Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones - Estrategia para el mercado interior - Prioridades del período de 2003-2006"

(COM(2003) 238 final)

(2003/C 234/15)

El 8 de mayo de 2003, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la comunicación mencionada.

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, se ha encargado de preparar los trabajos del Comité en este asunto. El Comité designó ponente general al Sr. Cassidy.

En su 401o Pleno de los días 16 y 17 de julio de 2003 (sesión del 16 de julio), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado el presente Dictamen por 80 votos a favor, 15 votos en contra y 18 abstenciones.

1. Diez años de mercado interior sin fronteras

1.1. El CESE acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión y sus conclusiones, así como el Plan de acción que se recoge en los anexos. Coincide en que aún queda mucho por hacer para aprovechar plenamente el potencial del mercado interior.

1.2. El mercado interior no se ha completado y deberá superar todavía importantes retos entre 2003 y 2006. Aún persisten diversas restricciones nacionales a la libre circulación de mercancías y personas.

1.3. Además de la eliminación de las barreras nacionales a la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas existen nuevos problemas y desarrollos que influyen el entorno general y las condiciones marco del mercado interior; por ejemplo: el cambio de naturaleza de la UE (que pasó de CEE a UE, y sigue evolucionando), la estrategia de Lisboa con su visión más global de la política, la futura ampliación, los resultados de los debates de la Convención, los cambios internacionales en la división del trabajo, así como la mala situación económica actual.

1.4. A pesar de que, hoy por hoy, son escasas las limitaciones a los movimientos de capital, los avances a la hora de aplicar el Plan de acción sobre los servicios financieros han sido lentos. Esto representa un desafío de gran importancia para el Parlamento Europeo y el Consejo, que deberán agilizar su procedimiento de codecisión puesto que los servicios financieros constituyen el lubricante de la actividad empresarial en la UE. En los casos en que todavía no existen medidas comunitarias, la protección nacional de los servicios financieros también puede obstaculizar el mercado interior. La eliminación de esos obstáculos deberá tener en cuenta los intereses de los ciudadanos (consumidores, trabajadores y empresarios).

1.5. Los avances de los últimos diez años han sido insuficientes para repercutir en el desempleo, que continúa siendo demasiado elevado, con un índice del 8 % que, según las previsiones económicas de primavera aprobadas el 8 de abril por la Comisión(1), aumentará hasta el 8,8 %. Aunque la eliminación de las barreras que sigue existiendo para el mercado interior crea posibilidades económicas suplementarias y, por tanto, también más puestos de trabajo potenciales, el desempleo sólo podrá ser combatido con éxito mediante una política macroeconómica orientada hacia el empleo y mayores esfuerzos para aplicar la estrategia de empleo en el nivel nacional.

1.6. La Comunicación de la Comisión hace hincapié en que la realización del mercado interior es un proceso continuo compartido con los Estados miembros. La Comunicación destaca, no obstante, que han aumentado los obstáculos legales derivados del modo en que algunos Estados miembros incorporan las medidas europeas en su legislación nacional.

2. Prioridades del período de 2003-2006

2.1. Facilitar la libre circulación de mercancías

El comercio con terceros países ha crecido a un ritmo más rápido que el comercio entre los Estados miembros. Una de las causas reside en el fracaso del reconocimiento mutuo, cuyo cometido es fomentar la confianza de los consumidores en los productos fabricados en otro país. Los Estados miembros han de confiar mutuamente en sus distintos sistemas. Un sistema jurídico sólido, unas normas de calidad elevadas y transparentes e iniciativas en el ámbito de la educación de los consumidores son las mejores condiciones previas para aumentar el comercio de bienes entre los Estados miembros.

2.2. Integrar los mercados de servicios

2.2.1. Las características particulares de los servicios -por ejemplo, la importancia de la profesionalidad y la cualificación de los proveedores, las diferencias considerables entre las disposiciones jurídicas nacionales y las divergencias en precios, ingresos y normas que resultan de ellas, así como la falta de un mecanismo eficiente en el nivel comunitario para contrarrestar estas diferencias y la falta de confianza en los sistemas jurídicos de otros Estados miembros- han impedido hasta la fecha el establecimiento de un mercado interior de los servicios. El sector de los servicios representa únicamente el 20 % del comercio del mercado interior, es decir, menos de lo que representaba hace una década. Habida cuenta de que casi el 90 % de todas las PYME de la UE pertenecen al sector de los servicios, urge registrar un avance en este sentido.

2.2.2. Excepto en el caso de los servicios financieros, ámbito en el que se aprobaron 32 de las 42 medidas del plan de acción, otros ámbitos del sector de servicios no han sido hasta ahora objeto de una política global de mercado interior. Dado que en la actualidad la Comisión está elaborando las medidas correspondientes, el Comité, con vistas al mantenimiento de los niveles de seguridad sociales y medioambientales y la protección de los consumidores -sobre todo, teniendo en cuenta la adhesión de los nuevos Estados miembros- llama la atención sobre los requisitos particulares en este ámbito, así como sobre las necesidades de las PYME, por ejemplo, en lo que se refiere al fomento de las ventas y al principio del país de origen.

2.3. Conseguir industrias de red de gran calidad; conseguir servicios de interés general de gran calidad

2.3.1. Las empresas de los servicios de interés general prestan servicios continuos, de alta calidad y en amplios territorios. En las privatizaciones, los fraccionamientos y las medidas de liberalización deberá tenerse en cuenta siempre en primer lugar el valor añadido para los consumidores y el principio del servicio obligatorio a un precio asequible. Por consideraciones de seguridad y calidad también debería garantizarse la contratación de personal especializado que cuente con la suficiente formación para poder solucionar los cuellos de botella.

2.3.2. Las llamadas "industrias de red" (telecomunicaciones, agua, energía, transporte, etc.) constituyen un elemento esencial del mercado interior de la UE. No obstante, aunque se han registrado avances en la reducción de precios, sobre todo para las empresas y en parte también para los consumidores, tras la liberalización, por lo demás, las mejoras para los consumidores y los usuarios siguieron siendo limitadas, y a veces se produjeron incluso problemas considerables en el abastecimiento y la seguridad.

2.3.3. El CESE sigue con gran interés la petición que formula la Comisión al Consejo y el Parlamento para agilizar la aprobación del "segundo paquete ferroviario" y el paquete de medidas destinado a crear un cielo único europeo. En particular por lo que respecta a las "industrias de red", el Comité se pronuncia favor de una relación equilibrada entre el interés general y la competencia. Además considera necesario que la Comisión presente un proyecto de Directiva marco que refuerce los principios políticos sobre los servicios de interés económico general y conceda a los Estados miembros la flexibilidad necesaria en este ámbito.

2.3.4. Un mercado interior más amplio implica obligatoriamente un mayor volumen de transporte. Por ello, la política de transportes de la Unión debe afrontar el desafío de fijar las condiciones marco apropiadas para el transporte necesario, que sean aceptables también desde el punto de vista medioambiental y social y que velen por una combinación razonable de los diferentes modos de transporte (ferrocarril, carretera, marítimo y fluvial). Sin embargo, al mismo tiempo deben crearse incentivos para evitar el transporte innecesario.

2.3.5. Así pues, el Comité respalda cualquier iniciativa encaminada a agilizar el cumplimiento de las prioridades de la Comisión (TEN-T). Sin embargo, los medios facilitados hasta ahora por los Estados miembros y la Comunidad son insuficientes para poder alcanzar estos objetivos.

2.4. Reducir los efectos de los obstáculos fiscales

2.4.1. Por una cuestión de principio, la prioridad es la misma de los últimos veinte años, es decir, un sistema armonizado en el que el IVA se aplica en el país de origen (principio del país de origen), y no en el país de consumo (principio del país de destino). Quince reglamentaciones distintas sobre el IVA suponen una carga enorme para la actividad empresarial. El CESE hace hincapié en que la cuestión relativa a los tipos del IVA debe seguir estando en manos de los Estados miembros, aunque la Comisión tiene un papel que desempeñar a la hora de establecer un sistema armonizado.

2.4.2. El CESE advierte a la Comisión que sus propuestas para abandonar progresivamente el impuesto de matriculación de vehículos se encontrarán con objeciones por parte de algunos Estados miembros.

2.5. Incrementar las oportunidades de participar en contrataciones públicas

Pocos de los contratos públicos -que representan el 16 % del PIB de la UE, es decir, 1429000 millones de EUR- se conceden a proyectos transfronterizos. Así pues, el sistema no funciona de manera satisfactoria. El CESE muestra su preocupación por la lentitud del Consejo y el Parlamento Europeo a la hora de adoptar el paquete legislativo sobre contratación pública vigente. Así pues, el sistema es mejorable. Ya que se trata de un gran mercado de contratación, las licitaciones transfronterizas, que entrañan un número mayor de candidatos potenciales, podrían mejorar la condiciones de competencia. No obstante, las empresas, al efectuar el cálculo de los costes, deben tener en cuenta los costes de transporte, por lo general más elevados, y los retos técnicos o comerciales que implica una licitación transfronteriza. A este respecto, las grandes empresas, que están habituadas a actuar a nivel internacional, superan a las PYME, que operan con márgenes más ajustados. Hay que evitar por medio de controles precisos el peligro de dumping social debido al empleo de mano de obra de países con escaso nivel salarial o de mano de obra que recibe pagas por debajo de los salarios fijados contractualmente.

2.6. Mejorar las condiciones para las empresas

2.6.1. La patente comunitaria constituye un instrumento fundamental para el éxito del mercado interior. La UE ha de crear un entorno donde puedan prosperar la actividad empresarial y la creación de empleo. El CESE lamenta enormemente que la plena aplicación del acuerdo alcanzado recientemente por el Consejo sobre la patente comunitaria se haya retrasado.

2.6.2. El CESE ha mostrado en reiteradas ocasiones su preocupación por la repercusión de las medidas comunitarias y nacionales (la carga burocrática) en los agentes del mercado interior. Uno de los objetivos del programa del mercado interior consiste precisamente en reducir las cargas que se imponen a las empresas y los ciudadanos. Por tanto, solicita a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren unas "evaluaciones de impacto" más detalladas en relación con sus propuestas.

2.6.2.1. El Comité ha observado en varias ocasiones que el entorno de la pequeña y mediana empresa no participaba de manera suficiente en la elaboración de las disposiciones relacionadas con la realización del mercado interior. Solicita por tanto que se refuerce la concertación entre la Comisión y las PYME. Con arreglo a las recomendaciones de la Carta Europea de la Pequeña Empresa, el Comité desea que la DG de Mercado Interior se dote de un sistema de consulta y cooperación con las organizaciones representativas de la pequeña empresa, a fin de garantizar su participación en la totalidad del proceso legislativo comunitario.

2.6.3. El Comité señala no obstante la diferencia entre, por una parte, una carga jurídica y administrativa innecesaria y, por otra parte, las normas y reglamentaciones en materia social, medioambiental y de protección de los derechos de los consumidores que se requieren para el mantenimiento y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, de acuerdo con los objetivos comunes de la UE fijados en los Tratados y en la estrategia de Lisboa.

2.6.4. El CESE está deseando examinar las propuestas de la Comisión sobre el derecho de sociedades, y espera que sean consistentes con unos criterios de ámbito mundial. Señala que las Normas Internacionales de Contabilidad requieren un respaldo jurídico en toda la UE, de conformidad con el Reglamento NIC, y pide a la Comisión y al Consejo que actúen con premura en aras de la aprobación de normas internacionales de auditoría. Para ello deberían tenerse en cuenta los intereses de todas las partes afectadas.

2.6.5. El CESE ha apoyado las propuestas de la Comisión sobre las ofertas públicas de adquisición (OPA). Señala que en este caso hay que tener debidamente en cuenta el equilibrio de fuerzas, de modo que todos los Estados se rijan por las mismas condiciones.

2.6.6. Por lo que respecta a las propuestas de la Comisión para elaborar un Reglamento sobre un estatuto de empresa privada europea para las PYME, el CESE espera que esta iniciativa no imponga cargas adicionales, y señala que existen muchas grandes empresas privadas cuyos accionistas y trabajadores desean que sigan siendo privadas.

2.7. El reto demográfico

2.7.1. Aunque las iniciativas de la Comisión en este ámbito tengan un alcance limitado, la Comunicación destaca el doble problema que plantean una población cada vez más vieja y una edad de jubilación cada vez más temprana.

2.7.2. El "coeficiente de dependencia" (la cantidad de personas que trabajan para mantener a los que ya se han jubilado) es también motivo de preocupación.

2.7.3. Los cambios demográficos requieren medidas de adaptación en el mercado de trabajo y en los sistemas de protección social así como en las infraestructuras, entre otras la sanidad. En el marco de la estrategia de Lisboa, el objetivo central es el fomento del empleo, si se quiere aplicar adecuadamente las estrategias económicas, sociales y, sobre todo, las referentes a las pensiones(2). Además de la no discriminación de trabajadores de mayor edad también hay que adoptar medidas para aumentar las cuotas de empleo de este sector de los trabajadores. Es necesaria una política macroeconómica y de empleo específica para crear los puestos de trabajo necesarios, de lo contrario el aumento de las cuotas de empleo podría repercutir negativamente en el empleo de los trabajadores más jóvenes.

2.7.4. El CESE señala(3) que en las reformas requeridas para lograr un sistema de pensiones adecuado y equilibrado hay que tener en cuenta la mayor esperanza de vida y las nuevas formas de trabajo, así como las repercusiones de los diferentes sistemas de financiación de las pensiones. Además, el Comité subraya que las reformas de los sistemas de protección social en la actualidad se debaten casi exclusivamente desde la perspectiva del mercado interior y las necesidades presupuestarias. Esto podría repercutir negativamente en el sistema en su totalidad. Los sistemas de pensiones necesitan una reforma, por lo que deben revisarse en su integridad. Además, todos los afectados están involucrados en los esfuerzos de reforma, especialmente los interlocutores sociales.

2.7.5. El mercado interior también plantea retos en el ámbito de la sanidad. Por una parte, la movilidad de los trabajadores en el mercado interior puede contribuir a solucionar problemas de escasez de personal, especialmente entre el personal de enfermería. Por otra parte, la movilidad de los pacientes puede producir desequilibrios y desigualdades de financiación en los diferentes sistemas establecidos. En este caso también, debatir los problemas exclusivamente desde la perspectiva del mercado interior puede tener un efecto negativo. Para evitar esto, es necesario que en el futuro se tomen en consideración y se debatan todas las necesidades en su integridad.

2.7.6. El Comité llama la atención asimismo sobre la reforma de los sistemas de protección social en los futuros Estados miembros. Las reformas en estos Estados hasta ahora se han basado fundamentalmente en la iniciativa privada, las responsabilidad individual y los riesgos personales, así como en los pilares de la capitalización. Esto podría provocar divisiones y tensiones cuando se adhieran a la Unión los nuevos Estados.

2.8. Simplificación del marco normativo

Sustituir las quince regulaciones nacionales en una sola de alcance comunitario es uno de los objetivos del mercado interior. No obstante, los Estados miembros continúan añadiendo otros elementos a las obligaciones de las directivas de la UE (lo que se conoce como "envolver" la legislación comunitaria). El Parlamento Europeo ha propuesto la introducción de una "prueba de compatibilidad" con el mercado interior, que cuenta con el apoyo del CESE(4), siempre que los criterios para dicha prueba tengan en cuenta los intereses de todos los ciudadanos del mercado interior.

2.9. Aplicación de la normativa

2.9.1. Los Estados miembros no aplican las directivas europeas de una manera rápida ni precisa. El número de infracciones aumentó de 700 en 1992 a 1500 en 2002(5). La resolución de estos casos depende en gran medida del trabajo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE). El CESE desearía una mayor rapidez en la resolución de los casos de infracción y espera que las disposiciones Solvit contribuyan con medios materiales a este fin. El CESE solicita a la Comisión que informe periódicamente sobre los logros que se alcancen gracias a la red Solvit.

2.9.2. El CESE considera que una posible solución al déficit de incorporación sería hacer un mayor uso de los reglamentos del Parlamento y el Consejo (que se conocerán como legislación comunitaria), que son de aplicación directa, en lugar de las directivas del Parlamento y el Consejo, que se dirigen a los gobiernos y ocasionan los principales problemas en materia de transposición.

2.9.3. El uso de reglamentos, no obstante, debe hacerse únicamente bajo el respeto más estricto del principio de subsidiariedad y, al mismo tiempo, la observancia de las normas en el ámbito de los regímenes de seguridad social y la protección de los consumidores y el medio ambiente.

2.9.4. El CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión sobre un "mecanismo de información" que obligaría a los Estados miembros a notificar a la Comisión los nuevos reglamentos técnicos antes de su entrada en vigor.

2.9.5. Asimismo, el CESE valora positivamente las propuestas de la Comisión para mejorar la cooperación administrativa y adoptar códigos de conducta y de normas profesionales de índole europea y carácter voluntario.

2.10. Más información de mayor calidad - Un mercado interior para los ciudadanos

2.10.1. A pesar de los avances conseguidos hasta la fecha, los ciudadanos apenas conocen sus derechos ni las ayudas disponibles a través de programas y puntos de contacto como, por ejemplo, EURES (para las personas en busca de empleo) y Solvit (para la eliminación de las barreras a la libre circulación de mercancías y servicios).

2.10.2. También en lo que se refiere a los consumidores, la realización del mercado interior constituye una gran desilusión, ya que no han disfrutado, como debían, de los beneficios que se esperaban.

2.10.3. Habida cuenta de que los ciudadanos siguen sin conocer apenas sus derechos y posibilidades, ni las ayudas disponibles a través de programas y puntos de contacto, sería útil desarrollar un concepto para mejorar la información y facilitar el acceso de los ciudadanos a los programas y puntos de contacto existentes. A este respecto, el Comité recomienda que se informe sobre los instrumentos de solución de problemas, como por ejemplo Solvit, así como sobre sus posibilidades de utilización y que se facilite el acceso a los mismos. Por ejemplo, las asociaciones de empresarios, trabajadores o consumidores podrían funcionar como puntos de contacto para las empresas y los ciudadanos y constituir el nexo de unión con los actuales centros de solución de problemas, como los centros Solvit. Dado que, sin embargo, no es éste uno de los cometidos propios de estas organizaciones, podría suponer una carga adicional para sus recursos financieros; por esta razón, deberían ponerse a su disposición fondos suplementarios. No obstante, debería evitarse una multiplicación de las estructuras y los recursos.

2.10.4. Aunque la libertad de circulación de las personas es uno de los objetivos fundamentales del mercado interior siguen existiendo obstáculos en éste ámbito, tal como demuestra el número de quejas dirigidas a la Comisión. Los programas para fomentar la movilidad de estudiantes han tenido éxito quizá porque la movilidad no se considera un fin propio de los mismos. Ello también influye en el desarrollo geográfico del mercado interior. Quizá sería más eficiente y respondería mejor a las necesidades de las personas no querer conseguir que las personas se desplacen a donde están los puestos de trabajo, sino crear los puestos de trabajo donde están las personas. Para ello sería necesario, además del mercado interior, una política estructural y regional de gran alcance.

2.10.5. A fin de que los consumidores puedan aprovechar mejor las posibilidades de compra en el extranjero deberán estar mejor informados y habrá que eliminar los obstáculos existentes. Una de las principales tareas de la Comisión es garantizar que los sistemas jurídicos de los Estados miembros están preparados para tramitar con rapidez y sin grandes costes las demandas transfronterizas sobre productos defectuosos y fallos en la prestación de servicios. Se acogen con satisfacción las iniciativas de la Comisión para fomentar las modalidades alternativas de solución de conflictos (ADR).

2.10.6. En la actualidad todavía existe un gran desconocimiento de los derechos de los consumidores en el mercado interior. También es poco conocida entre los juristas la jurisprudencia correspondiente del TJE y del Tribunal de Primera Instancia. El dictamen del CESE sobre PRISM 2002 (ponente: Sr. Pezzini) llamó la atención sobre estas lagunas de conocimiento, así como sobre la manera en que los niveles nacionales y locales se aprovechan con frecuencia de este desconocimiento. Se suscriben las conclusiones del dictamen del Sr. Pezzini.

2.10.7. El dictamen de iniciativa del Sr. Hernández Bataller(6) expone en detalle la necesidad de que la Comisión adopte algunas iniciativas nuevas en el ámbito de la educación de los consumidores. Se suscriben las correspondientes recomendaciones.

3. Sacar el máximo partido del mercado interior ampliado

La Comunicación de la Comisión reconoce que la aplicación de la legislación de la UE será aún más difícil con la ampliación. Propone que se elabore una recomendación donde se establezcan unas "mejores prácticas" que deberán aplicarse de manera coherente en toda la UE, a fin de garantizar una mejor y más rápida ejecución. El CESE valora positivamente esta propuesta.

3.1. Construir el mercado interior en un contexto internacional

3.1.1. La ampliación del mercado interior traerá consigo muchas ventajas económicas y reforzará la competitividad de la UE en el mercado mundial, con la condición de que la UE sepa aprovechar al máximo el potencial que tiene, por ejemplo, el empleo de la mano de obra disponible y la solución eficaz de los problemas que se deriven de la ampliación del mercado interior.

3.1.2. Entre esos problemas se incluyen, entre otros, los siguientes: reducción de las diferencias económicas y sociales; disposiciones transitorias que provoquen divisiones en el mercado interior; suficientes capacidades administrativas y jurídicas para incorporar con eficacia el acervo comunitario; mayor actividad económica transfronteriza; diferencias de calidad de las mercancías y servicios, sobre todo en la agricultura; problemas especiales para las regiones transfronterizas; creciente necesidad de adaptar las infraestructuras a las necesidades cambiantes; creciente volumen de transporte; problemas de las zonas económicas especiales; diferencias en los sistemas fiscales; normas de salud y seguridad en el trabajo; normas medioambientales; refuerzo de los controles en las fronteras; creciente competencia; problemas de desempleo debido a las reestructuraciones; reforma de los sistemas de seguridad sociales de acuerdo con el principio de cohesión económica, social y territorial; necesidad de reforzar el diálogo social para posibilitar la plena participación de los interlocutores sociales y la sociedad civil en la futura configuración del mercado interior.

3.1.3. Un apoyo eficaz al proceso de reestructuración y la eliminación de las diferencias económicas y sociales entre los Estados miembros actuales y futuros (también después de la ampliación) son, de acuerdo con los objetivos de Lisboa, condiciones previas fundamentales para un desarrollo económico y social coherente de la nueva Unión Europea en su conjunto. Es preciso hacer esfuerzos en todos los ámbitos de la política de la UE para solventar del modo más rápido posible las diferencias entre las regiones actuales de la UE y las nuevas regiones, con el fin de garantizar la cohesión del mercado interior.

3.1.4. El Comité aporta su contribución mediante audiencias regulares en los Estados miembros actuales y futuros, para determinar cómo los agentes competentes afrontan los avances del mercado interior, con qué dificultades tropiezan y de qué medidas del mercado interior se sirven para mejorar y solucionar los problemas. Además, el Comité ha desarrollado la iniciativa Prism, que recoge datos sobre las iniciativas concretas y de ese modo proporciona información.

3.2. Seguimiento

La Comunicación de la Comisión reconoce que, independientemente de la calidad que pueda tener la estrategia sobre el papel, ésta no tendrá éxito sin un seguimiento y una evaluación sistemáticos. El CESE respalda enérgicamente este punto de vista.

4. Conclusiones

4.1. Aunque acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión y apoya sus recomendaciones, el CESE estima que aquella presenta algunas omisiones significativas. En especial, no se presta suficientemente atención a la creación de empleo. A pesar de que la Comunicación de la Comisión considera que, en líneas generales, el mercado interior creará puestos de trabajo, no proporciona ninguna prueba de que sea así.

4.2. Por otra parte, la Comunicación de la Comisión olvida prácticamente a los consumidores y las ventajas a que éstos tienen derecho con la realización del mercado interior.

4.3. Asimismo, el Comité señala que la creación del mercado interior no resolverá todos los problemas del mercado de trabajo europeo, sino que será necesario también adoptar medidas activas al respecto.

4.4. El CESE señala que los mercados laborales se encuentran en continuo desarrollo: desaparece empleo en el marco de la reestructuración económica, se producen cambios en la división internacional del trabajo, el desarrollo tecnológico, etc. Se crearán nuevos empleos que requerirán, a su vez, nuevas aptitudes. Las nuevas empresas podrían exigir condiciones económicas diferentes y otros aspectos (infraestructuras, etc.). La manera de gestionar estos cambios constituye un importante desafío para la Comisión Europea y, en especial, para los interlocutores sociales.

4.5. El mercado interior plantea retos a los sistemas de seguridad social y a su futuro desarrollo. No obstante, el debate sobre la futura configuración de los sistemas de seguridad social no debe basarse exclusivamente en la perspectiva del mercado interior y las necesidades presupuestarias, sino que debe considerar los sistemas en su totalidad y tener en cuenta sus objetivos.

4.6. La lentitud del Proceso de Lisboa está comenzando a suscitar inquietud. No obstante, la Comunicación de la Comisión no reconoce esta preocupación.

4.7. La deflación que se extiende a la UE desde los EE UU y Japón podría constituir una amenaza internacional de cara a la Estrategia para el mercado interior. El CESE se muestra preocupado por este hecho, aun cuando la Comunicación de Comisión no hace ninguna mención de él.

4.8. Las ventajas adicionales en el terreno social dentro de la Unión Europea no se obtendrán únicamente por medio de medidas de liberalización del mercado o de fomento de la competencia. La plena realización del mercado interior europeo se conseguirá con la contribución esencial de una política macroeconómica de acompañamiento orientada al crecimiento y el empleo.

4.9. Por último, el CESE muestra su extrañeza por que entre las prioridades estratégicas para el mercado interior no conste ganar la confianza de los ciudadanos (consumidores y trabajadores) y hacer que éstos se beneficien de los avances en su realización.

Bruselas, 16 de julio de 2003.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Roger Briesch

(1) Economía Europea n° 2, 2003.

(2) Dictamen del CESE sobre las Pensiones Seguras y Viables, DO C 48 de 21.2.2002.

(3) Dictamen del CESE sobre las Pensiones Seguras y Viables, DO C 48 de 21.2.2002.

(4) Informe Harbour del Parlamento Europeo, A5-0026/2003.

(5) Cuadro de Indicadores del Mercado Interior, n° 11, noviembre de 2002.

(6) DO C 133 de 6.6.2003, p. 1.

ANEXO

al dictamen del Comité Económico y Social Europeo

La siguiente propuesta de enmienda, que obtuvo más de una cuarta parte de los votos emitidos, fue rechazada en el transcurso de los debates:

Punto 2.6.4

Modifíquese del modo siguiente:

"El CESE está deseando examinar las propuestas de la Comisión sobre el derecho de sociedades. El Comité pide a la Comisión y al Consejo que evalúen la compatibilidad de las Normas Internacionales de Contabilidad y las normas internacionales de auditoría con el modelo económico europeo y que, de ser necesario, efectúen las adaptaciones correspondientes teniendo en cuenta los intereses de todas las partes afectadas."

Resultado de la votación

Votos a favor: 44, votos en contra: 44, abstenciones: 12.