Dictamen del Comité de las Regiones sobre la "Propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la prevención y la reducción de los riesgos asociados a la drogodependencia"

(2003/C 73/02)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la prevención y la reducción de los riesgos asociados a la drogodependencia (COM(2002) 201 final - 2002/0098 (CNS));

vista la decisión aprobada por el Consejo el 10 de junio de 2002 de consultar al Comité sobre este asunto, de conformidad con el artículo 152 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;

vista la decisión de la Mesa de 6 de febrero de 2002 de encargar a la Comisión de Política Económica y Social la elaboración de un dictamen sobre este tema;

vista la "Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre un plan de acción de la Unión Europea en materia de lucha contra la droga (2000-2004)", (COM(1999) 239 final);

visto su Dictamen sobre la "Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre un plan de acción de la Unión Europea en materia de lucha contra la droga (2000-2004)", (CDR 292/1999 fin)(1);

visto su Dictamen sobre la "Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la estrategia sanitaria de la Comunidad Europea y la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adopta un programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública (2001-2006)", (CDR 236/2000 fin)(2);

visto su proyecto de dictamen (CDR 225/2002 rev.) aprobado por unanimidad por la Comisión de Política Económica y Social el 25 de septiembre de 2002 (ponente: Sra. Paz Fernández Felgueroso, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Gijón, E/PSE),

ha aprobado, en su 47o Pleno celebrado los días 20 y 21 de noviembre de 2002 (sesión del 20 de noviembre) el presente Dictamen.

POSTURA Y RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE LAS REGIONES

1. Observaciones generales

1.1. Las drogas han estado vinculadas al ser humano a lo largo de su historia. Sus usos han estado condicionados por factores sociales, culturales, religiosos, etc.

1.2. Las drogas han representado y representan un escenario de conflictividad de la sociedad y ésta tiene con ellas una relación de ambivalencia. Las formas diversas de abordar los problemas derivados de los usos de drogas e incluso de la conceptualización del término "droga" tienen mucho que ver con las construcciones sociales y las representaciones culturales que se dan en los diferentes contextos políticos y socioeconómicos.

1.3. Es necesario señalar que el fenómeno de las drogas conlleva una serie de dificultades que tienen que ver con aspectos muy diversos y complejos relacionados con la cultura, la moda, nuevos hábitos sociales, cambios en los valores sociales tradicionales, la desaparición de fronteras y la mundialización, toda una serie de razones y móviles que contribuyen a explicar una realidad que preocupa y plantea un gran desafío al conjunto de la sociedad europea.

1.4. Las respuestas pasan por considerar que nos encontramos ante un fenómeno de características universales y con una dimensión de desarrollo longitudinal que requiere de procesos de intervención planificados y acordes con los diferentes contextos donde han de desarrollarse.

1.5. Por ello recibimos con sumo interés la propuesta de la Comisión de elaborar el presente informe donde queremos destacar algunos elementos de especial relevancia desde nuestra posición como entes locales y regionales.

1.6. Queremos destacar algunos aspectos de los ámbitos de intervención mencionados que entendemos indispensables para articular una estrategia de combate y prevención de drogodependencias, donde los entes locales y regionales desempeñan un papel fundamental.

2. Ámbito comunitario

2.1. Parece importante crear estructuras para la prevención y la reducción de los riesgos asociados a la drogodependencia. Las medidas comunitarias pueden servir de apoyo a las medidas de los Estados miembros.

2.2. Podemos destacar como acciones más significativas:

- Sensibilización de los distintos colectivos de la comunidad, para optimizar la participación social y ciudadana, y con ello conseguir disminuir el actual rechazo a la instalación de recursos terapéuticos en las ciudades.

- Sensibilización de los distintos colectivos de la comunidad, para optimizar la participación social y ciudadana.

- Formación de distintos agentes sociales como profesores, padres y madres, asociaciones de familiares, juveniles, etc., que permita conocer y trabajar esta problemática con objetivos educativo-preventivos.

- Actuaciones encaminadas a la disminución del consumo de alcohol y otras drogas: aplicación de la legislación sobre la prohibición de venta de tabaco y alcohol a menores, campañas divulgativas, talleres formativos, semanas de la salud, carreras populares, etc.

- Generación de recursos para la incorporación socio-laboral de personas drogodependientes en proceso de rehabilitación.

- Coordinación de todos los recursos en el territorio para la ejecución de los programas y la creación de un espacio sociocomunitario que permita contrastar y mejorar las actividades de prevención e inserción.

3. Ámbito educativo

3.1. Constituye un espacio idóneo para desarrollar programas y acciones preventivas o de promoción de la salud. Trabajar en prevención en el ámbito escolar requiere programas que proporcionen conocimientos y, a la vez, transmitan valores, actitudes y hábitos contrarios al consumo de drogas.

3.2. Donde la Educación para la Salud sea el soporte para introducir la Educación sobre Drogas en la Escuela. Esta perspectiva permite ir responsabilizando a niñas y adolescentes en la adopción de estilos de vida lo más sanos posibles dotándoles de capacidades y habilidades para la vida.

3.3. Por tanto, los programas de educación sobre drogas en este ámbito inciden en el profesorado, en el alumnado, y en los padres, es decir, en toda la comunidad educativa, intentando, además, la participación del resto de colectivos de la comunidad general.

4. Ámbito juvenil

4.1. La información, la formación, el desarrollo de capacidades y el manejo de habilidades sociales constituyen algunos puntos clave para dotar a los jóvenes de recursos que propicien hábitos y comportamientos saludables en una sociedad en la que existen las drogas.

4.2. Las intervenciones han de organizarse desde las asociaciones de jóvenes y a través de mediadores por la capacidad de conexión y por la influencia de transmitir estilos de vida que cuidan de la salud y, a la vez, son atractivos.

4.3. Espacios específicos y exclusivos de Información Juvenil como recurso de prevención al servicio de jóvenes, que hacen que la información sea más cercana y accesible.

4.4. Acciones destacables puestas en marcha desde niveles locales y regionales son:

- formación de mediadores juveniles en materia de prevención;

- intervenciones a través de estos mediadores, acercando la información a los jóvenes;

- campañas y materiales divulgativos adaptados a los gustos juveniles, cómics, materiales audiovisuales, CD musicales, etc;

- espacios sin alcohol en fiestas y eventos sociales;

- desarrollo de programas alternativos de ocio y tiempo libre;

- programas de reducción del riesgo, que actúen directamente en los lugares donde habitualmente se consumen substancias estimulantes de síntesis;

- talleres para la "Prevención del abuso de alcohol y tabaco", "Prevención de VIH-SIDA", etc.

5. Ámbito laboral

5.1. La dimensión social, así como la importancia que tiene en la vida de las personas el medio laboral, hacen que este ámbito tenga suma importancia tanto para prevenir consumos problemáticos como para fomentar hábitos saludables.

5.2. Las intervenciones se entienden desde la corresponsabilidad y participación de todos los agentes que configuran la empresa: dirección, servicios médicos, organizaciones sindicales, trabajadores. Como marco general en el que situar las acciones ha de estar la promoción de la salud y las iniciativas preventivas centradas en la reducción de la demanda que inciden en las situaciones individuales y atienden a las condiciones laborales. Elementos clave de los programas son los representantes sindicales, por su papel de mediación.

5.3. Acciones significativas a realizar son:

- formación de los representantes sindicales;

- formación de los mandos y cuadros intermedios;

- asesoramiento a empresas;

- difusión de información en revistas y boletines para los trabajadores;

- información y orientación individualizada.

6. Tráfico ilegal y blanqueo de capitales

6.1. Otro de los aspectos que nos preocupan y sobre los que queremos insistir es el problema del tráfico de drogas y el fenómeno estrechamente relacionado con el mismo y que le da sentido y alcance, el blanqueo de capitales. Tráfico de drogas y blanqueo de capitales constituyen dos de los instrumentos, aunque no los únicos, a través de los cuales desarrolla su fuerza el crimen organizado en todo el mundo, empleándolos para extenderse y conseguir ámbitos mayores de impunidad minando la propia estructura de los Estados democráticos en forma larvada pero constante.

6.2. Una buena política en materia de drogas tiene que ser necesariamente globalizadora del problema en todos sus aspectos y de coordinación de las distintas acciones a realizar. La necesidad de prevención es evidente, pero prevenir no es sólo informar de los peligros sino también desafiar tales peligros. Si nos referimos a represión del tráfico se debe incluir no sólo investigación, persecución y castigo, sino también la averiguación de los circuitos que mueven y "lavan" los beneficios ilícitos, reciclando las ganancias y consiguiendo su reinversión en el mercado financiero legal.

6.3. Urge la definición de un marco general de intervención que se componga de variados elementos: un sólido sistema nacional, mecanismos regionales amplios de cooperación donde converjan legislaciones, asistencia jurídica mutua, investigaciones conjuntas, definición de criterios operativos y actuaciones policiales coordinadas. Todo ello, en primer lugar, en el ámbito de la UE y que confluya en un ámbito único universal estructurado bajo el prisma de la coordinación.

6.4. La UE no puede ni debe olvidar la situación de las clases populares en los países productores de drogas ilegales, y debe apoyar la consolidación de las estructuras democráticas y el desarrollo sostenible, que permitan la vida digna de millones de personas que tienen hasta ahora indisolublemente ligada su subsistencia a la producción de las materias primas que van a transformarse en sustancias de tráfico ilegal.

6.5. Combatir el crimen organizado no es una tarea aislada de cada Estado ni de cada uno de los estamentos implicados, sino una labor conjunta que exige interrelación, esfuerzos compartidos y una perspectiva uniforme con unos fines preestablecidos y unos objetivos claros. En este sentido, creemos que es preciso insistir y avanzar en los siguientes aspectos:

- apostar por la unificación legislativa, tanto en la definición de las conductas como en el diseño para su persecución e investigación;

- perseguir la desaparición de paraísos fiscales;

- profundizar en el diseño de una política de investigación criminal y asistencia policial en el seno de la UE y trasladar esta necesidad a las Naciones Unidas de manera que se pueda construir una organización operativa y que sirva a este nuevo desafío;

- apostar por un espacio judicial único y universal en este campo;

- los fondos procedentes de la confiscación de los activos obtenidos a partir de los beneficios del tráfico ilegal de drogas deben revertir en las políticas de reducción de la demanda, del riesgo y asistenciales de las drogodependencias.

6.6. Nos parece importante incorporar algún nuevo elemento por la especial incidencia en los territorios y la vida de las personas que éstos tienen, y subrayamos en este sentido el papel crucial que desempeñan en estos ámbitos los entes locales y regionales:

- establecer Programas de Disminución de Daños para los nuevos consumos o nuevas pautas de consumo como el alcohol o las drogas de síntesis;

- extender este tipo de programas a la reducción de daños en el trabajo, en la incorporación laboral, incidiendo así en la mejora de la salud laboral y en la prevención de riesgos laborales;

- potenciar programas de recuperación y rehabilitación con sustitutivos opiáceos en prisión, facilitar el acceso a ellos, la distribución de jeringuillas y demás útiles para el consumo y también preservativos en este medio;

- diseñar intervenciones con mujeres prostitutas o drogodependientes para evitar la diseminación de enfermedades asociadas al consumo, así como para evitar el abuso que muchas de ellas sufren por parte de terceros, sus parejas, proxenetas y redes de tráfico de mujeres;

- proyectar y potenciar programas que minimicen el daño en los menores hijos de toxicómanos, así como los problemas que se generan tanto en instituciones como en las familias;

- esbozar estrategias sociosanitarias que faciliten la adherencia de los usuarios a los tratamientos antirretrovirales para evitar la progresión de las consecuencias físicas del VIH;

- aumentar el número de programas de salud general para drogodependientes: programas de salud bucodental, controles periódicos ginecológicos, controles regulares de hepatopatías, etc;

- diseñar programas de prevención, seguimiento y tratamiento reglado de enfermos de hepatitis C por el alto grado de prevalencia entre los consumidores de sustancias, para evitar su transmisión, progresión y consecuencias futuras (probabilidad de cronificación, evolución a cirrosis y carcinomas);

- fomentar programas dentro de la estrategia "Curar en vez de castigar";

- potenciar aquellas medidas destinadas a reducir o minimizar los daños psíquicos, físicos y sociales de los drogodependientes mientras no les sea posible abandonar el consumo de drogas, por ejemplo con sustitutivos opiáceos, facilitando el acceso a los mismos, con la distribución de jeringuillas y preservativos;

- fomentar estudios e investigaciones que traten la situación en las regiones.

Bruselas, 20 de noviembre de 2002.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Albert Bore

(1) DO C 189 de 7.7.2000, p. 256.

(2) DO C 144 de 16.5.2001, p. 43.