COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 27.10.2021 COM(2021) 664 final 2021/0342(COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta a los requisitos para el riesgo de crédito, el riesgo de ajuste de valoración del crédito, el riesgo operativo, el riesgo de mercado y el suelo de resultados (Texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2021) 320}

{SWD(2021) 321}

{SEC(2021) 380}



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta La propuesta de modificación del Reglamento (UE) n.º 575/2013 (el Reglamento sobre requisitos de capital o RRC) forma parte de un paquete legislativo que incluye también modificaciones de la Directiva 2013/36/UE (la Directiva sobre requisitos de capital o DRC). En respuesta a la gran crisis financiera de 2008-09, la Unión llevó a cabo reformas sustanciales del marco prudencial aplicable a los bancos con el fin de aumentar su resiliencia y contribuir así a prevenir la reaparición de una crisis similar. Estas reformas se basaron en gran medida en las normas internacionales adoptadas desde 2010 por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB). Las normas se conocen colectivamente como las normas de Basilea III, las reformas de Basilea III o el marco de Basilea III. Las normas mundiales elaboradas por el CSBB cobran cada vez más importancia debido al carácter cada vez más global e interconectado del sector bancario. Si bien un sector bancario globalizado facilita el comercio y la inversión internacionales, también genera riesgos financieros más complejos. Sin unas normas mundiales uniformes, los bancos podrían optar por establecer sus actividades en la jurisdicción con los regímenes reguladores y de supervisión más favorables. Esto podría dar lugar a una carrera reguladora a la baja para atraer a las empresas bancarias, aumentando al mismo tiempo el riesgo de inestabilidad financiera mundial. La coordinación internacional de las normas mundiales limita en gran medida este tipo de competencia arriesgada y es fundamental para mantener la estabilidad financiera en un mundo globalizado. Las normas mundiales también simplifican la labor de los bancos con actividad internacional —entre los que se encuentran un buen número de bancos de la UE—, ya que garantizan la aplicación de normas muy similares en los principales centros financieros de todo el mundo. La UE ha sido uno de los principales defensores de la cooperación internacional en el ámbito de la regulación bancaria. El primer conjunto de reformas posteriores a la crisis que forma parte del marco de Basilea III se ha aplicado en dos etapas: ·en junio de 2013, con la adopción del RRC y la DRC IV; ·en mayo de 2019, con la adopción del Reglamento (UE) 2019/876, también conocido como RRC II, y de la Directiva (UE) 2019/878, también conocida como DRC V. Las reformas aplicadas hasta ahora se han centrado en aumentar la calidad y cantidad del capital reglamentario que los bancos deben tener para cubrir posibles pérdidas. Además, su objetivo era reducir el apalancamiento excesivo de los bancos, aumentar la resiliencia de las entidades frente a perturbaciones de liquidez a corto plazo, reducir su dependencia de la financiación a corto plazo y su riesgo de concentración y abordar los problemas de las entidades demasiado grandes para quebrar. Como consecuencia de ello, las nuevas normas reforzaron los criterios aplicables al capital reglamentario admisible, incrementaron los requisitos mínimos de capital e introdujeron nuevos requisitos para el riesgo de ajuste de valoración del crédito (AVC) y para las exposiciones a entidades de contrapartida central. Además, se introdujeron varias normas prudenciales nuevas: un requisito mínimo de ratio de apalancamiento, una ratio de liquidez a corto plazo (denominada ratio de cobertura de liquidez), una ratio de financiación estable a más largo plazo (denominada ratio de financiación estable neta), límites de grandes exposiciones y colchones de capital macroprudenciales. Gracias a este primer conjunto de reformas aplicadas en la Unión, el sector bancario de la UE se ha vuelto considerablemente más resistente a las perturbaciones económicas y ha entrado en una situación considerablemente más estable en la crisis de la COVID-19 en comparación con su situación al inicio de la gran crisis financiera. Además, los supervisores y legisladores adoptaron medidas temporales de alivio al inicio de la crisis de la COVID-19. En su Comunicación interpretativa sobre la aplicación de los marcos contable y prudencial para facilitar los préstamos bancarios en la UE «Apoyar a las empresas y los hogares frente a la COVID-19», de 28 de abril de 2020, la Comisión confirmó la flexibilidad inherente a las normas prudenciales y contables, como destacaron las Autoridades Europeas de Supervisión y los organismos internacionales. Sobre esta base, en junio de 2020, los colegisladores adoptaron modificaciones temporales específicas de aspectos concretos del marco prudencial, el denominado paquete «solución rápida» del RRC. Junto con medidas decididas de política monetaria y fiscal, esas modificaciones ayudaron a las entidades a seguir concediendo préstamos a hogares y empresas durante la pandemia. Esto, a su vez, contribuyó a mitigar la perturbación económica provocada por la pandemia. Aunque el nivel global de capital en el sistema bancario de la UE se considera actualmente satisfactorio por término medio, todavía no se han abordado algunos de los problemas detectados a raíz de la gran crisis financiera. Los análisis realizados por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y el Banco Central Europeo (BCE) han puesto de manifiesto que los requisitos de capital calculados por las entidades establecidas en la UE utilizando modelos internos han mostrado un nivel significativo de variabilidad que no se justificaba por diferencias en los riesgos subyacentes y que, en última instancia, socava la fiabilidad y comparabilidad de sus ratios de capital. Además, la falta de sensibilidad al riesgo en los requisitos de capital calculados utilizando métodos estándar da lugar a unos requisitos de capital insuficientes o excesivamente elevados para algunos productos o actividades financieros (y, por tanto, para modelos de negocio específicos basados principalmente en ellos). En diciembre de 2017, el CSBB acordó un conjunto definitivo de reformas de las normas internacionales para abordar estos problemas. En marzo de 2018, los ministros de Hacienda y los gobernadores de los bancos centrales del G-20 acogieron con satisfacción estas reformas y confirmaron reiteradamente su compromiso con una aplicación plena, oportuna y coherente. En 2019, la Comisión anunció su intención de presentar una propuesta legislativa para incorporar estas reformas al marco prudencial de la UE. A la luz de la pandemia de COVID-19, se han retrasado los trabajos preparatorios de la presente propuesta. El retraso reflejó la decisión del CSBB, de 26 de marzo de 2020, de aplazar un año los plazos de aplicación acordados previamente para los elementos finales de la reforma de Basilea III. Teniendo en cuenta lo anterior, la presente iniciativa legislativa tiene dos objetivos generales: contribuir a la estabilidad financiera y contribuir a la financiación constante de la economía en el contexto de la recuperación tras la crisis de la COVID-19. Estos objetivos generales pueden desglosarse en cuatro objetivos más específicos: 1)reforzar el marco de los requisitos de capital basados en el riesgo sin aumentos significativos de los requisitos de capital en general; 2)reforzar la atención prestada a los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el marco prudencial; 3)armonizar en mayor medida las competencias y los instrumentos de supervisión; y

4)reducir los costes administrativos de las entidades relacionados con la divulgación pública de información y mejorar el acceso a los datos prudenciales de las entidades. 1)Reforzar el marco de los requisitos de capital basados en el riesgo Las tensiones temporales en las condiciones económicas no han alterado la necesidad de llevar a cabo esta reforma estructural. Es necesario completar la reforma para abordar las cuestiones pendientes y seguir reforzando la solidez financiera de las entidades establecidas en la UE a fin de situarlas en una mejor posición para apoyar el crecimiento económico y resistir posibles crisis futuras. La aplicación de los elementos pendientes de la reforma de Basilea III también es necesaria para proporcionar a las entidades la seguridad normativa necesaria y completar una reforma del marco prudencial que dura una década. Por último, la finalización de la reforma está en consonancia con el compromiso de la UE con la cooperación internacional en materia de reglamentación y las acciones concretas que algunos de sus socios han anunciado o ya han adoptado para aplicar la reforma oportuna y fielmente. 2)Reforzar la atención prestada a los riesgos ASG en el marco prudencial Otra necesidad igualmente importante de reforma se deriva de los trabajos en curso de la Comisión sobre la transición hacia una economía sostenible. La Comunicación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo y la Comunicación de la Comisión sobre la consecución del objetivo climático de la UE para 2030 («Objetivo 55») establecen claramente el compromiso de la Comisión de transformar la economía de la UE en una economía sostenible, al tiempo que se abordan las inevitables consecuencias del cambio climático. También anunció una estrategia para financiar la transición a una economía sostenible que se basa en iniciativas e informes anteriores, como el plan de acción para financiar el crecimiento sostenible y los informes del Grupo de Expertos Técnicos sobre Finanzas Sostenibles, pero intensifica los esfuerzos de la Comisión en este ámbito para adaptarlos a los ambiciosos objetivos del Pacto Verde Europeo. La intermediación bancaria desempeñará un papel crucial en la financiación de la transición hacia una economía más sostenible. Al mismo tiempo, es probable que la transición hacia una economía más sostenible entrañe riesgos para las entidades que estas tendrán que gestionar adecuadamente para garantizar que se minimicen los riesgos para la estabilidad financiera. Es aquí donde la regulación prudencial es necesaria y donde puede desempeñar un papel crucial. La Estrategia para financiar la transición a una economía sostenible lo reconoció y destacó la necesidad de incluir una mejor integración de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el marco prudencial de la UE, ya que los requisitos legales actuales por sí solos se consideran insuficientes para incentivar una gestión sistemática y coherente de los riesgos ASG por parte de las entidades. 3)Armonizar en mayor medida las competencias y los instrumentos de supervisión Otro ámbito de interés es la correcta aplicación de las normas prudenciales. Los supervisores deben tener a su disposición los instrumentos y competencias necesarios a tal efecto (por ejemplo, competencias para autorizar a las entidades y sus actividades, evaluar la idoneidad de su gestión o sancionarlas en caso de que infrinjan las normas). Si bien la legislación de la Unión garantiza un nivel mínimo de armonización, los instrumentos y procedimientos de supervisión varían considerablemente de un Estado miembro a otro. Este panorama regulador fragmentado en la definición de determinadas competencias y herramientas a disposición de los supervisores y su aplicación en todos los Estados miembros socava la igualdad de condiciones en el mercado único y plantea dudas sobre la gestión adecuada y prudente de las entidades y su supervisión. Este problema es especialmente grave en el contexto de la unión bancaria. Las diferencias entre veintiún sistemas jurídicos diferentes impiden que el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) desempeñe sus funciones de supervisión de manera eficaz y eficiente. Además, los grupos bancarios transfronterizos tienen que aplicar una serie de procedimientos diferentes para la misma cuestión prudencial, lo que aumenta indebidamente sus costes administrativos. Otra cuestión importante, a saber, la falta de un marco sólido de la UE para los grupos de terceros países que prestan servicios bancarios en la UE, ha adquirido una nueva dimensión tras el Brexit. El establecimiento de sucursales de terceros países (STP) está sujeto principalmente a la legislación nacional y solo está armonizado en una medida muy limitada por la DRC. Un informe reciente de la ABE muestra que este panorama prudencial disperso ofrece a las STP importantes oportunidades de arbitraje en materia de regulación y supervisión para llevar a cabo sus actividades bancarias, al tiempo que, por otra parte, da lugar a una falta de supervisión y a un aumento de los riesgos para la estabilidad financiera de la UE. A menudo, los supervisores carecen de la información y las competencias necesarias para hacer frente a esos riesgos. La ausencia de informes de supervisión detallados y el insuficiente intercambio de información entre las autoridades encargadas de supervisar diferentes entidades o actividades de un grupo de un tercer país dejan puntos ciegos. La UE es la única jurisdicción principal en la que el supervisor consolidado no tiene una visión completa de las actividades de los grupos de terceros países que operan a través de filiales y sucursales. Estas deficiencias están afectando negativamente a la igualdad de condiciones entre los grupos de terceros países que operan en distintos Estados miembros, así como frente a las entidades con sede en la UE. 4)Reducir los costes administrativos de las entidades relacionados con la divulgación pública de información y mejorar el acceso a los datos prudenciales de las entidades Esta propuesta también es necesaria para seguir mejorando la disciplina del mercado. Se trata de otra herramienta importante para que los inversores puedan ejercer su papel de vigilancia del comportamiento de las entidades. Para ello, necesitan acceder a la información necesaria. Las dificultades actuales relacionadas con el acceso a la información prudencial privan a los participantes en el mercado de la información que necesitan sobre las situaciones prudenciales de las entidades. Esto, en última instancia, reduce la eficacia del marco prudencial para las entidades y puede suscitar dudas sobre la resiliencia del sector bancario, especialmente en períodos de tensión. Por este motivo, la propuesta tiene por objeto centralizar la divulgación de información prudencial con vistas a aumentar el acceso a los datos prudenciales y la comparabilidad dentro del sector. La centralización de la divulgación de información en un único punto de acceso establecido por la ABE también tiene por objeto reducir la carga administrativa para las entidades, especialmente las pequeñas y no complejas. •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial Varios elementos de las propuestas de modificación del RRC y la DRC siguen el trabajo realizado a escala internacional o por la ABE, mientras que otras adaptaciones del marco prudencial se han vuelto necesarias debido a la experiencia práctica adquirida desde la transposición y aplicación nacionales de la DRC, particularmente en el contexto del MUS. Las propuestas introducen modificaciones de la legislación vigente que son plenamente coherentes con las disposiciones vigentes en el ámbito de la regulación prudencial y la supervisión de las entidades. La revisión del RRC y de la DRC tiene por objeto finalizar la aplicación de la reforma de Basilea III en la UE, así como reforzar y armonizar los instrumentos y competencias de supervisión. Estas medidas son necesarias para reforzar aún más la resiliencia del sector bancario. •Coherencia con otras políticas de la Unión Han transcurrido casi diez años desde que los jefes de Estado o de Gobierno europeos acordaron crear una unión bancaria. Actualmente, están en vigor dos de sus pilares, la supervisión única y la resolución única, sólidamente cimentadas en un código normativo único para todas las entidades de la UE. Las propuestas persiguen garantizar un código normativo único permanente para todas las entidades de la UE, ya formen parte o no de la unión bancaria. Los objetivos generales de la iniciativa, según se describen más arriba, son plenamente compatibles y coherentes con las metas fundamentales de la UE de fomentar la estabilidad financiera, reducir la probabilidad de que los contribuyentes sufraguen la resolución de las entidades y el alcance de su aportación, y contribuir a la financiación armónica y sostenible de la actividad económica, lo que ha de redundar en un elevado grado de competitividad y de protección del consumidor. Por último, con el reconocimiento de los riesgos relacionados con los elementos ASG y la incorporación de dichos elementos en el marco prudencial, esta iniciativa complementa la estrategia más amplia de la UE para un sistema financiero más sostenible y resiliente. Contribuirá al objetivo del Pacto Verde Europeo de que los riesgos climáticos se gestionen e integren en el sistema financiero y en los ámbitos estratégicos de actuación establecidos en el Informe sobre prospectiva estratégica de 2021. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

•Base jurídica La propuesta contempla medidas para enmarcar el acceso a la actividad de las entidades, su ejercicio y su supervisión dentro de la Unión, con el objetivo de garantizar la estabilidad del mercado único. El sector bancario proporciona actualmente la mayor parte de la financiación dentro del mercado único, lo que lo convierte en uno de los componentes fundamentales del sistema financiero de la Unión. La Unión tiene un mandato claro para actuar en el ámbito del mercado único y la base jurídica adecuada consiste en los artículos pertinentes del Tratado en los que se basan las competencias de la Unión en este ámbito. Las propuestas de modificación descansan sobre la misma base jurídica que los actos legislativos que modifican, esto es, el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en el caso de la propuesta de Reglamento por el que se modifica el RRC, y el artículo 53, apartado 1, del TFUE en el caso de la propuesta de Directiva por la que se modifica la DRC. •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) La mayoría de las medidas consideradas representan actualizaciones y modificaciones del Derecho vigente de la Unión y, como tales, se refieren a ámbitos en los que la UE ya ha ejercido su competencia y no tiene intención de dejar de ejercerla. Algunas medidas (en particular las que modifican la DRC) tienen por objeto introducir un grado adicional de armonización con el fin de alcanzar de manera coherente los objetivos definidos en dicha Directiva. Dado que las medidas propuestas tienen por objeto complementar la legislación ya vigente de la UE, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, antes que con diferentes iniciativas nacionales. Las medidas nacionales destinadas, por ejemplo, a incorporar normas que tengan una huella internacional inherente —por ejemplo, una norma mundial como Basilea III o la mejora del tratamiento de los riesgos relacionados con los factores ASG— en la legislación aplicable no serían tan eficaces para garantizar la estabilidad financiera como las normas de la UE. En cuanto a las herramientas y competencias de supervisión y divulgación y las sucursales de terceros países, si se deja que la iniciativa se aborde únicamente a escala nacional, esto puede dar lugar a una menor transparencia y a un mayor riesgo de arbitraje, lo que puede causar una posible distorsión de la competencia y afectar a los flujos de capital. Además, la adopción de medidas nacionales sería jurídicamente difícil, dado que el RRC ya regula cuestiones bancarias, incluidas las ponderaciones de riesgo, la presentación y la divulgación de información y otros requisitos relacionados con el RRC. Así pues, la modificación del RRC y la DRC se considera la mejor opción. Con ello se logra un equilibrio adecuado entre la armonización de las normas y el mantenimiento de la flexibilidad nacional cuando resulte esencial, sin suponer trabas al código normativo único. Las modificaciones seguirían promoviendo la aplicación uniforme de los requisitos prudenciales y la convergencia de las prácticas supervisoras y garantizarían condiciones de competencia equitativas en todo el mercado único de servicios bancarios. Esto es particularmente importante en el sector bancario, pues muchas entidades operan en todo el mercado único de la UE. La plena cooperación y confianza dentro del MUS, así como en los colegios de supervisores y las autoridades competentes ajenos al MUS, es esencial para garantizar una supervisión eficaz de las entidades sobre una base consolidada. Estos objetivos no podrían conseguirse con normas nacionales. •Proporcionalidad La proporcionalidad ha sido parte integrante de la evaluación de impacto que acompaña la propuesta. Las modificaciones propuestas en diferentes ámbitos reglamentarios se han evaluado individualmente en relación con el objetivo de proporcionalidad. Además, se ha presentado la falta de proporcionalidad de las normas vigentes en varios ámbitos y se han analizado opciones específicas para reducir la carga administrativa y los costes de cumplimiento de las entidades más pequeñas. Este es el caso, en particular, de las medidas del ámbito de la divulgación, en las que la carga de cumplimiento para las entidades pequeñas y no complejas se reduciría significativamente o incluso se eliminaría. Además, la periodicidad y el grado de detalle de los requisitos de divulgación relacionados con la divulgación de los riesgos ASG que se propone aplicar a todas las entidades (es decir, más allá de los grandes bancos cotizados a los que se aplicará el requisito vigente a partir de 2022) se adaptarán al tamaño y la complejidad de las entidades, respetando así el principio de proporcionalidad. •Elección del instrumento Se propone que las medidas se apliquen mediante una modificación del RRC y la DRC a través de un Reglamento y una Directiva, respectivamente. En efecto, las medidas propuestas se refieren a las disposiciones ya vigentes integradas en dichos instrumentos jurídicos (es decir, el marco para calcular los requisitos de capital basados en el riesgo, las competencias y los instrumentos puestos a disposición de los supervisores de toda la Unión) o las desarrollan. Algunas de las propuestas de modificaciones de la DRC relacionadas con las competencias para sancionar concederían a los Estados miembros una cierta flexibilidad para mantener diferentes normas en el momento de su transposición al ordenamiento jurídico nacional. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO •Consultas con las partes interesadas La Comisión ha adoptado varias medidas y ha llevado a cabo diversas iniciativas para evaluar si el actual marco prudencial bancario de la UE y la aplicación de los elementos pendientes de la reforma de Basilea III son adecuados para contribuir a garantizar que el sistema bancario de la UE sea estable y resistente a las perturbaciones económicas y siga siendo una fuente sostenible de financiación constante para la economía de la UE. La Comisión recabó las opiniones de las partes interesadas sobre temas específicos en los ámbitos del riesgo de crédito, el riesgo operativo, el riesgo de mercado, el riesgo de AVC, las operaciones de financiación de valores, así como en relación con el suelo de resultados. Además de estos elementos relacionados con la aplicación de Basilea III, la Comisión también ha realizado consultas sobre otros asuntos con vistas a garantizar la convergencia y coherencia de las prácticas de supervisión en toda la Unión y aliviar la carga administrativa de las entidades. La consulta pública llevada a cabo entre octubre de 2019 y principios de enero de 2020 había estado precedida de una primera consulta exploratoria llevada a cabo en la primavera de 2018, en la que se recabaron las primeras opiniones de un grupo específico de partes interesadas sobre el acuerdo internacional. Además, en noviembre de 2019 se organizó una conferencia pública para debatir las consecuencias y los retos de la aplicación en la UE de las normas finalizadas de Basilea III. En el anexo 2 de la evaluación de impacto figuran los resúmenes de la consulta y de la conferencia pública. Los servicios de la Comisión también han consultado reiteradamente a los Estados miembros sobre la aplicación por la UE de los elementos finales de la reforma de Basilea III y otras posibles revisiones del RRC y la DRC en el contexto del Grupo de Expertos en Banca, Pagos y Seguros (EGBPI). Por último, durante la fase preparatoria de la legislación, los servicios de la Comisión también han celebrado cientos de reuniones (físicas y virtuales) con representantes del sector bancario y otras partes interesadas. Los resultados de todas las iniciativas mencionadas han contribuido a la preparación de la iniciativa legislativa que acompaña a la evaluación de impacto. Han aportado pruebas claras de la necesidad de actualizar y completar las normas actuales a fin de i) reducir aún más los riesgos en el sector bancario, y ii) mejorar la capacidad de las entidades para canalizar la financiación adecuada hacia la economía.

•Obtención y uso de asesoramiento especializado La Comisión recurrió al conocimiento especializado de la ABE, que preparó un análisis de impacto sobre la aplicación de los elementos pendientes de la reforma de Basilea III. Además, los servicios de la Comisión recurrieron al conocimiento especializado del BCE, que preparó un análisis macroeconómico del impacto de la aplicación de estos elementos. •Evaluación de impacto Para cada uno de los problemas detectados, la evaluación de impacto consideró una serie de opciones de actuación en cuatro dimensiones clave, además de la situación de partida en la que no se toma ninguna medida a escala de la Unión. Por lo que se refiere a la aplicación de Basilea III, de acuerdo con el análisis y la modelización macroeconómica desarrollados en la evaluación de impacto se prevé que la aplicación de las opciones preferidas y la consideración de todas las medidas de la propuesta den lugar a un aumento medio ponderado de los requisitos de capital mínimo de las entidades del 6,4 % al 8,4 % a largo plazo (de aquí a 2030), después del período transitorio previsto. A medio plazo (en 2025), se espera que el aumento se sitúe entre el 0,7 % y el 2,7 %. Según las estimaciones facilitadas por la ABE, este impacto podría llevar a un número limitado de grandes entidades (10 de 99 entidades de la muestra de prueba) a tener que reunir colectivamente importes de capital adicionales inferiores a 27 000 millones EUR para cumplir los nuevos requisitos mínimos de capital con arreglo a la opción preferida. Para poner esta cantidad en perspectiva, las 99 entidades de la muestra (que representan el 75 % de los activos bancarios de la UE) tenían un importe total de capital reglamentario de 1,414 billones EUR a finales de 2019 y tuvieron unos beneficios combinados de 99 800 millones EUR en 2019. De manera más general, aunque las entidades soportarían costes administrativos y operativos únicos para aplicar los cambios propuestos en las normas, no se espera un aumento significativo de los costes. Además, se espera que las simplificaciones que implican varias de las opciones preferidas (por ejemplo, la eliminación de los métodos basados en modelos internos o la divulgación centralizada de información) reduzcan los costes en comparación con los actuales. •Adecuación regulatoria y simplificación Esta iniciativa tiene por objeto completar la aplicación por la UE de las normas prudenciales internacionales para los bancos acordadas por el CSBB entre 2017 y 2020. Completaría la aplicación por la UE de la reforma de Basilea III que puso en marcha el Comité de Basilea a raíz de la gran crisis financiera. Esta reforma era en sí misma una revisión exhaustiva del marco prudencial vigente antes y durante la gran crisis financiera, a saber, el marco de Basilea II (en la UE dicho marco se aplicó mediante la Directiva 2006/48/CE, es decir, la Directiva sobre requisitos de capital original). La Comisión utilizó los resultados de la revisión exhaustiva del marco prudencial por parte del CSBB, junto con las aportaciones de la ABE, el BCE y otras partes interesadas, para fundamentar su labor de aplicación. A la espera de la aplicación de las reformas finales de Basilea III en la UE, todavía no se ha llevado a cabo un control de adecuación ni un ejercicio de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT). •Derechos fundamentales La UE se ha comprometido a garantizar un alto nivel de protección de los derechos fundamentales y es signataria de toda una serie de convenios en materia de derechos humanos. En este contexto, se estima que la propuesta no tendrá efectos directos sobre esos derechos, según figuran en los principales convenios de Naciones Unidas sobre los derechos humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que forma parte integrante de los Tratados de la Unión Europea, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La propuesta no repercute en modo alguno en el presupuesto de la UE. 5.OTROS ELEMENTOS •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información Se prevé que las modificaciones propuestas no comiencen a entrar en vigor antes de 2023. Las modificaciones están estrechamente relacionadas con otras disposiciones del RRC y la DRC que ya están en vigor y han sido objeto de seguimiento desde 2014 y, con respecto a las medidas introducidas por el paquete de medidas de reducción del riesgo, desde 2019. El CSBB y la ABE seguirán recopilando los datos necesarios para el seguimiento de los parámetros clave (ratios de capital, ratio de apalancamiento, medidas de liquidez). Esto permitirá evaluar el futuro impacto de los nuevos instrumentos políticos. El proceso de revisión y evaluación supervisoras (PRES) y los ejercicios de aplicación de pruebas de resistencia, de carácter periódico, servirán también para verificar el efecto de las nuevas medidas propuestas sobre las entidades afectadas, así como para evaluar si la flexibilidad y proporcionalidad previstas son las adecuadas para atender a las especificidades de las entidades de menor tamaño. Además, la ABE, junto con el MUS y las autoridades nacionales competentes, están desarrollando un instrumento integrado de información (EUCLID) que se espera sea un instrumento útil para supervisar y evaluar el impacto de las reformas. Por último, la Comisión seguirá participando en los grupos de trabajo del CSBB y en el grupo operativo conjunto creado por el BCE y por la ABE, que examinan la dinámica de las situaciones de las entidades en cuanto a fondos propios y liquidez, a escala mundial y de la UE, respectivamente. •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta Definiciones mejoradas de las entidades que deben incluirse en el ámbito de la consolidación prudencial Algunos acontecimientos recientes han puesto de manifiesto la necesidad de aclarar las disposiciones sobre consolidación prudencial para garantizar que los grupos financieros encabezados por sociedades de tecnología financiera o que incluyan, además de entidades financieras, otras entidades que se dediquen directa o indirectamente a actividades financieras estén sujetos a una supervisión consolidada. A tal fin, se modifica el artículo 4 para aclarar y mejorar las definiciones de los conceptos de «empresa de servicios auxiliares», «sociedad financiera de cartera» y «entidad financiera», que son conceptos clave a este respecto. Las empresas de servicios auxiliares deben considerarse entidades financieras y, por tanto, incluirse en el ámbito de la consolidación prudencial.

Además, también se propone actualizar las definiciones de los términos «empresa matriz» y «filial» en consonancia con las normas contables aplicables, y armonizarlas con el concepto de «control» ya previsto en el RRC para evitar una aplicación incoherente de las normas y el arbitraje regulador. Fondos propios Definiciones de «tenencia indirecta» y «tenencia sintética» De conformidad con el artículo 72 sexies, apartado 1, del RRC, las entidades sujetas al artículo 92 bis del RRC están obligadas a deducir las tenencias indirectas y sintéticas de determinados instrumentos de pasivos admisibles. Sin embargo, las definiciones actuales de los términos «tenencia indirecta» y «tenencia sintética», respectivamente, solo incluyen las tenencias de instrumentos de capital. Por lo tanto, estas definiciones se modifican para reflejar también las tenencias de pasivos pertinentes (artículo 4, apartado 1, puntos 114 y 126, del RRC). Instrumentos de capital de sociedades mutuas, sociedades cooperativas, entidades de ahorro o entidades similares A raíz de la retirada del Reino Unido de la UE de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, el artículo 27, apartado 1, letra a), inciso v), del RRC ya no es pertinente para las entidades establecidas en la Unión (se introdujo para atender las necesidades de una entidad establecida en el Reino Unido). Por lo tanto, se suprime esta disposición. Exenciones del umbral de la deducción en los elementos del capital de nivel 1 ordinario A efectos de la aplicación de algunas de las deducciones relacionadas con los fondos propios establecidas en el RRC, las entidades deben calcular determinados umbrales basados en sus elementos del capital de nivel 1 ordinario tras aplicar filtros prudenciales y la mayoría de las deducciones relacionadas con el capital de nivel 1 ordinario. A fin de mantener la coherencia del cálculo de los umbrales pertinentes y evitar una asimetría en el tratamiento de determinadas deducciones para los umbrales, también deben tenerse en cuenta las nuevas deducciones relacionadas con el capital de nivel 1 ordinario previstas en el Reglamento (UE) 2019/630 del Parlamento Europeo y del Consejo y en el Reglamento (UE) 2019/876 para el cálculo de los elementos pertinentes del capital de nivel 1 ordinario. Por consiguiente, se añaden referencias al artículo 36, apartado 1, letras m) y n), del RRC a los artículos 46, apartado 1, 48, apartado 1, 60, apartado 1, 70, apartado 1, y 72 decies, apartado 1, del RRC. Al mismo tiempo, a fin de dar cabida a la supresión de las deducciones de las exposiciones de renta variable con arreglo a un método de modelos internos, se suprime de dichas disposiciones la referencia al artículo 36, apartado 1, letra k), inciso v). Intereses minoritarios en el contexto de filiales de terceros países El Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento sobre las empresas de servicios de inversión) preveía cambios en los términos «entidad» y «empresa de servicios de inversión» (artículo 4, apartado 1, puntos 2 y 3, del RRC). Se inserta un nuevo artículo 88 ter para garantizar que las filiales situadas en un tercer país puedan, no obstante, tenerse en cuenta a efectos de la parte segunda, título II, del RRC (es decir, determinación de los intereses minoritarios), siempre que dichas filiales entrasen en el ámbito de aplicación de las definiciones revisadas de dichos términos si estuvieran establecidas en la Unión. Se aplican algunos cambios adicionales a los artículos 84, apartado 1, 85, apartado 1, y 87, apartado 1, del RRC en el contexto de las filiales de terceros países. Estos cambios no alteran el cálculo actual de los intereses minoritarios, sino que tienen por objeto aclarar el texto jurídico como consecuencia de las recientes respuestas proporcionadas por la Comisión a través de la herramienta de preguntas y respuestas del código normativo único de la ABE. Suelo de resultados Se introduce un suelo de resultados para los requisitos de capital basados en el riesgo mediante modificaciones tanto del RRC como de la DRC. Representa una de las medidas clave de las reformas de Basilea III y tiene por objeto reducir la excesiva variabilidad de los requisitos de fondos propios de las entidades calculados utilizando modelos internos, mejorando así la comparabilidad de las ratios de capital de las entidades. Establece un límite inferior para los requisitos de capital producidos por los modelos internos de las entidades, situado en el 72,5 % de los requisitos de fondos propios que se aplicarían sobre la base de métodos estándar. La decisión de introducir este suelo de resultados se basa en análisis que revelan que el uso de modelos internos por parte de las entidades las hace proclives a subestimar los riesgos y, por tanto, los requisitos de fondos propios. El cálculo de los activos ponderados por riesgo (APR) mínimos se establece en el artículo 92 del RRC. En concreto, se modifica el artículo 92, apartado 3, para especificar qué importe total de exposición al riesgo (con límite mínimo o sin él) se utilizará para el cálculo de los requisitos mínimos de fondos propios (denominados «del pilar 1»). El importe total de exposición al riesgo con límite mínimo, tal como se establece en el artículo 92, apartado 5, solo será utilizado por la entidad matriz, la sociedad financiera de cartera o la sociedad financiera mixta de cartera de la UE de un grupo bancario a efectos de la ratio de solvencia del grupo calculada al nivel más elevado de consolidación en la UE. Por el contrario, el importe total de exposición al riesgo sin límite mínimo seguirá aplicándose a cualquier entidad del grupo para el cálculo de los requisitos de fondos propios a nivel individual, tal como se especifica en el artículo 92, apartado 4. Cada entidad matriz, sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera situada en un Estado miembro (distinto al de la matriz de la UE) debe calcular su parte del importe total de exposición al riesgo con límite mínimo utilizado para el requisito de fondos propios del grupo consolidado multiplicando el requisito de fondos propios de ese grupo consolidado por el porcentaje de los APR subconsolidados que sean atribuibles a esa entidad y a sus filiales en el mismo Estado miembro, según proceda. Los APR del grupo consolidado que sean atribuibles a una entidad o subgrupo se calcularán, de conformidad con el artículo 92, apartado 6, como los APR de la entidad/subgrupo, como si el suelo de resultados se aplicara a su importe total de exposición al riesgo. De este modo, se reconocerían los beneficios de la diversificación del riesgo en todos los modelos de negocio de diferentes entidades dentro del mismo grupo bancario. Al mismo tiempo, cualquier posible aumento de los fondos propios requeridos debido a la aplicación del suelo de resultados a nivel consolidado tendría que distribuirse equitativamente entre los subgrupos situados en Estados miembros distintos de la matriz, en función de su perfil de riesgo. El artículo 92, apartado 7, reproduce las disposiciones del antiguo artículo 92, apartado 4, al aclarar los factores de cálculo que deben aplicarse a los diversos tipos de riesgo cubiertos por los requisitos de fondos propios. Marco del riesgo de crédito — Método estándar

La mayoría de las entidades de toda la UE utilizan el método estándar para el riesgo de crédito (SA-CR) para calcular los requisitos de fondos propios por sus exposiciones al riesgo de crédito. Además, el SA-CR debe servir como alternativa creíble a los métodos basados en modelos internos y como solución de salvaguardia eficaz en relación con ellos. Se ha constatado que el SA-CR actual no es suficientemente sensible al riesgo en una serie de ámbitos, lo que a veces da lugar a una medición inexacta o inadecuada del riesgo de crédito (demasiado elevado o demasiado bajo) y, por tanto, a un cálculo inexacto o inadecuado de los requisitos de fondos propios. La revisión del SA-CR aumenta la sensibilidad al riesgo de este método en relación con varios aspectos clave. Valor de exposición de las partidas fuera de balance El texto revisado de las normas de Basilea introdujo una serie de cambios en la forma en que las entidades deben determinar el valor de exposición de las partidas fuera de balance y los compromisos sobre dichas partidas. Se modifica el artículo 5 para introducir la definición del término «compromiso» y la excepción para que los acuerdos contractuales que cumplan determinadas condiciones no sean clasificados como compromisos. Se modifica el artículo 111 para adaptar los factores de conversión del crédito aplicables a las exposiciones fuera de balance a las normas de Basilea III, introduciendo dos nuevos factores de conversión del crédito del 40 % y el 10 %, respectivamente, y eliminando el factor de conversión del crédito del 0 %. El tratamiento de los compromisos sobre las partidas fuera de balance también se aclara con respecto a los factores de conversión del crédito aplicables para determinar su valor de exposición. Sin embargo, la exención introducida en el artículo 5, de conformidad con las normas de Basilea III, permitirá a las entidades seguir aplicando un factor de conversión del crédito del 0 % a acuerdos contractuales específicos para empresas, incluidas las pymes, que no se clasifican como «compromisos». Además, el artículo 495 quinquies introduce un período transitorio en virtud del cual se permite a las entidades aplicar un factor de conversión del crédito del 0 % a los compromisos cancelables incondicionalmente hasta el 31 de diciembre de 2029; después de esta fecha, el aumento del valor del factor de conversión del crédito se introducirá gradualmente a lo largo de los tres años siguientes, y su valor al final del período de introducción gradual alcanzará el 10 %. Este período transitorio permitirá a la ABE evaluar si el impacto de un factor de conversión del crédito del 10 % para esos compromisos estaría libre de consecuencias no deseadas para determinados tipos de deudores que dependen de dichos compromisos como fuente de financiación flexible. Sobre la base de esta evaluación, la Comisión tendrá que decidir si presenta al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta legislativa de modificación del factor de conversión del crédito que se aplicará a los compromisos que puedan cancelarse incondicionalmente. La clasificación de las partidas fuera de balance del anexo I se modifica de conformidad con las normas de Basilea III revisadas para reflejar mejor la agrupación de dichas partidas en categorías sobre la base de los factores de conversión del crédito aplicables. El artículo 111 se modifica introduciendo un mandato para que la ABE especifique los elementos técnicos que permitan a las entidades asignar correctamente sus exposiciones fuera de balance a las categorías del anexo I y, por tanto, calcular correctamente el valor de exposición de estas partidas. Exposiciones frente a entidades Las normas revisadas de Basilea III modificaron el tratamiento actual de las exposiciones frente a entidades, introduciendo el método estándar de evaluación del riesgo de crédito (SCRA) junto con el actual método externo de evaluación del riesgo de crédito (ECRA). Mientras que el ECRA se basa en evaluaciones externas del riesgo de crédito (es decir, calificaciones crediticias) proporcionadas por agencias externas de calificación crediticia (ECAI) para determinar las ponderaciones de riesgo aplicables, el SCRA obliga a las entidades a clasificar sus exposiciones frente a entidades en una de tres categorías («grados»). El artículo 120 se modifica en consonancia con las normas de Basilea III para reducir la ponderación de riesgo aplicable a las exposiciones frente a entidades para las que se disponga de una evaluación crediticia correspondiente al nivel 2 de calidad crediticia por parte de una ECAI designada, e incluir en el ámbito de las exposiciones a corto plazo aquellas que se deriven de la circulación de mercancías a través de las fronteras nacionales con un vencimiento original igual o inferior a seis meses. Se modifica el artículo 121 para introducir el SCRA establecido por las normas de Basilea III para las exposiciones frente a entidades para las que no se disponga de una evaluación crediticia por parte de una ECAI designada. Este método exige que las entidades clasifiquen sus exposiciones frente a estas entidades en uno de los tres grados sobre la base de varios criterios cuantitativos y cualitativos. A fin de evitar una aplicación mecánica de los criterios, las entidades estarán sujetas a los requisitos de diligencia debida establecidos en el artículo 79 de la DRC en lo que respecta a las exposiciones frente a entidades para las que se disponga de una evaluación crediticia efectuada por una ECAI designada al asignar la ponderación de riesgo aplicable. De este modo se garantiza que los requisitos de fondos propios reflejen de manera adecuada y conservadora la solvencia de las contrapartes de las entidades, con independencia de que las exposiciones cuenten con una calificación externa o no. En consonancia con las normas de Basilea III, la opción actual de ponderar por riesgo las exposiciones frente a entidades sobre la base de las calificaciones de su deuda soberana se elimina para romper el vínculo entre las entidades y su deuda soberana. El artículo 138 se modifica en consonancia con las normas de Basilea III para romper el vínculo entre bancos y deuda soberana también para las entidades calificadas, al prohibir que las evaluaciones crediticias realizadas por una ECAI designada incorporen supuestos de apoyo público implícito, a menos que las calificaciones se refieran a entidades del sector público. Exposiciones frente a empresas El artículo 122 se modifica en consonancia con las normas de Basilea III para reducir la ponderación de riesgo aplicable a las exposiciones frente a empresas para las que se disponga de una evaluación crediticia de nivel 3 de calidad crediticia efectuada por una ECAI designada. Con la incorporación del suelo de resultados, las entidades que utilicen modelos internos para calcular los requisitos de fondos propios por exposiciones frente a empresas también tendrían que aplicar el SA-CR, que se basa en calificaciones externas para determinar la calidad crediticia de la empresa prestataria. Sin embargo, la mayoría de las empresas de la UE no suelen buscar calificaciones crediticias externas, debido al coste de establecer una calificación y otros factores. Dado que los requisitos de fondos propios calculados con arreglo al SA-CR son, por término medio, más conservadores para las empresas sin calificación que para las empresas que tienen una calificación, la aplicación del suelo de resultados podría provocar aumentos sustanciales de los requisitos de fondos propios para las entidades que utilizan modelos internos. Para evitar efectos perturbadores en la concesión de préstamos bancarios a empresas sin calificación y dar tiempo suficiente para establecer iniciativas públicas o privadas destinadas a aumentar la cobertura de las calificaciones crediticias, se modifica el artículo 465 para incluir una disposición transitoria específica para las exposiciones frente a empresas no calificadas a la hora de calcular el suelo de resultados. Durante el período transitorio, se permite a las entidades aplicar una ponderación de riesgo preferente del 65 % a sus exposiciones frente a empresas que no tengan calificación externa, siempre que dichas exposiciones tengan una probabilidad de incumplimiento inferior o igual al 0,5 % (esto corresponde a una calificación de «grado de inversión»). Este tratamiento se aplica a todas las empresas no calificadas, con independencia de que coticen o no. La ABE supervisará el uso que se hace del régimen transitorio y la disponibilidad de evaluaciones crediticias realizadas por ECAI designadas para las exposiciones frente a empresas. La ABE estará obligada a supervisar el uso del régimen transitorio y a elaborar un informe sobre la idoneidad de su calibración. Sobre la base de ese informe, la Comisión tendrá que decidir si presenta al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta legislativa sobre el tratamiento de las exposiciones frente a empresas no calificadas de alta calidad crediticia. Se proponen medidas para mejorar la disponibilidad de calificaciones externas para las empresas mediante modificaciones del artículo 135. Tratamiento de las exposiciones de financiación especializada Promover proyectos de infraestructuras viables y otros proyectos especializados es de vital importancia para el crecimiento económico de la Unión. La concesión de financiación especializada por parte de las entidades es también una característica definitoria de la economía de la Unión, en comparación con otras jurisdicciones en las que tales proyectos son financiados predominantemente por los mercados de capitales. Las grandes entidades establecidas en la UE son importantes proveedores de financiación para proyectos especializados, financiación de bienes y de materias primas, tanto en la Unión como a escala mundial; como tales, han adquirido un alto nivel de conocimientos especializados en estos ámbitos. Las actividades se llevan a cabo principalmente con entidades instrumentales que suelen servir de entidades prestatarias y cuyo rendimiento de la inversión es la principal fuente de reembolso de la financiación obtenida.

En consonancia con las normas de Basilea III, en el nuevo artículo 122 bis se introducen, en el ámbito del SA-CR, una categoría de exposiciones especializadas, así como dos métodos generales para determinar las ponderaciones de riesgo aplicables a dichas exposiciones, una para las exposiciones con calificación externa y otra para las exposiciones sin calificación externa. Las categorías de exposición a la financiación de proyectos, a la financiación de bienes y a financiación de materias primas se introducen en el ámbito del SA-CR, en consonancia con la existencia de las mismas tres subcategorías en los métodos basados en calificaciones internas (IRB). Dado que el nuevo tratamiento normalizado en el marco de Basilea III para las exposiciones de financiación especializada no calificadas no es lo suficientemente sensible al riesgo como para reflejar los efectos de paquetes de valores globales que suelen asociarse a algunas exposiciones de financiación de bienes en la Unión, se introduce una mayor granularidad en el SA-CR para estas exposiciones. Las exposiciones de financiación de bienes sin calificación que se benefician de una gestión prudente y conservadora de los riesgos financieros asociados al cumplir un conjunto de criterios capaces de reducir su perfil de riesgo a un nivel de «alta calidad» se benefician de un tratamiento de capital favorable en comparación con el tratamiento general de las exposiciones de financiación de bienes no calificados con arreglo a las normas de Basilea III. La determinación de lo que constituye «alta calidad» para la financiación de bienes está sujeta a otras condiciones específicas que deberá desarrollar la ABE a través de proyectos de normas técnicas de regulación. El trato preferente introducido en el RRC II para fomentar la financiación bancaria y la inversión privada en proyectos de infraestructura de alta calidad («factor de apoyo a las infraestructuras») previsto en el artículo 501 bis se mantiene tanto en el método SA-CR como en el método IRB para el riesgo de crédito con aclaraciones específicas, lo que da lugar a requisitos de fondos propios para proyectos de infraestructura inferiores al tratamiento específico previsto por las normas de Basilea III. Sin embargo, el trato preferente previsto en el nuevo artículo 122 bis para las exposiciones de financiación de proyectos de «alta calidad» solo se aplicará a las exposiciones a las que las entidades no apliquen ya el tratamiento de «factor de apoyo a las infraestructuras» previsto en el artículo 501 bis para evitar una reducción injustificada de los requisitos de fondos propios. Exposiciones minoristas Se modifica el artículo 123 para adaptar en mayor medida la clasificación de las exposiciones minoristas según el SA-CR a la clasificación según el método IRB, a fin de garantizar una aplicación coherente de las ponderaciones de riesgo correspondientes al mismo conjunto de exposiciones. El artículo 123 también se modifica para introducir un tratamiento preferente de ponderación de riesgo del 45 % para las exposiciones minoristas renovables que cumplan una serie de condiciones de reembolso o uso capaces de reducir su perfil de riesgo, definiéndolas como exposiciones frente a «partes en una transacción» (transactor), en consonancia con las normas de Basilea III. Las exposiciones frente a una o varias personas físicas que no cumplan todas las condiciones para ser consideradas exposiciones minoristas se ponderarán por riesgo al 100 %. Exposiciones con desfase de monedas Se inserta un nuevo artículo 123 bis para introducir un requisito multiplicador de la ponderación de riesgo aplicable a las exposiciones minoristas e inmobiliarias residenciales no cubiertas frente a particulares cuando exista un desfase entre la moneda de denominación del préstamo y la de la fuente de ingresos del deudor. Tal como se establece en las normas finales de Basilea III, el multiplicador se fija en el nivel de 1,5, con un límite máximo para la ponderación de riesgo final resultante del 150 %. Cuando la moneda de las exposiciones sea distinta de la moneda nacional del país de residencia del deudor, las entidades podrán utilizar como aproximación todas las exposiciones no cubiertas. Exposiciones garantizadas por bienes inmuebles En consonancia con las normas finales de Basilea III, se modifica el tratamiento de la categoría de exposición inmobiliaria para aumentar aún más la granularidad con respecto al riesgo inherente que plantean los distintos tipos de operaciones y préstamos inmobiliarios. El nuevo tratamiento de la ponderación de riesgo mantiene la distinción entre hipotecas residenciales y comerciales, pero añade una mayor granularidad en función del tipo de financiación de la exposición (dependiente o no de los flujos de ingresos generados por el bien cubierto por garantías reales) y en función de la fase en que se encuentre el inmueble (fase de construcción frente a inmuebles finalizados). Una novedad es la introducción de un tratamiento específico de los préstamos hipotecarios destinados a bienes raíces generadores de rentas (BRGR), es decir, los préstamos hipotecarios cuyo reembolso depende sustancialmente de los flujos de efectivo generados por el inmueble que garantiza dichos préstamos. Las pruebas reunidas por el Comité de Basilea muestran que estos préstamos tienden a ser sustancialmente más arriesgados que los préstamos hipotecarios cuyo reembolso depende fundamentalmente de la capacidad subyacente del prestatario para hacer frente al servicio del préstamo. Sin embargo, el actual SA-CR no prevé un tratamiento específico para estas exposiciones de mayor riesgo, a pesar de que esta dependencia de los flujos de efectivo generados por el inmueble que garantiza el préstamo es un factor de riesgo importante. La falta de un tratamiento específico puede dar lugar a niveles insuficientes de requisitos de fondos propios para cubrir pérdidas imprevistas en este tipo de exposiciones inmobiliarias. En el artículo 4, se modifican, sustituyen o insertan varias definiciones para aclarar el significado de los diversos tipos de exposiciones garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles, en consonancia con los tratamientos revisados de la parte III (puntos 75 a 75 octies). El artículo 124 se sustituye para establecer en los apartados 1 a 5 los requisitos generales y algunos requisitos específicos para la asignación de ponderaciones de riesgo a exposiciones garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles residenciales y bienes inmuebles comerciales, respectivamente, incluidas las hipotecas BRGR (residenciales y comerciales). Los apartados 6 a 10 mantienen la evaluación periódica actual de la idoneidad de las ponderaciones de riesgo estándar y el proceso para aumentarlas a discreción de la autoridad designada. El artículo 125 se sustituye para aplicar el tratamiento revisado de Basilea III a las exposiciones garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles residenciales. Si bien se mantiene el método de fraccionamiento de préstamos, que divide las exposiciones hipotecarias en una parte garantizada y una no garantizada y asigna la ponderación de riesgo correspondiente a cada una de estas dos partes, su calibración se ajusta a las normas de Basilea III, según las cuales la parte garantizada de la exposición, hasta el 55 % del valor de los inmuebles, recibe una ponderación de riesgo del 20 %. Esta calibración de la ponderación de riesgo para la parte garantizada aborda la situación en la que la entidad puede incurrir en pérdidas inesperadas adicionales incluso más allá del descuento que ya se aplica al valor del inmueble al venderlo en caso de impago del deudor. Además, el artículo 125 prevé un tratamiento alternativo más sensible al riesgo en función de la ratio exposición/valor para las hipotecas residenciales en las que el inmueble no pueda acogerse al fraccionamiento de préstamos (por ejemplo, porque no está terminado). El artículo 125 modificado también establece un tratamiento específico y más detallado de las ponderaciones de riesgo, el cual se aplica a las exposiciones de BRGR residenciales a menos que se cumpla la denominada «prueba dura»: cuando la autoridad competente del Estado miembro en el que esté situado el bien inmueble que garantiza la hipoteca disponga de pruebas publicadas que demuestren que el mercado inmobiliario está bien desarrollado y establecido desde hace tiempo, con tasas de pérdida anuales que no superan determinados umbrales, podrán aplicarse las mismas ponderaciones de riesgo preferentes a las exposiciones BRGR residenciales que a otras exposiciones residenciales en las que el riesgo del prestatario no dependa sustancialmente del rendimiento del inmueble. El artículo 126 se sustituye para aplicar el tratamiento revisado de Basilea III a las exposiciones garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles comerciales. Conceptualmente, refleja el tratamiento de las exposiciones inmobiliarias residenciales: se mantiene el consolidado método de fragmentación de préstamos y se ajusta su calibración en consonancia con las normas de Basilea III, según las cuales la parte garantizada de la exposición hasta un valor inmobiliario del 55 % recibe una ponderación de riesgo del 60 %. Además, el artículo 126 establece un tratamiento alternativo más sensible al riesgo en función de la ratio exposición/valor para las hipotecas comerciales en las que el inmueble no puede optar a la fragmentación del préstamo. Se introduce un tratamiento específico y más detallado de las ponderaciones de riesgo para las exposiciones BRGR comerciales a través de modificaciones del artículo 126, manteniendo al mismo tiempo la «prueba dura», que permite a las entidades aplicar las mismas ponderaciones de riesgo preferentes a las exposiciones de bienes inmuebles comerciales que generan rentas y otras exposiciones inmobiliarias comerciales garantizadas por bienes inmuebles situados en mercados en los que las tasas de pérdidas anuales no superan determinados umbrales. Los préstamos que financian la adquisición de terrenos, el desarrollo o la construcción de cualquier bien inmueble residencial o comercial suponen un riesgo elevado. Este aumento del riesgo se debe al hecho de que la fuente del reembolso en el momento de la concesión del préstamo es una venta prevista, pero incierta, del inmueble, o bien flujos de efectivo sustancialmente inciertos. El tratamiento actual de la financiación especulativa de bienes inmuebles se basa únicamente en la intención del prestatario de revenderlo con ánimo de lucro, sin tener en cuenta en qué medida el reembolso es realmente seguro. Por lo tanto, se introduce una nueva definición en el artículo 4 y se inserta un nuevo artículo 126 bis para introducir el tratamiento de la ponderación de riesgo específica del 150 % previsto en las normas de Basilea III para los préstamos a empresas o entidades instrumentales que financien la adquisición, el desarrollo o la construcción de cualquier inmueble residencial o comercial. A su vez, se suprime el tratamiento actual de la ponderación de riesgo del 150 % para la «financiación especulativa de bienes inmuebles», ya que se basa únicamente en la intención del prestatario de revender la propiedad para obtener un beneficio, sin tener en cuenta hasta qué punto el reembolso es realmente incierto. En consonancia con las normas de Basilea III, el artículo 126 bis permite asignar una ponderación de riesgo del 100 % a las exposiciones que financien la adquisición, el desarrollo o la construcción de inmuebles residenciales siempre que se cumplan determinadas condiciones de reducción del riesgo (en términos de criterios de suscripción, proporción de contratos previos a la venta o al arrendamiento y capital en riesgo). Para reducir el impacto de los efectos cíclicos en la valoración de los bienes inmuebles que garantizan un préstamo y mantener más estables los requisitos de fondos propios para las hipotecas, las normas finales de Basilea III limitan el valor del bien reconocido, a efectos prudenciales, al valor medido en el momento de la concesión del préstamo, a menos que las modificaciones aumenten «inequívocamente» el valor del bien inmueble. Al mismo tiempo, las normas no obligan a los bancos a supervisar la evolución de los valores inmobiliarios. En cambio, solo requieren ajustes en caso de acontecimientos extraordinarios. En cambio, el actual SA-CR aplicable en la UE exige a las entidades que controlen periódicamente el valor de los bienes pignorados como garantía real. Sobre la base de este seguimiento, las entidades están obligadas a realizar ajustes al alza o a la baja del inmueble (independientemente del valor del inmueble en el momento de la concesión del préstamo). Se modifica el artículo 208 para reducir el impacto de los efectos cíclicos en la valoración de los bienes inmuebles que garantizan préstamos y para aumentar la estabilidad de los requisitos de fondos propios para las hipotecas. En particular, se mantiene el requisito actual de un seguimiento frecuente de los valores de los bienes inmuebles, permitiendo un ajuste al alza por encima del valor en origen del préstamo (a diferencia de las normas de Basilea III), pero solo hasta el valor medio de los últimos tres años en el caso de los bienes inmuebles comerciales y de los últimos seis años en el caso de los bienes inmuebles de uso residencial. En el caso de los bienes inmuebles que cubran bonos garantizados, se aclara en el artículo 129 que las autoridades competentes podrán permitir a las entidades utilizar el valor de mercado o el valor hipotecario sin limitar los aumentos del valor de los bienes a la media de los últimos tres o seis años, respectivamente. Además, en el artículo 208 se aclara que las modificaciones introducidas en la propiedad que mejoren la eficiencia energética del edificio o de la unidad de vivienda deben considerarse un aumento inequívoco de su valor. Por último, las entidades están autorizadas a llevar a cabo la valoración y revalorización de propiedades mediante métodos estadísticos avanzados u otros métodos matemáticos, desarrollados independientemente del proceso de decisión crediticia, siempre que se cumplan una serie de condiciones, que se basan en las Directrices de la ABE sobre concesión y seguimiento de préstamos (EBA/GL/2020/06) y están sujetas a la aprobación de las autoridades de supervisión. Se modifica el artículo 465 para establecer una disposición transitoria específica para las exposiciones de bajo riesgo garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles residenciales a la hora de calcular el suelo de resultados. Durante el período transitorio, los Estados miembros podrán autorizar a las entidades a aplicar una ponderación de riesgo preferente del 10 % a la parte garantizada de la exposición hasta el 55 % del valor de los bienes inmuebles, y una ponderación de riesgo del 45 % a la parte restante de la exposición hasta el 80 % del valor de los bienes inmuebles, siempre que se cumplan determinadas condiciones destinadas a garantizar que sean de bajo riesgo y que sean verificadas por la autoridad competente. La ABE estará obligada a supervisar el uso del régimen transitorio y a elaborar un informe sobre la idoneidad de su calibración. Sobre la base de ese informe, la Comisión tendrá que decidir si presenta al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta legislativa sobre exposiciones de bajo riesgo garantizadas por hipotecas sobre inmuebles residenciales.

Exposiciones a deuda subordinada El artículo 128 se sustituye para aplicar el tratamiento revisado de las exposiciones a deuda subordinada previsto en las normas finales de Basilea III (es decir, una ponderación de riesgo del 150 %). Exposiciones de renta variable El artículo 133 se sustituye para aplicar el tratamiento revisado de las exposiciones de renta variable con arreglo a las normas finales de Basilea III. El alcance de la categoría de exposiciones de renta variable se aclara proporcionando una definición de estas exposiciones y especificando qué otros instrumentos deben clasificarse en esa categoría del cálculo de los activos ponderados por riesgo para el riesgo de crédito. Para aumentar la sensibilidad al riesgo del SA-CR, las ponderaciones de riesgo revisadas reflejan el mayor riesgo de pérdida de renta variable en comparación con las exposiciones de deuda a través de una ponderación de riesgo del 250 %, y distinguen entre inversiones a largo plazo e inversiones especulativas de mayor riesgo, a las que se asigna una ponderación de riesgo del 400 %. A fin de evitar una complejidad injustificada, la clasificación de las exposiciones a largo plazo se refiere al período de tenencia aprobado por la alta dirección de la entidad como criterio central. Las exposiciones de renta variable contraídas en virtud de programas legislativos destinados a promover sectores específicos de la economía que concedan a la entidad subvenciones significativas para la inversión e impliquen alguna forma de supervisión pública podrán recibir una ponderación de riesgo del 100 %, siempre que la entidad cuente con un umbral del 10 % de los fondos propios y la aprobación de las autoridades de supervisión. Estas subvenciones también pueden adoptar la forma de garantías generales de bancos multilaterales de desarrollo, instituciones públicas de crédito al desarrollo y organizaciones internacionales. Esto tiene el fin de reflejar el hecho de que el Grupo del Banco Europeo de Inversiones, los bancos multilaterales de desarrollo, las instituciones públicas de crédito al desarrollo y los Estados miembros están creando tales «programas legislativos», a menudo basados en garantías públicas generales y vinculados a planes financieros de recuperación y resiliencia, para movilizar capital privado, y particularmente para apoyar empresas estratégicas. Las exposiciones de renta variable frente a bancos centrales siguen sujetas a una ponderación de riesgo del 100 %. Por último, el artículo 133 establece un límite mínimo para las exposiciones de renta variable registradas como préstamos pero derivadas de una permuta de deuda/acciones realizada como parte de la liquidación o reestructuración ordenada de la deuda: de conformidad con la norma de Basilea III, la ponderación de riesgo aplicable no debe ser inferior a la que se aplicaría si las participaciones se mantuvieran en la cartera de deuda. Muchos bancos de la UE mantienen participaciones estratégicas de larga duración en sociedades financieras y no financieras. Las normas de Basilea III aumentan las exposiciones ponderadas por riesgo para todos los tipos de exposiciones de renta variable a lo largo de un período de transición de cinco años sin proporcionar un tratamiento específico para las inversiones estratégicas en renta variable. La aplicación del método más conservador integrado en las normas de Basilea III a todo el stock de participaciones existentes podría poner en peligro la viabilidad económica de las relaciones estratégicas actuales. En vista de ello, se modifica el artículo 49 para fijar en el 100 % la ponderación de riesgo aplicable a las exposiciones de renta variable frente a entidades del sector financiero incluidas en el mismo ámbito de consolidación prudencial (grupo) o, previa aprobación de las autoridades de supervisión, a entidades pertenecientes al mismo sistema institucional de protección, manteniendo así el tratamiento actual para la mayoría de las entidades afectadas. Además, se inserta un nuevo artículo 495 bis para establecer una introducción gradual de las nuevas ponderaciones de riesgo aplicables a las exposiciones de renta variable. Además, el nuevo artículo establece una cláusula de anterioridad del tratamiento actual de las inversiones históricas y estratégicas en renta variable que una entidad haya mantenido durante los últimos diez años en entidades, incluidas las empresas de seguros, sobre las que ejerza una influencia significativa. Exposiciones en situación de impago Se modifica el artículo 127 para aclarar el tratamiento de la ponderación de riesgo de los descuentos en las compras de exposiciones dudosas, tal como se anunció en la Comunicación «Afrontar los préstamos dudosos a raíz de la pandemia de COVID-19». A tal fin, la propuesta aclara que las entidades pueden tener en cuenta el descuento sobre los activos adquiridos en situación de impago a la hora de determinar la ponderación de riesgo adecuada que debe aplicarse a la exposición en situación de impago. Esto complementa el trabajo en curso de la ABE destinado a modificar las normas técnicas de regulación sobre los ajustes por riesgo de crédito. Otras modificaciones del artículo 127 alinean el lenguaje con el utilizado en las normas de Basilea III revisadas. Uso de evaluaciones de crédito por parte de agencias externas de calificación crediticia y correspondencia Con el fin de servir como base para cualquier futura iniciativa sobre la creación de sistemas de calificación públicos o privados, se modifica el artículo 135 para encargar a las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) que elaboren un informe sobre los obstáculos a la disponibilidad de calificaciones crediticias externas por parte de las ECAI, en particular para las empresas, y sobre las posibles medidas para abordarlos. Marco de riesgo de crédito — Métodos basados en calificaciones internas Reducción del alcance de los métodos basados en calificaciones internas Los requisitos de fondos propios por riesgo de crédito basados en modelos internos de las entidades presentan importantes beneficios en términos de sensibilidad al riesgo y condiciones de competencia equitativas entre las entidades en toda la Unión, además de ayudar a las entidades a comprender sus propios riesgos. Sin embargo, la crisis financiera puso de manifiesto importantes deficiencias en los métodos IRB. Una serie de estudios realizados tanto a escala internacional como de la UE encontraron una variación inaceptablemente amplia de los requisitos de capital entre entidades que no puede explicarse únicamente por las diferencias en el riesgo de las carteras de las entidades. Esto dificulta la comparabilidad de los ratios de capital y afecta a la igualdad de condiciones entre las entidades. Asimismo, la crisis ha puesto de manifiesto casos en los que las pérdidas sufridas por las entidades en algunas carteras fueron significativamente superiores a las predicciones del modelo, lo que dio lugar a niveles insuficientes de capital en manos de determinadas entidades. Las entidades han actuado así porque el marco aplicable contenía límites insuficientes en lo que respecta a la disponibilidad de métodos IRB para las categorías de exposiciones difíciles de modelizar, y porque el marco obligaba en principio a las entidades que tenían intención de utilizar el método IRB para algunas de sus exposiciones a ampliar su aplicación a todas las exposiciones.

Se modifican los artículos 150 y 151, apartado 8, para limitar las categorías de exposiciones en las que pueden utilizarse modelos internos para calcular los requisitos de fondos propios por riesgo de crédito, aplicando las normas de Basilea III. En concreto, el uso del método IRB avanzado (A-IRB), que permite la modelización de todos los parámetros de riesgo, solo se permite para las categorías de exposición en las que es posible una modelización sólida, mientras que otras categorías de exposición se han «migrado» a métodos menos sofisticados: ·en el caso de las exposiciones frente a empresas con unas ventas anuales consolidadas totales superiores a 500 millones EUR o pertenecientes a un grupo en el que las ventas anuales totales del grupo consolidado superen esa cantidad («grandes empresas»), para exposiciones frente a entidades y a otros entes del sector financiero (incluidos los tratados como empresas), ya no se dispone del método IRB avanzado; para esas exposiciones, las entidades pueden utilizar el método IRB básico (F-IRB) y, por lo tanto, solo modelizar la probabilidad de incumplimiento; ·en el caso de las exposiciones de renta variable, el método IRB ya no está disponible, sino que las entidades deberán utilizar el método SA-CR. Se espera que la limitación del uso de métodos avanzados de modelización elimine una importante fuente de variabilidad indebida en los APR y, de este modo, mejore la comparabilidad de los requisitos de fondos propios. Además, eliminará del marco una fuente de complejidad innecesaria. Nueva categoría de exposición para administraciones regionales y autoridades locales, así como entes del sector público En la actualidad, las exposiciones frente a entes del sector público (PSE) y frente a administraciones regionales y autoridades locales (RGLA) pueden tratarse como exposiciones frente a administraciones centrales o como exposiciones frente a entidades. Las exposiciones tratadas como exposiciones frente a entidades tendrían que migrar al método F-IRB con arreglo a las normas de Basilea III revisadas y, por tanto, estar sujetas a las restricciones de modelización, mientras que las exposiciones tratadas como exposiciones frente a administraciones centrales no lo harían. Para reducir la complejidad indebida en el marco, garantizar un tratamiento coherente de las exposiciones frente a entes del sector público y frente a administraciones regionales y autoridades locales y evitar la variabilidad no intencionada de los correspondientes requisitos de fondos propios, se propone crear una nueva categoría de exposición «PSE-RGLA» en el artículo 147, apartado 2, a la que se asignarán todas las exposiciones frente a esas entidades (independientemente de su tratamiento actual como exposiciones soberanas o como exposiciones de entidades), y aplicar a esta nueva categoría de exposiciones las mismas normas aplicables a la categoría general de exposiciones frente a empresas, tal como se establece en el nuevo artículo 151, apartado 11. En particular, los suelos de los parámetros aplicables a las exposiciones frente a empresas se aplicarían del mismo modo a las exposiciones pertenecientes a la exposición PSE-RGLA de la categoría Basilea III. Suelos de los parámetros según el método A-IRB Se modifican los artículos 160, apartado 1, 161, apartado 4, 164, apartado 4, y 166, apartado 8 ter, para introducir valores mínimos para las estimaciones propias de las entidades de los parámetros IRB que se utilizan como datos para el cálculo de los APR (en lo sucesivo, «suelos de los parámetros»). Estos suelos de los parámetros actúan como salvaguardas para garantizar que los requisitos de fondos propios no caigan por debajo de niveles suficientemente prudentes, mitigar el riesgo de modelo, el error de medición, las limitaciones de datos y mejorar la comparabilidad de los ratios de capital entre entidades. En cuanto al parámetro de riesgo de probabilidad de incumplimiento, los suelos de los parámetros existentes se incrementan ligeramente (del 0,03 % en Basilea II al 0,05 % en Basilea III). Para los parámetros de riesgo de pérdida en caso de impago (LGD) y FCC, por otra parte, los suelos son nuevos requisitos, calibrados de forma prudente. El suelo de los parámetros de LGD para las exposiciones frente a empresas no garantizadas se fija en el 25 %, y para las exposiciones minoristas generales no garantizadas, en el 30 %. Se ofrece una fórmula que incluye descuentos conservadores por tipo de garantía real para las exposiciones garantizadas, mientras que el suelo de los parámetros del FCC específico del método IRB se fija con arreglo al 50 % del FCC según el método estándar aplicable. Tratamiento de las exposiciones soberanas Se añade un nuevo artículo 159 bis para especificar, en consonancia con las normas de Basilea III, que los nuevos suelos de los parámetros (descritos en la sección anterior) aplicables a las estimaciones propias de probabilidad de incumplimiento, LGD y FCC de las entidades no son aplicables a las exposiciones soberanas. Supresión del «factor de escala de 1,06» en la fórmula de ponderación del riesgo En consonancia con las normas de Basilea III, se modifican los artículos 153, apartado 1, y 154, apartado 1, para suprimir el «factor de escala de 1,06» que se aplica a las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito con arreglo a los métodos IRB, simplificando así el cálculo y anulando el incremento del 6 % de calibración de las ponderaciones de riesgo IRB que se aplican en el marco actual. Supresión del tratamiento de «doble impago» Se modifican los artículos 153, apartado 3, 154, apartado 2, 202 y 217 para eliminar el método de doble impago aplicable a algunas exposiciones garantizadas, dejando solo una fórmula general para el cálculo de las ponderaciones de riesgo y simplificando el marco, tal como establecen las normas de Basilea III. Con menos opciones incorporadas, el cálculo revisado garantiza una mayor comparabilidad de los APR entre entidades y una reducción de la variabilidad indebida. Implantación de los métodos IRB y de la utilización parcial permanente Con arreglo a las normas finales de Basilea III, la adopción de los métodos IRB para una categoría de exposición por parte de una entidad ya no está condicionada al hecho de que todas las categorías de exposición de su cartera de inversión se traten finalmente con arreglo al método IRB («implantación IRB»), excepto en el caso de las exposiciones para las que las normas permitan una utilización parcial permanente del SA-CR y hayan sido aprobadas por la autoridad competente. Este nuevo principio se aplica en los artículos 148 y 150, y permite a las entidades aplicar los métodos IRB de forma selectiva. Con el fin de establecer unas condiciones de competencia equitativas entre las entidades que actualmente tratan sus exposiciones con arreglo a uno de los métodos IRB y las que no, se establecen disposiciones transitorias en un nuevo artículo 494 quinquies que permiten a las entidades volver al SA-CR durante un período de tres años, siempre y cuando así lo aprueben las autoridades competentes con arreglo a un procedimiento simplificado. Parámetro de riesgo revisado con arreglo a los métodos IRB básicos Se modifica el artículo 161, apartado 1, para aplicar los valores de LGD recalibrados para las exposiciones preferentes no garantizadas frente a empresas (LGD del 40 % en lugar del 45 %). También se modifica el valor de LGD para el riesgo de dilución de los derechos de cobro adquiridos frente a empresas para ajustarlo al tratamiento de Basilea.

Revisión del ámbito de aplicación y de los métodos de cálculo de las estimaciones propias de los factores de conversión del crédito El artículo 166, apartados 8, 8 bis, 8 ter y 8 quinquies, y el artículo 182 se modifican para revisar el ámbito de aplicación y los métodos para el cálculo de las estimaciones propias de los FCC que se utilizan para determinar el valor de exposición de las partidas fuera de balance distintas de los contratos de derivados. En particular, las nuevas disposiciones exigen la utilización de un período fijo de doce meses antes del impago para realizar las estimaciones propias de los FCC, y solo permiten utilizar estimaciones propias para compromisos específicos para los que el correspondiente FCC normalizado sea inferior al 100 %. Garantías ofrecidas por proveedores de cobertura tratados con un método menos sofisticado Las normas de Basilea III han revisado significativamente las metodologías que las entidades están autorizadas a utilizar para reconocer los efectos de reducción del riesgo de las garantías admisibles con vistas, entre otras cosas, a limitar la gama de métodos y, por tanto, reducir la variabilidad de los requisitos de fondos propios. A tal fin, las normas de Basilea III prevén, en general, que la ponderación de riesgo que debe aplicarse a la parte garantizada de la exposición sea la que debe calcularse con arreglo al método aplicado a exposiciones directas comparables frente al proveedor de cobertura. Cuando una exposición tratada con arreglo al método A-IRB esté garantizada por un garante que se trate con arreglo al método F-IRB o el SA-CR, el reconocimiento de dicha garantía dará lugar a que la exposición garantizada se trate con arreglo al F-IRB o al SA-CR, respectivamente. El reconocimiento de las garantías en el método A-IRB deberá hacerse utilizando uno de los siguientes métodos: ·la sustitución del método de ponderación del riesgo, sustituyendo la ponderación de riesgo del deudor por la ponderación de riesgo del garante si las exposiciones directas comparables frente al garante se tratan con arreglo al SA-CR (artículo 235 bis); ·la sustitución del método de parámetros de riesgo, sustituyendo los parámetros de riesgo del deudor por los parámetros de riesgo asociados a exposiciones directas comparables frente al garante si las exposiciones directas comparables frente al garante se tratan con arreglo al método IRB (artículo 236 bis); o ·el ajuste de las estimaciones de LGD o de las estimaciones de probabilidad de incumplimiento y de LGD (artículo 183); con arreglo a este método, la propuesta aclara que el reconocimiento de una garantía nunca debe dar lugar a una ponderación de riesgo aplicable a la exposición garantizada que sea inferior a la de un método de exposición directa comparable frente al garante. Con ello se pretende salvaguardar la coherencia del marco por lo que se refiere a la evaluación del riesgo, evitando que una exposición indirecta a un proveedor de cobertura determinado pueda beneficiarse de una ponderación de riesgo inferior a la de una exposición directa comparable cuando ese mismo proveedor de cobertura sea el deudor. Exposiciones de financiación especializada con arreglo al método A-IRB Las nuevas restricciones a la modelización con arreglo a las normas de Basilea III son relativamente limitadas en lo que respecta al tratamiento de las exposiciones de financiación especializada con arreglo a los métodos IRB. Aunque sí se aplican suelos de parámetros, el método A-IRB sigue estando disponible independientemente del tamaño del deudor, a diferencia del tratamiento aplicable a otras exposiciones frente a empresas. Sin embargo, los nuevos suelos de los parámetros aplicables a las exposiciones frente a empresas también se aplican a las exposiciones de financiación especializada sin dar reconocimiento a las prácticas de concesión de préstamos específicas que implican disposiciones de seguridad para mitigar el riesgo de crédito. Por lo tanto, se inserta un nuevo artículo 495 ter para introducir gradualmente los nuevos límites mínimos, empezando por un factor de descuento del 50 % que aumenta gradualmente hasta el 100 % a lo largo de un período de cinco años. Además, el artículo otorga a la ABE el mandato de evaluar la adecuación de los suelos de los parámetros de probabilidad de incumplimiento y LGD aplicables a las exposiciones de financiación especializada y faculta a la Comisión para revisar los parámetros mediante un acto delegado basado en la evaluación de la ABE. Cláusulas de habilitación para exposiciones de arrendamiento financiero y seguros de crédito Las instituciones de la UE han desarrollado un alto nivel de conocimientos especializados y gestión de riesgos en el ámbito del arrendamiento financiero, así como en el uso de seguros de crédito, en particular con fines de financiación comercial. A falta de datos suficientes, sigue sin estar claro si los nuevos parámetros de riesgo están calibrados adecuadamente para reflejar el efecto de reducción del riesgo del arrendamiento de garantías reales y, respectivamente, qué características deben poseer las pólizas de seguro de crédito para ser reconocidas como cobertura del riesgo de crédito admisible. Por lo tanto, se inserta un nuevo artículo 495 quater por el que se obliga a la ABE a evaluar la idoneidad de la calibración del riesgo de Basilea III de los parámetros aplicables a las exposiciones de arrendamiento financiero, en particular los nuevos descuentos de las garantías reales («ajustes de volatilidad») y los valores reglamentarios para las LGD garantizadas. La Comisión estará facultada para revisar la calibración mediante un acto delegado, si procede, teniendo en cuenta el informe de la ABE. Mientras tanto, se aplica un período de introducción progresiva de cinco años a los nuevos parámetros de riesgo con arreglo al método A-IRB. Además, se inserta un nuevo artículo 495 quinquies por el que se encomienda a la ABE informar a la Comisión sobre la admisibilidad y el uso de seguros de crédito como técnica de reducción del riesgo de crédito, así como sobre los parámetros de riesgo adecuados con los que deben asociarse con arreglo al SA-CR y el método IRB básico. Sobre la base de dicho informe, la Comisión debe presentar, si procede, una propuesta legislativa sobre el uso del seguro de crédito como técnica de reducción del riesgo de crédito. Marco de riesgo de crédito — Técnicas de reducción del riesgo de crédito Se modifican los artículos 224 a 230 para aplicar las normas y métodos de Basilea III para tener en cuenta las garantías reales y las garantías tanto en el método SA-CR como en el método F-IRB. En particular, se han revisado los recortes de valoración supervisora aplicables a las garantías reales de naturaleza financiera con arreglo al método amplio para las garantías reales de naturaleza financiera, y también se han revisado los valores de las LGD garantizadas y de los recortes de las garantías reales aplicables a las exposiciones tratadas con arreglo al método F-IRB. El artículo 213, apartado 1, letra c), inciso iii), y el artículo 215, apartado 2, se modifican para aclarar los criterios de admisibilidad de las garantías y, respectivamente, de las garantías proporcionadas en el contexto de sistemas de garantía recíproca o proporcionadas o contragarantizadas por las entidades. En particular, estas aclaraciones deben aclarar si los sistemas de garantía pública creados en el contexto de la crisis de la COVID-19 son admisibles como técnicas de reducción del riesgo de crédito. Marco del riesgo de mercado En 2016, el CSBB publicó una primera serie de normas revisadas sobre el riesgo de mercado, conocida como la revisión fundamental de la cartera de negociación (FRTB), con el fin de subsanar las deficiencias detectadas en el marco de los requisitos de capital por riesgo de mercado para las posiciones de la cartera de negociación. Durante el seguimiento del impacto de las normas FRTB, el CSBB detectó en ellas una serie de problemas y, en consecuencia, publicó unas normas revisadas en enero de 2019. En noviembre de 2016, la Comisión propuso inicialmente introducir requisitos de fondos propios vinculantes basados en las normas FRTB como parte del RRC II para subsanar las deficiencias del marco del riesgo de mercado. Sin embargo, dada la posterior decisión del CSBB de revisar dichas normas, con plazos incompatibles con los hitos del proceso de negociación del RRC II, el Parlamento Europeo y el Consejo acordaron aplicar las normas FRTB en el RRC II únicamente a efectos de información. La introducción de requisitos de fondos propios basados en las normas FRTB se dejó para más adelante, mediante la adopción de una propuesta legislativa aparte.

A fin de introducir requisitos vinculantes de fondos propios por riesgo de mercado en consonancia con las normas FRTB revisadas, se introducen una serie de modificaciones en el RRC. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones Se modifica el artículo 4 para aclarar la definición de mesa de negociación. Elementos de los fondos propios Se modifica el artículo 34 para incluir una excepción que permita a las entidades reducir el total de los ajustes de valor adicionales en circunstancias extraordinarias, sobre la base de un dictamen emitido por la ABE, con el fin de abordar la prociclicidad integrada en los ajustes de valor adicionales deducidos del capital de nivel 1 ordinario. Requisitos generales, valoración y comunicación Se modifica el artículo 102 para introducir los métodos FRTB a efectos del cálculo de los requisitos de fondos propios. Se sustituye el artículo 104 para revisar los criterios utilizados para asignar posiciones a la cartera de negociación o a la cartera de inversión (es decir, la cartera bancaria). También se introduce en este artículo una excepción que permite a una entidad asignar a la cartera de inversión instrumentos específicos que de otro modo se asignarían a la cartera de negociación; la excepción está sujeta a condiciones muy estrictas y a la aprobación de la autoridad competente de la entidad. Se modifica el artículo 104 bis para especificar las condiciones que deben utilizarse para reclasificar un instrumento entre las dos carteras. Se modifica el artículo 104 ter para introducir una excepción que permita a las entidades crear mesas de negociación específicas a las que las entidades puedan asignar exclusivamente posiciones de la cartera de negociación sujetas al riesgo de tipo de cambio y al riesgo de materias primas. Se introduce el artículo 104 quater para especificar el tratamiento de las coberturas del riesgo de tipo de cambio en los ratios de capital, lo que permite a las entidades excluir, en determinadas condiciones, algunas posiciones del cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgo de tipo de cambio. Se modifica el artículo 106 para aclarar las disposiciones existentes sobre transferencias internas de riesgos. Disposiciones generales Se modifica el artículo 325 para introducir requisitos vinculantes de fondos propios por riesgo de mercado basados en los métodos FRTB establecidos en los capítulos 1 bis (método estándar alternativo o A-SA), 1 ter (método de modelos internos alternativo o A-IMA) y 2 a 4 (método estándar simplificado o SSA), así como las condiciones para su uso y la frecuencia de cálculo de los requisitos de fondos propios. También se introduce una excepción para entidades al cálculo los requisitos de fondos propios por posiciones sujetas al riesgo de tipo de cambio que se deduzcan de sus fondos propios. Se modifica el artículo 325 bis para introducir los criterios de admisibilidad para la utilización del SSA. El artículo 325 ter aclara el cálculo consolidado de los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado. Método estándar alternativo Se modifica el artículo 325 quater para introducir requisitos cualitativos adicionales relacionados con la validación, la documentación y la gobernanza del A-SA. Se modifica el artículo 325 undecies para aclarar determinados elementos de las normas FRTB finales con respecto al tratamiento de las inversiones en fondos (es decir, organismos de inversión colectiva u OIC) e introducir algunos ajustes específicos en el cálculo de los requisitos de fondos propios para estas posiciones a fin de garantizar que el tratamiento de los OIC con arreglo al método estándar no aumente de manera desproporcionada la complejidad del cálculo y sea menos penalizador, dado que los OIC desempeñan un papel crucial a la hora de facilitar la acumulación de ahorro personal, ya sea para inversiones importantes o para la jubilación. Estos objetivos se abordan especificando que las entidades deben aplicar el enfoque de transparencia con frecuencia mensual a las posiciones en OIC afectadas por dicho enfoque, y permitiendo a las entidades, en condiciones específicas, utilizar los datos proporcionados por terceros pertinentes en el cálculo de los requisitos de fondos propios con arreglo al enfoque de transparencia. Además, con arreglo al método basado en el mandato, el artículo 325 undecies introduce un mandato para que la ABE especifique con más detalle los elementos técnicos que las entidades deben utilizar para constituir la cartera hipotética utilizada en el cálculo de los requisitos de fondos propios. Se modifica el artículo 325 octodecies para aclarar el tratamiento de los factores de riesgo vega del tipo de cambio. Se modifica el artículo 325 vicies para ajustar la fórmula de las sensibilidades al riesgo vega. Se modifica el artículo 325 unvicies para seguir armonizando las sensibilidades utilizadas para el cálculo de los requisitos de fondos propios con las utilizadas para la gestión del riesgo de la entidad. Una disposición relativa a los derivados de renta variable y derivados de crédito negociados y no incluidos entre las titulizaciones se traslada del artículo 325 bis ter al artículo 325 tervicies, más pertinente. Los artículos 325 sexvicies, 325 bis quaterdecies y 325 bis duodecies se modifican de manera similar para aclarar la asignación de categorías de calidad crediticia en el marco del A-SA. Se modifica el artículo 325 bis sexies para aclarar el tratamiento del factor de riesgo de inflación y de los factores de riesgo de base entre divisas.

Se modifican los artículos 325 bis nonies y 325 bis duodecies para aclarar las ponderaciones de riesgo de los bonos garantizados (tanto con calificación externa como sin calificación). Se modifican el artículo 325 bis decies y 325 bis undecies para aclarar el valor de los parámetros de correlación. Se modifica el artículo 325 bis vicies para introducir una ponderación de riesgo más baja para el factor de riesgo delta de las materias primas relacionado con las emisiones de comercio de carbono. Con arreglo a las normas finales de Basilea III, los derechos de emisión se asimilan a los contratos de electricidad, lo que podría considerarse demasiado conservador a la luz de los datos históricos pertinentes para el mercado de derechos de emisión de la UE. De hecho, la creación de la reserva de estabilidad del mercado por parte de la Comisión en 2015 ha estabilizado la volatilidad del precio de los derechos de emisión del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE). Esto justifica la creación de una categoría de riesgo específica para los derechos de emisión del RCDE en el marco del A-SA, distinta de la electricidad, con una ponderación de riesgo inferior al 40 % para reflejar mejor la volatilidad real de los precios de esta mercancía específica de la UE. Se modifica el artículo 325 bis quinvicies para aclarar las ponderaciones de riesgo de las sensibilidades a los factores de riesgo vega. Método de modelos internos alternativo Se modifica el artículo 325 bis septvicies para aclarar las condiciones que deben cumplir las entidades para obtener la autorización de utilizar el A-IMA para el cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado. Se modifica el artículo 325 ter bis para introducir la fórmula para la agregación de los requisitos de fondos propios calculados con arreglo al A-IMA. Se modifica el artículo 325 ter quater para introducir un mandato para que la ABE especifique los criterios para el uso de datos en el modelo de medición del riesgo en unas normas técnicas de regulación. Se modifica el artículo 325 ter sexies para especificar nuevas competencias de las autoridades competentes en lo que respecta a la evaluación de la modelizabilidad de los factores de riesgo realizada por las entidades que utilizan el A-IMA. Se modifica el artículo 325 ter septies para introducir nuevas facultades para que las autoridades competentes corrijan las deficiencias de los modelos y con respecto a los requisitos de pruebas retrospectivas realizadas por las entidades que utilizan A-IMA. Se modifica el artículo 325 ter octies para introducir requisitos vinculantes sobre la atribución de pérdidas y ganancias realizada por las entidades que utilizan el A-IMA. Se modifica el artículo 325 ter nonies para introducir ajustes para calcular los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado para las posiciones en OIC en el marco del A-IMA, en particular para garantizar que un mayor número de OIC puedan ser admisibles con arreglo al método. De forma similar a las modificaciones introducidas en el tratamiento del OIC en el marco del método A-SA, las entidades están autorizadas, en determinadas condiciones, a utilizar los datos proporcionados por terceros pertinentes en el cálculo de los requisitos de fondos propios con arreglo al enfoque de transparencia, y están obligadas a aplicar el enfoque de transparencia, como mínimo, con una frecuencia semanal. Se modifica el artículo 325 ter decies para aclarar las responsabilidades de la unidad de control de riesgos y de la unidad de validación con respecto al sistema de gestión de riesgos. El artículo 325 ter septdecies se modifica para aclarar en mayor medida las situaciones en las que las entidades están autorizadas a utilizar un modelo IRB para estimar las probabilidades de impago y la pérdida en caso de impago para el cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgo de impago. Se modifican el artículo 337, el artículo 338, el artículo 352 y el artículo 361 para sustituir o suprimir disposiciones que ya no son pertinentes para la utilización del SSA. Utilización de modelos internos para el cálculo de los requisitos de fondos propios Se suprime el capítulo 5, ya que el actual método de modelos internos (IMA) utilizado para calcular los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado se sustituye por el método A-IMA establecido en el capítulo 1 ter. Actos delegados y de ejecución Dada la incertidumbre acerca de si las jurisdicciones principales se apartarán de las normas finales de Basilea III en su aplicación del FRTB y la importancia de garantizar condiciones de competencia equitativas en la práctica entre las entidades establecidas en la Unión y sus homólogos internacionales, el artículo 461 bis faculta a la Comisión para adoptar actos delegados a fin de modificar los métodos para calcular los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado y modificar la fecha de entrada en vigor de estos métodos para adaptarlos a la evolución internacional. Marco de riesgo de ajuste de valoración del crédito (AVC)

El ajuste de valoración del crédito (AVC) es un ajuste contable del valor razonable del precio de una operación con derivados, destinado a la provisión frente a posibles pérdidas debidas al deterioro de la solvencia de la contraparte en dicha operación. Durante la gran crisis financiera, varios bancos de importancia sistémica sufrieron pérdidas significativas de AVC en sus carteras de derivados debido al deterioro simultáneo de la solvencia de muchas de sus contrapartes. Como consecuencia de ello, el CSBB introdujo en 2011, como parte del primer conjunto de reformas de Basilea III, nuevas normas para calcular los requisitos de capital por riesgo de AVC a fin de garantizar que el riesg