ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 184/119

Viernes, 24 de abril de 2009

Problema de la elaboración de perfiles delictivos

P6_TA(2009)0314

Recomendación del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, destinada al Consejo sobre el problema de la elaboración de perfiles delictivos, en particular en función de la etnia y la raza, en la lucha contra el terrorismo, la actuación policial, la inmigración, la política aduanera y el control de fronteras (2008/2020(INI))

2010/C 184 E/25

El Parlamento Europeo,

Vista la propuesta de recomendación destinada al Consejo presentada por Sarah Ludford en nombre del Grupo ALDE sobre el problema de la elaboración de perfiles delictivos, en particular en función de la etnia y la raza, en la lucha contra el terrorismo, la actuación policial, la inmigración, la política aduanera y el control de fronteras (B6-0483/2007),

Vistos los instrumentos internacionales, europeos y nacionales sobre los derechos humanos, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), el Tratado de la Unión Europea, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado CE), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la Carta) y las Constituciones nacionales de los Estados miembros, así como los derechos y la garantías que confieren a las personas en los ámbitos de la intimidad, protección de datos, no discriminación y libre circulación,

Vistas las medidas de protección de los datos del Consejo de Europa: el artículo 8 del CEDH, el Convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, las Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros R(87)15 sobre la regulación del uso de los datos de carácter personal por la policía (1), R (97)18 sobre los datos personales recopilados y tratados con fines estadísticos (2) y R(2001)10 sobre el Código Europeo de Ética de la Policía (3),

Vistas las garantías en materia de protección de datos y, en particular, los artículos 7 y 8 de la Carta, la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (4), y la Decisión marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (5),

Vistas las medidas contra la discriminación y, en particular, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CIEDR), el artículo 14 y el Protocolo 12 del CEDH, el artículo 13 del Tratado CE y la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (6),

Vistos los instrumentos europeos en el ámbito de la seguridad y lucha contra el terrorismo, incluidos la cooperación policial y judicial y el intercambio de información y datos entre los Estados miembros, como la Decisión 2005/671/JAI del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativa al intercambio de información y a la cooperación sobre delitos de terrorismo (7), la Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre la simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea (8), la Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza (9), y la Decisión 2008/616/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, relativa a la ejecución de dicha Decisión 2008/615/JAI (10),

Vistas las bases de datos de la Unión Europea existentes y previstas tales como el Sistema de Información de Schengen, Eurodac y el Sistema de Información de Visados, las medidas de recogida de datos biométricos tales como los requeridos para permisos de residencia y pasaportes y la Comunicación de la Comisión de 30 de noviembre de 2006 titulada «Refuerzo de la gestión de las fronteras marítimas meridionales de la Unión Europea» sobre la creación de una red de patrullas costeras permanente para las fronteras exteriores marítimas meridionales (COM(2006)0733), así como los proyectos propuestos de vigilancia tales como Eurosur (sistema europeo de vigilancia de las fronteras),

Vista la propuesta de crear «fronteras electrónicas», como menciona la Comunicación de la Comisión, de 13 de febrero de 2008, sobre la «Preparación de los próximos pasos en la gestión de fronteras en la Unión Europea», en que se propone una gestión integrada de las fronteras con la creación de controles fronterizos automatizados, incluidos un programa de viajeros registrados y un sistema de entradas y salidas (COM(2008)0069),

Vistos el Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) por las compañías aéreas al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos (Acuerdo PNR 2007) (11), la Propuesta de Decisión marco del Consejo sobre utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (Passenger Name Record - PNR) con fines represivos (COM(2007)0654), así como los dictámenes sobre dicha propuesta procedentes de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la Agencia de los Derechos Fundamentales), del Supervisor Europeo de Protección de Datos, del Grupo de Trabajo del Artículo 29 y del Grupo de Trabajo sobre Policía y Justicia,

Vista la correspondiente jurisprudencia de los Estados miembros, como la sentencia del Tribunal Constitucional alemán sobre polizeiliche präventive Rasterfahndung (12), la sentencia de la Cámara de los Lores del Reino Unido sobre los romaníes checos (13), la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en particular Timishev contra Russia (14), Nachova y otros contra Bulgaria (15), D.H y otros contra República Checa (16) y S. y Marper contra Reino Unido (17), y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en particular en el Asunto Huber/Alemania (18),

Visto el Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin (19), el documento sobre la «Protección del derecho a la intimidad en la lucha contra el terrorismo», del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa Thomas Hammarberg (20), las Recomendaciones de Política General no 8 sobre la lucha contra el racismo en el contexto de la lucha contra el terrorismo (21) y no 11 sobre la lucha contra el racismo y la discriminación racial en el sector policial (22), de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (CERI) del Consejo de Europa, y el Informe sobre la elaboración de perfiles étnicos de la Red Europea de Expertos Independientes sobre Derechos Fundamentales (23),

Vistos el apartado 3 del artículo 114 y el artículo 94 de su Reglamento,

Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores (A6-0222/2009),

A. Considerando que los Estados miembros recurren cada vez más a las nuevas tecnologías, a través de la utilización de programas y sistemas que implican la adquisición, el uso, la retención o el intercambio de información sobre las personas, como forma de luchar contra el terrorismo o para hacer frente a otras amenazas en el ámbito de la lucha contra la delincuencia;

B. Considerando la necesidad de adoptar a escala europea una definición clara de la práctica de la elaboración de perfiles delictivos, teniendo en cuenta el objetivo concreto que se pretende perseguir; considerando que la práctica de la elaboración de perfiles delictivos es una técnica de investigación ofrecida por las nuevas tecnologías que se utiliza con frecuencia en el ámbito comercial, pero que está utilizándose progresivamente con mayor frecuencia como instrumento de la actuación policial, principalmente para la detección y prevención de delitos, así como en el ámbito del control de fronteras;

C. Considerando que la práctica de la elaboración de perfiles, que a menudo se lleva a cabo a través de la «extracción» automatizada de datos almacenados en ordenador, merece que se examine y se debata políticamente, puesto que, en un contexto polémico, parte de la norma general de que las decisiones relativas a las actuaciones policiales deben basarse en la conducta personal del individuo; considerando que la elaboración de perfiles es una técnica de investigación que recopila información de diversas fuentes sobre las personas, lo que puede incluir su pertenencia étnica, raza, nacionalidad y religión, como base para intentar identificar y potencialmente adoptar medidas prohibitivas contra quienes entre ellos que puedan ser presuntos criminales o terroristas, y puede definirse como: «la asociación sistemática de conjuntos de características físicas, de comportamiento o psicológicas con delitos particulares y su uso como base para adoptar decisiones relativas a la actuación policial (24)» o, aclarando el vínculo entre la extracción de datos y la elaboración de perfiles: «una técnica por la que un conjunto de características de una clase particular de personas se deduce de la experiencia anterior, tras lo que se examinan las bases de datos en busca de individuos con un parecido ajustado a ese conjunto de características (25)»;

D. Considerando que la elaboración de perfiles étnicos, que tiene una base específicamente racial o étnica y, por lo tanto, da lugar a hondas preocupaciones sobre su compatibilidad con las normas de no discriminación, puede definirse como: «la práctica de utilizar la “raza” o el origen étnico, la religión o la nacionalidad como único factor, o como uno de varios factores, en las decisiones relativas a las actuaciones policiales, sistemáticamente, ya sea que se identifique a la personas por medios automáticos o no (26)» o «el uso por parte de las fuerzas policiales, sin justificación objetiva y razonable, de fundamentos tales como la raza, el color, el idioma, la religión, la nacionalidad o el origen nacional o étnico, para actividades de control, vigilancia o investigación (27)»;

E. Considerando que la elaboración de perfiles, tanto a través de la extracción de datos como mediante las prácticas de la policía y otros organismos, se utiliza cada vez más como herramienta para las actuaciones policiales y el control fronterizo; que no se presta suficiente atención a la evaluación de su eficacia ni al desarrollo o a la aplicación de salvaguardias legales para asegurar el respeto del derecho a la intimidad y para evitar toda discriminación;

F. Considerando que los perfiles pueden ser: i) descriptivos, cuando se basan en testimonios y otra información sobre los autores o las características de delitos cometidos, y apoyan por lo tanto la detención de sospechosos específicos o la detección de actividades delictivas en curso que siguen el mismo modelo; o ii) predictivos, cuando establecen correlaciones entre variables observables de acontecimientos del pasado y datos e información actuales para esbozar inferencias con que se cree poder identificar a quienes puedan estar implicadas en un futuro delito, de momento no establecido (28);

G. Considerando que la extracción de datos y la elaboración de perfiles empañan los límites entre la vigilancia específica permitida y la vigilancia problemática generalizada en que se recopilan los datos porque son útiles en vez de para finalidades definidas, lo que supone potencialmente una interferencia ilegal con la intimidad;

H. Considerando que las limitaciones injustificadas a la libertad de viajar y las prácticas exageradas de control pueden repercutir negativamente en intercambios esenciales con terceros países en el ámbito económico, científico, cultural y social; subraya, en consecuencia, la importancia de reducir al mínimo el riesgo de que grupos, comunidades o nacionalidades determinadas sean objeto de prácticas o medidas discriminatorias que no pueden justificarse objetivamente;

I. Considerando que existe el peligro de que personas inocentes sean objeto de retenciones, interrogaciones, restricciones de viaje o alertas de seguridad arbitrarios debido a una información añadida a su perfil por un agente estatal, y de que, si no se retira rápidamente la información, ello podría llevar, a través del intercambio de datos y del reconocimiento mutuo de decisiones de denegación de visado, autorización de viaje o entrada, inclusión en listas de vigilancia o en bases de datos, prohibición de empleo o transacciones bancarias, detención o pérdida de libertad u otra privación de derechos, que pueden carecer de reparación o recurso;

J. Considerando que la actuación policial debe llevarse a cabo siempre respetando los derechos fundamentales, incluidos los derechos a la vida privada y familiar, a la protección de los datos personales y a la no discriminación; que se necesita una estrecha colaboración internacional en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia grave, toda esa cooperación debe respetar el Derecho internacional, así como las normas y los valores europeos sobre la igualdad de trato y la protección legal apropiada, especialmente de modo que la Unión Europea no socave su credibilidad como defensora de los derechos humanos dentro de sus fronteras y a escala internacional;

K. Considerando que la Unión Europea debe evitar enfoques investigativos que puedan dañar innecesariamente las relaciones diplomáticas, obstaculizar dicha cooperación internacional, o perjudicar a su imagen en el mundo y a su credibilidad como promotora del Derecho internacional; considerando que los niveles europeos relativos a la igualdad de trato, a la no discriminación y a la protección jurídica deben seguir constituyendo un modelo;

L. Considerando que ambos tipos de perfil, el descriptivo y el predictivo, pueden ser herramientas legítimas de la investigación si se basan en información específica, fiable y oportuna opuesta a generalidades sin fundamento basadas en estereotipos y si las medidas tomadas sobre la base de tales perfiles cumplen con los requisitos legales de necesidad y proporcionalidad; que, no obstante, la carencia de restricciones y salvaguardias legales adecuadas con respecto al uso de datos sobre etnia, raza, religión, nacionalidad y filiación política hace que exista un riesgo considerable de que la elaboración de perfiles pueda propiciar prácticas discriminatorias;

M. Considerando que la orientación en el Código Europeo de Ética de la Policía según la cual «las investigaciones policiales se basarán como mínimo en una sospecha razonable de un delito o crimen real o posible», y que se afirma que se da una probable infracción de los derechos humanos (29) que amenaza a los particulares y a la sociedad en su conjunto en ausencia de tal sospecha razonable, cuando el perfil está basado en estereotipos o prejuicios;

N. Considerando que la «elaboración de perfiles predictivos», para la que se utilizan perfiles amplios obtenidos a través de referencias cruzadas entre bases de datos y que reflejan generalizaciones no comprobadas o modelos de comportamiento considerados como probablemente indicadores de la comisión de un futuro delito o acto terrorista por descubrir, plantea hondas preocupaciones sobre la intimidad y puede constituir una infracción de los derechos al respeto de la vida privada de conformidad con el artículo 8 del CEDH y el artículo 7 de la Carta (30);

O. Considerando que la jurisprudencia del TEDH deja claro que las excepciones conformes al artículo 8, apartado 2, del CEDH sólo se permiten si son conformes a la ley y si son necesarias en una sociedad democrática (31), tal como se confirma en su sentencia reciente en el Asunto S. y Marper contra Reino Unido, antes mencionado, donde considera una violación del artículo 8 del CEDH «los permisos ilimitados e indiscriminados de retención de las huellas dactilares, muestras celulares y los perfiles del ADN de personas sospechosas pero no condenadas por delitos»;

P. Considerando que la conclusión del TEDH en el Asunto S. y Marper contra Reino Unido, antes mencionado, de que un «riesgo de estigmatización», derivado del hecho de que las personas no condenadas por ningún delito se ven tratadas como criminales condenados en la base de datos británica de ADN, debe también plantear cuestiones sobre la legalidad del perfilado de las elaboraciones de perfiles basadas en el tratamiento de datos personales de personas no consideradas culpables por los tribunales (32);

Q. Considerando que el programa sobre Rasterfahndung, en cuyo contexto las autoridades policiales alemanas recogieron documentos personales de bases de datos públicas y privadas de varones entre 18 y 40 años, actuales o antiguos estudiantes de presunta fe musulmana en una tentativa (infructuosa) de identificar a presuntos terroristas, fue considerado inconstitucional por el Tribunal Constitucional alemán en su sentencia previamente mencionada, que declaró que la extracción de datos es una intrusión ilegal en los datos personales y en la intimidad que no puede justificarse como respuesta a una situación general de amenaza del tipo que ha existido continuamente con respecto a ataques terroristas desde el 11 de septiembre de 2001, y que requiere la demostración de un «peligro concreto», por ejemplo, la preparación o la comisión de ataques terroristas;

R. Considerando que han surgido dudas sobre la utilidad de la extracción de datos y la elaboración de perfiles en varios estudios estadounidenses, entre ellos: (i) un estudio del Instituto Cato, que observó: «que, aunque la extracción de datos tiene muchas aplicaciones valiosas, no está bien adecuada al problema de detección de terroristas. Sería desafortunado que la extracción de datos para la búsqueda de terroristas fuese habitual en la seguridad nacional, la actuación policial y los círculos tecnológicos, porque el mantenimiento de esta práctica de extracción de datos derrocharía dólares del contribuyente, vulneraría inútilmente la intimidad y las libertades civiles, y supondría una pérdida de tiempo y energía valiosos de los hombres y de las mujeres en la comunidad de la seguridad nacional (33)»; (ii) un estudio del Consejo Nacional de Investigación de los EE.UU. sobre tecnologías de extracción de datos y vigilancia de comportamientos para el Departamento de Seguridad Nacional concluyó que: «la identificación automatizada de terroristas a través de la extracción de datos… no es posible como objetivo ni deseable como finalidad de los esfuerzos de desarrollo tecnológico (34)»;

S. Considerando que la eficacia de la extracción de datos se ve debilitada por el problema de la «aguja en el pajar» de los analistas que tienen que filtrar la cantidad enorme de datos disponibles; que la cantidad de «rastros digitales» dejados por ciudadanos respetuosos de la ley es incluso mayor que la de los criminales y terroristas que realizan considerables esfuerzos por ocultar sus identidades, y que hay porcentajes significativos de «falsos positivos» por lo que no solamente personas totalmente inocentes se convierten en sospechosas, lo que resulta en una infracción potencial de la intimidad, sino que también los verdaderos sospechosos permanecen sin identificar;

T. Considerando que el problema inverso es la posibilidad de no detectar a los autores de delitos que no coincidan con el perfil, por ejemplo, el cabecilla de los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres, quién «había llamado la atención de los servicios de inteligencia como socio de otras personas sospechosas por implicación en una trama terrorista de atentado con bombas… pero… que no fue perseguido porque no coincidía suficientemente con el perfil de terrorista sospechoso elaborado antes de julio de 2005» (35);

U. Considerando que los perfiles que trastornan las buenas relaciones entre comunidades y alejan a ciertas comunidades de la cooperación con los servicios policiales serían contraproducentes al obstaculizar la recopilación de información y la acción efectiva contra la delincuencia y el terrorismo (36);

V. Considerando que la recopilación eficaz de información sobre sospechosos específicos y el seguimiento de pistas específicas constituyen el mejor planteamiento para detectar y adelantarse al terrorismo y, además, puede que los chequeos aleatorios y los controles que afectan igualmente a todos y son imposibles de eludir para los terroristas sean más efectivos que los perfiles en los esfuerzos preventivos de antiterrorismo (37);

W. Considerando que no se impide el uso de la pertenencia étnica, el origen nacional o la religión como factores en las investigaciones policiales, siempre que tal uso se ajuste a las normas de no discriminación, incluido el artículo 14 del CEDH, pero que debe cumplir los criterios de eficacia, necesidad y proporcionalidad si quiere constituir una diferencia de tratamiento legítima que no constituya ninguna discriminación;

X. Considerando que los perfiles basados en suposiciones estereotipadas pueden exacerbar sentimientos de hostilidad y xenofobia en el público en general con respecto a las personas de cierta pertenencia étnica, nacional o religiosa (38);

Y. Considerando que la jurisprudencia del TEDH ha declarado que, cuando la raza constituye una base exclusiva para la actuación policial, equivale a una discriminación prohibida (39); que en la práctica no siempre está claro si la raza o la pertenencia étnica son la base exclusiva o decisiva para tal actuación, y que a menudo solamente cuando los modelos de la práctica policial se analizan, emerge claramente el peso predominante de estos factores;

Z. Considerando que, si bien no hay ninguna norma internacional o europea que prohíba expresamente los «perfiles étnicos», la jurisprudencia del TEDH parece sugerir esa conclusión y tanto la CIEDR como la CERI han dejado claro que tales prácticas violan la prohibición de la discriminación (40);

AA. Considerando que el programa de acción adoptado en la Conferencia Mundial de 2000 contra el Racismo insta a los Estados a que elaboren, apliquen y hagan cumplir medidas eficaces para eliminar el fenómeno conocido comúnmente como «establecimiento de perfiles raciales» (41); considerando que la CERI, en su mencionada Recomendación no 8 sobre la lucha contra el racismo en el contexto de la lucha contra el terrorismo, ha pedido a los Gobiernos que se aseguren de que ninguna discriminación se derive de la legislación y de los reglamentos o de su aplicación en el campo de la actuación policial; y considerando que la Red de la Unión Europea de Expertos Independientes sobre Derechos Fundamentales cree que los perfiles de terroristas sobre la base de características como la nacionalidad, la edad o el lugar de nacimiento «suponen un grave riesgo de discriminación» (42);

AB. Considerando que se necesita una evaluación exhaustiva de las prácticas de investigación y de los sistemas de procesamiento de datos en la Unión Europea y en los Estados miembros que emplean o suministran datos para las técnicas de elaboración de perfile, a fin de asegurar el pleno cumplimiento de las obligaciones legales nacionales, europeas e internacionales y de evitar todo efecto injustificado discriminatorio o invasor de la intimidad;

AC. Considerando que las siguientes directrices deberían aplicarse a tales operaciones y que se necesita una combinación de todas estas protecciones para proporcionar una plena y eficaz protección;

1. Formula las siguientes recomendaciones al Consejo: (a) todo tratamiento de datos personales para la actuación policial y fines antiterroristas debe basarse en normas jurídicas publicadas que impongan límites a su uso y que sean claras, específicas y vinculantes y sujetas al control riguroso y efectivo por unas autoridades independientes de protección de los datos y a unas sanciones rigurosas en caso de infracción de dichas normas; el almacenamiento de datos masivos por motivos de precaución es desproporcionado en relación con los requisitos básicos para una lucha efectiva contra el terrorismo; (b) debe establecerse un marco jurídico que defina de forma clara en qué consiste la elaboración de perfiles, bien a través de la «extracción» automatizada de datos almacenados en bases de datos o de otra manera, con vistas a establecer normas claras respecto a la legitimidad de su utilización y a los límites a los que deberá ajustarse; también es necesario establecer las salvaguardas necesarias para la protección de los datos de las personas y mecanismos de responsabilización; (c) la recogida y conservación de datos personales sensibles y el uso de las técnicas de elaboración de perfiles respecto de personas no sospechosas de un delito o de una amenaza específica deben cumplir unos requisitos rigurosos de «necesidad» y «proporcionalidad»; (d) los datos fácticos y la información, así como los datos sobre diversas categorías de asuntos, deben estar claramente diferenciados; (e) el acceso a los expedientes de la policía y de los servicios secretos debería permitirse solamente caso por caso, para fines específicos, y estar bajo control judicial en los Estados miembros; (f) las actividades de elaboración de perfiles no deben hacer que se reduzca el trabajo de investigación policial de los servicios de policía de los Estados miembros, y la legislación restrictiva sobre perfiles no debe impedir el legítimo acceso a las bases de datos como parte de dichas investigaciones; (g) debe haber plazos para la retención de la información personal; (h) las estadísticas étnicas son una herramienta esencial para permitir la detección de prácticas policiales que centran sus actuaciones de forma desproporcionada, abusiva e injustificada en minorías étnicas; el establecimiento de un alto nivel de protección de los datos personales (datos vinculados a un individuo identificable) no impide la generación de datos estadísticos, incluidas las variables sobre pertenencia étnica, «raza», religión y origen nacional, necesarios para identificar cualquier discriminación; deben pedirse orientaciones sobre esta cuestión al Grupo del trabajo del artículo 29; (i) la recogida de datos sobre personas, sobre la única base de que son de determinado origen racial o étnico, de determinada convicción religiosa, orientación o comportamiento sexual, tienen determinadas opiniones políticas o son miembros de determinados movimientos u organizaciones no prohibidas por la ley, debe prohibirse; deben establecerse salvaguardias de protección y posibilidades de recurso contra el uso discriminatorio de instrumentos para la aplicación del orden; (j) el hecho de que los organismos privados o públicos se basen en ordenadores para adoptar decisiones sobre las personas, sin evaluación humana, debe permitirse sólo excepcionalmente, con sujeción a unas salvaguardias estrictas; (k) debe haber salvaguardias fuertes establecidas por ley que aseguren un examen judicial y parlamentario apropiado y efectivo de las actividades de la policía y de los servicios secretos, incluidas sus actividades antiterroristas; (l) teniendo en cuenta las posibles consecuencias para las personas, la reparación debe ser efectiva y accesible, con información clara sobre los datos y los procedimientos aplicables, acompañados de derechos de acceso y rectificación; (m) debe establecerse un conjunto de criterios que permita contrastar la eficacia, la legitimidad y la coherencia con los valores de la Unión Europea de cualquier práctica de elaboración de perfiles; la actual y propuesta legislación de la Unión Europea relativa al uso de la elaboración de perfiles debe ser revisada con objeto de garantizar que cumple los requisitos legales conforme a la legislación europea y los Tratados internacionales; y es preciso considerar reformas de la legislación de la Unión Europea si fuera necesario, con objeto de lograr disposiciones vinculantes destinadas a evitar toda vulneración de los derechos fundamentales, teniendo en cuenta la recomendación anticipada del Consejo de Europa en materia de elaboración de perfiles; (n) debe examinarse en qué medida la Directiva 2000/43/CE prohíbe o regula las medidas y prácticas en materia de elaboración de perfiles, y es preciso considerar una reforma para retirar la exclusión de los aeropuertos y puertos de su ámbito de aplicación; (o) el Consejo debe encargar un estudio, basado en el marco relevante y en las prácticas actuales, elaborado bajo la responsabilidad de la Comisión con consulta a la Agencia de Derechos Fundamentales y al Supervisor Europeo de Protección de Datos, según proceda, y consultando a los servicios policiales y de inteligencia, sobre la aplicación real y potencial de las técnicas de elaboración de perfiles, su eficacia en la identificación de sospechosos y su compatibilidad con las libertades civiles, los derechos humanos y los requisitos en materia de intimidad; se debe pedir a los Estados miembros que suministren cifras sobre las intervenciones de retención y búsqueda, además de otras, que resulten de las técnicas de elaboración de perfiles;

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para información, a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) Adoptada por el Comité de Ministros el 17 de septiembre de 1987 en la 410a reunión de los Delegados de los Ministros.

(2) Adoptada por el Comité de Ministros el 30 de septiembre de 1997 en la 602a reunión de los Delegados de los Ministros.

(3) Adoptada por el Comité de Ministros el 19 de septiembre de 2001 en la 765a reunión de los Delegados de los Ministros.

(4) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

(5) DO L 350 de 30.12.2008, p. 60.

(6) DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.

(7) DO L 253 de 29.9.2005, p. 22.

(8) DO L 386 de 29.12.2006, p. 89.

(9) DO L 210 de 6.8.2008, p. 1.

(10) DO L 210 de 6.8.2008, p. 12.

(11) DO L 204 de 4.8.2007, p. 18.

(12) Sentencia del Tribunal Constitucional alemán, BVerfG, 1 BvR 518/02, de 4.4.2006, Absatz-Nr. (1-184).

(13) Cámara de los Lores, 9 de diciembre de 2004, R v. Immigration Office at Prague Airport and another (Respondents) ex parte European Roma Rights Centre and other (Appellants) [2004], UKHL 55, paragraph 101.

(14) Timishev contra Russia, 13 de diciembre de 2005, nos. 55762/00 y 55974/00, TEDH 2005-XII.

(15) Nachova y otros contra Bulgaria [GC], 26 de febrero de 2004, nos. 43577/98 y 43579/98, TEDH 2005-VII.

(16) D.H. y otros contra República Checa, 13 de noviembre de 2007, no. 57325/00.

(17) S. y Marper contra Reino Unido, 4 de diciembre de 2008, nos 30562/04 y 30566/04.

(18) Sentencia de 16 de diciembre de 2008, C-524/06, aún no publicada en la Recopilación.

(19) Documento de las Naciones Unidas A/HRC/4/26, 29 de enero de 2007.

(20) CommDH/Documento (2008)3, Estrasburgo, 17 de noviembre de 2008.

(21) CRI (2004) 26, aprobado el 17 de marzo de 2004.

(22) CRI (2007) 39, aprobado el 29 de junio de 2007.

(23) CFR-CDF, Dictamen 4.2006, disponible en http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/avis/2006_4_en.pdf

(24) Dictamen de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 28 de octubre de 2008, sobre la Propuesta de Decisión marco del Consejo sobre utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (Passenger Name Record - PNR) con fines represivos, apartado 35.

(25) Informe de la Cámara de los Lores: Clarke R, Profiling: A Hidden Challenge to the Regulation of Data Surveillance, 1993, apartado 33, nota 41.

(26) De Schutter, Oliver y Ringelheim, Julie (2008), “Ethnic Profiling: A Rising Challenge for European Human Rights Law”Modern Law Review, 71(3):358-384.

(27) Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (CERI) Recomendación de política general no 11 (antes mencionada), apartado 1.

(28) Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, apartado 33.

(29) Ídem, punto 33. Véase también el informe sobre los «perfiles étnicos» de la Red de la Unión Europea de expertos independientes sobre los derechos fundamentales, antes mencionado, pp. 9-13.

(30) Dictamen de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 28 de octubre de 2008, sobre la Propuesta de Decisión marco del Consejo sobre utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (Passenger Name Record - PNR) con fines represivos, apartado 4.

(31) Para un resumen de la jurisprudencia correspondiente, véase: E. Brouwer, ¿Hacia un sistema PNR europeo?, estudio realizado para el Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Interiores de la Unión Europea, Dirección C (Dirección de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, Documento PE 410.649, enero de 2009, apartado 5, p.16-17.

(32) Sentencia del TEDH en el Asunto S. y Marper contra Reino Unido, antes mencionado, apartado 125.

(33) Cato Institute Policy Analysis No 584, 11 de diciembre de 2006, “Effective Terrorism and the limited role of predictive data-mining” de Jeff Jonas y Jim Harper.

(34) Protecting Individual Privacy in the Struggle Against Terrorists: A Framework for Program Assessment. Resumen disponible en: http://www.nap.edu/catalog/12452.html, page 4.

(35) «Detectives draw up new brief in hunt for radicals», The Times, 28 de diciembre de 2005.

(36) Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, apartado 62.

(37) Idem, apartado 61.

(38) Idem, apartado 40.

(39) Sentencia del TEDH en el Asunto Timishev contra Russia, antes mencionado.

(40) Dictamen de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 28 de octubre de 2008, sobre la Propuesta de Decisión marco del Consejo sobre utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (Passenger Name Record - PNR) con fines represivos, apartado 39.

(41) Informe de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (A/CONF.189/12), Programa de acción, apdo. 72.

(42) Red de la UE de Expertos Independientes sobre Derechos Fundamentales, «The balance between freedom and security in the response by the European Union and its member States to the Terrorist Threats» (2003), p. 21.