Por último, cabe subrayar que el carácter específico del alcance del MCV no aconseja efectuar vínculos directos con otros campos de actuación. Por consiguiente, la Comisión no considera que sea apropiado vincular el MCV a decisiones en otros campos, como la elegibilidad para beneficiarse de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos o el acceso al Espacio Schengen.

A este respecto, es importante dejar claro cuál es el alcance del MCV. En las Decisiones que establecen el MCV se indican los parámetros del alcance del MCV en cuanto a la reforma judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Estos parámetros determinarán cuándo se cumplen los requisitos. No obstante, el ritmo y la profundidad de la reforma se ha visto condicionada necesariamente por el entorno en que pueden evolucionar las cuestiones específicas abordadas por el MCV, las características de la sociedad búlgara y su gobernanza. Por ejemplo, sigue en curso la labor de desarrollo de capacidad administrativa de los últimos años, lo que ha tenido consecuencias en el proceso de reformas. El proceso legislativo búlgaro no ha proporcionado un entorno previsible. El entorno mediático búlgaro se suele caracterizar por una escasa independendencia y una utilización ineficaz de los estándares periodísticos, lo que influye negativamente en el debate público de las reformas. Si bien estas cuestiones están fuera del ámbito del MCV, tienen efectos directos en la capacidad de llevar a cabo las reformas y han dificultado los avances por parte de Bulgaria.

En lo que se refiere a los procesos penales, los avances han sido menores, y queda pendiente abordar retos importantes. Pese a las notables mejoras logradas en los años posteriores a la adhesión de la UE, los procesos penales en Bulgaria continúan planteando graves problemas para el enjuiciamiento de asuntos complejos, que incluyen los relacionados con la corrupción de alto nivel y la gran delincuencia organizada. A lo largo de los años, se han ido detectando una serie de problemas concretos, algunos de los cuales han sido objeto de una actuación legislativa. Sin embargo, el formalismo de los procesos penales sigue siendo un reto para el sistema jurídico búlgaro. Recientemente se han elaborado propuestas legislativas, algunas de las cuales, en combinación con medidas organizativas apropiadas, pueden tener repercusiones importantes.

Por otra parte, se considera que el código penal es una fuente de problemas a la hora de perseguir los delitos graves y ha sido objeto de continuos debates en los sucesivos gobiernos . En 2015, el Gobierno puso en marcha un nuevo proceso de reflexión sobre una reforma más amplia del ámbito penal, que se impulsó en 2016 con un proyecto de asistencia técnica en el que participaron expertos independientes. Se trata de una reforma global, que precisará de un análisis y una preparación minuciosos y para la que se consultará ampliamente a las profesiones judiciales y jurídicas. Parece evidente que cualquier reforma general del Código Penal será un proceso de largo plazo. No obstante, tal proceso no excluirá la realización de cambios más inmediatos que podrían repercutir positivamente en la persecución de la corrupción o de la delincuencia organizada. Globalmente, Bulgaria ha realizado algunos avances respecto al segundo indicador, pero quedan pendientes cuestiones importantes, sobre todo en cuanto al tratamiento de la cuestión de los procedimientos penales formalistas y a la mejora del marco jurídico de investigación y persecución de la corrupción y de la delincuencia organizada.

Reforma continuada del poder judicial

El tercer indicador se refiere a la reforma del poder judicial a fin de mejorar su profesionalidad, rendición de cuentas y eficiencia. La perspectiva de diez años ha mostrado claramente la dificultad para avanzar si los jueces o los fiscales no llegan a un consenso. A lo largo de los años, se han conseguido grandes avances en varios ámbitos, incluidos la formación de los magistrados, la asignación aleatoria de los asuntos a los tribunales y el análisis de la carga de trabajo de los órganos judiciales y los distintos magistrados. También se han tomado medidas en ámbitos como la justicia electrónica. La voluntad de los magistrados (y de la sociedad civil) de pronunciarse a favor de las reformas ha sido un factor clave para facilitar estos progresos. Sin embargo, ha resultado difícil adoptar decisiones en ámbitos sensibles como la reestructuración de los tribunales y las fiscalías como parte de una reforma general del mapa judicial. Si bien las decisiones de gestión sensibles (como la reasignación de los puestos cada año) han contribuido en cierta manera a colmar esas lagunas, el Consejo Supremo Judicial no ha podido o no ha querido llevar adelante las reformas en estos ámbitos, lo que ha contribuido a un desequilibrio de la carga de trabajo para los tribunales más grandes del país, con un impacto negativo en los resultados globales del sistema judicial búlgaro.

La reforma de la fiscalía es otro campo que ha resultado ser muy sensible y complejo en Bulgaria. La fiscalía búlgara forma parte del poder judicial y es independiente del poder ejecutivo. Al mismo tiempo, desempeña un papel central no solo en los procedimientos penales sino también en el seguimiento y la administración más generales. Esta falta de distinción entre sus funciones y el poder ejecutivo tiende a agudizar las sospechas de influencia indebida y críticas de falta de un historial convincente de sentencias en casos de corrupción de alto nivel o de gran delincuencia organizada. En los últimos diez años, el servicio de la fiscalía ha celebrado varias rondas de reorganización, y se han adoptado medidas legislativas o de otro tipo para mejorar su eficacia.

Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, los resultados alcanzados ponen de manifiesto que quedan importantes retos. Este fue el contexto de la decisión búlgara de 2016 de pedir la asistencia del Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales (SRSS) y de expertos de varios otros Estados miembros para un proyecto de presentación de un análisis independiente de la fiscalía búlgara. Este análisis se suma a análisis anteriores realizados durante años. Bulgaria todavía debe sacar conclusiones de todos estos análisis y decidir cómo avanzar en esta importante cuestión. Globalmente, si bien Bulgaria ha vuelto a conseguir algunos avances en cuanto al tercer indicador, todavía queda mucho por hacer.

2.2 Corrupción

Los indicadores cuarto y quinto se refieren a la lucha contra la corrupción, tanto la corrupción de alto nivel como la corrupción más general, en especial a nivel local y en las fronteras. En ambos ámbitos, la perspectiva de diez años expone los retos que ha afrontado Bulgaria en sus esfuerzos por ir estableciendo lentamente las leyes e instituciones necesarias para superar la falta de credibilidad evidente por parte de la opinión pública búlgara. Hasta ahora, Bulgaria presenta un balance muy limitado de asuntos concretos que han recibido una sentencia en los tribunales en cuanto a la corrupción de alto nivel, que es el modo más claro de demostrar que la lucha contra la corrupción es una auténtica prioridad. Bulgaria sigue situándose entre los Estados miembros de la UE con el nivel percibido de corrupción más alto, y los ciudadanos y las empresas siguen considerando que la corrupción es un problema importante. Los escándalos de alto nivel, como el que afectó a la Comisión de Conflictos de Intereses en 2013, no son objeto de un seguimiento claro y decidido. Los problemas se han analizado de manera profunda a lo largo de los años, y las posibles explicaciones incluyen el carácter antiguo de las disposiciones del código penal, la falta de capacidad en las instituciones clave, la desorganización o fragmentación de las estructuras y la complejidad de los procedimientos: el tratamiento de estos problemas requiere tiempo, compromiso y determinación. En los primeros años posteriores a la adhesión, Bulgaria adoptó una serie de medidas legislativas e institucionales para atajar la corrupción. Sin embargo, si bien los primeros resultados parecían prometedores en algunos aspectos, los esfuerzos no produjeron los cambios drásticos necesarios en la lucha contra la corrupción. El Gobierno realizó un esfuerzo adicional en 2015 y 2016, centrado en la creación de una agencia unificada contra la corrupción con facultades para llevar a cabo investigaciones administrativas y examinar los conflictos de intereses y las propiedades personales de los funcionarios de alto nivel. No obstante, la ley contra la corrupción diseñada para establecer ese órgano no obtuvo el consenso necesario en el Parlamento, lo que reflejó una falta general de consenso político que apoyara los esfuerzos realizados.

El marco institucional general de lucha contra la corrupción en Bulgaria sigue estando fragmentado, por lo que es muy poco efectivo. En consecuencia, siguen siendo un reto los problemas generalizados de corrupción en niveles más bajos de la Administración Pública. La estrategia del Gobierno de 2015 contra la corrupción aportó un análisis valioso de los problemas, pero la aplicación de esta estrategia no está más que en una fase temprana. Globalmente, los avances de Bulgaria hacia el cumplimiento de los indicadores cuarto y quinto han sido limitados: siguen pendientes retos importantes en lo que se refiere al marco institucional y jurídico y al establecimiento de un historial.

2.3 Delincuencia organizada

El último indicador se refiere a la lucha contra la delincuencia organizada. La creación de este indicador se debió, en parte, al predominio en la Bulgaria de la postransición de grandes y poderosos grupos de delincuencia organizada, con elevados niveles de violencia. Las autoridades búlgaras observan una evolución desde la adhesión: actualmente la estructura de la delincuencia organizada está más fragmentada, y la situación es más comparable con la existente en algunos otros Estados miembros. No obstante, para cumplir este indicador, Bulgaria debe demostrar que sus autoridades policiales y judiciales tienen la capacidad de luchar eficazmente contra la delincuencia organizada y de obtener resultados en este campo. En los últimos años, Bulgaria ha realizado cambios importantes, sobre todo el establecimiento en 2012 de un tribunal y una fiscalía especializados en el ámbito de la delincuencia organizada y una Comisión de Decomiso de Activos con el mandato de decomisar los activos ilícitos no relacionados con sentencias condenatorias. La Comisión, en particular, ha obtenido un balance de resultados que muestra la importancia que se ha dado a la incorporación de este aspecto de la reforma. Sin embargo, Bulgaria ha actuado con lentitud a la hora de conseguir resultados en términos de condenas firmes en asuntos de delincuencia organizada grave. En los últimos años, las decisiones políticas de reorganización de las autoridades principales de investigación de la delincuencia organizada han interrumpido sus progresos, lo que ha ido en detrimento de los resultados. Actualmente la situación se ha estabilizado, aunque recientemente se ha acordado realizar un cambio más, consistente en la ampliación de las competencias de la Dirección de Lucha contra la Delincuencia Organizada (GDBOB) a la corrupción, la delincuencia informática y el tráfico ilícito de migrantes, lo que permite intervenir antes en las investigaciones de delitos. En consecuencia, el marco institucional actual precisa de más tiempo para crear un historial de actuación. Además, como se ha señalado anteriormente, la persecución efectiva de la delincuencia organizada continúa estando obstaculizada por un marco jurídico formalista. Globalmente, Bulgaria ha realizado avances notables en cuanto al sexto indicador, si bien sigue habiendo retos.

3. MEDIDAS ESENCIALES PENDIENTES

Globalmente, la perspectiva de diez años pone de manifiesto que los sucesivos gobiernos y las instituciones judiciales han realizado grandes esfuerzos. Ha habido cambios legislativos e institucionales importantes, sobre todo en el ámbito judicial. No obstante, los progresos efectivos en la plasmación de esa evolución en resultados han sido más lentos de lo esperado cuando se puso en marcha el MCV, habiéndose dado casos de reticencia a seguir las recomendaciones del MCV en cuanto a la necesidad de colaboración entre instituciones para determinar las deficiencias comunes y aplicar soluciones comunes. Es preciso proseguir las reformas y reforzar las estructuras internas para garantizar el cumplimiento satisfactorio e irreversible de los indicadores. Por consiguiente, en el presente apartado se exponen las medidas restantes que son necesarias para alcanzar los objetivos del MCV.

3.1 Reforma judicial

Independencia y rendición de cuentas del poder judicial

Como se ha reconocido en informes recientes, la estrategia de reforma judicial adoptada por el Gobierno en 2014 y aprobada por la Asamblea Nacional a principios de 2015 proporcionó un plan director para la reforma del poder judicial búlgaro. Desde entonces, el Gobierno ha adoptado medidas al respecto en una serie de áreas. Las más importantes de ellas, a saber, las modificaciones de la Constitución, aprobadas en diciembre de 2015 e incorporadas en forma de modificaciones legislativas de la Ley de Sistemas Judiciales y de procedimientos internos en 2016, representan un paso importante hacia un mejor funcionamiento del Consejo Judicial Supremo (SJC) y el cumplimiento del primer indicador. Si bien el texto de dicho indicador se refiere a las modificaciones constitucionales, la garantía plena de la independencia y la rendición de cuentas del sistema judicial solo se puede evaluar a la luz de la aplicación en la práctica de dichas modificaciones.

El Consejo Judicial Supremo es la institución principal encargada del poder judicial búlgaro, y la consecución de resultados concretos en la reforma judicial depende en gran medida de un SJC que funcione bien, tanto en términos de profesionalidad como de transparencia. Su labor es fundamental para determinar si el sistema judicial inspira respeto y garantizar a la ciudadanía que se defiende la independencia judicial. Ello debe ir acompañado de un compromiso más amplio de todos los agentes estatales en que haya independencia judicial y cooperación leal entre instituciones. Es esencial un entorno de trabajo no político y profesional dentro de esa institución que se centre en las prioridades de la reforma judicial. Las controversias y luchas internas que han dañado al SJC en los últimos años han alimentado las sospechas de influencias externas y afectado a la confianza pública en el poder judicial . Por lo tanto, una de las pruebas más significativas de 2017 será la elección del nuevo Consejo, tanto de los miembros designados de entre los magistrados como de los designados por el Parlamento. Será importante que esas elecciones se celebren, y se observe que se han celebrado, de modo abierto y transparente, tras un debate serio sobre los méritos de los candidatos respectivos. Acto seguido, el nuevo colegio elegido deberá conseguir resultados para dar muestras de toma de decisiones imparciales y profesionales en ámbitos clave.

Recomendación: Garantizar una elección transparente del futuro SJC, con una audiencia pública en la Asamblea Nacional antes de la elección de los miembros del cupo parlamentario y dando a la sociedad civil la posibilidad de formular observaciones sobre los candidatos.

Una de las funciones principales del SJC es nombrar a los presidentes de los tribunales y las fiscalías y a los presidentes de los tres órganos más importantes del sistema judicial búlgaro, a saber, los presidentes de los dos tribunales supremos y el fiscal general. La medida en que esos nombramientos se realicen sobre la base de los méritos y de modo transparente será una indicación de la capacidad de esos órganos para actuar de manera profesional y transparente y ganarse la confianza de la sociedad en general en el poder judicial. Una elección especialmente importante que se realizará en 2017 será la del presidente del Tribunal Supremo Administrativo.

Recomendación: Establecer un historial de nombramientos transparentes y basados en los méritos para cargos judiciales de alto nivel, incluido el próximo nombramiento de un nuevo presidente del Tribunal Supremo Administrativo.