Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la protección de los derechos a pensión complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia que se desplazan dentro de la Unión Europea (98/C 5/04) (Texto pertinente a los fines del EEE) COM(97) 486 final - 97/0265(CNS)

(Presentada por la Comisión el 19 de noviembre de 1997)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 51 y 235,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

Considerando que una de las libertades fundamentales de la Comunidad es la libre circulación de las personas; que el Tratado prevé que el Consejo adopte por unanimidad, en el ámbito de la seguridad social, las medidas necesarias para el establecimiento de la libre circulación de los trabajadores;

Considerando que la seguridad social de los trabajadores está garantizada por los regímenes legales de seguridad social y por los regímenes complementarios de seguridad social;

Considerando que la legislación ya aprobada por el Consejo con vistas a proteger los derechos a la seguridad social de los trabajadores que se desplazan dentro de la Comunidad y de los miembros de su familia, y más concretamente los Reglamentos (CEE) n° 1408/71 (1) y 574/72 (2), sólo se refieren a los regímenes legales de pensión;

Considerando que el Consejo Europeo reunido en Amsterdam los días 16 y 17 de junio de 1997 reafirmó la importancia que concede al buen funcionamiento del mercado interior como elemento esencial de la estrategia global destinada a promover la competitividad, el crecimiento económico y el empleo en toda la Unión Europea;

Considerando que, a tal efecto, en su Resolución sobre el crecimiento y el empleo (3), el Consejo Europeo en dicha reunión acordó medidas concretas para lograr el máximo progreso en la realización del mercado interior: dar una mayor efectividad a las normas, hacer frente a las principales distorsiones del mercado que aún subsisten, evitar una competencia fiscal nociva, suprimir los obstáculos sectoriales a la integración de los mercados y establecer un mercado interior en beneficio de todos los ciudadanos;

Considerando que, en su Recomendación 92/442/CEE, de 27 de julio de 1992, relativa a la convergencia de los objetivos y políticas de protección social (4), el Consejo recomienda, en la letra h) del punto 5 la sección I.B, a los Estados miembros «favorecer, cuando sea necesario, la adecuación de las condiciones de adquisición de los derechos a las pensiones de jubilación, en particular, a las pensiones complementarias, con objeto de eliminar los obstáculos a la movilidad de los trabajadores por cuenta ajena»;

Considerando que este objetivo sólo puede alcanzarse si los derechos a pensión complementaria están protegidos de forma adecuada cuando el trabajador se desplaza de un Estado miembro a otro;

Considerando que la libertad de circulación de las personas, que es una de las piedras angulares de la Comunidad, no se limita a los trabajadores por cuenta ajena, sino que también se extiende a los trabajadores por cuenta propia en el marco de la libertad de establecimiento y de la libertad de prestación de servicios;

Considerando que, con vistas a hacer efectivo el ejercicio del derecho a la libre circulación, los trabajadores deberían tener ciertas garantías en cuanto al mantenimiento de sus derechos adquiridos en virtud de regímenes complementarios de pensión;

Considerando que los Estados miembros deberían adoptar las medidas necesarias para garantizar el pago, con arreglo a los regímenes complementarios de pensión, de las prestaciones a los afiliados, a los miembros de su familia y a sus supervivientes en todos los Estados miembros, dado que todas las restricciones a la libre circulación de los pagos y de los capitales están en lo sucesivo prohibidas en virtud del artículo 73 B del Tratado;

Considerando que al objeto de facilitar el ejercicio del derecho a la libre circulación, deberían adaptarse las reglamentaciones nacionales para que las cotizaciones puedan seguir siendo pagadas a un régimen complementario de pensión establecido en un Estado miembro por los trabajadores desplazados, durante un breve período de tiempo, en otro Estado miembro, o en nombre de ellos;

Considerando que, a este respecto, el Tratado no sólo exige la abolición de toda discriminación basada en la nacionalidad, sino también la eliminación de toda medida nacional que pueda obstaculizar o hacer menos interesante el ejercicio, por los trabajadores, de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado según la interpretación dada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en sucesivas sentencias;

Considerando que, en el ámbito limitado de los trabajadores desplazados, la presente Directiva se entiende sin perjuicio de la necesidad de hallar una solución adecuada al problema más amplio de la imposición de las pensiones complementarias dentro de la Comunidad;

Considerando que los trabajadores que ejercen su derecho a la libre circulación deberían ser convenientemente informados por los gestores de los regímenes complementarios de pensión, en particular por lo que se refiere a las opciones y alternativas que se les ofrecen;

Considerando que la presente Directiva se entiende sin perjuicio de la aplicabilidad a los regímenes complementarios de pensión de las normas del mercado interior y las normas de competencia del Tratado;

Considerando que, debido a la diversidad de los regímenes complementarios de seguridad social, la Comunidad debería limitarse a fijar un marco general de objetivos, dejando a los Estados miembros la libertad de elegir los medios para llevar a cabo estos objetivos;

Considerando que, para alcanzar tales objetivos, los Estados miembros deben adaptar su legislación nacional y que, por ello, una directiva es el instrumento jurídico apropiado;

Considerando que, de acuerdo con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, tal como se definen en el artículo 3 B del Tratado, los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel comunitario; que la presente Directiva se limita al mínimo requerido para alcanzar estos objetivos y no excede de lo necesario a tal fin,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I Objetivo y ámbito de aplicación

Artículo 1

El objetivo de la presente Directiva es velar por que se protejan de manera adecuada los derechos, ya adquiridos o en vías de adquisición, de los afiliados a regímenes complementarios de pensión que se desplacen de un Estado miembro a otro. Esta protección se refiere, en particular, al mantenimiento de los derechos a pensión en virtud de regímenes complementarios, tanto voluntarios como obligatorios, a excepción de los regímenes ya cubiertos por el Reglamento (CEE) n° 1408/71.

Artículo 2

La presente Directiva se aplicará a los afiliados a regímenes complementarios de pensión, que hayan adquirido o estén en vías de adquirir derechos en uno o varios Estados miembros, así como a los miembros de su familia y a sus supervivientes.

CAPÍTULO II Definiciones

Artículo 3

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) «pensión complementaria», las prestaciones de invalidez, jubilación y supervivencia destinadas a completar o sustituir las prestaciones de los regímenes legales de seguridad social para los mismos riesgos;

b) «régimen complementario de pensión», todo régimen profesional de pensión y cualquier dispositivo de carácter colectivo que persiga el mismo fin, como los contratos de seguros de grupo, los regímenes por reparto concluidos por rama o sector, los regímenes por capitalización o los compromisos de pensión garantizados por provisiones en el balance de las empresas, destinados a abonar una pensión complementaria a trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia;

c) «régimen complementario de pensión autorizado», un régimen complementario de pensión que, en el Estado miembro en el que se haya establecido, cumple las condiciones requeridas por dicho Estado miembro para la concesión de reducciones fiscales específicas previstas en relación con prestaciones complementarias de pensión;

d) «derechos a pensión», toda prestación a la que tiene derecho un afiliado en virtud de un régimen complementario de pensión;

e) «derechos a pensión adquiridos», todos los derechos a prestaciones obtenidos después de haber cumplido las condiciones mínimas, en particular en materia de período de garantía, requeridas por las normas de un régimen complementario de pensión; «período de garantía», cualquier período que se tenga en cuenta para la admisión a un régimen complementario de pensión y la adquisición de derechos en virtud de este régimen;

f) «trabajador», un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia;

g) «trabajador desplazado», trabajador enviado a trabajar en otro Estado miembro y que, a tenor de lo dispuesto en el título II del Reglamento (CEE) n° 1408/71, sigue estando sujeto a la legislación del Estado miembro de origen; el término «desplazamiento» deberá interpretarse en consecuencia;

h) «Estado miembro de origen», el Estado miembro en el cual el trabajador estuviera empleado inmediatamente antes de su desplazamiento y en el que se ha establecido el régimen complementario de pensión al cual está afiliado;

i) «Estado miembro de recepción», el Estado miembro en el que está desplazado un trabajador.

CAPÍTULO III Medidas de protección de los derechos a pensión complementaria de los trabajadores que se desplazan dentro de la Unión Europea

Artículo 4

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los derechos adquiridos a pensión de los afiliados a un régimen complementario se mantengan cuando los afiliados se desplacen de un Estado miembro a otro. A tal fin, los Estados miembros garantizarán que se asegure el mantenimiento íntegro de los derechos adquiridos a los afiliados para los que ya no se abonen cotizaciones a un régimen complementario de pensión como consecuencia de su desplazamiento de un Estado miembro a otro, a un nivel al menos comparable al nivel del que se benefician los afiliados que dejan de cotizar al régimen pero permanecen en el Estado miembro de que se trate. El presente artículo también será aplicable a los miembros de su familia y a sus supervivientes.

Artículo 5

Los Estados miembros garantizarán que los regímenes complementarios de pensión paguen en otros Estados miembros, a los afiliados a estos regímenes, a los miembros de su familia y a sus supervivientes, la totalidad de las prestaciones que les sean debidas en virtud de estos regímenes.

Artículo 6

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las cotizaciones puedan seguir siendo abonadas a un régimen complementario de pensión establecido en el Estado miembro de origen por un trabajador desplazado que esté afiliado a este régimen, o en su nombre, durante todo el período de desplazamiento en el Estado miembro de recepción.

2. Cuando, en aplicación del apartado 1, continúen pagándose cotizaciones a un régimen complementario de pensión establecido en el Estado miembro de origen, el Estado miembro de recepción las considerará equivalentes a cotizaciones a un régimen complementario de pensión en el Estado miembro de recepción.

Artículo 7

Cuando continúen pagándose cotizaciones, con arreglo al apartado 1 del artículo 6, a un régimen complementario de pensión autorizado, el Estado miembro de recepción, en la medida en que disponga de facultades en materia de imposición, tratará dichas cotizaciones de la misma manera que trataría las cotizaciones pagadas a un régimen complementario de pensión autorizado comparable establecido en el Estado miembro de recepción.

Artículo 8

Los Estados miembros adoptarán medidas para que los responsables de los regímenes complementarios de pensión informen adecuadamente a sus afiliados sobre sus derechos a pensión y las posibilidades que se les ofrecen en virtud del régimen cuando se desplacen a otro Estado miembro.

CAPÍTULO IV Disposiciones finales

Artículo 9

Los Estados miembros podrán prever que las disposiciones del artículo 6 se apliquen solamente a los desplazamientos que comiencen en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva o con posterioridad a ella.

Artículo 10

Los Estados miembros introducirán en su ordenamiento jurídico interno las medidas necesarias para permitir a toda persona que, considerándose perjudicada por la no aplicación de las disposiciones de la presente Directiva, pueda hacer valer sus derechos por vía judicial tras recurrir, si fuere preciso, a otras instancias competentes.

Artículo 11

Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva, y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar su aplicación. Estas sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán estas disposiciones a la Comisión a más tardar 18 meses a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva, así como, con la mayor brevedad, toda modificación ulterior de las mismas.

Artículo 12

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar 18 meses a partir de su entrada en vigor, o garantizarán que, a más tardar, en dicha fecha, los interlocutores sociales introduzcan las disposiciones requeridas por vía de acuerdo. Los Estados miembros están obligados a tomar todas las medidas necesarias a fin de que puedan, en cualquier momento, garantizar los resultados exigidos por la presente Directiva. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Comunicarán a la Comisión el nombre de las autoridades nacionales a las que debe contactarse con respecto a la aplicación de la presente Directiva.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de derecho interno que adopten en el ámbito regido por la presente Directiva en el plazo de dos años a partir de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Los Estados miembros facilitarán, en la misma fecha, un cuadro donde se recojan las disposiciones nacionales preexistentes o las que hayan sido introducidas con el fin de respetar cada disposición de la presente Directiva.

3. A partir de la información facilitada por los Estados miembros, la Comisión elaborará un informe que será presentado al Parlamento Europeo, al Consejo, y al Comité Económico y Social seis años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

El informe se referirá a la aplicación de la presente Directiva y propondrá, cuando proceda, cualquier modificación que resulte necesaria.

Artículo 13

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 14

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

(1) DO L 149 de 5. 7. 1971, p. 2. Reglamento actualizado por última vez por el Reglamento (CE) n° 118/97 (DO L 28 de 30. 1. 1997, p. 1.) y cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1290/97 (DO L 176 de 4. 7. 1997, p. 1).

(2) DO L 74 de 27. 3. 1972, p. 1. Reglamento actualizado por última vez por el Reglamento (CE) n° 118/97 (véase la nota 1 a pie de página).

(3) DO C 236 de 2. 8. 1997, p. 3.

(4) DO L 245 de 26. 8. 1992, p. 49.