Dictamen del Comité de las Regiones sobre la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros"

(2002/C 192/05)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (COM(2001) 257 final);

vista la decisión del Consejo de 30 de agosto de 2001 de consultarle sobre este asunto, de conformidad con el artículo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;

vista la decisión de su Mesa de fecha 12 de junio de 2001 de asignar la preparación del dictamen a la Comisión de Educación, Formación Profesional, Cultura, Juventud, Deporte y Derechos de los Ciudadanos (Comisión 7);

visto el proyecto de dictamen (CDR 287/2001 rev. 2) aprobado por unanimidad por la Comisión 7 el 30 de noviembre de 2001 [ponente: Sr. Pella, Alcalde de Valdengo (I-PPE)],

ha aprobado, en su 43o Pleno (sesión del 13 de marzo de 2002) el presente Dictamen.

1. Puntos de vista del Comité de las Regiones

1.1. El Comité acoge favorablemente la propuesta de Directiva presentada por la Comisión, destinada a reforzar el derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.

1.2. Considera, sobre todo, necesario que se cree un instrumento legislativo único, que recoja y aporte las debidas modificaciones a la normativa comunitaria actual, compuesta de dos Reglamentos y nueve Directivas.

1.3. Considera de inestimable valor la supresión, mediante la propuesta de Directiva sometida a examen, de las incoherencias que, en la normativa vigente, derivan del hecho de que los dos Reglamentos y las nueve Directivas mencionadas se basan en distintos fundamentos jurídicos del Tratado CEE y afectan a distintas categorías de derechohabientes.

1.4. Considera que las innovaciones propuestas son indispensables para una afirmación específica de la ciudadanía europea y para la integración de los distintos sentimientos nacionales de la Unión, que constituyen la riqueza de ésta, gracias a su imprescindible diversidad cultural.

1.5. Los principales objetivos de las medidas propuestas son:

- flexibilizar más las modalidades de ejercicio de la libertad de circulación;

- ampliar a seis meses el derecho de residencia sin necesidad de formalidades administrativas;

- garantizar el derecho de residencia permanente tras cuatro años de residencia en el Estado de acogida;

- facilitar el ejercicio del derecho de circulación y residencia de los miembros de la familia de los ciudadanos de la Unión, independientemente de la nacionalidad de aquéllos;

- definir con precisión las restricciones al derecho de residencia.

1.6. La propuesta de Directiva preserva celosamente el derecho a la libre circulación, aplicable a cualquier ciudadano de la Unión que se desplace o resida en otro Estado miembro, así como a sus familiares, cualquiera que sea la nacionalidad de éstos, cuando lo acompañen o se reúnan con aquél; nada se indica acerca de la finalidad del desplazamiento o residencia.

1.7. Aprueba sin reservas la ampliación a seis meses del derecho de residencia sin necesidad de trámites, en línea con el artículo 40 del Tratado CE, que dispone la eliminación de los procedimientos y prácticas administrativas que puedan constituir un obstáculo a la libre circulación de trabajadores.

1.8. Se muestra satisfecho de que la propuesta de Directiva limite la obligatoriedad del permiso de residencia únicamente a los ciudadanos de terceros países y sus familias; el permiso de residencia adquiere así, en el caso de los ciudadanos de la Unión, un valor puramente declarativo que confirma un derecho preexistente y que, por tanto, no equivale a un acto de concesión del derecho de residencia del beneficiario; asimismo, el carácter no indispensable de la expedición del permiso de residencia para éstos aporta una ventaja indudable desde el punto de vista de la simplificación de los trámites administrativos.

1.9. Acoge con satisfacción el pleno reconocimiento del valor jurídico de la autocertificación, que ya se aplica en muchos Estados de la Unión.

1.10. Constata que, de este modo, se responde de forma eficaz a las exigencias de movilidad del actual mercado de trabajo, que adquiere cada vez más formas de trabajo flexible, a menudo por un tiempo limitado.

1.11. El Comité aprecia la atención prestada a la preservación del legítimo derecho de cada Estado, reconocido, por otro lado, por el Tribunal de Justicia, de conocer los desplazamientos de la población en su territorio; en efecto, se mantiene la obligatoriedad de registrarse ante la autoridad competente del territorio de residencia.

1.12. La máxima simplificación de los trámites administrativos ha sido siempre una exigencia reiterada en numerosas ocasiones por el Comité de las Regiones, también con vistas a una menor presión burocrática que, en algunos aspectos, incide en los entes locales y regionales.

1.13. Considera suficiente un plazo de cuatro años como periodo de integración aceptable del ciudadano de la Unión en el Estado de acogida; acoge, por tanto, con satisfacción la institución de un derecho de estancia permanente (un concepto nuevo introducido por la Directiva) y la concesión del mismo tras cuatro años de residencia continuada.

1.14. El Comité aprecia el papel central dado por la propuesta de Directiva a la necesidad de preservar la unidad familiar y, sobre todo, la nueva definición del concepto de miembro de la familia, que incluye no sólo al cónyuge, sino también a la pareja de hecho sin que exista matrimonio (no reconocida expresamente por la normativa actual) y, por un lado, a los descendientes de los cónyuges, independientemente de que sean menores o estén a su cargo y, por otro, a los ascendientes de los cónyuges, estén o no a su cargo (la normativa actual los reconoce sólo si están a cargo de los cónyuges). De este modo, la propuesta de Directiva da cabida a la definición amplia de "miembro de la familia" ya reconocida por algunos Estados de la Unión, sin perjuicio de lo que disponga la legislación de aquellos Estados que han decidido no aplicarla.

1.15. Es digno de elogio que la propuesta elimine eventuales efectos negativos para la reunificación familiar. Actualmente, el cónyuge divorciado y los hijos mayores de edad o que no estén a cargo del ciudadano de la Unión, independientemente de su nacionalidad, pueden verse privados del derecho de estancia; la situación es a menudo grave para ciudadanos de terceros países que son miembros de la familia de un ciudadano de la Unión.

1.16. El papel central de la familia es también admitido en el objetivo de definir mejor las posibilidades de limitar el derecho de estancia por motivos de orden público, seguridad pública o sanidad pública.

1.17. Además, la propuesta de Directiva refuerza el derecho de los familiares del ciudadano de la Unión, independientemente de la nacionalidad que tengan, a ejercer en el Estado miembro de acogida una actividad económica, ya sea asalariada o autónoma.

1.18. Se especifican las modalidades de estancia de los estudiantes y de las personas sin empleo, que deben contar en todo caso con recursos económicos suficientes y con un seguro de enfermedad; de este modo, queda a salvo el derecho del Estado de acogida a no tener que asumir los gastos derivados de la asistencia social o sanitaria.

1.19. La propuesta se basa en la interpretación que el Tribunal de Justicia hace del concepto de orden público e introduce nuevas disposiciones que se inspiran en la problemática de los derechos fundamentales a fin de ofrecer a los ciudadanos de la Unión mayores garantías y una mejor protección tanto desde el punto de vista administrativo como jurídico, frente a decisiones limitadoras de su derecho fundamental de circulación y estancia.

1.20. Dicha tutela adquiere especial significado, sobre todo, para los menores de edad con vínculos familiares en el Estado de acogida.

2. Recomendaciones del Comité de las Regiones

El Comité de las Regiones

2.1. Elogia a la Comisión por la propuesta presentada que, además de ofrecer, por fin, un único texto de referencia, aporta innovaciones fundamentales para salvaguardar los derechos de los ciudadanos de la Unión, sobre todo por lo que atañe a la unidad familiar y al derecho a desplazarse y residir libremente en cualquier Estado miembro.

2.2. Aprecia, en particular, las ulteriores garantías que la propuesta de Directiva ofrece a la libre circulación de determinadas categorías de personas que no se veían suficientemente favorecidas por la normativa en vigor, como, por ejemplo, los investigadores, los artistas y, en general, las personas del mundo de la cultura.

2.3. Espera que la claridad y exhaustividad del texto único propuesto lo haga más fácilmente accesible a los ciudadanos europeos, que se enfrentan con dificultades notables a la hora de interpretar las normas recogidas en los Reglamentos y Directivas actualmente vigentes.

2.4. Insta a la Comisión a procurar la colaboración con los entes locales y regionales con el fin de favorecer la difusión del nuevo texto normativo europeo que eventualmente se apruebe con el fin de involucrar en mayor medida a los ciudadanos europeos en la defensa de sus derechos.

2.5. Considera que la participación activa de los entes locales y regionales podrá servir de ayuda para luchar con eficacia contra las prácticas administrativas incorrectas, en función de las cuales se exige a menudo una serie de documentos que, en realidad, no están previstos en la normativa europea.

2.6. Subraya la oportunidad de que los ciudadanos europeos recurran, como prueba de determinadas circunstancias personales, a la autocertificación, aplicada en muchos Estados miembros, que permite agilizar notablemente los trámites administrativos.

2.7. Expresa su esperanza en que, en breve, todos los Estados miembros traspongan a sus legislaciones nacionales la práctica de la autocertificación.

2.8. Insta a la Comisión a que aplique, de acuerdo con todas las partes interesadas, todos los medios necesarios para que los Estados miembros traspongan la nueva Directiva comunitaria; en efecto, en el pasado ha habido carencias graves en los Estados miembros en este aspecto.

2.9. Espera que, también en el futuro, cuando se perfeccione la normativa vigente, se preste especial atención a los derechos de los ciudadanos de terceros países a los que pertenezca parte del núcleo familiar de ciudadanos de la Unión, puesto que el principio de unidad familiar es imprescindible.

2.10. Recomienda que se continúe por este camino también en los instrumentos legislativos de Derecho privado, mediante la redacción de textos únicos más fácilmente comprensibles, con el fin de ofrecer al ciudadano europeo una visión más clara del marco jurídico.

2.11. Insta a la Comisión, en orden a eliminar los obstáculos derivados del ejercicio profesional relativos a la libre circulación de trabajadores, a proseguir el proceso de aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de carácter educativo y formativo, para la convalidación de títulos y diplomas, para la coordinación con el fin de que los estudios en curso se puedan continuar en otro Estado miembro con finalidad análoga, sin quebranto para el estudiante, así como para que cada vez se asemejen más entre sí los diversos sistemas educativos formativos de los diferentes Estados miembros.

2.12. Otro problema al que debe prestarse especial atención es el de las pensiones; con el fin de hacer posible realmente la circulación de los trabajadores, es necesario resolver eficazmente el problema de la uniformación de los sistemas de pensiones de los Estados miembros.

Bruselas, 13 de marzo de 2002.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Albert Bore