COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 7.12.2022 COM(2022) 695 final 2022/0402(CNS) Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO relativo a la competencia, al Derecho aplicable, al reconocimiento de las resoluciones y a la aceptación de los documentos públicos en materia de filiación y a la creación de un certificado de filiación europeo

{SEC(2022) 432 final} - {SWD(2022) 390 final} - {SWD(2022) 391 final} - {SWD(2022) 392 final}



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta La Unión aspira a crear, mantener y desarrollar un espacio de libertad y justicia en el que se garanticen la libre circulación de personas, el acceso a la justicia y el pleno respeto de los derechos fundamentales. Para alcanzar este objetivo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, afirmó en su discurso sobre el estado de la Unión de 2020 que «si usted es madre o padre en un país, también lo es en todos los demás países». Con esta declaración, la presidenta de la Comisión se refirió a la necesidad de garantizar que la filiación determinada en un Estado miembro sea reconocida en todos los demás Estados miembros a todos los efectos. Esta iniciativa se estableció como una medida clave en la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño y en la Estrategia de la UE para la igualdad de las personas LGBTIQ. El objetivo de la propuesta es reforzar la protección de los derechos fundamentales y de otros derechos de los hijos en situaciones transfronterizas, especialmente su derecho a la identidad, a la no discriminación y a la vida privada y familiar, y los derechos sucesorios y de alimentos en otro Estado miembro, teniendo el interés superior del menor como consideración primordial. En consonancia con este objetivo, las Conclusiones del Consejo relativas a la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño subrayan que estos son universales, que todos los menores gozan de los mismos derechos sin discriminación de ningún tipo y que el interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas las acciones relacionadas con la infancia, tanto si las llevan a cabo autoridades públicas como entidades privadas. Otros objetivos de la propuesta son proporcionar seguridad jurídica y previsibilidad en lo relativo a las normas sobre competencia internacional y ley aplicable para la determinación de la filiación en situaciones transfronterizas y sobre el reconocimiento de la filiación, y reducir los costes jurídicos y la carga para las familias y los sistemas judiciales de los Estados miembros en relación con los procesos judiciales de reconocimiento de la filiación en otro Estado miembro. La necesidad de garantizar el reconocimiento de la filiación entre los Estados miembros surge porque los ciudadanos se encuentran cada vez más en situaciones transfronterizas, por ejemplo, cuando tienen familiares en otro Estado miembro, viajan dentro de la Unión o se trasladan a otro Estado miembro para encontrar trabajo, fundar una familia o adquirir inmuebles en otro Estado miembro. Sin embargo, se estima que unos 2 millones de hijos se enfrentan actualmente a una situación en la que su filiación determinada en un Estado miembro no se reconoce a todos los efectos en otro Estado miembro. El Derecho de la Unión ya exige a los Estados miembros que reconozcan la filiación del hijo o de la hija determinada en otro Estado miembro a efectos de los derechos que le confiere el Derecho de la Unión, en particular en virtud del Derecho de la Unión en materia de libre circulación, incluida la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, lo que conlleva el derecho a la igualdad de trato y la prohibición de obstaculizar asuntos como el reconocimiento del apellido. Sin embargo, el Derecho de la Unión aún no exige a los Estados miembros que reconozcan la filiación del hijo o de la hija determinada en otro Estado miembro con otros fines. Esta falta de reconocimiento puede tener importantes consecuencias adversas para los hijos. Obstaculiza el ejercicio de sus derechos fundamentales en situaciones transfronterizas y puede dar lugar a la privación de los derechos que les confiere la filiación con arreglo al Derecho nacional. En consecuencia, los hijos pueden perder sus derechos sucesorios o de alimentos en otro Estado miembro, o su derecho a que cualquiera de sus progenitores actúe como representante legal en otro Estado miembro en cuestiones como los tratamientos médicos o la escolarización. Estas dificultades pueden obligar a las familias a embarcarse en procesos judiciales para que se reconozca la filiación de sus hijos en otro Estado miembro, pero estos procesos judiciales implican tiempo, costes y cargas tanto para las familias como para los sistemas judiciales de los Estados miembros y tienen resultados inciertos. En última instancia, aunque los Estados miembros están obligados a reconocer la filiación determinada en otro Estado miembro a efectos de los derechos derivados del Derecho de la Unión, las familias pueden verse disuadidas de ejercer su derecho a la libre circulación por temor a que la filiación de sus hijos no sea reconocida a todos los efectos en otro Estado miembro. Las razones tras las dificultades actuales para el reconocimiento de la filiación son que los Estados miembros tienen normas sustantivas diferentes sobre la determinación de la filiación en situaciones nacionales, que son y seguirán siendo de su competencia, pero también existen diferencias en cuanto a normas sobre competencia internacional y a normas de conflicto de leyes para la determinación de la filiación en situaciones transfronterizas y sobre el reconocimiento de la filiación determinada en otro Estado miembro, materias respecto de las cuales la Unión tiene atribuida competencia Sin embargo, hoy en día, los instrumentos de la Unión en materia de Derecho de familia con implicaciones transfronterizas, incluidos los relativos a la responsabilidad parental y los alimentos, a la sucesión y a la presentación de documentos públicos en otro Estado miembro, no establecen normas sobre competencia internacional o conflicto de leyes para la determinación de la filiación en situaciones transfronterizas o sobre el reconocimiento de la filiación entre Estados miembros. Las quejas de los ciudadanos, las peticiones al Parlamento Europeo y los procesos judiciales muestran los problemas a los que se enfrentan las familias con el reconocimiento de la filiación de sus hijos en situaciones transfronterizas dentro de la Unión, en particular cuando se trasladan a otro Estado miembro o regresan a su Estado miembro de origen y solicitan el reconocimiento de la filiación a todos los efectos. Para hacer frente a los problemas relacionados con el reconocimiento de la filiación a todos los efectos y colmar la laguna existente en el Derecho de la Unión, la Comisión propone la adopción de normas de la Unión sobre la competencia internacional en materia de filiación (que determinen qué órganos jurisdiccionales de los Estados miembros son competentes en materia de filiación, incluido la determinación de la misma, en situaciones transfronterizas) y sobre el Derecho aplicable (que determine la legislación nacional que debe aplicarse en materia de filiación, incluida la determinación de la misma, en situaciones transfronterizas), a fin de facilitar el reconocimiento en un Estado miembro de la filiación determinada en otro Estado miembro. La Comisión también propone la creación de un certificado de filiación europeo que los hijos (o a sus representantes legales) puedan solicitar y utilizar como prueba de su filiación en otro Estado miembro. Dado que, en el Derecho internacional, el Derecho de la Unión y las legislaciones de los Estados miembros, todos los hijos tienen los mismos derechos sin discriminación, la propuesta abarca el reconocimiento de la filiación del hijo o de la hija con independencia de cómo se concibió o nació y del tipo de familia. Así pues, la propuesta incluye el reconocimiento de la filiación del hijo o de la hija con progenitores del mismo sexo, así como el reconocimiento de la filiación del hijo o la hija adoptados en el ámbito interno nacional de un Estado miembro. Sin embargo, la propuesta no afecta a la competencia de los Estados miembros para aprobar normas sustantivas de Derecho de familia, como las relativas a la definición de familia o a la determinación de la filiación en situaciones internas. La propuesta tampoco afecta a las normas de los Estados miembros sobre el reconocimiento de matrimonios o uniones registradas que se hayan celebrado en el extranjero. La propuesta se aplica con independencia de la nacionalidad de los hijos y de la de sus progenitores. Sin embargo, en consonancia con los instrumentos vigentes de la Unión en materia civil (en particular el Derecho de familia) y mercantil, la propuesta solo exige el reconocimiento o la aceptación de los documentos que determinan o acreditan la filiación expedidos en un Estado miembro, mientras que el reconocimiento o la aceptación de los documentos sobre filiación expedidos en un tercer Estado seguirán estando regulados por el Derecho nacional. •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial En la actualidad, el Derecho de la Unión vigente ya obliga a los Estados miembros a reconocer la filiación de los hijos determinada en otro Estado miembro a efectos del ejercicio de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los hijos, en particular en materia de libre circulación. La propuesta no afecta a esta obligación de los Estados miembros. Sin embargo, dada la falta de normas de la Unión sobre competencia internacional y Derecho aplicable para la determinación de la filiación en situaciones transfronterizas y sobre el reconocimiento de la filiación en otro Estado miembro a efectos de los derechos derivados de la filiación que el Derecho nacional confiere al hijo o a la hija, estas cuestiones se rigen actualmente por el Derecho de cada Estado miembro. Los instrumentos vigentes de la Unión rigen el reconocimiento de las resoluciones judiciales y de los documentos públicos en varios ámbitos directamente pertinentes para los hijos en situaciones transfronterizas, como la responsabilidad parental, la pensión alimenticia y la sucesión. Sin embargo, las cuestiones relativas a la filiación están excluidas del ámbito de aplicación de estos instrumentos. Por su parte, el Reglamento sobre documentos públicos regula la autenticidad de los documentos públicos en determinados ámbitos, como el nacimiento, la filiación y la adopción, pero no trata el reconocimiento del contenido de dichos documentos públicos. La adopción de normas comunes sobre competencia internacional y Derecho aplicable para la determinación de la filiación en situaciones transfronterizas y sobre el reconocimiento de la filiación en otro Estado miembro complementaría la legislación vigente de la Unión en materia de Derecho de familia y sucesiones y facilitaría su aplicación, ya que la filiación de un hijo o una hija es una cuestión preliminar que debe resolverse antes de aplicar las normas vigentes de la Unión en materia de responsabilidad parental, pensión alimenticia y sucesión por lo que respecta a los hijos.

Dado que la propuesta tiene por objeto proteger los derechos de los hijos en situaciones transfronterizas, es coherente con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que establece que los Estados Partes deben garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición o las actividades de sus progenitores (artículo 2); que, en todas las medidas concernientes a los niños, ya sean llevadas a cabo por órganos jurisdiccionales o legislativos, el interés superior del niño debe constituir una consideración primordial (artículo 3); y que los niños tienen derecho a una identidad y a ser cuidados por sus progenitores (artículos 7 y 8). La presente propuesta también es coherente con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece el derecho al respeto de la vida privada y familiar, y con la jurisprudencia al respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también en lo que se refiere al reconocimiento de los nacidos mediante gestación subrogada. Por último, también es coherente con el objetivo de protección y promoción de los derechos del niño establecido en el Tratado de la Unión Europea (artículo 3, apartados 3 y 5, del TUE) y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»). La Carta garantiza, en la aplicación y puesta en práctica del Derecho de la Unión, la protección de los derechos fundamentales de los menores y sus familias. Estos derechos incluyen el derecho al respeto de la vida privada y familiar (artículo 7), el derecho a la no discriminación (artículo 21) y el derecho de los niños a mantener una relación personal de manera regular con ambos progenitores si ello responde a su interés superior (artículo 24). Basado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el artículo 24, apartado 2, de la Carta también establece que, en todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del menor constituirá una consideración primordial. •Coherencia con otras políticas de la Unión La propuesta se inspira en varias iniciativas políticas, entre las que se incluyen el «Programa de Estocolmo del Consejo Europeo – Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano» de 2010, el Plan de acción de la Comisión por el que se aplica el programa de Estocolmo, el Libro Verde titulado «Menos trámites administrativos para los ciudadanos: promover la libre circulación de los documentos públicos y el reconocimiento de los efectos de los asientos de estado civil». Además, en 2017 el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que le sometiese una propuesta relativa al reconocimiento transfronterizo de las resoluciones de adopción. En 2020, la Comisión anunció medidas para garantizar que la filiación determinada en un Estado miembro fuera reconocida en todos los demás Estados miembros. Dicha iniciativa se incluyó en la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño de 2021 como una acción clave para apoyar la igualdad y los derechos de los menores, así como en la Estrategia de la UE para la Igualdad de las Personas LGBTIQ de 2020. El Parlamento Europeo acogió con satisfacción la iniciativa de la Comisión en su Resolución de 2022 sobre la protección de los derechos del menor en los procedimientos de Derecho civil, administrativo y de familia. Las conclusiones del Consejo sobre la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño subrayan que estos son universales, que todos los menores gozan de los mismos derechos sin discriminación de ningún tipo y que el interés superior del menor debe ser una consideración primordial en todas las acciones relacionadas con la infancia, tanto si las llevan a cabo autoridades públicas como entidades privadas. Esto implica necesariamente la determinación de un marco jurídico con normas uniformes sobre la competencia internacional y el Derecho aplicable para el reconocimiento de la filiación entre los Estados miembros que permita a los menores disfrutar de sus derechos en la Unión sin discriminación alguna. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica En virtud de los Tratados de la Unión, el Derecho sustantivo en materia de familia, incluido el estatuto jurídico de las personas, es competencia de los Estados miembros, lo que significa que es el Derecho nacional el que establece las normas sustantivas para la determinación de la filiación. No obstante, la Unión puede adoptar medidas relativas al Derecho de familia con repercusión transfronteriza en virtud del artículo 81, apartado 3, del TFUE, como medidas para facilitar que, una vez determinada la filiación en un Estado miembro, se reconozca en otros Estados miembros. Entre estas medidas pueden incluirse la adopción de normas comunes sobre competencia internacional, Derecho y procedimientos aplicables para el reconocimiento de la filiación en otro Estado miembro. Dichas medidas no conducirán a la armonización del Derecho sustantivo de los Estados miembros sobre la definición de familia o sobre la determinación de la filiación en situaciones internas. Al igual que otros instrumentos de la Unión en materia de Derecho de familia, la propuesta tiene por objeto facilitar el reconocimiento de las resoluciones judiciales y los documentos públicos sobre filiación mediante la adopción de normas comunes sobre la competencia internacional y la ley aplicable. La propuesta tiene por objeto exigir el reconocimiento de la filiación determinada en otro Estado miembro a efectos, en particular, de los derechos derivados de la filiación con arreglo al Derecho nacional. Por consiguiente, el artículo 81, apartado 3, del TFUE constituye la base jurídica adecuada. En virtud del Protocolo n.º 22 del TFUE, las medidas legales adoptadas en el ámbito de la justicia no son vinculantes ni aplicables en Dinamarca. En virtud del Protocolo n.º 21 del TFUE, Irlanda tampoco está vinculada por tales medidas. No obstante, una vez presentada una propuesta en este ámbito, Irlanda puede notificar su deseo de participar en la adopción y aplicación de la medida y, una vez adoptada, puede notificar su deseo de aceptarla. •Subsidiariedad Si bien corresponde a los Estados miembros establecer normas sobre la definición de familia y sobre la determinación de la filiación, la Unión y los Estados miembros comparten la competencia para adoptar medidas relativas al Derecho de familia y a los derechos del hijo o de la hija con implicaciones transfronterizas. Los problemas con el reconocimiento en un Estado miembro de la filiación determinada en otro Estado miembro a efectos de los derechos derivados del Derecho nacional o del Derecho de la Unión tienen una dimensión a escala de la Unión, ya que el reconocimiento requiere la participación de dos Estados miembros. Las consecuencias del no reconocimiento de la filiación también tienen una dimensión a escala de la Unión, ya que las familias pueden verse disuadidas de ejercer su derecho a la libre circulación por temor a que la filiación de su hijo o hija no sea reconocida en otro Estado miembro a todos los efectos. Los problemas relativos al reconocimiento de la filiación se deben, en particular, a las diferentes normas sustantivas de los Estados miembros sobre la determinación de la filiación y a las diferentes normas de los Estados miembros en materia de competencia internacional y Derecho aplicable para la determinación de la filiación en situaciones transfronterizas. Los Estados miembros, actuando individualmente, no podrían eliminar satisfactoriamente los problemas relacionados con el reconocimiento de la filiación, ya que sus normas y procedimientos tendrían que ser los mismos o, al menos, ser compatibles para que la filiación sea reconocida entre los Estados miembros. Es necesario actuar a escala de la Unión para garantizar que un Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales u otras autoridades competentes determinen la filiación en situaciones transfronterizas sea considerado competente para ello, y que los órganos jurisdiccionales y las otras autoridades competentes de todos los Estados miembros apliquen la misma ley para establecer la filiación en situaciones transfronterizas. De este modo, se evitarán las filiaciones contradictorias para una misma persona dentro de la Unión y todos los Estados miembros reconocerán la filiación determinada en otro Estado miembro. Por consiguiente, los objetivos de la presente propuesta, debido a su ámbito de aplicación y a sus efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, de acuerdo con el principio de subsidiariedad. •Proporcionalidad El objetivo de la presente propuesta es facilitar el reconocimiento de la filiación entre los Estados miembros, y prevé el reconocimiento de i) las resoluciones judiciales y ii) los documentos públicos que determinan la filiación con efecto jurídico vinculante, así como la aceptación de documentos públicos que no tengan tales efectos, pero sí valor probatorio, en el Estado miembro de origen. A tal efecto, la propuesta armoniza las normas de los Estados miembros en materia de competencia internacional para la determinación de la filiación en situaciones transfronterizas y las normas de conflicto de leyes de los Estados miembros que designan el Derecho aplicable a la determinación de la filiación en situaciones transfronterizas. La propuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar sus objetivos: no interfiere con el Derecho nacional sustantivo sobre la definición de familia; tampoco afecta al Derecho nacional en relación con el reconocimiento de matrimonios o uniones registradas que se hayan celebrado en el extranjero; las normas sobre competencia y Derecho aplicable solo son aplicables a la determinación de la filiación en situaciones transfronterizas; exige a los Estados miembros que reconozcan la filiación únicamente cuando se haya determinado en un Estado miembro y no cuando lo haya sido en un tercer Estado; no afectará a las competencias de las autoridades de los Estados miembros en materia de filiación; y el certificado de filiación europeo es facultativo para los hijos (o sus representantes legales) y no sustituirá a los documentos nacionales equivalentes que acrediten la filiación. La propuesta, por lo tanto, respeta el principio de proporcionalidad. •Elección del instrumento La adopción de normas uniformes sobre la competencia internacional y el Derecho aplicable para la determinación de la filiación en situaciones transfronterizas solo puede lograrse mediante un Reglamento, ya que solo los Reglamentos garantizan una interpretación y aplicación plenamente coherentes de las normas. En consonancia con anteriores instrumentos de Derecho internacional privado de la Unión, el instrumento jurídico preferido es, por tanto, un Reglamento.

3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO •Consultas con las partes interesadas Al preparar la propuesta, la Comisión llevó a cabo amplias consultas en 2021 y 2022 con todos los Estados miembros (a excepción de Dinamarca). Las consultas se dirigieron a una amplia gama de partes interesadas que representaban a ciudadanos, organismos del sector público, docentes universitarios, profesionales del Derecho, ONG y otros grupos de interés pertinentes. Las consultas consistieron en i) reacciones públicas relativas a la evaluación inicial de impacto; ii) una consulta pública abierta; iii) una reunión con las partes interesadas y los representantes de la sociedad civil; y iv) una reunión con expertos de las autoridades de los Estados miembros. Además de las actividades de consulta de la Comisión, un contratista externo llevó a cabo consultas. Estas consistieron en i) encuestas en línea dirigidas a los encargados del registro civil de los Estados miembros; ii) cuestionarios escritos para los ministerios de los Estados miembros y el poder judicial; y iii) entrevistas con el poder judicial y las ONG de los Estados miembros. En general, las partes interesadas que representan los derechos del menor, las familias arcoíris, los profesionales del Derecho y los encargados del registro civil se mostraron a favor de que la Unión tratara los problemas actuales relativos al reconocimiento de la filiación mediante la adopción de legislación vinculante. Por el contrario, las organizaciones que representan a las familias tradicionales y las que se oponen a la gestación subrogada se mostraron, en general, críticas con la adopción de una propuesta legislativa. Los puntos de vista de los ciudadanos fueron variados. Las reacciones recibidas sirvieron de base para la preparación de la propuesta y de la evaluación de impacto adjunta. En la evaluación de impacto se incluye un resumen detallado de los resultados de las consultas realizadas por la Comisión. •Obtención y uso de asesoramiento especializado Además de las consultas con las partes interesadas mencionadas anteriormente, la Comisión también recabó y utilizó conocimientos especializados de otras fuentes. En la preparación de la propuesta, la Comisión recabó los conocimientos especializados del grupo de expertos sobre el reconocimiento de la filiación entre Estados miembros, que creó en 2021. La Comisión también participó en reuniones de expertos sobre el Proyecto sobre filiación / gestación subrogada de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y consultó obras académicas, informes y estudios. Para la elaboración de la evaluación de impacto, la Comisión se basó en un estudio realizado por un contratista externo. El contratista externo también elaboró informes por países sobre, entre otras cosas, el Derecho sustantivo de los Estados miembros y el Derecho internacional privado en materia de filiación. El estudio del contratista utilizó diferentes herramientas para analizar los problemas existentes en relación con el reconocimiento de la filiación, las repercusiones de la presente propuesta y las opciones consideradas. Entre dichas herramientas cabe destacar el uso de datos empíricos recopilados de diferentes maneras (entrevistas, cuestionarios, informes nacionales), así como estadísticas e investigación documental. Cuando no se disponía de datos cuantitativos, se utilizaron estimaciones cualitativas. El estudio del contratista externo concluyó que la opción más adecuada para que la Unión lograra sus objetivos sería la adopción de un instrumento legislativo sobre el reconocimiento de la filiación entre los Estados miembros que contemplase la creación de un certificado de filiación europeo. •Evaluación de impacto Sobre la base de las directrices de la Comisión para la mejora de la legislación y de las conclusiones de la evaluación inicial de impacto, la Comisión elaboró una evaluación de impacto de la propuesta. En la evaluación de impacto se consideraron las siguientes opciones de actuación: i) el escenario de referencia; ii) una recomendación de la Comisión dirigida a los Estados miembros; iii) medidas legislativas consistentes en un Reglamento sobre el reconocimiento de la filiación entre Estados miembros; y iv) medidas legislativas consistentes en un Reglamento sobre el reconocimiento de la filiación entre Estados miembros que contemplase la creación de un certificado de filiación europeo facultativo. Todas estas opciones, incluido el escenario de referencia, irían acompañadas de determinadas medidas no legislativas para aumentar la sensibilización, promover buenas prácticas y mejorar la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros que se ocupan de las cuestiones relativas a la filiación. La evaluación de impacto examinó cada una de estas opciones en lo que se refiere a sus repercusiones previstas y su eficacia, eficiencia y coherencia con el marco jurídico y de políticas de la Unión. Sobre la base de dicha evaluación, se escogió la opción consistente en la propuesta de un Reglamento sobre el reconocimiento de la filiación entre Estados miembros que contemplase la creación de un certificado de filiación europeo facultativo. La evaluación de impacto concluye que la opción elegida facilitaría significativamente el reconocimiento de la filiación para todos los hijos de familias transfronterizas, que se estima que ascienden a 2 millones, y no solo para aquellos que actualmente se enfrentan a problemas significativos relativos al reconocimiento de la filiación. En particular, el certificado de filiación europeo, diseñado específicamente para su uso en otro Estado miembro, reduciría la carga administrativa de los procedimientos de reconocimiento y los costes de traducción para todas las familias. La opción elegida también sería la más eficaz para hacer frente a los problemas relacionados con el reconocimiento de la filiación, ya que los efectos positivos jurídicos, sociales y psicológicos serían muy significativos. La opción elegida tendría un claro efecto positivo en la protección de los derechos fundamentales de los hijos, como su derecho a la identidad, a la no discriminación y a la vida privada y familiar. También sería la más eficaz para proteger los derechos que el Derecho nacional confiere a los hijos por la filiación, como su derecho a la pensión alimenticia y a la sucesión en otro Estado miembro. Por último, también tendría un efecto social y psicológico positivo, ya que daría lugar a que los hijos en situaciones transfronterizas fueran tratados como nacionales. Mediante la adopción de normas de la Unión uniformes sobre la competencia internacional y el Derecho aplicable y el reconocimiento de la filiación sin necesidad de ningún procedimiento específico, la opción elegida eliminaría los gastos y la carga asociados a los procedimientos administrativos y judiciales que actualmente deben soportar los hijos y sus familias para que se reconozca la filiación en otro Estado miembro. Se ha calculado que los costes medios por caso de los procedimientos de reconocimiento disminuirían en un 71 % en la opción elegida, y en un 90 % en el caso de las familias que actualmente se enfrentan a los problemas más graves relativos al reconocimiento de la filiación. La opción elegida supondría, a su vez, un ahorro significativo en términos de costes, tiempo y carga de trabajo para las autoridades públicas de los Estados miembros. Se calcula que, con la opción elegida, los costes de los procedimientos de reconocimiento soportados por las autoridades públicas disminuirían en un 54 %. •Derechos fundamentales Como se ha explicado anteriormente, los problemas actuales relativos al reconocimiento de la filiación dan lugar a situaciones que vulneran los derechos fundamentales y otros derechos de los hijos en situaciones transfronterizas. Privar a los hijos de su estatuto jurídico y de la filiación determinada en otro Estado miembro es contrario a los derechos fundamentales de los hijos a la identidad, a la no discriminación y al respeto de la vida privada y familiar, así como al interés superior del menor. Al facilitar el reconocimiento de la filiación entre los Estados miembros, la propuesta tiene por objeto proteger los derechos fundamentales de los hijos en situaciones transfronterizas y garantizar la continuidad de la filiación dentro de la Unión. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

Los Estados miembros pueden incurrir en gastos puntuales para adaptarse a las nuevas normas del Reglamento, en particular los derivados de la necesidad de formar sobre las nuevas normas a los jueces, a los encargados del registro civil y a otras autoridades competentes. Cabe esperar costes recurrentes menores para la formación continua de dichas autoridades. No se espera que ninguno de estos costes sea significativo y, en cualquier caso, se vería compensado por el aumento de la eficiencia y el ahorro de costes que propiciaría el Reglamento. Las disposiciones de la presente propuesta relativas a la comunicación digital a través del punto de acceso electrónico europeo en el contexto del sistema informático descentralizado establecido por el Reglamento (UE) XX/YYYY [Reglamento sobre digitalización] tendrían un efecto en el presupuesto de la Unión que puede cubrirse mediante una redistribución dentro del programa «Justicia». Este efecto sería pequeño, ya que no habría que crear el sistema informático descentralizado específicamente para la aplicación de la propuesta, sino que se desarrollaría para diversos instrumentos de la Unión en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y mercantil con arreglo a [el Reglamento sobre digitalización]. Los Estados miembros también podrían incurrir en algunos costes para instalar y mantener los puntos de acceso del sistema informático descentralizado situados en su territorio y ajustar sus sistemas informáticos nacionales para hacerlos interoperables con los puntos de acceso. Sin embargo, como se ha señalado, la mayor parte de estas inversiones financieras ya se habrían realizado en el contexto de la digitalización de otros instrumentos de la Unión en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y mercantil. Además, los Estados miembros podrían solicitar subvenciones para financiar estos costes en el marco de los programas financieros pertinentes de la Unión, en particular los fondos de la política de cohesión y del programa «Justicia». 5.OTROS ELEMENTOS •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información Los reglamentos son directamente aplicables en todos los Estados miembros y, por lo tanto, no tienen que incorporarse al Derecho nacional. En la propuesta se prevén obligaciones adecuadas de seguimiento, evaluación e información. En primer lugar, la aplicación práctica del Reglamento se supervisaría mediante reuniones periódicas de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil que reunieran a expertos de los Estados miembros. Además, la Comisión llevaría a cabo una evaluación completa de la aplicación del Reglamento cinco años después de la fecha del comienzo de aplicación. La evaluación se llevaría a cabo sobre la base, entre otras cosas, de las aportaciones recibidas de las autoridades de los Estados miembros, de expertos externos y de las partes interesadas pertinentes. •Explicación de las disposiciones de la propuesta La propuesta consta de nueve capítulos: i) objeto, ámbito de aplicación y definiciones; ii) competencia en materia de filiación en situaciones transfronterizas; iii) Derecho aplicable a la determinación de la filiación en situaciones transfronterizas; iv) reconocimiento de las resoluciones judiciales y los documentos públicos con efecto jurídico vinculante expedidos en otro Estado miembro; v) aceptación de documentos públicos sin efecto jurídico vinculante expedidos en otro Estado miembro; vi) el certificado de filiación europeo; vii) comunicación digital; viii) actos delegados; y ix) disposiciones generales y finales. Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones El artículo 1 determina el objeto del Reglamento. La propuesta pretende lograr su objetivo de facilitar el reconocimiento en un Estado miembro de la filiación determinada en otro Estado miembro mediante la adopción de normas uniformes sobre i) la competencia internacional para la determinación de la filiación en un Estado miembro en situaciones transfronterizas; ii) el Derecho aplicable a la determinación de la filiación en un Estado miembro en situaciones transfronterizas; iii) el reconocimiento de las resoluciones judiciales, así como de los documentos públicos que determinan la filiación con efecto jurídico vinculante; iv) la aceptación de documentos públicos sin efecto jurídico vinculante en el Estado miembro de origen, pero con valor probatorio en dicho Estado miembro; y v) la creación de un certificado de filiación europeo facultativo para facilitar al hijo o a la hija o a sus representantes legales la acreditación de su filiación en otro Estado miembro. La filiación suele determinarse por ministerio de la ley o por un acto de una autoridad competente, como una resolución judicial, una decisión de una autoridad administrativa o una escritura notarial, tras lo cual la filiación suele inscribirse en el registro civil o en el censo de población del Estado miembro. Sin embargo, los ciudadanos suelen solicitar el reconocimiento de la filiación en otro Estado miembro sobre la base de un documento público que no determina la filiación con efecto jurídico vinculante, pero que tiene valor probatorio de la filiación previamente determinada en ese Estado miembro por otros medios (por ministerio de la ley o por un acto de una autoridad competente). Tales documentos públicos pueden consistir, por ejemplo, en un extracto del registro civil o en un certificado de nacimiento o de filiación. Las normas uniformes de la presente propuesta relativas al Derecho aplicable a la determinación de la filiación en situaciones transfronterizas tienen por objeto facilitar la aceptación de documentos públicos sin efecto jurídico vinculante, pero con valor probatorio en el Estado miembro de origen, de la filiación determinada previamente en dicho Estado miembro (por ejemplo, un certificado de nacimiento) o de actos distintos de la determinación de la filiación (por ejemplo, el reconocimiento de la paternidad o la concesión del consentimiento al establecimiento de la filiación). El artículo 2 sobre la relación de la propuesta con otras disposiciones del Derecho de la Unión aclara que la propuesta no debe afectar a los derechos que el Derecho de la Unión, y en particular la Directiva 2004/38/CE, confiere al hijo o a la hija, especialmente los derechos en materia de libre circulación. La presente propuesta no tiene por objeto establecer condiciones o requisitos adicionales sobre el reconocimiento de la filiación para el ejercicio de los derechos derivados del Derecho de la Unión, ni afectar a la aplicación de dichas normas. Por lo tanto, el Derecho de la Unión en materia de libre circulación no se ve afectado y seguirá siendo aplicable. En particular, el reconocimiento de la filiación para el ejercicio de los derechos derivados del Derecho de la Unión solo puede denegarse por motivos permitidos por el Derecho de la Unión en materia de libre circulación, según la interpretación del Tribunal de Justicia. Asimismo, sobre la base del Derecho de la Unión vigente en virtud del artículo 21 del TFUE y del Derecho derivado correspondiente, según la interpretación del Tribunal de Justicia, el respeto de la identidad nacional de un Estado miembro con arreglo al artículo 4, apartado 2, del TFUE y el orden público de un Estado miembro no pueden servir de justificación para denegar el reconocimiento del vínculo de filiación entre los hijos y sus progenitores del mismo sexo a efectos del ejercicio de los derechos que el Derecho de la Unión confiere al hijo o a la hija. Además, a efectos del ejercicio de los derechos derivados del Derecho de la Unión, la prueba de la filiación puede presentarse por cualquier medio. Por lo tanto, cuando una persona solicita el reconocimiento de la filiación a efectos de los derechos que el Derecho de la Unión confiere al hijo o a la hija en materia de libre circulación, los Estados miembros no están facultados para exigirle que presente la certificación prevista en la propuesta que acompaña a una resolución judicial ni un documento público que acredite la filiación, ni el certificado de filiación europeo creado por la propuesta. Sin embargo, esto no debe impedir que se pueda optar por presentar en tales casos también la certificación pertinente o el certificado de filiación europeo. El artículo 2 también aclara que la propuesta no afecta a la aplicación del Reglamento sobre documentos públicos, que ya simplifica la circulación de documentos públicos (como sentencias, actas notariales y certificados administrativos) en determinados ámbitos, como el nacimiento, la filiación y la adopción, en cuanto a su autenticidad. El artículo 3 define el ámbito de aplicación de la propuesta. Las normas sobre competencia y Derecho aplicable se aplican a la determinación de la filiación en un Estado miembro en situaciones transfronterizas. Las normas sobre el reconocimiento de la filiación son aplicables cuando la filiación que debe reconocerse ha sido determinada en un Estado miembro, por lo que la propuesta no abarca el reconocimiento o, en su caso, la aceptación de las resoluciones judiciales y los documentos públicos que determinan o acreditan la filiación expedidos o registrados en un tercer Estado. En estos casos, el reconocimiento o la aceptación siguen estando sujetos al Derecho nacional de cada Estado miembro. Sin embargo, la propuesta se aplica al reconocimiento de la filiación de todos los hijos, independientemente de su nacionalidad y de la nacionalidad de sus progenitores, siempre que la filiación haya sido determinada en un Estado miembro y no en un tercer Estado. Las cuestiones que pueden tener un vínculo con la filiación del hijo o de la hija, pero que se rigen por otros instrumentos de la Unión o internacionales o por el Derecho nacional, quedan excluidas del ámbito de aplicación de la propuesta, como las cuestiones relativas a la responsabilidad parental, el derecho de alimentos, la sucesión, la adopción internacional, la existencia, la validez o el reconocimiento del matrimonio o de la unión registrada de los progenitores y los efectos de la inscripción o no inscripción de la filiación del hijo o de la hija en el registro pertinente de un Estado miembro. No obstante, al resolver la filiación del hijo o de la hija como cuestión preliminar, la propuesta facilitará la aplicación de los instrumentos de la Unión existentes en materia de responsabilidad parental, alimentos y sucesión en lo que respecta al hijo o a la hija. La propuesta tampoco aborda los derechos y obligaciones derivados de la filiación en virtud de la legislación nacional, por ejemplo, la nacionalidad y el nombre del hijo o de la hija. El artículo 4 define, a efectos de la propuesta, los términos «filiación», «hijo o hija», «determinación de la filiación», «órgano jurisdiccional» y «resolución judicial», «documento público», «Estado miembro de origen», «sistema informático descentralizado» y «punto de acceso electrónico europeo». –Hijo o hija se define en sentido amplio e incluye a toda persona de cualquier edad cuya filiación deba determinarse, reconocerse o acreditarse. Dado que la condición de filiación es pertinente a lo largo de la vida de una persona, la propuesta se aplica a los hijos de cualquier edad, es decir, tanto a los menores como a los adultos. Sin embargo, el interés superior del menor y el derecho a ser oído deben entenderse en el sentido de que se refieren al niño tal como se define en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, es decir, como persona menor de dieciocho años, a menos que la mayoría de edad se alcance antes con arreglo a la ley aplicable al niño. –Filiación se refiere al vínculo de filiación entre progenitor o progenitora e hijo o hija determinada por ley, incluido el estatuto jurídico de ser el hijo o la hija de un progenitor o una progenitora o unos progenitores en concreto. A efectos de la propuesta, la filiación puede ser biológica, genética, por adopción o por ministerio de la ley. Como se ha señalado, la propuesta abarca la filiación determinada en un Estado miembro tanto de menores como de adultos, incluidos los hijos fallecidos y los que aún no han nacido, ya sea en relación a un solo progenitor o una sola progenitora, a una pareja de hecho, a una pareja casada o a una pareja que forma parte de una unión registrada. Abarca el reconocimiento de la filiación del hijo o de la hija, independientemente de cómo se concibió o nació, incluidos aquellos concebidos con técnicas de reproducción asistida, y con independencia del tipo de familia, por lo que incluye los hijos con dos progenitores del mismo sexo, hijos con un único progenitor o una única progenitora, e hijos adoptados nacionalmente en un Estado miembro por uno o dos progenitores. –La determinación de la filiación significa la determinación conforme a Derecho de la relación entre el hijo o la hija y cada progenitor, incluida la determinación de la filiación a raíz de una reclamación por la que se impugne una filiación ya determinada. Cuando proceda, este término también puede incluir la extinción o terminación de la filiación. La propuesta no se aplica al establecimiento de la filiación en situaciones nacionales sin elementos transfronterizos, como la adopción nacional en un Estado miembro, aunque sí se aplica al reconocimiento de la filiación determinada en tales situaciones nacionales en un Estado miembro.

–Los documentos públicos se definen en sentido amplio, como en otros reglamentos de la Unión en materia de justicia civil. Los documentos públicos previstos en la propuesta comprenden, por tanto, i) los documentos que determinan la filiación con efecto jurídico vinculante, como las escrituras notariales (por ejemplo, en adopción o cuando el hijo o la hija aún no ha nacido), o las resoluciones administrativas (por ejemplo, tras un reconocimiento de la paternidad), así como ii) los documentos que no determinan la filiación con efecto jurídico vinculante, pero que acreditan la filiación determinada por otros medios (por ejemplo, un extracto de un censo de población o del registro civil, un certificado de nacimiento o un certificado de filiación) o prueba de otros actos (por ejemplo, un acta notarial o un documento administrativo que acredite el reconocimiento de la paternidad o la concesión de consentimiento para el uso de técnicas de reproducción asistida). El artículo 5 aclara que la propuesta no afectará a la cuestión de qué autoridades de cada Estado miembro tienen competencia en materia de filiación (por ejemplo, órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas, notarios, registradores u otras autoridades). Capítulo II. Competencia judicial Con el fin de facilitar el reconocimiento o, en su caso, la aceptación de resoluciones judiciales y documentos públicos en materia de filiación, la propuesta establece normas uniformes de competencia para la determinación de la filiación cuando concurra un elemento transfronterizo. Las normas sobre competencia también evitan procedimientos paralelos en diferentes Estados miembros con posibles resoluciones contradictorias. Dado que, en la mayoría de los Estados miembros, los derechos relativos a la filiación son inalienables e irrenunciables, la propuesta no prevé la autonomía de las partes en lo que respecta a la competencia (como la elección de foro o la transferencia de la competencia). La propuesta prevé criterios de atribución de competencia alternativos para facilitar el acceso a la justicia en un Estado miembro. Con el fin de garantizar que los hijos puedan acceder a un órgano jurisdiccional cercano, los criterios de atribución de competencia se basan en su proximidad al menor. Así pues, la competencia puede recaer alternativamente en el Estado miembro de residencia habitual del hijo o de la hija, de su nacionalidad, de la residencia habitual del demandado (por ejemplo, la persona respecto de la cual el hijo o la hija reclama la filiación), de la residencia habitual de cualquiera de los progenitores, de la nacionalidad de cualquiera de los progenitores o de nacimiento del hijo o de la hija. De conformidad con la jurisprudencia existente del Tribunal de Justicia en la materia, la residencia habitual se determina sobre la base de todas las circunstancias específicas de cada caso concreto. Cuando la competencia no pueda establecerse sobre la base de uno de los criterios de atribución de competencia alternativos generales, deben ser competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se encuentre el hijo o la hija. Esta norma de competencia puede aplicarse, en particular, a los hijos refugiados y a los desplazados internacionalmente. Si de la presente propuesta no se deduce la competencia de ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro, la competencia residual debe determinarse, en cada Estado miembro, con arreglo a las leyes de dicho Estado miembro. Por último, con el fin de remediar situaciones de denegación de justicia, la presente propuesta también prevé un forum necessitatis que permite a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro con el que un asunto tenga un vínculo suficiente pronunciarse sobre un asunto relativo a la filiación que esté estrechamente relacionado con un tercer Estado. Esto puede hacerse con carácter excepcional, como podría ser cuando un procedimiento resulte imposible en ese tercer Estado, por ejemplo debido a una guerra civil, o cuando no quepa esperar razonablemente que el hijo o la hija u otra parte interesada incoe un proceso en ese tercer Estado. La propuesta también recuerda el derecho de los menores de dieciocho años capaces de formarse una opinión a que se les brinde la oportunidad de expresarla en los procesos relativos a la filiación en los que están incursos dichos menores. Capítulo III. Derecho aplicable La propuesta debe proporcionar seguridad jurídica y previsibilidad proponiendo normas comunes sobre el Derecho aplicable a la determinación de la filiación en situaciones transfronterizas. Estas normas comunes tienen por objeto evitar decisiones contradictorias sobre la filiación en función de qué órganos jurisdiccionales u otras autoridades competentes de un Estado miembro la establezcan. También tienen por objeto facilitar, en particular, la aceptación de documentos públicos que no determinen la filiación con efecto jurídico vinculante en el Estado miembro de origen, pero que tengan valor probatorio en este. El Derecho designado como aplicable por la propuesta tiene carácter universal, es decir, se aplica tanto si se trata del Derecho de un Estado miembro como de un tercer Estado. Por regla general, el Derecho aplicable a la determinación de la filiación debe ser el del Estado de residencia habitual de la persona que da a luz en el momento del nacimiento. No obstante, para garantizar que el Derecho aplicable pueda determinarse en todas las circunstancias, cuando no pueda determinarse la residencia habitual de la persona que da a luz en el momento del nacimiento (por ejemplo, en el caso de una refugiada o de una madre internacionalmente desplazada), debe aplicarse la ley del Estado de nacimiento del hijo o de la hija. Con el fin de hacer frente a los problemas más frecuentes relativos al reconocimiento de la filiación que se producen en la actualidad, como excepción a la norma antes mencionada, cuando esta da lugar a la determinación de la filiación por lo que respecta a un solo progenitor o una sola progenitora (normalmente el progenitor genético o la progenitora genética en el caso de las parejas del mismo sexo), las autoridades del Estado miembro competente en materia de filiación en virtud de la propuesta pueden aplicar una de las dos normas subsidiarias alternativas, ya sea la ley de nacionalidad de cualquiera de los progenitores o la ley del Estado de nacimiento del hijo o de la hija, para determinar la filiación con respecto al progenitor o la progenitora 2 (normalmente el progenitor no genético o la progenitora no genética en el caso de las parejas del mismo sexo). Pueden acogerse a esta posibilidad las autoridades competentes que consideren la determinación de la filiación por primera vez, pero también por las autoridades competentes en situaciones en las que las autoridades de otro Estado miembro ya hayan determinado la filiación por lo que respecta a un solo progenitor o una sola progenitora. Cuando la resolución judicial o el documento público que determine la filiación con efecto jurídico vinculante para cada progenitor o progenitora de conformidad con una de las leyes aplicables designadas por la propuesta hayan sido dictados, formalizados o registrados por un órgano jurisdiccional u otra autoridad competente de un Estado miembro competente en virtud de la propuesta, deben ser reconocidos en todos los demás Estados miembros de conformidad con las normas de reconocimiento establecidas en la propuesta. Además, el hijo o la hija (o su representante legal) puede solicitar y utilizar un certificado de filiación europeo para acreditar la filiación en relación con ambos progenitores en otro Estado miembro. En circunstancias excepcionales, los órganos jurisdiccionales y otras autoridades competentes que determinen la filiación en situaciones transfronterizas deben, por consideraciones de interés público, tener la posibilidad de excluir la aplicación de determinadas disposiciones de la ley extranjera cuando, en un caso concreto, la aplicación de esas disposiciones sea manifiestamente incompatible con el orden público del Estado miembro de que se trate. No obstante, dichas autoridades no deben poder aplicar esta excepción para dejar sin aplicación la ley de otro Estado cuando hacerlo sea contrario a la Carta y, en particular, a su artículo 21, que prohíbe la discriminación. Por lo tanto, esta excepción no debe aplicarse para rechazar la aplicación de una disposición de otro Estado que prevea la posibilidad de filiación en relación con dos progenitores de una pareja del mismo sexo por el mero hecho de que estos sean del mismo sexo. Capítulo IV. Reconocimiento En el presente capítulo se establecen las normas para el reconocimiento de las resoluciones judiciales y de los documentos públicos que determinen la filiación con efecto jurídico vinculante emitidos en otro Estado miembro; El reconocimiento en un Estado miembro de las resoluciones judiciales dictadas en otro Estado miembro y de los documentos públicos que determinan la filiación con efecto jurídico vinculante en el Estado miembro de origen debe basarse en el principio de confianza mutua en los respectivos sistemas judiciales. Esta confianza debe reforzarse aún más mediante la adopción de normas uniformes sobre la competencia internacional y sobre el Derecho aplicable a la determinación de la filiación en situaciones transfronterizas. Las resoluciones judiciales y los documentos públicos que determinan la filiación con efecto jurídico vinculante expedidos en un Estado miembro deben ser reconocidos en otro Estado miembro sin que sea necesario ningún procedimiento especial, incluida la actualización de los asientos del registro civil del menor. Esto se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que una parte interesada incoe un proceso judicial para obtener una resolución en la que se declare que no hay motivos para denegar el reconocimiento de la filiación o un proceso de no reconocimiento de la filiación. La parte que desee invocar una resolución judicial o un documento público que determine la filiación con efecto jurídico vinculante en otro Estado miembro debe presentar una copia de la resolución judicial o del documento público y la certificación pertinente. Las certificaciones tienen por objeto facilitar la legibilidad de los documentos que acompañan y, por tanto, su reconocimiento. Por lo que se refiere a los documentos públicos que determinan la filiación con efecto jurídico vinculante, la certificación sirve también para demostrar que el Estado miembro cuya autoridad expidió el documento público tenía competencia para determinar la filiación en virtud de la propuesta. Las autoridades del Estado miembro en el que se invoca la filiación no están facultadas para exigir la presentación de una certificación que acompañe a una resolución judicial o un documento público que determine la filiación con efecto jurídico vinculante o un certificado de filiación europeo cuando se invoque la filiación a efectos de los derechos derivados del Derecho de la Unión, incluido el derecho a la libre circulación. Sin embargo, esto no debe impedir que se pueda optar por presentar en tales casos también la certificación pertinente o un certificado de filiación europeo. Con arreglo a la propuesta, la lista de motivos de denegación del reconocimiento de la filiación es exhaustiva, en consonancia con su objetivo subyacente de facilitar el reconocimiento de la filiación. Al evaluar una posible denegación del reconocimiento de la filiación por motivos de orden público, las autoridades de los Estados miembros deben tener en cuenta el interés del hijo o de la hija, en particular la protección de los derechos de la infancia, incluida la preservación de vínculos familiares genuinos entre el menor y sus progenitores. El motivo de denegación del reconocimiento basado en el orden público debe utilizarse con carácter excepcional y a la luz de las circunstancias de cada caso concreto, es decir, no de manera abstracta para excluir el reconocimiento de la filiación del hijo o de la hija cuando, por ejemplo, se trate de progenitores del mismo sexo. En un caso determinado, dicho reconocimiento debería ser manifiestamente incompatible con el orden público del Estado miembro en el que se solicita el reconocimiento porque, por ejemplo, se han vulnerado los derechos fundamentales de una persona en la concepción, el nacimiento o la adopción del hijo o de la hija o en la determinación de la filiación. Los órganos jurisdiccionales u otras autoridades competentes no deben poder negarse a reconocer una resolución judicial o un documento público emitidos en otro Estado miembro cuando ello sea contrario a la Carta y, en particular, a su artículo 21, que prohíbe la discriminación, incluida la de los hijos. Así pues, las autoridades de los Estados miembros no pueden denegar, por razones de orden público, el reconocimiento de una resolución judicial o un documento público que determine la filiación por adopción por un solo hombre o respecto de dos progenitores de una pareja del mismo sexo por el mero hecho de que sean del mismo sexo. La propuesta no afectará a las limitaciones impuestas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el recurso al orden público para denegar el reconocimiento de la filiación cuando, en virtud del Derecho de la Unión en materia de libre circulación, los Estados miembros estén obligados a reconocer un documento que establezca el vínculo de filiación expedido por las autoridades de otro Estado miembro a efectos del ejercicio de los derechos derivados del Derecho de la Unión. En particular, el reconocimiento del vínculo de filiación a efectos del ejercicio de los derechos que le confiere el Derecho de la Unión no puede denegarse invocando el orden público alegando que los progenitores son del mismo sexo. Capítulo V. Documentos públicos sin efecto jurídico vinculante

La propuesta dispone también la aceptación de documentos públicos que no determinen la filiación con efecto jurídico vinculante en el Estado miembro de origen, pero que tengan valor probatorio en este. El valor probatorio puede referirse a la determinación previa de la filiación por otros medios o a otros actos. Dependiendo de la legislación nacional, dicho documento público puede ser, por ejemplo, un certificado de nacimiento, un certificado de filiación, un extracto de la inscripción del nacimiento del registro o un documento notarial o administrativo en el que se haga constar el reconocimiento de la paternidad o el consentimiento de la madre o del hijo o de la hija a la determinación de la filiación. Los documentos públicos deben tener en otro Estado miembro el mismo valor probatorio que en su Estado miembro de origen o el efecto más parecido posible. La persona que desee utilizar dicho documento público en otro Estado miembro puede solicitar a la autoridad que lo haya formalizado o registrado oficialmente en el Estado miembro de origen que expida una certificación en la que se describa el valor probatorio del documento. La aceptación de documentos públicos sin efecto jurídico vinculante, pero con valor probatorio, solo podrá denegarse por razones de orden público, con las mismas limitaciones aplicables a dicho motivo de denegación cuando se aplique a resoluciones judiciales y documentos públicos con efecto jurídico vinculante, también en lo que respecta al cumplimiento de la Carta. Capítulo VI. Certificado de filiación europeo La presente propuesta prevé la creación de un certificado de filiación europeo facultativo (en lo sucesivo, «el certificado»). Este certificado uniforme está diseñado específicamente para facilitar el reconocimiento de la filiación en la Unión, ya que se expide «para su uso en otro Estado miembro». El certificado deberá expedirse en el Estado miembro en el que se haya determinado la filiación de conformidad con la ley aplicable y cuyos órganos jurisdiccionales sean competentes en virtud de la propuesta. Una vez expedido, el certificado también puede utilizarse en el Estado miembro en el que se haya expedido. Se trata de un certificado facultativo, ya que las autoridades de los Estados miembros solo estarían obligadas a expedirlo si el hijo o la hija o su representante legal lo solicitaran. Por lo tanto, las personas facultadas para solicitar un certificado no estarían obligadas a hacerlo y, al solicitar el reconocimiento de la filiación en otro Estado miembro, tendrían libertad para presentar otros documentos, como una resolución judicial o un documento público acompañado de la certificación correspondiente. No obstante, ninguna autoridad o persona ante la que se presente un certificado expedido en otro Estado miembro está facultada para pedir en lugar del certificado la presentación de una resolución judicial o de un documento público. Los certificados de nacimiento o de filiación nacionales son, por lo general, documentos públicos con valor probatorio de la filiación. Los certificados nacionales se expiden con arreglo a un procedimiento diferente, en un formato diferente y en una lengua diferente en cada Estado miembro, y tienen contenidos y efectos diferentes en función del Estado miembro de expedición. Con arreglo a la propuesta, pueden circular acompañados de una certificación facultativa en la que se describan su valor probatorio, y este debe aceptarse a menos que sea contrarios al orden público del Estado miembro en el que se presenten. Por el contrario, el certificado se expide siempre según el mismo procedimiento establecido en la propuesta, en un formulario normalizado uniforme (incluido en el anexo V de la propuesta) y con el mismo contenido y efectos en toda la Unión, conforme a lo establecido en la propuesta. Se presume que el certificado acredita con exactitud los elementos establecidos con arreglo al Derecho aplicable designado por la propuesta, y no es necesario transponerlo a un documento nacional previamente para que pueda inscribirse en los registros pertinentes de un Estado miembro. Puesto que el formulario de certificado estaría disponible en todas las lenguas de la Unión, se reduciría considerablemente la necesidad de traducciones. Dada la estabilidad de la filiación en la mayoría de los casos, la validez del certificado y sus copias no estaría limitada en el tiempo, sin perjuicio de la posibilidad de rectificar, modificar, suspender o revocar el certificado en caso necesario. Capítulo VII. Actos delegados En caso de que sea necesario modificar los formularios normalizados de las certificaciones que acompañan a una resolución judicial o un documento público o del certificado de filiación europeo anejo a la presente propuesta, la Comisión estaría facultada para adoptar actos delegados tras celebrar las consultas necesarias con los expertos de los Estados miembros. Capítulo VIII. Digitalización Este capítulo contiene disposiciones relativas a la comunicación electrónica entre las personas físicas (o sus representantes legales) y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros u otras autoridades competentes a través de un sistema informático descentralizado y del punto de acceso electrónico europeo establecido en el Portal Europeo de e-Justicia. Se autorizaría a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros u otras autoridades competentes a comunicarse con las personas físicas a través del punto de acceso electrónico europeo si estas hubieran dado previamente su consentimiento expreso al uso de este medio de comunicación. Capítulo IX. Disposiciones generales y finales Este capítulo contiene, en particular, disposiciones sobre la relación de la propuesta con los convenios internacionales vigentes, disposiciones sobre protección de datos y disposiciones transitorias sobre el uso de resoluciones judiciales y documentos públicos emitidos antes de la fecha de aplicación del Reglamento. 2022/0402 (CNS) Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO relativo a la competencia, al Derecho aplicable, al reconocimiento de las resoluciones y a la aceptación de los documentos públicos en materia de filiación y a la creación de un certificado de filiación europeo

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 81, apartado 3, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Parlamento Europeo, De conformidad con un procedimiento legislativo especial, Considerando lo siguiente: (1)La Unión se ha fijado el objetivo de crear, mantener y desarrollar un espacio de libertad, de seguridad y de justicia en el pleno respeto de los derechos fundamentales en el que se garanticen la libre circulación de personas y el acceso a la justicia. Para el establecimiento progresivo de dicho espacio, la Unión debe adoptar medidas destinadas a garantizar el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros de las resoluciones en asuntos extrajudiciales en materia civil y la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros en materia de conflicto de leyes y de competencia en materia civil. (2)El presente Reglamento se refiere al reconocimiento en un Estado miembro de la filiación de un hijo o una hija determinada en otro Estado miembro. Su objetivo es proteger los derechos fundamentales y otros derechos de los hijos relativos a la filiación en situaciones transfronterizas, especialmente su derecho a la identidad, a la no discriminación y a la vida privada y familiar, teniendo el interés superior del menor como consideración primordial. El presente Reglamento también tiene por objeto proporcionar seguridad jurídica y previsibilidad y reducir los costes y la carga de los litigios para las familias, para los órganos jurisdiccionales nacionales y otras autoridades competentes en relación con los procedimientos de reconocimiento de la filiación en otro Estado miembro. Para alcanzar estos objetivos, el presente Reglamento debe exigir a los Estados miembros que reconozcan a todos los efectos la filiación del hijo o de la hija determinada en otro Estado miembro. (3)Los artículos 21, 45, 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) confieren a los ciudadanos de la Unión el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Conllevan el derecho de los ciudadanos de la Unión a no enfrentarse a ningún obstáculo en el ejercicio de la libre circulación y a la igualdad de trato con los nacionales en dicho ejercicio, incluso en lo que se refiere a determinadas ventajas sociales, definidas como aquellas que puedan facilitar la movilidad. Dicho derecho también se aplica a los miembros de la familia de ciudadanos de la Unión, tal como se definen en la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en materia de becas, de admisión a la educación, de descuento sobre los costes del transporte público para las familias numerosas, de tarifas reducidas de estudiantes para el transporte público y de tarifas reducidas de entrada a museos. La protección que dispensan las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de circulación se extiende también al derecho a que se reconozca el apellido legalmente atribuido en un Estado miembro en otros Estados miembros. (4)El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el Tribunal de Justicia») ha dictaminado que un Estado miembro está obligado a reconocer el vínculo de filiación a efectos de permitir a un menor ejercer sin impedimentos, con cada uno de sus progenitores, el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, tal como se garantiza en el artículo 21, apartado 1, del TFUE, y a ejercer todos los derechos que el Derecho de la Unión confiere al hijo o a la hija. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no obliga a los Estados miembros a reconocer, con fines distintos del ejercicio de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los hijos, el vínculo de filiación entre el hijo o la hija y las personas mencionadas en el certificado de nacimiento expedido por las autoridades de otro Estado miembro como progenitores del hijo o de la hija. (5)En virtud de los Tratados, la competencia para adoptar normas sustantivas en materia de Derecho de familia, como las normas sobre la definición de familia y las normas sobre la determinación de la filiación de un hijo o una hija, corresponde a los Estados miembros. No obstante, en virtud del artículo 81, apartado 3, del TFUE, la Unión puede adoptar medidas relativas al Derecho de familia con repercusión transfronteriza, en particular normas sobre competencia internacional, sobre el Derecho aplicable y sobre el reconocimiento de la filiación. (6)De conformidad con la competencia de la Unión para adoptar medidas en materia de Derecho de familia con repercusión transfronteriza, el «Programa de Estocolmo — Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano» del Consejo Europeo de 2010 invitó a la Comisión a considerar los problemas encontrados en relación con los documentos de estado civil y el acceso de dichos documentos a los registros y, a la luz de sus conclusiones, a presentar las propuestas adecuadas y a considerar si el reconocimiento mutuo de los efectos de los documentos de estado civil podría ser adecuado, al menos en determinados ámbitos. El Plan de acción de la Comisión por el que se aplica el programa de Estocolmo preveía una propuesta legislativa para dispensar de los trámites de legalización de los documentos entre los Estados miembros y una propuesta legislativa sobre el reconocimiento mutuo de los efectos de determinados documentos relativos al estado civil, incluidos los relativos al nacimiento, la filiación y la adopción. (7)En 2010, la Comisión publicó un Libro Verde titulado «Menos trámites administrativos para los ciudadanos: promover la libre circulación de los documentos públicos y el reconocimiento de los efectos de los certificados de estado civil», mediante el cual puso en marcha una amplia consulta sobre cuestiones relacionadas con la libre circulación de documentos públicos y el reconocimiento de los efectos de los asientos de estado civil. Entre otros aspectos, consideró la posibilidad de introducir un certificado europeo de estado civil que facilitaría el reconocimiento transfronterizo del estado civil en la Unión. La consulta tenía por objeto recabar las contribuciones de las partes interesadas y del público en general con vistas a desarrollar la política de la Unión en estos ámbitos y las propuestas legislativas pertinentes. En 2016, el legislador de la Unión adoptó el Reglamento (UE) 2016/1191 por el que se facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentación de determinados documentos públicos en la Unión Europea, incluidos los documentos sobre nacimiento, filiación y adopción. (8)Si bien la Unión tiene competencia para adoptar medidas en materia de Derecho de familia con repercusión transfronteriza, como normas sobre la competencia internacional, el Derecho aplicable y el reconocimiento de la filiación entre Estados miembros, hasta la fecha la Unión no ha adoptado disposiciones en esos ámbitos en lo que respecta a la filiación. Las disposiciones de los Estados miembros actualmente aplicables en estos ámbitos difieren. (9)A escala de la Unión, una serie de instrumentos de la Unión tratan determinados derechos de los hijos en situaciones transfronterizas, en particular el Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, el Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo. Sin embargo, estos Reglamentos no incluyen disposiciones sobre la determinación o el reconocimiento de la filiación. Por su parte, el Reglamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo y del Consejo incluye en su ámbito de aplicación los documentos públicos sobre nacimiento, filiación y adopción, pero se refiere a la autenticidad y la lengua de dichos documentos y no al reconocimiento de su contenido o efectos en otro Estado miembro. (10)Como consecuencia de la falta de disposiciones de la Unión sobre la competencia internacional y el Derecho aplicable para la determinación de la filiación en situaciones transfronterizas y sobre el reconocimiento de la filiación entre Estados miembros, las familias pueden tener dificultades para obtener el reconocimiento a todos los efectos de la filiación de sus hijos dentro de la Unión, en particular cuando se trasladan a otro Estado miembro o regresan a su Estado miembro de origen. (11)Los hijos se benefician de una serie de derechos derivados de la filiación, entre ellos el derecho a la identidad, al apellido, a la nacionalidad (cuando se rija por el ius sanguinis), a los derechos de custodia y de visita de sus progenitores, los derechos de alimentos, los derechos sucesorios y el derecho a ser representados legalmente por sus progenitores. El no reconocimiento en un Estado miembro de la filiación determinada en otro Estado miembro puede tener graves consecuencias negativas en los derechos fundamentales de los hijos y en los derechos que se derivan de la legislación nacional. Esto puede llevar a las familias a iniciar un litigio para que se reconozca la filiación de su hijo o hija en otro Estado miembro, aunque dichos procedimientos tienen resultados inciertos y conllevan un tiempo y unos costes considerables tanto para las familias como para los sistemas judiciales de los Estados miembros. En última instancia, las familias pueden verse disuadidas de ejercer su derecho a la libre circulación por temor a que la filiación de su hijo o hija no sea reconocida en otro Estado miembro a efectos de los derechos derivados del Derecho nacional. (12)En 2020, la Comisión anunció medidas para garantizar que la filiación determinada en un Estado miembro fuera reconocida en todos los demás Estados miembros. Esta iniciativa se incluyó en la Estrategia de la UE para la igualdad de las personas LGBTIQ de 2020 y en la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño de 2021 como acción clave para apoyar la igualdad y los derechos de los menores. El Parlamento Europeo acogió favorablemente la iniciativa de la Comisión en su Resolución de 2021 sobre los derechos de las personas LGBTIQ en la Unión Europea y su Resolución de 2022 sobre la protección de los derechos del menor en los procedimientos de Derecho civil, administrativo y de familia. (13)El presente Reglamento no debe afectar a los derechos que el Derecho de la Unión confiere al hijo o a la hija, en particular a los derechos de los que disfrutan en virtud del Derecho de la Unión en materia de libre circulación, incluida la Directiva 2004/38/CE. Por ejemplo, los Estados miembros ya deben reconocer en la actualidad una relación de filiación con el fin de permitir que los hijos ejerzan, con cada uno de sus dos progenitores, el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros sin impedimentos, así como a ejercer todos los derechos que el Derecho de la Unión confiere al hijo o a la hija. El presente Reglamento no establece condiciones o requisitos adicionales para el ejercicio de tales derechos. (14)En virtud del artículo 21 del TFUE y del Derecho derivado correspondiente, según la interpretación del Tribunal de Justicia, el respeto de la identidad nacional de un Estado miembro con arreglo al artículo 4, apartado 2, del TFUE y el orden público de un Estado miembro no pueden servir de justificación para denegar el reconocimiento del vínculo de filiación entre los hijos y sus progenitores del mismo sexo a efectos del ejercicio de los derechos que el Derecho de la Unión confiere al hijo o a la hija. Además, a efectos del ejercicio de tales derechos, la prueba de la filiación puede presentarse por cualquier medio. Por lo tanto, un Estado miembro no está facultado para exigir que las personas presenten las certificaciones previstas en el presente Reglamento que acompañan a una resolución judicial o un documento público sobre la filiación, ni el certificado de filiación europeo creado por el presente Reglamento, cuando estas invoquen, en el ámbito del ejercicio del derecho de libre circulación, los derechos que el Derecho de la Unión confiere al hijo o a la hija. Sin embargo, esto no debe impedir que se pueda optar por presentar en tales casos también la certificación pertinente o el certificado de filiación europeo previsto en el presente Reglamento. Para garantizar que los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias sean informados de que los derechos que el Derecho de la Unión confiere al hijo o a la hija no se ven afectados por el presente Reglamento, los formularios de las certificaciones y del certificado de filiación europeo anejos al presente Reglamento deben incluir una declaración en la que se especifique que la certificación pertinente o el certificado de filiación europeo no afectan a los derechos que el Derecho de la Unión confiere al hijo o a la hija, en particular los derechos que el hijo o la hija disfruta en virtud del Derecho de la Unión en materia de libre circulación, y que, para el ejercicio de tales derechos, la prueba del vínculo de filiación puede presentarse por cualquier medio.

(15)El presente Reglamento no debe afectar al Reglamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los documentos públicos sobre nacimiento, filiación y adopción, en particular en lo que respecta a la presentación por parte de los ciudadanos de copias auténticas y a la utilización por las autoridades de los Estados miembros del Sistema de Información del Mercado Interior («IMI») si albergan dudas razonables sobre la autenticidad de un documento público sobre el nacimiento, la filiación o la adopción, o sobre su copia certificada. (16)El artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, obliga a los Estados Partes a respetar y garantizar los derechos de la infancia sin discriminación de ningún tipo, y a adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar que los niños estén protegidos contra cualquier forma de discriminación o castigo por razón de las circunstancias de sus progenitores. Con arreglo al artículo 3 de dicho Convenio, en todas las acciones emprendidas, entre otros, por los órganos jurisdiccionales y las autoridades administrativas, el interés superior del menor debe constituir una consideración primordial. (17)Toda referencia al «interés superior del menor» en el presente Reglamento debe aplicarse en el sentido del artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, es decir, a los menores de dieciocho años, salvo que en el Derecho aplicable al menor se alcance la mayoría de edad antes. Cualquier referencia al interés superior del menor debe interpretarse también a la luz del artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta») y de los artículos 3 y 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, tal y como son aplicados por las legislaciones nacionales. Toda referencia al «interés del hijo o de la hija» en el presente Reglamento debe entenderse como una referencia al interés superior del menor y al interés de los hijos, independientemente de su edad. (18)El artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «Convenio Europeo de Derechos Humanos»), establece el derecho al respeto de la vida privada y familiar, mientras que el artículo 1 del Protocolo n.º 12 de dicho Convenio establece que el goce de todos los derechos reconocidos por la ley debe garantizarse sin discriminación alguna, incluido el nacimiento. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 8 del Convenio en el sentido de que obliga a todos los Estados en el ámbito de su competencia a reconocer la relación jurídica de filiación determinada en el extranjero entre el hijo nacido o la hija nacida por gestación subrogada y el progenitor intencional biológico o la progenitora intencional biológica, y a establecer un mecanismo de reconocimiento jurídico del vínculo de filiación con el progenitor o la progenitora intencional no biológico (por ejemplo, a través de la adopción del hijo o de la hija). (19)El Tribunal de Justicia ha confirmado que las características esenciales del Derecho de la Unión han dado lugar a una red estructurada de principios, normas y relaciones jurídicas mutuamente interdependientes que unen a la Unión y sus Estados miembros, así como a estos entre sí. Tal construcción jurídica se asienta en la premisa fundamental de que cada Estado miembro comparte con todos los demás Estados miembros, y reconoce que estos comparten con él, una serie de valores comunes en los que se fundamenta la Unión Europea, como se precisa en el artículo 2 del TUE. Esta premisa implica y justifica la existencia de una confianza mutua entre los Estados miembros en el reconocimiento de esos valores. (20)En virtud del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea («TUE»), la igualdad y la no discriminación figuran entre los valores en los que se fundamenta la Unión y que son comunes a los Estados miembros. El artículo 21 de la Carta prohíbe la discriminación por motivos de nacimiento, entre otros. El artículo 3 del TUE y el artículo 24 de la Carta establecen la protección de los derechos del niño, y el artículo 7 de la Carta establece el derecho de toda persona al respeto de su vida privada y familiar. (21)De conformidad con las disposiciones de los convenios internacionales y del Derecho de la Unión, el presente Reglamento debe garantizar que los hijos disfruten de sus derechos y mantengan su estatuto jurídico en situaciones transfronterizas sin discriminación. A tal efecto, y a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, incluida la relativa a la confianza mutua entre los Estados miembros, y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el presente Reglamento debe abarcar el reconocimiento en un Estado miembro de la filiación determinada en otro Estado miembro, con independencia de cómo se concibió o nació el hijo o la hija y con independencia del tipo de familia, incluida la adopción nacional. Por consiguiente, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre el Derecho aplicable del presente Reglamento, este debe abarcar el reconocimiento en un Estado miembro de la filiación determinada en otro Estado miembro del hijo o de la hija con progenitores del mismo sexo. El presente Reglamento debe abarcar también el reconocimiento en un Estado miembro de la filiación del hijo o de la hija adoptado en otro Estado miembro en virtud de las normas que rigen la adopción nacional en ese Estado miembro. (22)Para alcanzar sus objetivos, es necesario y adecuado que el presente Reglamento reúna normas comunes sobre competencia, Derecho aplicable, reconocimiento o, en su caso, aceptación de resoluciones judiciales y documentos públicos sobre filiación, así como normas sobre la creación de un certificado de filiación europeo en un instrumento jurídico de la Unión que sea vinculante y directamente aplicable. (23)El presente Reglamento se aplica en «materia civil», lo que incluye los procesos de los órganos jurisdiccionales de lo civil y las resoluciones resultantes en materia de filiación, así como los documentos públicos relativos a la filiación. La noción de «materia civil» debe interpretarse de forma autónoma, de conformidad con la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia. Debe ser considerada un concepto independiente que se ha de interpretar remitiéndose, en primer lugar, a los objetivos y al régimen del presente Reglamento y, en segundo lugar, a los principios generales que se deducen del conjunto de los ordenamientos jurídicos nacionales. Por consiguiente, el concepto de «materia civil» debe interpretarse en el sentido de que también puede abarcar medidas que, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico de un Estado miembro, pueden estar sometidas al Derecho público. (24)A efectos del presente Reglamento, la filiación puede ser biológica, genética, por adopción o por ministerio de la ley. A efectos del presente Reglamento, la filiación se refiere al vínculo de filiación entre progenitor o progenitora e hijo o hija determinada por ley, y debe abarcar el estatuto jurídico de ser el hijo o la hija de un progenitor o una progenitora o unos progenitores en concreto. El presente Reglamento abarca la filiación determinada en un Estado miembro tanto de menores como de adultos, incluidos los hijos fallecidos y los hijos que aún no han nacido, ya sea en relación a un solo progenitor o una sola progenitora, a una pareja de hecho, a una pareja casada o a una pareja que mantenga una relación que, con arreglo al Derecho aplicable a esta, surta efectos comparables, como la unión registrada. El presente Reglamento debe aplicarse con independencia de la nacionalidad del hijo o de la hija cuya filiación deba establecerse, y con independencia de la nacionalidad de sus progenitores. El término «progenitor» que figura en el presente Reglamento debe entenderse, según proceda, en el sentido de que se refiere al progenitor o a la progenitora legal, al progenitor o a la progenitora intencional, a la persona que afirma ser progenitor o progenitora o a la persona respecto de la cual el hijo o la hija reclaman la filiación. (25)El presente Reglamento no debe aplicarse a la determinación de la filiación en un Estado miembro en una situación nacional sin elementos transfronterizos. Por consiguiente, el presente Reglamento no debe incluir disposiciones sobre la competencia o el Derecho aplicable para la determinación de la filiación en casos nacionales, como la filiación del hijo o de la hija tras una adopción nacional en un Estado miembro. No obstante, con el fin de salvaguardar los derechos de los hijos, sin discriminación, en situaciones transfronterizas, tal como se establece en la Carta, en aplicación del principio de confianza mutua entre los Estados miembros confirmado por el Tribunal de Justicia, las disposiciones del presente Reglamento relativas al reconocimiento o, en su caso, la aceptación de resoluciones judiciales y documentos públicos en materia de filiación también deben aplicarse al reconocimiento de la filiación determinada en un Estado miembro en situaciones internas, como la determinada tras una adopción nacional en dicho Estado miembro. Por lo tanto, las disposiciones del presente Reglamento relativas a la certificación pertinente y al certificado de filiación europeo deben aplicarse también a la filiación determinada en un Estado miembro en situaciones internas, como una adopción nacional en un Estado miembro. (26)A efectos del presente Reglamento, una adopción nacional en un Estado miembro es aquella en la que el hijo o la hija y el progenitor o los progenitores adoptivos tienen su residencia habitual en el mismo Estado miembro y en el que la adopción crea un vínculo de filiación permanente. A fin de tener en cuenta las diferentes tradiciones jurídicas de los Estados miembros, el presente Reglamento debe abarcar la adopción nacional en un Estado miembro en el que la adopción dé lugar a la extinción de la relación jurídica entre el hijo o la hija y la familia de origen (adopción plena), así como la adopción nacional en un Estado miembro que no dé lugar a la extinción de dicha relación jurídica (adopción simple). (27)La adopción internacional, en la que el hijo o la hija y el progenitor o los progenitores adoptivos tienen su residencia habitual en diferentes Estados, se rige por el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional de 1993, del que son parte todos los Estados miembros. El presente Reglamento no debe aplicarse a la adopción internacional, con independencia de que afecte a dos Estados miembros o a un Estado miembro y a un tercer Estado, y de que la adopción internacional esté o no cubierta por el Convenio de La Haya. (28)Si bien la determinación y el reconocimiento de la filiación de conformidad con el presente Reglamento son pertinentes para otros ámbitos del Derecho civil, el ámbito de aplicación del presente Reglamento debe limitarse a la competencia, el Derecho aplicable, el reconocimiento de las resoluciones y la aceptación de los documentos públicos relativos a la filiación. Por motivos de claridad, algunas otras cuestiones que podría considerarse que tienen un vínculo con la filiación deben excluirse expresamente del ámbito de aplicación del presente Reglamento. (29)En particular, las normas sobre la competencia, el Derecho aplicable, el reconocimiento de resoluciones y la aceptación de documentos públicos determinadas en el presente Reglamento no deben aplicarse a los derechos de alimentos, regulados por el Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo; a los derechos sucesorios, regulados por el Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo; o en materia de responsabilidad parental, regulada por el Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo. No obstante, dado que la cuestión de la filiación del hijo o de la hija debe resolverse como cuestión preliminar antes de resolver cuestiones relativas a la responsabilidad parental, los derechos de alimentos o la sucesión por lo que respecta al hijo o a la hija, el presente Reglamento debe facilitar la aplicación de los citados instrumentos de la Unión en materia de Derecho de familia y de sucesiones. (30)El presente Reglamento no debe aplicarse a cuestiones preliminares como la existencia, la validez o el reconocimiento de un matrimonio o de una relación que la ley aplicable considere que tiene efectos comparables, que deben seguir rigiéndose por el Derecho nacional de los Estados miembros, incluidas sus normas de Derecho internacional privado y, en su caso, por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de libre circulación. (31)Se deben excluir también del ámbito de aplicación del presente Reglamento los requisitos de la inscripción de la filiación en el registro. Por consiguiente, debe ser el Derecho del Estado miembro en que esté situado el registro el que determine con arreglo a qué requisitos jurídicos y de qué manera se realiza la inscripción, así como qué autoridades son responsables de verificar que se reúnen todos los requisitos y que la documentación presentada es suficiente o contiene la información necesaria. Para evitar la duplicidad de documentos, las autoridades de registro nacionales deben aceptar los documentos expedidos por las autoridades competentes de otro Estado miembro cuya circulación se contempla en el presente Reglamento. En particular, el certificado de filiación europeo expedido en virtud del presente Reglamento debe constituir un documento válido para inscribir la filiación en el registro de un Estado miembro. Dado que el procedimiento para la expedición del certificado de filiación europeo y su contenido y efectos debe ser uniforme en todos los Estados miembros, tal como se establece en el presente Reglamento, y que el certificado de filiación europeo debe expedirse de conformidad con las normas sobre competencia y Derecho aplicable determinadas en el presente Reglamento, las autoridades que tramiten la inscripción no deben exigir que el certificado de filiación europeo se transponga antes en un documento nacional relativo a la filiación. Ello no debe impedir que las autoridades que tramiten la inscripción confirmen las condiciones necesarias para determinar la autenticidad del certificado de filiación europeo o requieran a la persona que solicite el registro que facilite la información adicional exigida por la legislación del Estado miembro en el que se encuentre el registro, siempre que la información no esté ya incluida en el certificado de filiación europeo. La autoridad competente podrá indicar a la persona que solicita la inscripción en el registro cómo puede proporcionar la información que falte. Los efectos de la inscripción de la filiación en un registro (por ejemplo, dependiendo de la legislación nacional, si el registro determina la filiación o solo prueba la ya determinada) también deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento y determinarse por la legislación del Estado miembro en el que se encuentre el registro. (32)El presente Reglamento no debe abarcar el reconocimiento de las resoluciones judiciales en materia de filiación dictadas en un tercer Estado ni el reconocimiento o, en su caso, la aceptación de documentos públicos en materia de filiación formalizados o registrados en un tercer Estado. El reconocimiento o la aceptación de dichos documentos debe seguir estando sujeto al Derecho nacional de cada Estado miembro. (33)la determinación de la filiación debe significar la determinación jurídica de la relación jurídica entre el hijo o la hija y cada progenitor, y debe entenderse que comprende la determinación de la filiación a raíz de una reclamación por la que se impugne una filiación ya determinada. Cuando proceda, este Reglamento también deberá ser aplicable a la extinción o terminación de la filiación. (34)A pesar de las diferencias entre las legislaciones nacionales, la filiación suele determinarse por ministerio de la ley o por un acto de una autoridad competente. Ejemplos de establecimiento de la filiación por ministerio de la ley son la filiación por nacimiento en lo que respecta a la persona que da a luz y la filiación por presunción legal en lo que respecta al cónyuge o a la pareja registrada de la persona que da a luz. Ejemplos de establecimiento de la filiación mediante un acto de una autoridad competente son la determinación de esta mediante resolución judicial (por ejemplo, en la adopción o en procedimientos de impugnación de la filiación, o en procedimientos en los que se reclama la filiación, por ejemplo mediante la prueba de la posesión de estado), mediante escritura notarial (por ejemplo, en la adopción o cuando el hijo o la hija aún no ha nacido), mediante una resolución administrativa (por ejemplo, tras un reconocimiento de la paternidad) o mediante su inscripción en un registro. La filiación suele inscribirse en el registro civil, de personas o en el censo de población. La prueba de la filiación puede aportarse mediante el documento por el que se determina la misma (como la resolución judicial, la escritura notarial o la resolución administrativa por la que se establece la filiación). Sin embargo, la filiación suele probarse mediante su inscripción en el propio registro, mediante un extracto del registro correspondiente o un certificado que contenga la información inscrita en el registro correspondiente (como un certificado de nacimiento o un certificado de filiación).

(35)El armonioso y correcto funcionamiento de un espacio de justicia en la Unión que respete los diferentes ordenamientos y tradiciones jurídicos de los Estados miembros es fundamental para la Unión. Procede, por lo tanto, reforzar la confianza mutua en los respectivos sistemas jurídicos. (36)Con el fin de facilitar el reconocimiento de resoluciones judiciales y documentos públicos en materia de filiación, el presente Reglamento debe establecer normas de competencia uniformes para la determinación de la filiación cuando concurra un elemento transfronterizo. El presente Reglamento también debe aclarar el derecho de los hijos menores de dieciocho años a tener la oportunidad de expresar su opinión en los procedimientos en los que estén incursos. (37)El presente Reglamento no debe afectar a la cuestión de qué autoridades de cada Estado miembro son competentes en materia de filiación (por ejemplo, órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas, notarios, registradores u otras autoridades). (38)El presente Reglamento debe respetar los distintos sistemas que se ocupan de las cuestiones relativas a la filiación en los Estados miembros. Por lo que se refiere a los «documentos públicos», los Estados miembros a menudo facultan a autoridades, como notarios, autoridades administrativas o registradores, para formalizar documentos públicos que establezcan la filiación con efecto jurídico vinculante en el Estado miembro en el que hayan sido formalizados o registrados (en lo sucesivo, «documentos públicos con efecto jurídico vinculante»), o para formalizar documentos públicos que carezcan de efecto jurídico vinculante en el Estado miembro en el que hayan sido formalizados o registrados, pero con valor probatorio en dicho Estado miembro (en lo sucesivo, «documentos públicos sin efecto jurídico vinculante»). En relación con los documentos públicos, la palabra «facultad» debe interpretarse en el presente Reglamento de manera autónoma de conformidad con la definición de «documento público» que se utiliza transversalmente en otros instrumentos de la Unión y a la luz de las finalidades del presente Reglamento. (39)Para salvaguardar los intereses del hijo o de la hija, la competencia debe determinarse en función del criterio de proximidad. Por consiguiente, cuando sea posible, la competencia debe recaer en el Estado miembro de residencia habitual del hijo o de la hija. No obstante, con el fin de facilitar el acceso del hijo o de la hija a la justicia en un Estado miembro, también debe concederse competencia alternativa al Estado miembro de su nacionalidad, al Estado miembro de residencia habitual del demandado (por ejemplo, la persona respecto de la cual se reclama la filiación), al Estado miembro de residencia habitual de cualquiera de los progenitores, al Estado miembro de nacionalidad de cualquiera de los progenitores o al Estado miembro de nacimiento del hijo o de la hija. (40)De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia, la residencia habitual del hijo o de la hija debe determinarse sobre la base de todas las circunstancias específicas de cada caso concreto. Además de la presencia física del hijo o de la hija en el territorio de un Estado miembro, deben tenerse en cuenta otros factores que puedan demostrar que dicha presencia no es en modo alguno temporal o intermitente y que refleja un cierto grado de integración del hijo o de la hija en un entorno social y familiar, que es el lugar en el que se sitúa, en la práctica, su centro de vida. Entre estos factores figuran la duración, la regularidad, las condiciones y las razones de la permanencia en el territorio del Estado miembro de que se trate y la nacionalidad del hijo o de la hija, y los factores pertinentes varían en función de su edad. Entre ellos también se incluyen el lugar y las condiciones de la asistencia del hijo o de la hija a la escuela, así como sus relaciones familiares y sociales en el Estado miembro. La intención de los progenitores de instalarse con su hijo o hija en un Estado miembro determinado también puede tenerse en cuenta cuando dicha intención se manifieste mediante medidas concretas, como la compra o el arrendamiento de una residencia en el Estado miembro de que se trate. En cambio, la nacionalidad de la persona que da a luz o la residencia anterior de dicha persona en el Estado miembro del órgano jurisdiccional al que se somete el asunto no es pertinente, mientras que el hecho de que el hijo o la hija haya nacido en ese Estado miembro y posea la nacionalidad de dicho Estado miembro es insuficiente. (41)Cuando en el presente Reglamento se menciona la nacionalidad como factor de vinculación a los efectos de la competencia o del Derecho aplicable, la cuestión de cómo considerar a una persona con múltiples nacionalidades es una cuestión previa que no entra en el ámbito de aplicación del presente Reglamento y que debe dejarse al arbitrio del Derecho nacional, incluidos, cuando proceda, los convenios internacionales, con pleno respeto de los principios generales de la Unión. A efectos del presente Reglamento, los hijos o los progenit