ES Diario Oficial de la Unión Europea C 389/35

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La iniciativa ciudadana europea (revisión)»

(Dictamen de iniciativa)

(2016/C 389/05)

Ponente: Antonio LONGO

El 21 de enero de 2016, de conformidad con el artículo 29, apartado 2, de su Reglamento interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema:

Iniciativa Ciudadana Europea (revisión).

(Dictamen de Iniciativa)

El subcomité encargado de preparar los trabajos en este asunto aprobó su dictamen el 17 de mayo de 2016.

En su 518.o pleno, celebrado los días 13 y 14 de julio de 2016 (sesión del 13 de julio de 2016), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 107 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención el presente dictamen.

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1. El Comité Económico y Social Europeo (CESE), cuatro años después de la entrada en vigor del Reglamento sobre la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), pone de relieve el papel central de los ciudadanos en el proyecto europeo y la capacidad de este instrumento para ayudar a reducir el déficit democrático mediante el apoyo a la ciudadanía activa y la democracia participativa.

1.2. El Comité, a la vez que respalda las posiciones ya adoptadas por el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y el Defensor del Pueblo Europeo, señala que la iniciativa ciudadana europea no ha ofrecido todo su potencial debido a un Reglamento que debe revisarse.

1.3. De hecho, el CESE ha detectado problemas significativos de carácter técnico, jurídico y burocrático, así como un exceso evidente de competencias para la Comisión Europea, que impiden una plena difusión, aplicación y seguimiento, en caso de iniciativas que prosperen.

1.4. El Comité, con vistas a la revisión del Reglamento, propone las siguientes medidas:

1.4.1. Permitir a los comités de ciudadanos que inicien la recogida de declaraciones de apoyo en la fecha que decidan.

1.4.2. Dotar de reconocimiento jurídico a los comités de ciudadanos, a fin de limitar la responsabilidad penal de los organizadores al dolo o imprudencia grave, en consonancia con el modelo de la Directiva 2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal.

1.4.3. Crear una ventanilla única, tanto física como en línea, donde los ciudadanos puedan obtener información y orientación para presentar iniciativas.

1.4.4. Examinar las propuestas destinadas a reducir la edad mínima para apoyar una ICE y participar en ella, conforme a lo solicitado por el Parlamento y el Comité de las Regiones.

1.4.5. Resolver el evidente conflicto de intereses dentro de la Comisión separando las funciones de «guía institucional» y «juez». El CESE, que reitera su voluntad de proseguir su participación en las iniciativas ya emprendidas, puede ser un candidato natural para desempeñar la función de facilitador y guía institucional.

1.4.6. Garantizar un seguimiento adecuado de las iniciativas que prosperen, solicitando a la Comisión que elabore una propuesta legislativa en un plazo de doce meses a partir del final de la campaña o una motivación más adecuada de la decisión de no presentar ninguna propuesta. En caso de que no haya propuesta, el CESE defiende que el Parlamento Europeo pueda presionar a la Comisión con arreglo al artículo 225 del TFUE.

1.5. El CESE hace hincapié en que algunos problemas no requieren una revisión del Reglamento y, por consiguiente, deberían abordarse con rapidez a fin de no disuadir a potenciales organizadores de iniciativas. A fin de que este instrumento sea más eficaz y fácil de utilizar, el Comité propone que se apliquen las siguientes iniciativas:

1.5.1. La Comisión, con el fin de hacer más transparente el proceso de registro, debe adoptar procedimientos claros y sencillos y facilitar respuestas detalladas y soluciones posibles cuando se considere que las iniciativas no son admisibles, de modo que los comités puedan modificarlas y presentarlas de nuevo.

1.5.2. La Comisión debe proseguir las negociaciones con los Estados miembros para simplificar, reducir y uniformar el sistema de normas nacionales para la recogida de datos. En concreto, se propone limitar las solicitudes de documentos de identificación personal y permitir que todos los ciudadanos puedan firmar las iniciativas de sus países de residencia.

1.5.3. Establecer de forma permanente el programa informático gratuito para la recogida de declaraciones de apoyo (OCS, en inglés) (1) con el fin de simplificar la recogida y la catalogación de las declaraciones de apoyo, así como su verificación por las autoridades nacionales. Asimismo, este instrumento debe ser accesible para las personas con discapacidad.

1.6. El Comité, en una perspectiva más general de difusión y arraigo de la ICE, recomienda:

1.6.1. Reforzar la información y la sensibilización de los ciudadanos sobre el instrumento de la ICE con campañas específicas, permitiendo a los comités de ciudadanos que informen a los firmantes sobre los resultados obtenidos y, sobre todo, mediante un mayor compromiso de la Comisión para divulgar el seguimiento de las iniciativas que prosperen.

1.6.2. Garantizar el multilingüismo y explorar nuevas maneras de vincular el sistema de recogida de firmas en línea y los medios sociales y digitales a fin de llegar a un público cada vez más amplio.

1.6.3. Permitir, en principio, que todos los ciudadanos de la UE puedan ser organizadores de una ICE, ofreciendo la posibilidad de apoyar los gastos esenciales de una campaña una vez que haya sido registrada formalmente.

1.7. El CESE propone crear un foro institucional sobre la participación de los ciudadanos europeos, que se convierta en un punto permanente de discusión y debate dentro del Comité, siguiendo el modelo del Foro Europeo de la Migración, y valorice los avances ya realizados con el Día de la iniciativa ciudadana europea. El tema podría ser objeto de una propuesta más detallada y específica por parte del Comité que se trataría en un dictamen de iniciativa ad hoc.

2. Introducción

2.1. El derecho de la iniciativa ciudadana europea se estableció en el Tratado de Lisboa (2) como un instrumento innovador de democracia participativa transnacional. Se autoriza a un millón de ciudadanos de la UE, de al menos siete Estados miembros, a pedir a la Comisión Europea que proponga un texto legislativo sobre asuntos de competencia de la UE. De esta forma, se quiere lograr que los ciudadanos participen activamente en el proceso europeo de toma de decisiones, proporcionándoles una forma indirecta del derecho de iniciativa legislativa.

2.2. Las normas y procedimientos por los que se rige la ICE se establecieron en un Reglamento de la UE que se aprobó el 16 de febrero de 2011 y entró en vigor el 1 de abril de 2012 (3).

2.3. Una ICE puede ser organizada o firmada por todos los ciudadanos europeos que hayan cumplido la edad que les permita ejercer el derecho de voto en las elecciones al Parlamento Europeo (4). Las organizaciones no pueden plantear iniciativas, pero sí pueden promoverlas o apoyarlas, siempre que lo hagan con total transparencia.

2.4. El procedimiento previsto para una ICE puede resumirse en tres etapas:

2.4.1. La fase de puesta en marcha prevé la constitución de un «comité de ciudadanos» (5), el registro formal de la iniciativa (6) sujeto a la evaluación de la admisibilidad por la Comisión (7) y la certificación del sistema de recogida de firmas en línea (8).

2.4.2. En la fase de recogida, debe conseguirse un millón de «declaraciones de apoyo» (firmas) en un período máximo de doce meses procedentes de, como mínimo, siete Estados miembros de la UE (9). Este resultado debe ser certificado por las autoridades nacionales competentes (10).

2.4.3. En la fase de presentación, la iniciativa será examinada por la Comisión, tras reunirse con los organizadores y celebrar una audiencia pública en el Parlamento Europeo. La Comisión dispondrá de un plazo de tres meses para responder con una comunicación ad hoc y decidir si acepta la propuesta y pone en marcha el procedimiento legislativo.

3. Los primeros cuatro años de la Iniciativa Ciudadana Europea

3.1. Hasta la fecha, más de seis millones de ciudadanos europeos han firmado una ICE. Aunque se han presentado 56 iniciativas, solo 36 fueron registradas por la Comisión y, de ellas, únicamente 3 recogieron un mínimo de un millón de firmas (11). Ninguna de las iniciativas que prosperaron motivaron una nueva propuesta legislativa, si bien, en algunos casos, la Comisión Europea tuvo en cuenta la posición de la opinión pública sobre aspectos específicos.

3.2. Las considerables dificultades técnicas, jurídicas y burocráticas que han afrontado los organizadores y el escaso impacto legislativo de las iniciativas que prosperaron han socavado la credibilidad del instrumento de la ICE. Ello resulta evidente con la drástica disminución de las iniciativas registradas, que pasaron de dieciséis en 2012 a cinco en 2015 (12), y el número de declaraciones de apoyo recogidas, que pasaron de más de cinco millones en 2012 a unas cuantas miles en 2015 (13).

3.3. En estos cuatro años muchos organizadores y representantes de la sociedad civil organizada (14) denunciaron las deficiencias y rigidez de un instrumento que, en su origen, debía ser claro, sencillo y fácil de usar. Estas orientaciones se confirmaron en la audiencia pública que organizó el CESE el 22 de febrero de 2016.

3.4. En febrero de 2015, tres años después de su entrada en vigor, el Parlamento Europeo presentó un estudio (15) sobre la aplicación del Reglamento y defendió su revisión. Las conclusiones de este estudio se incluyeron, en octubre de 2015, en una resolución (16) mediante la que el Parlamento presentó oficialmente dicha petición a la Comisión con propuestas claras y precisas.

3.5. El Defensor del Pueblo Europeo, tras una investigación para verificar el funcionamiento eficaz del procedimiento de la ICE, así como el papel y las competencias de la Comisión, elaboró en marzo de 2015 once directrices destinadas a mejorar la iniciativa (17).

3.6. El Comité de las Regiones emitió, en octubre de 2015, un dictamen en el que también defendía una rápida y significativa revisión del Reglamento (18).

3.7. La Comisión, en respuesta a las numerosas solicitudes de modificación del Reglamento, publicó en abril de 2015, como estaba previsto en el propio Reglamento, un informe (19) sobre los resultados obtenidos hasta entonces y, posteriormente, en febrero de 2016, un seguimiento (20) respecto de las propuestas formuladas por el Parlamento. En ambos casos, la Comisión, aunque reconocía diversas dificultades que afrontan los organizadores de una ICE y aceptaba la posibilidad de mejorar la aplicación del marco regulador existente, rechazó de forma repetida toda posibilidad de una revisión a corto plazo del Reglamento vigente.

3.8. En la actualidad, la opinión generalizada entre las instituciones europeas, los organizadores y los representantes de la sociedad civil organizada es que, a pesar de que se han obtenido algunos resultados positivos, todavía falta mucho para que la ICE alcance todo su potencial desde el punto de vista de la propuesta política y la participación activa de los ciudadanos.

3.9. Los principales problemas detectados, de manera uniforme, por las instituciones y las partes interesadas son:

3.9.1. La falta de conocimiento y de sensibilización de los ciudadanos y de las instituciones nacionales respecto de la ICE (21).

3.9.2. Los comités de ciudadanos han afrontado numerosos obstáculos de carácter técnico, jurídico y burocrático en las fases de registro y recogida de declaraciones de apoyo, capaces de poner en peligro el éxito de la propia iniciativa.

3.9.3. Los ciudadanos que querían firmar una iniciativa experimentaron numerosas dificultades relativas a los diferentes derechos nacionales en materia de tratamiento de datos.

3.9.4. Las pocas iniciativas que prosperaron no fueron tenidas en cuenta por la Comisión para elaborar nuevas propuestas legislativas, únicamente para iniciativas legislativas relacionadas indirectamente con ellas.

3.10. Las principales dificultades que tuvieron los comités de ciudadanos son las siguientes:

3.10.1. Falta de un reconocimiento jurídico para los comités de ciudadanos. Ello repercute negativamente en importantes aspectos prácticos de una ICE como la captación de fondos y la simple apertura de una cuenta corriente. Además, el hecho de que los responsables sean personalmente responsables de los «posibles daños que causen con motivo de la organización» (22) de una ICE tiene un efecto disuasorio.

3.10.2. Aplicación excesivamente rígida de los criterios de admisibilidad de una ICE. Alrededor del 40 % de estas iniciativas fueron declaradas no admisibles por la Comisión Europea en la primera etapa del proceso, esto es, el «registro» de la iniciativa (23). Según el Parlamento Europeo, es conveniente profundizar en el conflicto de intereses interno para la Comisión, que, por una parte, debe informar a los organizadores y evaluar la admisibilidad de la iniciativa y, por otra parte, es la destinataria de la propia iniciativa (24).

3.10.3. Solapamiento de actividades en el calendario de una ICE. Los plazos necesarios para certificar en cada Estado miembro los sistemas de recogida de firmas en línea reducen el plazo, que ya es breve en sí, de doce meses para recoger las declaraciones de apoyo.

3.10.4. Falta de apoyo adecuado por parte de la Comisión, en particular durante las fases de puesta en marcha y gestión de la iniciativa. Debe estudiarse más en profundidad el servicio de alojamiento y el OCS ofrecidos de forma gratuita por la Comisión, así como las dificultades de los organizadores para elaborar y difundir documentación multilingüe.

3.10.5. Gestionar una ICE es un proceso costoso. Ello lo demuestra el hecho de que las tres iniciativas que prosperaron contaban con el respaldo de grandes organizaciones de la sociedad civil que apoyaron las actividades desde el punto de vista técnico, organizativo y financiero. Muchos organizadores, a fin de no desvirtuar el principio fundacional de la iniciativa ciudadana europea, destacan la necesidad de recibir un mayor apoyo a escala de la UE para el lanzamiento de la campaña.

3.10.6. Excesiva rigidez para la recogida y el tratamiento de datos personales. En algunos Estados miembros, las normas aplicables desincentivaron en mayor medida la organización de nuevas iniciativas y la adhesión a ellas. Además, en algunos países las leyes sobre la recogida de datos establecen que solo deben tenerse en cuenta las firmas recogidas entre los nacionales que residen en el territorio nacional, lo que priva en la práctica a once millones de personas de su derecho a participar (25).

3.10.7. Escasa participación de los organizadores en las actividades de seguimiento. Las reuniones y audiencias, dado el poco seguimiento de las iniciativas que prosperan, no parecen suficientes para impulsar una acción legislativa concreta por parte de la Comisión.

3.11. El año 2016 será decisivo para la ICE en el proceso que podría llevar a revisarla. El presente dictamen de iniciativa representa la contribución del CESE a este proceso, habida cuenta de las enormes posibilidades sin aprovechar de un instrumento tan importante e innovador en los procesos europeos de toma de decisiones y con vistas a una verdadera ciudadanía europea.

4. El CESE y la Iniciativa Ciudadana Europea

4.1. El CESE, como puente entre las instituciones europeas y la sociedad civil organizada, ha participado desde el principio en el debate sobre la ICE. Lo demuestran los dictámenes aprobados hasta la fecha (26) y la creación de un grupo ad hoc que sigue permanentemente la evolución y aplicación de este derecho (27).

4.2. El CESE también participa activamente en el proceso de la ICE (28) con la doble función de facilitador de las iniciativas y mentor institucional. Respecto de las iniciativas y las competencias del CESE, cabe citar las siguientes:

4.2.1. El «Día de la iniciativa ciudadana europea», organizado cada año para evaluar con todos los agentes interesados el grado de aplicación y eficacia de la ICE. Este acto también facilita el intercambio de buenas prácticas y la creación de redes entre los que proponen iniciativas y otras partes interesadas.

4.2.2. La creación de una oficina de asistencia para la ICE que ofrece, entre otras cosas, la traducción a las lenguas oficiales de la UE de la descripción de las iniciativas que han sido validadas por la Comisión.

4.2.3. La puesta a disposición de salas propias para fomentar la difusión de las campañas.

4.2.4. La elaboración de una guía práctica, que ya ha alcanzado su tercera edición, para dar a conocer y promover la ICE (29). Asimismo, el Comité concede un papel clave a la ICE en otra publicación titulada «Pasaporte Europeo hacia la ciudadanía activa» (30), para informar a los ciudadanos europeos sobre todos sus derechos y estimular la democracia participativa transnacional.

4.2.5. La creación, en 2016, de un archivo público de la documentación académica y científica sobre la ICE, abierto a todos los ciudadanos y de consulta gratuita.

4.2.6. La presentación en el pleno, o de forma alternativa en la sección, de todas las iniciativas registradas que tengan más éxito y que no sean contrarias a la política oficial del CESE expresada en sus dictámenes. De esta manera, el CESE puede dar suficiente visibilidad a estas iniciativas, manteniendo al mismo tiempo una postura neutral.

4.2.7. El CESE participa con sus delegados en las audiencias celebradas en el Parlamento Europeo sobre las iniciativas que prosperan, contribuyendo al proceso de análisis y estudio en profundidad por la Comisión.

5. Observaciones generales

5.1. El CESE reitera firmemente su apoyo a la iniciativa ciudadana europea. Cuatro años después de la entrada en vigor del Reglamento sobre la ICE, existen datos esperanzadores sobre participación, pero también un enorme potencial sin explotar. De hecho, el Comité considera que una aplicación correcta y completa de la ICE puede ayudar a colmar la creciente brecha existente entre los ciudadanos y la Unión Europea.

5.2. El CESE comparte las opiniones ya expresadas por el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y el Defensor del Pueblo Europeo, en el sentido de que la aplicación parcial y limitada de la ICE se debe a múltiples factores. En concreto, existen límites de carácter técnico, jurídico y burocrático, pero también un cortocircuito institucional claro debido a un exceso de competencias y responsabilidades en manos de la Comisión Europea.

5.3. Además, el CESE considera que la Comisión ha resuelto con éxito algunos de estos problemas, como en el caso del suministro de un sistema de recogida de datos gratuito (OCS), mientras que otros, lamentablemente, no pueden abordarse sin revisar el propio Reglamento.

5.4. Por lo tanto, el Comité pide a la Comisión que actúe con arreglo a un doble planteamiento: actuar rápidamente para resolver o simplificar los problemas técnicos y burocráticos más simples y claros; presentar lo antes posible una propuesta de reforma de dicho Reglamento con el fin de abordar los retos institucionales, jurídicos y organizativos más complejos.

6. Observaciones específicas

6.1. El CESE, con vistas a una simplificación y racionalización de la ICE, formula las siguientes propuestas de reforma del Reglamento:

6.1.1. Permitir a los comités de ciudadanos que inicien la recogida de declaraciones de apoyo en la fecha que decidan. Esto es fundamental para hacer efectivos los doce meses de recogida de firmas.

6.1.2. Dotar de reconocimiento jurídico a los comités de ciudadanos, asignándoles un estatuto especial en caso necesario, a fin de limitar la responsabilidad penal de los organizadores al dolo o imprudencia grave, en consonancia con el modelo de la Directiva 2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal.

6.1.3. Crear una ventanilla única, tanto física como en línea, donde los ciudadanos interesados puedan obtener información y orientación para presentar iniciativas. Es esencial proporcionar a los comités de ciudadanos una asistencia técnica y jurídica adecuada para facilitar la presentación de propuestas y aumentar el porcentaje de las que se consideran admisibles.

6.1.4. Examinar las propuestas destinadas a reducir la edad mínima para apoyar y participar en una ICE, tal como piden el Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones, para ofrecer a los jóvenes la posibilidad de participar activamente en el proceso de la construcción de la Unión Europea.

6.1.5. Separar las funciones de «guía institucional» y «juez», que en la actualidad se concentran en la Comisión. Ello es fundamental para resolver el evidente conflicto de intereses dentro de la Comisión y favorecer la plena y efectiva aplicación del instrumento de la ICE.

6.1.5.1. El CESE, que confirma su disponibilidad para proseguir su participación en las iniciativas ya emprendidas, puede ser un candidato natural para desempeñar la función de facilitador y guía institucional.

6.1.6. Garantizar un seguimiento adecuado de las iniciativas que prosperen. Respetando el derecho de iniciativa de la Comisión Europea, se le pide que elabore una propuesta legislativa en un plazo de doce meses a partir del final de la campaña o motive de forma más adecuada la decisión de no presentar ninguna propuesta. En caso de que no se presente una propuesta en el plazo establecido, el CESE defiende que el Parlamento Europeo pueda presionar a la Comisión con arreglo al artículo 225 del TFUE. Además, la Comisión deberá iniciar una relación más estrecha con los organizadores de estas iniciativas, más allá de la mera audición que se celebra en el Parlamento Europeo, a fin de garantizar que la propuesta elaborada se ajusta a las expectativas de los que la apoyaron.

6.2. Asimismo, el Comité señala que la Comisión debería:

6.2.1. Hacer que el proceso de registro sea más transparente y eficaz. En concreto, la Comisión debería desempeñar un papel más proactivo, facilitando respuestas pormenorizadas y soluciones posibles en caso de que una iniciativa se considere no admisible y permitiendo que los comités puedan reajustarla para que sea coherente con los criterios establecidos en la legislación vigente.

6.2.2. Proseguir las negociaciones con los Estados miembros para simplificar, reducir y uniformar el sistema de normas nacionales para la recogida de datos, necesario a la hora de firmar una declaración de apoyo. En concreto, se propone limitar al máximo las solicitudes de documentos de identificación personal y permitir que todos los ciudadanos puedan firmar las iniciativas de los países de residencia (31).

6.2.3. Establecer de forma permanente el sistema OCS gratuito que simplifica la recogida y la catalogación de las declaraciones de apoyo, así como su verificación por las autoridades nacionales. Asimismo, este instrumento debe ser accesible para las personas con discapacidad.

6.3. En especial, se recomienda:

6.3.1. Reforzar el proceso de información y sensibilización sobre la ICE. Ello debe hacerse principalmente por medio de campañas ad hoc promovidas por la Comisión y los Estados miembros. En esta óptica, se propone también que los comités de ciudadanos puedan informar a los firmantes interesados de la evolución y los logros de la campaña (previa autorización de estos). Del mismo modo, la Comisión debe difundir mejor el seguimiento de las iniciativas que prosperen e informar de ello en primer lugar a los comités de ciudadanos.

6.3.2. Garantizar el multilingüismo como requisito indispensable para alcanzar un alto porcentaje de participación y explorar nuevas maneras de vincular el sistema de recogida de firmas por vía electrónica y los medios sociales y digitales a fin de llegar a un público cada vez más amplio.

6.3.3. Permitir, en principio, que todos los ciudadanos de la UE puedan ser organizadores de una ICE, ofreciendo la posibilidad de apoyar los gastos esenciales de una campaña una vez que haya sido registrada formalmente.

6.4. Por último, el CESE propone crear un foro institucional sobre la participación de los ciudadanos europeos, que se convierta en un punto permanente de discusión y debate dentro del Comité, siguiendo el modelo del Foro Europeo de la Migración, y valorice los avances ya realizados con el Día de la iniciativa ciudadana europea. En este contexto, y con el fin de garantizar una mayor participación cualificada, el CESE invitaría a los demás representantes institucionales competentes, a un representante de cada uno de los comités de ciudadanos cuya iniciativa haya sido registrada formalmente y a todas las partes interesadas. El tema podría ser objeto de una propuesta más detallada y específica por parte del Comité que se trataría en un dictamen de iniciativa ad hoc.

Bruselas, 13 de julio de 2016. El Presidente del Comité Económico y Social Europeo Georges DASSIS

(1) OCS es la sigla de Online Collection Software, instrumento que facilita de forma gratuita la Comisión Europea para la recogida de datos en línea. Este instrumento simplifica tanto la actividad de recogida de datos como la de verificación por parte de las autoridades nacionales. Por lo demás, el OCS se atiene al Reglamento (UE) n.o 211/2011 del Consejo y del Parlamento Europeo y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1179/2011 de la Comisión. https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/description

(2) Artículo 11, apartado 4, del TUE y artículo 24, apartado 1, del TFUE.

(3) Reglamento (UE) n o 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre la iniciativa ciudadana, http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

(4) En principio, hay que tener 18 años en todos los Estados miembros salvo en Austria (donde basta con 16 años).

(5) El comité de ciudadanos debe estar compuesto por al menos siete ciudadanos de la UE que residan en sendos Estados miembros de la UE.

(6) La iniciativa debe describirse con un máximo de 800 caracteres (100 para el título, 200 para la descripción y 500 para dar detalles sobre los objetivos).

(7) Artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 211/2011. Antes del registro oficial de una iniciativa y de su inclusión en el sitio web de la Comisión, esta dispone de dos meses para comprobar que: 1) se haya constituido un comité de ciudadanos y se haya nombrado a las personas de contacto; 2) la iniciativa no esté manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión para presentar una propuesta legislativa con el fin de aplicar los Tratados; 3) la iniciativa no sea manifiestamente abusiva, frívola o temeraria; 4) la iniciativa no sea manifiestamente contraria a los valores establecidos en los Tratados de la UE. La decisión de aceptar o rechazar el registro obedece a motivos jurídicos, por lo que puede impugnarse. En caso de rechazar el registro, la Comisión informará a los organizadores de las razones de dicho rechazo y de todas las posibles vías de recurso judiciales y extrajudiciales a su disposición. Ello incluye la posibilidad de interponer recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE o presentar una queja ante el Defensor del Pueblo Europeo (denuncia por mala administración).

(8) Artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 211/2011. El Reglamento prevé que este proceso se lleva a cabo por las autoridades competentes de cada uno de los Estados miembros en los que se recogerán las declaraciones de apoyo.

(9) El Reglamento establece la obligación de alcanzar un porcentaje mínimo de firmas por país que sea proporcional al número de habitantes: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories

(10) Artículo 15 del Reglamento (CE) n.o 211/2011.

(11) Las propuestas que han prosperado son: «El derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. El agua no es un bien comercial, sino un bien público!», «Stop Vivisection», «Uno de nosotros»: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful

(12) El número de iniciativas registradas se ha reducido progresivamente a lo largo de los años: dieciséis en 2012, nueve en 2013, cinco en 2014 y cinco en 2015.

(13) Las cifras sobre las firmas recogidas en apoyo de una ICE durante los últimos tres años ponen claramente de manifiesto un descenso en la participación y el interés de los ciudadanos. En 2013 se recogieron 5 402 174 firmas, 628 865 en 2014 y tan solo 8 500 en 2015.

(14) C. Berg, J. Tomson, An ECI that works! Learning from the first two years of the European Citizens’ Initiative, 2014. http://ecithatworks.org/

(15) Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, Implementation of the European Citizens’ Initiative. The experience of the first three years», 2015. http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/home.html

(16) Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de octubre de 2015, sobre la iniciativa ciudadana europea (2014/2257(INI)). Ponente: Schöpflin.

(17) Asunto: OI/9/2013/TN. Abierto: 18.12.2013; decisión: 4.3.2015 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/es/59205/html.bookmark

(18) Comité de las Regiones. Dictamen sobre la Iniciativa ciudadana europea (DO C 423 de 17.12.2015, p. 1).

(19) Informe COM(2015) 145 final — Informe sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.o 211/2011 sobre la iniciativa ciudadana, 2015.

(20) Follow up to the European Parliament resolution on the European Citizens’ Initiative, adoptado por la Comisión el 2 de febrero de 2016.

(21) Encuesta del Eurobarómetro «The promise of the EU», septiembre de 2014, p. 55.

(22) Artículo 13 del Reglamento (CE) n.o 211/2011. Cabe citar el riesgo de errores en el tratamiento de los datos personales.

(23) Se considera especialmente restrictiva la interpretación de que la iniciativa «propuesta no esté manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión para presentar una propuesta relativa a un acto jurídico para los fines de aplicación de los Tratados». De esta forma, se rechazaron sistemáticamente todas las iniciativas destinadas a modificar los Tratados. La única excepción es «Let me vote», con la que se quería reforzar los derechos establecidos en el artículo 20, apartado 2, del TFUE al otorgar a los ciudadanos de la Unión Europea residentes en otro Estado miembro el derecho a votar en todas las elecciones políticas en su país de residencia en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.

(24) Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, «Implementation of the European Citizens’ Initiative. The experience of the first three years», 2015, punto 3.1.4.

(25) Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, Implementation of the European Citizens’ Initiative. The experience of the first three years», 2015, punto 6.

Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, Disenfranchisement of EU citizens resident abroad, Executive Summary.

(26) Dictamen del CESE sobre el tema La iniciativa ciudadana (DO C 44 de 11.2.2011, p. 182).

Dictamen del CESE sobre el tema La aplicación del Tratado de Lisboa: la democracia participativa y el derecho de iniciativa de los ciudadanos (artículo 11), DO C 354 de 28.12.2010, p. 59.

(27) El Grupo ad hoc sobre la Iniciativa Ciudadana Europea se estableció en octubre de 2013 y su mandato fue renovado en 2015.

(28) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.members-former-eesc-presidents-henri-malosse-speeches-statements&itemCode=35383

(29) http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/es_15_438-citizens-initiative.pdf

(30) http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/15_85-citizenship-passport-es.pdf

(31) Los ciudadanos británicos e irlandeses que residen en Bulgaria, Francia, Austria, Chequia y Portugal en la actualidad no tienen ese derecho.