1.Introducción

El éxito del Plan de Inversiones para Europa a la hora de canalizar la financiación hacia proyectos con un valor añadido para la economía europea depende en parte de la capacidad colectiva de la UE y sus Estados miembros de superar las barreras a las inversiones transfronterizas. Por tanto, como parte del tercer pilar del Plan de Inversiones, centrado en la eliminación de los obstáculos a la inversión, la Comisión se ha comprometido a acelerar el proceso de creación de una unión de los mercados de capitales (UMC).

La creación de mercados financieros integrados como parte de la UMC requiere importantes decisiones a nivel de la UE, pero también compromisos firmes de cada Estado miembro para hacer frente a las barreras nacionales. Se requiere una actuación a nivel nacional a fin de establecer el entorno claro, previsible y estable que permitirá un incremento de las inversiones y una asignación de capital más eficiente y que en última instancia estimulará la financiación de empresas e infraestructuras.

En respuesta al llamamiento del Consejo ECOFIN de junio de 2015, la Comisión y un grupo de expertos integrado por representantes de los Estados miembros han estado trabajando juntos, con el Parlamento Europeo en calidad de observador, con objeto de realizar un análisis descriptivo de las barreras nacionales a los flujos transfronterizos de capital y encontrar las mejores maneras de abordar aquellas que no estén justificadas por consideraciones de interés público o resulten desproporcionadas. Este trabajo debería dar como resultado una hoja de ruta conjunta para eliminar dichas barreras, que complementaría otras iniciativas relativas a los obstáculos a la inversión existentes detectados por la Comisión en el contexto del Semestre Europeo y el trabajo relacionado con la UMC destinado a desarrollar mercados de capital con la asistencia del Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales (SRSS, por sus siglas en inglés).

La Comisión cree que este método de colaboración con los Estados miembros, basado en la evaluación mutua de los requisitos nacionales, revisiones entre pares y el intercambio de mejores prácticas, puede aportar beneficios sustanciales. En esta línea, el grupo de expertos ha comenzado a trabajar respecto de una serie de barreras que se encuadran en su mayoría en el ámbito de la competencia nacional y que han sido seleccionadas con arreglo a las observaciones de los Estados miembros y las respuestas de las partes interesadas a diversas consultas relacionadas con la UMC. El presente informe plasma la interpretación de la Comisión con respecto a la situación jurídica en los Estados miembros, partiendo de los datos factuales e información disponibles. Tras la adopción de la primera versión de este informe en febrero de 2017, se pusieron en conocimiento de la Comisión ciertas inexactitudes, debidas principalmente a información incompleta o datos contradictorios, por lo que la Comisión decidió adoptar esta versión modificada.

En un primer conjunto de barreras identificado por el grupo de expertos se incluyen problemas que obstaculizan las operaciones transfronterizas de los inversores a lo largo del ciclo de inversión. El presente informe distingue entre barreras ex ante (que suponen una preocupación inmediata cuando los inversores consideran la realización de actividades transfronterizas), barreras in itinere (que disuaden a los inversores de mantener o incrementar su exposición transfronteriza) y barreras ex post (que generan dificultades al final del proceso de inversión).

Para cada tipo de barrera mencionado, el presente informe se basa en los debates del grupo de expertos para proponer qué medidas se deben adoptar, sin que ello refleje necesariamente la existencia de un consenso entre los Estados miembros sobre cada uno de los aspectos. La Comisión espera que los Estados miembros acepten la hoja de ruta propuesta y actúen en consecuencia. Pretende supervisar la ejecución de la hoja de ruta y, al tiempo que sigue trabajando con los Estados miembros para reunir información exhaustiva y actualizada, invita al grupo de expertos a señalar otras barreras en sectores relevantes para la UMC. Considera la hoja de ruta un documento vivo que necesitará ser actualizado con medidas adicionales, que deberán adoptarse antes del año 2019, para las barreras que puedan identificarse en una segunda fase.

2.Barreras ex ante

2.1.Barreras a la distribución transfronteriza de fondos de inversión

Con un 80 % de los fondos provenientes de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y un 40 % de fondos de inversión alternativos (FIA) comercializados a escala transfronteriza, el pasaporte de comercialización de la UE ha contribuido a la consecución de un mercado transfronterizo. Sin embargo, la distribución de los fondos sigue presentando limitaciones geográficas. Un tercio de los fondos comercializados a nivel transfronterizo se venden en un único Estado miembro, y otra tercera parte, en un máximo de otros cuatro Estados miembros. Entre los motivos podrían incluirse la concentración de los canales de distribución de fondos en determinados Estados miembros, las preferencias culturales y la ausencia de incentivos para competir a nivel internacional. Sin embargo, las respuestas a diversas consultas también señalan los requisitos nacionales adicionales adoptados por los Estados miembros en la transposición de la Directiva sobre los GFIA y la Directiva sobre los OICVM.

La labor del grupo de expertos en este ámbito se centró en identificar y abordar las barreras derivadas de las disposiciones o prácticas nacionales. Además, y en vista de la necesidad de actuar a nivel de la UE, la Comisión puso en marcha una consulta pública sobre las barreras a la distribución transfronteriza de fondos de inversión, consulta que también considera estos temas. El trabajo adicional que se lleve a cabo a raíz de la consulta de la Comisión, que tendrá en cuenta el presente informe, se anunciará a su debido tiempo.

2.1.1.Requisitos de comercialización

Son muchos los Estados miembros que han declarado que las enormes disparidades entre las normas nacionales y los distintos enfoques en materia de supervisión son un impedimento significativo para lograr un pasaporte europeo plenamente eficaz en el sector de la gestión de activos.

La inseguridad jurídica es especialmente elevada:

i) en las primeras fases del ciclo de vida de un fondo, como la fase que precede a su lanzamiento, cuando los gestores de los activos tienen que poner a prueba el interés de potenciales inversores; y

ii) tras el lanzamiento del fondo, momento en el cual los gestores de los fondos pueden ser abordados por clientes potenciales.

Las sociedades gestoras deben hacer frente a los gastos de análisis y cumplimiento de los regímenes de comercialización, promoción financiera y protección al consumidor de cada país, incluidas las traducciones y el tiempo que conllevan, así como los cambios necesarios en sus materiales de comercialización.

En aras de una mayor claridad, los Estados miembros del grupo de expertos también debatieron si las prácticas de precomercialización entre potenciales clientes profesionales y de comercialización pasiva por parte de dichos clientes podrían no considerarse «comercialización» de participaciones en un fondo y, por tanto, no estar sujetas a los requisitos de comercialización nacionales.

El grupo de expertos consideró que la precomercialización debería abarcar aquellas situaciones en las que se facilita documentación preliminar del fondo, pero no documentos de suscripción, a un número limitado de potenciales clientes profesionales, sin opción de suscripción posible.