ES    ES ES 
ES    ES  COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 8.4.2009 
SEC(2009) 316 
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN 
 
Documento que acompaña a la 
Propuesta de 
 
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO  EUROPEO Y DEL CONSEJO 
 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales (refundición) 
   
RESUMEN DE LA EVAL UACIÓN DE IMPACTO  
 
    
{COM(2009) 126 final} 
{SEC(2009) 315} 
ES 2   ES Referencia de la planificación de la  agenda o del programa de trabajo: 
2009/ENTR/006. Este documento compromete únicamente a los servicios de la Comisión que participaron en la prepar ación de la evaluaci ón de impacto y no 
anticipa la forma final de la posib le decisión que adopte la Comisión. 
El Comité de Evaluación de Impacto em itió su dictamen sobre el proyecto de 
evaluación de impacto el 17 de diciem bre de 2008 [D(2008) 10479]. Se tuvieron en 
cuenta todas las recomendaciones del Comité y la evaluación de impacto se modificó 
en consecuencia.  
1. D
EFINICIÓN DEL PROBLEMA  
La Directiva 2000/35/CE se a doptó para combatir la mo rosidad en las operaciones 
comerciales. Según esta Dire ctiva, puede cobrarse un in terés de demora cuando el 
pago no se efectúe en el plazo contractual o legal. La Directiv a establece un tipo de 
interés legal pero permite a las partes lle gar a otro tipo de acuerdo. El interés es 
pagadero el día siguiente a la fecha de pa go o la fecha final del plazo de pago que se 
fije en el contrato, o treinta días después de la fecha en que el de udor haya recibido la 
factura o una solicitud de pago equivalent e si no se ha fijado el plazo de pago.  
A pesar de la Directiva, la morosidad en las operaciones comerciales sigue siendo 
una práctica extendida en la UE. No solo  se da con frecuencia en las operaciones 
entre empresas: las encuestas muestran que, por lo general, los pl azos de pago en el 
sector público son más amplios que los es tipulados en los contratos del sector 
privado.  
Las causas de la morosidad en las opera ciones comerciales y la correspondiente 
pasividad de muchos acreedores son diversas:  
1) La estructura del mercado: el nivel de competencia en un mercado, el poder de 
mercado de los participantes en el mismo y el correspondiente miedo a dañar las relaciones comerciales con los c lientes son factores importantes que 
determinan si los acreedores aceptan o rechazan la morosidad y si los deudores 
buscan una ampliación del periodo de cr édito comercial. La posición de un 
acreedor en un mercado específico influi rá considerablemente en su actitud 
respecto a la morosidad y su temor a daña r la relación comercial con el cliente. 
A menudo, las principales razones que ti enen los deudores para efectuar los 
pagos de operaciones comerc iales en los plazos establecidos están relacionadas 
con la imagen comercial o profesional o la confianza mutua alcanzada tras largas relaciones comerciales.  
2) El ciclo económico: el cambio de la s condiciones macroeconómicas son otra 
causa de morosidad. Un ciclo ec onómico negativo puede aumentar la 
morosidad porque las empresas retrasan el pago de sus facturas. Además, las 
empresas tienen menos capacidad para ge nerar efectivo en sus operaciones y 
los bancos pueden reducirles el créd ito. Sin embargo, la mejora de las 
condiciones económicas también puede cau sar un aumento de la morosidad de 
algunas empresas porque tienen más oportunidades de inversión y, en 
consecuencia, necesitan más financiación.  
ES 3   ES 3) El acceso a la financiación y las restri cciones presupuestarias: la disponibilidad 
de crédito, la política monetaria, la transmisión y la naturaleza de la 
información relativa al crédito, la situación de la empresa en cuanto a liquidez y la puesta a disposición de recursos fina ncieros por parte de los bancos pueden 
influir también en la morosidad, especial mente de las empresas para las que el 
crédito es sustitutivo de la financiación por parte de los proveedores. Bastantes empresas y poderes públicos deudores consideran la morosidad una forma 
eficaz y barata de financiar sus propios  negocios y actividades. Para los 
poderes públicos, la morosidad es ta mbién una forma fácil, pero sin 
justificación, de salvar las limitaci ones presupuestarias retrasando algunos 
pagos hasta el ejercicio presupuestario siguiente. 
4) La organización interna de los acree dores y los deudores: las prácticas de 
gestión financiera de los deudores (incluidos los poderes públicos) y las 
prácticas de gestión del cr édito de los acreedores, así como la calidad de sus 
productos y servicios y de sus servicios de postventa, son factores importantes para (evitar) la morosidad. Los acree dores en operaciones comerciales y, de 
manera específica, las PYME, no tienen necesariamente sistemas adecuados de gestión del crédito para prevenir o gestionar los pagos con demora. 
5) La ausencia de soluciones efectivas  y eficientes: a pesar de la Directiva 
2000/35/CE, muchas empresas, en particul ar las PYME, no cobran intereses 
cuando tienen derecho a hacerlo. Para algunos acreedores, actuar contra la 
morosidad tiene un coste que no se ve compensado por los beneficios 
financieros obtenidos. En muchos casos, no es posible recupe rar los costes de 
los trámites adicionales. Las reclamaciones a los clientes morosos o el cobro de intereses por los pagos con demora gene ran gastos administrativos que muchas 
empresas prefieren evitar. Además, la cantidad final de los intereses legales 
que debe abonar un deudor solo se puede n calcular el día del pago real de la 
deuda, por lo que el acreedor debe esperar al pago antes de conocer 
exactamente el importe de los intereses que puede cobrar. Además, en la mayoría de los casos, el coste del cobro de intereses antes de la fecha de pago real no se vería compensado por los bene ficios financieros. Por todos estos 
motivos, las consecuencias negativas a la s que se expone el deudor en caso de 
morosidad son insuficientes para lograr  una mejora tangible de la puntualidad 
en los pagos. La morosidad resulta especi almente deplorable en el caso de los 
poderes públicos, que no están expuestos a las mismas limitaciones financieras que las empresas. Además, varias dispos iciones clave de la Directiva resultan 
confusas o difíciles de aplicar en la  práctica. Por ejemplo, caben varias 
interpretaciones del cálculo del tipo de interés aplicable, la definición de 
«costes de cobro» y la posibilidad de aplicar un interés compuesto.  
La morosidad en las operaciones come rciales tiene efectos importantes: 
• La morosidad tiene un coste significativo para las empresas acreedoras. En 
general, la morosidad da lugar a problem as de tesorería, costes financieros 
adicionales y pérdidas de oportunidades de  inversión y aumenta la incertidumbre 
en muchas empresas acreedoras, especialmente las PYME, sobre todo en 
momentos en que la financiación es cara y limitada. La consecuencia es que a 
menudo se ve comprometida su co mpetitividad y solvencia.  
ES 4   ES • Las empresas deudoras y los poderes públic os que no pagan dentro de los plazos 
se benefician de un crédito comercial gratuito. 
• La morosidad tiene un impacto negativo en  el comercio intracomunitario. En la 
mayoría de los Estados miembros, las empres as consideran que la venta de bienes 
y servicios a empresas y administracione s en otros Estados miembros conlleva 
mayor riesgo de morosidad. Entre otros f actores, este mayor riesgo de morosidad 
disuade a las empresas de vender producto s y servicios en otros Estados miembros 
porque aumenta la incertidumbre y el cost e de sus negocios. Los plazos de pago 
muy largos en los contratos públicos y la morosidad de los poderes públicos disuaden también a los agentes económicos de participar en los procedimientos de 
contratación pública. Ello, a su vez, re duce las posibilidades de que los poderes 
públicos obtengan la opción más re ntable para el contribuyente. 
2. O
BJETIVOS  
En última instancia, cualquier iniciativa comunitaria para resolver el problema de la 
morosidad debe: 
• conducir a la consecución de los grande s objetivos globales  en materia de 
competitividad establecidos en la Asociación de Lisboa renovada para el 
crecimiento y el empleo1; 
• reducir significativamente la carga admi nistrativa de las empresas, mejorar su 
tesorería y ayudar a más personas a convert irse en empresarios, de acuerdo con 
los principios de la Small Business Act2; 
• facilitar el buen funcionamiento y la realización del mercado interior  mediante la 
eliminación de las barreras a las operaci ones comerciales transfronterizas.  
La iniciativa da también un impulso pa ra superar la actual crisis económica 
contribuyendo a la aplicación del Plan Europeo de Recuperación Económica3 y 
mejorando la tesorería de las empresas pa ra potenciar la competitividad de las 
empresas europeas a largo plazo. 
Concretamente, ello se traduce en los si guientes objetivos oper ativos paralelos: 
1) Confrontar a los deudores con medidas que los disuadan efectivamente de la 
morosidad; y  
                                                 
1 Comunicación de la Comisión: Trabaj ando juntos por el crecimiento y el empleo. Relanzamiento de la 
estrategia de Lisboa, COM(2005) 24. 
2 Según la Comunicación de la Comisión al Consejo,  al Parlamento Europeo,  al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones «Pen sar primero a pequeña escala» «Small Business Act» 
para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas, COM(2008) 394 final, de 25 de junio de 
2008, facilitar el acceso de las PYME a la financiaci ón y desarrollar un marco jurídico y empresarial 
que propicie la puntualidad de los pagos en las tr ansacciones comerciales constituyen uno de los diez 
principios por los que se rigen la elaboración y la  aplicación de las políticas sobre las PYME, tanto a 
escala de la UE como de los Estados miembros. 
3 COM(2008) 800 de 26.11.2008. 
ES 5   ES 2) Ofrecer medidas a los acreedores que les permitan ejercer plena y eficazmente 
sus derechos cuando cobran con demora. 
3. OPCIONES POLÍTICAS  
Además de la opción de base, se examinaron las siguientes: 
– Opción 2a (no legislativa): la organizac ión de actividades de sensibilización 
orientadas a las empresas; 
– Opción 2b (no legislativa): la organizaci ón de actividades de sensibilización 
orientadas a organizaciones que representen a las PYME; 
– Opción 2c (no legislativa) : la publicación de información sobre los morosos; 
– Opción 3a (legislativa): la armonizaci ón total de los periodos de pago; 
– Opción 3b (legislativa): el aumento del «margen» del tipo de interés; 
– Opción 3c (legislativa): la supr esión del umbral de 5 EUR; 
– Opción 3d (legislativa): la introducción de  una «tasa por demora en el pago»; 
– Opción 3e (legislativa): la introducción de una «compensación por demora en el 
pago»; 
– Opción 3f (legislativa): el refuerzo del pa pel de las organizaciones representativas. 
Varias opciones, como la derogación de la  Directiva 2000/35/CE o la creación de un 
fondo europeo destinado a financiar a las PYME sin coste alguno y basado en cuentas por cobrar, se descar taron en una fase temprana del estudio de las opciones. 
4. A
NÁLISIS DE IMPACTO  
Cabe señalar que, para algunos aspectos importantes de las tres primeras causas de 
este problema determinadas en la sección 1, la UE no tiene necesariamente facultad 
para actuar. Los Estados miembros deben tratar algunos problemas relacionados con 
la estructura de los mercados nacionales o regionales puesto que, en lo que respecta 
al ciclo económico, la mayor ía de los instrumentos de  política económica están en 
sus manos y no es posible enc ontrar a nivel de la UE una solución global para todas 
las causas del problema.  
Por otra parte, la Directiva es un instru mento optativo para los agentes económicos 
en la medida en que no los obliga a reclam ar intereses de demora. La Directiva se 
aplica también a un campo en el que muchos otros factores pueden influir en la puntualidad de los pagos en las operaciones entre empresas. Las nuevas normas de la 
UE que entraron en vigor recientemente o que se aplicarán próxi mamente reformarán 
el marco regulador aplicable al proceso de pago y las dema ndas judiciales destinadas 
a obtener el pago de operaciones comerciales transfronterizas dent ro de la UE. Es 
difícil tener en cuenta los efectos de la in terconexión y los efectos  indirectos en la 
hipótesis de base. Por ello, solo es posible dar estimaciones cuantitativas 
ES 6   ES aproximadas del posible impacto económico  y social que tendrá cualquier opción 
concreta. En consecuencia, el análisis es principalmente cualitativo. Cabe señalar que 
ninguna de las opciones tendría un impacto en  el medio ambiente ni consecuencias 
para terceros países.  
Algunas causas de los problemas respecto de los cuales la UE no tiene capacidad de 
acción influirán, no obstante, en la aplicaci ón de otras opciones. Por ejemplo, la 
estructura del mercado y la posición de un agente económico en un mercado 
determinarán en gran medida su disposic ión a actuar contra un deudor moroso y a 
correr el riesgo de dañar una relación prof esional que puede representar miles de 
euros. Por tal motivo, si bien es posible hacer una estimación cuantitativa del impacto de las distintas opciones, es di fícil hacer un pronóstico fiable del efecto 
económico global de la propuest a y, por tanto, es imposib le hacer una evaluación 
cuantitativa de las consecue ncias sociales directas.  
Las opciones políticas se evalúan respecto  a la opción de base en términos de 
eficacia, eficiencia y coherencia: 
Comparación general de las opciones  
Opción  Eficacia  Eficiencia  Coherencia  
Opción 2a  (no 
legislativa): 
organización de actividades de 
sensibilización 
orientadas a las empresas
 No: no tiene ningún 
impacto en los deudores 
y tiene un impacto mínimo en los 
acreedores.
 No: requiere excesivos 
recursos para un 
resultado muy incierto.  Sí: no se han detectado 
consecuencias negativas 
en otros ámbitos.  
Opción 2b  (no 
legislativa): 
organización de actividades de 
sensibilización 
orientadas a 
organizaciones 
que representen a las PYME
 No: es poco probable 
que se alcancen los 
objetivos.  Sí: el coste 
presupuestario es 
bastante bajo para la UE. No hay ningún otro 
coste.
 Sí: no se han detectado 
consecuencias negativas 
en otros ámbitos.  
Opción 2c (no 
legislativa): 
publicación de información 
sobre los 
morosos
 Dudoso:  puede tener un 
efecto preventivo en los 
acreedores pero su puesta en práctica 
conlleva muchos 
inconvenientes prácticos.No: tiene un coste 
administrativo muy 
elevado para las empresas.
 Sí: no se han detectado 
consecuencias negativas 
en otros ámbitos.  
Opción 3a/1  
(legislativa): 
armonización de 
los periodos de pago entre las 
empresas
 Sí: es probable que 
reduzca la morosidad al 
acortar los plazos de 
pago contractuales.  No: entraña 
considerables costes de 
cumplimiento y 
adaptación.  No: se pierde libertad 
contractual al quitar a las 
empresas la posibilidad 
de competir mediante los plazos de pago que 
conceden a sus clientes. 
Ello puede, a su vez, incrementar la presión 
en otros ámbitos de la 
negociación contractual 
en los que las grandes 
empresas pueden seguir influyendo de manera 
significativa en los 
ES 7   ES pequeños proveedores  
Opción 3a/2  
(legislativa): 
armonización de 
los plazos de pago de los 
poderes públicos 
a las empresas
 Sí: no debe haber miedo 
a dañar la relación 
comercial con el cliente 
en los contratos celebrados con las 
autoridades nacionales 
que tienen que seguir procedimientos estándar 
y transparentes. Además, 
el plazo de pago no suele 
ser un aspecto 
negociable de un contrato concedido por 
los poderes públicos. No 
obstante, debe preverse una sanción 
suficientemente elevada 
en caso de morosidad.
 Sí: un adelanto de los 
pagos por parte de las 
autoridades nacionales 
tendría para estas un impacto presupuestario 
bastante limitado en 
comparación con la liquidez adicional que 
generaría para las 
empresas. 
 Sí: no se han detectado 
consecuencias negativas 
en otros ámbitos.  
Opción 3b  
(legislativa): 
aumento del 
«margen» del tipo de interés 
 Dudoso:  los interesados 
parecen satisfechos con 
el actual «margen» del 
tipo de interés. Las empresas ya pueden 
negociar la aplicación de 
un tipo de interés más alto en el contrato o 
incluirlo en sus 
condiciones comerciales. Las normas actuales 
permiten a los Estados 
miembros establecer un 
«margen» del tipo de 
interés mínimo más alto en su legislación 
nacional.
 Dudoso:  esta opción 
podría reforzar la 
posición de las empresas 
más grandes o más fuertes puesto que 
reforzaría la posición 
negociadora de las empresas que piden un 
descuento por anticipar 
el pago.
 Sí: no se han detectado 
consecuencias negativas 
en otros ámbitos.  
Opción 3c  
(legislativa): 
supresión del 
umbral de 
5 EUR  Sí: para las pequeñas 
transacciones si van acompañadas de otras 
medidas que hagan que 
sea económico cobrar las cantidades pendientes de 
pago.
 Sí: especialmente para 
las PYME. No se han detectado costes 
presupuestarios, de 
transacción ni de cumplimiento.
 Sí: no se han detectado 
consecuencias negativas en otros ámbitos. 
 
Opción 3d  
(legislativa): la 
introducción de 
una «tasa por 
demora en el pago»
 Sí: permitiría a las 
empresas recuperar los costes de transacción 
derivados de la 
reclamación de los pagos y cobrar intereses de 
demora en los pagos, 
con lo que los acreedores dejarían de cobrar 
intereses únicamente por 
motivos comerciales. 
 Sí: Los costes 
(principalmente costes de transacción) son 
redistributivos. No hay 
ningún coste presupuestario o de 
cumplimiento.
 Sí: no se han detectado 
consecuencias negativas en otros ámbitos. 
 
Opción 3e  
(legislativa): 
introducción de una 
«compensación 
por demora en el Sí: tiene un fuerte efecto 
de disuasión en los 
deudores, proporcional a la cuantía de la 
demanda, puesto que el 
coste afrontado por el Sí: Los costes 
(principalmente costes 
de transacción) son redistributivos. El 
cumplimiento no entraña 
ningún coste. Los costes Sí: no se han detectado 
consecuencias negativas 
en otros ámbitos. 
 
ES 8   ES pago»  deudor superaría al 
ahorro obtenido en 
forma de crédito 
comercial gratuito. También constituye un 
buen incentivo para que 
los acreedores reclamen el pago y el interés.
 presupuestarios están justificados si tenemos 
en cuenta el daño 
causado a las empresas y son proporcionales al 
cumplimiento.
 
Opción 3f 
(legislativa): 
extensión del 
papel de las 
organizaciones representativas
 Dudoso:  estas 
organizaciones pueden 
no disponer de los 
recursos suficientes para 
hacer frente a las cargas administrativas y los 
riesgos financieros de la 
legislación en materia de morosidad. Cabe 
también la posibilidad de 
que no puedan interponer una demanda 
debido a un conflicto de 
intereses, por ejemplo si la organización tiene 
como miembros tanto al 
acreedor como al deudor. 
 Sí: si se adoptan 
medidas para reducir el 
coste de la interposición 
de una demanda y el 
correspondiente riesgo financiero (opciones 3c, 
3d y 3e).
 Sí: no se han detectado 
consecuencias negativas 
en otros ámbitos.  
Este análisis de impacto muestra que, en  las transacciones entre empresas, las 
opciones 3a/2, 3c, 3d y 3e cumplen los criter ios de eficacia, eficiencia y coherencia. 
Las otras opciones no cumplen al menos un criterio:  
Valoración de las opciones  
Opción  Eficacia  Eficiencia  Coherencia  
OPCIÓN RECOMENDADA  
Opción 3a/2  (legislativa): armonización 
de los plazos de pago de los poderes 
públicos a las empresas  Sí Sí Sí 
Opción 3c  (legislativa): supresión del 
umbral de 5 EUR  Sí Sí Sí 
Opción 3d  (legislativa): introducción de 
una «tasa por demora en el pago»  Sí Sí Sí 
Opción 3e  (legislativa): introducción de 
una «compensación por demora en el pago»
 Sí Sí Sí 
OPCIONES QUE NO SE RECOMIENDAN  
Opción 3b  (legislativa): aumento del 
«margen» del tipo de interés  Dudoso  Dudoso  Sí 
Opción 3f (legislativa): extensión del 
papel de las organizaciones representativas
 Dudoso  Sí Sí 
Opción 3a/1  (legislativa): armonización 
de los periodos de pago entre las 
empresas  Sí No No 
Opción 2a  (no legislativa): organización 
de actividades de sensibilización 
orientadas a las empresas  No No Sí 
ES 9   ES Opción 2b  (no legislativa): organización 
de actividades de sensibilización 
orientadas a organizaciones que 
representen a las PYME  No Sí Sí 
Opción 2c (no legislativa): publicación 
de información sobre los morosos  Dudoso  No Sí 
La poción 2c es la única que puede acarrear costes administrativos significativos para 
las empresas. Según un cálculo aproximado, los costes administrativos de dicha 
opción ascenderían a 25 300 millones EUR para las PYME y 86,1 millones EUR 
para las grandes empresas.