ES Diario Oficial de la Unión Europea C 138/19

Informe final del Consejero Auditor (1)

Papel autocopiativo — Readopción Bolloré

(Asunto COMP/36.212)

2011/C 138/07

El presente asunto se refiere a la readopción de una Decisión relativa a la empresa Bolloré. En 2001 la Comisión adoptó una Decisión según la cual Bolloré y otras empresas habían tomado parte en un cártel para fijar precios y repartirse el mercado en el sector del papel autocopiativo, infringiendo el artículo 101 del TFUE (2). La Decisión consideró que Bolloré era responsable de la infracción tanto por su implicación directa en el cártel como por su responsabilidad como empresa matriz de Copigraph en el momento de la infracción (3).

Bolloré interpuso un recurso de casación ante el Tribunal General («TG») denunciando, inter alia, que la Comisión había vulnerado su derecho a ser oída puesto que el pliego de cargos solo la consideraba responsable en su calidad de empresa matriz y no por su implicación directa. El TG desestimó el recurso de Bolloré (4). Bolloré recurrió posteriormente esta sentencia ante el Tribunal Europeo de Justicia («TEJ»).

El TEJ dictaminó que los derechos de defensa de Bolloré se habían vulnerado «en un punto esencial». Según este Tribunal, el TG incurre en error al no sacar ninguna consecuencia jurídica de su apreciación de que se ha vulnerado el derecho de defensa de Bolloré. En particular, el TEJ consideró que, dadas las circunstancias, no excluye la posibilidad de que la Decisión en su totalidad se haya basado en comportamientos sobre los que Bolloré no haya tenido oportunidad de defenderse (5).

El 15 de diciembre de 2009, la Comisión envió un nuevo pliego de cargos a Bolloré, considerando a la empresa responsable tanto por su implicación directa en el cártel como por su implicación como antigua sociedad matriz de Copigraph.

El 22 de diciembre de 2009 la parte tuvo acceso al expediente por medio de dos CD-ROM.

El 17 de marzo de 2010 tuvo lugar una audiencia.

Bolloré alegó que su derecho de defensa se había vulnerado por lo que se refiere al principio de ne bis in idem y habida cuenta de la duración excesiva del procedimiento. Contrariamente a Bolloré, no considero que la readopción de la Decisión de la Comisión tras la anulación del TEJ constituya una vulneración del principio de ne bis in idem. En el asunto PVC II, el TEJ aclaró que el principio de ne bis in idem«no se opone en sí mismo a que se reinicie un procedimiento que tenga por objeto el mismo comportamiento contrario a la competencia, cuando una primera decisión ha sido anulada por motivos de forma sin que haya habido un pronunciamiento sobre el fondo de los hechos» (6). El Tribunal anuló la primera Decisión de la Comisión en este asunto por una vulneración del derecho de Bolloré a ser oída, es decir, por vicios sustanciales de forma. El Tribunal, sin embargo, no se pronunció sobre el fondo.

En segundo lugar, no estoy de acuerdo con el argumento de Bolloré de que la duración del procedimiento de la Comisión sea excesivo y, por consiguiente, infrinja el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El hecho de que hayan transcurrido 14 años desde que terminara la infracción no prueba por sí solo que la Comisión no haya actuado en un plazo razonable. El recurso de casación interpuesto por Bolloré contra la primera Decisión ha estado pendiente en los tribunales europeos más de siete años. Por consiguiente, más de la mitad de la duración total del procedimiento considerado en conjunto no es imputable a la Comisión. Basándose en la jurisprudencia de los tribunales europeos, el periodo de tiempo durante el cual el asunto está recurrido ante los tribunales no puede tenerse en cuenta para determinar la duración del procedimiento ante la Comisión, aun cuando la decisión recurrida sea finalmente anulada por un error imputable a esta última (7).

Sea como fuere, no actuar en un plazo razonable, caso de demostrarse, constituiría un motivo de anulación solo si se hubiera probado que la vulneración de dicho principio hubiera afectado negativamente a la capacidad de la empresa de defenderse (8). Bolloré ya tenía conocimiento de su responsabilidad como empresa matriz desde el primer pliego de cargos que se le notificó en 2000 mientras que el cargo de implicación directa se le había notificado con la primera Decisión de 2001. Además, Bolloré se había defendido sobre el fondo de los cargos de la Comisión ya en su recurso ante el TG negando, entre otras cosas, su implicación directa en el cártel. En conjunto, Bolloré no ha aducido argumentos convincentes que demuestren que su derecho de defensa se ha visto afectado negativamente como resultado de la duración del procedimiento administrativo.

En conclusión, no considero que se haya vulnerado el derecho de defensa de Bolloré por lo que se refiere a los aspectos de procedimiento aducidos por la parte.

En mi opinión, el proyecto de Decisión solo se refiere a los cargos en relación con los cuales se ha brindado a las partes la posibilidad de expresar sus puntos de vista.

Considero que en este asunto se ha respetado el derecho de la parte a ser oída durante el procedimiento.

Bruselas, 21 de junio de 2010. Michael ALBERS

(1) De conformidad con los artículos 15 y 16 de la Decisión (2001/462/CE, CECA) de la Comisión, de 23 de mayo de 2001, relativa al mandato de los consejeros auditores en determinados procedimientos de competencia (DO L 162 de 19.6.2001, p. 21).

(2) DO L 115 de 21.4.2004, p. 1.

(3) El Consejero Auditor responsable en ese momento informó sobre el procedimiento que dio lugar a la primera Decisión en su informe de 5 de diciembre de 2001 (DO C 96 de 21.4.2004, p. 39).

(4) Asuntos acumulados T-109/02 y otros, Bolloré y otros/Comisión, Rec. 2007, p. II-947.

(5) Asuntos acumulados C-322/07 y otros, Papierfabrik August Kohler y otros/Comisión, pendiente de publicación, apartados 34-48.

(6) Asuntos acumulados C-238/99 P y otros, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión (PVC II), Rec. 2002, p. I-8375, apartados 61 y 62.

(7) Asuntos acumulados C-238/99 P y otros, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión (PVC II), antes citados, apartados 202 a 204. Asuntos acumulados T-305/94, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, Rec. 1999, p-II-931, apartado 123; Asunto T-57/01 Solvay/Comisión, 2009, pendiente de publicación, apartado 124.

(8) Asunto C-105/04, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, Rec. 2006, p. I-8725, apartados 42-43.