DICTAMEN DE LA COMISIÓN con arreglo a la letra c) del párrafo tercero del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE, sobre las enmiendas del Parlamento Europeo a la Posición común del Consejo sobre la propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de de obras, de suministro y de servicios POR EL QUE SE MODIFICA LA PROPUESTA DE LA COMISION con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE

2000/0115 (COD)

DICTAMEN DE LA COMISIÓN con arreglo a la letra c) del párrafo tercero del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE, sobre las enmiendas del Parlamento Europeo a la Posición común del Consejo sobre la propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de de obras, de suministro y de servicios

1. Introducción

En la letra c) del párrafo tercero del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE se establece que la Comisión emitirá un dictamen sobre las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo en segunda lectura. A continuación, la Comisión emite su dictamen sobre las enmiendas adoptadas por el Parlamento.

2. Antecedentes

Envío de las propuestas al Consejo y al Parlamento Europeo [COM(2000) 275 final - 2000/0115 (COD)], de conformidad con el apartado 1 del artículo 175 del Tratado: // 12 de julio de 2000

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo: // 26 de abril de 2001

Dictamen del Comité de las Regiones: // 13 de diciembre de 2000

Dictamen del Parlamento Europeo - primera lectura: // 17 de enero de 2002

Posición común del Consejo: // 20 de marzo de 2003

Dictamen del Parlamento Europeo - segunda lectura: // 2 de julio de 2003

3. Objetivo de la propuesta

La propuesta tiene por objeto refundir la legislación comunitaria relativa a contratos públicos, con el fin de crear un verdadero mercado interior europeo en el ámbito de las adquisiciones públicas. Esta legislación no pretende sustituir las normativas nacionales, sino garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad de trato, de no discriminación y de transparencia en la adjudicación de los contratos públicos en el conjunto de los Estados miembros.

Esta propuesta, que es el resultado del debate lanzado por el Libro Verde sobre los contratos públicos, persigue un triple objetivo de modernización, simplificación y mayor flexibilidad del marco jurídico que existe sobre este tema: modernización para tener en cuenta nuevas tecnologías y las modificaciones del entorno económico; simplificación para que los textos actuales sean más fácilmente comprensibles para los usuarios, de modo que los contratos se adjudiquen de perfecta conformidad con las normas y principios que regulan la materia y que las empresas implicadas puedan conocer mejor sus derechos; y flexibilidad de los procedimientos para responder a las necesidades de los compradores públicos.

Además, la refundición de los tres actos legislativos en vigor pondrá a disposición de los operadores económicos, los poderes adjudicadores y el ciudadano europeo un único texto claro y transparente.

4. Dictamen de la Comisión sobre las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo

4.1. Enmiendas aceptadas por la Comisión: 7 y 84

Enmienda 7: modifica el considerando 24, relativo a la exclusión de algunos contratos de servicios audiovisuales, a fin de precisar que, por emisión, hay que entender también la transmisión y la distribución por cualquier red electrónica. Es una precisión útil.

Enmienda 84: modifica el punto VIII del anexo III para añadir el ANAS S.p.A. a la lista de organismos de Derecho público italianos. Esta empresa cumple los criterios contemplados en la Directiva para identificar a tales organismos.

4.2. Enmiendas aceptadas previo cambio de redacción: 9, 25 y 77

Enmienda 77: tiene por objeto dividir el considerando 9 de la Posición común en dos considerandos. A tal efecto, introduce un considerando 9 bis. La Comisión incluye, por tanto, esta enmienda, y modifica en consecuencia el considerando 9 para evitar repeticiones:

«(9) Habida cuenta de la diversidad que presentan los contratos públicos de obras, es conveniente que los poderes adjudicadores puedan prever tanto la adjudicación por separado como la adjudicación conjunta de los contratos para el proyecto y la ejecución de las obras. La presente Directiva no pretende imponer una adjudicación separada o conjunta. La decisión relativa a una adjudicación separada o conjunta debe basarse en criterios cualitativos y económicos que podrían definirse en las legislaciones nacionales.

(9 bis) Un contrato debe considerarse un contrato público de obras sólo si su objeto abarca específicamente la ejecución de alguna de las actividades que se detallan en el anexo I, si bien el contrato puede conllevar la prestación de otros servicios necesarios para la realización de dichas actividades. Los contratos públicos de servicios, en particular los relativos al ámbito de los servicios de gestión de propiedades, podrán incluir obras en determinadas circunstancias. No obstante, cuando dichas obras sean accesorias al objeto principal del contrato y sean, por tanto, consecuencia o complemento del mismo, el contrato no podrá considerarse un contrato público de obras.»

Enmienda 9: propone modificaciones de redacción en el considerando 32. Se propone que se incluya esta enmienda basándose en la formulación de la Directiva sobre «desplazamiento de los trabajadores», del siguiente modo:

«(32) Las leyes, reglamentaciones y convenios colectivos, tanto nacionales como comunitarios, vigentes en materia de condiciones de trabajo y empleo y de seguridad del trabajo, se aplicarán durante la ejecución de un contrato público, siempre que dichas normas, así como su aplicación, se ajusten al Derecho comunitario. Para las situaciones transfronterizas, en las que los trabajadores de un Estado miembro prestan sus servicios en otro Estado miembro para la realización de un contrato público, en la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios [1], se enuncian las condiciones mínimas que han de respetarse en el país de acogida en relación con dichos trabajadores desplazados. Si el Derecho nacional contemplare disposiciones a tal efecto, el incumplimiento de dichas obligaciones se podrá considerar una falta grave o un delito que afecta a la moralidad profesional del operador económico, pudiendo acarrearle su exclusión del procedimiento de adjudicación de un contrato público.»

[1] DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.

Enmienda 25: según su justificación, la enmienda modifica la letra b) del artículo 16 para precisar que la excepción debe aplicarse también a los organismos de radiodifusión en el ámbito de internet. En este sentido, las preocupaciones que subyacen a esta enmienda corresponden a las expresadas en la enmienda 7 (considerando 24). Por otro lado, la referencia al «material» no puede aceptarse porque podría entenderse como una ampliación de la exclusión actual, que afecta únicamente a los contratos de servicios, a los contratos de suministro.

La Comisión adopta esta enmienda del siguiente modo:

«Artículo 16

Exclusiones específicas

La presente Directiva no se aplicará a los contratos públicos de servicios:

...

b) cuyo objeto sea la compra, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas por parte de los organismos de radiodifusión y los contratos relativos al tiempo de difusión de emisiones.

...»

4.3. Enmiendas rechazadas por la Comisión: 1, 8, 15, 16, 18 y 87, 20, 23, 26, 27, 31, 33, 44, 47, 51, 52, 54, 68, 69, 70 y 95, y 91

Enmienda 1 y enmienda 23:

La enmienda 1 completa el considerando 2 y recuerda que los poderes adjudicadores deben respetar los principios del Tratado por lo que se refiere a todos los contratos, incluidos los que se sitúan por debajo de los umbrales previstos en la Directiva.

La enmienda 23 incluye en la parte dispositiva la obligación de que los poderes adjudicadores respeten los principios fundamentales del Derecho comunitario por lo que se refiere a todos los contratos, incluidos los que se sitúan por debajo de los umbrales previstos en la Directiva.

No cabe duda de que estos principios, tal como se ha reconocido en la jurisprudencia reiterada del Tribunal, se aplican a los contratos públicos, independientemente de su importe. Sin embargo, no resulta jurídicamente oportuno establecer tal obligación en virtud de la presente Directiva, que sólo se aplica por encima de ciertos umbrales. En cuanto a los contratos que se sitúan por debajo de los umbrales previstos, esto podría provocar inseguridad jurídica con respecto al ámbito de aplicación de la Directiva y, por tanto, en lo relativo al alcance de las obligaciones de procedimiento establecidas en ella. Por otra parte, en relación con los contratos sujetos a la Directiva, este recordatorio constituiría una duplicación respecto al considerando 2 de la Posición común.

Enmienda 8 y enmienda 33: la enmienda 8 modifica el considerando 27 respecto a las especificaciones técnicas para señalar que los poderes adjudicadores deben, en la medida de lo posible, establecer e indicar de manera comprensible tales especificaciones, teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad para las personas con discapacidad.

En el mismo sentido, la enmienda 33 añade un apartado 6 bis al artículo 23 referente a las especificaciones técnicas para exigir que los poderes adjudicadores formulen sus especificaciones técnicas teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los criterios de accesibilidad para las personas con discapacidad, y añade que tales especificaciones deben estar claramente indicadas en el pliego de condiciones.

La accesibilidad para las personas con discapacidad es sin duda un aspecto social importante. No obstante, aunque pueda exigirse desde un punto de vista técnico, ello no resulta conveniente en todos los casos. De hecho, la enmienda obligaría incluso a observar esta obligación en los contratos que, por su naturaleza, no afectan a las personas con discapacidad (por ejemplo, la construcción de cuarteles o de locales de entrenamiento para bomberos).

Por otra parte, la Posición común permite, a raíz de la primera lectura del Parlamento, establecer en un contrato público obligaciones en materia de accesibilidad de las personas con discapacidad; esto se deriva del anexo VI de la Directiva relativo a las especificaciones técnicas. La Directiva sobre contratos públicos, cuyo objetivo es coordinar los procedimientos no es, sin embargo, el lugar apropiado para imponer la obligación de establecer tales características.

Por último, la obligación de indicar dichas especificaciones técnicas sólo en el pliego de condiciones, como se preveía en la enmienda 33, contradice la norma general indicada en el apartado 1 del artículo 23, que permite incluir las especificaciones técnicas en el anuncio de contrato (facilitando información previa con respecto al pliego de condiciones).

Enmienda 15: modifica el apartado 7 del artículo 1, que define lo que se entiende por «subasta electrónica».

Suprime:

1) respecto a los valores distintos de los precios, que estos valores se refieren a determinados elementos de las ofertas;

2) que la subasta tiene lugar tras una primera evaluación completa de las ofertas;

3) la posibilidad de utilizar subastas electrónicas para adjudicar contratos de obras y contratos de «servicios de creación intelectual» u otros servicios complejos.

Por lo que hace al punto 1): esta supresión no es aceptable, porque permitiría que las subastas afectaran a aspectos nuevos con respecto al contrato sacado a concurso, contraviniendo así el principio de igualdad de trato.

Sobre el punto 2): esta supresión no es aceptable, ya que una primera evaluación completa de las ofertas por el poder adjudicador es indispensable para poder realizar después una nueva clasificación durante la fase de subasta electrónica.

Sobre el punto 3): dicha exclusión resulta excesiva, ya que la definición de subasta electrónica restringe ya su utilización únicamente a los elementos que pueden ser objeto de una evaluación automática por medios electrónicos, sin intervención del poder adjudicador. Por otra parte, el apartado 1 del artículo 54 de la Posición común permite a los Estados miembros que lo consideren oportuno prohibir el recurso a este instrumento o restringir su utilización, por ejemplo para los contratos de suministro.

Enmienda 16: modifica el apartado 9 del artículo 1 para añadir a la lista de poderes adjudicadores las centrales de compras creadas por estos.

Propone, por tanto, que se consideren poderes adjudicadores las centrales de compras creadas por el Estado, las entidades locales y los organismos de Derecho público. Como consecuencia de esta enmienda, se consideraría poder adjudicador cualquier organismo, independientemente de su estatuto, si se ha creado con el objetivo de centralizar las compras. Este elemento vendría a añadirse a la definición de central de compras que ya figura en el apartado 10 del artículo 1 y que incluye las dos características siguientes: ser un poder adjudicador y adquirir bienes y servicios destinados a otros poderes adjudicadores. La enmienda entraría claramente en contradicción con la definición del apartado 9 del artículo 1, que establece las condiciones que deben cumplirse para tener la consideración de poder adjudicador.

Enmiendas 18 y 87, 91 y 44: estas enmiendas se refieren al diálogo competitivo.

Las enmiendas 18 y 87 modifican el artículo 1 para añadir un apartado 15 bis que incluye una definición de contrato «particularmente complejo» basada en la imposibilidad de definir los medios técnicos o de otro tipo que pueden satisfacer las necesidades del poder adjudicador, a resultas de la no llegada a término de un concurso o de otro procedimiento previamente utilizado.

El artículo 29 ya establece las condiciones en las que un contrato puede considerarse objetivamente «particularmente complejo». La exigencia de un procedimiento previo al recurso al diálogo conllevaría pérdidas de tiempo y de dinero no desdeñables, tanto para los compradores públicos como para los agentes económicos, lo que sería contrario al objetivo de flexibilidad que persigue la enmienda.

La enmienda 91 añade al artículo 29 un apartado 1 bis en el que se indica que:

1) los poderes adjudicadores pueden hacer uso del diálogo competitivo en los casos contemplados en las enmiendas 18 y 87;

2) el criterio de adjudicación es el de la oferta económicamente más ventajosa.

Sobre el punto 1): esta parte de la enmienda no es aceptable por las mismas razones que se han aducido para las enmiendas 18 y 87.

Sobre el punto 2): esta parte de la enmienda resulta superflua porque el apartado 1 del artículo 29 dice que «La adjudicación del contrato público se basará únicamente en el criterio de adjudicación de la oferta económicamente más ventajosa».

La enmienda 44 modifica el segundo párrafo del apartado 6 del artículo 29 para permitir la adaptación de las ofertas finales tras la conclusión de la fase de diálogo, siempre que no se modifiquen «sustancialmente» los elementos fundamentales de las ofertas

Durante la fase de diálogo, es posible introducir modificaciones en las soluciones propuestas, pero no así en la fase de presentación de las ofertas finales. Con ello podría beneficiarse a determinados licitadores en perjuicio de otros, volviendo a abrir la fase de diálogo para algunos. En consecuencia, no puede aceptarse una enmienda de esta índole, que debilitaría la salvaguarda prevista en la Posición común, según la cual no es posible modificar los elementos fundamentales de las ofertas.

Enmienda 20: modifica el artículo 6 para reforzar las obligaciones del poder adjudicador relativas al respeto del carácter confidencial de los datos comunicados por los operadores económicos: tales obligaciones deberán respetarse durante todo el procedimiento de adjudicación y después del mismo.

El carácter absoluto de la disposición «durante todo el procedimiento de adjudicación y después del mismo» podría obstaculizar la competencia: así, una empresa que concibiera un proyecto en el contexto de un contrato de servicios sería la única que podría después llevar a la práctica tal proyecto porque sus planes no podrían comunicarse a ningún otro candidato o licitador. Por otra parte, podría surgir una contradicción entre las obligaciones de transparencia hacia los organismos de control, por ejemplo, y la obligación de confidencialidad.

Enmienda 26: añade al artículo 16 un apartado 1 bis, según el cual la Directiva no será aplicable a la compra de libros escolares cuando en el país del poder adjudicador el precio de estos libros esté fijado por ley.

La existencia de un precio de venta al por menor establecido por ley no justifica la no aplicación de la Directiva. De hecho, aunque no hubiera competencia en materia de precios, el contrato siempre podría adjudicarse con arreglo al criterio de la oferta económicamente más ventajosa. Incluso cuando la elección de las obras y ediciones se impone a nivel central, sigue abierta la posibilidad de basar la competencia en aspectos distintos del precio. Aspectos económicos (como, por ejemplo, las condiciones de pago [2] o la asunción de los gastos de envío) o aspectos cualitativos (como los plazos de entrega en caso de compra suplementaria, el derecho a cambiar los libros y los plazos correspondientes, la posible toma a cargo del almacenamiento y la gestión de la distribución de los libros, la aceptación de la devolución de los embalajes de transporte, etc.) pueden de hecho utilizarse para determinar cuál es la oferta que resulta, en general, económicamente más ventajosa. Un caso como este de adjudicación basada en aspectos distintos del precio no constituye una excepción: la Directiva prevé explícitamente que, en el marco de los contratos públicos de ciertos servicios, por ejemplo los de los arquitectos [3], la competencia se basará en criterios distintos de los precios establecidos en los baremos.

[2] Incluso con precios idénticos, la evaluación económica de una oferta que exige el pago contra reembolso no es la misma que la de una oferta que da un plazo de pago de 60 días a partir de la entrega.

[3] Véase el considerando 45 y el principio del apartado 1 del artículo 53: «Sin perjuicio de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales relativas a la remuneración de determinados servicios».

Enmienda 27: introduce el artículo 18 bis para excluir del ámbito de aplicación de la Directiva los contratos celebrados por un poder adjudicador con una entidad totalmente dependiente de él o con una empresa común formada por dicho poder adjudicador con otros poderes adjudicadores.

Esta enmienda tiene por objeto reflejar la sentencia «Teckal» y recoge una enmienda de la primera lectura que la Comisión había incluido en su propuesta modificada, desarrollando (más de lo que lo había hecho el Tribunal en su sentencia) las condiciones para que un contrato pueda considerarse «in house», ya que estimaba que la sentencia dejaba muchas cuestiones abiertas. Al no haber podido el Consejo llegar a un acuerdo sobre esta propuesta, la Comisión aceptó que la Posición común no hiciera alusión a ello porque el legislador no podía dar mayor seguridad jurídica. Por la misma razón, la Comisión considera que la enmienda no clarifica las condiciones de aplicación de dicha jurisprudencia y que es preferible, por tanto, quedarse sólo con la jurisprudencia, sobre todo teniendo en cuenta que esta será desarrollada dentro de poco a raíz de una cuestión prejudicial (asunto C-26/03).

Enmienda 31: añade un párrafo 2 bis al apartado 4 del artículo 23, relativo a las especificaciones técnicas, para obligar al poder adjudicador que considera que no existe equivalencia en una oferta a comunicar al licitador que lo solicite los motivos de la no equivalencia.

Esta enmienda resulta superflua porque esta obligación ya está cubierta por el artículo 41 y se indica explícitamente en el considerando 27.

Enmienda 47 y enmienda 54: tienen por objeto introducir en la Directiva sistemas de cualificación similares a los permitidos en la Directiva sobre sectores especiales.

La enmienda 47 introduce la posibilidad de sacar a concurso un contrato mediante un anuncio sobre la existencia de un sistema de cualificación, cuyo contenido no está reglamentado. Por otra parte, suprime la obligación de publicar un anuncio de contrato para concluir un acuerdo marco o adjudicar un contrato público por el procedimiento del diálogo competitivo.

La enmienda 54 introduce un artículo 44 bis que incluye normas específicas relativas a los sistemas de cualificación. Estas disposiciones se basan en gran medida en disposiciones semejantes de la Directiva 93/38/CEE, sobre sectores especiales, en vigor.

Sin embargo, la enmienda no recoge las disposiciones relativas a los requisitos de motivación de las decisiones adoptadas en materia de cualificación o a los que imponen el reconocimiento mutuo y la igualdad de trato en el contexto de los sistemas de cualificación. Respecto a la selección de los operadores económicos, la enmienda se limita a indicar que «El sistema deberá aplicarse sobre la base de criterios y normas objetivos que establecerá el poder adjudicador», sin ninguna referencia a las normas generales sobre las que la Directiva y el Derecho constante (desde las primeras Directivas de coordinación) basan la selección cualitativa de los participantes en los contratos. Debe hacerse hincapié en que dichos «criterios objetivos» podrían permitir no aplicar las exclusiones obligatorias por delitos graves (véase el apartado 1 del artículo 45).

La enmienda representaría una pérdida inaceptable de transparencia y el riesgo de crear reservas de contratos en favor de las empresas que tengan conocimiento del anuncio inicial. De hecho, en lugar de haber tantos anuncios como procedimientos de adjudicación, habría un solo anuncio que comunicaría la existencia del sistema y sometería a sus criterios todos los contratos cubiertos por él. En teoría, el sistema de cualificación estaría abierto en todo momento. Pero en la práctica, la posibilidad de acceder a él sería, sin embargo, muy aleatoria, ya que presupondría que los operadores económicos están al tanto de la existencia de un sistema que se habría publicado meses o, incluso, años antes.

Por otra parte, esta enmienda permitiría al poder adjudicador hacer suyo el sistema de cualificación de otro poder adjudicador, sin hacerlo público a nivel comunitario. De hecho, la enmienda incluye la obligación de informar a los «operadores económicos interesados», lo que parece referirse solamente a los operadores inscritos en el sistema existente. Esto iría en detrimento de la competencia y perjudicaría a las empresas de nueva creación. Hay que señalar también que la introducción de sistemas de cualificación sería contraria al Acuerdo sobre contratos públicos porque se aplicaría a los poderes adjudicadores «centrales» y haría que la Unión incumpliera sus compromisos internacionales.

Además, la enmienda 47 es inaceptable porque, al permitir concluir acuerdos marco o adjudicar contratos a través del diálogo competitivo sin haber publicado un anuncio de contrato, privaría a los operadores económicos del medio principal de información e impediría toda competencia.

La enmienda 51 añade un apartado 2 bis al artículo 42 en el que se establece que los poderes adjudicadores deberán recurrir a un tercer organismo acreditado para garantizar la confidencialidad de los datos transmitidos por los licitadores.

La confidencialidad de los datos comunicados por los licitadores está suficientemente garantizada con las disposiciones del anexo X.

Además, la exigencia de que los organismos de certificación estén acreditados podría distorsionar la competencia por las divergencias existentes entre los Estados miembros en materia de acreditación.

La enmienda 52 añade un apartado 3 bis al artículo 42 que exige la utilización de una firma electrónica avanzada en el sentido de la Directiva 1999/93/CE, así como una protección fiable para que puedan aceptarse las ofertas presentadas por medios electrónicos.

De acuerdo con su justificación, «el propósito de la presente enmienda es garantizar la debida seguridad de los datos en la presentación de ofertas por medios electrónicos».

El objetivo principal perseguido parece ser la garantía de que será posible detectar las modificaciones introducidas en la oferta después de su presentación y reconstituir su contenido original, y de que sólo las personas autorizadas pueden conocer el contenido de las ofertas.

Desde este punto de vista, la enmienda resulta superflua y podría en cambio frenar la adaptación de la Directiva al progreso técnico, ya que existen otros medios técnicos para proteger el acceso a las ofertas desde el momento de su recepción, de conformidad con el anexo X. En otras palabras, la integridad de los datos puede garantizarse con medios técnicos u organizativos distintos de la firma avanzada. Dada la rapidez de las evoluciones técnicas en este ámbito, la inclusión de la enmienda obligaría a modificar la Directiva para tener en cuenta el progreso técnico.

Sin embargo, la enmienda podría también tener por objeto garantizar que la identidad del autor de la oferta pueda establecerse de manera segura desde la fase de presentación de las ofertas. Hay que señalar que este requisito no se exige a nivel comunitario para las ofertas «tradicionales» (no electrónicas) y que la utilización de un medio de transmisión electrónico no lo implica. Pero, si un poder adjudicador, por motivos de seguridad jurídica, debe exigir tal nivel de identificación y autenticación, la Directiva le ofrece la posibilidad de hacerlo: la Posición común señala explícitamente en el considerando 35 que es de aplicación lo dispuesto al respecto en la Directiva 1999/93/CE. En la fase actual, esto significa que un posible requisito tendente a la identificación segura del licitador y su oferta puede satisfacerse remitiendo al Derecho nacional que transpone la Directiva 1999/93/CE; esta garantiza que, para cumplir dicho requisito, sólo podrá utilizarse la firma electrónica.

Las enmiendas 70 y 95 modifican la letra a) del apartado 1 del artículo 53 con respecto al criterio de adjudicación de la oferta económicamente más ventajosa para:

1) suprimir que esta oferta debe ser la que resulte económicamente más ventajosa para el «poder adjudicador»;

2) sustituir «diversos criterios justificados por el objeto del contrato de que se trate» por «diversos criterios, relacionados con el objeto del contrato de que se trate»;

3) para añadir, a la lista de ejemplos de criterios en los que se basará la adjudicación de la oferta, diversas características como las «relativas a los métodos de producción» y «la política del licitador por lo que respecta a las personas con discapacidades y la aplicación del principio de igualdad de trato».

Sobre el punto 1): la supresión de las palabras «para los poderes adjudicadores» permitiría tener en cuenta elementos difusos, a menudo no mensurables, en relación con un posible beneficio para la «sociedad» en sentido amplio. Tales criterios de adjudicación no cumplirían su función, que es permitir la evaluación de las cualidades intrínsecas de las ofertas a fin de establecer cuál de ellas presenta la mejor relación calidad-precio para el comprador. Esto perturbaría el objetivo asignado a la Directiva sobre contratos públicos, introduciendo además graves riesgos de desigualdad de trato.

Sobre el punto 2): el objetivo de esta parte de la enmienda es garantizar que la nueva Directiva ofrezca las mismas posibilidades de tener en cuenta ciertos criterios que el Derecho constante, tal como fue interpretado por el Tribunal de Justicia en la sentencia «autobús de Helsinki». Esta enmienda resulta superflua porque la Posición común, gracias a la conjunción del artículo 53 y el considerando 44 ya proporciona las precisiones y las garantías necesarias al efecto.

Sobre el punto 3): los métodos de producción entran en la definición más amplia de «características medioambientales», que figuran explícitamente entre los criterios que se ofrecen a modo de ejemplo. Dado que los métodos de producción se consideran en el anexo VI como posibles especificaciones técnicas, nada se opone a que estas mismas especificaciones puedan constituir criterios de adjudicación. Resultaría, por tanto, superfluo mencionarlas explícitamente entre los ejemplos de criterios, que además no son exhaustivos.

La consideración de aspectos ajenos al objeto del contrato, tales como la política del licitador por lo que respecta a las personas con discapacidades y la igualdad de trato desnaturalizaría la Directiva sobre contratos públicos, cuyo objetivo es garantizar un acceso en igualdad de condiciones a los contratos públicos y un gasto público razonable que le permita ser, exclusivamente, un instrumento al servicio de las demás políticas. De hecho, la política de igualdad de trato del licitador no permite evaluar la calidad de las ofertas para determinar cuál sería la que presenta una mejor relación calidad-precio, sino que tiene por objeto favorecer a las empresas «socialmente responsables» y adjudicar, por tanto, los contratos a empresas cuya oferta no es necesariamente la más rentable.

La enmienda 68 introduce un nuevo artículo para exigir a los Estados miembros que establezcan mecanismos eficaces, abiertos y transparentes para garantizar la aplicación de la Directiva. Señala, a continuación, que los Estados miembros podrán establecer, a tal efecto, organismos independientes para los contratos públicos con amplias competencias, incluido el rechazo y la reapertura de los procedimientos de adjudicación de los contratos.

Esta enmienda es en parte superflua e inapropiada en el marco de la presente Directiva. La Directiva 89/665/CEE relativa a los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos ya exigía que los Estados miembros ofrecieran procedimientos de recurso eficaces a nivel nacional con respecto a la adjudicación de los contratos cubiertos por las Directivas sobre contratos públicos en vigor, incluyendo recursos de urgencia, la posibilidad de anular decisiones ilegales y la compensación de daños y perjuicios. Los Estados miembros pueden cumplir esta obligación asegurándose de que las jurisdicciones nacionales tengan estas competencias o estableciendo organismos con las competencias pertinentes. El requisito contemplado en la enmienda ya se contempla por tanto en la normativa comunitaria vigente y no es preciso repetirlo. Además, en su Estrategia sobre el mercado interior, la Comisión señaló que volvería a examinar la cuestión «de las autoridades de vigilancia» en el marco de los trabajos preparatorios para revisar la Directiva anterior. Anunció que presentaría una propuesta legislativa en el transcurso de 2004.

La enmienda 69 modifica el punto 1 del anexo VII A (anuncios de información previa) para:

1) exigir que se indique el número de teléfono del poder adjudicador;

2) y, en el caso de los contratos públicos de servicios y de obras, que se señalen los servicios en los que puede obtenerse información acerca de las disposiciones vigentes en el lugar de la prestación del servicio por lo que se refiere a la fiscalidad, la protección del medio ambiente, la protección de los trabajadores y las condiciones de trabajo.

Sobre el punto 1): si bien la presencia del número de teléfono del poder adjudicador en el anuncio de contrato puede resultar de utilidad, no puede decirse lo mismo del anuncio de información previa, ya que podría interpretarse como una posibilidad para ponerse en contacto con el poder adjudicador antes de sacar a concurso el contrato, algo que podría ir en detrimento de la igualdad de trato de los operadores económicos y de una competencia adecuada.

Sobre el punto 2): aunque es legítimo que los operadores económicos estén bien informados sobre sus posibles obligaciones, esta exigencia sería contraria a lo dispuesto en el artículo 27, con arreglo al cual la indicación de los servicios es una posibilidad que sólo el Estado miembro en cuestión puede transformar en obligación. Además, hay que señalar que los anuncios de información previa afectan a un conjunto de contratos cuya realización puede estar sujeta a legislaciones diferentes, por ejemplo regionales, lo que complicaría excesivamente el requisito de indicación de todos los servicios competentes para facilitar la información mencionada.

5. Conclusión

En virtud del apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE, la Comisión modifica su propuesta en los términos expuestos.