·La prohibición de las alegaciones medioambientales genéricas utilizadas en la mercadotecnia dirigida a los consumidores, cuando el comportamiento medioambiental excelente del producto o del comerciante no pueda demostrarse de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 66/2010 (etiqueta ecológica de la UE), los sistemas de etiquetado ecológico reconocidos oficialmente en los Estados miembros u otra legislación de la Unión aplicable, según corresponda a la alegación.

·La prohibición de exhibir una etiqueta de sostenibilidad que no se base en un sistema de certificación o no esté establecida por las autoridades públicas.

·Garantizar que un comerciante no pueda anunciar beneficios para los consumidores que se consideren una práctica habitual en el mercado pertinente.

·Garantizar que los comerciantes no induzcan a error a los consumidores sobre las repercusiones medioambientales y sociales, la durabilidad y la reparabilidad de los productos.

La propuesta fue una de las iniciativas presentadas en la Nueva Agenda del Consumidor y el Plan de Acción para la Economía Circular y da seguimiento al Pacto Verde Europeo. Empoderar a los consumidores y brindarles oportunidades de ahorro es una de las piezas clave del marco para una política de productos sostenibles. Esto se logrará mediante una mayor participación de los consumidores en la economía circular, en particular, facilitando a los consumidores mejor información sobre la durabilidad y la reparabilidad de determinados productos antes de celebrar el contrato y reforzando la protección de los consumidores frente a las prácticas comerciales desleales que impiden las compras sostenibles, tales como:

Salvo determinadas excepciones, las dos directivas en materia de Derecho de protección de los consumidores que la presente propuesta modifica se aplican a todos los sectores económicos. Debido a su alcance general, atañen a numerosos aspectos de las transacciones entre empresas y consumidores que también pueden haber sido abordadas por otras normas de la UE más específicas en diferentes ámbitos. La interacción entre los distintos instrumentos del Derecho de la Unión la regula el principio de ley especial (lex specialis). Con arreglo al mismo, las directivas generales del Derecho de protección de los consumidores se aplican siempre que los aspectos pertinentes de las transacciones entre empresas y consumidores no se rijan por disposiciones más específicas del Derecho de la UE. En este sentido, las directivas generales actúan como una «red de seguridad» que garantiza que pueda mantenerse un elevado nivel de protección de los consumidores en todos los sectores, al completar la legislación de la Unión específicamente sectorial y colmar las lagunas existentes en esta.

Sin embargo, no se aborda la comparabilidad de los productos en el punto de venta basada en la disponibilidad de actualizaciones de los programas informáticos. La presente propuesta establece la obligación de informar a los consumidores, antes de celebrar el contrato, sobre la existencia de actualizaciones de los programas informáticos y sobre el período durante el cual el productor se compromete a suministrarlas, cuando el productor facilite esta información. En los casos en que ya se ofrezca una garantía comercial de durabilidad por un período superior a dos años, la obligación de información por parte de los comerciantes solo se mantiene para las actualizaciones de programas informáticos cuando la duración del suministro sea superior a la duración de la garantía comercial de durabilidad, a fin de evitar que los consumidores reciban información innecesaria.

Además, la Directiva no incluye requisitos específicos de facilitar información a los consumidores sobre la reparabilidad de los bienes. Por el contrario, solo exige que, «cuando proceda», se facilite información sobre los «servicios posventa». Esta información, que contribuiría a promover la reparación de los bienes y sería, por tanto, especialmente valiosa para ayudar a los consumidores a contribuir a una economía circular, rara vez se encuentra en el punto de venta. Estudios recientes muestran que hasta el 80 % de los consumidores de la UE afirma tener dificultades para encontrar información sobre la facilidad de reparación de un producto.

Estas medidas son necesarias para actualizar la legislación vigente en materia de protección de los consumidores a fin de garantizar que los consumidores estén protegidos y puedan contribuir activamente a la transición ecológica. Actualmente, la Directiva sobre los derechos de los consumidores exige a los comerciantes que faciliten a los consumidores información sobre las principales características de los bienes o servicios. Incluye requisitos específicos de información sobre la existencia de la garantía legal de conformidad, así como garantías comerciales adicionales. Sin embargo, dado que no existe la obligación de facilitar información sobre la ausencia de garantías comerciales de durabilidad, la Directiva no incentiva suficientemente a los productores para que ofrezcan tales garantías a los consumidores. Los estudios muestran que, cuando los productos de consumo se ofrecen con una garantía comercial, la información sobre dicha garantía comercial y la forma en que se cobra a los consumidores es a menudo confusa, imprecisa o incompleta, lo que dificulta que los consumidores comparen entre productos y distingan esta garantía comercial de la garantía legal (obligatoria). La presente propuesta abordará esta cuestión garantizando que se facilite a los consumidores información sobre la existencia de una garantía comercial de durabilidad por un período superior a dos años, que cubra la totalidad del bien, siempre que el productor proporcione tal información.

La prohibición de las prácticas relacionadas con la obsolescencia temprana de los productos está dirigida a prácticas existentes, específicas y bien definidas, y tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica a los comerciantes y facilitar el cumplimiento de la normativa, ya que no se exigirá a las autoridades de control que demuestren que un producto ha sido diseñado para su obsolescencia temprana, con la intención de estimular la adquisición de un nuevo modelo.

También se espera que la prohibición de hacer una alegación medioambiental sobre todo el producto cuando solo se refiera a un determinado aspecto del mismo aporte beneficios significativos a los consumidores, al tiempo que aclara las normas para los comerciantes y garantiza la igualdad de condiciones entre ellos. Permitirá a los comerciantes seguir haciendo alegaciones medioambientales sobre un determinado aspecto de un producto siempre que se deje claro al consumidor que la alegación se refiere a un determinado aspecto del producto y no al producto en su totalidad.

El suministro de información sobre la reparabilidad de los productos a través de una puntuación de reparabilidad u otra información pertinente sobre la reparación solo se exige en el punto de venta si ya se ha establecido una puntuación de reparabilidad para ese producto con arreglo a la legislación de la UE, o cuando el productor facilite otra información pertinente sobre la reparación. Los comerciantes no están obligados a informar a los consumidores en el punto de venta si no se dispone de tal información.

El requisito de informar sobre la existencia de una garantía comercial de durabilidad del productor por un período superior a dos años solo es necesario cuando el productor facilite esta información al comerciante. Además, en el caso de los bienes que consumen energía, también debe informarse a los consumidores de que el productor no ha facilitado esa información. Los comerciantes solo están sujetos a este requisito en relación con los bienes que consumen energía cuya durabilidad pueda calcularse de forma fiable y sobre los que los consumidores están más interesados en recibir esta información.

Toda nueva legislación nacional en el ámbito de aplicación de estas directivas iría en contra del marco jurídico plenamente armonizado. La presente propuesta ayuda a aliviar las dificultades a las que se enfrentan las autoridades nacionales a la hora de garantizar el cumplimiento de las normas basadas en los principios que recoge la Directiva 2005/29/CE en ámbitos tan complejos como las alegaciones medioambientales engañosas, las prácticas de obsolescencia temprana y las etiquetas de sostenibilidad no transparentes, y las herramientas de información sobre la sostenibilidad. Especificar en mayor medida cuándo y cómo podrían considerarse desleales tales prácticas aumentaría la eficacia de la protección de los consumidores en la UE.

Dentro de la UE, el volumen y la intensidad del comercio transfronterizo son lo suficientemente elevados como para que el funcionamiento eficaz del mercado único sea vulnerable a decisiones políticas incoherentes, o incluso simplemente divergentes, por parte de los Estados miembros. Por otra parte, los comerciantes pueden acceder a los consumidores a escala transfronteriza en los distintos Estados miembros. Esta situación puede generar problemas que los legisladores y las autoridades reguladoras nacionales no están en condiciones de abordar adecuadamente por sí solos.

La presente propuesta modifica las normas de protección de los consumidores de la UE, cuya adopción se ha considerado necesaria y acorde con el principio de subsidiariedad. Un mercado único que funcione mejor no puede lograrse únicamente mediante las leyes nacionales. Las normas de protección de los consumidores de la UE son cada vez más pertinentes a medida que el mercado único se consolida y que aumenta el número de transacciones que realizan los consumidores de la UE entre distintos Estados miembros. Los problemas abordados por estas modificaciones propuestas se producen a escala de la UE y tienen las mismas causas. Por lo tanto, solo serán eficaces las medidas adoptadas a escala de la UE.

En esta consulta, que se llevó a cabo para ampliar la información recogida en la consulta pública abierta en línea, casi todas las partes interesadas (excepto las que representaban a la industria) se mostraron de acuerdo con la opinión de que los consumidores no reciben suficiente información o no tienen acceso suficiente a la información sobre i) el impacto medioambiental de los productos, ii) la vida útil de los bienes, iii) las características específicas del producto que pueden dar lugar a un fallo temprano, y iv) la disponibilidad de piezas de recambio de los servicios de reparación y de actualizaciones o mejoras de los programas informáticos.

Proporcionar mejor información sobre la durabilidad o la vida útil de los productos fue señalada como la mejor opción para empoderar a los consumidores en la transición ecológica. Esta opción fue una de las favoritas de las organizaciones de consumidores y los ciudadanos, pero no de las organizaciones o asociaciones empresariales, que optaron mayoritariamente por «sensibilizar sobre el papel de los consumidores en la economía circular y la transición ecológica».

La «información sobre la reparabilidad del producto» se señaló como la opción que más probabilidades tenía de hacer que los consumidores eligieran productos más sostenibles y participaran en la economía circular. Esta opción fue fuertemente respaldada por las autoridades públicas y los ciudadanos, pero no así por las empresas o las organizaciones empresariales, que se decantaron, en su lugar, por la opción de suministrar «información sobre la huella ambiental y climática del ciclo de vida del producto». Esta se consideró también la segunda mejor opción en general.

Dada la atención prestada al cumplimiento y la digitalización, no hubo conclusiones específicas sobre la contribución de la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores al consumo sostenible, cuestión que adquirió una mayor relevancia política unos años más tarde con el anuncio del Pacto Verde Europeo. No obstante, siempre que sea posible y pertinente, el presente instrumento se basa en las constataciones y conclusiones recogidas en el ejercicio de 2017.

·Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación existente

3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

También se pusieron de relieve algunos retos, en particular para las pymes que puedan necesitar apoyo financiero para implementar estas herramientas y para los consumidores vulnerables que no tengan acceso a ellas o no puedan utilizarlas.

La encuesta puso de manifiesto que los consumidores parecen estar abiertos a participar en la transición ecológica. La mayoría de los encuestados no estaba dispuesta a pagar por la información (por ejemplo, a través de una aplicación) sobre la durabilidad y la reparabilidad de «bienes duraderos». Alrededor de la mitad de los encuestados afirmó estar dispuesta a pagar un suplemento sobre el precio inicial por un producto que durara más tiempo sin que hubiera que repararlo, y una proporción similar declaró estar dispuesta a pagar un suplemento por un producto idéntico que durara más tiempo con reparaciones menores o razonables. Una proporción aún mayor afirmó estar dispuesta a pagar más por un producto idéntico que estuviera cubierto por una garantía comercial que cubriese el coste de las reparaciones. Se determinó que el «Precio más elevado percibido de los productos respetuosos con el medio ambiente» era el principal obstáculo que impedía a los consumidores adoptar comportamientos más sostenibles, y «Proporcionar mejor información sobre la durabilidad o la vida útil de los productos» y «Proporcionar mejor información a los consumidores sobre la huella ambiental y climática del producto durante el ciclo de vida» se señalaron como las opciones más eficaces para ayudar a los consumidores a elegir productos más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.

·La «Obligación de informar sobre la duración de la garantía comercial para todos los productos» y la «Obligación de informar expresamente al consumidor de que no existe ninguna garantía comercial de durabilidad para el producto en cuestión» es lo que menos costoso resultaría.

Se consideró que la introducción de requisitos obligatorios de información sobre las características medioambientales se realizaría mejor mediante legislación sectorial, ya que las características en cuestión difieren significativamente en función de la categoría de los productos. Por consiguiente, la evaluación de impacto no propuso una opción de actuación preferida para abordar este subproblema.

2.3) Los consumidores se enfrentan a etiquetas de sostenibilidad y a herramientas digitales de información que no siempre son transparentes o creíbles.

2.1) A los consumidores se les venden productos que no duran tanto tiempo como podrían o como esperan los consumidores («obsolescencia temprana»)

El informe del control de adecuación publicado en 2017 puso de relieve que la legislación general de la UE en materia de protección de los consumidores no es particularmente onerosa, ni en términos absolutos ni comparada con otros ámbitos de la regulación de la UE. Por lo tanto, habida cuenta de los beneficios que reporta la legislación de la UE en cuanto a la protección de los consumidores y la facilitación del mercado único, estas evaluaciones solo determinaron un margen limitado de reducción de la carga.

Con el fin de garantizar la plena coherencia con otras iniciativas de la Comisión en preparación, se decidió que algunos de los elementos de las opciones de actuación preferidas seleccionadas en la evaluación de impacto para abordar el subproblema 2.2 (alegaciones medioambientales poco claras o infundadas) y el subproblema 2.3 (etiquetas de sostenibilidad o herramientas digitales de información poco claras o infundadas) no se implementarán a través de esta iniciativa, sino a través de las otras iniciativas.

Otra opción considerada para abordar este subproblema fue la aprobación previa de las etiquetas de sostenibilidad y las herramientas digitales de información por parte de un organismo de la UE. Sin embargo, no se eligió esta opción, ya que la carga para los comerciantes se consideró desproporcionada.

Otra opción considerada para abordar este subproblema fue la recogida de pruebas sobre los fallos tempranos de los productos señalados por los organismos autorizados. Sin embargo, no se seleccionó esta opción, ya que no se consideró probable que aportara beneficios significativos a los consumidores.

Subproblema 2.1 (productos que no duran tanto tiempo como deberían)

Si la puntuación de reparabilidad no es aplicable o no está disponible, esta opción garantizaría que los consumidores reciban otra información pertinente sobre la reparación (cuando esté disponible), como la disponibilidad de piezas de recambio (incluido el procedimiento para encargarlas) o manuales de reparación.

Otra opción considerada para abordar este subproblema era la obligación de informar a los consumidores sobre la vida útil prevista de los bienes. Sin embargo, no se seleccionó porque no se consideró viable calcular la vida útil prevista de manera normalizada para todos los tipos de productos incluidos en el ámbito de aplicación.

La lista de características del producto respecto de las cuales un comerciante no debe engañar a un consumidor, que figura en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2005/29/CE, se modifica para incluir el «impacto medioambiental o social», la «durabilidad» y la «reparabilidad». Por lo que se refiere a las prácticas comerciales que deben considerarse engañosas si hacen o es probable que hagan que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no habría tomado, se añaden dos prácticas adicionales en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2005/29/CE:

El artículo 1 de la propuesta modifica la Directiva 2005/29/CE actualizando la lista de características de los productos con respecto a las cuales, si un comerciante induce a error a un consumidor, puede considerarse una práctica engañosa. También se incluyen dos nuevas prácticas comerciales en la lista de acciones que deben considerarse engañosas si hacen o es probable que hagan que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado. Se añade un nuevo elemento a la lista de información que debe considerarse fundamental en el caso de prácticas comerciales específicas, cuya omisión puede hacer que la práctica comercial de que se trate se considere engañosa. Además, la lista de prácticas comerciales que se consideran desleales en cualquier circunstancia se amplía a las prácticas asociadas a la obsolescencia temprana de los productos y al blanqueo ecológico.

La propuesta no tiene incidencia alguna en el presupuesto de la UE.

Dada la atención prestada al cumplimiento y la digitalización, no hubo conclusiones específicas sobre la contribución de la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores al consumo sostenible. No obstante, siempre que sea posible y pertinente, el presente instrumento se basa en las constataciones y conclusiones recogidas en dicho ejercicio.

El artículo 2 de la propuesta modifica la Directiva 2011/83/UE en lo que respecta a la información precontractual que debe facilitarse a los consumidores al celebrar contratos a distancia y contratos fuera del establecimiento, así como contratos distintos de los contratos a distancia o los contratos fuera del establecimiento, en particular en lo tocante a la información sobre la durabilidad y la reparabilidad de los bienes.

–Omitir informar de que un bien está diseñado para limitar su funcionalidad cuando se utilicen bienes fungibles, piezas de recambio o accesorios que no sean suministrados por el productor original.

–Presentar los productos como si se pudieran reparar cuando esto no sea posible u omitir informar al consumidor de que los bienes no se pueden reparar de conformidad con los requisitos legales.

–Alegar que un bien tiene una durabilidad determinada en términos de tiempo o intensidad de uso cuando no la tenga.

–Hacer una alegación medioambiental genérica con respecto a la cual el comerciante no pueda demostrar un comportamiento medioambiental excelente reconocido pertinente para la alegación.

–Exhibir una etiqueta de sostenibilidad que no se base en un sistema de certificación o no esté establecida por autoridades públicas.

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Por lo que se refiere a la información que los consumidores deben conocer directamente antes de hacer el pedido, en el caso de los contratos a distancia que se celebren por medios electrónicos, se añade a la lista de tal información, que debe facilitarse en virtud del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2011/83/UE, la información sobre la existencia y la duración de la garantía comercial de durabilidad del productor (o la de que no se ha facilitado tal información, en el caso de los bienes que consuman energía).

–otra información sobre la reparación, en caso de que no se disponga de la puntuación de reparabilidad a escala de la Unión, como información sobre la disponibilidad de piezas de recambio y un manual de reparación.

–información de que el productor no ha facilitado información sobre la existencia de una garantía de durabilidad del productor para los bienes que consuman energía;

(2)Estas nuevas normas deben introducirse mediante la modificación de los artículos 6 y 7 de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativos a esas prácticas comerciales que deben considerarse engañosas y, por tanto, prohibidas, sobre la base de una evaluación caso por caso, y mediante la modificación del anexo I de la Directiva 2005/29/CE con la adición de prácticas engañosas específicas que se consideran, en todas las circunstancias, desleales y, por tanto, prohibidas.

(3)Con el fin de disuadir a los comerciantes de engañar a los consumidores en lo tocante al impacto medioambiental o social, la durabilidad o la reparabilidad de sus productos, incluso en la presentación general de los productos, debe modificarse el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2005/29/CE añadiendo el impacto medioambiental o social, la durabilidad y la reparabilidad del producto a la lista de las principales características del producto con respecto a las cuales las prácticas del comerciante pueden considerarse engañosas, tras una evaluación caso por caso. Tampoco debe inducir a error a los consumidores la información que faciliten los comerciantes sobre la sostenibilidad social de los productos, como la relativa a las condiciones de trabajo, las contribuciones a la beneficencia o el bienestar animal.

(4)Las alegaciones medioambientales, en particular las relacionadas con el clima, están cada vez más relacionadas con el comportamiento futuro en forma de transición hacia la neutralidad en carbono o la neutralidad climática, u otro objetivo similar, antes de una fecha determinada. A través de estas alegaciones, los comerciantes crean la impresión de que los consumidores contribuyen a una economía hipocarbónica al comprar sus productos. A fin de garantizar la honestidad y la credibilidad de tales alegaciones, debe modificarse el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2005/29/CE para prohibir tales alegaciones, tras una evaluación caso por caso, cuando no estén respaldadas por compromisos y metas claros, objetivos y verificables asumidos por el comerciante. Estas alegaciones también deben estar respaldadas por un sistema de supervisión independiente que permita seguir los avances del comerciante en relación con los compromisos y las metas.

(5)Otra práctica comercial potencialmente engañosa que debe añadirse a las prácticas específicas contempladas en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2005/29/CE es la de anunciar beneficios para los consumidores que, en realidad, son una práctica común en el mercado pertinente. Por ejemplo, si la ausencia de una sustancia química es una práctica habitual en un mercado de productos específico, su promoción como característica distintiva del producto podría constituir una práctica comercial desleal.

(6)La comparación de productos sobre la base de sus aspectos medioambientales o sociales, en particular mediante el uso de herramientas de información sobre la sostenibilidad, es una técnica de comercialización cada vez más común. A fin de garantizar que dichas comparaciones no induzcan a error a los consumidores, debe modificarse el artículo 7 de la Directiva 2005/29/CE para exigir que se suministre al consumidor información sobre el método de comparación, sobre los productos objeto de la comparación y los proveedores de dichos productos, y sobre las medidas aplicadas para mantener la información actualizada. Esto debe garantizar que los consumidores tomen decisiones sobre transacciones mejor fundadas cuando utilicen tales servicios. La comparación debe ser objetiva, en particular, al comparar productos que cumplan la misma función, al utilizar un método común e hipótesis comunes y al comparar las características fundamentales y verificables de los productos comparados.

(7)Debe prohibirse la exhibición de etiquetas de sostenibilidad que no se basen en un sistema de certificación o que no hayan sido establecidas por las autoridades públicas mediante la inclusión de tales prácticas en la lista del anexo I de la Directiva 2005/29/CE. El sistema de certificación debe cumplir unas condiciones mínimas de transparencia y credibilidad. Sigue siendo posible exhibir etiquetas de sostenibilidad sin un sistema de certificación cuando dichas etiquetas hayan sido establecidas por una autoridad pública o en el caso de las formas adicionales de expresión y presentación de alimentos de conformidad con el artículo 35 del Reglamento (UE) n.º 1169/2011. Esta norma complementa el punto 4 del anexo I de la Directiva 2005/29/CE, que prohíbe alegar que un comerciante, las prácticas comerciales de un comerciante o un producto han sido aprobados, aceptados o autorizados por un organismo público o privado cuando no haya sido así, o hacer esa alegación sin cumplir las condiciones de la aprobación, aceptación o autorización.

(8)En los casos en que la exhibición de una etiqueta de sostenibilidad implique una comunicación comercial que sugiera que un producto tiene un impacto positivo o nulo en el medio ambiente o es menos perjudicial para el medio ambiente que los productos competidores, o que cree esa impresión, dicha etiqueta de sostenibilidad también debe considerarse una alegación medioambiental.

(9)El anexo I de la Directiva 2005/29/CE también debe modificarse para prohibir que se hagan alegaciones medioambientales genéricas sin un comportamiento medioambiental excelente reconocido que sea pertinente para la alegación. Ejemplos de tales alegaciones medioambientales genéricas son «inocuo para el medio ambiente», «respetuoso con el medio ambiente», «eco», «verde», «amigo de la naturaleza», «ecológico», «correcto desde el punto de vista medioambiental», «respetuoso con el clima», «delicado con el medio ambiente», «inocuo en términos de carbono», «neutro en términos de carbono», «positivo en términos de carbono», «climáticamente neutro», «eficiente desde el punto de vista energético», «biodegradable», «de origen biológico» o similares, así como declaraciones más amplias, como «consciente» o «responsable», que sugieren un comportamiento medioambiental excelente o crean esa impresión. Estas alegaciones medioambientales genéricas deben prohibirse cuando no se demuestre un comportamiento medioambiental excelente o cuando la especificación de la alegación no se facilite en términos claros y visibles en el mismo soporte, como el mismo anuncio publicitario, el mismo embalaje del producto o la misma interfaz de venta en línea. Por ejemplo, la alegación «biodegradable», en referencia a un producto, sería una alegación genérica, mientras que afirmar que «el envase es biodegradable a través de compostaje doméstico al cabo de un mes» sería una alegación específica, a la que no se aplicaría esta prohibición.

(10)El comportamiento medioambiental excelente puede demostrarse mediante el cumplimiento del Reglamento (CE) n.º 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo o los sistemas de etiquetado ecológico reconocidos oficialmente en los Estados miembros, o el cumplimiento del mejor rendimiento medioambiental para un aspecto medioambiental específico, de conformidad con otra legislación aplicable de la Unión, como una clase A de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo. El comportamiento medioambiental excelente del que se trate debe ser pertinente para la alegación. Por ejemplo, podría hacerse una alegación genérica de «eficiencia energética» basada en un comportamiento medioambiental excelente de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1369. En cambio, no puede hacerse una alegación genérica de «biodegradable» basada en un comportamiento medioambiental excelente de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 66/2010, en la medida en que los criterios específicos de la etiqueta ecológica de la UE relacionados con el producto en cuestión no incluyan requisitos de biodegradabilidad.

(11)Otra práctica comercial engañosa que debe prohibirse en cualquier circunstancia y, por tanto, añadirse a la lista del anexo I de la Directiva 2005/29/CE es la de hacer una alegación medioambiental sobre el producto en su totalidad cuando en realidad esta solo se refiera a un determinado aspecto del mismo. Este sería el caso, por ejemplo, de un producto que se comercialice como «fabricado con material reciclado», dando la impresión de que todo el producto está hecho de material reciclado, cuando, en realidad, solo el envase se fabrica con material reciclado.

(12)El Plan de Acción para la Economía Circular prevé la necesidad de establecer normas sobre las alegaciones medioambientales utilizando métodos de huella ambiental de productos y organizaciones. En la legislación específica de la Unión habrán de establecerse requisitos adicionales sobre las alegaciones medioambientales. Esos nuevos requisitos contribuirán al objetivo del Pacto Verde de permitir a los compradores tomar decisiones más sostenibles y reducir el riesgo de blanqueo ecológico mediante información fiable, comparable y verificable.

(13)También debe prohibirse en cualquier circunstancia y añadirse a la lista del anexo I de la Directiva 2005/29/CE la presentación de los requisitos impuestos por la legislación a todos los productos de la categoría de productos pertinente en el mercado de la Unión, incluidos los productos importados, como característica distintiva de la oferta del comerciante. Esta prohibición podría aplicarse, por ejemplo, cuando un comerciante anuncie que un producto determinado no incluye una sustancia química específica, cuando dicha sustancia ya esté prohibida por la legislación para todos los productos de esa categoría de productos en la Unión. Por el contrario, la prohibición no debe abarcar las prácticas comerciales que promuevan el cumplimiento, por parte de los comerciantes o los productos, de requisitos legales que solo se aplican a algunos productos, pero no a otros productos competidores de la misma categoría en el mercado de la Unión, como los productos originarios de fuera de la UE.

(14)Con el fin de mejorar el bienestar de los consumidores, las modificaciones del anexo I de la Directiva 2005/29/CE también deben abordar varias prácticas asociadas a la obsolescencia temprana, incluidas las prácticas de obsolescencia programada, entendidas como una política comercial que implica la planificación o el diseño deliberados de un producto con una vida útil limitada, de modo que quede prematuramente obsoleto o deje de funcionar tras un determinado período de tiempo. La adquisición de productos de los que se espera que duren más tiempo del que en realidad duran causa un perjuicio a los consumidores. Además, las prácticas de obsolescencia temprana tienen un impacto negativo general en el medio ambiente al aumentar los residuos de materiales. Por lo tanto, es probable que hacer frente a esas prácticas reduzca la cantidad de residuos, contribuyendo a un consumo más sostenible.

(15)Debe prohibirse la omisión de información al consumidor acerca de que una actualización de los programas informáticos, incluida una actualización de seguridad, afectará negativamente al uso de bienes con elementos digitales o a determinadas características de estos bienes, aun cuando la actualización mejore el funcionamiento de otras características. Por ejemplo, al invitar a los consumidores a que actualicen el sistema operativo de su teléfono inteligente, el comerciante tendrá que informarles siempre que tal actualización repercuta negativamente en el funcionamiento de cualquiera de las características del teléfono inteligente.

(16)Asimismo, debe prohibirse la omisión de información al consumidor sobre la existencia de una característica de un bien introducida para limitar su durabilidad. Por ejemplo, una característica de este tipo podrían ser programas informáticos que detengan o reduzcan la funcionalidad del bien después de un determinado período de tiempo, o un equipo informático diseñado para fallar después de un determinado período de tiempo. La prohibición de la omisión de información a los consumidores sobre tales características de los bienes complementa y no afecta a las vías de recurso a disposición de los consumidores cuando esas características constituyan una falta de conformidad con arreglo a la Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo. Para que tal práctica comercial se considere desleal, no debe ser necesario demostrar que la finalidad de la característica es estimular la sustitución del bien en cuestión. El uso de características que limitan la durabilidad de los bienes debe distinguirse de las prácticas de fabricación que usan materiales o procesos de baja calidad general, lo que da lugar a la durabilidad limitada de los bienes. La falta de conformidad de un bien resultante del uso de materiales o procesos de baja calidad debe seguir rigiéndose por las normas sobre la conformidad de los bienes establecidas en la Directiva (UE) 2019/771.

(17)Otra práctica que debe prohibirse en virtud del anexo I de la Directiva 2005/29/CE es la de alegar que un bien tiene una durabilidad determinada cuando no la tenga. Este sería el caso, por ejemplo, en el que un comerciante informe a los consumidores de que se espera que una lavadora dure un determinado número de ciclos de lavado, cuando el uso real de la lavadora demuestre que no es así.

(18)Del mismo modo, el anexo I de la Directiva 2005/29/CE también debe modificarse para prohibir que se presenten los productos como si pudieran ser reparados cuando no sea posible repararlos, y para prohibir la omisión de informar a los consumidores de que no es posible reparar los bienes de conformidad con los requisitos legales.

(19)La prohibición de esas prácticas en relación con la durabilidad y la reparabilidad en la Directiva 2005/29/CE proporcionaría a las autoridades de protección de los consumidores de los Estados miembros una herramienta de cumplimiento adicional para proteger mejor los intereses de los consumidores en los casos en que los comerciantes incumplan los requisitos sobre durabilidad y reparabilidad de los bienes con arreglo a la legislación de la Unión sobre productos.

(20)Otra práctica asociada a la obsolescencia temprana que debe prohibirse y añadirse a la lista del anexo I de la Directiva 2005/29/CE es la de inducir al consumidor a sustituir los bienes fungibles de un producto antes de que sea necesario por razones técnicas. Tales prácticas inducen a error al consumidor al hacerle creer que los productos dejarán de funcionar a menos que se sustituyan sus bienes fungibles, llevándolo a adquirir más bienes fungibles de lo necesario. Por ejemplo, se prohibiría la práctica de instar al consumidor, a través de la configuración de la impresora, a sustituir los cartuchos de tinta de impresora antes de que estén realmente vacíos para estimular la compra de cartuchos de tinta adicionales.

(21)Debe modificarse, asimismo, el anexo I de la Directiva 2005/29/CE para prohibir la omisión de informar al consumidor de que un bien está diseñado para limitar su funcionalidad cuando se utilicen bienes fungibles, piezas de recambio o accesorios que no sean suministrados por el productor original. Por ejemplo, se prohibiría la comercialización de impresoras que se hayan diseñado para limitar su funcionalidad cuando utilicen cartuchos de tinta distintos de los suministrados por el fabricante original de la impresora sin revelar esta información al consumidor. Esta práctica podría inducir a error a los consumidores y llevarlos a adquirir un cartucho de tinta alternativo que no pudiera utilizarse en esa impresora, lo que daría lugar a costes de reparación, flujos de residuos o costes adicionales innecesarios, debido a la obligación de utilizar los bienes fungibles del productor original, algo que el consumidor no pudo prever en el momento de la compra. Del mismo modo, también estaría prohibida la comercialización de dispositivos inteligentes que se hayan diseñado para limitar su funcionalidad cuando se utilicen cargadores o piezas de recambio que no sean suministrados por el productor original sin revelar esta información al consumidor.