POSICIÓN COMÚN (CE) N° 24/2002

aprobada por el Consejo el 28 de enero de 2002

con vistas a la adopción de la Directiva 2002/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo

(2002/C 113 E/01)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 1 de su artículo 175,

Vista la propuesta de la Comisión(1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(3),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(4),

Considerando lo siguiente:

(1) Un mayor acceso del público a la información medioambiental y la difusión de tal información contribuye a una mayor concienciación en materia de medio ambiente, a un intercambio libre de puntos de vista, a una más efectiva participación del público en la toma de decisiones medioambientales y, en definitiva, a la mejora del medio ambiente.

(2) La Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente(5), inició una apertura en relación con el acceso del público a la información medioambiental que conviene fomentar y proseguir.

(3) El artículo 8 de la citada Directiva dispone que los Estados miembros deben presentar a la Comisión un informe sobre la experiencia adquirida, del cual se servirá la Comisión para elaborar un informe dirigido al Parlamento Europeo y al Consejo que irá acompañado de las propuestas de revisión que considere adecuadas.

(4) El informe presentado en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la citada Directiva describe los problemas surgidos en la aplicación práctica de la Directiva.

(5) La Comunidad Europea firmó el 25 de junio de 1998 el Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente (en adelante, "el Convenio de Aarhus"). Las disposiciones de la legislación comunitaria deben ser coherentes con dicho Convenio para su celebración por la Comunidad Europea.

(6) En aras de una mayor transparencia, conviene sustituir la Directiva 90/313/CEE en vez de modificarla, de modo que las partes interesadas dispongan de un texto legislativo único, claro y coherente.

(7) Las disparidades entre las disposiciones legales vigentes en los Estados miembros sobre el acceso a la información medioambiental en poder de las autoridades públicas pueden crear desigualdades dentro de la Comunidad por lo que se refiere al acceso a esta información o a las condiciones de la competencia.

(8) Es necesario garantizar que toda persona física o jurídica tenga derecho de acceso a la información medioambiental en poder de las autoridades públicas o de otras entidades en su nombre sin que dicha persona se vea obligada a declarar un interés determinado.

(9) Es necesario asimismo fomentar una difusión y puesta a disposición del público lo más amplia y sistemática posible de la información medioambiental, incluido por medios electrónicos, cuando se disponga de ellos.

(10) La definición de información medioambiental debe aclararse para incluir datos sobre el estado del medio ambiente con independencia de su forma, sobre los factores, medidas o actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente o destinados a protegerlo, sobre análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis económicos utilizados en el marco de dichas medidas y actividades y también información sobre el estado de la salud y la seguridad humanas, sobre las condiciones de la vida humana, los emplazamientos culturales y las construcciones en la medida en que se vean o puedan verse afectados por cualquiera de dichos factores.

(11) A fin de tener en cuenta el principio establecido en el artículo 6 del Tratado de que las exigencias de la protección del medio ambiente deben integrarse en la definición y la realización de las políticas y acciones de la Comunidad, la definición de autoridades públicas debe ampliarse para incluir a los Gobiernos y a las demás administraciones públicas nacionales, regionales y locales, tengan o no responsabilidades concretas en materia de medio ambiente. La definición debe ampliarse igualmente para incluir a otras personas o entidades que realicen funciones públicas administrativas en relación con el medio ambiente con arreglo al Derecho nacional, así como a otras personas o entidades que actúen bajo su control y ejerzan responsabilidades o funciones públicas en relación con el medio ambiente.

(12) La información medioambiental que posean físicamente otras entidades en nombre de las autoridades públicas también debe incluirse en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(13) La información medioambiental debe ponerse a disposición de los solicitantes cuanto antes y en un plazo razonable y teniendo en cuenta cualquier calendario especificado por el solicitante.

(14) Las autoridades públicas deben facilitar la información medioambiental en la forma o formato indicado por el solicitante, excepto si resulta accesible al público en otra forma o formato o si resulta razonable hacer que sea accesible en otra forma o formato. Además, debe poder exigir a las autoridades públicas que hagan todos los esfuerzos razonables para conservar la información medioambiental en su poder o en el de otra entidad, en su nombre, en formas o formatos fácilmente reproducibles y accesibles por medios electrónicos.

(15) Los Estados miembros deben fijar las modalidades prácticas de puesta a disposición efectiva de la información, teniendo en cuenta las ventajas para el medio ambiente.

(16) El derecho de acceso a la información medioambiental significa que la difusión de la información debe ser la norma general y que las autoridades públicas deben poder denegar una solicitud de información medioambiental en casos concretos claramente definidos. Los motivos de denegación deben interpretarse de manera restrictiva teniendo en cuenta para cada caso concreto el interés que la revelación de las informaciones solicitadas tendría para el público. Las razones de la denegación deben comunicarse al solicitante en un plazo razonable y por escrito o por medio electrónico si la solicitud se hubiere realizado por escrito o si el interesado así lo solicitare.

(17) Las autoridades públicas deben permitir el acceso a partes de la información medioambiental cuando sea posible separar datos incluidos en las excepciones del resto de la información solicitada.

(18) Las autoridades públicas deben poder cobrar por facilitar información medioambiental, pero la cantidad cobrada no debe superar una cuantía razonable. Se debe publicar y poner a disposición de los solicitantes una lista de tasas.

(19) Los solicitantes deben poder interponer un recurso administrativo o judicial contra los actos u omisiones de una autoridad pública en relación con su solicitud.

(20) Con el fin de concienciar aún más al público sobre las cuestiones medioambientales y de mejorar la protección del medio ambiente, las autoridades públicas deben, si procede, poner a disposición y divulgar información sobre el medio ambiente que sea relevante para sus funciones, en particular por medio de la tecnología de telecomunicación informática y/o electrónica, siempre que esté disponible.

(21) La presente Directiva debe quedar sujeta a una revisión a la luz de la experiencia adquirida y a partir de los informes sobre la aplicación de la Directiva facilitados por los Estados miembros.

(22) Dado que los objetivos de la acción pretendida no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(23) Lo dispuesto en la presente Directiva no afectará al derecho de los Estados miembros a mantener o introducir medidas que prevean un acceso a la información más amplio que el que exige la presente Directiva.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Objetivos

Los objetivos de la presente Directiva son:

a) conceder el derecho de acceso a la información medioambiental que obre en poder de las autoridades públicas o de otras entidades en su nombre, así como establecer las normas y condiciones básicas del ejercicio del mismo, y

b) fomentar de oficio una difusión y puesta a disposición del público lo más amplia y sistemática posible de la información medioambiental.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1) "información medioambiental": toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma material sobre:

a) la situación de elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente, y la interacción entre estos elementos;

b) factores como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a);

c) medidas (incluidas las medidas administrativas) como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a) y b), así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos;

d) análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico utilizados en el marco de las medidas y actividades citadas en la letra c), y

e) el estado de la salud y seguridad de las personas, condiciones de vida humana, emplazamientos culturales y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a) o, a través de esos elementos, por cualquiera de los factores citados en las letras b) y c);

2) "autoridades públicas": a) el Gobierno o cualquier otra administración pública nacional, regional o local;

b) las personas físicas o jurídicas que ejercen, en virtud del Derecho interno, funciones administrativas públicas, en particular, tareas, actividades o servicios específicos relacionados con el medio ambiente, y

c) cualquier otra persona física o jurídica que asuma responsabilidades o funciones públicas o preste servicios públicos relacionados con el medio ambiente bajo la autoridad de una entidad o de una persona comprendida dentro de las categorías mencionadas en las letras a) o b).

Esta definición no incluye las entidades o instituciones que actúen en calidad de órgano jurisdiccional o legislativo;

3) "información poseída en nombre de las autoridades públicas": información sobre el medio ambiente que obra físicamente en poder de una persona jurídica o física en nombre de una autoridad pública;

4) "solicitante": toda persona física o jurídica que solicite información medioambiental;

5) "público": una o varias personas físicas o jurídicas y, con arreglo a la legislación o la costumbre del país, las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas.

Artículo 3

Acceso a la información medioambiental previa solicitud

1. Los Estados miembros harán lo necesario para que las autoridades públicas estén obligadas, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Directiva, a poner la información medioambiental que obre en su poder o en el de otras entidades en su nombre a disposición de cualquier solicitante, a petición de éste, y sin que dicho solicitante esté obligado a declarar un interés determinado.

2. A reserva del artículo 4, y teniendo en cuenta cualquier calendario especificado por el solicitante, la información medioambiental se facilitará al solicitante:

a) tan pronto como sea posible, y a más tardar en el mes siguiente a la recepción de la solicitud por parte de la autoridad pública contemplada en el apartado 1, o bien

b) en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la solicitud por parte de la autoridad pública, si el volumen y la complejidad de la información son tales que resulta imposible cumplir el plazo de un mes indicado en la letra a). En este caso, deberá informarse al solicitante cuanto antes, y, a más tardar, antes de que finalice el plazo mencionado de un mes, de toda ampliación del mismo, así como de las razones que la justifican.

3. Cuando una solicitud esté formulada de manera demasiado general, la autoridad pública pedirá al solicitante cuanto antes, y a más tardar en el plazo indicado en la letra a) del apartado 2, que la concrete, y le ayudará a hacerlo, por ejemplo dándole información sobre el uso de los registros públicos a que se refiere la letra c) del apartado 5. Las autoridades públicas podrán, en caso de considerarlo apropiado, rechazar la solicitud amparándose en la letra b) del apartado 1 del artículo 4.

4. Cuando el solicitante pida disponer de información medioambiental en una forma o formato precisos (inclusive en forma de copias), la autoridad pública procederá a satisfacer la solicitud excepto en los casos siguientes:

a) cuando la información ya esté a disposición pública en otra forma o formato, en particular según dispone el artículo 7, al que se pueda acceder fácilmente, o

b) cuando resulte razonable que la autoridad pública ponga a disposición la información en otra forma o formato y lo justifique adecuadamente.

A efectos del presente apartado, las autoridades públicas realizarán todos los esfuerzos razonables para conservar la información medioambiental que obre en su poder o en el de otras entidades en su nombre en formas o formatos de fácil reproducción y acceso mediante telecomunicaciones informáticas o por otros medios electrónicos.

Los motivos de la negativa a facilitar la información parcial o totalmente en la forma o formato solicitados se comunicarán al solicitante dentro de los plazos contemplados en la letra a) del apartado 2.

5. A efectos del presente artículo, los Estados miembros definirán las modalidades prácticas de la puesta a disposición de la información medioambiental. Estas modalidades pueden incluir:

a) la designación de responsables de información;

b) la creación y el mantenimiento de medios de consulta de la información solicitada;

c) listas públicamente accesibles de las autoridades públicas y de registros o listas de la información medioambiental que obre en poder de dichas autoridades o de puntos de información;

d) la exigencia a los funcionarios de aportar su concurso al público que trate de tener acceso a informaciones.

Los Estados miembros velarán por que las autoridades públicas informen al público de manera adecuada sobre los derechos que les otorga la presente Directiva.

Artículo 4

Excepciones

1. Los Estados miembros podrán disponer la denegación de las solicitudes de información medioambiental si:

a) la información solicitada a la autoridad pública no obra en poder de ésta o de otra entidad en su nombre. En este caso, cuando la autoridad pública sepa que dicha información obra en poder de otra autoridad pública o entidad en su nombre, deberá transmitir la solicitud cuanto antes a dicha autoridad e informar de ello al solicitante, o informar al solicitante sobre la autoridad pública a la que puede dirigirse, según su conocimiento, para solicitar la información de que se trate;

b) la solicitud es manifiestamente irrazonable o está formulada de manera excesivamente general;

c) la solicitud se refiere a material en curso de elaboración o a comunicaciones internas o documentos y datos inconclusos, teniendo en cuenta el interés público atendido por la revelación.

2. Los Estados miembros podrán disponer la denegación de las solicitudes de información medioambiental si la revelación de la información puede afectar negativamente a:

a) la confidencialidad de los procedimientos de las autoridades públicas;

b) las relaciones internacionales, la defensa nacional o la seguridad pública;

c) la buena marcha de la justicia, la posibilidad de una persona de tener un juicio justo o la capacidad de una autoridad pública para realizar una investigación de índole penal o disciplinaria;

d) la confidencialidad de datos de carácter comercial e industrial cuando dicha confidencialidad esté contemplada en la legislación nacional o comunitaria a fin de proteger intereses económicos legítimos, incluido el interés público de mantener la confidencialidad estadística y el secreto fiscal. Dentro de este marco, deberán revelarse las informaciones sobre emisiones que sean pertinentes para la protección del medio ambiente;

e) los derechos de propiedad intelectual;

f) el carácter confidencial de los datos y de los expedientes personales respecto de una persona física si esta persona no ha consentido en la revelación de esa información al público, cuando dicho carácter confidencial está previsto en el Derecho nacional o comunitario;

g) los intereses de un tercero que haya facilitado voluntariamente la información solicitada sin estar obligado a ello por la ley o sin que la ley pueda obligarle a ello, salvo si esta persona consiente en su divulgación;

h) la protección del medio ambiente al que se refiere la información, como por ejemplo la localización de especies raras.

Los motivos de denegación mencionados deberán interpretarse de manera restrictiva teniendo en cuenta para cada caso concreto el interés que la revelación de las informaciones solicitadas tendría para el público y si esas informaciones guardan o no relación con las emisiones al medio ambiente.

En este marco y a efectos de la aplicación de la letra f), los Estados miembros velarán por que se cumplan los requisitos de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(6).

3. La información medioambiental solicitada que obre en poder de las autoridades públicas o de otra autoridad en su nombre se pondrá parcialmente a disposición del solicitante cuando sea posible separar del texto de la información solicitada la información a que se refiere la letra c) del apartado 1 o el apartado 2.

4. La negativa a facilitar la totalidad o parte de la información pedida se notificará al solicitante por escrito o electrónicamente, si la solicitud se ha hecho por escrito o si su autor así lo solicita, en los plazos previstos en la letra a) o, en su caso, b) del apartado 2 del artículo 3. La notificación indicará los motivos de la denegación e informará sobre el procedimiento de recurso previsto de conformidad con el artículo 6.

Artículo 5

Tasas

1. Las autoridades públicas podrán aplicar tasas por el suministro de información medioambiental, pero el importe de las mismas no deberá ser superior a una cantidad razonable. No se percibirán tasas adicionales por la consulta in situ de la información solicitada.

2. Las autoridades públicas que tengan la intención de imponer el pago de un derecho por las informaciones que faciliten publicarán y comunicarán a los solicitantes de información las tarifas de los derechos que hayan de pagarse, indicando los casos en que las autoridades pueden renunciar a la percepción de estos derechos y los casos en que la comunicación de informaciones está sujeta a su pago anticipado.

3. El acceso a cualquier lista o registro públicos creados y mantenidos tal como se indica en la letra c) del apartado 5 del artículo 3 será gratuito.

Artículo 6

Acceso a la justicia

1. Los Estados miembros garantizarán que toda persona que considere que su solicitud de información ha sido ignorada, rechazada sin fundamento (parcial o totalmente), respondida de forma inadecuada o tratada de manera no conforme con las disposiciones de los artículos 3, 4 o 5, tenga acceso a un procedimiento en el que los actos u omisiones de la autoridad pública correspondiente puedan ser reconsiderados por esa u otra autoridad pública o recurridos administrativamente ante una entidad independiente e imparcial creada por ley. Todos estos procedimientos serán rápidos y gratuitos o poco costosos.

2. Además del procedimiento de recurso contemplado en el apartado 1, los Estados miembros garantizarán que cualquier solicitante tenga acceso a un procedimiento de recurso ante un tribunal de justicia u otra entidad independiente e imparcial creada por la ley, en el que los actos u omisiones de la autoridad pública correspondiente puedan recurrirse y cuyas decisiones puedan ser firmes. Además, los Estados miembros podrán disponer que los terceros acusados de la revelación de información también tengan acceso a un procedimiento de recurso.

3. Las decisiones firmes adoptadas en virtud del apartado 2 serán vinculantes para la autoridad pública que posea la información. Al menos cuando se deniegue el acceso a la información en virtud de este artículo, los motivos que las justifiquen se indicarán por escrito.

Artículo 7

Difusión de la información medioambiental

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las autoridades públicas organicen la información sobre el medio ambiente perteneciente a sus funciones que obre en su poder o en el de otra entidad en su nombre, con vistas a su difusión activa y sistemática al público, particularmente por medio de tecnologías de telecomunicación informática o electrónica, siempre que pueda disponerse de las mismas.

No será obligatorio que la información facilitada mediante tecnologías de telecomunicación informática o electrónica incluya los datos recogidos antes de la entrada en vigor de la presente Directiva, a menos que existan ya en forma electrónica.

2. La información que se haya de facilitar y difundir será actualizada si procede e incluirá como mínimo:

a) los textos de tratados, convenios y acuerdos internacionales y los textos legislativos comunitarios, nacionales, regionales o locales sobre el medio ambiente o relacionados con el tema;

b) las políticas, programas y planes relativos al medio ambiente;

c) los informes sobre los avances registrados en materia de aplicación de los elementos contemplados en las letras a) y b) cuando éstos hayan sido elaborados por las autoridades públicas;

d) los informes sobre el estado del medio ambiente contemplados en el apartado 3;

e) los datos o resúmenes de los datos derivados del seguimiento de las actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente.

3. Sin perjuicio de cualquier obligación específica de informar derivada del Derecho comunitario, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurar la publicación, a intervalos regulares que no superarán los cuatro años, de informes nacionales y, según el caso, regionales o locales sobre el estado del medio ambiente; dichos informes incluirán datos sobre la calidad del medio ambiente y las presiones que sufra.

4. Sin perjuicio de cualquier obligación específica de informar derivada del Derecho comunitario, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, en caso de amenaza inminente para la salud humana o el medio ambiente provocada por actividades humanas o por causas naturales, se difunda inmediatamente y sin demora toda la información que obre en poder de las autoridades públicas o de otras entidades en su nombre que permita al público que pueda resultar afectado la adopción de medidas para prevenir o limitar los daños provocados por la amenaza.

5. Los Estados miembros velarán en la medida de lo posible por que toda información facilitada o difundida o cualquier informe publicado en aplicación del presente artículo sean claros y comprensibles.

6. Las excepciones previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 4 se aplicarán en relación con las obligaciones contempladas en el presente artículo.

7. Los Estados miembros podrán cumplir lo dispuesto en el presente artículo creando enlaces con direcciones de Internet en que pueda accederse a la información.

Artículo 8

Procedimiento de revisión

1. A más tardar el ...(7), cada Estado miembro presentará un informe sobre la experiencia adquirida en la aplicación de la presente Directiva.

Los Estados miembros comunicarán su informe a la Comisión a más tardar el ...(8).

A más tardar el ...(9), la Comisión transmitirá a los Estados miembros un documento de orientación en el que se especifique claramente la manera en que desea que los Estados miembros elaboren su informe.

2. A la vista de la experiencia adquirida, la Comisión elaborará un informe dirigido al Parlamento Europeo y al Consejo, que irá acompañado de las propuestas de revisión que considere adecuadas.

Artículo 9

Ejecución

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el ...(10). Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 10

Derogación

Queda derogada la Directiva 90/313/CEE con efecto a partir del ...(11).

Todas las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva y se interpretarán de conformidad con la tabla de correspondencias que figura en el anexo.

Artículo 11

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 12

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en ...

Por el Parlamento Europeo

La Presidenta

Por el Consejo

El Presidente

(1) DO C 337 E de 28.11.2000, p. 156 y DO C 240 E de 28.8.2001, p. 289.

(2) DO C 116 de 20.4.2001, p. 43.

(3) DO C 148 de 18.5.2001, p. 9.

(4) Dictamen del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2001 (DO C 343 de 5.12.2001, p. 177), Posición común del Consejo, de 28 de enero de 2002 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Parlamento Europeo de ... (no publicada aún en el Diario Oficial).

(5) DO L 158 de 23.6.1990, p. 56.

(6) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

(7) Nueve años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

(8) Nueve años y seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

(9) Un año después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

(10) Dos años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

(11) Dos años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

ANEXO

TABLA DE CORRESPONDENCIAS

>SITIO PARA UN CUADRO>

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I. INTRODUCCIÓN

1. El 29 de junio de 2000, la Comisión remitió al Consejo la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso del público a la información medioambiental(1), basada en el apartado 1 del artículo 175 del Tratado.

2. El Parlamento Europeo adoptó una resolución el 14 de marzo de 2001(2).

El Comité Económico y Social dictaminó el 29 de noviembre de 2000(3). El Comité de las Regiones lo hizo el 14 de febrero de 2001(4).

3. Como consecuencia de estos dictámenes, el 7 de junio de 2001 la Comisión presentó al Consejo su propuesta modificada(5).

4. El 28 de enero de 2002, el Consejo aprobó su Posición común, de conformidad con el apartado 2 del artículo 251 del Tratado.

II. OBJETIVO

La propuesta de la Comisión está destinada a sustituir la Directiva 90/313/CEE sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente(6) por una nueva Directiva que tendría en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación de la antigua Directiva, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las nuevas tecnologías de la información y de comunicación y el Convenio CCE sobre acceso a la información, participación pública y acceso a los procedimientos judiciales en cuestiones de medio ambiente, adoptado en Aarhus el 25 de junio de 1998. Este Convenio "de Aarhus" fue firmado por todos los Estados miembros y por la Comunidad. Entró en vigor el 30 de octubre de 2001. De momento lo han ratificado Dinamarca e Italia.

La Directiva propuesta ampliará en gran medida el derecho de acceso a la información medioambiental contenida en la Directiva 90/313/CEE. Este derecho consiste en un derecho pasivo, con arreglo al cual las administraciones deben facilitar la información previa petición, y en un derecho activo a cuyo tenor las administraciones deben divulgar espontáneamente determinadas informaciones, preferiblemente en Internet.

Esta información más amplia contribuirá a que el público tenga mayor conocimiento e interés por los asuntos medioambientales y a que participe más eficazmente en la preparación de decisiones relacionadas con el medio ambiente.

Como complemento de la propuesta, la Comisión presentó, el 19 de enero de 2001, una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, y por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE del Consejo y la Directiva 96/61/CE(7). Esta propuesta está destinada a aplicar el segundo pilar sobre la participación del público en el Convenio de Aarhus.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

1. La Posición común del Consejo, aunque mantiene el planteamiento propuesto por la Comisión, modifica las disposiciones de la propuesta a fin de aclararlas o de fortalecerlas o para hacerlas más practicables. Muchas de las modificaciones pretenden restablecer el texto original del Convenio de Aarhus.

La Posición común amplía las definiciones de "información relativa al medio ambiente" contenidas en la Directiva 90/313/CEE de forma que incluyan no solo la información escrita, visual, sonora o la contenida en bases de datos, sino también la electrónica. La definición no abarca únicamente los elementos de la naturaleza y las acciones y medidas que los afecten o los protejan, sino además los organismos modificados genéticamente, la interacción entre dichos elementos, los análisis económicos así como el estado de la salud humana, las condiciones de vida, los lugares culturales y las edificaciones a que afecta el medio ambiente.

Mientras que la anterior Directiva trata únicamente de las administraciones con responsabilidades en cuanto al medio ambiente y de las personas físicas o jurídicas con responsabilidades públicas en relación con el medio ambiente sujetas a control de administraciones, la Posición común abarca asimismo todos los gobiernos y administraciones públicas, así como las personas físicas que desempeñan con carácter independiente funciones administrativas públicas relacionadas con el medio ambiente. Añade asimismo que las autoridades públicas deben dar acceso a la información medioambiental que se halle en manos de personas físicas o jurídicas en nombre de ellas.

2. Por lo que se refiere al "derecho pasivo de información", la Posición común acorta de dos meses a uno solo el plazo en que en principio debe facilitarse la información. Por otra parte, establece que ésta se facilite en el formato pedido por el solicitante a menos que ya se encuentre a disposición del público o que se justifique facilitarlas de otra forma, y dispone que se definan los arreglos prácticos para la puesta a disposición de la información, como los funcionarios de información y las instalaciones para la consulta in situ. Cuando la información solicitada esté en poder de otra autoridad, la solicitud deberá remitirse a esta última o el solicitante deberá ser informado de la identidad de la autoridad pública que supuestamente esté en poder de ella. Las denegaciones deberán notificarse por escrito cuando la solicitud se hubiera presentado por escrito o cuando el solicitante haya pedido una respuesta por escrito. Cuando las solicitudes se presenten de una forma demasiado general, las autoridades públicas deberán pedir al solicitante, dentro del plazo de un mes, que especifique su solicitud y le ayudarán a hacerlo así.

Al igual que en la anterior Directiva, los costes deberán hacerse públicos y constituir un importe razonable. La Posición común añade que no podrán incluir la consulta de los registros públicos ni la consulta de la información in situ.

La revisión administrativa o judicial de la Directiva 90/313/CEE se sustituye por una revisión administrativa y judicial en dos fases.

3. En cuanto al "derecho activo de información", la Directiva 90/313/CEE disponía únicamente que se facilitase al público información general sobre la situación del medio ambiente, por ejemplo mediante la publicación periódica de informes descriptivos. La Posición común pretende divulgar además textos jurídicos, políticas, informes de situación, datos de supervisión, información relativa a la prevención o la disminución de los daños derivados de amenazas inminentes a la salud humana o al medio ambiente, etc., por distintos medios, pero sobre todo mediante las técnicas de telecomunicación.

4. Al igual que en la Directiva anterior, las excepciones se refieren a los documentos no terminados, a las comunicaciones internas y al carácter confidencial de los procedimientos públicos, a la seguridad, a los asuntos sub iudice, a la confidencialidad comercial, industrial, personal y medioambiental, a los derechos de propiedad intelectual y a la misma protección del medio ambiente.

5. En una declaración pública en acta, el Consejo acuerda dar los pasos necesarios para aplicar en las instituciones comunitarias las mismas normas que establece el pilar "información" del Convenio de Aarhus e insta a la Comisión a presentar una propuesta relativa a ese pilar, que tenga en cuenta los requisitos, más amplios, de la presente Directiva. Todo ello contribuirá a que la Comunidad pueda ratificar el Convenio de Aarhus.

IV. ENMIENDA DEL PARLAMENTO EUROPEO ACEPTADA ÍNTEGRAMENTE POR EL CONSEJO

La Posición común incorpora la enmienda 3 en el considerando 8 para ampliar el derecho de acceso a las personas que residen fuera de la Comunidad (aceptada también por la Comisión).

V. ENMIENDAS DEL PARLAMENTO ACEPTADAS DE FORMA DIFERENTE

1. Enmienda 1 del considerando 1 de la Directiva (parcialmente aceptada por la Comisión): el Consejo mantiene, en una secuencia más lógica, los elementos esenciales de la enmienda, es decir, el aumento del acceso a la información, la concienciación en cuanto a los asuntos medioambientales, el libre intercambio de opiniones, la participación más eficaz de los ciudadanos y la mejora del medio ambiente. El Consejo no mantuvo los elementos que no tienen normas correspondientes en el articulado, como la buena administración y la mejora de la aplicación de la legislación comunitaria. El Consejo añadió la idea de divulgar la información de manera que se incluya también la información activa.

2. Enmienda 17 relativa a un nuevo segundo párrafo del apartado 2 del artículo 3 sobre aclaración de solicitudes poco claras (aceptada asimismo por la Comisión): la Posición común contiene un nuevo apartado 3 del artículo 3 que incluye todos los elementos de la enmienda, añadiendo simultáneamente que deberá intentarse aclararlas lo antes posible y, en cualquier caso, antes de que transcurra el plazo de un mes fijado para responder a las solicitudes. El texto procede del Reglamento (CE) n° 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión(8).

VI. ENMIENDAS DEL PARLAMENTO PARCIALMENTE ACEPTADAS POR EL CONSEJO

1. Enmienda 9 sobre el considerando 18 (considerando 16 de la Posición común) (parcialmente aceptada por la Comisión): el Consejo aceptó la idea principal según la cual la divulgación debe ser la regla general, así como la supresión de la referencia a la Directiva 95/46/CE.

2. Enmienda 13 sobre el considerando 24 (considerando 21 de la Posición común) (parcialmente aceptada por la Comisión): el Consejo incluyó la idea de evaluar la Directiva a tenor de los informes nacionales. El artículo 8 incluye la idea de que se efectúe un informe de evaluación de la Comisión. No se tuvo en cuenta la sugerencia de efectuar cuatro informes trimestrales.

3. Enmienda 15 sobre el artículo 2 (definiciones): (la posición de la Comisión se ajusta a la del Consejo):

- la Posición común incorpora la enmienda a la letra a) del apartado 1, que aclara que el concepto de "información medioambiental" incluye los humedales y las zonas costeras y marinas,

- en relación con la letra b) del apartado 1 del artículo 2, el Consejo no aceptó las referencias al combustible y a la energía nucleares, ya que no figuran en Aarhus y que esos elementos están incluidos en "energía, radiación y residuos radiactivos". El Consejo suprimió también las palabras "y/o la salud humana y la seguridad" porque se hallan ya incluidos en la letra e) y no figuran en el artículo 2/3/b) de Aarhus,

- los añadidos a las letras d), e) y f) del apartado 1 no se aceptaron al no estar mencionados en Aarhus y debido a que ampliarían demasiado el ámbito de aplicación de la Directiva ("informes", "indirectamente") o porque no los afecta el medio ambiente (seguridad alimentaria),

- con arreglo a la enmienda, el Consejo volvió a introducir en el apartado 2 la definición que da Aarhus de "autoridad pública", compartiendo la renuencia del Parlamento a asimilar a las autoridades públicas los servicios de interés económico general, como el transporte, las obras hidráulicas o la telefonía. Por otro lado, el Consejo no aceptó incluir en la letra a) los órganos consultores, pues esto ampliaría demasiado el ámbito de aplicación de la Directiva y plantearía el grave problema de nombrar a esos órganos,

- la modificación del último párrafo del apartado 2 relativo a órganos judiciales o jurídicos no se aceptó. El Consejo volvió a tomar la redacción de Aarhus y opinó también que el texto que propone el Parlamento crearía regímenes diferentes entre los Estados miembros,

- en cuanto al nuevo apartado 2 bis, el Consejo consideró que la definición propuesta de "información poseída" es bastante confusa, pero reconociendo la necesidad de aclarar el término "poseída", añadió un texto al apartado 3 del artículo 3 en el que se explica que "poseída" significa "que obra físicamente en poder de una persona".

4. Enmienda 19 sobre el apartado 5 del artículo 3 (sobre modalidades prácticas de la puesta a disposición de la información pasiva): (la posición de la Comisión se ajusta a la del Consejo):

- el Consejo no aceptó la modificación del párrafo introductorio, ni el añadido a la letra b) que contiene la obligación cumulativa de aplicar todas las letras, pues esto puede ser demasiado engorroso y limitaría demasiado la libertad de los Estados miembros de seleccionar las modalidades prácticas más idóneas,

- la Posición común no incorpora la letra b) bis propuesta en relación con la sustitución de los puntos de información por listas que indiquen donde hallar la información y sobre su publicación en Internet, debido a la enorme cantidad de trabajo que esto supondría,

- se aceptó la última sugerencia del Parlamento de ayudar al público, sugerencia que inspiró al Consejo a añadir una nueva letra d).

5. Enmienda 20 sobre el apartado 1 del artículo 4, relativo a la denegación de las solicitudes de información (la posición de la Comisión se ajusta a la del Consejo en cuanto a los apartados 1 a 3):

- no se aceptó el cambio de la frase introductoria, ya que las excepciones podrían referirse asimismo a organismos no incluidos en la definición de "autoridades públicas", como los organismos privados que están en posesión de información de las autoridades,

- el Consejo aceptó la idea contenida en la letra b) de ayudar al solicitante a mejorar la formulación de su solicitud mediante los nuevos apartado 3 del artículo 3 y letra d) del apartado 5 del artículo 3,

- el Consejo no aceptó suprimir la confidencialidad de las comunicaciones internas en la letra c), que está también protegida en el artículo 4/3/c) de Aarhus, y mantuvo asimismo la referencia a los documentos sin terminar y a los datos contenidos en el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 90/313/CEE,

- en cuanto a esa misma letra c), el Consejo no aceptó sustituir la idea de tener en cuenta el interés público por la de ponderar el interés del público de revelar la información en relación con el interés que presenta la denegación: esa ponderación no está recogida en Aarhus; es un ejercicio delicado que podría conducir a difíciles asuntos judiciales; y existen muchos casos en los que la confidencialidad es tan absoluta que no podría llevarse a cabo la ponderación (por ejemplo, el secreto de los sumarios).

6. Enmienda 21 sobre el apartado 2 del artículo 4 relativo a las excepciones:

- el Consejo no aceptó restringir la confidencialidad de los procedimientos públicos a los casos considerados en la legislación [letra a)]. El Consejo y la Comisión no aceptaron restringirla en las relaciones internacionales [letra b)] en caso de interés vital, ni abandonar los derechos de propiedad intelectual [letra e)], porque están ya establecidos tanto en Aarhus como en la Directiva 90/313/CEE,

- en cuanto a la letra d) y el nuevo último párrafo del apartado 2, la Comisión propuso que se divulgase la información relativa a las emisiones en el medio ambiente que son objeto de disposiciones de la legislación comunitaria, incluso cuando estén amparadas por la confidencialidad comercial e industrial. El Parlamento fue más lejos y propuso levantar también todos los otros tipos de confidencialidad. La Comisión expresó su desacuerdo. Por su parte, el Consejo volvió al texto literal de Aarhus, que en su artículo 4/4/d), y en el marco de la confidencialidad comercial e industrial, dispone que se divulgue la información sobre emisiones que tenga importancia para la protección del medio ambiente,

- el Consejo aceptó las enmiendas relativas a la protección de los datos personales de la letra f) si bien retuvo la formulación artículo 4/4/f) de Aarhus,

- la Posición común sigue la enmienda sobre la protección de las personas que faciliten información [letra g)], estableciendo asimismo la protección del artículo 4/4/g) de Aarhus, que es algo más fuerte,

- el texto incorpora también la frase propuesta por la que se requiere una interpretación restrictiva de las excepciones, con arreglo al artículo 4/4 de Aarhus en su parte final,

- en cuanto a la ponderación de los intereses públicos y privados (último párrafo del apartado 2 de la propuesta de la Comisión), el Parlamento propuso un texto más riguroso sobre el cual la Comisión expresó desacuerdo. El Consejo, con todo, suprimió totalmente cualquier referencia a la ponderación y reincorporó la idea de Aarhus de tener en cuenta el interés público, por las razones indicadas en el último guión del punto VI.5 anterior.

7. Enmienda 25 sobre el artículo 6 relativo al acceso a la justicia (la Comisión concuerda con el Consejo):

- la Posición común, en sus apartados 1 y 2, recoge el requisito propuesto de la independencia y la imparcialidad de los órganos administrativos y judiciales de revisión de decisiones,

- como la Comisión, el Consejo considera que los nuevos apartados 2 bis y 3 bis propuestos son excesivamente detallados. Con arreglo al principio de subsidiariedad, el derecho de información de los tribunales y la recuperación de los costos jurídicos deben seguir regulándose por los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros.

8. Enmienda 28 sobre el artículo 8, relativo a la revisión de la Directiva (parcialmente aceptada por la Comisión):

- por lo que se refiere a las fechas, el Consejo cree claramente que es más prudente trabajar con períodos de tiempo, una vez entrada en vigor la Directiva, que establecer fechas fijas. También cree que el 31 de diciembre de 2005 es una fecha demasiado próxima para elaborar los informes nacionales sobre aplicación de la Directiva y cree preferible un plazo de nueve años después de la entrada en vigor,

- el Consejo acordó redactar un documento orientativo sobre la aplicación de la Directiva,

- el Consejo aprobó la idea de que también las instituciones comunitarias deben aplicar los principios de la Directiva. Con todo, el Consejo estima que las medidas de procedimiento destinadas a llevar adelante el presente asunto deben establecerse en una declaración pública que se hará constar en acta, como se indicó en el punto III.5 anterior. El hecho de establecer una disposición en el cuerpo de la Directiva queda claramente fuera del ámbito de aplicación de ésta, que se aplica únicamente a los Estados miembros. El Parlamento podría asociarse, si lo desea, a la declaración del Consejo.

VII. ENMIENDAS DEL PARLAMENTO NO ACEPTADAS POR EL CONSEJO

(Tampoco fueron aceptadas en su mayoría por la Comisión, que sin embargo tuvo en cuenta partes de las enmiendas 11, 14, 24 y 26):

1. La enmienda 2 al considerando 2 (cambio de mentalidad): el Consejo considera que el nuevo texto transmitía básicamente, con una redacción más complicada, el mismo mensaje que el texto de la Comisión.

2. La enmienda 4 sobre el considerando 9 (futuras tecnologías): podría ser imprudente imponer tecnologías desconocidas (véase el punto 12 siguiente).

3. Enmienda 5 sobre el considerando 10 (definición de la información medioambiental): amplía excesivamente el ámbito de aplicación [véase el punto VI.3, tercer inciso relativo a la letra d) del apartado 1 del artículo 2].

4. Enmienda 6 sobre el considerando 14: fue rechazada porque el apartado 2 del artículo 3 no exige la entrega inmediata de la información.

5. Enmienda 7 sobre el considerando 15 relativo al formato de la información: véanse los motivos correspondientes a la primera parte de la enmienda 18 (punto 12 siguiente).

6. Enmienda 8 sobre el considerando 17: las modificaciones no hacen sino repetir simplemente la letra c) del apartado 5 del artículo 3 sin exponer sus motivos.

7. Enmienda 10 sobre el considerando 19: el Consejo suprimió totalmente este considerando (véase el punto VI.6, segundo inciso).

8. Enmienda 11 sobre el considerando 21 relativo a las tarifas (considerando 18 de la Posición común): véase el punto 15 siguiente correspondiente a la enmienda 24 relativa al artículo 5.

9. Enmienda 12 sobre el nuevo considerando 23 bis relativo a la calidad de la información: no se aceptó por las mismas razones que no se aceptó la enmienda 27 sobre el nuevo artículo 7 bis (VII.17).

10. Enmienda 14 sobre el artículo 1 (objetivos): la enmienda relativa a la letra a) no se consideró muy importante. El Consejo suprimió el texto de la Comisión en relación con el uso de las tecnologías modernas en la letra b), ya que esto no es un objetivo, sino solamente un medio para alcanzarlo. En cuanto a la nueva letra ba) propuesta, la Directiva deberá establecer la norma para el acceso a la información de las instituciones de la Unión; véase el tercer inciso del punto VI.8 anterior.

11. Enmiendas 16 y 30 sobre las letra a) y b) del apartado 2 del artículo 3: se rechazaron porque frecuentemente es imposible, en particular en los servicios pequeños, reducir de un mes a dos semanas el plazo límite para responder a las solicitudes ordinarias de información, y de dos meses a seis semanas el plazo límite para las solicitudes complicadas.

12. Enmienda 18 sobre la forma de las respuestas del apartado 4 del artículo 3: con respecto a la primera parte de la enmienda, el Consejo mantuvo la letra a) por cuanto debe alentarse a los solicitantes, en primer lugar, a utilizar los sistemas de información activa que establece el artículo 7. También mantuvo la letra b) de la propuesta de la Comisión, dado que resulta más clara que la formulación propuesta por el Parlamento, que obligaba a las autoridades a responder, siempre que fuese posible, en la forma pedida por el solicitante.

En cuanto a la segunda parte, el Consejo estimó que sería imprudente pedir a los Estados miembros que adopten las futuras tecnologías de la comunicación sin saber en qué consistirán y cuánto costarán. Ese tipo de compromisos deberán imponerse en las futuras modificaciones de la Directiva. Mientras tanto, los Estados miembros tendrán libertad de adoptar las futuras tecnologías si lo consideran útil.

13. Enmienda 22 sobre el nuevo apartado 2 bis del artículo 4, en el que se pide a los Estados miembros que establezcan criterios para tratar las excepciones: se rechazó porque crearía nueva burocracia y porque corresponde a cada administración, bajo la supervisión de los tribunales, interpretar las excepciones con arreglo a las legislaciones nacionales por las que se aplique la Directiva.

14. Enmienda 23 sobre los añadidos al apartado 4 del artículo 4, según los cuales el dejar de responder dentro del plazo supondría comprometerse a facilitar la información: no se aceptó porque ese hecho debe, en cambio, dar lugar a las sanciones que prevé el artículo 6.

En lo referente a la segunda parte, la idea de dar el nombre de la persona o autoridad encargada del material en cuestión no figura en Aarhus, puede resultar impracticable y podría ser, pues, parte de las modalidades prácticas que considera el apartado 5 del artículo 3.

En cuanto al apartado 4 bis, el anonimato de los informadores está incluido ya en la letra g) del apartado 2 del artículo 4.

15. La enmienda 24 sobre el artículo 5 relativo a los cambios modifica el orden de las frases sin que sea necesario. El Consejo no pudo aceptar la nueva idea de que los costes pueden no incluir el tiempo invertido en investigaciones, ni tampoco la idea de que la información a efectos educativos sea gratuita: las investigaciones pueden ser muy largas y costosas, el carácter gratuito podría dar lugar a solicitudes de información fútiles y el concepto "educativo" es muy vago.

16. La enmienda 26 sobre el artículo 7 relativo a la información activa se refiere a unos asuntos que será mejor dejar a la discreción de cada Estado miembro. La enmienda impondría tareas muy largas (crear bases de datos y registros de la primera parte de la enmienda) y la introducción de Internet de datos tan detallados y voluminosos que deberían, por el contrario, supeditarse a la información pasiva (autorizaciones y estudios de la segunda parte). No obstante, se añadieron a la frase inicial del apartado 2 las palabras "al menos".

17. Enmienda 27 sobre el nuevo artículo 7 bis relativo a la calidad de la información medioambiental: los apartados 1 y 2, que obligan a que la información sea exacta y actualizada y a especificar los métodos de medida utilizados en la información sobre factores y emisiones son innecesariamente engorrosos para las autoridades públicas. Además, es frecuentemente imposible garantizar la exactitud de los datos. El apartado 3, que se refiere a la armonización de los procedimientos de medida de las emisiones, queda fuera del ámbito de aplicación de la propuesta de la Comisión.

18. La enmienda 29 sobre el artículo 9 propone que se aplique la Directiva 12 meses después de su publicación. El Consejo insiste en que son necesarios dos años.

VIII. OTRAS ENMIENDAS INTRODUCIDAS POR EL CONSEJO

1. Preámbulo

Los considerandos 9, 11, 12 (antiguo considerando 13), 13 (antiguo considerando 14), 14 (antiguo considerando 15), 16 (antiguo considerando 18), 18 (antiguo considerando 21), 20, 21 y 22 (antiguos considerandos 23, 24 y 25) se adaptaron a los cambios del texto. Por las mismas razones, se suprimieron los considerandos 12 y 19 de la propuesta. El considerando 23, que dispone que los Estados miembros podrán establecer un acceso más amplio a la información, es nuevo.

2. Letra b) del artículo 1 relativa a los objetivos

El Consejo sustituyó la descripción objetiva de la propuesta de la Comisión en cuanto a los objetivos de la información activa ("garantizar el derecho de acceso a la información medioambiental") por una fórmula más activa ("fomentar de oficio una difusión y puesta a disposición del público lo más amplia y sistemática posible"). El Consejo suprimió también el texto de la Comisión relativo a la utilización de las tecnologías modernas, porque no es un objetivo sino sólo un medio de alcanzar el objetivo de una información más amplia.

3. Artículo 2 sobre las definiciones

En la frase introductoria del apartado 1, el término "accesible", que no resulta claro, se sustituyó por el de "material", que figura en el apartado 3 del artículo 2 de Aarhus.

Se fundieron las letras b) (factores) y c) (emisiones) del apartado 1.

En el apartado 3, el Consejo explicó que la "información poseída" significa "que obra físicamente en poder de una persona", y suprimió el requisito limitativo de la propuesta de la Comisión relativo al acuerdo entre el poseedor y la autoridad.

El Consejo añadió la definición de "público" contenida en Aarhus (apartado 5).

4. Artículo 3 sobre la "información pasiva"

El Consejo suprimió el apartado 3 de la propuesta, que disponía que las autoridades debían tener en cuenta los plazos concretos fijados por el solicitante que alegase finalidades específicas, pero modificó la frase introductoria del apartado 2 en el sentido de que las autoridades deberán tener en cuenta cualquier plazo especificado por el solicitante, tanto si se debe a una finalidad concreta como si no.

En la letra a) del apartado 2, el Consejo sustituyó la palabra "de que se trate" por "contemplada en el apartado 1", para dejar claro que el período de uno (o dos) meses comenzará a transcurrir a partir del momento en que la autoridad responsable -y no otra- haya recibido la solicitud. Cuando las solicitudes se remitan a la autoridad que no corresponda, ésta deberá remitir, a tenor de la letra a) del apartado 1 del artículo 4, la solicitud lo antes posible a la autoridad competente o informar al solicitante sobre la identidad de ésta.

En la letra a) del apartado 4 se incluyó una referencia al artículo 7 para aclarar que no será necesario facilitar la información cuando pueda disponerse de ella mediante la información activa.

5. Artículo 4 relativo a las excepciones

El Consejo redactó la letra a) del apartado 1 de una forma más objetiva ("sepa que dicha información obra en poder"), y añadió la posibilidad de informar al solicitante sobre la autoridad competente.

En la letra d) del apartado 2 la Posición común aclara que la confidencialidad estadística y el secreto fiscal pueden formar también parte de la confidencialidad comercial o industrial.

Con arreglo al apartado 7 del artículo 4 de Aarhus, el Consejo restringió el requisito de responder por escrito contenido en el apartado 4 a los casos en que la solicitud sea por escrito, o cuando el solicitante pida una respuesta por escrito.

6. Artículo 5 relativo a las tasas

El Consejo transformó la propuesta prohibición del pago adelantado de la información en una posibilidad, porque los solicitantes frecuentemente olvidan o se niegan a recoger la información una vez hecho el esfuerzo de investigación. Por otro lado, el Consejo estableció que ese requisito debe anunciarse previamente.

7. Artículo 6 relativo al acceso a la justicia

El Consejo permutó la secuencia de los apartados 1 y 2 de forma que el primer apartado se refiere a la revisión administrativa y, el segundo, a la judicial.

El Consejo sustituyó el apartado 3 de la propuesta por el último párrafo del apartado 1 del artículo 9 de Aarhus.

8. Artículo 7 relativo a la difusión de la información medioambiental

La Posición común añadió al primer párrafo del apartado 1 que las autoridades deben solamente facilitar la información que corresponda a sus funciones. El nuevo segundo párrafo del apartado 1 excluye de la difusión electrónica a la información que no estuviera disponible en forma electrónica antes de la entrada en vigor de la Directiva.

En la frase introductoria del apartado 2, el Consejo introdujo la obligación de actualizar, en su caso, la información, con arreglo a la letra a) del apartado 1 del artículo 5 de Aarhus.

En la letra e) del apartado 2, la Posición común establece la posibilidad de divulgar resúmenes de datos con el fin de evitar introducir en Internet información confidencial o las enormes cantidades de datos que frecuentemente se recaban en la supervisión medioambiental.

El último párrafo del apartado 2 (apartado 1 de la propuesta de la Comisión) relativo a mantener la información en forma electrónica se ha suprimido. En cambio, la frase introductoria declara que en su caso se organizará la información con vistas a su divulgación electrónica.

El Consejo añadió un nuevo apartado 7 que permite a los Estados miembros cumplir las obligaciones relativas a la información activa mediante la creación de vínculos a páginas de Internet.

IX. CONCLUSIÓN

La Posición común pretende facilitar al público el acceso más amplio posible a la información medioambiental, respetando simultáneamente la confidencialidad de determinados datos y la necesidad de evitar grandes y costosos aumentos de trabajo para las administraciones públicas. La Posición común incorpora asimismo, en muchos casos, la redacción del Convenio de Aarhus.

La Comisión aceptó la Posición común.

(1) DO C 337 E de 28.11.2000.

(2) DO C 343 de 5.12.2001, p. 177.

(3) DO C 116 de 20.4.2001, p. 43.

(4) DO C 148 de 18.5.2001, p. 9.

(5) DO C 240 E de 28.8.2001, p. 289.

(6) DO L 158 de 23.6.1990, p. 56.

(7) DO C 154 E de 29.5.2001, p. 123.

(8) DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.