La facultad del Ministro de Justicia de dar instrucciones específicas a la Fiscalía viene acompañada de garantías y no se utiliza en la práctica. La Fiscalía se encuentra bajo la responsabilidad política del ministro de Justicia, aunque no forma parte del Ministerio de Justicia . La Fiscalía informa periódicamente de los asuntos importantes al ministro de Justicia, que está habilitado para dar instrucciones para que enjuicie un asunto concreto o se abstenga de hacerlo. Existen garantías jurídicas específicas para limitar la posibilidad de una intervención arbitraria: el ministro tiene la obligación de informar al Colegio de Fiscales Generales y la instrucción escrita, junto con las opiniones del Colegio, se añadiría al expediente. La instrucción de abstenerse de enjuiciar debe notificarse también al Congreso de los Diputados y al Senado junto con los dictámenes del Colegio, en la medida en que no sea contraria a los intereses del Estado. En la práctica, según han informado las autoridades neerlandesas, no se han producido casos de instrucciones específicas en décadas. Estas salvaguardias, combinadas con el hecho de que el ministro de Justicia no hace uso de la prerrogativa de dar instrucciones a los fiscales en asuntos concretos, parecen mitigar cualquier posible riesgo para la autonomía de la Fiscalía . A raíz de la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la orden de detención europea , la existencia de este derecho a la instrucción ha llevado a los Países Bajos a modificar en 2019 el procedimiento para emitir dichas órdenes de detención .

Según las encuestas, los Países Bajos se percibe como uno de los países menos corruptos de la UE y del mundo. Existe una sólida cultura de integridad en la administración pública. Se ha instaurado un marco jurídico e institucional de lucha contra la corrupción y hay una serie de iniciativas en curso para reforzar el marco de detección, investigación y enjuiciamiento de los casos de corrupción, en particular en relación con el sector financiero. En la actualidad, la Ley de denuncia de irregularidades está siendo objeto de una evaluación que podría dar lugar a la revisión del mandato de la Autoridad de Denuncia de Irregularidades. Aunque se han adoptado algunas medidas para abordarlas, existen ciertas lagunas en el marco de integridad, en particular en lo que respecta a las personas a las que se les han confiado funciones ejecutivas superiores y a las autoridades con funciones coercitivas, y se han manifestado algunas preocupaciones con respecto a las actividades de los grupos de presión, el paso del sector público al privado y viceversa («puertas giratorias») y la transparencia de la financiación de los partidos políticos.

El derecho de acceso a la información está contemplado en la legislación. El derecho del público a acceder a los documentos administrativos en poder de las autoridades públicas se establece en la Ley de transparencia en la administración pública. Los motivos de denegación absoluta de acceso a los documentos enumerados en la Ley plantean algunas dudas sobre su conformidad con los principios de proporcionalidad y necesidad . Determinadas partes interesadas han señalado que las solicitudes de acceso a la información que se presentan a las autoridades públicas se atienden rápidamente y que no hay problemas particulares al respecto. No obstante, los representantes de los periodistas critican el tiempo que las autoridades públicas tardan en responder a dichas solicitudes. Algunas autoridades públicas aplican una política activa de transparencia, poniendo a disposición del público de forma proactiva la información sobre sus actividades.

Existen escasas restricciones a la financiación de los partidos políticos, y no se aplican a los partidos locales ni a los departamentos locales de los partidos nacionales. Esto plantea cuestiones sobre la necesidad de registrar y controlar las donaciones. Hay un debate en curso sobre la financiación de los partidos políticos y la Ley de financiación de partidos políticos está actualmente siendo objeto de revisión . Por ejemplo, las modificaciones están destinadas a fortalecer la transparencia de las donaciones a los partidos y prohibir las que proceden de fuentes fuera del Espacio Económico Europeo. Se prevé que las donaciones procedentes del Espacio Económico Europeo se declaren sin un umbral. El umbral de las donaciones procedentes de los Países Bajos que deben declararse seguiría siendo 4 500 EUR. La revisión de esta ley no incluye normas sobre la financiación de las delegaciones locales y regionales de los partidos políticos. Algunas de estas cuestiones también se han identificado en los informes del GRECO sobre la transparencia de la financiación de los partidos . En ese sentido, se está redactando una nueva Ley de partidos políticos. Se espera que el proyecto de ley incluya normas de transparencia sobre el financiamiento de los partidos locales o los departamentos locales de los partidos nacionales. El 50 % de los neerlandeses que participaron en la encuesta del Eurobarómetro opina que la transparencia y la supervisión de la financiación de los partidos políticos son insuficientes y el 43 % cree que el soborno y el abuso de poder para obtener réditos privados son prácticas generalizadas en los partidos políticos .

Las normas para evitar el paso del sector público al privado y viceversa («puertas giratorias») incluyen la prohibición de que los antiguos funcionarios de alto nivel participen en actividades de cabildeo. Los antiguos ministros y secretarios de Estado no pueden interactuar de ninguna manera con los empleados de su antiguo ministerio como miembros de un grupo de presión en nombre de una empresa, organización semipública u organización de interés durante los dos años posteriores a la finalización de su mandato. Tampoco pueden actuar como intermediarios o agentes en los contactos comerciales con el ministerio. No obstante, las partes interesadas señalan que no existen normas generales sobre el trato con grupos de presión o sobre las restricciones post-empleo cuando las personas encargadas de altas funciones ejecutivas buscan trabajo en el sector privado. El GRECO también ha destacado esta cuestión .

La policía disfruta de un buen nivel de confianza en el ámbito de la lucha contra la corrupción. El 60 % de las personas que participaron en la encuesta del Eurobarómetro tiene mucha confianza en que la policía hará frente a un caso de corrupción . No obstante, el 34 % cree que el soborno y el abuso de poder para obtener réditos privados son prácticas generalizadas entre las autoridades policiales y aduaneras . A este respecto, un estudio de 2017 muestra que se podría hacer más para luchar contra la corrupción y otras vulneraciones de la integridad en el seno de la policía . Por ejemplo, el GRECO recomendó que las investigaciones y controles del personal policial se lleven a cabo a intervalos regulares durante todo el servicio y que se mejoren las medidas de control con respecto al acceso y el uso de información confidencial a fin de evitar el acceso no autorizado y la filtración de información . Está pendiente de aprobación un proyecto de ley que amplía el control de los funcionarios de policía y de los consultores externos antes de su nombramiento y durante el empleo.

La Autoridad de Denuncias de Irregularidades actúa como oficina centralizada, tanto para el sector público como para el privado, y ofrece apoyo y asesoramiento a las personas que desean denunciar una situación de abuso laboral. Esta autoridad, que se creó en 2016, puede además llevar a cabo investigaciones sobre irregularidades. Su servicio es confidencial y gratuito. No obstante, durante sus primeros años de funcionamiento, se enfrentó a algunos retos, entre los que figuraban la larga duración de los procesos o la ineficiencia de estos. Al parecer, estas dificultades se debieron principalmente a una serie de asuntos antiguos y complicados que la autoridad heredó cuando inició su labor. En 2019, la Autoridad de Denuncias de Irregularidades comenzó a trabajar en 331 solicitudes de asesoramiento, de las que 27 se consideraron casos reales de denunciantes con una sospecha razonable de abuso . El 57 % de los neerlandeses que participaron en la encuesta del Eurobarómetro indicaron que no sabrían dónde denunciar un caso de corrupción en caso de experimentarlo o presenciarlo, y el 49 % señaló que podrían decidir no denunciar un caso de corrupción debido a la falta de protección adecuada . La Ley de denuncia de irregularidades está actualmente siendo objeto de evaluación. Si bien el informe final ya se ha presentado, está prevista la publicación de otro informe de investigación en septiembre. Esta evaluación podría dar lugar a la revisión del mandato de la Autoridad de Denuncia de Irregularidades.

El sistema de justicia se caracteriza por un nivel de eficiencia constantemente elevado. Durante los últimos años, el nivel de eficiencia del sistema de justicia se ha mantenido constantemente alto . Un plazo de tramitación reducido, en particular en los asuntos civiles y mercantiles de primera instancia , y una tasa de resolución que se ha mantenido de forma constante en torno al 100 % demuestran que, en general, el sistema de justicia es capaz de hacer frente de manera eficaz al número de casos ingresados . Esto se ve corroborado por la ausencia de retrasos graves en los asuntos civiles, mercantiles y contencioso-administrativos . Proyectos como «Plazos de tramitación en movimiento» , que ha identificado posibles vías para fomentar la eficiencia del sistema de justicia, contribuyen a reforzarla. El nivel de eficiencia en lo que respecta a los casos de Derecho de la competencia es alto, mientras que la duración de la revisión judicial en los casos de comunicaciones electrónicas, protección del consumidor y blanqueo de capitales es intermedia. No obstante, el Consejo de la Administración Pública destaca que se han manifestado algunas preocupaciones con respecto a la carga de trabajo del poder judicial .

Consejo de la Administración Pública (2020), «A stronger rule of law – connecting and protecting in a pluralistic society».

Centre for Media Pluralism and Media Freedom (2020), 2020 Media Pluralism Monitor. https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2020.

El respeto de los derechos fundamentales y constitucionales se garantiza de diversas maneras. Una nota explicativa adjunta a las propuestas legislativas expone su constitucionalidad, y se han elaborado manuales al respecto para los funcionarios públicos. El Consejo de Estado examina también la constitucionalidad de los proyectos de ley en sus dictámenes. La constitucionalidad de los proyectos de ley se convierte así en un tema de debate en el Parlamento, sobre el cual el Senado, en particular, debate extensamente. A falta de un tribunal constitucional centralizado, los tribunales ordinarios pueden llevar a cabo un control de «constitucionalidad» descentralizado. Si bien no es posible examinar la constitucionalidad de las leyes dictadas por el Parlamento, sí se puede verificar su conformidad con los tratados directamente aplicables . En la práctica, esto implica que todas las leyes pueden revisarse a la luz del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre otros instrumentos.

Existe un marco amplio de protección de los periodistas. Según el MPM, en la práctica no se abusa de las restricciones penales y civiles existentes, como la responsabilidad por difamación, ni impiden una animada expresión pública de ideas. Desde 2014 y 2019, respectivamente, la blasfemia y la lesa majestad no constituyen delitos penales. Las partes interesadas informaron de que los trabajadores de los medios de comunicación, incluidos los periodistas, los fotógrafos y los historietistas, se enfrentan en ocasiones a amenazas en línea y fuera de línea. En julio de 2018, el Grupo director sobre agresiones y violencia contra los periodistas, integrado por el Ministerio Fiscal, la policía, la Sociedad de Redactores Jefes y la Asociación de Periodistas, celebró un acuerdo para reforzar la posición de los periodistas frente a la violencia y las agresiones . Esta iniciativa dio lugar al protocolo «PersVeilig» destinado a reducir las amenazas, la violencia y las agresiones contra periodistas. Aunque el protocolo no aplica directamente la Recomendación del Consejo de Europa sobre la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación, se ajusta a sus orientaciones y los expertos en medios de comunicación lo consideran una buena práctica. Las partes interesadas manifestaron haber tenido buenas experiencias con la nueva herramienta y acogieron con beneplácito la nueva ley sobre la protección de las fuentes de información, que entró en vigor hace dos años. Existen algunas preocupaciones con respecto a la Ley de los servicios nacionales de seguridad (W.I.V) de julio de 2017 en su versión modificada, denominada «Ley de arrastre». La ley permite a los servicios de seguridad nacionales recabar grandes cantidades de datos de telefonía y de internet de los ciudadanos con fines de investigación . La Asociación de Periodistas ha mostrado preocupación por el hecho de que pueda socavar la protección de las fuentes periodísticas . En 2019, la Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas publicó dos alertas sobre los Países Bajos relativas a un reportero de televisión que fue arrestado brevemente por negarse a revelar una fuente en un juicio por asesinato, y a una nueva ley con arreglo a la cual los ciudadanos que viajen a una zona «controlada por grupos terroristas» deberán solicitar permiso al Ministerio de Justicia . En la plataforma Mapping Media Freedom se publicaron alertas similares .

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2016), «Recommendation CM/Rec(2016)4 of the Committee of Ministers to member States on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors».

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2018), «Recommendation CM/Rec(2018)1 of the Committee of Ministers to member States on media pluralism and transparency of media ownership».

Consejo de Estado (2019), informe anual de 2019.

Consejo de Estado, Dictamen consultivo W04.20.0139/I/Vo de 25 de mayo de 2020.

Consejo de Estado, sentencia de 29 de mayo de 2019, Nitrogen Action Programme, ECLI:NL:RVS:2019:1604.

Consejo de la Unión Europea (2002), Decisión Marco de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 19 de noviembre de 2019, C‑585/18, C-624/18 y C‑625/18.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 27 de mayo de 2019 en los asuntos acumulados OG, C-508/18 y PI, C-82/19 PPU.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 9 de julio de 2020, Land Hessen, C-272/19.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto pendiente C-510/19, Openbaar Ministerie (Faux en écritures).

Dirección General de Comunicación (2016-2020), Eurobarómetro: perceived independence of the national justice system in the EU among the general public.

Dirección General de Comunicación (2019), Eurobarómetro Flash n.º 482: businesses’ attitudes towards corruption in the EU.

Dirección General de Comunicación (2020), Eurobarómetro Especial n.º 502: La corrupción.

Colegio de Abogados de los Países Bajos, Asociación de la Magistratura de los Países Bajos, Colegio de Trabajadores Sociales de los Países Bajos y Alianza RIBW (2019), «Sta op voor de rechtsstaat!» https://www.advocatenorde.nl/nieuws/gezamenlijke-verklaring-nova-nvvr-en-swn-sta-op-voor-de-rechtsstaat .

Gobierno de los Países Bajos (2020), Aportaciones de los Países Bajos al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

Gobierno de los Países Bajos, Funds for the media. https://www.government.nl/topics/the-media-and-broadcasting/funds-for-the-media .

Gobierno de los Países Bajos, Medidas contra la delincuencia. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondermijning/maatregelen-tegen-ondermijnende-criminaliteit .

Gobierno de los Países Bajos, Safeguarding press freedom. https://www.government.nl/topics/the-media-and-broadcasting/safeguarding-press-freedom .

Autoridad de medios de comunicación de los Países Bajos, Mediamonitor: Mediaconcentratie. https://www.mediamonitor.nl/mediabedrijven/ .

Observatorio Europeo del Sector Audiovisual (2019), IRIS Special 2019-1: The independence of media regulatory authorities in Europe. https://rm.coe.int/the-independence-of-media-regulatory-authorities-in-europe/168097e504 .