Iniciativa de la República Helénica con vistas a la adopción de una Decisión marco del Consejo sobre la prevención y represión del tráfico de órganos y tejidos humanos

(2003/C 100/13)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29, la letra e) del artículo 31 y la letra b) de su apartado 2 del artículo 34,

Vista la iniciativa de la República Helénica(1),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo(2),

Considerando lo siguiente:

(1) El plan de acción del Consejo y de la Comisión sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia(3), el Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999, el Consejo Europeo de Santa María de Feira, de 19 y 29 de junio de 2000, que se enumeran en el Marcador de resultados, consideran indicado o solicitan que se adopten medidas legislativas contra la trata de seres humanos, en las que figuren definiciones, tipificaciones y sanciones comunes.

(2) El tráfico de órganos y tejidos humanos constituye una forma de trata de seres humanos, que supone una grave violación de los derechos fundamentales de la persona y en particular de la dignidad humana y de la integridad física. Dicho tráfico constituye un ámbito de acción de grupos de delincuencia organizada, que frecuentemente recurren a prácticas inadmisibles, como el aprovecharse de personas vulnerables así como el uso de violencias y amenazas. Es causa, además, de graves peligros para la salud pública y constituye un ataque al derecho de los ciudadanos a un acceso igualitario a los servicios de sanidad. Por último, menoscaba la confianza de los ciudadanos en el sistema legal de trasplantes.

(3) La lucha contra la comercialización del cuerpo humano y de sus partes ha ocupado permanentemente la atención de muchos organismos internacionales y ha constituido objeto de regulación por parte de convenios internacionales. Ya en 1978 el Consejo de Europa, mediante su Decisión (78)29 sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros respecto de la extirpación, injertos y trasplantes de material humano, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 11 de mayo de 1978, declaró que ningún material humano puede ofrecerse en venta. Dicha declaración fue confirmada en la tercera Conferencia de los Ministros de Sanidad Europeos, celebrada en París los días 16 y 17 de noviembre de 1987, en cuya declaración final se hizo hincapié en que un órgano humano no puede ofrecerse en venta por parte de ningún organismo de intercambio de órganos, centro de almacenamiento de órganos o cualquier otro organismo o persona privada.

(4) Un paso importante en el esfuerzo en la lucha contra el tráfico de órganos y tejidos humanos y, más en general de la comercialización del cuerpo humano y de sus partes lo constituye el Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos humanos y la biomedicina, adoptado en Oviedo el 4 de abril de 1997, que entró en vigor el 1 de diciembre de 1999. En el artículo 21 de este Convenio se incluye la prohibición del lucro con el cuerpo humano y sus partes. El artículo 25 obliga a las Partes a prever sanciones apropiadas -no necesariamente de carácter penal- para los casos de incumplimiento de lo dispuesto en el Convenio. A este Convenio se adjuntó un Protocolo adicional que se refiere al transplante de órganos y tejidos de origen humano, elaborado el 24 de enero de 2002, pero que no entró en vigor hasta la fecha. En el artículo 21 de dicho Protocolo adicional se establece que el cuerpo humano y sus partes no pueden constituir fuente de lucro o de otras ventajas similares. Asimismo se consagra la prohibición de publicidad de la necesidad o de la disponibilidad de órganos o tejidos con el objeto de ofrecer o solicitar un lucro o de ventajas similares. En el artículo 22 del Protocolo adicional se impone la obligación de prohibir el tráfico de órganos y tejidos.

(5) El tráfico de órganos y tejidos humanos ha sido reiteradamente condenado también por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto ocurrió por primera vez en la Decisión de la OMS 40.13 de mayo de 1987. Igualmente en la Decisión de la OMS 42.5 de mayo de 1989 se condenó la compra y venta de órganos humanos y, señalando la falta de éxito en la prevención del fenómeno, se solicitó a los legisladores nacionales que intensificaran sus esfuerzos. Mediante la Decisión de la OMS 44.25 de mayo de 1991 se declaró que ningún órgano debe extirparse del cuerpo de menores de edad, salvo en caso de circunstancias excepcionales, se prohibió la publicidad de órganos humanos a cambio de un precio, y se introdujo el principio de la igualdad con respecto a las donaciones de órganos.

(6) El Protocolo que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional, que se refiere a la prevención, represión y sanción de la trata de seres humanos, especialmente mujeres y niños, incluye en la definición de la explotación que caracteriza la trata de seres humanos la extirpación de órganos humanos. Dicho Protocolo constituye un paso decisivo hacia la cooperación internacional para la lucha contra el tráfico de órganos humanos.

(7) Pese a esto, la reciente Decisión marco 2002/629/CE del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos(4), no incluyó el tráfico de órganos humanos.

(8) La importante acción llevada a cabo por los organismos internacionales, en particular las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa, debería completarse con la de la Unión Europea.

(9) El grave delito del tráfico de órganos y tejidos humanos debe tratarse no sólo mediante la acción aislada de cada Estado miembro, sino con un enfoque global, del cual serán parte constitutiva la definición de los elementos del delito, común a todos los Estados miembros, y las sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(10) Dado que los objetivos de la acción pretendida mencionados más arriba no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad. De conformidad con el principio de proporcionalidad, la presente Decisión marco no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(11) Es necesario establecer sanciones penales, para los autores del delito, suficientemente severas como para que sea posible incluir el tráfico de órganos y tejidos humanos en los instrumentos jurídicos ya adoptados para la lucha contra la delincuencia organizada, tales como la Acción Común 98/699/JAI del Consejo, de 3 de diciembre de 1998, relativa al blanqueo de capitales, la identificación, el seguimiento, el embargo, la incautación, y el decomiso de los instrumentos y productos del delito(5), y la Acción Común 98/733/JAI del Consejo, de 21 de diciembre de 1998, relativa a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la Unión Europea(6).

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN MARCO:

Artículo 1

Definiciones

A los efectos de la presente Decisión marco:

1) el término trasplante abarca la totalidad del procedimiento de extirpación de un órgano o tejido de una persona y su implantación en otra, comprendidos los procedimientos de preparación, conservación y almacenamiento;

2) el término tejido incluye también las células, incluidos los blastocitos productores de sangre;

3) los términos órganos y tejidos humanos no incluyen:

a) los tejidos y órganos reproductores;

b) los tejidos y órganos del embrión;

c) la sangre y sus derivados;

4) se considera menor de edad la persona que no haya cumplido los 18 años de edad.

Artículo 2

Delitos relacionados con el tráfico de órganos humanos

Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para establecer que las siguientes conductas constituyen actos punibles:

1) el reclutamiento, transporte, entrega, custodia o recepción de una persona, incluido el intercambio o entrega de la custodia de dicha persona, siempre que:

a) se utilice la fuerza o amenazas, incluido el rapto, o

b) se utilicen medios fraudulentos, o

c) exista un abuso de poder o de una posición vulnerable tal que la persona carezca de posibilidad real o razonable para evitar someterse a la misma, o

d) se entreguen o reciban dinero o beneficios para garantizar el consentimiento de una persona que ejerce la custodia de otra persona con el objeto de extirpar los órganos o tejidos de dicha persona,

2) a) la extirpación de un órgano de un donante en vida mediante el uso de violencia, amenazas o engaños;

b) la extirpación de un órgano de un donante que ha dado su consentimiento a la misma en razón de la prestación o la promesa de una recompensa económica;

c) el pago, la oferta o promesa de una compensación económica directos o a través de terceros a un donante con el objeto de que dé su consentimiento a la extirpación de uno de sus órganos;

d) la recepción o solicitud de recompensa económica por parte del donante para dar su consentimiento a la extirpación de uno de sus órganos;

e) la mediación en la ejecución de las acciones mencionadas en las letras a), b), c) y d);

f) la solicitud, recepción, pago, oferta o promesa de una compensación económica que se lleve a cabo para la oferta, adquisición y, más en general el tráfico de órganos y tejidos humanos;

3) a) la compra, posesión, almacenamiento, transporte, importación, exportación o transferencia de la posesión de órganos humanos extirpados mediante la ejecución de uno de los actos antes mencionados en los apartados 1 y 2;

b) la participación de personal médico o de enfermería en el trasplante de un órgano, con conocimiento de que dicho órgano ha sido objeto de uno de las actos antes mencionados.

Artículo 3

Inducción, complicidad o tentativa

Cada Estado adoptará las medidas necesarias para que la inducción, la complicidad o la tentativa de cometer un delito previsto en el artículo 2 constituya un acto punible.

Artículo 4

Sanciones penales

Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar la punibilidad de las infracciones contempladas en los artículos 2 y 3 con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, que puedan ser causa de extradición.

Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para asegurar la punibilidad de las infracciones indicadas en el artículo 2 con penas máximas de privación de la libertad no inferiores a diez años cuando se cometan en cualesquiera de las siguientes circunstancias:

a) que se ponga en peligro de forma deliberada o por grave negligencia la vida de la víctima;

b) que se cometan contra una víctima menor de edad;

c) que hayan causado a la víctima daños corporales particularmente graves;

d) que se cometan en el marco de una organización delictiva como se define en la Acción Común 98/733/JAI con independencia del nivel de la pena que en la misma se contempla.

Artículo 5

Responsabilidad de las personas jurídicas

1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables por las infracciones penales a que se refieren los artículos 2 y 3, cometidas en su provecho por cualquier persona, actuando a título individual o como parte de un órgano de la persona jurídica, que ostente un cargo directivo en el seno de dicha persona jurídica, basado en:

a) un poder de representación de dicha persona jurídica, o

b) una autoridad para adoptar decisiones en nombre de dicha persona jurídica, o,

c) una autoridad para ejercer el control en el seno de dicha persona jurídica.

2. Además de los casos previstos en el apartado 1 del presente artículo, cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que una persona jurídica pueda ser considerada responsable también cuando la falta de vigilancia o control por parte de una de las personas a que se refiere el mencionado apartado 1 haya hecho posible que se cometa una de las infracciones a que se refieren los artículos 1 y 2 en provecho de dicha persona jurídica o de una persona que actúe bajo su autoridad.

3. La responsabilidad de las personas jurídicas en virtud de los apartados 1 y 2 del presente artículo se entenderá sin perjuicio de las acciones penales ejercidas contra las personas físicas que sean autoras, inductoras o cómplices de las infracciones indicadas en los artículos 2 y 3.

4. A efectos de la presente Decisión marco se entenderá por persona jurídica cualquier entidad que goce de tal régimen jurídico con arreglo al Derecho aplicable, con excepción de los Estados o de otros organismo de derecho público en el ejercicio de su potestad pública y de las organizaciones internacionales públicas.

Artículo 6

Sanciones contra las personas jurídicas

Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que la persona jurídica considerada responsable en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 sea punible con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, que incluirán multas de carácter penal o administrativo y podrán incluir otras sanciones, tales como:

a) exclusión del disfrute de prestaciones o ayudas públicas, o

b) prohibición temporal o permanente del desempeño de actividades comerciales, o

c) sometimiento a vigilancia judicial, o

d) medida judicial de liquidación, o

e) cierre temporal o definitivo de establecimientos utilizados en la comisión de la infracción.

Artículo 7

Competencia y enjuiciamiento

Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para establecer su competencia respecto de las infracciones indicadas en los artículos 2 y 3 cuando:

a) la infracción se haya cometido, total o parcialmente, en su territorio, o

b) el autor de la infracción sea uno de sus nacionales, o

c) la infracción se haya cometido en provecho de una persona jurídica establecida en su territorio.

Artículo 8

Aplicación

1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Decisión marco a más tardar el...

2. Los Estados miembros comunicarán, a más tardar en la fecha contemplada en el apartado 1, a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión el texto de las disposiciones por las que se incorporen en su ordenamiento jurídico nacional las obligaciones que les impone la presente Decisión marco.

3. Sobre la base de un informe elaborado a partir de esta información y en un informe escrito de la Comisión, el Consejo verificará, a más tardar el..., en qué medida los Estados miembros han dado cumplimiento a lo dispuesto en la presente Decisión marco.

Artículo 9

Entrada en vigor

La presente Decisión marco entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el...

Por el Consejo

El Presidente

...

(1) DO C...

(2) DO C...

(3) DO C 19 de 23.1.1999, p. 1.

(4) DO L 203 de 1.8.2002, p. 1.

(5) DO L 333 de 9.12.1998, p. 1; Acción Común cuya última modificación la constituye la Decisión marco 2001/500/JAI (DO L 182 de 5.7.2001, p. 1).

(6) DO L 351 de 29.12.1998, p. 1.