3. Se congratula por el compromiso adquirido por la Comisión en relación con medidas de flexibilidad
para los agricultores, en particular, en lo que se refiere a las siembras;
4. Pide a la Comisión que conceda, de acuerdo con el Gobierno francØs y las autoridades locales, una
ayuda financiera excepcional como complemento de los crØditos concedidos por las autoridades francesascon el fin de responder a las necesidades acuciantes de las poblaciones mÆs afectadas, reparar las infraes-tructuras destruidas y contribuir al relanzamiento de las actividades económicas;
5. Pide por consiguiente a la Comisión que acelere la transferencia de los crØditos ya programados en el
marco de los Fondos Estructurales y que presente al Consejo una propuesta de decisión destinada a des-bloquear una «ayuda comunitaria que permita la reconstrucción de las zonas siniestradas»;
6. Pide ademÆs el restablecimiento de la línea presupuestaria destinada a las ayudas urgentes en caso de
catÆstrofes naturales en la UE;
7. Pide a la Comisión que proponga modificaciones excepcionales en la zonificación de las regiones
inundadas en el marco de los Fondos Estructurales;
8. Pide a los Estados miembros que reinviertan la tendencia actual de destrucción de los ecosistemas y
los preserven, en particular los cursos de agua, los sistemas de irrigación, los diques y las presas; subrayaasimismo la necesidad de evitar en el futuro la instalación de infraestructuras y la construcción de vivien-das en regiones de riesgo desde el punto de vista hidrogeológico;
9. Se congratula por la elaboración de instrumentos comunitarios destinados a coordinar, a nivel euro-
peo, los diferentes sistemas de protección civil con el fin de que se pueda disponer de ellos y se puedan
utilizar con mayor facilidad en caso de catÆstrofe natural;
10. Observa que el planeta padece actualmente las consecuencias de las alteraciones climÆticas y que
deben adoptarse medidas urgentes a nivel internacional, nacional y local con el fin de contrarrestar losefectos de este fenómeno; pide a los Estados miembros que, en colaboración con la Comisión, hagan todolo posible para que, a la luz de la Conferencia de las Partes de julio de 2001 en Bonn, se tienda hacia elrespeto de los compromisos de Kioto, en estricta aplicación del principio de reciprocidad;
11. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Gobierno
y al Parlamento franceses, así como a los consejeros regionales y generales y a los municipios afectados.
18. Reconocimiento muto de resoluciones firmes en materia penal
A5-0145/2001
Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo relativa al reconocimiento mutuo de resoluciones firmes en materia penal
(COM(2000) 495  C5-0631/2000  2000/2295(COS))
El Parlamento Europeo,
 Vista la Comunicación de la Comisión (COM(2000) 495  C5-0631/2000), Visto el artículo 31 del Tratado de la Unión Europea, Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Cardiff de los días 15 y 16 de junio de 1998 por las
que se pedía al Consejo que decidiera en quØ medida debía aplicarse el principio de mutuo reconoci-miento de las resoluciones,
 Vista la letra f) del punto 45 del plan de acción del Consejo y de la Comisión de 3 de diciembre
de 1998, en la cual se pedía que se iniciara el proceso de aplicación de este principio a los dos aæosde la entrada en vigor del tratado de Amsterdam,7.2.2002 ES C 34 E/385 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 17 de mayo de 2001
 Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999 en
las que se pedía que el principio del reconocimiento mutuo se convirtiera en la piedra angular de lacooperación judicial en la Unión tanto en materia civil como en materia penal,
 Visto el programa de medidas para la aplicación del principio del reconocimiento mutuo de las reso-
luciones en materia penal (
1) aprobado por el Consejo y ya incorporado al cuadro de objetivos de la
Comisión,
 Visto el apartado 1 del artículo 47 de su Reglamento,
 Vistos el informe de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos
Interiores y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior (A5-0145/2001),
A. Considerando que la acción comœn en el Æmbito de la cooperación judicial en materia penal a que se
refiere el artículo 31 del Tratado de la Unión Europea se aplicaría de manera satisfactoria teniendo en
cuenta las propuestas que se formulan tanto en la Comunicación de la Comisión como en el Programa
de medidas del Consejo,
B. Considerando que la Comunicación prevØ aplicar un mecanismo simplificador que permitirÆ superar
los largos períodos de ejecución de la actual «solicitud» de reconocimiento, y, en œltimo tØrmino,
convertirÆ en sustancialmente superfluas las solicitudes de extradición y evitarÆ los conflictos de juris-
dicción entre los Estados miembros, tal como se prevØ en el artículo 31 del Tratado de la UniónEuropea,
C. Considerando que para la aplicación del principio del reconocimiento mutuo, la Comunicación pro-
pone distintas soluciones entre las que el Parlamento debe elegir para indicar procedimientos de reco-
nocimiento mutuo menos complejos que los actualmente en vigor para la «sollicitud»,
D. Constatando que para establecer un mecanismo de reconocimiento mutuo se podría tender, como
alternativa, a armonizar los sistemas legislativos, procesales y judiciales de los Estados miembros, obasarse en la confianza mutua de los mismos no sólo por lo que se refiere a la adecuación de la
normativa de cada Estado, sino tambiØn a la correcta aplicación de esta normativa en los procedimien-
tos concretos,
E. Constatando que la primera solución sería difícil de aplicar porque los sistemas mencionados de cada
país estÆn íntimamente ligados a la historia y a la forma de sus instituciones, así como a su cultura, y
porque nunca se aceptaría una combinación de distintos modelos de sistemas o la homologación de
unos con otros,
F. Constatando que la segunda solución sería mÆs viable porque, aunque nos encontramos en presencia
de modelos diferentes, los sistemas judiciales de cada uno de los Estados miembros se basan en un
conjunto de reglas procesales, dotadas de suficientes garantías y en una prÆctica correcta de aplicación
normativa, aptas para producir decisiones penales fiables, susceptibles por tanto de ser ejecutadas en elterritorio de otros Estados miembros sin recurrir a procesos de reconocimiento extenuantes e incier-tos,
G. Considerando que el problema del reconocimiento mutuo se refiere concretamente a la capacidad de
ejecutar, en un Estado miembro, una resolución firme adoptada por la autoridad competente de otroEstado miembro,
H. Considerando que el reconocimiento mutuo de resoluciones firmes implica el reconocimiento de todas
las resoluciones previas, incluidos los autos prejudiciales,
I. Considerando que las normas relativas a los autos prejudiciales varían de forma considerable entre los
distintos Estados miembros,
J. Considerando que el reconocimiento mutuo tiene por objeto la seguridad jurídica (implícita en el acto
de hacer efectiva la aplicación de la ley en todo el territorio de la UE), la reinserción del condenado(evitando su desarraigo del Estado en el que ha decidido residir y donde tiene su familia y su trabajo),y la defensa y el respeto de los derechos de las víctimas,
K. Considerando que el reconocimiento mutuo y las medidas necesarias para su aplicación, especialmente
las de procedimiento, se harían extensivas a todos los delitos y no sólo a los graves, habida cuentatambiØn de la dificultad de su determinación a falta de una definición comœn de «delito grave»,
(1) DO C 12 de 15.1.2001, p. 10.C 34 E/386 ES 7.2.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 17 de mayo de 2001
L. Considerando aceptable la indicación de la Comunicación, segœn la cual debe considerarse firme una
resolución adoptada respecto al fondo y que ya no pueda impugnarse mediante un recurso ordinario oque pueda impugnarse mediante un recurso que no tenga efecto suspensivo,
M. Considerando, ademÆs, que la «materia penal»debe poder remitir a una definición «formal» de la norma
penal, es decir, al derecho penal positivo y que debe por tanto referirse a cualquier norma que, para lalegislación del Estado miembro, sea considerada como tal y tipifique un comportamiento prohibidoaplicÆndole las sanciones definidas tambiØn como penales,
N. Considerando que ni el carÆcter específico de las autoridades competentes para aplicar la norma penal
(que incluyen a las autoridades administrativas), ni la forma de resolución del procedimiento, como latransacción entre el ministerio pœblico y el acusado, ni la naturaleza jurídica de la persona destinatariade las normas penales, que tambiØn puede ser una persona jurídica, deben considerarse como criterios
para la definición de la «materia penal»,
O. Considerando que deberÆn establecerse normas claras para los casos en que la pena deba ejecutarse en
un Estado miembro distinto del que ha emitido la resolución, a fin de impedir que el condenado elijadiscrecionalmente el Estado de ejecución,
P. Considerando que la resolución que deba reconocerse deberÆ traducirse y comunicarse en con breve-
dad y que sería oportuno, por consiguiente, alcanzar un acuerdo sobre el uso de un nœmero restrin-gido de lenguas mÆs conocidas como suele hacerse en varios organismos internacionales,
Q. Considerando que para evitar el juicio doble, para aplicar la reincidencia y la acumulación de las
penas, así como para evitar conflictos, es necesario tanto el conocimiento de las resoluciones firmescomo de los procedimientos en curso y que sería œtil, por consiguiente, colocar en una red los ante-cedentes penales nacionales e informatizar los registros de los procedimientos en curso,
R. Considerando que se ha de aplicar plenamente el principio de «ne bis in idem» y que, a tal fin el idem
debe considerarse «el mismo hecho» en sentido amplio y sustancial, con independencia de la califica-ción jurídica del hecho mismo, mientras que de hallarse ante una resolución doble, se debe aplicar lamÆs favorable al condenado,
S. Considerando que para una correcta aplicación del reconocimiento mutuo serÆ necesario aprobar
algunas normas comunes para regular los casos de juicio doble («ne bis in idem»), de delito continuado,de acumulación de las penas y de resolución de los conflictos de jurisdicción, así como normas sobreel mantenimiento de los registros de condenas y procesos en curso, sobre la traducción de las decisio-nes, sobre la reincidencia y otras cosas que se consideren necesarias, a fin de que las resolucionesfirmes puedan surtir efectos sustancialmente anÆlogos en todo el territorio de la Unión,
T. Considerando que los registros de delincuentes y de procedimientos pendientes, en particular, permi-
tirÆn el acceso mutuo a información particularmente delicada; que es necesario aplicar normas clarassobre la protección de datos;
U. Considerando, por consiguiente, que serÆ necesario confiar a una autoridad central independiente
como, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la resolución de controver-sias sobre estos casos,
V. Constatando que, en una primera fase, serÆ difícil alcanzar un consenso sobre un procedimiento de
reconocimiento «directo» porque es necesario respetar algunas garantías comunes irrenunciables como,
por ejemplo, los derechos de la defensa y los de las víctimas, la exclusión del juicio doble (« ne bis in
idem ») o la compatibilidad de la pena que se ha de ejecutar con el ordenamiento jurídico del Estado
que ha recibido la solicitud (por ejemplo, cadena perpetua por la pena mÆxima prevista), así comoproceder a un examen previo de su subsistencia para poder adoptar despuØs una medida de ejecución,
W. Considerando, sin embargo, que para lograr un espacio comœn de justicia, seguridad y libertad, deberÆ
establecerse un sistema que aplique plenamente el principio del reconocimiento recíproco directo delas resoluciones firmes,
X. Considerando que la sentencia definitiva debe constituir un precedente que se ha de tener en cuenta en
todos los Estados miembros y que, en algunos casos que deben acordarse, cuando existan variascondenas, en particular en relación con hechos cometidos con un vínculo de continuación, no sedebe aplicar la acumulación material de las penas,7.2.2002 ES C 34 E/387 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 17 de mayo de 2001
Y. Considerando tambiØn que, habida cuenta de que algunos delitos se cometen en el territorio de varios
Estados, hay que establecer normas generales en materia de jurisdicción para regular los conflictosnegativos y positivos, evitar la duplicación de los juicios y regular los casos en los que resulta opor-tuno someter a los acusados a un juicio œnico,
Z. Considerando que han de excluirse del principio del reconocimiento mutuo las resoluciones que, de
conformidad con la ley del Estado en que se han pronunciado, afectan a menores de edad o a losenfermos mentales,
AA. Considerando que el principio de la doble tipificación penal estÆ presente en casi todos los convenios
internacionales y que, como puede deducirse de las mismos, se entiende en sentido amplio, no sólocomo «penalización doble» (hecho previsto de manera abstracta como violación de una norma penalpor la legislación del Estado que formula la solicitud y de aquØl que la recibe), sino tambiØn como un
hecho punible de manera concreta (hecho cuyo autor no se encuentre en una situación de exclusión
de la punibilidad),
AB. Considerando que la incorporación del principio de la doble tipificación penal en su acepción mÆs
amplia comportaría sin duda alguna la exclusión de todos los casos de posible incompatibilidad entreordenamientos jurídicos distintos, pero que haría considerablemente mÆs lento el procedimiento dereconocimiento porque se colocaría a la autoridad jurídica del Estado que recibe la solicitud encondiciones de «rehacer el proceso» con la revisión de la resolución en cuanto al fondo y en cuantoal procedimiento,
AC. Teniendo en cuenta que los Estados miembros de la UE tienen ordenamientos que, aunque difieran
entre sí, garantizan tanto la incriminación de los delitos que provocan mayor alarma social como un«juicio justo», así como el respeto del principio de legalidad; que, sin embargo, el principio de ladoble tipificación penal podría excluir el reconocimiento de las decisiones relativas a los delitosmenores, respecto de los cuales no existe una homogeneidad comparable a la que se ha alcanzadoen el caso de los delitos mÆs graves;
AD. Considerando, por consiguiente, que entre las garantías imprescindibles que deben presidir la aplica-
ción del reconocimiento mutuo no figuraría la de la tipificación penal doble, dado que su manteni-
miento no cambiaría sustancialmente los problemas y no sería coherente con la orientación de los
Jefes de Estado y de Gobierno consistente en considerar el reconocimiento mutuo piedra angular dela construcción de un espacio de justicia comœn,
AE. Constatando, sin embargo, que por lo menos en una fase inicial para compensar la supresión del
principio de la doble tipificación penal, se debería reconocer a los Estados miembros un margen dedecisión autónoma mediante algunas clÆusulas de salvaguardia como, por ejemplo, la exclusión de unnœmero limitado de delitos (por ejemplo, la eutanasia) sobre los que sería difícil alcanzar un acuerdo,
AF. Constatando ademÆs que entre las clÆusulas de salvaguardia habría que incluir las que se refieren al
respeto del derecho a la defensa del acusado y los derechos de las víctimas, rigurosamente delimitidasy definidas de manera que no conlleven una revisión de la decisión en cuanto al fondo,
AG. Considerando que una cierta armonización de las legislaciones nacionales, en particular determinados
aspectos del derecho procesal, puede contribuir a establecer la confianza mutua y, por tanto, a redu-cir la necesidad de salvaguardias por parte de los Estados miembros y de un examen previo antes dela ejecución de la resolución,
AH. Considerando que la ejecución de la pena debe regirse por la ley del Estado en el que se ejecute y
que, por consiguiente, entre las clÆusulas de salvaguardia debe figurar tambiØn la posibilidad de que
el Estado mismo adapte la duración de la pena (por ejemplo, la no previsión de la cadena perpetua) ylos modos de ejecución (por ejemplo, la inexistencia de la reclusión en aislamiento) a su sistemaespecífico,
AI. Considerando, por consiguiente, que deberían reservarse al Estado que ha recibido la solicitud todas
las decisiones relativas a las ventajas y a los inconvenientes ligados a la conducta y a las condicionespersonales del condenado, tales como la libertad condicional, los permisos de trabajo o de visita alexterior o la suspensión de la ejecución de la pena por motivos de salud,
AJ. Considerando que, por el contrario, deberían seguir siendo competencia del Estado solicitante todas
las decisiones relativas a la extinción de la pena o del delito, la gracia y la amnistía,C 34 E/388 ES 7.2.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 17 de mayo de 2001
AK. Considerando que los costes de la ejecución de las penas deberían correr a cargo del Estado que ha
recibido la solicitud para evitar demoras burocrÆticas, controversias y conflictos, y en la convicciónde que en una Unión abierta a la libre circulación de las personas, Østos se compensarían de unamanera general a largo plazo,
AL. Considerando que es indispensable que, en caso de modificación o cese de la pena, se tengan en
cuenta los derechos de las víctimas y sus familias, incluido el derecho a una información rÆpida y auna protección adecuada de su integridad física y al respeto de su dignidad, que han de aplicarsetambiØn imponiendo al condenado prohibiciones específicas de acceso a determinadas zonas delterritorio de la Unión,
AM. Considerando que el reconocimiento de las decisiones de prohibición se ha de producir sólo cuando
Østas puedan cumplir su función de defensa social y de reinserción tambiØn en el Estado que harecibido la solicitud,
1. Opina que el principio del reconocimiento mutuo debe aplicarse a todos los delitos, incluidos los que
sólo prevØn penas pecuniarias, con las excepciones necesarias;
2. Opina, por consiguiente, que tambiØn las medidas indicadas en el programa del Consejo deben apli-
carse a todos los delitos;
3. Pide que se considere «firme» toda resolución emitida en cuanto al fondo, incluso en caso de que se
produzca a raíz de un pacto entre la acusación pœblica y el sospechoso, siempre y cuando esta decisión yano pueda impugnarse con una vía de recurso ordinaria o este recurso, aunque sea posible, no surta efectossuspensivos;
4. Insta a la Comisión a que antes de presentar instrumentos jurídicos determine los problemas que
realmente surgen en la prÆctica debido a las deficiencias en la ejecución de las sentencias firmes en materiapenal;
5. Opina que la liberación en la fase de las investigaciones o de la instrucción no debe definirse como
«resolución firme», siempre y cuando se pueda volver a iniciar el procedimiento;
6. Insta a la Comisión a que determine los Æmbitos del derecho material y procesal en los que haya que
establecer normas mínimas;
7. Considera que la definición de «materia penal» debe poder remitir al Derecho penal positivo y, por
consiguiente, a cualquier norma que la ley del Estado miembro interesado considere como tal; que estadefinición no debe verse afectada por el carÆcter (por ejemplo, administrativo) de la autoridad que aplica lapena, ni por la manera de resolución del procedimiento ni por la naturaleza jurídica de la persona a quiense le impone la pena;
8. Pide que se establezcan normas claras para determinar los casos en que la sentencia sea ejecutable en
un Estado miembro distinto de aquØl en que se ha pronunciado, tambiØn con objeto de impedir unaelección discrecional por parte del condenado;
9. Insta a la Comisión a que presente un plan sobre la creación de un registro de procedimientos
pendientes y cerrados, en el cual se expondrÆ especialmente la forma de la recogida de datos, el acceso alos mismos y su protección;
10. Pide que, para tener un conocimiento rÆpido de la existencia de la decisión de reconocimiento, se
acuerde el uso de dos o tres lenguas para la traducción, entre ellas las mÆs utilizadas, tal como se vienehaciendo en algunos organismos internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lasNU;
11. Pide que, para la circulación de la información relativa a las condenas definitivas, se opte por
colocar en red los antecedentes penales nacionales, pidiendo a los Estados miembros que adopten medidasadecuadas para facilitar tambiØn la información sobre los juicios en curso;
12. Pide que se apliquen a la futura red de registros nacionales y mutuo acceso a información sobre los
casos pendientes normas claras en cuanto a la protección de datos;
13. Pide que en un sistema de reconocimiento mutuo se aplique plenamente el principio de «ne bis in
idem» y que, para una correcta aplicación de dicho principio, el idem objeto de la sentencia ulterior se
interprete como «el mismo hecho» en sentido amplio y sustancial, prescindiendo de su calificación jurídica;7.2.2002 ES C 34 E/389 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 17 de mayo de 2001
14. Considera, por consiguiente, que en el caso en que para el «mismo hecho» haya habido una segunda
sentencia o una sentencia posterior con resolución final, se ha de aplicar la decisión mÆs favorable alcondenado;
15. Considera que la sentencia definitiva pronunciada en un Estado miembro debe constituir un «pre-
cedente» que hay que tener en cuenta en caso de una condena posterior en otro Estado miembro y que,por lo tanto, Østa debe dar lugar a la aplicación de la reincidencia;
16. Pide que se establezcan normas comunes para que, en el caso de que existan otras condenas en dos
o mÆs Estados miembros (en particular en lo referente a los actos con vínculo de continuación), no seproduzca siempre la acumulación material de las penas;
17. Opina que deben introducirse normas generales sobre la jurisdicción a fin de regular los conflictos
negativos y positivos correspondientes para evitar la duplicación de sentencias y regular los casos en losque conviene unificar las sentencias;
18. Pide que la resolución de todos los conflictos posibles entre las autoridades judiciales de los Estados
miembros en lo referente al reconocimiento mutuo se confíe a una autoridad central independiente comoel Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;
19. Opina que deben excluirse del reconocimiento las resoluciones firmes en las que se reconozca la
existencia de enfermedad mental o la minoría de edad del condenado;
20. Considera que se ha de suprimir la clÆusula de la doble tipificación penal y que, al mismo tiempo,
se ha de alcanzar, como clÆusula de salvaguardia, un acuerdo sobre un nœmero limitado de delitos a losque no se aplica el reconocimiento mutuo;
21. Opina tambiØn que se han de incluir clÆusulas ulteriores de salvaguardia relativas al respeto de los
derechos de la defensa y de las víctimas, rigurosamente definidas de manera que no comporten una revi-sión de la decisión en cuanto al fondo;
22. Considera que, con el fin de evitar que se incluya un exceso de disposiciones de salvaguardia, y
garantizar al mismo tiempo un nivel comœn de protección de los derechos fundamentales en todos losEstados miembros, Østos deben acordar normas mínimas comunes para determinados aspectos del derechoprocesal;
23. Insta a la Comisión a que vele por que los países candidatos a la adhesión participen en la creación
de un sistema de reconocimiento mutuo de las resoluciones firmes en materia penal;
24. Pide que la ejecución de la pena de detención se rija por la ley del Estado en que se ejecute, con la
posibilidad de adaptar la duración y las modalidades de ejecución, y que no se debe pretender la ejecuciónde una pena (por ejemplo, el servicio social u otra prestación similar) desconocida en dicho Estado;
25. Pide, ademÆs, que se dejen al Estado de ejecución todas las decisiones vinculadas a la conducta o a
las condiciones personales del detenido, tales como la libertad condicional, los permisos para trabajar o lasvisitas al exterior y la suspensión de la ejecución de la pena por motivos de salud;
26. Pide, por el contrario, que sigan siendo competencia del Estado solicitante las decisiones relativas a
la extinción de la pena del delito, las medidas de gracia y la amnistía;
27. Pide que, en los casos de modificación o cese de la pena se tengan en cuenta los derechos de las
víctimas, incluido el derecho a una información oportuna y a una protección adecuada de su integridadfísica;
28. Considera que los costes de ejecución de las penas de detención y pecuniarias debe soportarlos el
Estado de ejecución porque, a largo plazo, se llegarÆ a un equilibrio entre todos los Estados miembros;
29. Opina que el principio del reconocimiento mutuo de las prohibiciones debe aplicarse cuando cum-
pla una función de defensa social tambiØn en el territorio del Estado de ejecución;
30. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión.C 34 E/390 ES 7.2.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 17 de mayo de 2001