ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
Para que las operaciones comerciales transfronterizas se desarrollen con fluidez se necesitan procedimientos de control y despacho aduanero eficientes que garanticen la seguridad y la protección de las personas y las empresas de la UE. Esto se está consiguiendo, en parte, a través de los sistemas electrónicos impuestos en el código aduanero de la Unión, que sustituyen los procedimientos en soporte papel por procedimientos electrónicos. No obstante, en las fronteras exteriores también se debe garantizar el cumplimiento de más de sesenta actos no aduaneros de la UE, así como de la legislación no aduanera nacional (en materia de salud y seguridad, medio ambiente, agricultura, pesca, patrimonio internacional, vigilancia del mercado, etc.). Esto exige la presentación de otros documentos, además de las declaraciones en aduana, y afecta a hasta un 13 % de los casi 300 millones de mercancías que circulan cada año, muchas de las cuales de carácter muy sensible. Dado que las autoridades suelen trabajar en departamentos estancos, con sistemas y procesos no armonizados, muchas mercancías se manipulan de una manera ineficiente que propicia los errores y el fraude. Por ejemplo, algunas autorizaciones permiten dividir ciertas cantidades de mercancías entre múltiples declaraciones en aduana y son válidas en toda la UE. Las autoridades tienen que validar las cantidades empleadas, pero los controles manuales requieren mucho tiempo y no son lo suficientemente precisos. Estos problemas no se pueden resolver sin una nueva actuación de la UE, en parte porque están relacionados con las formalidades de la UE. Asimismo, los esfuerzos nacionales suelen estar fragmentados y podrían intensificar el problema debido a la falta de interoperabilidad y al carácter transfronterizo del comercio. La iniciativa de la UE de mayor interés en este ámbito, el sistema EU CSW-CERTEX, ha tenido cierto éxito, pero es voluntaria y tiene un alcance limitado.
COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 24.9.2020

SWD(2020) 204 final

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The text shall read as follows:

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN



RESUMEN DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO



que acompaña al documento

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo





por la que se modifican las Directivas 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y (UE) 2016/2341









{COM(2020) 596 final} - {SEC(2020) 309 final} - {SWD(2020) 203 final}
Los productos de iluminación siguen siendo uno de los mayores consumidores de electricidad en la Unión Europea (en torno al 12 % de la producción bruta total de electricidad en la EU-28). Se esperaba que, gracias a los requisitos existentes, los ahorros de electricidad llegasen a los 110 TWh en 2020, pero las últimas estimaciones apuntan a que se quedarán en 70 TWh. Según los análisis basados en la evaluación de impacto, el ahorro esperado podría no alcanzarse por varios motivos: 1)requisitos de eficiencia energética desfasados; 2)dificultades de ejecución y vigilancia debidas a: a) la complejidad de la legislación, b) la falta de claridad y las ambigüedades del ámbito de aplicación y las excepciones, c) la necesidad de que las autoridades de vigilancia del mercado verifiquen demasiados parámetros, con ensayos de verificación excesivamente largos y costosos; 3)la aparición reciente en el mercado de luminarias totalmente integradas (de las que no puede retirarse la fuente luminosa para verificación): no hay claridad sobre si estos productos de iluminación se incluyen en el ámbito de la legislación vigente, ni sobre las normas para verificar su conformidad; es posible que los ahorros de energía de estos productos de iluminación resulten limitados;
En la evaluación de impacto se han considerado las opciones siguientes: -Opción política O: Hipótesis de statu quo, usada como referencia para la evaluación. No se adoptan nuevas medidas y no se modifica la normativa en vigor aplicable a los lavavajillas domésticos. -Opción política A: Combinaciones de requisitos de eficiencia energética más ambiciosos en el marco del diseño ecológico y el etiquetado energético (diferentes hipótesis posibles). -Opción política B: Combinaciones de requisitos de eficiencia energética menos ambiciosos en el marco del diseño ecológico y el etiquetado energético (diferentes hipótesis posibles). -Opción política C: Además de los requisitos de las opciones A y B, requisitos de diseño ecológico relativos a la eficiencia de los materiales (se contemplan tres hipótesis). La opción más eficaz desde el punto de vista de la energía, la eficiencia en el uso de los recursos y el ahorro de costes combina lo siguiente: i) requisitos de diseño ecológico más estrictos en relación con la eficiencia energética para los aparatos de tamaño estándar a través de una segunda etapa que entra en vigor en 2024; ii) categorías de etiqueta energética en los anchos de banda pequeños (no proporcionales); y iii) requisitos de eficiencia de los materiales en relación con la disponibilidad de las piezas de recambio y la información sobre reparación. Esta es la opción que se ha escogido como preferida.
Se trata del régimen del certificado complementario de protección para los medicamentos existente en la UE [Reglamento (CE) n.º 469/2009], creado en 1992 y que establece protección adicional (similar a la de las patentes) para los productos farmacéuticos sujetos a autorización de comercialización de hasta cinco años tras la expiración de la patente (5,5 años si se concede una prórroga pediátrica). Si bien los beneficios de un certificado complementario de protección son considerables para su titular, el sistema del certificado, debido a los cambios significativos producidos en los mercados farmacéuticos, está teniendo consecuencias colaterales no deseadas para la competitividad de los fabricantes de genéricos y biosimilares establecidos en la UE. Los principales problemas son: 1) durante el período de validez del certificado no pueden fabricar genéricos y biosimilares para exportarlos a países no pertenecientes a la UE en los que la protección haya expirado; y 2) no están en condiciones de comercializar genéricos y biosimilares en la UE en cuanto expira el certificado. Por consiguiente, los fabricantes de genéricos y biosimilares establecidos en la UE corren el riesgo de desaprovechar grandes oportunidades de exportación y un tiempo crucial para entrar en el mercado de los Estados miembros, en un momento en el que están surgiendo nuevas e importantes oportunidades (gran declive de las patentes a partir de 2020). A menos que se tomen ya medidas, los fabricantes europeos corren el riesgo de dejar pasar oportunidades significativas, lo que a su vez tendría efectos negativos en el empleo, los pacientes (aumento de la dependencia de los suministros importados, incremento de los precios debido a una competencia limitada) y la investigación sobre biosimilares.
¿Qué opciones legislativas y no legislativas se han estudiado? ¿Existe o no una opción preferida? ¿Por qué?

Las opciones preferidas incidirán indirectamente en las empresas en su calidad de emisoras de valores, incentivándolas a revelar la información adicional sobre los factores ASG que requieren los intermediarios financieros y los inversores. A partir de 2018, la Directiva relativa a la comunicación de información no financiera ya obliga a las grandes empresas cotizadas, así como a los bancos y las empresas de seguros no cotizados, a divulgar información relevante sobre la sostenibilidad. Desde la óptica de los emisores no incluidos en el ámbito de aplicación de dicha Directiva (incluidas las pymes), este incentivo para divulgar información adicional tendrá un coste. No obstante, la publicación de esa información también permitirá a los emisores acceder a nuevos inversores y reducir potencialmente el coste del capital.
¿Qué opciones legislativas y no legislativas se han estudiado? ¿Existe o no una opción preferida? ¿Por qué? Máximo once líneas

En lo que atañe a la falta de cumplimiento, se han tomado o se están tomando varias medidas a escala de la UE para abordar las cuestiones señaladas en las evaluaciones anteriores. La presente iniciativa se centra en las causas de los problemas que aún no se han abordado. Se examinan opciones no legislativas, pero, como se sugiere en las evaluaciones, las opciones propuestas son intervenciones legislativas específicas. Complementarían las medidas legislativas y no legislativas que ya se han adoptado. En lo que se refiere a la modernización de las normas de la UE en materia de protección de los consumidores, también se evalúan enfoques no legislativos, pero en cada caso se consideró que probablemente no se resolverían plenamente las causas de los problemas. El conjunto preferido de opciones incluye intervenciones para garantizar: ·sanciones más disuasorias y proporcionadas por los incumplimientos de las normas de la UE en materia de protección de los consumidores; ·medidas correctoras para las víctimas de prácticas comerciales desleales; ·mecanismos reforzados para acciones colectivas de cesación y reparación; ·mayor transparencia para las transacciones B2C en mercados en línea; ·mejora de la protección del consumidor en los servicios digitales «gratuitos», es decir, prestados sin pago monetario; ·modernización de los requisitos de información; ·corrección de desequilibrios en el derecho de desistimiento de contratos de venta a distancia y fuera del establecimiento.
¿Qué opciones legislativas y no legislativas se han estudiado? ¿Existe o no una opción preferida? ¿Por qué? Máximo 14 líneas

Las opciones se agrupan de la manera siguiente: a) documentos de identidad, b) documentos de residencia, y c) proceso, a fin de reflejar las medidas específicas necesarias para abordar los problemas de cada grupo. No pueden compararse entre sí.
2.Algunos delitos no pueden ser investigados ni perseguidos eficazmente debido a obstáculos operativos.

1.Algunos delitos no pueden ser investigados ni perseguidos eficazmente con arreglo al marco jurídico actual.

La acción de la UE facilita asimismo la cooperación con los terceros países, dado que la dimensión internacional que presenta el fraude relacionado con los medios de pago distintos del efectivo a menudo no se circunscribe al territorio de la UE.

El fraude en los pagos realizados con medios distintos del efectivo presenta una dimensión transfronteriza muy importante. Por lo tanto, los Estados miembros no pueden combatirlo eficazmente actuando en solitario o sin coordinarse con otros países.

¿Cuáles son las distintas opciones posibles para alcanzar los objetivos? ¿Existe o no una opción preferida? En caso de que no sea así, ¿por qué?

La opción preferida es la opción C, tanto cualitativamente como en términos de costes y beneficios.

Opción D: igual que la opción C, pero con nuevas disposiciones sobre competencia que complementen la OEI y normas sobre requerimiento.

Opción C: igual que la opción B, pero con disposiciones que promuevan la denuncia para la cooperación entre los sectores público y privado en lugar de la autorregulación, y nuevas disposiciones en materia de sensibilización.
Las empresas se beneficiarían de una mayor claridad. No se espera ningún impacto en las empresas con sede en Estados miembros con LEP nacionales iguales o inferiores (más estrictos) a los valores propuestos. La presente propuesta no contempla regímenes menos estrictos para las microempresas ni las pymes, ya que la Directiva no las exime de sus obligaciones porque ello daría lugar a una protección desigual de los trabajadores en función del tamaño de la empresa.

Los costes más significativos relacionados con las opciones elegidas se refieren a la inversión en sistemas cerrados para el uso del tricloroetileno, campo en el que las pymes son más vulnerables que las grandes empresas a los costes de capital. No obstante, de conformidad con la Directiva 1999/13/CE sobre emisiones debidas al uso de disolventes y al acuerdo voluntario sobre el uso responsable, impulsado por la European Chlorinated Solvent Association, y en particular la autorización REACH, se espera que se hayan producido ya inversiones en sistemas cerrados. Cabe la posibilidad de que, para no incurrir en el coste de un sistema cerrado, las empresas cambien a una sustancia alternativa, o que aumenten los precios. Por ahora, diez Estados miembros han establecido LEP nacionales equivalentes que son iguales o inferiores al propuesto para el tricloroetileno, lo que indica que los sectores afectados deberían poder absorber los costes adicionales.
COMISIÓN EUROPEA

Bruselas,30.1.2018

SWD(2017) 472 final/2

CORRIGENDUM :

Document SWD(2017) 472 final of 19.12.2017 is corrected in all language versions except EN.

The words "lawfully marketed in another Member State" were missing in the title.

The text shall read as follows:



DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN



RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO



que acompaña al documento

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo

relativo al reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro

{COM(2017) 796 final}



{SWD(2017) 471 final}



{SWD(2017) 475 final}



{SWD(2017) 476 final}



{SWD(2017) 477 final}
La evaluación ha identificado una serie de problemas que es necesario abordar para garantizar que el Reglamento permite alcanzar los resultados previstos en él. Estos problemas se refieren a la previsibilidad y eficacia de los procedimientos transfronterizos establecidos en el Reglamento en interés de los niños y los progenitores. También se derivan problemas del hecho de que el texto jurídico actual no es lo suficientemente claro o presenta lagunas. Por lo que se refiere a las cuestiones de responsabilidad parental relativas a la sustracción parental de menores, el acogimiento transfronterizo de menores, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación entre (servicios centrales y otras) autoridades nacionales, existen retrasos injustificados y excesivos derivados de la forma en que los procedimientos actuales se formulan o aplican. Ocurre con frecuencia que las resoluciones judiciales no se ejecutan o se ejecutan con retrasos significativos. Por último, una vaga descripción de la cooperación entre las autoridades centrales ha dado lugar a retrasos o a la no tramitación de las solicitudes, en detrimento del bienestar del menor. Estos retrasos y deficiencias tienen un impacto negativo en los derechos fundamentales del menor y un efecto corrosivo en la confianza mutua entre los Estados miembros, que es la base del buen funcionamiento del Reglamento. Por lo que respecta a las cuestiones matrimoniales, los cónyuges de un matrimonio internacional no tienen la posibilidad de acordar un órgano jurisdiccional que resuelva su divorcio. En el caso de los cónyuges que no tienen una nacionalidad común de la UE y viven en un país no miembro de la UE, el acceso a un tribunal de la UE puede ser limitado. Todos estos problemas han sido objeto de análisis, pero no se abordan en esta fase.
¿Qué opciones legislativas y no legislativas se han estudiado? ¿Existe o no una opción preferida? ¿Por qué?

Las empresas están preocupadas por los riesgos que entraña la divulgación unilateral de información sensible a sus competidores, por la carga administrativa y por los riesgos de doble imposición. La mayoría de ellas pide que los informes país por país sigan estando disponibles exclusivamente para las autoridades tributarias en el marco del programa BEPS del G20 y la OCDE.

C. Impacto de la opción preferida

No cabe prever que una mayor transparencia fiscal de las empresas tenga una repercusión importante en el crecimiento y el empleo en la UE.
¿Qué opciones de actuación legislativas y no legislativas se han considerado? ¿Hay o no preferencia por una opción? ¿Por qué?

Ya antes de que estallara la crisis de VW, la Comisión estaba trabajando con propuestas encaminadas a mejorar la legislación en materia de homologación de tipo aplicable a los vehículos de motor y había identificado los principales ámbitos con un potencial significativo de mejora para abordar mejor los problemas que plantean los productos de automoción inseguros y no conformes. El examen de las posibles opciones de actuación llevó a la conclusión de que lo más eficaz sería una acción de reglamentación en estos ámbitos. Al volver a evaluar estas opciones de actuación a la luz de la crisis de VW se puso de relieve la necesidad de hacerlas más eficaces en cuanto a la detección y la prevención de los problemas de incumplimiento. Además, esa reevaluación puso de manifiesto dos deficiencias importantes del sistema de homologación de tipo, a saber, la falta de supervisión de los agentes responsables del correcto funcionamiento del mecanismo de control del cumplimiento ex ante (homologación de tipo) y la ausencia de un mecanismo eficiente de control ex post (vigilancia del mercado).
El problema más importante es que la normativa actual obstaculiza el desarrollo del mercado de los drones. Las disposiciones que regulan hoy la aviación no contemplan las especificidades propias de los drones, o bien son desproporcionadas para los riesgos operativos en presencia o demasiado difíciles (complicadas) de aplicar o exigen costes tan altos que la mayor parte de los servicios de drones no resultan rentables. Además, las operaciones de los drones suscitan una serie de cuestiones que no se plantean, o lo hacen mucho menos, en la aviación civil tripulada. Son cuestiones que afectan a la seguridad, a la protección, a la privacidad y a la protección de datos, a la preservación del medio ambiente y a la asunción de responsabilidades. Y, si bien es verdad que no parece necesario modificar a nivel de la UE el marco jurídico en la materia, es verdad también que la aplicación de ese marco a las operaciones de los drones conlleva ciertas dificultades. Las dificultades vienen dadas por: 1) la disgregación de competencias para la regulación de los drones, lo que da lugar a requisitos divergentes en el mercado interior; 2) el exceso de costes, de tiempo y de recursos que exigen las autorizaciones individuales; 3) la escasa adecuación de los métodos tradicionales de regulación de la aviación civil a las particularidades de los drones; y 4) la falta de información y de instrumentos adecuados de la que adolecen las autoridades de supervisión y de ejecución de la ley. Estas dificultades afectan a todos los agentes del sistema de aviación, a los fabricantes y operadores de drones e, indirectamente, a todos los ciudadanos en la medida en que estos aparatos pueden volar en cualquier lugar.
ES    ES ES 
 
ES 1   ES  COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 27.7.2009 
SEC(2009) 1062 final 
  
RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO 
para autorizar modificaciones a las directri ces de negociación de un Acuerdo Comercial 
y de Cooperación con la República de Irak  
 
ES 2   ES 1. EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS 
El 23 de marzo de 2006, el Consejo autori zó a la Comisión para negociar un Acuerdo 
Comercial y de Cooperación con Ir ak y aprobó las directrices de  negociación a este respecto  
(doc.6511/06 COMEM 23 OMC 38 RESTREINT UE).  
En la séptima ronda de negociaciones UE-Irak, celebrada los días 25 y 26 de febrero de 2009 
en Bagdad, tanto Irak como la Comisión aceptar on aumentar el nivel del proyecto de acuerdo, 
en particular mediante la creación de un Consejo de Cooperación, que se reuniría 
regularmente a nivel ministerial, y el cambio de título del Acuerdo de «Acuerdo comercial y de cooperación» a «Acuerdo de Asociación y de Cooperación».  
Este planteamiento fue aprobado por el Consej o (grupo de trabajo MOG) tanto antes como 
después de la séptima ronda de negociaciones.  La Comisión recomienda, pues, reflejar estos 
cambios en las directrices de negociaci ón e invita al Consejo a autorizarlos. 
 
ES 3   ES 2. RECOMENDACIÓN 
A la vista de lo que precede, la Comisión r ecomienda que el Consejo autorice las siguientes 
modificaciones de las directrices de negociación: 
1) Cambio del título del Acuerdo 
• El título del Acuerdo se cambiará de  «Acuerdo Comercial y de Cooperación» a 
«Acuerdo de Asociación y de Cooperaci ón» en las directrices de negociación 
siempre que aparezca mencionado. 
2) Creación del Consejo de cooperación 
• Se añadirá un nuevo punto en la secci ón D (Disposiciones institucionales, 
generales y finales), título III: 
«A los efectos de supervisar la aplicación de l presente Acuerdo, se creará un Consejo de 
Cooperación. El Consejo de Cooperación se reun irá a nivel ministerial. Examinará todos los 
problemas importantes que se planteen en el marco del presente Acuerdo.» 
• Para reflejar la creación del Consej o de Cooperación, se modificará el punto 
actual D.1: 
Apartado 1 - nuevo texto  «Se creará un Comité de Cooperación con vistas  a ayudar al Consejo de Cooperación en el 
ámbito de sus competencias.» 
Apartado 2 - sin cambios.
Será aplicable a partir del primer día del mes siguiente al día de su adopción.

Hecho en […],

Por el Consejo de asociación El Presidente

Declaración de la Comunidad Europea

Esta decisión no trata las cuestiones pendientes en relación con las reglas de origen y los asuntos relacionados con ellas.

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

1.Legal basis

Article 133 of the Treaty

2.Title of the measure

Proposal for an amendment to the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative co-operation set out in the protocols to the agreements between the EU and Bulgaria, Romania, Iceland, Norway, Switzerland, the Faroe Islands, Turkey, Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Tunisia and Palestinian Authority of the West Bank and Gaza Strip as well as the protocol on rules of origin attached to the European Economic Area Agreement.

3.Objective

To extend the system of pan-European cumulation of origin to the Mediterranean partners and to the Faroe Islands.

4.Financial implications

As the extension of the system of cumulation of origin to the Mediterranean partners and to the Faroe Islands is without any implication on the tariff concessions granted by the agreements, the proposal does not have any financial implications.

PROTOCOLO Nº 4

RELATIVO A LA DEFINICIÓN DE LA NOCIÓN DE

"PRODUCTOS ORIGINARIOS" Y

A LOS MÉTODOS DE COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA

ÍNDICE

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 Definiciones