ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1.12.

El CESE está dispuesto a contribuir a desarrollar nuevas ideas para ayudar a la Comisión a incrementar la eficacia de los mecanismos de ejecución independientes en los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible, en particular mediante el derecho a responder cuando no se satisfagan sus intereses. Sin embargo, cualquier posibilidad de recurrir a sanciones en caso necesario debería matizarse si los potenciales socios comerciales quieren estar abiertos a tal planteamiento: al contrario que el programa SPG+, no puede producirse una retirada unilateral de cualquier disposición en caso de disputa.
3.7.

Convendría incrementar la flexibilidad de la acción exterior. Un mayor grado de flexibilidad no debe conducir a una fragmentación, sino que debe lograrse haciendo pleno uso de los instrumentos previstos por el TUE y el TFUE. Así pues, es necesario incrementar la abstención constructiva de los Estados miembros en el Consejo en el ámbito de la PESC y la PCSD. En este contexto, en lo que se refiere al refuerzo de la seguridad internacional, el CESE se remite una vez más a la necesidad de mantener determinados valores en materia de política exterior, en particular el respeto de la Carta de las Naciones Unidas. No obstante, cuando en el marco de los instrumentos existentes no pueda hallarse una solución satisfactoria, será necesario establecer grupos ad hoc, con presencia en los mismos del Alto Representante o, en su defecto, otros órganos de las instituciones europeas, a fin de que el principio de unanimidad no paralice las posibilidades de la Unión en la política exterior. La Red de Diplomacia Verde (RDV), creada en un principio para promover la integración de los objetivos medioambientales en las relaciones exteriores de la UE, y que ha desempeñado un importante papel en la movilización y la coordinación de acciones diplomáticas de la UE con vistas a la COP 21, puede servir de modelo para otras redes.
2.2.

Sin embargo, existen diferencias significativas entre las zonas rurales en términos de prosperidad económica y cohesión social. Algunas son prósperas y dinámicas, mientras que otras, más frágiles, se ven inmersas en un proceso de despoblación y fragmentación. Muchas son ricas en activos pero pobres en efectivo y se caracterizan por una baja densidad de población y un acceso limitado a los servicios públicos. Esto es especialmente válido en el caso de las regiones más remotas y montañosas y de las islas. La fuerza gravitatoria que ejerce la actividad económica y social moderna hacia las ciudades es constante, lo que hace que a los gobiernos les resulte difícil —en particular, cuando aplican soluciones urbanas inadecuadas— garantizar que las comunidades rurales sean sostenibles. La movilidad y la libre circulación de personas son principios fundamentales de la Unión Europea. No obstante, tiene consecuencias no deseadas para las regiones rurales más desfavorecidas, ya que demasiadas personas, especialmente los jóvenes, las abandonan definitivamente en busca de una vida mejor.
3.6.

El informe Concentration, land grabbing and people’s struggles in Europe (3), publicado en abril de 2013 por Vía Campesina y la red Hands off the Land, ofrece la panorámica más detallada sobre la concentración de la propiedad de la tierra en el continente europeo, incluida la Unión Europea. Según este informe, en la actualidad en la Unión Europea se halla en marcha un proceso poco perceptible de acaparamiento y concentración de la propiedad de las tierras agrícolas, lo que tiene consecuencias sobre los derechos humanos, en particular, sobre el derecho a una alimentación adecuada. El acaparamiento de tierras agrícolas de mayores dimensiones se ha producido en Hungría y Rumanía. No obstante, este proceso se observa también en otros países de Europa Central y Oriental.
6.1

Prevenir el abuso sexual infantil es responsabilidad de todos en la sociedad. El CESE recomienda que los organismos estatales y las partes interesadas de la sociedad civil sigan trabajando de manera conjunta para aplicar medidas dirigidas a prevenir el abuso infantil. El CESE respalda iniciativas como «One in Five» («Uno/a de cada cinco») (31) o «The Underwear Rule» («La Regla de la Ropa Interior») (32) del Consejo de Europa. En el ámbito de las ONG, encontramos importantes ejemplos de actuación de la sociedad civil: las organizaciones Stop It Now! (33), la británica Barnardo's (con campañas específicas como «Cut Them Free» (34) [«Libéralos»]), ECPAT International oThe Body Shop (con la campaña «Stop Sex Trafficking of Children and Young People» (35)[«Acabar con el tráfico sexual de niños y jóvenes»]).
1.3.7

El Informe formula recomendaciones interesantes acerca del sistema de bonificaciones, que deberán abarcar varios años, basarse en resultados reales y no estar garantizadas de antemano. El CESE considera que es necesario pasar de un planteamiento a corto plazo a un enfoque a largo plazo, en el que las bonificaciones no se basen en la especulación. En este sentido, el CESE apoya la idea de una imposición sobre las transacciones financieras cuyo producto podría destinarse a la ayuda al desarrollo. Asimismo, una exigencia adicional debería ser que no estuvieran basadas en la evolución general, sino en si se ha conseguido un margen positivo con respecto a la tendencia general. Además, sería conveniente fijar límites máximos a las bonificaciones, a fin de evitar las exageraciones y la asunción de riesgos de manera irreflexiva. Una estrategia para la salida de la crisis financiera (la denominada Exit Strategy) debe incluir el reembolso de las enormes sumas procedentes del erario público que fueron transferidas a las entidades financieras, en vez de su utilización para volver a niveles elevados de ganancias y bonificaciones.
5.7

Existen en Albania numerosas organizaciones no gubernamentales activas en distintos sectores: desde los derechos de la mujer hasta la defensa de la democracia, la transparencia y la meritocracia en las instituciones y los centros de investigación, pasando por las asociaciones para la protección del consumidor, etc. Las ONG se enfrentan con restricciones generalizadas por el hecho de que la mayoría de ellas se concentra en Tirana y no extiende su presencia al resto del territorio nacional, que su ámbito de actuación es en ocasiones demasiado amplio para garantizar una eficacia real de las intervenciones y que existe un concepto demasiado «profesional» de estas actividades.
5.7

Intercambio mutuo de información. La delegación de la Comisión Europea en Belarús no funciona como en otros países, a pesar de las peticiones oficiales dirigidas a la UE para que abra una delegación en Minsk, que no se han tenido en cuenta. Este país tampoco cuenta con una red de centros europeos de documentación. El acceso a información básica y objetivos sobre la UE, su modo de funcionamiento, valores y políticas resulta prácticamente imposible. Convendría, pues, que se emprendiera una reflexión sobre la manera de aumentar el grado de información de los ciudadanos bielorrusos sobre la UE, lo que, en particular, haría más atractiva la vía «europea» de una posible evolución del país (5).
3.19

Para las materias primas mencionadas, y también para muchas otras, vale decir que por el momento existen cantidades suficientes y que las subidas de precios que se pueden observar actualmente no señalan ningún agotamiento de recursos a medio plazo. Esto, sin embargo, no significa que no pueda haber ajustes en la oferta y la demanda y que los movimientos en los precios sean algo de carácter aleatorio. De hecho, a corto plazo, la oferta de materias primas es poco flexible, debido a que los periodos de realización de estos proyectos de exploración, intensivos en capital, son muy largos. Por lo tanto, en momentos de gran demanda de materia prima, las situaciones de escasez y las subidas de precios son perfectamente posibles. Lo mismo rige igualmente para las capacidades de transporte, que limitan también a su vez la disponibilidad de las materias primas (importadas y no importadas). Aunque cantidades suficientes de reservas y recursos al nivel mundial limitan el riesgo de interrupciones en el suministro en el plano cuantitativo, no ofrecen ninguna seguridad en cuanto a aumentos de precio significativos a corto y medio plazo. Para una amplia evaluación de los riesgos de suministro y precio en los mercados internacionales de materias primas no han de perderse de vista ni las intervenciones políticas ni la tendencia a la creación de monopolios u oligopolios de empresas fuertes en el mercado.
2.2.2

El Comité sugiere que, sin pretensiones de exhaustividad, se examinen las siguientes razones: — desplazamientos por negocios (intercambios comerciales, profesionales, etc.); — desplazamientos relacionados con la formación y los intercambios de conocimientos (estudiantes, coloquios, cooperación en materia de investigación, etc.); — desplazamientos por motivos profesionales (empleo con un destino provisional, ejercicio de una profesión, etc.); — desplazamientos por intercambios y descubrimiento de nuevos lugares (turismo, cultura, patrimonio, etc.); — etc.
2.6

La propia Comisión no queda libre de culpa. Los análisis de impacto preliminares no siempre justifican suficientemente algunas iniciativas legislativas de la Comunidad, y en ocasiones adolecen de falta de rigor y transparencia, como en el caso de la Propuesta de segunda Directiva sobre los servicios portuarios (7). Con frecuencia, las directivas europeas no son sino el resultado de complejos compromisos políticos entre los Estados o entre el Consejo y el Parlamento Europeo, algo que no facilita la vida a los destinatarios de estas normativas.
2.2.7

Los grandes proyectos planificados han suscitado las protestas de los ciudadanos en muchos lugares, y parte de las medidas no pudieron realizarse o no se realizaron en los plazos previstos. A juicio del CESE, estas experiencias deben ser tenidas en cuenta sobre todo con vistas a la iniciativa de crecimiento para Europa y a la ampliación de la UE hacia el Este y la gestión del aumento del transporte que se derivará de ella. En resumidas cuentas, las declaraciones de la Comisión Europea citadas en el punto 2.2.1 deberán tener consecuencias, a fin de que no se repitan las mismas repercusiones negativas sobre los seres humanos y el medio ambiente en los países candidatos. La UE podría prestar una contribución decisiva para mantener el porcentaje –todavía elevado en dichos países– del transporte respetuoso con el medio ambiente en el conjunto de los transportes, que, no obstante en la actualidad se hallan en franco declive.
3.20

Incluso con mejoras generalizadas en la reducción de la demanda energética (véanse los apartados 3.7 a 3.9) y la implantación de energías renovables (véanse los apartados 3.10 a 3.12), resulta evidente que la UE no podrá alcanzar la autarquía energética ni a corto ni a medio plazo. Tal autarquía parece posible a largo plazo, pero si se desea o no sigue siendo una cuestión abierta al debate. La mala experiencia con la dependencia rusa requiere un enfoque bien meditado para decidir con qué países/regiones conviene asociarse en el futuro. Si bien la urgencia requiere decisiones rápidas con respecto a las importaciones de GNL y H 2 (ecológico), las decisiones vinculantes para mucho tiempo deben evitarse si no media un análisis de riesgo exhaustivo. El CESE pide a la Comisión que formule una estrategia geopolítica de importación de energía antes de proponer alianzas energéticas con países no democráticos o políticamente inestables, teniendo en cuenta la mitigación del cambio climático y las urgencias en materia de energía.
2.7.

No obstante, el CESE está plenamente convencido de que las medidas y modificaciones adicionales, específicas y temporales introducidas en todas las secciones del paquete de Schengen y centradas en una gestión eficaz de las fronteras han de atenerse a los derechos y principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular la libertad de residencia y de circulación (artículo 45), así como el derecho de asilo (artículo 18) y el principio de no devolución (artículo 19), como se subraya claramente en las propuestas.
3.17.

A este respecto, el CESE también subraya que es importante que la información del sistema se utilice únicamente para fines de STI, y no otros. El CESE reitera la importancia de una protección efectiva de la privacidad y de los datos en el contexto de la implantación de los sistemas de transporte inteligentes. Sin embargo, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) no ofrece una protección suficiente cuando se utilizan tecnologías de datos anonimizados (por ejemplo, los relativos a las pautas de movilidad de los vehículos, el reconocimiento facial, etc.) que permiten realizar inferencias sobre las personas o incluso discriminar mediante algoritmos. En lo que respecta al uso de datos personales en el lugar de trabajo, los trabajadores, sus representantes y los sindicatos necesitan tener voz y veto. El CESE insiste en que el artículo 10 de la propuesta (disposiciones sobre la protección de datos y la privacidad) debe excluir este riesgo potencial. Ello resulta especialmente importante si se quiere reforzar la confianza en el sistema y la aceptación por parte del conjunto de la sociedad.
4.2.

El CESE lamenta que, en la jerarquía de contaminación cero, la remediación y compensación del daño relacionado con la contaminación reciba menor consideración. El principio de «quien contamina paga» no ha resultado muy efectivo, como muestra el elevado número de sitios contaminados que aún existen en la UE. Hay que definir acciones cuando no se puede identificar a los responsables de la contaminación o si estos no pueden compensar el daño.
El sistema y el funcionamiento de los espacios de datos comunes deben tener el nivel de calidad de un registro público; los proveedores de datos deben garantizar la calidad constante de los datos por cuenta propia y la continuidad de esta infraestructura. Estos «administradores de datos» no deben crear efectos de cuello de botella en el intercambio de datos, sino mejorarlo. Esta es la clave para una gestión eficaz y continua de los datos y para la disponibilidad de datos de alta calidad. El CESE considera que la Estrategia no concede la importancia debida a la calidad de los datos, lo cual se debería aclarar. Además, el CESE recomienda establecer un umbral mínimo de obligaciones para todas las empresas, independientemente de su tamaño, con el fin de garantizar la calidad de los datos y los derechos individuales. Habida cuenta de que la calidad de los datos puede resultar onerosa y de que no todas las partes interesadas pueden acceder a las tecnologías necesarias, estos criterios de umbrales deben ser realistas para todas las empresas, en particular las pymes, ya que pueden tener dificultades para cumplir dichos criterios debido a sus limitados recursos, y deberían recibir apoyo de modo que no se les impongan costes excesivos ( 12 )
2.6.

El CESE señala, no obstante, que determinados ámbitos de la política social siguen requiriendo el voto por unanimidad en el Consejo de conformidad con el Tratado de la UE. Estos ámbitos abarcan la lucha contra la discriminación (artículo 19, apartado 1, TFUE); la seguridad social y la protección social de los trabajadores, excepto a efectos de la libre circulación de los trabajadores (artículo 153, apartado 1, letra c), del TFUE); la protección de los trabajadores en caso de rescisión del contrato laboral (artículo 153, apartado 1, letra d), del TFUE); la representación y la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios (artículo 153, apartado 1, letra f), del TFUE) y las condiciones de empleo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de la UE (artículo 153, apartado 1, letra g), del TFUE). Si bien el artículo 19 del TFUE prevé la aprobación del Parlamento Europeo, no es así en el caso del artículo 153, apartado 1, letras c), d), f) y g).
2.5.

importante brecha entre la política y la práctica en materia de educación cívica y que casi la mitad de los Estados miembros todavía no cuenta con normas o recomendaciones relativas a la educación cívica en la formación inicial del profesorado . Si bien la ciudadanía aparece en el desarrollo profesional continuo de los profesores, los directores de los centros escolares no reciben tal formación en este ámbito. El CESE recuerda que los estudios ( 7 ) y la investigación ( 8 ) ponen de manifiesto la existencia de unay quetodavía no cuenta con normas o recomendaciones relativas a la. Si bien la ciudadanía aparece en el desarrollo profesional continuo de los profesores, losno reciben tal formación en este ámbito.
6.3.

Estas normas nacionales son el resultado de procesos democráticos de negociación que cuentan con una considerable participación de interlocutores sociales nacionales y europeos, y que benefician a los trabajadores, los consumidores y las empresas. De conformidad con los objetivos del Tratado de la UE, el establecimiento de estas normas mínimas debe tener por objeto garantizar el mejor funcionamiento del mercado único y, al mismo tiempo, no debe afectar negativamente a unos niveles más altos de protección a escala nacional. Las normas mínimas del Derecho de la UE a menudo incluyen, incluso explícitamente, «cláusulas de no regresión» que indican que la aplicación de la directiva no puede utilizarse como pretexto para rebajar normas nacionales más estrictas al nivel europeo. Sin embargo, esto no significa que las normas nacionales sean eternas e inmutables y no puedan modificarse nunca.
—

armonizar el Reglamento COP, que hace referencia a la Directiva 67/548/CEE y la Directiva 75/442/CEE, con el Reglamento (CE) n.o 1907/2006, el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 y la Directiva 2008/98/CE. Más específicamente, el Reglamento COP hace referencia a un comité de reglamentación que ya no existe (3) y ha de armonizarse con el Tratado de Lisboa (TFUE). Además, hay que especificar las normas que están sujetas a actos de ejecución y las condiciones aplicables a la adopción de actos delegados;
4.1.2.

SES y el SEIAV , en combinación con el SCB y el RCDI, permitirán controlar los cruces de las fronteras de las personas sospechosas y conservar sus datos. No obstante, la posibilidad de «acceso de los cuerpos policiales [por medio del SBC] a los sistemas de información no policiales a escala de la UE» (artículo 17/RCDI de las propuestas (2017) 793 y 794) no puede ser compatible con las finalidades enunciadas como bases de las propuestas objeto de examen. El Comité (artículo 300, apartado 4, del TFUE) debe mencionar aquí el principio de proporcionalidad y pide a la Comisión que evite cualquier programa tipo «gran hermano» Ely el, en combinación con el SCB y el RCDI, permitirán controlar los cruces de las fronteras de las personas sospechosas y conservar sus datos. No obstante, la posibilidad de «acceso de los cuerpos policiales [por medio del SBC] a los sistemas de información no policiales a escala de la UE» (artículo 17/RCDI de las propuestas (2017) 793 y 794) no puede ser compatible con las finalidades enunciadas como bases de las propuestas objeto de examen. El Comité (artículo 300, apartado 4, del TFUE) debe mencionar aquí el principio de proporcionalidad y pide a la Comisión que evite cualquier programa tipo «gran hermano» ( 13 ) y crear obstáculos a la libertad de circulación de los ciudadanos europeos (artículo 3 del TUE).
3.5.

El Reglamento no obliga a los Estados miembros que reciban las observaciones de otros Estados miembros a tenerlas debidamente en cuenta. Lo mismo ocurre con los dictámenes de la Comisión dirigidos a un Estado miembro que no haya seguido necesariamente el dictamen de la Comisión. Estos casos requieren una explicación más detallada. No queda claro qué consecuencias (en caso de haberlas) cabe esperar si la Comisión considera que la explicación dada por un Estado miembro no es adecuada.
4.1.

El CESE acoge favorablemente que la Comisión haya tomado la iniciativa de aclarar el marco normativo sobre el mercado del transporte por carretera y garantizar una mejor aplicación, mejorando al mismo tiempo las condiciones de trabajo y luchando contra el dumping social, para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior en el sector. Los cambios propuestos abordan el acceso a la profesión y al mercado —incluido el cabotaje— y las condiciones de trabajo, como los tiempos de conducción, los períodos de descanso y las normas específicas sobre el desplazamiento de trabajadores en el sector del transporte por carretera. Sin embargo, el CESE considera que los cambios propuestos en la legislación, pese a querer hacer que la reglamentación se aplique fácilmente y garantice una competencia leal, en general no logran resolver eficazmente los problemas que abordan, incluidos aquellos que ha planteado la aplicación del marco actual. El CESE observa que la iniciativa ha dado lugar a distintos puntos de vista entre los Estados miembros, los interlocutores sociales y los operadores. El CESE considera que la única manera sostenible de avanzar es mediante una legislación clara y fácilmente aplicable que ofrezca seguridad jurídica por lo que respecta al acceso al mercado y una protección adecuada de los derechos sociales. El CESE también destaca la necesidad de utilizar tecnologías de la información modernas (tacógrafos, etc.) e infraestructuras eficientes (plazas de aparcamiento seguras) para contribuir a su aplicación y su cumplimiento. Una característica sorprendente de la Comunicación es que el transporte combinado no se aborda como un problema de acceso a los mercados, sino solamente como una cuestión de optimización de la sostenibilidad. (Para más información sobre las posiciones del CESE en lo que respecta a estas propuestas, véanse los distintos dictámenes aprobados).
4.3.2

No obstante, el enfoque por el que se traslada la responsabilidad principal del procedimiento a las autoridades del Estado miembro contraviene el principio generalmente aceptado del Estado miembro de acogida. La tarjeta electrónica de servicios no debería impedir o dificultar los controles que el Estado miembro de acogida debe realizar en relación con las actividades económicas desplegadas en su territorio. Así pues, la tarjeta electrónica de servicios propuesta no incluirá elementos del principio del país de origen. No obstante, el CESE expresa su apoyo de las iniciativas para aumentar la confianza entre los Estados miembros, por ejemplo aplicando de manera clara sistemas de intercambio de datos y de control adecuados y correctos.
3.8.

La implementación de pruebas en la fase más temprana sobre los terminales y las aplicaciones a escala europea puede constituir una ventaja frente a los principales agentes de alcance mundial. Desde el punto de vista comercial, el despliegue a gran escala de la 5G exige una serie de requisitos previos. El CESE considera que, mientras no se adopten normas específicas, no se producirá un desarrollo a gran escala; que, a falta de dicho desarrollo, no se comercializará ningún equipo a un precio asequible; y que la carencia de equipos priva a la 5G de uno de los componentes básicos.
5.6

El CESE propone que la Directiva prevea de forma explícita la creación de una etiqueta a escala de la UE para la accesibilidad de los productos y servicios que pueda facilitar la aplicación de la Directiva. El marcado CE, tal como se prevé en la propuesta de la Comisión, no está llamado a constituir un modo de facilitar información sobre la accesibilidad a los consumidores con limitaciones funcionales. Tampoco cabe esperar que los consumidores estén familiarizados con el ámbito de aplicación de la Directiva propuesta, por lo que no estarán en condiciones de saber si el marcado CE que figura en un producto determinado indica el cumplimiento del Acta Europea de Accesibilidad o el cumplimiento de un acto legislativo de la UE distinto. Por lo tanto, el marcado CE debería considerarse un instrumento que permita la comercialización de productos y servicios de conformidad con la legislación aplicable, y no como información a los consumidores sobre la accesibilidad.