LIBRO VERDE SOBRE EL PROCESO MONITORIO EUROPEO Y LAS MEDIDAS PARA SIMPLIFICAR Y ACELERAR LOS LITIGIOS DE ESCASA CUANTÍA

(presentado por la Comisión)

ÍNDICE

Libro Verde

Objetivo del Libro Verde

Consulta sobre el Libro Verde con todas las partes interesadas

1. PARTE I: INTRODUCCIÓN

1.1. Aplicabilidad de un instrumento europeo sólo a los asuntos transfronterizos o también a los litigios puramente internos

1.2. La elección del instrumento apropiado para llevar a cabo la aproximación del Derecho procesal

2. PARTE II: UN PROCESO MONITORIO EUROPEO

2.1. INTRODUCCIÓN

2.1.1. Acceso a una justicia eficaz cuando los deudores no cumplan sus compromisos sin existir ninguna disputa posible sobre la justificación, naturaleza y alcance de la deuda de que se trata

2.2. Definición de proceso monitorio

2.3. Necesidad de acción a nivel comunitario

2.4. ANTECEDENTES

2.4.1. Iniciativas que aspiran a la creación de un proceso monitorio europeo antes de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam

2.5. El Tratado de Amsterdam y sus ramificaciones

2.5.1. El Tratado de Amsterdam

2.6. Las conclusiones de Tampere

2.7. El proyecto de reconocimiento mutuo

2.8. El título ejecutivo europeo para las demandas sin oposición, primer elemento de un planteamiento a dos niveles

2.9. El Libro Verde como segundo elemento de este planteamiento

3. REQUERIMIENTO EUROPEO DE PAGO

3.1. Planteamiento general

3.1.1. Descripción sumaria de los diversos modelos existentes en los Estados miembros

3.2. Ámbito de aplicación del instrumento

3.2.1. ¿Restricción a demandas dinerarias?

3.2.2. ¿Debe el procedimiento aplicarse solamente a ciertos tipos de demandas o deben excluirse del procedimiento ciertos tipos de demandas?

3.2.3. ¿Debe fijarse un límite a la cantidad que puede reclamarse o - si se incluyen las demandas no pecuniarias - al valor de la demanda?

3.2.4. ¿Debe ser obligatorio el recurso a dicho instrumento?

3.3. Normas que rigen el procedimiento

3.3.1. Competencia internacional en asuntos transfronterizos - ¿Foro del domicilio del demandado?

3.3.2. Normas que determinan la competencia en los Estados miembros cuyos órganos jurisdiccionales son competentes

3.3.3. Normas que determinan quién exactamente es responsable del procedimiento

3.3.4. Petición de requerimiento de pago

3.3.5. Alcance del examen de la demanda por el órgano jurisdiccional

3.3.6. La decisión del órgano jurisdiccional sobre el requerimiento de pago

3.3.7. Información del demandado sobre sus derechos y obligaciones procesales que implica la resolución

3.3.8. Notificación del requerimiento de pago al demandado

3.3.9. Oposición del demandado

3.3.10. Efectos de la oposición

3.3.11. Efectos de la falta de oposición dentro de plazo

3.3.12. Normas sobre representación por abogado

3.3.13. Normas sobre costas (tasas judiciales, otros gastos) y su reembolso

3.3.14. Ejecución

4. PARTE III: MEDIDAS PARA SIMPLIFICAR Y ACELERAR LOS PLEITOS DE ESCASA CUANTÍA

4.1. DERECHO CE EXISTENTE - PRIMERAS INICIATIVAS COMUNITARIAS

4.2. ANTECEDENTES

4.3. PROCESOS DE ESCASA CUANTÍA EXISTENTES

4.3.1. Umbral

4.3.2. Tipos de pleitos

4.3.3. Proceso de escasa cuantía como opción u obligación

4.3.4. Incoación del proceso

4.3.5. Representación y asistencia

4.3.6. ADR (Modalidades alternativas de solución de conflictos))

4.3.7. Flexibilización de ciertas normas referentes a la diligencia de la prueba

4.3.8. Introducción de la posibilidad de un procedimiento puramente escrito

4.3.9. Flexibilización de las normas referentes al contenido de la sentencia y a los plazos

4.3.10. Gastos

4.3.11. Exclusión/restricción de la posibilidad de recurrir

4.4. NECESIDAD DE ACCIÓN A ESCALA COMUNITARIA

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO SOBRE DEMANDAS DE ESCASA CUANTÍA

5.1. Umbral

5.2. Tipos de litigios

5.3. El proceso de escasa cuantía como opción u obligación

6. SIMPLIFICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES

6.1. Normas mínimas comunes para los formularios

6.2. Representación y defensa

6.3. ADR (Modalidades alternativas de solución de conflictos)

6.4. Flexibilización de ciertas normas referentes a la diligencia de la prueba

6.5. Introducción de la posibilidad de un procedimiento puramente escrito

6.6. Flexibilización de las normas referentes al contenido de la sentencia y a los plazos

6.7. Costas

6.8. Exclusión/restricción de la posibilidad de recurrir

6.9. Otras opciones de simplificación

7. RESUMEN DE LAS PREGUNTAS 76

Objetivo del Libro Verde

Este Libro Verde inicia una consulta con todas las partes interesadas sobre posibles medidas que deben tomarse a nivel comunitario

* para crear un proceso monitorio europeo, es decir un procedimiento rápido y rentable existente en todos los Estados miembros específico para demandas que presumiblemente no suscitarán oposición, y

* para simplificar y acelerar los pleitos por demandas de escasa cuantía, un área en la que es particularmente importante racionalizar los procedimientos y limitar sus costes para evitar que el enjuiciamiento de estas demandas llegue a ser económicamente irrazonable.

El Libro se basa en un estudio comparativo de la manera en que los Estados miembros tratan actualmente los correspondientes problemas procesales. La presente exposición tiene como finalidad facilitar la definición de las mejores prácticas que podrían servir de fuente de inspiración para instrumentos europeos.

Consulta sobre el Libro Verde con todas las partes interesadas

Los Capítulos 1, 2, 3 y 5 del Libro contienen una serie de cuestiones que la Comisión considera los problemas más importantes por resolver en la evaluación de posibles iniciativas sobre un proceso monitorio europeo, por una parte, y sobre las medidas para acelerar y simplificar los pleitos por demandas de escasa cuantía. Al final del Libro Verde figura también un resumen de estas cuestiones. La Comisión agradecería que todas las partes interesadas en estas cuestiones le facilitaran respuestas motivadas. Evidentemente, las partes interesadas no deben sentirse confinadas por estas cuestiones si otros aspectos de esos temas, incluidos o no en el Libro, suscitan comentarios que deseen formular. Las respuestas a las cuestiones, así como cualesquiera otras observaciones, deberán enviarse antes del 31 de mayo de 2003 a la:

Comisión Europea Dirección General de Justicia e Interior, unidad A.3 B-1049 Bruselas Fax: + 32.2 299.64.57

Correo electrónico: jai-coop-jud-civil@cec.eu.int

Para facilitar el tratamiento de las respuestas y observaciones recibidas, se ruega a las partes interesadas que las comuniquen por diferentes medios (por ejemplo, por correo electrónico y en papel) que indiquen, en su caso, que ya se ha enviado el mismo documento a la Comisión previamente. Las respuestas y observaciones podrán hacerse públicos en el sitio Internet de la Comisión, a menos que el remitente explícitamente solicite lo contrario. En primavera de 2003 la Comisión evaluará la necesidad de organizar una audiencia pública para seguir debatiendo las cuestiones planteadas en el Libro.

1. PARTE I: INTRODUCCIÓN

El Proyecto de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [1] como programa de trabajo actual de la Comisión, fiel a su nombre, se centra fundamentalmente en la facilitación del reconocimiento y aplicación de las resoluciones dictadas en otro Estado miembro y no en la aproximación o armonización del Derecho procesal. Sin embargo, el programa reconoce que en algunas áreas la abolición de las medidas intermedias que aún son necesarias para permitir el reconocimiento y la aplicación podría coincidir con la creación de un proceso específico establecido para toda la Comunidad, bien un proceso uniforme establecido en un Reglamento, bien un proceso establecido por cada Estado miembro de acuerdo con una Directiva.

[1] DO C 12, de 15.01.2001, p. 1.

De conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, el Proyecto del reconocimiento mutuo requiere explícitamente la adopción de tales normas comunes:

* para un procedimiento específico para el cobro rápido y eficiente de las deudas no impugnadas (proceso monitorio europeo), y

* para la simplificación y aceleración de los pleitos de escasa cuantía.

Aunque los procesos de escasa cuantía y el proceso monitorio sean dos ámbitos distintos del Derecho procesal, las cuestiones que suscita la armonización o la creación de un proceso uniforme europeo son parcialmente idénticas o coincidentes. Después de todo, éstas serán las primeras iniciativas en el campo de la cooperación judicial civil directamente relativas a las normas que rigen el procedimiento para obtener una resolución ejecutiva.

Los dos problemas principales de la aproximación general a la legislación europea que ambas áreas en cuestión tienen en común (aunque las soluciones no necesariamente tienen que ser las mismas) son las siguientes:

1.1. Aplicabilidad de un instrumento europeo sólo a los asuntos transfronterizos o también a los litigios puramente internos

Es imaginable prever normas que sean exclusivamente aplicables a litigios de escasa cuantía o a procesos monitorios en que las partes estén domiciliadas en dos Estados miembros diversos es decir, prever, por tanto, un proceso monitorio o un proceso de escasa cuantía sólo para contenciosos transfronterizos. Por otra parte, la dimensión transfronteriza de un asunto puede no manifestarse hasta que el acreedor proceda a la fase de ejecución y se dé cuenta de que ésta debe producirse en otro Estado miembro porque el deudor se ha trasladado a ese Estado o sólo allí tenga suficientes activos embargables. También podría considerarse insatisfactorio prever un eficiente proceso europeo específico solamente para las demandas con dimensión internacional, mientras que posiblemente los demandantes en asuntos puramente internos no dispongan más que de un complejo sistema procesal civil ordinario que no cubre sus justificadas necesidades. Más allá de las cuestiones de practicabilidad y equidad, el marcado desequilibrio por lo que se refiere a la eficacia de los medios procesales de que los acreedores de diversos Estados miembros disponen para cobrar sus deudas, ya sean de escasa cuantía o no impugnados, podría tener un impacto directo en el correcto funcionamiento del mercado interior. Dicho impacto sería discutible si los litigantes en la Unión Europea no tuvieran acceso a instrumentos del mismo nivel de eficacia, ya que la igualdad de ciudadanos y socios empresariales en un área integrada presupone la igualdad de acceso a las armas de la ley. Es verosímil que una empresa que opera en un Estado miembro donde el sistema judicial prevé la rápida y efectiva ejecución de las demandas tenga una considerable ventaja competitiva sobre una empresa que ejerce su actividad empresarial en un entorno judicial donde no estén disponibles tales efectivos recursos judiciales. Estas diferencias pueden incluso tener como consecuencia que las empresas se vean disuadidas de ejercer su derecho al libre establecimiento en otros Estados miembros consagrado por el Tratado CE. Por tanto, la aplicación de posibles instrumentos al proceso monitorio y a los pleitos de escasa cuantía podría considerarse necesaria también en casos de pleitos puramente internos.

Pregunta 1

¿Deberían los instrumentos europeos sobre el proceso monitorio y sobre pleitos de escasa cuantía ser aplicables solamente a asuntos transfronterizos o también a litigios puramente internos? Comente los beneficios y desventajas de un ámbito amplio o reducido de aplicación de estos dos posibles instrumentos.

1.2. La elección del instrumento apropiado para llevar a cabo la aproximación del Derecho procesal

Las repercusiones de la elección del instrumento jurídico considerado conveniente para llevar a cabo la aproximación del Derecho procesal son considerablemente significativas. Una directiva podría limitarse a establecer los principios de base y dejar a los Estados miembros cierto margen para conformar el procedimiento a sus necesidades individuales. Sin embargo, la obligación de adaptar su legislación a los requisitos de la directiva inevitablemente implicaría la sustitución del anterior sistema nacional. Por otra parte, un reglamento, por su aplicabilidad directa, no deja a los Estados miembros margen de maniobra alguno. Pero la introducción de un procedimiento europeo uniforme no necesariamente reemplaza la legislación nacional. Este nuevo procedimiento europeo también podría considerarse una opción adicional que coexista felizmente con el método nacional de tratar las demandas de escasa cuantía o sin oposición.

¿Cuánta uniformidad es necesaria, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, para lograr el aumento deseado de eficiencia y facilidad de uso? ¿Cuánta libertad y flexibilidad puede dejarse a los Estados miembros sin socavar el propósito original de facilitar un acceso equitativo e igualmente eficiente a la justicia?

A este respecto, debería también recordarse que la línea divisoria entre los procedimientos uniformes y armonizados no es tan nítida como podría parecer. Aun en el caso de adoptarse un reglamento todos los problemas conscientemente no abordados por tal instrumento quedarían abiertos y en realidad requerirían normas nacionales complementarias. Cabe imaginar, por ejemplo, preferir un reglamento como instrumento apropiado para garantizar la plena uniformidad de los principios esenciales del proceso monitorio europeo, pero dejar las cuestiones menos centrales abiertas a posibles diferencias en función de las necesidades individuales de los Estados miembros. Al mismo tiempo, una directiva puede parecer el dispositivo legislativo más conveniente por lo que se refiere a los elementos fundamentales del proceso de escasa cuantía. En cualquier caso, es necesario determinar los aspectos cruciales del procedimiento que permiten la armonización y que deben contemplarse en el instrumento legislativo, ya sea un reglamento o una directiva. El resto del presente Libro se dedicará a la definición de estos problemas fundamentales separadamente para el proceso monitorio europeo y para los pleitos de escasa cuantía.

Pregunta 2

¿Cuál es el instrumento legislativo apropiado para regular el proceso monitorio y para los pleitos de escasa cuantía, un reglamento o una directiva?

2. PARTE II: UN PROCESO MONITORIO EUROPEO

2.1. INTRODUCCIÓN

2.1.1. Acceso a una justicia eficaz cuando los deudores no cumplan sus compromisos sin existir ninguna disputa posible sobre la justificación, naturaleza y alcance de la deuda de que se trata

Es un hecho que el principal propósito de un considerable porcentaje de procesos judiciales en los Estados miembros no es obtener una decisión imparcial vinculante sobre cuestiones litigiosas de hecho o de Derecho. Al contrario, es cada vez más la excepción y no la regla que ante la inexistencia comprobable de conflicto, el acreedor debe dirigirse al poder judicial para obtener un título ejecutivo que le permita cobrar mediante ejecución forzosa una deuda que el deudor sencillamente no quiere o no puede pagar [2] .

[2] En 2000 la Comisión inició un estudio sobre los procesos específicos de escasa cuantía disponibles en los Estados miembros. El cuestionario que se distribuyó a los Estados miembros contenía también algunas preguntas sobre demandas sin oposición. Las respuestas de los Estados miembros resumidas en un cuadro en el informe final de Evelyne Serverin, Directeur de recherche au CNRS IDHE-ENS CACHAN (Des Procedures de traitement judiciares des demandes de faible importance ou no contestées dans les droits des Etats-Membres de l'Union Européenne, Cachan 2001, p. 30) revelan que cuando se dispone de datos estadísticos completos, el porcentaje de demandas sin oposición oscila entre alrededor del 50% (Irlanda) y más del 80% (Alemania, Austria, Suecia) de todos los asuntos de que conocen los órganos jurisdiccionales ordinarios civiles inferiores.

Esta situación implica un desafío polifacético para los sistemas judiciales de los Estados miembros. Ha llegado a ser esencial distinguir en la fase más temprana posible los auténticos contenciosos de los procesos en los que no existe un conflicto jurídico real. Tal diferenciación es una condición necesaria, aunque no suficiente, para utilizar con eficacia los limitados recursos asignados a los órganos jurisdiccionales. Les permite concentrarse en los pleitos contenciosos y resolverlos en un plazo razonable. Sin embargo, este resultado deseado solamente puede lograrse si existe un proceso rápido y eficaz para las demandas sin oposición y alivia al poder judicial lo suficiente como para prevenir una gran sobrecarga. Así pues, dado el número de asuntos no contenciosos mencionados anteriormente, la existencia de una legislación procesal que asegure su eficiente resolución es un factor determinante del rendimiento del sistema judicial en su conjunto.

El cobro rápido de deudas pendientes de pago cuya justificación no se discute es de vital importancia para los operadores económicos en la Unión Europea. Un marco jurídico que no garantice al acreedor la posibilidad de obtener rápidamente la resolución de una demanda sin oposición puede ofrecer a los deudores de mala fe un cierto grado de impunidad incentivando así la retención intencionada de los pagos en beneficio propio [3]. Los pagos extemporáneos son una de las principales causas de la insolvencia que amenaza la supervivencia de empresas, particularmente pequeñas y medianas, que dan lugar a numerosas pérdidas de puestos de trabajo. La necesidad de embarcarse en un proceso judicial larguísimo, complejo y costoso incluso para cobrar una deuda no impugnada inevitablemente exacerba esos efectos económicos perjudiciales.

[3] Sobre la base de los resultados de un estudio llevado a cabo a petición de la Comisión en 1994 ('Encuesta sobre los pagos extemporáneos en Europa' - Intrum Justitia), la Comisión estimó la proporción de pagos intencionadamente extemporáneos en la Unión Europea en un 35% en su Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo 'Hacia una mayor eficacia en la obtención y ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión Europea', DO C 33, de 31.1.1998, p. 3, apartado 38.

2.2. Definición de proceso monitorio

Todos los Estados miembros intentan abordar el problema del cobro masivo de deudas no impugnadas a través de sus tribunales desde sus perspectivas nacionales dentro del marco de sus sistemas y tradiciones procesales. Naturalmente, las soluciones concebidas difieren ampliamente, tanto en su naturaleza técnica como en su resultado. En algunos Estados miembros, las sentencias en rebeldía, los procedimientos sumarios especiales en el marco de la estructura del procedimiento civil ordinario o incluso las medidas provisionales que son cuasi definitivas - puesto que en la práctica los procedimientos principales casi nunca subsiguen [4] - son los principales instrumentos procesales para hacer frente a las deudas no impugnadas.

[4] En los Países Bajos, la inexistencia de un procedimiento rápido, simple y barato de cobro de deudas ha propiciado el recurso generalizado a las medidas provisionales (kort geding) por los órganos jurisdiccionales.

Sin embargo, en varios Estados miembros, un proceso monitorio específico ha probado ser una herramienta particularmente valiosa para asegurar el cobro rápido y rentable de deudas que no son objeto de controversia jurídica. Actualmente, once Estados miembros (Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo, Portugal, España y Suecia) disponen de dicho proceso como parte integrante de su legislación procesal civil [5]: l'injonction de payer francés y el Mahnverfahren alemán son los ejemplos más famosos. De hecho, los últimos años han conocido la introducción de procesos monitorios en dos Estados miembros (España, Portugal), que anteriormente no ofrecían un título ejecutivo de esa naturaleza a sus acreedores [6]. Este desarrollo atestigua la creciente querencia por este tipo de proceso en la Unión Europea.

[5] A excepción de Bélgica donde, debido a algunos fallos estructurales, (por ejemplo, el requerimiento de pago debe ir precedido de una notificación formal) la procédure sommaire d'injonction de payer ha resultado ser más compleja que los procedimientos civiles ordinarios y, por tanto, no ha gozado de una amplia aceptación entre los profesionales del Derecho.

[6] En Portugal, la legislación sobre el proceso monitorio adoptada en 1993 ha experimentado una reforma que ha mejorado perceptiblemente su resultado en 1998. En España, el proceso monitorio se ha introducido en 1999.

Los procesos monitorios disponibles en los Estados miembros varían considerablemente en aspectos cruciales como su ámbito de aplicación, la atribución de competencia para expedir un requerimiento o los requisitos sustantivos y formales para obtener una decisión favorable. A pesar de estas discrepancias entre los modelos legislativos existentes, que se tratarán más detalladamente en este Libro Verde, todos ellos comparten las siguientes características distintivas que pueden servir de elementos definitorios del proceso monitorio:

A instancias del demandante, el tribunal u autoridad competente toma una decisión sobre la demanda ex parte, es decir, sin posibilidad previa de que el demandado participe. Esta resolución se notifica al demandado instándole a que se atenga al requerimiento o se oponga a la demanda dentro de un determinado plazo. Si el demandado no actúa de ninguna de las dos maneras, el requerimiento de pago se convierte en ejecutivo. Solamente si se opone puede transferirse el asunto al procedimiento ordinario. Por tanto, contrariamente a las normas procesales habituales, la carga de iniciar un proceso contradictorio recae sobre el destinatario del requerimiento de pago. Este traslado de la responsabilidad, definido en términos particularmente lúcidos en francés como la "inversion du contentieux", junto con la protección de los derechos de la defensa encarnados en la oportunidad de evitar que un título ejecutivo se materialice, constituye la característica esencial del proceso monitorio.

2.3. Necesidad de acción a nivel comunitario

Parece ser bastante evidente que la duración y el coste de un procedimiento civil ordinario inadecuado para las demandas no litigiosas tiendan a ser aún más desproporcionados en casos con implicaciones transfronterizas. El desconocimiento de los ordenamientos jurídicos de otros Estados miembros y la consiguiente necesidad de consultar a un abogado, el largo plazo de notificación de los documentos judiciales a las partes en un Estado miembro distinto del Estado del proceso y los gastos de traducción no son más que los factores más visibles que complican las vidas de los acreedores en asuntos transfronterizos. Estos problemas son inherentes a cada pleito transfronterizo con independencia de que la demanda suscite oposición o no. Sin embargo, el contraste entre un rápido proceso de cobro disponible para los pleitos puramente internos y los retrasos y gastos generados al estar las partes domiciliadas en Estados miembros distintos resulta intolerable cuando ni siquiera el demandado impugna la justificación de la deuda de que se trata. Esta situación privilegia a los deudores de mala fe en las relaciones transfronterizas y puede desincentivar a los operadores económicos a la hora de ampliar sus actividades fuera de su Estado miembro de origen, limitando así las transacciones comerciales entre los Estados miembros. Ni siquiera la disponibilidad en cada Estado miembro de un procedimiento nacional eficaz para el cobro de deudas no impugnadas, lo que está lejos de ser la situación actual [7], sería necesariamente una decisiva mejora, puesto que las diferencias profundas entre tales procedimientos y el desconocimiento de los mismos suponen por sí mismos significativos obstáculos para la solución de casos transfronterizos. Un requerimiento de pago armonizado podría avanzar considerablemente hacia la mejora de un acceso más fácil a una justicia eficaz.

[7] Incluso en los Estados miembros donde existe el proceso monitorio, a menudo (en Austria, Bélgica, Italia y Luxemburgo) no es aplicable si el demandado está domiciliado en el extranjero.

También hay que tomar en consideración que los casos con implicaciones transfronterizas no son en absoluto sólo aquéllos en que el procedimiento principal implica a partes de diversos Estados miembros. Un asunto en un principio puramente nacional puede adquirir una dimensión internacional porque una resolución dictada en un Estado miembro deba ser ejecutada en otro, por ejemplo porque el deudor se ha trasladado a ese Estado o porque solamente allí tiene activos embargables suficientes. El otorgamiento de la ejecución (exequátur) necesario para permitir que una resolución dictada en un Estado miembro sea ejecutada en el territorio de otro Estado miembro [8] es una fuente de retrasos y gastos, hasta el punto de que el Consejo y la Comisión han establecido la supresión de tales medidas intermedias como una de las prioridades esenciales en el programa de medidas para la aplicación del principio del reconocimiento mutuo de resoluciones en asuntos civiles y mercantiles [9]. Ofrecer la oportunidad, con arreglo a las normas sobre competencia judicial internacional, de obtener un título ejecutivo en el Estado miembro donde se quiere ejecutar a través de un proceso monitorio armonizado haría totalmente innecesario cruzar una frontera para obtener la ejecución en una serie de casos. Cuando la ejecución en otro Estado miembro distinto de aquél donde se dictó la resolución sea inevitable, la introducción general de un requerimiento de pago europeo podría facilitar considerablemente los procesos de reconocimiento y ejecución o incluso hacerlos obsoletos [10]. La reserva del derecho a denegar la ejecución de una resolución extranjera es, en gran medida, consecuencia de la diversidad de legislaciones nacionales y del desconocimiento de las normas extranjeras, motivos de denegación o revocación del exequátur [11]. En cuanto a las sentencias en rebeldía - y un requerimiento de pago es una sentencia en rebeldía en la medida en que se convierte en ejecutiva sólo si el demandado permanece pasivo y no se opone [12] - este razonamiento se aplica en especial al delicado problema de la apropiada observancia de los derechos de la defensa consagrados en el apartado 2 del artículo 34 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo. Si un proceso monitorio europeo contuviera normas comunes uniformes, incluidas las que salvaguardan los derechos de la defensa, la total desaparición de las medidas intermedias a efectos del reconocimiento y la ejecución sería factible [13].

[8] El procedimiento de exequátur, originalmente establecido en los artículos 31 y ss. del Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (versión consolidada en DO C 27, de 26.1.1998, p. 1), ha sido modificado y se rige ahora por los artículos 38 y ss. del Reglamento (CE) nº 44/2001, del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, DO L 12, p. 1, que entró en vigor el 1 de marzo de 2002.

[9] DO C 12, de 15.1.2001, p. 1.

[10] Esta posición ya se ha establecido en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo "Hacia una mayor eficacia en la obtención y la ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión Europea", DO C 33, de 31.1.1998, p. 3.

[11] El apartado 1 del artículo 45 en relación con los artículos 34 y 35 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo.

[12] El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas examinó la compatibilidad de los requerimientos de pago con el apartado 2 del artículo 27 del Convenio de Bruselas de 1968, que se aplica a las resoluciones dictadas en rebeldía, en el asunto Hengst Import BV contra Campese (C-474/93), sentencia de 13.7.1995, Rec. p. I-2113 (procedimento italiano d'ingiunzione) y en el asunto Klomps contra Michel (C-166/80), sentencia de 16.6.1981, Rec. p. 1593 (Mahnverfahren alemán).

[13] El riesgo inevitable de mala comprensión o mala aplicación de esas normas en casos individuales no constituye un obstáculo a este respecto puesto que los errores de esa naturaleza no bloquean la aplicabilidad de una resolución en una situación puramente nacional, a menos que la propia resolución sea impugnada por la parte perdedora.

Es una cuestión abierta si el proceso monitorio europeo debe ser exclusivamente aplicable a los pleitos transfronterizos. Además de las reflexiones generales sobre este problema a efectos de los diversos temas de este Libro Verde [14], deberían tomarse en consideración las siguientes ideas. Habida cuenta del hecho de que un proceso monitorio es, esencialmente, un método para el cobro masivo de deudas no impugnadas tramitado judicialmente porque los órganos jurisdiccionales tienen el monopolio de la expedición de títulos ejecutivos, podría ser razonable considerar que una situación que implica un marcado desequilibrio en cuanto a la eficacia de los medios procesales ofrecidos a los acreedores en los diversos Estados miembros equivale a una distorsión de la competencia en el mercado interior [15]. La creación de un requerimiento europeo de pago podría representar un intento de armonización de acuerdo con el principio de subsidiariedad, ya que este tipo de procedimiento no está inextricablemente interrelacionado con las otras normas que rigen el procedimiento civil, sino que más bien constituye un capítulo aparte. Es el fin del proceso monitorio causado por la oposición del demandado lo que pone en marcha el posible traslado al procedimiento civil ordinario. Por tanto, la introducción de un requerimiento europeo de pago no implicaría la necesidad de aproximar más la legislación procesal nacional.

[14] Supra 1.1.

[15] Según la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo "Hacia una mayor eficacia en la obtención y la ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión Europea", DO C 33 de 31.1.1998, p. 3, apartado 38, el estudio "Encuesta europea sobre los hábitos del pago", Intrum Justitia (véase la nota 3 supra), ha demostrado que la proporción de retrasos de pago intencionales es sustancialmente inferior a la media comunitaria del 35% en los Estados miembros donde las resoluciones pueden obtenerse y ejecutarse más rápida, económica y eficientemente.

Habida cuenta de las observaciones anteriores y para permitir que la Comisión evalúe mejor el grado de necesidad de acción a nivel comunitario, así como la naturaleza de la acción requerida, es uno de los fines de este Libro Verde recopilar más información sobre el funcionamiento de las normas procesales existentes en los Estados miembros para el cobro de créditos no impugnados, ya sea un proceso monitorio o de otro tipo. El análisis del marco legislativo en pie no permite por sí mismo extraer las conclusiones correctas sobre el rendimiento de un procedimiento específico en su uso cotidiano. Cuanto mayor sea la divergencia de la aceptación y el éxito de los métodos destinados a simplificar y acelerar la obtención de una sentencia ejecutiva sobre una deuda que resulta no suscitar oposición, mayor será el desequilibrio antes señalado y más urgente la necesidad de aproximación en la Comunidad.

Pregunta 3

¿Qué problemas, en su caso, han surgido en la aplicación del proceso monitorio u otro proceso disponibles en su Estado miembro para el cobro de deudas no impugnadas? Indique el nivel de aceptación y éxito de estos procesos en la práctica. ¿Estos procesos también están disponibles en los casos transfronterizos en que el demandante o el demandado está domiciliado en otro Estado miembro? En caso afirmativo, ¿qué problemas han surgido en la aplicación? En caso negativo, ¿cómo se enjuician las demandas sin oposición en una situación transfronteriza?

2.4. ANTECEDENTES

2.4.1. Iniciativas que aspiran a la creación de un proceso monitorio europeo antes de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam

2.4.1.1. Propuesta Storme

En 1993, un grupo de trabajo de expertos en Derecho procesal, presidido por profesor Marcel Storme, presentó a la Comisión un proyecto de propuesta de Directiva sobre la aproximación de leyes y normas de los Estados miembros referentes a ciertos aspectos del procedimiento civil (la llamada Propuesta Storme) [16]. Este primer intento global de abordar las características más fundamentales del proceso civil [17], claramente basado en un análisis en clave de mercado interior [18], comprende una sección que establece normas detalladas para un proceso monitorio, reconociendo así la particular importancia de la armonización en ese campo [19]. Aunque esta propuesta nunca se convirtió en una iniciativa legislativa de la Comisión, constituye un punto de referencia y fuente de inspiración de gran valor.

[16] El texto se publicó en 1995, Storme (ed.), Rapprochement du droit judiciaire de l'Union Européenne - Approximation of judiciay law in the European Union, Dordrecht/Boston/London.

[17] Procede mencionar que, antes de esta propuesta, el Consejo de Europa había sugerido en su Recomendación nº R (81) 7 sobre medidas que facilitan el acceso a la justicia, de 14.5.1981, que debían adoptarse "disposiciones en materia de deudas no impugnadas o exigibles que aseguren la obtención rápida de una resolución definitiva sin formalidades, comparecencias ni costes innecesarios" .

[18] El informe introductorio del Profesor Marcel Storme trata ampliamente de la necesidad de armonizar el Derecho procesal civil tras la creación de un mercado interior tanto desde un punto de vista económico como en lo referente a la base jurídica de la legislación comunitaria en este ámbito.

[19] El grupo de trabajo se propuso originalmente redactar un código modelo europeo completo sobre el procedimiento civil. La propuesta final, sin embargo, se caracteriza por una marcada diferencia entre algunas áreas (como el requerimiento de pago) que se tratan detalladamente y donde se sugiere un procedimiento común armonizado y otras que se limitan a la creación de principios generales o normas mínimas.

2.4.1.2. Directiva sobre la morosidad

En 1998, la Comisión presentó la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales [20]. Basada en el principio de que las consecuencias de la morosidad, como los intereses de demora exigibles por el acreedor tras el vencimiento del plazo, sólo pueden ser disuasorias si van acompañadas de procedimientos de reclamación rápidos, eficaces y poco costosos [21], en su artículo 5 contenía una disposición que obligaba a los Estados miembros a establecer un procedimiento acelerado de cobro de deudas no impugnadas y que resumía algunas características mínimas esenciales de ese procedimiento. Aunque el término "requerimiento de pago" no se mencionaba en el texto, cabe asumir que un procedimiento de este tipo era lo que los redactores de la propuesta tenían en mente [22]. La Directiva que finalmente se adoptó el 29 de junio de 2000 [23], basada en el artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea adoptó un planteamiento más prudente. En vez de la introducción de un procedimiento específico (potencialmente nuevo), el artículo 5 requiere que los Estados miembros aseguren la posibilidad de obtener un título ejecutivo en un plazo de 90 días de conformidad con su respectiva legislación nacional [24]. Queda por ver si la transposición del artículo 5 implicará cambios perceptibles en los sistemas procesales de los Estados miembros [25]. De todos modos, hay que considerar que esta disposición constituye una prudente primera etapa, no el paso final del proceso hacia el establecimiento de un eficaz proceso europeo de cobro de créditos no impugnados.

[20] COM(98) 126 final, DO C 168, de 3.6.1998, p. 13.

[21] Considerando 14 de la Propuesta, que se convirtió en el considerando 20 de la Directiva.

[22] La Exposición de Motivos de la Propuesta se refería explícitamente a l'injonction de payer francés y al Mahnverfahren alemán.

[23] Directiva 2000/35/CE, DO L 200, de 8.8.2000, p. 35. El plazo para la transposición expiró el 8 de agosto de 2002.

[24] El artículo 5 ("Procedimientos de cobro de créditos no impugnados") reza así: "1. Los Estados miembros velarán por que se pueda obtener un título ejecutivo, independientemente del importe de la deuda, normalmente en un plazo de 90 días naturales a partir de la presentación de la demanda o de la solicitud por parte del acreedor ante el Tribunal u otra autoridad competente, siempre que no haya habido impugnación de la deuda o de cuestiones del procedimiento. Los Estados miembros llevarán a cabo dicha tarea de conformidad con sus disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales. 2. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales se aplicarán en las mismas condiciones a todos los acreedores que se encuentren establecidos en la Comunidad Europea.

[25] Parece no ser improbable que la mayoría, si no todos los Estados miembros, reivindiquen que su legislación procesal ya cumple estas condiciones. A este respecto, mucho depende de la interpretación del término "normalmente". ¿Tiene en cuenta solamente el marco jurídico o también los hechos empíricos de la eficacia real de los tribunales en la práctica?

2.5. El Tratado de Amsterdam y sus ramificaciones

2.5.1. El Tratado de Amsterdam

La entrada en vigor del Tratado de Amsterdam implicó la transferencia de la cooperación judicial en asuntos civiles del tercer pilar (número 6 del artículo K.1 TUE) al primer pilar. Según la letra c) del artículo 61 y el artículo 65 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comunidad adopta medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con repercusión transfronteriza y en la medida necesaria para el buen funcionamiento del mercado interior. De conformidad con la letra c) del artículo 65, estas medidas incluyen la eliminación de obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles, fomentando, si fuera necesario, la compatibilidad de las normas de procedimiento civil aplicables en los Estados miembros.

Esta nueva competencia comunitaria dio un nuevo impulso al debate sobre una aproximación de mayor alcance de la legislación procesal, incluido el ámbito de los créditos no impugnados [26].

[26] Ello no quiere decir, sin embargo, que la letra c) del artículo 61 y el artículo 65 sean las únicas bases jurídicas posibles del proceso monitorio europeo.

2.6. Las conclusiones de Tampere

La reunión del Consejo Europeo en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999 respaldó el principio de reconocimiento mutuo de sentencias y otras resoluciones de las autoridades judiciales como piedra angular de la cooperación judicial que debía establecerse en la Unión. Bajo el título "Mayor convergencia en Derecho civil", invitó al Consejo y a la Comisión a elaborar nueva legislación procesal para casos transfronterizos, en particular en lo que se refiere a los elementos que son decisivos para allanar el camino a la cooperación judicial y para mejorar el acceso a la justicia. Se mencionaron explícitamente las "órdenes de pago" entre las cuestiones cruciales [27].

[27] Punto 38 de las Conclusiones de la Presidencia.

El Consejo Europeo pidió al Consejo y a la Comisión que adoptaran, antes de diciembre de 2000, un programa de medidas para aplicar el principio de reconocimiento mutuo que incluyera el inicio de los trabajos sobre el requerimiento europeo de pago y esos aspectos del Derecho procesal que necesitan normas mínimas comunes para facilitar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo.

2.7. El proyecto de reconocimiento mutuo

El proyecto conjunto de la Comisión y del Consejo de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia civil y mercantil, adoptado por el Consejo el 30 de noviembre de 2000, destacó la supresión del exequátur para créditos no impugnadas como una de las prioridades comunitarias. Señalando que la posibilidad de que un procedimiento de exequátur retrase la ejecución de resoluciones relativas a créditos no impugnados por el deudor es en sí misma contradictoria, el proyecto designó este ámbito como el primero en que el exequátur debía suprimirse puesto que el cobro rápido de los impagados es absolutamente necesario para el comercio y constituye una preocupación constante de los círculos económicos interesados en el buen funcionamiento del mercado interior [28].

[28] DO C 12, de 15.1.2001, p. 1, sección I B 3.

Como se ha señalado anteriormente, el proyecto de reconocimiento mutuo se centra claramente en facilitar el reconocimiento y ejecución de las resoluciones dictadas en otro Estado miembro. No es un proyecto de armonización del Derecho procesal nacional. La aproximación de la legislación procesal en forma de definición de normas mínimas o de armonización está prevista, no como un objetivo en sí mismo, sino como una medida de acompañamiento que puede, en algunos ámbitos, ser una condición previa para avanzar en el intento de suprimir poco a poco todo procedimiento de exequátur [29]. En el mismo documento, se subraya que en algunos ámbitos la supresión del exequátur podría dar lugar a la creación de un auténtico título ejecutivo europeo, obtenido tras un procedimiento específico, uniforme o armonizado establecido para la Comunidad [30]. Hay que poner de relieve que la supresión del exequátur y la armonización del Derecho procesal son dos problemas distintos. El primero presupone el pronunciamiento de una resolución y se refiere al acceso a la ejecución cuando para ello hay que cruzar una frontera, mientras que el segundo se refiere al acceso eficaz a la justicia con el fin de obtener una resolución independientemente de si efectivamente ésta debe ejecutarse en el extranjero o no. A pesar de la interrelación entre estas materias como acaba de señalarse supra, es importante tener en cuenta su naturaleza separada y el hecho de que ambas pueden tratarse independientemente y en función de sus propias características. Baste recordar aquí que la supresión del exequátur carece de importancia para un acreedor que, en un asunto transfronterizo, tiene que demandar a alguien en otro Estado miembro donde no existe un procedimiento eficaz para el cobro de deudas no impugnadas. Y viceversa, el uso de tal procedimiento que dé lugar a una resolución dictada en el Estado en que el demandado está domiciliado, en la inmensa mayoría de casos, suprimirá la necesidad de ejecutar esta resolución en un tercer Estado miembro. Por otra parte, habrá siempre resoluciones u otros títulos ejecutivos sobre demandas sin oposición (transacciones judiciales, instrumentos auténticos), incluidos los obtenidos a través de procedimientos no armonizados, que deban ejecutarse en un Estado miembro distinto al de su origen.

[29] Es ilustrativo a este respecto que el Proyecto trate de problemas que se prestan a la armonización o al establecimiento de normas mínimas bajo el título de "medidas complementarias del reconocimiento mutuo".

[30] Sección II A 2, letra b) del Proyecto. Aunque no se menciona el proceso monitorio (ni ningún otro procedimiento específico) en esta Sección, la posterior propuesta de un título ejecutivo europeo para los créditos no impugnados en la primera etapa de la aplicación en la Sección III A prueba que la armonización en este sentido se ha previsto particularmente para el cobro de créditos no impugnados.

2.8. El título ejecutivo europeo para las demandas sin oposición, primer elemento de un planteamiento a dos niveles

Tomando en consideración las circunstancias previamente mencionadas, la Comisión han elegido una estrategia a dos niveles que tienden a:

* la supresión del exequátur con la condición de observar ciertas normas mínimas comunes a todos los títulos ejecutivos para demandas sin oposición independientemente de la naturaleza de los procedimientos que han dado lugar a la resolución o al documento ejecutivo

y

* la creación de un proceso armonizado específico para el cobro de las deudas que presumiblemente seguirán sin impugnarse, a saber el proceso monitorio europeo,

aunque no simultáneamente en el mismo instrumento legislativo. Este planteamiento permite progresos rápidos en la supresión del exequátur en todas las situaciones que se caracterizan por la ausencia comprobable de diferencia sobre la naturaleza y alcance de una deuda (no solamente los requerimientos de pago), mientras se prepara cuidadosamente el establecimiento de un proceso monitorio armonizado.

En abril de 2002, la Comisión adoptó la Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados [31]. Esta iniciativa legislativa constituye la primera etapa de la estrategia a dos niveles y prevé la supresión del exequátur para todos los títulos ejecutivos para créditos no impugnados, y su ámbito de aplicación no se limita a decisiones que resultan de un procedimiento específico. La eliminación de medidas intermedias se condiciona al cumplimiento de varias normas procesales mínimas relativas a la notificación de documentos que abarcan los métodos de notificación y el plazo entre la notificación y la resolución que permita preparar la defensa e informar adecuadamente al demandado. Solo la conformidad con estos requisitos certificada por el tribunal de origen justifica la eliminación del control de la observancia de los derechos de la defensa en el Estado miembro en que debe ejecutarse la sentencia. Este sistema de certificación mediante un impreso tipo multilingüe debería en principio proporcionar un beneficio tangible para los acreedores que acceden a una ejecución rápida y eficaz en el extranjero sin la participación del poder judicial del Estado miembro donde se requiere la ejecución ni los consiguientes retrasos y gastos.

[31] COM (2002) 159 final.

2.9. El Libro Verde como segundo elemento de este planteamiento

El presente Libro Verde representa la segunda pieza de esta estrategia y debe verse en el contexto de la política de la Comisión de abordar las cuestiones planteadas por el proyecto de reconocimiento mutuo en lo referente a los créditos no impugnados en su conjunto.

En buena lógica, de las consideraciones anteriores relativas a la aplicación del Proyecto de reconocimiento mutuo y de las reflexiones generales referentes al análisis razonado sobre el requerimiento de pago europeo [32] debería seguirse que el fin de la armonización procesal realizada en este Libro Verde y de la facilitación del reconocimiento y ejecución ni se excluyen mutuamente, ni se contradicen, ni tampoco se solapan. Al contrario, ambas iniciativas de la Comisión se complementan mutuamente. La existencia de un proceso monitorio europeo no solamente pondría en pie de igualdad a acreedores y deudores en todos los Estados miembros ofreciéndoles igual acceso a la justicia, sino que también podría suponer un progreso en el campo del reconocimiento y ejecución haciendo superfluo incluso el requisito de la certificación previsto en la propuesta de título ejecutivo europeo.

[32] VÉASE EL APARTADO 2.3 SUPRA.

3. REQUERIMIENTO EUROPEO DE PAGO

3.1. Planteamiento general

Es el propósito de este Libro iniciar una amplia consulta sobre las posibles vías de creación de un proceso monitorio específico europeo uniforme o armonizado. Con este fin, las normas que podrían regir dicho proceso se tratarán individualmente, en la medida de lo posible, por orden cronológico en el procedimiento. Cada cuestión se presentará sobre la base de un sucinto resumen inicial de la legislación pertinente en los Estados miembros. Esta encuesta servirá de inspiración en el debate para encontrar las mejores prácticas existentes en la Unión Europea - o en su caso soluciones innovadoras - y traducirá el resultado de este análisis en un nuevo requerimiento de pago comunitario que aporte un valor añadido a los ciudadanos europeos.

El examen aislado de cada una de las características detalladas de un proceso monitorio, sin embargo, sería incompleto e insuficiente por sí solo, puesto que perdería necesariamente de vista el cuadro general, es decir, el objetivo de construir un procedimiento cuyas partes individuales se ajustan de manera armoniosa y forman un conjunto equilibrado. Por tanto, antes de acudir a los detalles se dará una breve descripción de las diversas "familias" de procesos monitorios en Europa, ofreciendo así una perspectiva de las características procedimentales que se combinan típicamente en los diversos sistemas nacionales. Al tratar los aspectos particulares del procedimiento, hay que tener en cuenta su posible correlación entre ellas. Será una opción crucial bien seguir uno de los modelos principales o crear algo nuevo que adapte elementos de modelos existentes divergentes y características posiblemente innovadoras.

3.1.1. Descripción sumaria de los diversos modelos existentes en los Estados miembros

En general, cabe distinguir dos tipos de procesos monitorios en Europa. A pesar de las divergencias en detalles de menor importancia, todas las legislaciones de los Estados miembros que disponen de tal proceso pueden agruparse en una de las dos categorías.

El rasgo distintivo clave de lo que podría llamarse el modelo de la "prueba" (Bélgica, Francia, Grecia, Luxemburgo, Italia, España) es el requisito de que el demandante presente una prueba escrita que acredite la deuda. Sin tal prueba documental, la petición de requerimiento de pago se considera inadmisible. Este requisito constituye una salvaguardia contra demandas insustanciales. Debe considerarse en el contexto de un sistema que no permite expedir un requerimiento de pago hasta que el juez haya examinado sumariamente el fondo del asunto. Es en esta fase de control cuando la prueba documental desempeña su papel fundamental. ¿Existe tal prueba escrita y acredita suficientemente la deuda para justificar la decisión del juez de expedir un requerimiento de pago? La necesaria evaluación de estas cuestiones por el juez constituye un medio de protección del demandado incluso en la fase ex parte del procedimiento, cuando no tiene oportunidad de pronunciarse sobre la justificación de la demanda. Las demandas infundadas incluso basadas exclusivamente en información suministrada por el demandante o que no pueden apoyarse en ninguna prueba escrita son filtradas en una fase muy temprana del procedimiento por el propio juez. Sin embargo, el requerimiento de pago que se expide implica una cierta garantía de su carácter razonable. En la mayor parte de los Estados miembros que pertenecen a la familia de la "prueba" (Francia, Grecia, Italia, España), el demandado sólo tiene una oportunidad de oponerse a la demanda. Una vez transcurrido el plazo para la oposición, el requerimiento de pago adquiere inmediatamente fuerza de cosa juzgada y ya no es susceptible de recurso.

Sin embargo, el proceso monitorio "sin prueba" que siguen Austria, Finlandia, Alemania, Suecia y Portugal se caracteriza por la ausencia total de examen del fondo por parte del órgano jurisdiccional. Siempre que una demanda sea admisible y satisfaga los requisitos formales básicos, el órgano jurisdiccional expide el requerimiento de pago sin más evaluación del fundamento de la demanda [33]. Donde la escuela de la "prueba" aparentemente considera imprescindible una cierta protección mínima del demandado, el modelo "sin prueba" pone el énfasis en la responsabilidad del propio demandado. En cierto sentido, ésta es la aplicación pura del principio de la "inversion du contentieux", puesto que la suerte del caso depende completamente de la reacción (o no reacción) del demandado sin mayor interferencia del órgano jurisdiccional. Si el demandado tiene la posibilidad de evitar una resolución ejecutiva simplemente diciendo "no", oponiéndose a la demanda, no se considera necesaria ninguna otra salvaguardia. Las otras grandes diferencias son la consecuencia lógica de este planteamiento filosófico diverso. Si no hay examen, obviamente no hay necesidad de probar documentalmente la deuda, lo que sólo vale como herramienta para permitir tal control. Además, si la demanda no es evaluada por el órgano jurisdiccional y todo el procedimiento se acerca bastante al ámbito administrativo [34], no parece necesario implicar al juez; por tanto, en todos los Estados miembros que pertenecen a este grupo, la facultad de expedir un requerimiento de pago se delega en oficiales del tribunal o, como en Suecia, en las autoridades encargadas de la ejecución, organismos administrativos fuera de la esfera del poder judicial. Llama la atención que, en la mayor parte de los Estados miembros comprendidos en esa categoría, la falta de protección aportada por la evaluación del órgano jurisdiccional del fondo de la demanda se ve un tanto compensada por la concesión al demandado de dos oportunidades de oponerse en vez de una. En Finlandia, Alemania y Suecia, a falta de oposición dentro de plazo se dicta una segunda (y ejecutiva) resolución, que no es definitiva sino que puede ser impugnada por el demandado dentro de otro plazo. Solamente si el demandado deja pasar este segunda ocasión el requerimiento de pago adquiere fuerza de cosa juzgada.

[33] Sin embargo, hay que tomar nota del hecho de que en Austria normas recientemente adoptadas prescriben una evaluación sumaria del fondo de la petición por el órgano jurisdiccional; véanse otros detalles en el apartado 3.3.5 infra.

[34] El uso del término "administrativo" hace referencia a la falta de evaluación del fundamento de la demanda. No debe malinterpretarse en el sentido de que cuestiona la naturaleza judicial del proceso como tal. Solamente Suecia ha llegado a confiar a un organismo administrativo la tramitación del proceso monitorio.

Dicho esto, sin embargo, es importante señalar que dos Estados miembros se han apartado de este modelo en su legislación. Tanto Austria como Portugal se han adherido al modelo "sin prueba", pero para lograr una eficacia aún mayor han elegido un procedimiento de una sola fase. Una vez el demandado ha dejado pasar su única oportunidad de oponerse, ya no se adopta ninguna decisión susceptible de oposición o de recurso; el requerimiento de pago se convierte en definitivo inmediatamente.

Los ejemplos austríaco y portugués ilustran la posibilidad de escoger y adaptar los mejores elementos de los dos modelos clásicos de procesos monitorios existentes. El Mahnverfahren austríaco combina la simplicidad del modelo "sin prueba" (sin prueba documental, ni examen de la demanda, ni participación de un juez) con la severa restricción de posibilidades de recurso inspirado por el sistema de la "prueba" y permite al acreedor obtener una resolución que no sólo es ejecutiva, sino que también produce el pleno efecto de la res iudicata en poco más de dos semanas [35]. ¿Es este híbrido una inspiración para una solución a nivel europeo? [36]. ¿O habría que seguir uno de los sistemas tipo descritos anteriormente? ¿Puede colmarse la diferencia cultural entre las tradiciones con prueba y sin prueba y, si es así, cómo? ¿Cuánta responsabilidad puede dejarse al demandado? ¿Hay una norma mínima de protección por parte de los tribunales al demandado frente el enjuiciamiento de demandas infundadas a través del requerimiento de pago?

[35] Hay que añadir, sin embargo, que el plazo para oponerse de actualmente 14 días se duplicará a 4 semanas a partir del 1 de enero de 2003; véase el apartado 3.3.9.1 infra.

[36] Debe señalarse a este respecto que tanto Austria como Portugal limitan el ámbito de aplicación de su sistema de requerimiento de pago a una cantidad máxima. Esto puede comprenderse como una medida preventiva para evitar resultados intolerables de un nuevo procedimiento ultra eficaz.

Hay que considerar la discusión siguiente sobre posibles estrategias para tratar cada detalle del proceso monitorio a la luz de estas cuestiones globales. Las soluciones encontradas por diversos Estados miembros no pueden y no deben analizarse fuera del contexto del planteamiento general que han elegido. Y cada posible propuesta para un requerimiento de pago europeo necesita establecer su propio equilibrio dada la compleja interacción entre los diversos aspectos procesales. A continuación, se hará una mención especial de las implicaciones de ciertas opciones para el carácter del procedimiento considerado en su conjunto cuando sea apropiado.

3.2. Ámbito de aplicación del instrumento

3.2.1. ¿Restricción a demandas dinerarias?

Mientras que en la mayor parte de los Estados miembros (Austria, Bélgica, Alemania, Grecia, Luxemburgo, Portugal, España) el ámbito de aplicación de un procedimiento específico para obtener un título ejecutivo que se basa en la presunción de que la demanda permanecerá sin oposición e implica la "inversion du contentieux" se limita a demandas dinerarias hasta una cantidad específica, Francia, Finlandia, Italia y Suecia también lo aplican a otras obligaciones. En estos Estados miembros, se supera la esfera del requerimiento de pago o "injonction de payer" y puede obtenerse una "injonction de faire". La gama de demandas posibles varía pero típicamente incluye la entrega o restitución de un bien mueble y la evicción [37].

[37] En Italia, según el artículo 639 del Código de procedimiento civil, son admisibles las demandas que hacen referencia a una cantidad especificada de bienes fungibles o a la restitución de un bien mueble específico. El procedimiento sueco para la "ayuda ordinaria" (handräckning) está disponible para la evicción, la cesión de un bien mueble, el cumplimiento de una obligación de entregar, la privación de bienes, el cumplimiento de un contrato de empleo y la ejecución de una prohibición o concesión del derecho de acceso a bienes inmuebles rústicos o urbanos. En Francia, de conformidad con el artículo 1425-1 N.C.P.C., existe una injonction de faire para cada obligación no dineraria basada en un contrato cuando no todas las partes en el contrato son comerciantes.

Al considerar la cuestión independientemente de si las demandas no pecuniarias deben estar comprendidas en un proceso europeo armonizado, hay que tener en cuenta que, dado el abrumador predominio de las demandas de pago en los pleitos civiles, comparado con un requerimiento de pago un requerimiento de hacer tendrá relativamente escasa importancia práctica [38]. Además, por definición, tales obligaciones son menos proclives a tipificarse mediante el uso de formularios y procesamiento de datos, puesto que la propia demanda (y la redacción de una resolución ejecutiva) requiere siempre una descripción precisa a la que se llega más difícilmente que con la mera expresión de una demanda dineraria en euros y céntimos (u otras monedas).

[38] A este respecto es importante tomar nota de que en Francia el procedimiento de injonction de faire ha tenido escaso éxito y se ha recomendado su abolición en una propuesta de reforma del Presidente del Tribunal de Grande Instance de París.

Pregunta 4

¿Debe el proceso monitorio europeo limitarse a las demandas dinerarias? Si no, ¿qué tipos de demandas no pecuniarias deben incluirse?

3.2.2. ¿Debe el procedimiento aplicarse solamente a ciertos tipos de demandas o deben excluirse del procedimiento ciertos tipos de demandas?

En el ámbito de las demandas dinerarias, varios Estados miembros (Austria, Bélgica, Grecia, Italia, España, Suecia [39]) no limitan el proceso monitorio en relación con la naturaleza o base jurídica de la demanda en cuestión. Entre los demás Estados miembros, cabe observar dos planteamientos distintos sobre la reducción del ámbito de aplicación de este procedimiento. Francia y Portugal permiten el requerimiento de pago solamente para demandas resultantes de obligaciones contractuales y excluyen, por tanto, las derivadas de hecho ilícito [40]. En vez de definir las demandas que pueden ser objeto de un requerimiento de pago, Alemania, Finlandia y Luxemburgo prohíben el pronunciamiento de tal resolución en ciertos casos bien definidos [41].

[39] El requisito de una obligación incondicional y exigible se considera evidente y no una limitación en el sentido de esta sección del Libro Verde.

[40] En Francia, además de las obligaciones contractuales, el artículo 1405 N.C.P.C. permite la injonction de payer para ciertas obligaciones estatutarias, como las contribuciones al plan de pensión.

[41] En Luxemburgo, el requerimiento de pago no es admisible para demandas que resultan de contratos de arrendamiento inmobiliario, de trabajo y de aprendizaje. En Alemania, la restricción está mucho más limitada y abarca solamente los créditos al consumo si el tipo de interés sobrepasa el máximo establecido en el artículo 688 (II) (1) ZPO. En Finlandia, el procedimiento no está disponible para asuntos en que no se permite la transacción extrajudicial entre las partes.

Hay que subrayar, sin embargo, que las diferencias antes señaladas no son tan evidentes como para manifestarse a primera vista. En ese contexto, es de particular importancia tener presente que muchos Estados miembros condicionan el requerimiento de pago a la presentación de una prueba documental de la deuda. Este requisito casi nunca se cumplirá para las deudas basadas en la responsabilidad derivada de hecho ilícito. En la práctica, por tanto, la discrepancia entre un requerimiento de pago disponible solamente para las demandas contractuales por una parte o para todos los tipos de demandas pero solamente previa presentación de la prueba escrita (como en Bélgica, Grecia, Italia y España) será bastante marginal.

Habrá que analizar cuidadosamente si y hasta qué punto debe limitarse el ámbito de aplicación de la injonction de payer europea a ciertos tipos de demandas y, de ser así, por qué método debe lograrse tal restricción. Es evidente que la admisión de todas las demandas (dinerarias) sería la solución más clara, puesto que cada restricción daría inevitablemente lugar a dificultades interpretativas referentes a la distinción entre las demandas que pueden tramitarse y las que no pueden tramitarse por este proceso [42] y requeriría el examen por el tribunal o la autoridad competente antes de expedir el requerimiento. Tal limitación se justificaría solamente en caso de necesidad imperiosa de excluir ciertos asuntos del ámbito de aplicación del procedimiento. Por ejemplo, puede considerarse que, en determinados ámbitos, los demandados adolecen de una debilidad estructural característica que pone en peligro la protección adecuada de los derechos de la defensa, a pesar de la posibilidad de impugnar la demanda y evitar así una resolución ejecutiva.

[42] Por ejemplo, las demandas por daños y perjuicios surgidas de una relación precontractual (culpa in contrahendo) se consideran de naturaleza contractual en algunos Estados miembros (por ejemplo, Alemania) y como materia derivada de hecho ilícito en otros (por ejemplo, Francia).

Pregunta 5

¿Debe haber un proceso monitorio europeo sólo para demandas relativas a determinadas materias de Derecho civil y mercantil o deben excluirse determinados tipos de demandas? Indicar en cualquier caso las categorías de demandas que deben incluirse o excluirse.

3.2.3. ¿Debe fijarse un límite a la cantidad que puede reclamarse o - si se incluyen las demandas no pecuniarias - al valor de la demanda?

La aplicabilidad del proceso monitorio puede restringirse no sólo por la definición de la naturaleza de las demandas admisibles, sino también introduciendo un límite a la cantidad que puede reclamarse (o, si se incluyen las demandas no pecuniarias, al valor de tales demandas). Algunos Estados miembros (Austria, Bélgica, Portugal, España) solamente prevén el requerimiento de pago hasta una cantidad máxima [43], mientras que los otros (Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo y Suecia) se abstienen de tal limitación [44].

[43] Los límites máximos varían considerablemente entre estos Estados miembros. Son aproximadamente 1.850 EUR en Bélgica, 3.750 EUR en Portugal y 30.000 EUR en España. En Austria, se ha adoptado recientemente nueva legislación con arreglo a la cual el límite máximo se aumentará de 10.000 a 30.000 EUR a partir del 1 de enero de 2003.

[44] En Luxemburgo, hay dos procedimientos diversos (ordonnance conditionelle de paiement y provision sur requête) según la cantidad reclamada. La provision sur requête aplicable a demandas de más de 10.000 EUR no se introdujo hasta 1997 y está inspirada en gran parte en las normas que regían la ordonnance conditionelle de paiement, pero difiere de ella en que es esencialmente una medida provisional y no puede adquirir fuerza de cosa juzgada.

Como el proceso monitorio está diseñado para permitir la solución eficiente y económica, no de demandas de escasa cuantía, sino de las demandas sin oposición y la naturaleza de una demanda sin oposición no está en absoluto ligada a la magnitud de la cantidad implicada, la justificación de tal obstáculo al acceso solamente puede encontrarse en la protección del demandado contra el peligro del perjuicio irreparable en caso de que se ejecute una resolución que más tarde se revoque [45]. Sin embargo, este razonamiento parece sostenerse solamente si el procedimiento ordinario al que el demandante debe acudir ofrece realmente un mayor grado de protección al demandado pasivo que el proceso monitorio. Es dudoso, puesto que casi todos los Estados miembros prevén el pronunciamiento de una sentencia en rebeldía si el demandado no comparece en juicio, con independencia del valor de la demanda en juego y sin un examen más pormenorizado de la justificación de la demanda en comparación con el proceso monitorio [46]. Es interesante señalar que el análisis comparativo de la legislación de los Estados miembros sobre el proceso monitorio no revela ninguna correlación clara entre el acceso sin restricción a tal proceso y una mayor protección de los derechos del demandado. De hecho, la mayoría de los Estados miembros, a excepción de Austria, que no requieren prueba documental ni un examen del fundamento de la demanda y que habilitan a funcionarios que no son jueces a expedir la resolución (Alemania, Suecia, Finlandia) no prevén un límite para tramitar el requerimiento de pago. Posiblemente, en Portugal y España la limitación de la cuantía que puede reclamarse puede explicarse en parte por la novedad del requerimiento de pago en los sistemas procesales de esos Estados miembros y la precaución resultante [47].

[45] El límite austríaco está basado en la intención de prevenir el peligro de poner en peligro la subsistencia del demandado. En el reciente debate sobre el aumento de la cantidad máxima, la relación entre la cuantía de una demanda y la probabilidad de que se impugne también desempeñó un papel considerable. Este criterio debe verse a la luz del hecho de que el recurso al proceso monitorio es obligatorio en Austria (véase 3.2.4 infra). En los demás Estados miembros es el demandante el que decide optar por este proceso si considera suficientemente probable que el demandado no se opondrá a la demanda.

[46] No obstante, hay que tomar que en consideración que, en términos generales, una sentencia en rebeldía puede recurrirse de ordinario, mientras que en varios Estados miembros el requerimiento de pago no puede serlo (véase el apartado 3.3.11.2 infra).

[47] Es también digno de mención que recientemente en Austria y Portugal el límite ha sido aumentado considerablemente y que en Austria acaba de aprobarse o se está debatiendo actualmente un nuevo aumento.

A consecuencia de las anteriores consideraciones, se plantea la cuestión de si y por qué razones es necesario limitar la cantidad que puede reclamarse en un proceso monitorio (y cuál debería ser el límite) o si el procedimiento debería ser aplicable independientemente de la cuantía de la demanda.

Pregunta 6

¿Debe un proceso monitorio europeo aplicarse solamente a las demandas hasta cierta cuantía? De ser así, ¿cuál debe ser el importe máximo?

3.2.4. ¿Debe ser obligatorio el recurso a dicho instrumento?

Con la única excepción de Austria, todos los Estados miembros que disponen de un proceso monitorio lo prevén como un método opcional para el cobro de una deuda al que generalmente el acreedor recurrirá sólo si tiene razones para creer la justificación de su demanda no suscitará oposición. En Austria, el Mahnverfahren es obligatorio y no depende de que el demandante lo solicite. Aunque esta naturaleza del proceso monitorio como primer paso obligatorio de todos los procesos que tramitan demandas dinerarias inferiores al límite establecido por la legislación austríaca puede explicarse por las circunstancias específicas de dicho Estado miembro [48], queda por ver si este razonamiento resulta apropiado a nivel europeo. Contrariamente a su propósito original, un proceso monitorio obligatorio puede causar retrasos adicionales si las partes tienen que seguir todo el procedimiento aunque esté claro desde el principio que el demandado va a oponerse [49].

[48] Antes de la reforma del Mahnverfahren en 1983, la oposición del demandado simplemente invalidaba el requerimiento de pago. Para proseguir con la demanda, el acreedor estaba obligado a interponer una nueva demanda con arreglo a las normas del procedimiento ordinario considerado excesivamente complejo, lo que limitó mucho la aceptación general de este procedimiento. La introducción de un proceso monitorio obligatorio que se prosigue automáticamente como un juicio ordinario si el demandado se opone parece percibirse como una solución satisfactoria a este problema. Sin embargo, la incoación obligatoria del proceso mediante la petición de requerimiento de pago no parece ser un requisito previo necesario para la fácil remisión al juicio ordinario si el demandado se opone a la demanda.

[49] Las autoridades austríacas mantienen, sin embargo, que la naturaleza obligatoria del proceso monitorio no implica ningún retraso porque el plazo de contestación a la demanda sirve simultáneamente para preparar la defensa y, por tanto, contribuye a una tramitación más rápida del asunto en el proceso ordinario.

Pregunta 7

¿Debe ser obligatorio el recurso al proceso monitorio europeo u opcional solamente cuando el acreedor crea que la demanda no será impugnada?

3.3. Normas que rigen el procedimiento

3.3.1. Competencia internacional en asuntos transfronterizos - ¿Foro del domicilio del demandado?

Si el demandante y el demandado están domiciliados en dos Estados miembros diferentes, la competencia internacional se rige por las normas del Reglamento del Consejo (CE) nº 44/2001. De conformidad con dichas disposiciones, por regla general se debe interponer la demanda ante los órganos jurisdiccionales del domicilio del demandado (apartado 1 del artículo 2). El Reglamento, sin embargo, establece un considerable número de excepciones, bien permitiendo al demandante optar por otro foro distinto al del domicilio del demandado, o incluso estableciendo la competencia exclusiva sin tener en cuenta el domicilio del demandado.

Es digno de consideración si un instrumento legislativo sobre el requerimiento de pago europeo debe contener disposiciones especiales sobre la competencia internacional que prevalezcan sobre el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo. Podría debatirse si se atribuye competencia exclusiva a los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado para este tipo de proceso. Esto privaría al demandante de la conveniencia de poder demandar al demandado en su propio Estado miembro de domicilio o, al menos, en el Estado miembro que es (exclusivamente) competente para el procedimiento ordinario principal en caso de oposición en algunas instancias. Por consiguiente, si el demandado se opone a la demanda, el pleito pueden tener que trasladarse a otro Estado miembro para el procedimiento contencioso, ya que ninguna regla especial para el proceso de injonction de payer debe prejuzgar las normas sobre competencia por lo que se refiere al procedimiento ordinario. Esta remisión puede suponer considerables dificultades procesales. Sin embargo, estas posibles desventajas en un número limitado de casos podrían verse compensadas por la seguridad jurídica resultante de una regla simple y clara sobre competencia internacional. Tal disposición también podría contribuir significativamente a garantizar los derechos de la defensa. En particular, permitir un proceso monitorio sólo en el Estado miembro del domicilio del demandado aseguraría que no hay que cruzar ninguna frontera para notificar el requerimiento de pago al demandado. Dada la importancia crucial de la notificación de ese documento para los derechos de la defensa [50], las potenciales complicaciones y retrasos de la notificación transfronteriza podrían evitarse, mejorando así la rapidez y eficacia del proceso. De cualquier modo, hay que analizar cuidadosamente si las potenciales ventajas de una norma de competencia judicial al efecto realmente justifican una desviación del equilibrado sistema de competencia judicial internacional establecido en el Reglamento del Consejo (CE) nº 44/2001.

[50] Véanse más detalles sobre este extremo en el apartado 3.3.8 infra.

Pregunta 8

¿Deben los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del domicilio del demandado tener competencia internacional exclusiva sobre un proceso monitorio europeo en asuntos transfronterizos?

3.3.2. Normas que determinan la competencia en los Estados miembros cuyos órganos jurisdiccionales son competentes

Por lo que se refiere a la adjudicación de la competencia para el proceso monitorio en un Estado miembro, la legislación de los Estados miembros que disponen de tal procedimiento varía considerablemente. En algunos Estados miembros (Austria, Italia, Luxemburgo) se aplican las normas generales sobre competencia en procedimientos ordinarios. Otros tienen normas especiales. En casi todos los Estados miembros, los tribunales del domicilio del demandado son competentes para el proceso monitorio. A menudo, el demandante tiene la posibilidad adicional de acudir al órgano jurisdiccional del lugar donde hay que cumplir la obligación en cuestión (en la mayoría de los casos el pago) y/o del lugar de ejecución del requerimiento. Alemania es una notable excepción, puesto que en principio los órganos jurisdiccionales del domicilio del demandante son siempre competentes a efectos del Mahnverfahren [51].

[51] Artículo 689 (2) del ZPO. Esta especificidad probablemente se propone aumentar la facilidad de empleo del sistema para los grandes acreedores que disponen de la ventaja de deber acudir solamente a un tribunal para todas sus demandas, independientemente de dónde viva el demandado. Debe considerarse a la luz del hecho de que el proceso monitorio es un procedimiento puramente escrito y que para el demandado ni el lugar de procedencia del requerimiento, ni adónde tenga que presentar el escrito de oposición suponen una diferencia considerable. Vale la pena observar, sin embargo, que esta regla es modificada por el art. 703 d si el demandado no está domiciliado en Alemania. En este caso, la competencia se atribuye al órgano jurisdiccional que sería competente para el procedimiento principal (si el demandado se opusiera a la demanda) según las normas ordinarias sobre competencia. La misma regla se aplica al proceso monitorio ante los tribunales de lo social. En general, la existencia de normas de competencia judicial separadas para el Mahnverfahren, por una parte, y el procedimiento ordinario, por otra, implica la necesidad de remitir el caso a otro tribunal si el demandado se opone y activa el procedimiento ordinario.

Tener normas idénticas en toda la Unión Europea sería, por supuesto, más fácil para los demandantes de otros Estados miembros, que no tendrían que hacer frente a las particularidades del ordenamiento jurídico del Estado miembro donde se celebra el juicio. Sin embargo, parece un tanto objetable que un instrumento europeo deba contener disposiciones sobre la atribución interna de la competencia en los Estados miembros. En realidad, sería coherente con el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo limitar las normas sobre competencia a la determinación del Estado miembro competente en los asuntos transfronterizos. En cualquier caso, tener normas diversas sobre competencia implicaría la necesidad de hacer fácilmente accesible la información sobre estas normas, por ejemplo vía la red judicial europea.

Pregunta 9

¿Debe un instrumento europeo sobre un proceso monitorio contener normas que determinen los órganos jurisdiccionales competentes en los Estados miembros? De ser así, ¿cuáles deberían ser estas normas?

3.3.3. Normas que determinan quién exactamente es responsable del procedimiento

Una de las líneas divisorias cruciales entre las denominadas escuelas de la "prueba" y "sin prueba" radica en el hecho de que la primera (Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, España) atribuye la facultad de expedir el requerimiento de pago al juez competente, mientras que la segunda (Austria, Finlandia, Alemania, Portugal, Suecia [52]) delega tal facultad a oficiales del tribunal (secretario, Rechtspfleger) o, en el caso sueco, a los funcionarios de las autoridades encargadas de la ejecución.

[52] Esta delegación en los oficiales judiciales en casos de demanda sin oposición también puede encontrarse en los Estados miembros donde no existe proceso monitorio, por ejemplo, en el Reino Unido, en procesos en rebeldía.

Según lo indicado anteriormente, esta diferencia puede explicarse parcialmente por la discrepancia estructural entre las resoluciones que son resultado de una evaluación sumaria del fondo del asunto basada en la prueba escrita y las que se fundan en la simple circunstancia de que el demandado no se opuso la demanda.

Al elegir entre estos modelos, combinar elementos de ambos o dejar este problema particular a los Estados miembros, es un aspecto importante que la creación de un proceso monitorio tramitado por oficiales judiciales puede contribuir perceptiblemente a aliviar la carga de trabajo de los jueces y permitirles concentrarse en los asuntos verdaderamente "difíciles". Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, aunque la demanda en sí no sea impugnada por el demandado, la persona de hecho responsable del proceso monitorio podría enfrentarse a complejos problemas jurídicos como el siguiente: ¿se ha notificado correctamente al demandado el escrito de interposición de la demanda?, ¿ha dado el demandante una justificación de la demanda que es contradictoria en sí misma o que incluso podría revelar una conducta fraudulenta?, ¿ha explicado suficientemente el demandante por qué tiene derecho a un tipo de interés más alto que el legal?, ¿el demandado que ha sobrepasado el plazo para oponerse y que solicita la revocación de los efectos de la expiración del plazo no ha podido oponerse dentro de plazo sin culpa por su parte [53]? Es innecesario decir que la capacidad de los oficiales para enfrentarse a este desafío depende del grado y calidad de su formación jurídica, que difiere sustancialmente entre los Estados miembros [54].

[53] Al menos en Austria, las resoluciones sobre una solicitud de revocación de los efectos (Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) y la desestimación de la oposición en su caso (por ejemplo, si es extemporánea) son competencia del Rechtspfleger (sujetas a las limitaciones explicadas en la anterior nota a pie de página), mientras que en Alemania estos asuntos son tratados por un juez.

[54] En Austria y Alemania los oficiales judiciales (Rechtspfleger) tienen varios años de carrera de Derecho.

Por tanto, si la delegación de competencias fuera la opción preferida, habría que considerar cuidadosamente cuáles serían los límites de las facultades de los oficiales para tramitar el proceso monitorio europeo. Algunos Estados miembros han intentado solucionar este problema dando a los oficiales la oportunidad u obligándoles a remitir los asuntos "difíciles" al juez competente [55]. En este último caso, los criterios para la participación obligatoria de un juez pueden tener que definirse claramente.

[55] En Portugal, las cuestiones en las que el oficial tiene dudas son decididas por un juez. En el proceso monitorio finlandés, los oficiales que no necesariamente tienen formación jurídica tienen que remitir los asuntos "difíciles" a personas con carreras de Derecho, es decir, notarios o jueces.

Pregunta 10

¿Debe un instrumento sobre el proceso monitorio europeo contener disposiciones que determinen quién en un órgano jurisdiccional (jueces, oficiales judiciales) es exactamente responsable del proceso y tiene la facultad de expedir un requerimiento de pago? En caso afirmativo, ¿cuáles deberían ser esas normas?

3.3.4. Petición de requerimiento de pago

3.3.4.1. Contenido de la petición, en particular, descripción de la deuda y su fundamento jurídico

La información básica que hay que incluir en una petición de requerimiento de pago, como los nombres y direcciones de las partes, la cuantía reclamada incluyendo, en su caso, intereses y costas y la descripción de las circunstancias invocadas como justificación de la deuda, parece ser bastante evidente y no excesivamente propensa a controversia. Un problema que quizá pudiera levantar un cierto debate es el contenido de los requisitos para la suficiente descripción del origen de la deuda. Las legislaciones actuales de los Estados miembros sobre los requerimientos de pago exigen desde requisitos idénticos a los de una cédula ordinaria (Italia) hasta una mera referencia de brevedad telegráfica al fundamento de la demanda (Suecia, Austria, Alemania, Finlandia) [56]. El planteamiento que debe seleccionarse a este respecto está inextricablemente ligado a las decisiones sobre otros asuntos fundamentales planteados en este Libro Verde. Obviamente, la necesaria calidad y la detallada naturaleza de la justificación de la demanda depende en gran parte del grado de examen de la petición por el tribunal. Si el requerimiento de pago es el resultado de una valoración jurídica (sumaria) por el tribunal, el relato de los hechos que supuestamente fundan la demanda tiene que ser suficientemente completo para permitir el examen del tribunal. Si, por el contrario, el demandado es responsable de iniciar el examen del fondo oponiéndose a la demanda y a falta de tal oposición se expide el requerimiento de pago sin siquiera un control formal superficial de su fundamento, lo correcto es proporcionar suficiente información para que el demandado pueda identificar la demanda y decidir entonces si efectivamente quiere o no oponerse a ella.

[56] El prospecto sueco de información adjunto al formulario tipo de solicitud ilustra los requisitos de una declaración precisa del contenido de la demanda con el siguiente ejemplo: compra de un coche, Nº reg. BMG 689 el 19 de enero de 1996.

Pregunta 11

¿Cuáles deben ser los requisitos relativos al contenido de la petición de un requerimiento europeo de pago? En especial, ¿qué condiciones debe cumplir la descripción de las circunstancias alegadas como fundamento de la demanda?

3.3.4.2. Requisito de la prueba documental de la deuda

El requisito de presentar alguna prueba documental de la deuda ya se ha caracterizado como elemento definitorio del modelo de la "prueba" de proceso monitorio. La clara ventaja para la protección del demandado contra demandas infundadas se basa en un examen jurídico del fondo del asunto por el tribunal sobre la base de la exposición de los hechos del demandante y las pruebas aportadas por él. Hay que sopesar este efecto con la pérdida de eficacia resultante de la necesidad de tal examen y de las dificultades para reconciliar la necesaria presentación de pruebas escritas con el uso de procesamiento electrónico de los datos. En otros términos, remite a la cuestión de si se considera imprescindible que el tribunal realice un control del fundamento de la demanda o si puede dejarse enteramente a la responsabilidad del demandado oponerse a la demanda y la falta de oposición en sí misma es suficiente para justificar una decisión en favor del demandante.

Para evaluar a fondo el significado e impacto del requisito de prueba documental es de extrema importancia saber si debe entenderse en sentido amplio o restringido, es decir, qué tipos de documentos se admiten como prueba suficiente de la deuda. Requisitos excesivamente estrictos que exijan efectivamente un reconocimiento expreso de la deuda por el demandado privarían al proceso monitorio de la mayor parte de su utilidad práctica. Por el contrario, normas demasiado laxas podrían diluir el control que el órgano jurisdiccional puede efectuar hasta el punto de cuestionar el valor del requisito mismo de la prueba documental. En cuanto a los Estados miembros que pertenecen a la escuela de la "prueba" (Bélgica, Francia, Grecia, Luxemburgo, Italia, España), lo menos que se puede decir es que no aplican los mismos criterios a este respecto. El grado de precisión y detalle de las disposiciones que tratan de este problema difiere ampliamente. En Francia, el artículo 1407 NCPC se limita a establecer que la petición debe acompañarse de documentos justificativos [57] sin más indicaciones sobre lo que puede considerarse necesario para cumplir este requisito, dejando por tanto a los órganos jurisdiccionales el desarrollo de directrices más concretas en su jurisprudencia. La legislación belga da un paso más y exige un documento que emane del demandado, pero aclara que no tiene que equivaler a un reconocimiento de la deuda [58]. La ley española y, en particular, la italiana contienen largas y detalladas listas y definiciones de lo que constituye prueba documental a efectos del proceso monitorio [59]. Excede del ámbito de este Libro Verde tratar a fondo todos los documentos cubiertos por esas disposiciones. Baste decir aquí que en ambos Estados miembros la demanda puede fundarse en documentos que no lleven la firma del demandado y que hayan sido elaborados por el demandante unilateralmente [60].

[57] Párrafo tercero del art. 1407: "La requête doit être accompagnée des documents justificatifs". El artículo 11.2 (4) de la "Propuesta Storme", que reza: "la solicitud ... se acompañará de todos los documentos justificativos que funden el crédito", parece igualmente impreciso en términos cualitativos pero más exigente en los cuantitativos.

[58] Artículo 1338 del Código judicial belga (versión francesa: "... un écrit émanant du débiteur". Los trabajos preparatorios de esta disposición dan como ejemplos de documentos válidos una ficha de pedido, un alabarán de entrega firmado por el demandado y una factura aceptada.

[59] En España el artículo 812 LEC, en Italia los artículos 633 a 636 c.p.c. En ambos casos las listas no son exhaustivas.

[60] La disposición española admite los documentos que emanen unilateralmente del demandante que atestigüen bien las circunstancias de la deuda de que se trate, bien, como documento complementario de otro que consigne el importe reclamado, una relación duradera entre las partes.

Habida cuenta de estas discrepancias parece que no puede subestimarse la complejidad del intento de elaborar una definición de los documentos admisibles como pruebas en los procesos monitorios. Posiblemente, éste sea también un aspecto que debe tenerse en cuenta al considerar la cuestión general de si la tramitación de un proceso monitorio europeo depende de la presentación de una prueba escrita de la deuda.

Pregunta 12

¿La presentación de la prueba documental de la deuda en cuestión debe ser un requisito para solicitar el requerimiento europeo de pago? Si es así, ¿qué tipos de documentos deben considerarse prueba suficiente de la deuda?

3.3.4.3. Requisitos formales. Uso de formularios

Mientras que varios Estados miembros con proceso monitorio disponen de formularios oficiales (Austria, Alemania, Luxemburgo, Portugal, Suecia, España) [61], su uso es obligatorio solamente en alguno de ellos [62] y una alternativa opcional al escrito de interposición de la demanda en otros [63]. En los Estados miembros donde debe o puede presentarse un escrito de interposición de la demanda, los requisitos varían entre un escrito igual al de los procedimientos civiles ordinarios [64] y una versión simplificada que no especifique más que las partes, sus domicilios, la cuantía y el origen de la deuda [65].

[61] En Francia, editoriales privadas han puesto en circulación formularios no oficiales.

[62] En Austria, Alemania (excepto cuando la notificación debe efectuarse en el extranjero) y Portugal (a menos que el formulario sea inadecuado para el asunto en cuestión).

[63] Éste es el caso en Luxemburgo, donde también es posible la incoación simplificada del proceso mediante una déclaración au greffe oral o escrita (petición presentada ante la secretaría del órgano jurisdiccional).

[64] Italia.

[65] España (artículo 814 nueva LEC).

El uso de formularios es una manera particular de estructurar la información necesaria para incoar el proceso monitorio. Puede servir para varios fines. En primer lugar, ayuda al demandante, especialmente si no está representado por abogado, facilitándole la lista completa de cuestiones que hay que abordar con el fin de presentar una petición admisible, acompañada idealmente de algunas observaciones explicativas de cada uno de los extremos. En segundo lugar, es una herramienta importante para facilitar el uso del procesamiento electrónico de datos, particularmente si se combina con la posibilidad de transmisión electrónica de la petición al órgano jurisdiccional. Además, en asuntos transfronterizos, la existencia de formularios multilingües puede contribuir perceptiblemente a la simplificación y agilización del proceso reduciendo a un mínimo las traducciones, los costes resultantes y la duración de las gestiones. Finalmente, una solicitud normalizada sería el requisito previo necesario para una resolución normalizada, que podría entonces circular libremente en la Comunidad a efectos de la ejecución.

La creación de un formulario europeo, si se considera esencial habida cuenta de las anteriores consideraciones, plantearía varios problemas técnicos. En una gama de cuestiones como, por ejemplo, las categorías de gastos cuyo reembolso puede exigirse, las normas nacionales difieren bastante y probablemente esto debería reflejarse en el propio formulario, así como en las observaciones explicativas. Quizá la uniformidad del formulario limitada a las cuestiones esenciales con una cierta flexibilidad para que los Estados miembros adapten otras cuestiones a sus necesidades individuales o incluyan asuntos adicionales podría constituir una estrategia viable para tratar estas complejidades.

Pregunta 13

¿Debería ser obligatorio el uso de un formulario para presentar una petición de requerimiento europeo de pago? En ese caso, ¿cuál debería ser el contenido del formulario?

3.3.4.4. La presentación de la petición al órgano jurisdiccional por medios electrónicos y el uso del procesamiento de datos electrónico en general

Comunicación entre el órgano jurisdiccional y las partes

La comunicación entre el órgano jurisdiccional y las partes a través de medios electrónicos, especialmente por correo electrónico, ofrece el potencial para seguir modernizando el proceso y ahorrar mucho dinero y tiempo. Esto resulta particularmente convincente en casos de asuntos transfronterizos, habida cuenta de los considerables retrasos que a menudo acompañan al servicio de correos ordinario o a la notificación formal de documentos de un Estado miembro a otro. Por otra parte, el creciente uso del procesamiento electrónico de datos por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en la tramitación de los procesos monitorios podría verse facilitado por la presentación electrónica de las peticiones (normalizadas), puesto que se les evitaría duplicar el trabajo ya hecho por el demandante al introducir la solicitud en su sistema informático. La transmisión electrónica de un documento por el demandante al órgano jurisdiccional parece suponer un reto técnico más que jurídico, puesto que no implica las mismas complicaciones que la notificación formal de documentos judiciales por medios de comunicación electrónicos.

Por consiguiente, varios Estados miembros permiten o al menos están experimentando la presentación de la petición por medios electrónicos [66]. Naturalmente, los Estados miembros más avanzados a este respecto son los que también hacen amplio uso del procesamiento de datos electrónicos en la tramitación del proceso monitorio en general.

[66] En Alemania, puede presentarse una petición en línea sólo en algunos de los tribunales de distrito donde se ha centralizado la competencia para el proceso monitorio (véase supra 3.3.2, nota 50) y se tramita de manera automatizada en su conjunto.

Un instrumento legislativo sobre un proceso monitorio europeo no debería impedir sino, al contrario, fomentar una mayor apertura a los progresos tecnológicos para favorecer una tramitación más eficiente de los asuntos cuando ello no suponga una amenaza al derecho de las partes a un juicio justo. Sin embargo, parece muy dudoso que la propuesta prescriba la disponibilidad de métodos particulares de comunicación a los órganos jurisdiccionales, ya que esto podría suponer un esfuerzo excesivo para los recursos de los Estados miembros que aún tienen que desarrollar la infraestructura informática de su sistema judicial.

Es una cuestión de avances técnicos, particularmente por lo que se refiere a la seguridad y fiabilidad de la comunicación electrónica, si o hasta qué punto tales medios pueden extenderse a la notificación de documentos a las partes [67].

[67] Sobre la notificaciónde documentos, véanse más detalles en el apartado 3.3.8. infra.

Tramitación del asunto por el órgano jurisdiccional

El potencial uso de la tecnología de la información no se limita al problema de la comunicación entre el órgano jurisdiccional y las partes. También puede ser una herramienta poderosa en la tramitación del asunto por el tribunal. Cada tarea que se ahorra al realizarse de manera automatizada permite a los tribunales dedicar más tiempo a temas verdaderamente complejos. Como los asuntos que se tramitan a través del proceso monitorio son asuntos "fáciles" si no hay oposición, y como deben presentarse ante el órgano jurisdiccional de manera normalizada, parecen ser los candidatos naturales al creciente uso del procesamiento electrónico de datos.

A partir de ahora, varios Estados miembros (Austria, Finlandia, Francia, Suecia) aplican el procesamiento de datos en sus respectivos procesos de injonction de payer de una manera puramente accesoria, para registrar asuntos, supervisar los plazos, calcular las costas, etc. La decisión misma sobre la solicitud de un requerimiento de pago se deja a la persona responsable del proceso, ya sea un juez o un oficial. Alemania, por otra parte, ha llevado el uso del procesamiento electrónico de datos un significativo paso adelante al informatizar plenamente el proceso en varios tribunales de distrito. Los programas informáticos utilizados en combinación con los formularios especiales permiten un control automático de la información que falta, la inadmisibilidad manifiesta o la falta de fundamento o de otras circunstancias extraordinarias (un demandado domiciliado en el extranjero, un tipo de interés inusualmente alto, etc.) [68]. Sólo en caso de que se detecten problemas durante ese control se expone el asunto a la atención del oficial judicial. Si no, el propio sistema manda el requerimiento de pago y, a falta de oposición del demandado, también la segunda resolución, el título ejecutivo y una factura con las costas sin la participación de un ser humano. Si el demandado se opone dentro de plazo, el expediente se remite automáticamente al órgano jurisdiccional para el procedimiento ordinario.

[68] También se lleva a cabo automáticamente un control similar en Austria.

Los párrafos anteriores han ilustrado lo enormes y múltiples que son las posibilidades de la aplicación de la informática y la comunicación electrónica. Teniendo en cuenta que estas cuestiones están estrechamente interrelacionan con otras decisiones estratégicas sobre los principios básicos de un proceso monitorio europeo, [69] este Libro Verde debe servir de foro para una discusión amplia sobre el papel de la comunicación electrónica y del procesamiento electrónico de datos en un instrumento europeo.

[69] Es obvio, por ejemplo, que un proceso automatizado semejante al modelo alemán según lo descrito en el texto principal solamente es concebible si el órgano jurisdiccional no examina el fondo del asunto, que sólo puede realizarlo un ser humano.

Pregunta 14

¿Cuál debe ser el papel de la informática y del procesamiento electrónico de datos en la comunicación:

a) entre el órgano jurisdiccional y las partes, y

b) en la tramitación del proceso monitorio europeo por el órgano jurisdiccional?

3.3.5. Alcance del examen de la demanda por el órgano jurisdiccional

Parece evidente que el órgano jurisdiccional que ha recibido una petición de requerimiento de pago tiene que comprobar la admisibilidad de la petición (si está comprendida en el ámbito de aplicación del proceso monitorio, es decir, si es una demanda civil, si es una deuda dineraria, si el formulario obligatorio se ha completado correctamente, si está firmada, etc.) y su propia competencia internacional ex officio [70].

[70] Con arreglo al apartado 1 del artículo 26 del Reglamento del Consejo (CE) nº 44/2001, cuando una persona domiciliada en un Estado miembro fuere demandada ante un tribunal de otro Estado miembro y no compareciere, dicho tribunal se declarará de oficio incompetente si su competencia no estuviere fundamentada en las disposiciones del dicho Reglamento.

Por lo que se refiere al fondo del asunto, la diferencia entre los modelos llamados de la "prueba" y "sin prueba" de los procesos de injonction de payer de nuevo se manifiesta claramente. Por regla general, en los Estados miembros que se adhieren al modelo de la "prueba", el requerimiento de pago solamente puede expedirse si el resultado de la valoración de la información y de las pruebas documentales aportadas por el peticionario es que la petición es fundada. Por el contrario, según la escuela "sin prueba", una resolución en favor del peticionario no depende de ningún examen previo de la justificación de la petición [71]. La elección de una de esas opciones está inextricablemente ligada a la predilección por uno de los dos sistemas y de sus rasgos definitorios en general. Como ya se ha señalado por lo que se refiere al requisito de probar la deuda o la necesidad de la implicación de un juez apropiado, la filosofía de la plena responsabilidad del demandado de evitar una resolución en su contra e iniciar el procedimiento contradictorio compite con el principio de la protección mínima del demandado.

[71] En Austria, según el art. 448 (2) ZPO un requerimiento de pago no debe expedirse si la deuda no es exigible (por ejemplo, deudas de juego) o todavía no ha vencido. Aparte de eso, a falta de disposiciones expresas sobre esta materia, se ha debatido en la literatura jurídica si y en qué medida debe examinarse si la demanda es o no fundada. La práctica judicial ha sido muy generosa al respecto. Sin embargo, mediante nueva legislación vigente a partir del 1 de enero de 2003, se ha aclarado explícitamente que el órgano jurisdiccional tiene que llevar a cabo un examen sumario de la justificación de la demanda de acuerdo con los mismos criterios que se siguen previamente al pronunciamiento de una sentencia en rebeldía, es decir, sobre la base de datos f