COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 17.03.1999 
COM(1999)127 final 
INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO 
SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS 
90/364,90/365 y 93/96 
(DERECHO DE RESIDENCIA) 
RESUMEN 
El derecho a la libre circulación se limitaba, en un principio, a las personas que ejercen una 
actividad económica. Después de un largo proceso, este derecho se amplió a todos los 
nacionales de los Estados miembros, incluso si no ejercen actividad económica. Tal es la 
contribución de las tres Directivas de 28 de junio de 1990 sobre el derecho de residencia de 
los estudiantes, pensionistas y otras personas no activas. Esta ampliación del derecho de 
residencia bajo determinadas condiciones, se confirmó solemnemente en el Tratado de 
Maastricht: la inclusión del artículo 8 A en el Tratado CE confiere a todo ciudadano un 
derecho fundamental y personal a circular y residir en el territorio de los Estados miembros. 
Sin embargo, siguen aplicándose las condiciones y modalidades de este derecho, tal y como 
están fijadas en el Derecho derivado. 
El presente informe intenta evaluar la aplicación de las tres Directivas sobre el derecho de 
residencia de los estudiantes, pensionistas y otras personas no activas. 
La transposición de las directivas es un primer elemento de valoración. 
En primer lugar, se constata que la propia transposición resultó laboriosa. Sólo tres Estados 
miembros cumplieron los plazos y habían transpuesto las Directivas en la fecha prevista de 30 
de junio de 1992. Los procedimientos de infracción por no transposición adoptados por la 
Comisión contra los otros Estados miembros se archivaron más adelante, según se fueron 
adoptando las medidas de transposición. El procedimiento contra un Estado miembro llegó 
incluso ante el Tribunal de Justicia y desembocó en su condena por una sentencia de 1997. 
Por lo que se refiere al contenido de las medidas de transposición, la Comisión tuvo que 
incoar procedimientos de infracción por transposición incorrecta contra 14 Estados 
miembros, lo que constituye una tasa de contenciosos anormalmente elevada respecto a las 
disposiciones en cuestión. La mayoría de los procedimientos se archivó, a ritmos variables, 
gracias a las modificaciones que los Estados miembros introdujeron en sus legislaciones. No 
obstante, la Comisión tuvo que recurrir al Tribunal de Justicia contra dos Estados miembros 
en 1998. 
La experiencia de los agentes de la Directiva, es decir, ciudadanos y administraciones de los 
Estados miembros, es el segundo elemento de valoración de la aplicación de las Directivas. 
Las denuncias a la Comisión y peticiones al Parlamento Europeo son reveladoras de las 
dificultades encontradas por los ciudadanos en la aplicación de las Directivas: incertidumbre 
sobre los procedimientos que deben seguirse, duración y complejidad de las gestiones para la 
obtención de un permiso de residencia, dificultades para responder a las condiciones de 
seguro de enfermedad y recursos. 
Las propias administraciones tienen a veces dudas sobre las disposiciones que deben aplicarse 
y encuentran dificultades, principalmente para apreciar las condiciones de recursos y seguro 
de enfermedad. 
Las primeras conclusiones que extrae la Comisión de las comprobaciones sobre la aplicación 
de las tres Directivas destacan las cuatro necesidades siguientes: 
- Mejorar el esfuerzo para informar a los ciudadanos 
- Seguir garantizando firmemente el respeto del Derecho comunitario 
- Hacer más legible el Derecho comunitario en materia de libre circulación de personas y 
reorganizarlo en torno al concepto de ciudadanía de la Unión 
- Iniciar la reflexión sobre modificaciones de fondo del Derecho existente. 
Introducción 
La libre circulación de personas conlleva el derecho a entrar, circular, pasar un período 
de tiempo y, cuando proceda, permanecer en un Estado miembro distinto de aquel 
cuya nacionalidad posee el ciudadano comunitario. En el ejercicio de este derecho, se 
prohibe cualquier discriminación basada en la nacionalidad. Sin embargo, en un 
principio, el derecho de un nacional de un Estado miembro a residir en el territorio de 
otro Estado miembro de la Comunidad Europea se supeditaba (esencialmente) al 
ejercicio de una actividad económica en este Estado. Por lo tanto, el derecho de 
residencia era una consecuencia del derecho a ejercer una actividad profesional1. 
Pero esta situación no podía perpetuarse, puesto que no correspondía plenamente a 
uno de los objetivos fijados por la letra c del artículo 3 del Tratado de Roma («la 
supresión, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre circulación de 
personas ...») ni a la voluntad política expresada a partir de la Cumbre de París de 1974 
de querer avanzar hacia una «Europa de los ciudadanos2 ». 
En respuesta a esta nueva percepción de la libre circulación de personas, la Comisión 
propuso3, ya en 1979, ampliar el derecho de residencia a otras categorías de personas 
que no desempeñaban una actividad económica, puesto que consideraba este avance un 
elemento importante para la realización del mercado interior. Pero será la dinámica 
introducida por la preparación y adopción del Acta Única Europea la que creará las 
condiciones necesarias para la conclusión de este proceso una decena de años más 
tarde. Tras haber retirado su propuesta de 1979, la Comisión dividió el expediente 
presentando en 1989 en tres nuevas propuestas4 relativas a los estudiantes, los 
pensionistas y las otras personas no activas5 , que condujeron a la aprobación por el 
Consejo el 28 de junio de 1990 de las Directivas 90/364 relativa al derecho de 
residencia6, 90/365 relativa al derecho de residencia de los trabajadores por cuenta 
ajena o por cuenta propia que hayan dejado de ejercer su actividad profesional7 y 
90/366 relativa al derecho de residencia de los estudiantes8. 
Esta ampliación, en el Derecho derivado, del ámbito de aplicación personal del derecho 
de residencia se confirmó más tarde solemnemente en el Tratado CE por medio del 
artículo 8 A insertado por el Tratado de Maastricht: «Todo ciudadano de la Unión 
tendrá derecho ... a residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con 
sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en el presente Tratado y en las 
disposiciones adoptadas para su aplicación». 
1 Véase, por ejemplo, el apartado 3 del artículo 48 del Tratado CEE. 
2 Véase Informe de la Comisión sobre la ciudadanía de la Unión, 21.12.1993, COM (93) 702 final, 
parte II. 
3 COM (79) 215 final, DO C 207 de 17.8.1979, p.14. 
4 DOC 191 de 28.7.1989. 
5 Para simplificar, en el presente informe se utiliza la expresión «otras personas no activas» para 
designar a los beneficiarios de la Directiva 90/364. 
6 DO L 180 de 13.7.1990, p.26. 
7DOL 180 de 13.7.1990, p.28. 
8DOL 180 de 13.7.1990, p.30. 
El artículo 8 A consagra así el derecho de residencia como un derecho fundamental y 
personal9 sin por ello dejar anticuados los instrumentos de Derecho derivado 
adoptados anteriormente y en particular las Directivas 90/364, 90/365 y la Directiva 
93/9610, que sustituyó a la Directiva 90/366 después de su anulación por el Tribunal de 
Justicia11. 
Además del propio derecho de residencia, cabe recordar, de forma más general, la 
importancia del estatuto de ciudadano de la Unión reflejada en el apartado 2 del 
artículo 8, también insertado en el Tratado CE por el Tratado de Maastricht, según el 
cual «los ciudadanos de la Unión serán titulares de los derechos y sujetos de los 
deberes previstos en el presente Tratado». Uno de los derechos esenciales a este 
respecto es, como lo ha recordado recientemente el Tribunal de Justicia12, «el previsto 
en el artículo 6 del Tratado de no sufrir discriminación por razón de la nacionalidad en 
el ámbito de aplicación ratione materiae del Tratado». 
El objetivo del presente informe elaborado por la Comisión responde a su obligación 
de dar cuenta al Parlamento Europeo y al Consejo de la aplicación de las tres 
Directivas tendentes a ampliar el derecho de residencia a todos los nacionales 
comunitarios, incluso si no desempeñan ninguna actividad económica, a condición de 
que dispongan de un seguro de enfermedad y de recursos suficientes para evitar 
convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida. 
Cabe señalar que estas tres Directivas se aplican también en el marco del Espacio 
Económico Europeo y que el Órgano de vigilancia de la AELC está redactando un 
informe sobre la aplicación de las Directivas en Noruega, Islandia y Licchtenstein. 
El presente informe de la Comisión sobre la aplicación de las Directivas antes 
mencionadas consta de cuatro secciones: 
1. Un breve recordatorio del contenido de las Directivas. 
2. Un examen de la transposición de las Directivas al Derecho nacional, en lo relativo 
tanto a los plazos de la operación como al contenido de las medidas nacionales 
adoptadas. 
3. Un análisis de las informaciones procedentes de los «agentes» de las Directivas, los 
ciudadanos de la Unión y las administraciones competentes en materia de residencia, 
sobre el funcionamiento de las Directivas. 
4. Un balance de la aplicación de las Directivas, que incluye un esbozo de líneas de 
reflexión y actuación para el futuro, con vistas a un mejor funcionamiento del derecho 
de residencia. 
9 Véase Segundo informe de la Comisión sobre la ciudadanía de la Unión, 27.5.1997, COM (97) 230 
final, p. 15. 
10DOL 317 de 18.12.1993, p.59 
11 Sentencia de 7.7.1992, Asunto C-295/90, Recopilación 1992, p. 1-4193. 
12 Sentencia de 12.5.1998, Asunto C-85/96, Recopilación 1998, p. 1-2691. 
1. Contenido de las Directivas 
1.1. Pensionistas y otras personas no activas: 
Las Directivas 90/365 y 90/364 permiten el derecho de residencia de los pensionistas y 
otras personas no activas, con una doble condición: deben disponer de recursos 
suficientes para no convertirse durante su estancia en una carga para la asistencia social 
del Estado miembro de acogida y de un seguro enfermedad que cubra todos los riesgos 
en el Estado miembro de acogida (apartado 1 del artículo 1). Los recursos se 
consideran suficientes por referencia a límites aplicados en la legislación social de los 
Estados miembros de acogida (apartado 2 del artículo 1). 
Los miembros de la familia que pueden acompañar al titular del derecho de residencia 
son su cónyuge y sus descendientes y ascendientes a cargo (apartado 2 del artículo 1). 
La duración del permiso de residencia puede limitarse a 5 años y, en caso de necesidad, 
el Estado miembro puede exigir la «renovación» del permiso al término de los dos 
primeros años de residencia (artículo 2). Por referencia (artículo 2) a distintas 
disposiciones de la Directiva 68/36013, el permiso de residencia es válido para el 
conjunto del territorio, su validez no se ve afectada por interrupciones de la estancia 
que no excedan de seis meses consecutivos, se concede con carácter gratuito o 
mediante el abono de una cantidad que no rebasará el importe de los derechos y tasas 
exigidos para la expedición de las tarjetas de identidad a los nacionales del Estado 
miembro de acogida y los visados exigidos, cuando proceda, a los miembros de la 
familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro serán gratuitos y se 
simplificarán al máximo las formalidades para obtenerlos. 
El cónyuge y los hijos a cargo, cualquiera que sea su nacionalidad, podrán acceder a 
cualquier actividad, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia en todo el territorio 
del Estado miembro de acogida (artículo 2). 
El derecho de residencia subsistirá mientras los beneficiarios cumplan los requisitos de 
tener recursos suficientes y un seguro de enfermedad adecuado (artículo 3). 
1.2. Estudiantes: 
La presentación de las disposiciones de la Directiva 93/96 requiere previamente un 
breve recordatorio de la contribución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en 
cuanto al fundamento del derecho de residencia de los estudiantes. 
Fundamento del derecho de residencia de los estudiantes: 
La formulación elegida por el Consejo en la Directiva 90/366 («los Estados 
miembros... concederán el derecho de residencia a todo estudiante») es diferente de la 
formulación que figura en la propuesta de 1989 de la Comisión («los Estados 
miembros... reconocerán el derecho de residencia»). En efecto, la Comisión 
13 Directiva del Consejo, de 15 de octubre de 1968, sobre la supresión de restricciones al 
desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de 
la Comunidad, DO L 257 de 19.10.1968. 
consideraba, desde la sentencia Gravier14, que el derecho de residencia de los 
estudiantes se deducía de la prohibición de toda discriminación entre los nacionales de 
los Estados miembros en materia de acceso a la formación profesional y, a raíz de esta 
sentencia, había modificado su propuesta de Directiva para excluir a los estudiantes de 
su ámbito de aplicación15. Después de la anulación de la Directiva 90/366 por el 
Tribunal de Justicia16, la Comisión recuperó en su propuesta de 199317 la formulación 
de su propuesta de 1989 (los Estados miembros «reconocerán» el derecho de 
residencia). La sentencia Raulin de 26.2.199218 en la que el Tribunal de Justicia 
estableció que «un nacional de un Estado miembro que ha sido admitido para cursar 
estudios de formación profesional en otro Estado miembro tiene derecho, en virtud del 
Derecho comunitario, a residir en éste mientras dure dicha formación» vino a reforzar 
la elección de esta formulación por la Comisión. El texto de la Directiva 93/96 
adoptada por el Consejo recupera la formulación según la cual los Estados miembros 
«reconocerán» el derecho de residencia. 
Modalidades del derecho de residencia con arreglo a la Directiva 93/96: 
El derecho de residencia se supedita a que el estudiante se inscriba en un 
establecimiento autorizado para recibir, con carácter principal, una formación 
profesional y disponga de un seguro enfermedad (artículo 1). En cuanto a los recursos, 
el estudiante puede optar por hacer una simple declaración (artículo 1). 
El derecho de residencia se extiende al cónyuge y, por lo que se refiere a los otros 
miembros de la familia, solamente a los hijos a cargo (artículo 1). 
La validez del permiso de residencia puede limitarse a la duración de la formación, o a 
un año si la duración de la formación es superior a un año (apartado 1 del artículo 2). 
Se remite a la Directiva 68/360 por lo que se refiere al coste del permiso de residencia 
y las modalidades de concesión de visados a los miembros de la familia (apartado 2 del 
artículo 2). 
El cónyuge y los hijos a cargo podrán acceder a todo tipo de actividad por cuenta 
propia o ajena en todo el territorio del Estado miembro de acogida (apartado 2 del 
artículo 2). 
Se precisa, por referencia implícita a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que la 
Directiva no constituye el fundamento de un derecho al pago, por parte del Estado 
miembro de acogida, de becas de subsistencia a los estudiantes (artículo 3). 
El derecho de residencia subsistirá mientras los beneficarios cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 1 (artículo 4). 
14 Sentencia de 13.2.1985, Asunto. 293/83, Recopilación 1985, p.593. 
15 COM (85) 292 final, DO C 171, de 10.7.1985, p.8. 
16 El Tribunal de Justicia consideró, como lo habían sostenido el Parlamento Europeo en su recurso así 
como la Comisión en su escrito de formalización de la intervención, que la Directiva habría debido 
basarse en el apartado 2 del artículo 7 del Tratado y no el artículo 235, fundamento jurídico sobre el 
cual el Consejo la había aprobado. Cf. supra, nota 11. 
17 COM (93) 209 final 
18 Asunto. C-357/89, Recopilación 1992 1-1207. 
2. Transposición de las Directivas al Derecho nacional 
A resultas del examen de las medidas de transposición adoptadas por los Estados 
miembros llevado a cabo por sus servicios, la Comisión incoó procedimientos de 
infracción contra casi la totalidad de los Estados miembros por transposición 
incorrecta de una o más disposiciones de las Directivas 90/364, 90/365 y 93/96. 
2.1. Respeto del plazo de transposición previsto por las Directivas 
Con arreglo al artículo 5 de las Directivas 90/364, 90/365 y 90/366, los Estados 
miembros debían poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a las Directivas, a más tardar, el 30 
de junio de 1992. 
Solamente tres Estados miembros (los Países Bajos, Dinamarca y España) respetaron 
el plazo fijado en las Directivas y adoptaron medidas de transposición en el transcurso 
del mes de junio de 1992. 
La Comisión incoó procedimientos de infracción por no transposición contra los otros 
Estados miembros y el escrito de requerimiento se les notificó en octubre de 1992. 
Estos procedimientos de infracción se limitaban a las Directivas 90/364 y 90/365. 
habida cuenta del recurso de anulación interpuesto por el Parlamento Europeo el 28 de 
septiembre de 1990 contra la Directiva 90/366. 
Tras la notificación de los escritos de requerimiento, los procedimientos de infracción 
por no transposición de las Directivas 90/364 y 90/365 evolucionaron de forma diversa 
según los Estados miembros. La Comisión decidió archivar los procedimientos a 
medida que los Estados miembros adoptaron las medidas de transposición19. 
En cambio, el procedimiento de infracción continuó en el caso de Alemania. Al no 
recibir respuesta satisfactoria al dictamen motivado notificado en septiembre de 1993, 
la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia el 24 de marzo de 1995. El Gobierno 
alemán consideraba que el recurso era infundado: hacía valer la primacía del Derecho 
comunitario en relación con el Derecho nacional enunciada en el apartado 2 del 
artículo 2 de la Auslándergesetz -ley de extranjería- y observaba, por otra parte, que se 
había informado a las administraciones competentes de los Estados Federados de la 
necesidad de dar plena aplicación a las Directivas. 
El Tribunal de Justicia, en sentencia de 20 de marzo de 199720, condenó a Alemania 
por no haber adoptado en el plazo prescrito las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para transponer al Derecho nacional las Directivas 90/364 y 
90/365. El Tribunal de Justicia confirmó plenamente la alegación expuesta por la 
19 Las fechas de aprobación de las medidas de transposición figuran en el cuadro del Anexo 1 al 
presente informe. 
20 Asunto C-96/95, Comisión contra Alemania, Recopilación 1997,1-1653. 
Comisión durante el procedimiento contencioso. El Tribunal constató que «la mera 
remisión general al Derecho comunitario, que efectúa el apartado 2 del artículo 2 de la 
Auslandergesetz, no puede constituir una adaptación del Derecho interno que garantice 
de forma suficientemente clara y precisa la plena aplicación de las Directivas 90/364 y 
90/365, cuya finalidad es crear derechos en favor de los particulares de los demás 
Estados miembros» (fundamento n° 36) y observó que «el hecho de informar a las 
autoridades administrativas nacionales competentes acerca de las dos Directivas en 
cuestión no cumple, en sí mismo, las exigencias de publicidad, de claridad y de 
certidumbre en lo relativo a las situaciones jurídicas reguladas por dichas Directivas» 
(fundamento n° 39). 
En cuanto a Austria, Finlandia y Suecia, se debían transponer las Directivas antes 
incluso de su adhesión a la Unión Europea (1 de enero de 1995), de conformidad con 
lo dispuesto en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que entró en vigor el 
1 de enero de 1994. 
Por lo que se refiere al derecho de residencia de los estudiantes, la sentencia de 7 de 
julio de 199221 por la que el Tribunal de Justicia canceló la Directiva 90/366 condujo a 
la Comisión a reexaminar la cuestión de la incoación de posibles procedimientos de 
infracción por no transposición. 
Dado que el Tribunal había precisado en su sentencia que los efectos de la Directiva 
90/366 se mantenían vigentes hasta que entrara en vigor una Directiva cuyo 
fundamento jurídico fuera adecuado, la Comisión consideró que subsistía la obligación 
de transponer la Directiva, a pesar de su anulación formal. A principios de abril de 
1993, la Comisión envió cartas en este sentido a los Estados miembros que aún no 
habían transpuesto la Directiva 90/366 informándoles de su intención de incoar un 
procedimiento de infracción en su contra. La adopción por el Consejo el 29 de octubre 
de 1993 de la Directiva 93/96 relativa al derecho de residencia de los estudiantes22, 
cuyo contenido es casi idéntico al de la Directiva 90/366 que se sustituía, cambió la 
situación respecto a la incoación de procedimientos de infracción por no transposición: 
la Comisión debía en lo sucesivo basarse en la nueva Directiva 93/96, que, con arreglo 
a su artículo 6, debía transponerse a más tardar el 31 de diciembre de 1993. 
En febrero de 1994, la Comisión notificó un escrito de requerimiento a Alemania, 
Bélgica y Francia, únicos Estados miembros que aún no habían transpuesto la Directiva 
relativa al derecho de residencia de los estudiantes. Los procedimientos contra Bélgica 
y Francia se archivaron en 1994 y 1995. En cuanto a Alemania, se le envió un dictamen 
motivado en julio de 1995 y un dictamen motivado complementario en octubre de 
1996. El procedimiento no se archivó hasta 1997, a raíz de la entrada en vigor del 
Verordnung de 17 de julio de 1997. 
Cf. supra, nota 11. 
Cf. supra, nota 10. 
Aparte de Dinamarca, España y los Países Bajos, que cumplieron sus 
obligaciones en los plazos prescritos, todos los demás Estados miembros23 
tuvieron retrasos más o menos importantes en la transposición de las Directivas 
90/364, 90/365 y 90/366-93/96, a pesar del número limitado de disposiciones que 
deben transponerse y la ausencia de dificultades jurídicas particulares para 
realizar la transposición al Derecho nacional. Esta falta de diligencia de los 
Estados miembros a la hora de transponer las Directivas y, por lo tanto, ampliar 
el derecho de residencia a nuevas categorías de personas debe relacionarse, 
probablemente, con la herencia del pasado. En efecto, durante treinta años, la 
libre circulación de personas se gestionó con una perspectiva económica y esta 
movilidad funcional lastró la aparición de un derecho personal a la libre 
circulación, independiente de toda finalidad económica. 
2. 2. Conformidad de las medidas de transposición con las Directivas 
2.2.2. Disposiciones que dieron lugar a una transposición incorrecta : 
- Naturaleza y justificantes de los recursos de los pensionistas y otras personas no 
activas: 
El apartado 1 del artículo 1 de las Directivas 90/365 y 90/364 prevé en su párrafo 1 
que el derecho de residencia de los interesados (jubilados y personas no activas 
respectivamente) se supedita a la condición de que «dispongan de recursos suficientes 
a fin de que no se conviertan, durante su residencia, en una carga para la asistencia 
social del Estado miembro de acogida». Los párrafos 2 y 3 indican el mecanismo que 
ha de aplicarse para determinar el nivel a partir del cual los recursos deben 
considerarse suficientes. Las Directivas no especifican en forma alguna qué tipos de 
recursos han de tenerse en cuenta ni qué justificantes deben exigir las autoridades 
competentes. 
Dado el enunciado del apartado 1 del artículo 1 de las Directivas 90/365 y 90/364 y 
habida cuenta de que existen disposiciones en las Directivas que permiten a los Estados 
miembros de acogida controlar eficazmente la disponibilidad de recursos y reaccionar 
en caso de que los interesados ya no dispusieran de recursos suficientes, la Comisión 
opina que el apartado 1 del artículo 1 de las Directivas no está transpuesto 
correctamente por disposiciones nacionales que limitan arbitrariamente las categorías 
de recursos que pueden tenerse en cuenta o que imponen exigencias excesivas en 
cuanto a la naturaleza de los justificantes admitidos. 
La Comisión incoó el procedimiento de infracción contra los Estados miembros que, 
en su opinión, transpusieron incorrectamente, en diversos grados, el apartado 1 del 
artículo 1 de las Directivas 90/365 y 90/364 (Francia e Italia). 
-Renovación del permiso de residencia de los pensionistas y otras personas no activas: 
El apartado 1 del artículo 2 de las Directivas 90/364 y 90/365 prevé que el derecho de 
residencia se materializará mediante la expedición de un permiso de residencia cuya 
validez podrá limitarse a cinco años y precisa que «cuando lo consideren necesario, los 
23 Se trata allí "de los antiguos" Estados miembros, los Doce. 
10 
Estados miembros podrán exigir la renovación del permiso al término de los dos 
primeros años de residencia». 
La Comisión, al basarse en los trabajos preparatorios de las Directivas, interpreta la 
renovación como una posibilidad otorgada a las autoridades competentes de los 
Estados miembros de acogida de controlar, en caso necesario, la situación 
administrativa de algunas personas sobre las que, en el momento de la solicitud inicial 
del permiso de residencia, existían dudas de que pudieran cumplir permanentemente los 
requisitos de seguro de enfermedad y recursos previstos en el artículo 1 de las 
Directivas. En estas condiciones, la Comisión consideró que una renovación 
sistemática al cabo de dos años, o una limitación a priori a dos años de la validez del 
permiso de residencia de los pensionistas y otras personas no activas, contituían una 
transposición incorrecta de las Directivas. Esta limitación a dos años de la validez del 
permiso de residencia, contraria en sí misma a las Directivas, era además en algunas 
legislaciones una facultad de las administraciones competentes, sin que estuviera 
garantizado que se hubiera de aplicar solamente a los casos en que la situación 
respecto al seguro de enfermedad es difícil de apreciar en el momento de la solicitud 
inicial del permiso de residencia. 
La Comisión incoó procedimientos de infracción contra distintos Estados miembros 
(España, Grecia, Italia, Portugal y el Reino Unido) por transposición incorrecta, en 
diversos grados, del apartado 1 del artículo 2 de las Directivas 90/364 y 90/365. 
-Seguro de enfermedad de los pensionistas, otras personas no activas y estudiantes: 
El artículo 1 de las tres Directivas supedita el derecho de residencia al requisito de 
disponer «de un seguro de enfermedad que cubra la totalidad de los riesgos en el 
Estado miembro de acogida». Habida cuenta del enunciado muy general de esta 
disposición, la Comisión opina que los interesados tienen distintas posibilidades de 
cumplir el requisito del seguro de enfermedad, siempre y cuando, naturalmente, se 
cumpla el criterio relativo al alcance de los riesgos cubiertos. Por ejemplo, la cobertura 
del seguro de enfermedad puede deberse a que el interesado es derechohabiente de un 
asegurado social, a que suscribió un contrato de seguro de enfermedad privado en su 
país de origen, en el Estado miembro de acogida, o en otro Estado miembro, etc. 
La transposición de la disposición de las Directivas relativa al seguro de enfermedad 
motivó la incoación de procedimientos de infracción contra los siguientes Estados 
miembros: 
- Francia, porque su legislación y su práctica administrativa imponen la afiliación al 
régimen de estudiantes de la Seguridad Social en Francia a los estudiantes nacionales 
de otros Estados miembros que no son asegurados sociales o derechohabientes de un 
asegurado social y que no están en condiciones de presentar un certificado expedido en 
aplicación de los Reglamentos (CEE) n° 1408/71 y 574/72. 
- Luxemburgo, cuya legislación parecía demasiado restrictiva en cuanto a los tipos de 
seguro de enfermedad que podían suscribir las personas no activas. 
- Declaración de recursos de los estudiantes: 
Según el artículo 1 de la Directiva 93/96, los Estados miembros reconocen el derecho 
de residencia «a todo estudiante nacional de un Estado miembro ... que, mediante 
11 
declaración o, a elección del estudiante, por cualquier otro medio al menos 
equivalente, garantice a la autoridad nacional correspondiente que dispone de recursos 
para evitar que, durante su período de residencia, se convierta en una carga para la 
asistencia social del Estado miembro de acogida ...»24. Dado el texto perfectamente 
claro de esta disposición y habida cuenta de su génesis, la Comisión considera que las 
medidas nacionales de transposición la contravienen cuando, por ejemplo, privan al 
estudiante de la opción de hacer una declaración relativa a sus recursos, le imponen 
proporcionar justificantes de recursos, o imponen un importe mínimo de recursos al 
que deben corresponder los justificantes o debe hacer referencia la declaración. 
La Comisión incoó el procedimiento de infracción contra los Estados miembros 
(Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y 
el Reino Unido) que, en su opinión, transpusieron incorrectamente, en diversos grados, 
el artículo 1 de la Directiva 93/96. 
-Trámites relativos a la estancia: 
Las Directivas 90/364, 90/365 y 93/96 remiten al artículo 3 de la Directiva 68/360, en 
que se dispone que la entrada en el territorio se hace mediante la simple presentación 
de un carné de identidad o de un pasaporte válido y no deberá, en principio, dar lugar a 
preguntas por parte de las autoridades sobre, por ejemplo, el destino, el objeto del 
viaje, o los recursos disponibles25. 
En Finlandia, una disposición de un decreto del Ministro del Interior permitía de 
manera general a las autoridades comprobar si los nacionales de Estados miembros que 
pretenden entrar a Finlandia cumplen las condiciones de estancia. 
La Comisión consideró que tal disposición, que se aplicaba a los beneficiarios de las 
tres Directivas, era contraria al Derecho comunitario. 
- Permiso de residencia: 
El artículo 2 de las tres Directivas prevé que el derecho de residencia se materializará 
mediante la expedición de un documento denominado permiso de residencia. Se trata 
pues de un documento independiente y no de un sello puesto en el pasaporte. 
Se incoó un procedimiento de infracción contra Suecia, cuya legislación permitía 
recurrir a tal sello para constatar el derecho de residencia. 
2.2.3. Desarrollo y resultados de los procedimientos de infracción por transposición 
incorrecta: 
Cuando la Comisión incoó un procedimiento de infracción contra un Estado miembro, 
lo hizo, en principio, mediante un único procedimiento, referido a una o varias 
infracciones relativas a una o varias de las Directivas 90/364, 90/365 y 93/96. Los 
procedimientos, cuyo desarrollo cronológico se describe en el cuadro recapitulativo del 
Los términos citados son idénticos a los que figuran en el artículo 1 de la Directiva 90/366. 
Sentencia de 30.5.1991, Asunto C-68/89, Comisión contra los Países Bajos, Recopilación 19911-
2637. 
12 
Anexo 2 del presente informe, tuvieron los resultados siguientes en los distintos 
Estados miembros: 
- Países Bajos: El procedimiento de infracción pudo archivarse. En efecto, tras el 
nuevo Decreto sobre extranjeros de 30 de diciembre de 1993 y la modificación de 
1996 de la Circular sobre extranjeros, los estudiantes pueden optar por hacer una 
declaración de sus recursos. 
- Grecia : A raíz de las aclaraciones proporcionadas en la respuesta al escrito de 
requerimiento, se archivó el procedimiento. Las autoridades griegas confirmaron que el 
permiso de residencia entregado a los pensionistas y personas no activas, de una 
validez de cinco años, sólo deberá renovarse en casos excepcionales y que es ése el 
sentido de las instrucciones dadas a las autoridades competentes. 
- Dinamarca: El procedimiento de infracción se archivó, habida cuenta de las 
modificaciones introducidas por el Decreto del Ministro del Interior n° 684 de 12 de 
julio de 1996 al Decreto previo n° 761 de 22 de agosto de 1994. Se desprende de estas 
modificaciones que el permiso de residencia entregado a los pensionistas y personas no 
activas tiene una validez de cinco años y que sólo deberá renovarse en caso de 
necesidad. 
- España: Pudo archivarse el procedimiento a raíz del Real Decreto n° 1710/1997 de 
14 de noviembre de 1997 que introduce dos modificaciones al Real Decreto 
n° 766/1992. Se desprende de estas modificaciones que el permiso de residencia 
entregado a los pensionistas y personas no activas tiene una validez de cinco años y, 
por otra parte, que los estudiantes pueden optar por hacer una declaración de sus 
recursos. 
- Italia: Al no recibirse una respuesta satisfactoria al escrito de requerimiento y al 
dictamen motivado, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia. 
- Francia: Al no recibirse una respuesta satisfactoria a los escritos de requerimiento y al 
dictamen motivado, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia26 . El procedimiento 
específico relativo al seguro de enfermedad de los estudiantes27 está en la fase del 
dictamen motivado. 
- Irlanda: El procedimiento de infracción pudo archivarse gracias a la entrada en vigor 
de los European Communities (Right of Residence for Non-Economically Active 
Persons) Regulations 1997. En virtud de la nueva legislación, los estudiantes ya no 
deben aportar pruebas de sus recursos. 
- Reino Unido: El procedimiento se archivó a causa de las modificaciones introducidas 
por la Immigration (European Economic Área) (Amendment) Order 1997. Se 
desprende de estas modificaciones que los estudiantes pueden optar por hacer una 
26 Durante el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, la Comisión tuvo conocimiento de una 
sentencia del Consejo de Estado del 3 de octubre de 1997 - GISTI - que cancela determinadas 
disposiciones del decreto de 6 de abril de 1995 también contempladas por el recurso de la Comisión. 
27 Cf. supra, apartado 2.2.2. 
13 
declaración de sus recursos y, por otra parte, para los pensionistas y personas no 
activas, que la renovación del permiso de residencia, limitada a los casos de necesidad, 
no afecta a la duración inicial del permiso de residencia, que es de cinco años. 
- Portugal: El procedimiento pudo archivarse a causa de la Ley de Habilitación n° 8/98 
de 13.2.1998 y del Decreto Ley n° 250/98. Se desprende de las modificaciones 
introducidas por este instrumento al Decreto Ley n° 60/93 de 3.3.1993 que el permiso 
de residencia entregado a los pensionistas y personas no activas tiene una validez de 
cinco años. 
- Luxemburgo: El procedimiento de infracción pudo archivarse a causa de las 
modificaciones introducidas mediante el Reglamento Gran Ducal de 3 de junio de 1996 
al Reglamento Gran Ducal de 28 de marzo de 1972: por una parte, los estudiantes 
pueden optar en lo sucesivo por hacer una declaración de sus recursos y ya no están 
obligados, como ocurría con la legislación previa, a aportar pruebas; por otra parte, se 
amplían las posibilidades de que las personas no activas suscriban un seguro de 
enfermedad. 
- Finlandia: El procedimiento de infracción pudo archivarse gracias a las enmiendas de 
la legislación relativa a los controles a la entrada en el territorio y a la comprobación de 
los recursos de los estudiantes. 
- Suecia: El procedimiento de infracción pudo archivarse gracias a las modificaciones 
introducidas a la Resolución sobre los extranjeros: el texto modificado hace 
desaparecer la diferencia de tratamiento entre los miembros de la familia, según tengan 
la nacionalidad de un Estado miembro del EEE o no y aclara que el permiso de 
residencia es un documento independiente. 
- Alemania y Austria: Se incoaron dos procedimientos de infracción contra estos dos 
Estados miembros por transposición incorrecta de las directivas 90/364, 90/365 y 
93/96. Los procedimientos están en la fase del escrito de requerimiento. 
Por lo que se refiere a Bélgica, el examen de las medidas de transposición no había 
revelado problema de conformidad a las disposiciones de las Directivas 90/364, 90/365 
y 93/96. No obstante, otro procedimiento de infracción sobre la conformidad de la 
legislación belga a la Directiva 68/360 relativa al derecho de residencia de los 
trabajadores28 tenía implicaciones también en cuanto a los estudiantes, pensionistas y 
otras personas no activas, dado que este procedimiento se refería, entre otras cosas, al 
artículo 4 de la Directiva 68/360 (modalidades y plazo de expedición del permiso de 
residencia a los trabajadores), cuyo contenido está próximo al apartado 1 del artículo 2 
de las Directivas 90/364, 90/365 y 93/96, y al artículo 9 de la Directiva 68/360 (coste 
del permiso de residencia) al que remiten expresamente las Directivas 90/364, 90/365 y 
93/96. 
Este procedimiento de infracción desembocó en la condena de Bélgica por sentencia 
del Tribunal de Justicia de 20 de febrero de 199729. Debe considerarse que las 
28 Cf. supra, nota 13. 
29 Asunto C-344/95, Comisión c/Bélgica. 
14 
constataciones del Tribunal de Justicia en cuanto a la violación de la Directiva 68/360 
por lo que se refiere a las modalidades de expedición del permiso de residencia 
(régimen de los certificados sucesivos de inscripción) y el coste del permiso se aplican, 
por analogía, a los estudiantes, pensionistas y otras personas no activas. 
Para ajustarse a esta sentencia, Bélgica modificó su legislación30. El examen de la 
conformidad de esta nueva legislación a la Directiva 68/360 y también a las Directivas 
90/364, 90/365 y 90/366 está en curso. 
La transposición de las Directivas 90/364, 90/365 y 90/366-93/96 dio lugar a 
procedimientos de infracción contra casi todos los Estados miembros. Sin 
embargo, la Comisión está satisfecha de constatar que los procedimientos de 
infracción tuvieron en su gran mayoría un resultado positivo. Los Estados 
miembros reconocieron el fundamento de los argumentos de la Comisión y, a 
ritmos variables, «corrigieron» sus medidas de transposición. Los procedimientos 
de infracción por transposición incorrecta pudieron archivarse en diez casos, dos 
procedimientos están aún en curso, en la fase del requerimiento, y solamente en 
dos casos la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia. 
No obstante, la Comisión debe reconocer que los procedimientos de infracción 
siguieron un ritmo relativamente lento y es consciente de los inconvenientes de 
esta lentitud: a causa de una transposición errónea de las Directivas, durante un 
período demasiado largo, ciudadanos de la Unión se vieron privados de algunos 
de sus derechos o enfrentados a dificultades administrativas injustificadas. La 
decisión tomada por la Comisión de acelerar sus procedimientos internos 
permitirá en el futuro poner fin más rápidamente a las infracciones del Derecho 
comunitario. 
3. Evaluación de la aplicación concreta de las Directivas 
3.1. La experiencia de los ciudadanos : 
Por medio de las cartas, denuncias y peticiones al Parlamento Europeo que se les 
transmiten, los servicios de la Comisión disponen de información, ciertamente 
fragmentaria pero reveladora, sobre la aplicación práctica de las Directivas. Por otra 
parte, los servicios de la Comisión se han dirigido a instituciones que, por su misión, 
están especialmente bien situadas para recabar informaciones sobre la experiencia de 
los estudiantes31 y pensionistas32. Se ha realizado también una encuesta entre los 
antiguos funcionarios de la Comisión que, en el momento de la jubilación, se instalaron 
en un Estado miembro distinto de su Estado de origen o el Estado de su última 
asignación antes de la jubilación. Estas distintas fuentes de información, a las que se 
añaden las comprobaciones de la red de los consejeros Eurojus y la información 
30 Real Decreto de 8 de mayo de 1998 que modifica el Real Decreto de 8 de octubre de 1981 sobre el 
acceso al territorio, la estancia, el establecimiento y el alejamiento de los extranjeros. 
31 Agencias nacionales Erasmus. 
32 Eurolink Edad. 
15 
procedente del Servicio de Orientación a los Ciudadanos33, permitieron identificar los 
siguientes ámbitos problemáticos. 
- Recursos de los pensionistas y otras personas no activas: 
Los pensionistas y otras personas no activas encuentran una primera dificultad para 
conocer el importe de los recursos de que deben disponer. 
Las Directivas 90/364 y 90/365 no fijan un importe mínimo de recursos sino que 
enuncian el principio que permite determinar si los recursos son suficientes o no. 
Corresponde a los Estados miembros concretar tal mecanismo. Ahora bien, todo indica 
que la mayoría de las legislaciones de transposición sólo recogen la formulación de las 
Directivas, sin aportar otras precisiones, o remiten a una disposición de la legislación 
social que fija un importe mínimo de recursos o asignación, importe que sirve para 
determinar si los pensionistas y otras personas no activas cumplen el requisito de los 
recursos. 
Una segunda dificultad se debe a los justificantes que los pensionistas y otras personas 
no activas han de presentar para justificar sus recursos. 
Independientemente de los casos de exigencias desproporcionadas debidos a una 
transposición incorrecta de las Directivas34, las informaciones transmitidas a los 
servicios de la Comisión por ciudadanos evidencian que, con bastante frecuencia, las 
administraciones competentes exigen justificantes de recursos (extractos de cuenta 
bancarios de los últimos meses, certificados bancarios sobre el saldo de la cuenta, 
certificados fiscales etc.), que generalmente deben considerarse excesivos respecto a 
las Directivas. 
Al remitirse a las Directivas que supeditan el derecho de residencia al requisito de 
disponer de recursos suficientes para no estar a cargo de la asistencia social del Estado 
miembro de acogida y habida en cuenta de que los recursos se valoran por referencia a 
un nivel objetivo, la Comisión considera que las autoridades nacionales deben limitarse 
a pedir justificantes de recursos que correspondan a dicho nivel. En estas condiciones, 
parece desproporcionado que determinadas administraciones competentes en materia 
de residencia se dediquen a investigar la situación financiera y/o patrimonial global (por 
ejemplo, extractos bancarios de los últimos meses) de pensionistas u otras personas no 
activas que piden un permiso de residencia. Por otra parte, la Comisión observa que 
algunos justificantes (por ejemplo, certificado bancario del saldo de la cuenta) no son 
sino el reflejo de la situación en un momento dado y no tienen valor probatorio sobre 
su mantenimiento en el futuro. 
Respecto al caso particular de los beneficiarios de la Directiva 90/365, la Comisión 
observa que las pensiones y jubilaciones son fuentes de ingresos caracterizadas por su 
estabilidad. Por tanto, la exigencia de múltiples justificantes de recursos es, en opinión 
de la Comisión, especialmente desproporcionada en el caso de los jubilados y 
pensionistas. 
33 Véase infra, apartado 4.1. 
34 Véanse los procedimientos de infracción adoptados a este respecto, apartado 2.2. supra. 
16 
- Duración de la estancia de los pensionistas y otras personas no activas: 
Una serie de pensionistas y otras personas no activas acostumbra a residir en un Estado 
miembro todos los años, por un período de tiempo de varios meses (por ejemplo, 
durante el período invernal). Parece ser que muchos de ellos, incluso cuando residen 
más de tres meses, omiten pedir un permiso de residencia. Este comportamiento se 
explica, generalmente, por el deseo de evitarse las gestiones administrativas y el 
«papeleo». Por otra parte, parece ser que las autoridades administrativas que reciben 
solicitudes de permisos de residencia de personas que se encuentran en situaciones de 
este tipo les expiden permisos de una validez limitada al período previsible de la 
estancia, mientras que, con arreglo al artículo 2 de las Directivas 90/364 y 90/365 la 
validez del permiso de residencia no puede ser inferior a cinco años. 
- Problemas vinculados al requisito del seguro de enfermedad: 
Todo indica que, con bastante frecuencia, hay pensionistas y otras personas no activas 
que tienen dificultades para lograr que las autoridades del Estado miembro de acogida 
reconozcan su seguro de enfermedad. Generalmente, quienes se enfrentan a estos 
problemas son funcionarios35 o beneficiarios de una cobertura de enfermedad derivada 
de un contrato privado. 
Según informaciones transmitidas recientemente a los servicios de la Comisión, en dos 
Estados miembros algunos pensionistas y otras personas no activas incluso se han visto 
obligados a contribuir al régimen de seguro de enfermedad del Estado miembro de 
acogida, a pesar de beneficiarse ya por otra parte de una cobertura de seguro de 
enfermedad. Este problema es similar al encontrado por los estudiantes en Francia36. 
- Alcance de la cobertura del seguro de enfermedad: 
Se ha señalado a los servicios de la Comisión la dificultad a que se enfrentan algunos 
pensionistas que, una vez instalados en un Estado miembro, toman conciencia de que 
las prestaciones de enfermedad en especie son inferiores a las que les correspondían en 
su Estado de origen. Esto refleja la norma general según la cual las prestaciones de 
enfermedad en especie se conceden en aplicación de la legislación del Estado miembro 
de residencia. A eso se añade que, a menudo, es imposible seguir beneficiándose de un 
seguro complementario suscrito anteriormente en el Estado miembro de origen 
(temores de los aseguradores sobre el alcance del «riesgo» por desconocer el alcance 
de las prestaciones en el otro Estado miembro) o suscribir este tipo de seguro en el 
Estado miembro en que el pensionista acaba de instalarse (obstáculo de la edad 
demasiado avanzada para contratar tal seguro complementario). 
- La fiscalidad: 
Muchos jubilados y otras personas inactivas encuentran dificultades para apreciar las 
implicaciones fiscales de su establecimiento en otro Estado miembro, así como para 
familiarizarse con las características de la fiscalidad del Estado miembro de acogida. 
35 El problema de los funcionarios debería en lo sucesivo darse por regulado puesto que el Reglamento 
(CE) n° 1606/98 del Consejo, del 29 de junio de 1998, modificó los Reglamentos (CEE) n° 1408/71 y 
(CEE) n° 574/72 con el fin de extender su aplicación a los regímenes especiales de los funcionarios. 
36 Cf. supra, apartado 2.2.2. 
17 
Sobre este tema, se han dirigido un cierto número de quejas a los servicios de la 
Comisión. 
- Efectos perversos de las Directivas 90/364 y 90/365: 
Se ha puesto en conocimiento de la Comisión una serie de casos en que las 
administraciones encargadas del tratamiento de las solicitudes de permisos de 
residencia exigían la presentación de justificantes de recursos de personas que no eran 
ni jubiladas ni no activas, sino que ejercían una actividad en calidad de asalariados o 
autónomos, o seguían residiendo en el Estado miembro de su actividad previa. Ahora 
bien, de las normas aplicables a estas personas37 se desprende que no tienen que 
aportar pruebas de sus recursos. En los casos que se le han sometido, los servicios de 
la Comisión han llamado la atención de los Estados miembros sobre esta especie de 
«contagio» de las Directivas 90/364 y 90/365. 
Otro efecto perverso es específico de la Directiva 90/364. En el pasado, es decir, antes 
de la Directiva 90/364, los nacionales comunitarios cónyuges de nacionales del Estado 
miembro de residencia no estaban incluidos en el Derecho comunitario en cuanto no 
ejercían una actividad económica y su derecho de residencia se basaba en la legislación 
nacional aplicable a los extranjeros. En algunos casos, esta legislación preveía 
disposiciones particulares para los cónyuges de nacionales. Desde que la Directiva 
90/364 se transpuso en las legislaciones nacionales, los nacionales comunitarios que 
son cónyuges de ciudadanos del Estado miembro de residencia y que no ejercen una 
actividad económica en este Estado, tienen un derecho de residencia autónomo en 
aplicación de dicha Directiva. En la práctica, las administraciones competentes les 
aplican el régimen de la Directiva y proceden, para comprobar el requisito de los 
recursos, de la misma manera que en el caso «normal» de una solicitud de permiso de 
residencia presentada por una persona aislada que no ejerce actividad económica. 
Se han señalado a la Comisión algunos casos en que la administración competente 
insistía en exigir del interesado justificantes de recursos propios y se negaba a tener en 
cuenta el hecho de que los recursos procedían del cónyuge. En otros casos, la 
administración exigía del interesado que presentara una fianza o un certificado de estar 
a cargo de su cónyuge. La forma de comprobar el requisito de los recursos ilustrada 
por estos dos últimos casos difícilmente puede justificarse con arreglo a lo dispuesto en 
la Directiva 90/364 y no parece muy compatible con la obligación general de los 
Estados miembros, en virtud del artículo 9 de la Directiva 68/36038, de simplificar al 
máximo las formalidades y procedimientos de obtención de los permisos de residencia. 
- Derecho de residencia de determinados estudiantes: 
Generalmente, los estudiantes que participan en programas como Erasmus, Sócrates o 
Leonardo residen en los Estados de acogida por períodos de tiempo comprendidos 
entre tres meses (si la estancia prevista es superior a tres meses, los ciudadanos de la 
Unión, en virtud del Derecho comunitario, tienen obligación de solicitar un permiso de 
residencia) y un año. La experiencia demuestra que los trámites suelen ser largos. Es 
frecuente que los estudiantes no reciban nunca su permiso de residencia o lo reciban al 
37 Directivas 68/360 y 73/148 para los empleados e independientes, Reglamento n° 1251/70 y 
Directiva 75/34 para las personas que permanecen en el Estado de su actividad económica previa. 
38 Al cual remite el apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 90/364. 
18 
final de su estancia, poco tiempo antes de volver a su Estado miembro de origen. 
Aunque el derecho de residencia no se supedita a la expedición de este documento, que 
sólo tiene un valor declaratorio, no es correcto que tal situación perdure. Los 
estudiantes, basándose en informaciones recibidas por sus colegas o antecesores en 
estos programas, no se ven motivados a efectuar unos trámites cuya utilidad no 
comprenden. Las administraciones competentes, por su parte, no parecen percibir la 
urgencia de expedir permisos de residencia a estudiantes. 
- Permiso de residencia de los estudiantes: 
Los estudiantes se quejan de que, en algunos Estados miembros, hay que pagar una 
tasa cada vez que se renueva el permiso de residencia. 
3.2. La práctica de las administraciones de los Estados miembros 
Por otra parte, para percibir exhaustivamente cómo se aplican, es preciso consultar a 
los responsables de llevar a la práctica las Directivas 90/364, 90/365 y 93/96, es decir, 
las administraciones correspondientes de los Estados miembros. A estos efectos, la 
Comisión envió a los Estados miembros un cuestionario en que se pedían distintas 
informaciones sobre la aplicación de las Directivas. A continuación se recogen las 
principales rúbricas del cuestionario, con una breve síntesis de las respuestas de los 
Estados miembros (Grecia, Irlanda y Luxemburgo no respondieron al cuestionario). 
3.2.1. Recursos de los pensionistas y otras personas no activas: 
- ¿Qué categorías de recursos propios tienen en cuenta las autoridades competentes? 
¿Rentas del capital, rentas de alquileres, derechos de autor, otros? ¿Influye la 
procedencia de los recursos (Estado miembro de residencia, Estado miembro de 
origen, otro Estado miembro, tercer Estado) sobre su toma en consideración? 
El examen de las respuestas al cuestionario muestra que casi todos los Estados 
miembros tienen en cuenta diversos tipos de recursos y que la procedencia de éstos, 
como tal, no es pertinente para determinar si son suficientes. Para varios Estados 
miembros, el elemento determinante es que el interesado pueda disponer real y 
libremente de los recursos en cuestión. 
- ¿Qué categorías de recursos distintas de los recursos propios se tienen en cuenta? 
¿Ayuda financiera proporcionada por padres, contribución financiera de la pareja de 
hecho, ayuda financiera proporcionada por terceros, otros? 
Las respuestas de los Estados miembros a este respecto difieren. 
Bélgica no tiene en cuenta tales recursos en el marco de la Directiva 90/364. Suecia 
tiene la misma posición de principio y sólo acepta tener en cuenta la contribución de 
los padres del interesado si se ingresa en una cuenta bancaria de la que éste puede 
disponer libremente. España se limita a tener en cuenta la ayuda financiera de los 
padres. Los Países Bajos no consideran recursos suficientes el compromiso de la pareja 
de hecho. 
Para tomar en consideración recursos procedente de padres o terceros, los Estados 
miembros exigen distintos justificantes. 
19 
- Para determinar si los recursos son suficientes, ¿tienen en cuenta las autoridades 
competentes elementos que no son recursos propiamente dichos (por ejemplo, 
propiedad del alojamiento o puesta a disposición gratuita), sino ventajas materiales 
que contribuyen a la capacidad del interesado para cubrir sus necesidades? En caso 
afirmativo, ¿ cómo? 
Austria, Finlandia, Francia, Portugal, el Reino Unido, Suecia, y, hasta cierto punto, 
Dinamarca, tienen en cuenta, en la evaluación de los recursos, que el interesado sea 
propietario de su alojamiento o disponga de él gratuitamente. España no tiene en 
cuenta los elementos materiales mencionados en el cuestionario. 
3.2.2. Recursos de los estudiantes: 
Desde la entrada en vigor de las medidas de transposición de las Directivas 90/366-
93/96, ¿en cuántos casos ha debido hacerse cargo de estudiantes la administración y 
qué medidas se han adoptado? 
Ningún Estado miembro proporcionó indicaciones en cuanto al número de estudiantes 
de los que tuvo que hacerse cargo la administración durante su estancia. 
3.2.3. Coste de la renovación del permiso de residencia de los estudiantes: 
¿Cuál es el importe percibido por la expedición del permiso de residencia? ¿Debe 
abonarse dicho importe a cada renovación? 
Alemania, Dinamarca, Francia, Italia y el Reino Unido expiden gratuitamente el 
permiso de residencia. Entre los otros Estados miembros, algunos perciben la misma 
tasa por la primera entrega o la renovación (Bélgica, España, Finlandia y Portugal), 
mientras que Austria percibe una tasa muy ligeramente reducida por la renovación y 
los Países Bajos solamente cobran la primera entrega. 
20 
4. Conclusiones: 
Las distintas observaciones presentadas hasta ahora sobre la aplicación de las 
Directivas no deben hacer perder de vista la dimensión impresionante que reviste la 
libre circulación de estas nuevas categorías de beneficiarios, es decir, los estudiantes, 
pensionistas y otras personas no activas. Aunque la mayoría de los Estados miembros 
no ha podido proporcionar estadísticas a este respecto, este fenómeno es bien real y 
puede verse reflejado, aunque de forma imperfecta, en una serie de indicadores. A 
partir de la experiencia tanto de los ciudadanos como de las administraciones 
competentes sobre la aplicación concreta de las Directivas 90/364, 90/365 y 90/366-
93/96, la Comisión extrae, dentro de su contribución al incremento de la libre 
circulación de los estudiantes, pensionistas y otras personas no activas, las 
conclusiones siguientes. 
4.1. Mejorar el esfuerzo para informar a los ciudadanos : 
Las cartas y quejas dirigidas a la Comisión denotan una falta de información por parte 
de los ciudadanos sobre el alcance exacto de sus derechos en el ámbito de la libre 
circulación. Esta falta de información puede ir en los dos sentidos: los ciudadanos 
pueden ignorar derechos que tienen realmente o, por el contrario, pueden estar 
convencidos de tener derechos que realmente son menores, o incluso inexistentes. 
De la calidad de la información de los ciudadanos depende, entre otras cosas, el buen 
funcionamiento del Mercado Interior en el ámbito de la libre circulación de las 
personas. La Comisión es consciente del papel que ha de desempeñar a este respecto y 
ya ha tomado iniciativas en el pasado. 
En el marco de la iniciativa «Ciudadanos de Europa», puesta en marcha conjuntamente 
con el Parlamento Europeo en noviembre de 1996 con el fin de hacer tomar conciencia 
a los ciudadanos de sus derechos en Europa y, en particular, en el Mercado Interior, la 
Comisión elaboró la guía «Vivir en otro país de la Unión Europea», que da a los 
ciudadanos de la Unión una reseña de sus derechos en el ámbito de la residencia. 
También se incluyen informaciones sobre el derecho de residencia de los estudiantes 
en la guía «Estudiar, formarse e investigar en otro país de la Unión Europea». Como 
complemento a estas guías, la Comisión elaboró, en colaboración con los Estados 
miembros, fichas país por país. Estas guías y fichas ampliamente difundidas39 son uno 
de los medios para luchar contra la carencia de información de los ciudadanos. Por este 
motivo, cada ficha nacional incluye la indicación del importe mínimo de recursos 
exigido en el Estado miembro en cuestión40. La acción informativa de la Comisión 
incluye, por otra parte, la instauración de un servicio de orientación que permite a los 
ciudadanos41 dirigirse a expertos para aclarar cuestiones relativas a sus derechos, en 
particular en el ámbito del derecho de residencia. 
39 Las guías y fichas, redactadas en las 11 lenguas oficiales de la Unión, pueden obtenerse 
gratuitamente llamando en cada Estado miembro a un número de teléfono gratuito. Están también 
disponibles en Internet (http://europa.eu.int/citizens). 
40 Cf. supra, apartado 3.1. 
41 Por medio de Internet y los números de teléfono gratuitos, cf. supra, nota 39. 
21 
Una de cada cinco personas que se pusieron en contacto con el servicio de orientación 
abordó la cuestión del derecho de residencia y las dificultades prácticas frente a las 
administraciones nacionales. En el Consejo Europeo de Cardiff se puso en marcha un 
nuevo programa sucesor de la iniciativa «Ciudadanos de Europa», con el fin de 
establecer un dispositivo permanente de diálogo con los ciudadanos y las empresas. 
Dicho diálogo integra todo el acervo de la iniciativa «Ciudadanos de Europa» en un 
dispositivo de información permanente. 
El objetivo es dar un acceso directo y fácil a las informaciones sobre derechos que se 
derivan del Mercado Interior y al mismo tiempo ofrecer a todo el mundo la posibilidad 
de plantear cuestiones y comunicar su experiencia y sus sugerencias. 
Aparte de las campañas específicas de información, deberán explorarse otras vías. Por 
ejemplo, las respuestas de la Comisión a las preguntas parlamentarias apenas llegan a la 
opinión pública, a pesar de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas. Podría estudiarse la difusión rápida a los organismos interesados (Estados 
miembros, asociaciones etc.) de estas respuestas a preguntas parlamentarias. 
4.2. Seguir garantizando firmemente el respeto del Derecho comunitario 
existente: 
Como prolongación a los procedimientos de infracción incoados por transposición 
incorrecta de las Directivas, la Comisión realiza un seguimiento de las prácticas 
administrativas que da lugar, cuando procede, al inicio de nuevos procedimientos de 
infracción. 
Por ejemplo, los servicios de la Comisión examinan en la actualidad cuidadosamente 
distintas prácticas relativas a los justificantes de recursos exigidos42 y una serie de 
quejas de estudiantes en que se expone que no se respeta la posibilidad de hacer una 
declaración de recursos en la práctica aunque esté prevista expresamente por la 
legislación nacional43. 
La Comisión proseguirá su actividad en el futuro, para garantizar que el Derecho 
comunitario se respete no sólo en las normas legislativas y reglamentarias sino también 
en las prácticas administrativas diarias a que se enfrentan los ciudadanos. 
Además de los procedimientos y formalidades relativos a la estancia en sí misma, la 
Comisión se ocupará de que se respete plenamente el estatuto de ciudadano de la 
Unión en lo relativo a los estudiantes, pensionistas y otras personas no activas. En 
este contexto, deberá comprobarse que el artículo 6 del Tratado, que prohibe las 
discriminaciones basadas en la nacionalidad, se aplique efectivamente a estas categorías 
de personas, a reserva, naturalmente, de las exclusiones derivadas de los requisitos en 
materia de seguro de enfermedad y recursos de las Directivas. 
42 Cf. supra, apartado 3.1. 
43 En algunos casos, esta posibilidad se insertó en la legislación nacional tras el procedimiento de 
infracción iniciado por la Comisión. 
44 Cf. supra, nota 12. 
22 
4.3. Hacer más «legible» el Derecho comunitario en materia de libre circulación 
de personas y reorganizarlo en torno al concepto de ciudadanía: 
La adición al Derecho derivado existente de tres Directivas aplicables a nuevas 
categorías de personas ha multiplicado los instrumentos en el ámbito de la libre 
circulación y ha supuesto, no sólo para el ciudadano sino también para las 
administraciones, una mayor opacidad del Derecho comunitario. 
La Comisión ya ha señalado45 que la multiplicación de estos instrumentos, más allá de 
sus inconvenientes prácticos, debe reexaminarse, habida cuenta de que el artículo 8 A 
del Tratado CE introduce el concepto de ciudadanía de la Unión, y debería conducir a 
una «revisión de los derechos de libre circulación y de estancia en el marco de las 
normas relativas a la ciudadanía»46. Este trabajo de revisión, en favor del cual se 
expresó47 también el Parlamento Europeo, deberá integrar modificaciones de fondo. 
Algunas de estas modificaciones, por lo que se refiere a las tres Directivas en cuestión, 
se resumen a continuación. 
4.4. Iniciar la reflexión sobre modificaciones de fondo del Derecho existente : 
- Recursos de los pensionistas y otras personas no activas: 
El requisito de los recursos previsto por las Directivas 90/364 y 90/365 da lugar, en la 
práctica, a un control a priori (exigencias de distintos justificantes) que a menudo 
parece desproporcionado, habida cuenta, en particular, del mecanismo de renovación 
previsto por el apartado 2 del artículo 1 y del vínculo que se establece claramente en el 
artículo 3 entre el mantenimiento del derecho de residencia y el de las condiciones de 
recursos y seguro de enfermedad. Este control a priori puede incluso llegar, en algunos 
casos, a afectar a la protección de la vida privada. 
Por otra parte, de la investigación efectuada por la Comisión se deduce que las 
administraciones de varios Estados miembros encuentran dificultades a la hora de 
valorar si los recursos son suficientes. 
Habida cuenta de estos distintos elementos, la Comisión se propone examinar si el 
principio de una declaración de recursos, similar a la prevista para los estudiantes, no 
podría extenderse a los pensionistas y otras personas no activas48. 
- Permiso de residencia de los pensionistas y otras personas no activas: 
Se ha visto en la práctica que numerosos pensionistas (y en menor medida otras 
personas no activas) residen alternativamente en su Estado de origen y en otro Estado 
miembro. Ahora bien, del Derecho comunitario49 se desprende que las ausencias del 
45 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el seguimiento de las 
recomendaciones del Grupo de alto nivel sobre la libre circulación de las personas, 1.7.1998, COM 
(1998) 403 final. 
46 Véase comunicación antes citada, p.2. 
47 Véase apartados 3 y 4 de la Resolución de 2.7.98 sobre el Segundo informe de la Comisión sobre la 
ciudadanía de la Unión. 
El Informe del Grupo de alto nivel sobre la libre circulación de las personas (Informe Veil), 
presentado a la Comisión el 18.3.1997 sugiere esta solución (p.26, punto d)). 
49 Véase apartado 1.1. 
23 
Estado miembro de acogida superiores a seis meses afectan a la validez del permiso de 
residencia. 
La Comisión, vistas las dificultades que encuentran especialmente los pensionistas y las 
personas no activas, volverá a examinar la cuestión de la incidencia de los períodos de 
ausencia sobre la validez del permiso de residencia. 
- Coste del permiso de residencia de los estudiantes: 
Habida cuenta de la redacción actual de la Directiva 93/96, un estudiante de un Estado 
miembro que sigue todos sus estudios universitarios en otro Estado miembro puede 
verse obligado a pagar, para cada renovación anual de su permiso de residencia, las 
mismas tasas que para la primera entrega. En cambio, el estudiante que efectúa una 
breve estancia está obligado, si reside más de tres meses, a solicitar un permiso de 
residencia y puede tener que pagar las mismas tasas que las correspondientes a un 
permiso normal de cinco años de validez. 
La Comisión, consciente de que la movilidad de los estudiantes está condicionada por 
el coste que supone para los interesados, examinará la posibilidad de proponer que 
tanto la primera entrega como la renovación del permiso de residencia de los 
estudiantes sean gratuitas. 
- Ámbito de aplicación de la Directiva 93/96: 
El texto actual del artículo 1, que se refiere a establecimientos autorizados, tiene como 
efecto excluir del ámbito de aplicación de la Directiva a personas que se encuentran en 
formación en estructuras distintas de los establecimientos autorizados. 
Con el fin de evitar que la movilidad de las personas que se están formando tope con 
obstáculos derivados del derecho de residencia, la Comisión examinará la posibilidad 
de clarificar el ámbito de aplicación del derecho de residencia de los estudiantes, 
prestando especial atención a las trabas administrativas a que se enfrentan actualmente 
los becarios y quienes participan en proyectos de voluntariado. 
24 
Anexo 1 
MEDIDAS NACIONALES DE TRANSPOSICIÓN DE LAS DIRECTIVAS 90/364, 90/365 Y 
90/366-93/96 
Estados 
Miembros Medidas de transposición 
Bélgica Transposición de las directivas 90/364 y 90/365: 
- Arrété roval du 7 décembre 1992 modifiant la loi du 15 décembre 1980 
sur l'accés au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 
étrangers, Moniteur belge du 22.1.1993, p. 1052; 
- Koninklijk besluit van 7 december 1992 tot wijziging van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang to het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwij dering van vreemdelingen, Belgisch Staatsblad 
22.1.1993, p.1052. 
- Arrété roval du 22 décembre 1992 modifiant 1'Arrété royal du 8 octobre 
1981 sur l'accés au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 
des étrangers, Moniteur belge du 22.1.1993, p. 1053; 
- Koninklijk besluit van 22 december 1992 tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang to het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Belgisch 
Staatsblad s 22.1.1993, p. 1053. 
Transposición de la Directiva 93/96: 
- Arrété royal du 22 février 1995 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur 
l'accés au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 
étrangers, Moniteur belge du 15.3.1995, p. 5784; 
- Koninklijk besluit van 22 februari 1995 tot wijziging van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang to het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Belgisch Staatsblad 
15.3.1995, p. 5784; 
- Arrété roval du 22 février 1995 modifiant PArrété royal du 8 octobre 
1981 sur l'accés au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 
des étrangers, Moniteur belge du 15.3.1995, p. 5784; 
- Koninklijk besluit van 22 februari 1995 tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang to het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Belgisch 
Staatsblad 15.3.1995, s p. 5785. 
Dinamarca - Justitsministeriets bekendtgorelse nr. 575 af26. Juni 1992; 
- Indenrigsministeriets bekendtgorelse nr. 761 af 22. August 1994; 
-Indenrigsministeriets bekendtgorelse nr. 684 af 12. Juli 1996 (*). 
25 
Alemania 
Grecia 
España 
Ireland 
Italy - Verordnung vom 17/07/1997 über die allgemeine Freizügigkeit von 
Staatsangehórigen der Mitgliedstaaten der Europáischen Union 
(Freizügigkeitsverordnung/EG - FreizügV/EG), Bundesgesetzblatt Teil I 
vom 22/07/1997 Seite 1810. 
ITpoeSpiKÓ 8iáTayua 278/92, EíaoSoc; Kai 8iauovr| axr|v EXAáSa 
•u7tnKÓ(ov Kpaxcáv [lehbv rr\c, EOK, nov 5ev kxpvv xo 8iKaícoua cunó 
páaei oKkcov Siaxá^scov TOD KOIVOTIKOÚ SIKOÚOU i\ cnovbátpvv i\ &%ovv 
7iaúaei xr\v e7iayYeXuaTiKií iovq 8paoTnpió-rr|Ta (oq HIOGCOTOÍ r\ |ir| 
p.ia9coTOÍ spya^ónevot, CE crunnópípcocrn 7ipog TIC; 08nyfec; xou 
SU^PODXÍOU EupcoTiaiKÓv KOIVOTIÍKOV •uu'apiGp.. 90/364/EOK, 
90/366/EOK Kai 90/365/EOK (OEK A' 144 Tng 28nc; Avyovaxov 1992, 
aeX. 5). 
- Real Decreto 766/92. de 26 de junio, sobre entrada v 
permanencia en España de nacionales de Estados miembros de las 
Comunidades Europeas, BOE Num. 156, 30.6.1992, Página 22275. 
- Real Decreto número 737/95 de 05/05/1995. por el que se modifica el 
Real Decreto 766/92, de 26 de junio, sobre entrada y permanencia en 
España de nacionales de Estados miembros de las Comunidades Europeas, 
Boletín Oficial del Estado número 133 de 05/06/1995 Página 16547 
(Marginal 13536) (*) 
- European Communities (Right of Residence for Non-Economically 
Active Persons^ Regulations 1993. S.I. 109 of 1993: 
- European Communities (Right of Residence for Non-Economically 
Active Persons^) Regulations 1997. S.I. 57 of 1997 (*\ 
- Legge 19 febbraio 1992, n. 142. Disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dalPappartenenza delFItalia alie Comunitá europee 
(legge comunitaria per il 1991). 
- Decreto legislativo 26 novembre 1992. n. 470 . Attuazione delle direttive 
90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE in materia di diritto di soggiorno 
dei cittadini comunitari, dei lavorati salariati e non salariati che hanno 
cessato la propria attivitá professionale e degli studenti, Gazzetta Ufficiale 
n. 286, 4 Dicembre 1992, Pag. 12. 
- Legge 24 aprile 1998, n. 128, Disposizioni per l'adempimento di obblighi 
derivanti dall'appartenenza delFItalia alie Comunitá europee (Legge 
comunitaria per 1995-1997), Gazzetta Ufficiale n. 104, 7 maggio 1998. 
26 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Austria 
Francia - Réglement grand-ducal du 12 février 1993 portant modification du 
réglement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions 
d'entrée et de séjour de certaines catégories d'étrangers faisant l'objet de 
conventions internationales, Memorial Grand-Ducal A Numero 21 
du 24 mars 1993, p.382; 
- Réglement grand-ducal du 03 juin 1996 portant modification du 
réglement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d'entrée et 
de séjour de certaines catégories d'étrangers faisant l'objet de conventions 
internationales, Memorial Grand-Ducal A Numero 39 du 
14 juin 1996 Page 1268 (*). 
- Besluit van 23/06/1992 tot wijziging van het vreemdelingenbesluit, 
Staatsblad nummer 329 van 29/06/1992 
- Besluit van 30/12/1993 houdende wijziging van de vreemdelingenwet 
Staatsblad nummer 8 van 06/01/1994 
- Besluit van 07/07/1994. houdende wijziging van het 
Vreemdelingenbesluit (gewijzigde indiening aanvragen om toelating ais 
vluchteling), 
Staatsblad nummer 526 van 19/07/1994 
- Bundesgesetz über die Einreise und den Aufenthalt von Fremden 
(Fremdengesetz - FrG), Bundesgesetzblatt fiir die Republik Ósterreich, 
Nr. 286/1992; 
- Fremdengesetz 1992, Bundesgesetzblatt fiir die Republik Ósterreich, Nr. 
838/1992; 
- Fremdengesetz 1997, Bundesgesetzblatt für die Republik Ósterreich, Nr. 
75/1997; 
- Décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée 
et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la 
Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des 
personnes, J.O. du 13 mars 1994, p. 3989. 
- Arrété du 6 avril 1995 fixant les modalités d'application du décret n° 94-
211 du 11 mars 1994 transposant les directives du Conseil des 
Communautés européennes des 28 juin 1990 et 29 octobre 1993 relatives 
au droit de séjour en France, J.O. du 15 avril 1995, p. 5993. 
- Décret n° 98-864 du 23 septembre 1998 modifiant le décret n° 94-211 
du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en 
France des ressortissants des Etats membres de la Communauté 
européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes, J.O. du 27 
septembre 1998, p. 14743 (*). 
27 
Portugal 
Finlandia 
Suecia 
Reino Unido - Decreto-Lei n.° 60/93 de 3 de Marco, Diario da República I Serie A N° 
52 de 03/03/1993 Página 943; 
- Lei n° 8/98 de 13 de Fevereiro, que concede ao Governo autorizagao 
para alterar o regime legal de entrada, permanencia, saída e expulsáo de 
estrangeiros do territorio nacional, Diario da República I Serie A N° 37 de 
13.2.1998 Página 570 (**); 
- Decreto-Lei n° 250/98 de 11 de Agosto. Diario da República I Serie A 
N° 184 de 11.8.1998 Página 3891 (*); 
- Ulkomaalaislaki/Utlanningslagen (378/91) 22/02/1991 
- Laki ulkomaalaislain muuttamisesta/Lag om 5andring av utlánningslagen 
(640/93)28/06/1993 
-Asetus ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 
voimaanpanosta/Fórordning om ikrafttrádande av lagen om 5andring av 
utlánningslagen (1393/93) 22/12/1993 
-Ulkomaalaisasetus/Utlánningsfórordningen (142/94) 18/2/1994 
-Sisáasiainministerión mááráys/Inrikesministeriets fóreskrift 30.12.1993 
Dno. 8/010/93 (*) 
-Sisáasiainministerión ohje/Inrikesministeriets fóreskrift 18.5.1994 Dno. 
10/010/94 (*) 
- Utlánningslagen (1989:529) 
- Lagen (1992:1165) om 5andring i utlánningslagen (1989:547) 
- Utlánningsfórordningen (1989:547). De viktigaste 5andringarna: SFS 
1992:1166, 1993:1369 och 1994:1698 
- Fórordning (1998:153) om 5andring i utlánningsfórordningen (1989:547) 
(*) 
- The Immigration (European Economic Área) Order 1994. S.I. 
1994/1895; 
- The Immigration (European Economic Área) Amendment Order 1997. 
S.I. 1997/2981 (*). 
(*) Modificación de la medida de transposición producida tras el procedimiento de 
infracción iniciado por la Comisión. 
(* *) Ley de habilitación que permite al Gobierno modificar la legislación sobre los 
extranjeros. 
28 
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5.98 9.95 (Dir. 93/96) 
2.96 (Dir. 90/364,365) 
8.97 (Dir. 93/96, 
seguro de enfermedad 
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