Las autoridades lituanas han adoptado varias medidas para mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19 en los canales de comunicación. La pandemia provocó una disminución de los ingresos publicitarios de los medios de comunicación, y dos periódicos locales tuvieron que poner fin a su actividad. Los medios de comunicación privados redujeron el número de proyectos de investigación. Las medidas de apoyo específicas establecidas por las autoridades lituanas incluyeron la cobertura de los costes de distribución postal, el aplazamiento de los costes de las instalaciones y servicios de transmisión de radio y televisión y la garantía de que los periodistas pudieran viajar por el país cuando había restricciones de viaje. Varios departamentos gubernamentales también adquirieron espacio en los medios de comunicación para las campañas de información pública sobre la pandemia de COVID-19. El Gobierno está planificando una revisión exhaustiva de su política en materia de medios de comunicación para 2022. Las medidas de seguimiento incluirán un modelo sostenible de financiación de los medios de comunicación para 2023 y la mejora de la alfabetización mediática de aquí a 2024.

El marco para el acceso a la información mejora gradualmente en Lituania. Según el proyecto de modificación de la Ley de información pública que entró en vigor el 1 de julio de 2021, los periodistas tendrían derecho a acceder libremente a la información que obre en poder del registro de la propiedad inmobiliaria y de los registros de empresas y organizaciones. Algunas partes interesadas afirman que el acceso a los procedimientos de información sigue siendo bastante gravoso. En particular, algunos organismos públicos, especialmente los municipios, han invocado normas de protección de datos para restringir indebidamente el acceso a la información.

El entorno profesional de los periodistas sigue siendo seguro. Desde el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020 no se han publicado nuevas alertas para Lituania en la Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas, ni en la plataforma «Mapping Media Freedom». El programa del nuevo Gobierno se compromete a reforzar el marco para la protección de los periodistas contra la persecución por periodismo crítico.

IV.Otras cuestiones institucionales relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales

Lituania es una república democrática representativa con un presidente elegido directamente, un Parlamento unicameral (Seimas) y un Tribunal Constitucional encargado de la revisión constitucional de las leyes. El Parlamento, el presidente, el Gobierno y agrupaciones de al menos 50 000 ciudadanos tienen el derecho de iniciativa legislativa. Los Defensores del Pueblo del Parlamento se encargan de proteger y promover los derechos humanos y las libertades.

Se está preparando un proyecto destinado a mejorar la calidad de la legislación. El Ministerio de Justicia tiene previsto realizar un análisis para identificar las deficiencias en el proceso legislativo y la aplicación del Derecho, y elaborar recomendaciones metodológicas para que las instituciones mejoren la calidad de la legislación y del proceso legislativo. El proyecto prevé iniciativas relacionadas con la evaluación del impacto de la regulación jurídica, la consulta pública inclusiva, la evaluación ex post del impacto de la legislación vigente y la desregulación y desburocratización. Estas últimas iniciativas, en particular, incluirán la revisión de la legislación vigente y el desarrollo de orientaciones metodológicas sobre revisiones sistemáticas, con el fin de eliminar la reglamentación obsoleta o desproporcionada, reducir la carga administrativa y reglamentaria, y sistematizar las disposiciones reglamentarias y los reglamentos conexos.

Siguen vigentes las medidas de emergencia declaradas en el contexto de la pandemia de COVID-19. Aunque no se declaró el estado de emergencia previsto en la Constitución y especificado en la Ley relativa al estado de excepción, el Ejecutivo declaró una situación de emergencia a escala nacional, de conformidad con la Ley de protección civil, e introdujo un confinamiento de toda la nación en virtud de la Ley de prevención y control de enfermedades transmisibles en humanos. La declaración de estos regímenes es una prerrogativa del Gobierno y no requiere la autorización del Parlamento. Durante los períodos de confinamiento, el trabajo del Parlamento no se suspendió, aunque se aplazaron algunas sesiones. Desde enero de 2021, las enmiendas al Estatuto del Parlamento permiten que las sesiones se celebren a distancia. Un tribunal de primera instancia desestimó una reclamación judicial contra las medidas de confinamiento que cuestionaba la competencia del ejecutivo para declarar tales medidas. Aunque se presentaron varios recursos contra las medidas de confinamiento ante el Tribunal Constitucional, ninguno de ellos se consideró admisible. En noviembre de 2020, los dos Defensores del Pueblo del Parlamento presentaron un informe de evaluación de la conformidad de las medidas de emergencia introducidas en marzo de 2020 con los derechos y libertades fundamentales. En dicho informe se planteaban una cierta preocupación en relación con las medidas de aislamiento forzoso de las personas que regresaban del extranjero, el respeto del derecho a una asistencia sanitaria asequible y la prestación del más alto nivel de protección sanitaria durante el período de confinamiento.

La nueva ley sobre el desarrollo de las organizaciones no gubernamentales (ONG) entró en vigor en 2020. La nueva ley establece que la información sobre las personas jurídicas que reúnan las condiciones para ser consideradas ONG, de conformidad con la definición establecida en la Ley, se recogerá en el Registro de Entidades Jurídicas y se pondrá a disposición del público. Esta información servirá de base para recopilar datos sobre las ONG, que se utilizarán en la elaboración de políticas con conocimiento de causa por parte del Gobierno. Con la nueva ley también se crea un fondo nacional de ONG, cuyo objetivo es proporcionar un apoyo institucional sostenible a las ONG. El espacio de la sociedad civil en Lituania se considera abierto, y, aunque la labor de las organizaciones de la sociedad civil se vio afectada por las medidas de emergencia relacionadas con la COVID-19 aplicadas en el país, las autoridades lituanas proporcionaron apoyo financiero, lo que permitió a las ONG proseguir sus actividades. Esta fue la primera vez que estas medidas de subvención se aplicaron a las ONG, ya que anteriormente solo estaban a disposición de las empresas.

Se están desarrollando varias iniciativas para mejorar la formación jurídica. Para fomentar el conocimiento de los derechos constitucionales, el Ministerio de Justicia organiza anualmente una campaña general de evaluación del conocimiento jurídico, abierta a todos los ciudadanos sin formación académica. En 2020, el contenido del examen puso a prueba el conocimiento de la Constitución a partir de situaciones prácticas. Además, en octubre de 2020 se puso en marcha un juego-aplicación para móvil, titulado «Conozco mis derechos», cuyo objetivo era fomentar el conocimiento sobre cuestiones jurídicas, como la actividad de los notarios y agentes judiciales, la responsabilidad penal y administrativa y la Constitución. El Gobierno también tiene la intención de integrar la formación jurídica y la formación anticorrupción en los programas de educación general.

Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético*

* La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021 está disponible en https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation_es .

Civicus (2021), Monitor tracking civic space – Lithuania ( CIVICUS - Tracking conditions for citizen action ).

Informe anual de 2020 de la COEC. ( https://vtek.lt/wp-content/uploads/2021/03/Ataskaita_2020_internetui.pdf )

Tribunal Constitucional de Lituania, Declaración de 16 de junio de 2020 ( Declaración del Tribunal Constitucional de la República de Lituania (lrkt.lt) )

Consejo de la Abogacía Europea (2018), Recommendations on legal aid, para. III.1; Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the efficiency and the effectiveness of legal aid schemes in the areas of civil and administrative law [Directrices del Comité de Ministros del Consejo de Europa para lograr unos sistemas de asistencia jurídica gratuita eficientes y eficaces en los ámbitos del Derecho civil y administrativo].

Consejo de la Abogacía Europea (2021), Contribution from the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) for the 2021 Rule of Law Report.

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2010), Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades ( https://rm.coe.int/cmrec-2010-12-on-independence-efficiency-responsibilites-of-judges/16809f007d ).

Consejo de Europa: Comisión de Venecia (2013), Opinion on the Draft Amendments to three Constitutional Provisions relating to the Constitutional Court, the Supreme State Prosecutor and the Judicial Council of Montenegro endorsed by the Venice Commission at its 96th Plenary Session (CDL-AD(2013)028).

Consejo de Europa: Comisión de Venecia (2014), Opinion on the Draft Law on the Constitutional Court of Montenegro, adopted by the Venice Commission at its 100th Plenary Session (CDL-AD(2014)033).