Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se concluye el procedimiento de consultas con la República Centroafricana en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. El 22 de mayo de 2003, la Unión Europea inició consultas con la República Centroafricana en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, a raíz del golpe de Estado militar que tuvo lugar el 15 de marzo de 2003 y fue seguido de la suspensión de la Constitución, el cese en sus funciones del Presidente de la República y del Gobierno, así como la disolución de la Asamblea Nacional.

Tales hechos están en contradicción con los elementos esenciales del Acuerdo de Cotonú definidos en su artículo 9.

2. Las consultas tuvieron lugar en Bruselas el 12 de junio de 2003. Al término de estas, la Unión Europea señaló con satisfacción que la Parte centroafricana había contraído ciertos compromisos, en particular para garantizar el retorno al orden constitucional, mantener el pluralismo político e iniciar un diálogo nacional, reestructurar las Fuerzas Armadas y de Seguridad, mejorar la gestión de la Hacienda Pública y luchar contra la corrupción, a fin de hacer frente con regularidad a los gastos relacionados con su soberanía y, en primer lugar, al pago regular de los salarios.

No obstante, la Unión Europea consideró que algunos de los compromisos no eran suficientemente concretos o su calendario no era bastante preciso para poder garantizar su seguimiento.

Por consiguiente, la Unión Europea toma nota de los siguientes compromisos asumidos por el Gobierno de transición:

(1) En los próximos días volverá a comenzar el proceso de preparación de un diálogo nacional sin exclusiones. La Unión Europea espera, por una parte, que este diálogo tenga una base amplia y un calendario orientado hacia la asimilación de los valores democráticos y que siente las bases de un nuevo orden constitucional y, por otra, que su puesta en marcha efectiva, marcada por una primera sesión plenaria, tenga lugar en un plazo de tres meses.

(2) Se ha establecido un Consejo Nacional de Transición (CNT) compuesto por 96 miembros. La Unión Europea desea que sus opiniones y recomendaciones se hagan públicas y sean debidamente tenidas en cuenta.

(3) El Gobierno de transición se ha comprometido a respetar las libertades públicas, el ejercicio de los derechos fundamentales y el acceso de los partidos políticos y de los sindicatos a los medios de comunicación públicos. La Unión Europea espera que en un plazo de tres meses se haya adoptado una ley sobre el estatuto de la oposición.

(4) El Gobierno de transición se ha comprometido a celebrar en un determinado plazo elecciones presidenciales, legislativas y locales. La Unión Europea desea que este compromiso se plasme, en un plazo de tres meses, en un calendario detallado que establezca las etapas sucesivas y los medios necesarios para la organización efectiva de esas elecciones.

(5) El Gobierno de transición se ha comprometido a respetar los derechos humanos. La Unión Europea desea que se establezca un programa de mejora de las condiciones de respeto de los derechos humanos y de seguimiento de la situación en la República Centroafricana.

(6) El Gobierno de transición se ha comprometido a que los salarios se abonen a plazo vencido. La Unión Europea considera que este compromiso es esencial para el mantenimiento de la paz social y la estabilidad.

(7) El Gobierno de transición se ha comprometido a adoptar un plan de saneamiento de la Hacienda Pública. La Unión Europea se congratula de este compromiso y desea que sea adoptado en un plazo de tres meses.

(8) El Gobierno de transición se ha comprometido a aplicar la ley anticorrupción vigente y, si fuere necesario, a adoptar medidas suplementarias para combatir eficazmente la corrupción, especialmente en el sector público. La Unión Europea desea que la ley se aplique realmente.

(9) El Gobierno de transición se ha comprometido a respetar el Proceso de Kimberley. La Unión Europea desea que se apliquen las recomendaciones que se aprobarán para la República Centroafricana en el marco del sistema de certificación de Kimberley.

(10) Gobierno de transición se ha comprometido a establecer un programa de reestructuración de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como un programa de desarme, desmovilización y reinserción. La Unión Europea desea que el Gobierno de transición elabore en un plazo de tres meses documentos programáticos precisos y realistas con ese fin.

(11) La Unión Europea desea que, desde ahora, las autoridades centroafricanas presenten informes periódicos a las instituciones de la Unión Europea sobre los progresos en los diferentes ámbitos y sobre el cumplimiento de los compromisos contraídos. Estos informes serán presentados a un Comité de Seguimiento local compuesto por representantes del Gobierno de transición y de la Unión Europea.

Asimismo, las conclusiones de la Presidencia y de la Comisión establecían lo siguiente:

«La Unión Europea continuará el diálogo para cerciorarse de que la democracia y el Estado de Derecho se restablecen lo antes posible en la República Centroafricana, pues constituyen los requisitos para la normalización de sus relaciones de cooperación con este país. Estas consultas se llevarán a cabo con la esperanza de contribuir a la instauración de un orden constitucional duradero que aporte a la República Centroafricana la estabilidad que necesita para reducir la pobreza, contribuir a la estabilidad de la región y lograr una mayor integración en la economía mundial.

Basándose en los informes periódicos que la Parte centroafricana se compromete a presentar sobre la ejecución de los compromisos mencionados, la Unión Europea seguirá muy de cerca la evolución de la situación y velará por el respeto de esos compromisos, especialmente los relativos al calendario electoral, y por que se adopten medidas que garanticen la transparencia y la base democrática de las elecciones.

De la amplitud y materialización de los compromisos contraídos por las autoridades centroafricanas dependerán esencialmente la naturaleza y el alcance de las medidas apropiadas que puedan llegar a decidirse en virtud de la letra c) del apartado 2 del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, una vez transcurrido el período de tres meses de continuación del diálogo y de las consultas sobre el terreno. La Unión Europea subraya que la plena cooperación de las autoridades centroafricanas es capital para que pueda seguir ayudando a este país en sus esfuerzos de desarrollo.»

Este diálogo profundo y regular tuvo lugar en Bangui. Se basó en un cuadro de indicadores y en informes mensuales de seguimiento entregados a los miembros del Comité de Seguimiento local. Los representantes sobre el terreno de la Presidencia y de la Comisión hicieron una evaluación continua de los compromisos en cooperación con el representante del PNUD y los Embajadores de los países ACP. Además, del 17 al 20 de agosto de 2003, el Grupo ACP envió a la República Centroafricana una misión de información, cuyas conclusiones se incorporaron a los informes del Comité de Seguimiento de las consultas.

Este balance refleja que algunos compromisos han dado lugar a iniciativas alentadoras de las autoridades centroafricanas. Cabe reseñar entre otras:

* El esbozo de diálogo nacional que parece haber comenzado.

* El CNT funciona con normalidad, sus dictámenes se publican y las primeras recomendaciones que ha formulado han sido tenidas en cuenta, al menos en lo esencial.

* Pese a algunos retrasos, se han pagado los salarios corrientes de marzo a julio de 2003.

* La aprobación, el 11 de septiembre de 2003, por el Consejo de Ministros del plan de acción para sanear la Hacienda Pública.

* Se han aplicado las recomendaciones hechas a la RCA en el marco de una misión Kimberley.

Persisten, empero, aspectos preocupantes:

* Aunque las actividades políticas prosiguen con normalidad, el estatuto de la oposición todavía no ha sido presentado al CNT.

* El calendario electoral anunciado en el momento de inicio de las consultas no se ha concretado en medidas o acciones, por lo que no existe la seguridad de que se respetará.

* La situación de los derechos humanos se deterioró durante el primer semestre del año, tal como señala el Secretario General de las Naciones Unidas en su informe al Consejo de Seguridad de junio de 2003. Si bien este deterioro, concomitante con la crisis político militar, parece haberse frenado, persisten motivos de preocupación. La prensa, el Consejo Nacional de Transición, el Alto Comisario para los Derechos Humanos y otras fuentes informan de casos frecuentes de violaciones de los derechos humanos, perpetradas en muchas ocasiones por miembros de las Fuerzas Armadas o «libertadores».

* Durante la mayor parte de este período se han abonado los salarios sin excesivos retrasos, lo que constituye un progreso considerable. Sin embargo, la continuidad de esta práctica, posible hasta ahora en gran parte gracias a aportaciones exteriores puntuales, sigue siendo incierta por la escasez de los ingresos fiscales.

* En este contexto de penuria financiera, se han acometido esfuerzos para liquidar la deuda pública, aumentar los ingresos fiscales y aduaneros, controlar las empresas públicas y reducir los gastos. En esta línea, el 11 de septiembre de 2003, se adoptó un plan de saneamiento de la Hacienda Pública, pero no se han dado a conocer aún los pormenores y el calendario de aplicación del mismo.

* Se han llevado a cabo acciones aisladas de lucha contra la corrupción, efectuándose incluso algunas detenciones. No obstante, no parecen formar parte de un plan de acción global y tampoco hay pruebas de que la ley anticorrupción se aplique sistemáticamente. Mientras se siguen produciendo detenciones de responsables del antiguo régimen, todo indica que la corrupción también continúa.

* Se han tomado medidas para reforzar las Fuerzas Armadas (nombramientos, reintegraciones, creación de nuevas unidades, despliegue en provincias, formación, etc.) con una importante ayuda de Francia. Ahora bien, sin un programa explícito no es fácil interpretar el propósito de estas medidas. Se espera una Carta revisada sobre política de desarme, desmovilización y reinserción.

Globalmente, la Unión Europea considera iniciado el proceso de transición hacia el retorno al orden constitucional. Pese a ello, se mantiene una gran incertidumbre en cuanto a la firmeza y precisión de las orientaciones políticas de las autoridades en este campo y a la capacidad de la Administración para hacerlas realidad.

La Comisión propone, en virtud de las medidas apropiadas mencionadas en la letra c) del apartado 2 del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú:

a) La suspensión parcial de la cooperación. Esta suspensión se aplicará a los proyectos de carretera Bouar-Garoua Boulai, de acondicionamiento de las calles de Bangui y de apoyo macroeconómico, previstos en el Programa Indicativo Nacional del 9º FED.

b) La reanudación progresiva de los restantes apartados de la cooperación y de los programas existentes a fin de alentar los esfuerzos de las autoridades centroafricanas en función de su respeto efectivo de los compromisos contraídos durante la reunión de 12 de junio de 2003 y de los progresos observados en el proceso de transición a la democracia. Este enfoque podrá concretarse del modo siguiente:

i) Una vez cerradas las consultas, la cooperación se centrará en las cuestiones sociales, especialmente la salud, y en el apoyo directo a la población. Podrán estudiarse apoyos específicos a las medidas adoptadas por las autoridades a fin de respetar sus compromisos, especialmente en forma de ayuda a la preparación de las elecciones y de asistencia técnica para la elaboración de un plan de acción destinado a sanear la Hacienda Pública.

ii) En cuanto el Gobierno haya elaborado una Carta política clara para el programa de desarme, desmovilización y reinserción (DDR) y definido las grandes líneas de la reestructuración del ejército y de las Fuerzas de Seguridad, se podrá considerar un apoyo a las operaciones de mantenimiento de la paz y de consolidación de la seguridad en la República Centroafricana.

c) Una vez adoptado un plan electoral, en el que se fijen las etapas y los medios para la organización de las diferentes convocatorias electorales, y siempre que se garantice el respeto de los derechos humanos, se podrá restablecer el apoyo macroeconómico como complemento de un programa con el FMI, a condición de que se haya establecido previamente el programa de saneamiento de la Hacienda Pública.

d) En cuanto se restablezcan la democracia y el Estado de Derecho, como muy tarde a principios de 2005, al término del calendario electoral, la reanudación de una cooperación plena y total. No obstante, podrá ser necesaria una revisión de la programación en función de las necesidades e imperativos. Las autoridades centroafricanas y la Comisión iniciarán desde ahora conjuntamente esta reflexión.

De no respetarse los compromisos contraídos por las autoridades centroafricanas, la Comisión Europea se reserva el derecho de reducir, a partir del cierre de las consultas, en un 20% anual la asignación del 9º FED para la República Centroafricana.

Será preciso mantener un diálogo político reforzado y estrecho con el Gobierno centroafricano a fin de garantizar la continuidad de las acciones ya emprendidas para restablecer el Estado de Derecho y lograr la estabilidad social y económica del país.

Teniendo en cuenta lo anterior, y de conformidad con los artículos 9 y 96 del Acuerdo de Cotonú, la Comisión propone al Consejo que concluya las consultas iniciadas con la República Centroafricana.

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se concluye el procedimiento de consultas con la República Centroafricana en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Acuerdo de Asociación ACP-CE, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 [1],

[1] DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.

Vista la Decisión 2003/159/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, relativa a la celebración del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 [2], y, en particular, su artículo 3,

[2] DO L 65 de 8.3.2003, p. 27.

Visto el Acuerdo interno relativo a las medidas que deben adoptarse y a los procedimientos que deben seguirse para la aplicación del Acuerdo de Asociación ACP-CE, tal como fue aplicado con carácter provisional por Decisión de 18 de septiembre de 2000 [3] de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, y en particular su artículo 3,

[3] DO L 317 de 15.12.2000, p. 376.

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando lo siguiente:

(1) Los elementos esenciales del Acuerdo de Cotonú contemplados en su artículo 9, es decir, el respeto de los principios democráticos y del Estado de Derecho, en los que se basa la asociación ACP-UE, han sido violados a raíz del golpe de Estado militar de 15 de marzo de 2003, condenado por la Unión Europea en su declaración de 21 de marzo de 2003.

(2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, el 12 de junio de 2003 se celebraron consultas con los países ACP y la República Centroafricana, con ocasión de las cuales las autoridades de la República Centroafricana asumieron unos compromisos específicos destinados a remediar los problemas expuestos por la Unión Europea y que debían materializarse en el curso de un período de diálogo intenso de tres meses.

(3) Al término de este período, la Unión Europea considera que, globalmente, se ha iniciado un proceso de transición y de retorno al orden constitucional. No obstante, persisten importantes incógnitas al respecto acerca de la firmeza y precisión de las orientaciones políticas de las autoridades y de la capacidad de la Administración de llevarlas a la práctica.

DECIDE:

Artículo 1

Se dan por concluidas las consultas iniciadas con la República Centroafricana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú.

Artículo 2

Las medidas precisadas en el proyecto de carta que figura en anexo se adoptan en virtud de las medidas pertinentes mencionadas en la letra c) del apartado 2 del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú.

Artículo 3

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción. Será válida hasta el 30 de junio a partir de la fecha de su adopción por el Consejo.

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

El Presidente

ANEXO

Proyecto de carta

A la atención del Primer Ministro, Jefe del Gobierno Nacional de Transición de la República Centroafricana

Excmo. Sr. Primer Ministro:

La Unión Europea concede una gran importancia a las disposiciones del artículo 9 del Acuerdo de Cotonú. El respeto de los principios democráticos, de los derechos humanos y del Estado de Derecho, en el que se basa la asociación ACP-UE, constituye un elemento esencial de dicho Acuerdo y, por consiguiente, el fundamento de nuestras relaciones.

Con este espíritu, en su declaración de 21 de marzo de 2003, la Unión Europea condenó firmemente el golpe de Estado militar del pasado 15 de marzo.

En este contexto, el Consejo de la Unión Europea decidió, el 22 de mayo de 2003, invitar a las autoridades de la República Centroafricana y de los países ACP a iniciar consultas con el fin de examinar a fondo la situación y los medios de ponerle remedio.

Estas consultas tuvieron lugar en Bruselas el 12 de junio de 2003. En ellas se abordaron varias cuestiones fundamentales y Usted pudo presentar la opinión y el análisis de la situación de las autoridades centroafricanas. La Unión Europea comprobó con satisfacción que la Parte centroafricana había asumido ciertos compromisos con el fin de garantizar el retorno al orden constitucional, mantener el pluralismo y lanzar el diálogo nacional, reestructurar las Fuerzas Armadas y de Seguridad, mejorar la gestión de la Hacienda Pública y luchar contra la corrupción; con el objetivo de hacer frente a los gastos de soberanía y, en primer lugar, al pago regular de los salarios.

Se acordó también que, en Bangui, se desarrollaría un diálogo intenso sobre los diversos aspectos planteados durante un período de tres meses y que, finalizado este, se haría un balance de la situación.

Este diálogo intenso y regular tuvo lugar en Bangui, basado en un cuadro de indicadores y en informes mensuales de seguimiento entregados a los miembros del Comité de Seguimiento. Los representantes de la Presidencia y de la Comisión sobre el terreno efectuaron una evaluación continua de los compromisos, en cooperación con el representante del PNUD y los Embajadores de los países ACP. Además, del 17 al 20 de agosto de 2003, el Grupo ACP envió a la República Centroafricana una misión de información cuyas conclusiones se integraron en los informes del Comité de Seguimiento de las consultas.

De este balance se desprende que algunos compromisos han dado lugar a iniciativas alentadoras de las autoridades centroafricanas. Cabe reseñar entre otras:

* El esbozo de diálogo nacional que parece haber comenzado.

* El Consejo Nacional de Transición (CNT) funciona con normalidad, sus dictámenes se publican y las primeras recomendaciones que ha formulado han sido tenidas en cuenta, al menos en lo esencial.

* Pese a algunos retrasos, se han pagado los salarios corrientes de marzo a julio de 2003.

* Según la información disponible, el 11 de septiembre de 2003, el Consejo de Ministros aprobó el plan de acción para sanear la Hacienda Pública.

* Se han aplicado las recomendaciones hechas a la RCA en el marco de una misión Kimberley.

Persisten, empero, aspectos preocupantes:

* Aunque las actividades políticas prosiguen con normalidad, todavía no se ha presentado al CNT el estatuto de la oposición.

* El calendario electoral anunciado en el momento de inicio de las consultas no se ha concretado en medidas o acciones, por lo que no existe la seguridad de que se respetará.

* La situación de los derechos humanos se deterioró durante el primer semestre del año, tal como señala el Secretario General de las Naciones Unidas en su informe al Consejo de Seguridad de junio de 2003. Si bien este deterioro, concomitante con la crisis político militar, parece haberse frenado, persisten motivos de preocupación. La prensa, el Consejo Nacional de Transición, el Alto Comisario para los Derechos Humanos y otras fuentes informan de casos frecuentes de violaciones de los derechos humanos, perpetradas en muchas ocasiones por miembros de las Fuerzas Armadas o «libertadores».

* Durante la mayor parte de este período se han abonado los salarios sin excesivos retrasos, lo que constituye un progreso considerable. Sin embargo, la continuidad de esta práctica, posible hasta ahora en gran parte gracias a aportaciones exteriores puntuales, sigue siendo incierta por la escasez de los ingresos fiscales.

* En este contexto de penuria financiera, se han acometido esfuerzos para liquidar la deuda pública, aumentar los ingresos fiscales y aduaneros, controlar las empresas públicas y reducir los gastos. En esta línea, el 11 de septiembre de 203, se adoptó un plan de saneamiento de la Hacienda Pública, pero no se han dado a conocer aún los pormenores y el calendario de aplicación del mismo.

* Se han llevado a cabo acciones aisladas de lucha contra la corrupción, efectuándose incluso algunas detenciones. No obstante, no parecen formar parte de un plan de acción global y tampoco hay pruebas de que la ley anticorrupción se aplique sistemáticamente. Mientras se siguen produciendo detenciones de responsables del antiguo régimen, todo indica que la corrupción también continúa.

* Se han tomado medidas para reforzar las Fuerzas Armadas (nombramientos, reintegraciones, creación de nuevas unidades, despliegue en provincias, formación, etc.) con una importante ayuda de Francia. Ahora bien, sin un programa explícito no es fácil interpretar el propósito de estas medidas. Se espera una Carta revisada sobre política de desarme, desmovilización y reinserción.

Globalmente, la Unión Europea considera iniciado el proceso de transición hacia el retorno al orden constitucional. Pese a ello, se mantiene una gran incertidumbre en cuanto a la firmeza y precisión de las orientaciones políticas de las autoridades en este campo y a la capacidad de la Administración para hacerlas realidad.

En vista de estos compromisos y del balance actual de su ejecución, la Comunidad Europea y sus Estados miembros están dispuestos a concluir las consultas iniciadas de conformidad con el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú. Dado que aún no se han puesto en práctica algunas medidas importantes en virtud de los compromisos contraídos el 12 de junio de 2003, el Consejo de la Unión Europea ha decidido, en virtud de las medidas pertinentes a que se refiere la letra c) del apartado 2 del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú:

a) La suspensión parcial de la cooperación. Esta suspensión se aplicará a los proyectos de carretera Bouar-Garoua Boulai, de acondicionamiento de las calles de Bangui y de apoyo macroeconómico del 9º FED.

b) La reanudación progresiva de los restantes apartados de la cooperación y de los programas existentes a fin de alentar los esfuerzos de las autoridades centroafricanas en función de su respeto efectivo de los compromisos contraídos durante la reunión de 12 de junio de 2003 y de los progresos observados en el proceso de transición a la democracia. Este enfoque podrá concretarse del modo siguiente:

i) Una vez cerradas las consultas, la cooperación se centrará en las cuestiones sociales, especialmente la salud, y en el apoyo directo a la población. Podrán estudiarse apoyos específicos a las medidas adoptadas por las autoridades a fin de respetar sus compromisos, especialmente en forma de ayuda a la preparación de las elecciones, de la buena gobernanza y de asistencia técnica para la elaboración de un plan de acción destinado a sanear la Hacienda Pública.

ii) En cuanto el Gobierno haya elaborado una Carta política clara para el programa de desarme, desmovilización y reinserción (DDR) y definido las grandes líneas de la reestructuración del ejército y de las Fuerzas de Seguridad, se podrá considerar un apoyo a las operaciones de mantenimiento de la paz y de consolidación de la seguridad en la República Centroafricana.

c) Una vez adoptado un plan electoral, en el que se fijen las etapas y los medios para la organización de los diferentes escrutinios, y siempre que se garantice el respeto de los derechos humanos, se podrá restablecer un apoyo macroeconómico como complemento de un programa con el FMI, a condición de que se haya establecido previamente el programa de saneamiento de la Hacienda Pública.

d) En cuanto se restablezcan la democracia y el Estado de Derecho, como muy tarde a principios de 2005, al término del calendario electoral, se reanudará una cooperación plena y total. No obstante, podrá ser necesaria una revisión de la programación en función de las necesidades e imperativos. Las autoridades centroafricanas y la Comisión iniciarán desde ahora conjuntamente esta reflexión.

De no respetarse los compromisos contraídos por las autoridades centroafricanas, la Comisión Europea se reserva el derecho de reducir, a partir del cierre de las consultas, en un 20% anual la asignación del 9º FED para la República Centroafricana.

La Unión Europea continuará siguiendo de cerca la situación y la continuación del proceso de transición. Asimismo, desea vivamente que prosiga un diálogo político reforzado y estrecho con las autoridades centroafricanas a fin de acompañar el retorno al Estado de Derecho y alcanzar la estabilidad social y económica en la República Centroafricana.

Reciba el testimonio de nuestra más alta consideración.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

Por la Comisión