CCMISION DE LAS CCMÜNIDADES EUROPEAS 
COM(95) 54 final 
Brusela 03.03.1995 
INFORME DE LA COMISIÓN 
PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LA 
DIRECTIVA RELATIVA AL BLANQUEO DE CAPITALES (91/308/CEE), QUE 
SERÁ PRESENTADO AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO 
/ 
RESUMEN 
Este es el primer informe de la Comisión sobre la incorporación de la Directiva relativa al 
blanqueo de capitales (91/308/CEE), que, según se prevé en el artículo 17 de ese texto 
comunitario, se presentará al Parlamento Europeo y al Consejo. 
El primer informe abarca doce Estados miembros, ya que los nuevos miembros de la Unión 
Europea se incluyen en un informe paralelo preparado por el Comité Permanente del EEE 
para los países de la AELC integrados en el Espacio Económico Europeo (EEE). El 
informe, que adopta un enfoque horizontal, describe la manera en que los Estados 
miembros han incorporado las disposiciones fundamentales de la Directiva. Señala, 
asimismo, las principales dificultades halladas por los Estados miembros al incorporar este 
texto comunitario. Al mismo tiempo, se desean destacar los aspectos aún pendientes de 
resolución y los puntos ñacos del sistema europeo de prevención del blanqueo de capitales. 
En anexo al presente informe, se incluyen siete cuadros en los que se reflejan las normas 
específicas de incorporación de las diversas disposiciones de la Directiva a las legislaciones 
nacionales, el estado de incorporación de la Convención de Viena y el Convenio de 
Estrasburgo, el ámbito de aplicación de la legislación financiera y penal en materia de 
blanqueo de capitales, la inclusión de las profesiones de carácter no financiero y las 
sanciones previstas por los Estados miembros. 
En sus conclusiones, el documento propone las líneas de actuación, tanto en el plano 
nacional como en el de la Unión Europea, que se consideran necesarias para lograr la plena 
aplicación de la Directiva y para reforzar el sistema europeo de prevención del blanqueo de 
capitales. 
!<*-
I. INTRODUCCIÓN 
1. El artículo 17 de la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, 
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales, prevé que, transcurrido un año desde el 1 de enero de 1993, la Comisión 
debe elaborar un informe sobre la incorporación de la Directiva y presentarlo al 
Parlamento y al Consejo. 
Sin embargo, llegado el 1 de enero de 1994, fecha en que debía elaborarse dicho 
informe, sólo cinco Estados miembros habían notificado a la Comisión la plena 
incorporación de la Directiva. Preparar un informe en esas circunstancias no habría 
sido de gran utilidad. Por ello, la Comisión juzgó pertinente aplazar el informe tanto 
como fuera posible, hasta que la Directiva hubiera sido incorporada por, al menos, la 
gran mayoría de los Estados miembros.Al mismo tiempo, para acelerar el proceso, la 
Comisión incoó procedimiento contra los Estados miembros que no habían incorporado 
la Directiva. 
2. Implantar un sistema para la prevención del blanqueo de capitales es un proceso 
complejo, que implica no sólo aprobar legislación para la incorporación de la 
Directiva, sino, además, introducir las normas penales necesarias, fijar disposiciones y 
líneas de actuación administrativas, adaptar oportunamente las estructuras judiciales y 
policiales, crear (en muchos casos) servicios específicos que reciban la información 
sobre las operaciones sospechosas, formar a funcionarios y empleados, y establecer 
procedimientos de control interno y sistemas de comunicación en las entidades 
financieras y crediticias. Dado que son varios los Estados miembros que apenas acaban 
de adoptar las oportunas medidas legislativas y sus sistemas de prevención del blanqueo 
de capitales están empezando a funcionar ahora, es extremadamente difícil, incluso 
imposible, evaluar, en este momento, la eficacia de las medidas adoptadas hasta ahora. 
Por otro lado, la información de que se dispone sobre la comunicación de operaciones 
sospechosas y los casos de blanqueo de capitales que han dado lugar a un proceso es 
todavía escasa e incompleta. Por ello, en este primer informe, es prematuro hacer 
comparaciones válidas y extraer conclusiones sobre el funcionamiento del sistema de 
prevención del blanqueo de capitales. 
3. La finalidad del presente informe no es, en modo alguno, examinar los casos en los que 
la legislación nacional de incorporación pueda no ser plenamente conforme a la 
Directiva y señalar posibles infracciones. Se trata, más bien, de describir y evaluar 
globalmente la manera en que se han incorporado las disposiciones fundamentales de 
ese texto comunitario, e indicar el trabajo que aún queda por hacer para completar y 
perfeccionar el sistema europeo de prevención del blanqueo de capitales. Como es 
lógico, al margen del presente informe, la Comisión, cuando proceda, adoptará las 
-2-
oportunas medidas, establecidas en los Tratados de la UE, para garantizar que los 
Estados miembros incorporen plenamente la Directiva. 
4. El presente informe se acompaña de los siguientes cuadros: 
. Anexo 1: Incorporación de la Directiva: cuadro consolidado de 
correspondencias. 
. Anexo 2: Firma, ratificación e incorporación de la Convención de Viena y el 
Convenio de Estrasburgo. 
. Anexo 3: Qué tipo de beneficios obtenidos mediante actividades delictivas se 
incluyen en el delito de blanqueo de capitales en la legislación penal de los Estados 
miembros. 
. Anexo 4: Qué tipo de beneficios obtenidos mediante actividades delictivas entran 
en la definición de delito penal prevista en la legislación específica de incorporación 
de la Directiva en los Estados miembros. 
. Anexo 5: Comparación entre el tipo de beneficios obtenidos mediante 
actividades delictivas que se incluye en el delito penal de blanqueo de capitales 
contemplado en los Estados miembros y el comprendido en el ámbito de aplicación 
de la legislación específica de incorporación de la Directiva. 
. Anexo 6: Aparte del sistema financiero, qué profesiones y categorías de 
empresas contempla la legislación de incorporación de la Directiva en los Estados 
miembros. 
. Anexo 7: Sanciones previstas para las infracciones de la legislación de 
incorporación de la Directiva en los Estados miembros. 
II. INCORPORACIÓN DE LA DIRECTIVA 
1. REPERCUSIÓN GENERAL DE LA DIRECTIVA 
1. En primer lugar, es preciso resaltar la importancia de este texto comunitario, no sólo 
porque la Directiva conlleva, por primera vez, la coordinación de la Unión Europea en 
materia de blanqueo de capitales, sino también por el hecho de que cubre un ámbito en 
el que existía un vacío en la legislación de la mayoría de los Estados miembros. 
-3 
2. Por otra parte, la ratificación del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) 
por los países de la AELC, a excepción de Suiza, ha extendido el ámbito de aplicación 
de la Directiva a esos países. El Comité Permanente de la AELC ha preparado un 
informe sobre la incorporación de la Directiva en esos países. 
3. La importante labor realizada por el Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de 
capitales (GAF)1 ha puesto de manifiesto el papel desempeñado por la Directiva a la 
hora de aplicar sus recomendaciones fundamentales, ya que más de las dos terceras 
partes de los países miembros están sujetos al texto comunitario. 
4. La Directiva está repercutiendo también, indirectamente, fuera de la Comunidad, ya 
que todos los acuerdos de asociación o cooperación firmados entre la Unión Europea y 
terceros países incluyen, sistemáticamente, una cláusula específica sobre el blanqueo de 
capitales que sirve de marco de referencia para la cooperación en ese ámbito y con la 
que se pretende que se adopten normas comparables a las establecidas en la Directiva. 
Se ha puesto en marcha un proyecto de asistencia técnica a seis países de Europa central 
y oriental2, y está previsto implantarlo para otros cinco países3 de esta problemática 
zona, dentro de un programa global PHARE para la lucha contra la droga. 
2. ESTADO DE INCORPORACIÓN DE LA DIRECTIVA 
1. En el momento de concluir el presente informe, todos los Estados miembros, excepto 
Grecia, han notificado a la Comisión la incorporación de la Directiva. Irlanda la ha 
incorporado sólo en parte, pero las principales disposiciones de la Directiva ya las 
recoge la nueva ley irlandesa. España, que ha incorporado en su totalidad las 
disposiciones del texto comunitario mediante una ley de blanqueo de capitales, que ya 
ha entrado en vigor, no ha aprobado aún el decreto de desarrollo de la misma. Grecia 
prepara un proyecto de ley que se prevé sea presentado al Parlamento el primer 
trimestre de 1995. 
El Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAF) fue creado por el Grupo de los 
Siete en la Cumbre de París, en julio de 1989. En la actualidad, se compone de los siguientes miembros: 
Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Consejo de 
Cooperación del Golfo, Hong Kong, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, los Países Bajos, Nueva 
Zelanda, Noruega, Portugal, Singapur, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos y la 
Comisión Europea. Asimismo, participan en el GAF, en calidad de observadoras, las principales 
organizaciones internacionales que operan en el ámbito del blanqueo de capitales. En 1990, el GAF 
aprobó un programa que contenía 40 recomendaciones para la lucha contra el blanqueo de capitales. 
Bulgaria, República Checa, Hungría, Polonia, Rumania y República Eslovaca. 
Albania, Estonia, Letonia, Lituania y Eslovenia 
*4-
3. PROHIBICIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES 
1. El artículo 2 de la Directiva establece que el blanqueo de capitales queda "prohibido" 
en todos los Estados miembros. 
En los debates sobre la Directiva, tras una larga discusión sobre las competencias 
comunitarias, el Consejo no pudo aceptar la fórmula contenida en la propuesta de la 
Comisión, que exigía declarar el blanqueo de capitales "delito penal". Sin embargo, el 
resultado final ha sido, en gran medida, equivalente, pues todos los Estados miembros 
han establecido esa prohibición en su Derecho penal. La mayor parte de los Estados 
miembros han implantado la prohibición creando una figura delictiva específica para el 
blanqueo de capitales, pero algunos, como, por ejemplo, Dinamarca y los Países Bajos, 
han optado por incluir el blanqueo de capitales en el delito de "manejo de bienes 
robados", definido en sentido muy amplio. 
Tal y como la Comisión sostuvo en la segunda lectura de la propuesta ante el 
Parlamento, la prohibición "erga omnes" contenida en el artículo 2, más la obligación 
de imponer las oportunas sanciones, establecida en el artículo 14, y junto con la 
declaración intergubernamental que acompañaba a la Directiva y que se publicó en el 
Diario Oficial bastaban para garantizar el objetivo de convertir en delito penal el 
blanqueo de capitales. 
Por ello, pese a que en el texto se emplea la palabra "prohibición", la Directiva ha 
incidido de manera inequívoca en la conversión del blanqueo de capitales en delito 
penal, lo que constituía un requisito previo a la aplicación de las restantes disposiciones 
del texto. 
2. Aún subsisten diferencias en la legislación de los Estados miembros en lo que se refiere 
al tipo de beneficios procedentes de actividades delictivas que entra en la definición de 
blanqueo de capitales, aunque se detecta una clara convergencia. 
La Directiva incluye en su ámbito de aplicación como mínimo el blanqueo del producto 
de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, que constituyen la principal 
fuente potencial de blanqueo de capitales, pero no queda indiferente ante el blanqueo de 
otros beneficios procedentes de actividades delictivas. En el considerando número 
nueve se exhorta a los Estados miembros a que "amplíen los efectos de la presente 
Directiva al producto de esas actividades (esto es: la delincuencia organizada y el 
terrorismo) cuando puedan dar lugar a operaciones de blanqueo que justifiquen su 
represión en este sentido", y el cuarto guión del artículo 1, en el que se definen las 
"actividades delictivas" susceptibles de generar blanqueo de capitales, incluye, además 
de los delitos de tráfico de estupefacientes, "cualquier otra actividad delictiva definida 
como tal a los efectos de la presente Directiva por cada Estado miembro". Así pues, la 
Directiva pone de relieve que la lucha contra el blanqueo de capitales no debe limitarse 
a los estupefacientes, pero no especifica qué otras actividades delictivas habría que 
tener en cuenta, ya que ello habría implicado una cierta armonización de las 
-5 
definiciones de delito penal en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros, tal y 
como se hizo en la Convención de Viena4 en el ámbito de los estupefacientes. 
Para describir la situación existente en los Estados miembros en lo que se refiere a la 
prohibición del blanqueo de capitales, es preciso distinguir entre la definición penal de 
blanqueo de capitales y el ámbito de aplicación de la legislación de incorporación de la 
Directiva. 
En lo que atañe a la definición penal de blanqueo de capitales, según se refleja en el 
Anexo 3, los doce Estados miembros han clasificado como delito penal el blanqueo del 
producto del tráfico de estupefacientes. Aunque cuatro países (Francia, Luxemburgo, 
Portugal y España) han circunscrito la definición penal de blanqueo de capitales a los 
delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, la mayoría de los países han 
incluido también el blanqueo del producto de otras actividades delictivas: Bélgica, 
Alemania, Irlanda, Italia, los Países Bajos y el Reino Unido (blanqueo del producto de 
cualquier actividad delictiva o delito grave); Dinamarca (blanqueo del producto del 
tráfico de estupefacientes, la extorsión, el contrabando y los delitos contra la 
propiedad); y Grecia (el producto de delitos relacionados con el tráfico de 
estupefacientes, la extorsión, el secuestro, el tráfico ilegal de armas y el tráfico de 
órganos y tejidos humanos). En todos los países el delito de blanqueo de capitales se 
hace extensivo a los casos en que dicho delito se produzca en territorio extranjero. Tres 
Estados miembros (Francia, España y Portugal) tienen previsto ampliar la definición 
del delito de blanqueo de capitales en el futuro más inmediato. 
Tal y como se explica en el Anexo 2, algunos Estados miembros no han ratificado 
todavía la Convención de Viena y el Convenio de Estrasburgo5. Parece obvio que la 
ratificación e incorporación de esos acuerdos aumentará la convergencia entre las 
definiciones de blanqueo de capitales de los Estados miembros, lo que posibilitará una 
mayor cooperación en este terreno. 
En lo que se refiere a la legislación específica de incorporación de la Directiva, la 
situación se refleja en el cuadro del Anexo 4. Todos los Estados miembros han cubierto 
el ámbito de aplicación mínimo previsto en la Directiva. Dos Estados miembros 
(Luxemburgo y Portugal) han limitado su legislación al blanqueo del producto del 
tráfico de estupefacientes, y los restantes Estados miembros han transcendido ese 
límite. De hecho, seis países contemplan el blanqueo del producto de cualquier 
4 
5 Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, 
Viena, 1988. 
Convenio del Consejo de Europa sobre el blanqueo, identificación, embargo y comiso de los productos del 
delito, Estrasburgo, 1990. 
actividad delictiva o delito grave (Dinamarca, Alemania, Irlanda, Italia,los Países Bajos 
y el Reino Unido6) y tres países, aunque no contemplan el producto de todos los delitos 
en general, sí incluyen en el ámbito de aplicación de su legislación el blanqueo del 
producto de una gran variedad de delitos penales: Bélgica (estupefacientes, 
contrabando, delincuencia organizada, tráfico ilegal de armas, terrorismo, mano de 
obra ilegal comercio de esclavos y uso ilegal o comercio ilegal de hormonas), España 
(estupefacientes, delincuencia organizada, y terrorismo) y Francia (estupefacientes y 
delincuencia organizada). Grecia aún no ha incorporado la Directiva. 
Tal y como se refleja en el Anexo 5, en la mayoría de los Estados miembros 
(Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal y el Reino Unido6) 
la definición del delito penal de blanqueo de capitales coincide con el ámbito de 
aplicación de la legislación específica de incorporación de la Directiva. En los restantes 
países, sin embargo, no existe esa coincidencia. En Bélgica, la definición penal es más 
amplia que la de la legislación de incorporación de la Directiva; lo contrario sucede en 
Dinamarca, España y Francia. 
Se observa en la mayoría de los Estados miembros una tendencia a abarcar el blanqueo 
del producto de todo delito grave o de cualquier actividad delictiva, tanto en la 
legislación sobre blanqueo de capitales como en el Derecho penal. Ello contribuiría a 
eliminar toda posible contradicción entre los sistemas cautelares y punitivos de los 
Estados miembros, así como a facilitar la cooperación interestatal en este ámbito. 
4. ENTIDADES COMPRENDIDAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE 
BLANQUEO DE CAPITALES: ENTIDADES DE CRÉDITO Y FINANCIERAS. OTRAS 
PROFESIONES Y EMPRESAS, AL MARGEN DEL SISTEMA FINANCIERO, INCLUIDAS EN 
DICHO ÁMBITO DE APLICACIÓN 
1. El ámbito de aplicación de la Directiva comprende cualquier entidad de crédito, según 
se definen en la legislación bancaria comunitaria7, y cualquier institución financiera, en 
sentido amplio, según se define en la Directiva. En la definición de institución 
financiera entra toda empresa cuya actividad principal consista en efectuar una o varias 
de las operaciones mencionadas en la lista que figura en la Segunda Directiva 
Bancaria8, así como operaciones de seguros de vida. De este modo, prácticamente todos 
los intermediarios financieros profesionales (entidades de crédito, empresas de 
inversión, entidades de seguro de vida, sociedades emisoras de tarjetas de crédito, 
En el Reino Unido, tanto la legislación específica de incorporación de la Directiva, como la definición de 
blanqueo de capitales abarca el producto de todo delito grave. No obstante el delito de "no informar 
cuando se tenga el conocimiento o la sospecha de que existe blanqueo de capitales" se limita al producto 
de los delitos de tráfico de estupefacientes y terrorismo. 
De conformidad con lo dispuesto en el primer guión del artículo 1 de la Directiva 77/780/CEE (DO L322, 
de 17.12.77), por entidad de crédito se entiende "una empresa cuya actividad consiste en recibir del 
público depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder créditos por cuenta propia". 
Directiva 89/646/CEE (DO L 386, de 30.12.89). 
7-
sociedades de arrendamiento, sociedades de factoring, casas de cambio, etc.) entran en 
el ámbito de aplicación de la legislación sobre blanqueo de capitales. Esa legislación es, 
asimismo, aplicable a las sucursales comunitarias de entidades de crédito e instituciones 
financieras. 
Desde la óptica del Derecho comparado, la Directiva sobre blanqueo de capitales 
encierra gran interés. En muchos terceros países las definiciones de entidad de crédito 
e institución financiera son mucho más limitadas, de manera que son muchos los 
mediadores financieros que escapan a las disposiciones sobre blanqueo de capitales. No 
obstante, el empleo de la lista de actividades que figura en anexo a la Segunda 
Directiva Bancaria, que responde a otra finalidad, como base de la definición de 
institución financiera de la Directiva sobre blanqueo de capitales ha generado problemas 
a la hora de determinar qué instituciones concretas han de incluirse en su ámbito de 
aplicación. 
2. En general, todos los Estados miembros han incluido en el ámbito de aplicación de su 
legislación las mismas instituciones que en el de la Directiva. Por tanto, en principio, 
se abarca el sistema financiero. Ahora bien, como en ese ámbito de aplicación se 
incluyen algunas instituciones financieras que no están sujetas a supervisión cautelar 
(las casas de cambio), es necesario aún que los Estados miembros tomen las medidas 
oportunas a fin de que la Directiva se pueda aplicar de manera efectiva también a esas 
instituciones. Como es lógico, el mero hecho de incluirlas en el ámbito de aplicación de 
la legislación no basta para garantizar la aplicación de las disposiciones sobre blanqueo 
de capitales. La Comisión seguirá con interés la evolución en este terreno, para 
asegurarse de que la Directiva se aplique realmente a toda institución financiera. 
3. En los debates sobre la Directiva se coincidía en que el blanqueo de capitales puede 
realizarse a través de empresas y profesiones que no forman parte del sistema 
financiero: casinos, comerciantes de objetos de elevado valor, profesiones del ámbito 
jurídico que desarrollan actividades cuasi-fínancieras, etc. Estaba claro que, cuanto 
más protegido frente a ese fenómeno estuviera el sistema financiero, mayor interés 
pondrían los responsables del blanqueo de capitales en buscar otros medios para llevar 
a cabo sus actividades delictivas. Se puso de relieve, no obstante, la dificultad de 
elaborar una lista exhaustiva de esas profesiones y de controlar que cumplen con las 
disposiciones sobre blanqueo de capitales. Se destacó en particular el problema del 
control, pues, en su mayoría, esas profesiones no están ni reguladas ni sujetas a 
supervisión. 
Como solución de compromiso entre los distintos aspectos del debate, el artículo 12 de 
la Directiva establece que los Estados miembros deben hacer extensivas, "total o 
parcialmente", las disposiciones de la Directiva a aquellas profesiones y categorías de 
empresas que no formen parte del sistema financiero y "que ejerzan actividades 
particularmente susceptibles de ser utilizadas para blanqueo de capitales". Aunque esta 
disposición constituye una obligación y no una mera recomendación, al estar redactado 
el artículo en términos genéricos, los Estados miembros disponen de un amplio margen 
discrecional para su aplicación. 
4. Para coordinar tanto como sea posible la aplicación de esa disposición, la letra d) del 
artículo 13 designa al Comité de Contacto, creado por la Directiva, como responsable 
8-
de examinar "la conveniencia de incluir una profesión o una categoría de empresas 
dentro del ámbito de aplicación del artículo 12 cuando se compruebe que en un Estado 
miembro esta profesión o categoría de empresas haya sido utilizada para el blanqueo de 
capitales". 
Actualmente, el Comité de Contacto estudia la posibilidad de aprobar una lista común 
de profesiones y categorías de empresas que habría que incluir, pero no es tarea fácil. 
Es obvio que el blanqueo de capitales puede efectuarse prácticamente a través de 
cualquier actividad comercial. Ello no quiere decir que la Directiva deba aplicarse a 
cualquier profesión o empresa, independientemente del riesgo existente (p.ej.: el hecho 
de que en un conocido caso de blanqueo de capitales estuvieran involucradas pizzerias 
no justificaría que se exigiera la identificación de todos los clientes de las pizzerias). 
Cualquier decisión a este respecto deberá sopesar las obligaciones que se hayan de 
imponer y el riesgo real de que se produzca blanqueo de capitales. Asimismo, habrá 
que plantearse qué obligaciones concretas incumben a cada profesión y la mejor manera 
de hacerlas cumplir. 
5. En el Anexo 6 se refleja la situación en lo que atañe a las profesiones no financieras 
incluidas en el ámbito de aplicación de la legislación sobre blanqueo de capitales de los 
Estados miembros. Seis Estados miembros aplican su legislación de incorporación de la 
Directiva, total o parcialmente, a algunas categorías de profesiones de carácter no 
financiero: Dinamarca (casinos de juego), Alemania (casinos de juego, comerciantes 
de metales preciosos, casas de subastas de antigüedades y cualquier comerciante y 
profesión en determinadas circunstancias), Francia (casinos de juego y todo profesional 
que asesore sobre operaciones que conlleven movimientos de capitales, o las ejecute o 
controle), los Países Bajos (casinos de juego) y el Reino Unido (el deber de informar 
sobre cualquier operación sospechosa incumbe a todas las personas). En algunos países, 
como España, el Gobierno está facultado por ley para sujetar otras categorías de 
profesiones a las normas sobre blanqueo de capitales. Las autoridades portuguesas 
consideran ampliar el ámbito de aplicación de la legislación sobre el blanqueo de 
capitales en un futuro próximo con objeto de incluir determinadas profesiones no 
financieras, especialmente los casinos de juego. 
6. La aplicación del artículo 12 de la Directiva es, por tanto, heterogénea, debido al 
amplio margen de discrecionalidad que esa disposición otorga a los Estados miembros. 
Los legisladores de los Estados miembros han centrado su atención en tres categorías 
fundamentales de profesiones: el sector del juego (casinos), comerciantes de objetos de 
elevado valor (propiedad inmobiliaria, metales preciosos, joyas y arte y antigüedades), 
y profesiones del ámbito jurídico que desarrollen actividades financieras (abogados, 
notarios, y otras profesiones de ese ámbito). Otros países han adoptado un enfoque más 
amplio, imponiendo algunas de las obligaciones previstas en la Directiva, tales como 
los requisitos de identificación (Alemania) o el deber de informar (Reino Unido) a una 
amplia gama de individuos (Alemania: todo tipo de empresas y profesionales; Reino 
Unido: todas las personas). 
-9 
7. No cabe duda de que el Comité de Contacto creado por la Directiva ha de profundizar 
en su labor para conseguir una mayor convergencia entre los Estados miembros a este 
respecto. Habrá que prestar atención, sobre todo, a los tres sectores fundamentales 
antes mencionados: el sector del juego, los comerciantes de objetos de elevado valor y 
las profesiones del ámbito jurídico que desempeñen actividades financieras; asimismo, 
habrá que analizar detenidamente qué disposiciones concretas se aplican a cada 
profesión. Para ello, se tendrá en cuenta los trabajos de otros órganos internacionales 
de mayor alcance, como el Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales 
(GAF). 
5. IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES Y SUS REPRESENTADOS, CONSERVACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA IDENTIDAD Y LOS RELATIVOS A LAS OPERACIONES 
1. El principio de "conozca a su cliente" que subyace a los requisitos de identificación 
establecidos en el articulo 3 de la Directiva es de vital importancia, tanto en la 
prevención del blanqueo de capitales, como para posibilitar la investigación. 
Complemento imprescindible a esa disposición es la obligación de mantener constancia 
de los documentos acreditativos de la identidad por un período mínimo de cinco años, a 
contar desde el momento en que concluya la relación con el cliente, según establece el 
artículo 4 de la Directiva. Este mismo artículo establece que han de conservarse 
justificantes de las operaciones (con fuerza probatoria), así como el registro de las 
mismas, por un período mínimo de cinco años a partir de su ejecución. 
Tal y como se refleja en el Anexo 1, los Estados miembros han incorporado las 
obligaciones establecidas en el artículo 3 sobre identificación de los clientes de las 
entidades de crédito e instituciones financieras al entablar con ellos relaciones 
comerciales (apertura de cuentas, prestación de servicios de custodia, etc.), en los 
casos en que se trate de una operación aislada por un importe superior a un determinado 
límite, y cuando se sospeche que pueda tratarse de blanqueo de capitales, sea cual sea el 
importe de la operación. Asimismo, han incorporado lo dispuesto en este mismo 
artículo en relación con la identificación de las personas por cuya cuenta actúan los 
clientes 
Las pequeñas diferencias entre los umbrales fijados por los Estados miembros para la 
identificación de los clientes en los casos de operaciones aisladas son conformes a la 
Directiva, pues en su artículo 15 autoriza a que se adopten disposiciones más estrictas 
que las de armonización establecidas en ese texto comunitario. Todos los umbrales 
adoptados por los Estados miembros, a este respecto, respetan el límite de 15.000 ecus 
previsto en la Directiva. Siete países han adoptado umbrales más estrictos: Bélgica 
(10.000 ecus), Francia (50.000 FF, unos 7.500 ecus), Alemania (20.000 DM, unos 
10.500 ecus), Italia (20 millones de LIT, unos 10.700 ecus), Irlanda (10.000 IRL, unos 
7.900 ecus), Luxemburgo (500.000 FL, unos 12.500 ecus) y Portugal (2.500.000 ESC, 
unos 12.500 ecus). Dinamarca y el Reino Unido han adoptado un umbral de 15.000 
ecus. En principio, estas leves variaciones no impedirán el eficaz funcionamiento del 
sistema europeo de blanqueo de capitales. En realidad, ha de solicitarse la 
identificación, independientemente del importe de la operación, siempre que se 
sospeche que pueda existir blanqueo de capitales, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 6 del artículo 3 de la Directiva. 
-10 
La exención que, en algunos casos se hace, según lo previsto en los apartados 3 y 4 del 
artículo 3 de la Directiva, del requisito de identificación en las pequeñas operaciones de 
seguros y en los casos de planes de pensiones laborales la introdujo el Consejo como 
consecuencia de una enmienda del Parlamento Europeo con la finalidad de facilitar las 
operaciones de seguros en las que el riesgo de blanqueo de capitales sea muy limitado. 
Dado que estas exenciones se han incorporado a las legislaciones nacionales con el 
requisito de que se cumplan las estrictas condiciones previstas en la Directiva, nada 
hace suponer que vayan a constituir lagunas del sistema de prevención del blanqueo de 
capitales. De cualquier modo, tres Estados miembros (España, Francia y Italia) no han 
aprovechado esa posibilidad y un Estado miembro (Bélgica) lo ha hecho sólo en parte. 
Así pues, cuatro Estados miembros han sido más estrictos que la Directiva en este 
aspecto. 
En el apartado 7 del artículo 3 se exime a las entidades de crédito e instituciones 
financieras de las obligaciones de identificación cuando el cliente "sea también una 
entidad de crédito o una institución financiera contemplada en la presente Directiva". 
Esta disposición se justifica porque se considera que las entidades de crédito y las 
instituciones financieras no necesitan cumplir con los requisitos de identificación si el 
cliente es otro intermediario financiero que está, a su vez, sujeto a obligaciones 
equivalentes. La disposición sólo reconoce esta equivalencia si el cliente es una entidad 
de crédito o una institución financiera sujeta a la Directiva. 
La aplicación de un criterio de equivalencia tan estricto, que, en el momento de 
aprobarse la Directiva, se consideraba el único capaz de garantizar la necesaria 
seguridad jurídica, puede originar algunos problemas cuando el cliente es una entidad 
de crédito o institución financiera radicada en un tercer país que cuente con apropiados 
sistemas de prevención del blanqueo de capitales. Según lo dispuesto en el apartado 7 
del artículo 3, esas entidades no podrían acogerse a la exención y, en consecuencia, 
estarían sujetas a los requisitos de identificación, ya que no puede considerarse que 
están "cubiertas" por la Directiva. 
Sin embargo, tres Estados miembros han previsto la posibilidad de eximir, en 
determinadas condiciones, a las entidades de crédito e instituciones financieras de 
terceros países: Luxemburgo y el Reino Unido exigen que estas instituciones estén 
sujetas a obligaciones equivalentes a las de la Directiva; los Países Bajos han facultado 
a su Gobierno para que puedan eximir a otras categorías de instituciones. 
Es muy improbable que se pueda llegar a un acuerdo para elaborar una lista de países 
cuya legislación sobre blanqueo de capitales pueda considerarse equivalente a la 
Directiva. Una lista de ese género exigiría un proceso de evaluación constante, que 
involucraría a muchos países de las diferentes regiones del mundo, y en ella habría que 
tener en cuenta no sólo la legislación aprobada, sino la manera en que se aplique. Por 
ejemplo, ser miembro del GAF no sería, en sí mismo, garantía de equivalencia, pues 
li­
no todos los componentes de este Grupo están en la misma fase de aplicación de las 
recomendaciones del mismo. El Comité de Contacto sobre el blanqueo de capitales ya 
ha abordado este tema, pero no ha hallado una solución. La razón por la que no se da 
con una solución es probablemente que el criterio de equivalencia adoptado en la 
Directiva (instituciones contempladas en ella) constituye, posiblemente, el único que 
por su objetividad puede aceptarse en toda la Comunidad. Probablemente, cualquier 
otra posible solución sólo podría aplicarse en el plano de los Estados miembros y 
considerando cada caso por separado. 
4. Otra disposición de la Directiva que ha planteado problemas de aplicación es el 
apartado 8 del artículo 3. Este apartado autoriza a los Estados miembros a dar por 
supuesto que se han cumplido los requisitos de identificación en operaciones de seguros 
"cuando se haya establecido que el importe de la transacción debe ser adeudado en una 
cuenta abierta a nombre del cliente en una entidad de crédito sujeta a (la presente 
Directiva)". Con esta disposición se pretende que las entidades aseguradoras no estén 
obligadas a cumplir con los requisitos de identificación si el cliente ya ha sido 
identificado por la entidad de crédito que dispone de la cuenta a través de la cual se 
efectúa el pago. 
El Consejo no aceptó, a este respecto, la propuesta modificada de la Comisión, con 
arreglo a la cual la mencionada disposición no debería aplicarse sólo a las operaciones 
de seguro sino a todas las operaciones financieras (salvo la apertura de cuentas 
bancarias). El Consejo deseaba excluir toda posible laguna del sistema de prevención 
del blanqueo de capitales. La Comisión, en cambio, opinaba que esa ampliación dotaría 
de mayor flexibilidad al sistema -sin poner en peligro su eficacia- a la hora de aplicar 
los requisitos de identificación en general. Esto sería válido sobre todo en lo que se 
refiere a las operaciones financieras "a distancia" (y no a las efectuadas in situ), que 
cada día son más frecuentes en las operaciones transfronterizas o en las efectuadas por 
medios electrónicos. 
Al incorporar la Directiva, siete Estados miembros han aplicado la opción contenida en 
el apartado 3 del artículo 8: Dinamarca, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, los Países 
Bajos, Portugal y el Reino Unido. De ellos, dos (los Países Bajos y el Reino Unido) 
han previsto una exención de mayor alcance que la contemplada en la Directiva: los 
Países Bajos han incluido las operaciones de seguros y la negociación de valores 
vinculada a servicios financieros, y el Reino Unido ha aplicado la exención a las 
operaciones aisladas y a las relacionees de negocios distintas de la apertura de cuentas 
bancarias, cuando se considere razonable que la operación se realice a distancia. In 
Dinamarca la exención sólo es aplicable cuando el pago de la prima se efectúa por 
medios electrónicos. 
El problema del alcance de la citada exención ha de contemplarse desde la perspectiva 
de ese otro problema más general que es el de los requisitos de identificación aplicables 
en las operaciones a distancia. Este tema ha sido discutido por el Comité de Contacto 
sobre blanqueo de capitales y el GAF. Este último ha abandonado, por el momento, el 
examen de la posibilidad de admitir formas alternativas de identificación, sin llegar a 
12-
un resultado al respecto. El Comité de Contacto está aún discutiendo este difícil 
problema, basándose en un cuestionario preparado por la Comisión. Una vez finalicen 
los trabajos de ese órgano, podrá determinarse si es factible contemplar otra solución. 
6. ESPECIAL DILIGENCIA DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO E INSTITUCIONES FINANCIERAS 
1. El artículo 5 de la Directiva establece que las entidades de crédito y las instituciones 
financieras "examinen con especial atención cualquier transacción que consideren que, 
por su naturaleza, pueda estar particularmente vinculada al blanqueo de capitales". Esta 
obligación de mostrar una especial diligencia ha de diferenciarse del deber de informar 
de las operaciones sospechosas. En realidad, examinar con especial atención las 
operaciones que despierten dudas es un prerrequisito indispensable para la detección de 
las operaciones sospechosas de constituir blanqueo de capitales. Por tanto, la obligación 
de mostrar especial diligencia nace, pues, cuando todavía no existe la sospecha de 
blanqueo de capitales. Como es natural, para cumplir con esta obligación han de 
implantarse los oportunos procedimientos de control interno, tal y como establece la 
Directiva en el artículo 11. 
2. La disposición sobre la obligación de actuar con especial diligencia se ha incorporado 
de muy distintas maneras en los diferentes Estados miembros (véase el Anexo 1). 
En Francia, que aprobó su legislación antes de la aprobación formal de la Directiva, 
toda operación cuyo valor supere un determinado importe, que se dé en condiciones 
especialmente complejas y no parezca responder a ninguna razón económica o fin lícito 
debe ser examinada con especial atención por las entidades de crédito o financieras, que 
deberán preguntar a su cliente el origen y destino de las sumas, así como el objeto de la 
operación y los datos personales del destinatario. La entidad financiera conservará por 
escrito las características de la operación, que pondrá a disposición de las autoridades 
competentes. Bélgica y Portugal han previsto un sistema muy similar al francés. 
España y Luxemburgo han incorporado en su legislación una disposición del tenor de la 
establecida en la Directiva, sin imponer a las entidades de crédito y financieras la 
obligación de registrar por escrito el resultado del examen. Dinamarca, Alemania, 
Italia, los Países Bajos y el Reino Unido no han incorporado este artículo de manera 
expresa, al parecer porque el principio de especial diligencia está implícito en las 
disposiciones de incorporación de las restantes normas de la Directiva, en particular en 
lo que atañe al apartado 1 del artículo 11, que prevé se "establezcan procedimientos 
adecuados de control interno y de comunicación a fin de prevenir e impedir la 
realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales". En algunos de 
estos paises la violación del deber de especial diligencia puede constituir un delito de 
blanqueo de capitales en determinados casos. 
13-
3. Las diferentes maneras en que los Estados miembros han incorporado el principio de 
especial diligencia no tienen por que obstaculizar el funcionamiento del sistema de 
prevención del blanqueo de capitales, siempre y cuando las autoridades competentes 
supervisen adecuadamente los procedimientos de control interno que, según lo 
dispuesto en la Directiva, han de implantar las entidades de crédito y financieras. 
7. OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO E INSTITUCIONES FINANCERAS DE 
COOPERAR CON LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO 
DE CAPITALES 
1. El elemento clave de la Directiva es, probablemente, la obligación de que las entidades 
de crédito y financieras cooperen con las autoridades responsables de la lucha contra el 
blanqueo de capitales. Las disposiciones al respecto levantan el secreto profesional de 
las entidades de crédito y financieras en el ámbito del blanqueo de capitales. Al mismo 
tiempo, el deber de cooperación adopta una doble forma, activa y pasiva. Las entidades 
de crédito y financieras no están obligadas a facilitar información cuando así lo 
soliciten las autoridades competentes, sino a informarles "por iniciativa propia de 
cualquier hecho que pueda constituir indicio de blanqueo de capitales". 
El artículo 10 hace extensivo a las autoridades cautelares el deber de cooperar con las 
autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales. 
2. Tal y como se expone en el Anexo 1, todos los Estados miembros que han incorporado 
la Directiva, comprendidos los de mayor tradición en el terreno del secreto bancario, 
han respaldado plenamente este principio. Los dos países que se rigen por la "common 
law" (Reino Unido e Irlanda), así como Dinamarca, han incorporado esta obligación a 
través del Derecho penal (el hecho de no informar se tipifica como delito penal), al 
tiempo que los demás países han optado por el Derecho administrativo (el hecho de no 
informar constituye una infracción administrativa). 
Dos Estados miembros han ido aún más lejos que la Directiva, aumentando el alcance -
objetivo o subjetivo- de la obligación de informar. Los Países Bajos, por ejemplo, han 
previsto, además de la comunicación de toda operación sospechosa, un sistema de 
comunicación regular de determinadas operaciones (operaciones de giro y en efectivo, 
la entrega material o la emisión de valores por encima de un determinado umbral), y el 
Reino Unido ha ampliado la obligación de informar de las operaciones sospechosas a 
toda persona física o jurídica. 
3. La Directiva, en la que se tiene claro cuáles son las competencias comunitarias y el 
principio de subsidiariedad, no pretende armonizar los sistemas para asegurar el 
cumplimiento de la misma. Ello incluye la naturaleza y organización de las autoridades 
que deben recibir los informes, las circunstancias en las que una operación sospechosa 
puede quedar en suspenso, el procedimiento que han de seguir las autoridades 
competentes una vez transmitida la información, y la información a otras autoridades 
nacionales y extranjeras. 
-14-
Ahora bien, es obvio que si todos estos aspectos, y otros relacionados con el 
cumplimiento de la Directiva, estuvieran coordinados, la eficacia del sistema de 
información, en particular, y del de prevención del blanqueo de capitales, en general, 
se vería reforzada. En este sentido, sería de vital importancia la creación de Servicios 
Centrales de Información en todos los Estados miembros, el establecimiento de canales 
para el intercambio de información entre dichos servicios, la adopción de las oportunas 
medidas sobre la incautación y confiscación del producto de actividades delictivas, y el 
incremento de la cooperación entre las autoridades judiciales, policiales, de aduanas y 
otras autoridades competentes de los Estados miembros. 
Para ello, los Estados miembros deberían poner todo su empeño en la ratificación e 
incorporación de la Convención de Viena y el Convenio de Estrasburgo, que, entre 
otras cosas, armonizan aspectos fundamentales de la normativa penal y de los 
procedimientos de asistencia jurídica en el ámbito del blanqueo de capitales. Por su 
parte, la Unión Europea debe hacer pleno uso de las posibilidades que ofrece el Título 
VI del Tratado de Maastricht en el terreno de la cooperación judicial y policial, 
comprendido el recurso a la Europol, cuando proceda, con arreglo al Plan de Acción de 
Asuntos Judiciales e Internos aprobado por el Consejo Europeo los días 10 y 11 de 
diciembre de 1993. En este sentido, los Estados miembros deberán tener presentes las 
recomendaciones sobre el blanqueo de capitales aprobadas por el Consejo de Asuntos 
Judiciales e Internos, celebrado en Copenhague el 1 y 2 de junio de 1993. 
8. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD QUE INCUMBE A LAS ENTIDADES DE CRÉDITO E 
INSTITUCIONES FINANCERAS. EXENCIÓN DE TODA RESPONSABILIDAD 
1. Los artículos 8 y 9 de la Directiva tienen por objeto prever las condiciones mínimas que 
permitan que el sistema de información funcione. El artículo 8 prohibe que se 
comunique al cliente o a terceros interesados que se ha informado a las autoridades o 
que se está realizando una investigación sobre blanqueo de capitales, a fin de evitar que 
esta última se vea obstaculizada. El artículo 9 exime a las entidades de crédito y 
financieras, así como a su personal directivo y empleados de toda responsabilidad por 
violación de las restricciones sobre revelación de información, siempre y cuando se 
actúe de buena fe. Esta exención es la consecuencia legal del deber de cooperación 
previsto en la Directiva. 
2. Como se explica en el Anexo 1, todos los Estados miembros que han incorporado la 
Directiva han introducido en su legislación las oportunas normas a este respecto. Dos 
Estados miembros han interpretado el artículo 9 de la Directiva en el sentido de que la 
exención no debe aplicarse cuando la información revelada responda a un acto de mala 
fe (tal y como se expresa manifiestamente en el artículo), pero, además, tampoco 
cuando se trate de información revelada por negligencia. En Alemania, la exención se 
aplica "salvo cuando la información se haya revelado de manera errónea, 
deliberadamente o por negligencia grave", y en los Países Bajos, "salvo cuando, 
ponderados todos los hechos y circunstancias, existan indicios racionales de que la 
información no debía haberse producido". 
15 
9. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA LOS 
EMPLEADOS 
1. Tal y como se prevé en el apartado 1 del artículo 11 de la Directiva, los Estados 
miembros deben velar por que las entidades de crédito y financieras establezcan los 
oportunos procedimientos de control interno y de comunicación, a fin de prevenir e 
impedir la realización de operaciones de blanqueo de capitales. El apartado 2 del 
artículo 11 obliga a dichas entidades a que prevean la participación de los pertinentes 
empleados en los programas de prevención del blanqueo de capitales. Estas 
disposiciones son de vital importancia para garantizar el cumplimiento de las restantes 
obligaciones contenidas en la Directiva. 
2. Aunque, tal y como aparece en el Anexo 1, los Estados miembros han incorporado 
estas disposiciones a su legislación nacional, el pleno cumplimiento de la Directiva en 
este terreno exige que, además de la imprescindible normativa, las autoridades 
competentes ejerzan una acción permanente de guía, apoyo y supervisión de las 
entidades de crédito y financieras en lo que atañe al establecimiento de los oportunos 
procedimientos de control interno y programas de formación. 
Esta amplia gama de responsabilidades que incumben a las autoridades, quienes deben 
tener presentes las características propias de las diferentes actividades financieras 
(bancos, seguros, valores, ...etc.), hace necesaria la coordinación entre los órganos 
nacionales competentes en este terreno y una estrecha colaboración con las pertinentes 
asociaciones profesionales. 
10. SANCIONES 
1. Según se prevé en el artículo 14, los Estados miembros deberán adoptar las oportunas 
medidas para garantizar la plena aplicación de lo dispuesto en la Directiva y, en 
particular, para determinar las sanciones que hayan de aplicarse por contravención de 
las normas aprobadas en cumplimiento de lo dispuesto en dicha Directiva. La 
incorporación de esta disposición es un elemento clave para la aplicación de la 
Directiva. 
2. En el Anexo 7 figura un cuadro en el que se recogen las sanciones previstas, en la 
legislación interna de los Estados miembros, por contravención de las diferentes 
disposiciones de la Directiva. La violación de la prohibición de blanquear capitales 
(artículo 2 de la Directiva) se considera delito penal en todos los Estados miembros y se 
sanciona con prisión o con prisión y multa. La contravención de las restantes normas 
de la Directiva se penaliza, en la mayoría de los países, con sanciones administrativas 
(multas u otro tipo de sanciones impuestas por las autoridades administrativas), aunque 
en algunos Estados miembros (Dinamarca, Irlanda, Italia, los Países Bajos y el Reino 
Unido) se aplican sanciones penales (prisión o multas penales) en algunos casos. En los 
países (ej: Luxemburgo) donde el delito de blanqueo de capitales puede cometerse por 
negligencia (vulnerando las obligaciones profesionales) la infracción de las 
-16-
disposiciones de la Directiva puede ser castigada en concepto de dicho delito en 
determinadas circunstancias. 
Las sanciones aplicadas a una misma infracción varían de un Estado miembro a otro. 
Para facilitar la comparación, el importe de las multas se ha expresado en importes 
aproximados en ecus. Como se aprecia en el cuadro, algunos Estados miembros han 
especificado detalladamente las sanciones correspondientes a cada infracción, mientras 
otros no prevén límites para las multas o se remiten a las sanciones previstas en la 
pertinente normativa cautelar. En algunos casos, la legislación no especifica las multas 
que se aplicarán a determinadas infracciones. 
3. Pese a que la Directiva no se propone armonizar las sanciones que hayan de imponerse, 
la Comisión considera que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 y a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas deben observarse 
los siguientes principios: 
- principio de efectividad: las sanciones deben producir un efecto claro y concreto; 
- principio de proporcionalidad: las sanciones deben "guardar proporción" con la 
infracción cometida; 
- principio de disuasión: las sanciones deben ser suficientemente disuasorias para 
prevenir las infracciones. 
La Comisión hará un seguimiento especial para comprobar que los Estados miembros 
aplican estos principios, pedirá, en caso de duda, información adicional e incoará, 
cuando proceda, los procedimientos de infracción previstos en los Tratados. 
11. AUTORIDADES ENCARGADAS DE VELAR POR LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 
1. La prevención del blanqueo de capitales contribuye a la solidez y credibilidad del 
sistema financiero, tal y como se afirma en el primer considerando de la Directiva. Sin 
embargo, según se expone en el cuarto considerando, ello no depende ni predominante 
ni exclusivamente de medidas de control cautelar. La Directiva asigna la misión 
fundamental en la lucha contra el blanqueo de capitales a las "autoridades responsables 
de la lucha contra el blanqueo de capitales", mencionadas en los artículos 6, 7, 8, 9 y 
10, otorgando, en cambio, en el artículo 10, un papel limitado a las autoridades 
cautelares, a las que en el artículo 2 se denomina autoridades competentes. El texto 
comunitario no define "las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de 
capitales". Se deja a los Estados miembros la facultad de decidir qué autoridad o 
autoridades tendrán esa competencia. Pueden optar por utilizar las autoridades 
-17 
judiciales y policiales ya existentes, o designar otras a esos efectos. Nada se opone a 
que los Estados miembros asignen las competencias en este ámbito a las autoridades 
cautelares. 
2. En lo que atañe a la misión de las autoridades de origen o de acogida, la apropiada 
interpretación de la Directiva llevaría a considerar que el control de las obligaciones 
previstas en el texto comunitario descansa, primordialmente, sobre las autoridades de 
acogida. La Directiva no prevé ningún tipo de mecanismo de cooperación entre las 
autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales de los Estados 
miembros, debido a que la Comunidad no dispone de competencias en el ámbito penal. 
La cooperación entre dichas autoridades se encuadrará dentro de los convenios 
bilaterales o multilaterales sobre asistencia policial, administrativa y judicial, y en la 
cooperación prevista en el tercer pilar del Tratado de Maastricht. 
La cooperación entre las autoridades de supervisión financiera en casos concretos de 
blanqueo de capitales puede ser necesaria cuando, como consecuencia de tales casos, 
sea preciso adoptar medidas de supervisión para asegurar la solvencia y la estabilidad 
de una entidad de crédito o de una institución financiera. Dicha cooperación debería 
producirse en el marco de los mecanismos ya existentes previstos en las directivas sobre 
servicios financieros y en los acuerdos bilaterales. 
3. La Directiva deja a los Estados miembros la facultad de determinar qué autoridades 
serán las responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales y de qué competencias 
estarán dotadas, por tanto este tema no se aborda en el presente informe. 
4. Algunos Estados miembros han decidido que su legislación de incorporación surta 
efectos extraterritoriales, de tal manera que las sucursales de sus entidades financieras 
que estén situadas en otros Estados miembros queden sujetas a las normas del país de 
origen. Los posibles conflictos que puedan plantearse entre la legislación del país de 
origen y la del país de acogida se evitarían en virtud del principio de territorialidad que 
inspira la Directiva sobre blanqueo de capitales, con arreglo al cual la legislación del 
país de origen sólo puede aplicarse si no entra en contradicción con las normas del país 
de acogida. 
III. CONCLUSIONES 
1. La incorporación de la Directiva ha contribuido de manera indudable a la creación de 
sistemas de prevención del blanqueo de capitales en los Estados miembros. En el 
momento en que la Comisión transmitía su propuesta de Directiva al Consejo (marzo de 
1990), el blanqueo de capitales estaba considerado delito penal autónomo sólo en un 
Estado miembro, y los sistemas financieros de la Comunidad no estaban sujetos a 
normas de obligado cumplimiento orientadas a prevenir ese fenómeno y a garantizar la 
cooperación con las autoridades competentes. 
18 
En el momento de redactar el presente informe, el blanqueo de capitales está tipificado 
como delito penal en los doce Estados miembros. Los once Estados miembros que han 
incorporado la Directivas han establecido normas destinadas a proteger sus sistemas 
financieros del blanqueo de capitales, y las entidades financieras están obligadas a 
cooperar activamente con las autoridades competentes en ese sentido. 
2. En lo que respecta a la consideración del blanqueo de capitales en el Derecho penal, los 
doce Estados miembros han establecido que el producto de blanquear capitales 
procedentes del tráfico de estupefacientes es un delito penal, y ocho han declarado 
delito penal el producto de blanquear los capitales procedentes de cualquier actividad 
delictiva o delito grave. Tres de los países que limitan la definición de blanqueo de 
capitales al producto del tráfico de estupefacientes tienen previsto ampliar el alcance del 
delito de blanqueo de capitales en el futuro más inmediato. 
3. En cuanto a la legislación de incorporación de la Directiva, diez Estados miembros han 
ido más lejos de lo establecido en el texto comunitario, tal y como se recomienda en los 
considerandos de éste, y han contemplado el producto del blanqueo de capitales 
procedentes de actividades delictivas no relacionadas con el tráfico de estupefacientes. 
Seis países cubren el producto del blanqueo de capitales procedentes de cualquier 
actividad delictiva, y tres países, aunque no lo contemplan de forma general, incluyen 
en la normativa sobre el blanqueo de capitales una gran diversidad de beneficios 
obtenidos mediante actividades delictivas. 
4. Las normas aprobadas afectan a todo el sistema financiero (entidades de crédito, 
entidades aseguradoras, empresas de inversión, casas de cambio, sociedades emisoras 
de tarjetas de crédito, sociedades de arrendamiento y factoring, etc.), tal y como se 
prevé en la Directiva, que remite al Anexo de la Segunda Directiva Bancaria. Una 
cobertura tan amplia es sorprendente en el Derecho comparado. No obstante, algunos 
Estados miembros aún tienen que desarrollar su legislación para garantizar que las 
mencionadas entidades cumplan con sus obligaciones en el ámbito del blanqueo de 
capitales. Para ello, será necesario ocuparse, de manera especial, de aquellas entidades 
que no están sujetas a supervisión cautelar, como es el caso de las casas de cambio en 
la mayor parte de los países. 
5. En lo que atañe a las profesiones que no forman parte del sistema financiero, pese al 
gran margen de discrecionalidad que otorga el artículo 12, seis Estados miembros 
aplican su legislación, total o parcialmente, a algunas categorías de profesiones de 
carácter no financiero. Las principales profesiones contempladas son las del sector del 
juego (casinos), los comerciantes de objetos de elevado valor (propiedad inmobiliaria, 
metales preciosos, joyas y arte/antigüedades), y las profesiones del ámbito jurídico que 
desarrollan actividades financieras (abogados, notarios y otras profesiones análogas). 
Las categorías concretas de profesiones y las obligaciones que les incumben varían 
notablemente entre los distintos Estados miembros. 
6. En todos los Estados miembros, la legislación aprobada establece la obligación de que 
las entidades de crédito y financieras cooperen con las autoridades responsables de la 
lucha contra el blanqueo de capitales y, por consiguiente, el total levantamiento del 
secreto profesional en este terreno. No obstante, dado que la Directiva no pretende 
armonizar los sistemas para hacer cumplir la normativa, ha quedado en manos de en 
19 
manos de los Estados miembros la regulación de la naturaleza y organización de las 
autoridades que deban recibir los informes sobre operaciones sospechosas, las 
circunstancias en las que las autoridades podrán suspender dichas operaciones, y la 
información que han de compartir las autoridades responsables de la lucha contra el 
blanqueo de capitales. 
7. Aunque los Estados miembros han desarrollado una intensa labor para implantar un 
sistema de prevención del blanqueo de capitales, con arreglo a lo previsto en la 
Directiva, todavía se necesita un mayor esfuerzo en el plano nacional, en los siguientes 
aspectos: 
- Perfeccionamiento de sus sistemas de supervisión, para garantizar que todas las 
entidades cubiertas por la Directiva apliquen de manera efectiva su normativa sobre 
blanqueo de capitales. 
- Orientación, apoyo y vigilancia de las entidades de crédito y financieras en relación 
con el establecimiento de los oportunos procedimientos de control interno y de 
comunicación, así como de programas de formación. Esto supone establecer 
directrices para los diferentes sectores financieros, en coordinadión con las 
autoridades competentes y las asociaciones profesionales. 
- Orientación para definir los posibles métodos de blanqueo de capitales y las 
operaciones sospechosas. 
- Refuerzo de la cooperación entre las distintas autoridades y organismos que tengan 
responsabilidades en el ámbito del blanqueo de capitales. 
8. En el plano de la Unión Europea, habría que centrarse en los siguientes aspectos: 
- La Comisión seguirá adoptando las medidas que juzgue pertinentes para garantizar 
que todos los Estados miembros apliquen la Directiva plena y oportunamente. Se 
prestará atención especial a la transparencia y a la eficacia de las sanciones relativas 
a las distintas disposiciones de la Directiva. 
- La Comisión y los Estados miembros seguirán trabajando en el Comité de Contacto 
sobre blanqueo de capitales para lograr una mayor coordinación en la aplicación de 
la Directiva y en particular de su artículo 12, que se ocupa de las profesiones de 
carácter no financiero. 
- Dentro del Comité de Contacto, la Comisión y los Estados miembros seguirán 
estudiando el problema de la aplicación de los requisitos de identificación en las 
operaciones a distancia, para hallar otros procedimientos que aporten el oportuno 
equilibrio entre flexibilidad y seguridad. En este proceso se tendrá en cuenta, en la 
medida de lo posible, los futuros trabajos del GAF. 
20-
9. Más allá del ámbito de aplicación de la Directiva, para perfeccionar e 1 sistema de 
prevención del blanqueo de capitales se precisa acrecentar la coordinación y 
cooperación entre los Estados miembros en los ámbitos administrativo, policial y 
judicial. Si aspectos tales como la definición del alcance del delito de blanqueo de 
capitales, el aporte de información a las autoridades de otros Estados miembros, la 
asistencia jurídica, y las medidas relativas a la incautación y confiscación del producto 
de actividades delictivas se regulan sólo en el plano nacional, sin atender a la necesaria 
cooperación entre los miembros de la Unión Europea, esta situación repercutirá 
negativamente en la lucha contra el blanqueo de capitales, dada la dimensión 
internacional del fenómeno. 
En consecuencia, los Estados miembros deben poner todo su empeño en ratificar e 
incorporar la Convención de Viena y el Convenio de Estrasburgo, que armonizan, entre 
otras cosas, aspectos fundamentales de los procedimientos de Derecho penal y de 
asistencia jurídica en el ámbito del blanqueo de capitales. Al mismo tiempo, la Unión 
Europea debe hacer pleno uso de todas las posibilidades que ofrece el Título VI del 
Tratado de Maastricht en el terreno de la cooperación judicial y policial, comprendido 
el recurso a la Europol, cuando proceda, según prevé el Plan de Acción de Asuntos 
Judiciales e Internos, aprobado por el Consejo Europeo celebrado los días 10 y 11 de 
diciembre de 1993. En este sentido, los Estados miembros deberán tener presentes las 
recomendaciones aprobadas, en relación con el blanqueo de capitales, por el Consejo de 
Asuntos Judiciales e Internos, celebrado en Copenhague el 1 y 2 de junio de 1993. 
******** 
ANEXO 1 Incorporación de la Directiva relativa al blanqueo de capitales (91/308/CEE) Cuadro de correspondencias consolidado 
página 1 
Artículo de la 
Directiva 
1° 
(guiones 1,2) 
2 
l(guiones 3,5) 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 Breve descripción del contenido 
Instituciones cubiertas por la Directiva 
Prohibición del blanqueo de capitales 
Identificación de los clientes al establecer 
relaciones comerciales, comprendidos la 
apertura de cuentas y los servicios de 
custodia de valores 
Identificación de los clientes en 
operaciones aisladas 
Exención de los requisitos de identificación 
en las operaciones de seguro de menor 
entidad 
Exención facultativa de los requisitos de 
identificación en el caso de los planes de 
pensiones laborales 
Medidas razonables para identificar a las 
personas por cuya cuenta actúan los 
clientes 
Identificación siempre que se sospeche de 
blanqueo de capitales Artículo correspondiente de la legislación nacional 
BÉLGICA DINAMARCA ALEMANIA GRECIA ESPAÑA FRANCIA 
Artículo 2 de A 
Artículo 3.1.2.de A y 
artículos 42, 43, 43bis 
y 505 de B 
Artículo 4.1 de A 
Artículo 4.2 de A 
Artículo 6.2 de A 
Facultad no 
utilizada 
Artículo 5 de A 
Artículo 4.2 de A Artículo 1 de C 
Artículos 191a, 
284 y 300c de D 
Artículo 2.1 deC 
Artículo 4. lde C 
Artículo 4.2 y 4.3 
deC 
Artículo 5.1 deC 
Artículo 6.1 de C 
Artículo 6.1 de C 
Artículos 4.4 y 
5.2 de C § IdeE 
§ 261 de F 
§2deE 
§ 154, par. 2 de 
FF 
§2.1 y 2.2 y 2.4 
deE 
§4.1 de E 
§ 4.2 de E 
§8.1 deE 
§6 deE Artículo 394A de G Artículo 2.1 de H 
Artículo 1.1, 1.2 
de H y artículo 
344bis.j) de I 
Artículo 3.1 de H 
Artículo 3.1 de H 
Exención no 
utilizada 
Facultad no 
utilizada 
Artículo 3.1 de H 
Artículo 3.1 de H Artículo 1 de J 
Artículo 222-38 
de M 
Artículo 12 de J 
Artículo 3 de K 
Artículo 12 de J 
Exención no 
utilizada 
Facultad no 
utilizada 
Artículo 12 de J 
y Artículo 3 de K 
A Bélgica 1: Ley relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales (11/1/93) 
B Bélgica 2: Código Penal belga 
C Dinamarca 1 : Ley danesa relativa a las medidas de prevención del blanqueo de capitales 
(ley n° 348; 9/6/93) 
D Dinamarca 2: Código Penal danés 
E Alemania 1: Ley relativa a la detección del producto de delitos graves(25/10/93) 
F Alemania 2: Código Penal alemán 
FF Alemania 3: Código Fiscal 
FFF Alemania 4: Código de Comercio 
G Grecia 1: Código Penal griego H España 1: Ley n° 18, de 28/12/93, de medidas específicas para la prevención del blanqueo 
de capitales 
I España 2: Código Penal español 
II España 3 
J Francia 1 Ley n° 90-614, de 12/7/90, relativa a la participación de las entidades financieras 
en la lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de actividades relacionadas con el 
tráfico de estupefacientes 
K Francia 2: Decreto n° 91-160, de 13/2/91 
L Francia 3: Reglamento n° 91-07, de 15/2/91 
M Francia 4: Código Penal francés 
ANEXO 1 Incorporación de la Directiva relativa al blanqueo de capitales (91/308/CEE) Cuadro de correspondencias consolidado 
página 2 
Artículo de là 
Directiva 
3.7 
3.8 
4.1 
4.2 
5 
6y7 
8 
9 Breve descripción del contenido 
Exención de los requisitos de identificación 
para las entidades de crédito y ñnancieras 
cubiertas por la Directiva 
Exención facultativa de los requisitos de 
identificación en las operaciones de seguros 
cuyo pago se efectúe a través de una cuenta 
abierta en una entidad cubierta por la 
Directiva 
Obligación de mantener copia o 
referencias de la identificación exigida 
durante un período mínimo de cinco años 
Obligación de mantener registros y prueba 
de la operación durante un período mínimo 
de cinco años 
Obligación de analizar con especial 
atención las operaciones particularmente 
susceptibles de estar relacionadas con el 
blanqueo de capitales 
Obligación de las entidades de crédito y 
financieras de cooperar con las autoridades 
e informar de las operaciones sospechosas 
Obligación de confidencialidad de las 
entidades de crédito y financieras en 
relación con las investigaciones en curso 
Exención de responsabilidad para los 
empleados que revelen de buena fe 
información, según lo previsto en la 
Directiva BÉLGICA Artículo correspondiente de la legislación nacional 
DINAMARCA ALEMANIA GRECIA ESPAÑA ' "SSIIIÍPNÍSB 
. . 
Artículo 6 de A 
Facultad no 
utilizada 
Artículo 7.1-, 7.2-
deA 
Artículo 7.3 de A 
Artículo 8 de A 
Artículos 12, 13, 
14, 15.1 y 18 de A 
Artículo 19 de A 
Artículo 20 de A Artículo 8.1 deC 
Facultad no 
utilizada 
Artículo 9.1 deC 
Artículo 9.2 de C 
Artículo 10 de C 
Artículo 12.1 de 
C 
Artículo 12.2 de 
C § 2.3 y 8.2 de E 
§ 4.4 de E 
§9.1, 9.3 deE 
§ 257, 238 y 239 
deFFF 
§11.1, 11.2 deE 
§ 11.3 de E 
§ 12 de E Artículo 3.1 de H 
Facultad no 
utilizada 
Artículo 3.3 de H 
Artículo 3.3 de H 
Artículo 3.2 de H 
Artículo 3.4, 3.5 
de H 
Artículo 3.6 de H 
Artículo 4 de H Artículo 3 de K 
Facultad no ; 
utilizada 
Artículo 15 de J ' 
y Artículo 2 de L 
Artículo 15 de J 
y artículo 2 de L 
Artículo 14 de J, 
artículo 4 de K y 
artículos 4 de L , 
Artículos 3, 6 de | 
J y artículo 3 de 
L 
Artículo 10 de J 
1 
Artículo 9 de J j 
1 
A Bélgica 1: Ley relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (11/1/93) 
B Bélgica 2: Código Penal belga 
C Dinamarca 1 : Ley danesa de medidas para la prevención del blanqueo de capitales (n° 348; 9/6/93) 
D Dinamarca 2: Código Penal danés 
E Alemania 1 : Ley relativa a la detección del producto de delitos graves (25/10/93) 
F Alemania 2: Código Penal alemán 
FF Alemania 3: Código Fiscal 
FFF Alemania 4: Código de Comercio 
G Grecia 1 : Código Penal griego _ H España 1 : Ley n° 18, de 28/12/93, de medidas específicas para la prevención del blanqueo de capitales 
I España 2: Código Penal español 
II España 3 
J Francia 1 : Ley n° 90-614, de 12/7/90, relativa a la participación de las entidades financieras en la lucha contra el 
blanqueo del producto de actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes 
K Francia 2: Decreto n° 91-160, de 13/2/91 
L Francia 3: Reglamento n° 91-07, de 15/2/91 
M Francia 4: Código Penal francés 
ANEXO 1 Incorporación de la Directiva relativa al blanqueo de capitales (91/308/CEE) Cuadro de correspondencias consolidado 
página 3 
Artículo de la 
Directiva 
10 
11.1 
11.2 
12 
14 
14 Breve descripción del contenido 
Obligación de las autoridades cautelares de 
informar de las operaciones sospechosas 
Obligación de las entidades de crédito y 
financieras de implantar procedimientos de 
control interno y de comunicación para la 
prevención del blanqueo de capitales 
Obligación de las entidades de crédito y 
financieras de crear programas de 
formación para sus empleados 
Ampliación del ámbito de aplicación de la 
Directiva a profesiones y empresas que no 
sean entidades de crédito o financieras 
Sanciones por incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo 2 
Sanciones por incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Directiva en 
otros artículos aparte del 2 Artículo correspondiente de la legislación nacional 
BÉLGICA DINAMARCA ALEMANIA GRECIA ESPAÑA FRANCIA 
Artículo 21 de A 
Artículo 10 de A 
Artículo 9 de A 
Artículos 42, 43, 
43 bis y 505 de B 
Artículo 22 de A Artículo 11.1 de 
C 
Artículo 3.1 deC 
Artículo 3.1 de C 
Ley sobre casinos 
Artículos 191a, 
284 y 300c de D 
Artículo 13 de C § 13 de E 
§ 14.1, 14.2 deE 
§ 14.1, 14.2 deE 
§3.1 y 6 deE 
§ 261 de F 
§ 17 de E Artículo 394A de G Artículo 16 de H 
Artículo 3.7 de H 
Artículo 3.8 de H 
Artículo 2.2 de H 
Artículo 344bis.j) 
del 
Artículos 5 a 12 
de H Artículo 16 de J 
Artículos 6 y 2 
deL 
Artículos 6 y 2 
deL 
Artículos 2 y 18 
deJ 
Artículo 222-38 
de M 
Artículos 7 y 17 
deJ 
A Bélgica 1 : Ley relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales (11/1/93) 
B Bélgica 2: Código Penal belga 
C Dinamarca 1 : Ley danesa de medidas para la prevención del blanqueo de capitales 
(n° 348; 9/6/93) 
D Dinamarca 2: Código Penal danés 
E Alemania 1: Ley relativa a la detección del producto de delitos graves (25/10/93) 
F Alemania 2: Código Penal alemán 
FF Alemania 3: Código Fiscal 
FFF Alemania 4: Código de Comercio 
G Grecia 1: Código Penal griego H España 1: Ley n° 18, de 28/12/93, de medidas específicas para la prevención del blanqueo 8 
de capitales 
I España 2: Código Penal español 
II España 3 
J Francia 1: Ley n° 90-614, de 12/7/90, relativa a la participación de las entidades financieras 
en la lucha contra el blanqueo del producto de actividades relacionadas con el tráfico de 
estupefacientes 
K Francia 2: Decreto n° 91-160, de 13/2/91 
L Francia 3: Reglamento n° 91-07, de 15/2/91 
M Francia 4: Código Penal francés 
ANEXO 1 Incorporación de la Directiva relativa al blanqueo de capitales (91/308/CEE) Cuadro de correspondencias consolidado 
página 4 
Artículo de la 
Directiva 
1 
(guiones 1,2) 
2 
1 (guiones 3 y 
5) 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 Breve descripción del contenido 
Entidades cubiertas por la Directiva 
Prohibición del blanqueo de capitales 
Identificación de los clientes al establecer 
relaciones comerciales, comprendidos la 
apertura de cuentas y los servicios de 
custodia de valores 
Identificación de los clientes en 
operaciones aisladas 
Exención de los requisitos de identificación 
en las operaciones de seguros de menor 
entidad 
Exención facultativa de los requisitos de 
identificación en el caso de los planes de 
pensiones laborales 
Medidas razonables para identificar a las 
personas por cuya cuenta actúan los 
clientes 
Identificación siempre que se sospeche de 
blanqueo de capitales Artículo correspondiente de la legislación nacional 
IRLANDA ITALIA LUXEMBURGO PAÍSES BAJOS PORTUGAL REINO UNIDO 
Artículo 32.1 de N 
Artículo 31 de N 
ARtículo 32.3 de N 
Artículo 32.3 de N 
Artículo 32.7 de N 
Articulo 32.7 de N 
Artículo 32.5 de N 
Artículo 32.3 de N Artículo 1 de Q 
Artículo 648bis de 
0 
Artículo 2.4 de Q 
Artículo 2.1, 2.2 
deQ 
Exención no 
utilizada 
Facultad no 
utilizada 
Artículo 4.1 de P Artículo 38.1 de 
R 
Artículo 38.3 de 
Ry artículo 8.1 
de S 
Artículo 39.1 de 
R 
Artículo 39.2 de 
R 
Artículo 89-2(2) 
ofSS 
Artículo 89-2(3) 
ofSS 
Artículo 39.3 de 
R 
Artículo 39.4 de 
R Artículo 1.1.a) de 
U 
Artículos 416, 417, 
417bis de X 
Artículos l.l.b), 
2.1 y 3 de U 
Artículos 5 y 6 de 
W 
Artículos 2.1 y 3 de 
U 
Artículos 1 y 2 de 
W 
Artículo l.l.b).5 de 
U 
Artículos 1 y 2 de 
W 
Artículo 2.3 de U 
Artículo 5.4 de U 
Artículo 2.2 de U Artículo 2 de Y 
Artículo 23 de Z 
Artículo 3.1 de Y 
Artículo 3.2 de Y 
Artículo 4.1, 4.2 
de Y 
ARt'liculo4.1.b) 
de Y 
Artículo 6 de Y 
Artículo 5 de Y — 
Artículos 93, 102 
deBB 
Artículo 23 A, 24 
de CC, art. 14 de 
DD 
Artículo 7.1, 7.2 
deAA 
Artículo 7.1, 7.4, 
7.5 de AA 
Artículo 10 de 
AA 
Artículo 10. Le) 
deAA 
Artículo 9 de AA 
Artículo 7.3 de 
AA 
N Irlanda 1 : Código Penal irlandés 
O Italia 1 : Código Penal italiano modificado por ley nc 55, de 19 de Marzo de 1990 
P Italia 2: Ley n° 197, de 3/5/91 "... para impedir la utilización del sistema financiero para blanquear capitales 
Q Italia 3: Decreto del Ministerio de Economía y Hacienda, de 19/12/91. 
R Luxemburgo 1 : Ley de 5/9/93 relativa al sector financiero (Parte II) 
S Luxemburgo 2: Ley de 7/7/89 que modifica la ley de 19/2/73 relativa a la venta de sustancias para usos medicinales 
SS Luxemburgo 3 -Ley de 18/12/93 que modifica la legislación sobre seguros 
T Países Bajos 1: Ley de 16/12/93 relativa la notificación de las operaciones inusuales 
U Países Bajos 2: Ley de 16/12/93 relativa a la identificación de los clientes de las entidades financieras 
V Países Bajos 3: Reglamento ministerial de aplicación de la ley de 1993 relativa a la notificación de las operaciones 
inusuales W Países Bajos 4: Reglamento ministerial de aplicación de la ley de 1993 relativa a la identificación (servicios financieras) 
X Países Bajos 3: Código Penal de los Países Bajos 
Y Portugal 1 : Decreto-Ley n° 313, de 15/08/93 
Z Portugal 2: Decreto-Ley n° 15, de 22/1/93 
AA Reino Unido 1 : Reglamentos relativos al blanqueo de capitales (1993) 
BB Reino Unido 2: Ley relativa a la justicia penal (1988) modificada por la ley relativa a la justicia penal (1993) 
CC Reino Unido 3: Ley relativa a los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes 1986) 
DD Reino Unido 4: Ley relativa a la justicia penal (1990) (cooperación internacional) 
EE Reino Unido 5: Ley relativa a la justicia penal (Escocia) (1987) modificada por la ley relativa a la justicia penal (1993) 
FF Reino Unido 6: Ley relativa a la prevención del terrorismo (disposiciones transeuropeas) (1989) 
ANEXO 1 Incorporación de la Directiva relativa al blanqueo de capitales (91/308/CEE) Cuadro de correspondencias consolidado 
página 5 
Artículo de la 
Directiva 
3.7 
3.8 
4.1 
4.2 
5 
6y7 
8 
9 Breve descripción del contenido 
Exención de los requisitos de identificación para 
las entidades de crédito y financieras no cubiertas 
por la Directiva 
Exención facultativa de los requisitos de 
identificación en las operaciones de seguros cuyo 
pago se efectúe a través de una cuenta abierta en 
una entidad cubierta por la Directiva 
Obligación de mantener copia o referencias de la 
identificación exigida durante un período mínimo 
de cinco años 
Obligación de mantener registros y prueba de la 
operación durante un período mínimo de cinco 
años 
Obligación de analizar con especial atención las 
operaciones particularmente susceptibles de estar 
relacionadas con el blanqueo de capitales 
Obligación de las entidades de crédito y financieras 
de cooperar con las autoridades e informar de las 
operaciones sospechosas 
Obligación de confidencialidad de las entidades de 
crédito y financieras en relación con las 
investigaciones en curso 
Exención de responsabilidad para los empleados 
que revelen de buena fe información, según lo 
previsto en la Directiva Artículo correspondiente de la legislación nacional 
IRLANDA ITALIA LUXEMBURGO PAÍSES BAJOS PORTUGAL REINO UNIDO 
Artículo 32.6 de 
N 
Artículo 32.8 de 
N 
Artículo 32.9 de 
N 
Artículo 32.9 de 
N 
Artículos 57.1 y 
63.2 de N 
Artículo 58 de N 
Artículo 57.7 de 
N Artículo 2.5 de Q 
Facultad no 
utilizada 
Artículo 2.4, 2.5, 
2.6 de P 
Artículo 2.4, 2.5, 
2.6 de P 
Artículo 3 de P 
ARtículo 3.7 de 
P 
Artículo 3.5 de P Artículo 39.5 de 
R 
Artículo 89-2(3) 
ofSS 
Artículo 39.6.1-
deR 
Artículo 39.6.2-
deR 
Artículo 39.7 de 
R 
Artículo 40.1, 
40.2, 40.3 de R 
Artículo 40.4 de 
R 
Artículo 41.2, 
41.6 de R Artículo 2.4.a).b) 
deU 
Articulo 4.1.3 de 
W 
Artículo 4.2, 4.3 
deU 
Artículos 6 y 7 de 
U 
Artículos 6 y 7 de 
U 
Artículos 9 y 10 
deT 
Artículos 1- 3 de 
V 
Artículo 19 de T 
Artículo 13 de T Artículo 4.3 de 
Y 
Artículo 4.1.c) 
de Y 
Artículo 9.1 de 
Y 
Artículo 9.2 de 
Y 
Artículo 8 de Y 
Artículos 10.1, 
10.2, 10.3 y 11 
de Y 
Artículo 10.4 de 
Y 
Artículo 13 de Y Artículo 10.1 de 
AA 
Articulo 8 de AA 
Artículo 12 de 
AA 
Artículo 12 de 
AA 
Artículo 26B de 
CC, art. 43A de 
EE, art. 18 de FF 
Art. 93D de BB 
Art. 26C de CC, 
art. 43B de EE 
Artículo 23 A. 5 y 
26B.4, 26B.5, 
26B.6deCC 
N Irlanda 1: Código Penal irlandés 
O Italia 1 : Código Penal italiano modificado por ley n° 55, de 19 de Marzo de 1990 
P Italia 2: Ley n° 197, de 3/5/91 "... para impedir la utilización del sistema financiero para blanquear capitales 
Q Italia 3: Decreto del Ministerio de Economía y Hacienda, de 19/12/91. 
R Luxemburgo 1 : Ley de 5/9/93 relativa al sector financiero (Parte II) 
S Luxemburgo 2: Ley de 7/7/89 que modifica la ley de 19/2/73 relativa a la venta de sustancias para usos medicinales 
SS Luxemburgo 3 -Ley de 18/12/93 que modifica la legislación sobre seguros 
T Países Bajos 1 : Ley de 16/12/93 relativa a la notificación de las operaciones inusuales 
U Países Bajos 2: Ley de 16/12/93 relativa a la identificación de los clientes de las entidades financieras 
V Países Bajos 3: Reglamento ministerial modificada por Ley de 1993 relativa a la notificación de las operaciones 
inusuales W Países Bajos 4: Reglamento ministerial de aplicación de la Ley de 1993 relativa a la 
identificación (servicios financieros) 
X Países Bajos 5: Código Penal de los Países Bajos 
Y Portugal 1: Decreto-Ley n° 313, de 15/08/93 
Z Portugal 2: Decreto-Ley n° 15, de 22/1/93 
AA Reino Unido 1 : Reglamentos relativos al blanqueo de capitales (1993) 
BB Reino Unido 2: Ley relativa a la justicia penal (1988) modificada por la Ley relativa a la justicia penal (1993) 
CC Reino Unido 3: Ley relativa a los delitos por tráfico de estupefacientes (1986). 
DD Reino Unido 4: Ley relativa a la justicia penal (1990) (cooperación internacional) 
EE Reino Unido 5: Ley relativa a la justicia penal (Escocia) (1987) modificada por la Ley relativa a la justicia penal (1993) 
FF Reino Unido 6: Ley relativa a la prevención del terrorismo (disposiciones transeuropeas) 1989) 
ANEXO 1 Incorporación de la Directiva relativa al blanqueo de capitales (91/308/CEE) Cuadro de correspondencias consolidado 
página 6 
Artículo de la 
Directiva 
10 
11.1 
11.2 
12 
14 
14 Breve descripción del contenido 
Obligación de las autoridades cautelares de 
informar de las operaciones sospechosas 
Obligación de las entidades de crédito y 
financieras de implantar procedimientos de 
control interno y de comunicación para la 
prevención del blanqueo de capitales 
Obligación de las entidades de crédito y 
financieras de crear programas de 
formación para sus empleados 
Ampliación del ámbito de aplicación de la 
Directiva a profesiones y empresas que no 
sean entidades de crédito o financieras 
Sanciones por incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo 2 
Sanciones por incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Directiva en 
otros artículos aparte del 2 Artículo correspondiente de la legislación nacional 
IRLANDA ITALIA LUXEMBURGO PAÍSES BAJOS PORTUGAL REINO UNIDO 
Artículo 57.2 de N 
Artículo 32.10.a) 
deN 
Artículo 31 de N 
Artículos 32.12, 
57.5, 58.4 y 63.10 
deN Artículo 3.8 de P 
Artículo 3.8 de P 
Artículos 648bis, 
648ter de 0 
Artículos 2.7,2.8 
y5deQ Artículo 40.5.a) 
deR 
Artículo 40.5.b) 
deR 
Artículo 8-1 y 10 
de S 
Artículos 59 y 63 
de R y Artículo 8-
ldeS Artículo 17 de T 
Artículo 3(e) de T 
Artículo 3(e) de T 
Artículo 1(a)(6) de 
T 
Secciones 416, 
417, 417bis de X 
Artículo 21 de T y 
art. 9 de U Artículo 12 de Y 
Artículo 14.1 de 
Y 
Artículo 14.2 de 
Y 
Artículo 23 de Z 
Artículos 24 a 29 
de Y Artículos 15 y 16 
deAA 
Artículos 5.1.a) y 
14 de AA 
Artículo 5 de AA 
Artículo 26B.1 
de CC, art. 
43A.ldeEE 
Artículo 93 de 
BB, art. 23A, 24 
de CC, art. 14 de 
DD 
Artículo 5 de 
AA, artículo 
26B,C de CC, 
artículo 43A, B 
deEE 
N Irlanda 1 : Código Penal irlandés 
O Italia 1: Código Penal italiano modificado por ley n° 55, de 19 de Marzo de 1990 
P Italia 2: Ley n° 197, de 3/5/91 "... para impedir la utilización del sistema financiero para 
blanquear capitales 
Q Italia 3: Decreto del Ministerio de Economía y Hacienda, de 19/12/91. 
R Luxemburgo 1: Ley de 5/9/93 relativa al sector financiero (Parte II) 
S Luxemburgo 2: Ley de 7/7/89 que modifica la ley de 19/2/73 relativa a la venta de 
sustancias para usos medicinales 
SS Luxemburgo 3 -Ley de 18/12/93 que modifica la legislación sobre seguros 
T Países Bajos 1: Ley de 16/12/93 relativa la notificación de las operaciones inusuales 
U Países Bajos 2: Ley de 16/12/93 relativa a la identificación de los clientes de las entidades 
financieras 
V Países Bajos 3: Reglamento ministerial de aplicación de la ley de 1993 relativa a la 
notificación de las operaciones inusuales W Países Bajos 4: Reglamento ministerial de aplicación de la ley de 1993 relativa a la 
identificación (servicios financieros) 
X Países Bajos 3: Código Penal de los Países Bajos 
Y Portugal 1: Decreto-Ley n° 313, de 15/08/93 
Z Portugal 2: Decreto-Ley n° 15, de 22/1/93 
AA Reino Unido 1 : Reglamentos relativos al blanqueo de capitales (1993) 
BB Reino Unido 2: Ley relativa a la justicia penal (1988) modificada por la ley relativa a la 
justicia penal (1993) 
CC Reino Unido 3: Ley relativa a los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes 
1986). 
DD Reino Unido 4: Ley relativa a la justicia penal (1990) (cooperación internacional) 
EE Reino Unido 5: Ley relativa a la justicia penal (Escocia) (1987) modificada por la ley 
relativa a la justicia penal (1993) 
FF Reino Unido 6: Ley relativa a la prevención del terrorismo (disposiciones transeuropeas) 
(1989) 
ANEXO 2: Firma, ratifícación e incorporación de la Convención de Viena y el Convenio de Estrasburgo 
BÉLGICA 
DINAMARCA 
ALEMANIA 
GRECIA 
ESPAÑA 
FRANCIA 
IRLANDA 
ITALIA 
LUXEMBURGO 
PAÍSES BAJOS 
PORTUGAL 
REINO UNIDO Convención de Viena 
Firma Ratificación Incorporación 
Artículos 3 -9 Convenio de Estrasburgo 
Firma Ratificación Incorporación 
^ 
Sí 
|| Incorporación parcial 
No 
ANEXO 3: Tipo de benefícios derivados de actividades delictivas que se incluyen en el delito penal de blanqueo de capitales en la legislación penal de 
los Estados miembros 
Estado miembro 
Bélgica 
Dinamarca 
Alemania 
Grecia 
España 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal 
Reino Unido Otros 
Delitos contra 
la propiedad 
Rapto, tráfico 
ilegal de 
órganos 
humanos Delincuencia 
organizada Todas las actividades 
delictivas o cualquier 
delito grave 
Tipo de benefícios específicamente cubiertos 
Tipo de benefícios implícitamente cubiertos, por incluirse el producto de toda actividad delictiva o delito grave 
Tipos de benefícios no cubiertos 
ANEXO 4: Tipo de beneficios derivados de actividades delictivas que entran en la definición de "blanqueo de capitales" en la legislación específica de 
incorporación de la Directiva de los Estados miembros (Art°l (guiones 3 y 5) de la Directiva relativa al blanqueo de capitales) 
Estado miembro 
BÉLGICA1 
DINAMARCA2 
ALEMANiA 
GRECIA3 
ESPAÑA2 
FRANCIA2 
IRLANDA 
ITALIA 
LUXEMBURGO 
PAÍSES BAJOS 
PORTUGAL 
REINO UNIDO4 m Tráfico de 
estupefac. Terrorismo Tráfico ilegal de 
armas Prostitución Contrabando Otros Delincuencia 
organizada Toda actividad 
delictiva 
Mano de obra 
ilegal y comercio 
de esclavos 
mmÊm 
Tipo de beneficios específicamente cubiertos 
Tipo de beneficios cubiertos de forma genérica por estar incluido el producto de toda actividad delictiva o delito grave (o con origen en la actividad de la delincuencia organizada) 
Tipo de beneficios no cubiertos K> 
1 En Bélgica, la definición penal de blanqueo de capitales es más amplia que la de la legislación de incorporación de la Directiva, pues el delito penal de blanqueo de capitales incluye el producto 
de toda actividad delictiva. 
2 La definición penal de blanqueo de capitales es más restringida que la definición contenida en la legislación de blanqueo de capitales en los siguientes Estados miembros: 
a)Dinamarca, en la que se incluye el producto de actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, la extorsión, el contrabando o el delito contra la propiedad; 
b)España y Francia, en las que se incluye el producto de actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes;. 
3 En Grecia, la definición penal de blanqueo de capitales incluye el producto de actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, la extorsión, el rapto, el tráfico ilegal de armas y el 
tráfico de órganos y tejidos humanos; 
4 En el Reino Unido, tanto la legislación de incorporación de la Directiva, como la definición penal de blanqueo de capitales incluye el producto de todo delito grave. No obstante, el delito de 
"no informar cuando se tenga conocimiento o se sospeche que existe blanqueo de capitales" se limita al producto de actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes o el terrorismo. 
ANEXO 5: Comparación entre el tipo de benefícios deriv ados de actividades delictivas que entra en la definición penal de blanqueo de capitales en 
los Estados miembros y el tipo de benefícios que se contempla en la legislación nacional de incorporación de la Directiva 
Tipo* de actividades 
delictivas 
Todas actividad delictiva o 
cualquier delito grave 
Delincuencia organizada 
Contrabando 
Prostitución 
Tráfico ilegal de armas 
Delitos contra la propriedad 
Tráfico de estupefacientes 3f 
Bélgica Dinamarca Alemania Grecia España Francia Irlanda Italia Luxembourgo Países Bajos Portugal Reino Unido 
D 
Alcance del delito a efectos penales Ámbito de aplicación de la legislación de incorporación de la Directiva 
ANEXO 6 Profesiones v empresas, ajenas al sistema financiero, cubiertas por la legislación de los Estados miembros que incorpora la Directiva 
(Artículo 12 de la Directiva relativa al blanqueo de capitales) _ 
BÉLGICA 
DINAMARCA 
ALEMANIA1 
GRECIA 
ESPAÑA2 
FRANCIA3 
IRLANDA4 
ITALIA5 
LUXEMBURGO 
PAÍSES BAJOS 
PORTUGAL 
REINO UNIDO6 Sector del 
juego 
Operadores 
de casino Comerciantes de objetos de elevado valor 
Prop, 
inmobi. Metales 
preciosos Joyas Artey 
antigüedades Profesiones del ámbito jurídico que 
desarrollan actividades financieras 
Abogados Notarios Otras 
profesiones del 
ámbito jurídico Otras 
.U.i.MimmiljriTi-friirD-lTi-riTflmiiMiriiMiiiuiinii Todos los 
comerciantes Todas las 
profesión. Todas las 
personas 
Tipos de profesiones y empresas específicamente cubiertas 
Tipos de profesiones y empresas implícitamente cubiertas 
Tipos de profesiones y empresas no cubiertas ^ 
Obligación de identificar a todos los clientes en las operaciones superiores a los 20.000 marcos alemanes y a todas las personas que ejerzan una profesión y a todos los operadores, 
incluidos los casinos y los administradores de patrimonios. Los casinos, los comerciantes de metales preciosos y las casas de subastas están también obligados a crear procedimientos de 
control interno para la 'prevención del blanqueo de capitales. 
La ley faculta al gobierno para incluir en el ámbito de aplicación de la misma a cualquier persona que ejerza una actividad comercial y que -por aceptar habitualmente efectivo o 
documentos al portador como forma de pago, o por el elevado valor unitario de los bienes o servicios que comercializa, por la localización de su establecimiento comercial o por 
cualquier otra circunstancia relevante- sea especialmente susceptible de servir de medio para el blanqueo de capitales. 
Todas las personas que, en el ejercicio de su profesión, asesoren sobre operaciones que impliquen movimientos de capitales, o las ejecuten o controlen, estarán obligadas a notificar a las 
autoridades cualquier operación que sepan relacionada con un blanqueo de capitales. 
El Código Penal faculta al gobierno para ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva a otras profesiones y empresas. 
Los pagos en efectivo y en títulos al portador por un importe superior a los 20 millones de liras italianas deben efectuarse a través de un intermediario financiero. Esta medida no 
constituye incorporación de ninguna medida prevista en la Directiva. 
La obligación de notificar todas las operaciones sospechosas incumbe a todas las personas. 
ANEXO 7 Sanciones por incumplimiento de la legislación de los Estados miembros que incorpora la Directiva relativa al blanqueamiento de capitales (DBO 
(Artículo 14 de la DBC) 
página 1 
£$tado miembro 
BÉLGICA 
DINAMARCA 
ALEMANIA 
GRECIA 
ESPAÑA Prohibición del 
blanqueo de 
capitales 
Art» 2 DBC 
Prisión de entre 15 
días y 5 años y/o 
multas de hasta 
20.000.000 F 
(500.000 ecus) 
Prisión de hasta 6 
años y multas 
Prisión de hasta 5 
años o multa; (o de 
6 meses hasta 10 
años) 
Prisión de 1 a 10 
años 
Prisión de hasta 
seis años y multas 
desde 1 millón de 
pesetas (6.350 
ecus) hasta 100 
millones de pesetas 
(635.000 ecus) Obligación de 
identificar a los 
cuentes 
Art°3DBC 
Multa de entre 
10.000 y 50 
millones de F (250 
a 2,5 millones de 
ecus). 
Multa ilimitada 
Multa de hasta 
200.000 DM 
(104.000 ecus) 
Multa de un 
mfnimo de 1 millón 
de Ptas. (6.350 
ecus) y un máximo 
del más elevado de 
los siguientes 
importes: 25 
millones de Ptas. 
(160.000 ecus) o 
1% del capital 
social de la 
empresa o del valor 
de la operación más 
un 50% del mismo. Obligación de 
notificarlas 
operaciones 
sospechosas 
Arts. 6 y 7 DBC 
Multa de entre 
10.000 y 50 M de 
F (250 a 2,5 
millones de ecus) 
Multa ilimitada 
Multa de entre 15 y 
250 millones de 
Ptas. (entre 95.000 
y 1,6 M de ecus) y 
revocación del 
permiso para el 
ejercicio de la 
actividad. Obligación de 
mantener registros 
de las operaciones 
y los documentos 
de identificación 
Art° 4 DBC 
Multa de entre 
10.000 y 50 M de 
F (250 a 2,5 
millones de ecus) 
Multa ilimitada 
Multa de hasta 
100.000 DM 
(52.000 ecus) 
Multa de un 
mínimo de 1 millón 
de Ptas. (6.350 
ecus) y un máximo 
del más elevado de 
los siguientes 
importes: 25 
millones de Ptas. 
(160.000 ecus) o 
1% del capital 
social de la 
empresa o del valor 
de la operación más 
un 50% del mismo. Obligación de 
especial diligencia 
Art« 5 DBC 
Multa de entre 
10.000 y 50 M de 
F (250 a 2,5 
millones de ecus) 
Multa de un 
mínimo de 1 millón 
de Ptas. (6.350 
ecus) y un máximo 
del más elevado de 
los siguientes 
importes: 25 
millones de Ptas. 
(160.000 ecus) o 
1 % del capital 
social de la 
empresa o del valor 
de la operación más 
un 50% del mismo Obligación de 
confidencialidad 
Art» 8 DBC 
Multa de entre 
10.000 y 50 M de 
F (250 a 2,5 
millones de ecus) 
Multa ilimitada 
Multa de hasta 
100.000 DM 
(52.000 ecus) 
Multa de entre 15 y 
250 millones de 
Ptas. (entre 95.000 
y 1,6 M de ecus) y 
revocación del 
permiso para el 
ejercicio de la 
actividad. Obligación de 
instituir 
procedimientos de 
control interno y 
comunicación 
Art° 11.1 DBC 
Multa de entre 
10.000 y 50 M de 
F (250 a 2,5 
millones de ecus) 
Multa ilimitada 
Multa de hasta 
50.000 DM 
(26.000 ecus) y 
otras sanciones 
previstas en la 
legislación cautelar 
Multa de un 
mínimo de 1 millón 
de Ptas. (6.350 
ecus) y un máximo 
del más elevado de 
los siguientes 
importes: 25 
millones de Ptas. 
(160.000 ecus) o 
1 % del capital 
social de la 
empresa o del valor 
de la operación más 
un 50% del mismo Obligación de crear 
programas de 
formación, para los 
empleados 
Art° 11.2 DBC 
Multa de entre 
10.000 y 50 M de 
F (250 a 2,5 
millones de ecus) 
Multa ilimitada 
Multa de hasta 
50.000 DM 
(26.000 ecus) y 
otras sanciones 
previstas en la 
legislación cautelar 
Multa de un 
mínimo de 1 millón 
de Ptas. (6.350 
ecus) y un máximo 
del más elevado de 
los siguientes 
importes: 25 
millones de Ptas. 
(160.000 ecus) o 
1 % del capital 
social de la 
empresa o del valor 
de la operación más 
un 50% del mismo Obligación de 
las autoridades \ 
cautelares de 
notificar las 
operaciones 
sospechosas 
Art° 10 DBC 
Multa de entre 
10.000 y 50 M de . 
F (250 a 2,5 ] 
millones de ecus) 
Medidas 
disciplinarias 
j 
! 
i OÍ 
* Todos los importes expresados en ecus son aproximados 
ANEXO 7 Sanciones por incumplimiento de la legislación de los Estados miembros que incorpora la Directiva relativa al blanqueamiento de capitales (DBC) 
(Artículo 14 de la DBC) 
página 2 
Estado miembro 
FRANCIA 
IRLANDA 
ITALIA 
LUXEMBURGO Prohibición del 
blanqueo de 
capitales 
Art0 2 DBC 
Prisión de hasta 10 
años y multas de 
hasta 1 millón de FF 
(150.000 ecus) 
Prisión de hasta 14 
años , multa o 
ambas cosas 
Prisión de entre 4 y 
12 años y multas de 
entre 2 y 30 
millones de LIT 
(entre 1.000 y 
16.000 ecus) 
Prisión de entre 1 y 
20 años y multas de 
entre 5.000 y 
50.000.000 FLU 
(entre 125 y 
1.250.000 ecus) Obligación de 
identificar a los 
clientes 
Art° 3 DBC 
Las sanciones 
previstas en la 
pertinente 
legislación cautelar 
Prisión de hasta 5 
años , multa o 
ambas cosas 
Multa de entre 5 y 
25 millones de LIT 
(entre 2.700 y 
13.500 ecus) 
Multa de entre 
5.000 y 5000 FLU 
(entre 125 y 12.500 
ecus), suspensión 
de los Directivos, 
de ios derechos de 
voto de los 
accionistas o de las 
actividades de la 
entidad Obligación de 
notificarlas 
operaciones 
sospechosas 
Arts. 6 y 7 DBC 
Las sanciones 
previstas en la 
pertinente 
legislación cautelar 
Prisión de hasta 5 
años , multa o 
ambas cosas 
Multa de hasta la 
mitad del importe 
de la operación 
Multa de entre 
5.000 y 5000 FLU 
(entre 125 y 12.500 
ecus), suspensión 
de los Directivos, 
de los derechos de 
voto de los 
accionistas o de las 
actividades de la 
entidad Obligación de 
mantener registros 
de las operaciones 
y los documentos 
de identificación 
Art° 4 DBC 
Las sanciones 
previstas en la 
pertinente 
legislación cautelar 
Prisión de hasta 5 
años, multa o 
ambas cosas 
Multa de entre 5 y 
25 millones de LIT 
(entre 2.700 y 
13.500 ecus) 
Multa de entre 
5.000 y 5000 FLU 
(entre 125 y 12.500 
ecus), suspensión 
de los Directivos, 
de los derechos de 
voto de los 
accionistas o de las 
actividades de la 
entidad. Obligación de 
especial diligencia 
Art° 5 DBC 
Las sanciones 
previstas en la 
pertinente 
legislación cautelar 
Sanciones previstas 
en la pertinente 
legislación cautelar 
Multa de entre 
5.000 y 5000 FLU 
(entre 125 y 12.500 
ecus), suspensión 
de los Directivos, 
de los derechos de 
voto de los 
accionistas o de las 
actividades de la 
entidad. Obligación de 
confidencialidad 
Art0 8 DBC 
Multa de entre 
15.000 y 150.000 
FF (entre 2.250 y 
22.500 ecus) 
Prisión de hasta 5 
años , multa o 
ambas cosas 
Prisión de entre 6 y 
12 meses o multa 
de entre 10 y 100 
millones de LIT 
(entre 5.400 y 
54.000 ecus) 
Muía de entre 
5.000 y 5000 FLU 
(entre 125 y 12.500 
ecus), suspensión 
de los Directivos, 
de los derechos de 
voto de los 
accionistas o de las 
actividades de la 
entidad Obligación de 
instituir 
procedimientos de 
control interno y 
comunicación 
Art0 11.1 DBC 
Las sanciones 
previstas en la 
pertinente 
legislación cautelar 
Prisión de entre 6 y 
12 meses y multa 
de entre 10 y 50 
millones de LIT 
(entre 5.400 y 
27.000 ecus) y 
sanciones previstas 
en la legislación 
cautelar 
Multa de entre 
5.000 y 5000 FLU 
(entre 125 y 12.500 
ecus), suspensión 
de los Directivos, 
de los derechos de 
voto de los 
accionistas o de las 
actividades de la 
entidad Obligación de crear 
programas de 
formación pata los 
empleados 
Art* 11.2 DBC 
Las sanciones 
previstas en la 
pertinente 
legislación cautelar 
Sanciones previstas 
en la pertinente 
legislación cautelar 
Multa de entre 
5.000 y 5000 FLU 
(entre 125 y 12.500 
ecus), suspensión 
de los Directivos, 
de los derechos de 
voto de los 
accionistas o de las 
actividades de la 
entidad Obligación de 1 
las autoridades 
cautelares de 
notificar las 
operaciones 
sospechosas 
Art* 10 DBC 
Prisión de hasta 5 
años, multa o 
ambas cosas 
* Todos los importes expresados en ecus son aproximados 
ANEXO 7 Sanciones por incumplimiento de la legislación de los Estados miembros que incorpora la Directiva relativa al blanqueamiento de capitales (DBO 
(Artículo 14 de la DBC) 
página 3 
I Estado miembro 
PAÍSES BAJOS 
PORTUGAL 
REINO UNIDO Prohibición del 
blanqueo de 
capitales 
Art0 2 DBC 
Prisión de hasta 4 
años o multa) 
Prisión de entre 1 y 
12 años 
Prisión de hasta 14 
años y/o multa 
ilimitada Obligación de 
identificar a los 
cuentes 
Art°3DBC 
Prisión de hasta dos 
años y/o multa. 
Además, 
confiscación de 
activos, cierre 
temporal o fin de 
las actividades y 
confiscación del 
producto de 
actividades ilegales 
Multa de entre 
50.000 y 150 
millones PTE 
(entre 250 y 
750.000 ecus) e 
inhabilitación para 
el ejercicio de 
ciertos cargos de 
hasta 10 años 
Prisión de hasta 2 
años y/o multa 
ilimitada Obligación de 
notificar las 
operaciones 
sospechosas 
Arts. 6 y 7 DBC 
Prisión de hasta dos 
años y/o multa. 
Además, 
confiscación de 
activos, cierre 
temporal o fin de 
las actividades y 
confiscación del 
producto de 
actividades ilegales 
Multa de entre 1 y 
200 millones PTE 
(entre 5.040 y 1 
millón de ecus) e 
inhabilitación para 
el ejercicio de 
ciertos cargos de 
hasta 10 años 
Prisión de hasta 5 
años y/o multa 
ilimitada Obligación de 
mantener registros 
de las operaciones 
y los documentos 
de identificación 
Art0 4 DBC 
Prisión de hasta dos 
años y/o multa. 
Además, 
confiscación de 
activos, cierre 
temporal o fin de 
las actividades y 
confiscación del 
producto de 
actividades ilegales 
Multa de entre 
50.000 y 150 
millones PTE (entre 
250 y 750.000 
ecus) e 
inhabilitación para 
el ejercicio de 
ciertos cargos de 
hasta 10 años 
Prisión de hasta 2 
años y/o multa 
ilimitada Obligación de 
especial diligencia 
Art* 5 DBC 
Multa de entre 
50.000 y 150 
malones PTE (entre 
250 y 750.000 
ecus)e 
inhabilitación para 
el ejercicio de 
ciertos cargos de 
hasta 10 años Obligación de 
confidencialidad 
Art0 8 DBC 
Prisión de hasta dos 
años y/o multa. 
Además, 
confiscación de 
activos, cierre 
temporal o fin de 
las actividades y 
confiscación del 
producto de 
actividades ilegales 
Multa de entre 1 y 
200 millones PTE 
(entre 5.040 y 1 
millón de ecus) e 
inhabilitación para 
el ejercicio de 
ciertos cargos de 
hasta 10 años 
Prisión de hasta 5 
años y/o multa 
ilimitada Obligación de 
instituir 
procedimientos de 
control interno y 
comunicación 
Art» 11.1 DBC 
Multa de entre 1 y 
200 millones PTE 
(entre 5.040 y 1 
millón de ecus) e 
inhabilitación para 
el ejercicio de 
ciertos cargos de 
hasta 10 años 
Prisión de hasta 2 
años y/o multa 
ilimitada Obligación de crear 
programas de 
formación para los 
empleados 
Art° 11.2 DBC 
Multa de entre 1 y 
200 millones PTE 
(entre 5.040 y 1 
millón de ecus) e 
inhabilitación para 
el ejercicio de 
ciertos cargos de 
hasta 10 años 
Prisión de hasta 2 
años y/o multa 
ilimitada Obligación de 
las autoridades 
cautelaresde 
notificar las 
operaciones 
sospechosas 
Art° 10 DBC \ 
¡ 
! 1 
. 
i 
i 
Todos los importes expresados en ecus son aproximados Co 
s< 
ISSN 0257-9545 
COM(95) 54 final 
DOCUMENTOS 
ES 09 10 
N° de catálogo : CB-CO-95-065-ES-C 
ISBN 92-77-86115-0 
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