[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 4.11.2009

COM(2009)614 final

LIBRO VERDE

Interconexión de los registros mercantiles

{SEC(2009) 1492}

LIBRO VERDE

Interconexión de los registros mercantiles

(Texto pertinente a efectos del EEE)

1. INTRODUCCIÓN

La actual crisis financiera ha vuelto a poner de relieve la importancia de lograr la transparencia de los mercados financieros. En el contexto de las medidas de recuperación financiera[1], la mejora del acceso a información oficial actualizada en relación con las empresas podría considerarse una forma de restaurar la confianza de los mercados en toda Europa.

Los registros mercantiles[2] desempeñan un papel fundamental a este respecto. En ellos se registra, examina y almacena información relativa a las empresas, como por ejemplo, su personalidad jurídica, su domicilio social, su capital, y sus representantes legales, para ponerla a continuación a disposición del público. Los registros mercantiles pueden ofrecer servicios adicionales que varían dependiendo de los países. La legislación Europea[3] establece las normas mínimas que regulan sus servicios esenciales; en concreto, desde el 1 de enero de 2007, los Estados miembros están obligados a mantener registros mercantiles electrónicos[4]. No obstante, en Europa, los registros mercantiles tienen carácter nacional o regional y sólo almacenan información sobre las empresas registradas en el territorio (país o región) de su competencia.

Aprovechando las oportunidades que brinda el mercado único, las empresas se expanden cada vez con mayor frecuencia más allá de sus fronteras nacionales. Tanto los grupos transfronterizos como un número elevado de operaciones de reestructuración, como, por ejemplo, las fusiones y las escisiones, implican a empresas de diferentes Estados miembros de la UE. Por otro lado, en la pasada década, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo[5] brindó por primera vez a las sociedades la posibilidad de constituirse en un Estado miembro y llevar a cabo su actividad, parcial o totalmente, en otro.

Existe una creciente demanda de acceso a la información relativa a las empresas en un contexto transfronterizo, ya sea con fines comerciales o con vistas a facilitar la acción de la justicia. Sin embargo, aunque la información oficial relativa a las empresas se suele conseguir con facilidad en el país donde se ha llevado a cabo su inscripción, la obtención de esa misma información desde otro Estado miembro puede verse obstaculizada por problemas de orden técnico o lingüístico[6]. En tales circunstancias, a fin de garantizar un nivel adecuado de transparencia y seguridad jurídica en los mercados de la UE en su conjunto, es preciso facilitar el acceso transfronterizo a una información sobre las sociedades oficial y fiable a los acreedores, los socios comerciales y los consumidores. Para lograrlo, es indispensable la cooperación transfronteriza entre registros mercantiles.

Por otro lado, operaciones tales como las fusiones o las transferencias de sede social transfronterizas, así como el establecimiento de sucursales en otros Estados miembros, han convertido en una necesidad la cooperación cotidiana entre las autoridades nacionales, regionales o locales y/o los registros mercantiles. Su estrecha colaboración acelera los procedimientos y refuerza la seguridad jurídica.

La cooperación transfronteriza eficaz entre registros no sólo es esencial para agilizar el funcionamiento del mercado interior, sino que, además, contribuye a reducir los costes de las empresas que operan más allá de las fronteras de su país. El Grupo de Alto Nivel de Partes Implicadas Independientes sobre Cargas Administrativas señaló el acceso transfronterizo electrónico a la información relativa a las empresas como un medio para facilitar la actividad económica transfronteriza. Tras aludir a los 161 millones de euros que podrían ahorrarse mediante el cumplimiento de determinadas obligaciones de información previstas por la Undécima Directiva sobre Derecho de Sociedades (89/666/CEE), los expertos se mostraron plenamente a favor de la interoperabilidad de los registros mercantiles en toda Europa[7].

Ahora bien, la actual cooperación voluntaria entre registros mercantiles no basta y es preciso reforzarla. Existen instrumentos e iniciativas – tales como el Registro Europeo de Empresas (EBR), el proyecto de «Justicia en Red» (e-Justicia), o el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) – que pueden fomentar un ulterior desarrollo de este marco legal, facilitar la comunicación entre los registros competentes e incrementar la transparencia y la confianza en el mercado.

El presente Libro Verde describe la situación actual y pasa revista a las posibles formas de mejorar el acceso a la información relativa a las empresas de toda la UE, así como de lograr una aplicación más efectiva de las Directivas sobre Derecho de Sociedades.

2. ¿POR QUÉ SE REQUIERE UNA COOPERACIÓN MÁS ESTRECHA ENTRE REGISTROS MERCANTILES?

La interconexión de los registros mercantiles persigue dos objetivos distintos pero relacionados entre sí.

- Acceso a la información: red de registros mercantiles

Un acceso más fácil a la información transfronteriza sobre empresas incrementa la transparencia dentro del mercado único, refuerza la protección de accionistas y de terceros, y contribuye a restaurar la confianza en los mercados. El acceso transfronterizo a la información se ha visto fomentado en gran medida por la entrada en vigor, en 2003, de la modificación de la Primera Directiva sobre Derecho de Sociedades (2003/58/CE), mediante la cual se introducían registros mercantiles electrónicos en los Estados miembros a partir del 1 de enero de 2007. Sin embargo, si los ciudadanos y empresas desean recopilar información mercantil sobre las empresas, siguen obligados a buscarla, como mínimo, en 27 registros diferentes. Aunque los registros están disponibles en línea, los interesados deben enfrentarse a diferentes lenguas, o someterse a distintas condiciones de búsqueda y a diversas estructuras. La implantación de un punto único de acceso a la información sobre todas las empresas europeas supondría un ahorro de tiempo y de costes para las empresas.

Así pues, ha llegado el momento de plantearse las próximas etapas de este proceso. En primer lugar y ante todo, todos los Estados miembros deberían participar en la cooperación y en la toma de decisiones sobre las condiciones en que ésta debe desarrollarse. Debería poderse tener acceso a información fiable sobre las empresas de todos los Estados miembros, de preferencia en todas la lenguas oficiales de la UE. Debería poderse, asimismo, buscar información sobre una empresa o un grupo de empresas que operan en diferentes Estados miembros, sin tener que acceder a cada uno de los registros nacionales o regionales competentes. El nivel de calidad del servicio prestado debería ser equivalente en toda la UE.

- Cooperación de los registros mercantiles en los procesos transfronterizos

El segundo objetivo de la interconexión de los registros mercantiles es intensificar la cooperación en los procesos transfronterizos, tales como fusiones transfronterizas, transferencias de sede transfronterizas o procedimientos de insolvencia. Como se ilustra en el primer recuadro, varios actos legislativos en materia de Derecho de sociedades exigen esta cooperación transfronteriza.

Recuadro 1- Actos legislativos en materia de Derecho de sociedades y cooperación entre registros mercantiles

La Directiva sobre fusiones transfronterizas[8] así como el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE)[9] y el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE)[10] exigen explícitamente la cooperación transfronteriza entre registros mercantiles. Mediante estas normas se aceleran los procedimientos de registro y, por consiguiente, se incrementa la seguridad jurídica, al garantizar que los registros mercantiles competentes se comunicarán directamente determinadas medidas que adopten[11]. El contacto directo entre registros facilita también el intercambio de información, garantizando así una mejor información de los interesados en otros Estados miembros.

Por otro lado, la obligación de información impuesta en relación con las sucursales extranjeras (mediante la Undécima Directiva en materia de Derecho de Sociedades (89/666/CEE) hace que, en la práctica, esta cooperación entre registros mercantiles sea indispensable. La Directiva exige a las sociedades que abran una sucursal en otro Estado miembro que comuniquen una serie de datos y documentos. Esta comunicación debe llevarse a cabo en el idioma del país en que se halle registrada la sucursal, a fin de que los terceros interesados dispongan de información más completa. Es preciso que exista una comunicación directa entre registros mercantiles a fin de controlar si los datos transmitidos son correctos y están actualizados y de proteger los intereses de los acreedores y consumidores relacionados con la sucursal.

Por último, una vez se apruebe el Estatuto de Sociedad Privada Europea (SPE)[12], podría incrementar de forma significativa el número de casos que exijan una cooperación transfronteriza. La SPE podría dotar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) de un instrumento simple y flexible para expandir su actividad empresarial en el mercado único. Por consiguiente, es necesario facilitar el acceso a información oficial sobre aquellas de estas empresas que operen en varios Estados miembros.

A este respecto, es preciso que las autoridades competentes y/o los registros mercantiles sean claramente identificables, y debe disponerse de canales seguros previamente establecidos a través de los cuales puedan comunicarse. Ello permitiría acelerar los procesos transfronterizos e incrementar la seguridad jurídica. Asimismo, se contribuiría a reducir las cargas administrativas que soportan las empresas.

La Undécima Directiva en materia de Derecho de Sociedades (89/666/CEE) enumera una serie de datos que las sociedades tienen la obligación de consignar en el registro cuando crean una sucursal en otro Estado miembro. Sin embargo, a menudo, las sociedades no actualizan esa información. Dicha omisión puede tener consecuencias graves, en particular, cuando no se notifica al registro en que está inscrita la sucursal la disolución de la sociedad y, debido a ello, dicho registro facilita información equivocada a terceros. Así pues, es preciso informar periódica y automáticamente al registro mercantil de la sucursal de todos los cambios importantes habidos en relación con la situación de la sociedad. La introducción de una modificación de este tipo podría reducir las obligaciones de archivo y, en consecuencia, permitir la disminución de las cargas administrativas que pesan sobre las empresas.

Una mayor cooperación entre registros mercantiles podría resultar positiva, para la obtención de posibles sinergias con la información relativa a las empresas publicada por otras instancias. Por ejemplo, por lo que respecta al incremento de la transparencia de los mercados financieros, la Directiva sobre Transparencia[13] incluye una serie de disposiciones a fin de garantizar el acceso de los inversores a información financiera fiable sobre los emisores cuyos valores se admiten a cotización en un mercado regulado. La Directiva establece, entre otras cosas, que esa información se ponga a disposición del público a través de «mecanismos designados oficialmente para el almacenamiento central de la información regulada». Una red electrónica de esos mecanismos podría traer consigo una disponibilidad acrecentada de información financiera sobre las sociedades admitidas a cotización en toda Europa[14]. A más largo plazo, podría preverse el establecimiento de un punto único de acceso a toda la información jurídica (almacenada en los registros mercantiles) y a toda la información financiera (contenida en los citados mecanismos de almacenamiento) relativa a las empresas admitidas a cotización.

Una mayor cooperación entre registros mercantiles contribuiría asimismo al desarrollo efectivo y eficiente de los procedimientos de insolvencia transfronterizos, en consonancia con el objetivo perseguido por el Reglamento sobre procedimientos de insolvencia (1346/2000/CE)[15].

3. ACTUALES MECANISMOS DE COOPERACIÓN

3.1. Mecanismos de cooperación entre registros mercantiles

Hace ya dos décadas, aproximadamente, que se constató la necesidad de implantar una cooperación transfronteriza entre registros mercantiles, lo que llevó a poner en marcha la iniciativa de Registro Europeo de Empresas (EBR). Se trataba de un proyecto con carácter voluntario emprendido por los registros mercantiles con el apoyo de la Comisión Europea (véase el segundo recuadro).

Recuadro 2 – El Registro Europeo de Empresas (EBR)

El EBR[16] se puso en marcha como una iniciativa entre registros mercantiles y hoy en día cuenta con la participación de la mayoría de los registros comunitarios. En la actualidad, está compuesto por registros de dieciocho Estados miembros[17] y de seis territorios europeos adicionales[18][19].

EBR es una red de registros mercantiles cuyo objetivo es facilitar información fiable sobre las empresas en toda Europa. Esta red permite a los ciudadanos, empresas y autoridades públicas buscar el nombre de una empresa o, en algunos países, de una persona física, en todos los registros mercantiles conectados a ella, mediante el envío de una simple pregunta redactada en su propia lengua. Como resultado de la búsqueda, la información solicitada aparece disponible en la lengua en que se planteó la pregunta. Los aspectos jurídicos relacionados con la transmisión de datos dentro de la red, y, en particular, con la protección de datos personales quedan regulados por la legislación nacional, incluidas las normas de incorporación de la legislación comunitaria en la materia [20].

La participación de los registros mercantiles en la red EBR es voluntaria y se lleva a cabo mediante contrato (Acuerdo de Puesta en Común de la Información). El Registro Europeo de Empresas ha adoptado asimismo la forma de una Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE)[21], sin embargo, debido a las características específicas de determinadas legislaciones nacionales, no todos los registros están autorizados a participar en ella.

Para una descripción más pormenorizada de este proyecto, véase el informe que acompaña al presente Libro Verde.

Sin embargo, la cooperación en el marco del EBR adolece de ciertas limitaciones. En primer lugar, el carácter informal de la cooperación en el EBR, si bien ha contribuido a dotarla de flexibilidad, ha dificultado al mismo tiempo en gran medida la expansión de la red, y, por tanto, ha ralentizado todo el proceso. Por otro lado, ni el EBR ni los registros mercantiles que participan en él, en particular aquellos financiados con fondos públicos, disponen de recursos suficientes para acelerar la construcción de una red que incluya a todos los Estados miembros.

En segundo lugar, la cooperación en el seno del EBR se limita a facilitar el acceso transfronterizo a la información relativa a las empresas (el primer objetivo indicado en la sección 2), pero no aborda la cuestión de la cooperación entre dos registros en los procesos transfronterizos (segundo objetivo señalado en la sección 2). Como consecuencia de ello, algunos socios del EBR lanzaron una iniciativa de investigación, financiada en gran medida por la Comisión Europea, a fin de fomentar la interconexión de los registros ( Business Register Interoperability Throughout Europe (Interoperabilidad de los registros mercantiles de toda Europa) – BRITE )[22]. El proyecto BRITE, que se completó en marzo de 2009, contaba entre sus objetivos el desarrollo y la aplicación de un modelo de interoperabilidad avanzado e innovador, una plataforma de servicios TIC y un instrumento de gestión de los registros mercantiles que permitiera interactuar en toda la UE, centrándose, en particular, en los casos de transferencias de sede y de fusiones transfronterizas y en un mayor control de las sucursales de empresas registradas en otros Estados miembros.

Sin embargo, BRITE era un proyecto de investigación y, debido a ello, sus conclusiones sólo se aplicaron en algunos países a fin de comprobar su funcionalidad. Desde que finalizó la fase de proyecto, los Estados miembros participantes han estado debatiendo sobre la futura utilización de los resultados del mismo. En noviembre de 2007 se presentará un plan estratégico[23] en que se analizará la mejor forma de garantizar el mantenimiento y de regular a quién corresponde la responsabilidad de explotar los servicios que se previeron para dar seguimiento a esta iniciativa.

3.2. Otros instrumentos e iniciativas: IMI y Justicia en red

En tanto en cuanto los actuales mecanismos no bastan para responder a las necesidades acrecentadas de cooperación, merece la pena explorar otros instrumentos e iniciativas tales como el Sistema de Información del mercado interior (IMI) y el proyecto de Justicia en Red, que pueden fomentar la aplicación de este marco normativo e incrementar la transparencia en el mercado[24].

El Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) es un instrumento destinado a mejorar la cooperación administrativa entre los Estados miembros de modo que pueda aplicarse de forma más eficaz la legislación sobre mercado interior. En marzo de 2006, los Estados miembros respaldaron una propuesta de desarrollo del IMI que, en la fase actual, está siendo utilizado en relación con la aplicación de la Directiva sobre cualificaciones profesionales[25]. Este sistema contribuirá asimismo a la aplicación de la Directiva sobre servicios[26] a partir de finales de 2009[27] (véase el tercer recuadro).

Recuadro 3 - Sistema de Información del Mercado Interior (IMI)

El IMI es una aplicación en línea segura gestionada por la Comisión. Se trata de una red cerrada que pone a disposición de las autoridades competentes de los Estados miembros una herramienta sencilla para identificar a los interlocutores pertinentes de otros Estados miembros y comunicar con ellos rápida y eficazmente. Las solicitudes de información se tramitan en el marco del IMI utilizando un conjunto estructurado de preguntas y respuestas. Los servicios de traducción de la Comisión Europea han traducido previamente las preguntas a todas las lenguas oficiales, lo cual proporciona un apoyo lingüístico fiable y jurídicamente seguro. Además, el IMI brinda un conjunto de procedimientos transparentes para tramitar las solicitudes aprobado por todos los Estados miembros.

Para una descripción más pormenorizada de este proyecto, véase el Informe que acompaña al presente Libro Verde.

Por último, el propósito de la iniciativa «Justicia en Red» es ayudar a las autoridades judiciales y a los profesionales de la esfera judicial en su trabajo y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información jurídica y judicial. Su ámbito se ha ido ampliando gradualmente desde su lanzamiento, en junio de 2007, y tanto la Comisión Europea como los Estados miembros conceden prioridad absoluta a su aplicación. La creación del portal e-Justicia, cuyo lanzamiento en Internet está previsto hacia finales de año, es uno de los proyectos específicos que se prevé aportará resultados tangibles. Una vez operativo, este portal constituirá el punto de acceso fundamental a la información jurídica, las instituciones judiciales y administrativas, los registros, las bases de datos y otros servicios dentro del proyecto de justicia europeo.

El Plan de Acción 2003-2013 relativo a la Justicia en Red Europea[28] aborda la cuestión de la integración del Registro Europeo de Empresas en el portal y presenta una estrategia progresiva. En una primera fase, ya en el momento de lanzamiento del portal e-Justicia, se facilitará un enlace al EBR. En una segunda fase, es decir a medio o largo plazo, se reflexionará sobre la posibilidad de integrar parcialmente el EBR en el propio portal. Todos los pormenores relacionados con esta segunda fase requerirán un mayor análisis. No obstante, los Estados miembros acordaron que esa fase ulterior se base en los resultados logrados hasta ese momento por el EBR.

4. PERSPECTIVAS DE FUTURO

Las opciones que se plantean en el presente apartado aportan algunas sugerencias sobre la forma de abordar las cuestiones expuestas en los apartados anteriores. Las distintas opciones presentadas no exigen a todos los Estados miembros el mismo grado de implicación y de compromiso. La Comisión invita a todos los interesados a manifestar su opinión respecto de las consideraciones que figuran a continuación.

Cada una de las posibles opciones de cara al futuro podría requerir la presentación de propuestas legislativas a fin de establecer un marco legal claro con vistas a la cooperación. No obstante, el valor añadido de esas propuestas legislativas debería estimarse mediante evaluaciones de impacto de conformidad con las directrices de la Comisión en materia de evaluación de impacto[29].

4.1. Acceso a la información – la red de registros mercantiles

A fin de facilitar el acceso transfronterizo a la información relativa a las empresas, es preciso crear una red de registros mercantiles en la que participen todos los Estados miembros. Aunque parezca lógico desarrollar dicha red a partir de los resultados obtenidos por el EBR, puesto que ya participan en él 18 Estados miembros, resulta difícil mejorar su eficacia mediante medidas reguladoras, dado el carácter predominantemente privado de la cooperación.

La red de registros mercantiles sólo tendrá un valor añadido real si incluye los registros de los 27 Estados miembros. Una posible forma de garantizar una mayor participación en la red sería establecer, por ejemplo en la Primera Directiva sobre Derecho de Sociedades (68/151/CEE), la obligación de conectar todos los registros mercantiles de la UE. No obstante, se debería dejar a los Estados miembros libertad para decidir las modalidades de implantación de la red, así como las condiciones en que debe desarrollarse la cooperación. Podría resultar útil establecer una base legal más sólida en relación con algunos de los elementos de la red, aunque los pormenores sobre la cooperación deberían tratarse en el marco de un acuerdo de gobierno de la red electrónica de registros mercantiles («acuerdo de gobierno»). El acuerdo podría abordar cuestiones tales como las condiciones de adhesión a la red, incluida la relación con los miembros no pertenecientes a la UE, la designación de un órgano de gestión de la red, los aspectos vinculados a la responsabilidad, la financiación, la resolución de litigios, etc. Asimismo, el acuerdo podría tratar los aspectos relativos al mantenimiento del servidor central y a la garantía de acceso en todas las lenguas oficiales de la UE. Esta solución de tipo contractual preserva asimismo la flexibilidad de la cooperación. Los Estados miembros tendrían la posibilidad de decidir avanzar aprovechando los resultados ya existentes del EBR o seguir una vía diferente. Los registros mercantiles que participaran en la red deberían tener libertad para establecer su propia política de precios. Sin embargo, a la hora de fijar sus precios, no deberían establecer diferencias entre los usuarios finales. Asimismo, habría que garantizar que los registros mercantiles que participaran en la red acataran una serie de normas mínimas en materia de seguridad y protección de datos, en concreto, la legislación comunitaria sobre protección de datos (Directiva 95/46/CE) así como las disposiciones nacionales en la materia.

Contar con información relativa a las empresas accesible a través de una red ampliada de registros podría constituir una gran baza para el portal e-Justicia, que se convertirá en el portal principal de acceso a la información jurídica y los servicios jurídicos de la UE. Será preciso analizar más en profundidad el establecimiento de una estrategia común, así como los detalles técnicos correspondientes a la relación entre estas dos iniciativas, en particular, habrá que evitar la duplicación del trabajo llevado a cabo por la red de registros o el portal. En cualquier caso, el portal podrá beneficiarse de las mejoras que se introduzcan en su principal fuente de información sobre empresas. Al margen de la utilización de una red, existe asimismo la posibilidad de pedir a todos los registros mercantiles de la UE que brinden acceso directo a través de Internet a un conjunto de información básica normalizada, por ejemplo, ofreciendo un servicio normalizado y especializado en línea.

Por último, con objeto de facilitar aún más el acceso a la información relativa a las empresas, se puede barajar, a largo plazo, la conexión de la red de registros mercantiles con la red electrónica implantada en virtud de la Directiva sobre transparencia (2004/109/CE) y que se utiliza para almacenar información regulada sobre las sociedades admitidas a cotización en bolsa. La interconexión podría conducir a la creación de un punto único de acceso a toda la información financiera y jurídica sobre los emisores cuyos valores sean admitidos a cotización en un mercado regulado, incrementado de ese modo la transparencia del mercado.

Se invita a las partes interesadas a dar a conocer sus opiniones sobre:

- si es necesario proceder a una mejora de la red de registros mercantiles de los Estados miembros,

- si los detalles de dicha cooperación podrían determinarse mediante un «acuerdo de gobierno» entre los representantes de los Estados miembros y los registros mercantiles,

- si consideran que conectar, a largo plazo, la red de registros mercantiles con la red electrónica implantada en virtud de la Directiva sobre transparencia y utilizada para almacenar información regulada sobre las sociedades admitidas a cotización podría crear algún tipo de valor añadido.

Si las medidas más arriba señaladas no se consideraran apropiadas, se invita a los interesados a explicar los beneficios que llevaría aparejada una solución alternativa, o, en su caso, el mantenimiento de la actual situación sin introducir cambios. Asimismo, se invita a los interesados a que aporten pruebas del posible impacto en términos de costes y beneficios, tales como la simplificación y la reducción de las cargas administrativas, de las opciones presentadas anteriormente o de las soluciones alternativas que propongan.

4.2. Cooperación de los registros mercantiles en las fusiones y transferencias de sede transfronterizas

A fin de facilitar la comunicación entre registros mercantiles en procesos tales como las fusiones y las transferencias de sede transfronterizas, existen básicamente dos opciones. La primera consiste en aprovechar los resultados del proyecto BRITE y designar o establecer una entidad encargada de mantener los servicios necesarios ampliados a todos los Estados miembros. La segunda es utilizar el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) que ya se encuentra operativo y es susceptible de ampliación, en los próximos años, a nuevos ámbitos de la legislación comunitaria.

- Opción 1ª- aprovechamiento de los resultados del proyecto BRITE

A fin de crear un servicio de apoyo de la aplicación de las Directivas sobre Derecho de Sociedades que sea eficaz, es indispensable encontrar soluciones que puedan ponerse en práctica en todos los Estados miembros. Las soluciones desarrolladas en el marco del proyecto BRITE están destinadas a conseguir la cooperación entre registros mercantiles y garantizar un elevado nivel de interoperabilidad. Sin embargo, los derechos relacionados con las soluciones tecnológicas son propiedad de los miembros del consorcio BRITE. Por consiguiente, la utilización de dichas tecnologías está sujeta a contrato.

En la actualidad, en tanto que 18 Estados miembros cooperan en el contexto del EBR, sólo seis (cinco Estados miembros[30] y Noruega) participaron inicialmente en el proyecto y los subproyectos BRITE, a los que se adhirieron en una fase ulterior Letonia, Alemania (Estado federado de Renania-Wesfalia) y la Antigua República Yugoslava de Macedonia. La creación de una red de registros mercantiles como la mencionada anteriormente contribuiría probablemente a la aplicación de los resultados del proyecto BRITE, aplicación ésta que, de lo contrario, llevaría bastante tiempo.

Por lo que respecta a los costes de esta opción, dado que la utilización de los servicios en cuestión sigue siendo voluntaria, los costes derivados de la adhesión y la participación en la cooperación dependería del acuerdo de las partes.

- Opción 2ª - Sistema de Información del Mercado Interior (IMI)

Hoy en día, el IMI es utilizado por más de 1 600 autoridades competentes en los 27 Estados miembros y en los 3 países del EEE con vistas al intercambio de información con arreglo a la Directiva sobre cualificaciones profesionales (2005/36/CE) y, como proyecto piloto, con arreglo a la Directiva de servicios (2006/123/CE).

La ventaja del IMI radica en que brinda un marco de cooperación administrativa reutilizable. Teniendo en cuenta la base de datos de que dispone en relación con las autoridades competentes, el apoyo lingüístico que brinda y su capacidad de contribuir a la creación de conjuntos estructurados de preguntas y respuestas, podría utilizarse para apoyar la aplicación de cualquier acto de la legislación sobre Mercado Interior. Así, una autoridad determinada sólo tendría que utilizar un solo sistema y registrarse en él una sola vez. En función de su ámbito de competencias, podrá tener acceso a uno o varios de los ámbitos legislativos cubiertos por el IMI.

El IMI no se ha desarrollado específicamente con vistas a facilitar la comunicación entre los registros mercantiles. Sin embargo, el conjunto de procedimientos de notificación en el contexto de las Directivas sobre Derecho de Sociedades serían los mismos que los utilizados actualmente para solicitar información en relación con las cualificaciones profesionales y los servicios.

El uso del IMI no exigiría una inversión importante por parte de los Estados miembros salvo la derivada de designar sus registros mercantiles competentes y las personas con derechos de acceso al IMI.

La comunicación de información sobre las sucursales es una cuestión que debe examinarse independientemente de las relacionadas con las fusiones transfronterizas y las transferencias de sede. En el caso de las fusiones y las transferencias de sede transfronterizas, la necesidad de cooperación entre registros se limita a ciertas fases del proceso claramente definidas. Sin embargo, en el caso de las sucursales en el extranjero, cualquier discrepancia entre los datos contenidos en el registro mercantil de la empresa y en el de la sucursal extranjera debe solventarse de forma periódica y sistemática. Ello exige una conexión permanente y un cotejo automatizado del contenido de ambos registros.

- Combinación de las opciones 1 y 2

Las tecnologías desarrolladas en el contexto del proyecto BRITE han sido concebidas específicamente con vistas a la cooperación entre registros mercantiles en los casos de fusión transfronteriza y de transferencias de sede. Si la red de registros mercantiles recibe una base jurídica y contractual más sólida, la utilización de la tecnología y las condiciones de cooperación basada en BRITE pueden ser fijadas asimismo por los Estados miembros participantes.

No obstante, una clara ventaja del IMI frente a la otra forma de cooperación es el hecho de que todos los Estados miembros de la UE participan ya en el sistema. En este tipo de cooperación participan todos los Estados miembros, y por tanto, sería lógico ampliarla de forma que cubra procedimientos más variados. Habría que considerar la utilización del IMI, incluso como una solución provisional para facilitar las fusiones y las transferencias de sede transfronterizas, en particular en función del ritmo de expansión de la red y de los servicios basados en BRITE.

Sin embargo, el no disponer de un sistema de notificación automática podría considerarse una desventaja del Sistema de Información del Mercado Interior en el caso de algunos procesos transfronterizos. Aunque este sistema parece adecuado y práctico para transmitir información sobre fusiones transfronterizas y transferencias de sede, sería difícil de utilizar con vistas a sustituir el control automatizado de la situación de una empresa y de su sucursal extranjera, puesto que ese procedimiento exige un control sistemático de un gran volumen de datos.

Además, contrariamente a la Directiva sobre fusiones transfronterizas (2005/56/CE) y a los Reglamentos SE (2001/2157) y SCE (2003/1435), la Undécima Directiva sobre Derecho de sociedades (89/666/CEE) no establece ninguna obligación legal que exija la cooperación de los registros mercantiles pertinentes. Por consiguiente, parece necesario establecer una base jurídica para dicha cooperación con respecto a las sucursales extranjeras.

Para concluir, el IMI parece ofrecer un medio viable para facilitar con carácter temporal, o incluso definitivo, la comunicación entre registros mercantiles de los diferentes Estados miembros. Sin embargo, no está concebido para la transmisión de datos automática que exigiría la aplicación de la Undécima Directiva IVA (89/666/CEE).

Se invita a las partes interesadas a dar a conocer sus opiniones sobre:

- la solución o combinación de soluciones que prefieren a fin de facilitar la comunicación entre registros mercantiles en los casos de fusión o transferencia de sede transfronterizas,

- si están a favor de la solución propuesta en lo que se refiere a la comunicación de información relativa a las sucursales,

Si cualquiera de las medidas consideradas más arriba se juzgara apropiada, se invita a los interesados a explicar los beneficios que llevaría aparejada una solución alternativa, o, en su caso, el mantenimiento de la situación actual sin introducir cambios. Asimismo, se invita a los interesados a que aporten pruebas del posible impacto en términos de costes y beneficios, tales como la simplificación y la reducción de las cargas administrativas, de las opciones presentadas anteriormente o de las soluciones alternativas que propongan.

5. SIGUIENTES PASOS

Se invita a los Estados miembros, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y a otros interesados a expresar su opinión sobre las propuestas contenidas en el presente Libro Verde, con objeto de establecer un amplio consenso en torno a los cambios que cabría contemplar. El plazo de presentación de las contribuciones finalizará el 31 de enero de 2010. Tras el presente Libro Verde y basándose en las presupuestas recibidas, la Comisión decidirá sobre su próxima actuación.

Las contribuciones se publicarán en Internet. Le recomendamos encarecidamente que lea la declaración de privacidad específica adjunta a este Libro Verde para poder estar informado sobre el tratamiento que se da a sus datos personales y a sus contribuciones.[pic][pic][pic]

[1] Comunicación para el Consejo Europeo de primavera - Gestionar la recuperación europea – COM(2009)114.

[2] El término «registro mercantil» utilizado en el presente Libro Verde abarca todos los registros centrales, mercantiles y de sociedades en el sentido del artículo 3 de la Primera Directiva sobre Derecho de Empresas (68/151/CEE).

[3] Primera Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados Miembros a las empresas definidas en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros (DO L 65 de 14.3.1968, p.8); modificada en último lugar por la Directiva 2003/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003 (DO L 221 de 4.9.2003, p. 13).

[4] Directiva 2003/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, por la que se modifica la Directiva 68/151/CEE del Consejo en lo relativo a los requisitos de información con respecto a ciertos tipos de empresas (DO L 221 de 4.9.2003, p. 13).

[5] Asuntos Centros (C-212/97) , Überseering (C-208/00) , Inspire Art (C-167/01).

[6] La Undécima Directiva 89/666/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la publicidad de las sucursales constituidas en un Estado Miembro por determinadas formas de empresas sometidas al Derecho de otro Estado (DO L 395 de 30.12.1989, p. 36) aporta una solución parcial exigiendo a las empresas que faciliten un volumen mínimo de información en la lengua del país en el que registren su sucursal.

[7] Dictamen del Grupo de Alto Nivel de Partes Implicadas Independientes sobre Cargas Administrativas («Grupo Stoiber ») sobre el ámbito prioritario Derecho de empresas /cuentas anuales , 10 de julio de 2008, apartado 22,http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/docs/080710_hlg_op_comp_law_final.pdf

[8] Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital (DO L 310 de 25.11.2005, p. 1).

[9] Reglamento (CE) nº 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE) (DO L 294 de 10.11.2001, p. 1).

[10] Reglamento (CE) nº 1435/2003 del Consejo, de 18 de agosto de 2003, relativo al Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE), (DO L 207 de 18.8.2003, p. 1.).

[11] Por ejemplo, en caso de transferencia transfronteriza de sede de una SE, la comunicación directa entre registros mercantiles permite reducir al máximo el periodo transitorio durante el cual la sociedad está registrada en dos Estados miembros.

[12] Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se aprueba el estatuto de la sociedad privada europea COM(2008) 396 final

[13] Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a cotización en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L390 de 31.12.2004, p. 38.)

[14] Recomendación de la Comisión, de 11 de octubre de 2007 , sobre la red electrónica de mecanismos oficialmente designados para el almacenamiento central de la información regulada a que se refiere la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2007/657/CE) (DO L 267 de 12.10.2007).).

[15] Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia (DO L 160 de 30.6.2000, p.1.).

[16] http://www.ebr.org

[17] Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, Eslovenia, Suecia, España y el Reino Unido.

[18] Guernsey, Jersey, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Noruega, Serbia y Ucrania.

[19] Lituania y Guernsey se han adherido recientemente, pero todavía no se encuentran técnicamente integrados en la red.

[20] Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995 p. 31).

[21] Reglamento (CEE) nº 2137/85 del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativo a la constitución de una Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE) (DO L 199 de 31.7.1985, p. 1). La AEIE es un ente jurídico que tiene por objeto facilitar o desarrollar la actividad económica de sus miembros y mejorar o incrementar los resultados de esta actividad y que no persigue fines lucrativos para sí mismo. Su actividad debe vincularse con la actividad económica de sus miembros y sólo puede tener un carácter auxiliar con respecto a ésta (artículo 3).

[22] http://www.briteproject.euPara una descripción más pormenorizada de este proyecto, véase el Informe que acompaña al presente Libro Verde.

[23] En noviembre de 2009, la Oficina Sueca de Registro de Sociedades organiza una conferencia sobre «Puesta en común transfronteriza de información sobre las empresas» cuyo objetivo es proseguir los trabajos ya emprendidos en relación con el BRE, pero, asimismo, desarrollar los resultados del proyecto BRITE. Para más información véase la páginahttp://www.trippus.se/eventus/eventus_cat.asp?EventusCat_ID=10113&Lang=eng&c=.

[24] Es preciso, asimismo, tener en cuenta el portal «Tu Europa- Empresa», ya que brinda un punto único de acceso a escala comunitaria a la información y a los servicios prestados por las Administraciones públicas en apoyo de las empresas. La elaboración de esta página corre a cargo de la Comisión Europea y de las autoridades nacionales, conjuntamente. http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_es.htm

[25] Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.).

[26] Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.).

[27] En la actualidad, el apoyo a la Directiva de Servicios se encuentra en una fase piloto.

[28] Plan de Acción Plurianual 2009-2013 del Consejo relativo a la Justicia en Red (2009/C 75/01). Para una descripción pormenorizada del proyecto véase el Informe que acompaña al presente Libro Verde.

[29] SEC(2009) 92.

[30] Suecia, Irlanda, España, Italia y Dinamarca.