22. 2. 90 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 42/7 
COMISIÓN 
Propuesta modificada de Directiva del Consejo relativa a los servicios de inversión en el ámbito 
de los valores mobiliarios 
COM(89) 629 final — SYN 176 
(Presentada por la Comisión el 8 de febrero de 1990) 
(90/C 42/06) 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó­
mica Europea y, en particular, su artículo 57, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
En cooperación el Parlamento Europeo, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social, 
Considerando que la presente Directiva debe constituir 
un instrumento esencial para la plena realización del 
mercado interior, conforme a lo estipulado por el Acta 
Única Europea y de acuerdo con el calendario fijado en 
el Libro Blanco de la Comisión, en lo que se refiere a la 
libertad de establecimiento y a la libre prestación de ser­
vicios financieros en el ámbito de las empresas de inver­
sión; 
Considerando que el enfoque adoptado está encaminado 
a lograr únicamente el grado esencial de armonización 
que sea necesario y suficiente para garantizar el recono­
cimiento mutuo de las autorizaciones y de los sistemas 
de supervisión cautelar, posibilitando así la concesión de 
una única autorización con validez en toda la Comuni­
dad y la aplicación del principio de supervisión cautelar 
por el país de origen; 
Considerando que es necesario, por razones de compe­
tencia leal, garantizar que las empresas de inversión no 
bancadas gocen de la misma libertad para el estableci­
miento de sucursales y la prestación de servicios a escala 
transfronteriza que la que se contempla en la Segunda 
Directiva del Consejo para la coordinación de las dispo­
siciones legales, reglamentarias y administrativas relativas 
al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su 
ejercicio; 
Considerando que los principios de reconocimiento mu­
tuo y de supervisión por el Estado miembro de origen 
exigen que las autoridades competentes de cada uno de los Estados miembros no concedan autorización o la re­
tiren cuando factores tales como el programa de activi­
dad, la distribución geográfica o la actividad efectiva­
mente realizada demuestren de forma inequívoca que la 
empresa de inversión ha optado por el sistema jurídico 
de un Estado miembro con el propósito de eludir las 
normas más estrictas vigentes en el Estado miembro en el 
que proyecta realizar o realiza la mayor parte de sus ac­
tividades; que, a los efectos de la presente Directiva, 
toda empresa de inversión que sea persona jurídica de­
berá ser autorizada en el Estado miembro en que se en­
cuentre su domicilio social; que los Estados miembros 
deberán exigir que la sede central se sitúe en el mismo 
Estado miembro que el domicilio social; 
Considerando que es, asimismo, necesario y oportuno li­
beralizar el ingreso en las bolsas de valores y en los mer­
cados de futuros y opciones de los Estados miembros de 
acogida para aquellas empresas de inversión ya autoriza­
das a desarrollar las citadas actividades en sus Estados 
miembros de origen; 
Considerando que la responsabilidad de supervisar la sol­
vencia financiera de una empresa de inversión recaerá 
sobre las autoridades competentes de su Estado miembro 
de origen; que, a fin de que dichas autoridades compe­
tentes puedan asumir plenamente esta responsabilidad, 
será necesaria una nueva Directiva que coordine las nor­
mas en materia de riesgo de mercado; 
Considerando que el Estado miembro de origen podrá 
dictar también normas más rigurosas que las establecidas 
en los artículos 3, 4, 10, 11 y 20 respecto a las empresas 
de inversión autorizadas por sus propias autoridades 
competentes; 
Considerando que, en virtud del reconocimiento mutuo, 
el enfoque adoptado permite a las empresas de inversión 
autorizadas en su Estado miembro de origen realizar en 
toda la Comunidad todas o parte de las actividades enu­
meradas en el Anexo, mediante el establecimiento de su­
cursales o la prestación de servicios; 
N° C 42/8 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 22. 2. 90 
Considerando que el ejercicio de las actividades que no 
se enumeran en el Anexo disfruturá del derecho de esta­
blecimiento y de la libertad de prestación de servicios en 
virtud de las disposiciones generales del Tratado; 
Considerando que el Estado miembro de acogida podrá, 
para el ejercicio del derecho de establecimiento y de la 
libertad de prestación de servicios, imponer el cumpli­
miento de sus disposiciones nacionales específicas, de ca­
rácter legal o reglamentario, a las empresas que no estén 
autorizadas como empresas de inversión en su Estado 
miembro de origen y en lo que se refiere a las actividades 
que no se enumeren en el Anexo, siempre que, por una 
parte, estas disposiciones sean compatibles con el Dere­
cho comunitario y estén motivadas por la protección del 
bien común y que, por otra, dichas empresas o activida­
des no estén sujetas a normas equivalentes en virtud de 
las disposiciones legales o reglamentarias del Estado 
miembro de origen; 
Considerando que los Estados miembros deben velar por 
que no exista ningún obstáculo para que las actividades 
que se benefician del reconocimiento mutuo puedan ser 
ejercidas del mismo modo que en el Estado miembro de 
origen, siempre que no estén en contradicción con las 
disposiciones legales de protección del bien común vi­
gentes en el Estado miembro de acogida; 
Considerando que los procedimientos vigentes en mate­
ria de autorización de sucursales de empresas de inver­
sión autorizadas en terceros países continuarán aplicán­
dose a las mismas; que dichas sucursales no se beneficia­
rán de la libre prestación de servicios en virtud de lo dis­
puesto en el párrafo segundo del artículo 59 del Tratado, 
ni de la libertad de establecimiento en Estados miembros 
distintos de aquél en que se hallen establecidas; que, no 
obstante las solicitudes de autorización de filiales o de 
adquisición de participaciones por empresas que se rijan 
por el Derecho de terceros países están sujetas a un pro­
cedimiento cuyo propósito es garantizar que se conceda 
reciprocidad de trato a las empresas de inversión de la 
Comunidad en los terceros países de que se trate; 
Considerando que las autorizaciones concedidas por las 
autoridades nacionales competentes a las empresas de in­
versión, de conformidad con las disposiciones de la pre­
sente Directiva, no serán ya simplemente de alcance na­
cional sino comunitario; que las cláusulas de reciproci­
dad existentes quedarán, en adelante, sin efecto; que, en 
consecuencia, es necesario un procedimiento flexible que 
permita evaluar la reciprocidad sobre una base comunita­
ria; que el objetivo de dicho procedimiento no es cerrar 
los mercados financieros de la Comunidad sino, por el 
contrario, dado que el propósito de la Comunidad es 
mantener sus mercados financieros abiertos al resto del 
mundo, ampliar la liberalización del conjunto de los 
mercados financieros en terceros países; que, para ello, 
la presente Directiva establece procedimientos de nego­
ciación con terceros países y, en última instancia, la posi­
bilidad de adoptar medidas consistentes en la suspensión 
de nuevas solicitudes de autorización o en la limitación 
de nuevas autorizaciones; Considerando que para lograr un funcionamiento armó­
nico del mercado interior de servicios de inversión será 
necesaria, además de las normas jurídicas, una estrecha y 
asidua colaboración entre las autoridades competentes de 
los Estados miembros; que el Comité de contacto con­
templado en la presente Directiva es el foro más ade­
cuado para estudiar los problemas que surjan en relación 
con las distintas empresas de inversión; que este Comité 
constituye un órgano apropiado para el intercambio de 
información previsto en la presente Directiva; 
Considerando que, en cualquier caso, este procedimiento 
de información recíproca no sustituirá a la colaboración 
bilateral establecida en la presente Directiva; que, sin 
perjuicio de sus propias competencias en materia de su­
pervisión, las autoridades competentes del Estado miem­
bro de acogida podrán, en caso de urgencia y por inicia­
tiva propia o de las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen, seguir comprobando que las activi­
dades de una empresa de inversión establecida en su te­
rritorio son conformes a Derecho y a los principios de 
una sólida organización administrativa y contable y de 
un control interno adecuado; 
Considerando que en algunas ocasiones puede ser nece­
sario introducir modificaciones técnicas en las normas 
detalladas contenidas en la presente Directiva para adap­
tarlas a la evolución del sector de servicios de inversión; 
que, en consecuencia, la Comisión deberá efectuar cuan­
tas modificaciones sean necesarias, previa consulta al 
Comité contemplado en la presente Directiva, 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
TÍTULO I 
Definiciones y ámbito de aplicación 
Artículo 1 
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
1) entidad de crédito: una entidad de crédito según 
se define en el primer guión del artículo 1 de la 
Directiva 77/780/CEE del Consejo ('), distinta de 
las entidades a que se refiere el apartado 2 de su 
artículo 2; 
2) servicio de inversión: todo servicio ligado a los 
instrumentos que se especifican en la lista del 
Anexo; 
3) empresa de inversión: toda persona física o jurídica 
cuyo objeto consista en la prestación de servicios de 
inversión. 
4) estado miembro de origen: 
a) cuando la empresa de inversión sea una persona 
física, el Estado miembro en el que dicha persona 
tenga su principal centro de operaciones, 
(') DO n° L 322 de 17. 12. 1977, p. 30. 
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b) cuando la empresa de inversión sea una persona 
jurídica, el Estado miembro donde tenga su do­
micilio social o, en caso de no tener domicilio so­
cial, el Estado miembro en el que esté situada su 
sede central; 
5) estado miembro de acogida: el Estado miembro en el 
cual una empresa de inversión tenga una sucursal o 
preste servicios; 
6) sucursal: un establecimiento que constituya una parte 
jurídicamente dependiente de una empresa de inver­
sión y que preste un servicio de inversión para cuyo 
ejercicio la empresa de inversión haya recibido la 
oportuna autorización; 
7) participación cualificada: la participación, directa o 
indirecta, en una empresa de inversión, que repre­
sente el 10 °/o, o más, del capital o de los derechos 
de voto o que permita el ejercicio de una influencia 
notable en la gestión de la empresa de inversión en 
la que se posea la participación; 
A efectos de la aplicación de la anterior definición, 
en el contexto de los artículos 4 y 10, y de los otros 
niveles de participación contemplados en el artículo 
10, se tomarán en consideración los derechos de 
voto mencionados en el artículo 7 de la Directiva 
88/627/CEE del Consejo ('). 
8) empresa matriz: una empresa matriz según se define 
en los artículos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE 
del Consejo (2); 
9) filial: una empresa filial según se define en los artí­
culos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE; toda filial 
de una empresa filial se considerará también filial de 
la empresa matriz que estuviere a la cabeza de esas 
empresas. 
10) miembros de una bolsa de valores o mercado organi­
zado: toda persona física o jurídica reconocida por 
las autoridades competentes de cada uno de los mer­
cados organizados del país de que se trate y situada 
bajo su supervisión. 
Artículo 2 
La presente Directiva se aplicará a todas las empresas de 
inversión. No obstante, a las empresas de inversión que 
sean entidades de crédito autorizadas en virtud de una 
autorización bancaria para realizar operaciones con va­
lores mobiliarios, sólo les serán de aplicación el apartado 
2 del artículo 9 y los artículos 11 y 13. 
O DO n° L 348 de 17. 12. 1988, p. 62. 
O DO n° L 193 de 18. 7. 1983, p. 1. TÍTULO II 
Armonización de las condiciones de autorización 
Artículo 3 
1. Las empresas de inversión deberán recibir la opor­
tuna autorización en su Estado miembro de origen antes 
de iniciar la prestación de servicios de inversión. La auto­
rización será concedida por las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen, designadas con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 17. A partir del momento en 
que se conceda la mencionada autorización, la empresa 
de inversión podrá comenzar a prestar el servicio de in­
versión de que se trate, así como cualquier otra actividad 
auxiliar de éste. 
2. Sin perjuicio de otras condiciones de aplicación ge­
neral establecidas por el correspondiente Derecho in­
terno, las autoridades competentes sólo podrán conceder 
la autorización cuando: 
— la empresa de inversión cuente con un capital inicial 
suficiente, con arreglo a lo establecido en la Directiva 
... en función de las características del servicio de in­
versión de que se trate; 
— las personas que dirijan de hecho las operaciones de 
la empresa sean lo suficientemente acreditadas y ex­
pertas; 
3. Los Estados miembros impondrán la obligación de 
que las solicitudes de autorización se acompañen de un 
plan de actuación en el que se especifique, entre otros 
aspectos, el tipo de operaciones que se desea realizar y la 
estructura organizativa de la empresa de inversión. 
4. En los tres meses siguientes a la presentación de 
una solicitud completa, deberá notificarse al solicitante si 
se concede o no la autorización. En el caso de que no se 
conceda dicha autorización, la notificación será debida­
mente motivada. Si transcurridos seis meses desde la fe­
cha de presentación de una solicitud completa no se hu­
biese efectuado notificación alguna, se entenderá dene­
gada la concesión de la autorización. 
5. Las autoridades competentes podrán retirar la auto­
rización concedida a una empresa de inversión única­
mente cuando dicha empresa: 
a) no haga uso de la autorización en un plazo de doce 
meses, renuncie a ésta expresamente o haya cesado de 
prestar servicios de inversión durante un período su­
perior a seis meses, si en el correspondiente Estado 
miembro no existieren disposiciones que establezcan 
la caducidad de la autorización en dichos supuestos; 
b) haya obtenido la autorización valiéndose de falsas de­
claraciones o de cualquier otra irregularidad; 
c) deje de reunir las condiciones bajo las cuales se con­
cedió la autorización; 
d) deje de poseer los recursos financieros suficientes o 
no ofrezca garantías de poder cumplir con sus obliga­
ciones frente a sus acreedores y, en especial, si deja 
de estar en situación de poder garantizar los activos 
que le hayan sido confiados; 
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e) incurra en alguno de los supuestos previstos en el co­
rrespondiente Derecho interno, que motiven la reti­
rada de la autorización. 
Artículo 4 
Las autoridades competentes no concederán la autoriza­
ción que permita el acceso a la actividad de una empresa 
de inversión antes de que les haya sido comunicada la 
identidad de los accionistas o socios, directos o indirec­
tos, personas físicas o jurídicas, que posean una partici­
pación cualificada, y el importe de dichas participacio­
nes. 
Las autoridades competentes denegarán la autorización 
si, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión 
sólida y prudente de la empresa de inversión, no estuvie­
ren convencidas de la idoneidad de dichos accionistas o 
socios. 
Artículo 5 
Los Estados miembros no aplicarán a las sucursales de 
las empresas de inversión que tengan su domicilio social 
fuera de la Comunidad, ni en el momento de iniciar su 
actividad ni, posteriormente, en el desarrollo de su ejer­
cicio, disposiciones que supongan un trato más favorable 
para dichas sucursales que para las sucursales de empre­
sas de inversión cuyo domicilio social esté situado en un 
Estado miembro. 
Artículo 6 
Las autoridades competentes del otro Estado miembro 
afectado deberán ser consultadas con anterioridad a la 
concesión de autorización a una empresa de inversión 
cuando ésta sea: 
— bien una filial de una empresa de inversión autori­
zada en otro Estado miembro, 
— bien una filial de la empresa matriz de una empresa 
de inversión autorizada en otro Estado miembro, 
— o bien esté bajo el control de las mismas personas, 
físicas o jurídicas, que controlen una empresa de in­
versión autorizada en otro Estado miembro. 
TÍTULO III 
Relaciones con terceros países 
Artículo 7 
1. Las autoridades competentes de los Estados miem­
bros informarán a la Comisión: 
a) de toda autorización concedida a una filial directa o 
indirecta, en el caso de que una o varias de sus em­
presas matrices se rijan por el Derecho de un tercer 
país. La Comisión informará de ello al Comité consti­
tuido a tal fin con arreglo al artículo 23; b) de toda adquisición, por parte de las mencionadas 
empresas matrices, de participaciones en una empresa 
de inversión comunitaria, de forma que esta última 
devenga su filial. La Comisión informará de ello al 
Comité constituido a tal fin con arreglo al artículo 23. 
Cuando se conceda autorización a la filial, directa o in­
directa, de una o varias empresas matrices sujetas al De­
recho de terceros países, la estructura del grupo deberá 
especificarse en la notificación que las autoridades com­
petentes remitan a la Comisión. 
2. Los Estados miembros informarán a la Comisión de 
cualquier dificultad de carácter general que sus empresas 
de inversión hubieren encontrado para establecerse o de­
sarrollar su actividad en un tercer país. 
3. La Comisión elaborará inicialmente, a más tardar 
seis meses antes de la aplicación de la presente Directiva, 
y posteriormente de forma periódica, un informe en que 
se examine el trato concedido a las empresas de inversión 
comunitarias en terceros países, en los términos contem­
plados en los apartados 4 y 5, en lo que respecta al esta­
blecimiento y al ejercicio de actividades de inversión, así 
como a la adquisición de participaciones en empresas de 
inversión de terceros países. La Comisión presentará di­
chos informes al Consejo acompañados, en su caso, de 
las propuestas que se estimen oportunas. 
4. Si basándose en los informes mencionados en el 
apartado 3 o en otras informaciones, la Comisión consi­
derare que un tercer país no concede a las empresas de 
inversión comunitarias condiciones de acceso efectivo al 
mercado equiparables a las que la Comunidad concede a 
las empresas de inversión de dicho tercer país, podrá pre­
sentar al Consejo propuestas para que se le otorgue el 
oportuno mandato de negociación con vistas a obtener 
condiciones de competencia equiparables para las empre­
sas de inversión comunitarias. El Consejo decidirá por 
mayoría cualificada. 
5. Si basándose en los informes mencionados en el 
apartado 3 o en otras informaciones, la Comisión consi­
derare que las empresas de inversión comunitarias que 
operan en un tercer país no se benefician del trato nacio­
nal que les confiera las mismas posibilidades de compe­
tencia de que disfrutan las empresas de inversión nacio­
nales, y que no se cumplen las condiciones de acceso 
efectivo al mercado, podrá entablar negociaciones con 
vistas a resolver la situación. 
En los supuestos descritos en el párrafo primero podrá 
decidirse además, en cualquier momento y con indepen­
dencia del inicio de negociaciones, de conformidad con 
el procedimiento establecido en el artículo 23, que las 
autoridades competentes de los Estados miembros limi­
ten o suspendan sus decisiones en lo que respecta a las 
solicitudes pendientes en el momento de adoptarse la de-
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cisión, o a las futuras solicitudes de autorización y de 
adquisición de participaciones por empresas matrices, di­
rectas o indirectas, sujetas al Derecho del tercer país de 
que se trate. La duración de las medidas mencionadas no 
podrá ser superior a seis meses. 
Antes de que concluya el plazo de seis meses y a la vista 
de los resultados de las negociaciones, el Consejo podrá 
decidir, por mayoría cualificada y a propuesta de la Co­
misión, si deben seguir aplicándose las citadas medidas. 
La limitación o suspensión anteriormente mencionadas 
no podrán aplicarse a la creación de filiales por empresas 
de inversión debidamente autorizadas en la Comunidad 
o filiales de éstas, ni a la adquisición de participaciones 
en empresas de inversión comunitarias por parte de di­
chas empresas o de sus filiales. 
6. Cuando la Comisión considere que se da uno de los 
supuestos descritos en los apartados 4 o 5, solicitará de 
los Estados miembros información con respecto a: 
a) toda solicitud de autorización de una filial directa o 
indirecta, en el caso de que una o varias de sus em­
presas matrices se rijan por el Derecho del tercer país 
de que se trate; 
b) toda comunicación, con arreglo al artículo 10, me­
diante la cual una de dichas empresas manifieste su 
propósito de adquirir participaciones en una empresa 
de inversión comunitaria de forma que esta última de­
venga su filial. 
Dejará de ser obligatoria dicha información tan pronto 
como se alcance un acuerdo con el tercer país contem­
plado en los apartados 4 o 5, o cuando las medidas con­
templadas en los párrafos segundo y tercero del apartado 
5 dejen de ser de aplicación. 
7. Las medidas que se adopten en virtud del presente 
artículo habrán de ajustarse a las obligaciones contraídas 
por la Comunidad en virtud de acuerdos internacionales, 
tanto bilaterales como multilaterales, que regulen el ac­
ceso a la actividad de las empresas de inversión y su ejer­
cicio. 
TÍTULO IV 
Armonización de las condiciones que regulan el ejercicio 
de la actividad de las empresas de inversión 
Artículo 8 
1. Los fondos propios de una empresa de inversión no 
podrán llegar a ser inferiores al importe del capital inicial 
exigido, en virtud del artículo 3, en el momento de su 
autorización. 
2. Los Estados miembros podrán decidir que las em­
presas de inversión existentes en el momento de la apli­
cación de la presente Directiva y cuyos fondos propios 
no alcancen el nivel a que se hace referencia en el artí­culo 3 para el capital inicial puedan proseguir su activi­
dad. En tal caso, sus fondos propios no podrán descen­
der por debajo del nivel máximo alcanzado con posterio­
ridad a la fecha de notificación de la presente Directiva. 
3. Si el control de una empresa de inversión incluida 
en la categoría a que se refiere el apartado 2 pasare a 
manos de una persona, física o jurídica, distinta de aqué­
lla que hubiese ejercido el control con anterioridad, los 
fondos propios de dicha entidad deberán alcanzar, como 
mínimo, el nivel a que se hace referencia en el artículo 3 
para el capital inicial. 
4. No obstante, en determinadas circunstancias parti­
culares y con el consentimiento de las autoridades com­
petentes, cuando se produzca la fusión de dos o más em­
presas de inversión incluidas en la categoría a que se re­
fiere el apartado 2, los fondos propios de la empresa de 
inversión resultante de la fusión podrán no alcanzar el 
nivel del capital inicial a que se refiere el articulo 3. Los 
fondos propios de la nueva empresa de inversión no po­
drán, sin embargo, situarse por debajo del total de los 
fondos propios que las empresas fusionadas tuvieran en 
el momento de la fusión, en tanto no se hayan alcanzado 
los niveles adecuados a que se hace referencia en el artí­
culo 3. 
5. Sin embargo, si en los casos contemplados en los 
apartados 1, 2 y 4 se produjere una disminución de los 
fondos propios, las autoridades competentes podrán, 
cuando las circunstancias lo justifiquen, conceder un 
plazo limitado para que la empresa de inversión regula­
rice su situación o cese su actividad. 
Artículo 9 
1. Las autoridades competentes del Estado miembro 
de origen impondrán la obligación de que las empresas 
de inversión por ellas autorizadas cumplan, en todo mo­
mento, las condiciones a las que se refiere el apartado 2 
del artículo 3. 
2. Las autoridades competentes del Estado miembro 
de origen impondrán la obligación de que las empresas 
de inversión por ellas autorizadas dispongan de la sufi­
ciente provisión contra el riesgo de mercado, con arreglo 
a lo previsto en la Directiva . . . 
3. La supervisión del cumplimiento de las condiciones 
a las que se refiere el apartado 2 del artículo 3 y el artí­
culo 4 será de la exclusiva competencia normativa de las 
autoridades competentes del Estado miembro de origen, 
independientemente de que la empresa de inversión esta­
blezca o no una sucursal o preste servicios en otro Es­
tado miembro. 
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Artículo 10 
1. Los Estados miembros impondrán la obligación de 
que toda persona física o jurídica que tenga la intención 
de adquirir, directa o indirectamente, una participación 
cualificada en una empresa de inversión informe de ello 
previamente a las autoridades competentes, indicando el 
volumen de dicha participación. Asimismo, deberá infor­
mar a las autoridades competentes toda persona física o 
jurídica que se proponga incrementar su participación 
cualificada de manera tal que la proporción de derechos 
de voto o de capital en su poder alcance o supere el 
20 %, el 33 % o el 50 % o que la empresa de inversión 
se convierta en su filial. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las autori­
dades competentes dispondrán de un plazo máximo de 
tres meses, a partir de la fecha de la notificación prevista 
en el párrafo primero, para oponerse al mencionado 
proyecto si, atendiendo a la necesidad de garantizar una 
gestión prudente y sólida de la empresa de inversión, 
consideraren que la persona contemplada en el párrafo 
primero no reúne las condiciones adecuadas. Caso de no 
oponerse, las autoridades podrán fijar un plazo máximo 
para la realización de dicho proyecto. 
2. Si las participaciones a que se refiere el apartado 1 
fueren adquiridas por una empresa de inversión autori­
zada en otro Estado miembro, por la empresa matriz de 
una empresa de inversión autorizada en otro Estado 
miembro, o por una persona física o jurídica que con­
trole una empresa de inversión autorizada en otro Es­
tado miembro, y si, en virtud de la adquisición, la em­
presa en la que el adquirente pretenda obtener una parti­
cipación se convirtiere en filial suya o quedare bajo su 
control, la adquisición estará supeditada a la consulta 
previa contemplada en el artículo 6. 
3. Los Estados miembros impondrán la obligación de 
que toda persona física o jurídica que pretenda ceder, 
directa o indirectamente, una participación cualificada en 
una empresa de inversión, informe de ello previamente a 
las autoridades competentes. Asimismo, deberá informar 
a las autoridades competentes toda persona física o jurí­
dica que se proponga reducir su participación cualificada 
de manera tal que la proporción de derechos de voto o 
de capital en su poder descienda por debajo del 20 %, 
del 33 % o del 50 % o que la empresa de inversión deje 
de ser su filial. 
4. Las empresas de inversión comunicarán a las auto­
ridades competentes, en cuanto tengan conocimiento de 
ello, toda adquisición o cesión de participaciones en su 
capital que incremente o reduzca las participaciones de 
manera tal que éstas superen o no alcancen alguno de los 
límites contemplados en los apartados 1 y 3. 
Las empresas de inversión comunicarán asimismo a las 
autoridades, al menos una vez al año, la identidad de los 
accionistas y socios que posean participaciones cualifica­das, así como el volumen de dichas participaciones, de 
acuerdo, por ejemplo, con los datos obtenidos en la 
Junta general anual de accionistas y socios, o con los que 
se obtengan como consecuencia del cumplimiento de las 
normas a que están sujetas las sociedades admitidas a co­
tización en las bolsas de valores. 
5. Los Estados miembros impondrán la obligación de 
que, cuando las personas a que se refiere el apartado 1 
utilicen su influencia en detrimento de una gestión pru­
dente y sólida de las actividades de la empresa de inver­
sión, las autoridades competentes adopten las medidas 
oportunas para poner fin a esta situación. Dichas medi­
das podrán consistir, en particular, en requerimientos, 
sanciones a los consejeros y directivos o la suspensión de 
los derechos de voto correspondientes a las acciones que 
posean los accionistas o socios de que se trate. 
Se aplicarán medidas similares a las personas físicas o ju­
rídicas que incumplan la obligación de proporcionar in­
formación previa, tal como dispone el apartado 1. En el 
caso de que se adquiera una participación a pesar de la 
oposición de las autoridades competentes, los Estados 
miembros, con independencia de cualquier otra sanción 
que pueda imponerse, dispondrán, bien la suspensión del 
ejercicio de los correspondientes derechos de voto, bien 
la nulidad de los votos emitidos o la posibilidad de anu­
larlos. 
Artículo 11 
1. Los Estados miembros establecerán las normas cau­
telares que deberán observar, en todo momento, las em­
presas de inversión autorizadas por sus autoridades com­
petentes. La supervisión de dichas normas cautelares 
será de la exclusiva competencia de las autoridades com­
petentes del Estado miembro de origen, independiente­
mente de que la empresa de inversión establezca o no 
una sucursal o preste servicios en otro Estado miembro. 
Dichas normas impondrán la obligación de que la em­
presa de inversión: 
— emplee procedimientos administrativos y contables 
eficaces, y cuente con mecanismos de control in­
terno ; 
— tome las medidas pertinentes a fin de que los valores 
mobiliarios propiedad de los inversores y los suyos 
propios estén claramente diferenciados; 
— salvo cuando se trate de empresas de inversión que 
sean entidades de crédito, disponga lo necesario para 
que los fondos propiedad de los inversores se consig­
nen en una cuenta o cuentas independientes y dife­
renciadas de la cuenta de la propia empresa; 
— participe en un sistema general de garantía destinado 
a proteger a aquellos inversores que no puedan ver 
satisfechos sus derechos, como consecuencia de quie­
bra o incumplimiento de la empresa de inversión, o 
bien tome medidas independientes que garanticen a 
los inversores un grado de protección equivalente. A 
la espera de una posterior armonización de los siste­
mas de garantía, las agencias y sucursales de las em­
presas de inversión se someterán al sistema de garan­
tía que esté en vigor en el Estado miembro de acó-
22. 2. 90 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 42/13 
gida, a condición de que el pago o aportación al 
fondo se calcule en función de los ingresos obtenidos 
a través de la actividad de inversión realizada en el 
mencionado Estado; 
— facilite a las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen la información que soliciten y con 
la frecuencia que las mismas establezcan (no inferior 
a un trimestre), a fin de que puedan evaluar su sol­
vencia financiera, incluida la adecuación de sus pro­
visiones al riesgo de mercado; 
— tome las medidas necesarias para que se lleven los 
oportunos registros de las operaciones realizadas, y 
que deberán permitir, como mínimo, que las autori­
dades del Estado miembro de origen puedan supervi­
sar el cumplimiento de las normas cautelares de cuya 
aplicación son responsables, incluidas las normas re­
lativas al riesgo de mercado. Dichos registros se de­
berán conservar por el espacio de tiempo que deter­
minen las autoridades competentes; 
— se organice de manera que los posibles conflictos de 
intereses que surjan entre la empresa y sus clientes, o 
entre dos de sus clientes, no redunden en perjuicio de 
los intereses de éstos; 
2. Los Estados miembros podrán dejar sin efecto lo 
dispuesto en los guiones segundo, tercero y cuarto del 
apartado 1, cuando el servicio vaya destinado a inverso­
res empresariales o profesionales, o cuando el servicio de 
inversión no implique que la empresa de inversión haya 
de operar con cuentas en metálico o con valores mobilia­
rios por cuenta de sus clientes. 
TÍTULO V 
Libertades de establecimiento y de prestación de servicios 
Artículo 12 
1. Los Estados miembros de acogida garantizarán que 
puedan prestarse en su territorio, de conformidad con las 
disposiciones de los artículos 14, 15 y 16, todos los servi­
cios de inversión, y cualquier actividad auxiliar de los 
mismos, ya sea mediante el establecimiento de una sucur­
sal, o bien mediante la prestación de servicios, y ello por 
cualquier empresa de inversión autorizada para la presta­
ción del correspondiente servicio, con arreglo a las dis­
posiciones de la presente Directiva, por las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen. 
2. Los Estados miembros de acogida no podrán con­
dicionar el establecimiento de sucursales o la prestación 
de servicios a que se refiere el apartado 1, a la solicitud 
de autorización, ni a la obligación de aportar un capital 
de dotación, o a cualquier otra medida de efectos equi­
valentes. 
Artículo 13 
1. Sin perjuicio del ejercicio de la libertad de estable­
cimiento y de prestación de servicios contemplados en el 
artículo 12, los Estados miembros de acogida velarán por 
que las empresas de inversión autorizadas por las autori­
dades competentes de su Estado miembro de origen a prestar servicios de corretaje, negociación por cuenta 
propia o creación de mercado, puedan ingresar, directa o 
indirectamente, en las bolsas de valores y mercados de 
valores organizados de los Estados miembros de acogida, 
siempre que los servicios prestados sean similares, y, asi­
mismo, velarán por que puedan pertenecer a los sistemas 
de compensación y liquidación allí existentes para uso de 
los miembros de las mencionadas bolsas y mercados de 
valores. 
2. Con objeto de cumplir con la obligación establecida 
en el apartado 1, los Estados miembros de acogida vela­
rán por que las empresas de inversión a que se refiere 
dicho apartado puedan optar por ser: 
— miembros directos de las bolsas de valores o merca­
dos de valores organizados de los Estados miembros 
de acogida, instalando, para ello, una sucursal en el 
Estado miembro de acogida, o 
— miembros indirectos, mediante la creación de una fi­
lial en el Estado miembro de acogida o la adquisición 
de alguna empresa ya existente y que sea miembro. 
En estos casos, la condición de miembro quedará supedi­
tada al cumplimiento de las normas que regulan la es­
tructura y organización de las correspondientes bolsas de 
valores o mercados de valores organizados del Estado 
miembro de acogida, así como de sus sistemas de com­
pensación y liquidación. 
3. Cuando, para operar en una bolsa de valores o un 
mercado de valores organizado del Estado miembro de 
acogida, no se exija como requisito la presencia física, las 
empresas de inversión a que se refiere el apartado 1 po­
drán adquirir la calidad de miembros en las mismas con­
diciones, sin tener un establecimiento en el Estado miem­
bro de acogida. Para cumplir con lo indicado en este 
apartado, los Estados miembros de origen permitirán a 
los mercados o bolsas de valores de los Estados miem­
bros de acogida establecer las instalaciones apropiadas en 
los territorios de los países miembros de origen a fin de 
permitir a las empresas de inversión de estos países deve­
nir miembros del mercado o bolsa de acogida. 
4. Los Estados miembros de acogida velarán, asi­
mismo, por que las empresas de inversión autorizadas 
por las autoridades competentes de sus Estados miem­
bros de origen a realizar operaciones de futuros financie­
ros y opciones puedan ingresar en los mercados de futu­
ros financieros y opciones y en las cámaras de compensa­
ción del Estado miembro de acogida, en las mismas con­
diciones que las establecidas en los apartados 1, 2 y 3. 
Artículo 14 
1. Además de cumplir con las obligaciones que se es­
tablecen en el artículo 3, toda empresa de inversión que 
desee establecer una sucursal en el territorio de otro Es­
tado miembro deberá notificarlo a las autoridades com­
petentes de su Estado miembro de origen. 
2. Los Estados miembros exigirán que toda empresa 
de inversión que desee establecer una sucursal en otro 
Estado miembro proporcione, cuando proceda a efectuar 
la notificación a que se refiere el apartado 1, los siguien­
tes datos: 
N°C 42/14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 22. 2. 90 
a) el Estado miembro en cuyo territorio se propone esta­
blecer la sucursal; 
b) un plan de actuación en el que se determine, entre 
otros aspectos, el tipo de actividad que se desea ejer­
cer y la estructura organizativa de la sucursal; 
c) la dirección en el Estado miembro de acogida en la 
que puedan solicitarse documentos; 
d) los nombres de los directivos de la sucursal. 
3. Salvo que tengan razones para dudar de la idonei­
dad de la estructura administrativa o de la situación fi­
nanciera de la empresa de inversión, habida cuenta de las 
actividades que ésta se proponga ejercer, las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen transmitirán 
a las autoridades competentes del Estado miembro de 
acogida la información contemplada en el apartado 2, en 
un plazo de tres meses a partir de la recepción de dicha 
información, e informarán de ello a la empresa de inver­
sión de que se trate. 
Las autoridades competentes del Estado miembro de ori­
gen comunicarán asimismo el importe de los fondos pro­
pios de la empresa de inversión. 
En el caso de que las autoridades competentes del Es­
tado miembro de origen se nieguen a transmitir a las au­
toridades competentes del Estado miembro de acogida la 
información contemplada en el apartado 2, comunicarán 
las razones de la denegación a la empresa de inversión 
de que se trate, en el plazo de tres meses a partir de la 
recepción de la información. La denegación o la ausencia 
de respuesta podrá ser objeto de recurso judicial en el 
Estado miembro de origen. 
4. Antes de que la sucursal de una empresa de inver­
sión comience a ejercer su actividad, las autoridades 
competentes del Estado miembro de acogida dispondrán 
de dos meses, a partir de la recepción de la información 
a que se refiere el apartado 3, para organizar la supervi­
sión de la empresa de inversión conforme a lo dispuesto 
en el artículo 16 y, en su caso, indicarán las condiciones 
en que, por razones de bien común, dichas actividades 
deban ejercerse en el Estado miembro de acogida. 
5. A partir de la recepción de una comunicación de las 
autoridades competentes del Estado miembro de aco­
gida, o en el caso de que, transcurrido el plazo previsto 
en el apartado 4, no se haya recibido comunicación al­
guna, la sucursal podrá establecerse y comenzar a ejercer 
su actividad. 
6. En caso de modificación de alguno de los datos co­
municados con arreglo a las letras b), c) o d) del apar­
tado 2, la empresa de inversión notificará, por escrito, 
dicha modificación a las autoridades competentes del Es­
tado miembro de origen y del Estado miembro de aco­
gida, como mínimo un mes antes de llevarla a efecto, a 
fin de permitir a las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen tomar una decisión con arreglo al 
apartado 3, y a las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida pronunciarse, conforme a lo dis­
puesto en el apartado 4, sobre la modificación propuesta. Artículo 15 
1. Toda empresa de inversión que desee ejercer la li­
bre prestación de servicios, desarrollando por primera 
vez su actividad en otro Estado miembro, notificará a las 
autoridades competentes del Estado miembro de origen 
qué servicio o servicios de inversión desea prestar. 
2. Las autoridades competentes del Estado miembro 
de origen remitirán a las autoridades competentes del 
Estado miembro de acogida la notificación a que se re­
fiere el apartado 1, en el plazo de un mes a partir de la 
recepción de la misma. 
Artículo 16 
1. Los Estados miembros de acogida podrán exigir, 
con fines estadísticos, que todas las empresas de inver­
sión que cuenten con sucursales en su territorio informen 
periódicamente a las correspondientes autoridades com­
petentes de la actividad que desarrollan en dicho territo­
rio. 
2. Cuando las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida comprueben que una empresa de in­
versión que tenga una sucursal o preste servicios en su 
territorio, no cumple las disposiciones legales adoptadas 
en dicho Estado en aplicación de las disposiciones de la 
presente Directiva que confieren facultades a las autori­
dades competentes del Estado miembro de acogida, exi­
girán a la empresa de inversión de que se trate que 
ponga fin a la situación de irregularidad. 
3. Si la empresa de inversión no adoptare las medidas 
oportunas, las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida informarán de ello a las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen. Estas toma­
rán, en el más breve plazo posible, todas las medidas ne­
cesarias para que la empresa de inversión de que se trate 
ponga fin a la situación de irregularidad. Las autoridades 
competentes del Estado miembro de acogida deberán ser 
informadas sobre la naturaleza de las medidas adoptadas. 
4. Si, a pesar de las medidas adoptadas por el Estado 
miembro de origen, o debido a que estas medidas resul­
tan inadecuadas o no están previstas en dicho Estado 
miembro, la empresa de inversión continuare violando 
las disposiciones legales contempladas en el apartado 2, 
vigentes en el Estado miembro de acogida, podrá éste 
último, tras informar a las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen, tomar las medidas oportunas 
a fin de evitar o sancionar nuevas irregularidades y, en la 
medida que sea necesario, prohibir a la empresa de in­
versión iniciar nuevas operaciones en su territorio. Los 
Estados miembros velarán por que en su territorio sea 
posible expedir los documentos legales necesarios para la 
adopción de tales medidas con respecto a las empresas 
de inversión. 
22. 2. 90 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 42/15 
5. Las disposiciones precedentes no afectarán a la fa­
cultad de los Estados miembros de acogida de tomar las 
medidas oportunas a fin de evitar o sancionar las irregu­
laridades cometidas en su territorio, que sean contrarias 
a las disposiciones legales que hubieren adoptado por ra­
zones de interés general. Ello implica la posibilidad de 
impedir que las empresas infractoras inicien nuevas ope­
raciones en su territorio. 
6. Toda medida adoptada en aplicación de lo dis­
puesto en los apartados 3, 4 y 5, que implique sanciones 
o restricciones a las actividades de una empresa de inver­
sión deberá ser debidamente motivada y comunicada a la 
empresa de inversión afectada. Cada medida de este tipo 
podrá ser objeto de recurso judicial en el Estado miem­
bro cuyas autoridades la hayan adoptado. 
7. Antes de aplicar el procedimiento previsto en los 
apartados 2 a 4, las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida podrán, en situaciones de emergen­
cia, adoptar las medidas preventivas que consideraren 
necesarias para proteger los intereses de los inversores u 
otros destinatarios de los servicios. Tanto la Comisión 
como las autoridades competentes de los demás Estados 
miembros deberán ser informadas de dichas medidas a la 
mayor brevedad posible. 
La Comisión podrá decidir, previa consulta con las auto­
ridades competentes de los Estados miembros afectados, 
que el Estado miembro de que se trate modifique o anule 
tales medidas. 
8. Si la autorización fuere retirada, se informará de 
ello a las autoridades competentes del Estado miembro 
de acogida, que tomarán las medidas oportunas a fin de 
evitar que la empresa de inversión afectada inicie nuevas 
operaciones en su territorio y de salvaguardar los intere­
ses de los inversores. Cada dos años, la Comisión presen­
tará un informe sobre estos casos al Comité constituido 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23. 
9. Los Estados miembros informarán a la Comisión 
del número y naturaleza de aquellos casos en que se 
hayan producido denegaciones en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 14 o se hayan adoptado medidas de 
acuerdo con lo previsto en el apartado 4. Cada dos años, 
la Comisión presentará un informe sobre estos casos al 
Comité constituido con arreglo a lo dispuesto en el artí­
culo 23. 
10. Lo dispuesto en el presente artículo no será obstá­
culo para que las empresas de inversión autorizadas en 
otro Estado miembro hagan publicidad de sus servicios 
en todos los medios de comunicación disponibles en el 
Estado miembro de acogida, siempre que se ajusten a las 
normas que regulen la forma y el contenido de dicha 
publicidad, adoptadas por razones de interés general. TÍTULO VI 
Autoridades responsables de la autorización y supervisión 
Artículo 17 
1. Los Estados miembros designarán a las autoridades 
que deban desempeñar las funciones previstas en la pre­
sente Directiva e informarán de ello a la Comisión, indi­
cando si existe reparto de competencias. 
2. Las autoridades a las que se refiere el apartado 1 
deberán ser autoridades u organismos públicos oficial­
mente reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional, 
o por las autoridades públicas, como integrantes del sis­
tema de supervisión vigente en el correspondiente Estado 
miembro. 
3. Se dotará a dichas autoridades de las facultades ne­
cesarias para el desempeño de su misión. 
Artículo 18 
1. Cuando existan varias autoridades competentes en 
un mismo Estado miembro éstas colaborarán estrecha­
mente para supervisar las actividades de las empresas de 
inversión que en él operen. 
2. Los Estados miembros permitirán también dicha co­
laboración entre las mencionadas autoridades competen­
tes y las autoridades públicas responsables de la supervi­
sión de la entidades de crédito y de otras instituciones 
financieras y empresas de seguros, en lo que se refiere a 
las respectivas entidades por ellas supervisadas. 
3. Cuando los servicios de inversión se presten con ca­
rácter transfronterizo o mediante el establecimiento de 
sucursales en uno o más Estados miembros distintos del 
Estado miembro de origen, las autoridades competentes 
de los correspondientes Estados miembros colaborarán 
estrechamente para supervisar las actividades de las em­
presas de inversión de que se trate. Dichas autoridades se 
proporcionarán unas a otras, previa solicitud, toda aque­
lla información relativa a la gestión y propiedad de las 
empresas de inversión que pueda facilitar su supervisión 
y el examen de las condiciones para su autorización, así 
como toda la información que pueda facilitar el control 
de tales empresas. 
Artículo 19 
1. El Estado miembro de acogida garantizará que, 
cuando una empresa de inversión autorizada en otro Es­
tado miembro ejerza en él su actividad a través de una 
sucursal, las autoridades competentes del Estado miem­
bro de origen puedan realizar por sí mismas, o a través 
de personas designadas a tal efecto, y una vez informa­
das las autoridades competentes del Estado miembro de 
acogida, verificaciones in situ de la información a que se 
hace referencia en el apartado 3 del artículo 18. 
N°C 42/16 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 22. 2. 90 
2. Las autoridades competentes del Estado miembro 
de origen podrán, asimismo, solicitar a las autoridades 
competentes del Estado miembro de acogida la realiza­
ción de dicha verificación. Las autoridades que hayan re­
cibido tal solicitud deberán, en el ejercicio de sus compe­
tencias, obrar en consecuencia, realizando ellas mismas 
la verificación, permitiendo que ésta sea realizada por las 
autoridades que lo solicitaron o autorizando a un audi­
tor o a un experto para que la lleve a cabo. 
3. El presento artículo se entenderá sin perjuicio del 
derecho que asiste a los Estados miembros de acogida de 
realizar verificaciones in situ de las sucursales estableci­
das en su territorio, en el ejercicio de las competencias 
que se les asignan en la presente Directiva. 
Artículo 20 
1. Los Estados miembros velarán por que todas aque­
llas personas que estén o hayan estado al servicio de las 
autoridades competentes, así como los auditores o exper­
tos que actúen en nombre de ellas, estén sujetas al se­
creto profesional. Ello significará que ninguna informa­
ción confidencial que puedan recibir en el ejercicio de 
sus funciones podrá ser divulgada a persona o autoridad 
alguna, a no ser de forma genérica o colectiva, de tal 
manera que no sea posible identificar a las empresas de 
inversión individuales^ sin perjuicio de los casos que se 
rijan por el Derecho penal. 
No obstante, cuando una empresa de inversión haya sido 
declarada en quiebra o esté en proceso de liquidación 
obligatoria, toda aquella información confidencial que 
no ataña a terceros que tomen parte en los intentos de 
salvar la empresa de inversión podrá ser divulgada en el 
curso de procedimientos civiles o mercantiles. 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las auto­
ridades competentes de los distintos Estados miembros y 
las autoridades públicas responsables de la supervisión de 
las entidades de crédito y de otras instituciones financie­
ras estarán autorizadas a intercambiarse información con 
arreglo a las disposiciones del artícuo 18, cuando así re­
sulte conveniente para el eficaz desempeño de sus res­
pectivas competencias. Esta información estará sujeta a 
las condiciones de secreto profesional que se contemplan 
en el apartado 1. 
3. Los Estados miembros únicamente podrán celebrar 
acuerdos de cooperación que prevean intercambios de 
información con las autoridades competentes de terceros 
países, si la información divulgada está sujeta a garantías 
de secreto profesional que sean como mínimo equivalen­
tes a las mencionadas en el presente artículo. 
4. Las autoridades competentes que reciban informa­
ción confidencial de conformidad con los apartados 1 o 
2 sólo podrán utilizarla en el ejercicio de sus funciones: 
— para verificar que se cumplen las condiciones que re­
gulan el acceso a la actividad de las entidades por 
ellas supervisadas y facilitar la supervisión del ejerci­
cio de dicha actividad, de los procedimientos admi­
nistrativos y contables, y de los mecanismos de con­
trol interno; o — para imponer sanciones; o 
— en caso de recurso administrativo contra una decisión 
de la autoridad competente; o 
— en procedimientos judiciales iniciados con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 21. 
5. Los apartados 1 y 4 se entenderán sin perjuicio de 
que, dentro de un mismo Estado miembro o entre Esta­
dos miembros, pueda haber intercambio de información 
entre las autoridades competentes y: 
— las autoridades responsables de la supervisión de los 
mercados financieros; 
— los organismos que intervengan en los procedimien­
tos de liquidación o quiebra de las empresas de inver­
sión y en otros procedimientos similares; 
— las personas encargadas de realizar las auditorías le­
gales de las cuentas de las empresas de inversión y de 
otras instituciones financieras, 
en el desempeño de sus funciones de supervisión; asi­
mismo, dichos apartados se entenderán sin perjuicio de 
que pueda facilitarse a los organismos que administran 
sistemas de garantía la información necesaria para el de­
sempeño de sus funciones. La información necesaria para 
el desempeño de sus funciones. La información recibida 
estará sujeta a las condiciones de secreto profesional que 
se contemplan en el apartado 1. 
6. Asimismo, y no obstante los dispuesto en los apar­
tados 1 y 4, los Estados miembros podrán autorizar, en 
virtud de disposiciones legales, la divulgación de deter­
minada información a otros servicios de su administra­
ción central, responsables de la legislación en materia de 
supervisión de las entidades de crédito, instituciones fi­
nancieras, empresas de inversión y empresas de seguros, 
así como también a los inspectores que actúen en nombre 
de dichos servicios. 
Ello no obstante, la información sólo podrá ser divul­
gada cuando resulte necesario por razones de control 
cautelar. 
No obstante, los Estados miembros velarán por que la 
información recibida en virtud de lo dispuesto en los 
apartados 2 y 5 y la obtenida en la verificación in situ 
contemplada en el artículo 19 no sea nunca divulgada en 
los casos previstos en el presente apartado, salvo con el 
consentimiento expreso de las autoridades competentes 
que divulgaron la información o de las autoridades com­
petentes del Estado miembro en que tuvo lugar la verifi­
cación in situ. 
Artículo 21 
Los Estados miembros velarán por que las decisiones to­
madas con respecto a una empresa de inversión en virtud 
de las disposiciones legales, reglamentarias y administra­
tivas adoptadas con arreglo a lo dispuesto en la presente 
Directiva puedan ser objeto de recurso judicial. Lo ante­
rior será igualmente de aplicación cuando se presuma 
que una solicitud de autorización ha sido denegada de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artí­
culo 3. 
22. 2. 90 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 42/17 
Artículo 22 
Sin perjuicio tanto de los procedimientos para la retirada 
de autorizaciones como de las disposiciones de Derecho 
penal, los Estados miembros velarán por que sus respec­
tivas autoridades competentes, en lo que se refiere a las 
empresas de inversión o a aquéllas que ejerzan el control 
efectivo de las operaciones de dichas empresas, que in­
frinjan las disposiciones legales, reglamentarias y admi­
nistrativas relativas a la supervisión o al ejercicio de sus 
actividades, puedan imponerles sanciones o adoptar me­
didas orientadas específicamente a acabar con las infrac­
ciones observadas o con las causas de éstas. 
TÍTULO VII 
Disposiciones finales 
Artículo 23 
1. Las adaptaciones técnicas que, en los siguientes 
puntos, hayan de efectuarse en la presente Directiva se 
adoptarán con arreglo al procedimiento previsto en el 
apartado 2: 
— ampliación del contenido de la lista incluida en el 
Anexo o adaptación de la terminología utilizada en 
dicha lista, a fin de tener en cuenta las innovaciones 
en los mercados financieros; 
— modificación del impone del capital inicial contem­
plado en el artículo 3, para atender a la evolución 
económica y monetaria; 
— materias en las cuales las autoridades competentes 
deban intercambiarse información, según se enuncian 
en el artículo 18; 
— clarificación de las definiciones, con objeto de lograr 
que la aplicación de la presente Directiva se haga de 
manera uniforme en toda la Comunidad; 
— clarificación de las definiciones, con objeto de que en 
la aplicación de la presente Directiva se tengan pre­
sentes las innovaciones en los mercados financieros; 
— adaptación de la terminología y formulación de las 
definiciones con arreglo a posteriores medidas relati­
vas a las empresas de inversión y materias conexas. 
2. La Comisión estará asistida por un Comité com­
puesto por representantes de los Estados miembros y 
presidido por el representante de la Comisión. 
El representante de la Comisión someterá al Comité un 
proyecto de las medidas que deban adoptarse. El Co­
mité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un 
plazo que el presidente podrá fijar en función de la ur­
gencia del asunto. El dictamen se emitirá según la mayo­
ría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado 
para la adopción de aquellas decisiones que el Consejo 
deba tomar a propuesta de la Comisión. En el momento 
de la votación en el seno del Comité, los votos de los 
representantes de los Estados miembros en el Comité se ponderarán en la forma prevista en el citado artículo. El 
presidente no tomará parte en la votación. 
La Comisión adoptará las medidas previstas cuando se 
ajusten al dictamen del Comité. 
Cuando las medidas previstas no se ajusten al dictamen 
del Comité, o en ausencia de dictamen, la Comisión so­
meterá sin demora al Consejo una propuesta relativa a 
las medidas que deban adoptarse. El Consejo se pronun­
ciará por mayoría cualificada. 
Si transcurrido un plazo de tres meses a partir del mo­
mento en que se haya recurrido al Consejo, éste no se 
hubiere pronunciado, la Comisión adoptará las medidas 
propuestas. 
Artículo 24 
1. Las empresas de inversión que hayan recibido la 
autorización para prestar servicios de inversión en sus 
Estados miembros de origen antes de la entrada en vigor 
de las disposiciones adoptadas en aplicación de la pre­
sente Directiva se considerarán autorizadas a los efectos 
de la misma, siempre y cuando la autorización se haya 
concedido bajo condiciones equivalentes a las estableci­
das en el apartado 2 del artículo 3 y en el artículo 4. 
2. Se considerará que las sucursales que hayan comen­
zado su actividad, con arreglo a las disposiciones vigen­
tes en sus Estados miembros de acogida, antes de la en­
trada en vigor de las disposiciones adoptadas en aplica­
ción de la presente Directiva, han cumplido con los pro­
cedimientos previstos en los apartados 1, 2 y 3 del artí­
culo 14. A partir de la fecha de dicha entrada en vigor 
las mencionadas sucursales se regirán por las disposicio­
nes del artículo 12, del apartado 6 del artículo 14 y de 
los artículos 16 y 19. 
3. El artículo 15 se establece sin perjuicio de los dere­
chos que las empresas de inversión que se dedicaran a la 
prestación de servicios hayan adquirido antes de la en­
trada en vigor de las disposiciones adoptadas en aplica­
ción de la presente Directiva. 
Artículo 25 
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para 
cumplir la presente Directiva antes del 1 de enero de 
1993. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión. 
Las disposiciones adoptadas en virtud del párrafo pri­
mero se referirán explícitamente a la presente Directiva. 
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión 
el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno 
que adopten en el ámbito regulado por la presente Di­
rectiva. 
Artículo 26 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Esta­
dos miembros. 
c^c^Bn^ L^^r^oC^hc^ld^l^Cornun^d^ELiro^c^ ^^^0 
5^c^eo^A 
t Corretaje, es decir, la aceptación de ordenes de inversores en relación con alguno o con todos los 
instrumentos aqueserefierela siguienteseccion 8vBolae^ecucion de talesordenes en unabolsao 
mercado,de forma delegadaacambio del pago de una comisión, 
^ negociación en calidad de comitente, es decir,lacompravventa de algunoode todos los instrumentos 
aque se refiere la siguiente seccion^por propia cuentavnesgo,con objeto de beneficiarse del margen 
entre el precio de compravel precio de venta, 
^ Creación de mercado,es decir,mantemmiento de un mercado de algunootodos los instrumentosaque 
se refiere la siguiente sección ^, negociando con los mismos con el compromiso de fnar precios de 
compravde venta, 
4 Gestión de carterade valores, esdecir, la gestión remunerada de carteras de valoresconstituidaspor 
algunootodoslosinstrumentosaque se refiere la siguiente secciona, por cuenta de inversores indivi^ 
duales, 
^ Oferta de servicios, o intermediación, para la suscripción de emisiones de los instrumentos a que se 
refiere el punto tde la siguiente secciona,asi como la distribución de dicbas emisiones al publico, 
D Asesonaprofesional en materia de inversiones dadaalos inversores de forma individualosobre la base 
de una suscripción privada ven relación con alguno o todos los instrumentos a que se refiere la si 
guíente secciona, 
B^ Custodia v administración de cualquiera de los instrumentos a que se refiere la siguiente sección ^, 
siempre que no se trate de la gestión de un sistema de compensación 
5^CCno5^8 
1 Valores negociables, incluidas las participaciones en organismos de inversión colectiva en valores mobi^ 
líanos, 
^ instrumentos del mercado monetario ^incluidos los certificados de depositovel^urocommercial papera, 
^ futuros financierosvopciones, 
4 instrumentos de tipo de cambiovde tipo de ínteres