[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 6.11.2008

COM(2008) 724 final

2007/0247 (COD)

Propuesta modificada de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas

(presentada por la Comisión)

2007/0247 (COD)

Propuesta modificada de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas

(Texto pertinente a efectos del EEE)

1. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

La Comisión adoptó la propuesta [COM(2007) 697 – 2007/0247 (COD)] el 13 de noviembre de 2007 y la transmitió al Parlamento Europeo y al Consejo el 16 de noviembre de 2007.

El Comité Económico y Social Europeo adoptó su dictamen sobre la propuesta de la Comisión el 29 de mayo de 2008.

El Comité de las Regiones adoptó su dictamen sobre la propuesta de la Comisión el 18 de junio de 2008.

El Parlamento Europeo aprobó 126 enmiendas en primera lectura el 24 de septiembre de 2008.

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA

El objetivo de la propuesta es reajustar el marco regulador de las comunicaciones electrónicas, en particular las Directivas «marco»[1], «autorización»[2] y «acceso»[3], mejorando su eficacia, reduciendo los recursos administrativos necesarios para aplicar la normativa económica y haciendo más sencillo y eficiente el acceso a las radiofrecuencias. Está en consonancia con el programa de la Comisión «legislar mejor», concebido para garantizar que la intervención legislativa guarde proporción con los objetivos políticos perseguidos, y forma parte de la estrategia global de la Comisión para reforzar y completar el mercado interior.

Más específicamente, la propuesta tiene por objeto:

1. Avanzar hacia una gestión más eficiente del espectro, a fin de facilitar el acceso de los operadores al espectro y fomentar la innovación.

2. Garantizar que la regulación, cuando siga siendo necesaria, sea más eficiente y sencilla tanto para los operadores como para las autoridades nacionales de reglamentación (ANR).

3. Dar un paso decisivo hacia una mayor coherencia en la aplicación de las normas comunitarias a fin de llevar a término el mercado interior de las comunicaciones electrónicas.

3. OBJETIVO DE LA PROPUESTA MODIFICADA

La propuesta modificada tiene por objeto adaptar la propuesta original en una serie de aspectos sugeridos por el Parlamento Europeo.

4. OBSERVACIONES SOBRE LAS ENMIENDAS APROBADAS POR EL PARLAMENTO EUROPEO

4.1. Enmiendas aceptadas por la Comisión

La Comisión puede aceptar las enmiendas 12, 16, 19, 24, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 56, 58, 59, 60, 61, 79, 81, 89, 92, 96, 99, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 123 y 124.

4.2. Enmiendas aceptadas por la Comisión parcialmente o a condición de que se modifique su redacción

Por lo que se refiere a la Directiva marco:

Enmiendas 2, 5, 6, 7, 14/rev, 15, 17, 26, 27, 31, 35, 36, 37, 44, 46, 48, 52, 53/rev, 138 (sesión plenaria), 62, 63/rev, 64/rev, 65, 66, 67/rev, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 80, 84, 85 y 86.

– Enmienda 2

La Comisión puede aceptar la inserción de los términos «y coordinada», pero rechaza la supresión de la referencia al Reglamento por el que se crea la Autoridad. Con todo, admite la posibilidad de que la Autoridad acabe teniendo una denominación diferente y, por tanto, ha sustituido las referencias a la Autoridad y al «BERT» (término aprobado por el Parlamento Europeo en primera lectura) por referencias al «[Organismo]» en toda la propuesta modificada.

Considerando 3 del acto modificativo:

«Por consiguiente, debe reformarse el marco regulador de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas de la UE para llevar a término el mercado interior de las comunicaciones electrónicas reforzando el mecanismo comunitario de regulación de los operadores con peso significativo en los mercados clave. Se complementa mediante la creación, por el Reglamento […/… /CE] del Parlamento Europeo y del Consejo(, de [fecha], de un Organismo de Reguladores Europeos de Telecomunicaciones (en lo sucesivo denominado «[el Organismo]»). La reforma incluye también la definición de una estrategia de gestión eficiente y coordinada del espectro, a fin de conseguir un Espacio Único Europeo de la Información, y el refuerzo de las disposiciones relativas a los usuarios con discapacidad, a fin de avanzar hacia una sociedad de la información para todos.»

__________

( DO L […] de […], p. […].

– Enmienda 5

Se adapta el texto de la enmienda para reflejar la necesidad de que las ANR dispongan, en el proceso de toma de decisiones, de un margen adecuado de apreciación en la regulación, teniendo en cuenta las diferentes condiciones de competencia en un Estado miembro.

Considerando 3 quater (nuevo) del acto modificativo:

«Con el fin de asegurar un enfoque proporcionado y adecuado a las diversas condiciones de competencia, las autoridades nacionales de reglamentación deben tener la posibilidad de definir los mercados a una escala subnacional, y aplicar o suspender en consecuencia cualquier obligaci ón ones reglamentaria s en los mercados o ámbitos geográficos en los que exista una verdadera competencia de infraestructuras. Lo anterior debe aplicarse aunque no estén definidos como mercados separados .»

– Enmienda 6

Se modifica ligeramente el texto de la enmienda.

Considerando 3 quinquies (nuevo) del acto modificativo:

« La creación de un marco adecuado para las inversiones en nuevas redes de alta velocidad es fundamental en los próximos años c C on vistas a conseguir los objetivos de la Agenda de Lisboa . es necesario ofrecer incentivos adecuados para inversiones en Las redes de alta velocidad que favorezcan favorecerán la innovación , el desarrollo de en servicios de Internet ricos en contenidos y refuercen reforzarán la competitividad internacional de la Unión Europea , . Dichas redes tienen un enorme potencial para ofrecer ofreciendo beneficios a las empresas y los consumidores europeos en toda la Unión Europea . Por tanto, es de vital importancia promover la inversión sostenible en el desarrollo de estas redes, manteniendo a la vez la competencia e impulsando la variedad de oferta para el consumidor, a través de una reglamentación previsible y coherente.»

– Enmienda 7

El considerando 3 sexies debe mencionar el hecho de que un mejor acceso al espectro radioeléctrico permitirá el desarrollo de redes inalámbricas que ayudarán a superar los desequilibrios en la banda ancha.

Considerando 3 sexies (nuevo) del acto modificativo:

«En su Comunicación de 20 de marzo de 2006 titulada "Superar los desequilibrios en la banda ancha", la Comisión reconoció la existencia de una brecha territorial en la Unión Europea en lo que se refiere al acceso a los servicios de banda ancha de alta velocidad. Un acceso más fácil al espectro radioeléctrico propiciará el desarrollo de servicios de banda ancha de alta velocidad en las regiones más apartadas. A pesar del aumento general de la conectividad en la banda ancha, el acceso a la misma se ve limitado en varias regiones por los costes elevados debidos a la baja densidad de la población y a la lejanía de dichas regiones. Los incentivos comerciales para invertir en el desarrollo de la banda ancha en estas regiones resultan a menudo insuficientes. La innovación tecnológica, no obstante, reduce los costes de instalación. Con el fin de garantizar las inversiones en nuevas tecnologías en las regiones menos desarrolladas, la regulación de las comunicaciones electrónicas debería ser coherente con la adopción de otras medidas políticas, por ejemplo en el ámbito de las ayudas públicas, de los fondos estructurales la política de cohesión o los objetivos de políticas industriales más amplias.»

– Enmienda 14/rev

El texto de la enmienda se modifica ligeramente de conformidad con el objetivo político de que las ANR contribuyan al desarrollo del mercado interior.

Considerando 11 bis (nuevo) del acto modificativo:

« Los mercados nacionales de comunicaciones electrónicas seguirán siendo diferentes en el seno de la UE . Por tanto, e E s esencial que las autoridades nacionales de reglamentación y [el Organismo] el Organismo de Reguladores Europeos en Telecomunicaciones (BERT) dispongan de las competencias y los conocimientos necesarios para construir un mercado interior "ecosistema" de la UE competitivo en materia de mercados y servicios de comunicaciones electrónicas, reconociendo y reconocer , al mismo tiempo, las diferencias nacionales y regionales y respeta ndo r el principio de subsidiariedad.»

– Enmienda 15

El considerando 16 debe también mencionar el hecho de que los servicios de comunicaciones electrónicas contribuyen a otros objetivos importantes, como la cohesión social y territorial.

Considerando 16 del acto modificativo:

«Las radiofrecuencias deben considerarse un recurso público escaso que tiene un valor público y de mercado importante. Es de interés público que el espectro se gestione todo lo eficiente y eficazmente que sea posible desde una perspectiva económica, social y ambiental, teniendo en cuenta el importante papel del espectro radioeléctrico para las comunicaciones electrónicas, los objetivos de diversidad cultural y de pluralismo de los medios de comunicación , y la cohesión social y territorial , . y que Por tanto, deben supriman suprimirse gradualmente los obstáculos que impidan su uso eficiente .»

– Enmienda 17

El considerando 16 ter puede aceptarse en la medida en que la Comisión reconoce la importancia de los acuerdos internacionales y regionales, en particular los acuerdos particulares negociados en el marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Sin embargo, los Estados miembros supeditan siempre la celebración de este tipo de acuerdos internacionales a su compatibilidad con el Derecho comunitario. En segundo lugar, la política de la UE en materia de espectro debe desarrollarse hasta donde lo autoricen las normas de la UIT, es decir, siempre que no se cause ninguna interferencia externa a los países vecinos que no son miembros de la UE. La política de la UE relativa al espectro podría desarrollarse de forma que la UE y los Estados miembros se reserven un margen de maniobra para organizar el uso del espectro y su política en este ámbito. Por otra parte, se reconoce el trabajo de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) como base para la armonización técnica en el marco de la Decisión sobre el espectro radioeléctrico. Por consiguiente, los términos utilizados deben reflejar este margen de discrecionalidad.

Considerando 16 ter (nuevo) del acto modificativo:

«Las disposiciones relativas a la gestión del espectro de la presente Directiva deben ser coherentes con tener en cuenta, en la medida en que sea compatible con el Derecho comunitario, el trabajo de las organizaciones internacionales y regionales que se ocupan de la gestión del espectro radioeléctrico, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT), con el fin de asegurar la gestión eficiente y la armonización del uso del espectro en toda la Comunidad y en el plano mundial.»

– Enmienda 26

Se modifica ligeramente el texto de la enmienda conforme a la propuesta sobre las competencias del [Organismo].

Considerando 29 del acto modificativo:

« A fin de promover el funcionamiento del mercado interior y de respaldar el desarrollo de los servicios transfronterizos, la Comisión debe poder consultar al BERT en el ámbito de la numeración . Por otra parte, Para que los ciudadanos de los Estados miembros, incluidos los viajeros y los usuarios con discapacidad, puedan acceder a ciertos servicios utilizando los mismos números reconocibles a precios similares en todos los Estados miembros, las competencias de la Comisión para adoptar medidas técnicas de ejecución deben incluir, cuando resulte necesario, el principio o mecanismo de tarificación aplicable , así como la creación de un número de llamada europeo único que asegure un fácil acceso de los usuarios a dichos servicios.»

– Enmienda 27

Se ha modificado el texto del considerando 31 para introducir una distinción entre el uso compartido de instalaciones en el contexto de la regulación simétrica y en el contexto de la regulación asimétrica (peso significativo en el mercado).

El texto de esta modificación del considerando 31, en lo que respecta a la distribución del riesgo, tiene en cuenta el contenido de la enmienda 102 y debe leerse en relación con las modificaciones introducidas en la enmienda 101.

Considerando 31 del acto modificativo:

«Es necesario reforzar las competencias de los Estados miembros en relación con los titulares de derechos de paso para garantizar que la entrada o el despliegue de la infraestructura de las nuevas redes se haga de manera equitativa, eficiente y respetando el medio ambiente y con independencia de la eventual obligación de un operador con peso significativo en el mercado de facilitar el acceso a su red de comunicaciones electrónicas. Las autoridades nacionales de reglamentación deben poder imponer, caso por caso, el uso compartido de elementos de la red y recursos asociados como los conductos, mástiles y antenas, la entrada en los edificios y una mejor coordinación de las obras civiles. Un mejor uso compartido de los recursos puede mejorar significativamente la competencia y rebajar los costes financieros y ambientales para las empresas del despliegue de las infraestructuras de comunicaciones electrónicas, en particular de para las nuevas redes de acceso de fibra óptica . Las autoridades nacionales de reglamentación deben estar facultadas para imponer a los operadores con un peso significativo en el mercado la obligación de proporcionar Estas competencias reforzadas no deben afectar a las competencias más generales de las autoridades nacionales de reglamentación de imponer requisitos adicionales a los operadores con un peso significativo en el mercado, que podrán extenderse al uso compartido de fibra oscura y al suministro de una oferta de referencia para la concesión de acceso a los recursos, entre ellos sus conductos, de manera equitativa y no discriminatoria .»

– Enmienda 31

Es necesario subrayar el carácter excepcional de la solución, la necesidad de preservar los incentivos para la inversión y el objetivo principal de proteger el bienestar de los consumidores.

Considerando 43 del acto modificativo:

«La finalidad de la separación funcional, en virtud de la cual se exige que el operador integrado verticalmente establezca entidades empresariales operativamente separadas, es garantizar el suministro de productos de acceso plenamente equivalentes a todos los operadores que actúan en los mercados posteriores, incluidas las propias divisiones del operador integrado verticalmente. La separación funcional puede tener la capacidad de mejorar la competencia en varios mercados pertinentes al reducir significativamente el incentivo para la discriminación y facilitar la comprobación y exigencia del cumplimiento de las obligaciones de no discriminación. En casos excepcionales, puede justificarse como solución, cuando reiteradamente no haya podido conseguirse la no discriminación efectiva en varios de los mercados afectados, y cuando la perspectiva de una competencia en las infraestructuras en un plazo razonable sea escasa o nula después del recurso a una o más soluciones que se consideraron antes apropiadas. No obstante, es muy importante garantizar que su imposición mantenga los incentivos de la empresa afectada para invertir en su red y no comporte efectos negativos potenciales sobre el bienestar del consumidor. Para evitar falseamientos de la competencia en el mercado interior, las propuestas de separación funcional deben ser aprobadas previamente por la Comisión.»

– Enmienda 35

Debe rechazarse la supresión de la referencia a la innecesariedad de conceder derechos individuales en determinados casos, habida cuenta de la prioridad que se otorga por principio a las autorizaciones generales frente a los derechos individuales de uso. Además, conviene añadir la referencia a la asignación de espectro, puesto que la asignación, que se refiere a la concesión efectiva de derechos, puede ser esencial para el cumplimiento de determinados objetivos de interés general.

Considerando 49 del acto modificativo:

«La introducción de los requisitos de la neutralidad con respecto al servicio y la tecnología en las decisiones de asignación y atribución, unida a la mayor posibilidad de transferir derechos entre empresas, debe aumentar la libertad y los medios para entregar al público comunicaciones electrónicas y servicios audiovisuales, facilitando así también la consecución de objetivos de interés general. No obstante, algunas obligaciones de interés general impuestas a los organismos de radiodifusión para la entrega de servicios audiovisuales podrían requerir el uso de criterios específicos en la atribución y asignación de espectro, si ello se considera esencial para alcanzar un objetivo específico de interés general establecido en el Derecho nacional. Los procedimientos asociados con el logro de objetivos de interés general deben ser siempre transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios.»

– Enmienda 36

Los principios de proporcionalidad y no discriminación deben también aplicarse en caso de excepción de la obligación de abonar los cánones o tasas impuestos por el uso del espectro.

Considerando 50 del acto modificativo:

«Toda excepción total o parcial de la obligación de abonar los cánones o tasas impuestos por el uso del espectro debe ser proporcionada, no discriminatoria, objetiva y transparente y basarse en otras obligaciones de interés general que establezca el Derecho nacional.»

– Enmienda 37

Las referencias a las actividades de la UIT y de la CEPT deben matizarse, ya que estas actividades no tienen el mismo valor jurídico. Por un lado, la UIT adopta decisiones que tienen consecuencias jurídicas en el marco del Derecho internacional, mientras que, en el marco del Derecho comunitario, la labor de la CEPT se utiliza como base para la armonización técnica en el marco de la Decisión sobre el espectro radioeléctrico. Por otra parte, la CEPT no participa directamente en los procedimientos de selección.

Considerando 53 del acto modificativo:

«La eliminación de las barreras jurídicas y administrativas que obstaculizan una autorización general o unos derechos del uso del espectro o de los números con implicaciones europeas debe favorecer el desarrollo tecnológico y de los servicios y contribuir a la mejora de la competencia. Aun cuando la coordinación de las condiciones técnicas para la disponibilidad y el uso eficiente de las radiofrecuencias se organiza de conformidad con la Decisión espectro radioeléctrico, puede también ser necesario, para lograr objetivos de mercado interior, coordinar o armonizar los procedimientos de selección y las condiciones aplicables a los derechos y autorizaciones en ciertas bandas, a los derechos de uso de números y a las autorizaciones generales. Esto se aplica, en particular, a los servicios de comunicaciones electrónicas que, por su propia naturaleza, tienen una dimensión de mercado interior o un potencial transfronterizo, tales como los servicios por satélite, cuyo desarrollo se vería obstaculizado por discrepancias entre los Estados miembros o entre la UE Comunidad Europea y terceros países en la asignación del espectro , teniendo en cuenta las decisiones de la UIT y de la CEPT los acuerdos internacionales adoptados en el marco de la UIT . Por lo tanto, la Comisión, asistida por el Comité de Comunicaciones y teniendo en cuenta en la mayor medida posible la opinión del BERT [Organismo] , debe estar facultada para adoptar medidas técnicas de ejecución a fin de lograr tales objetivos. Las medidas de ejecución adoptadas por la Comisión pueden exigir que los Estados miembros ofrezcan derechos de uso del espectro y/o de los números en todo su territorio y, en caso necesario, supriman otros derechos de uso nacionales existentes. En estos casos, los Estados miembros no deben otorgar ningún nuevo derecho de uso en relación con la banda espectral o la serie de números correspondientes en virtud de procedimientos nacionales.»

– Enmienda introducida por la Comisión como consecuencia de la enmienda 47 a la propuesta de la Comisión de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores [COM (2007) 698 – 2007/0248 (COD)] («Directiva sobre los derechos de los ciudadanos»).

Esta enmienda se refiere a la inclusión de la definición de «punto de terminación de la red» en la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), habida cuenta de su supresión en la Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal) en virtud de la enmienda 47 a la Directiva sobre los derechos de los ciudadanos. Conviene incluir la definición de «punto de terminación de la red» justo después de la definición de «red pública de comunicaciones», cuando se mencione, en la Directiva marco.

Artículo 1, punto 2, letra b bis ) (nueva), del acto modificativo; artículo 2, letra d bis ) (nueva), de la Directiva 2002/21/CE:

«"Punto de terminación de la red", el punto físico en el que el abonado accede a una red pública de comunicaciones. Cuando se trate de redes en las que se produzcan operaciones de conmutación o encaminamiento, el punto de terminación de la red estará identificado mediante una dirección de red específica, la cual podrá estar vinculada al número o al nombre de un abonado;»

– Enmienda 44

El párrafo segundo se refiere a los recursos financieros y humanos necesarios en el marco de la propuesta de la Comisión, en particular los presupuestos propios, que deben publicarse. El requisito de que los recursos sufraguen la posibilidad de participar en [el Organismo] es aceptable, puesto que los reguladores deben cooperar claramente con este para lograr los objetivos del marco regulador.

Artículo 1, punto 3 bis del acto modificativo; artículo 3, apartado 3 bis (nuevo), de la Directiva 2002/21/CE:

«3 bis ) En el artículo 3, se añade el apartado siguiente:

"3 bis . Los Estados miembros velarán por que sus autoridades nacionales de reglamentación apoyen activamente los objetivos del BERT [Organismo] de promover una mayor coordinación y coherencia reglamentaria.

Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación dispongan de recursos financieros y humanos suficientes para desempeñar las tareas que se les hayan asignado y para poder participar activamente y aportar su contribución al BERT en [el Organismo] . Las autoridades nacionales de reglamentación tendrán presupuestos anuales propios y dichos presupuestos se publicarán."»

– Enmienda 46

La última frase de la enmienda no es aceptable, puesto que fijar plazos para el examen de los recursos nacionales plantearía un problema de competencia comunitaria en relación con los procedimientos judiciales nacionales.

Artículo 1, punto 4, letra a), del acto modificativo; artículo 4, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2002/21/CE:

«Los Estados miembros velarán por que exista a nivel nacional un mecanismo eficaz en virtud del cual cualquier usuario o empresa suministradora de redes o servicios de comunicaciones electrónicas que esté afectado por una decisión de una autoridad nacional de reglamentación pueda recurrir ante un organismo independiente de las partes implicadas. Este organismo, que podrá ser un tribunal, tendrá la experiencia adecuada para poder desempeñar sus funciones de forma efectiva . Los Estados miembros velarán por que el fondo del caso se tenga debidamente en cuenta, así como por que haya un mecanismo de recurso eficaz y los procedimientos ante dicho organismo no se prolonguen indebidamente . Los Estados miembros fijarán plazos para el examen de los recursos . »

– Enmienda 48

Recabar el dictamen del [Organismo] en relación con los procedimientos de recurso aumentaría su autoridad y su estatus, y podría contribuir a reforzar la coherencia de las decisiones judiciales en el mercado único. Sin embargo, esos dictámenes deben versar únicamente sobre cuestiones técnicas, y no sobre la interpretación del Derecho comunitario; el texto debe aclarar este extremo.

Artículo 1, punto 4, letra a bis ) (nueva), del acto modificativo; artículo 4, apartado 2 bis (nuevo), de la Directiva 2002/21/CE:

«a bis ) Se añade el apartado siguiente:

"2 bis . Los organismos de recurso tendrán derecho a solicitar el dictamen del BERT [Organismo] sobre cuestiones relativas al sector antes de adoptar una decisión durante un procedimiento de recurso."»

– Enmienda 52

La Comisión puede aceptar las enmiendas del Parlamento al artículo 7, que refuerzan los requisitos de transparencia y de cooperación entre la Comisión, [el Organismo] y las autoridades nacionales de reglamentación. Asimismo, puede aceptar las enmiendas consiguientes sobre el tratamiento separado, en un nuevo artículo 7 bis , de los procedimientos aplicables a la notificación de soluciones, a condición de que este nuevo artículo preserve las prerrogativas de la Comisión como guardiana del Tratado y ofrezca un mecanismo eficaz que garantice la aplicación coherente de las soluciones.

En el contexto de una solución transaccional global en relación con el artículo 7 y el artículo 7 bis , que garantice una cooperación eficaz entre la Comisión, [el Organismo] y la autoridades nacionales de reglamentación y que permita a la Comisión actuar en caso necesario para garantizar la aplicación coherente de las soluciones en interés del mercado interior, la Comisión puede también aceptar la supresión de la competencia prevista en el apartado 8 de su propuesta original sobre la solicitud a la autoridad nacional de reglamentación de la imposición de una obligación específica.

Artículo 1, punto 6, del acto modificativo; artículo 7, apartados 2 a 10, de la Directiva 2002/21/CE:

«2. Las autoridades nacionales de reglamentación contribuirán al desarrollo del mercado interior cooperando de forma transparente con la Comisión y con el BERT [Organismo] con objeto de velar por la aplicación coherente, en todos los Estados miembros, de las disposiciones de la presente Directiva y de las Directivas específicas. Con tal fin, colaborarán, en particular, con la Comisión y el BERT [Organismo] para determinar qué tipos de instrumentos y soluciones son los más apropiados para tratar situaciones particulares de mercado.

3. Salvo que se prevea otra cosa en las disposiciones de aplicación adoptadas de conformidad con el artículo 7 bis , al concluir la consulta mencionada en el artículo 6, cuando una autoridad nacional de reglamentación tenga la intención de tomar una medida que:

a) entre en el ámbito de aplicación de los artículos 15 o 16 de la presente Directiva , o los artículos 5 u 8 de la Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso), y

b) pueda tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros,

pondrá el proyecto de medida a disposición de la Comisión, del BERT [Organismo] y de las autoridades nacionales de reglamentación de los otros Estados miembros al mismo tiempo , así como las motivaciones del mismo, de conformidad con el apartado 3 del artículo 5, e informará de ello a la Comisión, al BERT [Organismo] y a las otras autoridades nacionales de reglamentación. Las autoridades nacionales de reglamentación , el BERT y la Comisión podrán presentar observaciones a la autoridad nacional de reglamentación interesada en el plazo de un mes. El plazo de un mes no podrá prolongarse.

4. Cuando la medida que piensa adoptar referida en el apartado 3 tenga por objeto:

a) definir un mercado pertinente distinto de los que figuran en la Recomendación a que se refiere el apartado 1 del artículo 15; o

b) decidir si conviene o no designar a una empresa como poseedora, individualmente o junto a otras empresas, de un peso significativo en el mercado, en virtud de los apartados 3, 4 o 5 del artículo 16 ,

y pueda tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros, y la Comisión haya indicado a la autoridad nacional de reglamentación que considera que el proyecto de medida podría obstaculizar el mercado interior o albergue serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el Derecho comunitario y, en particular, con los objetivos enumerados en el artículo 8, el proyecto de medida no se adoptará hasta que no transcurran otros dos meses. Este plazo no podrá prolongarse.

5. Dentro del plazo de dos meses mencionado en el apartado 4, la Comisión podrá adoptar una decisión por la que inste a la autoridad nacional de reglamentación afectada a que retire el proyecto. La Comisión tendrá en cuenta en la mayor medida posible el dictamen del BERT [Organismo] emitido de conformidad con el artículo 5 del Reglamento [… /CE] antes de adoptar una decisión. Esta decisión estará acompañada de un análisis detallado y objetivo de las razones por las que la Comisión considera que el proyecto de medida no debería adoptarse, junto con propuestas específicas de modificación del proyecto de medidas.

6. En el plazo de tres meses después de haber adoptado la Comisión una decisión con arreglo al apartado 5 por la que solicite a la autoridad nacional de reglamentación la retirada de un proyecto de medida, la autoridad nacional de reglamentación modificará o retirará el proyecto de medida. En caso de que se modifique el proyecto de medida, la autoridad nacional de reglamentación emprenderá una consulta pública de conformidad con los procedimientos a que se refiere el artículo 6, y volverá a notificar el proyecto de medida modificado a la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.

7. La autoridad nacional de reglamentación de que se trate tendrá en cuenta en la mayor medida posible las observaciones de otras autoridades nacionales de reglamentación, del BERT [Organismo] y de la Comisión y, salvo disposición en contrario del salvo en los casos contemplados en el apartado 4 o del artículo 7 bis , podrá adoptar el proyecto de medidas resultante, en cuyo caso lo comunicará a la Comisión. Cualquier otro organismo nacional que ejerza funciones en virtud de la presente Directiva o de las Directivas específicas tendrá también en cuenta en la mayor medida posible las observaciones de la Comisión.

10. En circunstancias excepcionales, cuando una autoridad nacional de reglamentación considere que es urgente actuar, no obstante el procedimiento establecido en los apartados 3 y 4 y en el artículo 7 bis , con objeto de preservar la competencia y proteger los intereses de los usuarios, podrá adoptar inmediatamente medidas proporcionadas y provisionales. Deberá comunicar cuando antes dichas medidas, debidamente motivadas, a la Comisión, a las otras autoridades nacionales de reglamentación y al BERT [Organismo] . La decisión de la autoridad nacional de reglamentación de hacer permanentes dichas medidas o de prolongar el período de aplicación de las mismas estará sujeta a las disposiciones de los apartados 3 y 4 y/o del artículo 7 bis .»

– Enmienda 53

Esta enmienda establece un procedimiento de arbitraje en virtud del cual la Comisión, [el Organismo] y las ANR cooperan estrechamente con objeto de garantizar la aplicación coherente de las obligaciones impuestas a raíz del análisis del mercado y los procedimientos de notificación que exige el marco regulador. La Comisión puede respaldar el objetivo subyacente de la enmienda, a saber: que este proceso de cooperación puede ayudar a encontrar las soluciones más adecuadas y eficaces que convendrá aplicar tras determinarse la existencia de una posición dominante en un mercado pertinente, a la luz de los objetivos del artículo 8 de la Directiva marco.

La Comisión considera que la integración de los conocimientos colectivos de los reguladores nacionales en el procedimiento del artículo 7 (expresados en los dictámenes sobre las medidas notificadas que emitirá [el Organismo]) está en consonancia con la propuesta de la Comisión. La Comisión también acoge con satisfacción que el procedimiento del Parlamento Europeo mantenga, aunque limitándola, la competencia que propone la Comisión de solicitar la retirada de una solución propuesta en interés del mercado interior.

No obstante, debe revisarse el mecanismo en virtud del cual [el Organismo] podría confirmar, pese a las serias dudas de la Comisión, que la solución es adecuada y efectiva, permitiendo así a la ANR en cuestión adoptar la solución propuesta. La Comisión no puede aceptar en consecuencia esta parte de la enmienda que propone el PE, puesto que permitiría al [Organismo] usurpar el papel de la Comisión como guardiana del Tratado, en especial según lo establecido en el artículo 85 CE.

Del mismo modo, la Comisión no puede aceptar la integración en el procedimiento del artículo 7 bis del proyecto de medidas que propone la separación funcional (de conformidad con el artículo 13 bis de la Directiva acceso). Dichas medidas, que van más allá de los mercados pertinentes definidos individualmente y de las obligaciones descritas en los artículos 9 a 13 de la Directiva acceso, son intrínsecamente diferentes de las soluciones que se proponen de conformidad con dichos artículos y con arreglo al procedimiento del artículo 7. Así pues, conviene mantener el procedimiento independiente de autorización por parte de la Comisión de las propuestas de separación funcional, de conformidad con el artículo 8, apartado 3, y el artículo 13 bis de la Directiva acceso.

El texto modificado de la Comisión para el artículo 7 bis mantiene por tanto el papel del [Organismo], tal como propone el Parlamento, de emitir dictámenes sobre las soluciones propuestas en relación con las cuales la Comisión haya expresado serias dudas, y mantiene también el mecanismo en virtud del cual la Comisión puede adoptar una decisión que obligue a modificar la medida propuesta cuando [el Organismo] comparta dichas dudas. Por otra parte, en caso de que [el Organismo] no comparta las dudas de la Comisión, esta, a fin de conservar sus prerrogativas como guardiana del Tratado, debe seguir teniendo la posibilidad de adoptar una decisión que obligue a modificar o a retirar una medida notificada que imponga una solución, aunque con las salvaguardias adicionales de que la decisión de la Comisión debe tener muy en cuenta el dictamen del [Organismo] y estar sujeta a una consulta previa a los Estados miembros en el marco del Comité de Comunicaciones.

A fin de disponer de tiempo suficiente para que [el Organismo] emita un dictamen motivado sobre un proyecto de medida con arreglo al procedimiento del artículo 7 bis y la Comisión adopte a continuación una decisión, a la luz de dicho dictamen (incluyendo en su caso la consulta al Comité de Comunicaciones), el período de dos meses previsto para la adopción de estas medidas debe ampliarse a tres meses.

Asimismo, la Comisión considera que debe poseer la facultad de exigir la retirada de un proyecto de medida que imponga soluciones, así como su modificación.

Artículo 1, punto 6 bis (nuevo), del acto modificativo; artículo 7 bis (nuevo) de la Directiva 2002/21/CE:

«6 bis ) Se inserta el artículo siguiente:

"Artículo 7 bis

Procedimiento para la tramitación coherente de los recursos

1. Cuando una medida prevista, cubierta por el apartado 3 del artículo 7, tenga por objeto imponer, modificar o retirar una autoridad nacional de reglamentación piense tomar una medida para imponer, modificar o suprimir una obligación de un operador con arreglo al artículo 16, en relación con los artículos 5 y 9 a 13 bis de la Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso) y el artículo 17 de la Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal), la Comisión y las autoridades nacionales de reglamentación de los demás Estados miembros contarán con el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación del proyecto de medida para presentar sus comentarios a la autoridad nacional de reglamentación de que se trate.

2. Si el proyecto de medida se refiere a la imposición, modificación o supresión de una obligación distinta de la que contempla el artículo 13 bis de la Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso), la Comisión podrá, dentro de l ese mismo plazo de un mes previsto en el apartado 3 del artículo 7 , notificar a la autoridad nacional de reglamentación de que se trate y al BERT [Organismo] las razones por las que considera que el proyecto de medida constituye un obstáculo para el mercado único o que por las que alberga serias dudas sobre su compatibilidad con el Derecho comunitario. En este caso, no podrá adoptarse el proyecto de medida en los dos tres meses siguientes a la notificación de la Comisión.

A falta de dicha notificación, la autoridad nacional de reglamentación de que se trate podrá adoptar el proyecto de medida, teniendo en cuenta en la mayor medida posible las observaciones realizadas por la Comisión, [el Organismo] o por cualquier otra autoridad nacional de reglamentación.

23 . Dentro del plazo de tres dos meses a que se refiere el apartado 1 2 , la Comisión, el BERT [el Organismo] y la autoridad nacional de reglamentación de que se trate cooperarán estrechamente para identificar la medida más apropiada y efectiva a la luz de los objetivos fijados en el artículo 8, teniendo a la vez debidamente en cuenta los puntos de vista de los operadores del mercado y la necesidad de establecer una práctica reguladora coherente.

3. En el plazo de un mes desde el principio del Dentro de este mismo plazo de dos período de tres meses a que se refiere el apartado 1 , [el Organismo] el BERT , decidiendo por mayoría absoluta, emitirá, de conformidad con el artículo [X] del Reglamento [....../CE], un dictamen sobre si en el que confirme la adecuación y efectividad d el proyecto de medida podría obstaculizar el mercado único o ser incompatible con el Derecho comunitario y, en particular, con los objetivos enumerados en el artículo 8, o indique indicando si considera que es necesario modificar o retirar el proyecto de medida, con propuestas específicas al efecto (en su caso) . Este dictamen será razonado y se hará público.

Si el BERT confirma la adecuación y efectividad del proyecto de medida, la autoridad nacional de reglamentación de que se trate podrá adoptar el proyecto de medida, teniendo en cuenta en la mayor medida posible cualquier observación realizada por la Comisión o el BERT. La autoridad nacional de reglamentación hará pública la forma en que ha tenido en cuenta dichas observaciones.

4. Si [el Organismo] el BERT ha indicado en su dictamen que el proyecto de medida debe ser modificado o retirado , la Comisión podrá, teniendo en cuenta en la mayor medida posible el dictamen del [Organismo] del BERT , adoptar una decisión antes de que finalice el período de tres meses mencionado en el apartado 1, en la que solicite a la autoridad nacional de reglamentación de que se trate que modifique o retire el proyecto de medida, facilitando los motivos y presentando propuestas específicas a tal efecto.

4. Si el proyecto de medida se refiere a la imposición, modificación o supresión de la obligación establecida en el artículo 13 bis de la Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso), el proyecto de medida no podrá adoptarse en el plazo de otros dos meses a partir del final de plazo de un mes a que se refiere el apartado 1.

Dentro del plazo de dos meses a que se refiere el párrafo primero, la Comisión, el BERT y la autoridad nacional de reglamentación de que se trate cooperarán estrechamente para determinar si el proyecto de medida cumple las disposiciones del artículo 13 bis de la Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso) y especialmente para determinar si se trata de la medida más apropiada y efectiva. Para ello deben tenerse debidamente en cuenta los puntos de vista de los operadores del mercado y la necesidad de establecer una práctica reguladora coherente. Previa petición motivada del BERT o de la Comisión, el plazo de dos meses podrá prorrogarse por dos meses más.

Dentro del plazo máximo a que se refiere el párrafo segundo, el BERT, en votación por mayoría absoluta, adoptará un dictamen en el que confirme la adecuación y efectividad del proyecto de medida o en el que indique que el proyecto de medida no debe adoptarse. Este dictamen será razonado y se hará público.

5. En todos los demás casos, la Comisión, teniendo en cuenta en la mayor medida posible el dictamen del [Organismo] y de conformidad con el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 22 (procedimiento de comité consultivo), adoptará una decisión, antes de que finalice el período de tres meses mencionado en el apartado 1, por la que solicite a la autoridad nacional de reglamentación de que se trate que modifique o retire el proyecto de medida, facilitando los motivos y presentando propuestas específicas a tal efecto.

6. La autoridad nacional de reglamentación de que se trate sólo podrá adoptar el proyecto de medida si la Comisión no ha adoptado una decisión con arreglo a lo dispuesto en los apartados 4 y 5 antes de que finalice el período de tres meses mencionado en el apartado 1, y el BERT han confirmado su adecuación y efectividad, y teniendo en cuenta en la mayor medida posible cualquier observación realizada por la Comisión o [el Organismo] el BERT . La autoridad nacional de reglamentación hará pública la forma en que ha tenido en cuenta dichas observaciones.

7 5. En el plazo de tres meses después de haber adoptado la Comisión una decisión motivada con arreglo a los apartados 4 o 5 al apartado 3, párrafo cuarto , por la que solicite a la autoridad nacional de reglamentación la modificación o la retirada de un proyecto de medida, la autoridad nacional de reglamentación de que se trate modificará o retirará el proyecto de medida de conformidad con dicha decisión . En caso de que se modifique el proyecto de medida, la autoridad nacional de reglamentación emprenderá una consulta pública de conformidad con el procedimiento de consulta y transparencia a que se refiere el artículo 6, y volverá a notificar el proyecto de medida modificado a la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.

86 . La autoridad nacional de reglamentación podrá retirar el proyecto de medida en cualquiera de las fases del procedimiento."»

– Enmienda 138 (sesión plenaria)

La Comisión puede aceptar en principio la enmienda 138 (sesión plenaria) que sirve de reafirmación útil de principios que se aplican independientemente de la presente disposición, y que permite a los Estados miembros garantizar que se consiga un equilibrio justo entre los diversos derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario, en particular el derecho a respetar la privacidad, el derecho a la protección de la propiedad, el derecho a una tutela judicial efectiva y el derecho a la libertad de expresión y de información.

– Enmienda 62

La enmienda ofrece más orientación a las autoridades de reglamentación en el desempeño de sus tareas dentro del marco regulador, por ejemplo en relación con el desarrollo de las redes de próxima generación. No obstante, debe evitarse que se sobreentienda que la posibilidad de predecir la reglamentación puede conseguirse mediante la continuidad de las soluciones, cuando dichas soluciones no se habrían elegido en otras circunstancias.

Artículo 1, punto 8, letra e ter ) (nueva), del acto modificativo; artículo 8, apartado 4 bis (nuevo), de la Directiva 2002/21/CE:

«e ter ) Se añade el apartado siguiente:

"4 bis . Las autoridades nacionales de reglamentación, para lograr los objetivos a que se refieren los apartados 2, 3 y 4, aplicarán principios reguladores objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados, entre otras cosas:

a) promoviendo que pueda predecirse la reglamentación, mediante la continuidad de las soluciones que se apliquen a las diversas revisiones de mercado, según proceda garantizando un enfoque regulador coherente en los sucesivos períodos de revisiones ;

b) garantizando que, en circunstancias similares, no se dispense un trato discriminatorio a las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas;

c) salvaguardando la competencia en beneficio de los consumidores y promoviendo cuando sea posible la competencia basada en las infraestructuras

d) promoviendo la inversión orientada al mercado y la innovación en infraestructuras nuevas y mejoradas , incluido el fomento de la inversión compartida, asegurando que el coste del acceso a los recursos tenga debidamente en cuenta los riesgos a que se exponen una adecuada distribución de los riesgos entre el los inversor es y las empresas que se benefician del acceso a las nuevas instalaciones ;

e) teniendo debidamente en cuenta la variedad de condiciones en relación con la competencia y los consumidores que existen en los distintos Estados miembros y en los distintos ámbitos geográficos dentro de cada Estado miembro;

f) imponiendo obligaciones reglamentarias ex ante únicamente cuando no exista una competencia efectiva y sostenible, y suavizando o suprimiendo dichas obligaciones en cuanto exista tal competencia."»

– Enmienda 63/rev

La Comisión comprende el deseo del PE de participar en mayor medida en las decisiones políticas relativas al enfoque estratégico en materia de espectro y está dispuesta a examinar la mejor solución institucional, dejando al mismo tiempo al margen y sin modificar la armonización técnica del uso del espectro en el marco de la Decisión sobre el espectro radioeléctrico.

En el artículo 8 bis del PE, no puede aceptarse la creación de un RSPC por las dificultades que traería consigo: la función de dicho comité se limitaría al ámbito de las comunicaciones electrónicas y se solaparía con estructuras existentes que llevan a cabo las mismas tareas; además, la creación de otro comité no es esencial para el logro del principal objetivo del PE al proponer este nuevo artículo, tal como se establece en el artículo 8 ter , apartado 4 (véase infra ).

Debe reformularse el artículo 8 ter propuesto para que quede más clara la dimensión comunitaria.

El texto del apartado 2 del artículo 8 ter propuesto, que menciona principios del Derecho comunitario, debe trasladarse a un considerando.

El apartado 3 del artículo 8 ter debe reformularse para garantizar el mantenimiento de la dimensión comunitaria. El texto del Parlamento pasa por alto el papel ya reconocido de la Comisión y traslada las responsabilidades de la Comunidad a los Estados miembros. Puesto que la Directiva solamente se aplica a las comunicaciones electrónicas, debe suprimirse la referencia a otros ámbitos políticos, como el transporte o la investigación y el desarrollo.

Asimismo, debe suprimirse la primera parte del apartado 5 del artículo 8 ter , ya que corresponde a la Comisión y no a los Estados miembros velar por la coordinación de los intereses de la UE.

Por lo que se refiere al apartado 4 de ese mismo artículo, la Comisión acoge con satisfacción la implicación del PE y del Consejo en la estrategia política, a condición de que se centre en la dirección estratégica de la política del espectro de la UE; sin embargo, hay que reformular el apartado para no limitar el derecho de iniciativa de la Comisión. Además, el uso que se propone de las medidas de codecisión para establecer parámetros técnicos (por ejemplo, para evitar interferencias perjudiciales) corre el riesgo de impedir a la Comunidad tomar medidas necesarias y oportunas, y de crear confusión en cuanto a la función actual de la Decisión sobre el espectro radioeléctrico.

Artículo 1, punto 8 bis (nuevo), del acto modificativo; artículo 8 bis (nuevo) de la Directiva 2002/21/CE:

«Se añade n los el siguiente s artículo s :

"Artículo 8 bis

Comité para las políticas relativas al espectro radioeléctrico

1. Se creará un Comité para las políticas relativas al espectro radioeléctrico (en lo sucesivo, "RSPC") con el fin de contribuir a la realización de los objetivos establecidos en los apartados 1, 3 y 5 del artículo 8 ter .

El RSPC asesorará al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión sobre temas relacionados con la política relativa al espectro radioeléctrico.

El RSPC estará formado por representantes de alto nivel de las autoridades nacionales competentes responsables de la política sobre el espectro radioeléctrico en cada Estado miembro. Cada Estado miembro tendrá un voto; la Comisión no tendrá derecho a voto.

2. A petición del Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión, o por su propia iniciativa, el RSPC, decidiendo por mayoría absoluta, adoptará dictámenes.

El RSPC presentará un informe anual de actividades al Parlamento Europeo y al Consejo.

"Artículo 8 ter bis

Planificación estratégica y coordinación de la política sobre el espectro radioeléctrico en la Unión Comunidad Europea

1. Los Estados miembros contribuirán al desarrollo del mercado interior coopera rán ndo entre sí y con la Comisión en la planificación estratégica, la coordinación y la armonización del uso del espectro radioeléctrico en la Unión Comunidad Europea. Para ello En esta tarea , tendrán en cuenta, entre otros, los aspectos económicos, de seguridad, de salud, de interés público, de libertad de expresión, culturales, científicos, sociales y técnicos de las políticas de la UE, así como los diversos intereses de las comunidades usuarias del espectro, con el fin de optimizar el uso del espectro radioeléctrico y de evitar interferencias perjudiciales.

2. Las actividades relacionadas con la política sobre el espectro radioeléctrico en la Unión Europea se realizarán sin perjuicio de:

a) las medidas adoptadas a escala comunitaria o nacional, de conformidad con el Derecho comunitario, destinadas a fomentar objetivos de interés general, en particular en lo que respecta a la regulación de los contenidos y a la política audiovisual y respecto de los medios de comunicación;

b) la revisión de la Directiva 1999/5/CE ( ; y

c) el derecho de los Estados miembros a organizar y utilizar su espectro radioeléctrico para fines de orden público, seguridad pública y defensa.

3 2. Al cooperar entre sí y con la Comisión, los Estados miembros velarán por contribuirán a la coordinación de los enfoques políticos en materia de espectro radioeléctrico en la Unión Europea y, cuando proceda, por a la armonización de las condiciones relativas la disponibilidad y a e l uso eficiente del espectro radioeléctrico necesarias para la creación y el funcionamiento del mercado interior en ámbitos políticos de la UE como las comunicaciones electrónicas, el transporte y la investigación y desarrollo .

La Comisión, teniendo debidamente en cuenta el dictamen del RSPC, podrá presentar una propuesta legislativa para establecer un programa de acción en materia de espectro radioeléctrico, en lo que se refiere a la planificación estratégica y la armonización de la utilización del espectro radioeléctrico en a Unión Europea u otras medidas legislativas para optimizar el uso del espectro radioeléctrico y evitar interferencias perjudiciales. La Comisión podrá presentar una propuesta legislativa para el establecimiento de un programa estratégico en materia de espectro radioeléctrico. El programa establecerá las orientaciones políticas para la planificación estratégica y la armonización del uso del espectro radioeléctrico de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva y las Directivas específicas.

4 5. Los Estados miembros velarán por la coordinación efectiva de los intereses de la UE en las organizaciones internacionales competentes en materia de espectro radioeléctrico. Cuando sea necesario para garantizar esta la coordinación efectiva de los intereses de la Comunidad Europea en las organizaciones internacionales competentes en materia de espectro radioeléctrico , la Comisión , teniendo debidamente en cuenta la opinión del RSPC, podrá proponer al Parlamento Europeo y al Consejo objetivos políticos comunes, incluido, en caso necesario, un mandato de negociación."»

__________

( Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad, (DO L 91 de 7.4.1999, p. 10).»

Añadir nuevo considerando:

«Las actividades relacionadas con la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea se realizarán sin perjuicio de las medidas adoptadas a escala comunitaria o nacional, de conformidad con el Derecho comunitario, destinadas a fomentar objetivos de interés general, en particular en lo que respecta a la regulación de los contenidos y a la política audiovisual y respecto de los medios de comunicación, de las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE( y del derecho de los Estados miembros a organizar y utilizar su espectro radioeléctrico para fines de orden público, seguridad pública y defensa. »

__________

( Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad, (DO L 91 de 7.4.1999, p. 10).»

– Enmienda 64/rev

En el artículo 9, apartado 1, debe reformularse el párrafo segundo para aclarar que se refiere a los acuerdos internacionales que son aplicables, ya que la actuación de los Estados miembros debe ajustarse al Derecho comunitario.

En el artículo 9, apartado 3, la referencia a la red radioeléctrica o a las tecnologías de acceso inalámbrico es necesaria para enmarcar la actuación de los Estados miembros y evitar la imposición de restricciones detalladas a la arquitectura de red, que limitaría excesivamente el principio de neutralidad. Es más adecuado mencionar los acuerdos internacionales en el artículo 9, apartado 1, y en los considerandos.

En el artículo 9, apartado 3, párrafo segundo, letra a), debe evitarse el término «posibles», ya que siempre existe una posibilidad, por muy remota que sea, de interferencias perjudiciales. La prueba de proporcionalidad aplicable a las excepciones nacionales debe permitir determinar la intensidad de la restricción necesaria para evitar estas interferencias.

La referencia que figura en la nueva letra b bis ) a la necesidad de asegurar la calidad técnica del servicio debe vincularse a la necesidad de evitar interferencias perjudiciales, y no debe constituir per se una justificación para una excepción a la neutralidad con respecto a la tecnología. Lo mismo puede decirse en cuanto a la salvaguardia del uso eficiente de las frecuencias radioeléctricas de la nueva letra c bis ): se trata de un importante objetivo de la gestión del espectro, también ligado a parámetros de gestión de las interferencias.

En la letra c), debe establecerse un vínculo entre la maximización del uso compartido de las frecuencias radioeléctricas y las autorizaciones generales, a fin de prever condiciones técnicas más estrictas en las bandas sujetas a autorizaciones generales.

En la letra d), la restricción a la neutralidad con respecto a la tecnología sólo debe admitirse para el cumplimiento de objetivos de interés general si dichos objetivos no pueden alcanzarse a través de restricciones que afecten únicamente a la neutralidad con respecto al servicio. Corresponderá al Estado miembro que desee acogerse a la excepción justificarlo y demostrarlo. Para ello, debe añadirse lo siguiente al considerando 21: «en particular para un objetivo de interés general, si este objetivo no puede cumplirse a través de restricciones de la neutralidad con respecto al servicio.»

En el artículo 9, apartado 4, se rechaza la primera parte de la enmienda porque crea inseguridad jurídica. También se rechaza la referencia al Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, ya que éste no especifica servicios de comunicaciones electrónicas y tal referencia solamente crearía falsas expectativas. Los términos «de conformidad con» deben sustituirse por una mera referencia a la identificación de los servicios.

Se aceptan todos los demás cambios.

Artículo 1, punto 9, del acto modificativo; artículo 9 de la Directiva 2002/21/CE:

« 1. Habida cuenta de que las radiofrecuencias son un bien público que tiene un valor social, cultural y económico importante, los Estados miembros velarán por la gestión eficaz de las radiofrecuencias para los servicios de comunicaciones electrónicas en su territorio con arreglo a los artículos 8 y 8 ter . Velarán asimismo por que la atribución y asignación de estas radiofrecuencias por las autoridades nacionales de reglamentación se base en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados. De este modo, actuarán en cumplimiento de sus obligaciones en el marco del Tratado y, en su caso, de los acuerdos internacionales correspondientes, y podrán tener en cuenta consideraciones de orden público tal como se establecen más adelante .

2. Los Estados miembros fomentarán la armonización del uso de las radiofrecuencias en toda la Comunidad, atendiendo siempre a la necesidad de garantizar un uso efectivo y eficiente de las mismas, y a los beneficios para los consumidores, como la realización de economías de escala y la interoperabilidad de los servicios , y con arreglo a los artículos 8 ter y 9 quater de la presente Directiva y a la Decisión nº 676/2002/CE (Decisión espectro radioeléctrico).

3. A menos que en el párrafo segundo o en las medidas adoptadas de conformidad con el artículo 9 quater se disponga otra cosa, los Estados miembros velarán por que en las bandas de radiofrecuencias abiertas a disponibles para los servicios de comunicaciones electrónicas se puedan utilizar todos los tipos de tecnología utilizada para los servicios de comunicaciones electrónicas de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT .

Los Estados miembros podrán, no obstante, prever restricciones proporcionadas y no discriminatorias a los tipos de tecnología utilizada para los servicios de comunicaciones electrónicas cuando sea necesario para:

a) evitar posibles interferencias perjudiciales, en particular para asegurar la calidad técnica del servicio y el uso eficiente de las frecuencias radioeléctricas ,

b) proteger la salud pública frente a los campos electromagnéticos,

b bis ) asegurar la calidad técnica del servicio,

c) garantizar un uso compartido máximo de las radiofrecuencias cuando su uso esté sometido a una autorización general ,

c bis) salvaguardar el uso eficiente de las frecuencias radioeléctricas,

d) realizar un objetivo de interés general de conformidad con el apartado 4.

4. A menos que en el párrafo segundo o en las medidas adoptadas de conformidad con el artículo 9 quater se disponga otra cosa, los Estados miembros velarán por que en las bandas de radiofrecuencias disponibles para los servicios de comunicaciones electrónicas puedan prestarse todos los tipos de servicios de comunicaciones electrónicas de conformidad con indicados en los cuadros nacionales de atribución de radiofrecuencias y el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT . Los Estados miembros podrán, no obstante, prever restricciones proporcionadas y no discriminatorias a los tipos de servicios de comunicaciones electrónicas que se presten.

Las medidas que exijan que un servicio de comunicaciones electrónicas se preste en una banda específica disponible para los servicios de comunicaciones electrónicas deberán estar justificadas para garantizar el logro de un objetivo de interés general definido en la legislación nacional de conformidad con el Derecho comunitario, tal como la seguridad de la vida humana, la promoción de la cohesión social, regional y territorial, la evitación del uso ineficiente de las radiofrecuencias o la promoción de objetivos de la política cultural y de los medios de comunicación, como la diversidad cultural y lingüística y el pluralismo de los medios de comunicación.

Solo podrán imponerse medidas que prohíban la prestación de cualquier otro servicio de comunicaciones electrónicas en una banda específica cuando estén justificadas por la necesidad de proteger servicios relacionados con la seguridad de la vida humana.

5. Los Estados miembros deberán revisar periódicamente la necesidad de las restricciones y medidas a que se refieren los apartados 3 y 4 y harán públicos los resultados de estas revisiones .

6. Los apartados 3 y 4 se aplicarán a la atribución y asignación de radiofrecuencias a partir de [fecha de transposición de la presente Directiva].»

– Enmienda 65

Los términos «en línea con» serían preferibles a «de conformidad con», ya que en el artículo 9, apartados 3 y 4, no figuran procedimientos de asignación.

Artículo 1, punto 10, del acto modificativo; artículo 9 bis de la Directiva 2002/21/CE:

«Revisión de las restricciones a derechos existentes

1. Durante un período de cinco años que comenzará el [fecha de transposición de la presente Directiva] , los Estados miembros podrán velar por que autorizar a los titulares de derechos de uso de radiofrecuencias que fueron otorgados con anterioridad a esa fecha, y que seguirán siendo válidos por un período que no sea inferior a cinco años a partir de dicha fecha , puedan a presentar a la autoridad nacional competente una solicitud de nueva evaluación de las restricciones de sus derechos de conformidad con los apartados 3 y 4 del artículo 9.

Antes de adoptar su decisión, la autoridad nacional competente notificará al titular de los derechos su nueva evaluación de las restricciones, indicando el alcance de su derecho a raíz de ella y concediéndole un plazo razonable para retirar su solicitud.

Si el titular de los derechos retira su solicitud, el derecho permanecerá sin modificar hasta su expiración o hasta concluir el período de cinco años si es que esto ocurre antes.

2. Cuando el titular de derechos mencionado en el apartado 1 sea un proveedor de servicios de contenidos de radiodifusión sonora o televisiva, y el derecho de uso de radiofrecuencias se haya otorgado para la consecución de un objetivo específico de interés general, incluida la prestación de servicios de radiodifusión, el derecho de uso de la parte de las radiofrecuencias que resulte necesaria para el logro de tal objetivo permanecerá sin modificar . La parte de las radiofrecuencias que no resulte necesaria para el logro de tal objetivo será objeto de un nuevo procedimiento de asignación en línea de conformidad con los apartados 3 y 4 del artículo 9 de la presente Directiva y de conformidad con el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva autorización.

3. Transcurrido el período de cinco años a que se refiere el apartado 1, los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para garantizar que se apliquen los apartados 3 y 4 del artículo 9 a todas las asignaciones y atribuciones de radiofrecuencias restantes que existían en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

4. Al aplicar este artículo, los Estados miembros tomarán las medidas apropiadas para garantizar la competencia leal.»

– Enmienda 66

Puede aceptarse la referencia a los procedimientos nacionales, pero no la referencia a los planes nacionales de atribución de frecuencias, con el fin de evitar una falta indebida de flexibilidad. Por otra parte, no puede impedirse la posibilidad de negociar en una banda si se ha acordado a nivel de la UE.

En el artículo 9 ter , apartado 2, puede evitarse una segunda notificación si la notificación de la intención de negociar contiene la fecha prevista de la transferencia efectiva.

Artículo 1, punto 10, del acto modificativo; artículo 9 ter de la Directiva 2002/21/CE:

«1. Los Estados miembros velarán por que las empresas puedan transferir o arrendar a otras empresas los derechos individuales de uso de radiofrecuencias en las bandas para las cuales se prevea tal cosa en las medidas de ejecución adoptadas de conformidad con el artículo 9 quater , siempre que dicha transferencia o arrendamiento sea conforme a con arreglo a los procedimientos nacionales y a los planes nacionales de atribución de frecuencias .

En otras bandas, los Estados miembros podrán también prever que las empresas puedan transferir o arrendar a otras empresas los derechos individuales de uso de radiofrecuencias con arreglo a los procedimientos nacionales .

2. Los Estados miembros velarán por que se notifique a la autoridad nacional de reglamentación competente , responsable de la concesión de derechos individuales de utilización de frecuencias radioeléctricas y se haga pública la intención de una empresa de transferir derechos de uso de radiofrecuencias, así como su transferencia efectiva . En los casos en que el uso de radiofrecuencias se haya armonizado a través de la aplicación del artículo 9 quater y de la Decisión espectro radioeléctrico o de otras medidas comunitarias, cualquier eventual transferencia de este tipo deberá ajustarse a tal uso armonizado.»

– Enmienda 67/rev

En las letras b) y c), el ámbito de actuación de la Comisión debe seguir siendo suficientemente amplio para abordar los detalles de las condiciones correspondientes a los procedimientos, límites y restricciones aplicables a las transferencias o arriendos, así como a la competencia, a fin de dotar a la Comisión de herramientas suficientes para conseguir la realización del mercado interior.

Artículo 1, punto 10, del acto modificativo; artículo 9 quater de la Directiva 2002/21/CE:

«A fin de contribuir al desarrollo del mercado interior, y para la aplicación de los principios de los artículos 8 ter , 9, 9 bis y 9 ter , la Comisión podrá adoptar las medidas técnicas de ejecución apropiadas para:

– a) aplicar el programa de acción estratégico para el espectro radioeléctrico establecido de conformidad con el apartado 4 del artículo 8 ter ;

a) identificar las bandas para las cuales se permite transferir o arrendar entre empresas los derechos de uso;

b) armonizar las condiciones impuestas a tales derechos ;

c) evitar los falseamientos de la competencia que puedan surgir al transferir derechos individuales;

d) identificar las bandas a las que se aplicará el principio de neutralidad con respecto al servicio .

Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, completándola, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el apartado 3 del artículo 22.»

– Enmienda 68

La enmienda deja claro que los Estados miembros deben eliminar las restricciones existentes en los planes nacionales de numeración y las normas asociadas que puedan perjudicar los intereses de las empresas, los consumidores y los ciudadanos de la UE. Sin embargo, en aras de una mejor comprensión, conviene mantener los términos «servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público» y «servicios de comunicaciones electrónicas».

Artículo 1, punto 11, letra a), del acto modificativo; artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2002/21/CE:

«2. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los planes y procedimientos de numeración se apliquen de forma que exista igualdad de trato entre todos los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público y , más en general, entre los usuarios de números en toda la Unión Europea . En particular, los Estados miembros garantizarán que las empresas a las que se haya asignado una serie de números no discriminen a otros proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas ni a los usuarios en lo que se refiere a las secuencias de números utilizadas para dar acceso a sus servicios.»

– Enmienda 69

Esta enmienda es aceptable en la medida en que aclara que la armonización se limita a determinados números o series de numeración. También es aceptable la supresión de la referencia al procedimiento de urgencia. No obstante, el acceso transfronterizo a los números nacionales se aborda en la Directiva servicio universal, por lo que la referencia al mismo no resulta adecuada en este contexto. Por otra parte, debe conservarse la referencia a la posibilidad de establecer principios de tarificación, ya que se trata de un ámbito importante donde puede ser necesaria una mayor armonización en interés del mercado interior.

Artículo 1, punto 11, letra b) del acto modificativo; artículo 10, apartado 4, de la Directiva 2002/21/CE:

«4. Los Estados miembros apoyarán la armonización de números específicos o de series de numeración dentro de la Comunidad cuando ello promueva el funcionamiento del mercado interior o respalde el desarrollo de servicios paneuropeos. La Comisión podrá adoptar al respecto medidas técnicas de ejecución adecuadas , que podrán incluir el establecimiento de principios de tarificación para determinados números o series de numeración y garantizar el acceso transfronterizo adecuado a la numeración nacional utilizada para servicios esenciales como por ejemplo las consultas de números de abonados . Las medidas de ejecución podrán conceder al BERT [ Organismo] responsabilidades específicas en la aplicación de esas medidas.

Las medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, completándola, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el apartado 3 del artículo 22.»

– Enmienda 70

En general, la Comisión acoge con satisfacción el apoyo adicional que brinda esta enmienda al objetivo de fomentar la competencia adecuada en infraestructuras a través del uso compartido de los recursos. Sin embargo, por lo que se refiere al apartado 1, no sería proporcionado facilitar el acceso a todos los elementos pasivos de la red (como la fibra oscura) a menos que la empresa en cuestión tenga un peso significativo en el mercado, en cuyo caso podría estar sujeta a medidas de acceso, de conformidad con el artículo 12 de la Directiva acceso. Las modificaciones del considerando 27 introducidas por la Comisión (en el contexto de la enmienda 27) van dirigidas a explicar este enfoque, aclarando que el uso compartido de los recursos puede responder a diferentes objetivos, en función de si se aplica en el marco de la regulación simétrica o asimétrica (peso significativo en el mercado).

En el apartado 2 bis , si bien es necesario mantener incentivos apropiados para el operador que realiza las inversiones, a través de una adecuada distribución de los riesgos, la metodología de distribución de los riesgos en cuestión debe ser coherente con la que ya apliquen las autoridades nacionales de reglamentación en el marco de la regulación asimétrica, de conformidad con el artículo 13 de la Directiva acceso, en virtud de la cual el coste del capital empleado se ajusta mediante una prima de riesgo ad hoc .

Artículo 1, punto 13, del acto modificativo; artículo 12 de la Directiva 2002/21/CE:

«Coubicación y uso compartido de elementos de redes y recursos asociados para los suministradores de redes de comunicaciones electrónicas

1. Cuando una empresa suministradora de redes de comunicaciones electrónicas disfrute, con arreglo a la legislación nacional, del derecho a instalar recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, o pueda beneficiarse de un procedimiento de expropiación o utilización de una propiedad, las autoridades nacionales de reglamentación podrán imponer el uso compartido de tales recursos o propiedades , teniendo plenamente en cuenta el principio de proporcionalidad, incluyendo las entradas a edificios, el cableado de edificios , mástiles, antenas, torres y otras estructuras de soporte , conductos, cámaras subterráneas , bocas de inspección y distribuidores , así como todos los demás elementos que no sean activos .

2. Los Estados miembros podrán exigir que los titulares de los derechos a que se refiere el apartado 1 compartan los recursos o la propiedad (incluida la coubicación física) o adopten medidas para facilitar la coordinación de las obras públicas para proteger el medio ambiente, la salud pública, la seguridad pública o alcanzar los objetivos de la planificación urbana y territorial sólo después de transcurrido un período apropiado de consulta pública, durante el cual todas las partes interesadas tienen la oportunidad de expresar sus opiniones. Tales sistemas de uso compartido o de coordinación podrán incluir reglas de prorrateo de los costes del uso compartido de los recursos o las propiedades.

2 bis . Los Estados velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación tengan competencia para exigir, tras un período apropiado de consulta pública, durante el cual todas las partes interesadas tienen la oportunidad de expresar sus puntos de vista, que los titulares de los derechos a que se refiere el apartado 1 compartan los recursos o la propiedad, incluso mediante la coubicación física, con el fin de fomentar la eficiencia de las inversiones en infraestructura y promover la innovación. Tales sistemas de uso compartido o de coordinación podrán incluir reglas de prorrateo de los costes del uso compartido de los recursos o las propiedades , ajustados en su caso en función de los riesgos y deberán asegurar que se fije un reparto adecuado de los riesgos entre las empresas de que se trate .

2 ter . Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación realicen un inventario detallado de la naturaleza, disponibilidad y situación geográfica de los recursos a que se refiere el apartado 1, sobre la base de la información facilitada por los titulares de los derechos a que se refiere dicho apartado, y lo pongan a disposición de las partes interesadas.

2 quater . Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes establezcan procedimientos de coordinación adecuados, en cooperación con las autoridades nacionales de reglamentación, en relación con las obras públicas a que se refiere el apartado 2, y con otros recursos o propiedades públicos adecuados. Estos procedimientos pueden incluir procedimientos que aseguren que las partes interesadas disponen de información sobre los recursos o propiedades públicos adecuados, así como sobre las obras públicas previstas o en marcha, que se les notifique en tiempo útil tales obras, y que se facilite al máximo el uso compartido.

3. Las medidas adoptadas por una autoridad nacional de reglamentación de conformidad con el presente artículo deberán ser objetivas, transparentes, no discriminatorias y proporcionadas.»

– Enmienda 71

La enmienda aporta clarificaciones útiles. Sin embargo, la sustitución de «ANR» por «autoridad competente» es innecesaria (véase el artículo 3 de la Directiva marco). Asimismo, es importante señalar que esta disposición se refiere a un tipo de situación diferente de la de los requisitos de notificación en caso de violación de la seguridad contemplados en el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2002/58/CE sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas y que, por tanto, se necesita un conjunto distinto de normas y procedimientos para los casos abordados en este artículo. La posibilidad de adoptar medidas nacionales adicionales permite a los Estados miembros tener en cuenta las especificidades nacionales.

Artículo 1, punto 14, del acto modificativo; artículo 13 bis de la Directiva 2002/21/CE:

«1. Los Estados miembros velarán por que las empresas que suministran redes de comunicaciones públicas o prestan servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público adopten las medidas técnicas y organizativas adecuadas para salvaguardar la seguridad de sus redes o servicios. Considerando el estado de la técnica, dichas medidas garantizarán un nivel de seguridad adecuado al riesgo presente. En particular, se adoptarán medidas para evitar y reducir al mínimo el impacto de los incidentes de seguridad en los usuarios y las redes interconectadas.

2. Los Estados miembros velarán por que las empresas que suministran redes de comunicaciones públicas adopten medidas adecuadas para garantizar la integridad de sus redes a fin de asegurar la continuidad de la prestación de los servicios que utilizan esas redes. Las autoridades nacionales competentes de reglamentación consultarán con los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas antes de adoptar medidas específicas en el ámbito de la seguridad y la integridad de las redes de comunicaciones electrónicas.

3. Los Estados miembros velarán por que las empresas que suministran redes de comunicaciones públicas o prestan servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público notifiquen a la autoridad nacional competente de reglamentación cualquier violación de la seguridad o merma de integridad que haya tenido un impacto significativo en la explotación de las redes o los servicios.

Si procede, la autoridad nacional competente de reglamentación afectada informará a las autoridades nacionales competentes de reglamentación de otros Estados miembros y a ENISA . En los casos en que la revelación de la violación sea de interés público, la autoridad nacional competente de reglamentación podrá informar al público.

Una vez al año , la autoridad nacional competente de reglamentación presentará a la Comisión un informe resumido sobre las notificaciones recibidas y las medidas adoptadas de conformidad con este apartado.

4. La Comisión, teniendo en cuenta en la mayor medida posible el dictamen de tras consultar a ENISA , podrá adoptar las medidas técnicas de ejecución apropiadas con objeto de armonizar las medidas a que se refieren los apartados 1, 2 y 3, incluidas las medidas que definan las circunstancias, el formato y los procedimientos aplicables a las notificaciones . La adopción de dichas medidas técnicas de ejecución no impedirán que los Estados miembros adopten disposiciones adicionales para alcanzar los objetivos fijados en los apartados 1 y 2.

Las normas sobre las notificaciones de infracción se aplicarán conforme a la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas(.

Estas medidas de ejecución, destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, completándola, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el apartado 3 del artículo 22. Por imperiosas razones de urgencia, la Comisión podrá hacer uso del procedimiento de urgencia contemplado en el apartado 4 del artículo 22.»

__________

( DO L 201 de 31.7.2002, p. 37. »

– Enmienda 72

La enmienda aporta una clarificación. Sin embargo, añadir criterios de sostenibilidad no es aceptable porque debilitaría la propuesta de la Comisión.

Artículo 1, punto 14, del acto modificativo; artículo 13 ter , apartado 1, de la Directiva 2002/21/CE:

«1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales competentes de reglamentación estén facultadas para dar instrucciones vinculantes a las empresas que suministren redes de comunicaciones públicas o presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público a fin de aplicar el artículo 13 bis . Estas instrucciones vinculantes serán proporcionadas y económica y técnicamente sostenibles, y se aplicarán en un plazo razonable. »

– Enmienda 74

La enmienda aporta una clarificación. Sin embargo, debe tener en cuenta el hecho de que en las actuales disposiciones «seguridad» se refiere tanto a los servicios como a las redes, pero «integridad» solamente se refiere a las redes.

Artículo 1, punto 14, del acto modificativo; artículo 13 ter , apartado 2, de la Directiva 2002/21/CE:

«a) faciliten la información necesaria para evaluar la seguridad e y/o la integridad de sus servicios y redes, incluidos los documentos sobre las políticas de seguridad; y».

– Enmienda 75

La enmienda refuerza la disposición. No obstante, no es necesario añadir «competente» a la «ANR».

Artículo 1, punto 14, del acto modificativo; artículo 13 ter , apartado 3, de la Directiva 2002/21/CE:

«3. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales competentes de reglamentación estén plenamente facultadas para investigar los casos de incumplimiento, así como sus efectos sobre la seguridad e integridad de las redes. »

– Enmienda 77

La Comisión puede aceptar que se mantenga el apartado 3 del artículo 14 de la Directiva marco, pero no está de acuerdo con los cambios que introduce esta enmienda. Por consiguiente, la propuesta modificada elimina la disposición del acto modificativo por la que se suprime este apartado de la Directiva.

Artículo 1, punto 15: se suprime la letra b) del acto modificativo.

– Enmienda 80

La Comisión puede aceptar en principio la modificación del artículo 16, apartado 1, de la Directiva marco que propone esta enmienda, pero considera que la referencia a la Recomendación es redundante, puesto que la obligación de las autoridades nacionales de reglamentación de tener en cuenta dicha Recomendación ya se aborda más pertinentemente en el artículo 15, apartado 3.

Artículo 1, punto 17, letra a), del acto modificativo; artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2002/21/CE:

«Las autoridades nacionales de reglamentación efectuarán un análisis de los mercados pertinentes teniendo en cuenta aquellos enumerados en la recomendación y teniendo en cuenta las directrices en la mayor medida posible. Los Estados miembros velarán por que este análisis se lleve a cabo, si procede, en colaboración con las autoridades nacionales responsables en materia de competencia.»

– Enmienda 84

La Comisión puede aceptar la supresión de la referencia al procedimiento de urgencia en esta enmienda, pero no está de acuerdo con que el procedimiento de reglamentación con control deba ampliarse a las medidas de ejecución mencionadas en el artículo 17, apartado 1, puesto que tales medidas son actos no vinculantes.

Artículo 1, punto 18, letra c), del acto modificativo; artículo 17, apartado 6 bis , de la Directiva 2002/21/CE:

«6 bis . Las medidas de ejecución a que se refieren los apartados 1, 4 y 6, destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, completándola, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el apartado 3 del artículo 22.»

– Enmienda 85

La formulación del apartado 1 de esta enmienda permitiría a la Comisión adoptar medidas únicamente a posteriori , después de que una divergencia en la ejecución de las tareas reguladoras ya hubiera creado un obstáculo al mercado interior. Además, la Comisión debe poder formular una recomendación de conformidad con este artículo, que ofrece a la Comisión un instrumento rápido y flexible no vinculante. Por tanto, se mantiene el apartado 2.

La Comisión puede aceptar la supresión de la referencia al procedimiento de urgencia en el apartado 3.

Se rechaza la enmienda a la letra c) del apartado 4, ya que conferiría a la Comisión competencias de comitología demasiado amplias, que irían más allá de los aspectos de protección de los consumidores incluidos en la Directiva servicio universal, y que, por tanto, quedan fuera del ámbito del marco regulador, mientras que las medidas de ejecución que deben adoptarse de conformidad con el artículo 19 se limitan a las cuestiones cubiertas por el marco regulador.

El texto adicional de la letra d) del apartado 4 es necesario en aras de la coherencia de la terminología utilizada para tratar este asunto.

No puede aceptarse la supresión del apartado 5: representa una restricción innecesaria de las tareas del [Organismo], cuya experiencia puede ser útil para asesorar a la Comisión a este respecto.

Artículo 1, punto 20, del acto modificativo; artículo 19 de la Directiva 2002/21/CE:

«1. Sin perjuicio del artículo 9 de la presente Directiva ni de los artículos 6 y 8 de la Directiva 2002/20/CE (Directiva autorización), cuando la Comisión constate que las divergencias en la aplicación por las autoridades nacionales de reglamentación de las tareas reguladoras especificadas en la presente Directiva y en las Directivas específicas pueden crear crean un obstáculo al mercado interior, podrá, teniendo en cuenta en la mayor medida posible el dictamen del BERT [Organismo] , de haberlo, presentar una recomendación o una decisión sobre la aplicación armonizada de lo dispuesto en la presente Directiva y en las Directivas específicas para fomentar la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 8.

2. En los casos en que la Comisión presente una recomendación con arreglo al apartado 1, actuará de conformidad con el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 22.

Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación tengan en cuenta en la mayor medida posible estas recomendaciones en el desempeño de sus tareas. Cuando una autoridad nacional de reglamentación decida no seguir una recomendación, deberá informar de ello a la Comisión, motivando su posición.

3. La decisión a que se refiere el apartado 1, destinada a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, completándola, se adoptará con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el apartado 3 del artículo 22.

4. Las medidas adoptadas con arreglo al apartado 1 podrán incluir la identificación de un planteamiento armonizado o coordinado para abordar los problemas siguientes:

a) aplicación coherente de los planteamientos reguladores, incluidos el tratamiento de los servicios nuevos, de los mercados de escala inferior a la nacional y de los servicios transfronterizos de comunicaciones electrónicas de empresas prestados a las empresas en la reglamentación ;

b) problemas de numeración , denominación y direccionamiento, incluidas las series de números, la conservación de los números e identificadores, los sistemas de traducción de direcciones y números, y el acceso a los servicios de urgencia 112;

c) problemas de los consumidores no incluidos en la Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal) , en particular incluida la accesibilidad a los servicios y equipos de comunicaciones electrónicas por los usuarios finales con discapacidad;

d) contabilidad reguladora , incluido el cálculo del riesgo de inversión .

5. [El Organismo] podrá, por propia iniciativa, asesorar a la Comisión sobre si debe adoptarse una medida con arreglo al apartado 1 . »

– Enmienda 86

Debe rechazarse la referencia a una «decisión común» en esta enmienda. Las ANR solamente pueden adoptar decisiones vinculantes aplicables a su territorio. La posibilidad de adoptar decisiones comunes afectaría a los derechos de los Estados miembros; asimismo se plantearía el problema de la jurisdicción competente para impugnar dichas decisiones. No obstante, las ANR podrían coordinar y acordar las decisiones aplicables a las empresas en cuestión que operen en sus territorios nacionales respectivos y bajo su jurisdicción.

Artículo 1, punto 22, del acto modificativo; artículo 21, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 2002/21/CE:

«2. Cualquiera de las partes podrá someter el litigio a las autoridades nacionales de reglamentación afectadas. Las autoridades nacionales de reglamentación competentes coordinarán sus esfuerzos , y, en su caso, consultarán en el seno del BERT al [Organismo], para encontrar , en la medida de lo posible, una solución coherente al litigio , a través de la adopción de una decisión común, de conformidad con sus competencias territoriales respectivas y con los objetivos establecidos en el artículo 8. Cualquier obligación impuesta a una empresa por la autoridad nacional de reglamentación en la resolución de un litigio deberá respetar lo dispuesto en la presente Directiva o en las Directivas específicas. »

Por lo que se refiere a la Directiva acceso:

Enmiendas 91, 95, 98, 100, 101, 103 y 105.

– Enmienda 91

Añadir una referencia específica a un servicio como la que se propone en el ámbito de los servicios de anuarios no es adecuado dentro del marco regulador de la UE. Este marco regulador no debe hacer ninguna distinción entre servicios de la misma categoría, en este caso particular distinguiendo la prestación de servicios de anuarios dentro de la categoría más general de los servicios de la sociedad de la información a la que pertenecen. El acceso a la información de los abonados podría plantear problemas de protección de datos personales; por otra parte, no está claro que el reembolso de sumas entre proveedores de acceso y proveedores de servicios de anuarios sea una cuestión relacionada con el acceso.

Artículo 2, punto 1, del acto modificativo; artículo 2, letra a), de la Directiva 2002/19/CE:

«a) "Acceso": la puesta a disposición de otra empresa, en condiciones definidas y sobre una base exclusiva o no exclusiva, de recursos o servicios con fines de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas incluida la entrega de servicios de la sociedad de la información o servicios de contenidos radiodifundidos. Este término abarca, entre otros aspectos, los siguientes: el acceso a elementos de redes y recursos asociados que puede requerir la conexión de equipos por medios fijos o no fijos (en particular, esto incluye el acceso al bucle local y a recursos y servicios necesarios para facilitar servicios a través del bucle local); el acceso a infraestructuras físicas, como edificios, conductos y mástiles; el acceso a sistemas de programación pertinentes, incluidos los sistemas de apoyo operativos; el acceso a la conversión del número o sistemas con una funcionalidad equivalente; el acceso a la necesaria información sobre los abonados y a mecanismos para devolver sumas facturadas a los usuarios finales a los proveedores de servicios de anuarios; el acceso a redes fijas y móviles, en especial con fines de itinerancia; el acceso a sistemas de acceso condicional para servicios de televisión digital; y el acceso a servicios de redes virtuales.»

– Enmienda 95

Añadir una referencia a un servicio específico como se propone en el artículo 5, párrafo primero, letra a), por lo que se refiere a los servicios de anuarios no es adecuado dentro del marco regulador de la UE. Este marco regulador no debe hacer ninguna distinción entre servicios de la misma categoría, en este caso particular distinguiendo la prestación de servicios de anuarios dentro de la categoría más general de los servicios de la sociedad de la información a la que pertenecen.

En cuanto al análisis propuesto de las distintas condiciones de competencia existentes en los Estados miembros a la hora de evaluar la proporcionalidad de las obligaciones, la Comisión alberga dudas sobre su viabilidad, ya que esta tarea requeriría un análisis geográfico de los mercados que únicamente puede llevarse a cabo en el contexto de la definición del mercado, una fase que no es obligatoria con arreglo al artículo 5, apartado 1, dado que las obligaciones y las condiciones asociadas se entienden sin perjuicio de la existencia de operadores con un peso significativo en el mercado. Así pues, existe un riesgo importante de que la disposición propuesta genere cierta confusión e inseguridad jurídica.

Artículo 2, punto 2, del acto modificativo; artículo 5 de la Directiva 2002/19/CE:

« Los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

1. "Para la consecución de los objetivos que se establecen en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco), las autoridades nacionales de reglamentación fomentarán y, en su caso, garantizarán, de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, la adecuación del acceso, la interconexión y la interoperabilidad de los servicios, y ejercerán sus responsabilidades de tal modo que se promuevan la eficiencia, la competencia sostenible, la inversión y la innovación , y el máximo beneficio para los usuarios finales.

En particular y sin perjuicio de las medidas que puedan adoptarse en relación con las empresas que tengan un peso significativo en el mercado de conformidad con el artículo 8, las autoridades nacionales de reglamentación podrán imponer:

a) en la medida en que sea necesario garantizar la posibilidad de conexión de extremo a extremo o el acceso equitativo y razonable a los servicios de terceros , como los servicios de anuario, las obligaciones de las empresas que controlen el acceso a los usuarios finales, incluida, en casos justificados, la obligación de interconectar sus redes o de hacerlo de forma no discriminatoria, cuando no lo hayan hecho, o de hacer que sus servicios sean interoperables , incluidos los mecanismos para devolver a los proveedores de servicios los importes facturados a los usuarios finales en términos equitativos, transparentes y razonables;

b) en la medida en que sea necesario para garantizar el acceso de los usuarios finales a los servicios digitales de radiodifusión y televisión que determine el Estado miembro en cuestión, obligaciones a los operadores para que faciliten acceso a los demás recursos contemplados en la parte II del anexo I en condiciones justas, razonables y no discriminatorias.

2. Las obligaciones y condiciones impuestas de conformidad con el apartado 1 serán objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias y se aplicarán de conformidad con los procedimientos contemplados en los artículos 6, 7 y 7 bis de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).

Al evaluar la proporcionalidad de las obligaciones y condiciones que se impondrán, las autoridades nacionales de reglamentación tendrán en cuenta las distintas condiciones de competencia existentes en las diferentes zonas de los Estados miembros. " »

– Enmienda 98

Si bien la inclusión del texto «restricciones al acceso a los servicios y aplicaciones» supone una clarificación útil en el contexto de los servicios de próxima generación, la referencia específica a la gestión del tráfico sería desproporcionada.

Artículo 2, punto 6 bis (nuevo), del acto modificativo; artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2002/19/CE:

«(6 bis ) El artículo 9, apartado 1, se sustituye por el texto siguiente:

1. "De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, las autoridades nacionales de reglamentación estarán facultadas para imponer obligaciones de transparencia en relación con la interconexión y/o el acceso, conforme a las cuales los operadores deberán hacer público determinado tipo de información, como la relativa a la contabilidad, especificaciones técnicas, características de las redes, incluida cualquier restricci ón ones al acceso a los servicios y aplicaciones, políticas de gestión del tráfico, condiciones de suministro y utilización, y precios."»

– Enmienda 100

En el apartado 1, párrafo segundo, deben mantenerse los términos «se podrá», ya que las obligaciones enumeradas en las letras a) a j) no se aplican todas de manera sistemática, sino que se eligen, todas o solo una parte de ellas, a raíz de un análisis de la ANR.

La Comisión tiene una opinión positiva de la disposición propuesta en el apartado 1, letra f bis ), al considerar que fomentaría la inversión en infraestructura en el entorno de las redes de acceso de próxima generación; sin embargo, esta obligación es una repetición de la enmienda 99 (aceptada por la Comisión), que modifica el artículo 9, apartado 4, de la Directiva 2002/19/CE del siguiente modo: «No obstante lo dispuesto en el apartado 3, cuando se constate que un operador tiene peso significativo en un mercado pertinente con arreglo al artículo 14 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) con respecto al acceso local en una ubicación fija, las autoridades nacionales de reglamentación garantizarán la publicación de una oferta de referencia que incluya al menos los elementos contemplados en el anexo II».

En el apartado 2, letra c), las modificaciones de la Comisión a la enmienda 100 reflejan la necesidad de garantizar, con el fin de evitar una fragmentación innecesaria del marco regulador en un Estado miembro y en toda la UE, que la metodología para distribuir los riesgos en cuestión sea coherente con la que ya apliquen las autoridades nacionales de reglamentación en el marco de la regulación asimétrica (peso significativo en el mercado), sobre la base del artículo 13 de la Directiva acceso, en virtud del cual el coste del capital empleado se ajustará mediante una prima de riesgo.

Artículo 2, punto 8, del acto modificativo; artículo 12 de la Directiva 2002/19/CE:

« 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, las autoridades nacionales de reglamentación estarán facultadas para exigir a los operadores que satisfagan las solicitudes razonables de acceso a elementos específicos de las redes y a recursos asociados, así como las relativas a su utilización, entre otros casos en aquellas situaciones en las que dichas autoridades consideren que la denegación del acceso o unas condiciones no razonables de efecto análogo pueden constituir un obstáculo al desarrollo de un mercado competitivo sostenible a escala minorista o que no benefician a los usuarios finales.

Entre otras cosas, se podrá imponer a los operadores que:

a) concedan acceso a terceros a elementos y/o recursos específicos de las redes, incluido el acceso desagregado al bucle local;

b) negocien de buena fe con las empresas que soliciten el acceso;

c) no revoquen una autorización de acceso a recursos previamente concedida;

d) presten servicios específicos en régimen de venta al por mayor para su reventa a terceros;

e) concedan libre acceso a interfaces técnicas, protocolos u otras tecnologías clave que sean indispensables para la interoperabilidad de los servicios o de servicios de redes virtuales;

f) faciliten la coubicación u otras modalidades de uso compartido de instalaciones, incluidos conductos, edificios o la entrada a edificios, antenas, torres y otras construcciones de soporte , mástiles, bocas de acceso, distribuidores y otros elementos de la red que no sean activos ;

(f bis ) proporcionen a terceros una oferta de referencia para conceder acceso a los conductos;

g) presten determinados servicios necesarios para garantizar la interoperabilidad de servicios de extremo a extremo ofrecidos a los usuarios, con inclusión de los recursos necesarios para los servicios de red inteligente o la itinerancia en redes móviles;

h) proporcionen acceso a sistemas de apoyo operativos o a sistemas informáticos similares necesarios para garantizar condiciones equitativas de competencia en la prestación de servicios;

i) interconecten las redes o sus instalaciones;

j) proporcionen acceso a servicios asociados tales como identidad, localización y capacidad de presencia.

Las autoridades nacionales de reglamentación podrán acompañar dichas obligaciones de condiciones en materia de equidad, racionalidad y oportunidad.

2. Cuando las autoridades nacionales de reglamentación estudien la conveniencia de imponer las obligaciones previstas en el apartado 1, y en particular al evaluar si dichas obligaciones resultarían coherentes con los objetivos establecidos en el artí