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 COMISIÓN EUROPEA 
Bruselas, 14.12.2010 
SEC(2010) 1548 final 
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 
 
Documento que acompaña a la 
 
Propuesta de  
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
relativo a la competencia judicial, el recono cimiento y la ejecuci ón de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil 
(versión refundida) 
   
{COM(2010) 748 final} 
{SEC(2010) 1547 final}  
 
 1. CONTEXTO , CONSULTA Y ASESORAMIENTO TÉCNICO  
El Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones  judiciales en materia civil y mercantil 
(denominado «Bruselas I»), que entró en vigor en marzo de 2002, constit uye la piedra angular 
de la cooperación judicial en materia civil en la Unión Eur opea. Determina la jurisdicción 
competente para solucionar los litigios transf ronterizos y facilita el reconocimiento y la 
ejecución de las resoluciones judiciales dictad as en otro Estado miembro. Aunque en general 
la aplicación del Reglamento se considera satisfact oria, de la consulta de  las partes interesadas 
y varios estudios efectuados por la Comisión se desprendió la necesidad de proceder a su reforma. Además, el Programa de Estocolmo insta a suprimir los últimos obstáculos que 
dificultan el derecho de sus derec hos a los ciudadanos y las empresas.  
En la fase preparatoria de la revisión del Reglamento, la Comisión procedió a una extensa 
consulta de las partes interesa das y recabó extenso asesoramient o técnico exter no. En abril de 
2009 adoptó un Libro Verde con el  objetivo de proceder a un a consulta pública y encargó un 
total de cuatro estudios  que abordaban distintos aspectos de la reforma. Otro estudio externo y 
una encuesta del European Business Test Panel  permitieron recoger datos empíricos en apoyo 
de la evaluación de impacto. La Comisión orga nizó también dos grandes conferencias, una 
reunión con expertos nacionales y dos encuentros con expertos en materia de arbitraje. Un 
grupo director interservicios c onstituido en la Comisión formul ó observaciones adicionales.  
2. D
EFINICIÓN DE LOS PROBLEMAS , OBJETIVOS Y EVALUACIÓN DE LAS OPCIONES  
2.1. LIBRE CIRCULACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 
2.1.1.  Definición y amplitud del problema 
Una resolución judicial dictada en un Estado miembro no tiene automáticamente efecto en 
otro Estado miembro; debe ser validada y declarada ejecutoria tr as un procedimiento judicial 
intermedio especial, denominado «exequátur». Se  trata de un procedimiento largo y costoso: 
su coste medio en la Unión Europea es de 2 200 EUR en un asunto simple. Este importe 
puede aumentar exponencialmente en los asuntos  más complejos o contr overtidos (hasta unos 
12 700 EUR). Si se supone que el  25 % de los asuntos son comple jos, el coste total de los 
procedimientos de exequátur en la Unión asci ende a más de 47 millones EUR al año. El plazo 
necesario para obtener el exequátur puede oscila r entre algunos días y varios meses y, en caso 
de recurso, puede llegar hasta los dos años. A hora bien, en más del 90 % de los casos, el 
procedimiento constituye una mera formalida d, pues no existe ningún motivo para rechazar el 
reconocimiento ni la ejecución; sólo un pequeño número de resoluciones judiciales son objeto 
de recurso, y los recursos pocas veces prosperan. El procedimiento de exequátur añade complejidad a los procedimientos judiciales tran sfronterizos, lo que disuade a las empresas de 
extender sus actividades comerciales más allá de sus fronteras.  
2.1.2.  Objetivos 
• El objetivo específico
 de esta parte de la propuesta c onsiste en lograr una genuina libre 
circulación de las resoluciones judiciales en todos los asun tos civiles y mercantiles.  
 
 2.1.3.  Opciones seleccionadas 
• Opción 1: Mantenimiento del statu quo. 
• Opción 3: Mantenimiento del exequátur, reduciendo parcialm ente la carga para el 
demandante.  
• Opción 4A: Supresión del proced imiento de exequátur, inst aurando al mismo tiempo las 
salvaguardias necesarias para la protección de lo s derechos de la defensa; el exequátur se 
mantendría, sin embargo, para las resoluciones  judiciales dictadas en los asuntos de 
difamación y las acciones colectivas. 
2.1.4.  Análisis del impacto de la opción 4A (solución preferida): supresión del 
procedimiento de exequátur e instaurac ión de las salvaguardias necesarias 
a) Efectividad:  Esta opción permitiría alcanzar totalmente el objetivo de establecer una 
verdadera libre circulación de las resoluci ones judiciales en la Unión Europea. b)  Efectos 
principales : i) Efecto económico:  La supresión del exequátur eliminaría los gastos y los 
retrasos vinculados al procedimiento actual, permitiendo así a las empresas y a los ciudadanos 
de la UE ahorrarse una parte importante de lo s costes actuales, unos 48 millones EUR al año. 
En la gran mayoría de los asuntos en los que  el demandado no impugna el carácter ejecutorio 
de la resolución extranjera, el demandante sólo  tendría que sufragar unos costes mínimos de 
traducción, gracias a la introducción de fo rmularios normalizados que eliminarían la 
obligación de traducir la resolución en su tota lidad. Sólo en los asuntos complejos se tendrían 
que seguir sufragando los costes de la traduc ción completa de la resolución y las costas 
judiciales. Asimismo, esta opción incitaría a un mayor número de empresas, en particular 
PYME, a intervenir en transacciones transfronteriz as. Actualmente, sólo el 25 % de los 20 
millones de PYME existentes en Europa ejercen  una actividad comercial transfronteriza, lo 
que significa que 15 millones de PYME podrían extender sus actividades a otros Estados miembros. El 39 % de esas PYME estarían mucho más interesadas en realizar transacciones transfronterizas si se suprimie ra el procedimiento de exequátu r. Aunque a la postre sólo lo 
hicieran una cuarta parte de ellas, ello haría acceder 1,4 millones de PYME al mercado 
interior. ii) Derechos fundamentales:  La supresión del exequátur se combinaría con 
salvaguardias procesales que im pedirían el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales dictadas en el marco de procedimie ntos en los que se hubieran vulnerado el derecho 
de defensa y el derecho a un juic io justo. Así pues, esta opción se  ajustaría a la Carta, y, en 
particular, a su artículo 47. Como  los motivos que podrían alegarse contra la ejecución de la 
resolución extranjera corresponden esencialment e con los que pueden invocarse hoy en el 
marco del procedimiento de exequátur, el nivel de protección judicial en los procedimientos 
transfronterizos no se reduciría en relación con la situación actual. iii) Costes financieros:  
Los Estados miembros incurrirían en costes debido a la necesidad de familiarizar a los 
profesionales del Derecho con los nuevos proced imientos. Estos costes serían mínimos si las 
salvaguardias nacionales se basaran en los procedimientos adoptados de conformidad con instrumentos europeos que han suprimido el ex equátur para determinados tipos de demandas. 
La propuesta contendrá también un formulario norm alizado con el que se pretende facilitar la 
ejecución directa.  
 
 2.1.5.  Comparación de las opciones consider adas y de la opción preferida 4A  
Objetivos/incidencia Opción 1 - Statu 
quo Opción 3 - 
Disminución de la 
carga para el 
demandante Opción 4A - 
Supresión del 
exequátur 
Eliminación de los últimos obstáculos a la libre circulación de las resoluciones judiciales 0 + ++ 
Impacto económico 0 + + 
Costes financieros 0 - - 
Derechos fundamentales 0 0 0 
 
2.2. FUNCIONAMIENTO DEL REGLAMENTO EN EL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO INTERNACIONAL  
2.2.1.  Exposición del problema 
• Las normas de competencia que figuran en el  Reglamento son (con algunas excepciones) 
inaplicables actualmente cuando el demandado tiene  su domicilio fuera del territorio de la 
UE, de modo que en esos casos el Reglamento remite al Derecho nacional (lo que se llama la «competencia residual»). En la UE, las normas nacionales de competencia aplicables a 
los demandados originarios de terceros pa íses varían considerablemente de un Estado 
miembro a otro. Cuando el demandado está dom iciliado fuera del territorio de la UE: 
• las empresas y los ciudadanos europeos no gozan de acceso equita tivo a la justicia; 
• se crean condiciones desiguales para las empr esas que ejercen sus actividades en el 
mercado interior, lo que puede acarrear un falseamiento de la competencia; y 
• no se garantiza la ejecución de  la legislación de la Unión que protege a las partes más 
débiles (por ejemplo, consumidores, trabajadores, asegurados, etc.). 
2.2.2.  Objetivos 
• El objetivo específico
 consiste en mejorar el acceso a la justicia, la seguridad jurídica y la 
protección de los ciudadanos y las empresas de la UE en los litigios relacionados con 
terceros países.  
2.2.3.  Descripción de las opciones consideradas 
• Opción 1: Statu quo  
 
 • Opción 3A: Armonización mínima de las normas sobre competencia judicial  
• Opción 4A: Armonización completa de la s normas sobre competencia judicial 
2.2.4.  Análisis de la incidencia de la opción 4A (solución preferida): Armonización 
completa de las normas sobre competencia judicial 
a) Efectividad:  La armonización completa de las normas sobre competencia judicial 
garantizaría un acceso pleno a la justicia, en condiciones de igualdad, en los órganos 
jurisdiccionales europeos. Asimismo, el acceso a la justicia sería totalm ente transparente, pues 
se fusionarían todas las normas sobre compet encia judicial intern acional en un único 
instrumento, el Reglamento revisado. Esta op ción eliminaría por añad idura la distinción 
artificial entre demandados domiciliados en la UE y fuera de la UE. Por otra parte, esta 
distinción ha dejado de aparecer  en la legislación reciente de  la UE, en particular, el 
Reglamento (CE) nº 4/2009, relativo a las oblig aciones de alimentos, y la propuesta de 
Reglamento de la Comisión sobre las sucesiones y los testamentos. b) Efectos principales : 
i) Impacto económico: Esta opción aumentará la posibilidad  de que las empresas de la UE 
pleiteen en la UE, más que en terceros países, lo que propiciará una re ducción de los costes y 
de la duración medios de los contenciosos para  ellas, pues por lo general los procedimientos 
en el espacio europeo de justicia son menos co stosos y más simples que los que se desarrollan 
en terceros países. Por lo gene ral, las relaciones con terceros  países no incluyen medidas de 
cooperación judicial, y el al ejamiento geográfico del organi smo jurisdiccional competente 
aumentará con toda probabilidad los gastos de la comparecencia personal de partes y testigos. 
Además, la armonización de las normas relativas a las partes demandadas originarias de terceros países incrementará la seguridad jurídica y la previsibilidad, lo que, a su vez, debería propiciar una reducción de los gast os para las empresas de que se trate. Asimismo, la mejora 
del marco jurídico podría incita r a un mayor número de empres as a emprender transacciones 
transfronterizas. Por añadidura,  se eliminarían los posibles falseamientos de la competencia 
ocasionados por las disparid ades existentes entre las normas sobre competencia. PYME:  
Toda reducción de los costes se rá especialmente beneficiosa pa ra las PYME que, a diferencia 
de las grandes empresas, no disponen de los recursos necesarios para sufragar litigios internacionales complejos. ii) Costes financieros: La opción 4A supondría costes financieros 
nulos o muy pequeños para los Estados miembros. ii) Derechos fundamentales: La plena 
armonización mejoraría el acceso a la justicia  de las partes más débiles (consumidores, 
trabajadores, etc.), de conformi dad con lo dispuesto en los artíc ulos 38 y 47 de la Carta, pues 
les garantizaría el acceso a un órgano jurisdiccional de la UE en litigios con partes de países ajenos a la UE. Además, esta opción garantizaría también acceso pleno a la justicia a las empresas europeas involucradas en litigios con part es contrarias originaria s de terceros países. 
La creación de un foro de necesidad daría a las empresas europeas la certeza de poder acceder 
a un órgano jurisdiccional de la UE en cas o de que ningún otro órgano jurisdiccional que 
garantice un juicio justo fuese competente. Po r último, la creación de una instancia destinada 
específicamente a partes demandadas originarias de terceros países mejoraría el acceso a la 
justicia de las empresas de los Estados miem bros en cuya legislac ión nacional no existen 
disposiciones comparables actualmente. 
iii) Impacto social: Esta opción garantizaría que las 
partes más débiles conservaran la protección qu e les confieren disposiciones obligatorias del 
Derecho de la UE. iv) Terceros países: Los efectos de la opción 4A sobre los terceros países 
dependerían del contenido de la s normas armonizadas sobre competencia judicial. La creación 
prevista de un foro de necesidad y de una norma de competencia judicial «moderadamente 
 
 exorbitante» (por ejemplo, funda da en la localización de bien es que tienen una conexión con 
el litigio en el territorio) re sulta difícilmente impugnable a nivel diplomático. Al contrario, el 
efecto en los terceros países sería positivo, pu esto que los Estados mi embros no estarían 
autorizados a mantener condiciones de acceso a la justicia más generosas en su Derecho 
nacional. Si se reanudaran las negociaciones internacionales sobre un convenio mundial en 
materia de resoluciones judicial es, la incidencia de la revi sión del Reglamento sobre la 
posición negociadora de la UE dependería igualmente del contenido de las normas 
armonizadas. Aunque como tal la armonización de las normas nacionales sería neutra a este 
respecto, el contenido preciso de las normas podría afectar a la  posición de la UE en las 
negociaciones.  
2.2.5.  Comparación de las opciones consid eradas y de la opción privilegiada 
Objetivos/incidencia Opción 1 Opción 3A Opción 4A 
Mejora de la 
protección de las partes de la UE en los litigios con partes demandadas ajenas a la UE 0 + ++ 
Impacto económico 0 0 + 
Derechos 
fundamentales 0 + + 
Impacto sobre los 
terceros países 0 0 0 o + 
 
2.3. ACUERDOS DE ELECCIÓN DE FORO 
2.3.1.  Exposición y alcance del problema 
La gran mayoría de las empresas de la UE que intervienen en intercambios comerciales 
transfronterizos recurren a acuerdos de elecci ón de foro (el 90 % de las grandes empresas y 
cerca del 70 % de todas las empresas).  
• En principio, el Reglamento da efectos a los acuerdos de elección de foro, pero algunas 
voces temen que la eficacia de esos acuerdos pueda verse lastrada, en la práctica, por 
tácticas procesales abusivas. Ello resulta de la interacción con otra disposición del 
Reglamento, la norma denominada de litispendencia, cuyo objetivo es evitar que dos órganos jurisdiccionales de la UE conozcan simultáneamente del mismo asunto. En virtud 
de esta norma, el órgano que conoce de un litigio en segundo lugar debe suspender el 
procedimiento hasta que el órgano que lo ha ya conocido en primer lugar se pronuncie 
sobre su competencia. Una parte que desea eludir un acuerdo de elec ción de foro puede 
retrasar considerablemente el procedimie nto en el órgano jurisdiccional designado 
 
 recurriendo en primer lugar a un órgano jurisdi ccional (no competente) de un país en el 
que el sistema judicial es relativamente lent o. Durante los cinco últimos años, un 7,7 % de 
las empresas han indicado que la parte contraria del contrato no había respetado la cláusula 
que designaba el foro competente.  
• Procede garantizar la eficacia de los acuerdos de elección de foro también más allá de las 
fronteras de la UE. La Unión ha negociado un acuerdo internacional, el Convenio de La 
Haya sobre acuerdos de elección de foro, que refuerza la seguri dad jurídica de las cláusulas 
de elección de foro en las relaciones entre em presas; el proceso de ratificación todavía no 
ha concluido. La revisión del Reglamento debería garantizar que  el planteamiento 
adoptado en relación con los acuerdos de elección de  foro para las situac iones en el interior 
de la UE sea coherente con el  que eventualmente se adopte a efectos de las situaciones 
extra  UE. Según el Convenio de La Haya, un órgano jurisdiccional que al que se somete un 
asunto pero no hubiera sido elegido deberá de sestimarlo a menos que sea de aplicación 
alguna de las excepciones pr evistas en el Convenio.  
2.3.2.  Objetivos 
El objetivo específico  consiste en mejorar la eficacia de los acuerdos de elección de foro. La 
reforma debería también facilitar la ratificación,  por la UE, del Convenio de La Haya sobre 
acuerdos de elección de foro.  
2.3.3.  Descripción de las opciones consideradas 
• Opción 1: Mantenimiento del statu quo.  
• Opción 2: Eximir al órgano jurisdiccional elegido de la obligación de suspender el 
procedimiento 
• Opción 3: Dar prioridad al órgano jurisd iccional elegido para pronunciarse sobre su 
competencia 
2.3.4.  Análisis de la incidencia de la opci ón 3 (solución preferida): Dar prioridad al 
órgano jurisdiccional elegido para pr onunciarse sobre su competencia 
a) Eficacia con rel ación a los objetivos : La opción 3 desalentaría las maniobras procesales 
destinadas a minar un acuerdo válido de elección de foro y por tanto permitiría alcanzar completamente los objetivos expuestos anteriormente. b) Efectos principales i) Impacto 
económico:  La opción 3 eliminaría los costes y lo s retrasos que soportan actualmente las 
empresas debido a las tentativas abusivas de su s socios de eludir los acuerdos de elección de 
foro. También es probable que anime a participar  en el comercio transfronterizo al menos a 
una parte de ese 30 % de empresas que se mues tran reacias a hacerlo debido a los problemas 
inherentes al cobro de  deudas o a los litigios transfront erizos. Aumentaría la seguridad 
jurídica para las empresas y su confianza en la  eficacia de las modalidades de resolución de 
litigios que hayan establecido c ontractualmente. El inconvenien te de esta solución es que 
podría retrasar los procedimientos  judiciales si finalmente el foro elegido declara no válido el 
acuerdo de elección de foro (sit uación en la que sólo se encuen tra el 1,1 % de las empresas 
cada año) y las partes han de diri girse a otro órgano jurisdiccional. ii) Costes financieros:  La 
opción 3 apenas conllevaría costes de aplicación. iii) Derechos fundamentales:  La opción 3 
 
 haría plenamente efectiva la voluntad de las partes en relación con un acuerdo de elección de 
foro, lo que mejoraría significativamente su situ ación por lo que se refiere a la libertad de 
empresa garantizada en el artículo 16 de la Carta. iv) Aspectos internacionales:  La opción 3 
corresponde a la solución adoptada en el Conveni o de La Haya. Es importante destacar que, al 
igual que en ese Convenio, se concede prioridad al órgano jurisdiccional  elegido en virtud del 
acuerdo, que puede proseguir el procedimiento aunque se le haya sometido el asunto en 
segundo lugar.  
2.3.5.  Comparación de las opciones consid eradas y de la opción preferida 
Objetivos/incidencia Opción 1 
Statu quo Opción 2 
Exención de la 
obligación de 
suspender el 
procedimiento Opción 3 
Prioridad concedida 
al foro elegido en 
virtud del acuerdo 
Eliminar las posibilidades de prácticas abusivas 0 + ++ 
Impacto económico 0 + ++ 
Derechos 
fundamentales 0 + ++ 
Aspectos 
internacionales 0 + ++ 
 
2.4. ARTICULACIÓN ENTRE EL REGLAMEN TO Y EL PROCEDIMIENTO DE 
ARBITRAJE  
2.4.1.  Exposición del problema  
El arbitraje reviste una importancia capita l en el comercio internacional, pues las 
multinacionales y las grandes empresas recurren a él frecuentemente (el 63 % de las grandes empresas europeas lo prefieren al procedimie nto judicial). El arbitraje no está incluido 
actualmente en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I. Se han señalado dificultades por lo que respecta a la relación entr e el arbitraje y el procedimiento judicial. En 
particular, una parte que impugna la validez de un convenio de arbitraj e puede pedir al órgano 
jurisdiccional que se pronuncie asimismo sobre el fondo. Ello puede dar lugar al desarrollo de 
procedimientos judiciales y arbitrales paralelo s, con el riesgo de que los resultados sean 
divergentes (cuando el convenio se declara no válido en un Esta do miembro y válido en otro). 
Esta situación puede ser aprovechada por partes de un litigio que desean eludir un convenio de arbitraje. Este problema, ya señalado en la reciente sentencia del Tribunal de Ju sticia en el 
asunto West Tankers , reduce la eficacia de los convenios de arbitraje en la Unión Europea.  
 
 2.4.2.  Objetivos 
El objetivo específico  de esta parte de la propuesta es  garantizar la transparencia y 
previsibilidad de la coordinaci ón de los procedimientos judicial es y arbitrales, de modo que se 
preserve o incluso aumente el atractivo de la  Unión Europea como lugar de arbitraje.  
2.4.3.  Descripción de las opciones consideradas 
• Opción 1: Statu quo  
• Opción 2: Mantener la exclusión del pro cedimiento de arbitraje del ámbito de 
aplicación del Reglamento  
• Opción 3A: Aumentar la eficacia de los c onvenios de arbitraje, previendo que un 
órgano jurisdiccional al que se someta un litigio al cual se aplica un convenio de 
arbitraje deba suspender el procedimiento cuando se recurra a un tribunal arbitral 
o a un órgano jurisdiccional situa do en la sede del arbitraje.  
2.4.4.  Análisis de la incidencia de la opción 3A (solución preferida): Aumentar la eficacia 
de los convenios de arbitraje  
a) Eficacia con relac ión a los objetivos:  Esta opción permitiría alcanzar plenamente los 
objetivos expuestos anteriorment e. Garantizaría la eficacia de los convenios  de arbitraje 
eliminando el riesgo de procedimientos paralelo s y reduciendo las posibilidades de maniobras 
procesales abusivas. Garantizaría asimismo que todas las resoluciones ju diciales que circulan 
actualmente en la UE sigan haciéndolo. b) Efectos principales i) Impacto económico:  La 
opción 3A eliminaría el riesgo de maniobras pr ocesales abusivas, con las ventajas económicas 
descritas anteriormente. Además, suprimiría el ri esgo de procedimientos judiciales y arbitrales 
paralelos, mejorando así considerablemente el atr activo del arbitraje en la UE y de los centros 
de arbitraje europeos. ii) Costes financieros:  Al igual que en el ca so de la opción 2, la 
modificación del Reglamento apenas conlleva ría costes de aplicación para los Estados 
miembros. iii) Derechos fundamentales:  El procedimiento de ar bitraje cobraría mayor 
eficacia y eficiencia que en el marco de las opciones 1 y 2, con lo que las partes tendrían 
mejor acceso a otros métodos de resolución de lo s litigios. Además, mejoraría el acceso a la 
justicia de las empresas que deseasen impugnar (de buena fe) un convenio de arbitraje, porque 
fijaría un marco jurídico claro y transparente para estas a cciones, estableciendo al mismo 
tiempo normas precisas para aumentar la segurida d jurídica y evitar las pr ácticas dilatorias. Si 
se retiene esta opción se reforzarían las normas previstas en el artículo  47 de la Carta de la 
UE. Por último, la opción 3A garantizaría que en toda la Unión se hiciese plenamente efectiva 
la voluntad de las partes, ampliando su libertad contractual y su libertad de empresa, según lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Carta. iv) Terceros países:  Se aumentaría el atractivo del 
arbitraje en la Unión Europea. 
2.4.5.  Comparación de las opciones consid eradas y de la opción preferida 
Objetivo/incidencia Opción 1 
Statu quo Opción 2 
Mantener la 
exclusión Opción 3 
Aumentar la eficacia 
Libre circulación de las 0  -  + 
 
 resoluciones judiciales 
Garantizar la eficacia del 
arbitraje en la UE 0 + ++ 
Impacto económico 0 + + 
Derechos fundamentales 0 + ++ 
3. NECESIDAD DE UNA ACCIÓN DE LA UE (SUBSIDIARIEDAD )  
Los problemas expuestos en los ap artados anteriores acerca de la  existencia del procedimiento 
de exequátur, la falta de eficacia de los acuerdo s de elección de foro y la relación entre el 
arbitraje y el Reglamento son imputables a disp osiciones vigentes del Derecho de la UE, y 
sólo pueden corregirse mediante la intervención  del legislador europeo. La armonización de 
las normas de competencia aplicables a partes demandadas no originarias de la UE es necesaria si se quieren establecer condiciones equ itativas para todas las empresas presentes en 
el mercado interior y garantizar el respeto de los derechos de las «partes más débiles» 
consagrados en la legislación de la Unión. Actuando aisladamente, los Estados miembros no están en condiciones de alcanzar estos objetivos.  
4. B
ASE JURÍDICA  
El Reglamento había sido adoptado sobre la base  del artículo 61, letra c), y del artículo 67, 
apartado 1, del Tratado constitutivo de la Comuni dad Europea. Tras la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa, la base jurí dica en el Derecho primario para la adopción del Reglamento 
revisado es el artículo  67, apartado 4, y el artíc ulo 81, apartado 2, letras a) , c) y e), del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea.  
5. PROPORCIONALIDAD DE LA ACCIÓN DE LA UE 
El conjunto de opciones prefer idas descritas en los aparta dos anteriores respetan el 
principio de proporcionalidad. Las modificaci ones contempladas en ellas no van más 
allá de lo necesario para corregir los pr oblemas identificados. Como se ha expuesto, 
las ventajas y las economías inducidas por  tales opciones superan ampliamente sus 
costes e inconvenientes. El  potencial de reducción de los gastos es sustancial, 
mientras que, globalmente, los costes financieros de la aplicación de la reforma en los Estados miembros son pequeños. El c onjunto de reformas puede fomentar la 
confianza en el mercado interior e in citar a un mayor número de empresas y 
ciudadanos a emprender transacciones transf ronterizas, aprovechando así las ventajas 
que ofrece ese mercado. Este aumento de la actividad económica, combinado con los 
ahorros que propicia la refo rma, ayudaría a los ciudadanos  y las empresas a superar 
la crisis financiera actual. 
 
 6. SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN  
La Comisión redactará cada cinc o años un informe de evalua ción sobre la aplicación del 
Reglamento. Como en la actualidad la mayoría  de los Estados miembros no recopilan datos 
estadísticos sistemáticos al respecto, el Reglamento revisado incluirá una disposición que los obligará a suministrar la inform ación pertinente, en particular sobre el número de ocasiones 
en que se recurra a los procedim ientos especiales de revisión creados a fin de preservar los 
derechos fundamentales de las partes de mandadas y sobre el resultado de tales 
procedimientos.