La finalidad del segundo acto previsto es reforzar la cooperación intergubernamental para la aplicación del Convenio de Berna, en particular mediante el establecimiento de una contribución financiera obligatoria para las Partes en el Acuerdo parcial ampliado.

El Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa (en lo sucesivo, «el Convenio») tiene como finalidad conservar la flora y la fauna silvestres de Europa y sus hábitats naturales, en particular aquellos cuya conservación requiere la cooperación de varios Estados. Constituye un tratado intergubernamental, celebrado bajo los auspicios del Consejo de Europa. El Convenio entró en vigor el 1 de junio de 1982.

Según lo dispuesto por el artículo 20, letra d) del Estatuto del Consejo de Europa y el artículo 2 de la Guía del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre procedimientos y métodos de trabajo, a raíz de la decisión del Comité permanente, el segundo acto previsto entrará en vigor para todas las Partes del Acuerdo parcial ampliado tras su adopción por el Comité de Ministros por mayoría de dos tercios de los representantes que emitan su voto y por mayoría de los representantes con derecho a formar parte del Comité de Ministros, y posteriormente una vez alcanzado un umbral de signatarios. Salvo decisión en contrario del Comité de Ministros, el umbral mínimo de adhesión se fija en un tercio de los Estados miembros del Consejo de Europa, que actualmente ascendería a16 países.

3.Posición que se ha de adoptar en nombre de la Unión

De conformidad con la Resolución n.º 9 (2019) de la trigésima novena reunión del Comité permanente, adoptada el 6 de diciembre de 2019, sobre la financiación del Convenio de Berna relativa al establecimiento de un nuevo sistema de contribuciones financieras obligatorias por las Partes, se constituyó un grupo de trabajo de expertos entre sesiones para asistir a la Secretaría a presentar propuestas para la inclusión de cláusulas financieras mediante la modificación de los artículos del Convenio de Berna y para el establecimiento de un Acuerdo parcial ampliado en la cuadragésima reunión del Comité permanente.

La asignación ordinaria del Consejo de Europa al Convenio de Berna se ha ido reduciendo progresivamente a lo largo de los años hasta el punto de que las funciones del Convenio de Berna no pueden garantizarse sin contribuciones voluntarias de las partes, que también están disminuyendo. Es, por lo tanto, fundamental establecer una fuente de financiación fiable del Convenio.

La propuesta de enmienda del Convenio con el fin de incluir un mecanismo para establecer una contribución obligatoria está en consonancia con las disposiciones de la mayoría de los acuerdos multilaterales en materia de medio ambiente, por lo que debe apoyarse en principio. No obstante, en el contexto de otros acuerdos multilaterales en materia de medio ambiente, se hace normalmente una distinción entre el presupuesto central y el presupuesto programático, estando solo el primero sujeto a contribuciones obligatorias. La propuesta de modificación del Convenio no aclara que el mecanismo que se establezca se atendrá a este precedente. Tampoco especifica la escala de contribuciones que deberá aplicarse. La Unión no debe apoyar, por consiguiente, la enmienda en su formato actual, sino propugnar un aplazamiento de la votación sobre ella para que se abra un período de negociación que permita perfeccionar el texto de la enmienda propuesta a fin de garantizar la claridad en estas cuestiones.

Considerando el plazo necesario para que la modificación propuesta se negocie y entre en vigor, se requiere asimismo una solución más inmediata. La Unión debe apoyar, por tanto, la propuesta de establecer un Acuerdo parcial ampliado que permita a las Partes y a los no miembros que así lo deseen adherirse a este acuerdo y, por ende, apoyar las actividades relacionadas con la aplicación del Convenio.

4.Base jurídica

4.1.Base jurídica procedimental

4.1.1.Principios

El artículo 218, apartado 9, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dispone la adopción de decisiones por las que se establezcan «las posiciones que deban adoptarse en nombre de la Unión en un organismo creado por un acuerdo, cuando dicho organismo deba adoptar actos que surtan efectos jurídicos, con excepción de los actos que completen o modifiquen el marco institucional del acuerdo».

El concepto de «actos que surtan efectos jurídicos» incluye los actos que surten efectos jurídicos en virtud de las normas de Derecho internacional que regulan el organismo en cuestión. Incluye asimismo aquellos instrumentos que no tengan fuerza vinculante con arreglo al Derecho internacional, pero que puedan influir de «manera determinante [en] el contenido de la normativa adoptada por el legislador de la Unión».

4.1.2.Aplicación al presente caso

El Comité permanente es un organismo creado por el Convenio.

Las decisiones que se insta a adoptar al Comité permanente constituyen actos con efectos jurídicos. Los actos previstos serán vinculantes con arreglo al Derecho internacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio.

Los actos previstos ni completan ni modifican el marco institucional del Convenio.

Por lo tanto, la base jurídica procedimental de la Decisión propuesta es el artículo 218, apartado 9, del TFUE.

4.2.Base jurídica sustantiva

4.2.1.Principios

La base jurídica sustantiva de las decisiones adoptadas con arreglo al artículo 218, apartado 9, del TFUE depende principalmente del objetivo y del contenido del acto previsto por el cual se adopta una posición en nombre de la Unión. Si el acto previsto persigue un doble objetivo o tiene un componente doble, y si uno de dichos objetivos o componentes puede calificarse de principal, mientras que el otro solo es accesorio, la decisión adoptada con arreglo al artículo 218, apartado 9, del TFUE debe fundarse en una única base jurídica sustantiva, a saber, la que exija el objetivo o componente principal o preponderante.

4.2.2.Aplicación al presente caso