Las nuevas directrices para la mejora de la legislación y su correspondiente «caja de herramientas» exigen un análisis de la subsidiariedad que debe realizarse cuando se considere una nueva iniciativa en ámbitos en los que la UE no tiene competencia exclusiva y al evaluar la pertinencia y el valor añadido europeo de una intervención vigente. La Comisión analiza la subsidiariedad tanto para iniciativas legislativas como no legislativas. El objetivo del análisis tiene dos vertientes: en primer lugar, evaluar si una acción a nivel nacional es suficiente para alcanzar el objetivo pertinente. En segundo lugar, valorar si la intervención de la Unión puede aportar un valor añadido con respecto a la actuación de los Estados miembros.

Además, en 2015, la Comisión puso en marcha el sitio web «Lighten the Load — Have your say» («Aligere la carga – Diga lo que piensa») así como la nueva plataforma REFIT, que proporcionaron nuevas formas de comunicación con la Comisión en relación con posibles cargas excesivas o ineficiencias de las medidas normativas vigentes. Estas pueden incluir cuestiones de subsidiariedad y proporcionalidad.

Acerca de la propuesta de una Directiva relativa a los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, el Comité pidió una mejor explicación de la razón por la cual se habían descartado las opciones de la autorregulación por la industria y la adopción de normas europeas voluntarias. El Comité pidió más pruebas convincentes —y una mejor información sobre las opiniones de las partes interesadas— para justificar por qué estas opciones no se consideraron viables. Además, el Comité consideró que el informe no justificaba suficientemente la propuesta de cláusula de proporcionalidad. El informe recibió un dictamen negativo. El informe se mejoró posteriormente y la versión modificada fue aceptada por el Comité.

En 2015, el Parlamento Europeo elaboró 13 valoraciones iniciales, una evaluación de impacto de las enmiendas parlamentarias significativas y seis evaluaciones de impacto ex post. Además, ha elaborado cuatro informes sobre el coste de la no Europa y dos evaluaciones del valor añadido europeo.

En el informe anual sobre la subsidiariedad de 2015 publicado por el Comité de las Regiones se recoge una descripción más detallada de las actividades relacionadas con la subsidiariedad.

2.5. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La principal sentencia de 2015 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad fue dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 18 de junio de 2015 en el asunto C-508/13, República de Estonia/Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea. En este asunto, Estonia había solicitado la anulación por parte del Tribunal de determinadas disposiciones de la Directiva 2013/34/UE en relación con la violación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y la obligación de motivación.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia sostuvo que la determinación del cumplimiento del principio de subsidiariedad debe hacerse respecto a la Directiva en su conjunto, y no para cada una de sus disposiciones en particular (apartado 51). En segundo lugar, el Tribunal de Justicia aclaró que el principio de subsidiariedad no tiene por objeto limitar la competencia de la UE en función de la situación de cualquier Estado miembro individualmente considerado. Tan solo exige que la acción propuesta pueda, en razón de sus dimensiones o efectos, aplicarse mejor a escala de la Unión (apartado 53). En tercer lugar, por lo que respecta a la obligación de motivación, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que basta con informar del fin esencial perseguido por la institución. Sería excesivo exigir una motivación específica para cada una de las opciones de carácter técnico realizadas (apartado 60). Además, como participante en el procedimiento legislativo que condujo a la adopción de la Directiva, Estonia no podía sostener de forma válida que no estaba en condiciones de conocer los motivos de la elección de las medidas (apartado 61).

Sobre el principio de proporcionalidad, el Tribunal de Justicia ha recordado su jurisprudencia constante con arreglo a la cual debe reconocerse al legislador de la Unión una amplia facultad discrecional en los ámbitos que implican decisiones de naturaleza política, económica y social, y en los que debe realizar apreciaciones complejas. Esto significa que la legalidad de las medidas adoptadas en este ámbito solo puede verse afectada si la medida es manifiestamente inadecuada en relación con el objetivo perseguido por la institución competente (apartado 29). El Tribunal de Justicia rechazó la argumentación de Estonia basada en una violación del principio de proporcionalidad, al considerar que Estonia no había demostrado que las diferentes opciones realizadas por el legislador de la Unión excedían manifiestamente los límites de su facultad discrecional (apartados 32 a 38). En particular, el Tribunal de Justicia rechazó la alegación de que se había vulnerado el principio de proporcionalidad, dado que el legislador de la Unión no había tenido en cuenta su situación particular como Estado miembro avanzado en materia de administración electrónica. Observó que la Directiva impugnada tiene un impacto en todos los Estados miembros y que requiere garantizar un equilibrio entre los distintos intereses que están en juego. Para el Tribunal de Justicia, el intento de encontrar ese equilibrio, teniendo en cuenta no la situación particular de un único Estado miembro, sino la de todos los Estados miembros, no puede considerarse contraria al principio de proporcionalidad (apartado 39).

Por último, el 26 de noviembre de 2015, el Tribunal General dictó sentencia en el asunto T-461/13, España/Comisión, en la que se confirmaba que el principio de subsidiariedad no es de aplicación en el ámbito del control de las ayudas estatales (apartado 182).

3 Principales casos que plantearon dudas en cuanto al respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un mecanismo de reubicación de crisis y se modifica el Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida

En respuesta a la crisis de los refugiados y en consonancia con su Agenda Europea de Migración, el 9 de septiembre de 2015 la Comisión aprobó una propuesta sobre un mecanismo de reubicación de crisis que tiene por objeto introducir un mecanismo de solidaridad estructurado. La Comisión podría ponerlo en marcha en cualquier momento para ayudar a cualquier Estado miembro que sufra una situación de crisis y extrema presión sobre su sistema de asilo debido a una afluencia grande y desproporcionada de ciudadanos de terceros países. Estas futuras situaciones de emergencia serían definidas por la Comisión tomando como base criterios objetivos y comprobables. Esto forma parte de un paquete de propuestas que incluye la reubicación de emergencia de 120 000 refugiados procedentes de Grecia, Hungría e Italia, una lista común europea de países de origen seguros y la mejora de la seguridad de la política de retorno.

Los Parlamentos nacionales emitieron cinco dictámenes motivados sobre la propuesta, que representan siete votos. En sus dictámenes motivados, los Parlamentos nacionales alegaron lo siguiente: que el mecanismo propuesto constituía una interferencia inaceptable en los sistemas de asilo de los Estados miembros; que la motivación era insuficiente; y que mediante la introducción de una clave de distribución permanente y obligatoria, en vez de medidas provisionales, las propuestas violaban el principio de subsidiariedad. La justificación de la elección del artículo 78, apartado 2, letra e), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como base jurídica también fue cuestionada.

En sus respuestas, la Comisión recordó que la crisis de los refugiados había sometido a los sistemas de asilo de los Estados miembros a una presión extrema, que podría poner en peligro la aplicación del Reglamento de Dublín. En ese sentido, el sistema actual no prevé ninguna excepción a los criterios de responsabilidad, lo que genera desequilibrios y, en algunos casos, un agravamiento de la crisis.

La Comisión argumentó además que un mecanismo de crisis para la reubicación de los solicitantes permitiría a la UE —sin tener que pasar cada vez por un largo procedimiento de aprobación— responder a una situación urgente y ayudar a los Estados miembros que se enfrentan a una situación de emergencia. La Comisión subrayó que la acción de los Estados miembros individuales no sería suficiente para hacer frente a estas situaciones. La aplicación de soluciones no coordinadas no sería suficiente para lograr una respuesta global a la afluencia desproporcionada de personas ni un reparto equitativo de la responsabilidad entre Estados miembros.

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 en lo que respecta a la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el uso de alimentos y piensos modificados genéticamente en su territorio

Al pedir la aprobación del Parlamento Europeo para ser investido presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker manifestó su intención de revisar la legislación relativa a la autorización de organismos modificados genéticamente. En el sistema actual, los Estados miembros no han logrado alcanzar nunca una mayoría cualificada a favor o en contra de la autorización, lo que invariablemente deja la decisión final sobre la autorización en manos de la Comisión. El 22 de abril de 2015, la Comisión aprobó una propuesta para revisar el Reglamento existente, que permitiría a los Estados miembros adoptar decisiones a escala nacional que restrinjan o prohíban el uso de alimentos y piensos modificados genéticamente, una vez que haya sido autorizado a nivel europeo. Dichas decisiones solo se adoptarían a condición de que las cláusulas de exclusión voluntaria nacionales sean compatibles con el Derecho de la Unión y no estén motivadas por razones sanitarias y medioambientales. Estas últimas son evaluadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

La Comisión recibió dos dictámenes motivados, alegando, por un lado, que la propuesta ofrecía a los Estados miembros un margen insuficiente para la prohibición nacional de organismos modificados genéticamente, dado que se trata de una cuestión delicada desde el punto de vista del interés público y, por otra, que trasladar la decisión de restringir o prohibir el uso de organismos modificados genéticamente a los Estados miembros era incompatible con el principio de subsidiariedad, ya que los Estados miembros no siempre están en condiciones de adoptar estas decisiones de un modo que no perjudique el funcionamiento del mercado único.

En sus respuestas, la Comisión sostuvo que la propuesta no trasfiere la totalidad de la competencia para decidir sobre la autorización de organismos modificados genéticamente (OMG) a los Estados miembros, sino que únicamente establece la posibilidad de adoptar medidas que restrinjan o prohíban el uso de alimentos y piensos modificados genéticamente en su territorio, una vez que la UE ha expedido su autorización. Por lo tanto, a juicio de la Comisión, la propuesta no afecta a los aspectos de la autorización de organismos modificados genéticamente que se abordan mejor a nivel europeo.

Propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad

El 18 de marzo de 2015, como parte de su programa de trabajo para hacer frente a la elusión fiscal y la competencia fiscal perniciosa en la Unión Europea, la Comisión presentó un paquete de medidas sobre transparencia fiscal. Este incluía la propuesta de introducir el intercambio automático de información entre Estados miembros sobre sus decisiones fiscales. La propuesta exige que las autoridades fiscales nacionales informen periódicamente a los demás Estados miembros sobre las resoluciones fiscales transfronterizas que hayan emitido. Los Estados miembros tendrían la posibilidad de solicitar información más detallada acerca de una resolución concreta. El intercambio automático de información sobre resoluciones fiscales permitiría a los Estados miembros detectar prácticas fiscales abusivas de empresas y adoptar las medidas necesarias en respuesta. Además, la propuesta tiene por objeto fomentar una competencia fiscal más saludable, habida cuenta de que las autoridades fiscales serían menos proclives a ofrecer a las empresas un trato fiscal selectivo si estas prácticas pueden ser controladas por sus homólogos.

La Comisión recibió un dictamen motivado. En él se alegaba que algunas partes de la propuesta, en particular la amplia formulación de la obligación de facilitar información sobre precios bilaterales y multilaterales como parte de los acuerdos mutuos entre los Estados afectados, iba más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos pretendidos y que la propuesta no era conforme con el principio de subsidiariedad.

En su escrito de réplica, la Comisión declaró que la lucha contra las prácticas fiscales perniciosas que menoscaban el funcionamiento del mercado único fue la razón por la que la Comisión había adoptado un enfoque amplio en cuanto a qué tipo de información debe incluirse en la propuesta. Por tanto, el margen de discreción en cuanto a qué resoluciones podrían ser nocivas y deberían intercambiarse es mínimo. De esta manera se garantizaría también que la Directiva tenga un efecto real en la práctica.