Conseguir que la ampliación sea un éxito - Documento de estrategia e Informe de la Comisión Europea sobre los progresos de cada uno de los países candidatos en la vía de la adhesión [SEC (2001) 1744 à 1756]

I. Contexto general

1. Introducción

2. La opinión pública y la ampliación

3. El proceso de ampliación y los países vecinos

a) Balcanes occidentales

b) Los países de la AELC

c) Los Nuevos Estados Independientes

d) El Mediterráneo

II. Progresos de los países candidatos en el cumplimiento de los criterios de la adhesión

1. Criterios políticos

a) Evolución global

b) Conclusiones

2. Criterios económicos

a) Evolución global

b) Conclusiones

3. Otras obligaciones de la adhesión

a) Adopción, aplicación y observancia del acervo

b) Situación general de los sectores y conclusiones

c) La UEM y el EURO

III. Conseguir que la ampliación sea un éxito

1. Seguir el plan de trabajo - capítulos restantes

a) Marco financiero y capítulos conexos

b) Otros capítulos

2. Plan de acción sobre capacidad administrativa y judicial

a) Refuerzo de las acciones de desarrollo institucional

b) Control reforzado

c) Capacidad administrativa más allá de la adhesión

3. Estrategia de preadhesión de Turquía - hacia una nueva fase

4. Próximos pasos

a) Cumplir los criterios de adhesión

b) Primeras adhesiones

c) Otros países candidatos que negocian- hacia un plan de trabajo puesto al día

IV. Conclusiones

Anexos

Anexo 1: Conclusiones de los Informes Periódicos

Bulgaria

Chipre

República Checa

Estonia

Hungría

Letonia

Lituania

Malta

Polonia

Rumania

Eslovaquia

Eslovenia

Turquía

Anexo 2: Países candidatos: principales indicadores estadísticos (2000)

Anexo 3: Estrategia de preadhesión

Anexo 4: Convenios de Derechos Humanos ratificados por los países candidatos al 30 de septiembre del 2001

Anexo 5: Proyectos de hermanamiento en 1998-2001

Anexo 6: Situación de las negociaciones a 26 de octubre de 2001

I. Contexto general

1. Introducción

Durante casi medio siglo, la Unión Europea ha contribuido a poner fin a los conflictos del pasado y a fortalecer la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar en toda Europa. Desde que se invitó a los países candidatos a formar parte de la Unión Europea, el proceso de ampliación ha contribuido de manera decisiva a lograr estabilidad política, progreso económico y justicia social. Ya son rasgos comunes unas instituciones estables, cambios de gobierno sobre la base de elecciones libres y democráticas y una protección más firme de los derechos humanos, entre otros los de las minorías, y los principios de la economía de mercado. El proceso de ampliación hace de Europa un lugar más seguro para sus ciudadanos y contribuye a la prevención y al control de conflictos en mundo en general.

La ampliación va a ser beneficiosa no sólo para los Estados miembros ya existentes y los nuevos, sino también para los países vecinos con los que la Unión Europea mantiene vínculos estrechos. Ya no se trazarán más líneas divisorias a través de nuestro continente. Cada nuevo Estado miembro aportará a la UE su propio patrimonio político, económico, cultural, histórico y geográfico, enriqueciendo de ese modo a la totalidad de Europa.

Es más importante que nunca hasta ahora, ante los ataques terroristas del 11 de septiembre y los acontecimientos subsiguientes, contar con una Europa fuerte y unida. Los candidatos a la adhesión a la Unión Europea se han alineado con la condena del terrorismo expresada por la UE y se asociaron de manera inmediata y plena a las Conclusiones y al Plan de Acción del Consejo Europeo extraordinario celebrado el 21 de septiembre de 2001.

La Comisión renueva su compromiso de lograr que la ampliación sea un éxito, lo que aumentará la seguridad y estabilidad no sólo en Europa sino también en los países vecinos y aún más allá. El año que viene será crucial para que concluyan con éxito las negociaciones de adhesión en curso y los preparativos de los candidatos a la adhesión.

Los informes de este año sobre los progresos y las propuestas revisadas de las Asociaciones para la Adhesión ponen de manifiesto los ámbitos en que es más necesario seguir esforzándose. Junto con el plan de trabajo, establecido por la Comisión en noviembre pasado y respaldado por sucesivos Consejos Europeos, proporcionan una guía para completar con éxito el proceso de adhesión con los países interesados. En los informes del año que viene sobre los progresos logrados, la Comisión dará su evaluación sobre el grado de preparación de cada candidato para asumir los derechos y obligaciones de la adhesión. Si se mantienen los esfuerzos, debería ser posible concluir las negociaciones de adhesión a finales de 2002 con los países que cumplen los criterios de adhesión. Con arreglo a estos criterios, dichos países estarían listos para convertirse en miembros de la UE en 2004, de conformidad con el objetivo establecido por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo.

Se mantienen sin cambios los principios de este proceso. El Consejo Europeo de Berlín estableció un marco claro para los aspectos financieros de la ampliación, marco que proporciona una base suficiente para la adhesión de hasta diez nuevos Estados miembros en 2004. El Consejo Europeo de Niza definió el marco para la reforma institucional que requiere la ampliación. Las negociaciones se llevan a cabo sobre la base del acervo existente, aplicando los principios de méritos propios y de igualación con los demás Estados, y se concluirán con los candidatos que cumplan todos los criterios para la adhesión. Éstas son las condiciones necesarias y suficientes definidas en un principio para efectuar las primeras adhesiones. Cualquier debate sobre la reforma de las políticas o las instituciones que se celebre dentro de la Unión Europea debería estar claramente diferenciado y no obstaculizar ni demorar las negociaciones para la adhesión.

El ritmo de las negociaciones con cada uno de los candidatos refleja, sobre todo, el ritmo de su propia preparación para la adhesión. La aplicación del principio de diferenciación basada en los méritos propios de cada uno de los países candidatos, junto con la firme prosecución de los preparativos para la adhesión respaldada por los instrumentos de preadhesión de la UE, están también permitiendo a los países candidatos que iniciaron las negociaciones en una etapa posterior recuperar el tiempo perdido. La estrategia de ampliación ahora vigente proporciona una base sólida para completar las negociaciones, respetando los plazos, con los candidatos que están suficientemente preparados.

Las condiciones para la adhesión, fijadas por el Consejo Europeo de Copenhague en 1993 y pormenorizadas aún más por subsiguientes Consejos Europeos, establecen las pautas para evaluar los progresos de cada candidato. Estas condiciones siguen siendo válidas actualmente y no se plantea en absoluto su modificación. No obstante, en la fase actual del proceso de adhesión es necesario centrar la atención tanto en la capacidad de los candidatos para poner en vigor y aplicar efectivamente el acervo como en la transposición que hagan en sus legislaciones. Por esta razón, se está ahora prestando especial atención a su capacidad administrativa y judicial. La Comisión, por medio de un plan de acción, aumentará su asistencia al desarrollo institucional y supervisará de cerca el cumplimiento de los compromisos asumidos en las negociaciones y la concretización de las prioridades establecidas en las Asociaciones para la Adhesión.

La Unión Europea seguirá prestando su pleno apoyo a los preparativos para la adhesión de los candidatos que no están en situación de completar las negociaciones dentro de los plazos indicados más arriba. Se seguirán celebrando negociaciones con ellos sobre la base de los principios que han guiado el proceso de adhesión desde el inicio. En su Documento de Estrategia para la Ampliación, la Comisión establecerá un plan de trabajo puesto el día y, en caso necesario, una estrategia de preadhesión revisada, para esos candidatos, teniendo en cuenta los progresos realizados durante el año siguiente y las conclusiones del Consejo Europeo de Göteborg.

Con vistas a intensificar los preparativos para la ampliación, se está asociando cada vez más a los países candidatos a los programas y actividades de la UE. Los programas económicos de preadhesión se han concebido teniendo en cuenta los requisitos de la Unión Económica y Monetaria, y se están desarrollando estrategias nacionales de empleo. El Consejo Europeo de Göteborg instó a los países candidatos a que transpusieran los objetivos económicos, sociales y ambientales de la Unión en sus políticas nacionales. Es conveniente asociar a los países candidatos lo más estrechamente posible en el proceso de Lisboa, que se centra en el objetivo estratégico de que la Unión desarrolle una economía sostenible, sumamente competitiva y basada en los conocimientos.

La cooperación en el ámbito de la Justicia y Asuntos de Interior será cada vez más importante, tanto en razón de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada como en virtud de las discusiones a largo plazo sobre la posible creación de medidas de vigilancia de las fronteras comunes. El sistema de Schengen se aplicará a todos los nuevos Estados miembros. La plena participación en él se basará en un proceso de dos etapas. Los nuevos Estados miembros tendrán primero que conseguir un nivel elevado de control de las fronteras exteriores después de la adhesión, mientras que la supresión de los controles en las fronteras internas con los actuales Estados miembros tendrá lugar en una etapa posterior, con arreglo a una decisión distinta del Consejo.

Adherirse a la Unión Europea no es exactamente lo mismo que adherirse al euro. Si bien la participación en la moneda única es parte del acervo, los países candidatos tendrán que ajustarse a los criterios de convergencia para participar en ella. Este punto se decidirá en una etapa posterior, después de la adhesión, una vez evaluado si se ha logrado un alto un grado de convergencia sostenible, como en el caso de los participantes iniciales en la zona euro. Ahora, no obstante, la primera prioridad para cada candidato debe ser cumplir los criterios económicos de Copenhague.

Los países candidatos participarán cada vez más en los debates sobre el futuro de Europa, incluida la Convención mediante la cual se preparará el camino para la próxima Conferencia Intergubernamental. La labor de la Convención y de la CIG es esencial para el futuro de Europa, pero no constituye una nueva condición para la ampliación.

A medida que avanza el debate sobre el futuro de Europa y se acerca la fecha de la ampliación, los ciudadanos de los Estados miembros existentes y futuros desearán cada vez más entender los probables efectos de la ampliación. La Comisión, en estrecha colaboración con el Parlamento Europeo, está dispuesta a responder a esa demanda y a respaldar los esfuerzos de los líderes políticos en los países de que se trate para explicar al público las cuestiones pertinentes.

Constituiría una inspiración para Europa en su totalidad, y para el mundo en general, que la totalidad de Chipre pudiera ingresar en la Unión Europea conjuntamente gracias a una solución que tomara en cuenta los intereses y las preocupaciones de las partes respectivas. Resulta decepcionante que los dirigentes turcochipriotas no estén actualmente comprometidos en el proceso que se lleva a cabo con los auspicios de las Naciones Unidas. La Comisión insta a todas las partes interesadas a que aprovechen totalmente la oportunidad que se atisba antes de que se completen las negociaciones de adhesión para conseguir un arreglo. En caso de que, no obstante, no se llegara a una solución antes de que se completen las negociaciones de adhesión, el Consejo adoptará su decisión sobre la adhesión, sin que esto sea una condición previa, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki.

Turquía es un candidato sobre la base de los mismos criterios que se aplican a otros países candidatos, tal como se indica en las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki. La estrategia de preadhesión, recogida en esas conclusiones, está ya muy avanzada. La Comisión acoge con satisfacción las reformas políticas y económicas que se han iniciado. Turquía necesita garantizar que esas reformas llegan a hacerse efectivas, especialmente por lo que se refiere a la protección de los derechos humanos, y contribuir de manera activa a los esfuerzos que se efectúan para resolver el problema de Chipre y las diferencias que han surgido sobre la Política Europea de Seguridad y Defensa.

La futura ampliación de la Unión Europea se está preparando con todo detalle por medio de la estrategia que se expone en el presente documento: se funda en principios claros, que han sido enunciados por sucesivos Consejos Europeos, y en un método transparente y objetivo establecido por la Comisión en la Agenda 2000 y que se aplica cada año en los informes sobre los progresos. El presente documento, y los informes complementarios, ofrecen un análisis de los logros alcanzados en el proceso de ampliación hasta el otoño de 2001 y señalan el modo de garantizar que tenga éxito la próxima y decisiva fase del proceso.

2. La opinión pública y la ampliación

Al preparar la presente ronda, los líderes políticos y económicos de la Unión Europea tienen que iniciar un diálogo sobre la ampliación con la ciudadanía y contribuir al debate sobre la Unión en los países candidatos.

Los sondeos de opinión y el Eurobarómetro demuestran que en la Unión actual hay que mejorar la información y el entendimiento sobre las implicaciones de la ampliación. En los países candidatos el apoyo público a la adhesión es, en general, elevado, pero puede variar como resultado de diferentes factores, entre otros la evolución de las negociaciones de adhesión.

En mayo de 2000, la Comisión puso en marcha una estrategia de comunicación para facilitar información sobre el proceso de ampliación. Para que tenga éxito, es preciso que las instituciones europeas, pero también los representantes electos, líderes políticos, gobiernos, interlocutores económicos y sociales y la sociedad civil en general participen en el diálogo.

La Comisión está desarrollando su estrategia de comunicación de manera descentralizada y teniendo en cuenta las necesidades y condiciones particulares de los Estados miembros y de los países candidatos. Las representaciones de la Comisión en los 15 Estados miembros y sus delegaciones en los 13 países candidatos tienen la responsabilidad de diseñar programas adaptados a las necesidades. A nivel regional se está dando la prioridad a las regiones de la Unión existente que limitan con países candidatos. Para desarrollar la estrategia, la Comisión está trabajando en estrecha colaboración con las oficinas del Parlamento Europeo.

La Comisión mantendrá informados sobre los resultados al Consejo y al Parlamento.

3. El proceso de ampliación y los países vecinos

Tras la ampliación, la UE tendrá nuevos vecinos y sus relaciones con ellos evolucionarán, reflejando la nueva situación. La UE ha establecido políticas especiales para cada región vecina: el Proceso de Asociación y Estabilización para los Balcanes occidentales, el Proceso de Barcelona para el Mediterráneo y el Marco de Asociación y Cooperación para Rusia, Ucrania y otros Nuevos Estados Independientes (NEI), que complementan la estrecha e integrada relación desarrollada con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio y el Espacio Económico Europeo.

Estas políticas prevén la creación de un espacio de libre comercio que comprenda a la UE y a sus vecinos y en el que impere la democracia y el respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho.

A medida que se amplía la UE irá aumentando la gama de intereses comunes de ésta con sus nuevos vecinos, lo que creará nuevas oportunidades, actuando de estímulo para el crecimiento y la inversión. A la larga, la ampliación creará un mercado interno de más de 500 millones de consumidores. Interesará tanto a la UE como a sus nuevos vecinos continuar trabajando juntos para consolidar la reforma económica y fortalecer la actividad comercial creando un entorno normativo transparente. La progresiva alineación con las normas del mercado interno de la UE y su marco normativo facilitarán el comercio y atraerán la inversión en las regiones vecinas, con los consiguientes beneficios para la actividad comercial en todos los países afectados.

La ampliación traerá también nuevos desafíos: para la UE y sus vecinos, aumentará la necesidad de trabajar en estrecha colaboración sobre problemas tales como la justicia y los asuntos de interior. Es probable que la UE atraiga a migrantes procedentes de sus vecinos y que quiera desarrollar con ellos modalidades para planificar la migración legal y, al mismo tiempo, combatir la migración ilegal y el tráfico de seres humanos. La gestión de fronteras adquirirá mayor importancia, con una estrecha cooperación en ámbitos que van desde las aduanas y los controles veterinarios/fitosanitarios a la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.

La Unión ampliada tendrá que profundizar sus relaciones con sus vecinos más inmediatos y desarrollar aún más un enfoque común. Es probable que le resulte interesante vincular los elementos comunes de las tres políticas geográficas actualmente en vigor. Las futuras fronteras de la Unión no deben transformarse en una nueva línea divisoria. Con una nueva política de proximidad bien concebida, que aproveche el actual marco político, se conseguirá que la UE ampliada y sus vecinos consoliden sus intereses y actividades comunes.

a) Balcanes occidentales

El año 2001 ha presenciado la consolidación de la democracia en la región de los Balcanes occidentales. Tras la elección de nuevos dirigentes democráticos en la República Federativa de Yugoslavia, los países de la región han avanzado en las reformas políticas, económicas y administrativas. Los progresos no han sido parejos, no obstante, y los nuevos brotes de violencia en las regiones meridionales de la República Federativa de Yugoslavia y la antigua República Yugoslava de Macedonia son un retroceso en la búsqueda de la paz y la estabilidad en la región. El reto al que se enfrenta la UE es responder efectivamente a la volatilidad de esa zona sin dejar de progresar hacia el objetivo de la integración de los países de la misma en la UE, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Feira.

El Proceso de Estabilización y Asociación (PEA) proporciona un marco dentro del cual las nuevas relaciones contractuales y un programa de asistencia (CARDS) ayudan a cada país a progresar, a su propio ritmo, como candidato potencial para la adhesión a la UE. La cooperación regional es crucial para la consolidación de la estabilidad y constituye un elemento vital del compromiso de la UE en el sudeste de Europa. Serán necesarios más esfuerzos. Todos los países de la región necesitan ser asistidos en sus intentos por sincronizar los esfuerzos de cooperación regional con los requisitos de la integración en la UE. El Proceso de Estabilización y Asociación, el Pacto de Estabilidad y la asistencia financiera desempeñan, cada uno, a este respecto un papel complementario.

b) Los países de la AELC

Los nuevos Estados miembros se adherirán a los acuerdos de la Unión con los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Los países que se adhieran necesitarán solicitar su adhesión al Espacio Económico Europeo (EEE) de conformidad con el artículo 128 del Acuerdo del EEE. En consecuencia, la Comisión mantiene informados a los socios de la AELC sobre los progresos de las negociaciones de adhesión.

c) Los Nuevos Estados Independientes

La UE está estableciendo una asociación más firme con Rusia para disfrutar mutuamente de los beneficios de una cooperación reforzada en ámbitos como la energía, la política exterior, la justicia y asuntos de interior y el medio ambiente. El Acuerdo del Asociación y Cooperación (AAC) con Rusia proporciona una base para el diálogo político y una cooperación muy diversificada que incluye, entre otras cosas, tareas relacionadas con la solicitud de Rusia de adhesión a la OMC. El desarrollo de las relaciones UE- Rusia dentro del marco del AAC adquirió un nuevo impulso en la Cumbre UE- Rusia, celebrada en octubre de 2001, en la que se alcanzó un acuerdo sobre el Grupo de Alto Nivel para desarrollar un concepto para un Espacio Económico Europeo Común.

Rusia ve con satisfacción la ampliación de la UE y espera que ésta estudie detalladamente el impacto que tendrá en Rusia. Esos problemas se discuten en las instituciones del Acuerdo de Asociación y Cooperación con el fin de resolver cualquier problema que pudiera surgir antes de la ampliación. En este contexto, se ha mencionado el caso de Kaliningrado. En 2001, la Comisión propuso un documento de debate en que se examina el impacto de la ampliación sobre Kaliningrado y, además, se estudian otras cuestiones de interés común tales como la protección del medio ambiente en la región del Mar Báltico. Interesa tanto a la UE como a Rusia que Kaliningrado se beneficie de las ventajosas consecuencias económicas de la ampliación. Es necesario discutir las cuestiones prácticas, por ejemplo, visados y formalidades fronterizas para viajar entre Kaliningrado y el resto de Rusia, y encontrar soluciones constructivas en el contexto del acervo.

La UE tiene también Acuerdos de Asociación y Cooperación con Ucrania y Moldavia y se ha comprometido a ayudar a estos dos países en su proceso de transición política y económica y progresiva armonización de su legislación con la legislación y la práctica europea. A ambos se les ha invitado a participar en la Conferencia Europea, y ya actúan en los grupos regionales y subregionales en los que participan los Estados miembros de la UE, los países candidatos y los países que participan en el Proceso de Estabilización y Asociación. Bielorrusia también limita con la futura UE, pero las relaciones con ella son limitadas debido a la mala observancia de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho.

d) El Mediterráneo

Las relaciones de la UE con los países del Mediterráneo se desarrolla en el contexto del Proceso de Barcelona, que reúne a los 15 países de la UE con 12 países del litoral Mediterráneo para una cooperación sobre asuntos de política y de seguridad, una cooperación económica que conduce hacia el libre comercio y la cooperación en asuntos sociales y culturales. Este marco se sustenta en una serie de iniciativas de cooperación regional y una red de relaciones bilaterales. Aunque el Proceso se ve afectado por la falta de una paz duradera en Oriente Medio, ha resultado eficaz para mantener el diálogo desde que se estableció en 1995 y proporciona un foro en el que pueden seguir reuniéndose Israel y los Estados árabes.

Ya están en vigor acuerdos de asociación entre la UE y Marruecos, Túnez, Israel y la Autoridad Palestina. Se han firmado otros con Jordania y con Egipto, de los cuales el primero, por lo menos, tiene que entrar en vigor muy pronto. Se están celebrando negociaciones con Argelia, Líbano y Siria, con buenas perspectivas de concluirlas con los dos primeros países antes de que finalice 2001. Los otros tres asociados (Chipre, Malta y Turquía) están cubiertos por acuerdos preexistentes y además están ya en la vía de la adhesión. Por lo demás, el Proceso de Barcelona incluye disposiciones para la celebración de acuerdos de libre comercio entre los asociados ("Acuerdos Sur-Sur"); de ahí que la UE haya visto con gran satisfacción, ofreciéndole su apoyo, el Proceso de Agadir, iniciado el 8 de mayo de 2001, y en el que Marruecos, Túnez, Egipto y Jordania han acordado establecer el libre comercio entre ellos.

En noviembre de 2000, los 27 Ministros de Relaciones Exteriores acordaron reactivar la cooperación euromediterránea y fijaron unos nuevos objetivos ambiciosos para llevar adelante el Proceso de Barcelona. Desde entonces se ha intensificado la labor, pero los trágicos sucesos del 11 de septiembre de 2001 han demostrado que es necesaria una cooperación aún más estrecha, sobre todo en el sector social, cultural y educativo. Para ese propósito, el Proceso de Barcelona proporciona un marco excelente.

II. Progresos de los países candidatos en el cumplimiento de los criterios de la adhesión

Como en años anteriores, el Informe Periódico de este año subraya las medidas legales que se han adoptado actualmente más que las que están en preparación. La Comisión ha examinado si se han llevado a efecto realmente, desde octubre de 2000, las reformas anunciadas. Para cada uno de los 29 capítulos del acervo de la Unión Europea, los informes analizan los progresos realizados por cada uno de los candidatos para adoptar el acervo y garantizar su puesta en vigor y aplicación mediante las reformas administrativas necesarias. Cada capítulo incluye una evaluación no solo de los progresos logrados desde el informe del año anterior sino también de los progresos en general.

Inicialmente, la evaluación se basa en la información facilitada por los propios países candidatos, pero la Comisión también ha utilizado información conseguida en el contexto de las negociaciones de adhesión y en reuniones celebradas en virtud de los Acuerdos de Asociación, y ha comparado la información de esas fuentes con la que contienen los nuevos Programas Nacionales para la Adopción del Acervo, que le fueron transmitidos en la primera parte de 2001. También ha utilizado los informes del Parlamento Europeo, evaluaciones de los Estados miembros, la labor de las organizaciones internacionales, especialmente el Consejo de Europa y la OSCE, y las instituciones financieras internacionales, asociaciones comerciales europeas y organizaciones no gubernamentales.

1. Criterios políticos

El Consejo Europeo de Copenhague declaró que "la adhesión requiere que el país candidato haya alcanzado una estabilidad de instituciones que garantice la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías". El artículo 6 del Tratado de Amsterdam indica que "la Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho." Estos principios se subrayaron en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que se proclamó en el Consejo Europeo de Niza en diciembre de 2000.

a) Evolución global

En los Informes de 2000, la Comisión concluía que todos los países que llevaban a cabo negociaciones seguían cumpliendo los criterios políticos y que, globalmente, los resultados en cuanto a consolidar las instituciones democráticas, respetar el Estado de Derecho y proteger los derechos humanos habían mejorado desde el año anterior. No obstante, señaló la necesidad de acelerar la reforma o consolidación del sistema judicial y solucionar el problema de la corrupción. Además, solicitó medidas firmes para luchar contra el problema cada vez mayor del tráfico de mujeres y niños, y subrayó la necesidad de esforzarse más para mejorar la situación de los romaníes. También instó a Turquía a que adoptara las decisiones necesarias para plasmar sus intenciones respecto a la protección de los derechos humanos en medidas concretas.

Desde los últimos Informes Periódicos, los países candidatos han seguido fortaleciendo el funcionamiento de sus sistemas democráticos de gobierno. Se celebraron elecciones nacionales o locales en Bulgaria, Chipre, la República Checa, Estonia, Letonia, Malta, Polonia y Rumania. Fueron elecciones libres y limpias.

Se trabajó considerablemente más para conseguir independencia, transparencia, responsabilidad ante los electores y efectividad en la administración pública. En varios países se reforzó el marco jurídico para la función pública y se continuó la formación de los funcionarios y la modernización de la administración pública. Esta labor debe continuarse.

Se lograron más progresos de la reforma y consolidación del sistema judicial, como elemento vital para garantizar el respeto del Estado de Derecho y la aplicación efectiva del acervo. Varios países progresaron en la adopción de legislación básica, el refuerzo de los recursos humanos y la mejora de las condiciones de trabajo. Es preciso esforzarse todavía más en este aspecto, poniendo especial atención en garantizar la independencia del cuerpo judicial.

En anteriores Informes se señalaba la corrupción como un grave problema "exacerbado debido a lo escasos que son los salarios en el sector público y a la utilización generalizada de controles burocráticos en la economía." Sigue siendo válida esta evaluación, aunque se han observado ciertos cambios positivos. En la mayoría de los países los organismos de lucha contra la corrupción se han reforzado y se ha avanzado en materia de legislación en sectores como las contrataciones públicas y el acceso del público a la información. También contribuyen a la lucha contra la corrupción determinados cambios alentadores producidos en varios países respecto a la reforma de la administración pública. Pero a pesar de esos esfuerzos, en muchos países candidatos la corrupción, el fraude y los delitos económicos siguen estando generalizados y contribuyen a socavar la confianza de los ciudadanos y a desacreditar las reformas. Se requieren medidas constantes y vigorosas para solucionar este problema.

En años anteriores, la Comisión ha subrayado el problema de las instituciones de acogida de niños en Rumania. Las autoridades rumanas han adoptado una serie de medidas legislativas, administrativas y financieras, con el apoyo de PHARE. Esta labor debe continuarse para conseguir una mejora tangible y duradera de las condiciones de vida de los niños y de las familias afectadas, evitar abusos y solucionar el problema de los niños de la calle.

Lamentablemente, la tendencia alarmante señalada en los Informes del año pasado respecto al tráfico de mujeres y niños se ha confirmado este año. Varios países candidatos seguían siendo países de origen, tránsito y destino, y no hay indicios de que el problema vaya a mitigarse. Se necesitan medidas vigorosas para hacer frente a esta tendencia, con el debido respeto por los derechos de las víctimas.

En varios de los países se puede observar una modesta mejora de los problemas relativos a la detención preventiva, que consisten, principalmente, en una excesiva duración del periodo de detención, la dificultad de acceso a los servicios de un abogado y, en algunos casos, los malos tratos. Estos problemas tienen que solucionarse.

En varios países se han hecho progresos en cuanto a la igualdad de género, tanto en términos de legislación como de marco institucional, pero hay que seguir esforzándose por promover la igualdad económica y social de la mujer. Los pasos dados en una serie de países para prestar asistencia a las víctimas de la violencia son medidas satisfactorias, que deberían ir acompañadas de las medidas preventivas adecuadas.

Por lo que respecta a las minorías, se observa una serie de cambios alentadores. Estonia y Letonia progresaron aún más en la integración de los no ciudadanos, y continúan cumpliendo todas las recomendaciones de la OSCE respecto a la ciudadanía y la naturalización. En ambos países habrá que velar cuidadosamente por que se aplique la legislación vigente sobre las lenguas, respetando plenamente los principios de proporcionalidad y de interés público justificado. En varios países se han dado más pasos para fortalecer los marcos jurídicos e institucionales para la protección de las minorías. En Bulgaria, Eslovaquia y Rumania las minorías están desempeñando un papel importante en la vida política de la nación.

En todos los países que cuentan con comunidades importantes de romaníes ya están en vigor planes de acción nacionales para luchar contra la discriminación, que sigue siendo generalizada, y mejorar las condiciones de vida, todavía sumamente difíciles. En la mayoría de los casos, la aplicación de esos planes de acción ya se está efectuando y, en algunos países, se ha reforzado los recursos presupuestarios. Se sigue proporcionando financiación de PHARE en apoyo de esas acciones, pero hay que esforzarse aún más para garantizar que los diversos programas se aplican de manera constante, en estrecha cooperación con los representantes de los romaníes, y que en todos los países se disponga del apoyo presupuestario adecuado.

En su Informe 2000, la Comisión concluía que Turquía no cumplía los criterios políticos de Copenhague. Ha habido una serie de cambios positivos, pero esa evaluación sigue siendo válida y habrá que hacer más esfuerzos.

El programa nacional de Turquía para la adopción del acervo establecía las condiciones para un importante paquete de reformas constitucionales aprovechando la labor de la Comisión de Conciliación del Parlamento. El paquete fue adoptado en un plazo récord el 3 de octubre de 2001 por una mayoría aplastante, lo que demuestra la determinación del Parlamento de hacer que Turquía se acerque más a las normas de la UE.

Se trata de un paso importante para fortalecer las garantías en materia de derechos humanos y de libertades fundamentales y limitar la pena capital. Las enmiendas, en particular, han reducido las posibilidades de introducir limitaciones a la libertad de expresión y comunicación, libertad de prensa y libertad de asociación. Lo que se observa con atención, actualmente, es la aplicación efectiva de esos cambios importantes, y se está preparando legislación de ejecución.

A pesar de estos cambios, persisten algunas restricciones al ejercicio de las libertades fundamentales. La medida en que los individuos gozarán realmente en Turquía de una mejora en el ejercicio de las libertades fundamentales dependerá de la interpretación que se dé a las enmiendas constitucionales, los detalles de la legislación de ejecución y la aplicación práctica de la legislación por parte de las autoridades.

La Comisión insta firmemente a Turquía a que aplique mejoras importantes, no sólo en las disposiciones constitucionales y las leyes relativas a la protección de los derechos humanos sino, sobre todo, en la situación y la práctica de los derechos humanos. Esto requiere reformar muchas de las estructuras y prácticas existentes. La Comisión ve con satisfacción que se haya mantenido la moratoria sobre la pena de muerte y que la reforma constitucional haya limitado la aplicación de esa pena, pero recuerda a Turquía que es la propia pena capital lo que hay que abolir para que Turquía se ajuste a los principios de la Unión Europea. Además, pide a Turquía que garantice que se dedica especial atención a mejorar de manera significativa la situación del sudeste del país.

b) Conclusiones

Los criterios políticos de Copenhague siguen cumpliéndolos todos los países candidatos que están actualmente negociando. Turquía todavía no cumple esos criterios.

Los requisitos establecidos por los criterios políticos de Copenhague, así como la evaluación periódica que hace la Comisión de los progresos logrados para cumplirlos, han seguido sirviendo de importantes incentivos para los países candidatos. Desde los Dictámenes de 1997 y los subsiguientes Informes Periódicos se han hecho, en general, considerables progresos para consolidar y profundizar la democracia y el respeto del Estado de Derecho, y proteger los derechos humanos y los derechos de las minorías. Aprovechando estos progresos, el año pasado se han observado globalmente cambios positivos, y el resultado general en cuanto a fortalecimiento de las instituciones democráticas, respeto del Estado de Derecho y protección de los derechos humanos ha mejorado aún más.

Sin embargo, y aunque los esfuerzos por reformar y consolidar el sistema judicial van lentamente fructificando, hay que actuar de manera más rápida y firme, sobre todo para garantizar una aplicación efectiva del acervo. Es necesario aumentar la lucha contra la corrupción. En este ámbito se necesitan resultados tangibles para responder a las preocupaciones de la ciudadanía y conseguir un entorno transparente para las actividades comerciales e industriales.

Hay que solucionar los problemas constantes relativos a la prisión preventiva en algunos países. El tráfico de mujeres y de niños desde, a través o hacia varios países candidatos sigue dando lugar a serias preocupaciones, y requiere medidas vigorosas. Hay que avanzar más en materia de igualdad de género y no discriminación. También es muy importante seguir esforzándose por mejorar la situación de los romaníes.

Turquía debería tomar las medidas necesarias para que las recientes e importantes enmiendas constitucionales se traduzcan en progresos concretos en materia de derechos humanos.

Las conclusiones de cada Informe Periódico figuran en el anexo 1, y la lista de convenios y convenciones sobre derechos humanos ratificados por los países candidatos, en el anexo 4.

2. Criterios económicos

a) Evolución global

La evaluación de este año sobre los progresos realizados por los países candidatos para ajustarse a los criterios económicos de Copenhague se lleva a cabo en un momento en que se están deteriorando rápidamente las condiciones económicas en todo el mundo. No obstante, en el año 2000 y en la primera mitad de 2001 los países candidatos experimentaron un crecimiento relativamente fuerte.

El año 2000 acusó los mejores resultados en cuanto a crecimiento desde que se iniciaron los Informes Periódicos. El promedio de crecimiento real del PIB para los países candidatos fue de alrededor del 5%, muy por encima del resultado de 1999, de crecimiento cero. El resultado medio de los 10 PECO fue del 3,6%, considerablemente más elevado que el 2,2% conseguido el año anterior. El crecimiento se reinició en la República Checa, Estonia, Lituania y Rumania, y 8 países registraron tasas de crecimiento más elevadas, con la excepción de Polonia y Eslovenia, en las que el crecimiento se debilitó ligeramente, aunque se mantuvo en un 4% para Polonia y un 4,6% para Eslovenia. Por término medio, los países candidatos del Mediterráneo tuvieron resultados superiores a las economías de transición, con índices de crecimiento del PIB real del 5% para Chipre y Malta y el 7,2% para Turquía. Por el contrario, el crecimiento medio del PIB real para la UE fue del 3,3%, lo que indica que la recuperación, a pesar de ser reducida, fue más elevada que en años anteriores.

En la primera mitad de 2001, con un rendimiento económico de la UE en deterioro, ha habido, como promedio, una desaceleración del crecimiento del PIB en los países candidatos. Hasta ahora se ven más afectados los países que han tenido unas pautas de crecimiento medio más elevadas y más estables. Los que acaban de volver a un crecimiento de la producción más normal después de pasar por recesiones, como la República Checa y Rumania, parecen resistir mejor. De manera similar, los Estados Bálticos que registraron una disminución cíclica del crecimiento en 2000, parecen estar soportando la actual recesión, en parte gracias al apoyo del tirón de la demanda exterior debido al mayor crecimiento que experimentaron Rusia y los NEI. Polonia está atravesando una recesión más fuerte, en gran medida resultado de un conjunto de políticas mal coordinadas, del deterioro de la situación exterior y de la incertidumbre política interna. Los resultados del crecimiento de Turquía se han vuelto marcadamente negativos. Ha habido dos crisis financieras profundas a finales del 2000 y principios del 2001 que se han cobrado un tributo en cuanto a crecimiento del PIB, pero, al mismo tiempo, han llevado al Gobierno a adoptar una reforma y unas medidas correctivas muy necesarias.

El PIB per cápita como porcentaje del promedio de la UE, y medido en estándares de poder adquisitivo (EPA), se elevó hasta un 39% en 2000, en comparación con el 38% de 1999 para los 10 PECO. Para los trece países candidatos se mantuvo sin cambios en el nivel del año anterior, es decir el 35%. Salvar la gran distancia actual de renta es un trayecto de medio a largo plazo que requiere que se mantengan unas tasas de crecimiento medias más elevadas. Comparando la situación del año 2000 con la que prevalecía en 1995, 9 países candidatos han logrado avances durante ese período, y en cambio 3 (Bulgaria, República Checa y Rumania) no lo han hecho, mientras que Turquía permanece esencialmente en el mismo nivel. Estonia, Letonia, Hungría, Polonia y Eslovenia han conseguido progresos muy sustanciosos. La distribución de la renta ha mostrado una tendencia a hacerse más desigual, especialmente en los 10 PECO. Es un resultado que cabía esperar, en primer lugar porque bajo los antiguos regímenes la distribución de la renta era bastante igualitaria y, en segundo lugar, porque el crecimiento desigual provoca un aumento de la demanda de determinadas cualificaciones laborales en algunos ámbitos y sectores con prioridad sobre otros. Sin embargo, el nivel creciente de rentas debería beneficiar a muchos. Las desigualdades siguen siendo más reducidas que en la UE.

A pesar de los relativamente saludables factores de crecimiento global en todos los países candidatos, excepto Turquía, muchos desequilibrios se han hecho mayores y las condiciones macroeconómicas en los diferentes países siguen siendo de diversa naturaleza.

Los Informes Periódicos de 2001 presentan dos cifras para la balanza del Estado. Una está basada en el concepto nacional utilizado más comúnmente, y la otra se calcula con arreglo al Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95), sobre el que este año los países candidatos informaron por primera vez. Como promedio, el déficit público global con arreglo al SEC 95 se ha deteriorado en cierta medida, pasando de alrededor del 3% al 3,5% del PIB. Se registraron grandes incrementos puntuales en la República Checa y en Eslovaquia debidos, principalmente, al coste fiscal del saneamiento de una serie de bancos lo cual, con arreglo a las normas SEC 95, hay que tenerlo en cuenta en la balanza neta general del Estado para el año en que se ha producido.

Varios países están experimentando dificultades para aplicar las reformas que resultan clave para la sostenibilidad fiscal a medio plazo. En Hungría vuelven a aparecer algunas prácticas fiscales no transparentes. La reforma municipal en Polonia no ha venido acompañada de un plan realista para pagar los costes de los servicios municipales. En algunos países, la reforma de la seguridad social es demasiado tímida o está todavía en una etapa muy inicial, como ocurre en la República Checa, Eslovaquia y Eslovenia.

En general, las tasas de inflación están aumentando en muchos países candidatos y el promedio de los 10 PECO, superior al 15%, es considerablemente más elevado que el del año pasado, que estaba en alrededor del 10%. La principal causa inmediata de inflación han sido los grandes incrementos de los precios del petróleo. Preocupan especialmente los casos en los que el marco de la política monetaria y las características estructurales que perviven están contribuyendo en gran medida a mantener la inercia de la inflación. En ese sentido, se observa una evolución positiva en Hungría y Polonia, que tienen un nuevo tipo de cambio y un marco monetario, al contrario que Eslovenia, que se ha quedado rezagada. De nuevo este año Rumania y Turquía no han sido capaces de controlar la inflación, pero han adoptado recientemente programas de estabilización con el FMI. La elevada inflación de Eslovaquia es el resultado de unos incrementos muy necesarios, pero demorados, de los precios regulados. Hay que supervisar de cerca la inflación creciente de Bulgaria, en el contexto del acuerdo de junta monetaria.

A pesar de los buenos resultados en materia de crecimiento, en los 10 PECO el desempleo, que está en un 12,5%, ha seguido aumentando desde un poco menos del 11%, lo que subraya el impacto aún negativo de las reformas estructurales de recortes laborales y del crecimiento de la alta productividad. Constituyen una excepción Hungría y Eslovenia, cuya cifra de desempleo va en descenso. Los índices de participación son, en general, estables pero siguen siendo bajos en algunos casos. Las rigideces del mercado laboral y la falta de adaptación de las capacidades técnicas ponen un límite inferior al desempleo, incluso en economías de elevado crecimiento. Se puede decir que Chipre y Malta están cerca de los niveles de pleno empleo.

Para los 10 PECO ha habido una mejora del déficit por cuenta corriente, que pasó del 5,6% del PIB hasta alrededor del 5%, a pesar de un deterioro de la relación de intercambio. En Letonia y Lituania, donde el deterioro era demasiado pronunciado, se ha aplicado una corrección muy pronunciada. Malta tenía un importante deterioro de su déficit por cuenta corriente, con un componente específico importante. La recuperación ha causado un deterioro de la balanza exterior de la República Checa, que tiene que prepararse para adoptar medidas correctivas. En la mayoría de los casos, la inversión directa extranjera (IDE) ha contribuido de manera significativa a financiar el desequilibrio de la balanza exterior. El componente de IDE, a menudo procedente de la privatización, parece seguir dominando la totalidad de los flujos entrantes en todos los países candidatos. Por lo tanto, el nivel de deuda exterior permanece en los niveles del año pasado, excepto en Turquía. Este país, debido a la acusada depreciación de su moneda causada por la crisis financiera, está en una situación más precaria, ya que el valor interno de su deuda exterior, relativamente grande, se ha incrementado enormemente. El nivel de IDE en Turquía sigue estando significativamente por debajo de su potencial.

Los países candidatos, con excepción de Chipre y Malta, siguen teniendo algunas dificultades para establecer determinados elementos del marco jurídico e institucional necesario para el funcionamiento de una economía de mercado, entre otros, la ejecución de las decisiones judiciales. El alcance de las dificultades varía desde el caso grave de Rumania y, en menor medida, de Bulgaria al de los países en que no existen barreras importantes para el acceso al mercado y la salida del mismo y en los que el grado de seguridad jurídica es elevado, como ocurre en Estonia y Hungría. El principal problema que persiste es la aplicación de la legislación sobre quiebras. Es de capital importancia progresar en este ámbito antes de la adhesión.

La privatización de las empresas manufactureras está casi completada en muchos de los 10 PECO, con excepción de Rumania, donde la lista de privatizaciones sigue siendo abultada y, en menor medida, Bulgaria. Polonia necesita todavía elaborar unas estrategias viables de privatización y reestructuración para algunos sectores tradicionales importantes. Las estrategias de privatización se han trasladado a sectores tales como los servicios públicos, el transporte y la energía, y se aplican junto con medidas para reestructurar esos sectores. En el sector financiero, la agenda de privatización de la banca está completada en varios candidatos, por ejemplo, Estonia, Hungría, Letonia y la República Checa. Ha avanzado en Lituania, Rumania, Polonia y Eslovaquia, pero va considerablemente retrasada en Eslovenia. En cuanto a los bancos de propiedad estatal para los que no está prevista la privatización, es importante que los gobiernos no se injieran en sus prácticas operativas y políticas de crédito. Para otras partes del sector financiero, los progresos en cuanto a privatización son indecisos y desiguales según los candidatos. La finalización de la reforma agraria con la creación de un mercado del suelo viable se está demorando en muchos de los 10 PECO, lo que trae un retraso en el desarrollo de los mercados de bienes raíces y de viviendas y en la construcción, con implicaciones desfavorables para los mercados laborales y la intermediación financiera.

En general, la intermediación financiera es muy reducida en las economías de los 10 PECO. El sector contribuye escasamente a la financiación de la inversión en lo que debería ser un sector privado en expansión. La intermediación es particularmente reducida e ineficaz en Bulgaria, Rumania y Lituania. Globalmente es preciso progresar más antes de la adhesión pues, para que funcione bien el mecanismo de transmisión para la política monetaria, se necesitan niveles más elevados de una intermediación más eficiente. La expansión del sector financiero ha venido acompañada de una mejor supervisión del sector bancario, pero hay que mejorar en cambio la supervisión de otros aspectos, no sólo por lo que se refiere a los reglamentos sino también a la capacidad administrativa y a la independencia de los supervisores.

Los progresos cumulativos de los países candidatos en la UE en cuanto a integración económica se han producido principalmente gracias a los dos canales de flujos comerciales y de capital, esencialmente la inversión directa extranjera.

En cuanto a la integración comercial, los países candidatos enviaron en el año 2000 un promedio del 62% de sus exportaciones a la UE, y el 58% de sus importaciones procedían de la UE. Con exclusión de Turquía, las cuotas de mercado representan alrededor del 65% para las exportaciones y el 62% para las importaciones. Durante el periodo de 1995 a 2000 cada uno de los 10 PECO aumentó su parte de las exportaciones a la UE. Como grupo, también han aumentado su cuota de mercado en la UE. Durante los últimos diez años, la región de los 10 PECO ha registrado el crecimiento más rápido en cuanto a comercio con la UE y en el año 2000 le ha correspondido a esa región alrededor del 11% del total del comercio con la UE y con terceros países, en comparación con el 6% registrado en 1992. En la UE, los efectos se han sentido más en los Estados miembros más próximos a la región. El comercio entre países candidatos sigue siendo comparativamente bajo, a pesar de que en 2000 aumentó ligeramente para varios de los 10 PECO en comparación con el año anterior.

En cuanto a la integración financiera, en el decenio de 1990 dos tercios de los flujos de capital neto procedían de los Estados miembros de la UE. La mayoría de los flujos de capital neto entrantes en los países candidatos han consistido en flujos de IDE. A causa de la privatización, cerca de la mitad de los flujos de IDE se han dirigido a sectores no comercializables, como las instituciones financieras (bancos) y los servicios públicos (por ejemplo, telecomunicaciones). En algunos países están aumentando las inversiones en zonas nuevas: por ejemplo, representan más de la mitad de la IDE en Bulgaria y predominan en Hungría. En el sector comercializable, una quinta parte del total de la IDE se ha producido en industrias con una relativa intensidad de mano de obra, por ejemplo las de los textiles, prendas de vestir, maquinaria eléctrica y vehículos de motor. En el contexto de la transición y de la convergencia económica real, la IDE ha contribuido, y seguirá haciéndolo, a sustituir las existencias de capital obsoletas e introducir nueva tecnología y nuevas técnicas de gestión.

b) Conclusiones

Los progresos de cada país se han evaluado con arreglo a los subcriterios de los criterios económicos de Copenhague, es decir, la existencia de una economía de mercado en funcionamiento y la capacidad para resistir la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión. Estos subcriterios se definieron en la Comunicación de la Comisión sobre la Agenda 2000.

La existencia de una economía de mercado en funcionamiento exige que se liberalicen los precios, así como el comercio, y se aplique un sistema jurídico que se pueda hacer cumplir e incluya los derechos de propiedad. Los rendimientos de una economía de mercado se potencian con la estabilidad macroeconómica y el consenso sobre la política económica. También mejora la eficiencia de la economía un sector financiero bien desarrollado y la ausencia de cualquier impedimento significativo al acceso al mercado y a la salida del mismo. El segundo criterio ("capacidad para resistir la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión") depende de la existencia de una economía de mercado y un marco macroeconómico estable que permitan a los agentes económicos tomar decisiones y estar seguros de los pronósticos. También requiere una cantidad suficiente de capital humano y físico, entre otras cosas infraestructura. Las empresas estatales tienen que ser reestructuradas y todas las empresas necesitan invertir para mejorar su eficiencia. Además, cuanto más fácil acceso tengan las empresas a la financiación exterior y cuanto más puedan reestructurar e innovar, mayor será su capacidad para adaptarse. En general, una economía será más capaz de asumir las obligaciones de la adhesión cuanto más elevado sea el grado de integración económica con la Unión que consiga antes de la adhesión. Esto lo demuestran tanto el volumen como la gama de productos que se comercializan con los Estados miembros.

Tomando los dos criterios juntos puede decirse que Chipre y Malta han confirmado que son economías de mercado en funcionamiento y que podrán hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión.

La República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia son economías de mercado en funcionamiento. Hay diferencias económicas importantes entre estos países pero, siempre que continúen aplicando y, en algunos casos, reforzando una serie de medidas diferenciadas que se detallan en cada uno de los Informes Periódicos, deberían poder hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión a corto plazo.

Bulgaria ya casi es una economía de mercado en funcionamiento. Siempre que continúe aplicando las reformas e intensifique los esfuerzos por eliminar las persistentes dificultades, debería poder hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión a medio plazo.

Rumania todavía no cumple ninguno de los dos criterios pero, por primera vez, ha hechos progresos decisivos para alcanzar este objetivo.

Turquía no ha sido capaz de conseguir más progresos para lograr una economía de mercado en funcionamiento, especialmente debido a la reciente crisis. No obstante, hay partes considerables de su economía que ya están compitiendo en el mercado de la UE, en el marco de la unión aduanera con la CE.

En el anexo 1 de cada Informe Periódico pueden encontrarse las conclusiones sobre el cumplimiento de cada subcriterio, y en el anexo 2 los principales indicadores estadísticos.

3. Otras obligaciones de la adhesión

El Consejo Europeo de Copenhague señaló que la adhesión presupone "la capacidad del candidato de asumir las obligaciones de la adhesión, incluida la observancia de los fines de la unión política, económica y monetaria".

a) Adopción, aplicación y observancia del acervo

La capacidad del candidato para asumir las obligaciones de la adhesión requiere la adopción, aplicación y cumplimiento del acervo. La importancia de que los países candidatos garanticen la aplicación del acervo se subrayó en el Consejo Europeo en varias ocasiones. En Madrid, en 1995, el Consejo Europeo hizo hincapié en la importancia de ajustar las estructuras administrativas de los países candidatos con el fin de crear las condiciones necesarias para su integración gradual y armoniosa. En 2000, el Consejo Europeo de Feira recordó que "el avance de las negociaciones depende de que los Estados candidatos incorporen el acervo en sus legislaciones nacionales y, sobre todo, de su capacidad de aplicarlo realmente y de hacerlo respetar", en particular reforzando sus estructuras administrativas y judiciales. En junio de 2001, el Consejo Europeo de Göteborg volvió a subrayar la importancia de que se hicieran avances ininterrumpidos en los países candidatos para la transposición, aplicación y cumplimiento del acervo y de que prestaran especial atención a la creación de estructuras administrativas adecuadas y a la reforma de sus sistemas judiciales y su función pública.

La transposición, la aplicación y el hacer que se respete el acervo compete no solamente al gobierno y a la administración sino también al sector comercial, regional y a los organismos locales y organizaciones profesionales. El Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones han hecho un llamamiento en pro de una participación más estrecha de la sociedad civil en ese proceso. Las autoridades nacionales de los países candidatos tienen que intensificar el diálogo con las instituciones representativas para explicar el acervo y facilitar su aplicación en todo su territorio.

b) Situación general de los sectores y conclusiones

En general, y según los Informes Periódicos de este año, se registran otra vez progresos significativos en la adopción de legislación para ajustarse al acervo en la mayoría de los países candidatos y respecto a la mayoría de los sectores. En varios de ellos, como el transporte [1], las telecomunicaciones, la justicia y los asuntos de interior, no obstante, se han adoptado o se adoptarán en breve elementos importantes de nueva legislación comunitaria, en la mayoría de los casos aprovechando la anterior legislación de la Comunidad.

[1] El Libro Blanco sobre la política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad (COM (2001) 370 final) aboga además por una mejor reglamentación de la competencia entre las modalidades de transporte, dando al ferrocarril y a otras modalidades de transporte que respetan el medio ambiente los medios para convertirse en alternativas competitivas frente al transporte por carretera.

Algunos países siguen teniendo dificultades para transponer partes del acervo pero, a pesar de los progresos realizados durante el año pasado, la mayor necesidad actualmente es desarrollar estructuras administrativas adecuadas y fortalecer la capacidad administrativa para aplicar el acervo.

Para la mayoría de los países candidatos, los Informes Periódicos y las propuestas revisadas de Asociaciones para la Adhesión señalan:

* en el ámbito del mercado interior, la necesidad de establecer o reforzar las infraestructuras administrativas horizontales que se ocupan de la normalización, acreditación, certificación, evaluación de la conformidad, vigilancia del mercado, reconocimiento mutuo de las cualificaciones, supervisión de los servicios financieros y también de garantizar la observancia de los derechos de propiedad industrial e intelectual;

* en el ámbito de la competencia, la necesidad de desarrollar o reforzar a las capacidades para asegurar el cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales y las disposiciones antimonopolio;

* en el ámbito del transporte y la energía, la necesidad de fortalecer o establecer estructuras normativas adecuadas (también con vistas al nuevo acervo en el futuro) y las medidas de inspección, en particular para garantizar la seguridad vial y marítima;

* en el ámbito de las telecomunicaciones y la política cultural y audiovisual, la necesidad de establecer o fortalecer estructuras normativas independientes para las telecomunicaciones, especialmente con vistas al nuevo acervo en el futuro;

* en el ámbito del medio ambiente, la necesidad de consolidar aún más las capacidades administrativas, de supervisión y de cumplimiento de la ley, en particular en el sector de los desechos, el agua y los productos químicos;

* en el ámbito de la política social y de empleo, la necesidad, en particular, de garantizar el cumplimiento de las normas sobre seguridad y salud en el trabajo y de fortalecer las inspecciones laborales;

* en el ámbito de la justicia y asuntos de interior, la necesidad global de fortalecer el sistema judicial, la gestión de fronteras, de manera más urgente en las futuras fronteras exteriores de la UE, y de prepararse para la participación en el sistema de información de Schengen, así como de conseguir mejorar la cooperación de todos los agentes en la lucha contra la delincuencia organizada;

* en el ámbito de las aduanas y los impuestos, la necesidad de desarrollar sistemas IT para hacer posible el intercambio de datos electrónicos con la Comunidad y sus Estados miembros, y la capacidad de la administración aduanera y fiscal para hacer cumplir y controlar la legislación comunitaria, incluso los controles en las fronteras exteriores;

* en el ámbito de la agricultura, la necesidad de mejorar el sistema de supervisión, relativo a la legislación veterinaria y fitosanitaria para, en particular, garantizar la seguridad alimentaria, y la capacidad de aplicar y hacer que se cumplan los mecanismos de gestión de la Política Agrícola Común, especialmente la Administración Integrada y el Sistema de Control y el Organismo de Pagos (para el cual, en el ámbito del desarrollo rural, el organismo SAPARD correspondiente puede ser un precursor);

* en el ámbito de la política estructural, la necesidad de fortalecer la capacidad administrativa en los ministerios clave y desarrollar las estructuras administrativas necesarias para la programación, gestión y control de los fondos estructurales;

* en el ámbito del control financiero, la necesidad de reforzar la capacidad administrativa para el control interno de las finanzas públicas y la lucha contra el fraude.

En varias otras esferas, igualmente, cada uno de los países candidatos tiene que mejorar la capacidad administrativa, como puede ser el caso de los capítulos mencionados anteriormente, por ejemplo en el ámbito de la seguridad nuclear o en otros capítulos como la pesca, las estadísticas o la unión económica y monetaria. Estas prioridades están señaladas específicamente en cada Informe Periódico y recogidas en la propuesta revisada de Asociación para la Adhesión para cada país candidato.

Los Informes Periódicos identifican también los capítulos que no plantean dificultades importantes en cuanto a capacidad administrativa, ya sea porque en ellos se necesita poca capacidad administrativa para la aplicación del acervo o porque el grado de preparación de los países puede considerarse, en general, adecuado.

Las conclusiones de los Informes Periódicos, país por país, se encuentran en el anexo 1.

c) La UEM y el EURO

Los países candidatos necesitan prepararse para participar en los procedimientos multilaterales de vigilancia y de coordinación de la política económica actualmente vigentes como parte de la Unión Económica y Monetaria. Una de las prioridades económicas de anteriores Asociaciones para la Adhesión era el establecimiento de un procedimiento anual de control fiscal, que consta de dos elementos: la notificación fiscal y el Programa Económico de Preadhesión (PEP), que se discuten en instancias multilaterales con los Estados miembros.

Se ha clarificado el marco de estrategias sobre tipos de cambio para los países candidatos y se han determinado tres etapas sucesivas en el proceso de transición hacia la adopción del euro, a saber, la etapa de preadhesión, la etapa posterior a la adhesión y la adopción del euro. Cualquier adopción unilateral de la moneda única por medio de la "euroización" sería contraria a los razonamientos económicos subyacentes en la UEM que contempla el Tratado y que prevén la posible adopción del euro como punto final de un proceso estructurado de convergencia dentro de un marco multilateral. Por lo tanto, la "euroización" unilateral no sería un medio de eludir las etapas previstas por el Tratado para la adopción del euro.

Poco tiempo después de la adhesión, se espera que los Estados miembros se adhieran al MTC II. Este Mecanismo de Tipos de Cambio podría incluir los principales rasgos de una serie de sistemas de tipos de cambio siempre que los compromisos y objetivos sean creíbles y se ajusten a los del MTC II. Las únicas incompatibilidades manifiestas con el MTC II que pueden ya identificarse en esta etapa son los tipos de cambio plenamente flotantes, los tipos de cambios móviles y las vinculaciones con otras monedas distintas del euro.

III. Conseguir que la ampliación sea un éxito

El Consejo Europeo de Göteborg ha establecido objetivos sumamente ambiciosos al concluir que "el plan de trabajo debería permitir que, para finales de 2002, concluyan las negociaciones con los países candidatos que estén preparados, siempre que se mantengan a buen ritmo los progresos en el cumplimiento de los criterios de adhesión. El objetivo es que éstos participen en calidad de miembros en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004".

Conseguir esos objetivos requerirá esfuerzos tanto de la Unión como de los países candidatos. La primera debería definir posiciones comunes dentro del calendario que fija el plan de trabajo. Los países candidatos deben continuar con los preparativos para ajustarse plenamente a los criterios de adhesión, prestando especial atención a mejorar su capacidad administrativa para aplicar el acervo. En definitiva, los progresos en las negociaciones dependen de unos progresos convincentes en la adopción, aplicación y cumplimiento del acervo.

1. Seguir el plan de trabajo - capítulos restantes

Se han conseguido progresos considerables en las negociaciones. Los países candidatos han comunicado su posición respecto al acervo con arreglo a los diferentes capítulos de la negociación, además de sus peticiones de medidas transitorias. En muchos casos en que los candidatos han manifestado compromisos suficientes para aplicar el acervo se han cerrado provisionalmente algunos capítulos (véase anexo 6). Del número de capítulos que se han cerrado provisionalmente, sin embargo, no se deduce con precisión el estado de las negociaciones. En algunos casos en curso de negociación no quedan más que una o dos cuestiones que tengan importancia política y que pueden resolverse con rapidez si se adoptan las decisiones políticas necesarias.

El plan de trabajo ha resultado útil para conseguir que todas las partes negociadoras se comprometan fijando un calendario realista. En el Informe que presentó la Comisión al Consejo Europeo de Gante se analizaba la trayectoria del proceso y se subrayaban una serie de cuestiones en que todavía hay que adoptar decisiones durante la Presidencia belga [2]. En el documento se analizaban una serie de cuestiones sobre las que la UE tenía que definir una posición en el contexto de los capítulos sobre transporte, impuestos, agricultura, justicia y asuntos de interior y energía. Entretanto, la Comisión ha remitido, siempre que ha sido posible, posiciones de negociación sobre esos capítulos al Consejo, y la Presidencia belga está avanzando rápidamente por lo que se refiere a definir las posiciones de negociación. En el contexto del último capítulo de los mencionados, la Comunicación subrayaba la necesidad de examinar las posiciones de los países candidatos a propósito de las recomendaciones de la UE sobre seguridad nuclear y su posición de que [a propósito de] "las unidades [de las centrales nucleares] que no pueden modernizarse -Ignalina (Lituania), Bohunice-VI (Eslovaquia) y algunas unidades de Kozloduy (Bulgaria)- deben respetarse los compromisos de cierre e incluirse debidamente en los Tratados de adhesión."

[2] Comunicación a la Comisión: Nota informativa al Consejo Europeo sobre una revisión de mitad de ejercicio de la aplicación de la estrategia de ampliación, COM (2001) 553 final, de 2 de octubre de 2001.

El compromiso de la Unión de definir posiciones comunes dentro de un calendario determinado, también en esferas en las que surgen especiales dificultades, ha constituido una señal positiva para los países candidatos. Con ello, la Unión ha demostrado la flexibilidad necesaria tomando posiciones que son importantes en términos de aceptabilidad pública, tanto en la Unión como en los países candidatos. Se mantendrá este enfoque.

Con arreglo al plan de trabajo para la primera mitad de 2002, la Unión definirá posiciones comunes con vistas a clausurar provisionalmente el último grupo de capítulos: agricultura, política regional, disposiciones financieras y presupuestarias, instituciones y "asuntos varios". La Comisión presentará las propuestas convenientes al Consejo a su debido tiempo. Para prepararlas, se guiará por el enfoque que se esboza más adelante.

a) Marco financiero y capítulos conexos

Los capítulos de las negociaciones que se refieren a agricultura y política regional tienen componentes presupuestarios importantes y están relacionados con el capítulo relativo a las disposiciones financieras y presupuestarias. De ahí que las negociaciones sobre estos tres capítulos se deban llevar a cabo dentro de un marco general coherente.

El Consejo Europeo de Berlín, en marzo de 1999, aprobó el marco financiero para el periodo 2000-2006 con, entre otras cosas, medidas para la ampliación basadas en la hipótesis de que en 2002 se adherirían 6 nuevos miembros. Los resultados se reflejaron en un acuerdo interinstitucional entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión.

El amplio acuerdo alcanzado en Berlín incluía, al mismo tiempo, la reforma política y la reserva de los fondos necesarios para la preadhesión y la adhesión, incluidos:

* un límite máximo para los pagos totales (fijado en un 1,27% del PIB) y límites absolutos para los compromisos presupuestarios anuales dentro de cada categoría de gasto (Perspectivas Financieras para el periodo 2000-2006). Se esperaba que, en conjunto, los límites absolutos quedaran muy por debajo del límite máximo del 1,27%, incluso después de la ampliación;

* la reforma de la política agrícola común, los fondos estructurales y de cohesión;

* la duplicación del apoyo de preadhesión para los países candidatos (3.100 millones de euros al año [3]);

[3] Todas las cantidades son créditos de compromiso en precios constantes de 1999.

* sumas reservadas para la financiación de la adhesión, que se incrementan gradualmente desde 6.500 millones de euros en 2002 hasta 16.800 millones de euros en 2006.

Las hipótesis sobre las que se fundaba el acuerdo de Berlín han cambiado, especialmente respecto a las fechas posibles para la adhesión y al número potencial de nuevos Estados miembros.

Sin embargo, asumiendo que las primeras adhesiones se produzcan en 2004 y no en 2002 y que se adhieran más de 6 y hasta 10 nuevos Estados miembros, el coste de la ampliación actualizado para cada uno de los años 2004 a 2006 seguiría siendo menor que las cantidades acordadas en Berlín. Para el cálculo se tiene en cuenta la información puesta al día sobre producción agrícola y los datos sobre el consumo en los 10 países candidatos.

Las cantidades anuales reservadas para la adhesión en las Perspectivas Financieras se incrementan sustancialmente de 2002 a 2006. Dado que las primeras adhesiones se producirán más tarde, las cantidades anuales necesarias para los años correspondientes son menores que si las primeras adhesiones se hubieran producido en 2002, con lo que las cifras calculadas en Berlín sirven para un número más amplio de hasta 10 nuevos Estados miembros.

La Comisión presentará al Consejo propuestas de posiciones comunes de negociación para los sectores de la agricultura, la política regional y los asuntos presupuestarios sobre la base del actual acervo y los principios inherentes al acuerdo de Berlín. De ese modo, las negociaciones de adhesión podrán concluirse independientemente de las decisiones para la financiación de la UE después de 2006.

La Comisión velará por que las implicaciones presupuestarias y propuestas de posiciones comunes de negociación se ajusten a los límites de gastos acordados en Berlín para el periodo que va hasta 2006, incorporando los ajustes necesarios previstos para el número potencial de nuevos Estados miembros. En particular, y no obstante las futuras decisiones para la financiación de la UE, la Comisión:

* examinará, en el capítulo agricultura, cómo solucionar los problemas de los pagos directos y facilitar instrumentos de gestión en las negociaciones;

* delimitará, en la esfera de la política estructural, las condiciones organizativas e institucionales que deberán cumplir los diversos países para cerrar provisionalmente las negociaciones en ese capítulo, y explicará el método para asignar los fondos estructurales a los nuevos Estados miembros hasta 2006;

* examinará, por lo que se refiere al capítulo presupuesto, las posibles medidas transitorias.

La Comisión se asegurará de que el Consejo pueda debatir estos asuntos en un marco común a principios de 2002 con objeto de preparar la continuación de las negociaciones de adhesión con arreglo al plan de trabajo.

b) Otros capítulos

Los capítulos "Instituciones" y "Asuntos varios" todavía no se han abierto con ninguno de los candidatos. Con arreglo al plan de trabajo, la Unión debería también definir sus posiciones sobre estos capítulos en la primera mitad de 2002.

El capítulo instituciones trata de la inclusión de los nuevos Estados miembros en el marco institucional de la Unión. Como ésta subrayó al inicio de las negociaciones de adhesión, la condición de miembro implica tanto derechos como obligaciones. La Unión espera de sus nuevos miembros que cumplan las obligaciones correspondientes, respetando las condiciones acordadas en las negociaciones de adhesión. Los nuevos miembros ejercitarán sus derechos en los mismos términos que los demás Estados miembros, mediante su participación en las instituciones de la UE. Tradicionalmente, el capítulo "Instituciones" se ha debatido en las negociaciones de adhesión después de todos los demás capítulos relativos al acervo.

En las negociaciones actuales, el capítulo "Instituciones" se basará principalmente en las conclusiones de la Conferencia Intergubernamental celebrada en Niza en diciembre de 2000, y en particular en lo siguiente:

- las disposiciones establecidas en el Tratado de Niza, particularmente las disposiciones para el ajuste de las instituciones ante la perspectiva de la ampliación;

- las disposiciones establecidas en las Declaraciones de la Conferencia Intergubernamental, especialmente la Declaración nº 20 sobre las posiciones comunes a adoptar en las negociaciones de adhesión respecto a asuntos relativos a la distribución de escaños en el Parlamento, la ponderación de los votos en el Consejo y la composición del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones.

Con la celebración del nuevo Tratado, en Niza se consolidó el firme compromiso ante la Unión en pro del proceso de ampliación. Actualmente, está en fase de ratificación por los Estados miembros. La Comisión observa que el Tratado ha sido ratificado por tres Estados miembros y que, en la mayoría de los demás casos, la ratificación se va llevando a cabo satisfactoriamente. En el caso de Irlanda, y tras el referéndum de junio de 2000, el Gobierno está organizando una convención nacional para aclarar las cuestiones relacionadas con el Tratado.

La Comisión espera que los Estados miembros completen el proceso de ratificación, tal como estaba planificado, en 2002. La Comisión se pondrá de acuerdo con la Presidencia sobre los plazos apropiados y el procedimiento que hay que prever para el capítulo institucional, teniendo en cuenta los progresos en la ratificación del Tratado de Niza.

Como en el caso de anteriores negociaciones de adhesión, el capítulo final será "Asuntos varios", capítulo que sirve como marco para asuntos no incluidos en los capítulos precedentes, sobre todo problemas que no están relacionados directamente con el acervo. En las anteriores negociaciones de adhesión, por ejemplo, las deliberaciones sobre el capítulo "Asuntos varios" dieron lugar a una serie de declaraciones sobre transparencia, el estatus de "determinados territorios", etc., que posteriormente se añadieron al Tratado de Adhesión como anexos. Durante el año 2002 se seguirá aclarando qué cuestiones tienen que tratarse dentro de este capítulo en las actuales negociaciones.

2. Plan de acción sobre capacidad administrativa y judicial

Los Estados miembros tienen que tener un nivel de capacidad administrativa y judicial adecuado para poder aplicar y hacer que se cumpla el acervo, razón por la cual sucesivos Consejos Europeos han insistido en el desarrollo institucional durante la preparación para la adhesión.

Un objetivo común para todos los países candidatos es una administración pública estable. La mayoría de ellos han hecho enormes esfuerzos en el ámbito de la reforma de la administración pública y han aplicado reformas en la función pública. Algunos de ellos han dado pasos importantes para atraer a un personal competente y mejorar su calidad mediante formación y una mejor remuneración pero, como se refleja en los Informes Periódicos, queda mucho por hacer. Por añadidura, hay una serie de países candidatos que necesitan intensificar su lucha contra la corrupción.

También es esencial para los ciudadanos y para las empresas un sistema judicial predecible y eficiente. En la mayoría de los países candidatos la labor de reforma del sistema judicial ha avanzado, pero en varios otros países hay que seguir esforzándose por consolidar la independencia de la judicatura, mejorar la remuneración, las condiciones de trabajo y la formación de los jueces.

Ya se han señalado más arriba los principales retos sobre una serie de capítulos relacionados con el acervo (sección II 3 b). Se refieren a la capacidad administrativa para garantizar:

* en primer lugar, un funcionamiento regular del mercado interior, lo que, a menudo, requiere autoridades de reglamentación adecuadas, por ejemplo, autoridades en materia de competencia, telecomunicaciones, energía o transporte o la aplicación de las tecnologías de la información apropiadas.

* en segundo lugar, unas condiciones de vida sostenibles en la Unión Europea, lo que hay que garantizar, entre otras cosas, velando por que se apliquen las normas medioambientales, imponiendo niveles adecuados de salud y seguridad en el trabajo y un nivel elevado de seguridad nuclear, y mejorando la seguridad en los transportes. Estas medidas exigen una serie de sistemas de inspección.

* en tercer lugar, la protección global de los ciudadanos de la Unión Europea. Para ello es necesario, entre otras cosas, asegurar las fronteras para diversos propósitos, una adecuada vigilancia del mercado para proteger a los consumidores, hacer que se respeten unos niveles suficientes de seguridad alimentaria, y una cooperación en materia de justicia y asuntos de interior. Estas medidas requieren diversos sistemas de inspección y de vigilancia del cumplimiento de la ley.

* en cuarto lugar, una gestión apropiada de los fondos comunitarios, lo que requiere estructuras adecuadas en las administraciones centrales y regionales para la aplicación de las normas sobre contrataciones públicas, control financiero, auditorías y lucha contra el fraude y la corrupción.

Los Informes Periódicos y la propuesta revisada de Asociaciones para la Adhesión destacan detalladamente los ámbitos en que tiene que actuar cada país candidato para conseguir un nivel adecuado de capacidad administrativa.

Para clarificar los nuevos pasos que se han de dar, la Comisión establecerá un plan de acción y analizará con cada país candidato, a principios de 2002, el enfoque que cada uno tiene intención de aplicar a estas prioridades y, si fuera necesario, sus intenciones sobre cómo reforzar las actividades de desarrollo institucional. Además, la Comisión iniciará actividades de control específicas, en caso necesario conjuntamente con los Estados miembros y los países candidatos

El plan de acción:

* se basará en los ámbitos prioritarios identificados en las Asociaciones para la Adhesión revisadas, los Informes Periódicos y los compromisos asumidos en las negociaciones;

* pondrá de relieve acciones ya en curso para desarrollar la capacidad administrativa y movilizará más medios para intensificar esas acciones, utilizando mecanismos establecidos tales como los hermanamientos o TAIEX (véanse los anexos 3 y 5);

* confirmará o pondrá en marcha mecanismos de control tales como informes de supervisión, revisiones paritarias etc., con los que será posible determinar el estado de preparación de cada país candidato.

Al igual que los Informes Periódicos y las propuestas revisadas de Asociaciones para la Adhesión, el plan de acción reflejará la situación de los países con respecto a las negociaciones y tendrá en cuenta las fechas de adhesión previstas en ellos.

a) Refuerzo de las acciones de desarrollo institucional

Ya se está proporcionando a los países candidatos una importante asistencia comunitaria para ayudarles a desarrollar una capacidad administrativa adecuada que les permita aplicar y hacer que se observe el acervo. En conjunto, se han destinado hasta dos tercios de los programas nacionales para desarrollo institucional e inversiones conexas. Se ha acelerado la programación y los programas nacionales anuales de asistencia deberían estar adoptados en 2002 mucho antes que en años anteriores.

Por otra parte la Comisión, además de la dotación presupuestaria anual fijada en 1999 para cada uno de los 10 países PHARE, asignará hasta 250 millones de euros del programa PHARE existente para más acciones de desarrollo institucional en 2002. Esta línea suplementaria para desarrollo institucional constituye una oferta a los países candidatos que debería recogerse y programarse antes del verano de 2002. Podría darse similar importancia a la asignación de la asistencia de preadhesión para desarrollo institucional en el caso de Malta y Chipre.

La Comisión analizará con los países candidatos la necesidad de seguir reflejando en el ejercicio de programación para 2003 las actividades de desarrollo institucional. En ese caso, y con arreglo a las normas habituales de la Comisión sobre contratación y desembolso, los proyectos de desarrollo institucional podrían continuar vigentes por lo menos otros tres años más.

Estas acciones se complementan con los importantes esfuerzos que está realizando cada país candidato, a menudo con la asistencia de PHARE y de acciones bilaterales de los Estados miembros y organizaciones internacionales e instituciones financieras internacionales.

b) Control reforzado

Ya se están llevando a cabo acciones de supervisión. La Comisión facilita regularmente al Consejo cuadros e informes de control pormenorizado en los que se examina la manera en que se han ejecutado los compromisos asumidos en el marco de las negociaciones, y también los compromisos de desarrollar la suficiente capacidad administrativa.

La Comisión no siempre cuenta con los expertos pertinentes para juzgar el grado de preparación de las administraciones de los países candidatos, ya que la ejecución corresponde en gran medida a los Estados miembros. Ésta es la razón de que en varios ámbitos se hayan establecido las revisiones paritarias. Con este tipo de revisiones, los candidatos pueden hacer participar a expertos de los Estados miembros y la Comisión en la evaluación de la capacidad administrativa. Las revisiones paritarias ya han empezado, o se están planeando para el ámbito de los servicios financieros, la justicia y asuntos de interior, el presupuesto, la agricultura, la seguridad nuclear y el medio ambiente. La Comisión facilitará apoyo práctico (especialmente, mediante la Oficina de Asistencia Técnica e Intercambio de Información, TAIEX) o mediante otros mecanismos (por ejemplo, SIGMA).

La Comisión informará al Consejo antes de la primavera de 2002 sobre las revisiones paritarias o cualquier otra acción pertinente destinada a evaluar la capacidad administrativa en los países candidatos, con lo cual los resultados de esas acciones podrán recogerse en el marco único de las negociaciones de adhesión.

Las revisiones paritarias no son una panacea pero complementan el proceso de supervisión en curso. Sólo deberían utilizarse en los casos apropiados y deberían centrarse en los ámbitos que preocupan especialmente en, tal como se identificaron en los Informes Periódicos, propuestas revisadas de Asociaciones para la Adhesión o durante las negociaciones.

Estas actividades servirán para supervisar los compromisos adquiridos por los países candidatos durante las negociaciones de asociación. La Comisión informará sobre su plan de acción, incluso sobre la supervisión de esos compromisos, antes del Consejo Europeo de Sevilla de junio de 2002.

Los Informes Periódicos de 2002 examinarán después atentamente todo lo realizado y si los países candidatos serán capaces de contar, en los diferentes ámbitos del acervo, con las estructuras adecuadas en funcionamiento para aplicar y hacer que se observe el acervo en el momento de la adhesión.

c) Capacidad administrativa más allá de la adhesión

Se espera que los Estados miembros ajusten regularmente su capacidad administrativa a las necesidades cambiantes del acervo. Desarrollar la capacidad administrativa adecuada es un proceso que no se acabará con la conclusión de las negociaciones, sino que, por el contrario, continuará hasta la adhesión y posteriormente.

Durante el periodo comprendido entre la firma del tratado de adhesión y la verdadera adhesión de los países de que se trata, la Comisión seguirá observando los acontecimientos respecto a cuestiones identificadas en el curso de las negociaciones de adhesión. Además seguirá la evolución de las cuestiones económicas identificadas en la evaluación de los criterios económicos e informará al respecto al Consejo.

Los programas de preadhesión seguirán en vigor durante ese periodo y, para los primeros países que se adhieran, se puede esperar que 2003 será el último año en que se programen los fondos de preadhesión. La formación de los funcionarios públicos puede convertirse en una de las necesidades más importantes en este periodo La aplicación continuará normalmente durante un periodo de hasta casi tres años. Hay que definir las medidas transitorias para la gestión y la posterior conclusión de los programas durante los primeros años después de la adhesión.

Durante el periodo que siga a la adhesión, la Comisión, como guardiana de los Tratados, supervisará cómo aplican el acervo los nuevos Estados miembros, utilizando los mismos mecanismos que se aplican para los Estados miembros actuales. Esos mecanismos incluyen Informes Periódicos de la Comisión al Consejo sobre la aplicación de la legislación comunitaria, procedimientos de infracción y un diálogo entre la Comisión y los Estados miembros sobre problemas de aplicación (por ejemplo, la red de resolución de problemas del mercado interior o los centros de coordinación).

La evaluación comparativa y la presión del grupo afín se utilizan cada vez más dentro de la Unión para desarrollar estructuras administrativas interoperativas y compatibles. La participación de los países candidatos en los programas y organismos comunitarios contribuye ya a su integración efectiva. La iniciativa e-Europa, las estrategias de empleo nacionales o las actividades en el contexto de la UEM ya se han ampliado a los países candidatos por medio de e-Europa plus, la Evaluación Conjunta de Prioridades de la Política de Empleo para preparar su participación en la Estrategia Europea de Empleo y los programas económicos de preadhesión. Los países candidatos deberían continuar por esta vía hacia la integración en las políticas y los mecanismos ya existentes de la UE.

Además, los nuevos Estados miembros se beneficiarán de nuevos mecanismos que podrán introducirse para mejorar la aplicación de la legislación comunitaria. En su Libro Blanco sobre la Gobernanza, la Comisión ha indicado que en 2002 propondrá sistemas de hermanamiento entre las administraciones nacionales con el fin de compartir las mejores prácticas para aplicar medidas, aprovechando la experiencia con los países candidatos, y promover el conocimiento de la legislación comunitaria en los tribunales y colegios de abogados nacionales. La introducción de esos hermanamientos entre Estados miembros permitiría a los países candidatos seguir beneficiándose de esas medidas después de la adhesión, lo que contribuiría a que se aplique mejor el acervo en la Unión ampliada.

3. Estrategia de preadhesión de Turquía - hacia una nueva fase

La ejecución de la estrategia de Preadhesión, definida por el Consejo Europeo de Helsinki, ya está muy avanzada. Para finales del presente año estarán ya en vigor todos sus elementos. En la próxima fase se prestará mayor atención a una preparación más detallada de los requisitos de la adhesión a la UE.

En esta nueva fase, se alienta a Turquía a que intensifique y acelere el proceso de reformas políticas y económicas de acuerdo con las prioridades de las Asociaciones para la Adhesión, lo que requiere mayores reformas constitucionales, legislativas, administrativas y judiciales para acercar a Turquía a las normas de la UE. La reciente reforma constitucional y la ejecución del nuevo plan económico han dado un comienzo prometedor a este proceso.

Debería utilizarse más plenamente el diálogo político reforzado para estimular aún más los progresos en los asuntos clave que son prioridades de la Asociación para la Adhesión, como los derechos humanos, Chipre y la solución pacífica de los conflictos fronterizos.

El apoyo manifestado por Turquía en el diálogo político a favor de los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas para encontrar una solución amplia al problema de Chipre debería complementarse con medidas concretas por parte de Turquía para facilitar una solución.

En cuanto a la Política a Europea de Seguridad y Defensa (PESD), Turquía debería estar abierta a la solución del problema de las modalidades para participar en las decisiones de las operaciones dirigidas por la UE con vistas a la decisión que se habrá de adoptar en el Consejo Europeo de Laeken, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Niza.

Se están desarrollando y aplicando una serie de medidas de fomento de la confianza en el contexto de las relaciones grecoturcas, lo que debería crear un entorno favorable para una solución pacífica de los conflictos fronterizos conforme con las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki.

Se utilizará asistencia financiera para ayudar a Turquía a cumplir las prioridades de la Asociación para la Adhesión. Se pide a Turquía que refuerce su capacidad administrativa en materia de diseño y gestión de proyectos con arreglo al enfoque descentralizado que se sigue con todos los países candidatos. La Comisión ofrecerá asesoramiento y asistencia de expertos de los Estados miembros para apoyar los esfuerzos de Turquía. Sobre la base del acuerdo marco que se va a firmar entre la UE y Turquía en relación con la participación en programas comunitarios de este país, se insta a Turquía a que establezca estructuras efectivas para la gestión de esos programas, especialmente en el ámbito de la educación.

Las negociaciones sobre la ampliación de la Unión Aduanera en el sector de las contrataciones públicas y los servicios públicos tienen que finalizarse con carácter prioritario.

El Consejo Europeo de Feira solicitó a la Comisión que informara sobre los progresos en la preparación del proceso de examen analítico del acervo. Dicho informe se adjunta como anexo del Informe Periódico 2001.

Fundándose en la experiencia adquirida hasta ahora sobre las deficiencias que se han comprobado en la legislación turca y en sus preparativos en el sector administrativo con vistas a la adhesión, se recomienda actualmente iniciar una nueva fase en la estrategia de preadhesión que implicará un escrutinio pormenorizado de la legislación turca y el calendario para ajustarse al acervo. En esta fase se prestará también especial atención a la capacidad de la administración y el sistema judicial turcos para aplicar y hacer que se cumpla el acervo de manera efectiva.

De aquí en adelante, la UE y Turquía iniciarán un diálogo más detallado sobre los requisitos para la transposición, aplicación y cumplimiento del acervo, haciendo especial hincapié en los problemas sectoriales específicos que deberán examinar los expertos pertinentes. Los funcionarios turcos recibirán información complementaria y más detallada sobre partes específicas del acervo, y los expertos de la UE revisarán los proyectos de ley en preparación en Turquía. La TAIEX organizará seminarios sobre una selección de cuestiones.

Se pedirá a Turquía que contribuya de manera activa a la base de datos de la Comisión sobre aproximación de la legislación para que puedan supervisarse los progresos de manera detallada y continua.

Se recomienda que, en su próxima reunión, el Comité de Asociación CE- Turquía establezca los temas en los que se vaya a centrar este proceso y el calendario de reuniones.

4. Próximos pasos

a) Cumplir los criterios de adhesión

La adhesión requiere que los candidatos cumplan las condiciones pertinentes, es decir los criterios políticos y económicos, y que estén en situación de asumir las obligaciones de los miembros. La Comisión hace una recomendación favorable a la adhesión de un país cuando está convencida de que éste será capaz de cumplir los criterios en el momento de la adhesión.

Ateniéndose a los informes periódicos de este año y a la situación de las negociaciones de adhesión, la Comisión no puede todavía concluir que ninguno de los países candidatos cumple las condiciones para la adhesión. Sin embargo, y dado el clima actual de las negociaciones y los progresos conseguidos hasta ahora, la Comisión debería poder hacer recomendaciones sobre qué países candidatos están preparados para la adhesión sobre la base de sus Informes Periódicos de 2002. De los doce países que están negociando, diez tienen plazos de adhesión compatibles con el calendario de Göteborg.

Las reformas que aún se requieren en cada país se señalan en los Informes Periódicos de este año y en las Asociaciones para la Adhesión revisadas. En sus Informes Periódicos de 2002, la Comisión completará su evaluación sobre los progresos realizados en la aplicación de esas reformas pendientes con una evaluación del camino recorrido por cada uno de los países desde los Dictámenes. Esto permitiría a la Unión estar preparada cuando finalice la Presidencia danesa en 2002 para concluir las negociaciones de adhesión con los países que cumplan las condiciones necesarias con vistas a su adhesión en 2004.

b) Primeras adhesiones

Las conclusiones de las negociaciones de adhesión se incorporarán en un tratado de adhesión en el que se reunirán, probablemente en un único instrumento jurídico como ocurrió en pasadas adhesiones, los resultados de las distintas conferencias de adhesión. Para la redacción de los textos jurídicos se requiere una preparación técnica que ya se ha iniciado.

Para la última ampliación, este instrumento jurídico - que consiste en un breve tratado y una larga Acta de Adhesión - se dedicaba principalmente a las adaptaciones técnicas de la legislación derivada necesarias para la adhesión de los cuatro países candidatos en cuestión, e incluía una disposición en la que se preveía una simple modificación del tratado en caso de que algún país candidato dejara de ratificarlo; esto fue lo que permitió que el tratado entrara en vigor a pesar de la negativa de Noruega a ratificarlo.

Para el próximo tratado de adhesión la labor de redacción debería empezar en la primera mitad de 2002 en el marco del Consejo y de las conferencias de adhesión. La Comisión prestará asistencia haciendo las propuestas técnicas necesarias y también señalará las partes del acervo que requieren adaptaciones técnicas, proporcionando al Consejo un inventario de todas esas adaptaciones y teniendo en cuenta la información recogida de cada uno de los países candidatos.

La ampliación estará sujeta a la aprobación del Consejo y del Parlamento Europeo, por parte de la Unión, teniendo en cuenta el Dictamen final que deberá presentar la Comisión cuando concluyan las negociaciones. El Tratado resultante de las negociaciones de adhesión será entonces firmado formalmente por las partes interesadas (Estados miembros y países candidatos) y presentado para su ratificación por los Estados contratantes, de conformidad con sus requisitos constitucionales respectivos.

c) Otros países candidatos que negocian- hacia un plan de trabajo puesto al día

Para los países candidatos que negocian pero que no participarán en la primera adhesión, la Comisión seguirá publicando Informes Periódicos hasta que hayan alcanzado un nivel de preparación que les permita cumplir los criterios de la adhesión. La Unión Europea les seguirá prestando su pleno apoyo para que alcancen la condición de miembros.

Continuarán las negociaciones con ellos sobre la base de los principios por los que se ha guiado desde el inicio el proceso de adhesión. En caso de que los candidatos estén suficientemente preparados, podrán abrirse el año próximo la totalidad de los 29 capítulos de negociación relacionados con el acervo.

En su Documento de Estrategia sobre la Ampliación de 2002, la Comisión establecerá para esos candidatos un plan de trabajo puesto al día y, en caso necesario, una estrategia de preadhesión revisada en que se tengan en cuenta los progresos que se realicen el año próximo y las conclusiones del Consejo Europeo de Göteborg.

IV. Conclusiones

Considerando todo lo anterior, la Comisión Europea recomienda al Consejo Europeo que, sobre la base de los elementos siguientes, concluya que:

1) Los Informes Periódicos demuestran que todos los países que están negociando han efectuado durante el último año importantes progresos para cumplir los criterios de adhesión, lo cual, junto con el plan de trabajo, ha permitido unos avances considerables en la negociaciones.

2) Los principios para este proceso permanecen sin cambios. El Consejo Europeo de Berlín estableció un marco claro para los aspectos financieros de la ampliación, que proporciona una base suficiente para la adhesión de hasta diez nuevos Estados miembros en 2004. El Consejo Europeo de Niza definió el marco para la reforma institucional que requiere la ampliación. Las negociaciones se llevan a cabo sobre la base del acervo existente y se concluirán con los candidatos que cumplan todos los criterios para la adhesión, aplicando los principios de méritos propios y de recuperar el tiempo perdido. Estas son las condiciones necesarias y suficientes que se definen desde el inicio para realizar las primeras adhesiones.

3) Para ello, el plan de trabajo deberá seguirse tal como estaba previsto. Ahora, la UE tendrá que determinar posiciones comunes para los capítulos restantes. La Comisión garantizará que el Consejo pueda debatir los aspectos financieros en un marco común a principios de 2002 y presentará propuestas al Consejo sobre los sectores de agricultura, política regional y presupuesto basándose en el acervo existente y los principios inherentes al acuerdo de Berlín. Las negociaciones de adhesión podrán celebrarse independientemente de las decisiones para la financiación de la UE después de 2006.

4) Ni los Informes Periódicos ni la situación actual de las negociaciones de adhesión permiten a la Comisión concluir que ninguno de los países candidatos cumple las condiciones de adhesión. Pero con el ritmo actual de las negociaciones y los progresos alcanzados hasta ahora, la Comisión debería poder hacer recomendaciones sobre los países candidatos que ya están listos para la adhesión basándose en sus Informes Periódicos de 2002. De los doce países que están negociando, diez tienen fechas fijadas para la adhesión compatibles con el calendario de Göteborg. Por ello, la Unión debería estar preparada para concluir las negociaciones de adhesión cuando finalice la Presidencia danesa en 2002, con vistas a la adhesión en 2004, con todos los países que reúnen las condiciones necesarias. Ya se están efectuando los prepa