Dictamen sobre el desarrollo urbano y la Unión Europea (96/C 100/18)

El 1 de febrero de 1995, de conformidad con el artículo 198 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Mesa del Comité de las Regiones decidió elaborar un dictamen de iniciativa denominado «El desarrollo urbano y la Unión Europea».

La Comisión de Política Urbana (Comisión 4), encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen por unanimidad el 30 de junio de 1995 (Ponentes: Sra. Powell y Sr. Frau).

En su 8° pleno de los días 19 y 20 de julio de 1995 (sesión del 20 de julio de 1995), el Comité de las Regiones ha aprobado el siguiente dictamen.

POLÍTICA URBANA

La Unión Europea constituye el subcontinente más urbanizado del mundo. En 1991, el 71 % de la población de la UE vivía en aglomeraciones urbanas de más de 10 000 habitantes, un índice de urbanización superior al de los Estados Unidos. Otra particularidad de la estructura urbana en la UE es el gran número de aglomeraciones urbanas, con 3 560 frente a las 1 000 de los Estados Unidos. En la UE unos 237 millones de habitantes viven en estas aglomeraciones frente a los 113 millones que viven en las 1 011 aglomeraciones del Japón (un índice de urbanización del 91 %) y 133 millones de habitantes en África, que viven en 2 577 aglomeraciones (un índice de urbanización del 29 %).

Comisión Europea:

Actuaciones urbanas comunitarias

I. INTRODUCCIÓN

Las zonas urbanas () son objeto de algunas de las actuaciones económicas más innovadoras de la Unión Europea. Aumenta el número de personas que reconocen el papel fundamental que desempeñan las zonas urbanas para la economía de sus regiones y de sus Estados y en general para la competitividad de toda la Unión Europea. Una estructura urbana eficaz desde el punto de vista físico y económico que disponga, además, de políticas concebidas para fortalecer la infraestructura intelectual, social y física repercutiría enormemente en el comportamiento de la economía europea y en el bienestar a largo plazo de la propia Unión. Así pues, el futuro de las zonas urbanas es una de las preocupaciones principales de la Unión.

Por desgracia, las ciudades son también el escenario donde se observan algunos de los problemas más acuciantes con que se enfrenta la Unión Europea hoy en día. Desde los años setenta las zonas urbanas experimentan un serio malestar económico, social y medioambiental. El despoblamiento del centro de las ciudades, el desempleo, el estado de abandono de inmuebles y barrios, el deterioro de las infraestructuras y el declive industrial son causa de problemas urgentes de exclusión social, racismo, discriminación y delincuencia. Estos problemas no siempre se presentan de forma uniforme en toda una zona urbana, sino que castigan con mayor intensidad a determinados grupos sociales y áreas de muchas zonas urbanas. Ello puede observarse en las bolsas de pobreza y en la degradación del entorno en muchas zonas urbanas. Los residentes de estas zonas tienen mayores probabilidades de encontrarse en paro, de estar menos cualificados y remunerados o con un empleo a tiempo parcial, así como de tener un acceso muy limitado a servicios culturales y vivir en entornos muy contaminados con una vivienda deficiente y necesitar con mayor frecuencia atención hospitalaria debido a enfermedades que aparecen por falta de suficientes medidas preventivas; se enfrentan con mayores índices de delincuencia y racismo y, además, son objeto de una fuerte exclusión en el caso de ser de color, mujer, o estar discapacitado.

Dado que la situación de estas bolsas de pobreza es cada vez peor, sus habitantes quedan aislados y excluidos del resto de la población: podrían ser los primeros síntomas antes de convertirse en esos «barrios donde no se entra» existentes en muchas ciudades estadounidenses. Algunas ciudades estadounidenses como Detroit han asistido a la aparición de una infraclase y de distritos «sin futuro» en los que la pobreza, el desempleo, la delincuencia y el racismo campan a sus anchas. Pocas zonas urbanas europeas han experimentado con tal intensidad este deterioro, pero muchas se hallan muy cerca de este límite. A menos que no se haga frente a estos problemas no podrá asegurarse la estabilidad a largo plazo de nuestras ciudades y con ello se podría poner en peligro la competitividad económica a largo plazo de Europa.

Atravesamos una fase crucial del desarrollo de las zonas urbanas europeas y, por ende, de la economía europea. Se han aplicado medidas especiales. Sin embargo, no existe ningún sustituto para una actuación firme, estratégica y coherente que pueda ayudar a detener el deterioro de nuestras ciudades y zonas urbanas.

1. El reconocimiento de las necesidades urbanas en la UE

Dado que casi tres cuartas partes de la población de la Unión Europea reside en zonas urbanas, sería extraño que no se reconociesen las necesidades de las zonas urbanas en la política de desarrollo de la UE. Este reconocimiento se manifiesta en la ingente cantidad de iniciativas urbanas a pequeña escala como:

- la serie de proyectos urbanos piloto contemplados en el artículo 10;

- el Libro Verde sobre el entorno urbano;

- la referencia al deterioro urbano en la definición de las condiciones para acogerse a las ayudas regionales;

- la iniciativa comunitaria URBAN;

- los proyectos urbanos sostenibles.

Esta enumeración muestra tan sólo una parte del trabajo emprendido por la Unión Europea para satisfacer las necesidades de las zonas urbanas. No cabe duda de que los fondos disponibles para subvencionar estas actividades no son insignificantes. Si bien es de alabar toda acción, es preciso señalar que las zonas urbanas no han sido uno de los aspectos principales contemplados por la política de desarrollo de la UE. De hecho, las políticas y planes de financiación de la UE han tenido siempre un carácter sectorial. El resultado es que la Unión Europea no puede hacer gala de coherencia en sus iniciativas en el campo del desarrollo de las zonas urbanas.

Lo que puede observarse hoy en día en Europa es un reconocimiento cada vez más amplio de la necesidad de considerar las cuestiones urbanas como un medio de abordar la cuestión de la cohesión social y de conseguir la prosperidad en toda la Unión. Se han arbitrado una serie de medidas individuales, fragmentarias y descoordinadas con el fin de mitigar el problema. Con todo, los peligros de este planteamiento sectorial fueron señalados por el Tribunal de Cuentas de la UE en enero de 1995 cuando señalaba la necesidad de un marco urbano en la política de desarrollo que garantice la rentabilidad de los fondos empleados. Dada la importancia estratégica de nuestras zonas urbanas para el desarrollo de la Unión, no es de recibo exagerar los peligros del actual planteamiento sectorial. Existe una necesidad acuciante de desarrollar una política urbana general para encuadrar las actuales actuaciones de la Unión en un marco estratégico.

2. El déficit urbano del Tratado

Uno de los motivos de que la política urbana sea fragmentaria es el déficit urbano que presenta el Tratado. El Tratado de la Unión Europea no contempla ninguna referencia concreta a las zonas urbanas y por ello no otorga a la Unión ningún poder jurídico específico para la coordinación de la política urbana. El déficit urbano es una carencia de primer orden para un subcontinente urbano que quiere plasmar su visión del siglo XXI.

Sin este fundamento jurídico las políticas y actividades en el ámbito urbano están condenadas a ser fragmentarias y, por consiguiente, no se dispondrá de ninguna estrategia general, ninguna coherencia y, desde luego, ninguna visión de futuro.

El anterior Comisario encargado de Política Regional, Bruce Millan, planteó la cuestión de las competencias en asuntos urbanos en la Conferencia Intergubernamental celebrada en 1991 y propuso que la cobertura del Fondo Europeo de Desarrollo Regional se ampliase a la ayuda a las zonas urbanas. Sin embargo, esta propuesta no fue considerada en Maastricht. Con todo, la Conferencia Intergubernamental fijó una serie de nuevos ámbitos en los que la Unión sería jurídicamente competente: educación, sanidad, protección del consumidor y redes transnacionales, ámbitos de una gran importancia para las zonas urbanas y con implicaciones profundas para todos los residentes en dichas zonas. Por desgracia, el desarrollo de éstos y otros ámbitos de actuación supone nuevas posibilidades de fragmentación de la política urbana. En Maastricht no se consiguió que en el Tratado se contemplase «una obligación jurídica para coordinar las consecuencias de la política de la UE en las zonas urbanas», pero los nuevos ámbitos que se acordaron hacen que sea más profunda la necesidad de colmar este déficit urbano.

3. Colmar el déficit urbano

Los efectos positivos de encuadrar una serie de medidas fragmentarias e incoherentes en una política bien planificada son inmensos: un entorno residencial satisfactorio con mejores oportunidades de empleo, exento de discriminación en una ciudad sana con acceso a servicios educativos y culturales, con un sistema eficaz y accesible de transportes públicos, etc. Los problemas de las zonas urbanas pueden acometerse con una política integrada y coherente.

Si se incluyese en el Tratado «una obligación jurídica para coordinar las consecuencias de la política de la UE en las zonas urbanas» se podría elaborar una estrategia urbana coherente y la UE podría integrar en una única estructura las dispersas actividades de la Comisión.

4. Revisión de las disposiciones del Tratado relativas a las zonas urbanas

El Tratado en su redacción actual presenta una serie de inconvenientes:

(i) la ausencia de una referencia explícita a los asuntos urbanos en el Tratado que permita en un subcontinente urbanizado la coordinación, consolidación y fortalecimiento de las actuales políticas y actuaciones en zonas urbanas;

(ii) la fragmentación de la política urbana en otras competencias contempladas en el Tratado ocasiona una falta de claridad y cohesión en el desarrollo de la política urbana europea. En realidad, ésta se desarrolla en ámbitos como los transportes, el medio ambiente, la sanidad y otros; sin embargo, el Tratado no constituye un fundamento jurídico para una coordinación eficaz de estas políticas de la Unión Europea en las zonas urbanas;

(iii) algunas de las disposiciones del Tratado sobre políticas concretas (por ejemplo: transportes, cohesión económica y social, sanidad, etc.), aun cuando son fundamentales para las cuestiones urbanas, no promueven un desarrollo pleno y coherente de los aspectos urbanos de la política en cuestión y, por tanto, ocasionan una falta de claridad en la elaboración de las medidas;

(iv) no hay ninguna disposición que contemple la totalidad de necesidades de una sociedad multicultural, aspecto que es de suma importancia para el desarrollo de la sociedad europea (especialmente en los centros urbanos).

En este documento se abordan los actuales inconvenientes que plantea el Tratado y en él se señalan los siguientes puntos:

(i) la necesidad de introducir en el Tratado un nuevo capítulo que permita la coordinación de las actuales actuaciones gracias a una política urbana coherente;

(ii) la necesidad de realizar determinadas modificaciones de las actuales disposiciones con el fin de facilitar la consecución de las metas que se ha fijado la UE en las zonas urbanas;

(iii) las necesidades de una sociedad multicultural;

(iv) la necesidad de compaginar la política urbana con el respeto del principio de subsidiariedad.

II. CAPÍTULO I

En este capítulo se analiza la necesidad de que la UE se dote de una política general urbana. Dicha política debería cubrir los aspectos siguientes:

- el imperativo del desarrollo urbano como parte integrante del desarrollo europeo;

- la concepción de una política urbana europea;

- las competencias que a tal fin necesita asumir la UE.

a) ¿Por qué una política urbana?

Disponer de una dimensión urbana en el Tratado cuando el subcontinente es fundamentalmente un territorio urbanizado constituye una gran necesidad. Efectivamente, el 71 % de nuestros conciudadanos residen en zonas urbanas. Con todo, pocos son los que espontáneamente relacionarían a la Unión Europea con las necesidades de las zonas urbanas. De hecho, uno de los motivos de que la Unión Europea no haya conseguido la adhesión de sus ciudadanos podría ser que su actuación no resulta palpable en zonas en las que residen la gran mayoría de los ciudadanos europeos.

Aunque pocas son las ciudades que experimentan los gravísimos problemas que se observan en las ciudades estadounidenses, donde abundan las «no go areas» (barrios que es preferible evitar) y el deterioro urbano, puede que muchas de nuestras ciudades se aproximen a ese punto. La política urbana es una de las cuestiones que deberán contemplarse al abordar nuestras necesidades institucionales y políticas para el siglo XXI. Efectivamente, puede que la Conferencia Intergubernamental de 1996 conceda la preferencia al desarrollo de un marco institucional, pero ese marco no funcionará si no se abordan de manera consecuente las necesidades de los ciudadanos.

b) Concepción de un desarrollo urbano europeo

Aunque es probable que sean limitadas las competencias urbanas asumibles por la UE, es importante, sin embargo, esbozar una concepción del tipo de zonas urbanas que pretendemos conseguir y la estrategia para lograrlo.

La política urbana debe afrontar de manera global todos los problemas y aspiraciones de sus residentes, así como fijar los mejores medios para plasmar esta concepción. Esta última debe tener en cuenta también las aspiraciones multiculturales de los residentes de las zonas urbanas, así como su bienestar económico.

En toda política urbana que se elabore intentaremos siempre conseguir lo siguiente:

c) Concepción de zonas urbanas:

«Las zonas urbanas deben ser un punto de convergencia de sus respectivas regiones y constituir el elemento dinámico del desarrollo económico. Este desarrollo económico deberá fortalecer el tejido ciudadano y ofrecer al ciudadano un empleo, una vivienda y un bienestar social satisfactorio.»

Toda estrategia encaminada a conseguir el desarrollo de las zonas urbanas deberá analizar el contexto local, nacional y europeo. En todos los niveles, una serie de organismos se constituirán en protagonistas del desarrollo de nuestras ciudades, mientras que los entes regionales y locales desempeñarán un papel puntero como voz legítima del sentir de las zonas urbanas. De hecho, el grueso de los trabajos en el campo del desarrollo urbano se realizará a nivel local. El planteamiento que predominará será un planteamiento ascendente en el que las zonas urbanas se desarrollarán a partir de sus propias iniciativas. Ciertamente, ello se corrobora en la realidad puesto que cada zona urbana de la Unión desarrolla en estos momentos políticas coherentes e imaginativas que pretenden satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Éste es el nivel donde debe llevarse a cabo la mayor parte del desarrollo, en el nivel más próximo al ciudadano.

Con todo, no puede pasarse por alto el papel que debe desempeñar el nivel europeo. Muchas de las actuales políticas de la UE repercuten directamente en nuestras ciudades. La actual fragmentación del desarrollo urbano en el nivel europeo podría provocar una falta de coherencia allá donde quiera aplicarse. Así pues, la actuación europea es necesaria, por cuanto es complementaria, fortalece las competencias de los entes locales y sirve para coordinar las actuaciones en materia urbana de la UE.

Estas nuevas competencias protegerían a las autoridades regionales y locales. Lo único que se requiere es la imposición de una obligación jurídica que garantice una realización coordinada y cohesiva de las actuales intervenciones de la UE. Ciertamente, la influencia de las autoridades urbanas aumentaría a través de un planteamiento coherente en materia de política urbana a nivel de la UE.

d) ¿Qué tipo de política urbana?

Las competencias necesarias para el nivel europeo cubren dos aspectos:

- el papel de las zonas urbanas europeas y la economía europea;

- la coordinación de las actuales políticas sectoriales europeas en un planteamiento cohesivo y coordinado.

(i) El papel de las zonas urbanas europeas y la economía europea

Las zonas urbanas europeas son importantes para la competitividad y crecimiento económico de Europa. La mayor parte de las actividades económicas de la UE se realizan dentro de sus fronteras. Nuestras ciudades se están convirtiendo en centros del desarrollo económico europeo:

- centros de la reestructuración económica como consecuencia de las novedades introducidas por el mercado único;

- centros de operaciones de las redes transnacionales;

- sedes de las instituciones europeas;

- centros de la política cultural;

- centros generadores de iniciativas en el campo de la investigación y desarrollo.

La política europea de desarrollo está teniendo efectos profundos en nuestras ciudades. Con todo, las implicaciones de la política europea de desarrollo para la cohesión urbana no se tienen en cuenta en dicha política. Estas cuestiones requieren ser abordadas y consagradas en el Tratado.

(ii) La integración de las actuales políticas sectoriales europeas en un planteamiento cohesivo y coordinado

El desarrollo de la dimensión urbana en las políticas europeas de transportes, sanidad, política regional, medio ambiente y cohesión/exclusión social da como resultado un planteamiento fragmentario del desarrollo urbano e incluso una política urbana sectorial que puede provocar confusión y discordia en nuestras ciudades. Un planteamiento coordinado del desarrollo urbano es necesario y debe tener un fundamento jurídico en el Tratado. Ello permitiría un planteamiento cohesivo de la política urbana. Las medidas que repercuten en las zonas urbanas pueden encuadrarse de manera estratégica en una estrategia coherente que contemple el fortalecimiento de los habitantes urbanos, el dinamismo económico de las ciudades y la complementariedad de las actuaciones.

e) Tipo de coordinación, basada en el Tratado, que se requiere

Parece correcto que la Unión:

- ofrezca a las zonas urbanas los instrumentos para administrar y desarrollar su base económica y social y poder operar en una economía europeizada;

- coordine todos los aspectos de la política urbana de la UE y garantice que no se produzca una fragmentación de la política urbana en y entre las instituciones de la UE;

- ofrezca a las ciudades los fondos e instrumentos necesarios para combatir la exclusión y deterioro social arbitrando estrategias a la altura de los retos planteados a los europeos.

Esta obligación jurídica garantizaría la coordinación de la actual política urbana europea, aseguraría la actuación para el desarrollo de las ciudades y municipios europeos y sentaría las bases morales para ganarse la adhesión de la gran mayoría de los ciudadanos residentes en las zonas urbanas.

Las modificaciones necesarias del Tratado son las siguientes:

(1) Artículo 3: Añádase:

«(u) una contribución al desarrollo de las zonas urbanas.»

(2) Añádase un nuevo capítulo:

« Política urbana

1. La Comunidad contribuirá al desarrollo de las zonas urbanas, respetando la diversidad nacional y regional y el principio de autonomía.

2. La Comunidad aspirará a coordinar todas sus acciones en las zonas urbanas a fin de complementar y apoyar las actuaciones de las autoridades locales, regionales y nacionales.

3. La acción de la Comunidad consistirá asimismo en apoyar y completar la acción de las autoridades nacionales, regionales y locales en los ámbitos siguientes:

- la mejora del conocimiento y difusión de las políticas de desarrollo urbano,

- el fomento de la cooperación en materia de desarrollo urbano entre los Estados miembros, las regiones y las zonas urbanas,

- el estímulo del desarrollo de los intercambios entre las autoridades urbanas de la Unión y las de terceros países.

4. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 C y previa consulta al Comité de las Regiones, adoptará medidas de fomento, exceptuando toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.

5. El Consejo, con arreglo al mismo procedimiento y antes del 31 de diciembre de 1998, garantizará la coordinación en y entre las instituciones de la UE, de las políticas de la Unión Europea que tengan consecuencias para las zonas urbanas, a fin de alcanzar los fines enunciados en el punto 2 supra.»

III. CAPÍTULO II

Una vez definido el marco para una política urbana europea de carácter general que permita la coordinación a este nivel, es necesario también analizar las actuales competencias. Como ya se expuso en la introducción, estos ámbitos deben tener una dimensión urbana: una parte integral de la política de desarrollo en este ámbito. Sin embargo, puede que el Tratado presente algunas lagunas en determinados aspectos y requiera una reforma. Más abajo abundamos en este particular.

Este capítulo analiza algunas de las actuales competencias reconocidas en el Tratado. Se han examinado todas y cada una de las disposiciones desde la perspectiva siguiente:

(i) ¿Cuáles son los objetivos de las disposiciones del Tratado?

(ii) ¿Es la dimensión urbana una parte integral de la consecución de estos objetivos?

(iii) Si la dimensión urbana es importante, ¿facilita el Tratado dicha dimensión?

(iv) Si el Tratado no facilita dicha dimensión, ¿qué modificaciones se requieren?

Se han examinado las disposiciones del Tratado relativas a los ámbitos siguientes:

- transportes,

- cohesión económica y social,

- política de medio ambiente,

- redes transeuropeas,

- política sanitaria,

- política cultural.

1. Transportes

a) Objetivos de las disposiciones del Tratado

En los artículos 74 al 84 del Tratado se fijan las competencias de la UE en la política de transportes con el objetivo último de facilitar la existencia de una política común de transportes. Así pues, el objetivo de la UE en este ámbito es simplemente una política común de transportes.

b) La dimensión urbana en el desarrollo de la política de transportes

El desarrollo de toda política común de transportes debe hacer referencia explícita a las necesidades de la zonas urbanas. En efecto, una política común de transportes no puede funcionar sin tener plenamente en cuenta las cuestiones siguientes:

- concentración y congestión del tráfico;

- concentración de transportes: oferta de transportes públicos de masas, limitación del uso del automóvil particular, transporte de carga, aparcamientos y distribución;

- congestión del tráfico aéreo y contaminación atmosférica;

- seguridad vial;

- concentración de la contaminación acústica;

- dependencia del transporte público de las personas socialmente excluidas que viven principalmente en zonas urbanas;

- impacto de los transportes públicos en la vida económica de las zonas urbanas.

Por todo ello, las cuestiones urbanas son fundamentales para el desarrollo de una política coherente de transportes en la Unión. No cabe duda de que una sólida dimensión urbana del desarrollo de los transportes es ya en estos momentos una de las características principales de las medidas de la UE. Así, por ejemplo:

- las cuestiones urbanas son ampliamente abordadas en el Libro Blanco «Futuro desarrollo de la política común de transportes»;

- el capítulo dedicado a los transportes en el Cuarto programa marco contiene un epígrafe dedicado exclusivamente a la cuestión de los transportes urbanos;

- las políticas de transportes y energía abordan también una serie de cuestiones urbanas.

c) ¿Puede facilitar el Tratado la dimensión urbana?

La aplicación del Tratado debe tener en cuenta, y así se ha hecho, las necesidades de las zonas urbanas con el fin de elaborar una política general de transportes. Con arreglo a las actuales disposiciones del Tratado, estas cuestiones pueden solucionarse desde un punto de vista jurídico, ya que las disposiciones relativas a los transportes no se limitan a ninguna región geográfica ni favorecen ningún sector en particular.

Con todo, no se hace ninguna mención explícita a necesidades concretas de las zonas urbanas o incluso rurales, y al elaborar la política no se tiene que hacer referencia explícita a estas cuestiones. Por ello sería aconsejable una modificación del Tratado para garantizar que al elaborar la política común de transportes se tengan en cuenta las necesidades concretas de las zonas urbanas y rurales. Ello garantizaría que no se prosiguiese con una serie de actuaciones urbanas descoordinadas sino que su desarrollo urbano coherente sea el eje fundamental de la política de transportes.

d) Modificación propuesta

Se sugiere que se realice la modificación siguiente del apartado 1 del artículo 75:

«Para la aplicación del artículo 74, y teniendo en cuenta las peculiaridades del sector de los transportes y con vistas a un desarrollo armonioso del territorio europeo, el Consejo, con arreglo al procedimiento previsto por el artículo 189 C y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, establecerá:

(a) normas comunes aplicables a los transportes internacionales efectuados desde el territorio de un Estado miembro o con destino al mismo o a través del territorio de uno o varios Estados miembros;

(b) condiciones con arreglo a las cuales los transportistas no residentes podrán prestar servicios de transportes en un Estado miembro;

(c) medidas que permitan mejorar la seguridad en los transportes;

(d) cualesquiera otras disposiciones oportunas.»

2. Cohesión económica y social

a) Objetivos de las disposiciones del Tratado

Los artículos 130 A al 130 E son las disposiciones principales que contemplan el desarrollo armonioso de la Unión. Este título constituye el fundamento jurídico de los reglamentos relativos a las ayudas regionales y de muchas iniciativas comunitarias.

b) La dimensión urbana en el desarrollo de la política de cohesión económica y social

Existe un amplio consenso en que la cohesión económica y social debe tener una dimensión urbana. De hecho, abordar los problemas del deterioro del tejido urbano y la contribución particular de las zonas urbanas a la competitividad europea ha sido uno de los objetivos clave de la Unión Europea en los últimos años. El reciente documento de la Comisión «EUROPA 2000+» reconoce explícitamente que la exclusión social, que caracteriza a las zonas urbanas desfavorecidas, constituye una amenaza para la cohesión económica y social europea tan importante como las disparidades económicas entre las regiones y la extensión de la periferia, que constituyen la fuerza motriz tradicional de la política regional de la UE (EUROPA 2000+, p. 16). La Comisión y los Estados miembros han aprobado una serie de programas europeos destinados a las necesidades de las zonas urbanas. De ellos cabe destacar:

- una serie de proyectos piloto urbanos contemplados en el artículo 10 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional,

- criterios secundarios entre los requisitos fijados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional que permiten a las ciudades acceder a las ayudas regionales,

- la iniciativa comunitaria URBAN.

Así pues, tanto las instancias nacionales como las europeas aceptan una determinada dimensión urbana de la cohesión económica y social.

c) ¿Puede el Tratado facilitar una dimensión urbana?

Aunque la Comisión ya ha trabajado mucho en torno al deterioro urbano, el fundamento jurídico es de índole secundaria por cuanto este título del Tratado no hace mención explícita a los asuntos urbanos. De hecho, en un reciente informe del Tribunal de Cuentas de la UE se criticaba la falta de un marco preciso en las intervenciones de la Comunidad. Así, se impone una actualización del Tratado para garantizar que contemple la actual política regional y el marco de desarrollo de la cohesión económica acordada por los Estados miembros.

Otro ámbito de preocupación es el hincapié que se hace en el declive industrial a la hora de definir los requisitos para acogerse a las ayudas regionales. Una gran parte de las ayudas sigue siendo canalizada a las zonas industriales en concreto, debido a las disposiciones del Tratado. En muchas ciudades, por ser precisamente el centro neurálgico de sus regiones, el sector predominante es el de servicios. Estas zonas se enfrentan con dificultades económicas particulares que no necesariamente son de índole industrial. Estas cuestiones han sido contempladas por la legislación secundaria mediante el reconocimiento de la posibilidad de acogerse a lo contemplado en el Objetivo II a una serie de ciudades con un potente sector terciario, aunque también con dificultades de declive económico.

Fundamentalmente, es preciso actualizar el Tratado a fin de que se tenga en cuenta la situación actual en el desarrollo de las políticas. Esta reforma no menoscabará el objetivo principal de la cohesión económica y social que consiste en ayudar a las zonas menos favorecidas.

El objetivo de las modificaciones del artículo 130 C consiste en establecer un fundamento jurídico para la dimensión urbana del derecho a acogerse al Objetivo II. Esta modificación no afectará a las normas actuales de elegibilidad del Objetivo I. La ayuda a las zonas rurales (Objetivo 5) no se verá reducida ni alterada ya que está contemplada en otro capítulo del Tratado.

Así pues, la reforma del Tratado debe realizarse en dos ámbitos que servirán para lograr un Tratado que sea preciso y se base en auténticos programas europeos.

d) Modificación propuesta

El Tratado necesita ser modificado en los aspectos siguientes:

Artículo 130 A

«A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad, ésta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica y social. La Comunidad se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, incluidas las zonas urbanas y rurales.»

Artículo 130 C

«El Fondo Europeo de Desarrollo Regional estará destinado a contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales dentro de la Comunidad mediante una participación en el desarrollo y en el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y en la reconversión de las regiones industriales en declive y de las zonas urbanas.»

3. Política de medio ambiente

a) Objetivos de las disposiciones del Tratado

En el artículo 130 R del Tratado se definen los objetivos en materia de medio ambiente de la UE:

«La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos:

- la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente;

- la protección de la salud de las personas;

- la utilización prudente y racional de los recursos naturales;

- el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente.»

b) La dimensión urbana en el desarrollo de la política medioambiental

Las necesidades de las zonas urbanas forman parte integrante de este ámbito de actuación de la UE. No podrá desarrollarse ninguna actuación general sin tener en cuenta las necesidades concretas de las ciudades y municipios, como las planteadas por los siguientes problemas:

- contaminación atmosférica;

- gestión del tráfico;

- falta de espacios abiertos;

- suelos contaminados;

- contaminación acústica;

- contaminación de ríos, canales y estuarios;

- energía/conservación;

- vivienda.

En el desarrollo de toda política europea de medio ambiente es preciso abordar estas cuestiones urbanas. Aunque no todas ellas requieran la actuación de la instancia europea, al menos sí que es necesario que las instancias europeas responsables de la elaboración de las medidas respeten que la actuación comunitaria sea coherente y satisfaga las necesidades locales.

Las necesidades concretas de las zonas urbanas en lo que concierne al medio ambiente han sido reconocidas ya por las instancias europeas. De las medidas propuestas cabe señalar:

- el Libro Verde sobre Entorno Urbano y el 5° programa de actuación en materia de medio ambiente, que constituye la base de su actuación en el marco del entorno urbano;

- el programa LIFE, que se concentra sobre todo en la aplicación y desarrollo de modelos integrados de gestión para mejorar la calidad del entorno urbano, la reducción de la densidad del tráfico en las zonas urbanas y la promoción de transportes públicos menos contaminantes;

- el proyecto trienal de «sustainable cities» (ciudades sostenibles), elaborado por el Grupo de expertos de la UE sobre el entorno urbano que emitirá un informe en 1995.

Así pues, de lo antes expuesto podemos afirmar que la dimensión urbana como componente de esta política ha sido aceptada por las instancias europeas.

c) ¿Puede el Tratado facilitar una dimensión urbana?

Aunque ya se han emprendido algunos trabajos en este ámbito, cabe decir que en el Tratado no se hace ninguna referencia explícita ni a las zonas urbanas ni a las rurales. Pueden registrarse dificultades para profundizar estas medidas amparándose en las actuales disposiciones del Tratado, por cuanto en el Tratado y en una serie de casos el desarrollo de esta política se reconoce únicamente a los entes regionales. En algunos casos, los daños para el medio ambiente urbano y rural pueden producirse en las zonas urbanas o rurales de una región antes que en el territorio de toda la región. Esta posibilidad no está contemplada en el Tratado. Así, por ejemplo, en el apartado 3 del artículo 130 R se afirma que:

«En la elaboración de su política en el área del medio ambiente, la Comunidad tendrá en cuenta:

- los datos científicos y técnicos disponibles;

- las condiciones del medio ambiente en las diversas regiones de la Comunidad;

- las ventajas y las cargas que puedan resultar de la acción o de la falta de acción;

- el desarrollo económico y social de la Comunidad en su conjunto y el desarrollo equilibrado de sus regiones.»

Así pues, como se reconoce en el Libro Verde, este tema requiere un tratamiento especial en el Tratado.

d) Modificación propuesta

Se requieren las modificaciones siguientes:

«En la elaboración de su política en el área del medio ambiente, la Comunidad tendrá en cuenta:

- los datos científicos y técnicos disponibles;

- las condiciones del medio ambiente en las diversas regiones y zonas urbanas y rurales de la Comunidad;

- las ventajas y costes que pueden resultar de la acción o de la falta de ésta;

- el desarrollo económico y social de la Comunidad en su conjunto y el desarrollo equilibrado de sus regiones y zonas urbanas y rurales.»

4. Redes transeuropeas

a) Objetivos de las disposiciones del Tratado

En el artículo 129 B del Tratado se habla de la creación de redes transeuropeas en el ámbito de los transportes, de la energía y de las telecomunicaciones. Éstas se definen con arreglo a esa misma disposición del Tratado. El objetivo de estas redes es enlazar las regiones periféricas de la Unión Europea como un medio de desarrollar el potencial económico de estas zonas y regiones.

b) La dimensión urbana en el desarrollo de la política de redes transeuropeas

Aunque las redes transeuropeas de energía (RTE) no se centran únicamente en las necesidades de las zonas urbanas, tienen indiscutibles implicaciones para estas últimas:

- los centros operativos de cualquier medio de transporte o de redes de telecomunicaciones deberían ubicarse en una zona urbana;

- toda red debería tener en cuenta los centros de población.

En el apartado 1 del artículo 129 B se afirma que las RTE deben permitir que los entes regionales y locales participen plenamente de los beneficios de un espacio europeo sin fronteras interiores. Así pues, se extiende también a las zonas urbanas que se verán afectadas en gran medida por su posición en cuanto centros operativos y nudos de redes, especialmente de redes de transporte.

c) ¿Puede el Tratado facilitar una dimensión urbana?

A diferencia de la disposición del Tratado sobre una política común de transportes, el marco legal para las redes transnacionales establece una serie de restricciones geográficas. En el apartado 2 del artículo 129 B se afirma:

«En el contexto de un sistema de mercados abiertos y competitivos, la acción de la Comunidad tendrá por objetivo favorecer la interconexión e interoperabilidad de las redes nacionales, así como el acceso a dichas redes. Tendrá en cuenta, en particular, la necesidad de establecer enlaces entre las regiones insulares, sin litoral y periféricas y las regiones centrales de la Comunidad.»

Aunque no debe ponerse en tela de juicio el objetivo de enlazar los territorios insulares, sin litoral y periféricos con las regiones centrales de la Comunidad, las necesidades de los entes locales que estén en el centro de estas redes requieren también que se les tome en cuenta a la hora de elaborar las medidas. A tal fin es necesario efectuar una modificación del Tratado, si se quiere considerar las necesidades de las zonas urbanas o rurales.

d) Modificación propuesta

Para satisfacer los objetivos generales, el apartado 2 del artículo 129 B debe modificarse de la manera siguiente:

«En el contexto de un sistema de mercados abiertos y competitivos, la acción de la Comunidad tendrá por objetivo favorecer la interconexión e interoperabilidad de las redes nacionales, así como el acceso a dichas redes. Tendrá en cuenta, en particular, la necesidad de establecer enlaces entre las regiones insulares, sin litoral y periféricas y las regiones centrales de la Comunidad, procurando respetar la integridad del territorio europeo.»

5. Salud pública

a) Objetivos de las disposiciones del Tratado

En el artículo 129 del Tratado se establecen los objetivos de la Unión por lo que se refiere a la salud pública. Se trata de una nueva disposición aportada por Maastricht que otorga a la Unión competencias limitadas para promover y coordinar las medidas de concienciación sanitaria en determinados ámbitos (por ejemplo, toxicomanías).

La Unión pretende contribuir a garantizar un alto grado de protección sanitaria mediante la cooperación entre los Estados miembros. La actuación de la Comunidad se encamina a la prevención de enfermedades, principalmente las más graves y perjudiciales, incluidas las toxicomanías, a través de la investigación de sus causas y su transmisión, así como la información y educación sanitaria.

b) La dimensión urbana en el desarrollo de la política sanitaria

Toda política sanitaria y de promoción de la salud deberá tener en cuenta cuestiones urbanas concretas, especialmente el hecho de que al concentrarse en centros de población se contribuye a la eficacia de las medidas. Así, por ejemplo, la Unión desarrolla una política extensiva en el campo del sida y de la seropositividad. Esta actuación deberá tener en cuenta la dimensión urbana. Así, por ejemplo,

- la amplia mayoría de las personas seropositivas y enfermas de sida residen en las ciudades;

- existe una concentración de centros de tratamiento de enfermedades;

- existe una concentración de enfermos en zonas urbanas.

En el Tratado también se consideran las toxicomanías como un ámbito de desarrollo de las políticas. Las toxicomanías y los graves delitos asociados al consumo de drogas son en gran medida una cuestión urbana, tal y como reconocía el Secretario General en sus palabras de apoyo a las redes de ciudades creadas para combatir estos problemas.

Los residentes en zonas urbanas afectadas por la recesión tienen una probabilidad considerablemente mayor de padecer problemas de salud que pueden ser prevenidos. Estas cuestiones necesitarán ser examinadas desde el punto de vista de la salud general.

c) ¿Puede el Tratado facilitar una dimensión urbana?

Las disposiciones del Tratado son tan generales y vagas desde el punto de vista geográfico que la adopción de la dimensión urbana antes mencionada puede ser realizada con los actuales artículos. Con todo, en aras de un mejor aprovechamiento de los recursos, la promoción de la salud podría considerar las concentraciones urbanas. Sin embargo, estas cuestiones pueden ser tratadas con idénticos resultados con una legislación secundaria.

6. Política cultural

a) Objetivo de las disposiciones del Tratado

En el apartado 1 del artículo 128 del Tratado se indica que la Comunidad contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional.

La perspectiva anunciada en dicho artículo tiende a poner de relieve el patrimonio cultural común.

En el apartado 2 del mismo artículo, el Tratado establece el marco de acción de la Comunidad -favorecer la cooperación entre Estados miembros- y señala los ámbitos específicos en los que, si fuera necesario, la Comunidad podrá apoyar y completar la acción de los Estados miembros.

Son los siguientes:

- la mejora del conocimiento y la difusión de la cultura y la historia de los pueblos europeos;

- la conservación y protección del patrimonio cultural de importancia europea;

- los intercambios culturales no comerciales;

- la creación artística y literaria, incluido el sector audiovisual.

El apartado 3 del artículo 128 permite la apertura simultánea de la Comunidad y los Estados miembros hacia una cooperación con los terceros países y con las organizaciones internacionales competentes en el ámbito de la cultura.

Por último, el apartado 4 del mismo artículo indica que la Comunidad tendrá en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de otras disposiciones del Tratado.

b) La dimensión urbana en el desarrollo de la política cultural

Lugar de encuentros, intercambios, exclusión, conflictos, fiestas, revueltas y sufrimientos, la calle, y por extensión, otros lugares de expresión en la ciudad y en las aglomeraciones, constituyen hoy día el ámbito en que, mediante una compleja alquimia y a partir de las referencias del pasado transformadas por la experiencia vivida día a día, se conforma el sentido que se da al futuro cuando el ser humano expresa, en sus producciones más humildes o elevadas, sus esperanzas y su búsqueda de lo bello, lo bueno y lo armonioso.

¿Qué otra cosa, aparte de la cultura, proporciona ese sentido, factor de cohesión y de equilibrio de toda la sociedad que él mismo sostiene? Es ciertamente en el corazón de la ciudad, en la calle y en el barrio donde se juega el futuro de una ciudad, de una conurbación, de una región, de un Estado de una comunidad de Estados.

¿Cómo podría ser de otro modo en esta época de civilización urbana?

c) ¿En qué sentido la dimensión cultural constituye un factor importante de la construcción europea?

En el origen de la construcción europea figuraba la voluntad política de construir de modo duradero un espacio común de paz, libertad y democracia.

La dimensión política del proyecto inicial se ha ido reduciendo paulatinamente para dar lugar a una dimensión más económica y tecnocrática de Europa.

Esta desviación no ha dejado de desconcertar a la opinión pública de los diferentes Estados, y los debates celebrados con vistas a adoptar el Tratado mostraron claramente lo difícil que resultaba a los europeos comprender la realidad europea de otra manera que no fuera a través de la «ingerencia» de sus directivas y de los efectos sociales derivados de la lógica económica liberal del mercado europeo.

Una de las razones de ser del Tratado de Maastricht debe consistir en dar solidez a una verdadera dimensión política de la Unión. Ello sólo será posible si el conjunto de hombres y mujeres de Europa reconoce su pertenencia a una comunidad cristalizada a partir de un ideal, una historia y una voluntad de participar en la construcción de un espacio acogedor, solidario y rico capaz de inspirar confianza porque abre perspectivas positivas para el futuro.

Desde un punto de vista urbano y cosmopolita, la cultura constituye un punto de apoyo imprescindible que posibilitará el avance de la construcción europea, ya que permitirá al ciudadano europeo afirmarse gracias a la contribución de la diversidad cultural regional y nacional de los Estados miembros, vivida día a día a nivel local.

También debe tenerse en cuenta la contribución y la presencia de residentes de origen no europeo en las ciudades de los Estados miembros; dicha presencia se explica por la historia común que une a los países de origen de esas personas con los países de la Unión.

¿Cómo sería posible construir la Europa de mañana sin tener también en cuenta esta dimensión que algunos parecen combatir?

Si bien Europa es, en el fondo, judeo-cristiana, también es pagana, musulmana, eslava y africana. La influencia de estas corrientes se deja sentir en nuestro patrimonio filosófico, arquitectónico, literario y espiritual. Debemos asumir imperativamente la realidad ineludible que de ello se deriva, y la laicidad podría constituir un enfoque metodológico al respecto.

d) ¿Puede facilitar el Tratado en su versión actual esta dimensión cultural de la construcción europea?

La respuesta es afirmativa, pero deberían completarse algunos puntos a fin de:

- intensificar la apertura cultural hacia terceros países postulada en el apartado 3 del artículo 128;

- introducir la perspectiva ciudadana en la redacción de dicho apartado;

- dar prioridad a la actuación de las ciudades y regiones frente a la acción de los Estados;

- permitir el desarrollo de una creación artística específica de la Unión en todos los ámbitos del arte y la protección de los medios de comunicación.

e) Modificaciones propuestas al artículo 128

Apartado 1

Sin cambiar el resto, añádanse al final las palabras «con vistas a complementar la ciudadanía europea».

Apartado 2

- Tras las palabras iniciales «La acción de la Comunidad favorecerá la cooperación entre Estados miembros», añádase: «regiones, ciudades o agrupaciones de ciudades».

- En el segundo guión, tras «la conservación» añádase: «la revalorización».

- En el segundo guión, sustitúyase «de importancia europea» por «europeo».

- En el tercer guión, tras «comerciales» añádase: «entre ciudades, regiones y Estados»; y en el cuarto guión, tras «la creación» añádase: «y protección».

- Añádase un nuevo guión: «Preservar el legado arquitectónico tradicional.»

- Añádase al final: «la mejora del conocimiento y la difusión de la cultura y la historia de los pueblos de terceros países que mantengan vínculos con los Estados miembros».

Apartado 3

- Tras «la cooperación» añádase: «de las regiones y las ciudades».

- Tras la primera preposición «con», añádase: «las ciudades y las regiones de».

- Tras «Europa», añádase: «y la UNESCO».

f) Política de protección de la arqueología urbana europea

Las ciudades europeas han sido decisivas para la evolución cultural, económica y social de Europa, quizás en mayor medida que en otras partes del mundo. Por consiguiente, nuestra arqueología urbana constituye una parte sumamente importante de nuestro patrimonio arqueológico. Ciertamente, las ciudades históricas de Europa se encuentran entre los sitios arqueológicos más importantes y complejos del mundo. Asimismo, se encuentran entre los más vulnerables ya que están expuestos a presiones de desarrollo mucho más importantes que las que soportan otros sitios arqueológicos. En particular, en la Europa septentrional y occidental que no fue romanizada, la arqueología urbana tiende a consistir en depósitos de frágiles materiales orgánicos que pueden ser dañados o destruidos con gran facilidad, de forma totalmente involuntaria, por los procesos de construcción y desarrollo que se producen a diario en cualquier ciudad moderna. Por lo tanto, deberían aplicarse políticas específicas en toda la Unión Europea para garantizar la protección de esta parte vital de nuestro patrimonio cultural. Estas políticas deberían centrarse en cuestiones como:

(a) códigos prácticos para la ordenación y el desarrollo de zonas urbanas de importancia arqueológica y para los procedimientos de construcción seguidos en dichas zonas;

(b) la investigación, sobre la base de una coordinación de carácter internacional, de las consecuencias de los diferentes métodos de construcción y reconversión para el material arqueológico, a fin de desarrollar prácticas más adecuadas;

(c) el examen del aspecto financiero con el fin de identificar y establecer fuentes de financiación para las excavaciones e investigaciones arqueológicas urbanas que, debido a la riqueza de los recursos arqueológicos urbanos, tienden a suponer unos costes especialmente elevados;

(d) la creación de estructuras destinadas a desarrollar y actualizar (de forma continua) una metodología y un plan de investigación para la arqueología urbana, a nivel regional e interregional.

IV. CAPÍTULO III

1. Sociedad multicultural

Las zonas urbanas son centros de vida multicultural. Todas las formas de desarrollo urbano e incluso de desarrollo de la sociedad europea en su totalidad han de tener en cuenta las necesidades de todos sus ciudadanos. El Tratado ha sido la fuente del importante desarrollo de la igualdad de oportunidades de las mujeres debido a una de sus disposiciones. Sin embargo, no existe una disposición semejante para cuestiones de raza o de discapacitación.

Es preciso tener en cuenta estos temas si se quiere que el desarrollo urbano tenga algún sentido para un mayor número de ciudadanos europeos:

- 17 millones de europeos pertenecen a comunidades étnicas minoritarias. Muchos de ellos residen en zonas urbanas que por desgracia se caracterizan por haber experimentado un aumento del racismo y por la aparición de partidos racistas. Todas las medidas de actuación en zonas urbanas deben tener en cuenta la diversidad cultural de los europeos;

- más del 10 % de los ciudadanos de la Unión Europea sufre una discapacitación. Aunque las necesidades de los discapacitados pueden variar considerablemente en función de la naturaleza de sus minusvalías, así como de su experiencia, educación, grado de capacitación y circunstancias personales anteriores, los discapacitados se enfrentan con una amplia gama de obstáculos que les sitúan al margen de la cohesión económica y social.

Si se busca una disposición en el Tratado sobre este tema, se observará un vacío. Sin embargo, la temática es tan amplia que al menos se requiere una declaración general de intenciones antes que examinar todos los aspectos de una actuación en este campo. De hecho, éste ha sido el planteamiento que ha adoptado el Comisario de Política Social, Padraig Flynn. En el Libro Blanco sobre Política Social, y en su reciente presentación al Parlamento Europeo expresó su opinión de que en la Conferencia Intergubernamental se reformase el Tratado para introducir una referencia explícita a la lucha contra la discriminación por motivos de raza, religión, edad y discapacitación.

Por ello se propone que se modifique el artículo 2 del Tratado, en el que se definen los objetivos generales de la UE. Así pues, la disposición de este artículo en la que se afirma que la igualdad de oportunidades garantizará que toda actuación se llevará a cabo con arreglo a una necesidad jurídica para tener en cuenta las necesidades de todos los grupos sociales marginados debería modificarse como sigue:

«La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común y de una unión económica y monetaria y mediante la realización de las políticas o acciones comunes contempladas en los artículos 3 y 3 A, un desarrollo armonioso y equilibrado de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un crecimiento sostenible y no inflacionista que respete el medio ambiente, un alto grado de convergencia de los resultados económicos, un alto nivel de empleo y de protección social, la elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros para todos sus ciudadanos independientemente de su raza, religión, sexo o discapacitación.»

V. CAPÍTULO IV

1. Subsidiariedad

Si se propone que la Unión desempeñe un papel más importante en la coordinación de la política urbana, es necesario abordar el tema de la subsidiariedad. Tal y como se dijo en el capítulo I, es probable que tan sólo se requiera que a las instancias europeas se les otorguen unas competencias limitadas. Es preciso que gran parte del trabajo emprendido por las ciudades y regiones siga sin verse afectado. Sin embargo, cabe plantear dos cuestiones:

- ¿Por qué deben coordinarse a nivel europeo las medidas y las actuaciones?

- ¿Cuál sería el valor añadido de hacerlo?

a) ¿Por qué deben coordinarse las medidas y las actuaciones a nivel europeo?

En este documento se ha explicado que la política urbana se está aplicando ya a nivel europeo, aunque de una manera fragmentaria y sin coordinación. La coordinación de la política urbana permitiría, además, que se aclarasen desde una política coordinada las múltiples facetas de la política urbana europea. Ello serviría para determinar qué instancia es la más adecuada para aplicar dicha política, esto es, el principio de subsidiariedad. Ello es imposible de realizar en estos momentos debido al carácter fragmentario de esta política.

El objetivo de la inclusión de un nuevo título en el Tratado consistiría únicamente en acabar con el carácter fragmentario de la política urbana de la UE, sin disminuir las competencias locales y regionales. Las políticas urbanas son tanto más eficaces cuanto más se ajustan a los deseos de los ciudadanos. La UE no requiere nuevas competencias, si bien es preciso coordinar las que tiene a su disposición en estos momentos. La inclusión de nuevas disposiciones en el Tratado sólo impondría a la Comisión la obligación jurídica de coordinar las consecuencias de las políticas que se aplican actualmente en las zonas urbanas, asegurándose de que las actuales políticas de la UE complementan la labor de las autoridades locales y regionales y ayudan a dar a conocer las necesidades de las zonas urbanas de la UE.

La subsidiariedad es un principio firmemente asentado en el Tratado. El artículo 3 B del Tratado sobre la Unión Europea dice lo siguiente:

«La Comunidad actuará dentro de los límites de las competencias que le atribuye el presente Tratado y de los objetivos que éste le asigna.

En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá, conforme al principio de subsidiariedad, sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario. Ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente Tratado.»

La política urbana tiene que aplicarse dentro de este marco jurídico.

Ciertamente, el Comité de las Regiones puede desempeñar un importante papel demostrando que el principio de subsidiariedad se aplica con eficacia y transparencia.

Los logros de la Unión pueden preservarse por medio de la unidad, mientras que el papel que desempeñan los Estados miembros, las regiones y los entes locales puede preservarse a través de la diversidad y un mayor regionalismo.

Sin embargo, debería hacerse hincapié en que el principio de subsidiariedad y autonomía no podrá aplicarse mientras las autoridades locales y regionales no dispongan de recursos suficientes para aplicar las políticas y los programas urbanos de forma eficaz.

b) ¿Qué ventajas reportaría hacerlo?

Parece evidente que algunas actuaciones como la administración interna de las zonas urbanas seguirían siendo una cuestión regional de conformidad con el principio de subsidiariedad. Sin embargo, muchos de los problemas de las zonas urbanas no son locales. La creciente exclusión social no se limita estrictamente a una zona urbana en concreto. Los procesos que juegan en favor de su extensión son de índole internacional y comunes a todas las ciudades. El carácter europeo de estos problemas requiere una actuación europea que contribuya a propiciar una cooperación transnacional, soluciones internacionales y el intercambio transfronterizo de información.

Es obvio que cundirá la inquietud sobre la erosión de las competencias de los entes regionales y de las zonas urbanas. Sin embargo, el nuevo aspecto que debería contemplar el Tratado debería aclarar únicamente las actuales medidas que ayuden a tomar una decisión sobre la instancia adecuada para poner en práctica las medidas.

Ciertamente, la coordinación de la política urbana de la UE contribuiría a aclarar la preeminencia de los poderes locales y permitiría planificar mejor las iniciativas de la UE a nivel local.

VI. CONCLUSIONES

A medida que nos acercamos al siglo XXI, las ciudades y zonas urbanas tendrán que ser el centro geográfico de la competitividad, innovación y salud económica de Europa. Pero estas zonas padecen algunos de los peores problemas de carencias, exclusión social, desempleo, salud y delincuencia. Para el bien común de Europa y de su futuro es evidente que las políticas de la UE deben asumir una dimensión europea.

La Unión ha reconocido la necesidad de prestar más atención a las zonas urbanas y es posible destacar un amplio abanico de actuaciones heterogéneas destinadas todas ellas a mejorar la cohesión social y la calidad de vida de las zonas urbanas. El Parlamento también se ha mostrado muy activo a la hora de promover los intereses de las ciudades mediante resoluciones en las que se insta a que se adopte un plan integral de desarrollo urbano (Informe Romeeos) o se preste una atención especial a los problemas y perspectivas de las zonas urbanas y las conurbaciones (Informe Pack).

Por ello debemos recordar que:

- casi tres cuartos de los ciudadanos europeos residen en zonas urbanas;

- los temas urbanos suponen uno de los mayores retos planteados a la Unión, especialmente desde el punto de vista de la cohesión social.

En el año 1996 la Unión dispondrá de una oportunidad única para detener el deterioro urbano. Podría ser un hito en el desarrollo de la política urbana y abriría un horizonte de esperanza a la inmensa mayoría de los ciudadanos europeos.

Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 1995.

El Presidente del Comité de las Regiones

Jacques BLANC

() En el presente informe se utiliza el término «zonas urbanas» para describir el conjunto de ciudades, pueblos y municipios. Los problemas urbanos afectan tanto a las grandes ciudades como a las pequeñas. A falta de una definición común europea, el término «zonas urbanas» ha sido utilizado para aludir a todos los centros urbanos.