La tarjeta electrónica cubrirá los requisitos que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva de servicios, por lo que no abarcará áreas como la fiscalidad, el empleo o la seguridad social. Sin embargo, las autoridades de los Estados miembros no deberán pedir al titular de la tarjeta electrónica que facilite información que ya figure en ella para procedimientos o trámites impuestos a dicho prestador en relación con la concesión de un contrato público, un concurso de proyectos o una concesión, con la creación de filiales o el registro de sucursales en virtud del Derecho de sociedades, o con el registro en sistemas de seguros sociales obligatorios.

La tarjeta electrónica europea de servicios aborda una mayor gama de requisitos. Podrán obtenerla tanto las personas físicas que trabajan por cuenta propia como las empresas que desean prestar servicios en otro Estado miembro. A diferencia de la tarjeta profesional europea, la tarjeta electrónica europea de servicios también ofrecerá mecanismos técnicos para facilitar la realización de los trámites administrativos relacionados con el desplazamiento de personal al territorio de los Estados miembros que hayan comunicado a la Comisión que desean utilizar el IMI para este fin. Esta posibilidad de utilizar el IMI no modificará en modo alguno la esencia de las normas aplicables establecidas en la Directiva 2014/67/UE. Asimismo, incluye normas para facilitar la obtención de una cobertura de seguro para los servicios prestados en el extranjero.

No obstante, ambos sistemas tienen objetivos diferentes. La tarjeta profesional europea facilita la prestación transfronteriza de servicios gracias al reconocimiento de las cualificaciones profesionales de personas físicas como trabajadores por cuenta ajena o prestadores de servicios por cuenta propia, de conformidad con lo previsto en la Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.

Si un prestador de servicios desea facilitar servicios a través de una sucursal, una agencia o una oficina situada en otro Estado miembro, el encargado de emitir la tarjeta electrónica será el Estado miembro de acogida. En este caso, el prestador de servicios aún solicitará la tarjeta electrónica a las autoridades de su país de origen, quienes comprobarán si el prestador de servicios está establecido en su territorio de conformidad con sus normas en vigor. Sin embargo, en una segunda fase, las autoridades del Estado miembro de origen iniciarán un proceso, conjuntamente con la autoridad competente del país de acogida, para permitir que esta última decida si el prestador de servicios que ha solicitado la tarjeta cumple los requisitos reglamentarios del país de acogida según lo previsto en la Directiva de servicios. Por consiguiente, no existirá desigualdad de trato alguna entre los prestadores de servicios nacionales y los extranjeros. Una vez emitida, la tarjeta electrónica permitirá al titular ofrecer servicios a través de un establecimiento secundario (sucursal, agencia u oficina) en el Estado miembro de acogida de que se trate.

Por consiguiente, la tarjeta electrónica europea de servicios tiene como objetivo reducir la complejidad administrativa para los prestadores de servicios que quieren ampliar sus actividades a otros Estados miembros. Asimismo, garantizará que los Estados miembros puedan aplicar una normativa justificada. La tarjeta electrónica se pondrá a disposición de los prestadores de servicios, de manera voluntaria, como vía alternativa para demostrar el cumplimiento de las normas nacionales aplicables. Permitirá a los prestadores de servicios utilizar un procedimiento totalmente electrónico y a escala de la UE para realizar los trámites necesarios para operar en el extranjero, de modo que se les ofrecerá una mayor seguridad jurídica y se reducirá significativamente la complejidad administrativa. Mediante esta tarjeta electrónica, podrán salvar obstáculos administrativos como la incertidumbre sobre los requisitos que resultan de aplicación, la obligación de cumplimentar diversos formularios en idiomas extranjeros, la traducción, certificación o legalización de documentos o la realización de procedimientos no electrónicos. El ahorro de costes en relación con los trámites cubiertos por el procedimiento de la tarjeta electrónica sería importante en comparación con la situación actual, y podría alcanzar el 50 % e incluso cifras superiores.

Los prestadores de servicios se enfrentan a una gran complejidad administrativa a la hora de operar en otros países. Esta complejidad se debe, entre otros factores, a la falta de claridad sobre cómo cumplir las normas en vigor, lo que disuade a las empresas, especialmente a las pymes, de intentar aprovechar oportunidades empresariales en otros Estados miembros. Los prestadores de servicios tienen dificultades para obtener información sobre los requisitos reglamentarios aplicables y sobre los procedimientos que deben llevar a cabo para acceder al mercado de otro Estado miembro. Además, las normas nacionales suelen referirse exclusivamente al contexto nacional, y no especifican cómo deben aplicarse en el caso de prestadores de servicios procedentes de otros Estados miembros de la UE. Como resultado, los prestadores de servicios que desean tener una presencia permanente en otro Estado miembro, o facilitar servicios transfronterizos de manera temporal, suelen tener dificultades para saber qué normas deben aplicar y cómo deben hacerlo. Los trámites administrativos de los diferentes Estados miembros suelen ser complicados, y su realización genera costes importantes para los prestadores de servicios.

La Directiva de servicios facilita un marco jurídico equilibrado para lograr estos objetivos. Garantiza que la legislación nacional sea no discriminatoria, esté justificada y sea proporcionada para alcanzar objetivos de interés general. Además, obliga a los Estados miembros a reducir los obstáculos de carácter administrativo que, en la práctica, disuaden a los prestadores de servicios a la hora de operar a nivel transfronterizo. Ni la Directiva de servicios ni los importantes principios que en ella se fijan se verán afectados por la presente propuesta.

No obstante, sigue existiendo un gran potencial de crecimiento y empleo que no se está aprovechando. Los mercados de servicios de la UE se beneficiarían de un crecimiento más rápido de la productividad y una asignación de recursos más eficiente. El volumen del comercio y la inversión en servicios a nivel transfronterizo sigue siendo bajo. Hacer frente a los obstáculos que siguen dificultando la realización de más actividades transfronterizas en el ámbito de los servicios ayudará a reforzar la competencia, lo que dará lugar a más opciones y a mejores precios para los consumidores, así como a una mayor innovación. La eliminación de estas barreras en el marco creado por la Directiva de servicios podría suponer un incremento adicional del PIB de la UE de un 1,7 %. Además, un mejor funcionamiento de los mercados de servicios repercutirá positivamente sobre la competitividad de la industria, ya que la industria manufacturera de la UE es un importante comprador y usuario final de los servicios. De hecho, en la UE los servicios representan el 40 % del valor de un producto final manufacturado. Por lo tanto, una industria manufacturera competitiva depende de la existencia de mercados de servicios que funcionen correctamente.

•Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

El presente Reglamento se presenta junto con una Directiva. El Reglamento introduce la tarjeta electrónica europea de servicios sin modificar las normas de la UE subyacentes. Establece instrumentos que estarán a disposición de los prestadores de servicios de toda la UE. Además, facilita la resolución de problemas vinculados con la cobertura de seguro de un prestador de servicios que opera a nivel transfronterizo. La Directiva establece el marco jurídico y operativo de la tarjeta electrónica europea de servicios, que regula, entre otros, las condiciones de admisibilidad, las competencias de los Estados miembros de origen y de acogida, la validez de la tarjeta electrónica europea de servicios y las condiciones aplicables a su retirada o suspensión.

El presente Reglamento mantiene sin modificación alguna las disposiciones actuales de la UE en materia de cuestiones sociales, condiciones de empleo (especialmente el desplazamiento de trabajadores, los derechos de los trabajadores y el pilar social), salud y seguridad y protección del medio ambiente. No modifica ni cuestiona las salvaguardias existentes a este respecto. La tarjeta electrónica facilitará información adicional sobre la empresa. No se verán afectadas las competencias de los Estados miembros para llevar a cabo inspecciones in situ. Tras la implantación de la tarjeta electrónica europea de servicios, seguirán resultando de aplicación las normas sobre el desplazamiento de trabajadores previstas en las Directivas 96/71/CE y 2014/67/UE, pero deben preverse más mecanismos para cumplir dichas normas. Cuando los Estados miembros hayan establecido procedimientos que permitan completar una declaración relativa al desplazamiento de trabajadores con arreglo al artículo 9 de la Directiva 2014/67/UE por medios electrónicos, la tarjeta electrónica europea de servicios remitirá al titular de la tarjeta a los procedimientos nacionales pertinentes. Los prestadores que posean una tarjeta electrónica europea de servicios también pueden presentar dicha declaración mediante una plataforma electrónica conectada al IMI cuando el Estado miembro de acogida haya comunicado a la Comisión que esta posibilidad debe aplicarse al desplazamiento de trabajadores a su territorio.

La propuesta de la tarjeta electrónica europea de servicios complementa otras iniciativas normativas en el contexto de los servicios previstas en la Estrategia para el Mercado Único con el fin de evitar la aparición de obstáculos a la prestación transfronteriza de servicios a nivel nacional. En ese sentido, complementa la propuesta de la Comisión [XX] de una Directiva que reforme el procedimiento mediante el cual los Estados miembros deben notificar los regímenes y requisitos de autorización relacionados con los servicios.

Esta propuesta también se completará con la iniciativa del Portal Digital Único, anunciada en la Estrategia para el Mercado Único para 2017. El Portal, sobre cuya creación se realizó una consulta pública en el otoño de 2016, hará frente a los vacíos de información que afectan actualmente a las empresas y los ciudadanos al integrar, completar y mejorar la información en línea pertinente disponible en la UE y a nivel nacional. Además, establecerá vínculos con servicios de asistencia. Asimismo, tendrá por objetivo fomentar una mayor digitalización de los procedimientos nacionales que atañen a los ciudadanos y a las empresas que ejercen sus derechos en el marco del mercado único. Se prevé que el alcance del Portal Digital Único vaya más allá de los sectores cubiertos por la presente iniciativa.

En cambio, la tarjeta electrónica europea de servicios debe ofrecer un instrumento plenamente armonizado y normalizado para la prestación transfronteriza de servicios, de modo que se reduzcan los costes de conformidad para mercados de servicios específicos dominados en gran medida por pymes. Su objetivo es lograr la simplificación administrativa gracias a la participación del Estado miembro del que procede el prestador de servicios cuando dicho Estado miembro (de origen) no puede decidir los requisitos que debe cumplir un prestador de servicios en otros Estados miembros. En el contexto de la tarjeta electrónica europea de servicios serán los Estados miembros de acogida quienes deban informar sobre la conformidad y garantizarla, en el marco de un procedimiento predefinido y totalmente normalizado. El Portal Digital Único enlazará con este procedimiento y facilitará la búsqueda para sus beneficiarios

La puesta en marcha de la tarjeta electrónica europea de servicios se armonizará plenamente con la creación del Portal Digital Único y respetará los principios recogidos en el Plan de Acción sobre Administración Electrónica (en concreto, debe ser digital, interoperable, transfronteriza, de «solo una vez» e incluyente por defecto).

Por último, esta propuesta complementa la política de la Comisión de garantía del cumplimiento de la normativa que se está llevando a cabo en paralelo para hacer frente a las limitaciones nacionales no justificadas o desproporcionadas a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios.

La aplicación de la presente Directiva se respaldará a través del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) creado por el Reglamento IMI. El IMI se encuentra a disposición de aproximadamente 5 000 autoridades desde 2011. Está sujeto a evaluaciones constantes de los usuarios y ha demostrado su potencial a través de la tarjeta profesional europea, introducida en enero de 2016.

•Coherencia con otras políticas de la Unión

La propuesta de una tarjeta electrónica europea de servicios en virtud de este Reglamento y de la Directiva propuestas son plenamente coherentes con diversas políticas de la Unión, especialmente con aquellas que persiguen los mismos objetivos de simplificación administrativa y de reducción de requisitos impuestos a los prestadores de servicios.

La simplificación de los trámites relativos a los documentos seguirá de cerca las soluciones que se pondrán en marcha en el marco del Reglamento (UE) 2016/1191 por el que se facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando requisitos de presentación de determinados documentos públicos en la Unión Europea.

En cuanto al reconocimiento de las cualificaciones profesionales, en 2013 se introdujo un instrumento similar para fomentar la simplificación administrativa, la tarjeta profesional europea mencionada anteriormente, que se encuentra disponible desde enero de 2016 para un conjunto de profesiones concretas (enfermeros, farmacéuticos, fisioterapeutas, guías de montaña y agentes de la propiedad inmobiliaria). Para evitar todo riesgo de duplicación, la presente propuesta garantiza que los profesionales que puedan solicitar una tarjeta profesional europea no podrán obtener una tarjeta electrónica europea de servicios.

En el marco del procedimiento de la tarjeta electrónica europea de servicios, las autoridades competentes y de coordinación deben recurrir a todas las interconexiones disponibles entre los registros nacionales, incluido el sistema de interconexión de los registros de empresas (BRIS), tal y como estipula la Directiva 2009/101/CE, y de los registros de insolvencia, según lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 2015/848, antes de recurrir a otras vías para obtener o verificar información conseguida con anterioridad para los fines de dicho procedimiento.

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

•Base jurídica

El presente acto legislativo se enmarca en uno de los ámbitos de competencia compartida según lo previsto en el artículo 4, apartado 2, letra a), del TFUE. Su objetivo es facilitar el establecimiento y la prestación de servicios mediante la adopción de medidas sobre la aproximación de las disposiciones establecidas por ley cuyo objeto es el funcionamiento del mercado interior. El presente Reglamento se basa en el artículo 114 del TFUE, que constituye la base jurídica general para la adopción de tales medidas.

•Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

El objetivo general de la presente propuesta legislativa es garantizar el correcto funcionamiento del mercado único de servicios de la UE, que no se limita al territorio de un único Estado miembro, sino que abarca todo el territorio de la UE. Habida cuenta del carácter transnacional del mercado único de la UE, y de la necesidad de abordar situaciones en contextos transfronterizos de la forma más coherente posible, el empleo de un instrumento informático ya existente en toda la UE —el IMI— constituye una respuesta eficiente que únicamente se puede llevar a cabo mediante una acción a escala de la UE

•Proporcionalidad