Se recibieron aportaciones de las principales partes interesadas a través de las respuestas a la consulta pública, las observaciones a la «convocatoria de datos» y la participación en los actos con las partes interesadas. Hubo una elevada participación de empresas de energía solar a todos los niveles (desde microempresas a grandes empresas) que representaban a diversos sectores tecnológicos de la energía solar (energía solar de concentración, energía solar fotovoltaica, energía solar térmica, etc.), así como de comunidades de energías renovables y ciudadanos implicados o interesados en la energía solar. Varias asociaciones de consumidores, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de investigación e innovación también formularon observaciones o comentarios. La participación de las autoridades públicas, tanto de ámbito nacional como local, fue limitada.

El presente documento debe considerarse únicamente un resumen de las contribuciones de las partes interesadas a través de este proceso de consulta. En ningún caso puede considerarse la posición oficial de la Comisión o de sus servicios, por lo que no es vinculante para la Comisión. Las respuestas a las actividades de consulta no pueden considerarse una muestra representativa de las opiniones de la población de la UE.

El objetivo de la consulta era recoger observaciones de los Estados miembros, las partes interesadas y la ciudadanía sobre el ámbito de aplicación y el contenido propuestos para la Estrategia, así como sobre elementos complementarios que esta debería incluir. Las principales partes interesadas destinatarias fueron autoridades públicas, empresas de energía solar —como los fabricantes de productos—, promotores de proyectos o empresas relacionadas con la integración de instalaciones solares —como los agregadores o proveedores de soluciones digitales, sin olvidar a las pymes—; comunidades de energía, asociaciones de consumidores; organizaciones no gubernamentales; organizaciones de investigación e innovación y particulares que producen o consumen energía solar o simplemente están interesados en ella.

El cuestionario de consulta pública atrajo a un total de 190 participantes, la mayoría de ellos empresas u organizaciones empresariales (55) y ciudadanos de la UE (52). El resto de los participantes representaban a instituciones educativas o de investigación (23), asociaciones empresariales (21), autoridades públicas (13), organizaciones no gubernamentales (8), organizaciones de consumidores (3), ciudadanos de terceros países (2), sindicatos (1) y otros (12). Además, 12 encuestados declararon que representaban a una comunidad de energía y 49 indicaron que representaban a uno o varios propietarios de producción de energía solar distribuida a pequeña escala.

La gran mayoría de las observaciones procedían de ciudadanos (266, incluidos 4 ciudadanos de terceros países) y empresas u organizaciones empresariales (58), organizaciones no gubernamentales (12), instituciones educativas o de investigación (5), agencias de investigación (1), sindicatos (3), autoridades públicas (3) y otros (7).

En cuanto a la «convocatoria de datos», 447 personas o entidades formularon observaciones. No obstante, en 92 casos se trataba de repeticiones y en 44 no se abordaba el tema objeto de la consulta. Por lo tanto, el número real de contribuciones sustanciales fue de 311.

El cuestionario de consulta pública constaba de un total de veintiséis preguntas, la mayoría de ellas de respuesta múltiple, aunque algunas eran preguntas abiertas. Las preguntas abarcaban tres temas principales: 1) acelerar el despliegue de proyectos de energía solar, 2) facilitar la integración de la producción de energía solar en el sistema, y 3) mejorar la sostenibilidad, la resiliencia, la competitividad, la innovación y la transparencia a lo largo de la cadena de valor de la energía solar. Cabe señalar que, de los 190 participantes, la mayoría no respondieron completamente a todas las preguntas.

Por lo que se refiere a los aspectos medioambientales, diversos participantes demandaban el refuerzo de las normas de sostenibilidad y la investigación en materia de reciclado y producción eficiente en el uso de los recursos (30). En cuanto al doble uso del espacio, muchos abogaban por la promoción de la energía agrovoltaica (34). Unos pocos participantes apoyaban la fabricación de paneles solares en la UE (Made in Europe) (18) como forma de garantizar que los productos fotovoltaicos instalados en la UE se ajusten a normas medioambientales estrictas y no se produzcan mediante trabajo forzoso, y de reforzar la resiliencia de la cadena de suministro.

La mayoría de los encuestados indicaron que no ofrecían servicios de flexibilidad al operador local de la red eléctrica (74 de los 122 participantes que respondieron). En cuanto a los obstáculos a la prestación de servicios de flexibilidad (por ejemplo, mediante la respuesta de la demanda) al operador local de la red eléctrica, el mayor número de encuestados (51) señaló que la ausencia de mercados locales o de posibilidades de negociación entre pares era el obstáculo más importante, seguido del control del mercado ejercido por grandes empresas de servicios públicos (38).

Por lo que se refiere a las medidas para facilitar la integración de la producción de energía solar en el sistema, aproximadamente 60 participantes no respondieron completamente a esta pregunta. El mayor número de encuestados (101) consideraba que los pequeños productores de energía solar deberían estar autorizados a vender tanto en el mercado mayorista como en el minorista.

En cuanto a los cambios normativos que serían beneficiosos para crear un marco más favorable a la capacidad fotovoltaica distribuida adicional en lugares distintos de los edificios, cerca de 60 participantes expusieron sus ideas. Las respuestas fueron bastante heterogéneas, pero algunos temas eran compartidos por unos pocos participantes, como el fomento del despliegue de la energía agrovoltaica mediante el desarrollo de un marco específico para ello, el aumento de las ayudas financieras (regímenes de apoyo, reducciones fiscales, etc.) o la simplificación y aceleración de los procedimientos de autorización.

Se preguntó a los productores agrícolas primarios, incluidos los agricultores y las asociaciones agrícolas, si habían invertido o tenían previsto invertir en energía solar en su explotación. De los 22 participantes, 10 respondieron afirmativamente y la mayoría de ellos (6) señalaron que formaba parte de un sistema de facturación/medición neta. La mayoría de los que no habían invertido o no tenían previsto invertir (12 en total) mencionaron la falta de financiación como principal motivo de su decisión (6).

Con el fin de animar a las autoridades públicas a instalar energía solar en los edificios o terrenos que poseen o arriendan, el mayor número de participantes (83) consideró que el establecimiento de objetivos para las instalaciones de energías renovables en los edificios públicos es el instrumento más adecuado, seguido por aquellos que se decantaban por mandatos jurídicos (69). Alrededor de 60 encuestados no respondieron completamente a esta pregunta.

Respecto a las instalaciones solares térmicas, el mayor número de participantes (32), teniendo en cuenta que alrededor de 100 no respondieron completamente a esta pregunta, apuntaron al marco regulador y de apoyo público, seguido por aquellos que señalaron las condiciones desfavorables para la conexión de las fuentes renovables al sistema de calefacción (30).

Los participantes también evaluaron los factores que impiden las instalaciones solares en zonas o instalaciones industriales. El mayor número (37), teniendo en cuenta que alrededor de 70 participantes no respondieron a esta pregunta, eligió el impacto del marco regulador y de apoyo en el modelo de negocio, seguido de la falta de visibilidad a largo plazo necesaria para tomar grandes decisiones de inversión, la falta de incentivos para utilizar más energías renovables y los problemas de conexión a la red (33 cada uno). Por otro lado, el bajo potencial de electrificación de las operaciones no se consideró un obstáculo, ya que el mayor número de participantes (54) lo clasificó como el factor negativo menos importante.

En lo tocante a los factores que impiden a las comunidades de energía desempeñar plenamente su papel en la generación, el uso compartido y la venta de energía solar, muchos encuestados no respondieron completamente (alrededor de 90). Entre los que sí lo hicieron, el mayor número de participantes (40) identificó como el principal factor los procedimientos de licitación de subvenciones rígidos y largos y, también 40, los procedimientos de autorización para crear comunidades de energía.

Los participantes también sopesaron la importancia de los factores que dificultan el despliegue de pequeñas instalaciones solares en edificios de una sola unidad. El mayor número de participantes (41) apuntó a la ausencia de remuneración o la baja remuneración por las ventas del excedente de electricidad producido. En el caso de las instalaciones en edificios multiunidad, el mayor número de participantes (41) eligió el marco reglamentario y de apoyo público como el factor negativo más importante, seguido del marco jurídico para la toma de decisiones en edificios de propiedad conjunta con tejados y fachadas de propiedad común (38). Alrededor de 40 encuestados no respondieron completamente a estas dos preguntas. Por otro lado, la mayoría de los participantes coincidieron en que, en ausencia de sistemas de medición/facturación neta, no habría incentivos para las pequeñas instalaciones y el mayor número de encuestados (32 de aproximadamente 100 participantes que respondieron a esta pregunta) señalaron que las tarifas de acceso a la red y los gravámenes aplicables son el factor negativo más importante.

La mayoría de los encuestados (102 de un total de 117 respuestas) coincidieron en que se debería permitir a los pequeños productores de energía solar vender tanto en el mercado mayorista como en el minorista. El mayor número de encuestados (51) señaló la ausencia de mercados locales, posibilidades de negociación entre pares, etc., como el principal obstáculo que impide dicha participación en el mercado. No obstante, alrededor de 100 participantes no puntuaron todos los obstáculos.

Hubo más encuestados que no habían instalado una batería para sus necesidades domésticas o empresariales que los que sí lo habían hecho (79 frente a 51). La principal razón de haberla instalado era adaptar mejor el consumo a la producción solar (37) y reducir la dependencia de la red (36); la mayoría de los que no lo habían hecho consideraban que era demasiado caro para el valor añadido que aporta (39). Por lo que se refiere a la comunicación de los sistemas solares fotovoltaicos distribuidos con la red, la mayoría de los participantes que respondieron consideraban que era necesario un formato común de datos (87 de 106 respuestas) y, en relación con la producción de esos datos, la mayoría de los participantes que respondieron pensaban que debería ser próxima a los intervalos de tiempo de los mercados de la electricidad o más cercana al tiempo real (78 de 99 respuestas).

En relación con las preguntas relacionadas con la cadena de valor, la mayoría de los participantes (entre 121 y 150) consideraba que sería pertinente aplicar medidas que exigieran una mayor transparencia y establecer requisitos cuantitativos (sobre la huella de carbono, la sostenibilidad medioambiental y las condiciones de empleo) para los productos o sistemas de energía solar vendidos en la UE. Una gran mayoría de los participantes (151) consideraba que la dependencia de la UE de productos y materiales importados en el sector de la energía solar crea vulnerabilidades o riesgos para acelerar el despliegue de la energía solar, y muchos participantes (142) veían probable que los retos de la cadena de suministro tuvieran un impacto sustancial en la disponibilidad de soluciones de energía solar rentables en el mercado de la UE a medio y largo plazo.

Cuando se les pidió que seleccionaran los principales factores que obstaculizan la capacidad de la UE para generar propiedad intelectual e innovación en relación con la cadena de valor de la energía solar, se seleccionó con mayor frecuencia la fabricación a gran escala limitada en la UE (99). En cuanto a los sectores de la cadena de suministro fotovoltaica con mayor potencial para aumentar la competitividad de la industria de la UE, los participantes señalaron mayoritariamente nuevas tecnologías, como la heterounión, la perovskita o las células en serie (66), pero también la producción de módulos (56) y células (55) y la fabricación de equipos (54). Por lo que respecta a las medidas que contribuirían a la sostenibilidad, la competitividad y la resiliencia de la cadena de valor de la energía solar de la UE, el mayor número de participantes (76) optó por el acceso a unas condiciones de financiación favorables como medida con mayor potencial, seguida de la puesta en marcha de un proceso de «proyectos importantes de interés común europeo» en el sector de la energía solar (69) y del apoyo al desarrollo de instalaciones de producción a gran escala, en particular mediante la concesión acelerada de autorizaciones (64).

Documentos de posición

La Comisión Europea recibió 35 documentos que contenían resúmenes o posiciones sobre la energía solar de diversas organizaciones, tales como administraciones públicas, empresas, gestores de redes de distribución y transporte, sector privado y asociaciones de ciudadanos. En gran medida, los mensajes enviados a través de este canal reiteraron los recibidos a través del cuestionario. Así pues, en esta sección se resumen las demandas formuladas en estos documentos que no se reflejan en el resumen anterior.

Un aspecto sobre el cual este canal proporcionó nuevas perspectivas fue las implicaciones sociales del despliegue de la energía solar, en términos de lucha contra la pobreza energética, apoyo al autoconsumo colectivo, tratamiento de las dificultades a las que se enfrentan los inquilinos para acceder a las energías renovables, etc. Las partes interesadas propusieron sistemas de apoyo dirigidos a los hogares con bajos ingresos que no puedan permitirse la inversión inicial necesaria para la instalación de energía solar o el establecimiento de mecanismos que incentiven tanto a los propietarios como a los arrendatarios. Con el fin de facilitar la instalación de energía solar en los edificios multiunidad, proponían revisar las normas para la toma de decisiones en estos edificios a fin de permitir que las decisiones se tomen de manera más rápida y sencilla, por ejemplo, por mayoría simple. Para promover el autoconsumo, las partes interesadas proponían garantizar que los prosumidores puedan cambiar de proveedor, lo que mejorará la competencia en la remuneración de la electricidad que aportan a la red; además, algunas solicitaban que esta remuneración fuera, como mínimo, tan elevada como el precio del mercado de la electricidad. La necesidad de que las pequeñas instalaciones participen plenamente en los mercados de la electricidad también se consideró indispensable para promover el despliegue descentralizado. Otras partes interesadas señalaron que, en algunos casos, el despliegue en los tejados está bloqueado por la normativa local sobre el aspecto exterior de los edificios y pidieron que se simplifiquen y acorten los trámites de autorización de tales instalaciones. También se reclamaba la eliminación de determinados impuestos en el caso del autoconsumo y el uso compartido de electricidad, así como la revisión de las tarifas de red para fomentar el despliegue descentralizado de la energía solar. También se subrayó la necesidad de aplicar plenamente la legislación vigente de la UE sobre comunidades de energías renovables.

Al mismo tiempo, muchas partes interesadas propusieron soluciones para favorecer el despliegue de instalaciones a gran escala, como un mecanismo a nivel nacional para identificar las zonas adecuadas, o flexibilidad en la aplicación de la legislación medioambiental, utilizando las excepciones existentes sobre la base del interés público. Paralelamente, un gran número de partes interesadas propuso abordar los obstáculos relacionados con el doble uso del espacio o las superficies de manera holística, abarcando normativa para diversos sectores, como la energía, por una parte, y la construcción, la agricultura, las infraestructuras, etc., por otra.

Algunas empresas de servicios públicos y Gobiernos nacionales también subrayaron que la Unión Europea debe respetar el derecho de los Estados miembros a decidir su política energética y abstenerse de proponer legislación adicional en este sector. Mientras tanto, las administraciones locales destacaron que las regiones ultraperiféricas de la UE dependen de sistemas energéticos aislados, a la vez que el artículo 349 del TFUE protege su soberanía energética. Esto se traduce en la necesidad de desarrollar tanto instalaciones de energía renovable como soluciones de almacenamiento. Los obstáculos existentes al despliegue del almacenamiento también fueron subrayados por otras partes interesadas.

Algunos sectores industriales utilizaron este canal para presentar sus demandas. Se expuso que el del calor solar necesitaba más apoyo, por ejemplo, de cara a la generalización de su aplicación para la descarbonización de algunos procesos industriales, en los que el potencial es grande, pero los avances son lentos. El sector de la energía solar de concentración se mostró especialmente activo y solicitó apoyo específico a las fuentes de energía renovables que proporcionan estabilidad de la red, incluida la energía solar de concentración.