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c)

una advertencia de riesgo en los siguientes términos: «Invertir en esta oferta de financiación participativa entraña riesgos, incluido el de pérdida parcial o total del dinero invertido. Su inversión no está cubierta por los sistemas de garantía de depósitos e indemnización de los inversores establecidos de conformidad con la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (*1) y la Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (*2). Es posible que no obtenga rendimiento alguno de su inversión. No se trata de un producto de ahorro y recomendamos no invertir más del 10 % de su patrimonio en proyectos de financiación participativa. Es posible que no pueda vender los instrumentos de inversión cuando lo desee. Incluso aunque consiga venderlos, puede sufrir pérdidas. (*1) Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantías de depósitos (DO L 173 de 12.6.2014, p. 149)." (*2) Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de marzo de 1997, relativa a los sistemas de indemnización de los inversores (DO L 84 de 26.3.1997, p. 22).»"
ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración de la Comisión

El Reglamento por el que se establecen medidas de contingencia en el ámbito de la coordinación de la seguridad social tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea se basa en el artículo 48 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), dado que se refiere a medidas en el ámbito de la coordinación de la seguridad social. No es posible ampliar el ámbito de aplicación de este Reglamento a los nacionales de terceros países en el mismo acto jurídico debido a la incompatibilidad de las bases jurídicas, ya que tal ampliación tendría que basarse en el artículo 79, apartado 2, letra b), del TFUE.

La Comisión considera que los nacionales de terceros países cubiertos por el Reglamento (UE) n.o 1231/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, deben seguir beneficiándose de los principios básicos de coordinación de la seguridad social que se habrán de codificar en el Reglamento por el que se establecen medidas de contingencia en el ámbito de la coordinación de la seguridad social, sobre la base de las disposiciones del Reglamento (UE) n.o 1231/2010 y de los Reglamentos (CE) n.o 883/2004 y (CE) n.o 987/2009, que siguen estando en vigor.

No obstante, caso de ser necesario en una fase posterior, la Comisión considerará la posibilidad de extender los principios establecidos en este Reglamento a los nacionales de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro y que, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1231/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, estén o hayan estado cubiertos por la legislación de la Unión sobre coordinación de los sistemas de seguridad social, para confirmar sus derechos en relación con el periodo durante el cual el Reino Unido era Estado miembro de la Unión.
(3)

La ETS abarca tanto aspectos clínicos como no clínicos de una tecnología sanitaria. Las acciones conjuntas sobre ETS cofinanciadas por la UE [acciones conjuntas de la Red europea de evaluación de tecnologías sanitarias (acciones conjuntas EUnetHTA)] han identificado nueve ámbitos con referencia a los cuales se evalúan las tecnologías sanitarias. De estos nueve ámbitos (que forman el modelo básico de la ETS) , cuatro son clínicos y cinco no clínicos. Los cuatro ámbitos clínicos de evaluación se refieren a la identificación de un problema sanitario y la tecnología actual, el examen de las características técnicas de la tecnología evaluada, su seguridad relativa y su eficacia técnica relativa. Los cinco ámbitos de evaluación no clínicos se refieren al coste y la evaluación económica de una tecnología, y sus aspectos éticos, organizativos, sociales y jurídicos. Los aspectos científicos de los ámbitos clínicos son, por lo tanto, más adecuados para la evaluación conjunta a nivel de la UE sobre su base objetiva científica, mientras que la evaluación de los ámbitos no clínicos tiende a estar más estrechamente relacionada con los contextos y enfoques nacionales y regionales. [Enm. 9]
(30) Es necesario establecer una cadena clara de responsabilidad económica a efectos de la recuperación de importes por irregularidades, desde el socio único u otros socios pasando por el socio principal y la autoridad de gestión, hasta la Comisión. Deberá preverse la responsabilidad de los Estados miembros, los terceros países, los países socios o los países y territorios de ultramar (PTU) cuando no se haya conseguido recuperar los importes del socio único, de otros socios o del socio principal, es decir, que el Estado miembro reembolsa el importe a la autoridad de gestión. En consecuencia, en los programas Interreg no hay margen para cantidades irrecuperables en el nivel de los beneficiarios. Sin embargo, es necesario aclarar las normas en caso de que un Estado miembro, un tercer país, un país socio o un PTU no reembolse los importes a la autoridad de gestión. También deben aclararse las obligaciones del socio principal en materia de recuperación de importes. En particular , no se debe permitir que la autoridad de gestión obligue al socio principal a iniciar un procedimiento judicial en otro país.

(30) Es necesario establecer una cadena clara de responsabilidad económica a efectos de la recuperación de importes por irregularidades, desde el socio único u otros socios pasando por el socio principal y la autoridad de gestión, hasta la Comisión. Deberá preverse la responsabilidad de los Estados miembros, los terceros países, los países socios o los países y territorios de ultramar (PTU) cuando no se haya conseguido recuperar los importes del socio único, de otros socios o del socio principal, es decir, que el Estado miembro reembolsa el importe a la autoridad de gestión. En consecuencia, en los programas Interreg no hay margen para cantidades irrecuperables en el nivel de los beneficiarios. Es necesario , sin embargo, aclarar las normas en caso de que un Estado miembro, un tercer país, un país socio o un PTU no reembolse los importes a la autoridad de gestión. También deben aclararse las obligaciones del socio principal en materia de recuperación de importes. Además, el comité de seguimiento debe establecer y acordar los procedimientos relativos a la recuperación de importes. No obstante , no se debe permitir que la autoridad de gestión obligue al socio principal a iniciar un procedimiento judicial en otro país.
(13)

En determinadas circunstancias, cuando sea necesario para la consecución de los objetivos de la acción, debe ser posible establecer una excepción al principio de que los beneficiarios y sus subcontratistas no deben estar sujetos a control por parte de terceros países no asociados o entidades de terceros países no asociados. Bajo esta perspectiva, las entidades jurídicas establecidas en la Unión que están controladas por un tercer país no asociado o una entidad de un tercer país no asociado pueden ser subvencionables si se cumplen ciertas condiciones pertinentes y estrictas en relación con los intereses de seguridad y defensa de la Unión y sus Estados miembros. La participación de tales entidades no debe contravenir los objetivos del Fondo. Los solicitantes deben facilitar toda la información pertinente sobre la infraestructura, las instalaciones, los activos y los recursos que vayan a utilizarse en la acción. En cualquier caso, no debe concederse ninguna excepción a los solicitantes controlados por un tercer país no asociado sujeto a alguna medida restrictiva de la Unión o por una entidad de un tercer país no asociado sujeto a alguna medida restrictiva de la Unión.
b)

los órdenes del día y los procedimientos, los informes de síntesis detallados de las reuniones y los proyectos de medidas que deban adoptarse, según proceda, en forma de actos delegados o de ejecución, incluidos los resultados y explicaciones de voto de los Estados miembros en los comités en el sentido del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y el Consejo (1bis) , incluidos los comités de apelación, que asisten a la Comisión en la aplicación de [el Reglamento (CE) n.o 178/2002, la Directiva 2001/18/CE, el Reglamento (CE) n.o 1829/2003, el Reglamento (CE) n.o 1831/2003, el Reglamento (CE) n.o 2065/2003, el Reglamento (CE) n.o 1935/2004, el Reglamento (CE) n.o 1331/2008, el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 y el Reglamento (UE) 2015/2283], y en los que se debaten y someten a votación las medidas de gestión del riesgo; y
1. Los Estados miembros podrán retrasar su participación en el sistema de evaluaciones clínicas conjuntas y consultas científicas conjuntas a las que se refieren las secciones 1 y 2 del capítulo II hasta el ... [insert date 3 years after the date of application].

1. Los Estados miembros podrán retrasar su participación en el sistema de evaluaciones clínicas conjuntas y consultas científicas conjuntas a las que se refieren las secciones 1 y 2 del capítulo II hasta el ... [insertar la fecha cuatro años después de la fecha de aplicación] para los medicamentos contemplados en el artículo 5, apartado 1, letras a) y a bis), y hasta [insértese la fecha: siete años después de la fecha de aplicación] para los productos sanitarios contemplados en el artículo 5, apartado 1, letra b),y para los productos sanitarios para diagnóstico in vitro contemplados en el artículo 5, apartado 1, letra c).
(17)

El objetivo de la presente Directiva es reducir la carga que supone el cumplimiento para las pequeñas empresas, objetivo este que no puede alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a escala de la Unión. En consecuencia, la Unión puede adoptar medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. No obstante, los controles del IVA que se realicen como resultado de los procesos de cumplimiento constituyen instrumentos valiosos contra el fraude fiscal, y la facilitación de la carga del cumplimiento para las pequeñas empresas no debe ir en detrimento de la lucha contra el fraude del IVA.
(6)

Procede establecer en la presente Directiva una lista de conductas que deben considerarse como infracciones de la legislación aduanera de la Unión y dan lugar a sanciones. Esas infracciones aduaneras deben basarse plenamente en las obligaciones que se derivan de la legislación aduanera con referencia directa al Código. La presente Directiva no determina si debe disponer que los Estados miembros deben aplicar sanciones administrativas o no penales con respecto a esas infracciones aduaneras. Los Estados miembros también han de poder imponer sanciones penales, de conformidad con la legislación nacional y de la Unión aplicables, en lugar de sanciones no penales, si la naturaleza y la gravedad de la infracción en cuestión lo exige para que la sanción impuesta sea efectiva, disuasoria y proporcionada. [Enm. 5]
(8) Conceder una licencia general también resultaría adecuado si un fabricante necesita exportar medicamentos controlados por el Reglamento (CE) n.o 1236/2005 a un distribuidor de un país que no ha abolido la pena de muerte, siempre que el exportador y el distribuidor hayan suscrito un acuerdo jurídicamente vinculante por el que se exija del distribuidor que aplique un conjunto adecuado de medidas que garanticen que los medicamentos no se utilizarán para aplicar la pena de muerte.

(8) Conceder una licencia general también resultaría adecuado si un fabricante necesita exportar medicamentos controlados por el Reglamento (CE) n.o 1236/2005 a un distribuidor de un país que no ha abolido la pena de muerte, siempre que el exportador y el distribuidor hayan suscrito un acuerdo jurídicamente vinculante por el que se exija del distribuidor que aplique un conjunto adecuado de medidas que garanticen que los medicamentos no se utilizarán para aplicar la pena de muerte , infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes .
(21) De acuerdo con el artículo 287, apartado 1, del Tratado, el instrumento constituyente de los órganos, oficinas o agencias creados por la Unión puede excluir el examen de las cuentas de todos los ingresos y gastos de dichos órganos, oficinas o agencias por parte del Tribunal de Cuentas. De conformidad con el artículo 60, apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012, las cuentas de los organismos creados en virtud del artículo 209 de dicho Reglamento deben ser examinadas por un organismo auditor independiente que emitirá un dictamen sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de las transacciones subyacentes, entre otros temas. No duplicar el examen de las cuentas es la razón que justifica que las cuentas de la Empresa Común S2R no se sometan al Tribunal de Cuentas.

(21) A la vista de la naturaleza específica y del estado actual de las Empresas Comunes, y con el fin de garantizar la continuidad respecto del Séptimo Programa Marco, las Empresas Comunes deberán seguir siendo objeto de una aprobación de la gestión independiente. No obstante lo dispuesto en el artículo 60, apartado 7, y en el artículo 209 del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012, la aprobación de la ejecución del presupuesto de la Empresa Común S2R debe concederla, por tanto, el Parlamento Europeo por recomendación del Consejo. De ahí que las obligaciones de notificación establecidas en el artículo 60, apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 no deben aplicarse a la contribución de la Unión a la Empresa Común S2R, sino que han de ser acordes, en la medida de lo posible, con las previstas para los organismos con arreglo al artículo 208 de dicho Reglamento. El control de las cuentas y de la legalidad y regularidad de las transacciones subyacentes debe correr a cargo del Tribunal de Cuentas.
(23) Es importante velar por que las disposiciones relativas a las tasas de intercambio que deban pagar o percibir los proveedores de servicios de pago no sean eludidas mediante otros flujos financieros destinados a proveedores de servicios de pago emisores. Para evitarlo, la «compensación neta» de las tasas pagadas y percibidas por el proveedor de servicios de pago emisor en beneficio o procedentes de un sistema de tarjetas de pago debe considerarse la tasa de intercambio. Al calcular la tasa de intercambio, para comprobar que no se estén eludiendo las obligaciones, debe tenerse en cuenta el importe total de los pagos o incentivos que haya percibido un proveedor de servicios de pago emisor, de un sistema de tarjetas de pago, en relación con las operaciones reguladas, menos las tasas que él haya abonado a dicho sistema. Los pagos, los incentivos y las tasas considerados podrían ser directos (por operación o basados en el volumen) o indirectos (incentivos comerciales, primas, descuentos por la consecución de determinado volumen de operaciones, etc.).

(23) Es importante velar por que las disposiciones relativas a las tasas de intercambio que deban pagar o percibir los proveedores de servicios de pago no sean eludidas mediante otros flujos financieros destinados a proveedores de servicios de pago emisores. Para evitarlo, la «compensación neta» de las tasas pagadas y percibidas por el proveedor de servicios de pago emisor , incluidas las posibles tasas de autorización, en beneficio o procedentes de un sistema de tarjetas de pago debe considerarse la tasa de intercambio. Al calcular la tasa de intercambio, para comprobar que no se estén eludiendo las obligaciones, debe tenerse en cuenta el importe total de los pagos o incentivos que haya percibido un proveedor de servicios de pago emisor, de un sistema de tarjetas de pago, en relación con las operaciones reguladas, menos las tasas que él haya abonado a dicho sistema y los incentivos monetarios o equivalente que el titular de una tarjeta haya percibido de un sistema de tarjetas de pago . Deben tenerse en cuenta todos los pagos, los incentivos y las tasas , ya sean directos (por operación o basados en el volumen) o indirectos (incentivos comerciales, primas, descuentos por la consecución de determinado volumen de operaciones, etc.). Al controlar posibles elusiones de las disposiciones del presente Reglamento que regulan el nivel máximo admisible de las tasas de intercambio, deben tenerse en cuenta, en particular, las ganancias de los emisores de tarjetas de pago resultantes de programas especiales puestos en práctica conjuntamente por los emisores de tarjetas de pago y los sistemas de tarjetas de pago, así como los ingresos por tasas de procesamiento, licencias y de otro tipo correspondientes a las empresas de tarjetas.
33)

El artículo 58 se modifica como sigue: a) se añaden los apartados siguientes: «7 bis. La información indicada en las letras a) a f) del apartado 5 no se aplicará a: a) los productos de la pesca y la acuicultura importados que estén excluidos del ámbito de aplicación del certificado de captura, de conformidad con el artículo 12, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1005/2008 del Consejo; b) los productos de la pesca y la acuicultura capturados o criados en agua dulce, y c) los peces, crustáceos y moluscos ornamentales. 7 ter. La información indicada en las letras a) a h) del apartado 5 no se aplicará a los productos de la pesca y la acuicultura incluidos en las partidas arancelarias 1604 y 1605 de la Nomenclatura Combinada.». b) Los apartados 8 y 9 se sustituyen por el texto siguiente: «8. Los Estados miembros podrán eximir de los requisitos enunciados en el presente artículo a los productos que se vendan en pequeñas cantidades directamente de los buques pesqueros a los consumidores, a condición de que su valor sea pequeño. 9. El valor indicado en el apartado 8 no podrá exceder inicialmente de 50 EUR diarios. 10. Se otorgarán poderes a la Comisión para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 119 bis en lo referente a: a) la determinación de los productos de la pesca y la acuicultura a los que se aplica el presente artículo; b) la fijación física de información sobre los productos de la pesca y la acuicultura; c) la cooperación entre Estados miembros con vistas al acceso a la información fijada a un lote o que lo acompañe físicamente; d) la determinación de los productos de la pesca y la acuicultura a los que no se aplican determinadas disposiciones del presente artículo; e) la información sobre la zona geográfica correspondiente; f) la modificación del valor indicado en el apartado 9; g) la información a disposición del consumidor sobre los productos de la pesca y acuicultura.». [Enm. 14]
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 468/235

P7_TA(2013)0537

Política pesquera común ***II

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de diciembre de 2013, respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Política Pesquera Común, que modifica los Reglamentos (CE) no 1954/2003 y (CE) no 1224/2009 del Consejo y por el que se derogan los Reglamentos (CE) no 2371/2002 y (CE) no 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (12007/3/2013 — C7-0375/2013 — 2011/0195(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura)

(2016/C 468/46)

El Parlamento Europeo,

— Vista la Posición del Consejo en primera lectura (12007/3/2013 — C7-0375/2013),

— Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 28 de marzo de 2012 (1),

— Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 4 de marzo de 2012 (2),

— Vista su Posición en primera lectura (3) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0425),

— Visto el artículo 294, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

— Visto el artículo 72 de su Reglamento,

— Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Pesca (A7-0409/2013),

1. Aprueba la Posición del Consejo en primera lectura;

2. Aprueba la declaración común del Parlamento Europeo y del Consejo, así como la declaración común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, adjuntas a la presente Resolución;

3. Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la Posición del Consejo;

4. Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, de conformidad con el artículo 297, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

5. Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

6. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

(1) DO C 181 de 21.6.2012, p. 183.

(2) DO C 225 de 27.7.2012, p. 20.

(3) Textos Aprobados de 6.2.2013, P7_TA(2013)0040.
3. El «Fondo de Garantía de los Participantes», creado de conformidad con el Reglamento (UE) no XX/2012 [normas de participación y difusión] sustituirá y sucederá a los fondos de garantía de los participantes establecidos en virtud del Reglamento (Euratom) no 1908/2006 y el Reglamento (Euratom) no XX/XX [normas de participación Euratom 2012-2013] .

3. El «Fondo de Garantía de los Participantes», creado de conformidad con el Reglamento (UE) no XX/2012 [normas de participación y difusión] sustituirá y sucederá a los fondos de garantía de los participantes establecidos en virtud del Reglamento (Euratom) no 1908/2006 y el Reglamento (Euratom) no 139/2012 .
no serán el diseñador, fabricante, proveedor, instalador, comprador, propietario, usuario ni encargado del mantenimiento de los productos, ni tampoco el representante autorizado de ninguna de estas personas; esto no será óbice para la adquisición y uso de productos evaluados que sean necesarios para el funcionamiento del organismo notificado (por ejemplo, equipos de medición), la realización de la evaluación de la conformidad o el uso de dichos productos con fines personales;

no serán el diseñador, fabricante, proveedor, instalador, comprador, propietario, usuario ni encargado del mantenimiento de los productos, ni tampoco el representante autorizado de ninguna de estas personas; esto no será óbice para la adquisición y uso de productos evaluados que sean necesarios para el funcionamiento del organismo notificado (por ejemplo, equipos de medición), la realización de la evaluación de la conformidad o el uso de dichos productos con fines personales;

no participarán directamente en el diseño, la fabricación o construcción, la comercialización, la instalación, el uso o el mantenimiento de los productos que el organismo evalúe, ni representarán a las partes que participen en estas actividades; no desempeñarán ninguna actividad que pueda entrar en conflicto con su independencia de criterio o su integridad en relación con las actividades de evaluación de la conformidad para las que han sido notificados;

no participarán directamente en el diseño, la fabricación o construcción, la comercialización, la instalación, el uso o el mantenimiento de los productos que el organismo evalúe, ni representarán a las partes que participen en estas actividades; no desempeñarán ninguna actividad que pueda entrar en conflicto con su independencia de criterio o su integridad en relación con las actividades de evaluación de la conformidad para las que han sido notificados;

— no ofrecerán ni prestarán servicios que puedan poner en peligro la confianza en su independencia, imparcialidad y objetividad; en particular, no ofrecerán ni prestarán servicios de consultoría al fabricante, su representante autorizado, un proveedor o un competidor comercial en lo relativo al diseño, la construcción, la comercialización o el mantenimiento de los productos o procesos objeto de evaluación; esto no excluye actividades generales de formación sobre las reglamentaciones sobre productos sanitarios o normas afines que no tengan relación con clientes determinados.