Ayudas estatales - Francia

Ayuda C 27/2002 (ex N 1/2002) - Ayuda al medio ambiente en favor de Sollac, acero CECA

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 5 del artículo 6 de la Decisión n° 2496/96/CECA de la Comisión, de 18 de diciembre de 1996, por la que se instituyen las normas comunitarias para las ayudas a la siderurgia

(2002/C 95/03)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 9 de abril de 2002, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Francia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 5 del artículo 6 de la Decisión n° 2496/96/CECA en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a: Comisión Europea Dirección General de Competencia

Dirección H

Registro de ayudas estatales

B - 1049 Bruxelles/Brussel Fax (32-2) 296 12 42.

Dichas observaciones serán comunicadas a Francia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

1. Mediante carta de 21 de diciembre de 2001 las autoridades francesas notificaron a la Comisión un proyecto de ayuda al medio ambiente en favor de la empresa siderúrgica Sollac. Mediante su carta de 10 de enero de 2002 la Comisión pidió más información al respecto, que le fue facilitada mediante carta el 18 de marzo.

2. Para poder efectuar pagos parciales con posterioridad al 22 de julio de 2002, fecha de expiración del Código de ayudas a la siderurgia, las autoridades francesas pidieron a la Comisión que estudiara la ayuda en cuestión a la luz del marco comunitario de ayudas estatales para la protección del medio ambiente de 3 de febrero de 2001(1).

Descripción detallada de la ayuda

3. Sollac es una empresa especializada en la producción y laminado de chapas en acero. Su producción anual es de 4400000 t. El proyecto para el que se solicita la ayuda consiste en la construcción de una unidad del tipo oxy-Claus para la desulfuración de las vahos amoniacales producto del tratamiento de los gases de la coquería. El coste total del proyecto es de 12 millones de euros si bien las autoridades francesas sólo plantean la subvención de un importe de 9,3 millones de euros. La ayuda propuesta es de 2,79 millones de euros, es decir, de un 30 %. Además, la ayuda debe ser cofinanciada en un 50 % por el FEDER (Objetivo n° 2).

4. Actualmente dichos vahos se tratan en una incineradora, lo que da lugar a una emisión de SO2 de 8 t al día. El nuevo método consiste en el tratamiento de los gases que contienen anhídrido sulfurado transformando este último en azufre líquido, lo que permitirá también su recuperación. Las nuevas instalaciones permitirán una reducción en la coquería de las emisiones actuales de dióxido de azufre de 8 a 22 t al día (- 72,5 %). Ello se traducirá en una reducción global de las emisiones del 17 %. Las autoridades francesas informan de que no existe norma nacional o comunitaria alguna que prohíba o recomiende un tope diario para las emisiones atmosféricas de dióxido de azufre en las instalaciones de tratamiento de los gases producto de la coquería.

5. Las autoridades francesas tienen a bien comunicar que las nuevas instalaciones representan una innovación tecnológica de primer orden puesto que nunca antes se ha utilizado este método en la coquería. La construcción de dichas instalaciones constituye pues una operación de demostración a nivel industrial que entraña un alto riesgo de fracaso técnico. Ése es el motivo por el que se mantendrá el horno de incineración listo para funcionar en caso de necesidad.

6. Las autoridades francesas señalan también que las nuevas instalaciones permitirán la recuperación y reutilización en el proceso de producción de unas 3 t diarias de azufre y 3,6 t diarias de vapor a media presión. Las autoridades francesas calculan el valor de esos productos en 410000 euros anuales. Asimismo, las autoridades francesas tienen a bien informar de que el coste de explotación de esas nuevas instalaciones será de 498000 euros al año y concluyen por lo tanto que no procede deducir del coste de inversión el ahorro que pueda obtener la empresa.

7. Las autoridades francesas indican asimismo que las antiguas instalaciones tenían todavía una vida residual superior a los quince años y que la inversión se decidió por razones medioambientales. Prueba de ello es que el coste anual de explotación de las nuevas instalaciones será superior al ahorro que generen anualmente los productos derivados.

Evaluación de la ayuda

A. Fundamento jurídico

8. Sollac es una empresa que produce acero en el sentido de la definición del anexo I del Tratado CECA. Se trata también de una empresa siderúrgica en el sentido de lo dispuesto en el artículo 80 del Tratado CECA. Por lo tanto, las ayudas estatales que reciba deben regirse por el Código de ayudas a la siderurgia.

9. El Código de ayudas a la siderurgia establece en su artículo 3 que las ayudas en favor de la protección del medio ambiente podrán considerarse compatibles con el mercado común a condición de que respeten la normativa establecida por el marco comunitario de ayudas estatales para protección del medio ambiente, tal como se expone en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 72 de 10 marzo de 1994, en lo sucesivo denominado "marco de 1994", de conformidad con los criterios de aplicación en el sector siderúrgico CECA definidos en el anexo de dicho Código.

B. Evaluación de la ayuda propuesta

10. Las autoridades francesas declaran que la inversión se realizó por razones medioambientales y consideran prueba suficiente de ello que el coste de explotación anual de las nuevas instalaciones supere el importe de las ganancias obtenidas con los productos recuperados. Este extremo no responde a lo exigido por la legislación comunitaria. No está claro que la empresa no efectuara dicha inversión por razones puramente económicas. Efectivamente, las ganancias obtenidas son considerables y toda nueva instalación ofrece ventajas sobre otra más antigua en alguno de los costes de explotación. Las autoridades francesas declaran asimismo que la antigüedad de las instalaciones no fue determinante a la hora de tomar la decisión de sustituirlas y que las antiguas instalaciones todavía tenían una expectativa de vida de como mínimo quince años, si bien no ofrecen ninguna justificación de este período. Ni siquiera indican la expectativa de vida total de la incineradora.

11. Las autoridades francesas declaran que no hay por qué deducir las ventajas financieras obtenidas con la recuperación de los productos habida cuenta del coste de explotación de las nuevas instalaciones. No obstante, la Comisión tiene que velar por que no se subvencionen inversiones productivas so pretexto de que protegen el medio ambiente. Por lo tanto, las ventajas financieras obtenidas gracias a esta inversión tienen que ser deducidas de los costes subvencionables. Los costes subvencionables no incluyen el coste de explotación de las nuevas instalaciones tal como vienen a proponer las autoridades francesas. Además, a falta de un período legal fijo para la deducción de los costes, la Comisión siempre ha insistido en que dichos costes tienen que deducirse durante el período de vida de las instalaciones o equipos subvencionados. Las autoridades francesas no ofrecen ninguna información a este respecto.

12. Por lo que se refiere a la petición de las autoridades francesas de analizar la ayuda desde el punto de vista del marco de 2001 para las ayudas al medio ambiente, la Comisión no puede por menos de remitir a las disposiciones del Código de ayudas a la siderurgia y, en particular, al apartado tercero de su artículo 1, que no permite dicho análisis.

CARTA

"Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur l'aide citée en objet elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, de la décision n° 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie(2) (ci-après référencé code des aides à la sidérurgie).

Procédure

1. Par lettre du 21 décembre 2001 les autorités françaises ont notifié à la Commission un projet d'aide à l'environnement en faveur de l'entreprise sidérurgique Sollac. La Commission a demandé des renseignements supplémentaires par lettre du 10 janvier 2002; ces renseignements lui ont été transmis par lettre du 18 mars.

2. Les autorités françaises demandent également à la Commission d'analyser l'aide à la lumière de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement du 3 février 2001(3), pour pouvoir effectuer des paiements partiels après le 22 juillet 2002, date d'expiration du code des aides à la sidérurgie.

Description détaillée de l'aide

3. Sollac est une entreprise spécialisée dans la production et le laminage de tôles en acier. Sa production annuelle est de 4400000 tonnes. Le projet pour lequel l'aide est notifiée consiste en la construction d'une unité du type oxy-Claus pour la désulfuration des buées ammoniacales issues du traitement des gaz de la cokerie. Le coût total du projet est de 12 millions d'euros, mais les autorités françaises ont considéré que seul un montant de 9,3 millions d'euros était éligible. L'aide proposée est de 2,79 millions d'euros, ce qui représente une intensité de 30 %. L'aide est à cofinancer à 50 % par le FEDER, objectif 2.

4. Actuellement ces buées sont traitées dans un incinérateur, ce qui donne lieu à une émission de SO2 de 8 tonnes par jour. Le nouveau procédé consiste dans le traitement des gaz contenant de l'anhydride sulfuré en transformant ce dernier en soufre liquide, ce qui permet aussi sa récupération. La nouvelle installation permettra une réduction, au niveau de la cokerie, des émissions actuelles de dioxyde de soufre de 8 tonnes à 2,2 tonnes par jour (-72,5 %). Ceci se traduira par une réduction globale sur le site de 17 %. Les autorités françaises informent qu'il n'existe pas, tant au niveau national que communautaire, de norme de rejet ou de recommandation par jour des émissions atmosphériques de dioxyde de soufre pour les unités destinées à traiter les gaz de cokerie.

5. Les autorités françaises indiquent que cette nouvelle installation représente une innovation technologique de premier ordre, ce procédé n'ayant jamais été utilisé auparavant dans les cokeries. Elle constitue une opération de démonstration au niveau industriel qui comporte des risques techniques d'échec élevés. Pour ces raisons le four d'incinération restera en place, prêt à fonctionner en cas de besoin.

6. Les autorités françaises indiquent également que cette nouvelle installation permettra la récupération de produits qui peuvent être réutilisés dans le processus de production, qu'elles estiment à environs 3 tonnes par jour de soufre et à 3,6 tonnes par jour de vapeur moyenne pression. Elles valorisent l'ensemble de ces produits à 410000 euros par an. Elles informent en outre que le coût d'exploitation de cette nouvelle installation sera de 498000 euros par an et de ce fait elles concluent qu'il n'y pas lieu de déduire aucune épargne faite par l'entreprise du coût des investissements.

7. Les autorités françaises indiquent également que les installations actuelles ont une vie résiduelle supérieure à quinze ans et que l'investissement a été décidé pour des raisons purement environnementales. La preuve de cette dernière affirmation résiderait dans le fait que les coûts d'exploitation annuels de l'installation seront supérieurs à l'épargne annuelle attendue au niveau des produits.

Appréciation de l'aide

A. Base juridique

8. Sollac est une entreprise qui produit de l'acier, selon la définition de l'annexe I du traité CECA. Elle est une entreprise sidérurgique au sens de l'article 80 du traité CECA. Les aides d'État en sa faveur sont donc régies par le code des aides à la sidérurgie.

9. Le code des aides à la sidérurgie prévoit dans son article 3 que les aides en faveur de la protection de l'environnement peuvent être jugées compatibles avec le marché commun à condition qu'elles respectent les règles établies par l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement telles qu'elles sont exposées au Journal officiel des Communautés européennes C 72 du 10 mars 1994 (ci-après référencé 'encadrement 1994'), en conformité avec les critères d'application au secteur sidérurgique CECA définis dans l'annexe du code.

10. L'article 6 établit sous son paragraphe 1 que les notifications de projets d'aides doivent parvenir à la Commission au plus tard le 31 décembre 2001.

11. L'article 1er établit sous son paragraphe 3 que les aides visées par le code ne peuvent être accordées qu'à l'issue des procédures prévues à l'article 6 et ne peuvent donner lieu à aucun paiement après le 22 juillet 2002.

12. Conformément à l'encadrement 1994, les aides apparemment assignées à des mesures de protection de l'environnement, mais qui, en réalité, sont destinées à un investissement général, ne sont pas couvertes par l'encadrement. Les coûts admissibles doivent être strictement limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement(4). L'encadrement 1994 prévoit également que les aides aux investissements permettant d'atteindre des niveaux de protection de l'environnement très nettement supérieurs à ceux imposés par les normes obligatoires peuvent être autorisées, à concurrence d'un niveau maximal de 30 % brut des coûts d'investissement éligibles. Le niveau de l'aide accordée pour le dépassement de ces normes doit être proportionné à l'amélioration de l'environnement ainsi réalisée et à l'investissement nécessaire pour parvenir à cette amélioration(5). Dans les domaines où il n'y a pas de norme obligatoire, les entreprises peuvent bénéficier d'aides aux mêmes niveaux et sous réserve des mêmes conditions de proportionnalité que ceux autorisés pour le dépassement des normes(6).

13. L'annexe au code des aides à la sidérurgie établit que la Commission imposera à l'octroi de toute aide d'État en faveur de la protection de l'environnement toutes les conditions et toutes les garanties nécessaires afin d'éviter que de nouvelles installations et de nouveaux équipements ne bénéficient d'investissements à caractère général sous couvert de protection de l'environnement. Dans le cas des aides visant à encourager les entreprises à fournir une contribution importante à la protection de l'environnement, la Commission analysera le contexte économique et écologique dans lequel la décision a été prise de remplacer les installations ou les équipements. En principe, la décision de procéder à de nouveaux investissements qui auraient de toute manière été nécessaires pour des raisons économiques ou du fait de l'ancienneté des installations ou des équipements (durée de vie restante de 25 % au moins) ne pourra pas bénéficier de l'aide. L'investisseur sera tenu de démontrer qu'il a clairement décidé de choisir des normes plus rigoureuses nécessitant des investissements supplémentaires. Tout avantage lié aux coûts de production devra être déduit.

B. Évaluation de l'aide proposée

14. Les autorités françaises déclarent que l'investissement a été fait pour des raisons écologiques et considèrent comme preuve suffisante que le coût d'exploitation annuel prévu pour la nouvelle installation dépasse les gains obtenus au niveau des produits récupérés. Ceci ne répond pas aux exigences de la législation communautaire, telles que reprise ci-dessus. Il n'est pas certain que l'entreprise n'a pas fait cet investissement pour des raisons économiques. Les gains obtenus sont en effet considérables et une installation nouvelle a certainement des avantages sur une installation ancienne au niveau de certains coûts de fonctionnement. Les autorités françaises déclarent également que l'ancienneté des installations n'a pas été déterminante dans la décision de remplacement, l'ancienne installation ayant encore une durée de vie d'au moins quinze ans, mais cependant aucune justification n'est apportée. La durée de vie totale de l'incinérateur n'a même pas été indiquée.

15. Les autorités françaises déclarent qu'il n'y a pas lieu de déduire les avantages financiers obtenus avec la récupération des produits, au vu des coûts d'exploitation de la nouvelle installation. Toutefois, la Commission est tenue de s'assurer que des investissements productifs ne sont pas aidés sous couvert de protection de l'environnement. Ainsi, les avantages financiers obtenus à cause de l'investissement doivent être déduits des coûts éligibles de l'investissement. Les coûts éligibles ne comportent pas les frais d'exploitation de l'installation, or c'est ce qui est proposé en pratique par les autorités françaises. En plus, en l'absence d'une période légale fixe pour la déduction de ces coûts, la Commission a toujours insisté sur le fait que ces coûts doivent être déduits pendant la durée de vie de l'installation ou de l'équipement aidé. Aucune information n'est donnée par les autorités françaises à ce sujet.

16. En ce qui concerne la demande des autorités françaises d'analyser l'aide sous l'encadrement de 2001 pour les aides à l'environnement, la Commission ne peut que renvoyer aux dispositions du code des aides à la sidérurgie, citées ci-dessus, qui ne permettent pas une telle analyse.

17. Compte tenu des considérations qui précédent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 6, paragraphe 5, du code des aides à la sidérurgie, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation de l'aide notifiée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide. La Commission rappelle à la France que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire."

(1) DO C 37 de 3.2.2001, p. 3.

(2) JO L 338 du 28.12.1996.

(3) JO C 37 du 3.2.2001.

(4) Point 3.2.1.

(5) Point B, paragraphe 1.

(6) Point C.