Decimoctavo informe anual sobre el control de la aplicación del derecho comunitario (2000) /* COM/2001/0309 final Volume */





DECIMOCTAVO INFORME ANUAL SOBRE EL CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO (2000) ÍNDICE 1. PRÓLOGO 1.1. Reseña estadística del año 2000 1.2. Mejora del procedimiento precontencioso 1.3. Estado de incorporación de las directivas en 2000 1.4. Solicitudes de exención de las medidas de armonización - Artículo 95 del Tratado CE 1.5. Presentación gráfica del conjunto de procedimientos de infracción incoados o gestionados por la Comisión durante el año 2000. 1.6. Aplicación por la Comisión del artículo 228 del Tratado CE (evolución en 2000) 2. Situación en los distintos sectores 2.1. Asuntos Económicos y Financieros 2.2. Empresas 2.2.1. Las normas de prevención previstas en la Directiva 98/34/CE (ex. 83/189/CEE) 2.2.2. Productos farmacéuticos 2.2.3. Productos cosméticos 2.2.4. Productos químicos 2.2.5. Vehículos de motor, tractores y ciclomotores 2.2.6. Productos de construcción 2.2.7. Bienes de equipo 2.2.8. Equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación 2.2.9. Turismo 2.3. Competencia 2.3.1. Telecomunicaciones. 2.3.2. Correos. 2.3.3. Profesiones liberales. 2.3.4. Transportes. 2.3.5. Concentraciones. 2.3.6. Ayudas de Estado. 2.4. Emplea y asuntos sociales 2.4.1. Libre circulación de trabajadores 2.4.2. Igualdad de trato a hombres y mujeres 2.4.3. Condiciones de trabajo 2.4.4. Salud y seguridad en el lugar de trabajo. 2.5. Agricultura 2.5.1. Libre circulación de los productos agrícolas 2.5.2. Mercados 2.6. Energía y transporte 2.6.1. Mercado interior de la electricidad y el gas natural 2.6.2. Eficacia energética 2.6.3. Hidrocarburos 2.6.4. Transportes 2.6.5. Transportes por carretera 2.6.6. Transportes combinados 2.6.7. Transporte por vía navegable 2.6.8. Transporte por ferrocarril 2.6.9. Transporte marítimo 2.6.10. Transporte aéreo 2.7. Sociedad de la información 2.8. Medio ambiente 2.8.1. Libertad de acceso a la información 2.8.2. Evaluación del impacto medioambiental 2.8.3. Aire 2.8.4. Agua 2.8.5. Naturaleza 2.8.6. Ruido 2.8.7. Química y biotecnologías 2.8.8. Residuos 2.8.9. Medio ambiente e industria 2.8.10. Radioprotección 2.9. Pesca 2.9.1. Recursos 2.9.2. Concesión de pabellón/licencias pesqueras 2.9.3. Mercados 2.10. Mercado Interior 2.10.1. Estrategia general para el mercado interior 2.10.2. Libre circulación de mercancías 2.10.2.1. Aplicación de los artículos 28 y siguientes CE (ex artículos 30 y siguientes del Tratado CE) 2.10.2.2. Medidas complementarias de la supresión de controles en las fronteras interiores al 01.01.93 2.10.2.3. Responsabilidad por los daños causados por los productos defectuosos (Directiva 85/374/CEE modificada). 2.10.3. Libre circulación de servicios y derecho de establecimiento 2.10.3.1. Artículos 43 y siguientes y 49 y siguientes 2.10.3.2. Servicios financieros 2.10.3.3. Servicios postales 2.10.3.4. Comunicaciones comerciales 2.10.3.5. Medios de Comunicación 2.10.4. Entorno de las empresas 2.10.4.1. Contratos públicos 2.10.4.2. Protección de los datos 2.10.4.3. Propiedad intelectual 2.10.4.4. Derecho de sociedades e información financiera. 2.10.5. Profesiones reguladas por lo que se refiere a las cualificaciones 2.11. Política regional 2.11.1. Tipo de infracciones 2.11.2. Acciones de la Comisión 2.12. Fiscalidad y Unión aduanera 2.12.1. Unión aduanera 2.12.2. Fiscalidad directa 2.12.3. Impuesto sobre el valor añadido 2.12.4. Otros impuestos indirectos 2.13. Educación, Sector Audiovisual y cultura 2.13.1. Educación y cultura 2.13.2. Sector Audiovisual 2.13.2.1. Estado de incorporación de la Directiva revisada 2.13.2.2. Aplicación de la Directiva 2.13.2.3. Aspectos vinculados a la ampliación 2.14. Salud y protección de los consumidores 2.14.1. Legislación veterinaria 2.14.2. Legislación fitosanitaria 2.14.3. Legislación sobre semillas y plantas 2.14.4. Legislación alimentaria 2.14.5. Legislación sobre alimentos para animales 2.14.6. Contaminantes 2.14.7. Notificación de normas y reglamentaciones técnicas 2.14.8. Protección de los consumidores 2.15. Justicia e Interior 2.15.1. Comunitarización del acervo Schengen 2.15.2. Entrada y estancia 2.15.3. Derecho de voto y admisibilidad 2.16. Presupuesto 2.16.1. Generalidades 2.16.2. Aplicación incorrecta 2.16.2.1. Procedimientos incoados con anterioridad 2.16.2.2. Nuevos procedimientos 2.17. Personal y administración. 2.18. Estadísticas comunitarias [ Volumen II ] Anexo I : Detección de las infracciones Anexo II : Procedimientos de infracción - desglose por etapas, fundamento jurídico, Estado miembro y sector [ Volumen III ] Anexo III : Reseña de las infracciones a los Tratados, Reglamentos y decisiones [ Volumen IV ] Anexo IV - parte 1 : Estado de la aplicación de las directivas [ Volumen V ] Anexo IV - parte 1 : Cuadro recapitulativo parte 2 : Infracciones por no conformidad MNE de las directivas parte 3 : Infracciones por aplicación incorrecta MNE de las directivas [ Volumen VI ] Anexo V : Sentencias del Tribunal dictadas hasta el 31 de diciembre de 2000 y aún no ejecutadas Anexo VI : Reseña sobre la aplicación del Derecho comunitario por los órganos jurisdiccionales nacionales La Comisión Europea elabora cada año el Informe sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario en respuesta a las sucesivas solicitudes del Parlamento Europeo (Resolución de 9 de febrero de 1983) y de los Estados miembros (Declaración n° 19, apartado 2, aneja al Tratado firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992). Este informe responde también a las solicitudes del Consejo Europeo o del Consejo en relación con sectores específicos. 1. PRÓLOGO El control de la aplicación del Derecho comunitario no sólo es esencial para el respeto de las reglas del Derecho, sino que contribuye también a que el principio de la Comunidad de Derecho resulte algo tangible para el ciudadano europeo y para los agentes económicos. Por otra parte, la importancia de las denuncias en el proceso de detección de las infracciones (cuadro 1.1) indica claramente la confianza del ciudadano en el ejercicio, por la Comisión, de esta misión fundamental. También indica la voluntad de la Comisión de conceder al demandante una mayor importancia en el procedimiento por incumplimiento, del que estaba ausente antes, debido a la naturaleza de este procedimiento, que se establece en el artículo 226 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (y en el artículo 141 del Tratado EURATOM). Esta mayor importancia del demandante se ha plasmado concretamente en las siguientes modalidades de procedimiento: registro de la denuncia, respeto de la confidencialidad, información al demandante y la posibilidad de que éste formule observaciones antes de cualquier decisión de archivar su expediente. La Comisión ha emprendido un ejercicio de codificación de las normas administrativas vigentes, con el fin de facilitar los contactos entre los demandantes y los servicios de la Comisión. No obstante, estos cambios no privan al procedimiento por incumplimiento de su objetivo fundamental, que consiste en conseguir que el Estado miembro en situación de infracción se ajuste al Derecho comunitario. Tampoco modifica el poder discrecional que toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia reconoce a la Comisión para incoar procedimientos por incumplimiento. Esto es tanto más significativo cuanto que la naturaleza de este procedimiento puede a veces alimentar el descontento de demandantes que persiguen naturalmente un objetivo diferente, a saber, la satisfacción de sus intereses individuales, eventualmente puesta en peligro por la infracción del Estado miembro. Esta es la razón por la que la Comisión vela constantemente por recordar a los demandantes que es ante los tribunales nacionales donde deben buscar reparación a los posibles perjuicios. Por otra parte, siendo el juez nacional el primer juez en el ordenamiento jurídico comunitario, es más fácil y más eficaz plantear ante él los contenciosos relativos a casos puntuales e individuales de violación del Derecho comunitario. Tales casos, si bien pueden constituir verdaderas infracciones al Derecho comunitario, difícilmente encuentran una solución satisfactoria para el demandante en un procedimiento por incumplimiento incoado por la Comisión, pues siempre corresponderá al Estado miembro y a los órganos jurisdiccionales del orden nacional rectificar la infracción in situ. Además de prestar especial atención a los demandantes, a los que ha reconocido expresamente determinados derechos de procedimiento durante la fase precontenciosa, la Comisión se esfuerza, pues, en interés de un control uniforme del Derecho comunitario, por agrupar al máximo los procedimientos y por perseguir con carácter prioritario las situaciones de infracción recurrente por parte del Estado miembro de que se trate. La Comisión cumple así la tarea fundamental de defensa del ordenamiento jurídico comunitario que le encomienda el artículo 211 del Tratado CE. El XVIII Informe sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario constituye el primer informe en la materia desde la reorganización de los servicios de la Comisión. El Informe tiene plenamente en cuenta esta reorganización, por lo que se espera que su presentación dé lugar a una mayor coherencia y a una mayor relevancia de la acción de la Comisión con arreglo a los artículos 226 y 228 del Tratado CE (y 141/143 EURATOM), de acuerdo con el deseo manifestado por el Parlamento Europeo en su Resolución sobre el XVI Informe anual. La Comisión se esfuerza en desempeñar esta misión esencial de control de la aplicación del Derecho comunitario de manera cada vez más eficaz, recurriendo a las técnicas modernas de comunicación y de gestión, o intentando conseguir simplificar los procedimientos de infracción. En términos generales, las intervenciones de la Comisión por incumplimiento se describen mediante los siguientes elementos: - una reseña estadística que recoge las distintas etapas del control de la aplicación del Derecho comunitario y su evolución estadística con respecto al año anterior (punto 1.1) - la mejora del procedimiento precontencioso (punto 1.2) - el estado de incorporación de las directivas comunitarias por los Estados miembros (punto 1.3) - las solicitudes de exención de las medidas de armonización - Artículo 95 del TRATADO CE (punto 1.4) - una presentación gráfica, por Estado miembro, del conjunto de procedimientos de infracción incoados o gestionados por la Comisión durante el año 2000 (punto 1.5) - una reseña global del uso por la Comisión, desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, del mecanismo de sanción previsto en el artículo 228 del Tratado CE (punto 1.6). 1.1. Reseña estadística del año 2000 Los datos estadísticos correspondientes al año 2000 reflejan una estabilización del número de denuncias registradas por la Comisión. Por primera vez, ese número ha disminuido incluso ligeramente. No obstante, las denuncias siguen siendo el mejor medio de detección de las infracciones, aun cuando la Comisión ha reforzado también la eficacia de su control de incorporación de las directivas, y tiende a aumentar su propia capacidad de detección de las infracciones aumentando los procedimientos incoados como consecuencia de la investigación de sus servicios. Los plazos de procedimiento han mejorado también. La Comisión se esfuerza en particular en reducir los plazos de ejecución en materia de infracción. Actualmente, este plazo es de 29 días naturales entre la adopción de las decisiones de emplazamiento y de dictamen motivado y su ejecución mediante notificación al Estado miembro interesado. El plazo existente entre la decisión de recurrir y la presentación del recurso que constituye la ejecución de la misma es, por su parte, mucho más difíciles de aprehender a nivel global, dado que, en esa fase, los contactos con el Estado miembro en cuestión tienden a intensificarse. El primer objetivo del procedimiento de infracción es que el Estado miembro se ajuste al Derecho comunitario, por lo que la Comisión favorece con frecuencia esos contactos, suspendiendo la ejecución del recurso. En ese contexto, el aumento del plazo de ejecución no reviste pues mayor significado estadístico. Por último, con ánimo de conseguir una mayor transparencia, desde enero de 2001, las decisiones de emplazamiento, de dictamen motivado y de recurso, así como las decisiones de archivar un procedimiento, se difunden inmediatamente después de su adopción en el sitio Internet "Europa" de la Comisión. Cabe pensar que tal difusión puede también tener un efecto de estímulo en los Estados miembros interesados, que conocen inmediatamente la última decisión de la Comisión sobre un expediente en concreto. Los datos estadísticos correspondientes al año 2000 son los siguientes: - el número de denuncias registradas por los servicios de la Comisión disminuyó ligeramente en 2000 (un 6,13% menos que en 1999). La Comisión ha abierto también un número de expedientes mucho mayor que en los años anteriores sobre la base de las investigaciones realizadas por sus servicios ("casos detectados de oficio "). Ese número fue en 2000 de 896 expedientes, cifra que no se había alcanzado desde 1996. Del total de 896, el número de expedientes abiertos sobre la base de preguntas parlamentarias (15 frente a 16 en 1999) y peticiones (5 frente a 10 en 1999) disminuyó ligeramente, lo que indica una mayor actividad de investigación de los servicios de la Comisión en el control de los casos de aplicación incorrecta del Derecho comunitario y en el control de la conformidad de las medidas nacionales de ejecución (MNE) de las directivas. - en 2000 se enviaron 1317 cartas de emplazamiento, cifra que representa un aumento del 22,51% con relación a 1999, en que se registraron 1075 casos. No obstante, es preciso destacar que el aumento del número total de emplazamientos parece deberse principalmente al aumento del número de emplazamientos por no comunicación de los MNE de las directivas (925 emplazamientos en 2000 frente a 706 en 1999, lo que representa un aumento del 31%) y del número de emplazamientos por no conformidad de esas medidas o por aplicación incorrecta del Derecho comunitario (de 369 en 1999 a 392 en 2000). Estas últimas cifras ponen de manifiesto un mayor esfuerzo de los servicios de la Comisión en el control de conformidad (véase el punto 1.2 infra sobre el refuerzo del enfoque cualitativo). En cuanto a los emplazamientos por no comunicación, se benefician plenamente del aumento de la automatización y la modernización de este procedimiento por habilitación. La mayor utilización de la informática así como el desarrollo continuo de la base de datos sobre directivas "Asmodée II" permitieron así reducir considerablemente los plazos de emplazamiento, que cumplen ahora la regla del envío de una carta de emplazamiento al mes del vencimiento de la fecha de incorporación, prevista en las normas internas de la Comisión relativas a los procedimientos operativos en materia de infracción. Esta modernización del procedimiento de emplazamiento por no comunicación permitió así reabsorber el retraso acumulado en 1999, lo que ha contribuido sin duda a aumentar el número de emplazamientos notificados en 2000. - el número de dictámenes motivados enviados en 2000 fue de 460, como en 1999. Esta cifra refleja la estabilización del procedimiento tras la reabsorción del retraso de ejecución acumulado hasta 1998. Tal como se indica anteriormente, el plazo medio de notificación de este tipo de acto es actualmente de 29 días. Actualmente están en estudio nuevas adaptaciones de los procedimientos operativos en materia de infracción, con el fin de llegar a una reducción sustancial de los plazos de ejecución. - el número de recursos ante el Tribunal de Justicia disminuyó ligeramente --un 3,5%-- en 2000, con 172 decisiones frente a 178 en 1999. Paralelamente, el porcentaje de recursos en comparación con el número de emplazamientos disminuyó también, desde un 16,5% en 1999 a un 13,05% en 2000, lo cual permite deducir lógicamente una eficacia creciente del procedimiento precontencioso. - en efecto, la rapidez de tratamiento de los expedientes aumentó aún más en 2000: 1083 de las 1317 cartas de emplazamiento enviadas a los Estados miembros este año se referían a procedimientos de infracción incoados en 2000, lo que representa más del 82% de los emplazamientos frente a un 73% en 1999. Por el contrario, la rapidez de tratamiento disminuyó por lo que se refiere a los dictámenes motivados, puesto que solamente el 14% de los dictámenes notificados en 2000 se referían a procedimientos incoados en 2000, frente a un 26% en 1999 y un 19% en 1998, habiendo permanecido estable el número de dictámenes motivados. Esta disminución puede explicarse por la dificultad de los servicios de la Comisión de obtener las informaciones necesarias para la continuación del procedimiento y, en particular, por el retraso de algunos Estados miembros en responder a los emplazamientos. - al mismo tiempo, el número de decisiones de archivo, que se estabilizaron en 1899 en 2000 (1900 en 1999), confirman la eficacia del procedimiento precontencioso. - finalmente, la política de transparencia de la Comisión aumentó aún más en 2000, básicamente mediante la intensificación de la difusión de informaciones a través de Internet (véase infra). Desde el 17 de enero de 2001, la Comisión publica todas las decisiones recientes de emplazamiento, dictamen motivado, recurso y archivo en el servidor "Europa", sitio Internet de la Secretaría General, en la siguiente dirección: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm infractions Cabe destacar que todas estas informaciones son de libre acceso, mientras que antes se reservaban únicamente al Estado miembro afectado. Por otra parte, la Comisión difundió 178 comunicados de prensa en 2000. 1.2. Mejora del procedimiento precontencioso - El desarrollo continuo de las bases de datos "Infracciones" y "Asmodée" (directivas) constituyen un aspecto importante de esta mejora. El aumento de productividad que permite prever la modernización y la mejora de los procedimientos parece esencial para permitir un mejor control de la aplicación del Derecho comunitario orientado hacia un enfoque cualitativo y menos sujeto a los riesgos que implican los métodos actuales de detección de las infracciones, basados esencialmente en la recepción de denuncias de los ciudadanos y empresas. Por una parte, el nivel de desarrollo de la base de datos sobre directivas "Asmodée II" permite sistematizar con mayor fiabilidad los emplazamientos a los Estados miembros por no comunicación de las medidas nacionales de ejecución. Esta sistematización corresponde a la propia naturaleza de la infracción por no comunicación, que no permite margen alguno de apreciación, ya que el Estado miembro bien ha comunicado o no ha comunicado sus medidas de incorporación, y lo ha hecho de manera completa o no. Por otra parte, la gran fiabilidad alcanzada en el desarrollo de la base de datos sobre las infracciones ha permitido convertirla en el instrumento informático básico del seguimiento del procedimiento precontencioso, pues permite facilitar su seguimiento y aumentar su transparencia y su fiabilidad. Combinada a los instrumentos ya establecidos por la Comisión para garantizar el seguimiento de la ejecución de sus decisiones en materia de infracción y a un esfuerzo de normalización mínimo de las cartas de emplazamiento y de los dictámenes motivados, la utilización intensificada de la base "Infracciones" permitirá sin duda reducir aún más los plazos de ejecución de los emplazamientos y de los dictámenes motivados. - Se espera que la explotación en Internet de los datos proporcionadas tanto por la base "Infracciones" como por la base "Asmodée II" permitan también aumentar la frecuencia de las informaciones actualmente difundidas en el servidor "Europa" de las Comunidades Europeas. En 2000, una parte de los datos de este informe sobre la incorporación de las directivas fue ya objeto de estadísticas mensuales difundidas en Internet. Tal como hemos indicado más arriba, la Comisión difunde también desde el 17 de enero de 2001 todas sus recientes decisiones de emplazamiento, de dictamen motivado, recurso y archivo en el sitio "Europa". Estos datos, que son de libre acceso, permiten poner a disposición de los demandantes y del público interesado informaciones que hasta esa fecha se reservaban al Estado miembro afectado. Si bien hay que facilitar aún la lectura de estas informaciones por la opinión pública, no cabe duda de que la difusión pública de tales informaciones inmediatamente después de la toma de decisión por la Comisión puede incitar a las autoridades nacionales a ajustarse más rápidamente al Derecho comunitario, principalmente en los expedientes que admiten poca discusión, como las infracciones por no comunicación. Los servicios de la Comisión están actualmente reflexionando sobre la optimización y el aumento de las informaciones puestas a disposición del público en el servidor "Europa" con vistas a la creación de una verdadera plataforma de información sobre el Derecho comunitario. 1.3. Estado de incorporación de las directivas en 2000 El cuadro que se recoge a continuación ofrece una visión general del estado de comunicación de las medidas nacionales de ejecución del conjunto de las directivas aplicables al 31 de diciembre de 2000. Hasta esa fecha, los Estados miembros habían comunicado, por término medio, el 96,59% de las medidas nacionales de ejecución necesarias para la aplicación de las directivas. Esta cifra refleja una clara mejora del estado de incorporación, pues se trata del porcentaje más elevado desde 1992. Es necesario destacar que esta mejora global se debe a una mejora de la situación en todos los Estados miembros. Esta mejora se ha beneficiado sin duda plenamente de la aceleración de los procedimientos de emplazamiento por no comunicación en 2000 (véase el punto 1.2). Cabe en particular destacar los esfuerzos de cuatro Estados miembros: - Bélgica y Luxemburgo cuyo porcentaje de incorporación mejora alrededor de un 3%. Desde el punto de vista de los casos archivados, Bélgica pasa así del 9º al 3º lugar. Esta mejora constituye seguramente el inicio de la plasmación en cifras de la clara voluntad política de este Estado miembro de reducir el volumen de su contencioso comunitario, tal como demuestran también las estadísticas que se presentan en el punto 1.5. - en menor medida, pero de manera igualmente sensible, Grecia y Portugal mejoran su porcentaje de incorporación en +/ - 2%, recuperando así el retraso acumulado en 1999. No obstante, Grecia sigue siendo el Estado miembro con el porcentaje más bajo de incorporación. >REFERENCIA A UN GRÁFICO> El cuadro recapitulativo insertado al final de la parte 1 del Anexo IV del presente informe muestra en detalle, por Estado miembro y por sector, el nivel de incorporaciones efectuadas en 2000. 1.4. Solicitudes de exención de las medidas de armonización - Artículo 95 del Tratado CE En 2000, un único Estado miembro presentó una notificación en virtud del artículo 95. Mediante carta de 21 de febrero de 2000, Bélgica solicitó que, con arreglo al apartado 5 del artículo 95 del Tratado CE, se le autorice a aplicar, a partir del 1 de enero de 2003, las disposiciones nacionales de exención de lo dispuesto en la Directiva 1999/51/CE, relativa a las limitaciones de la comercialización y de la utilización de los compuestos organostánnicos. Según lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 95, la Comisión debe aprobar o rechazar esas disposiciones nacionales en el plazo de 6 meses, después de haber comprobado si: - están justificadas sobre la base de nuevas pruebas científicas relativas a la protección del medio ambiente o del medio de trabajo debido a un problema específico del Estado miembro solicitante, que surge después de la aprobación de la medida de armonización en cuestión, - constituyen o no un medio de discriminación arbitrario, una restricción disfrazada al comercio, o un obstáculo al funcionamiento del mercado interior. El proyecto de disposiciones nacionales se considera aprobado cuando la Comisión no adopta una decisión en 6 meses. Cuando examina el fundamento de las medidas notificadas en virtud del apartado 5 del artículo 95, la Comisión debe basarse en "las razones" alegadas por el Estado miembro. De acuerdo con las disposiciones del Tratado, la responsabilidad de demostrar que esas medidas están justificadas incumbe al Estado miembro solicitante. A la luz del análisis de los elementos proporcionados por las autoridades belgas a la Comisión, no era posible concluir que la solicitud presentada por las autoridades belgas cumplía los criterios del apartado 5 del artículo 95. Por lo tanto, la Comisión, en su decisión de 25 de julio de 2000, rechazó el proyecto de disposiciones nacionales notificado. 1.5. Presentación gráfica del conjunto de procedimientos de infracción incoados o gestionados por la Comisión durante el año 2000. Los tres cuadros siguientes recogen el número de expedientes de infracción en curso al 31 de diciembre de 2000, respectivamente en la fase de emplazamiento, de dictamen motivado y de recurso ante el Tribunal de Justicia. El trío "Francia, Italia, Grecia" sigue figurando en cabeza en 2000, como en 1999, en las tres fases del procedimiento. Si bien el cuarto lugar en la fase de emplazamiento lo ocupa aún este año Alemania, en la fase de dictamen motivado, este Estado miembro progresa sensiblemente, sustituyendo a Bélgica en la cuarta posición que ocupaba en 1999. Pero es en la fase del recurso ante el Tribunal de Justicia donde el cambio es más espectacular, pues Alemania pasa de la 7ª a la 4ª posición, mientras que Bélgica recorre el camino inverso, del 4º al 7º lugar, pues ya sólo es objeto en 2000 de 19 decisiones de recurso frente a 29 en 1999, lo que representa una reducción del 34,48%. >REFERENCIA A UN GRÁFICO> >REFERENCIA A UN GRÁFICO> >REFERENCIA A UN GRÁFICO> 1.6. Aplicación por la Comisión del artículo 228 del Tratado CE (evolución en 2000) En 2000, la Comisión decidió presentar un segundo recurso, con solicitud de multa coercitiva, contra Alemania, Italia y el Reino Unido. Dos de esos expedientes (D y UK) afectan al sector del medio ambiente, el tercero (I), al de los transportes marítimos. El recurso contra Alemania se presentó el 31 de enero de 2001. El recurso contra el Reino Unido está actualmente en preparación. Italia comunicó medidas de ejecución que están actualmente en estudio. En el año 2000, el Tribunal de Justicia condenó por primera vez a un Estado miembro, Grecia, a pagar una multa coercitiva en el marco de un segundo recurso sobre la base del artículo 228 del Tratado CE. En su sentencia de 4 de julio de 2000 (asunto C-38797, no publicado), el Tribunal de Justicia condenó a la República Helénica a abonar en la cuenta de Recursos Propios de la Comisión una multa coercitiva de 20.000 EUR por día de retraso en la aplicación de las medidas necesarias para ajustarse a su sentencia de 7 de abril de 1992 (Comisión c/Grecia, C-45/91). Recuérdese que esta sentencia declaraba el incumplimiento por parte de Grecia, al no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar la eliminación de los residuos tóxicos y peligrosos en la región de La Canée en Creta (en particular, la supresión del vertedero ilegal situado en la desembocadura del torrente Kurupitos), violando así sus obligaciones derivadas de lo dispuesto en las Directivas del Consejo 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, y 78/319/CEE, de 20 de marzo de 1978, relativo a los residuos tóxicos y peligrosos. Así, en ejecución de esta segunda sentencia, la Comisión reclama a la República Helénica, desde el 5 de julio de 2000, fecha en que se dictó la sentencia, un pago mensual correspondiente a la multa coercitiva de 20.000 EUR/día impuesta por el Tribunal. Al 31 de diciembre de 2000, Grecia seguía sin adoptar las medidas que exige la ejecución de la sentencia del Tribunal de 7 de abril de 1992. En cuanto a los demás recursos pendientes ante el Tribunal en 1999, las tres infracciones restantes contra Grecia fueron archivadas. El Tribunal de Justicia autorizó la suspensión del procedimiento incoado contra Francia en relación con el trabajo nocturno de las mujeres hasta el 30 de abril de 2001, con el fin de permitir a las autoridades francesas ajustar su legislación al Derecho comunitario. La Comisión decidió también suspender la ejecución del segundo recurso al Tribunal contra Bélgica, con el fin de proseguir los contactos en curso con este Estado miembro para regular la cuestión de la devolución de los derechos de inscripción indebidamente recaudados, así como la de las demás medidas de carácter discriminatorio subsistentes contra los estudiantes nacionales comunitarios no belgas. Por último, el expediente contra Luxemburgo relativo a la "Asistencia Médica a bordo de los buques" fue archivado en 2000, ya que este Estado miembro se ajustó finalmente a la sentencia del Tribunal del 2 de julio de 1992. Si bien la sentencia dictada contra Grecia demuestra la eficacia del procedimiento contemplado en el artículo 228 del Tratado CE, no por ello es menos preocupante, en la medida en que ha sido necesario condenar a este Estado miembro. Además, en la fecha de la elaboración de este informe, todavía no se ha solucionado la infracción, dado que Grecia abona regularmente las multas coercitivas en la cuenta "Recursos propios CE" de la Comisión, en ejecución de la sentencia de 4 de julio de 2000. Así, el 22 de diciembre 2000, Grecia abonó 1.760.000 EUR, importe que representa el total de la multa coercitiva de 20.000 EUR por día del periodo comprendido entre el 5 de julio y el 30 de septiembre. El cuadro siguiente presenta el conjunto de segundos recursos (y su desenlace) presentados por la Comisión desde la instauración de este procedimiento por el Tratado de Maastricht. >REFERENCIA A UN GRÁFICO> 2. Situación en los distintos sectores 2.1. Asuntos Económicos y Financieros De manera general, la libre circulación de capitales se aplica de manera satisfactoria en la Comunidad Europea y lo mismo sucede en los terceros países. Las denuncias presentadas por agentes económicos fueron poco numerosas durante el período que nos ocupa, al mismo tiempo que se eliminaron algunas restricciones concretas. El número de procedimientos de infracción existentes es, en resumen, limitado, si bien algunas de esas infracciones constituyen obstáculos sustanciales al buen funcionamiento del mercado único. Cabe señalar que el seguimiento de la aplicación por los Estados miembros de los principios de la Comunicación relativa a algunos aspectos jurídicos en materia de inversiones intracomunitarias (DO C 220/15 de 19.7.1997) dio lugar a la apertura de nuevos procedimientos de infracción. El conjunto de los procedimientos incoados a la luz de la Comunicación antes citada se refieren a la atribución a los Estados miembros de "derechos especiales" de control relativos a empresas activas en algunos sectores económicos de servicio público (energía, telecomunicaciones, aeropuertos, etc.). El Tribunal de Justicia europeo dictó el 23 de mayo de 2000 su primera sentencia [1] en la materia condenando la República Italiana, que se había otorgado tales poderes especiales en la legislación sobre la privatización de las empresas públicas. La Comisión recurrió también al Tribunal en algunos casos de infracción similares, mientras que, en otros, continúa el procedimiento de infracción. Estas infracciones en materia de "derechos especiales" afectan a varios Estados miembros. [1] Asunto C-58/99 - "Privatización de las empresas públicas. Atribución de poderes especiales" Sentencia de 23 de mayo de 2000. Aunque se eliminaron algunas restricciones a las actividades de inversión de los fondos de pensión (Bélgica, Finlandia), se incoó un nuevo procedimiento de infracción por lo que se refiere a las normas de inversión de los fondos de ahorro-pensión en Bélgica. En el ámbito de la adquisición de títulos, Bélgica fue condenada en una sentencia del Tribunal [2] de 26 de septiembre de 2000 por la prohibición de que las personas que residen en Bélgica adquieran títulos de un empréstito emitido en el extranjero por el Reino de Bélgica. [2] Asunto - C-478/98 "Empréstitos emitidos en el extranjero. Prohibición de adquisición por los residentes belgas". Sentencia de 26 de septiembre de 2000. En su sentencia [3] de carácter prejudicial de 6 de junio de 2000, el Tribunal declaró que determinadas disposiciones de la legislación fiscal de los Países Bajos, que supedita la concesión de una exención del impuesto sobre la renta, al que están sometidos los dividendos abonados a personas físicas accionistas, a la condición de que dichos dividendos sean abonados por sociedades que tienen su sede en dicho Estado miembro, constituían obstáculos a la libre circulación de capitales. [3] Asunto C-35/98 - "Libre circulación de capitales. Imposición directa de los dividendos de acciones. Exención - Limitación a los dividendos de acciones de sociedades que tienen su sede en el territorio nacional" Sentencia de 6 de junio de 2000. Aunque de alcance limitado, la mayoría de las denuncias registradas durante el año se referían a la adquisición de bienes inmuebles, situados esencialmente en Dinamarca y Austria, por no residentes. Tales casos son objeto de investigaciones complementarias por parte de la Comisión. En su sentencia de 13 de julio de 2000 [4], el Tribunal de Justicia declaró que una ley nacional que exime exclusivamente a los ciudadanos del Estado miembro interesado del procedimiento de autorización aplicable a las adquisiciones de bienes inmuebles situados en una zona de importancia militar, es incompatible con la libre circulación de capitales. [4] Asunto C-423/98 - "Procedimiento de autorización para la compra de un bien inmueble" - sentencia de 13 de julio de 2000 1.1. 2.2. Empresas 2.2.1. Las normas de prevención previstas en la Directiva 98/34/CE (ex. 83/189/CEE) El procedimiento de información previsto en la Directiva 98/34/CE es un instrumento fundamental de prevención de los obstáculos a los intercambios y de información mutua. Esta Directiva obliga a los Estados miembros a presentar a la Comisión y a sus pares sus proyectos de Reglamento técnico, con el fin de ejercer un control previo a su adopción definitiva en relación con las normas del mercado interior. Este procedimiento, que sólo afectaba antes a los productos, se amplió a partir del 5 de agosto de 1999 a los servicios de la sociedad de la información [5] . Se trata de un sector en el que el progreso tecnológico y jurídico justifican también la instauración de un mecanismo eficaz de información previa, de asociación administrativa y de control, con el fin, en particular, de garantizar el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales. [5] Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, por la que se amplía el procedimiento de información a las normas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 217, de 5/8/1998, p 18). En 2000, la Comisión recibió 751 proyectos de reglamentación técnica (23 de ellos referentes a normas relativas a los servicios de la sociedad de la información, y el resto referentes a productos) que fueron examinados por sus servicios. Esta cifra fue de 604 en 1998 y de 591 en 1999. Estas cifras ponen de manifiesto que, a pesar de la realización del mercado interior, los Estados miembros continúan aprobando y aprobando multitud de reglamentaciones técnicas, debido, en particular, al progreso tecnológico y a la preocupación de reforzar los controles en el ámbito sanitario y, sobre todo, alimentario. Tales iniciativas deben ser controladas, con el fin de evitar que pongan en cuestión el buen funcionamiento del mercado interior, o incluso para identificar los sectores en los que son necesarias medidas comunitarias. Entre las notificaciones tratadas en el año 2000, 45 [6] fueron objeto de un dictamen detallado de la Comisión, según el cual la medida considerada debía modificarse con el fin de eliminar obstáculos injustificados a la libre circulación de bienes o servicios de la sociedad de la información que podrían eventualmente derivarse del proyecto. Los Estados miembros emitieron, por su parte, 92 [7] dictámenes detallados. En general, cabe observar que se confirma la tendencia a la disminución del número de dictámenes detallados, lo que demuestra que los esfuerzos pedagógicos realizados en el marco del procedimiento dan resultados positivos y que la calidad de las reglamentaciones nacionales mejora. [6] Cifra al 31 de diciembre de 2000. El período útil para emitir dictámenes detallados contra los proyectos notificados en 2000 termina el 31 de marzo de 2000. Esta cifra incluye pues también algunas notificaciones del año 1999 para las cuales el período útil terminaba el 31 de marzo de 2000. [7] Cifra al 31 de diciembre de 2000. El período útil para emitir dictámenes detallados contra los proyectos notificados en 2000 termina el 31 de marzo de 2000. Esta cifra incluye pues también algunas notificaciones del año 1999 para las cuales el período útil terminaba el 31 de marzo de 2000. La Directiva facilitó también, en una decena de casos, los trabajos de armonización a escala comunitaria, impidiendo la aprobación de medidas nacionales que habrían podido solidificar las posiciones de algunos Estados miembros, cuando se estaban buscando soluciones comunes. Así, cinco [8] notificaciones fueron aplazadas un año debido a que se referían a una materia cubierta por una propuesta de Directiva presentada al Consejo, y cuatro [9] fueron aplazadas un año porque la Comisión había anunciado su intención de legislar sobre el tema. [8] Cifra al 31 de diciembre de 2000. El período útil para remitir a los Estados miembros las solicitudes de aplazamiento contra las notificaciones de 1999 termina el 31 de marzo de 2000. Esta cifra no incluye notificaciones del año 1999 para las cuales el período útil terminaba el 31 de marzo de 2000, ya que no se presentó solicitud alguna de aplazamiento contra tales notificaciones. [9] Cifra al 31 de diciembre de 2000. El período útil para remitir a los Estados miembros las solicitudes de aplazamiento contra las notificaciones de 1999 termina el 31 de marzo de 2000. Esta cifra no incluye notificaciones del año 1999 para las cuales el período útil terminaba el 31 de marzo de 2000, ya que no se presentó solicitud alguna de aplazamiento contra tales notificaciones. La sentencia CIA Security, dictada por el Tribunal de Justicia europeo en 1996 [10] indujo a los Estados miembros a cumplir aún más sus obligaciones respecto a la Directiva 98/34/CE. En el caso de autos, el Tribunal de Justicia declaró que el incumplimiento de la obligación de notificación conlleva la inoponibilidad de la norma técnica. El 26 de septiembre de 2000, en el asunto C-443/98 (Unilever), el Tribunal de Justicia aportó nuevas precisiones sobre el tema, al concluir que la aprobación de una medida notificada, pero con respecto a la cual no se han respetado los plazos previstos en la Directiva 98/34/CE, implica también la inoponibilidad de las normas técnicas que contiene. [10] Sentencia de 30 de abril de 1996, CIA Security, asunto C-194/94, Rec. I, p 2201. No obstante, en algunos casos, cuando la Comisión comprueba que se ha incumplido la Directiva inicia un diálogo con el Estado miembro interesado con el fin de conseguir que se rectifique la situación, o bien incoa un procedimiento de infracción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 del Tratado CE. A finales de 2000, estaban en proceso de instrucción aproximadamente una decena de procedimientos de este tipo. Entre otras sentencias importantes dictadas por el Tribunal en el año 2000, destacan la dictada el 16 de noviembre de 2000, en el asunto C-37/99 (Donkersteeg), en la que el Tribunal de Justicia proporcionó indicaciones sobre el concepto de especificación técnica en el ámbito agrícola y sobre el carácter obligatorio del concepto de norma técnica. Para mejorar el diálogo con los beneficiarios del procedimiento, las empresas, existe un sitio web cuya dirección es: http://europa.eu.int/comm/entreprise/tris, que contiene, en particular, los proyectos notificados. 2.2.2. Productos farmacéuticos Durante el año 2000, se notificaron a la Comisión casi todas las medidas de incorporación de las directivas aplicables en el sector de los productos farmacéuticos. Sólo Francia debe aún concluir la incorporación de la Directiva 93/41/CE en el sector veterinario. En cuanto a las directivas adoptadas por la Comisión en 1999 y cuyo plazo de incorporación ha concluido, la mayoría de los Estados miembros ya comunicó las medidas nacionales de incorporación: Italia debe terminar la incorporación de las directivas 1999/82/CE y 1999/83/CE, y Portugal la de la Directiva 1999/104/CE. Al igual que en años anteriores, subsisten algunos problemas generales con respecto a la interpretación y la aplicación de las directivas farmacéuticas por los Estados miembros. Estos casos de infracción se refieren principalmente a las distintas interpretaciones que dan los Estados miembros al término "medicamento" (lo que da a veces lugar a obstáculos a la libre circulación de mercancías) así como a las denuncias relativas al supuesto incumplimiento por las autoridades nacionales competentes de las disposiciones de la Directiva sobre la Transparencia, 89/105/EEC. Hay también procedimientos de infracción en curso por la incorporación y la aplicación del artículo 4 (8) a i-iii de la Directiva 65/65/EEC por los Estados miembros y por la gestión de la nueva autorización de productos medicinales "antiguos". La Comisión examina atentamente estos problemas y estas denuncias. 2.2.3. Productos cosméticos Durante el año 2000, la Comisión comprobó que se han realizado claros progresos por lo que se refiere a la aplicación de la normativa comunitaria relativa a los productos cosméticos, por lo que sólo ha tenido que examinar unos pocos casos de infracción por aplicación incorrecta. Por lo que se refiere a los casos de no comunicación de las medidas nacionales de incorporación de las directivas comunitarias, la Comisión procedió al sobreseimiento de numerosos procedimientos de infracción incoados contra los Estados miembros. Sólo en Francia está aún por concluir, mediante la publicación de los correspondientes decretos ministeriales, la incorporación de las Directivas 93/35/CEE del Consejo, por las que se modifica por sexta vez la Directiva 76/768/CEE del Consejo y 98/62/CE de la Comisión, por las que se adapta por 23ª vez al progreso técnico la Directiva 76/768/CEE. En cuanto a las Directivas 2000/6/CE y 2000/11/CE, por las que se adapta al progreso técnico la Directiva 76/768/CEE, las medidas nacionales de incorporación han sido ya notificadas, respectivamente, por 12 y 11 Estados miembros, mientras que los demás Estados ya han remitido proyectos avanzados. Algunos Estados miembros aún no han incorporado las Directivas 97/18/CE y 2000/41/CE, por las que se prorroga la fecha a partir de la cual queda prohibido experimentar en animales determinados ingredientes o combinaciones de ingredientes, con el fin de garantizar una cierta seguridad jurídica a los agentes económicos. Hay que tener en cuenta que el hecho de que la Comisión haya presentado al Consejo y al Parlamento Europeo una propuesta de Directiva que modifica por séptima vez la Directiva 76/768/CEE del Consejo, con el fin de prohibir los experimentos con animales para probar los productos cosméticos terminados y sus ingredientes, no puede eximir a los Estados miembros de sus obligaciones de incorporación de las directivas antes citadas. 2.2.4. Productos químicos En el sector de los productos químicos, en 2000 se archivaron 27 procedimientos de infracción por no comunicación de medidas. Estos procedimientos se referían a los abonos (Directivas 1997/63 y 1998/3), las restricciones a la comercialización y uso de sustancias y preparados peligrosos (Directivas 1994/27 y 1999/43) y a las prácticas correctas de laboratorio (BPL) (Directivas 1999/11 y 1999/12). Tras cinco dictámenes motivados referentes a las directivas cuyo plazo de incorporación expiraba en 1999 (Directivas 1999/11 y 1999/12), la mayoría de los Estados miembros han incorporado la legislación. Sigue pendiente un total de doce procedimientos de infracción por no comunicación de las medidas de incorporación. En algunos de estos procedimientos, relacionados con prácticas correctas de laboratorio (BPL) (Directivas 1999/11 y 1999/12), se recurrió al Tribunal de Justicia. El plazo de incorporación de las tres directivas relativas a las restricciones a la comercialización y uso de sustancias y preparados peligrosos (Directivas 1994/27, 1999/51, 1999/43) expiraba en el primer semestre del año 2000. No incorporaron a tiempo las dos primeras Directivas 8 Estados miembros, y 12 Estados miembros no respetaron el plazo de incorporación de la Directiva 1999/43. Están pendientes dos procedimientos de infracción por no incorporar adecuadamente la Directiva 93/15/CEE sobre la puesta en el mercado y el control de los explosivos con fines civiles. 2.2.5. Vehículos de motor, tractores y ciclomotores Se ha observado un ritmo satisfactorio en la incorporación de las numerosas directivas que regulan los vehículos motor, los elementos o la homologación del sistema técnico en el ámbito de los turismos, los vehículos industriales ligeros y pesados, los vehículos de motor de dos o tres ruedas y los tractores agrícolas o forestales. El número relativamente elevado de directivas adoptadas en estos ámbitos ha planteado, no obstante, problemas evidentes a algunos Estados miembros para incorporarlas puntualmente. La apertura de procedimientos de infracción en estos asuntos, como se ha señalado en otras ocasiones, basta, generalmente, para que se produzca la incorporación en un breve plazo de tiempo. Por lo que se refiere a las directivas en el campo de las emisiones contaminantes, la Directiva 98/69/CE, en el campo de los turismos y vehículos industriales ligeros, ya ha sido incorporada por todos los Estados miembros. Sin embargo, todavía no se ha conseguido un resultado similar en cuanto a la Directiva 1999/96/CE por la que se rigen las emisiones contaminantes de los vehículos pesados que, a 30 de noviembre de 2000, no había sido incorporada por siete Estados miembros. La incorporación a la legislación nacional de la Directiva 97/54/CE sobre la velocidad máxima por construcción de los tractores agrícolas o forestales ha sido completada por todos los Estados miembros. Por lo que respecta a las demás directivas sobre tractores agrícolas o forestales mencionadas específicamente en el Decimoséptimo Informe Anual, las Directivas 98/38/CE, 98/39/CE, 98/40/CE, han sido incorporadas por todos los Estados miembros. Únicamente un Estado miembro no ha incorporado la Directiva 98/89/CE. Los números entre paréntesis representan los Estados miembros que todavía no han incorporado las Directivas en el ámbito de los vehículos de motor: 98/77/CE (0), 98/90/CE (1), 1999/0007/CE (1). Los números correspondientes a las Directivas 1999/0023/CE, 1999/0024/CE, 1999/0025/CE y 1999/0026/CE sobre vehículos de dos o tres ruedas son 2, 0, 1 y 3, respectivamente. La mayoría de las directivas que entró en vigor en el año 2000 eran directivas de la Comisión por las que se adaptan al progreso técnico directivas del Consejo anteriores. Algunos Estados miembros han introducido mecanismos extremadamente eficientes que permiten la rápida incorporación de este tipo de directivas a la legislación nacional. En otros casos, los retrasos se producen por el periodo relativamente largo que exige la preparación, aprobación y publicación de instrumentos legislativos delegados más que por la complejidad de los textos de las directivas en cuestión. En cuanto a las directivas que debían incorporarse durante el año al que se refiere el informe, el número (entre paréntesis) de Estados miembros que no las han incorporado es el siguiente: 1998/0091/CE: (5) / Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 1999/0040/CE: (3) / Directiva de la Comisión 1999/0055/CE: (2) / Directiva de la Comisión 1999/0056/CE: (1) / Directiva de la Comisión 1999/0057/CE: (1) / Directiva de la Comisión 1999/0058/CE: (1) / Directiva de la Comisión 1999/0086/CE: (9) / Directiva del Consejo 1999/0096/CE: (7) / Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 1999/0098/CE: (2) / Directiva de la Comisión 1999/0101/CE: (3) / Directiva de la Comisión 2000/0001/CE: (6) / Directiva de la Comisión 2000/0002/CE: (7) / Directiva de la Comisión 2000/0003/CE: (4) / Directiva de la Comisión Los servicios de la Comisión han puesto en marcha el procedimiento del artículo 226, excepto por lo que se refiere a las Directivas 1999/86/CE y 2000/0002/CE. 2.2.6. Productos de construcción El procedimiento de infracción incoado contra Austria por incorporación no conforme de la Directiva 89/106/CEE fue archivado durante el año 2000, tras las explicaciones dadas por las autoridades austríacas sobre los puntos que habían sido cuestionados por la Comisión en el marco del procedimiento. En el marco del procedimiento de infracción contra Grecia sobre el control de la calidad de algunos aceros importados, las autoridades griegas comunicaron en octubre de 2000 un nuevo proyecto que pondría fin a la infracción y que piensan adoptar y publicar lo antes posible. Por consiguiente, la Comisión decidió, en el último Informe A 2/2000, dejar en suspenso el recurso ante el Tribuna hasta el momento en que se apruebe ese texto. 2.2.7. Bienes de equipo (Mecánica, electromecánica, equipos de protección individual, aparatos de gas, preenvasado, metrología legal, productos médicos y barcos de recreo). Por lo que se refiere a los casos de no comunicación de las medidas nacionales de incorporación, la situación es la siguiente: En cuanto a la Directiva 97/23/CE, relativa a los equipos a presión, todos los Estados miembros han comunicado sus medidas nacionales de incorporación excepto Alemania, que se espera termine su incorporación en 2001. Por lo que se refiere a la Directiva 95/16/CE, relativa a los ascensores, Francia fue en 2000 el último Estado en notificar sus medidas nacionales de incorporación. En cuanto a la Directiva 98/79/CE, relativa a los productos médicos de diagnóstico "in vitro", han comunicado las medidas nacionales de incorporación los siguientes Estados miembros: Italia, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Portugal y España. Austria y Finlandia han comunicado también las medidas nacionales de incorporación, pero deben remitir textos complementarios. La incorporación de la Directiva en Francia, Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos, Alemania y Grecia está en proceso de finalización. Irlanda no ha comunicado ninguna información, por lo que se decidió el envío de un dictamen motivado. Por lo que se refiere a los casos de aplicación incorrecta de las directivas o de no conformidad del Derecho nacional con las directivas, la situación se presenta del modo siguiente: 5 casos relativos a la aplicación incorrecta de la Directiva 98/37/CE, relativa a las máquinas, fueron archivados durante el año 2000. Por el contrario, sigue en estudio cierto número de denuncias acerca de esta Directiva 98/37/CE, relativas a la obligación de vigilancia del mercado. También subsisten denuncias sobre el mismo tema en el marco de la Directiva 73/23/CEE, relativa a la baja tensión. Durante el año 2000 se ejecutó el recurso al Tribunal [11] contra Italia por un caso de aplicación incorrecta de esta Directiva. [11] Asunto C2000/100 Un expediente contra Francia, relativo a la Directiva 89/686/CEE sobre los equipamientos de protección individual, fue archivado. Se recurrió al Tribunal contra Alemania por un caso de aplicación incorrecta de esta Directiva. Se envió a Italia una carta de emplazamiento complementaria por no conformidad de la legislación nacional con la Directiva 89/336/CEE, relativa a la compatibilidad electromagnética, en relación con los aspectos recogidos en la Directiva 1999/5, relativa a los equipos hertzianos. En 2000 se decidió enviar una carta de emplazamiento complementaria sobre la base del artículo 228 y un dictamen motivado, respectivamente, a Italia y Alemania, por no conformidad de la normativa nacional con la Directiva 90/396/CEE, relativa a los aparatos de gas. 2.2.8. Equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación La Directiva 1999/5/CE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (Directiva R&TTE), que entró en vigor el 7 de abril de 1999, debía ser incorporada a la legislación nacional por los Estados miembros a más tardar el 7 de abril de 2000. Sin embargo, varios Estados miembros han tenido problemas para adaptar la legislación nacional a tiempo de cumplir el plazo de incorporación previsto en la Directiva. Hasta el momento, sólo 10 Estados miembros han notificado a la Comisión su legislación nacional de incorporación que permita a la Comisión archivar 6 procedimientos por no comunicación. No obstante, Francia, Alemania, Irlanda e Italia, que todavía no han incorporado la Directiva, han puesto en marcha medidas provisionales que permitan aplicar las Directiva a la espera de la adopción de la legislación. Grecia anunció la adopción de medidas provisionales para comienzos de 2001. Como resultado, la Comisión prosigue los procedimientos por no comunicación contra los cinco Estados miembros mencionados que todavía no han incorporado plenamente esta Directiva. Además de estos procedimientos por no comunicación hay otros 2 procedimientos de infracción incoados en virtud de dicha Directiva. 2.2.9. Turismo El procedimiento de infracción contra Italia referente a las tarifas preferentes discriminatorias concedidas únicamente a los nacionales italianos para la entrada en los museos y monumentos italianos prosiguió en 2000 (véase el Decimoséptimo Informe Anual). La Comisión envió un dictamen motivado en febrero de 2000. El asunto se está examinando más a fondo. 2.3. Competencia El número de nuevas infracciones, tanto presuntas como comprobadas, incoadas en el año 2000 contra los Estados miembros en materia de competencia no ha cambiado con respecto a 1999 (36). Al 31 de diciembre de 2000, la Dirección General de Competencia trataba 67 expedientes de infracciones. Por lo que se refiere a los ámbitos de actividad, el número de nuevos casos en el sector de las telecomunicaciones no cambió sensiblemente (11 nuevos casos en 1999 y 10 en 2000). La tendencia observada en 1999 a una reducción sensible de nuevos casos en el ámbito de los transportes e, inversamente, a la aparición de nuevos casos en el sector de los seguros sociales se confirmó en el año 2000. 2.3.1. Telecomunicaciones. Por lo que se refiere a la aplicación de las directivas en materia de competencia en el sector de las telecomunicaciones, el equipo común ("joint team") examinó de nuevo con todo detalle, con cada uno de los Estados miembros, la incorporación correcta y la aplicación efectiva de estas directivas, con motivo de la preparación del sexto informe sobre la aplicación de la normativa en materia de telecomunicaciones [12], aprobado el 7 de diciembre de 2000 por la Comisión. Paralelamente, la Comisión prosiguió los procedimientos del artículo 226 del Tratado ya abiertos contra algunos Estados miembros e incoó nuevos procedimientos. [12] COM (2000) 814 final En este sector, se archivaron tres procedimientos, todos ellos referentes a Grecia, tras el envío de un dictamen motivado. Los expedientes cerrados están relacionados con la incorporación de la Directiva 94/46/CE (liberalización de los servicios por satélite) y de la Directiva 96/19/CE (infraestructuras alternativas) [13]. [13] Dos infracciones: las autoridades concedieron una licencia para la construcción de infraestructuras alternativas (medidas adoptadas a raíz de un dictamen motivado enviado el 21 de diciembre de 1998); ya no hay medidas oficiales que limiten la interconexión transfronteriza de las redes móviles (dictamen motivado enviado el 22 de diciembre de 1998). La falta de comunicación en el plazo prescrito por Austria, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo y Portugal, de las medidas de ejecución de la Directiva 1999/64/CE [14] indujo a la Comisión a incoar procedimientos de infracción contra estos Estados miembros. Las autoridades austríacas, finlandesas, francesas y luxemburguesas, comunicaron posteriormente las correspondientes medidas, por lo que el procedimiento en su contra fue archivado. [14] Directiva de la Comisión de 23 de junio de 1999 por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE con el fin de garantizar que las redes de telecomunicaciones y las redes de televisión por cable que pertenecen a un solo operador constituyen entidades jurídicas distintas (DO n° L 175, de 10 de julio de 1999, p.39). En 2000, la Comisión envió 3 dictámenes motivados por no conformidad de las reglamentaciones nacionales con las directivas sobre la competencia en materia de telecomunicaciones o por aplicación incorrecta de estas directivas. Durante el año 2000, la cuestión del reajuste de las tarifas, prescrito en la Directiva 96/19/CE [15], tuvo especial importancia. La Comisión envió un dictamen motivado a Italia el 1 de septiembre de 2000 Por haber impedido al operador histórico reajustar sus tarifas mediante el régimen de "price cap" en vigor desde agosto de 1999. No obstante, las decisiones de ajuste del régimen de "price-cap" tomadas por las autoridades italianas el 11 de diciembre de 2000 indujeron a la Comisión a decidir el aplazamiento del asunto el 14 de diciembre de 2000, en espera de que, en el segundo semestre de 2002, se confirme el compromiso de las autoridades de ese Estado miembro de concluir el reajuste. También en materia de reajuste de las tarifas, pero esta vez con respecto a España, la Comisión prosiguió el procedimiento incoado en 1998, aprobando el 21 de diciembre de 2000 un dictamen motivado complementario. Por otra parte, la Comisión envió a Luxemburgo el 3 de agosto de 2000 un dictamen motivado por falta de incorporación efectiva de las disposiciones de la Directiva 96/19/CE antes citada relativas a la concesión no discriminatoria de derechos de paso a los operadores de telecomunicaciones. [15] Directiva 96/19/CE de la Comisión, de 13 de marzo de 1996, por la que se modifica la Directiva 90/388/CE relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones, DO n° L 074, de 22/03/1996, p 0013-0024. La Comisión recurrió también al Tribunal de Justicia [16], el 17 de abril de 2000, con respecto a la financiación del servicio universal en Francia. La Comisión reprocha a este Estado miembro que haya impuesto, en particular, a los operadores móviles, contribuciones al coste neto del servicio universal prestado por France Télécom en 1997, mientras que esta compañía disfrutaba aún del monopolio de la telefonía vocal. También rechaza el método de cálculo de los distintos componentes del coste del servicio universal, que puede conducir a una sobreevaluación del mismo. Finalmente, la Comisión acusa a Francia de no haber dado garantías en cuanto a la conclusión real del proceso de reajuste de las tarifas. La fase escrita del procedimiento concluyó en noviembre. [16] Asunto C-146/00. El 30 de noviembre de 2000, el Tribunal de Justicia condenó a Bélgica [17] porque la normativa belga preveía la financiación en el marco del servicio universal en materia de telefonía de tarifas preferentes en favor de la prensa escrita, lo cual infringe lo dispuesto en la Directiva 97/33/CE [18]. La Comisión había desistido en lo que se refiere a los otros motivos de queja --la ausencia de método de cálculo de las contribuciones de los operadores a la financiación del servicio universal (SU) y de método provisional para el cálculo del coste neto de este servicio - tras la notificación de un real decreto que cubría ambos aspectos. [17] Asunto C-384/99. [18] Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, del 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en el sector de las telecomunicaciones con el fin de garantizar un servicio universal y la interoperatividad por la aplicación de los principios de suministro de una red abierta (ONP). 2.3.2. Correos. En el sector postal, la Comisión adoptó, el 21 de diciembre de 2000, una decisión relativa a la prestación en Italia de los nuevos servicios postales que ofrecían prestaciones de valor añadido, en particular, la garantía de que el envío creado electrónicamente llega en una fecha o a una hora determinada [19] . Esta decisión es consecuencia de una denuncia relativa a la reserva en favor del operador histórico de la fase de entrega del correo híbrido (correo en el que los envíos postales se generan por medios electrónicos). Esta reserva impide a los proveedores privados suministrar correo híbrido en su totalidad. La Comisión consideró que el decreto legislativo italiano n°261, de 22 de julio de 1999, que introdujo este sistema, contravenía el artículo 86 del Tratado CE 1 en relación con el artículo 82 del Tratado CE. La entrega en una fecha o a una hora determinada constituye un mercado distinto y muy diferente de los servicios de entrega tradicionales (servicio universal). Por lo tanto, no hay razón para reservarlo al prestador de servicio universal, que no presta este servicio. Además, este operador no ofrece ninguna entrega garantizada en fecha u hora predeterminadas. La decisión obliga al Gobierno italiano a clarificar que el servicio de entrega en una fecha o a una hora determinada no forma parte de los servicios susceptibles de ser reservados. Tiene por objeto crear la seguridad jurídica necesaria para los operadores privados en cuanto a la fase de entrega en fecha u hora determinadas. [19] DO L 63, de 03.03.2001, p.59. 2.3.3. Profesiones liberales. En el ámbito de las profesiones liberales, la Comisión dio por finalizado el procedimiento de infracción incoado contra Italia por violación, por la ley n°1612, de 22 de diciembre de 1960, de los artículos 5 y 85 del Tratado CE (ahora, respectivamente, artículos 10 y 81 del Tratado CE). En su sentencia de 18 de junio de 1998 [20], el Tribunal de Justicia declaró que, al adoptar y mantener en vigor una ley que impone al Consejo nacional de agentes de aduanas ("Consiglio nazionale degli spedizioneri doganali" - CNSD), mediante la atribución del poder de decisión correspondiente, la aprobación de una decisión de asociación de empresas contraria al artículo 85 del Tratado CE (ahora artículo 81 del Tratado CE), consistente en fijar una tarifa obligatoria para todos los agentes de aduanas, la República italiana había faltado a las obligaciones que le incumben en virtud de los citados artículos. Los contactos habidos entre los servicios de la Comisión y las autoridades italianas con el fin de ajustar la legislación en cuestión han resultado infructuosos, por lo que la Comisión tuvo que enviar a Italia, en febrero de 2000, una carta de emplazamiento en virtud del artículo 228 del Tratado CE, y posteriormente un dictamen motivado, el 3 de agosto. No obstante, el 13 de septiembre, Italia comunicó el texto de la ley n° 213, de 25 de julio de 2000, publicado en la "Gazzetta Ufficiale" del 1 de agosto, que pone al día la normativa de las actividades de los remitentes en aduana. Esta ley, por la que se derogan las disposiciones de la ley de 1960 contrarias a las disposiciones antes citadas del Tratado, ponía fin en efecto a la infracción comprobada por el Tribunal. [20] Asunto C-35/96, Rec. p I-3851. 2.3.4. Transportes. En materia de transportes, la Comisión prosiguió el procedimiento de infracción contra Portugal, tras la negativa de éste a ajustarse a la decisión de 10 de febrero de 1999, al constatar que el sistema de descuento sobre los cánones de aterrizaje y diferenciación según el origen del vuelo constituía una medida discriminatoria incompatible con el artículo 86 1 del Tratado CE en relación con el artículo 82 del Tratado CE. No obstante, suspendió la ejecución de su decisión de recurrir al Tribunal de Justicia, dado que el recurso, ya en curso de instrucción, presentado por Portugal en mayo de 1999 contra la decisión de la Comisión, se refiere también a la legalidad del sistema en cuestión. La cuestión de los cánones de aterrizaje dio lugar a una segunda decisión en virtud del artículo 86 3 del Tratado CE. El 26 de julio de 2000, la Comisión consideró que el sistema de descuento y cánones diferenciados según el origen del vuelo en vigor en España favorecía a las compañías aéreas de este Estado miembro. El sistema español prevé cánones más elevados, en todas las categorías de aviones, para los vuelos intracomunitarios que para los vuelos interiores. Por otro lado, prevé descuentos que aumentan, de 9% a 35%, en función del número mensual de aterrizajes. Este sistema favorece en la práctica a las compañías españolas, que reciben por término medio descuentos del 20 al 25%. Esta discriminación no puede justificarse por ninguna razón objetiva. El Gobierno español anunció que adoptaría a su debido tiempo las medidas correctoras necesarias. 2.3.5. Concentraciones. El procedimiento de infracción incoado contra Portugal en 1999 tras la decisión de las autoridades portuguesas de oponerse a la concentración entre el banco español BSCH y el grupo portugués Champalimaud fue archivado. En efecto, el 29 de noviembre de 1999, se notificó una nueva operación de concentración, autorizada el 11 de enero de 2000, por la que el banco español adquiriría dos bancos del grupo portugués. Las autoridades portuguesas declararon que no se oponían a esta nueva operación, que cancelaba la concentración objeto del procedimiento de infracción abierto en su contra. 2.3.6. Ayudas de Estado. Por último, en materia de ayudas, la Comisión archivó un expediente muy antiguo. Mediante sentencia de 20 de septiembre de 1990 [21] el Tribunal de Justicia confirmó la decisión final negativa de la Comisión, de 17 de noviembre de 1987 [22], en la que ordenaba la restitución de una subvención de 2 millones de DEM, en 1985, del Estado Federado de Wurtemberg a la sociedad BUG-Alutechnik, empresa que fabrica productos semiacabados y acabados de aluminio. Dado que la ayuda no fue devuelta a pesar de los requerimientos de la Comisión, ésta incoó en 1991 un procedimiento por incumplimiento contra Alemania, por violación del artículo 171 del Tratado CE (ahora, artículo 228 del Tratado CE). En 1992, el "Staatsschuldenverwaltung Baden" ordenó a la empresa que reembolsara la ayuda. Pero BUG-Alutechnik interpuso un recurso, suspensivo, contra esta decisión, ante el "Verwaltungsgericht Sigmaringen". Este último desestimó este recurso en 1994, por lo que la empresa recurrió ante el "Verwaltungsgerichtshof Mannheim". Este recurso también era suspensivo. Al confirmar el "Verwaltungsgerichtshof Mannheim" el juicio de primera instancia, en 1996, se permitió a la empresa, que se ha convertido en Hoogovens Aluminium Profiltechnik, presentar un recurso de revisión ante el "Bundesverwaltungsgericht". Este desestimó ese recurso el 26 de agosto de 1999. La ayuda fue finalmente devuelta el 14 de octubre de 1999. Cuando se informó oficialmente de ello a la Comisión, pudo cerrar el caso , a principios del año 2000. [21] Affaire C-5/89, Rec. p I-3437. [22] DO 1998, L 79, P 29. 2.4. Emplea y asuntos sociales 2.4.1. Libre circulación de trabajadores La Comisión ha puesto en marcha y/o prosigue una serie de procedimientos de infracción contra varios Estados miembros en relación con la aplicación de los Reglamentos (CEE) n° 1612/68 y 1408/71. El procedimiento de infracción contra Bélgica por incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de mayo de 1994 en el asunto C-47/93, por lo que se refiere a la financiación de las universidades belgas para la acogida de estudiantes de los demás Estados miembros con el único fin de seguir cursos universitarios sigue su curso. Los procedimientos de infracción contra Alemania relativos, por una parte, a la concesión de asistencia social a los trabajadores migrantes tras la reagrupación familiar y, por otra, a la exigencia, para la concesión de asignaciones sociales, de presentar el permiso de residencia, fueron archivados. Por lo que se refiere al primer caso, se aprobó una circular interpretativa en la que se invitaba a las autoridades competentes a velar por el respeto del Derecho comunitario. En cuanto al segundo caso, la situación se regularizó tras la modificación de la ley pertinente. El procedimiento de infracción relativo a la normativa y a la práctica danesa que restringe la utilización en Dinamarca, por parte de los trabajadores fronterizos que residen en dicho país, de vehículos registrados en otro Estado miembro y pertenecientes a su patrono, establecido en este último Estado miembro, sigue su curso. Dado que Dinamarca ha modificado mientras tanto su normativa de manera no totalmente satisfactoria en opinión de la Comisión, se le ha enviado un dictamen motivado complementario. Se envió un dictamen motivado a Grecia debido a que la legislación griega exige a los miembros de la familia de ciudadanos de la Unión, que no tienen la nacionalidad de un Estado miembro y que desean ejercer una actividad económica en Grecia, que obtengan un permiso de trabajo. También se envió un dictamen motivado a Austria debido a que la legislación austriaca es discriminatoria hacia los ciudadanos de la Unión que ejercen su derecho de libertad de circulación de los trabajadores así como hacia los nacionales de países no miembros con los que la Comunidad ha celebrado acuerdos de cooperación o de asociación (por ejemplo, Marruecos, Turquía o Polonia). En concreto, las disposiciones austriacas sobre elecciones a las Cámaras de los trabajadores impiden a todos los trabajadores extranjeros presentarse a las elecciones de dichos organismos y, por otra parte, las disposiciones de la Ley Constitucional del Trabajo impiden presentarse a las elecciones a los comités de empresa a los nacionales de países no miembros con los que la Comunidad ha celebrado acuerdos de cooperación o de asociación. Los procedimientos de infracción contra Grecia, sobre la base del artículo 228 del Tratado CE, y contra España, sobre la base del artículo 226 del Tratado CE, por lo que se refiere a la exigencia de la nacionalidad para el acceso a la función pública fueron archivados, tras la adopción, por dichos países, de medidas para ajustarse a las normas comunitarias. Por lo que se refiere a la contabilización de los períodos de servicio efectuados en la función pública de otro Estado miembro, la Comisión envió sendos dictámenes motivados a Austria y a Bélgica. Los procedimientos de infracción en el mismo ámbito incoados contra Alemania e Irlanda en 1999 prosiguen su curso. En el ámbito de la coordinación de los sistemas de seguridad nacional, el Tribunal de Justicia Europeo alegó en los asuntos contra Francia relacionados con el pago de contribuciones para la "Contribución social generalizada" [23] y "Contribución para el reembolso de la deuda social" [24] que dichas contribuciones, que, según las autoridades francesas deberían considerarse como impuestos, entran en el ámbito de aplicación del Reglamento 1408/71. Por consiguiente, no puede gravarse a las personas residentes en Francia que trabajan en otro Estado miembro, por ejemplo trabajadores fronterizos que trabajan en Bélgica, ya que no están sujetos a la legislación francesa sobre seguridad social. Al no haber recibido información satisfactoria sobre las medidas necesarias para el cumplimiento de estas normas, prosigue el procedimiento del artículo 228 del Tratado CE. [23] Asunto C-169/98 [24] Asunto C-34/98 En el asunto contra Alemania que llevó la Comisión ante el Tribunal de Justicia en 1999 relativo a la percepción de contribuciones en virtud de una ley especial sobre prestaciones de seguridad social para artistas (Künstlersozialversicherungsgesetz) [25], el Abogado General presentó sus conclusiones (24 de octubre de 2000). [25] Asunto C-68/99 El procedimiento contra Bélgica [26] relacionado con la deducción de una contribución personal del 13,07 % cuando los demandantes residen en otro Estado miembro sigue pendiente ante el Tribunal de Justicia Europeo. El Abogado General presentó sus conclusiones el 23 de enero de 2001. [26] Asunto C-347/98 La Comisión decidió proseguir un procedimiento contra los Países Bajos y remitirlo al Tribunal de Justicia. Según la Comisión, la negativa de las autoridades de los Países Bajos a exportar una prestación de desempleo de un antiguo trabajador fronterizo durante un periodo máximo de tres meses a otro Estado miembro, no es acorde con el artículo 69 del Reglamento 1408/71 ya que éste no hace distinciones entre trabajadores fronterizos y otros trabajadores. Se ha enviado a Francia un dictamen motivado por la negativa del organismo francés de enfermedad de reembolsar, con arreglo a las tarifas francesas, el coste de unos cristales comprados en Alemania por un asegurado. La Comisión opina que esta posición contradice las disposiciones del Tratado CE sobre libre circulación de mercancías, especialmente los artículos 28 y 30, tal como han sido interpretados por el Tribunal de Justicia en el asunto C-120/95 Decker [27] en el que el Tribunal concede el derecho a que se reembolse este tipo de producto médico con arreglo a las tarifas del Estado miembro en el que la persona está asegurada, sin autorización previa. [27] Sentencia del Tribunal de Justicia de 28.4.98 El Gobierno neerlandés estuvo de acuerdo con un dictamen motivado enviado por la Comisión a los Países Bajos sobre el cálculo de una pensión holandesa de vejez en situaciones en las que, teniendo un seguro obligatorio, se pagaba además una cotización voluntaria en otro Estado miembro, y actualmente está revisando las normas administrativas correspondientes. A pesar de que la letra b) del apartado 1 del artículo 15 del Reglamento 574/72 dispone claramente que los periodos de seguro obligatorio priman sobre los periodos de cotización voluntaria, las autoridades de los Países Bajos se negaron a contabilizar cierto periodo de empleo en dicho país porque al mismo tiempo se había cotizado en régimen voluntario en otro Estado miembro remitiendo al Anexo VI, J, 2 h del Reglamento. Esta interpretación de las autoridades era compartida por el juez nacional. En un procedimiento de infracción contra Francia relativo al cálculo de las prestaciones de desempleo a una persona cuyo último empleo no había sido en Francia, el Gobierno francés modificó la circular al respecto para cumplir la legislación comunitaria, después de que la Comisión interpusiera un recurso ante el Tribunal de Justicia. El asunto ha sido archivado. Tras un dictamen motivado enviado por la Comisión referente a la negativa a aplicar la legislación danesa de seguridad social a trabajadores de otros Estados miembros que trabajan en plataformas petrolíferas en la plataforma continental danesa, el Gobierno danés modificó su legislación y se archivó el procedimiento de infracción. 2.4.2. Igualdad de trato a hombres y mujeres Sigue pendiente el recurso presentado ante el Tribunal de Justicia contra Francia [28] en virtud del artículo 228 del Tratado CE por no haber adoptado las medidas necesarias para ajustarse a la sentencia dictada el 13 de marzo de 1997 [29], en la que se condena a Francia por haber mantenido la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres en la industria, mientras que tal prohibición no se aplica a los hombres. [28] Asunto C-224/99. [29] Asunto C-197/96, Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa, Rec. 1997, página I-1489. Respecto a la Directiva 92/85/CEE, referente a la protección de las mujeres embarazadas, tras el envío de un dictamen motivado las autoridades irlandesas han modificado su legislación para ajustarse a las normas comunitarias y han comunicado nuevas medidas nacionales, por lo que el procedimiento contra Irlanda fue archivado. A raíz del envío del dictamen motivado, las autoridades suecas y luxemburguesas han comunicado también nuevos textos legislativos, cuyo examen está en curso, por lo que continúan dichos procedimientos. Por otra parte, la Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia por incorporación no conforme [30] en el asunto contra Francia, mientras que en el asunto contra Italia, continúa el examen del procedimiento. [30] La legislación francesa no prevé específicamente la posibilidad de que las mujeres embarazadas queden exentas de trabajar si ello es necesario para la protección de su salud. Tras la notificación de las medidas nacionales de incorporación por las autoridades italianas se retiró el recurso ante el Tribunal de Justicia por no comunicación de la incorporación de la Directiva 96/34/CEE, relativa al el permiso parental [31]. [31] Asunto C-445/99 La Comisión inició el procedimiento basado en el artículo 228 del Tratado CE contra la República Francesa por incumplimiento de la sentencia de 8 de julio de 1999 [32] por la que el Tribunal de Justicia condenó a Francia por no comunicación de las medidas de incorporación de la Directiva 96/97/CE, por la que se modifica la Directiva 86/378/CEE, relativa a la aplicación del principio de la igualdad de trato a hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social. De acuerdo con esta Directiva, los Estados miembros hubieran debido adoptar las medidas de incorporación el 1 de julio de 1997. Hay que señalar que el Tribunal de Justicia condenó también a Grecia por el mismo motivo el 14 de diciembre de 2000 [33]. A raíz de la notificación de las medidas nacionales de incorporación por las autoridades luxemburguesas se retiró el recurso ante el Tribunal de Justicia por no comunicación de las medidas de incorporación de la Directiva 96/97/CEE, por la que se modifica la Directiva 86/378/CEE, relativa a la aplicación del principio de la igualdad de trato a hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social [34]. [32] Asunto C-354/98 [33] Asunto C-457/98 [34] Asunto C-438/98; el abogado general Sr. La Pergola presentó sus conclusiones el 24 de junio de 1999. La Comisión inició también un nuevo procedimiento basado en el artículo 228 del Tratado contra Grecia por incumplimiento de la sentencia de 28 de octubre de 1999 [35], por la que el Tribunal condenó a Grecia por no conformidad con la Directiva 79/7/CEE, con el artículo 141 del Tratado y con la Directiva 75/117/CEE, de la legislación griega relativa a la concesión de la asignación por matrimonio y a la contabilización de tal asignación para el cálculo de la pensión de vejez o jubilación. Dicha normativa no tiene efecto retroactivo en cuanto a la asignación por matrimonio a partir del 1 de enero de 1981 (fecha de entrada en vigor en Grecia del artículo 141 del Tratado y de la Directiva 75/117/CEE), y en cuanto al cálculo de la pensión de vejez y jubilación a partir del 23 de diciembre de 1984 (fecha de entrada en vigor de la Directiva 79/7/CEE). [35] Asunto C-187/98 2.4.3. Condiciones de trabajo En cuanto a la Directiva 93/104/CE, relativa a algunos aspectos de la adaptación del tiempo de trabajo, tras el recurso presentado ante el Tribunal de Justicia, Italia y Francia fueron condenadas por no haber aprobado las medidas de aplicación de dicha Directiva [36]. Al no haber recibido comunicación alguna de las medidas adoptadas para ajustarse a la sentencia del Tribunal, tales procedimientos de infracción continúan sobre la base del artículo 228 del Tratado CE. Tras la notificación tardía de las medidas nacionales de incorporación se retiró el recurso contra Luxemburgo [37] por no comunicación de la incorporación de la Directiva 93/104/CE. [36] Asunto C-386/98, Comisión contra República de Italia, sentencia de 9 de marzo de 2000 y asunto C-46/99, Comisión contra Francia, sentencia de 8 de junio de 2000 [37] Asunto C-48/99; el abogado general Sr. Alber presentó sus conclusiones el 16 de noviembre de 1999 En su sentencia de 18 de mayo de 2000, el Tribunal condenó a Francia [38] por no comunicación de la incorporación de la Directiva 94/33/CE, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo. Al no haber recibido comunicación alguna de las medidas adoptadas con el fin de cumplir la sentencia del Tribunal, dicho procedimiento continúa sobre la base del artículo 228 del Tratado CE. [38] Asunto C-45/99 Tras las sentencias del Tribunal condenando a Luxemburgo por no comunicación de las medidas de incorporación de la Directiva 94/33/CE, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo [39], y por no incorporación de la Directiva 94/45/CE, relativa a la creación de un comité de empresa europeo [40], las autoridades luxemburguesas comunicaron sus medidas de incorporación, cuyo examen está en curso. [39] Asunto C-430/98, sentencia de 21 de octubre de 1999 [40] Asunto C-47/99, sentencia de 16 de diciembre de 1999 Habida cuenta de la insatisfactoria respuesta de las autoridades italianas al dictamen motivado enviado por la Comisión por incorporación no conforme de la Directiva 77/187/CEE, relativa al mantenimiento de los derechos adquiridos de los trabajadores en caso de transferencia de empresas, la Comisión decidió recurrir al Tribunal. Al contraria que en el caso anterior, la Comisión decidió el aplazamiento del procedimiento de infracción relativo a los despidos colectivos por incorporación no conforme por parte de Grecia de la Directiva 98/59/CE, con el fin de analizar con todo detalle la respuesta proporcionada por las autoridades nacionales antes de tomar una decisión sobre el fondo del asunto. Se enviaron sendos dictámenes motivados a Portugal e Italia por incorporación no conforme de la Directiva 98/59/CE, relativa a los despidos colectivos. La Comisión decidió recurrir al Tribunal por incorporación no conforme por parte de Irlanda de las Directivas 98/59/CE, relativa a los despidos colectivos, y 77/187/CEE, relativa a la protección de los derechos adquiridos de los trabajadores en caso de transferencias de empresas. A finales de diciembre de 2000, las autoridades irlandesas ocomunicaron sus medidas de incorporación y se comprometieron a aprobar otras. Por consiguiente, ya no será necesario recurrir al Tribunal. 2.4.4. Salud y seguridad en el lugar de trabajo. Tras la comunicación por Luxemburgo de las medidas nacionales de ejecución de la Directiva 92/29/CEE, relativa a la asistencia médica a bordo de los buques, todos los Estados miembros han incorporado la Directiva marco 89/391/CEE del Consejo y sus directivas particulares [41], así como la denominada Directiva "independiente" 92/29/CEE. [41] Directivas 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 92/57/CEE, 92/58/CEE, 92/91/CEE, 92/104/CEE y 93/103/CE. Respecto a las directivas por las que se que modifican o se adaptan al progreso técnico las directivas particulares [42], el porcentaje de comunicación de las medidas nacionales de ejecución mejoró aún más en el año 2000 (en particular, por la comunicación por parte de Italia de las medidas de ejecución de las directivas 95/30/CE [43] , 97/59/CE, y 97/65/CE [44] ), pero aún no resulta plenamente satisfactorio. Por lo tanto, hay procedimientos de infracción en curso contra los Estados miembros que aún no han comunicado a la Comisión sus medidas nacionales de ejecución. Algunas de estos procedimientos ya se encuentran en la fase de recurso al Tribunal, como es el caso de Austria por no incorporación de las Directivas 95/30/CE [45], 97/59/CE y 97/65/CE [46]. Además se envió también un dictamen motivado por no comunicación de las medidas de ejecución de la Directiva 95/63/CE a Irlanda. Por lo que se refiere a la Directiva 97/42/CE, cuyo plazo de incorporación expiraba el 27 de junio de 2000, se decidió el envío de sendos dictámenes motivados a Francia e Irlanda por no comunicación de sus medidas nacionales de ejecución. [42] Directivas 93/88/CE, 95/30/CE, 97/59/CE, 97/65/CE, 95/63/CE y 97/42/CE. [43] Asunto C-439/98; sentencia de 16 de marzo de 2000 [44] Asunto C-312/99; a raíz de esta comunicación se retiró el recurso ante el Tribunal de Justicia. [45] Asunto C-473/99. [46] Asuntos C-110/00, y C-111/00. Por lo que se refiere a la conformidad de las medidas nacionales de ejecución de la Directiva marco 89/391/CEE, la Comisión envió sendos dictámenes motivados a Portugal y a Suecia por incorporación no conforme. Por otro lado, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia contra a Alemania [47] e Italia [48] por incorporación no conforme, y contra Bélgica por lo que se refiere a la incorporación de la Directiva marco. [47] Asunto C-5/00. [48] Asunto C-49/00. En cuanto a la conformidad de las medidas nacionales de ejecución de las directivas particulares [49], se archivó el procedimiento contra Suecia, tras la comunicación por este Estado miembro de las nuevas medidas de ejecución de la Directiva 90/269/CEE, y se envió un dictamen motivado a Dinamarca por no conformidad de las medidas de incorporación de la Directiva 89/654/CEE. Por otra parte, la Comisión decidió presentar al Tribunal de Justicia dos recursos contra a Italia por no conformidad de su incorporación de las Directivas 89/655/CEE y 90/270/CEE. [49] Directivas 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 92/57/CEE, 92/58/CEE, 92/91/CEE, 92/104/CEE, y 93/103/CE. 2.5. Agricultura 2.5.1. Libre circulación de los productos agrícolas [50] [50] Como consecuencia de la reorganización de los servicios de la Comisión, la legislación y las cuestiones correspondientes a la Salud Pública y a la salud de los animales y vegetales han sido encomendadas a la Dirección General de la Salud y la Protección de los Consumidores. Desde el último trimestre de 1999, esta Dirección General tiene a su cargo la instrucción y la gestión de los expedientes de infracción relativos a estas materias, incluso por lo que se refiere a los obstáculos a la libre circulación de los productos agrícolas justificados por razones vinculadas a la protección de la salud. Garantizar la libre circulación de los productos agrícolas en un mercado único es uno de los principios básicos del funcionamiento de la política agrícola común (PAC) y de sus organizaciones comunes de mercado. El Tribunal de Justicia ha recordado en varias ocasiones que los artículos 28 y 29 del Tratado CE forman parte integrante de las organizaciones comunes de mercado, aun cuando su mención expresa en el corpus de éstas resulte superflua desde el de 1 de enero de 1970. La Comisión ha mantenido una vigilancia permanente con el fin de eliminar rápidamente los obstáculos a los intercambios de los productos agrícolas en la Comunidad. En términos generales, cabe recordar que la tendencia observada los últimos años a la reducción del número de nuevos casos de obstáculos clásicos a la libre circulación de productos agrícolas, tales como los controles sistemáticos a la importación o la exigencia de certificados, se confirmó una vez más este año. La persistencia en reservar el beneficio de "etiquetas o denominaciones de calidad" a los productos de las regiones o los Estados miembros en cuestión han llevado a la Comisión a proseguir los procedimientos de infracción iniciados contra Francia, España y Alemania. En efecto, la Comisión considera que, con arreglo al artículo 28 del Tratado CE, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia en los asuntos 13/78, Eggers [51] y C-321/94, Montagne [52], una denominación de calidad o una etiqueta de calidad no pueden quedar reservadas a los productos originarios de una entidad geográfica determinada sino que deben basarse exclusivamente en las características intrínsecas de los productos susceptibles de beneficiarse de las mismas. Por consiguiente, el Tribunal considera que, con arreglo a los artículos 12 y 34 del Tratado CE, cualquier denominación o etiqueta nacional de calidad debe ser automáticamente accesible a todo productor o usuario potencial comunitario cuyos productos cumplan los requisitos objetivos y controlables requeridos. [51] Sentencia de 2.10.1978, Rec. 1978, p.1935 [52] Sentencia de 07.05.1997, Rec. 1997, p I-2343. En el caso de Francia, los procedimientos de infracción incoados se refieren a las siguientes etiquetas de calidad regionales: "Normandie", "Nord-Pas-de-Calais", "Ardennes de France", "Limousin", "Languedoc-Roussillon", "Lorraine", "Savoie", "Franche-Comté", "Corse", "Midi-Pyrénées", "Salaisons d'Auvergne" y "Qualité France". Al no haber suprimido las etiquetas en cuestión, se enviaron los correspondientes dictámenes motivados. Las autoridades francesas están ahora dispuestas a cambiar el régimen jurídico de las etiquetas. En España, fueron objeto de dictámenes motivados las siguientes denominaciones de calidad: "La Conca de Barberà", "El Vallès Occidental", "El Ripollès", "Alimentos de Andalucía", "Alimentos de Extremadura", "Calidad Cantabria". Tras el envío de los dictámenes motivados, las autoridades regionales competentes en la materia derogaron las denominaciones controvertidas. Por último, ante la negativa de las autoridades alemanas a permitir a los productos de otros Estados miembros el uso de la etiqueta nacional de calidad CMA, que contiene la mención "Markenqualität aus deutschen Landen" y que únicamente se asigna a los productos transformados en Alemania, sin una vinculación específica con el medio o el origen geográfico, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia. La Comisión considera que la etiqueta en cuestión da lugar a una localización nacional parcial imperativa del proceso de producción. Por lo que se refiere a obstáculos menos clásicos, como la repetición de los actos de violencia cometidos en Francia por particulares contra las frutas y hortalizas procedente de otros Estados miembros, en particular de España, y la no adopción por las autoridades públicas de las medidas requeridas para hacer frente a dichos actos, conviene recordar que, en su sentencia de 9/11/1997 en el asunto C-265/95 [53], el Tribunal de Justicia estableció que "al no adoptar todas las medidas necesarias y proporcionadas para que los actos de particulares no obstaculicen la libre circulación de frutas y hortalizas, la República Francesa faltó a las obligaciones que se derivan del artículo 30 del Tratado CE (actualmente artículo 28 del Tratado CE"), en relación con el artículo 5 de dicho Tratado (actualmente artículo 10 del Tratado CE), y de las organizaciones comunes de mercados agrícolas". El desarrollo pacífico de la campaña de comercialización de las frutas y hortalizas procedentes, en particular, de España durante el año 1998 indica que las medidas de orden público adoptadas por el Gobierno francés para ajustarse a la sentencia del Tribunal de Justicia parecen haber alcanzado un buen nivel de eficacia con relación a situaciones pasadas. Lo mismo ocurrió en 1999 y en 2000, aunque se produjeran algunos incidentes aislados. La Comisión espera que las próximas campañas de comercialización se desarrollen normalmente. [53] Sentencia de 6.11.1997, Rec.1997, p I-6959. 2.5.2. Mercados Además de la actividad desplegada para la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de los productos agrícolas, la Comisión prosiguió también sus esfuerzos con el fin de alcanzar una aplicación efectiva y correcta de las demás disposiciones de la normativa agrícola comunitaria. Por lo que se refiere al control de la aplicación de los mecanismos específicos de organización común de los mercados, la Comisión siguió prestando especial atención a la aplicación de los mecanismos de control de la producción, en particular en el sector lácteo, en el que se ha llevado a cabo un análisis sistemático de los textos nacionales adoptados para garantizar la aplicación de los Reglamentos (CEE) nº 3952/92 y n° 536/93. La Comisión envió un dictamen motivado contra Italia y España debido a las lagunas observadas en la aplicación del régimen de cuotas lácteas. La principal preocupación a este respecto consistía en el hecho de que las autoridades interesadas no repercutieron definitivamente la exacción suplementaria debida sobre los productores responsables del rebasamiento de la producción. En Italia, en el mes de febrero de 1997, el Gobierno encargó a una comisión de investigación que llevara a cabo un control extraordinario sobre la producción de leche durante las campañas 1995-96 y 1996-97. En espera de las conclusiones de esta operación, y so reserva del reembolso de un importe considerado excedentario con respecto a la exacción efectivamente debida, las cuentas relacionadas con los anticipos sobre la exacción debida percibidos por los compradores por los períodos en cuestión han sido bloqueadas. En efecto, a la luz de alegaciones generalizadas de fraudes e irregularidades, las autoridades italianas consideraron que el pago a la autoridad competente no podía efectuarse sin un nuevo control minucioso del nivel de producción efectiva y del nivel de la cantidad de referencia de cada productor. Estos hechos fueron objeto del procedimiento de infracción. La propia Comisión ha sido siempre puntualmente informada de la evolución de los controles sucesivos y ella misma ha llevado a cabo una serie de misiones de control ante todas las instancias interesadas. Cabe concluir que este ejercicio excepcional ha permitido clarificar una situación previa basada en las dudas relativas a la producción efectiva de Italia. El nivel de producción inicialmente declarado por los compradores se confirmó con un desfase inferior al 1%, una parte del cual es aún susceptible de confirmación. El resultado de las investigaciones ha permitido también clarificar la situación individual de cada productor, so reserva de los casos que son objeto de litigio. En el mes de noviembre de 1999, los resultados de la nueva compensación de las entregas fueron notificados a los afectados. La Comisión sigue de cerca la evolución de la percepción efectiva de los importes debidos. Acaba de efectuarse una misión con el fin de calcular con precisión los importes cuya recaudación inmediata no es posible, a causa, en particular, de los recursos interpuestos ante los tribunales regionales a quienes compete declarar un efecto suspensivo. Está en curso una comprobación profunda de tales casos . La Comisión no dudará en proseguir con el procedimiento de infracción con respecto a cualquier importe no recuperado sin justificación adecuada. En España, los productores solamente han pagado una fracción de la exacción debida por los períodos 1993-94, 1995-96 y 1996-97. De hecho, éstos, al igual que los compradores interpusieron un número masivo de recursos contra las decisiones que les afectaban. A raíz del inicio del procedimiento de infracción, las autoridades españolas adoptaron nuevas medidas de gestión del régimen, con el fin, sobre todo, de evitar en el futuro el recurso masivo a los tribunales. Sus aspectos clave consistían en un régimen obligatorio de recaudación de anticipos a los productores que hubieren rebasado sus cuotas en el transcurso del período, y en la imposición de condiciones restrictivas para la homologación de los compradores. La gestión del régimen desde el período 1998-99 no ha puesto de manifiesto los problemas generalizados encontrados anteriormente. Por lo que se refiere a los litigios iniciados anteriormente, las autoridades españolas hicieron proceder a la constitución de fianzas por los importes en litigio en los numerosos casos en los que eso se había omitido con anterioridad. Dichas autoridades consideran actualmente que la exacción aún debida está totalmente cubierta, o por tales fianzas o por órdenes de ingreso por la vía forzosa. La Comisión tuvo también que prestar atención al incumplimiento de las normativas comunitarias que protegen la denominación de los productos agrícolas. En el sector de las bebidas espirituosas, la Comisión emitió un dictamen motivado contra la República Francesa, que autoriza la comercialización en su territorio de bebidas espirituosas obtenidas añadiendo un determinado porcentaje de agua al whisky que utilizan el término genérico de "whisky" en la denominación de venta. Ahora bien, entre las características previstas en el Reglamento (CEE) No. 1576/89 a las que debe responder el whisky, figura la exigencia de un grado alcohólico mínimo de 40 grados y la prohibición de añadir agua a una bebida alcohólica para evitar que se cambie la naturaleza del producto. Hay que tener en cuenta que el Tribunal de Grande Instance de París planteó una cuestión prejudicial sobre el mismo tema (Asunto C-136/96). En su sentencia de 16/07/1998 [54], el Tribunal declaró que la normativa comunitaria prohibe las denominaciones controvertidas. [54] Sentencia de 16.07.1998, Rec. 1998, p I-4571. Dado que, en su respuesta al dictamen motivado, las autoridades francesas han mantenido sus posiciones anteriores para justificar el mantenimiento de la comercialización de la bebida en cuestión bajo la denominación de venta que discute la Comisión, ésta decidió recurrir al Tribunal de Justicia. La Comisión incitó también a las autoridades griegas a aplicar íntegramente el sistema integrado de gestión y control relativo a algunos regímenes de ayudas comunitarias establecidos en el Reglamento (CEE) n°3508/92, destinado a armonizar y racionalizar las medidas de gestión y control de los regímenes de ayuda comunitarios, en particular, en el sector de los cultivos herbáceos y en los de la carne de vacuno, ovino y caprino, con el fin de aumentar la eficacia y la rentabilidad, por medio de una política preventiva y represiva de las irregularidades susceptibles de producirse en el marco de operaciones financiadas por el FEOGA. El artículo 2 del Reglamento (CEE) n°3508/92, tal como ha sido modificado, exige a los Estados miembros la instauración, antes del 1 de enero de 1997, de un sistema integrado que incluya los siguientes elementos: una base de datos informatizada, un sistema alfanumérico de definición de las parcelas agrícolas, un sistema alfanumérico de definición y registro de los animales, de las solicitudes de ayuda y, finalmente, un sistema integrado de control. Como las autoridades griegas no han cumplido íntegramente los requisitos antes citados, destinados a garantizar la legalidad y la regularidad de los pagos concedidos por las instancias comunitarias. En este caso, parece que ni siquiera ha empezado la definición y la numeración de las parcelas agrícolas, mientras que el procedimiento de registro y definición de los animales está aún en fase embrionaria. Ello da lugar a la falta de bases de datos fiables. En tales circunstancias, la Comisión envió un dictamen motivado. Aplicación de la Directiva 98/34/CE (normas y reglamentaciones técnicas) en el ámbito agrícola Una vez más, el 2000 fue un año fértil en materia de proyectos notificados a la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 98/34/CE, que impone a los Estados miembros y países de la AELC la notificación, previa a su aprobación, de todo proyecto de normativa que contenga normas o reglamentaciones técnicas, susceptibles de crear obstáculos a los intercambios intracomunitarios. Así, en el sector agrícola, se examinaron, durante el año 2000, desde el punto de vista del artículo 28 del Tratado CE y del derecho derivado, 135 proyectos de textos legislativos notificados por los Estados miembros y los países de la AELC. 2.6. Energía y transporte El control de la aplicación del Derecho comunitario de la energía que ejerce la Comisión afecta a tres aspectos: el control de la comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas, el examen de la conformidad d