A4-0258/95

Resolución sobre el Quinto Informe Anual de la Comisión relativo a los Fondos estructurales en 1993 (COM(95)0030 - C4-0117/95)

El Parlamento Europeo,

- Visto el V Informe anual de la Comisión sobre la aplicación de la reforma de los Fondos estructurales 1993 (COM(95)0030 - C4-0117/95),

- Visto el Informe anual del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio 1993 y, en particular, sus capítulos 6 y 7,

- Visto el Reglamento CEE 2052/88 ((DO L 185 de 18.7.1988, pág. 9)) y, en particular su artículo 16, así como el Reglamento CEE 4253/88 ((DO L 374 de 31.12.1988, pág. 1)), en particular su artículo 31, y el Reglamento CEE 4255/88 ((DO L 374 de 31.12.1988, pág. 21)),

- Visto el informe de la Comisión de Política Regional y las opiniones de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, de la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de Pesca (A4-0258/95),

A. Considerando que el V Informe anual corresponde al último año del primer período de aplicación de la reforma de los Fondos estructurales (1988-1993) y que ofrece ya una evaluación, aunque incompleta, de los resultados correspondientes a dicho período;

B. Considerando las dificultades macroeconómicas en las que se han aplicado las políticas estructurales comunitarias y, en particular, el aumento espectacular del paro que ha tenido lugar en todos los Estados miembros de la Unión durante el período 1988-1993; considerando que la coyuntura económica deberá ser tenida en cuenta a la hora de juzgar la eficacia de las políticas estructurales comunitarias;

C. Considerando que los Fondos estructurales deberían contribuir a la aproximación de las regiones y que, sin embargo, las diferencias entre las regiones ricas y pobres siguen siendo notables, a pesar de las importantes ayudas financieras; y considerando también que tres de los cuatro Estados miembros menos desarrollados de la Unión han mantenido durante el período 1988-1993 un crecimiento claramente superior a la media comunitaria;

D. Considerando las dificultades de proceder a una evaluación a corto plazo de muchas de las intervenciones de los Fondos estructurales y, en particular, de las acciones en materia de infraestructuras y recursos humanos que sólo pueden desplegar su eficacia completa a largo plazo y, considerando, en ese sentido, que una evaluación basada exclusivamente en el PIB resulta insuficiente;

E. Considerando que los Fondos estructurales no constituyen sino un instrumento más de la acción de la Unión para reforzar su cohesión económica y social y considerando que todas las políticas comunitarias así como las políticas económicas nacionales deben tener en cuenta dicho objetivo según establece el artículo 130 B del Tratado CE;

F. Considerando que las dificultades que se han puesto de manifiesto en la aplicación de los Fondos estructurales durante el primer período de programación (1988-1993) deben ser tenidos en cuenta en los MCA de la actual etapa;

G. A la espera de la presentación en 1996 del Informe sobre la cohesión que debe poder aportar datos definitivos sobre los resultados del período contemplado, 1988-1993, y en la perspectiva de la Conferencia intergubernamental para la reforma del Tratado;

1. Deplora el notable retraso de la publicación del Informe anual relativo a 1993 y exige a la Comisión que el informe correspondiente al ejercicio 1994 le sea presentado antes del final de 1995;

2. Lamenta que la Comisión no esté en condiciones todavía de presentar un balance completo de la aplicación de los Fondos estructurales durante el período 1988-1993; estima que tal balance es imprescindible para abordar el futuro de la política de cohesión económica y social en el marco de la reforma de los Tratados;

3. Critica que la Comisión, en vez de realizar un balance general de las intervenciones de los Fondos estructurales para todo el período de programación, haya presentado informes anuales individuales, con el resultado de que, hasta la fecha, no se dispone de un análisis sistemático de los aspectos positivos de la reforma de los Fondos estructurales en 1988;

4. Es consciente de las dificultades que ocasiona el hecho de que algunas medidas se prolonguen más allá del término real del período de programación; considera, no obstante, imprescindible que, en el futuro, la Comisión presente un informe de evaluación inmediatamente después de la conclusión de cada período plurianual;

5. Critica el carácter general o incompleto de la información que se ha facilitado al Parlamento y solicita a la Comisión que, en lo sucesivo, facilite datos completos y comparables, de manera que el Parlamento esté en condiciones de formarse una opinión propia;

6. Recuerda a la Comisión que, al aprobar la revisión de los reglamentos de los Fondos estructurales en 1993, el Parlamento apenas disponía de datos concretos de los Estados miembros sobre los resultados de la reforma y pide a la Comisión que someta a una evaluación adecuada los elementos principales de la revisión -mayor flexibilidad, concentración, nuevo objetivo 4-, con el fin de evitar que se repita en el futuro (1999) esta lamentable situación;

7. Considera que para poder informar mejor sobre la importancia que revisten los Fondos estructurales de la UE en los Estados miembros la Comisión debe facilitar más información sobre los proyectos aprobados y los créditos autorizados y actuar con mayor transparencia en este sentido;

8. Reafirma, a la vista de las dificultades en la aplicación de los Fondos que se deducen del Informe anual, su convicción de que la calidad de la programación es condición sine qua non de la eficacia de las políticas estructurales; y está persuadido de que dicha calidad depende del grado de implicación de los agentes económicos, sociales y políticos, locales y regionales, en el ejercicio de la programación;

9. Observa que la falta de capacidad técnica en las administraciones regionales y locales o problemas institucionales ligados a las relaciones entre los diferentes niveles administrativos, constituyen a menudo el origen de una programación defectuosa y, en consecuencia, de una aplicación ineficaz de los Fondos estructurales, así como, en algunos casos, de una insuficiente absorción de las ayudas; y estima, por lo tanto, imprescindible aprender de los errores del pasado y dar un mayor papel a los programas operativos específicamente dirigidos a la formación de cuadros públicos, así como a la asistencia técnica destinada a apoyar a las administraciones públicas, en una estrategia de consolidación institucional capaz de mejorar en la presente etapa (1994-1999) la eficacia de las ayudas comunitarias;

10. Reafirma la importancia de la asistencia técnica; juzga, junto con el Tribunal de Cuentas, insuficiente y tardío el recurso a dicha asistencia técnica durante el período de programación precedente y anima a la Comisión a hacer un uso más amplio de las posibilidades ofrecidas por la asistencia técnica, tanto dentro de los MCA, como a iniciativa propia, en esta fase inicial en la que nos encontramos;

11. Considera la información un elemento esencial para la plena participación de los distintos agentes económicos, sociales y políticos en la aplicación de las políticas estructurales comunitarias; juzga totalmente inadecuada e insuficiente la labor de información que corresponde a los Estados miembros, que debe, en primer lugar, permitir el acceso de los agentes directamente interesados, particularmente a nivel local, a los circuitos administrativos a través de los cuales se gestiona la aplicación de los MCA y los programas operativos; y manifiesta su desconfianza ante la aplicación de las normas de información y publicidad en el actual período de programación 1994-1999, que ignoran prácticamente dicho tipo de información práctica;

12. Estima imprescindible, dada la flexibilidad excesiva de su formulación en los reglamentos, reforzar en la práctica la aplicación del principio de cooperación con los poderes regionales y locales y los interlocutores sociales, y pide a la Comisión que aumente los contactos directos con dichas autoridades y agentes económicos;

13. Insiste en la conveniencia de reforzar el papel de los comités de seguimiento;

14. Considera conveniente simplificar al máximo la gestión de los Fondos estructurales tanto a nivel nacional como a nivel de la UE;

15. Acoge con interés la información recogida en el informe sobre la aplicación de artículo 10 del Reglamento del FEDER; opina que la dispersión de los objetivos cubiertos por dicho artículo debe corregirse en esta nueva etapa de programación y estima que las redes financiadas a su cargo deben ser utilizadas prioritariamente para mejorar la capacidad local de planificación estratégica, la capacidad técnica y la participación de los agentes locales y regionales en la aplicación de los fondos;

16. Se inquieta por la aplicación en la nueva etapa de programación del principio de adicionalidad, esencial para asegurar la eficacia de los Fondos estructurales, vistas las dificultades en evaluar su cálculo durante la etapa precedente, que debe constituir la base de su cálculo durante la etapa actual; asimismo, estima necesario realizar un análisis del esfuerzo estructural nacional por regiones, en orden a asegurar la convergencia económica entre los distintos territorios de los Estados miembros beneficiarios;

17. Lamenta que la Comisión no haya llevado a cabo todavía una comprobación satisfactoria de la aplicación del principio de adicionalidad, uno de los principios más importantes que subyacen en la reforma de 1988, y pide a esta última que exija sin demora a los Estados miembros los datos necesarios;

18. Considera la ejecución presupuestaria para el período 1988-1993 satisfactoria, pero se inquieta por los desequilibrios observados en la ejecución en ciertas zonas y el retraso en el Objetivo 2 y expresa su acuerdo con las dudas formuladas por el Tribunal de Cuentas en cuanto a la duración excesivamente corta del período de programación de dicho objetivo; asimismo, considera insatisfactorio el ritmo irregular de ejecución a lo largo de los 5 años, se inquieta ante la posibilidad de que este desequilibrio vuelva a producirse en la etapa actual y juzga necesario, ya desde ahora, prever la próxima reforma de los reglamentos de los Fondos estructurales con tiempo suficiente para que no haya discontinuidad en la financiación de acciones con cargo a los Fondos y la programación pueda abordarse con tiempo suficiente para asegurar su calidad;

19. Recuerda a la Comisión que dos años después del cierre del período de ejecución de la reforma queda todavía un importante número de compromisos por ejecutar, compromisos que podrían verse anulados al expirar los plazos;

20. Concuerda con la Comisión en la necesidad de reforzar y de aumentar los controles in situ; apoya encarecidamente el establecimiento de una coordinación permanente entre la Comisión y el Tribunal de Cuentas para mejorar los controles financieros y manifiesta su preocupación ante las debilidades de los sistemas de control financiero nacionales que se deducen del V Informe anual;

21. Confía que el nuevo artículo 198 E del Tratado CE, que permitirá al BEI financiar proyectos, tendrá una repercusión positiva en la coordinación de créditos y subvenciones a condición de que solamente se otorguen créditos a proyectos que no cuenten con otras posibilidades de crédito en mejores condiciones; sugiere a la Comisión que trate de aprovechar la experiencia del BEI asociándolo a las tareas de evaluación, en particular, por lo que se refiere a las grandes infraestructuras siguiendo el ejemplo del Fondo de Cohesión;

22. Se congratula de que, ante los problemas de compatibilidad de las acciones financiadas por los Fondos estructurales con las demás políticas comunitarias y, muy en particular, con la política de medio ambiente, sea necesario realizar una evaluación del impacto ambiental; exige a la Comisión que mejore los circuitos de coordinación entre sus servicios y, concretamente, entre la DG XVI y la DG XI, para asegurar tanto el respeto escrupuloso de la legislación medioambiental comunitaria como la estricta compatibilidad de los objetivos en materia de política estructural con los principios recogidos en el V programa de medio ambiente;

23. Toma nota de la ausencia en el V Informe de toda referencia al respeto de la legislación en materia de contratos públicos; asimismo, desea que en el próximo Informe anual la Comisión dé cuentas sobre los casos detectados de privatización de inversiones financiadas por los Fondos estructurales;

24. Pide a la Comisión que en el próximo Informe anual haga una valoración de las repercusiones de la política estructural comunitaria sobre el empleo, en particular sobre la creación de nuevos puestos de trabajo estables no sólo mediante medidas dirigidas a los recursos humanos sino también mediante medidas de infraestructura;

25. Solicita a la Comisión que para el examen de los avances logrados a través de las medidas estructurales, utilice otros indicadores que evalúen no sólo el crecimiento económico, sino que reflejen también el grado de calidad medio ambiental y la estabilidad de los puestos de trabajo a largo plazo; para ello, deben utilizarse, por ejemplo, los indicadores a los que se hace referencia en el apartado 39 de la presente resolución;

26. Toma nota de que la Comisión menciona problemas de gestión que podrían cuestionar la legalidad de la ejecución de los Fondos (transparencia de los procedimientos administrativos y contables, contratos, licitaciones y adjudicaciones), y pide a la Comisión que presente un informe específico y pormenorizado a este respecto, a la espera del informe especial del Tribunal de Cuentas sobre las irregularidades y los fraudes en el sector de los Fondos estructurales solicitado en su resolución de 5 de abril de 1995 ((DO C 109 de 1.5.1995, pág. 59)) que contiene las observaciones que constituyen parte integrante de la decisión por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio de 1993, antes de propugnar iniciativas legislativas o financieras que permitan hacer frente a este preocupante fenómeno;

27. Pide a la Comisión que haga todo lo posible por que se respeten los plazos previstos en la legislación comunitaria para el pago de las participaciones a las autoridades nacionales y por parte de éstas a los beneficiarios finales, si bien reitera la necesidad de una reforma legislativa que:

- obligue a depositar la ayuda pagada en la Tesorería del Banco Central a unos intereses previamente determinados, hasta el momento del pago al beneficiario final;

- obligue a destinar los intereses así producidos a la acción financiada;

28. Pide a la Comisión que tome medidas que permitan consolidar el actual sistema de controles, tanto a nivel nacional como comunitario, en particular mediante:

- un aumento en el número de los controles in situ y una mejor coordinación;

_ una acción firme en el marco de la cooperación que permita racionalizar los sistemas nacionales de control, incluso mediante una modificación reglamentaria que prevea la aplicación del artículo 24 del Reglamento (CEE) nº 4253/88 en caso de insuficiencia del sistema nacional;

29. Considera que la evaluación de los resultados de los Fondos con relación a los objetivos estructurales de estos últimos es condición sine qua non para el apoyo de la Comunidad y de la opinión pública europea; pide, en consecuencia, a la Comisión que se comprometa a proporcionar en un futuro próximo:

- una evaluación de la eficacia de los Fondos sobre la oferta a largo plazo y sobre las variables macroeconómicas comprometidas (inversiones, empleo, balanza comercial, etc.);

- evaluaciones pormenorizadas sobre los índices de rentabilidad interna, financiera y económica de los proyectos financiados.

Observaciones específicas sobre el FSE

30. Critica la insuficiencia de los datos sobre la participación de las mujeres en las medidas cofinanciadas por el FSE;

31. Comparte la opinión de la Comisión de que es conveniente conceder prioridad a las inversiones para el desarrollo de los recursos humanos a la vista del actual desempleo masivo y pide a la Comisión que actúe de acuerdo con sus propios postulados;

32. Reitera su opinión de que, para luchar contra el desempleo a largo plazo y fomentar la integración profesional de los jóvenes (antiguos objetivos 3 y 4, nuevo objetivo 3), las inversiones del FSE deben concentrarse en una política activa en materia de mercado de trabajo, más que en una política de mera salvaguardia de los ingresos;

33. Espera que, en los proyectos comunitarios de fomento y los programas operacionales (1994-1999), la Comisión precise y cuantifique los objetivos de la intervención, de modo que se pueda llevar a cabo de manera satisfactoria una evaluación ex-post de las intervenciones;

34. Pide una participación más activa de los interlocutores sociales y de los órganos responsables a escala local de las cuestiones de formación profesional y de empleo, en particular, en las intervenciones en favor de los recursos humanos;

35. Lamenta la ausencia de informaciones sobre las conclusiones de las evaluaciones de las operaciones específicas EUROQUALIFICATION y DIÁLOGO SOCIAL (art. 1, letra a) y c), del Reglamento CEE 4255/88 de 1993 y pide a la Comisión más transparencia en este sector;

36. Critica el hecho de que el informe sobre las medidas del FSE no contenga datos, exactos, completos, comparables y, por lo tanto, aprovechables, como por ejemplo sobre las tasas de colocación o los índices de abandonos, lo que no permite enjuiciar y valorar adecuadamente los datos facilitados;

37. Critica la falta de datos en el informe anual sobre los efectos en materia de creación de empleo de las iniciativas comunitarias en favor de los recursos humanos, tanto más cuanto que estas iniciativas han sufrido retrasos en su realización y fueron criticadas por el Tribunal de Cuentas por su mala gestión;

38. Espera que la Comisión publique pronto informes de evaluación detallados sobre el cumplimiento del principio de adicionalidad de los créditos, en particular, desde el punto de vista de la restitución de créditos;

39. Pide, precisamente para poder evaluar los progresos conseguidos gracias a las aportaciones del FSE, indicadores que posean un mayor valor informativo que las tasas de crecimiento del PIB, el índice de desempleo o la aportación del FSE a las inversiones públicas en favor del empleo y de la lucha contra el desempleo; señala, a este respecto, como posibles puntos de partida:

a) la situación en el mercado laboral:

- evolución del índice de desempleo (en particular, en los grupos destinatarios de las intervenciones del FSE),

- evolución de la situación laboral en general y de los puestos de trabajo libres,

b) el nivel de calificación:

- modificaciones relativas a las calificaciones escolares y profesionales en los Estados miembros y las regiones, en particular el índice de formación de los jóvenes, los desempleados a largo plazo y los grupos más desfavorecidos del mercado laboral,

- número de beneficiarios de las ayudas del FSE (números globales y anuales),

- costes de las medidas de formación profesional, reconversión profesional y formación permanente por participante, desglosados por tipo y amplitud de las medidas,

c) informaciones sobre la evaluación del contenido de las iniciativas que se fomentan:

- número de personas que han tenido que abandonar una medida de apoyo y, por lo tanto, no han podido alcanzar el objetivo de calificación,

- datos sobre el índice de colocación de participantes femeninos y masculinos en las medidas de formación básica en el marco de las medidas de formación profesional regulares,

- datos sobre los índices de integración en otras medidas de calificación, después de haber participado en una medida de formación profesional apoyada por el FSE,

- índices de participantes femeninos y masculinos que encuentran un puesto de trabajo gracias a una medida de apoyo,

d) evolución de los abanicos de rentas y salarios,

40. Comparte la opinión de la Comisión de que, en función de las experiencias realizadas en el ámbito de las regiones del objetivo 2, es imprescindible realizar, en el futuro, acciones preventivas y fomentar la movilidad profesional, con el fin de facilitar la transformación estructural en estas regiones y adoptar las adecuadas medidas de acompañamiento en materia de mercado de trabajo;

41. Subraya, en el contexto de la aplicación práctica del nuevo reglamento del Fondo social, la importancia de un planteamiento integrado basado en las necesidades individuales de los parados, por ejemplo, mediante el análisis de las cualificaciones existentes, el asesoramiento profesional y la combinación de formación teórica y experiencia profesional;

42. Subraya la necesidad de asegurar en todos los Estados miembros que las medidas de formación profesional y de formación permanente cofinanciadas por el FSE tengan como resultado cualificaciones reconocidas.

43. Pide a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión y al Consejo.