Las normas actuales aplicables a la Unión y a sus Estados miembros prevén ya un plazo de treinta días para que el país importador responda al notificante (véase el artículo 8 del RTR). Esto también se aplica a otros países de la OCDE, de conformidad con la Decisión de la OCDE.

Para la Unión, la única consecuencia práctica de los cambios relacionados con la propuesta de la Federación de Rusia se referiría al procedimiento para la exportación de desechos notificados a países no pertenecientes a la OCDE. Dado que la exportación de desechos enumerados en el anexo VIII y en el anexo II a países no pertenecientes a la OCDE está prohibida por el RTR, el cambio introducido por la propuesta rusa solo se referiría a «desechos no enumerados» (es decir, con arreglo a la propuesta rusa, los países no pertenecientes a la OCDE que importen de la UE residuos no enumerados tendrían que responder al notificante en un plazo de treinta días), que, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra b), incisos iii) y iv), del RTR, están sujetos al procedimiento de «consentimiento fundamentado previo». La enmienda propuesta por la Federación de Rusia significaría que, en estos casos, el país importador tendría que responder en un plazo de treinta días al notificante de un envío desde la Unión con destino a un país no perteneciente a la OCDE.

El procedimiento de enmienda del Convenio de Basilea se rige por su artículo 17. Además, la enmienda debe aprobarse en una reunión de la Conferencia de las Partes. Una enmienda será vinculante para las Partes que depositen sus instrumentos de ratificación, aprobación, confirmación formal o aceptación, de conformidad con el artículo 17, apartado 5, del Convenio, que dispone lo siguiente: «Los instrumentos de ratificación, aprobación, confirmación formal o aceptación de las enmiendas se depositarán con el Depositario. Las enmiendas adoptadas de conformidad con los párrafos 3 ó 4 de este Artículo entrarán en vigor, respecto de las Partes que las hayan aceptado, el nonagésimo día después de la fecha en que el Depositario haya recibido el instrumento de su ratificación, aprobación, confirmación formal o aceptación por tres cuartos, como mínimo, de las Partes que las hayan aceptado o por dos tercios, como mínimo, de las Partes en el protocolo de que se trate que hayan aceptado las enmiendas al protocolo de que se trate, salvo si en éste se ha dispuesto otra cosa. Las enmiendas entrarán en vigor respecto de cualquier otra

Parte el nonagésimo día después de la fecha en que esa Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aprobación, confirmación formal o aceptación de las enmiendas». Por lo tanto, es necesaria una ratificación, aprobación, confirmación formal o aceptación por tres cuartos de las Partes en el Convenio (es decir, por 141 Partes) para que una enmienda del Convenio entre en vigor.

Hasta ahora, el cuerpo del Convenio ha sido modificado una vez mediante la adición de un artículo 4 bis y de una adición posterior de un anexo VII al Convenio (en lo sucesivo «la enmienda sobre la prohibición»). Dicha enmienda fue aprobada por la Conferencia de las Partes en su tercera reunión de 1995 y entró en vigor en 2019 para las Partes que la han ratificado.

3.POSICIÓN QUE SE HA DE ADOPTAR EN NOMBRE DE LA UNIÓN

1)La Unión no debe apoyar la enmienda del artículo 6, apartado 2, del Convenio propuesta por la Federación de Rusia.

2)La primera parte de la enmienda (plazo de treinta días para que el país importador responda al notificante) no aportaría ningún cambio significativo a la Unión y sus Estados miembros, ya que el plazo de treinta días para que los países importadores respondan al notificante contemplado en la enmienda propuesta ya se aplica a la mayoría de los traslados notificados por la UE y sus Estados miembros con arreglo al Derecho de la Unión (con excepción de las exportaciones de residuos no enumerados a países no pertenecientes a la OCDE). Tampoco alteraría las obligaciones de la UE y de sus Estados miembros que reciben notificaciones, ya que el plazo de treinta días para responder ya se aplica en virtud del Derecho de la Unión.

3)La segunda parte de la enmienda (sustituir una coma por «o») no parece necesaria y crearía inseguridad jurídica. La formulación actual es lo suficientemente clara como para que el país importador pueda reaccionar de tres maneras diferentes al responder al notificante (consintiendo el movimiento, denegando el permiso para el movimiento o solicitando información adicional). Por lo tanto, no es necesario modificar esta frase.

4)El proceso para la enmienda del Convenio es muy gravoso y requiere mucho tiempo, especialmente porque obliga a cada Parte a proseguir su proceso de ratificación interna y a un umbral de tres cuartos de las Partes para ratificar la enmienda antes de su entrada en vigor. En última instancia, esta enmienda tendría un impacto limitado, ya que las enmiendas solo son vinculantes para quienes las hayan ratificado. Por lo tanto, la enmienda propuesta no aborda la mejora de la eficacia del Convenio de forma eficiente, ya que pondría en marcha un largo y pesado proceso tanto en el seno del Convenio como para sus Partes.

5)Aunque no apoya las enmiendas propuestas, la Unión debe hacer hincapié en que las Partes deben promover un mejor funcionamiento del procedimiento de notificación, en el marco del Convenio de Basilea. Esto podría incluir el establecimiento de otros plazos para las respuestas a los notificantes, en particular para los países de tránsito, así como el fomento del uso de sistemas de intercambio electrónico de datos o la incorporación al marco del Convenio de Basilea del concepto de «instalaciones con autorización previa», que se deriva de la Decisión de la OCDE sobre los movimientos transfronterizos de residuos. Ya están en curso varios procesos en el marco del Convenio para abordar estas cuestiones y, aunque útiles, hasta ahora solo han dado resultados limitados. La Unión debe subrayar la importancia de estas cuestiones y estudiar si podrían abordarse como parte de iniciativas nuevas o ya existentes, lo que no implicaría una modificación del Convenio. La Unión debe mostrarse abierta a posibles iniciativas de este tipo.

6)Por último, cabe señalar que la adopción de la modificación propuesta, aunque no aporta un claro valor añadido, tampoco perjudicaría los intereses de la Unión.

4.BASE JURÍDICA

4.1.Base jurídica procedimental

4.1.1.Principios

El artículo 218, apartado 9, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prevé la adopción de decisiones por las que se establezcan «las posiciones que deban adoptarse en nombre de la Unión en un organismo creado por un acuerdo, cuando dicho organismo deba adoptar actos que surtan efectos jurídicos, con excepción de los actos que completen o modifiquen el marco institucional del acuerdo».

La noción de «actos que surtan efectos jurídicos» incluye los actos que surten efectos jurídicos en virtud de las normas de Derecho internacional por las que se rija el organismo de que se trate. Incluye asimismo aquellos instrumentos que no tienen fuerza vinculante con arreglo al Derecho internacional, pero que «pueden influir de manera determinante en el contenido de la normativa adoptada por el legislador de la Unión».

4.1.2.Aplicación al presente caso

La Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea es un órgano establecido por el Convenio.