COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
C0M(92)530 fina! 
Bruselas, 11 de diciembre de 1992 
INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (CEE/EURATOM) n2 1552/89 
del Consejo de 29 de mayo de 1989 
por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE/EURATOM 
relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades 
(presentado por la Comisión) 
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SUMARIO 
1. INTRODUCCIÓN 
2. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS INTRODUCIDOS 
POR EL REGLAMENTO 1552/89 
2.1 Constatación de los recursos propios tradicionales 
2.2 Contabilización 
2.3 Puesta a disposición de los recursos propios 
2.4 La actividad de inspección de la Comisión 
2.5 Informes de los Estados miembros y funcionamiento 
del Comité Consultivo de Recursos Propios (CCRP) 
3. CONCLUSIONES 
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INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (CEE/EURATOM) n& 1552/89 
del Consejo de 29 de mayo de 1989 
por el que se aplica la Decisión 88/376/CEE/EURATOM 
relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades 
El articulo 22 del Reglamento 1552/89 dispone que la Comisión 
presentará, a más tardar el 1 de diciembre de 19*92, "ün" informé sobre la 
aplicación de este Reglamento y propondrá, en su caso, las 
modificaciones que resulten necesarias. 
En el presente infdrmey la Comisión valora y extrae* una serie de 
conclusiones sobre la aplicación del Reglamento desde "su entrada en 
vigor. Por otra parte, la Comisión, basándose en este informe, presenta 
separadamente una propuesta de modificación del Reglamento, en la que se 
tienen en cuenta asimismo las observaciones del Tribunal- de Cuentas y de 
la Autoridad Presupuestaria en materia de ejecución de los recursos 
propios. " -
1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Las principales dificultades halladas hasta el año 1989 en el 
funcionamiento del régimen de los recursos propios 
tradicionales, instaurado en 1970í1), pueden resumirse del 
siguiente modo: 
enfoques divergentes entre algunos Estados miembros y la 
Comisión en cuanto al nexo entre la constatación y la 
obligación de puesta a disposición de los recursos. Algunos 
Estados miembros, en efecto, ponían a disposición de la 
Comisión los recursos constatados, incluso si posteriormente 
había que deducir los recursos no recaudados;en cambio, 
otros se limitaban a poner a disposición solamente los 
recursos recaudados; 
dificultades a la hora de contabilizar los recursos puestos 
a disposición por imprecisión en la nomenclatura de los 
ingresos; 
demoras en la transmisión de los informes remitidos por los 
Estados miembros, contenido insuficiente de estos informes 
y, de modo más general, información insuficiente por parte 
de los Estados miembros, sobre todo, en materia de fraudes; 
imposibilidad por parte de la Comisión de proceder a 
inspecciones bien definidas de acuerdo con sus necesidades, 
debido a que sus poderes de inspección se limitaban a una 
mera asociación con las inspecciones nacionales. 
(1) El Reglamento 2/71, de 2 de enero de 1971, sobre aplicación de la 
Decisión de 21 de abril de 1970, relativa a la sustitución de las 
contribuciones financieras de los Estados miembros por recursos 
propios de las Comunidades (DOCE n* L 3 de 5.1.1971) fue sustituido 
posteriormente por el Reglamento 2891/77 de 19 de diciembre de 1977 
4JDOCS »* t* 336, d* Tl*l2*l977fr 
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1.2 El Reglamento 1552/B9 aportó la solución adecuada a la mayor 
parte de los puntos citados anteriormente, mejorando la 
ejecución por parte de los Estados miembros de los ingresos 
comunitarios y proporcionando a la Comisión los medios 
adecuados para una gestión e inspección más eficaces. 
Efectivamente, el Reglamento: 
- precisa el concepto de constatación, así como los casos de 
dispensas de recaudación acordadas a los Estados miembros, 
distingue la obligación de constatación de la de la puesta a 
disposición inmediata de los recursos e introduce la 
obligación de llevar una contabilidad separada para aquellas 
cantidades cuya puesta a disposición no se produzca 
inmediatamente, contabilidad denominada B; 
potencia el derecho de información general que tiene la 
Comisión y establece este derecho en materia de fraude; 
- prevé la posibilidad de que la Comisión proceda de modo 
autónomo a verificaciones in situ. 
De un modo más general, el Reglamento indica con mayor precisión 
el reparto de competencias entre los Estados miembros y la 
Comisión en materia de recaudación de recursos propios: los 
Estados miembros son recaudadores de estos recursos propios por 
cuenta de las Comunidades con arreglo a las normativas 
comunitaria y nacionales vigentes. Es competencia de la Comisión 
verificar que los sistemas nacionales garanticen correctamente 
la recaudación, la cual debe realizarse de la manera más 
uniforme posible en todos los Estados miembros. 
2. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS INTRODUCIDOS POR EL REGLAMENTO 
1552/89 
2.1 Constatación de los recursos propios tradicionales 
2.1.1 La constatación es el procedimiento mediante el cual la 
administración nacional reconoce el carácter comunitario de 
una recaudación, efectuada entre los sujetos pasivos por 
cuenta de las Comunidades, anotando el importe 
correspondiente, para poder posteriormente contabilizarlo y 
ponerlo a disposición de la Comisión dentro de los plazos 
establecidos. 
Los principios aplicables son los siguientes: 
a) los Estados miembros están obligados a proceder a una 
constatación por cada derecho exigible, desde el momento 
en que se cumplen las condiciones para ello (existencia 
de una deuda, de un sujeto pasivo y de un importe 
conocido); 
b) todos los recursos propios deben ser constatados, incluso 
los que por diversos motivos no puedan ser recaudados. 
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2.1.2 La experiencia adquirida con la aplicación del Reglamento 
1552/89 en materia de constatación permite formular las 
siguientes observaciones: 
- por lo que se refiere a las constataciones (normales), 
subsisten en la práctica en las administraciones 
nacionales diferencias de tratamiento, debidas en su 
mayor parte a que la reglamentación comunitaria permite a 
las administraciones nacionales una interpretación lato 
sensu a la hora de organizar el procedimiento de despacho 
a libre práctica. 
- Es cierto que los Estados miembros se encargan 
actualmente de la constatación de los casos contenciosos. 
Sin embargo, tanto la Comisión como el Tribunal de 
Cuentas han observado que existen divergencias bastante 
importantes entre Estados miembros por lo que se refiere 
a la fecha de constatación. 
Por lo que se refiere a las consecuencias financieras de 
los errores cometidos por las administraciones 
nacionales, actualmente éstas no efectúan la constatación 
de los derechos en cuestión y han rechazado la 
introducción en la normativa aduanera (código de normas 
aduaneras) de disposiciones que regulen esta materia, al 
considerar que se trata de cuestiones que deben 
solventarse en el ámbito de la legislación de recursos 
propios. 
En conclusión, la introducción del Reglamento 1552/89 
significó un avance en la definición de la constatación, 
avance que desembocó en una aplicación más uniforme de los 
procedimientos aplicados por los Estados miembros. No 
obstante, siguen subsistiendo en la práctica ciertas 
diferencias de tratamiento, lo que, según el parecer de la 
Comisión, requiere ciertas modificaciones del artículo 2 del 
Reglamento. 
2.2 Contabilización 
2.2.1 El tema al que más afectan las innovaciones del Reglamento 
1552/89 es la contabilización de los recursos propios 
tradicionales, ya que este Reglamento instaura una 
contabilidad separada de las cantidades que han sido 
constatadas y están pendientes de recaudación, contabilidad 
denominada B. 
Esta contabilidad B fue introducida para poder efectuar un 
mejor seguimiento de la recaudación de tales cantidades y, 
en particular, de las referentes a fraudes o 
irregularidades. 
Según la Comisión, el Reglamento exige que las 
administraciones nacionales lleven una verdadera 
contabilidad ad hoc, según los mismos principios que regulan 
la contabilidad de las cantidades recaudadas o garantizadas, 
contabilidad denominada A. 
En efecto, una gran parte de los Estados miembros tuvo que 
crear una contabilidad de esta naturaleza, pese a que no 
estaba prevista en su sistema de contabilidad nacional. 
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En una declaración consignada en el Acta del Consejo de 29 
de mayo de 1989, referente al artículo 6 apartado 2b) del 
Reglamento 1552/89 se dice que "los Estados miembros se han 
comprometido a poner todo su empeño en adaptar sus 
procedimientos internos para cumplir en el menor plazo 
posible las nuevas obligaciones que les vienen impuestas". 
Con esta declaración se pretendía garantizar un período de 
transición a aquellos Estados miembros que, por razones 
técnicas, no pudieran introducir la contabilidad separada en 
la fecha de aplicación del Reglamento 1552/89. De este modo, 
se llegó a un acuerdo en el Comité Consultivo de Recursos 
Propios para que la contabilidad separada fuese de 
aplicación a partir del 1 de enero de 1990, lo que la mayor 
parte de los Estados miembros han efectuado. 
2.2.2 Actualmente existen dos Estados miembros, Dinamarca y los 
Países Bajos, que no llevan una contabilidad separada (sin 
embargo, los Países Bajos llevan una para las exacciones 
reguladoras agrarias). No obstante, ambos países ponen a 
disposición inmediata de la Comisión todas las cantidades 
constatadas. 
Este procedimiento es aceptable siempre y cuando la 
deducción de las cantidades no recaudadas se haga de 
conformidad con las disposiciones referentes a las 
rectificaciones de las bases (artículo 2 apartado 2) y a la 
imposibilidad de recaudación (artítulo 17 S 2). 
Existe un Estado miembro, Grecia, que no está de acuerdo con 
la interpretación de la Comisión, por lo que se limita a 
consignar en un estado al término de cada trimestre las 
cantidades de recaudación dudosa. La Comisión sigue 
efectuando las gestiones necesarias para que las autoridades 
griegas lleven la contabilidad separada de forma 
satisfactoria. 
Todos los demás Estados miembros llevan una verdadera 
contabilidad diaria, de modo centralizado o en las oficinas 
de recaudación, de conformidad con el Reglamento. 
2.2.3 Según la Comisión, es posible mejorar aún más la teneduría 
de las dos contabilidades, A y B: 
los estados mensuales (contabilidad A) y trimestrales 
(contabilidad B) que se remiten a la Comisión deberán ser 
cumplimentados por todos los Estados miembros ajustándose 
a un modelo uniforme; 
el estado recapitulativo anual de los doce estados 
mensuales tendría que ser verificado una última vez antes 
de su inclusión en la Cuenta de Gestión; 
- el cierre de la contabilidad debe efectuarse a finales de 
mes, de manera semejante en todos los Estados miembros, 
lo que no siempre es así; 
- el plazo de contabilización de un mes y 19 días puede ser 
reducido. 
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las deducciones, sean o no a tanto alzado, que algunos 
Estados miembros efectúan cuando en un territorio 
aduanero están incluidos territorios con estatuto 
especial que no forman parte del territorio comunitario, 
deberían efectuarse en condiciones análogas y figurar 
claramente en los estados mensuales. 
2.3 Puesta a disposición de los recursos propios 
2.3.1 Por lo que se refiere a la puesta a disposición de los 
recursos propios tradicionales, la Comisión ha observado en 
la práctica demoras o errores en las cantidades, extremo que 
ha sido confirmado asimismo por el Tribunal dé Cuentas. 
Situaciones de esta naturaleza implican, de conformidad con 
la normativa vigente; la aplicación de intereses de demora, 
que la Comisión ha solicita regularmente a los Estados 
miembros involucrados. Cabe notar a este propósito que el 
pago de los intereses de demora adeudados se ha efectuado 
con frecuencia con retrasos injustificables, lo que puede 
explicarse por la inexistencia de penalización en esta 
materia. 
2.3.2 Por lo que se refiere a los principios, el Reglamento 
1552/89 añadió una nueva posibilidad de dispensa de puesta a 
disposición, en aquellos casos en que es imposible proceder 
a la recaudación por motivos no imputables a las 
administraciones nacionales (categoría denominada "casos 
especiales"). A estos casos hay que añadir los que estaban 
ya previstos anteriormente en aplicación del concepto de 
"fuerza mayor". 
Debido a la interpretación sumamente restrictiva dada al 
concepto de fuerza mayor por el Tribunal de Justicia, desde 
la entrada en vigor del Reglamento, los Estados miembros no 
han recurrido a la misma sino en casos excepcionales. 
Los "casos especiales" constituyen una de las categorías de 
liquidación de la contabilidad B y deben figurar en los 
estados trimestrales. Además, deben ser comunicados a la 
Comisión cuando la cantidad sea superior a 10.000 ecus. 
De hecho, las cantidades que se presentan como liquidación 
de la contabilidad B son mínimas; hasta el presente, el 
número de comunicaciones remitidas por casos de no 
recaudación superiores a 10.000 ecus (desde la entrada en 
vigor del Reglamento) es muy escaso. 
Los casos superiores a 10.000 ecus presentados por la 
República Federal de Alemania, los Países Bajos y el Reino 
Unido han sido casos de quiebras sin activo, de desaparición 
de sujetos pasivos o de depósito de garantías insuficiente. 
Esta situación puede dar a entender que los casos de 
imposibilidad definitiva de recaudación son escasos; la 
Comisión se reserva el derecho de tratar este tema con más 
detenimiento. 
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2.3.3 Debido al número limitado de casos de no recaudación 
presentados a la Comisión, no ha sido posible fijar una 
serie de criterios de apreciación de la responsabilidad en 
materia de no recaudación. 
No obstante, la Comisión sigue manteniendo la opinión de que 
a la Comunidad y a los Estados miembros les interesa que los 
errores de las administraciones nacionales comprometan su 
responsabilidad financiera en su calidad de recaudadores 
delegados. 
2.4 La actividad de inspección de la Comisión 
2.4.1 Según los principios dictados por la Decisión 88/376 y las 
disposiciones del artículo 18 del Reglamento 1552/89, el 
reparto de responsabilidades entre la Comisión y las 
administraciones nacionales en materia de inspección de los 
recursos propios tradicionales se organiza según los 
criterios siguientes: 
corresponde a los Estados miembros controlar la 
constatación, contabilización y puesta a disposición de 
los recursos correspondientes; 
la intervención de la Comisión en esta materia pretende 
fundamentalmente facilitar la aplicación uniforme y 
coherente de las normas comunitarias en toda la Comunidad 
y garantizar la correcta recaudación de los recursos 
propios. Con tal objetivo, la Comisión tiene el derecho: 
. asociarse a las inspecciones efectuadas por las 
administraciones nacionales ("controles asociados"); 
. proceder a verificaciones autónomas in situ ("controles 
autónomos"). 
2.4.2 Los controles asociados constituyen la primera forma de 
inspección comunitaria, existente desde la creación de los 
recursos propios por la Decisión del Consejo de 21 de abril 
de 1970. Estas inspecciones, que la Comisión efectúa de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 165/74, por el 
que se determinan los poderes y obligaciones de los agentes 
facultados por la Comisión, siempre han dado resultados 
positivos, aunque la elección de los temas y lugares de 
dichas inspecciones corresponda a las administraciones 
nacionales. 
Los controles asociados pueden ser prolongados mediante 
solicitudes justificadas de controles suplementarios. 
Con objeto de ampliar el poder comunitario de inspección 
para superar las limitaciones prácticas impuestas por los 
controles asociados, el Consejo, con la adopción del 
Reglamento 1552/89, atribuyó a la Comisión el derecho de 
-proceder a controles autónomos. 
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De este modo, la Comisión, previa advertencia a las 
autoridades nacionales, puede proceder a verificaciones in 
situ determinando el objeto, lugar y fecha de las mismas. Es 
evidente, sin embargo, que para que estos controles sean 
eficaces tienen que ser efectuados conjuntamente con 
funcionarios nacionales. A este respecto, la Comisión debe 
resaltar que siempre ha contado hasta el presente con la 
plena colaboración de todas las administraciones nacionales. 
Con el fin de sacar el máximo provecho del personal 
necesariamente limitado destinado a las actividades de 
inspección y teniendo en cuenta el hecho de que tales 
inspecciones, cuyo número es relativamente reducido, deben 
efectuarse normalmente por sondeo, la Comisión sigue 
manteniendo una estrategia general de control basada, en 
primer lugar, en la elección de temas prioritarios de 
contenido general y sistemático. La mayor parte de la ratio 
días/inspectores correspondiente al ejercicio 1991 fue 
dedicada, por ejemplo, a controlar la aplicación de la 
contabilidad B por parte de los Estados miembros. 
La Comisión presentará próximamente un informe ad hoc con 
arreglo al artículo 18 § 5 sobre los criterios utilizados 
para efectuar esta elección, sobre los temas de inspección 
reconocidos como prioritarios y sobre los resultados de 
estas inspecciones comunitarias. 
2.4.3 De la experiencia adquirida en los tres años de aplicación 
del Reglamento 1552/89 pueden extraerse las siguientes 
conclusiones : 
- que no es procedente modificar las normas reglamentarias 
actualmente existente sobre el derecho o poder de control 
de la Comisión; 
- que es conveniente continuar y potencia la actividad de 
inspección de la Comisión por medio, entre otras cosas, 
de una mejor definición de los objetivos en función de 
los riesgos. 
2.5. Informes de los Estados miembros y funcionamiento del Comité 
Consultivo de Recursos Propios (CCRP) 
2.5.1 La normativa actual dispone que los Estados miembros remitan 
un informe anual a la Comisión sobre la constatación y 
contabilización de los recursos propios (artículo 7) y un 
informe semestral sobre el resultado de sus inspecciones, 
así como sobre los datos globales y cuestiones de principio 
referentes a los principales problemas planteados, 
especialmente de carácter contencioso, por la aplicación del 
Reglamento (artículo 17 S 3.) 
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El objetivo fundamental de estos informes es que los Estados 
miembros puedan mostrar las disposiciones adoptadas y las 
medidas aplicadas para garantizar la correcta recaudación de 
los recursos propios que les ha sido delegada. 
En su conjunto, los Estados miembros han cumplido la 
obligación de elaborar informes. Sin embargo, podrían 
introducirse mejoras en la práctica actual, sobre todo en lo 
que se refiere a la presentación y contenido de los 
informes. 
En efecto, en el futuro conviene separar claramente la 
información anual de carácter contable -lo que debería 
proporcionar a la Comisión una confirmación, con suficiente 
antelación, de los datos referentes a los ingresos que tiene 
que incluir en la Cuenta de Gestión- de la información sobre 
la gestión de la recaudación por parte de los Estados 
miembros y su control. 
Este último tipo de información, cuya periodicidad semestral 
podría convertirse sin inconveniente alguno en anual, 
debería proporcionar datos ad hoc minuciosos y detallados 
sobre la inspección y recaudación por parte de las 
administraciones nacionales y hacer mayor referencia a los 
informes internos de ejecución presentados por las 
administraciones nacionales de que se trate. 
El contenido de las comunicaciones de fraudes e 
irregularidades superiores a 10.000 ecus, a que hace 
referencia el artículo 6 § 3 del Reglamento, sigue siendo 
poco homogéneo y no siempre se facilitan datos importantes 
sobre el objetivo de los controles en función de los 
riesgos, tales como, por ejemplo, el régimen aduanero de que 
se trate, la indicación del arancel aduanero, etc. 
Por otra parte, actualmente no existe un nexo sistemático 
entre estas notificaciones y los estados contables mensuales 
y trimestrales. Algunos Estados, sin embargo, facilitan 
elementos a este respecto. La Comisión considera que esta 
práctica debería generalizarse, con objeto de poder seguir 
la revisión de una muestra de los casos de fraude e 
irregularidades con mayores incidencias financieras para los 
recursos propios. 
2.5.2 En los últimos tres años de aplicación del nuevo 
Reglamento 1552/89, el Comité Consultivo de Recursos 
Propios ha cumplido la función que le atribuía este 
Reglamento: 
examinando las previsiones de recursos propios; 
- examinando los informes de inspección elaborados por la 
Comisión; 
participando en un estudio minucioso de temas de carácter 
general sobre la normativa de recursos propios. 
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Ante la necesidad sentida por la Comisión de llegar a una 
interpretación común de las nuevas normas del Reglamento, el 
Comité tuvo que reunirse mas a menudo que antes (con un 
promedio de seis reuniones por año). Se consiguió, por 
ejemplo, un acuerdo entre las delegaciones a la hora de 
definir las modalidades de introducción de la contabilidad 
B. 
El Comité Consultivo de Recursos Propios ha confirmado de 
esta manera que es un instrumento eficaz para mejorar la 
colaboración entre las administraciones nacionales y la 
Comisión en la aplicación práctica del sistema de recursos 
propios tradicionales. Sería deseable fortalecer su papel. 
3. CONCLUSIONES 
3.1 La aplicación del Reglamento 1552/89 ha propiciado una serie de 
avances durante los tres últimos años. No obstante, siguen 
existiendo algunos problemas y disparidades, ya mencionados, en 
los procedimientos de recaudación de los recursos propios 
tradicionales, problemas que deberían ser resueltos. 
En efecto, una consecuencia de tales disparidades y problemas 
podría ser que se tratara de modo desigual a los contribuyentes 
europeos, tanto desde el punto de vista de la carga impositiva 
como desde el de los posibles desvíos de tráfico. 
3.2 Estas disparidades y problemas de aplicación podrán ser 
suprimidos gracias a una actuación coordinada de la Comisión y 
de los Estados miembros, sin que exista necesidad alguna de 
introducir modificaciones de tipo normativo, si la 
reglamentación comunitaria es clara y su interpretación no es 
cuestionada por ningún Estado miembro. 
La Comisión tiene el propósito de emprender las iniciativas 
necesarias en cooperación con el Comité Consultivo de Recursos 
Propios. 
3.3 Sin embargo, la valoración de la aplicación del Reglamento 
1552/89 efectuada por la Comisión, así como las observaciones 
formuladas por el Tribunal de Cuentas y por la Autoridad 
Presupuestaria ponen de manifiesto que el sistema de recursos 
propios mejoraría con la introducción de ciertas modificaciones 
normativas tendentes a clarificar y precisar las normas 
vigentes, a simplificar ciertos procedimientos y a 
responsabilizar aún más a las administraciones nacionales en su 
tarea de recaudadores delegados de los recursos comunitarios. 
Por lo que se refiere a las modificaciones más importantes que 
habría que tomar en consideración, cabe apuntar las siguientes: 
en materia de constatación, precisar mejor su fecha, de modo 
que ésta se ajuste, en todos los. Estados, .miembros, a plazos 
aceptables con arreglo a la normativa comunitaria; 
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en materia de contabilización, conseguir una uniformidad, 
tanto en la forma como en el contenido, de las 
comunicaciones contables de las administraciones nacionales 
a la Comisión, con el fin de obtener la mayor calidad 
posible en las cifras incluidas en la Cuenta de Gestión y en 
el Balance que hay que presentar a la Autoridad 
Presupuestaria ; 
en materia de puesta a disposición: 
* penalizar con mayor eficacia las demoras en la puesta a 
disposición de las cantidades adeudadas, 
* facilitar un análisis de las causas de no recaudación, 
con objeto de poder elaborar criterios de definición de 
la responsabilidad financiera de los recaudadores 
delegados; 
en materia de comunicaciones de los Estados miembros sobre 
su actividad de recaudadores delegados: 
* poder disponer de una información más homogénea y 
completa en materia de fraudes e irregularidades que 
superen los 10.000 ecus, 
* poder llevar un control más eficaz de la recaudación, en 
particular, en los casos de fraude e irregularidades que 
superen los 10.000 ecus, 
* poder valorar mejor a nivel comunitario, por medio de 
informes anuales completos y presentados según un esquema 
uniforme, la calidad y los resultados de la actividad de 
recaudación y de inspección de las administraciones 
nacionales. 
Con este objetivo, la Comisión presenta una propuesta de 
modificación del Reglamento 1552/89, en la que se recogen las 
medidas adecuadas para introducir las modificaciones que 
considera necesarias. 
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