A4-0088/97 (Ponente: Sr. Crowley)

Resolución sobre los aspectos sociales de la vivienda

El Parlamento Europeo,

- Vistos los artículos 2, 3, 117 y 130 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

- Visto el artículo 1 del Acuerdo sobre política social celebrado entre los Estados miembros de la Comunidad Europea a excepción del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,

- Visto el informe del Comité de Sabios: «Por una Europa de los derechos cívicos y sociales»,

- Vista su Resolución de 23 de mayo de 1996 sobre el informe final de la Comisión relativo a la aplicación del programa comunitario para la integración económica y social de los grupos menos favorecidos «Pobreza 3" (1989-1994) ((DO C 166 de 10.6. 1996, pág. 191)),

- Vista su Resolución de 24 de mayo de 1996 sobre la Conferencia de las Naciones Unidas Habitat II ((DO C 166 de 10.6. 1996, pág. 257)),

- Vista su Resolución de 15 de noviembre de 1996 sobre la integración de las actividades CECA en el presupuesto de la Unión Europea ((DO C 362 de 2.12.1996, pág. 327.)),

- Vista la Declaración de Cork de 9 de noviembre de 1996 sobre un medio rural vivo,

- Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A4-0088/97),

A. Considerando que en la actualidad hay en la Unión Europea 18 millones de personas que no tienen un hogar o que viven en unas condiciones precarias o de hacinamiento,

B. Considerando que en la Unión existe una tendencia general de los Gobiernos de los Estados miembros a no asumir sus responsabilidades en lo que se refiere a la política de la vivienda,

C. Considerando que verse privado de una vivienda digna constituye un atentado contra la dignidad humana y supone un obstáculo a la participación política, económica, social y cultural de las personas y familias afectadas,

D. Considerando que el problema de los «sin techo»y de la precariedad de la vivienda se ha agravado a causa de la inexistencia de recursos financieros dedicados a este sector y al incremento del número de parados de larga duración, de personas con empleos atípicos o precarios y de personas que no se benefician de ningún régimen de seguridad social,

E. Considerando que no existe una política de prevención en caso de pérdida de la vivienda y que, en el caso de que una persona pierda su alojamiento y no reciba rápidamente una asistencia social apropiada, los problemas temporales de que es víctima tienden a convertirse en dificultades permanentes,

F. Considerando que los problemas de la falta y de la precariedad de la vivienda son al mismo tiempo causa y efecto de la exclusión social, fenómeno cada vez mayor y que está minando el tejido y el bienestar de las sociedades europeas,

G. Considerando que, desprovisto de correctivos sociales eficaces, el mercado de la vivienda se cierra cada vez más a personas que no disponen de un empleo seguro y que en la mayor parte de los Estados miembros la ausencia de ayuda a la vivienda constituye una grave laguna del sistema de protección social,

H. Considerando que la falta y la precariedad de las viviendas son problemas que afectan particularmente a los grupos más vulnerables de la sociedad, como los minusválidos, las personas de edad, las familias monoparentales, los emigrantes, las minorías étnicas y los parados de larga duración; considerando que estos dos problemas alcanzan su punto álgido durante el invierno,

I. Considerando que una vivienda accesible de calidad es esencial para atraer la inversión y las empresas y, por lo tanto, un factor importante de la cohesión económica y social,

J. Considerando que, pese a las diferencias que existen entre los Estados miembros en cuanto a política de vivienda, las dificultades cada vez mayores para acceder a una vivienda digna y a un precio accesible en relación con los ingresos personales y familiares son comunes a todos ellos, y que estos problemas se podrían atajar de manera más eficaz mediante una acción común de todos los Estados miembros a nivel europeo,

K. Considerando que una política de vivienda a nivel europeo, tal como se habría de concebir según este informe, debería ser una política que integrara aspectos como la educación, la formación, el empleo, la asistencia financiera y en materia de seguridad social, y servicios sociales, de asesoramiento en materia de sanidad y otros servicios, y garantizara el acceso a los mismos, enfoque que sería más eficaz a la hora de ayudar a combatir la pobreza y la exclusión social, contribuir a la reintegración de los parados en el mercado laboral, así como de las personas sin hogar, en particular durante el «período de crisis» en que las personas pierden su vivienda, cuando el acceso a dichos servicios resulta más difícil,

L. Considerando que el desarrollo de una política de vivienda de este tipo a nivel europeo debería basarse en la aspiración a una vivienda adecuada para todos,

M. Considerando que una política semejante no debería plantear ningún problema, ya que todos los Estados miembros han reconocido en principio el derecho de la persona a una vivienda digna al ratificar el Pacto Internacional de las Naciones Unidas de 1966 relativo a los derechos económicos, sociales y culturales,

N. Considerando que la creación de una política de vivienda a nivel europeo no sería ninguna novedad, ya que las intervenciones estructurales y los instrumentos europeos repercuten indirectamente en los programas de vivienda a nivel nacional y que, desde 1955, se vienen aplicando programas de vivienda y ayuda a los trabajadores del sector del carbón y del acero sobre la base del Tratado CECA,

O. Considerando que la inercia ante la falta de viviendas y el problema de la precariedad de éstas agrava los problemas tanto sociales como económicos de los Estados miembros y de la Unión y que supone en última instancia una carga mayor para las economías europeas que una política bien diseñada y financiada destinada a atajar estos dos problemas,

1. Pide a los Estados miembros reunidos en el marco de la Conferencia Intergubernamental que incluyan en el Tratado disposiciones que contribuyan a la realización progresiva de los derechos sociales fundamentales de las personas que viven en Europa, entre ellos el derecho de la persona a una vivienda digna y a un precio accesible;

2. Insiste en la necesidad de que el derecho fundamental a una vivienda digna y a un precio accesible se convierta en una realidad operativa gracias a una serie de políticas y medidas concretas aplicadas al nivel administrativo e institucional adecuado;

3. Pide a los Estados miembros que asuman sus responsabilidades y desarrollen una política de vivienda: una oferta suficiente de viviendas, viviendas de calidad y de dimensiones apropiadas, una oferta suficiente de viviendas accesibles y un elevado grado de seguridad en materia de vivienda;

4. Pide a los Estados miembros que adopten medidas de prevención, en particular en lo que se refiere al sistema general de protección social y de protección en materia de vivienda, con el fin de poder garantizar también un nivel mínimo de seguridad para las personas expuestas a graves problemas de exclusión social;

5. Propone a los Estados miembros que adopten medidas con el fin de impedir que los propietarios dejen abandonadas las viviendas de manera intencionada o por negligencia;

6. Considera que la vivienda ha de ser un sector de interés general, que consolida todos los demás derechos sociales fundamentales que se han de tener en cuenta a todos los niveles decisorios en el seno de la Unión;

7. Propone que una política europea de la vivienda tenga los siguientes objetivos:

- la recogida, el intercambio y el análisis de informaciones sobre las políticas relacionadas con la vivienda en los Estados miembros,

- la evaluación, el intercambio y la promoción de ejemplos de prácticas correctas en los Estados miembros en relación con los proyectos y servicios que tengan que ver con la vivienda, en particular aquéllos cuyo objeto sea ayudar a las personas sin hogar y a aquéllas cuya situación económica les obligue a seguir viviendo en una vivienda precaria,

- la definición, junto con los Estados miembros, de unos objetivos mínimos de armonización de las condiciones de acceso a la vivienda para todos y la definición del marco en que se han de conseguir dichos objetivos,

- el seguimiento permanente, por ejemplo a través de una «Task Force» de las Direcciones Generales competentes de la Comisión, del impacto de las políticas de la UE en el sector de la vivienda, con el objeto de tener en cuenta los posibles efectos en los grupos vulnerables y desfavorecidos y conseguir el desarrollo de estrategias integradas y la coordinación de los recursos comunitarios a fin de conseguir los mayores beneficios posibles;

8. Propone que la Comisión examine cómo podría lanzarse un programa piloto (de manera semejante al proyecto IGLOO o a otros modelos) para apoyar la financiación de proyectos integrados nacionales piloto relacionados con la vivienda y que aborden al mismo tiempo el desarrollo urbano, la vivienda, la educación, el empleo, los servicios sociales y la sanidad, con la participación de los grupos de población afectados; espera que dichos proyectos se seleccionen teniendo en cuenta las propuestas presentadas por los Estados miembros y se refieran no sólo a nuevas construcciones sino también a las iniciativas de recuperación y restauración del patrimonio de viviendas existente;

9. Considera que los ministros responsables de este sector de los 15 Estados miembros deberían reunirse con mayor regularidad, con objeto de dar a la política de vivienda europea la dirección y el ímpetu político necesarios y supervisar las acciones previstas en los apartados 7 y 8;

10. Considera que, como parte de la política europea de vivienda, la Unión Europea debería actuar como coordinador y factor de facilitación en la cuestión de la vivienda, mediante la concesión de créditos u otras medidas; en este sentido, comprueba que desde 1954 el Tratado CECA ha permitido créditos hipotecarios a bajo interés para los trabajadores del sector del carbón y del acero, lo que ha sido sumamente positivo tanto para los propios trabajadores como para las zonas donde se han concedido los créditos en cuestión; considera que esta medida podría servir de ejemplo para la intervención de la Unión Europea en el tema de la vivienda en otros sectores, en los que la intervención podría financiarse con los Fondos estructurales a partir de la reforma prevista para 1999 o con las reservas CECA una vez que el Tratado de París expire en el año 2002; insta a la Comisión a que investigue la viabilidad de esta ampliación; considera que la Unión Europea debe examinar también la utilización del FSE para dotar a las personas sin empleo y sin hogar, tanto hombres como mujeres, de aptitudes relacionadas con la construcción y ayudarles a construir sus propios hogares;

11. Señala que el desarrollo de una política de vivienda integrada a nivel europeo, en particular una política que fomente la inversión tanto pública como privada en este sector, repercutiría positivamente en el empleo y en la reinserción laboral de las personas excluidas socialmente en toda la Unión, y ello no sólo en el sector de la construcción, sino también en los servicios de acompañamiento -asesoramiento, asistencia y formación- que se derivarían de una política integrada de este tipo;

12. Considera que una política de vivienda integrada es una política que tiene en cuenta tanto las preocupaciones medioambientales y urbanas como las prerrogativas de la cohesión económica y social, contribuyendo así a un desarrollo duradero; considera que la UE debe aumentar la financiación de los programas SAVE con el fin de promover la vivienda eficiente desde el punto de vista energético;

13. Destaca, en el contexto de la cohesión económica y social, que una política de vivienda integrada y correctamente estructurada puede desempeñar una función clave en el mantenimiento de la viabilidad económica y social de las zonas rurales, periféricas y ultraperiféricas;

14. Señala que se han de tener en cuenta las necesidades específicas de las personas minusválidas, de las personas mayores y de las mujeres y de los niños que se encuentran en una situación de riesgo, con objeto de garantizar no sólo el mantenimiento de unas condiciones de vida dignas sino también que estas personas lleven una vida digna en la comunidad;

15. Considera que, ante la actual situación de despoblamiento de las zonas rurales y de eclosión de las zonas urbanas, debería fomentarse y favorecerse una política de reasentamiento rural;

16. Considera que todas las acciones llevadas a cabo han de ser sostenibles y tener en cuenta la protección del medio ambiente, la conservación de la energía y unas prácticas inmobiliarias más correctas;

17. Pide a los Estados miembros que, al introducir nuevos instrumentos legislativos, prohíban cualquier tipo de discriminación en el acceso a la vivienda pública o privada, y que lleven a cabo políticas de vivienda a todos los niveles administrativos;

18. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité de las Regiones, al Comité Económico y Social, a los interlocutores sociales y a las ONG que luchan contra la falta de vivienda y la exclusión social.