Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se introducen técnicas de planificación racional en los sectores de distribución de gas y de electricidad» ()

(96/C 204/20)

El 19 de enero de 1996, de conformidad con el apartado 1 del artículo 130 S del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Energía, Asuntos Nucleares e Investigación, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 9 de abril de 1996 (Ponente: Sr. Morgan).

En su 335° Pleno (sesión del 24 de abril de 1996), el Comité Económico y Social ha aprobado por 108 votos a favor, cinco votos en contra y once abstenciones, el presente dictamen.

1. Introducción

1.1. En primer lugar, el Comité desearía reiterar su total apoyo al objetivo comunitario de estabilizar las emisiones de dióxido de carbono de aquí al año 2000 al nivel de 1990 en el conjunto de la Comunidad. Sin embargo, observa igualmente que esta propuesta no entrará en vigor antes de 1997, con lo cual sus consecuencias respecto al objetivo establecido para el año 2000 serán forzosamente limitadas. En este sentido, el Comité estima que esta propuesta debe concebirse con miras a mejorar la eficiencia energética para después del año 2000.

1.2. El Comité admite que la eficiencia energética tiene un papel importante que jugar en la consecución del objetivo relativo a las emisiones de CO2 y que, además, una mejor eficiencia energética puede conllevar otras ventajas, en particular, por medio de un incremento de la competitividad de la economía comunitaria y haciendo posible que los consumidores satisfagan sus necesidades de calefacción, luz y corriente eléctrica al mínimo coste. Cara a los objetivos de la cohesión social, resulta de particular importancia que los consumidores de ingresos reducidos puedan beneficiarse de las ventajas de la eficiencia energética.

1.3. El Comité también reconoce que las empresas de gas y de electricidad, que abastecen de energía a la gran mayoría de consumidores de la Comunidad, deben desempeñar un papel esencial en lograr un abastecimiento eficaz al menor coste energético posible de calefacción, luz y corriente eléctrica a hogares, empresas y otros consumidores. En este sentido, el Comité destaca la valiosa experiencia que a través del programa Save se ha adquirido en una serie de proyectos sobre eficiencia energética llevados a cabo por empresas de gas y de electricidad.

1.4. El Comité considera que la eficiencia energética es una cuestión de gran importancia; en su dictamen sobre la propuesta SAVE en 1991, afirmaba que se debería conceder mayor prioridad a la eficiencia energética en los Estados miembros, dada la necesidad de conservación de energía y también por motivos medioambientales (). En septiembre de 1994, el Comité emitió un dictamen sobre política energética comunitaria (). En él se llegaba a la conclusión de que «la utilización racional de la energía constituye uno de los sectores energéticos con más futuro. Su contribución es plenamente positiva en términos de mejora de la competitividad, seguridad del aprovisionamiento y protección del medio ambiente».

1.5. El Comité reconoce que existen grandes posibilidades de una reducción de CO2 si se llevan a cabo cambios en los métodos de producción de electricidad. Sin embargo, esta cuestión queda fuera del campo de aplicación de esta propuesta y, por consiguiente, no se la ha tomado en consideración a la hora de preparar este dictamen.

1.6. En este dictamen existen referencias al efecto de la liberalización en las posibilidades y planteamientos relativos a los programas de eficiencia energética llevados a cabo por las empresas de distribución de gas y de electricidad y al papel de las nuevas empresas competidoras. Sin embargo, se presupone en todos los casos que se aplicarán los marcos reguladores apropiados a fin de garantizar que se cumpla con las obligaciones de servicio público.

1.7. El Comité acoge favorablemente los objetivos de esta propuesta, si bien ha tenido alguna dificultad en la interpretación de las implicaciones del texto del Proyecto de Directiva. Por esta razón, en el apartado 2 hemos discutido las partes fundamentales del texto que han dado lugar a confusión. En el apartado 3 se comentan otros temas suscitados por el Proyecto. En el apartado 4 se recomiendan modificaciones específicas al texto. En el apartado 5 se da un apoyo con reservas a una Directiva basada en dichas modificaciones.

2. Interpretación del Proyecto de Directiva

2.1. Artículo 1

Varios términos de importancia deben clarificarse: «sectores de distribución de gas y de electricidad», en particular, la diferencia entre las funciones de abastecimiento y distribución; «Planificación integrada de los recursos» (PIR); «posibles inversiones»; «misma base económica». También es importante aportar una mayor claridad a la restricción de la Comisión de la aplicación de la PIR a las funciones de distribución (y abastecimiento) de las empresas de gas y de electricidad.

2.1.1. Si bien el Proyecto habla de empresas de distribución, es la función de suministro, antes que la de distribución, la que pone a éstas en relación con los consumidores; de ahí la posibilidad de desarrollar «una nueva función de suministradores de un servicio energético» y no de meros «vendedores de un producto». Esto queda recogido así en el documento de la Comisión sobre el mercado interior, que define la distribución del siguiente modo: «el transporte de electricidad por las redes de distribución de baja tensión, con el fin de entregarla a los clientes». El suministro se define como «la entrega y venta de electricidad a los clientes» (). El Comité reconoce que en muchos Estados miembros las funciones de suministro y distribución están integradas en una misma compañía, que puede poseer el monopolio del suministro a los consumidores locales. No obstante, como consecuencia de la liberalización del mercado, esta situación puede cambiar y la libre competencia del suministro llegar a ser una realidad. Por ello, es necesario que la propuesta distinga entre suministro y distribución, a fin de reflejar las diversas estructuras en los diferentes Estados miembros y las vías hacia la liberalización.

2.1.2. Habitualmente, se entiende por PIR el sistema que por vez primera se aplicó en los EE UU y consiste en el cálculo comparativo de los costes y ventajas que conlleva la inversión en nuevos equipos de producción, transmisión o distribución de energía con relación a la inversión en medidas encaminadas a reducir la demanda de energía de los consumidores, esto es, la gestión de la demanda. Entendida de este modo, la PIR tiende a requerir un monopolio de suministro a consumidores finales (hogares o empresas) y la integración vertical también facilita su buen funcionamiento. Contrariamente a esta acepción habitual, la Comisión sólo aplica la PIR a las opciones orientadas a la demanda de las funciones de distribución de empresas de gas y de electricidad y a la función de abastecimiento en el caso de que ésta esté separada. Por consiguiente, el Comité prefiere evitar el uso del término PIR y en su lugar utiliza el término «técnicas de planificación racional», expresión que se recoge en el título del Proyecto de Directiva.

2.1.3. El Comité entiende que la interpretación de la Comisión del término «posibles inversiones» significa lo siguiente:

2.1.3.1. En el contexto específico de empresas de abastecimiento, la venta de servicios energéticos integrados (véase punto 3.2 infra) en vez de intentar maximizar las ventas por unidad de gas o electricidad.

2.1.3.2. En el caso de una empresa de distribución, la introducción de técnicas de gestión de la demanda, (en particular dirigidas a reducir la demanda en periodos álgidos) con objeto de evitar o aplazar la necesidad de inversión en la capacidad de la red de distribución. En un entorno liberalizado, las propuestas sobre gestión de la demanda que haga una empresa distribuidora tendrán que ser cuidadosamente examinadas en colaboración con las empresas suministradoras, lo cual puede resultar difícil, o bien el distribuidor tendrá que dar unas referencias de precio adecuadas a los suministradores mediante el sistema de las cargas por uso.

2.1.3.3. En algunos países, se da libertad a los distribuidores y suministradores para aplicar dispositivos de PCCE. El Proyecto de Directiva no menciona de modo específico la producción combinada de calor y electricidad (PCCE). No obstante, la PCCE a escala reducida y descentralizada (localizada) tiene un importante papel que jugar en la gestión de la demanda y constituye un componente esencial de los servicios energéticos integrados (véase apartado 3.2). En especial, la PCCE puede mejorar la eficacia de la utilización final de la energía, al hacer posible la sustitución de otras formas de calefacción que producen mayores emisiones de CO2.

2.1.3.4. Sin embargo, estas posibilidades no conllevan en todos los casos que la compañía distribuidora realice una comparación de las inversiones; una compañía distribuidora puede adquirir simplemente unidades de electricidad o de gas de otros productores y venderlas a sus propios clientes, con lo cual se crea un beneficio y no un gasto. Por consiguiente, el término «posibles inversiones» es ambiguo y debe suprimirse. En el apartado 4.3 se propone una nueva formulación.

2.1.4. A fin de que la propuesta sea aplicable a un conjunto de estructuras de mercado y además sea compatible con el principio de subsidiariedad, el Comité entiende que las empresas de gas y de electricidad de los Estados miembros gozarán de absoluta discrecionalidad en la fijación de cuál deba ser la «misma base económica».

2.1.5. Con objeto de dejar clara la delimitación de esta propuesta a las funciones de suministro y distribución de las empresas de gas y de electricidad, se propone añadir una frase al final del artículo 1 (véase apartado 4.3)

2.2. Artículo 2

Al principio, una preocupación esencial del Comité consistía en el hecho de que la propuesta no parecía tener suficientemente en cuenta la existencia de diferentes estructuras de mercado energético en los Estados miembros. Existe una gran variedad de estructuras, desde monopolios integrados completa y verticalmente a estructuras con elementos monopolísticos y de libre competencia o estructuras liberalizadas o en proceso de ser liberalizadas. No obstante, entendemos que este artículo se ha redactado expresamente como marco para ajustar las diferencias de las estructuras y tipos de propiedad de la industria, así como las diferentes estructuras de mercado en los 15 Estados miembros, y, en líneas generales, es coherente con el desarrollo del mercado único. También reconoce el principio de subsidiariedad y, por tanto, no tiene carácter obligatorio, otorgando gran discrecionalidad a los Estados miembros en su aplicación. Este «marco de medidas» se ha de definir a nivel nacional para que se pueda adaptar a la situación específica de cada país. Se entiende que el enfoque «racional» recomendado debiera ser también comercial y económico. Interpretada así, la propuesta puede aplicarse en mercados plenamente competitivos. Sin embargo, para que la propuesta pueda interpretarse de esta manera no prescriptiva, se requieren algunos cambios en la redacción de las letras a) a e) del artículo 2.

2.2.1. Letra a) del artículo 2

La referencia a «todos» los otros posibles recursos energéticos alternativos es demasiado amplia en el contexto de una sola empresa distribuidora de gas o de electricidad, y puede causar problemas de orden práctico y retrasos en la ejecución, dada la dificultad de determinar cuáles puedan ser «todos» los otros posibles recursos. Por consiguiente, proponemos que en el punto 4.4 se suprima la palabra «todos».

2.2.2. Se debe evitar el término «plan integrado de recursos» (véase punto 2.1.2).

2.2.3. Letra c) del artículo 2

2.2.3.1. Una primera lectura de este apartado suscitó cierta preocupación por la protección del consumidor, en razón de las aparentes similitudes entre los esquemas de PIR aplicados en los EE UU, que pueden ir en detrimento de la mayoría de los consumidores. En los EE UU se ha pedido a todos los consumidores que paguen recargos para costear la PIR, aunque sólo algunos se hayan beneficiado de ella. Sin embargo, el Comité entiende que la Comisión no tiene la intención de que su sistema de planificación racional implique un aumento de tarifa para todos los consumidores y que sólo los consumidores que se beneficien de este sistema pagarán.

2.2.3.2. Entendemos ahora que la Comisión redactó este artículo para garantizar que las empresas no se vean imposibilitadas de financiar esquemas de eficiencia energética por restricciones legales a su libertad comercial de introducir tales elementos en las cuentas de gasto energético de los consumidores participantes. Sin embargo, la actual redacción del Proyecto no es suficientemente clara a este respecto; en consecuencia, el Comité propone modificaciones en el texto (véase punto 4.6) para clarificar su significado.

2.2.3.3. La frase «garantizar que las empresas de distribución que emprendan programas de gestión de la demanda no experimenten pérdidas en términos de beneficios netos» suscita la preocupación de que esto podría resultar en exceso ventajoso para las empresas y en detrimento del consumidor. Enfrentados a tal requisito, los legisladores tenderán a preferir arriesgarse a penalizar al consumidor antes que a la compañía. El Comité propone suprimir esa frase.

2.2.4. Los temas a los que se refiere la letra d) del artículo 2 se discuten en el apartado 3 de este dictamen.

2.2.5. Letra e) del artículo 2

El Comité entiende que la propuesta recogida en el Proyecto y destinada a fomentar la integración de la gestión de la demanda en sistemas de licitación sobre nuevas capacidades se refiere a la política de contratación pública en el sector de la energía. Esto implicaría que, cuando los órganos del sector público (servicios del gobierno central, entes locales, autoridades sanitarias, etc) inviten a las compañías energéticas a hacerles una oferta de suministro de energía para sus edificios y otras instalaciones, los criterios de la oferta deberían en una primera fase incluir el requisito de que las necesidades energéticas se satisfagan mediante la combinación más adecuada de opciones de suministro y demanda. Con todo, este propósito no queda claro en los términos en que está redactada la Directiva actualmente, y por ello el Comité sugiere una nueva redacción del punto 4.8.

3. Cuestiones suscitadas por la Directiva

3.1. Barreras a la eficacia energética

3.1.1. Es importante comprender por qué los consumidores no invierten en eficiencia energética incluso si a menudo les es rentable hacerlo así. La falta de medios financieros, aparte del caso de los hogares de ingresos reducidos (véase punto 3.1.5 infra), no constituye una barrera significativa, ya que la mayoría de los hogares y empresas podrían obtener préstamos para financiar inversiones en eficiencia energética, si realmente quisieran.

3.1.2. Sin embargo, la falta de información sí constituye una barrera significativa. Los consumidores tienen pocas fuentes de información y asesoramiento independientes sobre el uso de la energía. Desde un punto de vista económico, la necesidad de informar a las empresas resulta evidente, dado que los recursos malgastados por un uso ineficiente de la energía podrían utilizarse más provechosamente en otros sectores de la economía, por ejemplo en la creación de empleos, aumento de la productividad o de las exportaciones, etc. Las organizaciones de consumidores tienen un importante papel que desempeñar en colaboración con las empresas de distribución de gas y de electricidad en lo que se refiere a la información a los consumidores.

3.1.3. Muchos cálculos teóricos de la relación coste/eficacia de las medidas de eficiencia energética pueden subestimar los costes de transacción o transferencia, sobre todo en términos de inversión de tiempo que el consumidor requiere para organizar el trabajo, obtener financiación, etc. Estos costes pueden dar lugar a que la inversión en eficiencia energética se amortice en más tiempo del que el coste de las propias medidas podría sugerir y hacer pensar al consumidor que el esfuerzo requerido no merece la pena. Por esta razón, se puede dar el caso de que muchas inversiones en eficiencia energética que podrían dar lugar a un ahorro significativo de energía y CO2 no se lleven a cabo.

3.1.4. Otra barrera a la eficacia energética puede ser el problema de la relación inversorusuario. Se puede dar la situación de que los propietarios tengan pocos incentivos para invertir en aislar las viviendas, si es el inquilino el que se beneficia del consiguiente descenso en costes energéticos. También pueden ser los inquilinos quienes no estén dispuestos a invertir en la propiedad de otra persona. Se deben establecer sistemas adecuados para resolver este problema, por ejemplo, haciendo que los alquileres reflejen la eficiencia energética de los edificios.

3.1.5. Los consumidores de ingresos reducidos no cuentan con el capital para financiar ellos mismos medidas de eficiencia energética y a menudo no pueden obtener préstamos para este fin. El uso reducido de energía por parte de muchos consumidores con un bajo nivel de ingresos implica que con las medidas de eficiencia energética muchos realizarán un ahorro limitado en sus cuentas energéticas, al hacer que los períodos de amortización sean más largos y, por tanto, dificultar mucho más la conclusión de contratos.

3.2. Servicios energéticos integrados (SEI)

3.2.1. El apartado 3.1 ponía de relieve las barreras a la eficiencia energética. El Comité admite que las empresas suministradoras de gas y de electricidad pueden contribuir a superar las barreras de los costes de información y transacción a la eficiencia energética y considera esta propuesta como un medio de desarrollar en el futuro dicho papel con más intensidad. En realidad, el consumidor no desea comprar unidades de gas o de electricidad; sólo desea calefacción, luz y corriente eléctrica. La introducción de técnicas de fomento de uso racional de energía, según prevé esta propuesta, debería contribuir a fomentar esta nueva forma de plantear la cuestión. Los consumidores pueden reducir las facturas de gasto de energía de dos maneras: por medio de un precio más bajo por unidad, o usando menos unidades. La empresa de servicios energéticos integrados es consciente de ello y permite al consumidor reducir sus facturas (además de otras ventajas, como una casa más caliente, mejor rendimiento, mayor comodidad) del modo que más convenga a sus necesidades. Los SEI ofrecen una gran variedad de servicios, como suministro de gas y de electricidad, suministro de calefacción y electricidad (con la PCCE), aislamiento, encendido de bajo coste energético, una nueva caldera de calefacción central eficiente energéticamente, un pequeño generador PCCE; todos estos servicios son disponibles en una empresa SEI. El objetivo es garantizar que, incluso si el consumidor debe pagar por nuevos equipamientos, el ahorro en su unidad de consumo implique que la cuenta total por los servicios energéticos sea a medio plazo menor de lo que previamente venía pagando sólo por el abastecimiento energético. En algunos casos, las medidas de eficiencia energética se pagan en un plazo de 1-2 años; frecuentemente, este plazo es de 5 años, y se da la posibilidad de ahorro neto a partir de entonces.

3.2.2. El concepto de servicio energético implicará la introducción de nuevas formas y planteamientos de facturación. Es importante que esto se haga manteniendo la transparencia del precio; las facturas y cuentas deberían recoger de una manera inequívoca qué cargos se refieren al abastecimiento de combustible y cuáles a productos o servicios de eficiencia energética. Con objeto de garantizar que se mantenga la confidencialidad del consumidor, el Comité estima que los consumidores y las organizaciones de consumidores deben participar en el desarrollo y aplicación de estos conceptos.

3.2.3. La libre competencia del abastecimiento de energía puede ser beneficiosa para la eficiencia energética y facilitar el desarrollo del enfoque propio de los SEI. Las empresas de gas y de electricidad debieran percatarse de que la oferta de una gama de servicios energéticos es una buena forma de ganar y conservar clientes. Probablemente, la aparición de suministradores que ofrezcan más de un combustible contribuirá de manera decisiva al desarrollo de los SEI, en especial para consumidores particulares. Tales suministradores tendrán mayores posibilidades de dar un asesoramiento imparcial acerca de cuál es el mejor combustible.

3.2.4. Las compañías independientes también ofrecen servicios energéticos y esta tendencia probablemente se intensificará a medida que se liberalicen los mercados. Los gobiernos necesitarán garantizar que las compañías distribuidoras no usen su poder en el mercado para suprimir esta clase de compañías y que la competencia sea leal.

3.2.5. Con objeto de estimular que se lleven a cabo las medidas esbozadas en el punto 3.2.1, los suministradores de los SEI también pueden conceder a los consumidores incentivos económicos. Por ejemplo, podrían desempeñar el papel de agente con relación al uso de las ayudas estatales (en el caso de que las haya), o comprar al por mayor y vender a precios ventajosos, (por ejemplo, bombillas eléctricas de gasto energético reducido). El segundo guión de la letra d) del artículo 2 trata de esto.

3.2.6. En la letra d) del artículo 2 se recoge una propuesta por la que se fijan los programas de la gestión de la demanda para usuarios de ingresos reducidos. Según se destaca en el punto 3.1.5, los hogares con ingresos reducidos afrontan problemas de peso derivados de la falta de capital. En consecuencia, requieren incentivos económicos mayores que otros consumidores (véase punto 3.2.5) para que puedan llevar a cabo medidas de eficiencia energética. En la medida en que no se les puede proveer de servicios energéticos según criterios de mercado, y que, en su acción dentro del mercado o de las iniciativas de gestión de la demanda, los suministradores o distribuidores de energía no pueden justificar la concesión de subsidios (por ejemplo, para evitar realizar inversiones en la capacidad de distribución), los programas correspondientes dirigidos a los consumidores de ingresos reducidos dependerán por lo general de la disponibilidad de ayudas estatales.

3.2.7. Pasar de un suministro de energía a la prestación de servicios energéticos, y conseguir así una transformación del mercado puede necesitar bastante tiempo, sobre todo en el sector del consumo doméstico. Dado el compromiso de la UE de reducir emisiones, el proceso debe completarse con cierta rapidez. Uno de los objetivos de esta Directiva, según lo entiende el Comité, es contribuir a superar las barreras que podrían impedir esta transformación del mercado (por ejemplo, letra c) del artículo 2).

3.3. Incentivos artificiales de abastecimiento

Los controles de ingresos (de ganancias o de precios) que los Estados miembros imponen a los suministradores o distribuidores de energía pueden constituir significativos indicios de la necesidad de un uso racional de la energía. En este sentido, resulta importante que no concedan a las compañías energéticas un incentivo artificial para aumentar el número de unidades suministradas o distribuidas.

4. Modificaciones específicas al texto de la Directiva

4.1. En este apartado del dictamen se proponen modificaciones específicas al Proyecto que tratan los aspectos y cuestiones examinados en los apartados 2 y 3.

4.2. Primer párrafo de la segunda página del Proyecto de Directiva

Sustitúyase el texto: «no puede llevarse a cabo satisfactoriamente a nivel de Estados miembros» por

«necesita llevarse a cabo satisfactoriamente en todos los Estados miembros».

Exposición de motivos

La acción se llevará a cabo a nivel de Estados miembros. El propósito de la Directiva es suministrar el marco de aplicación.

4.3. Artículo 1

Suprímase el texto actual y sustitúyase por el siguiente:

«El objeto de la presente Directiva es contribuir al objetivo de la Comunidad de estabilizar las emisiones de dióxido de carbono al nivel de 1990 para el año 2000 en toda la Comunidad y desarrollar un marco sólido para continuar mejorando la eficiencia energética después del año 2000. Su propósito es conseguir que los sectores de abastecimiento o distribución de gas y electricidad se comprometan a mejorar la eficiencia de la utilización final de la energía mediante la aplicación de técnicas de planificación racional. La "eficacia de la utilización final" incluye la producción combinada de calor y electricidad (PCCE) a escala reducida descentralizada (localizada). Las técnicas de planificación racional se utilizarán para evaluar los recursos energéticos alternativos (abastecimiento energético y reducción de la demanda) partiendo de una base económica comparable. Esta Directiva es aplicable solamente a las actividades de abastecimiento y distribución de las empresas de gas y de electricidad.»

Exposición de motivos

i) De cara al objetivo del año 2000, la Directiva sólo podrá conseguir relativamente poco. Por consiguiente, es preciso un planteamiento que vaya más allá del año 2000.

ii) La Directiva afectará a la función de abastecimiento así como a la de distribución (véase punto 2.1.1).

iii)

La expresión «planificación integrada de recursos» es ambigua, ya que se asocia con la PIR que se practica en los EE UU, que cubre la cadena entera de producción, transmisión y distribución. Por este motivo, el Comité prefiere el término «técnicas de planificación racional» (véase punto 2.1.2).

iv) La expresión «posibles inversiones» se ha suprimido, ya que no siempre se realizará una elección basada en el cotejo entre inversiones diferentes (véase punto 2.1.3).

v) La producción combinada de calor y electricidad (PCCE) a escala reducida y descentralizada (localizada) puede mejorar la utilización final racional de gas y electricidad; de ahí que se pueda incluir en la definición de «eficiencia de la utilización final de la energía» (véase punto 2.1.3.3).

vi) La frase final aclara que el ámbito de la Directiva se limita a las funciones de abastecimiento y distribución de las empresas de gas y de electricidad (véase punto 2.1.5).

4.4. Letra a) del artículo 2

Suprímase la palabra «todos» en la cuarta línea.

Sustitúyanse las palabras «misma base económica» por «base económica comparable».

Exposición de motivos

Véase punto 2.2.1.

4.5. Artículo 2 b)

Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

«Verificación de la aplicación de las medidas económicas de eficiencia energética que determinen las técnicas de planificación racional.»

Exposición de motivos

Véase puntos 2.1.2 y 4.3, iii).

4.6. Letra c) del artículo 2

Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

«Revisión de la legislación existente en este ámbito a fin de garantizar que no hay barreras que impidan a las empresas de abastecimiento o de distribución de gas y de electricidad extender la factura a los clientes por los servicios y productos energéticos suministrados. Cualesquiera cambios en la facturación deben preservar la transparencia de precios y distinguir entre el suministro de combustible y los servicios de eficiencia energética para el consumidor. Asimismo, asegurarán que no se interponen obstáculos al desarrollo de empresas de servicios y suministro integrados de energía que ofrezcan gas, electricidad, calor, otros combustibles y medidas encaminadas a ahorrar energía, de tal manera que los Servicios integrados de energía puedan ofrecerse a los consumidores y se maximice el potencial de eficiencia energética. También garantizarán que los suministradores de servicios independientes de energía tengan libre acceso al mercado.»

Exposición de motivos

Véanse puntos 2.2.3 y 3.2.

4.7. Tercer guión de la letra d) del artículo 2

Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

«Dirijan algunos programas de SEI y de gestión de la demanda a los consumidores con un bajo nivel de ingresos.»

Exposición de motivos

Véase punto 3.2.6.

Cuarto guión de la letra d) del artículo 2

Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

«Apoyen los SEI mediante la creación de ayudas financieras o mediante la colaboración con las empresas existentes que ofrezcan mecanismos de financiación a través de un tercero.»

Exposición de motivos

Aclara el sentido del texto de la Directiva.

4.8. Letra e) del artículo 2

Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

«Apoyo a las autoridades públicas para que introduzcan las opciones de gestión de la demanda en sus contrataciones públicas de energía.»

Exposición de motivos

Véase punto 2.2.5.

5. Conclusión y recomendaciones

5.1. El Comité suscribe el objetivo de la Comisión de lograr la meta fijada por la Comunidad en la reducción de emisiones de CO2. Apoya el propósito de esta propuesta consistente en que las empresas de gas y de electricidad contribuyan al logro de dichos objetivos mediante la toma de iniciativas económicas para mejorar la eficiencia del uso energético de los consumidores. Sin embargo, y en especial en el contexto de su preámbulo, la propuesta no resulta clara en los términos en que está redactada.

5.2. Tras discusiones con la Comisión, el Comité entiende que el propósito de ésta es instar a los Estados miembros a que desarrollen un marco para la eficacia de la utilización final de energía, que solamente contemple las actividades de distribución y de abastecimiento de las compañías distribuidoras y que tome buena nota de los intereses de los consumidores.

5.3. De las observaciones anteriores se desprende que el Comité no apoya la propuesta de Directiva del Consejo presentada por la Comisión en sus términos actuales. No obstante, el Comité estima que se requiere una Directiva para asegurar la adopción de técnicas de uso racional de energía en los sectores de gas y electricidad. El Comité apoyaría únicamente una Directiva que incluyera los cambios de redacción detallados en el apartado 4 de este dictamen y espera que la Comisión modificará el Proyecto de Directiva con arreglo a los mismos.

5.4. El Comité recomienda que la Comisión revise el texto de la Exposición de motivos teniendo en cuenta los apartados 2 y 3 de este dictamen.

Hecho en Bruselas, el 24 de abril de 1996.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Carlos FERRER

() DO n° C 1 de 4. 1. 1996, p. 6.

() Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Decisión del Consejo relativa al fomento de la eficacia energética en la Comunidad (Save)» (doc. COM(90) 365 final), de 20. 3. 1991.

() Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Política energética comunitaria» (Dictamen de iniciativa), DO n° C 393 de 31. 12. 1994.

() DO n° C 65 de 14. 3. 1992, p. 6.