[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 29.7.2009

COM(2009) 393 final

2009/0114 (CNS)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se imponen ciertas medidas restrictivas concretas dirigidas contra ciertas personas físicas y jurídicas, entidades y organismos dada la situación en Somalia

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1) El 20 de noviembre de 2008, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, actuando conforme al capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, adoptó la Resolución 1844(2008) por la que se confirmaba el embargo general y completo de armas contra Somalia impuesto por la Resolución 733(1992) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que introducía otras medidas restrictivas contra quienes: 1) realicen o apoyen actos que hagan peligrar la paz, la seguridad o la estabilidad de Somalia, incluidos los actos que hagan peligrar el Acuerdo de Yibuti, de 18 de agosto de 2008, o el proceso político, o que hagan peligrar las instituciones federales transitorias (IFT) o la misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) de manera violenta, 2) hayan actuado vulnerando el embargo sobre las armas y medidas relacionadas, u 3) obstaculicen el suministro o la distribución de ayuda humanitaria a Somalia, o el acceso a dicha ayuda.

2) Las medidas restrictivas adicionales se refieren a las restricciones de la admisión y a las medidas restrictivas financieras contra los individuos y las entidades designados por el Comité de Sanciones de las Naciones Unidas competente. Además del embargo general sobre las armas vigente, la Resolución introduce una prohibición concreta del suministro directo o indirecto, la venta o la transferencia de armas y de equipo militar, y una prohibición concreta de suministrar ayuda y servicios relacionados, a los individuos y entidades enumerados por el Comité.

3) La Posición Común 2009/138/PESC, de 16 de febrero de 2009[1], confirmó las medidas restrictivas que se habían aplicado desde 2002[2] y dispuso medidas adicionales contra los individuos y entidades enumerados por el Comité de Sanciones de las Naciones Unidas.

4) Algunas de las medidas establecidas por la Posición Común 2009/138/PESC, a saber, la prohibición de proporcionar ayuda técnica y financiera y otros servicios relacionados con actividades militares a los individuos y entidades enumerados por el Comité de Sanciones de las Naciones Unidas, y el bloqueo de fondos y recursos económicos de dichos individuos y entidades, entran dentro del ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

5) El Reglamento (CE) n° 147/2003[3] del Consejo impuso una prohibición general sobre el suministro de asesoramiento técnico, ayuda, formación, financiación o ayuda financiera relacionada con actividades militares, a toda persona, entidad u organismo de Somalia. La Comisión propone aplicar en la Comunidad las medidas referentes a los individuos y entidades enumerados por el Comité de Sanciones de las Naciones Unidas, mediante un Reglamento separado del Consejo.

6) Para contemplar todas las personas y entidades enumeradas por el Comité, la base jurídica del Reglamento propuesto debe incluir los artículos 60, 301 y 308 del Tratado CE. De hecho, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sostuvo, en su sentencia de 3 de septiembre de 2008 en los asuntos conjuntos C-402/05 P y C­415/05 P, Yassin Abdullah Kadi y la Fundación Internacional Al Barakaat / Consejo, que las medidas respecto de «terceros países» a efectos de los artículos 60 y 301 del Tratado CE incluyen el bloqueo de fondos y recursos económicos de los gobernantes de un tercer país y de los individuos y entidades asociados con ellos o controlados directa o indirectamente por ellos. Estos artículos no suministraron una base jurídica conveniente para el bloqueo de fondos y recursos económicos de los individuos y las entidades que no tenían dicho vínculo con el régimen que gobernase un tercer país. No obstante, el Tribunal de Justicia aceptó que los artículos 60, 301 y 308 del Tratado CE constituyen una base jurídica suficiente para el bloqueo de fondos y recursos económicos de dichos individuos y entidades.

7) El 3 de septiembre de 2008 el Tribunal de Justicia anuló el Reglamento (CE) n° 881/2002, por lo que se refiere a Yassin Abdullah Kadi y a la Fundación Internacional Al Barakaat. El Tribunal de Justicia sostuvo que la autoridad comunitaria, al decidir bloquear los fondos y los recursos económicos de una persona o una entidad de conformidad con el Reglamento (CE) n° 881/2002, debe comunicar los motivos en que se basa esa decisión a la persona o la entidad afectada, con el fin de garantizar los derechos de defensa, en especial el derecho a ser oído y el derecho al control jurisdiccional.

8) El procedimiento propuesto para modificar el anexo I del Reglamento incluye la publicación de un anuncio que incluye asesoramiento sobre cómo presentar la información para permitir a los individuos y entidades enumerados ejercer su derecho a ser oídos. El anuncio se publicará después de la decisión de la Comisión en la que se incluya por primera vez en una lista a una persona o una entidad. Tras el examen de cualquier información presentada por una persona o una entidad incluida en la lista, la Comisión deberá adoptar una decisión final de conformidad con el Reglamento.

9) Habida cuenta de la naturaleza del tema, las Naciones Unidas o un tercer Estado pueden considerar necesario proporcionar información clasificada a la institución comunitaria en apoyo de la decisión adoptada. Se propone también una disposición para aportar claridad al manejo de dicha información.

10) El Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos, protege el derecho a la intimidad por lo que respecta al tratamiento de datos personales. Se propone una disposición para aclarar las normas aplicables en el tratamiento de datos personales de los individuos incluidos en la lista, y en especial el tratamiento de los datos relativos a delitos, condenas penales o medidas de seguridad con arreglo al Reglamento.

1. 2009/0114 (CNS)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se imponen ciertas medidas restrictivas concretas dirigidas contra ciertas personas físicas y jurídicas, entidades y organismos dada la situación en Somalia

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 60, 301 y 308,

Vista la Posición Común 2009/138/PESC, de 16 de febrero de 2009, sobre medidas restrictivas contra Somalia y por la que se deroga la Posición Común 2002/960/PESC[4],

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo[5],

Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos,

Considerando lo siguiente:

(1) El 20 de noviembre de 2008, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, actuando conforme al capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, adoptó la Resolución 1844(2008) por la que se confirmaba el embargo general y completo de armas contra Somalia impuesto por la Resolución 733(1992) del Consejo de Seguridad de las naciones Unidas y se introducían medidas restrictivas adicionales.

(2) Las medidas restrictivas adicionales se refieren a restricciones de admisión y medidas restrictivas financieras contra los individuos y las entidades designados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o por el Comité de Sanciones de las Naciones Unidas competente. Además del embargo general sobre las armas vigente, la Resolución introduce una prohibición específica de suministro directo o indirecto, venta o transferencia de armas y de equipo militar, y una prohibición específica de suministro de ayuda y servicios conexos, a los individuos y entidades enumerados por el Comité.

(3) Las medidas restrictivas deberán imponerse contra los individuos y entidades que en opinión de las Naciones Unidas se dediquen a realizar o apoyar actos que pongan en peligro la paz, la seguridad o la estabilidad de Somalia, incluidos los actos que pongan en peligro el Acuerdo de Yibuti de 18 de agosto de 2008, o el proceso político, o que pongan en peligro las instituciones federales transitorias (IFT) o la misión de la Unión Africana en Somalia (AMISON) por la fuerza, que hayan actuado en violación del embargo sobre las armas y medidas relacionadas, o que obstaculicen el suministro o la distribución de ayuda humanitaria a Somalia, o el acceso a dicha ayuda.

(4) La Posición Común 2009/138/PESC dispone, entre otras cosas, medidas restrictivas financieras referentes a las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos enumerados por las Naciones Unidas, así como una prohibición de suministro directo e indirecto de ayuda y de servicios relacionados con armas y equipo militar a dichas personas, entidades y organismos.

(5) Estas medidas entran en el ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, por tanto, principalmente con vistas a velar por su aplicación uniforme por parte de los operadores económicos en todos los Estados miembros, es necesario adoptar legislación comunitaria a efectos de su aplicación en la medida en que afecten a la Comunidad.

(6) El Reglamento (CE) n° 147/2003[6] del Consejo impuso una prohibición general sobre el suministro de asesoramiento técnico, ayuda, formación, financiación o ayuda financiera relacionada con actividades militares, a toda persona, entidad u organismo de Somalia. Deberá adoptarse un nuevo Reglamento del Consejo para aplicar las medidas referentes a las personas físicas y jurídicas, las entidades y los organismos enumerados por las Naciones Unidas.

(7) Por razones de conveniencia, la Comisión deberá ser autorizada a modificar la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos cuyos fondos y recursos económicos deberán bloquearse sobre la base de las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad o por el Comité de Sanciones de las Naciones Unidas.

(8) El procedimiento para modificar el anexo I del Reglamento deberá incluir la publicación de un aviso sobre cómo presentar la información, para que las personas físicas y jurídicas, las entidades y los organismos enumerados puedan ejercer su derecho a ser oídos. Tras el examen de cualquier información presentada, la Comisión deberá adoptar una nueva decisión de conformidad con el Reglamento.

(9) Deberán adoptarse disposiciones para tratar la información clasificada proporcionada por las Naciones Unidas o por un Estado.

(10) Con arreglo a la Posición Común 2009/138/PESC, el presente Reglamento deberá establecer el bloqueo de fondos y recursos económicos de las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos que no estén vinculados al régimen que gobierna en Somalia. Teniendo esto en cuenta, la base jurídica del presente Reglamento no sólo deberá incluir los artículos 60 y 301, sino también el artículo 308 del Tratado CE, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

(11) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos particularmente en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea[7], y especialmente el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio imparcial, el derecho de propiedad y el derecho a la protección de los datos personales. El presente Reglamento deberá aplicarse de conformidad con dichos derechos y principios.

(12) Para crear la máxima seguridad jurídica en la Comunidad, deberán darse a conocer públicamente los nombres y otros datos pertinentes relativos a las personas y entidades cuyos fondos y recursos económicos deben bloquearse de conformidad con el Reglamento. Deberá autorizarse el tratamiento por la Comisión de los datos relativos a los delitos cometidos por las personas físicas incluidas en la lista, y a las condenas penales o medidas de seguridad referentes a dichas personas, siempre que se establezcan garantías específicas adecuadas.

(13) Todo tratamiento de los datos personales de las personas físicas conforme al presente Reglamento debe atenerse al Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos[8], y a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos[9].

(14) Los Estados miembros determinarán las sanciones aplicables en caso de infracción de cualquier disposición del presente Reglamento. Las sanciones deberán ser proporcionadas, eficaces y disuasorias.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

A efectos del presente Reglamento, se entiende por:

a) «fondos»: los activos o beneficios financieros de cualquier naturaleza, incluidos en la siguiente relación no exhaustiva:

i) efectivo, cheques, derechos dinerarios, efectos, giros y otros instrumentos de pago;

ii) depósitos en instituciones financieras u otras, saldos en cuentas, créditos y títulos de crédito;

iii) valores negociables e instrumentos de deuda públicos y privados, tales como acciones y participaciones, certificados de valores, bonos, pagarés, certificados de opción de compra, obligaciones y contratos sobre derivados;

iv) intereses, dividendos u otras rentas o plusvalías devengadas o generadas por activos;

v) crédito, derechos de compensación, garantías, garantías de pago u otros compromisos financieros;

vi) cartas de crédito, conocimientos de embarque y comprobantes de venta;

vii) documentos que atestigüen una participación en capitales o recursos financieros;

b) «bloqueo de fondos»: el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, negociación de fondos o acceso a éstos cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, control, propiedad, naturaleza o destino de esos fondos, o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos fondos, incluida la gestión de cartera;

c) «recursos económicos»: activos de todo tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, que no sean capitales, pero que puedan utilizarse para obtener capitales, bienes o servicios;

d) «bloqueo de recursos económicos»: el hecho de impedir su uso para obtener capitales, mercancías o servicios de cualquier manera, incluida, aunque no con carácter exclusivo, la venta, el alquiler o la hipoteca;

e) «Comité de Sanciones»: Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establecido de conformidad con la Resolución 751(1992) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respecto de Somalia;

f) «Ayuda técnica»: todo apoyo técnico referido a reparaciones, desarrollo, fabricación, montaje, pruebas, mantenimiento o cualquier otro servicio técnico, que podrá revestir la forma de instrucción, asesoramiento, formación, transmisión de técnicas de trabajo o conocimientos especializados o servicios de asesoramiento; incluidas las formas verbales de ayuda;

g) «Servicios de inversión»:

i) recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros;

ii) ejecución de órdenes en nombre de clientes;

iii) negociación por cuenta propia;

iv) gestión de carteras;

v) asesoramiento en materia de inversión;

vi) suscripción de instrumentos financieros o colocación de instrumentos financieros, asegurándola;

vii) colocación de instrumentos financieros, sin asegurarla, o

viii) gestión de sistemas de negociación multilateral,

a condición de que la actividad se refiera a algún instrumento financiero enumerado en la sección C del anexo I de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo[10];

h) «Territorio de la Comunidad»: territorios a los que se aplica el Tratado y en las condiciones establecidas en el mismo.

Artículo 2

1. Se bloquearán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a las personas físicas o jurídicas, las entidades o los organismos enumerados en el anexo I.

2. No se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas o de las entidades u organismos enumerados en el anexo I ni se utilizará en beneficio de los mismos ningún tipo de fondos o recursos económicos.

3. El anexo I incluirá a las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos designados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o por el Comité de Sanciones de conformidad con la Resolución 1844(2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

4. Queda prohibida la participación consciente y deliberada en actividades cuyo objeto o efecto sea el fomento directo o indirecto de las transacciones mencionadas en los apartados 1 y 2.

5. La prohibición establecida en el apartado 2 no dará lugar a responsabilidad de ninguna clase por parte de las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos afectados, si no supieran y no tuvieran ninguna causa razonable para sospechar que sus acciones infringen dicha prohibición.

Artículo 3

1. El artículo 2, apartado 2, no se aplicará al abono en cuentas bloqueadas de:

a) intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas; o

b) los pagos devengados con arreglo a los contratos, acuerdos u obligaciones celebrados o producidos antes de la fecha en la que la persona física o jurídica, la entidad o el organismo mencionados en el artículo 2 hayan sido designados por el Comité de Sanciones o el Consejo de Seguridad, a condición de que todo interés de este tipo, otras ganancias y los pagos sigan estando sujetos al artículo 2, apartado 1.

2. El artículo 2, apartado 2, no impedirá a las entidades financieras o de crédito de la Comunidad inmovilizar las cuentas cuando reciban capitales transferidos por terceros a la cuenta de una persona física o jurídica, entidad u organismo citado en la lista, siempre que también se inmovilice cualquier abono en dichas cuentas. La entidad financiera o de crédito informará sin demora a las autoridades competentes de los Estados miembros, enumeradas en el anexo II, sobre dichas transacciones.

Artículo 4

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las autoridades competentes de los Estados miembros, enumeradas en el anexo II, podrán autorizar, en las condiciones que consideren apropiadas, la liberación o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos bloqueados, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) que la respectiva autoridad competente haya determinado que los fondos o los recursos económicos:

i) son necesarios para sufragar las necesidades básicas de las personas enumeradas en el anexo I y de los familiares a su cargo, tales como el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos;

ii) se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables o al reembolso de gastos relacionados con asistencia letrada; o

iii) se destinan exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de fondos o recursos económicos bloqueados; y

b) a condición de que el Estado miembro afectado haya notificado al Comité de Sanciones su resolución y su intención de conceder una autorización, y el Comité de Sanciones no se haya opuesto en el plazo de tres días hábiles a partir del momento de la notificación.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las autoridades competentes de los Estados miembros enumeradas en el Anexo II podrán autorizar la liberación o la puesta a disposición de determinados capitales o recursos económicos inmovilizados, tras haberse cerciorado de que son necesarios para sufragar gastos extraordinarios, siempre que hayan notificado su resolución al Comité de Sanciones y éste la haya aprobado.

3. Los Estados miembros de que se trate informarán a los demás Estados miembros y a la Comisión de toda autorización concedida en virtud de los apartados 1 y 2.

Artículo 5

No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las autoridades competentes de los Estados miembros enumeradas en el anexo II podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos bloqueados si se cumplen las siguientes condiciones:

a) que los capitales o recursos económicos sean objeto de embargo judicial, administrativo o arbitral establecido antes de la fecha en que la persona física o jurídica, entidad u organismo contemplados por el artículo 2 hayan sido designados por el Comité de Sanciones o el Consejo de Seguridad, o sean objeto de una resolución judicial, administrativa o arbitral pronunciada antes de dicha fecha;

b) que los fondos o recursos económicos vayan a utilizarse exclusivamente para satisfacer las obligaciones garantizadas por tales embargos o reconocidas como válidas en tales sentencias, resoluciones o laudos, dentro de los límites establecidos por las leyes y reglamentos aplicables a los derechos de los acreedores;

c) que el embargo o la resolución no beneficie a una persona, entidad u organismo que figure en el anexo I;

d) que el reconocimiento del embargo o de la sentencia, resolución o laudo no sea contrario al orden público del Estado miembro de que se trate; y

e) que el Estado miembro haya notificado al Comité de Sanciones el embargo o la sentencia, resolución o laudo.

Artículo 6

El bloqueo de los fondos y recursos económicos o la negativa a facilitar los mismos, llevados a cabo de buena fe, con la convicción de que dicha acción se atiene al presente Reglamento, no dará origen a ningún tipo de responsabilidad por parte de la persona física o jurídica o entidad que la ejecute, ni de sus directores o empleados, a menos que se pruebe que los fondos o recursos económicos han sido inmovilizados por negligencia.

Artículo 7

1. Se prohibirá proporcionar, directa o indirectamente, cualesquiera de las siguientes cosas a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo enumerado en el anexo I:

a) ayuda técnica relacionada con actividades militares o con el suministro, venta, transferencia, fabricación, mantenimiento o utilización de mercancías y tecnología incluida en la lista común de equipo militar de la Unión Europea;

b) financiación o asistencia financiera relacionada con actividades militares o con el suministro, venta, transferencia, fabricación, mantenimiento o utilización de mercancías y tecnología incluida en la lista común de equipo militar de la Unión Europea;

c) servicios de inversión relacionados con actividades militares o con el suministro, venta, transferencia, fabricación, mantenimiento o utilización de mercancías y tecnología incluida en la lista común de equipo militar de la Unión Europea;

d) servicios de corretaje, relacionados con actividades militares o con las mercancías y la tecnología incluidas en la lista común de equipo militar.

2. Queda prohibida la participación consciente y deliberada en actividades cuyo objeto o efecto directo o indirecto sea la elusión directa o indirecta de las medidas mencionadas en el apartado 1.

3. La prohibición establecida en el apartado 1, letra b), no dará lugar a responsabilidad de ninguna clase por parte de las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos que suministraron financiación o ayuda financiera, si no supieron ni tuvieron ninguna causa razonable para sospechar que sus acciones infringirían dicha prohibición.

Artículo 8

1. Sin perjuicio de las normas aplicables referentes a la información, la confidencialidad y el secreto profesional, las personas físicas y jurídicas, las entidades y los organismos:

a) facilitarán inmediatamente a las autoridades competentes enumeradas en el anexo II toda información que facilite el cumplimiento del presente Reglamento, tal como cuentas e importes bloqueados de conformidad con el artículo 2, y remitirán esa información a la Comisión, directamente o a través de dichas autoridades competentes; y

b) cooperarán con las autoridades competentes enumeradas en el anexo II en cualquier verificación de esa información.

2. Toda información facilitada o recibida de conformidad con el presente artículo solo podrá ser utilizada para los fines para los cuales se haya facilitado o recibido.

Artículo 9

La Comisión y los Estados miembros se informarán sin demora de las medidas adoptadas en aplicación del presente Reglamento y se comunicarán toda la información pertinente de que dispongan en relación con este, en particular por lo que atañe a las infracciones y los problemas de aplicación del presente Reglamento y a las sentencias dictadas por los tribunales nacionales.

Artículo 10

1. La Comisión podrá:

a) modificar el anexo I, en caso necesario de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 12, y

b) modificar el anexo II, atendiendo a la información facilitada por los Estados miembros.

2. Sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los Estados miembros conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Comisión mantendrá todos los contactos necesarios con el Comité de Sanciones y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con vistas a la aplicación efectiva del presente Reglamento.

Artículo 11

1. En los casos en que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Comité de Sanciones decida incluir por primera vez en la lista a una persona física o jurídica, una entidad o un organismo, la Comisión, tan pronto como las Naciones Unidas le hayan proporcionado una motivación, adoptará sin demora una decisión provisional sobre las modificaciones del anexo I.

2. Una vez adoptada la decisión provisional mencionada en el apartado 1, la Comisión publicará sin demora un anuncio relativo a las modalidades para presentar la información en relación con el anexo I, concediendo a la persona física o jurídica, entidad u organismo afectado la oportunidad de expresar su opinión sobre el asunto.

3. La Comisión adoptará una decisión final referente a la persona, entidad u organismo afectado, de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 12.

4. En los casos en que las Naciones Unidas decidan suprimir de la lista a una persona física o jurídica, entidad u organismo, o modificar los datos de identificación de una persona, entidad u organismo incluido en la lista, la Comisión modificará en consecuencia el anexo I.

Artículo 12

1. La Comisión estará asistida por un comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.

Artículo 13

1. Si las Naciones Unidas o un Estado presenta información clasificada, la Comisión tratará dicha información de conformidad con la Decisión 2001/844/CE, CECA, Euratom, de 29 de noviembre de 2001, por la que se modifica su Reglamento interno[11] y, en caso pertinente, el Acuerdo sobre la seguridad de la información clasificada entre la Unión Europea y el Estado que la presente.

2. Los documentos clasificados a un nivel que corresponda al de «Très Secret UE / EU Top Secret», «Secret UE» o «Confidentiel UE» no se harán públicos sin el consentimiento del autor.

Artículo 14

1. La Comisión tratará los datos personales para desempeñar su misión conforme al presente Reglamento. Estas tareas incluyen:

a) elaborar modificaciones del anexo I del presente Reglamento;

b) consolidar el contenido del anexo I en la lista electrónica y consolidada de personas, entidades y organismos sujetos a sanciones financieras de la UE disponible en el sitio Internet de la Comisión[12];

c) tratamiento de la información referente a las razones en que se basa la lista; y

d) tratamiento de la información sobre el impacto de las medidas del presente Reglamento, tales como el valor de los fondos bloqueados y la información sobre las autorizaciones concedidas por las autoridades competentes.

2. El anexo I solamente incluirá la siguiente información sobre las respectivas personas físicas:

a) apellidos y nombre , incluyendo alias y títulos, si los hubiera;

b) fecha y lugar de nacimiento;

c) nacionalidad;

d) números de pasaporte y documento de identidad;

e) números de identificación fiscal y seguridad social;

f) sexo;

g) dirección u otra información sobre el paradero;

h) cargo o profesión

i) fecha de designación conforme al artículo 3, apartado 1, letra b).

j) motivos para la inclusión en la lista, si el cargo no es suficiente para ello.

3. El anexo I puede también incluir los siguientes datos personales relativos a las personas físicas incluidas en la lista, si tales datos son proporcionados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o por el Comité de Sanciones y son necesarios en un caso concreto con la única finalidad de verificar la identidad de la persona física en cuestión:

a) apellidos y nombre del padre de la persona física;

b) apellidos y nombre de la madre de la persona física;

Se informará a las personas físicas afectadas de la utilización de sus nombres en el anexo I de la misma forma que a la persona física.

4. La Comisión puede tratar los datos pertinentes relativos a los delitos cometidos por las personas físicas incluidas en la lista, y a las condenas penales o medidas de seguridad referentes a dichas personas, solamente cuando sea necesario para preparar una motivación y un estudio de las alegaciones efectuadas por la persona física afectada, siempre que se establezcan garantías específicas adecuadas. Dichos datos no se harán públicos ni se intercambiarán.

5. A efectos del presente Reglamento, se designa a la unidad de la Comisión citada en el anexo II como «responsable del tratamiento» a efectos del artículo 2, letra d), del Reglamento (CE) n° 45/2001, para asegurarse de que las personas físicas afectadas puedan ejercer sus derechos conforme al Reglamento (CE) n° 45/2001.

Artículo 1 5

1. Los Estados miembros determinarán las normas relativas a las sanciones que deberán imponerse en caso de infracción de las disposiciones del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. Las sanciones previstas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

2. Los Estados miembros notificarán sin demora a la Comisión dichas normas tras la entrada en vigor del presente Reglamento, así como cualquier modificación posterior.

Artículo 1 6

El presente Reglamento se aplicará:

a) en el territorio de la Comunidad, incluido su espacio aéreo;

b) a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de un Estado miembro;

c) a toda persona, ya se encuentre dentro o fuera del territorio comunitario, que sea nacional de un Estado miembro;

d) a toda persona jurídica, entidad u organismo registrado o constituido con arreglo al Derecho de un Estado miembro;

e) a toda persona jurídica, entidad u organismo en relación con cualquier negocio efectuado, en su totalidad o en parte, en la Comunidad.

Artículo 1 7

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, […]

Por el Consejo

El Presidente […]

ANEXO I

Personas físicas y jurídicas, entidades u organismos mencionados en los artículos 2 y 7

ANEXO II

Lista de las autoridades competentes mencionadas en el artículo 3, apartado 2, y los artículos 4, 5 y 8, y dirección a la que deben enviarse las notificaciones a la Comisión Europea

(a rellenar por los Estados miembros)

BÉLGICA

BULGARIA

REPÚBLICA CHECA

DINAMARCA

ALEMANIA

ESTONIA

IRLANDA

GRECIA

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

CHIPRE

LETONIA

LITUANIA

LUXEMBURGO

HUNGRÍA

MALTA

PAÍSES BAJOS

AUSTRIA

POLONIA

PORTUGAL

RUMANÍA

ESLOVENIA

ESLOVAQUIA

FINLANDIA

SUECIA

REINO UNIDO

Dirección a la que deben enviarse las notificaciones a la Comisión Europea:

Comisión Europea

DG Relaciones Exteriores

Dirección A. Plataforma de Crisis y Coordinación Política en la PESC

Unidad A2. Gestión de crisis y prevención de conflictos

CHAR 12/106

B-1049 Bruselas (Bélgica)

Correo electrónico: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73

[1] DO L 46 de 17.2.2009, p. 73.

[2] DO L 334 de 11.12.2002, p. 1.

[3] DO L 24 de 29.1.2003, p. 2.

[4] DO L 46 de 17.2.2009, p. 73.

[5] DO C […] de […], p. […].

[6] DO L 24 de 29.1.2003, p. 2.

[7] DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.

[8] DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

[9] DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

[10] DO L 145 de 30.4.2004, p. 1.

[11] DO L 317 de 3.12.2001, p. 1.

[12] http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm