COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 22.6.2022 COM(2022) 305 final 2022/0196(COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo al uso sostenible de los productos fitosanitarios y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/2115 (Texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2022) 257 final} - {SWD(2022) 169 final} - {SWD(2022) 170 final} - {SWD(2022) 171 final}



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta Los plaguicidas son mezclas de una o varias sustancias activas formuladas y coformulantes que se utilizan ampliamente para proteger los vegetales mediante la repelencia, la mitigación o la destrucción de organismos nocivos. Se utilizan principalmente en la agricultura, pero también en la silvicultura y las zonas urbanas verdes, así como a lo largo de las redes de transporte, como las carreteras y los ferrocarriles. Dado que los plaguicidas pueden tener efectos nocivos en el medio ambiente y en la salud humana, están estrictamente regulados en la UE. En lo concerniente a la presente propuesta, el término «plaguicidas» se utiliza como sinónimo de «productos fitosanitarios». La Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas se adoptó en 2009 como una de las acciones de seguimiento de la Estrategia temática de la Comisión sobre el uso sostenible de los plaguicidas . Los Estados miembros debían poner en vigor las disposiciones nacionales de incorporación de esta Directiva a su Derecho interno a más tardar el 26 de noviembre de 2011. La Comisión consideró apropiado llevar a cabo una evaluación de la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas que también tuviera en cuenta los problemas detectados en su implementación, ejecución y aplicación en los Estados miembros. Esta labor se llevó a cabo como una evaluación retrospectiva que recogía tanto una evaluación general como una evaluación de impacto. La Comisión prevé utilizar la evaluación como ayuda para presentar una nueva propuesta legislativa destinada a revisar la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas a más tardar en el primer trimestre de 2022, tal como se establece en la Estrategia «De la Granja a la Mesa». En la actualidad existen deficiencias en la implementación, aplicación y ejecución de la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas. Estas deficiencias se han puesto de manifiesto en las auditorías de la Comisión y las visitas de investigación a los Estados miembros, así como en los informes de ejecución realizados por: i)la Comisión, ii)el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, que realizó un estudio en el que evaluaba la aplicación de la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas, y iii)el Tribunal de Cuentas Europeo, en su informe reciente sobre los productos fitosanitarios. Además, las numerosas peticiones, las dos iniciativas ciudadanas europeas y las preguntas del Parlamento Europeo sobre esta cuestión ponen de relieve que la sociedad está cada vez más preocupada por la utilización de plaguicidas. En las observaciones que se recibieron durante la consulta pública sobre la hoja de ruta de evaluación de la Comisión y la evaluación inicial de impacto, se señalaron graves deficiencias en la implementación de la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas en algunos Estados miembros. Estas observaciones también instaban a la Comisión a introducir normas más rigurosas, por ejemplo, en forma de reglamento de la UE, para aumentar la coherencia e introducir políticas más eficaces en los Estados miembros. La armonización de las políticas nacionales de utilización de plaguicidas podría contribuir a mejorar el funcionamiento del mercado interior y a reducir las distorsiones comerciales entre los Estados miembros. El objetivo de lograr «una producción de alimentos segura, sostenible, justa, responsable con el clima y asequible, [que respete] los principios de sostenibilidad, el medio ambiente, [salvaguarde] la biodiversidad y los ecosistemas, y [garantice] al mismo tiempo la seguridad alimentaria», es motivo de gran preocupación para los ciudadanos y figura entre las 49 propuestas incluidas en el Informe Final de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que se publicó el 9 de mayo de 2022. Los ciudadanos también piden a la Unión que «proteja y restaure la biodiversidad, el paisaje y los océanos, y que elimine la contaminación», así como que «adopte medidas decisivas para promover y garantizar una agricultura más ecológica y orientada al clima». Como parte del Pacto Verde Europeo, la Estrategia «De la Granja a la Mesa» de la Comisión destaca la necesidad de pasar a un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. Esta Estrategia también resalta la importancia de mejorar la posición de los agricultores (que son fundamentales para gestionar esta transición) en la cadena de valor. Por ello, propone dos objetivos específicos, de aquí a 2030, relativos a reducir el uso de los plaguicidas químicos y de los plaguicidas más peligrosos, así como del riesgo que conllevan. La normativa de la UE en este ámbito es una herramienta crucial para alcanzar los objetivos que se esbozaron en la Estrategia «De la Granja a la Mesa», por lo que debe reforzarse. Como se explica en la evaluación de impacto adjunta, y teniendo en cuenta la evaluación de apoyo, la propuesta tiene los cuatro objetivos siguientes: ●El primer objetivo es: i)reducir el uso de los plaguicidas químicos y el riesgo derivado de ellos, especialmente los que contienen las sustancias activas más peligrosas, ii)aumentar la aplicación y el cumplimiento de la gestión integrada de plagas (GIP), e iii)incrementar el recurso a alternativas menos peligrosas y no químicas, en lugar de utilizar plaguicidas químicos para la lucha contra las plagas. ●El segundo objetivo es mejorar la disponibilidad de datos de seguimiento, en particular sobre: i)la aplicación, el uso y el riesgo de los plaguicidas, y

ii)el seguimiento respecto al medio ambiente y la salud, de modo que exista un marco más adecuado para medir los avances. ●El tercer objetivo es mejorar la implementación, la aplicación y la ejecución de las disposiciones legales en todos los Estados miembros para mejorar la eficacia y la eficiencia de las políticas. ●El cuarto objetivo es promover la adopción de nuevas tecnologías, como la agricultura de precisión, que utiliza datos y servicios espaciales (incluidas las técnicas de localización geoespacial), para disminuir la utilización y el riesgo totales de los plaguicidas. En la evaluación de la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas que se ha efectuado recientemente, se confirmó que persisten los problemas detectados en relación con su aplicación, implementación y ejecución. Dadas estas dificultades, la presente propuesta de Reglamento sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios pretende: i)sustituir la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas en la regulación del empleo de plaguicidas, y ii)ajustarse mejor a los objetivos del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia «De la Granja a la Mesa». La presente propuesta pretende reducir los riesgos y los efectos del uso de plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente a través de lo siguiente: i)cumplir los objetivos de reducción de plaguicidas que recoge la Estrategia «De la Granja a la Mesa», y ii)promover la utilización de la gestión integrada de plagas y de las alternativas a los plaguicidas químicos. Un reglamento es adecuado tanto para procurar que se alcance el nivel de expectativas de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» como para solucionar los problemas que se han constatado en la puesta en práctica de la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas, mediante el establecimiento de unas normas claras y uniformes. •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial La propuesta es coherente con el objetivo del Pacto Verde Europeo de que todas las políticas de la UE contribuyan a preservar y restaurar el capital natural de Europa. También es coherente con los propósitos de: i)disminuir el uso de los plaguicidas químicos y el riesgo que conllevan, y ii)reducir la utilización de los plaguicidas más peligrosos. Estos propósitos se recogen en los documentos siguientes: i)la Estrategia «De la Granja a la Mesa», ii)la Estrategia sobre la Biodiversidad, iii)el Plan de Acción «Contaminación Cero», y iv)la Estrategia para la Protección del Suelo. Este propósito también está en consonancia con el cumplimiento de los objetivos de la Iniciativa de la UE sobre los polinizadores, la Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas y el Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2021-2027.

Por otro lado, la propuesta también se ajusta a los objetivos de la Comisión Europea de destinar al menos el 25 % de las tierras agrícolas de la UE a la agricultura ecológica —y a lograr un aumento importante de la acuicultura ecológica— de aquí a 2030. La propuesta complementa asimismo otras iniciativas actuales. Por ejemplo, el Reglamento xxx/xxx, relativo a las estadísticas sobre insumos y productos agrícolas del sector agrícola [insértese la referencia al acto adoptado] permitirá a la Comisión publicar más datos sobre la venta y el uso de plaguicidas desglosados por sustancias activas. Como parte del plan de acción de la Estrategia «De la Granja a la Mesa», la Comisión ha elaborado cuatro proyectos de Reglamento relativos a los requisitos en materia de datos, los criterios de aprobación y los principios de evaluación de las sustancias activas que son microorganismos y los productos fitosanitarios que los contienen, a fin de facilitar el acceso al mercado de productos alternativos a los plaguicidas químicos. Estos textos se adoptarán y serán aplicables en otoño de 2022. Se trata de proporcionar a los agricultores herramientas para sustituir los productos fitosanitarios químicos. Al facilitar la comercialización de estos productos fitosanitarios biológicos, los agricultores, incluidos los que practican una agricultura ecológica, dispondrán de más alternativas para la protección sostenible de los cultivos. La propuesta también se dirige especialmente a las regiones ultraperiféricas de la UE, enumeradas en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que están situadas en el Atlántico, el Caribe y el Océano Índico. Debido a limitaciones permanentes como su lejanía al continente de la UE, la insularidad y la dependencia de unos pocos productos, así como su exposición elevada al cambio climático, tienen derecho a beneficiarse de medidas específicas que contribuyan a su desarrollo socioeconómico. Como también se prevé en la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad de aquí a 2030, debe prestarse especial atención a la protección y restauración de los ecosistemas de las regiones ultraperiféricas, dada la riqueza excepcional de su valor en biodiversidad. •Coherencia con otras políticas de la Unión Política agrícola común (PAC) En el marco de la nueva PAC (que se implementará a partir del 1 de enero de 2023), se ayudará a los Estados miembros a: i) financiar acciones que se ajusten a los objetivos de reducción de plaguicidas que recoge la Estrategia «De la Granja a la Mesa», y ii) promover prácticas agrícolas sostenibles. Los elementos correspondientes de la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas actual ya están recogidos en el sistema de condicionalidad de la PAC. La nueva PAC también comprende diversos instrumentos para promover la agricultura de precisión. Los Estados miembros pueden acogerse a regímenes ecológicos y a compromisos medioambientales, climáticos o de gestión de otro tipo para respaldar la implantación de prácticas de agricultura de precisión. Además, la PAC incluye la posibilidad de financiar inversiones —por ejemplo, en equipos de maquinaria—, herramientas de gestión de riesgos y actividades que contribuyan a la creación de conocimientos técnicos, como formación, asesoramiento, cooperación e intercambio de conocimientos. Más concretamente, a través de los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrícolas de la PAC, los Estados miembros deben aconsejar a los agricultores sobre el uso sostenible de los plaguicidas, la innovación, las tecnologías digitales, la reducción de la exposición a los plaguicidas y la gestión sostenible de los nutrientes. También puede potenciarse el desarrollo de capacidades para que los agricultores adopten e implanten de forma efectiva las tecnologías digitales mediante el apoyo, la cooperación y la Asociación Europea para la Innovación en materia de Productividad y Sostenibilidad Agrícolas (AEI-AGRI). Además, los Estados miembros deben explicar en sus planes estratégicos de la PAC cómo prevén utilizar sus instrumentos para satisfacer las necesidades y los objetivos correspondientes. Política medioambiental y de sustancias químicas La presente propuesta interactúa con una serie de políticas y actos legislativos en materia de medio ambiente, como, por ejemplo: i)los objetivos previstos respecto a la recuperación de la naturaleza, ii)la Iniciativa sobre los Polinizadores, destinada a abordar el declive de los polinizadores en la UE y contribuir a los esfuerzos mundiales de su conservación, iii)las listas de contaminantes y las normas reglamentarias de la Directiva sobre normas de calidad ambiental, la Directiva sobre las aguas subterráneas y la Directiva sobre el agua potable. La propuesta es fundamental para alcanzar los objetivos establecidos en la legislación de la UE sobre el agua, incluida la Directiva marco sobre el agua. También guarda relación con los requisitos de conservación de la naturaleza de las Directivas sobre hábitats y sobre aves. Política de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo La propuesta completa las disposiciones del acervo correspondiente de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo, en particular la Directiva 89/391/CEE, la Directiva 98/24/CE, la Directiva 2004/37/CE, la Directiva 2009/104/CE y la Directiva 89/656/CEE. Además, está en consonancia con el marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2021-2027, que insta expresamente a reforzar la formación para aumentar las competencias y la sensibilización de los agricultores sobre las normas de salud y seguridad en las explotaciones agrícolas, incluido el uso seguro de las sustancias químicas, en particular los productos fitosanitarios. Iniciativa para un sistema alimentario de la Unión sostenible La presente propuesta complementa la iniciativa legislativa prevista sobre un marco para un sistema alimentario sostenible, cuya meta es promover la coherencia de las políticas nacionales y de la UE, integrar la sostenibilidad en todas las políticas relacionadas con la alimentación y reforzar la resiliencia del sistema alimentario de la Unión. La iniciativa se basa en un enfoque horizontal que introducirá objetivos relacionados con la sostenibilidad, definiciones comunes, principios generales y requisitos para un sistema alimentario sostenible de la Unión, al tiempo que aborda las responsabilidades de todos los agentes del sistema alimentario. Este marco, junto con el etiquetado sobre el nivel de sostenibilidad de los productos alimenticios y los incentivos que se establezcan, permitirá que los operadores se beneficien de prácticas sostenibles y que se incremente la sostenibilidad de los alimentos y las operaciones relacionadas con los alimentos en el mercado de la Unión. Las disposiciones del presente Reglamento actuarán como normas de este ámbito particular en relación con los requisitos que fija la iniciativa prevista, en la medida en que las disposiciones del presente Reglamento incluyan normas más específicas con el mismo objetivo, naturaleza y efecto que las que se establezcan en dicha iniciativa. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica La base jurídica de la acción en este ámbito es el artículo 192, apartado 1, del TFUE, que faculta a la Unión Europea para actuar con el fin de preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, así como proteger la salud humana. La actuación de la UE en este ámbito está justificada por las cuestiones medioambientales y de salud pública que están en juego. •Subsidiariedad La Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas creó un marco para lograr un uso sostenible de estos productos. Si se mantuviera la incoherencia en las medidas que han adoptado los Estados miembros, junto con una implementación variable o incompleta de la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas (como se indica en la evaluación que acompaña a la presente propuesta), habría niveles distintos de protección de la salud y del medio ambiente. Esta situación también daría lugar a condiciones divergentes para los principales usuarios de plaguicidas, en contra de los objetivos de los Tratados. La amenaza para la biodiversidad y los ecosistemas vinculada al uso de plaguicidas atraviesa las fronteras y requiere una intervención decidida de la UE. La igualdad de condiciones en todo el mercado interior se ve obstaculizada por las actuales variaciones en los niveles de actuación que han adoptado los Estados miembros.

Una acción coordinada de la UE puede complementar y reforzar eficazmente las actuaciones nacionales y locales dirigidas a un uso sostenible de los plaguicidas. La Unión también dispone de otros instrumentos clave en las políticas agrícolas y alimentarias que tienen sinergias con las medidas establecidas en la propuesta. Junto con incentivos y posibles medidas de mitigación, se prevé que una actuación más decidida de la UE en materia de plaguicidas (también en conjunción con políticas conexas como la PAC) pueda: i)ayudar a reducir las variaciones actuales de los enfoques nacionales, y ii)contribuir a un enfoque más homogéneo en el futuro. Cuando los Estados miembros actúan de forma individual, no pueden definir los objetivos de la acción requerida, ya que, dada la dimensión de esta, pueden lograrse mejor a escala de la Unión. Por consiguiente, está justificada una actuación uniforme de la UE y además es necesaria. •Proporcionalidad La presente propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad, ya que no va más allá de lo necesario para garantizar: i)un nivel adecuado de expectativas, y ii)una mejora de la eficiencia y la eficacia de las políticas. Para ello, la presente propuesta toma en consideración las conclusiones de la evaluación que la acompaña. Además, la propuesta prevé tanto la mejora de los datos como un mejor seguimiento o puesta en práctica de medidas para reducir el uso de los plaguicidas y el riesgo que conllevan. Por otro lado, la propuesta evita fijar objetivos obligatorios uniformes para los Estados miembros, dado que la base de referencia actual del uso de plaguicidas varía considerablemente de un Estado miembro a otro. Se ha procurado la proporcionalidad en el proceso de fijación de objetivos mediante el establecimiento de una fórmula legislativa que permita tener en cuenta las diferencias respecto a los progresos y la intensidad de uso de plaguicidas entre los Estados miembros. •Elección del instrumento Conforme a las pruebas disponibles acerca de las deficiencias en la implementación de la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas en los Estados miembros, no ha funcionado en la medida prevista el enfoque anterior que recogía este acto de encomendar las normas detalladas a la transposición nacional en el marco de una directiva. Las conclusiones de la evaluación de la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas confirman las divergencias y desigualdades que se han constatado en la implementación, aplicación y ejecución de esta Directiva en los Estados miembros. Un índice de seguimiento del cumplimiento que estableció la Comisión, y se describe en la evaluación, confirmó estas conclusiones. El Tribunal de Cuentas Europeo también constató que se necesitaban criterios más claros y requisitos más específicos en materia de gestión integrada de plagas para contribuir a la ejecución y evaluar el cumplimiento. Dado que existen tantas variables agrícolas complejas en la gestión de plagas, unas normas claras y uniformes deberían simplificar el cumplimiento y mejorar la ejecución. Un reglamento es un instrumento más adecuado para aplicar medidas de forma coherente en todos los Estados miembros, en contraposición con una directiva. Además, un reglamento facilitaría unas condiciones de competencia más equitativas entre los usuarios de plaguicidas, ya que la diversidad de normas sobre el uso de plaguicidas en los Estados miembros tiende a crear competencia desleal y socavar el funcionamiento correcto del mercado único. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO •Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación existente En la evaluación que acompaña a la presente propuesta se concluyó que, en general, hay una buena coherencia interna y externa de la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas con otras políticas e instrumentos de la UE, sin que se hayan constatado grandes incoherencias o solapamientos. Los objetivos de la Directiva eran, y siguen siendo, muy apropiados para abordar los riesgos que plantea el uso de plaguicidas para el medio ambiente y la salud humana. Sin embargo, la Directiva solo ha sido moderadamente eficaz. Las deficiencias que detectaron la Comisión y otras partes se refieren a la implementación y ejecución de la gestión integrada de plagas y a la eficacia limitada que han tenido los planes de acción nacionales de los Estados miembros. Muchos Estados miembros no establecen objetivos o indicadores cuantitativos en sus planes de acción nacionales para promover el uso sostenible de los plaguicidas o proteger mejor la salud humana y el medio ambiente. Y tampoco existe un sistema de control eficaz, por lo que solo se dispone de datos limitados sobre el uso de plaguicidas. Por todo ello, es difícil llegar a una conclusión en cuanto a la medida en la que la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas ha contribuido a proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos de los plaguicidas. Las medidas que se introdujeron anteriormente en el marco de la PAC no lograron incentivar a los agricultores a utilizar los plaguicidas de manera más sostenible. El 26 de noviembre de 2021, el Comité de Control Reglamentario (CCR) de la Comisión emitió un dictamen negativo sobre el proyecto de evaluación de impacto de la Comisión relativo a esta propuesta. El proyecto de evaluación de impacto revistió la forma de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión. El CCR pidió que se revisara el documento para que este: i)fuera más claro en cuanto a los datos y pruebas disponibles respecto a la iniciativa, ii)facilitase un análisis o una justificación más sólidos respecto a los objetivos del uso de plaguicidas y de la reducción del riesgo, iii)fuera más claro en lo relativo a la disponibilidad y asequibilidad de las técnicas agrícolas de precisión y las alternativas menos peligrosas a los plaguicidas químicos, e iv)identificase y analizase mejor los impactos y las contrapartidas de la iniciativa para el medio ambiente, la salud y la economía.

El 26 de enero de 2022, el Comité de Control Reglamentario emitió un segundo dictamen, esta vez positivo, si bien con reservas, acerca del documento de trabajo revisado de los servicios de la Comisión sobre la evaluación de impacto. Tras este segundo dictamen, el documento volvió a modificarse para dar respuesta a las reservas del CCR, de modo que el documento: ●explicase claramente tanto la falta de pruebas sobre las ventas y el uso de plaguicidas como las limitaciones correspondientes a esta falta de pruebas para la definición del problema, la formulación de opciones y el análisis de impacto; ●justificase mejor la elección de los dos objetivos vinculantes de reducción del 50 % y su relación entre ellos; ●precisase el nivel de progreso necesario en cada uno de los Estados miembros para que cumplan los dos objetivos vinculantes de reducción de la UE, y especificase cómo se medirán, asignarán o darán lugar a un reparto equitativo de la carga; ●aclarase las iniciativas de acompañamiento incluidas en la base de referencia de la evaluación de impacto, y ●estableciese una base y un calendario más creíbles para la futura evaluación de la iniciativa. La evaluación de impacto final, que se elaboró en forma de documento de trabajo de los servicios de la Comisión, se ha revisado en consonancia con los dictámenes, las observaciones y las indicaciones de puntos susceptibles de mejora que presentó el Comité de Control Reglamentario. •Consultas con las partes interesadas Entre el 29 de mayo y el 7 de agosto de 2020, se publicó una hoja de ruta de la evaluación junto con una evaluación inicial de impacto sobre esta propuesta, que se difundió para que el público opinara al respecto. En total, se recibieron 360 respuestas. En la consulta pública posterior, que tuvo lugar del 18 de enero al 12 de abril de 2021, se recibió un total de 1 699 respuestas. Las observaciones recibidas representaron un amplio espectro de puntos de vista, como se indica en el informe de síntesis que resumió la consulta a las partes interesadas (el informe de síntesis se adjunta a la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta). En general, los usuarios profesionales de plaguicidas hicieron hincapié en la necesidad de proteger el rendimiento y la calidad de los cultivos. Otras partes interesadas destacaron la necesidad de promover la gestión integrada de plagas, aumentar la disponibilidad de alternativas a los plaguicidas químicos y evaluar mejor los efectos que tiene en la salud y el medio ambiente la utilización de plaguicidas químicos. La Comisión organizó actos a distancia con las partes interesadas sobre esta iniciativa los días 19 de enero, 25 de junio y 5 de octubre de 2021. En estos actos con las partes interesadas surgieron una serie de cuestiones, entre ellas: i)la preocupación de los usuarios de plaguicidas por la posibilidad de que haya una oferta menor de estos productos en el mercado, ii)la ayuda financiera tan limitada en el marco de la PAC para la puesta en práctica de la gestión integrada de plagas, iii)la necesidad de proteger los ingresos de los agricultores, iv)la promoción del papel de las nuevas tecnologías, v)la protección de la salud humana y el medio ambiente, y vi)la cuestión de si se mantiene la prohibición de la aplicación aérea de plaguicidas. Las ONG destacaron la importancia de que se alcancen las expectativas y los objetivos conexos del Pacto Verde Europeo. Otra cuestión destacada en los actos con las partes interesadas fue la necesidad de mejorar la puesta en práctica de los planes de acción nacionales. También se llevaron a cabo encuestas, talleres y estudios de casos específicos en: i)un estudio externo contratado por la Comisión para contribuir a la evaluación general y la evaluación de impacto, y ii)un estudio prospectivo complementario sobre hipótesis futuras acerca del uso sostenible de los plaguicidas. En el sitio web de la Comisión y en el portal «Legislar mejor», se ha publicado información detallada sobre las consultas con las partes interesadas. Las partes interesadas que participaron y contribuyeron a estas actividades de consulta fueron las siguientes: i)agricultores y contratistas que aplican plaguicidas,

ii)usuarios no agrícolas de plaguicidas, iii)ONG que trabajan en el ámbito de la salud y el medio ambiente, iv)asociaciones profesionales que representan a la industria y a los agentes económicos de los sectores pertinentes (por ejemplo, los apicultores, la industria química, la industria de equipos de aplicación de plaguicidas, la industria de producción de semillas, etc.), v)las asociaciones de consumidores, vi)los interlocutores sociales (empleadores y sindicatos); vii)la población en general, viii)las autoridades competentes nacionales y regionales de la UE y de fuera de ella, y ix)los expertos científicos. Las respuestas a las distintas actividades mostraron que las opiniones de las partes interesadas se dividían, en gran medida, en dos puntos de vista generales. El primer grupo opinaba que debe disminuirse el uso de plaguicidas, en consonancia con la reducción del riesgo, de una manera que sea compatible con las necesidades de los usuarios de productos fitosanitarios. El segundo grupo consideraba que debe reducirse de forma considerable la utilización de plaguicidas, si no completamente. La propuesta se ha elaborado como un enfoque proporcionado y realista, sin dejar de ser ambicioso, para abordar las preocupaciones de la sociedad en torno al uso de los plaguicidas y el riesgo que plantean. Se trata de un enfoque que: i)permite que se sigan utilizando los plaguicidas cuando sea necesario y adecuado, y de manera segura, y ii)fomenta sistemas de formación y asesoramiento respecto a técnicas alternativas de lucha contra las plagas y una mejor puesta en práctica de la gestión integrada de plagas. Como se describe en la evaluación de impacto, se descartó una serie de opciones políticas a partir de las observaciones de las partes interesadas. El nivel de expectativas de las opciones políticas que se seleccionaron al final también tuvo en cuenta las observaciones recibidas de las partes interesadas. •Iniciativas ciudadanas europeas Dos iniciativas ciudadanas europeas abordan el uso de plaguicidas y piden objetivos ambiciosos de reducción. En el tercer objetivo de la exitosa iniciativa ciudadana europea «Prohibición del glifosato y protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos» , se pidió a la Comisión que estableciese «objetivos de reducción del empleo de pesticidas de carácter vinculante en toda la UE, con vistas a un futuro libre de pesticidas». La Comisión, en su respuesta adoptada el 12 de diciembre de 2017 , declaró que volvería a evaluar la necesidad de establecer objetivos obligatorios en la UE respecto a los plaguicidas. En la iniciativa «Salvemos a las abejas y a los agricultores – Hacia una agricultura respetuosa con las abejas para un medio ambiente sano» , se pide a la Comisión que «proponga actos jurídicos para eliminar gradualmente los plaguicidas sintéticos en la agricultura de la UE en un 80 % para 2030, empezando por los más peligrosos, para alcanzar el 100 % en 2035». Esta iniciativa ha recogido más de un millón de declaraciones de apoyo a 30 de septiembre de 2021, que están siendo verificadas actualmente por las autoridades de los Estados miembros. Si se valida y se presenta oficialmente, la Comisión describirá en una comunicación las medidas que se propone adoptar, en su caso. •Obtención y uso de asesoramiento especializado La iniciativa contó con el apoyo de dos estudios externos, contratados por la Comisión, que incluían un análisis en profundidad de la bibliografía, los talleres, los estudios de caso y las encuestas. La evaluación de impacto también se basó en información adicional procedente de otros estudios que utilizaron modelos económicos para estimar el impacto potencial de la consecución de los objetivos de la Estrategia «De la Granja a la Mesa», especialmente los objetivos relativos a la reducción del uso de plaguicidas y de su riesgo. •Evaluación de impacto Puede consultarse la ficha resumen de la evaluación de impacto . También está disponible el dictamen favorable del CCR .

El objetivo de la propuesta de reducir el uso de los plaguicidas y el riesgo que conllevan para proteger la salud, la biodiversidad y el medio ambiente encaja en el propósito de la Comisión de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Concretamente, se enmarca en los objetivos siguientes: 3 (salud y bienestar), 6 (agua limpia y saneamiento), 8 (trabajo decente y crecimiento económico), 11 (ciudades y comunidades sostenibles), 12 (producción y consumos responsables), 14 (vida submarina) y 15 (vida de ecosistemas terrestres). En consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo, la propuesta también cumple el principio de «no causar ningún perjuicio significativo». Según este principio, las actividades no deben causar un perjuicio significativo a ninguno de los seis objetivos medioambientales, en el sentido del artículo 17, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento sobre la taxonomía. Los seis objetivos son los siguientes: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, transición hacia una economía circular, prevención y control de la contaminación, y la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. Las principales opciones de actuación que se exponen a continuación se evaluaron en contraposición con una hipótesis de referencia probable en la que no se modificaría la Directiva. Opción 1: Los objetivos de la UE de reducir en un 50 % el uso de plaguicidas y el riesgo derivado de su utilización de aquí a 2030 seguirían sin ser jurídicamente vinculantes, pero se mejorarían los sistemas de asesoramiento y orientación para los usuarios de los plaguicidas. Y también se promoverían técnicas agrícolas de precisión para reducir el uso de los plaguicidas químicos y el riesgo derivado de ellos. Opción 2: Los objetivos de reducción del 50 % pasarían a ser jurídicamente vinculantes en la UE. Los Estados miembros fijarían sus propios objetivos de reducción nacionales a partir de criterios establecidos. Estos objetivos nacionales serían entonces jurídicamente vinculantes (con arreglo al Derecho nacional) y estarían sujetos a mecanismos de gobernanza conexos con la presentación periódica de informes anuales por parte de los Estados miembros. Además, se prohibiría la utilización de los plaguicidas más peligrosos en zonas sensibles, como las zonas verdes urbanas. Por otro lado, los usuarios profesionales de plaguicidas tendrían que llevar registros electrónicos sobre el uso de plaguicidas y sobre la gestión integrada de plagas que recogerían y analizarían posteriormente las autoridades nacionales para supervisar los avances y elaborar medidas correctoras a escala nacional, en caso necesario. Unos servicios de asesoramiento independientes aconsejarían a los usuarios de plaguicidas sobre técnicas alternativas y gestión integrada de plagas. La opción 3 sería similar a la opción 2. Sin embargo, con la opción 3 los objetivos de reducción del 50 % serían jurídicamente vinculantes en la UE y a escala nacional. En zonas sensibles, como las zonas urbanas y las zonas protegidas, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE, las zonas Natura 2000, etc., estaría prohibido utilizar cualquier plaguicida químico. La opción preferente es la 3, excepto en lo respecta a los objetivos, en cuyo caso se da preferencia a la opción 2. Así, la opción preferente consideraría que los objetivos de reducción del 50 % del uso y el riesgo de los plaguicidas pasarían a ser jurídicamente vinculantes en la UE, mientras que los Estados miembros establecerían sus propios objetivos de reducción nacionales en el marco de su Derecho interno. Las opciones se han evaluado en contraposición con una hipótesis de referencia probable en la que no se modificaría la Directiva. La prohibición del uso de todos los productos fitosanitarios en zonas sensibles maximizará los beneficios vinculados con la salud y el medio ambiente. La opción preferente es coherente con las expectativas del Pacto Verde Europeo, la Estrategia «De la Granja a la Mesa», la Estrategia sobre la Biodiversidad y el Plan de Acción «Contaminación Cero». Esta opción preferente aportará una serie de beneficios a la sociedad, la biodiversidad y los ecosistemas, al reducir los riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados del uso de plaguicidas. Además, la protección de la biodiversidad contribuirá también a disminuir las emisiones de CO2, lo cual es coherente con el objetivo de lograr la neutralidad en emisiones de carbono en la UE para 2050 y con el objetivo intermedio de reducir las emisiones en un 55 % de aquí a 2030, según se establece en el artículo 2, apartado 1, y en artículo 4, apartado 1, de la Ley Europea del Clima. Con esta opción preferente, los usuarios de plaguicidas estarán mejor informados sobre alternativas eficaces a los plaguicidas químicos, lo cual les permitirá reducir su uso de plaguicidas y los gastos que conllevan, al tiempo que siguen produciendo alimentos competitivos en el mercado. Al ofrecer esta opción preferente datos más detallados sobre el uso de plaguicidas y la gestión integrada de plagas, las autoridades de los Estados miembros pueden velar por que las medidas nacionales beneficien, en la medida de lo posible, a los agricultores, al público, a otras partes interesadas y al medio ambiente. Además, esta opción también vela por la transparencia y claridad de las actuaciones de los Estados miembros. En consonancia con los objetivos del Pacto Verde, la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la Estrategia sobre Biodiversidad, la reducción del uso de productos fitosanitarios químicos no solo tiene por objeto velar por la salud pública, sino también preservar la biodiversidad y proteger el medio ambiente, especialmente cuando están en juego problemas mundiales, como la protección de las poblaciones de polinizadores. Esta opción preferente implica también un aumento de los costes unitarios de producción debido a: i)unos requisitos de información más rigurosos y detallados, ii)la reducción previsible del rendimiento de las cosechas debido a un menor uso de plaguicidas, y iii)la inclusión de un cargo adicional para los usuarios profesionales de plaguicidas que no recurren actualmente al asesoramiento. Con arreglo a la presente propuesta, los Estados miembros podrán prestar ayuda a los agricultores durante un período de cinco años, en el marco de la PAC, en lo referente a cubrir los costes que conlleva el cumplimiento de todos los requisitos legales que en ella se imponen. Con este apoyo, debería evitarse cualquier aumento de los precios de los alimentos derivado de las nuevas obligaciones que establece la presente propuesta. Además, muchas de las disposiciones que recoge la presente propuesta ya existían en el marco de la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas y, por tanto, no deberían repercutir en los precios de los alimentos ni en los rendimientos de los cultivos. Y los cambios que introduce serán graduales, por lo que se minimizará aún más cualquier impacto en la seguridad alimentaria. También sería preciso probablemente adoptar unas medidas de compensación y mitigación que contrarrestasen cualquier consecuencia negativa para los países no pertenecientes a la UE, especialmente en el caso de los países en desarrollo. Estas medidas de la UE podrían contribuir a las labores de la FAO destinadas a: i)reducir el riesgo de los plaguicidas mediante un enfoque sólido de gestión del ciclo de vida, ii)ayudar a los gobiernos y a las partes interesadas de los países en desarrollo a adoptar prácticas basadas en los ecosistemas, y iii)mejorar la gestión de los plaguicidas en la agricultura a escala mundial. Entre las pymes afectadas se encontrarán: i)agricultores y otras pequeñas empresas que utilicen y vendan plaguicidas, así como equipos de aplicación de plaguicidas,

ii)manipuladores de productos agrícolas y plaguicidas, iii)transformadores de alimentos e intermediarios en este sector, iv)contratistas agrícolas, y v)asesores agrícolas. Con la opción estratégica preferente, las pymes tendrán costes y beneficios distintos. Los Estados miembros podrán aplicar incentivos o medidas de mitigación, también en el marco de la PAC, para abordar algunos de los efectos de esta opción. Además, una aplicación más coherente y uniforme de las normas sobre el uso de plaguicidas reducirá las distorsiones del mercado entre los usuarios de plaguicidas de todos los Estados miembros, que aplican actualmente las normas vigentes en distintos grados. Los Estados miembros tendrán costes de control y administración a la hora de implementar y ejecutar las normas actualizadas, y de recopilar y analizar los datos de seguimiento pertinentes. Esto se aplica especialmente a los costes iniciales inherentes a la creación de un sistema de recopilación de datos. •Adecuación regulatoria y simplificación De acuerdo con el compromiso de la Comisión de «Legislar mejor», la propuesta se ha elaborado de forma inclusiva, partiendo de la transparencia y de la interacción constante con las partes interesadas. En la evaluación, no se determinaron posibles simplificaciones legislativas ni reducciones de la carga normativa que facilitarían la consecución de los objetivos relativos a un uso sostenible de los plaguicidas. Las microempresas no están exentas de la presente propuesta, dada la importancia de una puesta en práctica uniforme de las medidas a efectos de reducir tanto el uso de plaguicidas como el riesgo que suponen para la salud humana y el medio ambiente. La presente propuesta está en consonancia con una política orientada a la digitalización, dado que promueve el registro electrónico y la publicación en línea de las tendencias en curso hacia la consecución de: i)los objetivos de reducción de plaguicidas, ii)la implementación de los planes de acción nacionales, iii)los informes anuales de avances y ejecución, iv)las recomendaciones de la Comisión, y v)las respuestas de los Estados miembros. A la hora de implementar las normas relativas a los registros electrónicos que está previsto crear a raíz de la propuesta, se tendrán en cuenta las disposiciones correspondientes en materia de servicios digitales rentables, centrados en el usuario e interoperables. •Derechos fundamentales La propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En concreto, contribuye al objetivo de un elevado nivel de protección del medio ambiente de acuerdo con el principio de desarrollo sostenible establecido en el artículo 37 de dicha Carta. Una mejor ejecución de las medidas destinadas a reducir el riesgo del uso de plaguicidas y proteger la salud también podría contribuir al derecho fundamental a disfrutar de unas «condiciones de trabajo justas y equitativas» (artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE). Podría contribuir especialmente al derecho a tener unas condiciones de trabajo que respeten la salud, seguridad y dignidad de los trabajadores. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La presente iniciativa no tiene incidencia en el presupuesto de la UE. 5.OTROS ELEMENTOS

•Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información El indicador existente para medir la consecución de los dos objetivos sobre plaguicidas establecidos en la Estrategia «De la Granja a la Mesa» constituirá la base del seguimiento central anual de los avances hacia el logro de estos objetivos en la UE y en los Estados miembros. Cabe señalar que no se contará con los datos que indican si se han alcanzado los objetivos de 2030 relativos a reducir el uso y el riesgo de los plaguicidas hasta 2032. Los Estados miembros deberán supervisar: ●la creación y utilización de servicios de asesoramiento independientes; ●la implementación de las normas de GIP en las explotaciones a través del registro electrónico de la gestión integrada de plagas y del uso de productos fitosanitarios; ●la inspección de los equipos de aplicación en uso profesional a través de registros específicos; ●la formación de usuarios profesionales, distribuidores y asesores; ●el empleo de productos fitosanitarios a través de un registro electrónico. Los Estados miembros comunicarán anualmente a la Comisión la información que recojan a través de este seguimiento. La Comisión evaluará esta información y la complementará con sus propias auditorías. Para completar este seguimiento anual, la Comisión propone evaluar formalmente esta iniciativa como muy pronto siete años después de la entrada en vigor de la propuesta legislativa prevista. Además, los datos de seguimiento descritos aquí y en la evaluación de impacto adjunta también pueden utilizarse directamente para supervisar los objetivos políticos generales establecidos en el marco del Pacto Verde Europeo y el 8.º Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, incluidos: la Estrategia «De la Granja a la Mesa», la Estrategia sobre la Biodiversidad, y el seguimiento y las perspectivas de contaminación cero. •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta El capítulo I comprende el objeto, el ámbito de aplicación y las definiciones. En el capítulo II, se establecen los objetivos de la UE de reducir en un 50 % el uso de los plaguicidas y el riesgo que conllevan, en consonancia con la Estrategia «De la Granja a la Mesa», a los que contribuirán (colectivamente) los Estados miembros. Además, se determina que los Estados miembros deben adoptar objetivos vinculantes con arreglo a su legislación nacional que puedan desviarse de los objetivos de la UE a partir del nivel del 50 %, dentro de los parámetros de una fórmula vinculante también. Esta fórmula permite a los Estados miembros tener en cuenta los avances históricos y la intensidad en el uso de plaguicidas a la hora de establecer sus objetivos nacionales. Se prevé que la Comisión formule recomendaciones para fijar objetivos cada vez más exigentes en determinados casos y que publique las tendencias hacia el cumplimiento de los objetivos de reducción de la UE para 2030. En el capítulo III, se describe lo que deben recoger los planes de acción nacionales, así como los requisitos para: i)la consulta pública sobre estos planes, y ii)que los planes de acción nacionales sean coherentes con los planes estratégicos de la PAC. Este capítulo también fija los detalles que deben incluirse acerca de los objetivos indicativos de alternativas a los plaguicidas químicos. En él se establece lo siguiente: i)los Estados miembros deben recoger en los informes anuales de avances y de ejecución sus tendencias en relación con el cumplimiento de los dos objetivos, así como otros datos cuantitativos, y ii)la Comisión debe analizar estos informes y hacer las recomendaciones pertinentes.

El capítulo IV establece los requisitos destinados a los usuarios profesionales en la gestión integrada de plagas en caso de que los Estados miembros hayan adoptado normas para cultivos específicos o de que no lo hayan hecho. También exige los usuarios profesionales que lleven registros sobre la gestión integrada de plagas y que recurran a asesores independientes. Además, regula la adopción y supervisión de normas para cultivos específicos respecto a la gestión integrada de plagas que deben seguir los usuarios profesionales, y prevé asimismo la creación de un registro electrónico de la gestión integrada de plagas. En el capítulo V, figuran las exigencias para que los usuarios profesionales, los distribuidores y los asesores estén en posesión de un certificado de formación en determinadas circunstancias. También se establecen requisitos generales para el uso de plaguicidas y de equipos de aplicación. Además, este capítulo recoge disposiciones sobre: i) el empleo de plaguicidas en zonas sensibles, ii) la protección del medio acuático y el agua potable, iii) la aplicación aérea, iv) el almacenamiento, la eliminación y la manipulación, y v) el asesoramiento sobre la utilización de plaguicidas. El capítulo VI fija los requisitos para la venta de productos fitosanitarios, y determina el tipo de información sobre plaguicidas que debe facilitarse a los compradores en el momento de la venta. El capítulo VII exige a los Estados miembros que establezcan un sistema de formación y certificación de usuarios profesionales, asesores y distribuidores, así como regula la creación de un sistema de asesoramiento independiente. También exige a los Estados miembros que sensibilicen sobre las cuestiones relacionadas con los plaguicidas y difundan información importante al respecto por internet. Por último, exige a los Estados miembros que recopilen información sobre los incidentes de intoxicación aguda y crónica debidos a plaguicidas. El capítulo VIII se refiere a los equipos de aplicación de plaguicidas. En él se establecen normas relativas a la inspección de los equipos de aplicación en uso profesional, y se regulan uno o varios registros electrónicos para guardar la información sobre todos los equipos de aplicación en uso profesional. Además, fija disposiciones de notificación para la transferencia de la propiedad o la retirada del uso, y exige que se realicen inspecciones cada tres años, con la posibilidad de establecer excepciones a estos requisitos de inspección en el caso de determinados equipos de aplicación. En el capítulo IX, se establece la metodología para calcular los indicadores de riesgo armonizados y los avances hacia los objetivos de reducción de 2030. El capítulo X establece disposiciones administrativas y financieras para: i)comunicar las autoridades competentes pertinentes a la Comisión, ii)las sanciones, y iii)las tasas y gravámenes El capítulo XI establece las condiciones para la adopción de actos delegados y de ejecución en el marco del Reglamento sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios. El capítulo XII deroga la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas y prevé la entrada en vigor y la aplicación del Reglamento sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios. 2022/0196 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativo al uso sostenible de los productos fitosanitarios y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/2115 (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 192, apartado 1, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, Visto el dictamen del Comité de las Regiones, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)El Tratado exige que, al definirse y ejecutarse las políticas y acciones de la Unión, se garantice un alto nivel de protección de la salud humana y animal y del medio ambiente, y dispone que la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente debe aspirar a alcanzar un nivel de protección elevado. (2)La Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo estableció un marco para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas mediante la reducción de los riesgos y los efectos de la utilización de plaguicidas en la salud humana y en el medio ambiente. La evaluación de esta Directiva puso de manifiesto que esta no ha alcanzado sus objetivos generales y que los Estados miembros no la han aplicado de manera satisfactoria. Esta conclusión se confirmó en los informes de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de 2017 y 2020. (3)En la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2019, sobre la aplicación de la Directiva 2009/128/CE relativa al uso sostenible de los plaguicidas, se señalaba que la Unión debe actuar sin demora para la transición hacia un uso más sostenible de los plaguicidas y se pedía a la Comisión que propusiera un objetivo vinculante ambicioso a escala de la Unión para la reducción del uso de plaguicidas. El Parlamento Europeo reafirmó su llamamiento en favor de objetivos de reducción vinculantes en su Resolución, de 20 de octubre de 2021, sobre una Estrategia «De la Granja a la Mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. (4)En 2018, un estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) constató avances en muchos Estados miembros, pero un logro general limitado de los objetivos de la Directiva 2009/128/CE. Un informe especial de 2020 del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios señaló que los avances en la medición y la reducción de los riesgos del uso de productos fitosanitarios son limitados y detectó deficiencias en el marco actual de la Unión. Como señaló en su documento informativo en relación con la evaluación de la Directiva 2009/128/CE, el Comité Económico y Social Europeo también considera esencial reevaluar los requisitos, objetivos, condiciones y plazos establecidos en el marco de los planes de acción nacionales. (5)Para garantizar la plena consecución de los objetivos del marco legislativo de la Unión sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios, es necesario adaptar dicho marco estableciendo normas para los operadores más claras y directamente aplicables. Además, deben aclararse una serie de normas, incluidas las relativas a la aplicación de la gestión integrada de plagas, las restricciones de uso de los productos fitosanitarios y las inspecciones de los equipos utilizados para aplicar estos productos. Procede, por tanto, derogar la Directiva 2009/128/CE y sustituirla por un Reglamento. (6)Las normas relativas a los biocidas se establecen en el Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, cuya evaluación está prevista. Por consiguiente, no procede introducir nuevas normas sobre el uso de biocidas en el presente Reglamento. (7)La Comunicación de la Comisión titulada «El Pacto Verde Europeo» establece una hoja de ruta de medidas clave, incluidas medidas legislativas, para reducir significativamente el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos. En la Estrategia «De la Granja a la Mesa», la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 y en el Plan de Acción «Contaminación cero», la Comisión se comprometió a tomar medidas para reducir en un 50 %, de aquí a 2030, el uso y riesgo total de los plaguicidas químicos y para reducir en un 50 % de aquí a 2030 el uso de los plaguicidas más peligrosos [productos fitosanitarios que contienen una o varias sustancias activas aprobadas como candidatas a la sustitución de conformidad con el artículo 24 del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y que figuran en la parte E del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 de la Comisión, o que contiene una o varias sustancias activas que figuran en el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408 de la Comisión]. El uso sostenible de los productos fitosanitarios también complementa la promoción de la agricultura ecológica y de la consecución del objetivo de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» de que al menos el 25 % de las tierras agrícolas de la Unión se dediquen a la agricultura ecológica de aquí a 2030. Además, apoya los objetivos del Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo y contribuye así a la aplicación del principio 10 del pilar europeo de derechos sociales sobre un entorno de trabajo saludable, seguro y adaptado. (8)Dos iniciativas ciudadanas europeas abordan el uso de plaguicidas y piden objetivos ambiciosos de reducción. La iniciativa « Prohibición del glifosato y protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos », presentada a la Comisión el 6 de octubre de 2017, le instaba, en su tercer objetivo, a « establecer objetivos de reducción del empleo de pesticidas de carácter vinculante en toda la UE, con vistas a un futuro libre de pesticidas». En su respuesta adoptada el 12 de diciembre de 2017 , la Comisión declaró que reevaluaría la necesidad de establecer objetivos obligatorios en la UE respecto a los plaguicidas. Más recientemente, la iniciativa « Salvemos a las abejas y a los agricultores . Hacia una agricultura respetuosa con las abejas para un medio ambiente sano » insta a la Comisión a «eliminar gradualmente los plaguicidas sintéticos en la agricultura de la UE en un 80 % de aquí a 2030, empezando por los más peligrosos, para quedar libres de plaguicidas sintéticos de aquí a 2035». La iniciativa había recogido más de un millón de declaraciones de apoyo a 30 de septiembre de 2021, que actualmente están siendo verificadas por las autoridades de los Estados miembros. (9)En el informe final de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, publicado el 9 de mayo de 2022, en lo que respecta a las propuestas sobre agricultura, producción de alimentos, biodiversidad y ecosistemas, y contaminación, los ciudadanos piden a la Unión, en particular, que se reduzca significativamente el uso de plaguicidas y fertilizantes químicos, en consonancia con los objetivos existentes, garantizando al mismo tiempo la seguridad alimentaria, y que se apoye a la investigación para desarrollar alternativas más sostenibles y naturales. Los ciudadanos piden más investigación e innovación, especialmente en soluciones tecnológicas para la producción sostenible, la resistencia de las plantas y la agricultura de precisión, así como más comunicación, sistemas de asesoramiento y formación para y desde los agricultores, y piden asimismo a la Unión que se proteja a los insectos, en particular los autóctonos y los polinizadores. (10)En sus Conclusiones de 19 de octubre de 2020, el Consejo de la Unión Europea, al tomar nota de los objetivos de reducción del uso de plaguicidas fijados por la Comisión en la Estrategia «De la Granja a la Mesa», señaló que la consecución de estos objetivos requerirá esfuerzos por parte de los Estados miembros y de todas las partes interesadas, así como una cooperación, consulta y colaboración intensiva. El Consejo también pidió a la Comisión que garantizara que estos objetivos sean objetivos de la Unión a los que todos los Estados miembros deben contribuir mediante medidas a escala nacional. En las Conclusiones del Consejo se pide que dichos objetivos se fijen teniendo en cuenta los logros alcanzados hasta la fecha, así como los distintos puntos de partida, circunstancias y situaciones de los Estados miembros.

(11)Los agentes de control biológico son una alternativa sostenible al uso de productos químicos para combatir organismos nocivos. Como se señala en la Decisión (UE) 2021/1102 del Consejo, los agentes de control biológico tienen una importancia creciente en la agricultura y la silvicultura sostenibles y desempeñan un papel fundamental en el éxito de la gestión integrada de plagas y la agricultura ecológica. El acceso a los agentes de control biológico facilita que se abandonen los productos fitosanitarios químicos. Conviene animar a los agricultores a que adopten métodos agrícolas con un consumo limitado de insumos, tales como la agricultura ecológica. Procede, por tanto, definir el concepto de control biológico como base para que los Estados miembros establezcan objetivos indicativos a fin de aumentar el porcentaje de cultivos en los que se utilizan agentes de control biológico. (12)El objetivo de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» es lograr avances sustanciales en la reducción del uso de productos fitosanitarios químicos de una manera económicamente viable. Para alcanzar este objetivo, es necesario fijar objetivos cuantificados a escala de la Unión y de los Estados miembros a efectos de reducir el uso y el riesgo de los productos fitosanitarios químicos y el uso de los productos fitosanitarios más peligrosos, a fin de supervisar los avances. La legislación nacional debe establecer objetivos nacionales para garantizar unos avances y una rendición de cuentas adecuados en relación con ellos. Los Estados miembros también deberán alcanzar estos objetivos nacionales vinculantes de aquí a 2030. Se prevé que la reducción del uso de productos fitosanitarios químicos reduzca significativamente los riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo de los usuarios profesionales. (13)Habida cuenta de los diversos niveles de avances ya alcanzados y las diferencias en la intensidad del uso de plaguicidas entre Estados miembros, es necesario conceder a los Estados miembros una cierta flexibilidad a la hora de establecer sus propios objetivos nacionales vinculantes («objetivos de reducción nacionales para 2030»). La mejor manera de medir la intensidad de uso es dividir la cantidad total de sustancias activas comercializadas y, por lo tanto, utilizadas en forma de productos fitosanitarios en un determinado Estado miembro, por la superficie en la que se aplicaron las sustancias activas. La intensidad del uso de plaguicidas químicos, y en particular de los plaguicidas más peligrosos, está relacionada con una mayor dependencia de los plaguicidas químicos, mayores riesgos para la salud humana y el medio ambiente y prácticas agrícolas menos sostenibles. Procede, por tanto, permitir que los Estados miembros tengan en cuenta su menor intensidad de uso de plaguicidas químicos con respecto a la media de la Unión a la hora de fijar sus objetivos de reducción nacionales para 2030. Procede asimismo exigirles que tengan en cuenta su mayor intensidad de uso de plaguicidas químicos con respecto a la media de la Unión a la hora de fijar sus objetivos de reducción nacionales para 2030. Además, a fin de reconocer los esfuerzos realizados en el pasado por los Estados miembros, se les debe permitir también que tengan en cuenta los avances ya realizados antes de la adopción de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» a la hora de establecer sus objetivos de reducción nacionales para 2030. Por el contrario, cuando los Estados miembros hayan aumentado, o reducido solo de forma limitada, su uso y riesgo de productos fitosanitarios químicos, ahora deben contribuir en mayor medida a la consecución de los objetivos de reducción de la Unión para 2030, teniendo también en cuenta su intensidad de uso de plaguicidas. A fin de garantizar un esfuerzo equitativo y colectivo hacia la consecución de los objetivos a escala de la Unión y un nivel adecuado de ambición, deben establecerse límites mínimos respecto a los objetivos de reducción nacionales para 2030. Las regiones ultraperiféricas de la UE, tal como figuran en el artículo 349 del Tratado, se encuentran en el Atlántico, el Caribe y el océano Índico. Debido a limitaciones permanentes, como la lejanía del continente europeo, la insularidad y la elevada exposición al cambio climático, procede permitir que los Estados miembros tengan en cuenta las necesidades específicas de estas regiones en lo que respecta al uso de productos fitosanitarios y a las medidas adaptadas a condiciones climáticas y cultivos específicos. A fin de garantizar un esfuerzo equitativo y colectivo hacia la consecución de los objetivos a escala de la Unión, cuando un Estado miembro alcance el nivel de su objetivo de reducción nacional para 2030 antes de 2030, no debe exigírsele que emprenda esfuerzos adicionales de reducción, pero debe seguir de cerca las fluctuaciones anuales en el uso y el riesgo de los productos fitosanitarios químicos y en el uso de los productos fitosanitarios más peligrosos, a fin de garantizar los avances hacia el cumplimiento del objetivo de reducción nacional para 2030. Por motivos de transparencia, deben ser de acceso público las respuestas de los Estados miembros a cualquier recomendación de la Comisión relativa al nivel de ambición de los objetivos nacionales y los avances anuales logrados para alcanzarlos. (14)Los Estados miembros deben elaborar y publicar planes de acción nacionales. A fin de que los planes de acción nacionales de los Estados miembros sean eficaces, deben contener objetivos cuantitativos, referencias a los objetivos de reducción nacionales vinculantes para 2030 establecidos en la legislación nacional, junto con los correspondientes objetivos indicativos establecidos en los planes de acción nacionales, medidas, calendarios e indicadores para reducir los riesgos y los efectos del uso de plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente. Esto permitirá adoptar un enfoque estructurado para el establecimiento de objetivos y metas cuantitativos, con un vínculo claro con los objetivos de reducción nacionales para 2030. A fin de supervisar el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, también debe exigirse a los Estados miembros que informen anualmente sobre los objetivos y los datos cuantitativos precisos relativos al cumplimiento de las disposiciones sobre el uso de plaguicidas, la formación de los usuarios, los equipos de aplicación y la gestión integrada de plagas. (15)Con el fin de alcanzar los objetivos de reducción de la Unión («objetivos de reducción de la Unión para 2030»), así como los objetivos de reducción nacionales para 2030, es necesario aumentar la disponibilidad y el uso del control biológico y de otras alternativas no químicas. La disponibilidad de estas alternativas incentivará la adopción de prácticas de gestión de plagas con un consumo limitado de plaguicidas, como la agricultura ecológica. (16)La implementación de políticas y medidas en el ámbito del uso sostenible de productos fitosanitarios tiene un impacto en el medio ambiente, la salud pública y las condiciones laborales. Por consiguiente, los Estados miembros deben velar por que el público y los interlocutores sociales tengan suficientes oportunidades de participar en la preparación de los planes de acción nacionales de los Estados miembros y de ser consultados al respecto, de conformidad, cuando proceda, con la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. (17)Para que los planes de acción nacionales de los Estados miembros sean coherentes con la legislación conexa y la completen, dichos planes deben tener en cuenta la Directiva 2009/147/CE del Parlamento europeo y del Consejo, la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 91/676/CEE del Consejo, la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento xxx/xxx sobre la recuperación de la naturaleza [insertar la referencia al acto adoptado] y deben ser coherentes con los planes estratégicos de la política agrícola común (PAC) elaborados con arreglo al Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo. (18)Los instrumentos económicos, incluidos aquellos en el marco de la PAC que prestan apoyo a los agricultores, pueden desempeñar un papel crucial en la consecución de los objetivos relativos al uso sostenible de los productos fitosanitarios y, en particular, a la reducción del uso de productos fitosanitarios químicos. Los Estados miembros deben demostrar en sus planes estratégicos nacionales de la PAC que su aplicación de la PAC contribuye y respalda al resto de la legislación de la Unión en la materia y a sus objetivos, incluidos los objetivos del presente Reglamento. (19)Por razones de transparencia y con el fin de fomentar unos mayores avances, es necesario medir los progresos realizados por los Estados miembros en relación con la consecución de los objetivos de reducción nacionales para 2030 y otros objetivos de reducción nacionales indicativos. Esto debe hacerse anualmente mediante informes anuales de avances y ejecución. A fin de supervisar el nivel de cumplimiento del presente Reglamento de manera ágil y fácilmente comparable, los Estados miembros deben incluir también datos cuantitativos en relación con la aplicación del presente Reglamento en lo que respecta al uso de plaguicidas, la formación de los usuarios, los equipos de aplicación y la gestión integrada de plagas. Con objeto de fomentar los avances hacia la consecución de los objetivos de reducción nacionales para 2030 y otros objetivos de reducción nacionales indicativos, incluidas las medidas de apoyo a dicha consecución, la Comisión debe analizar estos avances y medidas cada dos años. (20)En aras de la protección de la salud humana y del medio ambiente, es necesario disponer de un enfoque de control de plagas que siga la gestión integrada de plagas garantizando el examen cuidadoso de todos los métodos disponibles para evitar el desarrollo de poblaciones de organismos nocivos, al tiempo que se mantiene el uso de productos fitosanitarios químicos en niveles que estén económica y ecológicamente justificados, y minimizando los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. La «gestión integrada de plagas» hace hincapié en el crecimiento de un cultivo sano con la mínima alteración posible de los ecosistemas agrícolas, fomenta los mecanismos naturales de control de plagas y utiliza el control químico únicamente cuando se agotan todos los demás medios. Para que la gestión integrada de plagas se aplique de manera coherente sobre el terreno, es necesario establecer normas claras en el presente Reglamento. A fin de cumplir la obligación de seguir la gestión integrada de plagas, los usuarios profesionales deben tener en cuenta y aplicar todos los métodos y prácticas que eviten el uso de productos fitosanitarios. Los productos fitosanitarios químicos solo deben utilizarse cuando se hayan agotado todos los demás medios de lucha. Con el fin de garantizar y supervisar el cumplimiento de este requisito, es importante que los usuarios profesionales lleven un registro de los motivos por los que aplican productos fitosanitarios o de los motivos de cualquier otra medida adoptada en consonancia con la gestión integrada de plagas, así como del asesoramiento que hayan recibido de asesores independientes respecto a la aplicación de la gestión integrada de plagas. Estos registros también son necesarios para las aplicaciones aéreas. (21)Para evitar duplicaciones innecesarias, la Comisión debe establecer un modelo normalizado, destinado a los Estados miembros, que incorpore los registros de las medidas que hayan adoptado los usuarios profesionales en consonancia con la gestión integrada de plagas; estos registros deben ajustarse a los que mantienen los usuarios profesionales de conformidad con el artículo 67 del Reglamento (CE) n.º 1107/2009. (22)Con el fin de facilitar el cumplimiento de la gestión integrada de plagas, es necesario establecer normas para cultivos específicos que deben seguir los usuarios profesionales en relación con los cultivos y regiones específicos en los que operen. Estas normas deben convertir los requisitos de la gestión integrada de plagas en criterios verificables aplicables al cultivo específico. Para garantizar que las normas de cultivos específicos se ajusten a los requisitos de la gestión integrada de plagas, deben establecerse normas detalladas sobre lo que deben contener y la Comisión debe verificar su creación, aplicación y ejecución sobre el terreno. (23)A fin de comprobar que los usuarios profesionales apliquen la gestión integrada de plagas, debe mantenerse un registro electrónico de esta y del uso de productos fitosanitarios, de manera que pueda verificarse el cumplimiento de las normas sobre gestión integrada de plagas establecidas en el presente Reglamento y se contribuya al desarrollo de la política de la Unión. También debe concederse acceso al registro a las autoridades estadísticas nacionales para el desarrollo, la elaboración y la difusión de estadísticas oficiales de conformidad con el capítulo V del Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. Este registro debe consignar toda medida o intervención preventiva y los motivos de dicha medida o intervención, lo que proporcionará a las autoridades competentes la información necesaria para verificar si un usuario profesional ha llevado a cabo un proceso de toma de decisiones, de conformidad con la gestión integrada de plagas, antes de determinar la medida o intervención preventiva específica. El registro también debe contener información detallada sobre el asesoramiento que se exige anualmente en apoyo de la gestión integrada de plagas, a fin de verificar que se está llevando a cabo esta planificación estratégica a largo plazo en relación con la gestión integrada de plagas. (24)A fin de garantizar que los productos fitosanitarios y sus equipos de aplicación se utilicen de manera que se proteja la salud humana y el medio ambiente, es necesario establecer requisitos generales para los usuarios profesionales en relación con la formación que se requiere para utilizar determinados productos fitosanitarios o equipos de aplicación, el uso de los productos fitosanitarios más peligrosos y la necesidad de cumplir los requisitos de inspección aplicables a los equipos de aplicación en uso profesional. (25)El uso de productos fitosanitarios puede tener repercusiones especialmente negativas en determinadas zonas muy frecuentadas por el público en general o por grupos vulnerables, comunidades en las que viven y trabajan personas y zonas ecológicamente sensibles, como los espacios Natura 2000 protegidos de conformidad con la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 92/43/CEE del Consejo. Si los productos fitosanitarios se utilizan en zonas utilizadas por el público en general, hay una posibilidad elevada de exposición de las personas a estos productos. Por consiguiente, con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente, debe prohibirse el uso de productos fitosanitarios en zonas sensibles y a menos de tres metros de dichas zonas. Solo deben permitirse excepciones a la prohibición en determinadas condiciones y caso por caso. (26)El medio acuático y el suministro de agua potable son especialmente sensibles a los productos fitosanitarios. Por consiguiente, con el fin de proteger el medio acuático, debe prohibirse el uso de productos fitosanitarios en las aguas superficiales y alrededor de ellas. Los Estados miembros deben disponer de medidas adecuadas para evitar el deterioro de las aguas superficiales y subterráneas, así como de las aguas costeras y marinas, y conseguir un buen estado de las aguas superficiales y subterráneas, a fin de proteger el medio acuático y el suministro de agua potable del impacto de los productos fitosanitarios. Además, es importante que los usuarios profesionales reciban formación sobre cómo minimizar o eliminar las aplicaciones de determinados productos fitosanitarios clasificados como «nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos», «muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos» o «tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos». También es importante que los usuarios profesionales reciban formación sobre la importancia de dar preferencia a los productos fitosanitarios de bajo riesgo o a las alternativas no químicas, sobre el uso de tecnología de reducción de la deriva y sobre las medidas de reducción del riesgo. (27)La agricultura de precisión se refiere a los sistemas de gestión agrícola que adaptan cuidadosamente la gestión de los cultivos para que se ajuste a condiciones localizadas, como las que se encuentran en las parcelas. La aplicación de la tecnología existente, incluido el uso de datos y servicios espaciales de la Unión (Galileo y Copernicus), puede reducir significativamente el uso de plaguicidas. Por lo tanto, es necesario establecer un marco legislativo que incentive el desarrollo de la agricultura de precisión. La aplicación de productos fitosanitarios desde una aeronave (incluida la aplicación mediante aviones, helicópteros y drones) suele ser menos precisa que otros medios de aplicación y, por tanto, puede tener efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. Por lo tanto, debe prohibirse la aplicación aérea, con excepciones limitadas caso por caso cuando tengan un impacto menos negativo en la salud humana y el medio ambiente que cualquier método de aplicación alternativo o no exista un método de aplicación alternativo viable. También es necesario registrar el número de aplicaciones aéreas realizadas gracias a permisos concedidos para aplicaciones aéreas, con el fin de disponer de datos claros sobre cuántas aplicaciones aéreas que recibieron permisos se realizaron realmente. (28)Sin embargo, es posible que determinadas aeronaves no tripuladas (incluidos los drones) permitan la aplicación aérea selectiva de productos fitosanitarios. Estas aeronaves no tripuladas pueden ayudar a reducir el uso de productos fitosanitarios debido a su aplicación selectiva y, en consecuencia, ayudar a reducir los riesgos para la salud humana y el medio ambiente en comparación con el uso de equipos de aplicación terrestres. Procede, por tanto, establecer en el presente Reglamento criterios para eximir a determinadas aeronaves no tripuladas de la prohibición de aplicación aérea. Procede también aplazar la aplicación de esta exención durante tres años, dado el estado actual de incertidumbre científica. (29)La manipulación de productos fitosanitarios, incluido el almacenamiento, la dilución y la mezcla de estos productos, la limpieza de los equipos de aplicación tras su uso, la recuperación y eliminación de las mezclas de los depósitos y la eliminación de los envases vacíos y restos de productos fitosanitarios plantean riesgos particulares de exposición a las personas y al medio ambiente. Procede, por tanto, establecer medidas específicas para estas actividades. En la medida en que el uso, el almacenamiento y la eliminación de productos fitosanitarios requieren el cumplimiento de unos requisitos mínimos de salud y seguridad en el lugar de trabajo, estos requisitos están establecidos, inter alia, en la Directiva 89/391/CEE del Consejo, la Directiva 89/656/CEE del Consejo, la Directiva 98/24/CE del Consejo, la Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. (30)Dada la importancia del asesoramiento sobre el uso de productos fitosanitarios como medio para fomentar un uso de ellos que proteja la salud humana y el medio ambiente en consonancia con la gestión integrada de plagas, es importante que los asesores estén adecuadamente formados.

(31)La venta de los productos fitosanitarios es un elemento importante de la cadena de distribución, ya que permite a los distribuidores proporcionar la información necesaria para fomentar el uso adecuado del producto. En el momento de la venta, el comprador o el usuario final deben recibir asesoramiento específico sobre las instrucciones de seguridad para la salud humana y el medio ambiente, a fin de obtener respuestas a las preguntas que faciliten el uso correcto del producto fitosanitario en cuestión. Para los usuarios no profesionales, en el punto de venta debe haber información general disponible sobre el uso, la manipulación y el almacenamiento seguros de los productos fitosanitarios y sobre la eliminación de los envases de dichos productos, ya que estos usuarios no suelen tener los mismos conocimientos prácticos que los usuarios profesionales. (32)Es fundamental que los Estados miembros creen y mantengan sistemas de formación, tanto inicial como complementaria, para los distribuidores, asesores y usuarios profesionales de productos fitosanitarios, así como sistemas de certificación que registren dicha formación, de manera que estos operadores sean plenamente conscientes de los posibles riesgos para la salud humana y el medio ambiente y de las medidas apropiadas para reducirlos tanto como sea posible. La formación de los asesores debe ser más amplia que la de los distribuidores y usuarios profesionales, ya que deben ser capaces de apoyar la aplicación correcta de la gestión integrada de plagas y las normas para cultivos específicos. El uso o la compra de productos fitosanitarios autorizados para uso profesional debe limitarse a las personas que estén en posesión de un certificado de formación. Además, a fin de garantizar un uso de los productos fitosanitarios seguro para la salud humana y el medio ambiente, debe exigirse a los distribuidores que faciliten información específica sobre los productos a los compradores profesionales y no profesionales de productos fitosanitarios en el punto de venta. (33)A fin de lograr un enfoque planificado de las técnicas para combatir organismos nocivos a lo largo de varios ciclos vegetativos, con vistas a minimizar el uso de productos fitosanitarios químicos tanto como sea posible y lograr una aplicación adecuada de la gestión integrada de plagas, debe exigirse a los usuarios profesionales que consulten periódicamente a asesores en gestión de plagas independientes y formados, de modo que los productos fitosanitarios solo se utilicen como último recurso. (34)Teniendo en cuenta los posibles riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados del uso de productos fitosanitarios, el público debe tener acceso a mejor información sobre los efectos globales del uso de estos productos mediante programas de sensibilización, información difundida a través de los distribuidores, y otras medidas adecuadas. (35)Para entender mejor las tendencias en los incidentes de intoxicación aguda y de intoxicación crónica derivados de la exposición de las personas a productos fitosanitarios, cada Estado miembro debe recopilar información sobre estas tendencias. La Comisión también debe hacer un seguimiento de las tendencias generales en la Unión. (36)Con el fin de minimizar los efectos adversos de los productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente, es necesario establecer sistemas de inspección técnica periódica de los equipos de aplicación en uso profesional. Dado el impacto potencialmente reducido de los equipos de aplicación en uso profesional que representen una escala de uso muy baja, también conviene permitir que los Estados miembros establezcan requisitos de inspección menos estrictos y prevean intervalos de inspección diferentes para dichos equipos. Además, debido al coste relativamente bajo de la adquisición de equipos de aplicación portátiles y pulverizadores de mochilas nuevos en comparación con los costes de inspección, procede establecer la posibilidad de que se concedan excepciones nacionales a la inspección obligatoria de este tipo de equipos, siempre que se lleve a cabo una evaluación de riesgos que cubra los riesgos que plantean estos equipos para la salud humana y el medio ambiente. Dicha evaluación debe incluir una estimación de la escala de uso de los equipos. Para garantizar el cumplimiento de los requisitos de inspección, es necesario exigir que cada Estado miembro establezca un registro de los equipos de aplicación en uso profesional y lo mantenga actualizado. Dado que algunos de los equipos de aplicación no disponen de identificadores únicos, es necesario adoptar disposiciones para dotar a estos equipos de un identificador único, a fin de que todos ellos estén físicamente identificados. (37)Con el objetivo de supervisar los avances logrados en la reducción de los riesgos y los efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente derivados del uso de productos fitosanitarios, es necesario seguir utilizando el sistema de indicadores de riesgo armonizados establecido en la Directiva 2009/128/CE. (38)Deben utilizarse los datos estadísticos sobre productos fitosanitarios recogidos de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1185/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo para calcular estos indicadores de riesgo armonizados y los avances hacia la consecución de los objetivos vinculantes de la Unión y nacionales basados en la Estrategia «De la Granja a la Mesa». Dado que el uso de plaguicidas varía de un año a otro dependiendo, en particular, de las condiciones meteorológicas, un período de referencia de tres años es adecuado para tener en cuenta tales variaciones. El período de referencia para el cálculo de los indicadores de riesgo armonizados 1 y 2 es 2011-2013, ya que fue el primer período de tres años del que la Comisión recibió datos conforme al Reglamento (CE) n.º 1185/2009 y coincide con la entrada en vigor de la Directiva 2009/128/CE. El período de referencia a efectos del cálculo de los avances hacia los objetivos de reducción de la Unión para 2030 es 2015-2017, ya que se trata de los tres años más recientes cuyos datos estaban disponibles en el momento de anunciarse la Estrategia «De la Granja a la Mesa». El período de referencia para el cálculo de un nuevo indicador de riesgo armonizado 2 bis es 2022-2024, ya que será el primer período de tres años para el que se dispondrá de datos sobre las zonas tratadas en virtud de cada autorización para una situación de emergencia fitosanitaria. (39)Por el momento, los únicos datos estadísticos sólidos disponibles en la Unión sobre la comercialización y el uso de productos fitosanitarios son las estadísticas sobre las cantidades de sustancias activas presentes en los productos fitosanitarios comercializados y los datos sobre el número de autorizaciones para situaciones de emergencia en materia fitosanitaria que se han concedido en virtud del Reglamento (CE) n.º 1107/2009. Estas estadísticas se utilizan en el cálculo de los indicadores de riesgo armonizados 1 y 2 con arreglo a la Directiva 2009/128/CE y en el cálculo de los avances hacia los objetivos de reducción de la Unión vinculantes para 2030 y los objetivos de reducción nacionales para 2030 sobre la base de la Estrategia «De la Granja a la Mesa». El nuevo indicador de riesgo armonizado 2 bis se calculará a partir de estadísticas sobre el número de autorizaciones para situaciones de emergencia en materia fitosanitaria, las propiedades de las sustancias activas presentes en los productos fitosanitarios objeto de estas autorizaciones y las superficies tratadas en virtud de estas autorizaciones, con el objetivo de cuantificar mejor los riesgos derivados de las autorizaciones para situaciones de emergencia en materia fitosanitaria. (40)Por razones de transparencia y para garantizar una aplicación uniforme por parte de todos los Estados miembros, debe establecerse en un anexo del presente Reglamento la metodología para calcular los avances hacia la consecución de los dos objetivos nacionales y los dos objetivos de la Unión de reducción para 2030, así como la metodología para el cálculo de los indicadores de riesgo armonizados a escala nacional y de la Unión. (41)La Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 reconoce la necesidad de adoptar medidas urgentes para proteger la biodiversidad. Hay pruebas de una reducción generalizada de especies en la Unión, en particular insectos y polinizadores. La pérdida de biodiversidad se debe, entre otros factores, al uso de productos fitosanitarios, y las acciones de los Estados miembros en el marco de los actuales instrumentos políticos de la Unión todavía no han sido capaces de detener esta tendencia de pérdida de biodiversidad. Por lo tanto, es esencial conseguir que los productos fitosanitarios se utilicen de manera que se mitigue el riesgo de sus efectos nocivos en la fauna silvestre, mediante medidas tales como la formación, la inspección de los equipos de aplicación en uso profesional y la protección del medio acuático y de las zonas sensibles. (42)A fin de facilitar la comunicación entre la Comisión y las autoridades competentes responsables de la aplicación del presente Reglamento a nivel nacional, los Estados miembros deben notificar a la Comisión las autoridades competentes que hayan designado en virtud del presente Reglamento. (43)A fin de hacer cumplir las obligaciones establecidas en el presente Reglamento, los Estados miembros deben establecer normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones del presente Reglamento y garantizar que se apliquen estas normas. Las sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. También es importante establecer que los Estados miembros recuperen los costes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Reglamento mediante tasas o gravámenes, a fin de que las autoridades competentes dispongan de los recursos financieros adecuados. (44)Dado que los Estados miembros no pueden alcanzar de manera suficiente el objetivo del presente Reglamento, a saber, proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los riesgos e impactos derivados del uso de productos fitosanitarios ni alcanzar los objetivos establecidos en la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y en la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad, sino que, debido a la escala de su uso y a la complejidad y los efectos de los perfiles de riesgo asociados a ellos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. (45)Las actividades realizadas por las autoridades competentes, o por otros organismos o personas físicas en los que se hayan delegado tareas de control oficial, con el fin de verificar el cumplimiento del presente Reglamento por parte de los operadores, están reguladas por el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, con excepción de las tareas de control relacionadas con los equipos utilizados para aplicar productos fitosanitarios. Por lo tanto, el presente Reglamento solo debe prever los controles y las auditorías relativos a la inspección de los equipos de aplicación en uso profesional. (46)A fin de tener en cuenta el progreso técnico y los avances científicos, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado en lo referente a modificar las disposiciones sobre las obligaciones de los usuarios profesionales y los asesores en relación con la gestión integrada de plagas, la inspección de los equipos de aplicación en uso profesional, el cálculo de los indicadores de riesgo armonizados, los datos que deben facilitarse en los informes anuales de avances y ejecución y el formulario de notificación relativo a los equipos de aplicación, así como los anexos II, III, IV, V y VI. Asimismo, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 290 del Tratado por lo que respecta a completar el presente Reglamento especificando criterios precisos en relación con determinados factores relativos a las aeronaves no tripuladas, una vez que el progreso técnico y la evolución científica permitan el desarrollo de dichos criterios precisos. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados. (47)La Comisión debe llevar a cabo una evaluación del presente Reglamento para valorar si este alcanza sus objetivos de manera eficaz y eficiente, es coherente y sigue siendo pertinente y aporta valor añadido a la Unión. (48)Deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución a fin de que pueda velar por unas condiciones uniformes para la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento relativas a las entradas que deben introducir los usuarios profesionales en el registro electrónico de gestión integrada de plagas y uso de productos fitosanitarios, por que las autoridades competentes faciliten resúmenes y análisis de la información contenida en dicho registro y por que suministren información sobre incidentes de intoxicación aguda e intoxicación crónica. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. (49)La aplicación del presente Reglamento por parte de los Estados miembros dará lugar a obligaciones nuevas y reforzadas para los agricultores y otros usuarios de plaguicidas. Algunas de ellas constituyen requisitos legales de gestión y normas relativas a las buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra que figuran en el anexo III del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo que, de conformidad con dicho Reglamento, los agricultores deben cumplir para recibir pagos de la PAC, mientras que otros requisitos, que van más allá de los requisitos obligatorios básicos, pueden ser recompensados con pagos adicionales en virtud de regímenes voluntarios, tales como los ecoregímenes, de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (UE) 2021/2115. El artículo 31, apartado 5, letras a) y b), y el artículo 70, apartado 3, letras a) y b), del Reglamento (UE) 2021/2115 establecen que la financiación de la PAC solo está disponible para prácticas aplicadas en el marco de un ecorégimen o un compromiso agrícola, ambiental y climático que vaya más allá de los requisitos legales de gestión pertinentes y de las normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra establecidos en virtud de dicho Reglamento, y de los requisitos mínimos pertinentes para el uso de productos fertilizantes y fitosanitarios, el bienestar animal, así como otros requisitos obligatorios pertinentes establecidos por el Derecho nacional y de la Unión. Dado que los agricultores y otros usuarios necesitan recibir apoyo financiero en su transición hacia un uso más sostenible de los plaguicidas, el Reglamento (UE) 2021/2115 debe modificarse para permitir la financiación de los requisitos impuestos por el presente Reglamento durante un período transitorio. Esta opción excepcional para que los Estados miembros proporcionen financiación adicional a las medidas adoptadas en aplicación del presente Reglamento debe aplicarse a cualquier obligación para los agricultores y otros usuarios derivada de la aplicación del presente Reglamento, incluidas las prácticas agrícolas obligatorias impuestas por las normas para cultivos específicos para la gestión integrada de plagas. Además, de conformidad con el artículo 73, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/2115, las inversiones de los agricultores para cumplir los nuevos requisitos impuestos por el Derecho de la Unión pueden recibir ayudas durante un máximo de veinticuatro meses a partir de la fecha en que pasen a ser obligatorias para la explotación. Del mismo modo, debe establecerse un período de transición más largo para las inversiones que cumplan los requisitos impuestos a los agricultores por el presente Reglamento. Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) 2021/2115 en consecuencia. (50)La aplicación del presente Reglamento debe aplazarse a fin de que las autoridades competentes y los operadores puedan prepararse para los requisitos que introduce.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1 Objeto El presente Reglamento establece normas para el uso sostenible de los productos fitosanitarios disponiendo que se fijen, y se alcancen de aquí a 2030, objetivos de reducción para el uso y el riesgo de los productos fitosanitarios químicos, estableciendo requisitos para la utilización, el almacenamiento, la venta y la eliminación de productos fitosanitarios y para los equipos de aplicación, disponiendo que se lleven a cabo formaciones y campañas de sensibilización, y disponiendo la aplicación de la gestión integrada de plagas. Artículo 2 Ámbito de aplicación El presente Reglamento se aplicará a los productos, en la forma en que se suministren al usuario, que contengan o estén compuestos de sustancias activas, protectores o sinergistas, y que estén destinados a alguno de los usos siguientes: a)proteger los vegetales o los productos vegetales de los organismos nocivos o evitar la acción de estos, excepto cuando dichos productos se utilicen principalmente por motivos de higiene y no para la protección de vegetales o productos vegetales; b)influir en los procesos vitales de los vegetales como, por ejemplo, las sustancias que influyen en su crecimiento, pero de forma distinta de los nutrientes o los bioestimulantes; c)mejorar la conservación de los productos vegetales, siempre y cuando las sustancias o productos de que se trate no estén sujetos a disposiciones de la Unión especiales sobre conservantes; d)destruir vegetales o partes de vegetales no deseados, excepto las algas, a menos que los productos sean aplicados en el suelo o el agua para proteger los vegetales; e)controlar o evitar el crecimiento no deseado de vegetales, excepto las algas, a menos que los productos sean aplicados en el suelo o el agua para proteger los vegetales. Estos productos se denominan, en lo sucesivo, «productos fitosanitarios». Artículo 3 Definiciones A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 1)«producto fitosanitario químico»: producto fitosanitario que contiene alguna sustancia activa química, excepto productos vegetales que utilicen medios naturales de origen biológico o sustancias idénticas a ellos, como microorganismos, semioquímicos, extractos de productos vegetales tal como se definen en el artículo 3, apartado 6, del Reglamento (CE) n.º 1107/2009, o macroorganismos invertebrados; 2)«producto fitosanitario de bajo riesgo»: producto fitosanitario autorizado de conformidad con el artículo 47, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1107/2009;

3)«sustancia activa química»: sustancia activa distinta de los microorganismos, semioquímicos y extractos de productos vegetales, tal como se definen en el artículo 3, apartado 6, del Reglamento (CE) n.º 1107/2009; 4)«biodiversidad»: biodiversidad tal como se define en el artículo 3, apartado 29, del Reglamento (CE) n.º 1107/2009; 5)«producto fitosanitario más peligroso»: producto fitosanitario que contiene una o varias sustancias activas aprobadas como candidatas a la sustitución de conformidad con el artículo 24 del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 y que figuran en la parte E del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011, o que contiene una o varias sustancias activas que figuran en el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408; 6)«superficie agrícola utilizada»: superficie agrícola utilizada tal y como se define en el artículo 2, letra e), del Reglamento (UE) n.º 2018/1091 del Parlamento Europeo y del Consejo; 7)«usuario profesional»: persona que utiliza un producto fitosanitario en el ejercicio de sus actividades profesionales; 8)«distribuidor»: persona que comercializa un producto fitosanitario, incluidos mayoristas, proveedores y minoristas; 9)«asesor»: persona que asesora sobre la gestión integrada de plagas y el uso seguro de productos fitosanitarios, a título profesional o como parte de un servicio comercial, incluidos los servicios de asesoría privados y públicos; 10)«equipo de aplicación»: equipo cuyo uso para la aplicación de un producto fitosanitario sea razonablemente previsible en el momento de la fabricación, así como los accesorios esenciales para el funcionamiento eficaz de dicho equipo, a excepción de los equipos diseñados para la siembra o la plantación de material de multiplicación tratado con productos fitosanitarios; 11)«equipo de aplicación en uso profesional»: cualquiera de los siguientes: a)equipo de aplicación utilizado por un usuario profesional para la aplicación de productos fitosanitarios; b)equipos de aplicación con barras horizontales o verticales o pulverizadores hidroneumáticos, independientemente de que se utilicen para la aplicación de productos fitosanitarios; 12)«aplicación aérea»: aplicación de un producto fitosanitario desde una aeronave; 13)«aeronave no tripulada»: aeronave que opere o esté diseñada para operar de forma autónoma o para ser pilotada a distancia sin un piloto a bordo; 14)«producto fitosanitario autorizado para uso profesiona