Propuesta modificada de Reglamento del Consejo relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina de Lucha contra el Fraude(1)

(1999/C 131/04)

COM(1999) 140 final - 98/0329(CNS)

(Presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 189 A del Tratado CE el 29 de marzo de 1999)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 235,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su artículo 203,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas,

(1) Considerando que las instituciones y los Estadas miembros conceden gran importancia a la protección de los intereses financieros de las Comunidades y a la lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal cometidos en detrimento de los intereses financieros comunitarios; que la importancia de esta acción se ve confirmada por el artículo 209 A del Tratado CE y el artículo 182 A del Tratado CEEA;

(2) Considerando que es necesario utilizar todos los medios disponibles para alcanzar estos objetivos, en particular desde el punto de vista de la misión de investigación encomendada a nivel comunitario, manteniendo al mismo tiempo el reparto y el equilibrio actuales de responsabilidades entre el nivel nacional y el nivel comunitario;

(3) Considerando que, para reforzar los medios de lucha contra el fraude, la Comisión ha creado en su seno, por Decisión 1999/.../CE, CECA, Euratom(2), la Oficina de Lucha contra el Fraude (en lo sucesivo, "la Oficina"), un servicio encargado de efectuar investigaciones administrativas contra el fraude; que ha dotado a dicha Oficina de total independencia en el ejercicio de las labores de control y verificacion in situ en el marco del Derecho comunitario;

(4) Considerando que la Decisión 1999/.../CE, CECA, Euratom prevé que la citada Oficina ejerza en materia de investigación las competencias atribuidas por el legislador comunitario, dentro de los límites y de acuerdo con las condiciones por él fijadas;

(5) Considerando que conviene confiar a la Oficina el ejercicio de las competencias atribuidas a la Comisión por el Reglamento (Euratom, CE) n° 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades(3); que conviene igualmente que la Oficina pueda ejercer las demás competencias conferidas a la Comisión para efectuar controles y verificaciones in situ en los Estados miembros, con vistas a investigar irregularidades de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CE, Euratom) n° 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas(4);

(6) Considerando que, habida cuenta de la necesidad de intensificar la lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de las Comunidades, la Oficina debe poder efectuar investigaciones internas en las instruciones u organismos creados por los Tratados CE y CEEA o sobre la base de éstos (en los sucesivo, "instituciones y organismos");

(7) Considerando que las investigaciones deben efectuarse respetando plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales, y, en particular, el principio de equidad, el derecho de la persona implicada a manifestarse sobre los hechos que la afectan y el derecho de que sólo los elementos con valor probatorio puedan constituir la base de las conclusiones de una investigación; que, a tal fin, las instituciones y organismos habrán de establecer las normas y condiciones de realización de las investigaciones internas; que convendrá modificar el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el Régimenaplicable a otros agentes de dichas Comunidades (en lo sucesivo, "el Estatuto"), con objeto de prever en ellos los derechos y obligaciones de los funcionarios y demás agentes en materia de investigaciones internas;

(8) Considerando que dichas investigaciones internas sólo pueden llevarse a cabo si se garantiza a la Oficina el acceso a todos los locales de las instituciones y organismos y a cualquier información y documento que obren en poder de éstos;

(9) Considerando que, a fin de garantizar la independencia de la Oficina a la hora de ejectuar las tareas que le confía el presente Reglamento, conviene artibuir a su Director competencias para iniciar una investigación bien por iniciativa propia, bien a petición de un Estado miembro o, en su caso, de una institución u organismo;

(10) Considerando que corresponde a las autoridades nacionales competentes o, en su caso, a las instituciones y organismos decidir el curso que ha de darse a las investigaciones concluidas, basándose para ello en el informe elaborado por la Oficina; que, a fin de intensificar la lucha contra el fraude, conviene autorizar a su Director para que, si lo considera oportuno, transmita directamente y en cualquier momento a las autoridades judiciales competentes información sobre las investigaciones en curso;

(11) Considerando que conviene establecer las condiciones en que los agentes de la Oficina lleverán a cabo su misión, así como las condiciones relativas al ejercicio de la responsabilidad del Director en lo referente a la ejecución de las investigaciones por parte de los agentes de la Oficina;

(12) Considerando que, en aras de una fructífera cooperación entre la Oficina, los Estados miembros y las instituciones u organismos interesados, es necesario facilitar el intercambio recíproco de información respetando la confidencialidad de los datos amparados por el secreto profesional y garantizando que se les dispensa la protección concedida a los datos de esta índole;

(13) Considerando que, para garantizar que se tienen en cuenta los resultados de las investigaciones realizadas por los agentes de la Oficina y que se realiza el seguimiento necesario, conviene establecer que los informes puedan constituir elementos de prueba admisibles en los procedimientos administrativos o judiciales; que, a tal fin, deben prepararse teniendo en cuenta las condiciones de eleboración de los informes administrativos nacionales;

(14) Considerando que la Oficina ha de disfrutar de independencia para el cumplimiento de su misión; que, no obstante, debe poder contar con el asesoramiento de expertos en la lucha contra el fraude; que, a tal fin, la Oficina debe estar asistida por un Comité de vigilancia, compuesto por personalidades independientes, especializadas en el ámbito de competencia de la Oficina;

(15) Considerando que las investigaciones administrativas deben realizarse bajo la dirección del Director de la Oficina, con plena independencia respecto de las instituciones y organismos comunitarios y del Comité de vigilancia;

(16) Considerando que la atribución a la Oficina de la labor de efectuar investigaciones administrativas a fin de proteger los intereses financieros de las Comunidades no puede tener por efecto la disminución de la protección jurídica de las persona afectadas, en particular en lo que respecta a la protección de los datos personales y al respeto de la confidencialidad de los datos recogidos en tales investigaciones; que, además, es conveniente garantizar a los funcionarios y demás agentes de las Comunidades una protección jurídica equivalente a la prevista en los artículos 90 y 91 del Estatuto;

(17) Considerando que conviene, tras un período de tres años, evaluar las actividades de la Oficina;

(18) Considerando que el presente Reglamento no merma en modo alguno las competencias y responsabilidades de los Estados miembros para tomar medidas de lucha contra el fraude cometido en detrimento de los intereses financieros de las Comunidades; que, por consiguiente, la atribución de la función de efectuar investigaciones administrativas externas a una Oficina independiente respete plenamente el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 3 B del Tratado CE; que el funcionamiento de una Oficina de estas características hace posible una lucha más eficaz contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que perjudiquen los intereses financieros de las Comunidades y respeta asimismo, por tanto, el principio de proporcionalidad;

(19) Considerando que, a los efectos de la adopción del presente Reglamento, el Tratado CE no prevé más poderes de acción que los del artículo 235, y el Tratado CEEA no prevé más poderes de acción que los del artículo 203,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Objetivo y funciones

A fin de intensificar la lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal cometidos en detrimento de los intereses financieros de la Comunidad Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, la Oficina de Lucha contra el Fraude (denominada en lo sucesivo "la Oficina") efectuará investigaciones administrativas en los Estados miembros y en las instituciones y organismos creados por los Tratados CE y CEEA o sobre la base de éstos (denominados en lo sucesivo "instituciones y organismos").

Artículo 2

Definición

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por "investigaciones" todos los controles, verificaciones y acciones realizados por los agentes de la Oficina en el ejercicio de sus funciones con el fin de luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que perjudiquen los intereses financieros de las Comunidades y de establecer, en su caso, el carácter irregular de esas actividades.

Artículo 3

Investigaciones externas

La Oficina ejercerá las competencias para efectuar controles y verificaciones in situ en los Estados miembros, conferidas a la Comisión por el Reglamento (Euratom, CE) n° 2185/96.

En el marco de sus funciones de investigación, la Oficina podrá ejercer la competencia para efectuar los controles y verificaciones contemplados en el artículo 9 del Reglamento (CE, Euratom) n° 2988/95.

Dichos controles y verificaciones, denominados en lo sucesivo "investigaciones externas", se ejecutarán de acuerdo con las normas y condiciones previstas en el presente Reglamento y en los actos por los que se atribuye a la Comisión la competencia para efectuar investigaciones externas.

Artículo 4

Investigaciones internas

1. La Oficina efectuará investigaciones administrativas internas en las instituciones y organismos, con el fin de proteger los intereses financieros de las Comunidades.

Estas investigaciones administrativas, denominadas en lo sucesivo "investigaciones internas", se realizarán de acuerdo con las normas y condiciones previstas en el presente Reglamento y, hasta la modificación del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y del Régimen aplicable a otros agentes de estas Comunidades (en lo sucesivo, "el Estatuto"), en decisiones que adoptará cada institución y organismo. Las instituciones se concertarán sobre el régimen que deberán establecer tales decisiones.

La Oficina tendrá acceso a cualquier información que obre en poder de las instituciones u organismos, así como a los locales de éstos. Se informará a las instituciones y organismos cuando los agentes de la Oficina lleven a cabo una investigación en sus locales y cuando consulten un documento o información que obre en poder de dichas instituciones y organismos. La Oficina podrá obtener copias de cualquier documento e información que obre en poder de las instituciones y organismos y, en caso necesario, podrá incautarse de ellos para evitar todo riesgo de desaparición.

Cuando se ponga de manifiesto que un funcionario o agente puede estar implicado personalmente, se informará a la institución u organismo al que éste pertenezca de la apertura o de la prosecución de una investigación interna respecto del mismo.

2. Las normas y condiciones aplicables a las investigaciones internas incluirán, en particular, disposiciones relativas:

a) a la obligación de los funcionarios y agentes de las instituciones y organismos de cooperar con los agentes de la Oficina y facilitarles la información necesaria;

b) a la obligación de información previa por parte de la Oficina en caso de acceso a la información y a los locales de las instituciones y organismos, así como en caso de apertura o prosecución de investigaciones que afecten a un funcionario o agente personalmente implicado;

c) a las normas de procedimiento que deberán observar los agentes de la Oficina al realizar investigaciones internas, así como a la garantía de los derechos de las personas que sean objeto de una investigación interna.

Artículo 5

Apertura de las investigaciones

1. Las investigaciones externas se iniciarán por decisión del Director de la Oficina, adoptada por iniciativa propia o previa petición de un Estado miembro.

2. las investigaciones internas se inciarán por decisión del Director de la Oficina, adoptadas por iniciativa propia o previa petición de la institución u organismo en cuyo seno deba efectuarse la investigación.

Artículo 6

Realización de las investigaciones

1. El Director de la Oficina dirigirá la realización de las investigaciones.

2. Los agentes de la Oficina llevarán a cabo sus tareas previa presentación de una habilitación escrita en la que se indicarán su identidad y la calidad en que concurren.

3. Los agentes de la Oficina designados para efectuar una investigación deberán llevar consigo, en todas sus intervenciones, un mandato escrito del Director que indique el objeto y la finalidad de la investigación.

4. Durante los controles y verificaciones in situ, los agentes de la Oficina adoptarán una actitud compatible con las normas y usos que se imponen a los funcionarios del Estado miembro en cuestión y, en su caso, con el Estatuto, así como con las decisiones contempladas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 4.

5. Las investigaciones se desarrollarán ininterrumpidamente durante un período proporcionado a las circunstancias y a la complejidad del asunto. En caso de que una investigación lleve más de doce meses realizándose, el Director comunicará al Comité de vigilancia previsto en el artículo 11 los motivos por los que todavía no sea posible terminar la investigación, así como el plazo previsiblemente necesario para su conclusión.

6. Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes presten la colaboración necesaria a los agentes de la Oficina para el cumplimiento de su misión.

Artículo 7

Información recíproca

Las instituciones y organismos, y los Estados miembros siempre que lo permita el Derecho nacional, remitirán a la Oficina, a petición de ésta o por propia iniciativa, cualquier documento e información que obre en su poder y sea necesario para las investigaciones en curso.

Remitirán asimismo a la Oficina cualquier documento e información que obre en su poder y consideren útil de manera general para la lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que perjudiquen los intereses financieros de las Comunidades.

Artículo 8

Confidencialidad y protección de datos

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, sea cual sea la forma en que se presenten, estarán amparados por el secreto profesional y recibirán la protección concedida a los datos análogos por la legislación nacional del Estado miembro en que se hayan recogido y por las disposiciones correspondientes aplicables a las instituciones y organismos comunitarios.

Dichos datos sólo podrán comunicarse a personas distintas de las que, en las instituciones y organismos comunitarios o en los Estados miembros, tengan acceso a ellos en el ejercicio de us funciones, y utilizarse con fines distintos a los de la lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal cometidos en detrimento de los intereses financieros de las Comunidades, cuando el Estado miembro en que se hayan recogido o la institución o el organismo interesados lo hayan autorizado previamente.

2. El Director velará por que los agentes de la Oficina y las demás personas que actúen bajo su autoridad respeten las disposiciones comunitarias y nacionales relativas a la protección de datos personales, y especialmente las previstas en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(5).

Artículo 9

Informe de investigación

1. Al finalizar una investigación efectuada por la Oficina, ésta elaborará, bajo la autoridad del Director, un informe final que incluirá los hechos comprobados, en su caso el perjuicio financiero, y las conclusiones de la investigación.

2. Los informes finales se elaborarán teniendo en cuenta las exigencias de procedimiento previstas por la legislación nacional del Estado miembro de que se trate. Los informes constituirán elementos de prueba admisibles en los procedimientos administrativos o judiciales del Estado miembro en que resulte necesaria su utilización, en los mismos términos y condiciones que los informes administrativos redactados por los inspectores de las Administraciones nacionales. Estarán sujetos a las mismas normas de apreciación que se apliquen a los informes administrativos de los inspectores de las Administraciones nacionales y tendrán un valor idéntico a aquéllos.

3. El informe elaborado a raíz de una investigación externa y caulquier otro documento pertinente sobre la misma se transmitirán a las autoridades competentes de los Estados miembros interesados.

4. El informe elaborado a raíz de una investigación interna y cualquier otro documento pertinente sobre la misma se transmitirán a la institución o al organismo interesado.

Artículo 10

Seguimiento de las investigaciones

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 8 y 9, la Oficina podrá, si lo considera oportuno, transmitir en cualquier momento la información obtenida durante las investigaciones externas a las autoridades competentes de los Estados miembros interesados, así como la información obtenida durante las investigaciones internas a la institución u organismo interesado. En este último caso, la Oficina informará directamente a las autoridades judiciales del Estado miembro interesado, si lo estimare necesario a la vista de la gravedad de las informaciones obtenidas. Informará de ello al Comité de vigilancia.

2. En caso de investigación interna, la institución u organismo interesado decidirá el curso que haya de darse a la investigación, sobre la base del informe elaborado por la Oficina.

Artículo 11

Comité de vigilancia

1. La Oficina estará asistida por un Comité de vigilancia, compuesto por cinco personalidades independientes que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio en sus respectivos países de altas funciones jurisdiccionales, de altas funciones de control o de la enseñanza del Derecho público o penal en el ámbito universitario. Serán nombradas de común acuerdo por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.

2. La duración del mandato de los miembros será de tres años. Dicho mandato podrá renovarse.

Al término de su mandato, los miembros seguirán en funciones hasta que se proceda a la renovación de su mandato o a su sustitución.

3. En el ejercicio de sus funciones, los miembros no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún Gobierno ni de ninguna institución u organismo.

4. El Comité de vigilancia designará a su Presidente.

El Comité de vigilancia adoptará su reglamento interno.

5. A petición del Director de la Oficina o por propia iniciativa, el Comité de vigilancia emitirá dictámenes al Director sobre las actividades de la Oficina, sin interferir, empero, en el desarrollo de las investigaciones en curso. El Director transmitirá todos los años la programación de las investigaciones al Comité de vigilancia.

6. El Comité de vigilancia aprobará todos los años un informe de actividades, que remitirá a las instituciones.

Artículo 12

Director

La Oficina estará dirigida por un Director designado por la Comisión, previa concertación con el Parlamento Europeo y el Consejo, por un período de cinco años, que podrá renovarse por una vez. Con vistas a la designación del Director, la Comisión elaborará, previo dictamen favorable del Comité de vigilancia, una lista de varios candidatos que posean las cualificaciones necesarias, tras haber procedido a una convocatoria de candidaturas que, en su caso, se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El Director no solicitará ni aceptará instrucciones de ningún Gobierno ni de ninguna institución u organismo en el cumplimiento de sus deberes de apertura y realización de investigaciones externas e internas y de elaboración de los informes correspondientes a las mismas.

Informará periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo de los resultados de las investigaciones efectuadas por la Oficina, respetando la confidencialidad de éstas, los derechos fundamentales de las personas afectadas y, en caso de existir procedimientos judiciales, todas las disposiciones nacionales aplicables a dichos procedimientos.

Artículo 13

Presupuesto

Los créditos de la Oficina, cuyo importe total se consignará en una línea presupuestaria específica de la parte A de la sección del presupuesto general de las Comunidades Europeas correspondiente a la Comisión, figurarán de manera detallada en un anexo de dicha Parte.

Los puestos de trabajo afectados a la Oficina se enumerarán en un anexo del cuadro de personal de la Comisión.

Artículo 14

Control de la legalidad

Hasta la modificación del Estatuto, todo funcionario u otro agente de las Comunidades podrá presentar al Director de la Oficina una reclamación dirigida contra un acto que le sea lesivo, efectuado por la Oficina en el marco de una investigación interna, de conformidad con las disposiciones previstas en el apartado 2 del artículo 90 del Estatuto. El artículo 91 del Estatuto será aplicable a las decisiones adoptadas respecto de esas reclamaciones.

Artículo 15

Informe de evaluación

Durante el tercer año siguiente a la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión remitirá al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de evaluación de las actividades de la Oficina, acompañado, en su caso, de propuestas para la adaptación o ampliaión de sus tareas.

Artículo 16

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de junio de 1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

(1) DO C 21 de 16.1.1999.

(2) Véase la página 11 del presente Diario Oficial.

(3) DO L 292 de 15.11.1996, p. 2.

(4) DO L 312 de 23.12.1995, p. 1.

(5) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

Proyecto de

ACUERDO INTERINSTITUCIONAL

relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina de Lucha contra el Fraude

EL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Refiriéndose a las conclusiones del Consejo de 15 de marzo de 1999, adoptadas tras un exhaustivo debate con los representantes del Parlamento Europeo y de la Comisión,

Tomando nota de la Decisión 1999/.../CE, CECA, Euratom de la Comisión, de ... de ... de 1999, por la que se crea una Oficina de Lucha contra el Fraude; considerando el Reglamento (CE, Euratom) n° .../1999 del Consejo, de ... de ... de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina de Lucha contra el Fraude, que prevé que la Oficina iniciará y llevará a cabo investigaciones administrativas en las instituciones y organismos creados por los Tratados CE y CEEA o en virtud de estos últimos,

Estimando que estas investigaciones deben efectuarse en condiciones equivalentes, cualquier que sea la institución o el organismo afectado; que la atribución de esta tarea a la Oficina no afecta a la responsabilidad propia de las instituciones u organismos y no disminuye en modo alguno la protección jurídica de las personas interesadas; que, por ello, dichas instituciones y organismos deben concertarse para establecer un régimen común, a la espera de la modificación del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y del Régimen aplicable a otros agentes de estas Comunidades (en lo sucesivo, "el Estatuto"),

Solicitando a las demás instituciones y organismos que se adhieran al presente Acuerdo,

CONVIENEN:

1) En adoptar un régimen común para que la Oficina de Lucha contra el Fraude pueda efectuar investigaciones en el seno de su institución. Dicho régimen incluirá las medidas de ejecución necesarias para facilitar el correcto desarrollo de las investigaciones internas. En espera de la modificación del Estatuto, las citadas medidas de ejecución se centrarán en los derechos y obligaciones de los funcionarios y demás agentes con ocasión de la realización de las investigaciones que se llevan a cabo en su institución, respetando plenamente los principios relativos a los derechos humanos y a la protección de las libertadas fundamentales.

2) En establecer dicho régimen y hacerlo inmediatamente aplicable mediante la adopción de una decisión interna basada en el modelo anejo al presente Acuerdo, y convienen en no apartarse de dicho modelo, salvo cuando así lo exijan los requisitos específicos de su institución.

3) En reconocer la necesidad de transmitir a la Oficina, para recabar su dictamen, toda solicitud de levantamiento de la inmunidad de jurisdicción de los fucionarios o agentes, relativa a posibles actos ilegales cometidos en los ámbitos que son competencia de la Oficina.

4) En comunicar a la Oficina las disposiciones que hayan establecido a los efectos de la aplicación del presente Acuerdo, de conformidad con la Decisión aneja.

El presente Acuerdo sólo podrá modificarse con el expreso consentimiento de las instituciones signatarias.

El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de junio de 1999.

Hecho en ...

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

Por el Consejo

El Presidente

Por la Comisión

El Presidente

Proyecto de

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de ... de 1999

por la que se crea una Oficina de Lucha contra el Fraude

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 162,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y, en particular, su artículo 16,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su artículo 131,

(1) Considerando que las instituciones y los Estados miembros conceden gran importancia a la protección de los intereses financieros de las Comunidades y a la lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal cometidos en detrimento de los intereses financieros comunitarios; que la importancia de esta acción se ve confirmada por el artículo 209 A del Tratado CE, el artículo 78 decies del Tratado CECA y el artículo 183 A del Tratado CEEA;

(2) Considerando que es necesario utilizar todos los medios disponibles para alcanzar estos objetivos, en particular desde el punto de vista de la misión de investigación encomendada a nivel comunitario, manteniendo al mismo tiempo el reparto y el equilibrio actuales de responsabilidades entre el nivel nacional y el nivel comunitario;

(3) Considerando que la tarea de efectuar investigaciones administrativas con vistas a la protección de los intereses financieros de las Comunidades se ha confiado hasta el momento al Grupo operativo de coordinación de la lucha contra el fraude, que sucedió a la Unidad de coordinación de la lucha contra el fraude (UCLAF);

(4) Considerando que el refuerzo de la eficacia de la lucha contra el fraude y las demás actividades ilegales que perjudican los intereses financieros de las Comunidades exigen la creación de una Oficina de Lucha contra el Fraude, que deberá ejercer la función de investigación con total independencia;

(5) Considerando que la definición de las funciones de dicha Oficina debe entrañar la transferencia a la misma de las atribuciones del Grupo operativo de coordinación de la lucha contra el fraude,

DECIDE:

Artículo 1

Creación de la Oficina

Se crea una Oficina de Lucha contra el Fraude en lo sucesivo denominada "la Oficina".

Artículo 2

Funciones de la Oficina

1. La Oficina ejercerá las competencias de la Comisión en materia de investigaciones administrativas externas e internas con vistas a la protección de los intereses financieros de las Comunidades que le atribuye el legislador comunitario, dentro de los límites y de acuerdo con las condiciones por él fijadas.

La Comisión y las demás instituciones y organismos creados por los Tratados o sobre la based de éstos (en lo sucesivo, "instituciones y organismos") podrán confiar a la Oficina misiones de investigación en otros ámbitos.

2. La Oficina se encargará de desarrollar la concepción de la lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal en detrimento de los intereses financieros de las Comunidades.

3. La Oficina se encargará de preparar las iniciativas legislativas y reglamentarias de la Comisión en materia de lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal en detrimento de los intereses financieros de las Comunidades, sin perjuicio de las atribuciones sectoriales de otros servicios de la Comisión.

4. La Oficina se encargará de cualquier otra actividad operativa de la Comisión en materia de lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal en detrimento de los intereses financieros de las Comunidades y, en particular, de:

a) desarrollar las infraestructuras necesarias;

b) garantizar la recogida y utilización de la información;

c) aportar la ayuda de la Comisión a las actividades de cooperación con los Estados miembros;

d) prestar asistencia técnica a las demás instituciones y organismos y a las autoridades nacionales competentes.

5. La Oficina será el interlocutor directo de las autoridades policiales y judiciales.

Artículo 3

Independencia de la función de investigación

La Oficina ejercerá las competencias de investigación contempladas en el apartado 1 del artículo 2 con total independencia. En el ejercicio de estas competencias, el Director de la Oficina no solicitará ni aceptará instrucciones de la Comisión, de ningún Gobierno ni de ninguna otra institución u organismo.

Artículo 4

Comité de vigilancia

En el ejercicio de la función de investigación, la Oficina estará asistida por un Comité de vigilancia, cuya composición y competencias serán determinadas por el legislador comunitario.

Artículo 5

Director

1. La Oficina estará dirigida por un Director designado por la Comisión, previa concertación con el Parlamento Europeo y el Consejo, por un período de cinco años, que podrá renovarse por una vez. Con vistas a la designación del Director, la Comisión elaborará, previo dictamen favorable del Comité de vigilancia, una lista de varios candidatos que posean las cualificaciones necesarias, tras haber procedido a una convocatoria de candidaturas que, en su caso, se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El Director será responsable de la realización de las investigaciones.

2. La Comisión ejercerá las competencias conferidas a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos respecto del Director. Las medidas adoptadas en virtud de los artículos 87, 88 y 90 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas deberán ser objeto de una decisión motivada de la Comisión, previa consulta al Comité de vigilancia, que se comunicará a título informativo al Parlamento Europeo y al Consejo.

Artículo 6

Funcionamiento de la Oficina

1. El Director ejercerá, respecto al personal de la Oficina, las competencias conferidas por el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos y por el Régimen aplicable a otros agentes de estas Comunidades a la Autoridad Habilitada para Celebrar los Contratos Estará autorizado a subdelegar sus competencias.

2. Previa consulta al Comité de vigilancia, el Director remitirá a su debido tiempo al Director General del Presupuesto un anteproyecto de presupuesto, que se consignará en la línea específica del presupuesto general anual relativa a la Oficina.

3. El Director ejercerá la función de ordenador a los efectos de la ejecución de la línea presupuestaria específica relativa a la Oficina. Estará autorizado a subdelegar sus competencias.

4. Las decisiones de la Comisión relativas a su organización interna serán aplicables a la Oficina siempre que sean compatibles con las disposiciones adoptadas por el legislador comunitario en relación con la Oficina, con la presente Decisión y con las disposiciones de aplicación de ésta.

Artículo 7

Sustitución del Grupo operativo de coordinación de la lucha contra el fraude

La Oficina sustituirá al Grupo operativo de coordinación de la lucha contra el fraude.

Hasta el primer día del mes siguiente al nombramiento del Director de la Oficina, la función de dirección de la Oficina será ejercida por el Director del Grupo operativo de coordinación de la lucha contra el fraude.

Artículo 8

Aplicación

La presente Decisión surtirá efectos a partir del 1 de junio de 1999.

Hecho en ...

Por la Comisión

ANEXO

Proyecto

"MODELO DE DECISIÓN"

DECISIÓN DE [INSTITUCIÓN]

de ... de 1999

relativa a las normas y condiciones aplicables a las investigaciones internas en materia de lucha contra el fraude y cualquier actividad ilegal cometida en detrimento de los intereses financieros de las Comunidades

INSTITUCIÓN

Visto [fundamento jurídico]

Artículo 1

Obligación de los servicios de informar a la Oficina

Los Directores Generales y Jefes de Servicio de [Institución] comunicarán inmediatamente a la Oficina cualquier elemento de hecho del que tengan conocimiento y que permita presumir la existencia de irregularidades que puedan constituir un fraude, de un fraude o de cualquier otra actividad financiera ilegal.

Artículo 2

Obligación de información por parte de los funcionarios y agentes

Todo funcionario o agente de [Institución] que adquiera conocimiento de elementos de hecho que permitan presumir la existencia de irregularidades que puedan constituir un fraude, de un fraude o de cualquier otra actividad financiera ilegal, lo comunicará inmediatamente a su Director General o a su Jefe de Servicio o, si lo considera oportuno, directamente a la Oficina.

Los funcionarios y agentes de [Institución] no deberán en ningún caso recibir un trato no equitativo o discriminatorio por el hecho de haber efectuado una comunicación contemplada en el párrafo primero.

Artículo 3

Acceso a la información y a los documentos

Los agentes de la Oficina tendrán acceso a toda información y documentación pertinentes que obren en poder de los servicios o de los funcionarios o agentes de [Institución], incluso en forma electrónica, en los locales de ésta.

Los agentes de la Oficina estarán autorizados a obtener copias de la totalidad o de una parte de la información y documentación contemplada en el párrafo primero. Si las necesidades de la investigación lo exigen, podrán incautarse de todos los documentos o soportes originales.

Artículo 4

Asistencia de la Oficina de Seguridad

A petición del Director de la Oficina, la Oficina de Seguridad de [Institución] asistirá a los agentes de la Oficina en la ejecución material de las investigaciones.

Artículo 5

Obligación de cooperación

Tanto los servicios como cualquier funcionario o agente de [Institución] deberán cooperar plenamente con los agentes de la Oficina y prestar toda la asistencia necesaria para la investigación. A tal efecto, proporcionarán a los agentes de la Oficina todos los datos y explicaciones pertinentes.

Artículo 6

Información sobre el acceso a los locales y a la documentación interna

El Director de la Oficina informará previamente al Director General o al Jefe der Servicio de [Institución] interesado del acceso a los locales o a la documentación interna de [Institución].

En caso de urgencia o cuando la confidencialidad impida dicha información previa, se informará previamente de ello al Secretario General y al Director General de personal y administración.

Artículo 7

Información de los superiores jerárquicos sobre la investigación

Cuando se ponga de manifiesto que un funcionario o agente de [Institución] puede estar implicado personalmente, la Oficina informará de la apertura o de la prosecución de la investigación al Secretario General y al Director General de personal y administración, así como al Director General o al Jefe de Servicio interesado.

Artículo 8

Información del interesado sobre la investigación

En el supuesto contemplado en el artículo 7, el interesado deberá ser informado rápidamente siempre y cuando ello no pueda perjudicar a la investigación. En cualquier caso, no podrán extraerse conclusiones en las que se cite nominalmente a un funcionario o agente de [Institución] sin que el interesado haya podido manifestarse sobre todos los hechos que le afecten.

En los casos en que sea preciso recurrir con carácter excepcional a medios de investigación que sean competencia de una autoridad judicial nacional y requieran el mantenimiento de un secreto absoluto a los efectos de la investigación, esta obligación de dar al funcionario o agente de [Institución] la oportunidad de manifestarse podrá aplazarse de acuerdo con el Secretario General.

Artículo 9

Información sobre el archivo de la investigación

En caso de que no pueda imputarse cargo alguno al funcionario o agente de [Institución], la investigación interna a él referida se archivará por decisión del Director de la Oficina, que informará de ello al interesado por escrito.

Artículo 10

Levantamiento de inmunidad

Toda solicitud formulada por una autoridad policial o judicial nacional referente al levantamiento de la inmunidad de jurisdicción de un funcionario o agente de [Institución] relativa a un asunto interno de irregularidades, fraude o cualquier otra actividad económica o financiera ilegal se transmitirá al Director de la Oficina para obtener su dictamen.

Artículo 11

Aplicación

La presente Decisión surtirá efectos a partir de 1 de junio de 1999.

Hecho en ...

[Institución]