COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE POLÍTICA INMOBILIARIA E INFRAESTRUCTURAS EN BRUSELAS

ÍNDICE

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE POLÍTICA INMOBILIARIA E INFRAESTRUCTURAS EN BRUSELAS

1. INTRODUCCIÓN

2. PRINCIPIOS DE ACCIÓN

2.1. Integrar los edificios de la Comisión en el tejido urbano

2.1.1. Diversificar las actividades del Distrito Europeo

2.1.2. Evolución de la imagen de Europa

2.1.3. Definición del marco urbano

2.2. Mejorar la facilidad de acceso y la calidad de los edificios

2.2.1. Facilidad de acceso a los edificios

2.2.2. Calidad de los edificios

2.3. Política de movilidad

2.3.1. Desplazamientos entre los edificios de la Comisión

2.3.2. Desplazamientos hacia el lugar de trabajo

2.4. El marco profesional y las condiciones de trabajo

2.4.1. Un entorno de trabajo adaptado

2.4.2. Infraestructuras sociales adaptadas a las necesidades

3. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA IMMOBILIARIA A CORTO Y A MEDIO PLAZO

3.1. Situación del sector de los edificios de oficinas a finales de 2003

3.2. Los años 2004 y 2005, un período de transición

3.3. Reflexión sobre la localización alternativa de los servicios

4. ADOPTAR UNA ESTRATEGIA DE ALQUILER, COMPRA Y RENOVACIÓN DE LOS EDIFICIOS

5. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

6. EL PROYECTO DE PLAN DE URBANISMO DEL DISTRITO EUROPEO

7. CONCLUSIONES

8. Anexo I - Plan de Acción

9. Anexo II - Procedimiento de concesión de los permisos de urbanismo

1. INTRODUCCIÓN

La decisión tomada en Edimburgo por los Estados miembros, el 12 de diciembre de 1992, de fijar la sede de la Comisión en Bruselas permitió empezar a planificar las necesidades inmobiliarias, planificación que se expuso en dos Comunicaciones, una de 1996 [1] relativa a la política inmobiliaria en Bruselas y Luxemburgo y otra de 1999 [2] sobre la política inmobiliaria en Bruselas.

[1] SEC (96) 1095 final del 18 de junio de 1996.

[2] COM (1999) 713 final del 16 de diciembre de 1999.

Dichas Comunicaciones hacían hincapié en tres objetivos principales:

- Instalar de modo racional los servicios y mejorar las condiciones de trabajo del personal,

- Recurrir con más frecuencia a la compra de edificios,

- intensificar el diálogo con las autoridades belgas con el fin de conciliar la satisfacción de las necesidades inmobiliarias de la Comisión con los planes de urbanismo y con las aspiraciones de la población, destacando el impacto de la política inmobiliaria de la Comisión en el entorno urbano bruselense.

A finales de 2003, la implantación inmobiliaria de la Comisión representa 734.000 m y el conjunto de las Instituciones ocupa cerca de 1.600.000 m , lo que representa alrededor del 45 % del parque inmobiliario de oficinas del Distrito Europeo.

Estas cifras demuestran la importancia creciente de las Instituciones en términos económicos. La presencia de las Instituciones europeas genera en efecto contribuciones financieras considerables [3]. En 1998 el impacto positivo de los costes de funcionamiento de las Instituciones en la economía de la región de Bruselas Capital se estimaba en 27 mil millones de francos belgas [4]. A lo que hay que añadir las repercusiones económicas inducidas por la presencia en la ciudad de más de 50.000 personas que representa el personal de las Instituciones y sus familias. Además y sin ser exhaustivos, se han desarrollado numerosos sectores como las Escuelas Europeas, la diplomacia, la prensa, las Oficinas de Representación, las asociaciones internacionales o de intereses por la Unión Europea, los bancos y servicios empresariales, que representan otras tantas contribuciones financieras a la economía local y a los presupuestos públicos.

[3] «Impacto socioeconómico de las Instituciones Europeas e internacionales en la Región de Bruselas - Capital» - Iris consulting, 1998

[4] De los 42 mil millones estimados en 1998 para el conjunto de Bélgica. En euros, estos 27 mil millones de francos belgas equivalen aproximadamente a 670.000.000 EUR

Desde el punto de vista urbanístico, el Distrito Europeo se caracteriza por una arquitectura contrastada, un enclave que genera problemas de circulación y, por último, el monopolio de de los espacios asignados a actividades administrativas y al sector de servicios, que crea un desequilibrio de actividades.

En este contexto, el objetivo de la Comisión es impulsar activamente el desarrollo armonioso del barrio para contribuir eficazmente, a través de sus edificios y de sus iniciativas, a mejorar la imagen de Europa, siendo así coherente con sus propias políticas, en particular, en el ámbito social, medioambiental y energético. Esto incluye las condiciones de vida en el ámbito profesional, incluidos los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo, y el acceso de los edificios a las personas con discapacidades.

En este orden de ideas, al tener incidencia directa en las condiciones de trabajo del personal y, en particular, en los aspectos de seguridad, higiene y bienestar en el trabajo y política social, la política inmobiliaria adoptada por la Comisión debe aplicarse en cumplimiento de las competencias estatutarias del Comité de Personal y de los Comités paritarios pertinentes [5].

[5] CSHT, COCEPE, CPRE, COPAS, CASS.

Aunque este principio permanece constante y siguen los objetivos definidos en las comunicaciones de 1996 y 1999 siendo pertinentes, la reflexión sobre la política inmobiliaria y la evolución de las infraestructuras de la Comisión a medio plazo es indisociable de un enfoque más global que afecta a cuatro ámbitos:

- integración de los edificios de la Comisión en el tejido urbano, de modo que quede reflejado el papel de la Institución y se redefina su imagen,

- facilidad de acceso y calidad de los edificios,

- movilidad dentro de la aglomeración de Bruselas,

- mejora del marco y condiciones de vida en el ámbito profesional, en relación con la política social, especialmente en lo relativo a los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo.

Estos cuatro ámbitos deberán constituir los principios en que se apoye el desarrollo de la política inmobiliaria y de las infraestructuras situadas en Bruselas en los próximos años.

Este enfoque cualitativo debe tener en cuenta el contexto de la ampliación, el aumento del personal y la acogida del personal procedente de los nuevos Estados miembros, elementos que requieren la reorganización del parque inmobiliario y de las infraestructuras sociales.

Al término del año 2003, el balance en Bruselas se caracteriza en efecto por una situación tensa en términos de superficie dedicada a oficinas y por un déficit de emplazamientos para guarderías y jardines de infancia.

Por otra parte, la concentración de los edificios de las Instituciones en el espacio limitado del Distrito Europeo tiene un impacto directo en el precio de los alquileres o en los precios de compra así como en la gestión de los espacios dedicados a oficinas.

Aunque proporcionalmente a la superficie ocupada [6] la parte del coste de los bienes inmuebles ha mantenido cierta estabilidad durante estos últimos años, es más que probable que esta situación pertenezca al pasado. En efecto, varios índices económicos o técnicos indican una presión al alza de los precios en el Distrito Europeo. Por otra parte, este coste aumentará obligatoriamente en 2005 cuando haya que asumir la compra del edificio Berlaymont, y más adelante con el nuevo edificio JECL.

[6] En 1996 el coste era de 123 millones de euros para 612.000 m y, en 2003, de 158,2 millones de euros para 734.000 m

Esta situación debe conducir a adoptar una serie de medidas destinadas a conciliar el aumento de las necesidades con las dificultades presupuestarias y a buscar, en el marco presupuestario existente, una mejor eficiencia mediante:

- la instauración de una estrategia de compra de edificios y el desarrollo de sistemas de financiación ventajosos,

- una reflexión sobre las condiciones en las que la Comisión pudiera verse obligada a encontrar una localización alternativa de sus servicios fuera del Distrito Europeo,

- el refuerzo de la cooperación entre las Instituciones.

El proyecto urbano para el Distrito Europeo [7], que se hizo público el 3 de octubre de 2003, a iniciativa del Estado belga, apoya también la idea de cooperación, o incluso de asociación, entre las Instituciones y las autoridades belgas. La Comisión debe indicar las orientaciones que se propone adoptar sobre el conjunto de las propuestas que figuran en este proyecto.

[7] Ombudsplan Bru/Eur Médiateur - ARIES asesores. Estudio encargado por la Cancillería del Primer Ministro y el Gabinete del Ministro Presidente de la Región de Bruselas Capital

Las decisiones y orientaciones que se proponen a continuación servirán de base a los programas plurianuales de la Oficina de Infraestructuras y Logística de Bruselas (OIB), que funciona desde el 1 de enero de 2003. Dichas decisiones y orientaciones figurarán a partir de 2004 en el programa de trabajo anual de la OIB y se ejecutarán con arreglo a las normas administrativas definidas por la Comisión [8] para la aplicación de su política en este ámbito.

[8] C(2003)570/5 de 22 de julio de 2003

Dicha política se basa en el desarrollo razonado del Distrito Europeo para hacer de Bruselas una capital en armonía con su estatuto de símbolo de la identidad europea.

2. PRINCIPIOS DE ACCIÓN

2.1. Integrar los edificios de la Comisión en el tejido urbano

Se distinguen tres tipos de acción: diversificar las actividades del Distrito Europeo, plasmar la evolución de la imagen de Europa en sus edificios y participar en la definición del marco urbano.

2.1.1. Diversificar las actividades del Distrito Europeo

La diversificación de las actividades en el Distrito Europeo deberá basarse en impulsar el carácter mixto de las superficies de oficinas, comerciales y de vivienda.

Desarrollar el aspecto residencial y favorecer la implantación de comercios tiene por objeto devolver al barrio una facilidad de uso que debiera permitir solucionar problemas recurrentes como son la inseguridad en las calles vacías a ciertas horas o el acceso a servicios de proximidad.

Por consiguiente, en cuanto a la presencia de viviendas dentro del perímetro del Distrito Europeo, la Comisión expresa una posición de principio favorable, siempre y cuando las autoridades encargadas de conceder los permisos de urbanismo controlen el desarrollo de la propiedad del suelo.

Por lo que se refiere a las actividades comerciales, la Comisión se compromete a facilitar la instalación de locales abiertos al público, especialmente de superficies comerciales, en los bajos de sus edificios.

En cuanto al tipo de actividad, este compromiso incluye dos condiciones: que se respeten, por una parte, los requisitos de seguridad e higiene en el lugar de trabajo, que se integrarán en las nuevas disposiciones relativas al edificio tipo y, por otra, la integridad de la imagen de la Institución.

2.1.2. Evolución de la imagen de Europa

La imagen que ofrece la configuración del Distrito Europeo debe mejorarse, en la medida de lo posible, en cooperación con las autoridades belgas, contribuyendo a mejorar el espacio urbano y esforzándose por aumentar la calidad arquitectónica de los edificios que ocupa la Comisión.

En efecto, actuar a favor de la evolución de la imagen de Europa significa también interesarse en sus edificios, en primer lugar eligiendo una arquitectura de calidad que combine eficacia, sobriedad y estética, y a continuación procurando que cada edificio tenga un aspecto acogedor y abierto al exterior.

El primer objetivo de calidad arquitectónica no es antinómico con las dificultades presupuestarias, pero se apoya en:

- suficiente capacidad para programar las adquisiciones o los alquileres de modo que sea posible prever las opciones de los promotores y de los arquitectos teniendo en cuenta las dificultades administrativas [9]. El papel asignado por la Comisión a la OIB [10], en particular, la elaboración de un programa plurianual de política inmobiliaria, responde a esta preocupación;

[9] Véase en el Anexo II el procedimiento de concesión de los permisos de urbanismo.

[10] Decisión de la Comisión, de 6 de noviembre de 2002, por la que se crea la Oficina de infraestructuras y logística de Bruselas- C (2002) 4368 final.

- la posibilidad para el órgano colegiado de los arquitectos de la OIB de comentar los proyectos arquitectónicos cuando se le presenten en una fase lo suficientemente precoz de elaboración;

- recurrir, tras haber evaluado las repercusiones presupuestarias, a concursos de arquitectura internacionales, por una parte cuando se trate de renovar completamente un edificio del que la OIB ejerza la dirección de obra y, por otra, para edificar grandes edificios nuevos que pudieran tener un impacto significativo en el entorno urbano.

El segundo objetivo para edificios que respondan a una imagen abierta de la Institución es actualmente objeto de una reflexión interna en un grupo interservicios e interinstitucional presidido por la OIB y en el que participan la Secretaría General, las Direcciones Generales ADMIN, PRESS y EAC, el GOPA y representantes de las demás Instituciones. Se ha encargado a este grupo que defina orientaciones y propuestas destinadas, por una parte, a promover la idea europea utilizando a modo de apoyo, en particular los edificios ocupados por las Instituciones en el Distrito Europeo y, por otra, a mejorar la recepción del público y facilitar el contacto con el ciudadano europeo. Las dos primeras acciones concretas elaboradas por este grupo, que se refieren a la visibilidad de los edificios y a la recepción del público, se presentarán a las Direcciones Generales y Servicios interesados en su aplicación. Otra de las prioridades de este Grupo de Trabajo es, también, definir el contenido y las modalidades de difusión del mensaje inherente a la idea europea.

2.1.3. Definición del marco urbano

La definición de un marco urbano que integre los edificios de la Comisión supone reforzar el papel de ésta ante las autoridades belgas.

Hoy por hoy la intervención de la Comisión se reduce, tal como ocurre con cualquier ciudadano, a participar en grupos de reflexión con miras a mejorar la calidad del barrio. Esta situación es obviamente inadecuada a lo que está en juego y al lugar que ocupa nuestra Institución en el desarrollo del Distrito Europeo.

Agente económico principal del sector inmobiliario, la Comisión debe tener por objetivo la participación ex ante en la definición de proyectos de adaptación y desarrollo de manzanas o de calles junto a las autoridades belgas y, correlativamente, participar de pleno derecho en el proceso de toma de decisiones.

Alcanzar este objetivo supone la existencia de un interlocutor único en el país anfitrión, un organismo público que disponga de las competencias adecuadas en el sector del desarrollo urbano. La actual dispersión de las esferas de toma de decisiones de la región de Bruselas representa en efecto un obstáculo para la instauración de una política coherente en esta materia. Sólo una iniciativa en este sentido de las autoridades belgas puede permitir una acción coordinada y eficaz, y concretar el compromiso compartido por la Comisión de hacer de Bruselas la capital de Europa.

En este contexto, la Comisión desearía que las autoridades belgas competentes creasen un organismo público en el que se asocien los distintos estratos administrativos interesados.

Por su parte y con el mismo objetivo de un desarrollo armonioso y coherente, la Comisión se compromete a reforzar la cooperación con las demás Instituciones europeas.

2.2. Mejorar la facilidad de acceso y la calidad de los edificios

2.2.1. Facilidad de acceso a los edificios

El tema del acceso a los edificios debe considerarse según tres ejes:

- acceso mediante medios de transporte, individuales o públicos, que correspondan a la problemática de la movilidad a que nos referimos más adelante [11];

[11] Apartado 2.3

- facilidad de acceso al público en general, en particular, mediante el refuerzo de la señalización en el centro del Distrito Europeo y concretando, con la participación de las autoridades belgas, una iniciativa semejante a la que se inició para la instauración del «sendero de Europa». En el tratamiento del expediente se tendrán en cuenta las dificultades encontradas para la ejecución de esta iniciativa, que hasta la fecha sigue siendo papel mojado;

- facilitar el acceso de los visitantes con discapacidades, especialmente motrices, invidentes o con problemas auditivos. La Comisión debe aplicar las normas, incluido el "Manual de normas aplicables al edificio tipo", y los medios necesarios para ejercer las mejores prácticas inspirándose en las normas vigentes a escala europea. Este principio debe situarse en el marco de un enfoque presupuestario equilibrado y teniendo en cuenta las dificultades técnicas de los edificios.

2.2.2. Calidad de los edificios

La calidad de los edificios debe ser una exigencia desde dos puntos de vista:

- desde un punto de vista técnico, la Comisión debe mantener un grado elevado de equipamiento basándose, en particular, en las recomendaciones y buenas prácticas en materia medioambiental y, especialmente en la eficiencia energética de los edificios [12]. Este grado de equipamiento incluye unos dispositivos de seguridad, higiene y detección de incendios que respondan a las exigencias legales y garanticen la integridad y la seguridad de las personas y de los bienes. Esta doble exigencia se plasmará en el documento titulado «Manual de normas aplicables al edificio tipo»;

[12] Con arreglo a la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios.

- desde un punto de vista operativo, procurando, por una parte, hacer gala de la mayor eficacia y coherencia posible esforzándose por agrupar las Direcciones Generales y los Servicios en una misma entidad inmobiliaria y, por otra, incitando a los promotores a que adapten la arquitectura de los edificios a las diversas necesidades de los servicios que en ellos se alojen y procurando mejorar el entorno de trabajo y el bienestar del personal.

La realización de estos objetivos se facilitará mediante la programación inmobiliaria plurianual que la OIB se encargará de aplicar.

2.3. Política de movilidad

El quinto Programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, adoptado por el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 1993, hacía de la gestión de la movilidad uno de los principales retos del desarrollo sostenible.

La Decisión de la Comisión [13] relativa a la protección del medio ambiente en la administración de la institución predicaba la necesidad de una política de movilidad.

[13] COM (97) 2155, de 16 de julio de 1996.

En aplicación de sus políticas y en el contexto de la degradación de las condiciones de transporte en la aglomeración de Bruselas, cuyos efectos inmediatos son el aumento de la contaminación y la congestión de la circulación, la Comisión, en tanto que uno de los empresarios más importantes de la Región de Bruselas, considera su deber aportar su contribución a una mejora global de las condiciones de transporte, especialmente para su personal.

Un aspecto importante de la política de urbanismo y movilidad recientemente definida por la Región de Bruselas consiste en reducir de manera significativa el cociente entre superficie de oficinas y plazas de aparcamiento disponibles [14]. Esta legislación se aplicará a todos los edificios nuevos o renovados de la Región de Bruselas y, a largo plazo, tendrá consecuencias directas también para la Comisión, especialmente en el ámbito de las modalidades de asignación de plazas de aparcamiento.

[14] El cociente actual es una plaza por cada 75 m y pasará a ser de una plaza por cada 200 m

La política de movilidad de la Comisión debe por lo tanto articularse, por una parte, con las opciones que se decidan en cuanto a implantación de edificios de oficinas e infraestructuras sociales y, por otra, con la reflexión sobre las condiciones de transporte (trayectos entre domicilio y lugar de trabajo) y las alternativas en cuanto a métodos de trabajo como el trabajo a domicilio por ejemplo, teniendo en cuenta las imposiciones del urbanismo y del medio ambiente.

Esta política presenta dos aspectos distintos y complementarios, uno se refiere a los desplazamientos entre los distintos emplazamientos y edificios de la Comisión, y el otro más centrado en los trayectos entre domicilio y lugar de trabajo, incluidos los trayectos relacionados con los colegios, guarderías y jardines de infancia.

En cuanto a las dificultades urbanísticas y medioambientales, hay que proceder a una reflexión global cuyo objeto sea definir acciones concretas en el ámbito de la política de movilidad, reflexión que deberá incluir el análisis de las modalidades de financiación y también destinada a restablecer el equilibrio en el uso de los distintos sistemas de transporte [15].

[15] En la actualidad la Comisión dispone de 10.000 plazas de aparcamiento, cuyo coste unitario anual se sitúa entre 1.000 y 1.500 EUR, y mantiene una política de cooperación con la STIB cuyo coste global anual es de 300.000 EUR

2.3.1. Desplazamientos entre los edificios de la Comisión

Con motivo de la relativa dispersión de los servicios, la Comisión procura aplicar soluciones alternativas fiables y creíbles para los desplazamientos profesionales que minimicen al mismo tiempo las repercusiones de dichos desplazamientos en la congestión del tráfico y en la contaminación del Distrito Europeo.

Completan el dispositivo actual el fomento del transporte público que desde 1998 incluye el uso gratuito, mediante simple presentación previa de la tarjeta de servicio, de las líneas de autobús 21 y 22 y, desde el 1 de julio de 2001, un servicio de lanzadera gratuito para los funcionarios en misión, entre el Distrito Europeo y el aeropuerto de Bruselas Nacional. Así como, por último, desde el 1 de enero de 2003, para el personal que trabaja en edificios situados fuera del Distrito Europeo (Beaulieu, Demey) o para los servicios técnicos que circulan con mucha frecuencia entre los distintos edificios de la Comisión, la posibilidad de utilizar gratuitamente la red de transportes públicos de Bruselas (Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, en adelante STIB).

También el fomento del uso de bicicletas, que incluye el préstamo al personal de bicicletas de servicio para los desplazamientos en la ciudad. No obstante, esta política no podrá alcanzar todos los efectos deseados si no se crean más carriles de bicicletas protegidos.

Así como información periódica sobre las posibilidades de transporte alternativo que la Comisión propone a su personal y organización de sondeos con objeto de averiguar las prácticas de transporte del personal y hasta qué punto éste conoce las facilidades que la Comisión pone a su disposición.

Estas iniciativas demuestran que una política razonada puede producir resultados satisfactorios. Como demuestra un sondeo realizado en septiembre de 2002 con una muestra de cerca de 4000 miembros del personal que, en particular, puso de manifiesto que el 63 % de éste declaraba utilizar la línea de autobús 22, cuyo circuito abarca prácticamente la totalidad de los edificios de la Comisión. Desde este punto de vista, es necesario confirmar y reforzar el principio de que los edificios estén situados a lo largo de los ejes de transporte más eficaces, es decir, líneas de metro, autobús o tranvía con carril propio o, a más largo plazo, a una red regional rápida (Réseau Express Régional, en adelante RER).

En adelante convendrá fomentar más todavía el uso más intensivo de los sistemas alternativos de transporte, individuales o colectivos y mejorar el conocimiento de los medios puestos a disposición del personal. Con este fin, se procederá a reforzar la colaboración con los servicios de la STIB y con las autoridades locales competentes para el desarrollo de los carriles de bicicletas.

Por último, en términos de medios, la Comisión deberá poder garantizar la movilidad del personal con discapacidades. El plan de movilidad incluirá algunas medidas adecuadas a este fin.

2.3.2. Desplazamientos hacia el lugar de trabajo

El mismo sondeo de septiembre de 2002 indicó que el 56 % del personal interrogado utiliza su vehículo particular para desplazarse a su lugar de trabajo, en particular, por falta de alternativa pertinente o debido a dificultades familiares o profesionales.

En este aspecto la política de movilidad está por hacer y es indisociable de las opciones que se decidan en cuanto a implantación de servicios y necesidad de evitar la dispersión de los edificios de oficinas y de las infraestructuras sociales.

De modo prioritario se elaborará un balance descriptivo mediante un estudio sobre los flujos de circulación y los sistemas de transporte utilizados desde y hacia los edificios de la Comisión, incluidos los desplazamientos relacionados con escuelas, guarderías y jardines de infancia, con el fin de identificar los ejes del futuro plan de movilidad.

En función de los resultados de este estudio, se presentarán varias opciones con el fin de determinar una estrategia de evolución de la movilidad que mejore los trayectos entre el domicilio y el trabajo y contribuya a reducir los problemas crónicos de circulación y contaminación de la aglomeración de Bruselas.

No obstante, desde ahora ya es posible iniciar varios tipos de acciones destinadas a estimular la utilización más racional de los sistemas de transporte privados (como, por ejemplo, los trayectos en coche compartido) y el uso de los transportes públicos, a la vez que se busca la calidad del servicio de transporte público y la facilidad de acceso al mayor número posible de personas.

Habrá que continuar reflexionando sobre la viabilidad y la autofinanciación de un convenio global con la STIB con el fin de alcanzar un acuerdo cuyo objetivo consistiría en hacer que los miembros del personal utilicen el conjunto de la red de esta empresa. En este contexto, la Comisión determinará qué incentivos podrían ser necesarios para incrementar la utilización del transporte público.

En este mismo orden de ideas y en función del número de personas interesadas, la Comisión deberá considerar la posibilidad de gestionar desde el punto de vista administrativo las solicitudes de suscripción del personal usuario de la red de la empresa nacional de ferrocarriles de Bélgica (Société Nationale des Chemins de fer Belges, SNCB), en su caso de forma concertada con las demás Instituciones.

Estas dos últimas acciones podrían representar un gran incentivo para estos sistemas de transporte.

En la Comisión un ejemplo del fomento del uso de bicicletas son las instalaciones específicas en los edificios y aparcamientos, política que convendrá reforzar mediante el aumento de aparcamientos para bicicletas e instalaciones sanitarias destinadas a los ciclistas. Este planteamiento deberá ir acompañado también de las gestiones necesarias para pedir a las autoridades belgas que se aumente el número de carriles de bicicletas.

En este doble contexto, convendrá reforzar la colaboración con las autoridades competentes de Bruselas.

La promoción que constituye la semana de la movilidad podría adquirir de este modo una nueva dimensión permitiendo a la Comisión sensibilizar en mayor medida al personal a partir de las medidas concretas que adopte.

La Comisión debe en efecto demostrar su voluntad política, tanto de cara a su personal como a sus socios de las demás Instituciones y a las autoridades políticas belgas. Para ello, la Comisión no puede sino apoyar cualquier iniciativa que se tome en favor del desarrollo del transporte público y, en particular, el servicio regional de transporte ferroviario (RER).

2.4. El marco profesional y las condiciones de trabajo

Si la definición de una política de movilidad y la elección razonada de la implantación de los edificios de oficinas son elementos importantes que forman parte de la calidad de vida tanto profesional como privada, un entorno de trabajo adaptado y unas infraestructuras sociales que respondan a las necesidades constituyen también dos factores esenciales.

2.4.1. Un entorno de trabajo adaptado

Los programas plurianuales de política inmobiliaria desarrollados por la OIB se basan en la planificación de las necesidades de espacio para oficinas y demás locales destinados a las Direcciones Generales y a los Servicios. Esta planificación se basa en las prioridades políticas de la Comisión, la evolución previsible del personal y las previsiones presupuestarias. Deberá permitir adaptar mejor las superficies desde un punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo.

Desde el punto de vista cuantitativo y sobre la base de los criterios técnicos que se definen en el «Manual de condiciones materiales de las superficies de oficinas» en proceso de elaboración, la OIB asignará las superficies globales en función de las necesidades comunicadas por cada Dirección General o Servicio previa consulta anual. Cada una de estas entidades será responsable de la gestión del espacio que se le habrá asignado de manera racional y equitativa como se expone en la Decisión de la Comisión relativa a las normas administrativas aplicables a la OIB [16]. Ésta, a petición de las Direcciones Generales y de los Servicios, proporcionará la asistencia técnica necesaria para el mejor aprovechamiento posible de los espacios asignados.

[16] Véase la nota 8.

Desde el punto de vista cualitativo y además de las normas desarrolladas e impuestas por el «Manual de normas aplicables al edificio tipo» anteriormente mencionado [17], la OIB velará especialmente por que el tamaño de los edificios o grupo de edificios sea el adecuado según las dimensiones de las Direcciones Generales o Servicios que vayan a ocuparlos, con el fin de que formen conjuntos coherentes desde el punto de vista operativo. No obstante, este objetivo deberá tener en cuenta la rápida evolución de algunas Direcciones Generales o Servicios, lo que pudiera dificultar su ejecución. La OIB velará asimismo por que el mobiliario sea de calidad y posea valores de ergonomía y comodidad que permitan el máximo aprovechamiento de las condiciones individuales de trabajo.

[17] Apartado 2.2.2

La buena gestión del espacio, en particular, la necesidad de disponer de un margen de maniobra y, más concretamente, en el contexto de la ampliación y de organizar con la menor dificultad posible los traslados y reasignaciones de superficies, impone que se confirme el principio de una reserva del 5 % de las superficies de oficinas ocupadas por la Comisión a que se refiere la Comunicación del 18 de junio de 1996 anteriormente mencionada [18].

[18] SEC (96) 1095 final, de 18-06-1996, página 2.

Actualmente se está reflexionando sobre la posible evolución de los métodos de trabajo, como pudieran ser las oficinas en tiempo compartido y el trabajo a domicilio. Dicha reflexión deberá completarse mediante un segundo enfoque sobre maneras de ocupar el espacio, como es el caso de los espacios abiertos. Esta doble reflexión no se propone imponer un modelo por encima de otro, sino que se propone una gestión sana y racional de las superficies de oficinas y debiera permitir que los servicios elijan el entorno de trabajo más adaptado a sus necesidades.

2.4.2. Infraestructuras sociales adaptadas a las necesidades

Para responder a los objetivos de la Reforma, se fijaron varias prioridades relativas a los servicios de restauración, al acceso a instalaciones deportivas para el personal, cerca del Distrito Europeo, y a la condiciones de acogida de los niños, prioridad incluida en el ámbito de la política inmobiliaria y de infraestructuras.

Entre estas prioridades, la primera es la creación de un sistema integrado de acogida de los niños que responda a normas muy estrictas y englobe guarderías, guarderías postescolares y al aire libre y escuelas. Esta prioridad constituye el mayor reto de la política social.

En efecto, uno de los ejes de la política social de la Comisión tiene por objeto mejorar las posibilidades de acogida de los niños con el fin de conciliar mejor vida profesional y vida privada [19].

[19] Decisión C(2002)842 de 4 de marzo de 2002.

La evolución de las infraestructuras de guarderías y jardines de infancia deberá por lo tanto ser objeto de especial atención, en particular en el contexto de la ampliación, con el fin de facilitar la acogida y adaptación del personal de los nuevos países miembros.

En efecto, en Bruselas hay una escasez de plazas en guarderías y jardines de infancia que no podrá colmarse a medio plazo sino mediante una política voluntarista y significativa de compra o alquiler de edificios adecuados.

La Comisión garantiza la puesta a disposición de las infraestructuras necesarias para las guarderías y jardines de infancia utilizados conjuntamente por el personal de todas las Instituciones, excepto el Parlamento Europeo en el caso de las guarderías.

En el caso de las guarderías, la Comisión no dispone de capacidad suficiente para cubrir la totalidad de las necesidades puesto que aún subsiste una lista de espera importante. Por añadidura, la situación en el mercado local y las previsiones de nuevas solicitudes de inscripción vinculadas a la ampliación aumentan este déficit.

Para responder a esta necesidad creciente, se han estudiado varios proyectos con miras a disponer de dos nuevas guarderías. No obstante, la apertura prevista de la primera de éstas a finales de 2006 o principios de 2007 en el Boulevard du Triomphe no colmará el déficit.

En la actualidad, al tiempo que sigue apuntando al objetivo de crear otra nueva guardería situada cerca de los edificios de oficinas o de las Escuelas Europeas, la OIB debe hallar una respuesta, en particular mediante la aplicación de soluciones transitorias, a la gran demanda de plazas que se espera para el período 2004-2007.

En el caso de las guarderías postescolares y al aire libre, las necesidades aumentan de modo similar al de las guarderías.

La política que se está aplicacando consiste en integrar las guarderías postescolares en los edificios de las Escuelas Europeas, principio este que se está defendiendo en los debates sobre la apertura de la cuarta Escuela Europea.

En la actualidad, las guarderías al aire libre se organizan en parte en el Centro Interinstitucional de Overijse.

Esta estructura, que acoge también infraestructuras deportivas, es vetusta. Por consiguiente conviene examinar de nuevo su estatuto, utilización y finalidad. Se está estudiando la rentabilidad de una renovación y elaborando un análisis de las soluciones alternativas que se están buscando en la actualidad. Una de ellas consiste en recurrir al mercado local para que se pueda proponer el acceso a las instalaciones deportivas de varios clubes situados en la aglomeración de Bruselas, en condiciones ventajosas.

La puesta a disposición de restaurantes cerca de los lugares de trabajo es una dimensión que forma parte del proceso de alquiler o de enfiteusis adquisitiva de nuevos edificios según el perímetro geográfico. Este eje de la política social se plasma también en la renovación de los comedores de empresa más vetustos.

3. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA IMMOBILIARIA A CORTO Y A MEDIO PLAZO

Los principios anteriormente definidos se sitúan en la continuidad de la lógica que la Comisión defiende desde su Comunicación de 1999 [20], es decir, agrupar y concentrar los edificios en aras del buen funcionamiento de los servicios y con el fin de que la política de movilidad sea más eficaz; renovar los edificios con el fin de mantener un entorno de trabajo de calidad y racionalizar mediante la adaptación del tamaño de los edificios a las necesidades de las entidades que los ocupan.

[20] Véase la nota 2.

La ejecución de la política inmobiliaria a corto y medio plazo deberá responder a este triple objetivo teniendo en cuenta la situación constatada a finales de 2003, pero también debiera dar lugar a la reflexión sobre la oportunidad de una localización alternativa de los servicios, a modo de respuesta a las previsiones basadas en un haz de indicadores que prevén un riesgo real de presión económica y en el ámbito de la propiedad del suelo en el Distrito Europeo.

3.1. Situación del sector de los edificios de oficinas a finales de 2003

Ésta presenta cuatro características:

a) Una situación tensa en términos de superficies disponibles.

La Comisión dispone de una superficie inmobiliaria de oficinas de 734.000 m distribuida entre 53 edificios.

Esta superficie cubre las necesidades básicas de la Comisión de 718.000 m [21] pero sólo cubre parcialmente [22] la reserva no asignada a las Direcciones Generales y a los Servicios de cuya necesidad ya se ha hablado anteriormente [23].

[21] Esta cifra es la de la población global que la Comisión debe acoger multiplicada por 35 m . Este último parámetro se define en el documento Doc-IX/2689/83 de 01-04-1984 «Informe n°2 al Parlamento Europeo sobre la política inmobiliaria de las Instituciones comunitarias» redactado por la Agrupación Interinstitucional de Política Inmobiliaria. Esta cifra se distribuye del modo siguiente: 12 m para la oficina, 12 m para las instalaciones sanitarias, pasillos y archivos y una media de 11 m para las superficies de uso específico (vestíbulo de entrada, salas de conferencia, restaurantes, hemiciclos...).

[22] Apenas el 50 %.

[23] Véase el apartado 2.4.1.

En total, el año 2003 se termina con un déficit de 20.000 m , que afecta a la reserva y no contribuye a mejorar las condiciones materiales de trabajo del personal.

b) La distribución entre tres polos, de importancias y características heterogéneas, que no constituye un factor favorable para el funcionamiento y la continuidad de los servicios [24].

[24] El polígono de la rue de Genève incluye 2 edificios con 28.000 m , el polígono Beaulieu incluye 6 edificios con 59.000 m y el polígono Quartier Léopold 45 edificios con 647.000 m .

c) Cierta disparidad en el tamaño de los edificios que implica repartir numerosas Direcciones Generales y Servicios entre varios edificios. Sólo el 15 % de los edificios tiene una superficie superior a 20.000 m .

d) La aplicación de una política coherente de compra de edificios de calidad situados en el Distrito Europeo, que en adelante representan el 42 % de las superficies de oficinas, es decir que casi se ha multiplicado por dos desde 1998.

3.2. Los años 2004 y 2005, un período de transición

Este período debiera permitir emprender las operaciones destinadas a racionalizar la instalación de las Direcciones Generales y Servicios.

En 2004, el edificio Berlaymont se pondrá a disposición de la Comisión en el centro mismo del Distrito Europeo.

La contribución de este nuevo edificio implicará abandonar los edificios situados en el sector de la rue de Genève así como la negociación de los contratos de arrendamiento de determinados edificios que sustituyen al Berlaymont y que actualmente asume el Estado belga. Los principios anteriormente definidos deberán guiar las opciones que convenga retener entre estos distintos edificios.

Sin anticipar las decisiones que se vayan a tomar en cuanto a las Direcciones Generales y Servicios que ocuparán el Berlaymont, los traslados que se produzcan permitirán llevar a cabo ciertas agrupaciones, en particular, en el edificio Breydel.

La mudanza del edificio JECL, que hoy por hoy está prevista para 2005, se programará en función de la puesta a disposición del edificio Berlaymont y de la solución que se encuentre para instalar la Dirección General de Traducción que lo ocupa actualmente.

Para 2006 y 2007, la Comisión deberá optar entre renegociar los contratos de arrendamiento vencidos o abandonar once edificios, con una superficie de 113.500 m que ocupa actualmente.

Por otra parte, la creación previsible de una serie de agencias requerirá superficies inmobiliarias complementarias [25].

[25] Obsérvese que las agencias financiarán sus propias estructuras inmobiliarias.

Esta situación ilustra la necesidad de reflexionar sobre la posibilidad de que la Comisión proponga una localización alternativa a sus servicios, en condiciones satisfactorias desde el punto de vista de la facilidad de acceso y cerca de una línea importante de transporte público.

3.3. Reflexión sobre la localización alternativa de los servicios

La presencia de la Comisión en el Distrito Europeo no sólo se inscribe en una dimensión histórica sino también en la convergencia de una serie de elementos funcionales. En efecto, con el paso del tiempo el conjunto de las instituciones europeas se han ido estableciendo en lo que pasó a llamarse el «Distrito Europeo». Esta proximidad supone innegables ventajas en términos de comunicación y de relaciones laborales para las Direcciones Generales y Servicios que mantienen contactos frecuentes y regulares con las demás instituciones. Además, el Distrito Europeo presenta ventajas considerables en términos de infraestructuras de transporte público.

No obstante, concentrar y desarrollar los servicios de todas las Instituciones en el Distrito Europeo pudiera generar un riesgo de inflación, a largo plazo, en los precios de los edificios de oficinas, aunque se refuerce la cooperación interinstitucional.

En efecto, el Parlamento y el Consejo prevén hoy un crecimiento significativo en los próximos cinco años y en función de la ampliación.

A este respecto, si el método de funcionamiento de estas Instituciones implica la concentración geográfica de sus servicios, la Comisión puede considerar la posibilidad de agrupar fuera del Distrito Europeo los servicios que no requieren una proximidad inmediata con la sede de la Comisión y con las demás Instituciones. Se impone, sobre este tema, un análisis de las necesidades funcionales reales en cuanto a la presencia de determinadas Direcciones Generales, Agencias y Servicios en el centro del Distrito Europeo.

Este análisis deberá tener en cuenta los principios de concentración y agrupación de las Direcciones Generales y Servicios que se ocupan de los mismos temas políticos.

El interés de esta iniciativa radica en que podría estimular la competencia y contener la presión al alza de los alquileres y de los precios de compra.

Las facilidades en cuanto a acceso, comunicaciones y transportes públicos eficaces, la posibilidad de mejorar los trayectos entre el domicilio y el trabajo, la relativa proximidad del Distrito Europeo, las posibilidades de extensión de la localización alternativa, la presencia de infraestructuras comerciales y sociales y la posibilidad de plasmar en ella una imagen europea, deberán ser criterios determinantes en el proceso de reflexión y de elección.

4. ADOPTAR UNA ESTRATEGIA DE ALQUILER, COMPRA Y RENOVACIÓN DE LOS EDIFICIOS

En la Comunicación de 1996 [26] se expusieron las dos principales conclusiones del grupo técnico interinstitucional "Programas inmobiliarios y condiciones de financiación":

[26] Véase la nota 1.

- - a largo plazo es más económico comprar que alquilar,

- - a corto plazo el alquiler tiene una incidencia anual menos gravosa que la compra.

Estas conclusiones siguen siendo tanto más pertinentes hoy cuanto que debido a la presencia continua de la Comisión en el Distrito Europeo, la compra permite por una parte estabilizar las implantaciones y, por otra, limitar los efectos a menudo negativos de los riesgos y fluctuaciones del mercado.

Sin embargo, también es necesario mantener cierta flexibilidad que permita a la Comisión ajustar su estrategia en función de las futuras necesidades, en particular, reservándose la posibilidad del alquiler como un método de gestión flexible de las superficies que forman parte de su parque inmobiliario.

Las orientaciones definidas desde 1996 y la política de adquisiciones iniciada desde esta fecha demuestran la necesidad de definir una política patrimonial basada en el valor estratégico de los edificios que haya que adquirir.

Esta política patrimonial deberá basarse en una triple dimensión presupuestaria:

a) el pago de los cánones durante veintisiete años en el marco de los contratos de enfiteusis, único medio de accesión a la propiedad jurídicamente compatible con las normas financieras y que permite además, mediante el ejercicio de un derecho real sobre los edificios, beneficiarse de las disposiciones del Protocolo sobre los privilegios e inmunidades;

b) en el marco de las normas presupuestarias existentes, poder contratar proyectos de edificios con la antelación suficiente para, por una parte, asegurarse de la disponibilidad de los edificios y, por otra, modificar el producto para que sea conforme a las necesidades de la Comisión;

c) a largo plazo, el coste de la renovación de los edificios que habrá que planificar y requerirá encontrar soluciones presupuestarias adaptadas y crear estructuras especializadas en la OIB para que ésta pueda ser la autoridad contratante de sus proyectos de renovación.

La Comisión también deberá disponer de instrumentos eficaces en los dos ámbitos de selección de los edificios y de su financiación.

En primer lugar, un peritaje independiente realizado por un perito externo debiera permitir a los servicios de la Comisión disponer de una base de negociación sólida sobre el estado del edificio y la tendencia del mercado inmobiliario de Bruselas referente a la situación geográfica de éste.

En segundo lugar, para fijar el canon adquisitivo se apelará generalmente a los mercados financieros. Este método de financiación, en efecto, ha probado su eficacia desde el punto de vista presupuestario puesto que, siempre que la Comisión ha recurrido a él los tipos de interés han sido especialmente ventajosos. La redención del censo enfitéutico se efectuará cuanto antes en función de las condiciones contractuales. Con objeto de proteger los derechos reales de la Comisión sobre los edificios bajo contrato de enfiteusis, podría considerarse el recurso a una «Special Purpose Vehicle (SPV)», entidad jurídica distinta de las sociedades inmobiliarias que poseen los edificios otorgados en enfiteusis y destinada a aislar el riesgo financiero, si se comprobase que esta fórmula presenta ventajas incuestionables.

5. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Actualmente la cooperación interinstitucional se basa en el mandato otorgado al Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Infraestructuras, Logística y Servicios Internos [27].

[27] Inter Institutionnal Infrastructure, Logistics and Internal Services Working Group - ILISWG

Su principal objetivo consiste en coordinar la acción de las Instituciones con el fin de realizar economías de escala en el amplio ámbito de competencia que se le asignó en todos los aspectos de la política inmobiliaria, las infraestructuras y la logística. Tiene también por objeto coordinar el enfoque de las Instituciones frente a las autoridades de los países anfitriones.

En este contexto, constituye un grupo activo de intercambio de información sobre los objetivos de cada Institución en materia inmobiliaria, lo que permite prever los movimientos del mercado.

Uno de sus cometidos es elaborar propuestas políticas y presentarlas al Grupo Interinstitucional de Secretarios Generales.

La cooperación interinstitucional deberá reforzarse, por una parte, en el ámbito de la evaluación de las necesidades a largo plazo y, por otra, en la investigación, la negociación y la financiación de los edificios, ya sea en dicha instancia, o mediante el desarrollo de acciones comunes y concertadas. Este refuerzo es en efecto indispensable si se pretende llevar a cabo una planificación que el aumento de las necesidades de las Instituciones en un marco presupuestario vinculante hace cada vez más necesaria.

6. EL PROYECTO DE PLAN DE URBANISMO DEL DISTRITO EUROPEO

Este plan, que las autoridades belgas presentaron el 3 de octubre de 2003, enuncia varias propuestas para el Distrito Europeo cuyos grandes ejes son la cooperación y la participación de los agentes institucionales en el desarrollo del proyecto, en particular, desde el punto de vista financiero, la creación de un importante polo de atracción cultural, la diversificación necesaria para deshacer la compartimentación funcional del barrio, la movilidad, incluida la definición de un nuevo equilibrio entre los sistemas de transporte, el desarrollo y la renovación de los espacios públicos y, por último, una especial atención al aspecto de seguridad.

La Comisión acoge favorablemente las orientaciones generales de este proyecto, algunas de cuyas conclusiones se aproximan a las recomendaciones formuladas en la presente Comunicación. La Comisión expresa su deseo de participar en la reflexión que se organice para la aplicación de este proyecto. En este marco, para tratar de las cuestiones técnicas, la representará el Director de la OIB. A nivel político, seguirá representando a la Comisión el Comisario encargado de la Administración. Pero también observa que la amplitud de las propuestas en términos de infraestructuras, así como las consecuencias inducidas por la asociación en términos financieros que sugieren las autoridades belgas, requieren un enfoque interinstitucional, especialmente para la constitución de una posible base jurídica y presupuestaria adecuada.

7. CONCLUSIONES

Se pide a la Comisión:

- que apruebe las orientaciones desarrolladas en la presente Comunicación así como el plan de acción que figura en el Anexo;

- que designe a la OIB para que, en junio de 2004, ésta presente propuestas concretas para la aplicación de los principios expuestos en la presente Comunicación y evalúe sus repercusiones en términos de recursos necesarios, para poder presentarlas al Órgano Colegiado en julio de 2004;

- que empiece a aplicar estas orientaciones mediante acciones puntuales y específicas, compatibles con las limitaciones presupuestarias y los créditos asignados, respetando los principios desarrollados en la presente Comunicación y que sean coherentes con las propuestas concretas que deberán presentarse en junio de 2004;

- que transmita la presente Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo de la Unión Europea y a las autoridades belgas.

8. Anexo I - Plan de Acción

>SITIO PARA UN CUADRO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

9. Anexo II - Procedimiento de concesión de los permisos de urbanismo

Los permisos de urbanismo son concedidos por los ayuntamientos o por la Región.

Los ayuntamientos no pueden concederlos si las solicitudes no se ajustan al plan regional de asignación del suelo (Plan Régional d'Assignation du Sol, PRAS) que divide el territorio de la Región en zonas de oficinas, de viviendas, mixtas, etc.

La Región concede los permisos sobre la base del artículo 139 de la Ordonnance Régionale sur l'Urbanisme (ordenanza regional de urbanismo) que permite a las instituciones públicas entregar directamente las solicitudes de permiso a la Región.

Una vez el permiso depositado éste es objeto de una investigación pública con exposición pública del expediente. Cualquier ciudadano podrá emitir objeciones u observaciones. Al término de esta investigación, se celebra una comisión de concertación en la que el promotor expone su proyecto ante las autoridades competentes y ante cualquier ciudadano interesado que desee expresar su opinión

La autoridad competente se basará entonces en el dictamen de esta comisión de concertación para conceder o denegar el permiso. Si el permiso se deposita en la Región, la comisión de concertación se celebra en los ayuntamientos interesados y éstos transmiten un dictamen no vinculante a la Región.

En cada caso concreto, la ordenanza regional correspondiente establece los plazos y recursos para cada procedimiento.