Al mismo tiempo, el uso del suministro de gas como arma y la manipulación de los mercados por parte de la Federación de Rusia mediante interrupciones intencionadas de los flujos de gas han dado como resultado una escalada de los precios de la energía en la Unión, poniendo en peligro no solo la economía de la Unión, sino también socavando gravemente la seguridad del suministro. Por lo tanto, es necesaria una respuesta coordinada y rápida de la UE. El suministro de gas ruso disminuyó significativamente, hasta el 9 % de nuestro suministro de gas por gasoducto en septiembre de 2022 y hasta el 14 % si se incluye el GNL, frente a una cuota del 41 % del gas de gasoducto ruso y del 45 % si se incluye el GNL, en 2021. El sabotaje aparente del gasoducto Nord Stream 1 aumenta la necesidad de sustituir los volúmenes de gas ruso de forma rápida y duradera. Además de la reducción de la demanda, las medidas de eficiencia energética y el aumento de las fuentes de energía renovables, será necesario colmar la deficiencia de suministro comprando volúmenes equivalentes de gas a otros proveedores, principalmente GNL, cuando no se disponga de otros medios de sustitución.

En particular, como se ha descrito, la licitación de la demanda agregada de gas por parte del proveedor de servicios podría desempeñar un papel fundamental a la hora de ayudar a los Estados miembros a llenar las instalaciones de almacenamiento de gas para el invierno 2023-2024. De hecho, también podría reforzar la solidaridad de la UE al contribuir a garantizar una distribución más justa del gas. La agregación de la demanda y la compra conjunta también podría reducir el riesgo de que las empresas individuales de gas de algunos Estados miembros paguen en exceso por el gas contratado en mercados a corto plazo tensionados. Asimismo, podría ayudar a las empresas más pequeñas de la UE, también en países sin litoral que no cuentan con la experiencia necesaria en la contratación de GNL, a poder poner en común su demanda para contratar cargamentos de GNL (que pueden ser demasiado grandes para que las empresas individuales lo gestionen todo al mismo tiempo),y a estructurar el suministro de GNL en función de sus necesidades particulares. La compra conjunta podría apoyar en particular a las empresas que anteriormente compraban gas exclusiva o principalmente a proveedores rusos. También podría conceder un trato preferente o un apoyo al suministro de gases renovables, como el biometano y el hidrógeno, y al gas que de otro modo se evacuaría a la atmósfera o se quemaría. Debe motivarse a las empresas que celebren contratos con arreglo al presente Reglamento a utilizar la norma 2.0 de la Asociación Petróleo y Gas Metano de las Naciones Unidas para medir, notificar y verificar las emisiones de metano a lo largo de la cadena de suministro a la Unión Europea. Por último, la compra conjunta en el futuro podría reforzar el potencial de suministro de energías renovables contribuyendo a garantizar el acceso a futuras importaciones de hidrógeno procedente de fuentes no pertenecientes a la UE.

La propuesta está ponderada cuidadosamente y respeta el principio de proporcionalidad. Existen determinados elementos obligatorios necesarios (por ejemplo, la puesta en común de la demanda para el llenado de las instalaciones de almacenamiento de gas), pero estos no limitan en modo alguno la libertad de las empresas para decidir si compran o no en función de las condiciones que se ofrezcan a través del proceso de agregación de la demanda. El objetivo de la compra conjunta es apoyar a las empresas de la UE en sus esfuerzos por obtener gas adicional y contribuir a garantizar un acceso más equitativo a fuentes de gas nuevas o adicionales ante la grave amenaza actual para la seguridad del suministro. Además, la propuesta responde al gran interés de varios Estados miembros por poder operar en consorcios de compra de gas, con sujeción a las consideraciones pertinentes en materia de competencia.

En la primera fase, las empresas compradoras de gas agregarían su demanda utilizando un proveedor de servicios que organizaría este proceso, contratado a tal efecto por la Comisión mediante un procedimiento de contratación pública. Las empresas pueden presentar su demanda de gas (en términos de volumen, plazo de entrega, duración y lugar) al proveedor de servicios a través de una herramienta informática que recopile estos datos. El proveedor de servicios publicaría estos datos en su sitio web, con la adecuada protección de la información confidencial, y buscaría ofertas a través de un procedimiento de licitación pública para volúmenes de gas natural que satisfagan la demanda agregada. Esta fase sería voluntaria, con la salvedad de que, dada la importancia del llenado de las instalaciones de almacenamiento, los Estados miembros tendrían que exigir que sus empresas incluyeran en el proceso de agregación de la demanda volúmenes equivalentes a, como mínimo, el 15 % (alrededor de 13 500 millones de m3 para el conjunto de la UE) de sus requisitos de llenado de las instalaciones de almacenamiento para el próximo año. Las empresas que hubiesen participado en la agregación de la demanda bajo una obligación vinculante aún tendrían la posibilidad de decidir si finalmente compran o no el gas tras el proceso de agregación. Además, el gas comprado no tiene por qué utilizarse necesariamente para llenar las instalaciones de almacenamiento.

En tercer lugar, un planteamiento conjunto para limitar los precios requiere solidaridad en toda la Unión. Dado que no todos los Estados miembros disponen de acuerdos de solidaridad mutua, la Comisión propone disposiciones directamente aplicables en ausencia de tales acuerdos de solidaridad. También propondrá ampliar la obligación de solidaridad a los Estados miembros no conectados a instalaciones de GNL. Gracias a ello, se garantizará que estaremos preparados y dispuestos a actuar en caso de que estos acuerdos sean necesarios. La Comisión también está estudiando la necesidad de presentar nuevas propuestas para situaciones en las que algunas regiones se enfrentan a una mayor escasez de suministro que otras.

·Los posibles costes derivados de procedimientos judiciales o de arbitraje tras la restricción del suministro a la industria no se incluirán en la compensación solidaria que unos Estados miembros pagarán a otros. Por lo tanto, si se incurriera en tales costes, tendrían que ser sufragados por el Estado miembro proveedor con arreglo a su propia normativa nacional. La razón es que el coste de la compensación a la industria resultante de la restricción del suministro está parcialmente cubierto por el precio del gas y, en caso de que una parte de esos costes siguiese existiendo a la salida de un litigio, su importe es muy difícil de prever y puede superar en gran medida los costes del gas. Así pues, la incertidumbre sobre los costes indirectos de la compensación ha demostrado ser un obstáculo importante para los acuerdos de solidaridad. No obstante, los Estados miembros todavía van a poder llegar a acuerdos sobre las diferentes condiciones de compensación.

Con arreglo al marco regulador actual, en los Estados miembros en los que las centrales eléctricas críticas alimentadas con gas desempeñan un papel clave para la seguridad del suministro de electricidad, el suministro a dichas centrales tendría que restringirse en primer lugar, en detrimento de la seguridad del suministro eléctrico de otros Estados miembros, antes de que se permita a los Estados miembros solicitar medidas de solidaridad en virtud del Reglamento (UE) 2017/1938. Para evitar estos efectos indirectos negativos en la generación de electricidad, se propone que los Estados miembros puedan activar una solicitud de solidaridad, en determinadas condiciones, si las centrales eléctricas alimentadas con gas, que son necesarias para garantizar la cobertura del sistema eléctrico, corren el riesgo de no recibir suministro de volúmenes de gas críticos. Por la misma razón, los Estados miembros que proporcionan solidaridad van a tener derecho a garantizar que la explotación de sus centrales eléctricas críticas alimentadas con gas no se vea amenazada cuando proporcione solidaridad a otro Estado miembro.

Para reforzar la preparación ante posibles emergencias en invierno, la propuesta introduce las nuevas disposiciones que figuran a continuación en relación con la seguridad del suministro. Dada la importancia de que todos los grupos de consumidores contribuyan a ahorrar gas dentro de su capacidad, la presente propuesta incluye disposiciones que permiten a los Estados miembros adoptar medidas de forma excepcional para reducir el «consumo no esencial» de los clientes protegidos, siempre que ello no reduzca la protección de su consumo esencial. Estas medidas no afectarán en ningún caso a los consumidores vulnerables que no tengan margen para reducir su consumo y no darán lugar a la desconexión de los clientes protegidos. Los Estados miembros podrían redefinir quiénes son los consumidores protegidos, siempre que los hogares vulnerables sigan estando protegidos en cualquier circunstancia.

Las medidas actuales de gestión de la congestión de los gasoductos prevén procedimientos de utilización o pérdida, que tardan al menos seis meses antes de surtir efecto. Además, la autoridad nacional de reglamentación de los Estados miembros correspondientes debe llevar a cabo un procedimiento gravoso desde el punto de vista administrativo. La presente propuesta concede a los gestores de redes de gas herramientas para reaccionar rápidamente a los cambios en los flujos de gas y a la posible congestión contractual. En particular, las nuevas normas podrían acelerar la comercialización de las capacidades a largo plazo no utilizadas en caso de congestión a corto plazo.

Como medida de último recurso, la presente propuesta de emergencia tiene por objeto hacer frente a situaciones de precios extremos del gas natural, facultando a la Comisión para que proponga una medida del Consejo con el fin de establecer un precio dinámico máximo al que puedan tener lugar las operaciones de gas natural en los mercados al contado del TTF en condiciones específicas. Otros centros de negociación de gas de la Unión estarán vinculados al precio al contado del TTF corregido mediante un corredor dinámico de precios. A fin de garantizar que no se produzcan efectos negativos, la medida debe permitir el comercio de gas en el mercado libre, no afectar a la seguridad del suministro de gas de la UE ni a los flujos intracomunitarios, no causar un aumento del consumo de gas y no afectar a la estabilidad y al funcionamiento ordenado de los mercados de derivados energéticos.

El Reglamento (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1775/2005 contiene, en su anexo 1, punto 2.2.5, disposiciones relativas a un mecanismo de utilización o pérdida a largo plazo. Estas disposiciones se han adoptado para evitar el bloqueo de las capacidades de transporte por parte de los participantes en el mercado en momentos en que no pueden utilizarlas o no tienen previsto hacerlo. Debido a la situación de crisis, la propuesta actual reduce la carga administrativa y anticipa la aplicación de estas disposiciones. En particular, la propuesta actual reduce de seis meses a un mes el tiempo que transcurre cuando no se utiliza la capacidad. Por lo tanto, la propuesta es coherente con las normas del mercado interior para evitar el uso ineficiente de las redes de gas.

El actual marco regulador de la seguridad del suministro de gas, en particular el Reglamento (UE) 2017/1938, sobre la seguridad del suministro de gas, se concibió para hacer frente a interrupciones del suministro a corto plazo y no a un corte prolongado de nuestro principal proveedor. Por lo tanto, se necesitan herramientas de emergencia temporales adicionales para la seguridad del suministro de gas, entre otras cosas para evitar restricciones transfronterizas indebidas y evitar que una interrupción prolongada del suministro de gas tenga importantes efectos indirectos que perjudiquen la cobertura del sistema eléctrico. Del mismo modo, el concepto de clientes protegidos se diseñó para períodos cortos de escasez, mientras que, en caso de perturbación prolongada, los Estados miembros deben poder permitir que los clientes protegidos también contribuyan a reducir la demanda mediante una reducción del consumo no esencial.

Si bien las directrices de la Comisión sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal establecen que las cuotas de mercado combinadas inferiores al 15 % en los mercados de compra y de venta son indicativas de una falta de poder de mercado, una cuota de mercado combinada por encima de ese umbral en uno o ambos mercados no indica automáticamente que el arreglo de compra conjunta pueda dar lugar a efectos restrictivos de la competencia. Un arreglo de compra conjunta que no esté incluido en esa salvaguardia regulatoria requiere una evaluación de sus efectos en el mercado que incluya factores como el posible poder compensatorio de proveedores fuertes y los mecanismos de gobernanza e intercambio de información necesarios para garantizar la continuidad de la competencia en los mercados descendentes, en el contexto de las actuales circunstancias excepcionales del mercado.

En general, las compras conjuntas tienen menos probabilidades de suscitar problemas de competencia cuando las empresas participantes no tienen poder de mercado en los mercados de compra y venta. Dicho esto, en las actuales condiciones excepcionales del mercado, las empresas de gas y las empresas consumidoras de gas se enfrentan a unas graves restricciones de suministro que confieren un poder de negociación muy importante a las partes suministradoras. Un consorcio de compra con el fin de aumentar el poder de negociación de los compradores de gas debe ser accesible a cualquier participante en el mercado que lo desee, en condiciones no discriminatorias, debe reunir a participantes activos en una amplia variedad de mercados de productos y de zonas geográficas no vinculadas, de manera que la representación de cualquier grupo de competidores, aunque sea significativa en términos de cuotas de mercado en un determinado mercado descendente o conexo, sea limitada en relación con la participación total. El consorcio de compra debe constituirse de manera que no dé lugar a ningún riesgo de falseamiento de la competencia en los mercados descendentes o conexos en los que los participantes puedan competir.

Habida cuenta de la situación geopolítica sin precedentes y de la importante amenaza que supone para los ciudadanos y la economía de la Unión, es claramente necesario llevar a cabo una acción coordinada. Las medidas establecidas en la propuesta no van más allá de lo necesario para alcanzar sus objetivos y son proporcionadas a dichos objetivos. En particular, se basan, en la medida de lo posible, en los enfoques existentes, como los acuerdos existentes del mercado interior del gas.

La presente propuesta establece el resultado final que debe alcanzarse, en forma de ampliación de la protección solidaria y el establecimiento de normas de solidaridad por defecto, al tiempo que otorga autonomía a los Estados miembros para elegir los medios más eficaces a fin de cumplir dichas obligaciones y acordar medidas de solidaridad bilateralmente. Las disposiciones relativas a la reducción de la demanda no exceden de lo necesario para salvaguardar la seguridad del suministro, ya que dejan a las autoridades de los Estados miembros la decisión sobre el ahorro derivado del consumo no esencial por parte de los clientes protegidos, siempre que ello no afecte a los clientes vulnerables.

Habida cuenta de que no existen precedentes de crisis de suministro de gas ni de sus efectos transfronterizos, y en vista del nivel de integración del mercado interior de la energía de la Unión, la intervención a nivel de la Unión está justificada, ya que los Estados miembros por sí solos no pueden hacer frente de manera eficaz y coordinada al riesgo de sufrir graves dificultades económicas derivadas del aumento de los precios o de perturbaciones importantes del suministro.

El éxito de la compra conjunta de gas dependerá de la disponibilidad de capacidades en terminales y gasoductos para GNL. Esto es aún más importante en las circunstancias actuales, en las que la congestión de los gasoductos y terminales causa cuellos de botella en el suministro de gas y también en el llenado de las instalaciones de almacenamiento. La aplicación de normas de transparencia y de venta de la capacidad no utilizada de las terminales para GNL y de los gasoductos permite maximizar la capacidad disponible de la infraestructura de gas. El uso abierto, más eficiente y no discriminatorio de las infraestructuras aumenta los flujos transfronterizos e internos de gas y es una condición necesaria para que el GNL llegue a los consumidores de toda la UE. Sin embargo, las normas actualmente en vigor no son suficientes para garantizarlo. Es necesario que se establezcan y apliquen lo antes posible normas que permitan aprovechar las capacidades de las terminales y gasoductos para GNL.

No se ha constatado ninguna repercusión negativa en los derechos fundamentales. Las medidas que contiene esta iniciativa no afectarán a los derechos de los clientes clasificados como protegidos con arreglo al Reglamento (UE) 2017/1938, incluidos todos los clientes domésticos. Las medidas para reducir el consumo se centrarán únicamente en usos no esenciales y no darán lugar a la desconexión de los clientes domésticos ni a una reducción de la protección de los clientes más vulnerables. Se limitará la aplicación de la exclusión de la compra conjunta de empresas de Estados sujetos a sanciones impuestas por la UE a los períodos en que dichas sanciones estén en vigor. La iniciativa en cuestión permitirá reducir los riesgos asociados a la escasez de gas que, de otro modo, tendría importantes repercusiones en la economía y la sociedad. La obligación de los operadores del mercado de facilitar a la ACER información sobre las operaciones de GNL es necesaria y proporcionada para alcanzar el objetivo de permitir a la ACER establecer una referencia del GNL. También está en consonancia con las obligaciones existentes de los operadores del mercado en virtud del RITME y la ACER mantendrá la confidencialidad de la información comercial sensible.

Debido al carácter políticamente sensible de la propuesta y a la urgencia de su elaboración para que el Consejo pueda adoptarla a tiempo, no ha podido llevarse a cabo una consulta con las partes interesadas.

Las medidas que los Estados miembros podrán adoptar para reducir el consumo no esencial de los clientes protegidos deben ser necesarias y proporcionadas, y aplicarse en particular en situaciones de crisis declarada de conformidad con el artículo 11, apartado 1, y el artículo 12 del Reglamento (UE) 2017/1938 o de una alerta de la Unión con arreglo al Reglamento (UE) 2022/1369. A pesar de la aplicación de medidas de reducción del consumo no esencial, los clientes protegidos deben seguir beneficiándose de la protección contra la desconexión. Además, tales medidas no pueden limitar la protección exigida para los clientes vulnerables, cuyo consumo actual debe considerarse esencial.

(26)Con el fin de utilizar eficazmente la compra conjunta y celebrar acuerdos de gas con los proveedores que ofrezcan gas al proveedor de servicios, las empresas podrán coordinar las condiciones de compra, tales como los volúmenes, el precio del gas, los puntos y los plazos de entrega, dentro de los límites del Derecho de la Unión. No obstante, las empresas de gas natural que participen en un consorcio de compra de gas deben velar por que la información intercambiada directa o indirectamente se limite a lo estrictamente necesario para alcanzar el objetivo perseguido, de conformidad con el artículo 101 del TFUE. Además, las disposiciones en materia de transparencia y gobernanza del presente Reglamento deben garantizar que los contratos del consorcio comprador no hagan peligrar la seguridad del suministro ni pongan en tela de juicio la solidaridad energética, en particular cuando los Estados miembros participen directa o indirectamente en el proceso de compra.

(20)Toda acción emprendida en virtud del Reglamento propuesto cumplirá las medidas restrictivas de la Unión establecidas sobre la base del artículo 215 del TFUE. En particular, las empresas controladas por el Gobierno ruso o por cualquier persona física o jurídica rusa, o las empresas sujetas a medidas restrictivas (sanciones) de la Unión establecidas sobre la base del artículo 215 del TFUE, o que sean propiedad o estén bajo el control de cualquier otra persona física o jurídica, entidad u organismo sujeto a medidas restrictivas, deben quedar excluidas de participar en adquisiciones conjuntas y de organizar el proceso de compra conjunta. Estas medidas restrictivas se adoptaron con el fin de alcanzar los objetivos de la política exterior y de seguridad común de la Unión, en particular el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el refuerzo de la seguridad internacional y de la Unión, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Esto se entiende sin perjuicio de las futuras sanciones adoptadas contra Rusia u otros países.

(9)En la medida en que persista una situación de dificultades graves para garantizar la seguridad del suministro, la compra conjunta debe contribuir a garantizar un acceso más equitativo para las empresas de todos los Estados miembros a fuentes de gas nuevas o adicionales y ayudar a garantizar precios más bajos que los que de otro modo habrían correspondido a quienes compran el gas a través del proveedor de servicios en beneficio de los consumidores finales. Una primera referencia a la posibilidad de una forma muy limitada de compra conjunta de gas con fines de reequilibrio ya está incluida en la propuesta de Reglamento de la Comisión relativo a los mercados interiores del gas natural y los gases renovables y del hidrógeno. No obstante, la propuesta data de un momento anterior a la agresión militar de la Federación de Rusia contra Ucrania; además, no se incluyó ningún concepto detallado en la propuesta, que solo se refería a las necesidades muy específicas de los gestores de redes de transporte para la energía de balance. Dado que es necesaria una solución inmediata y mucho más completa al problema de la falta de estructuras para la adquisición coordinada de gas, conviene proponer una solución temporal rápida.

(35)La Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo establece normas para garantizar el correcto funcionamiento de los centros de negociación, en los que también se negocian derivados sobre materias primas relacionados con la energía. Dicha Directiva establece que los Estados miembros deben exigir que un mercado regulado disponga de mecanismos que garanticen un funcionamiento justo y ordenado de los mercados financieros. Sin embargo, estos mecanismos no tienen por objeto limitar la evolución intradiaria de los precios y no han evitado los episodios de volatilidad excepcional observados en los mercados de derivados del gas y la electricidad.

(32)En relación con las reservas a largo plazo de capacidades de transporte de gas, las actuales normas de gestión de la congestión prevén procedimientos de «utilización o pérdida». Sin embargo, estos procedimientos son lentos (tardan al menos seis meses antes de que surtan efecto) y requieren procedimientos administrativos onerosos por parte de las autoridades nacionales de reglamentación. Por lo tanto, estas normas deben reforzarse y simplificarse con el fin de conceder a los gestores de las redes de gas herramientas para reaccionar rápidamente a los cambios en los flujos de gas y abordar posibles congestiones. En particular, las nuevas normas podrían acelerar la comercialización de las capacidades a largo plazo no utilizadas que, de otro modo, seguirían sin utilizarse, lo que haría más eficiente el uso de gasoductos.

(48)Las actuales competencias conferidas a la ACER por el Reglamento (UE) n.º 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1348/2014 de la Comisión por el que se aplica el artículo 8, apartado 2, y el artículo 8, apartado 6, del Reglamento (UE) n.º 1227/2011 (en lo sucesivo denominados conjuntamente «RITME») no son suficientes para crear un conjunto de datos completo y exhaustivo de todas las entregas de GNL a la Unión. Sin embargo, se necesita un conjunto de datos tan completo y exhaustivo para la estimación diaria de los precios a fin de que la Unión gestione, con un espíritu de solidaridad, sus políticas de contratación pública para las importaciones internacionales de GNL, en particular durante la situación de crisis actual. También se necesitan los datos y la información pertinentes sobre los contratos de GNL para garantizar el seguimiento de la evolución de los precios, así como para llevar a cabo el control y la garantía de calidad de los datos. Este instrumento ad hoc debe permitir a la ACER recopilar todos los datos de mercado necesarios para establecer una estimación exhaustiva y representativa del precio de las entregas de GNL a la Unión.

(49)Aunque el establecimiento de una estimación diaria del precio del GNL y de una referencia del GNL de forma permanente debería incluirse en una fase posterior en una revisión más exhaustiva del marco jurídico del RITME, la situación de crisis actual requiere ya mismo medidas urgentes para abordar la situación inmediata de dificultades graves en el suministro y la fijación exacta de los precios de las entregas de GNL a la Unión con carácter temporal hasta que pueda adoptarse dicha revisión del marco jurídico del RITME de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario.

(50)Con el fin de aumentar inmediatamente la transparencia de los precios y la seguridad de la planificación en el mercado de importación de GNL, debe especificarse que el conjunto de datos pertinente debe incluir tanto información sobre el precio y la cantidad de las operaciones de GNL completadas, los precios y las cantidades de las ofertas de compra y de venta relativas a las entregas de GNL a la Unión, así como la fórmula del precio del contrato a largo plazo de la que se deriva el precio, si procede.

(51)Todos los participantes en el mercado sujetos a una obligación de notificación deben definirse como aquellos que participan en la compra o venta de cargamentos de GNL destinados a su entrega en la Unión. Estos participantes en el mercado del GNL deben estar sujetos a las obligaciones y prohibiciones que se aplican a los participantes en el mercado con arreglo al RITME.

(52)La ACER, en cooperación con la Comisión, debe tener un mandato amplio para especificar la calidad y el contenido de los datos de mercado que recopile a fin de establecer una estimación diaria de los precios de las entregas de GNL a la Unión. También debe gozar de un amplio margen de apreciación a la hora de elegir su protocolo de transmisión preferido. A fin de lograr la máxima calidad posible en los datos de mercado que deben notificarse, la ACER debe estar facultada para especificar todos los parámetros de los datos de mercado que deben comunicarse. Estos parámetros deben incluir, sin limitarse a ellos, las unidades de referencia en las que se presentan los datos de precios, las unidades de referencia en las que se presentan los datos cuantitativos, los vencimientos a plazo de las operaciones o los datos de oferta de compra y de oferta de venta previos a la operación, así como los protocolos de transmisión que deben utilizarse para transmitir los datos necesarios a la ACER.

(53)La ACER también debe establecer la metodología que utiliza para proporcionar una estimación diaria del precio del GNL y una referencia del GNL, así como el proceso de revisión periódica de esta metodología.

(54)La estimación del precio publicada en virtud del presente Reglamento debe ofrecer más transparencia a los Estados miembros y a otros participantes en el mercado sobre el precio vigente de las importaciones de GNL a Europa. A su vez, una mayor transparencia de los precios debería permitir a los Estados miembros y a las entidades privadas domiciliadas en la Unión actuar de manera más informada y coordinada a la hora de adquirir GNL en los mercados mundiales y, en particular, al recurrir al proveedor de servicios. Una mayor coordinación en la compra de GNL debería hacer que los Estados miembros no pujen entre sí y evitar unos precios de compra que no estén en consonancia con el precio de mercado vigente. Por lo tanto, las estimaciones de precios y los diferenciales de referencia publicados en virtud del presente Reglamento son fundamentales para lograr una mayor solidaridad entre los Estados miembros a la hora de adquirir suministros limitados de GNL.

(55)La obligación de los operadores del mercado de facilitar a la ACER información sobre las operaciones de GNL es necesaria y proporcionada para alcanzar el objetivo de permitir a la ACER establecer una referencia del GNL, en particular porque está en consonancia con las obligaciones existentes de los operadores del mercado en virtud del RITME, y la ACER mantendrá la confidencialidad de la información comercial sensible.

(56)El mecanismo de transferencia de títulos (TTF) es una ubicación virtual de fijación de precios de los Países Bajos, que, debido a su elevada liquidez, a menudo sirve como aproximación de los precios del mercado europeo del gas, lo que repercute en los contratos y en las operaciones de cobertura en toda la UE. En determinadas condiciones, una vez aplicadas las demás medidas sobre los precios del gas, puede ser necesaria una intervención de emergencia específica en los precios al contado del TTF. A propuesta de la Comisión, el Consejo debe adoptar una medida de decisión para establecer un mecanismo dinámico de corrección del mercado para las operaciones de gas natural en el mercado del TTF al contado. El precio máximo que debe establecerse debe garantizar la seguridad del suministro de la Unión y los flujos de gas natural dentro de la UE, y tener en cuenta el impacto de los precios del gas en los precios de la electricidad. A fin de no afectar a los flujos dentro de la UE, que deben seguir permitiendo que el gas natural llegue allí donde más se necesita, otros centros de negociación del gas de la Unión deben vincularse al precio al contado del TTF corregido a través de un corredor de precios dinámico. A la hora de decidir sobre las propuestas para introducir un mecanismo de corrección del mercado para los centros de negociación del gas en la Unión, deben tenerse en cuenta opciones alternativas, como las intervenciones reguladoras en el mecanismo de fijación de precios utilizado en los contratos de compra de gas.

(57)La Unión es un mercado atractivo para el suministro internacional de gas y se considera un socio fiable en el comercio de energía. Antes de aplicar cualquier intervención en el mercado que afecte a las importaciones, la acción debe centrarse en el compromiso con los socios internacionales y en los enfoques negociados para limitar los posibles riesgos.

(58)Ante la posibilidad de interrupciones graves del gas y de escasez de suministro, la Unión debe estar preparada para aplicar rápidamente diferentes mecanismos de solidaridad con el fin de mitigar las situaciones de emergencia. En estas circunstancias extraordinarias, el Consejo debe poder tomar una decisión sobre un mecanismo de asignación del gas eficiente y que incluya normas sobre la fijación de precios, a disposición de los Estados miembros en caso de que se produzca una emergencia regional o de la Unión, sobre la base de una propuesta de la Comisión.

(59)El Reglamento (UE) 2017/1938 ya prevé la posibilidad de que los Estados miembros, durante una emergencia, den prioridad al suministro de gas a determinadas centrales eléctricas críticas alimentadas con gas, dada su importancia para garantizar la seguridad del suministro de electricidad y evitar los desequilibrios de la red. Las centrales eléctricas críticas alimentadas con gas y los volúmenes de gas asociados pueden tener un impacto importante en los volúmenes de gas disponibles para la solidaridad en una emergencia. En este contexto, los Estados miembros deben poder solicitar temporalmente medidas de solidaridad de emergencia cuando no sean capaces de garantizar los volúmenes críticos de gas necesarios para asegurar la continuidad de la producción de electricidad en centrales eléctricas críticas alimentadas con gas. Por la misma razón, los Estados miembros que proporcionan solidaridad también deben tener derecho a garantizar que la explotación de sus centrales eléctricas críticas alimentadas con gas no se vea amenazada cuando proporcione solidaridad a otro Estado miembro.

(60)Solo deben poder solicitarse los volúmenes de gas necesarios para las centrales eléctricas identificadas por los Estados miembros como críticas para la cobertura europea del sistema eléctrico cuando se active el mecanismo de solidaridad. Debe establecerse un límite máximo de los volúmenes críticos de gas necesarios en cada Estado miembro para preservar la seguridad del suministro. La metodología utilizada en las perspectivas de abastecimiento de la REGRT de Electricidad para el invierno proporciona una base para establecer dichos límites. En casos excepcionales y debidamente justificados, los Estados miembros deben tener la posibilidad de superar el límite máximo establecido en el presente Reglamento.

(61)Las restricciones que esta medida impone a los operadores del mercado son necesarias para garantizar la seguridad del suministro de gas en una situación de reducción del suministro y de aumento de la demanda durante la temporada de invierno. Dichas restricciones se basan en las medidas existentes establecidas en los Reglamentos (UE) 2022/1369 y (UE) 2017/1938, respectivamente, que tienen el objetivo de hacer que dichas medidas sean más eficaces en las circunstancias actuales.

(62)Algunos clientes, entre los que se incluyen los hogares y los clientes que prestan servicios sociales esenciales, son especialmente sensibles hacia los efectos negativos de las interrupciones del suministro de gas. Por ello, el Reglamento (UE) 2017/1938 introdujo un mecanismo de solidaridad entre los Estados miembros para atenuar los efectos de una situación de emergencia grave dentro de la Unión y garantizar la llegada de gas a los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad. Sin embargo, en algunos casos, el uso de gas también por parte de clientes protegidos podría considerarse no esencial; la reducción de este tipo de uso, que claramente excede de lo necesario, no socavaría los objetivos establecidos en el Reglamento (UE) 2017/1938, en particular porque el gas necesario consumido para fines no esenciales podría causar graves daños en otros sectores privados o comerciales. Por consiguiente, los Estados miembros deben tener la posibilidad de lograr ahorrar gas reduciendo también el consumo no esencial de los clientes protegidos en circunstancias específicas. No obstante, las medidas de reducción adoptadas por los Estados miembros deben limitarse estrictamente al consumo no esencial y en ningún caso reducir el uso básico de los clientes protegidos ni limitar su capacidad para calentar adecuadamente sus hogares.

(63)Los Estados miembros y sus autoridades competentes deben tener libertad para determinar las medidas de reducción aplicables y las actividades correspondientes al consumo no esencial, como la calefacción exterior, la calefacción de piscinas residenciales y otras instalaciones residenciales complementarias. Al tener la posibilidad de limitar el consumo no esencial, los Estados miembros deben poder reforzar las salvaguardias y garantizar el suministro de gas a otros sectores, servicios e industrias esenciales, permitiéndoles seguir operando durante una crisis.

(64)Cualquier medida para reducir el consumo no esencial de los clientes protegidos deben ser necesarias y proporcionadas, y aplicarse en particular en situaciones de crisis declarada de conformidad con el artículo 11, apartado 1, y el artículo 12 del Reglamento (UE) 2017/1938 o de una alerta de la Unión con arreglo al Reglamento (UE) 2022/1369. A pesar de la aplicación de medidas de reducción del consumo no esencial, los clientes protegidos deben seguir beneficiándose de la protección contra la desconexión. Los Estados miembros también deben garantizar que tales medidas no limitan la protección exigida para los clientes vulnerables, cuyo consumo actual debe considerarse esencial.

(65)En caso de emergencia, los Estados miembros, así como la Unión, deben garantizar que el gas fluya dentro del mercado interior. Esto significa que las medidas adoptadas a escala nacional no deben dar lugar a problemas de seguridad del suministro en otro Estado miembro, mientras que el acceso a la infraestructura transfronteriza debe seguir siendo seguro y técnicamente posible en cualquier momento. El marco legislativo actual no prevé un proceso que pueda resolver eficazmente los conflictos entre dos Estados miembros sobre medidas que afecten negativamente a los flujos transfronterizos. Dado que las redes de gas y electricidad de la UE están interconectadas, esto no solo podría dar lugar a graves problemas de seguridad del suministro, sino también debilitar la unidad de la Unión con respecto a terceros países. Por consiguiente, debe otorgarse a la Comisión la facultad de evaluar las medidas nacionales adoptadas y de arbitrar, en caso necesario, en un plazo razonable. A tal fin, la Comisión debe poder solicitar su modificación en caso de que observe amenazas para la seguridad del suministro de gas de otros Estados miembros o de la Unión. Dado el carácter excepcional de la actual crisis energética, el cumplimiento de la Decisión de la Comisión debe llevarse a cabo sin demoras que puedan obstaculizar el suministro de gas de la Unión. Por consiguiente, durante el período de aplicación del presente Reglamento, deben suspenderse los procedimientos de conciliación con el fin de garantizar el funcionamiento del mercado interior.

(66)El principio de solidaridad energética es un principio general del Derecho de la Unión y se aplica a todos los Estados miembros, y no solo a los Estados miembros vecinos. Además, el uso eficaz de las infraestructuras existentes, incluidas las capacidades de transporte transfronterizo y las instalaciones de GNL, es importante para garantizar la seguridad del suministro de gas en un espíritu de solidaridad. En épocas de interrupciones del suministro de gas a escala nacional, regional o de la Unión, y de un cambio significativo del gas de gasoducto al GNL, los Estados miembros no solo deben poder beneficiarse de las posibilidades de suministro de gasoductos vecinos, sino también de suministros procedentes de países que dispongan de una instalación de GNL. Algunos Estados miembros deben estar en condiciones de proporcionar solidaridad a otros Estados miembros aunque no estén conectados directamente a través de un gasoducto ni a través de un tercer país u otros Estados miembros. Así pues, procede ampliar la obligación de solidaridad a los Estados miembros no conectados a instalaciones de GNL.

(67)Al aplicar el principio de solidaridad energética, el Reglamento (UE) 2017/1938 introdujo un mecanismo de solidaridad destinado a reforzar la cooperación y la confianza entre los Estados miembros en caso de crisis grave. Al adoptar las medidas necesarias para aplicar el mecanismo de solidaridad, los Estados miembros deben aprobar en sus acuerdos bilaterales una serie de disposiciones técnicas, jurídicas y financieras, de conformidad con el artículo 13, apartado 10, de dicho Reglamento.