derechos derivados del Derecho de la Unión de que gozan los ciudadanos de la Unión y del Reino Unido —y sus familias— afectados por la retirada del Reino Unido. La segunda parte consta de cuatro títulos: el título I (Disposiciones generales), el título II (Derechos y obligaciones), el título III (Coordinación de los sistemas de seguridad social) y el título IV (Otras disposiciones).

La tercera parte (Disposiciones sobre la separación) establece las disposiciones tocantes a otras cuestiones relacionados la desvinculación del Reino Unido de la Unión. La tercera parte contiene trece títulos: Título I (Bienes introducidos en el mercado), título II (Regímenes aduaneros en curso), título III (Cuestiones pendientes en materia de impuesto sobre el valor añadido e impuestos especiales), título IV (Propiedad intelectual), título V (Cooperación policial y judicial en curso en materia penal), título VI (Cooperación judicial en curso en materia civil y mercantil), título VII (Datos e información tratados u obtenidos antes del final del período transitorio, o con base en el presente Acuerdo), título VIII (Contratación pública y procedimientos similares en curso), título IX (Cuestiones relacionadas con Euratom), título X (Procedimientos judiciales y administrativos de la Unión), título XI (Procedimientos de cooperación administrativa entre los Estados miembros y el Reino Unido), título XII (Privilegios e inmunidades) y título XIII (Otras cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las instituciones, órganos y organismos de la Unión).

La cuarta parte (Transición) establece un período transitorio durante el cual la totalidad del acervo de la UE se aplicará al Reino Unido, con algunas excepciones. Durante el período transitorio, el Reino Unido dejará de estar representado en las instituciones de la Unión y de influir y participar en el proceso de toma de decisiones de la Unión. Además, la cuarta parte establece las disposiciones transitorias aplicables al Reino Unido con respecto a los acuerdos internacionales celebrados por la Unión o por los Estados miembros actuando en su nombre, o por la Unión y sus Estados miembros actuando conjuntamente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129, el Reino Unido estará vinculado por las obligaciones derivadas de dichos acuerdos. El artículo 130 establece un mecanismo de consulta para la fijación de las posibilidades de pesca del Reino Unido durante el período transitorio. El artículo 131 garantizará que se mantengan plenamente las competencias de todas las instituciones de la Unión en relación con el Reino Unido, incluida la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El artículo 132 prevé la posibilidad de adoptar una decisión única por la que se prorrogue el período transitorio hasta un máximo de uno o dos años.

La quinta parte (Disposiciones financieras) establece normas detalladas sobre la liquidación financiera, incluidas normas detalladas sobre los componentes de la liquidación financiera y las normas para el cálculo de la cuantía de la liquidación financiera y las modalidades de pago. También se fijan normas relativas a las modalidades de la continuación de la participación del Reino Unido en los programas del actual marco financiero plurianual (MFP) hasta su finalización.

La sexta parte (Disposiciones institucionales y finales) establece normas para la interpretación y la aplicación coherentes del Acuerdo y establece un Comité Mixto, así como un mecanismo de solución de controversias. Esta parte contiene también una obligación de las Partes de esforzarse al máximo para tratar de alcanzar un acuerdo sobre sus relaciones futuras antes del final del período transitorio, así como las disposiciones sobre la entrada en vigor del Acuerdo.

El Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del Norte y sus diez anexos incluyen las disposiciones necesarias para la denominada «solución de último recurso» a fin de garantizar la ausencia de una frontera rígida entre Irlanda e Irlanda del Norte. Estas disposiciones serán de aplicación a menos que y hasta que un acuerdo ulterior las sustituya, en todo o en parte. El Protocolo crea un territorio aduanero único entre la Unión y el Reino Unido. De este modo se evitará la necesidad de aranceles, cuotas o controles de las normas de origen entre la UE y el Reino Unido. Asimismo, prevé una serie de medidas para garantizar que existan condiciones de competencia equitativas entre la UE y el Reino Unido. Además, el Protocolo garantiza que el Código Aduanero de la Unión (CAU), que establece, entre otras cosas, las disposiciones para el despacho a libre práctica de productos en la UE, siga aplicándose a Irlanda del Norte. Se garantizará así que las empresas de Irlanda del Norte no se enfrentan a restricciones a la hora de comercializar productos en el mercado único de la UE. El Protocolo también prevé que el Reino Unido siga cumpliendo, en sus relaciones con Irlanda del Norte, un conjunto limitado de normas relacionadas con el mercado único de la UE y que resultan indispensables para evitar una frontera rígida: la legislación sobre mercancías, las normas sanitarias y fitosanitarias, las normas sobre la producción agrícola, el IVA y los impuestos especiales, y las normas en materia de ayudas estatales. También existen disposiciones para mantener el mercado único de la electricidad en la isla de Irlanda. En virtud del Protocolo, la Zona de Viaje Común entre Irlanda y el Reino Unido y sus correspondientes derechos y privilegios seguirán en vigor de conformidad con el Derecho de la UE, en particular en lo tocante a la libre circulación de los ciudadanos de la UE. La cooperación Norte-Sur continuará según lo establecido en el Protocolo, en particular en los ámbitos del medio ambiente, la salud, la agricultura, el transporte, la educación y el turismo, así como en los sectores de la energía, las telecomunicaciones, la radiodifusión, la pesca continental, la justicia y la seguridad, la educación superior y el deporte.

El Acuerdo de Retirada incluye también un Protocolo sobre las zonas de soberanía del Reino Unido en Chipre (en lo sucesivo, «Protocolo sobre las zonas de soberanía»). Dado que las relaciones entre la Unión y las zonas de soberanía de Chipre han de definirse en un contexto de pertenencia a la Unión de la República de Chipre, el protocolo sobre las zonas de soberanía debe establecer los mecanismos apropiados para alcanzar, tras la retirada del Reino Unido de la Unión, los objetivos de las disposiciones establecidas en el Protocolo n.º 3 del Acta sobre la adhesión de la República de Chipre a la Unión. Como se indica en la Declaración Conjunta de 19 de junio de 2018, tanto la Unión como el Reino Unido se han comprometido a establecer regímenes apropiados para las zonas de soberanía, «en particular con el objetivo de proteger los intereses de los chipriotas que viven y trabajan en las zonas de soberanía tras la retirada del Reino Unido de la Unión, respetando plenamente los derechos y las obligaciones derivados del Tratado de Establecimiento». La Unión y el Reino Unido han acordado las condiciones de un protocolo que dará efecto a este y que se adjunta al Acuerdo de Retirada. El objetivo del Protocolo es garantizar que el Derecho de la UE, en los ámbitos que se precisan en el Protocolo n.º 3 del Acta de adhesión de Chipre, seguirá aplicándose en las zonas de soberanía, sin interrupción o pérdida de derechos, especialmente para los aproximadamente 11 000 civiles chipriotas que viven y trabajan en las zonas de soberanía. Esto se aplica a una serie de ámbitos políticos como la tributación, los bienes, la agricultura, la pesca y las normas veterinarias y fitosanitarias. El Protocolo atribuye a la República de Chipre la responsabilidad de velar por la aplicación y el cumplimiento del Derecho de la Unión en relación con la mayoría de los ámbitos cubiertos, con la excepción de la seguridad y los asuntos militares.

Por último, el Acuerdo de Retirada incluye un Protocolo sobre Gibraltar para dar respuesta los problemas específicos que crea la retirada del Reino Unido de la Unión en relación con Gibraltar. En las orientaciones del Consejo Europeo de 29 de abril de 2017 se establece que «ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido». Esto ha sido recordado en las directrices de negociación complementarias del Consejo de 29 de enero de 2018 y en las orientaciones del Consejo Europeo de 14 de marzo 2018. En las declaraciones para el acta de la reunión del Consejo Europeo de 25 de noviembre de 2018, figura la siguiente declaración del Consejo Europeo y de la Comisión: «Una vez que el Reino Unido haya abandonado la Unión, Gibraltar no estará incluido en el ámbito de aplicación territorial de los acuerdos que se celebren entre la Unión y el Reino Unido. Ello no excluye, sin embargo, la posibilidad de que se celebren acuerdos separados entre la Unión y el Reino Unido respecto de Gibraltar. Sin perjuicio de las competencias de la Unión y en pleno respeto de la integridad territorial de sus Estados miembros garantizada por el artículo 4, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, dichos acuerdos separados requerirán un acuerdo previo del Reino de España». Por otra parte, en esa misma ocasión, el Consejo Europeo y la Comisión emitieron una declaración interpretativa en relación con el artículo 184 del Acuerdo de Retirada y el ámbito territorial de los futuros acuerdos.