Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la venta y las garantías de los bienes de consumo» () (97/C 66/04)

El 1 de octubre de 1996, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Medio Ambiente, Sanidad y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 8 de noviembre de 1996 (Ponente: Sr. Ettl - Coponente: Sr. Folias).

En su 340° Pleno (sesión del 27 de noviembre de 1996), el Comité Económico y Social ha aprobado por 106 votos a favor, un voto en contra y 5 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. La propuesta de Directiva de la Comisión tiene por objetivo establecer una armonización mínima de las legislaciones nacionales en materia de garantía legal. Se prevén, además, disposiciones marco para la garantía comercial. No obstante, la propuesta no incluye una armonización de las legislaciones nacionales para las garantías comerciales o los servicios posventa.

1.2. Los intentos de hallar una solución por medio de una iniciativa a escala europea para los problemas del consumidor en el sector de las garantías y los servicios posventa se remontan ya a más de dos decenios y han sido objeto de varias Resoluciones del Consejo y programas de acción de la Comisión (). La presentación del Libro Verde de la Comisión sobre las garantías de los bienes de consumo y los servicios posventa () abrió un amplio proceso de consultas en torno a la posibilidad y conveniencia de adoptar medidas a escala comunitaria.

1.3. En su Dictamen relativo al Libro Verde (), el Comité consideró que la armonización de las legislaciones en materia de garantías y servicios posventa constituye una iniciativa deseable, pero señaló también que no deben ocultarse las dificultades con que va a tropezar esa armonización. El Comité se pronunció básicamente a favor de una armonización mínima progresiva en el sector de la garantía legal, pero rechazó una armonización completa y obligatoria de las garantías comerciales.

1.4. La propuesta que ahora se presenta es mucho menos exhaustiva de lo que cabría esperar tras la larga fase preparatoria. En especial, en la propuesta de Directiva no se ofrece indicación alguna sobre las cuestiones que en los trabajos internos previos de la Comisión eran aún objeto de debate: la responsabilidad directa del productor en materia de derechos resultantes de la garantía legal, la definición expresa de la responsabilidad en caso de falta de duración de los productos y, finalmente, todo el conjunto de los servicios posventa.

1.5. El Comité acoge con satisfacción el objetivo de la presente propuesta de Directiva de garantizar una base jurídica mínima al consumidor que adquiere en el mercado interior un producto defectuoso. El Comité se declara de acuerdo con la Comisión () en que un rápido progreso en materia de garantías de los bienes de consumo reviste capital importancia y representa una contribución importante a la realización del mercado interior desde la perspectiva del consumidor.

1.6. El Comité subraya al mismo tiempo la importancia del aspecto de la calidad, que guarda estrecha relación con todas las reglamentaciones sobre garantía legal y comercial. En materia de garantías de bienes de consumo, la existencia de reglas claras, acordes con las expectativas de los consumidores y que tengan en cuenta el elevado nivel de calidad de las normas europeas contribuye a elevar la calidad en general.

2. Observaciones generales

2.1. Desde la perspectiva del consumidor europeo, sólo podrá hablarse de un mercado interior operativo cuando, al realizar una compra en otro Estado miembro, pueda tener confianza en que, en caso de defectos en el producto adquirido, tendrá derecho a una protección comparable con la brindada por el Estado miembro en que reside. Los informes citados por la Comisión ponen de relieve que, frente a la actual situación jurídica, numerosos consumidores se muestran reticentes a realizar transacciones transfronterizas porque prevén dificultades en caso de cambio o reparación del producto adquirido. Quedan así al margen de las ventajas del mercado interior no sólo los consumidores, sino también los proveedores, ya que no podrán aprovechar todas las oportunidades que ofrece la libre circulación de bienes.

2.2. Al objeto de poner remedio a esta situación anómala, criticada especialmente por los representantes de los consumidores, es indispensable armonizar las legislaciones por medio de una Directiva basada en el artículo 100 A del Tratado CE. Debe tenerse en cuenta al respecto que, pese a las muchas coincidencias, las disposiciones de los Estados miembros en materia de Derecho privado están basadas en concepciones muy diversas. Por tanto, una armonización completa de la garantía legal y comercial no parece razonable y, para lograr el objetivo de garantizar una base jurídica mínima a los consumidores, no resulta tampoco necesaria. Por ello, el Comité también estima que la armonización deberá limitarse al núcleo de la garantía legal, toda vez que éste no puede definirse eficazmente a través del Derecho privado internacional ni por medio de instrumentos no vinculantes, como recomendaciones o códigos de conducta.

2.3. En el contexto de los esfuerzos de reforma por parte de varios Estados miembros, el Comité esperaba que la Comisión incluyese también en su propuesta de Directiva enfoques más innovadores. En la exposición de motivos de la propuesta, la Comisión se refiere explícitamente a las novedades nacionales en materia de defectos relacionados con la duración o período de vida útil de los productos, servicios posventa y responsabilidad del productor, en Estados como el Reino Unido, Grecia y Finlandia. El Comité observa que las disposiciones sobre duración o tiempo de vida útil, servicios posventa y garantía de piezas de recambio podrían significar una clara señal de continuidad y preservación de los recursos, de acuerdo con el objetivo de la Comisión de un consumo compatible con una protección sostenible del medio ambiente ().

2.4. Desde la perspectiva del consumidor, las reglas relativas a la garantía legal, y también a la comercial, deben servir igualmente para la seguridad de su inversión. Los bienes de consumo, especialmente los concebidos para ser utilizados durante varios años, son inversiones cuya «rentabilidad» para el correspondiente presupuesto del consumidor a menudo sólo se puede demostrar al cabo de varios años. Numerosos productores sustentan también esta opinión y la utilizan como argumento publicitario, destacando por ejemplo la duración de vida especial del producto o una solidez extraordinaria. No obstante, en la propuesta que ahora se presenta no se prevé ningún recurso si, al expirar el período de garantía legal, resulta no ser cierta la larga vida proclamada en la publicidad. Por ello, el Comité propone que también para estos casos se someta a nueva reflexión el concepto de duración.

2.5. Aunque entre productor y consumidor no existe por regla general ninguna relación contractual, la confianza que el consumidor deposita en la marca del fabricante es a menudo el estímulo determinante para la adquisición. Sin embargo, la propuesta de Directiva no concede al consumidor el derecho a recurrir directamente contra el productor. El Comité no ignora los problemas que plantearía esta concesión, especialmente en la elección de los recursos jurídicos. No obstante, el ejemplo de algunos Estados miembros, en los que reglamentaciones de ese tipo han probado su eficacia, muestra que estos problemas pueden resolverse de un modo satisfactorio en la práctica. Por tanto, en caso de defectos cuya causa resida en la producción, el Comité propone que se conceda al consumidor el derecho a dirigirse directamente al productor o a su representante regional, cosa que sería especialmente importante en los casos en que el acceso al comerciante es particularmente difícil para el consumidor, como ocurre, por ejemplo, en las compras transfronterizas.

2.6. El Comité subraya que las cuestiones de la garantía legal y comercial y del servicio posventa no deben examinarse aisladas como problemas del consumidor, sino que también se plantean en la cadena de comercialización que va del fabricante al comercio al por mayor y al por menor. Por ello, requieren especial atención las relaciones en la cadena de distribución y también, en particular, la situación contractual o real, a menudo insatisfactoria, del comerciante minorista frente a sus proveedores. En la cadena de distribución, el recurso contra terceros por parte del vendedor final frente al responsable de un defecto tiene también por lo general efectos decisivos en la disposición del vendedor final a encontrar una solución satisfactoria para el consumidor.

2.7. La propuesta de Directiva afecta exclusivamente a la compraventa de bienes de consumo, pero no a cuestiones en materia de garantía legal o comercial relacionadas con la prestación de servicios.

3. Garantía legal

3.1. En la propuesta de Directiva, la Comisión ha optado por una armonización mínima que afecta sólo a pocos aspectos de la garantía legal: en particular, el concepto de falta de conformidad, el período de garantía y los recursos jurídicos. Se prescindió de una reglamentación de otros aspectos jurídicos en materia contractual y de una armonización completa en los sectores examinados.

3.2. En su Dictamen sobre el Libro Verde, el Comité recomendó una armonización progresiva sobre una base común mínima. En particular, se pronunció también en contra de que se «desmantelasen o minimizasen las normas nacionales existentes». Se acoge, por tanto, favorablemente la posición adoptada por la Comisión de no proponer una armonización completa, sino una Directiva mínima.

3.3. No obstante, la amplia simplificación del texto de la Directiva y la limitación a algunas cuestiones cruciales presentan el peligro de que en la práctica sigan permaneciendo confusos algunos aspectos que son importantes para el consumidor y también para el productor, o bien que en estas cuestiones el consumidor perciba la ausencia de armonización mínima como un nuevo obstáculo a las transacciones transfronterizas. Se trata, por ejemplo, de cuestiones relacionadas con la naturaleza del período de garantía y del tiempo de que se dispone para la presentación de un recurso, o las consecuencias jurídicas en caso de que el recurso elegido por el consumidor no tenga por resultado la eliminación del defecto. La respuesta que se dé a estas cuestiones en la Directiva es una condición importante para facilitar al consumidor un mejor acceso a la justicia.

3.4. Asimismo, cabe calificar de positiva la preocupación general de la Comisión por deslindar con claridad los conceptos y eliminar algunas vaguedades, ya criticadas también en el Dictamen sobre el Libro Verde. Las definiciones se basan en conceptos pragmáticos y fácilmente comprensibles por el consumidor. El Comité considera que entre los consumidores se debería incluir no sólo a las personas físicas, sino también a las jurídicas, siempre que éstas no actúen en el marco de su actividad económica o profesional, para evitar una desigualdad de trato en cuanto a la protección brindada por la Directiva.

3.5. En el procedimiento de consultas sobre el Libro Verde, las reflexiones en torno al concepto de falta de conformidad fueron muy controvertidas. Los representantes de los consumidores acogieron favorablemente el enfoque -de orientación más bien subjetiva- conforme al cual el criterio que debe considerarse principal es el de «conformidad con las expectativas legítimas del consumidor». Este criterio, no obstante, suscitó numerosas objeciones por parte de los proveedores. La presente propuesta de Directiva tiene ampliamente en cuenta dichas objeciones. Por esta razón, en el apartado 2 del artículo 2, donde se enumeran los criterios que se han de considerar para apreciar la conformidad de un bien con el contrato, ya no se hace mención explícita de las expectativas legítimas del consumidor.

3.6. El apartado 2 del artículo 2 indica en primer lugar, entre los criterios que deben servir para apreciar la conformidad de los bienes con el contrato, que se ajusten a la descripción realizada (en su caso, mediante una muestra o un modelo) y, además, que sean aptos para los usos a que ordinariamente se destinen bienes del mismo tipo o sobre los cuales se haya puesto al corriente al vendedor. El último criterio se expone en la letra d), que establece que los bienes se considerarán conformes si «su calidad y sus prestaciones son satisfactorias, habida cuenta de la naturaleza del bien y del precio pagado y de las declaraciones públicas sobre el mismo hechas por el vendedor, el productor o su representante».

3.7. El Comité considera que para cumplir la condición de conformidad con el contrato no basta con que un bien sea «satisfactorio» desde el punto de vista de los factores mencionados, toda vez que ello obviamente no excluiría la existencia de defectos de menor importancia. En términos generales, sin embargo, sólo existirá prestación conforme con el contrato cuando el bien se entregue libre de todo defecto, a no ser que el consumidor se declare dispuesto a aceptar un defecto menor si se le hace una reducción de precio.

3.8. El Comité considera que el precio pagado por un bien sólo puede ser un criterio decisivo para evaluar su conformidad con el contrato, en el sentido de la letra d) del apartado 2 del artículo 2, si de la descripción del producto se infiere que hay que contar con una calidad inferior (por ejemplo, si se señala que es un bien de «segunda mano»). En cambio, si un producto se oferta a un precio inferior -suponiendo una descripción idéntica-, ello no quiere decir forzosamente que el consumidor deba contar con una calidad peor en el caso del producto más barato. Si la propuesta de Directiva se aplicase de modo consecuente, se llegaría incluso a la consecuencia de que, entre dos vendedores de un mismo producto, aquel que lo vendiese más barato sólo podría ser objeto, en virtud de la obligación de la garantía legal, de un recurso menos importante que el interpuesto contra aquel que exigiese un precio más elevado. La propuesta de Directiva de la Comisión estaría así -precisamente en el caso de las transacciones transfronterizas, que a menudo se realizan porque existen diferencias de precios- en directa contradicción con el objetivo de plena apertura del mercado interior para el consumidor.

3.9. Una obligación en que se estipulase que los bienes de consumo -a falta, en caso de divergencia, de acuerdo o corrección explícitos (en el sentido del segundo guión del apartado 2 del artículo 3)- deben ser conformes también con las declaraciones públicas del productor (por ejemplo, en la publicidad y el etiquetado) estaría en indudable consonancia con las expectativas del consumidor, ya que éste en la práctica no distingue entre información proporcionada por el comerciante y por el productor. A ello se añade que una disposición de esta índole propiciaría también la lealtad en las relaciones comerciales, ya que así se prevendría el descargo mutuo de responsabilidad en detrimento del consumidor. A juicio del Comité, no obstante, convendría aclarar que las declaraciones públicas del productor o de su representante, mencionadas en el apartado 2 del artículo 3, sólo deben entenderse como observaciones sobre las propiedades del producto, y no como afirmaciones publicitarias en general.

3.10. El plazo de dos años fijado para la garantía legal es conforme con las disposiciones jurídicas de las Naciones Unidas en materia de compraventa y representa un intento de compromiso entre los plazos muy diferentes impuestos por los distintos Estados miembros. Puesto que se trata de una armonización mínima, este plazo también podría ser aceptable desde la perspectiva de la protección del consumidor. El CES no ignora, sin embargo, que el plazo previsto de dos años supone ampliar considerablemente los plazos vigentes en algunos Estados miembros. Ya que se aplica a toda la gama de productos, el Comité considera acertado en tal sentido prever una cierta flexibilidad en cuanto a las cláusulas contractuales (véase al respecto el punto 5).

3.10.1. Este plazo de dos años no significa -como con frecuencia se malinterpreta- que el bien deba permanecer libre de defecto durante todo el período correspondiente. No obstante, así se ofrece la posibilidad de señalar, en el plazo de dos años a partir de la entrega, un defecto en ese momento ya existente, pero sólo detectable con posterioridad. Con esta reglamentación se suprimiría también la discriminación problemática -desde la perspectiva del consumidor- frente a los comerciantes en caso de adquisiciones transfronterizas: en efecto, mientras que en el ámbito de aplicación de las disposiciones jurídicas de las Naciones Unidas en materia de compraventa rige en la actualidad, en caso de transacción transfronteriza entre dos comerciantes, un plazo de dos años para la garantía legal, lo habitual en el caso de los consumidores es que sólo puedan utilizar un plazo de seis meses, o de un año, en función de la legislación nacional que se aplique.

3.10.2. El Comité observa que el plazo de dos años que fija el apartado 1 del artículo 3 -dentro del cual se debe señalar un defecto ya existente en el momento de la entrega, pero que sólo se revela más tarde- no representa perjuicio alguno para los plazos de las garantías comerciales. A diferencia de la garantía legal, las garantías comerciales incluyen por lo general todos los defectos que aparecen durante un determinado período posterior a la adquisición del bien, independientemente de que dichos defectos ya existiesen en el momento de la entrega. Una garantía comercial que asegure la ausencia de defecto dentro de un plazo de, por ejemplo, un año seguirá siendo posible también, de conformidad con el apartado 1 del artículo 5 de la propuesta de Directiva, en la medida en que el garante se declare igualmente dispuesto a cumplir los compromisos resultantes de la garantía legal, que en cuanto a su importancia son esencialmente de menor entidad.

3.11. Se ha establecido que el plazo empiece a contar a partir de la entrega del bien. Según la propuesta de Directiva, no es posible retrasar el inicio del plazo aun en el caso de los defectos que, pese a existir (en potencia) en el momento de la entrega, no hayan podido detectarse hasta más tarde debido a su naturaleza. Surgen problemas de orden práctico en el caso, por ejemplo, de bienes a los que se impone, desde el punto de vista de su duración de vida útil, determinados requisitos mínimos que ulteriormente -por defecto de fabricación- no se alcanzan.

3.12. En el Comité ha existido divergencia de opiniones con respecto a la regla de presunción del apartado 3 del artículo 3. Aun cuando una regla de esta índole no existe en las legislaciones nacionales, la práctica muestra que los empresarios interesados en una relación a largo plazo con el cliente utilizan ya por lo general este principio voluntariamente. El Comité observa al respecto que la regla de presunción no se aplica cuando se trata de «faltas de conformidad» resultantes de la utilización normal del bien o incompatibles con la naturaleza de éste. Ya que, en el caso de la garantía legal, se trata exclusivamente de defectos existentes en el momento de la entrega, la regla de presunción no puede aplicarse cuando el estado «defectuoso» del bien es el resultado de un desgaste normal. Sin embargo, no se puede ignorar que con esta regla el vendedor puede verse en la imposibilidad de aportar la prueba durante los primeros seis meses a partir de la entrega del bien. A juicio del Comité, convendría examinar la posibilidad de aplicar la regla de presunción sólo en aquellos casos en que el productor esté en mejores condiciones que el consumidor para apreciar si existe un defecto.

3.13. En el proceso de consultas en torno al Libro Verde, la cuestión de las posibilidades de elección por parte del consumidor entre los diversos recursos jurídicos fue objeto de apreciación controvertida. El Comité se pronuncia a favor del principio de que el consumidor debe poder ejercer su derecho a una prestación conforme con el contrato del modo más rápido y eficaz posible. A dicho fin, parece oportuno conceder también al consumidor el derecho de opción entre varios recursos jurídicos en la medida en que éstos sean económicamente aceptables desde la perspectiva del comerciante. En determinados casos puede resultar apropiado autorizar, en atención al carácter especial del bien vendido o la forma de distribución específica utilizada por el consumidor, acuerdos contractuales particulares que en definitiva redunden también en beneficio del consumidor y sean igualmente interesantes desde el punto de vista económico. Convendría que la Comisión considerase este tipo de posibilidad.

3.14. El Comité, no obstante, reconoce que la inmediata rescisión del contrato por comprobarse defectos mínimos podría representar en casos particulares una carga injustificable para el comerciante. Sin embargo, si la propuesta de Directiva permitiese a los Estados miembros la posibilidad de excluir diversos recursos jurídicos en caso de faltas de conformidad leves, la consecuencia sería una nueva inseguridad jurídica para consumidor y vendedor. Por tanto, el Comité recomienda que ya en la propia Directiva se aclare la cuestión de la admisibilidad de cualquier recurso jurídico en el caso también de este tipo de faltas de conformidad. Cabe pensar en que la Directiva -como se establece en la primera frase del apartado 4 del artículo 3-, aun concediendo cualquier tipo de recurso jurídico, autorice, no obstante, en el caso de dichas faltas de conformidad, que en el contrato se excluya el ejercicio del derecho a rescisión.

3.15. La propuesta de Directiva distingue estrictamente entre derecho a reparación y derecho a sustitución. En el caso de los bienes de fabricación industrial en serie, la mejor reparación desde el punto de vista del consumidor es por regla general la sustitución (el cambio de un producto defectuoso por otro en perfecto estado). En la medida en que se concede la posibilidad de excluir determinados recursos jurídicos por medio de la legislación de los Estados miembros (como se dispone en la última frase del apartado 4 del artículo 3), o bien mediante una disposición contractual, se debería poder excluir la sustitución en beneficio de la reparación sólo en el caso de que la reparación no conduzca a una disminución del valor del bien en cuestión.

3.16. La propuesta de Directiva no incluye ningún tipo de comentarios sobre cuál deba ser la solución para el caso en que un derecho ejercido por el consumidor no surta efecto. Esto reviste especial importancia cuando el consumidor reivindica en un primer momento su derecho a reparación, pero el vendedor no cumple su compromiso. En estos casos se debe otorgar al consumidor, después de que haya reclamado en vano la reparación, el derecho a poder rescindir el contrato de compraventa, aun cuando haya transcurrido un año a partir del momento de la entrega.

3.17. Incluso en el caso de intento fallido de reparación por parte del productor, debe concederse al consumidor el derecho a exigir la rescisión del contrato independientemente de que haya expirado el plazo previsto al final del primer párrafo del apartado 4 del artículo 3.

3.18. La propuesta de Directiva deja también en suspenso la cuestión de si, en caso de reparación o entrega de otro bien, el plazo de la garantía legal empieza a contar de nuevo desde el principio. Cabe suponer que no se tratará meramente de que un empresario deba reparar un bien defectuoso hasta que, por último, venza el plazo de la garantía, sino que aquél debería poner a disposición del consumidor durante todo el período de la garantía un bien en correcto estado de funcionamiento. Si se detectase un defecto, el plazo de la garantía -para este defecto concreto- deberá empezar a contar nuevamente desde el principio. El Comité considera que convendría aclarar también que el tiempo que necesite la reparación no está incluido dentro del plazo y que la reparación es parte de una prestación garantizada por el contrato a la que se aplicarán las demás reglas jurídicas en materia contractual como, por ejemplo, las disposiciones nacionales sobre garantías legales en materia de prestación de servicios.

3.19. Otro de los problemas de la garantía legal no regulado por la propuesta de Directiva es el lugar en que se deben satisfacer las obligaciones resultantes de la garantía legal. Esto tiene importancia sobre todo cuando no es posible transportar los bienes sin problema, debido, por ejemplo, a que su instalación ya no lo permita. El Comité estima que un esclarecimiento explícito de estas cuestiones en la Directiva sería de gran utilidad en la práctica.

3.20. El Comité acoge favorablemente la disposición del apartado 5 del artículo 3, que establece la determinación de responsabilidades en la cadena de distribución -posibilidades de recurso para vendedor final y abastecedor anterior- y que deberá garantizar sobre todo la situación jurídica de las PYME frente a los suministradores anteriores. No obstante, la redacción sigue estando poco clara en dos puntos: por una parte, no se define la noción de «persona responsable» y, por otra, queda también abierta la cuestión de en qué medida las legislaciones nacionales podrían prever a su vez restricciones de este derecho a recurso. El Comité se pronuncia a favor de que una restricción de este derecho a recurso no pueda realizarse por medio de las legislaciones nacionales ni por acuerdo contractual. El carácter imperativo de las disposiciones, tal como se establece en los apartados 1 y 2 del artículo 6 en beneficio del consumidor, debería redundar también en favor del vendedor final en el ejercicio de su derecho a recurso contra terceros, de conformidad con el apartado 5 del artículo 3.

3.21. Desde la perspectiva del consumidor, es sumamente problemática la obligación que el artículo 4 impone al consumidor de denunciar la falta de conformidad, sobre todo porque el plazo de un mes dentro del cual puede hacerlo no empieza cuando el consumidor ha detectado el defecto de conformidad, sino a partir del momento en que habría debido comprobarlo.

3.22. La obligación de denunciar la falta de conformidad se tomó de las disposiciones jurídicas de las Naciones Unidas en materia de compraventa, en las cuales no obstante -con arreglo a las tradiciones comerciales- también se prevé (artículo 38) una obligación de inspección por parte del comprador (que en las disposiciones de las Naciones Unidas siempre es un comerciante). No obstante, en algunos Estados miembros no existe tal obligación de inspección para la compra de bienes de consumo y, a juicio del Comité, no debería introducirse, ni siquiera indirectamente, con carácter obligatorio. No sería nada realista imponer al consumidor la obligación de inspeccionar minuciosa e inmediatamente todos los bienes que adquiriese, ya que en muchos casos ni siquiera estaría capacitado para hacerlo.

3.23. Por consiguiente, la obligación de denunciar la falta de conformidad es oportuna sólo durante el plazo de presunción con inversión de la carga de la prueba, es decir, en el caso de la presente propuesta de Directiva, durante los primeros seis meses a partir de la entrega. Dicha obligación debe rechazarse, sin embargo, para un período de tiempo superior. El consumidor que omite señalar la falta de conformidad debilita de todos modos su propia posición jurídica, ya que le corresponde demostrar el defecto y la circunstancia de que el defecto ya existía cuando se le entregó el bien, cosa que se vuelve cada vez más problemática a medida que transcurre el tiempo a partir de la entrega. En cualquier caso, sin embargo, la omisión de la denuncia del defecto sólo debería tener por resultado una restricción del derecho resultante de la garantía legal si dicha omisión ha tenido influencia en el defecto (es decir, por ejemplo, cuando con el paso del tiempo se produce una agravación del defecto, que podría haberse evitado si éste se hubiese señalado a tiempo).

4. Garantía comercial

4.1. En su Dictamen sobre el Libro Verde, el Comité se pronunció expresamente en contra de una armonización completa de la garantía comercial y señaló la posibilidad de códigos de conducta en la materia.

4.2. La Comisión ha prescindido también en el presente caso de una armonización detallada de dicha garantía, limitándose en la propuesta de Directiva a dos aspectos: la obligación de que las garantías comerciales sean más ventajosas que la garantía legal y los requisitos sustanciales de forma (que fijan básicamente las buenas prácticas comerciales).

4.3. El Comité acoge favorablemente este modo de proceder de la Comisión. El «principio de posición más ventajosa», expuesto en el apartado 1 del artículo 5, sirve para proteger al consumidor contra la inducción a error, e igualmente para favorecer la competencia leal en las relaciones comerciales. La obligación de un determinado contenido mínimo -a saber, el de la garantía legal- refuerza a su vez la función de las garantías comerciales convirtiéndolas en un instrumento del juego de la libre competencia, y no en el de un mero énfasis publicitario.

5. Carácter vinculante de las disposiciones

Teniendo en cuenta las observaciones formuladas en el punto 3.10, el apartado 1 del artículo 6 de la propuesta de Directiva debería completarse del siguiente modo:

«Se exceptuarán los acuerdos sobre el plazo de garantía si, dado el carácter especial del bien vendido, resultase conveniente limitar a un año dicha garantía.»

Bruselas, el 27 de noviembre de 1996.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() DO n° C 307 de 16. 10. 1996, p. 8.

() - Resoluciones del Consejo de 14 de abril de 1975, DO n° C 92 de 25. 4. 1975, p. 1, y de 19 de mayo de 1985, DO n° C 133 de 3. 6. 1981.

- Prioridades futuras para el desarrollo de la política de protección de los consumidores, DO n° C 186 de 23. 7. 1992.

- Plan de acción trienal relativo a la política de protección de los consumidores (1990-1992), doc. COM(90) 98 final; (1993-1995), doc. COM(93) 378 final; Prioridades de la política de protección de los consumidores (1996-1998), doc. COM(95)519 final.

() Doc. COM(93) 509 final.

() DO n° C 295 de 22. 10. 1994.

() «Prioridades de la política de los consumidores (1996-1998)», doc. COM(95) 519 final.

() «Prioridades de la política de los consumidores (1996-1998)», punto 7 de las acciones prioritarias.