A4-0460/98

Resolución sobre el Informe de la Comisión al Consejo Europeo «Legislar mejor 1997" (COM(97)0626 - C4-0656/97)

El Parlamento Europeo,

- Visto el Informe de la Comisión (COM(97)0626 - C4-0656/97),

- Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 3 B,

- Visto el Tratado de Amsterdam, y en particular el protocolo n° 7 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,

- Vistas las conclusiones de los Consejos Europeos de Edimburgo de los días 11 y 12 de diciembre de 1992 y de Cardiff de los días 15 y 16 de junio de 1998,

- Visto el acuerdo interinstitucional del 25 de octubre de 1993 entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión sobre los procedimientos para la aplicación del principio de subsidiariedad ((DO C 329 de 6.12.1993, pág. 135.)),

- Vista la Resolución del Parlamento Europeo del 13 de mayo de 1997 sobre la aplicación del principio de subsidiariedad ((DO C 167 de 2.6.1997, pág. 34.)),

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, así como la opinión de la Comisión de Asuntos Institucionales (A4-0460/98),

A. Considerando que el principio de subsidiariedad es un principio político de rango constitucional y que su inclusión en el Tratado invita a los actores implicados a buscar la máxima eficacia en la elección del nivel de decisión adecuado,

B. Considerando que el principio de subsidiariedad no puede aplicarse en los ámbitos de competencia exclusiva de la Comunidad,

C. Considerando que la aplicación del principio de subsidiariedad debe hacerse manteniendo íntegramente el acervo comunitario, y que, por consiguiente, es contraria al Tratado una marcha atrás de la integración comunitaria,

D. Considerando que el principio de subsidiariedad es uno de tantos principios contenidos en el Tratado y que no debe obstaculizar la aplicación de otros principios, en particular el principio de solidaridad que se desprende del objetivo de cohesión económica y social,

E. Considerando que el principio de proporcionalidad impone a la Comunidad que limite su acción a lo que es necesario para alcanzar los objetivos establecidos por el Tratado,

F. Considerando que la aplicación del principio de proporcionalidad no debe hacerse en detrimento de la adopción de directivas que fijen objetivos concretos y que creen obligaciones jurídicas para los Estados miembros,

G. Considerando los problemas planteados por la ausencia de una jerarquía normativa en la nomenclatura de los actos comunitarios,

1. Recuerda que la exigencia de producir una legislación de calidad se refiere tanto a la calidad formal de los textos como a su contenido, y que la elaboración de una legislación más sencilla y más clara, conforme a los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, es una condición de su aceptación y de su buena aplicación por parte de los ciudadanos;

2. Lamenta, no obstante, que la Comisión trate, en un solo documento, la aplicación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad por una parte, y las cuestiones relativas a la calidad formal de los textos por otra, y observa que este enfoque se hace en perjuicio de un análisis profundo de las distintas cuestiones;

3. Recuerda que los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad constituyen normas jurídicas obligatorias de naturaleza constitucional, que vinculan a las instituciones y a los Estados miembros, y que el principio de subsidiariedad no se aplica en los ámbitos que son competencia exclusiva de la Comunidad;

4. Se congratula de que el protocolo n° 7 del Tratado de Amsterdam prevea que «la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad respetará las disposiciones generales y los objetivos del Tratado, en particular en lo referente al pleno mantenimiento del acervo comunitario y del equilibrio institucional» y «no afectará a los principios desarrollados por el Tribunal de Justicia en lo que se refiere a la relación entre el Derecho comunitario y el nacional» (punto 2);

5. Toma nota con satisfacción de que dicho protocolo no considere el principio de subsidiariedad como un principio que actúe en sentido único, sistemáticamente en perjuicio de la Comunidad, sino como un «concepto dinámico», que permite «que la intervención comunitaria, dentro de los límites de sus competencias, se amplíe cuando las circunstancias así lo exijan e, inversamente, que se restrinja o abandone cuando deje de estar justificada» (punto 3);

6. Lamenta que la Comisión no haya procedido, a pesar de que el Parlamento se lo haya pedido en su Resolución de 13 de mayo de 1997, a un análisis circunstanciado enfocado a demostrar que la aplicación del principio de subsidiariedad no se ha hecho en perjuicio del acervo comunitario;

7. Invita al Consejo a dar curso a las propuestas legislativas pendientes formuladas por la Comisión en materia de Derecho de sociedades, de libre circulación de personas y de fiscalidad;

8. Se congratula de que la Comisión haya adoptado un enfoque concreto del principio de subsidiariedad, procediendo a una evaluación sistemática caso por caso, cada vez que se plantea una acción, y que demuestre de esta forma la legitimidad de su acción, identificando la dimensión comunitaria del problema, así como la plusvalía en términos de eficacia de la acción comunitaria;

9. Considera conveniente solucionar determinados problemas, como el de la disminución, a escala nacional y local, del margen de actuación de las instancias políticas de decisión, no reduciendo de la actividad comunitaria sino desarrollándola constructivamente;

10. Constata que en 1997 la Comisión ha retirado «unas treinta» propuestas legislativas, consideradas como obsoletas, y pide que, en el futuro, la Comisión informe previamente al Parlamento Europeo sobre esta cuestión;

11. Reitera su preocupación por la tendencia a presentar propuestas de «directivas-marco» (p. ej. en los ámbitos de la política del agua, IVA aplicado a los servicios de telecomunicaciones, el transporte de mercancías peligrosas por vía navegable, la imposición de los productos energéticos o las tasas aeroportuarias) tras el fracaso de propuestas más ambiciosas, y subraya el riesgo de crear de este modo un derecho de naturaleza incierta, menos vinculante («soft law»), menos seguro, que se traduce en una armonización ficticia y en una transposición aleatoria en los ordenamientos jurídicos nacionales; subraya, por otra parte, el riesgo de crear una confusión entre la directiva y la recomendación, tal como se definen en el artículo 189 del Tratado CE;

12. Acoge, en principio, con satisfacción la aplicación del principio de subsidiariedad y proporcionalidad por la Comisión y sus trabajos de preparación y consulta en los prolegómenos de la legislación; opina, sin embargo, que la Comisión debería procurar también que se presentaran realmente en el plazo previsto las propuestas acordadas con el Parlamento en el programa legislativo anual;

13. Observa también con preocupación la pletórica producción por parte de la Comisión de documentos no legislativos (libros verdes y blancos, comunicaciones, notas interpretativas) y el creciente desequilibrio entre esta actividad y la actividad legislativa, para la cual la Comisión dispone de un derecho de iniciativa exclusivo;

14. Pide al Consejo Europeo que inicie una reflexión, con vistas a las próximas reformas institucionales, sobre la revisión de la nomenclatura de los actos comunitarios y la introducción de una jerarquía normativa;

15. Pide a la Comisión que le informe sobre la evolución en el número de normas distintas de las directivas, tales como modalidades de aplicación, etc;

16. Recuerda que el principio de subsidiariedad es uno de tantos principios políticos y que no puede invocarse para limitar la acción de la Comunidad encaminada a asegurar la solidaridad entre las regiones, de conformidad con el objetivo de cohesión económica y social;

17. Invita al Consejo a velar por que la búsqueda de compromisos no tenga como consecuencia debilitar o a convertir en ambiguas las propuestas legislativas que se le someten;

18. Pide, por otra parte, al Consejo que renuncie a la práctica de adjuntar declaraciones a los actos legislativos; recuerda, al respecto, que el Tribunal de Justicia se niega categóricamente a tener en cuenta estas declaraciones para la interpretación de la legislación cuando la parte dispositiva del acto en cuestión no hace una referencia expresa a las mismas;

19. Invita a la Comisión y al Consejo a velar por que no se rebajen los niveles de protección en materia de medio ambiente, de calidad de los productos y de salud y seguridad de los trabajadores, so pretexto de una simplificación legislativa;

20. Pide a la Comisión que prosiga sus esfuerzos por simplificar, codificar, consolidar y mejorar el acceso a los textos jurídicos de la Comunidad, y que no presente de forma concomitante y separada una propuesta de codificación y otra de modificación del fondo de un mismo texto;

21. Considera deseable que los parlamentos nacionales puedan disponer a tiempo de las propuestas legislativas y de los documentos preparatorios, para que puedan, en su caso, tomar posición sobre algunas cuestiones y reforzar, de ese modo, las relaciones de cooperación con el Parlamento Europeo; se congratula de que el protocolo al Tratado de Amsterdam sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión Europea prevea disposiciones en este sentido;

22. Invita a los Parlamentos nacionales a garantizar, tanto en lo que se refiere a sus atribuciones como a las del gobierno sobre el que ejercen el control, la transposición correcta y a su debido tiempo de las directivas comunitarias a la legislación nacional;

23. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, a los parlamentos nacionales y al Comité de las Regiones.