Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso (97/C 314/07) (Texto pertinente a los fines del EEE) COM(97) 356 final - 97/0198(COD)

(Presentada por la Comisión el 22 de septiembre de 1997)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 57 y sus artículos 66 y 100 A,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado,

Considerando que entre los objetivos de la Comunidad Europea, de acuerdo con el Tratado, figura el de crear una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa y garantizar el progreso social y económico eliminando las barreras que los separan;

Considerando que la prestación transfronteriza de servicios de radiodifusión y de servicios de la sociedad de la información puede contribuir significativamente a la consecución de estos objetivos;

Considerando que el Tratado prevé la libre circulación de todos los servicios prestados a cambio de una remuneración; que este derecho, aplicado a los servicios de radiodifusión y a los servicios de la sociedad de la información, constituye también una manifestación concreta en el Derecho comunitario de un principio más general, el de libertad de expresión consagrado en el artículo 10 del Convenio europeo par la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

Considerando que la Comisión emprendió una consulta de amplio alcance basada en el Libro verde «Protección jurídica de los servicios codificados en el mercado interior» (1); que los resultados de dicha consulta confirmaron la necesidad de un instrumento jurídico comunitario que garantizase la protección jurídica de todos los servicios cuya remuneración depende del acceso condicional;

Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 13 de mayo de 1997 sobre el Libro verde (2), pedía a la Comisión que presentase una propuesta de Directiva relativa a todos los servicios codificados en los que se utiliza la codificación para garantizar el pago de un canon, mostrándose de acuerdo en que se deben incluir los servicios de la sociedad de la información, prestados a distancia por medios electrónicos previa solicitud individual del receptor del servicio, así como los servicios de radiodifusión;

Considerando que las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales permiten brindar al consumidor mayores posibilidades de elección y contribuyen al pluralismo cultural, mediante el desarrollo de un abanico cada vez más amplio de servicios a efectos de los artículos 59 y 60 del Tratado; que la viabilidad de estos servicios dependerá con frecuencia del uso del acceso condicional para garantizar la remuneración del proveedor del servicio;

Considerando que la importancia de esta cuestión quedó reconocida en la Comunicación de la Comisión sobre una «Iniciativa europea sobre comercio electrónico» (3), en la que se anunciaba una propuesta de Directiva por la que se establecería un nivel equivalente de protección de los proveedores de servicios en toda Europa;

Considerando que, de conformidad con el artículo 7 A del Tratado, el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el que queda garantizada la libre circulación de mercancías y servicios; que el apartado 4 del artículo 128 del Tratado exige que la Comunidad tenga en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de las disposiciones del Tratado; que en virtud del apartado 3 del artículo 130 la Comunidad debe contribuir, mediante las políticas y actividades que lleve a cabo, a asegurar la existencia de las condiciones necesarias para la competitividad de la industria comunitaria;

Considerando que la disparidad entre las normativas nacionales relativas a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso puede crear obstáculos a la libre circulación de mercancías y servicios;

Considerando que la aplicación del Tratado no es suficiente al objeto de suprimir estos obstáculos al mercado interior y que, por consiguiente, es necesario suprimirlos previendo un nivel de protección equivalente entre los Estados miembros; que esto implica la aproximación de las normas nacionales relativas a las actividades comerciales en las que intervienen dispositivos ilícitos;

Considerando que estas actividades comerciales van en perjuicio de los consumidores a los que no se manifiesta el origen de los dispositivos ilícitos, y que resulta necesario un nivel elevado de protección del consumidor para combatir este tipo de fraude; que el apartado 1 del artículo 129 A del Tratado dispone que la Comunidad debe contribuir a que se alcance un alto nivel de protección de los consumidores mediante las medidas que adopte en aplicación del artículo 100 A;

Considerando que, por consiguiente; es necesario completar el marco jurídico relativo a la creación de un espacio audiovisual único establecido en la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (4), cuya última modificación la constituye la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), en lo que se refiere a las técnicas de acceso condicional tal como se establece en la presente Directiva, así como también para garantizar la igualdad de trato a quienes efectúen radiodifusión transfronteriza, con independencia del lugar en que se encuentren establecidos;

Considerando que, de conformidad con la Resolución del Consejo, de 29 de junio de 1995, sobre la aplicación uniforme y eficaz del Derecho comunitario y sobre las sanciones aplicables por incumplimiento de sus disposiciones relativas al mercado interior (6), los Estados miembros deben adoptar medidas que conduzcan a una aplicación del Derecho comunitario con la eficacia y un rigor equivalente a los empleados en aplicación de su Derecho nacional;

Considerando que la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros no debe exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos del mercado interior, de conformidad con el principio de proporcionalidad previsto en el párrafo tercero del artículo 3 B del Tratado;

Considerando que la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones nacionales que puedan prohibir la posesión privada de dispositivos ilícitos; que la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de las normas comunitarias sobre competencia; que la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de las normas comunitarias relativas a los derechos de propiedad intelectual,

Considerando que la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de las normas nacionales que no entren en el ámbito por ella coordinado, tales como las adoptadas para la protección de los menores en cumplimiento de la Directiva 89/552/CEE,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Definiciones y ámbito de aplicación

A los efectos de la presente Directiva se entenderá por:

a) «servicio protegido», cualquiera de los siguientes servicios, siempre que se presten sobre la base del acceso condicional:

- radiodifusión televisiva, según se define en la letra a) del artículo 1 de la Directiva 89/552/CEE,

- radiodifusión sonora, entendiendo por tal cualquier transmisión por hilo o radioeléctrica, incluida la transmisión por satélite, de programas de radio destinados a su recepción por el público,

- servicios de la sociedad de la información, a efectos del punto 2 del artículo 1 de la Directiva 83/189/CEE del Consejo (7), en la redacción dada a la misma por la Directiva . . ./. . ./ (8),

o el suministro de acceso condicional a los servicios antedichos en calidad de servicio independiente;

b) «acceso condicional», cualquier medida o mecanismo técnico en virtud del cual se condicione el acceso al servicio en forma inteligible a una autorización individual previa con el fin de garantizar la remuneración de dicho servicio;

c) «dispositivo de acceso condicional», cualquier equipo o programa informático diseñado o adaptado para hacer posible el acceso a un servicio protegido en forma inteligible;

d) «servicio vinculado», la instalación, mantenimiento o sustitución de dispositivos de acceso condicional, así como la prestación de servicios de comunicación comercial relacionados con servicios o dispositivos protegidos u otros servicios vinculados;

e) «dispositivo ilícito», cualquier equipo o programa informático diseñado o adaptado para hacer posible el acceso no autorizado a un servicio protegido;

f) «acceso no autorizado», el acceso a un servicio protegido en forma inteligible sin autorización del proveedor del servicio;

g) «ámbito coordinado por la presente Directiva», cualquier disposición relativa al acceso no autorizado a los servicios protegidos.

Artículo 2

Principios del mercado interior

1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para prohibir en su territorio las actividades enumeradas en el artículo 3, así como para establecer las sanciones y recursos previstos en el artículo 4.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros no podrán, por motivos que entren en el ámbito coordinado por la presente Directiva:

a) restringir la prestación de servicios protegidos, o servicios vinculados, que tengan su origen en otro Estado miembro;

b) restringir la libre circulación de los dispositivos de acceso condicional.

Artículo 3

Actividades infractores

Los Estados miembros prohibirán en su territorio cada una de las siguientes actividades:

a) la fabricación, importación, venta o posesión con fines comerciales de dispositivos ilícitos;

b) la instalación, mantenimiento o sustitución con fines comerciales de un dispositivo ilícito;

c) el uso de comunicaciones comerciales para la promoción de dispositivos ilícitos.

Artículo 4

Sanciones y recursos

1. Las sanciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 deberán ser eficaces, disuasorias y proporcionales al efecto potencial de la actividad infractora.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los proveedores de servicios cuyos intereses se vean afectados por una actividad infractora llevada a cabo en su territorio puedan plantear una demanda por daños y perjuicios, o solicitar un mandamiento judicial y, cuando proceda, la incautación de los dispositivos ilícitos.

Artículo 5

Aplicación

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 1999. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito coordinado por la presente Directiva.

Artículo 6

Informes

A más tardar cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, y posteriormente cada tres años, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social relativo a la aplicación de la presente Directiva acompañándolo, cuando proceda, de propuestas para su adaptación en función del desarrollo técnico y económico.

Artículo 7

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 8

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

(1) COM(96) 76 final de 6 de marzo de 1996.

(2) DO C 167 de 2. 6. 1997.

(3) COM(97) 157 final de 16 de abril de 1997.

(4) DO L 298 de 17. 10. 1989, p. 23.

(5) DO L 202 de 30. 7. 1997, p. 60.

(6) DO C 188 de 22. 7. 1995, p. 1.

(7) DO L 109 de 26. 4. 1983, p. 8.

(8) DO L . . .