ES Diario Oficial de la Unión Europea C 191/61

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas»

COM(2011) 778 final — 2011/0389 (COD)

y la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público»

[COM(2011) 779 final — 2011/0359 (COD)]

2012/C 191/12

Ponente: Peter MORGAN

El 13 de diciembre de 2011, el Parlamento Europeo, y el 26 de enero de 2012, el Consejo, de conformidad con el artículo 50 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea decidieron consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas»

COM(2011) 778 final — 2011/0389 (COD).

El 15 de diciembre de 2011, el Parlamento Europeo, y el 26 de enero de 2012, el Consejo, de conformidad con el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, decidieron consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público»

COM(2011) 779 final — 2011/0359 (COD).

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 17 de abril de 2012.

En su 480o Pleno de los días 25 y 26 de abril de 2012 (sesión del 26 de abril), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 110 votos a favor, 18 en contra y 63 abstenciones, el presente dictamen.

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1 A raíz de su dictamen relativo al Libro Verde sobre la política de auditoría (1) (en lo sucesivo, «DLV»), el CESE esperaba que se pusiera al día la actual Directiva 2006/43/CE relativa a la auditoría (2). Ahora, la Comisión propone actualizar en parte la Directiva, pero también elaborar, por otro lado, un Reglamento.

1.2 El CESE respalda la propuesta de Directiva, que es coherente con su DLV, y respalda también numerosos aspectos del Reglamento.

1.3 El propósito del formato normativo parece ser doble: introducir cambios fundamentales en el mercado de la auditoría y prescribir con considerable detalle los procedimientos relativos a las auditorías de empresas y las relaciones entre el consejo de administración y el comité de auditoría.

1.4 Se ha tenido poco en cuenta la recomendación del CESE de integrar la reforma de la auditoría con las recomendaciones sobre la gobernanza empresarial. No se habla de la forma en que los auditores legales y los comités de auditoría deben mejorar la comunicación con las partes interesadas y los accionistas.

1.5 La Comisión propone introducir cambios fundamentales en el mercado de la auditoría mediante la rotación obligatoria de los auditores legales al cabo de seis años y mediante unas disposiciones estructurales sobre los servicios ajenos a la auditoría encaminadas a poner límite a la cuota de mercado de determinadas sociedades en ciertos Estados miembros.

1.6 En lugar de abordar la situación del mercado de servicios de auditoría a través de un Reglamento, el Comité propuso que se hiciese referencia a las autoridades de defensa de la competencia. Estas autoridades están facultadas para realizar evaluaciones económicas exhaustivas y formular las soluciones adecuadas. En los últimos meses la situación en el Reino Unido ha sido sometida a la autoridad de defensa de la competencia de ese país. Como señalaba en su DLV, el CESE anima a Alemania y a España a que emprendan el mismo camino. No obstante, el Comité reconoce que el Reglamento objeto de examen permitirá una mayor coherencia en las auditorias legales de las EIP en Europa, lo cual reviste una importancia primordial para la estabilidad financiera y el refuerzo del mercado interior.

1.7 En su DLV, el CESE no respaldaba la rotación obligatoria de los auditores legales. En cambio, proponía la convocatoria obligatoria de una nueva licitación cada seis u ocho años. Después de considerar debidamente las propuestas de la Comisión, el CESE mantiene su posición, pero acoge favorablemente otros aspectos del Reglamento. Puesto que los socios clave de auditoría han de proceder a una rotación cada siete años, el CESE propone fijar igualmente en siete años la duración del período al término del cual sea obligatorio convocar una nueva licitación.

1.8 En su DLV, el CESE mantenía una postura muy clara sobre los servicios distintos de la auditoría: los auditores legales no deben prestar a sus clientes de auditoría legal ningún servicio que pueda dar lugar a un conflicto de intereses para el propio auditor; en otras palabras, situaciones en las que el auditor legal se vea abocado a revisar su propio trabajo. Al mismo tiempo, los auditores legales deben tener libertad para prestar toda la gama de los servicios distintos de la auditoría a aquellos clientes para los que no realicen trabajos de auditoría. La experiencia adquirida beneficiará tanto a los clientes de auditoría como a los demás clientes.

1.9 El CESE no está de acuerdo con la propuesta relativa a las sociedades que prestan exclusivamente servicios de auditoría. Debe descartarse el método empleado para determinar cuándo se debe impedir a una sociedad de auditoría prestar servicio ajenos a la auditoría. La Comisión muestra su preocupación por los posibles riesgos de posición dominante de determinadas sociedades en tres zonas geográficas. El CESE recomienda que la Comisión analice estos casos, poco numerosos, directamente o a través de las autoridades competentes, en su caso, las de defensa de la competencia.

1.10 En todo dictamen el CESE ha de tener en cuenta la situación de las PYME. Las PYME cuyas acciones cotizan en una bolsa de valores son consideradas entidades de interés público y están, por consiguiente, sujetas a las disposiciones extensas y prescriptivas del Reglamento, diseñadas claramente para las auditoras de las entidades bancarias. El punto 4.1.1 recoge un análisis sobre sociedades que cotizan en la bolsa de Londres. Londres ha avanzado más que otras bolsas europeas respecto de los requisitos de aportación de capital de las pequeñas empresas. Los recursos propios son más flexibles que los préstamos bancarios. La mitad de las sociedades que cotizan en Londres deberían poder acogerse ya sea a una exención o a una excepción al Reglamento, lo que deberían poder hacer también las PYME que coticen en cualquier bolsa europea.

1.11 El CESE insiste en poner de relieve que el apartado 2 del artículo 14 limita drásticamente las expectativas que de lo contrario podrían haber albergado las partes interesadas respecto de la auditoría legal y suscita un interrogante sobre la función que debería desempeñar la auditoría.

1.12 El Reglamento afecta también a la normalización ética, contable y de calidad vigente actualmente en el sector y no hace referencia al desarrollo de las normas pertinentes. Cabe cuestionarse si la Comisión tiene previsto ignorar la labor de esos órganos.

1.13 En conclusión, el CESE respalda por completo la Directiva revisada y considera que el Reglamento contiene muchos elementos que puede apoyar. El CESE expresa su preocupación respecto de la aplicabilidad del Reglamento a las PYME y recomienda que se vuelvan a considerar las propuestas más radicales.

2. Introducción

2.1 El presente dictamen responde a dos propuestas paralelas de la Comisión: un Reglamento concebido para aumentar la calidad de las auditorías de los estados financieros de las entidades de interés público y una Directiva para mejorar el mercado único de las auditorías legales. Ambas propuestas se elaboraron después de realizar una amplia consulta basada en el «Libro Verde sobre la política de auditoría: lecciones de la crisis» (3). El CESE elaboró una respuesta completa al Libro Verde y el presente dictamen se basa en dicha respuesta.

2.2 Actualmente está vigente una Directiva relativa a la auditoría (2006/43/CE) (4). La Comisión propone modificarla mediante la nueva Directiva y reforzar la auditoría de las entidades de interés público (EIP) mediante el nuevo Reglamento. Por consiguiente, se propone eliminar de la Directiva 2006/43/CE (5) las disposiciones relativas a las auditorías legales de las EIP y que estas últimas se rijan por el nuevo Reglamento.

2.3 Todo lo que CESE tendría que decir acerca de la función social de la auditoría, del papel de la auditoría en la crisis financiera, del mercado de los servicios de auditoría, etc., ya lo dijo en su respuesta al Libro Verde. El presente dictamen se centra en las propuestas detalladas incluidas en los nuevos proyectos legislativos.

3. Punto de vista del CESE sobre la Directiva

3.1 Las principales modificaciones introducidas en la Directiva relativa a la auditoría legal son las siguientes:

3.1.1 Articulación entre la Directiva relativa a la auditoría legal y un nuevo instrumento legislativo sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las EIP

3.1.2 Definición de «auditoría legal» para tener en cuenta lo dispuesto en la nueva Directiva sobre contabilidad;

3.1.3 Modificación de las normas sobre titularidad Los Estados miembros ya no podrán exigir que un mínimo de capital de una sociedad de auditoría pertenezca a auditores legales o sociedades de auditoría, en la medida en que únicamente los auditores legales o las sociedades de auditoría interesadas podrán influir en los informes de auditoría. Sin embargo, los Estados miembros deberían poder decidir si una participación externa de este tipo en el capital es adecuada, habida cuenta de sus situaciones nacionales respectivas.

3.1.4 Pasaporte para las sociedades de auditoría

3.1.5 Pasaporte para los auditores legales y «flexibilización» de las condiciones para la autorización en los distintos Estados miembros

3.1.6 Obligación de las autoridades competentes de cooperar en lo relativo a los requisitos de formación y a la prueba de aptitud

3.1.7 Normas de auditoría e informe de auditoría

3.1.8 Nuevas normas referidas a las autoridades competentes El CESE apoya la creación de autoridades competentes de los Estados miembros que actúen como reguladores y supervisores nacionales independientes y que sean la contraparte de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA). Sin embargo, en aquellos casos en que ya existan organismos supervisores de auditoria independientes y competentes (incluidas las cámaras de censores de cuentas y de auditores) que estén funcionando adecuadamente en los Estados miembros, el CESE querría que, en lugar de ser dejados de lado, dichos organismos fuesen integrados de manera equivalente en el nuevo marco de supervisión.

3.1.9 Prohibición de las cláusulas contractuales que influyan en la designación de auditores legales o sociedades de auditoría

3.1.10 Normas especiales relativas a la auditoría legal de las pequeñas y medianas empresas

3.2 El CESE apoya todos estos cambios, siendo la mayoría coherentes con su DLV.

4. Punto de vista del CESE sobre el Reglamento

Este epígrafe se ajusta a la estructura del Reglamento. Algunos párrafos relevantes del texto analizado se reproducen o sintetizan y a continuación se indica, en su caso, el punto de vista del CESE.

TITULO I: OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

4.1 Artículos 1 a 3 – Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

«El Reglamento se aplica a los auditores que realicen auditorías legales de las EIP y a las EIP objeto de auditoría, como es el caso, por ejemplo, de las normas aplicables al comité de auditoría que la EIP debe crear. La evolución de sector financiero trae consigo la creación de nuevas categorías de entidades financieras acogidas a la legislación de la Unión, por lo que resulta apropiado que la definición de las EIP abarque igualmente a las sociedades de inversión, a las entidades de pago, a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), a las entidades de dinero electrónico y a los fondos de inversión alternativos.»

4.1.1 Además de las entidades de crédito, las empresas de seguros y todas las demás empresas de servicios financieros, por EIP se entiende toda empresa cuyas acciones se negocian en un mercado de valores. El CESE considera excesivas las exigencias del Reglamento sobre las PYME. Las PYME se definen en términos de empleo, ingresos y/o balance. El Reglamento se basa en la capitalización de mercado para definir lo que entiende por grandes entidades, y el CESE propone que la capitalización de mercado se utilice también para definir las PYME a efectos de la auditoría legal. Se deberían permitir exenciones o excepciones a favor de las empresas con una capitalización de mercado de hasta 120 millones de euros. A continuación se recoge un análisis de las sociedades que cotizan en la bolsa de Londres. La distribución de la capitalización bursátil será similar en otras bolsas europeas. También deberá prestarse la misma consideración a las PYME financieras, cuyas actividades no tendrán probablemente una importancia sistémica.

Capitalización constitutiva de fondos propios de sociedades (Tipo de cambio 1 £ = 1,20 EUR) Mercado principal: 985 sociedades Valor fondos propios: 2 336 055 millones de EUR Mercado AIM:1 122 sociedades Valor fondos propios: 85 107 millones de EUR Escala (millones de EUR) Número de sociedades % de sociedades Valor de Mercado % Número de sociedades % de sociedades Valor de mercado % Más de 2 400 116 11,8 86,2 1 0,1 4,2 1 200-2 400 87 8,8 6,4 6 0,5 13,1 600-1 200 91 9,2 3,4 16 1,4 16,0 300 – 600 106 10,6 2,0 34 3,0 15,4 120 – 300 169 17,2 1,4 92 8,2 20,4 60 – 120 101 10,3 0,4 133 11,9 13,0 30– 60 79 8,0 0,2 200 17,4 9,9 12 – 30 88 8,9 0,1 229 20,4 5,3 6 – 12 40 4,1 0,0 156 13,9 1,5 0 - 6 61 6,1 0,0 240 21,4 0,9 Otros 47 4,7 15 1,3 > 120 569 57,7 99,4 149 13,2 69,3 < 120 369 37,5 0,6 958 85,4 30,7 < 60 268 27,2 0,2 825 73,5 17,7 < 30 189 19,2 0,1 625 55,7 7,8 Fuente: London Stock Exchange Web Site / Statistics

4.2 Artículo 4 – Grandes entidades de interés público

«a) Los diez mayores emisores de acciones de cada Estado miembro en términos de capitalización de mercado y todos los emisores de acciones con una capitalización media en el mercado de más de 1 000 millones de EUR durante los tres años civiles anteriores;

b) y c) cualquier entidad del sector financiero cuya suma total del balance supere los 1 000 millones de EUR en la fecha de cierre del mismo.»

4.2.1 Estas definiciones están relacionadas con las disposiciones del artículo 10, apartado 5.

TÍTULO II: CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA LEGAL DE LAS ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO

CAPÍTULO I: Independencia e inexistencia de conflictos de intereses

4.3 Artículos 5 a 8

4.3.1 El CESE respalda, en principio, estos cuatro artículos.

4.4 Artículo 9 - Honorarios de auditoría

«2. Cuando el auditor legal preste a la entidad auditada los servicios relacionados con la auditoría de cuentas a los que se refiere el artículo 10, apartado 2, los honorarios percibidos por estos servicios serán como máximo el 10 % de la suma que la entidad auditada haya satisfecho por la auditoría legal. 3. Cuando los honorarios totales pagados por una EIP sujeta a auditoría legal representen más del 20 % del total de los honorarios anuales obtenidos por el auditor legal, o bien más del 15 % del total de dichos honorarios durante dos años consecutivos, el auditor o la sociedad de auditoría en cuestión deberá comunicarlo al comité de auditoría. El comité de auditoría deberá analizar si procede someter el encargo de auditoría a un control de calidad efectuado por otro auditor legal antes de emitir el informe de auditoría. Cuando los honorarios totales recibidos de una EIP sujeta a auditoría legal representen durante dos años consecutivos el 15 % o más del total de los honorarios anuales obtenidos por el auditor legal que realiza la auditoría legal, este auditor o sociedad deberá informar de ello a la autoridad competente.»

4.4.1 El CESE respalda estas propuestas de transparencia. No obstante, el límite del 10 % establecido en el apartado 2 es arbitrario. El CESE propone que los servicios relacionados con la auditoría (véase infra el artículo 10, apartado 2) se incluyan en el plan de auditoría (véase infra el punto 4.16.2) y se facturen sin límites arbitrarios en el contexto de la auditoría global.

4.5 Artículo 10 - Prohibición de prestar servicios ajenos a la auditoría

«1. Un auditor legal que lleve a cabo la auditoría legal de EIP podrá prestar a la entidad auditada servicios de auditoría y servicios relacionados con la auditoría de cuentas. 2. Se entenderán por servicios relacionados con la auditoría de cuentas los siguientes: a La auditoría o revisión de los estados financieros intermedios. b) La verificación de los informes sobre gobierno corporativo. c) La comprobación de los aspectos relacionados con la responsabilidad social de la empresa. d) La ratificación o certificación de los informes reglamentarios para las entidades financieras. e) La certificación de que se cumplen las obligaciones fiscales. f) Cualquier otra obligación reglamentaria relacionada con el trabajo de auditoría. 3. Un auditor legal que lleve a cabo la auditoría legal de EIP no podrá prestar directa o indirectamente a la entidad auditada otros servicios que no sean de auditoría legal. Se entenderán por servicios ajenos a la auditoría los siguientes: a) Servicios que comportan siempre conflictos de intereses: i) Servicios de expertos ajenos a la auditoría, la consultoría en materia fiscal, la gestión en general y otros servicios de asesoramiento. ii) Servicios de contabilidad y preparación de los registros contables y los estados financieros. iii) Servicios de diseño e implantación de sistemas de control interno o de procedimientos de control de riesgos y asesoramiento en materia de riesgos. iv) Servicios de valoración, los dictámenes como experto independiente y los informes sobre aportaciones en especie. v) Servicios actuariales y jurídicos, incluida la resolución de litigios. vi) Servicios de diseño e implantación de sistemas de tecnologías de la información de tipo financiero para las EIP. vii) Participación en la auditoría interna del cliente y la prestación de servicios relacionados con la función de auditoría interna. viii) La función de agente o mediador, asesor de inversiones o servicios de banca de inversión. b) Servicios que pueden comportar conflictos de intereses: i) Los servicios de recursos humanos. ii) La entrega de cartas de conformidad (comfort letters) a los inversores en el contexto de la emisión de valores de una empresa. iii) Servicios de diseño e implantación de sistemas de tecnologías de la información de tipo financiero. iv) Los servicios de diligencia debida prestados al vendedor o comprador en relación con posibles fusiones y adquisiciones.»

4.5.1 En su DLV el CESE afirmaba que los auditores legales no deberían prestar a sus clientes de auditoría legal ningún servicio que pudiese dar lugar a un conflicto de intereses. Aunque se debería debatir sobre la naturaleza de los servicios especificados supra en el apartado 3, letras a) y b), el CESE respalda el propósito que sustenta el Reglamento.

4.5.2 No cabe excluir la posibilidad de que, en ciertos casos, los auditores legales consideren completamente natural prestar a sus clientes de auditoría legal un servicio de los enumerados en los puntos i) a v) de la lista a). Pueden ocurrir acontecimientos inevitables –casos de fuerza mayor– y a veces se producen catástrofes empresariales. Los servicios especificados en la lista b) podrán prestarse a discreción tanto del comité de auditoría como de la autoridad competente. En circunstancias excepcionales debería aplicarse la misma discrecionalidad respecto de los elementos de la lista a).

«5. Cuando una sociedad de auditoría perciba más de un tercio de sus ingresos anuales en concepto de auditoría de grandes EIP y pertenezca a una red cuyos miembros perciban en conjunto unos ingresos anuales en concepto de auditoría superiores a los 1 500 millones de EUR dentro de la Unión Europea, deberá cumplir las condiciones siguientes: a) No prestar a ninguna EIP, directa o indirectamente, servicios ajenos a la auditoría legal. b) No pertenecer a una red que preste servicios ajenos a la auditoría legal dentro de la Unión. e) La sociedad de auditoría en cuestión no podrá poseer, directa o indirectamente, en conjunto más del 5 % del capital o de los derechos de voto de la empresa que preste los servicios enumerados en el apartado 3.»

4.5.3 El CESE considera que el objeto de dichas disposiciones es tratar la posición dominante en el mercado de una sociedad de las «cuatro grandes» en el Reino Unido, Alemania y España (en cada caso una empresa diferente) y actuar como elemento disuasorio para que no se produzcan tales posiciones en el futuro. En su DLV, el CESE proponía tratar las posiciones dominantes en el mercado remitiéndolas a las autoridades de defensa de la competencia. En el Reino Unido ya se está llevando a cabo una investigación. El CESE propone que Alemania y España hagan lo mismo a la espera de la aprobación del presente Reglamento.

4.5.4 El CESE no apoya que las sociedades se dediquen exclusivamente a la auditoría. En nuestra opinión, un cambio de este tipo tendría un efecto perjudicial sobre el nivel de calidad del personal de auditoría y de las auditorías legales. El CESE mantiene su posición de que los auditores deben tener libertad para prestar una amplia gama de servicios distintos de la auditoría a las entidades que no sean clientes de auditoría legal.

4.5.5 En su DLV el CESE afirmaba apoyar la prestación de determinados servicios ajenos a la auditoría para las PYME que fueran clientes de auditoría legal. Atendidas por un asesor único, las pequeñas empresas obtendrán mejor calidad, servicio y valor añadido. El CESE mantiene su posición.

4.6 Artículo 11 – Preparación de la auditoría legal y evaluación de las amenazas a la independencia

4.6.1 El CESE respalda estas disposiciones.

CAPÍTULO II: Confidencialidad y secreto profesional

4.7 Artículos 12 y 13

4.7.1 El CESE respalda estas disposiciones.

CAPÍTULO III: Ejecución de la auditoría legal

4.8 Artículo 14 - Alcance de la auditoría legal

«2. Sin perjuicio de los requisitos de información estipulados en los artículos 22 y 23, el alcance de la auditoría legal no incluirá garantía alguna respecto a la viabilidad futura de la entidad auditada ni a la eficiencia o eficacia con que la dirección o el órgano administrativo de la entidad haya dirigido o vaya a dirigir los negocios de la misma.»

4.8.1 El CESE llama la atención sobre el apartado anterior porque limita drásticamente las expectativas que de lo contrario podrían haber albergado las partes interesadas respecto de la auditoría legal y plantea la cuestión de la función que debe desempeñar la auditoría.

4.9 Artículo 15 - Escepticismo profesional

«El auditor legal deberá mantener una actitud de escepticismo profesional durante todo el proceso de auditoría. “Escepticismo profesional” significa aquella actitud que implica mantener una mente inquisitiva y alerta ante cualquier circunstancia que pueda apuntar a una posible incorrección debida a error o fraude, y examinar críticamente la evidencia de auditoría.»

4.9.1 Como ya hiciera en su ELV, el CESE apoya el que se insista en el escepticismo profesional.

4.10 Artículos 16 a 20

4.10.1 El CESE respalda el recurso a las normas internacionales de auditoría (ISA) y las demás disposiciones recogidas en los artículos 16 a 20.

CAPÍTULO IV: Informe de auditoría

4.11 Artículo 21 - Resultados de la auditoría legal

«El auditor legal presentará los resultados de la auditoría legal en los siguientes informes: — Un informe de auditoría conforme a lo dispuesto en el artículo 22. — Un informe adicional para el comité de auditoría conforme a lo dispuesto en el artículo 23.»

4.12 Artículo 22 - Informe de auditoría

«2. El informe de auditoría se presentará por escrito. Deberá, como mínimo: k) Especificar las áreas con riesgo de incorrecciones de importancia relativa en los estados financieros anuales y consolidados, incluyendo las relacionadas con estimaciones contables esenciales o con incertidumbres de la medición. l) Formular una declaración sobre la situación de la entidad auditada y especialmente una valoración de la capacidad de la entidad para atender sus obligaciones en el futuro inmediato y para proseguir consiguientemente como empresa en funcionamiento. m) Evaluar el sistema de control interno de la entidad, indicando las deficiencias importantes de control interno detectadas durante la auditoría legal, así como el sistema contable aplicado. o) Señalar y explicar las eventuales infracciones de las normas contables, leyes, estatutos sociales, decisiones sobre política contable y otros asuntos significativos para la gobernanza de la entidad. q) Cuando la auditoría legal haya sido realizada por una sociedad de auditoría, el informe deberá precisar cada uno de los miembros del equipo del encargo de auditoría y declarar que todos ellos han actuado con total independencia y que no poseen, directa o indirectamente, intereses en la entidad auditada. t) Formular una opinión que refleje claramente si, a juicio del auditor legal, los estados financieros anuales o consolidados presentan una imagen fiel y han sido elaborados de conformidad con el marco de información financiera aplicable. u) Hacer referencia a los temas sobre los que el auditor legal desea llamar la atención poniendo énfasis en los mismos, sin que lleguen a reflejarse en una opinión con salvedades. 4. El informe de auditoría no deberá tener una extensión superior a cuatro páginas o 10 000 caracteres (sin espacios).»

4.12.1 Este informe sustituye al dictamen de auditoría que actualmente se publica junto con la memoria y las cuentas anuales de las EIP. En el apartado 2 se enumeran 23 aspectos, letras a) a w), que deben reflejarse en las cuatro páginas del informe. En su DLV el CESE había criticado el contenido de los dictámenes de auditoría por considerarlos poco significativos y diferir mínimamente de una sociedad a otra y de un sector a otro. Este informe de auditoría proporcionará más información, incomodando quizás a las entidades auditadas.

4.12.2 Se establece el requisito del nombramiento del equipo de auditoría. En el caso de las EIP más grandes, ello puede llegar a afectar a cientos de personas. El informe sobre una empresa muy grande deberá ciertamente ser diferente, en cuanto a su escala y alcance, del de una compañía que tenga la centésima parte de su tamaño. Algunos requisitos parecen no ajustarse a las normas internacionales de contabilidad. El Reglamento no hace referencia a dichas normas.

4.13 Artículo 23 - Informe adicional para el comité de auditoría

«1. El informe adicional se comunicará a la junta general de la entidad auditada si así lo decide el órgano de dirección o de administración de la entidad auditada.»

4.13.1 El CESE considera improbable que las entidades auditadas divulguen enteramente este informe. El CESE considera que debería comunicarse a los interlocutores sociales de la empresa, respetando los diferentes sistemas nacionales de participación de los trabajadores.

«2. El informe adicional deberá explicar de forma pormenorizada y explícita los resultados de la auditoría realizada y, como mínimo: f) Describir y argumentar los juicios relativos a las incertidumbres de importancia relativa que puedan provocar dudas acerca de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. g) Determinar detalladamente la idoneidad de la contabilidad, de los documentos auditados, de los estados financieros anuales o consolidados y de los posibles informes adicionales. h) Indicar y explicar pormenorizadamente todos los casos de incumplimiento, incluyendo los que no tengan importancia relativa, en la medida en que sean importantes para la ejecución de las funciones encomendadas al comité de auditoría. i) Examinar los métodos de valoración aplicados a las distintas partidas de los estados financieros anuales o consolidados, incluyendo los efectos de las posibles modificaciones introducidas en los mismos. j) Describir pormenorizadamente todas las garantías, cartas de conformidad, y compromisos en que se haya basado la evaluación de la empresa como empresa en funcionamiento. k) Confirmar su participación en los inventarios físicos y otras comprobaciones de carácter físico. n) Indicar si todas las explicaciones y documentos solicitados han sido facilitados.»

4.13.2 Este informe se basa en el largo formulario que emplean las empresas de auditoría en Alemania. Su generalización a toda la UE debería mejorar tanto la calidad de la auditoría legal como la respuesta de la entidad auditada a la auditoría. El CESE está de acuerdo con dicho informe.

4.14 Artículo 24 - Supervisión de la auditoría legal por el comité de auditoría; artículo 25 - Informe para los supervisores de las entidades de interés público

4.14.1 Los artículos 24 y 25 son coherentes con el DLV del CESE.

CAPITULO V: Informe de transparencia y mantenimiento de registros de los auditores legales

4.15 Artículos 26 a 30

4.15.1 El capítulo V es coherente con el DLV del CESE.

TÍTULO III: DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES LEGALES POR LAS ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO

4.16 Artículo 31 – Comité de auditoría

«1. El comité de auditoría estará integrado por miembros no ejecutivos del órgano de administración y/o miembros del órgano de supervisión de la entidad auditada y/o miembros designados por la junta general de accionistas de la entidad auditada. Al menos uno de los miembros del comité de auditoría será competente en materia de auditoría, y otro de ellos en contabilidad y/o auditoría. En su conjunto, los miembros del comité de auditoría deberán ser competentes en relación con el sector de actividad al que pertenece la entidad auditada. La mayoría de los miembros del comité de auditoría deberán ser independientes. El presidente del comité de auditoría deberá ser designado por los miembros del comité y será independiente.»

4.16.1 El apartado 1 se ajusta plenamente a las recomendaciones que hacía el CESE en su DLV, dado que la expresión «en su conjunto» no significa «todos».

4.16.2 En el apartado 5 se detallan las responsabilidades del comité de auditoría. El CESE sugiere que se añadan dos más, a saber, la aprobación del plan de auditoría, incluida la prestación de servicios relacionados con la auditoría, y la aprobación de los presupuestos correspondientes.

4.17 Artículo 32 - Designación de auditores legales

«2. El comité de auditoría presentará una recomendación relativa a la designación del auditor legal. La recomendación contendrá como mínimo dos alternativas para dicho encargo, y el comité de auditoría deberá indicar su preferencia por una de ellas, justificándola debidamente. 3. La recomendación del comité de auditoría se efectuará después de un proceso de selección que la entidad auditada deberá organizar con arreglo a los criterios siguientes: a) La entidad auditada podrá invitar libremente a cualquier auditor legal a presentar ofertas con la condición de que al menos uno de los auditores invitados no haya percibido durante el año civil anterior más del 15 % del total de honorarios de auditoría de grandes EIP del Estado miembro en cuestión. b) La entidad auditada podrá elegir libremente el método utilizado para ponerse en contacto con los auditores legales. c) La entidad auditada elaborará un pliego de condiciones de la licitación que la entidad auditada deberá aplicar en la evaluación de las ofertas presentadas por los auditores legales. d) La entidad auditada podrá definir libremente el proceso de selección y negociar directamente con los licitadores interesados durante dicho proceso. f) La entidad auditada evaluará las ofertas presentadas por los auditores legales con arreglo a los criterios de selección definidos previamente en el pliego de condiciones de la licitación. g) La entidad auditada deberá ser capaz de demostrar a la autoridad competente que el proceso de selección se ha llevado a cabo de manera imparcial. 5. Si la propuesta del órgano de administración o supervisión se aparta de la recomendación del comité de auditoría, en la misma deberán justificarse los motivos por los que no se atiene a esta recomendación. 6. Cuando se trate de entidades de crédito y empresas de seguros, el órgano de administración o supervisión deberá presentar su proyecto de propuesta a la autoridad competente. 10. Con el objeto de facilitar a la entidad auditada la tarea de organizar un proceso de selección para la designación del auditor legal, la ABE, la AESPJ y la AEVM publicarán directrices.»

4.17.1 Cualquiera que sea la duración del trabajo de auditoría, estas directrices podrían ser útiles para las grandes EIP. No obstante, en su versión actual, resultan excesivamente prescriptivas para las PYME. A menudo, las PYME no seguirán el procedimiento descrito en la letra a) y recurrirán normalmente a empresas de segundo o, incluso, tercer nivel. Las PYME aprovecharán la libertad que se les reconoce en las letras b) y d). Las PYME generalmente no elaborarán pliegos formales de condiciones, a menudo podrán no llevar a cabo licitaciones sin que se sientan responsables a la hora de rendir cuentas ante las autoridades competentes. El apartado 5 no se aplica a las PYME. Estas normas han sido diseñadas para los bancos, no para las PYME. Para gestionar sus asuntos, las PYME no necesitarán la contribución de la miríada de instituciones enumeradas en el apartado 10.

4.17.2 Se establece el requisito de enviar la convocatoria de licitación por lo menos a una empresa de segundo nivel. Esto también puede ofrecer a las empresas de segundo nivel un acceso a clientes de mayor envergadura, pero sin duda existen muchas cuestiones que deben resolver todas las empresas de segundo nivel que en conjunto sólo cuentan con recursos para responder en un limitado número de casos.

4.18 Artículo33 - Duración del encargo de auditoría

«1. La EIP deberá designar a un auditor legal para un encargo inicial cuya duración no podrá ser inferior a dos años. La EIP solamente podrá renovar dicho encargo una sola vez. La duración máxima de ambos encargos consecutivos no podrá ser superior a seis años. Cuando durante un encargo continuo de seis años hayan sido designado dos auditores legales, la duración máxima del encargo no podrá ser superior a nueve años para cada auditor legal o sociedad de auditoría.»

4.18.1 En su DLV el CESE no respaldaba la rotación obligatoria de los auditores legales. En cambio, proponía la convocatoria obligatoria de una nueva licitación cada seis u ocho años. Tras analizar debidamente las nuevas propuestas, el CESE mantiene aquella posición, pero acoge favorablemente otros aspectos del Reglamento.

4.18.2 Puesto que los socios clave de auditoría han de proceder a una rotación cada siete años (véase infra el apartado 4), el CESE propone fijar igualmente en siete años la duración del período al término del cual sea obligatorio convocar una nueva licitación. Persiste la cuestión de si el auditor legal ha de tener un mandato fijo de siete años. En muchos Estados miembros al auditor legal se le vuelve a nombrar cada año y el Reglamento debe incluir la opción de mantener esta práctica. Por lo tanto, debe haber una cierta flexibilidad en cuanto al período de mandato de siete años, pero debe exigirse la obligación de convocar una nueva licitación después de siete años seguidos de mandato. El CESE insiste en que, en el momento de iniciar la nueva licitación obligatoria, los procedimientos aplicables sean transparentes y, en el caso de las entidades de crédito, la autoridad competente deberá aprobar el resultado.

«4. El socio o socios clave de auditoría responsables de la realización de la auditoría legal deberán abstenerse de participar cuando hayan transcurrido siete años. El auditor legal establecerá un mecanismo adecuado de rotación gradual del personal de mayor nivel involucrado.»

4.18.3 En su DLV el CESE apoyaba esta rotación. En cambio, la rotación gradual del resto del equipo debe dejarse a la discreción del auditor legal.

4.19 Artículo 34 - Cese y dimisión de los auditores legales

TÍTULO IV: VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS AUDITORES Y SOCIEDADES DE AUDITORÍA QUE REALICEN LA AUDITORÍA LEGAL DE LAS ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO

CAPÍTULO I: Autoridades competentes

4.20 Artículos 35 a 39

4.20.1 El CESE respalda las disposiciones relativas a las autoridades competentes.

CAPÍTULO II: Control de calidad, investigaciones, vigilancia del mercado, planes de contingencia y transparencia de las funciones de las autoridades competentes

4.21 Artículos 40 a 44

«Los cometidos de las autoridades competentes deben abarcar los siguientes aspectos: — Los controles de calidad de las auditorías legales realizadas. — Las investigaciones dirigidas a detectar, corregir y prevenir las auditorías inadecuadas. — El seguimiento de la evolución del mercado de servicios de auditoría legal. — La vigilancia habitual de las posibles amenazas para la continuidad de las operaciones de las grandes sociedades de auditoría, incluyendo las derivadas de una excesiva concentración, exigiendo a estas sociedades que elaboren planes de contingencia con el fin de afrontar tales amenazas.»

4.21.1 La propuesta de que las autoridades competentes colaboren con las mayores sociedades de cada jurisdicción para elaborar planes de contingencia es coherente con el DLV del CESE.

CAPÍTULO III: Cooperación entre las autoridades competentes y relaciones con las autoridades europeas de supervisión

4.22 Artículos 45 a 56

«a) “El Reglamento determina que la cooperación a nivel europeo entre las autoridades competentes debe realizarse en el marco de la AEVM, autoridad que absorbe por tanto el actual mecanismo europeo de cooperación auspiciado por el Grupo Europeo de Organismos de Supervisión de Auditores (EGAOB). La AEVM debe asimismo publicar directrices sobre diversas materias, por ejemplo sobre el contenido y presentación del informe de auditoría y del informe adicional para el comité de auditoría, sobre la función supervisora del comité de auditoría y sobre la realización de los controles de calidad.”

b) “Bajo los auspicios de la AEVM se creará un certificado «voluntario» de calidad de la auditoría, de carácter paneuropeo, con el fin de mejorar la visibilidad, el reconocimiento y la reputación de todas las sociedades de auditoría con capacidad suficiente para llevar a cabo auditorías de las EIP con un alto nivel de calidad.” »

4.22.1 El CESE respalda esta propuesta.

CAPÍTULO IV: Cooperación con los auditores de terceros países y con las organizaciones y organismos internacionales

4.23 Artículos 57 a 60

«Las autoridades competentes y la AEVM podrán celebrar acuerdos de cooperación que contemplen el intercambio de información con las autoridades competentes de terceros países, pero únicamente si la información revelada goza de la garantía de secreto profesional y se observan las normas relativas a la protección de los datos.»

4.23.1 El CESE respalda las propuestas recogidas en el capítulo IV.

TITULO V: SANCIONES Y OTRAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

4.24 Artículo 61 - Sanciones y otras medidas administrativas

4.25 Artículo 62 - Facultades sancionadoras

«1. Este artículo se aplicará a las infracciones del presente Reglamento enumeradas en el anexo. 2. Las autoridades competentes estarán facultadas para imponer al menos las siguientes sanciones y medidas administrativas: b) Una declaración pública que señale a la persona responsable de la infracción y la naturaleza de esta, publicada en el sitio web de las autoridades competentes; f) Sanciones pecuniarias administrativas de hasta el doble de la cantidad correspondiente a los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas como resultado del incumplimiento. g) Si se trata de una persona física, sanciones pecuniarias administrativas de hasta 5 000 000 EUR. h) En el caso de una persona jurídica, sanciones pecuniarias administrativas de hasta el 10 % de su volumen de negocios total en el ejercicio anterior.»

4.26 Artículo 63 - Aplicación eficaz de las sanciones

«1. Para determinar el tipo de sanciones y otras medidas administrativas, las autoridades competentes deberán tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes, entre ellas las siguientes: a) La gravedad y duración de la infracción. b) El grado de responsabilidad de la persona responsable. c) La solidez financiera de la persona responsable. d) La importancia de los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas.»

4.27 Artículo 64 - Publicación de las sanciones y otras medidas

«Toda medida o sanción administrativa que impongan las autoridades competentes por las infracciones del presente Reglamento deberá publicarse sin demora injustificada, e incluirá, como mínimo, información sobre el tipo y características de la infracción y sobre la identidad de las personas responsables de la misma, salvo que dicha publicación pueda poner en grave peligro la estabilidad de los mercados financieros.»

4.28 Artículo 65 – Recursos

4.29 Artículo 66 – Denuncia de las infracciones

4.29.1 En su DLV el CESE había previsto el establecimiento de un órgano disciplinario profesional en cada Estado miembro. El CESE respalda estas propuestas que, de hecho, prevén la publicación de los nombres («naming and shaming») en caso de infracción.

TÍTULO VI - ACTOS DELEGADOS, INFORMES Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

4.30 Artículos 68 a 72

4.30.1 Se introduce un régimen transitorio respecto de la entrada en vigor de la obligación de rotación de las sociedades de auditoría, de la obligación de organizar un proceso de selección para la elección de las sociedades de auditoría y de la creación de sociedades de auditoría dedicadas exclusivamente a prestar servicios de auditoría.

4.31 ANEXO I: Infracciones cometidas por los auditores legales o los socios clave de auditoría

Se contemplan esencialmente infracciones de procedimiento y administrativas relacionadas con conflictos de intereses, requisitos organizativos o de funcionamiento, la realización de la auditoría legal, el informe de auditoría, las disposiciones sobre divulgación de información, la designación de los auditores legales o sociedades de auditoría por las EIP y el control de calidad. No está clara la manera en que vaya a tratarse, con arreglo a estas disposiciones, el problema del incumplimiento de un auditor (véase recientemente la mala gestión por parte de JP Morgan de los fondos de sus clientes).

4.32 ANEXO II: Infracciones cometidas por las EIP

Se trata de infracciones relacionadas con la designación de auditores legales o de sociedades de auditoría.

Bruselas, 26 de abril de 2012. El Presidente del Comité Económico y Social Europeo Staffan NILSSON

(1) DO C 248 de 25.8.2011, p. 92.

(2) DO L 157 de 9.6.2006, p. 87.

(3) COM(2010) 561 final.

(4) DO L 157 de 9.6.2006, p. 87.

(5) Véase la nota a pie de página no 4.