Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 68/360/CEE del Consejo relativa a la supresión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad (98/C 344/08) (Texto pertinente a los fines del EEE) COM(1998) 394 final - 98/0230(COD)

(Presentada por la Comisión el 14 de octubre de 1998)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 49,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado,

(1) Considerando que la Directiva 68/360/CEE del Consejo (1), cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia, establece las condiciones en que se suprimen determinadas restricciones al desplazamiento y a la estancia, en favor de los beneficiarios del Reglamento (CEE) n° 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (2), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° . . ./. . del Parlamento Europeo y del Consejo;

(2) Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1612/68 ha sido modificado fundamentalmente para ampliar su ámbito de aplicación personal; que de ello se desprende la necesidad de adaptar las disposiciones de la Directiva 68/360/CEE a dichas modificaciones, por lo que se refiere tanto a los trabajadores y a los miembros de sus familias que son ciudadanos de la Unión, como a los miembros de las familias que no son ciudadanos de la Unión;

(3) Considerando que la situación administrativa de los solicitantes de empleo no era totalmente clara, aunque estén efectivamente cubiertos por el artículo 48 del Tratado y por el Reglamento (CEE) n° 1612/68, como ha indicado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en sucesivas ocasiones; que, por consiguiente, es necesario precisar su derecho de residencia con el fin de buscar un puesto de trabajo para el período necesario para este objetivo, sin que estén obligados a proveerse de un documento de estancia;

(4) Considerando que conviene permitirse la totalización de los períodos de estancia a fin de obtener una tarjeta de cinco años cuando el trabajador haya desempeñado empleos durante más de doce meses en un período de residencia continuo superior a dieciocho meses; que esta modificación es importante para responder a las situaciones de migración temporal, así como para hacer frente a la realidad del mercado de trabajo en la Comunidad, donde no siempre es posible que los trabajadores obtengan un trabajo permanente desde su primer contrato;

(5) Considerando que el trabajador que haya residido durante un período de cinco años en el territorio de un Estado miembro debe tener derecho a la renovación automática de su tarjeta de estancia para períodos de diez años; que el procedimiento para la concesión de los permisos de residencia debe simplificarse y, en su caso, aproximarse al procedimiento existente a nivel nacional para los documentos de identidad nacionales;

(6) Considerando que la expulsión de trabajadores comunitarios o de los miembros de sus familias por razones de orden público o de seguridad pública constituye una medida radical que puede perjudicar gravemente a las personas que, haciendo uso de los derechos y libertades previstos en el Tratado, se hayan integrado auténticamente en el Estado miembro de acogida; que es preciso, así pues, limitar el alcance de estas medidas teniendo en cuenta al mismo tiempo el nivel de integración y los vínculos económicos y familiares de la persona afectada por dichas medidas;

(7) Considerando que la concesión de un derecho directo de residencia a los miembros de la familia que hayan residido durante un período de tres años consecutivos se ha introducido en el Reglamento (CEE) n° 1612/68; que es preciso, así pues, incluirlo en la Directiva 68/360/CEE;

(8) Considerando que, en consecuencia, conviene modificar la Directiva 68/360/CEE,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

La Directiva 68/360/CEE se modificará como sigue:

1) La primera frase del apartado 1 del artículo 2 se sustituirá por el texto siguiente:

«Los Estados miembros reconocerán a los trabajadores comprendidos en el artículo 1 el derecho de abandonar su territorio para buscar un puesto de trabajo, acceder a un período de prácticas profesionales o acceder a una actividad asalariada y ejercerla en el territorio de otro Estado miembro.».

2) En el apartado 2 del artículo 3, se añadirá el párrafo siguiente:

«No obstante, los Estados miembros permitirán a los miembros de las familias nacionales de un país tercero y que residen regularmente en un Estado miembro que obtengan los visados necesarios u otros documentos equivalentes en el Estado miembro en que residían y en el Estado miembro en que estas personas vayan a instalarse con el trabajador con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 1612/68.».

3) El artículo 4 se modificará como sigue:

a) En el apartado 2, las palabras «tarjeta de estancia de nacional de un Estado miembro de la CEE» se sustituirán por la expresión «tarjeta de estancia de ciudadano de la Unión Europea.».

b) El apartado 3 se modificará como sigue:

i) en la frase introductoria las palabras «tarjeta de estancia de un nacional de un Estado miembro de la CEE» se substituirán por las palabras «tarjetas de estancia de un ciudadano de la Unión Europea»;

ii) la letra b) se sustituirá por el texto siguiente:

«b) una declaración de compromiso del empresario o un certificado de trabajo o de período de prácticas profesionales;»;

iii) la letra e) se sustituirá por el texto siguiente:

«e) en los casos a que se refiere la letra c) del apartado 1 y el párrafo 2 del artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 1612/68, un documento expedido por la autoridad competente del Estado de origen o de procedencia, en el que se acredite que están a cargo del trabajador o que conviven en este país.».

4) Se añadirá el artículo 4 bis siguiente:

«Artículo 4 bis

1. En caso de disolución del matrimonio, los Estados miembros reconocerán el derecho de residencia en su territorio a los miembros de la familia de un trabajador comunitario que no sean nacionales de un Estado miembro, pero que hayan residido durante un período de tres años consecutivos en un Estado miembro en virtud del artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 1612/68, según las modalidades previstas en sus apartados 2 y 3.

2. Se reconocerá el derecho de residencia a los miembros de la familia que no ejerzan actividad económica, una vez demuestren que disponen, para ellos y para las personas que estén a su cargo, de recursos financieros suficientes así como de un seguro de enfermedad para cubrir la totalidad de los riesgos en el Estado miembro de residencia.

Las disposiciones relativas a la determinación de los recursos suficientes, la duración de la tarjeta de estancia y su renovación, contenidas en la Directiva 90/364/CEE del Consejo (*), se aplicaran mutatis mutandis para llevar a efecto el primer apartado.

3. Se reconocerá el derecho de residencia a los miembros de la familia que ejerzan una actividad económica en virtud del artículo 11 del Reglamento (CEE) n° 1612/68, previa presentación de un contrato de trabajo, de un certificado de trabajo o de una declaración de ejercicio de una actividad económica por cuenta propia.

Lo dispuesto en los artículos 6 a 9 de la presente Directiva se aplicará mutatis mutandis por lo que se refiere a la duración de la tarjeta de estancia y a las condiciones para su renovación.

4. Las ausencias que no rebasen los seis meses consecutivos, así como las ausencias provocadas por el cumplimiento de obligaciones militares o por razones médicas, de maternidad o de estudios, no supondrán una interrupción de la estancia para el cálculo del período de tres años previsto en el apartado 1.

(*) DO L 180 de 13.7.1990, p. 26».

5) El artículo 6 se modificará como sigue:

a) La letra b) del apartado 1 se sustituirá por el texto siguiente:

«b) deberá tener un plazo de validez de cinco años como mínimo a partir de la primera expedición y ser automáticamente renovable por un período de diez años.».

b) El apartado 2 se sustituirá por el texto siguiente:

«2. Las interrupciones de la estancia que no excedan de seis meses consecutivos y las ausencias ocasionadas por el cumplimiento de obligaciones militares o por razones médicas, de maternidad, de estudios o de desplazamiento profesional, no afectarán a la validez de la tarjeta de estancia.».

c) En el apartado 3 después del párrafo primero se añadirá el párrafo siguiente:

«No obstante, cuando el trabajador ocupe distintos puestos de trabajo temporales sucesivos cuya duración total sea superior a doce meses durante un período de estancia de dieciocho meses, el Estado miembro de acogida le expedirá la tarjeta de estancia citada en el apartado 1, previa presentación de una declaración de compromiso o de un certificado de trabajo, incluso para un trabajo de una duración inferior a un año.».

d) Se añadirá el apartado 4 siguiente:

«4. Con sujeción a las disposiciones de la letra d) del apartado 1 del artículo 8, el trabajador que se encuentre en situación de desempleo tras un período de trabajo en un Estado miembro y que posea la tarjeta de estancia prevista en el párrafo primero del apartado 3 tendrá derecho a la renovación automática de su documento de estancia por períodos de al menos seis meses, si se encuentra en busca de un puesto de trabajo.

Sin perjuicio del párrafo primero, si el interesado ha adquirido un derecho a las prestaciones de desempleo, el documento de estancia se renovará automáticamente hasta el final del derecho a las prestaciones de desempleo.».

6) El artículo 7 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 7

No se podrá retirar la tarjeta de estancia en período de validez a un trabajador por el simple hecho de que éste haya dejado de ocupar un empleo, bien como consecuencia de una incapacidad temporal para el trabajo ocasionada por una enfermedad, por un accidente o por maternidad, o bien porque se halle en situación de paro involuntario debidamente comprobado por el servicio de empleo competente.

Cuando expirare durante el período de incapacidad laboral, se renovará automáticamente, de conformidad con el artículo 6.».

7) En el apartado 1 del artículo 8, se añadirá la letra d) siguiente:

«d) al nacional de un Estado miembro que esté en busca de un empleo en su territorio. En el caso de que la búsqueda de empleo se prolongue durante un período superior a seis meses, el Estado miembro podrá pedir al solicitante de empleo que demuestre que busca activamente un puesto de trabajo y que tiene expectativas razonables de ser contratado.».

8) El artículo 9 se modificará como sigue:

a) El apartado 1 se sustituirá por el texto siguiente:

«1. Los documentos de estancia concedidos a los beneficiarios de la presente Directiva serán expedidos y renovados con carácter gratuito o mediante el abono de una suma que no rebajará el importe de los derechos y tasas exigidos para la expedición de las tarjetas de identidad a los nacionales.».

b) El apartado 3 se sustituirá por el texto siguiente:

«3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a fin de aproximar los procedimientos para la expedición de los documentos de estancia previstos en la presente Directiva a los procedimientos existentes para la expedición de los documentos de identidad nacionales u otros documentos nacionales equivalentes.».

9) El artículo 10 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 10

Los Estados miembros no podrán dejar de aplicar lo dispuesto en la presente Directiva más que por razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública.

Sin embargo, al aplicar las exenciones previstas en el apartado anterior, los Estados miembros tendrán en cuenta, a fin de limitar el alcance de estas exenciones, el grado de integración en su territorio de la persona afectada por tales exenciones.

Para determinar el grado de integración en el Estado miembro de residencia, los Estados miembros tendrán en cuenta circunstancias como el hecho de que la persona destinada haya nacido en este Estado, haya realizado una gran parte de sus estudios y de su formación o posea vínculos culturales, sociales, profesionales o familiares importantes en este Estado.».

Artículo 2

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2000. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 3

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

(1) DO L 257 de 19.10.1968, p. 13.

(2) DO L 257 de 19.10.1968, p. 2.