COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Estrategia de ampliación y retos principales 2012-2013 /* COM/2012/0600 final */





COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Estrategia de ampliación y retos principales 2012-2013 1. Introducción La UE viene impulsando su política de ampliación desde hace más de cuarenta años. El número de Estados miembros ha ido aumentando al hilo de las sucesivas adhesiones, pasando de los seis fundadores a los veintisiete países actuales. Esta previsto que Croacia se convierta en el 28º Estado miembro el 1 de julio de 2013. A través de su política de ampliación, la UE ha ido respondiendo, desde sus comienzos, a la legítima aspiración de los pueblos de nuestro continente, de aunar fuerzas en un empeño europeo común. Ha contribuido a la aproximación de las naciones y las culturas, enriqueciendo a la UE e inyectándole diversidad y dinamismo. Más de tres cuartas partes de los Estados miembros que componen hoy la Unión fueron en su día «países de ampliación». En este período de gran incertidumbre mundial y retos de gran calado, en el que la UE se prepara para dar nuevo impulso a la integración política, económica y financiera, la política de ampliación sigue contribuyendo a la paz, la seguridad y la prosperidad en nuestro continente. En un marco de condicionalidad estricta pero equitativa, la perspectiva de la adhesión constituye un acicate para las reformas políticas y económicas, transformando las sociedades y creando nuevas oportunidades para ciudadanos y empresas. Al mismo tiempo, la ampliación refuerza las bazas políticas y económicas de la Unión. Ejerciendo liderazgo en el marco de su política de ampliación, la UE podrá recoger los beneficios de un continente más sólido y más unido, y demostrar también su capacidad de actuación a escala mundial. La última ampliación, en la que se abrieron las puertas a los países de Europa Central y Oriental, no solo puso fin a décadas de separación artificial entre el Este y el Oeste, sino que supuso beneficios recíprocos al hilo de la mayor integración comercial, la ampliación del mercado interior, las economías de escala y la expansión de las oportunidades profesionales y de inversión. Desde el comienzo de las negociaciones de adhesión en curso, las exportaciones de la UE a los países adherentes se han incrementado en más del triple. Se calcula que un tercio del elevado crecimiento registrado en ese periodo en los países adherentes se ha debido al efecto de la ampliación. El fortalecimiento del Estado de Derecho y la gobernanza democrática es básico para el proceso de ampliación. Las lecciones extraídas de las ampliaciones precedentes subrayan la importancia de prestar mayor atención a estos ámbitos y de mejorar la calidad del proceso. Así se apuntala y se fomenta la estabilidad de una región en la que todavía no se han borrado las cicatrices del conflicto, y se promueve la creación de un entorno, en Europa sudoriental, que propicie el crecimiento y la captación de inversión, el incremento de la cooperación regional y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, entre otros problemas compartidos. Se abordan cuestiones que inquietan directamente a los ciudadanos de la Unión y los países de la ampliación en materia de seguridad, justicia y derechos fundamentales. Con el respaldo del Consejo, en junio, al nuevo planteamiento propuesto por la Comisión en relación con la integración del poder judicial y los derechos fundamentales y la justicia, la libertad y la seguridad como parte del marco de negociación para Montenegro se ha afianzado sólidamente el Estado de Derecho como eje del proceso de adhesión y se han sentado también las bases para las futuras negociaciones. Las dificultades que actualmente atraviesa la zona del euro han dominado la agenda política de la UE a lo largo del pasado año. Junto con la reciente crisis financiera mundial, esta coyuntura ha puesto de relieve la interdependencia de las economías nacionales tanto dentro como fuera de las fronteras de la Unión. Los retos que debe afrontar la zona del euro ponen de relieve la importancia de seguir consolidando la estabilidad económica y financiera y fomentando las reformas y el crecimiento, también en los países de la ampliación. La mayor integración política, económica y financiera que ello propiciará en la UE también deberá ser tenida en cuenta en el proceso de ampliación. Fortalecer la capacidad de los países de la ampliación para sortear las crisis es una cuestión de interés para ambas partes. El proceso de ampliación constituye un instrumento poderoso a tal efecto. Una UE más sólida y ampliada estará en mejor posición para afrontar tales retos. El dinamismo de la economía turca, por ejemplo, su rol geopolítico, su contribución a la seguridad del abastecimiento energético y su joven población representan una oportunidad tanto para Turquía como para la UE en el contexto de la perspectiva de adhesión. Como es obvio, afrontar los riesgos de inestabilidad en los Balcanes Occidentales va en beneficio de los intereses que compartimos, teniendo en cuenta el legado de la guerra y división que ha asolado esa región. El proceso de ampliación presta apoyo a los partidarios de la reforma en la región, afianzando su proceso de transición democrática tras el conflicto armado. Contribuye a evitar los costes más elevados que podrían acarrear las consecuencias de la inestabilidad. Reforzar la estabilidad y la democracia en el sudeste de Europa constituye asimismo una inversión en democracia sólida y duradera en la gran vecindad de la UE. El consenso renovado sobre la ampliación, acordado por el Consejo Europeo, sigue siendo el fundamento de la política de ampliación de la UE. Esta política está basada en los principios de consolidación de los compromisos, condicionalidad rigurosa y equitativa y comunicación adecuada con los ciudadanos, en combinación con la capacidad de la UE para integrar a nuevos miembros. El actual programa de ampliación abarca los Balcanes Occidentales, Turquía e Islandia. La UE ha proclamado una y otra vez la inclusividad de la política relativa a los Balcanes Occidentales, y en sucesivos Consejos Europeos se ha confirmado que el futuro de toda la región pasa por su pertenencia a la Unión. El proceso de estabilización y asociación sigue constituyendo el marco común para los preparativos necesarios. Mantener la credibilidad del proceso de ampliación resulta crucial para poder coronarlo con éxito. Se trata de que los países interesados impulsen reformas de gran calado con el fin de cumplir los criterios establecidos, en particular los criterios de Copenhague. Se trata también de mantener el apoyo de los Estados miembros y sus ciudadanos. Es esencial fomentar la comprensión y el debate bien informado sobre las repercusiones de la política de ampliación, sobre todo en un periodo en el que la UE se enfrenta a retos de gran calado. En este contexto es fundamental el principio de méritos propios. El ritmo de avance de cada país por la senda de la adhesión dependerá de su grado de cumplimiento de las condiciones necesarias. Así pues, la ampliación es por definición un proceso gradual, basado en preparativos sólidos por todas las partes. El nuevo planteamiento adoptado en las negociaciones relativas al Estado de Derecho introduce la necesidad de que se vayan desarrollando historiales sólidos de aplicación de las reformas a lo largo de todo el proceso de negociación. Las reformas deben estar profundamente arraigadas, en aras de su irreversibilidad. La inminente adhesión de Croacia, el comienzo de las negociaciones con Montenegro y el estatuto de país candidato de Serbia demuestran que la UE respeta sus compromisos una vez cumplidas las condiciones. Estas trayectorias positivas ponen asimismo de relieve el poder transformador de la ampliación y el enorme avance que ha podido realizar, en apenas media generación, una zona devastada por la guerra. Constituyen un incentivo y un acicate para que todos los países de la región intensifiquen sus propios preparativos para la posible incorporación a la UE. A lo largo del pasado año se han registrado una serie de avances positivos en los países de la ampliación. Además de los relativos a Croacia, Montenegro y Serbia, se han obtenido buenos resultados en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, donde el Diálogo de Adhesión de Alto Nivel ha propiciado que las autoridades presten mayor atención a las reformas. En Albania, el diálogo entre el Gobierno y la oposición ha permitido la práctica superación de la parálisis política y la adopción de reformas electorales y parlamentarias. Las negociaciones de adhesión con Islandia progresan adecuadamente. Turquía ha apoyado activamente el nuevo programa positivo anunciado el pasado año, que la Comisión emprendió en mayo de 2012. Al mismo tiempo, siguen pendientes distintas reformas en la mayoría de los países. Los derechos humanos, la buena gobernanza, el Estado de Derecho, incluida la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, la capacidad administrativa, el desempleo, la reforma económica y la inclusión social siguen constituyendo aspectos problemáticos. A menudo se echan en falta una mayor asunción de las reformas y la voluntad política necesaria para seguir progresando. El fortalecimiento de la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación siguen constituyendo retos de gran calado. En ocasiones, cuestiones bilaterales siguen obstaculizando el proceso de adhesión. El proceso de ampliación es incluyente por su propia naturaleza y precisa de una extensa participación de las partes interesadas. En los países de la ampliación, contar con un amplio consenso político y apoyo de la población a las reformas necesarias contribuye significativamente a la transformación necesaria para impulsar la aproximación a la UE. En la presente Comunicación se analiza la situación actual del programa de ampliación de la Unión Europea. Sobre la base de análisis pormenorizados referidos a cada país[1] se hace balance del avance de sus preparativos para la adhesión, de su situación actual y de sus perspectivas para los próximos años, formulándose al respecto una serie de recomendaciones. Como en los años precedentes, se presta especial atención a varios ámbitos problemáticos, así como al apoyo que la UE presta a los países de la ampliación, en particular a través del Instrumento de Asistencia Preadhesión. 2. Retos principales 2.1. El Estado de Derecho como eje de la política de ampliación La experiencia de las últimas ampliaciones y las dificultades a las que se enfrentan los países de la ampliación subrayan la importancia de centrar aún en mayor medida la política de ampliación en el Estado de Derecho. En el documento de estrategia del año pasado se propuso un nuevo planteamiento de negociación en el ámbito del poder judicial y los derechos fundamentales y en materia de justicia, libertad y seguridad. Este planteamiento, respaldado por el Consejo, ha quedado ahora reflejado en el marco de negociación adoptado en junio de 2012 para las negociaciones con Montenegro, de modo que se afianza sólidamente el Estado de Derecho como eje del proceso de adhesión y se sientan también las bases para las futuras negociaciones. Los países que aspiran a sumarse a la Unión deben demostrar su capacidad para reforzar la puesta en práctica efectiva de los valores en los que se basa la Unión en todas las fases del proceso de adhesión. Deben garantizar y promover desde un primer momento el funcionamiento adecuado de las instituciones básicas necesarias para la gobernanza democrática y el Estado de Derecho, desde el Parlamento nacional hasta el Gobierno y el sistema judicial, incluidos los órganos jurisdiccionales y la Fiscalía pública, así como los organismos responsables de garantizar la aplicación de la ley. La mayoría de los países de la ampliación han de afrontar una serie de retos principales en estos ámbitos: Por lo que respecta al sistema judicial, los países deben garantizar su independencia, imparcialidad y responsabilidad, así como su capacidad de garantizar juicios justos. Deben asimismo garantizar que sus sistemas judiciales funcionan eficientemente, sin procedimientos excesivamente prolongados. A este respecto ya se han establecido estrategias de reforma judicial en la mayoría de los países. Se ha avanzado en el fortalecimiento de la independencia de los Consejos Judiciales Públicos y también, en algunos casos, con nuevos procedimientos para los nombramientos judiciales. Ahora bien, siguen existiendo numerosas dificultades, en particular para garantizar procedimientos más rigurosos de nombramiento de jueces y fiscales, encontrar el equilibrio adecuado entre la independencia judicial y la responsabilización —lo que incluye abordar la cuestión de la inmunidad de los jueces— y reducir en muchos casos el excesivo número de causas pendientes. La ejecución de las resoluciones judiciales sigue siendo problemática. Además de las reformas legislativa y administrativa, con frecuencia es necesaria una modificación de la cultura judicial de modo que se preste mayor atención a la prestación de un servicio a los ciudadanos. La corrupción sigue estando muy extendida en la mayoría de los países de la ampliación. Se trata de un problema que socava el Estado de Derecho, mina los presupuestos nacionales y el entorno en el que operan las empresas y afecta a la vida cotidiana de los ciudadanos en ámbitos como la asistencia sanitaria y la educación. Su generalización permite la infiltración de los grupos de la delincuencia organizada en los sectores público y privado. Los países deben garantizar un marco sólido para la prevención de esta lacra, en particular en términos de mayor transparencia en los organismos públicos y en la utilización de los fondos públicos. La actuación de las autoridades policiales y judiciales ha de ser dinámica, coordinada y eficaz para que los casos de corrupción, incluidos los de alto nivel, sean objeto de investigación, procesamiento y sanción adecuados. En muchos países de la ampliación son necesarios esfuerzos adicionales por lo que respecta a la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales, la gestión de los conflictos de intereses, la transparencia de la contratación pública, el acceso a la información y el decomiso y la confiscación de activos. En algunos casos se han establecido fiscalías especializadas que están realizando una buena labor. Queda mucho por hacer para seguir desarrollando el historial necesario. Es preciso elaborar estadísticas fiables que permitan supervisar el éxito de las políticas anticorrupción. La lucha contra la delincuencia organizada sigue siendo una prioridad clave y supone un gran problema en la mayoría de los países de la ampliación. La naturaleza transfronteriza de numerosas actividades delictivas hace necesaria una cooperación intensa entre las autoridades policiales y judiciales, con los Estados miembros de la UE y a escala internacional. Las autoridades policiales y judiciales han de ser dotadas de herramientas de investigación e instrumentos jurídicos eficaces que les permitan luchar adecuadamente contra la delincuencia organizada y sancionarla debidamente. En particular, se ha de mejorar su capacidad para realizar investigaciones financieras. Si bien es cierto que se están realizando avances, en la mayoría de los países queda una gran labor por delante para garantizar investigaciones dinámicas, un seguimiento judicial eficaz y una mayor cooperación nacional e internacional. La Comisión sigue prestando apoyo a una red regional de fiscales que contará con la asistencia de expertos en comisión de servicios procedentes de los Estados miembros. Se debe fomentar la cooperación operativa con los organismos europeos pertinentes, en particular Europol. La reforma de la administración pública continúa siendo una prioridad básica en el marco de los criterios políticos en la mayoría de los países de la ampliación. Como elemento esencial de la gobernanza democrática y el Estado de Derecho, el propósito es mejorar su transparencia, responsabilización y eficacia y centrarse en mayor medida en las necesidades de los ciudadanos y las empresas. Contar con los procedimientos administrativos adecuados, en particular por lo que se refiere a la gestión de los recursos humanos y los recursos públicos, incluida la recaudación fiscal, así como con sistemas estadísticos fiables e independientes, es crucial para el funcionamiento del Estado y la aplicación de las reformas necesarias a efectos de la integración en la UE. Los países deben redoblar sus esfuerzos para la mejora generalizada de sus administraciones públicas sobre la base de estrategias nacionales de amplio alcance. Consciente de los retos que deben afrontar los países de la ampliación, la Comisión reforzará su capacidad de evaluación y supervisión, identificando las lagunas más importantes y proporcionando asistencia en las labores de planificación, determinación de prioridades y aplicación de las reformas. Los derechos civiles, políticos, sociales y económicos, así como los derechos de las personas pertenecientes a minorías, son aspectos fundamentales en la mayoría de los países de la ampliación. En general, la legislación garantiza estos derechos fundamentales, pero en muchos casos su aplicación sigue presentando carencias. Persisten en ocasiones las lagunas legislativas, por ejemplo por lo que se refiere al alcance de la legislación antidiscriminación. A menudo es preciso reforzar considerablemente las instituciones nacionales de derechos humanos, como las oficinas de los defensores del pueblo, así como el tratamiento, por parte de las autoridades policiales y judiciales, de cuestiones como los delitos motivados por el odio y la violencia basada en el género. Las actitudes sociales generales frente a grupos vulnerables tales como las minorías étnicas, las personas con discapacidad o las personas homosexuales, bisexuales y transexuales siguen siendo un problema frecuente. En los países de la ampliación, el pluralismo caracteriza, en términos generales, el panorama de los medios de comunicación. En algunos de ellos se ha avanzado en la despenalización de la difamación. No obstante, en otros la situación de la libertad de expresión suscita grave preocupación, a raíz de las injerencias políticas, la presión económica, la autocensura y la insuficiente protección de los periodistas frente al acoso o incluso las agresiones violentas. En Turquía, en particular, el marco jurídico sigue sin garantizar suficientemente la libertad de expresión y se observan con gran preocupación tanto el elevado número de causas jurídicas e investigaciones contra periodistas como la presión ejercida indebidamente sobre los medios de comunicación. Habida cuenta de las dificultades que persisten en este ámbito, la Comisión tiene previsto organizar un acto, en el primer semestre de 2013, para dar continuidad a la conferencia Speak Up! celebrada en mayo de 2011. En él deberían participar representantes de los medios de comunicación y la sociedad civil de los Balcanes Occidentales y Turquía con el fin de analizar en qué medida los gobiernos están abordando las prioridades clave para alcanzar los normas europeas sobre libertad de expresión. La Comisión seguirá colaborando estrechamente con el Parlamento Europeo en este campo. Estos aspectos seguirán recibiendo importancia en el proceso de adhesión. Teniendo presente la magnitud de los retos afrontados y lo prolongado de las reformas, los capítulos relativos al poder judicial y los derechos fundamentales, así como a la justicia, la libertad y la seguridad, se abordarán en una fase temprana de las negociaciones, con el fin de disponer del máximo tiempo para establecer la legislación y las instituciones necesarias y poder desarrollar historiales sólidos de aplicación antes del cierre de las negociaciones. Estas se abrirán sobre la base de planes de acción que habrán de adoptar las autoridades nacionales. La Comisión proporcionará orientaciones de peso en sus informes de escrutinio de la adecuación al acervo para facilitar la elaboración de tales planes en cada país candidato. Una innovación es la introducción de parámetros intermedios, que se establecerán en el momento de la apertura de las negociaciones. El Consejo no fijará los parámetros de clausura hasta que se hayan satisfecho los primeros. Así pues, las negociaciones se llevarán a cabo dentro de un marco estructurado que tendrá en cuenta el tiempo necesario para que se puedan aplicar adecuadamente las reformas y desarrollar historiales sólidos de aplicación. El proceso irá acompañado de salvaguardias y medidas correctoras que permitan, por ejemplo, actualizar los parámetros y garantizar un equilibrio global en el avance de las negociaciones en los distintos capítulos. El nuevo planteamiento prevé asimismo una mayor transparencia e inclusividad en las negociaciones y en el proceso de reforma; así, se insta a los países candidatos a determinar sus prioridades de reforma a través de un procedimiento de consulta con las partes interesadas pertinentes, de modo que su aplicación recabe el máximo respaldo. La Comisión enfocará con mayor precisión su labor de supervisión de los avances obtenidos en estos ámbitos. Se seguirán destinando fondos del IAP en apoyo de la aplicación de las reformas. El fortalecimiento del Estado de Derecho y la administración pública es esencial para que los países de la ampliación puedan aproximarse a la UE y en último término asumir plenamente las obligaciones derivadas de la adhesión. Ya desde antes del comienzo de las negociaciones de adhesión se está haciendo mayor hincapié en el Estado de Derecho con arreglo al nuevo planteamiento. Por lo que respecta a Montenegro, el escrutinio de la adecuación al acervo de los capítulos fundamentales relativos al imperio de la ley se inició incluso antes de que se emprendieran las negociaciones globales. Los demás países candidatos, Serbia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, también han sido invitados a participar en las sesiones explicativas sobre esa labor de escrutinio. Las prioridades clave establecidas como condiciones para la apertura de las negociaciones de adhesión con Albania giran en particular en torno al Estado de Derecho. Las cuestiones referidas al imperio de la ley son una parte crucial de las diversas iniciativas centradas en países concretos que la Comisión puso en marcha el pasado año y que se exponen en la parte 3 de la presente Comunicación. 2.2. Cooperación regional y reconciliación en los Balcanes Occidentales La cooperación regional y las buenas relaciones de vecindad son elementos esenciales del proceso de estabilización y asociación y, como tales, son supervisadas atentamente por la Comisión en todas las fases del proceso de adhesión. El pasado año se lograron avances adicionales a este respecto. Han proseguido los contactos bilaterales y multilaterales entre los líderes y políticos de la región, en particular en ámbitos delicados, como los crímenes de guerra, las fronteras, el retorno de refugiados, la delincuencia organizada y la cooperación policial, y también en el marco de foros regionales como la Zona Europea Común de Aviación (ZECA), el Espacio Centroeuropeo de Libre Comercio (ECLC) y la Escuela Regional de Administración Pública. Se ha designado a un nuevo Director General del Consejo de Cooperación Regional (CCR). La Comisión espera que este último amplíe el papel que ya desempeña en la cooperación regional como plataforma para la promoción de cuestiones de importancia para toda la región y su perspectiva europea, integrando así en mayor medida la cooperación regional en la agenda política de los países. Es la región quien debe asumir como propia e impulsar la cooperación regional. Las disputas relacionadas con cuestiones interétnicas o el estatuto, sobre todo en Bosnia y Herzegovina y Kosovo[2], siguen dificultando el funcionamiento de las instituciones y frustrando el proceso de reforma, en ocasiones con repercusiones regionales de mayor alcance. Seguir impulsando su aproximación a la UE constituye la mejor manera de que los países puedan corregir esos problemas. Es posible resolver cuestiones espinosas relacionadas con la pertenencia étnica a través del diálogo y la negociación, como demuestra la aplicación actual del Acuerdo Marco de Ohrid en la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Las diferencias sobre el estatuto de Kosovo han seguido obstaculizando la profundización de las relaciones con la UE. La cuestión del norte de Kosovo sigue siendo especialmente problemática. El avance al respecto pasa por la colaboración constructiva de todas las partes involucradas. El diálogo Belgrado-Pristina ha propiciado nuevos resultados, en particular acuerdos en los ámbitos de la representación y la cooperación regional y la gestión integrada de las fronteras. El último acuerdo aún está pendiente de aplicación. Finalmente se ha aclarado la interpretación de Serbia del acuerdo sobre representación y cooperación regional de Kosovo y, a juzgar por su aplicación inicial, ha dejado de constituir un obstáculo para la inclusividad de dicha cooperación. La puesta en práctica de los acuerdos celebrados en materia de libre circulación, catastro, registros civiles, sellos aduaneros y reconocimiento mutuo de titulaciones registra resultados desiguales y hasta la fecha apenas ha tenido repercusión sobre el terreno. Urge obtener avances adicionales en este proceso. Los llamamientos en favor de la reconciliación están encontrando mayor eco entre la población en general, lo que sienta unas bases más sólidas para abordar cuestiones heredadas tales como los crímenes de guerra, los refugiados y las tensiones entre grupos étnicos. Iniciativas desarrolladas por ONG y la sociedad civil, por ejemplo la Iniciativa Juvenil pro Derechos Humanos, la Comisión de Verdad y Reconciliación y la Iniciativa Igman desempeñan un papel importante en el fomento de la reconciliación entre los ciudadanos de la región y han de recibir apoyo. No obstante, a lo largo de los años venideros será necesario permanecer alerta ante los reflejos nacionalistas. En particular, los gobiernos y los dirigentes políticos han de redoblar sus esfuerzos para fomentar un entorno que propicie la resolución de los problemas heredados. Las cuestiones relacionadas con los antiguos conflictos y otras cuestiones bilaterales pendientes suponen todavía una amenaza grave para la estabilidad en los Balcanes Occidentales y han de ser abordadas sin dilación. Con su resolución se eliminará uno de los mayores obstáculos en el camino de los Balcanes Occidentales hacia la UE. Para que la reconciliación pueda ser duradera, es esencial completar el proceso de hacer justicia en relación con los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia. Ha proseguido la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), en la senda de los pasos decisivos que ya habían dado los países de la región, lo que sienta las bases adecuadas para que ese órgano jurisdiccional pueda terminar su labor, incluso a pesar de que algunos juicios puedan proseguir más allá de la fecha de conclusión prevista inicialmente, diciembre de 2014. Ahora que la labor del TPIY toca a su fin, los gobiernos concernidos deben superar las grandes dificultades restantes para acabar con la impunidad de los crímenes de guerra dentro de sus propias jurisdicciones. Con voluntad política, una mayor concentración de recursos, mayor cooperación regional y resolviendo los problemas que afectan a la extradición de los propios nacionales, los países de la región pueden garantizar que se haga justicia a las miles de víctimas de las guerras. La cuestión de las personas desaparecidas aún no se ha abordado plenamente. La Comisión respalda totalmente la investigación que se está desarrollando bajo los auspicios de la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho (EULEX) en relación con los crímenes, incluido el tráfico de órganos humanos, supuestamente cometidos durante el conflicto de Kosovo y posteriormente, relatados en el Informe Marty refrendado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Por lo que respecta a los refugiados, en noviembre de 2011 se firmó en Belgrado una declaración ministerial en la que Serbia, Croacia, Bosnia y Herzegovina y Montenegro renovaron su compromiso político de llevar a término el Proceso de Sarajevo. El Programa de Alojamiento Regional acordado se presentó en la conferencia internacional de donantes celebrada en abril de 2012, en la que la comunidad internacional se comprometió a aportar cuantioso apoyo financiero adicional. Las autoridades nacionales deben garantizar la aplicación del citado Programa, con el que se pretende facilitar el retorno a sus lugares de origen o la integración en sus lugares de residencia de los refugiados más vulnerables. Ello permitiría cerrar los centros de acogida que albergan a los refugiados y desplazados internos procedentes de la región y completar el procedimiento formal de baja de los 74 000 refugiados restantes. La Comisión se congratula por esta evolución e insta a los países a no escatimar esfuerzos para resolver las cuestiones pendientes en relación con los refugiados y los desplazados internos. Las cuestiones relacionadas con las minorías siguen constituyendo un gran reto en los Balcanes Occidentales. En conjunto, ya se han establecido marcos jurídicos sólidos y detallados para garantizar la protección de las minorías. Al mismo tiempo, su aplicación práctica resulta con frecuencia complicada, sobre todo cuando hay vínculos con conflictos recientes. Es preciso impulsar una cultura general de aceptación de las minorías, a través de la educación, la puesta en marcha de debates públicos de gran alcance e iniciativas de sensibilización. Es necesario atajar de manera activa los casos de discriminación y los delitos motivados por el odio. La población gitana sigue estando muy marginada en toda la región. La Comisión seguirá apoyando las medidas adoptadas al respecto, en particular en el marco de la Década para la Inclusión de los Gitanos. Los países deben poner en práctica las conclusiones operativas a las que se adhirieron en los seminarios sobre población gitana celebrados por la Comisión en 2011. Dentro del espíritu de las relaciones de buena vecindad, las partes interesadas deben resolver las cuestiones bilaterales pendientes tan pronto como sea posible durante el proceso de ampliación, con determinación y teniendo en cuenta los intereses generales de la UE. A lo largo del pasado año apenas ha habido avances al respecto. La Comisión urge a las partes a esforzarse al máximo para resolver las disputas pendientes con arreglo a los principios y medios establecidos, remitiendo cuando proceda las cuestiones a la Corte Internacional de Justicia o a los demás organismos de resolución de disputas ya existentes o ad hoc. Las cuestiones bilaterales no deben retrasar el proceso de adhesión. La Comisión está dispuesta a fomentar el impulso político necesario para la búsqueda de soluciones y a apoyar las iniciativas relacionadas. El acuerdo de arbitraje fronterizo entre Eslovenia y Croacia que comenzó a aplicarse a lo largo de 2012 sienta las bases para resolver esta disputa bilateral y es un buen ejemplo del camino a seguir. La Comisión subraya la importancia de la declaración de Croacia sobre la promoción de los valores europeos en Europa Sudoriental y, en particular, de su compromiso de que las cuestiones bilaterales no obstruirán el proceso de adhesión de los países candidatos. Por lo que respecta a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, la Comisión subraya que sigue siendo esencial una solución mutuamente aceptable, negociada bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a la disputa sobre el nombre del país. Urge encontrar una solución sin mayor dilación. 2.3. Retos económicos y sociales Fortalecer la recuperación económica en los países de la ampliación Por lo que respecta a la evolución socioeconómica, el panorama es desigual en los distintos países de la ampliación. Todos han mantenido la estabilidad macroeconómica global, aunque en algunos de ellos han aumentado considerablemente los riesgos fiscales. El impacto de la crisis económica se está haciendo sentir en toda la región. Los Balcanes Occidentales están entrando de nuevo en recesión, con niveles de competitividad, ingresos e inversión reducidos y desempleo elevado y en aumento. Cabe atribuir el crecimiento de la economía turca en gran medida a las políticas macroeconómicas prudentes y a las reformas emprendidas mucho antes de la crisis mundial. Ahora bien, queda mucho por hacer para sostener el crecimiento y reforzar la economía. La dinámica positiva de la economía turca constituye una oportunidad para emprender reformas estructurales adicionales, en particular en los ámbitos de la educación, las infraestructuras y la política del mercado de trabajo. Tras el colapso del sistema bancario, la economía islandesa se contrajo en total un 12 %. La recuperación, basada en las exportaciones y en la solidez de la demanda interna, comenzó en 2011 y ha proseguido en 2012. La estabilización de la economía se logró mediante la reestructuración decidida y el refuerzo del sector bancario, la consolidación de las finanzas públicas y una combinación prudente de políticas, amparándose, ahora bien, al amparo de una serie de controles de capital cuya eliminación sigue resultando problemática. Tras la ligera recuperación de 2010 y 2011, la mayoría de las economías de los Balcanes Occidentales se contrajeron de nuevo en 2012, lastradas por la evolución negativa de la Unión Europea. Croacia, Bosnia y Herzegovina y Serbia se encuentran de nuevo en recesión. Albania, Kosovo y la Antigua República Yugoslava de Macedonia están capeando mejor la difícil coyuntura. Han seguido creciendo, puesto que han sido capaces de sostener la demanda interna y se ven menos afectadas por la reducción del comercio. El sector financiero ha mantenido su estabilidad en todos los países, aunque la calidad de la cartera de préstamos se ha seguido deteriorando. La prolongada depresión ha agravado muy notablemente las ya difíciles condiciones sociales. El desempleo ha seguido subiendo hasta llegar en la actualidad a una media del 21 % en los Balcanes Occidentales, siendo muy superior en Bosnia y Herzegovina, Serbia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Kosovo. La población joven se ve especialmente afectada. Aún es más preocupante la inversión de los prometedores resultados que se habían alcanzado antes del periodo de crisis en la reducción de la pobreza. Sobre todo ha aumentado la vulnerabilidad de la clase media que estaba surgiendo, al agotarse las reservas financieras y los ahorros de los hogares. Diversas encuestas sugieren que está creciendo el descontento de la población con la situación social y económica, puesto que son muchos quienes a menudo ya no pueden costear los bienes y servicios básicos. Esta evolución, junto con la disminución del crecimiento este año o la amenaza de una nueva recesión, sugieren la necesidad de dar una respuesta política mucho más dinámica que permita aliviar el deterioro de las condiciones sociales, incluidos el desempleo y la pobreza, por ejemplo estimulando la inversión, fomentando así la creación de empleo, y encauzando mejor las inversiones en el sector social. Se es consciente de la necesidad de las reformas y medidas prioritarias que impulsen el crecimiento y el empleo. No obstante, a menudo flaquea el compromiso político para aplicarlas. La recaudación impositiva, la planificación y la ejecución presupuestarias no han mejorado suficientemente a lo largo de los años. Las transferencias presupuestarias siguen estando mal enfocadas y no contribuyen a mejorar la situación social. Sigue pendiente en gran medida la reforma de los mercados de trabajo y los sistemas de formación profesional no contribuyen a la reducción del desajuste entre la oferta y demanda de cualificaciones. Ello provoca que muchos trabajadores emigren al extranjero en busca de empleo, lo que a corto plazo redunda en beneficio de las economías, gracias a las remesas recibidas y a la reducción del desempleo, pero a la postre limita el potencial de crecimiento debido a la reducción de la población activa y la fuga de cerebros. A nivel microeconómico, muchos países han aplicado reformas para facilitar la creación de empresas o han desarrollado regímenes de captación de inversión extranjera, pero las lagunas del Estado de Derecho y la amplitud del sector informal siguen minando el entorno empresarial. La UE está comprometida a seguir prestando apoyo a los países con orientaciones sobre las políticas y asistencia financiera. Colabora también estrechamente con las instituciones financieras internacionales para canalizar préstamos favorables hacia ámbitos prioritarios. La Comisión seguirá asociando a los países de la ampliación a la Estrategia «Europa 2020». Examinará la posibilidad de enfocar en mayor medida la utilización de las reuniones sobre los AEA para abordar las cuestiones relacionadas con la competitividad y el empleo. A tal efecto, y en consonancia con el planteamiento de Europa 2020, se insta a los países de la ampliación a considerar objetivos adicionales en los ámbitos del empleo, la innovación, el cambio climático, la energía, la educación, la reducción de la pobreza y la inclusión social. Además, a partir de 2013, la Comisión emprenderá gradualmente un diálogo con esos países sobre los programas de empleo y reforma social, siguiendo un enfoque integral en relación con la política social y de empleo. La Comisión fomentará asimismo la mejora de su participación en los programas de la UE, de modo que los países de la ampliación puedan colaborar con los Estados miembros en los ámbitos de las iniciativas emblemáticas de Europa 2020. Los grupos de política regional y el CCR han logrado avances notables en la adaptación del proceso Europa 2020 a las necesidades y realidades regionales. Este año, los ministros responsables de comercio e inversión se comprometieron a evaluar comparativamente de manera periódica las políticas aplicadas en los ámbitos del comercio regional, la investigación privada, el espíritu empresarial y la creación de empleo. La Comisión prestará apoyo a estos esfuerzos conjuntos de reforma y al planteamiento de supervisión regional, en particular con fondos del IAP. La mejora de la cooperación económica regional puede contribuir a moderar los efectos de la crisis. En promedio, el comercio regional representa cerca del 17 % de todos los intercambios en la región. Los flujos entre los países del ECLC se han visto menos afectados por la crisis y últimamente han registrado una recuperación más rápida que la del comercio con la UE. Ahora bien, el grueso de los productos intercambiados son alimentos y productos básicos, mientras que los bienes de alto valor añadido apenas constituyen una pequeña proporción de los flujos comerciales. El ECLC ha puesto en marcha un proceso de liberalización de determinados servicios que puede brindar beneficios importantes a todas las partes. La integración de los mercados de la energía y el transporte está incrementando la competitividad de la región y creando las condiciones para atraer a inversores a estas áreas. El Marco de Inversión para los Balcanes Occidentales (MIBO) fue creado para reunir a los donantes y a las instituciones financieras internacionales con el propósito de desarrollar una reserva de proyectos en los países. En el marco del mismo, la Comisión, los donantes bilaterales y las instituciones financieras internacionales están prestando apoyo a inversiones por valor de 8 000 millones EUR en el transporte, la energía, el medio ambiente, el cambio climático, el sector social y el desarrollo de PYME y del sector privado. El MIBO desempeñará un papel cada vez más importante para contribuir a preparar y fomentar las inversiones más necesarias para estimular el crecimiento y el empleo. La gobernanza económica de la UE y los países de la ampliación Habida cuenta de los profundos cambios que se están introduciendo en la gobernanza económica de la UE, es importante seguir informando de este proceso a los países de la ampliación y asociarles en mayor medida al mismo, sin perder nunca de vista su elevado nivel de integración económica con la UE. La Comisión Europea dispone de una serie de instrumentos para mantener informados a los países de la ampliación sobre la evolución de las políticas económicas de la UE. Por ejemplo, el diálogo periódico bilateral sobre cuestiones políticas y económicas y el diálogo económico multilateral entre la Comisión, los Estados miembros de la UE y los países candidatos en el contexto de la supervisión fiscal preadhesión. La Comisión adaptará gradualmente la supervisión económica de los países de la ampliación a la gobernanza económica mejorada en la UE. A tal efecto, se les pedirá que refuercen sus programas económicos a medio plazo, haciendo mayor hincapié en la sostenibilidad de su posición exterior y en los principales obstáculos estructurales al crecimiento, en consonancia con la Estrategia Europa 2012. También se pondrá mayor énfasis en el fortalecimiento adicional de los marcos fiscales nacionales, que habrán de respetar las normas de calidad. Se les pedirá que se comprometan firmemente a dar seguimiento a las recomendaciones acordadas en la reunión conjunta anual del Ecofin. Los preparativos para esta reunión, el propio encuentro y los foros de los AEA se utilizarán para abordar la supervisión económica y fiscal e informar a los países candidatos de los demás cambios que están conformando la gobernanza económica de la UE, cuando proceda. Las futuras reuniones explicativas sobre el escrutinio de la adecuación al acervo se aprovecharán asimismo para familiarizar a los países con los cambios de las obligaciones en el marco de la legislación sobre la unión económica y monetaria, así como con la nueva estructura de supervisión financiera. La Comisión analizará la posibilidad de invitar a estas reuniones a países candidatos con los que todavía no hayan comenzado las negociaciones. A lo largo de las negociaciones de adhesión, la Comisión podrá organizar igualmente reuniones de escrutinio adicionales cuando se haya aprobado nuevo acervo significativo. 3. Mantener el impulso de la reforma y la ampliación Los países de la ampliación se enfrentan a numerosas dificultades, sobre todo en ámbitos tales como el Estado de Derecho, la corrupción, la delincuencia organizada y la cohesión económica y social. Además, en un contexto de estancamiento económico, surgen riesgos de sacudidas populistas y resistencia a las reformas esenciales. En los Balcanes Occidentales, en particular, es crucial que los países no se desvíen un ápice de la senda de reformas, superando la herencia del pasado e invirtiendo en su futuro europeo. Va también en interés de la UE que la aplicación de las reformas culmine con éxito. La ampliación es un esfuerzo conjunto. Mantener el impulso en favor de la ampliación y la dinámica de las reformas son las dos caras de la misma moneda. La Comisión intensifica la búsqueda de enfoques innovadores para abordar los retos que se plantean en los países de la ampliación y en el proceso de adhesión. Los criterios y las condiciones de adhesión no han cambiado. No obstante, en muchos ámbitos se necesitan planteamientos adaptados a las necesidades y características de cada país, que permitan abordar las situaciones espinosas, incluidas las obstrucciones del proceso de adhesión. No se trata tan solo del Estado de Derecho y la reforma de la administración pública, sino también de la consolidación democrática, la buena gobernanza y las cuestiones económicas y sociales. Tales iniciativas están impulsado las reformas. No sustituyen las negociaciones de adhesión, sino que tienden un puente hacia ellas. Sobre la base del Documento de Estrategia sobre la Ampliación de 2011 y las Conclusiones del Consejo de diciembre de 2011, en mayo de 2012 se puso en marcha un programa positivo para las relaciones UE-Turquía, con el propósito de fomentar el proceso de las negociaciones de adhesión, en línea con el Marco de Negociación y las Conclusiones del Consejo pertinentes. El programa abarca una amplia gama de ámbitos de interés común, como las reformas políticas, el diálogo de política exterior, la adaptación al acervo de la UE, los visados, la movilidad y la migración, el comercio, la energía, la lucha contra el terrorismo y la participación de Turquía en los programas de la UE. En marzo de 2012 se lanzó en Skopie el Diálogo de Alto Nivel sobre la Adhesión con la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Ese Diálogo sitúa la integración en la UE como primer punto de la agenda interna y le da nuevo impulso, garantizando una discusión estructurada de alto nivel sobre las principales dificultades y oportunidades que conlleva la reforma. Entre las cuestiones principales figuran la libertad de expresión, el Estado de Derecho y las relaciones étnicas, los obstáculos para la reforma electoral, la reforma de la administración pública, el fortalecimiento de la economía de mercado y las buenas relaciones de vecindad. El Gobierno está logrando avances en relación con los ambiciosos objetivos de reforma incluidos en esta hoja de ruta, en la que se definen medidas específicas y el calendario de aplicación. En Albania, la Comisión ha colaborado estrechamente con el Gobierno y la oposición para que el país pueda superar los obstáculos políticos que frenan la profundización de la reforma electoral y parlamentaria y crear un entorno que propicie nuevos avances, en particular en apoyo del programa de la UE. Ello ha permitido proceder a la revisión del plan de acción y abordar las prioridades básicas del Dictamen de la Comisión en un proceso transparente y participativo. Ahora que el programa de la UE forma parte de las prioridades de la actividad del Gobierno, se están logrando resultados concretos por lo que respecta a los objetivos intermedios establecidos en el plan, en particular en el ámbito de la reforma parlamentaria y electoral, el Estado de Derecho y los derechos humanos. En junio de 2012 se lanzó en Bruselas un Diálogo de Alto Nivel sobre el Proceso de Adhesión con Bosnia y Herzegovina. El propósito de la iniciativa es impulsar el proceso de adhesión de ese país a la UE, explicando los requisitos y la metodología de las negociaciones de adhesión y, en concreto, lo que se espera de un país en el marco de tal proceso. Aspira a preservar el impulso político sobre el programa de la UE a pesar de la crisis política actual. En la reunión de junio se presentaron unas conclusiones conjuntas y una hoja de ruta para la integración en la UE centradas en el cumplimiento de las condiciones para la entrada en vigor del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) y la credibilidad de la solicitud de adhesión a la UE. Para ello es necesario un mecanismo de coordinación entre todos los niveles de las autoridades con competencia sobre las cuestiones de la UE, que permita al país expresarse al respecto con una sola voz. La Comisión lamenta que los resultados sigan, hasta la fecha, por debajo de las expectativas. El Diálogo Estructurado sobre Justicia puesto en marcha con Bosnia y Herzegovina en 2011 ha incidido de manera positiva sobre la aplicación de la Estrategia de Reforma del Sector de la Justicia 2009-2013. La Comisión Europea y Kosovo emprendieron un Diálogo Estructurado sobre el Estado de Derecho en mayo de 2012. El propósito de esta iniciativa es ayudar a Kosovo a abordar las dificultades existentes en el ámbito del Estado de Derecho, que es la principal preocupación para el conjunto de los Balcanes Occidentales. En esta fase, la Comisión se centrará en el poder judicial, la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción. La Comisión seguirá impulsando estas y otras iniciativas con el propósito de mantener el impulso y el poder transformador del proceso de adhesión y de garantizar la capacidad de respuesta de la política de ampliación. 4. Avances en los países de la ampliación y próximos pasos 2012-13 4.1. Balcanes Occidentales Croacia En paralelo a la presente Comunicación, la Comisión ha aprobado otra sobre las conclusiones principales del informe exhaustivo de supervisión de la preparación de Croacia para la incorporación a la UE. La Comisión seguirá supervisando los compromisos realizados por Croacia a lo largo de las negociaciones de adhesión hasta la fecha efectiva de incorporación. Está previsto publicar el informe final correspondiente, también en forma de Comunicación, durante la primavera de 2013. Montenegro El 29 de junio de 2012, el Consejo Europeo respaldó la decisión del Consejo, basada en un informe de la Comisión, de iniciar las negociaciones de adhesión con Montenegro. Las negociaciones, que se iniciaron en la primera Conferencia Intergubernamental celebrada ese mismo día, se llevarán a cabo respetando el marco de negociación adoptado por el Consejo, que integra el nuevo planteamiento para los capítulos relativos al poder judicial y los derechos fundamentales y a la justicia, la libertad y la seguridad, de modo que se reforzará la atención prestada al Estado de Derecho a lo largo de las negociaciones. La apertura de dichas negociaciones plasma el constante avance realizado por el país en relación con las reformas básicas. Montenegro cumple suficientemente los criterios políticos. Se han mejorado las políticas y el marco legislativo e institucional con el objetivo de perfeccionar el funcionamiento del Parlamento, el poder judicial, la política anticorrupción, los derechos humanos y la protección de las minorías. Las reformas en curso de la Constitución y la administración pública han seguido avanzando. Montenegro ha seguido cumpliendo sin problemas sus obligaciones en el marco del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA). Ha seguido desempeñando un papel constructivo en la región y respetando los compromisos internacionales que ha asumido. Montenegro debe multiplicar sus esfuerzos para desarrollar su historial en el ámbito del Estado de Derecho, con el fin de hacer irreversible la aplicación de las reformas, en particular por lo que respecta a la delincuencia organizada y los casos de corrupción, incluidos los de alto nivel. Debe completar el procedimiento de modificación de la Constitución para salvaguardar la independencia del poder judicial. La responsabilidad del poder judicial sigue siendo un aspecto problemático. Teniendo en cuenta el pequeño tamaño de la administración montenegrina, establecer las estructuras administrativas necesarias para aplicar el acervo supondrá un reto transversal. En línea con el nuevo enfoque y atendiendo la petición formulada por el Consejo Europeo de diciembre de 2011, en la primavera de 2012 la Comisión comenzó el ejercicio de escrutinio de los capítulos relativos al poder judicial y los derechos fundamentales y a la justicia, la libertad y la seguridad. El escrutinio de la adaptación al acervo de los demás capítulos comenzó en septiembre de 2012 y está previsto que concluya el verano de 2013. La Comisión seguirá ayudando a Montenegro a aplicar los reformas relacionadas con la UE. Antigua República Yugoslava de Macedonia La Antigua República Yugoslava de Macedonia obtuvo el estatuto de país candidato en 2005. En 2009, la Comisión valoró que cumplía suficientemente los criterios políticos y recomendó la apertura de negociaciones. Reiteró su recomendación en 2010, 2011 y 2012. La Comisión tiene el firme convencimiento de que procede pasar a la siguiente fase del proceso de adhesión con este país con objeto de consolidar el ritmo y la sostenibilidad de las reformas, en particular por lo que respecta al Estado de Derecho, y reforzar las relaciones interétnicas. La región en su conjunto saldría beneficiada. El país sigue respetando los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA). La Comisión mantiene su propuesta de pasar a la segunda fase de la asociación e insta al Consejo a actuar al respecto sin mayor dilación, de acuerdo con las disposiciones pertinentes del citado Acuerdo. El país sigue cumpliendo suficientemente los criterios políticos. El Gobierno ha situado el programa de la UE como eje de su actividad. El Diálogo de Alto Nivel sobre la Adhesión mantenido con la Comisión ha servido de catalizador para acelerar las reformas y ha propiciado la realización de avances sustanciales en varios ámbitos clave. El Gobierno ha sometido al Parlamento varias propuestas de mejora del marco legislativo para la celebración de las elecciones y, en el ámbito de la libertad de expresión, para la despenalización de la difamación. La primera revisión gubernamental de la aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid constituye un instrumento útil para el fortalecimiento del diálogo entre las comunidades. Es preciso mantener la dinámica de reforma en todos los ámbitos de los criterios políticos, sobre todo para garantizar su puesta en práctica. En particular, es necesario reforzar el Estado de Derecho, incluida la libertad de expresión. El proceso de diálogo (mesa redonda) entre el Gobierno y la Asociación de Periodistas debe seguir siendo un foro útil para abordar los principales problemas en relación con los medios de comunicación. Las tensiones generadas entre las comunidades al hilo de los incidentes violentos acaecidos durante el primer semestre de 2012 han sido fuente de inquietud. El Gobierno ha respondido con madurez y debe aprovechar esa experiencia para consolidar las relaciones entre las distintos grupos étnicos e impulsar su reconciliación, también a la luz del debate sobre el estatuto de las víctimas del conflicto de 2011. A punto de celebrarse el vigésimo aniversario de la incorporación de la Antigua República de Macedonia a las Naciones Unidas, la disputa con Grecia sobre su nombre sigue pendiente de resolución. Desde los años noventa viene manteniéndose un diálogo bajo los auspicios de las Naciones Unidas, completado desde 2009 mediante diversos contactos bilaterales en los que han intervenido incluso los primeros ministros. Hasta la fecha estas iniciativas no han dado fruto alguno, empero. En diciembre, la Corte Internacional de Justicia concluyó que Grecia había vulnerado su Acuerdo Provisional con el país al oponerse a su incorporación a la OTAN en la cumbre de Bucarest de 2008. Sigue siendo esencial el mantenimiento de buenas relaciones de vecindad, incluida una solución mutuamente aceptable para la cuestión del nombre, negociada bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Urge encontrar una solución sin más dilación. Se han de evitar cualesquiera acciones y declaraciones que puedan afectar negativamente las buenas relaciones de vecindad. Serbia En el Consejo Europeo de marzo de 2012 se otorgó a Serbia el estatuto de país candidato. La estabilidad y el funcionamiento de las instituciones se aseguró en la fase previa y posterior a las elecciones presidenciales, parlamentarias y locales (incluidas las celebradas en Voivodina). A pesar de la ralentización de la actividad legislativa en el contexto de los comicios, se han registrado avances en la aplicación de las reformas en la mayoría de los ámbitos. Serbia ha seguido colaborando plenamente con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y está respetando sin problemas sus obligaciones en el marco del Acuerdo Interino / Acuerdo de Estabilización y Asociación. El diálogo con Pristina ha brindado ya algunos resultados, pero la aplicación de los acuerdos alcanzados es desigual. A este respecto cabe citar dos novedades: la firma por Serbia del protocolo técnico sobre la gestión integrada de fronteras y la aclaración de la interpretación serbia del acuerdo sobre cooperación regional y representación de Kosovo, que, a juzgar por su aplicación preliminar, ha dejado de obstaculizar la inclusividad de la cooperación regional. Los nuevos dirigentes serbios han subrayado su compromiso de respetar todos los acuerdos previamente alcanzados en el diálogo con Pristina y de comenzar a abordar las cuestiones políticas de mayor alcance. El cumplimiento de este compromiso es esencial para pasar a la siguiente fase de la integración de Serbia en la UE. Serbia sigue avanzando para cumplir suficientemente los criterios políticos y las condiciones del Proceso de Estabilización y Asociación. No obstante, debe prestar especial atención al Estado de Derecho, sobre todo al poder judicial, ámbito en el que los últimos reveses ponen de relieve la necesidad de renovar el compromiso con la reforma y garantizar su independencia, imparcialidad y eficiencia, teniendo en cuenta asimismo las recientes resoluciones del Tribunal Constitucional y la necesidad de restablecer la confianza de los ciudadanos tras las deficiencias del proceso de la renovación de los mandatos judiciales. Además, vistos los últimos acontecimientos, es preciso prestar especial atención a los derechos de los grupos vulnerables y a la independencia de instituciones básicas como el Banco Central. Serbia debe seguir participando constructivamente en la cooperación regional y fortalecer las relaciones con los países vecinos. Es preciso dar nuevo impulso a las reformas y seguir avanzando en pos de una mejora palpable y duradera de las relaciones con Kosovo. En cuanto a la recomendación sobre la apertura de las negociaciones de adhesión de Serbia a la Unión Europa, y en línea con las Conclusiones del Consejo de 5 de diciembre de 2011, la Comisión presentará el informe correspondiente en cuanto determine que Serbia cumple satisfactoriamente los criterios de adhesión y las condiciones del Proceso de Estabilización y Asociación, en particular las prioridades clave relacionadas con Kosovo, según lo establecido en las Conclusiones del Consejo. Es necesaria una mejora palpable y duradera de las relaciones entre Serbia y Kosovo, que garantice que ambas partes puedan seguir avanzando en sus respectivas sendas hacia la UE sin que ninguna de ellas pueda bloquear los esfuerzos desplegados a tal efecto por la otra. Albania Con el acuerdo político de noviembre de 2011 entre la mayoría gobernante y la oposición se puso fin al prolongado periodo de paralización política que comenzó tras las elecciones parlamentarias de 2009. El propósito del acuerdo es abordar la reforma electoral y parlamentaria y crear un clima político que propicie los esfuerzos conjuntos de reforma en otros ámbitos. A resultas del mismo, el diálogo político y la cooperación han mejorado considerablemente, lo que ha permitido avanzar en ámbitos básicos de la reforma. Aunque las elecciones presidenciales se desarrollaron de conformidad con la Constitución, el proceso político en torno a esos comicios no fue lo inclusivo que se esperaba. A pesar de la posterior ralentización de las reformas, el acuerdo político está siendo aplicado. Albania ha avanzado notablemente hacia el cumplimiento de los criterios políticos para la incorporación a la UE, llevando a cabo diversas reformas relacionadas con las doce prioridades clave establecidas en el Dictamen de 2010 de la Comisión. En conjunto, Albania ha seguido aplicando sin problemas el Acuerdo de Estabilización y Asociación y desempeñando un papel constructivo en la región. Ha cumplido cuatro de las prioridades clave, en concreto las relativas al funcionamiento adecuado del Parlamento, la adopción de las leyes pendientes que requerían mayoría cualificada, el nombramiento del Defensor del Pueblo y los procesos de comparecencia y votación para instituciones básicas y la modificación del marco legislativo para las elecciones Albania se encuentra muy avanzada por lo que respecta al cumplimiento de las dos prioridades clave relativas a la reforma de la administración pública y la mejora del tratamiento de los detenidos. La coordinación adecuada del proceso de integración en la UE por el Gobierno y la cooperación eficaz de la oposición han propiciado avances moderados en las prioridades clave referidas a la reforma judicial y la lucha contra la corrupción; por ejemplo, se ha reformado el régimen de inmunidad de jueces y funcionarios públicos y se ha aprobado la Ley sobre la jurisdicción contencioso-administrativa. También se han logrado avances en relación con las demás prioridades clave, relativas a la lucha contra la delincuencia organizada, la reforma de la propiedad y las políticas antidiscriminación, sobre todo los derechos de las mujeres. Cabe citar en particular algunos avances significativos, como el aumento de la confiscación de bienes de procedencia criminal, la aprobación de una estrategia integral de reforma de la propiedad y la introducción de una serie de modificaciones en el Código Penal con objeto de endurecer las sanciones por violencia doméstica. Albania ha de profundizar los avances realizados y dar pasos concretos para acelerar la lucha contra la corrupción y la reforma del poder judicial, con objeto de garantizar su independencia, eficiencia y responsabilidad. Es preciso completar las reformas de la administración pública y el poder judicial y revisar el reglamento interno del Parlamento. Se ha de prestar mayor atención al cumplimiento de los compromisos en el ámbito de los derechos humanos, incluidas las condiciones de vida de la comunidad gitana. Sigue siendo necesario proseguir el diálogo político sobre la reforma, en aras del funcionamiento eficaz y la consolidación ulterior de las instituciones democráticas del país. Las elecciones legislativas previstas para el verano de 2013 constituirán una prueba importante de la nueva legislación electoral y del compromiso constante de reforma de todos los partidos. Será esencial mantener la dinámica de reforma, haciendo especial hincapié en la aplicación de la legislación y las políticas en el ámbito del Estado de Derecho. Bosnia y Herzegovina El periodo de dieciséis meses de paralización política posterior a las elecciones generales de octubre de 2010 concluyó con el acuerdo sobre la formación de un Gobierno nacional y el establecimiento de las autoridades del poder ejecutivo y legislativo. La constitución del nuevo Consejo de Ministros y la adopción de dos leyes de gran importancia relacionadas con la UE produjeron en un primer término un cambio de orientación en dirección a la UE, pero esa dinámica no se mantuvo. El consenso político que había surgido ha desaparecido y se ha paralizado el avance de la trayectoria hacia la UE. Si bien es cierto que la remodelación de las autoridades a nivel estatal, federal y cantonal ha comenzado, se encuentra bloqueada por distinto recursos legales y disputas políticas. En cuanto al cumplimiento de los criterios políticos, los avances han sido limitados. Lo mismo cabe decir en cuanto a la configuración de estructuras institucionales más funcionales, coordinadas y sostenibles. Son necesarios esfuerzos considerables para reforzar el sector de la justicia, en línea con las prioridades determinadas en el contexto del diálogo estructurado que mantienen la UE y el país en el ámbito de la justicia. También es necesario redoblar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada y en la prosecución de la reforma de la administración pública. Sigue sin existir una visión compartida entre los representantes políticos sobre el rumbo general y el futuro y la estructura institucional del país que permita un avance cualitativo en su trayectoria de aproximación a la UE. Urge abordar la necesidad de establecer un mecanismo eficaz de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para la transposición, la aplicación y la garantía del cumplimiento de la normativa de la UE, de modo que el país pueda hablar con una sola voz en relación con las cuestiones referidas a la UE y utilizar eficazmente la asistencia de preadhesión concedida por la Unión. A tal efecto, el 27 de junio se puso en marcha en Bruselas un Diálogo de Alto Nivel sobre el Proceso de Adhesión. Se ha acordado un plan de trabajo relativo a la integración en la UE con el que se pretende satisfacer las condiciones para la entrada en vigor del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) y la credibilidad de la solicitud de adhesión, según se definen en las Conclusiones del Consejo pertinentes, pero no se ha respetado el plazo (31 de agosto) para alcanzar un acuerdo político sobre la modificación de la Constitución con objeto de cumplir la resolución dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en relación con la discriminación étnica a efectos de la representación en las instituciones del país (asunto Sejdic-Finci). En agosto, tres partidos políticos presentaron a la Asamblea Parlamentaria distintas propuestas no coordinadas de modificación de la Constitución. Sigue causando suma preocupación el retraso persistente de la armonización de la Constitución con la resolución del TEDH en el asunto Sejdic-Finci. Cumplir las obligaciones del país en el marco del AI/AEA exige encauzar un proceso creíble que permita respetar la resolución dictada por ese órgano jurisdiccional. También se debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones del país por lo que respecta a las ayudas estatales. La gobernanza de Bosnia y Herzegovina sigue conllevando una presencia internacional con un mandato ejecutivo. En mayo, la Junta Directiva del Consejo de Aplicación de la Paz respaldó la decisión de la Oficina del Alto Representante de suspender la supervisión y cerrar la oficina en Brčko el 31 de agosto, al hilo de los avances sustanciales logrados en la aplicación del Laudo Final de Brčko. Dicha Oficina fue cerrada en la fecha prevista. La UE ha inaugurado oficinas en Brčko y Mostar y reforzado la existente en Banja Luka. Tras la disociación del mandato del Representante Especial de la Unión Europea de la Oficina del Alto Representante, a través de su mayor presencia la UE ha asumido el liderazgo en diversos ámbitos para ayudar a las autoridades a cumplir los objetivos del programa de la UE. A este respecto, la UE seguirá reforzando el apoyo que presta a las instituciones del país. Son necesarios esfuerzos adicionales significativos para satisfacer los requisitos restantes, para facilitar la transición del régimen internacional de gobernanza y seguridad a unas instituciones nacionales propias plenamente responsables del proceso político y legislativo, en consonancia con los requisitos que debe cumplir cualquier país que aspire a formar parte de la UE. Estas cuestiones ponen de relieve la necesidad general de garantizar un entorno político estable que sitúe el programa de aproximación a la UE como eje del proceso político. La voluntad política de alcanzar un acuerdo sobre la base de compromisos es esencial para hacer realidad las aspiraciones de pertenencia a la UE del país y de sus ciudadanos. Kosovo En paralelo a la presente Comunicación, la Comisión ha adoptado una Comunicación relativa a un estudio de viabilidad para la celebración de un Acuerdo de Estabilización y Asociación con Kosovo. 4.2. Turquía Turquía es un país crucial para la UE, teniendo en cuenta el dinamismo de su economía, su ubicación estratégica y el importante papel que desempeña en la región, sin olvidar su contribución a la seguridad del abastecimiento energético y la política exterior de la UE. Turquía ya está integrada en gran medida en la UE a través de la Unión Aduanera y contribuye de manera valiosa a garantizar la competitividad de Europa. Por su parte, la UE sigue siendo el principal anclaje para la modernización política y económica del país. La profundización de estos vínculos redundaría en beneficio de ambas partes. El potencial de la relación entre Turquía y la UE solo puede aprovecharse plenamente en el marco de un proceso de adhesión activo y creíble. Dicho proceso sigue siendo el marco más idóneo para promover las reformas relacionadas con la UE, desarrollar el diálogo sobre las cuestiones relativas a la política exterior y de seguridad, mejorar la competitividad económica e incrementar la cooperación en el ámbito de la energía y los asuntos de justicia e interior. El proceso debe respetar los compromisos de la UE y las condiciones establecidas. En este contexto, en mayo de 2012 la Comisión puso en marcha un programa positivo para reactivar el proceso de adhesión tras un periodo de parálisis y dar nuevo impulso a las relaciones entre Turquía y la UE. No se trata de una alternativa a las negociaciones de adhesión, se trata más bien de un instrumento que las sustenta. Focaliza los esfuerzos en ámbitos de interés común, como la adaptación de la legislación, la mejora de la cooperación energética, los visados, la movilidad y las migraciones, la Unión Aduanera, la política exterior, la reforma política, la lucha antiterrorista y el aumento de la participación en los programas de contacto entre las personas. Seis de los ocho grupos de trabajo que se han establecido en el marco del citado programa para fomentar la adaptación al acervo han celebrado ya su primera reunión. El apoyo activo de Turquía a este programa y su perspectiva europea siguen siendo esenciales. Redunda en interés de ambas partes que las negociaciones de adhesión recobren impulso, especialmente para garantizar que la UE siga siendo la referencia para las reformas en el país. Además, el Consejo ha invitado a la Comisión a establecer un marco más amplio de diálogo y cooperación entre la UE y Turquía, que permita abarcar en su totalidad los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior. Ha pedido también a la Comisión que vaya impulsando gradualmente la liberalización del régimen de visados, como objetivo a largo plazo, en paralelo a la firma del acuerdo de readmisión entre Turquía y la UE. Dicho acuerdo fue rubricado en junio. Ahora es esencial que Turquía proceda a su firma para que pueda comenzar a aplicarse la hoja de ruta relativa a la liberalización del régimen de visados. Teniendo en cuenta el desarrollo de Turquía como potencial nodo energético y los desafíos que comparte con la UE, la Comisión y Turquía han decidido asimismo ampliar su cooperación en relación con una serie de cuestiones energéticas de gran importancia. Se ha intensificado significativamente el diálogo político con la UE en materia de política exterior y de seguridad. Los últimos acontecimientos en los países vecinos de Turquía y la UE han confirmado el destacado papel que la primera desempeña y su valiosa contribución a la seguridad energética y la política exterior de la segunda. Turquía ha seguido desempeñando un papel positivo en apoyo de los movimientos de reforma en los países del Norte de África y Oriente Medio. La cooperación sobre Siria es intensa. En las reuniones de diálogo político, celebradas en ocasiones a nivel ministerial, se abordan cuestiones de política exterior de interés para ambas partes, como la situación en el Norte de África, Oriente Medio, los Balcanes Occidentales, Afganistán/Pakistán y el Cáucaso Meridional. Si bien es cierto que la economía turca sigue registrando un fuerte crecimiento, los considerables desequilibrios externos y las significativas presiones inflacionistas siguen constituyendo las principales amenazas para la estabilidad macroeconómica. El elevado índice de empleo informal, la segmentación de los mercados de trabajo y la finalización de la reforma de la legislación sobre sindicatos siguen siendo aspectos problemáticos. La Comisión está analizando la manera de abordar los problemas señalados por Turquía en el marco de la Unión Aduanera, incluidos los relacionados con los acuerdos de libre comercio celebrados por la UE con terceros países. Al mismo tiempo, subraya la conveniencia de modernizar la Unión Aduanera y la necesidad de eliminar los aspectos irritantes que dificultan el comercio entre Turquía y la UE. La Comisión ha pedido al Banco Mundial que lleve a cabo una evaluación del funcionamiento de la Unión Aduanera, con el objetivo último de proceder a su modernización. La Comisión seguirá trabajando para aplicar el programa positivo e inyectar así nuevo dinamismo al proceso de adhesión, propiciando una relación más constructiva. Suscita cada vez mayor preocupación la falta de avances sustanciales por lo que respecta al pleno cumplimiento de los criterios políticos por parte de Turquía. La situación del respeto de los derechos humanos sobre el terreno sigue siendo fuente de grave preocupación, a pesar de la reciente mejora de varias disposiciones legales en este ámbito. Son frecuentes las vulneraciones del derecho a la libertad y la seguridad y del derecho a un juicio justo, así como de la libertad de expresión, reunión y asociación, debido a la aplicación desproporcionada de la legislación sobre terrorismo y delincuencia organizada. Es importante que Turquía aborde todas las cuestiones relacionadas con la independencia, la imparcialidad y la eficiencia del poder judicial. La mayor restricción de la libertad efectiva de los medios de comunicación y el número cada vez mayor de causas judiciales contra escritores y periodistas siguen siendo cuestiones graves. A consecuencia de ello se registra una generalización de la autocensura. La Comisión se congratula del compromiso del Gobierno turco de presentar sin dilación la cuarta batería de reformas judiciales y le insta a resolver todas las cuestiones básicas que afectan hoy día al ejercicio efectivo de la libertad de expresión. Urge además alcanzar una solución política para la cuestión kurda, que sigue constituyendo un gran desafío para la democracia turca. En conjunto, Turquía aún debe desplegar esfuerzos adicionales significativos para respetar las normas más rigurosas de democracia y derechos humanos. La labor en curso sobre una nueva Constitución constituye una oportunidad importante a este respecto. Los atentados terroristas cometidos por el PKK, que está incluido en la lista de organizaciones terroristas de la UE, se han intensificado significativamente, en particular a lo largo de los últimos meses. La UE ha condenado firmemente y en repetidas ocasiones dichos atentados. La UE y Turquía mantienen un activo diálogo antiterrorista, y la lucha contra el terrorismo es un importante aspecto del programa positivo para ese país. Turquía ha congelado sus relaciones con la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE durante el segundo semestre de 2012 y se ha negado a participar en cualquier reunión encabezada por la Presidencia chipriota. La Comisión reitera su gran preocupación sobre las declaraciones y amenazas de Turquía e insta al pleno respeto del papel de la Presidencia del Consejo, un elemento fundamental de la estructura institucional de la UE según lo dispuesto en el Tratado. Las conversaciones desarrolladas bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas con objeto de encontrar una solución global para el problema de Chipre se estancaron en la primavera de 2012. Una solución global redundaría en el interés de todas las partes, puesto que incrementaría la estabilidad en el Mediterráneo Sudoriental, brindaría nuevas oportunidades económicas a los Estados miembros y Turquía y daría gran impulso a sus negociaciones de adhesión a la UE. Se insta por lo tanto a Turquía a colaborar con todas las partes con el fin de facilitar que el proceso se corone fructíferamente. La UE ha subrayado asimismo todos los derechos soberanos de los Estados miembros de la UE, entre los que se incluyen, en particular, la celebración de acuerdos bilaterales y la exploración y explotación de sus recursos naturales, de conformidad con el acervo de la UE y el Derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. De conformidad con las posiciones reiteradas por el Consejo y la Comisión los años precedentes, la Comisión urge de nuevo a Turquía a cumplir su obligación de aplicar el Protocolo Adicional en su totalidad y avanzar hacia la normalización de las relaciones bilaterales con la República de Chipre. Insta también a evitar cualquier tipo de amenaza, fuente de fricción o acción que pueda dañar las buenas relaciones de vecindad y la resolución pacífica de las disputas. La UE continuará dando seguimiento y evaluará los avances realizados en este ámbito con arreglo a las decisiones pertinentes del Consejo. Turquía debe intensificar los esfuerzos desplegados para resolver las cuestiones bilaterales pendientes, incluidas las disputas fronterizas con los países vecinos. Grecia y Chipre han presentado numerosas denuncias oficiales sobre la violación de su espacio aéreo y sus aguas territoriales por parte de Turquía. 4.3. Islandia La adhesión de Islandia sigue siendo una cuestión de interés mutuo. La UE e Islandia comparten cada vez más intereses, por ejemplo en los ámbitos de la energía renovable y el cambio climático, y debe tenerse presente asimismo la importancia estratégica de la política ártica de la UE. Las sólidas credenciales democráticas de Islandia contribuirán al enriquecimiento de la UE. Las negociaciones de adhesión con Islandia avanzan por buen camino, con un nivel global adecuado de adaptación al acervo de la UE, gracias a la pertenencia al Espacio Económico Europeo (EEE) y la participación plena en Schengen desde 2001. Se han abierto más de la mitad de los capítulos de negociación, y diez de ellos ya se han podido cerrar provisionalmente. La adhesión a la UE sigue siendo objeto de animado debate público en Islandia. La Comisión seguirá prestando apoyo a las actividades de comunicación desarrolladas al respecto y a los contactos entre los ciudadanos. La Comisión confía en que la UE pueda presentar una propuesta de negociación que tenga en cuenta todas las expectativas y especificidades de ese país, dentro del marco acordado para las negociaciones de adhesión, salvaguardando plenamente los principios y el acervo de la Unión. Todo ello permitirá que, llegado el momento, el pueblo islandés se pronuncie sobre la adhesión con pleno conocimiento de causa. Islandia sigue cumpliendo los criterios políticos. Se trata de una democracia eficaz que goza de instituciones sólidas y en la que están profundamente arraigadas las tradiciones de la democracia representativa. El sistema judicial es de gran calidad. Se garantiza la mejora constante de la protección de los derechos fundamentales, ya muy elevada. Tras una recesión larga y profunda, la recuperación económica se ha consolidado, con un crecimiento notable en 2011-2012 y la mejora de las condiciones macroeconómicas del país. En conjunto, el historial de cumplimiento de Islandia de sus obligaciones en el marco del EEE sigue siendo ampliamente satisfactorio. Cabe señalar algunas deficiencias en ámbitos tales como los servicios financieros, la seguridad alimentaria y la libre circulación de capital. Las restricciones temporales de la libre circulación de capitales adoptadas tras la crisis financiera de 2008 siguen en vigor. El Órgano de Vigilancia de la AELC ha incoado un procedimiento contra Islandia en el Tribunal de la AELC sobre un asunto relacionado con Icesave. 5. Ayudar y apoyar a los países de la ampliación 5.1. Asistencia financiera La Comisión apoya los preparativos para la adhesión de los países de la ampliación proporcionándoles apoyo técnico y financiero a través de un instrumento financiero específico, el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP). Los recursos del IAP ascendían a 11 600 millones EUR para el periodo 2007-2013. Entre los principales resultados cabe señalar el aumento de las capacidades y la intensificación de las reformas en los países beneficiarios, por ejemplo en los ámbitos del Estado de Derecho, la justicia y los asuntos de interior, la reforma de la administración pública, los derechos fundamentales y el desarrollo y el diálogo de la sociedad civil. Estos resultados han contribuido, en particular, a la conclusión fructífera en junio de 2011 de las negociaciones de adhesión de Croacia a la UE y a la apertura de las negociaciones correspondientes con Montenegro en junio de 2012. Se están fomentando las inversiones que contribuyen al desarrollo económico, social y agrícola, así como la cooperación regional en los Balcanes Occidentales. A título de ejemplo del apoyo concedido a proyectos concretos cabe mencionar la formación proporcionada a la policía montenegrina en el ámbito de la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, el desarrollo de un programa de subvenciones al empleo femenino en Turquía y la financiación de la rehabilitación de los ferrocarriles en Croacia (Corredor Europeo X), con el fin de establecer una conexión con los ferrocarriles serbios. Dentro del próximo Marco Financiero Plurianual 2014-2020, la Comisión ha propuesto una dotación financiera de 14 100 millones EUR para el nuevo IAP II. Se trata de un volumen de recursos similar (a precios constantes) al previsto en el Marco Financiero actual. La Comisión presentó su propuesta para el nuevo IAP II en diciembre de 2011, como parte del conjunto de instrumentos para el próximo Marco Financiero Plurianual. Entre las principales innovaciones del IAP II cabe citar la planificación plurianual y la mayor focalización estratégica de la ayuda financiera preadhesión, a través del establecimiento de vínculos más sólidos con las prioridades determinadas en la estrategia de ampliación. La mejora de la planificación estratégica de la asistencia del IAP encontrará reflejo en el Marco Estratégico Común y en los documentos de estrategia para países concretos o grupos de países que abarcarán la totalidad del periodo del próximo Marco Financiero y cubrirán de manera más coherente un número limitado de ámbitos en sustitución de los «componentes» actuales. A tal fin, en los citados documentos de estrategia para países concretos o grupos de países se introducirá un elemento de rendimiento y se establecerán objetivos relacionados con la asistencia con indicadores realistas. La evaluación del rendimiento permitirá recompensar a los países que presenten buenos resultados e introducirá mayor flexibilidad para reasignar los recursos en caso de rendimiento insuficiente. Además, al amparo del IAP II, los países candidatos y candidatos potenciales tendrán acceso a los mismos tipos de apoyo, que se determinarán principalmente en función de sus necesidades y capacidades, así como de su historial de resultados en la utilización de la ayuda preadhesión. Por lo que respecta a los programas operativos y similares para otros instrumentos exteriores de la UE, se reforzará la cofinanciación de estrategias sectoriales acordadas con los países beneficiarios, en oposición a la financiación de proyectos concretos, incrementándose así el porcentaje de ayuda financiada a nivel sectorial (incluido el apoyo presupuestario para ámbitos seleccionados). La mayor sistematización de la programación plurianual se aplicará también a la asistencia proporcionada a la transición y el desarrollo institucional (por ejemplo, reforma de la administración pública y de los sistemas de justicia, etc.), fomentándose así la aplicación eficaz de las estrategias sectoriales relacionadas. El objetivo es utilizar los recursos de la UE para impulsar reformas de gran calado de manera tal que los preparativos de adhesión de los países tengan mayor eficiencia que la que podría lograrse a través de proyectos concretos aislados. Los dos grandes objetivos del IAP son apoyar el proceso de adhesión y el desarrollo socioeconómico de los beneficiarios. El fortalecimiento de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, la reforma de la administración pública y la buena gobernanza seguirán siendo los ejes fundamentales de la futura ayuda preadhesión en todos los países beneficiarios, así como la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, el desarrollo de la sociedad civil y el fomento y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Como corolario del «nuevo enfoque» en relación con los capítulos 23 y 24 y habida cuenta del carácter a largo plazo de las reformas impulsadas en esos ámbitos y de la necesidad de desarrollar historiales de aplicación antes de la adhesión, la ayuda del IAP II abordará los requisitos de los países beneficiarios en esos ámbitos desde una fase temprana. También se proporcionará asistencia en apoyo del desarrollo económico y social, y a la cooperación regional y territorial (acciones de cooperación transfronteriza, transnacional e interregional). El apoyo al desarrollo económico y social abarcará cuestiones tales como el desarrollo del capital físico, la mejora de las conexiones con la UE y las redes regionales, el fomento del empleo y el desarrollo del capital humano y la inclusión económica y social. El apoyo financiero exigirá que los países de la ampliación adopten políticas y estrategias integrales sostenibles en sectores prioritarios como la justicia y los asuntos de interior, la administración pública, el desarrollo del sector privado, el transporte, la energía, el medio ambiente y el cambio climático, el desarrollo social, la agricultura y el desarrollo rural. Se prevé que este proceso propicie una mayor implicación local y un amplio consenso sobre dichas estrategias, de modo que se mejorará la capacidad de los países beneficiarios del IAP para planificarlas, aplicarlas y supervisar su puesta en práctica, así como de integrar todo ello en el conjunto de sus preparativos para la incorporación a la UE. 5.2. Beneficios de una mayor integración antes de la adhesión El proceso brinda beneficios considerables a los ciudadanos de los países de la ampliación incluso antes de la adhesión efectiva. Se les está aproximando a la UE a través de su participación en los programas de la UE, las iniciativas de la sociedad civil y afines, la exención de visados para los desplazamientos y el comercio al amparo de los acuerdos de estabilización y asociación. Pueden participar en los programas de la UE la mayoría de los países candidatos y candidatos potenciales. Durante 2012, la Comisión propuso extender esa posibilidad también a Kosovo. Tal participación familiariza a esos países con las políticas y los métodos de trabajo de la UE y facilita su integración gradual en las redes de la Unión. Por ejemplo, cada vez es mayor el número de estudiantes que participan en los programas Erasmus o Erasmus Mundus. Científicos e investigadores de la región están colaborando también con sus homólogos de la UE en el marco del Séptimo Programa Marco de Investigación. La exención del visado para los viajes a la UE es una de los beneficios más notorios de una mayor integración con la Unión para los ciudadanos de los países de la ampliación. Islandia ya forma parte del Espacio Schengen. En los Balcanes Occidentales, los ciudadanos croatas disfrutan desde hace tiempo del régimen de exención de visados para sus desplazamientos a todo el territorio de la UE. En diciembre de 2009 se eximió de visado a los ciudadanos de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia para acceder al Espacio Schengen. Dicha exención se amplió a los ciudadanos de Albania y Bosnia y Herzegovina un año más tarde. Esas recientes decisiones estuvieron basadas en el cumplimiento, por parte de los países interesados, de una serie de requisitos establecidos en el contexto de los diálogos sobre la liberalización del régimen de visados impulsados por la Comisión. Los diálogos supusieron un enorme acicate para las reformas y el logro del cumplimiento de las normas de la UE en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, así como por lo que respecta al fortalecimiento del Estado de Derecho y la lucha contra la delincuencia organizada transfronteriza, la corrupción y la migración ilegal. En vista de la evolución posterior, que habría puesto de relieve algunas vulneraciones del régimen de exención de visados y del sistema de asilo, la Comisión comenzó a aplicar, a partir de enero de 2011, un mecanismo de supervisión de la liberalización que ha conllevado el endurecimiento de los controles realizados sobre el terreno. El número de solicitudes de asilo injustificadas sigue siendo elevado en algunos Estados miembros de la UE, lo que exigirá la adopción constante de medidas específicas por cada uno de los países de la región. Más en general, se han adoptado nuevas propuestas que permiten la suspensión temporal de los actuales regímenes de exención de visado con un país tercero en caso de afluencia repentina de personas. En enero de 2012, la Comisión emprendió un diálogo relativo a la liberalización del régimen de visados con Kosovo. La UE y Turquía han intensificado su cooperación en materia de visados y migración. Ambas partes han rubricado un Acuerdo de Readmisión. Ahora es vital que se proceda sin dilación a su firma y aplicación efectiva, con vistas también al ulterior avance del proceso de liberalización del régimen de visados como perspectiva a largo plazo. La UE sigue proporcionando extenso apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en los países de la ampliación, sobre todo a través del Instrumento para la Sociedad Civil. Se contribuye así al desarrollo de sus capacidades y profesionalismo y se fomenta la constitución de redes a todos los niveles (UE, nacional, regional), de modo que puedan entablar un diálogo eficaz con agentes de los sectores público y privado y supervisar la evolución en ámbitos como el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales. Las actividades de la sociedad civil son esenciales para la madurez de la democracia, el respeto de los derechos humanos y el imperio de la ley. Una sociedad civil dinámica contribuye a la responsabilización política y la profundización del conocimiento y el carácter integrador de las reformas relacionadas con la adhesión, ampliando el apoyo que estas recaban, y promueve la reconciliación en sociedades divididas por el conflicto. Montenegro ha tomado medidas para asociar a las OSC en la preparación de las negociaciones de adhesión. En la mayoría de los países de la ampliación ha proseguido el desarrollo de la sociedad civil. En algunos casos es preciso nutrir más eficazmente una cultura de aceptación de las OSC y establecer un entorno más propicio y las condiciones idóneas para mejorar el diálogo político. Siguen pendientes diversas cuestiones relacionadas con la financiación, en particular con el apoyo gubernamental y la sostenibilidad. Si bien el apoyo del IAP está abarcando estas cuestiones al amparo del Instrumento para la Sociedad Civil, las modificaciones previstas en el marco del Reglamento Financiero permitirán a la Comisión cooperar con las mayores OSC de la región para proporcionar subvenciones de menor tamaño a organizaciones locales de base, garantizando así la mejora del control democrático y la resolución de las cuestiones que interesan de manera más directa a los ciudadanos. 5.3. Información y comunicación La política de ampliación y, en particular, la adhesión de nuevos Estados miembros, debe ser comprendida y apoyada por la ciudadanía para que pueda tener éxito y ser sostenible. Se trata de una dificultad importante en un entorno en el que, sobre todo en el contexto de la actual crisis financiera y de la deuda soberana, cada vez se cuestiona más el papel de los organismos públicos, incluida la Unión Europea. A juicio de la Comisión, afrontar estos retos exige que el proceso de ampliación sea más transparente, coherente y creíble tanto para los ciudadanos como para las principales partes interesadas de los Estados miembros y los países de la ampliación. Como en otros ámbitos, la ciudadanía espera ver pruebas tangibles de la eficacia de la ampliación de la UE y de su poder transformador para los países interesados, así como de su valor añadido para la UE en su conjunto. Así pues, aún en mayor medida que en el pasado, todas las instituciones de la UE tendrán que proporcionar información sobre el proceso de ampliación, los países involucrados y sus repercusiones para la UE, contribuyendo a un debate público bien informado sobre la ampliación. Se deberán disipar cualesquiera temores o mitos carentes de fundamento sobre dicho proceso y atender las preocupaciones legítimas de los ciudadanos. Sobre los Estados miembros y los países de la ampliación recae la responsabilidad principal de la labor de comunicación e información dirigida a los ciudadanos, y los mensajes gubernamentales que alimenten los debates nacionales deben complementar la comunicación de la Comisión. Los Estados miembros deben divulgar y explicar a sus respectivas opiniones públicas las decisiones que adoptan colectivamente en los organismos de la UE en materia de ampliación. Por su parte, en los países de la ampliación, los dirigentes políticos deben explicar cómo las decisiones que adoptan para impulsar las reformas no solo guardan relación con el proceso de adhesión, sino que contribuyen por sí mismas a mejorar el funcionamiento del Estado. Ello contribuirá a recuperar el apoyo en los países en los que se ha ampliado la brecha existente entre la política gubernamental y las opiniones de los ciudadanos sobre la ampliación de la UE. Puede contribuir también a desarrollar el amplio respaldo público con que deben contar las reformas para que los países de la ampliación puedan cumplir las condiciones, estrictas pero justas, impuestas para su incorporación a la UE. 6. Conclusiones y recomendaciones Basándose en el análisis anterior, la Comisión presenta las siguientes conclusiones y recomendaciones: I 1. A través de su política de ampliación, la UE ha ido respondiendo, desde sus comienzos, a la legítima aspiración de los pueblos de nuestro continente, de aunar fuerzas en un empeño europeo común. El 1 de julio de 2013 Croacia se convertirá en el vigésimo octavo Estado miembro de la UE, constituida inicialmente por seis Estados miembros. 2. En este período de gran incertidumbre mundial, en el que la UE ha de afrontar retos de gran calado y está dando nuevo impulso a la integración política, económica y financiera, la política de ampliación sigue contribuyendo a garantizar la paz, seguridad y prosperidad en nuestro continente. La inminente adhesión de Croacia, el comienzo de las negociaciones correspondientes con Montenegro y el estatuto de país candidato de Serbia ponen de relieve el poder transformador de la ampliación y lo que puede lograr, en apenas media generación, una zona devastada por la guerra. La ampliación a Europa Sudoriental contribuye a evitar los costes mucho más elevados de ocuparse de las consecuencias de la inestabilidad. Constituye una inversión en democracia sostenible y demuestra la permanente capacidad de actuación de la UE a escala mundial. 3. Las dificultades que atraviesa la zona del euro y la reciente crisis financiera mundial han puesto de relieve la interdependencia de las economías nacionales tanto dentro como fuera de la UE. Subrayan la importancia de seguir consolidando la estabilidad económica y financiera y fomentando las reformas y el crecimiento, también en los países de la ampliación. El proceso de ampliación constituye un instrumento poderoso a tal efecto. 4. En un marco de condicionalidad estricta pero equitativa, en el que el principio de los méritos propios es clave, la perspectiva de la adhesión constituye un acicate para las reformas políticas y económicas, transformando las sociedades, consolidando el Estado de Derecho y creando nuevas oportunidades para ciudadanos y empresas. En un periodo de estancamiento económico, mitiga el riesgo de resistencia a reformas esenciales. 5. La credibilidad del proceso de ampliación es crucial para que pueda culminarse con éxito. Mantener el impulso en favor de la ampliación y la dinámica de reformas constituyen las dos caras de la misma moneda. El consenso renovado sobre la ampliación, acordado por el Consejo Europeo, sigue siendo el fundamento de la política de ampliación de la UE. La ampliación es, por definición, un proceso gradual, basado en la aplicación rigurosa y sostenible de reformas por los países interesados. La política de ampliación se ha ido ajustando en función de las lecciones extraídas en las sucesivas adhesiones, para facilitar la integración de los nuevos Estados miembros y atender mejor las necesidades de países en transformación, en particular en el ámbito del Estado de Derecho. 6. El fortalecimiento del Estado de Derecho y la gobernanza democrática es fundamental para el proceso de ampliación. Con el respaldo del Consejo al nuevo planteamiento de negociación propuesto por la Comisión para los ámbitos del poder judicial y los derechos fundamentales y de la justicia, la libertad y la seguridad, se afianza el Estado de Derecho, incluidos desafíos comunes como la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, en el núcleo de la política de ampliación. Las negociaciones de adhesión sobre esos capítulos se abrirán al comienzo del proceso y se cerrarán a su término, con el fin de disponer del máximo tiempo para poder desarrollar historiales sólidos de aplicación y garantizar así la irreversibilidad de las reformas. La Comisión también seguirá priorizando las cuestiones relativas al Estado de Derecho mucho antes del comienzo de las negociaciones de adhesión, en particular en el marco de los diálogos estructurados y mediante apoyo sectorial en virtud del IAP II. 7. En algunos países, la libertad de expresión sigue estando gravemente amenazada. Habida cuenta de las dificultades que persisten en este ámbito, la Comisión continuará priorizando esta cuestión en el proceso de adhesión. Tiene previsto organizar un acto, en el primer semestre de 2013, para dar continuidad a la conferencia Speak Up! celebrada en mayo de 2011. En él deberían participar representantes de los medios de comunicación y la sociedad civil de los Balcanes Occidentales y Turquía. Los resultados y las medidas al hilo de esta conferencia serán tenidos en cuenta en la labor de supervisión y los informes de la Comisión. La Comisión seguirá colaborando estrechamente con el Parlamento Europeo en este campo. 8. En muchos ámbitos son necesarios planteamientos adaptados a las especificidades de cada país para resolver situaciones difíciles, incluidas las obstrucciones del proceso de adhesión. La Comisión ha puesto en marcha, en particular, un programa positivo con Turquía y una serie de diálogos estructurados y de alto nivel en los Balcanes Occidentales. Tales iniciativas ya están dando impulso a las reformas. No sustituyen las negociaciones de adhesión, sino que tienden un puente hacia ellas. La Comisión se ha comprometido a intervenir de esta forma y seguirá centrando su atención en ámbitos fundamentales como el Estado de Derecho, la gobernanza democrática y las reformas económicas. 9. La cooperación regional y las buenas relaciones de vecindad son elementos esenciales del Proceso de Estabilización y Asociación. Cuestiones que tienen su origen en los pasados conflictos, como los crímenes de guerra, el retorno de los refugiados, el tratamiento de las minorías y la igualdad de derechos para todos los ciudadanos siguen constituyendo una grave amenaza para la estabilidad en los Balcanes Occidentales y han de ser abordadas sin dilación. Es preciso impulsar los avances en los foros regionales y la inclusividad de la cooperación regional. El diálogo y el compromiso permiten resolver disputas relacionadas con cuestiones interétnicas o conflictos sobre el estatuto. 10. En el espíritu de las relaciones de buena vecindad, las partes interesadas deben resolver las cuestiones bilaterales tan pronto como sea posible durante el proceso de ampliación, con determinación y teniendo en cuenta los intereses generales de la UE. Las cuestiones bilaterales no deben retrasar el proceso de adhesión. La Comisión urge a las partes a esforzarse al máximo para resolver las disputas pendientes con a