A4-0285/98 (Ponente. Bontempi)

Resolución sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una política de la Unión en materia de lucha contra la corrupción (COM(97)0192 - C4-0273/97)

El Parlamento Europeo,

- Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM(97)0192 - C4-0273/97),

- Visto el Tratado de la Unión Europea, en particular sus artículos B y F, y los puntos 5 y 7 a 9 del artículo K.1, el apartado 2 del artículo K.3 y el artículo K.6,

- Vistos el Tratado de Amsterdam, firmado el 2 de octubre de 1997, y, en particular, los artículos 2 (antiguo artículo B), 6 (antiguo artículo F) y 29 (antiguo artículo K.1) del Tratado de la Unión Europea así modificado,

- Visto el informe del Grupo de alto nivel para luchar contra la delincuencia organizada, que fue aprobado por el Consejo Europeo reunido en Amsterdam los días 16 y 17 de junio de 1997, y, en particular, la Recomendación n° 6 del Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada ((DO C 251 de 15.8.1997, pág. 1.)), que prevé desarrollar una política global contra la delincuencia,

- Vistos el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas ((DO C 316 de 27.11.1995, pág. 48.)), sus Protocolos, adoptados por el Consejo el 27 de septiembre de 1996 ((DO C 313 de 23.10.1996, pág. 2.)), el 29 de noviembre de 1996 ((DO C 151 de 20.5.1997, pág. 1.)) y el 19 de junio de 1997 ((DO C 221 de 19.7.1997, pág. 11.)), y el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea, adoptado por el Consejo el 26 de mayo de 1997 ((DO C 195 de 25.6.1997, pág. 1.)),

- Vistas la posición común, de 6 de octubre de 1997, definida por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a las negociaciones en el seno del Consejo de Europa y de la OCDE sobre la lucha contra la corrupción ((DO L 279 de 13.10.1997, pág. 1.)), la segunda posición común, de 13 de noviembre de 1997, definida por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a las negociaciones en el seno del Consejo de Europa y de la OCDE en torno a la lucha contra la corrupción ((DO L 320 de 21.11.1997, pág. 1.)) y la posición común, de 25 de mayo de 1998, definida por el Consejo sobre la base del artículo J.2 de Tratado de la UniónEuropea, relativa a los derechos humanos, los principios democráticos, el Estado de Derecho y el buen gobierno en África ((DO L 158 de 2.6.1998, pág. 1.)),

- Vistos sus numerosas resoluciones y dictámenes sobre aspectos relativos a la lucha contra la corrupción, en particular,

. la Resolución de 15 de diciembre de 1995 sobre la lucha contra la corrupción en Europa ((DO C 17 de 22.1.1996, pág. 443.)),

. la Resolución de 15 de noviembre de 1996 sobre el proyecto de acto del Consejo por el que se establece el Convenio relativo a la lucha contra los actos de cohecho en los que estén involucrados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea ((DO C 362 de 2.12.1996, pág. 321.)),

. la Resolución de 20 de noviembre de 1997 sobre el Plan de Acción para luchar contra la delincuencia organizada ((DO C 371 de 8.12.1997, pág. 183. )),

. el dictamen de 20 de noviembre de 1997 sobre el proyecto de acción común, adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la incriminación de la corrupción en el sector privado ((DO C 371 de 8.12.1997, pág. 193.)),

. las Resoluciones de 17 de febrero de 1998 sobre la actuación de la Comisión en relación con el supuesto de fraude y las irregularidades en el sector del turismo ((DO C 80 de 16.3.1998, pág. 36.)) y sobre el Informe Especial n° 3/96 del Tribunal de Cuentas Europeo relativo a la política de turismo y su promoción, acompañado de las respuestas de la Comisión ((DO C 80 de 16.3.1998, pág. 38.)),

- Vistos la declaración final de la segunda Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa de octubre de 1997, los 20 «principios rectores» para la lucha contra la corrupción aprobados por el Comité de Ministros del Consejo de Europa mediante la Resolución (97) 24, así como la Resolución (98) 7 por la que se autoriza la creación de un acuerdo parcial que establece un «Grupo de Estados contra la corrupción - GRECO»,

- Visto el Convenio de la OCDE, de 17 de diciembre de 1997, sobre la lucha contra el soborno de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales,

- Vista la Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la contratación pública en la Unión Europea (COM(98)0143),

- Vistas las conclusiones de la Presidencia de la Conferencia sobre «La creación de un entorno comercial exento de corrupción - La contribución de la UE», que fue organizada conjuntamente por la Presidencia británica de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión los días 14 y 15 de abril de 1998,

- Vista la Decisión 98/344/CE del Consejo, de 27 de abril de 1998, relativa a la celebración del Acuerdo por el que se modifica el Cuarto Convenio ACP-CE de Lomé, firmado en Mauricio el 4 de noviembre de 1995 ((DO L 156 de 29.5.1998, pág. 1.)),

- Vistas las conclusiones de la Presidencia sobre la sesión del Consejo Europeo de Cardiff de los días 15 y 16 de junio de 1998 en las que, entre otras cosas, se insta al Consejo a adoptar la acción común sobre la corrupción en el sector privado antes de diciembre de 1998,

- Vistos el informe de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores y las opiniones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, de la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de Desarrollo y Cooperación (A4-0285/98),

A. Considerando que resulta esencial garantizar la uniformidad de niveles altos de integridad en todos los aspectos, tanto en el sector público como en el privado,

B. Manifestando su convicción de que la corrupción en el sector público pone en peligro el funcionamiento del sistema democrático y, en consecuencia, la confianza de los ciudadanos en la integridad del Estado democrático y de Derecho,

C. Manifestando su convicción, además, de que la corrupción puede tener asimismo en el sector privado un efecto corrosivo en el juego limpio de la libre competencia así como en la credibilidad y la gestión financiera de las empresas,

D. Considerando que existen numerosos vínculos entre la corrupción y la delincuencia organizada, que pueden acarrear un peligro particular para el Estado democrático y de Derecho y para el sistema de economía de mercado, en particular cuando, valiéndose de la corrupción, la delincuencia organizada logra introducirse en la administración pública o en el sistema económico legal, dado que de esa forma puede acceder a informaciones importantes y, en consecuencia, incrementar las posibilidades de utilizar las estructuras legales para sus fines ilegales,

E. Considerando que la corrupción es un problema que está extendido en todo el mundo y que para prevenirlo y luchar contra él se requieren medidas generales y variadas, que deben ser adoptadas a nivel global, europeo, nacional, regional, local y de acuerdo con una estrategia global, integrada y flexible,

F. Considerando el hecho de que en los últimos años la corrupción se ha convertido en un importante tema del debate político-jurídico a nivel internacional y que, desde entonces, una y otra vez, por ejemplo -aun cuando con distinta insistencia- la OCDE, el Consejo de Europa, el Banco Mundial y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) así como asociaciones de intereses privadas, como la Cámara de Comercio Internacional, y ONG, como Transparency International, demandan medidas eficientes y de vigencia a nivel internacional contra la corrupción,

G. Habiendo llegado a la conclusión, que coincide con la opinión de la Comisión, de que es de vital interés para la UE la elaboración de una estrategia coherente para luchar contra la corrupción dentro y fuera de sus fronteras y que dicha estrategia incluya asimismo los ámbitos del comercio y la competencia internacionales, así como el de la ayuda financiera y técnica,

H. Manifestando la opinión de que dicha estrategia europea coherente de lucha contra la corrupción es asimismo necesaria porque todos los Estados miembros de la UE disponen de medidas específicas de lucha contra la corrupción, pero que, no obstante, éstas divergen mucho en cuanto a su regulación jurídica, alcance y aplicación práctica, por lo que el sistema de lucha contra la corrupción en el conjunto de la UE es heterogéneo y está lleno de lagunas,

I. Considerando que, debido asimismo a la creciente privatización de actividades hasta ahora públicas y a la cada vez mayor interconexión económica, las medidas de lucha contra la corrupción no pueden seguir limitándose al sector público nacional, sino que cada Estado miembro de la UE debe desarrollar obligatoriamente una labor de simplificación de normas y de desburocratización, así como adaptar su sistema de sanciones al cambio de las circunstancias; que esto incluye que el hecho de ejercer una influencia ilícita en un proceso de toma de decisiones en el marco de una actividad tanto pública como privada, en el interior del país o en el extranjero, esté penalizado cuando conlleva la concesión de beneficios (corrupción activa) o su aceptación (corrupción pasiva),

J. Manifestando la opinión de que, para una lucha más eficiente contra la corrupción, además de sanciones penales deben imponerse asimismo sanciones de tipo administrativo, civil y disciplinario,

K. Manifestando su convicción de que la introducción, como principio democrático general y mediante una simplificación de las normas y unas medidas de desburocratización, de transparencia y de mecanismos de control eficaces en todos los procesos importantes de toma de decisiones puede contribuir de forma fundamental a la prevención de la corrupción, dado que de esa forma se impide que se creen condiciones ideales para la proliferación de la corrupción y aumentan las posibilidades de descubrirla y sancionarla,

L. Considerando que las diversas prácticas de corrupción reducen sensiblemente la eficacia de la ayuda, desviando medios financieros y contribuyendo a que se seleccionen proyectos peor adaptados a las realidades locales y contratantes menos aptos para realizar eficazmente los objetivos de la cooperación; que, por ello, una estrategia europea coherente de lucha contra la corrupción debe incluir asimismo las relaciones con terceros Estados; que ello incluye que en todos los acuerdos de apoyo, cooperación y desarrollo con terceros Estados se exija, además del cumplimiento de los principios generales de transparencia e independencia de la Justicia, el respeto de la cláusula de buen gobierno (good governance), que debe convertirse, junto con el respeto de los derechos humanos, de los principios democráticos y del Estado de Derecho, en un «elemento fundamental» de todo futuro acuerdo; que, además, estos principios deberían aplicarse también a todas las relaciones comerciales con terceros Estados para que, entre otras cosas, las empresas privadas no puedan contrarrestar y, en consecuencia, desvalorizar los esfuerzos anticorrupción de la UE,

M. Destacando que las delegaciones de la Comisión en los terceros países deben desempeñar un papel fundamental en la aplicación efectiva de una política en materia de lucha contra la corrupción, en conexión con unidades especializadas que deberían crearse en el seno de las Direcciones Generales de la Comisión encargadas de la ayuda al desarrollo, así como en cooperación con la Unidad de coordinación de la lucha antifraude (UCLAF) en el seno de la Comisión,

N. Lamentando profundamente que, a pesar de las fuertes críticas internacionales, numerosos Estados miembros de la UE siguen favoreciendo la corrupción en la actividad comercial privada, dado que no sólo no proscriben la corrupción en este ámbito sino que incluso la fomentan indirectamente mediante desgravaciones fiscales; considerando que las disposiciones jurídico-fiscales de algunos Estados miembros, que permiten desgravar fiscalmente los sobornos perpetrados en terceros países, son totalmente contrarias al Tratado, en especial, en relación a las disposiciones relativas a las ayudas otorgadas por los Estados miembros, en cuanto que falsean o amenazan la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones; manifestando que la posibilidad de desgravación fiscal de sobornos puede resultar incompatible con los fines pretendidos por el Código de Conducta sobre la fiscalidad de las empresas, aprobado por el Consejo el 1 de diciembre de 1997 ((DO C 2 de 6.1.1998, pág. 2.)), y pidiendo que, en el desarrollo futuro del mismo, el Consejo preste especial atención a este problema en particular,

O. Considerando que numerosas empresas que trabajan a nivel internacional, así como quienes representan sus intereses, ante todo la Cámara de Comercio Internacional, piden una estrategia coherente, general y para toda Europa de lucha contra la corrupción en el sector privado, entre otras cosas para completar los respectivos sistemas de autocompromiso de las empresas («Códigos de conducta empresariales») y asegurar así su funcionamiento,

P. Considerando que es particularmente urgente emprender la lucha contra la corrupción en el ámbito político para garantizar la transparencia de los sistemas de financiación general de los partidos y poner así obstáculos a la corrupción de los políticos y de los partidos,

Q. Considerando que en algunos Estados miembros la financiación estatal de los partidos políticos se ha introducido precisamente para evitar la corrupción,

R. Considerando que las normativas internas de las instituciones europeas no son todavía capaces de garantizar la transparencia en los procesos de toma de decisiones con relación, en particular, a la financiación y a las transacciones de carácter financiero,

S. Considerando que especialmente la Comisión, en vista de sus numerosos ámbitos de actuación en los que hay riesgo de corrupción, necesita un planteamiento global para luchar sistemáticamente contra la corrupción,

T. Manifestando la convicción de que las medidas que deben adoptarse para prevenir y luchar eficazmente contra la corrupción -independientemente del principio de la libre competencia- beneficiarán ante todo al ciudadano, quien, en muchos casos, debe cargar con el coste de productos excesivamente caros, de calidad inferior o incluso innecesarios y sufrir los perjuicios en la forma de proceder de las autoridades y en el funcionamiento de los procesos administrativos y , como consecuencia de la desestabilización de las estructuras democráticas, está expuesto a riesgos personales que, en no pocas ocasiones, conducen a una restricción de las libertades fundamentales,

U. Considerando que la prevención y la lucha contra la corrupción activa y pasiva constituyen, de conformidad con el artículo 29 (antiguo artículo K.1) del Tratado de la UE en la versión modificada por el Tratado de Amsterdam, una condición fundamental para la creación progresiva de un «Espacio de libertad, seguridad y Derecho»,

1. Apoya expresamente la demanda planteada por la Comisión en su Comunicación de desarrollar en la UE, en el marco de un plan general, medidas concretas y coordinadas entre sí de lucha contra la corrupción y le pide que presente a la mayor brevedad las propuestas específicas que sean de su competencia;

2. Considera positivas las propuestas de la propia Comisión incluidas en su mencionada Comunicación COM(98)0143 sobre la contratación pública en la Unión Europea, ya que los procedimientos de adjudicación correctos, transparentes y no discriminatorios suponen un obstáculo para la corrupción y para otras formas de uso ilícito de los recursos públicos; insta a la Comisión a que presente propuestas legislativas para aclarar las condiciones de acceso de los licitadores a los procedimientos de contratación pública, con la finalidad de eliminar a cualquier persona condenada por corrupción;

3. Insta a la Comisión a que desarrolle medidas concretas en materia de prevención de la corrupción también en otros ámbitos expuestos a corrupción (por ejemplo, la Directiva sobre contabilidad), contrarreste la creación de «culturas» tendentes a la corrupción mediante programas de formación adecuados para personas expuestas a la corrupción o mediante campañas generales para concienciar a la población, y, tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, utilice urgentemente su derecho de iniciativa en el ámbito de la cooperación judicial y de la justicia en materia penal para mejorar la lucha contra la corrupción en Europa, especialmente, haciendo uso de instrumentos jurídicos distintos de los convenios;

4. Pide a la Comisión que, en el contexto de su política de lucha contra la corrupción, presente propuestas específicas destinadas a combatir de forma más eficaz la corrupción en las instituciones de la UE -tomando en consideración los principios de transparencia en la adopción de decisiones, de simplificación de normas, de desburocratización, de control interno eficaz y de responsabilidades claras y sujetas a control judicial, civil y administrativo- y que traten, en particular, las siguientes cuestiones:

a) el estatuto de los órganos internos dentro de las instituciones de la UE competentes para investigar las acusaciones de corrupción interna,

b) unas disposiciones relativas a la atribución de jurisdicción penal sobre los funcionarios de la UE sospechosos de corrupción,

c) la cooperación entre las instituciones de la UE y las autoridades judiciales y competentes para la investigación a escala nacional en casos de presunta corrupción interna,

d) el principio de la inmunidad oficial y los mecanismos para levantarla,

e) la función de supervisión del Tribunal de Cuentas y del Parlamento Europeo,

5. Pide a la Comisión que, en la política de cooperación con terceros países, aplique el «principio fundamental» del buen gobierno mediante la generalización de la inclusión en los contratos de cláusulas específicas anticorrupción, la previsión de sanciones disuasorias diferentes a las penales (suspensión o anulación de los contratos y de las subvenciones, teneduría de registros centralizados) y el fortalecimiento de los mecanismos de control y evaluación dentro de la Comisión;

6. Pide a la Comisión que haga públicos los nombres de los Estados miembros que admiten desgravaciones fiscales por el soborno de funcionarios extranjeros; insta a la Comisión a que tome las medidas adecuadas, en su caso en forma de propuestas legislativas, con la finalidad de suprimir la posibilidad de desgravación fiscal de los sobornos abonados a funcionarios extranjeros;

7. Pide a la Comisión que elabore un calendario en el que para cada medida propuesta se indique antes cuándo debe ser introducida; pide, además, a la Comisión que presente sin demora y, a más tardar, antes de finales de 1999 dicho calendario;

8. Insta a los Estados miembros a que impulsen decisivamente la lucha contra la corrupción a nivel internacional y asuman una función líder en la elaboración y aplicación de compromisos internacionales; para ello, entre otras cosas, deberán

- eliminar urgente y totalmente, a más tardar antes del 1 de enero de 1999, de sus ordenamientos jurídicos y de sus procedimientos fiscales toda posibilidad de desgravación fiscal de los sobornos, sin vincular el abandono de esta práctica, como sucede en algunos Estados miembros, con la condena del corruptor y del corrupto por parte de los tribunales,

- impulsar activamente las negociaciones del Consejo de Europa sobre el Convenio contra la corrupción que se está debatiendo actualmente, a fin de que pueda ser firmado todavía en 1998,

- ratificar todavía en 1998 los siguientes Convenios:

- Convenio de 26 de julio de 1995 sobre la protección de los intereses financieros de la CE, así como los Protocolos (de 27 de septiembre de 1996, 29 de noviembre de 1996 y 19 de junio de 1997);

- Convenio de 26 de mayo de 1997 sobre la lucha contra la corrupción en la que estén implicados funcionarios de la CE o de los Estados miembros de la UE;

- Convenio de la OCDE de 17 de diciembre de 1997 sobre la lucha contra el soborno de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales;

9. Insta al Consejo a que dé urgente cumplimiento, a más tardar a finales de 1998, a las demandas en materia de lucha contra la corrupción del Plan de acción para la lucha contra la delincuencia organizada, aprobado por el Consejo Europeo en Amsterdam el 17 de junio de 1997; para ello, el Consejo deberá adoptar la acción común relativa a la incriminación de la corrupción en el sector privado y tomar debidamente en cuenta las opiniones del Parlamento, con arreglo a su mencionado dictamen de 20 de noviembre de 1997;

10. Insta al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros a que, en el marco de sus competencias en materia de lucha contra la corrupción, concedan prioridad a los siguientes ámbitos, y presten atención a que los distintos procedimientos estén coordinados entre sí;

- prevención de la corrupción, mediante, por ejemplo, transparencia, simplificación y desburocratización en todas las decisiones administrativas importantes y en el control de cuentas, códigos de conducta en la administración pública y en el sector privado, eliminación en la medida de lo posible de trámites burocráticos, transparencia en materia de patrimonio de ministros, diputados y otras personas situadas en posiciones administrativas delicadas,

- castigo de la corrupción en todas sus formas (corrupción activa y pasiva, en el sector privado y en el público, en el interior del país y en el extranjero, cometida por personas físicas y jurídicas; blanqueo del dinero procedente de sobornos); al hacerlo se deberá prestar atención a que, junto a las acciones penales, se recurra cada vez más a la posibilidad de imponer sanciones administrativas, civiles y disciplinarias, especialmente contemplando la posibilidad de resarcir al erario público por el daño causado,

- fijación de los principios de «buen gobierno», «transparencia» e «independencia de la justicia» como condición previa para la conclusión de contratos comerciales así como para la celebración de acuerdos de apoyo, cooperación y desarrollo entre la UE y terceros Estados;

11. Hace un llamamiento a todos los partidos políticos a nivel local, regional, nacional y europeo para que realicen una gestión financiera transparente -en particular en relación con las donaciones a partidos- a fin de evitar de esa manera toda sospecha de corrupción; insta, además, a todas las instituciones políticas a que velen por que, en caso de sospecha fundada de corrupción, los políticos y otras personas responsables de la toma de decisiones no puedan utilizar su inmunidad profesional como escudo de protección contra la persecución penal;

12. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros así como de los Estados candidatos a la adhesión.