N° C 298/2 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 27. 11. 89 
Dictamen sobre la propuesta de segunda Directiva del Consejo sobre la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarías y administrativas relativas al seguro directo de vida, 
por la que se establecen las disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre 
prestación de servicios y por la que se modifica la Directiva 79/267/CEE(1) 
(89/C 298/02) 
El 16 de enero de 1989, de conformidad con el apartado 2 del artículo 57 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité 
Económico y Social sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de industria, comercio, artesanía y servicios, encargada de preparar los trabajos 
en la materia, adoptó su dictamen el 5 de septiembre de 1989 (ponente: Sr. Pelletier). 
En su 269a sesión plenaria (sesión del 27 de septiembre de 1989), el Comité Económico y 
Social ha aprobado por mayoría y 1 abstención el siguiente dictamen. 
1. Introducción 2. Observaciones generales 
1.1. El 24 de junio de 1988 el Consejo adoptó una 
Directiva por la que se liberaban los movimientos de 
capitales en el espacio comunitario a partir de 1990, 
que tendrá como consecuencia, tal como se indica en 
la misma, la supresión de toda medida que limite la 
posibilidad de realizar transacciones subyacentes, es 
decir operaciones que comporten un movimiento de 
capital entre residentes de diferentes Estados miembros. 
1.2. Al haber sido consideradas por la Comisión 
como operaciones «subyacentes» las operaciones de 
seguro de vida, afectadas por el punto 10 de la nomen­
clatura anexa a la Directiva del 24 de junio de 1988, 
conviene que dichas operaciones sean liberalizadas en 
relación con los movimientos de capital a que dan lugar. 
1.3. Parece pues necesaria una propuesta de Direc­
tiva específica, sin perjuicio de las observaciones que se 
hacen infra, a fin de definir las condiciones de ejercicio 
de la libre prestación de servicios en materia de seguros 
de vida, de conformidad con las disposiciones de los 
artículos 57, 59, 61, 62 y 66 del Tratado de Roma, 
con la finalidad de ofrecer a los consumidores una 
protección adecuada en ámbitos tan sensibles como el 
ahorro y la previsión. 
1.4. Por otra parte, la creación del mercado interior 
del seguro, que constituye un elemento importante del 
espacio financiero europeo, implica que se facilite la 
prestación de servicios de las empresas de seguros cuya 
sede social se halle en la Comunidad, a fin de que los 
tomadores puedan recurrir no solamente a las compa­
ñías aseguradoras establecidas en su propio país sino 
también a aquéllas que tengan su sede social en la 
Comunidad pero que se hallen establecidas en otros 
Estados miembros. 
1.5. El tomador deberá beneficiarse de una informa­
ción suficiente que le permita ejercer con conocimiento 
de causa esta nueva posibilidad de elección; 
1.6. Por consiguiente, el Comité acoge favorable­
mente la propuesta de la Comisión, sin perjuicio de las 
observaciones que se hacen a continuación. 
(!) DO n° C 38 de 15. 2. 1989, p. 7. 2.1. La propuesta de Directiva, en su actual versión, 
solamente trata de una parte limitada del seguro de 
vida: aquellos contratos individuales que no guardan 
relación con una actividad profesional, lo que excluye 
todo otro tipo de seguro y especialmente el seguro de 
grupo. 
2.2. El Comité estima que este ámbito de aplicación 
limitada compromete la unidad del régimen a que debe 
someterse la libre prestación de servicios en materia de 
seguro de vida, y, en consecuencia, la protección que 
el derecho debe aportar, con independencia de la forma 
(colectiva o individual) o las condiciones de suscripción 
del contrato. 
La protección que debería aportar una propuesta de 
Directiva de este tipo a los beneficiarios de los contra­
tos, que son siempre personas físicas, es en efecto indis­
pensable, tanto si el contrato ha sido suscrito indivi­
dualmente como en grupo. 
La pluralidad de Directivas crearía por otra parte una 
dificultad considerable para definir el ámbito de aplica­
ción de cada una de ellas. 
2.3. El Comité observa que la presente Directiva 
supone un avance muy limitado en la liberalización del 
mercado y en las posibilidades de elección brindadas al 
consumidor. Podría ser necesaria la adopción de nuevas 
medidas respecto al cometido de los intermediarios 
frente a los agentes y en cuanto a las limitaciones 
publicitarias para asegurar que el consumidor es plena­
mente consciente de las opciones de seguros disponibles. 
2.4.1. Por estas razones, el Comité considera que el 
régimen común para el conjunto de las operaciones de 
seguro de vida —seguros individuales y seguros de 
grupo— debe ser tratado en una única Directiva, ante­
rior a la fecha prevista para la liberación de los movi­
mientos de capital (julio 1990), o como mínimo en 
dos textos que deberán ser examinados de un modo 
mutuamente coherente. 
27. 11. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 298/3 
2.4.2. La inclusión de los contratos colectivos en el 
ámbito de la Directiva sobre libre prestación de servi­
cios (LPS)-seguro de vida, en las mismas condiciones 
que los contratos individuales, ofrecería la ventaja de 
aplicar al beneficiario directo o indirecto de contratos 
colectivos las disposiciones de protección que se aplican 
a los contratos individuales. 
2.4.3. Esta ampliación del proyecto de Directiva no 
plantearía ningún tipo de problema técnico y ofrecería 
la considerable ventaja de evitar los problemas de defi­
nición y de frontera, de unificar las reglas de la LPS 
aplicables al conjunto de las operaciones de seguro de 
vida individuales y colectivas, y de permitir la rápida 
aplicación de dichas disposiciones. 
Esta remodelación de la propuesta de Directiva podría 
llevarse a cabo mediante una enmienda que modificase 
los artículos 2, 10 y 13, tal como se indica en las 
Observaciones específicas. 
2.5. En el ámbito de aplicación limitado a los contra­
tos individuales, la propuesta de Directiva establece una 
distinción entre: 
— por una parte, los contratos suscritos tras la inter­
vención activa de una empresa de seguros en régi­
men de libertad de prestación de servicios, lo que 
justifica que se otorgue una protección eficaz al 
tomador y al beneficiario, 
— por otra parte, los contratos suscritos por una per­
sona que se haya dirigido por propia iniciativa a una 
compañía aseguradora establecida en otro Estado 
miembro. Con ello, el tomador se sustrae volunta­
riamente a la protección que ofrece su Estado de 
residencia y, por consiguiente, debería ser objeto de 
una protección intermedia. 
2.6. Este análisis de la voluntad del tomador, que se 
inspira, según la Comisión, en una práctica corriente 
en ciertos Estados, conduce a soluciones de aplicación 
práctica difícil, e incluso artificial e ilusoria, en opinión 
de la Sección. 
2.7. La propuesta de Directiva retoma las disposicio­
nes en materia de fiscalidad indirecta que recoge la 
Directiva del 22 de junio de 1988 relativa al seguro 
directo distinto del seguro de vida, es decir la aplicación 
del principio de territorialidad de la cuota de seguro, a 
la espera de una armonización posterior. 
Sin embargo, este sistema no aporta ninguna mejora a 
las importantes distorsiones existentes entre los diferen­
tes Estados miembros en materia fiscal, y especialmente 
en lo relativo a la cuota de seguro que se aplica en los 
contratos. El Comité estima que las armonizaciones en este ámbito 
no deben implicar una carga fiscal adicional para los 
tomadores del seguro. 
2.8. Los procedimientos previstos en la Comunidad 
en mateira de reciprocidad con los países terceros son 
esenciales a la hora de facilitar a las empresas comunita­
rias un acceso igual y efectivo a los mercados de los 
países terceros. Sobre este punto, el Comité se remite a 
su dictamen emitido en relación con la segunda Direc­
tiva de Coordinación bancada l1). 
2.9. Las disposiciones relativas al derecho aplicable 
al contrato son ambiguas y deben ser objeto de aclara­
ción, toda vez que su contenido es determinante para 
la protección del consumidor. 
Convendría que la nueva redacción eliminase todo tipo 
de incertidumbre a este respecto. 
En este mismo sentido, el Comité se pregunta si sería 
oportuno establecer en el caso del seguro de vida solu­
ciones idénticas a las que establecía la Directiva del 
22 de junio de 1988 sobre seguros distintos del de vida. 
3. Observaciones específicas 
3.0. Artículo 2 
Este artículo del proyecto de Directiva de la definición 
del concepto de Estado miembro en el compromiso. A 
fin de tener en cuenta la diversidad de situaciones que 
pueden darse, especialmente en el marco de contratos 
suscritos por empresas que no hayan sido constituidas 
bajo forma de personas morales, es preciso añadir el 
concepto de empresario individual a fin de incluir en 
el ámbito de aplicación de la Directiva las empresas 
explotadas por una persona física. 
El artículo quedaría redactado del siguiente modo: 
«Estado miembro del compromiso: es el Estado 
miembro en que el tomador tiene su residencia 
habitual o, en el caso de que el tomador sea una 
persona moral o un Empresario individual, el 
Estado miembro en que se halle situado el estableci­
miento de la persona moral o de la empresa a que 
se refiere el contrato.» 
3.1. Artículo 4 
Este artículo es de una importancia especial toda vez 
que define la legislación aplicable al contrato. 
El párrafo 5 establece, por una parte, que las reglas de 
la ley del país del juez rigen con carácter imperativo la 
situación, sea cual sea la ley aplicable al contrato; y 
por otra parte, se podrá dar efecto a las disposiciones 
imperativas de la legislación del Estado miembro del 
compromiso. 
(') Cf. dictamen CES, DO n° C 318 de 12. 12. 1988. 
N° C 298/4 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 27. 11. 89 
El Comité estima que este concepto de «disposiciones 
imperativas » debe ser objeto de precisión, a fin de que 
el asegurado pueda conocer realmente el derecho que 
será aplicado a su contrato. 
3.2. Artículo 9 
Este artículo viene a establecer las condiciones de acceso 
a los mercados comunitarios para las empresas de segu­
ros cuya sede social se halle sujeta al derecho de un 
país tercero. 
Estas disposiciones tienen por objeto permitir que la 
Comisión asegure que las empresas de la Comunidad 
se benefician de un tratamiento de reciprocidad que 
garantice su libre acceso a los mercados de países ter­
ceros. 
La Directiva otorga a la Comisión los poderes necesa­
rios para presentar al Consejo propuestas que tiendan 
a conseguir una auténtica reciprocidad con los países 
terceros, condición indispensable para la fluidez del 
mercado. 
Este artículo es objeto de un dictamen muy favorable 
del Comité, por cuanto refleja la toma en consideración 
de los intereses de la Comunidad Europea para hacer 
respetar la libertad de establecimiento que se ofrece a 
las empresas comunitarias en los países terceros. 
3.3. Artículo 10 
El Comité lamenta que al alcance del proyecto de 
Directiva se limite a los contratos suscritos con personas 
físicas que actúen en su propio nombre, dejando de 
lado una parte muy importante del seguro de vida. 
El Comité propone ampliar el ámbito de aplicación y 
facilitar a los participantes en el mercado, y en parti­
cular al consumidor, la posibilidad de disponer inme­
diatamente de la libre prestación de servicios a la vez 
que se ofrece al asegurado o al beneficiario una protec­
ción eficaz, tanto si el contrato ha sido suscrito a título 
individual como a título colectivo. 
El texto debería modificarse a fin de exluir del ámbito 
de aplicación únicamente aquellos contratos cuyo bene­
ficiario directo o indirecto del seguro de vida será 
una persona moral, quien, en el último caso, podría 
beneficiarse de disposiciones aún más liberales. 
La Directiva actual afectaría a la totalidad de los contra­
tos cuyo beneficiario sea una persona física, tanto si el 
contrato ha sido suscrito por una persona-moral o 
física, en forma de contrato individual o de contrato 
colectivo. 
El artículo 10 quedaría redactado de la siguiente 
manera: 
— se mantiene el párrafo 1, 
— se mantiene el párrafo 2, — se sustituye el párrafo 3 por las disposiciones 
siguientes: 
«Estas disposiciones tampoco son aplicables a los 
seguros de los que sea beneficiaria directa o indirec­
tamente una empresa, constituida o no bajo forma 
de persona moral», 
— se mantiene el párrafo 4. 
3.4. Artículo 13 
Este artículo determina las condiciones de ejercicio de 
la libre prestación de servicios por iniciativa del toma­
dor del seguro. 
La operación de seguro depende, en este caso, del 
control del país del asegurador (Home Country Con­
trol), a la vez que ofrece al tomador del seguro la 
posibilidad de conservar la protección de su derecho 
nacional en las condiciones que establecen los párrafos 
1 y 2 del artículo 4. 
Están previstas también ciertas disposiciones tendentes 
a conservar por iniciativa del tomador su espontaneidad 
y su realidad (declaración escrita del tomador, limita­
ción de la publicidad); sin embargo, en opinión del 
Comité, estas medidas serían de difícil control y de una 
eficacia aleatoria. 
El párrafo 3 prevé la posibilidad de intervención de 
un agente mandatario del asegurado quien, por ello, 
representa exclusivamente al tomador con la finalidad 
de conseguir fórmulas de seguro en libre prestación de 
servicios. 
Es imperativo que el agente facilite a su cliente todos los 
elementos de información necesarios para la suscripción 
del contrato. 
Las condiciones para una eventual intervención de un 
profesional del seguro en el marco de la libertad de 
prestación pasiva de servicios deberían quedar clara­
mente definidas y controladas con el fin de preservar 
la auténtica espontaneidad del tomador, que constituye 
un elemento determinante del espíritu del texto. 
Por último, teniendo en cuenta las enmiendas propues­
tas a los artículos 2 y 10, proponemos añadir el 
artículo 13 el siguiente párrafo: 
« Las disposiciones del presente artículo no son apli­
cables a la suscripción de un seguro que afecte a 
otras personas distintas del propio tomador.» 
En efecto, este artículo viene motivado por el carácter 
voluntario e individual de la solicitud del suscriptor, 
quien debe ser único responsable de todas las conse­
cuencias económicas y jurídicas de su decisión. 
Por lo tanto esta LPS pasiva no debe ser aplicable en el 
marco de contratos colectivos en los cuales el tomador 
comprometa a otros individuos en calidad de benefi­
ciarios del seguro. 
27. 11. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 298/5 
3.5. Artículo 15 
Este artículo establece un plazo de renuncia mínimo de 
30 días en beneficio del tomador, una vez suscrito un 
contrato por propia iniciativa. 
El Comité considera que esta medida constituye una 
protección eficaz del consumidor, si bien destaca que 
la duración del plazo podría negociarse. 
3.6. Artículo 16 
El Comité estima que la redacción de este artículo no 
es clara y que debería mejorarse. Por esta razón es 
imposible determinar cuáles son los compromisos que 
establece el artículo 10 y que no recoge el artículo 13. 
Por otra parte, el Comité cuestiona la oportunidad del 
último párrafo de este artículo que deja a cada Estado 
la posibilidad de elegir individualmente el régimen que 
desea en lo relativo a la posibilidad de que una empresa 
acumule la libre prestación de servicios con su actividad 
de seguros en el país de establecimiento. 
3.7. Artículo 18 
El Comité desea que se indique con precisión que en 
este artículo se hace referencia a la primera Directiva 
de Coordinación «Vida» (79/767/CEE), que establece 
el principio de especialización por ramas de actividad 
(vida y daños), pero que no tenía efectos retroactivos, 
por lo que preservaba la situación de las compañías 
multiramas existentes en aquella época. 
Por otra parte, este texto plantea problemas de aplica­
ción en particular en lo relativo al artículo 62 del 
Tratado. 
Hecho en Bruselas, el 27 de septiembre de 1989. 3.8. Artículo 22 
El Comité destaca el carácter esencial de este artículo 
para la protección del consumidor, y propone sustituir 
el segundo apartado del primer párrafo del mismo por 
la fórmula que se indica a continuación y que hace 
obligatoria la información del tomador: « La informa­
ción contemplada en el apartado precedente deberá 
figurar en los documentos que se faciliten al tomador 
del seguro.» Esta modificación es indispensable para 
una buena información del consumidor. 
3.9. Artículo 24 
La fiscalidad debería ser objeto de una Directiva especí­
fica, por lo cual este artículo se presenta como una 
medida transitoria para el pago de los impuestos indi­
rectos y tasas parafiscales que gravan las primas de 
seguros. 
El Comité considera que sería conveniente mencionar, 
tomando como ejemplo lo que establece la Directiva 
88/357/CEE del 22 de junio de 1988, que estas disposi­
ciones, de difícil aplicación, se toman « sin perjuicio de 
una posterior armonización». 
El Comité considera por otra parte que las distorsiones 
de la competencia que pesan en este ámbito sobre la 
libre elección de los consumidores podrían evitarse 
mediante la supresión de los impuestos indirectos sobre 
las primas del seguro de vida. 
3.10. Artículo 26 
Debería ser modificado, según el siguiente texto: 
«La Comisión presentará al Consejo, y al Comité 
Económico y Social, y por primera vez el 1 de ..., 
un informe...», 
quedando el resto sin cambios. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE