COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE y acerca de la Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE

2001/0077 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE y acerca de la Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE

A. Antecedentes

El 13 de marzo de 2001, la Comisión adoptó una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 96/92/CE y 98/30/CE sobre normas comunes para los mercados interiores de la electricidad y del gas natural (documento COM(2001) 125 final - 2001/0077 (COD) para su adopción por el procedimiento de codecisión establecido en el artículo 251 del Tratado CE [1].

[1] DO...

El Comité Económico y Social adoptó su dictamen el 17 de octubre de 2001.

El Comité de las Regiones no se ha pronunciado sobre la propuesta.

El 13 de marzo de 2002, el Parlamento Europeo adoptó una serie de enmiendas en primera lectura.

El 7 de junio de 2002, la Comisión modificó su propuesta, incorporando en su integridad, en parte o en cuanto al fondo muchas de las enmiendas votadas por el Parlamento Europeo en primera lectura.

El Consejo, de conformidad con el artículo 251 del Tratado, adoptó su Posición Común sobre esta propuesta de Directiva en el 3 de febrero de 2003.

B. Objetivo de la propuesta

El objetivo de la propuesta de la Comisión es conseguir unas condiciones de igualdad para todos los participantes en los mercados de la electricidad y el gas en la Unión Europea. La Directiva sobre la electricidad (96/92/CE) y la Directiva sobre el gas (98/30/CE) han reportado ventajas a los grandes consumidores gracias a unos precios más bajos y unas mejores niveles de servicio. Sin embargo, estas Directivas contemplan que los Estados miembros puedan decidir medidas diversas sobre la apertura del mercado, la organización del acceso a la red y la regulación del mercado. La práctica demuestra que esta situación provoca distorsiones en la competencia, pues los mercados de algunos Estados miembros están más abiertos a una competencia efectiva que los de otros.

Por ello, la Comisión ha propuesto esta Directiva de modificación, cuyo objeto es la apertura completa progresiva de los mercados de la electricidad y del gas, unas normas muy rigurosas de servicio público y la obligación de servicio universal en la electricidad. Suprime la opción del acceso negociado a las redes de gas y electricidad y obliga a los Estados miembros a separar jurídicamente los gestores de la red de transmisión y distribución de otras partes de la empresa. Además, todos los Estados miembros tienen que establecer una autoridad reguladora con una serie de competencias mínimas.

En el marco del proceso de adhesión, los países candidatos han asumido compromisos en sus negociaciones de adhesión en relación con los Directivas vigentes sobre la electricidad y el gas. La Comisión espera que los nuevos Estados miembros cumplan con sus obligaciones derivadas de esas nuevas Directivas, pero reconoce que, en casos excepcionales y debidamente justificados, podría hacer falta contemplar una adaptación progresiva a los mercados más evolucionados del gas y la electricidad. No obstante, la Comisión parte del principio de que no se aceptará ninguna excepción permanente.

C. Observaciones sobre la Posición Común del Consejo

Los principales elementos de la propuesta de la Comisión se mantienen en la Posición Común. El Consejo ha incorporado casi todas las enmiendas del Parlamento que la Comisión había aceptado en su propuesta modificada, con la misma formulación o de manera que no se altera sustancialmente el propósito de las enmiendas. La mayoría de los cambios introducidos por el Consejo consolidan o aclaran la propuesta de la Comisión, sin cambiar su fondo.

Las diferencias más importantes con la propuesta de la Comisión son el aplazamiento de la fecha de apertura completa de mercado hasta julio de 2007, frente al plazo de 2005 propuesto por la Comisión y apoyado por el Parlamento, y el aplazamiento de la separación jurídica de las actividades de los gestores de redes de distribución hasta julio de 2007, frente al plazo del 1 de enero de 2004 propuesto por la Comisión y apoyado por el Parlamento. La Comisión también puede apoyar la Posición Común en lo que respecta a estos puntos en aras de un compromiso general. Hay que señalar que la fecha de 2007 para la apertura completa del mercado es incondicional y no se volverá a discutir.

El Parlamento Europeo adoptó en su primera lectura 157 enmiendas a la propuesta original de la Comisión. A consecuencia del dictamen del Parlamento Europeo, la Comisión introdujo varios cambios sustantivos en su propuesta modificada. De las 157 enmiendas adoptadas, la Comisión ha aceptado 15 enmiendas en la formulación propuesta por el Parlamento o con algunos cambios (enmiendas 2, 5, 13, 15, 20, 28, 32, 34, 47, 58, 61, 117, 123, 162 y 171). 57 enmiendas se aceptaron en cuanto al fondo (6-8, 12, 30, 33, 39, 40, 45, 46, 48, 50, 53-55, 57, 59, 60, 65, 66, 70, 75-79, 82, 84, 86, 89, 90, 95/96, 109-112, 118-120, 124, 127-132, 135, 137, 140, 145, 151, 153, 158-160 y 163) y 16, en parte (enmiendas 4, 14, 18, 41-43, 51, 56, 62, 103, 104, 125, 126, 149, 172, 182 y 184).

Las observaciones detalladas sobre la incorporación por la Comisión de 88 enmiendas del Parlamento aceptadas figuran en la propuesta modificada de 7 de junio de 2002 (documento COM(2002) 304 final). Las razones para rechazar las otras enmiendas también figuran en dicho documento. Se recuerda que, de las 69 enmiendas del Parlamento rechazadas, 28 lo fueron porque suponían dividir la propuesta de la Comisión en dos propuestas separadas, una sobre la electricidad y otra sobre el gas. Sólo 41 enmiendas de las 157 adoptadas se rechazaron por argumentos de fondo.

La presente Comunicación se centra por tanto en las diferencias entre la Posición Común y la propuesta modificada de la Comisión de 7 de junio de 2002.

Observaciones generales

El Consejo ha rechazado dos enmiendas aceptadas por la Comisión en su propuesta modificada. Se trata de las enmiendas 12 y 15, que se refieren a considerandos. No se ha rechazado ninguna enmienda aceptada por la Comisión en relación con la parte dispositiva.

La Posición Común recoge las enmiendas parlamentarias que dividen la propuesta de la Comisión en dos textos separados, uno por el que se modifica la Directiva 96/92/CE sobre la electricidad y otro por el que se modifica la Directiva 98/30/CE sobre el gas. La Comisión ha rechazado estas enmiendas.

El Consejo ha rechazado las enmiendas 156 y 157 por considerar que no se trata de enmiendas al fijar la entrada en vigor de la Directiva veinte días después de la publicación de los textos en el Diario Oficial (156) y disponer que los destinatarios de la Directiva serán los Estados miembros (157).

A. Directiva sobre la electricidad

Considerandos

No se ha introducido ningún cambio importante en los considerandos. Algunas pequeñas modificaciones aclaran los textos y otras reflejan las diferencias entre la Posición Común y la propuesta modificada de la Comisión.

La enmienda 12 rechazada se refiere al considerando 15 sobre las competencias de las autoridades reguladoras. La Comisión considera que el fondo de la enmienda, que hace hincapié en la importancia de metodologías jurídicamente vinculantes para la tarificación de las redes, se mantiene en el considerando y en la parte dispositiva de la Directiva (artículo 23). La Comisión ha rechazado en su propuesta modificada la parte de la enmienda que reza que los las autoridades reguladoras deben ser independientes de los Estados.

La enmienda 15 rechazada se refiere al considerando 20. La enmienda señala la necesidad de establecer un plazo para la plena apertura del mercado. Este extremo no se ha contemplado en el considerando mismo, pero el artículo 21 fija una fecha para proceder a dicha apertura.

Artículo 3 - Obligaciones de servicio público

La propuesta de la Comisión y la posición del Parlamento ampliaban la cobertura de la obligación de servicio universal a todos los clientes. La Posición Común limita esta cobertura a los clientes residenciales y, en los supuestos que los Estados miembros consideren convenientes, a las pequeñas empresas.

La Comisión puede aceptar la limitación en la Posición Común porque son sobre todo los consumidores residenciales, y en su caso las pequeñas empresas, los que más necesitan protección y garantías de suministro de electricidad. Los Estados miembros pueden decidir proporcionar una protección de servicio universal a una serie más amplia de empresas siempre que las disposiciones correspondientes sean compatibles con el Derecho comunitario.

El anexo que contempla la protección de los consumidores y medidas sobre transparencia de las condiciones contractuales, información general y mecanismos de resolución de conflictos era obligatorio para todos los consumidores en la propuesta de la Comisión, apoyada por el Parlamento. La Posición Común sólo mantiene su carácter obligatorio en el caso de los clientes residenciales. La Comisión puede aceptar este compromiso, ya que son sobre todo los clientes residenciales los que necesitan esta clase de protección en un entorno competitivo.

La Posición Común añade en el apartado 4 de este artículo la obligación de que cualquier forma de compensación o de derechos exclusivos por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público se concederá de modo transparente y sin discriminación. La Comisión considera que esta aclaración mejora el texto.

Respecto a la disposición sobre el etiquetado, la Comisión había propuesto, aparte de la especificación en las facturas de la combinación energética global de la empresa durante el año anterior y las fuentes de combustible utilizados para generar la electricidad suministrada, la especificación en las facturas del impacto en el medio ambiente de cada fuente de energía en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero. La Posición Común mantiene la obligación de especificación de la combinación energética global de la empresa, pero no de la electricidad específica suministrada. El impacto en el medio ambiente de las diversas fuentes de energía se podrá consultar en un sitio Internet específico, cuya referencia figurará en las facturas. Además de las emisiones de CO2, también se especificarán en este sitio los residuos nucleares.

La Comisión considera la imposición de la obligación de etiquetado a las empresas proveedoras un paso adelante significativo hacia la consecución de una transparencia cada vez mayor de la electricidad como producto. El hecho de que el desglose de las fuentes de energía utilizadas para generar la electricidad suministrada figure en las facturas de todos los clientes es importante desde el punto de vista de la transparencia y permitirá que los consumidores ejerzan su derecho a elegir a su proveedor basándose no sólo en el precio del producto sino también en sus características de generación y en el impacto en el medio ambiente de la combinación energética global. La Comisión controlará estrechamente la puesta en práctica de la obligación de etiquetado, que se abordará específicamente en el informe que la Comisión tiene que publicar cada año (artículo 28).

Artículo 6 - Procedimiento de autorización

La propuesta de la Comisión incorporaba la enmienda parlamentaria cuyo objeto era dinamizar y agilizar los trámites de autorización de pequeñas empresas de generación (por debajo de 15MW) o de empresas de generación distribuida. La Posición Común recoge esta idea, pero la reformula como sigue: «Los Estados miembros garantizarán que los procedimientos de autorización de pequeñas empresas de generación o de empresas de generación distribuida tengan en cuenta su tamaño limitado y posible impacto». La Comisión puede aceptar esta nueva redacción porque mantiene intacto el objetivo de unos trámites más rápidos de autorización de pequeñas plantas de generación.

Artículo 7 - Licitaciones para la adjudicación de nueva capacidad

Para prevenir una falta de capacidad de generación, la propuesta de la Comisión obligaba a los Estados miembros a contemplar la posibilidad de poner en marcha procedimientos de licitación como una especie de red de seguridad en el caso de que el mercado no proveyera la suficiente capacidad de generación sobre la base del procedimiento de autorización.

La Posición Común brinda a los Estados miembros esta posibilidad o la de adoptar otros procedimientos que sean igualmente transparentes y no discriminatorios. La Comisión puede aceptar este nuevo elemento porque se mantiene el objetivo de la disposición, la disponibilidad de una red de seguridad en caso de fallo del mercado. Se deja a la discreción de los Estados miembros decidir qué método consideran más conveniente, las licitaciones o cualquier otro como, por ejemplo, los pagos de capacidad.

Artículos 10-15 - Disociación de los gestores de redes de transmisión y distribución

El texto de los artículos en la Posición Común precisa que la separación jurídica no significará en modo alguno una transferencia de la propiedad de los activos al gestor de la red separado jurídicamente. El texto también especifica que debe haber una cierta coordinación entre el propietario de los activos y el gestor de la red para salvaguardar la rentabilidad de los activos para el propietario. La Comisión puede aceptar esta aclaración, sin la cual podría afirmarse que el gestor de redes separado jurídicamente tendría el derecho exclusivo a decidir sobre cualquier inversión, lo que de hecho supondría una separación de propiedad. Aunque el gestor de la red pueda tomar naturalmente decisiones corrientes sobre las inversiones, es preciso que, por ejemplo, el programa financiero anual del gestor de la red se debata con el propietario de los activos.

Artículo 21 - Apertura de los mercados

La Posición Común fija la fecha de 1 de julio de 2007 como el plazo para la apertura completa de mercado. La propuesta de la Comisión, apoyada por el Parlamento, era 2005. La Comisión puede aceptar este aplazamiento en aras de un compromiso general. Lo más importante es que se fije en la Directiva una fecha incondicional para la apertura del mercado a todos los clientes y que todos ellos podrán aprovechar las ventajas del mercado interior a medio plazo.

Artículo 26 - Excepciones

Se introduce la posibilidad de excepción a la obligación de disponer procedimientos no discriminatorios de autorización de nueva capacidad de generación en el caso de las microrredes aisladas, que se definen como las redes no interconectadas con un consumo anual no superior a 500 GWh. Esta excepción sólo se aplicará a la ampliación y modernización de plantas existentes y no a la construcción de nuevas plantas de generación, en cuyo caso seguirá haciendo falta un procedimiento de autorización.

En el caso de las redes eléctricas con dificultades específicas de índole técnica para introducir la libertad de elección para los clientes no residenciales, la Comisión podrá conceder una excepción a la obligación de reconocer el derecho de todas las categorías de clientes no residenciales a elegir proveedor por un plazo máximo de 18 meses desde el 1 de julio de 2004. Algunos Estados miembros han aducido que, debido a las estructuras específicas de consumo de parte de los clientes industriales más pequeños, resultará difícil distinguir todos los clientes no residenciales de los residenciales. Esta excepción se aplicará a grupos muy limitados de clientes no residenciales.

La Comisión puede aceptar estas excepciones por su limitado impacto económico en el mercado interior.

En el supuesto de que el informe que se publicará en 2006 llegara a la conclusión de que, dada la eficacia con que se ha realizado el acceso a la red en un Estado Miembro, dando origen a un acceso plenamente efectivo y no discriminatorio y sin obstáculos, la Comisión concluyera que determinadas obligaciones impuestas a las empresas por la presente Directiva (incluidas las obligaciones en materia de separación jurídica para los gestores de redes de distribución) no son proporcionales a los objetivos perseguidos, el Estado miembro de que se trate podrá solicitar a la Comisión una exención de la obligación en cuestión. En un plazo de tres meses desde la recepción de esta solicitud, la Comisión formulará un dictamen sobre ella y, en su caso, presentará propuestas al Parlamento Europeo y al Consejo.

Se trata de una aclaración útil. En cualquier caso, la Comisión tiene el derecho de proponer y modificar la legislación si las circunstancias lo hicieran conveniente.

Artículos 27 y 28 - Procedimiento de revisión e información

Se han ampliado considerablemente las disposiciones de información, que obligan a la Comisión a publicar informes más detallados sobre la seguridad del suministro y el impacto de la apertura del mercado en los niveles de servicio público y en la disposición sobre etiquetado.

Además, la Comisión publicará un informe especial a más tardar el 1 de enero de 2006 en que se examinará el progreso global registrado en los mercados interiores de la electricidad y el gas en lo que se refiere a la evolución de los precios, a los niveles de servicio, a la independencia de los gestores de la red, al acceso a la red, a la regulación y a cómo se está implantando una competencia efectiva. En particular, este informe se centrará en la experiencia adquirida en la aplicación de la Directiva en cuanto a la independencia efectiva de los gestores de redes en empresas integradas verticalmente y en si se han aplicado otras medidas que surtan efectos equivalentes a la separación jurídica, además de la independencia funcional y de la separación de cuentas. Basándose en este informe, la Comisión podrá presentar propuestas al Parlamento y al Consejo, sobre todo al efecto de revisar las disposiciones de servicio público y la obligación de separar jurídicamente al gestor de la red de distribución de la empresa integrada verticalmente.

La Comisión considera útil añadir estos elementos a la obligación de información porque facilitan una evaluación meticulosa de los progresos registrados con miras a la realización de un mercado único, así como una valoración justa de si los requisitos de disociación funcional a que deben someterse los gestores de redes son suficientes para garantizar un acceso no discriminatorio a la red de todas las partes interesadas.

Artículo 30 - Disociación de los gestores de redes de distribución

El apartado 2 del artículo 30 brinda a los Estados miembros la posibilidad de aplazar la introducción de la separación jurídica de los gestores de redes de distribución hasta el 1 de julio de 2007, fecha de la apertura completa de mercado. Aunque la Comisión considera la separación jurídica un elemento muy importante para velar por un comportamiento no discriminatorio de los gestores de redes, puede aceptar este aplazamiento.

Hay que tener en cuenta que la Directiva es un paso adelante decisivo porque, desde la fecha de ejecución, se aplicarán las siguientes medidas de disociación funcional (apartado 2 del artículo 15):

a) Los responsables de la administración del gestor de red de distribución no podrán participar en estructuras de la empresa eléctrica integrada que sean responsables, directa o indirectamente, de la gestión cotidiana de las actividades de generación, transmisión o suministro de electricidad.

b) Se tomarán las medidas oportunas para garantizar la debida consideración de los intereses profesionales de las personas responsables de la administración del gestor de red de distribución, de tal forma que éstas puedan actuar con independencia.

c) El gestor de red de distribución gozará de una facultad de decisión efectiva, independientemente de la empresa eléctrica integrada, con respecto a los activos necesarios para explotar, mantener y desarrollar la red. Esto no deberá impedir la existencia de mecanismos de coordinación adecuados que aseguren la protección de los derechos de supervisión, tanto económica como de gestión, de la sociedad matriz respecto a los activos de sus filiales.

d) El gestor de red de distribución establecerá un programa de cumplimiento en el que exponga las medidas adoptadas para garantizar que queden excluidas las conductas discriminatorias, y deberá velar por que el respeto de dicho programa sea objeto de la adecuada supervisión. El programa establecerá las obligaciones específicas de los empleados para alcanzar este objetivo. La persona u órgano responsable de supervisar el programa de cumplimiento presentará un informe anual con las medidas adoptadas a la autoridad reguladora mencionada en el apartado 1 del artículo 23. Dicho informe se publicará.

Este requisito de disociación funcional servirá para atenuar el hecho de que la separación jurídica del gestor de la red podía retrasarse hasta 2007. Estos requisitos garantizan en gran medida el comportamiento no discriminatorio de los gestores de redes. Es el efecto de estas medidas de disociación funcional lo que la Comisión evaluará más específicamente en su informe a que se refiere el apartado 3 del artículo 28.

B. Directiva sobre el gas

La mayoría de las observaciones efectuadas respecto a la Directiva de la electricidad valen también para la Directiva sobre el gas. Esta Comunicación sólo aludirá a los puntos divergentes entre la Posición Común y la propuesta modificada la Comisión relacionados específicamente con el gas.

El Consejo ha rechazado dos enmiendas aceptadas por la Comisión, la 124 y la 145.

Artículo 2 - Definiciones

La enmienda 124 rechazada se refiere a la definición de los instrumentos de flexibilidad. El Consejo ha suprimido esta definición y su uso en la parte dispositiva. El concepto se hace explícito y se refiere a las instalaciones de almacenamiento y gas almacenado en los gasoductos o linepack (nueva definición 15). La Comisión acoge favorablemente esta aclaración.

Artículo 19 - Acceso al almacenamiento

Se refuerzan las disposiciones sobre el acceso al almacenamiento y a los servicios auxiliares en las instalaciones de GNL al tener que ser regulado el acceso al almacenamiento temporal y a los servicios auxiliares necesarios para el proceso de regasificación y el subsiguiente abastecimiento de GNL a la red de conducción. El acceso al almacenamiento y a los servicios auxiliares en general puede organizarse según principios de acceso negociado o regulado. La Comisión acoge con satisfacción esta medida, que garantiza que el acceso al conjunto de la instalación de GNL será transparente y regulado y que un régimen distinto de acceso al almacenamiento y a los servicios auxiliares necesarios para procesar el GNL no podrá constituir un obstáculo discriminatorio para el acceso.

El rechazo de la enmienda 145 es consecuencia de la aclaración de la definición de instrumentos de flexibilidad, término que ya no se utiliza en la Directiva.

Artículo 22 - Infraestructuras nuevas

La Posición Común contempla la posibilidad de excepciones al acceso no discriminatorio de terceros en el caso de algunas grandes infraestructuras nuevas de gas, tales como interconectores e instalaciones de GNL y de almacenamiento. Las condiciones bajo las cuales podrá concederse una excepción son estrictas. La inversión no debería poder efectuarse a falta de excepción. La inversión tendrá además que aumentar la competencia en el mercado del gas y mejorar la seguridad del abastecimiento.

La autoridad reguladora tomará una decisión sobre la solicitud de excepción o asesorará a la autoridad competente del Estado miembro. Se harán públicos tanto el dictamen de la autoridad reguladora como la decisión final. Después de la aprobación por la autoridad pertinente del Estado miembro, la Comisión confirmará o anulará esta decisión en un plazo de dos meses prorrogable otro mes si la Comisión debiera conseguir más información.

El Consejo ha introducido la posibilidad de una exención en el caso de acceso de terceros para salvaguardar las inversiones en proyectos de muy alto riesgo, que no se efectuarían de no concederse la exención. En algunas grandes inversiones, la tasa de rentabilidad regulada aplicada a la inversión dificulta a los inversores destinar su dinero a proyectos con riesgos de rentabilidad muy altos.

La Comisión cree que las condiciones limitativas estrictas, que el Consejo ha precisado, y el examen de la Comisión de cualquier decisión reglamentaria sobre una exención deberían constituir garantías suficientes para asegurarse de que sólo se recurra a esta posibilidad de exención en los casos en que sea absolutamente necesario salvaguardar una inversión en aras del mercado interior y de la seguridad del abastecimiento.

C. Conclusión

La Posición Común se aprobó por unanimidad y recoge casi todas las enmiendas introducidas por el Parlamento Europeo en primera lectura y que la Comisión aceptó en su propuesta modificada. En los casos en que la Posición Común se desvía de la propuesta modificada, no se aleja de los principios que subyacen a la propuesta original de la Comisión. Por consiguiente, la Comisión apoya la Posición Común del Consejo.

D. Anexo

La Comisión ha efectuado dos declaraciones que se han incluido en las actas de la reunión del Consejo de 25 de noviembre de 2003. Estas declaraciones orientan la interpretación de determinadas disposiciones que va a tomar la Comisión. La declaración de la Comisión sobre el artículo 32 referida a los posibles acuerdos de suministro de gas no debe ser entendida, por supuesto, como una excepción a la legislación en vigor, incluidas las disposiciones de la Directiva sobre el gas que se aplican también al tránsito.

Declaraciones de la Comisión en las actas de la reunión del Consejo

1. Declaración de la Comisión sobre las infraestructuras nuevas (artículo 22 de la Directiva sobre el gas y artículo 7 del Reglamento sobre «intercambios transfronterizos de electricidad»)

«Cuando no exista un procedimiento no discriminatorio y transparente de subasta aprobado por la autoridad reguladora de conformidad con la Directiva (el Reglamento, en su caso), la Comisión confirma que esto representa un acceso regulado de terceros en el sentido de la Directiva (el Reglamento, en su caso)»

«La Comisión hace hincapié en su intención de interpretar esta exención de manera restrictiva para garantizar que dicha exención se limitará al mínimo necesario, especialmente en lo que respecta a la duración de la exención y a la capacidad pertinente del proyecto al que se refiera la exención, con el fin de cumplir el objetivo de financiar inversiones de un nivel de riesgo excepcionalmente alto».

2. Declaración de la Comisión sobre el artículo 32 (Directiva sobre el gas)

«La derogación de la Directiva 91/296/CEE del Consejo, de 31 de mayo de 1991, relativa al tránsito de gas natural a través de las grandes redes no cuestiona el marco jurídico de los futuros contratos a largo plazo, de importancia para garantizar la seguridad del abastecimiento de la Unión Europea».