[pic] | COMISIÓN EUROPEA |

Bruselas, 26.5.2010

COM(2010) 261 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL TRIBUNAL DE CUENTAS

¿Más controles o menos controles? Encontrar el justo equilibrio entre los costes administrativos de control y el riesgo de error

{SEC(2010) 640}{SEC(2010) 641}

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL TRIBUNAL DE CUENTAS

¿Más controles o menos controles? Encontrar el justo equilibrio entre los costes administrativos de control y el riesgo de error

1. Antecedentes y objetivo de la Comunicación

La Comisión, responsable de la ejecución del presupuesto, paga cada año unos 130 mil millones de euros a beneficiarios repartidos por los Estados miembros y el mundo entero en un amplio abanico de ámbitos. Gestiona directamente alrededor de la quinta parte del presupuesto, y el resto se ejecuta en colaboración con organismos socios, incluidos los Estados miembros, por los que pasa el 75 % del presupuesto.

Los perfiles de riesgo de estas actividades varían en función de la complejidad de la normativa, la longitud y la complejidad de la cadena de control, los tipos de beneficiarios y otros distintos factores. Para garantizar el respeto de las normas y la consecución de los objetivos de las políticas, las estrategias de control deben adaptarse a los riesgos y peculiaridades consustanciales a cada ámbito político, lo que supone definir la naturaleza y el momento de los distintos controles que deben efectuarse (con fines de prevención, detección o corrección) teniendo en cuenta los distintos perfiles de riesgo de los beneficiarios de que se trate.

En el marco de los gastos gestionados de manera centralizada, la Comisión realizó en 2009 más de a 500 000 pagos individuales en favor de 85 000 entidades o particulares (incluido el personal). Por regla general, los gastos de subvención incluyen una prefinanciación a la que siguen las declaraciones de gastos, generalmente presentadas sobre la base de los costes realmente soportados, que vienen a «liquidar» dicha prefinanciación. En muchos casos, la Comisión efectúa el control final de la elegibilidad de los gastos en el momento del pago final o después de él, e incluso varios años después de la prefinanciación inicial en determinados ámbitos. Este control se efectúa a menudo por muestreo y puede incluir controles documentales o in situ.

En cuanto a los gastos en gestión compartida, la Comisión efectúa los pagos a las autoridades de los Estados miembros, que son quienes gestionan los fondos y los desembolsan en favor de los beneficiarios. Los Estados miembros tienen la responsabilidad de controlar a estos numerosos beneficiarios finales (control administrativo para un 100 % de los beneficiarios y, en principio, control in situ para al menos un 5 % de ellos cada año). Sólo en el marco del desarrollo rural (pilar 2 de la Política Agrícola Común), ascendieron casi a 3,6 millones los beneficiarios que en 2008 recibieron unos 13,7 millones de euros procedentes de las arcas públicas, incluidos 8,5 millones procedentes de la UE.

Todos los regímenes de subvenciones se rigen por el Reglamento financiero y, generalmente, por normas sectoriales específicas que precisan las condiciones de elegibilidad al reembolso de gastos. Estas normas sectoriales tienen por objeto permitir la consecución de objetivos estratégicos a menudo muy específicos, lo que en general acarrea un cierto nivel de complejidad. Esta complejidad puede provocar errores de comprensión o interpretación de las condiciones de elegibilidad en los beneficiarios, llevándoles a presentar solicitudes de financiación erróneas: estos errores de carácter financiero son involuntarios en la mayoría de los casos y carecen de intención fraudulenta.

Las complejidades jurídicas, combinadas con la longitud del plazo que puede transcurrir entre la prefinanciación y la declaración de costes final, aumentan el riesgo de error. Los errores tienen distintos orígenes y toman distinta forma en función de la norma o cláusula contractual específica infringida y de la naturaleza de la infracción. Tradicionalmente, el principio rector de la acción de las Administraciones públicas en este ámbito ha consistido en velar por el estricto respeto de las normas («riesgo cero»), sin reconocimiento explícito del porcentaje de errores que los controles no corrigen, o no pueden corregir a su debido tiempo. Incumbe al gestor de los fondos públicos establecer una estrategia de control creíble que emplee de manera óptima los recursos de control, centrándose en los beneficiarios más importantes o de elevado riesgo, sin por ello descuidar a los otros. Esta estrategia tiene por objeto ofrecer una garantía razonable de que los fondos se han utilizado para los fines previstos, manteniendo al mismo tiempo un adecuado equilibrio entre los costes del control y sus ventajas (principalmente, reducción de los errores/recuperación de los fondo y efecto disuasorio). Pero, en la práctica, un determinado nivel de riesgo podría estar justificado o ser «aceptable», ya que reducir a «cero» la probabilidad de errores es demasiado costoso, cuando no imposible.

Hasta la fecha, esta aceptación de un riesgo de error justificado nunca se ha formulado explícitamente. El Tribunal aplica un nivel de materialidad estándar del 2 % a la evaluación de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes («semáforo verde»). En cambio, si el porcentaje de error calculado por el Tribunal se sitúa entre el 2 % y el 5 %, su evaluación se acompaña de un «semáforo amarillo», y de un «semáforo rojo» si el porcentaje sobrepasa el 5 %. La Comisión siempre ha obtenido la aprobación anual del presupuesto aunque los porcentajes de error hayan sobrepasado el 2 % en algunos ámbitos. Y aunque el porcentaje de error sigue estando por encima del límite máximo del 2 % en algunos ámbitos, las conclusiones de la evaluación de la gestión de los fondos de la UE por la Comisión que el Tribunal realiza anualmente ha sido más favorable en los últimos años. La Comisión se propone proseguir sus esfuerzos de mejora de los sistemas de control, incluidos los de sus socios en la ejecución de las acciones, con el fin de ejercer «un control adecuado en el momento adecuado». No obstante, dado que el riesgo varía en función de la actividad gestionada, la Comisión considera esencial dotarse de indicadores a la vez razonables y exigentes mediante los cuales valorar su gestión del riesgo en el marco de un análisis coste-beneficio. La autoridad de aprobación de la gestión, consciente asimismo del problema, ha invitado a la Comisión a presentar propuestas sobre el riesgo aceptable para todos los sectores del presupuesto[1].

La presente Comunicación, que es continuación de una Comunicación de 2008 titulada Hacia una interpretación común del concepto de riesgo de error aceptable (COM(2008)866) , tiene por objeto cumplir los compromisos recogidos en ella y responder a las expectativas del Parlamento y del Consejo, y presentar las propuestas de la Comisión sobre los niveles de riesgo de error aceptable (REA) en los ámbitos «Investigación, energía y transportes» y «Desarrollo rural». Otras propuestas de REA en otros ámbitos seguirán de aquí a finales de 2011.

Junto con la presente Comunicación, la Comisión presenta su propuesta de revisión trienal del Reglamento financiero, que incluye un artículo sobre el concepto de riesgo de error aceptable. Los dos documentos de trabajo que se adjuntan a la presente Comunicación recogen precisiones técnicas sobre metodologías y los resultados del análisis que ha servido de base a las propuestas. Contienen datos detallados sobre los costes de los controles y los porcentajes de error y examinan la relación entre la magnitud de los controles realizados y el nivel de error que podría escapar a la detección.

2. ¿Por qué fijar un riesgo de error aceptable?

En el momento de aprobarse la legislación 2007-2013, no se tuvieron explícitamente en cuenta ni los costes de comprobación del cumplimiento de las condiciones de elegibilidad, ni el riesgo de error. Por lo que se refiere a este período, la Comisión ya ha introducido simplificaciones para la Política Agrícola Común, incluido el desarrollo rural, y proseguirá su esfuerzo en este sentido. Sin embargo, ninguna simplificación adicional de ese tipo será suficiente para situar el porcentaje de error en el sector del desarrollo rural por debajo del límite máximo del 2 % fijado por el Tribunal sin correr el riesgo de comprometer los objetivos estratégicos.

En el ámbito de la investigación, la Comisión ha publicado recientemente una Comunicación sobre la simplificación encaminada a abrir un debate interinstitucional sobre este asunto[2]. No obstante, el margen para ulteriores simplificaciones de la actual legislación es limitado, habida cuenta del tiempo necesario para que debatan, adopten y entren en vigor. La adopción de un REA permitiría a la Comisión optimizar el control en el ámbito del 7° Programa Marco (garantizando el equilibrio adecuado entre los gastos de control y las operaciones de recuperación, y minimizando el riesgo reputacional) antes de la aplicación de las medidas de simplificación que piensa proponer para el 8º Programa Marco.

El uso del REA supondría reconocer que, en algunos ámbitos, la complejidad de las normas, la longitud de las cadenas de control y los costes de control no permiten limitar al 2 % el nivel de error sin incurrir en costes excesivos e injustificables (el cuadro 1 muestra la secuencia).

Cuadro 1: interdependencia entre la complejidad legislativa, los porcentajes de error y el coste de los controles

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La Comisión está decidida a establecer estrategias de control sólidas y eficientes que se centren en los riesgos y en las actividades de alto valor sin por ello descuidar el resto. Una decisión sobre el REA no implicaría la aceptación de un determinado porcentaje de error a nivel del beneficiario: todos los errores detectados se corregirían. El REA se limitaría a explicitar una consideración ya implícita, reconociendo la relación entre complejidad legislativa y porcentaje de error, así como el hecho de que no es posible realizar sistemáticamente controles in situ, lo que significa que algunos errores no podrán detectarse.

El método del riesgo aceptable permite tener una clara visión de conjunto del equilibrio entre el impacto financiero de los errores, el coste de los controles y las recuperaciones subsiguientes, y una gestión sana y eficiente de los fondos de la UE. Los niveles de REA por ámbitos estratégicos, o por partes significativas de ellos, deben basarse en un examen exhaustivo, por parte de todas las instituciones involucradas, de los costes del control y de los resultados de estos controles y de los efectuados por el Tribunal. No obstante, el valor añadido resultante del gasto (buenos resultados a un coste adecuado) es como mínimo igualmente importante en este contexto, ya que un gasto que no alcanza sus objetivos sólo tiene un interés limitado, aunque esté perfectamente controlado. Queda claro en consecuencia que los imperativos de carácter político deben integrarse en el debate sobre el REA, y en particular los beneficios esperados de una política y los aspectos reputacionales.

3. Cómo decidir los niveles de REA

Con el fin de establecer un marco jurídico para la adopción de los niveles de REA, el concepto de REA se ha incluido en la propuesta de revisión trienal del Reglamento financiero. Tras el debate interinstitucional del contenido de la presente Comunicación, los niveles de REA podrían ser fijados por el colegislador (el Parlamento y el Consejo), previa consulta al Tribunal de Cuentas, sobre la base de las propuestas legislativas formuladas por la Comisión. La Comisión tendría entonces en cuenta la decisión del colegislador en su ejecución del presupuesto y su control de los gastos. Propondría revisiones de los niveles REA en el caso de que se registrasen cambios de importancia en el entorno de control (por ejemplo, simplificación de las normas de elegibilidad que reducen el riesgo de error).

Las decisiones sobre los niveles de control y REA van más allá de un mero análisis financiero. Los controles son a menudo percibidos como una carga por los beneficiarios y pueden, si son excesivos, llegar a desalentar la participación en los programas, lo que reduce las posibilidades de atraer a los beneficiarios más adecuados y, en consecuencia, la consecución de los objetivos estratégicos. El porcentaje de error aceptable puede también verse influido por imperativos de carácter político o por el nivel del riesgo reputacional

Una vez fijados los niveles de REA, la Comisión seguirá aplicando estrategias de control eficaces, minimizando los tipos de error sobre la base de un análisis coste-beneficio, y hará todo lo necesario por reincorporar los resultados en el ciclo de control y optimizar el tratamiento de los principales riesgos. Para reducir el riesgo de error, propondrá simplificaciones adicionales para el período posterior a 2013. La simplificación es no obstante una responsabilidad que la Comisión comparte con el colegislador y los Estados miembros.

4. las propuestas de la Comisión

La Comisión irá progresivamente proponiendo porcentajes de REA en todos los ámbitos políticos, o en partes significativas de éstos. La presente Comunicación cubre los ámbitos «investigación, energía y transportes» y «desarrollo rural» sobre la base de un análisis de los costes y beneficios de los controles y de la relación existente entre un determinado coste de gestión y control[3] y el error residual. En comparación con la Comunicación de 2008, la metodología y la calidad de los datos subyacentes han mejorado. No obstante, todo modelo se basa necesariamente en hipótesis, como las que se recogen en los documentos de trabajo de la Comisión.

4.1. Investigación, energía y transportes

Este ámbito de intervención es principalmente objeto de una gestión directa centralizada. En 2008, los pagos ascendieron a 7,2 mil millones de euros. El 76 % de estos pagos corresponde a proyectos de investigación que se inscriben en programas marco plurianuales y el 12 %, a proyectos en los sectores de la energía y los transportes, y en particular por lo que se refiere a las redes transeuropeas. Esta propuesta de la Comisión se basa en un análisis de los datos sobre los gastos de control recopilados por sus servicios, de los datos sobre los pagos realizados en 2008 y de los errores detectados por el Tribunal de Cuentas (DAS 2008). Sobre la base de los datos DAS, la Comisión estimó en un 3 % el porcentaje de error para este capítulo en 2008 (semáforo amarillo). El coste de las actividades de control de la Comisión en este ámbito asciende a 267 millones de euros (3,6 % de los pagos de 2008).

Del análisis, explicado con todo detalle en el documento de trabajo anejo, se desprende que el coste de alcanzar un porcentaje de error del 2 % sería prohibitivo: se precisarían 150 millones suplementarios para garantizar virtualmente un porcentaje de error inferior al 2 %, y la simple probabilidad razonable de llegar a un porcentaje del 2 % (error más probable) podría costar 90 millones de euros adicionales (modelo 1). La reducción en un 1 % del porcentaje de error que este nivel de control implicaría gira en torno a los 72 mil millones de euros, en el supuesto de que todo error diera lugar a una recuperación. Un análisis posterior (modelo 2ab) muestra que pasar del porcentaje de error actual del 3 % al 2,5 % seguiría saliendo caro: 55 millones de euros, en la hipótesis de que los errores se retiraran de una forma aleatoria de la población. Se llevó a cabo un tercer análisis para examinar el impacto en el porcentaje de error de una disminución del número (y del coste) de los controles in situ (modelo 2c). Los resultados evidenciaron que en caso de aceptarse un porcentaje de error más elevado del 3,5 %, los costes de control disminuirían más rápidamente que el importe de las recaudaciones previstas de resultas de los controles. Con un porcentaje de error del 4 %, esta reducción casi representaría una tercera parte de los costes actuales. Los resultados del análisis se muestran en el cuadro que figura a continuación.

Cuadro 2: síntesis del impacto estimado de alcanzar un determinado porcentaje de error

Porcentaje de error modificado y fijado en: | Estimación de la variación de los costes de control (millones EUR) | Estimación de la variación probable de los importes recuperados (millones EUR) |

4 % (modelo 2c) | - 15,5 | - 3,1 |

3,5 % (modelo 2c) | - 8,0 | - 1,5 |

2,5 % (modelo 2ab) | + 0,9 a 55 - media 28 | + 36 |

2 % (modelo 1) | + 90 a + 150 | + 72 |

Las cifras incluidas en el cuadro ponen de manifiesto que el coste de reducir al 2 % el porcentaje de error podría ser superior al valor de esta reducción (72 millones de euros). Una reducción del porcentaje al 2,5 % podría ser eficaz en términos de coste, pero supondría la realización de unas 500 auditorías suplementarias. Aumentar el porcentaje de error podría implicar una disminución de los costes de control superior a la reducción resultante del importe de las recuperaciones en caso de error.

Todos los modelos estadísticos entrañan un cierto grado de incertidumbre debido a que se basan en estimaciones por muestreo, y es probable que experimenten pequeñas variaciones a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta esta variación potencial, la propuesta de la Comisión se basa en un intervalo: el colegislador podrá decidir fijar un límite superior a este intervalo. La elección de un intervalo es aún más importante si se piensa que la declaración de fiabilidad (DAS) para 2008 se basaba esencialmente en pagos realizados con cargo al 6º PM, mientras que los pagos con cargo al 7º PM serán predominantes a partir de 2010. Según los datos actualmente disponibles, los pagos con cargo al 7º PM seguirán arrojando porcentajes de error superiores al 2 % comparables, o ligeramente superiores, a los del 6º PM, dado que:

- las subvenciones seguirán basándose en los gastos reales de los beneficiarios: la sobrestimación seguirá siendo probablemente la principal causa de error; y

- la reducción del número de certificados de auditoría requeridos conseguida gracias a los esfuerzos de simplificación, por una parte, y el número relativamente modesto de beneficiarios que optan por una certificación ex-ante de su metodología de cálculo de los costes, por otra, son factores que contribuirán probablemente a aumentar el riesgo de error.

Por lo que respecta al 6º PM, la Comisión superó considerablemente el número de auditorías originalmente previsto. Estos controles suplementarios supusieron una pesada carga tanto para los beneficiarios como para los servicios de la Comisión sin conseguir con ello situar los niveles de error plurianuales por debajo del 2 %.

Si el colegislador decidiera elevar el nivel del REA, la Comisión podría revisar su estrategia de control y centrarse en auditorías orientadas en función de los riesgos y en la prevención del fraude. Esto permitiría crear un marco de responsabilidad sólido, que haría adecuadamente hincapié en la prevención y la oportunidad de los controles, manteniendo su necesario efecto disuasorio con respecto a una utilización irregular de los fondos.

La Comisión propone un nivel de REA situado en el intervalo correspondiente al semáforo amarillo (2 %-5 %). Un porcentaje de error DAS situado en el centro de este intervalo sería aceptable y estaría justificado. Por encima de este nivel, se precisaría una intervención destinada a reducir el porcentaje de error, pero con más controles centrados en las principales causas de error y teniendo en cuenta la naturaleza plurianual de los gastos. Este porcentaje debería cubrir la totalidad de los programas marco de investigación independientemente del capítulo del Informe Anual del Tribunal en el que se incluyan, así como todas las actividades contempladas en el presente análisis, aunque en el futuro se reubiquen en otros capítulos del Informe Anual del Tribunal. Este nivel de REA podría revisarse a la luz de los cambios importantes que puedan producirse en el entorno del control y tener una incidencia en el porcentaje de errores DAS. |

4.2. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), ejecutado por los Estados miembros en régimen de gestión compartida, se aborda en el capítulo 5 del Informe Anual del Tribunal. Debido a las diferencias en el método de gestión y en los datos disponibles (los controles sobre los beneficiarios corren principalmente a cargo de los Estados miembros), el análisis para este sector es diferente del utilizado para el sector «investigación, energía y transportes». En 2008, los pagos procedentes de las arcas públicas ascendieron a unos 13,7 mil millones de euros, incluidos 8,5 mil millones procedentes de la UE (incluidos los anticipos). Este sector representó el 16 % del gasto agrícola total. En su Informe Anual 2008, el Tribunal concluyó que el porcentaje de error para el sector «desarrollo rural» sobrepasaba el 2 %, mientras que el correspondiente al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) se situaba por debajo del 2 %.

La propuesta de la Comisión toma como base los porcentajes de error y los costes de control comunicados por los Estados miembros para 2008, que inciden esencialmente en los gastos de 2009. El análisis se basó en los porcentajes de error de los Estados miembros porque la muestra DAS del Tribunal, aunque es representativa con respecto al conjunto del capítulo, no lo es por lo que se refiere únicamente al FEADER. Los datos estadísticos de los Estados miembros, que integran unos 300 000 controles in situ, son lo suficientemente amplios como para ofrecer una aproximación razonable de la situación de la población total. Han sido en gran medida comprobados y validados por los organismos de certificación de los Estados miembros.

Del análisis, explicado con todo detalle en el documento de trabajo anejo, se desprende que el coste relativo del control para el FEADER es casi tres veces más elevado que para el FEAGA (7,3 % del presupuesto asignado al programa frente al 2,7 %). A pesar de este elevado coste de control, el porcentaje de error acumulado comunicado por los Estados miembros para el FEADER es del 2,8 %. Esto se explica por la complejidad de las normas y condiciones de elegibilidad establecidas para alcanzar objetivos de carácter medioambiental o relacionados con otros ámbitos políticos difíciles de comprobar.

Habida cuenta del elevado coste del control, cualquier aumento de los controles in situ por encima del nivel actual no sería económicamente eficiente, ya que el coste de estos controles sería cinco veces superior al importe que puede recuperarse por término medio (porcentaje de error medio multiplicado por el importe medio percibido por beneficiario).

La política de desarrollo rural de la UE reconoce la necesidad de perseguir objetivos de carácter económico, medioambiental y social como tres vertientes que se refuerzan mutuamente. Tiene por objeto aumentar la competitividad del sector agrícola, preservar el medio ambiente y los recursos naturales, y promover el desarrollo económico y social de las zonas rurales. No obstante, una mayor simplificación de las normas de elegibilidad en el ámbito del desarrollo rural no sería suficiente para situar el porcentaje de error del sector por debajo del 2 % actualmente utilizado por el Tribunal sin correr el riesgo de poner en entredicho los objetivos de las políticas.

Aunque la Comisión y los Estados miembros deben optimizar la eficacia de los sistemas de gestión y control con el fin de prevenir, detectar y corregir los errores, la Comisión considera que sería antieconómico reforzar los controles en el FEADER. Las estadísticas de los Estados miembros confirman la conclusión del Tribunal de que el porcentaje de error en este sector es superior al 2 %.

La Comisión propone, para los gastos del FEADER, un nivel de REA situado en el intervalo correspondiente al semáforo amarillo (2 %-5 %). Un porcentaje de error DAS que se situase en el centro de este intervalo sería aceptable y estaría justificado. Por encima de este nivel, se adoptarían medidas adicionales dirigidas a reducir el porcentaje de error mediante un mayor número de controles centrados en las principales causas de error. El objetivo para el primer pilar de la PAC se mantendría en la zona verde (2 %). |

5. CONCLUSIÓN

Cuando el Tribunal introdujo el umbral de materialidad del 2 %, la Comisión no disponía de datos fiables sobre el coste de los controles. El tribunal eligió este umbral a falta de indicación contraria a nivel político. Pero ahora sí disponemos de información sobre el coste de los controles, lo que permite a las partes interesadas discutir más concretamente sobre la relación coste-eficacia de los controles.

La Comisión ha realizado progresos significativos, y el DAS 2008 ha sido el mejor hasta la fecha. Esta mejora se obtuvo gracias a un aumento de la calidad y el número de los controles, lo que incrementó los costes y cargas impuestos a los beneficiarios (por poner sólo un ejemplo, la DG de Investigación aumentó en un 20 % los controles in situ de los beneficiarios, frente a lo inicialmente programado en el período 2007-2009 para el 6º PM). La Comisión se propone seguir desarrollando y aplicando estrategias de control creíbles, ejerciendo controles eficaces y oportunos, centrándose en los riesgos y reincorporando los resultados en el ciclo de control. Los niveles actuales de control son elevados, especialmente en el ámbito del desarrollo rural, y, en los dos ámbitos anteriormente citados, el porcentaje de error DAS podría haberse reducido al nivel mínimo necesario para una buena relación coste-eficacia.

Los servicios de la Comisión deben seguir demostrando la eficacia de sus estrategias de control en sus informes anuales de actividad (RAA), adaptando las estrategias a los riesgos y especificidades de cada ámbito de intervención, garantizando que sean lo suficientemente precisas como para reflejar las experiencias y riesgos reales, y permitiendo adoptar decisiones fundadas sobre el coste-beneficio de los controles. No obstante, una vez demostrado que se han realizado las diligencias adecuadas, el riesgo aceptable representa una inversión adecuada, pudiendo el colegislador fijar un umbral de REA superior al porcentaje de error actual a la luz de este hecho. La autoridad de aprobación de la gestión dispondría así de una base sólida para evaluar la gestión de los riesgos por la Comisión.

Aunque el REA constituya un referencial anual (en consonancia con la DAS), siempre que la Comisión aplique sistemas de control plurianuales, los porcentajes de error al final de un programa serán inferiores a los de la DAS debido a las correcciones financieras y la recuperación de los importes indebidamente pagados. La Comisión se esforzará en identificar estos porcentajes de error residuales en la medida de lo necesario y seguirá corrigiendo todos los errores detectados. No obstante, habida cuenta del gran número de beneficiarios, no es posible realizar sistemáticamente controles in situ, y, por lo tanto, algunos errores no podrán detectarse. La Comisión considera que:

- el nivel de REA en los dos ámbitos cubiertos por la presente Comunicación debe fijarse en el intervalo correspondiente al semáforo amarillo: 2 % - 5 %;

- un porcentaje de error DAS situado en el centro de este intervalo se consideraría aceptable y justificado en los dos ámbitos. Por encima de este nivel, se adoptarían medidas adicionales dirigidas a reducir el porcentaje de error mediante un mayor número de controles centrados en las principales causas de error; y

- paralelamente a la adopción de un nivel de REA anual justificado, deberá ejercer un seguimiento de los tipos de error plurianuales e informar oportunamente a la autoridad presupuestaria a lo largo del ciclo de vida de los programas.

La Comisión ha propuesto integrar el concepto de REA en su propuesta de revisión trienal del Reglamento financiero. Habida cuenta del tiempo necesario para los debates interinstitucionales sobre esta propuesta antes de su entrada en vigor, y tras debatir la presente Comunicación con el colegislador, la Comisión presentará propuestas legislativas destinadas a fijar formalmente los niveles de REA para los ámbitos «investigación, energía y transportes» y «desarrollo rural». La Comisión presentará propuestas concretas de REA por los ámbitos «gastos administrativos» y «ayuda exterior, desarrollo y ampliación» antes de que finalice 2010, y progresivamente para los restantes sectores en 2011. Propondrá una simplificación de la legislación sectorial en el marco de la adopción de la próxima serie de actos de base con el fin de reducir el riesgo de error durante el período posterior a 2013.

La Comisión está decidida a demostrar el buen funcionamiento de sus sistemas de control y, en la perspectiva del próximo RAA, invitará a sus servicios a mejorar la información que proporcionan sobre la eficacia de los sistemas.

[1] Decisión del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009 (P6_TA(2009)0289), sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2007, Sección III MACROBUTTON HtmlResAnchor - Comisión y agencias ejecutivas, punto 48 «[… ] espera que la Comisión complemente ese trabajo cuando prepare su propuesta sobre el nivel de riesgo aceptable por ámbito presupuestario [… ]»

Decisión del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2010 (P7_TA(2010)0134), sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2008, Sección III - Comisión y agencias ejecutivas, puntos 59-60.

[2] Simplificar la ejecución de los programas marco de investigación: (COM(2010)187).

[3] Estos costes incluyen la gestión administrativa de los programas y las actividades de Control Financiero.