COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 16.11.2016 COM(2016) 729 final PROYECTO DE INFORME CONJUNTO

SOBRE EL EMPLEO DE LA COMISIÓN Y DEL CONSEJO que acompaña a la Comunicación de la Comisión relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2017



PROYECTO DE INFORME CONJUNTO SOBRE EL EMPLEO DE LA COMISIÓN Y DEL CONSEJO que acompaña a la Comunicación de la Comisión relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2017 El proyecto de Informe Conjunto sobre el Empleo (ICE), exigido en el artículo 148 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, forma parte del paquete del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC) con el que se pone en marcha el Semestre Europeo. El Informe Conjunto sobre el Empleo, aportación fundamental a la gobernanza económica de la UE, ofrece un resumen anual de los acontecimientos clave en materia social y de empleo en Europa, así como de las medidas de reforma de los Estados miembros en consonancia con las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros y las prioridades del EPAC. En este contexto, el proyecto de Informe Conjunto sobre el Empleo para 2017 indica lo siguiente: La situación social y del empleo está mejorando en un contexto de recuperación económica moderada. En consecuencia, el objetivo de empleo fijado por la estrategia Europa 2020 en una tasa del 75 % podría alcanzarse en 2020 siempre que se mantenga la tendencia actual. La tasa de empleo en el grupo de edades de 20 a 64 años es, por primera vez, superior a la observada en 2008, con un 71,1 % (segundo trimestre de 2016). Sin embargo, la pobreza sigue siendo elevada y la situación social y del empleo varía notablemente según los países. La mayoría de los indicadores del mercado laboral mejoraron en 2015 y 2016. La tasa de desempleo siguió bajando y se situó en el segundo trimestre de 2016 en el 8,5 % (10 % en la zona del euro). El desempleo juvenil y el desempleo de larga duración también continuaron bajando, pero siguen siendo elevados en varios Estados miembros. Las tasas de actividad van en aumento y la UE creó más de cuatro millones de puestos de trabajo en 2015 y el primer semestre de 2016. La tasa de empleo de las mujeres en la UE todavía era notablemente menor que la de los hombres en 2015, pero la brecha se ha ido cerrando desde 2008. Las condiciones del mercado de trabajo mantienen una tendencia gradual a la convergencia, aunque persisten grandes diferencias entre Estados miembros. Los hogares de la UE aumentaron sus ingresos en 2015, fundamentalmente debido al incremento de las rentas del trabajo y a bajadas de impuestos y cotizaciones. Sin embargo, la renta bruta de los hogares de la zona del euro todavía no se ha recuperado del todo y se mantiene ligeramente por debajo de los niveles alcanzados en 2009. Empieza a reducirse el número y porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, pero sigue siendo elevado. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en la UE ha vuelto ya al nivel de 2008, un 23,7 %. Aunque las mejoras recientes son positivas, es necesario un esfuerzo concertado para cumplir el objetivo de sacar al menos a 20 millones de personas de la pobreza o la exclusión social para 2020, ya que el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social sigue siendo más alto en 2015 de lo que era en 2008. La desigualdad de renta general se ha estabilizado en un nivel alto en términos históricos, con importantes divergencias en toda la UE, como indica el cuadro de indicadores sociales y de empleo clave. Los elevados niveles de desigualdad reducen la producción de la economía y el potencial de crecimiento sostenible. Las desigualdades grandes y persistentes no solo son preocupantes por razones de equidad, ya que suelen ser reflejo de un elevado riesgo de pobreza y exclusión social, sino también por razones económicas, ya que conllevan una infrautilización del capital humano. La transmisión intergeneracional de la pobreza agrava estos efectos negativos. El diseño de las instituciones en los ámbitos de la educación, el mercado de trabajo y la seguridad social en algunos Estados miembros no permite que realicen adecuadamente su función de inversión en capital humano favoreciendo la equidad y por tanto no corrige la desigualdad de oportunidades y contribuye a la persistencia y permanente crecimiento de las desigualdades de renta. Para hacer frente a la desigualdad, los Estados miembros pueden actuar en diferentes ámbitos, como los regímenes tributarios y de prestaciones, las políticas salariales (incluido el salario mínimo) y el sistema de educación y capacitación, así como el sistema sanitario. Las reformas para promover mercados de trabajo resilientes e inclusivos deben continuar, estimulando la creación de empleo y la participación en el mercado de trabajo, combinando debidamente la flexibilidad con una seguridad adecuada. Los Estados miembros que vinculan la flexibilidad de los sistemas de trabajo con políticas activas efectivas para el mercado de trabajo y una protección social adecuada han capeado mejor la crisis. Muchos Estados miembros han puesto en marcha importantes reformas en los últimos años, con efectos positivos para la creación de empleo. Aun así, hacen falta más esfuerzos para promover la creación de empleo de calidad y aumentar la inclusión de los mercados de trabajo, eliminando las barreras a la participación en los mismos, corrigiendo su segmentación y velando por que los sistemas de protección social ofrezcan ayudas de renta adecuadas y servicios facilitadores para todos, fomentando al mismo tiempo la transición al empleo y la rentabilización del trabajo. Ello también contribuiría a reducir los crecientes niveles de pobreza laboral en algunos Estados miembros. Los sistemas tributarios deben estar mejor orientados a favorecer la creación de empleo y corregir las desigualdades. Algunos Estados miembros han adoptado medidas para reducir la cuña fiscal, dirigidas fundamentalmente a los trabajadores de renta baja. El objetivo es promover la demanda de empleo, ayudando a las empresas a (volver a) contratar, y también la oferta, reduciendo los factores que desincentivan la aceptación de un empleo y aumentando el sueldo neto de los trabajadores, sobre todo en el caso de los grupos desfavorecidos. Aun así, la cuña fiscal total sobre el trabajo sigue siendo elevada en un número considerable de Estados miembros. Además, los sistemas tributarios de algunos Estados miembros siguen creando importantes desincentivos para que un segundo miembro de una familia trabaje o trabaje más horas. Si se redujera y se diseñara mejor la tributación de los rendimientos del trabajo, se podría contribuir a estimular el crecimiento del empleo y mitigar así la desigualdad. Los salarios nominales solo han aumentado moderadamente en un contexto de baja inflación, mientras que varios Estados miembros han reformado sus sistemas salariales en colaboración con los interlocutores sociales. La evolución de los salarios ha ido vinculada a la productividad en la mayoría de los Estados miembros, con incrementos salariales cuando lo permitía el contexto económico. Esta vinculación es necesaria a medio plazo para estimular el incremento de la productividad y apoyar la demanda y el crecimiento en conjunto. Algunos Estados miembros han reformado sus sistemas salariales para reforzar el papel de los interlocutores sociales en distintos niveles de la negociación. También se han adoptado medidas para que el sistema de establecimiento del salario mínimo sea más transparente o predecible. Los sistemas salariales deben continuar buscando la coordinación entre diferentes niveles de la negociación colectiva, permitiendo al mismo tiempo un cierto grado de flexibilidad tanto a escala geográfica como intra e intersectorial. La participación de los interlocutores sociales en la formulación y aplicación de las reformas es irregular en el conjunto de la UE. Aunque todos los Estados miembros cuentan con órganos bipartitos o tripartitos que permiten interactuar con los interlocutores sociales y consultar con ellos el diseño y la aplicación de las políticas, su grado de participación real varía significativamente. Sin embargo, un diálogo social efectivo, acorde con las prácticas y condiciones nacionales, es crucial para que las reformas sean justas y eficientes, para aumentar su aceptación y para valorar debidamente su impacto sobre diferentes grupos de población. Algunos Estados miembros adoptaron medidas en 2015 y 2016 para reforzar el diálogo social y mejorar la participación de los interlocutores sociales en las políticas sociales y de empleo. Los Estados miembros han seguido modernizando sus sistemas de educación y formación para mejorar las competencias necesarias para adaptarse a las necesidades del mercado de trabajo. Sin embargo, persisten las desigualdades en el acceso a la educación y en los resultados obtenidos. Las reformas se destinaron, entre otras cosas, a fomentar la adquisición de competencias básicas, promover el aprendizaje en adultos y mejorar la relevancia de la educación terciaria para el mercado laboral. De acuerdo con la Comunicación de la Comisión «Una nueva agenda de capacidades para Europa», la reforma debe orientarse hacia una inversión sostenida en la adquisición de competencias entre jóvenes y adultos, en mejorar la adaptación de las competencias a las necesidades del mercado de trabajo, con una colaboración más estrecha entre la empresa y el sistema educativo, y en aprovechar el potencial de la formación de aprendices. El desempleo juvenil y el número de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni siguen ninguna formación (ninis) han seguido bajando, aunque siguen siendo muy elevados en algunos Estados miembros. La Garantía Joven ha sido un motor esencial de esta mejora, fomentando la acción efectiva de los Estados miembros, mejorando la coordinación entre distintos agentes y facilitando la reforma estructural y la innovación en la formulación de políticas. Más del 40 % de todos los ninis de 15 a 24 años de edad se inscribieron en la Garantía Joven en 2015. En varios Estados miembros ha sido importante la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) dirigida a las regiones de la UE que presentaban mayores tasas de desempleo juvenil en 2012. Pese a estos avances, será necesario continuar con las reformas estructurales e intensificar las medidas para que todos los jóvenes —y especialmente los jóvenes de baja cualificación y los que encuentran múltiples obstáculos para acceder al mercado de trabajo— se beneficien de la Garantía Joven.

Sigue siendo prioritario afrontar el desempleo de larga duración. Aunque descendió en 2015 en porcentaje de la población activa, el desempleo de larga duración todavía representa casi el 50 % del desempleo total y sigue siendo muy elevado en algunos Estados miembros. La creciente duración del desempleo implica la depreciación de las competencias, un menor afianzamiento en el mercado de trabajo y, en última instancia, un mayor riesgo de exclusión social. Más aún, existe el riesgo de que el desempleo cíclico se convierta en estructural, con consecuencias negativas para el crecimiento potencial. Varios Estados miembros están reforzando su apoyo a los desempleados de larga duración con ayudas individualizadas y mejorando la coordinación entre los servicios de empleo y otros agentes, en línea con la Recomendación del Consejo de febrero de 2016. Con todo, la aceptación de estas medidas es desigual según los Estados miembros. Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en el mercado de trabajo y se ven afectadas por un importante diferencial salarial. Obtienen mejores resultados que los hombres en cuanto a rendimiento académico. Sin embargo, la brecha de empleo entre hombres y mujeres sigue siendo muy grande, especialmente en el caso de las madres y las mujeres que tienen responsabilidades como cuidadoras. Esto se agrava por los desincentivos financieros que afectan a las mujeres cuando acceden al mercado de trabajo o cuando quieren trabajar más. En varios Estados miembros se observa una importante brecha salarial que, combinada con una vida laboral más corta, a menudo se traduce en que las pensiones de las mujeres son más bajas. Esto indica que es necesaria una completa integración de las consideraciones de conciliación entre vida laboral y personal. El acceso a servicios de cuidado de los hijos y otros servicios asistenciales asequibles y de calidad, así como a bajas y horarios flexibles y la aplicación de sistemas tributarios y prestaciones que no desincentiven que una segunda persona del hogar trabaje o trabaje más son todos aspectos esenciales para avanzar hacia un trato totalmente igualitario para la mujer y favorecer la movilidad social ascendente. Han continuado los esfuerzos por modernizar los sistemas de protección social para mejorar la cobertura y la idoneidad de las prestaciones, el acceso, la calidad y la capacidad de respuesta de los servicios y para fomentar activamente la participación en el mercado de trabajo. Algunos Estados miembros han realizado reformas normativas dirigidas a mejorar la cobertura y la adecuación de las prestaciones sociales, promoviendo al mismo tiempo la activación. Las medidas van dirigidas a diversos grupos, como los asalariados de renta baja, los desempleados, las personas con discapacidades, las personas sin hogar y las personas que tienen responsabilidades como cuidadoras. Pese a estas reformas, los elevados niveles de pobreza (infantil) en algunos Estados miembros siguen siendo motivo de preocupación. Deben crearse redes de seguridad adecuadas para quienes carecen de recursos suficientes para mantener un nivel de vida decente, que incluyan ayudas para la (re)integración al mercado laboral de las personas en edad de trabajar. Tras una ola de reformas orientadas a elevar la edad de jubilación, las últimas reformas de las pensiones presentan un panorama más diverso y compensado, que incluye medidas para proteger la adecuación de la pensión a través de garantías mínimas y mecanismos de indexación. Aunque algunos Estados miembros se han centrado en mejorar la sostenibilidad de sus sistemas de pensiones —por ejemplo, elevando la edad de jubilación y limitando el acceso a la jubilación anticipada—, otros se han centrado en proteger a los pensionistas de renta baja, ya sea elevando las pensiones mínimas o por medio de prestaciones adicionales específicas. Los sistemas de pensiones deben garantizar un nivel de vida adecuado, preservando al mismo tiempo la sostenibilidad. Con este fin, es necesario animar a hombres y mujeres a permanecer más tiempo empleados, también por medio de políticas adecuadas de conciliación de la vida laboral y personal y la modernización de los entornos de trabajo. Las pensiones suplementarias pueden jugar un papel clave, especialmente si es previsible que se deterioren las pensiones públicas. Los sistemas sanitarios contribuyen al bienestar individual y colectivo y a la prosperidad económica. En algunos Estados miembros se han realizado importantes reformas sanitarias para favorecer la prestación y el acceso a servicios eficaces de atención primaria, racionalizar y aumentar la sostenibilidad de la atención especialista y hospitalaria y mejorar el acceso a medicamentos asequibles utilizados de manera eficaz en función del coste. Algunos Estados miembros también están adoptando medidas para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios asistenciales de larga duración. De este modo se reducirían los obstáculos a la participación de los cuidadores familiares en el mercado de trabajo, especialmente mujeres. En los últimos años, la UE ha experimentado una afluencia sin precedentes de migrantes, entre ellos refugiados, con la presentación de casi 1,8 millones de solicitudes de asilo en 2015 y el primer semestre de 2016. Esto subraya la importancia de unas estrategias completas de integración a fin de garantizar que los refugiados puedan integrarse de manera efectiva en el mercado de trabajo y en la sociedad en general. Varios Estados miembros han adoptado paquetes de medidas de integración a fin de realizar intervenciones tempranas para los recién llegados, que incluyen el acceso al mercado de trabajo, la evaluación de competencias y la formación. De acuerdo con el plan de acción para la integración de nacionales de terceros países que presentó la Comisión en junio de 2016, es importante que las políticas de integración no solo se centren en las necesidades inmediatas, sino que procuren además garantizar el éxito de la integración a medio y largo plazo como parte esencial de las estrategias de inclusión social de los Estados miembros.



1. PANORAMA DEL MERCADO DE TRABAJO Y DE LAS TENDENCIAS Y LOS RETOS SOCIALES EN LA UNIÓN EUROPEA En esta sección se presenta una visión general del mercado de trabajo y de las tendencias y los retos sociales en la Unión Europea. Comienza con una explicación analítica detallada de las cuestiones más importantes en materia social y de empleo, seguida de las conclusiones generales derivadas del cuadro de indicadores clave en dicha materia. 1.1 Tendencias del mercado de trabajo El mercado de trabajo avanzó en su recuperación en 2015 y 2016, con una mejora significativa de la mayoría de los indicadores. La tasa de empleo de la UE (de 20 a 64 años) aumentó en 0,9 puntos porcentuales (pp) en 2015 y se mantuvo al alza hasta alcanzar el 71,1 % en el segundo trimestre de 2016. Este nivel no solo está 1,5 pp por encima del T2-2015, sino que es superior al nivel del 70,3 % (anual) previo a la crisis de 2008. La tasa de empleo de la zona del euro registró un incremento comparable, alcanzando casi el 70 % en el T2-2016 (cerca del 70,2 % de media registrado en 2008). En valores absolutos, el número de personas empleadas aumentó en casi 4,2 millones en el T2-2016 en comparación con el T4-2014, incluidas 2,8 millones de personas más en la zona del euro. Al mismo tiempo, la tasa de actividad (entre los 15 y los 64 años de edad) aumentó de forma moderada en la UE, hasta un 73 %, mientras que la tasa de desempleo (mayores de 15 años) bajó al 8,6 %, el nivel más bajo registrado desde el T1-2009 (en la zona del euro, las tasas de actividad y desempleo se situaron, respectivamente, en el 72,9 % y el 10,1 %). La mayor pujanza de la demanda de mano de obra, con un aumento de la tasa de vacantes de empleo del 1,3 % en 2013 al 1,8 % en los dos primeros trimestres de 2016, jugó un papel importante. En este contexto, el crecimiento medio de los salarios experimentó una ligera aceleración en la UE en 2015, mientras que fue moderada en la zona del euro (véase la sección 2.1). Las divergencias entre los mercados de trabajo de los distintos Estados miembros y la zona del euro siguieron bajando desde niveles muy altos, con las tasas de desempleo acercándose más a los niveles anteriores a la crisis. La continua convergencia de las tasas de desempleo refleja descensos mayores que la media en varios Estados miembros caracterizados por elevadas tasas de desempleo (en particular Chipre, Croacia y España). Por el contrario, las tasas de desempleo de Austria y Estonia registraron leves incrementos, si bien partiendo de niveles relativamente bajos. En 2015, los flujos netos de entrada de población fueron mayores en los países que registraron las menores tasas de desempleo en 2014 (en particular, Austria, Alemania y Luxemburgo); algunos de los flujos de salida mayores se observaron en los países con mayores tasas de desempleo. Sin embargo, a pesar de la convergencia observada, persisten diferencias significativas en las tasas de desempleo (figura 1), con valores que oscilan entre un 5 % o menos en Chequia, Alemania, Malta y Reino Unido y más del 20 % en España y Grecia en el primer semestre de 2016. Figura 1: Tasa de desempleo y variación anual, tal como consta en el cuadro de indicadores sociales y de empleo clave



Fuente: Eurostat, EPA (cálculos de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión). Período: Niveles del primer semestre de 2016 y variaciones anuales en relación con el primer semestre de 2015. Nota: Los ejes están centrados en la media no ponderada de la EU. La leyenda se presenta en el anexo.

La dinámica de crecimiento del empleo presenta diferencias por grupos de edades y niveles educativos. Como puede verse en la figura 2, el mayor incremento de las cifras de empleo —un 3,8 % en 2015— se observa entre los trabajadores mayores (de 55 a 64 años), cuya tasa de actividad aumentó en 1,4 pp para situarse en el 57,3 % en 2015. Esto se traduce en un incremento adicional de la tasa de empleo de este grupo —hasta el 53,3 % en 2015—, que refuerza el constante crecimiento experimentado en el último decenio. Por el contrario, el empleo creció de forma moderada entre los trabajadores jóvenes (15-24 años) y los de edades intermedias (25-54 años). El índice de actividad de estos últimos ha permanecido casi estable por cuarto año consecutivo, en el 85,4 %, y parece por tanto haber tocado techo. Sin embargo, la evolución ha sido muy diferente según el nivel de cualificación: el empleo ha crecido bastante entre los trabajadores de alta cualificación (con educación superior), con un incremento interanual del 3,3 %, mientras que hubo un descenso del 1,4 % desde 2014 entre los de baja cualificación (con educación secundaria inferior o menor nivel). Esto confirma una tendencia de reducción de las oportunidades de empleo para los trabajadores de baja cualificación, cuya tasa de empleo sigue siendo menor que en 2008. El empleo creció de forma comparable por sexos, con leves incrementos de las tasas de empleo tanto de hombres como de mujeres en 2015. Por tanto, la gran brecha entre las tasas de empleo de mujeres (64,3 %) y hombres (75,9 %), que se había reducido entre 2008 y 2013, apenas se ha visto afectada. Del mismo modo, los datos (figura 3) no muestran discrepancias significativas en cuanto al crecimiento del empleo a jornada completa o a tiempo parcial. Figura 2: Tasas de empleo y crecimiento del empleo en diferentes grupos de la UE Fuente: Eurostat, EPA. La recuperación del empleo refleja el incremento del número de personas con empleo y el porcentaje de trabajadores temporales permanece estable. El número de trabajadores autónomos se redujo marginalmente (un 0,4 %), si bien esta cifra oculta diferencias significativas entre Estados miembros (véase la sección 2.1). El número de trabajadores temporales aumentó un 3 %, mientras que el de trabajadores fijos aumentó un 1,2 %. Esto se plasmó en un incremento marginal del porcentaje de trabajadores temporales con respecto al total, del 14 % en 2014 al 14,2 % en 2015, de nuevo con grandes diferencias según los Estados miembros (véase la sección 2.3). La mayor parte del empleo se crea en el sector servicios (+1,4 %), seguido de la industria (+0,7 %), mientras que el empleo agrario continúa cayendo (-2,6 %), lo cual explica además parte del descenso del autoempleo. El descenso del empleo en la construcción se frenó en 2015, por primera vez desde 2008. Figura 3: Crecimiento del empleo (2014-15) en distintos grupos de la UE Fuente: Eurostat, EPA El desempleo juvenil y el de larga duración continuaron bajando en 2015, siguiendo la pauta de reducción de la tasa de desempleo total. La tasa de desempleo juvenil (15-24 años), que alcanzó su más alta cota en la UE en 2013 con un 23,7 %, bajó al 20,3 % en 2015. Esta tendencia se mantuvo en 2016, con un descenso adicional hasta el 18,9 % en el primer semestre del año. Sin embargo, es mayor en la ZE-19 (21,4 % en el primer semestre de 2016) sigue habiendo divergencias significativas entre Estados miembros. La tasa de desempleo de larga duración (en porcentaje de la población activa) también bajó al 4,5 % en 2015 con respecto al 5 % de 2014 (y volvió a bajar en el primer semestre de 2016), pero la lenta reabsorción de la tasa de desempleo de larga duración en algunos Estados miembros, concretamente los más afectados por la crisis, apunta el riesgo de que el elevado desempleo se convierta en estructural. 1.2 Tendencias sociales La situación financiera de los hogares de la UE siguió mejorando en 2015. La renta bruta disponible real de los hogares (RBDH) de la UE aumentó un 2 % en 2015, continuando su recuperación de las pérdidas de ingresos registradas en 2010-2013. Esta mejora se debe fundamentalmente al incremento de los rendimientos del trabajo y al descenso de impuestos y contribuciones (véase la figura 4). Figura 4: Crecimiento del PIB y de la RBDH y variación de los componentes de la RBDH en la UE Fuente: Eurostat, EPA Con todo, a juzgar por los últimos datos de la UE, esta tendencia al alza no se refleja en las cifras de pobreza. El porcentaje de la población de la UE en riesgo de pobreza (AROP, por sus siglas en inglés) se estabilizó en 2015, situándose en el 17,3 % tras un incremento de 0,1 pp (tanto en la UE como en la zona del euro). En 2014 se había producido un incremento de 0,5 pp (0,4 pp en la zona del euro) que fue en parte consecuencia de la variación al alza en los umbrales de pobreza, después de que comenzaran a recuperarse los ingresos de los hogares a mediados de 2013. Del mismo modo, el porcentaje total de trabajadores pobres aumentó en 0,5 pp en 2014, al tiempo que crecía el porcentaje de trabajadores temporales (cuya renta suele ser menor que la de los fijos), y permaneció estable en 2015. El porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE continuó reduciéndose en 2015 pero sigue siendo muy elevado. La tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE, por sus siglas en inglés) continuó reduciéndose en la UE en 2015 hasta situarse en el 23,7 % (partiendo de un 24,4 % en 2014 y un 24,6 % en 2013), pero sigue cerca de su máximo histórico de 2012. También se redujo en la zona del euro del 23,5 % de 2014 al 23,1 % de 2015 (situándose de nuevo en los niveles de 2013). En 2015, unos 119 millones de personas estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, unos 3,5 millones menos que en 2014. Aunque la UE sigue lejos de alcanzar su objetivo Europa 2020 de sacar al menos a 20 millones de personas de la pobreza o la exclusión social para 2020, el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social se acerca de nuevo al nivel de 2008, el año de referencia con respecto al cual se marcó dicho objetivo: En 2015, había alrededor de 1,2 millones de personas más en riesgo de pobreza o exclusión social que en 2008, 4,8 millones menos que en la cota máxima de 2012. Reducción de puntos de privación material grave por la elevación del nivel de vida. La privación material grave se redujo en 0,8 pp en 2015 hasta situarse en el 8,1 % o 9,1 millones de personas menos que en la cota máxima de 2012. Esta tendencia, observada desde 2013, está relacionada con la mejora ya mencionada en la situación financiera de los hogares gracias a la recuperación económica. El porcentaje de personas que viven en hogares donde (casi) nadie trabaja (es decir, las personas de 0 a 59 años que viven en hogares con muy baja intensidad laboral) se redujo ligeramente en 2015 hasta el 10,5 %, gracias a la mejora de las condiciones del mercado de trabajo, tras un leve incremento en 2014. Figura 5: Tasa de población en riesgo de pobreza y exclusión social y sus componentes en la UE-27



Fuente: Eurostat, EU-SILC (ilc_peps01, ilc_li02, ilc_mddd11, ilc_lvhl11). HR queda excluida, pues no se dispone de datos de 2009. Nota: El indicador AROPE combina el indicador AROP, el indicador SMD (privación material grave) y el de hogares de intensidad laboral baja o cero. La línea punteada corresponde al descenso que se estima necesario para alcanzar el objetivo Europa 2020. Jóvenes, menores, desempleados y nacionales de países terceros, entre los más afectados. Casi un tercio (31,2 %) de las personas jóvenes (de 18 a 24 años) estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2015. Esto se debe sobre todo al desempleo, a la precariedad laboral o a las dificultades socioeconómicas de las familias de estas personas jóvenes. Vivir en un hogar donde solo trabaja un miembro de la familia está asociado a un mayor riesgo de pobreza. La tasa AROPE de menores de edad (de 0 a 17 años) bajó al 26,9 % (del 27,8 %) pero sigue siendo elevada, debido a la situación de sus progenitores en el mercado de trabajo, especialmente cuando se une a un acceso limitado a los servicios sociales y a medidas de apoyo a rentas bajas. Las personas mayores (65+) se han visto relativamente menos afectadas y su riesgo de pobreza o exclusión social ha bajado del 18,3 % en 2013 al 17,4 % en 2015, con más pobreza femenina que masculina (un 19,6 % en mujeres y un 14,6 % en hombres). Otros grupos afectados por la pobreza y la exclusión social son los desempleados (66,6 %), los nacionales de terceros países (48,2 %) y las personas con discapacidades (30,1 % en 2014). La desigualdad de renta medida por la ratio de quintiles de renta se ha estabilizado en 2015 en un nivel alto. La ratio de quintiles de renta (o indicador S80/S20, es decir, la relación entre la renta del 20 % de la población de mayor renta y la renta del 20 % de menor renta) permaneció estable en 5,2 en 2015, tras la tendencia al alza de los últimos años, sobre todo en la zona del euro (figura 6). El coeficiente Gini también permaneció estable en 0,31 en 2015. Con todo, persisten diferencias significativas en niveles y tendencias entre los Estados miembros (véase la sección 2.4). El aumento de las desigualdades de renta, una tendencia común en las economías desarrolladas, no solo representa un problema para la equidad distributiva entre la población, sino un riesgo para el crecimiento a largo plazo. Figura 6: Ratio de quintiles de renta S80/S20 Fuente: Eurostat. No hay datos de HR antes de 2010.



1.3 Conclusiones generales del cuadro de indicadores sociales y de empleo clave El cuadro de indicadores sociales y de empleo clave, actualmente en su cuarta edición, permite detectar anticipadamente problemas sociales y de empleo clave y posibles divergencias entre Estados miembros que puedan justificar análisis adicionales. El cuadro (véase los anexos 1 a 3) consta de seis indicadores clave de tendencias sociales y de empleo: • Tasa de desempleo (15-74); • Tasa de desempleo juvenil (15-24); • Jóvenes que ni estudian ni trabajan ni siguen ninguna formación (ninis) en porcentaje de la población de 15 a 24 años; • Renta bruta disponible de los hogares (RBDH, variación anual); • En riesgo de pobreza en edad de trabajar (18-64); • Desigualdades de renta (ratio S80/S20). También favorece la identificación de las áreas donde más hace falta una respuesta normativa. En este sentido representa una herramienta importante para observar los efectos de las reformas realizadas durante el Semestre Europeo. Ayuda a apuntalar los retos identificados en los informes nacionales y es útil para redactar recomendaciones específicas por país. Los resultados del cuadro de indicadores deben analizarse conjuntamente con las conclusiones analíticas de otros instrumentos, como el indicador de resultados en materia de empleo (IRE), el indicador de rendimiento de la protección social (IRPS) y el cuadro de indicadores del procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM), con sus indicadores clave sobre empleo, añadidos recientemente. A su vez, el Informe de los cinco presidentes «Realizar la Unión Económica y Monetaria europea» y la Comunicación «Medidas destinadas a realizar la Unión Económica y Monetaria» fomentan el uso de estudios comparativos y análisis cruzados de los resultados de los Estados miembros para detectar resultados insuficientes y favorecer una convergencia al alza. Este proceso también debe contribuir a la puesta en común de buenas prácticas. El recuadro 1 describe la lógica y el estado de desarrollo de los indicadores comparativos en el ámbito del mercado de trabajo. Las últimas tendencias de los indicadores clave se consignan en el cuadro de indicadores según tres dimensiones (véanse los cuadros detallados en el anexo): •para cada Estado miembro, la variación del indicador en un año determinado en comparación con periodos anteriores (tendencia histórica);

•para cada Estado miembro, la diferencia respecto de las tasas medias de la UE y de la zona del euro en el mismo año (una visión puntual de las divergencias sociales y de empleo existentes); •la variación en el indicador entre dos años consecutivos en cada Estado miembro en relación con la variación en los niveles de la UE y de la zona del euro (indicativo de la dinámica de la convergencia/divergencia socioeconómica). Desde 2016, la situación de los Estados miembros con arreglo a los indicadores sociales y de empleo clave se evalúa aplicando una metodología común que analiza conjuntamente los niveles y variaciones de cada indicador (según se explica en el anexo 4). De acuerdo con esta metodología, el cuadro 1 ofrece un resumen de los valores del cuadro de indicadores. Según se desprende de los análisis de esta sección y de la sección 2 (véanse las figuras 1, 14, 15, 26, 27 y 28), cinco Estados miembros (Grecia, Chipre, Portugal, España e Italia) afrontan varios retos importantes en materia social y de empleo, aunque su situación es diversa en vista de los últimos acontecimientos. Otros cinco Estados miembros (Bulgaria, Croacia, Letonia, Lituania y Rumanía) aparecen marcados más de una vez en el cuadro resumen, con distintos grados de gravedad, según los indicadores sociales o de empleo. En el resto de la sección se analiza el cuadro de indicadores con detalle. Grecia todavía presenta una situación difícil en todos los indicadores sociales y de empleo, sobre todo en lo que respecta a la tasa de desempleo total y a la desigualdad de renta. Se observan algunas mejoras en el porcentaje de ninis y en la tasa de riesgo de pobreza (AROP). Italia mantiene niveles críticos en los indicadores con respecto a la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo, mientras que la tasa de desempleo total se reduce lentamente en comparación con la media de la UE. Al mismo tiempo, los indicadores sociales —especialmente la tasa AROP— siguen mostrando una situación problemática. En Portugal, las tasas de desempleo total y juvenil siguen siendo altas a pesar de registrar descensos moderados. Tanto el indicador de riesgo de pobreza como el de desigualdad social presentan también niveles elevados en comparación con la media de la UE, si bien en ligero descenso. En España, la tasa de desempleo y el porcentaje de ninis han seguido mejorando (aunque los niveles no dejan de ser problemáticos) y la situación relativa al desempleo juvenil, la pobreza y las desigualdades sigue presentando dificultades. Chipre ha registrado avances favorables en las tasas de desempleo total y juvenil, así como en el porcentaje de ninis, con descensos desde niveles muy elevados en todos los casos. Sin embargo, el crecimiento de la renta bruta disponible de los hogares sigue siendo negativo en 2015 y la tasa de riesgo de pobreza presenta el mayor incremento. Rumanía todavía tiene graves problemas en lo que respecta al porcentaje de ninis, la tasa AROP y la desigualdad, con un considerable incremento de esta última. Del mismo modo, Lituania registra un brusco aumento de la tasa AROP y de las desigualdades de renta. Letonia registra el mayor incremento del desempleo juvenil, aunque la situación del país permanece estable en lo que respecta al riesgo de pobreza y las desigualdades. En Croacia, las tasas de desempleo general y juvenil son elevadas, aunque se reducen con rapidez. En Bulgaria, el alto porcentaje de ninis y la desigualdad de renta siguen siendo retos críticos. En lo que respecta a los ninis, la situación permanece «en observación» (debido a incrementos repentinos o superiores a la media) en Finlandia, Francia, Irlanda y Eslovaquia. Del mismo modo, además de Italia, también Finlandia, Francia y Austria presentan un crecimiento de la RBDH inferior a la media de la UE. Por último, otros dos países deben mantenerse bajo estrecha vigilancia en relación con la AROP (Polonia) y la desigualdad de renta (Estonia). En tres Estados miembros, algunos indicadores presentan un ligero deterioro, si bien partiendo de niveles buenos. En Austria y Estonia, la tasa de desempleo (tanto general como juvenil) ha aumentado a mayor velocidad que la media de la UE, aunque el nivel sigue siendo muy bajo. En Dinamarca se observa una situación similar en relación con el desempleo juvenil y el porcentaje de ninis.

Cuadro 1: Resumen del cuadro de indicadores sociales y de empleo clave Nota: No hay datos trimestrales de desempleo juvenil de RO; los datos de RBDH de BE, BG, EE, IE, EL, HR, LU, MT, PL no están disponibles a 26 de octubre de 2016; los datos de AROPE y S80/S20 de IE no están disponibles a 26 de octubre de 2016. Recuadro 1. Estudios comparativos y búsqueda de buenas prácticas en el mercado de trabajo El Informe de los cinco presidentes subraya que es preciso prestar mayor atención a los resultados en materia social y de empleo, haciendo hincapié en que los retos son a menudo similares en todos los Estados miembros, si bien no hay un procedimiento válido para todos. La Comunicación de la Comisión de octubre de 2015 «medidas destinadas a realizar la Unión Económica y Monetaria» prevé que los ámbitos estratégicos o temáticos que abordan progresivamente mediante el establecimiento de parámetros de referencia y en el análisis de los resultados. Según la Comunicación, «(...) El análisis comparativo aspira a detectar aquellos resultados que presenten deficiencias y fomentar la convergencia hacia los países con mejores resultados en los ámbitos de los mercados laborales, la competitividad, el entorno empresarial y las administraciones públicas, así como en determinados aspectos de la política tributaria. (...) los indicadores de referencia deben cumplir dos requisitos. En primer lugar, han de estar estrechamente relacionados con los estímulos estratégicos, de tal manera que puedan tener implicaciones políticas reales y significativas. En segundo lugar, debe haber pruebas sólidas y suficiente consenso de que contribuyan de manera significativa a lograr un nivel más elevado de objetivos tales como el empleo, el crecimiento, la competitividad, la integración social y la equidad o la estabilidad financiera». Los estudios comparativos, si son complementados por un análisis económico más amplio, pueden servir de base y refuerzo a las reformas facilitando el proceso de aprendizaje mutuo y convergencia en la correcta aplicación de buenas prácticas en los Estados miembros. Desde marzo de 2016, se viene realizando un ejercicio piloto de análisis comparativo de las prestaciones por desempleo y las políticas activas en el mercado de trabajo. Se ha desarrollado un método de tres pasos conjuntamente con los Estados miembros, que tiene en cuenta los marcos existentes. En un primer paso, se analizan los principales retos del ámbito de actuación concreto y se identifica un conjunto de indicadores de resultados de alto nivel. En el segundo paso, un conjunto de indicadores de resultados clave permite identificar a los que obtienen mejores y peores resultados. En el tercer paso, se identifican las palancas políticas clave para conseguir la convergencia al alza. De acuerdo con esto, en el área de prestaciones por desempleo y políticas activas en el mercado de trabajo, se han identificado indicadores para los dos primeros pasos y, en el tercer paso, se han identificado cuatro palancas políticas para hacer posible el análisis comparativo: la duración, el nivel y los criterios de idoneidad para las prestaciones por desempleados y un principio regulador del acceso a ayudas iniciales adaptado a la situación laboral de cada persona. Además, el estudio comparativo sobre competencias lleva en marcha desde septiembre de 2016.



2. REFORMAS EN MATERIA SOCIAL Y DE EMPLEO: LA ACTUACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Este capítulo ofrece una visión general de los últimos indicadores y medidas clave en materia social y de empleo adoptados por los Estados miembros en áreas prioritarias identificadas por las orientaciones para las políticas de empleo de la UE, adoptadas por el Consejo en 2015 y adoptadas de nuevo, sin cambios, en 2016. Por cada orientación, se presentan los últimos acontecimientos sobre una selección de indicadores clave, así como medidas de regulación adoptadas por los Estados miembros. La sección se basa en los programas nacionales de reforma de 2016 de los Estados miembros y en fuentes de la Comisión Europea. Salvo indicación en contrario, el informe solo presenta las políticas aplicadas después de junio de 2015. Se puede encontrar un análisis en profundidad de la evolución reciente del mercado de trabajo en los informes «Labour Market and Wage Developments 2016» y «Employment and Social Developments in Europe Review 2016». 2.1 Orientación 5: Impulsar la demanda de mano de obra Esta sección trata de la aplicación de la orientación n.º 5 en materia de empleo, que recomienda a los Estados miembros crear condiciones que fomenten la demanda de empleo y la creación de puestos de trabajo. Presenta en primer lugar indicadores sobre emprendimiento, que es una condición indispensable para la creación de puestos de trabajo, así como una fuente de crecimiento del empleo per se (incluido el autoempleo). Después analiza los principales determinantes macroeconómicos de las decisiones de contratación, en concreto la evolución de los salarios y de la cuña fiscal. El apartado 2.1.2 trata de las medidas políticas aplicadas por los Estados miembros en estos ámbitos, como los subsidios generales a la contratación (los subsidios dirigidos a determinados grupos desfavorecidos se presentan en el apartado 2.2.2).





2.1.1 Indicadores clave Las nuevas empresas representan una importante fuente de creación de empleo en la Unión Europea. En 2014, las empresas de nueva creación representaban más del 4 % del empleo total en el sector empresarial de países como Polonia, Letonia, Portugal, Lituania y Eslovaquia. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) representaban casi el 71 % del crecimiento del empleo total. Estas cifras dan una idea del potencial de creación de empleo que se podría desatar eliminando barreras al emprendimiento y al crecimiento de las empresas. En 2014, más de dos terceras partes de los Estados miembros registraron un incremento en el número de empresas de nueva creación. Pero existen diferencias significativas en lo que respecta a la tasa de nacimiento de las empresas y su tamaño medio (figura 7). Figura 7: Tasa de nacimiento de empresas y tamaño medio al nacer, economía empresarial, 2014 Fuente: Eurostat, demografía empresarial. Nota: No hay datos disponibles de EL. El autoempleo tiende a la baja en general, debido fundamentalmente a dinámicas sectoriales, aunque se observan pautas muy diferentes según los países. La tasa media de autoempleo bajó en 2015 del 14,4 % al 14,1 %, el porcentaje más bajo desde 2008, tras un descenso del 0,4 % en el autoempleo, mientras que el empleo total creció un 1 % (véase el capítulo 1). Sin contar el sector primario (agricultura, silvicultura y pesca), que está afectado por un declive estructural, el número de trabajadores autónomos disminuyó apenas un 0,1 % (frente al 0,4 %) y permaneció por encima del nivel de 2008. No obstante, el autoempleo creció en 2015 en casi la mitad de los Estados miembros, con los mayores incrementos absolutos en Polonia, España y los Países Bajos. La tasa femenina de autoempleo continuó su lento incremento, pasando del 31,8 % del total en 2014 al 32,2 % en 2015 (en 2008 estaba en el 30,4 %). Las mujeres representan el 34,4 % de los autónomos sin empleados (trabajadores por cuenta propia) y el 43,9 % de los autónomos con educación superior. Sin embargo, solo un 26 % de los autónomos tienen empleados. El autoempleo de personas nacidas fuera del país va en aumento. Aunque el 89 % de los autónomos nacieron en el Estado miembro en el que trabajan, existen dinámicas muy diversas. En 2015, el autoempleo sufrió un descenso del 1 % en este grupo, frente a los incrementos del 2,7 % y del 4,7 % de personas nacidas, respectivamente, en otros Estados miembros y fuera de la UE. Este último grupo registró aumentos especialmente notables (superiores al 5 %) en Luxemburgo, Irlanda, Chipre, Bélgica, Austria, Reino Unido y Suecia. En 2015, el crecimiento medio de los salarios experimento una ligera aceleración en la UE, que fue moderada en la zona del euro. La remuneración nominal por empleo aumentó un 3,2 % en la UE (frente al 1,6 % en 2014), mientras que permaneció apenas por encima del 1 % en la zona del euro (figura 8). Junto con una inflación casi cero, estos incrementos salariales nominales se tradujeron casi por completo en reales. Esta tendencia es coherente con el descenso del desempleo a todos los niveles, aunque se observan pautas muy diferentes cuando se analizan países concretos. Los incrementos salariales fueron mayores en los países bálticos (especialmente Letonia), donde crecieron a mayor ritmo que la productividad laboral. Suecia, Rumanía, Polonia y Hungría también registraron un crecimiento relativamente elevado de la remuneración (real) por empleado, aunque (excepto en el caso de Hungría) más ajustado a la productividad. Por el contrario, Grecia, Chipre, Portugal y Croacia presentaron descensos nominales, aunque más limitados que en años anteriores. Los incrementos salariales en los países de la zona del euro tendieron a ser menores que en las economías de fuera del euro. Figura 8: Variaciones de los salarios, la productividad y la inflación en 2014/15 Fuente: Eurostat. Nota: No incluye el crecimiento del valor añadido por trabajador en IE (23,1 %). La carga fiscal sobre el trabajo permanece en general estable en Europa, con diferencias significativas según los Estados miembros. Si se consideran trabajadores individuales que perciban el salario medio (figura 9), la cuña fiscal oscila entre menos del 30 % en Irlanda y Malta y casi el 50 % en Bélgica, Hungría, Alemania, Austria, Francia e Italia. Se observa una dispersión similar en los trabajadores de rentas más bajas (definidos como aquellos que perciben un 67 % del salario medio), aunque la progresividad de los tipos impositivos sigue distintas pautas según los países. Entre 2014 y 2015, la cuña fiscal media permaneció en general estable, aunque algunos Estados miembros redujeron su incidencia sobre los costes laborales (España, Grecia y Estonia, así como Francia en lo que respecta a los trabajadores de renta baja, en torno a 1 pp). En cambio, en Portugal hubo un incremento importante (este país registró el mayor incremento de la cuña fiscal sobre las rentas medias en los últimos años). Figura 9: Cuña fiscal sobre el trabajo, nivel en 2015 y variación en 2014-15 Fuente: Base de datos sobre fiscalidad y prestaciones, OCDE/CE. Nota: Los datos corresponden a hogares donde trabaja una sola persona (sin hijos) No hay datos de 2015 de los países marcados con un *.

2.1.1 Respuesta normativa Varios Estados miembros utilizaron subsidios para apoyar el empleo y la creación de puestos de trabajo. La mayoría de las medidas en este terreno están destinadas a grupos específicos que tienen problemas de integración en el mercado de trabajo (como jóvenes, personas mayores, desempleados de larga duración, refugiados, etc.). A menudo se trata de ofrecer incentivos financieros (o reducciones fiscales o de las cotizaciones a la seguridad social) a los empresarios que contraten trabajadores que se ajusten a las determinadas categorías. En el periodo de referencia (a partir del segundo semestre de 2015; véase la introducción de la sección 2), se introdujeron subsidios a la contratación de determinados grupos de personas en Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Francia, Chipre, Malta, Países Bajos, Austria, Eslovenia y Eslovaquia (para más detalles, véase la sección 2.2 del informe relativo a los grupos destinatarios). Sin embargo, algunos países también introdujeron (o piensan introducir) subsidios a la contratación genéricos, es decir, que no requieren el cumplimiento de condiciones específicas, habitualmente con el fin de promover el empleo indefinido. Por ejemplo, Francia introdujo una prima de 4 000 euros durante 2 años a las pymes (hasta 249 trabajadores) que contratasen a una persona con un sueldo de hasta 1,3 veces el salario mínimo, con un contrato indefinido o al menos de 6 meses de duración. En Italia, los incentivos a la contratación indefinida introducidos en 2015 con la Ley de Empleo se mantuvieron en 2016, pero con cuantías reducidas y solo para dos años (en lugar de tres). Portugal analiza con los interlocutores sociales posibles medidas para incentivar los contratos fijos en las empresas, como modificaciones en las cotizaciones sociales para evitar el abuso de los contratos temporales o incentivos financieros a las empresas que transformen contratos temporales en fijos. Finlandia planea introducir la posibilidad de utilizar la prestación por desempleo como subsidio salarial, para que sea más atractivo para los empresarios contratar a una persona desempleada. Algunos Estados miembros están adoptando medidas para promover el emprendimiento y la creación de nuevas empresas, especialmente entre los jóvenes. Algunos países han aplicado medidas que apoyan la creación de empresas sociales. En particular, Hungría introdujo las ayudas formativas y financieras a jóvenes emprendedores como parte de la Garantía Joven, así como a empresas sociales (incluidos subsidios temporales de los costes salariales relacionados con el empleo de trabajadores desfavorecidos). Letonia está elaborando un nuevo marco normativo para el emprendimiento social y ha introducido ayudas a las empresas sociales, dirigidas a incrementar las oportunidades de empleo para grupos desfavorecidos. Bélgica e Irlanda introdujeron incentivos fiscales para los trabajadores autónomos. En el marco de una propuesta destinada a utilizar las prestaciones por desempleo para activar la búsqueda de empleo, Finlandia planea otorgar subvenciones y subsidios salariales a las empresas de nueva creación (también para jóvenes que trabajen como emprendedores a tiempo parcial), sobre todo por la contratación de su primer trabajador. Grecia está implantando programas destinados a apoyar la creación de nuevas empresas y el autoempleo por graduados superiores. Varios Estados miembros contribuyeron a la recuperación continuada del empleo en 2015 y 2016 con medidas de reducción de la cuña fiscal sobre el trabajo, a menudo dirigidas a las rentas más bajas. Las reformas fiscales se enfocaron a la tributación personal de las rentas del trabajo, con el fin de aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores de renta baja y reforzar los incentivos para trabajar luchando contra la pobreza laboral. Se han aplicado medidas para reducir el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ya sea reduciendo los tipos impositivos o modificando las deducciones fiscales o los tramos de tributación, en Bélgica, Alemania, Estonia, Irlanda, España, Países Bajos, Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia y Reino Unido. En Bélgica, se combinó una reducción de los tipos impositivos con un incremento del techo de gasto deducible. Estonia adoptó un sistema de devolución de impuestos destinado a reducir la pobreza laboral, así como un incremento del mínimo no imponible. Irlanda introdujo en sus presupuestos para 2016 una prórroga de las deducciones aplicables al impuesto sobre la renta y una reducción de la tasa social universal (se han anunciado rebajas adicionales para 2017). En los Países Bajos, se ha adoptado un plan de reducciones fiscales por valor de 5 000 millones de euros con el fin de aumentar el sueldo neto de los trabajadores, reduciendo los tramos de tributación y aumentando las deducciones fiscales. Dinamarca y Lituania estudian reformas dirigidas a reducir o modificar la tributación de las rentas de las personas físicas. En algunos Estados miembros, se redujo la cuña fiscal por medio de reducciones genéricas o específicas de las cotizaciones sociales. Este tipo de medidas se han adoptado, por ejemplo, en Bélgica, Estonia, Francia y Reino Unido. En Bélgica, las cotizaciones sociales bajarán gradualmente entre 2016 y 2019, eliminando en parte los subsidios salariales existentes. Se ampliarán las reducciones específicas para pymes y trabajadores autónomos. En Francia se aplica, desde abril de 2016, una reducción de 1,8 pp a las cotizaciones sociales (familiares) por salarios comprendidos entre 1,6 y 3,5 veces el salario mínimo. Francia también tiene previsto aumentar la deducción fiscal por competitividad y empleo (CICE), que actualmente asciende al 6 % de la nómina de una empresa, limitada a los salarios de hasta 2,5 veces el salario mínimo. En Finlandia, el acuerdo de competitividad firmado por los interlocutores sociales en marzo de 2016 tiene por objeto conseguir una reducción única del 5 % de los costes laborales (estimaciones recientes sitúan esta reducción aproximadamente en un 3 %) a través de un desplazamiento de las cotizaciones sociales de los empresarios a los trabajadores, junto con algunas medidas adicionales (como un aumento de la jornada laboral, véase la sección 2.3). De acuerdo con las tendencias de los últimos años, varios Estados miembros están modernizando sus sistemas salariales, con el fin de que los salarios sean más sensibles a la productividad. Finlandia ha aumentado las posibilidades de negociación colectiva a nivel de empresa, ya que los convenios colectivos sectoriales pueden contener una «cláusula de crisis» que determinará cuándo es posible desviarse de los convenios colectivos en materias como los salarios y la jornada laboral. Más aún, todos los empresarios, incluidos los que no sean miembros de una confederación empresarial, podrán alcanzar un acuerdo a escala local, de acuerdo con las disposiciones del convenio colectivo (véase también la sección 2.3 del informe sobre diálogo social, que también trata de los intentos de Francia de simplificarlo a nivel de empresa). Irlanda ha restablecido su régimen salarial sectorial, tras la sentencia de inconstitucionalidad dictada por el Tribunal Supremo en 2013 contra aspectos importantes del mismo, adoptando nuevas normas para la extensión de los convenios colectivos a todos los trabajadores de un sector. Además, legisló una definición más precisa del término «negociación colectiva», a fin de aclarar en qué circunstancias tiene la Magistratura de Trabajo competencias para resolver conflictos laborales colectivos en aquellos casos en que no existan acuerdos de negociación colectiva en una empresa. En Bélgica, el Ministro Federal de Economía y Trabajo presentó una propuesta legislativa para reformar la Ley de Competitividad de 1996, que se debatirá con los interlocutores sociales, a fin de establecer un nuevo marco para la negociación colectiva a finales de 2016. Algunos Estados miembros dieron pasos para reformar su regulación del salario mínimo, con el fin de mejorar la transparencia y la predictibilidad de sus ajustes. Por ejemplo, Irlanda creó en 2015 la Comisión de Remuneraciones Bajas, con representación de los trabajadores, los empresarios y expertos independientes, con el fin formular recomendaciones anuales al Gobierno sobre el salario mínimo nacional y cuestiones relacionadas; a recomendación de esta nueva Comisión, se subió el salario mínimo legal en enero de 2016. En Bulgaria, el Gobierno tiene previsto establecer a finales de 2016 los criterios por los que ha de regirse el mecanismo de establecimiento del salario mínimo, incorporando aspectos relacionados con la productividad (y a veces también con la pobreza). Otros países han ampliado la cobertura o adecuación del salario mínimo. En particular, Polonia introdujo en julio de 2016 un salario mínimo para los contratos en derecho civil y los trabajadores autónomos, que entrará en vigor en 2017. En el Reino Unido, se introdujo en abril de 2016 un nuevo «salario básico nacional» (NLW, por sus siglas en inglés) que supuso un incremento significativo del salario mínimo nacional (NMW) para trabajadores de más de 25 años. El Gobierno británico espera que el NLW alcance al 60 % de los ingresos medianos en 2020. En Eslovenia, el Parlamento aprobó en noviembre de 2015 una ley que redefine el salario mínimo dejando al margen el trabajo nocturno y el trabajo en domingos y festivos (cuya cuantía deberá determinarse en convenios colectivos). 2.2 Orientación 6: Mejorar la oferta de trabajo y las competencias Esta sección trata de la aplicación de la orientación n.º 6 en materia de empleo, que recomienda a los Estados miembros crear condiciones que fomenten la oferta de empleo y las competencias. En primer lugar presenta indicadores de cómo afecta el sistema de educación y formación a la empleabilidad de la mano de obra (dominio de competencias básicas, participación en aprendizaje permanente y transiciones del ámbito académico al laboral para distintos tipos de planes de estudios) antes de examinar qué ofrece el mercado de trabajo a varios grupos desfavorecidos (p.ej. jóvenes, personas mayores, personas de origen migrante, mujeres y desempleados de larga duración). El apartado 2.2.2 trata de las políticas aplicadas por los Estados miembros en estos ámbitos, incluidos los subsidios a la contratación (de determinadas personas) y medidas dirigidas a los grupos desfavorecidos, como las personas con discapacidades. 2.2.1 Indicadores clave Los indicadores de rendimiento académico mantuvieron la tendencia al alza en 2015. Siguiendo la tendencia del último decenio, el índice de abandono escolar ha bajado en la mayoría de los Estados miembros, con una reducción media de 0,2 pp en 2015 para situarse en el 11,0 %. Sin embargo, España, Malta y Rumanía todavía registran niveles cercanos al 20 % y otros seis Estados miembros superan el objetivo del 10 % marcado para Europa 2020. El índice de abandono escolar es mayor entre los alumnos romaníes y los de origen migrante, especialmente los nacidos en el extranjero. El rendimiento académico terciario entre las personas de 30 a 34 años también ha ido en constante y notable aumento. Este índice se sitúa actualmente en el 38,7 %, con un incremento de 0,8 pp solo en 2015, con 17 Estados miembros por encima del objetivo del 40 % marcado para Europa 2020. El índice de rendimiento académico terciario es notablemente superior entre las mujeres e inferior entre los alumnos de origen migrante. Sin embargo, persisten los desequilibrios de género en determinados ámbitos de estudio, ya que los hombres son la minoría de los graduados en salud y educación, mientras que las mujeres están infrarrepresentadas en ciencias e ingeniería. El contexto parental todavía afecta a la participación en la educación superior. La reciente afluencia de gran cantidad de jóvenes solicitantes de asilo requiere medidas para ofrecerles un buen comienzo en educación y formación a fin de fomentar su integración en las sociedades y los mercados de trabajo europeos. A pesar de este incremento, existen grandes divergencias en y entre los Estados miembros en lo que respecta a la adquisición de competencias básicas, como la lectoescritura, el cálculo y las ciencias (figura 10). Según el estudio de competencias básicas de la OCDE conocido como informe PISA (Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos), en su edición 2012, el 22,1 % de los alumnos europeos de 15 años ofrecen un bajo rendimiento en matemáticas, un 17,8 % en lectura y un 16,6 % en ciencias. Las desventajas socioeconómicas, las necesidades educativas especiales y el origen migrante son los factores más importantes asociados al bajo rendimiento en competencias básicas. Los centros escolares con más alumnos desfavorecidos socioeconómicamente tienden a contar con recursos de calidad relativamente inferior. Sin embargo, los datos de PISA apuntan a que la asignación de los recursos también influye en los resultados del sistema educativo en su conjunto y la equidad en la educación, en particular: el rendimiento en matemáticas es mayor en aquellos países en que los recursos se asignan de manera más equitativa entre los centros escolares, como tienden a hacer las economías de alto rendimiento, independientemente de su perfil socioeconómico.

Fuente: Skills Matter, OECD Publishing, 2016 Europa también tiene muchos adultos sin las competencias mínimas necesarias para participar adecuadamente en la vida social y económica. Esto se debe en parte al abandono escolar y al bajo rendimiento en la juventud, así como a la obsolescencia posterior de las competencias adquiridas y a la baja participación en el aprendizaje durante la edad adulta. El Programa de Evaluación Internacional de Competencias en Adultos (PIAAC) publicado por la OCDE en 2012 reveló que en Italia, España y Grecia, al menos un tercio de los adultos en edad laboral presentan bajos niveles de lectoescritura y cálculo. El rendimiento académico es el mejor predictor de competencias: el 51 % de los adultos que tienen una competencia muy limitada en lectoescritura y cálculo no ha conseguido una titulación secundaria-superior. Los adultos que carecen de competencias mínimas tienen problemas para encontrar empleo: en todos los Estados miembros de la UE, las tasas de empleo de los adultos con baja cualificación son notablemente menores (y las tasas de desempleo mayores) que las de los adultos con cualificación media o alta. La tasa media de participación de los adultos en actividades de aprendizaje en la UE se situó en el 10,7 % en 2014 y no aumentó en 2015, a pesar de existir una gran variedad de necesidades que evolucionan rápidamente. En particular, quienes abandonan la educación o formación inicial sin un nivel adecuado en las competencias básicas necesitan la oportunidad de adquirirlo más adelante. El desarrollo y reciclaje de competencias garantiza que estas sigan siendo relevantes y actualizadas. En comparación con 2010, las tasas de participación de los adultos en actividades de aprendizaje se redujeron en 12 Estados miembros y permanecieron estables en los demás, salvo Luxemburgo, Francia y Hungría (figura 11), con incrementos significativos en los dos últimos casos. Además, los adultos con baja cualificación tienen solo la mitad de probabilidades de participar en alguna actividad de aprendizaje que la población general, y la brecha se amplió entre 2012 y 2015.



Fuente: Eurostat (EPA). Código de datos en línea: tesem250. Nota: Este indicador refleja la tasa de participación en actividades de educación y formación formales y no formales (últimas cuatro semanas) de personas de 25 a 64 años de edad. Que la educación sea relevante para el mercado de trabajo es crucial para fomentar la capacidad de los jóvenes de encontrar empleo y contribuir efectivamente al crecimiento económico. La tasa de empleo de los graduados recién salidos de la educación superior alcanza una media del 81,9 % en la UE, frente al 70,8 % de los graduados de educación secundaria superior. La brecha es mayor en los Estados miembros con menores tasas totales de empleo juvenil (figura 12). Una educación y formación profesional (EFP) eficaz también favorece la transición al mercado de trabajo fomentando competencias transversales y específicas para el empleo. Los graduados recientes con cualificaciones en EFP de nivel secundario superior y post-secundario no terciario tienen en general una transición más fácil de la educación al mercado laboral y mayores tasas de empleo que los graduados de itinerarios de educación general con niveles de rendimiento comparables (figura 13). Fuente: Eurostat (EPA). Nota: Tasa de empleo de los graduados en educación superior (ISCED 5-8) y educación secundaria superior (ISCED 3-4) de 20 a 34 años que se graduaron entre 1 y 3 años antes del año de referencia y que actualmente no están matriculados en ningún otro curso de educación o formación formal o no formal. Sin embargo, pese a sus efectos positivos, la EFP inicial no es tan atractiva como los itinerarios de educación general, con una matriculación media que ha permanecido estable en los 10 últimos años. En el ámbito de la UE, el porcentaje de alumnos de EFPI en la población total de alumnos de secundaria superior es del 48 % y el porcentaje de todos los alumnos que participan en un programa de formación profesional en la educación secundaria superior, post-secundaria no terciaria y terciaria de ciclo corto (ISCED 3-5) alcanza el 39 %. Los programas formales de EFP también atraen a alumnos mayores: el 36,6 % de los alumnos de EFP de la UE eran mayores de 20 años, es decir, estaban por encima de la edad típica en la educación secundaria, en muchos casos seguramente de regreso a la EFP tras interrumpir su itinerario educativo. Este grupo representa bastante más de la mitad de los alumnos de la EFP en Dinamarca, Irlanda, España y Finlandia. En total, la tasa de desempleo juvenil bajó de una cota máxima de casi un 24 % en 2013 a un 20,3 % en 2015, pero sigue siendo casi 4,4 pp mayor que en 2008. En el primer semestre de 2016, algunos Estados miembros siguieron registrando niveles cercanos o superiores al 40 % (Italia, España o Grecia) sin descensos significativos, aunque otros Estados muy afectados registraron mejoras importantes (sobre todo Chipre y Croacia). La dispersión del desempleo juvenil en los Estados miembros sigue siendo alta, si bien disminuye con el tiempo (véase la figura 14, donde la línea diagonal indica una correlación negativa entre las variaciones y los niveles de desempleo juvenil). Fuente: Eurostat (EPA, 2015). Este indicador expresa las tasas de empleo de las personas de 20 a 34 años que completaron su educación de 1 a 3 años antes de la encuesta con un diploma de educación secundaria superior (ISCED 3) o educación post-secundaria no terciaria (ISCED 4), entre las personas del mismo grupo de edades que actualmente no están matriculadas en ningún otro curso de educación o formación formal o no formal. Interrupción en la serie cronológica de LU y HU, datos no fiables con respecto a los graduados en educación general en CZ, EE, HR, AT y SI, y con respecto a los graduados en EFP en LU. Figura 14: Tasa de desempleo juvenil (15-24 años) y variación anual, tal como consta en el cuadro de indicadores sociales y de empleo clave Fuente: Eurostat, EPA (cálculos de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión). Período: Niveles del primer semestre de 2016 y variaciones anuales en relación con el primer semestre de 2015. Nota: Los ejes están centrados en la media no ponderada de la EU. La leyenda se presenta en el anexo. Además de los desempleados, un porcentaje estable de jóvenes de 15 a 24 años permanecen inactivos y no realizan ninguna actividad educativa o formativa. En 2015, un total de 6,6 millones de personas de 15 a 24 años no estudiaban, ni trabajaban ni seguían formación alguna (ninis) en la UE. Esto supone el 12,0 % de la población en ese grupo de edades, por encima del 10,9 % de 2008, pero por debajo del 13,2 % registrado como cota máxima en 2012. Como se observa en la figura 15, algunos países siguen registrando elevados porcentajes de ninis cercanos o superiores al 20 % (Croacia, Bulgaria, Italia y Rumanía, este último con un incremento importante en 2015). Los porcentajes de ninis también presentan incrementos significativos en Dinamarca, Finlandia, Francia y Eslovaquia. La mitad de los ninis permanecían inactivos, con variaciones importantes según los Estados miembros, pero con un porcentaje estable a escala de la UE (figura 16). Entre las mujeres ninis, la inactividad es más frecuente que el desempleo, mientras que entre los hombres ocurre lo contrario. Figura 15: Porcentaje de ninis (15-24) y variación anual, tal como consta en el cuadro de indicadores sociales y de empleo clave





Fuente: Eurostat, EPA (cálculos de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión). Interrupción en la serie en FR y ES. Período: Niveles de 2015 y variaciones anuales en relación con 2014. Nota: Los ejes están centrados en la media no ponderada de la EU. La leyenda se presenta en el anexo.



Figura 16: Perfil de ninis (de 15 a 24 años) en 2015 (%)

Fuente: Eurostat [edat_lfse_20] Todavía existe un gran potencial de incremento de la tasa de empleo de los trabajadores mayores, pese al importante crecimiento de sus tasas de empleo en el último decenio en muchos países y al hecho de que los trabajadores mayores han soportado la crisis relativamente mejor que otros grupos de edades. La evolución demográfica hace que el envejecimiento activo sea todavía más necesario. En 2015, la tasa de empleo de los trabajadores mayores (de 55 a 64 años) oscilaba entre el 34,3 % de Grecia y el 74,5 % de Suecia, con una media del 53,3 % en la UE y niveles inferiores al 40 % en cuatro países. La tasa de empleo de las mujeres de 55 a 64 años se está recuperando lentamente, pero seguía siendo menor en 2015 con un 46,9 %. La brecha de género en la duración de la vida laboral también es significativa, ya que la participación media de las mujeres en el mercado laboral es 5,1 años menor que la de los hombres (32,7 frente a 37,8 años en 2014) (figura 17). Esta brecha media oculta una variación importante en todos los Estados miembros y está relacionada con múltiples factores, entre los que cabe mencionar barreras tales como el acceso insuficiente a los servicios asistenciales y menores edad de jubilación para las mujeres que para los hombres (véase un análisis detallado a continuación).



Figura 17: Duración media de la vida laboral, 2014 Fuente: Eurostat, EPA Los datos también muestran grandes brechas de actividad y empleo para las personas con discapacidades. Más aún, cabe esperar que el alargamiento de la vejez haga que su número aumente en la UE de 80 a 120 millones para 2020. En 2014, la brecha de actividad (grupo de 20 a 64 años) en la UE entre las personas con y sin discapacidades se situó en 21,1 pp (un 60,6 % frente al 81,7 %) y la brecha de empleo en 23,8 pp (un 48,7 % frente al 72,5 %). La brecha de empleo es especialmente importante en Lituania, Irlanda y Malta, donde se acerca a 40 pp, mientras que en otros 12 países es superior a 30 pp. Según los datos del estudio EU-SILC de 2014, la tasa de empleo de las personas con discapacidades es inferior al 30 % en Grecia, Irlanda, Malta y Croacia. Las personas con discapacidades suelen salir del mercado laboral antes, registrando una tasa de empleo muy baja en el grupo de edades de 55 a 64 años, con un 34,5 %. La población no nacida en la UE también registra tasas de actividad y empleo menores que la media, con una brecha de actividad de 4,2 pp por término medio en comparación con la población autóctona (grupo de edades de 20 a 64 años), pero supera los 10 pp en siete Estados miembros (figura 18). Esta brecha de inactividad es incluso mayor en el caso de las mujeres. Además, la tasa de empleo de los no nacidos en la UE es por término medio 10,4 pp menor que la de la población autóctona, pero esta brecha alcanza los 20 pp en tres Estados miembros y supera los 15 pp en otros cuatro, ampliándose de nuevo esta brecha en el caso de las mujeres. Por término medio, las mujeres no nacidas en la UE tienen una tasa de empleo 13,5 pp menor que las mujeres autóctonas. Los problemas suelen persistir en la segunda generación: las personas (de 25 a 54 años) nacidas en la UE de progenitores no nacidos en la UE tienen una tasa de empleo 5,7 pp menor y una tasa de actividad 3,7 pp menor que los nacidos al menos de un progenitor autóctono. Figura 18: Tasa de empleo por país de nacimiento, de 20 a 64 años, 2015 y variación desde 2008 Fuente: Eurostat; en el caso de Alemania, no hay desglose de nacidos fuera de la UE, pero si se analiza la brecha entre los ciudadanos autóctonos y los nacionales de terceros países, alcanza los 22,6 pp. La situación de los inmigrantes en el mercado de trabajo está influenciada por numerosos factores. Más allá de factores explicativos tradicionales como la edad, el género, el nivel educativo o la experiencia profesional, esta situación también viene determinada por los factores específicos del dominio de la lengua del país de acogida y de la transmisibilidad de las competencias y la educación adquiridas en el extranjero. También es importante si la causa de la inmigración es la reunificación familiar o la migración económica o humanitaria, en parte porque afecta a las características previas pero también porque implica diferentes capacidades y necesidades de adopción de medidas de integración. No obstante, aun teniendo en cuenta estas diferencias, sigue habiendo una brecha en la probabilidad de conseguir empleo. Esto puede tener que ver en parte con prácticas discriminatorias o con la falta de reconocimiento de las cualificaciones, pero también con otras características no observadas, como la región de origen, que pueden por ejemplo afectar a los roles de género y, por tanto, a la participación de la mujer en el mercado de trabajo. Estos problemas podrían agravarse en vista de la afluencia sin precedentes de solicitantes de asilo, con casi 1,8 millones de solicitudes presentadas solo en 2015 y el primer semestre de 2016. En todos los Estados miembros, las mujeres tienen menores tasas de empleo que los hombres, con grandes variaciones en toda la UE. En 2015, la tasa de empleo de los hombres (de 20 a 64 años) en la EU era del 75,9 %, mientras que solo alcanzaba el 64,3 % en el caso de las mujeres (figura 19), pese al hecho de que las mujeres están cada vez más cualificadas e incluso superan a los hombres en rendimiento académico. Ese mismo año, el 43,4 % de las mujeres (de 30 a 34 años) tenía educación superior, frente al 34 % de los hombres. Ocho Estados miembros registran una tasa de empleo femenino del 60 % o menor, junto con una gran brecha de género en el empleo. La mayoría de ellos afrontan un fuerte envejecimiento de la población. Esta brecha de empleo entre hombres y mujeres (de 15 a 64 años) se acentúa especialmente entre los refugiados (17 pp) y los migrantes (19 pp). Fuente: Eurostat, EPA. Nota: Porcentaje de trabajadores a tiempo parcial con respecto a la población trabajadora total en cada grupo de género. Países ordenados por tasa de empleo femenino, de menor a mayor.

Las brechas de género en el empleo son especialmente notables en el caso de las personas con hijos, ya que las mujeres siguen siendo más propensas a asumir la responsabilidad del cuidado de los hijos que los hombres. Por término medio, la tasa de empleo de las mujeres con hijos pequeños es 8 pp menor que la tasa de empleo de las mujeres sin hijos pequeños y en algunos países esta diferencia supera los 30 pp (Chequia, Eslovaquia o Hungría). Por el contrario, en todos los Estados miembros de la UE, los padres tienen más probabilidades de estar empleados que los hombres sin hijos. Las tasas de empleo de las madres tienden a ser mayores que las de las mujeres sin hijos en los países donde existen políticas bien diseñadas y equitativas de conciliación de la vida laboral y familiar (especialmente Suecia y Dinamarca). La brecha en la tasa de empleo es especialmente notable en el caso de las madres con baja cualificación, así como de las familias monoparentales . Las mujeres también tienden a asumir más responsabilidades asistenciales de larga duración y se encuentran con una fuerte desincentivación financiera cuando acceden al mercado de trabajo o quieren trabajar más. Por tanto es más probable que reduzcan su horario laboral o cesen en su empleo. En 2015, más del 25 % de la población femenina inactiva (de 20 a 64 años) estaba inactiva por responsabilidades familiares (incluido el cuidado de los hijos y de adultos incapacitados) en Hungría, Irlanda, Eslovaquia, Estonia, Chequia y Reino Unido. Más aún, en algunos sistemas de beneficios fiscales, las transferencias de efectivo y las ayudas fiscales debilitan los incentivos financieros para que trabaje un segundo miembro de la familia, dificultando así la participación de la mujer en el mercado de trabajo. Los elevados costes del cuidado de los hijos pueden ser otro factor de desincentivación para que el otro miembro de una pareja acceda por primera vez o regrese al mercado de trabajo. Así ocurre especialmente en el Reino Unido e Irlanda, donde el coste del cuidado de los hijos representa, por término medio, más del 23 % de la renta familiar neta. En el conjunto de la UE, solo el 28 % de los hijos de 0 a 3 años eran atendidos por servicios asistenciales formales en 2014 y el 83 % de los hijos entre 3 años y la edad escolar obligatoria. En consecuencia, las menores tasas de empleo femenino se combinan con un elevado porcentaje del empleo a tiempo parcial: el 31,9 % de las mujeres con empleo, frente a tan solo el 8,3 % de los hombres. Esto es así todavía más en el caso de las personas con hijos, con un 40,5 % de las madres empleadas a tiempo parcial frente al 5,7 % de los padres. Figura 20: Brecha salarial de género no ajustada en 2008 y 2014 Fuente: Eurostat. Nota: Las cifras reflejan la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a ingresos brutos medios por hora en porcentaje de los ingresos brutos medios por hora de los hombres, referidos a trabajadores remunerados, sin ajustes por características personales o laborales. Fuente: Eurostat; industria, construcción y servicios (salvo administraciones públicas, defensa y seguridad social obligatoria). No hay datos disponibles para Grecia e Irlanda en 2014. Además de bajas tasas de empleo equivalente a jornada completa, las mujeres también sufren una importante brecha salarial. En la UE se situaba en el 16,6 % en 2014, con grandes variaciones según los Estados miembros (véase la figura 20). Existen varias razones que pueden explicar la brecha salarial de género, como diferencias de experiencia laboral, jornada laboral, tipo de empleo o sector de empleo. En el conjunto de la UE, la segregación del mercado de trabajo es relativamente alta, con un 25,3 % de segregación ocupacional y un 18,3 % de segregación sectorial. Las mujeres tienden a trabajar en sectores que están relativamente peor pagados, están menos representadas en los puestos de dirección y están más representadas que los hombres en el trabajo a tiempo parcial, que está peor remunerado por hora de trabajo que los empleos a jornada completa. Las brechas salariales de género en favor de los hombres existen en casi todas las profesiones. Más aún, otros factores no observables, como la discriminación, pueden contribuir a la brecha salarial de género. La menor remuneración, la menor jornada laboral y la menor duración en el mercado de trabajo de las mujeres afectan negativamente a sus ingresos totales y a sus derechos de pensión. El desempleo de larga duración disminuyó en la mayoría de los Estados miembros entre 2014 y 2015, pero sigue siendo un problema importante, con más de 10,3 millones (T1 2016) de europeos que buscan trabajo durante más de un año, de los cuales 6,5 millones lo buscan durante más de dos años. En porcentaje de la población activa, el desempleo de larga duración aumentó en 2015 en Austria, Bélgica, Croacia, Finlandia, Luxemburgo, Países Bajos, Rumanía y Suecia, mientras que disminuyó, a veces de forma significativa, en la mayoría de los Estados miembros más afectados (figura 21). Sin embargo, todavía es superior al 10 % en Grecia, España y Croacia y superior al 5 % en Eslovaquia, Portugal, Italia, Chipre, Bulgaria e Irlanda. Según se prolonga el tiempo en desempleo, la conexión con el mercado de trabajo se deteriora, con una brusca reducción de la probabilidad de volver a encontrar un empleo estable y un incremento del riesgo de inactividad debido a la reducción de la empleabilidad y a la acumulación de barreras a la participación. Fuente: Eurostat, EPA Los Estados miembros obtienen muy diversos grados de éxito con sus medidas de apoyo para que los desempleados de larga duración encuentren un empleo. La calidad de la prestación de servicios a los desempleados de larga duración sigue siendo crucial para garantizar su integración efectiva en el mercado de trabajo, en línea con la Recomendación del Consejo de 15 de febrero de 2016 sobre la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral. 2.2.2 Respuesta normativa Las políticas para corregir el escaso dominio de competencias básicas han recibido especial atención en Estados miembros como Chipre, Hungría y Suecia y son el objeto de la reciente propuesta de la Comisión sobre el establecimiento de la Garantía de Capacidades. Los Estados miembros a menudo han afrontado este problema mejorando sus sistemas de EFP. Sin embargo, Suecia adoptó recientemente una iniciativa orientada a la intervención precoz, dirigida a los primeros años de escolarización (es decir, preescolar y primaria de 1º a 3º), con especial atención a las competencias básicas. En Hungría y Eslovaquia, se ha adoptado el objetivo concreto de mejorar las competencias digitales. En Chipre, el objetivo ha sido mejorar la participación y adaptar la EFP a las necesidades del mercado de trabajo. Los esfuerzos para promover una educación inclusiva también han sido prioritarios, con el objetivo principal de cerrar la brecha educativa de los alumnos desfavorecidos (como alumnos con necesidades educativas especiales, migrantes y romaníes). El año pasado se pusieron en marcha iniciativas en favor de una educación más inclusiva en Chequia, Grecia, Polonia, Portugal y Eslovaquia. Las medidas se dirigen fundamentalmente a fomentar la participación en el sistema educativo general de grupos más amplios de alumnos (especialmente de los grupos desfavorecidos) y desde una edad temprana. Hungría ha rebajado la edad de inicio obligatorio de la educación preescolar temprana y la atención, de cinco a tres años, mientras Chequia legisló su reducción de los seis a los cinco años a partir de septiembre de 2017. Grecia ha introducido zonas educativas prioritarias, es decir, clases de acogida, tutorías y estructuras de acogida para educar a los migrantes en escuelas primarias. Portugal incrementó el número de becas para alumnos en situación económica vulnerable y también está aumentando las prestaciones públicas de educación y asistencia en la primera infancia. Eslovaquia presentó una iniciativa dirigida a evitar la escolarización indebida de menores en centros especiales únicamente por estar en una situación socioeconómica desfavorecida. En Bélgica (comunidad flamenca), todos los menores —incluidos los que tienen necesidades especiales— tienen ahora el derecho de matricularse en un centro escolar generalista, siempre que esto sea posible con adaptaciones razonables. Varios Estados miembros hacen hincapié en las medidas de apoyo a profesores, formadores, directores de centros y otro personal docente. Este es el caso de Bélgica (donde las primeras medidas se han adoptado en las comunidades flamenca y francesa), Chequia, Croacia, Chipre, Letonia, Rumanía, Eslovaquia y Suecia. Los Estados miembros están tratando de elevar el rendimiento académico terciario y la empleabilidad de los graduados superiores. Las medidas adoptadas tratan de captar mejor a los grupos desfavorecidos y vulnerables, desarrollar itinerarios claros de progresión de la formación profesional y otros tipos de educación a la educación superior, así como reducir las tasas de abandono. En Suecia, el Gobierno financiará unas 14.600 plazas nuevas para alumnos de educación superior en 2019, con el fin de incrementar la participación. La República Checa y Portugal han aumentado las becas y las ayudas a personas en situación económica vulnerable. Se está mejorando la relevancia de la educación superior con un mayor uso de las proyecciones de competencias y los datos de empleo de los graduados, con la participación de los empresarios en el diseño de los planes de estudios, con el desarrollo de una mayor variedad de modalidades de estudio (a tiempo parcial, a distancia, etc.) y con el desarrollo adicional de la formación profesional superior. España continúa desarrollando su sistema de seguimiento de graduados para medir la empleabilidad de los planes de estudios. En Bélgica se están aplicando medidas para aumentar la empleabilidad, en particular mejorando los itinerarios de progresión a través de programas de ciclo corto (Comunidad Flamenca) y programas educativos duales o basados en el trabajo para licenciados (Federación Valonia-Bruselas). Se han realizado reformas políticas del aprendizaje para adultos para asegurar que la educación y formación satisfaga las necesidades del mercado de trabajo. Recientemente se han adoptado iniciativas en este ámbito en Chipre, Hungría, Lituania, Rumanía y Suecia, normalmente orientadas a competencias básicas o a la actualización de competencias evitando la jubilación anticipada. A modo de ejemplo, Suecia adoptó el «derecho a la educación adulta» en el nivel secundario superior como parte de los presupuestos de 2016. A partir de 2017, todos los adultos tendrán derecho a complementar sus estudios anteriores y obtener una cualificación secundaria superior que les dé acceso a la educación superior y mejore sus opciones en el mercado de trabajo. Hungría pretende desarrollar las competencias digitales de 200 000 personas desfavorecidas. Lituania prestó atención a las condiciones para mejorar la calidad de la educación y formación continua no formal para adultos. A través de la Nueva agenda de capacidades para Europa, la Comisión favorece la inversión sostenida en la adquisición de competencias y una mejor adaptación de las competencias a las necesidades del mercado de trabajo para promover la creación de empleo de calidad. También se han adoptado medidas para promover conocimientos y competencias relevantes y de alta calidad durante el aprendizaje permanente, orientadas a obtener resultados de empleabilidad, innovación, ciudadanía activa o bienestar, en Irlanda, España, Francia, Croacia, Polonia y Reino Unido.

Los Estados miembros han seguido mejorando la transparencia de sus competencias y sus cualificaciones Polonia, Croacia y Finlandia han mejorado sus marcos nacionales de cualificación. Suecia ha referenciado su marco nacional de cualificación con el Marco Europeo de Cualificaciones. Austria y Suecia se han centrado en la evaluación y validación de las competencias y cualificaciones de los migrantes recién llegados. En relación con el empleo juvenil, la Garantía Joven ha sido un catalizador de cambio. Los sistemas nacionales de Garantía Joven de los Estados miembros comprenden dos tipos de acciones: 1) medidas de acción rápida para prestar apoyo personalizado a todos los jóvenes ninis y 2) reformas estructurales a medio y largo plazo para mejorar la capacidad institucional y asegurar un proceso integrado de prestación de los servicios. En cuanto a cobertura, el 41,9 % de los ninis de 15 a 24 años de la UE se inscribieron en la Garantía Joven en 2015, frente al 40,4 % en 2014. Su implantación a gran escala todavía es reciente en algunos Estados miembros, ya que muchas medidas han requerido reformas importantes y una amplia red de socios. Invertir en actividades de divulgación dirigidas a jóvenes no registrados en los servicios públicos de empleo (SPE) ha sido una prioridad en muchos Estados miembros. Dos tercios de los SPE participan actualmente en actividades de divulgación en el contexto de la implantación de la GJ. En Suecia, la estrategia «Caminos hacia adelante: una estrategia para los ninis» está orientada a motivar a los jóvenes de más de 15 años a iniciar o regresar a la educación y completar la enseñanza secundaria superior o a trabajar (esto último cuando proceda y solo para jóvenes de 20 a 25 años). El coordinador nacional en materia de ninis pretende mejorar la colaboración entre organismos gubernativos, municipios, condados y organizaciones de ámbito nacional, regional y local y mantiene una estrecha colaboración con la Delegación de jóvenes trabajadores, a fin de promover acuerdos locales entre los municipios y los SPE y su aplicación. En Croacia, los centros CISOK (centros de orientación profesional permanente) establecidos por todo el país ofrecen asistencia en la búsqueda de empleo, asesoramiento profesional e información para ninis. En Letonia, el proyecto divulgativo «Conocer y hacer» pretende incorporar a los ninis a la educación para que desarrollen sus capacidades. También se han creado ventanillas únicas para mejorar la accesibilidad y la información. Se trata de ofrecer una gran variedad de servicios para la juventud de manera flexible y accesible en una única instancia. En 2015, Finlandia puso en marcha sus centros de orientación para la juventud. Presentes en 35 municipios hasta la fecha, ofrecen ayudas de umbral bajo a todos los jóvenes menores de 30 años, incluyendo asesoramiento y orientación personal, ayudas para afrontar la vida personal, planificación de la vida profesional, competencias sociales y ayudas a la educación y al empleo. En muchos Estados miembros, la Garantía Joven ha ayudado en general a descompartimentar las políticas y crear asociaciones viables. Se ha reforzado la coordinación entre las políticas de empleo, educación y juventud. En Italia, la implantación de la Garantía Joven ha dado lugar a la creación de un sistema informático común que integra las bases de datos de los ministerios de Trabajo y Educación y el lanzamiento de iniciativas destinadas a promover políticas activas del mercado de trabajo (PAMT) y la Garantía Joven en los centros escolares. En Lituania, el proyecto «Descúbrete a ti mismo», que se puso en marcha en todos los municipios entre 2015 y 2018, supone una asociación intersectorial de las oficinas locales de los SPE, la policía, los servicios de protección de menores, los trabajadores sociales y los centros de juventud locales para ayudar a los ninis a adquirir competencias personales, sociales y profesionales. Además, la mayoría de los Estados miembros han utilizado subsidios salariales y bonificaciones a la contratación de determinadas personas, en muchos casos con financiación de la UE y en particular del FSE y de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ). Desde 2015, una modificación de la Ley de Contribuciones de Croacia permite que los empresarios que ofrezcan un contrato de trabajo fijo a jóvenes menores de 30 años queden exentos del pago de las cotizaciones al seguro de salud y de empleo durante un periodo de 5 años. Estonia lanzó el programa «Mi primer empleo» en 2015, que ofrece un subsidio salarial de un año y sufraga los gastos de formación durante dos años. En Lituania, los empresarios que contratan jóvenes registrados en los SPE pueden recibir un reembolso del 50 % del salario bruto durante un máximo de 6 meses. Se da prioridad a categorías como los jóvenes desempleados de larga duración o los jóvenes con 2 hijos. Se aplican sanciones a los empresarios que despidan a los trabajadores subsidiados en los seis meses siguientes a la finalización del periodo de subsidio. En 2015, esta medida alcanzó al 28 % de los participantes en las PAMT de 16 a 29 años. En Chipre, se ofrecen puestos de trabajo a desempleados de menos de 25 años graduados en educación secundaria inferior, secundaria superior y educación post-secundaria de hasta 2 años, que tengan experiencia laboral limitada, con una paga de formación de 125 euros semanales durante un máximo de 6 meses. También optan a estos empleos graduados de educación superior de menos de 35 años. En Francia, los jóvenes de menos de 28 años que se hayan beneficiado de una beca pueden solicitar —en el plazo de 4 meses desde su graduación en educación terciaria o formación profesional secundaria— un «subsidio de búsqueda del primer empleo» de entre 200 y 300 euros mensuales. Se estima que esta medida beneficiará a 126 000 jóvenes. Más aún, se otorga una prima de 4 400 euros durante el primer año a las empresas con menos de 10 empleados que incorporen un aprendiz de entre 16 y 18 años. Las autoridades rumanas también están trabajando actualmente en la modificación de la legislación de empleo para ofrecer una serie de medidas de activación más generosas adaptadas a grupos más alejados del mercado laboral (como subsidios al emprendimiento y al empleo e incentivos a la formación de aprendices y periodos de prácticas). Se han intensificado los esfuerzos destinados a apoyar la formación de aprendices y a mejorar la regulación de los periodos de prácticas. Estas reformas han contribuido a que se adapten mejor las competencias de los jóvenes a las necesidades del mercado laboral y a reforzar la participación de la comunidad empresarial. La mitad de los Estados miembros de la UE han realizado —o han comunicado su intención de realizar— cambios legales para adaptar su marco nacional al marco de calidad para los periodos de prácticas de 2013. En los Estados miembros que ya han adaptado su legislación (Bulgaria, Francia, Alemania, Grecia, Lituania, Portugal, España y Suecia), la mayoría de las reformas consisten en limitar la duración de los periodos de prácticas a seis meses (12 meses en Bulgaria), aclarar las condiciones en que se pueden realizar periodos de prácticas más largos y asignar mentores que ofrezcan orientación y supervisen los progresos realizados durante las prácticas.



Recuadro 2. Aprovechar al máximo el Fondo Social Europeo (FSE) Con un presupuesto de 86 400 millones de euros para el periodo de 2014-2020, el Fondo Social Europeo (FSE) es uno de los principales instrumentos de la UE para hacer frente a los problemas detectados en las recomendaciones específicas de los países (REP), con disposiciones que regulan la posibilidad de reprogramación para adaptarse a los retos emergentes. Una de las prioridades clave para el FSE de 2014-2020 es el desempleo juvenil, con medidas financiadas con cargo al propio Fondo y a la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ). El FSE destina directamente 6 300 millones de euros a medidas de empleo juvenil, mientras que los jóvenes son también un importante grupo objetivo de las medidas de educación, aprendizaje permanente e inclusión social. Además, el presupuesto de la IEJ asciende a un total de 6 400 millones de euros (la suma de 3 200 millones de euros de recursos propios de la IEJ complementados por una partida de igual cuantía del FSE). La IEJ, a la que pueden optar actualmente 20 Estados miembros, está dirigida específicamente a los jóvenes que no estudian ni trabajan ni siguen ninguna formación (ninis) y está orientada a las regiones de la UE que presentaban mayores tasas de desempleo juvenil en 2012. Para asegurar una respuesta rápida a este importante reto político, se ha dado prioridad a los recursos de la IEJ en los presupuestos de la UE incorporándolos al gasto previsto para el primer semestre del ciclo financiero. Además, la Comisión incrementó en 2015 la prefinanciación de la IEJ por una cuantía aproximada de 1 000 millones de euros, a fin de agilizar la movilización del empleo juvenil y las medidas de formación sobre el terreno. El incremento tuvo un impacto positivo en la mitad de las autoridades de gestión beneficiarias de la IEJ, que pudieron comprometer más fondos o poner en marcha más proyectos. Sin embargo, 2014 y 2015 han estado marcados en general —tanto para el FSE como para la IEJ— por un inicio relativamente lento de la ejecución en los Estados miembros, con una baja declaración de gasto certificado elegible que indica una baja tasa de absorción. No obstante, no debe interpretarse que esto indique una falta de acciones y ejecución sobre el terreno. Los Estados miembros se han enfrentado a retrasos en la designación de autoridades gestoras y sistemas de control, que han afectado a su agilidad para tramitar reclamaciones de gasto ante la Comisión Europea. Los datos demuestran ya que, desde el lanzamiento de los programas operativos, más de 2 millones de participantes se han beneficiado de las ayudas del FSE y 1,4 millones de jóvenes ninis se han beneficiado de intervenciones financiadas por la IEJ, concretamente colocaciones de empleo, formación como aprendices, periodos de prácticas, medidas para el autoempleo y educación y formación continuas. En la mayoría de los Estados miembros, se considera la IEJ como un mecanismo o palanca clave para hacer operativa la Recomendación del Consejo sobre la Garantía Joven (2013). Aunque los avances en su ejecución varían según los Estados miembros, algunos proyectos ya tienen un impacto significativo sobre el terreno. Casi todos los Estados miembros han adoptado medidas para mejorar la calidad, la oferta o el atractivo de los programas de formación de aprendices, en el espíritu de la Alianza Europea para la Formación de Aprendices lanzada en julio de 2013. La reforma danesa de la formación de aprendices, que se aprobó en 2013 pero no comenzó a ejecutarse hasta mediados de 2015, tiene por objeto ofrecer a los aprendices la oportunidad de obtener una cualificación secundaria superior general que les abra el camino a la educación superior. En Francia, los contratos de aprendices permiten ahora obtener 85 cualificaciones profesionales aprobadas por el ministerio de Trabajo (en lugar del ministerio de Educación), siempre que la persona en cuestión tenga una cualificación ISCED 3 o haya abandonado prematuramente los estudios. En Austria, la reforma de la Ley de formación profesional de 2015 reforzó la gestión de la calidad del sistema de formación de aprendices. Se han diseñado nuevas ofertas formativas para jóvenes desfavorecidos, como planes de estudios normalizados para cualificaciones de bajo umbral inicial y cualificaciones parciales. Irlanda y Eslovenia también planean reformar la formación de aprendices. En Irlanda, el Consejo de formación de aprendices (creado a finales de 2014) tiene la misión de determinar en qué sectores económicos puede la formación de aprendices marcar una diferencia real tanto para los empresarios como para los trabajadores. Tras una convocatoria de propuestas que se cerró el 31 de marzo de 2015, se seleccionaron varios programas nuevos de formación de aprendices adaptados a las necesidades del mercado laboral para su posterior desarrollo y despliegue. El primero de estos programas entró en funcionamiento en el sector seguros a mediados de septiembre de 2016. En Eslovenia, la Ley de Aprendices —en fase de consulta pública— pretende definir un marco general para la formación de aprendices (incluidos los criterios de idoneidad, las condiciones laborales y sociales y las obligaciones mutuas). Se adoptaron diferentes iniciativas para promover la integración de los trabajadores mayores en el mercado laboral. Algunos Estados miembros se han centrado en facilitar el aprendizaje de los adultos, como Rumanía con la adopción de una Estrategia nacional sobre el aprendizaje permanente, orientada fundamentalmente a incrementar la participación en el aprendizaje permanente de personas habitualmente infrarrepresentadas y desfavorecidas en el mercado de trabajo. Otros Estados miembros aplicaron planes de activación específicos y servicios de empleo individualizados, incluido el asesoramiento profesional. En 2016, Luxemburgo inició la implantación del programa de profesionalización destinado en particular a solicitantes de empleo mayores de 45 años. En otros casos, los Estados miembros han favorecido la adaptación del lugar de trabajo y promovido el envejecimiento saludable en el trabajo. Este ha sido el objetivo de la Estrategia de envejecimiento activo para una vida laboral más larga y mejor de Letonia, que incluye exámenes de competencias y salud, el diseño de un plan individual a nivel de empresa (incluido el ajuste al lugar de trabajo, formas flexibles de trabajo, medidas para mejorar la salud, etc.) y formación. Varios Estados miembros están ya incrementando los incentivos al empleo de trabajadores mayores (p.ej. bonificaciones) y eliminando l