Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones — Estrategia anual de crecimiento sostenible 2022

[COM(2021) 740 final]

(2022/C 275/09)

Ponente: Judith VORBACH

Consulta Comisión Europea, 21.1.2022 Base jurídica Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Sección competente unión económica y monetaria y Cohesión Económica y Social Aprobado en sección 8.2.2022 Aprobado en el pleno 23.2.2022 Pleno n.o 567 Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones) 140/5/38

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1. La UE se enfrentó a crisis y circunstancias adversas mucho antes del estallido de la pandemia de COVID-19. En 2020 entró en la recesión económica más profunda de su historia, mientras que los retos existentes distaban mucho de quedar resueltos. Adoptó medidas de apoyo sin precedentes para amortiguar el golpe y evitar una situación de inestabilidad. Sin embargo, la pandemia solo puede abordarse a escala transnacional, razón por la cual el CESE hace un llamamiento a favor de una cooperación prudente en materia de política sanitaria de la UE, un impulso a los niveles de vacunación y la adopción de un enfoque global, con el fin de mantener un debate abierto a escala de la UE sobre una exención temporal y voluntaria de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC).

1.2. El CESE aboga por una política centrada en la prosperidad y apoya la agenda de «sostenibilidad competitiva» de la UE. Sus cuatro dimensiones —sostenibilidad medioambiental, productividad, equidad y estabilidad macroeconómica— y la competitividad deben ponerse en pie de igualdad para lograr los efectos de refuerzo perseguidos y el éxito de la transformación. Por ejemplo, la equidad y la sostenibilidad social son elementos cruciales de la competitividad y viceversa. Cuanto más escasa sea la participación de los parlamentos, los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil, mayor será la probabilidad de que aumenten las disparidades y disminuya el consenso, especialmente en lo que se refiere a la transformación de la economía para lograr la neutralidad climática.

1.3. Uno de los retos es disociar, en la medida de lo posible, la prosperidad económica de la degradación del medio ambiente. También en este contexto es necesario aplicar un enfoque integral que tenga en cuenta los daños medioambientales de todo tipo. Los compromisos contraídos para salvaguardar el bienestar social no deben convertirse en papel mojado. Resulta esencial garantizar un reparto equitativo de los esfuerzos y los beneficios de la transición. El CESE subraya la importancia de contar con un clima empresarial propicio y mantener unas cadenas de valor industriales sólidas en Europa y pide que la industria europea se ponga al frente de los esfuerzos por lograr la sostenibilidad. El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono debe diseñarse de manera eficaz y las medidas de ayuda estatal deben vincularse a la creación de puestos de trabajo de calidad y al respeto de los derechos y las obligaciones fiscales de los trabajadores. Por último, el CESE subraya que recurrir a la fiscalidad medioambiental no debe conllevar efectos distributivos regresivos ni pobreza energética.

1.4. El CESE acoge favorablemente las propuestas de la Comisión relativas a las reformas e inversiones y a la promoción de un mercado único justo con el fin de garantizar una base económica sólida. Las medidas destinadas a promover el mercado único y mejorar el entorno empresarial son esenciales para fomentar la innovación y la productividad. Además, un enfoque de la productividad justo constituye un motor fundamental para la competitividad y la convergencia al alza a largo plazo. Sin embargo, aunque sean fundamentales, los derechos sociales y laborales no forman parte de las libertades constitucionalmente protegidas del mercado interior. El CESE pide, por lo tanto, que se presenten propuestas adecuadas sobre la forma de garantizar las normas nacionales no protegidas por tratados. El CESE recomienda mitigar las consecuencias negativas que el aumento de los precios de la energía acarrea para la producción y el suministro y acoge con satisfacción que se sometan a un seguimiento más estrecho los riesgos del mercado financiero derivados de la crisis climática. La profundización de la unión de los mercados de capitales y de la unión bancaria debe consolidar los canales de financiación, promover los esfuerzos de inversión y aumentar la resiliencia.

1.5. El CESE subraya que, para sentar las bases de la prosperidad y la resiliencia futuras, también es necesario acometer una doble transición ecológica y digital que sea justa y equitativa, lo que significa garantizar unas condiciones sociales sostenibles. Unas políticas del mercado laboral y unos sistemas de protección social correctamente diseñados constituyen la base de la resiliencia y el crecimiento integrador. El CESE conviene plenamente en que los Estados miembros deben intensificar sus esfuerzos encaminados a mejorar los resultados del aprendizaje en todos sus sistemas de educación y formación y en que debe garantizarse el acceso al aprendizaje permanente. El CESE pide a la Comisión que examine detalladamente los efectos distributivos de los pagos del marco financiero plurianual (MFP) y NextGenerationEU y que garantice su contribución al desarrollo de una economía más ecológica y digitalizada y a la convergencia social al alza.

1.6. La recuperación económica y un crecimiento integrador y estable son requisitos previos para la sostenibilidad de los presupuestos públicos. La política debe seguir siendo expansionista y estar preparada para responder a las turbulencias persistentes. El CESE acoge favorablemente el mantenimiento de la cláusula general de salvaguardia. Cuando se revoque, habrá que tener en cuenta los niveles de actividad económica, empleo y pobreza en comparación con los niveles anteriores a la crisis. Además, el CESE pide a la Comisión que presente directrices para un período de transición antes de que entre en vigor un marco modernizado. El CESE advierte contra la promoción de políticas que limiten el gasto corriente en materia social, educativa y sanitaria y pide políticas de ingresos justas. Además, a pesar de que la supervisión en el marco del procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM) no ha tenido suficientemente en cuenta las interacciones entre los nuevos retos económicos emergentes, el CESE también pide que se vigilen los desequilibrios sociales.

1.7. El CESE considera que estamos entrando en una nueva fase de la política económica y que el proceso evolutivo del Semestre Europeo de 2022 brinda una oportunidad de reforzar la sostenibilidad económica, medioambiental y social. El enfoque equilibrado de la agenda de sostenibilidad competitiva debe reflejarse en las próximas recomendaciones específicas por país (REP), y está pendiente desde hace tiempo una mayor participación de los interlocutores sociales y de la sociedad civil organizada. Las REP cobrarán mayor peso político si el desembolso de las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se supedita al cumplimiento de las reformas anunciadas. Si bien se acoge favorablemente la mayor atención prestada a los principios del pilar europeo de derechos sociales, sigue sin estar claro hasta qué punto esto se verá reflejado realmente en las REP y en los planes de recuperación y resiliencia. La gobernanza económica debe integrarse en el proceso del Semestre Europeo de manera que se garantice la participación democrática de los parlamentos, los interlocutores sociales y la sociedad civil organizada.

2. Observaciones generales

2.1. La UE se enfrentaba a crisis y circunstancias económicas y sociales adversas incluso antes del estallido de la pandemia de COVID-19. Al término de un largo período de recesión económica tras la crisis de los mercados financieros de 2008, la economía de la UE se recuperó finalmente en 2014 y, a continuación, disfrutó de un período de crecimiento y de aumento de las tasas de empleo. Sin embargo, la inversión pública cayó por debajo de los niveles necesarios para mantener estable la masa de capital público como porcentaje del PIB. A pesar de que la UE en su conjunto es relativamente próspera en comparación con el resto del mundo, persistían las divergencias entre países y regiones, así como las desigualdades y la brecha de género en nuestras sociedades. La amenaza de la crisis climática y los retos debidos al cambio tecnológico resultaban ya evidentes.

2.2. En marzo de 2020, la situación cambió radicalmente como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y las medidas adoptadas para contenerla. La UE entró en «la recesión económica más profunda de su historia» ( 1 ) , mientras que los retos existentes distaban mucho de quedar resueltos. Pero no solo la pandemia y sus repercusiones carecían de precedentes: la UE también adoptó un conjunto de medidas de solidaridad nunca visto para mitigar las dificultades, lo que incluía la activación de la cláusula general de salvaguardia y el instrumento SURE ( 2 ) . En particular, el CESE valora positivamente que la UE lograra elaborar y adoptar una iniciativa de tal envergadura como el instrumento NextGenerationEU en medio de una crisis tan grave. Esta iniciativa no solo debería ayudar a superar la crisis, sino también —muy acertadamente— a emprender el proceso de transición. El efecto potenciador de la confianza de este planteamiento global basado en políticas de apoyo y cohesión consiguió atenuar las consecuencias socioeconómicas de la crisis que, de otro modo, podrían haber dado lugar a una desestabilización económica y política.

2.3. El estrecho vínculo entre la economía y la pandemia también se puso de manifiesto con el repunte económico al que dio lugar la mejora de la situación epidemiológica a mediados de 2021. Según las previsiones de otoño de 2021, se pasará de la fase de recuperación a una fase expansiva, con una tasa de crecimiento del 4,3 % en 2022, mientras que la creación de empleo debería seguir esta tendencia ( 3 ) . Lamentablemente, habida cuenta del nuevo recrudecimiento de la pandemia y la propagación de la variante ómicron, puede que estas perspectivas positivas no lleguen a concretarse. El CESE destaca el elevado nivel de incertidumbre y el impacto significativo de la pandemia en la actividad económica.

2.4. La lucha contra la pandemia y la prevención de nuevas variantes del virus no pueden emprenderse únicamente a escala nacional, sino que se necesita un enfoque transnacional. El CESE hace un llamamiento a favor de una cooperación estrecha y prudente en torno a la política sanitaria de la UE, que no solo contribuirá a superar la crisis sanitaria, sino también a amortiguar su impacto en la economía. El Comité recomienda que el aumento de los niveles de vacunación siga siendo una prioridad absoluta y pide aplicar un enfoque global, en particular dado que el suministro de suficientes vacunas a escala mundial también redunda en interés de la propia UE. Por consiguiente, pide a la Comisión que lidere un debate abierto a escala de la UE sobre una exención temporal y voluntaria de los ADPIC que se aplicaría a las vacunas, tratamientos y pruebas contra la COVID-19 ( 4 )

2.5. El CESE acoge con satisfacción el enfoque multidimensional de la agenda de «sostenibilidad competitiva» detallado en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible. Esto está en consonancia con un planteamiento político centrado en la prosperidad —ya defendido por el CESE en anteriores dictámenes— que exige tener en cuenta una serie de objetivos: sostenibilidad medioambiental y social, crecimiento sostenible e integrador, pleno empleo y trabajo de calidad, distribución equitativa, salud y calidad de vida, estabilidad de los mercados financieros, estabilidad de los precios, comercio equilibrado basado en una estructura industrial y económica justa y competitiva y finanzas públicas estables. Estos objetivos también son coherentes con los objetivos establecidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea y están estrechamente interconectados con ellos. Por ejemplo, un enfoque de crecimiento sostenible que vaya más allá del único objetivo de crecimiento del PIB es esencial para conseguir una economía climáticamente neutra en 2050.

2.6. Además, las cuatro dimensiones de la agenda de sostenibilidad competitiva (sostenibilidad medioambiental, productividad, equidad y estabilidad macroeconómica) están estrechamente interrelacionadas y revisten la misma importancia. Todas son piezas de un único puzle, y una no puede existir sin el resto, de modo que ninguna está subordinada a otra. La Comisión destaca, con razón, que estas dimensiones deben reforzarse mutuamente. El CESE valora positivamente este planteamiento, pero también advierte del riesgo de efectos de contracción. Cuanto más escasa sea la participación de los parlamentos, los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil, mayor será la probabilidad de que existan disparidades entre estas cuatro dimensiones.

2.7. Asimismo, el CESE señala que no solo las cuatro dimensiones están interrelacionadas: la competitividad también guarda una estrecha relación con ellas y reviste la misma importancia, junto con un comercio equilibrado, que es uno de los objetivos económicos clave. Por ejemplo, la equidad y la sostenibilidad social son elementos cruciales de la competitividad y viceversa. El modelo social europeo y, en particular, el pilar europeo de derechos sociales son elementos fundamentales de la competitividad de la UE. Lo contrario no resulta menos cierto: un comercio equilibrado basado en una estructura industrial y económica justa y competitiva es un requisito previo importante para el crecimiento integrador, la equidad y la sostenibilidad social de la UE.

3. Observaciones específicas

3.1. Sostenibilidad medioambiental

3.1.1. Uno de los principales retos de este siglo consiste en desvincular en la medida de lo posible la prosperidad económica del peligro para el medio ambiente o su destrucción. El CESE se muestra totalmente de acuerdo con la Comisión en que el cambio climático y la degradación del medio ambiente exigen una actuación inmediata. Si bien apoya plenamente el objetivo de combatir la crisis climática, aboga por aplicar un enfoque integral que tenga en cuenta por igual los daños medioambientales de todo tipo, como las amenazas para la biodiversidad, el agua y el suelo, la contaminación atmosférica y los residuos nucleares y tóxicos de otra índole.

3.1.2. y los beneficios de la transición. Para ello, el CESE subraya el papel crucial del diálogo social, el pleno respeto de la autonomía de los interlocutores sociales, el refuerzo de la negociación colectiva, una gobernanza empresarial propicia con la colaboración de los trabajadores Muy acertadamente, la Comisión señala las dimensiones social y económica de esta transición y destaca la importancia de salvaguardar la prosperidad y el bienestar. El CESE hace hincapié en que reviste suma importancia que estas afirmaciones no acaben siendo papel mojado y pide a la Comisión que presente un inventario y un análisis detallados del impacto que tendrá la transición en el empleo y las capacidades ( 5 ) . Además, resulta esencial garantizar un reparto equitativo de los esfuerzoslos beneficios de la transición. Para ello, el CESE subraya el papel crucial del diálogo social, el pleno respeto de la autonomía de los interlocutores sociales, el refuerzo de la negociación colectiva, una gobernanza empresarial propicia con la colaboración de los trabajadores ( 6 ) y la participación de los interlocutores sociales y la sociedad civil organizada en la formulación de políticas. Esto no solo garantizará la asunción de responsabilidades, sino que, ante todo, es fundamental para asegurar un proceso de transición equilibrado e integrador.

3.1.3. Esta participación debe reforzarse, en particular, en el marco del paquete de medidas «Objetivo 55», que contiene numerosas propuestas políticas de gran alcance. El CESE subraya la importancia de mantener unas cadenas de valor industriales sólidas en Europa y pide que la industria europea se ponga al frente de los esfuerzos por lograr la sostenibilidad medioambiental. El «Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono» propuesto puede consolidar el empleo en las empresas que han adoptado políticas respetuosas con el clima, razón por la cual se considera un instrumento clave, que debe diseñarse de manera eficaz. En caso de recurrir a la fiscalidad medioambiental, como gravar las actividades contaminantes, es fundamental evitar los efectos distributivos regresivos y la pobreza energética, por lo que es preciso abordar la presión fiscal sobre el trabajo.

3.1.4. La Comisión señala que la consecución de los objetivos de la ambiciosa agenda del Pacto Verde Europeo requerirá inversiones significativas, por un importe de unos 520 000 millones EUR al año. Habrán de realizarse nuevas inversiones para acompañar las transiciones del mercado laboral. En este contexto, el CESE señala que se necesitarán inversiones adicionales para la transición digital y también en sectores como la asistencia sanitaria, la educación y la formación, la protección social y la I+D. El CESE destaca, que, para garantizar un nivel de inversión suficiente, es esencial reorientar e intensificar la inversión privada y la inversión pública. Sin embargo, el logro de la sostenibilidad medioambiental representa un bien público que entraña el riesgo de fallo de mercado.

3.1.5. 2 . El CESE destaca la necesidad de contar con un clima empresarial propicio y acoge con satisfacción los esfuerzos por canalizar la financiación privada hacia la resiliencia frente al cambio climático y la sostenibilidad medioambiental, tal como se prevé en la nueva estrategia de finanzas sostenibles La inversión privada desempeña un papel esencial en el circuito económico a la hora de promover el desarrollo económico y la creación de empleo. La inversión y la innovación del sector privado, en particular, son necesarias para alcanzar el objetivo de sostenibilidad medioambiental, por ejemplo en los ámbitos de las nuevas baterías de automóviles y la producción de acero sin emisiones de CO. El CESE destaca la necesidad de contar con un clima empresarial propicio y acoge con satisfacción los esfuerzos por canalizar la financiación privada hacia la resiliencia frente al cambio climático y la sostenibilidad medioambiental, tal como se prevé en la nueva estrategia de finanzas sostenibles ( 7 ) . El CESE también respalda el papel del sector público —en particular InvestEU y las correspondientes medidas de NextGenerationEU— a la hora de apoyar la inversión privada mediante la prestación de un apoyo específico, respetando plenamente el artículo 107 del TFUE. En cualquier caso, el CESE pide que las medidas de ayuda estatal se vinculen a la creación de puestos de trabajo de calidad y al respeto de los derechos de los trabajadores, las normas medioambientales y las obligaciones fiscales.

3.2. Productividad

3.2.1. La productividad atañe a la eficiencia de la producción económica y se define básicamente como la relación entre la producción y los insumos. El crecimiento de la productividad de una manera justa y sostenible contribuye a la competitividad, la prosperidad y la convergencia al alza a largo plazo. Sin embargo, la búsqueda de la productividad de manera injusta e insostenible podría acabar ejerciendo una mayor presión sobre los trabajadores y los empleadores, lo que perjudicaría la sostenibilidad medioambiental, distorsionaría la competencia, aumentaría la desigualdad y obstaculizaría el proceso de transición. En vista de lo anterior, el CESE acoge con satisfacción el planteamiento de la Comisión de aumentar la productividad de una manera orientada a la prosperidad fomentando las tecnologías avanzadas y la innovación, reforzando las cualificaciones de las personas, intensificando la educación y la formación, consolidando la transferencia y la valorización del conocimiento y promoviendo el uso eficiente de los recursos. El CESE destaca, en particular, que la sostenibilidad social también es un elemento importante de un enfoque de la productividad justo.

3.2.2. El CESE hace hincapié en que es necesario realizar nuevas inversiones en general y, en particular, en el sector digital y apoya explícitamente la petición de la Comisión de que los planes de recuperación y resiliencia se centren también en el desarrollo y el despliegue de capacidades digitales de vanguardia. Ciertamente, el MRR puede y debe ayudar a los Estados miembros a emprender inversiones y reformas que, entre otras cosas, contribuyan a la inteligencia artificial, la informática de alto rendimiento, la ciberseguridad, la producción de componentes microelectrónicos y electrónicos y la conectividad segura. Además de impulsar las competencias digitales en todos los niveles, esto proporcionará una base sólida para aumentar la productividad y la competitividad y, por lo tanto, promoverá una base económica sólida y prosperidad a largo plazo.

3.2.3. Un mercado único justo que funcione correctamente promueve el crecimiento sostenible e integrador y el empleo. El CESE conviene con la Comisión en que el respeto del Estado de Derecho, los sistemas judiciales eficientes y de calidad, unas estructuras eficaces de lucha contra la corrupción, una administración eficiente —incluida la administración fiscal— y unos marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude son factores importantes que mejoran el entorno empresarial y salvaguardan la competencia leal entre las empresas. Lamentablemente, sigue existiendo un desequilibrio entre las libertades económicas y los derechos sociales y laborales. Aunque sean fundamentales, los derechos sociales y laborales no forman parte de las libertades constitucionalmente protegidas del mercado interior. En ocasiones, los derechos de protección nacionales a favor de los trabajadores se clasifican como obstáculos administrativos al mercado. Como consecuencia de ello, muchos trabajadores perciben el mercado interior como una amenaza. El CESE pide, por lo tanto, que se presenten propuestas adecuadas sobre la forma de corregir este desequilibrio y garantizar las normas nacionales no protegidas por tratados. Además, el CESE recomienda firmemente seguir adelante de manera sistemática con los esfuerzos enmarcados en la iniciativa «Más allá del PIB» ( 8 )

3.2.4. El CESE recomienda encarecidamente que se aborden los efectos adversos de carácter económico y distributivo de la subida de los precios de la energía. Este incremento de los precios puede deberse a la fuerte recuperación de la actividad económica y a las perturbaciones del lado de la oferta, y puede tender a atenuarse incluso cuando el desarrollo económico se estabilice. Sin embargo, supone una carga inmediata para la producción y la competitividad de la industria. Además, es probable que los elevados precios al por mayor de la energía afecten a los precios al por menor, lo que supone una carga adicional para los precios de los alimentos. Incluso si estos efectos son transitorios, pueden crear presiones a la baja sobre el poder adquisitivo de los salarios, de manera que los hogares con ingresos más bajos podrían verse expuestos a situaciones de pobreza. El CESE apoya los esfuerzos por contrarrestar estas tendencias.

3.3. Equidad

3.3.1. World Poverty Report de 2018 del Banco Mundial Mucho antes de la crisis de la COVID-19, la protección social deficiente, los desequilibrios y las desigualdades constituían un problema. Con una proporción de los ciudadanos de la UE en riesgo de pobreza y exclusión social que supera con creces el 20 %, el BCE concluyó en 2016 que la distribución de la riqueza neta se encuentra «muy sesgada» ( 9 ) . Según elde 2018 del Banco Mundial ( 10 ) , algo más de mil millones de personas habían salido de la pobreza absoluta en las tres décadas anteriores (en gran medida gracias a la reducción de la pobreza en China), aunque esta tendencia positiva se ha visto frenada por la pandemia. Sin embargo, la riqueza sigue concentrándose en las capas más altas de la sociedad y los más ricos han seguido enriqueciéndose en los últimos veinticinco años ( 11 ) . La Comisión señala acertadamente que las desigualdades están aumentando como consecuencia de la pandemia. La desigualdad no es solo un problema en sí mismo, sino que también frena el desarrollo económico al enfriar la demanda privada y servir de caldo de cultivo para la tensión social. Por consiguiente, la mejora de los puestos de trabajo de calidad, unas condiciones laborales y salariales adecuadas, la creación de empleo para las personas desfavorecidas y el derecho a la negociación colectiva son esenciales. El CESE destaca la importancia de respetar las relaciones laborales a escala nacional y la autonomía de los interlocutores sociales a la hora de promover estas políticas.

3.3.2. El CESE valora positivamente la afirmación de la Comisión de que la equidad debe constituir el núcleo de la recuperación. Frente al problema de la desigualdad, de las preocupantes cifras de pobreza y de las tensiones políticas, la sostenibilidad social, la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la distribución justa son objetivos importantes en sí mismos. Por lo tanto, el CESE recomienda encarecidamente no centrarse solo en la transición ecológica y digital, la denominada «doble transición», sino también en esforzarse al mismo tiempo por alcanzar la sostenibilidad social. El CESE subraya que, para sentar las bases de la prosperidad y la resiliencia futuras, también es necesario acometer una doble transición ecológica y digital que sea justa y equitativa, lo que significa garantizar unas condiciones sociales sostenibles.

3.3.3. Unas políticas activas del mercado laboral, unos servicios públicos de empleo y unos sistemas de protección social bien diseñados que ayuden a las personas a preservar su nivel de vida en épocas de turbulencias económicas y también en caso de necesidad individual constituyen la base de la resiliencia y del crecimiento integrador. Aplicar medidas destinadas a mantener el empleo, como los regímenes de reducción del tiempo de trabajo, contribuyó decisivamente a afrontar los efectos negativos de la crisis en los mercados laborales. Sin embargo, aunque el apoyo a la renta y las redes de seguridad social evitaron una gran caída de los ingresos, la pandemia de COVID-19 también ha puesto de manifiesto la existencia de brechas en el acceso a la protección social. El CESE pide una convergencia social al alza que contribuya a la resiliencia general de la UE frente a las crisis.

3.3.4. También debe prestarse especial atención al impacto social de la transición digital, sobre todo porque la pandemia ha acelerado este proceso. El CESE acoge favorablemente que la Comisión señale, entre otras cuestiones, el acceso desigual al aprendizaje en línea, que puede tener consecuencias a largo plazo, como un escaso nivel de competencias básicas, y que, por lo tanto, puede exacerbar las desigualdades en la educación. El Comité conviene plenamente en que los Estados miembros deben intensificar sus esfuerzos por mejorar los resultados del aprendizaje en sus sistemas de educación y formación. Para abordar los desajustes de las cualificaciones y evitar las crecientes brechas sociales, es necesario reconocer el derecho al aprendizaje permanente y garantizar el acceso al mismo. A este respecto, es necesaria la financiación pública para ayudar a las empresas responsables a impartir formación permanente de calidad. Debe prestarse especial atención a la accesibilidad a los servicios digitales para las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada con el fin de reducir la brecha digital.

3.3.5. El importe del nuevo MFP, NextGenerationEU y, en particular, el MRR asciende a 1 824 billones EUR, que ayudarán a los Estados miembros a enfrentarse a los retos actuales. El CESE pide a la Comisión que verifique que las medidas políticas anunciadas se aplican correctamente, de modo que los objetivos de la doble transición ecológica y digital se promuevan de manera eficaz mediante la asignación de los fondos. Sobre todo, es preciso impedir que los gastos ya previstos pasen a formar parte de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, lo que también contribuiría a no tener que aumentar las contribuciones nacionales o recortar el gasto del presupuesto de la UE.

3.3.6. Además, los efectos distributivos de los pagos de los fondos y su impacto social también deben ser objeto de un estrecho seguimiento a fin de garantizar su contribución a la convergencia social al alza. La Comisión señala debidamente los diversos aspectos del impacto asimétrico de la crisis en diferentes grupos de población, sectores y regiones. En este sentido, el CESE pide un esfuerzo especial para proteger a los hogares de renta baja y media y a las personas vulnerables, que son los más afectados por cualquier crisis y proceso de transición. Las inversiones deben financiarse siempre y cuando supongan una creación neta de empleo y respeten los derechos de los trabajadores. En resumidas cuentas, es importante que los gastos actuales redunden en beneficio de las generaciones futuras.

3.4. Estabilidad macroeconómica

3.4.1. El impacto de la pandemia no solo ha agravado las vulnerabilidades preexistentes y ha dado lugar a un retroceso en la reducción de los desequilibrios entre los Estados miembros, sino que también ha aumentado la incertidumbre. Por lo tanto, la política económica y monetaria no solo debe seguir siendo expansionista, sino que también ha de ser ágil y estar preparada para responder a cualquier turbulencia o perturbación y garantizar la resiliencia de la UE. En este sentido, el CESE acoge favorablemente el mantenimiento de la cláusula general de salvaguardia. Cuando se revoque, habrá que tener en cuenta el nivel de actividad económica y las cifras de empleo y pobreza en comparación con los niveles anteriores a la crisis. Por otra parte, las políticas fiscales a escala nacional y de la UE, así como las políticas monetarias, deben coordinarse de manera prudente con el fin de reforzar mutuamente los efectos de apoyo y estabilización pretendidos.

3.4.2. El CESE pide una reorientación hacia una gobernanza económica centrada en la prosperidad, como se señala en varios dictámenes ( 12 ) . Por lo tanto, tras haberse paralizado a causa de la pandemia, era necesario relanzar la revisión del marco de gobernanza económica para promover políticas presupuestarias adecuadas en coyunturas tanto favorables como desfavorables. Las deficiencias del marco fiscal vigente ya resultaban evidentes en 2020, y la crisis plantea retos aún más graves. Un análisis indica que el criterio de déficit no lo cumplirán veintitrés Estados miembros, y el de deuda, trece.

3.4.3. El CESE coincide con la Comisión en la necesidad de abstenerse de incoar un procedimiento de déficit excesivo contra cualquier Estado miembro y en su recomendación de que los Estados miembros sigan prestando apoyo presupuestario, salvaguardando al mismo tiempo la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo cuando las condiciones económicas lo permitan. Esto está en consonancia con la reivindicación del CESE de apoyar el crecimiento sostenible, lo que permitirá reforzar las finanzas públicas ( 13 ) . Sin embargo, el CESE también pide que se reconozca la urgente necesidad de aumentar las inversiones para afrontar el proceso de transición. Además, antes de que el marco revisado entre en vigor, la Comisión debería presentar directrices para un período de transición, durante el cual no debería activarse el procedimiento de déficit excesivo, y con la posibilidad de invocar la «cláusula de acontecimiento inhabitual» según las circunstancias de cada país ( 14 )

3.4.4. Asimismo, el CESE conviene con la Comisión en la posibilidad de que la vigilancia en el marco del PDM no haya tenido suficientemente en cuenta las interacciones entre los nuevos retos económicos emergentes, en particular las presiones medioambientales ( 15 ) . Además, deben supervisarse los desequilibrios sociales para compensar el predominio de las exigencias presupuestarias y macroeconómicas ( 16 ) . Dado que los desequilibrios sociales y laborales pueden tener efectos transfronterizos perjudiciales, es importante que se detecten y corrijan en una fase temprana. Por último, el CESE acoge con satisfacción el trabajo de la Comisión en materia de presupuestación ecológica.

3.4.5. La recuperación económica y el crecimiento integrador y estable constituyen condiciones previas para disponer de unos presupuestos públicos sostenibles y la constitución de amortiguadores fiscales. Dado que la inversión pública financiada a escala nacional seguirá desempeñando un papel fundamental, la aplicación de la «regla de oro del equilibrio presupuestario», sin poner en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo y el valor del euro, es vital para el éxito del proceso de transición. Sin embargo, en un contexto de gran incertidumbre, el CESE también advierte contra la reducción de los gastos corrientes en materia social, educativa y sanitaria. Unos estabilizadores automáticos que funcionen adecuadamente son esenciales para prevenir las dificultades sociales, estabilizar la demanda y procurar la resiliencia frente a cualquier crisis. Por otra parte, unas políticas fiscales injustas que posibiliten el fraude fiscal y una planificación fiscal agresiva ponen en peligro el margen de maniobra presupuestario necesario para reaccionar ante las crisis y abordar el proceso de transición. Por lo tanto, se acogen con satisfacción las observaciones de la Comisión en lo que se refiere al lado de los ingresos. Esto también es válido para las reformas propuestas en el contexto del MRR, en lo que respecta al aumento de la eficiencia de la administración tributaria con vistas a mejorar la recaudación de impuestos y reducir los costes de conformidad para las empresas y los particulares.

3.4.6. Un aspecto importante de la estabilidad macroeconómica es la estabilidad de los mercados financieros. La profundización de la Unión de los Mercados de Capitales y de la Unión Bancaria debe centrarse en reforzar los canales de financiación y fomentar la contribución del sector privado a los esfuerzos de inversión. A tal efecto, el CESE pide que se alcance el equilibrio adecuado entre la puesta en común de riesgos y la reducción de estos y, en particular, acoge con satisfacción los esfuerzos por consolidar el seguimiento de los riesgos sistémicos derivados de la crisis climática. Por otra parte, también es importante que se tomen en consideración los riesgos de sostenibilidad social que amenazan la cohesión social porque la brecha de distribución se amplía. La regulación de los mercados financieros también debe priorizar la eficiencia sobre la complejidad y proporcionar un alto nivel de protección al consumidor.

3.5. El Semestre Europeo evoluciona

3.5.1. El CESE destaca que, con NextGenerationEU, la UE entra en una nueva fase de política económica y da un paso decisivo hacia la solidaridad. El evolutivo Semestre Europeo de 2022 representa una oportunidad para potenciar la sostenibilidad económica, medioambiental y social. El CESE aboga por un compromiso para promover un crecimiento sostenible e integrador, el pleno empleo y la creación de empleo de calidad y para reforzar de manera decisiva su posición democrática. Además, se espera desde hace tiempo una mayor participación de los interlocutores sociales y de la sociedad civil organizada en el proceso del Semestre.

3.5.2. Gestionar el MRR a través del Semestre Europeo hace que el proceso del Semestre tenga más sentido. Del mismo modo, vincular el cumplimiento con las reformas —formuladas en los planes nacionales de recuperación y resiliencia y basadas en gran medida en las REP— y con el desembolso de los tramos otorga a las REP mayor peso político. Esto hace obligatoria una mayor participación de los interlocutores sociales y de la sociedad civil organizada en el desarrollo y la ejecución de los planes nacionales de recuperación y resiliencia. El CESE pide que se fijen normas mínimas para esa consulta ( 17 ) . Las estrictas normas de la política de cohesión respecto a la consulta de las partes interesadas y, en particular, el principio de asociación deben tomarse, como mínimo, como modelo de referencia para los procedimientos del MRR ( 18 )

3.5.3. Diversos estudios empíricos destacan que el grueso de las REP se ha centrado en impulsar la competitividad y consolidar los presupuestos públicos. El CESE pide a la Comisión que integre el enfoque equilibrado de la agenda de sostenibilidad competitiva, en particular, en las próximas REP. Debe hacerse especial hincapié en recomendar reformas como las políticas de mercado de trabajo activas y los planes de aprendizaje permanente, incluidos los programas de reciclaje laboral y de apoyo al cambio profesional, también para los grupos desfavorecidos, como las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada.

3.5.4. En particular, el CESE acoge con satisfacción el resultado de la Cumbre Social de Oporto, en concreto, el hecho de que el cuadro de indicadores sociales revisado contribuya a supervisar los avances hacia la aplicación de los principios del pilar europeo de derechos sociales e integrar esta supervisión en el proceso del Semestre Europeo. En este sentido, acoge favorablemente que el Informe conjunto sobre el empleo de 2022 se centre más en los principios del pilar e incorpore en su análisis los objetivos prioritarios para 2030 y los indicadores principales del cuadro de indicadores sociales revisado. No obstante, sigue sin estar claro en qué medida estas conclusiones se reflejarán en las REP y en los planes de recuperación y resiliencia. Además, los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben servir como puntos de referencia.

3.5.5. Asimismo, el CESE aboga por reformas que garanticen una absorción eficaz de los fondos de la UE (por ejemplo, mediante el desarrollo de capacidades técnicas en las administraciones públicas para gestionar los proyectos de inversión), por sistemas de contratación pública basados en el principio de la oferta económicamente más ventajosa en lugar de la oferta más barata (teniendo así en cuenta los aspectos laborales, sociales y medioambientales) y, por último, por reformas que eliminen otros obstáculos no monetarios a una política de inversión eficaz. En particular, el CESE también pide a la Comisión que adopte medidas destinadas a prevenir el uso indebido de fondos y la corrupción.

3.5.6. La gobernanza económica y, en particular, las normas del marco de la política fiscal deben integrarse en el proceso del Semestre Europeo de manera que se garantice la participación democrática del Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales, los interlocutores sociales y la sociedad civil organizada. Además, el Semestre debe reformarse con el fin de fomentar un diálogo multilateral y democrático sobre los retos macroeconómicos, sociales y medioambientales y facilitar la coordinación de las políticas.

Bruselas, 23 de febrero de 2022. La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo Christa SCHWENG

(1) Comisión Europea, Previsiones económicas de primavera de 2020.

(2) Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia.

(3) Previsiones de otoño de 2021.

(4) Dictamen del CESE Salir reforzados de la pandemia: actuar a la luz de las primeras lecciones extraídas de esta experiencia (DO C 152 de 6.4.2022, p. 116).

(5) Dictamen del CESE «Objetivo 55»: cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2030 en el camino hacia la neutralidad climática (DO C 275 de 18.7.2022, p. 101).

(6) Dictamen del CESE El diálogo social como pilar importante de la sostenibilidad económica (DO C 10 de 11.1.2021, p. 14).

(7) Dictamen del CESE Estrategia renovada de finanzas sostenibles (DO C 152 de 6.4.2022, p. 97).

(8) Background — Beyond GDP, Comisión Europea.

(9) Banco Central Europeo, The Household Finance and Consumption Survey: results from the Second wave, n.o 18, diciembre de 2016.

(10) Grupo del Banco Mundial: Poverty and shared prosperity 2018. Piecing together the poverty puzzle. Overview, gráfico 01; p. 2.

(11) El World Inequality Report 2022 presenta los datos más actualizados y completos sobre la desigualdad a escala mundial.

(12) Véanse los Dictámenes del CESE Revisión de la gobernanza económica 2020 (DO C 429 de 11.12.2020, p. 227), y Remodelar el marco presupuestario de la UE para una recuperación sostenible y una transición justa (DO C 105 de 4.3.2022, p. 11).

(13) Dictamen del CESE Revisión de la gobernanza económica 2020 (DO C 429 de 11.12.2020, p. 227).

(14) Dictamen del CESE Remodelar el marco presupuestario de la UE para una recuperación sostenible y una transición justa (DO C 105 de 4.3.2022, p. 11).

(15) COM(2021) 662 final.

(16) Dictamen del CESE Pilar europeo de derechos sociales (DO C 286 de 16.7.2021, p. 13).

(17) Resolución del CESE Participación de la sociedad civil organizada en los planes nacionales de recuperación y resiliencia (DO C 155 de 30.4.2021, p. 1).

(18) Dictamen del CESE Papel de la política de cohesión en la lucha contra las desigualdades — Complementariedades/solapamientos con el MRR (DO C 517 de 22.12.2021, p. 1).