INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO - Balance a 31 de diciembre de 2003 del Plan de Acción 2001 de la Comisión

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Balance a 31 de diciembre de 2003 del Plan de Acción para 2001 tras las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en su Informe Anual relativo al ejercicio 2001

Recursos propios

Política agrícola común

Acciones estructurales

Políticas internas

Acciones exteriores

Ampliación

Gastos administrativos

Instrumentos financieros

Acciones derivadas de la Declaración de Fiabilidad (DF) 2001

Fondo Europeo de Desarrollo (FED)

Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA)

INTRODUCCIÓN

Durante el último procedimiento de aprobación de la gestión en la ejecución presupuestaria, tanto el Consejo como el Parlamento Europeo pidieron a la Comisión que tomara medidas de conformidad con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y mostraron su interés por el seguimiento de los compromisos asumidos por la Comisión.

En este contexto, la Comisión estableció un Plan de Acción para 2001 que contenía todas las respuestas a estas recomendaciones del Tribunal de Cuentas en su Informe Anual de 2001.

Más de un año después de su presentación, la Comisión considera útil realizar una primera evaluación de la aplicación de este Plan de Acción para 2001 y de sus logros.

El Plan de Acción para 2001 comprendía 94 recomendaciones procedentes del Informe Anual del Tribunal de Cuentas, algunas de las cuales pueden incluir varios aspectos o medidas aplicables.

De las 94 recomendaciones, 54 están cerradas (57%), es decir, ya no serán objeto de una acción adicional por parte de la Comisión y 40 aún están en fase de aplicación.

Entre las 54 recomendaciones cerradas pueden distinguirse varios casos. En aproximadamente el 44% de los casos (24), la Comisión consideró que o no era necesario tomar nuevas medidas, o se había respetado plenamente la normativa vigente. En el restante 55% de los casos (30 recomendaciones), la Comisión considera haber adoptado medidas que responden a las críticas y sugerencias del Tribunal de Cuentas.

La aplicación de las últimas acciones cubre la mayoría de los sectores de las perspectivas financieras y, excepto las medidas conectadas con casos específicos, puede agruparse en dos categorías:

(i) Modificación o adopción de textos normativos: Es, en particular, el caso de la política de investigación con la adopción del VI Programa marco, que comprende disposiciones que contestan directamente a recomendaciones referentes a las sanciones que pueden imponerse a los contratistas, la definición de modelos de contratos y el procedimiento de recuperación. Hay que señalar, sin embargo que el Consejo no dio su acuerdo a todas las propuestas de la Comisión (en especial, en lo relativo a los gastos subvencionables), lo que impidió que culminaran todas las iniciativas adoptadas para responder a las críticas del Tribunal de Cuentas.

En lo referente a la Política Agrícola Común, numerosas recomendaciones similares pudieron tenerse en cuenta en el marco de la reforma de la Política Agrícola Común decidida en junio de 2003. Al margen de estas importantes propuestas normativas, la Comisión también revisó otras disposiciones normativas, por ejemplo, en lo referente a la cooperación administrativa en materia del recurso IVA.

(ii) Adaptación y mejora de los sistemas internos de gestión, control y supervisión, e inicio de auditorías: En varios casos, la Comisión reexaminó sus procedimientos o preparó nuevas herramientas para responder a las críticas que se le dirigieron. Así, por ejemplo, tomó medidas específicas para armonizar la presentación de los informes anuales de los Directores Generales y para mejorar el funcionamiento de ciertos sistemas informáticos (base de datos CATS en el ámbito agrícola, base de datos TEN-T para las políticas internas). Del mismo modo, se decidieron medidas de reorganización, como las referentes a la aplicación del programa SAPARD o a la financiación de la Secretaría ACP.

Al final de esta primera evaluación de la puesta en práctica del Plan de Acción para 2001, 40 de las recomendaciones aún están en fase de aplicación. El hecho de que estas recomendaciones no estén cerradas no significa que la Comisión no haya empezado ya a actuar. Efectivamente, determinadas recomendaciones del Tribunal de Cuentas requieren una acción plurianual por parte de la Comisión. Es el caso, por ejemplo, de la modernización del plan contable de la Comisión y del cierre de los programas en que participan los Fondos Estructurales. Esta es la razón por la que el informe, que la Comisión presentará próximamente, contiene para cada una de las 40 recomendaciones aún abiertas un informe provisional que destaca lo ya realizado y las medidas complementarias que quedan por ejecutar.

Balance a 31 de diciembre de 2003 del Plan de Acción para 2001 tras las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en su Informe Anual relativo al ejercicio 2001

Recursos propios

1. Las secciones introductorias de los estados financieros (Volumen II, Tomo 1 y Volumen IV) contienen una tabla de gran importancia titulada 'Resultado de la ejecución presupuestaria'. Esta tabla omite muchos datos interesantes, mientras que otros, como el balance del ejercicio presupuestario, se repiten innecesariamente en otros sitios.

La parte correspondiente a los 'ingresos' de los estados financieros (ejecución presupuestaria, Volumen II, Tomo 1) también debería clarificarse tanto en su estructura, como en su contenido. En particular, habría que respetar las líneas presupuestarias detalladas, racionalizar las denominaciones de las líneas, utilizar la terminología reglamentaria, presentar en paralelo las previsiones y la ejecución de los ingresos y, de modo más general, lograr armonizar las diferentes partes de la cuenta de gestión entre sí y con el presupuesto general.

(1.17. /1.18)

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

En el Volumen I de 2002, la Comisión mejoró sustancialmente la presentación de la ejecución de ingresos y gastos y el vínculo con el cuadro del resultado de la ejecución. El cuadro de los ingresos incluye ahora datos relativos a la ejecución del ejercicio n-1 (en un cuadro separado) e índices de ejecución comparados con el presupuesto.

Se propone continuar trabajando para lograr una mayor transparencia según los deseos expresados por el Tribunal de Cuentas.

2. El Tribunal de Cuentas considera que los datos reales de las bases del IVA y del PNB utilizados para calcular los saldos y los ajustes de saldos incorporan ahora en la cuenta de gestión, igual que los datos de las previsiones referentes a estos puntos. Sin embargo, también deberían figurar las operaciones de cálculo referentes a las cargas de los Estados miembros por lo que se refiere a estos recursos.

El Tribunal de Cuentas alega que debería elaborarse un cuadro especial para la corrección británica (Capítulos 15 y 35) y la información esencial facilitada con respecto a los datos básicos y a las operaciones de cálculo en los que se basa el importe global de la corrección británica y su financiación (apartados 1.19/1.20).

Respuesta de la Comisión

La Comisión aplicó ya la recomendación en cuestión.

A partir del informe contable de 2002, se indican detalladamente los cálculos de los saldos IVA y RNB por cada Estado miembro y por cada ejercicio presupuestario en el que se introducen correcciones.

Los cuadros con los datos básicos de los cálculos de los importes de las correcciones británicas presupuestadas en el año en cuestión están incluidos en las cuentas de gestión a partir de las cuentas relativas al año 2002.

3. Cada año la Comisión elabora un documento de trabajo que explica con cierto detalle el cálculo y la financiación de la corrección definitiva referente al ejercicio n-4. Este documento explicativo no se utiliza en el procedimiento presupuestario para determinar el importe de la corrección británica y su financiación, sino que solamente se proporciona al Consejo con fines informativos, tras la adopción del presupuesto rectificativo y suplementario. En 2001 este documento se presentó al Consejo el 5 de septiembre, después de la adopción del PRS nº 3/2002. Considerando la importancia del documento mencionado, convendría ponerlo a disposición de ambas ramas de la Autoridad Presupuestaria a su debido tiempo.

Teniendo en cuenta el alcance limitado de la auditoría, el Tribunal de Cuentas obtuvo razonables garantías de que los recursos del IVA y del PNB se calcularon y recaudaron correctamente. Sin embargo, la Comisión debería presentar propuestas para simplificar el cálculo final de la financiación de la corrección del Reino Unido (apartados 1.38/1.39/1.40).

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

La idea original subyacente al documento de trabajo era dar una explicación detallada del cálculo final, utilizando la corrección de un año como ejemplo. Además, en el pasado no siempre ha sido posible presentar este documento antes de la adopción del correspondiente presupuesto rectificativo.

Para utilizar los recursos de la DG Presupuestos de manera más eficiente se ha decidido no presentar el documento mientras no cambie el método de cálculo. Por tanto, el próximo documento de trabajo afectará al cálculo definitivo de la corrección 2001, que es la primera que debe calcularse según la nueva Decisión de recursos propios (2000/597/CE, Euratom) y su "método de cálculo" anejo. Por consiguiente, el próximo documento de trabajo se presentará en 2005, cuando el resultado del cálculo definitivo de la corrección para 2001 esté presupuestado.

Todos los datos básicos para el cálculo definitivo de la reducción figuran en la Exposición de Motivos del anteproyecto del presupuesto rectificativo pertinente. La Comisión está examinando la posibilidad de incluir otros detalles.

La nueva Decisión de recursos propios y el documento de trabajo que le acompaña sobre el cálculo de la corrección británica ("el método de cálculo") dan un cierto margen para simplificar la inclusión en el presupuesto del resultado del cálculo final de la corrección británica. Esto, a su vez, podría simplificar el cálculo final de la financiación de la corrección. La Comisión se propone utilizar esta posibilidad para el cálculo del año 2001, que debe presupuestarse en 2005.

4. El Reglamento financiero establece que la nomenclatura presupuestaria en el contexto del procedimiento presupuestario debe dividirse en títulos, capítulos y artículos. La forma de clasificación utilizada, que debe ajustarse a características muy dispares de los diversos tipos de ingresos, es desigual. El Tribunal de Cuentas considera que debería evitarse la concentración extrema en el Título 1 (98,3% en 2001) separando los recursos propios tradicionales de los recursos del IVA y del PNB y de la corrección del Reino Unido. El excedente disponible del ejercicio anterior (Capítulo 30) debería consignarse en un título separado, ya que nada tiene en común con los saldos, correcciones y restituciones de los recursos del IVA y del PNB y con la corrección británica incluida en el mismo título (Capítulos 31, 32, 33 y 35 apartado 1.21).

Respuesta de la Comisión

La Comisión aplicó ya la recomendación en cuestión.

En 2003 tuvo lugar una revisión pormenorizada de la nomenclatura presupuestaria de los ingresos. Se propusieron muchas modificaciones para la parte de ingresos de los títulos 4, 5 y 6. En principio, estas modificaciones se incorporarán en el proyecto de presupuesto rectificativo para 2005.

5. En varios depósitos examinados, la frecuencia de controles físicos efectuados no alcanzó los niveles prescritos por las directrices nacionales. El Tribunal de Cuentas considera que los Estados miembros podrían mejorar las instrucciones nacionales sobre el sistema de control de los depósitos aduaneros estableciendo claramente el tipo, alcance y frecuencia de los controles. Las instrucciones también deben indicar a qué nivel del servicio de aduanas deben tomarse las decisiones sobre normas de control. Por último, los Estados miembros deben garantizar la realización de los controles programados (apartados 1.32/1.36.)

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

En el programa Aduanas 2002, existe un documento titulado "Inventario de los sectores de control". El documento proporciona a las administraciones aduaneras una lista exhaustiva de sectores y subsectores de control, así como definiciones comunes de los métodos de control.

Los Estados miembros han seguido las observaciones del Tribunal de Cuentas respecto al régimen de depósito con objeto de detectar cualquier falta de conformidad con los reglamentos comunitarios y asegurar su subsanación.

La Comisión reconoce que la situación de los controles es desigual. En el marco del programa Aduanas 2007, grupos de expertos aduaneros del proyecto y representantes de la Comisión están estudiando el uso de un modelo común de gestión del riesgo, formatos estándar para el intercambio de información de control y selección de categorías de riesgo (apartados 1.30/1.31/1.35/1.36).

6. En 2001, como en años previos, se encontraron problemas en el mantenimiento de la contabilidad B en varios Estados miembros. En Alemania actualmente no es posible confirmar el saldo de la contabilidad B, porque la base de datos no permite el desglose en partidas individuales. La gestión de la contabilidad B en Italia no es todavía uniforme y puede haber errores de cálculo a nivel local y regional que no detecten los controles. También se encontraron errores en las partidas en la contabilidad B en Bélgica y Francia, y los informes de inspección de la Comisión mencionan errores en la contabilidad B en Irlanda, Suecia y Finlandia. Estos errores, aunque menores a efectos de los importes, reflejan deficiencias en la contabilidad de los recursos propios en el régimen de tránsito comunitario (apartado 1.27).

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

La Comisión va a modificar el Reglamento nº 1150/2000 para mejorar la estructura del sistema y continúa prestando gran atención a este tema durante sus propias inspecciones en los Estados miembros. Está haciendo lo necesario para asegurar que los Estados miembros subsanan cualquier deficiencia estructural detectada en el sistema. Se han expedido órdenes de ingreso en los casos oportunos.

7. El Tribunal de Cuentas considera que podrían tomarse las siguientes medidas para aumentar la eficacia de la cooperación administrativa entre Estados miembros y la Comisión:

a) los comités SCAC y SCAF podrían determinar, bajo la dirección de la Comisión, las mejores prácticas en la elaboración de una estrategia contra el fraude;

b) el intercambio de información entre Estados miembros podría verse facilitado por una mayor potenciación del VIES para combatir el fraude, o por acuerdos bilaterales o multilaterales, así como por la introducción de acciones correctoras en caso de que los Estados miembros no proporcionen la información oportuna;

c) podrían crearse unidades especiales de control para tratar casos específicos de fraude del IVA para dar a los Estados miembros mayores oportunidades de combatir el fraude, siempre que estas unidades estén integradas en las CLO o trabajen en estrecha relación con ellas y cuenten con la asistencia de la OLAF;

d) el alcance del intercambio de información mencionado en los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) nº 218/92 del Consejo debe aclararse y hacerse más explícito; los intercambios de información entre Estados miembros podían hacerse más eficientes armonizando las competencias y capacidades de las CLO en los Estados miembros (apartado 1.54).

Respuesta de la Comisión

La Comisión aplicó ya la recomendación en cuestión.

a) La Comisión, junto con los Estados miembros, ha llevado a cabo un examen minucioso del fraude del IVA en el comercio intracomunitario y ha identificado las diversas medidas que se han tomado a nivel nacional y que han dado los mejores resultados en la lucha contra el "fraude carrusel". Estas "mejores prácticas" están basadas en un mejor y más rápido recurso a la asistencia mutua y en una adaptación de sistemas nacionales de control para interrumpir el "fraude carrusel".

b) El 7 de octubre de 2003 el Consejo adoptó el Reglamento (CE) n° 1798/2003 relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del IVA. El presente Reglamento intensifica el intercambio internacional de información fuera del sistema VIES para consolidar la lucha contra el fraude del IVA.

Además, en su Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo - Balance y actualización de las prioridades de la estrategia en materia de impuesto sobre el IVA (COM/2003/614), la Comisión se comprometía a reemplazar el sistema VIES existente por otro más eficaz y flexible. La Comisión comenzará un estudio de viabilidad con la intención de crear un nuevo VIES en el curso de la vigencia del programa Fiscalis 2003-2007.

c) La Comisión respalda esta recomendación. La necesidad de que unidades especiales de control traten específicamente el fraude del IVA se ha abordado en varios documentos de trabajo e informes de la Comisión. Mientras tanto, una mayoría de Estados miembros ha creado unidades antifraude especializadas en el fraude del IVA.

d) Los artículos 11 y 12 del Reglamento del Consejo nº 218/92/CEE han sido derogados por el artículo 35 del Reglamento (CE) del Consejo nº 1798/2003 relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del IVA. Por una parte, la información que los Estados miembros están obligados a proporcionar a la Comisión para evaluar la cooperación administrativa se describe ahora más extensamente y el grado exacto de pormenorización de los datos que deben enviarse será decidido por el procedimiento de comitología. Por otra parte, el nuevo Reglamento establece una base jurídica clara para que los Estados miembros envíen a la Comisión la información sobre casos específicos de forma voluntaria.

Además, el Reglamento (CE) n° 1798/2003 establece ahora un marco jurídico para delegar la cooperación administrativa con el fin de aliviar la carga de las CLO.

Colaborando estrechamente con los Estados miembros, la Comisión continuará trabajando intensamente en el marco del SCAC y del programa Fiscalis sobre el problema del fraude del IVA. Próximamente presentará un nuevo informe al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el uso de los acuerdos administrativos de cooperación en la lucha contra el fraude del IVA.

En cuanto a la competencia operativa de la OLAF en el ámbito del IVA, la Comisión incluyó tanto en su Plan de Acción para 2001-2003, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude, como en su Programa de trabajo para 2001 una propuesta de Reglamento del Parlamento y el Consejo para establecer un sistema de cooperación entre las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros y la Comisión con objeto de proteger los intereses financieros de las Comunidades contra las actividades ilegales, también en materia de IVA y blanqueo de dinero.

Los servicios de la Comisión están elaborando una propuesta separada de conformidad con el artículo 280 del Tratado CE, por la que se establecen disposiciones específicas que confieren un papel a la Comisión en la coordinación de la cooperación administrativa (apartado 1.53).

8. Los importes mensuales de los derechos agrícolas puestos a disposición por Francia arrojaron un promedio de 4,7 millones de euros de enero a abril de 2001. En mayo de 2001 aumentaron considerablemente a 10,3 millones de euros y posteriormente permanecieron en ese nivel. Para todo el año 2001, esto representó un aumento del 74% respecto al año 2000, a la inversa de la tendencia general de los derechos de importación (apartado 1.7).

Respuesta de la Comisión

La Comisión aplicó ya la recomendación en cuestión.

Este punto se examinó durante una inspección de RPT en 2003 y se constató que carecía de consecuencias financieras. Ello se debe a que, aunque antes de mayo de 2001 la proporción relativa a los derechos agrícolas se había infravalorado, la puesta a disposición de la cantidad total de recursos propios se efectuó correctamente.

9. En el Informe Anual referente al ejercicio 1999, el Tribunal de Cuentas recomendó que el método de comparación de fuentes fiscales y fuentes estadísticas, probado en Francia e Italia, se ampliara a otros Estados miembros y se utilizara como posible medio de combatir el fraude. En su respuesta, la Comisión se comprometió a estudiar este método con los Estados miembros.

En su recomendación sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas del ejercicio presupuestario 1999, el Consejo acoge con interés la recomendación del Tribunal de Cuentas y sugiere que este asunto sea examinado por el Comité Consultivo de Recursos Propios. Aunque la Comisión ha tomado las medidas adecuadas para asumir tal compromiso, los Estados miembros no fueron capaces de llegar a un acuerdo. El Tribunal de Cuentas recomienda nuevamente que la Comisión prosiga sus esfuerzos en este importantísimo ámbito (apartados 1.42/1.43/1.44).

Respuesta de la Comisión

La Comisión aplicó ya la recomendación en cuestión.

Este asunto se discutió en las dos reuniones del Comité Consultivo de Recursos Propios (CCRP) celebradas en 2001. La conclusión a la que se llegó, compartida por Italia y Francia, fue que lamentablemente la información estadística sobre los ingresos teóricos del IVA, para poder ser aprovechada a efectos de fiscalización, requiere un tal desglose, que es preferible emplear otros indicadores de riesgo más accesibles, fiables y fáciles de utilizar. Además, los Estados miembros concluyeron que el CCRP no era el foro más conveniente para proseguir el desarrollo de esta materia. Sin embargo, los resultados siguen disponibles para utilizarlos cuando los Estados miembros consideren que pueda ser útil incorporarlos a sus sistemas de análisis de riesgo. Además, la Comisión sistemáticamente plantea este asunto en las misiones de control de los recursos propios del IVA, para asegurarse de que las autoridades nacionales toman plenamente en consideración las implicaciones de las discrepancias entre el IVA teórico y el real.

Política agrícola común

10. En lo referente a la valoración de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes, el Tribunal examinó una muestra de 156 operaciones, cotejando los resultados obtenidos con los de los controles realizados en el marco del SIGC.

El Tribunal considera que la presentación de los resultados de los controles SIGC debería mejorarse y, en particular, debería hacerse la distinción entre controles aleatorios y controles basados en análisis de riesgo. (apartado 2.44)

Respuesta de la Comisión

La Comisión aplicó ya la recomendación en cuestión.

En 2003 se organizaron tres grupos de expertos del SIGC para discutir, entre otras cosas, las cuestiones planteadas por el Tribunal. El 16 de diciembre de 2003, el Comité del FEOGA votó a favor de varias modificaciones importantes del Reglamento (CE) n° 2419/2001, a efectos de mejorar aún más a partir de 2004 la fiabilidad y transparencia de las estadísticas anuales.

Al margen de estas modificaciones reglamentarias, se hicieron esfuerzos suplementarios para garantizar una presentación más clara y uniforme de las estadísticas y una recogida más rápida de éstas para los años 2001 y 2002.

Los eventuales incumplimientos serán examinados, como se hace habitualmente, en el marco de la liquidación de cuentas, dado que el hecho de no presentar estadísticas apropiadas y exactas se considera una muestra de deficiencia administrativa respecto del Fondo, que en este caso puede estar expuesto a un riesgo financiero.

Por lo que se refiere a los regímenes de ayudas a los cultivos herbáceos, los Estados miembros deben presentar un informe en el que se indiquen, entre otras cosas, los resultados de los controles efectuados. Esta es la razón por la que la Comisión pide a los Estados miembros que indiquen separadamente los resultados de los casos seleccionados en función del riesgo o por muestreo a partir del año 2000, por medio de un cuestionario elaborado por los servicios de la Comisión. En cuanto a los regímenes de primas "animales", los Estados miembros no están obligados a indicar los resultados de los controles efectuados, como propuso el Tribunal; sin embargo, la distribución entre controles por muestreo y controles de riesgo fue examinada regularmente, en efecto, en el marco de las auditorías de gastos agrícolas llevadas a cabo por los servicios de la Comisión con el objetivo de velar por que la selección de los agricultores para los controles in situ fuera representativa, como así lo establece el Reglamento (CEE) n° 3887/92. Por otra parte, la legislación referente al SIGC fue reforzada a este respecto mediante el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento (CE) n° 2419/2001, aplicable desde el 1 de enero de 2002, en el que se dispone que los Estados miembros "seleccionarán de forma aleatoria entre un 20 % y un 25 % del número mínimo de productores que deban ser sometidos a controles sobre el terreno". Este requisito reglamentario garantizará que las conclusiones de la auditoría estén basadas correctamente, como así lo presuponen las observaciones del Tribunal (apartado 2.44).

11. La Comisión dispone de una base de datos CATS (Clearance audit trail system- Sistema de conformidad de pistas de auditoría), que contiene toda la información relativa a los pagos efectuados el ejercicio anterior con cargo al FEOGA-GARANTÍA en los quince Estados miembros. El Tribunal constató que la mayor parte de los datos adolecía de numerosas deficiencias. La Comisión debería tomar medidas para conferir a la base de datos CATS mayor fiabilidad y provecho (apartado 2.47).

Respuesta de la Comisión

La Comisión aplicó ya la recomendación en cuestión.

Se incluyeron controles de calidad más estrictos (por ejemplo, en la utilización de listas de códigos) en el programa utilizado por los Estados miembros para la remisión de datos a la Comisión a partir del ejercicio 2002. Además los auditores del FEOGA-GARANTÍA tienen a su disposición programas de control específicos para comprobar detenidamente los datos electrónicos relativos a sus propios controles.

12. Organismos de certificación: la designación de algunos de estos organismos se hizo con retraso. Algunos organismos pagadores no satisfacen los requisitos de autorización. La Comisión debería adoptar medidas para mejorar la situación (apartados 2.53-2.55).

Respuesta de la Comisión

La Comisión aplicó ya la recomendación en cuestión.

La Comisión recomendó en diversas ocasiones que los organismos de certificación fueran designados lo antes posible dentro del ejercicio; por tanto, continuará haciendo todo lo posible y todo lo razonable para que así se haga. En la reunión de 18.12.2003 de los expertos en certificación, todas las delegaciones confirmaron, como así se les había sugerido, que en 2003 se había seguido esta recomendación. Conviene recordar que cada vez que, por una u otra razón, los trabajos del organismo de certificación se consideran insuficientes, se prevé una acción apropiada, incluida la separación contable del organismo pagador. La Comisión supervisa también estrechamente el procedimiento de autorización de los nuevos organismos pagadores.

13. El Tribunal insiste en que la Comisión debería adoptar medidas correctoras a las deficiencias del sistema que representan un riesgo financiero para el FEOGA. (apartado 2.71).

Respuesta de la Comisión

La Comisión aplicó ya la recomendación en cuestión.

Las anteriores correcciones financieras aplicadas a la exacción suplementaria se referían a dos elementos: al importe de la exacción no percibida y al cálculo de los intereses de demora en el pago de esta exacción. En virtud de recientes sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, no puede obligarse a los Estados miembros a pagar exacciones que no han sido recaudadas aún (en particular, en caso de impugnación de las exacciones ante las instancias jurisdiccionales nacionales), ni en caso de impago o pago tardío de su importe: esto no constituye en sí mismo una violación de las obligaciones de los Estados miembros.

La Comisión llama la atención sobre el hecho de que la falta de recaudación de exacciones elevadas se debe principalmente a la interposición de una acción en justicia por los productores que se niegan a pagar la exacción.

Es conveniente recordar, además, que la Comisión aprobó un nuevo Reglamento de aplicación del régimen de cuotas (Reglamento n° 1392/2001) que aumenta considerablemente las sanciones aplicables en caso de irregularidad o fraude, lo que responde a la recomendación del Tribunal de Cuentas.

14. En el seguimiento de las observaciones que formuló en su Informe anual 1997, el Tribunal constata que la ayuda al trigo duro rebasa ampliamente el importe necesario para la realización del objetivo de mantener la renta de los productores. Una reforma de la OCM habría generado importantes ahorros presupuestarios. El Tribunal considera que sus recomendaciones anteriores siguen estando de actualidad. (apartados 2.87.-2.89)

Respuesta de la Comisión

La Comisión aplicó ya la recomendación en cuestión.

En el marco de la reforma de la PAC decidida por el Consejo en junio de 2003, la ayuda específica al trigo duro se incluirá en el pago único por explotación a partir de 2005 (Reglamento (CE) n° 1782/2003 del Consejo). De acuerdo con el análisis del Tribunal relativo al sector del trigo duro y a la evaluación de expertos independientes, el Consejo decidió limitar la incidencia del pago suplementario en el cálculo del pago único por explotación a 291 euros por hectárea en 2005 y a 285 euros por hectárea a partir de 2006. El régimen de ayudas en las zonas no tradicionales se suprimirá completamente a partir de 2006.

Con el fin de mejorar la producción de trigo duro de calidad, se introduce una ayuda específica de 40 euros por hectárea para la producción de ciertas variedades que responden a características cualitativas más estrictas. La ayuda se aplica a las zonas tradicionales limitándose a una superficie máxima garantizada.

15. Las medidas adoptadas para lograr los objetivos de la OCM presentan deficiencias y algunas de ellas acarrearon efectos no deseados. En su informe especial, el Tribunal presenta varias recomendaciones, en particular, que se definan mejor los objetivos de la OCM y que se refuercen los controles. Puesto que la Comisión se comprometió a efectuar la primera evaluación de envergadura hacia 2004, habrá que procurar cumplir el calendario e incluir la evaluación de la sinergia de los distintos métodos de apoyo al sector del plátano. (apartados 2.115. en 2.117)

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

La concreción en la definición y cuantificación de los objetivos es comparable a la de las demás OCM (organización común de mercados) y será estudiada con detenimiento cuando se proceda a la evaluación de la OCM (artículo 32 del Reglamento (CEE) n° 404/93).

La organización de mercados en el sector del plátano será evaluada en el transcurso del año 2004. En 2003 se publicó una licitación para efectuar un estudio de evaluación, previéndose se concluya un contrato, a más tardar, en abril de 2004. A finales de 2004 se podría disponer ya de los resultados.

Además, a partir del 1.1.2006 como muy tarde se establecerá un régimen exclusivamente arancelario (apartado 1 del artículo 16 del Reglamento (CEE) n° 404/93, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 216/2001).

Más en concreto, resta aún por introducir una mejora de los procedimientos aduaneros de importación en los Estados miembros; la Comisión seguirá insistiendo ante los Estados miembros para llegar a una solución definitiva del problema (apartados 2.115.- 2.117.).

16. El Tribunal considera asimismo que la Comisión debería evaluar de nuevo la ayuda que podría aportarse a cultivos alternativos a las oleaginosas (apartado 2.123).

Respuesta de la Comisión

La Comisión aplicó ya la recomendación en cuestión.

En el marco de la reforma de la PAC decidida por el Consejo en junio de 2003, las oleaginosas, como los demás cultivos herbáceos, estarán cubiertas a partir de 2005 por el pago único por explotación [Reglamento (CE) n° 1782/203 del Consejo].

17. El Tribunal descubrió ciertas deficiencias en la aplicación de la ayuda, aunque sobre todo intentó valorar el efecto incitativo real de la prima en el método de cría ganadera. A este respecto el Tribunal considera que los efectos son limitados. Por consiguiente, el Tribunal recomienda evaluar la eficacia de la ayuda. (apartado 2.127)

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

El plan de evaluación de la Comisión del año 2004 contempla la evaluación de la OCM en el sector de la carne de vacuno desde mediados de 2004 a finales de 2006. En 2004, los trabajos consistirán esencialmente en trabajos preparatorios internos. Se evaluará el pago por extensificación introducido por el programa Agenda 2000, aunque la medida no se mantenga. En el marco de la reforma de la PAC decidida por el Consejo en junio de 2003, la prima de extensificación se incluirá en el pago único por explotación a partir de 2005 [Reglamento (CE) n° 1782/203 del Consejo].

Por lo que se refiere a las deficiencias en la aplicación del régimen de pago por extensificación, se constataron ciertas deficiencias en varios Estados miembros, habiéndose propuesto determinadas correcciones financieras a las mismas en el marco del procedimiento de revisión de cuentas de la Comisión.

18. La Comisión debería rehacer y controlar cada año una serie de inspecciones SIGC sobre la base de una muestra representativa. (apartado 2.44)

Respuesta de la Comisión

La Comisión no aplicará esta recomendación.

La Comisión considera que el SIGC permite limitar en gran parte la incidencia de errores. Además la Comisión mejora constantemente el sistema de control modificando los Reglamentos en cuestión e incitando a los Estados miembros a aplicarlos y a desarrollarlos plenamente. Éste es el caso, por ejemplo, en la aplicación del sistema de identificación del ganado bovino o en la introducción, como máximo el 1 de enero de 2005, de un sistema de identificación geográfica (véase apartado 2.44.).

La repetición de controles forma parte de la rutina de casi todas las misiones relacionadas con el SIGC desde hace muchos años y sigue siendo efectivamente un elemento esencial de los controles in situ efectuados por los servicios de la Comisión. Los informes de control de la Comisión dan plenamente cuenta de ello.

Acciones estructurales

19. Pese a la instauración, en unión con los Estados miembros, de un sistema de previsión de solicitudes de pago, la estimación de los créditos de pago necesarios sigue siendo poco fiable. Por su parte, la Comisión no actualiza las previsiones de créditos efectuadas a principios del ejercicio anterior, ni tampoco dispone de sistemas de registro de las solicitudes de pago que permitan supervisar las cantidades pendientes de pago en todos los Fondos. En tales condiciones, como en el caso de los créditos de compromiso, la previsión presupuestaria de créditos de pago sigue estando disociada de la evolución del proceso de adopción de las intervenciones y del estado en que éstas se hallan. (apartado 3.14)

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

No es fácil ciertamente prever la ejecución presupuestaria de los créditos de pago.

En la publicación anual "Análisis de la ejecución presupuestaria de los Fondos Estructurales", la Comisión analizó detenidamente el rendimiento de los Estados miembros en materia de previsiones, y continuará por este camino. En líneas generales, los errores importantes de previsión se han asociado a la tendencia de los Estados miembros a sobrestimar considerablemente los pagos.

La Comisión adoptó varias medidas con el fin de simplificar la tarea de previsión de los Estados miembros, utilizando la información recogida en una encuesta que realizó entre los Estados miembros. Se clarificaron y simplificaron los formularios a remitir a la Comisión. Se racionalizaron los circuitos de comunicación y ahora sólo existe un punto de contacto privilegiado para las previsiones. Las cartas recordatorio anuales se envían ahora no sólo a las Representaciones Permanentes de los Estados miembros, sino también a los servicios que gestionan los programas (de esta manera se logrará una difusión mayor y más rápida de la información y se reducirá la carga administrativa que para los Estados miembros suponen las previsiones). Ahora se envían sistemáticamente nuevas cartas recordatorio a los Estados miembros que no han remitido sus previsiones dentro del plazo fijado. La Comisión remite ahora los resultados del ejercicio de previsión a la Autoridad Presupuestaria con un desglose por Estado miembro. Asimismo publica un análisis completo, por Estado miembro, de los antecedentes de rendimiento en materia de previsiones, con el fin de que ello sirva de incentivo. La Comisión, pues, dentro de los límites establecidos por la normativa legal vigente, adoptó medidas importantes para mejorar las previsiones. Para que todas estas medidas resulten en mejores previsiones, será necesario que los Estados miembros mejoren sus propios procedimientos.

Por el momento, no obstante, la capacidad de los Estados miembros por establecer previsiones no ha mostrado signos de mejora. En 2002 el porcentaje de error en las previsiones en los programas 2000-2006 fue del 46%. En 2003 el porcentaje aumentó ligeramente.

Habida cuenta de la baja capacidad de previsiones de los Estados miembros, la Comisión se inclinó más bien a basar los últimos presupuestos en sus propias previsiones, lo que permitió mejorar el porcentaje de ejecución de los créditos de pago. En 2002, el porcentaje de ejecución de los créditos de pago en los programas 2000-2006 fue del 91 %. Según cifras provisionales de la ejecución 2003, el porcentaje aumentó al 97% el citado año.

La Comisión espera que los esfuerzos por mejorar los resultados de los Estados miembros en materia de previsiones darán fruto a medio plazo, lo que le permitirá incluir la información en cuestión en el ejercicio de establecimiento del presupuesto.

Por lo que se refiere a los créditos de compromiso, la situación es completamente diferente. Los presupuestos se basaron en las últimas programaciones disponibles y su ejecución alcanzó porcentajes muy próximos del 100 %.

La reducida ejecución de los pagos en 2000 y 2001 con cargo a las intervenciones del período 2000-2006 se debe principalmente a que la liquidación comenzó con retraso.

En la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada "Evolución de la ejecución presupuestaria de los Fondos Estructurales y, en particular, del saldo pendiente de liquidación (RAL)" [COM(2002) 528 final, de 20.9.2002], la Comisión ya trató detenidamente el tema de la divergencia entre las previsiones de los Estados miembros y la ejecución, y presentó las perspectivas de pago hasta 2010.

20. Con relación al ejercicio anterior, la Comisión suprimió (de la cuenta de gestión) los epígrafes "lecciones a extraer". Sin embargo, las deficiencias estructurales observadas los últimos ejercicios deberían haber sido analizadas con mayor detenimiento. Y ello con vistas a proponer mejoras de los marcos financieros y presupuestarios (perspectivas financieras, procedimientos de elaboración de las previsiones de créditos) y de las disposiciones de programación y de gestión de los Reglamentos de las Acciones estructurales. También habría sido provechoso que la Comisión hubiese analizado su propia responsabilidad en los retrasos constatados en el procedimiento de programación, en las lagunas observadas en las previsiones de créditos y en la concentración de operaciones al final del ejercicio. (apartados 3.18/3.19)

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

Por lo que se refiere a los Fondos Estructurales, la Comisión indica en los anteproyectos de presupuesto el método utilizado para determinar los créditos presupuestarios que propone. La Comisión examina también con detalle el rendimiento de los Estados miembros en la fijación de las previsiones de pagos en su publicación anual "Análisis de la ejecución presupuestaria de los Fondos Estructurales", en la que analiza también el calendario anual de las operaciones. La Comisión seguirá por este camino en el futuro.

La supresión de la columna "lecciones a extraer" no acarrea pérdida de información, ya que los análisis se recogen siempre detalladamente en la cuenta de gestión.

21. Uno de los objetivos principales del nuevo marco reglamentario consistió en acelerar y simplificar los procedimientos de programación mediante una clarificación de las competencias de la Comisión y de los Estados miembros. No obstante, el ejercicio de programación, que se desenvuelve en varias etapas sucesivas, demostró ser especialmente difícil de gestionar. Se caracterizó por una falta de claridad a la hora de reparto de competencias entre la Comisión y los Estados miembros, e igualmente por la falta de un marco de programación preciso y previamente establecido. Hubo de recurrirse a largas negociaciones entre los Estados miembros y la Comisión, sin que a la postre pudiera definirse completamente el marco operativo de las intervenciones. Esta situación se explica en general por la persistencia de incertidumbres sobre las competencias de la Comisión y de los Estados miembros, por la complejidad de los textos reglamentarios en materia de programación, gestión y contabilización de gastos. La determinación de las zonas subvencionables por las intervenciones del Objetivo n° 2 es un ejemplo de las dificultades al comienzo de la fase de programación. El Tribunal recomienda, pues, adoptar las medidas necesarias para preparar a tiempo un marco adecuado para las programaciones futuras, en particular, habida cuenta de la próxima ampliación. (apartados 3.30, 3.33 y 3.41)

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

La Comisión aprobó en abril de 2003 una serie de medidas destinadas a simplificar la gestión de los programas actuales ["Comunicación sobre la simplificación, clarificación, coordinación y flexibilidad de la gestión de las políticas estructurales" - C (2003) 1255]. No fue necesario modificar la legislación a causa de estas medidas. Éstas se refieren a la coordinación de las auditorías, a la flexibilidad en el reembolso de gastos por parte de la Comisión y en la aplicación de la norma de liberación de créditos ("n+2"), a la simplificación del procedimiento de revisión intermedia, incluso en lo referente a la asignación de la reserva de rendimientos, así como a la simplificación de los procedimientos relativos a la modificación de los programas, a las reuniones, a los indicadores y a los informes. Las medidas de gestión corriente se aplicaron inmediatamente; las demás irán aplicándose de acuerdo con el calendario. Por lo que se refiere al control financiero, se adoptaron algunas medidas específicas, tales como la publicación, en diciembre de 2003, de un manual de auditoría actualizado de los Fondos Estructurales (en el caso del Fondo Social Europeo se publicó también un manual de auditoría suplementario), una serie de orientaciones (incluidas en los manuales de auditoría) para los controles por sondeo y la clarificación de las disposiciones sobre la custodia de documentos relativos a la pista de auditoría [Reglamento (CE) n° 2355/2002, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 438/2001 ]. La Comisión debatió también con los Estados miembros el tema de la conclusión de "contratos de confianza", gracias a los cuales podrá reducir sus propias actividades de control en los Estados miembros. A este respecto se han entablado negociaciones con varios Estados miembros.

La Comisión espera que estas medidas de simplificación aceleren la aplicación de los programas actuales. A este respecto, conviene señalar el aumento de pagos en 2003 en los Fondos Estructurales en el período 2000-2006.

Por lo que se refiere a los nuevos Estados miembros, la Comisión finalizó en 2003 las negociaciones de los principales documentos relativos a sus respectivos programas para el período 2004-2006 (MCA y DOCUP Objetivo n° 1). Los programas deberían aprobarse oficialmente, pues, inmediatamente después de la adhesión en mayo de 2004, para iniciar su puesta en marcha rápidamente.

En el marco de la preparación del nuevo período de programación de los Fondos Estructurales, que comenzará en 2007, el segundo informe de seguimiento, que es continuación del segundo informe sobre la cohesión económica y social de 2002, fue publicado en marzo de 2003, habiéndose celebrado ese mismo mes un seminario con los Estados miembros. El tercer informe sobre la cohesión económica y social, en el que se expondrán a grandes rasgos las propuestas de la Comisión para el próximo período, se publicará en febrero de 2004; irá seguido de un "foro sobre la cohesión" en mayo. La Comisión tiene intención de terminar en 2004 las propuestas de Reglamento que regulan el nuevo período, de modo que a finales de 2005 ya esté establecido el marco legislativo.

22. A los problemas concernientes a los procedimientos de programación se añadió la complejidad de los textos reglamentarios relativos a los gastos y las persistentes dudas de interpretación de ciertos elementos fundamentales como la admisibilidad de algunos gastos, los porcentajes de cofinanciación de las inversiones generadoras de ingresos o la definición del beneficiario final. (3.32)

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

El Reglamento (CE) n° 1685/2000 relativo a la admisibilidad de los gastos en el marco de las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales fue modificado por el Reglamento (CE) n° 1145/2003 a efectos de clarificar algunos puntos, como los gastos bancarios en los programas INTERREG y el estatuto de los pagos en los fondos de capital de riesgo como gastos efectivamente pagados. No se introdujo ninguna modificación en lo referente a los anticipos de tesorería a los beneficiarios, tras rechazar los Estados miembros la propuesta de considerarlos como gastos admisibles en el debate sobre las medidas de simplificación (la aprobación del Reglamento (CE) n° 1145/2003 fue impugnada ante el Tribunal de Justicia por motivos procedimentales; la Comisión lo retirará y volverá a aprobarlo a principios de 2004). Además de la nota de instrucciones sobre la contabilización de las rentas en los proyectos de infraestructuras, la Comisión actualizó en diciembre de 2002 la guía del análisis costes/beneficios en los proyectos del FEDER, del Fondo de Cohesión y de ISPA. La Comisión organizó varias reuniones con las autoridades nacionales para mejorar la metodología de este tipo de análisis. La guía establece los principios aplicables a los análisis financieros que sirven de base para la fijación del porcentaje de cofinanciación en función de los ingresos, el valor residual y el porcentaje de descuento. En abril de 2003, la Comisión remitió un escrito a los Estados miembros en el que les reiteraba estos principios y en el que se fijaban ciertos parámetros para calcular los porcentajes de cofinanciación.

23. La compartimentación de la gestión de las acciones estructurales entre distintos servicios de la Comisión dificultaba el conocimiento de la situación general. Por otra parte, la base de datos común para los Fondos Estructurales, destinada al intercambio electrónico de información, no estuvo operativa durante la negociación de los programas. A finales de 2001 seguían faltando algunos datos, en particular, sobre el IFOP. (apartado 3.37)

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

La DG FISH introdujo la dotación financiera inicial para el IFOP 2000-2006 en la base de datos común SFC en julio/agosto de 2002 y ha mantenido actualizados sus datos desde entonces. No obstante, no utiliza el sistema para tratar las solicitudes de pago. La base SFC puede utilizarse ahora para elaborar algunos tipos de informes y realizar análisis del tipo "n+2", y su desarrollo se está actualizando para que pueda ofrecer nuevas funcionalidades. Se han introducido vínculos a documentos importantes, así como la posibilidad de utilizar una firma electrónica. Se está elaborando también un portal para los Fondos Estructurales, en el que la base SFC ocupará un lugar importante. En 2004, la Comisión definirá los vínculos necesarios entre la base SFC y la arquitectura de su nuevo sistema de contabilidad general.

24. Los controles que deben efectuar los Estados miembros antes de que se dé por finalizado cada tipo de intervención del período 1994-1999 son esenciales para la fiabilidad de sus respectivos sistemas y para la regularidad de las solicitudes de pago. A pesar de algunas mejoras en la aplicación homogénea de las disposiciones, los sistemas de control no permiten aún garantizar que las declaraciones finales de gastos sean respaldadas por controles suficientemente rigurosos y fiables. La Comisión procedió en 2001 al cierre de 53 intervenciones correspondientes a la programación 1994-1996 del Objetivo n° 2 (16 del FEDER y 37 del FSE). A finales de 2001 quedaban aún 53 intervenciones abiertas con un importe de 575 millones de euros de compromisos pendientes de liquidación (44 intervenciones del FEDER con 540 millones de euros y 9 intervenciones del FSE con 35 millones de euros). Los procedimientos de cierre aplicados a las intervenciones 1994-1996 del Objetivo n° 2 y a los proyectos del Fondo de Cohesión son sustancialmente idénticos a los del período anterior. Ante los cierres que deben producirse a partir de 2002, la Comisión deberá, pues, intensificar sus iniciativas. Deberá garantizar, en particular, una mayor coordinación de la actividad de los servicios responsables de las distintas acciones estructurales (apartados 3.62 y 3.81).

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

En 2003, la Comisión procedió al cierre de la mayor parte de los programas del Objetivo n° 2 correspondientes al período 1994-1996 que estaban aún abiertos a finales de 2001. A finales de 2003, sólo ocho de estos programas estaban abiertos aún (cinco del FEDER y tres del FSE), representando 70 millones de euros de compromisos (66 millones de euros los del FEDER y 4,7 millones de euros los del FSE). Respecto de la mayor parte de los demás programas del período 1994-1999, los Estados miembros sólo remitieron los documentos necesarios para el cierre inmediatamente antes de la fecha límite de finales de marzo de 2003. A finales de 2003, los servicios de los Fondos Estructurales habían finalizado el examen de dichos documentos, así como el procedimiento de cierre, incluido el pago final y la liberación de los gastos cuyo pago no se había solicitado, que representaban un 41% de los compromisos por liquidar a finales de 2002. Se aplicaron procedimientos estrictos, comunes a los cuatro Fondos, utilizándose listas de control. Se despejaron todas las dudas gracias a las consultas efectuadas entre los cuatro servicios. En aproximadamente el 75% de los programas se pidió aclaración de algunos puntos de las declaraciones de cierre en relación con las auditorías realizadas antes del cierre de los programas o con los motivos de la admisibilidad de los estados. Los servicios responsables de los Fondos Estructurales trabajaron en estrecha colaboración con la OLAF para esclarecer todos los casos de irregularidad observados. Además, los servicios efectuaron una serie de controles in situ de los programas ya cerrados. En aquellos casos en que se constataron lagunas durante estos controles o en aquellos otros en que las propias declaraciones de cierre despertaron sospechas insoslayables en cuanto a la regularidad de los gastos declarados, la Comisión aplicará correcciones financieras. Éstas podrán fijarse sobre una base global convenida entre todos los Fondos. Los servicios responsables de los Fondos Estructurales proseguirán en 2004 las tareas de cierre, así como los controles de los programas 1994-1999 ya cerrados. Se remite a las respuestas de la Comisión a los apartados 5.20-5.21 y 5.54 del informe 2002 del Tribunal de Cuentas.

25. Los procedimientos de instrucción de las solicitudes de pago final revestían siempre la forma de consultas interservicios, sin que se hubieran clarificado las responsabilidades respectivas. El seguimiento de estas observaciones de control se efectuó, como siempre, utilizando distintas bases de datos, creadas sin coordinación entre sí, ya que la base única anunciada por la Comisión no fue operativa hasta 2002. (apartado 3.48)

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

En el cierre de los programas del período 1994-1999, todos los servicios responsables de los Fondos Estructurales aplicaron procedimientos comunes estrictos. La completa operatividad del instrumento de gestión de auditorías SYSAUDIT, mediante el cual se logrará un seguimiento eficaz, se aplazó al primer semestre de 2004. Mientras tanto, los servicios responsables de los Fondos Estructurales recurrieron a otros sistemas para supervisar los resultados de las auditorías; por ejemplo, la DG EMPL supervisa sus recomendaciones sobre los programas de sistemas 2000-2006 por medio de su sistema de seguimiento de auditorías GESAUDIT, que dicha DG elaboró en 2002.

26. Se ha consolidado el dispositivo reglamentario de gestión y control previsto para el período 2000-2006. Sin embargo, su aplicación experimenta ya un retraso importante: no todas las estructuras son operativas y el control independiente de las operaciones efectuadas no ha comenzado aún. El Tribunal constató en los pagos intermedios la existencia de gastos inadmisibles del mismo tipo que en períodos anteriores, lo que indica que las normas aplicables no son suficientemente conocidas por todos los agentes. Con el fin de garantizar que los sistemas de gestión y control se ajustan a las normas exigidas por la normativa, la Comisión tiene la obligación de examinar regularmente el funcionamiento de estos sistemas. Para ello, es necesario efectuar visitas in situ. En 2001 las DG REGIO y PESCA efectuaron un número limitado de visitas; y las DG EMPLEO y AGRI, ninguna. Como consecuencia de esto, la Comisión no dispuso de garantías suficientes sobre la fiabilidad de estos sistemas. En algunos Estados miembros, los procedimientos de control sobre la realidad y admisibilidad de los gastos presentan deficiencias, en particular, la falta de control de facturas pagadas o documentos equivalentes. Por este motivo, la declaración de gastos se establece sin garantías de que los gastos se hayan efectivamente realizados. La Comisión debería esforzarse, pues, por ultimar lo antes posible sus verificaciones ante los Estados miembros y cerciorarse de que las normas de control y de admisibilidad (y de las respectivas sanciones por incumplimiento de las mismas) sean difundidas y comprendidas a todos los niveles. (apartados 3.66, 3.67 y 3.82)

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

Los servicios responsables de los Fondos Estructurales continúan efectuando auditorías in situ de los sistemas de gestión y de control utilizados por los Estados miembros en los programas del período 2000-2006. Las auditorías realizadas hasta finales de 2003 son las siguientes:

- FEDER: 37

- FSE: 68

- FEOGA-Orientación: 14

- IFOP: 13 de 16 programas.

En 2004, la DG REGIO prevé efectuar quince nuevas auditorías de los sistemas de los programas en curso y la DG EMPL cuarenta. La DG FISH habrá acabado la auditoría de todos los programas IFOP para el mes de marzo de 2004. Para el mes de febrero de 2004, la DG AGRI habrá realizado la auditoría de programas que representan un 41% de los gastos del FEOGA-Orientación. En 2003, la DG REGIO realizó diez auditorías de los sistemas previstos en el Fondo de Cohesión con arreglo al Reglamento (CE) n° 1386/2002 y prevé efectuar cinco más en su programa de control para 2004.

27. Al examinar una muestra de acciones innovadoras y preparatorias en materia de empleo local, financiadas directamente por la Comisión, se constató que en algunos casos los procedimientos de gestión financiera de la Comisión no habían sido suficientemente rigurosos. Debido a un cierto grado de solapamiento entre las distintas acciones innovadoras, así como a la autorización tardía de algunos proyectos, los recursos asignados a tales proyectos no pudieron utilizarse debidamente. (apartado 3.118).

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

Se puso un gran empeño en racionalizar el apoyo comunitario disponible en favor de acciones de desarrollo de empleo local directamente financiadas por la Comisión. Por ello, con cargo a la línea presupuestaria B5-503 no se financian ya nuevos proyectos desde 2003, con el fin de evitar el solapamiento entre las acciones del artículo 6 y las medidas preparatorias en favor del empleo local financiadas en 2001 y 2002 por esta línea.

Los esfuerzos de la Comisión en este ámbito en 2003 se dirigieron sobre todo al intercambio y la difusión de las buenas prácticas, al desarrollo de herramientas metodológicas y similares que ayuden a todos los agentes interesados y a la evaluación temática y por programa de las acciones correspondientes que la Comisión respalda hasta ahora. La Comisión animó también activamente a los Estados miembros a potenciar la dimensión regional y local de sus políticas de empleo en el marco de la Estrategia Europea de Empleo.

Por lo que se refiere a las acciones innovadoras cofinanciadas con arreglo al artículo 6 del FSE, se publicaron convocatorias de propuestas muy específicas y se habilitó un riguroso sistema de selección y gestión de proyectos. También se mejoró la gestión financiera de los proyectos y se reforzaron los controles, incluidos los controles in situ, dentro de los límites de los recursos disponibles.

28. El Tribunal constata que en líneas generales el seguimiento por parte de la Comisión de las observaciones formuladas desde la DF 1999 se llevó a cabo con mayor diligencia que en las DF anteriores. No obstante, aunque las observaciones del Tribunal revelan a menudo deficiencias en la gestión y el control comunes a numerosos programas, la Comisión reduce las investigaciones, salvo casos excepcionales, a las muestras, necesariamente limitadas, examinadas por el Tribunal. En particular, con respecto a las intervenciones ya cerradas, la Comisión debería evaluar la incidencia de los errores en el conjunto de la intervención de que se trate y no limitarse a recuperar la financiación indebida de sólo los casos concretos que no han sido impugnados. (apartado 3.104)

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

Cuando los errores observados por el Tribunal de Cuentas revelan claramente la existencia de un problema sistémico, la Comisión amplia la acción de seguimiento a los casos en que no se constataron errores. Puede citarse, como ejemplo, el caso de los contratos públicos en España, en el que la DG REGIO en 2003 extendió la investigación a otros casos y va a proponer una corrección general a tanto alzado para compensar los incumplimientos a las normas en los programas 1994-1999, así como el del FSE en Francia. A raíz de una auditoría del Tribunal en 1998 en París referente a la Cámara de los gremios (Chambre des métiers) de la región Ile-de-France, en un proyecto bien circunscrito, y merced a los minuciosos controles complementarios, efectuados acto seguido por la Comisión, en el ministerio francés de Artesanía y en las PYME, se aprobó en 2002 una corrección financiera neta de 22 millones de euros mediante el DOCUP francés correspondiente al Objetivo n° 3 de 1994 para la totalidad del dispositivo en cuestión [Decisión C(2002)44, de 21.3.2002].

Políticas internas

29. Respecto del programa RTE-T, la Comisión debería reforzar el marco jurídico y de control (por ejemplo, estableciendo el recurso obligatorio a un procedimiento de intercambio de notas de oferta entre los Estados miembros y los beneficiarios finales, y elaborando y aplicando normas más claras en materia de gastos admisibles). La evaluación de propuestas debería ser mejorada recurriendo más a menudo a expertos exteriores y debería documentarse adecuadamente. Habría que modificar los procedimientos administrativos y los sistemas informáticos, debido a los requisitos específicos propios del programa RTE-T. Las acciones cerradas del programa RTE-T deberían ser controladas regularmente (apartado 4.74).

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

La Comisión aprobó en 2003 una nueva versión de la decisión de la Comisión que reforzaba el papel de los Estados miembros (control, valoración, seguimiento, evaluación, etc.) y determinaba las competencias de todos y cada uno de los participantes que desempeñaban un papel en la utilización de esta contribución financiera. En 2004, la decisión de la Comisión se revisará otra vez, con el fin de incluir requisitos más precisos sobre las obligaciones de los Estados miembros. La Comisión remite ahora formalmente la decisión al beneficiario final y a los Estados miembros y define más claramente sus papeles respectivos.

La claridad en la definición de tareas y estudios ha mejorado. La Comisión introdujo la utilización de un modelo de formulario de declaración de gastos en la nueva versión de la decisión 2003 de la Comisión, así como en el examen 2003 de los procedimientos RTE-T, lo que desembocó en la elaboración de un manual RTE-T que se utilizará a principios de 2004. Se precisarán normas más concretas sobre las obligaciones relativas a la publicidad, tomando como base las prácticas actuales de los Fondos Estructurales.

La Comisión está examinando la cuestión referente a la utilización de expertos exteriores para evaluar los proyectos.

30. Anima a la Comisión a proteger los intereses financieros de la Comunidad imponiendo las sanciones previstas por el Reglamento n° 2988/95 del Consejo. Además de la recuperación de lo percibido indebidamente, las sanciones deberían conllevar medidas administrativas y multas proporcionales, con el fin de ser a la vez eficaces y disuasorias. Estas sanciones podrían definirse en los modelos de contratos o en una norma sectorial específica (apartado 4.51).

Respuesta de la Comisión

La Comisión aplicó ya la recomendación en cuestión.

Los contratos del VI PM incluyen sanciones en forma de una "indemnización global" (vid. infra), la posibilidad de realizar auditorías y controles, en particular, a través del Tribunal de Cuentas, así como disposiciones específicas para la recuperación de las cantidades indebidamente pagadas.

Indemnización global

Sin perjuicio de otras medidas previstas en el contrato, los contratistas convienen en que, a efectos de protección de los intereses financieros de la Comunidad, ésta tiene derecho a reclamar una indemnización global a un contratista cuyos gastos hubieran sido excesivos, demostrando con ello que recibió una contribución financiera injustificada de la Comunidad. El pago de la indemnización global es independiente de la devolución que el contratista deberá efectuar de la contribución financiera injustificada.

1. El importe de la indemnización global será proporcional al gasto excesivo y a la parte injustificada de la contribución comunitaria. El importe de la indemnización global se calculará mediante la siguiente fórmula:

Indemnización global = contribución financiera injustificada X (gasto excesivo/total reclamado).

En el cálculo de una indemnización global se tendrá en cuenta solamente el período correspondiente a la contribución comunitaria reclamada por el contratista en ese período. El cálculo no se efectuará respecto del importe total de la contribución comunitaria.

2. La Comisión notificará la demanda de pago, por carta certificada con acuse de recibo, al contratista que considere deudor de una indemnización global. El contratista dispondrá de 30 días para responder a la demanda de indemnización de la Comunidad.

3. El procedimiento que deberá seguirse para la devolución de una contribución financiera injustificada y para el pago de una indemnización global se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo II.31.

4. La Comisión estará en su derecho de solicitar una indemnización por todo gasto excesivo que se hubiere constatado tras la expiración del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1-6.

5. Las disposiciones del presente artículo no obstarán a las sanciones administrativas o financieras que la Comisión pudiere imponer a todo contratista que incumpla las obligaciones derivadas del Reglamento financiero, ni a cualesquiera otras normas civiles a las que la Comunidad o cualquier contratista pudieren recurrir. Además, dichas disposiciones no impedirán a las autoridades de los Estados miembros recurrir a acciones penales.

6. Por otra parte, como así lo establece el Reglamento financiero, todo contratista que hubiere incumplido gravemente sus obligaciones contractuales podrá ser objeto de una sanción financiera, cuyo importe estará comprendido entre el 2% y el 10% de la contribución financiera que hubiere percibido de la Comunidad. En el supuesto de reincidencia en el quinquenio siguiente a la primera infracción, ese porcentaje estará entre el 4% y el 20%.

31. Se recomienda que los controles in situ efectuados regularmente por los inspectores de la Comisión, encargados del seguimiento de las acciones RTE-T, se complementen con auditorías financieras y controles técnicos a posteriori (apartado 4.33).

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

De acuerdo con la recomendación del Tribunal, la célula de control financiero central de la DG TREN auditó en 2003 una muestra de acciones RTE-T. Estos controles continuarán en 2004. Los controles que se efectúen se incrementarán más aún gracias al aumento de los recursos humanos de la célula de control financiero y merced al nuevo contrato marco concluido con una empresa auditora exterior.

32. En los modelos de contratos de las acciones indirectas de IDT debería estipularse que los participantes podrán incurrir en responsabilidad de modo ilimitado, conjunto y solidariamente, como contrapartida a la utilización de la contribución financiera de la Comunidad (excepto en el caso de contratistas como las universidades públicas) (apartado 4.50).

Respuesta de la Comisión

La Comisión aplicó ya la recomendación en cuestión.

El modelo de contrato del VI PM reasume el principio de responsabilidad colectiva de los contratistas distintos de las entidades públicas, organizaciones internacionales u organismos cuya participación está garantizada por un país miembro o un país asociado. Esta responsabilidad se aplica a todos los proyectos, excepto en el marco de los contratos Marie Curie, en acciones específicas de las PYME y en determinadas acciones de apoyo específico debidamente justificadas.

Responsabilidad colectiva financiera

1. En caso de que el contrato fuera rescindido o se pusiera fin a la participación de un contratista con arreglo al artículo II.16, el consorcio reembolsará a la Comisión el importe adeudado por todo contratista que no responda del pago.

El importe adeudado a la Comisión no deberá superar el valor de la contribución debida al consorcio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.

2. El importe a recuperar se repartirá entre los contratistas restantes, con exclusión de los citados en el apartado 3, a prorrata de su participación en el conjunto del proyecto.

El citado reparto se basará en el peso relativo de todos los contratistas no contemplados en el apartado 3, teniendo en cuenta su participación en los gastos provisionales indicados en el Anexo I, si se trata de recuperar una financiación previa, y su participación en los gastos certificados y admitidos, si se trata de recuperar un pago efectuado.

Ningún importe reclamado a un contratista superará el importe de la contribución que tiene derecho a percibir de acuerdo con los porcentajes de reembolso aplicables. El importe que un contratista tiene derecho a percibir se basa en los gastos provisionales indicados en el Anexo I, cuando se trata de recuperar una financiación previa, y en los costes certificados y admitidos por la Comisión, cuando se trata de recuperar un pago efectuado.

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando el contratista incumplidor fuere un organismo público, una organización internacional o un contratista cuya participación en la acción indirecta estuviere garantizada por un Estado miembro o por un Estado asociado.

4. El consorcio no incurre en responsabilidad colectiva por:

a) los importes adeudados por un contratista por incumplimiento constatado tras la fecha final de ejecución;

b) la indemnización global adeudada por un contratista con arreglo al artículo II.30;

c) las sanciones contempladas en el artículo II.30 que fueren impuestas a un contratista incumplidor.

33. Habrá que insistir de nuevo en la recuperación de los fondos comunitarios indebidamente percibidos por los beneficiarios, en particular en las DG RTD, INFSO y TREN (apartado 4.76).

Respuesta de la Comisión

La Comisión aplicó ya la recomendación en cuestión.

El artículo 73 del nuevo Reglamento financiero ha introducido un mecanismo de compensación para recuperar los pagos indebidos. Por otro lado, se han reforzado en la Comisión los procedimientos consistentes en levantar acta de la situación en materia de recaudación. La aplicación de estos procedimientos se ha efectuado en las distintas Direcciones Generales en función de su organización respectiva.

En la DG INFSO se ha puesto a punto una herramienta específica que facilita la aplicación de los resultados de los controles.

En la DG TREN se reforzó el procedimiento de seguimiento de la recaudación de los pagos indebidos y en la actualidad el seguimiento de los controles constituye un indicador de rendimientos que se mide a intervalos regulares.

En febrero de 2003, la DG IDT creó un servicio de ayuda para las órdenes de ingreso en la unidad financiera central.

Las principales funciones asignadas a este servicio de ayuda son las siguientes:

- dirigir una red de corresponsales para las órdenes de ingreso;

- elaborar orientaciones sobre las órdenes de ingreso y su actualización, (http://intranet-rtd/services/ f_procedures-ordres-recouvrements_fr.shtml);

- proporcionar un servicio de tutoría, que complementará las sesiones de formación organizadas por la DG BUDG;

- informar sobre las órdenes de ingreso y sobre el RAL potencialmente anormal, con el fin de tratar los posibles retrasos en la expedición de las órdenes de ingreso (incluyendo ejercicios más específicos).

- La DG IDT elabora mensualmente un cuadro de indicadores financieros, disponible en el Intranet de la DG, y en el que se recogen las órdenes de ingreso pendientes (http://intranet-rtd/politique/ ics12_fr.shtml).

En materia de prevención, puede indicarse que, además de las medidas ya existentes, como la comprobación de la situación jurídica y financiera de los contratistas y el recurso, en su caso, a garantías financieras, el VI PM ha introducido las siguientes medidas:

- la responsabilidad colectiva de los contratistas;

- los certificados de auditoría;

- un nuevo régimen de financiación previa (pagos de anticipos que se adaptan periódicamente a los costes reales durante la duración del proyecto).

34. En el informe especial n° 2/2002 (Sócrates y Juventud por Europa), el Tribunal formuló una serie de recomendaciones para mejorar la gestión de estos programas, recomendaciones que convendría tener en cuenta. Entre estas recomendaciones, pueden citarse: la sustitución de las oficinas de asistencia técnica (BAT) por agencias comunitarias; una definición clara de las relaciones entre la Comisión y las autoridades nacionales; la mejora del control y del seguimiento a todos los niveles y el suministro de evaluaciones provechosas dentro de los plazos previstos (apartado 4.77).

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

La Comisión confirma que prevé sustituir por una agencia ejecutiva la BAT transitoria que le asiste en la gestión de los programas Sócrates II y Juventud: se prevé adoptar en 2004 la decisión de creación de la agencia, la cual debería ser operativa en 2005. Esta agencia deberá garantizar la gestión de ciertos aspectos centralizados de los programas en materia de educación y cultura.

La Comisión confirma que la entrada en vigor de los nuevos programas Sócrates II y Juventud sirvió de ocasión para reforzar el dispositivo de recurso a redes de agencias nacionales en el marco de la gestión de los aspectos descentralizados de estos programas; en particular, las mejoras suponen una clarificación de las competencias respectivas de la Comisión y de los Estados miembros en el funcionamiento de las agencias (recursos que deben ponerse a disposición de las agencias, tareas que éstas deben realizar).

La Comisión vela por consolidar el seguimiento y el control de la ejecución de los programas en materia de educación y cultura (en particular, Sócrates II y Juventud). A finales de 2001 publicó una licitación para contratar empresas de auditoría, con el objetivo de aumentar las actividades de control: el número de convenios auditados pasó así de una cincuentena en 2002 a cerca de 200 en 2003.

El programa de trabajo de la Comisión prevé adoptar en 2004 informes de evaluación intermedia de los programas Sócrates II y Juventud (2000-2006).

35. La Comisión debería esforzarse en uniformar la ejecución del programa RTE-T aplicando las mismas disposiciones a todos los beneficiarios de los Estados miembros. Convendría reforzar el marco jurídico del programa RTE-T con el fin de mejorar la protección de los intereses financieros de la Comunidad. A falta de contratos con los beneficiarios finales, los Estados miembros podrían recurrir a un sistema de cartas de oferta que se basen en una reglamentación definida por la Comisión. En estas cartas de oferta, que requerirían la aceptación escrita del beneficiario, se definirían las condiciones de la ayuda y concienciarían así a los beneficiarios a ajustarse a los requisitos específicos inherentes a la ejecución de la acción (apartado 4.31).

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

Desde 2002, la Comisión notifica su decisión directamente al Estado miembro y al beneficiario. Con el fin de facilitar una aplicación homogénea del programa, en las decisiones 2003 se recogen en un documento general "las funciones y las responsabilidades de los Estados miembros y de los beneficiarios finales" (Anexo I para la parte técnica y Anexo II para las modalidades de ejecución). En el contexto de consolidación del papel de los Estados miembros, y con el fin de evitar un riesgo de "dilución" de responsabilidades por la conclusión de distintos acuerdos parciales, la posibilidad de un contrato separado (en el que los Estados miembros no son partes) o de cartas de oferta no debería considerarse necesaria.

En la notificación de las decisiones a los Estados miembros y a los beneficiarios finales se precisan las obligaciones y derechos respectivos. En este marco jurídico contractual, la nueva decisión 2003 de la Comisión precisa también que, antes de efectuar cualquier modificación sustancial, reducción, suspensión o anulación de la decisión de la Comisión, deberá notificarse tal extremo a los beneficiarios finales y a los Estados miembros. Se ha elaborado un manual, que contribuirá a clarificar el marco legal del programa RTE-T y las obligaciones de los Estados miembros y de los beneficiarios finales.

36. La DG TREN debería aplicar de manera rigurosa los criterios de subvencionabilidad establecidos en las propuestas (en particular las fechas de recepción), reforzar el procedimiento de evaluación recurriendo aún más a expertos exteriores y justificar documentalmente todos los controles efectuados (apartado 4.35).

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

La integración de los procedimientos RTE-T en el manual de procedimientos oficial clarificó los requisitos de documentación de los procedimientos de evaluación y decisión.

La Comisión utiliza desde 2003 un procedimiento de convocatoria de propuestas caracterizado por plazos constringentes. La Comisión examina la cuestión del recurso a expertos exteriores para la evaluación de proyectos.

37. El paso de las bases de datos actuales hacia el sistema informático central de la DG TREN debería efectuarse lo antes posible y basarse en los requisitos específicos de la RTE-T. Entretanto, convendría buscar soluciones sobre la manera de respetar las funciones esenciales en materia de gestión de propuestas, de contratos y de proyectos no integradas aún en los sistemas informáticos actuales o sólo parcialmente en ciertos casos (apartado 4.36).

Respuesta de la Comisión

La Comisión aplicó ya la recomendación en cuestión.

La integración del programa RTE-T en el sistema central de gestión de proyectos de la DG TREN-T se ha llevado a cabo.

38. Con el fin de respetar las "normas de control interno" de la Comisión, se insta también a la DG TREN a aplicar los procedimientos aprobados por su Director General y, en su caso, a modificarlos con el fin de no apartarse de los procedimientos de gestión del programa RTE-T en vigor. A continuación convendría actualizar regularmente los procedimientos operativos (apartado 4.34).

Respuesta de la Comisión

La Comisión aplicó ya la recomendación en cuestión.

Los procedimientos específicos del programa RTE-T se incluyeron en el manual de procedimientos y se aplicaron en 2003. Se procede a efectuar actualizaciones regularmente.

39. Con el fin de reducir el riesgo de que los beneficiarios finales declaren, intencionalmente o no, gastos no admisibles y a efectos de que los servicios de la Comisión lleven a cabo una gestión financiera más eficaz y rigurosa de las acciones indirectas de IDT, se recomienda efectuar una gran simplificación del sistema de reembolso de gastos en el futuro VI programa marco (2002-2006). El sistema articulado en tres ejes (CA, FC y FF) debería ser sustituido por un sistema único, las diez categorías de gastos reducirse a tres (gastos de personal, gastos de coordinación y gastos específicos) y la utilización de porcentajes globales ampliarse considerablemente (apartado 4.47).

Respuesta de la Comisión

La Comisión aplicó ya la recomendación en cuestión.

La acción fue ejecutada. La recomendación no se tuvo en cuenta, ya que la propuesta del Tribunal de Cuentas no fue aprobada por el Consejo y el Parlamento Europeo. Sin embargo, se introdujeron otras diversas simplificaciones en el modelo de contrato del VI PM, en particular, la supresión de las categorías de gastos, la utilización de los sistemas contables de los participantes, la certificación de gastos por auditores externos, la simplificación y coherencia en los modelos de gastos y la ejecución de los mismos.

Acciones exteriores

40. Estas tendencias (el valor acumulado de los compromisos pendientes de liquidación (RAL) con cinco o más años de antigüedad se incrementó pasando de los 933,9 millones de euros a finales de 1998 a 1.589,6 millones de euros a finales de 2001) muestran la necesidad de controlar permanentemente los RAL con el fin de contenerlos. Es importante que la Comisión se dote de los medios para obtener información contable y de gestión que sea fiable y completa para facilitar la gestión de las acciones financiadas. Esta información debería permitir realizar análisis en profundidad sobre la evolución de los RAL y la naturaleza de los pagos efectuados (anticipos u otros) con el fin de comparar el ritmo de desembolso de las ayudas con la evolución de su ejecución in situ (apartado 5.10).

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

En 2002 y 2003, AIDCO procedió al censo sistemático de los compromisos antiguos y latentes, añadiendo cada año un nuevo ejercicio presupuestario a la revisión (el último fue el ejercicio presupuestario de 1997, añadido en 2003 al proceso de revisión). El sistema de seguimiento de los resultados de la revisión (cuadros Excel en la página Intranet de AIDCO), establecido en 2000, se ha seguido aplicando al mismo tiempo que se actualizaban de manera periódica los cuadros. En 2003, se adoptaron algunas medidas para integrar plenamente este sistema de seguimiento e información relativo a los compromisos antiguos y latentes en la base de datos CRIS, que es la herramienta general de gestión de la ayuda exterior. Esto facilitará el suministro, por parte de las delegaciones, de la información pertinente sobre los compromisos antiguos o latentes. Se han llevado a cabo el análisis y la programación necesarios y el nuevo sistema está siendo ahora objeto de pruebas con el fin de que pueda entrar en funcionamiento en el primer semestre de 2004.

La plena operatividad de CRIS desde principios de 2003 permitió disponer de una única base de datos en la que se recogía la información financiera y contractual relativa a los proyectos, y lanzar así en 2003 un ejercicio de revisión interna más específico. Éste se destinaba específicamente a los compromisos infrautilizados (incluso si formalmente no eran ni latentes ni antiguos), con escasos importes contratados y/o desembolsos lentos y/o una escasa proporción de desembolsos. Los compromisos en cuestión se revisaron al más alto nivel de la jerarquía y se tomaron algunas medidas correctoras, desde la aceleración a la reducción de las actividades, pasando por el cierre de los programas.

Por lo que se refiere a la situación en relación con la naturaleza de los pagos efectuados, la conformidad del plan contable a las nuevas disposiciones del artículo 81 del nuevo RF en vigor desde 2003 permitirá en el futuro integrar automática y sistemáticamente los criterios de las prefinanciaciones no liquidadas en tanto que criterios de riesgo.

Por lo que se refiere al seguimiento de la evolución de la aplicación in situ, CRIS ya dispone de un módulo que permite el seguimiento regular de los proyectos. En 2004, este módulo se ampliará con el fin de cubrir también los programas sectoriales y las acciones de apoyo presupuestario. Además, la Comisión introducirá en 2004 un nuevo módulo destinado a la gestión de la cartera de proyectos y a las previsiones y la planificación financieras. Este módulo permitirá el registro de los principales elementos a considerar y una comparación entre las previsiones y la ejecución efectiva.

41. La Comisión debería tratar lo más rápidamente posible esta cuestión para garantizar que se crean programas de auditoría sistemáticos previendo claramente las responsabilidades necesarias dentro de la Comisión para que las conclusiones de los informes de auditoría se tengan en cuenta (apartado 5.21).

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

En diciembre de 2002, EuropeAid adoptó un programa de auditoría para el ejercicio 2003 relativo a las auditorías realizadas bajo la supervisión directa de la sede y las delegaciones. Este programa de auditoría fue supervisado estrechamente durante su ejecución. El segundo programa relativo al ejercicio 2004 se adoptó en diciembre de 2003 sobre la base de una evaluación de los riesgos.

Se especifica claramente que la responsabilidad del seguimiento de los informes de auditoría corresponde a los ordenadores y a los ordenadores subdelegados.

Desde que se llevó a cabo la reforma, la DG RELEX establece sistemáticamente un programa anual de auditoría interna, programa que entre otras cosas se ha concentrado en la auditoría del servicio exterior unificado durante el primer semestre 2002. En el marco del seguimiento de la reforma administrativa y, en particular, de la norma de control interno n° 21, todos los informes de auditoría son catalogados y las observaciones y recomendaciones son objeto de un seguimiento adecuado a través de los planes de acción.

42. Las recomendaciones del Tribunal son las siguientes:

- la Comisión debería adoptar medidas complementarias para procurar que las organizaciones encargadas de la gestión de los fondos comunitarios refuercen sus sistemas de control interno con el fin de garantizar la validez de los documentos y los procedimientos de concursos. La Comisión debería definir de manera más concreta las normas mínimas que deben cumplirse;

- la Comisión debería adoptar las medidas necesarias con el fin de procurar que el número de revisiones y auditorías efectuadas por sus propios servicios, o en su nombre, sea suficiente para que pueda juzgar si los procedimientos de control interno aplicados por los socios responsables de la aplicación son adecuados y, si fuera necesario, adoptar medidas correctoras (apartado 5.50).

Respuesta de la Comisión

La Comisión aplicó ya la recomendación en cuestión.

En el ámbito de la ayuda humanitaria, las organizaciones que administran los fondos de la UE firmaron un Acuerdo marco de asociación previa consulta a todos las partes interesadas que determina las normas mínimas que deben cumplir dichas organizaciones por lo que se refiere a la documentación y a los procedimientos de adjudicación de contratos. En el marco de la reforma y de acuerdo con el nuevo Reglamento financiero y las nuevas normas de desarrollo, se aprobó en 2003 un nuevo Acuerdo marco de asociación que está siendo aplicado actualmente. En cuanto a la adjudicación de contratos, el nuevo Acuerdo marco y, en particular, su Anexo V, adoptado por el Colegio el 28 de octubre de 2003 sobre la base del apartado 2 del artículo 238 de las normas de desarrollo del Reglamento Financiero, refuerza la obligación de las organizaciones humanitarias de establecer procedimientos normales de adjudicación de contratos y orientaciones para el expediente de licitación. Este procedimiento se ajusta a las mejores prácticas internacionales. La Comisión se reserva el derecho a ejercer sus poderes de control de los expedientes e in situ para verificar la conformidad de los procedimientos de las organizaciones humanitarias en materia de adjudicación de contratos y su aplicación (apartado 1.3.4 del Anexo V del Acuerdo marco de asociación).

ECHO realiza un gran número de revisiones y controles, ya sea en la fase de evaluación de cada operación mediante sus asistentes especialistas, la evaluación por las oficinas operativas y financieras y el ordenador subdelegado, y la liquidación por la unidad financiera. Los funcionarios de ECHO realizaron y gestionaron un gran número de auditorías durante estos últimos años. En junio de 2002, tras una licitación de gran envergadura, ECHO recurrió a una empresa de auditoría externa para la realización de auditorías, lo que aumentó considerablemente el número de auditorías realizadas en 2002 y 2003. Desde entonces, en 2003, se habían realizado 96 auditorías en la sede de los socios de ECHO, otras 44 estaban muy adelantadas, se habían concluido 16 auditorías in situ y otras 13 aún estaban en curso. Estas auditorías, que cubren los controles relativos a las supervisiones y sistemas internos establecidos por los socios de ECHO, justifican los gastos de documentación reclamados a ECHO. Cada socio podrá así ser sometido a una auditoría cada dos años. Además, los recursos humanos consagrados a la auditoría se multiplicaron por tres.

43. Aunque el sistema de seguimiento permita en adelante detectar las deficiencias de los proyectos, son necesarios trabajos complementarios para poder analizar sus causas subyacentes. Además, la Comisión debería evaluar regularmente la calidad y el resultado del sistema de seguimiento, así como la metodología en la que se basa (apartado 5.77).

Respuesta de la Comisión

La Comisión aplicó ya la recomendación en cuestión.

1. El sistema de seguimiento orientado a los resultados (ROM) proporciona, en tiempo real, una visión independiente de los progresos realizados por los proyectos y de sus posibilidades de éxito. Las causas subyacentes del éxito o el fracaso se analizan a fondo mediante evaluaciones. Las dos herramientas (evaluación y control) son distintas, pero se complementan y se refuerzan mutuamente.

2. La Comisión introdujo una función de coordinación encargada del control de la calidad y la elaboración de una metodología. Como se había previsto, se han iniciado los trabajos destinados a evaluar la utilidad del sistema (cuestionarios a los usuarios).

44. El Tribunal formuló las siguientes recomendaciones:

- el valor añadido de las intervenciones de la Unión Europea con relación a las del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional debería establecerse más claramente;

- convendría prever la adopción de un enfoque más armonizado entre las AM y las FAE con el fin de garantizar la igualdad de trato entre los países que se encuentran en situaciones similares;

- la Comisión debería hacer más transparente su proceso de toma de decisiones para las distintas fases de la gestión de la asistencia a nivel macroeconómico. Debería, más concretamente, aportar pruebas que justifiquen las excepciones;

- el seguimiento por la Comisión de la calidad de la gestión financiera en los países beneficiarios debería mejorarse sensiblemente y hacer intervenir todas las Direcciones Generales interesadas;

- convendría conceder mayor prioridad a la realización de las evaluaciones (apartado 5.85).

Respuesta de la Comisión

La Comisión aplicó ya la recomendación en cuestión.

- Se realiza un esfuerzo sistemático para garantizar una complementariedad adecuada con los programas de las instituciones financieras internacionales; en este sentido, ECFIN y AIDCO organizan regularmente consultas a dichas IFI;

- La DG ECFIN lleva a cabo de manera sistemática una evaluación previa para cada operación de ayuda macrofinanciera (AM) con el fin de evaluar las necesidades financieras residuales de los países beneficiarios. Actualmente, la cuestión de la complementariedad con los programas de las IFI forma parte sistemáticamente de esta evaluación previa.

- Dentro de los límites que se derivan de las especificidades de los distintos instrumentos y distintas bases jurídicas, la Comisión coincide en la necesidad de establecer aproximaciones mejor armonizadas entre la AM y las FAE (Facilidades de ajuste estructural). A este respecto, se está preparando un manual en el que se recogen orientaciones metodológicas que definen principios directores armonizados para las ayudas presupuestarias a los terceros países;

- Las posibilidades de mejorar la cooperación entre las DG directamente interesadas se examinan actualmente en el marco de un grupo interservicios ad hoc;

- En todos los casos, la Comisión vela actualmente para que la concesión de excepciones cuente con los debidos justificantes (informes de misión en el país beneficiario, análisis de las condiciones incluidas en el protocolo de acuerdo, resultados de la consulta al CEF -Comité Económico y Financiero);

- Está disponible y concluirá pronto un primer proyecto de vademécum sobre la ayuda macrofinanciera con una descripción del circuito financiero de la DG ECFIN y de los otros servicios de la Comisión.

- En diciembre de 2003, se concedió a Deloitte un contrato marco de cuatro años para ayudarla a realizar las evaluaciones operativas destinadas a evaluar la calidad de los controles y circuitos financieros relativos a la AM en los países beneficiarios. Las misiones operativas comenzarán inmediatamente;

- La corrección de las insuficiencias detectadas en estas evaluaciones operativas podrían introducirse en forma de condiciones o elementos de seguimiento en los distintos protocolos de acuerdo;

- Los resultados de las evaluaciones operativas también se comunicarán a RELEX y a AIDCO;

- Se han incluido algunas disposiciones en materia de prevención del fraude en cada propuesta de Decisión del Consejo presentada por la Comisión;

- Todo protocolo de acuerdo por el que se concede una AM recoge actualmente una cláusula de auditoría y recuperación;

- Los resultados de estos ejercicios se abordarán también a su debido tiempo con las IFI en el marco de los programas referentes a las insuficiencias de la gestión financiera en los países beneficiarios;

- La reforma general ya prevé conceder más importancia a la evaluación. Está previsto evaluar a partir de 2003 los programas de AM seleccionados y todas las financiaciones de ajuste estructural aprobadas desde 2000 incluyen una provisión financiera para realizar una evaluación final independiente (apartado 5.85);

- Tras un concurso publicado en 2003, en el primer trimestre de 2004 comenzará una evaluación a posteriori referente a la AM para Armenia con la ayuda de una empresa especializada;

- En 2004 se pondrá en marcha un concurso para la selección de un asesor que deberá realizar evaluaciones a posteriori de otros programas de AM en el marco de un contrato marco de tres años;

- Los informes finales de estas evaluaciones se comunicarán también a RELEX y a AIDCO.

45. Las delegaciones deberían disponer de un plazo suficiente para poder emitir un dictamen sobre las propuestas de las ONG. La Comisión debería también prever procedimientos alternativos para reducir los plazos entre la presentación de las propuestas por las ONG y la firma de los contratos correspondientes (apartado 5.78).

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

La Comisión acoge con satisfacción las observaciones del Tribunal relativas a las medidas adoptadas. Incluirá a las delegaciones en el procedimiento de consulta y se les asignará un plazo suficiente para que puedan emitir su dictamen (apartado 5.78).

46. La Comisión debería considerar la posibilidad de encargar a las delegaciones que efectúen una parte importante de los trabajos de evaluación sobre la base de una información y unas orientaciones claras otorgadas por los servicios centrales sujetas a una supervisión posterior (apartado 5.75).

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

Los procedimientos existentes prevén una participación activa de las delegaciones en la evaluación de las propuestas, y la Comisión velará para que éstas les lleguen a su debido tiempo de modo que puedan ser evaluadas.

47. Debería elaborarse un sistema de información y gestión con datos relativos a los expertos y a los contratistas (apartado 5.67).

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

Los datos relativos a los contratistas y a los expertos ya están registrados en un expediente especial de CRIS denominado "Operadores". AIDCO piensa seguir registrando a los contratantes y a los expertos en este expediente, ya que la información relativa a las empresas o a las personas es a menudo necesaria incluso cuando no se firme ningún contrato (aquéllas que presentan su candidatura a un concurso, por ejemplo). Con el fin de ajustarse a la modernización del plan contable de la Comisión, el sistema de información local de EuropeAid (CRIS) utilizará un interfaz para transferir los datos del expediente "Operadores" a ICON-DB. EuropeAid tiene obviamente la intención de adaptar los sistemas locales a las exigencias del proyecto ABAC.

Ampliación

48. Cuando la Comisión supervisa el cumplimiento de las condiciones de la gestión descentralizada, debería procurar que este seguimiento cubra de manera suficiente las deficiencias puestas de relieve por el Tribunal. La Comisión debe también controlar que se corrigen los puntos mencionados en sus propios informes de auditoría (apartado 6.31).

Respuesta de la Comisión

La Comisión aplicó ya la recomendación en cuestión.

Tras la publicación del informe anual 2001 del Tribunal, la Comisión insistió a los países candidatos para que tuvieran en cuenta las recomendaciones pertinentes hechas por el Tribunal. Por otra parte, en septiembre de 2003, se inició un programa de auditorías de conformidad sistemática que cubre tanto las recomendaciones del Tribunal como las formuladas anteriormente por la Comisión.

La Comisión también respondió a los fallos observados por el Tribunal mediante una serie de medidas destinadas a facilitar la aplicación de los programas y a proporcionar una orientación y asistencia al personal en los países candidatos (es decir, la modificación del Reglamento 2759/99 de la Comisión que se refiere al alcance de la medida de formación, la ayuda a la preparación de los Comités de seguimiento, la invitación a presentar cualquier sugerencia destinada a facilitar la aplicación del programa Sapard, la respuesta a las numerosas solicitudes de las partes afectadas por uno u otro componente de SAPARD, el asesoramiento en materia de gestión financiera...).

La competencia del personal encargado de la gestión del programa Sapard se evalúa también en las misiones de auditoría, tanto a priori como a posteriori, a través de las entrevistas realizadas, los cursos de formación recibidos por el personal, la recepción de los CV y la descripción de los puestos de trabajo.

Gastos administrativos

49. Debería armonizarse el modo en que se presentan los estados financieros de los organismos descentralizados. La presentación debería también tener en cuenta la naturaleza especial de estos organismos para resaltar su resultados económicos (apartado 7. 26)

Respuesta de la Comisión

La Comisión está aplicando la recomendación en cuestión.

El Reglamento financiero aplicable a partir del 1 de enero de 2003 ha ampliado el alcance de la consolidación para incluir a "organismos creados por las Comunidades, dotados de personalidad jurídica y subvencionados con cargo al presupuesto general de las Comunidades Europeas" y establece que se deben aplicar las mismas normas contables que las instituciones de modo que puedan consolidar sus cuentas con las de la Comisión a más tardar para el ejercicio presupuestario de 2005 de conformidad con las disposiciones transitorias del Reglamento. Con este fin, el contable de la Comisión adoptará las normas y los métodos contables y el plan contable armonizado que deben cumplir todas las instituciones, organismos y organismos descentralizados. De esta manera se conseguirá la armonización del modo en que se presentan los estados financieros.

Como parte de este proceso, en octubre de 2002 se celebró en Bruselas una reunión de dos días entre la Comisión y los representantes de los organismos para explicar la modernización del proyecto del plan contable, a la que siguió una segunda reunión en Lisboa en la primavera 2003, dedicada a resumir las ventajas de la reforma contable. La reunión más reciente, en la que se expuso a estos organismos una descripción actualizada del proyecto, se celebró en diciembre de 2003. Estas reuniones permiten a los organismos que expongan sus necesidades, así como los problemas que se les plantean en relación con los requisitos previstos por el Reglamento financiero.

Además, estos organismos pueden contribuir directamente al proyecto de modernización gracias a la presencia de dos representantes en el Comité de normas contables.

50. Los esfuerzos