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B4-0677/95

Resolución sobre la expulsión de la UE de inmigrantes vietnamitas

El Parlamento Europeo,

A. Considerando que el 6 de enero de 1995, Alemania y Viet Nam alcanzaron un acuerdo de principio sobre la devolución a este último país de unos 40.000 inmigrantes vietnamitas a lo largo de los próximos cinco años a cambio de 100 millones de DM en ayuda al desarrollo,

B. Considerando que las negociaciones germano-vietnamitas quedaron interrumpidas el 16 de febrero de 1995 debido a un desacuerdo sobre la utilización del 20% de la ayuda destinada a medidas para la reintegración de los inmigrantes,

C. Considerando que las negociaciones se han llevado a cabo sin concertación alguna con los inmigrantes afectados, que la declaración conjunta firmada el 6 de marzo de 1995 señala explícitamente que la extradición no dependerá del consentimiento de los afectados, aun teniendo en cuenta que, con arreglo a los artículos 85 y 89 del Código Penal vietnamita, no se excluye la privación de libertad y la condena por estancias ilegales en el extranjero,

D. Considerando que alrededor de 15.000 de los 40.000 inmigrantes denominados «ilegales» por el Gobierno alemán son trabajadores contratados en la antigua República Democrática Alemana,

E. Considerando que, en el pasado, todos los intentos realizados por el Gobierno de la República Federal de Alemania para promover el regreso de los trabajadores inmigrantes a sus países de origen tuvieron lugar en el marco de un acuerdo de reintegración, sobre la base de la libre elección y en conexión con incentivos ofrecidos directamente a las personas afectadas,

F. Recordando que el programa de acción para 1994, adoptado por el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores de noviembre de 1993 y aprobado por el Consejo Europeo, trata de vincular los acuerdos de asociación y cooperación de la UE con terceros países a posibles medidas de reintegración,

El Parlamento Europeo,

1. Condena cualquier intento de los Estados miembros de la UE de imponer en un acuerdo de cooperación con un país en desarrollo el cambio de personas por dinero;

2. Pide la igualdad de trato para los trabajadores inmigrantes contratados en las zonas occidental y oriental de Alemania;

3. Considerando que la cooperación al desarrollo o la ayuda financiera no pueden utilizarse como moneda de cambio para la repatriación forzada de personas a su país de origen;

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, a los Gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno de Viet Nam y a la ACNUR.
B4-0649, 0652 y 0680/95

Resolución sobre la tripulación del barco búlgaro Rotalia

El Parlamento Europeo,

- Visto el Convenio Internacional de 1974 sobre la Seguridad de la Vida en el Mar,

- Visto el Convenio OMI de 1978 sobre las normas de formación, de titulación y de guardia de los trabajadores del mar (STCW),

A. Considerando que la tripulación del Rotalia está, desde el pasado 12 de enero de 1995, en conflicto laboral con los propietarios del barco, recientemente privatizado, por impago de los sueldos correspondientes a los últimos tres años,

B. Considerando lamentable la situación en que se encuentra la tripulación búlgara del Rotalia, en huelga y varado en Lerwick, en las islas Shetland,

C. Considerando que, desde el comienzo, del conflicto se han violado constantemente los derechos humanos y las libertades democráticas de la tripulación, mediante la retirada de suministro alimentario y otras formas de intimidación contra ellos mismos y sus familias en Bulgaria,

D. Considerando que, a pesar de su deseo de mantener negociaciones, los nuevos propietarios han expulsado ahora del barco a la tripulación, sin llegar a una resolución del conflicto,

E. Considerando la negativa expresada en nombre de los armadores, Oceanskly Ribilov, de proporcionarles ayuda alimentaria y sanitaria, violando así sus obligaciones legales como navieros e infringiendo los derechos humanos básicos,

F. Considerando que el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos constituye un elemento esencial del acuerdo europeo entre la Comunidad Europea y la República de Bulgaria.

1. Pide a la Comisión que examine si la conducta de los armadores es compatible con los Convenios de la OIT y que tome las medidas necesarias para solventar inmediatamente esta situación;

2. Pide a la Comisión que transmita la preocupación del Parlamento Europeo al Gobierno búlgaro en lo que se refiere al trato que va a recibir la tripulación una vez que regrese a Bulgaria;

3. Pide a la Comisión que garantice que el Gobierno búlgaro no tome medidas injustificadas contra la tripulación como resultado de la huelga que ha llevado a cabo y que se liquiden de manera negociada los sueldos exigidos por la tripulación;

4. Pide que las oficinas de la Comisión en Bulgaria controlen el trato recibido por estos hombres una vez que regresen al lugar;

5. Encarga a sus comisiones competentes que lleven a cabo una investigación a este respecto con objeto de informarle sobre los problemas con que se enfrentan los interlocutores sociales en el proceso de privatización en la Europa del Este;

6. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Gobierno búlgaro, a la OIT y a los armadores Oceanskly Ribilov.
9.

Deduce del informe del Tribunal que la práctica de la Empresa Común IMI 2 de reactivar los créditos de pago no utilizados de ejercicios anteriores en correspondencia con los compromisos administrativos pendientes da lugar a una acumulación de créditos de pago no utilizados y que esta situación, agravada por el impacto de la pandemia de COVID-19, fue la causa del bajo porcentaje de ejecución presupuestaria del presupuesto administrativo relativo al título 2 de la Empresa Común IMI 2, que fue del 51 %; reconoce que el importe no utilizado de los créditos de pago del título 2 ascendió a 3 200 000 EUR, frente al importe de 241 559 114 EUR del total general de créditos de pago presupuestados; toma nota de la respuesta de la Empresa Común IMI 2 en el sentido de que una planificación presupuestaria rígida y el mecanismo de modificación no permitieron realizar los ajustes adecuados para la situación de crisis mundial derivada de la pandemia, que cambia rápidamente y es incierta, y de que, para 2021, tiene previsto prorrogar un importe menor de créditos de pago administrativos que el importe de los compromisos prorrogados a 2021 en el título 2, «Gastos de infraestructura», y de que tiene previsto pagar la diferencia con cargo al presupuesto del ejercicio en curso; pide a la Empresa Común IMI 2 que desarrolle un plan para limitar la reactivación de los créditos de pago no utilizados como forma de evitar un bajo porcentaje de ejecución presupuestaria;
71.

Señala el éxito de muchas campañas mediáticas del SEAE en cuestiones clave, como la «We take you home», sobre la repatriación de ciudadanos de la Unión a causa de la COVID-19; «United in Distance», que expone historias de solidaridad de todo el mundo en tiempos de crisis; «EU in Action», acerca del trabajo sobre el terreno de la Unión como proveedor de seguridad; y «BeTheWave», sobre cuestiones climáticas; señala que los canales del SEAE también han contribuido a aumentar la visibilidad del Equipo Europa en todo el mundo; destaca que la cuenta del SEAE en las redes sociales es una de las más destacadas a nivel mundial entre los servicios diplomáticos, ya que cuenta con más de 700 000 seguidores y un crecimiento evidente en términos de interacciones con el público, mientras que su sitio web tuvo 21 millones de visualizaciones de sus páginas y 13 millones de visitas en 2020;
18.

Observa que no se detectaron deficiencias importantes en ninguno de los componentes del sistema de control interno del Instituto que pudieran poner en peligro la consecución de los objetivos operativos, financieros o de control e impedir que el director firmara su declaración de fiabilidad; observa, no obstante, que son necesarias algunas mejoras adicionales en relación con los principios 12 y 17, que entran en la categoría 2, en particular reduciendo el retraso en el ritmo previsto de aplicación de las recomendaciones pendientes y reduciendo el tiempo de comunicación de las medidas correctoras adoptadas en 2020;
16.

Constata con preocupación las observaciones del Tribunal de que determinados procedimientos de contratación pública de la Autoridad contravinieron el Reglamento Financiero, en particular los relacionados con la firma de un acuerdo bancario a corto plazo con un banco; observa que, en ese caso, la Autoridad subestimó significativamente el valor del contrato, lo que dio lugar a que la Autoridad no utilizara el tipo correcto de procedimiento de contratación pública; observa, además, que la Autoridad inició el procedimiento para firmar un nuevo contrato de servicios bancarios solo una semana antes de la expiración del anterior, abriendo excepcionalmente un procedimiento negociado sin convocatoria de licitación previa con un único contratista potencial, sin justificar este proceder; lamenta la observación del Tribunal de que la oferta de dicho contratista potencial no respondía a las expectativas de la Autoridad, por lo que la Autoridad solicitó ofertas a otros candidatos sin establecer criterios para seleccionar la mejor oferta ni llevar a cabo una evaluación adecuada de las ofertas recibidas, terminando por aceptar la oferta inicial; observa que el contrato firmado incluía el cobro de un tipo de interés negativo por los fondos depositados por la Autoridad, siendo el importe pagado de enero a agosto de 2020 de 38 430 EUR, en lugar de los 11 808 EUR estimados; toma nota de la evaluación jurídica del Tribunal, en la que se concluye que, de conformidad con el punto 14 del anexo I del Reglamento Financiero, sobre la base del importe real de los intereses negativos pagados, el procedimiento de licitación que debería haberse aplicado era el de los contratos de escasa cuantía, con un mínimo de tres ofertas que deberían haberse solicitado desde un principio, y de la posterior conclusión del Tribunal de que el procedimiento de contratación pública y los pagos asociados se consideraban irregulares;
5.

Señala que los Países Bajos han decidido no ofrecer ayuda a la renta a los trabajadores despedidos a través del FEAG; toma nota de que el Gobierno neerlandés puso en marcha una subvención genérica de apoyo salarial para todas las empresas cuyo volumen de negocios se viera afectado en más del 20 % por la crisis de la COVID-19 y de que el Grupo KLM solicitó una subvención NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid; medida de emergencia para el mantenimiento del empleo); observa que el Grupo KLM presentó su solicitud para todo el período cubierto por la subvención NOW y que ya ha recibido anticipos por valor de 683 000 000 EUR y debería recibir 488 000 000 EUR más;
54.

Subraya que el empleo posterior al desempeño de una función pública y las situaciones de conflicto de intereses relacionadas con las «puertas giratorias» constituyen una cuestión recurrente en las instituciones de la Unión; pide al SEAE la aplicación efectiva y coherente del Estatuto de los funcionarios, en concreto de su artículo 16 y otras normas aplicables de dicho Estatuto, a fin de prevenir los conflictos de intereses, en particular, aunque no exclusivamente, en el caso de los altos funcionarios; expresa su preocupación por los casos recientes de puertas giratorias y pide al SEAE que examine sistemáticamente las transiciones potencialmente problemáticas al sector privado o a organizaciones de terceros países y que siga supervisando la ocupación del ex alto cargo hasta el final del período de incompatibilidad obligatorio;
52.

Acoge con satisfacción que el SAI considere que, en general, se han llevado a cabo controles ex post fiables respecto a la mayoría de las áreas de alto riesgo de la actividad de las direcciones de la Secretaría General, sobre la base del registro de riesgos y los objetivos operativos; valora que se le informe, en particular en el contexto de los problemas identificados en el pasado por una investigación de la OLAF sobre un miembro del Tribunal en particular, de que el SAI no ha observado deficiencias de tal importancia que pongan en tela de juicio gravemente la fiabilidad global de los sistemas de control interno establecidos por el ordenador delegado en cuanto a la legalidad y regularidad de las operaciones financieras en 2019; agradecería también recibir estas actualizaciones en el futuro;
26.

Observa que en 2019 la Empresa Común siguió utilizando los contratos marco y los acuerdos de nivel de servicio vigentes de la Comisión y puso en marcha procedimientos de licitación específicos, y que, además, para el personal interino y los servicios informáticos comunes también firmó contratos específicos en virtud de los contratos marco gestionados conjuntamente con otras empresas comunes en el edificio White Atrium; constata, además, que a principios de 2018 la Oficina del Programa puso en marcha una versión racionalizada del procedimiento interno de licitación y firma de contratos públicos, y que llevó a cabo nuevas mejoras y simplificaciones en 2019; observa que se ha establecido un sistema de controles ex ante para garantizar la corrección de todos los pagos y evitar la doble financiación, en consonancia con las estrategias de controles ex ante y de lucha contra el fraude en el marco de Horizonte 2020; pide a la Empresa Común que tenga en cuenta los riesgos potenciales derivados de la externalización de sus servicios informáticos a proveedores externos; pide a la Empresa Común que facilite a la autoridad de aprobación de la gestión más detalles sobre si se procedió a la contratación de personal interino y, en particular, si esa contratación fue una solución temporal necesaria para hacer frente a un aumento de la carga de trabajo;
—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (2), y en particular sus artículos 68 y 70,
Constata, en relación con el seguimiento de las conclusiones del Tribunal del año anterior, que la Agencia firmó un contrato marco informático con una empresa que prestaba el mismo servicio con arreglo a un contrato marco anterior, sin publicación previa de una convocatoria de contrato durante el procedimiento de contratación negociado; observa que todos los pagos efectuados en virtud de dicho contrato marco y todos los correspondientes contratos específicos son irregulares, y que un procedimiento simplificado solo es aceptable en circunstancias específicas que no fueron acreditadas por la Agencia; toma nota de que, según la respuesta anterior de la Agencia, el procedimiento negociado se basó en el artículo 134, letra f), de las normas de desarrollo del Reglamento Delegado (UE) 2015/2462 ( 3 ) de la Comisión, que permiten que se utilice este procedimiento cuando un cambio de proveedor fuera a acarrear incompatibilidades o dificultades técnicas operativas y de mantenimiento desproporcionadas, y por tanto esta solución se considere la más rentable; señala, no obstante, que la Agencia reconoció que la documentación justificativa del contrato no acreditaba adecuadamente el uso de este procedimiento y que se comprometió a garantizar que tales procedimientos futuros estuvieran mejor justificados; pide a la Agencia que garantice el pleno cumplimiento de las normas de contratación pública y que complete la tramitación de la observación pendiente del Tribunal;
2.

Señala que, según el informe del Tribunal, los documentos presupuestarios de 2019 no describen plenamente cómo se calcularon las contribuciones de las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros de la Unión y de los países miembros de la AELC, y que el valor estimado de las contribuciones de las autoridades nacionales competentes a las cotizaciones a las pensiones a cargo del empleador no se ajustó al importe real en 2019, lo que dio lugar a una cotización superior a la exigida; toma nota de que, según la respuesta de la Autoridad, su Reglamento de base (en particular, en el artículo 62) determina la clave de financiación de las contribuciones de la Unión y de las autoridades nacionales competentes, que se calcula con arreglo a un factor de ponderación definido, y que, dado que las cifras reales de las pensiones no se conocen hasta diciembre, el tiempo restante hasta el final del ejercicio es insuficiente para preparar una enmienda presupuestaria con el fin de reflejar el importe real;
—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012, y en particular su artículo 44 (1),
21.

Toma nota de los esfuerzos preliminares de la Fundación para garantizar un lugar de trabajo rentable y respetuoso con el medio ambiente; señala, no obstante, que la Fundación no aplica medidas adicionales para reducir o compensar las emisiones de CO 2 ;
15.

Señala que, según el informe del Tribunal, desde 2014 la Agencia ha sido objeto de dos grandes reorganizaciones con redistribución interna de puestos directivos tanto intermedios como superiores; toma nota asimismo de que la reasignación de agentes clave en los sectores informático y administrativo no fue afortunada, lo que causó un riesgo significativo de inestabilidad para la Agencia y sus operaciones; observa no obstante que la Agencia considera que no ha sufrido inestabilidad alguna a causa de los cambios organizativos destinados a aumentar la eficiencia operativa y mejorar la realización de objetivos estratégicos y que contaban con el apoyo del Consejo de Administración de la Agencia; señala además que no se ha implantado un sistema para analizar la existencia de conocimientos especializados, detectar las carencias y contratar personal apropiado y asignarlo; pide a la Agencia que preste más atención a estas cuestiones, mejore su gestión de los recursos humanos e informe al respecto a la autoridad de aprobación de la gestión;
6.

Observa que las prórrogas a menudo pueden justificarse parcial o totalmente por el carácter plurianual de los programas operativos de las agencias, no implican necesariamente deficiencias en la planificación y en la ejecución del presupuesto y no siempre son contradictorias con el principio de anualidad del presupuesto, en particular si la Fundación las planifica por adelantado y se lo comunica al Tribunal;
A.

Considerando que la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno (en lo sucesivo, «Empresa Común FCH») se creó en mayo de 2008 como una asociación público-privada en virtud del Reglamento (CE) n.o 521/2008 del Consejo (1) por el periodo que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2017 para centrarse en el desarrollo de aplicaciones comerciales y en facilitar los esfuerzos adicionales del sector por desplegar lo antes posible las tecnologías de pilas de combustible e hidrógeno; que el Reglamento (CE) n.o 521/2008 fue derogado por el Reglamento (UE) n.o 559/2014;
5.

Observa que las prórrogas a menudo pueden justificarse parcial o totalmente por el carácter plurianual de los programas operativos de las agencias, no implican necesariamente deficiencias en la planificación y en la ejecución del presupuesto y no siempre son contradictorias con el principio de anualidad del presupuesto, en particular si la Autoridad las planifica por adelantado y lo comunica al Tribunal;
46.

Observa que los trabajadores en prácticas empleados por los diputados tienen un contrato con estos que se rige por el Derecho privado, lo que no les da derecho a disfrutar de la misma posición en el Parlamento que otras categorías de su personal ni a que el Parlamento les conceda una beca (becas Schuman); lamenta que no exista un instrumento o marco jurídico en la Dirección General de Finanzas (DG FINS) que disponga un sistema de pagos anticipados directos a dichos trabajadores en prácticas antes de las misiones, como es el caso del resto del personal, sobre todo teniendo en cuenta que el desembolso por anticipado de estos gastos de su propio bolsillo les supone, en general, un esfuerzo económico al que difícilmente pueden hacer frente por razones obvias; subraya que los diputados pueden alcanzar un acuerdo sobre los pagos anticipados con el trabajador en prácticas y el agente pagador caso por caso; observa, no obstante, que numerosos diputados no utilizan los servicios de un agente pagador para remunerar a los trabajadores en prácticas que emplean, y pide al Parlamento que evalúe cuanto antes la posible implantación de dicho sistema de pagos directos;
20.

Toma nota de que la Agencia presentó su marco y enfoque para la evaluación a su Consejo de Administración en diciembre de 2015; observa que este enfoque estableció una serie de herramientas y controles de evaluación, entre ellos un marco de gobernanza, una función de coordinación de la evaluación para garantizar la coherencia metodológica, listas de evaluación y un programa evolutivo de evaluaciones ex ante y ex post; reconoce los esfuerzos de la Agencia por reforzar su marco de gobernanza y el enfoque de las evaluaciones ex ante y ex post;
A.

Considerando que la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno («Empresa Común FCH») se creó en mayo de 2008 como una asociación público-privada en virtud del Reglamento (CE) n.o 521/2008 del Consejo por el período que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2017 para centrarse en el desarrollo de aplicaciones comerciales y facilitar así los esfuerzos del sector por desplegar lo antes posible las tecnologías de pilas de combustible e hidrógeno; considerando que el Reglamento (CE) n.o 521/2008 fue derogado por el Reglamento (UE) n.o 559/2014;
3.

Toma nota de que, según el informe del Tribunal, la Empresa Común no evaluó la calidad de los informes de auditoría recibidos de las autoridades financieras nacionales sobre los costes relativos a los proyectos concluidos; toma nota también de que la evaluación de las estrategias de auditoría de tres de las autoridades financieras nacionales no permitió determinar si las auditorías ex post funcionaron de manera eficaz debido a las diferentes metodologías utilizadas por las autoridades financieras nacionales, que no permitieron a la Empresa Común calcular una tasa de error ponderada ni una tasa de error residual;
7.

Observa, por tanto, que la empresa Supermarket Larissa, una cooperativa de pequeñas tiendas de alimentación fundada en 1986, con 42 tiendas y 600 trabajadores, no pudo superar sus pérdidas y tuvo que cerrar las tiendas durante el segundo trimestre de 2014; señala que esto no pudo evitarse con las medidas de austeridad, en particular los recortes salariales (– 30 %), la renegociación de los arrendamientos y el aplazamiento de la fecha de vencimiento de las facturas; observa que esta situación se debe también a la reducción drástica de los préstamos a las empresas, en un contexto de expansión cuantitativa del Banco Central Europeo que no ha impulsado la concesión de préstamos; toma nota de que este caso es una consecuencia dramática de la continua presión de los acreedores sobre Grecia y de la política de austeridad europea;
12.

Toma nota de que, según la Agencia, las verificaciones ex ante y ex post se han realizado de acuerdo con lo convenido con el Tribunal y lo recomendado por la autoridad responsable de aprobación de la gestión; reconoce que, de conformidad con el reglamento financiero de la Agencia, los controles ex post no son obligatorios; observa que se ha establecido un plan anual de verificaciones ex post basado en los riesgos en el que se incluyen los procedimientos de contratación pública;