ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1.23

Estima importante, en línea con lo expuesto por la Comisión en su Manual para la integración: a) La implementación de programas que permitan el adecuado aprendizaje de la lengua del país receptor por los inmigrantes, debiendo ser estos cursos de carácter preceptivo al menos en su nivel básico. b) La creación y fomento de cursos de conciencia cívica, de cultura, y, en general, de integración social y conocimiento de los valores ciudadanos de la sociedad de acogida. Este curso podría realizarse en el idioma nativo del inmigrante, a efectos de lograr una mayor facilidad de comprensión inicial cuando éste aún no domina el idioma del país receptor, y sin que ello suponga un retraso o una paralización del proceso de integración y asunción de la lengua y cultura de dicho país receptor. c) En lo relativo a los cursos referidos, facilitar todo lo posible su realización, permitiendo modalidades de e-learning, cursos a distancia, flexibilidad de horarios, cursos a tiempo parcial, etc., para asegurarse una mayor receptividad. También es importante la formación de las personas que van a tener contacto con los inmigrantes para que puedan resolver sus problemas. d) Apoyar los esfuerzos de los inmigrantes para enseñar su lengua materna a sus hijos, con el fin de que el desconocimiento de la lengua no constituya más tarde un obstáculo al regreso de los inmigrantes a sus países de origen.
Artículo 13 Rehabilitación 1. Los Estados miembros se asegurarán de que se rehabiliten los terrenos contaminados especificados en sus inventarios. 2. La rehabilitación consistirá en actuaciones sobre el suelo destinadas a la eliminación, el control, la contención o la reducción de contaminantes de tal manera que el terreno contaminado, teniendo en cuenta su uso actual y su futuro uso planificado, ya no ofrezca ningún riesgo significativo para la salud humana o el medio ambiente. 3. Los Estados miembros establecerán mecanismos adecuados para financiar la rehabilitación de los terrenos contaminados respecto a los cuales, con sujeción al principio «quien contamina paga», no pueda identificarse al responsable de la contaminación o éste no pueda considerarse responsable según la legislación nacional o comunitaria, o no pueda ser obligado a correr con el coste de la rehabilitación.

Artículo 13 Rehabilitación 1. Los Estados miembros se asegurarán de que se rehabiliten los terrenos contaminados especificados en sus inventarios. 2. La rehabilitación consistirá en actuaciones sobre el suelo destinadas a la eliminación, el control, la contención o la reducción de contaminantes de tal manera que el terreno contaminado, teniendo en cuenta su uso actual y su futuro uso planificado, ya no ofrezca ningún riesgo significativo para la salud humana o el medio ambiente. 3. Antes de proceder a la rehabilitación propiamente dicha se podrían adoptar medidas temporales, siempre y cuando conduzcan a impedir el contacto con los contaminantes, se encuentren debidamente justificadas y no se prolonguen de manera excesiva en el tiempo. 3 4. Los Estados miembros establecerán mecanismos adecuados para financiar la rehabilitación de los terrenos contaminados respecto a los cuales, con sujeción al principio «quien contamina paga», no pueda identificarse al responsable de la contaminación o éste no pueda considerarse responsable según la legislación nacional o comunitaria, o no pueda ser obligado a correr con el coste de la rehabilitación. En esta rehabilitación se puede hacer uso de las fuentes disponibles de financiación comunitaria.
1.2.6

celebra el desarrollo de los intercambios interculturales que pueden convertirse en un elemento central del diálogo con la UE y alienta a la Comisión Europea, y en particular a su delegación en Ankara, a que adopte un enfoque descentralizado que tenga debidamente en cuenta las organizaciones no gubernamentales periféricas y procedentes de regiones turcas en las que se hablan lenguas minoritarias que la Comisión debería contribuir a proteger, en particular, mediante los programas comunitarios Cultura y Media;
2.13

respalda los objetivos específicos de: i) Derechos: aumentar la concienciación pública sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Puesto que los entes locales y regionales son los órganos electos más próximos a los ciudadanos, el CDR opina que pueden desempeñar un papel fundamental, en particular en regiones de Europa alejadas de las principales zonas urbanas. El Comité expresa su satisfacción por el trabajo llevado a cabo por el autobús que la Comisión ha utilizado para difundir información sobre los derechos de los ciudadanos de la UE en materia de igualdad de oportunidades y le anima a que continúe su labor fuera de las capitales de los Estados miembros. Se debería utilizar un enfoque proactivo con la participación de los entes locales y regionales y del CDR para fomentar la visita del autobús a zonas locales; ii) Representación: impulsar el debate sobre las maneras de aumentar la participación en la sociedad de todas las minorías, haciendo particular hincapié en que se aumente la participación de las comunidades gitana y musulmana; iii) Reconocimiento: celebrar e integrar la diversidad; iv) Respeto y tolerancia: fomentar una sociedad más unida y luchar para suprimir los estereotipos y los prejuicios. A estos efectos, una herramienta fundamental podría ser la utilización de acontecimientos culturales (como la música, el teatro y el deporte). La Comisión podría patrocinar estas actividades y cooperar con los organismos nacionales, locales y regionales, así como con la sociedad civil, para garantizar que se celebren actos en todos los países participantes, los cuales podrían culminar en un gran festival europeo que combinase el 2007 «Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos» con el Año europeo del diálogo intercultural en 2008. El acto tendrá lugar en uno de los dos países que ejerzan la Presidencia en 2008 (Eslovenia o Francia);
2.3

considera que, aunque los problemas relacionados con la inmigración y el mercado laboral se podrán afrontar mejor en el ámbito europeo, también se deberá prestar especial atención a la definición de aquellas condiciones de entrada y residencia para que, por un lado, no contravengan el derecho de los Estados miembros a determinar el volumen de entradas, y por otro, dicho derecho no tenga repercusiones negativas en el resto de los Estados. Unas condiciones demasiado restrictivas no permitirían a los Estados miembros que así lo desearan obtener un determinado volumen de inmigrantes, lo cual podría repercutir gravemente en su competitividad económica o en la de sus regiones; recomienda, por lo tanto, un pormenorizado análisis de compatibilidad con las diversas situaciones nacionales, regionales y locales con vistas a un futuro acto legislativo sobre los criterios de entrada;
2.18

insta a la autoridad presupuestaria comunitaria a que revise a la baja los umbrales económicos de los proyectos presentados en el marco de los programas comunitarios relativos a la aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres, sin por ello rebajar los límites. El objetivo sería adecuar la dimensión de los proyectos, especialmente los basados en el intercambio de buenas prácticas, aunque también los que se integran en proyectos de cooperación descentralizada, con la cofinanciación que pueden movilizar las organizaciones no gubernamentales activas local y regionalmente. Por otra parte, las organizaciones de mujeres que operan a nivel local, regional y nacional con capacidad para llevar a cabo proyectos transnacionales deben tener la posibilidad de acceder a la financiación de proyectos y no quedar excluidas por no estar organizadas a escala europea;
1.19

señala que los controles engorrosos pueden generar costes importantes, en particular para los pequeños productores de la agricultura ecológica. Por este motivo, convendría mejorar las inspecciones, adoptando sistemas basados en un análisis del riesgo que se centren en los agentes con mayores riesgos. Dado que la agricultura ecológica cumple una función de servicio público, está justificado recurrir a los fondos públicos para cubrir parcialmente los costes que se desprendan de los controles e inspecciones y, en particular, velar por que estos costes no constituyan una traba para la puesta en marcha de este tipo de producción.
Ámbito de intervención El Fondo contribuirá a financiar lo siguiente: (a) ayudas públicas para armadores y tripulaciones afectados por planes nacionales de ajuste del esfuerzo pesquero, en los casos en que éstos formen parte de: — planes de recuperación contemplados en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 2371/2002; — medidas de urgencia contempladas en los artículos 7 y 8 del Reglamento (CE) no 2371/2002; — planes nacionales de ajuste del esfuerzo pesquero a raíz de la no renovación de un acuerdo de pesca entre la Comunidad y un tercer país, o de una reducción importante de las posibilidades de pesca en virtud de un convenio internacional u otro tipo de acuerdo; — planes de gestión contemplados en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 2371/2002; — planes nacionales de salida de la flota con una duración máxima de dos años, que formen parte de las obligaciones establecidas en los artículos 11 a 16 del Reglamento (CE) no 2371/2002 sobre el ajuste de la capacidad de la flota pesquera comunitaria.

Ámbito de intervención El Fondo contribuirá a financiar lo siguiente: (a) ayudas públicas para armadores y tripulaciones afectados por planes nacionales de ajuste del esfuerzo pesquero, en los casos en que éstos formen parte de: — planes de recuperación contemplados en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 2371/2002; — medidas de urgencia contempladas en los artículos 7 y 8 del Reglamento (CE) no 2371/2002; — planes nacionales de ajuste del esfuerzo pesquero a raíz de la no renovación de un acuerdo de pesca entre la Comunidad y un tercer país, o de una reducción importante de las posibilidades de pesca en virtud de un convenio internacional u otro tipo de acuerdo; — planes de gestión contemplados en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 2371/2002; — planes nacionales de salida de la flota con una duración máxima de dos años, que formen parte de las obligaciones establecidas en los artículos 11 a 16 del Reglamento (CE) no 2371/2002 sobre el ajuste de la capacidad de la flota pesquera comunitaria.
1.12

Que ha tomado nota del motivo por el cual no se menciona en el documento a los países candidatos, debido a que la Comisión, por el mismo carácter del documento, se ha servido de cuestionarios específicos transmitidos a los países candidatos, quienes sin embargo no han dado han dado las respuestas exhaustivas que se esperaban y, por consiguiente, no han permitido incluirlos en la valoración de las diferentes estrategias adoptadas para incentivar el empleo.
9)

reconoce, al respecto, que el refuerzo de la cooperación con los Estados miembros y las entidades nacionales es esencial para mejorar los mecanismos de control e información de ámbito nacional. El CDR coincide con la Comunicación en afirmar que, en definitiva, el Observatorio no podrá cumplir su mandato si las autoridades nacionales no adoptan sistemas de clasificación aunque no comunes cuando menos compatibles. El CDR acoge favorablemente el hecho de que las autoridades nacionales hayan confirmado su disposición a desempeñar, en sus consultas con la Comisión y con el Observatorio, un papel más activo a este respecto. El CDR se adhiere además enteramente a la propuesta de la Comisión de centrar aún más el Reglamento en la cooperación entre el Observatorio y los entes nacionales para garantizar la máxima rentabilidad de la inversión de la Unión;
Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica por cuarta vez el Reglamento (CE) n° 1626/94, por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo, y por cuarta vez el Reglamento (CE) n° 850/98 para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos"

(2000/C 75/04)

El 18 de enero de 2000, de conformidad con el artículo 37 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 12 de enero de 2000 (ponente: Sr. Chagas).

En su 369o Pleno de los días 26 y 27 de enero de 2000 (sesión del 26 de enero), el Comité Económico y Social ha aprobado por 113 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. Con los Reglamentos (CE) nos 1626/94(1) y 850/98(2), el Consejo adoptó medidas técnicas de protección de los recursos pesqueros en el Mediterráneo y de protección de los juveniles de organismos marinos.

1.2. La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) ha recomendado determinadas medidas técnicas, motivo por el cual la Comunidad (miembro de dicha organización y vinculada a sus recomendaciones) debe adaptar los Reglamentos señalados.

2. Observaciones generales

2.1. El CES aprueba la propuesta de Reglamento objeto del presente dictamen.

2.2. Esta cuarta modificación tiene por objetivo prohibir el desembarque de atún rojo de edad 0 con un peso inferior a 3,2 kg, en lugar de los 1,8 kg previstos anteriormente, conforme a la recomendación científica aprobada por la CICAA en su undécima sesión extraordinaria.

2.2.1. En la misma propuesta de modificación se alteran también, mediante la nueva redacción que se propone para el apartado 1 del artículo 3 bis del Reglamento (CEE) n° 1626/94, las actuales fechas de veda estacional de la pesca comunitaria mediante redes de cerco con jareta en el Mediterráneo.

2.2.2. Esta medida también fue adoptada por el Consejo General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), por lo que se espera que todos los terceros países que operan en el Mediterráneo respeten estas vedas estacionales con vistas a evitar capturas excesivas de atún rojo.

Bruselas, el 12 de enero de 2000.

La Presidenta

del Comité Económico y Social

Beatrice Rangoni Machiavelli

(1) DO L 171 de 6.7.1994, modificado por última vez en virtud del Reglamento 782/98 (DO L 113).

(2) DO L 125 de 27.4.1998.
Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 97/12/CE del Consejo, de 17 de marzo de 1997, por la que se modifica y actualiza la Directiva 64/432/CEE relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina» () (98/C 407/41)

El 4 de septiembre de 1998, de conformidad con los artículos 43 y 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Agricultura y Pesca, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 23 de julio de 1998 (ponente: Sr. Scully).

En su 357° Pleno de los días 9 y 10 de septiembre de 1998 (sesión del 9 de septiembre de 1998) el Comité Económico y Social ha aprobado por 112 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones, el presente Dictamen.

El objetivo de la propuesta consiste en fijar un plazo adecuado para la incorporación de las nuevas normas de seguimiento y vigilancia de la tuberculosis, la brucelosis y la leucosis enzoótica bovinas.

El Comité apoya la propuesta sin reservas.

Bruselas, el 9 de septiembre de 1998.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() DO C 217 de 11.7.1998, p. 21.
Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 79/581/CEE del Consejo relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos alimenticios, modificada por la Directiva 88/315/CEE del Consejo y la Directiva 88/314/CEE del Consejo relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos no alimenticios ()

(95/C 155/02)

El 19 de enero de 1995, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada arriba.

La Sección de Medio Ambiente, Sanidad y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 4 de abril de 1995 (Ponente : Sr. Regaldo).

En su 325o Pleno (sesión del 27 de abril de 1995), el Comité Económico y Social ha aprobado por una gran mayoría y cuatro abstenciones el siguiente dictamen.

1. Introducción

1.1. El 6 de junio de 1995 deberían entrar en vigor dos Directivas : la Directiva 79/381/CEE modificada por la Directiva 88/315/CEE sobre la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos alimenticios y la Directiva 88/314/CEE relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos no alimenticios. En muchos Estados miembros de la UE, sin embargo, no se ha realizado aún la completa transposición de estas Directivas en la legislación nacional. Si estas Directivas entraran efectivamente en vigor el 6 de junio de 1995, muchos Estados miembros podrían resultar sancionados.

1.2. Por lo tanto, debido a las dificultades que implica su aplicación en la práctica, la Comisión considera necesario aplazar la entrada en vigor de estas Directivas relativas a la indicación de precios por un periodo suplementario de cuatro años.

1.3. No obstante, la Comisión subraya que tiene intención de presentar una nueva Directiva simplificada que permitirá limar las diferencias existentes entre los Estados miembros a raíz de la evaluación divergente que realizan de las mencionadas Directivas.

2. Observaciones

2.1. El Comité Económico y Social acepta la propuesta de la Comisión de aplazar la entrada en vigor de estas Directivas por un periodo suplementario de cuatro años a partir del 6 de junio de 1995, hasta el 6 de junio de 1999.

2.2. El CES insiste en que esta fecha debe ser el último plazo y declara, en consecuencia, que no aprobará ninguna prórroga suplementaria después de esta fecha.

2.3. El CES expresa el deseo de que la Comisión resuelva rápidamente sus dificultades e insta a que la Comisión proponga sin demora un nuevo texto, que pueda ser globalmente aceptado por el Comité.

Hecho en Bruselas, el 27 de abril de 1995.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Carlos FERRER

() DO no C 377 de 31. 12. 1994, p. 16.
Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE y por la que se establecen nuevas medidas de simplificación referentes al Impuesto sobre el Valor Añadido - ámbito de aplicación de determinadas exenciones y modalidades prácticas de aplicación (1) (94/C 195/25)

El 30 de marzo de 1994, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

Habida cuenta del plazo extremadamente breve fijado por el Consejo para la elaboración del presente dictamen, el Comité decidió aplicar el procedimiento de urgencia y nombrar Ponente General al Sr. Richard Müller (art. 46 del Reglamento Interno).

En su 315° Pleno (sesión del 27 de abril de 1994), el Comité Económico y Social ha aprobado por unanimidad el siguiente Dictamen.

El Comité aprueba la propuesta de directiva sin perjuicio de las observaciones siguientes:

1. El Comité observa que la propuesta de Directiva tiene por objeto facilitar la aplicación del régimen del IVA en los países miembros de la Comunidad. El Comité espera que produzca una verdadera simplificación del sistema que es importante para que el mercado interior funcione mejor y para garantizar a las empresas oportunidades iguales de competencia.

2. El Comité insiste en que cualquier modificación del régimen comunitario del IVA sirva para que éste sea más hermético en cuanto a las posibilidades de evasión fiscal.

3. El Comité manifiesta sus dudas en cuanto a la eficacia de las disposiciones de los puntos 4 y 7 del artículo 1, que se refieren a las transacciones en cadena efectuadas bajo regímenes de depósitos no aduaneros. Estas disposiciones se justifican en aras de la descentralización (subsidiariedad), pero van en detrimento de la transparencia de todo régimen uniforme.

4. El Comité manifiesta sus dudas acerca del carácter exhaustivo de las disposiciones contempladas en el apartado 6 del artículo 1 y en el artículo 2 en relación con determinadas prestaciones de servicios de transporte de bienes y los servicios accesorios. En efecto, las decisiones del Consejo citadas en el artículo 2 establecen asimismo medidas de simplificación aplicables provisionalmente (hasta el 31 de diciembre de 1994) a determinadas operaciones efectuadas sobre bienes muebles y que no constituyen trabajo por encargo intracomunitario.

5. El Comité insta a la Comisión a que revise estas disposiciones con objeto de garantizar verdaderamente su simplificación y su transparencia. De no modificarse, la Comisión debería seguir muy de cerca su aplicación para evitar que no supongan una nueva carga para las empresas y para todas aquellas personas sujetas al IVA, y para evitar que pesen sobre ellas sospechas de evasión fiscal.

Hecho en Bruselas, el 27 de abril de 1994.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Susanne TIEMANN

(1) DO n° C 107 de 15. 4. 1994, p. 7.
Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa al marcado fiscal de los gasóleos (1) (94/C 133/11)

El 18 de enero de 1994, de conformidad con el artículo 198 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Asuntos Económicos, Financieros y Monetarios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 8 de febrero de 1994 (Ponente: Sr. Gafo Fernandez).

En su 313° Pleno (sesión del 23 de febrero de 1994), el Comité Económico y Social ha aprobado por unanimidad el siguiente Dictamen.

1. Valoración global

1.1. El Comité aprueba el proyecto de directiva relativo al marcado fiscal de los gasóleos, que debe facilitar el tránsito de los productos petrolíferos sujetos a derechos diferenciados de accisa, así como evitar un uso indebido de los mismos.

1.2. No obstante el Comité quiere hacer las siguientes consideraciones:

1.2.1. Artículo 2

La adición del marcador fiscal debería hacerse no antes de que el producto se destine al consumo, tal y como establece el texto de la directiva, sino antes de que el mismo abandone el régimen suspensivo.

1.2.2. Artículo 3

El dictamen del comité consultivo mencionado en el artículo 3 previsto en relación con el procedimiento de uso del marcador, debería ser vinculante para la Comisión, ya que el mismo se adoptará por mayoría cualificada, no procediendo asimismo la falta de decisión del Consejo para que las medidas propuestas por la Comisión sean adoptadas formalmente.

1.2.3. Artículo 4

El Comité considera que no procede incluir el segundo párrafo del artículo 4, ya que la penalización del uso indebido de estos productos es competencia exclusiva de los Estados miembros.

1.2.4. Artículo 5

Aún reconociendo a corto plazo las ventajas de un sistema de marcadores, nacional y comunitario, el Comité quiere instar a que en los plazos más breves posibles se armonice el mismo en un marcador único, a fin de evitar las complejidades, y también las mayores posibilidades de fraude fiscal, que un sistema de marcadores múltiples puede acarrear.

Hecho en Bruselas, el 23 de febrero de 1994.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Susanne TIEMANN

(1) DO n° C 15 de 18. 1. 1994, p. 18.