(4)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el periodo 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica.

(5)Rumanía se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2018, el Gobierno prevé un déficit global del 2,95 % del PIB en 2018, y una reducción posterior, hasta el 1,45 % del PIB, en 2021. No se espera alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 1 % del PIB) de aquí a 2021, cuando finaliza el periodo cubierto por el programa. Está previsto que el saldo estructural recalculado alcance el -2,1 % en 2021. Según el Programa de Convergencia, se espera que la ratio deuda pública / PIB permanezca por debajo del 40 % de aquí a 2021. El escenario macroeconómico en el que se basan estas previsiones presupuestarias es favorable. Además, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos no se han concretado suficientemente.

(6)El 16 de junio de 2017, el Consejo decidió, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se había observado una desviación significativa respecto del objetivo presupuestario a medio plazo en Rumanía en 2016. En vista de la desviación significativa observada, el 16 de junio de 2017 el Consejo recomendó a Rumanía que adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no rebasara el 3,3 % en 2017, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB. El 5 de diciembre de 2017, el Consejo concluyó que Rumanía no había tomado medidas efectivas en respuesta a la recomendación del Consejo de 16 de junio de 2017 y emitió una recomendación revisada. En la nueva recomendación, el Consejo pidió a Rumanía que adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no rebasara el 3,3 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,8 % del PIB. El XX de junio de 2018, el Consejo concluyó que Rumanía no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la recomendación del Consejo de 5 de diciembre de 2017. Además, atendiendo a los datos sobre la ejecución de 2017, se constató que Rumanía presentaba una desviación significativa respecto del ajuste recomendado en 2017. De conformidad con el artículo 121, apartado 4, del TFUE y con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, el 23 de mayo de 2018 la Comisión advirtió a Rumanía de que en 2017 se había observado una desviación significativa respecto del objetivo presupuestario a medio plazo. Posteriormente, el XX de junio de 2018, el Consejo adoptó una Recomendación en la que se confirmaba la necesidad de que Rumanía adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no rebasara el 3,3 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,8 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de desviación de dicha Recomendación en 2018.

(7)Para 2019, el XX de junio de 2018 el Consejo recomendó a Rumanía que adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no rebasara el 5,1 %, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,8 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de desviación de dicho requisito en 2019. Además, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2018 apuntan a un déficit de las administraciones públicas del 3,4 % y del 3,8 % del PIB en 2018 y 2019, por encima del 3 % del PIB, que es el valor de referencia del Tratado. En general, el Consejo considera que, a partir de 2018, será preciso adoptar nuevas medidas significativas para dar cumplimiento a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, habida cuenta del acusado proceso de deterioro de las perspectivas presupuestarias, en consonancia con la Recomendación dirigida a Rumanía el XX de junio de 2018 con vistas a corregir la desviación significativa observada con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

(8)La planificación presupuestaria de Rumanía hace caso omiso regularmente de lo establecido en su marco presupuestario, a pesar de la necesidad de introducir políticas presupuestarias responsables. La Ley de Responsabilidad Presupuestaria de Rumanía transpone el Pacto Presupuestario en la legislación nacional. Sus normas están bien concebidas, pero en la práctica se pasan por alto constantemente. En 2016, el déficit estructural aumentó por encima del objetivo a medio plazo, infringiendo la norma del déficit. Los presupuestos de 2017 y 2018 tenían como objetivo un déficit global próximo al 3 % del PIB, lo que supone un deterioro del saldo estructural que infringe la norma. Las dos enmiendas presupuestarias realizadas en 2017 no eran conformes con las normas que prohíben los aumentos de los límites máximos del déficit global y del déficit primario y los aumentos de gasto en personal y del gasto público total durante el ejercicio en curso, respectivamente. Además, como en años anteriores, en 2017 la actualización de la estrategia presupuestaria se presentó al Parlamento bien rebasado el plazo legal, por lo que no ofrece una perspectiva a largo plazo para la planificación presupuestaria.

(9)El cumplimiento de las obligaciones tributarias sigue siendo bajo, en particular para el impuesto sobre el valor añadido. El año pasado, Rumanía realizó avances limitados en lo que respecta al seguimiento de la repetida recomendación específica por país de reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la recaudación de impuestos. Por lo que respecta al impuesto sobre el valor añadido, la diferencia entre los ingresos previstos teóricamente y los realmente recaudados sigue siendo muy elevada. Para mejorar el cumplimiento, las autoridades introdujeron los pagos fraccionados. Esta medida es opcional, salvo para las empresas insolventes y los sujetos pasivos con grandes importes pendientes en concepto de IVA. Sin embargo, la medida todavía no ha dado resultados significativos. La introducción de cajas registradoras electrónicas conectadas al sistema informático de la Administración tributaria está aún pendiente de aplicación.

(10)La salud del sector financiero ha mejorado, pero algunos acontecimientos requieren un seguimiento. La banca está bien capitalizada y la calidad de sus activos ha mejorado. Sin embargo, varias iniciativas legislativas en curso, que pueden afectar negativamente a la transferencia de préstamos no productivos y al crédito y la inversión, justifican una estrecha vigilancia. La reciente reducción de las cotizaciones a los fondos de pensiones del segundo pilar prefinanciados suavizó los problemas presupuestarios a corto plazo, pero podría tener consecuencias negativas para el desarrollo de los mercados de capitales.

(11)El mercado de trabajo ha registrado tensiones debido al crecimiento del empleo, junto con una reducción de la mano de obra debido al envejecimiento de la población y a la emigración. Rumanía tiene al mismo tiempo un considerable potencial de mano de obra no utilizado, y algunos grupos como los jóvenes, los gitanos, los desempleados de larga duración y las personas con discapacidad tienen dificultades a la hora de acceder al mercado laboral. El año pasado, Rumanía realizó pocos avances respecto a la recomendación específica por país de reforzar unas políticas selectivas de activación y servicios públicos integrados, prestando especial atención a las personas más alejadas del mercado laboral. A pesar del aumento de los incentivos financieros para los sistemas de movilidad, la participación en las políticas activas del mercado de trabajo se ha mantenido muy baja, y la carga administrativa ha sido elevada. Los programas de obras públicas de ámbito local han hecho muy poco para proporcionar las cualificaciones pertinentes y apoyar la transición a empleos convencionales. No existe una gestión de casos para los desempleados de larga duración y los beneficiarios de asistencia social. La cooperación entre los servicios públicos de empleo y los proveedores de servicios sociales y educativos, y los proveedores externos, ha sido limitada.

(12)El riesgo de pobreza o exclusión social ha sido muy elevado. Las familias con hijos, las personas con discapacidad, la población gitana y la población rural se han visto especialmente afectadas. La desigualdad de ingresos sigue siendo elevada, también debido a la escasa incidencia del sistema de ventajas fiscales en la mitigación de la desigualdad de los ingresos procedentes del trabajo y de las rentas. El índice de referencia social, que sirve para calcular las prestaciones sociales más importantes, no se ha actualizado desde 2008. La Ley sobre inclusión mínima, que estaba previsto que entrase en vigor en 2018, habría aumentado la cobertura y la adecuación de las prestaciones de asistencia social. No obstante, su entrada en vigor se ha pospuesto más de un año. La edad de jubilación más baja de las mujeres supone unos derechos a pensión más reducidos, agravando la pobreza en la vejez y la disparidad en el empleo entre hombres y mujeres.

(13)La participación de los interlocutores sociales en la concepción y la aplicación de las reformas económicas y sociales ha sido muy limitada. Los puntos de vista de los interlocutores sociales no suelen tenerse en cuenta, incluso cuando convergen. El marco de negociación colectiva de Rumanía no es propicio para el buen funcionamiento del sistema de relaciones laborales. El diálogo social se caracteriza por unos bajos niveles de negociación colectiva, especialmente a nivel sectorial, y de afiliación a sindicatos y organizaciones patronales. Los altos umbrales de representatividad y la vaga definición de los sectores se encuentran entre los principales obstáculos a un diálogo social más eficaz. Las enmiendas legislativas dirigidas a mejorar el marco han avanzado poco hasta ahora.

(14)En los últimos años, el salario mínimo ha aumentado en varias ocasiones de manera discrecional. Desde 2015, el salario mínimo neto se ha incrementado en más del 60 %. En 2017, aproximadamente el 30 % de los trabajadores ganaban el salario mínimo, lo que supone una escala salarial corta. Los interlocutores sociales han refrendado una propuesta para un mecanismo objetivo de incremento del salario mínimo, pero no ha sido aplicada por el Gobierno.

(15)La oferta de cualificaciones no es acorde con las necesidades de la economía. Los bajos niveles de las cualificaciones básicas y de las cibercapacidades tienen un impacto adverso en la competitividad, el empleo y la convergencia. La participación en el aprendizaje de adultos ha sido muy baja. Aún no existe un mecanismo que adapte las políticas activas del mercado laboral a la demanda de cualificaciones, y la capacidad para prever las futuras necesidades de cualificaciones y estimar el impacto previsto de las nuevas tecnologías es débil. La educación y la formación profesionales sigue siendo una segunda opción y no está suficientemente armonizada con las necesidades del mercado de trabajo ni con las estrategias de especialización regionales o sectoriales.

(16)El bajo rendimiento del sistema educativo contribuye a la gran desigualdad de oportunidades y a las perspectivas de crecimiento a largo plazo de Rumanía. La existencia y el acceso a una educación general de calidad es un reto, en particular para la población gitana y los niños de las zonas rurales. Aún está por desarrollar una metodología de seguimiento para hacer frente a la segregación escolar. El porcentaje de abandono prematuro de la educación y la formación está disminuyendo, pero sigue siendo elevado. Se está desarrollando un mecanismo de alerta precoz para identificar a los niños en riesgo de abandono escolar, pero su atención a la calidad de la educación es insuficiente. Pese a que se han tomado algunas medidas, la garantía de la calidad en la educación escolar y superior se enfrenta a dificultades. Los resultados en educación superior son muy bajos. La inversión en educación es relativamente baja, y en particular las escuelas desfavorecidas carecen de un apoyo adecuado.

(17)El estado de salud de la población ha mejorado, pero sigue por debajo de los niveles de la UE. El acceso a la asistencia sanitaria sigue siendo un reto, con repercusiones negativas en el desarrollo de los niños, la empleabilidad de la mano de obra y el envejecimiento saludable. La escasa financiación y el uso ineficiente de los recursos limitan la eficacia del sistema de asistencia sanitaria, en el contexto de una considerable escasez de personal médico y de enfermería. El acceso a la asistencia sanitaria está limitado por la prevalencia de pagos informales y la distancia a las infraestructuras sanitarias. Rumanía ha realizado algunos avances para cumplir la recomendación específica por país de frenar los pagos informales, y se está instaurando un mecanismo de control, aunque su impacto real aún debe evaluarse. Rumanía ha realizado avances limitados en lo que respecta al seguimiento de una recomendación específica por país de proceder a una reorientación hacia la asistencia ambulatoria. La instauración en curso de la estrategia nacional de asistencia sanitaria se ve obstaculizada por el cambio de prioridades y una planificación deficiente de las inversiones.

(18)La planificación estratégica, el proceso de consulta pública y la evaluación del impacto de la legislación siguen siendo débiles en la concepción, aplicación y seguimiento de las medidas. Ello va en detrimento de la calidad y la previsibilidad de la reglamentación. Por otra parte, los cambios frecuentes en la legislación, como las modificaciones del código fiscal, pesan sobre el entorno empresarial. La participación de los interesados en la concepción y aplicación de las reformas es escasa, y apenas tiene lugar un verdadero diálogo, aunque existen las estructuras institucionales pertinentes. El mecanismo para abordar las opiniones de las partes interesadas en las consultas públicas no garantiza su adecuado seguimiento. Un ejemplo reciente es el incumplimiento de una propuesta aprobada por los interlocutores sociales respecto de un mecanismo objetivo para incrementar el salario mínimo, que habría respondido a una recomendación específica por país. No se han alcanzado resultados tangibles en las reformas de la Administración pública. La adopción de la legislación pertinente sobre la gestión de los recursos humanos en la Administración pública se ha retrasado. La Secretaría General del Gobierno desempeña un papel limitado en el control de calidad de la elaboración de políticas.

(19)La mala calidad de las infraestructuras, entre otros en los sectores del transporte, los residuos y las aguas residuales, limita las perspectivas de crecimiento de Rumanía. La inversión pública se caracteriza por una baja eficiencia, especialmente en la elaboración y establecimiento de prioridades de los proyectos. El estado general y la fiabilidad de las infraestructuras viarias, ferroviarias y de vías de navegación interior siguen siendo deficientes y la reforma del sector del transporte avanza muy lentamente. Los avances en la reforma de la gestión de los residuos también son lentos, mientras que los sectores de los residuos sólidos y las aguas residuales se enfrentan a desafíos similares. El plan director de transporte y el plan nacional de gestión de residuos están destinados a servir de hoja de ruta estable para las inversiones y reforzar la capacidad administrativa en los sectores, pero la adaptación de la preparación de los proyectos a la planificación estratégica ha sido limitada hasta la fecha. Rumanía ha avanzado poco en el refuerzo de la priorización y la preparación de los proyectos de inversión pública, una de las recomendaciones específicas por país.

(20)La eficiencia y transparencia de la contratación pública siguen siendo fundamentales para hacer frente a los grandes retos políticos a que se enfrenta Rumanía, en particular la eficiencia del gasto público, la lucha contra la corrupción y el fomento de la innovación y el crecimiento sostenible e integrador. Rumanía ha realizado algunos avances para abordar la recomendación específica por país de aplicar la estrategia de contratación pública, pero el plan aún no está plenamente ejecutado. Al mismo tiempo, siguen constituyendo retos el aumento de la eficacia y el uso estratégico de la contratación pública, auditorías efectivas y el control del fraude. La sostenibilidad de las medidas adoptadas y la irreversibilidad de las reformas necesitan un seguimiento continuado. Los desafíos de la transparencia y la eficiencia en relación con la contratación pública afectan, en particular, a las grandes inversiones en infraestructuras sanitarias en los hospitales regionales de Iaşi, Cluj y Craiova.

(21)Las empresas públicas desempeñan un papel fundamental en los sectores de infraestructuras críticas tales como la energía y el transporte ferroviario. No obstante, su rendimiento operativo y financiero es más débil que el de sus homólogos del sector privado. El buen gobierno de las empresas públicas se ha debilitado en gran medida últimamente, revirtiendo el progreso alcanzado en las recomendaciones específicas por país de 2015 y 2016. No solo la aplicación de la nueva legislación ha sido vacilante, sino que se está intentado eximir a una serie de empresas de su ámbito de aplicación. Además, la publicación de los datos financieros sobre empresas estatales se ha retrasado. En consecuencia, las condiciones clave para promover el uso eficiente de los recursos públicos se están deteriorando, lo que abre un margen para decisiones de inversión distorsionadas. En febrero de 2018, el Tribunal Constitucional instó al Parlamento a que revisara estas exenciones.

(22)Los acontecimientos del año pasado pusieron en tela de juicio la irreversibilidad y la sostenibilidad del importante avance de Rumanía en la reforma de su sistema judicial y la lucha contra los grandes casos de corrupción. La independencia judicial está en entredicho, y se está ejerciendo presión sobre las instituciones judiciales y sobre el marco jurídico de lucha contra la corrupción, y los avances respecto a los retos pendientes son poco visibles. La aplicación de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción 2016-2020 que desarrolla medidas para prevenir y combatir la corrupción sigue avanzando a nivel técnico, pero es necesario un apoyo político más tangible, puesto que la corrupción y los problemas de gobernanza en el sector público persisten en todos los niveles y figuran entre los principales retos para la actividad empresarial.

(23)En el marco del mecanismo de cooperación y verificación, la Comisión sigue realizando un seguimiento en los ámbitos de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción en Rumanía. Por tanto, estos ámbitos no están cubiertos en las recomendaciones específicas por país para Rumanía, pero son pertinentes para el desarrollo de un entorno socioeconómico positivo en el país.