HACIA UNA UNIÓN EUROPEA AMPLIADA - Documento de estrategia e Informe de la Comisión Europea sobre los progresos de cada uno de los países candidatos en la vía de la adhesión {SEC (2002) 1400 - 1412}

ÍNDICE

1. Contexto general

1.1. Europa en vísperas de la ampliación

1.2. La opinión pública y el proceso de ampliación

1.3. Preparación administrativa para la ampliación

1.4. Criterios de Copenhague

1.5. Potenciación de la capacidad administrativa y judicial

1.6. Negociaciones de adhesión

1.6.1. Situación actual

1.6.2. Compromisos

1.6.3. Medidas transitorias

2. Avances de los países candidatos en el cumplimiento de los criterios de adhesión

2.1. Criterios políticos

2.1.1. Evolución general

2.1.2. Conclusiones

2.2. Criterios económicos

2.2.1. Evolución general

2.2.2. Conclusiones

2.3. Otras obligaciones vinculadas a la adhesión (incluida la capacidad administrativa)

2.3.1. Evolución general

2.3.2. Conclusiones

2.4. Conclusiones y recomendaciones generales

3. Culminación del proceso

3.1. Finalización de las negociaciones

3.1.1. Marco financiero

3.1.2. Modo de abordar el acervo nuevo y revisión de los capítulos

3.1.3. Capítulo sobre otros asuntos

3.2. Finalización del tratado de adhesión

3.3. Participación en la labor de la UE antes de la adhesión

3.4. Supervisión y salvaguardias

3.5. Fase posterior a la ampliación

3.5.1. Desarrollo institucional

3.5.2. La UEM y el euro

3.5.3. Schengen

3.5.4. Espacio Económico Europeo

4. Estrategia de adhesión revisada para Bulgaria y Rumania

4.1. Logros hasta la fecha

4.2. Fecha orientativa

4.3. Planes de trabajo para la adhesión

4.4. Asistencia de preadhesión

5. Nuevo impulso al proceso de ampliación con Turquía

5.1. Potenciación de la estrategia de preadhesión

5.2. Ayuda financiera adicional

6. Conclusiones y recomendaciones

Anexo 1: Conclusiones de los informes periódicos

Bulgaria

Chipre

Estonia

Hungría

Letonia

Lituania

Malta

Polonia

Rumania

Eslovaquia

Eslovenia

República Checa

Turquía

Anexo 2: Capítulo "otros asuntos"

Anexo 3: Convenios de derechos humanos

Anexo 4: Proyectos de hermanamiento

Anexo 5: Revisiones paritarias

Anexo 6: Situación de las negociaciones

Anexo 7: Principales indicadores estadísticos

1. CONTEXTO GENERAL

1.1. Europa en vísperas de la ampliación

La próxima ampliación de la Unión Europea potenciará la unidad del continente europeo y contribuirá a crear una zona de paz y prosperidad duraderas.

En 1993, el Consejo Europeo de Copenhague abrió la perspectiva de la ampliación a los países de Europa Central y Oriental. Posteriormente, la UE puso en marcha una ambiciosa estrategia de preadhesión que ha servido de guía y apoyo para los preparativos de adhesión de los países candidatos hasta el día de hoy.

Gracias a su esfuerzo por cumplir los criterios de adhesión y adoptar el marco reglamentario de la UE, los países candidatos han podido acelerar las reformas internas de modo paralelo a su preparación para la adhesión. Los ciudadanos europeos han estrechado sus lazos, como se ha observado en la solidaridad demostrada entre los actuales y futuros miembros de la UE durante las grandes inundaciones producidas este verano pasado en Europa Central y Oriental.

Los argumentos históricos y políticos que abogan en favor de la ampliación son harto convincentes. Y los beneficios económicos serán considerables.

Tanto los Estados miembros actuales como los futuros gozan de estabilidad política. En los países de Europa Central y Oriental se han creado democracias estables. El mérito de ese logro hay que atribuirlo ante todo a los propios ciudadanos de esos países. La estabilidad política de los países candidatos de Europa Central y Oriental está enraizada en valores europeos comunes: la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y la protección de las minorías. Las causas de los conflictos, como los problemas de minorías y fronterizos, se han eliminado. Un marco político estable es una condición previa necesaria para que haya una paz duradera y una coexistencia pacífica entre vecinos así como una economía sólida.

La adhesión representa una oportunidad para los países candidatos de mejorar su nivel de vida y sus perspectivas en la competencia mundial. Estos países ya realizan entre la mitad y las dos terceras partes de su comercio con la UE. El rápido crecimiento del comercio ha ayudado a crear nuevos mercados y a aumentar las inversiones. La plena integración que supondrá la adhesión, junto con la adopción de disposiciones y normas comunes en el mercado único más grande del mundo, incrementará las oportunidades de conseguir un crecimiento sostenible desde un punto de vista social y medioambiental.

Gracias a la estabilidad política y económica, la UE ampliada estará mejor preparada para afrontar los retos mundiales. Y dará un mayor peso a sus relaciones exteriores, sobre todo en lo que respecta a la política exterior y de seguridad común. Además, la mejora de la cooperación entre los Estados miembros actuales y futuros contribuirá a luchar contra la delincuencia y el terrorismo internacionales.

La UE ampliada deberá mirar más allá de sus fronteras para diseñar una nueva política de vecindad en beneficio de todos. Se está reflexionando sobre la política relativa a una «Europa más amplia» con el fin de enfocar de modo más coherente la cuestión de la UE ampliada respecto a los países vecinos. Actualmente, la Comisión está estudiando las distintas posibilidades de potenciar la política de la UE respecto a sus futuros nuevos vecinos, con objeto no sólo de alejar los temores que pueda provocar la ampliación sino también de lograr que la ampliación proporcione avances, tales como el aumento previsto del comercio y del crecimiento económico en ambas partes. La nueva política de vecindad hará especial hincapié en que la UE ampliada tendrá una actitud abierta e impulsará intereses y actividades comunes con sus vecinos de los Balcanes Occidentales, Europa Oriental y el Mediterráneo.

Los Estados miembros futuros están contribuyendo de manera valiosa a los debates sobre el futuro de Europa en el marco de la Convención Europea que prepara el camino hacia la próxima reforma institucional. La labor de la convención es fundamental para el futuro de Europa. La plena participación de los países candidatos ha puesto claramente de manifiesto el valor añadido de una Unión Europea ampliada.

La evaluación de los países candidatos realizada por la Comisión en los informes periódicos del presente año transmite tres mensajes importantes:

* La estrategia de preadhesión de la UE ha sido un éxito. El proceso de transformación de los países candidatos se ha acelerado considerablemente gracias a la perspectiva de la ampliación.

* Las negociaciones de adhesión, que se han basado en los principios de los méritos propios, la diferenciación y el logro del nivel necesario, podrán finalizar con la mayoría de los países candidatos a finales de 2002 a más tardar. Los preparativos de la ampliación seguirán su curso.

* La ampliación es un proceso integrador que todavía no ha finalizado respecto a las primeras adhesiones. La Unión Europea sigue apoyando totalmente a los países candidatos actuales que no estén en condiciones de participar en la próxima ampliación.

Los países candidatos han realizado una gran inversión en el proceso de ampliación. Se han tomado decisiones políticas y económicas importantes en previsión de la ampliación. Si se desean conseguir los máximos beneficios de la integración tanto para los Estados miembros futuros como para los actuales, deberá mantenerse el calendario de ampliación previsto sin que ello vaya en detrimento de la calidad del proceso de adhesión.

La Comisión espera que un Chipre reunificado se adhiera a la Unión Europea con arreglo a un acuerdo global, como mejor resultado para todas las partes interesadas. Como se señala en las conclusiones del Consejo Europeo de Sevilla, la UE tendría en cuenta las condiciones para una solución global en el tratado de adhesión, conforme a los principios en los que se basa la Unión Europea. La Comisión se congratula por que la participación de las Naciones Unidas siga siendo considerable. Todas las partes interesadas deben hacer un esfuerzo concertado por conseguir ese acuerdo antes de que finalicen las negociaciones de adhesión. Teniendo en cuenta las declaraciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Comisión insta a Turquía, en particular, a que apoye plenamente los esfuerzos encaminados a conseguir un acuerdo global en el presente año. En caso de que se llegue a ese acuerdo, podrán adaptarse las condiciones de adhesión de Chipre de modo que reflejen el acuerdo global así como sus repercusiones en la aplicación del acervo en toda la isla.

La Comisión sigue activa en sus contactos con todas las partes interesadas con el fin de prestar apoyo para que se llegue a un acuerdo. Ha propuesto que la UE proporcione recursos considerables para ayudar a la parte septentrional de la isla a que alcance el nivel necesario y para respaldar un acuerdo. La Comisión señala que, si no se consigue un acuerdo, las decisiones que tome en diciembre el Consejo Europeo de Copenhague se basarán en las conclusiones expuestas en el Consejo Europeo de Helsinki en 1999.

En sus sucesivas reuniones de Gotemburgo, Laeken y Sevilla, el Consejo Europeo reiteró que, si se sigue avanzando al ritmo actual en las negociaciones y reformas, la Unión Europea está decidida a finalizar las negociaciones con Chipre, Malta, Hungría, Polonia, la República Eslovaca, Lituania, Letonia, Estonia, la República Checa y Eslovenia al final de 2002 a más tardar, si estos países están preparados. El objetivo sigue siendo que dichos países participen en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004 en calidad de miembros de pleno derecho. El Consejo Europeo de Sevilla añadió que, para decidir los países candidatos con los que se podrán finalizar las negociaciones al final de 2002, la Comisión realizará las recomendaciones adecuadas teniendo en cuenta sus informes periódicos.

El Consejo Europeo de Sevilla animó, además, a Bulgaria y Rumania a que siguieran avanzando y reiteró el compromiso de la UE de prestarles un apoyo total en su preparación para la adhesión.

En dicho Consejo Europeo se indicó asimismo que debía revisarse y potenciarse en Copenhague un plan de trabajo actualizado y una estrategia de preadhesión revisada y reforzada para los países candidatos que siguen en fase de negociación. Podría contemplarse también la posibilidad de aumentar la ayuda financiera de preadhesión. Por otro lado, si se mantiene el ritmo anual, podría fijarse un calendario más preciso para el proceso de adhesión de estos países al final del presente año a más tardar.

En la presente Comunicación se examinan las peticiones del Consejo Europeo que se acaban de mencionar.

1.2. La opinión pública y el proceso de ampliación

Al igual de lo que sucede en los Estados miembros, los gobiernos nacionales son los principales encargados de explicar el proceso de ampliación a los ciudadanos de los países candidatos. La Comisión apoya esa labor y ha preparado una estrategia de comunicación con ese fin. Todos los agentes responsables de que llegue a buen término el proceso deben transmitir con claridad el mensaje de que con la ampliación todas las partes saldrán ganando y la reunificación de Europa agrandará la zona de paz, prosperidad y seguridad en el continente.

El apoyo a la ampliación suele ser considerable en los países candidatos. Es importante lograr que aumenten en los Estados miembros la concienciación sobre los países que se adherirán pronto a la Unión Europea y el conocimiento sobre dichos países, así como explicar los resultados del proceso de ampliación. Deben exponerse con mayor profundidad los beneficios resultantes de una UE ampliada, tanto en cuanto a la estabilidad política como a la perspectiva de conseguir un crecimiento económico constante, así como los enormes avances que se han logrado en las reformas económicas y políticas llevadas a cabo en la región desde 1989. Con ello se contribuirá a disipar las dudas acerca de la preparación de los países candidatos para adherirse a la UE.

1.3. Preparación administrativa para la ampliación

Para que la transición a una UE ampliada sea fructífera y cómoda, es precisa también una preparación de las instituciones actuales de la UE en el terreno administrativo. Esa preparación ya se viene realizando desde hace algún tiempo, con el fin de que se hayan adoptado todas las medidas necesarias a más tardar en el momento de la adhesión. Esta labor incluye, entre otras cosas, evaluaciones de las necesidades de personal y los preparativos conexos para su contratación, suministro de traducción e interpretación en las lenguas adicionales, preparación de edificios, escuelas, etc. Las instituciones han venido colaborando para garantizar que se está procediendo a esa preparación en cada una de las instituciones. La Comisión expuso los avances logrados en esta labor en el documento titulado Plan de trabajo de la preparación administrativa para la ampliación [1], que se basa en la hipótesis de que se adhieran el 1 de enero de 2004 diez países con nueve lenguas adicionales. Dicho plan de trabajo se actualizará una vez que se hayan adoptado las decisiones relativas a los países que se adhieran y a su fecha de adhesión.

[1] SEC(2002) 1015 de 25.9.2002.

En su Comunicación titulada Actividades y recursos humanos de la Comisión en la Unión Europea ampliada [2], la Comisión indicó sus necesidades adicionales de recursos humanos en términos de puestos de jornada completa, que deberían irse creando gradualmente a partir de 2004 y estar creados completamente en el año 2008 aproximadamente. Además, es obvio que en algunas políticas, como la agrícola, la estructural y los servicios lingüísticos, las necesidades de recursos humanos resultantes de la ampliación serán elevadas no sólo después de la adhesión sino también inmediatamente antes de la misma. Por ello, la Comisión llevó a cabo una rigurosa evaluación de sus necesidades de recursos adicionales, que dio como resultado su petición de 500 puestos no permanentes ya en 2003 para satisfacer las necesidades prioritarias, puestos que, en su mayoría, serían cubiertos por nacionales de los países candidatos.

[2] COM(2002) 311 de 5.6.2002.

1.4. Criterios de Copenhague

En junio de 1993, el Consejo Europeo de Copenhague estableció los cimientos del actual proceso de ampliación al declarar que "los países asociados de Europa Central y Oriental que lo deseasen se convertirían en miembros de la Unión Europea" y al establecer las condiciones de la adhesión, los denominados criterios de Copenhague. Dichos criterios son los siguientes:

* «estabilidad de instituciones que garantice la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías»: criterios políticos.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam en mayo de 1999, estos requisitos se han consagrado como principios constitucionales en el Tratado de la Unión Europea y se subrayan en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que se estableció en el Consejo Europeo de Niza en diciembre de 2000.

* «existencia de una economía de mercado en funcionamiento y capacidad de hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión»: criterios económicos.

Estos criterios se ajustan a los principios aplicables a las políticas económicas consagrados en el Tratado CE por el Tratado de Maastricht, que entró en vigor el 1 de noviembre de 1993.

* «capacidad de asumir las obligaciones de la adhesión, incluida la observancia de los fines de la unión política, económica y monetaria». Este criterio se refiere a la aplicación de la legislación de la UE, que se conoce con el nombre de acervo comunitario. Por esa razón, este criterio se denominó más adelante el criterio del acervo. En posteriores consejos europeos, y en especial en el Consejo Europeo de Madrid de 1995, se destacó la importancia no sólo de incorporar el acervo a la legislación nacional sino también de garantizar su aplicación real mediante las estructuras administrativas y judiciales adecuadas.

Desde sus dictámenes de 1997 sobre las solicitudes de adhesión de los países de Europa Central y Oriental, la Comisión ha ido evaluando anualmente en sus informes periódicos, que se han ampliado también a Chipre, Malta y Turquía, los avances conseguidos por los países candidatos en lo que respecta al cumplimiento de los criterios de Copenhague. En el contexto de la Agenda 2000 [3], la Comisión ha elaborado una metodología con este fin.

[3] Agenda 2000: Por una Unión más fuerte y más amplia (COM (97) 2000 final); véase en especial la parte II: El desafío de la ampliación: I. Evaluación con arreglo a los criterios de adhesión.

Con arreglo a esa metodología, en los informes periódicos se evalúan los avances en cuanto a la legislación y las medidas realmente adoptadas o aplicadas. Esta metodología permite una igualdad de trato a todos los países candidatos y una evaluación objetiva de la situación en cada país. Los avances en el cumplimiento de los criterios se evalúa por medio de una lista de comprobación normalizada que garantiza que los aspectos examinados sean los mismos para todos los países y que la actividad de evaluación sea transparente. Para redactar los informes se utilizan y se comparan numerosas fuentes, empezando por la información facilitada por los propios países candidatos y también muchas otras fuentes, como los informes del Parlamento Europeo, las evaluaciones de otros Estados miembros o la labor de organizaciones internacionales y no gubernamentales. El informe del presente año contiene también algunos elementos orientados hacia el futuro.

Con el fin de evaluar la medida en que los países candidatos cumplen los criterios políticos, la Comisión no sólo describe sus instituciones (parlamento, poder ejecutivo y poder judicial) sino que también examina el modo en que se ejercen en la práctica los distintos derechos y libertades. En lo que respecta a los derechos humanos, la Comisión analiza el modo en que los países candidatos respetan y aplican las disposiciones de los principales convenios de derechos humanos, sobre todo el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En cuanto al respeto de los derechos y la protección de las minorías, la Comisión presta especial atención a la aplicación de los principios establecidos en el Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales. También se examinarán las medidas adoptadas por los países para luchar contra la corrupción.

Los criterios económicos son dos: existencia de una economía de mercado en funcionamiento; capacidad de hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión. Ambos criterios se evalúan por medio de subcriterios establecidos en la Agenda 2000. La existencia de una economía de mercado en funcionamiento supone que, al igual que el comercio, los precios estén liberalizados y que esté establecido un sistema jurídico que se aplique, incluidos los derechos de propiedad. La estabilidad macroeconómica y el consenso sobre la política económica potencian los resultados de una economía de mercado. Un sector financiero desarrollado y la inexistencia de obstáculos de importancia a la entrada en el mercado y la salida del mismo aumentan la eficiencia de la economía. La capacidad de hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado requiere que haya una economía de mercado y un marco macroeconómico estable, así como el suficiente capital humano y físico, incluidas las infraestructuras, y depende de la medida en que las políticas públicas y la legislación influyan en la competitividad, del grado de integración comercial que consiga un país con la UE y de la proporción de pequeñas empresas.

La capacidad de asumir las obligaciones de la adhesión requiere la adopción, aplicación y cumplimiento del acervo. En sus informes, la Comisión analiza en cada uno de los veintinueve capítulos del acervo la medida en que se han adoptado las medidas legislativas necesarias para poder aplicar el acervo en el capítulo de que se trate y expone lo que queda pendiente al respecto. Además, la Comisión evalúa la medida en que cada uno de los países candidatos ha establecido las estructuras administrativas necesarias para aplicar el acervo.

Los informes periódicos del presente año adoptan una perspectiva más amplia que en los años anteriores. Además de evaluar los avances logrados por cada uno de los países candidatos, evalúan también la medida en que dichos países cumplirán los criterios de Copenhague en el momento de la adhesión, teniendo en cuenta el calendario de la ampliación previsto fijado por el Consejo Europeo.

Para ello es preciso realizar un atento examen de los progresos realizados por cada país en los últimos años [4], de su trayectoria en la aplicación de los compromisos contraídos en las negociaciones y de si los países cumplen de modo suficiente los criterios de Copenhague. Este último aspecto es especialmente importante a la hora de evaluar la capacidad de asumir las obligaciones de la adhesión. Para llegar a la conclusión de que un país candidato determinado estará en condiciones de aplicar el acervo en el momento de la adhesión es necesario que dicho país cumpla ya actualmente una parte significativa del acervo en los distintos capítulos y que su trayectoria de los últimos años sea positiva. También se tiene en cuenta la información a la que puede acceder la Comisión sobre los preparativos actuales, sobre todo en lo que se refiere al proceso de supervisión.

[4] Desde los dictámenes de 1997 sobre los países candidatos de Europa Central, desde el informe periódico de 1998 sobre Chipre y Turquía y desde la actualización de 1999 del dictamen sobre Malta.

En los informes periódicos se señalan los países candidatos que cumplirán los criterios de Copenhague dentro del plazo previsto para la adhesión. La Comisión se ha basado en dichos informes para recomendar la finalización de las negociaciones con dichos países al final de 2002. En los informes se indican, respecto a todos los países, los ámbitos en que se deberá avanzar más o seguir con las reformas.

1.5. Potenciación de la capacidad administrativa y judicial

La Comisión considera sumamente importante que los países candidatos sigan aumentando su capacidad administrativa y judicial. Es un requisito esencial para que se cree una confianza mutua entre los Estados miembros, indispensable para la adhesión. En sus dictámenes de 1997 y los posteriores informes periódicos, la Comisión ha seguido de cerca los avances conseguidos por cada país en este ámbito. Desde principios de los años 90, se ha programado una gran parte de la asistencia comunitaria de preadhesión para ayudar a los países candidatos en su labor de creación y desarrollo de sus estructuras administrativas y judiciales.

Como anunció en su documento de estrategia de 2001 sobre la ampliación titulado Conseguir que la ampliación sea un éxito, la Comisión preparó durante el primer trimestre de 2002 junto con cada uno de los países negociadores un plan de actuación para reforzar la capacidad administrativa y judicial de los mismos. Basándose en las prioridades de las asociaciones para la adhesión de 2002, los planes de actuación exponen las medidas concretas que cada país tiene pendiente adoptar para alcanzar el nivel adecuado de capacidad administrativa en el momento de la adhesión.

En los planes de actuación se indica la asistencia específica necesaria para ayudar a los países candidatos en su labor. Para ello, la Comisión ha liberado asistencia financiera adicional por valor de hasta 250 millones de euros en 2002, con lo que la ayuda comunitaria total de 2002 destinada a potenciar la capacidad administrativa y judicial de los países negociadores será de 1 000 millones de euros aproximadamente.

Por otra parte, en los planes de actuación se exponen los compromisos pertinentes contraídos en las negociaciones y las medidas adicionales de supervisión, en especial las revisiones paritarias, que pueden ser necesarias en algunos terrenos para evaluar la preparación de cada país. Los doce países negociadores han estado sujetos a revisiones paritarias en distintos grados. En total, se han realizado 205 revisiones de ese tipo por medio de la Oficina de Intercambio de Información sobre la Asistencia Técnica (TAIEX) en 17 sectores y en las que han participado más de 800 expertos (véase el anexo 5). Algunas de esas revisiones en el sector del control financiero han sido organizadas por medio del Programa de Apoyo para la Mejora de la Gobernabilidad y la Gestión (SIGMA), mientras que la propia Comisión ha llevado a cabo varias actividades de supervisión en otros sectores. Durante el primer semestre de 2002 se llevó a cabo, bajo los auspicios del Consejo, una revisión paritaria especial sobre seguridad nuclear que dio como resultado un informe de situación en junio de 2002.

El intercambio de información entre los expertos de organismos equivalentes de los países candidatos y los Estados miembros es una parte fundamental de las revisiones paritarias. Los informes resultantes de dichas revisiones, que se han facilitado a los países candidatos y a los Estados miembros, han contribuido al análisis efectuado por la Comisión en los informes periódicos. Los países candidatos utilizarán los resultados de las revisiones para determinar las medidas adicionales necesarias que deben tomar. Dichos resultados contribuirán también al desarrollo de las actividades paritarias de asistencia a los países candidatos, con el fin de intercambiar las mejores prácticas, durante el período que queda hasta su adhesión y después de la misma.

Los planes de actuación han proporcionado un nuevo impulso a los países candidatos en su labor de potenciación de la capacidad administrativa y judicial. En conjunto, los planes se están llevando a cabo conforme al calendario previsto. Es importante que los países candidatos sigan manteniendo el ritmo de aplicación de tales planes.

1.6. Negociaciones de adhesión

1.6.1. Situación actual

Las negociaciones de adhesión están muy adelantadas. Seis países han venido negociando desde 1998 (Chipre, la República Checa, Eslovenia, Estonia, Hungría y Polonia) y otros seis empezaron a negociar a principios del año 2000 (Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Malta y Rumania). El Consejo Europeo de Niza de diciembre de 2000 decidió un plan de trabajo para las negociaciones de adhesión, que contiene un calendario para que la UE determine su postura sobre los capítulos pendientes de las negociaciones. El plan de trabajo ha resultado de gran utilidad para avanzar en las negociaciones, ya que ha ayudado a todas las partes a seguir un plan realista. La UE ha establecido posiciones comunes de acuerdo con el plan de trabajo, que han conducido al cierre provisional de un número considerable de capítulos. En el anexo 6 se expone la situación actual de las negociaciones.

1.6.2. Compromisos

El cierre provisional de un capítulo depende, entre otras cosas, de que la Unión Europea acepte la credibilidad de los compromisos de los países candidatos. Para ello, en general será importante que ya se hayan incorporado al Derecho interno partes esenciales del acervo. Los países candidatos deben garantizar que cumplen todos los compromisos de acuerdo con lo previsto. La Comisión sigue de cerca el cumplimiento de los compromisos, en especial mediante informes de supervisión y los planes de actuación sobre la capacidad administrativa y judicial. Hasta el momento, los compromisos contraídos en las negociaciones se han ido cumpliendo ampliamente conforme a lo previsto; en los pocos casos en que han surgido problemas o se han producidos retrasos, se han hallado soluciones, y la Comisión no ha debido recomendar la reapertura de ningún capítulo.

La evaluación realizada en los informes periódicos del presente año confirma que, en la mayoría de los casos, los países candidatos se ajustan a los compromisos contraídos en las negociaciones. En los casos en que los compromisos se refieren a medidas que deberán haberse adoptado en el momento de la adhesión, la evaluación de la Comisión se basa en el proceso preparatorio correspondiente. En los informes se señalan algunos casos en que los países candidatos tienen problemas para cumplir sus compromisos. Así ocurre, principalmente, en los ámbitos de la agricultura, el medio ambiente y la pesca. En tales casos, los países candidatos deben adoptar todas las medidas necesarias para que se cumplan plenamente los compromisos.

1.6.3. Medidas transitorias

Si bien las negociaciones de adhesión se basan en el principio de que los países candidatos deben aplicar realmente el acervo en el momento de la adhesión, se han acordado en las negociaciones una serie de medidas transitorias justificadas, de conformidad con los principios relativos a las medidas transitorias, los cuales establecen que cualquier medida transitoria debe ser limitada en cuanto al tiempo y al alcance y debe ir acompañada de un plan en el que se indiquen claramente las fases de aplicación del acervo. Además, las medidas transitorias no deben suponer modificaciones de las normas ni de las políticas de la Unión, alterar su buen funcionamiento o provocar distorsiones significativas de la competencia. Se han acordado medidas transitorias, previa petición tanto de los países candidatos (se han aceptado hasta el momento unas 190 peticiones) como la UE (se han aceptado hasta el momento unas 28 peticiones). El alcance de dichas medidas varía de un sector a otro y de un país a otro.

Se han aprobado medidas transitorias solicitadas por los países candidatos, por ejemplo en sectores en que la aplicación real del acervo precisa considerables inversiones financieras previas; es el caso de la construcción de instalaciones de tratamiento de aguas residuales en los municipios o la acumulación de reservas de petróleo de emergencia. En esos casos se han aprobado planes de inversión y estrategias detalladas para el cumplimiento gradual del acervo. Por otro lado, se ha restringido temporalmente la libre circulación de capitales de los actuales Estados miembros a los nuevos destinados a adquirir suelo y segundas residencias.

Previa petición de la UE, se han aprobado algunas medidas transitorias limitadas y bien determinadas, en respuesta a las perturbaciones regionales o sectoriales percibidas resultantes de la plena aplicación del acervo en la UE ampliada. Se ha restringido temporalmente la libre circulación de trabajadores de los nuevos Estados miembros a los actuales, se ha reforzado la protección de los derechos de propiedad industrial de los productos farmacéuticos y las marcas de productos de la UE y se ha restringido temporalmente el acceso a los mercados nacionales del transporte por carretera (cabotaje) entre los actuales Estados miembros y algunos nuevos Estados miembros.

2. AVANCES DE LOS PAÍSES CANDIDATOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ADHESIÓN

2.1. Criterios políticos

2.1.1. Evolución general

En sus dictámenes de 1997 y los informes periódicos posteriores, la Comisión evaluó los avances realizados por los países candidatos en el cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague. Desde 1999, la Comisión ha considerado que todos los países candidatos que están negociando cumplen dichos criterios. En los últimos cinco años, han progresado considerablemente en la consolidación y la profundización de la democracia y el respeto del Estado de Derecho.

Durante el pasado año, se confirmó que los sistemas democráticos de gobierno de los países candidatos estaban en funcionamiento. En varios países se celebraron elecciones nacionales o locales, que fueron libres y equitativas.

Se siguió trabajando a fin de consolidar y modernizar la administración pública. Actualmente todos los países candidatos disponen de un marco jurídico para la función pública, y la formación de los funcionarios se ha convertido en una práctica habitual. Varios países han avanzado respecto al establecimiento de códigos de conducta, la aclaración de la distinción entre las responsabilidades políticas y las administrativas y el establecimiento de legislación sobre el acceso a la información pública.

La mayoría de los países han avanzado en cuanto a la reforma y el refuerzo del sistema judicial, un factor clave para garantizar el respeto del Estado de Derecho y el cumplimiento real del acervo. En la mayoría de los países se han dado pasos decisivos hacia adelante con la aprobación de legislación básica, la potenciación de los recursos humanos y la mejora de las condiciones laborales. En varios países, se ha progresado en cuanto a la creación y el refuerzo de mecanismos que garanticen el debido cumplimiento de las decisiones de los tribunales y a la mejora del acceso de los ciudadanos a la justicia. En la mayoría de los países, se ha seguido avanzando en la cuestión de los retrasos judiciales. Será preciso continuar con esta labor a fin de seguir consolidando las reformas en este ámbito.

Se han realizado progresos en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, el fraude y la delincuencia económica, pero este ámbito sigue siendo motivo de preocupación. En la mayoría de los países existen actualmente estrategias contra la corrupción y se han seguido reforzando los organismos anticorrupción. Se ha continuado avanzando en lo que respecta a la legislación, incluida la contratación pública y la financiación de los partidos políticos, y se han realizado notables esfuerzos de sensibilización en estas cuestiones. Hay signos de que en varios países está creciendo la concienciación popular sobre los peligros de la corrupción para la economía y la sociedad en su conjunto. Asimismo es alentadora en este terreno la evolución registrada en cuanto a la transparencia, la responsabilización y la eficacia de la administración pública. La labor debe ser constante.

En varios países se han seguido adoptando medidas para fortalecer el marco legislativo e institucional con el fin de garantizar la igualdad de trato entre los sexos. En algunos de ellos se han dado también importantes pasos hacia adelante en lo que respecta a la ayuda a las víctimas de la violencia doméstica. Es necesario continuar con la labor de fomento de la igualdad económica y social entre las mujeres y los hombres.

En todos los países en que hay considerables comunidades romaníes se ha avanzado en la aplicación de los planes nacionales de mejora de la difícil situación en que se hallan los miembros de esas comunidades. Es preciso realizar una labor constante para que los distintos planes sigan aplicándose, en estrecha cooperación con los representantes romaníes. En los casos en que no exista una legislación global antidiscriminatoria, que se ajuste al acervo comunitario en materia de antidiscriminación, la aprobación y la debida aplicación de dicha legislación sería un importante paso adelante.

La situación ha seguido evolucionando positivamente en lo que respecta a la protección de las minorías. En Estonia y Letonia, se ha avanzado de manera continua en la integración de los no nacionales. En varios países se reforzó el marco jurídico e institucional relativo a la protección de las minorías. En Bulgaria, Eslovaquia y Rumania, los miembros de las comunidades minoritarias siguieron desempeñando un importante papel en la vida política nacional.

En años anteriores, la Comisión ha subrayado el problema de las instituciones de acogida de niños en Rumania. Las medidas legislativas, administrativas y financieras adoptadas por las autoridades rumanas están empezando a dar sus frutos. El número de niños objeto de atención residencial ha disminuido y sus condiciones de vida han mejorado. Es preciso mantener el nivel de esfuerzo.

2.1.2. Conclusiones

Todos los países en fase de negociación siguen cumpliendo los criterios políticos de Copenhague, como se ha confirmado respecto al año pasado.

En el punto 5 se exponen los avances y la situación de Turquía en lo que se refiere a los criterios políticos.

Las conclusiones de cada informe periódico figuran en el anexo 1. La lista de convenios sobre derechos humanos ratificados por los países candidatos se halla en el anexo 3.

2.2. Criterios económicos

2.2.1. Evolución general

Las evaluaciones realizadas en los informes periódicos del presente año de los avances de los países candidatos respecto al cumplimiento de los criterios económicos de Copenhague adoptan una perspectiva más amplia que en los años anteriores. Se consideran los progresos conseguidos desde los últimos informes periódicos y se examinan los logros relativos al cumplimiento de dichos criterios durante el período iniciado en 1997, cuando la Comisión redactó sus dictámenes sobre la mayoría de los países candidatos. A continuación se expone un resumen de la evolución general y en el anexo 7 se señalan una serie de indicadores económicos por países.

Durante el período comprendido entre 1997 y 2001, los índices medios de crecimiento económico de la mayoría de los países candidatos se situaron muy por encima de la media de la UE del 2,6%. El retroceso mundial que empezó a finales del año 2000 afectó también a la UE y, con ello, a los países candidatos; el crecimiento de algunos de ellos disminuyó en 2001 pero el desarrollo económico agregado se mantuvo bastante estable durante el primer semestre de 2002. El PIB per cápita, medido en estándares de poder adquisitivo, alcanzó, como media de los diez países con economías de transición, el 39,3% de la media de la UE en 2001, lo que representó un incremento del 38,5% respecto al año 2000. En el período quinquenal mencionado, la mayoría de los países candidatos avanzaron en el alcanzamiento del nivel de la UE.

Los países candidatos han seguido ajustando sus estructuras de producción. La cuota del sector agrícola en el PIB disminuyó durante el período, y el sector de los servicios siguió aumentando, aunque sin llegar a alcanzar los niveles de la UE.

La inflación en la mayoría de los países candidatos ha ido disminuyendo durante el período. La tendencia a la baja de la inflación continuó en 2001, llegándose a una inflación de una sola cifra en la mayoría de dichos países. En los últimos cinco años, la mayoría de ellos han creado un banco central independiente; en la mayoría de los casos, dichos bancos han adoptado estrategias que tienen como objetivo la inflación de cara a la estabilidad de precios.

Como término medio en todos los países candidatos, el período se caracterizó por una disminución del empleo, provocada, fundamentalmente, por la reestructuración de los sectores industriales nacionales y, en parte, por ciertas deficiencias estructurales en los mercados de trabajo. Los índices de desempleo siguen siendo altos en muchos países. En 2002, en varios países parece que llega a su término un período de supresión de puestos de trabajo y se empieza a experimentar un crecimiento del empleo.

Todos los candidatos señalaron un déficit de las administraciones públicas durante el período considerado. En 2001, el déficit medio de los diez países de Europa Central y Oriental aumentó del 3,2% al 3,8%, como resultado de la desaceleración económica, una política fiscal menos restrictiva, los gastos derivados de la transición y una mejor medición.

Durante el período, los déficit comercial y por cuenta corriente permanecieron relativamente elevados en la mayoría de los países, pero se mantuvieron en niveles sostenibles. La mayoría de los países atrajeron suficientes inversiones directas extranjeras para financiar esos déficit, que, en general, mejoraron en cierta medida en 2001.

La privatización de la economía ha avanzado de manera impresionante desde 1997, alcanzando unos niveles comparables a los de la UE, pero son necesarios esfuerzos para completar la reestructuración de una serie de sectores.

La intermediación financiera se ha reforzado. Casi todos los países cuentan en la actualidad con un sector bancario más eficaz y estable. La media de los préstamos bancarios nacionales al sector privado en los países en transición sigue siendo baja, situándose en el 27% aproximadamente del PIB en 2001.

Las condiciones de entrada en el mercado y salida del mismo han alcanzado grados suficientes de eficiencia y seguridad jurídica. Los derechos de propiedad están bien establecidos, y se han logrado considerables avances en cuanto a la legislación y los procedimientos sobre quiebras. No obstante, en la mayoría de los países, debe reforzarse más la aplicación del marco jurídico.

La Unión Europea es el principal socio comercial e inversor extranjero de todos los países candidatos. Se ha conseguido un elevado grado de integración económica de los candidatos con la UE.

2.2.2. Conclusiones

Los progresos de cada país se han evaluado con arreglo a los subcriterios de los criterios económicos de Copenhague, a saber, la existencia de una economía de mercado en funcionamiento y la capacidad de hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión Europea.

Considerando los dos subcriterios juntos, se reitera que Chipre y Malta son países con una economía de mercado en funcionamiento y reúnen las condiciones necesarias para hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado dentro de la UE.

La República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia también son países con una economía de mercado en funcionamiento, como ya se concluyó con anterioridad. Según las evaluaciones de este año, dichos países han seguido avanzando de modo suficiente en lo que respecta a la estabilización macroeconómica y la reforma económica, y la continuación del sendero actual de las reformas los situará en condiciones de hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado dentro de la UE.

Por consiguiente, teniendo en cuenta los compromisos que los diez países mencionados deberán haber cumplido en el momento de la adhesión, la Comisión considera que cumplirán los criterios económicos de Copenhague dentro del plazo previsto para la adhesión. En las conclusiones de los informes periódicos se señalan los ámbitos principales en que deberán conseguirse mejoras adicionales en lo que se refiere al funcionamiento de la economía de mercado y a la competencia en la UE. Dichos ámbitos no son exhaustivos, pero constituyen sectores prioritarios de actuación.

Después de haberse considerado que su economía se aproximaba a una economía de mercado en funcionamiento, en el informe periódico del presente año se concluye por primera vez que Bulgaria es un país con una economía de mercado en funcionamiento. Si sigue aplicando su programa de reformas destinado a eliminar las dificultades que aún quedan, estará en condiciones de hacer frente a la presión de la competencia y las fuerzas del mercado dentro de la UE a medio plazo.

Rumania ha seguido avanzando en su objetivo de convertirse en un país con una economía de mercado en funcionamiento, objetivo cuyas perspectivas de realización han mejorado. Junto con la realización de la totalidad del programa de reformas, la aplicación plena y continuada de las medidas previstas debe permitir a Rumania hacer frente a la presión de la competencia y las fuerzas del mercado dentro de la UE a medio plazo.

Turquía ha progresado en cuanto al funcionamiento de su economía de mercado, que debería aumentar su capacidad de hacer frente a la presión de la competencia y las fuerzas del mercado dentro de la UE, pero aún padece las consecuencias de dos crisis financieras de amplios efectos desestabilizadores.

En el anexo 1 se exponen las conclusiones de cada uno de los informes periódicos.

2.3. Otras obligaciones vinculadas a la adhesión (incluida la capacidad administrativa)

2.3.1. Evolución general

Las evaluaciones realizadas en los informes periódicos del presente año de los avances de los países candidatos respecto al cumplimiento de los criterios de Copenhague relativos al acervo también adoptan una perspectiva más amplia que en los años anteriores. Además de evaluar los progresos de cada uno de los países candidatos desde el año pasado, los informes de este año examinan los avances conseguidos por cada país desde los dictámenes de 1997 (desde el informe periódico de 1998 en el caso de Chipre y Turquía y desde la actualización de 1999 del Dictamen sobre Malta), su trayectoria en el cumplimiento de los compromisos contraídos en las negociaciones y el grado de adaptación al acervo y de aplicación del mismo. Dado que el acervo ha experimentado un desarrollo considerable en los últimos 3 a 5 años, también se han evaluado durante este período los progresos conseguidos respecto al nuevo acervo adoptado por la UE. Además, se ha tomado en consideración la información de que ha podido disponer la Comisión sobre los preparativos actuales y los planes detallados de aplicación.

Los informes ponen de manifiesto que, en términos globales, los países candidatos han alcanzado por lo general un elevado nivel de adaptación al acervo en muchos ámbitos, como resultado de los notables avances conseguidos en la incorporación del acervo al Derecho interno en los últimos años. Se han logrado progresos constantes en cuanto al desarrollo de las estructuras administrativas y judiciales necesarias para aplicar y hacer cumplir el acervo y la mayoría de los países están bastante avanzados en lo que respecta a la consecución de una capacidad administrativa adecuada en un considerable número de ámbitos. Por lo demás, en general se están cumpliendo los compromisos contraídos en las negociaciones.

El acervo ya se ha establecido en varios sectores. En otros sectores, debe finalizarse la adaptación al acervo y la consecución de la capacidad administrativa necesaria con vistas a la adhesión. La continuación de la labor de los países para ajustarse a los compromisos o los requisitos acordados en las negociaciones les ayudará a cumplir las obligaciones de la adhesión en estos sectores en el plazo previsto.

Por ejemplo, en lo que se refiere al mercado interior, se ha avanzado considerablemente y la mayoría de los países ya han alcanzado un nivel razonable de adaptación y aplicación del acervo. Se ha adelantado bastante especialmente en cuanto a la normalización y la certificación, ámbitos en los que ya se hallan establecidas en la mayoría de los países la legislación marco y la infraestructura básica. La incorporación al Derecho interno del acervo sobre servicios financieros, en especial la legislación bancaria, está bastante avanzada en general. En la actualidad ya casi ha finalizado en la mayoría de los países la liberalización de la circulación de capitales conforme al acervo.

Debe seguirse trabajando para aumentar la capacidad administrativa en ámbitos como la vigilancia del mercado y la seguridad alimentaria. En lo que respecta a la contratación pública, debe finalizar la incorporación legislativa y deben reforzarse las estructuras encargadas de hacer que se cumpla la legislación. Debe prestarse atención al ámbito del reconocimiento mutuo de títulos profesionales, en el que debe finalizar la adaptación legislativa respecto a las profesiones de asistencia sanitaria y, en algunos casos, también la adaptación de los planes de estudios y la formación a los requisitos comunitarios. Debe prestarse atención asimismo a la aplicación correcta de las directivas sobre el blanqueo de dinero y a la legislación sobre servicios financieros, en especial la independencia de las autoridades de supervisión. La incorporación de los derechos de propiedad intelectual e industrial avanza a un ritmo satisfactorio, pero aún puede mejorar el grado de cumplimiento de la legislación.

En lo que se refiere a la competencia, la legislación antimonopolio ya se ha adaptado en gran medida al acervo en la mayoría de los países, pero debe prestarse una atención continua a la aplicación y el cumplimiento reales de las normas. En cuanto a las ayudas de Estado, en varios países los regímenes de ayudas incompatibles, que a menudo revisten la forma de incentivos fiscales, deben adaptarse al acervo y deben mejorarse los resultados obtenidos por los países respecto al cumplimiento de la legislación. Además, una serie de países deben mejorar el control de las ayudas de Estado en determinados sectores sensibles, como la construcción naval y el sector siderúrgico, en los que es necesario aplicar planes de reestructuración.

En lo que respecta a la política de protección de los consumidores, terreno en el que, en general, la adaptación legislativa está bastante avanzada, los países candidatos deben seguir trabajando para finalizar la incorporación a su Derecho interno y aplicar la legislación. La aplicación real del acervo garantizará que los productos que se hallen en el mercado interior ampliado son seguros y que los derechos de los consumidores están protegidos.

En lo relativo al medio ambiente, además de finalizar la incorporación del acervo, los países candidatos deben centrar su labor en la potenciación de la capacidad administrativa general para aplicarlo, sobre todo en lo que se refiere a la gestión de residuos y a la contaminación industrial. En algunos temas debe garantizarse el suministro de los medios financieros necesarios.

En el sector del transporte, la adaptación legislativa ha ido progresando en la mayoría de los países candidatos, quedando pendiente la legislación de aplicación. Sin embargo, algunos esos países deben finalizar la adaptación y llevar a cabo las reformas en el sector ferroviario. Otros países aún deben avanzar mucho en el sector del transporte marítimo. Debe aumentar la capacidad administrativa en todos los campos para hacer cumplir el acervo estrictamente, en especial en el transporte por carretera (incluido el acervo social). Del mismo modo, varios países deben aumentar sus esfuerzos para adaptarse al acervo relativo a la seguridad marítima. Será preciso realizar considerables inversiones en la próxima década en la red de transporte transeuropea ampliada.

En el sector de la energía, algunos países deben cumplir los requisitos adicionales derivados de la legislación necesaria para el mercado interior de la energía. Ello es importante también para el futuro acervo. La mayoría de los países deben reforzar su capacidad administrativa. Se están poniendo en práctica las recomendaciones del Consejo sobre seguridad nuclear en el contexto de la ampliación. En especial, algunos países deben seguir trabajando para fortalecer los organismos de reglamentación en materia de seguridad nuclear. Dos países candidatos han contraído compromisos en firme para clausurar determinadas centrales nucleares. Estos compromisos deberán incluirse en los tratados de adhesión.

En el sector de las telecomunicaciones, debe continuarse la labor encaminada a la plena aplicación del acervo de las telecomunicaciones y al refuerzo de la capacidad administrativa y de la independencia de los organismos de reglamentación de la mayoría de los países. Deben evaluarse las repercusiones económicas del pleno cumplimiento de las obligaciones de servicio universal.

En lo que respecta a la política social y el empleo, la adaptación al acervo está bastante avanzada, pero la mayoría de los países deben reforzar su capacidad administrativa, sobre todo en los ámbitos de la salud pública y la salud y la seguridad en el trabajo. Además, debe seguirse fomentando la integración social de acuerdo con los objetivos comunes expuestos por la UE, y los países candidatos deben continuar integrando los objetivos de la UE en sus políticas nacionales de empleo. Los países candidatos deben seguir reforzando su labor en lo que se refiere a la integración social y el empleo para preparar su futura participación en el método abierto de cooperación al nivel de la UE y para su preparación para la futura intervención del Fondo Social Europeo. Asimismo conviene destacar la importancia de invertir en sistemas de salud sostenibles.

En el sector pesquero, la principal prioridad es aumentar la capacidad de las administraciones nacionales correspondientes de aplicar la legislación comunitaria, sobre todo en lo que respecta a la reglamentación del mercado y el mantenimiento del registro de la flota pesquera. La aplicación de la normativa comunitaria sobre pesca, como, por ejemplo, los reglamentos sobre límites de captura y los reglamentos técnicos, precisa un considerable aumento de los recursos en algunos países candidatos.

En cuanto a la justicia y los asuntos de interior, la mayoría de los países han logrado notables avances en todos los campos del acervo. En especial, cada plan nacional de acción de Schengen les ha permitido organizar las actividades clave necesarias y avanzar en su aplicación. Debe reforzarse considerablemente la capacidad administrativa y judicial, sobre todo en lo que se refiere a la gestión de las fronteras, la lucha contra el fraude, la corrupción, el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada.

En lo que respecta a la fiscalidad, la adaptación legislativa, que, en general, es buena, debe finalizarse en la mayoría de los países, sobre todo en cuanto al IVA y la legislación relativa a los impuestos sobre consumos específicos. Debe seguir reforzándose la capacidad administrativa y deben establecerse y ponerse en funcionamiento sistemas informatizados de información fiscal.

En el ámbito de las relaciones exteriores, los países candidatos han alcanzado un buen nivel de adaptación al acervo. No obstante, es preciso actuar urgentemente para adaptar los tratados de inversión bilaterales a las obligaciones del Tratado. De no ser así, el conflicto existente entre dichos tratados y las obligaciones del Tratado deberán resolverse a través del tratado de adhesión.

En un número limitado de sectores, los informes del presente año señalan, por país, las partes del acervo en que es preciso hacer esfuerzos especiales y destacan, en algunos casos, las medidas que es preciso adoptar con urgencia. Es necesario que varios países candidatos se esfuercen de modo especial, sobre todo en los sectores que se indican a continuación.

En el sector aduanero, pese a estar muy avanzada, la adaptación al acervo debe completarse en algunos países. La labor debe centrarse ahora en seguir potenciando la capacidad administrativa para aplicar el acervo en este sector y en el desarrollo de las tecnologías de la información. En especial, deben proseguirse, o acelerarse según los países, los preparativos para garantizar la plena interconexión de los sistemas nacionales con los sistemas comunitarios de tecnologías de la información aduanera. La capacidad de los servicios aduaneros de luchar contra el fraude debe reforzarse en varios países. Además, todos los países deben hacer lo necesario para la aplicación de las medidas y las disposiciones que no se establecerán hasta el momento de la adhesión, incluyendo, en algunos casos, la cuestión de las zonas francas.

En el sector agrícola, la mayoría de los países deben centrar sus esfuerzos en finalizar la adaptación de su legislación al acervo de la política agrícola común y seguir mejorando su capacidad administrativa para aplicarlo y hacer que se cumpla. Sólo unos pocos países candidatos se hallan en una fase avanzada en cuanto al establecimiento de un sistema integrado de gestión y control (IACS), incluido el sistema de identificación de parcelas, que es indispensable para la gestión y el control de los pagos directos. Muchos países candidatos deben esforzarse más por establecer un IACS operativo en el momento de la adhesión a más tardar, y debe realizarse una labor urgente y muy seria con respecto a las decisiones clave y la financiación conexa si se desea que el IACS esté en funcionamiento en el momento de la adhesión. Si las estructuras de administración y control necesarias no son plenamente operativas o no funcionan correctamente en el momento de la adhesión, los países candidatos de que se trate no estarán en condiciones de beneficiarse totalmente de los sistemas de ayuda de la política agrícola común o se les exigirá que devuelvan los fondos comunitarios ya recibidos. Varios países deben finalizar los preparativos del organismo de pago y otros países siguen teniendo pendiente la finalización del proceso de reforma agrícola.

También debe incrementarse la capacidad administrativa en el ámbito veterinario y en el de la seguridad alimentaria, en los que debe prestarse especial atención a garantizar que los centros mejoren lo necesario para ajustarse al nivel comunitario. Si no se hace así, los países candidatos podrían quedar excluidos del aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el mercado interior en este ámbito.

En el sector de la política regional, si bien, en general, se ha establecido un marco legislativo de aplicación del acervo, los países candidatos deben definir claramente sus estructuras de aplicación final y potenciar sus capacidades administrativas. En especial, deben centrar su labor en finalizar sus documentos de programación. Deben estrechar la coordinación y la asociación interministeriales y fortalecer sus sistemas y procedimientos de supervisión, gestión financiera y control de los fondos estructurales y de cohesión a todos los niveles. La Comisión llama la atención asimismo sobre el hecho de que no se puede aprobar financiación comunitaria hasta que no se reúnan todas las condiciones necesarias para una gestión correcta de los fondos.

En lo que respecta al control financiero, sector en el que la adaptación legislativa está bastante avanzada en la mayoría de los países, éstos deben centrarse en aplicar sistemas adecuados de control financiero interno y de auditorías externas. Para acceder a los fondos comunitarios, es necesario que se reúnan todas las condiciones necesarias para gestionar correctamente dichos fondos. Los países deben garantizar la gestión adecuada de los fondos de preadhesión y los futuros fondos estructurales y potenciar sus estructuras administrativas para proteger los intereses financieros de la Comunidad en el segundo semestre de 2003 a más tardar.

Gracias a los avances conseguidos en los últimos años, la mayoría de los países candidatos ya aplican partes considerables del acervo. En la mayoría de los países, se hallan establecidos en gran medida el marco legislativo y las estructuras de aplicación necesarios. Se han acordado planes detallados, en especial en las negociaciones y en los planes de acción, para suplir las deficiencias restantes detectadas; dichos planes detallados se están aplicando.

2.3.2. Conclusiones

Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia han alcanzado un elevado nivel de adaptación al acervo y han avanzado considerablemente hacia el objetivo de conseguir una capacidad administrativa y judicial adecuada. Teniendo en cuenta los progresos de estos países, su trayectoria de cumplimiento de los compromisos contraídos en las negociaciones y su actual labor preparatoria, la Comisión considera que podrán asumir las obligaciones de la adhesión en el plazo previsto.

Estos países deben proseguir según lo previsto su labor de adaptación legislativa y desarrollo de capacidad administrativa. En los informes periódicos se pone de manifiesto que deben adoptar iniciativas urgentes en un número limitado de ámbitos específicos dentro de algunos capítulos. Se ha informado a los países candidatos. La Comisión espera que pongan en marcha las medidas necesarias para solucionar los problemas señalados, y efectuará un estrecho seguimiento de ello.

Bulgaria, Rumania y Turquía no cumplen plenamente los criterios del acervo. Estos países deben centrar su labor en los campos señalados en los informes periódicos.

En el anexo 1 se exponen las conclusiones de cada uno de los informes periódicos.

2.4. Conclusiones y recomendaciones generales

En los informes periódicos del presente año se indica que todos los países candidatos han avanzado considerablemente en el cumplimiento de los criterios de Copenhague.

Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia cumplen los criterios políticos. Teniendo en cuenta los progresos de estos países, su trayectoria de cumplimiento de los compromisos contraídos y su labor preparatoria actual y prevista, la Comisión considera que estos países ya se habrán ajustado a los criterios económicos y del acervo y estarán preparados para la adhesión a principios de 2004.

Por consiguiente, la Comisión recomienda que se cierren las negociaciones de adhesión con estos países al final del presente año. En adelante se hará referencia a los mismos como los diez países en fase de adhesión.

En los informes periódicos se señalan una serie de ámbitos en que se debe seguir mejorando en cuanto al cumplimiento de los criterios políticos y económicos y a la adopción, la aplicación y el cumplimiento del acervo, para lo cual deberá llevarse a cabo una labor decidida.

Bulgaria y Rumania cumplen los criterios políticos, pero, en distinta medida, no se ajustan plenamente a los criterios económicos y del acervo. Turquía no cumple plenamente ni los criterios políticos, ni los económicos, ni los relativos al acervo. Los criterios políticos de Turquía se evalúan más adelante.

3. CULMINACIÓN DEL PROCESO

3.1. Finalización de las negociaciones

Las negociaciones con los diez países en fase de adhesión sobre los capítulos de agricultura y asuntos financieros y presupuestarios todavía no están cerradas provisionalmente, si bien se han tratado la mayoría de los temas de esos capítulos que no están relacionados con el marco financiero que va a proponer la UE. Además, aunque los capítulos sobre la política regional y las instituciones se han cerrado provisionalmente, se han reservado para el último tramo de las negociaciones cuestiones específicas relacionadas con las dotaciones presupuestarias y los asuntos institucionales respectivamente (normas de transición en 2004; número de parlamentarios y umbral de mayoría cualificada). En cuanto al capítulo sobre otros asuntos, queda pendiente una serie de temas. Otros ocho capítulos deben seguir negociándose, a saber, los capítulos sobre competencia en el caso de cinco países, sobre transporte en el caso de la República Checa y sobre fiscalidad y unión aduanera en el caso de Malta.

A continuación, la Comisión expone su visión del modo en que deben tratarse algunos puntos esenciales para finalizar las negociaciones.

3.1.1. Marco financiero

En su nota informativa de 30 de enero de 2002, la Comisión propuso un marco financiero común para las negociaciones de adhesión. Este marco se basó en el marco financiero general de Berlín y en la hipótesis de que se adherirían a la UE diez nuevos Estados miembros. La propuesta de la Comisión sigue siendo válida. En especial, la Comisión considera que:

* En el ámbito de la agricultura, debe mantenerse el objetivo de ir introduciendo gradualmente los pagos directos a los agricultores en los nuevos Estados miembros a partir del año 2004.

* Las iniciativas estructurales deben basarse en una cuota de una tercera parte del fondo de cohesión y en el volumen global propuesto en enero de 2002. Una vez que se acuerde esta dotación global, las cantidades individuales por países y por políticas se determinarán aplicando los porcentajes de la asignación total que se ha determinado con arreglo a la metodología aplicada para los Estados miembros actuales para el período 2000-2006.

* En lo que respecta a las políticas internas, deben asignarse fondos adicionales para un instrumento de transición relativo al desarrollo institucional y una labor continua de clausura de la central nuclear de Ignalina en Lituania y, con el fin de comprometer plenamente los fondos asignados en el marco de la asistencia a la preadhesión, para la central nuclear de Bohunice en Eslovaquia.

* Debe pensarse en conceder una compensación presupuestaria temporal, mediante un pago a tanto alzado, para cada nuevo Estado miembro que se encuentre en una situación presupuestaria neta que sea peor que la situación en que se encontraba un año antes de la adhesión como beneficiario de los fondos de preadhesión.

* La Comisión reitera la necesidad de asignar fondos adicionales a la parte septentrional de Chipre a fin de respaldar un arreglo político.

3.1.2. Modo de abordar el acervo nuevo y revisión de los capítulos

Los países en fase de adhesión deberán aplicar plenamente el acervo de la UE que esté en vigor en el momento de la adhesión, salvo en los ámbitos en que se hayan concedido acuerdos transitorios.

La Comisión ha transmitido a los países en fase de negociación todo el acervo adoptado y publicado a más tardar al final del primer semestre de 2002. Se ha solicitado a dichos países que adopten una postura sobre ese acervo, incluida cualquier posible necesidad de arreglos transitorios, y que comuniquen las adaptaciones técnicas que puedan ser necesarias. Se han teniendo en cuenta en las negociaciones las posturas de los países candidatos acerca de todo el acervo nuevo transmitido hasta el momento. En algunos casos, como ha ocurrido recientemente con el capítulo sobre medio ambiente, las posturas adoptadas por los países candidatos sobre el acervo nuevo pueden hacer necesario que se deba revisar un capítulo.

Siguiendo la práctica utilizada en las ampliaciones anteriores, no se podrá sobrepasar determinado momento cuando se considere el acervo nuevo en las negociaciones. La Comisión ha propuesto limitar el alcance de las negociaciones como tales a todo el acervo adoptado y publicado hasta el 1 de noviembre de 2002. En lo que se refiere al acervo nuevo adoptado entre el 1 de julio y el 1 de noviembre de 2002, como en el sector de las telecomunicaciones, se solicita a los países en fase de negociación que comuniquen sus posturas y cualquier adaptación técnica necesaria a mediados de noviembre a más tardar. Con ello, se podrán tratar las peticiones adicionales de arreglos transitorios que pueden conducir a una posible revisión de los capítulos en las negociaciones de la segunda quincena de noviembre.

Al igual que en anteriores ampliaciones, el tratado de adhesión contendrá disposiciones que, previa petición debidamente justificada de los futuros Estados miembros [5], permitirán que se adopten en una fase posterior las decisiones sobre las adaptaciones y los arreglos temporales necesarios del acervo adoptadas entre el 1 de noviembre de 2002 y la fecha de firma del tratado de adhesión. Dichas disposiciones podrán ser necesarias en ámbitos en los que se esté procediendo a adoptar importantes partes del acervo, como los transportes, la energía o la justicia y los asuntos de interior.

[5] Véanse, por ejemplo, los artículos 30, 151 y 169 del Acta relativa a las condiciones de adhesión de Austria, Finlandia y Suecia.

3.1.3. Capítulo sobre otros asuntos

El capítulo sobre otros asuntos no se tratará del mismo modo que los demás capítulos en fase de negociación. Es un capítulo en el que se pueden situar una serie de elementos sobre los que, en gran medida, no existen controversias pero que no tienen cabida en otros capítulos. Es probable que este capítulo, que se deberá tratar a principios de noviembre, incluya los siguientes elementos:

* normas aplicables a la gestión y a la eliminación gradual de los fondos de preadhesión

* definición del instrumento de transición previsto para determinadas iniciativas de desarrollo institucional

* fundamento jurídico para la gestión de los fondos para la clausura de las centrales nucleares de Ignalina en Lituania y Bohunice en Eslovaquia

* una serie de declaraciones, protocolos y elementos adicionales que se incluirán en el tratado, como los compromisos de clausura de las centrales nucleares anteriormente mencionadas

* fundamento jurídico del instrumento anteriormente citado para la parte septentrional de Chipre.

En el anexo 2 se tratan dichos elementos.

3.2. Finalización del tratado de adhesión

En el Consejo Europeo de Sevilla se señaló que «debe proseguirse la redacción del tratado de adhesión a fin de concluirlo lo antes posible tras el cierre de las negociaciones. Parece razonable esperar que el tratado de adhesión pueda firmarse en la primavera de 2003. »

Los resultados de las negociaciones en lo que respecta a los acuerdos transitorios acordados y las adaptaciones técnicas del acervo como consecuencia de la ampliación se plasmarán en un instrumento jurídico y sus actos conexos, a saber, el tratado de adhesión. La labor de redacción de este tratado se inició oficialmente en marzo de 2002 y está bastante avanzada. La mayoría de las medidas negociadas y las adaptaciones necesarias ya se han incorporado al proyecto de tratado. Tomando las conclusiones del Consejo Europeo de Laeken como punto de partida, la redacción del tratado se basará en la hipótesis de una ampliación a 10 nuevos Estados miembros, siguiendo una estructura muy similar a la de la anterior ampliación. Debido a las adaptaciones técnicas necesarias, el tratado podrá ocupar alrededor de 1.000 páginas del Diario Oficial.

Una vez que las negociaciones hayan finalizado, deberá terminarse la redacción del tratado a fin de incluir en el mismo los resultados finales de las negociaciones. Teniendo en cuenta la avanzada fase del proceso de redacción, parece razonable esperar que el tratado de adhesión pueda finalizarse a más tardar seis semanas después de que terminen las negociaciones.

Cuando todas las partes participantes en las negociaciones hayan aprobado el texto, la Comisión emitirá su Dictamen sobre las solicitudes de adhesión de los países de que se trate. Acto seguido, se solicitará al Parlamento Europeo que emita un Dictamen conforme, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 del Tratado de la UE, a lo cual seguirá una decisión del Consejo sobre la admisión de nuevos Estados miembros. A condición de que la Comisión emita su Dictamen en febrero de 2003 y deje tiempo suficiente para el proceso decisorio en el Parlamento y el Consejo, se puede esperar que el tratado de adhesión se firme en la primavera de 2003, como se previó en el Consejo Europeo de Sevilla. Posteriormente, el tratado, redactado en todas las lenguas comunitarias actuales y futuras, será firmado por las partes.

Tras la firma, el tratado se someterá a la ratificación de los Estados miembros actuales y futuros, de conformidad con los requisitos constitucionales respectivos. Al igual que en el pasado, el tratado de adhesión deberá fijar una fecha de adhesión de los nuevos Estados miembros, siempre que se depositen los instrumentos necesarios de ratificación, con la posibilidad de ajustar las disposiciones correspondientes en caso de que no lo ratifique alguno de los países en fase de adhesión.

3.3. Participación en la labor de la UE antes de la adhesión

Los países candidatos ya participan en una serie de comités y agencias comunitarias [6]. A fin de potenciar la integración gradual de los países en fase de adhesión en las estructuras de la Comunidad, debe dárseles, tras la firma del tratado de adhesión, la posibilidad de seguir participando, cuando sea posible jurídicamente, como observadores en todos los comités establecidos mediante el procedimiento de comitología y en todos los demás comités. Además, la Comisión considera que los países en fase de adhesión deberían participar al menos como observadores en las estructuras pertinentes de todas las agencias comunitarias. En una fase posterior se determinarán los principios generales y los detalles de tal participación. Con objeto de facilitar la financiación de los costes de su participación efectiva, cada uno de dichos países, si lo desea, podrá reservar cantidades apropiadas de la dotación de su programa nacional de preadhesión.

[6] Véase la Comunicación de la Comisión de 20 de diciembre de 1999 relativa a la «Participación de los países candidatos en los programas, agencias y comités comunitarios», COM (1999) 710 final.

Asimismo el Parlamento Europeo está pensando en dejar que los observadores de los países candidatos participen en la labor del Parlamento.

Deberán establecerse también las modalidades de participación de los países en fase de adhesión en el proceso de adopción del nuevo acervo durante el período comprendido entre la firma del tratado de adhesión y la fecha de adhesión. Tradicionalmente, ello se ha realizado mediante un intercambio de cartas sobre el proceso de información y consulta para los países en fase de adhesión con anterioridad a las decisiones adoptadas por el Consejo. Al igual que en las anteriores ampliaciones, el Consejo tiene el propósito de adoptar las decisiones adecuadas para que los países en fase de adhesión puedan participar en el proceso decisorio.

3.4. Supervisión y salvaguardias

La Comisión ha venido supervisando de cerca el modo en que los países candidatos van cumpliendo los compromisos contraídos en las negociaciones de adhesión. Es muy importante que los compromisos de los futuros Estados miembros en el marco de las negociaciones de adhesión se cumplan de acuerdo con lo previsto. A fin de evaluar con precisión la situación, la Comisión seguirá con su actividad de supervisión hasta la firma del tratado e informará de ello al Consejo con arreglo a los procedimientos actuales.

En los informes periódicos se señalan los ámbitos en que es preciso hacer mayores esfuerzos. La Comisión continuará el proceso de supervisión entre la firma del tratado y la adhesión. Esta actividad constante de supervisión, que incluirá la supervisión de la aplicación de los planes de actuación, se realizará a través de los canales establecidos, como, por ejemplo, las estructuras de los acuerdos de asociación.

Basándose en su práctica actual, la Comisión señalará los retrasos o problemas de las reformas económicas o el cumplimiento de los compromisos, en especial mediante el envío urgente de cartas de advertencia a nivel político.

Continuarán utilizándose en determinados ámbitos hasta el momento de la adhesión iniciativas específicas, tales como grupos de alto nivel sobre seguridad alimentaria o la introducción de la descentralización ampliada, revisiones paritarias, reuniones técnicas, talleres, seminarios y cuestionarios.

Desde el punto de vista económico, los países candidatos siguen preparándose para la vigilancia multilateral y la coordinación de política económica relativas a la UEM. Participan en un procedimiento de vigilancia fiscal de preadhesión, que tiene tres componentes: la notificación de la situación presupuestaria, el programa económico de preadhesión y el diálogo multilateral. Dicho procedimiento comenzó en la primavera de 2001 y continuará hasta la adhesión.

Toda la información pertinente resultante de esas actividades se reunirá en informes de supervisión que se presentarán periódicamente al Consejo. Seis meses antes de la fecha de adhesión, la Comisión elaborará un informe de supervisión global en el que se expondrán los avances logrados en cuanto a la realización de las reformas necesarias y todos los compromisos en el ámbito del acervo comunitario de cada uno de los países en fase de adhesión. Dicho informe será, en lo que respecta a los diez países en fase de adhesión, el precursor del informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario, publicado periódicamente por la Comisión respecto a cada uno de los Estados miembros [7]. A más tardar en julio de 2003, la Comisión evaluará el cumplimiento de los compromisos necesarios para la programación de los fondos estructurales.

[7] Véase el «Decimonoveno informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario» (2001) de 28.6.2002, COM (2002) 324 final.

Después de la adhesión, la Comisión, en su calidad de guardiana de los tratados, continuará comprobando el modo en que los nuevos Estados miembros aplican el acervo, utilizando los mismos mecanismos que los aplicados a los Estados miembros actuales. Entre esos mecanismos cabe destacar la evaluación comparativa, la presión del grupo afín, los informes anuales sobre la aplicación del Derecho comunitario y, en caso necesario, la incoación de los procedimientos de infracción ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En lo que se refiere más concretamente a la seguridad nuclear, el Consejo Europeo de Laeken contempló la necesidad de supervisar la seguridad de las centrales nucleares de la UE.

Al igual que en las ampliaciones anteriores, el tratado de adhesión contiene una cláusula general de salvaguardia económica. Esta cláusula ya está siendo debatida en el grupo del Consejo de redacción del tratado, basándose en un texto que toma como modelo el artículo 152 del Acta de Adhesión de Austria, Finlandia y Suecia. Dado que los países en fase de adhesión no forman parte del Espacio Económico Europeo, la Comisión considera que la duración de la validez de la cláusula de salvaguardia debe ser de dos años y no de un año como en la anterior ampliación.

Dicha cláusula se aplica a las situaciones en que se producen «dificultades graves y susceptibles de persistir en un sector de la actividad económica o que pudieran traducirse en una alteración grave de una situación económica regional». La cláusula de salvaguardia permite a la Comisión determinar las medidas protectoras necesarias. Tanto los nuevos Estados miembros como los actuales podrán utilizar esta cláusula de salvaguardia. Como en la anterior ampliación, el proyecto de texto especifica que las medidas protectoras «no implicarán controles fronterizos».

La cláusula de salvaguardia no se aplica a las situaciones que, por un lado, se deben al incumplimiento de las obligaciones de adhesión y, por otro, pueden tener consecuencias graves no económicas como la protección de la salud o la vida de las personas, los animales o las plantas, la protección de la propiedad intelectual o razones generales de política pública, tal y como se definen en el artículo 30 del Tratado CE. Para estos casos, o bien se aplica el artículo 30 del Tratado CE o bien las cláusulas de salvaguardia específicas que puedan haberse introducido en la legislación sectorial específica de conformidad con el apartado 10 del artículo 95 del Tratado CE.

Sin embargo, en una serie de casos, la legislación comunitaria no contiene una cláusula de salvaguardia o ésta no abarca las situaciones específicas derivadas de la ampliación. Por consiguiente, la Comisión considera que el tratado de adhesión debería contemplar como medida preventiva el establecimiento de un mecanismo de salvaguardia relacionado con el mercado interior.

Dicho mecanismo se basará en los siguientes elementos:

* El mecanismo debe ser aplicado por la Comisión previa petición de un Estado miembro o a iniciativa propia.

* La Comisión debe ser autorizada para adoptar las decisiones sobre las medidas necesarias. Las medidas deben ser proporcionales y limitadas en el tiempo.

* El alcance debe limitarse a una perturbación grave del funcionamiento del mercado interior o a un riesgo inminente de perturbación grave y debe aplicarse a situaciones particulares en lo que respecta a la seguridad alimentaria.

* El mecanismo debe accionarse en los casos en que la Comisión detecte un incumplimiento de los compromisos contraídos por los nuevos Estados miembros en el marco de las negociaciones de adhesión.

* Durante el período de aplicación de las medidas, el nuevo Estado miembro afectado debe facilitar información periódicamente a la Comisión sobre las iniciativas adoptadas para corregir la perturbación. Las medidas deben suprimirse en cuanto la Comisión haya determinado que se ha corregido dicha perturbación.

* La cláusula de salvaguardia sólo debe aplicarse durante un período limitado. La posibilidad de invocar el mecanismo de salvaguardia del mercado interior debe limitarse a 2 años.

En el informe de supervisión global se señalarán los campos en que, a falta de una acción correctora, podrán contemplarse las medidas de salvaguardia. Con ello se podrá dar una señal de alerta rápida antes de la adhesión. Además, hasta el momento de la adhesión seguirán aplicables las cláusulas de salvaguardia de los acuerdos de asociación.

En este contexto, merece especial atención la situación relativa a la justicia y los asuntos de interior. A diferencia de lo ocurrido en la última ampliación, existe actualmente un acervo considerable en este ámbito, acervo que va evolucionando a medida que sigue el proceso de aplicación de las conclusiones del Tratado de Amsterdam y del Consejo Europeo de Tampere. Dicho acervo abarca temas difíciles y sensibles desde un punto de vista político, en especial en lo que se refiere a la libre circulación de las personas y las consecuencias de la supresión de las fronteras internas. Como se expone en el punto 3.5.3 posterior, la aplicación de estos objetivos basados en Schengen está sujeta a un proceso que tiene dos fases, por lo que no es necesario ningún mecanismo de salvaguardia por separado. Sin embargo, hay otros componentes que no forman parte de Schengen en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia (por ejemplo, en cuanto a la aplicación de la cooperación judicial, en especial el reconocimiento mutuo) en que el proceso de supervisión puede detectar la necesidad de aplicar una cláusula de salvaguardia sui generis para afrontar cualquier perturbación grave o peligro de perturbación grave del funcionamiento de este ámbito, por ejemplo mediante la suspensión temporal de las disposiciones de reconocimiento mutuo.

3.5. Fase posterior a la ampliación

3.5.1. Desarrollo institucional

El proceso de desarrollo de la capacidad administrativa y judicial debe continuar tras la ampliación. Una serie de disposiciones transitorias acordadas en las negociaciones demuestran que en determinados campos los países candidatos deben seguir con su labor hasta que se encuentren en condiciones de aplicar plenamente el acervo comunitario. Por esta razón, la Comisión ha propuesto que durante los tres primeros años posteriores a la ampliación pueda aplicarse un instrumento transitorio especial para el desarrollo institucional (véase el anexo 2).

La Comisión propone que se sigan utilizando en determinados campos instrumentos financiados por la Comunidad que hayan demostrado su utilidad, como el hermanamiento y el hermanamiento simplificado. Además, la utilización de expertos de otros Estados miembros mediante mecanismos ensayados como la TAIEX seguirá utilizándose con objeto de prestar asistencia paritaria. Además, la Comisión propone que se financie la colocación a corto plazo de los nuevos funcionarios de los Estados miembros en las administraciones de la UE de los 15. El mecanismo transitorio de desarrollo institucional podría emplearse también para cofinanciar inversiones en el acervo, especialmente en cuestiones como los controles fronterizos, las administraciones aduaneras, las estadísticas, la seguridad alimentaria y los sistemas de gestión y control integrados en el sector agrícola.

3.5.2. La UEM y el euro

De conformidad con el Tratado de la Unión Europea, los nuevos Estados miembros no pueden adoptar el euro inmediatamente en el momento de la adhesión. No obstante, al igual de lo que ocurre en el caso de todos los Estados miembros, las políticas económicas se convertirán en un asunto de interés común, por lo que estarán sujetas a la coordinación política y a procedimientos de vigilancia multilateral. Los instrumentos principales de coordinación serán las directrices generales de la política económica, el pacto de estabilidad y crecimiento y una serie de procesos que se ocupan de campos específicos de las políticas. La política de tipo de cambio se convertirá en un asunto de interés común. Se espera que, algún tiempo después de la adhesión, se proceda a su participación en el mecanismo del tipo de cambio II.

La participación en la zona del euro es el objetivo final de los nuevos Estados miembros. En ese momento se integrarán en la política monetaria única orientada hacia la estabilidad y en la política de tipo de cambio única y, además, aplicarán plenamente los procedimientos de coordinación y vigilancia de la política económica. Hasta ese momento, el Tratado obliga a los Estados miembros a alcanzar el elevado grado de convergencia sostenible necesario para la adopción del euro, pero no especifica ningún calendario preciso para ello. La consecución de ese elevado grado dependerá de las características económicas de cada país y de sus logros en la aplicación de las políticas encaminadas a conseguir la convergencia sostenible.

3.5.3. Schengen

La Unión Europea ha declarado que, para aplicar plenamente el acervo de Schengen, es necesario proceder en dos etapas. En la primera, en el momento de la adhesión, los países en fase de adhesión deberán haber alcanzado un alto nivel de control de sus fronteras, si bien podrían contemplarse con otros Estados miembros algunas disposiciones especiales, como compartir infraestructuras y equipos o tener patrullas conjuntas. La supresión de los controles en las fronteras internas sólo se producirá algún tiempo después de la adhesión y estará sujeta a un proceso decisorio para cada nuevo Estado miembro por separado, que se basará en la plena aplicación del acervo de Schengen.

3.5.4. Espacio Económico Europeo

Los países en fase de adhesión deberán solicitar la entrada en el Espacio Económico Europeo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 128 del Acuerdo sobre el EEE. A fin de que el EEE ampliado funcione bien, la adhesión de los países candidatos al EEE deberá producirse al mismo tiempo que la adhesión a la UE. El Acuerdo EEE debe adaptarse a la ampliación de conformidad con los procedimientos estipulados en el artículo 128. El proceso de acuerdo sobre los términos y las condiciones de adhesión al EEE debe ponerse en marcha justo después de que finalicen las negociaciones sobre la adhesión a la UE, de modo que se consiga en la mayor medida posible una entrada en vigor simultánea de ambas adhesiones.

4. ESTRATEGIA DE ADHESIÓN REVISADA PARA BULGARIA Y RUMANIA

El Consejo Europeo de Sevilla declaró lo siguiente: «El Consejo Europeo los anima [a Bulgaria y Rumania] a proseguir sus esfuerzos y confirma su firme intención de apoyarlos plenamente en su preparación para la adhesión. Está previsto adoptar en Copenhague un programa de trabajo actualizado y una estrategia de preadhesión revisada y reforzada para los países candidatos que estén aún en fase de negociación. Podría contemplarse asimismo un aumento de la ayuda financiera de preadhesión. Por otra parte, en caso de mantenerse el ritmo actual, podría establecerse de aquí a final de año un calendario más preciso para el proceso de adhesión de estos países».

Los criterios establecidos en los Consejos Europeos de Copenhague y Madrid y los principios en que se ha basado desde el principio el proceso de adhesión siguen siendo válidos. Todos los países candidatos participan en igualdad de condiciones y se espera que todos se adhieran a la Unión Europea aplicando los mismos criterios y en función de los logros de cada uno. Como lo confirmó el Consejo Europeo de Laeken de 2001, el proceso de adhesión es ya irreversible.

Dado que las negociaciones de adhesión con los doce países candidatos en fase de negociación representan un proceso integrador, el tratado de adhesión debe garantizar que no se pongan en tela de juicio los resultados obtenidos en las negociaciones con los países candidatos que no se adherirán en la primera ronda de la ampliación.

4.1. Logros hasta la fecha

Los informes periódicos del presente año ponen de manifiesto que Bulgaria y Rumania han seguido avanzando en el cumplimiento de los criterios de Copenhague. A fin de finalizar con éxito los preparativos, deben potenciar su labor encaminada a ajustarse a los criterios económicos y a incorporar, aplicar y hacer que se cumpla el acervo. Además, deben continuar con la reforma de la administración pública y del poder judicial.

Bulgaria y Rumania han conseguido notables progresos en las negociaciones. En la actualidad están abiertos todos los capítulos en fase de negociación con Bulgaria y casi todos con Rumania. En el caso de Bulgaria, los capítulos restantes se abrieron en el primer semestre de 2002 y, en el caso de Rumania, deberían poderse abrir los últimos cuatro capítulos antes de que acabe el presente año, con lo que se lograría el objetivo del Consejo Europeo de Laeken de que se abran todos los capítulos con ambos países en 2002.

4.2. Fecha orientativa

Bulgaria y Rumania han fijado el año 2007 como la fecha orientativa para su adhesión. Los capítulos en fase de negociación se han cerrado provisionalmente en función de esa fecha. Se han cerrado provisionalmente 22 capítulos con Bulgaria y 13 con Rumania.

El calendario de cumplimiento de los compromisos contraídos en las negociaciones tiene en cuenta esta perspectiva. Al igual que en el pasado, los avances hacia la finalización de las negociaciones de adhesión reflejarán los progresos en la adopción, la aplicación y el cumplimiento de las medidas necesarias en cada país.

La Comisión respaldará con fuerza a ambos países en la labor de consecución de ese objetivo, que seguirá basándose en los principios de diferenciación y méritos propios.

4.3. Planes de trabajo para la adhesión

Como lo anunció en su documento de estrategia de 2001 sobre la ampliación, la Comisión propondrá, tomando como base el análisis realizado en los informes periódicos de 2002, planes de trabajo detallados para Bulgaria y Rumania antes del Consejo Europeo de Copenhague. Dichos planes de trabajo abarcarán el período que va hasta la adhesión y se prepararán en estrecho diálogo con cada país.

Los planes de trabajo se basarán en los compromisos contraídos en las negociaciones y en los requisitos necesarios para cumplir los criterios de Copenhague. Indicarán las medidas que cada país ha de tomar para estar preparado para la adhesión, haciendo especial hincapié en la capacidad administrativa y judicial y en las reformas económicas. Dichos planes serán referencias claras respecto a las que podrá supervisarse el cumplimiento de los compromisos contraídos en las negociaciones y los avances en las reformas económicas. Los avances en la aplicación de los planes de trabajo se supervisarán en especial por medio de las estructuras del Acuerdo Europeo y los informes periódicos.

4.4. Asistencia de preadhesión

La Comisión propondrá que se revisen el año próximo las asociaciones para la adhesión de Bulgaria y Rumania en función de las conclusiones de los informes periódicos y de los planes de trabajo. Dichas asociaciones seguirán constituyendo la base de la programación de la asistencia de preadhesión, pero las prioridades de asistencia se determinarán asimismo a partir de los planes de trabajo, los informes periódicos y los planes de desarrollo nacional revisados. La asistencia de Phare continuará centrándose en el fortalecimiento de la administración pública y del poder judicial, el desarrollo institucional y las inversiones relacionadas con la adopción del acervo, así como la cohesión económica y social y la cooperación transfronteriza. Debe acelerarse la labor de los sistemas de aplicación descentralizada. En cuanto a SAPARD, si bien ya está totalmente descentralizado, seguirá preparando a los países candidatos en lo que se refiere a las estructuras agrícolas y el desarrollo rural y el fortalecimiento de la capacidad institucional conexa. ISPA continuará prestando apoyo financiero a las inversiones en infraestructuras en los sectores del medio ambiente y los transportes.

La Comisión considera que la asistencia financiera a Bulgaria y Rumania debe aumentar considerablemente a partir de la fecha en que se produzca la primera ronda de adhesiones, en función de los avances en la aplicación de los planes de trabajo y de la capacidad de absorción.

5. NUEVO IMPULSO AL PROCESO DE AMPLIACIÓN CON TURQUÍA

El Consejo Europeo de Sevilla de junio de 2002 concluyó que «podrían tomarse nuevas decisiones sobre la etapa siguiente de la candidatura de Turquía», en función de la evolución de la situación, antes del Consejo Europeo de Copenhague y tomando como base el informe periódico de la Comisión y de acuerdo con las conclusiones de Helsinki y de Laeken.

En el informe periódico de 2002 se analizan con detalle los avances de Turquía en la estrategia de preadhesión en los últimos doce meses. Dichos avances se evalúan aplicando los mismos criterios y la misma metodología que a los demás países candidatos. Al igual de lo que ocurre con los demás candidatos, y de acuerdo con las conclusiones de los Consejos Europeos de Copenhague y Madrid, el informe se fija en los cambios legislativos y en la capacidad administrativa para aplicar y hacer que se cumpla el acervo correctamente.

El informe pone de manifiesto que Turquía ha avanzado en los siguientes tres ámbitos importantes abarcados por la Asociación para la Adhesión: los criterios políticos, los criterios económicos y los criterios relativos al acervo establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague de 1993.

Turquía ha logrado notables avances en el cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague. Con la reforma constitucional y una serie de iniciativas legislativas, Turquía se ha ocupado de varias de las principales prioridades señaladas en la Asociación para la Adhesión. Los cambios legislativos aprobados por el Parlamento en agosto de 2002 son especialmente importantes, ya que muestran la voluntad de llevar a cabo reformas de amplio alcance. La pena de muerte se ha abolido, salvo en el caso de guerra, y se han adoptado importantes medidas para autorizar la radiodifusión y la enseñanza en lenguas distintas del turco. La retirada del estado de emergencia en dos de las cuatro provincias en que se había impuesto y el compromiso de retirarlo este año en las dos provincias en que se mantiene debe despejar el camino para lograr una mayor protección de los derechos humanos.

La Comisión se congratula por esas evoluciones y reconoce el gran cambio que suponen en el contexto político turco. Además, las reformas se adoptaron en circunstancias especialmente difíciles. Estas reformas son prometedoras para el futuro, ya que demuestran la voluntad y la capacidad del sistema político turco de avanzar incluso en ámbitos considerados hasta ahora muy sensibles.

No obstante, Turquía no cumple totalmente los criterios políticos. En primer lugar, las reformas tienen una serie de limitaciones importantes (que se exponen en el informe periódico) sobre el pleno ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales. En segundo lugar, muchas de las reformas requieren la adopción de reglamentos u otras medidas administrativas y, para ser efectivas, deben ser aplicadas en la práctica por organismos ejecutivos y judiciales a niveles diferentes en todo el país. En tercer lugar, deben tratarse adecuadamente varios temas importantes en relación con los criterios políticos, como la lucha contra la tortura y los malos tratos, determinadas cuestiones relativas al control civil del ejército, la situación de las personas encarceladas por haber expresado opiniones no violentas y la conformidad con las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Teniendo en cuenta los avances considerables logrados en los últimos años y los ámbitos en que debe seguir avanzándose, se anima a Turquía a que prosiga el proceso de reforma con objeto de fortalecer la democracia y proteger los derechos humanos, tanto desde el punto de vista legislativo como en la práctica. De ese modo, Turquía podrá superar los obstáculos que quedan pendientes para cumplir los criterios políticos.

La Comisión recuerda que los esfuerzos encaminados a resolver el problema de Chipre forman parte del diálogo político reforzado entre la Unión Europea y Turquía. Dadas las declaraciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y tras los informes del Consejero Especial para Chipre de la Secretaría General de las Naciones Unidas, Álvaro de Soto, la Comisión insta a todas las partes afectadas y, en especial, en el presente contexto, a Turquía, a que apoyen plenamente la labor de las Naciones Unidas destinada a conseguir una solución global del problema de Chipre el presente año.

En cuanto a los criterios económicos, Turquía ha progresado en el funcionamiento de su economía de mercado, que debe aumentar su capacidad de afrontar la presión de la competencia, pero que sigue padeciendo las consecuencias de la recesión y de las crisis financieras.

Respecto a los criterios relativos al acervo, Turquía ha avanzado en la adaptación de su legislación en los ámbitos de la unión aduanera y en varios otros sectores, como la banca, las telecomunicaciones, la energía y la agricultura. El sector financiero se ha reestructurado y se ha mejorado la capacidad administrativa en este sector. En la mayoría de los demás ámbitos, persisten grandes diferencias entre el acervo y la legislación turca.

Deben resolverse de manera prioritaria las cuestiones que quedan pendientes acerca del modo de participación de Turquía en el proceso decisorio relativo a las operaciones dirigidas por la UE utilizando activos de la OTAN.

5.1. Potenciación de la estrategia de preadhesión

El Consejo Europeo de Helsinki estableció la estrategia de preadhesión relativa a Turquía en 1999. El Consejo Europeo de Laeken aprobó una nueva fase de esa estrategia el año pasado. Desde entonces, se han conseguido notables avances en la aplicación de la misma.

En vista de lo anterior, la Comisión recomienda que la UE aumente su apoyo a la preparación de la preadhesión de Turquía, de cara a la siguiente fase de su candidatura. A continuación se dan recomendaciones más detalladas sobre el modo en que se puede conseguir ese objetivo.

§ La Asociación para la Adhesión ha resultado ser un valioso instrumento de la estrategia de preadhesión. Debe actualizarse y revisarse para centrarse claramente en los campos que siguen siendo prioritarios.

§ El diálogo político reforzado entre la UE y Turquía abarca las reformas políticas, los derechos humanos, la cuestión de Chipre y la solución pacífica de las diferencias fronterizas y continuará intensamente. Es necesario debatir con detenimiento sobre las diversas iniciativas tomadas por Turquía para cumplir los criterios políticos de Copenhague. Deben buscarse nuevos modos de conseguir un mayor entendimiento de las reformas y de otras cuestiones que precisan ser atendidas.

§ El diálogo económico reforzado entre la UE y Turquía abarca los resultados y la estabilidad macroeconómicos y las reformas económicas y proseguirá con intensidad. Deben tratarse detenidamente las distintas medidas adoptadas por Turquía para recuperar la estabilidad económica y cumplir los criterios económicos de Copenhague.

§ El proceso de examen legislativo, centrado en temas sectoriales concretos, complementado con la asistencia TAIEX, está en marcha y se seguirá desarrollando. Este proceso sirve de guía para Turquía respecto a los requisitos de incorporación del acervo, incluidos la capacidad administrativa y el cumplimiento.

§ Se está realizando una labor adicional para reforzar y ampliar el alcance de la unión aduanera para incluir los servicios y la contratación pública y eliminar los obstáculos a la libre circulación de mercancías. Ello influirá en la labor más amplia que debe realizar Turquía dada su condición de país candidato.

§ Debe proseguir la profundización de las relaciones comerciales con Turquí