Informe Especial Necesidad de intensificar 
los esfuerzos para 
resolver los problemas de 
contratación pública que 
afectan al gasto de la UE 
en el ámbito de  
la cohesiónES 2015  Nº 10
TRIBUNAL
DE CUENTAS
EUROPEO

TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO  
12, rue Alcide De Gasperi  
1615 Luxembourg  
LUXEMBOURG
Tel. +352 4398-1
E-mail: eca-info@eca.europa.eu  
Internet: http://eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditorsECA  
YouTube: EUAuditorsECA
Más información sobre la Unión Europea, en el servidor Europa de internet ( http://europa.eu ).
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2015
Print ISBN 978-92-872-2873-4 ISSN 1831-0842 doi:10.2865/133160 QJ-AB-15-012-ES-C
PDF ISBN 978-92-872-2820-8 ISSN 1977-5687 doi:10.2865/96850 QJ-AB-15-012-ES-N
EPUB ISBN 978-92-872-2821-5 ISSN 1977-5687 doi:10.2865/283629 QJ-AB-15-012-ES-E
© Unión Europea, 2015
Reproducción autorizada, con indicación de la fuente bibliográfica.
Para utilizar o reproducir la fotografía de la página 20 es necesario solicitar directamente la autorización al titular de los 
derechos de autor.
Printed in Luxembourg
Necesidad de intensificar 
los esfuerzos para 
resolver los problemas de 
contratación pública que 
afectan al gasto de la UE 
en el ámbito de  
la cohesión
(presentado con arreglo al artículo 287, apartado 4, 
párrafo segundo, del TFUE)Informe EspecialES 2015  Nº 10
02
 Equipo auditor
En los informes especiales del TCE se exponen los resultados de sus auditorías de gestión y de cumplimiento de ámbitos 
presupuestarios o de temas de gestión específicos. El Tribunal selecciona y concibe estas tareas de auditoría con el fin 
de que tengan el máximo impacto teniendo en cuenta los riesgos relativos al rendimiento o a la conformidad, el nivel de 
ingresos y de gastos correspondiente, las futuras modificaciones, y el interés político y público.
La presente auditoría de gestión fue realizada por la Sala II, presidida por Henri Grethen, Miembro del Tribunal, y especia ‑
lizada en los ámbitos de gasto de políticas estructurales, transporte y energía. La fiscalización fue dirigida por Phil Wynn 
Owen, Miembro del Tribunal, asistido por Gareth Roberts, jefe de su Gabinete, y Katharina Bryan, agregada del Gabinete; 
Niels‑Erik Brokopp, jefe de Unidad; Milan Smid, jefe de equipo; Remus Blidar, Anastassios Karydas y Laura Zanarini, audito ‑
res; Ildikó Preiss, agregado del Gabinete de Henri Grethen, y Johanne Vermer, abogado.
De izquierda a derecha:  J. Vermer, G. Roberts, I. Preiss, A. Karydas, R. Blidar,  
K. Bryan, M. Smid, L. Zanarini, N. ‑E. Brokopp y P . Wynn Owen.

03
 Índice
Apartados
 Glosario
 Abreviaturas
I-VIII  Resumen
1-13  Introducción
4-8 La normativa de contratación pública de la UE
9 -11  La política de cohesión y la contratación pública
12-13  Procedimientos de contratación pública: ¿cómo funcionan?
14-17  Alcance y enfoque de la fiscalización
18-94  Observaciones
19-48  El análisis sistemático de los errores de contratación pública por parte de la Comisión y de los 
Estados miembros es muy limitado
19-24  El incumplimiento de las normas de contratación pública sigue constituyendo una importante fuente de 
error en el ámbito de cohesión
25-34  Los errores de contratación pública pueden deberse a diversas causas
35-40  La falta de datos coherentes impide un análisis exhaustivo de los errores en los Estados miembros…
41  …  pero en los Estados miembros visitados hay indicios de que se están empezando a recabar datos de 
manera más sistemática
42-48  La Comisión todavía no analiza los errores de contratación pública de forma exhaustiva y sistemática
49-94  La Comisión y los Estados miembros han empezado a adoptar medidas para resolver el problema, 
pero aún queda mucho por hacer
51-60  Las medidas adoptadas por la Comisión desde 2010 han empezado a apuntar a problemas generales
61-74  Si se aplica correctamente, la nueva legislación podría ayudar a resolver el problema de los errores de 
contratación pública
75-82  Los Estados miembros se centran en los controles de primer nivel y solo muy recientemente han comenzado 
a adoptar medidas preventivas
83-94  Las herramientas informáticas podrían ayudar a solucionar los problemas de contratación pública, pero 
tendrán que implantarse por completo
04 Índice
95-105  Conclusiones y recomendaciones
 Anexo I  —  Funciones de la Comisión y de los Estados miembros en la contratación pública y   
la política de cohesión
 Anexo II  —  Análisis de los errores por fondo detectados por el Tribunal en el período 
2009-2013
 Anexo III  —  Descripción y análisis de los errores detectados en las distintas fases de  
los procedimientos de licitación
 Anexo IV  —  Procedimientos de infracción en materia de contratación pública incoados por  
la Comisión en el período 2009 -2013
 Respuestas de la Comisión
05
 Glosario
Los acuerdos de asociación  son acuerdos celebrados entre la Comisión Europea y un determinado Estado 
miembro en los que se establecen los planes de los entes nacionales para utilizar la financiación de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos durante el período 2014 ‑2020, y se detallan, entre otros extremos, las 
condiciones ex ante  aplicables en su caso y los marcos de gestión del rendimiento.
Una autoridad de auditoría  garantiza a la Comisión el funcionamiento eficaz de los sistemas de gestión y los 
controles internos de los programas operativos (PO) y, por consiguiente, la legalidad y regularidad de los gastos 
certificados. Las autoridades de auditoría son, por lo general, departamentos de las cancillerías del Estado, de 
los ministerios de Hacienda (u otros órganos de control interno dependientes de dichos ministerios), de otros 
ministerios o de las entidades fiscalizadoras superiores, y tienen que ser funcionalmente independientes de los 
órganos que gestionan los fondos. La autoridad de auditoría informa de las constataciones de sus auditorías de 
sistemas y operativas a las autoridades de gestión y de certificación del PO de que se trate. También se envían a la 
Comisión informes de auditorías de sistemas y un informe anual de control. Si la autoridad de auditoría considera 
que la autoridad de gestión no ha adoptado las medidas correctoras necesarias, debe llamar la atención de la 
Comisión sobre el asunto.
Las autoridades de certificación  efectúan los controles de primer nivel de los gastos declarados por las 
autoridades de gestión y certifican la legalidad y regularidad de dichos gastos. Suelen pertenecer al Ministerio de 
Hacienda o a órganos de control interno dependientes de dicho Ministerio.
Una autoridad de gestión  es una entidad pública nacional o territorial u otro organismo público o privado 
designado por un Estado miembro para gestionar un programa operativo, que se encarga de seleccionar los 
proyectos que deben financiarse, de supervisar la ejecución de los proyectos y de informar a la Comisión acerca de 
los aspectos financieros y de los resultados obtenidos.
La contratación pública es el proceso mediante el cual los entes públicos nacionales y territoriales o los 
organismos de Derecho público adquieren productos, servicios y obras públicas como carreteras y edificios. Las 
empresas privadas también deben observar las normas y principios de contratación pública cuando ejecuten 
contratos cuya financiación sea predominantemente pública o cuando el acuerdo de subvención incluya tales 
requisitos.
La finalidad de las  correcciones financieras  es proteger el presupuesto de la UE de la imputación de gastos 
erróneos o irregulares. Cuando se trata de gastos de gestión compartida, corresponde sobre todo a los Estados 
miembros recuperar los pagos efectuados indebidamente. Las correcciones financieras pueden consistir en la 
retirada de los gastos irregulares de las declaraciones de gastos de los Estados miembros o en la recuperación de los 
importes afectados de los beneficiarios. La Comisión también puede imponer correcciones financieras.
La corrupción  es el abuso de poder para obtener ganancias privadas. Se entiende por «corrupción pasiva» el acto 
intencionado de un funcionario de solicitar o recibir, directamente o por medio de terceros, ventajas de cualquier 
naturaleza, para sí mismo o para un tercero, o de aceptar la promesa de tales ventajas, por cumplir o abstenerse 
de cumplir un acto propio de su función. Se entiende por «corrupción activa»  el acto intencionado de cualquier 
persona que prometa o dé tales ventajas a un funcionario.
La Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión  es el departamento de la Comisión Europea 
competente en materia de asuntos laborales y sociales de la UE. En colaboración con las autoridades nacionales, 
los interlocutores sociales, las organizaciones sociales y otros interesados, esta dirección general aborda los retos 
planteados por la globalización, el envejecimiento de la población de la UE y las transformaciones sociales, y es 
además responsable del Fondo Social Europeo (FSE).
La Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes , antigua Dirección General de 
Mercado Interior y Servicios, es el departamento de la Comisión Europea competente en materia de realización 
del mercado interior de bienes y servicios, fomento de la economía de la UE mediante actividades de apoyo a la 
industria y a las pequeñas y medianas empresas, y consecución de los objetivos de la política espacial de la UE. Estas 
funciones incluyen también el desarrollo de la legislación de contratos públicos europeos y la supervisión de su 
aplicación en los Estados miembros.
06 Glosario
La Dirección General de Política Regional y Urbana  es el departamento de la Comisión Europea encargado 
de promover el desarrollo económico y social de las regiones menos favorecidas de la Unión Europea.  
Esta dirección general es responsable del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo de 
Cohesión (FC).
Las entidades fiscalizadoras superiores  son los órganos nacionales encargados de la fiscalización de los 
ingresos y gastos públicos.
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional  tiene por objeto reforzar la cohesión económica y social dentro 
de la Unión Europea mediante la corrección de los principales desequilibrios regionales a través del apoyo 
financiero a la creación de infraestructuras e inversiones productivas generadoras de empleo, sobre todo para 
las empresas.
El Fondo de Cohesión  tiene por objeto mejorar la cohesión económica y social dentro de la Unión Europea 
mediante la financiación de proyectos de medio ambiente y transportes en Estados miembros cuyo PNB per 
cápita sea inferior al 90 % de la media de la UE.
El Fondo Social Europeo  tiene por objeto reforzar la cohesión económica y social dentro de la Unión 
Europea mejorando el empleo y las oportunidades de trabajo, sobre todo a través de medidas de formación, 
favoreciendo un alto nivel de empleo y la creación de más y mejores puestos de trabajo.
Un fraude  es una acción deliberada de engaño con ánimo de lucro personal o de perjudicar a otra parte.
Una irregularidad  es un incumplimiento de las normas de la UE que tiene posibles repercusiones negativas 
para sus intereses financieros. Puede deberse a meros errores, bien de los beneficiarios que reclaman los 
fondos, bien de las administraciones responsables de los pagos. Ahora bien, si la irregularidad se comete 
deliberadamente, entonces se considera fraude.
Los poderes adjudicadores  son los entes públicos nacionales o territoriales o los organismos de Derecho 
público encargados de aplicar las Directivas sobre contratación pública a los contratos públicos y los concursos 
de proyectos.
Un programa operativo  expone las prioridades y objetivos específicos de un Estado miembro y el modo 
en que se utilizarán los fondos recibidos durante un período determinado, generalmente de siete años, 
para financiar estos proyectos, que deben contribuir al logro de una serie de objetivos definidos en los ejes 
prioritarios del programa operativo. Se han de confeccionar programas para cada uno de los fondos en el 
ámbito de cohesión, a saber, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión y el Fondo Social 
Europeo. Los programas operativos son elaborados por los Estados miembros y deben obtener la aprobación 
de la Comisión antes de que pueda efectuarse ningún pago con cargo al presupuesto de la UE. Solo pueden 
modificarse durante el período correspondiente si ambas partes están de acuerdo.
07
 Abreviaturas
CP: Contratación pública
DG GROW:  Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes
EFS : Entidades fiscalizadoras superiores
FC: Fondo de Cohesión
FEDER : Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FSE : Fondo Social Europeo
OLAF : Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
PO: Programa operativo
TFUE : Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
08
 Resumen
I
La política de la UE en materia de contratación pública 
constituye un instrumento fundamental con vistas 
a consolidar el mercado interior y a garantizar la utiliza ‑
ción eficiente de los fondos públicos. A escala europea, 
la adjudicación de contratos públicos se encuentra 
regulada por las Directivas de la UE sobre contratación 
pública, que establecen una serie de normas y procedi ‑
mientos comunes que han de aplicar los entes públicos 
que contraten obras o servicios.
II
En el período de programación 2007 ‑2013 se asignaron 
349 000 millones de euros en el ámbito de cohesión con 
cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
al Fondo de Cohesión (FC) y al Fondo Social Europeo. 
Una parte importante de este dinero, en particular en el 
caso del FEDER y del FC, se adjudicó mediante procedi ‑
mientos de contratación pública. Casi la mitad de todos 
los proyectos fiscalizados por el Tribunal en relación con 
estos tres fondos durante el período 2009 ‑2013 implica ‑
ban una o varias licitaciones.
III
El incumplimiento de las normas de contratación pública 
ha sido una fuente importante y constante de error. Los 
errores graves dieron lugar a una falta parcial o absoluta 
de competencia leal o a la adjudicación de contratos 
a licitadores que no habían presentado la oferta más 
ventajosa.
IV
En el presente informe se evalúa si la Comisión y los 
Estados miembros están adoptando medidas adecuadas 
y eficaces para resolver el problema de los errores de 
contratación pública en el ámbito de cohesión.V
La fiscalización reveló que la Comisión y los Estados 
miembros han empezado a abordar el problema, pero 
aún queda mucho por hacer con respecto a su análisis 
y también a la aplicación de medidas.
VI
El análisis sistemático de los errores de contratación 
pública por parte de la Comisión y de los Estados miem ‑
bros es muy limitado. La falta de datos suficientemente 
detallados, sólidos y coherentes sobre la naturaleza 
y la magnitud de los errores de contratación pública ha 
impedido un análisis exhaustivo de las causas subya ‑
centes. No obstante, hay indicios de que algunos de los 
Estados miembros visitados en la presente fiscalización 
están empezando a recabar datos de manera sistemática.
VII
En 2010 la Comisión empezó a adoptar una serie de 
medidas. Las medidas legislativas incluyeron la revisión 
de las Directivas sobre contratación pública y la inclusión 
en los acuerdos de asociación de condiciones específicas 
relativas a los sistemas de contratación pública que los 
Estados miembros deben cumplir antes del fin de 2016. 
Asimismo, en 2013 la Comisión creó un grupo de tra ‑
bajo técnico interno y elaboró un plan de acción a nivel 
interno. Sin embargo, la mayoría de las medidas contem ‑
pladas en el plan todavía no se han aplicado por com ‑
pleto. Solo muy recientemente los Estados miembros 
han empezado a adoptar medidas globales para evitar 
que se produzcan errores.
Resumen 09
VIII
El Tribunal recomienda que:
a) i)  la Comisión desarrolle una base de datos 
de irregularidades que sirva de apoyo a un 
análisis válido de los errores de contratación 
pública y que analice de manera exhaustiva 
la frecuencia, la gravedad y las causas de los 
errores de contratación pública en el ámbito 
de cohesión, basándose en datos pertinentes, 
tanto extraídos de sus propias bases de datos 
como facilitados por los Estados miembros, 
y, por último, que publique sus análisis como 
parte del informe sobre contratación pública 
que exigen las nuevas Directivas;
ii)  las autoridades competentes de los Estados 
miembros desarrollen y analicen sus pro ‑
pias bases de datos de irregularidades en el 
ámbito de cohesión, incluidas las surgidas en 
la contratación pública, y cooperen con la Co ‑
misión para proporcionar datos en un formato 
y un plazo que faciliten el trabajo de dicha 
institución;
b) si las condiciones ex ante  relativas a la contratación 
pública no se cumplen antes del fin de 2016, la 
Comisión ejerza consecuentemente sus compe ‑
tencias para interrumpir los pagos a los Estados 
miembros en situación de incumplimiento hasta 
que hayan subsanado las deficiencias;
c) la Comisión actualice y publique su plan de acción 
interno sobre contratación pública, que informe 
anualmente de los progresos realizados y que, 
a tal fin, intensifique la coordinación entre sus 
departamentos competentes en cuestiones de 
contratación pública;d) la Comisión cree un grupo de alto nivel que lidere 
el tratamiento del problema de los errores de 
contratación pública para evitar la falta de una 
aplicación uniforme de las medidas en todos sus 
departamentos. Este grupo tendría que promover 
mejoras de la contratación pública, entre ellas la 
simplificación cuando proceda;
e) la Comisión imponga correcciones financieras 
cuando detecte que los controles de primer nivel 
de los Estados miembros no son suficientemente 
eficaces e inicie en caso necesario procedimientos 
de infracción en caso de incumplimiento de las 
Directivas sobre contratación pública;
f) la Comisión aproveche más las oportunidades 
que brindan los avances de las tecnologías de la 
información y promueva la contratación pública 
electrónica, las herramientas de extracción de 
datos y las buenas prácticas;
g) los Estados miembros aprovechen más las oportu ‑
nidades que brindan la contratación pública elec ‑
trónica y las herramientas de extracción de datos.
10
 Introducción
01 
La política de la UE en materia de 
contratación pública constituye un 
instrumento fundamental con vis ‑
tas a consolidar el mercado interior 
y lograr un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, de conformi ‑
dad con la Estrategia Europa 2020, así 
como para garantizar la utilización 
más eficiente de los fondos públicos1. 
La mejora de la eficiencia del gasto 
público y la optimización de recursos 
representan objetivos fundamentales 
de gobierno. Con objeto de garanti ‑
zar la mejor utilización posible de los 
fondos públicos en la adjudicación de 
contratos públicos, se ha establecido 
una serie de normas en varios niveles 
de gobierno. A continuación,el gráfi -
co 1  muestra algunas cifras clave.Gráfico 1Cifras clave sobre la utilización de la contratación pública en la UE
Gasto total en obras,
bienes y servicios públicos en 2011
(en torno al 20 % del PIB de los Estados miembros)2 406 000 millones de euros
Ahorro anual estimado con la adopción
de normativa de contratación pública de la UE
(cifras de 2014)6 400-35 00 millones de euros
Estimación del importe anual adicional que podría 
ahorrarse mediante la realización del mercado único 
en la contratación pública36 500-66 500 millones de euros
Fuente: Parlamento Europeo y Comisión Europea2.1 COM(2010) 2020 final, de 3 de 
marzo de 2010, «Europa 2020: 
Una estrategia para un 
crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador».
2 Véanse la Annual Public 
Procurement Implementation 
Review 2013  [Revisión anual de 
la aplicación de la contratación 
pública de 2013], publicada por 
la Dirección General de 
Mercado Interior y Servicios 
el 1 de agosto de 2014; el 
estudio SMEs’ access to public 
procurement markets and 
aggregation of demand in the EU  
[Acceso de las pymes a los 
mercados de contratación 
pública y agregación de la 
demanda en la UE], elaborado 
para la Comisión Europea por 
PwC, ICF GHK y Ecorys en 
febrero de 2014; y el estudio 
The cost of non-Europe in the 
single market, IV — Public 
procurement and concessions»  
[El coste de la no Europa en el 
mercado único, IV: contratación 
pública y concesiones], 
elaborado por la Dirección 
General de Servicios de 
Estudios Parlamentarios en 
septiembre de 2014, con 
número de referencia 
PE 536.355.
11 Introducción
02 
Entre otras cosas, la normativa de 
contratación pública de la UE tiene 
por objeto garantizar el respeto de los 
principios y libertades fundamentales 
consagrados en el Tratado de Funcio ‑
namiento de la Unión Europea (TFUE) 
(véase el gráfico 2 )3. Ello incremen ‑
taría, a su vez, la competencia y los 
intercambios transfronterizos, lo que 
proporcionaría una mayor rentabilidad 
a los entes públicos y, al mismo tiem ‑
po, aumentaría la productividad de las 
industrias proveedoras y mejoraría la 
participación y el acceso de las pymes 
a dichos mercados. En resumen, exis ‑
ten normas que apoyan el mercado 
único, fomentan la competencia y pro ‑
mueven la optimización de recursos.03 
El presente informe examina el siem ‑
pre elevado número de errores relacio ‑
nados con la contratación pública que 
afectan al gasto de la UE en el ámbito 
de cohesión, sobre todo por el cum ‑
plimiento deficiente de la normativa 
aplicable, y más concretamente analiza 
si la Comisión y los Estados miembros 
están adoptando medidas adecuadas 
y eficaces para resolver el problema5.Gráfico 2Principios de la contratación pública
Principios de la contratación 
pública
Igualdad de trato y no discriminación
Los proveedores potenciales deberán recibir un trato igualitario. Reconocimiento mutuo
Debe concederse la misma validez a las cualiﬁcaciones y normas de otros Estados miembros.Proporcionalidad
Los procedimientos y decisiones de contratación pública deberán ser proporcionados.Transparencia
Los procedimientos de contratación pública deberán ser 
transparentes y, por regla general, deben publicarse las 
oportunidades de contratación.
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, sobre la base del documento de la Comisión Europea4.3 Libre circulación de mercancías 
(artículo 28 del TFUE) y de 
servicios (artículo 56), libertad 
de establecimiento (artículo 49) 
y libre prestación de servicios, 
ausencia de discriminación 
e igualdad de trato, 
proporcionalidad, 
transparencia y reconocimiento 
mutuo (artículos 18 y 53).
4 Comunicación interpretativa 
de la Comisión sobre el 
Derecho comunitario aplicable 
en la adjudicación de contratos 
no cubiertos o sólo 
parcialmente cubiertos por  
las Directivas sobre 
contratación pública  
(DO C 179 de 1.8.2006, p. 2).
5 Véase también el análisis 
panorámico de 2014 del 
Tribunal, titulado «Hacia un uso 
óptimo de los fondos de la UE: 
análisis panorámico de los 
riesgos para la gestión 
financiera del presupuesto de 
la UE» ( http://eca.europa.eu ).
12 Introducción
La normativa de 
contratación pública  
de la UE
04 
La normativa de contratación pública 
de la UE se basa en el Acuerdo sobre 
Contratación Pública (ACP), un acuerdo 
multilateral entre una serie de miem ‑
bros de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC)6 que regula la adqui ‑
sición de bienes y servicios por entes 
públicos y se basa en los principios de 
apertura, transparencia y ausencia de 
discriminación. El gráfico 3  presenta la 
estructura de gobernanza de la contra ‑
tación pública.05 
A escala europea, la adjudicación de 
contratos públicos se encuentra regu ‑
lada por las Directivas de la UE sobre 
contratación pública, que establecen 
una serie de normas y procedimientos 
comunes que los entes públicos han 
de aplicar con respecto a los contratos 
de importe elevado7. Dichas normas 
europeas están destinadas a garantizar 
que todas las empresas del mercado 
único tengan la oportunidad de com ‑
petir por la obtención de contratos pú ‑
blicos y se aplican con independencia 
de que el proyecto se financie exclusi ‑
vamente con fondos nacionales o en 
parte con fondos de la UE. Las Direc ‑
tivas de la UE son asimismo aplicables 
en el Espacio Económico Europeo.Gráfico 3Gobernanza de la contratación pública
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. Normas especíﬁcas de los Estados miembros:
     -   nacionales
     -   regionales     -   sobre cada fondo  Unión Europea  Organización Mundial del Comercio
Normas y leyes
de contratación públicaDirectivas sobre 
contratación públicaAcuerdo sobre
Contratación Pública6 A fecha de principios de 2015, 
el ACP cuenta con 15 partes 
que engloban a 43 miembros 
de la OMC. Además, otros 
28 miembros de la OMC 
participan en el Comité del 
ACP en calidad de 
observadores, 10 de los cuales 
están en proceso de adherirse 
al Acuerdo.
7 Directiva 2004/18/CE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de 
los procedimientos de 
adjudicación de los contratos 
públicos de obras, de 
suministro y de servicios 
(DO L 134 de 30.4.2004, p. 114), 
y Directiva 2004/17/CE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo 
de 2004, sobre la coordinación 
de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en 
los sectores del agua, de la 
energía, de los transportes 
y de los servicios postales 
(DO L 134 de 30.4.2004, p. 1). 
Estas serán sustituidas por las 
Directivas revisadas y una 
nueva Directiva relativa a la 
adjudicación de contratos de 
concesión, publicadas el 17 de 
abril de 2014 y que deben 
aplicarse antes del 18 de abril 
de 2017 (apartado 67). Los 
contratos de defensa y de 
servicios de interés general se 
rigen por otras normas.
13 Introducción
06 
Como sucede con todas las directivas 
de la UE, los Estados miembros tienen 
la obligación de transponer —o, lo que 
es lo mismo, incorporar— a su legisla ‑
ción nacional las referentes a la contra ‑
tación pública. Estas Directivas esta ‑
blecen unas normas mínimas y ayudan 
a crear unas condiciones equitativas de 
competencia, al tiempo que brindan 
a los Estados miembros la posibilidad 
de responder y adecuarse a las particu ‑
laridades y necesidades nacionales. Los 
Estados miembros pueden optar por 
promulgar leyes que sean más especí ‑
ficas o estrictas en algunos aspectos, 
y asimismo disponen de un considera ‑
ble margen de apreciación con respec ‑
to a las disposiciones administrativas 
adoptadas para garantizar el cumpli ‑
miento de las normas de la UE.
07 
Las Directivas de la UE sobre contrata ‑
ción pública no son aplicables a todos 
los contratos públicos, sino que esta ‑
blecen unos valores umbral mínimos8, 
por debajo de los cuales los contratos 
quedan sujetos exclusivamente a las 
normas nacionales. No obstante, las 
licitaciones deben observar en todo 
caso los principios consagrados en los 
Tratados (véase el gráfico 2 ).08 
Las licitaciones que incidan en el ámbito 
de aplicación de las Directivas de la UE 
deben publicarse en línea, en la base de 
datos del diario electrónico de licitacio ‑
nes «Tender Electronic Daily» (TED). La 
relación entre el valor de las licitaciones 
publicadas en el TED y el Producto Inte ‑
rior Bruto (PIB) puede servir como indi ‑
cador del alcance del uso de la contrata ‑
ción pública a escala europea. En 2012 el 
valor total de las licitaciones publicadas 
en el TED fue del 3,1 % del PIB de  
la UE9. En algunos Estados miembros, las 
licitaciones cuyo valor supera el umbral 
establecido representan un porcentaje 
muy inferior a esta media, como es el 
caso de Alemania (1,1 %), Austria (1,5 %), 
Irlanda (1,5 %) y Luxemburgo (1,6 %).  
La Comisión se ha puesto en contacto 
con Alemania para dilucidar la razón  
de este hecho10.
La política de cohesión 
y la contratación pública
09 
En el período de programación  
2007 ‑2013 se asignaron 349 000 millo ‑
nes de euros en el ámbito de cohesión 
con cargo al Fondo Europeo de Desa ‑
rrollo Regional (FEDER), al Fondo de 
Cohesión (FC) y al Fondo Social Europeo 
(FSE), y en el período 2014 ‑2020 se han 
asignado 367 000 millones de euros11.
8 Los umbrales utilizados más 
comúnmente desde el 
1 de enero de 2014 hasta 
el 31 de diciembre de 2015 
son: 5 186 000 euros para los 
contratos de obras 
y 134 000 euros para los 
contratos de servicios públicos 
y suministros. A las empresas 
de servicios públicos y a 
poderes de la contratación no 
pertenecientes a la 
administración central se les 
aplican otros umbrales.
9 Véanse los indicadores de 
contratación pública de 2012 
publicados por la Dirección 
General de Mercado Interior 
y Servicios en su análisis 
económico y de contratación 
pública electrónica de 12 de 
noviembre de 2014.
10 Recomendación del Consejo, 
de 8 de julio de 2014, relativa 
al Programa Nacional de 
Reformas de 2014 de Alemania 
y por la que se emite un 
Dictamen del Consejo sobre el 
Programa de Estabilidad de 
Alemania de 2014 (DO C 247 
de 29.7.2014, p. 20).
11 Créditos de compromiso 
a precios corrientes 
destinados a la cohesión 
económica, social y territorial. 
Fuente:  Comisión Europea, 
Marco financiero plurianual 
2014-2020 y presupuesto  
de la UE 2014 .
Fuente:  Tribunal de Cuentas Europeo.
14 Introducción Gráfico 4Organismos que participan en la política de cohesión y en la contratación pública
COMISIÓN
EUROPEA
ESTADOS
MIEMBROS
NIVEL
DE PROYECTODG Política Regional DG GROWMarco de la política de cohesiónMarco legal de contratación
pública (CP)
FEDER y FC
Ejecutadas
medianteDG Empleo
FSEDirectivas de la UE
sobre CP
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLicitaciones,
obras, suministros y serviciosSeguimientode aplicación
AplicanInformaciónsobre erroresde CPInformación
sobre errores
de CPSupervisany veriﬁcan el cumplimiento de las normas sobre CP
Supervisany veriﬁcan el cumplimiento de las normas sobre CPSupervisan
y veriﬁcan el 
cumplimiento 
de las normas 
sobre CP
Supervisan
y veriﬁcan el 
cumplimiento 
de las normas 
sobre CPAutoridades de gestión,
de certiﬁcación y de auditoríaEntidades 
nacionales de 
control y gestión
Beneﬁciarios (por ejemplo, 
ministerios o empresas públicas)Normas especíﬁcas 
nacionales/ 
regionales de cada 
fondo sobre CP
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.
15 Introducción
10 
La Comisión y los Estados miembros 
comparten la responsabilidad del 
gasto de la UE en el ámbito de cohe ‑
sión (véanse el gráfico 4  y el anexo I ). 
Una parte importante de este dinero, 
en particular en el caso del FEDER y del 
FC, se adjudica mediante procedimien ‑
tos de contratación pública. Casi la mi ‑
tad de todas las operaciones auditadas 
por el Tribunal en relación con estos 
tres fondos atañían a uno o varios pro ‑
cedimientos de este tipo.
11 
Los Estados miembros disponen de sus 
propios marcos públicos de gestión 
y control para administrar el gasto  
público nacional y de la UE, que in ‑
tegran a un amplio abanico de entes 
públicos, incluidas las entidades  
fiscalizadoras superiores (EFS).Procedimientos de 
contratación pública: 
¿cómo funcionan?
12 
Tras la preparación inicial del proyec ‑
to y la evaluación de necesidades, 
los procedimientos de contratación 
pública comportan tres fases princi ‑
pales, cada una de las cuales se divide 
a su vez en etapas específicas (véase el 
gráfico 5 ).Gráfico 5Fases principales de los procedimientos de contratación pública
PreparaciónActa de recepción
deﬁnitiva
Resolución de problemasModiﬁcaciones del 
contrato, etc.Pagos al contratista
Gestión
de contratosFirma del contratoy notiﬁcaciónde la adjudicacióndel contrato
Apertura, exameny evaluación de 
las ofertasPublicación de la licitación
Especiﬁcación de los criterios de selección/ adjudicaciónElaboración del pliego
de condiciones
Selección del tipo de procedimientoIdentiﬁcación de necesidades Elaboración de proyectosProcedimiento de licitaciónFase previa
a la licitación
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.
16 Introducción
13 
Las etapas específicas de cada fase 
dependen del tipo concreto de pro ‑
cedimiento de contratación pública 
aplicado (el recuadro 1  ofrece una 
descripción de los principales tipos de 
procedimiento). Los contratos pue ‑
den ser adjudicados o bien solo en 
función del precio, o bien al licitador 
que presente la oferta económica más 
ventajosa, siendo la segunda opción la 
más frecuente (70 %)12.
Los seis tipos principales de procedimientos de contratación pública  
con arreglo a las Directivas de 2014
Procedimiento abierto.  Es el tipo más frecuente, con una cuota del 51 % del total de los contratos adjudica ‑
dos. Las ofertas han de presentarse en una fecha determinada y se evalúan todas las ofertas admisibles13.
Procedimiento restringido.  En primer lugar, se pide a los proveedores interesados que faciliten sus cualifica ‑
ciones y, posteriormente, se elabora una lista de candidatos preseleccionados, que serán los únicos invitados 
a licitar.
Diálogo competitivo.  Se utiliza para los contratos más complejos y conlleva conversaciones entre el poder 
adjudicador y los proveedores potenciales con miras a identificar y definir la mejor estructura jurídica o finan ‑
ciera de un proyecto para satisfacer las necesidades u objetivos del poder adjudicador.
Procedimiento de licitación con negociación.  Tras una licitación y una evaluación anual, el poder contratante 
invita a los operadores económicos que haya seleccionado a presentar una oferta inicial, tras lo cual negocia 
esta y otras ofertas posteriores, salvo la final, con el fin de mejorar su contenido.
Procedimiento negociado.  Sin publicación, solo puede utilizarse en un reducido número de casos predeter ‑
minados. El poder adjudicador negocia el contrato con uno o más proveedores.
Asociación para la innovación.  El poder contratante selecciona a los proveedores a partir de una convocato ‑
ria, y aplica un enfoque negociado para invitarles a presentar ideas destinadas a desarrollar obras, suministros 
o servicios innovadores que satisfagan una necesidad para la que no hay un «producto» adecuado en el mer ‑
cado en ese momento. El poder contratante puede adjudicar esta asociación a más de un proveedor.
13 Véase la revisión anual de la aplicación de la contratación pública de 2013, publicada por la DG de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y 
Pymes el 1 de agosto de 2014.Recuadro 112 Public pocurement in Europe: 
Cost and effectiveness  [La 
contratación pública en 
Europa: coste y eficacia], un 
estudio sobre la normativa de 
contratación pública 
elaborado para la Comisión 
Europea por PwC, London 
Economics y Ecorys en marzo 
de 2011, p. 5.
17
 Alcance y enfoque de la 
fiscalización
14 
El Tribunal examinó si la Comisión y los 
Estados miembros están adoptando 
medidas adecuadas y eficaces para 
resolver el problema de los errores de 
contratación pública en el ámbito de 
cohesión, y trató de responder a las 
siguientes preguntas:
a) ¿han analizado la Comisión y los 
Estados miembros el problema de 
los errores de contratación pública 
en el ámbito de cohesión?;
b) ¿han adoptado la Comisión y los 
Estados miembros medidas ade ‑
cuadas y eficaces para resolver  
el problema?
15 
La fiscalización abarcó los resultados 
de las auditorías de la declaración de 
fiabilidad llevadas a cabo por el Tri ‑
bunal en los ejercicios de 2009 a 2013, 
y tuvo en cuenta las medidas adopta ‑
das entre 2009 y 2014 por la Comisión 
y los Estados miembros para abordar 
el problema del incumplimiento de las 
normas de contratación pública.16 
Los resultados de la fiscalización se 
basan en:
a) el análisis de la documentación 
pertinente de la Comisión;
b) las entrevistas con funcionarios de 
la Comisión;
c) una encuesta realizada a 115 auto ‑
ridades de auditoría de 27 Estados 
miembros (excluida Croacia) encar ‑
gadas de los programas operativos 
del FEDER, el FSE y el FC—de las 
cuales respondieron 69—, que 
tenía por objeto principal recopilar 
información sobre la normativa de 
contratación pública, los erro ‑
res detectados al respecto y las 
medidas preventivas y correctoras 
adoptadas a escala nacional;
d) las visitas a cuatro Estados miem ‑
bros (República Checa, España, 
Italia y el Reino Unido), en los que 
las auditorías de la declaración de 
fiabilidad del Tribunal correspon ‑
dientes a los ejercicios de 2009 
a 2013 habían detectado un eleva ‑
do número de errores de contrata ‑
ción pública;
e) una visita a Chipre para profundi ‑
zar en la utilización de la contrata ‑
ción pública electrónica;
f) una breve encuesta enviada a las 
veintiocho entidades fiscalizadoras 
superiores (EFS) de la UE, de las 
cuales respondieron dieciocho.
17 
La fiscalización trató, en la medida de 
lo posible, de identificar buenas prácti ‑
cas que pudieran compartirse entre los 
Estados miembros.
18
 Observaciones
18 
Las observaciones se dividen en dos 
secciones:
a) la primera sección presenta el 
resumen de los resultados de la 
fiscalización del Tribunal sobre la 
contratación pública con respecto 
al FEDER, al FC y al FSE durante el 
período 2009 ‑2013, y examina si la 
Comisión y los Estados miembros 
disponen de una base analítica  
sólida que les permita comprender 
el problema de los errores de la 
contratación pública;
b) la segunda sección describe las 
medidas adoptadas en los últimos 
años tanto por la Comisión como 
por los Estados miembros y evalúa, 
en su caso, su eficacia.El análisis sistemático  
de los errores de  
contratación pública por 
parte de la Comisión y   
de los Estados miembros 
es muy limitado
El incumplimiento de las 
normas de contratación 
pública sigue constituyendo 
una importante fuente de 
error en el ámbito de cohesión
¿Qué se entiende por error?
19 
Se produce un error cuando se in ‑
cumplen las normas de contratación 
pública nacionales o de la UE. A efec ‑
tos del presente informe, se distinguen 
tres tipos de error, que se describen en 
el cuadro 1 .Cuadro 1Tipos de error utilizados en el presente informe, con ejemplos1
Tipo de error Descripción Ejemplos
GraveIncumplimiento grave de las normas, a consecuencia 
del cual se obstaculizó la competencia o se considera 
que los contratos no se adjudicaron a los mejores 
licitadoresa)  Adjudicación directa: contrato adjudicado sin recurrir a un procedi -
miento de contratación pública cuando este era necesario
b)  Adjudicación de obras o servicios adicionales importantes o previsi -
bles sin recurrir a un procedimiento de contratación pública cuando 
este era necesario
c)  Criterios ilícitos de selección/adjudicación o aplicación incorrecta de 
los mismos, que inciden en el resultado de la licitación
SignificativoIncumplimiento significativo de las normas, a pesar 
del cual se considera que los contratos se adjudica -
ron a  los mejores licitadoresa)  Criterios ilícitos de selección/adjudicación o aplicación incorrecta de 
los mismos, pero que no inciden en el resultado de la licitación
b)  Falta de publicación de algunos criterios de selección/adjudicación 
en el pliego de condiciones
c) Limitación de la competencia a causa de una urgencia injustificada
LeveError menos grave y, con frecuencia, de carácter 
formal, que no incide negativamente en el nivel de 
competenciaa)  No publicación o publicación fuera de plazo del anuncio de los 
contratos adjudicados
b)  No publicación de dicho anuncio en el Diario Oficial de la UE
1  En el contexto de la declaración de fiabilidad del Tribunal, los errores aquí descritos como «graves» se denominan «cuantificables» y contribu ‑
yen al porcentaje de error estimado del Tribunal. Véase el Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2013, anexo 1.1 (DO C 398 
de 12.11.2014).
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.
19 Observaciones
Errores detectados por el 
Tribunal en sus auditorías de 
la declaración de fiabilidad 
2009-2013
20 
Durante el período 2009 ‑2013, como 
parte del trabajo de su declaración de 
fiabilidad anual, el Tribunal examinó 
más de mil cuatrocientas operaciones14 
cofinanciadas con cargo al presupues ‑
to de la UE a través del FEDER, el FC 
y el FSE, examen que comprendió la 
verificación de procedimientos de 
contratación pública relativos a casi 
setecientos proyectos. Se detectaron 
errores relacionados con la contrata ‑
ción pública en cerca del 40 % de estos 
proyectos y el número total de errores 
ascendió a casi quinientos noventa. El 
gráfico 6  expone la distribución de es ‑
tos errores en función de su gravedad.21 
Los errores graves representaron el 
48 % del porcentaje de error estimado 
del Tribunal con respecto al FEDER 
y al FC, y el 16 % con respecto al FSE 
durante el período 2009 ‑2013. El mayor 
porcentaje de errores graves , un 
70 %, se detectó en el FEDER. Esto se 
debe, en parte, a que los programas 
del FEDER y el FC comportan, por lo 
general, proyectos de infraestructuras 
de mayor envergadura cuyos contratos 
suelen estar sujetos a procedimien ‑
tos de licitación15. El anexo II  ofrece 
información detallada sobre el modo 
en que se distribuyen los errores en los 
tres fondos: FEDER, FC y FSE.Gráfico 6Distribución de los errores detectados en las auditorías de la declaración de 
fiabilidad del Tribunal durante el período 2009-2013, en el ámbito de cohesión,  
en función de su gravedad
Fuente:  Tribunal de Cuentas Europeo.14 Por lo general, una operación 
se refiere a un proyecto, pero 
en algunos casos puede haber 
varias operaciones referidas 
a un mismo proyecto.
15 Los proyectos cofinanciados 
por el FSE suelen incluir 
servicios, como la educación 
y formación profesionales, que 
no inciden plenamente en el 
ámbito de aplicación de la 
Directiva [anexo II B de la 
Directiva 2004/18/CE, 
modificado por el anexo VII del 
Reglamento (CE) nº 213/2008 
de la Comisión, de 28 de 
noviembre de 2007, que 
modifica el Reglamento (CE) 
nº 2195/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por el 
que se aprueba el Vocabulario 
común de contratos públicos 
(CPV), y las Directivas 
2004/17/CE y 2004/18/CE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre los 
procedimientos de los 
contratos públicos, en lo 
referente a la revisión del CPV 
(DO L 74 de 15.3.2008, p. 1).
Errores leves (22 %)
Errores signiﬁcativos (49 %)Errores graves (29 %)
20 Observaciones
22 
Se detectaron errores en todas las fases 
del procedimiento de contratación, si 
bien el mayor porcentaje de errores 
graves se encontró en la fase previa a la 
licitación:
a) en la fase previa a la licitación , la 
mayoría de los errores detectados, 
71 (82 %) de un total de 87, fueron 
graves . Los poderes adjudicadores 
eludieron por completo los proce ‑
dimientos de contratación pública 
mediante la adjudicación directa de 
contratos que exigían la utilización 
de dichos procedimientos, dividie ‑
ron los contratos en licitaciones 
de menor envergadura para evitar 
superar los umbrales o utilizaron un procedimiento inadecuado. Muchos 
de los contratos así adjudicados se 
referían más a la prestación de ser ‑
vicios que a la ejecución de obras 
(véase el ejemplo expuesto en el 
recuadro 2 );
b) en la fase de licitación , la mayoría 
de los errores graves  se detectaron 
en la especificación y aplicación 
de los criterios de selección/adju ‑
dicación. En general, los errores 
relativos a los requisitos de publi ‑
cación y transparencia fueron los 
más frecuentes (186 de un total de 
587 errores), y una tercera parte de 
ellos fueron significativos  (véase el 
ejemplo expuesto en el recuadro 3 );
Ejemplo de error grave relacionado con la ausencia total de procedimiento  
de contratación pública
En un proyecto del FEDER de Polonia  que tenía como objetivo la construcción de una carretera de circunvala ‑
ción de una gran ciudad, el poder adjudicador decidió adjudicar, recurriendo al procedimiento negociado con 
un operador económico, un contrato de «supervisión de autoría» del arquitecto16. Tendría que haberse utiliza ‑
do un procedimiento abierto o restringido para favorecer la competencia con más de un licitador. El valor del 
contrato giraba en torno a los 300 000 euros.
16 La «supervisión de autoría» garantiza la ejecución exacta del proyecto, el cumplimiento de todas las normas y reglas arquitectónicas, 
tecnológicas, estilísticas y de construcción, así como la preparación de la documentación para poner en marcha el proyecto.
Ejemplo de error significativo relacionado con el incumplimiento  
de los requisitos de publicidad y transparencia
En la República Checa , el poder adjudicador de un proyecto de 
construcción de una autopista, que recibió aproximadamente 
87 millones de euros con cargo al FC, no especificó en el anuncio 
de licitación los requisitos mínimos en materia de competencia 
técnica, de modo que no se respetaron los requisitos de publici ‑
dad y transparencia.
© Departamento de carreteras y autopistas de la República Checa.Recuadro 2 Recuadro 3

21 Observaciones
c) en la fase de gestión de contratos , 
31 (42 %) de los 74 errores detec ‑
tados fueron graves  y se referían 
a modificaciones o ampliaciones 
del alcance de los contratos sin uti ‑
lizar un procedimiento de contra ‑
tación cuando este era obligatorio 
(véase el ejemplo expuesto en el 
recuadro 4 ).
23 
El anexo III  aporta información com ‑
plementaria sobre la distribución de 
los errores en las distintas fases de la 
licitación, incluida la previa a la misma, 
y la gestión de contratos.
24 
El informe especial del Tribunal sobre 
las causas de los errores en el gasto en 
desarrollo rural presenta un panorama 
similar. Un considerable número de 
los errores de contratación pública 
se debieron a la adjudicación directa 
injustificada, a la incorrecta aplicación 
de los criterios de selección y adjudi ‑
cación, y a la falta de igualdad de trato 
de los licitadores17.
Ejemplo de error grave relacionado con modificaciones del alcance del contrato
En España , se licitó y adjudicó correctamente un contrato para la construcción de una estación de tratamiento 
de aguas residuales, que recibió unos 33 millones de euros con cargo al FEDER. Posteriormente, más de la mi ‑
tad de las obras contratadas fueron sustituidas por otras obras que implicaban tecnologías, materiales y canti ‑
dades distintos de los iniciales. Aunque no se modificó el objeto y el precio global del proyecto, las obras que 
acabaron llevándose a cabo diferían de forma considerable de las licitadas en un principio. Por consiguiente, 
más de la mitad de las obras definitivas no se habían adjudicado a través del procedimiento de licitación.Recuadro 417 Informe Especial nº 23/2014: 
«Errores en el gasto en 
desarrollo rural: ¿cuáles  
son sus causas y cómo  
se están abordando?»  
(http://eca.europa.eu ).
22 Observaciones
Los errores de contratación 
pública pueden deberse 
a diversas causas
Complejidad, falta de capacidad 
administrativa y planificación 
insuficiente
25 
Un cierto nivel de complejidad es inhe ‑
rente a cualquier sistema de contrata ‑
ción pública, pero el nivel de  comple -
jidad  del marco legal y administrativo 
vigente se considera un problema. 
Según el 90 % de las 69 autoridades 
de auditoría que respondieron a la 
encuesta realizada para la presente fiscalización (véase el apartado 16),  
el marco legal de adjudicación de 
contratos públicos de su país es más 
complejo de lo necesario. Los  
encuestados señalaron que los errores 
se deben principalmente al gran  
volumen de legislación o de directri ‑
ces, a la dificultad de aplicarlas en  
la práctica y a la falta de conocimien ‑
tos técnicos para llevar a cabo el 
procedimiento de contratación públi ‑
ca. Casi la mitad de los encuestados 
apuntó que el aspecto que más  
podría mejorar sería la simplificación 
de los procedimientos. En el recua -
dro 5  se expone una visión general  
de la situación de uno de los  
Estados miembros visitados en  
la fiscalización.
El problema de la complejidad y gran volumen de la legislación:  
ejemplo de un Estado miembro
A juicio de las autoridades de Italia  entrevistadas en la presente fiscalización, el marco legal de adjudicación 
de contratos públicos es intrincado debido a la amplitud y calado de la legislación y a la complejidad de los 
procedimientos previstos tanto para los poderes adjudicadores como para las empresas licitadoras participan ‑
tes. Asimismo, el principal texto legislativo sobre contratación pública de dicho país ha sido objeto de fre ‑
cuentes modificaciones, lo que ha dificultado su aplicación. Según la Autoridad de Anticorrupción Nacional, 
los principales cambios introducidos desde 2009 en los textos legislativos básicos sobre contratación pública 
comportan veintidós actos legislativos. Este gran volumen de legislación se ve incrementado por las normas 
específicas de cada fondo, tales como la decisión del Ministerio de Empleo por la que se establecen disposi ‑
ciones adicionales para los contratos públicos de importe inferior a los umbrales aplicables a los proyectos 
cofinanciados por el FSE. En junio de 2014 se creó un grupo de trabajo integrado por representantes de la 
Comisión y del Estado italiano para apoyar la simplificación, aprovechando la incorporación de las Directivas 
de la UE de 2014 a la legislación nacional.Recuadro 5
26 
La falta de  capacidad administrativa  
se refiere tanto al desconocimiento de 
las normas como a la falta de conoci ‑
mientos técnicos acerca de las obras 
o servicios concretos licitados. Este 
problema afecta no solo a los pode ‑
res adjudicadores, sino también a los 
entes encargados de supervisar estos 
procedimientos. De la experiencia del Tribunal en la auditoría de errores de 
contratación pública se desprende 
que los problemas de incumplimiento 
están relacionados con una deficiente 
aplicación de la normativa vigente18. 
Por otro lado, los errores administrati ‑
vos también dan lugar a otros tipos de 
errores. En el recuadro 6  se muestra el 
ejemplo de uno de los Estados miem ‑
bros visitados en la fiscalización.18 Véanse el Dictamen nº  4/2011 
del Tribunal sobre el Libro 
Verde de la Comisión sobre la 
modernización de la política 
de contratación pública de la 
UE (DO C 195 de 2.7.2011, p. 1) 
y su reciente análisis 
panorámico titulado «Hacia un 
uso óptimo de los fondos de la 
UE: análisis panorámico de los 
riesgos para la gestión 
financiera del presupuesto de 
la UE», apartado 30, así como 
el apartado 16 de la ficha 
individual sobre contratación 
pública contenida en dicho 
análisis ( http://eca.europa.eu ).
23 Observaciones
27 
La planificación insuficiente  de 
los proyectos y procedimientos de 
licitación constituye otra fuente de 
error, sobre todo en lo que respecta 
a la modificación o ampliación de los 
contratos en la fase de gestión.
Los Estados miembros 
no siempre transponen 
correctamente las Directivas  
de la UE
28 
Todos los Estados miembros tienen la 
obligación de incorporar a la legisla ‑
ción nacional las Directivas de la UE sobre contratación pública. Cuando la 
Comisión considera que la transposi ‑
ción no se ajusta a las directivas o que 
no se han observado los principios 
fundamentales, puede decidir incoar 
un procedimiento de infracción19 y, 
en última instancia, remitir el asunto 
al Tribunal de Justicia de la Unión Euro ‑
pea. Durante el período 2009 ‑2013, la 
Comisión incoó 74 procedimientos de 
infracción, de los cuales 8 habían sido 
remitidos al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea a finales de 2014 (véase 
el anexo IV  para un análisis de estos 
procedimientos por Estado miembro 
y año). Esta aplicación o transposición 
incorrecta también puede generar 
errores (véase el ejemplo expuesto en 
el recuadro 7 ).
Retos relacionados con la capacidad administrativa: ejemplos de un Estado miembro
En Italia , el riesgo de contar con numerosos poderes adjudicadores con falta de conocimientos técnicos se ha 
visto agravado por su elevadísimo número: 40 000 poderes adjudicadores, que ascienden a 70 000 si se tienen 
en cuenta todos los centros de costes. Un acto legislativo recientemente aprobado en Italia prevé una reduc ‑
ción significativa del número de poderes adjudicadores para determinadas categorías de bienes y servicios, 
con objeto de concentrar los conocimientos técnicos sobre contratación pública en menos entes.
Ejemplo de errores debidos a la incorporación incorrecta de las Directivas  
a la legislación nacional
En España , la inadecuada incorporación de las Directivas de 2004 a la legislación nacional ocasionó errores 
frecuentes relacionados con la modificación de contratos. Por tanto, las autoridades españolas decidieron que 
los costes de las modificaciones de los contratos ya no eran subvencionables mediante cofinanciación de la 
UE. Hasta 2012, a raíz de la modificación de la legislación, las autoridades españolas no volvieron a considerar 
admisibles determinadas modificaciones de contratos en circunstancias específicas.Recuadro 6 Recuadro 719 Teniendo en cuenta que el 
artículo 258 del TFUE define 
«infracción» como el 
incumplimiento por parte de 
un Estado miembro de una  
de las obligaciones que le 
incumben en virtud de  
los Tratados.
24 Observaciones
En ocasiones la legislación se 
interpreta de forma diversa
29 
Otra posible causa de error son las 
interpretaciones divergentes de las 
disposiciones legales. Por ejemplo:
a) en la República Checa, las auto ‑
ridades informaron de que las 
diferentes interpretaciones dadas 
a la misma cuestión por distintas 
entidades —como las autoridades 
de gestión, las autoridades de 
auditoría, las EFS, los servicios de 
contratación pública o la Comisión 
Europea— habían dado lugar a re ‑
sultados de auditoría distintos y a 
inseguridad jurídica;
b) en Italia, los poderes adjudicado ‑
res dan distintas interpretaciones 
al concepto de lo que constituyen 
«circunstancias imprevisibles», que 
podrían justificar la modificación 
de un contrato sin necesidad de 
un procedimiento de contrata ‑
ción pública; así pues, algunos 
entes nacionales consideran 
que determinadas modificacio ‑
nes contractuales cumplen la legislación nacional, mientras que 
las autoridades de auditoría y la 
Comisión perciben estas mismas 
modificaciones como irregulares. 
Los errores relativos a estos casos 
representan un motivo muy impor ‑
tante de correcciones financieras 
en Italia: entre 2010 y 2012, el valor 
de dichas correcciones rondó los 
8 millones de euros. En el momen ‑
to de la fiscalización, Italia estaba 
tratando de abordar este problema 
en el marco de su plan de acción 
nacional de contratación pública 
(véase el apartado 65).
A veces los Estados miembros 
complican el marco 
reglamentario con normas 
adicionales
30 
Algunos Estados miembros adoptan 
normas nacionales más estrictas que 
las previstas en las Directivas de la UE 
con respecto a determinados aspectos 
de la contratación pública (véase el 
recuadro 8 ).
Ejemplo de normas nacionales sobre contratación pública más estrictas  
que las previstas en las Directivas
En la República Checa , la legislación nacional establece un incremento máximo del 20 % del valor del contra ‑
to por circunstancias imprevisibles, frente al límite del 50 % que fija la Directiva de la UE. Si bien el objetivo de 
la República Checa era aumentar la transparencia, algunos de sus agentes económicos y poderes adjudicado ‑
res consideran que esta disposición supone una complicación innecesaria.Recuadro 8
25 Observaciones
El fraude puede constituir una 
causa de error en el ámbito de 
la contratación pública
31 
Con arreglo a la OCDE, la contratación 
pública es la actividad pública más 
sujeta a derroche, fraude y corrupción 
debido a su complejidad, a la enverga ‑
dura de los flujos financieros que ge ‑
nera y a la estrecha interacción entre 
los sectores público y privado 20.
32 
Los Estados miembros tienen la obliga ‑
ción legal de presentar a la Comisión 
un resumen trimestral de todas las 
irregularidades cuyo valor supere 
los 10 000 euros, indicando las que 
sospechan que han sido fraudulentas21. 
La información comunicada por los Es ‑
tados miembros incluye todos los tipos 
de irregularidades, incluidas las refe ‑
rentes a la contratación pública. Con 
arreglo a esta información, la Comisión elabora su informe anual sobre la pro ‑
tección de los intereses financieros de 
la UE y de la lucha contra el fraude22.
33 
En lo que respecta a la política de  
cohesión, el 38 % de las cerca de  
doce mil irregularidades comunicadas 
por los Estados miembros a la OLAF en 
el período 2007 ‑2013 se referían a la 
contratación pública, de las cuales  
el 2 % se notificaron como fraudu ‑
lentas (véase el gráfico 7 ). Algunos 
Estados miembros comunican muy 
pocas irregularidades que consideran 
fraudulentas a la OLAF. Por ejemplo, 
España y Francia no comunicaron  
ninguna entre 2007 y 2013.Gráfico 7Irregularidades comunicadas por los Estados miembros a la OLAF en nombre  
de la Comisión vía IMS en el período de programación 2007-2013
Fuente:  OLAF.
Irregularidades asociadas
a la CP 38 %
de las cuales, fraudulentas en CPOtras irregularidades 62 %
de las cuales, fraudulentas20 OCDE, «Fighting corruption in 
the public sector: integrity in 
procurement»  [Lucha contra la 
corrupción en el sector público: 
integridad de la contratación 
pública]  
(www.oecd.org/gov/ethics/
integrityinpublicprocurement.
htm ).
21 Reglamento (CE) nº 1828/2006 
de la Comisión, de 8 de 
diciembre de 2006, por el que 
se fijan las normas de desarrollo 
para el Reglamento (CE) 
nº 1083/2006 del Consejo, por 
el que se establecen las 
disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo y al Fondo de 
Cohesión, y Reglamento (CE) 
nº 1080/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo 
al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, artículo 28.
22 Véase el documento 
SWD(2014) 244 final, de 17 de 
julio de 2014, «Statistical 
evaluation of irregularities 
reported for 2013 own 
resources, natural resources, 
cohesion policy, pre‑accession 
and direct expenditure» 
[Evaluación estadística de las 
irregularidades comunicadas 
para 2013 — Recursos propios, 
agricultura, política de 
cohesión, política de 
preadhesión y gastos directos], 
p. 67, que acompaña al informe 
COM(2014) 474 final, de 17 de 
julio de 2014, «Protección de los 
intereses financieros de la 
Unión Europea — Lucha contra 
el fraude Informe anual 2013».
26 Observaciones
34 
El Tribunal remite a la OLAF cualquier 
proyecto que sospecha que podría 
ser objeto de fraude. A raíz del traba ‑
jo llevado a cabo en el marco de su 
declaración de fiabilidad en el ámbito 
de cohesión con respecto a los ejer ‑
cicios 2009 ‑2013, el Tribunal remitió 
a la OLAF diecisiete proyectos pre ‑
suntamente objeto de fraude, de los 
cuales seis se referían a la contratación 
pública. La OLAF inició investigaciones 
en diez de los diecisiete proyectos,  
de los cuales cinco se referían a   
la contratación pública.
La falta de datos coherentes 
impide un análisis exhaustivo 
de los errores en los Estados 
miembros…
35 
El Tribunal trató asimismo de deter ‑
minar si la Comisión y los Estados 
miembros habían analizado de forma 
exhaustiva la naturaleza, la gravedad 
y las causas de los errores de contrata ‑
ción pública en el ámbito de cohesión. 
Es necesario que la Comisión y los 
Estados miembros analicen periódi ‑
camente las causas de dichos errores 
para poder concebir y aplicar medidas 
eficaces que permitan subsanarlos 
y evitarlos.36 
Los datos de los errores de contrata ‑
ción pública de los Estados miembros 
suelen quedar dispersos entre diversas 
entidades y, además, no se comparten 
de manera sistemática con otras enti ‑
dades del mismo Estado miembro que, 
aunque no se encarguen directamente 
de la gestión del FEDER, el FSE y el 
FC, siguen siendo importantes para 
su ejecución, como, por ejemplo, las 
competentes en materia de legislación 
sobre contratación pública. Este hecho 
aumenta el riesgo de que determina ‑
dos Estados miembros carezcan de 
una visión completa de las tendencias 
y problemas, que podría ayudar a fun ‑
damentar la concepción de medidas 
preventivas. En Italia, la República 
Checa y el Reino Unido se han creado 
grupos de trabajo interdepartamen ‑
tales para evitar este riesgo (véase el 
apartado 82).
37 
Las autoridades de auditoría que res ‑
pondieron a la encuesta identificaron 
problemas similares a los detectados 
por el Tribunal en el análisis de sus 
propios datos con respecto a los tipos 
y la gravedad de los errores de contra ‑
tación pública (véase el apartado 20). 
Sin embargo, los Estados miembros 
han llevado a cabo muy pocos análisis 
sistemáticos y exhaustivos de dichos 
errores en los que basar sus puntos de 
vista. Si bien 60 de las 69 autoridades 
de auditoría que respondieron a la 
encuesta declararon que analizaban 
los errores de contratación pública, 
solo 14 pudieron facilitar datos estruc ‑
turados sobre los errores de contrata ‑
ción pública detectados en los últimos 
años. La mitad de estas autoridades 
procedían de Italia y el resto eran de 
Bélgica, Letonia, Lituania, los Países Ba ‑
jos y España.
27 Observaciones
38 
En los cuatro Estados miembros visita ‑
dos, el Tribunal observó que:
a) las entidades de los Estados 
miembros encargadas de aplicar 
la política de cohesión casi nunca 
investigaban las causas subyacen ‑
tes de los errores;
b) únicamente en Italia se había 
efectuado algún análisis centrado 
específicamente en los errores de 
contratación pública: el organismo 
nacional de coordinación de las  
autoridades de auditoría llevó 
a cabo un análisis de las principa ‑
les fuentes de error en Italia, a sa ‑
ber, la modificación de contratos 
y las obras adicionales.
39 
La falta de datos suficientemente deta ‑
llados y coherentes sobre la naturaleza 
y la magnitud de los errores de contra ‑
tación pública en los Estados miem ‑
bros ha impedido un análisis exhausti ‑
vo y sólido de las causas subyacentes 
a escala nacional y europea.
40 
Dieciocho de las veintiocho EFS de los 
Estados miembros respondieron a la 
encuesta del Tribunal (véase el aparta ‑
do 16) en relación con la pregunta de si 
consideraban que los procedimientos 
de contratación pública financiados 
exclusivamente con fondos naciona ‑
les eran menos o más proclives a los 
errores que cofinanciados con fondos 
de la UE, o si no percibían diferencias 
significativas entre ambos. De estas 
dieciocho:
a) trece afirmaron que no percibían 
«diferencias significativas» con 
respecto a los procedimientos 
cofinanciados con fondos de la UE;b) dos declararon que los procedi ‑
mientos de contratación pública 
financiados exclusivamente con 
fondos nacionales eran más pro ‑
clives a los errores que los cofinan ‑
ciados también con fondos  
de la UE;
c) tres señalaron que no podían 
responder porque no habían 
comparado los errores detectados 
o carecían de indicios fiables de la 
posibilidad de error, dado que sus 
auditorías se centraban principal ‑
mente en la financiación nacional 
de adjudicaciones de contratos.
… pero en los Estados 
miembros visitados hay 
indicios de que se están 
empezando a recabar datos 
de manera más sistemática
41 
En los cuatro Estados miembros visita ‑
dos en la presente fiscalización:
a) tres Estados miembros —Italia, 
República Checa y España— han 
creado en los últimos años bases 
de datos (véase el recuadro 9 ) que 
podrían facilitar un análisis más 
exhaustivo y periódico, y contribuir 
de este modo a la comprensión  
de los errores de contratación 
pública como base para la concep ‑
ción de medidas adecuadas para 
abordar los problemas (véase  
el apartado 89);
b) en el Reino Unido no existía aún 
este tipo de base de datos, aun ‑
que la autoridad de gestión del 
FEDER en Inglaterra ha previsto la 
inclusión de información detallada 
sobre los errores de contratación 
pública en su sistema de informa ‑
ción de gestión para el período de 
programación 2014 ‑2020.
28 Observaciones
Utilización de bases de datos de errores de contratación pública  
estructuradas en los Estados miembros
En Italia , el organismo de coordinación de las autoridades de auditoría del FEDER y el FSE ha completado su base 
de datos general de auditoría con datos sobre la tipología de todos los errores de contratación pública. Esta  
base de datos muestra el número de errores detectados desde 2010, junto con cualquier corrección financiera 
asociada, por tipo de error y autoridad de auditoría. Asimismo, el Tribunal de Cuentas italiano utiliza su base de 
datos de irregularidades como instrumento de evaluación de riesgos en la contratación pública.
En República Checa , la autoridad de auditoría comenzó en 2013 a registrar los resultados de sus auditorías sobre 
contratación pública en una base de datos estructurada, que utiliza para llevar a cabo análisis y compartir los 
resultados con otras entidades.
En España , la base de datos de la autoridad de auditoría se remonta a los primeros años del período de progra ‑
mación 2007 ‑2013 y contiene información sobre los errores de contratación pública que detecta. Sin embargo, en 
el momento de la presente fiscalización, aún no se había utilizado la base de datos para analizar en profundidad 
la naturaleza de estos errores.Recuadro 9
La Comisión todavía no 
analiza los errores de 
contratación pública 
de forma exhaustiva 
y sistemática
42 
El Tribunal examinó si la Comisión 
había recopilado datos y creado bases 
de datos para facilitar el análisis de los 
errores de contratación pública.
43 
La Dirección General de Mercado Inte ‑
rior, Industria, Emprendimiento y   
Pymes (DG Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y Pymes) supervisa, 
con la ayuda de la base de datos del 
TED, los indicadores clave relativos a la 
utilización de la contratación pública 
en los Estados miembros, como el 
porcentaje del PIB sujeto a licitación 
o el gasto nacional en adjudicación de 
contratos públicos conforme a la nor ‑
mativa de la UE (véase el apartado 8).44 
La DG Política Regional y Urbana y la 
DG Empleo, Asuntos sociales e Inclusión 
obtienen información sobre los errores 
de contratación pública detectados en 
el gasto de la política de cohesión de las 
siguientes cuatro fuentes principales:
a) los informes de control anuales 
presentados por las autoridades de 
auditoría de los Estados miembros23 
a la Comisión, aunque la informa ‑
ción sobre los errores de contra ‑
tación pública no se facilita en un 
formato que permita a la Comisión 
llevar a cabo un análisis exhaustivo 
de dichos errores;
b) las propias auditorías de la Comi ‑
sión, en las que se analizan la natu ‑
raleza, la gravedad y las causas de 
los errores de contratación pública 
en el marco de los proyectos cofi ‑
nanciados por el FEDER/FC y el FSE;
c) las reuniones bilaterales con entida ‑
des nacionales, en particular con las 
autoridades de auditoría;
d) las auditorías efectuadas por el 
Tribunal como parte de su trabajo 
relativo a la declaración de fiabili ‑
dad anual.23 Véase el Informe Especial 
nº 16/2013: «Evaluación de la 
“auditoría única” y del grado en 
que la Comisión se apoya en el 
trabajo de las autoridades 
nacionales de auditoría en  
el ámbito de cohesión»  
(http://eca.europa.eu ).
29 Observaciones
45 
Hasta la fecha, la Comisión ha lleva ‑
do a cabo un solo análisis transversal 
centrado en los errores de contrata ‑
ción pública, en mayo de 201124. Este 
análisis, efectuado por la DG Política 
Regional y Urbana, se basaba en las 
propias auditorías de la Comisión y en 
las del Tribunal, y mostraba las tenden ‑
cias generales de los errores detecta ‑
dos en el FEDER y el FC —no se incluía 
el FSE— durante el período 2007 ‑2010. 
Ni la DG Política Regional y Urbana, ni 
la DG Empleo, Asuntos Sociales e In ‑
clusión han vuelto a llevar a cabo un 
análisis similar desde entonces.
46 
Pese a que la Comisión dispone de una 
cierta cantidad de datos sobre errores 
de contratación pública en el ámbito 
de cohesión, aún no ha creado una 
base de datos completa y sólida que 
englobe la totalidad de dichos los erro ‑
res. La DG Política Regional y Urbana 
creó una base de datos con detalles 
de la mayoría de los resultados de las 
auditorías del FEDER y del FC, inclusive 
sobre contratación pública, pero se 
limitó a los ejercicios 2010 y 2011.
47 
La DG Empleo, Asuntos Sociales e In ‑
clusión considera que el desarrollo de 
una base de datos específica de erro ‑
res de contratación pública para el FSE 
no merece la pena debido a la escasa 
incidencia de estos errores en  
el FSE en comparación con el FEDER 
y el FC (véase asimismo el apartado 21), 
y, por tanto, no ha realizado ningún 
análisis transversal ni tiene previsto 
crear una base de datos de errores 
de contratación pública con respecto 
a dicho fondo.48 
Una base de datos de irregularida ‑
des que incluya las detectadas en la 
contratación pública constituiría una 
gran baza para la Comisión al aportar 
información sobre la naturaleza, la 
magnitud y las causas de los errores 
que serviría para orientar o adaptar las 
medidas adoptadas en función de las 
necesidades. Desde 2008, la OLAF dis ‑
pone de una base de datos conocida 
con el nombre de sistema de gestión 
de irregularidades (IMS), a través de la 
cual los Estados miembros comunican 
irregularidades a la OLAF (véase el 
apartado 33). La información conteni ‑
da en el IMS sobre errores de contrata ‑
ción pública no permite, sin embargo, 
analizar de forma válida su naturaleza, 
alcance y causas subyacentes. En sus 
informes de 2011, la Comisión no usó 
el IMS para analizar los errores de 
contratación en los Estados miembros 
y desde entonces tampoco ha utilizado 
los datos comunicados por ellos para 
llevar a cabo un análisis de ese tipo.24 Documento de trabajo 
elaborado por la DG Política 
Regional y Urbana sobre los 
principales resultados de 
auditoría sobre la aplicación de 
las normas de contratación 
pública en los Estados 
miembros con respecto a los 
proyectos cofinanciados por el 
FEDER y el FC en el ámbito de 
cohesión (CC/2011/08 EN), no 
disponible para el público. Los 
resultados de este análisis se 
recogieron en el documento de 
trabajo de la Comisión titulado 
«Analysis of errors in cohesion 
policy for the years  
2006 ‑2009 — actions taken by 
the Commission and the way 
forward» [SEC(2011)1179], 
publicado el 5 de octubre  
de 2011.
30 Observaciones
La Comisión y los Estados 
miembros han empezado 
a adoptar medidas para 
resolver el problema, 
pero aún queda mucho 
por hacer
49 
El Tribunal trató de determinar si la 
Comisión y los Estados miembros han 
adoptado medidas adecuadas para 
resolver el problema de los errores 
de contratación pública en el ámbito 
de cohesión. Dichas medidas podrían 
o bien tener un carácter preventivo ge ‑
neral, es decir, estar dirigidas a evitar la 
ocurrencia de errores, o bien un carác ‑
ter corrector, es decir, aspirar a limitar 
la incidencia en el presupuesto de la 
UE de cualesquiera errores detectados. 
Algunos ejemplos de medidas pre ‑
ventivas pertinentes en este contexto 
serían las de naturaleza legislativa, que 
se centran en la adopción y aplicación 
de disposiciones legales, o las rela ‑
cionadas con los sistemas de gestión 
y control, como las medidas dirigidas 
a mejorar la capacidad administrati ‑
va, que no conllevan un componente 
legislativo.
50 
En esta parte del informe se identifi ‑
can y, en su caso, evalúan las medidas 
adoptadas por la Comisión y los cuatro 
Estados miembros visitados durante la 
fiscalización.Las medidas adoptadas 
por la Comisión desde 2010 
han empezado a apuntar 
a problemas generales
51 
Ya en 2006 el Tribunal comenzó a iden ‑
tificar en sus informes y dictámenes 
problemas concretos relacionados 
con el cumplimiento de las normas de 
contratación pública nacionales y de 
la UE25. Sobre la base de su trabajo de 
años anteriores26, la Comisión empezó 
a concebir actuaciones específicas 
para abordar problemas generales en 
2010 y 2011.
52 
El gráfico 8  muestra el desarrollo de 
las actuaciones emprendidas por la 
Comisión desde 2010.25 Véanse, por ejemplo, el 
Informe Anual del Tribunal de 
Cuentas sobre la ejecución 
presupuestaria relativo al 
ejercicio 2006 (DO C 273 
de 15.11.2007), el Informe Anual 
del Tribunal de Cuentas sobre 
la ejecución presupuestaria 
relativo al ejercicio 2009 
(DO C 303 de 9.11.2010) o el 
Dictamen nº 1/2010: «Mejora 
de la gestión financiera del 
presupuesto de la Unión 
Europea: Riesgos y desafíos», 
apartado 6 
(http://eca.europa.eu ).
26 La actuación de la Comisión 
antes de 2010 respecto del 
problema de los errores de 
contratación pública en el 
ámbito de cohesión 
comprendía medidas 
correctoras, incluidas las 
correcciones financieras, 
a Estados miembros 
específicos y directrices a los 
Estados miembros para aplicar 
correcciones financieras por 
errores de contratación 
pública.
31 Observaciones Gráfico 8
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.2014
 Entra en vigor el Reglamento sobre los Fondos EIE 2014-2020 con condiciones ex ante relativas a la contratación 
pública que deben cumplirse antes del ﬁn de 2016
 Se aprueban las nuevas Directivas sobre contratación pública, que han de transponerse a la legislación 
nacional antes del 18 de abril de 2016
 Los directores de la DG Política Regional y Urbana aprueban el plan de acción interno elaborado por el grupo
de trabajo interno
 La Comisión publica una guía sobre cómo evitar errores en la contratación pública
 La DG Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes concentra los recursos en un reducido número
de Estados miembros para ayudarlos a mejorar la gestión de la contratación pública
 Continúan las correcciones ﬁnancieras y las interrupciones de pagos de la Comisión en el ámbito de la 
política de cohesión
 Implantación de la herramienta informática de extracción de datos desarrollada por la Comisión, 
ARACHNE2012/2013
 Se incluyen condiciones ex ante en materia de contratación pública en el Reglamento adoptado sobre los 
Fondos  Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el período 2014-2020
 La DG Política Regional y Urbana forma un equipo interno para prestar asistencia a los Estados miembros en 
materia de capacidad administrativa
 La DG Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes pone en marcha un enfoque orientado a la 
acción con respecto a los sistemas de contratación pública de los Estados miembros para complementar los 
procedimientos de infracción
 El grupo de trabajo interno de la Comisión elabora un plan de doce puntos que incluye diversas medidas Continúan las correcciones ﬁnancieras y las interrupciones de pagos de la Comisión en el ámbito de la política de 
cohesión
 Decisión de la Comisión relativa a las directrices para la determinación de las correcciones ﬁnancieras que haya 
de aplicar la Comisión a los gastos ﬁnanciados por la Unión en el marco de la gestión compartida en caso de incumplimiento de las normas en materia de contratación pública2010/2011
 La Comisión comienza a trabajar en la revisión de las Directivas sobre contratación pública La DG Política Regional y Urbana elabora un documento de trabajo que analiza los errores de contratación 
pública cometidos en los Estados miembros con respecto al FEDER y al FC
 Continúan las correcciones ﬁnancieras y las interrupciones de pagos de la Comisión en el ámbito
de cohesión
 La propuesta de Reglamento de la Comisión para el período 2014-2020 incluye condiciones ex ante
en materia de contratación públicaActuaciones de la Comisión: principales avances realizados en los últimos años
32 Observaciones
53 
En 2010, con objeto de preparar la pro ‑
puesta de las nuevas Directivas sobre 
contratación pública, la Comisión llevó 
a cabo una evaluación exhaustiva del 
impacto y la eficacia de la contratación 
pública de la UE27, así como una con ‑
sulta pública28. El Tribunal publicó un 
dictamen como contribución al debate 
sobre la revisión de las Directivas29 
(véase asimismo el apartado 67).
54 
Por lo que se refiere, en particular, 
a la política de cohesión, en 2011 la 
Comisión:
a) publicó su propuesta de Regla ‑
mento sobre los Fondos Estructu ‑
rales y de Inversión Europeos (en 
lo sucesivo, Fondos EIE) para el 
período 2014 ‑2020, que incluyó, 
entre otros, una serie de condi ‑
ciones ex ante con respecto a los 
marcos de contratación pública 
de los Estados miembros (véase el 
apartado 62)30;
b) concluyó un documento de  
trabajo que analizaba los errores  
de contratación pública e   
identificaba algunas medidas  
que podían llevarse a cabo (véase 
el apartado 45), pero no contenía 
un plan de acción;
c) intensificó el uso de las correccio ‑
nes financieras y de las interrup ‑
ciones de pagos;
d) organizó seminarios de formación 
en cuatro Estados miembros.Plan de acción en materia de 
contratación pública adoptado 
por la Comisión en 2013
55 
A principios de 2013, la DG Política 
Regional y Urbana creó una unidad in ‑
terna específica a la que se denominó 
«Centro de competencia sobre capaci ‑
tación administrativa», cuyo objeto era 
incrementar la absorción del dinero 
procedente de los Fondos Estructura ‑
les de la UE mediante la mejora de la 
capacidad administrativa de los Esta ‑
dos miembros. Una de las funciones de 
dicha unidad era abordar los proble ‑
mas relacionados con la capacidad 
de llevar adelante procedimientos de 
contratación pública con eficacia.
56 
En torno a la misma época, la Comisión 
creó un grupo de trabajo técnico in ‑
terno sobre mejora de la contratación 
pública asociada a la gestión de los 
Fondos EIE, que se reunió por primera 
vez en septiembre de 201331. En enero 
de 2014, durante una de las reuniones 
periódicas de la DG Política Regional 
y Urbana, los máximos responsables 
aprobaron un plan de acción elabo ‑
rado por el grupo que incluía una 
lista de doce medidas no legislativas 
que la Comisión debía aplicar y que 
tenían por objeto mejorar la capacidad 
administrativa de los Estados miem ‑
bros. El plan contenía las medidas ya 
ejecutadas por la Comisión, así como 
propuestas de nuevas medidas que 
la Comisión podría poner en marcha. 
En el cuadro 2  se indican las medidas 
y la situación de cada una a finales 
de 2014.27 La evaluación abordó 
principalmente la relación 
coste‑eficacia de los procedi ‑
mientos de contratación 
pública, los problemas de la 
contratación transfronteriza,  
el acceso de las pymes a los 
mercados de contratación 
pública y el uso estratégico  
de la contratación pública  
en Europa.
28 Basada en la Comunicación 
COM(2011) 15 final, de 27 de 
enero de 2011, Libro Verde 
sobre la modernización de la 
política de contratación pública 
de la UE: Hacia un mercado 
europeo de la contratación 
pública más eficiente.
29 Dictamen nº 4/2011.
30 COM(2011) 615 final, de 6 de 
octubre de 2011, Propuesta de 
Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el 
que se establecen disposicio ‑
nes comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, 
al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, 
incluidos en el Marco 
Estratégico Común, y por el que 
se establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social 
Europeo y al Fondo de 
Cohesión, y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006. 
En 2013 el Parlamento y el 
Consejo adoptaron un 
Reglamento basado en esta 
propuesta, a saber, el Regla ‑
mento (UE) nº 1303/2013.
31 El grupo de trabajo técnico se 
componía de funcionarios de 
las tres Direcciones Generales 
principales (la DG Política 
Regional y Urbana, la DG 
Empleo, Asuntos Sociales 
e Inclusión, y la DG Mercado 
Interior, Industria, Emprendi ‑
miento y Pymes), así como del 
Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), de la DG Agricultura 
y Desarrollo Rural y de la DG 
Asuntos Marítimos y Pesca, 
y estaba presidido por un 
funcionario de la DG Política 
Regional y Urbana, normalmen ‑
te el jefe de unidad responsable 
del equipo del centro de 
competencia. El grupo de 
trabajo ha seguido reuniéndose 
y, hasta la fecha del presente 
informe, ha celebrado un total 
de diez reuniones.
33 Observaciones Cuadro 2 Plan de acción interno sobre contratación pública de la Comisión aprobado  
por los directores de la DG Política Regional y Urbana en enero de 2014
Medidas Descripción Estado a finales de 2014A corto plazo1Balance/análisis del nivel actual de desarrollo de la capacidad de los Estados 
miembros, con evaluación de las medidas que han funcionado, buenos 
ejemplosIniciada licitación para la contratación de expertos
2Recopilación y análisis de pruebas e indicadores de resultados de contrata -
ción pública como base para las negociaciones de las condiciones ex anteRecopilada información en el curso de las negociaciones de 
las condiciones ex ante  y elaborada plantilla de evaluación 
que muestra el cumplimiento de las condiciones ex ante  
por parte de los Estados miembros
3Elaboración y difusión de la Guía Práctica sobre cómo evitar  
errores comunesElaborada nota de orientación
4Planes de acción específicos por país para los Estados miembros en los que 
se hayan identificado deficienciasLa DG Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y 
Pymes trabaja con cuatro Estados miembros
5 Formación/orientaciones sobre cómo elaborar y  supervisar planes de acción En relación con la medida 1A medio plazo6Preparación de las nuevas Directivas sobre contratación pública mediante 
la formación de las autoridades de gestión con diez talleres en materia de 
lucha contra la corrupción Presentaciones ad hoc  en los Estados miembros a cargo de 
la DG Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes
7 Iniciativa de transparencia contra la corrupción Contrato de una primera fase piloto en proceso de firma
8Evaluación de las prácticas actuales y de la necesidad de formación y cualifi -
caciones profesionales en materia de contratación pública para los gestores 
de los fondosPreparación interna en curso
9Apoyo específico a determinados Estados miembros mediante aprendi -
zaje basado en la experiencia, hermanamiento u otros tipos de ayuda de 
expertosFase piloto, en proceso de puesta en marcha
10Estudio sobre el modo de utilizar la contratación pública como instrumento 
estratégico; por ejemplo, mediante la contratación pública electrónicaNo iniciada aúnA largo plazo11Sistemas de gestión de la calidad de la contratación pública (examen de 
la experiencia y evaluación de la posibilidad de elaborar normas europeas 
sobre los Fondos EIE)No iniciada aún
12Guía para la orientación (evaluación de los motivos por los que algunas 
orientaciones no mejoran los resultados)No iniciada aún
Fuente: Comisión Europea, Tribunal de Cuentas Europeo.
34 Observaciones
57 
El plan de acción fue un primer intento 
de agrupar las medidas no legislativas 
de forma coherente. Sin embargo, 
ocho de las doce medidas previstas 
en el plan aún no se habían ejecutado 
por completo al final de 2014 y o bien 
se encontraban en su fase de prepara ‑
ción, o bien no se habían iniciado aún. 
En tres de las medidas la ejecución ya 
había finalizado:
a) la recopilación y análisis de prue ‑
bas e indicadores de resultados de 
contratación pública como base 
para las negociaciones de las con ‑
diciones ex ante  (medida 2);
b) la nota de orientación sobre cómo 
evitar errores comunes en los pro ‑
yectos financiados con  
Fondos EIE (medida 3), que  
proporcionaba un extenso mate ‑
rial a los profesionales;
c) la formación en materia de lu ‑
cha contra la corrupción para las 
autoridades de gestión de diez 
Estados miembros como parte de 
la preparación de las nuevas Direc ‑
tivas sobre contratación pública 
(medida 6).58 
Aunque la creación del grupo de traba ‑
jo y la elaboración del plan de acción 
parecen indicar una mejor coordina ‑
ción en el seno de la Comisión,
a) el plan de acción solo ha sido apro ‑
bado por un departamento de la 
Comisión (la DG Política Regional 
y Urbana) y no por el resto de las 
direcciones generales participan ‑
tes en el grupo de trabajo, y no ha 
sido publicado por la Comisión, 
de modo que el grado de transpa ‑
rencia, apropiación y rendición de 
cuentas del plan ha sido limitado;
b) el grupo de trabajo se creó en 
un nivel técnico dentro de la 
Comisión.
59 
Puesto que aún no se ha ejecutado por 
completo la mayoría de las medidas, 
de momento no es posible evaluar el 
impacto del plan de acción.
60 
Todo lo anterior indica que se han 
identificado algunos problemas no 
legislativos y que están comenzando 
a abordarse, pero también denota que 
la Comisión sigue sin ejercer un lide ‑
razgo coordinado de alto nivel a   
este respecto.
35 Observaciones
Si se aplica correctamente, 
la nueva legislación 
podría ayudar a resolver el 
problema de los errores de 
contratación pública
El Reglamento sobre  
los Fondos EIE 2014-2020  
y las condiciones ex ante
61 
El nuevo marco legal de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos 
2014 ‑2020 introduce las condiciones  
ex ante . Se trata de condiciones, basa ‑
das en criterios predefinidos, que se 
consideran requisitos previos nece ‑
sarios para el uso eficaz y eficiente 
de la ayuda de la Unión en el marco de los acuerdos de asociación. Uno 
de los campos en que juegan dichas 
condiciones es el sistema de contra ‑
tación pública de los Estados miem ‑
bros (véase el gráfico 9 ). Los Estados 
miembros debían acometer un proce ‑
so de autoevaluación para determinar 
la forma y el grado de cumplimiento 
de tales condiciones32, así como incluir 
una síntesis de dicho proceso en los 
acuerdos de asociación que presenta ‑
ran en 2014. Si la Comisión considera 
que un Estado miembro no ha cumpli ‑
do las condiciones estipuladas a 31 de 
diciembre de 2016, podrá interrumpir 
los pagos efectuados al mismo33.Gráfico 9Criterios de las condiciones ex ante  en materia de contratación pública
Disposiciones que garantizan la capacidad 
administrativa para la ejecución
y la aplicación de la normativa de
contratación pública de la UE Disposiciones para la formación y difusión de 
la información para el personal que participa 
en la ejecución de los Fondos EIE  Disposiciones que garantizan
procedimientos transparentes de 
adjudicación de contratos 
Condiciones ex ante: existencia de disposiciones 
para la aplicación efectiva de la legislación de 
la Unión en materia de contratación pública en 
el ámbito de los Fondos EIE Disposiciones para la aplicación efectiva 
de las normas de la Unión sobre 
contratación pública mediante los 
mecanismos adecuados 
Fuente: Anexo XI del Reglamento (UE) nº 1303/2013.32 Véanse el artículo 2, 
apartado 33, el artículo 19 y el 
anexo XI del Reglamento (UE) 
nº 1303/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el 
que se establecen 
disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural 
y al Fondo Europeo Marítimo 
y de la Pesca, y por el que se 
establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de 
Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y se 
deroga el Reglamento (CE) 
nº 1083/2006 del Consejo 
(DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 320).
33 Artículo 19 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013.
36 Observaciones
62 
Según la Comisión, la introducción de 
las condiciones ex ante  podría reducir 
los errores y mejorar la contratación 
pública al ofrecer a los Estados miem ‑
bros un incentivo para adoptar un 
sólido marco legal y administrativo 
en la materia. Sin embargo, la eficacia 
de este instrumento, potencialmente 
poderoso, depende de si los Estados 
miembros cumplen las condiciones 
antes del fin de 2016 y, en caso contra ‑
rio, de si la Comisión identifica y evalúa 
el incumplimiento e interrumpe los 
pagos en consecuencia.
63 
Al considerar la posibilidad de inte ‑
rrumpir los pagos a los Estados miem ‑
bros, la Comisión podría enfrentarse 
en estos últimos a tensiones entre dos 
objetivos: por un lado, mejorar los 
sistemas de contratación pública y, por 
otro, fomentar la absorción de los fon ‑
dos de la UE por parte de los Estados 
miembros34.
64 
A principios de 2015, doce35 de los 
veintiocho Estados miembros aún no 
habían cumplido las condiciones relati ‑
vas a la contratación pública y en ellos 
se incluyen dos de los cuatro visitados 
en la presente fiscalización —Italia 
y República Checa— que habían ela ‑
borado planes de acción.65 
La introducción de condiciones ex ante  
en materia de contratación pública ha 
favorecido los intentos de la DG Merca ‑
do Interior, Industria, Emprendimiento 
y Pymes de colaborar con los Estados 
miembros para abordar determinados 
problemas en dicho ámbito, ya que 
estos últimos se han dado cuenta de 
que tienen que cumplir las condicio ‑
nes ex ante  y se han mostrado disponi ‑
bles a recibir la ayuda de esta direc ‑
ción general. La DG Mercado Interior, 
Industria, Emprendimiento y Pymes ha 
seleccionado a los Estados miembros 
objetivos —cuatro en el momen ‑
to de la fiscalización36— a partir de 
un enfoque específico basado en el 
análisis de riesgos, en función de una 
serie de criterios y teniendo en cuenta 
los recursos humanos de la Comisión 
(véase el recuadro 10 ). La Comisión 
ha señalado que, en este momento, la 
prioridad hasta el final de 2016 para los 
Estados miembros que no han cum ‑
plido las condiciones ex ante  es tratar 
de ejecutar eficazmente los planes de 
acción acordados en lugar de acudir 
a medidas correctoras y,   
posiblemente, a procedimientos  
de infracción.
66 
Posteriormente, la DG Mercado 
Interior, Industria, Emprendimiento 
y Pymes les presta ayuda a través de 
diversas medidas, como, por ejemplo, 
la creación de grupos de trabajo para 
elaborar una estrategia global en 
materia de contratación pública. Es 
importante coordinar las actuaciones 
de los diferentes departamentos de la 
Comisión ante las posibles tensiones 
anteriormente señaladas (véase  
el apartado 63).34 El Tribunal ya ha llamado 
anteriormente la atención 
sobre dichas tensiones. Véase 
el Informe Anual del Tribunal 
relativo al ejercicio 2011, 
apartado 5.23 (DO C 344 de 
12.11.2012), y el documento 
«Hacia un uso óptimo de los 
fondos de la UE: análisis 
panorámico de los riesgos 
para la gestión financiera del 
presupuesto de la UE», p. 54, 
apartado 5, letra a), publicado 
el 25 de noviembre de 2014 
(http://eca.europa.eu ).
35 Bulgaria, República Checa, 
Grecia, Croacia, Italia, Letonia, 
Hungría, Malta, Polonia, 
Rumanía, Eslovenia 
y Eslovaquia.
36 Bulgaria, Grecia, Italia 
y Rumanía.
37 Observaciones
Las nuevas Directivas sobre 
contratación pública han de 
aplicarse antes del fin  
de abril de 2016
67 
El nuevo paquete de medidas legis ‑
lativas fue publicado el 28 de marzo 
de 2014 y comprende tres Directi ‑
vas: 2014/24/UE37, 2014/25/UE38 y 
2014/23/UE39, por las que se derogan 
o modifican las anteriores Directivas 
2004/18/CE y 2004/17/CE que introdu ‑
cen reglas exhaustivas para las conce ‑
siones. La fecha límite de aplicación 
por parte de los Estados miembros, 
con algunas excepciones, es el 18 de 
abril de 2016. No obstante, las Directi ‑
vas ya resultan pertinentes a la hora de 
interpretar las disposiciones.68 
Las nuevas Directivas sobre con ‑
tratación pública tienen por objeto 
garantizar el funcionamiento eficaz 
del mercado interior, incrementar la 
eficiencia del gasto público, favorecer 
la participación de las pequeñas y me ‑
dianas empresas y permitir un mejor 
apoyo de los objetivos sociales comu ‑
nes a través de la contratación pública.Criterios de la DG Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes para la 
selección de Estados miembros
 οAlto índice de errores de contratación pública en el gasto de fondos de la UE.
 οIncumplimiento de las condiciones ex ante  relativas a la contratación pública.
 οIneficiencias en el sistema de contratación pública.
 οDenuncias de presuntos incumplimientos del Derecho de la UE recibidas por la Comisión.
 οProcedimientos de infracción o diligencias previas a dichos procedimientos.
 οPorcentaje de litigios.
 οDisposición de los Estados miembros a establecer una colaboración con la Comisión.Recuadro 10
37 Directiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre contratación 
pública y por la que se deroga 
la Directiva 2004/18/CE 
(DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
38 Directiva 2014/25/UE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de febrero de 
2014, relativa a la contratación 
por entidades que operan en 
los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los 
servicios postales y por la que 
se deroga la Directiva 
2004/17/CE (DO L 94 de 
28.3.2014, p. 243).
39 Directiva 2014/23/UE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de febrero de 
2014, relativa a la adjudicación 
de contratos de concesión 
(DO L 94 de 28.3.2014, p. 1).
38 Observaciones
69 
La Comisión ha señalado que, en  
particular, los nuevos requisitos im ‑
puestos a los Estados miembros de 
información y supervisión deberían 
contribuir a reducir los errores debidos 
a la aplicación incorrecta de las normas 
de contratación pública40. Al codificar 
la jurisprudencia existente, las nuevas 
Directivas sobre contratación pública 
proporcionan una mayor seguridad 
jurídica y mejoran el acceso a la con ‑
tratación pública para los profesiona ‑
les, por lo que podrían ayudar a evitar determinados errores, por ejemplo, en 
lo que respecta al uso de la experien ‑
cia y la cualificación del personal como 
criterios de adjudicación, así como a la 
definición del conflicto de intereses. 
En algunos casos, las modificaciones 
del marco legal también podrían dar 
lugar a nuevos tipos de error. En el re-
cuadro 1141 se analiza una selección de 
modificaciones relativas a los contra ‑
tos públicos de obras y servicios y de 
su potencial para resolver el problema 
de los errores de contratación pública 
en el ámbito de cohesión.
Análisis de una selección de modificaciones introducidas en la nueva Directiva 
sobre contratación pública de obras y servicios públicos
Introducción de un nuevo procedimiento, asociación para la innovación , que junto con el actual proce ‑
dimiento competitivo (véase el recuadro 1 ) permite negociar. El nuevo planteamiento, más flexible para los 
poderes adjudicadores, podría contribuir a reducir los errores de procedimiento relacionados con la inade ‑
cuación de los procedimientos abiertos y restringidos; sin embargo, podría ser más difícil aplicar y verificar la 
transparencia, la ausencia de discriminación y la igualdad de trato.
Posibilidad de emplear aspectos sociales y medioambientales como criterios de adjudicación. Las auto ‑
ridades de los Estados miembros visitados en la presente fiscalización manifestaron su preocupación por el 
riesgo de que la nueva legislación incorpore nuevos elementos de complejidad al brindar la posibilidad de 
incluir criterios de adjudicación y condiciones de ejecución del contrato relacionados con aspectos sociales 
y medioambientales. La contratación basada en estos aspectos podría dificultar a los poderes adjudicadores 
la tarea de garantizar un proceso transparente y no discriminatorio. Puede llevar un tiempo adquirir la ex ‑
periencia necesaria para encontrar criterios de adjudicación y condiciones de ejecución del contrato lícitos 
y adecuados en los sistemas de los Estados miembros.
Nuevo arsenal jurídico para la modificación de los contratos. Se ha introducido una mayor flexibilidad, que 
permite modificar los contratos en determinadas circunstancias sin necesidad de convocar un nuevo procedi ‑
miento de contratación y que es probable que disminuya la incidencia de errores relacionados con la modifi ‑
cación de los contratos; sin embargo, estos cambios no solucionarán los errores ocasionados por una deficien ‑
te elaboración del proyecto y la consecuente necesidad de modificaciones en una fase posterior.
Definición precisa del valor máximo de las obras referenciales.  Al disponer que el volumen de negocios mí ‑
nimo anual no podrá exceder del doble del valor estimado del contrato, salvo en casos debidamente justifica ‑
dos, es posible que los poderes adjudicadores cometan menos errores debidos a la especificación de criterios 
de selección ilícitos.
Introducción de un nuevo régimen para determinados servicios, como la sanidad, la educación y los ser -
vicios sociales , cuando el valor contractual supere los 750 000 euros. Los Estados miembros podrán definir 
libremente las normas nacionales de este régimen, siempre y cuando cumplan las principios generales de los 
Tratados de la UE y las disposiciones de la Directiva, sobre todo en materia de transparencia. En función de las 
normas definidas por los Estados miembros y de su complejidad, podrían aumentar los errores relacionados 
con los servicios de formación y educación cofinanciados con cargo al FSE.Recuadro 1140 Nota informativa de la 
Comisión Europea  
(http://europa.eu/rapid/
press‑release_MEMO ‑14‑
20_fr.htm?locale=fr ).
41 Dictamen nº 4/2011 del 
Tribunal.
39 Observaciones
70 
Solo el 40 % de las autoridades de  
auditoría que respondieron a la en ‑
cuesta opinaba que las nuevas Directi ‑
vas podían ayudar a reducir los errores, 
en particular en lo que respecta a la 
elección del procedimiento de con ‑
tratación pública, a la publicación del 
anuncio de licitación, a la definición de 
los criterios de selección o a la evalua ‑
ción de las ofertas (véase el análisis de 
errores recogido en el apartado 22).
71 
La DG Mercado Interior, Industria, Em ‑
prendimiento y Pymes ya ha prestado 
asesoramiento sobre la forma de incor ‑
porar las nuevas Directivas a la legisla ‑
ción nacional, principalmente a través 
de su participación en reuniones, pero 
también mediante la organización de 
sesiones temáticas específicas para 
expertos nacionales.
72 
En general, los efectos de estos ele ‑
mentos del nuevo paquete de medidas 
legislativas en lo que atañe a la reduc ‑
ción de la incidencia de irregularidades 
dependerá de cómo se apliquen en los 
Estados miembros.
Nuevas obligaciones de 
información
73 
Las nuevas Directivas introducen 
nuevos requisitos de información y su ‑
pervisión. Estas nuevas obligaciones 
consisten en lo siguiente42:a) en abril de 2017 y posteriormente 
cada tres años43, todos los Estados 
miembros presentarán a la Comi ‑
sión un informe de supervisión 
que comprenda:
i)  información sobre las fuentes 
más frecuentes de aplicación 
incorrecta o de inseguridad 
jurídica,
ii)  información sobre la preven ‑
ción, detección y notificación 
adecuada de los casos de 
fraude, corrupción, conflicto 
de intereses y otras irregulari ‑
dades graves;
b) sobre la base de los informes de 
los Estados miembros, la Comisión 
publicará un informe periódico 
sobre la aplicación de las políticas 
nacionales de contratación en el 
mercado interior y las prácticas 
más idóneas en ese contexto.
74 
Si los Estados miembros cumplen de ‑
bidamente estos nuevos requisitos de 
información y supervisión, la Comisión 
podrá estar mucho mejor informada 
sobre cómo las normas de la UE en 
materia de contratación pública se 
aplican en la práctica.42 Artículos 83 a 85 de la 
Directiva 2014/24/UE.
43 El primero de estos informes ha 
de presentarse en abril de 2017.
40 Observaciones
Los Estados miembros se 
centran en los controles 
de primer nivel y solo 
muy recientemente han 
comenzado a adoptar 
medidas preventivas
Medidas correctoras adoptadas 
por los Estados miembros  
o la Comisión
75 
Los errores de contratación pública 
cometidos a nivel de los beneficiarios 
podrían y deberían ser detectados 
y subsanados por las entidades de los 
Estados miembros antes remitir las 
solicitudes de pago a la Comisión. Se 
trata de los denominados «controles 
de primer nivel» y comportan:
a) verificaciones por las autoridades 
de gestión de los Estados miem ‑
bros de las solicitudes de pago 
presentadas por los beneficiarios;
b) controles por las autoridades de 
certificación de los Estados miem ‑
bros, también sobre la información 
facilitada por las autoridades de 
gestión.
76 
Como ya han señalado anteriormente 
el Tribunal44 y la Comisión en sus pro ‑
pias auditorías, sigue siendo insuficien ‑
te la eficacia de los controles de primer 
nivel de los Estados miembros, lo que 
ocasiona que estos soliciten a la Comi ‑
sión el reembolso con cargo al presu ‑
puesto de la UE de gastos incurridos 
en proyectos afectados por errores de 
contratación pública.77 
Si la Comisión detecta errores de con ‑
tratación pública cuando ya ha recibi ‑
do una solicitud de pago, puede:
a) imponer correcciones financieras 
con respecto a los proyectos indi ‑
viduales afectados, o bien
b) imponer una corrección a tanto 
alzado en el nivel del PO (o de uno 
o varios ejes prioritarios) si consi ‑
dera imposible comprobar todos 
los contratos afectados.
78 
A fin de garantizar un enfoque cohe ‑
rente con respecto a tales correcciones 
financieras, la Comisión ha elaborado 
unas orientaciones para determinar 
el importe de dichas correcciones 
aplicables en caso de incumplimiento 
de las normas en materia de contra ‑
tación pública45. En 2013 se procedió 
a codificar dichas orientaciones en una 
Decisión de la Comisión y, por tanto, 
son vinculantes para todos los servi ‑
cios de la Comisión encargados de la 
gestión compartida.
79 
Cuando considera que los sistemas 
de gestión y control de los Estados 
miembros presentan deficiencias, la 
Comisión suspende los plazos de los 
pagos con el fin de asegurarse de que 
los Estados miembros adoptan las me ‑
didas correctoras para mejorar dichos 
sistemas. Durante estas interrupciones, 
no se efectúan pagos al PO con cargo 
al presupuesto de la UE. Los sistemas 
de gestión y control de la contratación 
pública pueden considerarse incluidos 
en este ámbito (véanse los ejemplos 
expuestos en los recuadros 12  y 13).44 Informe Anual del Tribunal 
sobre la ejecución 
presupuestaria relativo a los 
ejercicios 2012 y 2013.
45 COCOF 07/0037/03, 
Orientaciones para la 
determinación de las 
correcciones financieras que 
deben aplicarse a los gastos 
cofinanciados por los Fondos 
Estructurales y el Fondo de 
Cohesión en caso de 
incumplimiento de  
las reglas relativas a los 
contratos públicos, de 29  
de noviembre de 2007;  
Decisión C(2013) 9527 final  
de la Comisión, de 19 de 
diciembre de 2013, relativa al 
establecimiento y la 
aprobación de las directrices 
para la determinación de las 
correcciones financieras que 
haya de aplicar la Comisión 
a los gastos financiados por la 
Unión en el marco de la 
gestión compartida, en caso 
de incumplimiento de las 
normas en materia de 
contratación pública.
41 Observaciones
80 
Salvo que se impongan mediante una 
decisión de la Comisión, las correc ‑
ciones financieras podrían tener un 
efecto disuasorio limitado hasta que 
finalice el cierre del período de progra ‑
mación 2007 ‑2013 en 2017, ya que, en 
virtud de los Reglamentos, los Estados 
miembros tienen derecho a sustituir 
los gastos que hayan sido objeto de 
correcciones por otros gastos subven ‑
cionables. Así pues, el importe total 
percibido por los Estados miembros 
apenas se vio afectado. Las normas 
han cambiado para el período  
2014 ‑2020: los Estados miembros 
podrían perder la financiación si se 
identifican errores en gastos cuya 
legalidad y regularidad hayan decla ‑
rado previamente las autoridades de 
gestión, certificación y auditoría46.Los Estados miembros han 
empezado a adoptar medidas 
preventivas, pero solo muy 
recientemente
81 
En los cuatro Estados miembros visi ‑
tados en la presente fiscalización, la 
mayoría de las medidas preventivas 
solo comenzaron a aplicarse a finales 
del período de programación  
2007 ‑2013, sobre todo en 2013 y 2014.Ejemplo de interrupción de los pagos
En una fiscalización llevada a cabo en 2011 por la autoridad de auditoría en España , se detectó que los proce ‑
dimientos de contratación de la entidad que gestiona los aeropuertos y helipuertos no cumplían las normas 
de contratación pública. Por consiguiente, la Comisión interrumpió los pagos con respecto a los proyectos 
ejecutados por la citada entidad. En 2014 la autoridad de auditoría española, a raíz de una auditoría sobre la 
implantación eficaz de los procedimientos revisados, certificó que los procedimientos de contratación pública 
de la entidad habían mejorado y se aplicaban con eficacia. La Comisión puso fin a la interrupción. Se aplicó 
una corrección financiera a tanto alzado a todos los gastos incurridos por dicha entidad que se consideró que 
se habían visto afectados por dichos problemas a lo largo del tiempo.
Ejemplo de plan de acción
En la República Checa  se elaboró un plan de acción a instancias de la Comisión debido a las graves deficiencias 
detectadas en los sistemas de gestión y control y se han introducido mejoras. Por ejemplo, se han actualizado 
los sistemas para que automáticamente no se solicite a la Comisión el reembolso de los gastos que la autoridad 
de auditoría, la Comisión o el Tribunal consideren irregulares debido a errores de contratación pública.Recuadro 12 Recuadro 13
46 Véase el artículo 143 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013.
42 Observaciones
82 
En tres de los Estados miembros  
—el Reino Unido, Italia y República 
Checa— se han creado hace poco  
grupos de trabajo interdepartamen ‑
tales que abordan la cuestión de la 
contratación pública en el ámbito de  
cohesión. Estos grupos de trabajo  
reúnen a autoridades de gestión,  
autoridades de auditoría, orga ‑ nismos ejecutivos, servicios jurídicos 
u otros departamentos interesados  
en la contratación pública, y sirven 
para intercambiar experiencias, procu ‑
rar mantener la coherencia en los  
procedimientos de contratación  
pública e identificar las medidas  
pertinentes. El recuadro 14  muestra  
los detalles de una red creada  
en el Reino Unido.
Ejemplo de un grupo de trabajo interdepartamental sobre contratación pública  
en un Estado miembro
En el Reino  Unido , la autoridad de gestión del FEDER en Inglaterra creó en 2013 una red interna que examina 
las irregularidades de contratación pública detectadas y tramita consultas relacionadas con dicha contrata ‑
ción. La red integra a los letrados de la autoridad de gestión, a los funcionarios encargados de la ejecución del 
programa, a un organismo intermediario y, con funciones consultivas, a la autoridad de auditoría.
La red lleva a cabo:
 οrevisiones y reediciones de los requisitos nacionales en materia de contratación pública y de las directrices 
conexas;
 οvideoconferencias periódicas para debatir estudios de casos, directrices, etc.;
 οrevisiones de auditorías de sistemas y proyectos y otros controles relacionados con la contratación pública.Recuadro 14 
Las herramientas 
informáticas podrían ayudar 
a solucionar los problemas 
de contratación pública,  
pero tendrán que 
implantarse por completo
83 
El potencial transformador de las 
tecnologías de la información puede 
ayudar a evitar y detectar errores en 
el ámbito de la contratación pública. 
Tanto la Comisión como los Estados 
miembros están desarrollando solucio ‑
nes informáticas, tales como:a) la contratación pública electrónica,
b) la recopilación de datos y la 
creación de bases de datos para 
facilitar el análisis de errores,
c) las herramientas de extracción de 
datos para identificar pautas frau ‑
dulentas e irregularidades.
43 Observaciones
La contratación pública 
electrónica
84 
En este contexto, el término «contra ‑
tación pública electrónica» designa 
la utilización de medios electrónicos 
en el tratamiento de las operaciones 
y en la comunicación por parte de los 
organismos del sector público a la hora 
de adquirir bienes y servicios o licitar 
obras públicas47. La contratación pública 
electrónica supone la introducción de 
procedimientos electrónicos para sus ‑
tentar las distintas fases del proceso de 
contratación, es decir, la publicación de 
los anuncios de licitación, el suministro 
del pliego de condiciones, la presenta ‑
ción de ofertas, la evaluación, la adju ‑
dicación48, la realización de pedidos, la 
facturación y el pago49. En 2014 la Comi ‑
sión estimó que, de media, un 10 % de 
la contratación pública de la UE se lleva 
a cabo por medios electrónicos50.
85 
La contratación pública electrónica 
podría:
a) aumentar el grado de concurrencia 
y de utilización óptima de recursos 
mediante un mayor acceso a las lici ‑
taciones dentro del mercado único, 
también para las pymes;b) mejorar la eficacia de la gestión de 
la contratación pública mediante 
un mayor acceso a las licitaciones 
y la automatización de procedi ‑
mientos clave, que podrían repre ‑
sentar un ahorro para los licitado ‑
res y los poderes contratantes;
c) ayudar a detectar y prevenir las 
irregularidades, la corrupción y el 
fraude51.
86 
El recuadro 15  presenta información 
sobre la aplicación de la contratación 
pública electrónica en los Estados 
miembros visitados en la fiscalización.
87 
Tras respaldar varios proyectos piloto 
sobre contratación pública electró ‑
nica, la Comisión incluyó en su plan 
de acción 2013 una medida destina ‑
da a aumentar la utilización de esta 
modalidad de contratación (véase el 
cuadro 2 ), aunque todavía no se había 
puesto en marcha en el momento de  
la fiscalización.
Ejemplos de aplicación de la contratación pública electrónica
 οEn Italia , el sistema incluye un catálogo virtual de productos introducidos por las empresas registradas.
 οEn la República Checa  se ha creado una base de datos de costes unitarios como referencia para los  
licitadores con vistas a fomentar la transparencia y los precios justos.
 οEn España , las ofertas pueden presentarse por vía electrónica en determinadas circunstancias.Recuadro 1547 COM(2010) 571 final, de 18 
octubre de 2010, «Libro Verde 
sobre la generalización del 
recurso a la contratación 
pública electrónica en la UE».
48 A efectos de las nuevas 
Directivas sobre contratación 
electrónica, «ningún elemento 
del procedimiento de 
contratación pública tras la 
adjudicación del contrato debe 
estar sujeto a la obligación de 
utilizar medios electrónicos de 
comunicación, como tampoco 
debe estarlo la comunicación 
interna en el marco del poder 
adjudicador».
49 Las Directivas 2014/24/UE 
y 2014/25/UE exigen a los 
Estados miembros que 
garanticen que todas las 
comunicaciones y todos los 
intercambios de información 
en virtud de tales Directivas se 
lleven a cabo utilizando medios 
electrónicos de comunicación. 
Ello incluye la publicación de 
anuncios, la disponibilidad de 
los pliegos de la contratación 
y la presentación electrónica. 
Estos requisitos entrarán en 
vigor entre 2016 y 2018.
50 SWD(2014) 262 final, de 1 de 
agosto de 2014, Annual Public 
Procurement Implementation 
Review 2013 [Revisión anual de 
la aplicación de la contratación 
pública de 2013].
51 Véase, por ejemplo, el estudio 
Identifying and reducing 
corruption in public procurement 
in the EU [Identificar y reducir la 
corrupción en el ámbito de la 
contratación pública en la UE], 
elaborado para la Comisión 
Europea (OLAF) por PwC 
y Ecorys con el apoyo de la 
Universidad de Utrecht, de 
30 de junio de 2013 ( http://
ec.europa.eu/anti_fraud/
documents/anti‑fraud‑policy/
research‑and‑studies/
identifying_reducing_
corruption_in_public_
procurement_en.pdf ).
44 Observaciones
88 
En el contexto de la fiscalización se 
realizó asimismo una visita a Chipre 
para examinar su sistema de contra ‑
tación pública electrónica (véase el 
recuadro 16 ).
La contratación pública electrónica en Chipre
Iniciado en 2010, el sistema de contratación pública electrónica de Chipre  consiste en una herramienta web 
cuyo uso se está generalizando en la administración pública. A finales de 2014, 501 de cerca de 700 poderes 
adjudicadores se habían registrado para utilizar esta herramienta. El uso de determinados recursos sigue 
siendo optativo para los poderes adjudicadores y los agentes económicos. La mayoría de los poderes adjudica ‑
dores utilizan el sistema para anunciar las licitaciones. El 21 % de las entidades registradas a finales de 2014 son 
empresas extranjeras. En 2014 se creó también un servicio de asistencia para todos los usuarios del sistema. La 
estrategia de las autoridades chipriotas en materia de contratación pública electrónica prevé la implantación 
total del sistema para el 30 de junio de 2016, y desde marzo de 2015 se ofrecen cursos de formación al respecto.Recuadro 16
Las tecnologías de la 
información han empezado 
solo muy recientemente 
a utilizarse para la creación de 
bases de datos sobre errores  
de contratación pública
89 
Como ya se ha señalado anteriormen ‑
te, para poder comprender plenamen ‑
te las tendencias de los problemas 
relacionados con la contratación 
pública es preciso disponer de datos 
detallados en un formato que permita 
su análisis. Los Estados miembros han 
comenzado hace muy poco a utilizar 
bases de datos nuevas o existentes 
para analizar los errores de contrata ‑
ción pública (véase el apartado 41), 
y la Comisión aún tiene pendiente la 
creación de una base de datos de irre ‑
gularidades que incluya las detectadas 
en la contratación pública.Las herramientas de extracción 
de datos: el ejemplo de la 
herramienta de alerta de fraude 
Arachne
90 
En 2009 la Comisión comenzó a desa ‑
rrollar una herramienta informática  
de alerta de fraude denominada  
Arachne, que entró en funcionamiento 
en 2013 y cuya titularidad y manteni ‑
miento corresponde a la Comisión.
91 
Esta herramienta web tiene por 
objeto almacenar datos clave sobre 
los proyectos financiados con cargo 
al FEDER, al FC y al FSE, por ejemplo 
sobre empresas y proyectos, de modo 
que puedan analizarse las relaciones 
y conexiones existentes entre los 
diferentes agentes económicos parti ‑
cipantes en dichos proyectos, facilita 
enlaces a otras bases de datos exter ‑
nas de carácter público y proporciona 
a sus usuarios indicadores de riesgos 
de fraude respecto de empresas 
concretas.
45 Observaciones
92 
Las Comisión invita a las autoridades 
de gestión y auditoría de los veintio ‑
cho Estados miembros a que introduz ‑
can sus datos y utilicen la herramienta 
de forma gratuita.
93 
En febrero de 2015, diecisiete de los 
veintiocho Estados miembros ya utili ‑
zaban la herramienta o habían mani ‑
festado su intención de hacerlo (véase 
también el gráfico 10 ).94 
Sin embargo, para que este sistema 
funcione como es debido, es indispen ‑
sable que un número suficientemente 
grande de autoridades de los Estados 
miembros codifique datos detallados 
y de buena calidad, lo que a finales 
de 2014 habían hecho catorce Estados 
miembros al menos para un PO. Por 
tanto, a fin de lograr que esta herra ‑
mienta constituya un sistema eficaz  
de alerta de fraude a escala europea, 
es preciso que los demás Estados 
miembros también faciliten  
los datos oportunos.Gráfico 10Arachne: grado de implantación en los Estados miembros a fecha de febrero de 2015
Politica regional y
politica de empleo1 no está utilizando Arachne (DE)(EE, IE, LT, LU, FI, UK)(NL, AT, SI, SE)4 están elaborando/ultimando su 
archivo de datos (ES, FR, CY, MT)*3 pronto utilizarán Arachne (DK, HU, SK)
   6 no han sido visitados todavía 4 se encuentran en fase de «reflexión»   * como mínimo un programa (BE, BG, CZ, GR, IT, LV, HR, PL, PT, RO)*10 utilizan Arachne  17 participan actualmente en el proyecto: ARACHNE:  Grado de implantación en los Estados miembros 
Fuente: Comisión Europea.
46
 Conclusiones 
y recomendaciones
95 
La política de la UE en materia de con ‑
tratación pública constituye un instru ‑
mento fundamental con vistas a con ‑
solidar el mercado interior y lograr un 
crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, de conformidad con la 
Estrategia Europa 2020, así como para 
garantizar la utilización más eficiente 
de los fondos públicos.
96 
Durante el período 2009 ‑2013, los erro ‑
res relacionados con la contratación 
pública contribuyeron en gran medida 
al porcentaje global de error estimado 
en este ámbito político, sobre todo en 
lo que respecta al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y al Fondo de  
Cohesión. Los errores graves condu ‑
jeron a una falta parcial o absoluta 
de competencia leal o a la adjudica ‑
ción de contratos a licitadores que 
no habían presentado la oferta más 
ventajosa.
97 
Los errores pueden deberse a diversas 
causas. En este sentido, la  complejidad 
del marco legal y administrativo se 
considera un problema dado el gran 
volumen de legislación o directrices 
y la dificultad de aplicarlas en la prác ‑
tica. Otra causa de error es la falta de  
capacidad administrativa, tanto en lo 
que respecta al desconocimiento de 
las normas, como a la falta de conoci ‑
mientos técnicos sobre las obras o ser ‑
vicios específicos licitados. Asimismo, 
resultan problemáticos la planificación 
insuficiente de los proyectos por los 
poderes contratantes y los errores 
administrativos.98 
En el presente informe se evalúa si 
la Comisión y los Estados miembros 
están adoptando medidas adecuadas 
y eficaces para resolver el problema 
de los errores de contratación pública 
en el ámbito de cohesión. El Tribunal 
constató que la Comisión y los Estados 
miembros han empezado a abordar el 
problema, pero aún queda mucho por 
hacer con respecto a su análisis y tam ‑
bién a la aplicación de medidas.
El análisis sistemático de los 
errores de contratación pública 
por parte de la Comisión y   
de los Estados miembros  
es muy limitado
99 
La falta de datos coherentes ha impe ‑
dido llevar a cabo un análisis exhaus ‑
tivo tanto a los Estados miembros 
como a la Comisión. No obstante, en 
los cuatro Estados miembros visitados 
en la presente fiscalización se han 
observado indicios de que se están 
empezando a recabar datos de forma 
sistemática sobre los errores de  
contratación pública, o se tiene pre ‑
visto recabarlos (véase el apartado 41), 
aunque el análisis de los errores  
sigue siendo limitado (véanse los 
apartados 35 a 39). La Comisión no ha 
creado aún una base de datos sólida 
y completa que incluya todas las irre ‑
gularidades, entre ellas las detectadas 
en la contratación pública, y en 2014 
procedió a un análisis de los errores de 
contratación pública relativos al FEDER 
y al FC (véase el apartado 45).
47 Conclusiones y recomendaciones
Recomendación 1
a) La Comisión debería desarrollar 
una base de datos de irregulari ‑
dades que sirva de apoyo a un 
análisis válido de los errores de 
contratación pública, y analizar de 
manera exhaustiva la frecuencia, 
la gravedad y las causas de los 
errores de contratación pública en 
el ámbito de cohesión, basándose 
en datos pertinentes, tanto extraí ‑
dos de sus propias bases de datos 
como facilitados por los Estados 
miembros, y, por último, publicar 
sus análisis como parte del informe 
sobre contratación pública que 
exigen las nuevas Directivas.
b) Las autoridades competentes de 
los Estados miembros deberían 
crear y analizar sus propias bases 
de datos sobre irregularidades en 
el ámbito de cohesión, incluidas 
las surgidas en la contratación 
pública, y deberían cooperar con la 
Comisión para proporcionar dichos 
datos en un formato y un plazo 
que faciliten el trabajo de dicha 
institución.
La Comisión y los Estados 
miembros están empezando 
a adoptar medidas para 
abordar el problema, pero aún 
queda mucho por hacer
100  
Pese a la falta de un análisis exhaustivo 
del problema, la Comisión y los Esta ‑
dos miembros han comenzado a desa ‑
rrollar actuaciones para abordarlo. Las 
medidas adoptadas por la Comisión 
desde 2010, tanto legislativas como no 
legislativas, han empezado a apuntar 
a problemas generales. En 2014 se aprobó un nuevo paquete 
de medidas legislativas en materia de 
contratación pública, que los Estados 
miembros deben aplicar antes del fin 
de abril de 2016 (véanse los apartados 
67 a 74). Dicho paquete impone ade ‑
más nuevos requisitos de información 
a la Comisión y los Estados miembros. 
En general, los efectos del nuevo 
paquete de medidas legislativas en lo 
que atañe a la reducción de la inci ‑
dencia de irregularidades dependerá 
de cómo se aplique en los Estados 
miembros. El nuevo marco legal de los 
Fondos Estructurales y de Inversión Eu ‑
ropeos 2014 ‑2020 introduce una serie 
de condiciones ex ante  con respecto 
a los sistemas de contratación pública 
de los Estados miembros que podrían 
ayudar a solucionar los problemas 
existentes (véanse los apartados 61 
a 65). Los Estados miembros debían 
acometer un proceso de autoevalua ‑
ción para determinar la forma y grado 
de cumplimiento de tales condiciones, 
así como incluir una síntesis de dicho 
ejercicio en los acuerdos de asociación 
que presentaran en 2014. Sin embargo, 
un considerable número de Estados 
miembros siguen sin cumplir estas 
condiciones a principios de 2015 (véan ‑
se los apartados 61 a 65).
Recomendación 2
Si las condiciones ex ante  relativas a la 
contratación pública no se cumplen 
antes del fin de 2016, la Comisión 
debería ejercer consecuentemente 
sus competencias para interrumpir 
los pagos a los Estados miembros en 
situación de incumplimiento hasta que 
hayan subsanado las deficiencias.
48 Conclusiones y recomendaciones
101  
En 2013 la Comisión creó un grupo de 
trabajo técnico interno y elaboró un 
plan de acción también a nivel interno, 
lo que parece indicar una mejora de 
la coordinación en el seno de dicha 
institución. Sin embargo, la mayoría 
de las medidas previstas aún no se han 
ejecutado por completo. Además, solo 
una parte de los servicios de la Comi ‑
sión ha aprobado el plan de acción, 
que no ha sido publicado (véanse los 
apartados 56 a 60).
Recomendación 3
La Comisión debería actualizar y pu ‑
blicar su plan de acción interno sobre 
contratación pública e informar anual ‑
mente de los progresos realizados y, 
a tal fin, intensificar la coordinación 
entre todos sus departamentos com ‑
petentes en cuestiones de la contrata ‑
ción pública.
102  
Los errores de contratación pública 
siguen representando una fuente 
significativa de error y aún queda 
mucho por hacer respecto a su análisis 
y también a la aplicación de medidas. 
Es necesario que las medidas empie ‑
cen a aplicarse de forma efectiva. Sin 
embargo, aunque el grupo de trabajo 
técnico interno constituye un avan ‑
ce positivo, se creó en un nivel bajo 
dentro de los servicios de la Comisión 
y esta no ha ejercido un liderazgo 
coordinado de alto nivel (véanse los 
apartados 55 a 60).Recomendación 4
La Comisión debería crear un grupo 
de alto nivel que lidere el tratamiento 
del problema de los errores de contra ‑
tación pública a fin de evitar el riesgo 
de que las medidas no se apliquen de 
manera coherente en todos sus depar ‑
tamentos. Este tendría que promover 
mejoras de la contratación pública, 
incluida la simplificación  
cuando proceda.
103  
Los errores de contratación pública 
cometidos a nivel de los beneficiarios 
podrían y deberían ser detectados 
y subsanados por las entidades de 
los Estados miembros antes remitir 
las solicitudes de pago a la Comisión. 
Como ya han señalado anteriormente 
el Tribunal y la Comisión en sus propias 
auditorías, la eficacia de los controles 
de primer nivel de los Estados miem ‑
bros sigue siendo insuficiente, y ello 
da lugar a que los Estados miembros 
soliciten a la Comisión el reembolso 
con cargo al presupuesto de la UE 
de gastos incurridos en proyectos 
afectados por errores de contratación 
pública (véase el apartado 76).
104  
Durante el período de programación 
2007 ‑2013, la Comisión recurrió a las 
correcciones financieras con mayor 
frecuencia que en períodos anteriores. 
Sin embargo, salvo que se impongan 
mediante Decisión de la Comisión, 
las correcciones financieras podrían 
tener un efecto disuasorio limitado 
hasta que finalice el cierre del perío ‑
do de programación 2007 ‑2013 en 
2017. La razón es que, en virtud de los 
Reglamentos, los Estados miembros 
tienen derecho a sustituir los gastos 
que hayan sido objeto de correcciones 
por otros gastos subvencionables. Así 
pues, el importe total percibido por 
49 Conclusiones y recomendaciones
los Estados miembros apenas se vio 
afectado. Las normas han cambiado 
para el período de gasto 2014 ‑2020: los 
Estados miembros podrían enfrentarse 
a correcciones netas si se identifican 
errores en gastos cuya legalidad y re ‑
gularidad hayan declarado previamen ‑
te las autoridades de gestión,  
certificación y auditoría (véanse  
los apartados 75 a 80).
Recomendación 5
La Comisión debería imponer correc ‑
ciones financieras cuando detecte que 
los controles de primer nivel de los 
Estados miembros no son suficiente ‑
mente eficaces e inicie, si es necesario, 
procedimientos de infracción en caso 
de incumplimiento de las Directivas 
sobre contratación pública.105  
Aparte de la necesidad de disponer de 
una base de datos de la Comisión que 
facilite el análisis de los errores de con ‑
tratación pública (véase la recomenda ‑
ción 1), herramientas informáticas como 
la contratación pública electrónica y la 
extracción de datos podrían incremen ‑
tar los beneficios de la contratación 
pública y ayudar a solucionar los pro ‑
blemas existentes. En el momento de la 
fiscalización, el grado de implantación 
de estas herramientas difería entre los 
distintos Estados miembros, lo que 
dificulta la posibilidad de aprovechar 
plenamente dichos beneficios poten ‑
ciales (véanse los apartados 83 a 94).
Recomendación 6
a) La Comisión debería aprovechar 
más las oportunidades que brin ‑
dan los avances de las tecnologías 
de la información y promover la 
contratación pública electrónica, 
las herramientas de extracción de 
datos y las buenas prácticas.
b) Los Estados miembros deberían 
aprovechar más las oportunidades 
que brindan la contratación públi ‑
ca electrónica y las herramientas 
de extracción de datos.
El presente informe ha sido aprobado por el Tribunal de Cuentas en Luxemburgo 
en su reunión del día 16 de junio de 2015.
 Por el Tribunal de Cuentas
 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
 Presidente

50
 Anexos Anexo IFunciones de la Comisión y de los Estados miembros en la 
contratación pública y la política de cohesión
En la Comisión Europea:
a) la DG Política Regional y Urbana  supervisa la aplicación del FEDER y del 
FC, en particular mediante la negociación y aprobación de los programas 
operativos (PO); se encarga de controlar y examinar la ejecución de los PO, 
incluido el cumplimiento de la normativa sobre contratación pública; asi ‑
mismo, tanto la DG Política Regional y Urbana como la DG Empleo, Asun ‑
tos Sociales e Inclusión publican directrices, algunas de ellas en colabo ‑
ración con los Estados miembros; por ejemplo, han publicado directrices 
sobre correcciones financieras en caso de incumplimiento de las normas 
en materia de contratación pública1;
b) la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión  supervisa la aplicación del 
FSE con métodos similares a los empleados por la DG Política Regional 
y Urbana con el FEDER y el FC (véase el punto anterior);
c) La DG Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes  (antigua  
DG Mercado Interior y Servicios) se ocupa de elaborar legislación en mate ‑
ria de contratación pública y de supervisar su aplicación; en este sentido, 
ayuda a los Estados miembros a aplicar dicha legislación y vigila su cum ‑
plimiento, tomando medidas de ejecución forzosa cuando procede;
d) la DG Presupuestos  se encarga de gestionar el marco reglamentario del 
presupuesto y, a este respecto, propone y aplica dicho marco con vistas al 
establecimiento, ejecución y control del presupuesto de la UE.
En los Estados miembros:
a) las autoridades de gestión  se encargan de la gestión y ejecución de los 
programas operativos, aunque pueden delegar esta última función a los 
organismos ejecutivos; como parte de sus controles de gestión, las auto ‑
ridades de gestión o sus organismos ejecutivos realizan controles de los 
procedimientos de contratación pública;
b) las autoridades de certificación  efectúan controles finales de las solicitu ‑
des de pago antes de remitirlas a la Comisión;
c) las autoridades de auditoría  llevan a cabo auditorías ex post  de los siste ‑
mas y de muestras de proyectos individuales antes de presentar informes 
a la Comisión; dichas auditorías abarcan aspectos relacionados con los 
sistemas de gestión de la contratación pública y con los controles indivi ‑
duales de cumplimiento de los proyectos.1 Orientaciones del COCOF 
(comité creado para la 
coordinación de los Fondos) 
(COCOF 07/0037/03, 
Orientaciones para la 
determinación de las 
correcciones financieras que 
deben aplicarse a los gastos 
cofinanciados por los Fondos 
Estructurales y el Fondo de 
Cohesión en caso de 
incumplimiento de las reglas 
relativas a los contratos 
públicos, de 29.11.2007). 
Decisión C(2013) 9527 final de 
la Comisión, de 19.12.2013, 
relativa al establecimiento y la 
aprobación de las directrices 
para la determinación de las 
correcciones financieras que 
haya de aplicar la Comisión 
a los gastos financiados por la 
Unión en el marco de la 
gestión compartida, en caso 
de incumplimiento de las 
normas en materia de 
contratación pública.
51 Anexos Anexo IIAnálisis de los errores por fondo detectados por el Tribunal en el período 2009-2013
Opera -
ciones 
examina -
dasProyectos 
en los que se 
comprobaron 
los procedi -
mientos de 
contratación 
públicaProyectos con 
al menos un 
error de  
contratación 
públicaProyectos con al menos 
un error de contratación 
pública Graves Significativos Leves
Número %
FEDER 657 378 170 382 60 117 185 80
FC 156 145 68 125 21 26 74 25
FSE 607 171 42 80 19 25 29 26
Total 1 420 694 280 587 100  % 168 288 131
52 Anexos Anexo IIIDescripción y análisis de los errores detectados en las distintas fases  
de los procedimientos de licitación
Descripción del errorNúmero de errores
detectados por el Tribunal en el período 2009-2013
Graves Significativos Leves Total
Fase previa a la 
licitaciónDivisión artificial de obras o servicios en licitaciones de menor 
envergadura para eludir los umbrales23 3 0 26
Adjudicación directa injustificada de un contrato 21 2 0 23
Utilización de procedimientos de licitación inadecuados 27 10 1 38
Fase previa a la licitación: subtotal 71 15 1 87
LicitaciónProblemas con los requisitos de publicación y transparencia  
y en los pliegos de condiciones11 64 111 186
Especificación de criterios de selección y adjudicación ilícitos 
y aplicación incorrecta de dichos criterios 33 128 6 167
Deficiencias procedimentales, incluida la falta  
de documentación pertinente22 39 12 73
Fase de licitación: subtotal 66 230 130 426
Gestión de 
contratosModificación o ampliación del ámbito de los contratos  
sin utilizar el procedimiento de contratación31 42 1 74
TOTAL 168 288 131 587
29 % 49 % 22 % 100  %
53 Anexos Anexo IVProcedimientos de infracción en materia de contratación pública incoados  
por la Comisión en el período 2009-2013
2009 2010 2011 2012 2013 TotalRemitidos al 
Tribunal de  
Justicia de la 
Unión Europea1
Bélgica 1 1  
Bulgaria 2     2  
República Checa    
Dinamarca        
Alemania 4 1 1 1 7 1
Estonia        
Irlanda    
Grecia 8 6 4   18 3
España 2 1 3  
Francia        
Italia 1 1 5 2 9  
Chipre 1     1  
Letonia  1 1 2  
Lituania        
Luxemburgo    
Hungría 2 2   1 5 2
Malta 2 1 3  
Países Bajos 1 3    4 1
Austria  1 1 2  
Polonia   2 1  3 1
Portugal 1 1 2  
Rumanía 2 1  1  4  
Eslovenia  1 1  
Eslovaquia 1     1  
Finlandia    
Suecia 1    1 2  
Reino Unido 3 1    4  
Total 32 18 14 7 3 74 8
1  En 2012 se dictaron las sentencias en los asuntos alemán y neerlandés. Los dos asuntos húngaros y dos de los españoles fueron retirados 
del Tribunal de Justicia. Uno de los asuntos griegos y el asunto polaco están pendientes de resolución.
54
El análisis de los errores en la contratación pública 
realizado por la Comisión se refleja también en la 
Decisión de la Comisión de 19 de diciembre de 2013  
[C (2013) 9527 final] por la que se establecen las orien ‑
taciones para la determinación de las correcciones 
financieras en caso de incumplimiento de las reglas 
relativas a la contratación pública. Estas directrices 
constituyen una actualización de las orientaciones en 
vigor desde noviembre de 20073.
Para el período de programación 2014 ‑2020, la 
Comisión está adoptando un enfoque proactivo de 
ayuda a los Estados miembros a través de la orienta ‑
ción, supervisión y apoyo (por ejemplo, mediante la 
asistencia técnica) en la aplicación de sus planes de 
acción nacionales relativos a las condiciones ex ante 
no cumplidas hasta finales de 2016. De esta forma, 
la Comisión desea reducir de forma preventiva el 
riesgo de una posible suspensión de los pagos de los 
programas operativos (PO) después de 2016, aunque 
no descarta el uso de esta herramienta de suspensión 
si no se cumplen claramente los objetivos y metas del 
plan de acción.
VIII a) i)
La Comisión acepta la recomendación.
La Comisión estudiará la posibilidad de mejorar las 
funcionalidades de su Sistema de Gestión de Irre ‑
gularidades (SGI) a fin de responder a las peticiones 
funcionales del Tribunal. Actualmente está en estudio 
la posible interoperabilidad del SGI, CED/ABAC y otras 
bases de datos de la Comisión.
Por otra parte, en lo que respecta a los errores detec ‑
tados en sus propias auditorías, los servicios de la 
Comisión están empezando a utilizar una herramienta 
informática de auditoría común para el Fondo Euro ‑
peo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de 
Cohesión (FC) y el Fondo Social Europeo (FSE) deno ‑
minada MAPAR (gestión de los procesos, actividades 
y recursos de auditoría).
3 Ref. COCOF07/0037/03 ‑ES de 29.11.2007, aplicables al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, Fondo de Cohesión y Fondo 
Social Europeo; Ref. EFFC/24/2008 de 1.4.2008, aplicables al Fondo 
Europeo de Pesca; y SOLID/2011/31 REV de 11.1.2012, es decir, las 
directrices para las correcciones financieras en relación con las 
irregularidades en la aplicación de los Reglamentos de la Unión 
sobre la contratación pública para contratos cofinanciados por los 
cuatro fondos del programa general «Solidaridad y Gestión de los 
Flujos Migratorios» durante el período de programación 2007 ‑2013.Resumen
V
La Comisión viene abordando el problema de los erro ‑
res de contratación pública en el ámbito de la política 
de cohesión desde hace mucho tiempo, pero ahora lo 
hace de manera más coordinada dentro del plan de 
acción en materia de contratación pública (véase la 
observación del Tribunal en el punto 56).
Los errores de contratación pública ya se abordaron en 
anteriores períodos de programación. Los resultados de 
la auditoría contribuyeron a la elaboración de las direc ‑
trices sobre correcciones financieras emitidas en 2007. 
La Comisión ya está también analizando, de manera 
global, los errores de contratación pública en el ámbito 
de la política de cohesión. Este análisis se realiza cada 
año mediante la evaluación exhaustiva de los informes 
anuales de control presentados por las autoridades de 
auditoría nacionales y a través de sus propios resultados 
de auditoría (en el marco de la auditoría «Colmando 
la brecha en la garantía de seguridad», la mitad de los 
resultados de la auditoría están vinculados a la contrata ‑
ción pública). Esta evaluación se recoge en los informes 
de actividad anuales de las DG en cuestión.
Respuesta de la Comisión común  
a los puntos VI y VII
La Comisión emprendió acciones para abordar los 
problemas de la contratación pública con anterioridad 
a 2010. Los planes de acción de seguimiento de los 
resultados de las auditorías de la Comisión se iniciaron 
ya en 2006 en varios Estados miembros. Además del 
análisis horizontal de los errores de la contratación 
pública, presentado en mayo de 2011 al Comité consul ‑
tivo para los contratos públicos1, la Comisión publicó 
en octubre de 2011 un documento de trabajo titulado 
«Analysis of errors in cohesion policy for the years  
2006 ‑2009 — actions taken by the Commission and the 
way forward »2 (Análisis de los errores en la política de 
cohesión para los años 2006 ‑2009 — Medidas adopta ‑
das por la Comisión y evolución futura).
1 Documento de trabajo elaborado por la DG Política Regional 
y Urbana sobre los principales resultados de auditoría relativos a 
la aplicación de las normas de contratación pública en los Estados 
miembros en proyectos cofinanciados por el FEDER y el FC en 
virtud de la política de cohesión (CC/2011/08).
2 Do cumento de trabajo de los servicios de la Comisión «Analysis 
of errors in cohesion policy for the years 2006 ‑2009»  
[SEC(2011) 1179 de 5.10. 2011].Respuestas  
de la Comisión
Respuestas de la Comisión 55
VIII c)
La Comisión acepta esta recomendación que ya ha 
incorporado a través de una mejor coordinación entre 
los directores de sus servicios desde el verano de 2014.
La Comisión tiene la intención de recabar un respaldo 
más amplio al plan de acción de contratación pública 
por parte de sus servicios. También se tratará de obte ‑
ner el apoyo al plan a un nivel jerárquico superior.
VIII d)
La Comisión acepta esta recomendación, que se ha 
aplicado parcialmente, y apoya iniciativas que conduz ‑
can a mejoras de la contratación pública.
Está previsto mantener contactos regulares entre los 
Comisarios responsables de los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y del mercado 
interior pertinentes en un formato aún por decidir. 
Este grupo podría invitar a las partes interesadas 
externas con experiencia cuando lo considere útil. 
La Comisión también apoya la idea de contar con un 
liderazgo de alto nivel y señala que los directores de la 
DG Política Regional y Urbana (DG REGIO) y DG GROW 
se reúnen periódicamente desde julio de 2014. Las 
partes interesadas externas con experiencia ya han 
sido invitadas.
VIII e)
La Comisión acepta la recomendación y ya está 
tomando las medidas oportunas. Véase también la 
respuesta de la Comisión al punto VIII b).
La Comisión continuará imponiendo correcciones 
financieras cuando constate que los controles de 
primer nivel de los Estados miembros no son sufi ‑
cientemente eficaces. Cuando se detectan deficien ‑
cias importantes, se ejecutan medidas preventivas 
y correctoras, tales como planes de acción, interrup ‑
ciones y correcciones financieras para garantizar 
la legalidad y la regularidad de los gastos, pasados 
y futuros, declarados a la Comisión. Los pagos no se 
reanudan hasta que se mejoran los sistemas y se lleva 
a cabo una estrecha supervisión tras la aplicación 
de las medidas correctoras para garantizar que los 
sistemas de gestión y control de los programas no se 
deterioran de nuevo.Por último, la Comisión prevé medidas adicionales 
para mejorar el análisis de los datos sobre contrata ‑
ción, en particular mediante el fomento de la recogida 
de tales datos y el desarrollo de una herramienta de 
análisis de los mismos para la detección precoz de 
anomalías de contratación reales o potenciales y una 
mejor comprensión de sus causas (más allá del ámbito 
de la cohesión).
VIII a) ii)
La Comisión acepta la recomendación y señala que 
está destinada a los Estados miembros.
El SGI proporciona ya a los Estados miembros una 
base de datos que puede utilizarse no solo para 
cumplir las obligaciones en materia de notificación de 
irregularidades, tal como se definen en los distintos 
reglamentos sectoriales, sino también para realizar 
análisis útiles a nivel nacional.
VIII b)
La Comisión acepta esta recomendación. Los directo ‑
res generales de las cuatro direcciones generales de 
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE) 
ya se reúnen periódicamente en el llamado Comité 
de suspensión de las condiciones ex ante, al que está 
asociada la DG Mercado Interior, Industria, Emprendi ‑
miento y Pymes /DG GROW) 4. Se seguirá aplicando 
un enfoque tanto preventivo (con la aplicación de los 
planes nacionales de acción por incumplimiento de las 
condiciones ex ante ) como correctivo (con la suspen ‑
sión de pagos) de forma estricta y coherente.
4 El Comité deberá coordinar y preparar las recomendaciones 
relativas a las decisiones de suspensión, incluida la preparación 
de proyectos de decisiones de suspensión, en aplicación de los 
artículos 19, apartado 5, y 142, apartado 1, letra e), del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, 
al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, 
y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, y del 
artículo 41 del Reglamento (UE) nº 1306/2013 (el «Reglamento 
horizontal» de la PAC), y facilitará asesoramiento sobre cuestiones 
relacionadas con el presente asunto a los directores generales de 
las cuatro direcciones generales de los Fondos EIE.
Respuestas de la Comisión 56
Observaciones
24
La Comisión se remite a sus respuestas en el informe 
especial mencionado por el Tribunal.
25
Todo sistema de contratación pública exige un cierto 
nivel de complejidad para minimizar la conducta arbi ‑
traria por parte de los poderes adjudicadores y garan ‑
tizar el respeto de los principios de igualdad de trato, 
no discriminación y transparencia.
La Comisión también toma nota de los casos en que la 
legislación nacional es más estricta que las obligacio ‑
nes establecidas en las Directivas.
Respuesta de la Comisión común  
a los puntos 26 y 27
La Comisión ha elaborado una serie de medidas para 
abordar la falta de capacidad administrativa. Dos de 
las acciones del Plan de acción en materia de contrata ‑
ción pública (mencionado en el punto 56 del informe) 
abordan de manera concreta este problema. En 
2015, la Comisión completó una orientación sobre la 
prevención de los errores más comunes en la contrata ‑
ción pública que hace hincapié en la necesidad de una 
buena planificación. También llevó a cabo un estudio 
de evaluación en 2015 que hace un balance de la 
capacidad, los sistemas y las prácticas administrativos 
en todos los países de la UE para garantizar la confor ‑
midad y la calidad de los procedimientos de contrata ‑
ción pública que cuentan con Fondos EIE. El estudio 
ofrece recomendaciones específicas para mejorar la 
capacidad administrativa en cada Estado miembro.
29 a)
La Comisión señala que existe un grupo de trabajo 
a nivel nacional en la República Checa, que com ‑
prende la Oficina de contratación pública, el Minis ‑
terio de Desarrollo Regional (en su capacidad de 
coordinación) y otros organismos pertinentes, cuyo 
fin es armonizar la interpretación de las normas de 
contratación pública.Por lo que se refiere a infracciones continuadas de 
las Directivas sobre contratación pública, la Comisión 
seguirá aplicando los procedimientos de infracción 
siempre que sea necesario.
VIII f)
La Comisión acepta la recomendación.
Dado que la contratación pública electrónica mejora 
la transparencia, facilita las ofertas transfronterizas y   
el acceso de las pymes, y simplifica los procedimien ‑
tos administrativos, las Directivas de 2014 establecen 
una serie de obligaciones en materia de contratación 
pública electrónica. La correcta y rápida transposición 
de estas disposiciones constituye una prioridad  
para la Comisión.
Por lo que se refiere a las herramientas de extracción 
de datos, la Comisión está tomando las medidas 
recomendadas. Está promoviendo activamente la 
utilización por parte de las autoridades nacionales 
responsables de Arachne, una herramienta de califica ‑
ción preventiva de riesgos que ha desarrollado. Esta 
herramienta puede aportar mejoras significativas en 
la prevención y detección de los diferentes riesgos 
relacionados, por ejemplo, con los procedimientos 
de contratación pública, los conflictos de intereses 
o la concentración de subvenciones en operadores 
individuales. También puede ayudar a identificar los 
indicadores de alerta de sospecha de fraude. La Comi ‑
sión está al corriente de la existencia de otras herra ‑
mientas de extracción de datos comparables y apoya 
su utilización.
VIII g)
La Comisión acepta la recomendación y señala que 
está destinada a los Estados miembros.
Introducción
10
La Comisión subraya que, en el marco de la gestión 
compartida, la aplicación del marco reglamentario 
sobre contratación pública entra en el ámbito de com ‑
petencias de los Estados miembros. Estos son también 
responsables de las modalidades de transposición de 
las Directivas de contratación pública al ordenamiento 
jurídico nacional.
Respuestas de la Comisión 57
38 b)
Los problemas de la contratación pública son un tema 
prioritario en Italia porque es la causa principal de las 
correcciones financieras del FEDER.
A la hora de abordar los puntos débiles es preciso 
realizar un inventario y un análisis de los errores de 
contratación pública.
39
Basándose en su análisis de 20115, la Comisión ha 
adoptado medidas específicas para reducir estos ries ‑
gos y ayudar a los Estados miembros. En particular, se 
proporcionaron orientación y formación adicionales 
a las autoridades de gestión sobre los riesgos detec ‑
tados, y se continuó con las medidas relativas a la 
oportuna aplicación de las correcciones financieras, 
los procedimientos de interrupción y suspensión, y las 
auditorías específicas en las áreas de mayor riesgo. 
Estas acciones se reunieron en un plan de acción en 
materia de contratación pública establecido en 2013 
entre todas las DG de los Fondos EIE, la DGGROW y el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) para mejorar la 
aplicación de las normas de contratación pública.
44 a)
El objetivo de la información facilitada en los infor ‑
mes de control anuales es su uso para el proceso de 
fiabilidad de cada PO y no el análisis de los errores de 
contratación pública.
Véase también la respuesta de la Comisión al  
punto 39.
44 c)
Las cuestiones relativas a la contratación pública se 
debaten en el marco de las reuniones bilaterales con 
las autoridades de auditoría, cuando revisten impor ‑
tancia para el Estado miembro/los programas en 
cuestión.
5 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión  
«Analysis of errors in cohesion policy for the years 2006 ‑2009» 
[SEC(2011) 1179 de 5 de octubre de 2011] y documento de 
trabajo elaborado por la DG Política Regional y Urbana sobre los 
principales resultados de la auditoría de la aplicación de las normas 
de contratación pública en los Estados miembros en los proyectos 
cofinanciados por el FEDER y el FC en virtud de la política de 
cohesión (CC/2011/08 EN).32
Las irregularidades notificadas por los Estados miem ‑
bros a la Comisión a través del Sistema de Gestión de 
Irregularidades (SGI) no se utilizan exclusivamente 
para la preparación del informe anual sobre la pro ‑
tección de los intereses financieros de la UE y la lucha 
contra el fraude, sino que también se analizan por lo 
que se refiere al cierre del período de programación 
2000 ‑2006 y en el marco de las reuniones anuales de 
coordinación con las autoridades de auditoría.
Los datos comunicados también son utilizados a efec ‑
tos del análisis de los riesgos, y en particular por los 
auditores de la Comisión para preparar las misiones 
y por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF). Asimismo, se facilitan a los auditores del Tribu ‑
nal previa solicitud.
33
La OLAF recibe las irregularidades notificadas por los 
Estados miembros a través de la Comisión por medio 
del SGI. La Comisión destaca que la clasificación de 
una irregularidad notificada no es un acto definitivo 
y estático. El momento en que los Estados miembros 
clasifican los casos varía en función de la legislación, 
las prácticas nacionales y la política nacional en la 
materia. En algunos casos, se ha detectado cierta 
reticencia a clasificar demasiado pronto un caso como 
«fraude» debido a las posibles consecuencias  
en materia de responsabilidad previstas por  
la legislación nacional.
Por lo tanto, puede suceder que se modifique la clasi ‑
ficación de una irregularidad inicialmente no conside ‑
rada como «presunto fraude» al hilo de la nueva infor ‑
mación que se obtenga sobre el caso y de la evolución 
de los procedimientos correspondientes. Del mismo 
modo, un caso que inicialmente se haya clasificado 
como «presunto fraude» puede pasar a considerarse 
simple «irregularidad» a la luz, por ejemplo, de la deci ‑
sión de los órganos jurisdiccionales o de los organis ‑
mos y autoridades de investigación.
35
Véanse también las respuestas de la Comisión a los 
puntos 26 y 27.
Respuestas de la Comisión 58
El sistema no fue concebido para facilitar, a través de 
campos totalmente estructurados, la información a la 
que alude el Tribunal.
Véanse también las respuestas de la Comisión a los 
puntos 32 y 46.
49
La Comisión lleva tiempo tratando de solucionar esta 
cuestión, pero ahora la aborda de manera coordinada 
en el marco del plan de acción en materia de contrata ‑
ción pública.
La Comisión recuerda los documentos a que se hace 
referencia en el punto 39 (directrices sobre la preven ‑
ción de errores y estudio del inventario de la capaci ‑
dad administrativa).
51
El análisis de los errores en la contratación pública 
realizado por la Comisión se refleja también en la 
Decisión de la Comisión de 19 de diciembre de 2013 
[C(2013) 9527 final] relativa al establecimiento y la 
aprobación de las directrices para la determinación 
de las correcciones financieras que haya de aplicar la 
Comisión a los gastos financiados por la Unión en el 
marco de la gestión compartida, en caso de incum ‑
plimiento de las normas en materia de contratación 
pública. Estas directrices constituyen una actualiza ‑
ción de las orientaciones en vigor desde noviembre 
de 20 07.
57
A finales de junio de 2015, la aplicación del plan de 
acción en materia de contratación pública seguía 
progresando. De un total de doce acciones, tres se 
han completado [según lo declarado por el Tribunal 
de Justicia en las letras a) a c)], siete están en curso de 
aplicación y dos todavía no se han iniciado, ya que 
fueron concebidas para su aplicación a largo plazo.
Se trata de las acciones a largo plazo número 11 
(sistemas de gestión de la calidad de la contrata ‑
ción pública) y 12 (guía para las orientaciones) del 
cuadro 2 .46
Los servicios de la Comisión han desarrollado una 
herramienta informática denominada MAPAR (gestión 
de los procesos, actividades y recursos de la audito ‑
ría), que ya es operativa. Una de las funciones de este 
instrumento común para el FEDER, el FC y el FSE es 
la introducción y la clasificación de los resultados de 
auditoría por tipología de errores y, dentro de una 
categoría (por ejemplo, contratación pública), por  
subcategoría de resultados (ausencia de efecto incen ‑
tivador, régimen no notificado, etc.).
Las Direcciones Generales REGIO y EMPL utilizarán 
MAPAR para hacer un seguimiento horizontal de los 
resultados de auditoría y actualizar regularmente un 
marcador del riesgo que permita mejorar la buena 
gestión de los fondos. Esto se aplica también a 
cualquier problema de la auditoría de la contratación 
pública detectado por la Comisión.
Por otra parte, la base de datos del SGI es una herra ‑
mienta al servicio de los Estados miembros para que 
notifiquen las irregularidades detectadas, incluidas las 
relacionadas con la contratación pública. Esta base de 
datos será accesible a todos los servicios pertinentes 
de la Comisión.
47
En 2012, en el contexto de una auditoría temática 
sobre la verificación de la gestión, EMPL identificó 
infracciones específicas de las normas de contrata ‑
ción pública que no habían sido detectadas por los 
controles nacionales. El informe y sus conclusiones se 
debatieron con las autoridades nacionales en varias 
ocasiones.
Véase también la respuesta de la Comisión al punto 46.
48
El SGI se concibió para la notificación de irregulari ‑
dades (fraudulentas y no fraudulentas, incluidas las 
relacionadas con la contratación pública) por parte de 
los Estados miembros a la Comisión.
En relación con las irregularidades en la contratación 
pública, el sistema SGI permite obtener información 
también a través de los campos de texto libre además 
de la de los campos estructurados. No obstante, la 
explotación de los datos depende de la calidad de la 
información y del nivel de detalle facilitado por las 
autoridades nacionales.
Respuestas de la Comisión 59
61
En el contexto de las condiciones ex ante  y de los 
acuerdos de asociación suscritos en 2014, se han 
adoptado 12 planes de acción para el período de pro ‑
gramación 2014 ‑20206 que se evaluarán en 2016.
La Comisión está adoptando un enfoque proactivo de 
ayuda a los Estados miembros a través de la orienta ‑
ción, supervisión y apoyo (por ejemplo, mediante la 
asistencia técnica) en la aplicación de sus planes de 
acción nacionales relativos a las condiciones ex ante  
no cumplidas hasta finales de 2016. De esta forma, la 
Comisión desea reducir de forma preventiva el riesgo 
de una posible suspensión de los pagos a los PO 
después de 2016, aunque no descarta el uso de esta 
herramienta de suspensión si no se cumplen clara ‑
mente los objetivos y metas del plan de acción.
63
La Comisión se remite a su respuesta a los puntos 60 
y 61, y pone de relieve que la buena aplicación del 
marco legislativo y de programación común y/o  
específico aplicable tiene prioridad con respecto  
a la absorción.
71
La DG GROW también ha contestado a preguntas 
específicas planteadas por las autoridades nacionales 
y ha creado una herramienta informática, WIKI, en la 
que se cargan y se ponen a disposición de todas las 
autoridades nacionales preguntas y respuestas.
74
La Comisión tiene previsto ofrecer pautas a los 
Estados miembros para la redacción del informe de 
seguimiento que respondan a las necesidades de 
información de la Comisión.
76
La insuficiente eficacia de la verificación de la gestión 
de los controles de primer nivel constituye un motivo 
de gran preocupación para la Comisión (véase el 
informe anual de actividad de 2014 de la DG REGIO, 
página 50).
6 Para BG, CZ, EL, IT, MT, LV, PL, HU, HR, SI, SK y RO.58 a)
La Comisión tiene la intención de aprobar el plan de 
acción en materia de contratación pública a una escala 
más amplia y, posiblemente, a un nivel más alto en lo 
que se refiere a las partes interesadas.
58 b)
El grupo de trabajo se creó como subgrupo del grupo 
interservicios sobre el refuerzo de la capacidad de los 
Fondos en los Estados miembros más débiles, esta ‑
blecido a nivel de directores generales. Este grupo 
interservicios depende de la Secretaría General.
La Comisión considera que una cuestión técnica 
requiere un seguimiento técnico bajo la supervisión 
de los directores, quienes participan activamente en el 
grupo de trabajo de contratación pública siempre que 
es necesario.
Los directores de la DG REGIO y de la DG GROW se 
reúnen regularmente desde julio de 2014 y han deba ‑
tido la posibilidad de celebrar reuniones periódicas al 
más alto nivel (Directores Generales y Comisarios).
60
En los últimos años, todos los comisarios se han refe ‑
rido a problemas de contratación pública y han ins ‑
tado a los Estados miembros a mejorar sus sistemas. 
De ello se han hecho eco en los últimos seis años los 
comisarios responsables de política regional durante 
sus audiencias para la aprobación de la gestión. Ade ‑
más, en sus respectivos informes anuales, todas las 
direcciones generales informan de las medidas adop ‑
tadas para combatir los problemas relacionados con la 
contratación pública e instan a los Estados miembros 
a mejorar sus sistemas.
La Comisión considera que los altos responsables de 
los servicios de la Comisión implicados (Direcciones 
Generales de los Fondos EIE y DG GROW) ponen en 
marcha y supervisan estrechamente todas las activida ‑
des de contratación pública.
Respuestas de la Comisión 60
 — la Comisión apoya el proyecto piloto  
eTendering de eSens, que permite la interopera ‑
bilidad transfronteriza. Un operador económico 
podrá utilizar un único soporte lógico para 
comunicar con varias soluciones eTendering 
a escala europea. Además, la Comisión empezó 
a utilizar el mecanismo Conectar Europa (MCE) 
para cubrir otros aspectos de la digitalización 
de la contratación pública, incluida la factura ‑
ción electrónica y la simplificación;
 — se están desplegando fondos de la UE a tra ‑
vés del FEDER/FC o del FSE para ayudar a los 
Estados miembros a desarrollar las capacidades 
administrativas y las infraestructuras (incluido el 
desarrollo de plataformas de contratación elec ‑
trónica) necesarias para la transición completa 
a la contratación pública electrónica.
89
Véanse también las respuestas de la Comisión a   
los puntos 26, 27 y 46.
91
Arachne se ha diseñado para ayudar a los Estados 
miembros en la verificación de la gestión y como una 
herramienta de alerta contra el fraude. Incluye una 
serie de indicadores de riesgo relacionados con la 
contratación pública, tales como: margen de tiempo 
entre la publicación del anuncio de licitación y la fecha 
de firma del contrato; número de ofertas descalifica ‑
das /número de ofertas recibidas; número de licita ‑
dores válidos; importe de los contratos adjudicados 
mediante procedimiento restringido o negociado, 
o mediante adjudicación directa/coste total del pro ‑
yecto; número de cláusulas adicionales del contrato 
en comparación con la media por sector, y corrección 
financiera al procedimiento de contratación pública 
aplicado en el pasado en relación con el beneficiario.
En segundo lugar, Arachne identifica la implicación de 
los beneficiarios, los contratistas y los subcontratistas 
en los diferentes proyectos y programas y define los 
vínculos existentes entre las entidades que participan 
en la ejecución de un proyecto.Un documento titulado «Orientaciones sobre las verifi ‑
caciones de la gestión» fue debatido con los Estados 
miembros en 2014 y 2015 y se ha publicado en julio de 
2015. Incluye una sección dedicada a las verificaciones 
de la contratación pública. El citado documento no 
forma parte del plan de acción en materia de contrata ‑
ción pública ya que se refiere a las verificaciones de la 
gestión de todo tipo.
80
A raíz de las disposiciones jurídicas del período de 
programación 2007 ‑2013, el Reglamento permite 
la sustitución de los gastos irregulares por gastos 
subvencionables si estos últimos han sido objeto de 
controles por parte de las autoridades de gestión 
y auditoría. No obstante, las correcciones financieras 
pueden dar lugar a pérdidas de fondos para el Estado 
miembro al cierre del ejercicio, momento en que ya no 
es posible la sustitución de gastos a falta de una nueva 
solicitud de pago.
Para el período 2014 ‑2020, y de conformidad con 
el artículo 145 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, la 
corrección financiera implicará una reducción neta de 
la ayuda también cuando exista una deficiencia grave 
en el funcionamiento efectivo de los sistemas no 
detectada y notificada por la autoridad de auditoría 
antes de la fecha de su detección por la Comisión o el 
Tribunal de Cuentas.
87
Como seguimiento de su Comunicación sobre contra ‑
tación pública electrónica de extremo a extremo para 
modernizar la administración pública [COM(2013)453], 
la Comisión ha iniciado una serie de acciones para 
apoyar la implantación de la contratación electrónica:
 — a nivel político, los objetivos por lo que se refie ‑
re a la implantación de la contratación pública 
electrónica figuran en el paquete de política 
global destinado a la realización del mercado 
único digital [COM(2015)192];
 — la Comisión ha empezado los trabajos del Foro 
multilateral sobre la contratación pública elec ‑
trónica (EXEP), que trabaja en el intercambio, la 
difusión y la aclaración de las mejores prácticas 
en los ámbitos de la gobernanza, la reglamenta ‑
ción y la interoperabilidad;
Respuestas de la Comisión 61
Por lo que se refiere al desarrollo de una base de datos 
sólida y exhaustiva de todas las irregularidades, la 
Comisión se remite a la respuesta dada en los pun ‑
tos 32, 46 y 48, así como, en relación con los documen ‑
tos elaborados, a la respuesta conjunta de la Comisión 
a los puntos 26 y 27.
Recomendación 1 a)
La Comisión acepta la recomendación.
La Comisión estudiará la posibilidad de mejorar las 
funcionalidades de su SGI a fin de responder a las 
peticiones funcionales del Tribunal. Actualmente está 
en estudio la posible interoperabilidad entre el SGI,   
CED/ABAC y otras bases de datos de la Comisión.
Por otra parte, en lo que respecta a los errores detec ‑
tados en sus propias auditorías, los servicios de la 
Comisión están empezando a utilizar una herramienta 
informática de auditoría común para el FEDER, el FC 
y el FSE, denominada MAPAR.
Por último, la Comisión prevé medidas adicionales 
para mejorar el análisis de los datos sobre contrata ‑
ción, en particular mediante el fomento de la recogida 
de tales datos y el desarrollo de una herramienta de 
análisis de datos para la detección precoz de anoma ‑
lías de contratación reales o potenciales y una mejor 
comprensión de sus causas (más allá del ámbito de la 
cohesión).
Recomendación 1 b)
La Comisión acepta la recomendación y señala que 
está destinada a los Estados miembros.
El SGI ya proporciona a los Estados miembros una 
base de datos que puede utilizarse no solo para 
cumplir las obligaciones en materia de notificación de 
irregularidades, tal como se definen en los distintos 
reglamentos sectoriales, sino también para realizar 
análisis que pueden utilizarse para fines nacionales.94
Hay que señalar que el Reglamento 2007 ‑2013 no 
imponía obligación alguna a los Estados miembros de 
aplicar estrategias de lucha contra el fraude. Para el 
período de programación 2007 ‑2013, los usuarios han 
acordado utilizar Arachne principalmente para poner 
a prueba el sistema. Por lo tanto, muchos Estados 
miembros decidieron enviar los datos de solo una 
parte de los PO que se encuentran bajo su respon ‑
sabilidad. A mediados de 2015, otros cuatro Estados 
miembros enviaron datos para al menos un PO.
La Comisión prevé un crecimiento en el número de 
usuarios para el período 2014 ‑2020, en el que Arachne 
puede convertirse en un instrumento eficaz para miti ‑
gar el riesgo de fraude.
Conclusiones y recomendaciones
97
Véanse también las respuestas de la Comisión a   
los puntos 26 y 27.
98
La Comisión ha venido abordando los errores en 
materia de contratación pública ya en anteriores 
períodos de programación. Los resultados de la audi ‑
toría contribuyeron a la elaboración de las primeras 
directrices sobre correcciones financieras emitidas  
en 20 07.
Ahora la Comisión trata esta cuestión de forma más 
coordinada y exhaustiva en el marco del plan de 
acción en materia de contratación pública.
99
La Comisión ha tomado las medidas y planes de 
acción correctivos adecuados en los Estados miem ‑
bros en los que las auditorías detectaron problemas. 
Su análisis contribuyó a la actualización en 2013 de 
las orientaciones para la determinación de las correc ‑
ciones financieras por incumplimiento de las normas 
sobre contratación pública.
Respuestas de la Comisión 62
101
Las acciones del plan de acción en materia de con ‑
tratación pública han sido ampliamente debatidas, 
modificadas y acordadas por representantes de todas 
las DG de los Fondos EIE, la DG GROW y el BEI. Fueron 
objeto de un debate constructivo en el seno del grupo 
de trabajo sobre la mejora de la contratación pública. 
Este grupo de trabajo se creó como subgrupo del 
grupo interservicios sobre el refuerzo de la capacidad 
de los fondos en los Estados miembros establecido a 
nivel de directores generales. Este grupo interservicios 
depende de la Secretaría General.
La aplicación del plan de acción en materia de contra ‑
tación pública ha avanzado (véase la respuesta de la 
Comisión al punto 57). La Comisión tiene la intención 
de recabar una aprobación más amplia del plan de 
acción en materia de contratación pública y por nive ‑
les jerárquicos más altos.
Recomendación 3
La Comisión acepta esta recomendación y ya la está 
aplicando con una mejor coordinación entre sus servi ‑
cios a nivel de directores desde el verano de 2014.
La Comisión tiene previsto también conseguir un 
respaldo más generalizado del plan de acción de con ‑
tratación pública por parte de sus servicios. También 
se prevé su aprobación a un nivel superior, como se 
indica en la respuesta de la Comisión a la recomenda ‑
ción 2.
102
Véanse también las respuestas de la Comisión a   
los puntos 100 y 101.
7 El Comité deberá coordinar y preparar las recomendaciones 
relativas a las decisiones de suspensión, incluida la preparación 
de proyectos de decisiones de suspensión, en aplicación de los 
artículos 19, apartado 5, y 142, apartado 1, letra e), del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo 
de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y del artículo 41 del 
Reglamento (UE) nº 1306/2013 (el «Reglamento horizontal» de la 
PAC) y facilitará a los directores generales de las cuatro direcciones 
generales de los Fondos EIE asesoramiento sobre cuestiones 
relacionadas con el presente asunto.100
La Comisión emprendió acciones para abordar los 
problemas de la contratación pública con anterioridad 
a 2010. Los planes de acción de seguimiento de los 
resultados de las auditorías de la contratación pública 
se iniciaron ya en 2006 en varios Estados miembros. 
Además del análisis horizontal de los errores de la 
contratación pública, presentado en mayo de 2011 al 
Comité consultivo para los contratos públicos, la Comi ‑
sión publicó en octubre de 2011 un documento de tra ‑
bajo de los servicios de la Comisión «Analysis of errors 
in cohesion policy for the years 2006 ‑2009 — actions 
taken by the Commission and the way forward».
El análisis realizado por la Comisión de los errores  
en la contratación pública se refleja también en la 
Decisión de la Comisión de 19 de diciembre de 2013 
[C (2013) 9527 final], por la que se establecen las 
directrices para la determinación de las correcciones 
financieras por incumplimiento de las normas sobre 
contratación pública. Estas directrices constituyen 
una actualización de las orientaciones en vigor desde 
noviembre de 2007.
Para el período de programación 2014 ‑2020, la 
Comisión está adoptando un enfoque proactivo de 
ayuda a los Estados miembros a través de la orienta ‑
ción, supervisión y apoyo (por ejemplo, mediante la 
asistencia técnica) en la aplicación de sus planes de 
acción nacionales relativos a las condiciones ex ante  
no cumplidas hasta finales de 2016. De esta forma, la 
Comisión desea reducir de forma preventiva el riesgo 
de una posible suspensión de los pagos a los PO 
después de 2016, aunque no descarta el uso de esta 
herramienta de suspensión si no se cumplen clara ‑
mente los objetivos y metas del plan de acción.
Recomendación 2
La Comisión acepta esta recomendación. Los direc ‑
tores generales de las direcciones generales de los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos ya se 
reúnen periódicamente en el Comité de suspensión 
de las condiciones ex ante, al que está asociada la 
DG GROW7. Se seguirá aplicando un enfoque tanto 
preventivo (con la aplicación de los planes nacionales 
de acción por incumplimiento de las condiciones ex 
ante ) como correctivo (con la suspensión de pagos) de 
forma estricta y coherente.
Respuestas de la Comisión 63
104
A raíz de las disposiciones jurídicas del período de pro ‑
gramación 2007 ‑2013, el Reglamento permite la susti ‑
tución de los gastos irregulares por gastos subvencio ‑
nables si estos últimos han sido objeto de controles 
por parte de las autoridades de gestión y auditoría. 
No obstante, las correcciones financieras pueden dar 
lugar a pérdidas de fondos para el Estado miembro al 
cierre, cuando la sustitución de gastos ya no es posible 
a falta de una nueva solicitud de pago.
Para el período 2014 ‑2020, y de conformidad con 
el artículo 145 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, la 
corrección financiera implicará una reducción neta de 
la ayuda también cuando exista una deficiencia grave 
en el funcionamiento efectivo de los sistemas no 
detectada y notificada por la autoridad de auditoría 
antes de la fecha de su detección por la Comisión o el 
Tribunal de Cuentas.
Recomendación 5
La Comisión acepta la recomendación y ya está 
tomando las medidas oportunas. Véase también la 
respuesta de la Comisión al punto 2.
La Comisión continuará imponiendo correcciones 
financieras cuando constate que los controles de 
primer nivel de los Estados miembros no son sufi ‑
cientemente eficaces. Cuando se detectan deficien ‑
cias importantes, se ejecutan medidas preventivas 
y correctoras, tales como planes de acción, interrup ‑
ciones y correcciones financieras para garantizar 
la legalidad y la regularidad de los gastos, pasados 
y futuros, declarados a la Comisión. Los pagos no se 
reanudan hasta que se mejoran los sistemas y se lleva 
a cabo una estrecha supervisión tras la aplicación 
de las medidas correctoras para garantizar que los 
sistemas de gestión y control de los programas no se 
deterioran de nuevo.
Por lo que se refiere a infracciones continuadas de 
las Directivas sobre contratación pública, la Comisión 
seguirá aplicando los procedimientos de infracción 
siempre que sea necesario.Recomendación 4
La Comisión acepta esta recomendación, que se ha 
aplicado parcialmente, y apoya iniciativas que conduz ‑
can a mejoras de la contratación pública.
Está previsto mantener contactos regulares entre 
los Comisarios responsables de los Fondos EIE y del 
mercado interior pertinentes en un formato aún por 
decidir. Este grupo podría invitar a las partes intere ‑
sadas externas cuando lo considere útil. La Comisión 
también apoya la idea de contar con un liderazgo de 
alto nivel y señala que los directores de las DG REGIO y 
GROW se reúnen periódicamente desde julio de 2014. 
Las partes interesadas externas con experiencia ya 
han sido invitadas a este nivel.
103
La insuficiente eficacia de la verificación de la gestión 
de los controles de primer nivel constituye un motivo 
de gran preocupación para la Comisión. En el marco 
de su función supervisora, la Comisión está llevando 
a cabo desde 2010 auditorías específicas de las veri ‑
ficaciones de la gestión de programas de alto riesgo 
que han puesto de relieve que un gran número del 
importante nivel de errores resultante de estos riesgos 
podría pasar inadvertido o no ser detectado a tiempo 
por la autoridad de auditoría del programa. Estas audi ‑
torías conducen, en caso necesario, al establecimiento 
de planes de acción para corregir las deficiencias 
detectadas. También contribuyen a mejorar los siste ‑
mas de gestión y control para programas objeto de 
reservas, garantizando que los gastos pasados y futu ‑
ros declarados a la Comisión son legales y regulares.
Un documento titulado «Orientaciones sobre las verifi ‑
caciones de la gestión» fue debatido con los Estados 
miembros en 2014 y 2015, y se ha publicado en julio 
de 2015. Incluye una sección dedicada a las verificacio ‑
nes de la contratación pública. Dicho documento no 
forma parte del plan de acción en materia de contrata ‑
ción pública ya que se refiere a las verificaciones de la 
gestión de todo tipo.
Respuestas de la Comisión 64
105
La Comisión apoya la contratación pública electrónica 
y el proyecto piloto eTendering de eSens sobre intero ‑
perabilidad transfronteriza.
Por lo que respecta al período de programación  
2007 ‑2013, no existía obligación alguna para los Esta ‑
dos miembros de aplicar las estrategias de lucha con ‑
tra el fraude a través de herramientas de extracción de 
datos como Arachne (véase la respuesta de la Comi ‑
sión al punto 94). La Comisión prevé un crecimiento 
en el número de usuarios en el período 2014 ‑2020, en 
el que Arachne puede convertirse en un instrumento 
eficaz para mitigar el riesgo de fraude.
Recomendación 6 a)
La Comisión acepta la recomendación. Dado que la 
contratación pública electrónica mejora la transpa ‑
rencia, facilita las ofertas transfronterizas y el acceso 
de las pymes y simplifica los procedimientos adminis ‑
trativos, las Directivas de 2014 establecen una serie de 
obligaciones en materia de contratación pública elec ‑
trónica y su correcta y rápida transposición constituye 
una prioridad para la Comisión.
Por lo que se refiere a las herramientas de extracción 
de datos, la Comisión está tomando las medidas 
recomendadas. Está promoviendo activamente la 
utilización por parte de las autoridades nacionales 
responsables de Arachne, una herramienta preventiva 
de calificación de riesgos que ha desarrollado. Esta 
herramienta puede aportar mejoras significativas en 
la verificación de la gestión, así como en la prevención 
y detección de los diferentes riesgos relacionados, 
por ejemplo, con los procedimientos de contratación 
pública, los conflictos de intereses o la concentración 
de subvenciones en operadores individuales. También 
puede ayudar a identificar los indicadores de alerta 
de sospecha de fraude. La Comisión es consciente 
y apoya la utilización de otras herramientas de extrac ‑
ción de datos comparables.
Recomendación 6 b)
La Comisión acepta la recomendación y señala que 
está destinada a los Estados miembros.
CÓMO OBTENER LAS PUBLICACIONES  
DE LA UNIÓN EUROPEA
Publicaciones gratuitas:
  Un único ejemplar:  
A través de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
  Varios ejemplares/pósteres/mapas:  
En las representaciones de la Unión Europea (http://ec.europa.eu/represent_es.htm),  
en las delegaciones en terceros países (http://eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm)  
o contactando con Europe Direct a través de http://europa.eu/europedirect/index_es.htm  
o del teléfono 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito en toda la Unión Europea) (*).
(*)  Tanto la información como la mayoría de las llamadas (excepto desde algunos operadores, cabinas u hoteles)  
son gratuitas.
Publicaciones de pago:
 A través de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
El incumplimiento de las normas de contratación pública  
ha sido una fuente importante y constante de error. Los 
errores graves dieron lugar a  una falta parcial o  absoluta  
de competencia leal o a la adjudicación de contratos 
a licitadores que no habían presentado la oferta más 
ventajosa. Constatamos que la Comisión y los Estados 
miembros han empezado a abordar el problema, pero  
aún queda mucho por hacer y es necesario intensificar  
los esfuerzos.
TRIBUNAL
DE CUENTAS
EUROPEO