[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 18.6.2007

COM(2007) 328 final

INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO

basado en el artículo 9 de la Decisión marco del Consejo 2003/568/JAI de 22 de julio de 2003 relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado {SEC(2007) 808}

INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO

basado en el artículo 9 de la Decisión marco del Consejo 2003/568/JAI de 22 de julio de 2003 relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado

1. INTRODUCCIÓN

El Consejo[1] adoptó la Decisión marco del Consejo 2003/568/JAI, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado[2] de conformidad con el Título VI del Tratado de la Unión Europea. Tal y como se recoge en el décimo considerando, su objetivo es:

«… asegurar que la corrupción activa y pasiva en el sector privado sea una infracción penal en todos los Estados miembros, que las personas jurídicas también puedan ser consideradas responsables de tales delitos y que éstos se castiguen con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.»

La idea central es que los Estados miembros[3] penalicen dos tipos de conducta, que pueden resumirse del siguiente modo (artículo 2 de la Decisión marco):

- prometer, ofrecer o entregar a una persona del sector privado, una ventaja indebida de cualquier naturaleza para que realice o se abstenga de realizar un acto incumpliendo sus obligaciones

- pedir o recibir una ventaja indebida de cualquier naturaleza, o aceptar la promesa de tal ventaja, cuando se desempeñen funciones directivas o laborales en el sector privado, a cambio de realizar o abstenerse de realizar un acto incumpliendo sus obligaciones.

La Comisión estima que la lucha contra la corrupción en todos los ámbitos es extremadamente importante. La corrupción en el sector privado tiene un impacto directo en la competitividad y el desarrollo económico. Al hacer frente a la corrupción en el sector privado, los Estados miembros reforzarán el mercado interior y consolidarán sus economías. Además, estas medidas tendrán un impacto positivo en las relaciones con los socios comerciales del resto del mundo.

Desarrollo de instrumentos

La prevención y la lucha contra de la corrupción han sido desde hace tiempo prioridad de la CE. A partir de 1995, y antes de la adopción de la Acción común contra la corrupción en el sector privado, la CE ha venido adoptando toda una serie de instrumentos contra la corrupción. Estos primeros instrumentos fueron los siguientes:

- Convenio relativo a la protección de intereses financieros de las Comunidades Europeas, 1995 y sus Protocolos asociados[4].

- Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados Miembros de la Unión Europea, 1997[5].

Fue entonces cuando se dirigió la atención al sector privado y se puso en marcha la Acción común sobre la corrupción en el sector privado (Acción común de 22 de diciembre de 1998 (98/742/JAI))[6]. Esta Acción común se consideró como un primer paso a la hora de hacer frente al impacto de la corrupción en el mercado interior y en el comercio internacional. En ella se llama a los Estados miembros a:

- definir como delitos penales la corrupción pasiva y activa en el sector privado, al menos cuando la conducta provoque una distorsión de la competencia en la adjudicación de contratos

- establecer la responsabilidad de personas jurídicas en relación con la corrupción activa.

Instrumentos relativos a la corrupción en el sector privado de otros organismos

A finales de los años 90, el Consejo de Europa también desarrolló una serie de medidas e instrumentos dirigidos a tratar distintos aspectos de la corrupción, entre los que cabe citar el Convenio de Derecho penal contra la corrupción[7]. El Convenio incluye artículos sobre la corrupción en el sector privado (soborno activo, el artículo 7, y soborno pasivo, artículo 8). El alcance de ambos artículos supera a los de la Acción común y la Decisión marco ya que en ellos no se prevé la restricción a la conducta que implique una distorsión de la competencia. También incluye una disposición sobre la responsabilidad de las personas jurídicas (artículo 18), de aplicación más restringida que en la Decisión marco, pues no incluye el soborno pasivo. Si bien tanto en la Decisión marco como en el Convenio se remite a la definición de «persona jurídica» que contemple el Derecho nacional aplicable, el contexto es potencialmente más amplio en la primera, dado que en ella se amplía el delito de corrupción pasiva y activa a las actividades empresariales de entidades con o sin ánimo de lucro.

El Convenio de Derecho penal contra la corrupción del Consejo de Europa ha sido firmado por todos los Estados miembros pero solamente ratificado por 19[8]. Algunos Estados miembros, según lo permitido por el proceso de ratificación, han formulado reservas en relación con uno o más de los artículos mencionados previamente [9]. Aunque la segunda ronda de evaluación (2003-2005) llevada a cabo por el mecanismo del Consejo de Europa, GRECO, incluyó el artículo 18 sobre responsabilidad de las personas jurídicas, no llegó a cubrir los artículos 7 y 8 sobre corrupción en el sector privado. Por consiguiente, el presente informe no contiene alusiones a las evaluaciones del Consejo de Europa.

Las Naciones Unidas también han abordado la corrupción en el sector privado. El artículo 12 del Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción (UNCAC) de 2003 no requiere que los Estados parte determinen delitos penales de corrupción en el sector privado. Su alcance se limita a animar a los Estados parte a que adopten medidas de prevención de la corrupción en el sector privado, mejoren las normas mínimas en materia de contabilidad y auditoría y a establezcan sanciones civiles, administrativas y penales por su incumplimiento.

La iniciativa danesa

En julio de 2002 Dinamarca presentó una iniciativa de Directiva marco[10] cuya adopción anularía la Acción común.

La iniciativa estableció un contexto más amplio que el anterior que incluye una referencia específica a la amenaza que la corrupción representa para el «Estado de Derecho», la distorsión de la «competencia» y el obstáculo a un «desarrollo económico sano» (considerando 7). En la iniciativa se señala que el objetivo de la Decisión marco es «sobre todo, asegurar que la corrupción activa y pasiva en el sector privado sea una infracción penal en todos los Estados miembros, que las personas jurídicas también puedan ser consideradas responsables de tales delitos y que éstos se castiguen con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias» (considerando 8).

Adopción de la Decisión marco

Tal y como se refleja en las actas de la reunión del Consejo en la que se adoptó la Decisión1, tres Estados miembros (Alemania, Irlanda e Italia) formularon observaciones. Irlanda manifestó que la definición de «incumplimiento de las obligaciones» (artículo 1) que hace referencia al «comportamiento desleal» no incluye la «denuncia de prácticas corruptas». Alemania e Italia declararon que limitarían el ámbito de aplicación del artículo 2, apartado1, a los actos que impliquen o pudieran implicar una distorsión de la competencia en relación con la compra de bienes o servicios comerciales (artículo 2, apartado 3).

2. OBJETIVO DEL PRESENTE INFORME Y MÉTODO DE EVALUACIÓN

Las decisiones marco del Consejo son vinculantes para los Estados miembros por lo que se refiere al resultado a obtener, aunque dejan a las instancias nacionales la competencia en lo tocante a la forma y a los medios. No tienen un efecto directo.

Dado que, en el marco del tercer pilar, la Comisión no está habilitada para incoar procedimientos de infracción contra un Estado miembro, la naturaleza y el objeto del presente informe se limitan a una evaluación de las medidas de transposición adoptadas.

El presente informe se concentra en los artículos 1 a 7 (con una breve alusión al artículo 10, cuando procede) e incluye las declaraciones realizadas por los Estados miembros en virtud de los artículos 2 y 7. No aborda los artículos 8, 9 y 11, dado que estas disposiciones no requieren transposición.

Los criterios de evaluación seleccionados por la Comisión a los fines del presente informe son los criterios generales adoptados en 2001[11] para evaluar la aplicación de las decisiones marco (eficacia práctica, claridad y seguridad jurídica, plena aplicación y respeto del plazo de transposición fijado). Por otro lado, se han utilizado también criterios propios de la Decisión marco. Dichos criterios se precisarán en el análisis de los distintos artículos que se recoge a continuación.

En el artículo 9, apartado 1, de la Decisión marco se establece la obligación de los Estados miembros de tomar las medidas necesarias para conformarse a las disposiciones de la Decisión marco antes del 22 de julio de 2005. El artículo 9, apartado 2, exige que comuniquen a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión el texto de las disposiciones de incorporación al Derecho nacional de las obligaciones derivadas de la Decisión marco.

Dos Estados miembros (NL y FI) respondieron a la Comisión y le comunicaron sus disposiciones legislativas antes de la fecha límite. Veintiún Estados miembros respondieron posteriormente, entre ellos la República Checa, que presentó su proyecto legislativo (con la excepción de los artículos 5 y 6), mientras que Grecia y España han manifestado que sus actos legislativos están en fase de preparación, pero aún no han transmitido ningún texto. Chipre y Malta aún no han respondido.

Numerosos Estados miembros han incluido una nota para llamar la atención sobre las declaraciones que desean hacer; otros han aprovechado la ocasión para transmitir una nota y un cuadro de concordancia en el que explican los enfoques general y específico adoptados en su Derecho nacional, con una indicación de las referencias legislativas pertinentes. Por lo que se refiere a la obligación de comunicar el texto de las disposiciones de transposición, Dinamarca no suministró el texto en el que se basaba su comentario, por lo demás, muy detallado, mientras que otros Estados miembros han cometido omisiones parciales. Estas últimas se precisarán a la hora de proceder al examen de las medidas correspondientes.

El presente informe analiza, por lo tanto, las disposiciones de transposición y los comentarios transmitidos por 20 Estados miembros, y algunas observaciones del proyecto de legislación presentado por la República Checa.

Artículo 1 - Definiciones

Han sido pocos los Estados miembros que han dado una respuesta, siquiera parcial, a este artículo. Algunos Estados miembros han considerado que no era necesario contestar a este artículo. No obstante, la Comisión opina que sería extremadamente útil poder contar con información sobre la aplicación de las definiciones en el Derecho nacional con el fin de aclarar el uso de las mismas en la legislación nacional. A falta de esta información, la Comisión no podrá estar segura de que la Decisión marco se ha incorporado correctamente. Por ejemplo, es fundamental disponer de información sobre la definición de «persona jurídica» para poder analizar la adecuada transposición del artículo 5.

Artículo 2 – Corrupción activa y pasiva en el sector privado

El artículo 2 es el artículo clave de la Decisión marco de 2003. No sólo define los actos de corrupción activa y pasiva que constituyen una infracción penal, sino que amplía el ámbito de aplicación de dichas definiciones más allá del mercado interior, a menos que un Estado miembro declare de forma expresa conservar dicho límite.

El artículo 2 ha resultado ser muy problemático para la mayor parte de los Estados miembros. Sólo 2 de ellos (BE y UK) han transpuesto correctamente todos sus elementos. PR e IE lo han incorporado plenamente a sus respectivas legislaciones nacionales, a excepción de una condición prevista en el primer apartado. Si bien puede afirmarse que los Estados miembros han tipificado la corrupción pasiva y activa en el sector privado como delito penal en cierta medida, no se han tratado de forma adecuada una serie de puntos. Estas omisiones son particularmente preocupantes ya que abren la puerta a posibles circunvalaciones de la legislación. Se insta, por lo tanto, a los Estados miembros a que colmen estas lagunas lo antes posible.

El artículo 2, apartado 1, obliga a los Estados miembros a tipificar como infracción penal los actos de corrupción activa y pasiva en el marco de actividades profesionales desarrolladas en el sector privado. Con el fin de facilitar el análisis, se examinó la legislación a la luz de los siete elementos de descripción definidos en el artículo 2, apartado 1, letra a) (corrupción activa) y b) (corrupción pasiva). Dado que la legislación de los Estados miembros es muy similar para las dos, las siguientes observaciones se refieren únicamente a los actos de corrupción activa [artículo 2, apartado 1, letra a)].

- «prometer, ofrecer o entregar»

Once Estados miembros han transpuesto plenamente este elemento, pero siete, (EE, HU, IT, NL, PL, PT y SK) han emitido el verbo «ofrecer», LU a omitido el verbo «entregar» y LV ha omitido el verbo «prometer».

- «directamente o a través de un intermediario»

Los veinte Estados miembros prevén la corrupción directa. No obstante, ocho Estados miembros han omitido los intermediarios (AT, DE, FI, IT, NL, PL, SE y SI), o han hecho pasar el peso de la responsabilidad sobre el intermediario (EE) en lugar de sobre la persona que recurre a él.

- «persona que desempeñe funciones directivas o laborales»

Algunos Estados miembros no han recogido todo el sentido de «funciones directivas» (AT, DE, LV y SE) o «laborales» (IT, LU, LV y PL), mientras que el EE no ha suministrado ninguna información sobre este punto.

- «entidad del sector privado»

Este elemento se ha incorporado en la legislación de dieciocho Estados miembros, pero EE no ha suministrado ninguna información y LU no ha comunicado la definición del término «entidad jurídica».

- «una ventaja indebida de cualquier naturaleza»

Catorce Estados miembros han transpuesto este elemento plenamente, pero cinco Estados miembros (DE, EE, FI, LT y NL) no han mencionado las ventajas inmateriales. IE ha indicado que están en fase de elaboración disposiciones legislativas sobre este punto.

- «para dicha persona o para un tercero»

Aunque FR y EE no dan información sobre este punto, dieciséis Estados miembros tipifican como delito penal el hecho de dar, etc., una ventaja para dicha persona o para un tercero, pero IT y NL omiten el elemento del tercero en su legislación.

- «realice o se abstenga de realizar un acto en incumplimiento de sus obligaciones»

Trece Estados miembros han transpuesto plenamente este elemento. Cuatro Estados miembros (HU, PL, SE y SI) han omitido el verbo «abstenerse», mientras que DE y LT han omitido el elemento «en incumplimiento de sus obligaciones». EE no ha ofrecido información alguna sobre este punto.

Por lo que respecta a la corrupción en entidades sin fines lucrativos (artículo 2, apartado 2), a menudo se ha carecido de información para proceder al análisis. Cuando ha sido posible, se ha utilizado material pertinente de otras partes, por ejemplo, en relación con el artículo 5 por lo que se refiere a la responsabilidad de las personas jurídicas. No obstante, la situación sigue siendo confusa en diez Estados miembros (AT, FI, HU, IT, LT, LU, LV, PL, SE y SK).

La Decisión marco establece que un Estado miembro podrá limitar los actos de corrupción pasiva y activa constitutivos de infracción penal a los actos que impliquen una distorsión de la competencia (artículo 2, apartado 3), pero es preciso que hagan una declaración al respecto. El artículo 2, apartado 4, de la Decisión marco no sólo prevé la comunicación de dichas declaraciones al Consejo en el momento de su adopción, sino que también limita su validez a una duración de cinco años a partir del 22 de julio de 2005, mientras que el artículo 2, apartado 5, exige que el Consejo examine de nuevo, antes de la expiración de esa fecha, si pueden renovarse las declaraciones. En los casos en los que los Estados miembros han presentado tales declaraciones (artículo 2, apartado 3) ya sea por notificación al Consejo o mediante carta junto con sus medidas de transposición, éstas se han tenido en cuenta. DE, IT y PL han hecho declaraciones. El Consejo deberá determinar antes del 22 de julio de 2010 si pueden renovarse (artículo 2, apartado 5). AT también ha realizado una declaración con el fin de poder invocar la cláusula de excepción contemplada en el artículo 2, apartado 3, para cualquier aspecto del artículo 2 que no haya transpuesto. La Comisión considera que el enfoque de AT va más allá del campo de aplicación del artículo 2, apartado 3, e invita a reexaminar su posición.

Artículo 3 – Incitación y complicidad

Se refiere a la participación indirecta en un acto de corrupción por medio de la incitación y de la complicidad, pero no contempla las tentativas de corrupción.

El índice de transposición es muy elevado: 18 Estados miembros (AT, BE, DK, EE, FI, DE, HU, IE, IT, LT, LU, LV, NL, PL, PT, SE, SK y SL) han incorporado el artículo 3 en todos sus elementos como lo hizo UK (excepto Escocia).

Artículo 4 – Sanciones penales y de otro tipo

Además de que en el artículo 4, apartado 1, se disponga que los actos contemplados en los artículos 2 y 3 sean punibles con sanciones penales «efectivas, proporcionadas y disuasorias», el artículo 4, apartado 2, obliga a los Estados miembros a prever una pena máxima de al menos 1 a 3 años de privación de libertad para sancionar los actos de corrupción activa y pasiva, pero no menciona ningún otro tipo de sanción para actos de corrupción activa o pasiva de menos gravedad. El artículo 4, apartado 3, innova ya que obliga a los Estados miembros a prever, en algunas circunstancias y de acuerdo con sus normas y principios constitucionales, la posibilidad de prohibir temporalmente el ejercicio de esa actividad profesional o de una actividad comparable en un puesto o función similares.

Conviene subrayar que un determinado número de Estados miembros han omitido las sanciones previstas en el artículo 3 a la hora de dar información sobre el artículo 4, apartado 1. En los casos en los que ha sido posible, dicha información se ha insertado en función de los datos proporcionados en relación con el propio artículo 3.

Once Estados miembros (DK, EE, FI, DE, IE, IT, LT, LU, NL, PL y SE) han transpuesto el artículo 4 plenamente.

Conviene observar que AT prevé una duración máxima de privación de libertad inferior a la duración mínima fijada en el artículo 4, apartado 2, de la Decisión marco.

La mayoría de los Estados miembros han transpuesto el artículo 4, apartado 3.

Artículo 5 – Responsabilidad de las personas jurídicas

La cuestión de la responsabilidad de las personas jurídicas sigue siendo problemática para algunos Estados miembros. En tres Estados miembros (AT, IT y SK), bien la legislación correspondiente ha de completarse, bien ha sido rechazada por el parlamento (República Eslovaca), y por lo tanto no se han transpuesto los artículos 5 y 6 de la Decisión marco. Por otro lado, Irlanda está preparando legislación específica para la incorporación del artículo 5, apartado 2.

Únicamente cinco Estados miembros (LT, LU, NL, PL y SI) han incorporado plenamente el artículo 5. Trece han transpuesto el artículo 5, apartado 1. Los resultados fueron algo peores por lo que se refiere al artículo 5, apartado 2 (seis Estados miembros) y al artículo 5, apartado 3 (diez Estados miembros). La dificultad específica derivada del análisis de la transposición de este artículo ha estribado en la falta de información suministrada por los Estados miembros, en particular para los apartados 2 y 3. Dado que, como se ha indicado anteriormente, todavía han de transponer el artículo 5 tres Estados miembros, en futuros informes habrá que prestar especial atención a este artículo.

Artículo 6 – Sanciones a las personas jurídicas

Tal y como se ha señalado en las observaciones del artículo 5, tres Estados miembros (AT, IT y SK) aún no han adoptado disposiciones de transposición de los artículos 5 y 6. Luxemburgo ha informado de que están en curso de preparación disposiciones legislativas que prevén la posibilidad de imponer sanciones a las personas jurídicas.

Dado que los artículos 5 y 6 se refieren a las personas jurídicas, las dificultades y disparidades en la transposición del artículo 5 a las legislaciones nacionales o en la información suministrada a propósito de dicho artículo afectan también al índice de transposición del artículo 6, que sólo ha sido incorporado al Derecho nacional en todos sus elementos en cinco casos (DK, LT, NL, PL et SI). Varios Estados miembros deben transmitir informaciones complementarias para poder realizar una apreciación de su situación.

Se invita a los Estados miembros que sólo han indicado el importe de las sanciones en la antigua moneda nacional (BE y FI) a que comuniquen la sanción en euros, para que pueda desarrollarse la evaluación.

Artículo 7 – Competencia

Aunque es consciente de que todas las decisiones marco incluyen disposiciones relativas a la competencia, la Comisión ruega a los Estados miembros que se suministren información tan detallada como la de los artículos específicos. Habida cuenta de la disparidad de las respuestas en relación con este artículo, la Comisión sólo ha podido hacerse una imagen muy parcial de la transposición. Se invita a los Estados miembros a que suministren la información solicitada en tiempo útil para la elaboración del próximo informe.

Esta falta de información ha contribuido al escaso nivel de transposición: en función de la información recibida, se puede afirmar que este artículo ha sido transpuesto únicamente en tres Estados miembros (DK, DE y UK). Un segundo factor importante ha sido la ausencia de información relativa a las infracciones cometidas parcialmente en el territorio de un Estado miembro (artículo 7, apartado 1, letra a). Por supuesto, cabe suponer que cuando la legislación de un Estado miembro establece su competencia sobre las infracciones en su territorio, en ella se incluye este elemento, pero a falta de una mención explícita en la redacción de las disposiciones correspondientes o en sus comentarios, dicha hipótesis no puede figurar en el análisis final. Por último, se ha puesto de relieve que numerosos Estados miembros no han transpuesto en su legislación el artículo 7, apartado 1, letra c), que establece la competencia del Estado miembro en relación con las infracciones cometidas por una persona jurídica con sede en su territorio y han enviado una declaración de no aplicación o no han incluido información alguna a este respecto en su respuesta.

Artículo 10 – Aplicación territorial

Por lo que se refiere al artículo 10, el Reino Unido declaró que Gibraltar tiene la intención transponer esta medida tan pronto como su calendario legislativo se lo permita, pero aún no ha comunicado el texto de las disposiciones legislativas adoptadas.

Legislación en curso de adopción – República Checa

La República Checa ha enviado una carta y un cuadro comparativo con el texto de los artículos pertinentes de su proyecto de código penal. Ha informado a la Comisión de que, al margen de los artículos 5 y 6, su proyecto de acto legislativo es compatible con las disposiciones de la decisión marco. No obstante, no ha procedido a informarle de los progresos realizados en la materia. Por consiguiente, como el texto podría ser aún modificado en el procedimiento parlamentario, la Comisión sólo formulará observaciones generales en el anexo al presente informe.

3. PRÓXIMAS ETAPAS DE LA DECISIÓN MARCO

La Comisión aprovecha esta ocasión para llamar la atención sobre dos cuestiones que deberán tratarse en los próximos años:

- «Reformatage»

Como la Comisión indicó en su comunicación «sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2005» (asunto C-176/03 Comisión contra Consejo) COM(2005) 583 final/2, Bruselas, 24.11.2005), la Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado es uno de los instrumentos afectados por dicha sentencia, que exige la modificación del fundamento jurídico de la Decisión marco del Consejo. En el futuro se examinarán las consecuencias para la Decisión marco del Consejo y el enfoque a adoptar.

- Revisión del artículo 2 por parte del Consejo, de conformidad con el artículo 2, apartado 5

En virtud del artículo 2, apartado 4, las declaraciones de los Estados miembros realizadas en aplicación del artículo 2, apartado 3, expiran el 21 de julio de 2010. Para esta fecha, de acuerdo con el artículo 2, apartado 5, el Consejo deberá reexaminar el artículo 2 «a efectos de estudiar si es necesario que se puedan renovar las declaraciones realizadas en virtud del apartado 3». Cuatro Estados miembros (AT, DE, IT y PL) han hecho tales declaraciones.

4. CONCLUSIONES

Conviene subrayar que las decisiones marco[12] son vinculantes para los Estados miembros por lo que se refiere al resultado a alcanzar, al tiempo que se deja a las instancias nacionales la competencia por lo que se refiere a la forma y los medios. No tienen efecto directo. Dado que la Comisión no puede incoar, en el marco del tercer pilar, un procedimiento de infracción contra un Estado miembro, el carácter y objeto del presente informe se limitan a una evaluación de las medidas de transposición adoptadas por veintitrés Estados miembros (en realidad, veinte, por las razones antes expuestas).

Cuadro recapitulativo del progreso en la transposición en los veinte Estados miembros

I = ninguna información /información insuficiente N = no transpuesto P = parcialmente transpuesto T = plenamente transpuesto

Estado miembro | Artículo 1 | Artículo 2 | Artículo 3 | Artículo 4 | Artículo 5 | Artículo 6 | Artículo 7, apartado 1 |

AT | I (PJ) I (IdO) | P | T | P | N | N | I |

BE | T (PJ) T (IdO) | T | T | I | P | I | P |

DE | 1 (PJ) I (IdO) | P | T | T | P | P | T |

DK | T (PJ) I (IdO) | P | T | T | P | T | T |

EE | T (PJ) T (IdO) | P | T | T | P | P | I |

FI | T (PJ) I (IdO) | P | T | T | P | P | I |

FR | I (PJ) T (IdO) | P | I | P | P | I | I |

HU | T (PJ) I (IdO) | P | T | P | I | P | P |

IE | T (PJ) T (IdO) | P | T | T | P | P | P |

IT | I (PJ) I (IdO) | P | T | T | N | N | P |

LT | T (PJ) T (IdO) | P | T | T | T | T | I |

LU | I (PJ) I (IdO) | P | T | T | T | P | P |

LV | I (PJ) I (IdO) | P | T | P | P | P | P |

NL | I (PJ) T (IdO) | P | T | T | T | T | P |

PL | T (PJ) T (IdO) | P | T | T | T | T | P |

PT | T (PJ) T (IdO) | P | T | P | P | P | P |

SE | I (PJ) I (IdO) | P | T | T | P | P | P |

SK | I (PJ) I (IdO) | P | T | P | N | N | P |

SI | T (PJ) I (IdO) | P | T | P | T | T | P |

UK | T (PJ) I (IdO) | T | T (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte) I (Escocia) | P | P | P | T |

Total de las transposiciones | 10 (PJ) 8 (IdO) | 2 | 18 | 11 | 5 | 5 | 3 |

PJ = persona jurídica IdO = incumplimiento de las obligaciones

Observaciones finales

La Comisión estima preocupante que la transposición de esta decisión marco del Consejo se encuentre tan retrasada en los Estados miembros. Recuerda a éstos últimos la importancia que han concedido a la lucha contra la corrupción en el sector privado[13]. La Comisión subraya además que esta importancia se refleja igualmente en la Convenio de Derecho penal contra la corrupción del Consejo de Europa, de 1999, y en el Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción de 2003. La adopción de disposiciones legislativas sólidas y completas a nivel nacional es indispensable para garantizar una protección eficaz del sector privado contra esta amenaza económica.

La Comisión invita a todos los Estados miembros a que examinen el presente informe y a que aprovechen la ocasión para transmitir, a ella y a la Secretaría general del Consejo, toda la información complementaria que juzguen útil, con el fin de cumplir las obligaciones que les incumben en virtud del artículo 9 de la Decisión marco. La Comisión insta asimismo a los Estados miembros que han declarado estar elaborando las disposiciones legislativas necesarias a que las adopten lo antes posible y a que comuniquen el texto a la Secretaría general del Consejo y a la Comisión para su análisis. Esta demanda se dirige en especial a Grecia y España, que en 2005 comunicaron que estaban elaborando sus proyectos legislativos, pero que no han comunicado ninguna información. Por último, la Comisión lamenta que dos Estados miembros (CY y MT), no hayan aun respondido, contraviniendo así el artículo 9, y les insta a que comuniquen sin dilación toda la información relativa a la transposición de la decisión marco en su derecho nacional.

El documento de trabajo en anexo contiene un análisis más detallado de las medidas nacionales sobre las que la Comisión ha basado su análisis.

[1] 2524ª reunión del Consejo de la Unión Europea (agricultura y pesca) celebrada en Bruselas el 22 de julio de 2003

[2] DO L 192 de 31.7.2003, p. 54.

[3] En el presente informe, el término «Estados miembros» hará referencia a la UE -25; Se invitará a Rumania y a Bulgaria a contribuir en los próximos informes que puedan elaborarse.

[4] DO C 316 de 27.11.95, p. 3.

[5] DO C 195 de 25.06.97, p. 1.

[6] Acción común de 22 de diciembre de 1998 adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre la corrupción en el sector privado (98/742/JAI). DO L 358, 31.12.98, p.2-4.

[7] Convenio de derecho penal contra la corrupción (ETS no. 173 Estrasburgo 27.1.1999) http://conventions.coe.int/Treaty

[8] Las excepciones son Austria, Francia, Alemania, Grecia, Italia y España.

[9] Bélgica, República Checa, Polonia - artículos 7, 8; Reino Unido - artículo 7; Hungría - artículo 8

[10] Iniciativa del Reino de Dinamarca con vistas a la adopción de la Decisión marco del Consejo sobre la lucha contra la corrupción en el sector privado (2002/C 184/04)

[11] COM(2001) 771 de 13.12.2001, punto 1.2.2.

[12] Artículo 34, apartado 2, letra b), del Tratado de la Unión Europea.

[13] (noveno considerando de la Decisión marco)