Tal como se estableció en el plan de acción de junio de 2015, las empresas que se benefician del mercado único y generan beneficios deberían pagar los impuestos sobre esos beneficios en la UE, donde se desarrolle la actividad. No obstante, es evidente que algunas empresas han roto este vínculo al trasladar los beneficios de donde se generan a Estados miembros que ofrecen tipos impositivos bajos y regímenes preferenciales, y a terceros países, sin vínculos con el lugar de la actividad económica real. Algunos de los incentivos ofrecidos a determinadas empresas pueden infringir las normas sobre ayudas estatales de la UE y pueden abordarse a través del control de las ayudas estatales. La Comisión se ha mostrado activa a la hora de perseguir los asuntos en los que se han infringido estas normas. Al mismo tiempo, sin embargo, las estrategias de planificación fiscal agresiva se aprovechan con frecuencia de problemas sistémicos más amplios, tales como las discordancias existentes entre las legislaciones fiscales nacionales, así como de la actual legislación del impuesto de sociedades de la UE, para pagar un bajo nivel de impuestos (o no pagarlos) en el lugar en el que se generaron los beneficios. El Parlamento Europeo, muchos Estados miembros y partes interesadas han exigido un cambio, por lo que en el plan de acción de junio fue fundamental un compromiso para garantizar la imposición efectiva de los beneficios en la UE.

La UE tiene a su disposición varios medios para hacer avanzar esta agenda y ya se han logrado avances sobre una serie de iniciativas para garantizar la imposición efectiva de los beneficios en el mercado único.

Las nuevas directrices G20/OCDE sobre precios de transferencia deben contribuir a vincular los beneficios a las actividades económicas que los generan. La Comisión revisó el mandato del Foro conjunto sobre precios de transferencia (FCPT), que participa ya plenamente en el examen sobre la mejor forma de aprovechar el trabajo BEPS del G20/OCDE a fin de desarrollar una aplicación más eficaz y coherente de las normas en la UE, reflejando el mercado único. El FCPT ha demostrado repetidamente ser capaz de aportar soluciones pragmáticas a los problemas globales planteados por las prácticas en materia de precios de transferencia en la UE, y debe seguir aportando resultados. La Comisión supervisará la aplicación por los Estados miembros de las nuevas normas y estudiará si son necesarias normas más estrictas para impedir las manipulaciones.

El Grupo «Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas» ha establecido un proceso de seguimiento que garantizará que los Estados miembros apliquen el enfoque revisado relativo al régimen de incentivos «casilla de patentes». Si los Estados miembros no aplican adecuadamente el nuevo enfoque, la Comisión considerará la posibilidad de introducir legislación para garantizar su correcta aplicación.

Los ministros de Hacienda de la UE han debatido la tributación efectiva y acordado concentrar esfuerzos a corto plazo sobre una nueva cláusula contra las prácticas abusivas en la Directiva sobre intereses y cánones. Las tareas continuarán y la Comisión confía en que pueda alcanzarse un acuerdo.

Europa tiene ahora la oportunidad de avanzar en algunos ámbitos y tomar medidas en relación con otras estructuras de planificación fiscal agresiva que se han tratado en la OCDE y en el debate interinstitucional. Estas estructuras se comentan con más detalle en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a este paquete y en el estudio de la Comisión sobre la planificación fiscal agresiva. La OCDE y otras instituciones de la UE han señalado las siguientes posibles medidas adicionales que podrían contribuir a luchar contra la planificación fiscal abusiva:

limitar la deducción de intereses, uno de los principales instrumentos para el traslado de beneficios;

eliminar las repercusiones negativas de las asimetrías híbridas, para que no den lugar a una doble no imposición;

fortalecer la normativa sobre sociedades extranjeras controladas, para garantizar que los beneficios depositados en países con un nivel impositivo bajo o nulo se graven realmente;

reforzar las normas relativas a la forma en que los activos se gravan en el momento de su traslado a otro Estado (imposición de salida);

denegar la exención de determinados ingresos de las empresas transfronterizas en ausencia de una tributación efectiva en el otro Estado (cláusulas de inversión);

introducir una norma general antifraude a escala de la UE; y

modificar la normativa para hacer más difícil que las empresas eviten artificialmente tener presencia fiscal en los Estados miembros o hacer un uso abusivo de los convenios fiscales (establecimiento permanente y uso abusivo de los convenios).

Un planteamiento a escala de la UE respecto de dichas medidas reforzaría el vínculo entre la generación de beneficios y la tributación en la UE. Como consecuencia de ello, desde la publicación del plan de acción, los debates del Consejo se han centrado en la búsqueda de una solución común a estas cuestiones, y los Estados miembros han hecho grandes progresos. Estos debates se han reforzado por la publicación de los informes BEPS, que están vinculados a varias de estas acciones.

La Comisión está convencida de que las soluciones comunes que se están debatiendo en el Consejo reforzarían considerablemente la capacidad de los Estados miembros para hacer frente a la planificación fiscal agresiva a la espera del resultado de la BICCIS. En el plan de acción de junio se señalaba que la Comisión garantizaría que el consenso sobre estos elementos podría hacerse jurídicamente vinculante. El presente paquete incluye, por lo tanto, una Directiva relativa a la lucha contra la elusión fiscal, con lo que se cumple esa promesa presentando una propuesta legislativa para aquellos elementos que pueden implantarse en la legislación nacional, antes del acuerdo y la introducción de la BICCIS. Se responde también a las resoluciones del Parlamento Europeo en las que se invitaba a la Comisión a presentar propuestas legislativas sobre estas medidas contra la elusión fiscal.

Algunas cuestiones, sin embargo, no serían adecuadas para una directiva independiente. En particular, las relacionadas más bien con los convenios fiscales no se han incluido en la Directiva. No obstante, ahora se necesita un planteamiento coordinado para evitar efectos negativos. Por ello, la Comisión presenta una Recomendación sobre la aplicación de medidas relativas a los establecimientos permanentes, así como al informe G20/OCDE sobre el uso abusivo de los convenios. En este contexto, a la Comisión le preocupa que el informe G20/OCDE incluya cláusulas de limitación de beneficios como opción, aunque se reconozca que puede no ser adecuado en todas las regiones. Estas cláusulas limitan los beneficios de los convenios fiscales a las entidades propiedad de residentes de un solo Estado miembro y, por lo tanto, pueden considerarse perjudiciales para el mercado único al desincentivar la inversión transfronteriza. Estas normas pueden resultar problemáticas para la Unión de los Mercados de Capitales. Cuando los Estados miembros incluyen normas basadas en la opción G20/OCDE de prueba del propósito principal en sus convenios fiscales, deben hacerlo de un modo conforme con el Derecho de la UE. A tal efecto, se anima a los Estados miembros a utilizar el texto adicional incluido en la Recomendación.

El paquete de medidas contra la elusión fiscal incluye también una Comunicación que expone los pasos que deben darse para adoptar un enfoque más coordinado de la UE con respecto a los terceros países en materia fiscal. Servirá de complemento a las medidas contra la elusión fiscal ya previstas. La Comunicación examina la manera en que la UE puede promover mejor las normas internacionales de buena gobernanza fiscal a escala mundial y seguir apoyando a países terceros en el cumplimiento de estas normas.

Asimismo, presenta criterios actualizados de buena gobernanza de la UE, en consonancia con la reciente evolución de la situación internacional, en los que deben asentarse todas las políticas exteriores de la UE en materia fiscal. Pretende mejorar la utilización de los acuerdos internacionales de la UE para promover la buena gobernanza fiscal y defiende un mayor apoyo a los países en desarrollo en el ámbito de la fiscalidad de las empresas.

En consonancia con el compromiso asumido en el plan de acción de junio de 2015, la Comunicación detalla también un nuevo procedimiento de la UE para evaluar y establecer las listas de terceros países a efectos fiscales. Esto refleja muchas de las medidas que las comisiones TAXE y ECON del Parlamento Europeo definieron como esenciales para la lucha contra la planificación fiscal agresiva en la que participan terceros países.

5.Transparencia: garantizar el acceso efectivo a la información fiscal