Los elementos arriba descritos muestran que las disposiciones de la Decisión de los acuerdos intergubernamentales actual no han dado lugar a la transformación de acuerdos intergubernamentales no conformes ya celebrados en conformes. Esto se explica sobre todo por la naturaleza posterior de la comprobación de compatibilidad prevista por la Decisión de los acuerdos intergubernamentales.

Desde la adopción de la Decisión de los acuerdos intergubernamentales, la Comisión no ha sido informada de ninguna negociación de acuerdo intergubernamental por los Estados miembros. Sin embargo, es obvio que los Estados miembros han mantenido contactos con terceros países sobre suministro de infraestructuras y de productos relacionados. A este respecto, la Comisión no está en posición de evaluar en qué medida los Estados miembros y los terceros países han contraído compromisos políticos (por ejemplo, en forma de memorandos de entendimiento, canjes de notas o declaraciones de intención).

Hasta la fecha, ningún Estado miembro ha conseguido denunciar o renegociar los acuerdos intergubernamentales no conformes . Esto se debe especialmente a la compleja situación jurídica que surge cuando se firman acuerdos intergubernamentales con terceros países. Concretamente, cuando un Estado miembro ha celebrado un acuerdo intergubernamental que es vinculante en virtud del Derecho internacional público y que no contiene una cláusula de extinción o de suspensión, le es prácticamente imposible, del punto de vista jurídico, denunciarlo en un breve plazo de tiempo y antes del fin de su duración inicial sin el acuerdo del tercer país. Lo mismo sucede por lo que se refiere a la renegociación de un acuerdo intergubernamental, que requiere el consentimiento del tercer país. Esta situación limita considerablemente las competencias de ejecución de la Comisión, incluso en el caso de iniciarse un procedimiento de infracción.

Desde la adopción de la Decisión de los acuerdos intergubernamentales, los Estados miembros han notificado 124 acuerdos intergubernamentales a la Comisión. En la medida en que es posible evaluar, los Estados miembros han cumplido sus obligaciones de notificación. Sin embargo, existen acuerdos que no son jurídicamente vinculantes, bien en el sentido de la definición que figura en el artículo 2 de la Decisión de los acuerdos intergubernamentales, bien en el sentido del Derecho internacional público, que no están sometidos a la obligación de notificación prevista en la Decisión de los acuerdos intergubernamentales actual. No obstante, dichos acuerdos pueden tratar con gran detalle las particularidades jurídicas y técnicas de las cuestiones que aborden (proyectos de infraestructuras energéticas, por ejemplo).

En lo que respecta a los acuerdos intergubernamentales conformes y los acuerdos intergubernamentales en materia de cooperación energética bilateral en general que no implican ningún aspecto del Derecho de la UE, la Decisión de los acuerdos intergubernamentales no supone costes directos para los Estados miembros, aparte de los costes administrativos vinculados a la notificación de acuerdos intergubernamentales en virtud del actual mecanismo de intercambio de información. Estos costes administrativos son muy modestos, ya que los acuerdos intergubernamentales pueden enviarse electrónicamente y los Estados miembros no están obligados a facilitar la traducción.

Por lo que se refiere a los acuerdos intergubernamentales relacionados con la adquisición de materias primas energéticas, el modo en que dichos productos son importados en el mercado interior de la UE ha evolucionado a lo largo del último decenio. Por lo que respecta al gas en particular, la forma preferida para la fijación de los precios ha pasado de los contratos petrolíferos a largo plazo indexados a un mecanismo de mercado, es decir, una fijación de precios por nodos. Sin embargo, la transición general hacia mecanismos de fijación de precios basados en el mercado para el gas oculta las disparidades existentes entre los distintos Estados miembros de la UE. Mientras que la situación en los Estados miembros de Europa Central y Noroccidental refleja la tendencia general, en otras regiones de la UE —tales como los Estados Bálticos y Europa Sudoriental— aún no han experimentado el cambio a la fijación de precios por nodos.

La construcción de proyectos de infraestructuras se basa en acuerdos contractuales complejos entre los promotores de proyecto, que frecuentemente se apoyan en uno o varios acuerdos entre los países de producción, de tránsito y de destino. Como muchos acuerdos intergubernamentales se concluyen para largos períodos, su renovación y su notificación están sometidas a un efecto cíclico. Por lo tanto, el hecho de que solo se haya notificado a la Comisión un acuerdo intergubernamental desde 2012 no implica que no se notifiquen nuevos acuerdos intergubernamentales en el futuro. Además, lo que cuenta no es el número de acuerdos intergubernamentales notificados, sino la importancia de los proyectos a los que se refieren y su conformidad con el Derecho de la UE. Con respecto a la renovación de acuerdos intergubernamentales relativos a infraestructuras más antiguas, es posible igualmente que los riesgos iniciales relacionados con la construcción se hayan reducido en este punto, lo que significa que puede ser mucho más importante ahora realizar una evaluación de su conformidad con el Derecho de la UE.

En el caso de los suministros de gas, la cuota de gas canalizado por gasoducto en el total de las importaciones de terceros países alcanzó el 90 % en 2014. La mayoría de los gasoductos que conectan la UE a sus socios comerciales se encargaron entre finales de los años 1970 y los últimos años de la década de 1990. En lo que respecta al petróleo, el 90 % de las importaciones de petróleo crudo de la UE se realizan por vía marítima y solo el 10 % llegan a través de oleoductos, infraestructuras para las cuales los promotores de los proyectos podrían requerir un acuerdo intergubernamental. Por lo que se refiere a la electricidad, la cuota de las importaciones netas de la UE en la producción bruta de electricidad es inferior al 1 % de la UE 28 . No obstante, como en el caso del petróleo crudo, algunas redes eléctricas aisladas en la UE (en particular en los Estados miembros del Báltico) dependen en gran medida de la importación de electricidad a través de cables desde terceros países. Como con el gas y el petróleo, las infraestructuras de conexión se construyeron hace varios decenios. En resumen, bien una parte importante de una materia prima a nivel de la UE (en el caso del gas) o una parte crítica de una materia prima para algunos Estados miembros de la UE (en el caso del petróleo y la electricidad) se importan en la Unión de terceros países a través de interconexiones físicas.

2.5 Valor añadido de la UE

En lo que respecta a la seguridad energética, la situación en los Estados miembros es muy diversa. Las zonas menos vulnerables de Europa son aquellas que disponen de múltiples fuentes y vías de abastecimiento diferentes y poseen un mercado al por mayor líquido que funciona correctamente. Las zonas más vulnerables a menudo sufren una falta de infraestructuras, que son necesarias tanto para beneficiarse de una base de abastecimiento diversificada y desarrollar un mercado que funcione correctamente. Mientras que los mercados líquidos se encuentran solo en un número limitado de países, la demanda de estos países representa alrededor del 80 % del total de las necesidades de gas de la UE.

Esta situación diferenciada significa que los distintos Estados miembros de la UE tienen diferentes niveles de poder de negociación frente a terceros países, y diferentes niveles de exposición a las presiones exteriores. La progresiva integración de los mercados e infraestructuras energéticas y la dependencia común resultante respecto de los proveedores exteriores implican que las decisiones políticas fundamentales en materia de energía adoptadas por un Estado miembro deben debatirse con los países vecinos. Lo mismo se aplica a la dimensión exterior de la política energética de la UE. La Decisión de los acuerdos intergubernamentales desempeña un papel fundamental a la hora de vincular la dimensión exterior de la política energética (en lo que se refiere a los acuerdos con terceros países) y la dimensión interior (ya que las disposiciones contenidas en los acuerdos intergubernamentales que no son conformes con el Derecho de la UE tienen un impacto negativo sobre el funcionamiento del mercado interior de la energía).

Por lo tanto, existe un evidente valor añadido de la UE de la Decisión de los acuerdos intergubernamentales, ya que refuerza la cooperación y la transparencia a nivel de la UE y contribuye al buen funcionamiento del mercado interior de la energía y a la seguridad del abastecimiento.

2.6 Simplificación

La Decisión de los acuerdos intergubernamentales actual establece un mecanismo de intercambio de información relativamente sencillo. La principal carga administrativa que recae en los Estados miembros está relacionada con el proceso de notificación. Los acuerdos intergubernamentales pueden enviarse electrónicamente y los Estados miembros no están obligados a presentar la traducción. Más que una simplificación, cabría contemplar una aclaración. El artículo 3 de la Decisión de los acuerdos intergubernamentales actual establece como fecha límite para la presentación de los acuerdos intergubernamentales existentes el 17 de febrero de 2013. Teniendo en cuenta que esta ya no se aplica, se podría precisar que el plazo de nueve meses para llevar a cabo la evaluación posterior se aplica a todos los nuevos acuerdos intergubernamentales celebrados después de la entrada en vigor de la Decisión de los acuerdos intergubernamentales.

Existen pocas posibilidades de simplificación en la Decisión de los acuerdos intergubernamentales actual. No obstante, podría introducirse una aclaración sobre el plazo para la presentación de los acuerdos intergubernamentales celebrados después de la entrada en vigor de la Decisión de los acuerdos intergubernamentales.

3. Conclusiones

El presente informe se basa en la experiencia adquirida por la Comisión desde la entrada en vigor en 2012 de la Decisión de los acuerdos intergubernamentales y en el análisis en profundidad de los 124 acuerdos intergubernamentales notificados en este contexto. Cumple la obligación de la Comisión de evaluar la Decisión de los acuerdos intergubernamentales según lo establecido en el artículo 8 de dicha Decisión.

La Decisión de los acuerdos intergubernamentales en su forma actual no se considera eficaz. Las disposiciones actuales (y, en particular, la naturaleza posterior de la comprobación de compatibilidad) no han permitido la transformación de los acuerdos intergubernamentales no conformes ya celebrados en conformes y no han tenido una incidencia directa en las negociaciones de los Estados miembros con terceros países. En particular, no se ha presentado ningún proyecto de acuerdo intergubernamental de manera voluntaria con vistas a un control previo.

En lo que se refiere a la eficiencia y, en particular, los aspectos de costes y de coste/beneficio, la Decisión de los acuerdos intergubernamentales se considera razonablemente eficiente. En particular, los costes asociados con la Decisión de los acuerdos intergubernamentales actual se justifican por los beneficios que ofrece, en la medida en que garantiza el buen funcionamiento del mercado interior de la energía y contribuye a la seguridad del abastecimiento. No obstante, la Decisión de los acuerdos intergubernamentales podría ser más eficaz si previera una comprobación de compatibilidad previa. Esto permitiría aumentar la seguridad jurídica y evitaría costes significativos.

La Decisión de los acuerdos intergubernamentales es plenamente coherente con otras iniciativas y actos legislativos de la UE.