N° C 225/44 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 10. 9. 90 
trabajo, equipos de trabajo y de protección individual, 
formación profesional y educación), siguen constatándose 
atrasos no despreciables en ámbitos como la ampliación de 
la libertad de circulación o el derecho de residencia en el 
interior de la Comunidad, el reconocimiento mutuo de 
diplomas o la integración social de los emigrantes de países 
terceros, aun en el supuesto de que esta integración pudiera 
constituir una fuente de tensión en los países o regiones en 
que coexisten una alta tasa de desempleo y una considera­
ble presencia de inmigrantes. 
3.2. La «Europa social» 
En cuanto a la Carta comunitaria de los derechos sociales 
fundamentales, aprobada por el Consejo como una 
declaración adicional a un programa de acción social, el 
Comité Económico y Social divulgó en su momento su 
opinión, proponiendo una perspectiva de enfoque más 
amplia, eminentemente asociable a valores más generales 
en materia social y ambiental y a una extensión a los 
consumidores, trabajadores independientes y organizacio­
nes cooperativas y mutualistas. 
Las reservas expuestas en su momento no encontraron el 
debido eco en las instancias responsables, por lo que 
continúan siendo válidas. A ello se añade que, sin perjuicio 
del reconocimiento de la mayor atención que se procuró 
prestar a la dimensión social, el Comité insiste en la 
necesidad de adoptar medidas que frenen la degradación de 
este ámbito crucial. De entre lo mucho que queda por hacer, el Comité 
destacaría sobre todo la cuestión del fundamento jurídico 
de las propuestas que contiene el programa de acción 
social. 
4. Nota final 
En el marco del presente Dictamen, y tras tratar los temas y 
problemas de incidencia económica más apremiantes de la 
actualidad europea y mundial, el Comité quisiera expresar 
su deseo de que el período histórico que estamos viviendo 
no sea recordado como una ocasión perdida, sino como 
una época en la que los agentes y responsables nacionales y 
comunitarios supieron resistir la tentación de frenar el 
proyecto inicialmente simbolizado por la fecha de 1992, 
aunaron esfuerzos a fin de alcanzar la unión económica y 
monetaria y, consecuentemente, una forma consensuada de 
integración política democrática, y abrieron el camino de 
una presencia mayor y más unida en el mundo. 
Hecho en Bruselas, el 5 de julio de 1990. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE 
Dictamen sobre la «Evolución social en la Comunidad durante 1989» 
(90/C 225/16) 
El 5 de julio de 1990, de conformidad con el apartado 4 del artículo 20 del reglamento interno, el 
Comité Económico y Social decidió elaborar un Dictamen sobre la «Evolución social en la 
Comunidad durante 1989». 
La sección de Asuntos Sociales, Familia, Educación y Cultura, encargada de preparar los trabajos 
del Comité en la materia, adoptó su dictamen el 17 de mayo de 1990 (Ponente: Sr. Liverani). 
En su 278a sesión Plenaria (sesión del 5 de julio de 1990), el Comité Económico y Social ha 
aprobado por mayoría y 4 abstenciones el siguiente dictamen. 
10. 9. 90 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 225/45 
1. Tendencias sociales {l) 
En 1989 la economía comunitaria ha registrado, aunque de 
forma nada homogénea, un crecimiento aproximado del 
3,5 %, lo que representa una ligera disminución respecto al 
año 1988. La tasa de inflación ha aumentado para alcanzar 
una media aproximada del 5 % (si bien con amplias 
divergencias entre los diferentes Estados miembros). La 
productividad ha continuado aumentando en un 2,1 % con 
la consiguiente ampliación de los márgenes operativos de 
las empresas. En conjunto los niveles salariales se han 
mantenido relativamente estables, mientras que el coste 
real unitario del trabajo ha disminuido aproximadamente 
en un 0,7 %. 
El empleo en la CEE ha registrado un incremento del 1,5 % 
respecto al año 1988. Pese al descenso del 10 % al 9 % 
experimentado por el desempleo y a pesar de una cierta 
disminución del paro juvenil, la situación se ha visto 
agravada por el paro de larga duración que, junto con el 
trabajo precario, sigue siendo el banco de pruebas de la 
«Europa social». El afán de competitividad impulsa cada 
vez con mayor intensidad a las empresas a recurrir en 
mayor medida a los contratos « atípicos », aumentando con 
ello el mercado del trabajo secundario, que en algunos 
casos carece de las mismas formas de cobertura y de 
protección social. 
La encuesta sobre las fuerzas de trabajo en la Comunidad 
pone de relieve que, por término medio, el 30 % de los 
hombres y el 10 % de las mujeres que desarrollan una 
actividad de dedicación parcial, no lo hacen por propia 
elección sino por la imposibilidad de encontrar un empleo 
de dedicación plena. Análogamente, el 70 % de los 
hombres y el 50 % de las mujeres que ejercen actividades 
temporales preferirían llevar a cabo una actividad laboral 
más duradera. El alcance y la intensidad de tales fenómenos 
varían considerablemente de un Estado a otro y de una 
región a otra, con un aumento de los desequilibrios del 
mercado laboral en los países y regiones con un elevado 
nivel de desempleo y con grandes peligros de regresión por 
la utilización de mano de obra clandestina o, lo que es peor, 
de menores, incluso en algunos de los países más 
desarrollados. 
Coherentemente con lo afirmado hasta aquí, habrá que 
reforzar, con prioridad absoluta, toda iniciativa encamina­
da a garantizar el derecho a la instrucción, a la formación 
continua y a la cobertura social de los trabajadores a todo 
lo largo de su vida profesional. Se deberán reiterar todas las 
iniciativas encaminadas a favorecer y estimular a los 
desempleados a reintegrarse en el mundo laboral. 
2. La política social de la Comunidad en 1989 
La política social de la Comunidad Europea durante 1989 
ha registrado una serie de progresos concretos en algunos 
sectores específicos, mientras que en el aspecto global de la 
«dimensión social» se ha observado una tendencia a la 
redundancia en las declaraciones de intenciones. 
i1) Fuente, Comisión de la CE: Eurostat «el Empleo en Europa» 
[doc. COM(89) 399 final], informe económico 1989/1990 
[doc. COM(89) 497 final]. 2.1. En el sector de la seguridad y de la higiene en el 
puesto de trabajo se han realizado verdaderos progresos, 
gracias también a la adopción de una nueva directiva marco 
y de tres directivas específicas sobre los requisitos mínimos 
de salud y de seguridad en el lugar de trabajo, sobre los 
equipos de trabajo y sobre los dispositivos de protección 
individual. Por otra parte, se ha elaborado una directiva 
sobre los agentes cancerígenos. La adopción de los 
programas EUROTECNET, LINGUA, ERASMUS II y 
COMETT II, así como el lanzamiento del programa 
FORCÉ, han consolidado la dimensión comunitaria tan 
necesaria en el campo de la formación e instrucción. 
Asimismo, la institución del Observatorio europeo del 
empleo y la iniciativa por parte de la Comisión de elaborar 
un informe anual sobre el empleo deberían contribuir a una 
valoración europea más coherente y uniforme de las 
tendencias y de los desafíos que se plantean en este sector de 
importancia fundamental de la política comunitaria. Por 
otro lado, se ha acogido favorablemente, por estimarla 
necesaria, la iniciativa de la Comisión (2) de efectuar un 
estudio comparado de las normas que rigen las condiciones 
laborales en los diferentes Estados miembros. 
2.2. No obstante la declaración del Consejo Europeo de 
Madrid a favor de la libre circulación de las personas, 
considerada como una «prioridad para 1992», las firmes 
propuestas de la Comisión para actualizar y extender la 
libertad de circulación y el derecho de residencia (3) no han 
sido adoptadas por el Consejo en 1989. Es lamentable que 
no se hayan obtenido resultados más inmediatos. En este 
mismo sector se desea que se mejore y adopte rápidamente 
el proyecto de directiva complementaria sobre el reconoci­
miento recíproco de los diplomas y de la formación 
profesional (4). Por otra parte, será necesario adoptar las 
medidas adecuadas para apoyar el informe de la Comisión 
sobre la integración social de los inmigrantes procedentes 
de terceros países (5), sin olvidar la necesidad de que la CEE 
afronte de forma coherente el problema de los refugiados 
políticos. 
2.3. Como es sabido, 1989 ha sido el año de la « Carta 
comunitaria de los derechos sociales fundamentales» (6). 
Conviene poner de relieve una vez más que el Comité 
Económico y Social, invitado a elaborar un dictamen 
preliminar al respecto, rechazó el concepto de «Carta» 
como mera declaración formal y ha considerado « que los 
instrumentos y procedimientos previstos en el Tratado son 
los que se deben utilizar para garantizar el respeto de los 
derechos sociales fundamentales, a través del ordenamien­
to jurídico de los Estados miembros, y para permitir la 
(2) Véanse las conclusiones del Consejo social en los documentos 
7189/89 (Prensa 109), 9517/89 (Prensa 189) y 10309 (Pren­
sa 228), así como los documentos 10903/89 (Prensa 249), 
COM(89) 399 final y COM(89) 360 final. 
(3) Doc. COM(88) 815 final — SYN 185, COM(89) 275 final — 
SYN 200. 
(4) Doc. COM(89) 372 final — SYN 209 de 21 de diciembre de 
1989. 
(5) Doc. SEQ89) 924 final de 22 de junio de 1989. 
(6) Véanse las conclusiones del Consejo sobre « Trabajo y asuntos 
sociales » de 30 de octubre de 1989 (9517/89—Prensa 189), op. 
cit. 
N° C 225/46 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 10. 9. 90 
aplicación de las medidas sociales indispensables para el 
buen funcionamiento del mercado interior. Se deberá llevar 
a cabo dicha acción en estrecha colaboración con los 
representantes de los interlocutores sociales (J). De forma 
coherente con este encuadre comunitario, el Comité había 
propuesto una serie de derechos que van más allá de la 
« Carta de los trabajadores » como tal, incluyendo valores 
sociales y ambientales más amplios y abarcando también a 
los consumidores, los trabajadores independientes, los 
miembros de cooperativas y los socios de las organizacio­
nes mutualistas. Por ello, hay que lamentar que la 
Comisión y el Consejo no hayan seguido el método 
propuesto, prefiriendo un planteamiento más « solemne » y 
limitado, salvado sólo en parte por la inclusión del 
programa de acción social (2). 
2.3.1. Considerando los límites del contexto en que se 
inscribe, el programa de acción social debe al menos 
obtener frutos concretos en la aplicación de la Carta, 
imponiéndose su ampliación en diversos puntos: 
— en cuanto a su aplicación se plantea un problema 
fundamental: ver si, a la luz de la cumbre de 
Estrasburgo, el Consejo demostrará voluntad política 
para aprobar las 47 propuestas y acciones previstas, 
cuando se presenten de forma específica. En el 
programa de acción social no se ha precisado el 
fundamento jurídico en el que se basa la mayor parte de 
dicha propuesta. Por otro lado, hasta el momento la 
Comisión ha recurrido al artículo 118 A sólo en el sector 
no controvertido de la salud y seguridad en el lugar de 
trabajo, lo que podría suscitar ciertas dudas respecto a 
las modalidades para disuadir a un Estado o a una 
pequeña minoría de Estados miembros de bloquear 
nuevamente tales iniciativas, privando así de significado 
y de operatividad a gran parte de la operación; 
— respecto a la ampliación del proceso, paralelamente al 
programa de acción social, el Comité solicita la 
elaboración de un marco normativo comunitario que 
garantice los derechos fundamentales del consumidor, 
de los miembros de cooperativas, de los trabajadores 
autónomos y del medio ambiente. Asimismo, debería 
considerarse un estatuto europeo para las profesiones 
liberales y para el conjunto de la economía social. 
— por otra parte, a fin de que el mercado único se vea 
coronado por el éxito y para «asegurar un progreso 
equilibrado en el conjunto de los sectores considerados » 
(artículo 8 B del Tratado), habrá que afrontar 
problemas específicos relativos al mercado del trabajo 
transfronterizo que, donde no sean tenidos en cuenta, 
podrían dar lugar a una competencia desleal y a 
distorsiones del mercado. Para evitar estos desequili­
brios, el Comité ha subrayado reiteradamente la 
acuciante necesidad de adoptar instrumentos comunita­
rios en los siguientes sectores: 
(') Dictamen del CES sobre los «Derechos fundamentales de la 
Comunidad» de 22 de febrero de 1989 (DO n° C 102 de 
4. 4. 1989). 
(2) Doc. COM(89) 568 final. — « el despido y la utilización abusiva del trabajo atípico 
transfronterizo; 
— el derecho a la información y a la consulta en caso de 
reestructuración o de fusiones/concentraciones de 
empresas, y 
— la aplicación de las normativas sociales y de los 
contratos colectivos vigentes en la adjudicación de los 
contratos públicos» (3). 
3. El « modelo social» comunitario y los acontecimientos 
registrados en la Europa del Este 
3.1. Indudablemente la Comunidad Europea ha consti­
tuido un polo político de atracción y punto de referencia 
para la Europa del Este, con ocasión de los recientes 
acontecimientos, frecuentemente dramáticos, a nivel 
social, civil y democrático. Al contar desde hace tiempo con 
estructuras de diálogo social típicas de las formas 
democráticas, la Comunidad ha actuado como modelo de 
« mercado social» : 
— simultaneando la prosperidad y las prestaciones 
económicas competitivas con la necesidad de consenso 
social y, por consiguiente, de cohesión económica y 
social; 
— reconciliando los intereses económicos y comerciales 
con los objetivos fundamentales de la política social y 
con el bienestar; 
— reconociendo que intervenciones oportunas en materia 
de política social se traducen en un crecimiento 
económico sostenido, único capaz de garantizar 
consiguientemente niveles elevados y estables de 
seguridad social, 
— intentando conciliar las perspectivas de mercado con las 
exigencias de la sociedad mediante una serie de medidas 
políticas que no constituyan simplemente una variante 
de las cambiantes exigencias del mercado, sino que 
respondan « a dichas exigencias y formen parte de las 
mismas» (4), y 
— entablando concretamente procedimientos para el 
diálogo social a fin de configurar un marco de referencia 
de la contratación colectiva a todo nivel. 
En pocas palabras, la Comunidad Europea ha desempeña­
do un papel fundamental como única unión transnacional 
de democracia «en la búsqueda de la justicia social, un 
espacio de libertad que preserve la iniciativa privada y el 
desarrollo de los compromisos colectivos » (5). La Comuni­
dad deberá seguir ejerciendo este cometido. 
(3) DO n° C 102 de 24. 4. 1989. 
(4) Dictamen del CES sobre la « Evolución social en la Comunidad 
europea durante 1988 — DO n° C 201 de 7. 8. 1989, punto 
3.1.4. 
(5) Véase la Resolución del CES sobre el programa de acción 
comunitaria 1989-1992, doc. CES 1267/88 de 23 de noviembre 
de 1988, punto 1.3. 
10. 9. 90 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 225/47 
3.2. Asimismo, la Comunidad ha actuado como catali­
zador de la « Europa de los pueblos », en la que las normas 
cívicas y el comportamiento democrático están garantiza­
dos por un corpus jurídico, por la conciencia individual y 
por las responsabilidades sociales. En un contexto 
internacional cada vez más interdependiente, una autode­
terminación responsable requerirá un marco jurídico 
democrático supranacional, del que la «Europa de los 
pueblos» representa un embrión tanto en términos de 
derechos fundamentales, como de libertad de movimiento, 
aspectos ambos de una libertad, hasta el momento, ausente 
en la Europa oriental. La Comunidad tiene el deber de 
mantener y extender tales derechos, buscando la aproba­
ción de los ciudadanos, para lo cual es un instrumento 
indispensable la participación en las decisiones relativas a 
la evolución de las estructuras de la sociedad, así como al 
traslado de las instalaciones productivas. 
4. El espacio social europeo — elemento integrante del 
espacio económico europeo 
4.1. La declaración ministerial de la CE y de la AELC del 
19 de diciembre de 1989 sobre la creación de un espacio 
económico europeo de 18 Estados ha puesto de relieve los 
desafíos que se presentan en materia de política social 
global, como la libertad de circulación, la educación, las 
condiciones laborales, el bienestar social, las disparidades 
socioeconómicas, etc. (*). En su importante discurso al 
Parlamento Europeo del 17 de enero de 1990, el Presidente 
Delors ha propuesto que, a falta de una plena adhesión a la 
Comunidad Europea, los Estados de la AELC disfruten de 
una forma de «osmosis» con la Comunidad, y que se 
beneficien de un proceso conjunto de toma de decisio­
nes (2). A fin de subsanar las diferencias entre ambos 
procesos, el Comité propone una serie de posibles formas 
de cooperación a nivel de espacio económico europeo 
relativas a algunos proyectos y actividades de la política 
social comunitaria como, por ejemplo: modalidades de 
contribución necesarias para la cohesión económica y 
social de las regiones a nivel del espacio económico 
europeo; la extensión progresiva de la libertad de 
circulación de los trabajadores/ciudadanos entre la CEE y 
los países de la AELC; la participación de la AELC en el 
SEDOC, en el programa LEDA de la red ELISE, en el 
CEDEFOP y en la Fundación de Dublín, como observado­
res, así como en el Observatorio europeo de empleo en los 
programas ERASMUS, COMETT, LINGUA, PETRA, y 
« Youth for Europe», etc. Por otra parte, es indispensable 
afrontar conjuntamente el problema de los derechos 
sociales fundamentales. 
(!) Véase el comunicado de prensa 10949/89 (Prensa 252) de 19 de 
diciembre de 1989, puntos 5 y 6. 
(2) Discurso Delors, p. 13 (versión francesa). 5. 1990 «La Europa social» en un momento decisivo 
5.1. El año 1990 representa un momento decisivo para 
los procesos de profundización y ampliación de la 
Comunidad Europea en su conjunto. Es esencial que la 
«Europa social» no falte a esta cita. 
5.2. Esta profundización y ampliación deberán consti­
tuir dos procesos complementarios y no conflictivos. Como 
ya se ha afirmado, el modelo del mercado social y la ética de 
la «Europa de los ciudadanos», que constituyen el núcleo 
para progresar hacia una mayor unión, son también el 
principal atractivo que la Comunidad presenta para las 
nuevas democracias de la Europa oriental, así como un 
sólido punto de anclaje para el desarrollo de las relaciones 
con los países de la AELC. Igualmente, el emergente 
renacimiento cultural y la búsqueda, por parte de la Europa 
del Este, de vínculos democráticos protectores y de 
renovadas relaciones, incluso culturales y sociales, con la 
Europa occidental, especialmente con la Comunidad 
Europea, deberían constituir una fuente de enriquecimien­
to y de motivación para el proceso de profundización que la 
Comunidad debe desarrollar para consolidar su unidad 
social y democrática cada vez más necesaria en la actual 
coyuntura histórica. Este compromiso comunitario respec­
to a la Europa del Este deberá desarrollarse paralelamente 
al compromiso de la CEE en el desarrollo de las relaciones 
Norte-Sur. 
5.3. En este contexto, la política social de la Comunidad 
tiene un cometido de suma importancia y debe poder 
desarrollarlo sobre unas bases más sólidas y claras. Las 
conferencias intergubernamentales sobre la adaptación de 
los Tratados, que deberían iniciarse bajo la presidencia 
italiana a comienzos del año 1990, obviamente deberán 
tener en cuenta este factor especialmente en consideración 
de la estrategia política definida por unanimidad en la 
Cumbre de Madrid. En dicha ocasión se afirmó que, en la 
perspectiva de la realización del mercado único europeo, 
los aspectos sociales merecen la misma importancia que la 
atribuida a los económicos y, por consiguiente, deberán ser 
desarrollados de forma equilibrada (3). Desde esta perspec­
tiva, y en consonancia con la posterior declaración del 
Presidente Delors en el sentido de que la Comisión pretende 
utilizar de forma consecuente todas las posibilidades que 
ofrece el Tratado, y especialmente los artículos 100 A y 
118 A (4), el Comité desea proponer de nuevo (5) lo 
siguiente: 
— el artículo 100 A podría indudablemente ser adecuado 
para hacer frente a los problemas del mercado laboral 
transfronterizo que obstaculizan el buen funcionamien­
to del mercado único, como se ha indicado en el 
punto 2.3.1; 
(3) Cumbre de Madrid, « Conclusiones », 26 y 27 de junio de 1989, 
punto 2. 
(4) Discurso Delors, op. cit. 
(5) Véase intervención del ponente del subcomité sobre los 
Derechos sociales fundamentales, asamblea plenaria de 1 de 
febrero de 1990. 
N° C 225/48 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 10. 9. 90 
— el recurso al artículo 118 A requiere ulteriores 
aclaraciones con arreglo a las conclusiones del Consejo 
europeo de Madrid; y 
— la necesidad de afrontar, en la conferencia interguberna­
mental para la revisión del Tratado, la cuestión del 
equilibrio y equiparación del aspecto social y econó­
mico. 
5.4. Asimismo, una verdadera Europa de los ciudadanos 
propiamente dicha deberá asumir una forma más concreta 
paralelamente a la ampliación de los horizontes comunita­
rios. Habida cuenta del papel fundamental de la Comuni­
dad a este respecto (véase punto 3.2) y, además de las 
formas específicas de cooperación perfiladas en el punto 
4.1, 1992 y la emergente «Europa sin fronteras» requieren 
con carácter urgente: 
— una rápida adopción del proyecto de directiva sobre el 
derecho a voto en las elecciones administrativas para los 
ciudadanos comunitarios residentes en otro Estado 
miembro (*); 
— un contexto jurídico común aprobado por los Estados 
miembros en materia de emigración, de libertad de 
circulación en Europa de los ciudadanos de terceros 
países, incluyendo los nómadas de cualquier nacionali­
dad; 
(!) Doc. COM(88) 371 final de 25 de enero de 1989. 
1. La propuesta de la Comisión 
1.1. En 1987, la Comisión propuso tipos impositivos 
únicos para el conjunto de la Comunidad. 
Mientras que para el IVA consideró oportuno proponer 
como elemento de flexibilidad la adopción de bandas de 
tipos impositivos que permitirían una variación del 6 % — una firme voluntad transnacional de la CEE sobre los 
derechos fundamentales civiles y democráticos con, por 
ejemplo, la adhesión comunitaria al convenio europeo 
sobre la protección de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, condición esencial y punto de 
partida protector de cara a las futuras adhesiones, y 
— la ratificación, por parte de todos los Estados miem­
bros, de los convenios y de las recomendaciones de la 
OIT. 
5.5. En estas circunstancias, hay que poner de relieve el 
cometido de los interlocutores sociales y de los diferentes 
grupos socioprofesionales representados en el Comité 
Económico y Social. Con el desarrollo de los procesos de 
profundización y ampliación y la aparición de nuevos foros 
para llevar a cabo debates sociales y cívicos, así como de 
nuevos sindicatos libres y nuevas actividades empresaria­
les, la unión europea necesitará un marco consultivo 
adecuado para las importantes transformaciones a las que 
tenemos el privilegio de asistir. Por consiguiente, es hora de 
que la Europa comunitaria defina la situación institucional 
y el cometido del Comité Económico y Social. 
Hecho en Bruselas, el 5 de julio de 1990. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE 
para el tipo normal y del 5 % para el reducido, en lo que se 
refiere a los impuestos especiales optó por un sistema rígido 
considerando que: 
« cualquier flexibilidad que se permitiera en los tipos de 
gravamen autorizado debe examinarse a la par que el 
margen autorizado para los tipos impositivos del IVA» Dictamen sobre la comunicación de la Comisión al Consejo: « Nuevo enfoque de la Comisión en 
materia de tipos impositivos de los impuestos especiales » 
(90/C 225/17) 
El 22 de enero de 1990, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre 
la: « comunicación de la Comisión al Consejo: Nuevo enfoque de la Comisión en materia de tipos 
impositivos de los impuestos especiales». 
La sección de Asuntos Económicos, Financieros y Monetarios, encargada de preparar los trabajos 
en la materia, adoptó su Dictamen el 21 de junio de 1990 (Ponente: Sr. Della Croce). 
En su 278a sesión plenaria (sesión del 5 de julio de 1990), el Comité Económico y Social ha 
aprobado por una amplia mayoría el siguiente Dictamen.