COMISIÓN EUROPEA Estrasburgo, 5.4.2022 COM(2022) 156 final 2022/0104(COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifican

la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) y la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos



(Texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2022) 169 final} - {SWD(2022) 110 final} - {SWD(2022) 111 final} - {SWD(2022) 112 final}







ÍNDICE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 3 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA3 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIDAD Y PROPORCIONALIDAD10 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO 12 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS16 5.OTROS ELEMENTOS17 DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO Por la que se modifican la directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) y la directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos24 FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA 59 1.MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA59 1.1.Denominación de la propuesta/iniciativa59 1.2.Ámbito(s) político(s) afectado(s)59 1.3.La propuesta/iniciativa se refiere a:59 1.4.Objetivo(s)59 1.4.1.Objetivo(s) general(es)59 1.4.2.Objetivo(s) específico(s)59 1.4.3.Resultado(s) e incidencia esperados60

1.4.4.Indicadores de rendimiento60 1.5.Justificación de la propuesta/iniciativa61 1.5.1.Necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a corto o largo plazo, incluido un calendario detallado de la aplicación de la iniciativa61 1.5.2.Valor añadido de la intervención de la Unión62 1.5.3.Principales conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores62 1.5.4.Compatibilidad con el marco financiero plurianual y posibles sinergias con otros instrumentos adecuados63 1.5.5.Evaluación de las diferentes opciones de financiación disponibles, incluidas las posibilidades de reasignación63 1.6.Duración e incidencia financiera de la propuesta/iniciativa67 1.7.Modo(s) de gestión previsto(s)67 2.MEDIDAS DE GESTIÓN67 2.1.Normas en materia de seguimiento e informes 67 2.2.Sistema(s) de gestión y de control68 2.2.1.Justificación del modo / de los modo(s) de gestión, el/los mecanismo(s) de aplicación de la financiación, de las modalidades de pago y de la estrategia de control propuestos68 2.2.2.Información relativa a los riesgos identificados y al /a los sistema(s) de control interno establecidos para atenuarlos68 2.2.3.Estimación y justificación de la relación coste/beneficio de los controles (ratio «gastos de control ÷ valor de los correspondientes fondos gestionados»), y evaluación del nivel esperado de riesgo de error (al pago y al cierre)68 2.3.Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades68 3.INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA68 3.1.Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s)68 3.2.Incidencia financiera estimada de la propuesta en los créditos70 3.2.1.Resumen de la incidencia estimada en los créditos de operaciones70

3.2.2.Resultados estimados financiados con créditos de operaciones74 3.2.3.Incidencia estimada en los recursos humanos de la ECHA76 3.2.3.1.Necesidades estimadas de recursos humanos en la Comisión77 3.2.4.Compatibilidad con el marco financiero plurianual vigente77 3.2.5.Contribución de terceros78 3.3.Incidencia estimada en los ingresos78 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA • Razones y objetivos de la propuesta La Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales (la «DEI») regula de forma integrada, sector por sector, el impacto ambiental de alrededor de 52 000 instalaciones industriales y explotaciones ganaderas de gran tamaño y con alto riesgo de contaminación («instalaciones agroindustriales»). Abarca todos los contaminantes importantes emitidos por las instalaciones agroindustriales que afectan a la salud humana y al medio ambiente. Las instalaciones reguladas por la DEI son responsables de alrededor del 20 % de las emisiones globales de contaminantes de la UE, expresadas en masa, a la atmósfera, alrededor del 20 % de las emisiones de contaminantes al agua y aproximadamente el 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Las actividades reguladas por la DEI incluyen las centrales eléctricas, las refinerías, el tratamiento y la incineración de residuos, la producción de metales, cemento, vidrio, substancias químicas, alimentos y bebidas, y la cría intensiva de cerdos y aves de corral. Una instalación regulada por la DEI puede realizar más de una de las actividades contempladas en la Directiva, por ejemplo, la producción de cemento y la coincineración de residuos. La evaluación de 2020 de la DEI concluyó que, en general, resultaba eficaz para prevenir y controlar la contaminación a la atmósfera, al agua y al suelo procedente de las actividades industriales y para la promoción del uso de las mejores técnicas disponibles (MTD). La DEI ha reducido sustancialmente las emisiones de contaminantes a la atmósfera y, en menor medida, las emisiones al agua. También ha contribuido a reducir las emisiones al suelo procedentes de las instalaciones que están reguladas por ella. Aunque su repercusión en la eficiencia en el uso de los recursos, la economía circular y la innovación es más difícil de evaluar, la Directiva parece haber aportado una contribución positiva, aunque de magnitud limitada. También ha contribuido en alguna medida a la descarbonización, dentro de los límites impuestos actualmente a la DEI. Otros aspectos, como el acceso del público a la información y el acceso a la justicia, han mejorado en comparación con la legislación anterior a la que sustituyó la DEI. No obstante, la evaluación también identificó varios ámbitos susceptibles de mejora a la luz de nuevos retos. Puso de manifiesto que, si bien proporciona un marco sólido, la Directiva no se está aplicando de manera coherente en todos los Estados miembros, y los distintos niveles de ambición impiden que este instrumento cumpla plenamente sus objetivos. Estos retos menoscaban la capacidad de la Directiva para reducir la presión medioambiental que ejercen las instalaciones agroindustriales y establecer unas condiciones de competencia equitativas que proporcionen un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente. Tal y como concluyó el Tribunal de Cuentas Europeo, estas cuestiones también afectan a la capacidad de la DEI para aplicar adecuadamente el principio de «quien contamina paga». A fin de abordar estos retos y de incentivar la profunda transformación industrial necesaria entre 2025 y 2050, la Comisión se comprometió en el Pacto Verde Europeo a revisar las medidas de la Unión para abordar la contaminación procedente de las grandes instalaciones agroindustriales. Además, la Unión está comprometida con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La presente propuesta contribuye a varios ODS. El objetivo general de esta iniciativa es contribuir, de la forma más eficaz y eficiente, a proteger los ecosistemas y la salud humana de los efectos perjudiciales de la contaminación procedente de grandes instalaciones agroindustriales y mejorar la resiliencia de la industria de la Unión frente a los efectos del cambio climático. La revisión de la DEI tiene por objeto estimular una profunda transformación agroindustrial hacia una contaminación cero mediante el uso de tecnologías de vanguardia, contribuyendo así a los objetivos del Pacto Verde de lograr la neutralidad en carbono, una mayor eficiencia energética, un entorno no tóxico y una economía circular. También pretende seguir apoyando la creación de unas condiciones de competencia equitativas que ofrezcan un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente. Asimismo, la revisión de la DEI tratará de modernizar y simplificar la actual legislación, por ejemplo, mediante la digitalización y la mejora de los conocimientos sobre las fuentes de contaminación. La iniciativa también tendrá por objeto mejorar la participación del público en la toma de decisiones, así como el acceso a la información y la justicia, lo que incluye mecanismos de recurso eficaces. Más concretamente, la revisión de la Directiva tratará de: ‘ i. mejorar la eficacia de la DEI a la hora de prevenir o, cuando no sea posible, minimizar la emisión de contaminantes de las instalaciones agroindustriales en la fuente, como muestran las tendencias continuas o aceleradas a la baja de los niveles de emisión, a fin de evitar o reducir los efectos perjudiciales sobre la salud y el medio ambiente, teniendo en cuenta el estado del medio ambiente en la zona afectada por las emisiones, ii. garantizar el acceso de los particulares y de la sociedad civil a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia (incluida una reparación efectiva) en relación con la concesión de permisos, el funcionamiento y el control de las instalaciones reguladas, lo que dará lugar a una mayor movilización de la sociedad civil, iii. aclarar y simplificar la legislación y reducir la carga administrativa, promoviendo al mismo tiempo la coherencia de la aplicación por parte de los Estados miembros, iv. promover la adopción de tecnologías y técnicas innovadoras en la transformación industrial en curso, mediante la revisión sin demora de los documentos de referencia MTD (BREF por sus siglas en inglés), cuando existan pruebas de que se dispone de técnicas innovadoras con mejores resultados, y garantizando que los permisos apoyan a los pioneros, v. apoyar la transición hacia el uso de productos químicos más seguros y menos tóxicos, la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos (la energía, el agua y la prevención de los residuos) y una mayor circularidad,

vi. apoyar la descarbonización mediante el fomento de sinergias en el uso y la inversión en técnicas que prevengan o reduzcan la contaminación y las emisiones de carbono, como se evidencia con el acoplamiento de las tendencias en intensidades de emisión, vii. abordar los efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente de las actividades agroindustriales que actualmente no están reguladas por la DEI, como demuestran las tendencias a la baja de la intensidad de emisión. El Consejo y el Parlamento Europeo,, celebraron la revisión de la DEI y manifestaron su esperanza de que esta revisión aborde las emisiones de contaminantes a la atmósfera procedentes de las actividades industriales y agrícolas y contribuya a la economía circular, también mediante la promoción de la reutilización del agua en la industria,. El panel europeo de ciudadanos sobre el cambio climático y el medio ambiente ha adoptado recomendaciones claras a este respecto en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. En este contexto, la ciudadanía europea ha expresado su apoyo manifiesto a que la UE haga frente a la contaminación del agua, el suelo y la atmósfera y reduzca las emisiones de metano, y hace hincapié en la responsabilidad de quienes contaminan. El Grupo multilateral de Alto Nivel sobre Industrias de Gran Consumo de Energía, que desde 2015 asesora a la Comisión sobre las políticas que afectan a las industrias de gran consumo de energía, elaboró un plan director en el que se formulaban recomendaciones para crear el marco político necesario para gestionar esta transición manteniendo la competitividad de la industria. El plan recomendó que el proceso de permisos de la Directiva sobre las emisiones industriales se adaptara para apoyar las medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en las instalaciones de gran consumo de energía durante la transición. • Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial El Pacto Verde Europeo es la estrategia de crecimiento europea para garantizar una economía climáticamente neutra, limpia y circular de aquí a 2050, optimizando la gestión de los recursos y la eficiencia energética y minimizando la contaminación, al tiempo que se reconoce la necesidad de políticas profundamente transformadoras en consonancia con el principio de primacía de la eficiencia energética. La Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas de la UE, de octubre de 2020 y el plan de acción de «contaminación cero» adoptado en mayo de 2021 abordan específicamente los aspectos relativos a la contaminación del Pacto Verde Europeo. Paralelamente, el nuevo modelo de industria para Europa destaca la necesidad de investigar, innovar e invertir en nuevas tecnologías que refuercen la competitividad industrial de Europa y faciliten la transición de la industria hacia una economía verdaderamente sostenible, más ecológica, eficiente y más digital. La versión actualizada de este modelo, de mayo de 2021, hace más hincapié en el posible papel de las tecnologías transformadoras. Cabe citar otras políticas particularmente pertinentes como el paquete de medidas «Objetivo 55», la estrategia sobre el metano y el acuerdo de Glasgow sobre el metano, la estrategia de adaptación al cambio climático, la estrategia sobre la biodiversidad, la estrategia «de la granja a la mesa», la estrategia sobre el suelo y la iniciativa sobre productos sostenibles. En el Pacto Verde Europeo, la Comisión se compromete a revisar las medidas de la UE para hacer frente a la contaminación procedente de las grandes instalaciones industriales, y lo hace, en particular, examinando el ámbito de aplicación de la legislación y la forma de conseguir que la legislación de la UE en esta esfera sea plenamente coherente con el objetivo de contaminación cero y las políticas en materia de clima, energía y economía circular, teniendo en cuenta los beneficios tanto para la salud pública como para la biodiversidad. La DEI y el Reglamento (CE) n.º 166/2006 relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes («el Reglamento E-PRTR») son instrumentos complementarios que regulan los efectos de la industria en el medio ambiente. La DEI tiene por objeto garantizar una reducción progresiva de la contaminación procedente de las mayores instalaciones agroindustriales de la UE, pero preservando unas condiciones de competencia equitativas. El Reglamento E-PRTR facilita el seguimiento de los esfuerzos de reducción de la contaminación mediante la mejora de la información públicamente disponible sobre el comportamiento real de las instalaciones. Esta legislación tiene vínculos con muchas otras políticas ya que busca hacer frente a las presiones medioambientales de las instalaciones de forma global. La DEI ha desempeñado un papel importante en la reducción de las emisiones de contaminación de la industria, especialmente a la atmósfera, pero su contribución a la economía circular (eficiencia en el uso de los recursos) y a la reducción de las emisiones de contaminantes al agua, ha sido más modesta. El agua es uno de los tres pilares principales del plan de acción «contaminación cero», que tiene por objeto lograr una sociedad sin toxinas para 2050, con una reducción de la contaminación a cero o a niveles que ya no sean nocivos para la naturaleza y los seres humanos. Esto significa que debe actuarse no solo en fases posteriores, por ejemplo, al nivel de las plantas de tratamiento de aguas residuales, sino también en las fases anteriores, en las que se producen y utilizan sustancias. La presente propuesta de revisión de la DEI es coherente con la legislación de la UE en materia de aguas, en particular con la Directiva 2000/60/CE (la Directiva marco del agua) y sus dos Directivas conexas, la Directiva 2006/118/CE (relativa a las aguas subterráneas) y la Directiva 2008/105/CE, modificada por la Directiva 2013/39/UE, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas. La legislación de la UE sobre el agua obliga a los Estados miembros a evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua y a lograr un buen estado para dichas masas de agua mediante un sistema de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica. A través de ciclos de gestión de seis años, se evalúa el estado ecológico y químico (aguas superficiales) y cuantitativo y químico (aguas subterráneas) y se prevén medidas para hacer frente a todas las presiones sobre las masas de agua, entre ellas, las procedentes de la agricultura, la industria, los hogares y otras actividades económicas (incluida la navegación, la protección contra las inundaciones y la energía hidroeléctrica). A la luz del plan de acción «contaminación cero», la Comisión ha anunciado que formulará una propuesta en 2022 para seguir endureciendo las normas sobre los contaminantes de las aguas superficiales y subterráneas, como parte de una propuesta legislativa sobre la «gestión integrada del agua». La propuesta sobre la DEI completa estas iniciativas, entre otras cosas, ampliando el ámbito de aplicación de la Directiva, fomentando el desarrollo de nuevas tecnologías para reducir las emisiones, mejorando la eficiencia energética y de los recursos, promoviendo la reutilización del agua, garantizando requisitos mejor controlados e integrados para los permisos e introduciendo un sistema obligatorio de gestión medioambiental. La propuesta reforzará el enfoque integrado al aclarar los requisitos para la cooperación entre las correspondientes autoridades competentes. Esta cooperación incluye la revisión y actualización de los permisos en función del estado del medio ambiente receptor, o medidas de planificación para cumplir las normas de calidad medioambiental y los objetivos, planes y programas de calidad ambiental en el marco de la legislación sobre el agua. Se ofrecerá una mayor coherencia al aclararse las normas aplicables a la liberación indirecta de sustancias contaminantes en el agua a través de plantas de tratamiento de las aguas residuales urbanas. El fomento de la innovación contribuirá a abordar las sustancias químicas persistentes y las sustancias recientemente identificadas como preocupantes, como las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), los microplásticos y los productos farmacéuticos. Esto es coherente con la Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas de la UE, con la Comunicación de la Comisión Europea sobre un enfoque estratégico en materia de productos farmacéuticos y con la Comunicación sobre una estrategia farmacéutica. El proceso de «intercambio de información» en el marco de la DEI con el fin de elaborar y revisar los documentos de referencia de las mejores técnicas disponibles (BREF) debe tener en cuenta la identificación de sustancias preocupantes en virtud de la legislación de la UE sobre el agua. En particular, estos incluyen «listas de vigilancia» de sustancias en las aguas subterráneas y superficiales y las sustancias que pueden suponer un riesgo significativo para el medio acuático o a través de este a escala de la UE. El intercambio de información en el marco de la DEI también contribuirá al desarrollo de medidas de eficiencia hídrica y a la reflexión sobre la reutilización del agua por parte de las instalaciones agroindustriales, en consonancia con el plan de acción para la economía circular, que se compromete a promover la reutilización del agua en la industria. El Reglamento (UE) 2020/741 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua, adoptado en mayo de 2020, se aplica a la reutilización del agua para el riego agrícola pero también señala un gran potencial para la regeneración y reutilización de aguas depuradas con fines industriales, como parte de la gestión integrada del agua y la economía circular. Al regular algunas actividades en el origen, la DEI apoya a los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de otra legislación de la UE que establece normas de calidad medioambiental, como la Directiva sobre la calidad del aire ambiente. También ayuda a los Estados miembros a cumplir los objetivos previstos en la legislación de la UE que establece objetivos nacionales, como la Directiva sobre los compromisos nacionales de reducción de las emisiones, el Reglamento de reparto del esfuerzo y la Directiva de eficiencia energética. Los niveles de emisiones asociados a las MTD de la DEI se utilizaron para definir los criterios de «no causar un perjuicio significativo» para el acto delegado complementario a la taxonomía climática. Las medidas de revisión de la DEI propuestas apoyarán en mayor medida la taxonomía de la UE sobre inversiones sostenibles a lo largo del tiempo estableciendo criterios nuevos y actualizados. Estos criterios se determinarán con vistas a realizar una contribución sustancial a la prevención y el control de la contaminación, con el objetivo adicional de ayudar a la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles a definir qué actividades puede considerarse sostenibles. Finalmente, la DEI ayuda a mejorar el comportamiento medioambiental general, contribuyendo a la consecución de los objetivos de otra legislación sectorial de la UE, también en particular en con el Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), los residuos y la protección de la naturaleza. • Coherencia con otras políticas de la Unión

El VIII Programa de Acción en materia de Medio Ambiente se centra en seis objetivos prioritarios interrelacionados. Entre ellos se incluyen los siguientes: ·Artículo 2, letra d) – consecución del objetivo de contaminación cero, también en relación con las sustancias químicas nocivas, para un entorno sin sustancias tóxicas, así como para el aire, el agua y el suelo. También tiene por objeto reducir la contaminación lumínica y acústica y proteger la salud y el bienestar de las personas, los animales y los ecosistemas frente a los riesgos e impactos negativos relacionados con el medio ambiente. ·Artículo 2, letra f) – fomento de los aspectos medioambientales de la sostenibilidad y reducción de las principales presiones climáticas y medioambientales de la Unión asociadas a la producción y el consumo. Esto se refiere en particular a los ámbitos de la energía, la industria, los edificios y las infraestructuras, la movilidad, el turismo, el comercio internacional y el sistema alimentario. La propuesta sobre la DEI contribuirá a alcanzar estos objetivos. La nueva realidad geopolítica y del mercado de la energía requiere que la Unión acelere drásticamente la transición hacia una energía limpia y disminuya la dependencia energética de Europa frente a proveedores poco fiables y a combustibles fósiles volátiles. Como parte de la respuesta de la Unión a la guerra entre Rusia y Ucrania de 2022, la iniciativa REPowerEU tiene por objeto aumentar la resiliencia del sistema energético en toda la UE mediante la diversificación del suministro de gas y la reducción del uso de combustibles fósiles a través del impulso de la eficiencia energética, el aumento de las energías renovables y la electrificación y abordando los cuellos de botella de las infraestructuras. La revisión de la Directiva contribuye a la resiliencia del sistema energético a escala de la UE mediante la mejora de la eficiencia energética de los procesos de la Unión. La presente propuesta de Directiva es un proyecto piloto que sigue el planteamiento de la Comisión de «una más, una menos» para reducir la carga administrativa. El informe de evaluación de impacto que la acompaña ofrece información detallada sobre la carga administrativa prevista en la propuesta. La sección del presente memorándum sobre adecuación y simplificación de la normativa describe las medidas propuestas para limitar la carga administrativa de la propuesta. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD • Base jurídica La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 192 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). De conformidad con el artículo 191 y con el artículo 192, apartado 1, del TFUE, la Unión Europea debe contribuir a alcanzar los siguientes objetivos: la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente y a luchar contra el cambio climático. • Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) Los Estados miembros no pueden alcanzar de manera suficiente los objetivos de la presente Directiva de garantizar un nivel elevado de protección del medio ambiente y mejorar la calidad medioambiental en toda la Unión. Debido al carácter transfronterizo de la contaminación procedente de las actividades industriales, estos objetivos pueden lograrse mejor a escala de la UE, lo que justifica la adopción de medidas por parte de la Unión de conformidad con el principio de subsidiariedad que establece el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. La contaminación de las instalaciones agroindustriales se dispersa a través de fronteras nacionales y un solo Estado miembro no puede lograr controlarla de forma suficiente. Además, el funcionamiento de las instalaciones industriales está estrechamente vinculado al funcionamiento del mercado único. En ausencia de un planteamiento a escala de la UE para establecer normas de comportamiento medioambiental, las mismas industrias se enfrentarían a diferentes normativas de control de la contaminación en cada Estado miembro, a riesgo de crear unas condiciones de competencia desiguales, de fragmentar el mercado único y de dificultar los esfuerzos de la UE por lograr el objetivo del Tratado de alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente y de la salud humana. • Proporcionalidad El diseño de la DEI garantiza la proporcionalidad de los resultados i) al definir las MTD como la gama de técnicas probadas utilizadas en un sector más eficaz desde el punto de vista ambiental y más viable desde una perspectiva económica, y ii) al autorizar excepciones en casos concretos si la aplicación de los requisitos de las MTD en toda la Unión generara costes desproporcionadamente superiores a los beneficios medioambientales y sanitarios previstos. La correspondiente evaluación de impacto valorará la repercusión de todas las revisiones propuestas de la DEI. Se ha realizado una evaluación cualitativa y cuantitativa que muestra que las propuestas son proporcionadas, es decir, que los beneficios sociales son considerablemente superiores a los costes en los que se incurre. Se determinó que las medidas con mayor impacto eran las que ampliaban el ámbito de aplicación para abarcar las explotaciones de ganado vacuno y un mayor número de explotaciones cerdos y aves de corral. El valor monetario de los beneficios para la salud y el medio ambiente de la reducción de las emisiones de metano y amoníaco se ha calculado en más de 5 500 millones EUR al año, mientras que los costes de cumplimiento ascienden a 265 millones EUR y los costes administrativos (administraciones y titulares de instalaciones) a 223 millones EUR, lo que da lugar a un factor de rentabilidad muy beneficioso de 11. • Elección del instrumento La mejor forma de lograr los objetivos perseguidos por la presente propuesta es a través de una directiva. Este es el instrumento jurídico más apropiado para realizar modificaciones a la actual Directiva sobre las emisiones industriales (Directiva 2010/75/UE). Una directiva obliga a los Estados miembros a alcanzar los objetivos y a incorporar las medidas en sus ordenamientos jurídicos nacionales, tanto sustantivos como de procedimiento. Este enfoque proporciona a los Estados miembros más libertad a la hora de aplicar una medida de la UE que un reglamento, en el sentido de que los Estados miembros pueden elegir los medios más adecuados para aplicar las medidas previstas en la directiva. Esto les permite garantizar que las normas modificadas se ajustan a su actual marco jurídico sustantivo y de procedimiento para aplicar la DIE UE, en particular en lo relativo a la regulación de los permisos de las instalaciones, así como a las medidas de ejecución y las sanciones. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

• Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación existente La evaluación de la DEI realizada en 2020 concluyó que había sido eficaz para reducir el impacto medioambiental y las distorsiones de la competencia en la UE. El proceso de colaboración para la elaboración de los BREF, también conocido como el «Proceso de Sevilla», ha funcionado bien y está reconocido como un modelo de gobernanza colaborativa. La DEI ha reducido sustancialmente las emisiones de contaminantes a la atmósfera y, en menor medida, al agua. Ha reducido las emisiones al suelo procedentes de las instalaciones incluidas en la Directiva. Sus efectos en la eficiencia en el uso de los recursos, la economía circular y la innovación son más difíciles de evaluar; parece haber contribuido de forma positiva, aunque limitada. Otros aspectos, como el acceso del público a la información y el acceso a la justicia, han mejorado en alguna medida. La evaluación concluyó que la DEI era en gran medida eficaz. Los beneficios de las conclusiones sobre las MTD superan con creces los costes. No se han identificado costes administrativos desproporcionados o innecesarios. El efecto en la competitividad de la UE es desigual; no hay pruebas que demuestren que sea significativo. Todos los grupos de partes interesadas consideraron que la DEI era pertinente. Puede responder a cuestiones medioambientales emergentes, a pesar de la duración del proceso de los BREF. Si bien la DEI no ha contribuido en gran medida a la descarbonización, las opiniones difieren en cuanto a su pertinencia a este respecto. La evaluación consideró que la DEI era coherente internamente y con otras políticas de la UE, aunque hay margen para una mayor contribución a estas. Algunos problemas de interpretación requieren aclaración. Se consideró que la DEI aportaba un importante valor añadido de la UE. Garantiza requisitos más coherentes para reducir la contaminación industrial, por ejemplo, mediante el seguimiento y la aplicación y la reducción de las distorsiones del mercado único. La inacción de la UE habría dado lugar a normas menos exigentes y a menores beneficios para la salud y el medio ambiente. Los Estados miembros por sí solos no pueden replicar el proceso de los BREF, que es cada vez más utilizado por países no pertenecientes a la UE. El enfoque descentralizado de la DEI es coherente con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. La evaluación ha identificado una serie de ámbitos en los que el funcionamiento de la DEI no parece ser tan satisfactorio como sería deseable con respecto a la reducción de las emisiones contaminantes, especialmente en el agua, la contribución a la reducción de las emisiones de GEI, el fomento de la producción no tóxica y la mejora de la eficiencia y la reutilización de los recursos. Estos ámbitos son esenciales para la revisión de la DEI anunciada en la Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo. • Consultas con las partes interesadas La evaluación de impacto que acompaña a la revisión combinada de la Directiva sobre las emisiones industriales (DEI) y del Reglamento E-PRTR fue objeto de un exhaustivo proceso de consulta que incluyó diversas actividades de consulta para recabar las opiniones de todas las partes interesadas pertinentes y garantizar que se tuvieran en cuenta los puntos de vista de los distintos tipos de organizaciones y partes interesadas. En primer lugar, se formularon observaciones a través del portal interactivo de la Comisión «Díganos lo que piensa» (154 respuestas; período de consulta del 24 de marzo de 2020 al 21 de abril de 2020). A continuación se realizó una consulta pública conjunta sobre la DEI y el Reglamento E-PRTR (encuesta en línea a través del portal interactivo de la Comisión «Díganos lo que piensa»; 336 respuestas; del 20 de diciembre de 2020 al 23 de marzo de 2021). La encuesta contenía veinticuatro preguntas, cuatro de las cuales se referían específicamente al E-PRTR. Posteriormente, entre el 8 de febrero y el 9 de abril de 2021, se llevó a cabo una encuesta específica a las partes interesadas. Se trataba de una encuesta en línea más detallada (235 respuestas) para seguir mejorando la base empírica mediante la recopilación de información más especializada de grupos específicos de partes interesadas sobre seis ámbitos problemáticos, agrupados en función de las opciones consideradas en el estudio de evaluación de impacto. Estos ámbitos problemáticos eran los siguientes: i) el medio ambiente está contaminado, ii) se está produciendo una crisis climática, iii) los recursos naturales se están agotando, iv) las técnicas más avanzadas no pueden responder satisfactoriamente a los ámbitos problemáticos i) y iii), v) los particulares tienen pocas oportunidades de informarse sobre los efectos causados por las instalaciones agroindustriales y de tomar medidas al respecto, y vi) la excesiva carga puede afectar a la eficacia del instrumento político. Las observaciones recibidas a través de estas encuestas se completaron con consultas a grupos de debate, entre junio y agosto de 2021, con el objeto de que las partes interesadas trataran en mayor profundidad los temas clave. Las partes interesadas se seleccionaron sobre la base de su representación sectorial y para garantizar una buena distribución geográfica y por tipo de parte interesada entre las organizaciones no gubernamentales (ONG) medioambientales, los representantes de la industria y los ministerios y administraciones competentes de los Estados miembros, a fin de equilibrar los debates. Finalmente, se celebraron dos talleres a distancia para partes interesadas, el 15 de diciembre de 2020 y los días 7 y 8 de julio de 2021. La sociedad civil y las ONG medioambientales consideraron los ámbitos problemáticos mencionados de gran importancia, en particular en lo referente a: — los impactos medioambientales y la descarbonización, que no se abordan suficientemente en la DEI; — la necesidad de actualizar con mayor rapidez la lista de contaminantes del Reglamento E-PRTR para tener en cuenta nuevas amenazas; y — el acceso limitado a la información sobre los niveles de comportamiento de las instalaciones. Todos los grupos de partes interesadas percibían esta limitación en el acceso a la información como una cuestión importante que debe abordarse.

No obstante, se observaron diferencias en las observaciones de las asociaciones industriales y empresariales, que fueron más neutras (aunque no negativas) a la hora de reconocer cuestiones relativas a la eficiencia en el uso de los recursos y la producción menos tóxica. Las asociaciones industriales y empresariales se mostraron también más neutras a la hora de reconocer la necesidad de apoyar la descarbonización, destacando los posibles costes adicionales de notificación y los riesgos de solapamientos con el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE). Con respecto al ámbito de aplicación limitado de la Directiva, las asociaciones industriales y empresariales señalaron problemas de costes y argumentaron que los regímenes nacionales existentes y la legislación de la UE son suficientes para abordar la mayoría de las dificultades encontradas. Todas partes interesadas coincidieron en que la contribución de la DEI con respecto a facilitar, aprovechar y promover la innovación era demasiado escasa. • Evaluación de impacto Se realizó una evaluación de impacto que dio lugar a un dictamen positivo del Comité de Control Reglamentario con fecha de 10 de diciembre de 2021. Se propusieron y evaluaron cinco opciones normativas independientes pero parcialmente interrelacionadas; las subopciones seleccionadas para cada ámbito problemático se reunieron para formar el siguiente paquete preferente de políticas: — Eficacia: plena aplicación de veinticinco medidas de optimización y actualización. — Innovación: los pioneros tienen libertad para probar técnicas novedosas, lo que se combina con la creación de un centro de innovación para la transformación industrial y las emisiones (INCITE) y los planes de transformación de los titulares de instalaciones para 2030. — Uso de los recursos y sustancias químicas: un sistema de gestión medioambiental mejorado. — Descarbonización: se introducirán niveles mínimos de eficiencia energética para maximizar la eficiencia energética y minimizar el consumo de energía. En 2028 se llevará a cabo una revisión de las sinergias entre la DEI y el RCDE, que permitirá sinergias óptimas a partir de 2030. — Ámbito sectorial: entrarán en el ámbito de aplicación de la DEI actividades adicionales, principalmente la cría intensiva de ganado y determinadas actividades extractivas. Se espera que los efectos del paquete preferente sean los siguientes. En general, se espera que los beneficios superen considerablemente los costes. Si bien no ha sido posible cuantificar y establecer el valor monetario de todas las repercusiones, se estima que el conjunto de medidas de mejora de la eficacia de la Directiva aporta beneficios para la salud de entre 860 millones EUR y 2 800 millones EUR anuales con unos gastos de capital (CAPEX) y gastos de funcionamiento (OPEX) de unos 210 millones EUR. La carga administrativa global de la propuesta en su conjunto se estima en 250 millones EUR anuales para los operadores industriales y 196 millones EUR anuales para las autoridades públicas. La ampliación de la cobertura de las explotaciones ganaderas daría lugar a una reducción de las emisiones de metano y amoníaco, con unos beneficios asociados para la salud de unos 5 500 millones EUR al año. Ampliar la cobertura al 10 % de las grandes explotaciones de bovinos, que representan el 41 % de las emisiones del sector, producirá una reducción anual de al menos 184 kt de metano y 59 kt de amoníaco. Ampliar la cobertura de las explotaciones de cerdos y aves de corral al 18 % de las mayores granjas de cerdos y al 15 % de las mayores granjas de aves de corral, que representan respectivamente el 85 % y el 91 % de las emisiones de ambos sectores, reducirá las emisiones anuales en al menos 135 kt de metano y 33 kt de amoníaco de las granjas de cerdos y 62kt de amoníaco de las granjas de aves de corral. Este ámbito de aplicación ampliado mejorará la cobertura de la DEI del 18 al 60 % de las emisiones de amoníaco procedentes de la cría de ganado bovino, porcino y de aves de corral; y del 3 al 43 % de las emisiones de metano. Los costes de cumplimiento correspondientes se estiman en unos 265 millones EUR al año. • Adecuación regulatoria y simplificación En consonancia con el compromiso de «Legislar mejor» de la Comisión, esta propuesta ha sido elaborada de manera inclusiva, basándose en la total transparencia y el diálogo continuo con las partes interesadas, escuchando las observaciones externas y teniendo en cuenta el control externo para garantizar que la propuesta logra el equilibrio correcto. La DEI es el resultado de una iniciativa de mejora de la legislación que fusionó y simplificó con éxito siete Directivas y racionalizó los aspectos administrativos, por ejemplo, reduciendo los requisitos de notificación a alrededor de la mitad. Aunque ello limita las posibilidades para una mayor simplificación, las consultas con las partes interesadas han permitido a la Comisión determinar otra serie de posibles aclaraciones y simplificaciones de la Directiva. Las que atraen un interés positivo de las partes interesadas resolverán algunas incertidumbres con respecto al proceso de permisos. Esto se refiere, en particular a la aclaración de algunas disposiciones sobre gasificación, licuefacción y pirólisis que son actividades importantes para lograr una economía circular hipocarbónica. Otros aspectos conllevan la sustitución de la lista indicativa de contaminantes del anexo II por referencias a otra legislación de la UE que establece listas de contaminantes pertinentes, y el establecimiento de criterios armonizados para evaluar el cumplimiento en toda la UE. Ambas medidas mejorarán la seguridad jurídica sobre las normas aplicables para todos los titulares de instalaciones reguladas por la DEI. Asimismo, resolver las discrepancias en los enfoques de evaluación de la conformidad en virtud de los capítulos II, III y IV de la DEI beneficiará a 4 000 titulares de grandes instalaciones de combustión e incineradoras de residuos. Asimismo, se introducirá un régimen separado y menos estricto para 20 000 explotaciones ganaderas actualmente reguladas por la DEI, así como para aquellas que se incluirán por primera vez en su ámbito de aplicación, las empresas más pequeñas reguladas por el DEI; lo que reducirá la carga administrativa en 113 millones EUR al año. Una codificación de la legislación tras la adopción del acto revisado permitirá eliminar las disposiciones que hayan quedado obsoletas.

• Derechos fundamentales La propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Según el artículo 52, apartado 1, de la Carta: «[c]ualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, sólo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás». La presente propuesta logra un equilibrio adecuado entre el derecho fundamental a la libertad de empresa y el derecho fundamental a la propiedad, así como otros derechos fundamentales (medio ambiente, salud, reparación). El derecho a la libertad de empresa y el derecho a la propiedad se limitan a lo necesario para preservar el resto de derechos fundamentales y objetivos de interés general anteriormente mencionados, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta. La propuesta contribuye al objetivo de garantizar un alto nivel de protección del medio ambiente con arreglo al principio de desarrollo sostenible consagrado en el artículo 37 de la Carta; al derecho a la vida y a la integridad de la persona y a su salud establecidos en los artículos 2, 3 y 35, de la Carta; y al derecho a la protección de los consumidores recogido en el artículo 38. Contribuye, asimismo, al derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 47 de la Carta, en relación con la protección de la salud humana. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La ficha de financiación adjunta muestra las repercusiones presupuestarias y los recursos humanos y administrativos necesarios. La propuesta tendrá repercusiones presupuestarias para la Comisión y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) en cuanto a los recursos humanos y administrativos requeridos. La Comisión tendrá un mayor número de tareas de aplicación y ejecución como consecuencia de la ampliación del ámbito de actividades económicas y aspectos medioambientales cubierto por la DEI. Asimismo, la Comisión tendrá un papel más importante en la gestión del centro de innovación y su labor en la elaboración de los BREF y las conclusiones sobre las MTD será más amplia, lo que requerirá un total de cuatro puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo adicionales. La ECHA apoyará a la Comisión de la siguiente manera: 1) realizando aportaciones al proceso de intercambio de información sobre las MTD y las técnicas emergentes, lo que incluye la identificación y selección de las sustancias pertinentes para cada sector, desarrollando buenas prácticas sectoriales para el uso de las sustancias más seguras del mercado, y 2) ofreciendo herramientas y orientación para que los titulares de instalaciones reguladas por la DEI puedan elaborar el capítulo sobre sustancias químicas de su sistema de gestión medioambiental. Esto requiere un total de 3 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo adicionales. Se requerirán unos 8 200 000 EUR anuales para financiar los conocimientos técnicos necesarios para apoyar a la Comisión en una serie de líneas de trabajo relacionadas con INCITE y con la elaboración de los BREF y las conclusiones sobre las MTD. 5.OTROS ELEMENTOS • Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información Las emisiones globales de contaminantes por sector, basadas en los datos notificados por los titulares al E-PRTR, seguirán siendo indicadores clave para el seguimiento de los avances en relación con los objetivos de esta iniciativa. El Reglamento E-PRTR se está revisando paralelamente a la revisión de la presente Directiva y permitirá un mejor seguimiento futuro del impacto de la DEI en el comportamiento medioambiental de la industria a escala sectorial. — El mayor nivel de detalle de la información sobre emisiones contaminantes en las instalaciones permitirá analizar los principales procesos en los sectores cuyo comportamiento medioambiental esté mejorando o se esté quedando rezagado. — Mediante la inclusión de información sobre el uso de los recursos se podrán identificar nuevos indicadores relativos al uso de materiales, agua y energía que permitirán realizar un seguimiento de las mejoras en la eficiencia en el uso de los recursos. — Una actualización más dinámica de la lista de sustancias cubiertas por el Reglamento E-PRTR permitirá identificar indicadores de emisiones para las sustancias preocupantes o que empiezan a ser preocupantes. Esto permitirá realizar un seguimiento de las mejoras en el uso y la gestión de dichas sustancias. Dichas mejoras contribuirán también a garantizar que el seguimiento puede utilizarse eficazmente en el marco más amplio del seguimiento y las perspectivas de la contaminación cero, que se publicará cada dos años a partir de 2022. Los datos sobre la contaminación del aire y el suelo disponibles a través del seguimiento de la contaminación cero contribuirán a evaluar los efectos de las reducciones de emisiones en las instalaciones que entran en el ámbito de aplicación de la DEI y del Reglamento E-PRTR. Una de las principales preocupaciones en la revisión de la DEI es garantizar que se utiliza todo el intervalo de niveles de emisión asociados con las MTD. El futuro resumen normalizado de permisos facilitará considerablemente la recogida de los valores límite de emisión establecidos en el permiso, mediante herramientas informáticas automatizadas. Esto permitirá analizar por sectores la distribución de los valores límite de emisión dentro de los intervalos de niveles de emisión asociados a las MTD (NEA-MTD) al final de los ciclos de revisión de los permisos activados por la adopción de las conclusiones sobre las MTD y hará que la información contenida en los permisos sea más clara para el público. La magnitud de los avances en la reducción de las emisiones dependerá de: los avances tecnológicos; los resultados del centro de innovación; revisiones más frecuentes de los BREF; cualquier medida que pueda adoptarse como consecuencia de ello. También será importante supervisar el ritmo de desarrollo y adopción de las innovaciones y la consiguiente transformación de los sectores incluidos en la DEI necesaria para cumplir los objetivos medioambientales y climáticos de la UE para 2030 y 2050. El resumen normalizado del permiso hará posible cuantificar el número de casos en los que se hayan utilizado nuevas flexibilidades para apoyar a los pioneros en la realización de pruebas y el despliegue de técnicas emergentes. El seguimiento de las repercusiones más amplias en la dinámica de la innovación será más complejo. Se establecerán nuevos indicadores en un cuadro de transformación industrial publicado por el centro de innovación. El centro podrá desarrollar indicadores como:

— nivel de madurez tecnológica de las tecnologías transformadoras por sector; — comportamiento en materia de emisiones de las tecnologías transformadoras; — calendario previsto para la adopción de dichas tecnologías; — distancia con respecto a los objetivos para cada sector de la DEI. La publicación periódica de información sobre la aplicación por parte de los Estados miembros completará estos indicadores, aportando información fácilmente accesible en un formato común legible por máquina sobre las disposiciones clave a través de medios informáticos dinámicos. Se incluirá información sobre: — la concesión de flexibilidad para respaldar técnicas transformadoras; — el establecimiento de condiciones de permiso más estrictas en los permisos, cuando sea necesario para cumplir las normas de calidad medioambiental; — la concesión de excepciones que permitan emisiones contaminantes superiores al intervalo de niveles de emisión asociados a las MTD; — las medidas de ejecución adoptadas. Las percepciones sobre las mejoras en la claridad jurídica se supervisarán a través del proceso de los BREF, mediante encuestas electrónicas enviadas a la comunidad de partes interesadas de la DEI. La revisión de la interacción entre la DEI y el RCDE y los progresos en descarbonización, prevista para antes de 2030, será un hito clave en la supervisión y evaluación de este enfoque político renovado y más holístico. • Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta a)Modificaciones de la Directiva 2010/75/UE La modificación del artículo 1 tiene por objeto aclarar explícitamente que la presente Directiva establece normas diseñadas para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo y evitar la generación de residuos con el fin de alcanzar un nivel elevado de protección de la salud humana y del medio ambiente, considerado en su conjunto; esto es coherente con el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Dicha aclaración también se añade en otros artículos cuando es necesario. Las modificaciones del artículo 3 tienen por objeto ofrecer definiciones pertinentes de los nuevos conceptos o elementos que se añaden a la Directiva como consecuencia de la ampliación de su ámbito de aplicación o del refuerzo de sus disposiciones. Las modificaciones del artículo 5 tienen como fin especificar en mayor medida los requisitos de transparencia asociados a los permisos concedidos en virtud de la presente Directiva, en un contexto de prácticas desiguales entre los Estados miembros. Dichos permisos se pondrán a disposición del público en internet, de forma gratuita y sin restringir el acceso a los usuarios registrados, y también se pondrá a disposición del público un resumen uniforme de los permisos. Los incidentes o accidentes pueden afectar significativamente al medio ambiente o a la salud humana más allá de las fronteras del territorio nacional del Estado miembro en el que se producen. En tales casos, con arreglo a las modificaciones introducidas en el artículo 7, deberá producirse un intercambio de información transfronteriza inmediata y una cooperación multidisciplinar. Las modificaciones del artículo 8 tienen por objeto endurecer las normas aplicables en caso de infracción de las condiciones del permiso y ampliar las facultades de la autoridad competente para suspender la actividad de una instalación hasta que se asegure el cumplimiento. Con respecto a las unidades de combustión o de otro tipo que emiten dióxido de carbono y que también entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, la modificación del artículo 9 tiene por objeto hacer obligatorios los requisitos relacionados con la eficiencia energética.

Las modificaciones del artículo 11 pretenden introducir, como parte de las obligaciones básicas del titular, requisitos relativos a eficiencia en el uso de los recursos, a la consideración del comportamiento medioambiental global durante el ciclo de vida de la cadena de suministros y a un sistema de gestión ambiental. En el contexto de intercambio de información que conduce a la elaboración y revisión de los documentos de referencia MTD (BREF), las modificaciones del artículo 13 son dobles. En primer lugar, a fin de desarrollar sinergias entre el trabajo realizado por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) sobre sustancias químicas y la elaboración de los BREF, procede otorgar un papel formal a la ECHA. En segundo lugar, debe especificarse el tratamiento de la información empresarial confidencial obtenida de la industria para facilitar el intercambio de información a fin de determinar los niveles de emisión y comportamiento medioambiental asociados con las MTD y las técnicas emergentes, preservando al mismo tiempo la confidencialidad de la correspondiente información empresarial. Se introducen varias modificaciones en el artículo 14 sobre las condiciones del permiso, con vistas a reforzar los requisitos asociados a los permisos concedidos en virtud de la presente Directiva; entre ellos, el deber de los Estados miembros de velar por que, antes de la concesión de un permiso, se consulte a todas las autoridades que garantizan el cumplimiento de la legislación medioambiental de la UE, incluidas, en su caso, las normas de calidad medioambiental. Asimismo, procede hacer referencia al anexo II sobre contaminantes del Reglamento (CE) n.º 166/2006 por el que se establece un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes, en su versión modificada. En efecto, al enumerar las distintas sustancias de forma no exhaustiva, el anexo II de la presente Directiva, que recoge la lista de sustancias contaminantes, no es compatible con el enfoque holístico perseguido ni con la necesidad de que las autoridades competentes tengan en cuenta todas las sustancias contaminantes pertinentes, también aquellas que están empezando a suscitar preocupación. Por tanto, debe suprimirse esta lista no exhaustiva de sustancias contaminantes. Además, es también preciso aclarar la relación entre la presente Directiva y la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006 sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas. Cuando la actividad a que se refiere el punto 3.6 del anexo I de la presente Directiva también entre en el ámbito de aplicación de la Directiva 2006/21/CE, las conclusiones sobre las MTD establecidas con arreglo al artículo 13, apartado 5, de la DEI prevalecerán a efectos de la concesión de permisos en virtud de la Directiva 2010/75, sobre las MTD a que se refiere el artículo 21, apartado 3, de la Directiva 2006/21/CE. Se inserta un nuevo artículo 14 bis en la Directiva, en el que se exige al titular que establezca y aplique un sistema de gestión medioambiental de conformidad con las conclusiones pertinentes sobre las MTD, con vistas a la mejora continua de la eficiencia medioambiental y energética y de la seguridad de la instalación. El artículo 14 bis también se interrelaciona con la obligación de realizar una auditoría en virtud de la Directiva relativa a la eficiencia energética. El artículo 15 propone algunas mejoras para endurecer las normas. En primer lugar, se aclaran las condiciones en las que la autoridad competente, al fijar los valores límite de emisión aplicables a las emisiones de contaminantes al agua en un permiso contemplado en la DEI, puede tener en cuenta los procesos de tratamiento posterior en una planta de tratamiento de aguas residuales para garantizar que dichas emisiones no dan lugar al aumento de la carga de contaminantes en las aguas receptoras, en comparación con una situación en la que la instalación incluida en la DEI aplique las MTD y cumpla los niveles de emisión asociados a las MTD para emisiones directas. En segundo lugar, las MTD se aplican de forma heterogénea entre los Estados miembros, los sectores industriales e incluso cada instalación industrial; entre el 75 %y el 85 % de todos los valores límite de emisión de los permisos se establecen en el extremo menos exigente de los intervalos de niveles de emisión asociados a las MTD, lo que da lugar a una reducción insuficiente de las emisiones. Por lo tanto, las autoridades competentes deben fijar los valores límite de emisión en el extremo más bajo del intervalo pertinente de los niveles de emisión asociados a las MTD, a menos que el titular demuestre que la aplicación de las MTD descritas en las conclusiones sobre las MTD solo permita cumplir con valores límite de emisión menos estrictos. En tercer lugar, a fin de prevenir o reducir al mínimo la emisión de contaminantes procedentes de las instalaciones contempladas en la DEI y de establecer condiciones de competencia equitativas en toda la UE, es necesario definir mejor las condiciones en las que pueden concederse excepciones a los valores límite de emisión, en consonancia con principios que se establecerán en un anexo de la presente Directiva, y con una metodología normalizada para evaluar la desproporción entre los costes de aplicación de las conclusiones sobre las MTD y los posibles beneficios medioambientales, lo cual debe adoptarse en un acto de ejecución. No deberían concederse dichas excepciones cuando puedan poner en peligro el cumplimiento de las normas de calidad medioambiental. Se introduce un nuevo artículo 15 bis que faculta a la Comisión para establecer normas comunes para evaluar el cumplimiento de los valores límite de emisión y validar los niveles medidos para las emisiones tanto a la atmósfera como al agua sobre la base de las MTD para las instalaciones cubiertas por el capítulo II. Estas normas de evaluación del cumplimiento tendrán prioridad sobre las normas establecidas en los capítulos III y IV sobre la evaluación del cumplimiento de los valores límite de emisión que figuran en los anexos V y VI. La modificación del artículo 16 tiene por objeto completar los requisitos de control relativos a las excepciones concedidas en virtud del artículo 15, apartado 4, en lo que respecta a la concentración de los contaminantes objeto de excepción que estén presentes en el medio receptor. La modificación del artículo 18 pretende aclarar que las normas de calidad medioambiental se refieren a los requisitos establecidos en el Derecho de la Unión, por ejemplo, en la legislación de la UE sobre el aire o el agua, que deben cumplirse en un momento dado en un entorno determinado o en una parte determinada de este, y que, cuando, para garantizar el cumplimiento de dichas normas de calidad medioambiental, sean necesarias condiciones más estrictas que las que puede alcanzar una instalación a la que se aplica la DEI utilizando las MTD, deberán incluirse en el permiso medidas adicionales, tal y como se establece en dicho artículo. La modificación del artículo 21 tiene por objeto aclarar que la autoridad competente debe revisar, y cuando proceda, actualizar las condiciones del permiso cuando sea necesario para que la instalación cumpla con una norma de calidad medioambiental. Las modificaciones del artículo 24 incluyen la ampliación de los casos en los que se ofrece al público interesado la posibilidad real de participar en una fase temprana en la concesión o actualización de las condiciones del permiso por parte de la autoridad competente, de conformidad con el Convenio de Aarhus. La modificación del artículo 25 tiene por objeto aclarar que los Estados miembros no pueden restringir la legitimación para impugnar una decisión de una autoridad pública a los miembros del público interesado que hayan participado en el procedimiento administrativo anterior para adoptar dicha decisión. La modificación del artículo 26 tiene como fin reforzar la cooperación transfronteriza, el intercambio de información y la participación pública en el proceso de concesión de permisos. Tras el artículo 26, se inserta un nuevo capítulo II bis sobre el «fomento de la innovación», que comprende los artículos 27 a 27 quinquies, con objeto de promover la innovación, facilitar el ensayo y despliegue de técnicas emergentes con un mejor comportamiento medioambiental, así como, establecer un centro específico de apoyo a la innovación, mediante la recopilación y el análisis de información sobre técnicas innovadoras, y calificar su estado de desarrollo desde la investigación hasta el despliegue. El centro permitirá que las MTD desarrollen una visión de futuro y ayuden a las industrias a identificar soluciones para descarbonizar y reducir la contaminación. Con el tiempo se convertirá en un centro que fomente una dinámica de innovación para la transición industrial en todas las políticas del Pacto Verde Europeo. Se requerirá a los titulares que, como parte de sus sistemas de gestión ambiental, elaboren planes de transformación antes del 30 de junio de 2030 o más adelante, en función de las actividades del anexo I de que se trate, como contribución a la consecución de los objetivos de la UE de lograr una economía limpia, circular y climáticamente neutra. Las modificaciones del artículo 42 aclaran en mayor medida cómo evaluar si los gases o los líquidos limpios resultantes de la gasificación y la pirólisis de residuos se purifican lo suficiente como para que puedan quemarse sin controles más estrictos que los aplicados a los combustibles comerciales limpios. Después del capítulo VI y antes del capítulo VII se inserta un nuevo capítulo VI bis sobre «disposiciones especiales para la cría de aves de corral, ganado porcino y bovino» que comprende los artículos 70 bis a 70 decies. A fin de reducir las considerables emisiones de contaminantes a la atmósfera y al agua causadas por dicha actividad, el capítulo incluye la reducción del umbral por encima del cual las instalaciones de cría de cerdos y aves de corral se incluyen en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE y se añade la cría de ganado bovino a dicho ámbito, junto con las instalaciones de cría de cerdos y aves de corral. También establece procedimientos para la concesión del permiso adaptados al sector, que tienen en cuenta la necesidad de equilibrar los procedimientos administrativos de concesión de permisos con la información y participación del público y los requisitos de cumplimiento. Las normas de funcionamiento para las explotaciones ganaderas tendrán en cuenta no solo la naturaleza, tipo, tamaño y densidad de estas instalaciones, sino también su complejidad y la gama de repercusiones en el medio ambiente que pueden tener, además de los aspectos económicos. Ello permitirá establecer unos requisitos proporcionados para las distintas prácticas ganaderas (intensivas, extensivas, ecológicas), teniendo en cuenta también las especificidades de los sistemas de cría de ganado en pastos, en los que los animales solo se crían estacionalmente en instalaciones cubiertas, al tiempo que se reduce al máximo la carga para el sector y las autoridades competentes. Las modificaciones del artículo 73 incluyen el requisito de que la Comisión presente cada cinco años al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se revise la aplicación de la presente Directiva. El primero de estos informes está previsto para junio de 2028. El informe tendrá en cuenta la dinámica de innovación y la revisión a que se refiere el artículo 8 de la Directiva 2003/87/CE. La modificación del artículo 74 faculta a la Comisión a adoptar un acto delegado de conformidad con el artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la inclusión de la actividad agroindustrial en el anexo I o en el anexo I bis, de la presente Directiva, con vistas a garantizar que cumple los objetivos de prevenir o reducir las emisiones contaminantes y lograr un elevado nivel de protección de la salud humana y el medio ambiente. Las modificaciones del artículo 79 tienen como fin especificar el contenido mínimo de las sanciones, de manera que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, sin perjuicio de la Directiva 2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. Se introduce un nuevo artículo 79 bis sobre indemnización, cuyo objetivo es garantizar que, cuando se hayan producido daños a la salud, total o parcialmente como consecuencia del incumplimiento de medidas nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva, el público afectado pueda reclamar y obtener reparación por dichos daños de las autoridades competentes pertinentes y, cuando se hayan identificado, de las personas físicas o jurídicas responsables del incumplimiento. Las modificaciones del anexo I establecen, entre otras cosas, la inclusión en el ámbito de aplicación de la presente Directiva de la extracción de minerales industriales y metálicos, actividad que tiene un efecto significativo en el medio ambiente. Del mismo modo, si bien algunas actividades de la cadena de valor de las pilas y baterías ya está regulada por la presente Directiva, incluir también en el ámbito de aplicación de este instrumento las grandes instalaciones dedicadas a la fabricación de pilas y baterías garantiza que todas las fases del ciclo de vida de estos productos estén cubiertas por los requisitos de la Directiva, con el fin de lograr un crecimiento más sostenible de este sector industrial.

b)Modificación de la Directiva 1999/31/CE del Consejo La modificación del artículo 1 de la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos tiene por objeto permitir la adopción de conclusiones sobre las MTD en relación con los vertederos con arreglo a esta Directiva. Aunque los vertederos están incluidos en el ámbito de aplicación de la DEI, no existen conclusiones sobre las MTD para los vertederos debido a la cobertura de esta actividad con arreglo a la Directiva 1999/31/CE del Consejo, en virtud de la cual sus requisitos se consideran MTD. Dado el desarrollo técnico y la innovación que se han producido desde la adopción de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, ya se dispone de técnicas más eficaces para proteger la salud humana y el medio ambiente. La adopción de conclusiones sobre las MTD permitiría abordar las principales cuestiones medioambientales relacionadas con el funcionamiento de los vertederos, incluidas las emisiones significativas de metano.



2022/0104 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifican

la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) y la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos



(Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 192, apartado 1, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, Visto el dictamen del Comité de las Regiones, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)El Pacto Verde Europeo es la estrategia de Europa para garantizar, de aquí a 2050, una economía climáticamente neutra, limpia y circular, optimizando la gestión de los recursos y minimizando la contaminación, al tiempo que se reconoce la necesidad de políticas profundamente transformadoras. Además, la Unión está comprometida con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. La estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas de la UE, de octubre de 2020, y el plan de acción de «contaminación cero» adoptado en mayo de 2021 abordan específicamente los aspectos relativos a la contaminación del Pacto Verde Europeo. En paralelo, la nueva estrategia industrial para Europa hace más hincapié en el papel potencial de las tecnologías transformadoras. Cabe citar otras políticas particularmente pertinentes como el paquete de medidas «Objetivo 55», la estrategia sobre el metano y el acuerdo de Glasgow sobre el metano, la estrategia de adaptación al cambio climático, la estrategia sobre la biodiversidad, la estrategia «de la granja a la mesa» y la iniciativa sobre productos sostenibles. Asimismo, como parte de la respuesta de la UE a la guerra entre Rusia y Ucrania de 2022, la iniciativa REPowerEU propone una acción europea conjunta para apoyar la diversificación del suministro energético, acelerar la transición a las energías renovables y mejorar la eficiencia energética. (2)El Pacto Verde Europeo anunció una revisión de las medidas de la Unión para hacer frente a la contaminación procedente de las grandes instalaciones industriales, que incluía la revisión del ámbito de aplicación sectorial de la legislación y la manera de hacerla plenamente coherente con las políticas en materia de clima, energía y economía circular. Asimismo, el plan de acción de «contaminación cero», el plan de acción sobre la economía circular y la estrategia «de la granja a la mesa» requieren también la reducción de las emisiones en la fuente, lo que incluye fuentes que actualmente no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Hacer frente a la contaminación procedente de determinadas actividades agroindustriales requiere, pues, su inclusión en el ámbito de aplicación de dicha Directiva. (3)La industria extractiva de la UE es clave para la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo y de la estrategia industrial de la UE, incluida su actualización. Las materias primas tienen una importancia estratégica para la transición digital y ecológica, para la transformación de la energía y los materiales y el proceso hacia la economía circular, así como para reforzar la resiliencia económica de la Unión. A fin de alcanzar estos objetivos, deben seguir desarrollándose capacidades nacionales sostenibles. Ello requiere medidas eficaces, específicas y armonizadas para garantizar que se establecen y emplean las mejores técnicas disponibles, aplicando así procesos que sean lo más eficientes posibles y tengan el menor efecto posible en la salud humana y el medio ambiente. Los mecanismos de gobernanza de la Directiva 2010/75/UE que asocian estrechamente a expertos de la industria con el desarrollo de requisitos medioambientales consensuados y adaptados contribuirán al crecimiento sostenible de dichas actividades en la Unión. El desarrollo y la disponibilidad de normas comúnmente acordadas creará condiciones equitativas de competencia en la Unión, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente. Procede, por tanto, incluir dichas actividades en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE. (4)La cría de cerdos, aves de corral y bovinos genera importantes emisiones contaminantes a la atmósfera y al agua. A fin de reducir las emisiones de contaminantes como el amoníaco, el metano, los nitratos y los gases de efecto invernadero y, de este modo, mejorar la calidad del aire, el agua y el suelo, es necesario reducir el umbral por encima del cual las instalaciones de cría de cerdos y aves de corral están incluidas en el ámbito de la Directiva 2010/75/UE e incluir también la cría de bovinos en dicho ámbito. Los requisitos de las MTD pertinentes tienen en cuenta la naturaleza, el tamaño, la densidad y la complejidad de estas instalaciones, incluidas las especificidades de los sistemas de cría de ganado en pastos, según los cuales los animales solo se crían estacionalmente en instalaciones cubiertas, así como la gama de impactos ambientales que pueden tener. Los requisitos de proporcionalidad de las MTD tienen como fin incentivar a los agricultores para que lleven a cabo la transición necesaria hacia prácticas agrícolas cada vez más respetuosas con el medio ambiente.

(5)Es probable que se produzca un aumento significativo del número de instalaciones de gran tamaño destinadas a la producción de pilas y baterías para vehículos eléctricos en la Unión hasta 2040, lo que aumentará la participación de la Unión en la producción mundial de estos productos. Si bien algunas de las actividades de la cadena de valor ya están reguladas por la Directiva 2010/75/UE y las pilas y baterías están reguladas como productos por el Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo* +, sigue siendo necesario incluir en el ámbito de aplicación de la Directiva las grandes instalaciones dedicadas a la fabricación de pilas y baterías, garantizar que también estén cubiertas por los requisitos de la Directiva 2010/75/UE y, por tanto, contribuir a un crecimiento más sostenible de la fabricación de pilas y baterías. La inclusión de las grandes instalaciones de fabricación de pilas y baterías en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE mejorará de forma integral la sostenibilidad de las pilas y baterías y reducirá al máximo su impacto en el medio ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida. (6)A fin de seguir reforzando el acceso del público a la información medioambiental, es necesario aclarar que los permisos para instalaciones concedidos de conformidad con la Directiva 2010/75/UE se pondrán a disposición del público en internet, de forma gratuita y sin restringir el acceso a los usuarios registrados. Además, se pondrá a disposición del público un resumen de los permisos en las mismas condiciones. (7)Los efectos de la contaminación, también los causados por incidentes o accidentes, pueden extenderse más allá del territorio de un Estado miembro. En esos casos, sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, limitar las consecuencias para la salud humana y el medio ambiente de los incidentes y accidentes y evitar posibles incidentes o accidentes futuros requiere una rápida comunicación y una estrecha coordinación entre las autoridades competentes de los Estados miembros que se vean o puedan verse afectados por tales sucesos. Por lo tanto, en caso de incidentes o accidentes que afecten de forma significativa al medio ambiente o a la salud humana en otro Estado miembro, debe fomentarse el intercambio de información y la cooperación transfronteriza y multidisciplinar entre los Estados miembros afectados para limitar las consecuencias para el medio ambiente y a la salud humana y para evitar otros posibles incidentes o accidentes. (8)Los Estados miembros también deberían adoptar medidas de garantía del cumplimiento para promover, controlar y hacer cumplir las obligaciones impuestas a las personas físicas o jurídicas en virtud de la Directiva 2010/75/UE. Como parte de las medidas de garantía del cumplimiento, las autoridades competentes deben poder suspender el funcionamiento de una instalación cuando el incumplimiento continuado de las condiciones del permiso y la falta de aplicación de los resultados del informe de inspección supongan o puedan suponer un peligro para la salud humana o un efecto adverso significativo para el medio ambiente, a fin de detener dicho peligro. (9)Con el fin de promover la eficiencia energética de las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE que lleven a cabo las actividades enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE, procede someter dichas instalaciones a requisitos de eficiencia energética con respecto a las unidades de combustión o de otro tipo que emiten dióxido de carbono en el emplazamiento. (10)La evaluación de la Directiva 2010/75/UE concluyó que es preciso fortalecer los vínculos entre dicha Directiva y el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, para abordar mejor los riesgos del uso de sustancias químicas en las instalaciones que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE. A fin de desarrollar sinergias entre el trabajo realizado por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) en relación con las sustancias químicas y la elaboración de documentos de referencia MTD en virtud de la Directiva 2010/75/UE, debe otorgarse a la ECHA un papel formal en la elaboración de dichos documentos de referencia MTD. (11)Con objeto de facilitar un intercambio de información que permita determinar los niveles de emisión y los niveles de comportamiento medioambiental asociados a las mejores técnicas disponibles (MTD), manteniendo al mismo tiempo la integridad de la información empresarial comercial, deben especificarse los procedimientos para el tratamiento de la información calificada como información comercial confidencial o sensible, y obtenida de la industria en el contexto del intercambio de información organizado por la Comisión con el fin de elaborar, revisar o actualizar los documentos de referencia MTD. Debe garantizarse que las personas que participan en el intercambio de información no compartan información calificada como información comercial confidencial o sensible con cualquier representante de empresas o asociaciones comerciales que tengan un interés económico en las actividades industriales de que se trate y en los mercados relacionados. Dicho intercambio de información se entenderá sin perjuicio de la legislación sobre competencia de la Unión, en particular, el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). (12)A fin de garantizar la protección de la salud humana y del medio ambiente en su conjunto, es preciso establecer sinergias y coordinación con otros ámbitos pertinentes de la legislación medioambiental de la Unión, en todas las fases de su aplicación. Por lo tanto, debe consultarse debidamente a las autoridades competentes encargadas del cumplimento de la legislación medioambiental pertinente de la Unión antes de conceder un permiso en virtud de la Directiva 2010/75/UE. (13)Con el fin de mejorar continuamente el comportamiento medioambiental y la seguridad de la instalación, lo que incluye la prevención de la generación de residuos, la optimización del uso de los recursos y la reutilización del agua, y la prevención o reducción de los riesgos asociados al uso de sustancias peligrosas, el titular debe establecer y aplicar un sistema de gestión medioambiental de conformidad con las correspondientes conclusiones sobre las MTD, y ponerlo a disposición del público. El sistema de gestión medioambiental debe cubrir también la gestión de los riesgos relacionados con el uso de sustancias peligrosas y un análisis de la posible sustitución de dichas sustancias por alternativas más seguras. (14)Deben especificarse con más detalle las condiciones en las que la autoridad competente, a la hora de fijar los valores límite de emisión aplicables al vertido de contaminantes al agua en virtud de un permiso concedido con arreglo a la Directiva 2010/75/UE, puede tener en cuenta los procesos de tratamiento posterior en una instalación de tratamiento de aguas residuales, a fin de garantizar que dichos vertidos no dan lugar a un aumento de la carga de contaminantes en las aguas receptoras en comparación con una situación en la que la instalación aplique las MTD y cumpla los niveles de emisiones asociados a las mejores técnicas disponibles para vertidos directos. (15)Lograr un elevado nivel de protección de la salud humana y el medio ambiente en su conjunto requiere, entre otras cosas, establecer valores límite de emisión en los permisos a un nivel que garantice el cumplimiento de los niveles de emisión aplicables asociados a las mejores técnicas disponibles recogidas en las conclusiones sobre las MTD. Los niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles (NEA-MTD) se expresan normalmente como intervalos, en lugar de como valores únicos, para reflejar las diferencias dentro de un determinado tipo de instalaciones que dan lugar a variaciones en el comportamiento medioambiental logrado al aplicar las MTD. Por ejemplo, una MTD dada no tendrá el mismo rendimiento en instalaciones diferentes, algunas MTD pueden no ser adecuadas para su uso en determinadas instalaciones, o una combinación de MTD puede ser más eficaz para algunos contaminantes o medios naturales que otros. La consecución de un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente en su conjunto se ha visto comprometida por la práctica de fijar valores límite de emisión en el extremo más laxo del intervalo de niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles, sin tener en cuenta el potencial de una instalación determinada para lograr niveles de emisión más bajos mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles. Esta práctica disuade a los pioneros de aplicar técnicas más eficaces y obstaculiza la consecución de unas condiciones de competencia equitativas con un alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente. Por lo tanto, debe requerirse a las autoridades competentes que establezcan en los permisos los valores límites de emisión más bajos posibles que reflejen el rendimiento de las MTD para las instalaciones concretas, teniendo en cuenta todo el intervalo de niveles de emisión asociados a las MTD y con el objetivo de lograr el mejor comportamiento ambiental de las instalaciones; a menos que el operador demuestre que la aplicación de las mejores técnicas disponibles descritas en las conclusiones sobre las MTD no permita a la instalación cumplir valores límite de emisión más estrictos. (16)La contribución de la Directiva 2010/75/UE a la eficiencia en el uso de los recursos y la energía, así como a la economía circular en la Unión debe ser más eficaz, teniendo en cuenta el principio de primacía de la eficiencia energética como principio rector de la política energética de la Unión. Por lo tanto, los permisos deben establecer, en la medida de lo posible, valores límite obligatorios de comportamiento ambiental con respecto a los niveles de consumo y de eficiencia en el uso de los recursos, incluido el uso de agua, la energía y los materiales reciclados, sobre la base de los niveles de comportamiento ambiental asociados a las mejores técnicas disponibles establecidos en las decisiones relativas a las conclusiones sobre las MTD. (17)Con vistas a prevenir o reducir al mínimo las emisiones de contaminantes de las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE y de garantizar unas condiciones de competencia equitativas en toda la Unión, las condiciones en las que pueden concederse excepciones a los valores límite de emisión deben enmarcarse mejor en principios generales, a fin de garantizar una aplicación más armonizada de dichas excepciones en toda la Unión. Asimismo, no deben concederse excepciones a los valores límite de emisión cuando puedan poner en peligro el cumplimiento de las normas de calidad medioambiental. (18)La evaluación de la Directiva 2010/75/UE concluyó que había algunas discrepancias en los enfoques de evaluación del cumplimento para las instalaciones incluidas en el capítulo II de dicha Directiva. A fin de lograr un elevado nivel de protección del medio ambiente en su conjunto, de garantizar una aplicación coherente del Derecho de la Unión y unas condiciones de competencia equitativas en toda la Unión, al tiempo que se minimiza la carga administrativa para las empresas y las autoridades públicas, la Comisión debe establecer normas comunes para evaluar el cumplimiento de los valores límite de emisión y validar los niveles medidos para las emisiones tanto a la atmósfera como al agua, sobre la base de las mejores prácticas disponibles. Estas normas de evaluación del cumplimiento deben prevalecer sobre las normas establecidas en los capítulos III y IV sobre la evaluación del cumplimiento con valores límite de emisión que figuran en los anexos V y VI de la Directiva 2010/75/UE. (19)Las normas de calidad medioambiental se refieren a todos los requisitos establecidos en el Derecho de la Unión, como la legislación de la Unión sobre el aire y el agua, que deben cumplirse en un momento dado en un entorno determinado o en una parte determinada de este. Por lo tanto, es conveniente aclarar que, al conceder un permiso a una instalación, las autoridades competentes no solo deben establecer las condiciones para garantizar que las actividades de la instalación cumplan las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles, sino que también, cuando proceda y con vistas a reducir la contribución específica de la instalación a la contaminación que se produce en la zona en cuestión, deben incluir en el permiso condiciones más estrictas que las establecidas en las conclusiones sobre las MTD pertinentes, a fin de garantizar el cumplimiento por parte de la instalación de las normas de calidad medioambiental. Dichas condiciones podrán consistir en fijar valores límite de emisión más estrictos o en limitar el funcionamiento o la capacidad de la instalación. (20)La autoridad competente debe revisar periódicamente y actualizar, cuando sea necesario, las condiciones del permiso para garantizar el cumplimiento de la correspondiente legislación. La revisión o actualización también debe tener lugar cuando sea necesario para que la instalación cumpla con una norma de calidad medioambiental, por ejemplo, en el caso de una norma de calidad medioambiental nueva o revisada o cuando el estado del medio ambiente receptor requiera una revisión del permiso a fin de cumplir con planes y programas establecidos en virtud de la legislación de la Unión, como los planes hidrológicos de cuenca con arreglo a la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. (21)Las Partes en el Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, en su séptima sesión, aprobaron las conclusiones del Comité de Cumplimiento del Convenio en el caso ACCC/C/2014/121, según las cuales, al establecer un marco jurídico que no prevé la posibilidad de participación del público en relación con las revisiones y actualizaciones recogidas en el artículo 21, apartados 3 y 4 y apartado 5, letras b) y c), de la Directiva 2010/75/UE, la Unión Europea incumple el artículo 6, apartado 10, del Convenio. Estas conclusiones han sido aprobadas por la Unión y sus Estados miembros y, con el fin de lograr el pleno cumplimiento del Convenio de Aarhus, es necesario especificar que debe darse al público interesado la posibilidad real de participar en una fase temprana de la concesión del permiso o actualización de las condiciones de este establecidas por la autoridad competente, también cuando dichas condiciones se revisen tras la publicación de las decisiones relativas a las conclusiones sobre las MTD con respecto a la actividad principal de la instalación; cuando la evolución de las mejores técnicas disponibles haga posible una reducción significativa de las emisiones; cuando la seguridad de funcionamiento haga necesario emplear otras técnicas; y cuando sea necesario cumplir una norma de calidad medioambiental nueva o revisada. (22)Como ha precisado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los Estados miembros no pueden restringir la legitimación para impugnar una decisión de una autoridad pública a los miembros del público interesado que hayan participado en el procedimiento administrativo anterior para adoptar dicha decisión. Como también ha aclarado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el acceso efectivo a la justicia en materia de medio ambiente y la tutela judicial efectiva requieren, entre otras cosas, que los miembros del público interesado tengan derecho a solicitar a un órgano jurisdiccional o a un órgano independiente e imparcial que ordene medidas provisionales para evitar un caso concreto de contaminación, incluida, en su caso, la suspensión temporal del permiso impugnado. Por lo tanto, conviene precisar que la legitimación no debe supeditarse al papel desempeñado por el miembro del público interesado durante una fase participativa de los procedimientos de toma de decisiones con arreglo a la presente Directiva. Además, todo procedimiento de revisión debe ser justo, equitativo y rápido, sin que su costo sea prohibitivo, y debe ofrecer recursos suficientes y efectivos, en particular, una orden de reparación si procede. (23)Cuando más de un Estado miembro pueda verse afectado por el funcionamiento de una instalación, la cooperación transfronteriza debe tener lugar antes de la concesión de permisos, y debe incluir información y consultas previas al público interesado y a las autoridades competentes de los demás Estados miembros afectados. (24)La evaluación de la Directiva 2010/75/UE concluyó que, si bien dicha Directiva debería fomentar la transformación de la industria europea, no es lo suficiente dinámica ni apoya de forma suficiente el despliegue de procesos y tecnologías innovadores. Procede, por tanto, facilitar el ensayo y el despliegue de técnicas emergentes con un mejor comportamiento medioambiental, a fin de facilitar la cooperación con los investigadores y las industrias en proyectos de investigación financiados con fondos públicos con arreglo a las condiciones previstas en los correspondientes instrumentos de financiación europeos y nacionales, así como crear un centro específico de apoyo a la innovación mediante la recopilación y el análisis de información sobre técnicas innovadoras, también sobre técnicas emergentes, que sean pertinentes para las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de dicha Directiva y para calificar su nivel de desarrollo desde la investigación hasta su despliegue (nivel de madurez tecnológica o «TRL» por sus siglas en inglés), así como su comportamiento medioambiental. Esto también servirá de base para el intercambio de información sobre la elaboración, revisión y actualización de los documentos de referencia MTD. Las técnicas innovadoras que debe recopilar y analizar el centro deben estar al menos al nivel de tecnología demostrado en un entorno relevante (entorno industrial pertinente en el caso de las tecnologías facilitadoras esenciales) o al nivel de demostración de sistema o prototipo en un entorno real (TRL 6-7).

(25)La consecución de los objetivos de la Unión en relación con una economía limpia, circular y climáticamente neutra de aquí a 2050 requiere una profunda transformación de la economía de la UE. En consonancia con el VII Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, los titulares de instalaciones cubiertas por la Directiva 2010/75/UE deben, por tanto, presentar planes de transformación en sus sistemas de gestión medioambiental. Dichos planes de transformación también complementarán los requisitos de información corporativa en materia de sostenibilidad en virtud de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo al ofrecer medios para la aplicación concreta de dichos requisitos en la instalación. La principal prioridad es la transformación de las actividades de gran consumo energético enumeradas en el anexo I. Por lo tanto, los titulares de instalaciones de gran consumo de energía deben elaborar planes de transformación antes del 30 de junio de 2030. Debe requerirse a los titulares de instalaciones que lleven a cabo otras actividades enumeradas en el anexo I que elaboren planes de transformación como parte de la revisión y actualización del permiso tras la publicación de las decisiones relativas a las conclusiones sobre las MTD después del 1 de enero de 2030. Si bien los planes de transformación deben seguir siendo documentos indicativos elaborados bajo la responsabilidad de los titulares, la organización de auditoría contratada por estos como parte de sus sistemas de gestión medioambiental debe comprobar que contienen la información mínima que establezca la Comisión Europea en un acto de ejecución, y los titulares deben hacer públicos los planes de transformación. (26)Se requiere mayor claridad en cuanto a los criterios para evaluar si los gases o líquidos limpios procedentes de la gasificación y la pirólisis de los residuos se purifican en tal medida que dejan de ser residuos antes de su incineración. (27)Habida cuenta del elevado número de instalaciones de cría que deben incluirse en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE y de la relativa simplicidad de los procesos y pautas de emisión de dichas instalaciones, conviene establecer procedimientos administrativos específicos para la expedición de permisos y para la explotación de las actividades pertinentes que se adapten al sector, sin perjuicio de los requisitos relativos a la información y participación del público, el control y el cumplimiento. (28)Se espera que las técnicas innovadoras que entren en el mercado reduzcan cada vez más las emisiones de contaminantes y de gases de efecto invernadero procedentes de instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación tanto de la Directiva 2010/75/UE como de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Si bien esto permitirá crear nuevas sinergias entre estas Directivas, puede afectar a su funcionamiento, también en el mercado del carbono. La Directiva 2003/87/CE contiene, a este respecto, una disposición para revisar la eficacia de las sinergias con la Directiva 2010/75/UE y requiere que se coordinen los permisos pertinentes para el medio ambiente y el clima con el fin de garantizar una ejecución eficiente y rápida de las medidas necesarias para cumplir los objetivos climáticos y energéticos de la Unión. A fin de tener en cuenta la dinámica de la innovación a este respecto y la revisión a que se refiere al artículo 8 de la Directiva 2003/87/CE, la Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se revise la aplicación de la Directiva 2010/75/UE, a más tardar en 2028 y cada cinco años a partir de entonces. (29)Con objeto de garantizar que la Directiva 2010/75/UE sigue cumpliendo sus objetivos de prevenir o reducir las emisiones de contaminantes y lograr un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, a fin de completar dicha Directiva para establecer normas de explotación que contengan requisitos para las actividades relacionadas con la cría de aves de corral, ganado porcino y bovino, y modificar los anexos I y I bis de dicha Directiva añadiendo una actividad agroindustrial para garantizar que cumple sus objetivos de prevenir o reducir las emisiones de contaminantes y lograr un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente. Es de especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso de forma sistemática a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados. (30)Con objeto de garantizar condiciones uniformes de aplicación de la Directiva 2010/75/UE, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución relativas al establecimiento de i) el formato que debe utilizarse para el resumen del permiso; ii) una metodología normalizada para evaluar la desproporción entre los costes de aplicación de las conclusiones sobre las MTD y los posibles beneficios medioambientales; iii) el método de medición para evaluar el cumplimiento de los valores límite de emisión establecidos en el permiso con respecto a las emisiones a la atmósfera y al agua; iv) las disposiciones detalladas necesarias para la creación y funcionamiento del centro de innovación para la transformación industrial y las emisiones, y v) el formato que debe utilizarse para los planes de transformación. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. (31)A fin de garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de las obligaciones recogidas en la Directiva 2010/75/UE, es necesario especificar el contenido mínimo de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias. Las disparidades en los regímenes de sanciones, el hecho de que las sanciones impuestas se consideren en muchos casos demasiado bajas como para tener realmente un efecto disuasorio sobre los comportamientos ilícitos y la falta de aplicación uniforme entre los Estados miembros, menoscaban la igualdad de condiciones en materia de emisiones industriales en toda la Unión. Debe tenerse en cuenta la Directiva 2008/99/CE sobre la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal cuando una infracción detectada en virtud de la presente Directiva constituya un delito dentro del ámbito de la Directiva 2008/99/CE. (32)Cuando se hayan producido daños a la salud humana a consecuencia de una infracción de las medidas nacionales adoptadas de conformidad con la Directiva 2010/75/UE, los Estados miembros deben garantizar que las personas afectadas tengan derecho a reclamar y obtener una indemnización por dichos daños de las correspondientes personas físicas o jurídicas y, en su caso, de las autoridades competentes responsables de la infracción. Dichas normas de indemnización contribuyen a alcanzar los objetivos de preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente y de proteger la salud humana establecidos en el artículo 191 del TFUE. Además, sustentan el derecho a la vida, a la integridad de la persona y a la protección de la salud establecidos en los artículos 2, 3 y 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y al derecho a una tutela judicial efectiva establecido en el artículo 47 de la Carta. Asimismo, la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo no concede a los particulares derechos de indemnización con motivo de daños medioambientales o de una amenaza inminente de los mismos. (33)Es, por tanto, adecuado que la Directiva 2010/75/UE aborde el derecho a una indemnización por los daños sufridos por los particulares. A fin de garantizar que estos puedan defender sus derechos frente a los daños a la salud provocados por incumplimientos de la Directiva 2010/75/UE y asegurar, de este modo, una ejecución más eficaz de dicha Directiva, las organizaciones no gubernamentales que promuevan la protección de la salud humana o del medio ambiente, incluidas las que promuevan la protección de los consumidores y que cumplan los requisitos establecidos por la legislación nacional en su calidad de miembros del público interesado, deben estar facultadas para iniciar procedimientos, según lo determinen los Estados miembros, en nombre o en apoyo de cualquier víctima, sin perjuicio de las normas procesales nacionales relativas a la representación y la defensa ante los tribunales. Los Estados miembros suelen gozar de autonomía para garantizar una tutela judicial efectiva frente a las vulneraciones de la legislación de la Unión, siempre que se respeten los principios de equivalencia y eficacia. No obstante, la experiencia muestra que, si bien existen pruebas epidemiológicas abrumadoras sobre los efectos negativos de la contaminación en la salud de la población, en particular en lo que respecta al aire, es difícil que las víctimas de infracciones de la Directiva 2010/75/UE puedan demostrar un vínculo causal entre el daño sufrido y la infracción con arreglo a las normas de procedimiento relativas a la carga de la prueba aplicables en general en los Estados miembros. En consecuencia, en la mayoría de los casos, las víctimas