INFORME DE LA COMISIÓN basado en el artículo 6 de la Decisión marco del Consejo, de 26 de junio de 2001, relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito {SEC(2004)383}

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

De conformidad con el artículo 6 de la Decisión marco del Consejo, de 26 de junio de 2001, relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito [1] (en lo sucesivo, `Decisión marco'), la Comisión tiene que elaborar un informe escrito sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros para conformarse a dicha Decisión marco.

[1] DO L 182, 5.7.2001, p. 1.

El apartado 1 de ese artículo obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para conformarse a las disposiciones de la Decisión marco, a más tardar, el 31 de diciembre de 2002. De conformidad con el apartado 2, los Estados miembros remitirán, antes del 1 de marzo de 2003, a la Secretaría General del Consejo, así como a la Comisión de las Comunidades Europeas, el texto de las disposiciones que traspongan a su Derecho nacional las obligaciones que se derivan para ellos de esta Decisión marco y comunicarán, cuando proceda, las notificaciones realizadas en virtud del apartado 2 del artículo 40 del Convenio del Consejo de Europa de 1990 relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito (en lo sucesivo, `Convenio de 1990'). El Consejo verificará, antes del 31 de diciembre de 2003 como máximo, sobre la base de esta información y de un informe escrito de la Comisión, hasta qué punto los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para conformarse a la Decisión marco.

El valor de este informe depende en gran medida, por lo tanto, de la calidad y exactitud de la información nacional recibida por la Comisión. La Comisión recordó su obligación a los Estados miembros mediante dos cartas, enviadas el 9 de diciembre de 2002 y el 21 de febrero de 2003. A fecha de 1º de marzo de 2003, sin embargo, solo seis Estados miembros (Francia, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Suecia y Reino Unido) habían notificado a la Comisión las medidas adoptadas para aplicar la Decisión marco. En junio de 2003, doce Estados miembros (los anteriormente mencionados, además de Bélgica, Dinamarca, Grecia, España, Irlanda y Luxemburgo) habían proporcionado a la Comisión información sobre la aplicación y, finalmente, Italia era el decimotercer Estado miembro que contestaba, el 31 de octubre de 2003.

Sin embargo, la información que la Comisión ha recibido varía considerablemente, en particular, en términos de exhaustividad, tal y como se refleja en la tabla anexa {SEC(2004)383} en la que figura la información comunicada por los Estados miembros. No todos han indicado ni remitido el texto de las disposiciones de aplicación o el texto de las notificaciones al Convenio de 1990 de conformidad con la Decisión marco. Algunos mencionan simplemente nuevos proyectos legislativos. En la medida de lo posible, se ha suplido la información que falta gracias a la provechosa ayuda de las personas de contacto designadas por la mayor parte de Estados miembros.

Conviene asimismo tener en cuenta que algunos Estados miembros, como Dinamarca, tuvieron que modificar ciertas disposiciones internas para conformarse a la Decisión marco. Otros, como España, Italia y Luxemburgo, están elaborando legislación, que todavía no ha entrado en vigor. Grecia anunció que una comisión legislativa especial estaba en la actualidad elaborando disposiciones de transposición nacionales, aunque no se ha aportado ningún texto. Suecia está examinando actualmente si es necesario aprobar nueva legislación para conformarse a la Decisión marco por lo que se refiere a las reservas al Convenio de 1990. Francia mencionó explícitamente que la legislación existente ya era conforme a la Decisión marco, lo que podría aplicarse implícitamente al resto de los Estados miembros que no han llamado nuestra atención sobre disposiciones de aplicación específicas. El Reino Unido ha introducido nueva legislación en la materia aunque, a su entender, la anterior legislación ya era conforme con la Decisión marco.

Por último, a fecha de 1º de noviembre de 2003, la Comisión no había recibido ninguna información de Austria y Portugal. Por lo tanto, al analizar las medidas de aplicación, el informe no hará referencia a estos Estados miembros, a excepción de la aplicación del artículo 1, según se explica más abajo.

1.2. Método y criterios de evaluación de esta Decisión marco

1.2.1. Decisiones marco de la letra b) del apartado 2 del artículo 34 del Tratado de la Unión Europea

Esta Decisión marco se basa en el Tratado de la Unión Europea (TUE) y, en especial, en las letras a), c) y e) de su artículo 31 y la letra b) del apartado 2 de su artículo 34.

Las decisiones marco pueden compararse con el instrumento jurídico de la Directiva [2]. Ambos instrumentos obligan a los Estados miembros en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. Sin embargo, las Decisiones marco no tienen efecto directo. La Comisión no puede recurrir al Tribunal de Justicia para que se aplique la legislación de transposición de la Decisión marco. No obstante, el Tribunal de Justicia puede pronunciarse sobre cualquier litigio entre Estados miembros relativo a la interpretación o aplicación (incluida la transposición) del instrumento arriba mencionado [3]. El posible ejercicio de este derecho requiere unas sólidas bases fácticas que el informe de la Comisión, basado en la información transmitida, puede contribuir a reforzar.

[2] Artículo 249 del Tratado CE.

[3] Apartado 7 del artículo 35 del TUE.

1.2.2. Criterios de evaluación

Para poder evaluar sobre la base de criterios objetivos si una Decisión marco ha sido plenamente aplicada por un Estado miembro, existen ciertos criterios generales con respecto a las directivas que, mutatis mutandis, conviene aplicar a las Decisiones marco:

1. La forma y los métodos de puesta en práctica del resultado que ha de lograrse deben elegirse de modo que se garantice que la directiva funciona eficazmente teniendo en cuenta sus objetivos [4]

[4] Véase la jurisprudencia pertinente sobre la aplicación de las directivas: Asunto 48/75, Royer, [Rec. 1976, pp. 497 a 518].

2. Cada Estado miembro está obligado a aplicar las directivas de un modo que satisfaga los requisitos de claridad y de seguridad jurídica y, por lo tanto, a incorporar las disposiciones de la directiva en disposiciones nacionales de carácter vinculante [5],

[5] Véase la jurisprudencia pertinente sobre la aplicación de las directivas: asunto 239/85, Comisión/ Bélgica [Rec.1986, pp. 3645 a 3659]. Véase también el asunto 300/81, Comisión/Italia [Rec. 1983, pp. 449 a 456].

3. La incorporación no exige necesariamente la promulgación exactamente con las mismas palabras en una disposición legal expresa; por lo tanto, puede ser suficiente un contexto legal general (tal como unas medidas adecuadas ya existentes), siempre que se garantice la plena aplicación de la directiva de manera suficientemente clara y precisa [6];

[6] Véase la jurisprudencia pertinente sobre la aplicación de las directivas, por ejemplo, el asunto 29/84, Comisión/ Alemania, [Rec. 1985, pp. 1661 a 1673].

4. Las directivas deben ponerse en práctica en el plazo prescrito a tal efecto en las mismas [7].

[7] Véase la jurisprudencia bien asentada sobre la aplicación de las directivas, por ejemplo, el asunto 52/75, Comisión/Italia [Rec. 1976, pp. 277 a 284]. Véanse, en general, los informes anuales de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario, por ejemplo, COM(2001) 309 final.

Ambos instrumentos son vinculantes 'en cuanto a los resultados que deben lograrse'. Esto puede definirse como una situación de hecho o de Derecho que responde al interés que el instrumento debe garantizar de conformidad con el Tratado [8].

[8] Véase PJG Kapteyn y P. Verloren van Themaat «Introduction to the Law of European Communities», tercera edición, 1998, p. 328.

La evaluación general prevista en el artículo 6 de hasta qué punto los Estados miembros se han conformado a la Decisión marco, se basa - en la medida de lo posible - en los criterios anteriormente mencionados.

1.2.3. Contexto de la evaluación

Una primera observación preliminar se refiere al contexto (jurídico) y seguimiento del informe de evaluación. Según se ha mencionado ya, la Comisión tiene, dentro del ámbito del primer pilar, la posibilidad de iniciar un procedimiento por incumplimiento contra un Estado miembro. Puesto que esta posibilidad no existe en el ámbito del TUE, la naturaleza y el propósito de este informe, por supuesto, difieren de los de un informe sobre la aplicación por los Estados miembros de una directiva del primer pilar. Sin embargo, como la Comisión participa plenamente en los asuntos del tercer pilar [9], resulta coherente conferirle una tarea de evaluación fáctica de las medidas de aplicación, que permita al Consejo evaluar en qué medida los Estados miembros han tomado las medidas necesarias para cumplir esta Decisión marco.

[9] Apartado 2 del artículo 36 del Tratado de la Unión Europea.

La segunda observación preliminar se refiere a la naturaleza específica del ámbito objeto de regulación. La Decisión marco aspira a reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales e introducir una armonización mínima de las sanciones. Aunque la mayoría de los sistemas parecen ser convergentes, aún existen divergencias entre los Estados miembros, especialmente en lo referente al decomiso de los productos del delito. La evaluación de en qué medida los Estados miembros han adoptado medidas para conformarse en estos temas tendrá en cuenta, siempre que sea oportuno, el contexto jurídico penal general de los Estados miembros.

Otra característica específica de esta Decisión marco que debe tenerse en cuenta a la hora de definir el alcance de la evaluación es el vínculo entre este instrumento y el Convenio de 1990, al que se refieren los artículos 1 y 2 y, en menor grado, el artículo 3. La Comisión limita el alcance del presente informe a la retirada de reservas, sin entrar en el fondo de las obligaciones derivadas de los artículos 2 y 6 del Convenio de 1990. Por lo tanto, especialmente por lo que se refiere al artículo 2, el informe no intentará evaluar si las infracciones mencionadas en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 6 del Convenio se reflejan en la legislación nacional, sino solamente si las disposiciones nacionales que supuestamente se conforman a dichos artículos establecen las penas máximas mínimas que la Decisión marco requiere.

Por último, debe señalarse que, desde la entrada en vigor de la Decisión marco, se ha prestado una mayor atención al tema del decomiso de los productos del delito y a la ejecución de las órdenes de embargo y decomiso desde el nuevo punto de vista del reconocimiento mutuo. Parte de las disposiciones de esta Decisión marco (especialmente el artículo 4 que hace referencia al examen de las solicitudes de asistencia judicial) debe, por lo tanto, considerarse a la luz de los nuevos y los futuros instrumentos.

1.3. Propósito general de la Decisión marco

El 3 de diciembre de 1998, el Consejo adoptó una Acción común relativa al blanqueo de capitales, identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito [10]. El Consejo Europeo de Tampere, en octubre de 1999, pidió nuevas medidas para dotar de mayor eficacia a la actuación contra el blanqueo de capitales, por ejemplo la aproximación de definiciones, inculpaciones y sanciones o facilitar asistencia judicial en las causas de este tipo de delincuencia.

[10] DO L 333, 9.12.1998, p. 1.

Así pues, el propósito general de esta Decisión marco era responder a las conclusiones del Consejo de Tampere:

- utilizando este instrumento para dar una forma más vinculante a algunos de los compromisos contraídos por los Estados miembros en virtud de la Acción común, (especialmente por lo que se refiere a las reservas respecto del Convenio de 1990, el decomiso del valor o el examen de las solicitudes de asistencia judicial); y

- avanzando en algunas áreas respecto de la Acción común de 1998, (por ejemplo, introduciendo una armonización mínima de sanciones).

1.4. Propósito general del informe

El presente informe debería facilitar al Consejo evaluar en qué medida los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para conformarse a la Decisión marco.

2. ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS NACIONALES ADOPTADAS PARA CONFORMARSE A LA DECISIÓN MARCO

2.1. Artículo 1: Reservas al Convenio de 1990

Teniendo en cuenta el compromiso de los Estados miembros con los principios del Convenio de 1990, el apartado 1 del artículo 1 de la Acción común de 1998 ya invitaba a los Estados miembros a ratificar el Convenio de manera uniforme. El artículo 1 de la Decisión marco reemplazó este artículo, introduciendo algunos ajustes para adecuar la redacción a la nueva naturaleza vinculante de la disposición. Con todo, el objetivo del artículo es limitar las reservas de los Estados miembros en relación con el decomiso de los instrumentos y productos del delito (artículo 2 del Convenio de 1990) y la tipificación como delito el blanqueo de capitales (artículo 6 del Convenio de 1990).

Esto significa, por una parte, la obligación de extender la aplicabilidad de las medidas de decomiso a una amplia gama de delitos, con una limitada posibilidad de excluir el decomiso de productos de delitos fiscales. Por otra parte, supone que los Estados miembros se han comprometido a considerar todos los delitos graves, según lo definido en la Decisión marco, delitos principales a los efectos de la tipificación del blanqueo de capitales. Esta tendencia a ampliar la definición del blanqueo de capitales, extendiendo la gama de las infracciones subyacentes, se refleja igualmente en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales [11]. Esto comprende el blanqueo del producto de una amplia gama de «delitos graves», que, sin embargo, son más limitados que los definidos en la Decisión marco. En la Directiva se prevé la alineación con la definición de «delitos graves» de la Decisión marco para antes del 15 de diciembre de 2004, sobre la base de una propuesta de la Comisión [12].

[11] DO L 344, 28.12.2001, p. 76.

[12] Véase la letra E) del número 1) del artículo 1 de la Directiva 2001/97/CE.

Solo algunos Estados miembros (Dinamarca, Irlanda, España, Países Bajos y Reino Unido) han aportado a la Comisión los instrumentos de ratificación o el texto de las reservas. En este caso particular, sin embargo, ha sido posible para la Comisión reunir esta información a partir de una fuente pública y fiable como la Oficina de Tratados en línea del Consejo de Europa [13]. Por lo tanto, el análisis de las medidas nacionales adoptadas para cumplir este artículo también abarcará, en la medida de lo posible, aquellos Estados miembros de los que la Comisión no ha recibido ninguna información.

[13] http:// conventions.coe.int

2.1.1. Letra a) del artículo 1: Reservas al artículo 2 del Convenio de 1990

De conformidad con esta letra, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias a fin de no formular ni mantener ninguna reserva al artículo 2 del Convenio de 1990 [14], «cuando los delitos lleven aparejada una pena privativa de libertad o medida de seguridad de duración máxima superior a un año». La misma letra establece una excepción, al permitir mantener reservas sobre dicho artículo «en lo referente al decomiso de productos de delitos fiscales, con el único objetivo de permitirles proceder al decomiso de dichos productos, tanto en el ámbito nacional como en el marco de la cooperación internacional, sobre la base de instrumentos de Derecho nacional, comunitario e internacional en materia de cobro de créditos fiscales»,

[14] Artículo 2 Medidas de confiscación (1) Cada parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para poder confiscar instrumentos y productos o bienes cuyo valor corresponda a esos productos. (2) Cada parte podrá, en el momento de la firma o al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, mediante declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, manifestar que el párrafo 1 del presente artículo sólo será de aplicación a los delitos o categorías de delitos especificados en dicha declaración.

De la información aportada, o reunida por la Comisión, se deriva que nueve Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, Austria, Portugal, y Finlandia) nunca han formulado reservas a este artículo. Uno, (el Reino Unido), retiró una reserva existente el 16 de septiembre de 1999. Los cinco restantes (Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, y Suecia) aún mantienen reservas, de modo que debe analizarse con mayor detenimiento si cumplen las disposiciones de la Decisión marco.

El 22 de junio de 1999, Grecia introdujo una reserva que limita la aplicación del artículo 2 a una lista de 22 tipos de infracciones [15]. Al no estar tal limitación ligada a las excepciones establecidas en la letra a) del artículo 1, la Comisión debe concluir que la reserva no es conforme con la Decisión marco, por lo que debe retirarse o reformularse. Éste es también el caso de Luxemburgo [16], que limita la aplicación del artículo 2 del Convenio de 1990 a algunos delitos específicos.

[15] Grecia: Reservas contenidas en una Nota Verbal entregada al Secretario General en el momento del depósito del instrumento de ratificación, el 22 de junio de 1999- original FR.

[16] De conformidad con el apartado 2 del articulo 2 y con el apartado 4 del articulo 6 del Convenio, el apartado 1 del articulo 2 y el apartado 1 del articulo 6 del Convenio, se aplicarán únicamente a los delitos mencionados en el articulo 8-1, punto 1) de la Ley de 19 de febrero de 1973, relativa a la venta de sustancias medicinales y a la lucha contra la adicción a los estupefacientes, y en el articulo 506-1, punto 1) del Código Penal.

La reserva de Suecia al artículo 2 [17] tiene un alcance más limitado, pues la confiscación se aplica a los delitos regulados por el Código penal, la Ley penal sobre estupefacientes o la Ley por la que se prohíben determinados productos dopantes. Asimismo, la legislación sueca sobre el contrabando se modificó el 1º de enero de 2001 para establecer la confiscación de los productos de dicho delito. [18] Sin embargo, las autoridades suecas son conscientes de que posiblemente sea necesario restringir aún más esta declaración y consiguientemente introducir nueva legislación. El Ministerio de Justicia sueco está actualmente analizando las recomendaciones de una comisión especial de confiscación que todavía no han dado lugar a ningún texto legislativo.

[17] De conformidad con el artículo 2, párrafo 2, Suecia declara que, por lo que a ella respecta, la disposición del artículo 2, párrafo 1, será de aplicación a los productos del delito y a los instrumentos utilizados para cometer un delito, que puedan ser confiscados según las disposiciones del Código Penal, de la Ley penal sobre estupefacientes (1968:64) o de la Ley por la que se prohíben ciertos productos dopantes (1991:1969). Por lo que se refiere a los otros delitos, Suecia se reserva el derecho, cuando esté justificado debido al tipo de delito, a disponer la confiscación en una medida más limitada.

[18] Ley sobre sanciones por contrabando (2000:1225).

La reserva irlandesa limita la aplicación del artículo 2 [19]a delitos en materia de tráfico de estupefacientes y a los demás delitos que puedan ser objeto de juicio según el procedimiento del indictment. En la información aportada, Irlanda afirmó que estos últimos son delitos que llevan aparejada una pena privativa de libertad o medida de seguridad de duración máxima superior a un año. En ese caso la reserva sería conforme con los términos de la excepción establecida por la letra a) del artículo 1 de la Decisión marco.

[19] De conformidad con el artículo 2, párrafo 2, Irlanda declara que el artículo 2, párrafo 1, sólo será de aplicación a los delitos en materia de tráfico de estupefacientes tal y como se definen en su legislación interna y a los demás delitos que puedan ser objeto de juicio según el procedimiento del indictment.

Del mismo modo, la reserva aún mantenida por los Países Bajos [20] cae dentro del ámbito de la excepción establecida por la Decisión marco en lo referente al decomiso de productos de delitos fiscales. En la exposición de motivos de la Ley del 10 de marzo de 1993 por la que se autoriza la ratificación del Convenio de 1990 se explica las razones de esta reserva, que coinciden también con el propósito de la excepción, según lo descrito en la Decisión marco.

[20] De conformidad con las disposiciones del artículo 2, párrafo 2, del Convenio, el Reino de los Países Bajos declara que se reserva el derecho a no aplicar las disposiciones del artículo 2, párrafo 1, del Convenio por lo que se refiere a la confiscación del producto de delitos penados en virtud de la legislación sobre fiscalidad o sobre aduana y tasas.

En conclusión, una amplia mayoría de Estados miembros (doce) cumple con la letra a) del artículo 1 de la Decisión marco, mientras que otros tres (Grecia, Luxemburgo y probablemente Suecia) tendrán que retirar o reformular sus reservas al artículo 2 del Convenio de 1990 para cumplir la obligación que para ellos se deriva de la letra a) del artículo 1 de la Decisión marco.

2.1.2. Letra b) del artículo 1: Reservas al artículo 6 del Convenio de 1990

De conformidad con lo dispuesto en esta letra, los Estados miembros deben tomar las medidas necesarias para no formular ni mantener reservas al artículo 6 del Convenio de 1990 [21], «cuando se trate de delitos graves. Entre ellos deben incluirse en todo caso los delitos que lleven aparejada una pena privativa de libertad o medida de seguridad de duración máxima superior a un año o, en los Estados en cuyo sistema jurídico exista un umbral mínimo para los delitos, aquellos que lleven aparejada una pena privativa de libertad o medida de seguridad de duración mínima superior a seis meses».

[21] Artículo 6 - Delitos de blanqueo

De la información comunicada a la Comisión o recogida por ella se deriva que cinco Estados miembros (Bélgica, España, Francia, Irlanda, y Finlandia) nunca han formulado reservas a este artículo. Sin embargo, tal y como se señala en la información comunicada por España, la definición actual del blanqueo de capitales en el Código penal español requiere que el delito principal sea un «delito grave», es decir, según la legislación española, una infracción castigada con una pena de prisión superior a tres años. España está actualmente modificando su Código penal para suprimir este requisito y conformarse plenamente a la Decisión marco.

Tres Estados miembros han retirado reservas existentes. Dinamarca retiró su reserva con efectos a partir del 6 de julio de 2001. Al mismo tiempo, se introdujo en el Código penal danés una disposición general por la que la «receptación» resultaba punible en relación con todos los delitos. Suecia retiró su reserva con efectos a partir el del 1º de julio de 1999, al tiempo que modificaba la legislación sobre el blanqueo de capitales para ampliar la gama de delitos principales e introducir un nuevo delito de «receptación de dinero robado». Finalmente, con efectos a partir del 1 de septiembre de 1995, el Reino Unido retiró la reserva que limitaba la aplicación del apartado 1 del artículo 6 del Convenio a los delitos de tráfico de drogas.

Los siete restantes Estados miembros (Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, y Portugal) aún mantienen reservas, de modo que debe analizarse con mayor detalle si cumplen los términos de la Decisión marco.

No obstante, de estos siete Estados miembros, solamente dos (Países Bajos y Alemania) comunicaron a la Comisión información específica sobre este tema. La reserva mantenida por los Países Bajos [22] es conforme con la Decisión marco. De la reserva se desprende que el artículo 6 del Convenio se aplica a infracciones que, en el Derecho interno, responden a la definición de «delitos graves» establecida en la Decisión marco. Lo mismo puede decirse de la reserva mantenida por Alemania [23], ya que el Convenio se aplica a los «delitos», definidos en el artículo 12 (1) del Código penal alemán como delito punible con una pena de prisión superior a un año.

[22] De conformidad con el artículo 6, párrafo 4, del Convenio, el Reino de los Países Bajos declara que el artículo 6, párrafo 1, del Convenio se aplicará únicamente a los delitos principales calificados como misdrijven (delitos) por el derecho interno de los Países Bajos (El Reino en Europa).

[23] El apartado 1 del artículo 6 se aplicará únicamente a los siguientes delitos principales o categorías de delitos principales:

Por lo que se refiere al resto de los Estados miembros antes mencionados, Austria formuló una reserva [24] que limita la aplicación del artículo 6 del Convenio de 1990 a los delitos principales considerados «delitos» en la legislación interna, es decir, a delitos punibles con cadena perpetua o prisión superior a tres años [25]. Por lo tanto, no cumple los términos de la Decisión marco, que establece un límite mínimo de prisión de un año para considerar un delito como «grave». Grecia también formuló una reserva por la que el apartado 1 del artículo 6 del Convenio de 1990 solamente se aplica a una lista de infracciones, idéntica a las relacionadas en la precedente reserva al artículo 2 [26]. El número limitado de los delitos enumerados y la falta de una cláusula genérica por la que se garantice que la reserva no se mantiene respecto de los «delitos graves» supone que esta reserva no cumple los requisitos exigidos. Esto es también aplicable a Luxemburgo [27] y Portugal [28], que limitan el ámbito de los delitos principales. Por último, Italia formuló una reserva por la que el artículo 6 es aplicable a todos los delitti con exclusión de los que no sean intencionales [29], lo que parece ser conforme con la Decisión marco, aunque Italia no ha proporcionado ninguna información específica sobre este tema.

[24] La República de Austria declara, de conformidad con el artículo 6, párrafo 4, que el artículo 6, párrafo 1, se aplicará únicamente a los delitos principales que sean delitos (Verbrechen) según la legislación penal austriaca (artículo 17 del Código Penal Austriaco).

[25] Cf. Apartado 17 (1) del Código penal.

[26] Cf. nota 14.

[27] Cf. nota 15 y artículo 506-1 del Código penal.

[28] A los efectos del articulo 6 del Convenio, el castigo de la infracción de blanqueo se limitará a los casos de tráfico de estupefacientes, así como a cualquier actividad ilícita relacionada con el terrorismo, tráfico de armas, extorsión, abducción, incitación a la prostitución (lenocinio), corrupción, malversación (peculato) y participación económica en un negociado, mala gestión de una unidad económica del sector público, obtención fraudulenta o utilización indebida de un subsidio, subvención o crédito, las infracciones económicas y financieras cometidas de forma organizada utilizando tecnología informática y las infracciones económicas y financieras cometidas a escala internacional y que impliquen cualquier forma de coparticipación, definidas en la legislación interna.

[29] En virtud del párrafo 4 del artículo 6 del Convenio, la República Italiana declara que el párrafo 1 de dicho artículo sólo será de aplicación a los delitos principales (predicate offences) que constituyen, en virtud de la ley italiana, delittt excluyendo los delitti no intencionales.

En conclusión, ocho Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Finlandia, Suecia y Reino Unido) no han formulado o no han mantenido reservas al artículo 6 del Convenio. Sin embargo, uno de ellos, España, se encuentra aún pendiente de modificar sus disposiciones nacionales para conformarse plenamente al contenido de la Decisión marco. Por lo que se refiere a los Estados miembros que aún mantienen reservas, las reservas formuladas por los Países Bajos y Alemania son conformes a la Decisión marco. Por último, parece que la reserva presentada por Italia podría asimismo cumplir con la Decisión marco, mientras que las formuladas por Austria, Grecia, Luxemburgo y Portugal no parecen respetar los términos requeridos. La falta de información de estos Estados miembros impide a la Comisión ser más concluyente sobre este punto.

2.2. Artículo 2: Sanciones

El artículo 2 de la Decisión marco [30], del que no existía ningún precedente en la Acción común de 1998, se propone garantizar una armonización mínima de las sanciones de los delitos de blanqueo de capitales establecidos en el Convenio de 1990. No es objetivo del presente informe evaluar cómo han aplicado los Estados miembros el Convenio, sino comprobar si se respeta la sanción máxima mínima establecida en la Decisión marco. No obstante, es preciso tener presente que el artículo 2 abarca los delitos mencionadas en las letras a) y b) del artículo 6 del Convenio de 1990 «según se derivan de la letra b) del artículo 1 de la presente Decisión marco», por lo que debe asimismo tenerse en cuenta lo que se ha dicho en la sección precedente.

[30] Artículo 2 Sanciones: «Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias, coherentes con su sistema penal, para que los delitos contemplados en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 6 del Convenio de 1990, según se derivan de la letra b) del artículo 1 de la presente Decisión marco, sean sancionados con penas privativas de libertad cuya duración máxima no puede ser inferior a cuatro años».

En sentido amplio puede afirmarse que la mayor parte de los Estados miembros cumplen satisfactoriamente el requisito impuesto por el artículo 2: sancionar los delitos de blanqueo de capitales con penas de prisión de una duración máxima no inferior a cuatro años. Sin embargo, la aplicación propiamente dicha es muy heterogénea, pudiéndose distinguir, en este sentido, dos sistemas básicos: aquellos que cumplen plenamente este requisito y los que respetan la pena requerida solamente en los supuestos de blanqueo de capitales grave o cualificado.

El problema de la aproximación de las penas es efectivamente difícil y el artículo 2 otorga cierta discrecionalidad a los Estados miembros, al referirse explícitamente a la coherencia con su sistema penal y definir la pena requerida por su duración máxima mínima. Sin embargo, parece claro que el último sistema otorga un margen más amplio de discrecionalidad judicial a la hora de evaluar la gravedad del delito o decidir la imposición de penas privativas de libertad. La práctica judicial de los tribunales de esos Estados miembros al dictar sentencia tendrá una importante incidencia en la aplicación práctica de la pena máxima mínima exigida por el artículo 2.

Por lo que se refiere a los Estados miembros que respetan plenamente esta disposición, en Bélgica, el artículo 505 del Código penal castiga el blanqueo de capitales con una pena de prisión de una duración máxima de cinco años (la mínima es de quince días) junto con una multa, o sólo con una de las dos sanciones. En Francia, la conducta básica de blanqueo de capitales se castiga con una pena de prisión de cinco años y una multa. Ambas penas pueden aumentarse en caso de blanqueo de capitales cualificado. Alemania prevé una pena de prisión de tres meses a cinco años. La pena máxima sube a diez años en los casos especialmente graves, entre los que se incluye, por regla general, que el autor actúe profesionalmente o como miembro de una organización formada para la comisión reiterada del delito de blanqueo de capitales. El Código penal español castiga el blanqueo de capitales con la pena de prisión de seis meses a seis años y una multa (proporcional al valor del producto). Según se ha mencionado anteriormente, aún está pendiente de aprobación la correspondiente legislación nacional para ampliar el ámbito de los delitos principales de acuerdo con lo requerido en la Decisión marco. En Irlanda, una persona culpable del blanqueo de capitales podrá ser castigada, previa condena por el procedimiento del indictment, a una multa o a la pena de prisión de una duración no superior a catorce años o a ambas sanciones. Luxemburgo castiga el blanqueo de capitales con la prisión de uno a cinco años y una multa o sólo con una de esas penas. La duración máxima puede duplicarse en caso de reincidencia y se aumenta a veinte años si la conducta supone participación en una organización criminal. Los Países Bajos castigan el tipo básico de blanqueo de capitales con pena de prisión de una duración máxima de cuatro años o, alternativamente, con una multa. En el Reino Unido, una persona culpable de un delito de blanqueo de capitales puede ser castigada, previa condena por el procedimiento del indictment, a la pena de prisión de una duración no superior a catorce años o a una multa, o a ambas sanciones.

Dinamarca, Finlandia y Suecia también cumplen los términos del artículo 2, al castigar el blanqueo de capitales «grave» con penas privativas de libertad cuya duración máxima no puede ser inferior a cuatro años. En Dinamarca (donde no hay nomen iuris para el blanqueo de capitales, que es punible como receptación) solo si el acto de receptación es de naturaleza particularmente grave o se produce con ánimo de lucro la pena es una multa o la prisión de hasta 6 años. El tipo básico se castiga con una multa o con prisión de duración no superior a 18 meses. Mediante la Ley N°61/2003 de reforma de los delitos de blanqueo de capitales, que entró en vigor 31 de abril de 2003, Finlandia ha introducido una nuevo delito específico de blanqueo de capitales (que era previamente punible como delito de ocultación). También ha aumentado la pena máxima de cuatro a seis años de prisión para el tipo «cualificado» de blanqueo de capitales. El tipo básico, sin embargo, se castiga con una multa o con prisión de hasta dos años. En el Código penal sueco, los actos de blanqueo de capitales son punibles como delitos de «receptación» o de «receptación de dinero robado». En ambos casos la pena máxima es la prisión de 2 años, pero, si el delito se considera importante o grave, la pena es la prisión de, como mínimo, seis meses a, como máximo, seis años. Sin embargo, no se ha aportado ninguna explicación de por qué una duración mínima de cuatro años para la pena máxima sería contraria a los sistemas penales danés, finlandés y sueco si se estableciera para todos los casos.

Como conclusión, los once Estados miembros que han comunicado información a la Comisión sobre la aplicación de este artículo (Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Finlandia, Suecia y el Reino Unido) cumplen los términos de la Decisión marco. Grecia e Italia no han notificado las disposiciones referentes a dicho artículo.

2.3. Artículo 3: Decomiso del valor

Cabe una observación preliminar en cuanto a los dos sistemas básicos de decomiso del producto del delito: decomiso de los bienes, es decir, decomiso de los objetos específicos que constituyen el producto del delito y decomiso del valor, que consiste en el pago de una suma de dinero basada en la evaluación del valor del producto.

El objetivo del artículo 3 de la Decisión marco [31], basado en el apartado 2 del artículo 1 de la precedente Acción común, es introducir el decomiso del valor, por lo menos, como medida alternativa, también en aquellos Estados miembros con un sistema de decomiso fundado en los bienes. Los Estados miembros que tengan un sistema basado en el valor cumplirían a fortiori este requisito. Debe existir también esta posibilidad en los procedimientos incoados a petición de otro Estado.

[31] Artículo 3 Decomiso del valor :

Ninguno de los Estados miembros se ha referido explícitamente a disposiciones por las que se pudiera haber llevado a cabo la transposición de la posibilidad de excluir el decomiso del valor cuando el valor evaluado del producto del delito es inferior a 4000 euros, tal y como permite la Decisión marco. Por lo tanto, no puede determinarse si puede aplicarse esta excepción o si las limitaciones implícitas que parecen figurar en algunos de los textos legislativos comunicados [32] exceden o no lo de que se permite en dicha Decisión marco.

[32] Por ejemplo, cf. artículo 10, capítulo 10 del Código penal finlandés («no será preciso decretar la confiscación si: 1) el producto del delito, o el valor del efecto o bien, es insignificante.») o artículo 10 de la Ley 96-392 francesa que permite desestimar una solicitud exterior «si la importancia del caso no justifica que se adopte la medida solicitada»).

2.3.1. Procedimientos nacionales:

De la información comunicada se desprende que el decomiso del valor del producto del delito es posible, en diverso grado, en los procedimientos nacionales de nueve Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, Irlanda, Países Bajos, Finlandia, Suecia y Reino Unido). Grecia no ha presentado ninguna disposición de transposición. España introducirá esta posibilidad mediante un proyecto de ley que todavía no ha entrado en vigor. En Luxemburgo el decomiso del valor se limita actualmente al producto de ciertos delitos, aunque se ampliará a través de nueva legislación, aún no aprobada. Este parece ser también el caso de Italia, que ha enviado las disposiciones existentes y en preparación, en las que se establece el decomiso del valor en relación con ciertos tipos de delitos.

Bélgica prevé el decomiso del valor cuando el producto del delito no puede encontrarse entre las propiedades del condenado. En este caso, el juez procederá a una evaluación monetaria y al decomiso de una suma equivalente de dinero.

En Dinamarca se puede decomisar total o parcialmente el producto del delito o una cantidad de dinero equivalente a su valor. Si se carece de la información necesaria para establecer el importe de la suma, se puede decomisar la cantidad que se considere correspondiente al producto obtenido. Por otra parte, puede efectuarse el decomiso total o parcial de activos que pertenezcan a una persona declarada culpable de un delito cuando el delito es de tal naturaleza que puede suponer una ganancia considerable y se castiga con una pena de prisión de seis años o más. En este caso, se invierte la carga de la prueba por lo que se refiere al origen lícito de los activos, permitiéndose asimismo el decomiso del valor.

En Alemania, se confisca obligatoriamente el producto del delito. Se aplica el decomiso del valor cuando la confiscación del objeto concreto obtenido como consecuencia de un delito resulta imposible, en cuyo caso el órgano jurisdiccional ordena la confiscación de una suma de dinero que corresponda al valor de lo que se haya obtenido.

España sigue un sistema de decomiso basado en los bienes, que no contempla el decomiso del valor. Sin embargo, España está actualmente en curso de aprobación de una nueva legislación para transponer este artículo y ha enviado el texto de la nueva disposición que permitirá decomisar cualquier otro bien perteneciente a la persona condenada cuyo valor se corresponda con el producto del delito si, por cualquier circunstancia, no es posible el decomiso del producto del delito.

La legislación francesa establece, como regla general, el decomiso del producto del delito y el decomiso del valor. Según el Código penal, cuando lo bienes que deban ser decomisados no pueden ser aprehendidos o ya no están disponibles, se decretará el decomiso del valor. En concreto, la legislación francesa contempla asimismo el decomiso del producto de los delitos de blanqueo de capitales de los que se haya declarado culpables a personas naturales o jurídicas. En el primer caso, aparte del decomiso del producto del delito, se puede imponer como pena complementaria el decomiso total o parcial de bienes del delincuente.

Irlanda permite decomisar el producto tanto de los delitos de tráfico de drogas como de otros delitos. En el primer caso, la cantidad que debe recuperarse mediante la orden de decomiso será igual a la cantidad evaluada por el órgano jurisdiccional como el valor de las ganancias de los procesados por tráfico de drogas. En los otros delitos, la orden de decomiso impondrá a la persona en cuestión el pago de la suma que el órgano jurisdiccional considere oportuna. Para decretar una orden de decomiso, es preciso que la persona haya sido condenada y haya obtenido unas ganancias provenientes del delito.

Italia prevé el decomiso obligatorio del producto de determinados delitos, fundamentalmente la corrupción de funcionarios públicos en detrimento de la Administración. Un proyecto de ley, que todavía no ha entrado en vigor, modificará el Código penal con objeto de introducir otros supuestos especiales de confiscación obligatoria y decomiso del valor. Sin embargo, la Comisión no ha recibido suficiente información como para determinar si el decomiso del valor es posible como regla general, aunque ese parezca ser el caso cuando se trata de la responsabilidad de personas jurídicas. [33]

[33] Cf. artículo 19 del Decreto Legislativo n. 231 de 8 de junio de 2001.

En Luxemburgo, la legislación actualmente vigente establece el decomiso del producto de los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Sin embargo, Luxemburgo ha comunicado un proyecto de ley sobre decomiso que generalizará la posibilidad del decomiso del valor. De conformidad con la nueva disposición, que todavía no ha entrado en vigor, cuando no puedan encontrarse las mercancías o los bienes que constituyen el producto del delito, el decomiso se efectuará sobre otro bienes de valor equivalente pertenecientes a la persona condenada.

En los Países Bajos, además del decomiso de los efectos, puede imponerse la confiscación de las ganancias como pena separada. El Código penal permite la imposición a la persona condenada, mediante una resolución judicial separada, de una obligación de pago de una suma de dinero al Estado con objeto de privar a dicha persona de las ganancias ilegalmente obtenidas. En este caso, el juez evaluará la suma que deba decomisarse.

En Finlandia, por regla general, debe decretarse la confiscación por el Estado del producto del delito. Si no hay pruebas del importe del producto del delito, o tales pruebas son difíciles de obtener, se calculará el producto teniendo en cuenta la naturaleza del delito, el alcance de la actividad criminal y otras circunstancias. Los instrumentos del delito y, bajo ciertas circunstancias, los efectos o bienes producidos, manufacturados o provenientes de un delito o a los que éste se dirige también pueden confiscarse. En este caso, es posible un decomiso del valor, como alternativa, si no se puede decretar la confiscación del efecto o bien o si estos se han ocultado o son inaccesibles.

En Suecia, según lo definido en el Código penal, debe decretarse la confiscación del producto del delito, a menos que ello sea manifiestamente irrazonable. Lo mismo es aplicable a cualquier cosa que se haya recibido en pago de gastos contraídos en relación con un delito, a condición de que esta recepción constituya un delito según el Código penal. Puede confiscarse el valor del artículo recibido en vez del propio artículo. También se contempla el decomiso del valor en relación con delitos castigados por leyes penales especiales sobre estupefacientes, contrabando y agentes dopantes.

En el Reino Unido, las disposiciones aplicables son las contenidas en la Ley sobre los productos del delito (Proceeds of Crime Act 2002), que suprime una distinción anterior entre delitos de tráfico de drogas y otros delitos. El nuevo régimen de decomiso se basa en el concepto de «estilo de vida criminal», que se presumirá del procesado si ha sido condenado por alguno de los delitos enumeradas en el anexo 2 de dicha Ley, que son delitos adquisitivos, como el tráfico de drogas, blanqueo de capitales o falsificación. También se presume que el procesado tiene un estilo de vida criminal si ha sido condenado por cualquier otro delito que forme parte de una trayectoria de actividad delictiva o se haya cometido a lo largo de un período de cómo mínimo seis meses y ha obtenido considerables ganancias de, por lo menos, 5000 £. El órgano jurisdiccional debe decidir si el procesado tiene un estilo de vida criminal y ha obtenido beneficios de su conducta delictiva general o si no tiene un estilo de vida criminal aunque haya obtenido beneficios de una conducta delictiva particular. En ambos casos, si decide que el procesado ha obtenido beneficios de la conducta que se le imputa, debe decidir la cantidad recuperable y dictar una orden de decomiso por la que se le requiera pagar dicha cantidad. La cantidad recuperable se define como una cantidad equivalente a las ganancias para el procesado de la conducta delictiva en cuestión, a menos que el procesado demuestre que la cantidad disponible es menor que el beneficio. Pero si se presume que el procesado tiene un estilo de vida criminal, entonces se supone que todos sus bienes (así como los bienes adquiridos en los seis años anteriores) representan sus ganancias del delito y pueden ser decomisados a menos que el procesado pueda demostrar que los adquirió legítimamente.

2.3.2. Solicitudes exteriores:

Todos los Estados miembros han ratificado el Convenio de 1990, que obliga a los Estados Parte a adoptar las medidas necesarias para dar respuesta a las solicitudes exteriores de confiscación de sumas de dinero correspondientes al valor del producto del delito. Las respuestas comunicadas a la Comisión en relación con la aplicación del artículo 3, por lo que se refiere a las solicitudes exteriores, han sido, en general, muy vagas. La mayor parte de los Estados miembros sólo hicieron referencia en términos generales a la legislación interna sobre cooperación internacional, sin indicar disposiciones específicas. Grecia y España no comunicaron ninguna información específica. Sin embargo, parece que, por lo menos, nueve Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Finlandia, Suecia y Reino Unido) pueden, en distinto grado, dar respuesta a las solicitudes exteriores de decomiso del valor. Alemania alegó que también cumple con este requisito, aunque aportara una base jurídica escasa. Luxemburgo envió a la Comisión un proyecto de ley que todavía no ha entrado en vigor.

Bélgica envió la Ley de 20 de mayo de 1997, que establece el decomiso de una suma de dinero correspondiente al valor del producto del delito cuando así lo solicite un Estado extranjero. Sin embargo, es necesario que la suma solicitada no exceda del valor evaluado del producto del delito y que el Estado solicitante declare que tal producto, u otros bienes mediante los que pudiera recuperar su crédito, no existen en su territorio.

En Dinamarca, las órdenes de decomiso reguladas por la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y el Convenio europeo relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, pueden ejecutarse de conformidad con el capítulo 3 de la Ley de 1986 sobre ejecución internacional de Derecho penal cuando se cumplan las condiciones del Convenio.

Alemania afirmó que las mismas disposiciones se aplican a las solicitudes extranjeras y las nacionales y que el concepto de decomiso utilizado en las disposiciones por las que se rige la asistencia judicial internacional, como el artículo 48 de la Ley sobre asistencia judicial internacional en materia penal, se interpreta en sentido amplio para incluir el concepto de sustitución del valor. El artículo antes mencionado reza así: «podrá prestarse asistencia judicial en procesos penales mediante la ejecución de penas legalmente establecidas en el extranjero».

La legislación francesa, promulgada con el específico fin de conformarse al Convenio de 1990, contempla el decomiso del valor. La orden de decomiso extranjera que deba ejecutarse puede hacer referencia a un bien (determinado o no) que exista en el territorio francés, o puede consistir en la obligación de pagar una suma de dinero correspondiente al valor de dicho bien. Si la orden de decomiso extranjera establece el decomiso del valor, una vez autorizada su ejecución, el Estado francés queda obligado a pagar la suma correspondiente, y puede recuperar su deuda a partir de cualquier bien disponible a tal efecto.

Irlanda simplemente mencionó que la Ley sobre la justicia penal regula el sistema de auxilio judicial por el que se establece, bajo ciertas condiciones, la ejecución de órdenes exteriores, ya se hayan dictado para el decomiso de un bien específico, ya para el de una suma de dinero.

El Código italiano de procedimiento criminal establece que se aplicarán las normas sobre ejecución de sanciones financieras cuando se trate de ejecutar una orden extranjera de decomiso que consista en la obligación de pagar una suma de dinero correspondiente al valor del producto de un delito.

En el proyecto de ley comunicado por Luxemburgo figura una disposición específica según la cual, cuando la solicitud extranjera haga referencia a bienes pertenecientes a la persona condenada cuyo valor corresponda al producto del delito, solo se ejecutará aquella si el Estado solicitante declara que no es posible proceder al decomiso de bienes situados en su propio territorio.

En los Países Bajos, la Ley sobre ejecución de sentencias penales establece en general que, una vez que autorice la ejecución de una sentencia extranjera, con el debido respeto a las disposiciones pertinentes del Convenio aplicable, el órgano jurisdiccional impondrá la sanción o medida que se impondrían a un acto correspondiente según la legislación holandesa. También permite la ejecución de las sentencias extranjeras que contengan una obligación de pagar una suma de dinero al Estado para privar a una persona de ganancias ilícitamente obtenidas.

Finlandia afirmó, en general, que es posible ejecutar órdenes de decomiso exteriores de conformidad con las disposiciones de la Ley sobre cooperación internacional o, en su caso, de las de la Ley sobre cooperación nórdica en materia penal. La primera ley estipula que el órgano jurisdiccional convertirá la orden de decomiso dictada en un Estado extranjero en una orden de decomiso prevista por la ley finlandesa, refiriéndose tanto al decomiso de bienes como al del valor, a condición de que este último fuera asimismo posible de conformidad con la ley finlandesa y el Estado extranjero hubiera solicitado el decomiso o estuviera de acuerdo con dicha orden. La Ley sobre cooperación nórdica permite la ejecución de una sentencia de un órgano jurisdiccional de Islandia, Noruega, Suecia o Dinamarca por la que se haya condenado a una persona a la confiscación de un objeto determinado, otro bien o una cantidad de dinero.

Suecia comunicó el texto de la Ley sobre cooperación internacional en la ejecución de resoluciones penales, según la cual es posible ejecutar la confiscación impuesta por un país extranjero ya se refiera a un efecto, determinada cantidad de dinero o al valor de cierto bien. El bien o su valor decomisado corresponderá al Estado y podrá ser transferido total o parcialmente al Estado extranjero si así se solicita.

El Reino Unido declaró que es posible ejecutar órdenes de decomiso extranjeras, ya se basen en un bien o en su valor, y que actualmente está en curso de dictar las órdenes oportunas para dar eficacia a las sentencias extranjeras en virtud del artículo 444 de la nueva Proceeds of Crime Act. Entretanto, todavía sigue siendo aplicable la legislación anterior.

Por último, cabe señalar como comentario general que algunas de las leyes anteriormente mencionadas incluyen condiciones para la ejecución de órdenes exteriores, tales como la subsidiariedad o procedimientos para «transformar» o «autorizar» la ejecución de una sentencia extranjera, que podrían cuestionarse por instrumentos futuros sobre decomiso basados en el principio de reconocimiento mutuo.

2.4. Artículo 4: Examen de las solicitudes de asistencia

De conformidad con este artículo, las solicitudes de asistencia presentadas por los demás Estados miembros que se refieran a la identificación, seguimiento, embargo, incautación o decomiso de activos deben ser examinadas con la misma prioridad que la concedida a tales medidas en los procedimientos nacionales. Por lo tanto, impone una obligación de asimilar medidas internas y externas en cuanto a la prioridad que se les conceda.

En general, los Estados miembros no han notificado disposiciones específicas por las que se incorpore al ordenamiento jurídico nacional este artículo. La mayoría de ellos, como la tabla muestra, se refiere, en términos generales, a la legislación interna que trata de la cooperación internacional o de la asistencia judicial en la materia y comunica una copia de los textos legislativos. Grecia, Italia y los Países Bajos no comunicaron ninguna información sobre este punto. Luxemburgo remitió un proyecto de ley que contiene disposiciones sobre el «exequátur» de las sentencias extranjeras de decomiso. Algunos incluyeron explicaciones adicionales.

En este sentido, Dinamarca explicó que es una «práctica jurídica aceptada» llevar a cabo las medidas indagatorias solicitadas «con independencia de si la propuesta o el tratamiento de los restantes aspectos de la solicitud están reguladas por un Acuerdo entre Dinamarca y el Estado solicitante». Finlandia declaró que respecto de las resoluciones dictadas en otros Estados miembros se actúa de conformidad con la ley finlandesa, sin que aquellas reciban un trato mejor ni peor. Irlanda reconocía que, en comparación con las resoluciones nacionales, existían algunas diferencias procedimentales en las órdenes de decomiso extranjeras de conformidad con el procedimiento de asistencia judicial regulado en la Ley de justicia penal, que fue comunicada, aunque, a su parecer, tales diferencias procedimentales no suponían ningún perjuicio. El Reino Unido confirmó que sus autoridades tratan todas las solicitudes de decomiso o confiscación de activos con la misma prioridad, independientemente de si se refieren a asuntos nacionales o a solicitudes del extranjero. Francia afirmó que esta disposición no requería transposición interna y que las solicitudes de otros Estados miembros se ejecutaban con toda la diligencia debida. Y España explicó que había decidido posponer la transposición de esta disposición hasta la entrada en vigor de los nuevos instrumentos de la Unión Europea en la materia.

Solamente dos países indicaron disposiciones específicas. Después de declarar que las solicitudes de asistencia judicial se tratan siempre como urgentes y prioritarias, Alemania mencionó que este principio se establecía en los artículos 19(1) y 22(1) de las Directrices para la cooperación internacional en materia penal, que establecen que las solicitudes de asistencia judicial recibidas directamente por una autoridad de ejecución se transmiten inmediatamente a la autoridad facultada para su aprobación y, una vez aprobadas, se ejecutan por la autoridad de ejecución de conformidad con las mismas disposiciones que se habrían aplicado si la solicitud se hubiera formulado por una autoridad alemana, a menos que se establezca de otro modo por ley o acuerdo. Sin embargo, estas Directrices no tienen fuerza de ley. En lo que respecta a las medidas indagatorias, Suecia se refirió al artículo 10 de la Ley sobre cooperación judicial internacional en materia penal, según el cual se ejecutarán rápidamente las solicitudes de asistencia judicial y, a menos que se establezca de otro modo en dicha Ley, se aplicará el mismo procedimiento que el aplicado en la adopción de una medida correspondiente en relación con un juicio o una investigación preliminar suecos.

En la mayoría de los casos las solicitudes exteriores de asistencia mutua están sujetas al examen y a la aprobación previos cuando ninguno de los motivos internos de denegación es aplicable. En algunos casos, este examen o la ejecución de la solicitud corresponde a un órgano distinto del competente en los asuntos internos. Sin embargo, no es posible evaluar la asimilación por lo que se refiere a la prioridad de la propia solicitud a menos que exista una regla específica en la materia, en términos similares a los de la Decisión marco. En este sentido las disposiciones señaladas por Alemania no tienen fuerza de ley y la disposición indicada por Suecia abarca solo parcialmente el ámbito del artículo 4. La Comisión, por lo tanto, no ha recibido suficiente información como para considerar que esta disposición ha sido específicamente transpuesta. En todo caso, el problema ha perdido parte de su importancia, habida cuenta de los nuevos instrumentos europeos en el campo del embargo preventivo y el decomiso, recientemente adoptados o en vías actualmente de discusión [34] que, yendo más allá de la asistencia, se basan en el principio del reconocimiento mutuo.

[34] Decisión marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas, (DO L 196, 2.8.2003, p. 45), y las dos iniciativas danesas con vistas a la adopción de la Decisión marco del Consejo sobre el decomiso de los instrumentos y productos del delito y con vistas a la adopción de una Decisión marco relativa a la ejecución de resoluciones de decomiso en la Unión Europea (DO C 184, 2.8.2002, p. 3 y 8). La última se acordó políticamente el 19 de diciembre de 2002.

2.5. Artículo 7: Aplicación territorial

Esta disposición estipula que la Decisión marco será aplicable en Gibraltar a partir del momento en que se amplíe la aplicación del Convenio de 1990 a Gibraltar. El Reino Unido no ha comunicado información que permita concluir que esta disposición se ha transpuesto.

3. CONCLUSIONES

En conclusión, no todos los Estados miembros han transmitido oportunamente a la Comisión todos los textos pertinentes de sus disposiciones de aplicación. La evaluación fáctica y las consiguientes conclusiones se basan, por lo tanto, a veces en información incompleta. La Comisión no ha recibido ninguna información de Austria y Portugal. Dicho esto, la situación relativa a la transposición de las disposiciones específicas en los Estados miembros es la siguiente:

Artículo 1: Una gran mayoría de Estados miembros (doce) parece conformarse a la letra a) del artículo 1, mientras que Grecia, Luxemburgo y probablemente Suecia tendrán que retirar o reformular sus reservas al artículo 2 del Convenio de 1990. Del mismo modo, una mayoría de Estados miembros (diez) parece conformarse a la letra b) del artículo 1, mientras que Austria, Grecia, Luxemburgo y Portugal no parecen cumplir las condiciones requeridas y España se encuentra en proceso de modificación de su legislación nacional para conformarse plenamente al contenido de la Decisión marco.

Artículo 2: Once Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Finlandia, Suecia y el Reino Unido) comunicaron a la Comisión información que demostraba que se conforman en sentido amplio a este artículo. Sin embargo, en algunos casos se solo se contempla la pena máxima mínima si el delito se considera grave.

Artículo 3: El decomiso del valor parece posible en diferente grado, pero, por lo menos, como medida alternativa (incluso si se limita a veces a casos específicos o a ciertos tipos de delitos o bienes), en los procedimientos nacionales de once Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Finlandia, Suecia y Reino Unido) y en, por lo menos, nueve Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Finlandia, Suecia y Reino Unido, además probablemente de Alemania) por lo que se refiere a las solicitudes extranjeras. España y Luxemburgo han elaborado legislación para conformarse a este artículo. Es probable que parte de las condiciones aplicadas a la ejecución de resoluciones externas se cuestionen por los futuros instrumentos sobre decomiso.

Artículo 4: La Comisión no ha recibido bastante información para considerar que esta disposición ha sido específicamente incorporada al ordenamiento jurídico nacional.

Artículo 7: La Comisión no tiene pruebas para concluir que la transposición de esta disposición se ha llevado a cabo por el Estado miembro concernido.

Por todo ello, la Comisión invita a los Estados miembros a velar por la transposición rápida y completa de la Decisión marco y a comunicárselo inmediatamente, y a más tardar el 1º de septiembre de 2004, adjuntando una descripción de las medidas adoptadas, acompañada del texto de las disposiciones legales o reglamentarias vigentes pertinentes.