[pic] | COMISIÓN EUROPEA | ALTA REPRESENTANTE DE LA UNIÓN EUROPEA PARA ASUNTOS EXTERIORES Y POLÍTICA DE SEGURIDAD |

Bruselas, 10.1.2011

COM(2011) 7 final

2011/0005 (NLE)

Propuesta conjunta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 560/2005 del Consejo, por el que se imponen algunas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Costa de Marfil

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1) La Decisión 2010/656/PESC del Consejo, de 29 de octubre de 2010, prevé la aplicación de medidas restrictivas contra determinadas personas, entidades y organismos designados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o un Comité de Sanciones de conformidad con la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1572 (2004) sobre Costa de Marfil. Teniendo en cuenta la situación actual en ese país, el 22 de diciembre de 2010 se procedió a modificar dicha Decisión PESC para establecer medidas restrictivas contra determinadas personas, no designadas por las Naciones Unidas, que están obstaculizando el proceso de paz y reconciliación nacional en Costa de Marfil y, en particular, que están amenazando el adecuado desenlace del proceso electoral, así como contra las personas jurídicas, las entidades o los organismos que son propiedad o están bajo el control de tales personas, y las personas, las entidades o los organismos que actúan en su nombre o según sus instrucciones.

2) La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y la Comisión proponen que se inmovilicen los capitales y recursos económicos de las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos pertinentes mediante un Reglamento basado en el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y que se modifique el Reglamento (CE) nº 560/2005 a tal efecto.

3) Con arreglo al artículo 291, apartado 2, del TFUE, cuando se requieren condiciones uniformes de ejecución de actos jurídicamente vinculantes de la Unión, por ejemplo reglamentos basados en el artículo 215 del TFUE, esos actos habrán de conferir competencias de ejecución a la Comisión o, en casos específicos debidamente justificados, al Consejo.

4) En la Decisión PESC se dispone que el Consejo comunique los motivos de su inclusión a cualquier individuo, entidad u organismo que figure en el anexo, se le dé oportunidad de recurrir y se establezca el procedimiento de revisión aplicable cuando se incluya en el anexo de dicha Decisión a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo o cuando se presenten nuevas pruebas. Se trata, en particular, de garantizar el respeto de los derechos de defensa y del derecho a la tutela judicial. El Reglamento debe respetar asimismo tales derechos.

5) El Tribunal de Justicia es competente para revisar las decisiones de inclusión de cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo con arreglo tanto a la Decisión PESC como al Reglamento en virtud, respectivamente, del artículo 275 y del artículo 263 del TFUE.

2011/0005 (NLE)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 560/2005 del Consejo, por el que se imponen algunas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Costa de Marfil

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 215, apartado 2,

Vista la Decisión 2010/656/PESC, de 29 de octubre de 2010, por la que se renuevan las medidas restrictivas contra Costa de Marfil[1], modificada en último lugar por la Decisión 2011/…/PESC, de […] 2011[2],

Vista la propuesta conjunta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de la Comisión Europea,

Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos,

Considerando lo siguiente:

1. La Decisión 2010/656/PESC del Consejo modificada prevé la adopción de medidas restrictivas contra determinadas personas que, aunque no hayan sido designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni el Comité de Sanciones, estén obstaculizando el proceso de paz y reconciliación nacional en Costa de Marfil y, en particular, estén amenazando el adecuado desenlace del proceso electoral, así como contra las personas jurídicas, las entidades o los organismos que sean propiedad o estén bajo el control de tales personas, y las personas, las entidades o los organismos que actúen en su nombre o según sus instrucciones.

2. Esas medidas entran dentro del ámbito de aplicación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, por tanto, especialmente con el fin de garantizar su aplicación uniforme por parte de los agentes económicos en todos los Estados miembros, resulta necesario un acto reglamentario de la Unión a efectos de su aplicación.

3. El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en especial, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio imparcial y el derecho a la protección de los datos personales. El presente Reglamento debe aplicarse de conformidad con esos derechos y principios.

4. La Decisión 2010/656/PESC del Consejo modificada exige que la decisión de inclusión de cualquier individuo, entidad u organismo en su anexo se comunique a los interesados, junto con las razones que motivan su inclusión, que se les dé oportunidad de recurrir y que se establezca el procedimiento de revisión aplicable cuando alguno de los organismos, entidades o personas físicas o jurídicas incluidos en los anexos de dicha Decisión formule observaciones o se presenten nuevas pruebas. El objetivo es garantizar, en particular, el respeto de los derechos de defensa y del derecho a la tutela judicial. El Reglamento ha de respetar asimismo tales derechos.

5. Procede facultar a la Comisión para modificar la lista de personas, entidades y organismos cuyos capitales y recursos económicos deben inmovilizarse. Debería revisar sus decisiones de inclusión en el anexo teniendo en cuenta las observaciones y los datos remitidos por los Estados miembros y por la persona física o jurídica, la entidad o el organismo de que se trate.

6. A efectos de la aplicación del presente Reglamento y en aras de la maximización de la seguridad jurídica dentro de la Unión, los nombres y otros datos pertinentes relativos a personas físicas y jurídicas, entidades y organismos cuyos capitales y recursos económicos deban ser inmovilizados de conformidad con el presente Reglamento han de hacerse públicos. Todo tratamiento de datos personales debe respetar el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos[3], y la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos[4].

7. Con el fin de garantizar la efectividad de las medidas establecidas por el presente Reglamento, éste debe entrar en vigor inmediatamente.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (CE) nº 560/2005 queda modificado de la manera siguiente:

1) Se sustituye el artículo 2 por el texto siguiente:

«Artículo 2

1. Se inmovilizarán todos los capitales y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos enumerados en el anexo I o en el anexo IA.

2. No se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo I o en el anexo IA ni se utilizará en su beneficio ningún tipo de capitales o recursos económicos.

3. Queda prohibida la participación voluntaria y deliberada en actividades cuyo objeto o efecto directo o indirecto sea la elusión directa o indirecta de las medidas mencionadas en los apartados 1 y 2.

4. En el anexo I se citará a las personas físicas o jurídicas, las entidades y los organismos mencionados en el artículo 5.1.a) de la Decisión 2010/656/PESC del Consejo modificada.

5. En el anexo IA se citará a las personas físicas o jurídicas, las entidades y los organismos mencionados en la Decisión 2010/656/PESC del Consejo modificada.»

2) Se inserta el siguiente artículo:

«Artículo 2 bis

1. Sobre las personas físicas que figuren en los anexos I y IA sólo se incluirá la información siguiente:

a) a efectos de identificación: apellidos y nombre (incluidos alias y títulos, si los hubiera); fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad; números de pasaporte y documento de identidad; números de identificación fiscal y seguridad social; sexo; dirección u otra información sobre el paradero; cargo o profesión;

b) la fecha mencionada en los artículos 4.a) y 6.b);

c) los motivos de su inclusión en la lista.

2. Los anexos I y IA también podrán incluir información relativa a los miembros de la familia de las personas que figuren en la lista, siempre que esos datos sean necesarios en un caso específico con el único fin de comprobar la identidad de la persona física de que se trate.»

3) Los artículos 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:

«Artículo 3

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las autoridades competentes de los Estados miembros citadas en el anexo II podrán autorizar la liberación o la puesta a disposición de determinados capitales o recursos económicos inmovilizados, en las condiciones que consideren oportunas y tras haber comprobado que los capitales o recursos económicos :

a) son necesarios para sufragar gastos básicos, tales como el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos;

b) se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos;

c) se destinan exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de capitales o recursos económicos inmovilizados.

Cuando la autorización se refiera a alguna de las personas, entidades u organismos mencionados en el anexo I, las autoridades competentes notificarán al Comité de Sanciones su intención de autorizar el acceso a tales capitales o recursos económicos. No deberán autorizarlo cuando reciban una decisión negativa del Comité de Sanciones en un plazo de dos días hábiles desde tal notificación.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 2 y siempre que la medida se refiera a alguna de las personas, entidades u organismos mencionados en el anexo I, las autoridades competentes de los Estados miembros citadas en el anexo II podrán autorizar la liberación o la puesta a disposición de determinados capitales o recursos económicos inmovilizados, en las condiciones que consideren oportunas, tras haber comprobado que los capitales o recursos económicos son necesarios para gastos extraordinarios, siempre que hayan notificado tal comprobación al Comité de Sanciones y que éste haya aprobado dicha comprobación, en las condiciones contempladas en el apartado 14.e) de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1572 (2004).

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 2 y siempre que la autorización se refiera a alguna de las personas, entidades u organismos mencionados en el anexo IA, las autoridades competentes de los Estados miembros citadas en el anexo II podrán autorizar la liberación o la puesta a disposición de determinados capitales o recursos económicos inmovilizados, en las condiciones que consideren oportunas, tras haber comprobado que los capitales o recursos económicos son necesarios para gastos extraordinarios, siempre que el Estado miembro haya notificado los motivos por los que considera oportuna la concesión de una autorización específica a todos los demás Estados miembros y a la Comisión como mínimo dos semanas antes de la citada autorización.

Artículo 4

No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las autoridades competentes de los Estados miembros citadas en el anexo II podrán autorizar la liberación o la puesta a disposición de determinados capitales o recursos económicos inmovilizados cuando concurran las siguientes condiciones:

a) los capitales o recursos económicos están sujetos a embargo judicial, administrativo o arbitral establecido con anterioridad a la fecha en que la persona, entidad u organismo citados en el artículo 2 quedaron sujetos a lo dispuesto en el presente Reglamento, o a una resolución judicial, administrativa o arbitral pronunciada antes de esa fecha;

b) los capitales o recursos económicos se utilizarán exclusivamente para satisfacer obligaciones garantizadas por tales embargos o reconocidas como válidas en tales resoluciones, en los límites establecidos por las normas aplicables a los derechos de los acreedores;

c) el embargo o la sentencia no beneficia a ninguna de las personas, entidades u organismos citados en los anexos I o IA;

d) el reconocimiento del embargo o de la resolución no es contrario a la política pública aplicada en el Estado miembro de que se trate; y

e) si la autorización se refiere a alguna de las personas, entidades u organismos citados en el anexo I, las autoridades competentes han notificado el embargo o la resolución al Comité de Sanciones.»

4) Se sustituye el artículo 7 por el texto siguiente:

«Artículo 7

El artículo 2, apartado 2, no impedirá que las instituciones financieras o de crédito de la Unión que reciban capitales transferidos por terceros a las cuentas inmovilizadas de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados los abonen en ellas, siempre y cuando todo nuevo aporte de este tipo a esas cuentas sea también inmovilizado. La entidad financiera o de crédito informará sin demora a la autoridad competente pertinente sobre cualquier transacción de este tipo.»

5) Se inserta el siguiente artículo:

“Art ículo 9 bis

La prohibición establecida en el artículo 2, apartado 2, no deberá dar lugar a ningún tipo de responsabilidad por parte de las personas físicas y jurídicas, entidades u organismos que hayan puesto a disposición los capitales o recursos económicos en caso de que no tuvieran conocimiento de que sus acciones vulnerarían la susodicha prohibición o motivos razonables para sospecharlo.»

6) El artículo 11 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 11

1. La Comisión estará facultada para:

a) modificar el anexo I, atendiendo a las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o del Comité de Sanciones;

b) modificar el anexo IA, atendiendo a las decisiones adoptadas en relación con el anexo II de la Decisión 2010/656/PESC del Consejo; y

c) modificar el anexo II, atendiendo a la información facilitada por los Estados miembros.

2. La Comisión comunicará su decisión a la persona física o jurídica, entidad u organismo que vaya a figurar en el anexo I o en el anexo IA, bien de forma directa, cuando se conozca su dirección, o bien mediante la publicación de un anuncio, ofreciendo a dicha persona física o jurídica, entidad u organismo la posibilidad de formular observaciones.

3. En caso de que se formulen observaciones o se presenten nuevos elementos de prueba sustanciales, la Comisión trasmitirá tales observaciones o elementos de prueba al Comité de Sanciones si se trata del anexo I. Si se trata del anexo IA, trasmitirá tales observaciones o elementos de prueba al Grupo África del Consejo, solicitando a cada Estado miembro que remita sus observaciones y, cuando proceda, datos adicionales. El período para la presentación de observaciones y datos adicionales no excederá de tres meses.

4. La Comisión revisará su decisión teniendo en cuenta las observaciones y los datos remitidos por los Estados miembros y las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que figuren en el anexo I o en el anexo IA.

La Comisión informará sobre el resultado de la revisión a la persona física o jurídica, entidad u organismo de que se trate.

5. La Comisión tratará los datos personales para desempeñar su misión de conformidad con el presente Reglamento. Estas tareas incluyen:

a) preparar y llevar a cabo las modificaciones de los anexos I y IA del presente Reglamento;

b) incluir el contenido de esos anexos en la lista electrónica consolidada de personas, grupos y entidades sujetos a sanciones financieras de la UE, disponible en el sitio web de la Comisión[5];

c) tratar la información sobre la repercusión de las medidas del presente Reglamento, como el valor de los capitales inmovilizados y la información sobre las autorizaciones concedidas por las autoridades competentes.

6. La Comisión podrá tratar los datos pertinentes relativos a los delitos cometidos por las personas físicas enumeradas y a las condenas penales o medidas de seguridad referentes a dichas personas, solamente cuando sea necesario para preparar el anexo I o el anexo IA del presente Reglamento. Dichos datos no se harán públicos ni se intercambiarán.

7. A efectos del presente Reglamento, queda designada la unidad de la Comisión citada en el anexo II como "responsable del tratamiento" en la Comisión a efectos del artículo 2, letra d), del Reglamento (CE) n° 45/2001, para asegurarse de que las personas físicas afectadas puedan ejercer sus derechos conforme al Reglamento (CE) n° 45/2001.»

7) Se inserta el siguiente artículo:

«Artículo 12 bis

Toda vez que el presente Reglamento prevea la obligación de notificar, informar o entablar cualquier otro tipo de comunicación con la Comisión, el domicilio y los demás datos de contacto que se emplearán en dicha comunicación serán los indicados en el anexo II.»

8) El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente:

« Artículo 13

El presente Reglamento se aplicará:

a) en el territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo;

b) a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de un Estado miembro;

c) a toda persona, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, que sea nacional de un Estado miembro;

d) a toda persona jurídica, entidad u organismo establecido o constituido con arreglo a la legislación de un Estado miembro;

e) a toda persona jurídica, entidad u organismo en relación con cualquier negocio efectuado, en su totalidad o en parte, en la Unión.»

9) El texto que figura en el anexo I se inserta en el Reglamento (CE) nº 560/2005 como anexo IA.

10) El anexo II del Reglamento (CE) nº 560/2005 se modifica según lo dispuesto en el anexo II.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea .

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, [...]

Por el Consejo

El Presidente […]

ANEXO I

«ANEXO IA

Lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos, no designados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Comité de Sanciones, citados en los artículos 2, 4 y 7

(A rellenar por el Consejo)»

ANEXO II

El anexo II (Lista de autoridades competentes citadas en los artículos 3, 4, 5, 7 y 8) del Reglamento (CE) nº 560/2005 queda modificado de la manera siguiente:

La sección «Comunidad Europea» se sustituye por el texto siguiente:

«Dirección para las notificaciones o comunicaciones con la Comisión Europea:

Comisión Europea

Servicio de Instrumentos de Política Exterior

Unidad SIPE.2

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Bélgica

Correo electrónico: relex-sanctions@ec.europa.eu

Teléfono: +32 22955585

Fax: +32 22990873»

[1] DO L 285 de 30.10.2010, p. 28.

[2] DO L […] de […], p. […].

[3] DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

[4] DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

[5] http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm