OPINIÓN 7. El Tribunal ha fiscalizado: a) las cuentas de la Empresa Común, que comprenden los estados financieros (5) y los estados sobre la ejecución presupuestaria (6) correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2016; b) la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas, de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 8. En opinión del Tribunal, las cuentas de la Empresa Común correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Empresa Común a 31 de diciembre de 2016 (los resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio finalizado a dicha fecha) conforme a lo dispuesto en el Reglamento Financiero y en las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión; estas últimas están basadas en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 9. En opinión del Tribunal, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2016 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares. Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 10. En opinión del Tribunal, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2016 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares. Párrafo de énfasis 11. Sin cuestionar las opiniones expresadas en los apartados anteriores, el Tribunal desea llamar la atención sobre el asunto siguiente. En virtud de las conclusiones del Consejo de la UE adoptadas el 7 de julio de 2010 (7) se aprobaron 6 600 millones de euros (valores de 2008) para la contribución de la Empresa Común a la fase de construcción del proyecto ITER, cuya conclusión estaba inicialmente prevista para 2020. Esta cifra no incluía los 663 millones de euros propuestos por la Comisión Europea en 2010 para cubrir contingencias (8). 12. En noviembre de 2016, el Consejo ITER (9) aprobó unas nuevas líneas de base del proyecto ITER (alcance, calendario y costes) y todos los miembros (10) aprobaron también el calendario general (11). El coste del global del proyecto fue aprobado ad referéndum, con lo que todos los miembros han de recibir la aprobación de los costes del proyecto vía sus respectivos procesos presupuestarios públicos. 13. El nuevo calendario aprobado por el Consejo ITER establece un enfoque de cuatro fases, según el cual diciembre de 2025 sería la fecha límite para la consecución del primer hito estratégico de la fase de construcción del proyecto («primer plasma») y diciembre de 2035 sería la fecha estimada para la finalización toda la fase de construcción, lo que supone un retraso de 15 años con respecto a las líneas de base iniciales. El objetivo del nuevo enfoque por fases es alinear mejor la ejecución del proyecto con las prioridades y limitaciones de todos los Estados miembros de la Organización ITER. 14. Tras la aprobación de las nuevas líneas de base del proyecto ITER, la Empresa Común estableció un nuevo calendario y volvió a calcular el coste al término de su contribución a la fase de construcción del proyecto. 15. Los resultados, que se presentaron ante el consejo de administración en diciembre de 2016, indican unas necesidades de financiación estimadas en 5 400 millones de euros, lo que supone un incremento del 82 % con respecto al presupuesto aprobado de 6 600 millones de euros, para la fase de construcción después de 2020. El importe de 6 600 millones de euros aprobado por el Consejo de la UE en 2010 funciona ahora como límite para los gastos de la Empresa Común hasta 2020. 16. Es preciso señalar que la Empresa Común no contribuirá únicamente a la fase de construcción, sino también a la fase operativa del proyecto ITER tras 2035 (12) y en la fase de desactivación y desmantelamiento subsiguientes. Todavía no se han calculado los importes de las contribuciones. 17. A pesar de que las predicciones de la Empresa Común para el primer plasma son compatibles con el calendario del proyecto de la Organización ITER, se considera que el calendario establecido constituye la fecha más temprana técnicamente viable (13). 18. En junio de 2017, la Comisión emitió una comunicación sobre la contribución de la UE al proyecto ITER reformado (14), en la que solicitaba el apoyo del Parlamento Europeo y obtener un mandato del Consejo de la UE para aprobar ad referendum (15) nuevas líneas de base en nombre de Euratom. 19. Aun cuando las nuevas líneas de base no prevén contingencias para imprevistos, la Comisión sugería en su comunicación una contingencia de hasta 24 meses en términos de tiempo y del 10 al 20 % en términos de presupuesto (16). Además, entre las medidas adoptadas para respetar el límite presupuestario de 6 600 millones de euros, figuraba la de aplazar la adquisición pública y la instalación de todos los elementos que no resultaran esenciales al Primer Plasma. Si bien se han dado pasos en la buena dirección para mejorar la gestión y el control de la fase de construcción de ITER, persisten los riesgos de que aumenten los costes y los retrasos en la ejecución respecto de las nuevas líneas de base propuestas. 20. El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo su decisión de abandonar la Unión Europea; a partir de entonces se negociará un acuerdo en el que se establezcan sus condiciones de salida. Esta situación puede afectar de forma ostensible tanto a las actividades futuras de la Empresa Común como a las del proyecto ITER. Responsabilidades de la dirección y de los encargados de la gobernanza 21. De conformidad con los artículos 310 a 325 del TFUE y con el reglamento financiero de la Empresa Común, la dirección es responsable de la preparación y presentación de las cuentas basada en las normas de contabilidad internacionalmente aceptadas para el sector público, así como de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas. Esta responsabilidad consiste en crear, aplicar y mantener un sistema de controles internos propicio a la preparación y presentación de unos estados financieros libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error. La dirección debe también garantizar que las actividades, las operaciones financieras y la información reflejada en los estados financieros son conformes a las normas por las que se rigen. La dirección de la Empresa Común es responsable en última instancia de la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas. 22. Durante la preparación de las cuentas, la dirección debe evaluar la viabilidad comercial de la Empresa Común, lo que incluye presentar, según proceda, las cuestiones relacionadas con la continuación de actividades, además de partir de la hipótesis de empresa en funcionamiento. 23. Los encargados de la gobernanza, por su parte, supervisan el proceso de elaboración de informes financieros de la entidad. Responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes 24. Los objetivos del Tribunal son, por un lado, obtener garantías razonables de que las cuentas de la Empresa Común estén exentas de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares y, por otro, presentar al Parlamento Europeo y al Consejo, o a las autoridades responsables de aprobación de la gestión, en su caso, sobre la base de la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. Aunque las garantías razonables ofrecen un elevado nivel de fiabilidad, no implican que las auditorías vayan a detectar siempre las incorrecciones materiales o la falta de cumplimiento. Las incorrecciones pueden ser consecuencia del fraude o un error y reciben la consideración de materiales cuando, ya sea de forma individual o conjunta, podrían influir las decisiones económicas de los usuarios, fundadas en estas cuentas. 25. Una auditoría implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener evidencia de auditoría sobre los importes y los datos presentados en las cuentas, y sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. La selección de estos procedimientos depende del criterio profesional del auditor, que se basa en una valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones materiales en las cuentas o de que las operaciones subyacentes incumplan de manera significativa los requisitos previstos en el marco jurídico de la Unión Europea, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los riesgos, se tienen en cuenta los controles internos que inciden en la preparación y la presentación fiel de las cuentas y la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes, con el fin de concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias, pero no de expresar una opinión sobre la eficacia de los controles internos. Una auditoría implica asimismo la evaluación de la idoneidad de las políticas contables utilizadas y el carácter razonable de las estimaciones contables efectuadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. 26. En lo relativo a los ingresos, el Tribunal examina las subvenciones procedentes de la Comisión y otros interlocutores y evalúa los procedimientos de la Empresa Común para recaudar tasas y otros tipos de ingresos. 27. En el caso de los gastos, el Tribunal examina las operaciones de pagos cuando los gastos se han efectuado, registrado y aceptado. El examen abarca todas las categorías de pagos (incluidos los de adquisición de activos), con exclusión de los anticipos, en el momento en que se efectúan. Los pagos de anticipos se examinan cuando el receptor de los fondos justifica que su utilización es adecuada y la Empresa Común acepta dicha justificación liquidando el pago del anticipo, ya sea en el mismo ejercicio o posteriormente. 28. Al elaborar el presente informe y la declaración de fiabilidad, el Tribunal tuvo en cuenta el trabajo de auditoría llevado a cabo por el auditor externo independiente sobre las cuentas de la Empresa Común conforme a lo previsto en el artículo 208, apartado 4, del Reglamento Financiero de la UE (17).