Dictamen del Comité Económico y Social sobre "Directrices para acciones integradas en favor de las regiones insulares de la Unión Europea tras el Tratado de Amsterdam (artículo 158)"

(2000/C 268/09)

El 22 de septiembre de 1999, de conformidad con el apartado 3 del artículo 23 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 6 de junio de 2000 (ponente: Sr. Vassilaras).

En su 374o Pleno de los días 12 y 13 de julio de 2000 (sesión del 12 de julio), el Comité Económico y Social ha aprobado por 53 votos a favor y 5 abstenciones el presente Dictamen.

En el contexto de la preparación del Dictamen, representantes de la Sección visitaron varias regiones insulares de la Unión Europea. Se adjunta como anexo al presente Dictamen un resumen de estas visitas.

1. Introducción

1.1. Más de 25 años después de la creación de la política regional europea, la mayor parte de la población de las regiones(1) insulares de la Unión Europea sigue teniendo un PIB per cápita inferior al 75 % de la media comunitaria. Este estado de cosas plantea la cuestión de la eficacia de las políticas insulares que se han desarrollado durante años, tanto por parte de la Unión Europea como de los Estados miembros.

1.2. El artículo 158 del Tratado de Amsterdam, que constituye ahora el fundamento jurídico para la política de cohesión económica y social de la UE, no sólo destaca que para promover el desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad es necesario reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones sino que también presta especial atención a la reducción del atraso de las regiones o islas menos favorecidas, incluidas las zonas rurales.

1.3. El Comité Económico y Social considera que la conclusión que se puede extraer de este nuevo artículo, junto con la Declaración n° 30 relativa a las regiones insulares(2) es que las políticas de la UE han abordado de modo insuficiente los problemas estructurales con que se enfrentan estas regiones debido a su desventaja geográfica permanente. Asimismo, refleja la necesidad imperiosa de adoptar medidas concretas destinadas a permitir la participación de las regiones insulares en la competitividad en pie de igualdad con las demás regiones.

1.4. Cabe destacar que una de las conquistas del Tratado de Amsterdam es considerar el desarrollo sostenible uno de los objetivos principales de la Unión de cara a su cohesión económica y social.

1.5. En su Resolución de 16 de mayo de 1997 sobre una política integrada adaptada a la especificidad de las regiones insulares de la Unión Europea(3), en el sentido del artículo 158 del Tratado, el Parlamento Europeo reconoce que el desarrollo socioeconómico sostenible, armónico, convergente y equilibrado de las regiones insulares de Europa constituye un principio y una necesidad prioritarios para la integración europea, pide al Consejo y a la Comisión que mantengan al más alto nivel su interés por las reducción de las desigualdades y el retraso en las regiones insulares menos favorecidas, que mantengan un nivel elevado de intervenciones de los Fondos Estructurales y que apliquen las medidas necesarias, que resultan indispensables si se tiene como norma el beneficio de todas las islas europeas.

1.6. El Parlamento Europeo considera que estas medidas y acciones habrán de reflejarse en el futuro en toda la legislación comunitaria y en todas las políticas comunes; en efecto sólo de este modo podrán los casi catorce millones de habitantes de las regiones insulares competir con las demás regiones en pie de igualdad y beneficiarse de las mismas facilidades de desarrollo que las que la UE concede a los territorios continentales por un lado y a las regiones periféricas por otro.

1.7. El Consejo ECOFIN de diciembre de 1997 aprobó mediante una declaración la protección y apoyo al desarrollo económico de las islas.

1.8. La propia Comisión ha subrayado en muchas ocasiones la necesidad de abordar los problemas específicos con que se enfrentan las regiones ultraperiféricas o aisladas, incluidas las islas. Por ejemplo, en el Décimo Informe Anual de los Fondos Estructurales, de 1998(4), la Comisión reconoce la necesidad, en el futuro, de una mejor coordinación de las políticas de transporte y cohesión, empezando por la fase de programación de las mismas, teniendo en cuenta que en el contexto del nuevo periodo de programación, el peso mayor se centrará en mejorar las posibilidades de acceso a las redes de transporte y en crear sistemas de transporte sostenibles y eficaces que garanticen el equilibrio entre los distintos medios de transporte. El FEDER y el Fondo de Cohesión seguirán financiando las redes transeuropeas (RTE).

1.9. Ya en su dictamen sobre las "Regiones insulares desfavorecidas", de 2 de julio de 1987(5), el Comité expresaba sus preocupaciones y presentaba sus primeras propuestas de medidas específicas para dichas regiones. Dicho dictamen influenció luego positivamente las conclusiones de la cumbre europea de Rodas(6), que se celebró en diciembre de 1988. Pero tuvieron que transcurrir nueve años, hasta la aprobación del Tratado de Amsterdam, para que la Unión Europea adoptara nuevas decisiones y medidas políticas en favor de las regiones insulares.

1.10. Desde entonces, el Comité ha subrayado reiteradamente la necesidad de modificar la política regional de la UE de modo que las regiones insulares queden de facto incluidas entre las regiones del Objetivo 1, para permitirles compensar y afrontar las desigualdades socioeconómicas y las amenazas medioambientales causadas por sus desventajas y carencias estructurales. Últimamente, en su dictamen sobre la reforma de los Fondos Estructurales(7), de 10 de septiembre de 1998, el CES pedía la mayor flexibilidad en la determinación de los criterios de elegibilidad de las regiones.

1.11. Sin embargo, el Comité lamenta que la nueva reglamentación relativa a los Fondos Estructurales para el período 2000-2006 no tenga en cuenta los problemas específicos con que se enfrentan las regiones insulares. Concretamente, la mayor parte de la financiación se asignará con arreglo a criterios exclusivamente estadísticos, como el PIB per cápita, lo cual deja poco margen para la flexibilidad.

1.12. En su dictamen sobre el "Sexto informe periódico sobre la situación y la evolución socioeconómica de las regiones de la Unión Europea"(8), de 22 de septiembre de 1999, el Comité expresaba su preocupación porque de dicho informe se deduce la posibilidad de que la regulación estadística de las regiones comunitarias, es decir, la clasificación NUTS, haga que algunas regiones desfavorecidas sean consideradas no aptas para recibir ayudas.

1.13. A la luz de las observaciones anteriores, el Comité desea,

(i) en primer lugar, contribuir a la definición de las medidas necesarias que permitan a las regiones insulares una participación equitativa en el desarrollo y, por tanto, contribuir a la aplicación del artículo 158 del Tratado y de la Declaración anexa, y,

(ii) en segundo lugar, entablar un proceso de reflexión sobre el nuevo período de programación de los Fondos Estructurales.

1.13.1. Es presente dictamen también debería considerarse en el contexto de la preparación del próximo Informe sobre la Cohesión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159 del Tratado, que la Comisión publicará a finales de este año.

1.14. El Comité reconoce que el artículo 158 del Tratado también se aplica a otras muchas regiones menos favorecidas de naturaleza distinta (como, por ejemplo, determinadas zonas de montaña), incluidas las zonas rurales, pero considera indispensable una distinción respecto a dichas regiones debido a su diversidad geográfica y física.

1.14.1. El Comité estima que también deberían tratarse los problemas con que se enfrentan estas regiones, dado que el nuevo Tratado y la reforma de los Fondos Estructurales, sumados a la próxima ampliación, han creado una nueva situación de inestabilidad para estas regiones.

1.15. Por otra parte, el apartado 2 del artículo 299 del Tratado reconoce las dificultades específicas con que se enfrentan las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. El artículo cita, concretamente, las Azores, Madeira, las islas Canarias y los departamentos franceses de Ultramar. De estas cuatro regiones, tres son islas y la cuarta puede considerarse igualmente aislada del centro de la Unión Europea. El presente dictamen no tiene por objeto tratar los temas relacionados con la aplicación del apartado 2 del artículo 299, que serán objeto de un dictamen separado sobre el "Informe de la Comisión sobre las medidas destinadas a aplicar el apartado 2 del artículo 299 - Las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea"(9).

2. Observaciones generales

2.1. El Comité señala que la referencia a las "islas" que figura en el segundo párrafo del artículo 158 ha sido traducida a las distintas lenguas oficiales de la Unión Europea de tal manera que su significado no queda claro y se contradice entre una lengua y otra.

Según la lengua en que se lea el Tratado, el carácter insular se considera o bien una circunstancia especial propiamente dicha o bien un aspecto meramente geográfico de escasa importancia práctica.

2.1.1. En todo caso, estima que una alusión a las islas en el artículo 158 del Tratado tendría escasa importancia si no se reconociera la peculiaridad de las desventajas estructurales permanentes de las mismas. En este sentido, resulta totalmente categórica la Declaración n° 30 sobre las regiones insulares, adoptada en Amsterdam al mismo tiempo que el artículo 158.

2.1.2. En consecuencia, el Comité supone que la interpretación correcta del artículo 158 es la que considera que el carácter insular es fuente de desventajas estructurales permanentes. La insularidad, en este sentido, constituiría una peculiaridad que hay que tener en cuenta, además de aquellos factores que, como el PIB per cápita o el índice de desempleo, se utilizan a menudo para evaluar las dificultades socioeconómicas de las regiones menos favorecidas de la Unión Europea.

2.2. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Comité expresa su preocupación por que las regiones insulares sigan sin recibir un trato adecuado por parte de la Unión Europea. La necesidad de tomar las medidas indispensables se hace imperativa en un momento en que la Unión Europea:

1) ha decidido reformar los Fondos Estructurales y la aplicación de nuevos reglamentos para el periodo 2000-2006, en los que, a partir del año 2000, muy pocas regiones insulares serán consideradas como regiones de desarrollo retrasado que exijan ayudas estructurales específicas;

2) negocia la adhesión a la UE de varios países que, en su mayor parte, cuentan con una renta per cápita muy baja. Por otra parte, la ampliación conllevará problemas suplementarios de ordenación del territorio, tanto para los nuevos Estados como para los ya existentes, al desplazar hacia el Este el centro de gravedad de la Unión Europea.

2.3. El Comité también considera que el continuo desarrollo de las infraestructuras en la mayor parte del territorio continental y su consiguiente revalorización, así como las normas indiferenciadas que rigen el mercado interior, basadas en el entorno socioeconómico continental, restan continuamente capacidad competitiva a las regiones insulares e incrementan la actual distancia con las demás.

2.4. La reforma de los Fondos Estructurales no tiene en cuenta el carácter insular de estas regiones ni los obstáculos físicos permanentes para el desarrollo regional que sufren, sino que se limita a tener en cuenta los factores macroeconómicos como únicos elementos sobre los que decidir la elegibilidad de las regiones insulares. En opinión del Comité, la aplicación del criterio de menos del 75 % del PIB per cápita por paridad de poder adquisitivo en las regiones insulares es muy restrictiva en cuanto que, desde el punto de vista del Tratado de Amsterdam, las regiones insulares podrían beneficiarse de medidas especialmente concebidas en función del desarrollo de cada una, con vistas a compensar sus desventajas propias.

2.4.1. Asimismo, esta situación influirá en la aprobación de las ayudas que vayan a conceder los Estados miembros a las regiones, dado que la utilización de las mismas está actualmente restringida, en virtud de la letra a) del artículo 87.3, a las regiones NUTS II con un PIB inferior al 75 % de la media comunitaria. Por tanto, no podrá compensarse la falta de financiación comunitaria con subvenciones nacionales. También quedarán prohibidas las ayudas operativas que actualmente están permitidas por la letra a) del art. 87.3, a menos que se modifiquen las líneas directrices. Ello tendrá importantes repercusiones en muchas regiones insulares y podría malograr los primeros éxitos parciales conseguidos por las políticas nacionales o comunitarias vigentes.

2.5. La política de ampliación de la Comunidad producirá un incremento espectacular del nivel relativo de prosperidad de las regiones insulares de la UE, al menos desde el punto de vista estadístico. El PIB per cápita, muy inferior, de los países que aspiran ahora a adherirse a la Unión Europea supondrá la reducción de la media comunitaria correspondiente, generando así un incremento relativo de riqueza en las regiones actualmente más desfavorecidas.

2.5.1. Las estadísticas indican que en 2007, sólo del 1 al 10 % de la población de los quince Estados miembros se beneficiará del Objetivo 1. En consecuencia, y con alguna excepción, todas las regiones insulares que se incluyen actualmente en el Objetivo 1 dejarán de tener derecho a las ayudas correspondientes, dado que superarán, desde el punto de vista matemático, el límite del 75 % de la media comunitaria.

2.5.2. En consecuencia, el Comité considera que, junto a los criterios socioeconómicos, también se deberían tener en cuenta otros criterios a la hora de determinar si una zona se beneficiará del apoyo de los Fondos Estructurales, por ejemplo, la insularidad, así como otros criterios ligados a las desventajas correspondientes al estatuto de región insular.

2.6. En su dictamen sobre la "Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio (PEOT)"(10), de 9 de septiembre de 1998, el Comité subrayaba que la ampliación dará una mayor dimensión a los problemas con que ya se enfrentan las regiones periféricas de la Unión (comunicaciones, infraestructuras de transporte, acceso a las actividades económicas y a los servicios públicos, en particular sanidad y educación, etc.) y hará indispensable en igual medida la búsqueda de un nuevo equilibrio regional que tenga en cuenta la diversidad geográfica del territorio europeo, y en el que la cohesión territorial se sume a la cohesión económica y social.

2.6.1. A la luz de las observaciones anteriores, el Comité considera que la Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio (PEOT) acordada en la reunión informal del Consejo de Ministros de Ordenación del Territorio que se celebró en Potsdam en mayo de 1999, no concede suficiente atención a las regiones insulares y a la necesidad de adoptar una política integrada de ordenación del territorio, tanto a escala de la UE como nacional, que tenga debidamente en cuenta las características geográficas específicas y las desventajas de las regiones insulares.

2.6.2. Dicho esto, el Comité celebra la gran cantidad de iniciativas y proyectos desarrollados por los agentes políticos, económicos y sociales de las regiones insulares. Constituyen una fuente de esperanza y una base para la adopción de medidas concretas a nivel europeo (proyecto de cooperación, intercambios, evaluación comparativa). El Comité respalda, en particular, las iniciativas de la Comisión de Islas de la Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas de Europa (CRPM) y de la red de Cámaras de Comercio insulares de la Unión Europea.

3. Conclusiones generales que justifican la adopción de medidas políticas

3.1. El Comité estima que la variedad de las aproximadamente 450 islas habitadas de la Unión hace indispensable toda forma de evaluación de los problemas y necesidades de cada isla por separado y de cada grupo de islas de la misma extensión.

3.2. Antes de emprender cualquier forma de evaluación indiscriminada con vistas a la adopción de medidas políticas, es necesario tener en cuenta:

a) la distancia respecto al centro más cercano del que depende la isla o grupo de islas (no son comparables en la práctica islas como Salamina, frente al puerto del Pireo, en Grecia, y la isla de la Reunión en el Océano Índico);

b) el clima (las islas al norte de la Unión) y

c) la población: Cerdeña tiene 1600000 habitantes, en tanto que las 53 islas frente a la costa de Irlanda apenas llegan a los 4000 habitantes.

3.3. El Comité considera imprescindible e insta a la Comisión a que:

- elabore un Libro Verde, previa consulta de los agentes económicos y sociales, que siente las bases de una verdadera Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio Insular (PEOTI), y que desde el nivel de las diferentes políticas comunitarias (transportes y telecomunicaciones, energía y medio ambiente, investigación e innovación, información y formación, educación y cultura, sociedad de la información y "nueva economía", sanidad y políticas sectoriales en el ámbito de la agricultura, pesca, turismo) determine mecanismos de intervención conjunta de los diferentes programas. Estos mecanismos podrían ponerse en marcha a través de una ventanilla única para las islas de la UE (con medidas de asistencia, directamente desde la isla o el archipiélago, mediante una plataforma interactiva de Internet) sobre la base de sus propias observaciones y necesidades, en aras de su integración en una dinámica de crecimiento tecnológico, innovador y formativo más rápida que la continental, para colmar progresivamente y eliminar los vacíos existentes;

- posteriormente, este nuevo enfoque de la insularidad debería consolidarse en un Libro Blanco que integre un plan de acción con un calendario definido de intervenciones y mecanismos de control de sus resultados, en el que participen plenamente los agentes económicos y sociales insulares y europeos;

- en su calidad de órgano institucional de representación de los agentes económicos y sociales de la sociedad civil, el Comité podría desempeñar un papel muy útil de interfaz y evaluar, a nivel comunitario, los resultados efectivos de la acción, en un informe bienal presentado por la Comisión al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones;

- elabore y ponga en práctica una acción piloto de evaluación comparativa (benchmarking) de los problemas y necesidades derivados del carácter insular en la Unión, con el fin de formular una estrategia comunitaria de integración de las diferentes políticas europeas relacionadas, que, en el pleno respeto de la diversidad y particularidad de las características y problemas de las islas, dé una dirección unívoca a la intervención comunitaria basada en el pleno reconocimiento del principio de insularidad como criterio prioritario de aplicación de la acción comunitaria, en aras de la competitividad y del desarrollo armonioso del conjunto de la Unión;

- racionalice, potencie y transforme en acciones permanentes las redes de información, formación y valorización de las PYME innovadoras, concediendo la debida atención, con arreglo al criterio de insularidad, a los proyectos e iniciativas de los programas comunitarios y a los instrumentos financieros con un componente insular, como por ejemplo:

- el Quinto Programa Marco plurianual de IDT y sus programas de trabajo anuales, concretamente el subprograma Craft;

- los programas relativos a la eficacia energética SAVE y a las energías renovables Altener;

- el nuevo programa de cooperación interregional Interreg y el programa Leader;

- el programa de cooperación mediterránea MEDA y el programa Phare;

- el programa relativo al medio ambiente LIFE, el futuro programa plurianual en favor de las PYME;

- los programas educativos, formativos y culturales Leonardo, Sócrates y Raffaello;

- los mecanismos de intervención financiera del BEI y FEI y, sobre todo,

- los programas y las iniciativas comunitarias actuales y futuros dirigidos a fomentar el comercio electrónico, la actividad empresarial electrónica, las inversiones inmateriales para la "nueva economía" y las redes de "comunidades de aprendizaje", así como los sistemas de conexión entre universidades, centros de excelencia y de competencia, y la lucha contra la nueva exclusión social, a saber, el analfabetismo informático.

3.3.1. El Comité destaca la urgencia de que se adopte este marco estratégico integrado de acciones, que representan la mejor vía para que la cohesión económica y social empiece a ser realidad en las regiones insulares, y no sólo en el continente, y que estas regiones puedan beneficiarse plenamente del proceso de integración europea.

4. Propuestas y recomendaciones

El Comité Económico y Social,

- considerando la necesidad de que la Unión Europea ponga en marcha una política integrada en favor de las regiones insulares comunitarias, con el fin de garantizar una verdadera cohesión económica y social, así como la igualdad de oportunidades para competir en el conjunto de la Unión Europea, compensando las desventajas permanentes de carácter geográfico, natural, económico, social y estructural que son propias de las regiones insulares;

- considerando la importancia del nuevo Tratado de Amsterdam en lo que respecta a la importancia constitucional concedida al principio de insularidad, tal como figura en el artículo 158, de conformidad con las reiteradas observaciones del Parlamento Europeo, que quedan plenamente reflejadas en la acción política y legislativa de las instituciones comunitarias;

- considera imprescindible proceder a una evaluación comparativa de la insularidad en la Unión Europea, para evaluar las condiciones de competitividad de las diferentes islas y poder así determinar los niveles más adecuados de intervención y las necesidades de coordinación de las mismas, con objeto de garantizar a las regiones insulares la igualdad de condiciones en el mercado único, poniendo fin a sus desventajas intrínsecas;

- destaca que el principio de insularidad, tal como figura en el Tratado, debe plasmarse plenamente en todas las políticas e instrumentos de intervención comunitarios y constituir un elemento de prioridad de la intervención; considera asimismo que debería figurar entre los criterios de selección de los proyectos;

- considera importantísimo coordinar las políticas e intervenciones relacionadas con las islas y reforzar las medidas de recogida de datos estadísticos, control de los resultados y evaluación del impacto de las medidas comunitarias en la realidad insular.

- insta a la Comisión a:

1) poner en marcha inmediatamente una acción piloto de evaluación comparativa de las regiones insulares de la UE;

2) elaborar un Libro Verde que siente las bases de un marco estratégico de la UE para una Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio Insular (PEOTI), integrada en la Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio (PEOT) de Potsdam;

3) elaborar a continuación un Libro Blanco, con un plan de acción basado en un calendario de medidas integradas en favor de las regiones insulares, coordinadas por un grupo interservicios de la Comisión encargado asimismo de gestionar la ventanilla única para las regiones insulares y la correspondiente plataforma interactiva de Internet;

4) asociar al Comité Económico y Social a la elaboración de un plan de acción integrado en favor de las regiones insulares;

5) presentar un informe bienal sobre el estado de la insularidad en la Unión Europea al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones.

Bruselas, el 12 de julio de 2000.

La Presidenta

del Comité Económico y Social

Beatrice Rangoni Machiavelli

(1) En el presente Dictamen, la palabra "región" se utilizará en su acepción geográfica, no administrativa.

(2) La Declaración n° 30 dispone que: La Conferencia reconoce que las regiones insulares sufren de desventajas estructurales vinculadas a su carácter insular cuya permanencia perjudica a su desarrollo económico y social. La Conferencia reconoce, por lo tanto, que el Derecho comunitario debe tener en cuenta dichas desventajas y que, cuando ello se justifique, podrán tomarse medidas específicas en favor de dichas regiones con miras a integrarlas mejor en el mercado interior en condiciones equitativas.

(3) DO C 167 de 2.6.1997, p. 249.

(4) COM(1999) 467 final, punto 1.2.5, p. 27.

(5) DO C 232 de 31.8.1987.

(6) "El Consejo Europeo reconoce los particulares problemas socioeconómicos que experimentan algunas regiones insulares de la Comunidad. Por ello pide a la Comisión que estudie estos problemas y presente en su caso las propuestas financieras que considere útiles dentro de las posibilidades financieras ofrecidas por las políticas actuales de la Comunidad y siguiendo su tenor."

(7) DO C 407 de 28.12.1998.

(8) DO C 329 de 17.11.1999, p. 20.

(9) COM(2000) 147 final, de 14.3.2000.

(10) DO C 407 de 28.12.1998, p. 85.

ANEXO I

al dictamen del Comité Económico y Social

Características de los problemas estructurales permanentes de las regiones insulares

1. En el tejido geográfico de la UE existen unas 450 islas habitadas, que equivalen al 5 % de su superficie continental, con una población que supera los catorce millones de habitantes. Algunas de ellas se encuentran cerca del continente, en tanto que otras están alejadas y dispersas en el territorio marítimo.

2. Las regiones insulares son porciones de un Estado miembro totalmente rodeadas por el mar sin conexión estable con el continente que no albergan una capital de un Estado miembro de la Unión (definición del Servicio Estadístico Eurostat).

3. Desde el punto de vista administrativo, las islas disponen de su propia administración local, con diferencias entre sí en función de su tamaño y número de habitantes. Hay islas que cuentan con hasta tres subniveles administrativos, en tanto que otras están reunidas en pequeños grupos de islas a modo de satélites que reúnen todos los niveles de administración local. Algunas islas de nivel administrativo inferior dependen de administraciones continentales superiores en segundo o tercer grado. Algunas, muy pequeñas, cuentan con escasos habitantes y carecen de organización administrativa alguna.

4. Las islas están caracterizadas por sufrir unas desventajas permanentes, que las distinguen claramente de las regiones continentales. Dichas desventajas permanentes tiene unas características comunes, si bien de distinto alcance, a saber:

- aislamiento respecto al continente;

- elevado coste añadido de los transportes marítimos y aéreos, las comunicaciones y las infraestructuras, a causa de los obstáculos naturales y climáticos,

- limitada extensión de los terrenos,

- recursos pesqueros limitados,

- poca disponibilidad de agua,

- escasez de fuentes de energía,

- contaminación marina y costera,

- dificultad de gestión de los residuos,

- disminución de la población, sobre todo de jóvenes,

- erosión de las costas,

- escasez de mano de obra especializada,

- falta de un entorno económico para las empresas,

- dificultad de acceso a la educación y a la sanidad.

5. La economía insular sufre también por lo limitado del mercado local y las variaciones estacionales. En muchísimos casos depende de un único sector de actividad (agricultura, pesca, turismo) que la hace frágil y totalmente vulnerable a las oscilaciones de los mercados. La mayor parte de las regiones insulares se ven afectadas sobre todo por las consecuencias del descenso del nivel de empleo, que no se ve compensado por ocasiones alternativas de empleo en otros sectores. Consecuencia de ello es el desplazamiento de la población activa a otros centros. La reducción constante de la población supone a su vez una disminución de la demanda de los productos y servicios proporcionados por las empresas locales, con lo que la actividad económica queda socavada tanto en el sector público como en el privado. Este proceso de reducción debilita la base económica y social de las regiones insulares y provoca el abandono de las mismas.

6. Esto significa que todas las regiones insulares afrontan grandes dificultades para encontrar un nivel de desarrollo socioeconómico similar a la media de la UE o que, cuando se alcanza un nivel razonable de prosperidad, han de realizarse muchos más esfuerzos simplemente para mantener el nivel de desarrollo existente. En otras palabras: si bien no son siempre las regiones más pobres de la Comunidad, las regiones insulares son mucho más frágiles y sensibles debido a que sus desventajas físicas y permanentes se combinan con problemas socioeconómicos que les son comunes y que presentan una tendencia al crecimiento.

7. Los habitantes de las islas están orgullosos de su origen y su cultura y son hospitalarios con los visitantes. En muchas islas se preservan monumentos históricos y ciudades medievales y la piqueta del arqueólogo encuentra continuamente nuevos yacimientos. La historia y tradición de dichos monumentos y restos contribuyen y enmarcan el tejido histórico de la historia europea. Las condiciones de vida en las islas son a menudo duras para habitantes y foráneos. Pero pese a que las regiones insulares difieren entre sí, todas han de afrontar el problema común de la insularidad.

ANEXO II

al dictamen del Comité Económico y Social

1) Tercera reunión, celebrada en la Región autónoma de Azores (Portugal) los días 15, 16 y 17 de marzo de 2000

En la reunión del Grupo de estudio celebrada en Azores tuvo lugar un intercambio de opiniones entre los diferentes grupos de interés (empresarios, trabajadores, etc.) del que se desprendió que las regiones periféricas se adaptan perfectamente al artículo 299, por lo que se aprueba el Dictamen del CES relativo al artículo 158. Solicitan que se ponga a su disposición un instrumento suplementario, junto al artículo 158, con vistas a un mayor desarrollo de las regiones insulares.

En su opinión, la Comisión y el Consejo de Ministros deben preparar un programa global y, más adelante, elaborar un Libro Blanco que permita brindar a las regiones insulares igualdad de derechos y de oportunidades para superar las desventajas estructurales que padecen, cuya persistencia frena su desarrollo económico y social (como se reconoce en la Declaración n° 30 del Tratado de Amsterdam).

2) Cuarta reunión, celebrada en Oban (Escocia), los días 12, 13 y 14 de abril de 2000

En el marco de sus trabajos preparatorios del Dictamen de iniciativa, el Grupo de estudio visitó dos de las islas del este de Escocia. Los anfitriones de esta visita fueron el Argyll and Bute Council y Argyll and the Islands Enterprise, que dieron testimonio de la vida insular.

Hay aproximadamente 90 islas inhabitadas en Highland, y la zona insular correspondiente al objetivo n° 1 consta de 103000 habitantes. Sólo tres islas tienen una población superior a 15000 habitantes y dos tercios de las islas tienen menos de 500 habitantes.

El Grupo de estudio visitó las islas de Mull e Iona, escuchó a representantes de las comunidades locales y organizó una audiencia en Oban en la que participaron asimismo representantes de otras islas.

Los principales temas abordados durante la visita fueron el acceso y los transportes, las infraestructuras (carreteras y telecomunicaciones), la educación y formación profesional, la despoblación, el crecimiento y la creación de empresas, el turismo, la agricultura y la pesca.

3) XX Reunión de la Comisión insular de la Conferencia de las regiones periféricas y marítimas de la Unión Europea (CRPM) - Kos (Grecia), 11 y 12 de mayo de 2000

El ponente participó en la XX Reunión de la Comisión insular de la Conferencia de las regiones periféricas y marítimas de la Unión Europea (CRPM), celebrada en Kos. Cabe destacar que todos los participantes expresaron su apoyo a los trabajos del Comité relativos a las regiones insulares. En la declaración final se afirmó que la elaboración de un programa global y de un Libro Blanco ayudaría a las islas a superar sus problemas crónicos, gracias a una política adecuada para el futuro y al desarrollo de la igualdad de oportunidades.