[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 29.4.2009

COM(2009) 205 final

INFORME

SOBRE EL FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO DE LA METODOLOGÍA PARA UN CONTROL SISTEMÁTICO Y RIGUROSO DEL RESPETO DE LA CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

INFORME

SOBRE EL FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO DE LA METODOLOGÍA PARA UN CONTROL SISTEMÁTICO Y RIGUROSO DEL RESPETO DE LA CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

1. INTRODUCCIÓN

Al presentar la Comunicación de 2005 sobre una metodología para un control sistemático y riguroso del respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales[1], el Presidente de la Comisión subrayó la determinación de esta institución de promover una «cultura de los derechos fundamentales» en la legislación de la UE. La metodología, unida a la creación del Grupo de Comisarios responsable de los derechos fundamentales, la no discriminación y la igualdad de oportunidades en diciembre de 2004, fue una de las muestras más claras del compromiso de esta Comisión de tomarse en serio los derechos fundamentales. Al establecer esta metodología para permitir a los servicios de la Comisión comprobar de manera sistemática y rigurosa que todos las propuestas legislativas[2] respetan los derechos fundamentales pertinentes, la Comunicación de 2005 consagró los instrumentos prácticos para plasmar sus intenciones en resultados concretos.

La Comisión se comprometió a realizar una evaluación del control interno en 2007. Tal es el objeto del presente informe, cuya elaboración fue aplazada para tener en cuenta dos elementos nuevos: la creación de la Agencia de los Derechos Fundamentales y la revisión de 2009 de las Directrices de evaluación de impacto de la Comisión.

2. COMPROBAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA PRÁCTICA

2.1. Presentación general

Desde que se adoptó la Comunicación de 2005, la experiencia ha ido demostrando que son muchos y muy dispares los ámbitos en los que pueden surgir problemas de derechos fundamentales. Sirvan de muestra de esa variedad algunos ejemplos.

En el Reglamento REACH[3], la obligación de compartir información entre los solicitantes de registro planteaba problemas de derecho de propiedad. Se consideró que la obligación era aceptable porque era necesaria para la protección del medio ambiente y, en especial, porque tenía por objeto evitar pruebas repetidas con animales. Estas consideraciones se recogieron en los considerandos del Reglamento.

En el ámbito de la política agrícola, se analizó la posibilidad de imponer a los Estados miembros la obligación de publicar una lista de los beneficiarios de los fondos de desarrollo rural, lo que planteaba la cuestión de la protección de datos. Tras aplicar el criterio de necesidad, se llegó a la conclusión de que las posibles interferencias con la protección de datos se justificaban por la necesidad de dar mayor transparencia a las intervenciones comunitarias en materia de desarrollo rural, fomentar la buena gestión financiera de los fondos públicos correspondientes y evitar el falseamiento de la competencia entre los beneficiarios de medidas de desarrollo rural. Estas consideraciones quedaron plasmadas en los considerandos del texto[4].

El último ejemplo procede del sector aduanero. En el contexto de la revisión del Código aduanero[5], se planteó la cuestión de si se concedía a los operadores el derecho a ser oídos por las autoridades aduaneras en los procedimientos relacionados con la aplicación de la legislación aduanera. Se consideró que ese derecho era una obligación derivada de la Carta y figura ahora en el artículo 16 del Código.

Sin embargo, es la creciente importancia, en términos de actividad legislativa, del área de justicia, libertad y seguridad lo que, inevitablemente, ha focalizado la atención en el hecho de que la Comunidad y la Unión tocan cada vez más ámbitos que afectan de forma muy directa a temas de derechos fundamentales. En este campo, más que en cualquier otro, la Comisión ha de afrontar cuestiones delicadas y polémicas que tienen que ver con la necesidad y proporcionalidad de posibles limitaciones de los derechos fundamentales.

Dados los tipos de temas que se incluyen en el área de justicia, libertad y seguridad (lucha contra la delincuencia, en especial el terrorismo, inmigración, asilo, control fronterizo, por nombrar sólo algunos), no es de extrañar que esta política ocupe un lugar de primer orden en el control del respeto de los derechos fundamentales de las propuestas legislativas de la Comisión. Citando sólo a modo de ejemplo la política de inmigración y asilo, se observará que, una y otra vez, surgen una serie de cuestiones delicadas de respeto de derechos fundamentales, siendo las más frecuentes, la prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes (artículo 4 de la Carta), el derecho a la libertad y a la seguridad (artículo 6 de la Carta), el derecho al respeto de la vida privada y familiar (artículo 7 de la Carta), la protección de datos (artículo 8 de la Carta), el derecho de asilo (artículo 18 de la Carta), la protección en caso de devolución, expulsión y extradición (artículo 19 de la Carta), la no discriminación (artículo 21 de la Carta), los derechos del menor (Artículo 24 de la Carta), el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47 de la Carta).

2.2. El Paquete Asilo: un ejemplo práctico

Muchas de dichas cuestiones se reflejaron en el «Paquete Asilo»[6] adoptado por la Comisión en diciembre de 2008. Este paquete constituye un ejemplo especialmente ilustrativo de cómo se realiza en la práctica el control interno del respeto de los derechos fundamentales en la Comisión.

Por lo que se refiere a la propuesta de modificación de la Directiva sobre las condiciones de acogida, las cuestiones más sensibles que se plantearon respecto de la observancia de los derechos fundamentales fueron las relativas al internamiento de solicitantes de asilo, el derecho a la tutela judicial efectiva y los derechos del menor. Al examinar estas cuestiones, se buscaba garantizar el cumplimiento no sólo de la Carta de los Derechos Fundamentales, sino también de otras normas internacionales, en especial el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

En lo que se refiere al internamiento, se consideraba esencial desde el punto de vista de los derechos fundamentales que la propuesta reafirmara el principio[7] de que nadie puede ser internado por el único motivo de estar buscando protección internacional. En consecuencia, la propuesta estableció claramente las condiciones en las que se puede recurrir al internamiento por excepción a ese principio. En este aspecto el texto toma como referencia las Directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre los criterios y normas aplicables a las detenciones de solicitantes de asilo y la Recomendación (2003)5 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre las medidas de detención de solicitantes de asilo. Basándose en estos textos, la propuesta establece que el internamiento sólo puede practicarse en casos excepcionales y por un determinado número de motivos previstos en las Directrices. Asimismo, en consonancia con la Directrices del ACNUR y la Recomendación del Consejo de Europa, la propuesta fija también condiciones de internamiento que garantizan el respeto de la dignidad humana en el trato de los solicitantes de asilo internados y, en especial, de las personas vulnerables. Principalmente, a este respecto, la propuesta dispone que los solicitantes de asilo no deben ser retenidos en centros penitenciarios sino en centros de internamiento especializados, en los que se tendrá en cuenta el factor de género.

Para garantizar que se respeta el derecho a la tutela judicial efectiva, la propuesta introduce une serie de garantías de procedimiento en relación con el internamiento. Así, el internamiento solamente puede ser ordenado por las autoridades judiciales. Cuando, por motivos de urgencia, haya sido ordenado por autoridades administrativas, ha de ser confirmado por las autoridades judiciales en el plazo de 72 horas. Además, el internamiento debe durar el menor tiempo posible y, especialmente, no exceder del tiempo necesario para cumplimentar los procedimientos administrativos. El internamiento continuado debe ser revisado periódicamente por un juez. Por otra parte, se debe dar acceso a la asistencia jurídica o representación legal, que ha de ser gratuita cuando el interesado de asilo no pueda asumir el coste correspondiente. Estas disposiciones son fundamentales para garantizar una tutela judicial efectiva en los casos de internamiento.

Por lo que se refiere a los derechos del menor, se trataba de velar por que el principio rector fuera siempre el interés superior del menor. En el supuesto de internamiento de un menor, la propuesta establece una relación clara con los elementos en que ha de fundamentarse la evaluación del interés superior del menor. Además, para ajustarse al artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la propuesta dispone que el internamiento de un menor sólo debe practicarse en último recurso y por el menor tiempo razonablemente posible. Por último, se prohíbe internar a menores no acompañados.

La propuesta de modificación del Reglamento de Dublín también planteó problemas en relación con la detención, la tutela judicial efectiva y los derechos del menor. Las soluciones que se adoptaron fueron similares a las de la propuesta sobre las condiciones de asilo. Por lo que se refiere a la detención, merece la pena destacar un aspecto que refleja las especificidades del sistema de Dublín, a saber, la detención de un solicitante de asilo antes de su traslado a otro Estado miembro con arreglo al procedimiento de Dublín. La propuesta prevé que se puede proceder a una detención cuando existe un riesgo de fuga del interesado y tras la notificación de una decisión de traslado. Esta cuestión exigía que se evaluara la necesidad y la proporcionalidad. Se fijaron parámetros claros para determinar cuándo procedía recurrir a esta posibilidad. Entre éstos, que la decisión de detención se base en una evaluación individual de cada caso y que se hayan considerado medidas alternativas menos coercitivas tales como la información periódica a las autoridades, el depósito de una garantía financiera o la obligación de permanecer en un lugar determinado. Además, por lo que se refiere a las decisiones de detención, se establecen garantías de procedimiento como la motivación de las decisiones y la posibilidad efectiva de recurso ante un juez.

Por otra parte, se ha reforzado el derecho a la unidad familiar. Así, la propuesta obliga a la reunificación de los familiares a cargo y amplía la definición de «miembros de la familia» en lo que respecta a los menores, a fin de garantizar una mayor protección del «interés superior del niño». Además, los solicitantes de asilo serán reagrupados con los miembros de la familia beneficiarios de la protección subsidiaria.

Los principales aspectos que planteaban problemas de respeto de los derechos fundamentales en la propuesta de modificación del Reglamento Eurodac tenían que ver con la protección de datos. A este respecto, la propuesta pretende garantizar una mejor gestión de la supresión de datos del sistema y una verificación más eficaz de la Comisión y del Supervisor Europeo de Protección de Datos del acceso a los datos de EURODAC por las autoridades nacionales.

La experiencia extraída del Paquete Asilo demuestra que la metodología para comprobar el respeto de los derechos fundamentales no implica sólo un aspecto de procedimiento sino también un elemento sustantivo. La metodología no es un fin en sí. El respeto de los derechos fundamentales no es un simple mecanismo o una obligación de procedimiento: es una obligación sustantiva. Al subrayar su respeto de los derechos fundamentales, la Comisión adquiere el compromiso sustantivo de respetarlos. En relación con los derechos fundamentales, esto implica que la Unión debe ser irreprochable en su actividad legislativa. En el Paquete Asilo, la Comisión ha intentado cumplir obligaciones sustantivas; ha buscado asegurarse de que el punto de partida sea la afirmación del derecho fundamental en cuestión y que, a partir de ahí, cualquier posible limitación de ese derecho no sólo se someta a los criterios de necesidad y proporcionalidad, sino que vaya acompañada de garantías, especialmente en materia de procedimientos y revisión judicial.

2.3. Balance

Desde que se adoptó la Comunicación de 2005, la experiencia ha mostrado que la Comisión ha tenido que adoptar decisiones difíciles sopesando la necesidad y la proporcionalidad y que la metodología se ha visto confrontada a cuestiones delicadas, como la de si las soluciones alcanzadas cumplían las normas exigidas, según establece la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (el «Tribunal de Estrasburgo») y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (el «Tribunal de Justicia»). La Comisión cree que sus propuestas satisfacen los criterios de necesidad y proporcionalidad. Su compromiso con una cultura de respeto de los derechos fundamentales es real y sustancial.

Por último, debe tenerse en cuenta, en relación con el análisis tanto cuantitativo como cualitativo del control del respeto de los derechos fundamentales, que la gente de fuera a menudo desconoce los resultados positivos de este control, precisamente porque el ejercicio de supervisión ha eliminado todos los problemas en este aspecto. En el ámbito del asilo puede citarse el ejemplo siguiente: en la Directiva sobre los procedimientos de asilo, se daba un fundamento jurídico para establecer una lista de terceros países que se consideraban seguros a efectos de tramitar una solicitud de asilo. Tras aplicar la metodología, se consideró que esa lista despertaría serias preocupaciones, en relación con el principio de no devolución contemplado tanto en la Convención de Ginebra como en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. A raíz de lo cual, la Comisión consideró inoportuno presentar una propuesta en este sentido[8].

3. MEJORAR EL MECANISMO DE CONTROL

3.1. Evaluación de impacto

Las Directrices de evaluación de impacto de la Comisión se han sometido recientemente a una revisión[9] en la que se realizó también una consulta pública. Una cuestión que apareció en varias de las contribuciones a esa consulta y que, de hecho, se había abordado en el informe Voggenhuber[10], era la mayor visibilidad de los derechos fundamentales en el proceso de evaluación del impacto. Para responder a esta preocupación, la versión revisada de las Directrices de evaluación de impacto ha intentado resaltar con más nitidez que en la versión de 2005, por una parte, que garantizar el respeto de los derechos fundamentales recogidos en la Carta es un objetivo global de la Unión y, por otra parte, que los derechos fundamentales limitan la actividad de la Unión. Además, las Directrices recuerdan expresamente que determinados derechos fundamentales son absolutos y no pueden ser restringidos y que los demás derechos solamente pueden serlo si se demuestra la necesidad y proporcionalidad de tal restricción. Esto evidencia claramente las limitaciones que pesan en este aspecto sobre las opciones políticas. Por último, las Directrices recogen la lista de todos los derechos fundamentales consagrados en la Carta. Ello permitirá establecer una correlación directa entre la Carta y las preguntas de las tres categorías de impacto: económico, social y ambiental. Esa correlación servirá para subrayar que las preguntas son verdaderamente sustanciales y van ligadas a derechos concretos.

El informe Voggenhuber pedía a la Comisión que añadiera, además de las tres categorías existentes, una sección sobre los derechos fundamentales. En la Comunicación de 2005, la Comisión explicó su posición respecto al mantenimiento de las tres categorías. Según se señala en los apartados 12 a 15 de la Comunicación, la razón de fondo que aboga por una cierta cautela a la hora de examinar la cuestión de los derechos fundamentales en el proceso de evaluación de impacto es que esta evaluación no funciona, ni puede funcionar, como sistema de verificación del respeto de los derechos fundamentales. No puede sustituir a un control jurídico. A la postre, la comprobación del respeto de los derechos fundamentales sólo puede llevarse a cabo mediante una evaluación jurídica de un proyecto legislativo ya elaborado. Sin embargo, aunque no sea propiamente dicho el instrumento de control jurídico del respeto de los derechos fundamentales, la Comisión reconoce que la evaluación de impacto puede servir de base para preparar la comprobación del respeto de los derechos fundamentales de las propuestas legislativas. Debería servir para identificar los derechos que, según la Carta, pueden verse afectados por la iniciativa de que se trate. Luego, al definir las acciones posibles, la evaluación de impacto debe determinar el grado de interferencia con el derecho[11] y la necesidad de interferir, teniendo en cuenta las acciones posibles y los objetivos políticos que se persigan. De esta manera, la evaluación de impacto proporcionará un análisis para el control jurídico posterior y será ese control jurídico de un texto concreto el que examinará si la interferencia puede permitirse amparándose en la necesidad y la proporcionalidad, y teniendo en cuenta las normas establecidas por la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo y del Tribunal de Justicia al examinar la legalidad de los casos de restricciones de derechos fundamentales.

Aunque no se ha creado una sección específica sobre derechos fundamentales en las Directrices de evaluación de impacto, como propugnaba el informe Voggenhuber, la Comisión ha logrado dar mayor visibilidad a las cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales y los efectos en los mismos en estas Directrices revisadas. Esta mayor visibilidad impulsará y, con el tiempo, consolidará el reflejo de los derechos fundamentales en las fases iniciales de formulación política de la Comisión.

Otra de las cuestiones destacadas en el informe Voggenhuber era el de las medidas adoptadas por comitología. Como se demuestra en el apartado 16 de la Comunicación de 2005, la Comisión era consciente que los actos adoptados por comitología también podían incidir en los derechos fundamentales y, efectivamente, uno de los ejemplos del control de respeto de los derechos fundamentales citados se refería a un acto adoptado por el procedimiento de comitología[12]. Sin embargo, la Comisión también tiene presente que éste es un campo en el que el reflejo de los derechos fundamentales debe ser adaptado. A diferencia de la versión anterior, las Directrices revisadas mencionan específicamente los actos adoptados por comitología y subrayan la necesidad de realizar una evaluación completa de impactos. Esto contribuirá en adelante a garantizar que las medidas de comitología, que tienen efectos significativos, incluido en los derechos fundamentales, se examinen en una fase temprana y, por tanto, no eludan el control en virtud de la metodología.

3.2. Exposición de motivos y considerandos

El Paquete Asilo ilustra cómo se han ajustado mejor los considerandos al indicar específicamente aquellos derechos en los que la propuesta incide directamente. Este ejemplo se convertirá en la norma[13]; la redacción de los considerandos debe ser más ajustada para indicar exactamente en qué derechos incide la propuesta y cómo las soluciones recogidas en la propuesta permiten respetar las obligaciones en materia de derechos fundamentales. Una motivación más centrada en este sentido permitiría demostrar mejor el cumplimiento de los derechos fundamentales. En la práctica, esto supone que la Comisión será más selectiva a la hora de incluir considerandos sobre la Carta en sus propuestas legislativas. Éstos se incluirán cuando una propuesta repercuta de manera sustancial en los derechos fundamentales. En estos casos, no sólo figurará el considerando «estándar» que confirma el cumplimiento de la Carta, sino también considerandos específicos referidos particularmente a determinados derechos.

Las exposiciones de motivos de las propuestas que conforman el Paquete Asilo también explican las incidencias concretas de las propuestas en los derechos fundamentales y muestran así cómo se han logrado respetar los derechos fundamentales. De hecho, la Comunicación de 2005 previó que siempre que una propuesta legislativa recogiera el considerando tipo sobre la Carta, la exposición de motivos habría de incluir una sección correspondiente a ese considerando en la que se resumirían las razones por las que se llegaba a la conclusión de que la propuesta era compatible con los derechos fundamentales. Sin embargo, quizá no se haya sido tan consistente como había previsto la Comunicación de 2005 en la forma de presentar la compatibilidad con los derechos fundamentales en una sección aparte dentro de la exposición de motivos[14]. No obstante, en adelante, la norma será que cuando una propuesta legislativa repercuta efectivamente en los derechos fundamentales, según lo indicado en sus considerandos, la exposición de motivos deberá incluir una sección en la que se justifique sucintamente cómo se han respetado las obligaciones relativas a los derechos fundamentales.

3.3. La Agencia de los Derechos Fundamentales

El 1 de marzo de 2007, la Agencia de los Derechos Fundamentales empezó a funcionar oficialmente. La Comisión está decidida a aprovechar la experiencia de la Agencia para apoyar e incluso reforzar la metodología. Esto podrá conseguirse de varias maneras.

Los informes y estudios de la Agencia podrían utilizarse para preparar iniciativas y acciones de la Comisión. Esto ya ocurre. Actualmente, por ejemplo, la Agencia está trabajando en un estudio del impacto sobre el terreno de la Directiva relativa a la igualdad de trato[15] que será una contribución al informe de la Comisión sobre la aplicación de esta Directiva. En 2009, el estudio sobre la promoción de los derechos de los inmigrantes irregulares en los procedimientos de retorno voluntario e involuntario contribuirá asimismo a facilitar la aplicación de la Directiva sobre el retorno[16]. También debería invitarse a la Agencia a participar en el proceso de consulta que se suele iniciar cuando se plantean nuevas iniciativas (libros verdes, comunicaciones, cuestionarios, etc.). Por ejemplo, la Agencia ha sido consultada hace poco sobre las prioridades en materia de libertad, seguridad y justicia en el futuro en el marco de la preparación del próximo programa plurianual en este ámbito.

La Comisión[17] puede pedir a la Agencia que lleve a cabo investigaciones y estudios exploratorios o que emita dictámenes sobre temas específicos y ha aprovechado ya esta posibilidad para encargar a la Agencia un estudio de indicadores en relación con la aplicación de los derechos del menor. Los datos de ese estudio se utilizarán en la estrategia sobre los derechos del menor que la Comisión piensa presentar en 2010.

Así pues, estas son diferentes maneras en que la Comisión puede efectivamente aprovechar la experiencia de la Agencia, respetando al mismo tiempo los términos de la relación entre ésta y la Comisión. En este sentido, es preciso recordar que la comprobación de la conformidad de las propuestas con los derechos fundamentales no forma parte del mandato de la Agencia.

3.4. Control durante el proceso legislativo

La Comunicación de 2005 subrayó la responsabilidad de la Comisión de defender, durante el procedimiento legislativo, el nivel de protección de los derechos fundamentales fijado en sus propuestas. A tal fin, la Comunicación declaraba que, en última instancia, la Comisión se reservaría el derecho a interponer un recurso de anulación cuando considere que un acto es incompatible con los derechos fundamentales. El informe Voggenhuber defendió enérgicamente la vía del recurso de anulación en los casos de vulneración de los derechos fundamentales. Además, subrayó el derecho de la Comisión a retirar su propuesta si, durante el procedimiento legislativo, se realizan cambios que violen un derecho fundamental.

La Comisión reconoce sus responsabilidades al respecto, pero recuerda asimismo las obligaciones concomitantes de los colegisladores, que tienen la misma obligación de respetar los derechos fundamentales.

Durante el proceso legislativo, la Comisión defenderá con ahínco su posición por lo que se refiere al nivel de protección de los derechos fundamentales de su propuesta y con el mismo ahínco manifestará su oposición a los colegisladores cuando éstos pretendan situarse por debajo de ese nivel. La Comisión utilizará para ello todos los medios a su alcance, exigiendo incluso que el acto sea aprobado por unanimidad.

Como ya indicó en la Comunicación de 2005, la Comisión está dispuesta a plantear, en última instancia, un recurso de anulación: estratégicamente, el uso más adecuado del recurso de anulación sería en el caso de que el legislador hiciera modificaciones específicas de la propuesta de la Comisión que ésta considerase una clara violación de los derechos fundamentales. En estos casos de modificaciones específicas que puedan separarse del resto del instrumento, el recurso de anulación es la mejor vía. Así, las disposiciones controvertidas pueden aislarse, preservándose las demás disposiciones del acto legislativo que, quizá, constituya un progreso importante y que la Comisión no desee sacrificar.

Por otra parte, cuando el legislador se haya apartado sustancialmente de la propuesta de la Comisión en lo que respecta a la protección de los derechos fundamentales de tal modo que el centro de gravedad de la propuesta, por lo que se refiere a dicha protección, quede desplazado, la retirada de la propuesta podría ser la mejor opción. La posición que la Comisión viene defendiendo de tiempo atrás, es que su derecho de iniciativa también implica el derecho a retirar su propuesta cuando las modificaciones introducidas por el legislador en la propuesta de la Comisión supongan una ilegalidad manifiesta o una distorsión grave de la propuesta de la Comisión.

4. CONCLUSIÓN

La experiencia acumulada desde 2005 indica que la metodología está bien planteada en cuanto al objetivo que persigue, pero que su aplicación práctica debe reforzarse. Todos los elementos señalados en este informe, la revisión de las Directrices de evaluación de impacto, la mejor orientación de los considerandos y el aprovechamiento de la información de la Agencia, pueden contribuir a aplicar mejor la metodología. Sin embargo, el elemento quizás más importante en el que hay que trabajar es el elemento humano. Debe promoverse el reflejo de los derechos fundamentales en los servicios de la Comisión, que es donde se generan las propuestas y las iniciativas, y potenciar una «cultura de los derechos fundamentales» desde las primeras fases de creación de una propuesta de la Comisión.

Por último, el compromiso con el respecto de los derechos fundamentales debe ser un objetivo común de todas las instituciones que participan en el proceso legislativo.

[1] COM(2005)172 final de 27.4.2005.

[2] La Comunicación de 2005 y el presente informe se ocupan del cumplimiento de la Carta; sin embargo, la Comisión debe comprobar que sus propuestas cumplen no sólo la Carta y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, sino también los convenios de derechos humanos de las Naciones Unidas que han sido ratificados por todos los Estados miembros.

[3] Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión

[4] Reglamento (CE) nº 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

[5] Reglamento (CE) nº 450/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario.

[6] Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros (COM/2008/0815 final/2) («Directiva sobre condiciones de acogida»).

Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (COM/2008/0820 final/2) («Reglamento de Dublín»).

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento (CE) nº […/…] [por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida] (COM/2008/0825 final) («Reglamento Eurodac»).

[7] Ya establecido en la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado (Directiva sobre los procedimientos).

[8] Más tarde, el Tribunal de Justicia estimó que la base jurídica invocada en la Directiva era incompatible con el Tratado (véase la sentencia de 6 de mayo de 2008 en el asunto C-133/06 Parlamento contra Consejo).

[9] Las nuevas Directrices fueron adoptadas el 28 de enero de 2009 y pueden consultarse en la página web: http://ec.europa.eu/governance/impact/docs_en.htm).

[10] Informe Voggenhuber del Parlamento Europeo, de 12.2.2007, sobre el respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales en las propuestas legislativas de la Comisión.

[11] Partiendo de la base de que determinados derechos, como la prohibición de la tortura, son absolutos y no pueden limitarse.

[12] Reglamento (CE) n° 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, citado en la nota nº 3.

[13] Éste es otro de los aspectos planteados en el informe Voggenhuber.

[14] Punto 23.

[15] Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico.

[16] Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

[17] También el Parlamento y el Consejo.