Por otro lado, según los sindicatos, la delimitación de los problemas va por buen camino; no obstante, podría mejorar si se especifica que las nuevas formas de trabajo implican empleos de baja calidad y condiciones no seguras, lo que conduce a la desprotección ante los riesgos de la vida en lugar de generar oportunidades reales de empleo (CES y Eurocadres). Los problemas también podrían abarcar el derecho a la negociación colectiva, una remuneración justa para todos y el derecho a la libertad de asociación para todos los trabajadores (EFJ). Los sindicatos hicieron hincapié, además, en que debería garantizarse la coherencia mediante propuestas acerca de la información sobre el sistema de seguridad social en la Directiva sobre la obligación de informar por escrito (CES y Eurocadres).

Sin embargo, los empleadores hicieron hincapié en que no es adecuado agrupar tipos muy diferentes de formas de empleo bajo la etiqueta de «no convencionales», ya que no se tiene en cuenta la diversidad que existe entre ellas ni las necesidades y deseos de quienes las ejercen, tampoco con respecto al acceso a la protección social (BusinessEurope). Además, la WEC destacó la heterogeneidad dentro de la categoría de trabajadores por cuenta propia. La UEAPME pidió que se estableciera un inventario fiable de las políticas nacionales, la disponibilidad y la oferta de regímenes de protección social a medida y su utilización desglosada por diferentes grupos. El CEEP destacó los diferentes modelos sociales y de mercados de trabajo, lo que explica los diferentes niveles de protección.

Los empleadores no se plantean iniciar un diálogo con arreglo al artículo 155 del TFUE, ya que no ven necesaria la intervención a nivel de la Unión, salvo en el caso del aprendizaje entre pares y el intercambio de prácticas (BusinessEurope), o bien porque en este tema prevalece la subsidiariedad (HOTREC, UEAPME) y puede ser mejor abordarlo con los gobiernos nacionales (EuroCommerce) o en el diálogo social sectorial (COPA). El CEEP destaca que lo primero es establecer unos indicadores válidos.

Todos los sindicatos han manifestado su voluntad de entablar negociaciones. Sin embargo, en caso de que los interlocutores sociales de la Unión no estén de acuerdo en negociar, o en caso de que las negociaciones no lleguen a buen puerto, los sindicatos instan a la Comisión a presentar una propuesta legislativa.

Los empleadores se muestran bastante reacios a responder a la pregunta sobre el ámbito de aplicación personal de la iniciativa de la Unión, ya que, bien no están a favor de dicha iniciativa (BusinessEurope), bien hacen referencia al principio de subsidiariedad (HOTREC), o bien consideran que el ámbito personal dependería de la naturaleza de la iniciativa correspondiente (EuroCommerce). El CMRE hace hincapié en que es necesario que la definición de la naturaleza jurídica de las diferentes formas de empleo sea más clara, mientras que COPA incluiría a todos los trabajadores que participan en empleos no convencionales en una iniciativa jurídica de la Unión, pero a los trabajadores por cuenta propia solo los incluiría en una recomendación.

Por parte de la patronal, enviaron respuestas a la consulta BusinessEurope, el Centro Europeo de Empresas Públicas y de Servicios Públicos (CEEP), EuroCommerce, la Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa (UEAPME), la organización europea que representa los intereses de las industrias del metal, la ingeniería y las industrias de base tecnológica (CEEMET), el Grupo Europeo de Empleadores de la Industria Química (ECEG) y la asociación que agrupa a hoteles, restaurantes y cafés de Europa (HOTREC).

Objetivos de cobertura, transferibilidad y transparencia

Los sindicatos coinciden en los objetivos de cobertura, transferibilidad y transparencia de la iniciativa. La cobertura formal y efectiva es de suma importancia para la CES; además, debe añadirse el acceso a una protección social adecuada. Las cotizaciones y las prestaciones (para trabajadores por cuenta propia y no convencionales) deben ser lo más parecidas posible a las de los contratos de trabajo convencional (CESI). Vincular los derechos de protección social a las personas no debería conducir a una individualización de la protección social; asimismo, debe preservarse la dimensión colectiva (EAEA). Debe garantizarse la plena transferibilidad y la acumulación de estos derechos y prestaciones, independientemente de la forma o la duración del empleo (UNI Europa). También se puso de relieve la importancia del acceso a la formación y a los servicios de empleo (Eurocadres). Todos los interlocutores sociales están de acuerdo en que es necesaria más transparencia.

En el lado de la patronal, hay diversidad de opiniones. La mayoría de las organizaciones de empleadores están de acuerdo, en gran medida, con los tres objetivos, pero destacan la competencia de los Estados miembros en este ámbito (BusinessEurope, EuroCommerce, CEEMET, CEEP y UEAPME).

El ECEG no comparte la opinión de que los trabajadores no convencionales y los trabajadores por cuenta propia tienen acceso limitado a la protección social y no cree que sea necesario buscar una definición común de trabajador a nivel de la Unión.

HOTREC está de acuerdo con la necesidad de aumentar la transparencia, pero alega que prevalece el principio de subsidiariedad, por lo que se muestra favorable a la realización de un inventario de los sistemas transferibles a nivel nacional.

Opciones de cobertura formal obligatoria o voluntaria

Todos los sindicatos se muestran a favor de una cobertura formal obligatoria, igual a la de los trabajadores convencionales (CES y EAEA), pero deben tenerse en cuenta las tradiciones nacionales (CEC).

Entre los empleadores hay diversidad de opiniones sobre estas opciones. El ECEG está de acuerdo en que la protección social debería ser obligatoria, pero considera que los trabajadores por cuenta ajena deberían tener derecho a elegir la forma de cobertura (pública o privada). BusinessEurope destaca la libertad de elección de los trabajadores por cuenta propia. El CEEP y EuroCommerce se muestran a favor de una cobertura formal voluntaria, para tener en cuenta la diversidad de las formas de empleo y la heterogeneidad de los trabajadores por cuenta propia. HOTREC, CEEMET y UEAPME afirman que debe prevalecer la subsidiariedad.

Medidas apropiadas para garantizar una cobertura efectiva

Los sindicatos y la patronal tienen opiniones opuestas en cuanto a las medidas apropiadas. Los sindicatos se muestran a favor de ampliar y adaptar los regímenes existentes a las personas que ejercen cualquier forma de empleo (CES), apurando al máximo lo dispuesto en los Tratados (CESI). Se menciona la posibilidad de adoptar una directiva de la Unión con principios y requisitos mínimos vinculantes (UNI Europa y EAEA), pero no debería socavar el acervo vigente de la Unión ni deberían reducirse los estándares nacionales existentes o dar lugar a una armonización de los derechos a la baja.

Por el contrario, las organizaciones de empleadores se oponen a la adopción de medidas jurídicamente vinculantes en este ámbito, ya que alegan que prevalece el principio de subsidiariedad (ECEG y HOTREC), pero verían con buenos ojos el recurso a la OMC, el Semestre Europeo, un intercambio de buenas prácticas, la evaluación comparativa y el cuadro de indicadores sociales (BusinessEurope). Algunas organizaciones de empleadores (CEEP y EuroCommerce) consideran que una recomendación del Consejo resultaría adecuada.

Requisitos mínimos apropiados para garantizar la transferibilidad y la transparencia

Según los sindicatos, las tendencias del mercado de trabajo requieren el establecimiento de determinadas normas mínimas comunes en el ámbito de la protección social (CESI). Debería garantizarse la plena portabilidad vinculando los derechos de protección social a las personas por medio de un cálculo y una agregación igualitarios, pero sin llegar a la individualización de la protección social (CES).

Algunos empleadores están de acuerdo con el principio de la transferibilidad de los derechos, pero piden que se lleve a cabo una evaluación de impacto antes de crear realidades jurídicamente vinculantes (ECEG) o argumentan que prevalece la subsidiariedad y que debería favorecerse la realización de un inventario de los sistemas transferibles existentes (HOTREC).

Otros recomiendan que la Unión se limite a adoptar disposiciones generales (UEAPME) o quisieran limitar la transferibilidad a unos derechos de protección social mínimos (EuroCommerce). Los costes administrativos de la transferibilidad deben mantenerse en el mínimo, y de la prestación de los derechos transferidos no deben derivarse costes adicionales para el nuevo empleador (CEEP).

Voluntad de entablar negociaciones

Todos los sindicatos han manifestado su voluntad de entablar negociaciones. No obstante, la CES se muestra convencida de que ya no se dan las condiciones para unas negociaciones formales, y otros sindicatos instan a la Comisión a que presente una propuesta legislativa antes de las elecciones europeas de 2019. Los empleadores no se plantean entablar un diálogo con arreglo al artículo 155 del TFUE, ya que no ven necesaria la intervención a nivel de la Unión.

4. Resultados de la consulta pública

La consulta pública abierta se celebró entre el 20 de noviembre de 2017 y el 15 de enero de 2018. Respondieron a esta consulta 119 encuestados: 62 eran organizaciones; 7, administraciones; 37, ciudadanos; y 13, otros (centros de investigación, redes, etc.). La mayoría de las respuestas procedían de países con sistemas de protección social muy desarrollados, como Alemania (18), Bélgica (16), Francia (15) y Suecia (14). Se recibieron 15 documentos de posición, principalmente de Alemania (5), Bélgica (4), Francia (2) y el Reino Unido (2), procedentes de administraciones regionales y centrales, proveedores de protección social, cooperativas, organizaciones de trabajadores por cuenta propia, un sindicato, una organización no gubernamental y una empresa.