ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
La desconfianza de los padres respecto de la vacunación representa hoy día una de las principales amenazas para el bienestar de los niños: se cuestionan los resultados de pruebas científicas establecidas desde hace tiempo con el fin de hacer campaña contra la vacunación. Es necesario luchar contra esta tendencia más amplia de desconfianza de los expertos y del consenso científico mediante actividades de comunicación basadas en pruebas, una mayor transparencia y campañas de sensibilización si queremos evitar las epidemias de sarampión que avanzan en la UE y los recientes casos mortales de difteria. La participación pública en programas de investigación e innovación, como el programa «Science with and for Society» (Ciencia con y para la sociedad) constituye una de las herramientas que debería utilizar la Comisión para educar sobre los beneficios de la vacunación.
5.11.

De ello se deduce que la estabilidad económica no forma parte de los valores a los que deben responder necesariamente los SIEG. En algunos casos, además, la estabilidad económica puede resultar difícilmente conciliable con un servicio que debe ser financieramente asequible para todos. El mercado no puede sino ofrecer un precio fijado en función de los costes, lo cual no puede garantizar el acceso de todos a un servicio a un precio asequible. No obstante, cabe asimismo señalar que algunos Estados miembros cuentan con un mercado total o parcialmente desregulado, con resultados bastante positivos. En tales casos, la propuesta podría suponer un retroceso.
3.6.

Todas las empresas deben actualizar constantemente sus operaciones. No es posible mantener mediante subvenciones a empresas desfasadas y no rentables. No obstante, Europa requiere una amplia gama de industrias para satisfacer las necesidades de la sociedad, razón por la cual deberían desarrollarse estrategias específicas para los sectores con problemas particulares.
2.3.

En 2014, la EU-27 gastó aproximadamente 2 000 millones EUR en I+T en el sector de la defensa, tras una disminución constante del 27 % desde 2006, y el gasto en I+T realizado en un marco de colaboración disminuyó en más del 30 %. Al mismo tiempo, los EE. UU. han gastado 9 000 millones EUR al año en I+T en el sector de la defensa, Rusia duplicó su gasto en I+D en este sector entre 2012 y 2014 y datos recientes muestran que China también ha incrementado su inversión en I+D de defensa (1).
4.4.

El CESE toma nota de que la utilización del nuevo método de cálculo estará sujeta a la existencia de una distorsión significativa del mercado, para lo cual el Reglamento contiene una lista no exhaustiva de ejemplos. No obstante, el Comité observa asimismo que el no respeto de las normas laborales y medioambientales mínimas puede contribuir a falsear la competencia con las empresas de la UE y debería tenerse en cuenta, en particular cuando forman parte del marco jurídico nacional. Además, es necesario evaluar detenidamente la compatibilidad del nuevo método con las normas de la OMC.
1.2

Ello no es óbice para que el CESE recuerde el contenido de sus observaciones y recomendaciones relativas a la propuesta de RGPD, ahora transformada en el actual RGPD, y lamente que la versión final no las haya tenido en cuenta íntegramente, además de expresar su temor por que su aprobación y entrada en vigor tardías, dada la rápida evolución tecnológica en este ámbito, aumenten los riesgos de apropiación indebida de datos y el abuso de su tratamiento y comercialización, de manera que el Reglamento quede obsoleto incluso antes de su aplicación. En la medida en que la propuesta objeto de examen es una adaptación de ese RGPD al funcionamiento de las instituciones europeas, estos temores se aplican, mutatis mutandis, al texto en cuestión, en particular por lo que se refiere a la opacidad de su lenguaje, de difícil comprensión para el ciudadano medio.
4.1.

El CESE reitera su crítica (3) de que, a diferencia de la Directiva de 2009, la nueva Directiva ya no estipula ningún objetivo nacional vinculante. Sigue manteniendo sus reservas sobre si el proceso de gobernanza previsto puede «motivar» en particular a los Estados miembros que se oponen a los objetivos nacionales vinculantes a ser más proactivos. En la propuesta no se establece ningún instrumento concreto que intervenga en caso de no lograrse el objetivo del 27 % (véase el dictamen del CESE «Gobernanza de la Unión de la Energía»). Al mismo tiempo, el CESE reconoce la responsabilidad colectiva definida en el artículo 3 de la propuesta, ya que, de conformidad con la propuesta de Reglamento de gobernanza, se prevén sanciones financieras si estos objetivos no se cumplen de manera colectiva en los planes nacionales de energía y clima. Con todo, la manera en que se aplicarán sigue siendo poco clara.
4.1.

No existe ningún programa tan eficaz que no se pueda mejorar. No obstante, el CESE reitera (6), en primer lugar, su firme apoyo a que se dé continuidad a este programa de financiación (independiente del presupuesto) tras la expiración del actual período de programación. Esto es necesario porque, a pesar de los muchos avances alentadores y de las innovadoras decisiones tomadas (por ejemplo, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, las decisiones de París sobre el cambio climático, la estrategia de la UE sobre la biodiversidad), los problemas medioambientales están lejos de ser resueltos y aún no se ha puesto en marcha con éxito la transformación hacia una política de la UE eficiente en el uso de los recursos, hipocarbónica y respetuosa de la biodiversidad. Al contrario: la Comisión Europea y la Agencia Europea del Medio Ambiente muestran en diversos informes que la presión, en parte, incluso aumenta (7).
4.5.3

El CESE ha advertido (10) que la UE no debe considerar a Turquía como un «país seguro» en materia de asilo; igualmente el ACNUR y varias ONG han manifestado que el reciente acuerdo entre la UE y Turquía no es plenamente respetuoso con el derecho internacional de asilo, pues «los refugiados necesitan protección, no rechazo» (11). También la decisión de Macedonia de cerrar las fronteras a los refugiados supone una vulneración del derecho de asilo.
2.8

Cabe señalar, no obstante, que la UE ha contado y cuenta con la posibilidad de restringir el acceso a contratos públicos de las empresas de países que no conceden un trato idéntico al que se dispensa en la UE a sus empresas en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Pero nunca se ha llevado a la práctica. Ciertamente, la Directiva 2004/17/CE (revisada por la Directiva 2014/25/UE, que entró en vigor el 18 de abril de 2016) prevé la posibilidad de rechazar las ofertas que contengan más del 50 % de productos procedentes de un tercer país con el que la Unión no haya celebrado acuerdos internacionales (artículo 58) y la posibilidad de que la Comisión (artículo 59) proponga al Consejo que suspenda o restrinja, durante un plazo establecido, el acceso a los contratos públicos en la Unión Europea de las empresas de países que no dispensen un trato idéntico al que disfrutan las empresas de esos países en la Unión Europea, o de países que no respeten las disposiciones internacionales en materia de Derecho laboral. Estas disposiciones se vieron reflejadas en los artículos 85 y 86 de la Directiva 2014/25/UE.
5.5.1.

El Comité señala que el Reglamento delegado (UE) n.o 518/2014 relativo al etiquetado de los productos relacionados con la energía en internet, que entró en vigor el 1 de enero de 2015, no se ha vinculado adecuadamente a la propuesta de nuevo Reglamento. Este establece, entre otras cosas, que la etiqueta sea obligatoria solamente para los nuevos productos y no para los que ya están a la venta, para los que está prevista solo sobre una base voluntaria. Tampoco aborda el problema de los «sitios bazar», en los que el consumidor suele adquirir inconscientemente productos puestos a la venta por terceros anunciantes y por cuya publicidad falsa o incorrecta el sitio no está obligado a responder.
1.1.

La modificación del Reglamento (CE) no 726/2004 (1) forma parte de un paquete legislativo que introduce nuevas disposiciones en la legislación de la UE sobre medicamentos veterinarios. En el citado Reglamento se suprimen las referencias a los medicamentos veterinarios y, por consiguiente, las disposiciones que regulan los medicamentos veterinarios y las que regulan los medicamentos de uso humano quedan completamente disociadas. Esta disociación es lógica, habida cuenta de las diferentes condiciones generales que rigen estos dos ámbitos, y recibe el apoyo del Comité. En opinión del Comité, las modificaciones que se proponen para el citado Reglamento están justificadas. No se presentan propuestas concretas de modificación del citado Reglamento y no se considera necesario hacerlo. El CESE recomienda que la propuesta de Reglamento se apruebe en su forma actual.
3.2.

La Comisión fundamenta la propuesta central del Libro Blanco —ampliar su capacidad para controlar también las participaciones minoritarias contrarias a la competencia— en que el Reglamento (CE) no 139/2004 solo puede aplicarse cuando las concentraciones supongan «un cambio duradero del control» (artículo 3.1), lo que no ocurre en ese supuesto. Considera, además, que los artículos 101 y 102 del TFUE no son por sí solos una base jurídica suficiente para abordar el caso de las participaciones minoritarias.
4.1.3

Fortalecer el diálogo social, en particular en su dimensión contractual: en un período difícil, deberían utilizarse todos los instrumentos disponibles (acuerdos transpuestos mediante directivas o aplicados de manera autónoma, marcos de acción, declaraciones conjuntas, etc.) para aportar soluciones efectivas destinadas, en particular, a impulsar el empleo y mejorar su calidad.
4.2

Las modificaciones propuestas son necesarias, adecuadas, plenamente justificadas y oportunas. Son necesarias por las razones que se exponen a continuación. a) En primer lugar, había que precisar de manera clara y explícita que el TUP y el Tribunal de Justicia del Benelux deben considerarse órganos jurisdiccionales a efectos del Reglamento (UE) no 1215/2012 a fin de garantizar la seguridad jurídica y la predictibilidad para los demandados que puedan tener que comparecer ante esos órganos jurisdiccionales en un Estado miembro que no sea el designado por las normas del Reglamento. b) A continuación, el TUP y el Tribunal de Justicia del Benelux deben poder ejercer su competencia con respecto a demandados que no tengan su domicilio en un Estado miembro. Además, el Reglamento debe determinar los casos en los que el TUP y el Tribunal de Justicia del Benelux pueden ejercer una competencia subsidiaria. El objetivo de esta propuesta es, evidentemente, permitir el acceso a la justicia y evitar que los órganos jurisdiccionales dicten sentencias divergentes sobre un mismo asunto. c) Las disposiciones del Reglamento (UE) no 1215/2012 en materia de litispendencia y conexidad deben aplicarse no solo cuando se incoe un procedimiento ante los órganos jurisdiccionales de Estados miembros en los que se apliquen los acuerdos internacionales mencionados y ante los órganos jurisdiccionales de Estados miembros en los que no se apliquen sino, también, en los casos en que, durante el período transitorio al que se hace referencia en el artículo 83, apartado 1, del Acuerdo sobre el TUP, se ejerciten acciones en relación con determinados tipos de litigios que afectan a las patentes europeas definidos en dicha disposición ante el TUP, por una parte, y un órgano jurisdiccional de un Estado miembro contratante del Acuerdo sobre el TUP, por otra. d) Las resoluciones judiciales dictadas por el TUP o el Tribunal de Justicia del Benelux deben ser reconocidas y ejecutadas en los Estados miembros que no son partes contratantes en los respectivos acuerdos internacionales de conformidad con el Reglamento (UE) no 1215/2012. e) Por último, las resoluciones judiciales dictadas por órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que no son partes contratantes en los respectivos acuerdos internacionales deben seguir siendo reconocidas y ejecutadas en los demás Estados miembros de conformidad con el Reglamento (UE) no 1215/2012.
1.6

El CESE coincide con la postura de la Comisión Europea de que debe reconocerse el derecho de las personas individuales a sumarse a acciones colectivas mediante procedimientos que den la posibilidad de participar en ellos de forma voluntaria (opt-in). No obstante, el CESE observa también que hay otros casos en los que un procedimiento de desvinculación voluntaria (opt-out) presentaría ventajas: en particular, en el caso de que existan muchos perjudicados con perjuicios muy reducidos puede resultar conveniente ampliar la acción colectiva a todos los posibles perjudicados. No queda claro si la Comisión Europea consideraría jurídicamente admisible en estos casos un procedimiento de desvinculación voluntaria. Por este motivo, el CESE solicita a la Comisión Europea que defina con mayor precisión su propuesta. Asimismo, el CESE recomienda la creación de un registro central europeo de demandas para la información de los potenciales demandantes.
3.2

La fragmentación del mercado de la contratación pública electrónica ha aumentado, ya que los Estados miembros han avanzado de forma independiente adoptando diversas soluciones y plataformas que, por una falta de orientaciones estratégicas, no se diseñaron para permitir la interoperabilidad, condición esencial para el acceso universal. Aunque a nivel local existen informes que apuntan al incremento en el número de participantes en las licitaciones, señal positiva sobre la mejora del acceso a los mercados, no puede decirse lo mismo de la participación en los procedimientos de contratación transfronterizos, ya que en estos las pymes ven su acceso dificultado no solo por cuestiones técnicas, sino también por cuestiones económicas; el acceso a las licitaciones transfronterizas puede ser posible para las pymes si actúan en consorcio, por lo que esta solución puede y debe presentarse e incentivarse a nivel nacional.
3.3

Sin embargo, actualmente todavía no se está llevando a cabo ningún proyecto de demostración en la UE y «(…) los proyectos más prometedores de la UE están sufriendo grandes retrasos (…)». Esto se debe a que hoy por hoy «los operadores económicos no tienen alicientes para invertir en proyectos de demostración». El RCDE no ha aportado ni los fondos de inversión en centrales, ni un precio del CO2 estable para respaldar el futuro funcionamiento de las mismas. En la actualidad, el precio del CO2 se sitúa en torno al 10 % de la cifra que muchos consideran como el mínimo estrictamente necesario para poder justificar las inversiones en la CAC. No obstante, en la Comunicación se señala que aunque puedan justificarse las inversiones, en algunos países -sobre todo en los que más se necesita la CAC- no existe ninguna garantía de que los ciudadanos acepten lo que se percibe como el riesgo inherente del almacenamiento geológico.
2.6

El ámbito de aplicación de la Directiva se refiere a los aspectos que en materia de libre circulación de trabajadores incluye el Reglamento (UE) no 492/2011, que garantiza la igualdad de trato y la no discriminación en: — el acceso al empleo; — condiciones de empleo y trabajo, en particular por lo que se refiere a la remuneración y el despido; — acceso a las ventajas sociales y fiscales; — pertenencia a los sindicatos; — acceso a la formación; — acceso a la vivienda; — acceso a la educación de los hijos de los trabajadores.
3.10

El CESE reconoce que la graduación de las sanciones previstas por la propuesta a examen en función de la cantidad incautada (en particular, en el artículo 5, apartado 2) permite tener en cuenta parcialmente este supuesto. No obstante, el CESE considera que la propuesta de Directiva no protege del riesgo de incurrir en graves violaciones de las libertades individuales. En efecto, no parece tener en cuenta la diversidad de tradiciones y de sistemas jurídicos de la UE y, especialmente, la particularidad de los sistemas acusatorios, en los cuales el acusado, incluso en supuestos de delincuencia menor, puede permanecer detenido por la policía durante un lapso de tiempo nada desdeñable antes de pasar a disposición judicial.
1.2

El Comité lamenta, no obstante, que la iniciativa objeto de examen no destaque la urgencia de crear puestos de trabajo y no incite suficientemente a los Estados miembros a que fijen objetivos nacionales más ambiciosos basados en reformas estructurales y políticas de inversión que sean generadoras de un verdadero crecimiento y de nuevas oportunidades de empleo.
1.5

Desde hace muchos años se han venido desarrollando debates en la UE acerca del reconocimiento de los resultados de la educación no formal, esto es, aquella que se realiza fuera de los ámbitos educativos tradicionales, y que a la vez completa la educación formal proporcionando a las personas competencias prácticas, habilidades básicas o sociales y ejemplos de actitudes adecuadas y fomentando la ciudadanía activa. Si bien estos debates no han alcanzado aún acuerdos consensuados en el ámbito de la UE, la educación no formal está obteniendo un reconocimiento progresivo en el sentido de que habilita para el ingreso al mercado laboral. El CESE considera conveniente que la UE analice el estado de este tema a la luz de la educación para la inclusión, y en ese sentido recomienda: — Reunir información sobre las disposiciones institucionales y técnicas existentes, y proponer el desarrollo de indicadores para medir los beneficios potenciales del reconocimiento de la educación no formal, y reunir pruebas sobre quiénes se benefician de la misma. — Revisar los modelos de reconocimiento de los resultados de la educación no formal a fin de identificar los más igualitarios, efectivos y beneficiosos, en particular para las personas socialmente excluidas y asegurar la calidad de la educación suministrada. — Alentar el intercambio de las experiencias exitosas entre los Estados Miembros. — Involucrar en este proceso a los interlocutores sociales, a las organizaciones de la sociedad civil correspondientes y a los representantes de las instituciones educativas, tanto de la educación formal como de la educación no formal.
6.1

Debería prestarse especial atención a los temas laborales, como parte importante de las negociaciones de la segunda fase. En particular, el prometedor foro titulado «EU-US Aviation Forum on Liberalisation and Labor: past, present and future», que tuvo lugar en Washington en diciembre de 2008, debería seguir desarrollándose, y sus conclusiones deberían tenerse en cuenta en la mayor medida posible en ámbitos como los convenios colectivos, los derechos individuales en relación con los contratos, el tiempo de trabajo, la formación profesional, las prestaciones sociales y la representación sindical.
1.3

En cuanto a la metodología, se hace hincapié en varios ejes prioritarios: — Una cultura de la colaboración que respete las misiones fundamentalmente distintas de las empresas y las instituciones de enseñanza. — El actual estado general de las relaciones y de la colaboración entre las instituciones de enseñanza y las empresas, que sigue siendo insuficiente excepto en el caso de la enseñanza técnica y profesional, y que sobre todo está desprovisto de los medios y la visión estratégica necesarios. — La necesidad de encontrar el justo equilibrio entre los enfoques de arriba abajo y de abajo arriba para la totalidad de las iniciativas que se emprendan. — La importancia de las relaciones personales para hacer funcionar de manera eficaz estas colaboraciones. — La obligación de abordar, en su conjunto, la problemática de la colaboración en sentido amplio entre instituciones de enseñanza (universidades, formación profesional, escuelas, etc.) y empleadores (sectores público y privado, ONG, etc.), en el marco de un enfoque de tres niveles: — la enseñanza primaria y secundaria y los estudios superiores; — la formación profesional inicial y permanente; — las formaciones de ingeniería y técnicas, la innovación y la investigación. — Esfuerzos específicos dirigidos a los sectores profesionales y a las PYME. En efecto, por su flexibilidad, esta categoría empresarial constituye el principal recurso para la creación de empleo en tiempos de crisis, y cumple una función particular en el desarrollo del espíritu empresarial y la creatividad. — El papel de las organizaciones empresariales y sindicales, así como de las organizaciones de la sociedad civil, en calidad de catalizadores de los proyectos y las sinergias, a fin de respaldar iniciativas y estructuras sostenibles y dinámicas. Una orientación general, en un contexto de competencia, hacia un modelo de cooperación entre todos los agentes interesados.
4.1

Dado el objetivo fijado de reducir a la mitad el número de víctimas mortales de la carretera para 2010 con respecto a los datos de 2001, y que a finales de 2007 se pudo comprobar que este objetivo no podría lograrse si no se adoptan medidas complementarias, el Comité considera que la cooperación transfronteriza propuesta por la Comisión en los cuatro ámbitos siguientes: — exceso de velocidad, — conducción en estado de embriaguez, — no hacer uso del cinturón de seguridad, y — no respetar un semáforo en rojo, constituye un primer paso en la buena dirección, ya que gracias a ello, según datos de la Comisión, cada año se podrían evitar entre 200 y 250 víctimas mortales.
1.6

Los Estados miembros han interpretado la redacción de los planes de manera muy diferente. Algunos PNAEE tenían 13 páginas, y otros 221, lo que prácticamente imposibilita cualquier tipo de comparación. Varios de ellos se han redactado únicamente en la lengua nacional, lo que aumenta aún más la dificultad de comprensión. El CESE recomienda la adopción de un modelo como el definido en el marco del proyecto EMEEES (Evaluation and Monitoring for the EU Directive on Energy End-Use Efficiency and Energy Services — Evaluación y seguimiento de la Directiva de la UE relativa a la eficiencia energética en la utilización final y los servicios energéticos), en colaboración con el Instituto de Wuppertal para el clima, el medio ambiente y la energía.
4.8

El CESE observa que sería perjudicial que, en materia de limitación del calentamiento climático, quede relegado a un segundo plano el instrumento sin duda alguna más importante —es decir, la estrategia de desarrollo y aplicación de las tecnologías energéticas— en favor de otros temas que, objetivamente hablando, deben dotar a este proceso de desarrollo de un marco de apoyo necesario y estimulante (se trata, en particular, del régimen de intercambio de derechos de emisión, del apoyo a la utilización de fuentes de energía renovables, del tercer «paquete energético», etc.). Únicamente evoluciones tecnológicas concretas que permitan poner a punto tecnologías más eficaces, tanto para la producción como para el consumo de todas las formas de energía, podrán traducirse en una disminución efectiva de las emisiones de gases de efecto invernadero. La financiación del desarrollo tecnológico podría garantizarse, por ejemplo, mediante el producto de la venta mediante subasta de las cuotas de emisión que dependen del régimen comunitario de intercambio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con la condición no obstante de que se apruebe la propuesta destinada a introducir este procedimiento. Esta fuente de financiación no debe quedar nunca aislada, sobre todo si sólo se hace efectivamente funcional a partir de 2013.