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La Comisión insistió en la inclusión de la norma de las «tres ofertas» en aras de una gestión financiera sana. Estas tres ofertas deben ser razonablemente comparables. Sin embargo, este sistema no es en modo alguno similar a la licitación pública. El beneficiario retiene una opción libre del proveedor. En ciertas circunstancias puede ser difícil obtener tres ofertas exactamente comparables. Por ejemplo la elección de la maquinaria se hace a menudo sobre la base de la información relativa a las calidades y los precios, que puede obtenerse de diversas fuentes (ferias agrícolas, seminarios regionales, contactos directos con proveedores). Otros problemas que puede influir la opción son experiencias previas adquiridas con una marca particular, la distancia al apartado más cercano de reparación o servicio, tiempo de reacción, el precio de recambios después del vencimiento del período de garantía. La regla para someter tres ofertas puede proporcionar la prueba de que los beneficiarios finales han buscado para por lo menos tres alternativas sobre las que se ha tomado una decisión. La cuestión del «coste» sólo es uno de los elementos que hay que tener en cuenta en el principio de la buena gestión financiera. En este análisis intervienen tanto la calidad de los bienes comprados y los servicios prestados como la obtención de resultados esperados en relación a los costes. La Comisión considera que el poder disponer de un servio post venta adecuado, aunque en sí esté excluido de la prefinanciación, contribuye al mantenimiento de la inversión financiada y constituye una justificación aceptable para la elección del suministrador. En el caso de los beneficiarios privados, la Comisión considera que, por encima del sistema de tres ofertas de precios, el hecho de que aquéllos deben hacer frente a una parte de la inversión contribuye también a aunar los criterios de ahorro y de coste/eficacia. Las constataciones hechas por el Tribunal no se refieren a la admisibilidad de facturas infladas, a saber, una factura en la que el precio pagado es exagerado en relación con el valor del bien o del servicio prestado, lo cual no es el caso que nos ocupa. Las auditorías de conformidad realizadas por la Comisión revelaron que se ha hecho la comparación a precios de referencia, por lo menos hasta cierto apartado, en Bulgaria, Letonia, Eslovenia y la República Checa. En los países en donde esto no se hizo la Comisión ha hecho recomendaciones apropiadas. Las ofertas no necesitan ser enteramente comparables en el caso de compras privadas. Esto no significa que sean de poco valor. Sin embargo, la Comisión concuerda con el Tribunal que siempre se debe recibir una justificación y examinarse si el beneficiario no selecciona la oferta más barata. Cuando se vio que este procedimiento no existía en absoluto o en parte se hicieron recomendaciones para subsanarlo. Sin embargo, en la mayoría de los casos la Comisión ha obtenido pruebas de que se dan justificaciones si no se elige la oferta más barata. Recomendará que esto se haga sistemáticamente por Sapard. En Bulgaria, el Tribunal ha identificado un caso en que los costes generales excedieron de 10 000 euros sin tres ofertas. Como se ha señalado anteriormente, este caso está sujeto al examen en el procedimiento de liquidación de cuentas. Sobre la base del examen detallado de pagos en ocho países Sapard hasta ahora, la Comisión no ha encontrado fallos generales del sistema del control y de gestión Sapard.