24.

opina, por tanto, que, si la Comisión desea mantener la fórmula del Reglamento aplicada a los organismos públicos y en el ámbito del Derecho laboral, — no se pueden aplicar dificultades añadidas a la interfaz prevista en el artículo 6, apartado 3, de la propuesta de Reglamento para la reglamentación nacional sobre la motivación de las obligaciones de tratamiento de datos mediante la adhesión a las barreras que establece el artículo 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales (lo cual va más allá de su verdadero ámbito de aplicación); — lo mismo sucede en el caso de la autorización a favor de la Comisión que permite determinar de forma más detallada a través de actos delegados las limitaciones de las zonas de reglamentación transferidas a los Estados miembros, como el tratamiento de datos en el ámbito profesional o de la salud, o con fines históricos y estadísticos o fines relacionados con la investigación científica; — la posibilidad de dar el consentimiento debe preverse expresamente en estos dos ámbitos; esto es aplicable asimismo, en relación con los organismos públicos, en el ámbito de aplicación de la Directiva relativa a la protección de las personas físicas; — por lo que se refiere a todos los actos delegados (artículo 86) y con objeto de garantizar el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, la Comisión debería estar obligada a realizar una evaluación de impacto completa y a consultar al Consejo, a los Parlamentos de los Estados miembros y al público interesado, así como a los comités, que de conformidad con el TFUE participan en el proceso legislativo, y al Consejo Europeo de Protección de Datos. Asimismo para adoptar los actos de ejecución deberá optarse por procedimientos que garanticen una participación oportuna y amplia de todas las partes interesadas; — la reglamentación sobre los supuestos de inaplicación del artículo 21 de la propuesta de Reglamento debería conceder por lo menos un mayor margen de maniobra para la legislación nacional que somete el tratamiento de datos para la ejecución de funciones públicas de acuerdo con el objetivo previsto por el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales a salvaguardias más detalladas que las que se prevén actualmente en el Reglamento; — al fijarse el ámbito de aplicación debe indicarse con claridad que las disposiciones del Reglamento se refieren únicamente a las funciones «dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión» en las que la UE tiene competencias para la fijación de normas vinculantes, pero no en aquellos ámbitos que aún se rigen exclusivamente por competencias reguladoras nacionales o en los que los acuerdos excluyan de forma expresa la competencia relativa a la armonización de los reglamentos jurídicos y administrativos, como en el caso de la enseñanza (artículo 165, apartado 4, del TFUE); — el artículo 82 del Reglamento debe precisar que podrán adoptarse por ley normas específicas que rijan el tratamiento de datos personales en el ámbito laboral en el contexto de convenios colectivos; — el Reglamento deberá garantizar que la gestión de los derechos no se ve limitada, por ejemplo, en el contexto de la contratación o despido de un responsable de tratamiento de datos; — es preciso garantizar que en las competencias para sancionar las infracciones en la protección de datos se distinga claramente entre instancias privadas con fines lucrativos y otras instancias, en particular en el área de las administraciones públicas, en las que no es apropiado imponer sanciones sobre los beneficios y donde resultan más eficaces los mecanismos de control político;