N° C 221/16 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28. 8. 89 
Dictamen sobre la política mediterránea de la Comunidad Europea 
(89/C 221/05) 
El 25 de enero de 1989, de conformidad con las disposiciones del cuarto párrafo del artí­
culo 20 del reglamento interno, el Comité Económico y Social decidió emitir un dictamen 
sobre la política mediterránea de la Comunidad Europea. 
La Sección de relaciones exteriores, política comercial y desarrollo, encargada de preparar 
los trabajos en la materia, emitió su dictamen el 16 de junio de 1989 (ponente: Sr. Andrea 
Amato). 
En su 268a sesión plenaria (sesión del 12 de julio de 1989), el Comité Económico y Social 
adoptó por 45 votos a favor, 19 votos en contra y 17 abstenciones el siguiente dictamen 
(votación nominal). 
1. Introducción 
1.1. Con el dictamen del 31 de enero de 1985 sobre 
la propuesta de la Comisión relativa a la puesta en 
marcha de una política mediterránea de la Comunidad 
ampliada (*), el Comité, consultado por la Comisión, 
se pronunció sobre la propuesta anterior de la propia 
Comisión (2) para la negociación con 12 países terceros 
mediterráneos (PTM) (3) de protocolos adicionales a 
los acuerdos de asociación y cooperación ya existentes, 
y también de nuevos protocolos financieros. En dicho 
dictamen el Comité se mostraba de acuerdo en líneas 
generales con las propuestas de la Comisión, sin dejar 
por ello de formular algunas observaciones y sugeren­
cias. 
El Comité lamenta que en los protocolos, ya estipulados 
definitivamente, y en general en la forma de actuar del 
Consejo se haya hecho caso omiso de dichas observacio­
nes, que tienen una gran importancia, por ejemplo las 
relativas a los intercambios de productos industriales y 
a la cooperación en el ámbito social. 
1.2. Por otra parte, el Comité no puede por menos 
de señalar que ni la Comisión ni el Consejo han consul­
tado al Comité sobre las posteriores propuestas de la 
Comisión (sobre la adecuación del régimen de intercam­
bios (4) y sobre la cooperación económica (5), ni tam­
poco sobre las diversas recomendaciones de decisión 
del Consejo relativas a la firma de protocolos con cada 
PTM. 
1.3. Sobre la nueva etapa de relaciones de la Comuni­
dad con los PTM que se ha iniciando con la aplicación 
de los nuevos protocolos gravitan factores de preocupa­
ción e insatisfacción tanto por parte de los PTM como 
de las regiones mediterráneas de la Comunidad. 
(') DO n° C 87 de 9. 4. 1985. 
(2) Doc. COM(84) final del 11 de mayo de 1984. 
(3) Los doce PTM con los que la Comunidad ha estipulado 
acuerdos son: Malta, Chipre y Turquía (acuerdos de asocia­
ción); Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, 
Siria y Yugoslavia (acuerdos de cooperación); e Israel (acuer­
dos de libre acceso), En suma, todos los países terceros de la 
Cuenca Mediterránea, a excepción de Libia y Albania. 
(4) Doc. COM(85) final del 17 de julio de 1985. 
(5) Doc. COM(85) final del 30 de septiembre de 1985. 1.4. En muchos medios se plantea actualmente la 
exigencia de un replanteamiento general de la política 
mediterránea de la Comunidad y de su reorientación 
para estar a la altura de las cuestiones que efectivamente 
están en juego. 
1.5. En esta dirección se está actuando en el Parla­
mento Europeo, con la iniciativa política en pro de un 
«Consejo de Cooperación Mediterránea» con vistas a 
un tratado de cooperación global entre la Comunidad 
y el conjunto de los PTM. 
1.6. Con el presente dictamen de iniciativa, el Comité 
se propone hacer su propia contribución a un nuevo 
desarrollo de la política mediterránea. Los juicios y 
propuestas incluidos en el presente dictamen tienen 
como fundamentos los análisis desarrollados en el 
informe que lo acompaña. 
PRIMERA PARTE: UNA NUEVA POLÍTICA MEDI­
TERRÁNEA DE LA COMUNIDAD 
2. Razones y exigencias de un cambio en la actual 
política mediterránea 
2.1. La puesta en movimiento de la situación política 
internacional, el proceso de globalización de la eco­
nomía, el aumento de los desequilibrios Norte-Sur en 
el mundo y la propia realización del mercado único 
europeo plantean la exigencia de una redefinición del 
papel internacional de la Comunidad tanto en el plano 
político como en el económico. 
Frente a los nuevos retos, las nuevas oportunidades y 
las mayores responsabilidades, si por una parte se hace 
cada vez más acuciante el problema de la identidad y 
de la unidad europea, por otra parte se impone una 
redefinición de las prioridades en las relaciones exterio­
res de la Comunidad, y sobre todo una especialización 
de sus funciones. De hecho es necesario dar finalidades 
y caracteres diversificados a las relaciones exteriores 
comunitarias en función de que en las diferentes zonas 
prevalezcan: a) los intereses comerciales; b) la finalidad 
de ayuda y de cooperación con el desarrollo; c) la 
búsqueda y construcción de las complementariedades, 
de las sinergias y, a largo plazo, de la integración 
económica. 
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2.2. En este contexto el Comité considera que la 
Comunidad debe prestar mayor atención y comprome­
terse en mayor medida con los PTM, tanto en términos 
de prioridad como de perspectiva estratégica, incluyén­
dolos en la tercera categoría de la clasificación prece­
dente. 
2.3. De hecho, frente a la configuración en la escena 
mundial de dos grandes zonas estratégicas, la americana 
y la asiática, la Comunidad, aun reforzada por la reali­
zación del mercado único, no podrá resistir la compe­
tencia sin una ampliación de la « propia » zona econó­
mica y de mercado. A esta exigencia de construcción 
de una zona estratégica «europea», la Comunidad sólo 
puede responder dirigiendo su atención hacia las zonas 
circundantes: la Asociación europea de libre cambio 
(AELC), la Europa del Este y la Cuenca Mediterránea. 
Con respecto a esta última, la Comunidad debe recu­
perar rápidamente cierto retraso, siendo ya como es 
objeto de interés y presencia tanto por parte de Estados 
Unidos como de Japón, en términos comerciales, de 
inversiones, de ayudas económicas y sobre todo de 
« colonización » tecnológica. 
2.4. Obviamente, en las tres zonas mencionadas la 
cuestión se plantea, en términos de madurez económica 
y política, de modos muy diversos. En lo-que se refiere 
concretamente a los PTM, las complementariedades, 
sinergias y, con mayor razón, la integración económica 
no podrán realizarse de forma significativa hasta que 
no se reduzcan las grandes diferencias actuales de des­
arrollo con respecto a la Comunidad. 
2.5. Esta es una de las razones por las que el desarro­
llo de los PTM debe interesar sumamente a la Comuni­
dad. Pero hay otras. Ante todo las perspectivas demo­
gráficas. Las previsiones estadísticas (en el año 2020 la 
Comunidad podría haber pasado de 320 a 310 millones 
de habitantes, mientras que los PTM habrían pasado 
de 200 a 500 millones) configuran el aumento de la 
población en los PTM como una auténtica explosión 
demográfica, cuyos efectos podrían repercutir en la 
Comunidad. Pensar en encauzar la entrada en la Comu­
nidad de millones y millones de ciudadanos de estos 
países sólo con medidas administrativas, también indis­
pensables completamente insuficiente. Es necesario ayu­
dar a los PTM a crear en su propio territorio posibilida­
des de vida y de trabajo, teniendo presentes las relacio­
nes entre crecimiento económico y aumento demográ­
fico. 
2.6. Por otra parte, no se puede pasar por alto el 
hecho de que la Cuenca Mediterránea se ve cada vez 
más atravesada por conflictos internos y tensiones so­
ciales, cuyas manifestaciones extremas afectan ya a 
Europa dentro de sus propias fronteras. A estos fenóme­
nos no se puede responder haciendo caso omiso o 
reaccionando de forma diversa por parte de cada Estado 
miembro. Las condiciones económicas y sociales existentes en los 
PTM, aunque no constituyen la única razón, están en 
la raíz de estos conflictos y tensiones. Por otra parte, 
el interés de la Comunidad en el desarrollo de los PTM 
está estrechamente enlazado con el de la seguridad de 
sus fronteras meridionales. 
2.7. Por estas razones, el Comité considera que mien­
tras la cooperación política europea debe realizar mayo­
res esfuerzos de cara a la Cuenca Mediterránea, en el 
terreno económico y social ha llegado el momento de 
relanzar, renovar y desarrollar la política mediterránea 
comunitaria. 
2.8. La política mediterránea constituye una de las 
intuiciones más felices de la Comunidad. Ha reforzado 
los vínculos con los PTM y ha deparado indudables 
beneficios a la Comunidad y también a los PTM. Pero 
después de diez años de esta política es necesario admitir 
que los objetivos generales que se había fijado no se 
han alcanzado. 
Aunque se pueden encontrar resultados positivos, es 
preciso señalar que los intercambios comerciales entre 
la Comunidad y los PTM no han registrado el aumento 
que se esperaba; la Comunidad pierde terreno en el 
comercio exterior de los PTM. No se ha alcanzado el 
objetivo de reequilibrar los intercambios; más bien ha 
aumentado fuertemente el déficit de los PTM con res­
pecto a la Comunidad (excluido el petróleo). La política 
mediterránea no ha podido impedir el empeoramiento 
de la situación económica y social de los PTM [dismi­
nuye el producto nacional bruto (PNB) per cápita, 
mientras que aumentan la dependencia alimentaria y el 
endeudamiento] (*). 
2.9. Ciertamente, en la parcialidad de los resultados 
de la política mediterránea comunitaria han influido 
limitaciones intrínsecas de los acuerdos e incoherencias 
en su aplicación. Por ejemplo, el objetivo de aumentar 
las exportaciones de los PTM se ha visto a menudo 
contradicho por medidas y prácticas proteccionistas de 
la Comunidad. Del mismo modo, en la cuestión de los 
trabajadores migrantes, la Comunidad no ha aplicado 
aún plenamente los compromisos estipulados en los 
acuerdos. Asimismo, la irrisoriedad de los recursos 
puestos a disposición de la cooperación financiera ha 
socavado todas sus posibilidades de eficacia. Pero sobre 
todo han influido, por una parte, las limitaciones y 
contradicciones propias del planteamiento estratégico 
de la política mediterránea, y por otra parte los condi­
cionamientos externos a la misma, empezando por algu­
nos problemas no resueltos en el interior de la Comu­
nidad. 
2.10. En efecto, si se aborda el gran problema de las 
exportaciones de los PTM —problema por otra parte 
no resuelto por los protocolos adicionales de los años 
1987-1988— y se analizan los hechos, nos damos cuenta 
de que las concesiones a la entrada en los mercados 
comunitarios no siempre bastan para aumentar las 
exportaciones, pues ello depende de la capacidad de 
producir mercancías que por su calidad y nivel respon-
(') Ver apartado 2.6 del informe de la sección. 
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dan a la demanda de un mercado cada vez más com­
plejo, como es el europeo. Por consiguiente, la cuestión 
debe afrontarse por el lado de los recursos humanos, 
del desarrollo tecnológico y del sistema productivo de 
los PTM. 
2.11. De hecho, lo que hay que revisar principal­
mente es el planteamiento estratégico para el desarrollo 
de los PTM. Y sobre todo la hipótesis sostenida por la 
actual política mediterránea, que atribuye a las exporta­
ciones la función de prácticamente único estímulo del 
desarrollo de los PTM. La experiencia ha demostrado 
que las exportaciones pueden desempeñar un papel 
decisivo en el desarrollo sólo cuando se cuenta con una 
estructura productiva tecnológicamente elevada y capaz 
de crear valor añadido, acumulaciones y reinversiones 
in situ. Es en relación con este objetivo como, por 
ejemplo, ha influido negativamente la renuncia a una 
política de cooperación específica en el campo petrolí­
fero, a pesar de la importancia de las importaciones 
comunitarias. Del mismo modo es evidente que, con 
respecto al mismo objetivo, la lógica de las ayudas 
al desarrollo aplicada con los protocolos financieros 
(ayuda proyecto por proyecto) resulta inadecuada. 
2.12. Por otra parte, una política mediterránea reno­
vada y más eficaz no puede llevarse a cabo si no se 
suprimen algunos graves condicionamientos externos 
de la política mediterránea, al menos los que dependen 
de la Comunidad. 
En primer lugar, se trata de la situación de competencia 
objetiva entre la estructura productiva actual y poten­
cial de los PTM y la de las regiones mediterráneas de 
la Comunidad. En efecto, si por una parte se deben 
descartar las hipótesis proteccionistas (el freno a las 
exportaciones de los PTM provocaría un mayor dete­
rioro de las condiciones socioeconómicas de los PTM, 
una disminución de sus importaciones de la Comunidad 
y reacciones políticas negativas), por otra parte es difícil 
prever nuevas concesiones a las exportaciones de los 
PTM, más allá de los actuales, sin un desarrollo dife­
rente del Sur de la Comunidad, pues en la mayoría de 
los casos tales concesiones entrarían en conflicto con 
los intereses vitales de gran parte de la Comunidad. 
Otro condicionamiento externo viene causado por las 
repercusiones negativas que tienen sobre el grado de 
autosuficiencia alimentaria de los PTM sus importacio­
nes agrícolas a bajo precio. Aunque este problema no 
depende sólo de la Comunidad, no cabe duda de que 
v nuevos progresos en la reforma de la política agrícola 
común (PAC) pueden ayudar a suprimir este condicio­
namiento. 
2.13. Por estas razones, el Comité considera que la 
eliminación de estas limitaciones y de estos condiciona­
mientos no puede alcanzarse en el marco de la actual 
política mediterránea (que ya ha rendido al máximo de sus posibilidades), y de forma más general sin una 
adecuación de las demás políticas comunitarias. 
2.14. Los argumentos a favor del desarrollo de los 
PTM y los argumentos en defensa de los intereses de 
las regiones mediterráneas, sólo pueden hacerse compa­
tibles mediante una política mediterránea que tenga 
como objetivo el desarrollo global de la Cuenca Medite­
rránea. El Comité ha llegado a las mismas conclusiones 
mediante la reflexión sobre las estrategias que se deben 
adoptar para perseguir eficazmente el objetivo del des­
arrollo de los PTM, y también sobre el modelo global 
de desarrollo que se debe elaborar (*). 
2.15. Por otra parte, el desarrollo global de toda 
la Cuenca Mediterránea puede representar una gran 
oportunidad para la Comunidad: la de ampliar hacia 
el Sur, duplicándolo, el propio «mercado interior». 
La Cuenca Mediterránea debería constituir una de las 
prioridades para la ampliación del área estratégica euro­
pea, una especie de « nueva frontera » para Europa. En 
este sentido, la constucción de una zona estratégica * 
euromediterránea no debe confundirse con una poste­
rior ampliación de la Comunidad hacia el Sur; se trata 
más bien de un plan común que se establece entre 
entidades políticas y económicas diferentes. 
3. Líneas generales de la nueva política 
3.1. Una política mediterránea comunitaria que vaya 
más allá de las ayudas y los intercambios, implica que 
la Comunidad y los PTM se asocien en un proyecto 
común y diferenciado de desarrollo mutuo. Dicho pro­
yecto será eficaz si junto a los contenidos económicos 
hallan lugar también los más propiamente culturales y 
políticos. En realidad, la estrategia de desarrollo en 
común implica una voluntad activa de diálogo entre la 
CEE y los PTM y entre cada uno de los países interesa­
dos, también en lo que se refiere a los aspectos sociales 
y demográficos. 
Por lo tanto es evidente que la estrategia de desarrollo 
en común debe producir resultados también a nivel 
sociocultural. La paz entre los países de la Cuenca 
Mediterránea, el crecimiento pluralista de cada socie­
dad, el respeto y mutuo reconocimiento de las tradicio­
nes religiosas y folclóricas son puntos fundamentales 
para que la política de desarollo en común pueda reali­
zarse de forma adecuada y continua. 
3.2. Un proyecto de este tipo, que debe realizarse 
respetando la soberanía y la autonomía de cada país, 
exige compromisos y vínculos que tanto la Comunidad 
como los PTM pueden establecer con vistas a los mayo­
res beneficios que de ellos se derivarán. 
(') Ver los puntos 11 y 12 del informe de la sección. 
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3.3. Para la Comunidad, esto significa: 
— afrontar los problemas de competencia que se deri­
van de una progresiva apertura a las exportaciones 
agrícolas e industriales de los PTM, desarrollando 
en el ámbito de las políticas de la Comunidad un 
proceso de reorientación pactada de las produccio­
nes, en primer lugar las de las regiones mediterrá­
neas comunitarias, 
— acompañar dicho proceso con una revisión y un 
desarrollo coherente de las políticas comunitarias 
(PAC, política industrial, política de I y D, política 
energética, de transportes y regional), que deberán 
reorientarse en apoyo de una equilibrada distribu­
ción territorial y sectorial del aparato productivo. 
3.4. También los PTM deben reconsiderar sus opcio­
nes productivas dentro de un marco común y pactado de 
compatibilidad, que teniendo como objetivo principal 
el desarrollo de la entera cuenca mediterránea, debe 
garantizar que las opciones de cada PTM se realicen 
en armonía con las exigencias de los otros PTM, de las 
regiones mediterráneas comunitarias y de la Comuni­
dad en su conjunto. 
3.5. La realización de la complementariedad y a 
largo plazo de la integración económica en la Cuenca 
Mediterránea exige previamente una progresiva reduc­
ción de las disparidades entre el Sur de la Comunidad 
y el Centro-Norte, atribuyendo a las regiones mediterrá­
neas europeas la función estratégica de bisagra entre 
las zonas más desarrolladas de Europa y los procesos 
de desarrollo de la zona mediterránea. 
3.6. Ello exige la plena realización del objetivo de la 
cohesión interna, y su inserción en un proceso más 
amplio de división «intraregional» del trabajo, que 
implique a los PTM y que se apoye en una diferente 
función productiva y en un diferente emplazamiento de 
las regiones mediterráneas de la Comunidad en los 
procesos más avanzados e innovadores de los que actu­
almente se benefician las zonas más desarrolladas. 
3.7. Sólo en la medida en que el Sur de la Comunidad 
llegue a integrarse en estos procesos podrá desempeñar" 
a su vez un papel impulsor en apoyo de una estrategia 
de desarrollo de la entera Cuenca Mediterránea, en la 
que está geográfica y estratégicamente situada. Una 
estrategia que tienda: 
— a acercar físicamente las dos orillas del Mediterrá­
neo y las diversas regiones entre sí, a lo largo de las 
directrices Norte-Sur y Este-Oeste, desarrollando 
una adecuada red de transportes y comunicaciones, 
— a alcanzar la complementariedad intraindustrial 
(incluida la agricultura), garantizando a todas las regiones mediterráneas el accesso a los factores 
innovadores y a las tecnologías y los servicios avan­
zados, así como la valorización de los recursos 
locales, ambientales y culturales. 
3.8. La realización del mercado único, las reestructu­
raciones productivas y empresariales que ello requiere, 
constituyen una ocasión propicia para esta operación de 
nueva división «intraregional» del trabajo que, dirigida 
mediante la coordinación de las políticas económicas y 
sectoriales —y también mediante la coordinación de la 
demanda pública— y negociada con los interlocutores 
sociales, debe hallar un vehículo privilegiado en las 
empresas de dimensión europea, empezando por la 
Sociedad de derecho europeo. 
3.9. Por consiguiente, es necesario reafirmar el con­
cepto de globalidad que había inspirado los inicios de 
la política mediterránea comunitaria en los años setenta 
y que había sido renovado y relanzado con el memorán­
dum de la Comisión de 1982. Sin embargo, ahora es 
necesario actualizar este concepto en el sentido de que 
la política mediterránea debe incidir «globalmente» 
sobre la Cuenca Mediterránea desde la orilla comunita­
ria, cuyos problemas deben afrontarse ciertamente en 
el ámbito de la Comunidad y en la dirección de la 
integración con el Centro-Norte de Europa, pero 
teniendo en cuenta las nuevas compatibilidades y cohe­
rencias que exige una política mediterránea eficaz. 
3.10. Partiendo de la unitariedad de la cuestión medi­
terránea, y sin dejar de reconocer por esto las diferencias 
existentes y la necesidad irrenunciable de mantener 
un diálogo activo entre todos los PTM, orientado al 
reconocimiento recíproco de la propia identidad estatal 
e histórica, el Comité considera que la política global 
mediterránea debe: 
-— superar, desde una perspectiva común, los intereses 
nacionales de cada Estado miembro y de cada PTM, 
— desestimar las expectativas parciales de los PTM 
basadas en la pretensión de una mayor vocación 
europeísta, 
— superar las actuales relaciones bilaterales entre la 
Comunidad y los PTM, que agravan las desigualda­
des entre los diversos países de la Cuenca Mediter­
ránea, 
— coordinar, dentro de un marco común, las políticas 
de cooperación con los PTM desarrolladas por cada 
Estado miembro, prestando apoyo comunitario 
(hombres y medios) a las iniciativas de los Estados 
y de las regiones, y preconizando el paso de las 
competencias en la materia a la Comunidad, que 
debería convertirse en el agente principal. 
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3.11. Sólo en el marco de una política global medite­
rránea que construya gradualmente la integración eco­
nómica, actuando también en la parte comunitaria, 
adquieren validez y eficacia objetivos como los fijados 
en la base de los protocolos de 1987/1988, que el Comité 
comparte plenamente y que considera que deben ser 
asumidos como objetivos a corto y medio plazo de 
la política global mediterránea. Como se sabe, tales 
objetivos son: 
— desarrollo y diversificación de la producción agrí­
cola para reducir la dependencia alimentaria, • 
— diversificación de las exportaciones agrícolas para 
lograr una mayor complementariedad entre las dis­
tintas regiones del Mediterráneo, 
— complementariedad económica entre la Comunidad 
y los PTM, mediante la cooperación en industria, 
servicios, investigación y desarrollo, formación, 
etc., 
— cooperación regional y multilateral. 
3.12. Con respecto a estos objetivos, el Comité hace 
especial hincapié en la importancia que, en términos 
inmediatos y concretos, debe tener el apoyo comunita­
rio a las inversiones en los PTM, que deberá realizarse 
preferiblemente en forma de empresas en común (joint-
venture) en el marco de acuerdos de desarrollo (v. 
apartado 4). 
En este sentido resultan cuestiones cruciales: la calidad 
de las inversiones, su nivel tecnológico, su función con 
respecto al desarrollo del sistema productivo de los 
PTM, su orientación con respecto al mercado interior 
y a las exportaciones, y la prioridad que se debe dar a 
la transformación in situ de los recursos naturales. 
Sobre todas estas cuestiones nos remitimos a los aparta­
dos 11 y 12 del informe. 
3.13. En la perspectiva de un desarrollo global e 
integrado de la zona mediterránea, la integración eco­
nómica a nivel regional entre los diversos PTM adquiere 
una importancia decisiva para cuestiones como la 
ampliación de los mercados interiores, las complemen-
tariedades y sinergias (baste pensar en las que se dan 
entre agricultura y petróleo), y la solución de los conflic­
tos internos. A este respecto, el Comité acoge favorable­
mente la reciente constitución de la Unión del Magreb 
árabe entre Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y 
Túnez, y asimismo se complace en el estado avanzado 
de los trabajos para la constitución del Consejo de 
cooperación árabe entre Egipto, Jordania, Iraq y Yemen 
del Norte. El Comité solicita una acción concreta de 
apoyo de estas iniciativas por parte de la Comunidad, 
acción que obviamente debe inscribirse en la susodicha 
perspectiva mediterránea global. Un primer paso en 
esta dirección puede representarlo la línea 967 del presu­
puesto de la CEE, en cuya institución se complace el 
Comité. 
3.14. En conclusión, la política mediterránea que el 
Comité propone es una política global que tiene como 
objetivo transformar las interdependencias en comple­mentariedad e integración económica. Por consiguiente, 
de política de cooperación debe pasar a ser una política 
de desarrollo en común de la Comunidad y los PTM, 
abierta a posibles ampliaciones posteriores. Las iniciati­
vas de cooperación son sólo uno de los medios a través 
de los cuales se realiza la política de desarrollo en 
común. 
4. Un instrumento básico: el acuerdo de desarrollo 
4.1. La política de desarrollo en común que hemos 
esbozado requiere un instrumento de decisión en común 
y de compromiso recíproco al que esté vinculada. Este 
instrumento, a juicio del Comité, debería ser el acuerdo 
de desarrollo. 
4.2. Dicho acuerdo debería obligar a la Comunidad 
y a uno o más PTM, y también a otras entidades 
públicas (comunitarias, nacionales y locales) y privadas 
de una y otra parte, al cumplimiento de compromisos 
específicos en el marco de un programa de desarrollo. 
4.3. El acuerdo y el programa de desarrollo deberían 
prever un conjunto coherente de proyectos de desarro­
llo, que deberán llevarse a cabo en los PTM o bien en 
la Comunidad; de compromisos contractuales de tipo 
comercial, y de compromisos financieros. 
4.4. Es necesario revisar la lógica de la ayuda pro­
yecto por proyecto y superar los límites de la inversión 
directa singular, que habitualmente no tiene efectos 
difusivos. En el acuerdo de desarrollo toda inversión 
debería estar integrada verticalmente con inversiones e 
intervenciones relativas a diversos sectores, y horizon-
talmente con las iniciativas de infraestructura, forma­
ción profesional, innovación, etc. 
En estos acuerdos, las intervenciones de desarrollo 
podrían estar vinculadas a contratos de suministro a 
largo plazo.que garantizarían a la Comunidad la seguri­
dad en los aprovisionamientos (por ejemplo de materias 
primas) y a los PTM la estabilidad de los precios, 
evitando el deterioro de los términos de intercambio. 
4.5. Por consiguiente, los programas de desarrollo 
en los que se basan los acuerdos vendrían a asumir un 
carácter de programas integrados. Sin embargo, no 
deben necesariamente abarcar el conjunto de un PTM 
y prever de una vez por todas la totalidad de acciones 
posibles en su territorio, sino organizarse en torno a un 
recurso o a una acción de desarrollo principal y después 
irse preparando y financiando a medida que las condi­
ciones lo permitan. Por lo tanto, se definen por sectores 
y por territorios. 
4.6. El acuerdo de desarrollo, mediante la triangula­
ción de las intervenciones y de los compromisos, puede 
28. 8. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 221/21 
servir también de instrumento para desarrollar concre­
tamente los intercambios y los factores de complemen-
tariedad e integración económica a escala intraregional, 
entre varios PTM pertenecientes a la misma zona regio­
nal, empezando por las ya institucionalizadas (Unión 
del Magreb árabe y Consejo de cooperación árabe). 
5. Medios financieros 
5.1. La situación de endeudamiento de los PTM se 
agrava cada vez más. Por otra parte, los PTM necesitan 
financiar el déficit de sus balanzas de pagos, y para ello 
no pueden recurrir ni a aumentar el volumen de sus 
exportaciones ni a elevar los precios, al menos durante 
los próximos años. La financiación del déficit y la 
necesidad de financiar el despegue del desarrollo requie­
ren enormes capitales cuyo flujo debe garantizarse 
durante un largo período de tiempo, y cuyo reembolso 
debe preverse para un período todavía más largo. 
5.2. Una política de desarrollo en común como la 
que hasta aquí hemos venido esbozando exige de la 
Comunidad el compromiso de desempeñar en la medida 
de lo posible una función de financiación con respecto 
a los PTM. Obviamente, la importancia de este compro­
miso debería ser mucho mayor que la del actual. 
5.3. Los préstamos y las ayudas no reembolsables de 
la Comunidad no deben adoptar la forma de ayudas a 
la balanza de pagos ni de ayudas tradicionales al de­
sarrollo (más adecuadas a los países pobres), sino de 
apoyo a los ajustes estructurales, como alternativa de 
las medidas de estabilización macroeconómica del 
Fondo monetario internacional (FMI) (que los PTM no 
pueden soportar). 
5.4. Se deberían desarrollar las contribuciones a la 
formación de capitales de riesgo, ya previstas en los 
últimos protocolos financieros firmados con los PTM. 
Sin embargo, el Comité expresa su perplejidad sobre el 
hecho de que dichas contribuciones se concedan en 
forma de préstamos (aunque sean subordinados o con­
dicionales) del Banco europeo de inversiones (BE1) (al 
que se deben pagar los intereses), en vez de hacerlo 
mediante la creación de un fondo rotatorio. 
5.5. Cuando se cree el Banco central europeo, se 
podría abrir en él una «ventanilla» para el Mediterrá­
neo como instrumento financiero para los programas 
de desarrollo. Dicha « ventanilla » podría asegurar tam­
bién la necesaria coordinación e integración con las 
iniciativas del Banco mundial. 
5.6. De cara a la construcción de la zona estratégica 
euromediterránea, la Comunidad debe desempeñar 
también una función de protección de los PTM frente 
a las fluctuaciones monetarias en sus transacciones comerciales y financieras, ampliando la utilización del 
ECU a los precios de las materias primas, del petróleo, 
de los productos agrícolas e industriales y también a 
las ayudas financieras a los PTM. 
5.7. El Comité tiene intención de tratar más adelante 
con mayor detenimiento la cuestión de los flujos finan­
cieros relativos a los PTM y de formular propuestas 
más concretas sobre la cooperación financiera. 
6. Las formas institucionales 
6.1. La política mediterránea hasta aquí esbozada 
no puede regirse ya mediante acuerdos bilaterales. El 
Comité considera que la fórmula de un convenio global 
o de un tratado —como la indicada en el Memorándum 
de la Comisión í1) de 1982 y propuesta en la reciente 
conferencia para la cooperación global en el Mediterrá­
neo, promovida por el Parlamento Europeo— es la que 
mejor puede responder a largo plazo a las exigencias 
de una nueva política mediterránea. A diferencia del 
Convenio de Lomé no se trataría de un convenio de 
cooperación para el desarrollo de los PTM, sino de un 
convenio de desarrollo en común de la Comunidad y 
los PTM. 
6.2. El hecho de disponer de un convenio único no 
exigiría uniformizar las acciones y los compromisos de 
la Comunidad con los PTM, sino simplemente definir 
un marco único para adoptar en su interior objetivos, 
estrategias y decisiones comunes referentes al desarrollo 
de la entera zona euromediterránea. La especificidad 
de cada PTM estaría garantizada por los acuerdos de 
desarrollo, que deberán ajustarse a las diversas situacio­
nes y a las exigencias peculiares de cada PTM o de cada 
grupo de PTM. 
6.3. El convenio global debería fijar las grandes 
líneas de la política mediterránea de codesarrollo y 
los instrumentos para realizarla. Esta política deberían 
desarrollarla conjuntamente la Comunidad y los PTM 
mediante sus asociaciones regionales (donde existan), 
y debería prever la función de los Estados miembros y 
de las regiones comunitarias. 
(') En el Memorándum se dice, entre otra cosas, lo siguiente: 
«Sin embargo, la Comisión propone, como un acto de fe en 
el futuro, que la Comunidad se declare dispuesta a proponer 
a todos los países del Mediterráneo que se integren en un 
contrato colectivo en cuanto las circunstancias lo permitan. 
Así afirmarían con ella una voluntad común de paz e indepen­
dencia frente a las fuerzas exteriores a la región, en un marco 
que favorece su expansión económica y el encuentro de sus 
culturas. •> 
N° C 221/22 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28. 8. 89 
6.4. El convenio debería prever la institución de un 
instrumento técnico (centro o agencia) cogestionado, 
que desempeñe funciones de apoyo técnico-proyectivo 
a los acuerdos de desarrollo con un enfoque dinámico 
de los mismos. Dicho instrumento debería funcionar en 
los diversos sectores, sobre todo en el campo de las 
transferencias de tecnología. 
6.5. El Comité considera que la diversidad y los 
conflictos actualmente existentes entre los PTM, aun 
teniendo en cuenta la presente evolución política, no 
constituyen un obstáculo insuperable para la institución 
de un convenio global. No obstante, lo considera un 
objetivo no inmediato y que requiere una realización 
gradual, a través de experiencias concretas que resulten 
de la evolución natural de los actuales acuerdos de 
cooperación y de asociación. 
6.6. A la espera de alcanzar este objetivo, el Comité 
considera oportuno que la Comunidad —haciéndose 
eco de la referencia expresa de la Resolución de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) del 7 
de diciembre de 1988 (*), reiterada por la ya citada 
conferencia del Parlamento Europeo— instituya un 
« Foro » del Mediterráneo. En este Foro, abierto a todos 
los PTM, deberían poder participar las diversas institu­
ciones y organizaciones internacionales, comunitarias, 
nacionales y regionales; los medios socioeconómicos y 
las instituciones científicas y culturales. Su objetivo 
debería ser intensificar las relaciones, realizar análisis 
y discutir los problemas concretos, de los sectoriales a 
los de la deuda, de los del medio ambiente a los de la 
paz. 
6.7. El Comité preconiza asimismo la rápida consti­
tución del «Consejo de cooperación mediterránea», 
propuesto por la conferencia del Parlamento Europeo, 
como instrumento de las instituciones comunitarias y 
de los PTM para la elaboración de la política global 
mediterránea. 
7. La participación de las fuerzas sociales y económicas 
7.1. Una política mediterránea así concebida no tiene 
muchas posibilidades de éxito sin la aportación 
constructiva y la participación de las fuerzas sociales y 
económicas de la Comunidad y de los PTM, con las 
necesarias sinergias entre unas y otras. 
7.2. En lo que se refiere al sentido y las modalidades 
de realización de la función de los interlocutores soci­
ales, nos remitimos a los criterios generales expuestos 
en el documento de trabajo elaborado con ocasión del 
12° Encuentro de los medios económicos y sociales de 
los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP)/ 
CEE y a su declaración final. 
(') Adoptada durante la primera parte de la 43a sesión de la 
Asamblea general de las Naciones Unidas. 7.3. En esta fase de elaboración del convenio, el 
Comité, con el apoyo del Consejo, podría comprome­
terse a: 
— constituir un grupo de contacto permanente entre 
el CES y los Consejos Económicos y Sociales de los 
PTM, donde existan, o bien con las organizaciones 
socioprofesionales, 
— organizar anualmente un encuentro de los medio 
socioeconómicos de la zona euromediterránea. 
7.4. En cualquier caso, el CES, considerando que a 
partir de ahora puede ya hacer su propia contribución 
a la gestión de la política mediterránea, insta al Consejo 
y a la Comisión a implicarle en mayor medida en dicha 
tarea, y para empezar solicita que se le consulte sobre 
los planes indicativos de aplicación de los últimos pro­
tocolos financieros firmados con los PTM. 
8. Hipótesis del proceso operativo para la elaboración 
de una política global mediterránea 
Ia fase: 
— Definición por parte comunitaria de un documento 
de « Orientaciones generales para el relanzamiento 
de la política mediterránea comunitaria». Este 
documento debería ser aprobado por el Consejo, a 
propuesta de la Comisión, en cooperación con el 
Parlamento Europeo y previo dictamen del CES. 
— Constitución del « Consejo de cooperación medite­
rránea » (CCM) y discusión en su seno de las 
« Orientaciones » mencionadas más arriba. 
2a fase: 
— Institución del «Foro del Mediterráneo». 
— Elaboración por parte del CCM, precedida por una 
amplia discusión en el Foro, de orientaciones sobre 
las políticas sectoriales. 
— Esbozo, a modo experimental, de algunos acuerdos 
de desarrollo significativos. 
— Coordinación y mantenimiento de las políticas de 
cooperación con los PTM por parte de los Estados 
miembros. 
3a fase: 
— Institución del Centro (o agencia) para la asistencia 
técnica-proyectiva a los acuerdos de desarrollo. 
— Generalización de los acuerdos de desarrollo. 
— Estipulación con los PTM de marcos sectoriales 
pactados. 
— Adecuación —en términos de convergencia— de los 
actuales acuerdos de cooperación y de asociación. 
28. 8. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 221/23 
4a fase: 
— Estipulación entre la Comunidad y los PTM de 
un Convenio de desarrollo en común, dotado con 
instituciones propias. 
SEGUNDA PARTE: ALGUNAS PRIMERAS PRO­
PUESTAS SECTORIALES 
9. Ámbitos de acción 
9.1. A continuación, el Comité indica sintéticamente 
los principales ámbitos de acción de una política de 
desarrollo en común de la Comunidad y los PTM. 
Sobre algunas de estas acciones —en particular las 
relativas a la agricultura, industria, artesanía y energía, 
servicios y medio ambiente— el Comité se pronunciará 
con mayor detenimiento, basándose en las siguientes 
propuestas, mediante dictámenes específicos. 
Formación y fomento socioeconómico 
9.2. La formación es prioritaria en toda política de 
desarrollo de los PTM, pero también de las regiones 
mediterráneas comunitarias. Por lo tanto debería ocu­
par un lugar privilegiado en los programas y acuerdos 
de desarrollo. 
Además de la financiación de estructuras y centros de 
formación y de realización de programas y proyectos 
de formación en los PTM (incluidos los dirigidos a 
directivos y administradores públicos), se deberían 
favorecer las iniciativas para la formación artesanal, de 
mano de obra especializada, de directivos técnicos y de 
directivos de empresa en la Comunidad, dirigidas a 
personas originarias de los PTM y residentes en la 
Comunidad que deseen regresar a sus países de origen. 
Estas iniciativas de formación deben ir acompañadas 
de programas de creación de empresas en los PTM que 
les garanticen salidas profesionales. 
9.3. Junto con la formación, es necesario promover 
en los PTM todas las formas de fomento que contribu­
yen de modo diverso a la revitalización del tejido local, 
promoviendo asociaciones e iniciativas en el terreno 
socioeconómico (cooperativas, iniciativas locales de 
empleo, etc.). Las acciones en este campo deberían 
realizarse si es posible en colaboración con iniciativas 
análogas de las regiones atrasadas de la Comunidad. 
9.4. Entre las iniciativas de cooperación —tanto en 
el ámbito de la formación como en el del fomento— 
entre entidades públicas y privadas, comunitarias y de los PTM, se deben apoyar especialmente las de las 
empresas, los sindicatos de trabajadores, las organiza­
ciones profesionales, las cooperativas y las organizacio­
nes no gubernamentales (ONG). 
Investigación y desarrollo e innovación 
9.5. Basándonos en las consideraciones del 
apartado 3.3 del informe anexo, se debe promover en 
primer lugar la adquisición de las técnicas (know-how) 
no incorporadas en las instalaciones y bienes instrumen­
tales. La Comunidad debe realizar un considerable es­
fuerzo de recuperación en este ámbito, pues la demanda 
de tecnología de los PTM está actualmente cubierta en 
muchos terrenos por países terceros (EEUU, Japón, 
URSS). 
9.6. Es necesario privilegiar las tecnologías que utili­
zan recursos endógenos, ahorran recursos escasos y 
reducen al mínimo los desechos. El desarrollo de dichas 
innovaciones debe apoyarse a través de las iniciativas 
que asocien organismos de investigación y que lleven a 
cabo una integración entre la investigación, la Universi­
dad, las instituciones locales y el sistema productivo. 
Asimismo sería conveniente prever medidas específicas 
para incentivar las políticas de I y D de los PTM. 
En segundo lugar, dado que muchas de estas exigencias 
de puesta a punto de tecnologías adecuadas son también 
comunes a las regiones mediterráneas comunitarias, se 
deben promover y apoyar especialmente los programas 
que asocien a empresas y organismos de investigación 
de los PTM y de las regiones mediterráneas comunita­
rias en actividades de investigación, experimentación y 
produción que se realicen paralelamente tanto en el Sur 
de la Comunidad como en los PTM. Algunas experien­
cias de este tipo se están llevando ya a cabo en algunas 
regiones comunitarias; se trata de evaluarlas, perfeccio­
narlas y difundirlas. 
Agricultura y agroindustria 
9.7. El objetivo es desarrollar en la Cuenca medite­
rránea un sector agrícola y agroindustria! moderno 
y productivo, lo más complementario posible. Para 
alcanzar este objetivo es necesario definir y aplicar un 
programa, adoptado de común acuerdo y coordinado 
por la Comunidad y los PTM, que lleve a cabo una 
profunda reorientación de la vocación agrícola y agro-
industrial de la entera zona mediterránea. Dicho pro­
grama debería: 
— coordinar los programas de desarrollo productivo 
basándose en a) las exigencias de desarrollo de 
las regiones mediterráneas comunitarias; y b) las 
posibilidades de comercialización de los productos 
(incluidos los mercados terceros), 
— impulsar la racionalización, la reconversión y la 
redistribución de las capacidades de producción de 
los productos mediterráneos más sensibles a la com­
petencia interna, tratando de conseguir todas las 
N° C 221/24 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28. 8. 89 
complementariedades posibles, como por ejemplo: 
la diferenciación de los calendarios de producción; 
la especialización y tipificación de los productos, 
en el marco de una política general encaminada a 
aumentar su calidad; la promoción del consumo en 
el interior y el exterior de la Comunidad (supresión 
de los impuestos especiales, políticas e instrumentos 
comerciales comunes, etc.); investigación y desarro­
llo en la industria de transformación, 
— promover el aprovechamiento de los recursos natu­
rales pobres y el desarrollo de nuevos productos 
(producciones agrícolas no alimentarias y produc­
ciones derivadas del empleo de biotecnologías) 
mediante actividades integradas de investigación y 
desarrollo y redes de transferencia tecnológica, 
— elevar el grado de autosuficiencia alimentaria de los 
PTM, apoyando programas masivos de interven­
ción sobre las estructuras agrícolas, con el fin de 
crear una infraestructura adecuada a partir de la 
asistencia técnica, 
— tomar medidas para que la producción agrícola y 
agroindustrial se realice respetando los convenios 
de la Organización internacional del trabajo (OIT). 
9.8. Este programa de reorientación productiva, por 
una parte, permite la eliminación de todas las medidas 
proteccionistas todavía vigentes para las exportaciones 
agrícolas de los PTM, y por otra parte exige una pro­
funda reforma de la PAC en lo que se refiere a las 
producciones mediterráneas, reforma que tendría como 
objetivos: 
a) redefinir medidas e instrumentos de garantía enca­
minados a alcanzar objetivos productivos y de de­
sarrollo fijados a escala regional, adoptando como 
referencia exclusiva la calidad de los productos; 
b) reformar las medidas actuales de integración de 
precios, distinguiendo la finalidad de la ayuda a la 
renta de la del apoyo a la reestructuración/reconver­
sión; 
c) adoptar medidas de defensa de las producciones 
mediterráneas, como la prohibición del azucara-
miento de los vinos y el fomento del consumo de 
aceite de oliva, esgrimiendo las ventajas que ofrece. 
9.9. Sería deseable la creación de un organismo, 
cogestionado por la Comunidad y los PTM, para la 
promoción comercial de los productos mediterráneos. 
9.10. Teniendo en cuenta que los PTM deberán 
seguir importando durante mucho tiempo productos 
agrícolas para satisfacer sus necesidades alimenticias, y 
con el fin de evitar que las exportaciones agrícolas 
comunitarias desempeñen esa función de desincentiva-
ción de la producción interior de los PTM de la que se 
habla en el Informe anexo, es necesario impulsar una 
política de créditos a la exportación (concebidos como 
contribución a la financiación de las importaciones agroalimentarias de los países en vías de desarrollo, con 
tipos de interés y facilidades de pago compatibles con 
sus condiciones de escasa solvencia) y el establecimiento 
de contratos a largo plazo. La adopción de estos instru­
mentos, además de contribuir a una mayor estabiliza­
ción de los precios en los mercados mundiales, permi­
tiría a los PTM programar su propio desarrollo agrícola 
durante un largo período de tiempo. En realidad, estos 
contratos deberían estar vinculados a los programas de 
desarrollo de la agricultura de los PTM, con respecto 
a los cuales deberían ejercer una función de integración 
y de estímulo, basándose para ello en la experiencia que 
la Comunidad ha realizado ya en la India (Operation 
Flood). 
Industria 
9.11. Es necesario examinar cuáles son los criterios 
generales que deben orientar las inversiones que se 
efectúen en el marco de una estrategia de desarrollo de 
los PTM. Las opciones de inversión de los PTM (a 
menudo estimuladas por empresas de ingeniería, de 
producción o de venta de instalaciones y equipos) debe­
rían encuadrarse en la medida de lo posible en un marco 
de compatibilidad y de opciones decididas de común 
acuerdo que respondan a los intereses de toda la zona 
euromediterránea. Se trata por tanto de definir y aplicar 
un programa coherente de desarrollo industrial que 
afecte a la entera Cuenca mediterránea. 
9.12. Dicho programa deberá abarcar los sectores 
estratégicos (los que se sitúan en las capas más altas de 
la división internacional del trabajo) en los que deben 
centrarse de modo especial las inversiones (nuevos 
materiales, industria de reciclaje, informática, teleco­
municaciones); los sectores que plantean ya problemas 
de exceso de capacidad en el interior de la Comunidad 
—como el siderúrgico, el químico y el petroquímico— 
y que son también fundamentales para el desarrollo 
de los PTM, entre otras cosas por la necesidad de 
transformar in situ las materias primas; algunos ciclos 
productivos que podrían desarrollarse en los PTM 
basándose en los medios existentes en las regiones medi­
terráneas, es decir, en la preparación técnica (know-
bow) acumulada y en las potencialidades no utilizadas, 
cuyo desarrollo podría servir de estímulo a las inversio­
nes en los PTM a través de integraciones y sinergias 
apropiadas. 
9.13. En lo que se refiere al sector textil y de la 
confección, el Comité considera que actualmente se dan 
las condiciones necesarias para concluir la experiencia 
de los acuerdos de autolimitación y restablecer el libre 
acceso de estos productos a los mercados comunitarios 
(como se indica por otra parte en el citado dictamen 
del Comité), siempre y cuando: 
— las exportaciones no se efectúen en régimen de 
dumping, 
—- se reviste el sistema de créditos a la exportación que 
practican algunos PTM, 
— los PTM adopten normas severas y controles efica­
ces para acabar con las falsificaciones, 
— la producción se realice respetando los convenios 
de la OIT en lo que se refiere a los derechos huma-
28. 8. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 221/25 
nos, las condiciones sociales mínimas, la seguridad 
en el lugar de trabajo, la seguridad social, los dere­
chos sindicales y el derecho de las organizaciones 
sindicales a negociar acuerdos en materia de condi­
ciones de trabajo; y respetando también los conve­
nios colectivos. 
9.14. No es difícil prever que el objetivo de la pacifi­
cación del Mediterráneo podrá causar dificultades a 
algunos sectores de la industria armamentista comuni­
taria. Por esta razón, la Sección preconiza que se em­
prenda a nivel comunitario una acción para apoyar y 
desarrollar las experiencias en curso de reconversión 
hacia producciones civiles. No obstante, el Comité 
subraya la exigencia de una eficaz reglamentación 
comunitaria sobre el comercio y la exportación de 
armas, desarrollando todo lo que ya se ha realizado 
con respecto a las armas químicas. 
9.15. La forma de cooperación industrial que se 
deberá favorecer es la de las empresas en común. En 
algunos casos podrían funcionar en ambos sentidos, es 
decir, si intervienen también en las actividades industri­
ales que se desarrollan en el interior de la Comunidad. 
Para la promoción de empresas comunes se deberá a 
partir de ahora aprovechar al máximo las oportunida­
des ofrecidas por los actuales protocolos financieros. 
9.16. En lo que se refiere a la promoción a nivel local 
de una red de pequeñas y medianas empresas (PYME) 
eficientes, se deberán ampliar a los PTM las experien­
cias que la Comunidad está realizando con el programa 
comunitario para las PYME (BC-NET, bancos de datos, 
etc.), empezando por los Centros de empresas y de 
innovación (CEI). En esta perspectiva se debería fomen­
tar la colaboración entre la Comisión y las uniones 
internacionales que representan a las PYME, la arte­
sanía y las cooperativas. 
9.17. La Comisión debería crear de inmediato una 
estructura ad hoc para informar puntualmente a los 
PTM sobre la realización del mercado único, y sobre 
todo para prestarles asistencia técnica en la adecuación 
que deben efectuar en algunos sectores importantes 
(reglamentación de productos, licencias, circulación de 
mercancías, transportes, bancos, compañías de seguros, 
etc.). 
9.18. En la cooperación industrial se deben privile­
giar como intermediarios las cámaras de comercio, los 
consorcios y asociaciones empresariales, las organiza­
ciones cooperativas y las organizaciones no guberna­
mentales (ONG). 
Energía 
9.19. Basándose en las consideraciones hechas en el 
Informe anexo, el Comité considera que el volumen de 
las importaciones de hidrocarburos de los PTM justifica 
la aplicación de una política de desarrollo en común de 
la Comunidad y los PTM centrada en dichas importa­
ciones. Para ello es necesario superar el simple aspecto 
comercial, pero también la desvinculación entre este aspecto y la política tradicional de cooperación (como 
en el reciente acuerdo con los países del Golfo). 
9.20. Ante todo, la Comunidad debe adoptar una 
política y una estrategia común en el sector petrolífero 
y del metano, de las que hasta ahora ha carecido. 
9.21. El Comité considera que los contratos existen­
tes para el suministro de metano y el establecimiento 
de contratos a largo plazo para el suministro de petróleo 
podrían ser la base de programas de desarrollo en 
común adecuadamente regulados. No se trata de con­
traer, a cambio de la estabilidad o incluso de concesio­
nes sobre el precio, obligaciones de adquisición por 
parte de la Comunidad de bienes (ayuda condicionada) 
desechados por todos los países en vías de desarrollo. 
Se trata más bien de encauzar los efectos de dichos 
contratos en las relaciones económicas y comerciales, 
a través de iniciativas comunes y recíprocamente benefi­
ciosas para el desarrollo industrial y agrícola, asociando 
a los países productores y a los países miembros en 
acciones conjuntas (empresas comunes) de investiga­
ción científica y tecnológica, prospección, producción 
y comercialización. 
9.22. La realización de programas comunes podría 
partir de las aplicaciones industriales del metano, como 
por ejemplo la experimentación/producción de acero 
prerreducido, que habría que realizar con instalaciones 
piloto en las regiones mediterráneas comunitarias ya 
abastecidas por gaseoductos, para aplicarse después 
(también mediante empresas comunes o bien autóno­
mamente) en los PTM. Otro campo podría ser el de la 
investigación/construcción de buques capaces de limitar 
la evaporación del gas natural licuado en las travesías 
marítimas largas en climas cálidos. 
9.23. En lo que se refiere al petróleo, el Comité 
considera que la Comunidad debe desarrollar directa­
mente una política que favorezca la coparticipación 
de compañías comunitarias y de los PTM en el ciclo 
completo de producción/refinación/distribución (surti­
dores de gasolina) del producto (basándose para ello 
en las experiencias que está teniendo cada compañía con 
los países del Golfo), y también en los usos industriales, 
sobre todo en nuevos sectores. 
9.24. La explotación de la energía de fuentes renova­
bles es un problema de la entera Cuenca mediterránea. 
La Comunidad debería hacer mayores esfuerzos por 
explotar en sus regiones mediterráneas la energía solar, 
la eólica y la biomasa, esfuerzos que deberían ir acom­
pañados por la implicación de los PTM y la paralela 
experimentación/difusión en sus territorios. 
Turismo 
9.25. El turismo es un recurso importante para la 
entera Cuenca mediterránea. Es necesario desarrollarlo 
no sólo como una actividad tradicional, sino apoyada 
N° C 221/26 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28. 8. 89 
por servicios avanzados y por la actividad cultural. Es 
posible y necesario desarrollar mayores complementari-
dades entre los PTM y la Comunidad (sinergia entre 
agencias), entre los PTM y las regiones mediterráneas 
y entre los propios PTM (por ejemplo circuitos inte­
grados). 
Transportes y telecomunicaciones 
9.26. El desarrollo integrado de la Cuenca mediterrá­
nea debe apoyarse en una adecuada red de comunicacio­
nes. Sin embargo, es indispensable que las directrices 
de estas comunicaciones no se desarrollen solamente en 
sentido longitudinal (de Norte a Sur), sino también en 
sentido latitudinal (de Este a Oeste). 
9.27. El Comité se propone centrarse en algunos 
aspectos esenciales de los efectos que una política euro-
mediterránea de codesarrollo debería tener sobre el 
transporte marítimo, a saber: 
— adecuación de la política común de transportes ma­
rítimos, 
— programación del incremento de las comunicaciones 
entre los puertos de las diversas orillas del Medite­
rráneo, 
— superación de las prácticas proteccionistas actuales 
de la mayoría de los PTM, 
— adecuación de las infraestructuras portuarias medi­
terráneas, que actualmente provocan graves 
retrasos, 
— regulación común del tráfico, inspirada en el prin­
cipo de la libertad de navegación, que excluya medi­
das unilaterales (discriminaciones, restricciones de 
los cargamentos, etc.), persiga la liberación fiscal y 
fije las modalidades de solución de los litigios. 
Medio ambiente y territorio 
9.28. La situación del medio ambiente en el área 
mediterránea ha sobrepasado ya el nivel de alarma. Se 
acumulan los problemas: la contaminación del Mar 
Mediterráneo (puesto en peligro por los vertidos de 
hidrocarburos, el aumento de la población residente y 
turística y la actividad industrial); la degradación de las 
costas, cuyo problema prioritario es la descongestión y 
el saneamiento de las zonas urbanas; y la desertifica-
ción, que se puede observar en las diversas orillas 
del Mediterráneo. Para solucionar estos problemas es 
necesario que la Comunidad y los PTM adopten de 
común acuerdo un plan integrado para la descontami­
nación del Mar Mediterráneo y una reorientación del 
desarrollo basada en el balance de los recursos 
medioambientales de la zona mediterránea. En la defini­
ción de este plan se deberá necesariamente partir del 
programa de acción para el Mediterráneo (PAM), y en 
particular del plan Azul, realizado con financiación del programa de las Naciones Unidas para el medio 
ambiente (PNUE) y de los países signatarios del Conve­
nio de Barcelona. 
Mercado del trabajo, empleo, condiciones sociales 
9.29. Los problemas del mercado del trabajo deben 
afrontarse también desde una perspectiva global que 
abarque toda la zona euromediterránea. Por parte 
comunitaria, dicho mercado se caracteriza por grandes 
contradicciones. Junto a un gravísimo desempleo (17 
millones), se observa una divergencia creciente entre: 
un mercado de trabajo principal (estructurado y prote­
gido); un mercado de trabajo secundario (desestructu­
rado y escasamente protegido), caracterizado por traba­
jos temporales y/o socialmente ingratos; un mercado 
de trabajo sumergido (trabajo clandestino y trabajo no 
protegido). 
Los dos últimos tipos de mercado laboral, en los que 
se sitúa la mayoría de los trabajadores de los PTM 
emigrados a la Comunidad, han registrado en los últi­
mos años una expansión constante, independiente del 
ritmo de crecimiento económico, cuya disminución, sin 
embargo, ha afectado sobre todo al mercado de trabajo 
principal, que no ha llegado a absorber un desempleo 
creciente. Por lo tanto, sin una política laboral comuni­
taria fuertemente reequilibradora, los mercados de tra­
bajo secundario y sumergido están destinados a ampli­
arse en cualquier caso. Por parte de los PTM, el fuerte 
y creciente desempleo alimenta el flujo migratorio desti­
nado a estos dos mercados laborales, facilitado por la 
función de arrastre de los emigrantes ya establecidos 
en la Comunidad. Las perspectivas a medio y largo 
plazo hacen prever en la Comunidad un envejecimiento 
y una disminución de la población. Este proceso se 
caracterizará por la tendencia de los trabajadores comu­
nitarios a concentrar su oferta en los sectores mejor 
remunerados, más protegidos y más satisfactorios en 
su conjunto, consolidando así y quizá aumentando una 
demanda de trabajo no cubierta en los sectores menos 
deseables por incómodos, poco protegidos y mal remu­
nerados. Dado que el crecimiento del mercado de tra­
bajo denominado « secundario » se apoya en una mayor 
precariedad, o incluso en el trabajo clandestino, plantea 
el riesgo de llevarnos a la adopción de medidas laborales 
diferenciales según la pertenencia o no a la Comunidad. 
Es necesario y urgente afrontar esta tendencia con medi­
das laborales adecuadas para garantizar en primer lugar 
la cobertura de los puestos de trabajo disponibles con 
mano de obra comunitaria o no, pero en cualquier caso 
insertada en el mercado de trabajo protegido por la 
legislación social y por la contratación colectiva. Por 
otra parte, dicha exigencia responde a las disposiciones 
del Convenio 143 de la OIT. 
9.30. Es indudable que el objetivo principal sigue 
28. 8; 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 221/27 
siendo el desarrollo de los PTM y el consiguiente 
aumento del empleo in situ. 
No obstante, por los motivos mencionados, sería difícil 
vaticinar la extinción de los flujos migratorios proce­
dentes de los PTM. A la luz de dichas consideraciones, 
el problema no es negar o infravalorar el peso de los 
fenómenos de inmigración, sino regular tales movimien­
tos en el marco de una política de desarrollo en común, 
con el fin de no agravar el desempleo interno de la 
Comunidad y de no convertir a los trabajadores migran­
tes en nuevos desempleados. 
9.31. Esta regulación común debería seguir las 
siguientes directrices: 
— lucha contra la emigración clandestina, estable­
ciendo de común acuerdo las modalidades de 
entrada en la Comunidad y las medidas que deberán 
tomarse con los trabajadores migrantes hallados en 
situación irregular. Pero la lucha más eficaz contra 
la emigración clandestina sólo la puede entablar la 
Comunidad atacando el empleo irregular de mano 
de obra (del tipo que sea) en la Comunidad (si no 
se elimina éste será dificil acabar con aquélla). En 
cualquier caso, se debe evitar el endurecimiento 
de las medidas administrativas que obstaculizan la 
entrada en la Comunidad de cuidadanos de los 
PTM (visados, etc.), 
— análisis de los movimientos migratorios y gestión 
del empleo basada en las previsiones comunitarias, 
— valorización de los trabajos tradicionalmente de­
sempeñados por los trabajadores emigrantes, 
— desarrollo de las capacidades profesionales de los 
trabajadores migrantes, favoreciendo su formación, 
— aplicación del principio de la igualdad de trato y de 
derechos materiales y formales de los trabajadores 
migrantes y de los miembros de sus familias con 
respecto a los de la Comunidad, 
— creación de un dispositivo común de control de las 
condiciones de vida y trabajo de los trabajadores 
migrantes en la Comunidad. 
9.32. No es este el lugar apropiado para abordar el 
gran problema de la justicia y la conveniencia de un 
mundo del trabajo comunitario que en cualquier caso 
estaría dividido en dos partes distintas "(la de los trabajos 
mejores y la de los trabajos peores), pero se puede 
preconizar el apoyo comunitario a todas aquellas for­
mas de asociación y de organización de la oferta de 
empleo —por ejemplo las cooperativas en el campo 
de los servicios individuales— que intenten evitar la 
temporalidad y la escasa protección del trabajo. 9.33. En lo que se refiere a las garantías contra la 
discriminación y a la integración de los trabajadores 
migrantes originarios de los PTM, el Comité: 
— lamenta de nuevo que la Comunidad, 16 años des­
pués de la entrada en vigor del protocolo adicional 
al acuerdo de asociación con Turquía y 12 años 
después del acuerdo de cooperación con los países 
del Magreb, no haya aplicado aún las garantías 
contra la discriminación que en ellos se prevén, 
— considera que esta grave pasividad de la Comunidad 
ha contribuido a la deplorable situación en la que, 
por una parte, se preconiza la contención de la 
inmigración en nombre del desempleo interno, 
mientras que por otra parte se saca buen partido 
del trabajo clandestino, 
— reitera las solicitudes incluidas en el citado dictamen 
del Comité sobre la política mediterránea y en el 
dictamen sobre trabajadores migrantes del 25 de 
octubre de 1984 (!), cuya urgencia ha aumentado a 
la vista de la intensificación en la Comunidad de 
manifestaciones de racismo y xenofobia, 
— considera evidente que las normas comunitarias 
sobre derechos sociales fundamentales definidas en 
el dictamen del Comité del 22 de febrero de 1989 
deben también aplicarse plenamente a los trabaja­
dores migrantes residentes de forma regular en la 
Comunidad. 
9.34. En cualquier caso, el Comité considera que la 
solución principal al problema del creciente desempleo 
en los PTM escriba en el desarrollo de estos países. 
9.35. La política de desarrollo en común aquí pro­
puesta implica que las condiciones de trabajo en los 
PTM no puedan constituir una competencia desleal con 
respecto al empleo comunitario. Por ello es necesario 
establecer dispositivos comunes para garantizar y con­
trolar la aplicación en los PTM de los convenios de la 
OIT sobre los derechos mínimos de los trabajadores. 
Cuttura e información 
9.36. Las acciones en este campo deben tender sobre 
todo hacia la organización en común de la circulación 
cultural, que tiene tanto más valor cuanto más fundada 
está en el conocimiento recíproco de las diversidades; 
mientras que los elementos de comunidad cultural pue­
den derivarse más bien del hecho voluntario de planear 
un destino común. 
(') DO n° C 343 de 24. 12. 1984. 
N° C 221/28 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28. 8. 89 
9.37. Si por una parte se debe mejorar el conoci­
miento y la información que se tiene sobre la Comuni­
dad en los PTM, a todos los niveles (de los especializa­
dos a los de masas), más importante aún es hacer 
conocer más a fondo la realidad de los PTM desde el 
punto de vista cultural (previendo por ejemplo progra­mas comunitarios de intercambios universitarios, con­
tactos entre jóvenes, cursos de lengua, historia y litera­
tura de los PTM, etc.), y sobre todo de la situación 
socioeconómica y administrativa (también de cara a las 
inversiones) de los recursos turísticos. 
Hecho en Bruselas, el 12 de julio de 1989. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE 
ANEXO 
al dictamen del Comité Económico y Social 
Los siguientes consejeros, presentes o representados, votaron a favor del dictamen: 
Sras./Srtas./Sres. Amato, Ataide, Beltrami, Bento Goncalves, Beretta, Bleser, Boisserée, Bredima Savopoulou, 
Briganti, Cal, Calvet Chambón, Cavazzuti, Ceballo Herrero, Alves Conde, Della Croce, Elstner, Eulen, 
Frandi, Giacomelli, Gómez Martínez, Hórsken, Kazazis, Laca Martin, Liverani, Luchetti, Mainetti, Manto-
vani, Margot, Mayayo Bello, Morselli, Muñiz Guardado, Neto Da Silva, Orsi, Quevedo Rojo, Ramaekers, 
Santillan Cabeza, Schópges, Silva, Telles, Vallejo Calderón, Vassilaras, Velasco Mancebo, Vercellino, Vlasso-
poulos, Zufiaur Narvaiza. 
Los siguientes consejeros, presentes o representados, votaron en contra: 
Sras./Srtas./Sres. Bazianas, Breyiannis, Broicher, Campbell, Ceyrac, Clavel, Collas, van Dam, De Tavernier, 
Donck, Droulin, Kirchfeld, Kitsios, Laur, Lów, Petropoulos, Polyzos, Ribiére, Wick. 
Los siguientes consejeros, presentes o representados, se abstuvieron: 
Sras./Srtas./Sres. Berns, Bos, Dassis, Decaillon, Drago, Haas, Kroger, Lustenhouwer, Marvier, Meycr-Horri, 
Mourgues, Muller, Raftopoulos, Rouzier, Tixier, Wagner, Yverneau.