Las infraestructuras del mercado, incluidos los DCV, también se trataban en la Comunicación de la Comisión titulada «Sistema económico y financiero europeo: fomentar la apertura, la fortaleza y la resiliencia». Dicha Comunicación establece la manera en que la UE puede reforzar su autonomía estratégica abierta en los ámbitos macroeconómico y financiero, en particular, pero no exclusivamente, desarrollando en mayor medida las infraestructuras de los mercados financieros de la UE y aumentando su resiliencia. Un sistema de liquidación sólido de la UE regulado por el Reglamento DCV es, por tanto, un elemento importante que contribuye a la autonomía estratégica abierta de la UE en el ámbito de la infraestructura de los mercados financieros.

Dado que algunos de los requisitos básicos del Reglamento DCV son aplicables desde hace poco o aún no son aplicables, la evaluación no ha sido completa.

La propuesta está destinada a garantizar que los objetivos del Reglamento DCV se alcancen de un modo más proporcionado, efectivo y eficiente. Esto debería traducirse en una simplificación o una reducción de los requisitos, con el fin de reducir la carga administrativa del Reglamento para las partes interesadas, en particular los DCV, sin poner en peligro la protección de los inversores, la integridad del mercado y la estabilidad financiera. Al revisar los mecanismos de supervisión de los DCV (en particular los que operan a escala transfronteriza y los que forman parte de grupos de DCV), la propuesta aborda los problemas observados de cara a la consecución de la convergencia en materia de supervisión. Además, el reajuste de determinados requisitos en relación con el proceso de pasaporte, la prestación de servicios auxiliares de tipo bancario y la disciplina de liquidación responde a las preocupaciones planteadas por las partes interesadas, incluida la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), salvaguardando al mismo tiempo los objetivos del Reglamento DCV. La propuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar estos objetivos, teniendo en cuenta la necesidad de supervisar y mitigar los riesgos que las operaciones de los DCV que operan tanto desde dentro como desde fuera de la UE puedan generar para la estabilidad financiera. La proporcionalidad de las opciones preferidas se evalúa con más detalle en el capítulo 6 de la evaluación de impacto adjunta.

En la actualidad, los Estados miembros y los supervisores nacionales no pueden resolver por sí solos los retos derivados de los gravosos y poco claros requisitos del Reglamento DCV o los riesgos derivados de prácticas nacionales de supervisión divergentes. Tampoco pueden abordar por sí solos el riesgo para la estabilidad financiera de la UE que podría suponer la falta de información sobre las actividades de los DCV de terceros países. Así pues, los objetivos de la presente iniciativa no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión de las acciones, pueden lograrse mejor a nivel de la UE, en consonancia con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.

Por último, los cambios propuestos en el régimen de disciplina de liquidación garantizarían un enfoque más proporcionado del tratamiento de los fallos en la liquidación, garantizando al mismo tiempo que los niveles de eficiencia en la liquidación sigan mejorando en la UE en beneficio de los inversores y de la economía de la UE en su conjunto. El enfoque en dos fases, en particular, debe mitigar los efectos más negativos relacionados con la liquidez, cuando la aplicación de los requisitos pertinentes no esté justificada. Esto debería tener un efecto indirecto positivo en las pymes, cuyos valores son menos líquidos.

Los DCV se beneficiarían de una reducción de los costes al operar en la UE, en particular debido a la reducción de los obstáculos a la liquidación transfronteriza producida por i) el establecimiento de colegios y ii) la simplificación del actual procedimiento de pasaporte. En particular, aligerar las cargas asociadas a los requisitos de pasaporte simplificaría y aceleraría el proceso. Se espera que el proceso de pasaporte simplificado, que incluye la notificación a las autoridades competentes del país de acogida en lugar de su aprobación, reduzca los costes hasta en un 75 %, lo que generaría un ahorro único, por término medio, de 585 000 EUR por DCV. La introducción de los colegios también beneficiaría a los DCV de la UE debido a la seguridad jurídica resultante de la mejora de la convergencia en materia de supervisión. Además, la introducción de los colegios y de una fecha de finalización de la cláusula de anterioridad mejoraría la estabilidad financiera con respecto a los DCV de la UE y a los DCV de terceros países.

·Introducir una fecha límite para la cláusula de anterioridad para los DCV de la UE y de terceros países y un requisito de notificación para los DCV de terceros países. La información recibida permitiría a la Comisión dar prioridad a su evaluación de la equivalencia de los marcos de los DCV de terceros países, ya que la concesión de la equivalencia por parte de la Comisión es una condición para que la AEVM reconozca a los DCV de terceros países que deseen ofrecer servicios de notaría y servicios centrales de mantenimiento en relación con instrumentos financieros constituidos con arreglo a la legislación de un Estado miembro. La combinación de estas medidas garantizará, en definitiva, que las autoridades tengan las competencias adecuadas y la información oportuna para supervisar los riesgos en consonancia con la evolución de las necesidades del mercado. No obstante, las modificaciones propuestas no afectan a los procesos de equivalencia y reconocimiento ya aplicables en virtud del Reglamento DCV; por lo tanto, los terceros países y los posibles DCV de terceros países solicitantes siguen estando invitados a presentar sus solicitudes de equivalencia y solicitudes de reconocimiento, respectivamente, con arreglo a los actuales requisitos del Reglamento DCV. Otra opción considerada era mejorar el régimen aplicable a los DCV de terceros países que prestan servicios para instrumentos financieros constituidos con arreglo a la legislación de un Estado miembro, por ejemplo, exigiendo el reconocimiento por parte de la AEVM para la prestación de servicios de liquidación o ampliando las competencias de supervisión de la AEVM, pero en este momento esa opción se consideró prematura y desproporcionada.

La letra e) modifica el artículo 7, apartado 4, del Reglamento DCV, y establece que, en las situaciones en las que un fallo en la liquidación esté causado por factores no atribuibles a participantes en la operación o cuando la operación no implique a dos partes en la negociación, dicho fallo en la liquidación no estará sujeto al mecanismo de recompra obligatoria.

En la letra a), las modificaciones del artículo 7, apartado 2, del Reglamento DCV establecen que, en las situaciones en las que un fallo en la liquidación esté causado por factores no atribuibles a los participantes en la operación o cuando la operación no implique a dos partes en la negociación, dicho fallo en la liquidación no estará sujeto al mecanismo de sanción. También especifica que las sanciones pecuniarias deben calcularse o bien hasta el final del proceso de recompra si la Comisión ha adoptado el acto de ejecución pertinente o bien hasta la fecha de liquidación efectiva, si esta última fecha es anterior.

La AEVM se vería afectada principalmente por la participación en los colegios, la elaboración o actualización de cinco normas técnicas y la gestión del proceso de notificación por los DCV de terceros países de sus actividades en la UE. Sin embargo, esto último supondría un pequeño coste puntual. No obstante, la simplificación del procedimiento de pasaporte aliviaría los costes de la AEVM, ya que los requisitos de pasaporte serían más sencillos y claros. Además, una determinación clara de las operaciones que entran en el ámbito de aplicación del régimen de disciplina de liquidación también reduciría la carga administrativa que pesa sobre la AEVM en relación con la respuesta a las preguntas frecuentes. Asimismo, la adaptación de la periodicidad de los informes que la AEVM debe presentar a la Comisión reducirá aún más la carga administrativa impuesta a la Autoridad. La AEVM también se beneficiaría de algunas de las opciones de actuación preferidas, que reforzarían el entorno de supervisión, en particular el proceso de notificación de los DCV de terceros países.

El artículo 1, punto 6, modifica el artículo 22, apartados 1, 4 y 7, del Reglamento DCV, con el fin de cambiar la periodicidad del proceso de revisión y evaluación, de anual a bienal. Además, modifica el artículo 22, apartados 2 y 3, del Reglamento DCV, con el fin de aclarar cómo deben prepararse los DCV para hacer frente a escenarios que puedan impedirles prestar sus operaciones y servicios esenciales como empresa en funcionamiento. Se suprime el requisito de elaborar planes de resolución, ya que se considera poco claro y actualmente no existe ningún régimen de resolución de la Unión sobre cuya base pueda elaborarse un plan de resolución. En su lugar, el apartado 2 revisado exige que los DCV elaboren y presenten a la autoridad competente planes adecuados para su recuperación o liquidación ordenada. El apartado 3 revisado especifica el contenido mínimo de los planes a que se refiere el apartado 2, así como la periodicidad de la revisión y actualización de dichos planes (al menos cada dos años). También aclara que dichos planes tendrán en cuenta la magnitud, la importancia sistémica, la índole, la escala y la complejidad de las actividades del DCV de que se trate, así como cualquier plan pertinente de recuperación o resolución establecido de conformidad con la Directiva sobre recuperación y resolución bancarias. Las modificaciones del apartado 3 no afectan al requisito de que las autoridades competentes informen a la AEVM cuando se establezca y mantenga un plan de resolución para un DCV. Este puede ser el caso debido a la legislación nacional o al requisito de cumplir otros actos legislativos de la UE, como la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias.

El artículo 1, punto 4, letra c), introduce un nuevo apartado 7 bis en el artículo 17 del Reglamento DCV, que introduce nuevos requisitos para que las autoridades competentes compartan información con otras autoridades, en particular con las autoridades relevantes.

El artículo 1, punto 4, letra b), modifica el artículo 17, apartado 4, del Reglamento DCV en lo que respecta a la consulta por parte de las autoridades competentes a las autoridades relevantes en relación con el proceso de autorización de un DCV. El artículo 1, punto 6, letra e), introduce modificaciones equivalentes en el artículo 22, apartado 6, del Reglamento DCV en lo que respecta a la consulta por parte de las autoridades competentes a las autoridades relevantes en relación con el proceso de revisión y evaluación. Los cambios en el artículo 17, apartado 4, y en el artículo 22, apartado 6, del Reglamento DCV introducen un proceso mediante el cual las autoridades consultadas pueden emitir un dictamen motivado en un plazo de tres meses a partir de la recepción de la información por parte de la autoridad competente. En caso de dictamen negativo de una de las autoridades relevantes consultadas, la autoridad competente abordará dicho dictamen negativo en una decisión motivada, que podrá ser nuevamente objeto de un dictamen negativo de las autoridades consultadas. Si la autoridad competente no está de acuerdo con dicho dictamen negativo, informará de ello a las autoridades que hayan formulado objeciones y estas podrán remitir el asunto a la AEVM. Si el asunto no se resuelve en un plazo de 30 días a partir de dicha remisión, la autoridad competente adoptará la decisión final sobre la revisión y evaluación y facilitará una explicación escrita detallada de su decisión a las autoridades relevantes.

El artículo 1, punto 3, modifica el artículo 12, letras b) y c), del Reglamento DCV, con el fin de aclarar que, cuando un DCV no lleve a cabo actividades de liquidación antes del inicio del proceso de autorización, los criterios que determinen qué autoridades relevantes deben participar en dicho proceso tendrán en cuenta la actividad de liquidación prevista.

La letra j) introduce un nuevo apartado 14 bis en el artículo 7 del Reglamento DCV que faculta a la Comisión para especificar las situaciones en las que un fallo en la liquidación debe considerarse causado por factores no atribuibles a los participantes y en las que una operación no implique a dos partes en la negociación, en el sentido de las modificaciones introducidas en el artículo 7, apartados 2 y 4.

d)Modifica el artículo 59, apartado 4, letra i), aclarando que un DCV puede convertir en efectivo, en lugar de «liquidar», cualquier garantía proporcionada por el cliente en situación de impago y que, cuando se utilicen acuerdos no comprometidos, el DCV debe poder establecer que se han determinado y mitigado los riesgos potenciales asociados. El objetivo es permitir acuerdos no comprometidos a condición de que exista un marco global.

El artículo 1, punto 17, letra b), modifica la frase introductoria del apartado 4, permitiendo así que los DCV soliciten la prestación de servicios auxiliares de tipo bancario no solo a las entidades de crédito designadas, sino también a otros DCV que hayan sido autorizados a prestar tales servicios de conformidad con el artículo 54, apartado 3, independientemente de que estos últimos formen parte o no del mismo grupo empresarial. A este respecto, el artículo 1, punto 17, letra b), suprime el artículo 54, apartado 4, letra c), del Reglamento DCV, eliminando con ello la prohibición de que las entidades de crédito designadas puedan ofrecer servicios básicos de DCV.

En primer lugar, el artículo 1, punto 13, modifica el artículo 40, apartado 2, del Reglamento DCV, y el artículo 1, punto 17, letra a), modifica el artículo 54, apartado 2, letra b), de dicho Reglamento, con el fin de introducir la posibilidad de que los DCV autorizados a prestar servicios auxiliares de tipo bancario presten tales servicios a DCV que no hayan obtenido esta autorización y que, por lo tanto, no puedan liquidar en monedas específicas por encima de determinados importes cuando no tengan acceso al banco central pertinente.

Considerando lo siguiente:

(1)El Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea de 28 de agosto de 2014, y entró en vigor el 17 de septiembre de 2014. Uniformiza los requisitos para la liquidación de los instrumentos financieros y las normas de organización y conducta de los depositarios centrales de valores (DCV) con vistas a promover una liquidación correcta, eficiente y segura. Dicho Reglamento introdujo unos períodos de liquidación más cortos, medidas de disciplina de liquidación, requisitos organizativos, prudenciales y de gestión empresarial estrictos para los DCV, unos mayores requisitos prudenciales y de supervisión para los DCV y otras entidades que prestan servicios bancarios de apoyo a la liquidación de valores, y un régimen que permite a los DCV autorizados prestar sus servicios en toda la Unión.

(1)La simplificación de los requisitos en ciertos ámbitos cubiertos por el Reglamento (UE) n.º 909/2014 y un enfoque más proporcionado con respecto a dichos ámbitos van en consonancia con el programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) de la Comisión, el cual enfatiza la necesidad de reducción de costes y de simplificación de tal manera que las políticas de la Unión alcancen sus objetivos del modo más eficiente, y persigue, en particular, reducir la carga normativa y administrativa.

(2)Unas infraestructuras de postnegociación eficientes y resilientes son elementos esenciales de una Unión de Mercados de Capitales que funcione bien y representan una profundización en los esfuerzos por apoyar las inversiones, el crecimiento y el empleo en consonancia con las prioridades políticas de la Comisión. Por ese motivo, el Plan de Acción de la Comisión para la Unión de los Mercados de Capitales adoptado en 2020 incluyó la revisión del Reglamento (UE) n.º 909/2014 como una de sus acciones fundamentales.

(3)En 2019, la Comisión llevó a cabo una consulta específica sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.º 909/2014. La Comisión también recibió aportaciones de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). De las consultas se desprende que las partes interesadas apoyan y consideran pertinentes los objetivos de dicho Reglamento, a saber, promover una liquidación correcta, eficiente y segura de los instrumentos financieros, y que no es necesaria una revisión a fondo. El 1 de julio de 2021, la Comisión adoptó un informe de revisión de conformidad con el artículo 75 del Reglamento (UE) n.º 909/2014. Aunque no todas las disposiciones de dicho Reglamento son aún plenamente aplicables, el informe señaló ámbitos en los que es necesaria una actuación específica para garantizar que sus objetivos se alcancen de manera más proporcionada, eficiente y eficaz.

(4)El Reglamento (UE) n.º 909/2014 ha introducido normas sobre disciplina de liquidación para prevenir y corregir los fallos en la liquidación de las operaciones con valores y, por lo tanto, garantizar la seguridad de la liquidación de las operaciones. Dichas normas incluyen, en particular, requisitos de información, un régimen de sanciones pecuniarias y recompras obligatorias. A pesar de la falta de experiencia en la aplicación de esas normas, el desarrollo y la especificación del marco en el Reglamento Delegado (UE) 2018/1229 de la Comisión ha permitido a todas las partes interesadas comprender mejor el régimen y los retos que podría plantear su aplicación. A este respecto, debe aclararse el ámbito de aplicación de las sanciones pecuniarias y las recompras obligatorias establecidas en el artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 909/2014, en particular especificando qué categorías de operaciones están excluidas. Tales exclusiones deben abarcar, en particular, las operaciones que fallaron por motivos no atribuibles a los participantes y las operaciones que no impliquen a dos partes en la negociación, para las que la aplicación de sanciones pecuniarias o la recompra obligatoria no sería factible o podría conllevar consecuencias perjudiciales para el mercado, como determinadas operaciones del mercado primario, actuaciones societarias, reorganizaciones, creación y reembolso de participaciones de fondos y reajustes. La Comisión debe estar facultada para completar el Reglamento (UE) n.º 909/2014 especificando más detalladamente dichas exclusiones mediante un acto delegado.

(5)El objetivo general del régimen de disciplina de liquidación es mejorar la eficiencia de la liquidación dentro de la Unión. Sin embargo, la volatilidad de los mercados en 2020 amplificó la preocupación por los posibles efectos negativos de las normas de recompra obligatoria, tanto en condiciones normales de mercado como en condiciones de estrés. Por consiguiente, la aplicación de dichas normas debe estar sujeta a una evaluación por parte de la Comisión en cuanto a su idoneidad a la luz de la evolución de la eficiencia de la liquidación en la Unión. No obstante, deben seguir aplicándose las sanciones pecuniarias y los requisitos de información a fin de evaluar su impacto en la mejora de la eficiencia de la liquidación en la Unión. Teniendo en cuenta las posibles repercusiones de las normas de recompra obligatoria, dichas normas deben aplicarse únicamente cuando se cumplan determinadas condiciones, a saber, cuando la aplicación de sanciones pecuniarias no haya dado lugar a una reducción continua a largo plazo de los fallos en la liquidación en la Unión, cuando la eficiencia de la liquidación en la Unión no haya alcanzado niveles adecuados teniendo en cuenta la situación en los mercados de capitales de terceros países que sean comparables en términos de volumen, liquidez e instrumentos negociados y tipos de operaciones ejecutadas en dichos mercados, o cuando el nivel de fallos en la liquidación en la Unión tenga o sea probable que tenga un efecto negativo en la estabilidad financiera de la Unión. Cuando la Comisión considere que se cumple alguna de esas condiciones y que la aplicación de recompras obligatorias es proporcionada para abordar el nivel de fallos en la liquidación en la Unión, debe estar facultada para adoptar un acto de ejecución que determine a qué instrumentos financieros o categorías de operaciones deben empezar a aplicarse las normas de recompra obligatoria. Las sanciones pecuniarias a que se refiere el artículo 7, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.º 909/2014 deben calcularse diariamente para cada día hábil en que una operación no se liquide hasta el final del proceso de recompra o hasta el día de liquidación real, si esta fecha es anterior.

(6)A fin de evitar la multiplicidad de recompras para operaciones con el mismo instrumento financiero a lo largo de una cadena de contrapartes, lo que podría provocar una duplicación innecesaria de costes y afectar a la liquidez del instrumento financiero, los participantes en dichas operaciones deben disponer de un mecanismo de «repercusión». Cada participante en la cadena de operaciones debe estar autorizado a repercutir una notificación de recompra al participante incumplidor en la operación que le concierna hasta que llegue al participante incumplidor inicial.

(7)Las recompras obligatorias y los procesos de compensación en efectivo solo permiten el pago de la diferencia entre el precio de recompra y el precio de negociación original del vendedor al comprador cuando dicho precio de recompra o de referencia para la compensación en efectivo sea superior al precio de negociación original. Esta asimetría para el pago de la diferencia podría crear una solución injusta que beneficiaría indebidamente al comprador en caso de que el precio de recompra o de referencia fuera inferior al precio de negociación original. Por lo tanto, el pago de la diferencia entre el precio de compra y el precio de negociación original debe aplicarse en ambas direcciones para garantizar que las partes en la negociación queden restablecidas en las condiciones económicas que tendrían de haberse realizado la operación original.

(8)El régimen de disciplina de liquidación establecido en el artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 909/2014 no debe ser de aplicación a un participante incumplidor que sea una entidad de contrapartida central (ECC), tal como se define en el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. No obstante, en el caso de las operaciones realizadas por una ECC en las que esta no se interponga entre las contrapartes, como el uso autorizado de garantías reales con fines de inversión, la ECC debe estar sujeta al régimen de disciplina de liquidación como cualquier otro participante.

(9)Cuando sean aplicables las recompras obligatorias, la Comisión debe tener la posibilidad de suspender temporalmente su aplicación en determinadas situaciones excepcionales. Dicha suspensión debe ser posible para categorías específicas de instrumentos financieros cuando sea necesario para evitar o hacer frente a una amenaza grave para la estabilidad financiera o el funcionamiento ordenado de los mercados financieros de la Unión. Dicha suspensión debe ser proporcionada a sus objetivos.

(10)El contexto de los tipos de interés negativos debe tenerse en cuenta en el acto delegado para el cálculo de las sanciones pecuniarias, a fin de evitar efectos no deseados en el participante no incumplidor mediante la eliminación de cualquier incentivo adverso para el incumplimiento que pueda surgir en un entorno de tipos de interés bajos o negativos.

(11)La AEVM debe elaborar proyectos de normas de regulación para revisar las normas técnicas de regulación vigentes a fin de tener en cuenta los cambios introducidos en el Reglamento (UE) n.º 909/2014, y que la Comisión pueda realizar las correcciones o modificaciones necesarias con vistas a aclarar los requisitos establecidos en dicha norma técnica de regulación, como las condiciones en las que los participantes pueden ejecutar sus propias recompras.

(12)Cuando un depositario central de valores (DCV) no lleve a cabo una actividad de liquidación antes del inicio del proceso de autorización, los criterios que determinen qué autoridades relevantes deben participar en dicho proceso de autorización han de tener en cuenta la actividad de liquidación prevista para garantizar que se tomen en consideración las opiniones de todas las autoridades relevantes potencialmente interesadas en las actividades del DCV.

(13)Si bien el Reglamento (UE) n.º 909/2014 exige que los supervisores nacionales cooperen con las autoridades relevantes y las impliquen, los supervisores nacionales no están obligados a informar a dichas autoridades relevantes sobre la toma en consideración de sus opiniones en el resultado del proceso de autorización ni sobre la posible detección de problemas adicionales en el transcurso de las revisiones y evaluaciones anuales. Por consiguiente, las autoridades relevantes deben poder emitir dictámenes motivados sobre la autorización de los DCV y el proceso de revisión y evaluación. Las autoridades competentes deben tener en cuenta dichos dictámenes o explicar en una decisión motivada por qué no se han seguido dichos dictámenes.

(14)Las revisiones y evaluaciones periódicas de los DCV por parte de las autoridades competentes son necesarias para garantizar que los DCV sigan contando con sistemas, estrategias, procesos y mecanismos adecuados para evaluar los riesgos a los que el DCV esté o pueda estar expuesto o que puedan constituir una amenaza para el buen funcionamiento de los mercados de valores. No obstante, la experiencia ha demostrado que una revisión y una evaluación anuales resultan desproporcionadamente gravosas tanto para los DCV como para las autoridades competentes, y tienen un valor añadido limitado. Por lo tanto, debe establecerse una periodicidad más adecuadamente calibrada para aliviar esta carga y evitar la duplicación de información procedente de una revisión y otra. No obstante, no deben socavarse las capacidades de supervisión de las autoridades competentes ni el objetivo de salvaguardar la estabilidad financiera.

(15)Los DCV deben estar preparados para hacer frente a escenarios que puedan impedirles ofrecer sus operaciones y servicios esenciales como empresa en funcionamiento y evaluar la eficacia de toda una serie de opciones de recuperación o liquidación ordenada. El Reglamento (UE) n.º 909/2014 introdujo requisitos a este respecto, estableciendo, en particular, que una autoridad competente debe exigir al DCV la presentación de un plan de recuperación adecuado y velar por que se establezca y mantenga un plan de resolución adecuado para cada DCV. Sin embargo, en la actualidad no existe ningún régimen de resolución armonizado en el que un plan de resolución pueda basarse. Aunque los DCV autorizados a ofrecer servicios auxiliares de tipo bancario entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, no existen disposiciones específicas para los DCV que no están autorizados a prestar tales servicios y, por tanto, no se consideran entidades de crédito con arreglo a la Directiva 2014/59/UE con la obligación de contar con planes de recuperación y resolución. Por consiguiente, deben introducirse aclaraciones con vistas a armonizar mejor los requisitos aplicables a los DCV, teniendo en cuenta la ausencia de un marco de la Unión para la recuperación y la resolución de todos los DCV.

(16)Cuando un nuevo DCV solicite autorización y el cumplimiento de determinados requisitos no pueda evaluarse porque el DCV todavía no esté operativo, la autoridad competente debe poder conceder la autorización a condición de que se cumplan dichos requisitos cuando el DCV ponga efectivamente en marcha sus actividades.

(17)El procedimiento establecido en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 909/2014 en relación con la prestación por los DCV de servicios de notaría y servicios centrales de mantenimiento en relación con instrumentos financieros constituidos con arreglo a la legislación de un Estado miembro distinto del de su autorización ha demostrado ser gravoso, y algunos de sus requisitos no están claros. Esto ha dado lugar a un proceso desproporcionadamente costoso y largo para los DCV. Por consiguiente, debe simplificarse el procedimiento para eliminar mejor los obstáculos a la liquidación transfronteriza a fin de que los DCV autorizados se beneficien plenamente de la libre prestación de servicios dentro de la Unión.

(18)El Reglamento (UE) n.º 909/2014 exige la cooperación de las autoridades que tengan un interés en las operaciones de aquellos DCV que ofrezcan servicios en relación con instrumentos financieros emitidos con arreglo a la legislación de más de un Estado miembro. No obstante, las disposiciones relativas a la supervisión siguen estando fragmentadas y pueden dar lugar a diferencias en la asignación y la naturaleza de las competencias de supervisión en función del DCV de que se trate. Esto, a su vez, crea obstáculos a la prestación transfronteriza de servicios de DCV en la Unión, perpetúa las ineficiencias que persisten en el mercado de liquidación de la Unión y repercute negativamente en la estabilidad de los mercados financieros de la Unión. A pesar de la posibilidad de crear colegios de conformidad con el artículo 24, apartado 4, de dicho Reglamento, esta opción apenas se ha utilizado. A fin de garantizar una coordinación eficaz y eficiente de la supervisión por parte de las autoridades competentes, la obligación de crear colegios obligatorios debe aplicarse en dos casos. En primer lugar, para los DCV que ofrecen servicios de notaría y servicios centrales de mantenimiento en relación con instrumentos financieros emitidos con arreglo a la legislación de más de un Estado miembro (los colegios de pasaporte) y, en segundo lugar, para los DCV que pertenecen al mismo grupo (los «colegios a nivel de grupo»). Para reducir la carga administrativa de las autoridades que participan en los colegios, cuando un DCV que ofrezca servicios transfronterizos también forme parte de un grupo de DCV, el presidente del colegio debe poder decidir que solo se cree un colegio para ese DCV. Cuando los demás DCV del grupo ofrezcan también servicios transfronterizos, el presidente del colegio debe poder tomar esa decisión únicamente si las autoridades competentes de esos otros DCV dan su consentimiento. En ese caso, solo habría un colegio para todos los DCV del grupo, que ejercería las funciones asignadas a los colegios de pasaporte y a los colegios a nivel de grupo. Dichos colegios deben garantizar el intercambio de información relativa a los DCV de que se trate.