En resumen, el déficit contemplado en 2020 es superior al valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado y no se mantiene cercano a ese valor. El exceso contemplado se considera excepcional, según lo definido en el Tratado y en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, estimándose actualmente que es de carácter temporal. Por consiguiente, el análisis sugiere que, a primera vista, no se cumple el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/97.

El exceso contemplado sobre el valor de referencia del Tratado sería temporal, a la luz de las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, según las cuales el déficit descendería por debajo del 3 % del PIB en 2021. No obstante, estas proyecciones están rodeadas de un grado de incertidumbre extremadamente elevado.

De acuerdo con el Programa de Estabilidad de 2020, se espera que el déficit de las administraciones públicas de Grecia alcance el 4,7 % del PIB en 2020, cifra superior y no cercana al valor de referencia del 3 % del PIB que se establece en el Tratado.

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El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de crisis económica grave. En su Comunicación, la Comisión indicó al Consejo que, en su opinión y dada la grave recesión económica que cabe esperar a raíz de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permitían activar la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Finanzas de los Estados miembros se declararon de acuerdo con la evaluación de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite apartarse temporalmente de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que ello no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En lo tocante al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Autoriza a los Estados miembros a apartarse de las obligaciones presupuestarias que, normalmente, resultarían de aplicación, permitiendo al mismo tiempo a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de las políticas en el marco del Pacto.

Tras derogarse el procedimiento de déficit excesivo en septiembre de 2017, Grecia disponía de un período de transición de tres años durante el cual debía velar por avanzar suficientemente hacia el cumplimiento del valor de referencia para la reducción de la deuda. Ese período de transición comenzó en 2017 y concluyó en 2019. Para garantizar una progresión continua y efectiva hacia el cumplimiento durante el período transitorio, Grecia debía respetar simultáneamente las dos condiciones siguientes:

a.En primer lugar, el ajuste estructural anual no debía apartarse del ajuste estructural lineal mínimo (AELM) más de un 0,25 % del PIB, garantizándose de este modo que el valor de referencia para la reducción de la deuda se cumpliera al final del período transitorio.

b.En segundo lugar, durante la totalidad del período transitorio, el ajuste estructural anual restante no debía superar el 0,75 % del PIB (a menos que la primera condición conllevara un esfuerzo anual superior al 0,75 % del PIB).

Los datos notificados muestran que Grecia no avanzó lo suficiente con vistas a alcanzar el valor de referencia para la reducción de la deuda en 2019, puesto que se estima que el saldo estructural se deterioró un -2,2 % del PIB el año pasado, frente al AELM aplicable del 0,8 % del PIB.

Por lo tanto, el análisis sugiere que, a primera vista, y basándose en los datos reales de 2019, no se cumple el criterio de deuda.

4. Factores pertinentes

El artículo 126, apartado 3, del Tratado establece que si un Estado miembro no cumple los requisitos de uno de estos criterios o de ambos, la Comisión debe elaborar un informe. El informe debe también examinar «si el déficit público supera los gastos públicos de inversión, así como todos los demás factores pertinentes, incluida la situación económica y presupuestaria a medio plazo del Estado miembro».

Estos factores se especifican más detalladamente en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, en el que se dispone también que se preste la debida consideración a «cualquier otro factor que, en opinión del Estado miembro de que se trate, sea pertinente para evaluar globalmente la observancia de los criterios en materia de déficit y deuda y que el Estado miembro haya puesto en conocimiento del Consejo y de la Comisión».

En lo que respecta al incumplimiento aparente del criterio de deuda, el análisis de los factores pertinentes está especialmente justificado, dado que la dinámica de la deuda se ve influida en mayor medida por factores ajenos al control del Gobierno que en el caso del criterio de déficit. Así se reconoce en el artículo 2, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, que exige que se tengan en cuenta los factores pertinentes al evaluar el cumplimiento sobre la base del criterio de deuda, independientemente de la magnitud del incumplimiento. A este respecto, para evaluar el cumplimiento del criterio de deuda deben tomarse en consideración al menos los tres aspectos principales siguientes, dada su incidencia en la dinámica de la deuda y en su sostenibilidad: i) el cumplimiento del OMP o la trayectoria de ajuste hacia dicho objetivo, ii) la aplicación de reformas estructurales, y iii) las condiciones económicas imperantes.

Tal como se especifica en el artículo 2, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, por lo que se refiere, sin embargo, al cumplimiento del criterio de déficit en 2020, y dado que la ratio deuda pública/PIB supera el valor de referencia del 60 % y no se cumple la doble condición —es decir, que el déficit se mantenga cercano al valor de referencia y que la superación del valor de referencia sea temporal—, esos factores pertinentes no pueden tenerse en cuenta en las etapas conducentes a la decisión sobre la existencia de un déficit excesivo en Grecia sobre la base del criterio de déficit.

En la situación actual, un factor adicional fundamental que debe tenerse en cuenta en relación con el año 2020 es el impacto económico de la pandemia de COVID-19, que incide muy notablemente en la situación presupuestaria y da lugar a perspectivas sumamente inciertas. La pandemia también ha supuesto la activación de la cláusula general de salvaguardia.

4.1. Pandemia de COVID-19 y activación de la cláusula general de salvaguardia

La pandemia de COVID-19 ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo consecuencias negativas significativas en toda la Unión Europea. Las consecuencias para el crecimiento del PIB dependerán de la duración tanto de la propia pandemia como de las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y a nivel europeo y mundial para ralentizar su propagación, proteger las capacidades de producción y apoyar la demanda agregada. Los Estados miembros ya han adoptado o están adoptando medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de los sistemas sanitarios y prestar ayuda a las personas y los sectores especialmente afectados. También se han adoptado importantes medidas de apoyo a la liquidez y otras garantías. Siempre que se disponga de información más detallada, las autoridades estadísticas competentes deben examinar si dichas medidas tienen o no un impacto inmediato en el saldo de las administraciones públicas. Junto con la caída de la actividad económica, las citadas medidas contribuirán a aumentar sustancialmente los niveles de déficit y deuda públicos.

4.2 Situación económica a medio plazo teniendo en cuenta las reformas estructurales

Desde 2016, el crecimiento del PIB real se ha ido recuperando impulsado por las exportaciones netas y el consumo privado. El crecimiento nominal aumentó hasta 2018, pero disminuyó ligeramente en 2019. No obstante, no puede alegarse que las condiciones macroeconómicas sean un factor atenuante a la hora de explicar que Grecia no ha realizado progresos suficientes hacia el cumplimiento del valor de referencia para la reducción de la deuda en 2019.

Se prevé que la actividad económica se verá gravemente afectada por la pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento asociadas a ella. Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, el PIB disminuirá un 9,7 % en 2020, dado que los servicios turísticos y de transporte —dos sectores muy importantes para la economía griega— se verán, según cabe esperar, particularmente impactados y que el aumento previsto del desempleo también podría provocar un descenso de la demanda interna. Las perspectivas macroeconómicas están rodeadas de un excepcional grado de incertidumbre en cuanto a la duración de la pandemia y su impacto económico. Este es un factor atenuante en la evaluación del cumplimiento del criterio de déficit por parte de Grecia en 2020.

En su informe sobre el país de 2020, la Comisión consideró que Grecia había realizado algunos progresos en la aplicación de las recomendaciones específicas por país de 2019. Más concretamente, Grecia prosiguió las reformas en consonancia con los compromisos posteriores al programa asumidos en la reunión del Eurogrupo de 22 de junio de 2018. En 2019, Grecia llevó a cabo importantes reformas dirigidas a incrementar la eficiencia del sector público griego, reforzar la eficacia de la política social, acelerar el programa de privatización y mejorar en mayor medida el entorno empresarial. En particular, las autoridades continuaron esforzándose por mejorar la capacidad de la Autoridad Tributaria Independiente y la gestión de los recursos humanos en la administración pública. En lo tocante al sector financiero, se observaron algunos avances en relación con las reformas necesarias para sanear las existencias de préstamos dudosos. Las autoridades también realizaron un programa de reformas más amplio, por ejemplo en el ámbito de la buena acción legislativa, la gobernanza digital y la educación.

4.3 Situación presupuestaria a medio plazo teniendo en cuenta la inversión pública

El superávit global aumentó del 1,0 % del PIB en 2018 al 1,5 % en 2019, debido al sólido crecimiento económico, al moderado crecimiento del gasto y a la recepción de transferencias de importes equivalentes a los ingresos obtenidos por los bancos centrales nacionales de la zona del euro por la tenencia de bonos del Estado griego en virtud del Acuerdo sobre Activos Financieros Netos y el Programa para Mercados de Valores. Se estima que la inversión pública se redujo del 3,0 % del PIB en 2018 al 2,2 % en 2019.

Como Grecia estaba exenta de la obligación de presentar programas de estabilidad mientras estaba sujeta a un programa de ajuste macroeconómico («el programa»), las autoridades griegas no establecieron un objetivo presupuestario a medio plazo para 2019. En la primavera de 2018, el Consejo no dirigió ninguna recomendación específica a Grecia en el contexto del Semestre Europeo porque, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 472/2013, Grecia estaba entonces exenta de supervisión y evaluación en el marco del Semestre Europeo por estar sujeta al programa. En tales circunstancias, la evaluación del año 2019 se lleva a cabo en ausencia de un objetivo presupuestario a medio plazo, teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente, el objetivo de superávit primario recomendado por el Consejo y controlado con arreglo al procedimiento de supervisión reforzada, así como el saldo presupuestario estructural de 2019.