[pic] | COMISIÓN EUROPEA |

Bruselas, 21.12.2010

COM(2010) 799 final

2010/0385 (COD)

Propuesta de

REGLAMENTO (UE) N° …/… DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento de la OCM única)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA

- Motivación y objetivos de la propuesta

La finalidad de la propuesta es adaptar el Reglamento (CE) nº 1234/2007[1] del Consejo sobre la organización común de mercados única a la diferenciación entre competencias delegadas y de ejecución de la Comisión introducida por los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Además, en un afán de exhaustividad, la presente propuesta engloba las propuestas de modificaciones del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo que la Comisión ya ha presentado por separado al Parlamento Europeo y al Consejo, de modo que se mejora la comprensión de la organización común de mercados única por parte de todos los interesados.

- Contexto general

Competencias delegadas y de ejecución

Los artículos 290 y 291 del TFUE establecen una clara diferencia entre, por un lado, las competencias delegadas a la Comisión para adoptar actos no legislativos y, por otro, las competencias otorgadas a ella para adoptar actos de ejecución:

- El artículo 290 del TFUE autoriza al legislador a delegar en la Comisión las competencias para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo. De acuerdo con la terminología utilizada en el Tratado, los actos jurídicos adoptados de este modo por la Comisión se denominan «actos delegados» (artículo 290, apartado 3).

- El artículo 291 del TFUE dispone que los Estados miembros deben adoptar todas las medidas de Derecho interno necesarias para la ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión. Cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de dichos actos, éstos conferirán competencias de ejecución a la Comisión. De acuerdo con la terminología utilizada en el Tratado, los actos jurídicos adoptados de este modo por la Comisión se denominan «actos de ejecución» (artículo 290, apartado 4).

La propuesta de adaptación del Reglamento (CE) nº 1234/2007 a los nuevos requisitos derivados de los artículos 290 y 291 del Tratado se basa en una cuidadosa ordenación de las competencias con que cuenta actualmente la Comisión en virtud del Reglamento (CE) nº 1234/2007, de acuerdo con la cual aquellas se han clasificado en «delegadas» y «de ejecución». La ordenación se ha realizado teniendo presentes las medidas de ejecución adoptadas por la Comisión en función de sus competencias actuales.

Tras este ejercicio, se ha preparado un proyecto de propuesta de revisión del Reglamento (CE) nº 1234/2007 que otorga al legislador competencias para establecer los elementos fundamentales de la organización común de mercados agrícolas. Él es quien determina las orientaciones generales de la organización común de mercados y los principios generales subyacentes. Así, por ejemplo, los objetivos de las medidas de intervención en los mercados, de los sistemas de limitación de la producción y de los regímenes de ayuda los fija el legislador. De igual modo, es el legislador el que establece el principio de crear un sistema de licencias de importación y exportación, los elementos fundamentales de las normas de comercialización y producción y el principio de aplicación de sanciones, reducciones y exclusiones. Y es también el legislador el que propicia la existencia de disposiciones específicas aplicables a sectores concretos.

De conformidad con el artículo 290 del TFUE, el legislador otorga a la Comisión la facultad de completar o modificar determinados elementos no esenciales de su régimen. Un acto delegado de la Comisión puede, pues, determinar los elementos complementarios que se necesitan para que la organización común de mercados establecida por el legislador funcione correctamente. Por ejemplo, la Comisión adoptará actos delegados para establecer las condiciones de participación de los agentes económicos en un régimen, las obligaciones derivadas de la expedición de una licencia y, en caso necesario dependiendo de la situación económica, si la expedición de una licencia requiere una garantía. Asimismo, el legislador delega en la Comisión la facultad de adoptar medidas para establecer los criterios de admisión de los productos en cuanto a la intervención en los mercados. Además, la Comisión puede adoptar actos delegados en relación con las definiciones.

De conformidad con el artículo 291 del TFUE, la aplicación del régimen establecido por el legislador recae en los Estados miembros. Es preciso, no obstante, que el régimen se aplique en los Estados miembros de manera uniforme. Por ello, de conformidad con el artículo 291, apartado 2, del TFUE, el legislador confiere a la Comisión competencias de ejecución respecto a las condiciones uniformes para la aplicación de la organización común de mercados y al marco general de controles que deberán aplicar los Estados miembros.

Competencias del Consejo en virtud el artículo 43, apartado 3, del TFUE

El artículo 43, apartado 3, del TFUE dispone que «El Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará las medidas relativas a la fijación de los precios, las exacciones, las ayudas y las limitaciones cuantitativas […]». Esta disposición es una excepción al artículo 43, apartado 2, del TFUE, que preconiza la utilización del procedimiento legislativo ordinario para el establecimiento de «la organización común de los mercados agrícolas […], así como las demás disposiciones que resulten necesarias para la consecución de los objetivos de la política común de agricultura». Lo anterior es un reflejo de la tendencia general del Tratado de Lisboa, que ha convertido el procedimiento legislativo ordinario en el procedimiento estándar para la adopción de los actos legislativos de la UE.

Dado su carácter de excepción, el artículo 43, apartado 3, del TFUE debe interpretarse de forma restrictiva para que el legislador pueda ejercer las prerrogativas legislativas que le otorga el artículo 43, apartado 2, del TFUE, entre ellas la regulación de los elementos fundamentales de la Política Agrícola Común y la adopción de las decisiones políticas que conforman su estructura, instrumentos y efectos. Teniendo presente lo anterior, el procedimiento específico establecido en el artículo 43, apartado 3, del TFUE debe aplicarse únicamente cuando alguno de los asuntos mencionados en esa disposición no forme parte de las decisiones normativas fundamentales reservadas al legislador en virtud del artículo 43, apartado 2, del TFUE. Por consiguiente, cuando tal asunto esté inextricablemente vinculado al contenido político de las decisiones que deba adoptar el legislador, no deberá aplicarse el artículo 43, apartado 3, del TFUE.

Así pues, la propuesta estriba en los principios siguientes:

- Los parámetros estructurales y los elementos fundamentales de la PAC solo puede decidirlos el legislador (Parlamento Europeo y Consejo). Por ejemplo, la intervención pública (incluido el marco para la determinación por la Comisión de determinados precios de intervención mediante licitaciones) y los regímenes de cuotas aplicables a la leche y el azúcar que establece el Reglamento (CE) nº 1234/2007 deben mantenerse en el plano del legislador, ya que estos elementos están inextricablemente unidos a la definición del contenido del régimen establecido por el legislador y a los límites de ese régimen.

- Las medidas relativas a la fijación de los precios, las exacciones, las ayudas y las limitaciones cuantitativas a que se refiere el artículo 43, apartado 3, que no entren en el ámbito de aplicación del artículo 43, apartado 2, del TFUE las adoptará el Consejo. La Comisión presentará una propuesta de Reglamento sobre la base del artículo 43, apartado 3, del TFUE con respecto a las disposiciones del artículo 21 sobre las condiciones aplicables a la ayuda obligatoria para el almacenamiento privado de mantequilla, del artículo 99 sobre las restituciones por producción en el sector del azúcar, de los artículos 101 y 102 sobre las ayudas en el sector de la leche y los productos lácteos, del artículo 108 sobre el suministro de productos lácteos a los alumnos, del artículo 155 sobre las ayudas en el sector de los gusanos de seda, del artículo 273 sobre las restituciones por exportación y del artículo 281 sobre los precios mínimos de exportación de plantas vivas. En los Reglamentos propuestos se dispondrá que, con respecto a estas disposiciones, las condiciones para la fijación de la cuantía de la ayuda, las restituciones por exportación y los precios mínimos de exportación las determine el Consejo al amparo del artículo 43, apartado 3, del TFUE y que la cuantía de esas ayudas, las restituciones y los niveles de los precios los fije la Comisión mediante actos de ejecución.

El artículo 43, apartado 3, del TFUE constituye una base autónoma para la adopción de actos jurídicos por el Consejo. No obstante, en aras de la claridad, cuando dicho artículo es aplicable, la propuesta hace referencia explícita a esa cláusula en cada una de las disposiciones de la OCM única de que se trate. La Comisión presentará en su debido momento al Consejo las propuestas que deban hacerse con respecto al artículo 43, apartado 3, del TFUE.

- Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta

Los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

- Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión

No hace al caso.

2. CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO

- Consulta de las partes interesadas

- Obtención y utilización de asesoramiento técnico

No hubo necesidad de consultar a las partes interesadas ni de recurrir a asesoramiento técnico externo dado que la propuesta de adaptación del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo al Tratado de Lisboa es un asunto interinstitucional que atañe a todos los Reglamentos del Consejo.

- Evaluación de impacto

No hubo necesidad de una evaluación de impacto dado que la propuesta de adaptación del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo al Tratado de Lisboa es un asunto interinstitucional que atañe a todos los Reglamentos del Consejo.

3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

- Resumen de la acción propuesta

Determinar las competencias delegadas y de ejecución de la Comisión en el Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo y establecer el procedimiento correspondiente de adopción de estos actos.

En la propuesta se integra el contenido de las propuestas siguientes:

i) Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de noviembre, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo (Reglamento único para las OCM) por lo que respecta a las ayudas concedidas en virtud del Monopolio Alemán del Alcohol (COM(2010)336 final).

ii) Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica los Reglamentos (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 1234/2007 del Consejo, en lo que respecta a la distribución de alimentos a las personas más necesitadas de la Unión (COM(2010) 486 final).

iii) Propuesta de modificación del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo en lo que respecta a las normas de comercialización [calendario de programación 2010/AGRI/010].

iv) Propuesta de modificación del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo en lo que respecta a las relaciones contractuales en el sector de la leche y de los productos lácteos [calendario de programación 2010/AGRI/026].

- Base jurídica

Artículo 42, párrafo primero, y artículo 43, apartado 2, del TFUE.

- Principio de subsidiariedad

La competencia sobre la política agrícola la comparten la UE y los Estados miembros. Ello supone que, en tanto en cuanto la UE no legisle en este sector, los Estados miembros mantienen sus competencias. La presente propuesta se limita a adaptar la organización común de mercados única a los nuevos requisitos establecidos en el Tratado de Lisboa y, por lo tanto, no afecta al planteamiento vigente de la Unión.

- Principio de proporcionalidad

La propuesta cumple el principio de proporcionalidad.

- Instrumentos elegidos

Instrumento propuesto: Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo.

Otros medios no serían apropiados por el motivo siguiente: debido a la naturaleza y a los requisitos de gestión de esta política, la aplicación directa es una característica indispensable de la normativa de la PAC.

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La presente medida no conlleva gastos adicionales para la Unión.

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

- Simplificación

Gracias a la propuesta mejorará la comprensión de la organización común de mercados única, ya que el Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo se ha modificado considerablemente.

2010/0385 (COD)

Propuesta de

REGLAMENTO (UE) N° …/… DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento de la OCM única)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 42, párrafo primero, y su artículo 43, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea[2],

Previa transmisión de la propuesta a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[3],

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario[4],

Considerando lo siguiente:

1. El Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM)[5] se ha modificado varias veces. Como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, son necesarias nuevas modificaciones para adaptar las competencias otorgadas al Parlamento Europeo y al Consejo, y, en particular, las conferidas a la Comisión, a lo dispuesto en los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (el «Tratado»). Habida cuenta de la amplitud de esas modificaciones, procede derogar el Reglamento (CE) nº 1234/2007 y sustituirlo por un nuevo Reglamento de la OCM única. Con vistas a la simplificación técnica, conviene incorporar al presente Reglamento el Reglamento (CEE) nº 922/72 del Consejo, de 2 de mayo de 1972, por el que se fijan las normas generales para la concesión de ayudas para la campaña de cría 1972/73 de gusanos de seda[6], que debe, pues, ser derogado también.

2. En virtud del artículo 43, apartado 3, del Tratado, el Consejo adoptará medidas relativas a la fijación de los precios, las exacciones, las ayudas y las limitaciones cuantitativas. En aras de la claridad, conviene que, cuando se aplique el artículo 43, apartado 3, del Tratado, el presente Reglamento mencione explícitamente que el Consejo adoptará las medidas basándose en dicho artículo.

3. El presente Reglamento debe poseer todos los elementos básicos de la OCM única. La fijación de los precios, las exacciones, las ayudas y las limitaciones cuantitativas está, en algunos casos, inextricablemente vinculada a esos elementos básicos.

4. Es conveniente conferir competencias a la Comisión para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 290 del Tratado con el fin de completar o modificar determinados elementos no esenciales del presente Reglamento. Procede determinar los elementos respecto de los que pueden ejercerse esas competencias, así como las condiciones a las que ha de quedar supeditada esa delegación.

5. Conviene reservar los procedimientos de urgencia para situaciones excepcionales en que debe reaccionarse con eficiencia y eficacia ante la amenaza de que se produzcan perturbaciones en los mercados o cuando tales perturbaciones se estén produciendo. Procede justificar la elección de un procedimiento de urgencia y especificar las situaciones en que debe utilizarse.

6. De conformidad con el artículo 291 del Tratado, corresponde a los Estados miembros la aplicación de la organización común de mercados agrícolas (en adelante, la OCM) creada en el presente Reglamento. Para garantizar una aplicación uniforme de la OCM en los Estados miembros y evitar la competencia desleal o la discriminación entre agentes económicos, la Comisión debe poder adoptar actos de ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 291, apartado 2, del Tratado. Procede, por tanto, otorgar competencias de ejecución a la Comisión al amparo de esa disposición, en particular con respecto a las condiciones uniformes de ejecución de las medidas de intervención en los mercados, así como a las condiciones uniformes de aplicación de los regímenes de ayuda y de aplicación de las normas de comercialización y producción y de las normas sobre intercambios comerciales con terceros países. Procede, asimismo, que las Comisión defina las características mínimas de los controles que deben aplicar los Estados miembros.

7. Además, para garantizar la eficacia de los regímenes establecidos por la OCM única, conviene otorgar a la Comisión las competencias necesarias para la aplicación de medidas de gestión de los mercados y de ejecución de tareas diarias de gestión. Asimismo, para lograr el buen funcionamiento de la OCM única, procede otorgarle también competencias para regular determinados asuntos de carácter técnico y para adoptar normas sobre notificaciones, información y elaboración de informes, así como sobre procedimientos y criterios técnicos relacionados con los productos y los agentes comerciales que pueden optar a las ayudas de mercado. Además, con el fin de que la OCM funcione correctamente, la Comisión debe determinar también, entre otras cosas, las fechas, los plazos, los hechos generadores de los tipos de cambio, los periodos representativos y los tipos de interés y, en lo tocante a los regímenes de ayuda, debe facultarse a la Comisión para fijar ayudas, así como para adoptar normas sobre gestión, seguimiento y evaluación de programas, y sobre la divulgación de las ayudas abonadas, y normas relativas a la ejecución de planes de regímenes sociales. Asimismo, conviene facultar a la Comisión para que establezca los procedimientos aplicables al pago de ayudas y anticipos.

8. Por otro lado, con el fin de alcanzar los objetivos de la OCM única y de cumplir sus principios, procede otorgar a la Comisión competencias para la adopción de normas sobre la gestión de los regímenes encaminados a limitar la producción de leche, azúcar y vino, así como sobre inspecciones y controles, y concederle asimismo competencias para fijar la cuantía de las fianzas, establecer las normas y los procedimientos para la recuperación de los pagos indebidos y adoptar las normas aplicables a los contratos vinculados a las ayudas de mercado.

9. En relación con el sector vitivinícola, conviene conferir también a la Comisión competencias para garantizar que las solicitudes de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales cumplen las condiciones establecidas en el presente Reglamento a fin de lograr una aplicación uniforme en toda la Unión. Con respecto a la presentación y etiquetado de los productos de dicho sector, procede otorgar a la Comisión competencias para la adopción de cuantas normas sean necesarias en materia de procedimientos, notificaciones y criterios técnicos.

10. Con el fin de garantizar la consecución de los objetivos del marco legislativo que se establece en el presente Reglamento, conviene que la Comisión cuente también con competencias permanentes de control respecto de determinadas actividades de las organizaciones de productores, agrupaciones de productores, organizaciones interprofesionales y organizaciones profesionales. Además, para conservar la estructura establecida por la OCM única y sus parámetros fundamentales, procede conferir a la Comisión competencias para la adopción de cuantas disposiciones precise la aplicación de las medidas excepcionales de mercado y de gestión destinadas a solventar los problemas urgentes e imprevistos que se produzcan en uno o varios Estados miembros.

11. Salvo indicación explícita en contrario, la Comisión debe adoptar dichos actos de ejecución de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº XX/XXXX del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a [ título del Reglamento ].

12. En lo tocante a determinadas medidas del presente Reglamento que requieren una actuación rápida o que consisten en la mera aplicación de disposiciones generales a situaciones específicas y no implican ninguna discrecionalidad, es conveniente que la Comisión esté facultada para adoptar actos de ejecución sin la asistencia del Comité.

13. Procede facultar también a la Comisión para que realice determinadas tareas administrativas o de gestión que no suponen la adopción de actos delegados o de ejecución.

14. La sustitución por un nuevo Reglamento de la OCM única no debe inducir a poner en tela de juicio las decisiones políticas que se hayan adoptado a lo largo de los años con respecto a la Política Agrícola Común (en lo sucesivo, la PAC). El objetivo fundamental del presente Reglamento debe ser, pues, la adaptación al Tratado de las competencias otorgadas a la Comisión. Por consiguiente, no debe derogar ni modificar las disposiciones vigentes cuya justificación siga siendo válida, salvo que resulten anticuadas, ni tampoco debe establecer nuevas normas o medidas. Se excluyen de este planteamiento la distribución de alimentos a las personas más necesitadas de la Unión y las ayudas concedidas en virtud del Monopolio Alemán del Alcohol. Por su parte, las disposiciones relativas a las normas de comercialización son un reflejo de las propuestas efectuadas en el marco de una revisión global de la política de calidad.

15. Procede fijar las campañas de comercialización para los sectores de los cereales, el arroz, el azúcar, los forrajes desecados, las semillas, el aceite de oliva y las aceitunas de mesa, el lino y el cáñamo, los plátanos, la leche y los productos lácteos y los gusanos de seda, adaptándolas principalmente a los ciclos biológicos de producción de cada unos de esos productos.

16. Con el fin de estabilizar los mercados y garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, se ha creado un sistema diferenciado de sostenimiento de los precios para los distintos sectores, paralelamente a la implantación de regímenes de ayuda directa, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de estos sectores, por un lado, y la interdependencia de los diferentes sectores, por otro. Estas medidas revisten la forma de una intervención pública o, en su caso, del pago de ayudas para el almacenamiento privado de productos de los sectores de los cereales, el arroz, el azúcar, el aceite de oliva y las aceitunas de mesa, la carne de vacuno, la leche y los productos lácteos, la carne de porcino, y la carne de ovino y caprino. Habida cuenta de los objetivos de las sucesivas modificaciones del Reglamento (CE) nº 1234/2007, en particular las introducidas en el Reglamento (CE) nº 72/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se adapta la política agrícola común mediante la modificación de los Reglamentos (CE) nº 247/2006, (CE) nº 320/2006, (CE) nº 1405/2006, (CE) nº 1234/2007, (CE) nº 3/2008 y (CE) nº 479/2008 y la derogación de los Reglamentos (CEE) nº 1883/78, (CEE) nº 1254/89, (CEE) nº 2247/89, (CEE) nº 2055/93, (CE) nº 1868/94, (CE) nº 2596/97, (CE) nº 1182/2005 y (CE) nº 315/2007[7], y sobre la base de la justificación que se ofrece en ellas, es necesario, pues, mantener medidas de sostenimiento de los precios cuando ello esté previsto en los instrumentos creados en el pasado, sin efectuar modificaciones importantes en comparación con la situación jurídica anterior.

17. Por claridad y transparencia, las disposiciones que regulen estas medidas deben supeditarse a una estructura común, al tiempo que se mantiene la política perseguida en cada sector. Con ese fin, conviene establecer una diferencia entre precios de referencia y precios de intervención.

18. Las OCM de los sectores de los cereales, la carne de vacuno, y la leche y los productos lácteos, cuentan con disposiciones según las cuales el Consejo, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 37, apartado 2, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, estaba facultado para modificar el nivel de los precios. Teniendo en cuenta la sensibilidad de los sistemas de precios, conviene precisar claramente que, en virtud del artículo 43, apartado 2, del Tratado, es posible modificar el nivel de los precios de todos los sectores regulados por el presente Reglamento.

19. Deben fijarse precios de referencia para calidades tipo de azúcar blanco y de azúcar en bruto. Es conveniente que las calidades tipo correspondan a calidades medias representativas del azúcar producido en la Unión y resulta indicado definirlas con los criterios utilizados en los intercambios comerciales de azúcar. Conviene prever también la posibilidad de revisar estas calidades tipo en función de las exigencias comerciales y de la evolución de las técnicas de análisis.

20. Con objeto de disponer de información fidedigna sobre los precios del azúcar en el mercado de la Unión, el presente Reglamento debe establecer un sistema de comunicación de precios con arreglo al cual puedan determinarse los precios de mercado del azúcar blanco.

21. De acuerdo con las modificaciones introducidas por el Reglamento (CE) nº 72/2009, el sistema de intervención de los cereales, el arroz, la mantequilla y la leche desnatada en polvo está abierto en determinados periodos del año. Con respecto al sector de la carne de vacuno, conviene que la apertura y el cierre de la intervención pública dependan de los niveles que alcancen los precios de mercado durante un cierto período.

22. El precio al que deben realizarse las compras en régimen de intervención pública se redujo en el pasado en las OCM de los sectores de los cereales, el arroz y la carne de vacuno y se fijó paralelamente a la implantación de los regímenes de ayuda directa en esos sectores. Existe, por lo tanto, un estrecho vínculo entre la ayuda concedida en virtud de estos regímenes, por un lado, y los precios de intervención, por otro. En el sector de la leche y de los productos lácteos dicho precio se fijó para promover el consumo de los productos de ese sector y mejorar su competitividad. Esas decisiones normativas siguen siendo válidas.

23. El presente Reglamento debe prever la posibilidad de dar salida al mercado a los productos comprados en régimen de intervención pública. Conviene para ello adoptar medidas de modo que se eviten las perturbaciones en el mercado y se garanticen la igualdad de acceso a las mercancías y la igualdad de trato de los compradores.

24. Estabilizar los mercados y asegurar al consumidor suministros a precios razonables son dos de los objetivos de la PAC, definidos en el artículo 39, apartado 1, del Tratado. Año tras año, el programa de distribución de alimentos ha contribuido a la consecución de ambos objetivos. Conviene que dicho programa siga garantizando los objetivos de la PAC y ayude a alcanzar los objetivos de la cohesión. Sin embargo, las reformas sucesivas de la PAC han reducido progresivamente las existencias de intervención, así como la gama de productos disponibles. Por lo tanto, las compras en el mercado también deben convertirse en una fuente permanente de suministro del programa.

25. Con el fin de garantizar una buena gestión presupuestaria y aprovechar al máximo la dimensión cohesionadora del programa de la Unión, conviene fijar un límite máximo para la ayuda facilitada por la Unión y disponer que los Estados miembros cofinancien el programa de distribución de alimentos. Por otro lado, la experiencia ha demostrado que el programa requiere una perspectiva a más largo plazo. La Comisión debe, pues, establecer planes trienales para la aplicación del programa y los Estados miembros deben preparar programas nacionales de distribución de alimentos, estableciendo sus objetivos y prioridades para el programa, sin olvidar los aspectos nutricionales. Además, los Estados miembros deben llevar a cabo los controles físicos y administrativos adecuados y prever la aplicación de sanciones en el caso de irregularidades, a fin de garantizar que el plan trienal se ejecuta de conformidad con las normas aplicables.

26. Para garantizar que el programa destinado a las personas más necesitadas funciona de modo transparente, coherente y eficaz, conviene que la Comisión adopte los procedimientos relativos a la adopción y revisión de los planes trienales y proceda a la adopción y, en su caso, revisión de dichos planes. Ello debe abarcar tanto los planes como, en su caso, las revisiones. Asimismo, la Comisión debe adoptar disposiciones sobre los elementos adicionales que vayan a incluirse en los planes trienales, las normas relativas al suministro de los productos, los procedimientos y plazos aplicables a las retiradas de productos de la intervención, en particular, las transferencias entre Estados miembros, y disposiciones relativas a la presentación de los programas de distribución de alimentos y los informes anuales de ejecución. Además, para garantizar que los Estados miembros aplican los planes trienales de manera uniforme, la Comisión debe adoptar los procedimientos relativos al reembolso de los costes de las organizaciones caritativas que los Estados miembros consideren admisibles, entre ellos los plazos y límites máximos financieros, las normas de participación en las licitaciones y las condiciones aplicables a los alimentos y a su suministro. Por otro lado, deben adoptarse disposiciones que establezcan las obligaciones de los Estados miembros en lo tocante a los controles, procedimientos y plazos de pago, las reducciones por incumplimiento, las disposiciones contables y las tareas de los organismos nacionales de intervención, en particular en el caso de transferencias entre Estados miembros.

27. Con el fin de contribuir al equilibrio del mercado de la leche y a la estabilización de los precios de mercado, el presente Reglamento prevé la concesión de ayuda para el almacenamiento privado de determinados productos derivados de la mantequilla. Además, procede facultar a la Comisión para decidir la concesión de ayudas para el almacenamiento privado de azúcar blanco, determinados tipos de aceite de oliva, determinados productos de carne de vacuno, carne de porcino y carne de ovino y caprino.

28. Los modelos de la Unión de clasificación de las canales en los sectores de la carne de vacuno, la carne de porcino y la carne de ovino y caprino son fundamentales para el registro de los precios y la aplicación de las disposiciones de intervención en dichos sectores. Además, con ellos se persigue mejorar la transparencia de los mercados.

29. Las restricciones a la libre circulación derivadas de la aplicación de medidas destinadas a combatir la propagación de enfermedades de animales pueden originar dificultades en el mercado de determinados productos de uno o varios Estados miembros. La experiencia demuestra que las perturbaciones graves del mercado, como un descenso acusado del consumo o de los precios, pueden atribuirse a la pérdida de confianza de los consumidores debido a la existencia de riesgos para la salud pública o la sanidad animal.

30. Conviene que las medidas excepcionales de sostenimiento de los mercados en los sectores de la carne de vacuno, la leche y los productos lácteos, la carne de porcino, la carne de ovino y caprino, los huevos y las aves de corral estén relacionadas directamente con las medidas sanitarias y veterinarias que se hayan tomado para combatir la propagación de enfermedades o sean el resultado de ellas. Las medidas deben tomarse a petición de los Estados miembros para evitar perturbaciones graves en los mercados de que se trate.

31. Debe preverse la posibilidad de que la Comisión adopte medidas especiales de intervención cuando ello sea necesario para responder con eficiencia y eficacia a las amenazas de perturbaciones de los mercados en el sector de los cereales, así como para evitar que se recurra masivamente, en el sector del arroz, al régimen de intervención pública en determinadas regiones de la Unión o para suplir la escasez de arroz con cáscara que pueda derivarse de catástrofes naturales.

32. Procede fijar un precio mínimo para la remolacha sujeta a cuotas de la calidad tipo, la cual ha de determinarse, para garantizar a los productores de remolacha azucarera y caña de azúcar de la Unión un nivel de vida equitativo.

33. En aras del equilibrio de los derechos y obligaciones de las empresas azucareras y de los productores de remolacha azucarera, procede establecer instrumentos específicos y, en especial, las disposiciones marco que regulen los acuerdos interprofesionales.

34. La diversidad de las situaciones naturales, económicas y técnicas que existen en la Unión dificulta el establecimiento de condiciones uniformes de compra de remolacha azucarera. Existen ya acuerdos interprofesionales entre asociaciones de productores de remolacha azucarera y empresas azucareras, por lo que las disposiciones marco sólo deben determinar las garantías mínimas que necesitan tanto los productores de remolacha azucarera como la industria azucarera para que el mercado del azúcar funcione adecuadamente, junto con la posibilidad de no aplicar algunas normas en el contexto de los acuerdos interprofesionales.

35. El presente Reglamento debe establecer el gravamen de producción previsto en el sector del azúcar para contribuir a financiar los gastos que se produzcan.

36. Para preservar el equilibrio estructural de los mercados del azúcar en un nivel de precios cercano al precio de referencia, debe preverse la posibilidad de retirar azúcar del mercado durante el tiempo que sea necesario para que el mercado vuelva a una situación de equilibrio.

37. Con respecto a las plantas vivas, la carne de vacuno, la carne de porcino, la carne de ovino y caprino, los huevos y las aves de corral, debe preverse la posibilidad de adoptar determinadas medidas para facilitar el ajuste de la oferta a las necesidades del mercado. Esas medidas pueden contribuir a estabilizar los mercados y garantizar un nivel de vida equitativo a los agricultores de que se trate.

38. La limitación cuantitativa de la producción en el sector del azúcar ha sido un instrumento fundamental de regulación del mercado. Los motivos que llevaron en su día a la Comisión a adoptar sistemas de cuotas de producción en este sector siguen siendo válidos.

39. El régimen de cuotas de azúcar del presente Reglamento debe mantener el rango jurídico de las cuotas ya que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el sistema de cuotas constituye un mecanismo de regulación del mercado en el sector del azúcar con el que se pretende garantizar la consecución de objetivos de interés público.

40. El presente Reglamento debe prever la posibilidad de realizar un ajuste de las cuotas de azúcar que refleje las decisiones de los Estados miembros sobre la reasignación de las cuotas nacionales.

41. Teniendo presente la necesidad de permitir una cierta flexibilidad a escala nacional en cuanto al ajuste estructural de la industria de transformación y de la producción de remolacha y de caña durante el período de aplicación de las cuotas, conviene permitir que los Estados miembros modifiquen las cuotas de las empresas dentro de ciertos límites, aunque sin restringir el funcionamiento del instrumento que constituye el fondo de reestructuración.

42. Es conveniente facultar a la Comisión, según determinados criterios, para que decida el excedente de azúcar, isoglucosa o jarabe de inulina que debe tratarse como producción de las cuotas de la campaña de comercialización siguiente con el fin de que el excedente de azúcar no altere el mercado de este producto. Además, si algunas cantidades no cumplen las condiciones aplicables, debe fijarse también una tasa sobre los excedentes para prevenir la acumulación de cantidades de ese tipo, pues ello sería perjudicial para el equilibrio del mercado.

43. Procede mantener, hasta su expiración en 2015, el régimen de cuotas lácteas, que conlleva la percepción de una tasa por las cantidades de leche recogidas o vendidas para el consumo directo cuando sobrepasen un umbral de garantía.

44. Se debe mantener la distinción entre entregas y ventas directas y aplicar el régimen sobre la base del contenido representativo individual de materia grasa y una cantidad nacional de referencia. Procede autorizar a los agricultores, en determinadas condiciones, a efectuar transferencias temporales de sus cuotas individuales. Además, si bien debe mantenerse el principio de que la cantidad de referencia correspondiente a una explotación dada se transfiere con la tierra al comprador, arrendatario o heredero en caso de venta, arrendamiento o transmisión por herencia de la explotación, es conveniente prever excepciones al principio de que las cuotas están vinculadas a la explotación, a fin de proseguir la reestructuración de la producción lechera y de mejorar el medio ambiente. Siguiendo los distintos tipos de transferencias de las cuotas y en función de criterios objetivos, procede establecer disposiciones que autoricen a los Estados miembros a deducir en provecho de la reserva nacional una parte de las cantidades transferidas.

45. Conviene que la tasa por excedentes de leche y productos lácteos se fije a un nivel que resulte disuasorio y sea pagadera por los Estados miembros en cuanto se supere la cuota nacional. Posteriormente, el Estado miembro debe repartirla entre los productores que hayan contribuido al rebasamiento. Estos últimos deben ser deudores respecto del Estado miembro del pago de su contribución a la tasa por el mero hecho de haber rebasado la cantidad de la que disponían. Conviene que los Estados miembros cedan al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) la tasa correspondiente al rebasamiento de la cuota nacional, reducida en un importe a tanto alzado del 1 % con el fin de tener en cuenta los casos de quiebra o de incapacidad definitiva de determinados productores para contribuir al pago de la tasa debida.

46. La finalidad principal del régimen de cuotas lácteas, es decir, reducir el desequilibrio entre la oferta y la demanda en los respectivos mercados y los consiguientes excedentes estructurales, logrando así un mayor equilibrio del mercado, ha dado lugar a un debilitamiento de la orientación de mercado al haber distorsionado la respuesta de los agricultores a las señales de los precios e impedido mejorar la eficiencia en el sector ralentizando la reestructuración. Se ha fijado la eliminación progresiva de las cuotas lácteas mediante aumentos anuales del 1 % por campaña de comercialización desde 2009/10 a 2013/14. En el contexto de la reestructuración del sector, procede que los Estados miembros puedan conceder, hasta el 31 de marzo de 2014, una ayuda nacional complementaria dentro de ciertos límites. Los aumentos de cuota incorporados en el Reglamento (CE) nº 1234/2007, que ha sido modificado por el Reglamento (CE) nº 248/2008 del Consejo[8], y el incremento anual del 1 %, junto con las demás modificaciones que reducen la posibilidad de tener que imponer la tasa por excedentes, suponen que, en función de las pautas de producción actuales, únicamente Italia correría el riesgo de tener que imponer esa tasa en caso de aplicarse los incrementos anuales del 1 % en el periodo comprendido entre 2009/10 y 2013/14. Para evitar ese riesgo, habida cuenta de las pautas de producción actuales en todos los Estados miembros, se ha anticipado el aumento de la cuota en el caso de Italia.

47. El Reglamento (CE) nº 1234/2007 establece diferentes tipos de regímenes de ayuda. El correspondiente a los forrajes desecados y al lino y el cáñamo contempla ayudas a la transformación para regular el mercado interior de estos sectores. De resultas de las modificaciones efectuadas mediante el Reglamento (CE) nº 72/2009 y de conformidad con el Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1290/2005, (CE) nº 247/2006, (CE) nº 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) nº 1782/2003[9], se seguirán concediendo ayudas hasta el 1 de abril de 2012 en el caso de los forrajes desecados y hasta la campaña de comercialización 2011/12 en el de las fibras largas de lino, las fibras cortas de lino y las fibras de cáñamo. Por su parte, el régimen de cuotas para la fécula de patata establecido en el Reglamento (CE) nº 1234/2007, modificado por el Reglamento (CE) nº 72/2009, y el precio mínimo correspondiente son aplicables solo hasta el fin de la campaña de comercialización 2011/12.

48. Para contribuir a equilibrar el mercado de la leche y estabilizar los precios de mercado de la leche y de los productos lácteos, se necesitan medidas que aumenten las posibilidades de salida al mercado de los productos lácteos. Conviene que el presente Reglamento disponga la concesión de ayudas a la comercialización de determinados productos lácteos para usos y destinos específicos. Además, con el fin de estimular el consumo de leche por la juventud, procede que prevea la posibilidad de que la Unión sufrague una parte de los gastos que acarrea la concesión de ayudas para el suministro de leche a los alumnos de los establecimientos escolares.

49. Debe preverse la posibilidad de conceder una restitución por producción cuando la fabricación de determinados productos industriales, químicos o farmacéuticos haga necesario adoptar medidas que permitan disponer de determinados productos derivados del azúcar.

50. De conformidad con el Reglamento (CE) nº 73/2009, el pago por superficie de lúpulo se disoció a partir del 1 de enero de 2010. Para que las organizaciones de productores de lúpulo sigan realizando sus actividades como antes, procede establecer una disposición específica para que en el Estado miembro afectado se utilicen importes equivalentes para las mismas actividades.

51. Con el fin de incentivar a las organizaciones profesionales reconocidas para que elaboren programas de actividades encaminados a mejorar la calidad de la producción de aceite de oliva y aceitunas de mesa, se requiere una financiación de la Unión que corresponda al porcentaje de ayuda directa que los Estados miembros están autorizados a retener en virtud del Reglamento (CE) nº 73/2009. En ese contexto, procede establecer en el presente Reglamento una ayuda de la Unión que se asignará según las prioridades de las actividades emprendidas en virtud de esos programas

52. El presente Reglamento establece la diferencia entre, por un lado, frutas y hortalizas, que comprenden las frutas y hortalizas destinadas a la comercialización y las destinadas a la transformación, y, por otro, frutas y hortalizas transformadas. Las disposiciones relativas a las organizaciones de productores, los programas operativos y las ayudas financieras de la Unión se aplican únicamente a las frutas y hortalizas y a las frutas y hortalizas destinadas exclusivamente a la transformación.

53. Las organizaciones de productores son los agentes básicos del régimen aplicable al sector de las frutas y hortalizas. Frente a una demanda cada vez más concentrada, el reagrupamiento de la oferta en estas organizaciones constituye más que nunca una necesidad económica para reforzar la posición de los productores en el mercado. Este reagrupamiento debe tener un carácter voluntario y demostrar su utilidad gracias a la amplitud y eficacia de los servicios que puede prestar una organización de productores a sus miembros. Dado que las organizaciones de productores actúan exclusivamente en interés de sus miembros, debe considerarse que en las cuestiones económicas actúan por cuenta y en nombre de estos.

54. La producción de frutas y hortalizas es imprevisible y los productos son perecederos. Incluso unos excedentes limitados pueden perturbar considerablemente el mercado. Procede, pues, implantar medidas para la gestión de crisis. Con el fin de aumentar el atractivo de las organizaciones de productores, conviene que esas medidas se integren en los programas operativos.

55. La producción y comercialización de las frutas y hortalizas debe tener plenamente en cuenta las cuestiones medioambientales, tanto en lo que se refiere a los sistemas de cultivo como a la gestión de los materiales usados y a la eliminación de los productos retirados del mercado, especialmente en lo que respecta a la protección de la calidad de las aguas, el mantenimiento de la biodiversidad y la conservación del entorno rural.

56. Las agrupaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas de los Estados miembros que se hayan adherido a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 o con posterioridad a esa fecha, de determinadas regiones periféricas de la Unión o de las islas menores del Mar Egeo y que deseen adquirir el rango de organizaciones de productores con arreglo al presente Reglamento deben poder disfrutar de un período transitorio, durante el cual podrá concederse una ayuda financiera nacional y de la Unión siempre que esas agrupaciones de productores asuman determinados compromisos.

57. Con el fin de responsabilizar a las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas, en particular en lo que se refiere a sus decisiones financieras, y de orientar hacia perspectivas de futuro los recursos públicos que se les concedan, conviene establecer las condiciones en las que se podrán utilizar esos recursos. La cofinanciación de fondos operativos establecidos por las organizaciones de productores parece una solución apropiada. Además, en casos particulares conviene ampliar el ámbito de aplicación de la financiación. Los fondos operativos deben utilizarse únicamente para financiar los programas operativos del sector de las frutas y hortalizas. Para controlar los gastos de la Unión, la ayuda concedida a las organizaciones de productores que constituyan fondos operativos debe contar con un límite máximo.

58. En las regiones con poca organización de la producción en el sector de las frutas y hortalizas, conviene permitir la concesión de contribuciones financieras complementarias de carácter nacional. En el caso de los Estados miembros que presenten desventajas importantes de tipo estructural, conviene que la Unión se haga cargo del reintegro de esas contribuciones.

59. Con el fin de simplificar y reducir el coste del régimen, procede equiparar, en la medida de lo posible, los procedimientos y las disposiciones que se apliquen para determinar la subvencionabilidad del gasto derivado de los fondos operativos a los de los programas de desarrollo rural, exigiendo a los Estados miembros que establezcan una estrategia nacional para los programas operativos.

60. Es conveniente abordar el bajo consumo de frutas y hortalizas entre los niños aumentando de forma permanente en sus dietas la parte correspondiente a aquellas durante la etapa de formación de sus hábitos alimentarios. Procede, pues, establecer una ayuda de la Unión para cofinanciar tanto la distribución a los niños de centros educativos de productos de los sectores de las frutas y hortalizas, las frutas y hortalizas transformadas y los plátanos, como determinados costes relacionados con la logística y la distribución, el material, la publicidad, el seguimiento y la evaluación. Para lograr una aplicación ordenada, procede que los Estados miembros que deseen acogerse al plan de consumo de fruta en las escuelas elaboren previamente una estrategia, uno de cuyos elementos ha de ser la lista de productos admisibles, seleccionados de acuerdo con criterios objetivos como la estacionalidad, la disponibilidad o consideraciones medioambientales.

61. Para garantizar una buena gestión presupuestaria del plan de consumo de fruta en las escuelas, procede establecer un límite fijo de ayuda de la Unión y porcentajes máximos de cofinanciación. La ayuda de la Unión no debe sustituir a la financiación de los planes nacionales de consumo de fruta en las escuelas existentes. No obstante, habida cuenta de las limitaciones presupuestarias, los Estados miembros deben poder sustituir su contribución financiera al plan de consumo de fruta en las escuelas por contribuciones del sector privado. Para que el plan surta efecto, procede que los Estado miembros adopten medidas complementarias que les autoricen a conceder ayudas nacionales.

62. Es fundamental establecer medidas de apoyo en el sector vitivinícola que refuercen las estructuras competitivas. Esas medidas las debe financiar y determinar la Unión, dejando que sean los Estados miembros quienes seleccionen el conjunto de medidas que se adecuen a las necesidades de sus organismos regionales, habida cuenta, en caso necesario, de sus especificidades, y las integren en programas nacionales de apoyo. La aplicación de los programas debe incumbir a los Estados miembros.

63. Una medida fundamental que pueda acogerse a los programas nacionales de apoyo debe ser la promoción y comercialización de los vinos comunitarios en terceros países. Se deben mantener las actividades de reestructuración y reconversión, vistos sus positivos efectos estructurales en el sector vitivinícola. Deben apoyarse asimismo las inversiones en el sector vitivinícola encaminadas a mejorar el rendimiento económico de las propias empresas y los Estados miembros también deben poder apoyar la destilación de los subproductos cuando dichos Estados quieran servirse de este instrumento para garantizar la calidad del vino al tiempo que preservan el medio ambiente.

64. Conviene que instrumentos preventivos como los seguros de las cosechas, las mutualidades y fondos de inversión, y las cosechas en verde puedan acogerse a los programas de apoyo al sector vitivinícola con el fin de fomentar un planteamiento responsable para las situaciones de crisis.

65. Los Estados miembros podrían preferir, por distintos motivos, conceder una ayuda disociada con arreglo al régimen de pago único a los agricultores. Por consiguiente, debe dejarse abierta esta posibilidad a los Estados miembros y, debido a las particularidades del régimen de pago único, cualesquiera de tales transferencias deben ser irreversibles y reducir en consecuencia el presupuesto destinado a los programas nacionales de apoyo al sector vitivinícola en los años posteriores.

66. El sector vitivinícola debe recibir asimismo el respaldo de las medidas estructurales que se establecen en el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)[10]. Con el fin de aumentar los medios financieros disponibles al amparo del Reglamento (CE) nº 1698/2005, es preciso transferir gradualmente fondos al presupuesto de ese Reglamento cuando los importes correspondientes sean de suficiente importancia.

67. Con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado de los vinos, los Estados miembros deben poder aplicar las decisiones adoptadas por las organizaciones interprofesionales. No obstante, las prácticas que puedan falsear la competencia deben quedar excluidas del ámbito de aplicación de esas decisiones.

68. Se ha producido un empeoramiento de la producción excedentaria de vino en la Unión debido a las vulneraciones de la prohibición transitoria de efectuar nuevas plantaciones. Es preciso solucionar el problema que plantea la existencia en la Unión de un número importante de plantaciones ilegales que constituyen una fuente de competencia desleal y agravan los problemas del sector vitivinícola.

69. La prohibición transitoria de efectuar nuevas plantaciones ha producido algunos efectos sobre el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado vitivinícola, si bien al mismo tiempo ha supuesto un nuevo obstáculo para los productores competitivos que desean responder con flexibilidad al aumento de la demanda. Dado que no se ha alcanzado aún un equilibrio en el mercado y que las medidas complementarias, como el régimen de arranque, necesitan tiempo para surtir efecto, es oportuno mantener la prohibición de realizar nuevas plantaciones hasta el 31 de diciembre de 2015, momento en el que, no obstante, se debe levantar definitivamente para permitir a los productores competitivos responder libremente a las condiciones de mercado. No obstante, debe darse a los Estados miembros la posibilidad de prorrogar la prohibición para sus territorios hasta el 31 de diciembre de 2018 si consideran que es necesario.

70. Con el fin de mejorar la gestión del potencial vitícola y fomentar el uso eficaz de los derechos de plantación, y de este modo reducir aún más el efecto de la restricción transitoria de efectuar plantaciones, conviene mantener cierta flexibilidad como la que ofrece el sistema de reservas nacionales o regionales.

71. El correcto funcionamiento del mercado único se vería comprometido por la concesión de ayudas nacionales. Las disposiciones del Tratado que regulan las ayudas estatales deben aplicarse, en principio, a los productos del sector vitivinícola incluidos en la OCM del mercado vitivinícola. No obstante, las disposiciones sobre las primas por arranque y determinadas medidas de los programas de apoyo no deben ser obstáculo en sí para la concesión de ayudas nacionales con el mismo objetivo.

72. Con el fin de disponer la incorporación del sector vitivinícola en el régimen de pago único, es conveniente que todas las zonas vitivinícolas sometidas a un cultivo activo puedan optar al régimen de pago único establecido en el Reglamento (CE) nº 1782/2003.

73. La apicultura es un sector de la agricultura que se caracteriza por la diversidad de condiciones de producción y rendimientos, así como por la dispersión y heterogeneidad de los agentes económicos, tanto en lo que respecta a la producción como a la comercialización. Además, habida cuenta de la propagación de la varroasis durante los últimos años en varios Estados miembros y de los problemas que esta enfermedad ocasiona para la producción de miel, sigue siendo necesario que la Unión adopte medidas por ser esta una enfermedad que no puede erradicarse completamente y que requiere un tratamiento con productos autorizados. En estas circunstancias y con el fin de mejorar la producción y la comercialización de los productos de la apicultura en la Unión, procede elaborar programas nacionales trienales que incluyan medidas de asistencia técnica, lucha contra la varroasis, racionalización de la trashumancia, gestión de la repoblación de la cabaña apícola de la Unión y cooperación en programas de investigación sobre la apicultura y sus productos con el fin de mejorar las condiciones generales para la producción y comercialización de los productos de este sector. Conviene, pues, que la Unión cofinancie los programas nacionales.

74. La ayuda de la Unión para la cría de gusanos de seda debe concederse por cada caja de huevos de gusanos de seda utilizada.

75. La aplicación de normas para la comercialización de los productos agrícolas puede contribuir a mejorar las condiciones económicas de producción y comercialización de esos productos, así como su calidad. La aplicación de tales normas redunda, pues, en beneficio de los productores, comerciantes y consumidores.

76. Tras la Comunicación de la Comisión sobre la política de calidad de los productos agrícolas[11] y los debates que se han sucedido, parece conveniente mantener unas normas de comercialización por sectores o productos con el fin de tener en cuenta las expectativas de los consumidores y contribuir a mejorar tanto las condiciones económicas de producción y comercialización de los productos agrícolas como la calidad de estos.

77. Para garantizar que todos los productos son de calidad sana, cabal y comercial, y sin perjuicio de las disposiciones adoptadas en el sector alimentario y, en particular, la legislación alimentaria general prevista en el Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria[12], así como sus principios y requisitos, parece apropiado disponer de una norma básica de comercialización de alcance general, como la prevista en la Comunicación de la Comisión antes mencionada, para los productos a los que no se apliquen normas de comercialización por sectores o productos. Cuando tales productos se ajusten a una norma internacional aplicable, en su caso, debe considerarse que son conformes a la norma general de comercialización.

78. Para algunos sectores y/o productos, las definiciones, designaciones y/o denominaciones de venta son un elemento importante para la determinación de las condiciones de competencia. Así pues, procede establecer definiciones, designaciones y denominaciones de venta para esos sectores y/o productos, que deben utilizarse únicamente en la Unión para la comercialización de productos que cumplan los requisitos correspondientes.

79. El Reglamento (CE) nº 1234/2007 ha mantenido el planteamiento sectorial de las anteriores OCM con respecto a las normas de comercialización. Procede establecer disposiciones de carácter horizontal.

80. De conformidad con el Reglamento (CE) nº 1234/2007, hasta ahora se ha confiado a la Comisión el establecimiento de las normas de comercialización de diversos sectores. Habida cuenta de su especial carácter técnico, así como de la necesidad de mejorar continuamente la eficacia de estas normas y adaptarlas a unas prácticas comerciales en constante evolución, parece conveniente hacer extensivo este enfoque a todas las normas de comercialización, especificando los criterios que deben tenerse en cuenta al establecer las disposiciones pertinentes.

81. Para poder suministrar al mercado productos de calidad satisfactoria y normalizada es imprescindible aplicar normas de comercialización que tengan por objeto, en particular, las definiciones, la clasificación por categorías, la presentación y el etiquetado, el envasado, el método de producción, la conservación, el transporte, la información sobre los productores, el contenido de determinadas sustancias, los documentos administrativos, el almacenamiento, la certificación y los plazos.

82. En particular, habida cuenta de la conveniencia de que los consumidores reciban una información adecuada y transparente sobre los productos, se ha de poder ofrecer indicaciones apropiadas acerca del lugar de producción, de manera individualizada y al nivel geográfico apropiado, teniendo en cuenta las especificidades de algunos sectores, especialmente los de productos agrícolas transformados.

83. Al establecer normas de comercialización por sectores o productos, la Comisión debe tener en cuenta las expectativas de los consumidores, la especificidad de cada sector y las recomendaciones de organismos internacionales.

84. Además, para evitar prácticas abusivas con respecto a la calidad y autenticidad de los productos ofrecidos al consumidor, procede adoptar medidas especiales, cuando sea necesario, en concreto sobre métodos de análisis.

85. Para garantizar el cumplimiento de las normas de comercialización, procede disponer la realización de controles y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones correspondientes. Los Estados miembros deben ocuparse de la realización de esos controles.

86. Las normas de comercialización deben aplicarse, en principio, a todos los productos comercializados en la Unión.

87. Conviene establecer normas especiales aplicables a los productos importados de terceros países en virtud de las cuales las disposiciones especiales vigentes en determinados terceros países puedan justificar la inaplicación de las normas de comercialización, siempre que se garantice que tales disposiciones son equivalentes a la normativa de la Unión.

88. Con respecto a las grasas para untar, conviene que los Estados miembros puedan mantener o establecer determinadas normas nacionales sobre niveles de calidad.

89. Las disposiciones relativas al vino deben aplicarse teniendo en cuenta los acuerdos celebrados de conformidad con el artículo 218 del Tratado

90. Procede establecer normas de clasificación de las variedades de uva de vinificación conforme a las cuales los Estados miembros con una producción superior a 50 000 hectolitros anuales se seguirán ocupando de clasificar las variedades de uva de vinificación con las que se puede elaborar vino en sus territorios. Es conveniente excluir algunas de esas variedades.

91. Es conveniente señalar determinadas prácticas enológicas y restricciones asociadas a la producción de vino, como la mezcla o la utilización de algunos tipos de mosto de uva, zumo de uva y uvas frescas originarias de terceros países. Con el fin de cumplir las normas internacionales, en lo que se refiere a nuevas prácticas enológicas, conviene que la Comisión se base, como norma general, en las prácticas enológicas recomendadas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

92. Conviene permitir que, en el sector vitivinícola, los Estados miembros limiten o excluyan la utilización de determinadas prácticas enológicas y mantengan restricciones más estrictas respecto a los vinos producidos en su territorio y a la utilización experimental de prácticas enológicas no autorizadas en condiciones que habrán de establecerse.

93. El concepto de vino de calidad de la Unión se basa, entre otras cosas, en las características específicas atribuibles al origen geográfico del vino. Para que los consumidores puedan reconocer ese tipo de vino se recurre a las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas. Con el fin de dar cabida a un marco transparente y más elaborado que favorezca el reconocimiento de los productos de calidad, conviene establecer un régimen según el cual las solicitudes de denominación de origen o de indicación geográfica se examinen conforme al planteamiento que, de acuerdo con la política horizontal de la Unión aplicable en materia de calidad a los productos alimenticios distintos del vino y las bebidas espirituosas, se utiliza en el Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios[13].

94. Con el fin de preservar las características especiales de calidad de los vinos con denominación de origen o indicación geográfica, se debe permitir a los Estados miembros la aplicación de normas más estrictas sobre ese particular.

95. Para poder disfrutar de protección en la Unión, es preciso que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de los vinos se reconozcan y registren en la Unión. A fin de cerciorarse de que los respectivos nombres cumplen las condiciones establecidas en el presente Reglamento, conviene que las solicitudes sean examinadas por las autoridades nacionales del Estado miembro de que se trate, sin perjuicio de la observancia de unas disposiciones comunes mínimas, tales como un procedimiento nacional de oposición. Conviene que la Comisión supervise posteriormente las solicitudes para cerciorarse de que no hay errores manifiestos y de que se tienen en cuenta el Derecho de la Unión y los intereses de los participantes fuera del Estado miembro de solicitud.

96. La protección debe estar abierta a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de terceros países que estén protegidas en los países de origen.

97. El procedimiento de registro debe posibilitar a toda persona física o jurídica con intereses legítimos en un Estado miembro o un tercer país ejercer sus derechos mediante la notificación de sus objeciones.

98. Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas deben protegerse de los usos que supongan un aprovechamiento indebido de la fama que merecen los productos conformes. Con el fin de fomentar la competencia leal y no inducir a error a los consumidores, es preciso que esta protección englobe asimismo a productos y servicios que no se regulan mediante el presente Reglamento, ni se recogen en el anexo I del Tratado.

99. Hay una serie de términos que se utilizan tradicionalmente en la Unión y que transmiten a los consumidores una información sobre las peculiaridades y la calidad de los vinos complementaria de la que ofrecen las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. A fin de garantizar el funcionamiento del mercado interior y la competencia leal y para evitar que los consumidores sean inducidos a error, esos términos tradicionales deben poder gozar de protección en la Unión.

100. La descripción, designación y presentación de los productos del sector vitivinícola regulados por el presente Reglamento puede influir considerablemente en sus perspectivas de comercialización. Las diferencias existentes entre las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado de los productos de este sector pueden dificultar el buen funcionamiento del mercado interior. Es conveniente, pues, establecer normas que tengan en cuenta los intereses legítimos de los consumidores y los productores. Por tal motivo, conviene establecer normas de la Unión en materia de etiquetado.

101. Procede conceder una ayuda a la leche desnatada y la leche desnatada en polvo producida en la Unión y destinada a la alimentación animal, cuando se acumulen o puedan acumularse excedentes de productos lácteos que creen o puedan crear un grave desequilibrio en el mercado. Las normas relativas a la utilización de caseína y caseinatos en la fabricación de quesos están encaminadas a contrarrestar los efectos negativos que puedan derivarse de ese régimen de ayuda, habida cuenta de la vulnerabilidad de los quesos a las operaciones de sustitución con caseína y caseinatos, contribuyendo así a estabilizar el mercado.

102. El presente Reglamento hace referencia a diferentes tipos de organizaciones para lograr objetivos de actuación, en particular para estabilizar los mercados mediante una actuación conjunta y mejorar y asegurar la calidad de los productos. Las disposiciones pertinentes del Reglamento (CE) nº 1234/2007 se asientan en organizaciones reconocidas por los Estados miembros o, en determinadas condiciones, por la Comisión. Conviene mantener esas disposiciones.

103. Para potenciar aún más la actuación de las organizaciones de productores y de sus asociaciones en el sector de las frutas y hortalizas, así como para garantizar al mercado la estabilidad deseable, conviene permitir a los Estados miembros que, en determinadas condiciones, hagan extensivas a los productores no asociados de una región las normas aplicables, en particular en materia de producción, de comercialización y de protección del medio ambiente, adoptadas para sus miembros por la organización o asociación de la región considerada.

104. Es conveniente que, en el sector de las frutas y hortalizas en particular, pueda concederse un reconocimiento específico a las organizaciones que demuestren ser suficientemente representativas y lleven a cabo actuaciones prácticas con respecto a los objetivos del artículo 39 del Tratado. Teniendo en cuenta la semejanza de los objetivos que se persiguen, conviene que las disposiciones sobre la ampliación del ámbito de aplicación de las normas adoptadas por las organizaciones de productores y sus asociaciones, así como las relativas a la división de los costes derivados de esa ampliación, se apliquen asimismo a las organizaciones interprofesionales. Procede aplicar un planteamiento semejante a las organizaciones interprofesionales del sector del tabaco.

105. [Con el fin de garantizar el desarrollo racional de la producción y consolidar así un nivel de vida equitativo a los productores de leche, conviene fortalecer su poder de negociación con respecto a los transformadores y conseguir así una distribución más equitativa del valor añadido a lo largo de la cadena de suministro. Por lo tanto, para conseguir estos objetivos de la Política Agrícola Común, debe adoptarse una disposición de conformidad con el artículo 42 y el artículo 43, apartado 2, del Tratado para permitir que las organizaciones de productores constituidas por productores de leche o sus asociaciones negocien conjuntamente los términos del contrato, incluido el precio, para una parte o la totalidad de la producción de sus miembros con una central lechera. Para mantener la competencia efectiva en el mercado lácteo, esta posibilidad debe estar sujeta a límites cuantitativos apropiados. Por lo tanto, dichas organizaciones de productores también deben tener derecho al reconocimiento en virtud de la OCM.

106. En algunos sectores se han introducido normas a nivel de la UE para las organizaciones interprofesionales. Estas organizaciones pueden desempeñar funciones útiles al permitir el diálogo entre los participantes en la cadena de suministro y promover las mejores prácticas y la transparencia del mercado. Tales normas deben aplicarse igualmente en el sector de la leche y de los productos lácteos, junto con las disposiciones que aclaran la posición de dichas organizaciones en virtud del Derecho de competencia, al tiempo que garantizan que no distorsionan la competencia o el mercado interior ni afectan al buen funcionamiento de la organización común de mercado.]

107. En determinados sectores, excepto aquellos en los que la normativa actual contempla el reconocimiento de las organizaciones de productores y las organizaciones interprofesionales, puede que los Estados miembros deseen reconocer este tipo de organizaciones sobre la base de la normativa nacional, en la medida en que sea compatible con la normativa de la Unión.

108. Un mercado único supone un régimen de intercambios comerciales en las fronteras exteriores de la Unión. Ese régimen debe constar de derechos de importación y de restituciones por exportación y, en principio, debe servir para estabilizar el mercado de la Unión. Asimismo, debe basarse en los compromisos contraídos en las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay.

109. El seguimiento de los flujos comerciales es ante todo una cuestión de gestión que conviene abordar de manera flexible. Es conveniente que la decisión sobre el establecimiento de los requisitos que deben cumplir los certificados se tome teniendo presente la necesidad de contar con certificados para la gestión de los mercados considerados y, en particular, para el seguimiento de las importaciones de los productos en cuestión.

110. La mayor parte de los derechos de aduana aplicables a los productos agrícolas con arreglo a los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se fijan en el arancel aduanero común. No obstante, la introducción de mecanismos adicionales requiere que se establezca la posibilidad de adoptar excepciones con respecto a algunos productos de los sectores de los cereales y el arroz.

111. Para evitar o contrarrestar los efectos perjudiciales que puedan tener en el mercado de la Unión las importaciones de determinados productos agrícolas, la importación de tales productos debe estar sujeta al pago de un derecho adicional, si se cumplen determinadas condiciones.

112. Procede, en determinadas condiciones, abrir y gestionar los contingentes arancelarios de importación resultantes de acuerdos internacionales celebrados en virtud del Tratado o de otros actos.

113. Los derechos de importación aplicables a las mezclas tienen como objetivo garantizar el correcto funcionamiento del sistema de derechos de aduana en las importaciones de mezclas de cereales, arroz y partidos de arroz.

114. El presente Reglamento determina las necesidades tradicionales de suministro de azúcar para refinar por campaña de comercialización. Para garantizar el suministro de la industria de refinado de la Unión, los certificados de importación de azúcar para refinar deben reservarse para las refinerías a tiempo completo durante los tres primeros meses de cada campaña de comercialización, dentro de los límites fijados por las necesidades tradicionales de suministro.

115. Para que los cultivos ilícitos de cáñamo no perturben la organización común del mercado del cáñamo destinado a la producción de fibras, procede que el presente Reglamento disponga la realización de controles de las importaciones de cáñamo y de semillas de cáñamo con el fin de cerciorarse de que dichos productos ofrecen garantías en cuanto al contenido de tetrahidrocannabinol. Además, la importación de semillas de cáñamo no destinadas a la siembra debe seguir supeditada a un régimen de control que regule la autorización de los importadores.

116. El régimen de derechos de aduana permite renunciar a todas las demás medidas de protección en las fronteras exteriores de la Unión. Es posible que, en circunstancias excepcionales, el mecanismo del mercado interior y de los derechos de aduana resulte insuficiente. Para que el mercado de la Unión no se quede sin defensa frente a las perturbaciones que pueden producirse en esos casos, es preciso que la Unión pueda adoptar sin dilación cuantas medidas sean necesarias, las cuales habrán de respetar las obligaciones internacionales contraídas por ella.

117. Debe contemplarse la posibilidad de prohibir el recurso al régimen de perfeccionamiento activo o pasivo. Procede, por consiguiente, posibilitar la suspensión del recurso a los regímenes de perfeccionamiento activo y pasivo en situaciones de este tipo.

118. Las disposiciones para la concesión de restituciones por exportación a terceros países en función de la diferencia existente entre los precios de la Unión y del mercado mundial, dentro de los límites establecidos en los compromisos asumidos en el contexto de la OMC, han de servir para proteger la participación de la Unión en el comercio internacional de determinados productos que entran dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Conviene empero que las exportaciones subvencionadas estén sujetas a límites, tanto en valor como en cantidad.

119. Es preciso que, al fijar las restituciones por exportación, se garantice la observancia de los límites de valor mediante el control de los pagos efectuados en virtud de la normativa relativa al FEAGA. Para facilitar ese control, es oportuno disponer que las restituciones por exportación se fijen obligatoriamente por anticipado, y que, en el caso de las restituciones diferenciadas, sea posible cambiar el destino previamente fijado dentro de una zona geográfica en la que se aplique un solo tipo de restitución. En el supuesto de cambio de destino, debe pagarse la restitución por exportación aplicable al destino real, estableciéndose como límite máximo el importe aplicable al destino previamente fijado.

120. Para la observancia de los límites cuantitativos es necesario implantar un sistema de seguimiento fidedigno y eficaz. Con tal fin, es preciso supeditar la concesión de las restituciones por exportación a la presentación de un certificado de exportación. Las restituciones por exportación deben concederse dentro de los límites disponibles, en función de la situación específica de cada producto. Únicamente pueden admitirse excepciones a esta norma en el caso de los productos transformados no enumerados en el anexo I del Tratado a los que no se apliquen límites de volumen. Conviene introducir la posibilidad de establecer excepciones a las normas de gestión cuando las exportaciones con restitución no vayan a sobrepasar los límites cuantitativos establecidos.

121. En el caso de las exportaciones de ganado vacuno vivo, resulta conveniente disponer que las restituciones por exportación se concedan y abonen únicamente si se cumplen las normas de la Unión sobre bienestar animal y, en particular, las relativas a la protección de los animales durante el transporte.

122. En determinados casos, los productos agrícolas pueden recibir un trato especial al ser importados en terceros países si se ajustan a determinadas especificaciones o condiciones de precio. Para garantizar la correcta aplicación de ese sistema, es necesario que exista una cooperación administrativa entre las autoridades del tercer país importador y las de la Unión. Con ese fin, es oportuno que los productos vayan acompañados de un certificado expedido en la Unión.

123. Las exportaciones de bulbos de flores a terceros países revisten una importancia económica considerable para la Unión. Estabilizar los precios de estos productos hará que esas exportaciones se mantengan o aumenten. Por lo tanto, conviene que el presente Reglamento fije precios mínimos de exportación para los productos considerados.

124. De conformidad con el artículo 42 del Tratado, las disposiciones del capítulo del Tratado relativo a las normas sobre la competencia serán aplicables a la producción y al comercio de los productos agrícolas solo en la medida determinada por la normativa de la Unión, en el marco del artículo 43, apartados 2 y 3, del Tratado y de acuerdo con el procedimiento previsto en él. La mayoría de las disposiciones sobre ayudas estatales han sido declaradas aplicables. Por otra parte, el Reglamento (CE) nº 1184/2006 del Consejo, de 24 de julio de 2006, sobre aplicación de determinadas normas sobre la competencia a la producción y al comercio de determinados productos agrícolas[14] desarrolla las disposiciones del Tratado aplicables a las empresas. En consonancia con el objetivo de crear un conjunto coherente de normas sobre la política de mercado, resulta apropiado establecer esas normas en el presente Reglamento.

125. Las normas sobre la competencia relativas a los acuerdos, decisiones y prácticas mencionados en el artículo 101 del Tratado, así como las relativas a la explotación abusiva de posiciones dominantes, deben ser aplicadas a la producción y al comercio de productos agrícolas, en la medida en que su aplicación no dificulte el funcionamiento de las organizaciones nacionales de los mercados agrícolas ni ponga en peligro la consecución de los objetivos de la PAC.

126. Conviene prestar particular atención a la situación de las organizaciones de agricultores en la medida en que tengan por objeto fundamentalmente la producción o el comercio en común de productos agrícolas o la utilización de instalaciones comunes, a menos que dicha acción común excluya la competencia o ponga en peligro la consecución de los objetivos del artículo 39 del Tratado.

127. Con objeto de no comprometer el desarrollo de la PAC y de garantizar la seguridad jurídica y el trato no discriminatorio a las empresas interesadas, la Comisión debe tener competencias exclusivas, sin perjuicio del control del Tribunal de Justicia, para determinar si los acuerdos, decisiones y prácticas mencionados en el artículo 101 del Tratado son compatibles con los objetivos de la PAC.

128. La concesión de ayudas nacionales puede entorpecer el funcionamiento del mercado único, basado en un sistema de precios comunes. Por este motivo, es necesario que, como norma general, las disposiciones del Tratado que regulan esas ayudas se apliquen a los productos contemplados en el presente Reglamento. En determinadas circunstancias será preciso autorizar excepciones. Es conveniente que, cuando estas se apliquen, la Comisión pueda elaborar una lista de las ayudas nacionales existentes, nuevas o propuestas para formular a los Estados miembros las observaciones que procedan y proponerles medidas adecuadas.

129. Finlandia y Suecia pueden conceder ayudas, desde su adhesión, para la producción y comercialización de renos y productos derivados, debido a la situación económica especial de este sector. Además, a causa de sus condiciones climáticas especiales, Finlandia puede conceder ayudas, previa autorización de la Comisión, para ciertas cantidades de semillas y de semillas de cereales producidas exclusivamente en su territorio.

130. Con el fin de tratar los casos justificados de crisis incluso después de finalizar la medida transitoria de apoyo a la destilación de crisis prevista con arreglo a los programas de apoyo en 2012, un Estado miembro debe poder proporcionar ayuda para la destilación de crisis dentro del límite presupuestario global del 15 % del respectivo valor del presupuesto anual correspondiente del Estado miembro destinado a su programa nacional de ayuda. Toda ayuda de este tipo debe notificarse a la Comisión y ser aprobada, de acuerdo con el presente Reglamento, antes de concederla.

131. En los Estados miembros cuya cuota de azúcar haya disminuido de forma significativa, los productores de remolacha azucarera tendrán problemas de adaptación especialmente acusados. En esos casos, la ayuda transitoria de la Unión a los productores de remolacha azucarera establecida en el Reglamento (CE) nº 73/2009 no bastará para paliar sus dificultades. Por ello, resulta conveniente que los Estados miembros que hayan reducido su cuota en más de un 50 % de la cuota de azúcar establecida el 20 de febrero de 2006 en el anexo III del Reglamento (CE) nº 318/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar[15], puedan conceder ayudas estatales a los productores de remolacha azucarera durante el período de aplicación de la ayuda transitoria de la Unión. Para evitar que los Estados miembros concedan ayudas que rebasen las necesidades de sus productores de remolacha azucarera, procede que la cuantía total de la ayuda estatal esté supeditada a la aprobación de la Comisión, salvo en el caso de Italia, donde puede estimarse que los productores de remolacha azucarera más productivos necesitarán, como máximo, una ayuda de 11 EUR por tonelada producida para adaptarse a las condiciones del mercado derivadas de la reforma. Además, teniendo en cuenta que esta reforma planteará seguramente problemas particulares en Italia, es preciso mantener la disposición que permite a los productores de remolacha azucarera beneficiarse directa o indirectamente de la ayuda estatal que se conceda.

132. El cultivo de remolacha azucarera en Finlandia se realiza en unas condiciones geográficas y climáticas particulares que, sumadas a los efectos generales de la reforma del azúcar, incidirán negativamente en esta producción. Procede, pues, autorizar de manera permanente a ese Estado miembro para conceder una ayuda de un monto adecuado a sus productores de remolacha azucarera.

133. Las disposiciones especiales sobre la ayuda que concede Alemania en virtud del Monopolio Alemán del Alcohol expiran el 31 de diciembre de 2010. Los volúmenes vendidos por el Monopolio han disminuido desde 2003 y las destilerías a las que suministran materia prima pequeñas y medianas explotaciones han realizado esfuerzos para preparar su entrada en el mercado libre. No obstante, como esta adaptación requiere más tiempo, procede prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2013 la eliminación gradual del Monopolio y de las ayudas para estos beneficiarios. Es conveniente que ciertas pequeñas destilerías que reciben una ayuda a tanto alzado, los usuarios de las destilerías y las destilerías de cooperativas de fruta que contribuyen, mediante la utilización de materias primas locales, a la preservación de los paisajes tradicionales y la biodiversidad, puedan seguir disfrutando de las ayudas concedidas al amparo del Monopolio hasta el 31 de diciembre de 2017, fecha en que este deberá suprimirse. Para ello, Alemania deberá presentar un plan anual de eliminación gradual a partir de 2013.

134. Procede disponer que los Estados miembros que deseen respaldar en su territorio medidas de fomento del consumo de leche y productos lácteos en la Unión puedan financiar tales medidas mediante el cobro de un canon de promoción a los productores de leche del país.

135. [A falta de normativa de la UE sobre contratos escritos formalizados, los Estados miembros, dentro de sus propios regímenes de Derecho contractual, pueden hacer obligatorio el uso de tales contratos a condición de que al hacerlo se cumpla la legislación de la UE y, en particular, se respete el correcto funcionamiento del mercado interior y de la organización común de mercado. Habida cuenta de la variedad de situaciones existentes en la UE en este contexto, en aras de la subsidiariedad, tal decisión debe ser competencia de los Estados miembros. Sin embargo, para garantizar unas normas mínimas adecuadas para tales contratos y el buen funcionamiento del mercado interior y de la organización común de mercado, deben fijarse al nivel de la UE algunas condiciones básicas para el uso de tales contratos. Puesto que algunas cooperativas lecheras pueden tener normas con un efecto similar en sus estatutos, en aras de la simplicidad, deben quedar exentas de la exigencia de contratos. Con el fin de garantizar que un sistema de este tipo es eficaz cuando los intermediarios recogen la leche de los ganaderos para entregarla a los transformadores, dicho sistema también debe aplicarse en este caso.]

136. Es necesario disponer de información adecuada acerca de la situación actual y las perspectivas de evolución del mercado del lúpulo de la Unión. Por consiguiente, conviene disponer que deben registrarse todos los contratos de suministro de lúpulo producido en la Unión.

137. Para lograr una mejor gestión del potencial vitícola, conviene que los Estados miembros faciliten a la Comisión un inventario de su potencial productivo basado en el registro vitícola. Para animar a los Estados miembros a notificar dicho inventario, las ayudas para reestructuración y reconversión se limitan a los que hayan cumplido este requisito. Con el fin de disponer de la información necesaria para poder adoptar las decisiones políticas y administrativas pertinentes, los productores de uvas para vinificación, de mosto y de vino deben presentar declaraciones de cosecha. Los Estados miembros deben estar en condiciones de exigir a los comerciantes de uva destinada a la vinificación que declaren anualmente las cantidades comercializadas de la última cosecha. Los productores de mosto y de vino y los comerciantes que no sean minoristas deben declarar sus existencias de mosto y de vino.

138. Con el fin de establecer un nivel satisfactorio de trazabilidad de los productos en cuestión, y en particular para proteger a los consumidores, debe disponerse que todos los productos del sector vitivinícola regulados por el presente Reglamento lleven un documento de acompañamiento cuando circulen por la Unión.

139. Procede disponer las medidas que, en determinadas condiciones y con respecto a determinados productos, hayan de adoptarse cuando se produzcan o puedan producirse perturbaciones en el mercado como consecuencia de modificaciones significativas de los precios del mercado interior o de las cotizaciones o precios del mercado mundial.

140. Incumbe a las autoridades de los Estados miembros garantizar el cumplimiento del presente Reglamento, debiendo adoptarse las disposiciones pertinentes para que la Comisión pueda supervisar y garantizar ese cumplimiento en el sector vitivinícola.

141. Es necesario establecer un marco de medidas específicas para el alcohol etílico de origen agrícola que permita recopilar datos económicos y analizar información estadística con miras al seguimiento del mercado. En la medida en que el mercado del alcohol etílico de origen agrícola está vinculado al mercado del alcohol etílico en general, conviene disponer también de información relativa al mercado del alcohol etílico de origen no agrícola.

142. Los gastos efectuados por los Estados miembros como consecuencia de las obligaciones que se derivan de la aplicación del presente Reglamento deben ser financiados por la Unión de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común[16].

143. Con el fin de aumentar los medios financieros disponibles para el sector vitivinícola al amparo del Reglamento (CE) nº 1698/2005, es preciso transferir gradualmente fondos al presupuesto en virtud de ese Reglamento cuando los importes correspondientes son de suficiente importancia.

144. Es conveniente autorizar a la Comisión para que, en caso de emergencia, adopte las medidas necesarias para solventar problemas prácticos específicos.

145. Dado que el mercado común de los productos agrícolas evoluciona de forma constante, los Estados miembros y la Comisión deben mantenerse mutuamente informados de la evolución que se produzca y adoptar los medios de notificación de los cambios y de la información pertinentes.

146. Para evitar la utilización abusiva de las ventajas previstas en el presente Reglamento, estas no deben otorgarse o, en su caso, se han de suprimir, cuando se compruebe que las condiciones para gozar de ellas se han creado artificialmente, en contradicción con los objetivos del presente Reglamento.

147. Para garantizar la observancia de las obligaciones dispuestas por el presente Reglamento, es necesario efectuar controles y aplicar medidas y sanciones administrativas en caso de incumplirse dichas obligaciones, así como establecer normas sobre la constitución y devolución de las fianzas, con el fin de garantizar una correcta gestión del mercado común único en virtud de la PAC. Esas disposiciones deben tener por objeto la recuperación de las sumas pagadas indebidamente y las obligaciones informativas de los Estados miembros que resultan de la aplicación del presente Reglamento.

148. Con arreglo al Reglamento (CE) nº 1234/2007, en 2012 expirarán varias medidas sectoriales de gestión del mercado. Tras la derogación del citado Reglamento, conviene seguir aplicando las disposiciones pertinentes hasta el término de los regímenes de que se trate.

149. Para que las normas de comercialización se apliquen con la seguridad jurídica requerida, conviene que la Comisión determine la fecha en que dejan de aplicarse determinadas disposiciones del Reglamento (CE) nº 1234/2007 al sector afectado.

150. Para lograr una transición uniforme entre las normas del Reglamento (CE) nº 1234/2007 aplicables al sector de las frutas y hortalizas y las disposiciones previstas en el presente Reglamento, es preciso facultar a la Comisión para adoptar medidas transitorias.

151. El presente Reglamento debe aplicarse desde el momento de su entrada en vigor. No obstante, la disposición por la que se crea la norma general de comercialización debe aplicarse únicamente a partir [del año siguiente a su entrada en vigor].

152. [En lo tocante a las relaciones contractuales y las organizaciones de productores e interprofesionales, las medidas previstas en el presente Reglamento se justifican en las actuales circunstancias económicas del mercado lácteo y la estructura de la cadena de suministro. Por lo tanto, deben aplicarse durante un periodo suficientemente largo (tanto antes como después de la abolición de las cuotas lácteas) para permitir que tengan pleno efecto. Sin embargo, dada su naturaleza de largo alcance, deben ser de carácter temporal y ser objeto de revisión para ver cómo han funcionado y si deben seguir aplicándose. Esta cuestión debe tratarse en los informes que la Comisión debe presentar, a más tardar el 30 de junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2018, sobre la evolución del mercado de la leche, y cubrir, en particular, posibles iniciativas para fomentar que los agricultores celebren acuerdos de producción conjunta.]

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 2

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA 2

2. CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO 4

3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 5

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 6

5. INFORMACIÓN ADICIONAL 6

REGLAMENTO (UE) N° …/… DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento de la OCM única) 7

PARTE I DISPOSICIONES PRELIMINARES 39

PARTE II MERCADO INTERIOR 42

TÍTULO I MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 42

CHAPTER I Intervención pública y almacenamiento privado 42

Sección I Disposiciones preliminares sobre intervención pública y almacenamiento privado 42

Sección II Intervención pública 44

Subsección I Disposiciones generales 44

Subsección II Inicio de las compras de intervención 45

Subsección III Precios de intervención 46

Subsección IV Salida al mercado de los productos de intervención 48

[Subsección V Distribución a las personas más necesitadas de la Unión 49

Sección III Almacenamiento privado 53

Subsección I Ayuda obligatoria 53

Subsección II Ayuda facultativa 53

Sección IV Disposiciones comunes sobre intervención pública y almacenamiento privado 56

Subsección I Disposiciones generales 56

Subsección II Disposiciones específicas sobre clasificación de las canales 60

CAPÍTULO II Medidas especiales de intervención 63

Sección I Medidas excepcionales de apoyo del mercado 63

Sección II Medidas en los sectores de los cereales y el arroz 65

Sección III Medidas en el sector del azúcar 66

Sección IV Ajuste de la oferta 69

CAPÍTULO III Sistemas de limitación de la producción 71

Sección I Disposiciones generales 71

Sección II Azúcar 71

Subsección I Asignación y gestión de cuotas 71

Subsección II Rebasamiento de cuotas 73

Sección III Leche 75

Subsección I Disposiciones generales 75

Subsección II Asignación y gestión de cuotas 77

Subsección III Rebasamiento de cuotas 83

Sección IV Disposiciones de procedimiento referentes a las cuotas de azúcar y lácteas 86

Subsección I Disposiciones de procedimiento referentes a las cuotas de azúcar 86

Subsección II Disposiciones de procedimiento referentes a las cuotas lácteas 87

Sección V Potencial productivo en el sector vitivinícola 89

Subsección I Plantaciones ilegales 89

Subsección II Régimen transitorio de derechos de plantación 91

Subsección III Normas de comercialización para mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado común de los vinos 96

CAPÍTULO IV Regímenes de ayuda 98

Sección I Restitución por producción en el sector del azúcar 98

Sección II Ayudas en el sector de la leche y los productos lácteos 98

Subsección I Ayuda para usos especiales 98

Subsección II Condiciones aplicables a la producción de queso 100

Subsección III Ayuda para el suministro de productos lácteos a los alumnos de centros escolares 101

Sección IV Ayudas en el sector del lúpulo 103

Sección V Ayudas en el sector del aceite de oliva y las aceitunas de mesa 104

Sección VI Ayudas en el sector de las frutas y hortalizas 106

Subsección I Agrupaciones de productores 106

Subsección II Fondos y programas operativos 108

Subsección III Plan de consumo de fruta en las escuelas 115

Sección VII Programas de apoyo en el sector vitivinícola 118

Subsección I Disposiciones introductorias 118

Subsección II Presentación y contenido de los programas de apoyo 119

Subsección III Medidas de apoyo específicas 121

Subsección IV Disposiciones de procedimiento 127

Sección VIII Disposiciones especiales aplicables al sector apícola 128

Sección IX Ayudas en el sector de los gusanos de seda 130

TÍTULO II DISPOSICIONES APLICABLES A LA COMERCIALIZACIÓN Y A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 132

[CAPÍTULO I Disposiciones aplicables a la comercialización 132

Sección I Normas de comercialización 132

Subsección I Disposiciones preliminares 132

Subsección II Norma general de comercialización 132

Subsección III Normas de comercialización por sectores o productos 133

Subsección IV Normas de comercialización aplicables a la importación y exportación 139

Subsección V Disposiciones comunes 140

Sección II Denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales en el sector vitivinícola 141

Subsección I Disposiciones preliminares 141

Subsección II Denominaciones de origen e indicaciones geográficas 142

Subsección III Términos tradicionales 154

Sección III Etiquetado y presentación en el sector vitivinícola 156

CAPÍTULO II Organizaciones de productores, agrupaciones de productores, organizaciones interprofesionales, organizaciones profesionales 161

Sección I Principios generales 161

Sección II Normas aplicables a las organizaciones de productores, las agrupaciones de productores y las organizaciones interprofesionales en el sector de las frutas y hortalizas 165

Subsección I Estatutos y reconocimiento de las organizaciones de productores 166

Subsección II Asociación de organizaciones de productores y agrupaciones de productores 168

Subsección III Extensión de las normas a los productores en una circunscripción económica 170

Subsección IV Organizaciones interprofesionales en el sector de las frutas y hortalizas 172

Sección III Normas aplicables a las organizaciones de productores e interprofesionales en el sector vitivinícola 176

Sección IV Normas aplicables a las organizaciones interprofesionales en el sector del tabaco 177

[Sección V 178

Organizaciones de productores en el sector de la leche y de los productos lácteos 178

Sección VI Normas de procedimiento 180

PARTE III COMERCIO CON TERCEROS PAÍSES 182

CAPÍTULO I Disposiciones generales 182

CAPÍTULO II Importaciones 183

Sección I Certificados de importación 183

Sección II Derechos y exacciones de importación 186

Sección III Gestión de los contingentes de importación 190

Sección IV Disposiciones especiales aplicables a determinados productos 193

Subsección I Disposiciones especiales de importación en los sectores de los cereales y el arroz 193

Subsección II Régimen aplicable a las importaciones de azúcar 195

Subsección III Disposiciones especiales aplicables a las importaciones de cáñamo 196

Subsección IV Disposiciones especiales aplicables a las importaciones de lúpulo 196

Sección V Medidas de salvaguardia y perfeccionamiento activo 197

CAPÍTULO III Exportaciones 199

Sección I Certificados de exportación 199

Sección II Restituciones por exportación 201

Sección III Gestión de los contingentes de exportación en el sector de la leche y los productos lácteos 206

Sección IV Regímenes especiales de importación aplicados por terceros países 207

Sección V Disposiciones especiales aplicables a las plantas vivas 207

Sección VI Perfeccionamiento pasivo 208

PARTE IV NORMAS DE COMPETENCIA 209

CAPÍTULO I Normas aplicables a las empresas 209

CAPÍTULO II Disposiciones aplicables a las ayudas estatales 215

PARTE V DISPOSICIONES ESPECÍFICAS APLICABLES A VARIOS SECTORES Y A SECTORES INDIVIDUALES 219

CAPÍTULO I Disposiciones específicas aplicables a varios sectores 219

Sección i Perturbaciones de los mercados 219

Sección II Presentación de informes 220

CAPÍTULO II 221

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS APLICABLES A SECTORES INDIVIDUALES 221

Sección I Sector del lúpulo 221

Sección II Sector vitivinícola 222

Sección III Leche y productos lácteos 225

Sección IV Alcohol etílico 227

PARTE VI DISPOSICIONES GENERALES 229

PARTE VII DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS, NORMAS DE DESARROLLO Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 233

CAPÍTULO I Delegación de competencias y disposiciones de ejecución 233

CAPÍTULO II Disposiciones transitorias y finales 235

ANEXO I LISTA DE LOS PRODUCTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1, APART