ES Diario Oficial de la Unión Europea C 214/5

AYUDA ESTATAL — ITALIA

Ayuda estatal C 36/06 (ex NN 38/06) — Tarifa eléctrica preferencial en favor de determinadas industrias de gran consumo energético en Italia

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del artículo 88(2), del Tratado CE

(2006/C 214/03)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Mediante carta de 19 de julio de 2006, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas que siguen al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88(2) del Tratado CE en relación con las medidas antes citadas.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea Dirección General de Competencia Registro de ayudas estatales, SPA 3, 6/05 B–1049 Bruselas Fax: (32-2) 296 12 42

Dichas observaciones se comunicarán a Italia. Las partes interesadas que presenten observaciones podrán solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

SÍNTESIS

En virtud del artículo 11(11) del Decreto-Ley no 35, de 14 de marzo de 2005, convertido en Ley no 80 de 14 de mayo de 2005 («el Decreto-Ley»), Italia prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2010 los regímenes de tarifa preferencial ya en vigor en favor de las industrias de gran consumo de energía. Dicha prórroga ha sido aplicada por Italia pero no ha sido notificada.

La prórroga afecta a dos medidas relativas a la tarifa eléctrica preferencial en favor de las industrias de gran consumo energético: el régimen denominado de Terni y Alcoa.

1. El régimen de Terni

1.1 Descripción de la medida

En 1962, Italia traspasó los activos de la Societá Terni en el sector eléctrico a ENEL, la empresa estatal de electricidad. En 1963, el Gobierno italiano concedió una tarifa eléctrica preferencial a la Societá Terni para el período 1963-1992. La electricidad se suministraba a un precio equivalente al que la Societá Terni hubiera pagado si hubiera conservado la propiedad de sus activos en el sector eléctrico.

En 1964, el Gobierno italiano dividió a la Societá Terni en tres empresas diferentes, que son las beneficiarias actuales de la medida: Nuova Terni Industria Chimica, Cementir y Thyssen-Krupp Acciai Speciali Terni. En 1991, Italia prorrogó la tarifa preferencial concedida a estos beneficiarios hasta diciembre de 2007. En marzo de 2005, la prorrogó hasta 2010. Ésta es la medida a la que se refiere la presente nota.

1.2 Evaluación

Las autoridades italianas afirman que la tarifa preferencial en favor de Terni es una compensación por la pérdida en 1962 de sus activos en el sector eléctrico. La Comisión duda de que la naturaleza de la tarifa preferencial sea la de una indemnización. Ello es especialmente cierto desde que, en 2004, el Estado, a través de la Cassa Conguaglio, que no se beneficia de la transferencia de activos, se hizo cargo de la gestión del régimen, en vez de ENEL, que sí se beneficia de la transferencia de los activos.

Por otra parte, la Comisión duda de que el régimen de Terni no dé lugar a una sobrecompensación, y duda de que, 44 años después de la transferencia de los activos del sector eléctrico a ENEL, la tarifa preferencial pueda aún considerarse como una indemnización.

Además, la medida constituiría una ayuda estatal porque constituye una ventaja económica en la medida en que reduce los costes de producción de los beneficiarios. El actual régimen de tarifa preferencial sólo beneficia a tres empresas. Se financia con recursos del Estado porque la decisión sobre la reducción de la tarifa es adoptada unilateralmente por las autoridades italianas y se financia mediante una exacción parafiscal abonada a Cassa Conguaglio, un fondo del Estado. La medida puede distorsionar la competencia, porque consolida la posición financiera de las empresas, y puede afectar al comercio intracomunitario, dado que los productos de la empresa en cuestión se negocian en el mercado internacional.

Todos los beneficiarios de este régimen se encuentran en Umbría, que no es una zona ex artículo 87(3)(a) de acuerdo con el mapa actual de ayudas regionales. Por lo tanto, la ayuda no podría justificarse con arreglo a las directrices de las ayudas regionales. Dado que Italia no ha podido alegar ninguna otra justificación para que esta fábrica pueda disfrutar de la ayuda, la Comisión duda de que la ayuda pueda ser compatible.

Finalmente, la Comisión pone en duda que el pago de una indemnización mediante la tarifa eléctrica sea el instrumento menos distorsionador y más transparente para hacer ese pago.

Además, mientras Italia no recupere la ayuda a ThyssenKrupp, que se benefició de la ayuda declarada incompatible por la Comisión en el caso C 49/98, la Comisión no puede evaluar la acumulación de ayudas antes de permitir cualquier otra ayuda a esta empresa.

2. Alcoa

2.1 Descripción de la ayuda

La Comisión Europea aprobó la tarifa eléctrica preferencial para Alcoa en la decisión C 38/1992. La decisión era válida hasta diciembre de 2005. Mediante la misma medida que en el caso de Terni, Italia prorrogó la tarifa preferencial a favor de Alcoa hasta el 31 de diciembre de 2010. Ésta es la medida a la que se refiere la presente decisión.

2.2. Evaluación

La medida constituye una ayuda estatal por las mismas razones que el régimen de Terni.

Alcoa posee en Italia dos plantas que fabrican aluminio y que se están beneficiando actualmente de la ayuda: una en Fusina (Venecia) y otra en Cerdeña.

La fábrica de Fusina

De acuerdo con el actual mapa de ayuda regional, Fusina no es admisible para la ayuda, de conformidad con el artículo 87(3)(a). Por lo tanto la Comisión duda de que la ayuda pueda justificarse de acuerdo con las directrices de la ayuda regional y que la ayuda pueda considerarse compatible.

La fábrica de Cerdeña

De acuerdo con el actual mapa de ayuda regional, Cerdeña es admisible para la ayuda, de conformidad con el artículo 87(3)(a).

No obstante, la Comisión duda de que el elevado precio de la electricidad en Cerdeña sea una desventaja para el desarrollo de la isla, antes bien, según la información de la que dispone, parece que el precio de la electricidad en Cerdeña es más barato que en muchas regiones de Italia.

La Comisión no suele autorizar ayudas de explotación vinculadas a una sola empresa, a menos que el Estado miembro demuestre que la economía regional depende en gran medida de la empresa y que la ayuda es necesaria para evitar choques a la economía local. Italia no ha proporcionado suficiente información en apoyo de tal alegación.

Por otra parte, por lo que se refiere a las directrices de la ayuda regional, la Comisión duda de que se cumplan los requisitos para la exención contemplada en el punto 4.15 de las directrices aplicables a las zonas del artículo 87(3)(a). La Comisión duda de que el sistema para actualizar la tarifa preferencial a favor de Alcoa sea regresivo y de que la medida pueda considerarse temporal cuando la empresa se ha beneficiado de ella durante once años.

Cerdeña es una «región en desarrollo económico» a los efectos de las directrices de la Comisión relativas a las ayudas estatales de finalidad regional para 2007-2013 (1). La Comisión duda de que la región fuera admisible con un régimen de ayudas de explotación que entrará en vigor con las nuevas directrices de ayuda regional.

La Comisión duda de que la medida propuesta por Italia sea el instrumento que menos distorsión causa para solucionar este problema.

Por consiguiente, parece que las directrices de ayuda regional no constituyen una buena base jurídica para aprobar la tarifa preferencial en favor de Alcoa en Cerdeña. Puesto que Italia no ha mencionado ninguna otra posible base jurídica de la medida, parece difícil aprobarla sobre ninguna base jurídica.

3. Conclusión

Habida cuenta de las anteriores consideraciones, la Comisión ha decidido incoar el procedimiento contemplado en el artículo 88(2) del Tratado CE. Se invita a las partes interesadas a presentar sus observaciones, en especial por lo que se refiere 1) a la naturaleza compensatoria del régimen en favor de Terni y si se ha abonado ya íntegramente la compensación, 2) el grado de distorsión de la competencia que puede esperarse en los mercados de productos de los beneficiarios del régimen a favor de Terni en lo que se refiere a la tarifa eléctrica preferencial y su sistema de actualización, 3) la necesidad de la ayuda en favor de la fábrica de Alcoa en Cerdeña y si el precio de la electricidad constituye un obstáculo para el desarrollo regional de la región, y 4) el grado de distorsión de la competencia que puede esperarse en el mercado del aluminio.

TEXTO DE LA CARTA

«La Commissione informa il governo italiano, che dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito all'aiuto in oggetto, ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. 1. PROCEDURA 1) Nell'ambito del caso N 587/05 “Tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica alle imprese ad alta intensità energetica localizzate in Sardegna”, la Commissione è venuta a conoscenza dell'articolo 11, comma 11, del decreto legge del 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 (il decreto legge). Detto articolo prevede una proroga fino al 31 dicembre 2010 di due regimi di tariffe elettriche agevolate a favore di talune imprese ad alta intensità energetica. L'Italia ha già dato esecuzione a detta proroga senza notificarla. 2) La Commissione ha chiesto informazioni alle autorità italiane il 23 dicembre 2005. In data 24 febbraio 2006 le autorità italiane hanno risposto alla richiesta di informazioni. Esse hanno fornito ulteriori informazioni concernenti la misura in questione rispettivamente il 2 marzo e il 27 aprile 2006. 2. DESCRIZIONE DELLA MISURA 3) L'articolo 11, comma 11, del decreto legge prevede la proroga fino al 31 dicembre 2010 di due regimi di tariffe elettriche agevolate che erano già applicati allorché il decreto legge è entrato in vigore. 4) Un regime riguarda la tariffa agevolata concessa al produttore di alluminio Alcoa. L'altro regime è il cosiddetto regime Terni concernente un gruppo di imprese sorte dalla ex-società Terni: ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni (ThyssenKrupp), che produce acciaio, Cementir, che produce cemento e Nova Terni Industria Chimica, che produce prodotti chimici. 5) La decisione 148/04 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (Autorità dell'energia) ha incaricato Cassa Conguaglio, un fondo statale, di amministrare la tariffa agevolata. Cassa Conguaglio compensa direttamente i beneficiari dei costi dell'elettricità. La tariffa agevolata è finanziata mediante la componente A4 della tariffa elettrica. La componente A4 è versata alla Cassa Conguaglio del settore elettrico sotto forma di un prelievo parafiscale applicato alla generalità delle utenze di elettricità del mercato sia vincolato che libero in Italia. 6) Il decreto legge prevede che le condizioni per la concessione della tariffa agevolata saranno identiche a quelle di cui fruivano i beneficiari alla fine del 2004. Inoltre prevede un aggiornamento annuo della tariffa agevolata da parte dell'Autorità per l'energia tenuto conto dei prezzi pagati per la fornitura di energia elettrica da imprese degli stessi settori industriali in Europa. 7) Nel 2005 l'Autorità per l'energia ha deciso che la tariffa agevolata sarà aumentata annualmente sino a un massimo del 4 % unicamente in caso di incremento dei prezzi di riferimento annui sulle borse dell'energia di Francoforte e Amsterdam (2). 8) La decisione 217/05 dell'Autorità dell'energia implementa gli articoli 11, comma 11 e comma 13 del decreto legge. Tale decisione permetterà ad Alcoa ed agli altri beneficiari del regime di Terni di beneficiare per l'intero anno 2005 delle stesse tariffe preferenziali che sarebbero state applicate nel Dicembre 2004 se la decisione 217/05 non fosse entrata in vigore. 2.1. Il regime Terni 9) La società Terni è una società statale che produce energia elettrica e fabbrica acciaio, cemento e prodotti chimici. La maggior parte dell'energia elettrica prodotta era utilizzata per l'autoconsumo degli impianti di produzione. Nel 1962 (3) l'Italia ha trasferito le attività del ramo d'azienda elettrico della società Terni alla società pubblica ENEL. 10) Nel 1963 il governo italiano ha concesso una tariffa agevolata per l'energia elettrica alla società Terni per il periodo 1963-1992 (4). La tariffa agevolata era destinata ad indennizzare la società Terni per la perdita delle attività suddette. L'energia elettrica era fornita al costo equivalente a quello che la società avrebbe dovuto pagare se avesse mantenuto il possesso delle sue attività del ramo elettrico. 11) Nel 1964 il governo italiano ha suddiviso la società Terni in tre diverse società: Nuova Terni Industrie Chimiche, Cementir e Acciai Terni. 12) Nel 1991 l'Italia ha prorogato al 31 dicembre 2007 (5) la tariffa agevolata accordata ai suddetti beneficiari. Tra le condizioni per la proroga del regime, la legge stabiliva la riduzione progressiva del quantitativo di energia elettrica fornito negli ultimi sei anni. La riduzione è stata prevista come segue: Anno GWh MW 2001 1 620 270 2002 1 389 231 2003 1 157 193 2004 926 154 2005 694 116 2006 463 77 2007 231 39 13) Tra il 1992 e il 1994 l'Italia ha privatizzato Nuova Terni Industrie Chimiche, Cementir e Acciai Terni, cedute rispettivamente a Norsk Hydro, Caltagirone e ThyssenKrupp. 14) Attualmente l'energia elettrica fornita in base al regime Terni è suddivisa come segue: ThyssenKrupp 86 %, Nuova Terni Industrie Chimiche 10 % e Cementir 4 %. 15) Ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto legge, l'Italia ha prorogato fino al 2010 la tariffa del regime Terni mantenendo le condizioni in vigore nel 2004. Detta proroga costituisce la misura oggetto della presente decisione. 2.2. Tariffa agevolata concessa ad Alcoa 16) La Commissione europea ha approvato la tariffa agevolata per l'energia elettrica concessa ad Alcoa nella sua decisione C 38/92 (6). Tale decisione era valida unicamente fino al 31 dicembre 2005. 17) La tariffa agevolata applicata ad Alcoa era costituita di due parti: — una parte fissa comprendente una componente legata alla potenza impegnata e una componente associata ai consumi nelle diverse fasce orarie, — un sovrapprezzo variabile inizialmente applicato in misura ridotta e indicizzato ai prezzi dei combustibili. 18) Il decreto legge ha cambiato il sistema di aggiornamento della tariffa agevolata concessa ad Alcoa. Dal 1o gennaio 2006 la tariffa agevolata è incrementata ogni anno in ragione degli aumenti di prezzo registrati nelle borse europee segnatamente di Amsterdam e di Francoforte, con un massimo del 4 % all'anno. 19) Secondo le autorità italiane, la tariffa speciale garantisce la copertura dei costi variabili di produzione di elettricità con carbone e una parte dei costi fissi. 20) Mediante lo stesso provvedimento del regime Terni, l'Italia ha prorogato la tariffa agevolata concessa ad Alcoa fino al 31 dicembre 2010. Detta proroga costituisce la misura oggetto della presente decisione. La proroga non è stata notificata e non rientra nella decisione C 38/92 che scadeva il 31 dicembre 2005. 21) Attualmente Alcoa possiede due stabilimenti che fruiscono della tariffa agevolata: uno è situato a Fusina (Venezia) e l'altro in Sardegna. 3. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA MISURA 3.1. Il regime Terni La natura indennitaria della tariffa 22) Le autorità italiane hanno sostenuto che la tariffa agevolata del regime Terni rappresenta un indennizzo per il trasferimento effettuato nel 1962 a favore di ENEL del ramo di azienda elettrico della società Terni. Alla società Terni era quindi stata concessa una tariffa agevolata fino al 1992. 23) La Commissione nutre dubbi circa la tesi svolta dalle autorità italiane in merito alla funzione indennitaria della tariffa agevolata in relazione al trasferimento del ramo d'azienda elettrico della società Terni. 24) Sarebbe difficile ammettere che il trasferimento del ramo di azienda elettrico in questione abbia configurato un'espropriazione in quanto all'epoca lo Stato era proprietario della società Terni e lo Stato non può autoespropriarsi. Di conseguenza è anche difficile ammettere che la tariffa agevolata sia il risultato di danni subiti come hanno sostenuto le autorità italiane, in quanto lo Stato ha agito nell'ambito della legge (7). La Commissione si chiede invece se non sia possibile considerare che il trasferimento dal ramo di azienda elettrico configurasse un caso di riorganizzazione dei cespiti finanziari dello Stato e quindi ritenere che la natura della tariffa agevolata non sia indennitaria. 25) In ogni caso, anche accogliendo la tesi svolta dalle autorità italiane, non è chiaro che il regime Terni non determini una sovraccompensazione. Si potrebbe supporre che 30 anni rappresentino un termine ragionevole perché le società del regime Terni siano pienamente indennizzate per la perdita subita del ramo elettrico. Ciononostante, nel 1991 le autorità italiane hanno deciso di prorogare la tariffa agevolata fino al 2007. Una seconda proroga, questa volta fino al 2010, è stata disposta mediante l'articolo 11, comma 11, del decreto legge. 26) Le autorità italiane non hanno fornito alla Commissione informazioni indicanti per quale ragione i beneficiari avrebbero diritto ad un ulteriore indennizzo, in particolare la ragione per cui nel 2005 la cessione del ramo di azienda elettrico ad ENEL non sia stata ancora interamente pagata. La Commissione dubita della necessità di ulteriori pagamenti 44 anni dopo il trasferimento del ramo di azienda elettrico ad ENEL. 27) Inoltre, la natura della tariffa agevolata è cambiata nel 2004, quando ENEL ha cessato di amministrare il regime e lo Stato, attraverso la Cassa Conguaglio (8), che non beneficia del trasferimento del ramo di azienda elettrico in questione, ha assunto l'amministrazione della tariffa agevolata. Confermano tale posizione le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali che riguardano il periodo durante il quale ENEL ha amministrato il regime e che hanno riconosciuto l'obbligo per ENEL di pagare la tariffa agevolata (9). 28) Un argomento a favore per considerare la tariffa agevolata del regime di Terni come un aiuto di Stato è la decisione della Commissione 83/396/ECSC che espressamente escludeva i beneficiari del regime di Terni dall'approvazione. Questa esclusione fu oggetto del giudizio della Corte nel caso C 99/92 del 24 febbraio 1994 in cui la stessa Corte confermava che il regime di Terni non poteva beneficiare della decisione di approvazione 83/396/ECSC e confermava le precedenti decisioni della Cassa Conguaglio di non concedere la tariffa agevolata. 29) Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (10), la decisione di avvio del procedimento di indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. Esistenza di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE 30) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, “sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. 31) Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1, che la Commissione deve valutare è se la misura rechi un vantaggio selettivo. La riduzione della tariffa dell'elettricità costituisce un vantaggio economico in quanto riduce i costi di produzione dei beneficiari. Inoltre, le tariffe agevolate del regime Terni avvantaggiano inizialmente un gruppo di beneficiari in particolare tre: Cementir, Nuova Terni Industrie Chimiche e ThyssenKrupp. 32) Quanto alla seconda condizione, affinché sia considerata aiuto di Stato, occorre che la misura sia concessa direttamente o indirettamente mediante risorse statali e sia imputabile allo Stato. Nella fattispecie, la decisione relativa alla riduzione della tariffa è adottata unilateralmente dalle autorità italiane. È finanziata mediante un prelievo parafiscale versato da tutti gli utenti di elettricità in Italia alla Cassa Conguaglio, un fondo pubblico gestito dallo Stato. Pertanto l'aiuto è finanziato mediante risorse statali. 33) In base alla terza e alla quarta condizione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, l'aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere o essere di natura tale da incidere sugli scambi tra Stati membri. Nella fattispecie, le misure minacciano di falsare la concorrenza in quanto rafforzano la posizione finanziaria delle società che beneficerebbero di una riduzione dei costi rispetto ai loro concorrenti che non fruiscono dell'aiuto. Inoltre, dato che i prodotti delle imprese in questione (cemento, prodotti chimici e acciaio) sono oggetto di scambi sui mercati mondiali, le misure in questione possono incidere sugli scambi intracomunitari. 34) Per le ragioni suddette, la tariffa agevolata prevista dal regime Terni di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legge è vietata ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e può essere considerata compatibile con il mercato unicamente se può beneficiare di una delle esenzioni previste nel trattato. 35) Dato che l'articolo 11, comma 11, del decreto legge non è stato notificato alla Commissione, l'aiuto è da considerarsi illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del succitato regolamento (CE) n. 659/1999. Compatibilità 36) La riduzione della tariffa dell'energia elettrica costituisce un aiuto al funzionamento e di norma è vietata. In casi eccezionali gli aiuti al funzionamento possono essere concessi in regioni ammissibili in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. 37) I beneficiari del regime in questione sono tutti ubicati in Umbria, regione che non è ammissibile ad aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), nell'attuale carta degli aiuti regionali dell'Italia. Pertanto l'aiuto non può essere giustificato in base agli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale (orientamenti aiuti regionali) (11). Dato che l'Italia non è riuscita ad individuare altre giustificazioni per la proroga del regime in causa, la Commissione dubita della compatibilità della misura. La giurisprudenza Deggendorf 38) Secondo le autorità italiane, uno dei beneficiari del regime Terni, ThyssenKrupp, ha beneficiato di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione nella causa C-49/98 il 29 novembre 2000 (12). La Commissione non è al corrente del rimborso dell'aiuto da parte di ThyssenKrupp e non è in grado di valutare gli effetti del cumulo di aiuti. Di conseguenza, la Commissione ritiene che detta società non possa fruire di ulteriori aiuti fintanto ché non sia stato recuperato dall'Italia il precedente aiuto incompatibile. Scelta dello strumento meno distorsivo 39) La Commissione dubita che il pagamento di un indennizzo attraverso la tariffa dell'energia elettrica sia lo strumento meno distorsivo e più trasparente per effettuare siffatto pagamento. 3.2. Tariffa agevolata concessa ad Alcoa Esistenza di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE 40) Le autorità italiane hanno sostenuto che l'estensione della tariffa agevolata ad Alcoa non costituisce aiuto di Stato. 41) Nella causa C-38/92, la Commissione ha deciso che la tariffa agevolata concessa ad Alcoa non costituiva aiuto di Stato. Tuttavia la normativa allora in vigore e le condizioni di mercato esistenti all'epoca erano alquanto diverse da quelle prevalenti nel 2006. Tra l'altro il mercato dell'elettricità è stato ora liberalizzato e la Cassa Conguaglio amministra il regime Terni. 42) Dato che non sussistono più le condizioni esistenti all'epoca della decisione C-38/92, la Commissione ha l'obbligo di riesaminare l'esistenza dell'aiuto di Stato con riguardo alla tariffa agevolata di Alcoa alla luce delle attuali circostanze. 43) La riduzione della tariffa dell'energia elettrica costituisce un notevole vantaggio economico dal momento che la maggior parte dei costi di produzione nella fabbricazione di alluminio è rappresentata dall'energia (13). 44) La decisione relativa alla riduzione della tariffa dell'energia elettrica è adottata unilateralmente dalle autorità italiane. È finanziata mediante un prelievo parafiscale versato da tutti i consumatori di elettricità in Italia alla Cassa Conguaglio, fondo pubblico gestito dallo Stato. Pertanto la misura è finanziata mediante risorse statali. 45) La misura minaccia di alterare la concorrenza in quanto rafforza la posizione finanziaria di Alcoa che fruisce di una riduzione dei costi rispetto ai suoi concorrenti che non beneficiano dell'aiuto. Inoltre, dato che l'alluminio è oggetto di scambi sui mercati mondiali, la tariffa agevolata può incidere sugli scambi intracomunitari. 46) Per le ragioni suddette la Commissione ritiene che la tariffa agevolata concessa ad Alcoa descritta all'articolo 11, comma 11, del decreto legge ricada nel divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e possa essere considerata compatibile con il mercato comune unicamente se può beneficiare di una delle esenzioni previste nel trattato. 47) L'articolo 11, comma 11, del decreto legge non è stato notificato alla Commissione. Pertanto la misura è da considerarsi illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999. Le precedenti conclusioni della Commissione nel caso C-38/92, ossia che la tariffa agevolata per Alcoa non costituiva un aiuto esistente, non permettono di considerarlo come un aiuto esistente. L'approvazione della Commissione è limitata nel tempo, proprio perché è basata su una valutazione economica delle circostanze esistenti in quel dato momento. Pertanto, ciò non può esser invocato per coprire l'estensione della misura prevista dal decreto-legge. Compatibilità 3.2.1. Lo stabilimento di Fusina 48) Come spiegato sopra, la riduzione della tariffa dell'energia elettrica costituisce un aiuto al funzionamento e in quanto tale di norma è vietata. In casi eccezionali l'aiuto al funzionamento può essere concesso in regioni ammissibili in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. 49) Fusina, nella carta attuale degli aiuti regionali, non è ammissibile ad aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Pertanto l'aiuto non può essere giustificato in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Giacché l'Italia non è riuscita ad individuare altre giustificazioni per la proroga del regime di cui trattasi, la Commissione dubita della compatibilità della misura. 3.2.2. Lo stabilimento in Sardegna 50) Nelle loro risposte, le autorità italiane hanno sostenuto che se la tariffa agevolata concessa al Alcoa dovesse essere considerata aiuto di Stato, sarebbe compatibile in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. 51) Come già spiegato, la riduzione della tariffa dell'energia elettrica costituisce un aiuto al funzionamento che è una delle forme più distorsive di aiuto ed in quanto tale di norma è vietato. Tuttavia in casi eccezionali gli aiuti al funzionamento possono essere concessi allorché l'aiuto all'investimento non sia sufficiente a innescare un processo di sviluppo regionale, nel caso in cui gli svantaggi strutturali della regione siano troppo elevati. L'aiuto al funzionamento può essere concesso in regioni ammissibili in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), in base alle condizioni enunciate al punto 4.15 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. La Sardegna, nell'attuale carta degli aiuti regionali, può beneficare di aiuti in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Dubbi sulla finalità regionale dell'aiuto 52) Innanzitutto la Commissione fa presente che secondo i principi generali del diritto, le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente. Affinché un aiuto al funzionamento possa essere concesso ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale al punto 4.15 occorre che lo Stato membro dimostri l'esistenza degli svantaggi e ne quantifichi l'importanza. 53) Le autorità italiane insistono sul fatto che i prezzi elevati dell'energia elettrica in Sardegna rappresentano uno svantaggio per lo sviluppo dell'isola. Tuttavia, da un primo esame della questione, per quanto concerne i prezzi medi dell'elettricità quotati sull'IPEX (la borsa dell'energia italiana), sembra che i prezzi medi dell'energia elettrica in Sardegna siano inferiori a quelli di molte regioni d'Italia (14). 54) Le autorità italiane sostengono che i prezzi quotati sull'Ipex non possono esser utilizzati come riferimento per le differenze nei prezzi dell'elettricità tra la Sardegna e le altre regioni d'Italia. Tuttavia, nell'indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale (15), l'Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato e l'Autorità per l'energia elettrica hanno stabilito che “poiché il bene scambiato nel mercato organizzato e con contratti bilaterali è omogeneo, i prezzi dei contratti bilaterali e quelli di borsa sono tra di loro connessi. Innanzi tutto, poiché i clienti possono acquistare anche nel mercato organizzato, i prezzi dei contratti bilaterali sono determinati in funzione della curva dei prezzi attesi di borsa (cosiddetta curva forward dei prezzi); inoltre, poiché il contratto bilaterale consente al cliente di stabilizzare il prezzo su un orizzonte temporale predefinito, la valorizzazione dell'energia elettrica nei contratti bilaterali include anche la copertura dal rischio connesso alla volatilità del prezzo”. 55) Inoltre, avrebbe significato economico che, se la principale ragione per la differenza di prezzi tra la Sardegna e il resto dell'Italia fosse la mancanza di connessioni energetiche, tale differenza si mostrerebbe così come sull'Ipex anche sul mercato dei contratti bilaterali over the counter (OTC). Perciò la Commissione ritiene che l'uso dell'Ipex per valutare la differenza del prezzo dell'energia tra la Sardegna e le altre regioni d'Italia potrebbe avere significato economico. 56) Per quanto riguarda i prezzi medi specifici applicati alle imprese ad alta intensità energetica, le autorità italiane hanno spiegato che tali prezzi sono negoziati bilateralmente tra i produttori e i distributori di energia elettrica e che non sono quotati pubblicamente. Pertanto, le autorità italiane sostengono che non possono fornire i prezzi dell'energia elettrica pagati dagli utenti ad alta intensità energetica situati in altre regioni italiane. 57) In assenza di siffatta informazione la Commissione non può valutare se Alcoa in Sardegna attualmente paghi per l'energia prezzi più elevati di quelli pagati dalle imprese ad alta intensità energetica ubicate nel resto d'Italia. 58) Le autorità italiane insistono invece sulla comparazione dei prezzi pagati da Alcoa in base alla tariffa agevolata con i prezzi pagati dai concorrenti europei secondo i prezzi che figurano nello studio del CRU Aluminium Smelter Power Tariffs (16). 59) Innanzitutto, siffatta comparazione avrebbe dovuto essere effettuata tra il prezzo di mercato che Alcoa dovrebbe pagare e il prezzo medio ponderato pagato dai produttori europei di alluminio. Le autorità italiane sostengono invece di aver raffrontato la tariffa agevolata al prezzo medio pagato dai produttori europei di alluminio (17). Inoltre, qualora l'aiuto si prefigga di superare uno svantaggio regionale, anche il raffronto avrebbe dovuto essere regionale, quindi tra i prezzi praticati in Sardegna e quelli praticati nel resto d'Italia. 60) Le informazioni di cui dispone la Commissione sembrano confermare la tesi secondo cui i prezzi dell'energia elettrica in Sardegna per le industrie ad alta intensità energetica, e quindi anche per Alcoa, sono simili se non inferiori a quelli pagati nel resto d'Italia. 61) Dalle informazioni disponibili alla Commissione si capisce che la situazione attuale in Sardegna non solo è di sovraccapacità, ma anche di eccedenza di generazione di energia elettrica. Nel 2004 il 5,4 % dell'energia elettrica prodotta in Sardegna non ha trovato un consumatore dell'isola disposto a pagarne il prezzo (18). L'eccesso di produzione di energia elettrica è in parte provocato dai nuovi generatori attualmente installati, tra cui lo stabilimento a ciclo combinato di gassificazione che utilizza residui di petrolio a Sarroch. La costruzione della nuova centrale che utilizzerà il carbone delle miniere del Sulcis non farà che aumentare la sovraccapacità e l'eccesso di produzione. A siffatta sovraccapacità si troverà una soluzione soltanto quando i generatori di energia elettrica saranno autorizzati ad esportare l'elettricità da essi prodotta attraverso la nuova interconnessione nel 2010 (“SAPEI” — 100 MW — diretto dalla Sardegna all'Italia continentale). 62) La sovraccapacità e l'eccesso di produzione di energia elettrica possono unicamente fungere da incentivo per i generatori a vendere energia elettrica al prezzo più basso possibile fino al 2010. Tenuto conto del forte potere di contrattazione di Alcoa, che consuma il 20 % dell'energia elettrica prodotta in Sardegna (19), si può prevedere che l'energia elettrica fornita ad Alcoa provenga da alcuni dei più efficienti generatori di energia in Sardegna (20) e che il prezzo di mercato che Alcoa avrebbe dovuto pagare sia inferiore a quello praticato in altre località in Italia. 63) Inoltre, anche se i prezzi dell'energia elettrica in Sardegna fossero più elevati di quelli praticati nel resto d'Italia, le autorità italiane non hanno sufficientemente spiegato per quale motivo rappresentino un ostacolo allo sviluppo regionale dell'isola né in che modo la regione si svilupperà grazie alla tariffa agevolata. 64) Nel paragrafo 32 del caso C 34/02, la Commissione non aveva accettato che la mancanza di connessioni energetiche in Sardegna potesse costituire un handicap per lo sviluppo delle PMI della regione. Dal 2002, quando la Commissione aveva valutato l'handicap, la regione ha sperimentato una crescita economica al punto che essa è attualmente considerata come una regione a sviluppo economico in base agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013. Pertanto, se la mancanza di maggiori connessioni energetiche con la terraferma non era stato considerato a quel tempo un handicap per lo sviluppo della regione, a maggior ragione non si può ritenere che costituisca un handicap oggi. 65) La Commissione dubita che i prezzi dell'energia elettrica siano uno svantaggio regionale e quindi dubita della necessità della misura. Infatti la misura non sembra perseguire un obiettivo di sviluppo regionale; si tratta invece di un aiuto accordato ad un produttore di alluminio, più precisamente ad Alcoa. L'aiuto non è proporzionale 66) Ai sensi del punto 4.15 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale gli aiuti devono essere giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e il loro livello deve essere proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. 67) La Commissione dubita che le tariffe agevolate fissate dall'Autorità per l'energia per il 2005 siano proporzionali agli svantaggi che, secondo quanto affermato dalle autorità italiane, intendono compensare. 68) Come spiegato sopra, la tariffa agevolata concessa ad Alcoa è costituita di due parti. La parte fissa non è stata stabilita sulla base di uno svantaggio regionale e non tiene conto dei prezzi dell'energia elettrica in Sardegna rispetto al resto d'Italia, né dei prezzi rispetto al resto d'Europa. 69) Il sistema di aggiornamento della tariffa agevolata concessa ad Alcoa si basa sul raffronto con i prezzi di riferimento praticati sulle borse di Francoforte e di Amsterdam mentre, come spiegato sopra, l'aggiornamento dovrebbe essere effettuato rispetto ai prezzi praticati nel resto d'Italia. 70) La Commissione teme che l'approccio adottato dalle autorità italiane per calcolare la tariffa agevolata possa costituire una sovraccompensazione e dubita che l'aiuto sia proporzionale allo svantaggio regionale che l'Italia intende compensare. L'aiuto non è decrescente 71) Ai sensi del punto 4.17 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti. 72) Contrariamente a quanto sostenuto dalle autorità italiane, l'aiuto non può essere considerato decrescente. La tariffa agevolata concessa ad Alcoa aumenterà sino a un massimo del 4 % quando aumenteranno i prezzi di riferimento sulle borse dell'energia elettrica di Amsterdam e di Francoforte. 73) Pertanto, quando i prezzi di riferimento delle borse dell'energia elettrica di Amsterdam e di Francoforte registrano un aumento superiore al 4 %, la tariffa agevolata aumenterà meno dei prezzi di riferimento e l'aiuto aumenterà. Dalle informazioni disponibili alla Commissione (21) risulta che i prezzi forward dell'energia elettrica per l'intero anno 2006 in Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito sono aumentati perlomeno del 20 % (22). Quando l'incremento annuo della media ponderata dei prezzi di riferimento è inferiore al 4 %, la tariffa agevolata aumenterà unicamente dello stesso importo e l'aiuto rimarrà inalterato. Vi sarà una riduzione garantita dell'aiuto soltanto in caso di diminuzione della media ponderata dei prezzi di riferimento sulle borse dell'energia elettrica di Amsterdam e di Francoforte. La misura non è transitoria 74) La Commissione non può ritenere che la misura sia transitoria giacché la tariffa agevolata concessa ad Alcoa è in vigore dal 1994. Poiché per prassi consolidata la Commissione non autorizza aiuti al funzionamento per più di cinque anni, la Commissione non può autorizzare la proroga di un regime che è in vigore ormai da 11 anni. Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 75) La tariffa agevolata concessa ad Alcoa sarà in vigore durante il periodo di applicazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (23). Poiché negli ultimi anni l'economia sarda è cresciuta, la Sardegna è considerata “una regione a sviluppo economico” ai fini degli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013. Ciò significa che alla data del 31 dicembre 2006 la Sardegna cesserà di essere ammissibile alle forcelle più elevate di aiuto autorizzate per le regioni ex-articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e potrà invece beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Dato che la possibilità di concedere aiuti al funzionamento è prevista unicamente per le regioni ex-articolo 87, paragrafo 3, lettera a), ciò significa che la Sardegna non potrà più concedere aiuti al funzionamento. 76) Poiché gli orientamenti suddetti prevedono un periodo transitorio di due anni per l'eliminazione lineare e graduale dei regimi di aiuti al funzionamento esistenti, non sembrerebbe appropriato permettere l'adozione di nuove misure di aiuto al funzionamento per pochi mesi per poi eliminarle, in particolare qualora il regime di aiuti al funzionamento alteri la concorrenza, come nella fattispecie, tenuto conto di tutti i dubbi formulati. Pertanto la Commissione dubita che la regione possa essere ammissibile ad un regime di aiuti al funzionamento che sarà prevalentemente in vigore in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013. Dubbi sulla compatibilità dell'aiuto 77) La Commissione dubita quindi che gli orientamenti in materia di aiuti regionali non siano una base valida per autorizzare la misura in questione. La Commissione, inoltre, dubita che la misura possa beneficiare di una deroga al divieto degli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, per qualsiasi altro motivo e l'Italia non è riuscita a individuare nessun altro possibile motivo. Pertanto la Commissione dubita della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune. Scelta dello strumento meno distorsivo della concorrenza 78) La Commissione dubita che la misura proposta dall'Italia mediante la concessione di aiuti sotto forma di una tariffa agevolata per l'energia elettrica, sia lo strumento meno distorsivo per risolvere i problemi di Alcoa. 4. CONCLUSIONE 79) La presente decisione della Commissione riguarda la misura di aiuto di Stato basata sull'articolo 11, comma 11, del decreto legge del 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 e sulle delibere 148/04 e 217/05 dell'Autorità dell'Energia, solo per la parte applicabile alle industrie ad alta intensità energetica beneficiarie. 80) Ciò premesso, la Commissione, nel quadro della procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, invita l'Italia a trasmetterle eventuali osservazioni e a fornirle qualsiasi informazione che possa essere utile ai fini della valutazione dell'aiuto entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al potenziale beneficiario dell'aiuto. 81) La Commissione desidera richiamare all'attenzione del governo italiano che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, essa può imporre allo Stato membro di recuperare un aiuto illegalmente concesso presso il beneficiario. 82) La Commissione comunica al governo italiano che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviando copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.»

(1) DO C 54 de 4.3.2006, página 13.

(2) Decisione 217/05 dell'Autorità per l'energia, disponibile sul sito:

http://www.autorita.energia.it/docs/05/217-05.htm

(3) Legge del 6 dicembre 1962, n. 1643.

(4) Decreto del Presidente della Repubblica del 21 agosto 1963, n. 1185.

(5) Legge del 9 gennaio 1991, n. 9.

(6) GU C 288 dell'1.11.1996, pag. 4.

(7) Le autorità italiane hanno invocato la causa C 106-120/87 in cui la Corte ha affermato che “il risarcimento che le autorità nazionali siano condannate a pagare a dei singoli per il danno loro arrecato non costituisce un aiuto ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CEE”. La Commissione dubita che tale causa sia rilevante ai fini della situazione nella fattispecie dato che i tribunali nazionali non hanno mai riconosciuto danni ai beneficiari del regime Terni. A sostegno della loro tesi le autorità italiane hanno anche invocato la causa C-240/83, nella quale la Corte ha affermato che “nella fattispecie si tratta non di aiuti ai sensi degli articoli 92 e seguenti del trattato CEE, ma della contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese di raccolta o di eliminazione”. Tuttavia ciò non sembra applicarsi al regime Terni in quanto concerne una contropartita per servizi forniti.

(8) Delibera 148/04 dell'Autorità per l'energia.

(9) Cassazione, 21 novembre 2003, n. 17686 e Consiglio di Stato, sezione VI, 21 aprile 2005, n. 605. Tali cause riguardano il periodo in cui ENEL amministrava ancora il regime.

(10) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(11) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 4.

(12) GU L 43 del 15.2.2000, pag. 1.

(13) Il consumo di energia costituisce in media il 45 % dei costi di trasformazione dell'alluminio in metallo liquido secondo lo studio Aluminium Smelter Power Tariffs pubblicato da Commodity Research Unit International (CRU), disponibile sul sito:

http://www.aluminium.crugroup.com/smelter_tariffs.htm (dati forniti dalle autorità italiane).

(14) I prezzi medi del mercato del giorno prima dell'IPEX sono disponibili sul sito:

http://www.mercatoelettrico.org/GmeWebInglese/Default.aspx

(15) Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale. Autorità Garante della concorrenza e del mercato, Autorità per l'energia elettrica e il gas, pag. 137. Consultabile sul sito internet:

http://www.autorita.energia.it/pubblicazioni/IC22.pdf

(16) Aluminium Smelter Power Tariffs, op. cit.

(17) L'approccio delle autorità italiane nella loro risposta è spiegato anche nel documento “Formazione di provvedimenti in materia di tariffe speciali dell'energia elettrica in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80”, pag. 7. Disponibile sul sito:

http://www.autorita.energia.it/docs/dc/dc_050919.pdf.

(18) Studio di fattibilità Progetto Integrato Miniera Centrale, parte III, allegato 3.4.4, a cura di Sotacarbo, pag. 1. Disponibile sul sito:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20051130103748.pdf.

Gli stessi dati si trovano anche nel Piano energetico ambientale regionale, pag. 14.

(19) Studio di Fattibilità Progetto Integrato Miniera Centrale, parte III, revisione 1 del 28 maggio 2004, a cura di Sotacarbo, pagg. 1-9. Disponibile sul sito:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20051130102937.pdf

(20) La regione di Portovesme ha due generatori: uno che utilizza una caldaia con letto fluido circolante alimentata a carbone (340 MW) e l'altra che utilizza un misto di petrolio e carbone per produrre energia elettrica (250 MW). Informazioni tratte da “Piano energetico ambientale regionale — Sintesi della proposta”. Disponibile sul sito:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20051129115234.pdf

(21) Informazioni fornite da un terzo interessato che ha presentato reclamo nella causa C-13/06, in relazione al meccanismo di aggiornamento della decisione 217/05 dell'Autorità per l'energia la quale stabilisce il meccanismo di aggiornamento per il regime Terni, Alcoa e per i beneficiari dell'articolo 11, comma 12, del decreto legge.

(22) Platts Forward Assessments.

(23) Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).