Por último, la Comisión está llevando a cabo una serie de iniciativas sectoriales pertinentes para el mercado único. Por ejemplo, las nuevas medidas para mejorar el mercado único del transporte por carretera contribuirán a optimizar los servicios de transporte y a hacerlos más competitivos. La Comisión estudiará, en particular, la manera de lograr que las normas sobre el acceso al mercado del transporte de mercancías sean más sencillas y más fáciles de hacer cumplir. Buscará la forma de garantizar la igualdad de condiciones para los servicios interiores de transporte de pasajeros, aumentar la competencia en el alquiler de vehículos pesados para el transporte de mercancías, reforzar la garantía de cumplimiento de las normas aplicables en el sector y velar por que las condiciones de trabajo sean adecuadas y ofrezcan igualdad de condiciones.

Los ciudadanos y las empresas tienen que percibir ecuanimidad también en el ámbito fiscal. Es fundamental que las empresas que se benefician del mercado único ya no puedan aprovecharse de las diferencias y lagunas jurídicas de los regímenes fiscales nacionales. La Comisión está finalizando una serie de investigaciones exhaustivas sobre resoluciones fiscales en varios Estados miembros y trabajando para garantizar la rápida aplicación de la Directiva recientemente adoptada al respecto. Con el reciente plan de acción para una fiscalidad de las empresas justa y eficaz, la Comisión ha desplegado un ambicioso programa destinado a garantizar que los impuestos se paguen donde se generen los beneficios.

Los ciudadanos han de poder confiar en que sus derechos como empleados no se vean mermados. Para hacer frente a estas preocupaciones, el próximo paquete de medidas sobre movilidad laboral respaldará la movilidad laboral a través de la mejora de la coordinación de los sistemas de seguridad social y la revisión selectiva de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores.

Pero tanto la UE como el mercado único han de adaptarse a un entorno cambiante. Europa afronta retos económicos y sociales. La crisis económica y financiera ha puesto a prueba nuestras economías y ha generado unos costes sociales inmensos. El desempleo se mantiene en niveles obstinadamente elevados en toda Europa, en particular entre los jóvenes, que deberían ser el núcleo de la vitalidad europea. La confianza de los ciudadanos europeos se ha visto mermada por los bajos niveles de crecimiento. Los inadecuados niveles de inversión y las barreras en los mercados de bienes y servicios han obstaculizado la productividad y la competitividad de la economía europea. La vigencia de normas anticuadas y excesivamente gravosas hace que las empresas a menudo se vean superadas y no sean capaces de encontrar la información que necesitan.

Partiendo de este trabajo, la Comisión publicará orientaciones sobre el modo en que el Derecho de la UE se aplican a los modelos empresariales de la economía colaborativa y sobre las disposiciones pertinentes del Derecho nacional. Estas orientaciones se basarán en la Directiva de servicios, la Directiva sobre comercio electrónico, la legislación europea en materia de consumidores y las disposiciones pertinentes del Tratado. Tendrán en cuenta las mejores prácticas internacionales y deberían ayudar a los Estados miembros y a los operadores del mercado a entender mejor la legislación aplicable. Guiarán también la actuación de la Comisión en materia de garantía de cumplimiento, a fin de velar por que la legislación nacional no obstaculice el desarrollo de la economía colaborativa de manera injustificada. La Comisión seguirá valorando si es necesario abordar alguna laguna legislativa y el modo de hacerlo. Desarrollará un marco de seguimiento que permita observar el desarrollo de la economía colaborativa a nivel sectorial, empresarial, local y nacional.

Es necesario abordar estas dificultades y esta inseguridad. Se necesita un entorno regulador claro y equilibrado que permita desarrollar el emprendimiento en el ámbito de la economía colaborativa, proteja a los trabajadores, consumidores y otros intereses públicos y garantice la no imposición de barreras reglamentarias innecesarias a los operadores de los mercados nuevos o existentes, independientemente del modelo empresarial que utilicen.

La manera en que se prestan y consumen numerosos servicios y activos está cambiando rápidamente: la economía colaborativa, un complejo ecosistema de servicios a la carta y utilización temporal de activos basado en el intercambio a través de plataformas en línea, se está desarrollando a un ritmo elevado. La economía colaborativa da lugar a una mayor variedad donde elegir y a precios más bajos para los consumidores y brinda oportunidades de crecimiento a las empresas emergentes innovadoras y las empresas europeas existentes, tanto en sus países de origen como más allá de las fronteras. Aumenta, además, el empleo y beneficia a los empleados, al permitir horarios más flexibles, que van desde microempleos no profesionales hasta el emprendimiento a tiempo parcial. Los recursos pueden utilizarse de manera más eficiente, con lo que aumentan la productividad y la sostenibilidad.

reducirlos y, cuando no sea posible, facilitar su cumplimiento. Dicha propuesta incluirá el desarrollo de características específicas del Portal Digital Único, para facilitar las operaciones transfronterizas de las empresas, en particular de las empresas emergentes. La Comisión destinará fondos del programa COSME a la difusión de información específica para animar a las pymes jóvenes e innovadoras a que operen más allá de las fronteras y a que aprovechen las posibilidades que les ofrece el mercado único. A través del Plan de Inversiones y la Unión de los Mercados de Capitales, la Comisión facilitará el acceso a la financiación para los emprendedores en Europa. La Comisión pedirá a la plataforma REFIT que se centre en las barreras a la innovación y debata el modo de eliminarlas o reducirlas. Por último, la Comisión estudiará otras posibles medidas para contribuir a atraer a innovadores, como la posible ampliación de la concesión de la tarjeta azul a los emprendedores.

Los efectos de la situación concursal también disuaden a la gente de la actividad empresarial. El temor al estigma social, las consecuencias jurídicas y la incapacidad para saldar deudas es mayor en Europa que en muchas otras partes del mundo; por ejemplo, debido a que los períodos de la liquidación de deudas son mucho más largos. Se trata de un importante factor disuasorio para los emprendedores a la hora de crear una empresa. Los emprendedores deben saber que van a tener una segunda oportunidad. Partiendo del trabajo existente, la Comisión ayudará a los emprendedores de buena fe y presentará una propuesta legislativa sobre la insolvencia empresarial, que incluirá la reestructuración temprana y la segunda oportunidad, asegurándose así de que los Estados miembros establecen un entorno regulador en el que tiene cabida el fracaso y que no disuade a los emprendedores de intentar poner en marcha nuevas ideas.

Las empresas emergentes también tienen dificultades para identificar y cumplir los requisitos reglamentarios. Este es el motivo por el cual la Comisión, cuando se plantea qué políticas o qué legislación va a adoptar, presta especial atención a las normas que afectan a las pymes, basándose en el principio de «pensar primero a pequeña escala». Los Estados miembros han estado trabajando en la creación de «ventanillas únicas» para facilitar información sobre todos los requisitos reglamentarios que cualquier persona que vaya a constituir una empresa en cualquier sector de la economía se va a encontrar. Como complemento a estos esfuerzos, la Comisión pondrá en marcha una iniciativa sobre las empresas emergentes en la que participen todas las partes interesadas: emprendedores, comunidades de empresas emergentes, interlocutores sociales, autoridades regionales y nacionales, etc., con el objetivo de mejorar el entorno para las empresas emergentes en Europa. En el marco de esta iniciativa, la Comisión organizará una consulta pública para recabar las ideas de los emprendedores. La Comisión también podrá recurrir a la plataforma REFIT para recabar ideas que le permitan tomar decisiones con conocimiento de causa. En colaboración con las partes interesadas, estudiará de qué manera el Portal Digital Único, creado en el marco de la Estrategia para el Mercado Único Digital, puede abordar mejor las necesidades de las empresas emergentes. La Comisión, junto con los participantes en la iniciativa sobre las empresas emergentes, desarrollará las características específicas del Portal, a fin de facilitar las operaciones transfronterizas de las empresas emergentes y ayudarlas a expandirse por Europa.

Los emprendedores también se quejan de la incertidumbre que rodea al Derecho de sociedades. La propuesta de la Comisión sobre las sociedades unipersonales, que los colegisladores deben adoptar sin demora, reducirá los costes de registro de las empresas y simplificará los procedimientos. A partir de esta iniciativa, la Comisión estudiará otras maneras de establecer normas más simples y menos onerosas para las empresas, sin dejar de actuar contra las sociedades ficticias; por ejemplo, poniendo a su disposición soluciones digitales a lo largo de todo su ciclo de vida, en particular en relación con el registro y la presentación de documentos e información. A la vista de las grandes dificultades que afrontan, en particular, las pequeñas empresas cuando realizan operaciones transfronterizas, la Comisión también examinará la necesidad de actualizar las normas existentes sobre fusiones transfronterizas y la posibilidad de completarlas con normas relativas a las escisiones transfronterizas. De este modo, las pymes podrían elegir más fácilmente la estrategia comercial que prefieran y adaptarse mejor a los cambios en las condiciones del mercado, sin debilitar la protección social y del empleo.

Muchos emprendedores se quejan de la complejidad de la legislación en materia de IVA cuando tratan de operar más allá de las fronteras. En la Estrategia para el Mercado Único Digital, la Comisión anunció una medida legislativa de simplificación del IVA para ayudar, en particular a las pequeñas empresas de comercio electrónico, a operar más allá de las fronteras. Además, en el marco de su plan de acción para un sistema de IVA a prueba de fraude, la Comisión presentará un paquete completo de medidas de simplificación para las pymes, con el fin de reducir la carga administrativa que sufren estas empresas. Se trata de una medida fundamental para su crecimiento que permitirá que accedan al comercio transfronterizo.

La Comisión está decidida a abordar las principales dificultades que afrontan las pymes, en particular las emergentes, en todas las fases de su ciclo de vida.

Los Estados miembros disponen de un margen de discreción para regular el sector minorista, pero no deben limitar indebidamente las libertades del mercado único. Los Estados miembros deben evaluar y modernizar, según convenga, sus mercados minoristas, inspirándose, cuando proceda, en soluciones desarrolladas en otros Estados miembros que funcionen adecuadamente y sean menos perturbadoras.

La responsabilidad de regular el establecimiento y el funcionamiento del sector minorista recae principalmente en los Estados miembros. Las normas regionales y locales también suelen desempeñar un papel importante. No obstante, para cumplir el principio fundamental de libertad de establecimiento del Tratado, estas normas han de estar justificadas con objetivos de orden público, como la protección del medio ambiente, la ordenación del territorio urbano y rural o la protección de los consumidores. Deben ser adecuadas y proporcionadas a los objetivos perseguidos. La revisión por pares sobre el establecimiento de empresas minoristas puso de manifiesto que estas a menudo se enfrentan a condiciones y procedimientos de establecimiento desproporcionados e inadecuados.

En consonancia con el principio de «presentación única», el pasaporte de servicios eliminará la necesidad de realizar varias solicitudes de información y documentación ya presentadas al Estado miembro de origen, a través de la creación de un «repositorio electrónico común» de documentos por parte de la administración del país de origen previa petición de un prestador de servicios. Combinados, el formulario de notificación armonizado y el repositorio electrónico de documentos facilitarían el cumplimiento de los requisitos de notificación y control ex ante vigentes.

Por tanto, se presentará una propuesta de iniciativa legislativa para los prestadores de servicios transfronterizos, en particular para los sectores de la construcción y los servicios empresariales. Dicha iniciativa incluirá formularios armonizados que permitan a los proveedores de servicios notificar a los países de acogida, en un único lugar, la información que se exige en la legislación del país de acogida en cuestión para que el prestador de servicios pueda prestar sus servicios transfronterizos en ese país. De este modo se garantizará la plena seguridad de las empresas en cuanto a los requisitos aplicables en cada Estado miembro en ámbitos clave para la prestación transfronteriza de servicios. Se proporcionará asimismo seguridad jurídica adicional para los consumidores. Estos requisitos incluirán notificaciones sobre los trabajadores desplazados, cualificaciones profesionales y otros requisitos, siempre y cuando sean compatibles con el artículo 16 de la Directiva de servicios y el artículo 9 de la Directiva relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores.

En los servicios de manera más general, el acceso a información fiable sobre los requisitos aplicables a menudo constituye una barrera, en particular para los prestadores de servicios transfronterizos. Del mismo modo, los prestadores de servicios de la construcción a veces se ven confrontados con determinados requisitos relativos a la organización en su país de origen que hacen excesivamente compleja la prestación de sus servicios más allá de las fronteras. Los requisitos en materia de seguro suelen ser difíciles de cumplir en el caso de los servicios empresariales y de los proveedores de servicios de la construcción, por lo que han de ser abordados.

La Comisión también establecerá un marco analítico para uso de los Estados miembros cuando revisen la regulación vigente de los profesionales o propongan otra nueva. Este marco incluirá una metodología para evaluar de manera exhaustiva la proporcionalidad de la regulación de los profesionales. Los Estados miembros tendrán que demostrar que los objetivos de interés público no pueden alcanzarse de otro modo que limitando el acceso a las actividades de los profesionales en cuestión o la conducta en el ejercicio de tales actividades.

La contratación pública, con un gasto anual por parte de las autoridades y los servicios públicos que supera los 2,3 billones EUR, representa aproximadamente el 19 % del PIB de la UE. En 2014, la UE llevó a cabo una importante revisión del marco de contratación de la UE, simplificando los procedimientos, flexibilizando las normas y adaptándolas para que respondieran mejor a otras políticas del sector público, en concreto la de innovación. El objetivo de esta revisión era incrementar la eficiencia y el carácter estratégico de la contratación pública, cumpliendo los principios de transparencia y competencia en beneficio de los compradores públicos y los operadores económicos, en particular las pymes.

Acciones: En consonancia con su iniciativa sobre el geobloqueo en el marco de la Estrategia para el Mercado Único Digital y en el contexto de un enfoque global destinado a hacer que el mercado único sea más justo, la Comisión adoptará medidas, tanto legislativas como de garantía de cumplimiento, para combatir el trato diferente injustificado de los clientes por motivos de residencia o nacionalidad en términos de acceso, precios u otras condiciones de venta: identificando y prohibiendo formas específicas de discriminación por motivos de residencia no basadas en factores objetivos y verificables; haciendo que para los consumidores y las asociaciones de consumidores sea más fácil saber si existe discriminación y qué forma adopta, en particular mediante la utilización de instrumentos de transparencia; y mejorando la garantía de cumplimiento por parte de las autoridades nacionales, por medio de la reforma del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores.

El artículo 20 de la Directiva de servicios ya prohíbe todo tipo de restricciones territoriales injustificadas, pero solo establece principios generales que no siempre han impedido las prácticas discriminatorias sobre el terreno. Por tanto, es necesario tomar medidas adicionales para que estos principios cobren efecto y elaborar normas concretas contra la discriminación por motivos de nacionalidad o lugar de residencia de los participantes en el mercado.

Acciones: La Comisión presentará iniciativas para consolidar y modernizar el marco de la propiedad intelectual e industrial, incluidas medidas para fomentar el uso de la propiedad intelectual e industrial por parte de las pymes. Consultará, estudiará y propondrá más medidas, según proceda, para mejorar el sistema de patentes en Europa, en particular para las industrias farmacéutica y de otro tipo cuyos productos estén sujetos a autorización en mercados regulados. Como anunció en la Estrategia para el Mercado Único Digital, en 2016 revisará el marco de garantía de cumplimiento de la propiedad intelectual e industrial de la UE y apoyará el enfoque consistente en «seguir la pista al dinero» en relación con las infracciones a escala comercial.

La UE y sus Estados miembros también tienen que aumentar su ayuda a las pymes para poder aprovechar al máximo la protección de sus inversiones. Un estudio reciente de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) ha puesto de manifiesto que solo el 9 % de las pymes en Europa poseen derechos de propiedad intelectual e industrial, pero que, por término medio, las que sí los poseen generan un 32 % más de ingresos por empleado que las otras. A modo de seguimiento del plan de acción de 2014 sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual, la Comisión ayudará a las empresas más pequeñas a proteger, gestionar y hacer respetar de forma más eficaz los derechos de propiedad intelectual mejorando la coordinación de la disponibilidad de información y de los programas de ayuda financiera. La Comisión también impulsará el trabajo sobre el modo de aprovechar al máximo los conocimientos técnicos europeos tradicionales y realizará el seguimiento de la consulta pública sobre la protección de las indicaciones geográficas no agrícolas.

Los sectores con un nivel elevado de propiedad intelectual e industrial representan el 39 % del PIB y el 35 % del empleo en la UE, además de ser un motor para la innovación. Europa ha experimentado grandes progresos en materia de protección de la propiedad intelectual e industrial, en particular a través de la reciente adopción del sistema de la patente unitaria y la modernización del acervo sobre marcas.

Acciones: La Comisión establecerá un mecanismo voluntario de evaluación ex ante para evaluar los aspectos relacionados con la contratación pública de determinados proyectos de infraestructura a gran escala. Asimismo, animará a los Estados miembros a mejorar el mecanismo de recurso de las decisiones de contratación pública, fomentando el trabajo en red entre los órganos de recurso en primera instancia, brindando asistencia jurídica y técnica especial a los Estados miembros que deseen crear órganos administrativos de recurso en primera instancia especializados, o reforzarlos, y mejorando el seguimiento de la eficacia a través de una evaluación periódica, que podrá incluir el cuadro de indicadores del mercado único. La Comisión colaborará con los Estados miembros para mejorar la transparencia y la calidad de los sistemas nacionales de contratación pública a través de la mejora de los datos, mediante el establecimiento de registros de contratos que abarquen todo el ciclo de vida de estos y el apoyo al desarrollo y la implantación de una herramienta de análisis de datos y detección de anomalías para detectar más adecuadamente las irregularidades en materia de contratación pública actuales o posibles.

Se implantará un procedimiento específico para permitir que las autoridades responsables de la contratación obtengan un dictamen de la Comisión sobre la compatibilidad del procedimiento de licitación previsto con las normas de la UE en materia de contratación, sobre la base de la notificación del proyecto. Dicha notificación debe incluir información sobre el proyecto, junto con todos los documentos pertinentes, incluido el borrador del pliego de condiciones. La Comisión emitirá su dictamen en un plazo que, en principio, no debe ser superior a tres meses a partir de la notificación del proyecto. A su debido tiempo, hará balance de esta experiencia para ver si está produciendo resultados de acuerdo con las necesidades y expectativas.

Además, la Comisión ofrecerá a los Estados miembros la posibilidad de recibir asistencia y asesoramiento sobre la legalidad de los aspectos relacionados con la contratación pública de los proyectos que pretendan poner en marcha. La asistencia se basará en un mecanismo voluntario de evaluación ex ante de los proyectos de infraestructura cuyo valor total sea igual o superior a 700 millones EUR.

Por tanto, la Comisión pondrá en marcha una serie de iniciativas. Tratará de facilitar la recogida, la consolidación, la gestión y el análisis de los datos sobre contratación pública, respaldando los esfuerzos de los Estados miembros por mejorar la gobernanza en este ámbito. A partir de las políticas existentes, tales como la contratación pública electrónica, la Comisión fomentará el desarrollo de herramientas para mejorar la calidad y la disponibilidad de los datos mediante la racionalización de los mecanismos existentes de recogida de datos y el apoyo a la creación de registros de contratos. Asimismo, promoverá el desarrollo de herramientas de análisis de datos, en particular para detectar anomalías en el procedimiento de contratación pública.

Según los datos disponibles, la contratación de los proyectos que superan los 700 millones EUR por lo general suele tardar mucho más que la de otros procedimientos, y no porque el tiempo de licitación sea mayor. Si la duración media de un procedimiento normal (desde el envío de la convocatoria de licitación hasta la adjudicación del contrato) es de tres meses y medio, en el caso de los proyectos de infraestructura a gran escala es de aproximadamente veinticinco meses, y en los procedimientos negociados, de treinta y cinco.

Otro reto lo constituye el hecho de que, sobre todo por lo que respecta a los proyectos de infraestructura a gran escala, la complejidad y la duración del proceso de contratación también suelen causar retrasos. Nueve de cada diez proyectos de infraestructura a gran escala no se ajustan al programa: los sobrecostes de hasta el 50 % son habituales. Los retrasos también son habituales en todas las fases del proceso, desde la planificación hasta la realización del proyecto y la ejecución del contrato.

Uno de los retos fundamentales es la ausencia de datos e instrumentos analíticos, que permitirían evitar o detectar problemas e irregularidades. Por otro lado, el modo de funcionamiento de los sistemas nacionales de recurso puede variar considerablemente, en particular por lo que respecta a la duración del procedimiento. Existen, además, diferencias significativas en cuanto al nivel de las tasas y las costas procesales. Por último, los datos sobre las reclamaciones no se recogen de forma estructurada.

4.1.Una cultura del cumplimiento y una garantía de cumplimiento inteligente

El cumplimiento efectivo es esencial para aprovechar las oportunidades y ventajas del mercado único. A mediados de 2015, había alrededor de mil noventa procedimientos de infracción pendientes en el ámbito del mercado único. Por término medio, las administraciones nacionales, con ayuda de la Comisión, necesitan casi treinta meses para resolver un procedimiento de infracción. Además, muchas personas y empresas siguen sin ser conscientes de las posibilidades con las que cuentan para que se respeten sus derechos. Todo ello debilita el mercado único y reduce la confianza de los ciudadanos. Esto tiene que cambiar.

Cambiar esto significa aplicar un planteamiento holístico, que abarque todas las fases de la formulación de políticas, desde la elaboración hasta la información, pasando por la ejecución, en consonancia con el enfoque «legislar mejor». Implica una mejora de la integración de los aspectos relacionados con la evaluación y la garantía de cumplimiento en la formulación de políticas, una mejora de la asistencia y la orientación a los Estados miembros en la implementación de las normas del mercado único y una política de garantía de cumplimiento más coherente y eficaz destinada a mejorar el cumplimiento global de las normas del mercado único y el Derecho de la UE en general. La Comisión está decidida a lograrlo.

Para alcanzar este objetivo, la Comisión se basa en sus directrices para «legislar mejor» y promueve una colaboración reforzada con los Estados miembros a través de una serie de iniciativas, como son los planes de implementación de nuevos actos legislativos de envergadura; los diálogos anuales sobre cumplimiento con cada Estado miembro; y la utilización de un exhaustivo abanico de herramientas para promover dicho cumplimiento. La Comisión intensificará sus esfuerzos por llevar a cabo controles sistemáticos de cumplimiento de la legislación nacional. También tratará de desarrollar una herramienta de análisis de datos, que podría contribuir a mejorar la detección de incumplimientos.

La Comisión también establecerá y aplicará estrategias sectoriales para racionalizar el sistema de seguimiento de la aplicación del Derecho de la UE. A raíz de la Comunicación de 2012 sobre la mejora de la gobernanza del mercado único, se han tomado una serie de medidas de garantía de cumplimiento para avanzar rápidamente en ámbitos clave para el crecimiento. Esta estrategia ha dado algunos resultados positivos. Sobre la base de las enseñanzas extraídas de este ejercicio, la Comisión reflexionará sobre la posibilidad de ampliar el número de sectores sujetos a estas medidas.

La Comisión propondrá, en particular, una iniciativa reglamentaria sobre una herramienta de información del mercado para el mercado único, que le permita recabar información procedente de una selección de operadores del mercado. La capacidad para obtener información cuantitativa y cualitativa oportuna, exhaustiva y fiable procedente de una selección de operadores del mercado mejorará la capacidad de la Comisión para supervisar y garantizar el cumplimiento de las normas de la UE en ámbitos prioritarios. También ayudará a la Comisión a proponer mejoras allí donde las evaluaciones pongan de manifiesto que los déficits en cuanto a garantía de cumplimiento se deben a deficiencias en la legislación sectorial pertinente. Esta nueva herramienta solo se utilizaría una vez realizado un análisis adecuado de toda la información disponible, que ponga de manifiesto la necesidad de recabar directamente de los operadores del mercado información exhaustiva y fiable sobre el comportamiento de las empresas en el mercado y que tome en consideración las mejores prácticas entre las existentes en los Estados miembros que afectan al buen funcionamiento del mercado único. Sobre la base de lo expuesto, la Comisión publicará un informe, teniendo en cuenta el carácter confidencial de algunos de los datos recogidos. La nueva herramienta de información del mercado ayudará a la Comisión a orientar mejor su cooperación con los Estados miembros y a reforzar la base de actuación en casos de infracción y contribuirá también a determinar dónde se necesitan soluciones reguladoras.

Junto con los Estados miembros, la Comisión también reforzará y racionalizará las herramientas existentes de resolución de problemas del mercado único, como SOLVIT. Los problemas se resuelven mejor en una fase temprana y a nivel nacional. En particular, la Comisión estudiará la posibilidad de dar un seguimiento adecuado a los casos recurrentes o estructurales que no hayan podido resolverse a través de SOLVIT. Asimismo, mejorará el conocimiento entre los ciudadanos y las empresas de sus derechos, así como de la utilización de mecanismos nacionales de reparación, por ejemplo a través del Portal Digital Único.

Acciones: La Comisión adoptará una estrategia de garantía de cumplimiento inteligente que incluirá estrategias sectoriales. Propondrá una iniciativa reglamentaria que le permita recabar información fiable directamente de una selección de operadores del mercado, con vistas a salvaguardar y mejorar el funcionamiento del mercado único. Seguirá intensificando su colaboración con los Estados miembros a través de planes de ejecución de nuevos actos legislativos de envergadura, diálogos anuales sobre cumplimiento con cada Estado miembro y el posible desarrollo de una herramienta de análisis de datos para mejorar el seguimiento de la legislación del mercado único. Por último, la Comisión reforzará y racionalizará los instrumentos de resolución de problemas del mercado único, incluida la red SOLVIT, y promoverá entre los ciudadanos y las empresas el conocimiento de sus derechos.

4.2.Mejorar la aplicación de la Directiva de servicios mediante la reforma del procedimiento de notificación

A fin de garantizar que ninguna de las nuevas medidas reguladoras impuestas por los Estados miembros sea discriminatoria y que todas ellas estén justificadas por objetivos de interés público y sean proporcionadas, la Directiva de servicios obliga a los Estados miembros a notificar a la Comisión las nuevas medidas reguladoras que afecten a los servicios.

Sin embargo, a pesar de ello, sigue habiendo multitud de normas y leyes nacionales diferentes y a menudo se incumple el procedimiento de notificación. Siete Estados miembros no han notificado ningún acto legislativo nuevo desde la entrada en vigor de la Directiva de servicios en 2009. Cinco Estados miembros han notificado muy pocos. Por el contrario, otros Estados miembros han enviado un gran número de notificaciones.

Además, la posibilidad de que la Comisión u otros Estados miembros intervengan de manera eficaz se ve muy limitada, ya que, en su mayoría, los Estados miembros notifican actos legislativos definitivos en lugar de proyectos.

Por otro lado, las notificaciones no son transparentes: los consumidores y las empresas afectados no tienen acceso a ellas y no pueden presentar reclamaciones hasta más adelante, cuando ya están sufriendo la carga legislativa y los costes adicionales. Esta situación es claramente contraria a lo establecido en la Directiva de transparencia, que obliga a la transparencia frente a las partes interesadas que operan en el ámbito de los productos y en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información.

Por último, el marco de notificación vigente no contempla una evaluación profunda de la proporcionalidad. Como consecuencia de ello, los Estados miembros a menudo tienen dificultades para determinar la proporcionalidad de los nuevos requisitos aplicables a los servicios. Por tanto, un sistema preventivo en el marco de un sistema de notificación perfeccionado podría mejorar significativamente la identificación de posibles medidas alternativas y menos intrusivas para alcanzar los objetivos perseguidos.

Habida cuenta de las numerosas deficiencias, la Comisión presentará una propuesta legislativa para mejorar el procedimiento de notificación con arreglo a la Directiva de servicios. Dicha propuesta ampliará los aciertos del procedimiento vigente para los productos y para los servicios de la sociedad de la información a otros servicios, incluido el requisito de notificar los proyectos legislativos y de garantizar la transparencia frente a las partes interesadas. Por consiguiente, una medida que no haya sido notificada debe considerarse nula y ha de aplicarse un período de suspensión. Asimismo, se prestará la debida atención a la necesidad de realizar una evaluación adecuada de la proporcionalidad.

Acciones: La Comisión presentará una propuesta legislativa basada en los aciertos del procedimiento de notificación con arreglo a la Directiva (UE) 2015/1535 para los servicios que en la actualidad no entran en el ámbito de aplicación de dicha Directiva. De este modo, mejorará el procedimiento de notificación vigente con arreglo a la Directiva de servicios. Podrá verificarse así en una fase más temprana la justificación y la proporcionalidad de los nuevos actos legislativos nacionales que limiten la libre circulación de servicios.

4.3.Reforzar el mercado único de mercancías

Las mercancías generan alrededor del 75 % del comercio en el interior de la UE. En 2014, el comercio de mercancías entre los Estados miembros de la UE se calculó en 2,9 billones EUR. Se han eliminado los obstáculos legislativos para más del 80 % de los productos industriales adoptando normas comunes y, en los casos en que no existen estas normas de la Unión, aplicando el principio de reconocimiento mutuo.

En los ámbitos en los que no existe legislación de la UE, el principio de reconocimiento mutuo significa que los productos que se comercializan legalmente en un Estado miembro pueden circular libremente y comercializarse en otro Estado miembro. Sin embargo, la aplicación inadecuada del reconocimiento mutuo hace más difícil la situación para las empresas que desean acceder a los mercados de otros Estados miembros. Además, la presencia cada vez mayor en el mercado de productos que no son conformes con las normas de la UE coloca en situación de desventaja a los operadores que cumplen las leyes y pone en peligro a los consumidores.

A pesar del alto grado de integración del mercado en el ámbito de las mercancías, se pierden oportunidades para el conjunto de la economía.