ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 33/140

Miércoles 6 de julio de 2011

Crisis financiera, económica y social: medidas e iniciativas que deberán adoptarse

P7_TA(2011)0331

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2011, sobre la crisis financiera, económica y social: recomendaciones sobre las medidas e iniciativas que deberán adoptarse (2010/2242(INI))

2013/C 33 E/15

El Parlamento Europeo,

— Vista su Decisión, de 7 de octubre de 2009 (1), sobre la constitución, el establecimiento de las competencias, la composición numérica y la duración del mandato de la Comisión Especial sobre la Crisis Financiera, Económica y Social («la Comisión CRIS»), adoptada de conformidad con el artículo 184 de su Reglamento,

— Vista su decisión, de 16 de junio de 2010, de prorrogar el mandato de la Comisión CRIS hasta el 31 de julio de 2011 (2),

— Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2010, sobre la crisis financiera, económica y social: recomendaciones relativas a las medidas e iniciativas que deberán adoptarse (informe intermedio) (3),

— Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre una financiación innovadora a escala mundial y europea (4),

— Visto el actual programa legislativo de la Unión Europea, en particular lo referente a la modificación del Tratado, la gobernanza económica, el Acta del Mercado Único y la política energética,

— Vistas sus conclusiones como consecuencia de las propuestas de la Comisión Especial sobre los Retos Políticos y los Recursos Presupuestarios para una Unión Europea Sostenible después de 2013 (Comisión SURE) sobre el nuevo marco financiero plurianual,

— Vistas las contribuciones de las siguientes cámaras parlamentarias nacionales: el Bundesrat y el Nationalrat austriacos, el Senado y la Cámara de Representantes belgas, la Asamblea Nacional búlgara, el Senado y la Cámara de Diputados de la República Checa, el Folketing danés, el Parlamento finlandés, la Asamblea Nacional francesa, el Bundestag y el Bundesrat alemanes, el Parlamento griego, la Asamblea Nacional húngara, la Cámara de Representantes y el Senado italianos, el Saeima letón, el Seimas lituano, la Cámara de Representantes de los Países Bajos, la Cámara de Representantes y el Senado polacos, la Asamblea de la República portuguesa, la Cámara de Diputados y el Senado rumanos, el Consejo Nacional eslovaco, la Asamblea Nacional eslovena, el Riksdag sueco y la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores del Reino Unido,

— Visto el artículo 48 de su Reglamento,

— Visto el informe de la Comisión Especial sobre la Crisis Financiera, Económica y Social (A7-0228/2011),

A. Considerando que los costes sociales de la crisis son elevados, ya que el empleo en la UE ha disminuido en un 1,8 %, como consecuencia de lo cual 23 millones de personas económicamente activas carecen de empleo (9,6 % del total), la tasa de desempleo juvenil asciende a un 21 %, las perspectivas de recuperación de los niveles de empleo son inciertas y un 17 % de los ciudadanos de la UE se encuentra en peligro de caer en la pobreza (5),

B. Considerando que las revoluciones populares que se han producido en la ribera sur del Mediterráneo y Oriente Medio pueden considerarse una consecuencia, entre otros factores, de las deficiencias y desigualdades económicas y sociales y del alto nivel de desempleo que afecta especialmente a la generación joven educada, y que sirven para recordarnos el valor de la democracia y prueban que la globalización requiere respuestas integrales que tienen que ver con el reconocimiento y respeto de los derechos y las libertades básicas y con la corrección de las desigualdades entre países y entre distintos estamentos dentro de cada país,

C. Considerando que, tres años después de la quiebra de Lehman Brothers, se han dado algunos pasos para contrarrestar la crisis financiera; considerando, no obstante, que hay que seguir trabajando para lograr un sector financiero sostenible que pueda dar respuesta a los comportamientos de especulación excesiva y financiar la economías real, preferiblemente a través de la financiación de las necesidades de inversión a largo plazo y la creación de empleo; considerando que la reforma de la gobernanza económica no ha abordado de modo suficiente la cuestión de los desequilibrios a escala mundial y de la UE,

D. Considerando que la crisis financiera ha desencadenado una crisis económica y social que ha abocado a algunos países a una crisis política,

E. Considerando que, según las previsiones de la Comisión, de aquí a 2013 la producción se reducirá cerca del 4,8 % del PIB, y en la próxima década será significativamente inferior a la de los últimos 20 años (6),

F. Considerando que la crisis revela una falta de confianza y de visión en la UE,

G. Considerando que seguir consolidando la economía social de mercado y sus valores constituye un objetivo esencial de la Unión Europea,

H. Considerando que ha aumentado el número de personas que viven en relativa prosperidad, mientras que, al mismo tiempo, se han ampliado las desigualdades económicas y sociales,

I. Considerando que la crisis financiera mundial ha afectado de modo grave a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y, en particular, del objetivo de haber reducido la pobreza mundial a la mitad en 2015,

J. Considerando que la crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar hacia una verdadera gobernanza económica de la Unión consistente en un conjunto sistemático de políticas diseñadas para garantizar el crecimiento sostenible, un empleo estable y de calidad, la disciplina presupuestaria, la corrección de los desequilibrios macroeconómicos excesivos, la competitividad y productividad de la economía europea y una regulación y una supervisión más estrictas de los mercados financieros así como un mecanismo adecuado de resolución de las crisis financieras,

K. Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 8 de junio de 2011 sobre «Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa competitiva, sostenible e inclusiva», afirmaba con claridad que, con independencia de los ahorros realizables, el presupuesto de la UE, con su nivel global del 1 % del RNB, no basta para cubrir el déficit financiero que se deriva de las necesidades financieras adicionales derivadas del Tratado, así como de los compromisos y prioridades políticas existentes; considerando que, por consiguiente, el Parlamento Europeo tiene el convencimiento de que para el próximo MFP es necesario un incremento de los recursos del 5 % como mínimo en relación con el nivel de 2013;

L. Considerando que, en la misma Resolución, el Parlamento Europeo señala que el límite máximo de los recursos propios ha permanecido invariado desde 1993; considera que el límite máximo de los recursos propios puede necesitar algún ajuste progresivo si los Estados miembros atribuyen más competencias y fijan nuevos objetivos a la Unión; y considera que, si bien el actual límite máximo de los recursos propios establecido por unanimidad por el Consejo establece un margen presupuestario suficiente para afrontar los retos más apremiantes de la Unión, sigue siendo insuficiente para que el presupuesto de la UE se convierta en un verdadero instrumento para la gobernanza económica europea o para contribuir de manera importante a que se invierta a escala de la UE en la Estrategia Europa 2020;

M. Considerando que para garantizar un crecimiento sostenible de la Unión y alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, es necesario reasignar los créditos de pago no utilizados a los programas comunes orientados al crecimiento, la competitividad y el empleo, y potenciar los préstamos concedidos por el BEI y crear un mercado de bonos de proyecto que sea atractivo para los inversores públicos y privados y con el que se puedan financiar proyectos comunes de interés para el conjunto de la Unión (bonos para proyectos específicos),

I. Deuda soberana europea y crisis del euro, incluida la emisión de deuda pública y de eurobonos

1. Recuerda el triángulo de puntos vulnerables interconectados, en el que los desequilibrios de la política fiscal de algunos Estados miembros han amplificado los déficits públicos previos a la crisis, y la crisis financiera ha contribuido de modo considerable a un mayor aumento de estos déficits, lo que ha ido seguido de tensiones en los mercados de deuda soberana en algunos Estados miembros;

2. Destaca que, tras la rebaja de la calificación de la deuda soberana de Grecia, Irlanda y Portugal por parte de las agencias de calificación crediticia, se han producido un efecto de contagio en los países de la zona del euro y cambios en la inversión que reflejan comportamientos especulativos y reacios al riesgo por parte de los inversores, y que, como consecuencia de ello, Grecia, Irlanda y Portugal no han podido acceder a la financiación de los mercados a tasas sostenibles, lo que ha conducido a la concesión de asistencia financiera en el marco de programas de la UE y del FMI;

3. Considera que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debe participar en los programas de asistencia financiera de la UE y el FMI;

4. Recuerda que las agencias de calificación crediticia han desempeñado un papel notable en la gestación de la crisis financiera mediante la asignación de calificaciones erróneas a instrumentos de financiación estructurada cuya calificación se hubo de rebajar; coincide con los principios enunciados por la Junta de Estabilidad Financiera en octubre de 2010 de orientación general sobre el modo de reducir la dependencia respecto de las calificaciones crediticias externas, y pide a la Comisión que tome debidamente en consideración la consulta pública que concluyó en enero de 2011;

5. Pide que se lleve a cabo una auditoría transparente de la deuda pública para determinar su origen e identificar a los principales tenedores de títulos de deuda y los importes correspondientes;

6. Observa que los enfoques bilaterales o multilaterales de los Estados miembros suponen una amenaza a la integración económica, la estabilidad financiera y la credibilidad del euro, y acoge con satisfacción el principio del Semestre Europeo de coordinación de la política presupuestaria y económica, cuyo objetivo es superar los desequilibrios internos excesivos dentro de la UE;

7. Subraya que la crisis de la deuda soberana puso de manifiesto los riesgos generados por los desequilibrios intraeuropeos; subraya la necesidad de que la UE reaccione con una sola voz, desarrolle una coordinación mucho más estrecha de las políticas fiscales y, si resulta necesario, una política común con un presupuesto de la UE suficiente y financiado parcialmente con los recursos propios y adopte disposiciones adecuadas para la gestión de la crisis y la convergencia económica;

8. Subraya la necesidad de racionalizar los gastos de los Estados miembros por medio del presupuesto de la UE, sobre todo en ámbitos en que la UE tenga mayor valor añadido que los presupuestos nacionales;

9. Subraya que las perspectivas de crecimiento de los Estados miembros deben considerarse un elemento esencial a la hora de definir el nivel relativo de los tipos de interés atribuido a dicha deuda soberana, en particular con respecto a la ayuda prestada por el Fondo Europeo de Estabilización Financiera (FEEF) y, a partir de 2013, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE);

10. Reconoce los esfuerzos que están realizando los Estados miembros altamente endeudados para poner en marcha la consolidación presupuestaria y las reformas estructurales;

11. Subraya que los bancos matrices radicados en los Estados miembros de la zona del euro tienen también su parte de responsabilidad por las irresponsables prácticas crediticias de sus filiales en otros Estados miembros, que, por ejemplo, contribuyeron a las burbujas inmobiliarias en España, Irlanda y Letonia y a los problemas presupuestarios resultantes que sufren en la actualidad dichos Estados miembros; señala, por consiguiente, que la prestación de asistencia financiera a estos Estados miembros endeudados, en el caso de que llegara a ser necesaria, no sólo redundaría en su propio beneficio, sino también en el de los Estados miembros cuyos bancos matrices no aplicaron prácticas crediticias responsables en sus filiales;

12. Subraya que todos los Estados miembros tienen importancia sistémica; pide un paquete de reformas integrales, socialmente inclusivas y cohesivas, que aborde los puntos débiles del sistema financiero; pide que se desarrolle el concepto de Tesoro europeo para reforzar el pilar económico de la UEM; pide, asimismo, medidas destinadas a superar la actual falta de competitividad mediante reformas estructurales adecuadas que aborden los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y las causas fundamentales subyacentes de la crisis de la deuda pública, en caso necesario; señala que los Estados miembros deben volver a unas finanzas públicas sostenibles y tasas de crecimiento, sobre la base de políticas sólidas de calidad en el gasto público y justicia y eficacia en la recaudación de ingresos;

13. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de establecer un sistema eurobonos con vistas a determinar las condiciones en las que dicho sistema sería ventajoso para todos los Estados miembros participantes y para la zona del euro en su conjunto; señala que los eurobonos ofrecerían una alternativa viable al mercado de bonos del dólar estadounidense y podrían fomentar la integración del mercado europeo de deuda soberana, disminuir los costes de los empréstitos, aumentar la liquidez, la disciplina presupuestaria y la observancia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), promover reformas estructurales coordinadas y dar mayor estabilidad a los mercados de capitales, lo que sustentaría la idea del euro como «valor seguro» a escala mundial; recuerda que la emisión común de eurobonos requiere avanzar hacia una política económica y fiscal común;

14. Subraya, por consiguiente, que cuando se emitan eurobonos, la emisión debe limitarse a una ratio de la deuda del 60 % del PIB, con aplicación de responsabilidad solidaria como deuda soberana de primer rango, y que se vincule a incentivos de reducción de la deuda soberana a ese nivel; sugiere que el objetivo principal de los eurobonos ha de ser reducir la deuda soberana y evitar el riesgo moral y la especulación contra el euro; señala que el acceso a dichos eurobonos estaría supeditado a que se acuerden y apliquen programas cuantificables de reducción de la deuda;

15. Observa que existe un acuerdo político sobre la revisión del artículo 125 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) para transformar el sistema temporal del FEEF en un MEDE permanente de aquí a 2013; pide que el MEDE se convierta, en una fase posterior, en una agencia de gestión de la deuda europea y que se atribuya al Parlamento Europeo un papel importante en esta modificación del Tratado;

16. Lamenta la falta de responsabilidad social demostrada por los profesionales del sector financiero al no renunciar a parte de sus bonificaciones durante al menos un año para donarla a un proyecto social, como la mitigación del desempleo juvenil en la Unión;

II. Desequilibrios y gobernanza a escala mundial

17. Recuerda que algunas economías tanto de países desarrollados como de países emergentes, como los Estados Unidos y China, contribuyen a los desequilibrios mundiales; acoge con satisfacción la participación activa y la mayor integración de China en el sistema mundial de gobernanza económica;

18. Observas que más de la mitad de la economía mundial se sitúa fuera de la UE, los Estados Unidos y Japón, un fenómeno reciente que carece de precedentes;

19. Subraya que para reequilibrar la demanda mundial se necesita un enfoque asimétrico: los países con grandes superávits externos (como China) deben diversificar los motores del crecimiento y fomentar la demanda interna, mientras que los países con grandes déficits (como los Estados Unidos) tienen que aumentar su ahorro interior y completar las reformas estructurales;

20. Subraya que los mercados financieros han de estar al servicio del desarrollo sostenible de la economía real;

21. Apoya al G-20 en sus esfuerzos por regular los mercados de derivados de materias primas; pide a la Comisión que aborde la volatilidad de los precios en los mercados agrícolas, que aplique plenamente todas las medidas marco acordadas en el G-20 y luche contra la especulación excesiva y dañina, en especial a través de la futura legislación del mercado financiero de la UE, y la revisión de la Directiva sobre abuso del mercado (7) y la Directiva sobre mercados de instrumentos financieros (8);

22. Recuerda la importancia de las materias primas para la Unión Europea, así como la seguridad alimentaria y la estabilidad de los precios de los alimentos en todo el mundo, y en especial para los países en desarrollo, y las presiones inflacionarias que provocan la escasez de alimentos y la inestabilidad de los precios a nivel mundial; pide, por tanto, a la Unión Europea que redoble los esfuerzos por reducir la dependencia de las materias primas, elevando rápidamente los niveles de eficiencia, y por mejorar la producción y el uso de materias renovables; señala que para contribuir a la seguridad alimentaria y la estabilidad de los precios de los alimentos, es necesario generalizar métodos sostenibles de producción, al tiempo que hay que volver a introducir mecanismos de gestión de la demanda; pide, con este fin, mayor transparencia y reciprocidad en el comercio; alerta, además, contra las tendencias proteccionistas en el ámbito de las materias primas estratégicas;

23. Pide una mejor regulación de las permutas de cobertura por impago;

24. Toma nota de la tendencia a destinar importes muy elevados de inversión privada a las economías emergentes, con flujos de entrada de cerca de 1 billón de dólares previstos para 2011 (9); pide al FMI que desarrolle un marco para evitar burbujas especulativas supervisando los flujos de capital mundiales y que adopte medidas para evitar la aparición de factores perjudiciales; reconoce que los controles de capitales no sustituyen a las políticas económicas adecuadas y que solamente deberían utilizarse como último recurso; subraya la necesidad de que los países adopten medidas paralelas contra la formación de dichas burbujas;

25. Señala los posibles riesgos de la actual concentración de los actores del mercado financiero, como las entidades financieras y las bolsas; que puede llevar a que las condiciones para la financiación a largo plazo de la económica real no sean óptimas; pide a la Junta Europea de Riesgo Sistémico, habida cuenta de lo anterior, que siga de cerca la evolución de los riesgos sistémicos que puedan derivarse de la concentración en los mercados financieros;

26. Subraya que, aun cuando la UE tiene un balance por cuenta corriente equilibrado y no contribuye a los desequilibrios mundiales, se vería fuertemente afectada por una corrección desordenada de los desequilibrios a través de una depreciación del dólar estadounidense; observa que la UE debe coordinar sus políticas relativas a los desequilibrios comerciales y monetarios en estrecha colaboración con los Estados Unidos, con el fin de evitar una rápida depreciación del dólar; insta a los Estados Unidos y a los principales actores mundiales a que garanticen que la gestión de las divisas sea una tarea multilateral en la que participen las principales monedas del mundo; acoge con satisfacción el anuncio de indicadores de los desequilibrios mundiales, y pide que estos indicadores se tengan plenamente en consideración;

27. Subraya que la UE tiene que afrontar una serie de retos para mejorar su papel como actor mundial, como la falta de competitividad y convergencia, una estabilidad financiera insuficiente, el bajo nivel interno de crecimiento y empleo, el aumento de los desequilibrios internos con la profundización del mercado interior y la UEM y la falta de peso político a nivel internacional, debida, entre otros factores, una falta de coherencia de su representación en las organizaciones internacionales que podría remediarse aplicando medidas para garantizar la representación unificada del euro internacionalmente, como se dispone en el Tratado;

28. Recuerda que la UE debe hablar con una sola voz, tener a medio plazo un solo representante en el Directorio ejecutivo del FMI, en particular para la zona del euro, representando plenamente, cuando sea oportuno, a los Estados miembros, y defender a escala mundial la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, unas condiciones laborales y de vida dignas, la buena gobernanza, el desarrollo sostenible y el comercio libre y justo, y los objetivos climáticos, de conformidad con su programa interno, así como luchar contra la corrupción, el fraude fiscal, la evasión fiscal y los paraísos fiscales;

29. Considera que Europa debe procurar alcanzar un acuerdo mundial del comercio que sea equilibrado, libre y justo con el fin de reducir los contrastes entre las economías emergentes y las desarrolladas; pide la abolición de las barreras comerciales; considera que la falta de un acuerdo mundial de comercio constituye un inconveniente importante, ya que las economías emergentes se ven bloqueadas por las desarrolladas en proyectos de exportación agrícola, y las emergentes bloquean los servicios de las economías avanzadas;

30. Subraya la necesidad de abrir los mercados de contratación pública de modo transparente y recíproco;

31. Resalta la importancia del espíritu de reciprocidad y los beneficios mutuos que se podrían obtener en las relaciones de la Unión Europea con sus principales socios estratégicos; considera, a este respecto, que la Unión Europea debería preguntarse si no sería conveniente dotarse de instrumentos para examinar las prácticas económicas de terceros países en materia de ayudas estatales y evaluar los comportamientos que puedan tener por objeto transferir tecnologías clave fuera del territorio de la UE;

32. Destaca que, en estos momentos, el órgano que regula las normas contables internacionales, el International Accounting Standards Board (IASB), solo exige cierres de cuentas de índole regional; pide la adopción de normas contables más claras, que obliguen a todas las empresas y fundaciones a una contabilidad de índole nacional, así como la promoción de la cooperación fiscal internacional mediante acuerdos de intercambio de información entre las autoridades;

33. Recuerda su insistencia en favor de una reforma profunda de la gobernanza económica y financiera mundial, con el fin de promover la transparencia y la responsabilidad y garantizar la coherencia entre las políticas de las instituciones económicas y financieras internacionales; pide, como un primer paso hacia una estructura de gobernanza económica mundial, la integración de las instituciones de Bretton Woods y otros órganos de gobernanza económica, incluido el G20, en el sistema de las Naciones Unidas, donde deberán cooperar con la Organización Mundial del Comercio (OMC), la OIT y con una organización medioambiental mundial que se tiene que crear;

34. Pide que los países del G-20 adopten con rapidez medidas mundiales y coordinadas que contribuyan a un crecimiento mundial sostenible que sea sólido, estable y equilibrado; pide la participación de los Parlamentos de esos países para incrementar la legitimidad y responsabilidad; pide, asimismo, una reforma del FMI y más recursos financieros para este, a fin de incrementar su transparencia y responsabilidad y hacerlo más democrático, reforzando al mismo tiempo su papel en el control económico y financiero de sus miembros, con vistas a crear una red de seguridad creíble para luchar contra los desequilibrios mundiales;

35. Pide la introducción de nuevas modalidades de asistencia financiera del siguiente modo: — un FMI reformado podría actuar como prestamista mundial de última instancia y contrarrestar la necesidad de los países de acumular reservas de divisas, si se reforzara su capacidad de aportar liquidez a corto plazo y de garantizar redes de seguridad financiera más sólidas; — Objetivos de Desarrollo del Milenio: la actual crisis ha subrayado la necesidad de crear incentivos para que los mercados financieros promuevan las inversiones a largo plazo y el desarrollo sostenible; se debe actualizar y potenciar el papel financiero de los bancos y organizaciones multilaterales y bilaterales de desarrollo, como respuesta al aumento de demanda de financiación de los países en desarrollo; los ingresos del impuesto sobre las transacciones financieras podrían emplearse parcialmente para financiar la consecución de los ODM y serán necesarios para cumplir los compromisos en materia de cambio climático; es preciso explorar constantemente la importancia de otros instrumentos de financiación del desarrollo, en especial la reestructuración de la deuda, la condonación de la deuda de los países más pobres, así como el fomento de los flujos de remesas; es necesario reiterar los compromisos en torno a la previsible Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y deben explorarse otras fuentes innovadoras de financiación para cubrir el vacío financiero causado por la contracción de las economías en el mundo en desarrollo; los Estados miembros deben reafirmar su promesa de destinar el 0,7 de su RNB a la ayuda al desarrollo para financiar la consecución de los ODM; — La UE ha de orientar las prioridades políticas y los instrumentos financieros a una colaboración euromediterránea más estrecha tras las transformaciones y los avances producidos en los países socios del Mediterráneo meridional; en este contexto, resulta necesario extender los bonos de proyecto europeos a los proyectos euromediterráneos en ámbitos como el transporte sostenible y la energía, la agenda digital y la educación, creando valor añadido para ambas orillas del Mediterráneo;

III. En defensa de un nuevo sistema monetario

36. Recuerda que ningún país ni bloque de países sacaría provecho de una «guerra de divisas», que podría dejar en nada los esfuerzos de los ciudadanos de la UE en respuesta a la necesidad de reducir la deuda soberana y realizar reformas estructurales; observa que el euro ha evitado el inicio de una crisis de divisas del tipo que históricamente solía ir asociado a las crisis financieras; recuerda que las normas del sistema de comercio multilateral (OMC) no cubren los flujos de capitales y no van acompañadas de un sistema monetario multilateral;

37. Recuerda el objetivo aprobado por el G-20 en Corea de construir un sistema monetario internacional (SMI) más estable y resistente; es consciente de la preocupación mundial en relación con el funcionamiento del actual sistema monetario internacional, y pide que se dé urgentemente un importante salto adelante; pide, por consiguiente, que se reforme el sistema monetario internacional para garantizar una cooperación macroeconómica sistemática y global con un crecimiento mundial sostenible y equilibrado;

38. Subraya que dicho sistema monetario internacional debería abordar en particular: — los tipos de cambio: el primer paso sería aplicar políticas que permitan que los tipos de cambio se ajusten gradual y adecuadamente a los cambiantes fundamentos macroeconómicos; — moneda de reserva: sería necesario reformar el sistema internacional de reserva para evitar una situación en que las reservas conduzcan a desequilibrios mundiales; el actual sistema de reserva internacional basado en el dólar se podría sustituir gradualmente por un sistema multilateral centrado en derechos especiales de giro (DEG) que representen una amplia cesta de divisas de todo el mundo, en especial al renminbi chino y al real brasileño; — flujos de capital: sería necesario adoptar un sistema multilateral de normas para favorecer los movimientos de capital a largo plazo, facilitar las salidas de capital no especulativas, evitar los efectos perturbadores en los mercados fragmentados de valores y garantizar el funcionamiento transparente, abierto y fluido de los mercados de obligaciones del Estado, al tiempo que se evita el abuso de las mismas como vehículos de promoción de políticas mercantilistas o que buscan el bien propio a costa del mal ajeno;

39. Pide asimismo que, a largo plazo, se considere la posibilidad de crear una moneda de reserva mundial sobre la base, inicialmente, del desarrollo y la transformación de los DEG y del FMI;

IV. Aumento de la competitividad y la sostenibilidad de la UE y aplicación de la Estrategia UE 2020 favoreciendo la innovación y la inversión a largo plazo en la creación de empleo y el crecimiento

Competitividad, convergencia y Estrategia Europa 2020

40. Pide que, al definir el contenido del Semestre Europeo, se tengan en cuenta plenamente y de modo coherente los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y la necesidad de superar todos los desequilibrios internos de la UE;

41. Hace hincapié en la importancia de las políticas de la Unión de apoyo mutuo para la aplicación de la Estrategia 2020 de crecimiento inteligente, sostenible e integrador y de creación de empleo, respaldadas por diversos instrumentos, como estrategias en materia de educación, medio ambiente, clima y energía que se orienten al futuro, un uso eficiente de los recursos, una política agrícola renovada, la política de cohesión, estrategias de innovación e I+D, un presupuesto renovado de la UE y una mayor aproximación de los presupuestos nacionales en apoyo de estos objetivos comunes;

42. Subraya que es necesario integrar en todos los ámbitos de actuación importantes el elemento de sostenibilidad de la Estrategia Europa 2020 para que la UE recupere el liderazgo mundial; resalta que si Europa quiere seguir siendo competitiva en la economía mundial, debe encabezar la transformación respetuosa con el medio ambiente hacia una sociedad sostenible y eficiente en el uso de recursos; hace hincapié en que las inversiones a gran escala en infraestructuras respetuosas con el medio ambiente, las energías renovables y la eficiencia energética constituyen una excelente forma de estimular la recuperación y de promover el crecimiento a largo plazo y la creación de empleo;

43. Recuerda que aún no se ha alcanzado el pleno potencial del mercado único, y que es necesaria una renovada determinación política y una actuación resuelta con el fin de liberar todo su potencial para el crecimiento sostenible y socialmente integrador y la creación de empleo; destaca la necesidad de seguir desarrollando el sector europeo de los servicios y de reforzar el comercio de servicios;

44. Hace hincapié en que el éxito de la Estrategia Europa 2020 depende del compromiso de la UE en su conjunto, de la implicación de los Estados miembros, los parlamentos nacionales, las autoridades locales y regionales y los interlocutores sociales; recuerda la importancia de un diálogo social sólido y operativo y de los acuerdos colectivos en el marco de la Estrategia Europa 2020, así como la promoción de un verdadero diálogo social europeo sobre las políticas y medidas macroeconómicas; observa que estas medidas deben tener por objetivo alcanzar un consenso amplio sobre la forma de avanzar;

45. Observa los crecientes poderes y responsabilidades de las autoridades regionales y locales; recuerda que dos tercios de la inversión pública en Europa permanecen en el nivel subnacional; señala que la elección del nivel en el que se realiza y se ejecuta la inversión pública afecta en gran medida a su eficiencia; subraya, por consiguiente, la importancia de garantizar que la inversión pública se efectúe en el nivel de gobernanza más eficiente;

46. Insta a los Parlamentos nacionales y a los Gobiernos de los Estados miembros a que, cuando toman decisiones nacionales, actúen con responsabilidad para con la UE e incorporen la dimensión de la UE en sus debates nacionales;

47. Subraya que la consolidación fiscal debe ir acompañada de objetivos a medio y largo plazo como los incluidos en la Estrategia Europa 2020, especialmente en relación con la creación de empleo, la inclusión social, la inversión en infraestructuras, la eficiencia del uso de recursos, la transformación ecológica de la economía en una economía basada en el conocimiento, de modo que se aumente la competitividad y la cohesión social, económica y territorial; observa que las diferentes políticas nacionales y de la UE deben prestar un apoyo coherente a la Estrategia y que la disciplina presupuestaria, si se impone sin una estrategia bien definida, puede deteriorar las perspectivas de crecimiento, reducir la competitividad y, a la larga, dañar gravemente la economía; recuerda que, puesto que ha fallado el método abierto de coordinación, la Estrategia Europa 2020 debe incluir metas vinculantes fijadas por la Comisión para los Estados miembros con valores máximos y mínimos que se deberán aplicar a determinados aspectos macroeconómicos de sus economías;

48. Pide una estricta auditoría financiera de todos los Estados miembros por parte de la Comisión en estrecha colaboración con Eurostat para determinar su situación financiera real, auditoría que permita basarse en los hechos a la hora de tomar decisiones sobre la Estrategia Europa 2020 y los proyectos regionales y de cohesión; pide un examen de todos los programas de financiación en la Unión Europea, así como las subvenciones nacionales y regionales; recomienda la intensificación de los proyectos y programas cuyo éxito sea vital y, a su vez, la erradicación de las subvenciones y regímenes de desarrollo económico que sean ineficaces;

49. Señala el hecho de que las mujeres, en especial, corren mayor riesgo de caer en la pobreza; observa que la pobreza infantil ha aumentado en una serie de Estados miembros durante la crisis; subraya que eso es inaceptable y que hay que invertir las tendencias negativas; pide en especial, por tanto, que las organizaciones no gubernamentales existentes se transformen en una sólida red para erradicar la pobreza infantil por medio de planteamientos centrados en la infancia, objetivos específicos para la infancia y una marcada atención a los derechos del niño;

50. Observa que los sistemas de bienestar sólidos actúan como importantes estabilizadores económicos en tiempos difíciles; subraya, por consiguiente, que aun cuando es necesario consolidar las finanzas públicas, también existen razones convincentes para salvaguardar los servicios del sector público y mantener, de modo consecuente, los niveles existentes de protección social; pide la adopción de medidas para reducir las desigualdades de renta, en concreto mediante la solución del problema del desempleo juvenil;

51. Subraya que la recesión económica no debe frenar el avance de las políticas de conciliación del trabajo y la vida familiar, en especial las que facilitan el acceso de las mujeres al mercado laboral;

52. Observa los retos suscitados por la crisis, con una gran ralentización de la actividad económica, una disminución de la tasa de crecimiento por el gran aumento del desempleo estructural y de larga duración y una caída de las tasas de inversión pública y privada, además de una mayor competencia de las economías emergentes;

53. Reconoce que, para superar los actuales desequilibrios dentro de la UE, no bastará con un planteamiento único para todos, y que la coordinación de la política económica, para que sea eficaz, deberá tener adecuadamente en cuenta los puntos de partida de las diferentes economías nacionales de la UE y sus características propias; destaca la necesidad de la coordinación y el progreso económicos para recuperar la fortaleza de las finanzas públicas;

54. Pide una mayor compatibilidad y complementariedad entre los presupuestos nacionales y el presupuesto de la UE; opina que el próximo marco financiero plurianual debe centrarse en los ámbitos prioritarios clave de la Estrategia Europa 2020 y debe asegurar la financiación adecuada de las iniciativas emblemáticas en los ámbitos en que la UE ejerce una competencia compartida con los Estados miembros, lo que puede aportar un fuerte valor añadido europeo;

55. Hace hincapié en que tanto la política agraria como la de cohesión deben desempeñar un papel fundamental en el apoyo a la Estrategia Europa 2020; está convencido de que la reforma de la política agrícola común (PAC) debe realizarse en un contexto que tenga en cuenta la solución de los desafíos mundiales; considera que el éxito de la Estrategia Europa 2020 depende de que se garantice la coherencia de las políticas de la UE, incluidos aspectos tan diversos como el ajuste entre los presupuestos nacionales y de la UE, en particular la PAC y los Fondos de Cohesión, por ejemplo garantizando una distribución justa de recursos entre los Estados miembros y las regiones, basada en objetivos definidos destinados a reforzar la convergencia y fomentar la competitividad, al mismo tiempo que se hace hincapié en los Estados miembros y las regiones con mayores necesidades y políticas como la educación, la innovación y la I+D;

56. Reitera, además, que la Estrategia Europa 2020 solo será creíble si va respaldada por recursos financieros adecuados y, por lo tanto, apoya: — la adopción de conclusiones coherentes en el contexto del próximo marco financiero plurianual y un presupuesto de la UE centrado en políticas que contribuyan a la realización de los objetivos de la Estrategia Europa 2020; — la distribución de fondos de la UE sobre la base de su eficacia e importancia económica, social y medioambiental; los fondos no utilizados por los Estados miembros se deberán reasignar para inversión pública sostenible a escala de la UE destinada a proyectos o programas conjuntos destinados a promover el crecimiento, la competitividad y el empleo, como la inversión en infraestructuras, la educación y la formación, la innovación, la investigación y el desarrollo; — la prestación de asistencia técnica para mejorar el nivel de utilización de los fondos y la ejecución efectiva de los proyectos de inversión; — un papel más destacado para el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en la mejora de la función catalizadora y el efecto multiplicador de los Fondos Estructurales; — el mayor desarrollo y óptimo aprovechamiento de instrumentos de financiación innovadores, que impliquen en particular al BEI y al Fondo Europeo de Inversiones (FEI), así como al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) (por ejemplo, fusionando subvenciones y préstamos, instrumentos de capital riesgo, nuevas formas de riesgos compartidos y garantías); — actuaciones para encauzar el ahorro privado hacia inversiones a largo plazo a través de incentivos y mecanismos adecuados; — el desarrollo de una financiación innovadora a largo plazo mediante fondos tanto públicos como privados, — la introducción de bonos de proyecto a fin de recaudar capital privado para cubrir las necesidades de los retos europeos en materia de infraestructuras; — una acción que garantice la disponibilidad de importes considerablemente mayores de capital-riesgo vinculado a inversiones a largo plazo; — una acción que garantice un acceso más fácil y con menos burocracia a la financiación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYME), manteniendo normas estrictas de transparencia;

Políticas energéticas, de transporte, y mercado interior

57. Considera que la creación de una Comunidad Europea de la Energía es un proyecto político fundamental para alcanzar los objetivos Europa 2020 de avanzar en la transición a las energías renovables y maximizar la eficiencia energética, aumentar la independencia energética de la UE y crear un verdadero mercado energético interconectado; destaca la importancia de la dimensión exterior de su política energética;

58. Cree que deben reforzarse las relaciones entre los países productores de petróleo y gas natural y los países consumidores, sobre todo los países europeos, teniendo en cuenta asimismo la reciente evolución en el panorama político en el Mediterráneo; considera que debe aplicarse urgentemente una política común de energía sostenible y adquisición de materias primas, con el fin de evitar los efectos adversos que pudieran retrasar la recuperación y el desarrollo futuro de la economía europea;

59. Destaca el papel fundamental que desempeña la integración de los principios de eficiencia del uso de recursos en todas las políticas de la UE para garantizar la competitividad de la Unión —incluido el desarrollo de nuevos productos y servicios innovadores y nuevas formas de reducir insumos—, minimizar los residuos, mejorar la gestión de existencias de recursos, cambiar las pautas de consumo, mejorar la logística y velar por que los procesos de producción, los métodos de gestión y de negocio estén optimizados para garantizar que se cumpla el enfoque de ciclo de vida del diseño de productos y servicios con un planteamiento «desde la cuna hasta la tumba»;

60. Recuerda que el acceso a la energía y a las materias primas, así como su uso eficiente, son esenciales para garantizar la competitividad global de la UE; subraya que para seguir siendo competitiva a largo plazo, la UE tiene que ser un líder mundial en la promoción de la eficiencia y el ahorro energéticos, la investigación y la inversión en nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente, la diversificación y racionalización del suministro energético, así como el desarrollo y el mayor uso de fuentes de energías renovables; recuerda que la reducción de la dependencia respecto de las importaciones de energía y materias primas contribuye a garantizar la competitividad de la UE, al tiempo que ayuda a alcanzar el objetivo de la UE en materia de inflación;

61. Destaca que se debe prestar especial atención a la política en materia de transporte sostenible, más concretamente a la ampliación de las redes transeuropeas de transporte, y que el hecho de mejorar el acceso a éstas desde las regiones menos desarrolladas, con la ayuda de los recursos de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión, contribuiría de forma notable a reforzar el mercado único; subraya la importancia de disponer de un sistema de transportes eficiente e interconectado que facilite la libre circulación de personas, mercancías y servicios y promueva el crecimiento; subraya la importancia de las redes transeuropeas de transporte (RTE-T) para aportar un valor añadido europeo considerable, ya que contribuyen a suprimir cuellos de botella, eliminar barreras físicas tales como anchos de vía distintos y garantizar una infraestructura transfronteriza;

62. Considera que el Acta del Mercado Único es una iniciativa política fundamental que sustenta los fundamentos de los objetivos e iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 destinados a aprovechar plenamente el potencial de crecimiento del mercado interior y completar el mercado único dentro del espíritu del informe Monti; destaca que la crisis ha demostrado claramente la importancia de reforzar la base industrial y el potencial innovador de la UE, facilitando el acceso al mercado y la movilidad y luchando contra la fragmentación social y territorial en toda la UE;

Movilidad y migración

63. Hace hincapié en que tanto las grandes revueltas de nuestras regiones vecinas como la evolución demográfica en la UE requieren una política común en materia de migración; destaca que se debe fomentar un mayor acceso a los mercados de trabajo y una mayor movilidad, garantizando la igualdad de condiciones y derechos laborales y sociales para todos, incluido el reconocimiento de capacitaciones y títulos profesionales en toda la UE, además de la posibilidad de transferir las prestaciones de seguridad social y de jubilación a fin de fortalecer el mercado único europeo;

64. Considera que el Acuerdo de Schengen sigue siendo un logro excepcional para los ciudadanos de la UE y que debe ser salvaguardado; exhorta a que se siga reforzando la cooperación a este respecto; expresa su grave preocupación por hipotéticos cambios a las normas de Schengen; insiste en la necesidad de que el Parlamento participe debidamente en el proceso legislativo y destaca la importancia de impedir que los Estados miembros tomen medidas unilaterales en ese ámbito; recuerda que la adopción del Acuerdo de Schengen supuso un paso adelante en el camino de la integración europea y que debe salvaguardarse el principio de libre circulación de personas;

65. Solicita una política común de la UE en materia de inmigración y acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión de abrir más vías legales para acceder a la UE en busca de trabajo; subraya la necesidad de una reforma del actual sistema de Tarjeta Azul (ampliándolo a un número significativamente mayor de trabajos y profesiones); señala que las empresas de la UE dependen cada vez en mayor medida de personas de países de fuera de Europa que vienen para asumir trabajos en sectores como la agricultura, la horticultura, el turismo o la atención a personas mayores, ya que cada vez hay menos ciudadanos de la UE disponibles para trabajar en estos sectores; considera que la propuesta de la Comisión sobre trabajadores estacionales debe proporcionar a estos trabajadores, que a menudo son vulnerables y se encuentran expuestos, mejores condiciones y una situación jurídica segura para protegerles contra la explotación;

PYME, innovación e I+D

66. Recomienda a la Comisión que aliente y facilite una mayor financiación de capital para las PYME, ya sea a través de capital-riesgo o de acciones cotizadas, más asistencia de los Fondos Estructurales, y un menor recurso a la deuda, especialmente en relación con empresas de alta tecnología de nueva creación, que tienen una gran necesidad de capital para I+D; subraya la necesidad de fortalecer el instrumento de garantía del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (PIC) y de simplificar el acceso a la financiación para las PYME; señala que esto es especialmente necesario para alentar y apoyar a las emprendedoras;

67. Reconoce el papel de la economía social (tercer sector) en Europa y su importancia en la promoción de la innovación; subraya la necesidad de contar con políticas estratégicas en Europa para la adjudicación de contratos públicos que sean ecológicas y usen de modo eficiente de los recursos, con el fin de apoyar un sector de la innovación igualitario y competitivo;

68. Insta a que se otorgue al BEI y al FEI un papel destacado, en el ámbito europeo, en la liberación de fondos para las PYME, mediante procedimientos simplificados y más claros, trabajando con las instituciones financieras de los Estados miembros y evitando establecer mecanismos paralelos a las estructuras ya existentes en el ámbito nacional, de modo que las PYME puedan encontrar fácilmente el punto de acceso al que están acostumbradas; recomienda que el BEI/FEI actúe como filtro, centrándose en los ámbitos prioritarios de la Estrategia Europa 2020, fortaleciendo la economía, el empleo, la sostenibilidad medioambiental y el uso eficiente de los recursos, actuando como mentor para seleccionar grupos de PYME y participando en los debates con los bancos y sus equipos de gestión de riesgos para ayudar a las PYME a obtener préstamos a largo plazo; pide que se haga pleno uso de la capacidad de financiación del BEI;

69. Invita a los Estados miembros a acelerar la aplicación de las medidas expuestas en la Iniciativa en favor de las pequeñas empresas (Small Business Act) (2008) y en su revisión, publicada el 23 de febrero de 2011 por la Comisión, a fin de reducir las trabas administrativas, facilitar el acceso de las PYME a la financiación y apoyar la internacionalización de las PYME;

70. Subraya que la próxima generación de programas de financiación de la UE debe apoyar sistemáticamente a las PYME innovadoras y que creen empleo, tanto en el mercado interior como a escala mundial; destaca la necesidad de facilitar la rápida creación de empresas sirviéndose de las nuevas tecnologías, mejorar su financiación, reducir cargas administrativas y promover su internacionalización; considera altamente deseable que se reconozca el papel fundamental desempeñado por el sistema de cooperativas de crédito industrial y banca minorista, que garantizan la optimización de la estrategia de ayuda y el apoyo efectivo al sector de las PYME;

Fiscalidad

71. Subraya que tanto la UEM como el mercado interior requieren una mayor coordinación de las políticas fiscales nacionales; recalca que es necesario mejorar la calidad de la fiscalidad a fin de poder ofrecer los incentivos adecuados para el empleo, la innovación y la inversión a largo plazo; solicita a la Comisión que analice, en el contexto del Semestre Europeo, la resistencia de los sistemas impositivos de los Estados miembros, para comprobar que sus reformas fiscales sean resistentes a las fluctuaciones económicas y que no dependan innecesariamente de bases imponibles demasiado cíclicas o propensas a las burbujas;

72. Apoya a la Comisión en sus esfuerzos encaminados a abordar la competencia fiscal perjudicial, la evasión y el fraude fiscales y los paraísos fiscales, tanto dentro de la UE como a nivel internacional, para mejorar los sistemas de recaudación de impuestos y crear una base consolidada común para el impuesto de sociedades con posteriores horquillas de imposición indicativas, así como un sistema impositivo específico y simplificado para las PYME; acoge con satisfacción la estrategia sobre el IVA que la Comisión va a presentar para establecer un sistema a prueba de fraudes;

73. Señala que la lucha contra el fraude fiscal y la evasión de impuestos y la mejora de la recaudación de impuestos, también en relación con terceros países, deben ser aspectos esenciales de los esfuerzos actuales de los Estados miembros por lograr la consolidación presupuestaria;

74. Considera que esta evolución es crítica en el contexto actual, en que los Estados miembros tienen que consolidar sus presupuestos; observa que la competencia fiscal es aceptable mientras que no comprometa la capacidad de los Estados miembros de percibir los ingresos que pueden razonablemente esperar, y recuerda que es necesario idear soluciones para minimizar la competencia fiscal perjudicial;

75. Considera que la distribución de fondos de la UE debe tener en cuenta la estrategia fiscal de los Estados miembros y su voluntad de cooperar en la lucha contra la evasión fiscal y de fomentar una coordinación fiscal más estrecha;

76. Es consciente de que no existe una definición común del término «paraíso fiscal»; pide que, al menos, se acuerde una definición europea única, a la espera de que se acuerde una definición a nivel mundial;

77. Pide a los Estados miembros que, a la vista del carácter fundamental de la lucha contra la corrupción y con el fin de lograr una recuperación económica real, incluyan en su legislación penal la norma según la cual la ejecución de obras mediante la corrupción, los sobornos u otros medios para obtener beneficios ilícitos obliga a la cancelación del pago por parte del organismo pagador y, si el pago ya se ha efectuado, a exigir la devolución del doble de la cantidad pagada;

Empleo

78. Considera que la creación de empleo y la mejora de las condiciones laborales constituyen un requisito indispensable para alcanzar una estrategia de crecimiento justo, ecológico e inteligente, por lo que pide: — la creación de nuevos puestos de trabajo en ámbitos basados en la innovación, la investigación y el desarrollo, como, por ejemplo, los ámbitos de la energía y del medio ambiente, de tal modo que se garantice una enfoque equilibrado desde el punto de vista del género; — medidas para mejorar la eficacia del apoyo existente en la UE para la creación directa de empleo que se pone a disposición de los Estados miembros en el marco del Fondo Social Europeo; — medidas para facilitar la participación de las mujeres (en especial, mediante un sólido aumento de servicios de guardería asequibles), los trabajadores de edad (sin que se vean afectados en su jubilación y sus derechos sociales) y los inmigrantes legales en el mercado de trabajo, y a reducir el desempleo, sobre todo entre los jóvenes; — medidas para incrementar la calidad de la educación y la formación profesional, así como la promoción eficaz del aprendizaje permanente y el espíritu emprendedor, con vistas a reforzar las posibilidades de empleo de los trabajadores y desarrollar un capital humano competitivo; — el desarrollo de oportunidades de empleo y programas de inclusión social para los grupos más vulnerables, como la población romaní y las personas con discapacidades; — puestos de trabajo sostenibles y de elevada calidad que proporcionen ingresos decentes en la agricultura y las zonas rurales; — medidas contra el trabajo no declarado;

79. Pone de relieve que la mayor parte del desempleo existente en los Estados miembros en los que se están aplicando medidas de austeridad viene ocasionada por el deterioro de la actividad económica general, con un aumento alarmante de la tasa de desempleo de larga duración; señala que es necesario abordar de forma urgente la cuestión del desempleo de larga duración, ya que este puede dañar gravemente el crecimiento a largo plazo en los países afectados y, en consecuencia, puede reducir la competitividad de toda la Unión;

80. Señala que, como resultado de la crisis actual, el mercado laboral de la UE podría seguir fragmentado a largo plazo con una concentración del trabajo de alta calidad en Estados miembros con balanzas por cuenta corriente equilibradas, por un lado, y con tasas elevadas de desempleo y falta de mano de obra competitiva en aquellos Estados miembros más dañados por la crisis, que también son los más endeudados, por el otro;

81. Considera que aún es necesario abordar la cuestión de la gobernanza de las empresas en relación con los incentivos a la gestión en favor de la inversión a largo plazo y de la creación de empleo; propone que todas las empresas cotizadas con más de 250 empleados y un volumen de negocios superior a 50 millones de euros tengan que elaborar un informe anual sobre la evaluación de su responsabilidad social y medioambiental;

Estrategia educativa

82. Subraya la importancia de la educación infantil, universitaria y de adultos y de la formación profesional para la innovación y el crecimiento, y pone de relieve la importancia de una correcta aplicación de la flexiguridad; resalta la necesidad de adaptar los sistemas de educación y formación a fin de dotar mejor a las personas de los conocimientos y las aptitudes necesarias para garantizar niveles más elevados de empleo, productividad, crecimiento y competitividad;

83. Propone la creación de un programa de prácticas en la UE análogo al programa Erasmus, con plena implicación del sector privado; opina que dicho programa debe implicar a los grupos de universidades, las universidades de ciencias aplicadas, las instituciones de formación profesional, la industria, los mercados financieros, las PYME y las grandes empresas y debe ofrecer los ciudadanos, incluidos los grupos vulnerables, el acceso a la formación, especialmente por lo que respecta a las cualificaciones transferibles en la economía del conocimiento;

84. Apoya firmemente el establecimiento de medidas para aumentar la calidad de la enseñanza superior en Europa mediante, por ejemplo, una mayor reducción de los obstáculos a la movilidad de los estudiantes, la mejora de las relaciones entre el mundo universitario y el empresarial y el fomento del espíritu emprendedor en la sociedad; propone la introducción de una beca europea para la innovación que contribuya a la promoción del conocimiento y las aptitudes necesarias en los sectores innovadores, permitiendo el desarrollo de redes y de la cooperación en la UE; cree que dicha beca estaría dirigida a los jóvenes participantes en programas de formación profesional, establecidos y aplicados específicamente en cada uno de los Estados miembros;

85. Subraya la necesidad de crear condiciones, a escala europea y nacional, para que los sectores público y privado aumenten la inversión en I+D; observa que la financiación de las universidades se produce principalmente a través de los presupuestos nacionales; alienta, por consiguiente, a los Estados miembros a velar por que sus respectivos sistemas de financiación de las universidades se conciban de modo que aumenten la capacidad de Europa para el desarrollo tecnológico, la innovación y la creación de empleo;

86. Considera que, a fin de animar a los Estados miembros a invertir más en el ámbito educativo, debe otorgarse especial atención al gasto público en educación, investigación y formación profesional cuando se valore el objetivo presupuestario a medio plazo de los Estados miembros;

87. Apoya la solicitud de la Asociación Europea de Universidades (EUA) de que se aumente la inversión pública en la educación superior a un 3 % del PIB; considera que este objetivo requiere una evaluación cualitativa de dicho gasto en el contexto de la evaluación del PEC;

88. Insta a una mejora de la educación para los trabajos que no requieran estudios universitarios mediante el fomento del aprendizaje en los centros de trabajo;

V. Reconsiderar la UE: más allá de la gobernanza económica europea

89. Hace hincapié en que la Unión Europea se encuentra en una encrucijada: o los Estados miembros deciden unir fuerzas para profundizar en la integración o, debido al estancamiento a nivel decisorio y a las divergencias a nivel económico, la UE podría disgregarse;

90. Advierte de los riesgos de replegarse en una Unión fragmentada, vulnerable al proteccionismo y el populismo;

91. Pide una mayor Unión política democrática en la que se otorgue a las instituciones de la UE un papel más importante tanto en la elaboración como en la aplicación de las políticas comunes; recalca la importancia de reforzar la legitimidad y el control democráticos de la Unión;

92. Recalca la importancia de respetar los principios en que se basa el proyecto europeo: igualdad de los Estados miembros, solidaridad, cohesión y cooperación; llama la atención sobre la necesidad de respetar estos principios abordando eficazmente los desequilibrios internos y avanzando hacia una convergencia sustancial mediante la coordinación entre los Estados miembros que pertenecen y los que no pertenecen a la zona del euro;

93. Destaca la necesidad de una Comisión Europea más fuerte, que responda en mayor medida ante el Parlamento y que desempeñe un papel fundamental como principal voz de los ciudadanos, sobre todo a la hora de ofrecer un foro para los debates públicos transfronterizos, teniendo en cuenta las repercusiones de las decisiones nacionales en campos como la gobernanza económica y social;

94. Destaca que la gobernanza económica, con políticas económicas, fiscales y sociales convergentes, debe organizarse utilizando el método comunitario, bajo la dirección de las instituciones de la Unión y con la plena implicación de los Parlamentos nacionales;

95. Considera que la nueva legislación relativa a la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) y las tres Autoridades Europeas de Supervisión constituye un primer paso en la dirección correcta, pero opina que se requieren más progresos para garantizar, en particular, la supervisión directa, a nivel de la UE, de las entidades sistémicas, como las entidades con alto coeficiente de endeudamiento, y la aplicación de un único sistema de normas; subraya la necesidad de dotar a las nuevas autoridades de recursos humanos y financieros proporcionados a su creciente responsabilidad;

96. Considera que, paralelamente a la supervisión destinada a garantizar la estabilidad financiera, son necesarios mecanismos de supervisión y de prevención de las posibles burbujas y una asignación óptima del capital, a la luz de los desafíos y los objetivos macroeconómicos, y que también es necesario invertir en la economía real; considera asimismo que la política fiscal debe ser un instrumento para conseguir este fin;

97. Pide a la Comisión que presente nuevas propuestas para la regulación de las estructuras de los mercados financieros cuyas dimensiones, integración sistémica, complejidad o interconexión puedan constituir una amenaza para la estabilidad financiera y la capacidad de los reguladores de resistir a sus demandas, incorporando medidas que permitan a las autoridades de supervisión controlar sus actividades, incluidos el sistema bancario paralelo y su nivel de apalancamiento; pide a la Comisión que estudie opciones de regulación, como limitar o desalentar las dimensiones de dichas estructuras o determinados modelos empresariales;

98. Destaca que, para afrontar la crisis de deuda pública y aumentar la competitividad, la convergencia y la solidaridad de la UE, es necesaria una transferencia de competencias y de gasto hacia la UE, lo que aligeraría considerablemente la carga de los presupuestos nacionales, y destaca la necesidad de crear sinergias significativas entre los presupuestos nacionales y el presupuesto de la UE, permitiendo así la utilización y la asignación óptimas de los recursos fiscales existentes a todos los niveles, respetando el principio de subsidiariedad con el fin de apoyar a unas regiones y unos Estados fuertes;

99. Llega a la conclusión de que para alcanzar la unión política democrática y una integración económica acorde con la unión monetaria, en consonancia con las prioridades acordadas por el Consejo Europeo, la UE necesita un presupuesto de un volumen suficiente para dar cabida al euro de una manera sostenible, otorgando a la moneda un espacio presupuestario relevante al nivel de la organización política que la emite;

100. Recuerda que los informes que precedieron a la realización de la Unión Monetaria, en particular el informe McDougall, en el que se analizaban las condiciones necesarias para la aplicación del plan Werner, afirmaban que el volumen de dicho presupuesto tendría que situarse entre el 2,5 y el 10 por ciento de la RNB de la Unión, dependiendo de que el presupuesto de la Unión asumiera las funciones de reasignación y cuales, de que el presupuesto tuviera que financiarse a partir de recursos propios y de que tuviera que utilizarse para financiar políticas y medidas en el ámbito de la política exterior y de seguridad y defensa, de los sectores de la energía y de los transportes, de la cooperación al desarrollo y de la I+D, y de que los presupuestos nacionales se redujeran proporcionalmente para alcanzar la neutralidad fiscal para los ciudadanos y para las empresas;

101. Destaca la necesidad de lograr un mayor equilibrio entre las políticas económicas y las sociales, en particular fortaleciendo e institucionalizando el papel del diálogo social macroeconómico;

102. Recuerda que la Unión Europea basa su legitimidad en los valores democráticos que proyecta, los objetivos que persigue y las competencias, instrumentos e instituciones que posee; considera que profundizar la integración económica europea es necesario para garantizar la estabilidad de la zona del euro y de la Unión en su conjunto, y que para ello serán necesarios nuevos avances en la representación exterior de la zona del euro, el voto por mayoría cualificada respecto de la base imponible del impuesto de sociedades, las medidas de la lucha contra la evasión y el fraude fiscales, la posible emisión conjunta de deuda soberana y de eurobonos para estimular la disciplina fiscal, la capacidad de endeudamiento de la UE, un mejor equilibrio entre las políticas económicas y sociales, los recursos propios para el presupuesto de la UE y el papel de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo;

103. Considera que las decisiones políticas en materia de gobernanza económica no deben poner en peligro los compromisos acordados a escala de la UE que reflejan los objetivos e intereses de todos los Estados miembros, y que estas decisiones deben anclarse en el Tratado e impulsarse con la plena implicación institucional y el control de la Comisión Europea y el Parlamento;

104. Pide una estrategia global en respuesta a los retos a los que se enfrenta la Unión, con una gobernanza económica reforzada como piedra angular de esa respuesta; pide asimismo que se mantenga la determinación a la hora de proseguir con la consolidación fiscal, el crecimiento sostenible, la profundización de las reformas estructurales y la revisión radical del sector bancario; toma nota del Pacto por el Euro Plus propuesto por el Consejo como parte del paquete de gobernanza económica negociado por Consejo y el Parlamento;

105. Pide que el Tratado Euratom sea sustituido por una Comunidad Europea de la Energía;

106. Considera que, paralelamente a las modificaciones del Tratado para el mecanismo de estabilidad, estas cuestiones interconectadas deben abordarse en el marco de una convención, de conformidad con el artículo 48, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea;

107. Considera que, en caso contrario, será necesario avanzar hacia una cooperación reforzada, de conformidad con el artículo 329 del TFUE, para permitir que la zona del euro funcione de manera democrática y eficiente;

108. Recuerda que la respuesta europea a la crisis debe basarse en la profundización de la integración europea, la aplicación del método comunitario, la consolidación del diálogo parlamentario, la promoción del diálogo social, el fortalecimiento del Estados del bienestar mediante el apoyo a la inclusión social, la creación de empleo y el crecimiento sostenible, y el progreso de la economía social de mercado y sus valores, como objetivo esencial de la Unión Europea, de modo que todos los ciudadanos se adhieran al proyecto europeo, basado en los valores consagrados en los Tratados y en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales;

*

* *

109. Encarga su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Presidente del Consejo Europeo, al Presidente del Eurogrupo, al Banco Central Europeo, al Banco Europeo de Inversiones, al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. al Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y a los interlocutores sociales.

(1) DO C 230 E de 26.8.2010, p. 11.

(2) DO C 257 E de 24.9.2010, p. 211.

(3) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0376.

(4) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0080.

(5) Eurostat, Statistics in focus, 9/2010, Population and social conditions http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-009/EN/KS-SF-10-009-EN.PDF y Comisión Europea, Employment in Europe 2010 (http://ec.europa.eu/employment_social/eie/executive_summarys_en.html#top).

(6) Comisión Europea, Impact of the current Economic and Financial crisis on potential output, Occasional Papers 49, junio de 2009, cuadro V, p. 33 (http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15479_en.pdf).

(7) Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado) (DO L 96 de 12.4.2003, p. 16).

(8) Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1).

(9) Nota de síntesis del personal técnico del FMI de 19 de febrero de 2010, SPN/10/04, Capital Inflows: The Role of Controls.