Ahora más que nunca, la cooperación entre las administraciones tributarias de los Estados miembros es fundamental para atajar la elusión fiscal y la planificación fiscal agresiva. La legislación de la UE establece la cooperación administrativa entre las autoridades tributarias de los Estados miembros y prevé una serie de instrumentos que les ayudarán a cooperar en la recaudación de los ingresos que se les adeuden, incluido el intercambio de información. No obstante, la UE debe seguir reforzando la cooperación para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior en lo que respecta a los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Los nuevos requisitos de transparencia deben garantizar que se minimice la carga administrativa que pesa sobre las empresas. En principio, los grupos de empresas multinacionales de la UE no deberían estar obligados a presentar la información a todos los Estados miembros de la UE en los que operan, sino solo a las administraciones tributarias de su lugar de residencia. La Directiva obliga a los Estados miembros, una vez que hayan recibido el informe país por país, a compartir la información con los Estados miembros en los que, según la información recogida en el informe, las empresas del grupo de empresas multinacionales tienen su residencia a efectos fiscales o están sujetas al pago de impuestos en relación con la actividad desarrollada a través de un establecimiento permanente.

Tradicionalmente, las empresas han considerado la planificación fiscal una práctica legítima, porque les permite utilizar para reducir sus obligaciones tributarias fórmulas que son legales. En los últimos años, sin embargo, las estructuras de planificación fiscal se han vuelto cada vez más sofisticadas, trascendiendo las fronteras nacionales y haciendo posible trasladar los beneficios imponibles hacia países con regímenes fiscales más favorables. Esta forma «agresiva» de planificación fiscal puede revestir múltiples formas, por ejemplo aprovechar las especificidades técnicas de un determinado régimen tributario o las asimetrías entre dos o más regímenes para reducir o eludir las obligaciones fiscales. Entre sus consecuencias, cabe destacar las deducciones dobles (por ejemplo, se deduce el mismo gasto tanto en el Estado en que se genera el beneficio como en el de residencia) y la doble no imposición (por ejemplo, no se grava la renta ni en el Estado en que se genera el beneficio ni en el Estado de residencia del beneficiario).

•Subsidiariedad (por competencias no exclusivas)

Las modificaciones figuran en el artículo 1 de la propuesta. En particular:

La presente propuesta no es óbice para que la Comisión decida proponer en el futuro que se impongan a las empresas obligaciones de declaración pública.

La consulta pública de la Comisión sobre la transparencia fiscal brindó a las partes interesadas la posibilidad de comentar diferentes aspectos de la transparencia de las empresas, en particular atendiendo a la información comunicada país por país. Las posibles opciones presentadas se centraban principalmente en la comunicación pública de información por parte de las empresas, pero incluían asimismo el intercambio información entre las administraciones tributarias, como requiere la acción 13 BEPS. La Comisión recibió en total 422 respuestas, la mayoría de las cuales contenía propuestas útiles relativas a medidas de transparencia fiscal públicas o no públicas. En lo que respecta a la acción 13 BEPS, pese a la reticencia de las empresas a que las administraciones tributarias intercambien este tipo de información, la mayoría de los demás participantes se manifestaron a favor.

La mayoría de los Estados miembros son miembros de la OCDE y han participado en dilatadas y pormenorizadas discusiones sobre las acciones de lucha contra la BEPS, en particular sobre la elaboración de elementos técnicos, entre 2013 y 2015. La OCDE organizó amplias consultas públicas con las partes interesadas sobre cada una de las acciones de lucha contra la BEPS. Además, la Comisión ha debatido internamente y con expertos de la OCDE varios temas BEPS, en particular cuando ha tenido dudas sobre la compatibilidad de determinadas ideas o soluciones propuestas con la legislación de la UE.

3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, LAS CONSULTAS A LAS PARTES INTERESADAS Y LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

El problema concreto que se considera merecedor de una respuesta política es la falta de transparencia de las estructuras corporativas con incidencia transfronteriza y un importante nivel de actividad, que afecta negativamente, en particular, al buen funcionamiento del mercado interior. La respuesta política se dirige exclusivamente a los grupos de empresas multinacionales que operan en varios Estados, tanto dentro de la Unión Europea como fuera de ella. Así pues, la presente propuesta supone la respuesta más proporcionada a los problemas detectados. También se basa en el intercambio automático de información básica que permite que reciba información cada Estado miembro en el que opera la empresa. Por lo tanto, las modificaciones propuestas no van más allá de lo necesario para abordar las cuestiones planteadas y, de este modo, alcanzar los objetivos del Tratado de un funcionamiento adecuado y eficaz del mercado interior.

Por consiguiente, el acceso de los Estados miembros a la información país por país solo puede lograrse de manera efectiva mediante una acción a nivel de la Unión. El objetivo de garantizar que todos los Estados miembros reciban informes país por país no puede alcanzarse de manera suficiente mediante una actuación no coordinada llevada a cabo por cada Estado miembro de forma individual. Además, el intercambio de información que pudiera influir en las bases tributarias de más de un Estado miembro requiere un enfoque común y vinculante. Se debe tener en cuenta que, como los grupos de empresas multinacionales suelen operar en diferentes Estados miembros, el elemento transfronterizo es inherente a la acción propuesta.

Estados miembros

La presente Directiva está en consonancia con la evolución internacional a nivel de la OCDE y sus trabajos sobre el proyecto BEPS, en los que participan la mayoría de los Estados miembros de la UE. También ha participado de forma muy intensa la Comisión Europea y otras entidades y partes interesadas fueron consultadas ampliamente.

•Evaluación de impacto

Después de la publicación de su informe sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios a principios de 2013 y del refrendo del denominado Plan de acción BEPS por los líderes del G-20 en septiembre de 2013, la OCDE se embarcó en un período de dos años de intensos trabajos que culminó con la entrega de trece informes, en noviembre de 2015. Estos informes establecieron estándares internacionales nuevos o reforzados, así como medidas concretas tendentes a ayudar a los países a atajar la BEPS. En este marco, los miembros de la OCDE/del G-20 se han comprometido en favor de este paquete integral y de su implementación coherente.

Muchos Estados miembros, en su calidad de miembros de la OCDE, han emprendido, en algunos ámbitos con gran celeridad, la transposición de los resultados del proyecto BEPS en sus legislaciones nacionales. A la vista de lo expuesto, es esencial avanzar rápidamente en la adopción acordada de normas para la coordinación de la implementación de las conclusiones sobre BEPS en la UE. Habida cuenta del gran riesgo de fragmentación del mercado interior que resultaría posiblemente de acciones unilaterales descoordinadas de los Estados miembros, la Comisión avanza en esta propuesta soluciones para alcanzar un cierto grado de uniformidad en la implementación de la acción 13 BEPS en toda la UE.

La Comisión ha hecho todo lo posible por responder simultáneamente a la urgencia de actuar y al imperativo de evitar poner en peligro el funcionamiento del mercado interior ya sea por medidas unilaterales adoptadas por los Estados miembros (miembros o no de la OCDE) actuando por su cuenta, o por la falta de acción por parte de otros Estados miembros. También se estudió la posibilidad de proponer normas no vinculantes, pero esta opción se descartó por no ser apropiada para asegurar un enfoque coordinado.

Para aportar análisis y datos actualizados, un documento de trabajo separado de los servicios de la Comisión que acompaña a la propuesta presenta un amplio panorama de las obras académicas y datos económicos actuales en el ámbito de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Este panorama se basa en estudios recientes, entre otros, de la OCDE, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. El documento de trabajo destaca los motores y mecanismos más comunes detectados que, según los informes de la OCDE, están vinculados a la planificación fiscal agresiva. Resume las conclusiones de un estudio en profundidad de los mecanismos clave para la planificación fiscal agresiva, llevado a cabo por cuenta de la Comisión en 2015. El documento de trabajo indica en qué medida la implementación de la acción 13 BEPS mediante la presente propuesta complementa otras iniciativas destinadas a la implementación en la UE de los informes BEPS de la OCDE y contribuye a un nivel mínimo común de protección contra la elusión fiscal.

En este contexto, la presente propuesta no fue objeto de una evaluación de impacto por los siguientes motivos: existe una fuerte vinculación con los trabajos en materia de BEPS de la OCDE, sobre todo la acción 13 BEPS; el documento de trabajo de los servicios de la Comisión ofrece un corpus importante de datos y análisis; las partes interesadas participaron activamente en las consultas sobre los elementos técnicos de las normas propuestas desde una fase temprana; y, en particular, existe actualmente una demanda urgente de acción coordinada en la UE sobre esta cuestión de prioridad política internacional.

4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La incidencia de la propuesta en el presupuesto de la UE se describe en la ficha financiera que acompaña a la propuesta y se materializará en función de los recursos disponibles. Los costes de las herramientas informáticas adicionales para facilitar la comunicación de información entre los Estados miembros se financiarían con cargo al programa Fiscalis 2020, previsto en el Reglamento (UE) nº 1286/2013, que presta apoyo financiero a las actividades destinadas a mejorar la cooperación administrativa entre las autoridades tributarias de la UE.

2016/0010 (CNS)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL CONSEJO

que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 113 y 115,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,