18. 4. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 102/7 
Dictamen sobre la propuesta de Tercera Directiva del Consejo sobre coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del 
seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (*) 
(91 /C 102/04) 
El 17 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 66 del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y 
Social sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de industria, comercio, artesanía y servicios, encargada de preparar los trabajos 
en la materia, adoptó su dictamen el 6 de febrero de 1991 (ponente: Sr. R. Pelletier). 
En su 284° pleno (sesión del 28 de febrero de 1991), el Comité Económico y Social ha 
aprobado por unanimidad el siguiente dictamen. 
1. Observaciones generales 
1.1. La plena realización del mercado interior en el 
ámbito de los seguros, que debe principalmente permitir 
a los tomadores de seguros y a los consumidores el libre 
acceso a los servicios de seguros ofrecidos en todo el 
territorio de la Comunidad, se ha desarrollado en tres 
etapas sucesivas: 
(i) La libertad de establecimiento, abierta a los seguros 
de daños por una Directiva del 24 de julio de 1973, 
y a los seguros de vida por una Directiva del 5 de 
marzo de 1979. 
(ii) La libertad de prestación de servicios, a la que 
acompañan condiciones de ejercicio más o menos 
obligatorios según la necesidad de protección del 
asegurado; esta libertad fue decidida para los segu­
ros de daños por una Directiva del 22 de junio de 
1988 —que entró en vigor el 1 de julio de 1990—, 
y para los seguros de automóviles y los seguros de 
vida por dos Directivas del 8 de noviembre de 
1990. 
(iii) El objetivo de la tercera etapa es permitir a los 
asegurados —cualquiera sea su índole, su impor­
tancia o la naturaleza del riesgo que se pretende 
cubrirrecurrir a cualquier asegurador que tenga su 
sede social en la Comunidad y ejerza su actividad 
en régimen de establecimiento o de libre prestación 
de servicios. 
1.2. Su realización, mediante un reconocimiento 
mutuo de las autorizaciones y de los sistemas de supervi­
sión cautelar, se llevará a cabo para los seguros distintos 
del seguro de vida mediante la propuesta de Directiva 
que nos ocupa en el presente dictamen. 
Este planteamiento, que responde a la lógica de un 
mercado único, lo había utilizado ya la Comisión de 
forma similar en otras Directivas relativas a los servicios 
financieros, entre otras la Segunda Directiva de coordi­
nación de la actividad bancaria (Directiva 89/646/CEE, 
DO n°L 386 de 30.12.1989). 
(») DO n° C 244 de 28. 9. 1990, p. 28. 1.3. Por consiguiente, cabe acoger favorablemente 
el principio de una autorización administrativa única 
válida en toda la Comunidad —con la salvedad de las 
observaciones que se formulan a continuación—, en la 
medida en que debe contribuir a un ejercicio de la 
actividad de seguros satisfactoria para los consumidores 
y a la seguridad de las transacciones efectuadas tanto 
en régimen de establecimiento como de libre protección 
de servicios. 
1.4. El Comité considera que el objetivo de esta 
Directiva es fundamental para permitir a los consumi­
dores y a los agentes económicos acceder en buenas 
condiciones a un auténtico mercado interior de los 
seguros. 
2. Observaciones generales 
2.1. La referencia al interés general para permitir al 
Estado miembro de prestación la posibilidad de impedir 
la suscripción de un contrato con arreglo a la normativa 
del Estado miembro de origen sigue siendo demasiado 
imprecisa, y puede dar lugar a interpretaciones diver­
gentes que podrían obstaculizar la realización del mer­
cado único de los seguros. 
El Comité considera que la noción de interés general 
debe definirse con mucha más precisión en la propuesta 
de Directiva —ver más abajo apartado 3.10—, en rela­
ción con el Convenio de Roma del 19 de junio de 1980 
sobre las obligaciones contractuales, cuyo contenido ha 
guiado los trabajos de la Comisión. 
2.2. A falta de una armonización en el ámbito de la 
legislación aplicable a los contratos de seguros, se ha 
acordado mantener el principio de la aplicación de 
la legislación del país del asegurado, permitiendo no 
obstante numerosas excepciones que provocan una coli­
sión entre las legislaciones aplicables a los contratos en 
un mismo territorio. 
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Semejante situación da lugar a un grado de inseguridad 
jurídica, perjudicial para los consumidores, que el 
Comité considera dificilmente compatible con la idea 
misma del mercado único. 
2.3. La supresión de la aprobación previa de las 
condiciones contractuales y tarifarias y su sustitución 
por un sistema de simple comunicación responde a la 
lógica de un sistema de autorización única y debe ser 
aprobada. Esta comunicación permitirá a los organis­
mos de control de los Estados miembros la verificación 
de la licitud de las condiciones contractuales, sin que 
esta exigencia constituya una condición previa al ejerci­
cio de las actividades de seguros, lo que seria contrario 
al espíritu de la Directiva. 
Sin embargo, deberían introducirse determinadas dis­
posiciones para tener en cuenta el grado de protección 
necesario para determinados tomadores de seguros, 
asegurados y víctimas, y permitir, por ejemplo, una 
rápida intervención de las autoridades de control 
cuando la cobertura ofrecida no responda a las exigen­
cias de protección de los beneficiarios en los ámbitos 
delicados, como son los seguros obligatorios, la respon­
sabilidad civil automóviles o los accidentes de trabajo 
en los países donde este ámbito no está abarcado por 
un régimen público de seguridad social (ver apartado 
3.11). 
En estos casos de seguros obligatorios, la comunicación 
podría ser previa al uso de las condiciones generales y 
particulares de los contratos, y de las normas tarifarias 
utilizadas, estando el organismo de control del Estado 
en mejor situación para apreciar la conformidad de 
la garantía propuesta con las exigencias locales de la 
reglamentación en este ámbito. 
Finalmente, sería conveniente que, cuando existan irre­
gularidades graves, la autoridad del país de prestación 
tras informar a la Comisión, pueda adoptar medidas 
urgentes que puedan llegar hasta impedir que una 
empresa de seguros de otro Estado miembro siga cele­
brando contratos de seguros en su territorio. 
2.4. La extensión del control de las autoridades de un 
Estado miembro a las sucursales establecidas en otros 
Estados miembros plantea el problema de la coexisten­
cia de controles diferentes en un mismo territorio. 
Las divergencias entre los controles que se practican 
en la Comunidad podrían provocar distorsiones de 
competencia, lo que exigiría emprender una revisión y 
una armonización posterior de las prácticas de control. 
2.5. Las disposiciones financieras incluidas en la pro­
puesta de Directiva parecen coherentes con el sistema 
de autorización única, en la medida en que se propone una coordinación de las normas esenciales relativas a 
las provisiones técnicas y a su cobertura por activos 
representativos. 
Por consiguiente, la propuesta de Directiva sobre las 
cuentas anuales de las empresas de seguros, a la que se 
hace referencia expresa en el texto, se debería adoptar 
antes que la propuesta de Directiva objeto del presente 
dictamen. 
Por otra parte, el catálogo de activos admisibles debería 
ser el mismo para todas las empresas de seguros, sin 
que ningún Estado miembro tenga la facultad de limi­
tarlo en su legislación nacional. 
2.6. Entre los capitales exteriores que sirven para 
financiar el margen de solvencia, los valores mobiliarios 
tales como los títulos participativos son utilizados cada 
vez más por las empresas que no tienen capital social 
(mutuas de seguros) o cuyo capital social sólo puede 
ser alimentado por los asociados (cooperativas). 
A este respecto, si la Directiva propone la integración 
de las derramas de cuotas hasta un 50 % del margen, por 
la misma razón el capital de préstamos subordinados 
debería admitirse hasta el 50% del margen como 
mínimo (ver más abajo apartado 3.8). Los títulos parti­
cipativos, que son valores mobiliarios circulantes con 
una duración indefinida y que pueden ser cotizados en 
bolsa, deberían estar sujetos a las mismas normas. 
2.7. La propuesta de Directiva recoge las soluciones 
adoptadas en materia de fiscalidad por la Segunda 
Directiva del 24 de junio de 1988, es decir, el manteni­
miento a título transitorio de la fiscalidad del país de 
prestación. 
Esta situación puede dar lugar a distorsiones de compe­
tencia debido a la variedad de regímenes fiscales exis­
tentes en los Estados miembros, por lo que, dentro de 
la propia lógica de un mercado único, la Comisión 
deberá emprender de forma prioritaria la armonización 
de la fiscalidad sobre las primas. 
El Comité considera que la cuestión de las disparidades 
fiscales —de la que los seguros no son más que un 
ejemplo entre otros— constituye un serio obstáculo 
para la realización del mercado interior, y que la Comi­
sión debería tomar la iniciativa para emprender de 
forma absolutamente prioritaria esfuerzos de armoniza­
ción. 
2.8. En la propuesta de Directiva no se incluye nin­
guna dispoción sobre la reciprocidad con terceros 
países, pero el Comité toma nota de que la Comisión 
de las Comunidades ha declarado que el texto sobre la 
reciprocidad de la Directiva sobre libre prestación de 
servicios en seguros de automóviles, adoptado por el 
Consejo el 8 de noviembre de 1990, será de alcance 
general y se aplicará desde su entrada en vigor a la 
totalidad del sector de los seguros distintos del seguro 
de vida. 
El Comité se congratula de esta disposición y de dicha 
declaración. 
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2.9. El Comité ha sido informado de que las mutuas 
de previsión, excluidas a petición propria de las directi­
vas de 1973 y 1988, proyectan iniciar gestiones para 
que las disposiciones de estas directivas se apliquen en 
el futuro a las mismas. 
Si se adoptase tal decisión, convendría que se hiciese 
respetando las disposiciones del Tratado y la igualdad 
de condiciones de competencia, ya que se deben aplicar 
los mismos derechos y obligaciones a todos los operado­
res económicos interesados. 
3. Observaciones particulares 
3.1. Artículo 3 
El Comité recomienda que se precise que los monopo­
lios de los que se habla en este artículo son los mismos 
a los que se hacía referencia en el artículo 4 de la 
Primera Directiva del 24 de julio de 1973 (Directiva 
73/239/CEE). 
3.2. Artículo 6 
En opinión del Comité, conviene permitir que puedan 
ejercer la actividad de los seguros no sólo las empresas 
que tengan el estatuto de sociedad anónima europea, 
sino también las que tengan el estatuto de sociedad 
europea y la forma de cooperativa o de mutua. 
Por lo tanto, el penúltimo párrafo de la letra a del 
apartado 1 del artículo 6 debería redactarse como sigue: 
« La empresa de seguros podrá adoptar también una 
de las formas de la Sociedad Europea: la de sociedad 
anónima europea que se contempla en el Regla­
mento n° .../.../CEE del Consejo y en la Directiva 
.../.../CEE del Consejo, o bien la de sociedad mutua 
europea de seguros o la de sociedad cooperativa 
europea de seguros que se contemplan en el Regla­
mento n° .../.../CEE del Consejo y en la Directiva 
.../.../CEE del Consejo.» 
3.3. Artículo 13 
Este artículo trata de los casos en los que se puede 
revocar la autorización concedida a la empresa de 
seguros. 
El Comité considera que las disposiciones de la presente 
Directiva no tienen como consecuencia ninguna modifi­
cación de los regímenes de protección de los asalariados 
establecidos por las legislaciones nacionales. 
3.4. Artículo 14 
En el artículo 14 se establece un control del accionariado 
de las empresas de seguros por razones de prudencia. El organismo de control del Estado miembro de la 
empresa dispondrá de un plazo de tres meses para 
oponerse a un proyecto de toma de participación o 
de incremento de participación si dicho proyecto no 
permite garantizar el mantenimiento de una gestión 
sana y prudente de la empresa. 
El Comité considera que dicho control no está justifi­
cado si la empresa que se presenta como adquirente de 
una participación cualificada está ya autorizada en la 
Comunidad para ejercer actividades de seguros; de otro 
modo, esta disposición vendría a poner en duda la 
calidad del control del Estado miembro de origen de la 
empresa adquisidora. 
En los demás casos, el derecho de veto concedido a los 
organismos nacionales de control debería ir acompa­
ñado de una obligación de motivación en caso de 
rechazo y debería permitir acogerse a un recurso juris­
diccional. 
3.5. Artículo 15 
Este artículo se refiere a la constitución de las provisio­
nes técnicas de seguros. 
La obligación de localización de los activos representati­
vos de estas provisiones técnicas, tal como se estipula 
en el apartado 2 de este artículo, debería precisarse en 
el sentido de que la empresa debería también poder 
localizar sus activos fuera de la Comunidad para sus 
actividades ejercidas, llegado el caso, en terceros países 
y para posibles operaciones de reaseguros. 
3.6. Artículo 17 
Este artículo, que trata de la inversión de los activos 
representativos, parece impreciso y de difícil aplicación, 
sobre todo en lo que se refiere a la evaluación del 
rendimiento futuro de un activo. 
Por lo tanto podría volver a redactarse del siguiente 
modo: 
«Los activos representativos de las provisiones 
técnicas deben invertirse teniendo en cuenta el tipo 
de operaciones efectuadas y la estructura de la 
empresa, con el fin de garantizar la seguridad y el 
rendimiento de la inversión así como la liquidez de 
la empresa, que velará por mantener una diversifica­
ción y una dispersión adecuada de sus inversiones.» 
3.7. Artículo 18 
En este artículo se indica, por categorías, la naturaleza 
de los activos representativos, pero no se especifica 
que esta lista debe ser idéntica para todos los Estados 
miembros, sin que éstos tengan la facultad de limitar 
el contenido en su propia legislación nacional. 
N° C 102/10 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 4. 91 
En efecto, conviene evitar que el margen de apreciación 
dejado a los Estados miembros en esta materia dé lugar 
a divergencias basadas en la diversidad de los métodos 
de control. 
3.8. Artículo 22 
En este artículo, que trata del margen de solvencia 
de las empresas de seguros, el capital de préstamos 
subordinados se incluye expresamente entre los elemen­
tos constitutivos del patrimonio de la empresa, con un 
límite de admisión fijado en el 25% del margen. Este 
límite debería elevarse al 50%, teniendo en cuenta su 
importancia creciente en la financiación de las socieda­
des mutuas de seguros. 
Procede precisar que los valores mobiliarios tales como 
los títulos participativos obedecerán a las mismas 
normas. 
3.9. Artículo 24 
Este artículo trata de la cuestión esencial de la legisla­
ción aplicable a los contratos de seguros. 
En la propuesta de Tercera Directiva que se analiza en 
el presente dictamen se suprime de forma general la 
distinción que se hacía en la Segunda Directiva del 
22 de junio de 1988 entre « grandes riesgos » y « riesgos 
de masa». 
Ahora bien, en la letra e) del artículo 24 se introduce 
de nuevo esta distinción en la elección de la ley aplicable 
al contrato, que pasa a ser totalmente libre para los 
«grandes riesgos», en el sentido de la Segunda Direc­
tiva. 
Semejante ampliación del abanico de leyes aplicables a 
los tomadores de seguros no debería agravar la inseguri­
dad jurídica en la que vivirán los consumidores. 
En estas condiciones, el Comité considera que la Comi­
sión, por la propia coherencia de un mercado único, 
debería emprender la búsqueda de una armonización 
mínima o de una aproximación de las leyes aplicables 
a los contratos de seguros en la Comunidad. 
Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 1991. Los trabajos realizados en este terreno por el Comité 
Europeo de Seguros muestran, en efecto, que existe una 
convergencia real de las disposiciones esenciales de 
las diferentes legislaciones nacionales en materia de 
seguros, y que no es imposible realizar una aproxima­
ción. 
3.10. Artículo 25 
La referencia a las disposiciones legales de interés gene­
ral para autorizar a un Estado a restringir la libertad 
de elección del tomador de un seguro debe precisarse 
en función de criterios objetivos, principalmente los 
enunciados por el Tribunal de Justicia de las Comuni­
dades Europeas en su constante jurisprudencia. 
Dicha precisión debería figurar en el considerando n° 19 
o constituir un nuevo considerando n° 19 bis, y figurar 
en el artículo 25. 
3.11. Artículo 27 
Este artículo trata de la comunicación de las condiciones 
de seguros y las tarifas, y de los seguros obligatorios. 
En razón de la propia importancia social y política de 
los seguros obligatorios es esencial que el control del 
país miembro que impone la obligación del seguro, 
pueda ejercerse rápidamente en caso de dificultades 
graves, como se prevé en el artículo 35 de la propuesta 
de Directiva. 
A este respecto, y conforme a los términos de la propu­
esta de Directiva (considerando 20 bis), los regímenes 
privados de seguro de enfermedad en substitución de 
la Seguridad Social serán tratados como seguros obliga­
torios. 
Por consiguiente, en el artículo 27 se debería insertar 
una referencia explícita al artículo 35, por el que se 
autoriza al Estado miembro de prestación de servicios 
a adoptar determinadas medidas de urgencia. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Frangís STAEDELIN