A4-0070/98

Resolución sobre el informe del Instituto Monetario Europeo relativo a la convergencia de la legislación en los Estados miembros de la Unión Europea (situación en agosto de 1997) (C4-0560/97)

El Parlamento Europeo,

- Visto el informe del Instituto Monetario Europeo (C4-0560/97),

- Vista su Resolución de 28 de noviembre de 1996 ((DO C 380 de 16.12.1996, pág. 56.)) que contiene su dictamen previsto en el apartado 2 del artículo 109 J TCE, relativo a la decisión de convergencia 1996 del Consejo, reunido en su formación de Jefes de Estado o de Gobierno, y su Resolución de la misma fecha ((DO C 380 de 16.12.1996, pág. 62.)) sobre el impacto de las políticas monetarias sobre la economía real, la inflación, los tipos de interés, el crecimiento y el empleo en la tercera fase de la UEM, y la función económica de los criterios de convergencia,

- Vistas sus Resoluciones de 18 de junio de 1996 ((DO C 198 de 8.7.1996, pág. 47.)) y de 10 de junio de 1997 ((DO C 200 de 30.6.1997, pág. 32.)) sobre los informes anuales del Instituto Monetario Europeo para 1995 y 1996,

- Vista su Resolución de 10 de junio de 1997 ((DO C 200 de 30.6.1997, pág. 35.)) sobre el informe del Instituto Monetario Europeo sobre la política monetaria única en la tercera fase - especificación del marco operativo,

Vista su Resolución de 28 de noviembre de 1996

- Vistas las disposiciones del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, sus artículos 105, 107, 108 y 109 J, así como el Protocolo n° 3 sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo,

- Vistos los informes de convergencia de 1995 y 1996 del Instituto Monetario Europeo,

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial (A4-0070/98),

A. Considerando que la tarea principal del BCE y del SEBC consiste en establecer y llevar a cabo la política monetaria de la Comunidad, realizar las operaciones en divisas, administrar y conservar las reservas monetarias oficiales, fomentar el buen funcionamiento de los sistemas de las operaciones de pago, así como contribuir a la realización sin trabas de la supervisión prudencial de los bancos y los mercados financieros y a la estabilidad del sistema financiero;

B. Considerando las tareas y obligaciones del BCE en relación con los Estados miembros que no participen en la UEM, así como sus relaciones con los mercados financieros mundiales y sus instituciones;

C. Considerando que el Tratado CE y los Estatutos del SEBC/BCE no requieren una armonización de las legislaciones nacionales, sino tan sólo la eliminación de las incompatibilidades entre las disposiciones nacionales y europeas; que ello permite mantener la peculiaridades nacionales;

D. Considerando que, para cumplir las condiciones establecidas en el artículo 108 del Tratado CE, los procedimientos legislativos necesarios para garantizar la compatibilidad de las legislaciones nacionales con el Tratado deberán haber concluido en el momento en que se ponga en marcha el SEBC;

E. Recordando las reservas expresadas en su resolución precitada de 28 de noviembre de 1996 en relación con el «desequilibrio institucional del BCE»;

1. Constata que el cometido común indiscutible del BCE y del SEBC consiste en fijar una política monetaria europea uniforme, ejecutarla y ver cómo funciona en la realidad económica y social;

2. Pide claridad sobre la integración de los Bancos Centrales nacionales en el SEBC, y que se concreten y precisen los cometidos que seguirán en manos de los Bancos Centrales nacionales;

3. Pide una interpretación de la independencia institucional de los Bancos Centrales nacionales como partes integrantes del SEBC que no excluya los procesos de consulta mutua y diálogo con otras instituciones;

4. Constata que el diálogo entre los Bancos Centrales nacionales y sus instituciones políticas es compatible con el Tratado CE y el estatuto del SEBC, siempre que ello no menoscabe la independencia de los miembros de los órganos rectores de éstos y que se respeten las competencias del BCE, su obligación democrática de rendir cuentas a nivel comunitario, así como al estatuto especial del Presidente en su calidad de miembro de los órganos rectores;

5. Reitera la posición formulada en su Resolución precitada de 10 de junio de 1997 respecto al informe del IME sobre la política monetaria única en la tercera fase, y subraya que el apartado 1 del artículo 105 y el artículo 2 del TCE sobre la consecución de los objetivos de crecimiento, prosperidad, empleo y estabilidad deben constituir el marco de la futura política monetaria;

6. Pide una clara distinción en el informe del IME relativo a la convergencia de la legislación en los Estados miembros de la Unión Europea entre las disposiciones compatibles e incompatibles con el Tratado en relación con los cometidos de los Bancos Centrales nacionales y, en particular, que se defina de manera comprensible la referencia a la obstaculización de la ejecución de las tareas relativas a la SEBC;

7. Constata que el IME ha presentado importantes trabajos preliminares con vistas al debate y que, sobre la base de éstos, el futuro BCE podrá decidir lo que considera compatible e incompatible con el Tratado CE en lo referente a las disposiciones sobre contabilidad, control de cuentas, suscripción de capital, transferencia de reservas monetarias e ingresos monetarios del extranjero;

8. Espera también que el IME explique los criterios en los que se basa para determinar la compatibilidad o incompatibilidad de otros ámbitos legislativos afectados por la transición de la segunda a la tercera fase;

9. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, al Consejo del IME, a los Parlamentos de los Estados miembros y a los Bancos Centrales nacionales.