Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la prevención del blanqueo de capitales mediante la cooperación aduanera

(presentados por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Generalidades

El Grupo de Cooperación Aduanera del Consejo convino en marzo de 1999 organizar una operación de vigilancia aduanera conjunta destinada a localizar los flujos transfronterizos de dinero efectivo y a recoger datos estadísticos, hasta entonces deficientes en este ámbito. La operación Moneypenny, en la que participaron todos los Estados miembros, se desarrolló entre el 1 de septiembre de 1999 y el 29 de febrero de 2000.

Dicha operación ha permitido identificar un número considerable de movimientos transfronterizos de dinero efectivo, así como de otros activos líquidos. Estos movimientos, vinculados a la delincuencia organizada, eran especialmente notables en los Estados miembros dotados de una legislación relativa a los controles de los flujos de dinero efectivo. El informe Moneypenny concluyó la oportunidad para la Unión de llenar algunas lagunas legislativas y de invitar a los Estados miembros que no disponían de una legislación conveniente a adoptarla, con vistas a una lucha eficaz y coordinada contra la delincuencia organizada.

El Consejo Jumbo de 17 octubre de 2000 invitó la Comisión a investigar si un instrumento comunitario que introdujera controles aduaneros más generalizados de los flujos de dinero efectivo, así como el intercambio de información entre los Estados miembros y entre éstos y la Comisión, podría efectivamente reforzar la eficacia de la lucha contra el blanqueo que se libra a diario en la Unión.

Como consecuencia del último Consejo Jumbo de 16 octubre de 2001, la Comisión emprendió la preparación de un informe analítico. En este documento se investiga si es posible y deseable, y en qué condiciones, la aplicación de un control de nivel comunitario en este ámbito. Sus conclusiones indican que tal control podría suplementar provechosamente la legislación antiblanqueo vigente actualmente de la Unión. Los principales elementos de este informe figuran a continuación.

1.2 Oportunidad de una política comunitaria

Para combatir el blanqueo de capitales, la Directiva 91/308/CEE modificada [1] fija disposiciones destinadas a los controles a escala comunitaria de los movimientos de dinero efectivo iguales o superiores a 15 000 euros cuando las transacciones son efectuadas por instituciones financieras.

[1] Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (DO L 166 de 28.6.1991, p. 77), modificada por la Directiva 2001/97/CE del Parlamento y del Consejo (DO L 344 de 28.12.2001, p. 76).

Si bien algunos Estados miembros han instaurado controles de los movimientos de dinero efectivo en sus fronteras nacionales, en otros no existe ningún control de este tipo. Ahora bien, la cantidad de dinero efectivo así transportada es suficiente para presentar un riesgo potencial para los intereses comunitarios y nacionales. El informe Moneypenny indicó que los actuales controles antiblanqueo perdían parte de su eficacia a causa de la heterogeneidad de los controles de los movimientos transfronterizos de dinero efectivo. La enorme divergencia de los planteamientos adoptados por los Estados miembros debilita la protección real a escala comunitaria. Inmediatamente después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, asistimos necesariamente a un refuerzo de los controles sobre los movimientos de dinero operados por las instituciones financieras. El transporte de dinero efectivo podría aumentar como alternativa.

La Comisión considera, pues, que está justificado completar la Directiva antiblanqueo por medio de una medida destinada a instituir controles sobre las sumas importantes de dinero efectivo que cruzan la frontera exterior de la Comunidad. Por otra parte, para hacer eficaces las medidas de control es también necesario aplicar un sistema de intercambio de informaciones entre los Estados miembros afectados por los movimientos sospechosos y la Comisión.

1.3 Riesgos operacionales de la lucha contra el blanqueo

La evidente oportunidad de un planteamiento de este tipo, en una óptica a la vez preventiva y represiva, debe reconciliarse con la necesidad de respetar los principios del mercado único, especialmente la libre circulación de capitales.

1.3.1. Las propuestas deben tener por objeto completar los controles existentes aplicados a las transferencias de dinero por las instituciones financieras y así colmar las lagunas creadas por la actual ausencia de un planteamiento homogéneo de los movimientos de dinero efectivo en el ámbito comunitario. A tal efecto, solamente los movimientos significativos de dinero efectivo deberían controlarse; el límite máximo por encima del cual se aplicarían los controles debe ser idéntico al aplicable a las instituciones financieras (es decir, 15 000 euros).

1.3.2. La introducción de un sistema de control permitirá la vigilancia de los movimientos significativos de dinero efectivo que entra o sale de la Comunidad, sin pesar en exceso sobre el ciudadano ni representar una carga indebida para las administraciones. Los Estados miembros que efectúan controles siguen muy distintos planteamientos: desde el sistema basado en una declaración formal, como complemento a la información, hasta los planteamientos basados casi enteramente en la utilización de la información. Algunos exigen una declaración escrita, otros imponen una obligación de declarar cuando las aduanas piden información. Por último, otros no exigen declaración alguna.

Los Estados miembros que disponen de un sistema basado en la declaración consideran que la obligación de declarar ofrece más claridad, una mayor seguridad y más informaciones de carácter jurídico, útiles para la gestión de los riesgos.

Los Estados miembros que no disponen de un sistema basado en la declaración, que a menudo confían en el análisis de riesgo, consideran que existe el peligro de crear una masa de documentos y de utilizar los recursos aduaneros, siendo así que la información obtenida por ese método procede casi exclusivamente de viajeros honestos (y no de delincuentes, que son el objetivo normal de estas pesquisas). En apoyo del sistema de declaración se alega que no debería subestimarse su efecto disuasivo y que los recursos que exige son relativamente limitados en la práctica, en relación con los resultados que se obtienen de él y con las ventajas que ofrece, especialmente si el límite máximo es elevado.

A escala comunitaria, dado el carácter divergente de los distintos planteamientos aplicados, y, en algunos Estados miembros, la limitada experiencia de los controles sobre los movimientos de dinero efectivo, todo sistema común debe contemplar esencialmente dos objetivos: por una parte, la claridad y, por otra, la uniformidad de aplicación en toda la Comunidad. En cambio, un sistema basado exclusivamente en la información, al autorizar prácticas heterogéneas de una administración aduanera a otra, proporcionaría pocas garantías de un planteamiento uniforme.

En aras de la claridad, un planteamiento uniforme y que proporcionara una advertencia razonable al viajero, una obligación general de declaración, un límite máximo común y un formulario común, simple y utilizable en todos los Estados miembros, se puede considerar el método más adecuado para introducir controles uniformes.

1.3.3. Hasta ahora, los Estados miembros que han llevado a cabo controles en sus fronteras nacionales se han basado en el artículo 58 del Tratado constitutivo de la CE. Ahora bien, una protección homogénea de las fronteras exteriores de la Comunidad, junto con el refuerzo de los instrumentos comunitarios de lucha contra el blanqueo de dinero, privará necesariamente a estos controles de su legitimidad o, al menos, los volverá realmente accesorios. Además, son difícilmente compatibles con el espíritu y los principios del mercado interior, especialmente desde la introducción de una moneda única.

1.4. Papel de las aduanas

Cualquier sistema introducido a escala comunitaria debe garantizar a todas las administraciones de control de los Estados miembros que actualmente no supervisan ese tipo de movimientos de dinero efectivo en virtud de su legislación nacional, el poder de aplicar controles eficaces.

Eso implicará no sólo los poderes de administrar y controlar el sistema de declaración, sino también la imposición de sanciones proporcionadas a la infracción cometida. La posibilidad de retener el dinero efectivo durante un período limitado, posibilidad generalmente destinada a permitir recabar información en los casos dudosos (especialmente si el dinero efectivo está destinado a terceros Estados ), será esencial.

Sin embargo las propuestas deberán respetar la libre circulación de capitales y las medidas adoptadas en consecuencia deberán referirse exclusivamente a los movimientos sospechosos. El sistema deberá, pues, permitir identificar los movimientos sospechosos y asegurar su tratamiento en el marco de la legislación comunitaria o nacional pertinente.

Parece, pues, lógico que el punto de recepción de las declaraciones sea la aduana. Sus servicios están situados en la frontera exterior. El tratamiento de las declaraciones constituye su actividad normal. Entre sus competencias figura el control de los objetos de valor (oro, diamantes, etc.) que pueden sustituir al dinero efectivo. Esta solución sería la más práctica para el ciudadano y ahorraría la utilización de recursos de los Estados miembros. Las aduanas no sólo tienen la experiencia requerida para intercambiar este tipo de información, sino también los procedimientos necesarios para garantizar intercambios seguros y rápidos. Las informaciones pertinentes recogidas por las aduanas deberán compartirse, cuando proceda, con el órgano nacional de control financiero responsable del blanqueo de capitales. También debería prestarse atención específica a los intercambios de información con terceros países en los casos graves, y especialmente en aquéllos que pudieran estar vinculados con el terrorismo. En este ámbito, podrían acordarse disposiciones administrativas concretas con los principales socios de la Unión.

2. COMENTARIO DEL PROYECTO DE REGLAMENTO

El artículo 1 establece el principio de la obligación de declaración a la entrada y a la salida del territorio aduanero de la Comunidad, y define su ámbito de aplicación. Indica que dicha obligación afecta solamente a los movimientos de dinero efectivo de un importe igual o superior a 15 000 euros.

El texto define también su ámbito geográfico de aplicación, que corresponde esencialmente al territorio aduanero de la Comunidad. Con el fin de garantizar la complementariedad con la Directiva 91/308/CEE, se prevén también disposiciones específicas para las partes del territorio aduanero en las que no es aplicable dicha Directiva. En esas partes concretas y en el territorio aduanero de la Comunidad, el movimiento de dinero efectivo implica en principio la obligación de declarar. Esta obligación existe tanto a la entrada como a la salida. Por consiguiente, la aduana es la administración mejor situada, tanto en términos geográficos como operativos, para garantizar el cumplimiento de esta norma.

Además, la declaración ha de adoptar una forma determinada, so pena de nulidad. Imponiendo el uso de un formulario único, las administraciones aduaneras llegarán a una mejor sinergia y será más fácil el intercambio de información.

Por último, con el fin de disipar toda posible incertidumbre, se precisa que la declaración, aunque se puede depositar en el momento del paso de la frontera, no podrá ser depositada posteriormente. Esta norma es necesaria para la eficacia del control.

La obligación de declarar recae sobre el portador de la suma, independientemente de que sea o no propietario de la misma.

El artículo 2 contiene las definiciones necesarias para la interpretación uniforme del reglamento. Entre estas definiciones, la de las «autoridades competentes» tiene por objeto incluir los servicios aduaneros, interesados en primer lugar, pero también los servicios que, sin ser específicamente aduaneros (policía, etc.), contribuyen, en razón de sus misiones, a la aplicación del reglamento y por lo tanto a la recepción y al control de las declaraciones. En cuanto a la definición del dinero efectivo, responde a la preocupación de englobar el conjunto de los activos fungibles.

El artículo 3 prevé las disposiciones que deben aplicarse los intercambios de informaciones. Sienta el principio de la transmisión de plano jure de las informaciones recogidas con motivo del control. En todos los casos hipotéticos, estas informaciones son accesibles por una parte a los servicios aduaneros de los Estados miembros (Estado miembro de residencia y Estado miembro de origen y de destino, según el caso) y a las autoridades encargadas de la lucha contra el blanqueo en esos Estados. Cuando las operaciones de blanqueo parezcan referirse al producto de un fraude o de cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Comunidad, dicha información se transmitirá a la Comisión.

El artículo 4 atribuye a los agentes de las administraciones aduaneras los poderes necesarios para la aplicación efectiva del control.

El artículo 5 completa estos poderes con la previsión de la imposición de sanciones. Solamente se mencionan en este artículo las sanciones motivadas por la falta de declaración. En cambio, no se tratan las sanciones motivadas por los actos de blanqueo que pudieran salir a la luz como resultado de los controles aduaneros previstos por el presente proyecto de reglamento. Tales actos están sujetos a un régimen jurídico particular, muy distinto del derecho aduanero comunitario. En virtud de ese régimen jurídico, se contemplan, por ejemplo, las sanciones ya previstas por la legislación comunitaria [2], así como por la legislación en preparación en este ámbito (por ejemplo el proyecto de Reglamento destinado a integrar medidas administrativas y sanciones en el ámbito de los gastos directos [3]).

[2] Reglamento (CE, Euratom) n° 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).

[3] Véase el Plan de acción para 2001-2003 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades y a la lucha contra el fraude: objetivo 1.2.2 (COM(2001) 254 final).

Se observa que este texto limita el montante de las sanciones. En efecto, la ausencia de límite habría permitido a los Estados miembros imponer multas tan elevadas que hubieran constituido una restricción excesiva, incluso una negación, del principio de libre circulación de capitales.

El artículo 6 regula la situación particular de los movimientos de dinero efectivo vinculados al terrorismo. La disposición prevista permite transmitir a terceros países, en determinadas condiciones, la información recogida gracias a la declaración contemplada en el artículo 1.

2002/0132 (COD)

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la prevención del blanqueo de capitales mediante la cooperación aduanera

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 135,

Vista la propuesta de la Comisión [4],

[4] DO C...

Visto el dictamen del Comité Económico y Social [5],

[5] DO C...

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado [6],

[6] DO C...

Considerando lo siguiente:

(1) El blanqueo de capitales por medio de movimientos transfronterizos de efectivo constituye una amenaza para la seguridad y los intereses financieros de los Estados miembros y de la Comunidad. Este peligro puede ser combatido eficazmente por las administraciones aduaneras. En efecto, éstas están presentes en las fronteras, donde el control es más eficaz. Además, algunas han acumulado una verdadera experiencia en este ámbito. Por otra parte, tienen posibilidad de controlar tanto el dinero efectivo como las mercancías preciosas, susceptibles de constituir un sustituto de aquél.

(2) Por otro lado, las administraciones aduaneras están ya familiarizadas con la cooperación internacional, y en particular con el intercambio de información, en aplicación del Reglamento (CE) n° 515/97 del Consejo, de 13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria [7] y el Convenio celebrado sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia mutua y a la cooperación entre las administraciones aduaneras [8].

[7] DO L 82 de 22.3.1997, p. 1.

[8] DO C 24 de 23.1.1998, p. 2

(3) Conviene también tener en cuenta los ejercicios complementarios realizados en otros foros internacionales. Por ejemplo, en la OCDE en particular, la Recomendación n° 22 del Grupo de Acción Financiera Internacional invita los Estados a aplicar medidas destinadas a detectar los movimientos físicos de dinero efectivo.

(4) La aplicación de la cooperación aduanera se hace necesaria por el hecho de que actualmente se somete sólo una parte de las operaciones de blanqueo de capitales al mecanismo instaurado por la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales [9], que solamente se aplica a las instituciones financieras, a las entidades de crédito y a determinados profesionales.

[9] DO L 166 de 28.6.1991, p. 77. Directiva modificada por la Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 344 de 28.12.2001, p. 76).

(5) De esta situación resulta que importantes cantidades de dinero de origen dudoso que entran y salen de la Comunidad escapan a este mecanismo de detección. No obstante, algunos Estados miembros se han dotado a título individual de instrumentos jurídicos que permiten a sus servicios aduaneros proceder a los controles de dichas sumas, sin que estas iniciativas estén encuadradas por la Comunidad. Correlativamente, una parte de los Estados miembros no dispone de tales instrumentos. Por lo tanto, la probabilidad de detección de blanqueo varía según el Estado miembro que importa dichas cantidades. Esta situación hace que se resienta la calidad de la protección contra el blanqueo en la frontera exterior de la Comunidad.

(6) Conviene, pues, sobre el fundamento del artículo 135 de el Tratado que consagra de forma expresa la cooperación aduanera, completar el dispositivo legislativo existente recurriendo a los mecanismos consustanciales a la cooperación aduanera. Tal complemento debería, por una parte, armonizar los métodos de control instaurados por los ordenamientos jurídicos nacionales y, por otra parte, dar a todas las administraciones aduaneras de la Comunidad la posibilidad de recabar información cuando entran o salen del territorio aduanero de la Comunidad sumas de dinero efectivo de un importe igual al previsto en la Directiva 91/308/CEE. De acuerdo con todo lo anterior, la imposición de una obligación de declaración constituye el método más conveniente para recoger este tipo de información. En caso de sospecha, esta información deberá transmitirse a las autoridades que coordinan la lucha contra el blanqueo en virtud de la Directiva 91/308/CEE.

(7) Procede, en consecuencia, sentar el principio de la obligación de declaración de los movimientos de dinero efectivo en la frontera exterior de la Comunidad. Este principio constituye, en efecto, el medio más oportuno de controlar actos susceptibles de ofrecer la posibilidad de desviar las normas comunitarias y nacionales aplicables al blanqueo. No obstante, con el fin de concentrar la acción de las autoridades sobre los casos significativos de blanqueo, solamente los movimientos de un importe igual o superior a quince mil euros deben estar sujetos a la obligación de declarar.

(8) Además, la declaración ha de adoptar una forma determinada, so pena de nulidad. Imponiendo el uso de un formulario único, las administraciones aduaneras llegarán a una mejor sinergia y será más fácil el intercambio de información. Habida cuenta del objetivo de prevención y del carácter disuasivo de la declaración, debería poder depositarse únicamente después de que haya tenido lugar el paso de la frontera exterior. Procede, pues, determinar el momento en el que ha de realizarse. Por último, procede precisar que la obligación de declarar recae sobre el portador de la suma, independientemente de que sea o no propietario de la misma.

(9) Conviene establecer las definiciones necesarias para la interpretación uniforme del Reglamento. La noción de «autoridades competentes» debe tener por objeto incluir no sólo las administraciones aduaneras, principales responsables de esta normativa, sino también los servicios que, aunque no son específicamente aduaneros, contribuyen, en razón de sus misiones y de las modalidades de la organización administrativa inherente a cada Estado miembro, a la aplicación del presente Reglamento. Esta acepción contempla los casos en los cuales se habilitaría a administraciones distintas de las aduaneras (como la policía o la guardia fronteriza.) a recibir y controlar las declaraciones. Por otra parte, la definición de dinero efectivo responde a la preocupación de englobar el conjunto de los activos fungibles.

(10) En cuanto a la delimitación geográfica del ámbito de aplicación de conformidad con el Tratado, y, en particular, a los apartados 3 , 4 y 6 letra c) de su artículo 299, la Directiva 91/308/CEE en algunos Estados o territorios europeos, como Mónaco, las islas del Canal y la isla de Man. Conviene, pues, estar atentos al riesgo de blanqueo que presentan estos Estados y territorios y prever un régimen especial para ellos. La declaración debe ser exigible, tanto a la entrada como a la salida de los mismos, independientemente del hecho de que el movimiento se efectúe con otro país de la Comunidad o con un país tercero.

(11) Con el fin de articular el presente Reglamento con el derecho nacional aplicable al blanqueo, es necesario prever el principio de la transmisión de pleno derecho de la información recogida con motivo del control. Esta información debe ser accesible tanto a los servicios aduaneros del Estado miembro de residencia, por una parte, y del Estado miembro de origen y destino según el caso, por otra , así como a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de los mismos Estados miembros. Cuando proceda, esta información deberá transmitirse también a la Comisión. Igualmente, conviene prever la transmisión de información en caso de sospechas sobre movimientos reiterados de sumas de dinero efectivo inferiores al límite máximo establecido.

(12) Las administraciones aduaneras deben poder disponer de los poderes necesarios para la aplicación efectiva del control.

(13) Los poderes de las administraciones aduaneras deben completarse con la obligación de los Estados miembros de prever sanciones. No obstante, deben preverse únicamente las sanciones motivadas por un defecto de declaración, con exclusión de las sanciones que resulten de las operaciones de blanqueo que pudieran revelar los controles aduaneros previstos por el presente Reglamento. Si bien son necesarias sanciones realmente disuasivas, no es menos cierto que el alcance de las sanciones debe limitarse. La ausencia de límite permitiría a los Estados miembros imponer multas tan elevadas que constituyeran una restricción excesiva al principio de libre circulación de capitales, incluso una negación, del mismo.

(14) Hay que prever la posibilidad, en el caso de movimientos de dinero efectivo vinculados al terrorismo, de transmitir a terceros países, en determinadas condiciones, las informaciones recogidas.

(15) El presente Reglamento no afecta de ningún modo a la aplicación de las disposiciones comunitarias generales o particulares de cooperación administrativa, en particular en materia de aduanas o de protección de los intereses financieros de la Comunidad, sobre todo cuando esas normas pueden mejorar o reforzar el presente mecanismo de cooperación administrativa.

(16) Dado que el objetivo del presente Reglamento, es decir, el refuerzo de la cooperación aduanera para la lucha contra el blanqueo, no se puede alcanzar adecuadamente por los Estados miembros actuando aisladamente, y puede alcanzarse mejor a escala comunitaria en razón de la dimensión transnacional de los fenómenos de blanqueo en el Mercado interior, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mencionado artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(17) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Obligación de declaración

1. Toda persona física que entre en el territorio aduanero de la Comunidad o salga del mismo y sea portadora de una suma de dinero efectivo igual o superior a quince mil euros estará sujeta a la obligación de declaración en las condiciones establecidas por el presente Reglamento.

Toda persona física que entre en las partes del territorio aduanero de la Comunidad en las que no es aplicable la Directiva 91/308/CEE o salga de ellas y sea portadora de una suma de dinero efectivo igual o superior a quince mil euros estará sujeta a dicha obligación de declaración.

2. Se considerará únicamente cumplida la obligación de declaración cuando la persona contemplada en el apartado 1 haya cumplimentado y entregado el formulario de declaración que figura en el anexo, a la aduana del Estado miembro por el cual entró o salió del territorio aduanero de la Comunidad, o de las partes de dicho territorio en las que no es aplicable la Directiva 91/308/CEE.

Además, la obligación de declaración quedará cumplida solamente cuando la información sea exacta y completa

Artículo 2

Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1) «territorio aduanero de la Comunidad»: el territorio de los Estados miembros contemplado en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo [10],

[10] DO L 302 de 19.10.1992, p. 2

2) «autoridades competentes»: las autoridades aduaneras de los Estados miembros, así como las otras autoridades encargadas de la aplicación del presente Reglamento,

3) «dinero efectivo»:

a) el dinero en metálico (billetes de banco, monedas),

b) los cheques de viaje/cheques postales,

c) todo instrumento financiero o monetario, anónimo o al portador, quien quiera que sea su expedidor, y que pueda ser convertido en dinero en metálico, en particular los valores mobiliarios y otros títulos de crédito.

Artículo 3

Comunicación de información

1. Cuando haya indicios o circunstancias que permitan suponer que el dinero efectivo transportado sirve para operaciones de blanqueo, la información obtenida en la declaración prevista en el artículo 1 o con motivo de un control subsiguiente, se transmitirá automáticamente a las autoridades competentes del Estado miembro en el que resida el portador contemplado en el apartado 1 del artículo 1, por una parte, y a las autoridades competentes del Estado miembro por el cual el portador entró o salió del territorio aduanero de la Comunidad, por otra parte.

Además, la información se transmitirá a las autoridades nacionales contempladas en el artículo 6 de la Directiva 91/308/CEE como responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales en el Estado miembro por el cual el portador haya entrado o salido del territorio aduanero de la Comunidad.

Cuando las acciones de blanqueo parezcan referirse al producto de un fraude o de cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Comunidad, dicha información se transmitirá también a la Comisión.

2. Cuando indicios o circunstancias revelen que, para servir a operaciones de blanqueo, una persona física que entra o sale del territorio aduanero de la Comunidad o de las partes de dicho territorio en las que no es aplicable la Directiva 91/308/CEE transporta de manera repetitiva sumas de dinero efectivo inferiores al límite máximo fijado en el artículo 1, podrán transmitirse también a las autoridades competentes, y a la Comisión en las mismas condiciones mencionadas en el apartado 1, el nombre de esa persona, su nacionalidad, la matrícula del medio de transporte utilizado y los indicios o circunstancias mencionados.

3. Las disposiciones de los Títulos V y VI del Reglamento (CE) n° 515/97 se aplicarán mutatis mutandis a la transmisión de la información recogida en aplicación del presente Reglamento.

Artículo 4

Poderes de las autoridades competentes

Con el fin de controlar el cumplimiento de la obligación de declaración prevista en el artículo 1, las autoridades competentes estarán facultados, incluso en ausencia de indicios previos hagan suponer que se ha cometido una infracción, para someter a medidas de control a las personas y sus equipajes, interrogar a las personas sobre el origen de las sumas de dinero efectivo descubiertas con este motivo y decidir la retención, por vía administrativa, de dichas cantidades.

La duración de esta retención no podrá exceder tres días laborables, pero ese período podrá prorrogarse en aplicación del Derecho nacional. En cualquier caso, la duración de esta retención se limitará estrictamente a las necesidades de la investigación.

Artículo 5

Sanciones

1. Sin perjuicio de las sanciones que deben aplicarse en caso de blanqueo, los Estados miembros velarán por que, de acuerdo con su legislación nacional, se abra un procedimiento contra las personas responsables, cuando se establezca, en particular a raíz de un control o de una inspección efectuados en virtud del presente Reglamento, que no se respetó la obligación de declaración prevista en el artículo 1.

El procedimiento deberá ser de naturaleza adecuada para, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la legislación nacional, producir efectos proporcionados a la gravedad de la infracción que constituye la ausencia de declaración o una declaración inexacta, y para desalentar eficazmente otras infracciones de la misma naturaleza.

2. El importe de las multas resultantes de los procedimientos citados en el apartado 1 no podrá ser superior a la cuarta parte del importe de la suma transportada.

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, a más tardar el 31 de diciembre de 2003, las sanciones aplicables en los casos en que no se respete la obligación de declaración.

Artículo 6

Relaciones con países terceros

1. Cuando indicios o circunstancias permitan suponer que el dinero efectivo transportado sirve para operaciones de blanqueo realizadas por o en favor de grupos terroristas, la información obtenida en aplicación del presente Reglamento podrá comunicarse a un tercer país, con el acuerdo de las autoridades competentes que la proporcionaron, siempre respetando sus disposiciones internas aplicables a la transferencia de datos de carácter personal a terceros países.

2. Los Estados miembros informarán a la Comisión acerca de los intercambios de información con terceros países efectuados en el marco de la asistencia administrativa mutua, cuando ello ofrezca un interés particular para el correcto funcionamiento de la lucha contra el blanqueo de capitales con arreglo al presente Reglamento y cuando la información entre dentro del ámbito de aplicación del mismo.

Artículo 7

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO

FORMULARIO DE DECLARACIÓN

Declaro ser portador de las sumas, títulos o valores enumerados a continuación, cuyo importe total es igual o superior a 15 000 euros.

>SITIO PARA UN CUADRO>

(*) Táchese lo que no proceda.

En caso de información inexacta o incompleta, se considerará que el firmante no ha cumplido la obligación de declarar.

Lugar, fecha y firma.......