Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento por el que se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior (Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación) y se modifica la Directiva 2010/13/UE

(2022/C 487/07)

[El texto completo del presente Dictamen está disponible en inglés, francés y alemán en el sitio web del SEPD: https://edps.europa.eu]

El 16 de septiembre de 2022, la Comisión Europea publicó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco común para los servicios de comunicación en el mercado interior (Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación) y se modifica la Directiva 2010/13/UE.

La propuesta tiene por objeto mejorar el funcionamiento del mercado interior de los medios de comunicación, en particular fomentando la actividad y la inversión transfronterizas en los servicios de medios de comunicación, mejorando la cooperación y la convergencia normativas, facilitando la prestación de servicios de medios de comunicación de calidad y garantizando una asignación transparente y justa de los recursos económicos en el mercado interior de los medios de comunicación.

El SEPD acoge con satisfacción el objetivo de la propuesta de proteger la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, como condición previa para el funcionamiento del mercado interior de la UE de los servicios de los medios de comunicación e, igualmente importante, como factor clave para el Estado de Derecho y la rendición de cuentas democrática en la Unión.

No obstante, el SEPD recomienda aclarar en primer lugar el ámbito de aplicación, tanto personal como material, del futuro Reglamento. En particular, señala que, a pesar de la intención de la Comisión, claramente expresada en la propuesta, de establecer normas que garanticen la protección a escala de la UE de las fuentes de periodistas —incluidos los profesionales independientes—, el ámbito de aplicación de la propuesta, tal como se define actualmente, solo incluye a los prestadores de servicios de medios de comunicación y no engloba a todos los periodistas. El SEPD recomienda que se añada una referencia explícita a los periodistas en las disposiciones pertinentes del futuro Reglamento, a fin de aclarar que todos los periodistas —incluidos los profesionales independientes o los autónomos— entrarían en el ámbito de aplicación del futuro Reglamento y, por tanto, también podrían contar con una protección sólida de las fuentes y las comunicaciones periodísticas. Además, recomienda que se aclaren los criterios para determinar cuándo un periodista está bajo la jurisdicción de un Estado miembro. El SEPD también recomienda aclarar horizontalmente que el futuro Reglamento se entenderá sin perjuicio de la legislación de la UE en materia de protección de datos personales y privacidad y no afectará, en particular, al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (1), la Directiva sobre la privacidad (2) y las comunicaciones electrónicas y la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal (3).

En segundo lugar, si bien el SEPD apoya plenamente el objetivo de la propuesta de ofrecer garantías específicas para la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, alberga dudas sobre la eficacia práctica de las medidas propuestas para alcanzar el objetivo perseguido. En particular, el SEPD considera que la versión actual del artículo 4, apartado 2, letras b) y c), de la propuesta, concretamente en lo que respecta a las excepciones a la prohibición de interceptar y someter a vigilancia a los prestadores de servicios de medios de comunicación, incluido mediante la instalación de programas espía en sus dispositivos, no ofrece suficientes garantías y carece de claridad jurídica. El SEPD invita a los colegisladores a definir en mayor detalle y restringir la posibilidad de renunciar a la protección de las fuentes y las comunicaciones periodísticas, en consonancia con los principios de estricta necesidad y proporcionalidad, tal como se interpretan en la jurisprudencia del TJUE y del TEDH. Está convencido de que la única opción viable y eficaz para proteger los derechos y libertades fundamentales en la Unión, incluida la libertad de los medios de comunicación, contra los programas espía de uso militar muy avanzados es la prohibición general de su desarrollo y despliegue —con excepciones muy limitadas y definidas de forma exhaustiva— complementada por sólidas salvaguardias, como las sugeridas en las observaciones preliminares del SEPD sobre los programas espía modernos.

En tercer lugar, por lo que se refiere a la autoridad u organismo independiente nacional encargado de tratar las denuncias presentadas en relación con infracciones de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, letras b) y c), de la propuesta, el SEPD recomienda garantizar que el futuro Reglamento establezca explícitamente garantías específicas de independencia y prevea una base jurídica explícita para la cooperación entre las autoridades de control pertinentes, cada una dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Además, el SEPD recomienda que el futuro Reglamento exija una cooperación estructurada entre las autoridades de control competentes, incluidas las autoridades de protección de datos, y haga referencia explícita a las autoridades nacionales de control competentes que participarán en la cooperación e identificarán las circunstancias en las que debería tener lugar la cooperación. En concreto, el SEPD recomienda garantizar que las autoridades competentes independientes designadas en virtud del futuro Reglamento tengan el poder y el deber de consultar a las demás autoridades nacionales de control competentes, incluidas las autoridades de protección de datos, en el contexto de sus investigaciones y evaluaciones del cumplimiento. Por lo que se refiere a las autoridades nacionales de protección de datos, el SEPD recomienda específicamente aclarar que las autoridades independientes competentes en virtud del futuro Reglamento deberían poder proporcionar a las autoridades de control competentes con arreglo al RGPD y a la Directiva sobre protección de datos, previa solicitud o por propia iniciativa, cualquier información obtenida en el contexto de una auditoría o investigación relacionada con el tratamiento de datos personales e incluir una base jurídica explícita a tal efecto.

Por otra parte, en lo que respecta a la publicación de información relativa a los prestadores de servicios de medios de comunicación y, en particular, a sus propietarios y titulares reales, el SEPD recomienda que en la propuesta se precise expresamente el objetivo u objetivos de interés público perseguidos y que se garantice que la lista de categorías de información que debe facilitarse en virtud del artículo 6, apartado 1, de la propuesta esté claramente definida y se indique expresamente en el futuro Reglamento

Por último, el SEPD recomienda aclarar si se tratarán datos personales durante la cooperación o la asistencia mutua entre las autoridades u organismos reguladores nacionales establecidos en la propuesta y, en caso afirmativo, establecer explícitamente los fines del tratamiento, las categorías específicas de los datos personales que deben tratarse, el período de conservación de los datos y la identificación de las funciones y responsabilidades de las autoridades y organismos reguladores nacionales en el sentido de la legislación sobre protección de datos.

1. INTRODUCCIÓN

1. El 16 de septiembre de 2022, la Comisión Europea publicó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior (Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación) y se modifica la Directiva 2010/13/UE (en lo sucesivo, «la propuesta») (4).

2. La propuesta se estructura sobre cuatro objetivos específicos, a saber: 1) fomentar la actividad y la inversión transfronterizas en los servicios de medios de comunicación mediante la armonización de ciertos elementos de los marcos nacionales divergentes relativos al pluralismo de los medios de comunicación, en particular para facilitar la prestación transfronteriza de servicios; 2) mejorar la cooperación y la convergencia normativas por medio de instrumentos de coordinación transfronteriza y dictámenes y orientaciones a escala de la UE; 3) facilitar la prestación de servicios de medios de comunicación de calidad a través de la reducción del riesgo de injerencias públicas y privadas indebidas en la libertad editorial; y 4) garantizar una asignación transparente y equitativa de los recursos económicos en el mercado interior de los medios de comunicación mediante el refuerzo de la transparencia y la equidad en la medición de la audiencia y en la asignación de la publicidad estatal (5).

3. El presente dictamen del SEPD se emite en respuesta a una consulta de la Comisión Europea de 16 de septiembre de 2022, de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del RPDUE (6). El SEPD acoge con satisfacción la referencia a esta consulta en el considerando 54 de la propuesta. A este respecto, el SEPD también observa positivamente que ya se le consultó informalmente de conformidad con el considerando 60 del RPDUE.

4. CONCLUSIONES

46. En vista de lo anterior, el SEPD formula las recomendaciones siguientes: (1) añadir una referencia explícita a los «periodistas» en las disposiciones pertinentes del futuro Reglamento, a fin de que todos los periodistas, incluidos los profesionales independientes o los autónomos, entraran en el ámbito de aplicación del futuro Reglamento y, por tanto, también pudieran contar con una protección sólida de las fuentes y las comunicaciones periodísticas y aclarar los criterios para determinar cuándo un periodista está bajo la jurisdicción de un Estado miembro; (2) aclarar horizontalmente que el futuro Reglamento se entenderá sin perjuicio de la legislación de la UE en materia de protección de datos personales y privacidad y no afectará, en particular, al RGPD, la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas y la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal; (3) definir en mayor detalle y restringir la posibilidad de renunciar a la protección de las fuentes y las comunicaciones periodísticas en virtud del artículo 4, letras b) y c), de la propuesta, en consonancia con los principios de estricta necesidad y proporcionalidad. En particular, el SEPD está convencido de que la única opción viable y eficaz para proteger los derechos y libertades fundamentales en la Unión, incluida la libertad de los medios de comunicación, contra los programas espía de uso militar muy avanzados es la prohibición general de su desarrollo y despliegue —con excepciones muy limitadas y definidas de forma exhaustiva— complementada por sólidas salvaguardias, como las sugeridas en las observaciones preliminares del SEPD sobre los programas espía modernos (7); (4) garantizar que el futuro Reglamento establezca explícitamente garantías específicas de independencia para las autoridades u organismos encargados de tratar las denuncias presentadas en relación con infracciones de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, letras b) y c), de la propuesta; (5) garantizar que el futuro Reglamento: (1) prevea una base jurídica explícita para la cooperación entre las autoridades de control pertinentes, cada una dentro de sus respectivos ámbitos de competencia; (2) exija una cooperación estructurada entre las autoridades de control competentes, incluidas las autoridades de protección de datos; (3) haga referencia explícita a las autoridades nacionales de control competentes que participarán en la cooperación e identificarán las circunstancias en las que debería tener lugar la cooperación. En concreto, el SEPD recomienda garantizar que las autoridades competentes independientes designadas en virtud del futuro Reglamento tengan el poder y el deber de consultar a las demás autoridades nacionales de control competentes, incluidas las autoridades de protección de datos, en el contexto de sus investigaciones y evaluaciones del cumplimiento. Por lo que se refiere a las autoridades nacionales de protección de datos, el SEPD también recomienda aclarar que las autoridades independientes competentes en virtud del futuro Reglamento deberían poder proporcionar a las autoridades de control competentes con arreglo al RGPD y a la Directiva sobre protección de datos, previa solicitud o por propia iniciativa, cualquier información obtenida en el contexto de una auditoría o investigación relacionada con el tratamiento de datos personales e incluir una base jurídica explícita a tal efecto; (6) precisar expresamente en el futuro Reglamento el objetivo u objetivos de interés público que persigue el artículo 6, apartado 1, sobre la información que los prestadores de servicios de medios de comunicación deben poner a disposición sobre sus propietarios y titulares reales, y garantizar que la lista de categorías de información que debe facilitarse en virtud del artículo 6, apartado 1, de la propuesta esté claramente definida y se indique expresamente en el futuro Reglamento; (7) aclarar explícitamente si se tratarán datos personales durante la cooperación entre los organismos reguladores nacionales en virtud del artículo 13 de la propuesta y, en caso afirmativo, especificar también los fines del tratamiento, las categorías específicas de los datos personales que deben tratarse, el período de conservación de los datos y la identificación de las funciones y responsabilidades de las autoridades y organismos reguladores nacionales en el sentido de la legislación sobre protección de datos.

Bruselas, 11 de noviembre de 2022. Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

(1) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

(2) Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

(3) Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

(4) COM(2022) 457 final.

(5) COM (2022) 457 final, p. 3.

(6) Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.° 45/2001 y la Decisión n.° 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).

(7) Observaciones preliminares del SEPD sobre los programas espía modernos, publicadas el 15 de febrero de 2022.