P6_TA(2005)0030

Calidad de la justicia penal en la Unión Europea

Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre la calidad de la justicia penal y la armonización de la legislación penal en los Estados miembros (2005/2003(INI))

El Parlamento Europeo,

- Vista la propuesta de recomendación destinada al Consejo presentada por António Costa, en nombre del Grupo del PSE, sobre la calidad de la justicia penal en la Unión Europea (B6-0234/2004),

- Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948, y en particular sus artículos 7, 8, 9, 10 y 11,

- Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por esa misma Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966, que entró en vigor el 23 de marzo de 1976, y en particular sus artículos 2, 7, 9, 10 y 14,

- Visto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950 (CEDH), que entró en vigor el 3 de septiembre de 1953, y en particular sus artículos 6 y 13,

- Visto el Título VI del Tratado de la Unión Europea, y en particular el artículo 29, la letra c) del apartado 1 del artículo 31 y las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 34,

- Visto el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado por los Estados miembros en Roma el 29 de octubre de 2004, y en particular sus artículos I-42 y III-260 (mecanismos de evaluación), III-270 y III-271 (cooperación judicial en materia penal), y II-107 a II-110, que incorporan los artículos 47 a 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

- Visto el acervo comunitario en materia de justicia penal, y concretamente el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal [1], la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros [2], la Decisión marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas [3], la propuesta de Decisión marco del Consejo relativa al exhorto europeo de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal (COM (2003) 0688), y la propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a determinados derechos procesales en los procesos penales celebrados en la Unión Europea (COM(2004) 0328),

- Vistos los artículos pertinentes del Tratado de adhesión en los que se prevé la posibilidad de suspender la aplicación de determinadas disposiciones del espacio de libertad, seguridad y justicia en los casos en que no se respeten determinadas normas (lo que exige que se definan previamente tales normas),

- Vista su Recomendación al Consejo y al Consejo Europeo, de 14 de octubre de 2004, sobre el futuro del espacio de libertad, seguridad y justicia y sobre las condiciones para reforzar la legitimidad y la eficacia del mismo [4],

- Visto el Programa de la Haya adoptado por el Consejo Europeo en Bruselas en su reunión de los los días 4 y 5 de noviembre de 2004,

- Vistos el apartado 3 del artículo 114 y el apartado 5 del artículo 83 de su Reglamento,

- Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0036/2005),

A. Considerando que los artículos II-107 a II-110 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa y los artículos 6 y 13 del CEDH definen el alcance del "derecho al juez competente" que, de conformidad con sus competencias respectivas, la Unión y sus Estados miembros deben garantizar a los ciudadanos europeos,

B. Considerando que este derecho al juez competente incluye en concreto el derecho a un recurso efectivo, el derecho de acceso a un tribunal imparcial, el derecho a un proceso equitativo, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, y el derecho de acceso a la asistencia jurídica gratuita, que incluye también el pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas sospechosas, antes del inicio de un proceso penal, así como el derecho, en el respeto de las normas internacionales de las Naciones Unidas y del Convenio europeo para la prevención de la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes, a un trato digno y humano de las personas condenadas, al finalizar dicho proceso,

C. Considerando que la protección de estos derechos es todavía más esencial en los procedimientos penales que afectan a las libertades fundamentales,

D. Considerando que esta protección es fundamentalmente de la competencia de cada Estado miembro, que la garantiza con arreglo a su propio ordenamiento constitucional y a sus tradiciones jurídicas; que los Estados miembros deben abordar los problemas que aquejan a sus sistemas judiciales, y especialmente los señalados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; que un verdadero espacio europeo de libertad, seguridad y justicia exige, por un lado, asegurar a los ciudadanos europeos un trato comparable en toda la Unión y, por otro lado, consolidar la confianza recíproca entre los Estados miembros para permitir el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, llegando incluso a admitir la entrega de sus propios ciudadanos a los jueces de otro Estado miembro,

E. Considerando tanto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, así como el hecho de que las jurisprudencias de ambos tribunales deben ser coherentes,

F. Considerando que, desde la adopción del Programa de Tampere (apartado 33), el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales se ha convertido en la piedra angular de la cooperación judicial en el seno de la Unión,

G. Considerando que el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (artículo III-260) y el Programa de La Haya (en particular su apartado 3.2.) reconocen la importancia de la evaluación mutua entre los Estados miembros para consolidar la confianza recíproca, que en sí misma es condición necesaria para el reconocimiento mutuo, así como la aprobación de normas mínimas sustantivas y procesales y el establecimiento de plazos razonables,

H. Considerando que la evaluación de la calidad de la justicia en la Unión Europea debe abarcar también los métodos de trabajo de la judicatura y de los diferentes sistemas de administración de justicia en los Estados miembros, lo cual no es contradictorio con el pleno respeto del principio de independencia del poder judicial,

I. Considerando que esta evaluación debe basarse en un marco de referencia común que garantice su coherencia y objetividad,

J. Considerando que es importante definir los instrumentos y procedimientos más apropiados para llevar a cabo dicha evaluación, reforzar el intercambio de información e incrementar las posibilidades de formación, todo ello al servicio de la calidad de la justicia penal en Europa,

K. Considerando que la creación en el seno de la Unión Europea, en estos últimos años, de redes europeas, tales como la Asociación de los Consejos de Estado y de las Jurisdicciones Administrativas Supremas, la red de Presidentes de Tribunales Supremos, la red de Tribunales Supremos y la red europea de Consejos del Poder Judicial, atestigua una creciente toma de conciencia de la necesidad de trabajar en común para mejorar la calidad de la Justicia al servicio de los ciudadanos de la Unión,

L. Considerando el papel clave que representa la formación en el desarrollo de una cultura judicial común, así como de una cultura de los derechos fundamentales en el seno de la Unión, especialmente a través de la acción de la red europea de Formación Judicial,

M. Considerando que la mejora de los estándares de la calidad de la justicia y de su eficacia, sobre la base de la evaluación, deben conducir al refuerzo, por un lado, de la calidad de las normas penales sustantivas y procesales y, por otro, de la calidad de su aplicación, lo cual no es contradictorio con el respeto del principio de independencia de la justicia,

N. Considerando que el proceso de evaluación recíproca exige una metodología concreta que tenga en cuenta la complejidad de dicho proceso,

O. Considerando que el Programa de La Haya reconoce la necesidad de adoptar como marco de referencia el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa e iniciar los trabajos preparatorios a fin de que las medidas previstas en el Tratado constitucional puedan aplicarse en cuanto éste entre en vigor,

P. Considerando el seminario público organizado por su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior el 18 de enero de 2005 sobre el tema "Promover una mejor calidad de la justicia en Europa",

Q. Aprobando las orientaciones incluidas en el Programa de La Haya relativas a la consolidación de la confianza mutua (apartado 3.2.), que pasa principalmente por la mejora de la calidad de la Justicia, por el desarrollo de la evaluación y por la contribución indispensable que aportan las redes de instituciones y organizaciones judiciales,

R. Señalando el apartado 3.2 del Programa de La Haya, que destaca la necesidad de respetar la diversidad de las diferentes estructuras y elementos tradicionales de los ordenamientos jurídicos nacionales, así como la independencia del poder judicial en cada Estado miembro, al tiempo que se promueve una mejora de la calidad de la justicia en Europa a través de la confianza mutua,

1. Presenta al Consejo Europeo y al Consejo las recomendaciones siguientes:

a) iniciar inmediatamente una acción de la Unión Europea para que los ciudadanos europeos, sea cual fuere el Estado miembro en el que se encuentren y el marco jurídico y constitucional de dicho Estado, puedan disfrutar del derecho al juez competente en unas condiciones comparables y que respondan, al mismo tiempo, a normas de calidad cada vez más elevadas, y de este modo mejore su grado de confianza en la administración de justicia;

b) definir con los Estados miembros una "Carta de Calidad de la Justicia Penal en Europa" que constituya el marco de referencia común para todos los Estados miembros y garantice una evaluación coherente y objetiva; esta Carta deberá elaborarse teniendo en cuenta las experiencias y trabajos que ya se han realizado a nivel nacional, así como a nivel internacional en el Consejo de Europa y en las Naciones Unidas,

c) a fin de consolidar la confianza recíproca entre los sistemas judiciales nacionales, en el respeto de su diversidad, crear un mecanismo de evaluación mutua permanente que tome en consideración la Carta de la Calidad como marco de referencia objetivo, teniendo en cuenta las experiencias desarrolladas en otros ámbitos donde ya es operativa la evaluación mutua (Schengen, terrorismo, ampliación ...) y anticipando, en la medida de lo posible, el mecanismo previsto en el artículo III-260 del Tratado constitucional, y que responda a los siguientes objetivos:

- establecimiento de una base de datos comparativos y estadísticos,

- organización de ejercicios de evaluación comparativa (benchmarking),

- difusión de las mejores prácticas,

- información sobre la naturaleza y el funcionamiento de los sistemas judiciales de los otros Estados miembros,

- publicación anual de un informe de evaluación sobre la calidad de la justicia en Europa acompañado de recomendaciones al Consejo y a los Estados miembros con vistas a proponer soluciones a los problemas señalados;

d) formalizar estos mecanismos de evaluación mutua (procedimientos, estructuras, indicadores, informes, etc.) mediante una o varias decisiones basadas en el artículo 31 del Tratado de la Unión Europea que apliquen los principios de la jurisprudencia de los Tribunales de Estrasburgo y de Luxemburgo, así como las orientaciones elaboradas por la Comisión para la eficacia de la justicia del Consejo de Europa;

e) asociar a dicha evaluación a las asociaciones de jueces y profesionales del Derecho, los expertos y los usuarios de la justicia, así como los Parlamentos nacionales, por ejemplo, mediante un comité de seguimiento de la calidad de la justicia, en el espíritu del apartado 2 del artículo I-42 del Tratado constitucional y de conformidad con el principio de subsidiariedad; dicha evaluación podría ser realizada por el Parlamento Europeo junto con los Parlamentos nacionales;

f) considerar que la construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia, basado en la confianza recíproca, no puede prescindir de una aproximación mínima de las legislaciones nacionales; por lo que se refiere al Derecho penal material, el Parlamento Europeo se asocia al Consejo en la interpretación de que debe concederse prioridad a los delitos previstos expresamente en el Tratado Constitucional; por lo que se refiere al Derecho procesal, considera prioritario tratar los siguientes temas:

- transparencia de la administración de justicia, y pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas sospechosas, antes del inicio de un proceso penal, así como el derecho a un trato digno y humano de las personas condenadas, al finalizar dicho proceso,

- recogida y evaluación de la prueba,

- traslado de presos para el cumplimiento de la pena en el Estado miembro de residencia,

- ejecución de las penas no privativas de libertad en el Estado miembro de residencia,

- ejecución de las medidas de coacción en el Estado miembro de residencia,

- derechos mínimos de los reclusos en cualquier Estado miembro,

- reincidencia en el caso de actos que ya han sido objeto de medidas de armonización,

- régimen de protección de las declaraciones de los testigos y de las víctimas;

considerar que la evaluación debería hacerse también en base a estos elementos a fin de adoptar o continuar iniciativas a nivel de la UE en los citados ámbitos;

g) considerar que el corolario del principio de la evaluación mutua deberá ser la promoción de acciones de formación destinadas a todos los profesionales del Derecho, apoyándose en las redes europeas de organizaciones e instituciones judiciales; así, en el marco de la adopción de las perspectivas financieras 2007-2013 y de conformidad con lo previsto en el Programa de la Haya (apartado 3.2., párrafo 2), prever la financiación tanto de las redes europeas de organizaciones e instituciones judiciales como de los programas de intercambio entre autoridades judiciales iniciados por el Parlamento Europeo (principalmente la línea presupuestaria 18 05 01 03) con nuevas acciones piloto que permitan la colaboración de actores u organizaciones de los diversos Estados miembros, con el objetivo de reforzar la calidad de la Justicia;

h) pedir a la Comisión a que incluya desde este momento la "Carta de Calidad de la Justicia Penal en Europa", el mecanismo de evaluación mutua y las medidas complementarias de armonización de determinadas normas penales en el Plan de acción que debe presentar en 2005 de conformidad con el Programa de La Haya; en ese sentido, el Parlamento coincide con el Consejo Europeo al recomendar a la Comisión que el Plan de acción adopte como marco de referencia las disposiciones previstas en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa;

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para información, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, así como al Consejo de Europa.

[1] Acto del Consejo, de 29 de mayo de 2000, por el que se celebra, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (DO C 197 de 12.7.2000, p. 1).

[2] DO L 190 de 18.7.2002, p. 1.

[3] DO L 196 de 2.8.2003, p. 45.

[4] "Textos Aprobados" de esa fecha, P6_TA(2004)0022.

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