Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre:

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Plan de acción para una fiscalidad equitativa y sencilla que apoye la estrategia de recuperación

[COM(2020) 312 final]

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la buena gobernanza fiscal en la UE y más allá de sus fronteras

[COM(2020) 313 final]

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad

[COM(2020) 314 final – 2020/0148 (CNS)]

(2021/C 155/02)

Ponente: Krister ANDERSSON Coponente: Javier DOZ ORRIT

Consultas Consejo de la Unión Europea, 28.7.2020 Comisión Europea, 12.8.2020 Fundamento jurídico Artículos 113 y 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Sección competente Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social Aprobado en sección 12.2.2021 Aprobado en el pleno 24.2.2021 Pleno n.o 558 Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones) 220/0/7

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1. El CESE apoya en líneas generales las propuestas legislativas de la Comisión y valora positivamente su coordinación con el diálogo internacional entablado en el Marco Inclusivo de la OCDE con el fin de lograr un consenso mundial.

1.2. El CESE está de acuerdo con el enfoque de la Comisión de que la buena gobernanza fiscal, en la que se asienta la equidad tributaria, pasa por la transparencia fiscal basada en el intercambio de información entre autoridades tributarias, la competencia fiscal leal, la ausencia de medidas fiscales perniciosas, la adopción de medidas fiscales más eficaces y la aplicación de normas acordadas internacionalmente.

1.3. El CESE coincide, asimismo, con la Comisión en que la competencia fiscal en sí misma no es un problema ( 1 ) . No obstante, preocupa la existencia en la UE de una competencia fiscal desleal que fomenta la elusión fiscal. El Comité considera que una unión monetaria eficaz requiere una política fiscal coherente y congruencia entre las normas fiscales de sus miembros.

1.4. El CESE respalda la iniciativa de la Comisión de revisar el Código de Conducta y se congratula de que la propuesta de la Comisión tenga debidamente en cuenta la labor de la OCDE y la importancia de adoptar normas acordadas a escala internacional, en especial en lo que respecta a unos principios mundiales que permitan establecer un tipo impositivo mínimo efectivo para el impuesto sobre sociedades.

1.5. El CESE considera que el resultado y los logros del Código de Conducta deben actualizarse con mayor periodicidad y ponerse a disposición de la sociedad civil, en consonancia con el objetivo de la Comisión de que la actividad y los resultados concretos del Código sean más transparentes.

1.6. El CESE apoya la decisión de la Comisión de llevar a cabo una intervención de carácter legislativo con el fin de reforzar la cooperación entre las autoridades tributarias y reforzar la armonización de las normas de procedimiento en todo el mercado interior.

1.7. El CESE coincide con la Comisión en que el fraude y la evasión fiscales continúan representando una amenaza para las finanzas públicas, sobre todo en tiempos de crisis, como lo han demostrado con claridad las estimaciones más recientes de la Comisión; ciertamente, la pérdida de ingresos en la UE derivada de la evasión fiscal internacional por parte de personas físicas, incluidos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, los impuestos sobre las rentas del capital, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto de sucesiones, asciende a 46 000 millones EUR según las estimaciones más recientes. El déficit recaudatorio en materia de IVA se estima en unos 140 000 millones EUR, de los cuales 50 000 millones guardan relación con el fraude transfronterizo ( 2 )

1.8. El CESE toma nota de la reducción del déficit recaudatorio ( 3 ) estimado debido a la elusión del impuesto de sociedades en unos 35 000 millones EUR por año, según diversas estimaciones, lo que representa un descenso con respecto a las estimaciones anteriores de la Comisión que se situaban entre 50 000 y 70 000 millones EUR antes de la introducción de las medidas de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (en lo sucesivo, «BEPS», por sus siglas en inglés) y la correlación, examinada por la Comisión, entre dicha mejora y los esfuerzos legislativos en materia de elusión fiscal realizados por la Comisión anterior ( 4 ) . Sin embargo, esto sigue siendo motivo de preocupación en una situación en la que reviste tanta importancia el gasto público para sostener la economía y la sociedad.

1.9. No se podrá contar con un régimen eficiente en ausencia de una lucha intensiva contra la delincuencia y la evasión fiscales, que puede mejorarse mediante una mayor cooperación administrativa y un marco jurídico más armonizado. Un marco tributario no puede considerarse justo si algunos Estados miembros disponen de medios para eludirlo fácilmente, ya que esto desincentiva a otros y genera ineficiencia.

1.10. Dada la complejidad actual derivada de la existencia de veintisiete regímenes fiscales diferentes y habida cuenta de que tal pluralidad de modelos supone una carga para las empresas y los particulares que operan a escala transfronteriza, el CESE anima a los Estados miembros a armonizar los requisitos de comunicación de información fiscal y mejorar la cooperación entre las administraciones tributarias, respetando al mismo tiempo la soberanía fiscal.

1.11. Las veinticinco acciones previstas por la Comisión parecen razonables. La mayoría de ellas están relacionadas con el IVA, lo que resulta adecuado habida cuenta de las importantes pérdidas de ingresos en este ámbito. No obstante, estas acciones se describen muy brevemente y sigue siendo difícil, por el momento, evaluar en profundidad su repercusión específica en la actividad cotidiana de los ciudadanos y las empresas europeos.

1.12. El CESE valora muy positivamente la adopción de un registro único a efectos del IVA. Se trata de un paso importante hacia la creación de un mercado único profundizado, lo cual reducirá la incertidumbre y los costes asociados a las operaciones transfronterizas.

1.13. El CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión Europea de modernizar y armonizar los requisitos de comunicación de información en el ámbito del IVA gracias a un mayor recurso a la comunicación de información basada en transacciones («en tiempo real») y la facturación electrónica.

1.14. El CESE celebra, asimismo, que se vuelva a estudiar si debe aplicarse o no el IVA a los servicios financieros. Para ello, es necesaria una evaluación de impacto exhaustiva que incluya el tratamiento a efectos del IVA de los servicios financieros en terceros países.

1.15. El CESE apoya la iniciativa de la Comisión de establecer «un marco de cumplimiento cooperativo a escala de la UE», basado en una mayor confianza y cooperación entre las diferentes administraciones tributarias para resolver problemas fiscales transfronterizos en el ámbito del impuesto de sociedades. Es importante que, en este marco, las pymes reciban el mismo trato que las empresas de mayor tamaño. El Comité toma nota de que la carga normativa para las pymes es muy superior a la de las grandes empresas multinacionales, por lo que insta a la Comisión a que adopte medidas para reducir la carga que pesa sobre las pymes.

1.16. El CESE considera esencial la cuestión del reembolso de impuestos, especialmente en tiempos de crisis como los actuales, que implican un alto riesgo en términos de falta de liquidez para particulares y empresas.

1.17. El CESE insta a la Comisión a que evalúe cómo puede ponerse en marcha un mecanismo más sencillo y armonizado de desgravación por deudas incobrables del IVA. Este mecanismo debería garantizar que el IVA que las empresas no han podido recaudar de sus clientes, pero que ya han abonado a las autoridades tributarias, pueda ser reclamado a estas de forma rápida y oportuna.

1.18. El CESE considera muy importante disponer de normas fiscales y laborales claras y coherentes a escala internacional para las plataformas digitales. El CESE apoya los esfuerzos realizados para aumentar la transparencia de las plataformas digitales con el fin de prevenir declaraciones de ingresos incoherentes, lo que plantea un alto riesgo de evasión fiscal. Los requisitos de comunicación de información y los formularios fiscales deberían ser idénticos en todos los Estados miembros.

1.19. El CESE subraya que las auditorías conjuntas, que en principio son una herramienta útil y eficaz, deben realizarse respetando los derechos de los contribuyentes, en particular, los consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, especialmente en relación con los derechos de defensa y la previsibilidad de las normas tanto sustantivas como procesales que les atañen, así como la recopilación de pruebas por las autoridades tributarias competentes con vistas a posibles sanciones.

1.20. Si bien ha mejorado la conducta de los países y territorios que figuraban en la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, el volumen global de fondos defraudados, evadidos, eludidos y blanqueados sigue siendo tan elevado que es necesario redoblar los esfuerzos.

1.21. El CESE coincide con la Comisión en que procede revisar la lista y determinar la forma de hacerla más eficaz y justa, teniendo en cuenta también los nuevos retos de una economía digitalizada mundial. El CESE apoya, asimismo, el criterio de la Comisión de ofrecer a los territorios de bajo riesgo y baja capacidad la oportunidad de mejorar sus normas de buena gobernanza y transparencia en el ámbito fiscal en un plazo razonable, cuando se les incluya en la lista o puedan ser incluidos en ella.

1.22. El CESE ha propuesto ( 5 ) la puesta en marcha de un Pacto europeo para luchar eficazmente contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales, y el blanqueo de capitales. El CESE también ha hecho un llamamiento a la Comisión Europea para que impulse una iniciativa que involucre a los gobiernos nacionales y a las demás instituciones europeas en la consecución de este objetivo, promoviendo los consensos necesarios para ello y dando participación a la sociedad civil. La cooperación entre los Estados miembros debería ser el pilar principal del Pacto.

1.23. El CESE hace hincapié en que la cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil en general y los gobiernos podría contribuir a sensibilizar sobre los impuestos medioambientales y al desarrollo, creando sociedades más equitativas y sostenibles tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados.

1.24. El CESE anima a la Comisión a proseguir su evaluación de la eficacia de Directivas anteriores relativas a la cooperación administrativa.

2. Contexto y propuestas de la Comisión

2.1. Contexto

2.1.1 Lograr una fiscalidad equitativa y eficiente es uno de los principales objetivos de la Comisión ( 6 ) durante la legislatura actual. Ciertamente, se trata de un objetivo aún más estratégico si cabe tras la crisis de la COVID-19. Según el Tratado, las normas fiscales son competencia de los Estados miembros. No obstante, los Estados miembros pueden ponerse de acuerdo en cuanto a la adopción de Directivas y Reglamentos para mejorar el funcionamiento del mercado interior. Una unión monetaria eficaz requiere una política fiscal coherente y congruencia entre las normas fiscales de sus miembros.

2.1.2 La crisis de la COVID-19 ha perturbado las economías del conjunto del mercado interior. Además, la UE se enfrenta a la crisis de la COVID-19 en una época de transformación, caracterizada por los retos medioambientales, la constante innovación digital y la creciente desigualdad entre los ciudadanos. Por consiguiente, los Estados miembros y las instituciones europeas están llamados a ofrecer una respuesta sin precedentes, utilizando todos los recursos e instrumentos que tienen a su disposición.

2.1.3 Las propuestas de la Comisión ( 7 ) tienen por objeto no solo desarrollar una respuesta adecuada a la crisis de la COVID-19 sino, además, gestionar la transición a un escenario más ecológico y digital, en consonancia con los principios de economía social de mercado consagrados en los Tratados.

2.1.4 A este respecto, una fiscalidad equitativa y eficiente desempeña un papel importante. Dar una respuesta eficaz a los principales retos planteados por la crisis depende en gran medida, de la posibilidad de que las empresas sigan operando a escala nacional y transfronteriza, en igualdad de condiciones y con el respaldo de un régimen fiscal eficiente y sencillo, y de los Estados miembros, que deben garantizar los ingresos fiscales necesarios para financiar la recuperación mediante una fiscalidad justa para los ciudadanos y las empresas. La lucha contra el fraude, la elusión y la evasión fiscales, así como el apoyo a las empresas europeas para simplificar y armonizar su administración tributaria cotidiana, son esenciales para afrontar de manera eficaz a los retos actuales ( 8 )

2.1.5 La fiscalidad es también un instrumento político para lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 ( 9 ) , así como los demás objetivos medioambientales del Pacto Verde Europeo ( 10 ) . Por consiguiente, es de suma importancia que los presupuestos públicos cuenten con unos ingresos fiscales adecuados para poder respaldar una transición ecológica. Al mismo tiempo, las políticas económicas han de tener en cuenta que la situación demográfica evoluciona de manera desfavorable en el contexto del envejecimiento de la población.

2.1.6 La propuesta de la Comisión de establecer un plan de acción para una fiscalidad más eficiente y equitativa consta de tres partes. En primer lugar, una Comunicación por la que se establecen medidas encaminadas a reducir los obstáculos tributarios para las empresas en el mercado único. En particular, la Comisión pretende utilizar la simplificación fiscal como instrumento para mejorar el entorno empresarial. En segundo lugar, una propuesta legislativa para modificar la Directiva relativa a la cooperación administrativa mediante un intercambio automático de información entre autoridades tributarias, que permita gravar adecuadamente los ingresos obtenidos por los vendedores mediante las plataformas digitales. En tercer lugar, la Comisión publicó una Comunicación sobre la buena gobernanza fiscal en la UE y más allá de sus fronteras , para mejorar la buena gobernanza fiscal dentro y fuera de su territorio.

2.1.7 La Comisión toma nota de que el plan de acción forma parte de un programa fiscal más amplio y ambicioso para la UE que, en un futuro próximo, incluirá iniciativas en los siguientes ámbitos: i) la fiscalidad medioambiental; ii) una reforma del impuesto de sociedades con el fin de reorientar las potestades tributarias a la creación de valor y fijar un nivel mínimo de tributación eficaz de los beneficios empresariales; iii) recomienda a los Estados miembros supeditar su apoyo financiero a las empresas en la UE a la ausencia de vínculos entre dichas empresas y los países y territorios ( 11 ) que figuran en la lista de la UE de países y territorios no cooperadores; y, iv) la determinación del modo en que se adoptarán las propuestas sobre fiscalidad mediante el procedimiento legislativo ordinario previsto en el artículo 116 del TFUE.

2.1.8 El CESE ha expresado en numerosos dictámenes su opinión sobre las medidas necesarias para reforzar la eficacia del mercado único, aumentar los recursos propios de la UE e impulsar un debate sobre la votación por mayoría cualificada para asuntos fiscales. El CESE pide ahora que se dé curso con la mayor urgencia posible a las propuestas de la Comisión relativas al paquete de medidas tributarias para una fiscalidad equitativa y sencilla.

2.2. Plan de acción para una fiscalidad equitativa y sencilla

2.2.1 En su Comunicación sobre la simplificación fiscal, la Comisión establece un nuevo enfoque, que combina acciones contra el fraude y la evasión fiscales con medidas destinadas a facilitar la vida al contribuyente. El plan consta de veinticinco acciones, que se llevarán a cabo de manera progresiva en los próximos años hasta 2024 ( 12 )

2.2.2 Se han contemplado acciones específicas en relación con las obligaciones de registro (números de identificación fiscal y del registro del IVA). Un registro eficaz y eficiente se considera esencial para asegurar que los contribuyentes paguen la parte que les corresponde. En consecuencia, la Comisión promueve varias acciones para que las bases de datos que contienen información de los contribuyentes funcionen de forma eficaz y estén siempre actualizadas. También se considera importante que el registro sea sencillo, en especial cuando los contribuyentes se trasladan de un Estado miembro a otro.

2.2.3 Se ha previsto otro conjunto de acciones específicas en relación con las obligaciones de comunicación de información. La comunicación de información por parte de los contribuyentes debe ser lo más eficiente posible y estar basada en la colaboración con las autoridades tributarias. Las declaraciones tributarias deben ser sencillas, requerir la mínima cantidad de datos y presentarse con arreglo a procedimientos sencillos a través de servicios telemáticos de «ventanilla única». Muchos Estados miembros han flexibilizado algunas de las normas relativas al de pago del IVA en respuesta a la pandemia de COVID-19.

2.2.4 Se espera que otras acciones faciliten el pago de impuestos, en concreto, poniendo a disposición de los contribuyentes métodos de pago electrónicos, por ejemplo, mediante aplicaciones para teléfonos inteligentes ( 13 ) . La cuantía del impuesto devengado debe ser correcta desde el principio para evitar, en la medida de lo posible, procedimientos de reembolso onerosos. Cuando las administraciones tributarias prevean devoluciones, deberán tramitarlas rápidamente para evitar a los contribuyentes problemas de tesorería.

2.2.5 Ofrecer seguridad jurídica a los contribuyentes es un objetivo primordial del plan de acción de la Comisión, junto con una gestión eficaz de los litigios que puedan surgir. Los litigios deben evitarse y, cuando se producen, resolverse con rapidez entre los Estados miembros con arreglo a sus ordenamientos jurídicos y al Derecho de la Unión Europea.

2.2.6 La Comisión considera importante ofrecer la oportunidad de corregir o aclarar posibles malentendidos con objeto de evitar que la controversia alcance un nivel superior. Por consiguiente, se aboga por la prevención de litigios, junto con la rápida resolución de casos pendientes, para ahorrar tiempo y dinero tanto a los contribuyentes como a las autoridades tributarias. Algunas partes interesadas han manifestado ya su preferencia por una mayor intervención a nivel de la UE en lo referente a la prevención y resolución de conflictos ( 14 )

2.3. Cooperación administrativa entre autoridades tributarias

2.3.1 En los últimos años, la UE ha centrado sus esfuerzos en combatir el fraude fiscal, la evasión fiscal y los métodos de planificación fiscal agresivos, así como en impulsar la transparencia mediante una cooperación adecuada entre las autoridades tributarias. Aunque se han realizado importantes avances en el intercambio de información, la propuesta de la Comisión subraya la necesidad de seguir mejorando las normas en vigor.

2.3.2 En particular, la Comisión se propone abordar mejor los problemas que plantea la digitalización de la economía, especialmente en lo que se refiere a las plataformas digitales cuya utilización complica la trazabilidad y la detección de los hechos imponibles por parte de las autoridades tributarias ( 15 ) . El problema se agrava cuando tales transacciones se realizan a través de plataformas digitales establecidas en otro Estado miembro o fuera de la UE ( 16 )

2.3.3 Parece haber consenso entre los representantes de los operadores de plataformas digitales en cuanto a los beneficios de contar con un marco jurídico normalizado a escala de la UE para la recopilación de información procedente de las plataformas y sobre las posibles ventajas de una solución similar a una «ventanilla única del IVA».

2.3.4 En cuanto a la cuestión del intercambio de información previa petición, la propuesta de la Comisión se centra en el concepto de pertinencia previsible. El artículo 5 bis incluye una definición de pertinencia previsible que se aplica en el caso de que se presente una solicitud de información y que establece los requisitos habituales y de procedimiento que debe cumplir la autoridad requirente. La solicitud de información puede estar relacionada con uno o varios contribuyentes, siempre que estos se identifiquen individualmente. El criterio de pertinencia previsible no se aplicará cuando las solicitudes de información se envíen como seguimiento del intercambio de información sobre los acuerdos con efecto transfronterizo o los acuerdos previos sobre precios de transferencia.

2.3.5 Antes de solicitar información, la autoridad tributaria está obligada a agotar todas las fuentes habituales de información que puede utilizar para obtener la información solicitada y a recurrir a todos los medios disponibles. Sin embargo, no se aplicará esta obligación cuando al hacerlo la autoridad requirente se enfrente a dificultades desproporcionadas y corra el riesgo de perjudicar la consecución de sus fines. Si la autoridad requirente no cumple con esta obligación, la autoridad requerida podrá negarse a facilitar la información.

2.3.6 La sección II bis establece un marco jurídico para la realización de auditorías conjuntas. Recoge una definición de «auditoría conjunta»: una investigación administrativa llevada a cabo conjuntamente por las autoridades competentes de dos o más Estados miembros. Las autoridades competentes de los Estados miembros implicados proceden de manera coordinada a examinar un caso relacionado con uno o más sujetos tributarios de interés común o complementario para ellas.

2.4. Buena gobernanza fiscal en la UE y fuera de ella

2.4.1 La Comunicación de la Comisión Europea sobre la buena gobernanza fiscal parte del hecho de que una fiscalidad justa es fundamental para el modelo social y económico de la UE y de que la buena gobernanza fiscal es la base de una fiscalidad justa y unos ingresos sostenibles que sustenten dicho modelo ( 17 ) . La Comunicación contiene propuestas para: i) reformar el Código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas; ii) revisar la lista de países y territorios no cooperadores; y iii) promover la buena gobernanza fiscal a escala internacional.

2.4.2 Desde su creación en 1997, el Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas (en adelante, el «Código») ( 18 ) ha sido el principal instrumento de la UE para prevenir la competencia fiscal perniciosa, estableciendo principios de competencia fiscal leal y para determinar si un régimen fiscal es o no pernicioso ( 19 )

2.4.3 A pesar de sus logros, el Código debe modernizarse. La naturaleza y la forma de la competencia fiscal han cambiado sustancialmente en los últimos años debido a la globalización, la digitalización, el creciente papel de las multinacionales en la economía mundial y los complejos programas de incentivación introducidos por algunos Estados miembros.

2.4.4 En concreto, el objetivo de la Comisión es ampliar el ámbito de aplicación del Código a todas las medidas que supongan un riesgo de competencia fiscal desleal. Además, la actualización del Código es necesaria también para garantizar que se examine debidamente el mayor número de casos de presión fiscal muy baja, dentro y fuera de la UE.

2.4.5 Los principios establecidos en el Código figuran entre los criterios utilizados para evaluar a terceros países en el marco de lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales. El propósito de la Comisión es revisar el ámbito geográfico de la lista de la UE, actualizando el cuadro de indicadores original utilizado para seleccionar a los países y territorios que es más pertinente examinar.

2.4.6 En las reflexiones sobre el ámbito geográfico de la lista de la UE también se tendrán en cuenta los criterios que deben cumplir los países o territorios seleccionados. Eliminar cualquier país o territorio que esté actualmente en el ámbito de aplicación de la lista de la UE impactaría en la igualdad de condiciones y socavaría la labor muy positiva que la mayoría de estos países y territorios ya han realizado. No obstante, convendría reflexionar sobre si los criterios de elaboración de la lista de la UE podrían aplicarse de una manera más específica en el caso de determinados países y territorios.

2.4.7 En su diálogo con terceros países —y en sintonía con el enfoque adoptado en la UE—, la Comisión también hará hincapié en los objetivos ambientales, así como en el principio de «quien contamina, paga», que exige poner un precio a los efectos externos negativos. De acuerdo con la Comunicación de la Comisión, los impuestos medioambientales entrañan un potencial aún sin explorar para contribuir a lograr un desarrollo sostenible a escala mundial y unas sociedades más equitativas en los países en desarrollo. La cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil en general podría contribuir a aumentar la sensibilización en este ámbito.

2.4.8 Sobre la base de la relación jurídicamente vinculante existente actualmente entre las normas de buena gobernanza y el uso de fondos de la UE, la Comisión considera que estos fondos podrían aprovecharse mejor para reforzar los principios de buena gobernanza fiscal ( 20 ) . A este respecto, la Comisión insta, asimismo, a los Estados miembros a reflejar los requisitos de la UE en sus políticas nacionales de financiación y en las normas de condicionalidad de sus bancos de fomento y agencias de desarrollo.

2.4.9 La Comisión también formula una recomendación dirigida a los Estados miembros para que supediten su apoyo financiero a la ausencia de vínculos entre las empresas beneficiarias y los países y territorios que figuran en la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales. La Comisión añade, sin embargo, que deberían quedar excluidas las empresas con una presencia económica considerable (respaldada por personal, equipos, activos e instalaciones) en los países y territorios incluidos en la lista. Los esfuerzos de los Estados miembros en este ámbito deberían realizarse de manera coherente con la necesidad de garantizar la equidad tributaria internacional.

3. Observaciones generales y específicas

3.1. Plan de acción para una fiscalidad equitativa y sencilla

3.1.1 El CESE apoya las propuestas legislativas de la Comisión y valora positivamente su coordinación con el diálogo internacional entablado en el Marco Inclusivo de la OCDE con el fin de lograr un consenso mundial ( 21 ) . Hace especial hincapié en que urge llegar a un acuerdo que permita establecer normas uniformes sobre cómo distribuir los beneficios imponibles entre los países a nivel del Marco Inclusivo de la OCDE como consecuencia de la rápida digitalización de las economías y la necesidad de luchar eficazmente contra la elusión fiscal.

3.1.2 El CESE también valora el enfoque regulador adoptado por la Comisión para desarrollar sus propuestas, aplicado en todas las disposiciones legislativas examinadas. El objetivo es mejorar la eficiencia general de los sistemas fiscales, de modo que sean sistemas equitativos que generen los ingresos necesarios para desarrollar políticas públicas y brinden al mismo tiempo oportunidades de empleo y crecimiento.

3.1.3 El CESE comparte la opinión de la Comisión de que el fraude y la evasión fiscales siguen siendo una amenaza para las finanzas públicas, en especial en tiempos de crisis, como demuestran claramente las estimaciones más recientes mencionadas en las propuestas. Según la Comisión, la pérdida de ingresos en la UE como consecuencia de la evasión de impuestos a escala internacional por parte de las personas físicas, incluidos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, los impuestos sobre las rentas del capital, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto de sucesiones, se han estimado, de hecho, en 46 000 millones EUR en 2016. El déficit de recaudación del IVA, a su vez, se estima en unos 140 000 millones EUR, de los cuales 50 000 millones están relacionados con el fraude transfronterizo ( 22 ) . Cada uno de los Estados miembros deberá adoptar medidas significativas para hacer frente a su déficit de recaudación del IVA a escala nacional.

3.1.4 El CESE acoge con satisfacción la reducción del déficit recaudatorio debido a la elusión del impuesto de sociedades, estimado en unos 35 000 millones EUR por año respecto a las estimaciones anteriores de la Comisión de entre 50 000 y 70 000 millones EUR, y la correlación, examinada por la Comisión, entre dicha mejora y los esfuerzos legislativos en materia de elusión fiscal efectuados por la Comisión anterior (más de veinte Directivas fiscales en cinco años) ( 23 )

3.1.5 Con el fin de apoyar plenamente a particulares y empresas en los momentos de dificultad derivados de la crisis de la COVID-19, el CESE insta a la Comisión a seguir trabajando en la reducción de los costes de cumplimiento relacionados con las obligaciones tributarias. Se estima que los costes de cumplimiento de las grandes sociedades representan aproximadamente el 2 % de los impuestos pagados, mientras que en el caso de las pymes el porcentaje se sitúa en torno al 30 %.

3.1.6 Dada la complejidad actual derivada de la existencia de veintisiete sistemas fiscales diferentes y teniendo en cuenta el modo en que tal pluralidad de modelos complica la vida de las empresas y los particulares con actividades transfronterizas, el CESE anima a los Estados miembros a armonizar los requisitos de comunicación de información y a mejorar la cooperación entre las administraciones tributarias. En el ejercicio de su labor renovada y ampliada, el Grupo «Código de Conducta» debería eliminar las medidas fiscales perniciosas para crear una igualdad de condiciones y contribuir, junto con las reformas legislativas, a promover niveles suficientes de convergencia fiscal para evitar la competencia fiscal desleal.

3.1.7 Las veinticinco acciones previstas por la Comisión parecen razonables. El CESE las apoya en líneas general. La mayoría de ellas están relacionadas con el IVA, lo que resulta adecuado habida cuenta de las importantes pérdidas de ingresos en este ámbito. No obstante, estas acciones se describen muy brevemente y sigue siendo difícil, por el momento, evaluar en profundidad su repercusión específica en la actividad cotidiana de los ciudadanos y las empresas europeos. Los Estados miembros deben actuar con decisión para hacer cumplir sus normas nacionales y reducir los problemas nacionales en materia de IVA y, al mismo tiempo, cooperar más estrechamente a escala transfronteriza.

3.1.8 Se acoge muy favorablemente la adopción de un registro único a efectos del IVA mediante una nueva ampliación de la ventanilla única, de manera similar al conjunto de medidas sobre el comercio electrónico. Aunque no se especifica qué sectores estarán cubiertos, la ampliación de la ventanilla única a los artículos 36 a 39 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo ( 24 ) (Directiva sobre el IVA), que abarca la entrega de bienes entre empresas y consumidores, puede considerarse un avance muy significativo. Por ejemplo, la ampliación de este sistema a los suministros transfronterizos de gas, electricidad, calefacción o refrigeración (artículo 39 de la Directiva sobre el IVA) también podría ser útil para profundizar en el mercado energético de la UE y contribuir a la transición energética.

3.1.9 El CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de modernizar y armonizar los requisitos de comunicación de información sobre el IVA recurriendo en mayor medida a la comunicación de información basada en operaciones («en tiempo real») y la facturación electrónica. Gracias a la comunicación de información basada en operaciones, las administraciones tributarias disponen de una visión general completa de las diferentes cadenas de suministro en tiempo real, lo que permite orientar mejor las auditorías y detectar en una fase mucho más temprana el fraude y los comerciantes potencialmente peligrosos. No obstante, los requisitos de comunicación de información deben ser fáciles de cumplir y no deben acarrear importantes costes administrativos ni un gasto en inversión elevado, en particular para las pymes ( 25 ) . Del mismo modo, un mayor uso de la facturación electrónica y una normativa armonizada en esta materia podrían reducir los costes de almacenamiento y cumplimiento para las empresas y mejorar la lucha contra el fraude en el IVA.

3.1.10 El CESE celebra, asimismo, que se vuelva a estudiar si debe aplicarse o no el IVA a los servicios financieros. Muchos negocios se enfrentan a costes adicionales, ya que algunas empresas o instituciones financieras no están obligadas a pagar el IVA. Por otra parte, las entidades exentas no pueden reclamar deducciones por el IVA soportado mientras el valor añadido generado no esté sujeto a IVA. Se trata de un asunto complejo y el CESE espera que se realicen evaluaciones de impacto exhaustivas. El CESE señala que un aumento de los ingresos procedentes del IVA también tendría consecuencias positivas para el presupuesto de la UE.

3.1.11 El CESE toma nota de que los Estados miembros cuentan con la posibilidad de utilizar un sistema de inversión del sujeto pasivo para combatir el fraude del IVA. Esta posibilidad se ha utilizado para luchar contra el fraude en cascada del IVA. El CESE pide a la Comisión que determine cuál es el método más eficaz y con la menor carga administrativa para hacer frente al fraude en cascada.

3.1.12 Las administraciones tributarias confían en que los contribuyentes les faciliten la información correcta, y algunos Estados miembros han implantado regímenes de «cumplimiento cooperativo» para potenciar esta asociación. Por el momento, desafortunadamente, estos regímenes solo funcionan a escala nacional. En vista de ello, el CESE apoya la iniciativa de la Comisión de establecer un «marco de cumplimiento cooperativo a escala de la UE», basado en una mayor confianza y cooperación entre las múltiples administraciones tributarias para resolver las cuestiones transfronterizas relativas al impuesto de sociedades. Es importante que, en este marco, las pymes reciban el mismo trato que las empresas de mayor tamaño.

3.1.13 No obstante, aún no está claro cómo funcionará en la práctica este marco de cumplimiento cooperativo a escala de la UE. El CESE tiene verdadero interés por evaluar esta iniciativa y ofrecer su contribución constructiva durante el proceso de desarrollo y aplicación.

3.1.14 En cuanto a la primera evaluación, el diálogo preventivo para resolver los conflictos fiscales transfronterizos previsto por la Comisión parece una iniciativa útil y positiva, teniendo en cuenta también que ha sido una petición de la comunidad empresarial desde hace tiempo. Se acogería muy favorablemente la adopción de un enfoque armonizado por parte de varios Estados miembros, aunque queda por ver cómo se aplicaría en la práctica dicho enfoque a partir del actual escenario regulador de carácter heterogéneo ( 26 )

3.1.15 La cuestión del reembolso de impuestos siempre ha sido crucial, en particular en tiempos de crisis como los que se viven actualmente, que implican un alto riesgo tanto para particulares como empresas de sufrir escasez de liquidez. Durante la pandemia de COVID-19, varios países aumentaron la velocidad con la que se abonaban las devoluciones y reembolsos del IVA, en general con el fin de garantizar que las empresas tuvieran suficiente efectivo para hacer frente a una situación económica perturbadora y sin precedentes.

3.1.16 Dado que algunas empresas están sufriendo ya problemas de liquidez, es posible que las facturas se vayan a pagar con retraso o incluso que no se vayan a pagar, por lo que aquellas que cobraron el IVA en sus facturas tienen que presentar el importe a la administración tributaria en el período de declaración del IVA correspondiente, sin haberlo recibido (la denominada «deuda incobrable»). En este sentido, el CESE también insta a la Comisión Europea a que evalúe cómo puede ponerse en marcha un mecanismo más sencillo y armonizado de desgravación por deudas incobrables del IVA. Este mecanismo debería garantizar que el IVA que las empresas no han podido recaudar de sus clientes, pero que ya han abonado a las autoridades tributarias, pueda ser reclamado a estas de forma rápida y oportuna.

3.1.17 El CESE insta a las administraciones tributarias nacionales a que sigan gestionando los reembolsos con tal rapidez, en relación tanto con los impuestos directos como los indirectos; recomienda la adopción de un enfoque administrativo armonizado en toda Europa, y señala que un sistema común de retención fiscal en origen para las inversiones de cartera transfronterizas sería un primer paso adelante.

3.1.18 El fraude fiscal, la evasión fiscal y los delitos conexos son enjuiciados por los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros en aplicación de una amplia variedad de textos legislativos penales. Sin embargo, estos delitos fiscales presentan, en muchos casos, una dimensión transnacional. El Comité considera importante tener en cuenta este extremo y la estructura de sanciones, en particular en el caso de las auditorías conjuntas entre Estados miembros. Debería llevarse a cabo una evaluación de las consecuencias de la disparidad de sanciones entre los Estados miembros.

3.1.19 El CESE acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión de publicar una Recomendación sobre los derechos que asisten al contribuyente en el mercado único. Si se proporciona a los Estados miembros una visión general de las mejores prácticas en materia fiscal en términos de simplificación y digitalización, se puede contribuir a hacer más fluida la relación entre los contribuyentes y las autoridades tributarias en toda la UE, a fin de reforzar la concienciación fiscal de los ciudadanos y mejorar la recaudación de ingresos. El CESE considera que se trata de un buen ejemplo de iniciativa jurídica no vinculante.

3.2. Cooperación administrativa entre autoridades tributarias

3.2.1 El CESE apoya la decisión de la Comisión de llevar a cabo una intervención de carácter legislativo con el fin de reforzar la cooperación entre las autoridades tributarias y reforzar la armonización de las normas de procedimiento en todo el mercado interior.

3.2.2 La propuesta es plenamente conforme con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TFUE, dado que prevé una intervención del legislador europeo para abordar cuestiones que no pueden ser reguladas de manera adecuada por los Estados miembros.

3.2.3 El CESE apoya la intención de reforzar las competencias de Eurofisc, de modo que se convierta en un centro de referencia en materia de delitos fiscales transfronterizos.

3.2.4 De hecho, la aplicación de las disposiciones de la Directiva ha demostrado que existen discrepancias significativas entre los Estados miembros, ya que algunos están dispuestos a cooperar plenamente e intercambiar información, mientras que otros adoptan un enfoque restrictivo o incluso se niegan a intercambiar información.

3.2.5 El CESE apoya, asimismo, los esfuerzos para aumentar la transparencia fiscal de las plataformas digitales con el fin de prevenir declaraciones de ingresos incoherentes, lo que plantea un alto riesgo de evasión fiscal. A pesar de que algunos Estados miembros han impuesto una obligación de comunicar información mediante su legislación nacional, la experiencia demuestra que las disposiciones nacionales contra la evasión fiscal no siempre son plenamente efectivas, en particular cuando van dirigidas a actividades transfronterizas. Por consiguiente, la seguridad y la claridad jurídicas pueden garantizarse mediante un único conjunto de requisitos de comunicación de información y formularios fiscales aplicables a todos los Estados miembros.

3.2.6 El CESE también acoge favorablemente la proporcionalidad de la propuesta de la Comisión con respecto a la cooperación en relación con los procedimientos entre las autoridades tributarias nacionales, ya que las modificaciones propuestas no parecen ir más allá de lo necesario para lograr el objetivo de un intercambio de información más eficaz y una mejor cooperación administrativa.

3.2.7 El régimen de sanciones aplicable a los operadores de plataformas que incumplan sus obligaciones de declaración, tal establece el artículo 25 bis de la propuesta de séptima Directiva sobre cooperación administrativa, aunque sea competencia nacional, debe aplicarse de la manera más homogénea posible en todos los Estados para garantizar su eficacia.

3.2.8 Dado que las distorsiones en el funcionamiento del mercado interior debidas a los operadores de plataformas se extienden más allá de las fronteras de un único Estado miembro, las normas comunes de la UE constituyen un mínimo necesario para hacer frente a los problemas de forma eficaz. En este sentido, el CESE anima a la Comisión a seguir desarrollando su función y colaboración en el seno de la OCDE en lo que respecta a la digitalización de las economías, con el fin de lograr un enfoque internacional común entre autoridades tributarias para abordar las cuestiones de ámbito mundial.

3.2.9 El artículo 12 bis , apartado 6, establece que las auditorías conjuntas se realizarán con arreglo a los acuerdos sobre procedimiento aplicables en el Estado miembro en el que se lleve a cabo dicha auditoría. Los datos recabados durante la auditoría conjunta deben ser reconocidos mutuamente por todas las autoridades competentes de los Estados miembros participantes.

3.2.10 El CESE subraya que las auditorías conjuntas, que en principio son una herramienta útil y muy eficaz, deben realizarse respetando los derechos fundamentales de los contribuyentes y observando rigurosamente los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ( 27 ) en relación con los derechos de la defensa y la previsibilidad de las normas tanto sustantivas como procesales que les atañen, así como el principio en materia de administración de la prueba por parte de las autoridades tributarias competentes con vistas a posibles sanciones.

3.2.11 En particular, el conjunto de datos que han de intercambiarse y transmitirse las administraciones tributarias debe definirse de tal manera que recaben solo los datos mínimos necesarios para detectar los incumplimientos debidos a la escasez de comunicación de información o a la no comunicación de la misma, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el RGPD ( 28 ) , que deben interpretarse y aplicarse con rigor. Cualquier posible repercusión negativa en los datos personales se reducirá al mínimo gracias a las TIC y a las medidas de procedimiento adecuadas en relación específicamente con su recogida, elaboración y posterior almacenamiento.

3.2.12 El CESE subraya que, de conformidad con las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), las solicitudes en grupo deben estar debidamente motivadas y utilizarse con cautela para no vulnerar los derechos de personas físicas y jurídicas y no dar lugar a las denominadas «búsquedas aleatorias de indicios».

3.2.13 El CESE anima a la Comisión a proseguir su evaluación de la eficacia de Directivas anteriores relativas a la cooperación administrativa ( 29 )

3.3. Buena gobernanza fiscal en la UE y fuera de ella

3.3.1 El CESE está de acuerdo con el enfoque de la Comisión de que la buena gobernanza fiscal, en la que se asienta la equidad tributaria, pasa por la transparencia fiscal basada en el intercambio de información entre autoridades tributarias, la prevención de una competencia fiscal desleal, la ausencia de medidas fiscales perniciosas y la aplicación de normas acordadas internacionalmente. También coincide con el Parlamento Europeo en que la UE debe dar pasos firmes para hacer frente a la competencia fiscal perniciosa y la planificación fiscal agresiva, sobre todo en los paraísos fiscales.

3.3.2 El CESE respalda la iniciativa de la Comisión de revisar el Código de Conducta y se congratula de que la propuesta de la Comisión tenga debidamente en cuenta la labor de la OCDE y la importancia de adoptar normas acordadas a escala internacional, en especial en lo que respecta a unos principios mundiales que permitan establecer un tipo impositivo mínimo efectivo para el impuesto sobre sociedades.

3.3.3 El CESE considera que el resultado y los logros del Código de Conducta deben actualizarse con mayor periodicidad y ponerse a disposición de la sociedad civil, en consonancia con el objetivo de la Comisión de que la actividad y los resultados concretos del Código sean más transparentes.

3.3.4 El enfoque de la Comisión parte de la premisa de que la competencia fiscal no es un problema en sí misma. ( 30 ) No obstante, al mismo tiempo, la Comisión y el Parlamento Europeo han expresado en numerosas ocasiones su preocupación por la existencia de una competencia fiscal desleal en la UE, lo cual favorece la elusión fiscal. El Comité considera que se requiere una labor seria que permita resolver este complejo problema. En un Dictamen ( 31 ) reciente, el Comité propone poner en marcha un Pacto europeo para luchar eficazmente contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales y el blanqueo de capitales. Además, el CESE hace un llamamiento a la Comisión Europea para que impulse una iniciativa política que permita a los gobiernos y a las demás instituciones europeas contribuir a la consecución de este objetivo, promoviendo el consenso necesario para ello y asociando a la sociedad civil. La cooperación entre los Estados miembros debería ser el pilar principal del Pacto.

3.3.5 El CESE también es partidario de la opción normativa consistente en ampliar el ámbito de aplicación del Código de Conducta en la UE con el fin de abarcar otras medidas que incidan en la competencia fiscal leal. Mientras tanto, se hace esperar una actualización que permita garantizar que se examinan los regímenes que dan lugar a una presión fiscal muy baja o nula dentro o fuera de la UE. Sin embargo, el Código es un instrumento no vinculante que debe abordar las cuestiones que la legislación europea no regula.

3.3.6 La Comisión sostiene que también es necesario que el proceso de inclusión en la lista sea más claro para terceros países, impulsando la transparencia sobre por qué se incluye o no un país o territorio en la lista. Sería útil una mayor armonización de las normas adoptadas por los Estados miembros y una mejor coordinación entre las listas nacionales y la lista de la UE, ya que la UE y varios Estados miembros se rigen por normas divergentes, lo que puede crear confusión.

3.3.7 La Comisión también evalúa la llamada lista negra de paraísos fiscales, en vigor desde 2017, y ha examinado cientos de regímenes fiscales perniciosos en todo el mundo; además, muchos territorios incluidos en la lista se han comprometido ante el Consejo a abordar las preocupaciones relativas a la competencia fiscal desleal y la falta de transparencia. El CESE comparte la opinión de la Comisión relativa a la necesidad de revisar la lista y ver cómo puede ser más eficaz y justa, teniendo en cuenta los nuevos retos de una economía digitalizada mundial. El CESE apoya, asimismo, el criterio de la Comisión de ofrecer a los territorios de bajo riesgo y baja capacidad la oportunidad de mejorar sus normas de buena gobernanza y transparencia en el ámbito fiscal en un plazo razonable, cuando se les incluya en la lista o puedan ser incluidos en ella.

Bruselas, 24 de febrero de 2021. La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo Christa SCHWENG

(1) «El Código [de Conducta] parte de la premisa de que, si bien la competencia fiscal entre países no es problemática en sí misma, es necesario que existan principios comunes que establezcan en qué medida los Estados pueden utilizar sus regímenes y políticas fiscales para atraer empresas y obtener beneficios. Esto es especialmente importante en el mercado único, donde las libertades del Tratado aumentan la movilidad de beneficios e inversiones» [COM(2020) 313 final, p. 3].

(2) Véase, asimismo, «Brecha del IVA: En 2018, los países de la UE perdieron 140 000 millones EUR en ingresos procedentes del IVA, y la pérdida prevista en 2020 es mayor debido al coronavirus»

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1579

(3) COM(2020) 312 final, p. 5. Existen otras estimaciones, por ejemplo del Parlamento Europeo, según las cuales las pérdidas derivadas de la delincuencia financiera, la evasión fiscal y la elusión fiscal ascenderían a 190 000 millones EUR. Sobre la base de la amplia labor realizada por la OCDE en el informe sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) —acción 11—, la pérdida de ingresos global antes de la adopción de las medidas contra la BEPS se elevó a entre 100 000 y 240 000 millones USD, lo que representa el 0,35 % del PIB mundial. La Comisión Europea estimó que podía atribuirse a la UE un importe de entre 50 000 y 70 000 millones EUR antes de que los Estados miembros acordaran las Directivas I y II relativas a la lucha contra la elusión fiscal.

(4) La Comisión presentó veinte propuestas legislativas de gran calado durante su anterior mandato quinquenal.

(5) Véase el Dictamen del CESE sobre La lucha contra el fraude fiscal, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales (DO C 429 de 11.12.2020, p. 6).

(6) Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2019-2024

(7) Véanse los documentos COM(2020) 312 final, COM(2020) 313 final y COM(2020) 314 final

(8) Véase el Dictamen del CESE sobre La lucha contra el fraude fiscal, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales (DO C 429 de 11.12.2020, p. 6).

(9) Véase el documento COM(2020) 312 final. Véase, asimismo, el Dictamen del CESE sobre Mecanismos fiscales para reducir las emisiones de CO2 (DO C 364 de 28.10.2020, p. 21).

(10) Véase el documento COM(2019) 640 final

(11) Esta disposición se refiere a los países y territorios enumerados en el anexo I de las correspondientes Conclusiones del Consejo. La lista se actualiza periódicamente: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en

(12) Estas acciones se enumeran en el documento COM(2020) 312 final

(13) Comisión Europea (2018) — Study on tax compliance costs for SMEs (Estudio sobre los costes de cumplimiento de la normativa tributaria para las pymes).

(14) Respuestas a la consulta pública sobre la evaluación de la Directiva relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, resumidas en el anexo 2 del Documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado Evaluation of the Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC (Evaluación de la Directiva 2011/16/UE del Consejo relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE) [SWD(2019) 328 final].

(15) Se han formulado solicitudes para que se imponga la obligación de registro en cada Estado miembro, lo que aumentaría la carga administrativa y haría más difícil para las pymes ampliar sus actividades a otros países y sectores.

(16) Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad [COM(2020) 314 final].

(17) Comunicación sobre la buena gobernanza fiscal en la UE y más allá de sus fronteras [COM (2020) 313 final].

(18) Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo de 1 de diciembre de 1997 relativa a un Código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas (DO C 2 de 6.1.1998, p. 2).

(19) La posición de la Comisión sobre la competencia fiscal perniciosa frente a la competencia fiscal leal ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Al presentar el proyecto de Directiva relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, la Comisión subrayó que una competencia fiscal leal basada en los tipos brindaba mayor transparencia, por lo que debía fomentarse [COM(2011)121 final, p. 4]. En la Comunicación sobre la buena gobernanza fiscal, presentada en 2020, la competencia fiscal no se considera problemática en sí misma, pero se consideran necesarios unos principios comunes que establezcan en qué medida los Estados miembros pueden utilizar sus regímenes fiscales [COM(2020) 313 final, p. 3]. Por lo tanto, resulta razonable concluir que existe una sana competencia fiscal, por un lado, y una competencia fiscal perniciosa y desleal, por otro. Incumbe a los Estados miembros determinar sus regímenes fiscales, pero deben hacerlo de manera abierta y transparente, ateniéndose al Tratado y absteniéndose de adoptar normas perniciosas y discriminatorias. La UE y los Estados miembros deben velar por el buen funcionamiento del mercado único, así como un grado de convergencia suficiente, también en materia fiscal.

(20) Varios instrumentos de financiación impiden financiar proyectos que contribuyan a la elusión fiscal. Véase el Reglamento Financiero, el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y el mandato de préstamo exterior (MPE). Véase la Comunicación de la Comisión sobre nuevos requisitos contra la elusión fiscal en la legislación de la UE que regula, en particular, las operaciones de financiación e inversión [C(2018) 1756, 21.3.2018].

(21) Véanse los Dictámenes del CESE sobre La lucha contra el fraude fiscal, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales (DO C 429 de 11.12.2020, p. 6); La fiscalidad de la economía digitalizada (DO C 353 de 18.10.2019, p. 17), y la Imposición de los beneficios generados por las multinacionales a través de la economía digital (DO C 367 de 10.10.2018, p. 73).

(22) Véase, asimismo, «Brecha del IVA: En 2018, los países de la UE perdieron 140 000 millones EUR en ingresos procedentes del IVA, y la pérdida prevista en 2020 es mayor debido al coronavirus»

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1579.

(23) Existen otras estimaciones, por ejemplo del Parlamento Europeo, según las cuales las pérdidas derivadas de la delincuencia financiera, la evasión fiscal y la elusión fiscal ascenderían a 190 000 millones EUR. Sobre la base de la amplia labor realizada por la OCDE en el informe sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) —acción 11—, la pérdida de ingresos global antes de la adopción de las medidas contra la BEPS se elevó a entre 100 000 y 240 000 millones USD, lo que representa el 0,35 % del PIB mundial. La Comisión Europea estimó que podía atribuirse a la UE un importe de entre 50 000 y 70 000 millones EUR antes de que los Estados miembros acordaran las Directivas I y II relativas a la lucha contra la elusión fiscal.

(24) Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006 , relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1).

(25) Hay muchos buenos ejemplos de cómo los países han reducido su déficit recaudatorio en materia de IVA, entre ellos, la reforma acometida en Estonia en 2014.

(26) Véase el Dictamen del CESE sobre el tema Iniciativa para mejorar los mecanismos de resolución de los litigios de doble imposición (DO C 173 de 31.5.2017, p. 29).

(27) Véase la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO C 202 de 7.6.2016, p. 389).

(28) Documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Evaluation of the Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC» (Evaluación de la Directiva 2011/16/UE del Consejo relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE) [SWD(2019) 328 final] (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

(29) SWD(2019) 327 final.

(30) Es evidente que la Comisión, al igual que la OCDE, distingue entre una sana competencia fiscal de carácter transparente y una competencia fiscal perniciosa y desleal.

(31) Véase el Dictamen del CESE sobre La lucha contra el fraude fiscal, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales (DO C 429 de 11.12.2020, p. 6).