COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 23.5.2018 COM(2018) 338 final 2018/0170(COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en lo referente a la cooperación con la Fiscalía Europea y la eficacia de las investigaciones de la OLAF {SWD(2018) 251 final}



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA Motivación y objetivos de la propuesta La Comisión ha emprendido un ambicioso programa legislativo para fortalecer la protección de los intereses financieros de la Unión. En julio de 2017, el Parlamento y el Consejo adoptaron la Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal. En octubre de 2017, el Consejo aprobó el Reglamento por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea. La creación de la Fiscalía Europea representa una prioridad clave de la Comisión en las esferas de la justicia penal y la lucha contra el fraude que afecta al presupuesto de la Unión. La Fiscalía Europea modificará de un modo significativo el panorama institucional de la lucha contra el fraude en la UE. Estará facultada para efectuar investigaciones penales y emprender acciones ante los tribunales de los Estados miembros participantes. Se espera que mejore la coherencia y la eficacia de las políticas en materia de ejercicio de la acción penal para los delitos que afectan al presupuesto de la Unión, y que esto se traduzca en un aumento del número de incoaciones de procedimientos penales y sentencias condenatorias, así como en un mayor nivel de recuperación de fondos. Como consecuencia de la adopción del Reglamento para la creación de la Fiscalía Europea, es necesario adaptar el Reglamento n.º 883/2013 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). La OLAF se creó en 1999 con el cometido específico de llevar a cabo investigaciones administrativas en el ámbito de la protección de los intereses financieros de la Unión. En el marco de su mandato administrativo, la OLAF investiga irregularidades administrativas, así como conductas delictivas. La Oficina desempeña un papel significativo en la lucha contra el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales a través de sus investigaciones, dirigidas a posibilitar la recuperación de fondos y la adopción de medidas disciplinarias y administrativas, así como la formulación de acusaciones y la incoación de procedimientos penales. La OLAF ha utilizado su experiencia investigadora en un contexto en el que el fraude que afecta al presupuesto de la Unión está en constante evolución. Ha llevado a cabo un creciente número de investigaciones, que han generado un aumento de la cifra de recomendaciones y de los importes recomendados para su recuperación. En lo que respecta al fraude, la creación de la Fiscalía Europea supondrá una mejora sustancial con respecto a la situación actual. Hoy en día, la OLAF realiza investigaciones administrativas utilizando competencias administrativas que son limitadas si se comparan con las que se utilizan en las investigaciones penales. Cuando detecta posibles delitos, solo puede dirigir una recomendación a las autoridades judiciales nacionales, pero sin garantía alguna de que esto vaya a dar lugar a la apertura de una investigación penal. En el futuro, en los Estados miembros participantes en la Fiscalía Europea, la Oficina denunciará los presuntos delitos ante la citada Fiscalía y colaborará con ella en el contexto de sus investigaciones. El Reglamento para la creación de la Fiscalía Europea contiene ya disposiciones para regular la relación entre esta y la OLAF. Dichas disposiciones se basan en los principios de cooperación estrecha, intercambio de información, complementariedad y no repetición. Estas normas deben reflejarse y complementarse en el Reglamento n.º 883/2013. La adaptación del marco jurídico de la OLAF de cara al momento en que la Fiscalía Europea inicie sus actividades es, por tanto, el principal factor que impulsa la modificación del Reglamento n.º 883/2013. Para garantizar una transición fluida al nuevo marco, el Reglamento modificado debe entrar en vigor antes de que empiece a funcionar la Fiscalía Europea (lo que está previsto para el final de 2020). Tanto la Fiscalía Europea como la OLAF, cada una en sus respectivos ámbitos de competencia, tienen el mandato de proteger los intereses financieros de la Unión. Mientras que la Fiscalía Europea investigará los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión y ejercerá la acción penal y solicitará la apertura de juicio contra sus autores y los cómplices de estos, la OLAF continuará efectuando investigaciones administrativas, haciendo hincapié en facilitar la recuperación administrativa y prevenir mayores daños para las finanzas de la UE a través de medidas administrativas. Por lo tanto, la Fiscalía Europea y la OLAF se centrarán en actividades distintas, aunque convergerán en pos del logro de un objetivo común. En los Estados miembros que no participan en la Fiscalía Europea en esta fase, la OLAF proseguirá con sus investigaciones del mismo modo que lo hace actualmente. En estos Estados miembros, las autoridades nacionales y la OLAF deben contribuir a crear las condiciones necesarias para garantizar una protección efectiva y equivalente de los intereses financieros de la Unión en el conjunto de la UE. En tales circunstancias, resulta esencial que el marco jurídico de la OLAF sea adecuado para el fin perseguido, de manera que pueda cumplir con su función ante la Fiscalía Europea, los Estados miembros y las instituciones, órganos y organismos de la Unión. La evaluación del Reglamento n.º 883/2013 por la Comisión concluyó que dicho Reglamento permitía a la OLAF continuar ofreciendo resultados concretos en lo que se refiere a la protección del presupuesto de la Unión. Las modificaciones introducidas en 2013 aportaron mejoras significativas en cuanto a la realización de las investigaciones, la cooperación con los socios y los derechos de los interesados. Sin embargo, la evaluación puso de manifiesto algunas deficiencias que afectan a la eficiencia y la eficacia de las investigaciones. Estas constataciones están relacionadas con una amplia variedad de áreas, entre las que figuran los instrumentos de investigación de la OLAF, la ejecución de sus competencias, la uniformidad de las condiciones de realización de las investigaciones internas, la realización de los peritajes técnico-legales digitales, las divergencias en el seguimiento de las recomendaciones de la OLAF, las obligaciones de cooperación de los Estados miembros y las instituciones, órganos y organismos de la Unión, o la coherencia global del marco jurídico. No obstante, el análisis de todas las conclusiones de la evaluación excede del alcance de esta propuesta, ya que el Reglamento revisado debe entrar en vigor antes de que la Fiscalía Europea inicie sus actividades. Por lo tanto, la propuesta contiene un número limitado de cambios específicos, basados en las conclusiones más inequívocas de la evaluación. Se trata de cambios esenciales que es necesario introducir a corto plazo para fortalecer el marco en el que la OLAF lleva a cabo sus investigaciones, con objeto de mantener una OLAF sólida y plenamente operativa que complemente el enfoque penal de la Fiscalía Europea con investigaciones administrativas, pero que no conlleven una modificación de su mandato ni de sus competencias. El análisis se centra en aquellas áreas en las que, hoy en día, la falta de claridad de determinadas disposiciones del Reglamento vigente genera obstáculos que socavan la eficacia de las operaciones de la OLAF, y que afectan, principalmente, a los controles y verificaciones in situ o al acceso a la información de cuentas bancarias. Las modificaciones propuestas tienen el propósito de aclarar y reducir la ambigüedad de las disposiciones actuales para los operadores económicos interesados, los Estados miembros y la OLAF, reforzando así la seguridad jurídica. Dichas modificaciones permitirían a la OLAF actuar de manera eficaz y más coherente en todas sus investigaciones. Esto guarda una relación directa con los objetivos de una sólida protección del presupuesto en toda la Unión, unidos a unas garantías procesales adecuadas para los operadores económicos objeto de investigación. El objetivo general de la propuesta es fortalecer la protección de los intereses financieros de la Unión. Esto se logrará a través de tres objetivos específicos, que persiguen lo siguiente: –adaptar el funcionamiento de la OLAF a la creación de la Fiscalía Europea; –mejorar la eficacia de la función investigadora de la OLAF; –aclarar y simplificar una serie de disposiciones recogidas en el Reglamento n.º 883/2013. El informe de evaluación de la Comisión ya indicaba que la propuesta que contuviera estos cambios específicos podría ir seguida de un proceso más amplio para modernizar el marco de la OLAF, que en sus aspectos fundamentales data del año 1999, en el que se creó la OLAF. Sería la ocasión de examinar otras modificaciones más fundamentales en el contexto de la evolución de las áreas y las tendencias en materia de fraude en el siglo XXI, sobre la base de la experiencia adquirida con la cooperación entre la Fiscalía Europea y la OLAF. Asimismo, permitiría analizar otras conclusiones de la evaluación y algunos aspectos del marco jurídico que pueden requerir una reflexión y un debate más amplios.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial La modificación del Reglamento n.º 883/2013 es consecuencia de la creación de la Fiscalía Europea, y su objetivo es precisamente garantizar la coherencia del marco jurídico para la protección de los intereses financieros de la Unión. Representa un paso más tras la adopción de la Directiva relativa a la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión por medio del Derecho penal así como del Reglamento para la creación de la Fiscalía Europea, de cara al establecimiento de un marco jurídico reforzado que asegure una utilización eficaz de todos los medios disponibles en la lucha contra el fraude. Este objetivo resulta particularmente pertinente en un momento en que la Unión avanza hacia el siguiente marco financiero plurianual. Un gasto correcto y eficiente del presupuesto de la Unión es clave para fomentar la confianza de los ciudadanos de UE y potenciar el valor añadido del proyecto europeo. La creación de la Fiscalía Europea y el fortalecimiento del marco jurídico de la OLAF contribuyen al objetivo recogido en el Tratado de lograr un alto nivel de protección del presupuesto de la Unión en todo su territorio (artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE). Coherencia con otras políticas de la Unión Esta iniciativa es coherente con otras modificaciones legislativas dirigidas a mejorar la protección de los ingresos, los gastos y los activos de la Unión contra el fraude y a mejorar la cooperación entre los diferentes organismos encargados de hacer cumplir la ley. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD Base jurídica La propuesta está basada en el artículo 325 del TFUE y en el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Subsidiariedad La OLAF lleva a cabo una tarea específicamente europea —la protección de los intereses financieros de la Unión en el marco de los artículos 317 y 325 del TFUE— que no es posible realizar de igual modo a escala nacional. La propuesta concierne a las investigaciones efectuadas por una oficina de la Unión que en la actualidad se encuentran reguladas a través de un Reglamento de la UE. No modifica las competencias y las responsabilidades de los Estados miembros en la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión, una responsabilidad que los Estados miembros comparten con esta, ni amplía las facultades ni el mandato de la OLAF. La propuesta se refiere a las relaciones con la Fiscalía Europea, que será un organismo de la Unión creado sobre la base de un Reglamento de la UE. En consecuencia, para regular la cooperación entre la OLAF y la Fiscalía Europea es necesaria una actuación a nivel de la Unión. Las modificaciones encaminadas a encuadrar mejor las referencias a la legislación nacional en el marco jurídico de la OLAF (en el contexto de los controles y verificaciones in situ y la admisibilidad de los informes de la OLAF) y la asistencia proporcionada por los Estados miembros (en particular, para facilitar a la OLAF el acceso a los datos bancarios) son necesarias para garantizar la eficacia y una mayor coherencia de las investigaciones de la OLAF en toda la Unión. Esto es imprescindible para que la OLAF utilice eficazmente sus instrumentos de investigación en todos los Estados miembros con el fin de proteger un interés europeo (los intereses financieros de la Unión) y, al mismo tiempo, establecer las garantías procesales necesarias para los operadores económicos objeto de investigación por parte de la OLAF. Estos objetivos requieren una actuación a nivel de la UE. Proporcionalidad Los cambios propuestos se limitan a lo necesario para lograr los objetivos planteados, por lo que cumplen el principio de proporcionalidad. Las modificaciones relacionadas con la Fiscalía Europea son consecuencia de la adopción del Reglamento 2017/1939 y se limitan a aquellas que son necesarias para adaptar el funcionamiento de la OLAF de manera que refleje los principios de la relación entre esta y la Fiscalía Europea establecidos en el citado Reglamento. Además, se abordan determinados aspectos del Reglamento en los que la práctica ha puesto de relieve deficiencias en el sistema existente. Pese a la amplitud de las conclusiones de la evaluación, solamente se proponen modificaciones en aquellos casos en que resulta esencial introducir cambios a corto plazo para garantizar la eficacia de las investigaciones de la OLAF. Las modificaciones concretas no exceden de lo necesario para conseguir este objetivo y alcanzar un equilibrio entre los diferentes intereses legales involucrados. Las disposiciones relativas a la realización de controles in situ se modifican únicamente en la medida necesaria para garantizar que la OLAF pueda utilizar eficazmente este instrumento de investigación en todos los Estados miembros. Estas modificaciones no afectan a la aplicación de la legislación nacional en las situaciones en que esta continúa siendo pertinente, es decir, cuando se insta a las autoridades nacionales a prestar asistencia a la OLAF de conformidad con sus normas procesales nacionales. Este principio se aplica también en lo que respecta a la nueva disposición sobre el acceso a la información bancaria: si bien era necesario aclarar en el Reglamento que las autoridades nacionales competentes deben ayudar a la OLAF a acceder a la información esencial para descubrir numerosos tipos de fraude, estas lo harán con arreglo a sus leyes nacionales. Elección del instrumento El Reglamento n.º 883/2013 debe modificarse por medio de un instrumento del mismo tipo. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO Evaluación del Reglamento n.º 883/2013

El 2 de octubre de 2017, la Comisión adoptó su informe sobre la evaluación de la aplicación del Reglamento n.º 883/2013. Dicho informe se acompañó de un dictamen del Comité de Vigilancia de la OLAF. La evaluación concluyó que el Reglamento permitía a la OLAF obtener resultados concretos en lo referente a la protección del presupuesto de la UE. Asimismo, reveló una serie de deficiencias que afectaban negativamente a la eficacia de las investigaciones de la OLAF. Las conclusiones de la evaluación cubren una amplia variedad de áreas vinculadas con la aplicación del Reglamento. A continuación, se resumen aquellas que se abordan en la propuesta y que se considera esencial adoptar a corto plazo con objeto de fortalecer el marco en el que la OLAF desarrolla sus investigaciones. Por lo que respecta a la realización de las investigaciones, los poderes de investigación de la OLAF emanan de diversos actos del Derecho de la Unión, incluido el Reglamento. En varios casos, esos actos condicionan la aplicación de dichos poderes a los requisitos establecidos en la legislación nacional, sobre todo en lo que concierne a los controles y verificaciones in situ de los operadores económicos y a los peritajes técnico-legales digitales que se llevan a cabo en el territorio de los Estados miembros. La evaluación puso de manifiesto que no está claro en qué medida el Reglamento n.º 883/2013 admite la aplicabilidad de la legislación nacional. Las diferentes interpretaciones de las disposiciones pertinentes, así como las divergencias que existen en las legislaciones nacionales, provocan una fragmentación en el ejercicio de los poderes de investigación de la OLAF e incluso socavan su capacidad para llevar a cabo sus investigaciones de manera eficaz en todos los Estados miembros. La evaluación indicó asimismo que se deben evaluar la necesidad y la posibilidad de mejorar el acceso a la información de cuentas bancarias en las condiciones adecuadas, dado que esto resultaría crucial para descubrir numerosos casos de fraude o irregularidad. En el ámbito del IVA, la evaluación puso de manifiesto la necesidad de aclarar y fortalecer el mandato de la OLAF. Además, se detectaron algunos casos de cooperación con las autoridades nacionales en los que la OLAF tenía dificultades para obtener la asistencia necesaria, aunque se reconocía al mismo tiempo que los servicios de coordinación de la lucha contra el fraude introducidos en virtud del Reglamento n.º 883/2013 habían supuesto un avance muy positivo en ese sentido. En cuanto al seguimiento de las investigaciones, el factor más importante que afecta al seguimiento de las recomendaciones de la OLAF, según reveló la evaluación, se refiere a las normas sobre la admisibilidad de las pruebas recogidas por la OLAF en los procedimientos judiciales nacionales. El Reglamento señala que los informes de la OLAF constituyen elementos de prueba admisibles del mismo modo y en las mismas condiciones que los informes administrativos redactados por los inspectores de las Administraciones nacionales. La evaluación indicó que, en determinados Estados miembros, esta norma no garantizaba una eficacia suficiente de la acción de la OLAF. El Reglamento asigna asimismo a la OLAF el deber de prestar asistencia a los Estados miembros con el fin de coordinar sus acciones para proteger los intereses financieros de la Unión. Constituye un componente esencial de la misión de la OLAF consistente en apoyar la cooperación transfronteriza entre los Estados miembros. No obstante, el Reglamento no contiene disposiciones detalladas sobre las modalidades de coordinación. Por último, la evaluación señaló una serie de disposiciones del Reglamento que deberían aclararse. Consultas con las partes interesadas El Reglamento n.º 883/2013 regula la realización de las investigaciones de la OLAF y los mecanismos de cooperación con los socios institucionales. Los grupos de partes interesadas para los que tiene una repercusión están bien definidos, en su mayor parte en el marco institucional de la Unión y por las autoridades pertinentes de los Estados miembros. No se puede considerar que el público en su conjunto vaya a verse directamente afectado por las disposiciones del Reglamento ni sea responsable de su aplicación; tampoco puede considerarse que posea pruebas concretas que sean necesarias para la revisión. En consecuencia, no se llevó a cabo una consulta pública abierta. La hoja de ruta para la iniciativa permaneció abierta durante cuatro semanas a fin de dar la oportunidad al público de formular comentarios, si bien no se recibió ninguno. Se efectuó una consulta dirigida a grupos de partes interesadas pertinentes: –se consultó a las autoridades nacionales (servicios de coordinación de la lucha contra el fraude y autoridades judiciales, servicios policiales y autoridades de gestión) por medio de una encuesta. Esta iba destinada a todos los Estados miembros; su difusión se realizó a través de los servicios de coordinación de la lucha contra el fraude. Se recibieron en total cuarenta y cuatro respuestas procedentes de veintiún Estados miembros; –se consultó a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, también mediante una encuesta para la que se recibieron veintiocho respuestas; –se organizó un taller específico para conocer la opinión de los expertos del mundo académico y los abogados defensores. La inmensa mayoría de las partes interesadas consultadas se mostró de acuerdo con la posible modificación del Reglamento n.º 883/2013 en vista de la futura creación de la Fiscalía Europea y con el fin de favorecer una estrecha colaboración entre esta última y la OLAF, así como de que cada una de ellas pueda ejercer eficazmente su mandato. Existe un amplio consenso en torno al hecho de que se necesitan normas claras para evitar solapamientos, garantizar la máxima complementariedad y corregir deficiencias. Las partes interesadas consultadas expresaron su acuerdo, en distinta medida, con la necesidad de modificar el Reglamento n.º 883/2013 para mejorar la eficacia de las investigaciones de la OLAF. La mayor parte de las respuestas obtenidas apoyaba la necesidad de mejorar la capacidad de la OLAF para llevar a cabo sus investigaciones de un modo eficaz y coherente en todos los Estados miembros. También se constató un apoyo mayoritario a la necesidad de aclarar y fortalecer el Reglamento en lo referente al IVA y al acceso de la OLAF a los datos bancarios. Los consultados expresaron visiones divergentes sobre asuntos como la admisibilidad de los informes de la OLAF en los procedimientos nacionales o el mandato y la función de los servicios de coordinación de la lucha contra el fraude. El 16 de febrero de 2018, el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) hizo suyos los «Resultados de los trabajos sobre el informe de la Comisión relativo a la evaluación de la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013». Dicho documento insta a la Comisión a centrarse principalmente en los temas necesarios para permitir que la OLAF mantenga una colaboración fluida con la Fiscalía Europea sin que ello suponga una ampliación de las competencias y los poderes de la OLAF. Además, enumera una lista de los temas que algunas delegaciones querrían que se aborden en la propuesta. La revisión del Reglamento n.º 883/2013 también fue debatida por los ministros de Justicia de los Estados miembros, primero durante la reunión informal que mantuvieron en Sofía el 26 de enero de 2018 y posteriormente en el marco del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior celebrado en Bruselas los días 8 y 9 de marzo de 2018. El Consejo hizo hincapié en que la cooperación entre la Fiscalía Europea y la OLAF es esencial y debe basarse en una división clara de competencias y responsabilidades, en la complementariedad y en evitar la competencia o la repetición del trabajo. El Reglamento n.º 883/2013 debería reflejar las disposiciones recogidas en el Reglamento para la creación de la Fiscalía Europea sobre la relación entre ambas oficinas. El Dictamen n.º 2/2017 del Comité de Vigilancia de la OLAF sobre la aplicación del Reglamento n.º 883/2013 también se tuvo en cuenta durante la elaboración de la propuesta. Dicho Dictamen subraya que el Reglamento modificado debería proporcionar un marco uniforme para todas las investigaciones con el fin de evitar la fragmentación y las dificultades de interpretación, pero también para mejorar la claridad de las leyes y las garantías procedimentales. El Dictamen aborda la necesidad de acceder a la información relacionada con las cuentas bancarias y las transferencias monetarias, así como de investigar el fraude en el IVA intracomunitario. Asimismo, exhorta a llevar a cabo una revisión judicial y a reforzar las garantías procedimentales y su control, sobre todo en el contexto de la creación de la Fiscalía Europea y para mejorar la admisibilidad de las pruebas aportadas por la OLAF en los procedimientos judiciales, y destaca la necesidad de aclarar cómo deben ser en el futuro las relaciones entre la OLAF y la Fiscalía Europea. Por último, el Dictamen insta a clarificar la función y el mandato del Comité de Vigilancia, y su acceso a la información relacionada con la función investigadora de la OLAF.

Además, la amplia consulta a las partes interesadas efectuada de cara a la evaluación de la aplicación del Reglamento n.º 883/2013 respalda el trabajo analítico que acompaña a la propuesta. Obtención y uso de asesoramiento especializado Durante la elaboración de la propuesta se utilizaron el estudio externo realizado para la evaluación del Reglamento n.º 883/2013 y varios estudios independientes. También se consultó a expertos en el marco de un taller organizado a tal fin. Evaluación de impacto No se consideró necesaria una evaluación de impacto. La propuesta se acompaña de un documento de trabajo analítico elaborado por los servicios de la Comisión y que está ampliamente basado en el informe de evaluación, en estudios externos y en los resultados de las consultas anteriormente mencionadas. Derechos fundamentales Los derechos fundamentales están protegidos en el marco de las investigaciones de la OLAF a través, entre otras cosas, de las disposiciones específicas sobre las garantías procedimentales recogidas en el Reglamento n.o 883/2013 y en el Reglamento n. º 2185/1996, aplicables a los controles y verificaciones in situ. Además, la OLAF debe garantizar con carácter general que sus actividades respetan los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»). Cuando se adoptó el Reglamento n.º 883/2013, se introdujo un nuevo artículo 9 relativo a las garantías procedimentales. Dicho artículo 9 recupera un conjunto de principios que resultan esenciales en las investigaciones de la OLAF; entre ellos cabe destacar principalmente el deber de la OLAF de buscar pruebas de cargo y de descargo, el derecho a una investigación objetiva e imparcial, la presunción de inocencia y el derecho a no autoinculparse. Además, el artículo 9 contiene disposiciones específicas relativas, entre otros aspectos, ·al derecho de las personas interesadas y los testigos a recibir una notificación antes de ser entrevistados u oídos en audiencia; ·al derecho de las personas interesadas a pronunciarse sobre los hechos del asunto una vez completada la investigación y antes de que se redacten las conclusiones, y al deber de la OLAF de que el informe final de la investigación haga referencia a dichos comentarios; ·al derecho de los testigos a dar por finalizada la entrevista si queda acreditado que son personas interesadas, así como a ser informados de sus derechos como personas interesadas; ·al derecho de las personas oídas a expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión (a los funcionarios u otros agentes de la Unión podrá exigírseles que se expresen en una lengua oficial de la Unión que dominen) y a aprobar el acta de la entrevista o formular observaciones sobre ella; en el caso de las personas interesadas, estos derechos se complementan con el derecho a contar con la ayuda de una persona de su elección y a recibir una copia del acta de la entrevista; ·al derecho de los funcionarios, de otros agentes de la Unión, de los miembros de las instituciones u órganos de la Unión, de los directivos de los organismos o de los miembros del personal a ser informados en el caso de que una investigación revele que pueden ser personas interesadas en una investigación, y el derecho a formular observaciones cuando la OLAF informe a las autoridades nacionales antes de poner en marcha una investigación interna o en el curso de esta. El nuevo artículo 9 relativo a las garantías procedimentales se complementa con una serie de disposiciones sobre: ·la necesidad de obtener una autorización escrita del Director General para la realización de las tareas de investigación, en la que se deberán indicar el objeto y la finalidad de la investigación, las bases jurídicas para el desarrollo de la investigación y las facultades de investigación que emanan de tales bases (artículo 7, apartado 2); ·un control de legalidad (artículo 17, apartado 7) de cara al examen de la legalidad (incluido el respeto de las garantías procedimentales y los derechos fundamentales), la proporcionalidad y la necesidad de las actividades de investigación antes de proceder a ellas, y la revisión general de los informes finales; ·las disposiciones relativas a la confidencialidad y la protección de datos (artículo 10); ·los diversos controles internos y externos (la posibilidad de que cualquier persona afectada por una investigación presente una queja a la OLAF, y los controles efectuados por el Comité de Vigilancia, el Supervisor Europeo de Protección de Datos, el Defensor del Pueblo Europeo, el Tribunal de Cuentas Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con arreglo a sus respectivos mandatos). Este conjunto de disposiciones y controles establece un nivel para la salvaguarda de las garantías procedimentales y los derechos fundamentales de las personas implicadas en investigaciones de la OLAF; dicho nivel es adecuado y está en consonancia con el hecho de que la OLAF lleva a cabo investigaciones administrativas utilizando competencias administrativas. Además, las investigaciones de la OLAF se complementan con un informe y con recomendaciones que, cuando procede, son objeto de seguimiento por parte de otras autoridades. Cuando dichas autoridades preparen una decisión que afecte a la situación jurídica de las personas interesadas, se aplicarán derechos y garantías procedimentales adicionales de conformidad con el marco jurídico aplicable. La evaluación reconoció que el marco jurídico regulador de las garantías procedimentales en las investigaciones de la OLAF, que emanaba del Reglamento n.º 883/2013, suponía en general una mejora positiva de cara a la protección de los derechos de las personas investigadas por la OLAF. En este sentido, la evaluación no ha mostrado la necesidad de revisar las disposiciones existentes.

Las modificaciones propuestas no afectan al equilibrio general que existe entre las competencias de investigación de la OLAF y los derechos procesales de las personas investigadas. Esta iniciativa no supondrá cambio alguno para las competencias de la OLAF, aunque introduce aclaraciones en varios casos. Las modificaciones propuestas sobre la realización de los controles y verificaciones in situ mantienen las facultades actuales y permitirían encuadrar más claramente la aplicación de la legislación nacional, lo que a su vez arrojaría luz sobre las salvaguardas aplicables y los derechos de los operadores afectados. Además, la propuesta aclara que las garantías procedimentales previstas en el Reglamento n.º 883/2013 y en otros actos de la Unión son de aplicación a estos controles y verificaciones in situ. Esto incluye el derecho a no autoinculparse, el derecho del interesado a que le asista una persona de su elección y el derecho a expresarse en una lengua del Estado miembro en el que se lleve a cabo el control. Se aplicarán garantías adicionales cuando sea necesaria la asistencia de las autoridades nacionales para la realización del control si el operador económico se resiste a él, o en otros casos en que las autoridades de los Estados miembros presten asistencia a la OLAF en el marco de un control. En esos casos será de aplicación la legislación nacional —incluidas las garantías procedimentales— en el contexto del deber general de los Estados miembros de garantizar que la acción de la OLAF sea eficaz. La cooperación entre la OLAF y la Fiscalía Europea, así como las nuevas disposiciones relativas a la asistencia de las autoridades nacionales para acceder a los datos bancarios y las referentes a la cooperación con Eurofisc, pueden requerir el intercambio de datos personales. La OLAF aplicará las disposiciones del Reglamento n.º 45/2001 a este tipo de transmisiones de información. Con el fin de reflejar la práctica actual y de reforzar la protección de los datos, la propuesta modifica el artículo 10, apartado 4, que permitía a la OLAF designar un responsable de la protección de datos, para convertir esta posibilidad en una obligación. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS Las modificaciones propuestas al Reglamento no tienen implicaciones para el presupuesto de la Unión. 5.OTROS ELEMENTOS Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información De conformidad con las directrices sobre la mejora de la legislación, no es necesario elaborar un plan de ejecución para un Reglamento. En el contexto de la creación de la Fiscalía Europea y la definición de las modalidades detalladas de cooperación operativa, se celebrarán acuerdos de colaboración entre la OLAF y la Fiscalía Europea. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta I. Relaciones con la Fiscalía Europea Principios generales En el artículo 1, apartado 4 bis, y en el artículo 12 octies se establecen los principios generales de la relación entre la OLAF y la Fiscalía Europea. Estos artículos reproducen el artículo 101 del Reglamento 2017/1939, que exige mantener una relación estrecha y complementaria de modo que se utilicen todos los medios disponibles para proteger el presupuesto de la Unión. Se prevé la necesidad de establecer acuerdos de colaboración para especificar las modalidades concretas de colaboración e intercambio de información. Presentación de informes a la Fiscalía Europea El artículo 12 quater contiene una obligación para la OLAF de informar a la Fiscalía Europea sin demora indebida de cualquier conducta sobre la que la Fiscalía Europea podría ejercer su competencia, según establece el artículo 24 del Reglamento 2017/1939. El informe deberá contener como mínimo la información a la que se refiere el artículo 24 del Reglamento 2017/1939. La OLAF está facultada para llevar a cabo una evaluación preliminar de la información recibida con objeto de garantizar que la información proporcionada a la Fiscalía Europea esté suficientemente sustanciada y contenga los elementos necesarios. El artículo 12 quater refleja asimismo la disposición recogida en el Reglamento 2017/1939 según la cual las instituciones, órganos y organismos de la Unión podrán solicitar a la OLAF que efectúe esta verificación en su nombre. No repetición de las investigaciones, apoyo a la Fiscalía Europea e investigaciones complementarias El artículo 12 quinquies recoge el artículo 101, apartado 2, del Reglamento 2017/1939, que establece que la OLAF no abrirá ninguna investigación administrativa paralela por los mismos hechos que estén siendo investigados por la Fiscalía Europea. Asimismo, crea un mecanismo de consulta para conocer si la Fiscalía Europea está llevando a cabo una investigación. El artículo 12 sexies contiene las normas procedimentales específicas aplicables a las solicitudes de la Fiscalía Europea a la OLAF por las que la primera pida a la segunda que apoye o complemente su actividad, con arreglo a lo previsto en el artículo 101, apartado 3, del Reglamento 2017/1939. El artículo 12 septies dispone que, en casos debidamente justificados y con vistas a permitir la adopción de medidas cautelares o de acciones financieras, disciplinarias o administrativas, la OLAF podrá iniciar o continuar una investigación administrativa para complementar una investigación penal que esté llevando a cabo la Fiscalía Europea. Todo ello está en consonancia con el Reglamento 2017/1939, que especifica que deberán utilizarse todos los medios disponibles para proteger los intereses financieros de la Unión (artículo 101, apartado 1) y que la norma de evitar las repeticiones no deberá impedir a la OLAF poner en marcha una investigación administrativa por iniciativa propia, en estrecha consulta con la Fiscalía Europea (considerando 103). Esta disposición posibilita la realización de investigaciones administrativas no dirigidas a establecer los posibles elementos de un delito, sino centradas en garantizar la recuperación de fondos o en preparar el terreno para una acción administrativa o disciplinaria. Las situaciones en las que una acción administrativa puede resultar útil para complementar la actividad de la Fiscalía Europea incluyen, por ejemplo, la recuperación administrativa en casos en que exista riesgo de prescripción o en que haya sumas muy elevadas en juego, o la necesidad de evitar un gasto mayor en situación de riesgo a través de medidas administrativas. Con el fin de proteger la eficacia de las investigaciones y la incoación de procedimientos penales de la Fiscalía Europea, el artículo 12 septies faculta a esta para oponerse a la apertura o la continuación de una investigación por parte de la OLAF, o a la ejecución de determinados actos de dicha investigación. Esta posibilidad es coherente con el artículo 101, apartado 3, del Reglamento 2017/1939, puesto que en tales casos la ausencia de oposición de la Fiscalía Europea equivale, en términos funcionales, a una solicitud realizada en virtud de dicha disposición.

Otras disposiciones Se proponen diversas adaptaciones de disposiciones vigentes del Reglamento n.º 883/2013 con el fin de reflejar la creación de la Fiscalía Europea (artículo 8, apartados 1 y 4; artículo 9, apartado 4; artículo 16; y artículo 17, apartados 5 y 8). II. Mejora de la eficacia de la función investigadora de la OLAF Controles y verificaciones in situ y asistencia de las autoridades nacionales La propuesta tiene por objeto eliminar las ambigüedades y los obstáculos que puso de relieve la evaluación a través de una mejor definición de las referencias a la legislación nacional, así como garantizar una aplicación más eficaz y coherente de las competencias de la OLAF para llevar a cabo controles y verificaciones in situ sin que ello suponga modificar el funcionamiento del Reglamento en relación con los Estados miembros. La modificación del artículo 3 aclara que la realización de controles y verificaciones in situ por parte de la OLAF, cuando los operadores económicos se sometan a un control de dicha Oficina, está sujeta únicamente al Derecho de la Unión (Reglamento n.o 883/2013 y Reglamento n.º 2185/1996). En particular, está sujeta a las garantías procedimentales previstas en el Reglamento n.º 883/2013 y en el Reglamento n.º 2185/1996, cuya aplicación en el contexto de los controles y verificaciones in situ se aclara en el artículo 3, apartado 5. Cuando el operador económico no coopere y la OLAF necesite acudir a las autoridades nacionales, o reciba asistencia de estas por otros motivos, el artículo 3, apartado 7, y el artículo 7, apartado 3, mantienen el principio de que dicha asistencia se prestará con arreglo al Derecho nacional. El artículo 3, apartado 3, establece el deber de los operadores económicos de cooperar con la OLAF en el transcurso de sus investigaciones. Estas modificaciones del artículo 3, relativas al Derecho aplicable a la realización de controles y verificaciones in situ, son aclaraciones acordes con la interpretación del Reglamento n.º 883/2013 ofrecida por el Tribunal General en su sentencia de 3 de mayo de 2018 en el asunto T-48/16, Sigma Orionis SA / Comisión Europea. El Tribunal dictaminó que, si no existe oposición del operador económico, los controles y verificaciones in situ son efectuados por la OLAF con arreglo al Reglamento n.º 883/2013 y al Reglamento n.º 2185/1996 y previa habilitación expedida por escrito por el Director General de la OLAF. El Derecho de la Unión tiene primacía sobre el Derecho nacional cuando un asunto está regulado por el Reglamento n.º 883/2013 o por el Reglamento n.º 2185/1996. Además, resuelve que las disposiciones (del Reglamento n.º 2185/1996) relativas a la posible oposición del operador económico afectado a un control no implican la existencia de un «derecho a oponerse», sino que simplemente prevén la consecuencia de que dicho control pueda serle impuesto con la ayuda de las autoridades nacionales (de conformidad con el Derecho nacional). En cuanto a las garantías procesales, el Tribunal recuerda que la OLAF debe respetar los derechos fundamentales establecidos en el Derecho de la Unión, y en particular en la Carta. Las modificaciones del artículo 8, apartados 2 y 3, y del artículo 12, apartado 3, tienen la finalidad de garantizar la eficacia de la actuación de la OLAF en los casos en que el Reglamento hace referencia a la aplicación del Derecho nacional. Información sobre cuentas bancarias El artículo 7, apartado 3, se modifica con el propósito de aclarar el deber de los Estados miembros de ayudar a la OLAF comunicándole información sobre cuentas bancarias. A fin de incrementar la eficacia de las investigaciones de la OLAF, esta información debería incluir datos sobre los titulares de las cuentas bancarias que consten en los registros centralizados nacionales de cuentas bancarias o en los sistemas de recuperación de datos de los Estados miembros (5.a Directiva contra el blanqueo de capitales, acordada por los colegisladores de la Unión en diciembre de 2017). También se deberá comunicar información sobre las operaciones financieras, en aquellos casos en que el modus operandi del fraude investigado requiera conocerla. Se mantendrá el principio, ya consagrado en el Reglamento, de que esta asistencia se proporcionará con arreglo a la legislación nacional. IVA Se aclara el artículo 3, apartado 1, para garantizar que la OLAF pueda disponer de los controles y verificaciones in situ en todas las esferas de su mandato. Además, con el objetivo de permitir una cooperación eficiente con los Estados miembros, la modificación del artículo 12, apartado 5, faculta a la OLAF para intercambiar información con la red Eurofisc, creada en virtud del Reglamento n.º 904/2010. Admisibilidad de las pruebas recabadas por la OLAF La modificación del artículo 11, apartado 2, mantiene el principio de equivalencia respecto de las normas aplicables a los informes administrativos redactados por inspectores de las Administraciones nacionales en el contexto de procedimientos penales. Introduce el principio de admisibilidad de los informes de la OLAF —sujeta, únicamente, a una verificación de autenticidad— en procedimientos judiciales de carácter no penal ante órganos jurisdiccionales nacionales, así como en procedimientos administrativos que se lleven a cabo en los Estados miembros. Por último, la disposición establece la admisibilidad de los informes en procedimientos administrativos y judiciales a nivel de la Unión. Esto mejorará la utilización efectiva de los resultados de las investigaciones de la OLAF, aunque sin interferir en la valoración de dichas pruebas. Servicios de coordinación antifraude El artículo 12 bis especifica la función de los servicios de coordinación antifraude en los Estados miembros, a fin de garantizar que la OLAF reciba la asistencia que necesita para la eficacia de sus investigaciones. La organización y la determinación de las competencias de estos servicios siguen siendo competencia de cada Estado miembro. Los servicios de coordinación antifraude podrán apoyar a la OLAF en investigaciones internas y externas y en actividades de coordinación, además de desarrollar una cooperación entre ellos. Actividades de coordinación El artículo 12 ter introduce una nueva disposición que especifica las actividades de coordinación que puede llevar a cabo la OLAF. III. Aclaración y simplificación La modificación del artículo 4, apartado 2, adapta la realización de los peritajes técnico-legales digitales al progreso tecnológico.

Las modificaciones del artículo 3, apartado 9, el artículo 11, apartado 3, y el artículo 12, apartado 1, mejoran la coherencia de las normas relativas a las investigaciones internas y externas. La modificación del artículo 7, apartado 6, aclara que las instituciones, órganos y organismos de la Unión pueden consultar a la OLAF en cualquier momento para decidir sobre la imposición de medidas cautelares. 2018/0170 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en lo referente a la cooperación con la Fiscalía Europea y la eficacia de las investigaciones de la OLAF EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 325, en relación con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y en particular, su artículo 106 bis, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)Con la adopción de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo y del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, la Unión ha reforzado sustancialmente los medios disponibles para proteger los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal. La Fiscalía Europea estará facultada para llevar a cabo investigaciones penales y formular acusaciones relacionadas con infracciones penales que afecten al presupuesto de la Unión, según se define en la Directiva (UE) 2017/1371, en los Estados miembros participantes. (2)La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude («la Oficina») lleva a cabo investigaciones administrativas sobre irregularidades administrativas y sobre comportamientos constitutivos de delito. Al término de sus investigaciones, puede formular recomendaciones judiciales a las fiscalías nacionales con el fin de que formulen acusaciones e inicien acciones en los Estados miembros. En el futuro, en los Estados miembros participantes en la Fiscalía Europea, la Oficina denunciará las presuntas infracciones penales ante la citada Fiscalía y colaborará con ella en el contexto de sus investigaciones. (3)Por consiguiente, tras la adopción del Reglamento (UE) 2017/1939 se hace necesario modificar el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. Las disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1939 que regulan la relación entre la Fiscalía Europea y la Oficina deberían quedar reflejadas en las normas recogidas en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y complementarlas, con objeto de garantizar el máximo nivel de protección de los intereses financieros de la Unión a través de las sinergias entre ambos organismos. (4)En vista de su objetivo común de preservar la integridad del presupuesto de la Unión, la Oficina y la Fiscalía Europea deberían establecer y mantener una relación estrecha basada en una cooperación sincera, cuyo objetivo debiera ser garantizar la complementariedad de sus respectivos mandatos y la coordinación de sus actuaciones, en particular en lo que respecta al alcance de la cooperación reforzada de cara a la creación de la Fiscalía Europea. En última instancia, esta relación debería contribuir a garantizar que se utilicen todos los medios disponibles para proteger los intereses financieros de la Unión y evitar cualquier duplicación innecesaria de esfuerzos. (5)El Reglamento (UE) 2017/1939 exige a la Oficina, así como a todas las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a las autoridades nacionales competentes, que informen a la Fiscalía Europea sin dilación indebida de todo comportamiento constitutivo de delito respecto del cual la Fiscalía Europea pueda ejercer sus competencias. Dado que el mandato de la Oficina consiste en efectuar investigaciones administrativas sobre casos de fraude, corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión, goza de una posición idónea y cuenta con todos los recursos necesarios para actuar como socio natural de la Fiscalía Europea y como fuente privilegiada de información para esta. (6)En la práctica, en las denuncias iniciales que reciba la Oficina puede haber elementos que apunten a la existencia de un presunto comportamiento constitutivo de delito que entre dentro del ámbito competencial de la Fiscalía Europea, o puede que dichos elementos únicamente emerjan en el transcurso de una investigación administrativa abierta por la Oficina basándose en la sospecha de comisión de una irregularidad administrativa. Para cumplir con su deber de informar a la Fiscalía Europea, la Oficina debe notificar el comportamiento constitutivo de delito, según proceda, en cualquier momento antes de una investigación o en el transcurso de esta. (7)El Reglamento (UE) 2017/1939 especifica los elementos mínimos que, con carácter general, deben contener estos informes. Puede que la Oficina tenga que llevar a cabo una evaluación preliminar de las denuncias para establecer estos elementos y recabar la información necesaria. La Oficina debe realizar esta evaluación con rapidez y utilizando medios que no comprometan una posible investigación penal futura. Al término de su evaluación, deberá informar a la Fiscalía Europea cuando se haya detectado un presunto delito que esté dentro de su ámbito de competencias.

(8)En consideración a los conocimientos especializados de la Oficina, las instituciones, órganos y organismos de la Unión deben tener la opción de recurrir a ella para que lleve a cabo dicha evaluación preliminar de denuncias que les hayan sido notificadas. (9)De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Oficina no debe abrir, en principio, una investigación administrativa paralela a una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Europea en relación con los mismos hechos. Sin embargo, en determinados casos, la protección de los intereses financieros de la Unión puede requerir que la Oficina realice una investigación administrativa complementaria antes de que concluyan los procedimientos penales incoados por la Fiscalía Europea con el propósito de determinar si es necesario adoptar medidas cautelares o bien de carácter financiero, disciplinario o administrativo. Estas investigaciones complementarias pueden resultar adecuadas, entre otras cosas, para recuperar cantidades adeudadas al presupuesto de la Unión que estén sujetas a normas de prescripción específicas, cuando las sumas en juego sean muy elevadas o cuando sea necesario evitar un gasto mayor en situaciones de riesgo por medio de medidas administrativas. (10)El Reglamento (UE) 2017/1939 dispone que la Fiscalía Europea podrá solicitar a la Oficina la realización de estas investigaciones complementarias. En los casos en que la Fiscalía Europea no lo solicite, la Oficina también podrá poner en marcha una investigación complementaria por iniciativa propia, en determinadas condiciones. En particular, la Fiscalía Europea debe tener la posibilidad de oponerse a la apertura o la continuación de una investigación por parte de la Oficina, o a la ejecución de determinados actos de investigación por esta. Los motivos de dicha oposición deben estar basados en la necesidad de proteger la eficacia de la investigación de la Fiscalía Europea y deben guardar proporción con este objetivo. La Oficina debe abstenerse de llevar a cabo una acción a la que se haya opuesto la Fiscalía Europea. Si la Fiscalía Europea no se opone, la investigación de la Oficina debe efectuarse en estrecha consulta con aquella. (11)La Oficina debe apoyar activamente a la Fiscalía Europea en sus investigaciones. A tal efecto, la Fiscalía Europea puede solicitar a la Oficina que apoye o complemente sus investigaciones penales a través del ejercicio de las competencias previstas en el presente Reglamento. En tales casos, la Oficina debe realizar estas operaciones ateniéndose a los límites de sus competencias y dentro del marco previsto en el presente Reglamento. (12)Para garantizar una coordinación eficaz entre la Oficina y la Fiscalía Europea, ambas deben intercambiar información de manera continua. El intercambio de información en las fases previas a la apertura de investigaciones por parte de la Oficina y la Fiscalía Europea es particularmente importante para garantizar una correcta coordinación entre sus respectivas actuaciones y evitar repeticiones. La Oficina y la Fiscalía Europea deben especificar las modalidades y las condiciones de este intercambio de información en sus acuerdos de colaboración. (13)El informe de la Comisión sobre la evaluación de la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013, adoptado el 2 de octubre de 2017, concluyó que las modificaciones introducidas en 2013 en el marco jurídico habían aportado mejoras claras en cuanto a la realización de las investigaciones, la cooperación con los socios y los derechos de los interesados. Sin embargo, la evaluación puso de manifiesto algunas deficiencias que afectan a la eficiencia y la eficacia de las investigaciones. (14)Es necesario abordar las conclusiones menos ambiguas de la evaluación de la Comisión mediante la modificación del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013. Se trata de cambios esenciales que es necesario introducir a corto plazo para fortalecer el marco en el que la Oficina lleva a cabo sus investigaciones, con objeto de mantener una Oficina sólida y plenamente operativa que complemente el enfoque de la Fiscalía Europea, basado en el Derecho penal, con investigaciones administrativas, pero que no conlleven una modificación de su mandato ni de sus competencias. Estos cambios conciernen principalmente a ámbitos en los que la actual falta de claridad del Reglamento dificulta las investigaciones de la Oficina, como son la realización de controles in situ, la posibilidad de acceder a la información sobre las cuentas bancarias o la admisibilidad como prueba de los informes de caso redactados por la Oficina. (15)Las modificaciones propuestas no afectan a las garantías procedimentales aplicables en el marco de las investigaciones. La Oficina está obligada a aplicar las garantías procedimentales recogidas en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo y las contenidas en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Este marco exige que la Oficina realice sus investigaciones de manera objetiva, imparcial y confidencial, buscando pruebas de cargo y de descargo, y que lleve a cabo labores de investigación basándose en una habilitación escrita y tras un control de legalidad. La Oficina debe garantizar el respeto de los derechos de las personas afectadas por sus investigaciones, incluida la presunción de inocencia y el derecho a no autoinculparse. Cuando se entreviste a las personas afectadas estas tendrán, entre otros derechos, los de contar con la asistencia de una persona de su elección, aprobar el acta de la entrevista y expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión. Asimismo, tendrán el derecho de formular observaciones sobre los hechos del asunto antes de que se redacten las conclusiones. (16)La Oficina lleva a cabo controles y verificaciones in situ, lo que le permite acceder a las instalaciones y la documentación de los operadores económicos en el marco de sus investigaciones sobre presuntos casos de fraude, corrupción u otras conductas ilegales que afecten a los intereses financieros de la Unión. Estos controles y verificaciones se realizan de conformidad con el presente Reglamento y con el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, que en algunas circunstancias supedita la aplicación de dichas competencias a lo dispuesto en la legislación nacional. La evaluación de la Comisión ha constatado que no siempre se especifica el alcance de la aplicación de la legislación nacional, lo que socava la eficacia de las actividades de investigación de la Oficina. (17)Por consiguiente, conviene aclarar los casos en los que debe aplicarse la legislación nacional en el curso de las investigaciones de la Oficina sin alterar, no obstante, las competencias de esta ni modificar el funcionamiento del Reglamento en relación con los Estados miembros. Esta aclaración refleja la reciente sentencia del Tribunal General en el asunto T-48/16, Sigma Orionis SA / Comisión Europea. (18)La realización de controles y verificaciones in situ por parte de la Oficina en situaciones en las que el operador económico afectado se someta al control se regirá exclusivamente por el Derecho de la Unión. Esto permitirá a la Oficina ejercer sus competencias de investigación de un modo eficaz y coherente en todos los Estados miembros, con vistas a contribuir a un elevado nivel de protección de los intereses financieros de la Unión en todo el territorio de esta, tal como exige el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. (19)En aquellas situaciones en que la Oficina necesite solicitar asistencia a las autoridades nacionales competentes, sobre todo en los casos en que un operador económico se oponga a un control o verificación in situ, los Estados miembros deben garantizar la eficacia de la actuación de la Oficina y deben prestarle la asistencia necesaria con arreglo a las normas pertinentes del Derecho procesal nacional. (20)Debe introducirse en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 el deber de los operadores económicos de cooperar con la Oficina. Este deber está en consonancia con su obligación, prevista en el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, de permitir el acceso a sus locales, terrenos, medios de transporte y demás lugares de uso profesional para la realización de controles y verificaciones in situ, así como con la obligación recogida en el artículo 129 del Reglamento Financiero de que cualquier persona o entidad que reciba fondos de la Unión deberá cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de la Unión, incluso en el contexto de las investigaciones que lleve a cabo la Oficina. (21)En el marco de este deber de cooperación, la Oficina debe poder exigir a los operadores económicos que hayan podido estar involucrados en el asunto investigado, o que puedan poseer información pertinente, que faciliten dicha información pertinente. Cuando responden a dichas solicitudes, los operadores económicos no están obligados a admitir que han realizado una actividad ilegal, pero sí a responder a las preguntas relativas a los hechos y a proporcionar documentos, incluso si dicha información puede ser utilizada contra ellos o contra otro operador para establecer la existencia de una actividad ilegal. (22)Durante los controles y verificaciones in situ, los operadores económicos deben tener la posibilidad de expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado miembro en el que tenga lugar el control, así como el derecho a contar con la asistencia de una persona de su elección, incluido su asesor jurídico externo. No obstante, la presencia de un asesor jurídico no debe constituir un requisito legal para que los controles y verificaciones in situ sean válidos. A fin de garantizar la eficacia de los controles y verificaciones in situ, en particular en lo que respecta al riesgo de desaparición de las pruebas, la Oficina debe poder acceder a los locales, terrenos, medios de transporte y demás lugares de uso profesional sin esperar a que el operador consulte con su asesor jurídico. Para iniciar la realización del control, la Oficina solo debe aceptar un plazo razonable de espera a que se produzca dicha consulta. Dicho plazo deberá ser el mínimo estrictamente necesario. (23)Con el fin de garantizar la transparencia, a la hora de efectuar los controles y verificaciones in situ, la Oficina debe proporcionar a los operadores económicos información adecuada sobre su deber de cooperar y las consecuencias de negarse a hacerlo, así como sobre el procedimiento aplicable al control, incluidas las garantías procedimentales aplicables. (24)En las investigaciones internas y, cuando sea necesario, también en las investigaciones externas, la Oficina tiene acceso a toda información pertinente que posean las instituciones, órganos y organismos. Tal como apunta la evaluación de la Comisión, resulta necesario aclarar que este acceso debe ser posible con independencia del soporte en el que estén almacenados la información o los datos, a fin de reflejar la evolución del progreso tecnológico. (25)A fin de crear un marco más coherente para las investigaciones de la Oficina, es conveniente armonizar en mayor medida las normas aplicables a las investigaciones internas y externas para resolver algunas incoherencias señaladas por la Comisión en su evaluación, relativas a divergencias injustificadas en las normas. Así debe hacerse, por ejemplo, para establecer que los informes y las recomendaciones que se elaboren como resultado de una investigación externa puedan enviarse a la institución, el órgano o el organismo a los que conciernan para que estos adopten las medidas adecuadas, como se hace con las investigaciones internas. Cuando sea posible de conformidad con su mandato, la Oficina deberá apoyar a la institución, el órgano o el organismo afectados en la actuación que emprendan para seguir sus recomendaciones. A fin de asegurar mejor la cooperación entre la Oficina y las instituciones, órganos y organismos, la Oficina debe informar, cuando sea necesario, a la institución, el órgano o el organismo afectados si decide no abrir una investigación externa, por ejemplo en el caso de que una institución, un órgano o un organismo fuera la fuente de la información inicial. (26)La Oficina debe disponer de los medios necesarios para seguir el rastro de los fondos a fin de desvelar el modus operandi característico de numerosas conductas fraudulentas. En la actualidad puede obtener la información bancaria que obra en poder de las entidades de crédito de varios Estados miembros y que resulta pertinente para su actividad investigadora a través de la cooperación con las autoridades nacionales y de la asistencia que estas le prestan. Con objeto de garantizar un enfoque eficaz en toda la Unión, el Reglamento debe especificar el deber de las autoridades nacionales competentes de proporcionar información sobre cuentas bancarias y de pagos a la Oficina, como parte de su obligación general de prestar asistencia a esta. Como norma general, esta cooperación debe tener lugar a través de las Unidades de Inteligencia Financiera de los Estados miembros. Cuando presten dicha asistencia a la Oficina, las autoridades nacionales deben actuar en cumplimiento de las disposiciones pertinentes de Derecho procesal recogidas en la legislación nacional del Estado miembro de que se trate. (27)La transmisión temprana de información por parte de la Oficina con objeto de adoptar medidas cautelares constituye una herramienta esencial para proteger los intereses financieros de la Unión. Con el objetivo de asegurar una estrecha cooperación en este aspecto entre la Oficina y las instituciones, órganos y organismos de la Unión, conviene que estas tengan la oportunidad de consultar en cualquier momento a la Oficina para decidir sobre cualquier medida cautelar oportuna, incluidas las de aseguramiento de las pruebas.

(28)En la actualidad, los informes que elabora la Oficina constituyen elementos de prueba admisibles en los procedimientos administrativos o judiciales del mismo modo y en las mismas condiciones que los informes administrativos redactados por los inspectores de las Administraciones nacionales. La evaluación de la Comisión constató que, en determinados Estados miembros, esta norma no garantiza suficientemente la eficacia de las actividades de la Oficina. Para aumentar la eficacia de los informes de la Oficina y su utilización coherente, el Reglamento debe establecer la admisibilidad de dichos informes en procedimientos judiciales de carácter no penal ante órganos jurisdiccionales nacionales, así como en procedimientos administrativos que se lleven a cabo en los Estados miembros. La norma que dispone la equivalencia de estos informes con los que elaboran los inspectores de las Administraciones nacionales debe ser también de aplicación en el caso de los procedimientos judiciales nacionales de naturaleza penal. El Reglamento debe establecer también la admisibilidad de los informes elaborados por la Oficina en procedimientos administrativos y judiciales a nivel de la Unión. (29)El mandato de la Oficina incluye la protección de los ingresos del presupuesto de la Unión derivados de los recursos propios procedentes del IVA. En este ámbito, la Oficina debe poder apoyar y complementar las actividades de los Estados miembros a través de investigaciones llevadas a cabo de acuerdo con su mandato, de la coordinación de las autoridades nacionales competentes en casos transnacionales complejos y de la prestación de apoyo y asistencia a los Estados miembros y a la Fiscalía Europea. Con este fin, la Oficina debe poder intercambiar información a través de la red Eurofisc creada en virtud del Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo para promover y facilitar la cooperación en la lucha contra el fraude en el ámbito del IVA. (30)El Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 introdujo los servicios de coordinación antifraude de los Estados miembros para facilitar una cooperación y un intercambio de información eficaces —incluida información de naturaleza operativa— entre la Oficina y los Estados miembros. La evaluación concluyó que estos servicios han realizado una contribución positiva al trabajo de la Oficina. Además, señaló la necesidad de aclarar en mayor medida su función con objeto de garantizar que la Oficina reciba la asistencia necesaria para asegurar que sus investigaciones resulten eficaces, manteniendo al mismo tiempo la organización y las competencias de los servicios de coordinación antifraude de cada Estado miembro. A este respecto, los servicios de coordinación antifraude deben poder proporcionar, obtener o coordinar la asistencia que necesite la Oficina para poder llevar a cabo eficazmente sus tareas antes de una investigación interna o externa, durante su transcurso o una vez que finalice. (31)El deber de la Oficina de prestar asistencia a los Estados miembros para coordinar sus actuaciones en favor de la protección de los intereses financieros de la Unión es un elemento clave de su mandato de apoyar la cooperación transfronteriza entre los Estados miembros. Deben establecerse normas más detalladas para facilitar las actividades de coordinación de la Oficina y su colaboración en este contexto con las autoridades de los Estados miembros, con terceros países y con organizaciones internacionales. Estas normas no deben menoscabar el ejercicio, por parte de la Oficina, de las facultades conferidas a la Comisión en virtud de las disposiciones específicas que regulan la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y la cooperación entre dichas autoridades y la Comisión, en particular el Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo. (32)Además, la Oficina debe tener la posibilidad de solicitar la asistencia de los servicios de coordinación antifraude en el contexto de las actividades de coordinación, y estos servicios deben poder cooperar entre ellos para reforzar aún más los mecanismos disponibles para la cooperación en la lucha contra el fraude. (33)Dado que los Estados miembros no pueden lograr suficientemente el objetivo del presente Reglamento de fortalecer la protección de los intereses financieros de la Unión mediante la adaptación del funcionamiento de la Oficina a la creación de la Fiscalía Europea y la mejora de la eficacia de las investigaciones de la Oficina, sino que dicho objetivo se logrará mejor a nivel de la Unión mediante la adopción de normas que regulen la relación entre ambos organismos de la Unión y la mejora de la eficacia en la realización de las investigaciones de la Oficina en toda la Unión, esta última puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad contemplado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no va más allá de lo que resulta necesario para intensificar la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. (34)El presente Reglamento no modifica las competencias y responsabilidades de los Estados miembros para tomar medidas encaminadas a combatir el fraude, la corrupción o cualquier otra actividad ilegal cometida en detrimento de los intereses financieros de la Unión. (35)El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue consultado de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo y presentó un dictamen el .... (36)Procede, por tanto, modificar en consecuencia el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013, HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Artículo 1 El Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 se modifica como sigue: (1)En el artículo 1 se inserta el apartado 4 bis siguiente: «4 bis. La Oficina establecerá y mantendrá una relación estrecha con la Fiscalía Europea creada por el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo en el marco de una cooperación reforzada. Esta relación se basará en la cooperación mutua y en el intercambio de información entre ambas. Su objetivo será, en particular, garantizar la utilización de todos los medios disponibles para la protección de los intereses financieros de la Unión mediante la complementariedad de sus respectivos mandatos y el apoyo de la OLAF a la Fiscalía Europea. La cooperación entre la Oficina y la Fiscalía Europea se regirá por lo dispuesto en los artículos 12 quater a 12 septies». (2)En el artículo 2, el punto 4 se sustituye por el texto siguiente: «4) “investigaciones administrativas” (en lo sucesivo, “las investigaciones”) se entenderán en el sentido de todas las inspecciones, verificaciones y otras medidas adoptadas por la Oficina, de conformidad con los artículos 3 y 4, para alcanzar los objetivos definidos en el artículo 1 y determinar, en su caso, el carácter irregular de las actividades investigadas; estas investigaciones no afectarán a los poderes de la Oficina o de las autoridades competentes de los Estados miembros para incoar diligencias penales.» (3)El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 3

Investigaciones externas 1.Dentro del ámbito de aplicación definido en el artículo 1 y en el artículo 2, puntos 1 y 3, la Oficina efectuará controles y verificaciones in situ en los Estados miembros y, de conformidad con los acuerdos de cooperación y de asistencia mutua vigentes y cualquier otro instrumento jurídico en vigor, en terceros países y en los locales de organizaciones internacionales.

2.Los controles y verificaciones in situ se realizarán de conformidad con el presente Reglamento y, en aquellos aspectos no cubiertos por este, con el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96. 3.Los operadores económicos cooperarán con la Oficina en el curso de sus investigaciones. La Oficina podrá solicitar a los operadores económicos información oral, incluso a través de entrevistas, e información escrita. 4.La Oficina llevará a cabo controles y verificaciones in situ previa presentación de una habilitación escrita, según lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, del presente Reglamento y en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/1996. Informará al operador económico afectado del procedimiento aplicable al control, incluidas las garantías procedimentales aplicables, y de su deber de cooperar. 5.En el ejercicio de estas competencias, la Oficina cumplirá las garantías procedimentales previstas en el presente Reglamento y en el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96. Durante la realización de un control o verificación in situ, el operador económico afectado tendrá derecho a no realizar declaraciones autoinculpatorias y a contar con la asistencia de una persona de su elección. Cuando el operador económico realice declaraciones durante los controles in situ, se le ofrecerá la posibilidad de expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado miembro en el que esté ubicado. El derecho del operador económico a contar con la asistencia de una persona de su elección no impedirá a la Oficina acceder a los locales de este ni retrasará indebidamente el inicio del control. 6.A petición de la Oficina, la autoridad competente del Estado miembro de que se trate prestará al personal de la Oficina la asistencia necesaria para permitir la realización efectiva de su misión, tal como se especifica en la habilitación escrita prevista en el artículo 7, apartado 2. El Estado miembro de que se trate garantizará, de conformidad con el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, que el personal de la Oficina disponga de acceso a toda la información y los documentos relacionados con el asunto investigado que puedan ser necesarios para llevar a cabo de manera eficaz y eficiente los controles y verificaciones in situ, y que dicho personal pueda asumir la custodia de documentos o datos para asegurar que no exista peligro de que desaparezcan. 7.Cuando el operador económico afectado se someta a un control o verificación in situ autorizados en virtud del presente Reglamento, no serán de aplicación el artículo 2, apartado 4, del Reglamento (Euratom, CE) n.º 2988/95, ni el artículo 6, apartado 1, párrafo tercero, y el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, en la medida en que dichas disposiciones exigen el cumplimiento de la legislación nacional y pueden limitar el acceso de la Oficina a la información y la documentación en las condiciones aplicables a los inspectores de las Administraciones nacionales. En los casos en que el personal de la Oficina encuentre que un operador económico se resiste a someterse a un control o una verificación in situ autorizados en virtud del presente Reglamento, el Estado miembro de que se trate prestará a dicho personal la asistencia necesaria de las autoridades policiales para que pueda llevar a cabo el control o la verificación in situ de forma eficaz y sin demoras indebidas. Cuando presten asistencia de conformidad con el presente apartado o con el apartado 6, las autoridades nacionales competentes actuarán con arreglo a las normas procedimentales nacionales aplicables a la autoridad nacional competente de que se trate. Si dicha asistencia requiere la autorización de una autoridad judicial de conformidad con la legislación nacional, se solicitará esa autorización. 8.En el ejercicio de sus funciones de investigación, la Oficina efectuará los controles y las verificaciones previstos en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 y en las normativas sectoriales a que se refiere el artículo 9, apartado 2, del citado Reglamento, en los Estados miembros y, de conformidad con los acuerdos de cooperación y de asistencia mutua vigentes y cualquier otro instrumento jurídico en vigor, en terceros países y en los locales de organizaciones internacionales. 9.Durante una investigación externa, y en la medida en que sea estrictamente necesario para determinar la existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión, la Oficina podrá tener acceso a la información y los datos pertinentes, con independencia del soporte en el que estén almacenados, de que dispongan las instituciones, órganos y organismos, en relación con los hechos investigados. Será de aplicación a tal efecto el artículo 4, apartados 2 y 4. 10.Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 quater, apartado 1, cuando, antes de que se adopte una decisión sobre iniciar o no una investigación externa, la Oficina disponga de información que sugiera la existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión, esta podrá informar a las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate y, en caso necesario, a las instituciones, órganos y organismos de que se trate. Sin perjuicio de las normas sectoriales mencionadas en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95, las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate velarán por que se adopten las medidas oportunas, con arreglo al Derecho nacional, en las que podrá participar la Oficina. Las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate informarán a la Oficina, a petición de esta, sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos merced a la información mencionada en el párrafo primero del presente apartado.» (4)El artículo 4 se modifica como sigue: (a)el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: «2. En el curso de investigaciones internas: (a)la Oficina tendrá derecho a acceder, de manera inmediata y sin mediar preaviso, a cualquier información y datos pertinentes, con independencia del soporte en el que estén almacenados, que obre en poder de las instituciones, órganos y organismos, así como a los locales de estos. La Oficina podrá controlar la contabilidad de las instituciones, órganos y organismos. La Oficina podrá hacer copias y obtener extractos de cualquier documento y del contenido de cualquier soporte de información que obre en poder de las instituciones, órganos y organismos y, en caso necesario, asumir la custodia de esos documentos o informaciones, para evitar todo riesgo de desaparición; (b)la Oficina podrá pedir información oral, inclusive mediante entrevista, o escrita a los funcionarios, otros agentes, miembros de las instituciones y órganos, directivos de los organismos, o miembros del personal.»; (b)el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: «3. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, la Oficina podrá efectuar controles y verificaciones in situ en los locales de operadores económicos con el fin de tener acceso a la información pertinente en relación con los hechos de la investigación interna.»;

(c)en el apartado 8, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 quater, apartado 1, cuando, antes de que se adopte una decisión sobre iniciar o no una investigación interna, la Oficina disponga de información que sugiera la existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión, esta podrá informar a la institución, órgano u organismo de que se trate. La institución, órgano u organismo de que se trate informará a la Oficina, a petición de esta, de las medidas adoptadas y de los resultados obtenidos sobre la base de dicha información.» (5)El artículo 5 se modifica como sigue: (a)en el apartado 1, la primera frase se sustituye por el texto siguiente: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 quinquies, el Director General podrá iniciar una investigación cuando haya sospecha suficiente, que puede también basarse en información proporcionada por una tercera parte o por información anónima, de que se ha incurrido en fraude, corrupción u otra actividad ilegal en detrimento de los intereses financieros de la Unión.»; (b)en el apartado 3, se añade la frase siguiente: «El presente apartado no será de aplicación a las investigaciones que efectúe la Fiscalía Europea en virtud del Reglamento (UE) n.º 2017/1939.»; (c)el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: «6. Si el Director General decide no iniciar una investigación externa, podrá transmitir sin demora toda información pertinente a las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate para tomar medidas, si procede, de acuerdo con el Derecho de la Unión y con la normativa nacional. Si fuera necesario, la Oficina informará también a la institución, órgano u organismo interesado.» (6)El artículo 7 se modifica como sigue: (a)en el apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: «Las autoridades competentes de los Estados miembros prestarán la asistencia necesaria para que el personal de la Oficina cumpla su misión de conformidad con el presente Reglamento de manera eficaz y sin demora indebida.»; (b)en el apartado 3, se inserta el párrafo segundo siguiente: «A petición de la Oficina en relación con los hechos investigados, las Unidades de Inteligencia Financiera creadas en virtud de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo y otras autoridades competentes pertinentes de los Estados miembros le proporcionarán lo siguiente: (a)la información a la que se refiere [el artículo 32 bis, apartado 3, de] la Directiva (UE) 2015/849; (b)cuando sea estrictamente necesario para los fines de la investigación, el registro de operaciones.»; (c)en el apartado 3, se añade el párrafo tercero siguiente: «Cuando presten asistencia de conformidad con los párrafos anteriores, las autoridades nacionales competentes actuarán con arreglo a las normas procedimentales nacionales aplicables a la autoridad nacional competente de que se trate.»; (d)en el apartado 6, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: «Además de lo previsto en el párrafo primero, la institución, órgano u organismo de que se trate podrá consultar en todo momento con la Oficina a fin de adoptar, en estrecha cooperación con esta, todas las medidas cautelares apropiadas, incluidas las de aseguramiento de pruebas, e informará sin demora a la Oficina de su decisión.»;

(e)el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente: «8. Si no pudiera concluirse una investigación dentro de los doce meses siguientes a su inicio, el Director General, al finalizar dicho período de doce meses y posteriormente cada seis meses, informará al Comité de Vigilancia indicando las razones y, cuando proceda, las medidas correctoras previstas a fin de acelerar la investigación.» (7)El artículo 8 se modifica como sigue: (a)en el apartado 1, se añade el párrafo siguiente: «Cuando las instituciones, órganos y organismos informen a la Fiscalía Europea de conformidad con el artículo 24 del Reglamento (UE) 2017/1939, podrán, en lugar de ello, remitir a la Oficina una copia del informe enviado a la Fiscalía Europea.»; (b)el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: «2. Las instituciones, órganos y organismos, y, a menos que su Derecho nacional lo impida, las autoridades competentes de los Estados miembros remitirán, a petición de la Oficina o por propia iniciativa, cualquier documento o información que obre en su poder en relación con una investigación en curso de la Oficina. Antes de iniciar una investigación, remitirán a la Oficina, a petición de esta, cualquier documento o información que obre en su poder y sea necesario para valorar las alegaciones o aplicar los criterios previstos en el artículo 5, apartado 1, para el inicio de las investigaciones.»; (c)el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: «3. Las instituciones, órganos y organismos, así como las autoridades competentes de los Estados miembros, a menos que su Derecho nacional lo impida, remitirán a la Oficina cualquier otro documento o información que obre en su poder y que se considere pertinente en relación con la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión.»; (d)se añade el apartado 4 siguiente: «4. El presente artículo no será de aplicación a la Fiscalía Europea con respecto a los delitos sobre los que pueda ejercer sus competencias de conformidad con los artículos 22 y 25 del Reglamento (UE) 2017/1939. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que la Fiscalía Europea proporcione a la Oficina información pertinente sobre asuntos de conformidad con el artículo 34, apartado 8, el artículo 36, apartado 6, el artículo 39, apartado 4 y el artículo 101, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) 2017/1939.» (8)El artículo 9 se modifica como sigue: (a)en el apartado 4, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente: «En aquellos casos en los que sea necesario preservar la confidencialidad de la investigación y que impliquen el recurso a procedimientos de investigación que incumban a la Fiscalía Europea o a una autoridad judicial nacional, el Director General podrá decidir que se difiera el cumplimiento del deber de solicitar a la persona interesada que presente sus observaciones.» (9)El artículo 10 se modifica como sigue: (a)en el apartado 4, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: «La Oficina designará un responsable de la protección de datos, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento (CE) n.º 45/2001.» (10)El artículo 11 se modifica como sigue:

(a)en el apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: «El informe podrá ir acompañado de recomendaciones del Director General sobre las medidas que deban adoptarse. Dichas recomendaciones, según proceda, indicarán toda medida disciplinaria, administrativa, financiera o judicial de las instituciones, órganos y organismos y de las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate y especificarán en concreto las cantidades estimadas que se deben recuperar, así como la calificación jurídica preliminar de los hechos probados.»; (b)el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: «2. Al redactar dichos informes y recomendaciones, se tendrán en cuenta las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión y, siempre que sea aplicable, del Derecho nacional del Estado miembro interesado. Tras la simple verificación de su autenticidad, los informes así elaborados constituirán elementos de prueba admisibles en los procedimientos judiciales de carácter no penal ante órganos jurisdiccionales nacionales, así como en los procedimientos administrativos que se lleven a cabo en los Estados miembros. Los informes elaborados por la Oficina constituirán elementos de prueba admisibles en los procedimientos penales del Estado miembro en que resulte necesaria su utilización, en los mismos términos y condiciones que los informes administrativos redactados por los inspectores de las Administraciones nacionales. Estarán sujetos a los mismos criterios de apreciación que se apliquen a los informes administrativos de los inspectores de las Administraciones nacionales y tendrán el mismo valor probatorio que aquellos. Los Estados miembros notificarán a la Oficina cualquier norma de Derecho nacional que sea pertinente a los efectos del tercer párrafo. Los informes elaborados por la Oficina constituirán elementos de prueba admisibles en los procedimientos judiciales ante los tribunales de la Unión y en los procedimientos administrativos que se lleven a cabo en la Unión.»; (c)el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: «3. Los informes y recomendaciones que se redactan al término de una investigación externa y cualquier documento pertinente conexo se presentará a las autoridades competentes de los Estados miembros interesados con arreglo a la normativa sobre investigaciones externas y, si fuera necesario, a la institución, órgano u organismo interesado. Dicha institución, órgano u organismo adoptará las medidas que procedan en función de los resultados de la investigación externa, e informará de dichas medidas a la Oficina en un plazo límite fijado en las recomendaciones que acompañen al informe y, además, a petición de la Oficina.» (11)El artículo 12 se modifica como sigue: (a)en el apartado 1, se añade la frase siguiente: «Además, comunicará información a la institución, el órgano o el organismo interesado.» (b)el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: «3. Las autoridades competentes de los Estados miembros interesados, a menos que su Derecho nacional lo impida, informarán a su debido tiempo a la Oficina, por iniciativa propia o a petición de aquella, de las medidas tomadas sobre la base de la información que se les haya transmitido en virtud del presente artículo.»; (c)se añade el apartado 5 siguiente: «5. La Oficina podrá intercambiar información con la red Eurofisc creada en virtud del Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo, por propia iniciativa o si así se lo solicita esta.» (12)Se insertan los artículos siguientes: «Artículo 12 bis

Servicios de coordinación antifraude en los Estados miembros 1.A efectos del presente Reglamento, los Estados miembros designarán un servicio (en lo sucesivo denominado «el servicio de coordinación antifraude») que facilite la cooperación y el intercambio de información efectivos con la Oficina, incluyendo información de carácter operativo. Cuando corresponda, de conformidad con el Derecho nacional, el servicio de coordinación antifraude podrá considerarse la autoridad competente a efectos del presente Reglamento.

2.A petición de la Oficina, antes de que se adopte una decisión sobre iniciar o no una investigación, así como durante una investigación o después de ella, los servicios de coordinación antifraude proporcionarán, obtendrán o coordinarán la asistencia necesaria para que la Oficina pueda desempeñar sus tareas de manera eficaz. Dicha asistencia incluirá, en particular, la prestada por las autoridades nacionales competentes con arreglo a lo previsto en el artículo 3, apartados 6 y 7, el artículo 7, apartado 3 y el artículo 8, apartados 2 y 3. 3.La Oficina podrá solicitar la ayuda de los servicios de coordinación antifraude cuando lleve a cabo actividades de coordinación de conformidad con el artículo 12 ter, incluso, cuando proceda, actividades de cooperación horizontal y de intercambio de información entre servicios de coordinación antifraude. Artículo 12 ter

Actividades de coordinación 1.En virtud del artículo 1, apartado 2, la Oficina puede organizar y facilitar la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros, las instituciones, órganos y organismos, así como, de conformidad con los acuerdos de cooperación y de asistencia mutua vigentes y cualquier otro instrumento jurídico en vigor, autoridades de terceros países y organizaciones internacionales. Con este fin, las autoridades participantes y la Oficina pueden recopilar, analizar e intercambiar información, incluso de naturaleza operativa. El personal de la Oficina podrá acompañar a las autoridades competentes en la realización de actividades de investigación si así se lo solicitan estas. Serán de aplicación el artículo 6, el artículo 7, apartados 6 y 7, el artículo 8, apartado 3 y el artículo 10. 2.La Oficina podrá redactar un informe sobre las actividades de coordinación efectuadas y remitirlo, cuando proceda, a las autoridades nacionales competentes y a las instituciones, órganos y organismos interesados. 3.El presente artículo se aplicará sin menoscabo del ejercicio, por parte de la Oficina, de las facultades que se han conferido a la Comisión en virtud de disposiciones específicas que regulan la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y la cooperación entre dichas autoridades y la Comisión. 4.La Oficina podrá participar en equipos de investigación conjuntos creados con arreglo al Derecho de la Unión aplicable y, en ese marco, intercambiar información operativa obtenida al amparo del presente Reglamento. Artículo 12 quater

Presentación de informes a la Fiscalía Europea con respecto a cualquier comportamiento constitutivo de delito sobre el que pueda ejercer sus competencias 1.La Oficina informará a la Fiscalía Europea sin demora indebida de cualquier comportamiento constitutivo de delito sobre el que la Fiscalía Europea pueda ejercer sus competencias de conformidad con el artículo 22 y con el artículo 25, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) 2017/1939. Dicho informe se enviará en cualquier fase anterior a una investigación de la Oficina o en el transcurso de esta. 2.El informe contendrá, como mínimo, una descripción de los hechos, incluidas una evaluación del perjuicio causado o que podría causarse, la posible tipificación jurídica y toda información disponible sobre víctimas potenciales, sospechosos y cualesquiera otras personas implicadas. 3.La Oficina no estará obligada a notificar a la Fiscalía Europea denuncias manifiestamente infundadas. En los casos en que la información recibida por la Oficina no incluya los elementos descritos en el apartado 2 y no exista ninguna investigación en curso de la Oficina, esta podrá llevar a cabo una evaluación preliminar de las denuncias. Dicha evaluación se efectuará con rapidez, en un plazo máximo de dos meses a contar desde la recepción de la información. Durante la evaluación se aplicarán el artículo 6 y el artículo 8, apartado 2. Después de esta evaluación preliminar, la Oficina informará a la Fiscalía Europea si se cumplen las condiciones previstas en el apartado 1. 4.En el caso de que durante una investigación de la Oficina salga a la luz un comportamiento como el mencionado en el apartado 1 y la Fiscalía Europea inicie una investigación tras recibir el informe, la Oficina no proseguirá con su investigación de los mismos hechos, salvo con arreglo a lo previsto en los artículos 12 sexies y 12 septies. A efectos de la aplicación del párrafo primero, la Oficina comprobará con arreglo al artículo 12 octies, apartado 2, a través del sistema de gestión de casos de la Fiscalía Europea, si esta ha emprendido una investigación. La Oficina podrá solicitar información adicional a la Fiscalía Europea, que dispondrá de diez días hábiles para responder a esa solicitud. 5.Las instituciones, órganos y organismos podrán solicitar a la Oficina que lleve a cabo una evaluación preliminar de las denuncias que les hayan sido notificadas. Se aplicará el apartado 3 a estas solicitudes. 6.Cuando, tras informar a la Fiscalía Europea de conformidad con el presente artículo, la Oficina ponga fin a su investigación, no serán aplicables el artículo 9, apartado 4, ni el artículo 11. Artículo 12 quinquies

No repetición de investigaciones El Director General no iniciará una investigación de conformidad con el artículo 5 si la Fiscalía Europea está llevando a cabo una investigación sobre los mismos hechos, salvo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 sexies o en el artículo 12 septies. A efectos de la aplicación del párrafo primero, la Oficina comprobará con arreglo al artículo 12 octies, apartado 2, a través del sistema de gestión de casos de la Fiscalía Europea, si esta ha emprendido una investigación. La Oficina podrá solicitar información adicional a la Fiscalía Europea, que dispondrá de diez días hábiles para responder a esa solicitud.

Artículo 12 sexies

Apoyo de la Oficina a la Fiscalía Europea 1.En el curso de una investigación de la Fiscalía Europea, y a petición de esta con arreglo al artículo 101, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/1939, la Oficina, de conformidad con su mandato, apoyará o complementará la actividad de la Fiscalía Europea, en particular: (a)proporcionando información, análisis (incluidos análisis criminológicos), conocimiento experto y apoyo operativo; (b)facilitando la coordinación de acciones específicas de las autoridades administrativas nacionales competentes y los órganos de la Unión; (c)realizando investigaciones administrativas. 2.Conforme al apartado 1, se remitirá una solicitud por escrito en la que se especificará la medida (o las medidas) que la Fiscalía Europea solicite a la Oficina que ejecute y, cuando proceda, el plazo previsto para su ejecución. La solicitud contendrá información sobre la investigación de la Fiscalía Europea en la medida en que resulte pertinente para los fines de la solicitud. Cuando sea necesario, la Oficina podrá solicitar información adicional. Artículo 12 septies

Investigaciones complementarias 1.En casos debidamente justificados en los que la Fiscalía Europea esté llevando a cabo una investigación, cuando el Director General considere que se debe iniciar una investigación de acuerdo con el mandato de la Oficina para facilitar la adopción de medidas cautelares o de naturaleza financiera, disciplinaria o administrativa, la Oficina informará de ello por escrito a la Fiscalía Europea especificando el carácter y la finalidad de la investigación. La Fiscalía Europea dispondrá de 30 días desde la recepción de esta información para oponerse a la puesta en marcha de una investigación o a la ejecución de determinados actos pertenecientes a esta, cuando sea necesario para evitar poner en peligro su propia investigación o incoación de procedimientos penales y mientras persistan los motivos que justifiquen su oposición. La Fiscalía Europea informará a la Oficina sin demora indebida cuando desaparezcan los motivos que justificaban su oposición. En el caso de que la Fiscalía Europea no se oponga dentro del plazo previsto en el párrafo anterior, la Oficina podrá iniciar una investigación, que deberá llevar a cabo en estrecha consulta con la Fiscalía Europea. La Oficina aplazará o suspenderá su investigación, o se abstendrá de ejecutar determinados actos pertenecientes a esta, si la Fiscalía se opone posteriormente a ella aduciendo los mismos motivos a los que se hace referencia en el segundo párrafo. 2.Si, en respuesta a una solicitud de información presentada con arreglo al artículo 12 quinquies, la Fiscalía Europea informa a la Oficina de que no está llevando a cabo una investigación y posteriormente inicia una investigación sobre los mismos hechos, informará de ello sin demora a la Oficina. En el caso de que, tras recibir esta información, el Director General considere que la investigación iniciada por la Oficina debe continuar con vistas a facilitar la adopción de medidas cautelares o de naturaleza financiera, disciplinaria o administrativa, será de aplicación el apartado 1. Artículo octies

Acuerdos de colaboración e intercambio de información con la Fiscalía Europea 1.Cuando sea necesario para facilitar la cooperación con la Fiscalía Europea según lo establecido en el artículo 1, apartado 4 bis, la Oficina alcanzará un acuerdo con la Fiscalía Europea sobre los mecanismos administrativos que se emplearán. En estos acuerdos de colaboración podrán establecerse detalles prácticos para el intercambio de información, incluidos datos personales, información de carácter operativo, estratégico o técnico e información clasificada. Incluirán acuerdos detallados sobre el intercambio constante de información durante la recepción y la verificación de las denuncias por ambas oficinas. 2.La Oficina dispondrá de acceso indirecto a la información del sistema de gestión de casos de la Fiscalía Europea mediante un sistema de respuesta positiva o negativa. Cuando se encuentre una coincidencia entre los datos introducidos en el sistema de gestión de casos por la Oficina y los datos de que disponga la Fiscalía Europea, se comunicará el hecho de que existe tal coincidencia tanto a la Fiscalía Europea como a la Oficina. La Oficina adoptará las medidas adecuadas para que la Fiscalía Europea pueda acceder a la información recogida en su sistema de gestión de casos mediante un sistema de respuesta positiva o negativa». (13)El artículo 16 se modifica como sigue: (a)en el apartado 1, la tercera frase se sustituye por el texto siguiente: «Podrá invitarse a participar a representantes del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Europea, Eurojust o Europol, sobre una base ad hoc, a petición del Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión, el Director General o el Comité de Vigilancia.»; (b)en el apartado 2, la letra d) se sustituye por el texto siguiente: «d) el marco de las relaciones entre la Oficina y las instituciones, órganos y organismos, en particular la Fiscalía Europea.»