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Bruselas, 11.4.2007

COM(2007) 178 final

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

Informe final de la Comisión Europea sobre la actual pertinencia de los requisitos de seguro de responsabilidad profesional que el Derecho comunitario impone a los intermediarios.

ÍNDICE

1. La obligación de seguro de responsabilidad profesional de los intermediarios conforme a la normativa comunitaria 3

1.1. Artículo 4 de la DMS 4

1.2. Artículos 7 y 8 de la DAC (refundida) 5

1.3. Antecedentes 6

2. Justificación de las obligaciones de seguro de responsabilidad profesional 7

2.1. Protección del consumidor 7

2.2. Ventajas para los proveedores de servicios y los mercados 8

2.3. Argumentos contra las obligaciones de seguro de responsabilidad profesional 9

3. Consulta a los Estados Miembros y sus Autoridades Competentes 9

4. Consulta Pública sobre el Proyecto de Informe 10

4.1. Resultados de la consulta 10

5. Conclusiones 11

INTRODUCCIÓN

El artículo 65, apartado 6, de la Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados de instrumentos financieros (MIFID) establece que la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre si siguen siendo pertinentes los requisitos de seguro de responsabilidad profesional que el Derecho comunitario impone a los intermediarios.

1. LA OBLIGACIÓN DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE LOS INTERMEDIARIOS CONFORME A LA NORMATIVA COMUNITARIA

El seguro de responsabilidad profesional es un seguro de responsabilidad civil destinado a sufragar, íntegra o parcialmente, los importes que los profesionales deban abonar a terceros, en concepto de daños y perjuicios o como consecuencia de conciliaciones autorizadas, como indemnización por las pérdidas derivadas de acciones, errores u omisiones cometidos por esos profesionales en el ejercicio de sus actividades.

La normativa comunitaria dispone que todos los intermediarios financieros y de seguros deben disponer de este tipo de seguro, como requisito necesario para la prestación de servicios. Esa obligación se desprende de lo establecido en dos Directivas:

- Directiva 2002/92/CE sobre mediación de seguros (DMS)

- Directiva 2006/49/CE sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito (refundición)[1] [en lo sucesivo, «DAC (refundida)»]

A continuación se detalla lo establecido en estas dos Directivas en relación con el seguro profesional.

Síntesis de las obligaciones en materia de seguro de responsabilidad profesional (SRP) y de capital que deben cumplir los diferentes tipos de intermediarios

Intermediarios de seguros | Intermediarios financieros | Intermediarios financieros que son también intermediarios de seguros |

SRP que cubra todo el territorio de la Comunidad de al menos 1000000 de euros por siniestro y 1500000 euros para todos los siniestros correspondientes a un determinado año. | Una de las siguientes opciones: a) un capital inicial de 50000EUR; b) SRP que cubra todo el territorio de la Comunidad, u otra garantía comparable para hacer frente a la responsabilidad por negligencia profesional, con una cobertura mínima de 1000000 EUR por reclamación de daños, y un total de 1500000 EUR anuales para todas las reclamaciones; c) una combinación tal de capital inicial y SRP que dé lugar a un nivel de cobertura equivalente al de las letras a) ó b). | SRP que cubra todo el territorio de la Comunidad de al menos 1000000 de euros por siniestro y 1500000 euros para todos los siniestros correspondientes a un determinado año. + Una de las siguentes opciones: a) un capital inicial de 25000 EUR; b) SRP que cubra todo el territorio de la Comunidad, u otra garantía comparable para hacer frente a la responsabilidad por negligencia profesional, con una cobertura mínima de 500000 EUR por reclamación de daños, y un total de 750000 EUR anuales para todas las reclamaciones; c) una combinación tal de capital inicial y SRP que dé lugar a un nivel de cobertura equivalente al de las letras a) ó b). |

1.1. Artículo 4 de la DMS

El artículo 4.3 de la DMS fija una cuantía mínima de cobertura para los siniestros individuales y el conjunto de siniestros.

Todos los intermediarios de seguros «deben disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra todo el territorio de la Comunidad o de cualquier otra garantía comparable para las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional, de al menos 1 000 000 de euros por siniestro y, en suma, 1 500 000 euros para todos los siniestros correspondientes a un determinado año, a menos que tal seguro o garantía comparable ya esté cubierto por la empresa de seguros o reaseguros u otra empresa en cuyo nombre actúe el intermediario de seguros o de reaseguros, o por la cual el intermediario de seguros o de reaseguros esté facultado para actuar, o la empresa en cuestión asuma plena responsabilidad por los actos del intermediario».

Todos los intermediarios, sea cual sea su envergadura y con independencia de si actúan o no en más de un Estado miembro, deben cumplir esta obligación antes de inscribirse en el registro como tales y realizar actividades de intermediación de seguros en la UE. Se trata, sin embargo, de umbrales de cobertura (pudiendo los Estados miembros establecer obligaciones adicionales en su legislación nacional). La DMS no autoriza en ningún caso a los Estados miembros a eximir a las empresas de la obligación de disponer de un seguro de responsabilidad profesional (salvo en el caso de que la empresa disponga de una «garantía comparable»): más en concreto, no se autoriza la sustitución del seguro de responsabilidad por recursos de capital.

1.2. Artículos 7 y 8 de la DAC (refundida)

Entre toda una serie de disposiciones que establecen distintos niveles para el capital inicial de que deben disponer las empresas de inversión, según se definen éstas en el artículo 4.1.1 de la MIFID, los artículos 7 y 8 de la DAC (refundida) establecen obligaciones concretamente en relación con el seguro de responsabilidad profesional o el capital inicial de aquellas empresas de inversión que la MIFID autoriza únicamente a prestar servicios de asesoramiento de inversión o recibir o transmitir las órdenes de los inversores, sin disponer además de los activos de éstos (en lo sucesivo, «intermediarios MIFID»). Estas empresas no deben cumplir las obligaciones que, en relación con el capital inicial, incumben a las empresas de inversión, en general, en virtud de los artículos 5 ó 9 de la DAC (refundida), y los requisitos de capital que se les imponen son considerablemente inferiores, ya que a ellos se añaden obligaciones de seguro de responsabilidad profesional cuyo cumplimiento no se exige a otras empresas de inversión.

El artículo 7 se refiere a los intermediarios MIFID que no desarrollan también actividades de intermediación de seguros. Estas empresas deben disponer de lo siguiente:

a) un capital inicial de 50.000 EUR;

b) un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra todo el territorio de la Comunidad, u otra garantía comparable para hacer frente a la responsabilidad por negligencia profesional, con una cobertura mínima de 1 000 000 EUR por reclamación de daños, y un total de 1 500 000 EUR anuales para todas las reclamaciones;

c) una combinación tal de capital inicial y seguro de responsabilidad civil profesional que dé lugar a un nivel de cobertura equivalente al de las letras a) o b).

Como es de esperar, los requisitos de seguro de responsabilidad profesional establecidos en la anterior letra b) son idénticos a los impuestos a los intermediarios de seguros en virtud de la DMS. Sin embargo, la DAC (refundida) confiere más flexibilidad, ya que ofrece la posibilidad de elegir entre cumplir los requisitos de capital inicial o los de seguro de responsabilidad profesional, o bien una combinación de ambos.

El artículo 8 se refiere a los intermediarios MIFID inscritos, además, al amparo de la DMS, como intermediarios de seguros. Además de cumplir las obligaciones de seguro de responsabilidad profesional establecidas en el artículo 4, apartado 3, de la DMS, estas empresas deben disponer también de lo siguiente:

a) un capital inicial de 25 000 EUR;

b) un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra todo el territorio de la Comunidad, u otra garantía comparable para hacer frente a la responsabilidad por negligencia profesional, con una cobertura mínima de 500 000 EUR por reclamación de daños, y un total de 750.000 EUR anuales para todas las reclamaciones;

c) una combinación tal de capital inicial y seguro de responsabilidad civil profesional que dé lugar a un nivel de cobertura equivalente al de las letras a) o b).

El plazo de transposición de estas disposiciones no ha expirado aún, razón por la cual las empresas de inversión no están en la actualidad sujetas a ninguna obligación de seguro de responsabilidad profesional en virtud de la normativa comunitaria. No obstante, sí pueden estar sujetas a obligaciones comparables con arreglo a la legislación nacional, por lo que cualquier observación basada en las consecuencias de obligaciones nacionales análogas será pertinente a los efectos del presente proyecto de informe. Al igual que la DMS, también la DAC (refundida) faculta a los Estados miembros para establecer disposiciones más estrictas que las contenidas en esa Directiva[2].

1.3. Antecedentes

Como se ha señalado antes, las obligaciones de seguro de responsabilidad profesional que incumben a los intermediarios de seguro en virtud de la DMS difieren de las que incumben a los intermediarios MIFID en virtud de la DAC (refundida). Con arreglo a la DMS, todos los intermediarios de seguro deben disponer de un seguro de responsabilidad profesional, con una cierta cobertura mínima destinada a hacer frente a la responsabilidad derivada de reclamaciones por negligencia profesional, mientras que los intermediarios MIFID están sujetos a un régimen que permite combinar las obligaciones de seguro de responsabilidad profesional y los requisitos de capital mínimo.

La propuesta inicial de la Comisión en relación con lo que más tarde sería la Directiva MIFID[3] establecía que las empresas que prestan servicios de asesoramiento de inversión o servicios de recepción y transmisión de órdenes de clientes, pero que no disponen de los fondos o los valores de éstos, debían dotarse de un seguro de responsabilidad profesional con una cobertura igual a la impuesta por la DMS a los intermediarios de seguros, y no preveía la posibilidad de sustituir esa obligación por requisitos de capital. Sin embargo, en el curso de las negociaciones en el Consejo, algunos Estados miembros manifestaron cierta inquietud. Se trataba de un doble temor:

- de un lado, la evolución del mercado podría llevar a una reducción de las posibilidades de seguro de responsabilidad civil dirigido a los asesores de inversión;

- de otro, la propuesta podía suponer una carga excesiva para las empresas que prestan servicios tanto de asesoramiento de inversión como de intermediación de seguros.

Ello hizo que la propuesta de la Comisión fuera modificada por los colegisladores. En primer lugar, se introdujo mayor flexibilidad, permitiendo que las empresas pudieran disponer, bien del nivel de cobertura de seguro de responsabilidad profesional establecido, bien de un determinado capital mínimo, o de una combinación entre una y otra de estas obligaciones. En segundo lugar, se estableció un régimen especial para las empresas de inversión que, además, estuvieran inscritas como intermediarios de seguros en virtud de la DMS. Estas empresas deben cumplir lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3, de la DMS con respecto a sus actividades de intermediación y, al mismo tiempo, por lo que atañe a sus actividades de asesoramiento de inversión, deben disponer de un capital inicial mínimo de 25 000 € o de una cobertura de seguro de responsabilidad profesional igual, como mínimo, a la mitad del importe exigido por la DMS, o bien combinar una y otra de estas obligaciones. Así pues, las obligaciones de seguro de responsabilidad profesional impuestas por la DMS deben seguir cumpliéndose, por muy capitalizada que esté la empresa.

Al considerar que, de este modo, las obligaciones de seguro de responsabilidad profesional establecidas en la MIFID serían diferentes de las impuestas por la DMS, algunos Estados miembros alegaron, durante las negociaciones en el Consejo, que la MIFID debería modificar la DMS, de modo que los intermediarios de (rea)seguro pudieran acogerse también a la posibilidad ofrecida a los asesores de inversión de sustituir, plena o parcialmente, las obligaciones de seguro de responsabilidad profesional por obligaciones en materia de capital. No se aprobó ninguna modificación en este sentido, pero, en su lugar, los colegisladores introdujeron una cláusula de revisión.

La finalidad de tal revisión sería determinar, basándose en la observación de las repercusiones sobre el mercado de los Estados miembros, si el resultado de combinar ambas obligaciones es acorde con los objetivos de ofrecer una adecuada protección al consumidor, y si las empresas del EEE en su conjunto o de mercados nacionales específicos, a la hora de obtener el seguro de responsabilidad profesional obligatorio, se enfrentan a especiales dificultades o gastos que deban tomarse en consideración al analizar la eficacia del régimen.

2. JUSTIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

Las obligaciones de seguro de responsabilidad profesional son una medida de protección del consumidor, siendo su finalidad garantizar que las reclamaciones de los clientes contra una empresa de inversión o un intermediario financiero puedan verse satisfechas en aquellos casos en que los ingresos o el capital de la empresa o del intermediario no basten para hacer frente a su responsabilidad con respecto a esos clientes. Constituyen, además, un valioso instrumento de regulación, pues permiten a las empresas de inversión desarrollar ciertas actividades con una base de capital relativamente baja. Ello evita que los umbrales de participación en este mercado sean demasiado elevados, con la consiguiente exclusión del mercado que ello supondría para las pequeñas empresas. Esto reviste especial importancia en el contexto de actividades tales como la intermediación de seguros o la asesoría de inversión, en las que abundan las pequeñas empresas.

2.1. Protección del consumidor

El seguro de responsabilidad profesional protege claramente a los consumidores, al incrementar los fondos disponibles para hacer frente a las reclamaciones motivadas por un asesoramiento negligente o algún otro tipo de conducta profesional indebida. Así, por ejemplo, la MIFID otorga a los servicios de asesoramiento de inversión, por primera vez, la consideración de servicios básicos (en la DMS se consideraban servicios auxiliares). El seguro de responsabilidad profesional es útil para garantizar que los riesgos que se derivan de la prestación de estos servicios se gestionen adecuadamente.

2.2. Ventajas para los proveedores de servicios y los mercados

El seguro de responsabilidad profesional beneficia también a las empresas. Muchas empresas disponen de un seguro de responsabilidad profesional aun cuando no tengan obligación legal de ello, o disponen de una cobertura superior a la exigida legalmente. Este seguro puede financiar las grandes e imprevistas reclamaciones por responsabilidad civil y sirve, de este modo, para proteger los activos de sus tomadores; normalmente cubre tanto la responsabilidad civil como los gastos de defensa jurídica, cuya suma puede ser, a veces, tan elevada que puede poner en riesgo la solvencia de la empresa.

El seguro de responsabilidad profesional puede ser especialmente valioso para las pequeñas empresas, a las que disponer de grandes sumas de capital puede resultarles difícil o inadecuado para su estructura empresarial. Puede actuar en conjunción con las fuerzas del mercado, al recurrir al mercado comercial de seguros para preservar la solvencia de las empresas que prestan al consumidor servicios importantes, como son los de asesoramiento de inversión.

Por otro lado, el seguro de responsabilidad profesional obligatorio constituye un valioso instrumento de regulación que puede servir de complemento de las obligaciones en materia de capital y de los sistemas de garantía de inversiones. La obligación de suscribir un seguro de responsabilidad profesional puede tener otro efecto regulatorio positivo, como es el de alentar a las empresas a mejorar su propio análisis de riesgos y sus actividades de control de éstos, ya que las empresas con un perfil de riesgo más bajo verán probablemente reducirse el importe de las primas y aumentar las posibilidades de cobertura.

Asimismo, va en interés general del colectivo regulado que las empresas dispongan de seguro de responsabilidad profesional, pues ello reducirá las reclamaciones a los sistemas de garantía de inversiones[4]. Una empresa que no disponga de suficientes recursos no podrá hacer frente a las reclamaciones justificadas que se formulen contra ella y, en última instancia, corre el riesgo de entrar en situación de insolvencia. Esto, a su vez, podría hacer que las reclamaciones recayeran sobre el sistema de garantía de inversiones, que debe ser financiado por el resto de las empresas adheridas al mismo dentro del pertinente grupo contributivo. Cuanto mayor sea el número de reclamaciones contra estos sistemas, mayor será la contribución que tendrá que hacer el sector para financiarlos. No siendo esas contribuciones variables en función del riesgo, el coste de la indemnización puede recaer de forma desmesurada sobre las empresas consolidadas y bien gestionadas que aportan la mayor parte de la financiación al sistema. El seguro de responsabilidad profesional contribuye a reducir este desequilibrio de financiación.

2.3. Argumentos contra las obligaciones de seguro de responsabilidad profesional

Ante todo, el argumento normalmente esgrimido en contra de un seguro de responsabilidad profesional es el de que puede generar un problema de «riesgo moral». Esto es, que este seguro puede alterar el comportamiento de los asegurados de manera tal que aumente la probabilidad de que se produzcan reclamaciones, o la magnitud de éstas. Teóricamente, al disfrutar de la protección de un seguro, las empresas pierden motivación financiera para evitar acciones u omisiones que puedan dar lugar a reclamaciones.

Se ha aducido también en contra de las obligaciones de seguro de responsabilidad profesional que el mercado de seguros carece o puede carecer de capacidad para ofrecer cobertura al creciente número de empresas. Se ha esgrimido que los límites que se especifican en la DMS se acordaron en un momento en el que el mercado disponía de más capacidad de la que probablemente exista actualmente o pueda existir en el futuro. La situación puede haberse visto agravada por las obligaciones que la MIFID impone a las empresas que desarrollen ambas actividades, y existe un cierto temor de que la suma de las diferentes obligaciones sitúe el mercado del seguro de responsabilidad profesional en el límite de sus posibilidades, y algunas empresas puedan no estar en condiciones de disponer del nivel de cobertura establecido. Otro temor añadido es el coste del seguro de responsabilidad profesional. Al incrementarse el número de empresas obligadas a disponer de un seguro de responsabilidad profesional, existe el riesgo de que el aumento de la demanda empuje los precios del seguro al alza, provoque la salida del mercado de algunas empresas de asesoramiento de inversión y obstaculice la incorporación de nuevas empresas al mercado.

Más en concreto, se ha alegado que la DMS exige un elevado nivel de seguro, mucho más del que cabe razonablemente esperar que puedan disponer la mayoría de las pequeñas empresas. Además, las obligaciones de seguro de responsabilidad profesional establecidas responden a un «patrón único», que no tiene en cuenta el perfil de riesgo de la empresa.

Los analistas consideran también urgente llegar a un adecuado reconocimiento de la utilidad del capital para los intermediarios de seguro. El capital puede ayudar a financiar pérdidas imprevistas o complementar la cobertura de seguro de responsabilidad profesional de la empresa, y, en particular, a financiar las posibles franquicias previstas en la cobertura (esto es, el primer tramo de una reclamación que la empresa debe abonar con cargo a sus propios recursos). Ciertamente, los artículos 7 y 8 de la DAC (refundida) suponen el reconocimiento de que el capital, o una combinación de seguro de responsabilidad profesional y de capital, pueden ofrecer igual protección al consumidor que el seguro mismo. La posibilidad de utilizar sus recursos financieros para complementar el seguro de responsabilidad profesional puede dotar de mayor flexibilidad a las empresas, ayudarlas a mantener suficientes recursos en general y a obtener la cobertura de seguro necesaria en condiciones de mercado difíciles.

3. CONSULTA A LOS ESTADOS MIEMBROS Y SUS AUTORIDADES COMPETENTES

En marzo de 2006, los servicios de la DG MARKT remitieron, a los Estados miembros y sus respectivas autoridades competentes, un cuestionario en el que solicitaban información sobre la aplicación de las obligaciones de seguro de responsabilidad profesional establecidas en la DMS y la DAC (refundida). Se recibieron 19 respuestas al cuestionario[5]. Estas respuestas se recopilaron y publicaron dentro del proyecto de informe el 14 de agosto de 2006. Entendemos que si no todos los consultados respondieron al cuestionario fue debido a que, en aquel entonces, la transposición de la DMS acababa de producirse en muchos Estados miembros, y el plazo de transposición de la mayoría de las disposiciones de la DAC (refundida) aún no había expirado.

Por estas mismas razones, se aprecia claramente en las respuestas recibidas que los Estados miembros en general carecen de experiencia y datos suficientes que les permitan realizar un adecuado análisis de las consecuencias del régimen introducido por estas Directivas sobre las empresas y sobre la protección al consumidor. Por otra parte, es difícil prever las consecuencias sobre los intermediarios MIFID que también desarrollen actividades de intermediación de seguro al amparo de la DMS. Todo parece indicar que no será posible disponer de datos suficientes que permitan una adecuada evaluación hasta principios de 2008.

Las respuestas completas de los Estados miembros, así como el resumen contenido en el proyecto de informe, han sido publicadas y pueden consultarse en el sitio web de la Comisión[6].

4. CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL PROYECTO DE INFORME

La Comisión invitó a los interesados a enviar sus observaciones sobre el proyecto de informe el 31 de octubre de 2006 a más tardar. Se recomendó que los consultados formularan observaciones generales, seguidas de las respuestas a las preguntas concretas.

Se recibieron respuestas de 7 organizaciones. Una de ellas, de alcance paneuropeo, representaba la respuesta conjunta de asociaciones de intermediarios de seguro de 14 Estados miembros. De las restantes organizaciones, cuatro tenían su sede en el Reino Unido, una en Alemania y una en Austria. Las organizaciones que respondieron al cuestionario representaban a diversos sectores de la industria del seguro (intermediarios, agentes, aseguradoras) una de ellas representaba a asesores de inversión independientes y otra era un organismo de reglamentación. En este apartado se resume lo más destacado de la consulta pública realizada[7].

4.1. Resultados de la consulta

Es importante señalar que todas las respuestas coinciden en que el seguro de responsabilidad profesional constituye una forma eficaz de protección del inversor, y la mayoría considera que no puede ser sustituido íntegramente por requisitos de capital. Sin embargo, existe disparidad de opiniones en cuanto a si el actual régimen legal de seguro de responsabilidad profesional es adecuado para la protección del inversor. Algunas de las respuestas abogan por establecer obligaciones de seguro de responsabilidad profesional más estrictas, otras, en cambio, se decantan por un sistema más flexible, adaptado al tamaño y al perfil de riesgo de cada empresa.

En dos de las respuestas se manifiesta que debería permitirse que las empresas pudieran complementar o sustituir íntegramente el seguro de responsabilidad profesional por requisitos de capital, a fin de evitar que la imposibilidad de obtener seguro a un precio razonable pueda generar situaciones de insolvencia de los intermediarios

En una de las respuestas, procedente de agentes de seguros, se considera que las obligaciones de seguro de responsabilidad profesional constituyen una carga significativa e innecesaria que ha llevado a los aseguradores a repercutir el coste de ese seguro a sus agentes.

En dos de las respuestas se exhorta a la Comisión a reexaminar la situación una vez que las Directivas sean plenamente de aplicación en todos los Estados miembros, a fin de disponer de un análisis más completo.

5. CONCLUSIONES

El análisis de la información facilitada por los Estados miembros y los interesados, en respuesta a las dos consultas realizadas, indica que, basándose en los escasos datos de que se dispone actualmente, las razones que motivaron las obligaciones de seguro de responsabilidad profesional impuestas por la legislación comunitaria siguen siendo válidas, y no existen indicios suficientes de que esas obligaciones ya no resulten adecuadas.

Sin embargo, queda también patente que es demasiado pronto para poder realizar un análisis exhaustivo de las consecuencias de este seguro sobre los proveedores de servicios y los consumidores. El régimen establecido por la DMS está siendo aplicado por los Estados miembros desde no hace mucho, y los Estados miembros no tienen ninguna experiencia en absoluto sobre la aplicación de las nuevas obligaciones de seguro de responsabilidad profesional que incumben a la empresas de inversión en virtud de la DAC (refundida). No es posible realizar una evaluación adecuada de la idoneidad de tales obligaciones sin tener más información y experiencia prácticas, algo que no será posible hasta tanto los Estados miembros no lleven aplicando las disposiciones de la DAC (refundida) al menos un año. A partir de entonces, sería oportuno analizar si las obligaciones de seguro de responsabilidad profesional y las obligaciones en materia de capital pueden ser intercambiables. La Comisión seguirá vigilando la situación si se aprecian señales de disfunción del mercado.

[1] Concretamente, lo dispuesto en el nuevo apartado 4 ter del artículo 3 de la Directiva 93/6/CE, que se inserta a través del artículo 67 de la MIFID.

[2] Considerando 8: «Los Estados miembros deben poder dictar normas más estrictas que las previstas en la presente Directiva.»

[3] COM(2002) 625 final, artículo 11.2.

[4] En caso de pérdidas, el proveedor del seguro de responsabilidad profesional abona una indemnización acorde con lo establecido en la póliza de seguro, y la empresa abona con sus propios recursos el importe de la franquicia de seguro prevista. Si los recursos de la empresa se agotan, será insolvente. A partir de entonces, toda reclamación de un consumidor que esté justificada deberá ser satisfecha por el sistema de garantía de inversiones. Estos sistemas tienen límites, por lo que las pérdidas residuales recaerán sobre el consumidor.

[5] Respuestas procedentes de Austria, Chipre, la República Checa, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Malta, los Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, España, Suecia y Reino Unido. No respondieron al cuestionario Bélgica, Dinamarca, Alemania, Italia, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Portugal.

[6] http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_reports_en.htm

[7] Puede consultarse un resumen más completo de las respuestas a las diferentes preguntas en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_reports_en.htm