El sistema de justicia adolece de una digitalización prácticamente inexistente. El público general tiene acceso a una cantidad muy limitada de información sobre el sistema judicial. Además, no existe información electrónica sobre el avance de los casos ni un sistema electrónico para la gestión de estos. Esta cuestión también se ha abordado en el contexto del Semestre Europeo de 2020 mediante una recomendación para mejorar la digitalización del sistema judicial. Uno de los principales objetivos de las reformas en curso es la introducción de un sistema electrónico de administración judicial. No obstante, su implantación y los procedimientos oportunos de contratación pública vienen retrasándose desde 2017. Entretanto, se ha creado e instalado un minirregistro electrónico en todos los registros civiles y el Tribunal Supremo con el fin de tramitar las demandas de un modo más eficiente, en espera de que se implemente por completo el sistema de justicia electrónica. En este contexto, cabe señalar que, en el marco de las medidas de emergencia adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, el Tribunal Supremo anunció la suspensión de los procedimientos judiciales, salvo de los asuntos urgentes. Los procedimientos judiciales se han ido reanudando paulatinamente desde el 4 de mayo de 2020.

En Chipre, la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información están protegidos jurídica y oficialmente por la Constitución de la República de Chipre. El Derecho derivado ampara expresamente el derecho de los periodistas a proteger a sus fuentes y fomenta el pluralismo de los medios de comunicación en los sectores de la radio y la televisión. No obstante, se ha cuestionado la independencia de la Autoridad de los medios de comunicación (p. ej., en lo que respecta a los procesos de nombramiento). Asimismo, resulta preocupante que no exista un marco que garantice la transparencia de la propiedad en los sectores de la prensa escrita y los medios de comunicación digitales, lo cual dificulta determinar y verificar a los propietarios reales o la propiedad cruzada en estos sectores.

Chipre ha realizado algunos progresos en la lucha contra la corrupción y su investigación, incluso en asuntos de gran calado. Todavía no se ha formulado legislación clave para la prevención de la corrupción. La actividad de los grupos de presión y la protección de los denunciantes siguen sin estar reguladas en el ordenamiento jurídico, y aún no se ha creado una autoridad independiente para combatir la corrupción. Si bien existen reglas relativas a la declaración del patrimonio, el régimen en vigor podría fortalecerse mejorando la eficacia del control de dichas declaraciones. Aunque hay códigos de conducta aplicables a los miembros del Gobierno, los funcionarios y los fiscales, no existen disposiciones similares aplicables a los miembros de la Cámara de Representantes.

El marco regulador de Chipre permite cierto grado de transparencia en lo que respecta a la propiedad de los medios de comunicación en el sector de la comunicación audiovisual. La Autoridad de Radio y Televisión garantiza la transparencia, que se consigue fundamentalmente mediante los procedimientos detallados de concesión de licencias y registro establecidos por la ley antes mencionada. En cuanto al escrutinio sistemático por parte de la Autoridad, el Media Pluralism Monitor de 2020 expresa inquietud por la eficiencia de su realización en la práctica. Asimismo, no existe un marco que garantice la transparencia de la propiedad en los sectores de la prensa escrita y los medios de comunicación digitales, lo cual dificulta determinar y verificar quiénes son los propietarios reales o la propiedad cruzada en estos sectores. En consecuencia, el MPM considera que la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación presenta un riesgo alto (81 %). Este factor, unido a otros —como la considerable concentración de los medios informativos y la falta de regulación del mercado de medios de comunicación en línea—, ha llevado al MPM a cambiar la calificación del riesgo de la pluralidad del mercado de bajo (34 %) en 2017 a alto (74 %) en 2020. No obstante, el MPM señala que el sector televisivo presenta un pluralismo considerable, puesto que cuatro de los siete canales comerciales de televisión y la empresa pública de radiodifusión tienen unos índices de audiencia prácticamente idénticos.

Este sistema regulatorio establece una autoridad jurídicamente independiente con facultades claramente definidas y dotada de recursos financieros suficientes. El instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación Media Pluralism Monitor (MPM) señala que las decisiones de la Autoridad se publican de manera periódica, están sujetas a revisión judicial y no pueden ser anuladas por el Gobierno. En consecuencia, el MPM considera que el riesgo general para la independencia de la Autoridad en términos de independencia funcional, potestades coercitivas y adecuación de los recursos es bajo. No obstante, califica la independencia efectiva de la Autoridad con un riesgo medio debido a la preocupación que suscitan los criterios de selección que el Gobierno utiliza para designar a los miembros de la Autoridad, la independencia en la práctica, y problemas de transparencia y rendición de cuentas.

Los conflictos de intereses requieren atención. En este ámbito, el proyecto de ley relativo a los grupos de presión contiene disposiciones que regulan los conflictos de intereses de los funcionarios de alto nivel. También introduce un período de incompatibilidad conforme al cual los funcionarios de alto nivel no pueden inscribirse en el registro hasta que transcurran dos años desde el día en que dejen de ejercer sus funciones. Aunque los miembros del Gobierno, los funcionarios y los fiscales deben respetar ciertos códigos de conducta, no existen disposiciones similares aplicables a los miembros de la Cámara de Representantes. A finales de 2019 se inició un procedimiento para elaborar y adoptar un código de conducta para los diputados. Dicho código tiene por objeto ofrecer orientación sobre cómo prevenir y gestionar los conflictos de intereses que afecten a los diputados.

La actividad de los grupos de presión no está regulada. Hay un proyecto de ley encaminado a regular las actividades de los grupos de presión pendiente de aprobación en el Parlamento desde mayo de 2019. El proyecto de ley exige que todos los grupos de presión se registren y graben sus reuniones. Se prevé que la adopción de esta ley vaya acompañada de la creación de la Autoridad Independiente de Lucha contra la Corrupción, que se encargará de llevar el registro de estos grupos. En la actualidad no existe una autorregulación de las actividades de los grupos de presión, y en Chipre no hay una asociación profesional que congregue a estos grupos.

Se está aplicando el Plan de Acción Nacional contra la Corrupción. El Consejo de Ministros aprobó en mayo de 2019 un Plan Nacional de Acción Horizontal contra la Corrupción que hace efectivos los elementos clave de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción. Todavía no se han adoptado algunas medidas fundamentales del Plan de Acción, en especial el proyecto de ley por el que se establece una autoridad independiente de lucha contra la corrupción. Asimismo, el proyecto de ley sobre la denuncia de actos de corrupción, que incluye disposiciones relativas a los denunciantes, y el proyecto de ley sobre la transparencia en los procesos de adopción de decisiones públicas y cuestiones conexas, que incluye disposiciones sobre las actividades de los grupos de presión, están pendientes de adopción en la Cámara de Representantes desde mayo de 2017 y mayo de 2019, respectivamente. En espera de que se establezca la autoridad independiente, como solución provisional se ha encomendado a la Oficina para la Transparencia y la Prevención de la Corrupción la responsabilidad de vigilar la ejecución del Plan Nacional de Acción Horizontal. Se han designado puntos de contacto en los organismos públicos, pero la Oficina no cuenta con personal suficiente.

CEPEJ (2018), Study on the functioning of judicial systems in the EU Member States.

Centro Europeo para un Derecho Sin Fines de Lucro, A more progressive NGO Law adopted in Cyprus. https://ecnl.org/republic-cyprus-adopted-progressive-ngo-law/ .

Centre for Media Pluralism and Media Freedom (2020), 2020 Media pluralism monitor. https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2020/ .

El comisario para la Administración, que contribuye a salvaguardar los derechos fundamentales, se ha enfrentado a ciertas dificultades. El comisario para la Administración y los Derechos Humanos (defensor del pueblo) es la institución nacional de derechos humanos. En 2015, la GANHRI le asignó la categoría B. En su informe de acreditación, el Subcomité de Acreditación de la GANHRI formuló recomendaciones acerca del nombramiento del defensor del pueblo, la asignación de recursos y la gestión del presupuesto. Recientemente se han reforzado las capacidades del defensor del pueblo y se ha solicitado más personal para 2020. No obstante, ha tenido dificultades, en vista del intento del auditor general de investigar el modo en que ejerce sus funciones, que el comisario consideró una interferencia con su independencia. El Instituto Internacional del Ombudsman (IOI) refrendó esta postura y, posteriormente, el fiscal general detuvo el procedimiento. Las sugerencias o recomendaciones del comisario no son vinculantes. Tiene capacidad para consultar a la autoridad implicada con el fin de buscar una forma de que esta asuma sus posturas y las ponga en práctica.

Una reforma busca mejorar la ejecución de las decisiones judiciales por parte de la Administración pública. Con arreglo a la Constitución, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y el Tribunal Supremo están facultados para evaluar si se han aplicado sus resoluciones y, en caso negativo, imponer las sanciones correspondientes conforme a lo previsto por la ley. No obstante, todavía no se ha promulgado la base jurídica necesaria. La Cámara de Representantes tiene pendiente de tramitar un proyecto de ley que establece sanciones en caso de que un órgano, una autoridad o una persona infrinja la obligación de cumplir las resoluciones judiciales.

Comisión Europea (2019), Creation of Objective Criteria for the recruitment and promotion of Judges in Cyprus.

Comisión Europea (2020), Informe sobre Chipre, SWD(2020) 512 final.

Comisión Europea (2019, 2020), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE.

Dirección General de Comunicación (2019), Edición Flash del Eurobarómetro n.º 482: Actitudes de las empresas respecto a la corrupción en la UE.

Dirección General de Comunicación (2020), Eurobarómetro especial 502: corrupción.

Dirección General para Programas Europeos, Coordinación y Desarrollo, Europe 2020 Cyprus National Reform Programme.

Gobierno de Chipre (2020), Datos aportados por Chipre para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

GRECO (2016), Cuarta ronda de evaluación, Informe de evaluación de Chipre sobre la prevención de la corrupción de los diputados, jueces y fiscales.

GRECO (2018), Cuarta ronda de evaluación, Informe de cumplimiento de Chipre sobre la prevención de la corrupción de los diputados, jueces y fiscales.

OCDE (2019), Indicadores de política y gobernanza regulatoria: Chipre. http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/indicators-of-regulatory-policy-and-governance-2019-cyprus.pdf

Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Chipre y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de Chipre.

Red Europea de Consejos del Poder Judicial/Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), Survey among lawyers on the independence of Judges, 2018-2019 - Independence and Accountability of the Judiciary.

Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (2020), Datos aportados por la Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos a la consulta a las partes interesadas para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

Reporteros Sin Fronteras (2020), Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.

República de Chipre (2020), Respuesta de las autoridades de la República de Chipre en relación con la alerta con el título «pipe bomb attack on Cyprus MC Digital» («ataque con bomba de tubo a las oficinas de la agencia de noticias MC Digital Media»).

Sitio web de la Comisión de Reclamaciones a los Medios de Comunicación de Chipre: http://www.cmcc.org.cy/about_us.html .

Transparencia Internacional (2019), Índice de percepción de la corrupción.

Visita virtual a Chipre en el marco de la elaboración del Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.