Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética"

(COM(2002) 759 final - 2002/0306 (COD))

(2003/C 220/03)

El 31 de enero de 2003, de conformidad con el artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo de la Unión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 4 de junio de 2003 (ponente: Sr. Bo Green).

En su 400o Pleno de los días 18 y 19 de junio de 2003 (sesión del 18 de junio), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

1. Contexto de la propuesta

1.1. El objetivo de la Directiva CEM (89/336/CEE) actualmente en vigor es el de garantizar la libre circulación de los equipos eléctricos que entran en el ámbito de aplicación de la directiva, garantizando la existencia de un entorno electromagnético homogéneo y el correcto funcionamiento de los productos.

1.2. Tras la aprobación de la Directiva CEM, los usuarios comenzaron a encontrar problemas para interpretarla y aplicarla. Aunque la Comisión se esforzó por resolver estas dificultades publicando directrices explicativas, siguieron suscitándose numerosos problemas. Por ello, en 1995 la Comisión puso en marcha una importante iniciativa que consistía en elaborar una guía que trataría todos los grandes problemas. En 1997 se publicó una guía de aplicación de la Directiva 89/336/CEE, la cual recogía la creciente experiencia del sector industrial, de la Comisión, de los Estados miembros y de otras partes implicadas. Esto significó un gran paso adelante. Pero el inconveniente radicaba en que una guía carece de valor jurídico. Sin embargo, la guía de 1997 fue acogida favorablemente, y sigue siéndolo, por los interesados.

1.3. Entretanto, el Consejo había decidido que la Directiva CEM sería uno de los ámbitos que se tratarían en el marco de la iniciativa SLIM (simplificar la legislación relativa al mercado interior), que tiene por objeto simplificar el Derecho europeo asociando grupos de usuarios a los trabajos preparatorios. El grupo de trabajo SLIM sobre compatibilidad electromagnética de la Comisión elaboró recomendaciones que se recogen en el documento COM(2002) 759 final, apoyándose en los trabajos del grupo SLIM.

2. La Propuesta de la Comisión

2.1. La Comisión incorpora directamente en el texto de la nueva propuesta de directiva algunos pasajes de las directrices que publicó en 1997 relativa a la Directiva CEM.

2.2. La propuesta enuncia definiciones más detalladas en lo que concierne a:

- los requisitos obligatorios, así como

- las normas armonizadas.

2.3. En el texto se incluyen las instalaciones fijas (fixed installations), que contempla la directiva. No se trata de una novedad, pues la Comisión ya señaló que las redes fijas de telecomunicaciones entran en el ámbito de aplicación de la directiva actualmente en vigor.

2.4. La propuesta extiende ligeramente el ámbito de aplicación al incluir componentes y subconjuntos. Entran también en este ámbito de aplicación los dispositivos de conexión independientes (ready-made connecting devices) destinados a ser conectados en una aparato del usuario final para la transmisión de señales.

2.5. Al mismo tiempo, hay disposiciones nuevas en virtud de las cuales el fabricante, entre otras cosas, tendrá en todos los casos la facultad de no hacer intervenir al organismo notificado y asimismo el fabricante será libre de documentar la conformidad de cualquier manera que él acuerde, se trate o no de normas armonizadas.

3. Observaciones generales sobre la propuesta de la Comisión

3.1. En términos generales, las partes implicadas se han mostrado bastante satisfechas con la directiva actualmente en vigor, siempre y cuando la guía de 1997 relativa a su aplicación se aplique correctamente. En la práctica, todos los interesados respetan la guía. Sin embargo, este nuevo proyecto de directiva es preferible, porque aporta una mayor seguridad jurídica con relación a las diversas cuestiones tratadas. Además, se halla bastante mejor adaptado a las necesidades del mercado y elimina ciertos requisitos actualmente en vigor que no son necesarios.

3.2. Ámbito de aplicación de la propuesta

3.2.1. El ámbito de aplicación ha quedado precisado gracias a que se han mejorado las definiciones y se define de forma más clara lo que queda excluido de la directiva.

3.2.2. En particular, las definiciones de componentes y subconjuntos contribuyen a precisar la aplicación práctica de la directiva.

3.2.3. El concepto de "dispositivos de conexión independientes" parece poco claro y no se ha traducido de forma unívoca a las versiones danesa, neerlandesa e inglesa, por ejemplo. La Comisión debería proponer una definición más precisa del término. La cuestión es si en definitiva es necesario incluir estos "dispositivos de conexión independientes" en el ámbito de aplicación de la directiva.

3.3. Instalaciones fijas

3.3.1. Se introduce un marco reglamentario más adecuado para instalaciones fijas. La industria es favorable a que las máquinas de gran tamaño, los materiales de alta tensión y las redes de distribución de energía y de telecomunicaciones se incluyan en el régimen de instalaciones fijas.

3.3.2. Un ejemplo del importante problema que afecta a la directiva actual es la obligación de evaluar las instalaciones fijas antes de comercializarlas o ponerlas en servicio. Hay muchas instalaciones que son técnicamente imposibles de evaluar. Además, una instalación puede modificarse en un momento dado, o incluso todos los días. Dado que las instalaciones suscitan escasos problemas de compatibilidad electromagnética para las zonas vecinas, no parece realista pretender evaluar todas las instalaciones fijas. Por esta razón, el nuevo proyecto de directiva prevé que las instalaciones deben construirse conforme a buenas prácticas de ingeniería. Sin embargo, si ocurre que, como sucede en muy raras ocasiones, surgen problemas de compatibilidad electromagnética, las autoridades disponen de instrumentos jurídicos para resolver estos problemas del modo correcto. El coste de este sistema es sumamente bajo si se compara con el de evaluar todas las instalaciones antes de ponerlas en servicio.

3.3.3. Las obligaciones administrativas plantean otro problema. La directiva existente exige une declaración de conformidad CE y el marcado CE. Cada vez que se modifica une instalación, la radiación CEM ya no es la misma que la que existía inicialmente. Así, es preciso realizar una nueva evaluación antes de poder elaborar una nueva declaración de conformidad CE. Ello imposibilita en la práctica la aplicación de la directiva actualmente en vigor. Por esta razón la guía de 1997 preveía un enfoque pragmático que cuenta con la adhesión de todos los interesados. La solución prevista en la guía se incorpora ahora en el nuevo proyecto de directiva.

3.4. Requisitos obligatorios

3.4.1. El proyecto de directiva amplía los requisitos obligatorios, especialmente, en lo que concierne a la evaluación de la compatibilidad electromagnética, a los dispositivos externos y a los requisitos en materia de información. En razón de los costes suplementarios que ello implica, la extensión del ámbito de aplicación a los "dispositivos de conexión independientes" constituye probablemente, de todas las modificaciones propuestas en el proyecto de directiva, la que se presta a mayor controversia.

3.4.2. El requisito suplementario de proceder a una evaluación de la compatibilidad electromagnética se da por supuesto, por así decirlo, porque es preciso medir la radiación electromagnética y el riesgo de tales emisiones antes de poder proporcionar informaciones correctas sobre la conformidad a la directiva. Los requisitos en materia de información se han añadido para mejorar la trazabilidad del fabricante o de su representante autorizado en el interior de la UE.

3.4.2.1. La propuesta de la Comisión carece de suficiente fundamento en cuanto a que parece inútil y costoso el exigir a la vez la indicación del fabricante y del representante autorizado en la Comunidad, cuando el fabricante no está establecido en la Comunidad.

3.4.2.2. Por ello el punto 4 (b) del anexo I de la propuesta de directiva, "Requisitos obligatorios", debería modificarse del siguiente modo:

"Cada aparato irá acompañado del nombre y la dirección del fabricante. Si el fabricante no está establecido dentro de la Comunidad, cada aparato irá acompañado del nombre y la dirección de su representante ..."

3.5. Evaluación de conformidad

3.5.1. El apartado 2 del artículo 10 de la directiva en vigor exige la intervención de un organismo competente cuando las normas armonizadas de compatibilidad electromagnética no se respeten (plenamente). Esta intervención obligatoria era necesaria en la época en que la directiva en vigor fue adoptada, es decir, en los años ochenta, porque en aquella época, en el dominio de la ingeniería, la práctica y la enseñanza en relación con la CEM estaban escasamente extendidas. En los años siguientes la Directiva CEM ha tenido en el sector afectado -es decir, la industria y la enseñanza- un enorme efecto estimulante. Hoy, la mayor parte de los fabricantes posee una experiencia mucho más extensa de la CEM y las posibilidades de enseñanza son numerosas. Según los organismos competentes, la carga de trabajo relacionada con el artículo 10, apartado 2 está en disminución. Además, dado que es obligatorio hacer intervenir a un organismo competente, se comprueba que, en un pasado reciente, numerosas demandas de intervención procedían de fabricantes que poseían ellos mismos competencias suficientes. Estos fabricantes pusieron en marcha el procedimiento únicamente porque es obligatorio, pero su conocimiento de la CEM es muy superior al que se esperaba en los primeros tiempos, cuando se aprobó la directiva ahora en vigor. Por último, algunos grandes fabricantes han creado en el seno su propio organismo competente, con el fin de evitar la intervención costosa de terceros.

3.5.2. Sin embargo, sigue siendo sumamente útil prever la posibilidad de recurrir a un experto oficial para los fabricantes que no tienen una confianza absoluta en sí mismos. Por ello, el nuevo proyecto prevé un "organismo notificado", cuya intervención se deja a la discreción de los propios fabricantes.

3.5.3. La propuesta de directiva ofrece a los fabricantes la posibilidad de elegir entre elaborar ellos mismos la documentación técnica o encomendar su elaboración al organismo notificado que se menciona en el artículo 11. Sin embargo, el texto de la propuesta es poco claro y el subapartado 2, del apartado 2 del artículo 7 debería formularse del siguiente modo:

"Para confirmar que los aparatos cumplen los requisitos obligatorios pertinentes establecidos del anexo I el fabricante decidirá entre redactar su propio informe o remitir un informe del organismo notificado mencionado en el artículo 11. El fabricante decidirá el objeto y la amplitud de la evaluación."

3.6. Supervisión del mercado

3.6.1. A lo largo de los últimos años las autoridades competentes de supervisión del mercado han señalado que resultaba cada vez más difícil detectar a los fabricantes de productos no conformes. Cabe esperar que las nuevas exigencias en materia de información permitirán resolver estos problemas de modo conveniente.

3.6.2. La Comisión debe garantizar que las disposiciones de esta propuesta de directiva se encuentren en consonancia con las de la directiva ya aprobada sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la llamada Directiva WEEE (por sus siglas en inglés).

4. Conclusión

4.1. El CESE apoya la propuesta de la Comisión pues proporciona una mayor seguridad jurídica en los ámbitos afectados. La propuesta se halla mejor adaptada a las necesidades del mercado y elimina las disposiciones existentes que no eran necesarias.

4.2. El término "dispositivos de conexión independientes" resulta poco claro y, en determinados casos, las exigencias de marcado son innecesariamente amplias y costosas.

Bruselas, 18 de junio de 2003.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Roger Briesch