UNDÉCIMO INFORME ANUAL al Parlamento Europeo sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario - 1993 - (94/C 154/01) COM(94) 500 final

ÍNDICE

Página

A. PRÓLOGO 6

B. ESPACIO SIN FRONTERAS 8

1. Introducción 8

2. Situación en los distintos sectores 9

2.1. Eliminación de las fronteras fisicas 9

2.1.1. Unión aduanera 9

2.1.2. Libre circulación de los productos agrarios 10

2.1.2.1. Controles a la importación 10

2.1.2.2. Medidas de prohibición de importación 11

2.1.2.3. Nuevas políticas 11

2.2. Eliminación de las fronteras técnicas 12

2.2.1. Libre circulación de mercancías 12

2.2.1.1. Los artículos 30 y siguientes del Tratado CE y la aplicación del principio de reconocimiento mutuo 12

2.2.1.2. Las normas de prevención previstas en la Directiva 83/189/CEE 14

2.2.1.3. Comunicación por sectores de las medidas de aplicación de las directivas 14

2.2.2. Mercado de los servicios 17

2.2.2.1. Sector audiovisual 17

2.2.2.2. Propiedad intelectual e industrial 17

2.2.2.3. Telecomunicaciones 18

2.2.3. Libre circulación de capitales 19

2.2.4. Libre prestación de servicios financieros, fiscalidad directa y derecho de sociedades 19

2.2.5. Contratos públicos 22

2.3. Supresión de las fronteras fiscales 23

2.4. Libre circulación de personas y derecho de establecimiento 25

2.4.1. Prohibición de las discriminaciones 25

2.4.2. Entrada y residencia 26

2.4.3. Derechos sindicales 27

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2.4.4. Acceso al empleo en la función pública 27

2.4.5. Reconocimiento de los diplomas 28

2.4.6. Agentes comerciales independientes 30

2.5. Política de los consumidores y seguridad de los productos 31

C. COMPETENCIA 32

D. EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL 33

1. Introducción 33

2. Situación en los distintos sectores 33

2.1. Igualdad hombres/mujeres 33

2.2. Lucha contra el cáncer 34

2.3. Seguridad social de los trabajadores migrantes 34

2.4. Condiciones de trabajo 34

2.5. Salud y seguridad en el lugar de trabajo 35

E. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 36

1. Introducción 36

2. Normativa agrícola 36

3. Incorporación de las directivas del sector agrario 37

F. PESCA 41

1. Introducción 41

2. Situación en los distintos sectores 41

3. Compatibilidad con el Derecho comunitario de las leyes nacionales en materia de concesión de pabellón 41

G. MEDIO AMBIENTE 42

1. Introducción 42

2. Situación en los distintos sectores 46

2.1. Residuos 46

2.2. Agua 47

2.3. Aire 48

2.4. Ruido 49

2.5. Naturaleza 49

2.6. Química 50

2.7. Radioprotección 50

Página

H. TRANSPORTES 52

1. Introducción 52

2. Situación en los distintos sectores 52

2.1. Transportes por carretera 52

2.2. Transportes combinados 52

2.3. Transportes por vías navegables 52

2.4. Transportes por ferrocarril 53

2.5. Transporte marítimo 53

2.6. Transporte aéreo 53

I. ENERGÍA 54

J. RELACIONES EXTERIORES 55

K. PERSONAL DE LA COMUNIDAD 55

L. CUESTIONES ESTADÍSTICAS 56

M. PRESUPUESTOS 56

ANEXOS

Annexo I: Presuntas infracciones 57

Annexo II: Infracciones comprobadas 64

Annexo III: Infracciones a los tratados y reglamentos 71

Annexo IV: Estado de aplicación de las directivas 87

Annexo V: Sentencias del Tribunal de Justicia a 31 de diciembre de 1993 169

Annexo VI: Aplicación del Derecho comunitario por las jurisdicciones nacionales 174

A. PRÓLOGO

La Comisión Europea elabora el informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario en respuesta a las sucesivas peticiones del Parlamento Europeo (Resolución de 9 de febrero de 1983) y de los Estados miembros (punto 2 de la Declaración n° 19 aneja al Tratado firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992). El informe responde también a las peticiones del Consejo Europeo o del Consejo en relación con determinados sectores específicos.

Este décimo informe abarca el año 1993. Dado que ya se ha realizado la casi totalidad del programa legislativo relativo a la realización del mercado interior, se ha prestado más atención al control de la aplicación de la legislación comunitaria.

Las intervenciones de la Comisión a este respecto, no sólo en el ámbito del mercado interior sino también en los demás sectores, permitieron regularizar, a lo largo del año, un porcentaje significativo de las situaciones de infracción. Las cifras así lo demuestran. ¿Cómo se llevan a cabo tales intervenciones? Paralelamente al procedimiento de infracción previsto en el artículo 169 CE, la Comisión intenta sensibilizar a los Estados miembros y desarrollar progresivamente una verdadera cooperación administrativa, con el fin de conseguir un mayor respeto de las normas del Derecho comunitario y una aplicación efectiva de las directivas.

El procedimiento de infracción

En 1993, al igual que en los años anteriores, las intervenciones de la Comisión tuvieron, en gran medida, como origen las quejas que le envían los ciudadanos y los agentes económicos (véase el cuadro 1.1 del Anexo I), si bien el número de éstas ha descendido ligeramente en comparación con el año anterior (1 040 en 1993 frente a 1 185 en 1992). La presentación de las quejas ante la Comisión Europea, procedimiento que se realiza sin gastos ni trámites, demuestra que los ciudadanos son conscientes de la importancia que tiene la dimensión comunitaria. Paralelamente al examen de las quejas, la Comisión explota todas las fuentes de información que permiten conocer la existencia de alguna infracción. Aparte del seguimiento de la incorporación de las directivas, se trata de los «casos detectados de oficio» (247 en 1993) y de los casos revelados por las peticiones (23) y las preguntas parlamentarias (30).

Las intervenciones de la Comisión se resumen en las siguientes cifras: en 1993, incoó 1 209 procedimientos de infracción, envió 352 dictámenes motivados y presentó 44 recursos ante el Tribunal de Justicia, todo ello en virtud del artículo 169 CE.

Si bien el número de procedimientos incoados en 1993 permanece estable en relación con 1992 (1 209, frente a 1 216), hubo un centenar más de dictámenes motivados (352 frente a 248), en particular por no comunicación de las medidas de ejecución de las directivas (244 dictámenes motivados por esta razón en 1993, frente a 126 en 1992). Este fuerte aumento se debe al aumento del número de cartas de emplazamiento enviadas en 1992 (1 216) en relación con 1991 (853), habida cuenta del número de directivas cuyo plazo de incorporación vencía en 1992 sin que se hubieran comunicado a tiempo las medidas de ejecución.

Cabe señalar asimismo una disminución de más del 30 % del número de recursos planteados ante el Tribunal, que ha pasado de 64 en 1992 a 44 en 1993. Más aún: no se ha presentado recurso alguno contra un tercio de los Estados miembros. Ello confirma la tendencia observada desde hace varios años (97 recursos en 1989, 78 en 1990 y 65 en 1991), así como la eficacia de las intervenciones de la Comisión, que, en la inmensa mayoría de los casos, consigue que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para ajustarse al Derecho comunitario en las fases de procedimiento anteriores al recurso ante el Tribunal.

El número de casos archivados así lo demuestra. A lo largo de los dos últimos años (1992 y 1993), por ejemplo, la Comisión ha archivado el 50 % de los procedimientos de infracción incoados durante ese período por no comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas, al haber adoptado los Estados miembros las medidas de ejecución necesarias.

Estas primeras observaciones permiten hacer una valoración relativamente positiva del respeto de las normas del Derecho comunitario y de la aplicación de las directivas, aun cuando la Comisión sigue estando preocupada por las dificultades que persisten en determinados sectores.

Hacia un mayor respeto de las normas de derecho

La Comisión ha comprobado una clara mejoría en determinados sectores clave de la actividad comunitaria.

Por lo que se refiere en particular a las disposiciones del Tratado que prohíben los obstáculos a la libre circulación de mercancías, en particular los artículos 30 y siguientes (obstáculos no arancelarios), por una parte, y el artículo 95 (imposiciones interiores discriminatorias), por otra, 1993 se ha caracterizado por un fuerte aumento del número de expedientes de infracción en curso archivados y por la disminución del número de dictámenes motivados y de recursos ante el Tribunal. Conviene, por otra parte, señalar que, en materia de control de mercancías en las fronteras, la Comisión ha registrado una clara disminución de las quejas.

Esto significa una progresiva aceptación de las normas comunitarias por parte de las administraciones nacionales, a la que contribuyen los instrumentos de cooperación administrativa, en particular los que se han creado en el marco del mercado interior, y las reuniones sectoriales, denominadas «reuniones paquete», que permiten examiner la totalidad de los expedientes de infracción de un Estado miembro en un sector específico (artículo 30 CE, agricultura, medio ambiente, fiscalidad indirecta, etc.).

No obstante, es preciso proseguir los esfuerzos realizados. Efectivamente, cabe señalar la agravación, variable según los Estados miembros, de situaciones que no se ajustan a las reglas vigentes en determinados sectores. Por ejemplo, por lo que se refiere a las directivas sobre contratos públicos, incorporadas desde hace ya varias años la aplicación concreta por los distintos poderes adjudicatarios no siempre se realiza de un modo satisfactorio. Así lo demuestra el escaso número de expedientes archivados en 1993 y el aumento del número de dictámenes motivados y de recursos ante el Tribunal.

El análisis por sector y la relación de las infracciones a los Tratados, reglamentos y decisiones que figuran en el Anexo III permiten comprender mejor las dificultades a las que se han enfrentado los Estados miembros en los distintos sectores.

Hacia una aplicación efectiva de las directivas

El cuadro siguiente permite apreciar la situación de la aplicación de la totalidad de las directivas vigentes a 31 de diciembre de 1993.

>SITIO PARA UN CUADRO>

En términos generales, este cuadro permite comprobar que, al 31 de diciembre de 1993, los Estados miembros habían comunicado, por término medio, más del 90 % de las medidas nacionales de ejecución necesarias para la aplicación del conjunto de las directivas aplicables. Se trata de un resultado ligeramente inferior al del 31 de diciembre de 1992, dado que, en esa fecha, el índice de comunicación era del 91 %. Conviene, no obstante, resaltar que el número de directivas aplicables al 31 de diciembre de 1993 era de unas 60 más que el año anterior.

No obstante, estas cifras globales describen realidades muy diferentes, tanto por materia como por Estado miembro, que el análisis por sector y la relación que figuran en el Anexo IV permitirán valorar mejor.

Así, por ejemplo, a lo largo de 1993, en los sectores de la agricultura y el medio ambiente se produjo una clara disminución del índice de incorporación. En el sector de la agricultura, dicho índice descendió casi un 4 % en el conjunto de los Estados miembros, debido en particular a la necesidad de llevar a cabo simultáneamente la refundición de las legislaciones y la reorganización de las administraciones implicadas. Además, con frequencia, los Estados miembros han dado más importancia a la aplicación práctica, en detrimento de las reformas legislativas, con el fin de respetar el objetivo del 1 de enero de 1993. En materia de medio ambiente, se han producido retrasos de incorporación, imputables en gran medida a problemas de cooperación administrativa. No obstante, consciente de la importancia de la cuestión, la Comisión lleva a cabo una acción de sensibilización continua y apoya los esfuerzos de los Estados miembros que intentan recuperar los retrasos.

Por el contrario, en otros sectores, se han producido notables progresos en el ritmo de incorporación. Tal es el caso, en particular, en los sectores de los productos farmacéuticos, los vehículos de motor, la mecánica, las telecomunicaciones, los contratos públicos, el reconocimiento de diplomas y la política de los consumidores y de la seguridad de los productos.

Al igual que otros años, el índice de incorporación ha sido muy elevado en el sector aduanero (100 %) y en el la fiscalidad indirecta (99 %).

La aplicación de las directivas en una tarea difícil, y la Comisión tiene la obligación de ofrecer su colaboración a los Estados miembros. Esta es la razón por la que, desde hace varios años, organiza reuniones anuales en los Estados miembros que lo desean, con el fin de pasar revista a la situación de la incorporación de todas las directivas cuyas medidas de incorporación todavía no hayan sido notificadas a la Comisión, haya finalizado o no el plazo de incorporación de las mismas.

Perspectivas de futuro

Al proceder a una nueva redacción del artículo 171 CE, la conferencia sobre la Unión Europea puso de manifiesto su deseo de reforzar la misión de control asignada a la Comisión. En virtud de la nueva redacción de dicho artículo, la Comisión podrá, cuando se produzca un eventual segundo recurso ante el Tribunal de Justicia, por no ejecución de una sentencia de éste en el marco de un procedimiento de infracción, proponer una sanción de carácter económico contra el Estado miembro de que se trate. Actualmente se está reflexionando sobre las modalidades de aplicación práctica de este nuevo instrumento, dado que es preciso constatar (véase el anexo V) que la ejecución de las sentencias del Tribunal todavía sufre importantes retrasos.

No obstante, este reforzamiento del instrumento legal no debe hacerese en detrimento de la cooperación y el diálgo con las administraciones nacionales, que, con frecuencia, permiten la solución no contenciosa de un gran número de expedientes.

Ésta es la razón por la que la Comisión tiene intención, por una parte, de fomentar la celebración de «reuniones paquete» y, por otra, en vista del éxito de tales reuniones en materia de directivas, aumentar su frecuencia y aplicarlas a otros Estados miembros, según las necesidades. La Comisión desea hacer hincapié, en estos contactos, en la imortancia de la conformidad de las medidas nacionales de ejecución con los requisitos de las directivas (calidad de la incorporación, aspecto éste que a veces se decuida). Ello es así en particular en determinados sectores del mercado interior, en los que se adoptan todas las medidas de incorporación, pero éstas no surten todos sus efectos debido a su imperfecta conformidad con los objetivos de la directiva.

Estructura del undécimo informe

En la medida de lo posible, se han seguido las sugerencias para mejorar el informe, expresadas en particular en las resoluciones del Parlamento Europeo. No obstante, este informe, que pretende presentar una visión de conjunto, debe tratar la situación en los distintos sectores de un modo sintético y equilibrado.

El presente informe comprende:

- un análisis por sector;

- una serie de cuadros estadísticos actualizados al 31 de diciembre de 1993, con los expedientes de presuntas infracciones (anexo I) y las infracciones comprobadas (anexo II);

- una lista de los expedientes de infracción comprobada a los Tratados, reglamentos y decisiones examinados en 1993 (anexo III);

- el estado de aplicación por los Estados miembros de las directivas vigentes al 31 de diciembre de 1993, con los correspondientes expedientes de infracción (anexo IV);

- una lista de las sentencias no ejecutadas del Tribunal (anexo V);

- un examen somero de la aplicación del Derecho comunitario por las jurisdicciones nacionales (anexo VI).

Los efectos conjugados del reforzamiento del procedimiento de infracción y de la prosecución de la cooperación administrativa permitirán que la Comisión continúe actuando eficazmente como guardiana de los Tratados.

B. ESPACIO SIN FRONTERAS

1. INTRODUCCIÓN

La realizaciíon del mercado interior, que se menciona por primera vez en el Tratado de Roma, ha marcado de un modo fundamental la política de la Comunidad en los últimos años. Este objetivo primordial ha sido explícitamente definido en el artículo 7A del Acta Única, que establecía la creación, antes del 31 diciembre de 1992, de un espacio sin fronteras en el que quedarían garantizadas las cuatro libertades. La puesta en práctica de este objetivo se basa en la aplicación de la legislación comunitaria adoptada en ese marco.

Con este fin, en 1985 se aprobó el programa legislativo del Libro Blanco, en el que se agrupaban una serie de medidas, pertenecientes a distintos sectores de actividad fundamentales para la realización del mercado interior. Dicho programa constituyó, a lo largo de ese período, un estímulo fundamental en el proceso de realización del gran mercado, y sirvió de referencia para la evaluación de los progresos realizados.

Desde la aprobación del programa legislativo, la Comisión lleva a cabo un seguimiento sistemático y coherente de la incorporación de esa legislación a los ordenamientos jurídicos nacionales. La evolución de la incorporación de dichas normas ha resultado más bien positiva, a pesar de la existencia de algunos problemas vinculados a las realidades nacionales. A finales de 1993, el Consejo había adoptado la práctica totalidad de los 282 actos del programa. De todas las medidas adoptadas, 263 están vigentes, mientras que sólo 222 de ellas requieren medidas nacionales de ejecución. Los Estados miembros han aprobado hasta ahora el 86 % de los actos nacionales necesarios para la incorporación del programa.

Aparte del control cuantitativo de la incorporación, la Comisión vela por la calidad de las leyes nacionales de incorporación, que condiciona de hecho la aplicación efectiva del Derecho comunitario. La base de ese control la constituye el examen de conformidad de las medidas adoptadas a nivel nacional. Dicho examen se inscribe en un contexto más amplio, que va más allá de la simple comparación de los textos, ya que en él se tienen en cuenta los sistemas jurídicos nacionales.

Junto al estricto control de la aplicación del Derecho comunitario, la Comisión debe garantizar un marco de gestión de su aplicación, y crear las estructuras apropiadas para la consecución de los objetivos establecidos. Para ello, y con el fin de garantizar la puesta en práctica efectiva del Derecho comunitario, la Comisión adopta numerosas iniciativas de colaboraciíon con los Estados miembros, destinadas a conseguir la aplicación coherente de la legislación comunitaria.

La Comisión garantiza la transparencia del estado del proceso legislativo y de la aplicación de la legislación comunitaria mediante la publicación de informes períodicos sobre la aplicación de ese Derecho, así como a través de las bases de datos en las que se recogen todas las informaciones sobre las medidas nacionales de ejecución.

Con el fin de hacer más concisa y transparente la legislación comunitaria, la Comisión ha inciado un trabajo de codificación de la legislación comunitaria. Además, la codificación se ha vuelto necesaria debido al incesante desarrollo del Derecho comunitario.

Por otra parte, la Comisión vela por el reforzamiento de la cooperación con los Estados miembros. La Comisión tiene intención de favorecer la cooperación con las administraciones nacionales y establecer una «asociación administravia». Entre las iniciativas adoptadas en este contexto cabe mencionar:

- la organización de reuniones bilaterales con las administraciones nacionales para hacer balance tanto sobre el estado de incorporación de los actos comunitarios como sobre el cumplimiento del artículo 30 del Tratado de Roma, relativo a la prohibición de cualquier medida que pueda obstaculizar el comercio intracomunitario. En 1993 se organizaron reuniones de este tipo con las autoridades italianas, españolas, griegas, francesas y alemanas. En términos generales, tales reuniones permiten planificar algunos casos problemáticos y desbloquear el proceso interno de incorporación. Tales reuniones permiten también evitar malentendidos, debidos en particular a la falta de notificación, con los servicios respectivos. De este modo se han editado o han sido archivados un gran número de procedimientos de infracción;

- la creación de foros especializados; dado que la fecha-motor para la realización del mercado interior ya pasó, y que se han realizado notables progresos en todos los campos de la actividad comunitarias, la Comisión se enfrenta ahora al desafío de la gestión de ese espacio sin fronteras, habida cuenta de las diversidades nacionales. La Comisión debe velar por que el mercado interior funcione en la práctica. Frente a esta nueva situación, se ha creado un comité consultivo para la coordinación en el ámbito del mercado interior (1).

Dicho comité se encarga de resolver cualquier problema derivado del funcionamiento del mercado interior y, en su caso, de la supresión de los controles en las fronteras internas. El comité debe también contribuir al reforzamiento y la consolidación de la cooperación administrativa con vistas al correcto funcionamiento del gran mercado;

- el desarrollo de un programa de intercambio de funcionarios nacionales, encargados de la aplicación de la legislación sobre el mercado interior. Dicho programa, que, por decisión de la Comisión (2), lleva el nombre de KAROLUS, tiene su origen en el Libro Blanco de la Comisión sobre la realización del mercado interior, y es operativo desde principios de año. El programa está abierto a todos los funcionarios que participen en la aplicación del Derecho comunitario en las distintas administraciones nacionales o locales. Los ámbitos a los que afectan estos intercambios se establecen de acuerdo con su especificidad y sus necesidades reales.

Tales iniciativas están adquiriendo una nueva dimensión por lo que se refiere al funcionamiento del mercado interior, en el marco del programa estratégico sobre el mercado interior desde 1992. El programa estratégico analiza los medios necesarios para garantizar la credibilidad del mercado interior y sacar el mayor partido posible de sus efectos económicos.

2. SITUACIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES

2.1. Eliminación de las fronteras físicas

2.1.1. Unión aduanera

2.1.1.1. Intervenciones de la Comisión

Se enviaron dos dictámenes motivados a Alemania, el primero para garantizar el respeto de los precios mínimos impuestos por el acuerdo internacional sobre el sector lechero al expedir las autorizaciones de perfeccionamiento activo y de colocación de productos bajo ese régimen aduanero, y el segundo con el fin de obtener la retirada de la legislación aduanera alemana de una disposición por la que se autoriza al servicio de aduanas a celebrar acuerdos de simplificación de los trámites con los declarantes, en particular por lo que se refiere a la determinación del valor en aduana, dado que tales acuerdos no están contemplados en la normativa comunitaria. Este último procedimiento fue archivado, al haberse suprimido la disposición en litigio.

También se enviaron dos dictámenes motivados a Portugal. Uno de ellos se refería a la negativa no justificada de expedir una autorización de perfeccionamiento activo a una empresa de transformación de tortas oleaginosas, pero el procedimiento de infracción fue archivado al haber aceptado finalmente las autoridades portuguesas expedir dicha autorización. El otro dictamen motivado se refería a la concesión de franquicias aduaneras en favor de material no específicamente militar, franquicias no contempladas en la legislación comunitaria. Portugal ha sido el noveno Estado miembro que ha recibido un dictamen motivado por el mismo motivo.

Se envió a Italia un dictamen motivado para conseguir la modificación de las disposiciones de la ley aduanera italiana que permiten el cobro de derechos de aduana a tanto alzado, en caso de no presentación a la llegada de mercancías que hayan sido objeto de un procedimiento nacional de tránsito. Esas disposiciones son contrarias al Derecho aduanero comunitario y, por consiguiente, no garantizan la puesta a disposición de los recursos propios de la Comunidad.

>SITIO PARA UN CUADRO>

2.1.2. Libre circulación de los productos agrarios

Uno de los principios básicos del funcionamiento de la política agrícola común (PAC) y de sus organizaciones comunes de mercado consiste en garantizar la libre circulación de los productos agrarios en el mercado único.

El Tribunal de Justicia ha recordado en numerosas ocasiones que los artículos 30 y 34 del Tratado CE son parte integrante de las organizaciones comunes de mercado, incluso si su mención expresa en el corpus de éstas se convirtió en superfluo a partir del 1 de enero de 1970.

En el trascurso de 1993, la Comisión ejerció, a fortiori, una vigilancia permanente con el fin de eliminar rápidamente los obstáculos a los intercambios de productos agrarios en la Comunidad. La Comisión ha prestado especial atención a la supresión de los controles en las fronteras internas.

2.1.2.1. Los controles a la importación

Antes de la supresión de las fronteras interiores, los controles a la importación constituían los obstáculos más numerosos y más variados a los intercambios.

La entrada en vigor de los instrumentos de armonización en los sectores veterinario y fitosanitario con vistas a la realización del mercado interior permitió comprobar la favorable evolución de un gran número de expedientes de infracción, que pueden agruparse según las categorías siguientes:

a) Los dobles controles y los controles sistemáticos tal como se aplicaban en Italia, con el fin de verificar el respeto de las normas nacionales en materia de presencia de histamina en el pescado salado importado de Grecia, acompañado de un certificado sanitario expedido por el Estado miembro exportador.

La entrada en vigor de la Directiva 91/493/CEE, por la que se establecen las normas sanitarias que regulan la producción y la puesta en el mercado de los productos pesqueros permitió resolver esta cuestión.

Cabe prever que, en el marco de la misma directiva, Italia tendrá que ajustarse a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-228/91, en la que el Tribunal condena la imposición de controles sistemáticos a los lotes de pescado procedentes de otros Estados miembros o de Noruega (3).

b) La exigencia de licencias o autorizaciones previas a la importación, tal como se practicaban en España, con respecto a los animales vivos de la especie ovina procedentes de otros Estados miembros, por Irlanda, con respecto al esperma de las especies bovina y porcina destinada a la inseminación artificial, y por Italia, respecto a los vegetales sensibles al «fuego bacteriano».

La autorización individual de importación de animales vivos de la especie ovina ha sido derogada por el Reino de España, por lo que se ha archivado el procedimiento de infracción.

En su sentencia de 17 de noviembre de 1992, en el Asunto C-235/91 (4), el Tribunal de Justicia establece que, al someter las importaciones de esperma de animales domésticos de las especies bovina y porcina y a diversas condiciones restrictivas, Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 del Tratado CE, de los Reglamentos n° 805/68/CEE y n° 827/68/CEE, de la Directiva 77/504/CEE y de la Decisión 88/124/CEE.

Posteriormente, Irlanda comunicó los textos que están en proceso de aprobación para ajustarse a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal y para incorporar las directivas del sector.

En el marco de la incorporación de la aplicación de la Directiva 77/093/CEE por la que se establece la nueva normativa común en el sector fitosanitario, las autoridades italianas renunciaron a la exigencia de autorización previa para los vegetales sensibles al «fuego bacteriano» durante el período en el que no está prohibida la importación. No obstante, habida cuenta del interés de obtener una sentencia de principio, en este asunto, la Comisión no ha considerado oportuno retirar la denuncia ante el Tribunal de Justicia (asunto C-249/92).

c) Las normas de control excesivas, tales como la prohibición establecida por Italia de importar a través de los puestos fronterizos terrestres procedentes de otros Estados miembros, prohibición condenada por el Tribunal de Justicia, quien ha juzgado que Italia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 CE y de la Directiva 77/93/CEE, relativa a las medidas de protección contra la introducción en los Estados miembros de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales (5).

También en este caso, la normativa nacional aprobada con vistas a la incorporación de la Directiva 91/683/CEE, por la que se establece en materia fitosanitaria un espacio comunitario sin fronteras interiores, ha permitido suprimir la prohibición de entrada de pomelos a través de los puestos fronterizos terrestres, por lo que el procedimiento de infracción ha sido archivado.

2.1.2.2. Las medidas de prohibición de importación

La progresiva puesta en práctica por los Estados miembros de las directivas de armonización ha permitido también suprimir las medidas de prohibición de importación, tal como las que se aplicaban en España respecto de las carnes picadas congeladas procedentes de Francia. Efectivamente, la normativa nacional aprobada para incorporar la Directiva 88/657/CEE, por la que se establecen los requisitos relativos a la producción y a los intercambios de carnes picadas, de carnes en trozos de menos de 100 g y de preparados de carne, ha creado el marco legislativo por el que se pone fin a la prohibición de importar carnes picadas en España.

No obstante, se ha observado el incumplimiento de los procedimientos establecidos en las directivas en dos casos gravos de bloqueo de las importaciones, que la Comisión ha perseguido con una firmeza proporcial a la importancia que atribuye al cumplimiento de las normas de funcionamiento del mercado interior.

Se trata, en este caso, de la aprobación, en dos ocasiones, por Portugal de medidas unilaterales por las que se bloqueaban las importaciones de animales vivos y de carnes de la especie porcina, sin tener en cuenta en modo alguno los mecanismos de salvaguardia de lucha contra la propagación de las enfermedades graves establecidas en las Directivas 90/425/CEE y 89/662/CEE.

La primera decisión de bloqueo se aplicó a partir del 9 de marzo de 1991 hasta 1993 como medida de protección contra la nueva enfermedad de los cerdos, que fue condenada por el Tribunal de Justicia (6).

No obstante, tras la aparición de una epizoopia de fiebre porcina africana en noviembre de 1993, las autoridades portuguesas repitieron de manera unilateral, sin recurrir a los mecanismos de salvaguardia previstos, las medidas de bloqueo de las importaciones, invocando el artículo 36 del Tratado CE.

2.1.2.3. Las nuevas políticas

Si bien la entrada en vigor de las directivas ha permitido resolver numerosos contenciosos, el desarrollo de nuevas políticas implica la necesidad de examinar con un nuevo enfoque algunos procedimientos incoados anteriormente.

Tal es el caso de la aplicación de la política de la calidad de los productos agrarios.

Desde la entrada en vigor del Reglamento (CEE) n° 2081/92 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, los problemas vinculados a las denominaciones de origen, tales como el reservar determinadas denominaciones a quesos producidos exclusivamente en ciertas regiones de Grecia, deben examinarse exclusivamente en el marco del citado reglamento. Esta es la razón por la que el citado expediente ha sido archivado por la Comisión y será examinado en el marco del procedimiento del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2081/92.

2.2. Supresión de las fronteras técnicas

2.2.1. Libre circulación de mercancías

2.2.1.1. Los artículos 30 y siguientes del Tratado CE y la aplicación del principio de reconocimiento mutuo

El artículo 30 del Tratado CE prohíbe las restricciones cuantitativas a la importación y las medidas de efecto equivalente en los intercambios entre Estados miembros. El artículo 34 establece la misma prohibición en relación con las exportaciones. El artículo 36 establece, no obstante, que quedan excluidas del ámbito de aplicación de ambas disposiciones las normativas nacionales destinadas a salvaguardar algunos de los intereses generales que en él se mencionan, entre los cuales figura por ejemplo la protección del orden público, de la seguridad pública o de la salud y la vida de las personas. Por otra parte, las normas que se aplican indistintamente, de hecho o de derecho, a los productos nacionales y a los productos importados son contrarias a lo dispuesto en el artículo 30, dado que no son necesarias para satisfacer requisitos imperativos tales como la protección del consumidor o la preservación del medio ambiente. Incluso en el caso de que una norma de este tipo esté justificada, será necesario que guarde proporción con el objetivo que se persigue, es decir que, habida cuenta de las posibles alternativas de que se dispone para alcanzar el objetivo que haya dado origen a la medida, constituya el medio que menos obstaculice los intercambios intracomunitarios.

Cabe señalar que el Tribunal de Justicia, en su sentencia «Keck y Mithouard» de 24 de noviembre de 1993 (7), aun cuando reafirma que unas normas, incluso indistintamente aplicables, que establezcan las condiciones a las que deben responder los productos, tales como las relativas a su peso, presentación, etiquetado, dimensiones, composición, envasado, forma o denominación, constituyen medidas contrarias a lo dispuesto en el artículo 30, dado que no se justifican por un objetivo de interés general, precisa que la aplicación a productos procedentes de otros Estados miembros de disposiciones nacionales que limiten o prohíban determinadas formas de venta, a condición de que se apliquen a todos los agentes económicos interesados que ejerzan su actividad en el territorio nacional, y a condición de que afecten del mismo modo, de hecho y de derecho, a la comercialización de los productos nacionales y de los productos procedentes de otros Estados miembros, no obstaculiza directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio entre los Estados miembros, con arreglo a la jurisprudencia «Dassonville» (8). Esta posición de principio fue confirmada por el Tribunal en su sentencia «Hünermund» de 15 de diciembre de 1993 (9). Todavía es demasiado pronto para indicar las implicaciones prácticas de esta jurisprudencia.

La supresión de los obstáculos de los intercambios se realiza concretamente a través de la aplicación del principio de reconocimiento mutuo, tal como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la que éste interpreta el artículo 30, jurisprudencia comúnmente conocida con el nombre de la primera sentencia en la que se afirma ese principio innovador («Cassis de Dijon») (10), según la cual todo producto legal y lealmente fabricado o comercializado en un Estado miembro de la Comunidad debe tener acceso, salvo legítima justificación (los requisitos imperativos a los que se hacía referencia anteriormente) al territorio de cualquier otro Estado miembro.

La aceptación por cada Estado miembro de los productos que se ajusten a las reglas, normas o procedimientos técnicos existentes en otro Estado miembro está sujeta a la condición de que éstos garanticen un nivel de protección equivalente al que garantiza la normativa del Estado de importación. Esta reserva permite que las mercancías circulen libremente respetando al mismo tiempo el grado de protección que cada Estado miembro pretende garantizar en su territorio, en espera de la armonización comunitaria en el sector de que se trate.

Sobre la base de esta jurisprudencia, la Comisión instruye varios cientos de quejas y de casos detectados de oficio y, en su caso, incoa los correspondientes procedimientos de infracción. Los servicios de la Comisión pretenden resolver, de un modo rápido y no contencioso, los casos de los que tienen que ocuparse. A tal fin, se reúnen periódicamente con las autoridades nacionales en el marco de las denominadas reuniones «paquete», en las que se discute una serie de casos relacionados con el Estado de que se trate. Durante 1993, se celebraron reuniones de ese tipo con Francia, Italia, España, Grecia y Alemania, que resultaron satisfactorias para cada una de las partes. Esta cooperación tiene también un carácter pedagógico, puesto que acostumbran a las distintas administraciones nacionales a legislar teniendo en cuenta los imperativos fundamentales del Derecho comunitario, tal como el principio de libre circulación de las mercancías.

Este enfoque, basado en la cooperación y en la prevención de los contenciosos, se basa en el examen de los proyectos de normas técnicas notificadas por los Estados miembros en el marco del procedimiento de información establecido en la Directiva 83/189/CEE, puesto que, al término de la misma, las autoridades nacionales insertan en el texto finalmente aprobado una cláusula de reconocimiento mutuo. Cabe resaltar que los Estados miembros incluyen cada vez con más frecuencia dicha cláusula en los proyectos que notifican.

A la espera de la modificación formal de las legislaciones contrarias al artículo 30, los Estados miembros adoptan a menudo medidas provisionales, tal como circulares publicadas en el Diario Oficial del Estado del que se trate o avisos publicados en los boletines de información de las administraciones encargadas de la aplicación de dichas medidas, a través de los cuales se informa a los agentes económicos que las disposiciones nacionales en litigio deben interpretarse de manera compatible con las exigencias derivadas del principio de libre circulación de mercancías y que así serán aplicadas por las autoridades públicas. Así por ejemplo, Italia ha aprobado una circular en la que se advierte a los agentes económicos que la obligación de estar en posesión del documento de acompañamiento de las mercancías («bolla di accompagnamento dei beni viaggianti») se limitaba al tráfico interno y no era aplicable a las importaciones comunitarias.

Los Estados miembros recurren también a las comunicaciones publicadas en el Diario Oficial o en un boletín administrativo para completar o precisar un cambio en la legislación nacional realizado con el fin de ajustarla a lo dispuesto en el Derecho comunitario. Así por ejemplo, las autoridades francesas han publicado un aviso a los importadores en el que se señala que, en el marco de la modificación del decreto por el que se regulan las normas relativas a los aparatos a presión de vapor de tapadera móvil y por el que se reconoce la equivalencia entre las medidas de seguridad resultantes de la aplicación de la normativa francesa o de otras normas o especificaciones técnicas de un Estado miembro, sólo procede aplicar una vez el procedimiento de reconocimiento cuando se trate de aparatos del mismo tipo (11).

En el mismo orden de cosas, a veces ocurre que la incorporación al ordenamiento jurídico nacional del Derecho comunitario supone la intervención no sólo del poder legislativo o del ejecutivo sino también de organismos o asociaciones en los que los poderes públicos han delegado sus prerrogativas en un sector en particular. Esta es la razón, por ejemplo, por la que la Comisión no archivó un expediente incoado contra Alemania relativo a las especificaciones técnicas aplicables a diversos tipos de máquinas, en el marco de la prevención de los accidentes («Durchführungsanweisungen zu Unfallverhütungsvorschriften»), hasta la inserción de una cláusula de reconocimiento mutuo en la ley relativa a la seguridad de los productos («Gerätesicherheitsgesetz») y la publicación de una cláusula análoga en los boletines oficiales de las distintas asociaciones profesionales («Schriften der Berufsgenossenschaften») encargadas, de acuerdo con el derecho alemán, de determinar tales especificaciones técnicas.

Alemania ha modificado su legislación sobre productos alimenticios introduciendo una disposición por la que se autoriza la importación y la comercialización de tales productos cuando son legalmente fabricados y/o comercializados en otro Estado miembro, incluso cuando las normas del país de procedencia relativas a tales productos difieren de las prescripciones alemanas, a condición, no obstante, de que las posibles divergencias se pongan en conocimiento del consumidor de manera adecuada, siempre que ello sea necesario para su protección (12).

La jurisprudencia del Tribunal relativa a los derechos exclusivos y a los monopolios de venta (13) permite a la Comisión examinar la compatibilidad con el artículo 30 del Tratado de las normas nacionales que reservan la venta de un producto específico a unos vendedores o a una categoría de vendedores determinada, así como de las normas que atribuyen el derecho exclusivo de comercializar un producto determinado a una empresa pública o privada que ejerza su actividad bajo la tutela del Estado. Efectivamente, en tales casos, al canalizar las ventas, el monopolio puede afectar a las posibilidades de comercialización de los productos importados y, en tales condiciones, puede constituir una medida de efecto equivalente, prohibida por el artículo 30. No obstante, la existencia de tal monopolio puede eventualmente justificarse por uno de los motivos contemplados en el artículo 36 del Tratado o también, siempre que se aplique indistintamente a los productos nacionales y a los productos importados, por uno de los requisitos imperativos establecidos por el Tribunal en su sentencia «Cassis de Dijon». Finalmente, cabe resaltar que es posible que haya que volver a examinar toda esta problemática a la luz de las enseñanzas que deban sacarse de la sentencia «Keck et Mithouard», de 24 de noviembre de 1993 (14).

La libre circulación de mercancías debería resultar tanto más fácil cuanto que, con arreglo al artículo 7A del Tratado CE, la realización del mercado interior implicaba la eliminación, el 1 de enero de 1993, de los controles en las fronteras interiores de la Comunidad. Todos los Estados miembros han anunciado la supresión de tales controles en lo que se refiere a las mercancías. Cabe señalar la casi total ausencia de quejas en este sentido.

2.2.1.2. Las normas de prevención previstas en la Directiva 83/189/CEE

El procedimiento de información establecido en la Directiva 83/189/CEE, modificada por la Directiva 88/182/CEE, es un instrumento fundamental de prevención de los obstáculos a los intercambios de información mutua. Esta directiva obliga a los Estados miembros a someter los proyectos de reglamentación técnica a un control previo a la aprobación definitiva del acto en el marco del procedimiento de información. Quedan excluidas del procedimiento las reglamentaciones técnicas aprobadas en el marco de la incorporación de directivas comunitarias.

En 1993, la Comisión recibió 385 proyectos de reglamentación técnica, que han sido examinados por los servicios competentes de la Comisión. Esto representa un aumento del 6 % con respecto a 1992. Entre esas 385 notificaciones, 85 (15) han sido objeto de un dictamen detallado relacionado con la aplicación del principio de reconocimiento mutuo en el sector que era objeto de la reglamentación, con el fin de impedir la creación de obstáculos a los intercambios. Por su parte, los Estados miembros emitieron 58 (16) dictámenes detallados. Tres notificaciones (17) fueron objeto de una solicitud de la Comisión para posponer un año la adopción de la medida nacional modificada, anunciando su intención de proponer actos de armonización comunitaria.

La Comisión propuso una modificación a la Directiva del Consejo 83/189/CEE, que tiene por objetivo clarificar y ampliar el concepto de norma técnica y de las normas de procedimiento previstas por los Estados miembros. Tal propuesta fuer aprobada el 27 de noviembre de 1992 (18), habiendo sido objeto de un dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura el 24 de mayo de 1993, como consecuencia del cual la Comisión presentó una propuesta modificada de directiva (19), el 6 de octubre de 1993. El Consejo aprobó una posición común el 12 de noviembre de 1993.

Desde 1989, la Comisión se asegura del cumplimiento de la obligación de notificación, para lo cual realiza un examen sistemático de las publicaciones oficiales de todos los Estados miembros. Siempre que la Comisión comprueba la violación de la Directiva 83/189/CEE incoa un procedimiento de infracción, con arreglo al artículo 169 del Tratado CE.

El 2 de agosto de 1993 (20), el Tribunal dictó la primera sentencia en la que condenaba la violación de la Directiva 83/189/CEE. La sentencia establece de un modo muy claro el carácter coercitivo de los artículos 8 y 9 de la Directiva, que establecen la obligación de comunicación previa de las normas técnicas nacionales y que imponen un período de statu quo.

2.2.1.3. Balance en materia de estado de aplicación de las directivas por sector en el marco de la libre circulación de mercancías

a) Productos alimenticios

A lo largo de 1993, los servicios responsables examinaron 81 casos de infracción, 75 de los cuales por no comunicación y 6 por aplicación incorrecta de directivas ya incorporadas. Por lo que se refiere a los casos de no comunicación, un gran número de expedientes fue archivado dado que, en 47 casos, la incorporación se realizó a lo largo del año. En 1993, se enviaron a los Estados miembros 48 cartas de emplazamiento y 10 dictámenes motivadods por no comunicación de las medidas nacionales de ejecución de las directivas en los plazos previstos. Uno de los 6 casos restantes de infracción a las directivas fue archivado en 1993.

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b) Productos farmacéuticos

A lo largo de 1993 se examinaron 109 casos de infracción, 108 de ellos por no comunicación de las medidas nacionales de ejecución, que fueron objeto de una carta de emplazamiento. A lo largo de 1993 se archivó una gran parte de estos procedidmientos como consecuencia de la notificación por los Estados miembros de las medidas de ejecución. Con respecto a las infracciones en curso, la mayoría de los Estados miembros ha enviado a los servicios de la Comisión los proyectos de medidas o las informaciones preliminares sobre el estado de las tareas de incorporación. Cabe resaltar, a este respecto, que los Estados miembros han dispuesto de plazos inusualmente cortos, del orden de 12 meses, para incorporar textos técnicos relativamente complejos. Habida cuenta de las informaciones recibidas, se espera que el estado de incorporación mejore rápidamente en los próximos meses.

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c) Productos químicos

A lo largo de 1993 los servicios responsables de la Comisión examinaron 87 casos de infracción por no comunicación de las medidas nacionales de ejecución. En 31 de esos casos, tras el envío de una carta de emplazamiento o un dictamen motivado, los Estados miembros realizaron la incorporación a lo largo del año. Sobre los 56 casos restantes, ha habido 11 dictámenes motivados, 42 cartas de emplazamiento y un caso archivado. En algunos casos, el retraso se debe a problemas de competencia entre varios ministerios, en otros, a la complejidad del acto.

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d) Vehículos de motor, tractores y ciclomotores

La incorporación de las directivas en el sector de los vehículos de motor, tractores y ciclomotores es, por regla general, muy satisfactoria. El índice de incorporación de la totalidad de las directivas aplicables (directivas de base y directivas de aplicación) asciende al 98,5 % en el conjunto de los Estados miembros.

Habida cuenta del carácter detallado y técnico del contenido de las directivas de este sector, varios Estados miembros proceden a la incorporación automática del texto comunitario a su propio diario oficial, lo que facilita y acelera las incorporaciones, así como el control de la conformidad con el Derecho comunitario. En el caso de los demás Estados miembros, son más frecuentes los retrasos de incorporación, debido a un procedimiento de incorporación más prolijo, al necesitar una ley nacional específica. No obstante, tales retrasos rara vez exceden de algunos meses.

Así, en 1993, la Comisión detectó y examinó 61 casos de no comunicación, de los que se archivaron 52 a lo largo del año, como consecuencia del envío de las medidas nacionales de ejecución. Además, otros dos casos de infracción a las directivas que se habían incoado durante el año fueron también archivados.

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e) Productos de construcción

Actualmente, 10 Estados miembros han incorporado al Derecho nacional la Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción. Los dos países que todavía no han comunicado sus medidas nacionales de ejecución, Bélgica y Grecia, han enviado sendos proyectos en un estado ya muy avanzado que se espera razonablemente que sean aprobados durante la primera mitad de 1994.

f) Mecánica, equipos de protección individual, preenvasados, metrología, eletrotécnica y aparatos médicos

Estos sectores comprenden 86 directivas cuyo plazo de incorporación ha finalizado.

Por lo que se refiere a los retrasos de incorporación, cabe constatar una importante disminución en relación con el año anterior. A finales de 1992, permanecían «abiertos» 56 casos de no incorporación, frente a 23 en 1993. Esto se debe a la conjunción de diferentes factores:

- las fechas límites de incorporación de las directivas de este sector hace ya tiempo que pasaron, puesto que la mayoría de ellas han entrado ya en vigor;

- en 1993 hubo pocas fechas límite de incorporación;

- la mayoría de los Estados miembros han recuperado sus retrasos de incorporación.

No obstante, cabe señalar un recurso ante el Tribunal de Justicia contra Italia por no incorporación de la directiva sobre ascensores.

Actualmente, los servicios de la Comisión están examinando la calidad de las incorporaciones, en particular de las directivas sobre nuevo enfoque. La incorporación de tales directivas exige una transcripción al Derecho nacional más conceptual que textual. Del análisis en curso de las medidas nacionales se desprende que, aun cuando las líneas generales de los principios del enfoque han sido respetadas, los actos de incorporación pueden plantear problemas de compatibilidad con las directivas.

Por lo que se refiere a los casos de aplicación incorrecta de las directivas, la situación se caracteriza por un número limitado de casos de infracción y de quejas. Ello se debe en particular al papel preventivo que desempeña el procedimiento 83/189/CEE(y la información recíproca entre la Comisión, los Estados miembros y las organizaciones profesionales).

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2.2.2. Mercado de los servicios

2.2.2.1. Sector audiovisual

La Directiva 89/552/CEE sobre la televisión sin fronteras, cuya fecha límite de incorporación era el 3 de octubre de 1991, pretende garantizar la libre circulación de las emisiones de radiodifusión televisiva, así como fomentar la distribución y la producción audiovisuales europeas, con el fin de contribuir a la realización del espacio audiovisual europeo.

En 1992 se incoaron tres procedimientos de infracción (Dinamarca, Grecia y España) por no comunicación de las medidas nacionales de ejecución de la Directiva, dos de los cuales han sido archivados (Grecia en 1992 y Dinamarca en 1993). En 1992 se envió a España un dictamen motivado por no comunicación.

En cuanto a la no conformidad de las medidas nacionales de incorporación de dicha directiva, la Comisión, tras examinar las leyes nacionales comunicadas por los Estados miembros, envió en 1993 un dictamen motivado al Reino Unido. Está previsto enviar otros dictámenes motivados a otros Estados miembros (en particular, a Bélgica y Francia) en 1994.

En relación con la Directiva 89/552/CEE y con el artículo 59 del Tratado CE, se ha incoado un procedimiento de infracción contra Bélgica por nuevas restricciones al principio de libre recepción de las emisiones de televisión procedentes de otros Estados miembros, previsto en particular en el artículo 2 de la Directiva 89/552/CEE. Tal procedimiento se ha agrupado con el procedimiento por no conformidad de la legislación belga con la directiva sobre la televisión sin fronteras.

2.2.2.2. Propiedad intelectual e industrial

a) Intervenciones de la Comisión

Dinamarca, Grecia, España, Francia e Italia han comunicado las medidas de ejecución de la Directiva 89/104/CEE sobre las marcas. En los demás Estados miembros -contra los cuales se han incoado los correspondientes procedimientos de infracción- están en curso las tareas legislativas de incorporación.

El 1 de enero de 1993 era la fecha límite de incorporación de la Directiva 91/250/CEE, relativa a la protección jurídica de los programas de ordenador. Sólo Dinamarca, Italia y el Reino Unido comunicaron sus medidas de ejecución en los plazos establecidos, por los que la Comisión envió a los otros nuevos Estados miembros otras tantas cartas de emplazamiento. A lo largo de 1993, Alemania, Grecia e Irlanda notificaron las medidas necesarias, por lo que se archivaron esos tres expedientes. También España adoptó las medidas de ejecución en 1993. Las tareas legislativas en curso en Francia permiten esperar una evolución favorable en 1994.

Finalmente, por lo que se refiere a la Directiva 87/54/CEE, relativa a la protección jurídica de los productos semiconductores, cuyas medidas nacionales de ejecución han sido ya comunicadas por todos los Estados miembros, la Comisión prosigue el examen de conformidad de los textos notificados por las autoridades griegas.

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2.2.2.3. Telecomunicaciones

a) Intervenciones de la Comisión

La Comisión ha continuado el examen de las medidas nacionales de ejecución comunicadas en relación con las directivas cuyo plazo de incorporación finalizó en 1993, así como el control de la aplicación y de la puesta en práctica de los demás textos legislativos del sector adoptados en el marco de la aplicación de los objetivos establecidos en el Acta Única (realización del gran mercado) y de las orientaciones del «Libro Verde sobre el desarrollo del mercado común de los servicos y de los equipos de telecomunicaciones» (21).

Así, en relación con las tres directivas sobre las frecuencias, a saber las Directivas 87/372/CEE - GSM, relativa a las bandas de frecuencia que deben reservarse para la introducción coordinada de comunicaciones móviles terrestres digitales celulares públicas paneuropeas en la Comunidad (22), 90/544/CEE - ERMES (23), relativa a las bandas de frecuencia designadas para la introducción coordinada de un sistema paneuropeo público terrestre de radiobúsqueda en la Comunidad y 91/287/CEE -DECT (24), relativa a la banda de frecuencia que debe asignarse para la introducción coordinada de las telecomunicaciones digitales europeas sin hilo en la Comunidad, la mayoría de los Estados miembros han notificado sus medidas nacionales de ejecución. Italia todavía no ha comunicado el texto de incorporación de la Directiva 91/287/CEE, ni Irlanda el de las Directivas 90/544/CEE y 91/287/CEE, pero ambos Estados miembros están preparando los textos de incorporación. Por otra parte, la Comisión está terminando el control de conformidad de los textos comunicados. Los resultados son satisfactorios en relación con la myoría de los textos examinados (Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y el Reino Unido).

En el marco de la ONP (Open Network Provision), todos los Estados miembros han comunicado sus medidas nacionales de incorporación de la Directiva marco ONP, 90/387/CEE (25), relativa al establecimiento del mercado italiano de servicios de telecomunicaciones mediante la globalización de la red abierta de telecomunicaciones. El examen de los textos notificados ha puesto de manifiesto que se ajustan a los requisitos del Derecho comunitario. No obstante, la Comisión sigue de cerca la evolución del marco reglamentario en Grecia, en estrecha colaboración con las autoridades nacionales.

El proceso de incorporación de la Directiva 92/44/CEE (26), relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas arrendadas, acaba de empezar. Cabe resaltar que la aplicación de dicha directiva debe hacerse por etapas. Así, en relación con las disposiciones que entraron en vigor el 1 de enero de 1993 (el artículo 3.2, sobre las condiciones de publicidad de las informaciones técnicas requeridas en la Directiva, y el artículo 11, relativo a la notificación del nombre de la autoridad nacional de reglamentación), todos los Estados miembros, excepto Grecia, han comunicado a la Comisión las informaciones requeridas al efecto. No obstante, la mayoría de las disposiciones entraron en vigor el 5 de junio de 1993, y sólo seis Estados miembros (Bélgica, Francia, Alemania, Reino Unido, Dinamarca y los Países Bajos), han comunicado sus medidas nacionales de incorporación, cuya conformidad con la Directiva está examinando actualmente la Comisión.

También están examinándose las decisiones sobre «numeración». Así, en relación con la Decisión 91/396/CEE (27), relativa a la creación de un número de llamada de urgencia único europeo, cinco Estados miembros (Dinamarca, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y el Reino Unido) han adoptado las medidas que garantizan la aplicación de dicha decisión, y otros cuatro (Países Bajos, Francia, Irlanda e Italia) han solicitado a la Comisión una prórroga con arreglo al artículo 3.2. de la Decisión. La Comisión ha concedido una prórroga a los Países Bajos y examina actualmente el fundamento de las otras tres solicitudes que se han enviado con el fin de obtener un plazo suplementario para la aplicación de dicha Decisión. Por otra parte, también se está examinando la aplicación de la Decisión 92/264/CEE (28), relativa a la adopción de un prefijo común de acceso a la red telefónica internacional en la Comunidad. Más concretamente, siete Estados miembros (Bélgica, Alemania, Grecia, Luxemburgo, Irlanda, Italia y Portugal) han incorporado ya dicha Decisión, y la Comisión ha concedido a otros tres Estados miembros (Francia, Dinamarca y el Reino Unido) un plazo suplementario para su aplicación, con arreglo al artículo 3.2.

La Directiva 91/263/CEE (29) se refiere a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos terminales de telecomunicación, incluido el reconocimiento mutuo de su conformidad. Tal Directiva prevé que los Estados miembros deberán adoptar las medidas necesarias para su incorporación a más tardar el 6 de noviembre de 1992. Así pues, se han incoado procedimientos de infracción por no comunicación contra todos los Estados miembros que no habían comunicado en esa fecha sus medidas nacionales de ejecución. En la fase actual, cuatro Estados miembros (Bélgica, Grecia, Irlanda y Luxemburgo) todavía no han enviado a la Comisión el texto de incorporación. Los textos nacionales comunicados están siendo examinados. Del análisis realizado por los servicios de la Comisión se desprende que Dinamarca, Francia, Italia, Portugal y el Reino Unido han adoptado medidas que engloban la totalidad de la Directiva. Alemania ha adoptado medidas prácticas que permiten ya la aplicación efectiva de las disposiciones de la Directiva, si bien la incorporación todavía no sea totalmente satisfactoria. Se espera próximamente el texto complementario.

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2.2.3. Libre circulación de capitales

En aplicación de lo dispuesto en la Directiva 88/361/CEE, de 24 de junio de 1988, en la que se establece como fecha límite para la liberalización de capitales el 31 de diciembre de 1992, Irlanda, España y Portugal suprimieron las restricciones pendientes dentro del plazo establecido por la Directiva. Por consiguiente, a partir del 1 de enero de 1993 los capitales circula libremente dentro de la Comunidad. La única excepción, de carácter temporal, a esta liberalización generalizada afecta a Grecia. Este Estado miembro fue autorizado por el Consejo a mantener determinadas restricciones hasta el 30 de junio de 1994 en relación con los capitales a corto plazo.

Irlanda, España y Portugal han realizado ya la incorporación a la legislación nacional de las disposiciones de la Directiva. Por su parte, Grecia publicó un decreto presidencial en el que se especifican las transacciones a las que pueden aplicarse determinadas restricciones, de acuerdo con la Directiva 92/122/CEE (30).

Los servicios de la Comisión continuaron durante este año controlando la aplicación del Derecho comunitario en el sector de los mivimientos de capitales. En varios casos en los que se consideró que las normas y prácticas nacionales resultaban incompatibles con el Derecho comunitario, se tomaron las medidas necesarias para poner fin a la situación. Varios de esos casos, tanto los pendientes de años anteriores como los que se produjeron en ese año, fueron resueltos sin necesidad de que la Comisión fuera más allá de la carta de emplazamiento, al haberse ajustado los Estados miembros interesados a las normas comunitarias.

Cabe destacar que, a pesar de la crisis del sistema monetario europeo durante ese período, ningún Estado miembro recurrió a las disposiciones de la Directiva o del Tratado que permite la adopción de medidas temporales de protección en el caso de grandes movimientos de capitales a corto plazo que amenacen los tipos de cambio y las políticas monetarias de los Estados miembros interesados.

2.2.4. Libre prestación de servicios, en particular financieros, fiscalidad directa y derecho de sociedades

En 1993 se produjo un claro crecimiento del número de quejas y, en general, de procedimientos de infracción incoados por los servicios de la Comisión con arreglo al artículo 59 del Tratado CE.

Cabe recordar, efectivamente, que el artículo 59, de aplicación directa según la jurisprudencia del Tribunal, confiere «per se» a los agentes económicos regularmente establecidos en su Estado miembro de origen y a los consumidores, respectivamente, el derecho fundamental y general de suministrar y recibir prestaciones de carácter transfronterizo. Además, en cualquier caso, las disposiciones del derecho derivado comunitario, es decir, las directivas que regulan sectores específicos o determinados problemas en materia de prestación de servicios deben interpretarse y aplicarse de manera conforme y coherente con las reglas del Tratado.

Con el fin de contribuir a que tanto los ciudadanos europeos como sus administraciones nacionales tengan un mejor conocimiento de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Comisión publicó en 1993 una comunicación interpretativa sobre la libre circulación tranfronteriza de servicios, garantizando así una mayor transparencia del Derecho comunitario (31).

En términos generales, los principales obstáculos que ponen las autoridades nacionales pueden resumirse así:

- disposiciones legislativas o reglamentarias y/o prácticas administrativas discriminatorias en función de la nacionalidad;

- medidas que, aunque se apliquen indistintamente a los nacionales y a los no nacionales, resultan indebida y/o excesivamente restrictivas;

- asimilación de los regímenes aplicados a la prestación de servicios y al establecimiento. La «exigencia de establecimiento» para la prestación de servicios es incompatible con la idea de un mercado interior, dado que, al resultar más onerosa, desestimula la prestación de servicios transfronterizos, en la medida en que los prestatarios procedentes de otro Estado miembro estarían obligados a someterse a varios regímenes nacionales a la vez, es decir, el del Estado de origen y los de los países de destino.

Cabe citar como ejemplo, entre los sectores «atípicos», no armonizados, respecto de los cuales los nacionales comunitarios reclaman el respeto y la aplicación directa de los artículos 59 a 66, las siguientes actividades: el alquiler de vehículos, la comercialización de la multipropiedad, la participación en contratos públicos de servicios (cuyo valor sea inferior al umbral de aplicación de las directivas comunitarias en la materia), la asesoría fiscal, las agencias inmobiliarias, las actividades comerciales diversas, los servicios de limpieza o de entablado, la fotografía aérea, los servicios en los puertos y aeropuertos, las actividades de asesor en materia de circulación por carretera, la hostelería, el trabajo temporal, el transporte de valores, las agencias privadas de empleo, etc.

2.2.4.1. Servicios financieros

La adopción de las principales medidas comunitarias para la realización del mercado interior en el sector de los servicios financieros permite a la Comisión controlar la aplicación de la casi totalidad de las medidas previstas en dicho sector.

Así, tras la entrada en vigor, el 1 de enero de 1993, de la Directiva 89/646/CEE, segunda directiva bancaria, que introduce el «pasaporte europeo» para los bancos establecidos en un Estado miembro, la Comisión ha intensificado la colaboración con las autoridades de control de los Estados miembros, con el fin de coseguir una aplicación coordinada y homogénea de las disposiciones de dicha Directiva principal, así como de sus directivas satélites (89/299/CEE, sobre fondos propios; 89/647/CEE, sobre el ratio de solvencia, y 92/30 sobre vigilancia sobre una base consolidada). A tal fin, se han celebrado a lo largo del año varias reuniones del grupo ad hoc GTIAD (grupo de trabajo sobre la interpretación y la aplicación de las directivas). Dicho grupo será convocado de nuevo próximamente.

Por lo que se refiere a los sectores de los seguros y los valores mobiliarios, todavía no se han creado grupos similares, debido a que el cambio fundamental que representa la introducción generalizada del pasaporte europeo no tendrá lugar hasta 1994 y 1995, respectivamente. Por lo que se refiere a los problemas específicos de aplicación, conviene mencionar que Italia no ha adoptado las medidas necesarias para ajustarse al dictamen motivado enviado por la Comisión respecto a la ley italiana n° 1/91 sobre los intermediario financieros (32), y que la modificación de la ley en litigio, anunciada por las autoridades italianas, todavía no ha tenido lugar.

En su sentencia de 14 de julio de 1991 (33), el Tribunal se pronunció sobre el problema de si la actividad del «comisario autorizado» encargado de determinadas verificaciones en las empresas, con arreglo a la ley belga relativa al control de tales empresas de seguro, implica una participación directa y específica en el ejercicio de la autoridad pública con arreglo al artículo 55 del Tratado CE, lo que hubiera permitido a las autoridades belgas reservar tal función a sus nacionales. El Tribunal declara que el papel auxiliar y preparatorio que corresponde al comisario autorizado con respecto a la Oficina de Control de Seguros (Office de Contrôle des Assurances, OCA) no puede considerarse como tal participación, dado que la decisión final sobre la suspensión de una decisión de la empresa de seguros, cuando dicha decisión constituya una infracción penal, corresponde a la OCA. Por lo que se refiere a las obligaciones del comisario de hacer constar las posibles infracciones y hechos que pudieran amenazar la situación financiera de la empresa de seguros, cabe resaltar, según el Tribunal, que otros órganos tienen obligaciones similares, sin que se considere por ello que tales obligaciones forman parte del ejercicio de la autoridad pública. Tal es el caso, en particular, de las instituciones financieras que están obligadas a informar a las autoridades de todo hecho que pudiera ser indicio de blanqueo de capitales.

2.2.4.2. Fiscalidad directa

En su sentencia de 28 de enero de 1993 (34), el Tribunal declara que un dentista alemán que reside en los Países Bajos y que ha adquirido su formación profesional en Alemania puede estar obligado a pagar más impuestos que otro dentista que resida en Alemania porque tal situación constituye una situación interna alemana. El Tribunal no se ha pronunciado todavía sobre las diferencias impositivas resultantes de una actividad profesional en un Estado miembro distinto del de residencia. El hecho de gravar sistemáticamente más a un no residente distinto del de residencia. El hecho de gravar sistemáticamente más a un no residenten puede comprometer la libre circulación de las personas garantizada por los artículos 48 (trabajadores migrantes) y 52 (independientes) del Tratado CE. No obstante, en el asunto prejudicial C-279/93, Schumackers, acaba de plantearse esta pregunta al Tribunal, tanto sobre el principio mismo como sobre lo referente en particular a las ventajas fiscales en relación con el cónyuge.

Además, la Comisión aprobó el 21 de diciembre de 1993 una «recomendación relativa a la imposición de determinadas rentas obtenidas por no residentes en un Estado miembro distinto del de su residencia» (35). En dicha recomendación, la Comisión incita a los Estados miembros a establecer un régimen fiscal apropiado para los no residentes, que les permita en particular gozar de las mismas ventajas fiscales que los residentes habida cuenta de la situación familiar.

SIGUE EL TEXTO EN EL NUM.DOC: 594DC0500.1

En cuanto a la disposiciones fiscales discriminatorias con respecto a los prestatarios de servicios financieros no residentes y a los beneficiarios de la libre circulación de las personas, el Tribunal ha proseguido sus esfuerzos, en la sentencia de 28 de enero de 1992, referente a Bélgica (36), por hacer desaparecer tales disposiciones. La sentencia declara que las disposiciones fiscales que limitan la deductibilidad de las firmas de seguros únicamente a las empresas nacionales constituyen obstáculos a la circulación de los trabajadores a y la libre prestación de servicios que sólo se justificarían por razones relacionadas con la «coherencia fiscal». También podrían verse afectadas las legislaciones de algunos Estados miembros; no obstante, la Comisión espera llegar a soluciones de común acuerdo en relación con la adaptación de los regímenes fiscales nacionales a las exigencias de la libre prestación de servicios que se establecen en la tercera directiva sobre seguros de vida (92/96/CEE).

La Comisión ha archivado algunas quejas relacionadas con el impuesto sobre el patrimonio en España. Aunque la legislación española establece una diferencia entre residentes y no residentes y concede a los residentes una franquicia que niega a los no residentes, tal diferencia no representa, en la práctica, más que unas desventajas insignificantes, dado que, como compensación, los no residentes no están obligados a declarar toda su fortuna mundial, lo que constituiría la condición necesaria para poder gozar de la franquicia.

En su sentencia de 13 de julio de 1993, dictada como consecuencia de una demanda de carácter prejudicial en un litigio entre las autoridades fiscales británicas y la sucursal británica de un banco alemán (37), el Tribunal precisa, de acuerdo con la tesis de la Comisión, el alcance de los artículos 52 y 58 del Tratado CE. El Tribunal declara que tales artículos no permiten que las leyes de un Estado miembro reserven determinados aumentos en el reembolso de los impuestos no debidos a las sociedades que tengan su residencia fiscal en dicho Estado y los denieguen a las sociedades que tengan su residencia fiscal en otro Estado miembro.

El Convieno sobre «arbitraje fiscal», de 23 de julio de 1990 (90/436/CEE), todavía no ha entrado en vigor, dado que cuatro Estados miembros (Grecia, Irlanda, Países Bajos y Portugal) todavía no han presentado sus instrumentos de ratificación.

2.2.4.3. Derecho de sociedades

La Comisión ha archivado un procedimiento de infracción, incoado tras recibir una queja de los accionistas del Banco de Grecia Central, contra la República Helénica, por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la segunda directiva sobre derecho de sociedades (Directiva 77/91/CEE), que establece que todo aumento del capital social de una sociedad anónima debe ser decidido por la asamblea general de accionistas. Tal procedimiento fue incoado tras el aumento del capital de dicho banco mediante una medida administraiva. Como consecuencia de los contactos establecidos con el Gobierno griego, Grecia modificó su legislación con efectos a partir de 1994. Mientras tanto, las autoridades griegas se han comprometido a respetar el citado artículo 25, ya se trate de bancos o de sociedades que ejerzan otras actividades y, por consiguiente, se han comprometido también a no adoptar, de ahora en adelante, ninguna otra medida legislativa o administrativa que permita un aumento forzado del capital. La Comisión continua siguiendo la evolución de la situación.

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2.2.5. Contratos públicos

2.2.5.1. Intervenciones de la Comisión

La Comisión prosiguió su examen de la incorporación de las directivas y más en concreto el examen de la conformidad de las medidas nacionales de ejecución relativas a las Directivas 90/531/CEE (sectores excluidos), 92/13/CEE (recursos en los sectores excluidos) y 92/50/CEE (servicios). Hay que señalar que, por lo que se refiere a las dos primeras directivas, a Grecia, España y Portugal se les concedió la posibilidad de recurrir a un plazo más largo de incorporación que los demás Estados miembros (hasta el 1 de enero de 1996 para España y el 1 de enero de 1998 para Grecia y Portugal).

Con esta reserva, hay que señalar que la mayoría de los Estados miembros han hecho un gran esfuerzo para incorporar por completo la Directiva 90/531/CEE, en plazos que no disten mucho de su fecha de entrada en vigor.

A menudo se han tomado disposiciones administrativas especiales para que la Directiva pudiera aplicarse el 1 de enero de 1993 cuando aún no se habían adoptado las disposiciones formales de incorporación.

No obstante, ni Alemania ni Italia han comunicado ninguna medida nacional de ejecución a la Comisión, que ha enviado un dictamen motivado a cada uno de estos países.

Por lo que se refiere a las Directivas 92/13/CEE y 92/50/CEE la situación dista mucho de ser satisfactoria: la mayoría de los Estados miembros no han notificado sus medidas de ejecución, por lo que nada permite esperar su pronta adopción.

En esa situación, la Comisión ha incoado procedimientos de infracción contra los Estados miembros correspondientes.

Naturalmente, la Comisión continuó el estudio de los expedientes abiertos en el control de la incorporación de las directivas vigentes antes de 1993 (Directivas 71/305/CEE modificada-obras - y 88/295/CEE modificada - suministros-), por lo que ha recurrido al Tribunal de Justicia contra Alemania por incorporación incorrecta.

Además, la Comisión incrementó su actividad de control de la aplicación concreta por parte de las distintas autoridades adjudicadoras de cada Estado miembro. Este año, esta invervención se ha concentrado en dos puntos: por una parte, en las condiciones de recurso al procedimiento restringido acelerado y, por otra, en el respeto de los plazos estipulados para publicar los anuncios de contratos de operaciones cuyo importe sobrepasa los umbrales fijados por las Directivas.

La Comisión trató también los expedientes de quejas y casos detectados de oficio que ponen de manifiesto infracciones en la aplicación de la legislación comunitaria que puede alegarse en materia de contratos públicos (directivas y artículos del Tratado CE). La Comisión se beneficia desde el 1 de enero de 1993 del procedimiento previsto en el artículo 8 de la Directiva 92/13/CEE que hace extensivos a los sectores excluidos las posibilidades que ofrece el artículo 3 de la Directiva 89/665/CEE relativa a los procedimientos de recurso para corregir las violaciones claras y manifiestas a las disposiciones de las directivas de base.

La intervención de la Comisión ha permitido, en algunos casos, llegar a soluciones acordes con el Derecho comunitario sin tener que iniciar procedimientos contenciosos formales. Ha sido así en los siguientes casos:

- Modificación del pliego de condiciones en curso de procedimiento y plazo insuficiente. Una autoridad adjudicadora francesa modificó los datos técnicos del pliego de condiciones en un procedimiento negociado lanzado tras una licitación declarada infructuosa y no se concedió un plazo suficiente a todos los participantes para presentar su oferta. La intervención de la Comisión ha permitido revisar el contenido del pliego de condiciones y volver a abrir el procedimiento, invitando a participar en él a todos los candidatos anteriores.

- No publicación de un anuncio de contrato de suministros. La autoridad adjudicadora italiana rectificó la infracción y envió un proyecto de anuncio de contrato a los servicios de la Comisión que pudo así verificar su conformidad antes de que se publicara en el Diario Oficial.

Por el contrario, en otros casos no se ha rectificado el incumplimiento en este estadio preliminar, por lo que la Comisión se ha visto obligada a incoar procedimientos contenciosos o a continuar los que estaban ya en un estadio más avanzado.

En la inmensa mayoría de los casos, los incumplimientos han podido solucionarse o están en vías de hacerlo, por ejemplo, en estos casos:

- Incumplimiento de los criterios de adjudicación establecidos: en la celebración de un contrato de suministros financiado por el FEOGA en Portugal se rechazó a dos proveedores por motivos no previstos en los criterios de adjudicación. Además, algunos de los criterios eran discriminatorios. Tras recibir una carta de emplazamiento, la autoridad adjudicadora aceptó anular el procedimiento y proceder a convocar una nueva licitación que se ha considerado conforme.

- Confusión entre criterios de selección y criterios de adjudicación: en varios contratos detectados en Francia en una operación de vigilancia, la intervención de la Comisión permitió que varias autoridades adjudicadoras tomaran medidas para corregir esta confusión de criterios, con lo que se han archivado los expedientes después de enviar una carta de emplazamiento.

Los procedimientos contenciosos han sido coronados totalmente por el éxito en dos casos que merecen ser mencionados:

- El Tribunal de Justicia (38), tras una acción iniciada en 1988 relacionada con la construcción de una barrera contra las avalanchas que no se había publicado en el DOCE, declaraba en su sentencia de 2 de agosto de 1993 que Italia había transgredido la Directiva 71/305/CEE.

- El 22 de junio de 1993, el Tribunal de Justicia (39), en el asunto C-243/89 («Puente sobre el Gran Belt») dictó una sentencia de principio de gran importancia sobre las negociaciones en los procedimientos abiertos y restringidos considerados incompatibles con las directivas sobre contratos públicos. El Tribunal determinó también que el principio de igualdad de trato de todos los licitadores constituye el fundamento de las disposiciones de dichas directivas.

Además, la Comisión continuó sus actividades de control de los proyectos y programas financiados por los Fondos Estructurales y demás instrumentos comunitarios.

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2.3. Supresión de las fronteras fiscales

2.3.1. Incorporación de la nueva normativa a 1 de enero de 1993

Desde el 1 de enero de 1993, aunque han adoptado una actitud comprensiva con los Estados miembros que tienen problemas conceptuales o simplemente materiales para incorporar las nueva directivas fiscales, los servicios de la Comisión no han dejado de recordar a algunos Estados miembros sus responsabilidades comunitarias cuando se han adoptado deliberadamente medidas nacionales que trasgreden las directivas.

Por lo que se refiere especialmente de la fiscalidad indirecta, y en concreto al IVA, en el que el esfuerzo de armonización no es nuevo, hay que señalar que la conformidad con las nuevas directivas fiscales de la aplicación llevada a cabo por los Estados miembros es en gran medida tributaria de la situación anterior y de cómo concebían estos Estados la aplicación de las normas comunitarias bajo la Sexta Directiva IVA y el artículo 95 del Tratado CE. En este contexto, la adaptación al mercado interior es a menudo una mera reorganización de las antiguas normas, donde perduran viejos hábitos que perjudican a veces la calidad del resultado a escala comunitaria.

2.3.2. Aplicación del artículo 95 CE

En en año transcurrido se han archivado varios procedimientos incoados anteriormente contra Grecia en virtud del artículo 95 del Tratado CE, después de que este Estado miembro modificara su legislación en materia de IVA para eliminar las imposiciones diferenciales implicadas. Estas infracciones afectaban a la imposición, muy discriminatoria, de los cafés importados en beneficio de los elaborados por empresas locales, a la imposición excesiva de las bebidas espiritosas importadas, como el whisky, la ginebra o el ron, respecto a bebidas similares producidas en Grecia como el ouzo o diversos licores y, por último, la de las cuberterías de metal plateado, imposición destinada a proteger la producción local. Además, como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de noviembre de 1992 (40) y de la supresión de la medida discriminatoria por parte de Grecia, la Comisión archivó también el procedimiento relativo a la aplicación del tipo entero del impuesto especial por consumo a los vehículos con tecnología clásica (sin dispositivo contra la contaminación) importados, mientras que los vehículos griegos similares seguían beneficiándose del tipo reducido. Sin embargo, ha tenido que incoarse otro procedimiento contra ese mismo Estado miembro por imposición discriminatoria a los automóviles de segunda mano importados de otros Estados miembros.

Los Países Bajos se han adecuado al punto de vista de la Comisión por lo que se refiere a la imposición inferior de los vermús de fabricación nacional respecto a productos similares o competidores de otros Estados miembros, por ejemplo el vermú italiano o el jerez español, más gravados. Desde entonces, los productos importados están gravados de la misma forma que los nacionales.

Lo mismo ha ocurrido con Bélgica y la imposición superior al «espumoso de uva» de otros Estados miembros, en relación a productos nacionales similares. Como consecuencia de la intervención de la Comisión se ha suprimido la discriminación de este producto en el marco de la armonización de los impuestos especiales.

También se han archivado las infracciones que persistían en materia de impuestos especiales sobre la cerveza (régimen fiscal por las pérdidas sufridas durante el proceso de fabricación) referentes a Béglica, Luxemburgo y Italia. Estos Estados miembros incorporaron correctamente las nuevas disposiciones comunitarias sobre la estructura y los tipos de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, que entraron en vigor el 1 de enero de 1993 y hacen obligatoria la imposición sobre el producto acabado.

El Tribunal de Justicia consideró el 2 de agosto de 1993 que al instituir y aplicar un régimen de sanciones para las infracciones en materia de IVA a la importación de otro Estado miembro más severo que el previsto para las infracciones cometidas dentro del país, Francia había incumplido sus obligaciones en virtud del artículo 95 del Tratado CE.

2.3.3. Aplicación de las Directivas

En el marco del control de la correcta aplicación de las disposiciones del sistema común del impuesto sobre el valor añadido, la Comisión se vio obligada a incoar tres nuevos procedimientos: el uno afecta a Grecia y su régimen de imposición de los transportes de viajeros así como los cruceros y paquetas de viajes y los otros dos se refieren a situaciones de compensación excesiva a tanto alzado del IVA en materia agrícola, en Francia y Alemania (silvicultura). No obstante, este último procedimiento ha podido archivarse en la medida en que Alemania ha adecuado su sistema de compensación a tanto alzado a la Directiva 77/388/CEE.

La Comisión ha archivado también el procedimiento incoado contra Alemania por la imposición del IVA de las agencias de viajes, tras la sentencia del Tribunal de 27 de octubre de 1992 y a las medidas adoptadas por el Estado miembro para su ejecución.

El Tribunal confirmó además, en su sentencia de 1 de diciembre de 1993, la incompatibilidad, ya establecida por la vía prejudicial, de la contribución patronal danesa, suprimida desde entonces, con el artículo 33 de la Sexta Directiva IVA.

La Comisión ha prestado especial atención al respeto de las disposiciones comunitarias en materia de franquicias concedidas a particulares. Así, se ha continuado el procedimiento incoado contra España, que no ha comunicado todavía a la Comisión las disposiciones para adecuarse a la Directiva del Consejo 83/182/CEE relativa a la concesión de franquicias en caso de importación temporal de ciertos medios de transporte.

A este respecto hay que señalar también la condena del Tribunal a Grecia, el 2 de agosto de 1993, por incumplimiento de las directivas relativas a las franquicias a la importación temporal y defínitiva de medios de transporte.

Otros procedimientos iniciados anteriormente contra Italia en este ámbito se han archivado, después de que este Estado miembro incorporara finalmente al derecho interno las Directivas 83/181/CEE y 83/183/CEE. La intervención de la Comisión ya había dado lugar a dos sentencias del Tribunal en virtud del artículo 171 CE, que todavía no habían sido ejecutadas.

La obligación de presentar una factura especial, impuesta por España a los viajeros para obtener la desgravación a la exportación a otro Estado miembro, fue condenada por la sentencia del Tribunal de 9 de junio de 1992. España ha cumplido la sentencia, por lo que la Comisión archivó el procedimiento incoado.

Por último, en el ámbito de las directivas relativas a los impuestos especiales sobre las labores de tabaco, hay que destacar la sentencia del Tribunal de 28 de abril de 1993, condenatoria para Italia, como consecuencia de la intervención de la Comisión, por haber mantenido una ley que no indica expresamente, en las condiciones y límites establecidos por la Directiva 72/464/CEE, el principio de la libre determinación por parte de fabricantes e importadores de los precios máximos de los tabacos importados en Italia. Posteriormente, Italia adoptó las modificaciones legislativas necesarias para la ejecución de la sentencia. Por el contrario, la sentencia 171 de 13 de julio de 1988 dictada en el asunto C-87/169 contra Francia sigue sin ser ejecutada.

2.3.4. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia

La actividad de la Comisión busca también el respeto de la jurisprudencia del Tribunal cuando se trata de sentencias dictadas en el marco del procedimiento del artículo 177 del Tratado CE. Así por ejemplo, España no respetó entre 1986 y 1991 la jurisprudencia establecida por las sentencias «Schul» en materia de doble imposición a la importación de bienes de ocasión. Continúan los contactos con este Estado miembro para adecuar la situación a dicha jurisprudencia. Se ha archivado un caso similar contra Francia en el que el demandante pudo obtener satisfacción gracias a la intervención de la Comisión ante las autoridades francesas.

Los contactos con varios Estados miembros (Irlanda, Grecia, Italia, España y Portugal) que no respetaban los principios establecidos por la sentencia «Ledoux» de 6 de julio de 1988, relativa a las franquicias temporales concedidas a los residentes que utilizan un vehículo que pone a su disposición un empresario de un Estado miembro limítrofe, llegaron a en una solución satisfactoria gracias a la supresión de las fronteras fiscales el 1 de enero de 1993.

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2.4. Libre circulación de personas y derecho de establecimiento

2.4.1. Prohibición de las discriminaciones

La Comisión acudió al Tribunal debido a la persistencia de España en mantener un sistema que discrimina a los ciudadanos de los demás Estados miembros en los derechos de entrada a los museos nacionales (asunto C-45/93).

En el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1612/68 relativo a la libre circulación de los trabajadores, hay en curso algunos procedimientos de infracción contra varios Estados miembros.

Por lo que se refiere a la igualdad de trato en materia de acceso al empleo a bordo de los buques, de los cinco procedimientos en curso a finales de 1992 (Bélgica, Grecia, España, Francia e Italia), se han archivado los procedimientos contra Grecia y España tras introducir modificaciones en la legislación nacional. En el asunto contra Bélgica, el Tribunal de Justicia dictó una sentencia que confirma la opinión de la Comisión.

La preocupación por garantizar a los ciudadanos comunitarios la igualdad de trato en materia de ventajas sociales ha inducido a la Comisión a continuar varios procedimientos.

En un asunto contra Luxemburgo se recurrió al Tribunal de Justicia (asunto C-111/91), que dictó sentencia el 10 de marzo de 1993. El Tribunal estableció que con las condiciones de residencia impuestas para la concesión de las prestaciones de natalidad y maternidad, el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido sus obligaciones en virtud del Derecho comunitario (artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 1612/68 y artículo 18 del Reglamento n° 1408/71).

Otro asunto concierne a la legislación belga, que no prevé la financiación de las universidades belgas para acoger a estudiantes de otros Estados miembros que se encuentran en Bélgica con el único fin de seguir cursos universitarios si éstos no satisfacen las tasas universitarias complementarias. Al no obtener satisfacción de las autoridades belgas, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia en este asunto (C-93/47).

En otros expedientes de igualdad de trato en materia de ventajas sociales la Comisión envió en 1993 dictámenes motivados a Bélgica (becas para un programa gubernamental de intercambios entre Bélgica, Luxemburgo y los Estados Unidos y subsidio de desempleo para jóvenes trabajadores que buscan su primer empleo), a Grecia (formalidades que deben cumplir los ciudadanos comunitarios para enseñar un idioma extranjero y franquicia fiscal a la importación de un automóvil para un minusválido) y a Francia (protección contra el riesgo de quedarse sin empleo para los trabajadores por cuenta ajena expatriados). Este último expediente se archivó como consecuencia de las respuestas satisfactorias de las autoridades francesas. También ha podido archivarse otro procedimiento contra Grecia (denegación de tarifas de carácter social por parte de la empresa de ferrocarriles).

Por lo que se refiere a la igualdad de trato en materia de vantajas fiscales para los trabajadores comunitarios y, en concreto, a los aspectos discriminatorios de las legislaciones nacionales que rigen la liquidación definitiva del impuesto sobre los salarios de los trabajadores no residentes, hay en curso procedimientos contra Alemania y Luxemburgo basados en el Reglamento (CEE) n° 1612/68 tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia en su sentencia de 18 de mayo de 1990 (asunto C-175/89 Biehl). La Comisión ha podido archivar el procedimiento incoado contra Francia.

Sigue su curso otro procedimiento de infracción contra Alemania, relativo a las disposiciones discriminatorias por las que se suprimían las ventajas en el cálculo del coeficiente familiar de los hijos u otros miembros de la familia del trabajador residente en el extranjero.

2.4.2. Entrada y residencia

2.4.2.1. Intervenciones de la Comisión

Después del 1 de enero de 1993, fecha prevista de realización del objetivo de la libre circulación de personas establecida en el artículo 7 A (antiguo artículo 8 A) del Tratado, la Comisión ha recibido quejas de personas que critican el haber sido sometidas, con posterioridad a esa fecha, a controles de identidad al cruzar una frontera interior de la Comunidad.

Al comprobar que no se había conseguido totalmente el objetivo de la libre circulación de personas en la fecha de 1 de enero de 1993, la Comisión redobló su esfuerzo para, sin más retrasos, hacer realidad este objetivo que constituye un elemento esencial de la construcción europea.

Para lograrlo, la Comisión ha aprobado un planteamiento en dos fases:

En una primera fase, la Comisión continuará tomando iniciativas políticas y se comprometerá a ejercer una presión continua para que se lleven a efecto los avances anunciados por los Estados miembros para 1993.

En una segunda fase, la Comisión hará balance de las gestiones iniciadas y decidirá las medidas que deban tomarse de carácter legislativo, pero sin disminuir la presión ploítica.

En esta segunda fase de su planteamiento, la Comisión decidirá qué curso dar a estas quejas.

Por lo que se reifere al derecho de residencia, Alemania, Francia y el Reino Unido siguen sin incorporar formalmente las Directivas 90/364/CEE (relativa al derecho de residencia) y 90/365/CEE (relativa al derecho de residencia de los jubilados). Se han notificado dictámenes motivados a estos tres Estados miembros.

La obligación de los Estados miembros de ajustarse a la Directiva 90/366/CEE relativa al derecho de residencia de los estudiantes no se ve afectada por la anulación de esta Directiva por la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de julio de 1992 (41) ya que el Tribunal ha mantenido los efectos de la Directiva hasta la entrada en virgor de una Directiva adoptada con el fundamento jurídico adecuado. No obstante, para no interferir en los trabajos realizados para la mueva Directiva (que han terminado con la adopción por el Consejo el 29 de octubre de 1993 de la Directiva 93/96/CEE relativa al derecho de residencia de los estudiantes), la Comisión no ha incoado procedimientos de infracción contra Alemania, Bélgica, Francia y el Reino Unido, que todavía no han incorporado la Directiva 90/366/CEE.

Las modalidades de expedición de visados a los ciudadanos de terceros países, familiares de ciudadanos comunitarios, sigue dando lugar a escritos y quejas frecuentes. En virtud del Derecho comunitario, los Estados miembros están obligados a expedir esos visados gratuitamente y con todo tipo de facilidades. A presar de los recordatorios enviados por la Comisión, algunos servicios consulares de varios Estados miembros siguen sin aplicar plenamente la obligación impuesta por el Derecho comunitario, exigiendo indebidamente diversos documentos a las personas que solicitan un visado (certificado de trabajo y de ingresos, información sobre el objeto del viaje, dirección prevista durante la estancia, etc), imponiendo plazos de espera excesivos o supeditando la expedición del visado al pago de derechos.

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2.4.3. Derechos sindicales

En su sentencia de 4 de julio de 1991 (asunto prejudicial (42)), el Tribunal de Justicia declara que la legislación luxemburguesa es contraria al Reglamento (CEE) n° 1612/68 al denegar a los trabajadores comunitarios el derecho de voto activo en las elecciones de los miembros de una Cámara profesional. Luxemburgo se ha ajustado a la sentencia.

La sentencia no se pronuncia sobre el derecho de los trabajadores comunitarios a ser elegidos en las Cámaras profesionales. Sobre esta base, la Comisión ha continuado un procedimiento de infracción incoado contra Luxemburgo que no había reconocido el derecho a ser elegido y ha recurrido al Tribunal de Justicia para que confirme ese derecho (asunto C-118/92).

2.4.4. Acceso al empleo en la función pública

El 25 de julio de 1990, la Comisión tomó la decisión de inocoar procedimientos de infracción con arreglo al artículo 169 del Tratado CE contra todos los Estados miembros que se encuentran en situación de infracción en los cuatro sectores, denominados «prioritarios», de la función pública (enseñanza, investigación con fines civiles, servicios operativos de sanidad pública y organismos encargados de administrar un servicio comercial) (43).

A lo largo de 1992, la Comisión envió varios dictámenes motivados relacionados con dichos sectores. Se trata, en el sector de la enseñanza de Bélgica, Alemania, España, Grecia, Italia y Luxemburgo; en el sector de la investigación con fines civiles de España, Grecia, Italia y Luxemburgo; en el sector de la sanidad pública de Bélgica, Alemania, España, Grecia, Italia y Luxemburgo; en el sector de los servicios comerciales, de Bélgica (4 expedientes), Alemania (4 expedientes), España (3 expedientes), Francia (1 expediente), Grecia (4 expedientes), Italia (5 expedientes) y Luxemburgo (3 expedientes). También se ha enviado un dictamen motivado a Italia en relación con el acceso al empleo en organismos de derecho público. Dada la importancia y la complejidad del expediente, la Comisión ha concedido excepcionalmente, en los dictámenes motivados, un plazo de cuatro meses para regularizar la situación.

En la actual fase de desarrollo del procedimiento, todos los Estados miembros ha acogido favorablemente el planteamiento de la Comisión. El principio de apertura de la función pública nacional a los ciudadanos de la Comunidad no plantea objeciones fundamentales, aunque su puesta en práctica presenta distintos grados de dificultad según los Estados miembros.

En 1993, algunos Estados miembros han proseguido la reforma de las condiciones de acceso al empleo público en los sectores prioritarios. A continuación se detallan los avances conseguidos:

- Bélgica: apertura del acceso al empleo en la enseñanza y los transportes públicos

- España: apertura del acceso al empleo en los transportes marítimos

- Italia: apertura del acceso al empleo en las orquestas de los teatros públicos.

En algunos Estados miembros, por ejemplo Francia, Dinamarca y Portugal, la evolución legislativa o reglamentaria ha sido satisfactoria y ha permitido ya archivar algunos expedientes (aproximadamente 15). En otros (por ejemplo Alemania, España, Grecia, Italia y Bélgica), el proceso legislativo, a veces largo y complejo, está todavía en curso, En España, la aprobación el 23 de diciembre de 1993 de la ley n° 17/93 permite prever una evolución favorable de las condiciones de acceso al empleo en la función pública de los nacionales comunitarios.

Hay que señalar que la Comisión ha enviado dictámenes motivados en algunos expedientes relacionados en el acceso a la función pública fuera de los cuatro sectores previstos pr la mencionada medida. Se trata de Grecia (acceso al puesto de violoncelista en la Opera de Atenas), Francia (asistentes de un servicio social de un departamento) e Italia (puesto de violinista). Este último asunto se archivó después de que Italia introdujera modificaciones legislativas. Por último, en 1993 se envió un dictamen motivado a Italia, en el marco del procedimiento de infracción «acceso al cuerpo docente» (lectores de universidades).

2.4.5. Reconocimiento de diplomas

En 1993, la Comisión recibió unas cuarenta quejas relacionadas con restricciones contrarias a los artículos 52 y 59 del Tratado CE y a las directivas que facilitan el reconocimiento mutuo de diplomas con fines profesionales. Algunas de ellas han dado lugar a que se incoaran procedimientos de infracción, otras han sido archivadas por improcedentes. El Tribunal de Justicia dictó también sentencias importantes relacionadas con la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios.

2.4.5.1. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia

Más concretamente, en el marco del procedimiento de consulta de carácter prejudicial, el Tribunal dictó varias sentencias relativas a la interpretación de los artículos 52 y 59 del Tratado CE, así como de las directivas aprobadas sobre la base de los artículos 49, 57 y 66 del Tratado CE, entre las que cabe señalar:

- La sentencia en el asunto Kraus (44) sobre la utilización en un Estado miembro de un título universitario de tercer ciclo adquirido en otro Estado miembro. En este asunto, el Tribunal, recordando su sentencia Knoors, consideró que no se realizará plenamente la libertad fundamental de la libre circulación si los Estados miembros pueden denegar el beneficio de las disposiciones del