La creciente y sofisticada dependencia de los procesos digitales en la prestación de servicios financieros también exige aumentar el nivel de ciberseguridad en el sector financiero. Si bien se reconoce que la seguridad de los sistemas de TIC forma parte integrante de la gestión de riesgos para las entidades financieras, esto todavía no se ha reflejado plenamente en el panorama reglamentario de los servicios financieros de la UE. El 24 de septiembre de 2020, la Comisión adoptó su paquete para la Estrategia de Finanzas Digitales, con el claro objetivo de abordar los desafíos y riesgos asociados a la transformación digital, promover la resiliencia, la protección de los datos y una supervisión prudencial adecuada. Este incluía una propuesta legislativa sobre la resiliencia operativa digital, para asegurar que se establecieran salvaguardias para mitigar los ciberataques y otros riesgos. Esta iniciativa contribuye a un sector financiero digital europeo fuerte y dinámico y, por lo tanto, refuerza su autonomía estratégica abierta en materia de servicios financieros y, por extensión, su capacidad de regular y supervisar el sistema financiero para proteger la estabilidad financiera de Europa.

La vida cotidiana de los ciudadanos depende de una infraestructura física y digital cada vez más interconectada e interdependiente. Esta infraestructura es vital para el funcionamiento de la economía y la sociedad. Sin un suministro fiable de energía, un transporte predecible, sistemas de salud integrales o una red financiera impulsada digitalmente, nuestro modo de vida actual no sería posible. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto aún con mayor claridad la importancia de garantizar la resiliencia de los sectores y operadores críticos. La Unión Europea ha reconocido el interés común de proteger las infraestructuras críticas frente a las amenazas, ya sean naturales o causadas por el hombre, o los ataques terroristas. El panorama actual de las amenazas a las que se enfrentan las infraestructuras críticas es muy amplio, entre ellas, el terrorismo, las acciones híbridas, los ciberataques, los incidentes internos; las amenazas asociadas a tecnologías nuevas y emergentes (como los drones, la tecnología 5G, la inteligencia artificial); los desafíos relacionados con el cambio climático; la interrupción de las cadenas de suministro; y la interferencia electoral. Nuestras reglas actuales necesitan modernizarse y ampliarse. Es necesario que pasen de la protección a la resiliencia, aportando más coherencia y consistencia a la cobertura sectorial y centrándose en las entidades críticas que prestan servicios esenciales.

La seguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y la reciente oleada de atentados terroristas en suelo europeo no ha hecho sino poner aún más de manifiesto la necesidad de que la UE actúe. El 24 de julio de 2020, la Comisión aprobó una Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad 2020-2025 con el fin de centrar la acción en los ámbitos prioritarios en los que la UE puede aportar valor añadido a los esfuerzos nacionales. Se basa en los progresos realizados anteriormente en el marco de la Agenda Europea de Seguridad 2015-2020 y proporciona un nuevo enfoque para garantizar que la política de seguridad de la UE refleja el cambiante panorama de amenazas; que aumenta la resiliencia sostenible a largo plazo; que involucra a las instituciones y organismos de la UE, a los gobiernos, al sector privado y a los individuos en un enfoque que incluye la sociedad en su conjunto; y que reúne los numerosos ámbitos políticos que tienen impacto directo en la seguridad. El pleno respeto de los derechos fundamentales constituye el núcleo de este trabajo, ya que la seguridad de la Unión solo puede garantizarse si los ciudadanos tienen confianza en que se respetan plenamente sus derechos fundamentales.

La Comisión también está trabajando para apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, los operadores de infraestructuras críticas, los organizadores de actos multitudinarios y otras partes interesadas para contrarrestar el uso no cooperativo de drones, por ejemplo, colaborando con la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea para desarrollar buenas prácticas que ayuden a las partes interesadas de los aeropuertos a responder a los incidentes de drones no autorizados, facilitando una mayor armonización de los esfuerzos de ensayo de contramedidas en toda la UE y elaborando un manual práctico para las partes interesadas, centrado en el contexto urbano.

La Comisión también está trabajando en la respuesta a los nuevos riesgos para los espacios públicos, incluidos los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS). Si bien los drones ofrecen importantes oportunidades económicas y de empleo, también plantean un riesgo considerable para los espacios públicos, las infraestructuras críticas y otros lugares sensibles, como las cárceles. Las normas recientes de la UE en este ámbito mitigan este riesgo, mejorando la seguridad de las operaciones de los drones. A partir de enero de 2021, los operadores de drones también deberán registrarse ante las autoridades nacionales. Este régimen puede complementarse con un marco regulatorio para el U-espacio, el sistema europeo de gestión del tráfico no tripulado, a fin de garantizar unas operaciones de drones más seguras. Combinadas, estas medidas dificultarán que los individuos hagan volar drones en zonas restringidas y ayudarán a identificar y enjuiciar a los infractores.

A fin de seguir apoyando la mejora de la seguridad en los espacios públicos, en particular en los lugares de culto, la Comisión ha puesto, en 2020, 20 millones EUR a disposición de los proyectos dirigidos por las partes interesadas.

Uno de estos regímenes es un régimen de servicios en la nube que respalde un mercado de servicios en la nube seguro y confiable. Este es un elemento clave de la Estrategia Europea de Datos, adoptada en febrero de 2020 que crearía una base de referencia común de seguridad para los servicios en la nube en todos los sectores, basándose en el máximo común denominador de las normas, los regímenes y las prácticas existentes (europeos e internacionales). Este será un elemento clave para la libre circulación de datos en la UE. El plan también fomentará la adopción de las tecnologías en la nube proporcionando a los usuarios, en particular a las pequeñas y medianas empresas y a la administración pública, una garantía comprensible del nivel de seguridad cuando utilizan la nube.

Los beneficios de la transformación digital son evidentes, pero también lo es el hecho de que va inevitablemente acompañada de un aumento de las posibles vulnerabilidades. Las infraestructuras críticas suelen ser objeto de ciberataques cada vez más sofisticados. La ciberseguridad debe ser, por lo tanto, del interés no sólo de los responsables políticos, sino de todos los que trabajan o se comunican en línea.

La Comisión está trabajando en una serie de líneas de trabajo clave. El 25 de noviembre de 2020 la Comisión propuso. La Ley de Gobernanza de Datos, un marco para facilitar el intercambio y la reutilización de datos personales y no personales con fines de innovación y desarrollo que abarca la industria y los organismos públicos a través de espacios de datos sectoriales virtuales o físicos y permitiría a las autoridades nacionales del servicio policial acceder a los datos almacenados en otros espacios de datos para sus propios fines de innovación. Al mismo tiempo, no se permitiría el acceso a los datos en poder de los cuerpos y fuerzas de seguridad, a menos que lo autorizara la legislación nacional o de la Unión Europea. Los cuerpos y fuerzas de seguridad también pueden beneficiarse si los interesados facilitan voluntariamente sus datos para el bien común, con el único fin de realizar investigaciones científicas.

En el plano internacional, la Comisión participa, en nombre de la UE, en las negociaciones en curso del Segundo Protocolo Adicional del Convenio de Budapest del Consejo de Europa sobre el delito cibernético. El presente Protocolo proporcionaría a las autoridades policiales competentes instrumentos mejorados y de gran alcance para la cooperación transfronteriza con miras a la investigación y el enjuiciamiento de la ciberdelincuencia y otras formas graves de delincuencia, incluida la cooperación directa con los proveedores de servicios. Dado que la mayoría de estas formas mejoradas y reforzadas de cooperación se basarán en el intercambio de datos personales, es esencial que el futuro Protocolo prevea salvaguardias adecuadas de protección de datos, no sólo desde la perspectiva de los derechos fundamentales, sino también para garantizar la seguridad jurídica, la confianza mutua y la eficacia de la cooperación operativa en materia de aplicación de la ley.

A fin de garantizar un enjuiciamiento más eficaz de los delitos y en vista de la importancia de la información y las pruebas electrónicas en las investigaciones penales, las autoridades policiales y judiciales deben obtener rápidamente acceso a esa información y esas pruebas para sus investigaciones penales. Esto fue reconocido en la Declaración Conjunta de los Ministros de Interior de la UE del 13 de noviembre de 2020. Europol, Eurojust y la Red Judicial Europea publican el 1 de diciembre de 2020 su segundo «Informe sobre la situación de las pruebas digitales en la UE SIRIUS». En el informe se destaca la creciente importancia de las pruebas electrónicas en las investigaciones penales. En cuanto a las propuestas de la Comisión sobre el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas desde abril de 2018, el Parlamento Europeo aún no ha establecido su posición, por lo que las negociaciones entre los colegisladores aún no han comenzado. Las demoras en la aprobación de esas propuestas están frenando la labor de las autoridades policiales y judiciales, además de complicar los esfuerzos en curso por establecer normas compatibles para el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas mediante negociaciones internacionales.

La Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo, adoptada en marzo de 2017, es el principal instrumento de justicia penal a nivel de la UE para combatir el terrorismo. La Directiva establece normas mínimas para definir los delitos de terrorismo y relacionados con el terrorismo, así como para las sanciones correspondientes, al tiempo que otorga a las víctimas del terrorismo derechos de protección, apoyo y asistencia. El 30 de septiembre de 2020, la Comisión adoptó un informe que evaluaba las medidas que los Estados miembros han emprendido para cumplir con la Directiva. El informe concluye que la transposición al Derecho interno ayudó a fortalecer el enfoque de justicia penal de los Estados miembros del terrorismo y los derechos otorgados a las víctimas del terrorismo, pero que existían lagunas. Por ejemplo, no todos los Estados miembros penalizan en su Derecho interno todos los delitos enumerados en la Directiva como delitos de terrorismo, como tampoco las disposiciones para penalizar los viajes con fines terroristas y abordar la financiación del terrorismo, o de apoyo a las víctimas. En 2021 se adoptará un informe de evaluación sobre la Directiva.

Al mismo tiempo, se está trabajando en la aplicación de las medidas establecidas en la nueva Estrategia Europea de Seguridad para incorporar consideraciones híbridas en la formulación de políticas, desarrollar una plataforma en línea restringida, establecer líneas de base sectoriales de resiliencia de la UE y para agilizar los flujos de información, con el objetivo de mejorar aún más la conciencia situacional. Este trabajo se basa en la Célula de Fusión de la UE contra las Amenazas Híbridas, establecida en el seno del Centro de Inteligencia y de Situación de la Unión Europea (INTCEN), que sigue siendo el principal centro de referencia de la UE para las evaluaciones de las amenazas híbridas. Hasta la fecha ha elaborado más de ciento ochenta informes escritos sobre las amenazas híbridas y las ciberamenazas. Uno de los proyectos de la Célula de Fusión es el análisis de las amenazas híbridas, que proporciona datos sobre temas como: análisis recurrentes de las actividades híbridas de actores emergentes; actividades de inteligencia exterior contra los Estados miembros, instituciones, socios e intereses de la UE; y la explotación híbrida de actores estatales y no estatales de la pandemia de COVID-19.

El Foro de la UE sobre Internet ha ampliado el ámbito de sus actividades para abordar también el abuso sexual de menores en línea. El Foro ofrecerá un espacio común para compartir mejores prácticas e identificar los obstáculos a que se enfrentan los actores públicos y privados, con el objetivo de aumentar el entendimiento mutuo y encontrar soluciones juntos. También permite la coordinación política de alto nivel para maximizar la eficiencia y eficacia de las acciones emprendidas. En el marco del Foro de la UE sobre Internet se creó un proceso de expertos técnicos compuesto por el mundo académico, la industria, autoridades públicas y organizaciones de la sociedad civil para identificar y evaluar previamente posibles soluciones técnicas para detectar y denunciar el abuso sexual de menores en comunicaciones electrónicas cifradas de extremo a extremo. Estas soluciones técnicas no deberían debilitar el cifrado. Este enfoque complementa otros elementos de la lucha contra el abuso sexual de menores, tanto en línea como fuera de línea, como se describe más arriba.

Un elemento importante de la política contra el terrorismo concierne a las amenazas planteadas por los combatientes terroristas extranjeros que se encuentran actualmente en Siria e Irak. Si bien se respeta plenamente la responsabilidad principal de los Estados miembros en relación a estas cuestiones, el apoyo y la cooperación a nivel de la UE ayudan a los Estados miembros a abordar desafíos comunes: el enjuiciamiento de quienes han cometido delitos terroristas; la prevención de la entrada no detectada en el espacio Schengen; y la reintegración y rehabilitación de los combatientes terroristas extranjeros que retornan. Por ejemplo, la Comisión trabaja en estrecha colaboración con los Estados miembros y países socios clave para garantizar que se compartan y utilicen de manera eficaz las pruebas obtenidas en las zonas de combate para la identificación, detección en las fronteras de la UE y el enjuiciamiento. La nota de 2020 sobre las pruebas obtenidas en zonas de combate , publicada por Eurojust, muestra que, si bien existen muchos desafíos para obtener esos datos y asegurarse de que cumplen con los criterios para considerarse pruebas admisibles, pueden ayudar a llevar ante la justicia a los sospechosos de terrorismo.

El 24 de julio de 2020, la Comisión publicó un nuevo Plan de Acción de la UE sobre el Tráfico de Armas de Fuego 2020-2025. La necesidad de contar con más acciones para luchar contra el tráfico ilícito de armas de fuego ya se señaló en una conferencia ministerial de alto nivel celebrada entre los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Interior de la UE y los Balcanes Occidentales el 31 de enero de 2020. El Plan de Acción incluye acciones específicas para mejorar el control legal de las armas de fuego, el conocimiento de las amenazas relacionadas con las armas de fuego, la cooperación policial y la cooperación internacional, centrándose en el sureste de Europa. La Comisión tomó medidas para garantizar la incorporación total de la Directiva sobre el control de la adquisición y tenencia de armas, adoptada en mayo de 2017, por parte de los Estados miembros. Sin embargo, diez Estados miembros aún deben notificar la transposición completa de la Directiva, y una gran mayoría de Estados miembros no ha incorporado la legislación de aplicación que siguió a la Directiva. Como resultado de ello, la Comisión ha iniciado procedimientos de infracción. La Comisión está también evaluando en profundidad las medidas de transposición notificadas e informará sobre la aplicación de la Directiva en el primer semestre de 2021. Asimismo, ha comenzado a evaluar la posible modernización del marco legal que rige las medidas de importación, exportación y tránsito de armas de fuego.

La Comisión está evaluando actualmente la transposición al Derecho nacional de las normas establecidas en la Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal, y ha iniciado procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no han notificado una transposición completa. En 2021, la Comisión adoptará un informe de evaluación del grado en que todos los Estados miembros han tomado las medidas necesarias para ajustarse a dicha Directiva.

Esto muestra los avances en la cooperación transnacional, las acciones operativas policiales y judiciales transfronterizas; el establecimiento de mecanismos de derivación nacionales y transnacionales de las víctimas y el desarrollo de la base de conocimientos sobre la trata de seres humanos. Los Estados miembros recurren cada vez más a las agencias de la UE para intercambiar información y llevar a cabo acciones conjuntas y equipos conjuntos de investigación para luchar contra la trata de seres humanos, tanto dentro como fuera de la UE. La cooperación operativa ha dado resultados tangibles, en particular en el marco de la plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas delictivas: en 2019 esta labor dio lugar a 825 detenciones, 8 824 sospechosos identificados y 1 307 víctimas potenciales, incluidos 69 niños identificados. Se identificaron o desmantelaron 94 grupos de delincuencia organizada implicados en estos delitos y se embargaron 1,5 millones EUR de activos en cuentas bancarias, empresas y dominios web. En el Día de lucha de la UE contra la trata de seres humanos, celebrado el 18 de octubre de 2020, la Comisión publicó un estudio sobre los costes de la trata de seres humanos y otro sobre los mecanismos de derivación nacionales y transnacionales.

Tráfico ilícito de migrantes

El Centro europeo de tráfico ilícito de migrantes ha comunicado un aumento constante de las actividades de tráfico ilícito de migrantes, principalmente en los Balcanes Occidentales y los países vecinos, y en movimientos secundarios en toda la UE. En 2019, Europol contribuyó a la identificación de 14 218 sospechosos activos en la trata de migrantes. En mayo de 2020, Eurojust puso en marcha el Grupo temático para fiscales sobre el tráfico ilícito de migrantes como un importante centro para conectar regularmente a los principales agentes judiciales a nivel nacional en los Estados miembros de la UE y apoyar su respuesta operativa conjunta.

Lucha contra la delincuencia medioambiental

Los delitos contra el medio ambiente abarcan actos que infringen la normativa medioambiental y causan o pueden causar graves daños o riesgos para el medio ambiente y la salud humana. Entre los ámbitos más importantes de la delincuencia medioambiental figuran la emisión o vertido ilegal de sustancias en el aire, el agua o el suelo, el comercio ilegal de fauna y flora silvestres, el comercio ilegal de sustancias que agotan la capa de ozono y el traslado o vertido ilegal de residuos. La reciente evaluación de la Directiva sobre la delincuencia medioambiental mostró que el progreso en la elaboración de un marco europeo no se vio acompañado de un efecto significativo sobre el terreno, incluso en lo que respecta a una mejor cooperación transfronteriza y a una mayor igualdad de condiciones en cuanto a las sanciones en todos los Estados miembros. En particular, no había dado lugar a más condenas ni a la imposición de sanciones más disuasorias en los Estados miembros. Por consiguiente, se ha decidido revisar la Directiva para finales de 2021.

Los días 29 y 30 de octubre de 2019, Eurojust celebró conjuntamente con la Red Europea de Fiscales para el Medio Ambiente (ENPE, por sus siglas en inglés) la conferencia «Colaboración y cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia medioambiental», con el fin de sensibilizar y promover la cooperación transfronteriza entre los fiscales y otros profesionales de dentro y fuera de la UE en materia de delincuencia medioambiental.

Actualmente se está evaluando el plan de acción contra el tráfico de especies silvestres aprobado en 2016. Una medida concreta es un proyecto que se llevará a cabo hasta enero de 2021 y que se centrará en el tráfico de especies silvestres en la UE y a través de ella, utilizando internet y los servicios de paquetería, con el fin de interrumpir y desmantelar las redes de ciberdelincuencia de especies silvestres.

V.UN ECOSISTEMA DE SEGURIDAD EUROPEO SÓLIDO

El logro de una Unión de la Seguridad genuina y efectiva debe ser el objetivo del esfuerzo común de todos los sectores de la sociedad. Los gobiernos, los cuerpos y fuerzas de seguridad, el sector privado, el educativo y los propios ciudadanos deben estar comprometidos, equipados, y adecuadamente conectados para establecer las capacidades de preparación y resiliencia para todos, en particular los más vulnerables, las víctimas y los testigos.

1.Cooperación e intercambio de información

Una de las contribuciones más críticas de la UE para proteger a los ciudadanos es ayudar a los responsables de la seguridad a trabajar conjuntamente. La cooperación y el intercambio de información son herramientas eficaces para luchar contra la delincuencia y el terrorismo, hacer frente a amenazas como la ciberseguridad y avanzar en pro de la justicia. Se han establecido varios instrumentos para apoyar el intercambio de información entre las autoridades policiales y judiciales.

Hoy, la Comisión está adoptando un mandato revisado para que Europol aporte una serie de mejoras específicas a su labor. Ello permitirá a Europol abordar mejor el carácter evolutivo de los delitos cometidos a través de internet y de los delitos financieros. Reforzará la cooperación con el sector privado y armonizará las disposiciones de protección de datos con las normas vigentes de la UE.

Europol y otras agencias de la UE como Frontex, CEPOL y Eurojust, con el apoyo de la Comisión, han seguido desarrollando el ciclo de actuación de la UE para la delincuencia organizada grave e internacional, la «plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas delictivas» ( EMPACT ). La cooperación en el marco de la EMPACT ha seguido demostrando ser un instrumento eficaz contra la delincuencia organizada en toda Europa, como por ejemplo durante las «jornadas de intervención conjunta» en septiembre, octubre y noviembre de 2020. Esto es una clara demostración del valor de la cooperación. También apoyó objetivos menos cuantificables: un panorama mejorado de la información, la formación y el desarrollo de la capacidad, la prevención, la cooperación con socios no pertenecientes a la UE y la lucha contra la delincuencia en línea. La evaluación independiente del ciclo de actuación de la UE 2018-2021/EMPACT en 2020 , llegó a la conclusión de que estaba resultando cada vez más pertinente y eficaz para hacer frente a las amenazas más acuciantes que plantean los grupos de delincuencia organizada. El valor añadido se obtiene de proporcionar una plataforma de cooperación que permite a los Estados miembros lograr mejores resultados contra la delincuencia grave y organizada que si hubieran abordado estas cuestiones por sí solos. En la evaluación también se señalaron las oportunidades y se formularon recomendaciones para seguir desarrollando este instrumento de cooperación tan útil para el próximo ciclo 2022-2025.

La Comisión pondrá en marcha en 2021 una iniciativa para un Código de Cooperación Policial de la UE, con el fin de racionalizar, mejorar, desarrollar, modernizar y facilitar la cooperación policial entre las agencias nacionales pertinentes. Ello constituirá un gran apoyo para los Estados miembros en su lucha contra la delincuencia grave y organizada y el terrorismo.

También es necesaria la cooperación entre la policía y otras autoridades clave encargadas del cumplimiento de la ley, así como con agencias como las aduanas. Las aduanas de la UE desempeñan actualmente un papel clave en la protección de la frontera exterior y de la cadena de suministros, con lo que contribuyen a la seguridad interior de la Unión Europea. Las amenazas nuevas y cambiantes hacen referencia a los principales vínculos entre las aduanas y las autoridades policiales, destacando en particular el valor de «detección/prevención» de los controles aduaneros y la función principal de las aduanas en relación con las mercancías. La Comisión ha estado apoyando y alentando la cooperación entre las aduanas y Europol, lo que repercute directamente en las medidas adoptadas en ámbitos como las armas de fuego, la delincuencia medioambiental, la financiación de la delincuencia y la cibernética. Las autoridades aduaneras participan actualmente en varias acciones dirigidas por Europol contra la delincuencia organizada grave e internacional, así como en las formaciones de CEPOL. Estas actividades contribuyen a promover y desarrollar aún más la cooperación interservicios y a mejorar la interacción entre los agentes principales.

Unos sistemas de información sólidos y eficientes son imprescindibles para mejorar el intercambio de información entre las autoridades judiciales y policiales de toda la UE. El Sistema de Información de Schengen (SIS) también se ha reforzado mediante normas actualizadas que abordan las posibles deficiencias estableciendo categorías adicionales de descripciones, ampliando la lista de objetos para los que pueden introducirse descripciones y permitiendo la introducción de nuevos tipos de datos. Las nuevas normas entraron en vigor el 28 de diciembre de 2018 y deberían estar completamente operativas para diciembre de 2021.

Análogamente, en 2019 el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) se complementó con un sistema adicional que permite un intercambio eficiente de la información de antecedentes penales de los nacionales de terceros países condenados en la UE (ECRIS-TCN). Actualmente se está trabajando en el desarrollo técnico y la aplicación de este nuevo sistema centralizado y se prevé que entren en vigor en 2023.

El 24 de julio de 2020, la Comisión aprobó el informe de examen de la Directiva sobre el registro de nombres de los pasajeros (PNR), en el que se examinan los dos primeros años de aplicación de la Directiva sobre el PNR. Esto demuestra que el desarrollo del sistema de PNR en toda la UE está muy avanzado. El uso de los datos de los PNR es esencial en la lucha contra el terrorismo, los delitos graves y la delincuencia organizada, y ya ha logrado resultados tangibles. Solo un Estado miembro no ha notificado aún a la Comisión la transposición completa. El 3 de diciembre de 2020, la Comisión envió un dictamen motivado por no haber notificado la transposición completa de la Directiva.

El 9 de septiembre de 2020 la Comisión publicó la evaluación de la Directiva relativa a la información anticipada sobre los pasajeros de 2004. La evaluación pone de manifiesto una serie de deficiencias e incoherencias, que se tendrán en cuenta en la próxima revisión del marco legislativo actual. Otro instrumento clave que se está examinando más a fondo son las Decisiones de Prüm, que se considerarán a la luz de la evolución tecnológica, forense y de protección de datos.