31. 12. 90 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 332/133 
Dictamen sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la introducción del 
régimen definitivo de organización del mercado del transporte de mercancías por carretera (*) 
(90/C 332/37) 
El 28 de marzo de 1990, de conformidad con el artículo 75 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social 
sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de transportes y comunicaciones, encargada de preparar los trabajos en la materia, 
adoptó su dictamen el 18 julio de 1990 (ponente: Sr. Tukker). 
En su 279a sesión plenaria (sesión del 19 de septiembre de 1990), el Comité Económico y 
Social ha aprobado por amplia mayoría, 2 votos en contra y 8 abstenciones, el seguiente 
dictamen. 
1. Observación general 
La propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la 
introducción del régimen definitivo de organización del 
mercado del transporte de mercancías por carretera 
deriva del Reglamento n° 1841/88 (2) del 21 de junio de 
1988, cuyo artículo 3 establece que el Consejo decidirá, 
antes del 31 de marzo de 1990 y a propuesta de la 
Comisión, sobre las medidas que deban tomarse en 
caso de crisis. 
2. Observaciones específicas 
2.1. Artículo 1 
La Comisión propone que el mecanismo de crisis sea 
aplicable tanto a una determinada región o Estado 
miembro como, en su caso, a todo el territorio de la 
Comunidad. El Comité considera que en el primer caso 
es el mismo Estado miembro quien debe tomar las 
medidas oportunas (consultando eventualmente a las 
instancias comunitarias competentes), mientras que en 
el segundo corresponde intervenir a la Comisión. 
2.2. Artículo 2 
2.2.1. El Comité considera aceptable este artículo 
siempre y cuando la Comisión fije, de acuerdo con los 
empresarios y trabajadores, valores indicativos lo más 
concretos posible a partir de los cuales sea lícito hablar 
de situación de crisis. 
2.2.2. En su propuesta, la Comisión habla única­
mente del transporte de mercancías por carretera, a 
nivel nacional y comunitario, sin establecer a qué tipos 
de vehículos se aplicarán las medidas de crisis. El 
Comité considera que, al igual que en otros casos, 
dichas medidas deberían aplicarse únicamente a vehí­
culos con una capacidad de carga superior a 3,5 tone­
ladas. 
2.2.3. Por otra parte, es importante definir a quién 
corresponde determinar qué se entiende por empresa 
correctamente gestionada y qué significa equilibrio 
financiero. La falta de criterios al respecto puede origi­
nar deferencias y problemas importantes. 
(!) DO n° C 87 de 5. 4. 1990, p. 4. 
(2) DO n° L 163 de 30. 6. 1988, p. 1. 2.3. Artículo 3 
2.3.1. Un mecanismo de crisis sólo puede funcionar 
si se dispone de un sistema perfecto de observación del 
mercado. Es sumamente importante que la Comisión 
conciba un sistema rápido para recabar información. 
Es preferible disponer de menos información pero con 
rapidez que recibir un mayor volumen de datos al 
término de un período de publicación más largo. Los 
datos deberían publicarse inmediatamente, de forma 
que también el sector empreserial pueda recurrir a ellos 
para tomar decisiones, por ejemplo en lo que se refiere 
a eventuales inversiones. Asimismo, podría servir de 
indicador la publicación del número de quiebras en el 
sector del transporte por carretera. 
2.3.2. Los datos de los que pretende disponer la 
Comisión, de acuerdo con la propuesta, son demasi-
dado amplios y no imprescindibles para la evaluación 
correspondiente. El tratamiento de tal volumen de 
información supondría un retraso innecesario en perjui­
cio del análisis de la situación y de la subsiguiente 
publicación de los datos. 
2.4. Artículo 4.1 
Los poderes otorgados a la Comisión son demasiado 
vagos y deberían definirse con mayor precisión. 
2.5. Artículo 5 
2.5.1. Cuando se pretende adoptar medidas en perí­
odos de crisis, es importante para los empresarios saber 
con antelación qué medidas cabe esperar. En este sen­
tido, el documento de la Comisión contiene alguna 
indicación pero ninguna propuesta concreta. 
2.5.2. En la exposición de motivos, la Comisión pre­
senta algunos ejemplos de medidas posibles. No 
obstante, estas medidas deberían elaborarse de común 
acuerdo con las organizaciones de empresarios y traba­
jadores. 
2.5.3. La Comisión señala asimismo en la exposición 
de motivos como medida que podría eventualmente 
adoptarse la fijación de un límite superior del tonelaje 
autorizado para cada empresa. Ello significa, en reali­
dad, ampliar una prohibición, lo cual, probablemente, 
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no será aceptado por algunos Estados miembros, dado 
que es ilegal. No obstante, debería ser posible sustituir 
material antiguo por vehículos nuevos, siempre que 
aquél sea eliminado (léase: destruido), es decir, aplicar 
la norma del nuevo por viejo. 
2.5.4. Exposición de motivos de la Comisión: pro­
puesta relativa al acceso al mercado de los transportis­
tas nuevos. 
El Comité se pregunta cómo un transportista nuevo en 
el mercado podrá satisfacer el requisito según el cual 
debe cumplir desde hace cierto tiempo las disposiciones 
comunitarias relativas al acceso a la profesión de trans­
portista por carretera. 
2.5.5. Exposición de motivos, cuarto guión: véase el 
punto 2.5.3. Aceptable. De hecho, es la única propuesta 
de la Comisión que sea factible. 
2.5.6. Exposición de motivos, página 3, quinto 
guión. ¿ Cómo puede un empresario despedir personal 
sin saber cuanto tiempo durará la crisis ? La Comisión 
parece ignorar que, en algunos Estados miembros, el 
plazo para obtener una autorización de despido es de 
seis meses como mínimo, tras lo cual debe concederse 
un plazo de preaviso. En este caso, sería preferible para 
el transportista declararse en quiebra, pero ello no haría 
desaparecer los vehículos ni la sobrecapacidad. 
2.5.7. Propuesta (exposición de motivos, página 3, 
sexto guión): colaboración entre pequeñas y medianas 
empresas, en el artículo 5 de la propuesta de Regla­
mento (página 7), se cita, entre otras, una medida enca­
minada a limitar temporalmente la oferta de transporte 
en el mercado considerado. Ello puede significar reducir 
la capacidad de transporte en un porcentaje determi­
nado, lo cual podría llevarse a cabo de dos formas: 
a) reducir el porcentaje de carga con relación a la 
capacidad del vehículo considerado; 
b) detener la explotación de un porcentaje determi­
nado de todo el parque de vehículos. 
El primer método es incontrolable y antieconómico en 
extremo, y conduciría a un fuerte aumento de los pre­
cios del transporte. 
El segundo método sólo podrá aplicarse si pequeñas y 
medianas empresas colaboran y declaran conjunta­
mente sus vehículos comunes. De esta forma, cuando 
sea necesario suspender la explotación de un porcentaje 
determinado de vehículos, podrán aplicar esta decisión. 
Queda por responder a la pregunta crucial: ¿ Quién 
pagará los gastos ocasionados por el vehículo parali­
zado y su personal ? 
Hecho en Bruselas, el 19 de septiembre de 1 La sugerencia de la Comisión de que las pequeñas y 
medianas empresas se asocien para reducir sus gastos de 
funcionamiento tiene sentido, pero es algo que deberían 
decidir las propias empresas. ¿ No se precia la Comuni­
dad Europea de defender una economía liberal ? 
2.6. Artículo 6 
El Comité aprueba este artículo. 
2.7. Artículo 7 
El Comité aprueba este artículo, siempre que la Comi­
sión no presente este Comité Consultivo como coartada 
frente al Parlamento Europeo y al Comité Económico y 
Social. El asesoramiento ofrecido por el Comité debería 
hacerse público. 
2.8. Artículo 8 
El Comité aprueba este artículo. 
2.9. Artículo 9 
El Comité aprueba este artículo. 
2.10. Artículo 10 
Después de « se mantiene » añádase: « o, en su caso, se 
modifica ». 
3. Conclusión 
El Comité condera que un mecanismo de crisis sólo 
podrá funcionar correctamente si se dispone de un 
sistema de observación perfecto pero sencillo. 
El Comité considera también que, de común acuerdo 
con todas las partes interesadas (Comisión, empresarios 
y trabajadores del sector del transporte por carretera), 
deberían elaborarse medidas que puedan ponerse en 
práctica inmediatamente cuando surja una situación de 
crisis. 
Asimismo, será necesario responder, de común acuerdo, 
a la pregunta de saber quién deberá pagar las consecuen­
cias financieras de las medidas que deban adoptarse en 
tiempo de crisis. 
Por lo demás, el Comité aprueba la propuesta de la 
Comisión. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE