3. Las definiciones de «organización internacional» y «banco central» de la sección VIII, apartados B 3 y B 4 han sido adaptadas para corresponder a la NCD y para que pudieran aplicarse también en el contexto de la exención del enfoque de transparencia aplicable a las entidades no financieras (ENF) pasivas en la sección VIII, apartado D 9, letra c).

COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 13.4.2016 COM(2016) 201 final ANEXO de la Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la conclusión, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo modificativo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Principado de Mónaco relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo



Protocolo modificativo del «Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Principado de Mónaco relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo» La Unión Europea, Y El Principado de Mónaco, denominados en lo sucesivo «la Parte Contratante» o, conjuntamente, «las Partes Contratantes», según el contexto, Con vistas a la aplicación de la Norma de Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en un marco de cooperación que tenga en cuenta los intereses legítimos de las Partes Contratantes, Considerando que las Partes Contratantes tienen una larga y estrecha relación con respecto a la cooperación en asuntos fiscales, en particular en relación con la aplicación de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo, en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses, y desean mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a nivel internacional, reforzando esta relación; Considerando que las Partes Contratantes desean alcanzar un acuerdo para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a nivel internacional mediante el intercambio automático de información, manteniendo la confidencialidad y otras salvaguardias recogidas en el presente Protocolo modificativo, incluidas disposiciones que limiten la utilización de la información intercambiada; Considerando que las Partes Contratantes convienen en que el Acuerdo resultante del presente Protocolo modificativo deberá ajustarse a la Norma de Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras elaborada por la OCDE, denominada en lo sucesivo «la Norma Internacional»; Considerando que el artículo 12 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Principado de Mónaco sobre medidas equivalentes a las que establece la Directiva 2003/48/CE del Consejo (en lo sucesivo denominado «el Acuerdo»), que, en su forma actual, anterior a la modificación introducida por el presente Protocolo, limita la transmisión de información previa petición únicamente a los comportamientos constitutivos de fraude fiscal, debe adaptarse a la norma de la OCDE sobre transparencia e intercambio de información en materia fiscal, para perseguir las finalidades de esta norma de la manera explicada en el artículo 5, apartado 1, del Acuerdo en su versión modificada por el presente Protocolo y dentro del respeto de las salvaguardias de confidencialidad y protección de los datos personales contempladas en el artículo 6 del Acuerdo en su versión modificada por el presente Protocolo y en su anexo III; Considerando que, en cuanto a los Estados miembros de la Unión Europea, la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, establece normas específicas de protección de datos en la Unión Europea que también se aplican a los intercambios de información realizados por los Estados miembros de la Unión europea y cubiertos por el Acuerdo en su versión modificada por el presente Protocolo; Considerando que la Ley n.º 1.165, de 23 de diciembre de 1993, relativa a la protección de los datos personales (modificada por la Ley n.º 1.240 de 2 de julio de 2001 y por la Ley n.º 1.353, de 4 de diciembre de 2008, que entró en vigor el 1 de abril de 2009, incluidas las condiciones de aplicación tal como figuran en la Orden soberana n.º 2.230 de 19 de junio de 2009) regula la protección de los datos personales en el Principado de Mónaco; Considerando que, hasta la fecha de la firma del presente Protocolo modificativo, la Comisión Europea no ha adoptado ninguna decisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25, apartado 6, de la Directiva 95/46/CE a fin de constatar que el Principado de Mónaco ofrece un nivel de protección adecuado de los datos personales; Considerando que las dos Partes Contratantes se comprometen a aplicar y respetar determinadas salvaguardias específicas en materia de protección de datos que figuran en el Acuerdo en su versión modificada por el presente Protocolo, incluido su anexo III, de tal forma que ninguna de las Partes Contratantes pueda utilizar la justificación que sea para negarse a intercambiar información con la otra; Considerando que las «instituciones financieras obligadas a comunicar información», las autoridades competentes de los Estados que envían información y las de los que la reciben, como responsables del tratamiento de datos, no deberían conservar la información tratada con arreglo al Acuerdo en su versión modificada por el presente Protocolo modificativo por un tiempo superior al necesario para alcanzar los fines del mismo. Dadas las diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros y del Principado de Mónaco, el período máximo de retención, para cada Parte Contratante, debe fijarse en remisión a los plazos observados por cada responsable del tratamiento de datos con arreglo a la normativa fiscal nacional; Considerando que las categorías de «instituciones financieras obligadas a comunicar información» y de «cuentas sujetas a comunicación de información» en el ámbito del Acuerdo, en su versión modificada por el presente Protocolo, están pensadas para limitar las oportunidades de que los contribuyentes eviten que se comunique información a ellos referida mediante una transferencia de sus activos a instituciones financieras o mediante la inversión en productos financieros que están fuera del ámbito de aplicación del Acuerdo, en su versión modificada por el presente Protocolo. No obstante, se deberían excluir de su ámbito de aplicación algunas cuentas e instituciones financieras que presentan un bajo riesgo de que se utilicen para la evasión fiscal. Por lo general, no deben incluirse umbrales, ya que se pueden eludir con facilidad repartiendo las cuentas entre distintas instituciones financieras. La información financiera que es obligatorio transmitir e intercambiar no debería referirse solo a todos los ingresos pertinentes (intereses, dividendos y tipos similares de rentas), sino también a los saldos de cuentas y a los ingresos derivados de la venta de activos financieros con el objeto de tratar las situaciones en las que un contribuyente intente ocultar capitales que corresponden a ingresos o activos sobre los cuales se hayan evadido impuestos. Por consiguiente, el proceso de comunicación de información con arreglo al Acuerdo, en su versión modificada por el presente Protocolo, es necesario y proporcionado para permitir que las administraciones tributarias de los Estados miembros y del Principado de Mónaco identifiquen a los contribuyentes en cuestión de manera correcta e inequívoca, administren y ejecuten su normativa tributaria en situaciones transfronterizas, evalúen la probabilidad de que se haya producido una evasión fiscal y eviten investigaciones adicionales innecesarias, Han convenido en lo siguiente: Artículo 1

El Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Principado de Mónaco sobre medidas equivalentes a las que establece la Directiva 2003/48/CE del Consejo (en lo sucesivo, «el Acuerdo»), se modifica de la siguiente manera: 1) el título se sustituirá por el título siguiente: «Acuerdo entre la Unión Europea y el Principado de Mónaco relativo al intercambio de información sobre cuentas financieras para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a escala internacional, de conformidad con la norma de intercambio automático de información sobre cuentas financieras elaborada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)»; 2) los artículos 1 a 21, así como los anexos, se sustituirán por el texto siguiente: «Artículo 1 Definiciones 1. A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por: a) “Unión Europea”: la Unión tal como se establece en el Tratado de la Unión Europea, que incluye los territorios en los que se aplica el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en las condiciones previstas por este último; b) “Estado miembro”: cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea; c) “Mónaco”, el Principado de Mónaco, las aguas interiores, el mar territorial, incluidos el suelo y el subsuelo, así como el espacio aéreo situado encima, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, en los que, de conformidad con las disposiciones del Derecho internacional y según las leyes nacionales, el Principado de Mónaco ejerce sus derechos soberanos y su jurisdicción; d) “Autoridades competentes de Mónaco” y “Autoridades competentes de los Estados miembros”: las autoridades enumeradas en el anexo IV, letra a) y letras b) a ac), respectivamente. El anexo IV es parte integrante del presente Acuerdo. La lista de autoridades competentes que figura en el anexo IV podrá modificarse mediante simple notificación a la otra Parte Contratante por Mónaco, en el caso de la autoridad mencionada en la letra a) de dicho anexo, y por la Unión Europea, en el caso de las autoridades mencionadas en las letras b) a ac) del mismo; la Comisión Europea informará, respectivamente, a los Estados miembros y a Mónaco de cualquier notificación recibida a tal efecto; e) “Institución financiera de un Estado miembro”: i) toda institución financiera residente en un Estado miembro, con exclusión de las sucursales de dicha institución financiera ubicadas fuera del Estado miembro en cuestión, y ii) toda sucursal de una institución financiera no residente en el Estado miembro en cuestión, si la sucursal está ubicada en el mismo; f) “Institución financiera de Mónaco”: i) toda institución financiera residente en Mónaco, con exclusión de las sucursales de dicha institución financiera ubicadas fuera de Mónaco, y ii) toda sucursal de una institución financiera no residente en Mónaco, si la sucursal está ubicada en dicho país; g) “Institución financiera obligada a comunicar información”: toda institución financiera de un Estado miembro o institución financiera de Mónaco, según el contexto territorial de aplicación de la jurisdicción en cuestión, que no sea una institución financiera no obligada a comunicar información; h) “Cuenta sujeta a comunicación de información”: una cuenta de un Estado miembro sujeta a comunicación de información o una cuenta de Mónaco sujeta a comunicación de información, según el contexto, siempre que haya sido identificada como tal en aplicación de los procedimientos de diligencia debida, de conformidad con los anexos I y II, vigentes en dicho Estado miembro o en Mónaco; i) “Cuenta de un Estado miembro sujeta a comunicación de información”: una cuenta financiera abierta en una institución financiera de Mónaco obligada a comunicar información y cuya titularidad corresponda a una o varias personas de un Estado miembro que sean personas sujetas a comunicación de información o a una ENF pasiva en la que una o varias de las personas que ejercen el control sean personas de un Estado miembro sujetas a comunicación de información; j) “Cuenta de Mónaco sujeta a comunicación de información”: una institución financiera abierta en una institución financiera de un Estado miembro obligada a comunicar información y cuya titularidad corresponda a una o varias personas de Mónaco que sean personas sujetas a comunicación de información o a una ENF pasiva en la que una o varias de las personas que ejercen el control sean personas de Mónaco sujetas a comunicación de información; k) “Persona de un Estado miembro”: una persona física o entidad identificada como residente en un Estado miembro por una institución financiera de Mónaco obligada a comunicar información con arreglo a procedimientos de diligencia debida conformes con los anexos I y II, o el caudal relicto de un causante residente en un Estado miembro; l) “Persona de Mónaco”: una persona física o entidad identificada como residente en Mónaco por una institución financiera de un Estado miembro obligada a comunicar información con arreglo a procedimientos de diligencia debida conformes con los anexos I y II, o el caudal relicto de un causante residente en Mónaco.

2. Todo término entrecomillado no definido de otro modo en el presente Acuerdo se entenderá con arreglo al significado que tenga en ese momento, i) en el caso de los Estados miembros, en la Directiva 2011/16/UE del Consejo, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad o, cuando proceda, en la legislación nacional del Estado miembro que aplique el Acuerdo, y ii) en el caso de Mónaco, en su legislación nacional, siendo este significado coherente con el establecido en los anexos I y II. Todo término no definido de otro modo en el presente Acuerdo, a menos que el contexto exija otra cosa o que las autoridades competentes de un Estado miembro y las autoridades competentes de Mónaco acuerden un significado común, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 (si la legislación nacional lo permite), se entenderá con arreglo al significado que tenga en ese momento en la legislación del territorio en cuestión que aplique el presente Acuerdo, i) en el caso de los Estados miembros, en la Directiva 2011/16/UE del Consejo, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad o, cuando proceda, en la legislación nacional del Estado miembro de que se trate, y ii) en el caso de Mónaco, en su legislación nacional, prevaleciendo el significado que tenga en la legislación fiscal aplicable del territorio en cuestión (Estado miembro o Mónaco) sobre el significado que se dé al término en virtud de otras leyes aplicables en dicho territorio. Artículo 2 Intercambio automático de información con respecto a las cuentas sujetas a comunicación de información 1. Con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo y a reserva de las normas de comunicación de información y diligencia debida conformes con los anexos I y II, que son parte integrante del presente Acuerdo, la autoridad competente de Mónaco intercambiará cada año con cada una de las autoridades competentes de los Estados miembros, y cada una de las autoridades competentes de los Estados miembros intercambiará cada año con la autoridad competente de Mónaco, de forma automática, la información obtenida en virtud de dichas normas y especificada en el apartado 2. 2. La información que será objeto de intercambio, en el caso de un Estado miembro, con respecto a cada cuenta de Mónaco sujeta a comunicación de información y, en el caso de Mónaco, con respecto a cada cuenta de un Estado miembro sujeta a comunicación de información, será la siguiente: a) el nombre, domicilio, NIF, así como fecha y lugar de nacimiento (en el caso de una persona física) de cada persona sujeta a comunicación de información que sea titular de la cuenta y, en el caso de una entidad, que sea titular de la cuenta y que, tras la aplicación de procedimientos de diligencia debida conformes con los anexos I y II, sea identificada como entidad con una o varias personas que ejercen el control que sean personas sujetas a comunicación de información, el nombre, domicilio y NIF de la entidad y el nombre, domicilio, NIF, así como fecha y lugar de nacimiento de cada una de esas personas sujetas a comunicación de información. Mónaco no dispone de NIF para las personas de Mónaco en la fecha de la firma del Protocolo modificativo firmado el...; b) el número de cuenta (o elemento funcional equivalente, en ausencia del mismo); c) el nombre y el número de identificación (si lo hubiera) de la institución financiera obligada a comunicar información; d) el saldo o valor de la cuenta (incluido, en el caso de un contrato de seguro con valor en efectivo o de un contrato de anualidades, el valor en efectivo o valor de rescate) al final del año civil considerado o de otro período de referencia pertinente o, en caso de cancelación de la cuenta en dicho año o período, en el momento de su cancelación; e) en el caso de una cuenta de custodia: i) el importe bruto total en concepto de intereses, el importe bruto total en concepto de dividendos y el importe bruto total en concepto de otras rentas generados por los activos depositados en la cuenta, pagados o anotados en cada caso en la cuenta (o en relación con la cuenta) durante el año civil u otro período de referencia pertinente y ii) los ingresos brutos totales derivados de la venta o amortización de activos financieros pagados o anotados en la cuenta durante el año civil u otro período de referencia pertinente en el que la institución financiera obligada a comunicar información actuase como custodio, corredor, agente designado o como representante en cualquier otra calidad para el titular de la cuenta; f) en el caso de una cuenta de depósito, el importe bruto total de los intereses pagados o anotados en la cuenta durante el año civil u otro período de referencia pertinente; y g) en el caso de una cuenta no descrita en el apartado 2, letras e) o f), el importe bruto total pagado o anotado al titular de la cuenta en relación con la misma durante el año civil u otro período de referencia pertinente del que la institución financiera obligada a comunicar información sea la obligada o la deudora, incluido el importe total correspondiente a todas las amortizaciones efectuadas al titular de la cuenta durante el año civil u otro período de referencia pertinente. Artículo 3 Plazos y modalidades del intercambio automático de información 1. A efectos del intercambio de información a que se refiere el artículo 2, el importe y la caracterización de los pagos efectuados en relación con una cuenta sujeta a comunicación de información podrán determinarse de conformidad con los principios de la legislación fiscal del territorio (Estado miembro o Mónaco) que intercambie la información.

2. A efectos del intercambio de información a que se refiere el artículo 2, la información intercambiada deberá especificar la moneda en la que se denomina cada importe. 3. Por lo que respecta al artículo 2, apartado 2, deberá intercambiarse información para 2017 y todos los años siguientes en los nueve meses siguientes al final del año civil al que se refiere la información. 4. Las autoridades competentes intercambiarán automáticamente la información contemplada en el artículo 2 según una norma común de información en lenguaje extensible de marcado (XML). 5. Las autoridades competentes acordarán uno o varios métodos de transmisión de datos, incluidas normas de cifrado. Artículo 4 Cooperación en materia de cumplimiento y ejecución La autoridad competente de un Estado miembro notificará a la autoridad competente de Mónaco, y la autoridad competente de Mónaco notificará a la autoridad competente de un Estado miembro, cuando la autoridad competente notificante mencionada en primer lugar tenga razones para creer que se ha comunicado por error información incorrecta o incompleta con arreglo al artículo 2 o que existe un incumplimiento, por parte de una institución financiera obligada a comunicar información, de los requisitos de información y los procedimientos de diligencia debida aplicables de conformidad con los anexos I y II. La autoridad competente notificada adoptará todas las medidas adecuadas disponibles con arreglo a su legislación nacional para subsanar los errores o el incumplimiento descritos en la notificación. Artículo 5 Intercambio de información previa petición 1. No obstante lo dispuesto en el artículo 2 y en cualquier otro acuerdo que prevea el intercambio de información previa petición entre Mónaco y cualquier Estado miembro, las autoridades competentes de Mónaco y de cualquier Estado miembro intercambiarán, previa petición, la información que, presuntamente, guarde relación con la aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo o con la administración o ejecución de las leyes nacionales relativas a los impuestos de toda clase y denominación aplicados en nombre de Mónaco y de los Estados miembros, o de sus subdivisiones políticas o autoridades locales, en la medida en que la fiscalidad en virtud de esas leyes nacionales del Estado requirente no sea contraria a un acuerdo que permita evitar la doble imposición, aplicable entre Mónaco y el Estado miembro de que se trate. 2. En ningún caso las disposiciones del apartado 1 del presente artículo y del artículo 6 se interpretarán en el sentido de que imponen a Mónaco o a un Estado miembro la obligación de: a) adoptar medidas administrativas contrarias a la legislación o práctica administrativa de Mónaco o de dicho Estado miembro, respectivamente; b) proporcionar información que no se pudiera obtener sobre la base de la legislación o en el ejercicio de la práctica administrativa normal de Mónaco o de dicho Estado miembro, respectivamente; c) proporcionar información que revelase secretos comerciales, industriales, profesionales, procedimientos comerciales o informaciones cuya comunicación fuese contraria al orden público. 3. En caso de que un Estado miembro o Mónaco soliciten información en calidad de territorio requirente de conformidad con el presente artículo, Mónaco o el Estado miembro que actúe como territorio requerido utilizará los medios de que disponga para obtener la información solicitada, aunque dicho territorio requerido pueda no precisar de tal información para sus propios fines fiscales. La obligación contenida en la frase anterior está sujeta a las limitaciones del apartado 2, pero tales limitaciones no podrán interpretarse en ningún caso en el sentido de que autorizan al territorio requerido a negarse a facilitar información exclusivamente por el hecho de que, para él, esta no reviste interés nacional. 4. No podrá interpretarse, en ningún caso, que las disposiciones del apartado 2 autorizan a Mónaco o a un Estado miembro a negarse a facilitar información exclusivamente por el hecho de que dicha información obre en poder de un banco u otra entidad financiera, un representante o una persona que actúe en calidad de intermediario o agente fiduciario, o porque esté relacionada con la participación en el capital de una persona. 5. Las autoridades competentes acordarán uno o varios métodos de transmisión de datos, incluidas normas de cifrado, así como, en su caso, los formularios estándar que se vayan a utilizar.

Artículo 6 Confidencialidad y protección de datos personales 1. Además de las normas sobre confidencialidad y otras medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo, incluido el anexo III, la recogida y el intercambio de información en virtud del presente Acuerdo estarán sujetos, i) para los Estados miembros, a las leyes y reglamentos de los mismos por los que se transpone la Directiva 95/46/CE, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y, ii) para Mónaco, a las disposiciones de la Ley n.º 1 165, de 23 de diciembre de 1993, relativa a la protección de los datos personales (modificada por la Ley n.º 1 240 de 2 de julio de 2001 y por la Ley n.º 1 353, de 4 de diciembre de 2008, que entró en vigor el 1 de abril de 2009, incluidas las condiciones de aplicación tal como figuran en la Orden soberana nº 2 230 de 19 de junio de 2009). Los Estados miembros limitarán, a efectos de la correcta aplicación del artículo 5, el alcance de las obligaciones y derechos previstos en el artículo 10, en el artículo 11, apartado 1, y en los artículos 12 y 21 de la Directiva 95/46/CE, cuando sea necesario, a fin de salvaguardar los intereses contemplados en el artículo 13, apartado 1, letra e), de dicha Directiva. Mónaco adoptará medidas equivalentes con arreglo a su Derecho interno. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, cada Estado miembro y Mónaco garantizarán que toda institución financiera obligada a comunicar información en su territorio comunique a toda persona física sujeta a comunicación de información (Persona de Mónaco o de un Estado miembro) que la información sobre ella a que se refiere el artículo 2 será recopilada y transferida con arreglo al presente Acuerdo y que la institución financiera obligada a comunicar información facilite a dicha persona física toda la información a la que tenga derecho con arreglo a la legislación nacional de protección de datos y, al menos, lo siguiente: a) la finalidad del tratamiento de sus datos datos personales; b) el fundamento jurídico del tratamiento de datos; c) los destinatarios de los datos personales; d) la identidad de los responsables del tratamiento de datos; e) los plazos de conservación de los datos; f) la existencia del derecho de dicha persona a solicitar al responsable del tratamiento el acceso, la rectificación y la supresión de sus datos personales; g) el derecho a un recurso administrativo o judicial; h) el procedimiento para ejercer el derecho a presentar un recurso administrativo o judicial; i) el derecho a dirigirse a la autoridad o autoridades competentes en cuanto al control de la protección de datos y sus datos de contacto. Esta información se facilitará con suficiente antelación para que la persona física pueda ejercer su derecho a la protección de sus datos personales y, en cualquier caso, antes de que la institución financiera obligada a comunicar información en cuestión comunique la información a la que se refiere el artículo 2 a la autoridad competente de su territorio de residencia (Estado miembro o Mónaco). Los Estados miembros y Mónaco garantizarán que se notifiquen a cada persona física (de Mónaco o de un Estado miembro) sujeta a comunicación de información los fallos de seguridad en relación con sus datos cuando exista una probabilidad de que dichos fallos afecten negativamente a la protección de sus datos personales o de su intimidad. 2. La información tratada de conformidad con el presente Acuerdo se conservará durante un período de tiempo no superior al necesario para lograr los fines del mismo y, en cualquier caso, de acuerdo con la normativa nacional en materia de plazos que afecte a cada responsable del tratamiento de datos. Se considerará responsables del tratamiento de datos a las instituciones financieras obligadas a comunicar información y a las autoridades competentes de cada Estado miembro y de Mónaco, con respecto a los datos personales que trate cada una de ellas en virtud del presente Acuerdo. Los responsables del tratamiento se encargarán de velar por el respeto de las salvaguardias en materia de protección de datos personales, de conformidad con la descripción de estas salvaguardias en el presente Acuerdo, respetando los derechos de los interesados. 3. Toda información obtenida por un territorio (Estado miembro o Mónaco) en virtud del presente Acuerdo se considerará confidencial y deberá protegerse de la misma manera que la obtenida en virtud de la legislación nacional de ese territorio y, en la medida necesaria para la protección de los datos personales, de conformidad con la legislación nacional aplicable y las salvaguardias que pueda especificar el territorio que proporcione la información, según lo requiera su Derecho interno. 4. En cualquier caso, dicha información podrá ser revelada únicamente a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos o de supervisión) encargadas de la determinación, recaudación o cobro de los impuestos de ese territorio (Estado miembro o Mónaco), de los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a dichos impuestos o de la resolución de los recursos relativos a los mismos o de la supervisión de estos. Únicamente esas personas o autoridades podrán utilizar la información, y solo para los fines señalados en la frase anterior. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, podrán revelar la información en un procedimiento público ante un tribunal o en una decisión judicial que tenga relación con dichos impuestos, siempre que exista, por lo que se refiere específicamente al cobro de impuestos, una autorización previa expedida por la autoridad competente que facilita la información (que sea, respectivamente, de Mónaco o de un Estado miembro).

5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la información que reciba un territorio (Estado miembro o Mónaco) podrá ser utilizada para otros fines cuando ello sea factible de conformidad con la legislación, incluida la relativa a la protección de datos personales, del territorio que la facilite (Mónaco o un Estado miembro, respectivamente) y cuando la autoridad competente de ese territorio autorice dicho uso. La información que un territorio (Estado miembro o Mónaco) proporcione a otro territorio (es decir, a Mónaco o a un Estado miembro, respectivamente) podrá ser transmitida por este último a un tercer territorio (otro Estado miembro), a reserva de la aplicación de las salvaguardias recogidas en el presente artículo y previa autorización de la autoridad competente del primer territorio de donde procediera la información, que habrá recibido los elementos necesarios para evaluar la aplicación de las salvaguardias en cuestión. La información facilitada por un Estado miembro a otro Estado miembro de conformidad con las disposiciones pertinentes de aplicación en el Derecho interno de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, podrá transmitirse a Mónaco, previa autorización de la autoridad competente del Estado miembro del que procediera la información. 6. Cada autoridad competente de un Estado miembro o de Mónaco notificará inmediatamente a la autoridad competente, de Mónaco o del Estado miembro en cuestión, respectivamente, toda infracción del deber de confidencialidad o no aplicación de las salvaguardias o cualquier otra infracción de las normas sobre protección de datos, así como las posibles sanciones y medidas correctoras adoptadas en consecuencia. Artículo 7 Consultas y suspensión del Acuerdo 1. En caso de dificultades en la aplicación o interpretación del presente Acuerdo, las autoridades competentes de Mónaco o de un Estado miembro podrán solicitar la celebración de consultas entre la autoridad competente de Mónaco y una o varias de las autoridades competentes de los Estados miembros, a fin de elaborar medidas adecuadas que garanticen el cumplimiento del presente Acuerdo. Esas autoridades competentes notificarán inmediatamente a la Comisión Europea y a las autoridades competentes de los demás Estados miembros los resultados de esas consultas. Por lo que respecta a las cuestiones de interpretación, la Comisión Europea podrá tomar parte en las consultas a petición de cualquiera de las autoridades competentes. 2. Si las consultas se refieren a un incumplimiento significativo de las disposiciones del presente Acuerdo y el procedimiento descrito en el apartado 1 no ofrece una solución adecuada, la autoridad competente de un Estado miembro o de Mónaco podrá suspender el intercambio de información recogido en el presente Acuerdo en relación con Mónaco o un Estado miembro específico, respectivamente, notificándolo por escrito a la otra autoridad competente afectada. Dicha suspensión tendrá efecto inmediato. A efectos del presente apartado, los incumplimientos significativos comprenden, entre otras cosas, el incumplimiento de las disposiciones en materia de confidencialidad y protección de datos del presente Acuerdo, incluido el anexo III, de la Directiva 95/46/CE y de la Ley n.º 1 165 de 23 de diciembre de 1993, sobre protección de datos personales (modificada por la Ley n.º 1 240 de 2 de julio de 2001 y por la Ley n.º 1 353 de 4 de diciembre de 2008, que entró en vigor el 1 de abril de 2009, incluidas las condiciones de aplicación que figuran en la Orden soberana n.º 2 230 de 19 de junio de 2009), según proceda, así como un incumplimiento, por parte de la autoridad competente de un Estado miembro o Mónaco, de la obligación de proporcionar información adecuada o a su debido tiempo, conforme a lo dispuesto en el presente Acuerdo o la designación de entidades o cuentas como instituciones financieras no obligadas a comunicar información y cuentas excluidas de un modo que vaya en contra de los objetivos del presente Acuerdo. Artículo 8 Modificaciones 1. Las Partes Contratantes se consultarán mutuamente en cada ocasión en que la OCDE adopte una modificación importante de cualquiera de los elementos de la Norma de Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras, elaborada por ella misma, en lo sucesivo, “la Norma Internacional” o, si las Partes Contratantes lo estimaran necesario, con el fin de mejorar el funcionamiento técnico del presente Acuerdo o de evaluar y reflejar otros desarrollos internacionales. Las consultas se celebrarán en el plazo de un mes a partir de la solicitud de una de las Partes Contratantes o tan pronto como sea posible, en los casos urgentes. 2. Sobre la base de tales contactos, las Partes Contratantes podrán consultarse a fin de examinar la conveniencia de modificar el presente Acuerdo. 3. A efectos de las consultas mencionadas en los apartados 1 y 2, cada Parte Contratante informará a la otra de los posibles acontecimientos que pudieran afectar al correcto funcionamiento del presente Acuerdo. Ello incluye también cualquier posible acuerdo pertinente entre una de las Partes Contratantes y un tercer Estado. 4. Una vez realizadas las consultas, el presente Acuerdo podrá ser modificado mediante un protocolo o un nuevo acuerdo entre las Partes Contratantes. 5. Cuando una Parte Contratante haya aplicado una modificación, adoptada por la OCDE, de la Norma Internacional y desee realizar un cambio correspondiente a los anexos I o II del presente Acuerdo, lo notificará a la otra Parte Contratante. En el plazo de un mes a partir de la notificación, tendrá lugar un procedimiento de consulta entre las Partes Contratantes. No obstante lo dispuesto en el apartado 4, cuando las Partes Contratantes alcancen un consenso en el marco de este procedimiento de consulta sobre las modificaciones que deben introducirse en los anexos I o II del presente Acuerdo, y durante el plazo necesario para la aplicación de la modificación mediante una enmienda formal del presente Acuerdo, la Parte Contratante que haya solicitado el cambio podrá aplicar provisionalmente la versión revisada de los anexos I o II del presente Acuerdo, aprobada mediante el procedimiento de consulta, a partir del primer día del mes de enero del año siguiente al de la finalización del mencionado procedimiento. Se considerará que una Parte Contratante ha aplicado una modificación, adoptada por la OCDE, de la Norma Internacional: a) en el caso de los Estados miembros, cuando dicha modificación se haya incorporado a la Directiva 2011/16/UE del Consejo, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad; b) en el caso de Mónaco, cuando la modificación se haya incorporado a un acuerdo celebrado con un tercer Estado o a la legislación nacional. Artículo 9

Denuncia Cada una de las Partes Contratantes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación por escrito a la otra Parte Contratante. La denuncia surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración del plazo de doce meses siguiente a la fecha de la notificación de la denuncia. En caso de denuncia, toda la información recibida con anterioridad en virtud del presente Acuerdo seguirá siendo confidencial y estará sujeta, i) para los Estados miembros, a las disposiciones de las leyes y reglamentos de los Estados miembros que apliquen la Directiva 95/46/CE y ii) para Mónaco, a las disposiciones de la Ley n.º 1 165, de 23 de diciembre de 1993, relativa a la protección de los datos personales (modificada por la Ley n.º 1 240 de 2 de julio de 2001 y por la Ley n.º 1 353, de 4 de diciembre de 2008, que entró en vigor el 1 de abril de 2009, incluidas las condiciones de aplicación tal como figuran en la Orden soberana n.º 2 230 de 19 de junio de 2009) y, en ambos casos, a las salvaguardias específicas sobre protección de datos establecidas en el Acuerdo, incluidas las que figuran en el anexo III. Artículo 10 Ámbito de aplicación territorial El presente Acuerdo se aplicará, por una parte, a los territorios de los Estados miembros en los que sean de aplicación el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en las condiciones previstas por dichos Tratados y, por otra, a Mónaco tal como se define en la letra c) del apartado 1 del artículo 1.».

3) Los anexos se sustituyen por lo siguiente: «ANEXO I Norma Común de Información y Diligencia Debida en materia de información sobre cuentas financieras (en lo sucesivo, “Norma Común de Información”) SECCIÓN I: REQUISITOS GENERALES SOBRE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN A. A reserva de lo dispuesto en los apartados C a E, toda institución financiera obligada a comunicar información deberá comunicar a la autoridad competente de su territorio (Estado miembro o Mónaco) la siguiente información relativa a cada una de las cuentas sujetas a comunicación de información de dicha institución: 1. el nombre, domicilio, territorio o territorios de residencia (Estado miembro o Mónaco), el o los NIF, así como, en el caso de una persona física, el lugar y fecha de nacimiento de cada persona sujeta a comunicación de información que sea titular de la cuenta y, en el caso de una entidad que sea titular de la cuenta y que, tras la aplicación de los procedimientos de diligencia debida conformes con las secciones V, VI y VII, sea identificada como entidad con una o varias personas que ejercen el control que sean personas sujetas a comunicación de información, el nombre, domicilio, territorio o territorios de residencia y el o los NIF de dicha entidad, así como el nombre, domicilio, territorio o territorios (Estado miembro o Mónaco) de residencia, el o los NIF, así como fecha y lugar de nacimiento de cada persona sujeta a comunicación de información; 2. el número de cuenta (o elemento funcional equivalente, en ausencia del mismo); 3. el nombre y número de identificación (si lo hubiere) de la institución financiera obligada a comunicar información; 4. el saldo o valor de la cuenta (incluido, en el caso de un contrato de seguro con valor en efectivo o de un contrato de anualidades, el valor en efectivo o valor de rescate) al final del año civil considerado o de otro período de referencia pertinente o, en caso de cancelación de la cuenta en dicho año o período, en el momento de su cancelación; 5. en el caso de una cuenta de custodia: a) el importe bruto total en concepto de intereses, el importe bruto total en concepto de dividendos y el importe bruto total en concepto de otras rentas generados por los activos depositados en la cuenta, pagados o anotados en cada caso en la cuenta (o en relación con la cuenta) durante el año civil u otro período de referencia pertinente y b) los ingresos brutos totales derivados de la venta o amortización de activos financieros pagados o anotados en la cuenta durante el año civil u otro período de referencia pertinente en el que la institución financiera obligada a comunicar información actuase como custodio, corredor, agente designado o como representante del titular de la cuenta; 6. en el caso de una cuenta de depósito, el importe bruto total de intereses pagados o anotados en la cuenta durante el año civil u otro período de referencia pertinente; y

7. en el caso de una cuenta no recogida en el apartado A, puntos 5 o 6, el importe bruto total pagado o anotado al titular de la cuenta en relación con la misma durante el año civil u otro período de referencia pertinente en el que la institución financiera obligada a comunicar información sea la obligada o la deudora, incluido el importe total de las cantidades devueltas al titular de la cuenta durante el año civil u otro período de referencia pertinente. B. La información comunicada debe especificar la divisa en la que se denomina cada importe. C. No obstante lo dispuesto en el apartado A.1, no será necesario comunicar el o los NIF ni la fecha de nacimiento relativos a cada cuenta sujeta a comunicación de información que sea una cuenta preexistente si no se encuentran en los registros de la institución financiera obligada a comunicar información y si ni la legislación nacional ni (en su caso) ningún instrumento jurídico de la Unión Europea exigen que dicha institución los recoja. Sin embargo, las instituciones financieras obligadas a comunicar información deberán, dentro de lo razonable, obtener el o los NIF y la fecha de nacimiento relativos a cuentas preexistentes antes de que termine el segundo año civil siguiente al año en el que se hayan identificado esas cuentas preexistentes como cuentas sujetas a comunicación de información. D. No obstante lo dispuesto en el apartado A.1, no será necesario comunicar el NIF si el Estado miembro afectado u otro territorio de residencia no lo expiden. E. No obstante lo dispuesto en el apartado A.1, no será necesario comunicar el lugar de nacimiento salvo que la institución financiera obligada a comunicar información deba obtenerlo y comunicarlo en virtud de la legislación nacional y que dicha información esté disponible entre los datos susceptibles de búsqueda electrónica que mantiene la institución en cuestión. SECCIÓN II: REQUISITOS GENERALES SOBRE DILIGENCIA DEBIDA A. Se considerará que una cuenta es una cuenta sujeta a comunicación de información a partir de la fecha en que se la identifique como tal de acuerdo con los procedimientos de diligencia debida recogidos en las secciones II a VII y, salvo que se disponga otra cosa, deberá comunicarse la información relativa a esa cuenta anualmente, durante el año civil siguiente a aquel al que se refiere la información. B. El saldo o valor de una cuenta es el que corresponde al que tenía el último día del año civil o de cualquier otro período de referencia pertinente. C. Cuando un saldo o un umbral de valor deba determinarse el último día de un año civil, dicho saldo o umbral de valor deberá determinarse el último día del período de referencia que termine al final del año civil o durante el mismo. D. Cada Estado miembro o Mónaco podrá permitir que las instituciones financieras obligadas a comunicar información utilicen proveedores de servicios para cumplir las obligaciones de comunicación de información y diligencia debida impuestas a dichas instituciones tal como establece su legislación nacional, aunque esas obligaciones seguirán siendo responsabilidad de las instituciones financieras obligadas a comunicar información. E. Cada Estado miembro o Mónaco podrá permitir que las instituciones financieras obligadas a comunicar información apliquen a cuentas preexistentes los procedimientos de diligencia debida previstos para cuentas nuevas y a cuentas de menor valor los procedimientos de diligencia debida previstos para cuentas de mayor valor. Cuando un Estado miembro o Mónaco permita que se apliquen a cuentas preexistentes los procedimientos de diligencia debida previstos para cuentas nuevas, seguirán vigentes las otras normas aplicables a las cuentas preexistentes. SECCIÓN III: PROCEDIMIENTOS DE DILIGENCIA DEBIDA APLICABLES A LAS CUENTAS PREEXISTENTES DE PERSONAS FÍSICAS A. Se aplicarán los siguientes procedimientos a fin de identificar las cuentas sujetas a comunicación de información entre las cuentas preexistentes de personas físicas. B. Cuentas de menor valor. Se aplicarán los siguientes procedimientos respecto de las cuentas de menor valor. 1. Domicilio. Si la institución financiera obligada a comunicar información tiene registrado en sus archivos un domicilio actualizado de la persona física titular de la cuenta, basado en pruebas documentales, podrá considerar a dicho titular de la cuenta como residente, a efectos fiscales, del Estado miembro, de Mónaco o del otro territorio en el que esté ubicado el domicilio a efectos de determinar si ese titular de la cuenta es una persona sujeta a comunicación de información. 2. Búsqueda en archivos electrónicos. Si la institución financiera obligada a comunicar información no utiliza una dirección actual del titular de la cuenta basada en pruebas documentales como se enuncia en el apartado B.1, deberá revisar los datos susceptibles de búsqueda electrónica que posea para detectar uno o varios de los siguientes indicios y aplicar lo recogido en el apartado B, puntos 3 a 6: a) identificación del titular de la cuenta como residente de un territorio sujeto a comunicación de información; b) dirección postal o domicilio actual (incluido un apartado de correos) en un territorio sujeto a comunicación de información; c) uno o varios números de teléfono en un territorio sujeto a comunicación de información y ningún número de teléfono en Mónaco o en el Estado miembro de la institución financiera obligada a comunicar información, según el contexto; d) órdenes permanentes (excepto las relativas a cuentas de depósito) de transferencia de fondos a una cuenta abierta en un territorio sujeto a comunicación de información;

e) poder notarial de representación o autorización de firma vigentes a favor de una persona domiciliada en un territorio sujeto a comunicación de información o f) instrucciones de retención de correspondencia o una dirección para la recepción de correspondencia en un territorio sujeto a comunicación de información en caso de que la institución financiera obligada a comunicar información no tenga ninguna otra dirección en sus archivos para el titular de la cuenta. 3. Si en la búsqueda electrónica no se descubre ninguno de los indicios enumerados en el apartado B.2, no será necesaria ninguna otra medida hasta que se produzca un cambio de circunstancias a raíz del cual se asocien uno o varios indicios con la cuenta o hasta que la cuenta se convierta en una cuenta de mayor valor. 4. Si en la búsqueda electrónica se descubre alguno de los indicios enumerados en el apartado B.2, letras a) a e), o si se produce un cambio de circunstancias a raíz del cual se asocien uno o varios indicios con la cuenta, la institución financiera obligada a comunicar información deberá considerar al titular de la cuenta como residente a efectos fiscales de cada territorio sujeto a comunicación de información respecto del cual se haya encontrado algún indicio, salvo que opte por aplicar el apartado B.6 y una de las excepciones de dicho apartado sea aplicable a esa cuenta. 5. Si en la búsqueda electrónica se descubre una instrucción para la retención de correspondencia o una dirección para la recepción de correspondencia y no se ha encontrado ninguna otra dirección ni ningún otro indicio enumerado en el apartado B.2, letras a) a e), para el titular de la cuenta, la institución financiera obligada a comunicar información deberá llevar a cabo, en el orden más adecuado según las circunstancias, la búsqueda en los archivos en papel que se describe en el apartado C.2 o procurar obtener del titular de la cuenta una declaración o pruebas documentales para determinar la residencia a efectos fiscales de dicho titular de la cuenta. Si, con la búsqueda en papel, no se consigue establecer ningún indicio y no prospera el intento de obtener la declaración o las pruebas documentales, la institución financiera obligada a comunicar información deberá comunicar a la autoridad competente de su Estado miembro o de Mónaco, en función del contexto, que la cuenta no está documentada. 6. A pesar del hallazgo de indicios conforme al apartado B.2, una institución financiera obligada a comunicar información no tendrá que tratar al titular de una cuenta como residente de un territorio sujeto a comunicación de información si: a) la información del titular de la cuenta incluye una dirección postal o un domicilio actualizados en el territorio sujeto a comunicación de información, uno o varios números de teléfono en ese mismo territorio (y ningún número de teléfono en Mónaco o en el Estado miembro de la institución financiera obligada a comunicar información, según el contexto) u órdenes permanentes (relativas a cuentas financieras distintas de las cuentas de depósito) de transferencia de fondos a una cuenta abierta en un territorio sujeto a comunicación de información, y la institución financiera obligada a comunicar información obtiene, o ha revisado previamente y conserva en sus archivos una copia de los documentos siguientes: i) una declaración del titular de la cuenta del territorio o territorios de residencia (un Estado miembro, Mónaco u otros territorios) de dicho titular que no incluya dicho territorio sujeto a comunicación de información y ii) pruebas documentales que demuestren que el titular de la cuenta no está sujeto a comunicación de información. b) la información del titular de la cuenta incluye un poder notarial de representación o una autorización de firma vigentes a favor de una persona domiciliada en ese territorio sujeto a comunicación de información, y la institución financiera obligada a comunicar información obtiene, o ha revisado previamente y conserva en sus archivos una copia de los documentos siguientes: i) una declaración del titular de la cuenta del territorio o territorios de residencia (un Estado miembro, Mónaco u otros territorios) de dicho titular que no incluya dicho territorio sujeto a comunicación de información o ii) pruebas documentales que demuestren que el titular de la cuenta no está sujeto a comunicación de información. C. Procedimientos de revisión reforzada de las cuentas de mayor valor. Se aplicarán los siguientes procedimientos de revisión reforzada a las cuentas de mayor valor. 1. Búsqueda en archivos electrónicos. Respecto de las cuentas de mayor valor, la institución financiera obligada a comunicar información deberá revisar los datos susceptibles de búsqueda electrónica que posea para hallar cualquiera de los indicios descritos en el apartado B.2. 2. Búsqueda en archivos en papel. Si las bases de datos susceptibles de búsqueda electrónica de la institución financiera obligada a comunicar información contienen campos para la inclusión y captura de toda la información descrita en el apartado C.3, no será necesario proceder a la búsqueda en los archivos en papel. Si las bases de datos electrónicas no recogen toda esa información, la institución financiera obligada a comunicar información también deberá revisar, respecto de las cuentas de mayor valor, el fichero maestro actual del cliente y, en la medida en que no estén incluidos en él, los siguientes documentos asociados a la cuenta que dicha institución haya obtenido en los últimos cinco años para hallar cualquiera de los indicios descritos en el apartado B.2: a) las pruebas documentales más recientes recopiladas en relación con la cuenta; b) el contrato o la documentación de apertura de cuenta más reciente; c) la documentación más reciente obtenida por la institución financiera obligada a comunicar información en aplicación de los “procedimientos denominados ‘conozca a su cliente’ conforme a la legislación contra el blanqueo de capitales” o con otro propósito regulador; d) cualquier poder notarial de representación o autorización de firma vigentes y e) cualquier orden permanente (excepto las relativas a cuentas de depósito) de transferencia de fondos vigente.

3. Excepción en los casos en los que las bases de datos contengan suficiente información. La institución financiera obligada a comunicar información no tendrá que proceder a la búsqueda en los archivos en papel descrita en el apartado C.2 cuando su información susceptible de búsqueda electrónica incluya lo siguiente: a) el estatuto del titular de la cuenta respecto de su residencia; b) el domicilio y la dirección postal del titular de la cuenta que consten en los archivos de la institución financiera obligada a comunicar información; c) los posibles números de teléfono del titular de la cuenta que consten en los archivos de la institución financiera obligada a comunicar información; d) en el caso de las cuentas financieras distintas de las cuentas de depósito, si existen, órdenes permanentes de transferencia de fondos de la cuenta a otra cuenta (incluida una cuenta de otra sucursal de la institución financiera obligada a comunicar información o de otra institución financiera); e) si existe, una dirección para la recepción de correspondencia o una instrucción para la retención de correspondencia actual para el titular de la cuenta y f) si existe, algún poder notarial de representación o una autorización de firma en relación con la cuenta. 4. Consulta al gestor personal para un conocimiento real de la cuenta. Además de las búsquedas en archivos electrónicos y en papel descritas en los apartados C.1 y C.2, la institución financiera obligada a comunicar información deberá tratar como cuenta sujeta a comunicación de información toda cuenta de mayor valor asignada a un gestor personal (incluidas las posibles cuentas financieras agregadas a esa cuenta de mayor valor) si el gestor personal conoce de hecho que el titular de la cuenta es una persona sujeta a comunicación de información. 5. Consecuencias del hallazgo de indicios. a) Si en la revisión reforzada de las cuentas de mayor valor descrita en el apartado C no se descubre ninguno de los indicios enumerados en el apartado B.2 y no se determina que su titular es una persona sujeta a comunicación de información conforme al apartado C.4, no será necesaria ninguna otra medida hasta que se produzca un cambio de circunstancias que provoque que se asocien uno o varios indicios con la cuenta. b) Si en la revisión reforzada de las cuentas de mayor valor descrita en el apartado C se descubre alguno de los indicios enumerados en el apartado B.2, letras a) a e), o si se produce un cambio posterior de circunstancias a raíz del cual se asocien uno o varios indicios con la cuenta, la institución financiera obligada a comunicar información deberá tratar la cuenta como cuenta sujeta a comunicación de información respecto de cada territorio sujeto a comunicación de información en relación con el cual se haya encontrado algún indicio, salvo que opte por aplicar el apartado B.6 y que una de las excepciones de dicho apartado sea aplicable a esa cuenta. c) Si en la revisión reforzada de las cuentas de mayor valor descrita en el apartado C se descubren instrucciones para la retención de correspondencia o una dirección para la recepción de correspondencia y no se ha encontrado ninguna otra dirección ni ningún otro indicio enumerado en el apartado B.2, letras a) a e), para el titular de la cuenta, la institución financiera obligada a comunicar información deberá obtener de dicho titular una declaración o pruebas documentales para determinar su residencia o residencias a efectos fiscales. Si no puede obtener la declaración o las pruebas documentales, la institución financiera obligada a comunicar información deberá comunicar a la autoridad competente de su Estado miembro o Mónaco, en función del contexto, que la cuenta no está documentada. 6. Si la cuenta preexistente de persona física no es una cuenta de mayor valor a 31 de diciembre de 2016 pero, a la conclusión de un año civil posterior, ha pasado a serlo, la institución financiera obligada a comunicar información deberá llevar a cabo los procedimientos de revisión reforzada descritos en el apartado C respecto de dicha cuenta en el año civil siguiente al año en el que la cuenta se convierta en una cuenta de mayor valor. Si, basándose en esa revisión, se identifica la cuenta como cuenta sujeta a comunicación de información, la institución financiera obligada a comunicar información deberá comunicar la información exigida sobre dicha cuenta relativa al año en el que se identifique como cuenta sujeta a comunicación de información y a los años siguientes, sobre una base anual, a menos que el titular de la cuenta deje de ser una persona sujeta a comunicación de información. 7. Una vez que una institución financiera obligada a comunicar información haya aplicado los procedimientos de revisión reforzada descritos en el apartado C a una cuenta de mayor valor, no estará obligada a volver a aplicar dichos procedimientos en años posteriores, excepto la consulta al gestor personal descrita en el apartado C.4, a la misma cuenta de mayor valor a menos que la cuenta no esté documentada, en cuyo caso la institución financiera obligada a comunicar información deberá volver a aplicarlos cada año hasta que la cuenta esté documentada. 8. Si se produce un cambio de circunstancias relativo a una cuenta de mayor valor a raíz del cual se asocien con la cuenta uno o varios de los indicios descritos en el apartado B.2, la institución financiera obligada a comunicar información deberá considerar la cuenta como cuenta sujeta a comunicación de información respecto de cada territorio sujeto a comunicación de información en relación con el cual se haya encontrado algún indicio, salvo que opte por aplicar el apartado B.6 y una de las excepciones de dicho apartado sea aplicable a esa cuenta. 9. Las instituciones financieras obligadas a comunicar información deberán poner en práctica procedimientos para garantizar que los gestores personales identifiquen cualquier cambio de circunstancias relacionado con una cuenta. Por ejemplo, si un gestor personal se entera de que el titular de la cuenta tiene una nueva dirección postal en un territorio sujeto a comunicación de información, la institución financiera obligada a comunicar información tendrá que considerar la nueva dirección como un cambio de circunstancias y, si opta por aplicar el apartado B.6, tendrá que obtener la documentación pertinente del titular de la cuenta. D. La revisión de las cuentas preexistentes de mayor valor de personas físicas deberá finalizarse a más tardar el 31 de diciembre de 2017. La revisión de las cuentas preexistentes de menor valor de personas físicas deberá finalizarse a más tardar el 31 de diciembre de 2018. E. Toda cuenta preexistente de persona física que se haya identificado como cuenta sujeta a comunicación de información de conformidad con la presente sección deberá tratarse como cuenta sujeta a comunicación de información en los años siguientes, a menos que el titular de la cuenta deje de ser una persona sujeta a comunicación de información. SECCIÓN IV: PROCEDIMIENTOS DE DILIGENCIA DEBIDA APLICABLES A LAS NUEVAS CUENTAS DE PERSONAS FÍSICAS Se aplicarán los siguientes procedimientos con el objeto de identificar las cuentas sujetas a comunicación de información entre las nuevas cuentas de personas físicas.

A. En cuanto a las nuevas cuentas de personas físicas, en el momento de la apertura de la cuenta, la institución financiera obligada a comunicar información deberá obtener una declaración, que podrá formar parte de la documentación de apertura de cuenta, que le permita determinar la residencia o residencias a efectos fiscales del titular de la cuenta y confirmar la credibilidad de tal declaración sobre la base de la información que dicha institución haya obtenido en la apertura de la cuenta, incluida la documentación recopilada con arreglo a “procedimientos denominados ‘conozca a su cliente’ conforme a la legislación contra el blanqueo de capitales”. B. Si la declaración establece que el titular de la cuenta es residente, a efectos fiscales, de un territorio sujeto a comunicación de información, la institución financiera obligada a comunicar información deberá considerar la cuenta como cuenta sujeta a comunicación de información y la declaración deberá incluir también el NIF para dicho territorio sujeto a comunicación de información (sujeto a lo dispuesto en el apartado D de la sección I) y la fecha de nacimiento del titular de la cuenta. C. Si se produce un cambio de circunstancias relativo a una nueva cuenta de persona física a raíz del cual la institución financiera obligada a comunicar información sepa o tenga motivos para saber que la declaración original es incorrecta o no es fiable, la institución financiera obligada a comunicar información no podrá utilizar la declaración original y deberá obtener una declaración válida que precise la residencia o residencias, a efectos fiscales, del titular de la cuenta. SECCIÓN V: PROCEDIMIENTOS DE DILIGENCIA DEBIDA APLICABLES A LAS CUENTAS PREEXISTENTES DE ENTIDAD Se aplicarán los siguientes procedimientos con el objeto de identificar las cuentas sujetas a comunicación de información entre las cuentas preexistentes de entidad. A. Cuentas de entidad no sujetas a revisión, identificación o comunicación de información. A menos que la institución financiera obligada a comunicar información opte por otro criterio, bien respecto de todas las cuentas preexistentes de entidad, bien por separado respecto de cualquier grupo de tales cuentas claramente identificado, las cuentas preexistentes de entidad cuyo saldo o valor agregado no exceda, a 31 de diciembre de 2016, de 250 000 USD o de un importe equivalente denominado en la moneda nacional de cada Estado miembro o Mónaco, no tendrán que ser objeto de revisión, identificación o comunicación de información como cuentas sujetas a comunicación de información mientras su saldo o valor agregado no exceda de dicha cantidad el último día de cualquier año civil posterior. B. Cuentas de entidad sujetas a revisión. Deberán someterse a revisión de conformidad con los procedimientos establecidos en el apartado D las cuentas preexistentes de entidad cuyo saldo o valor agregado exceda, a 31 de diciembre de 2016, de 250 000 USD o de un importe equivalente denominado en la moneda nacional de cada Estado miembro o de Mónaco y las cuentas preexistentes de entidad que, a 31 de diciembre de 2016, no excedan de dicha cantidad pero cuyo saldo o valor agregado exceda de dicha cantidad el último día de cualquier año civil posterior. C. Cuentas de entidad sujetas a comunicación de información. Respecto de las cuentas preexistentes de entidad descritas en el apartado B, únicamente se considerarán como cuentas sujetas a comunicación de información las cuentas cuya titularidad corresponda a una o varias entidades que sean personas sujetas a comunicación de información o a ENF pasivas en las que una o varias de las personas que ejercen el control sean personas sujetas a comunicación de información. D. Procedimientos de revisión para identificar cuentas de entidad sujetas a comunicación de información. Respecto de las cuentas preexistentes de entidad descritas en el apartado B, las instituciones financieras obligadas a comunicar información deberán aplicar los siguientes procedimientos de revisión para determinar si la titularidad de la cuenta corresponde a una o varias personas sujetas a comunicación de información o a ENF pasivas en las que una o varias de las personas que ejercen el control son personas sujetas a comunicación de información: 1. Determinar si la entidad es una persona sujeta a comunicación de información. a) Revisar la información obtenida con fines reglamentarios o de relación con el cliente (incluida la información recopilada con arreglo a “procedimientos denominados ‘conozca a su cliente’ conforme a la legislación contra el blanqueo de capitales”) para determinar si esa información indica que el titular de la cuenta es residente en un territorio sujeto a comunicación de información. A estos efectos, el lugar de constitución o de creación, o un domicilio en un territorio sujeto a comunicación de información forman parte de la información indicativa de que el titular de la cuenta es residente en un territorio sujeto a comunicación de información. b) Si la información obtenida indica que el titular de la cuenta es residente en un territorio sujeto a comunicación de información, la institución financiera obligada a comunicar información deberá considerar la cuenta como cuenta sujeta a comunicación de información, salvo que obtenga una declaración del titular de la cuenta o determine justificadamente, basándose en la información de la que disponga o que sea pública, que el titular de la cuenta no es una persona sujeta a comunicación de información. 2. Determinar si la entidad es una ENF pasiva en la que una o varias personas que ejercen el control son personas sujetas a comunicación de información. Respecto del titular de una cuenta preexistente de entidad (incluidas las entidades que sean personas sujetas a comunicación de información), la institución financiera sujeta a comunicación de información deberá determinar si el titular de la cuenta es una ENF pasiva en la que una o varias personas que ejercen el control son personas sujetas a comunicación de información. Si así fuera, la cuenta deberá considerarse como una cuenta sujeta a comunicación de información. A estos efectos, la institución financiera obligada a comunicar información deberá seguir las indicaciones del apartado D.2, letras a) a c) siguientes, en el orden que resulte más adecuado según las circunstancias. a) Determinar si el titular de la cuenta es una ENF pasiva. Para determinar si el titular de la cuenta es una ENF pasiva, la institución financiera obligada a comunicar información deberá obtener una declaración del titular de la cuenta que establezca su condición, salvo que tenga información en su poder o que sea pública sobre la base de la cual pueda determinar justificadamente que el titular de la cuenta es una ENF activa o una institución financiera distinta de la entidad de inversión descrita en el apartado A.6, letra b), de la sección VIII que no sea una institución financiera de un territorio participante. b) Identificar a las personas que ejercen el control del titular de una cuenta. Para determinar las personas que ejercen el control del titular de una cuenta, la institución financiera obligada a comunicar información podrá basarse en información recopilada y conservada con arreglo a “procedimientos denominados ‘conozca a su cliente’ conforme a la legislación contra el blanqueo de capitales”. c) Determinar si una persona que ejerce el control de una ENF pasiva es una persona sujeta a comunicación de información. Para determinar si una persona que ejerce el control de una ENF pasiva es una persona sujeta a comunicación de información, la institución financiera obligada a comunicar información podrá basarse en: i) información obtenida y conservada con arreglo a “procedimientos denominados ‘conozca a su cliente’ conforme a la legislación contra el blanqueo de capitales” en el caso de una cuenta preexistente de entidad cuya titularidad corresponda a una o varias ENF y cuyo saldo o valor agregado no exceda de 1 000 000 USD o un importe equivalente denominado en la moneda nacional de cada Estado miembro o de Mónaco; o ii) una declaración del titular de la cuenta o de la persona que ejerce el control del territorio o territorios (Estado miembro, Mónaco u otros territorios) en los que esa persona sea residente a efectos fiscales. E. Plazos de aplicación de la revisión y de los procedimientos adicionales aplicables a las cuentas preexistentes de entidad. 1. La revisión de las cuentas preexistentes de entidad cuyo saldo o valor agregado, a 31 de diciembre de 2016, exceda de 250 000 USD o de un importe equivalente denominado en moneda nacional de cada Estado miembro o de Mónaco, deberá concluirse, a más tardar, el 31 de diciembre de 2018.

2. La revisión de las cuentas preexistentes de entidad cuyo saldo o valor agregado no exceda, a 31 de diciembre de 2016, de 250 000 USD o de un importe equivalente denominado en la moneda nacional de cada Estado miembro o de Mónaco, pero que exceda de dicho importe a 31 de diciembre de cualquier año posterior, deberá concluirse en el año civil siguiente al año en el que el saldo o valor agregado de la cuenta exceda de dicho importe. 3. Si se produce un cambio de circunstancias relativo a una cuenta preexistente de entidad a raíz del cual la institución financiera obligada a comunicar información sepa o tenga motivos para saber que la declaración o cualquier otro documento asociado a una cuenta es incorrecta o no es fiable, dicha institución financiera obligada a comunicar información deberá volver a determinar la condición de la cuenta, de conformidad con los procedimientos establecidos en el apartado D. SECCIÓN VI: PROCEDIMIENTOS DE DILIGENCIA DEBIDA APLICABLES A LAS NUEVAS CUENTAS DE ENTIDAD Se aplicarán los siguientes procedimientos con el fin de identificar las cuentas sujetas a comunicación de información entre las nuevas cuentas de entidad. A. Procedimientos de revisión para identificar las cuentas de entidad sujetas a comunicación de información. Respecto de las nuevas cuentas de entidad, las instituciones financieras obligadas a comunicar información deberán aplicar los siguientes procedimientos de revisión para determinar si la titularidad de la cuenta corresponde a una o varias personas sujetas a comunicación de información o a ENF pasivas en las que una o varias de las personas que ejercen el control son personas sujetas a comunicación de información: 1. Determinar si la entidad es una persona sujeta a comunicación de información. a) Obtener una declaración, que podrá formar parte de la documentación de apertura de cuenta, que permita que la institución financiera obligada a comunicar información determine la residencia o residencias a efectos fiscales del titular de la cuenta y confirme la credibilidad de tal declaración sobre la base de la información que dicha institución haya obtenido en la apertura de la cuenta, incluida la documentación recopilada con arreglo a “procedimientos denominados ‘conozca a su cliente’ conforme a la legislación contra el blanqueo de capitales”. Si la entidad certifica que no tiene residencia a efectos fiscales, la institución financiera obligada a comunicar información podrá basarse en la dirección de la oficina principal de la entidad para determinar la residencia del titular de la cuenta. b) Si la declaración indica que el titular de la cuenta es residente en un territorio sujeto a comunicación de información, la institución financiera obligada a comunicar información deberá considerar la cuenta como cuenta sujeta a comunicación de información, salvo que determine justificadamente, basándose en información de que disponga o que sea pública, que el titular de la cuenta no es una persona sujeta a comunicación de información en relación con dicho territorio sujeto a comunicación de información. 2. Determinar si la entidad es una ENF pasiva en la que una o varias personas que ejercen el control son personas sujetas a comunicación de información. Respecto del titular de una cuenta nueva de entidad (incluidas las entidades que sean personas sujetas a comunicación de información), la institución financiera obligada a comunicar información deberá determinar si el titular de la cuenta es una ENF pasiva en la que una o varias personas que ejercen el control son personas sujetas a comunicación de información. Si así fuera, la cuenta deberá considerarse como una cuenta sujeta a comunicación de información. A tal fin, la institución financiera obligada a comunicar información deberá seguir las indicaciones del apartado A.2, letras a) a c), en el orden que resulte más adecuado para las circunstancias. a) Determinar si el titular de la cuenta es una ENF pasiva. Para determinar si el titular de la cuenta es una ENF pasiva, la institución financiera obligada a comunicar información deberá basarse en una declaración del titular de la cuenta que establezca su condición, salvo que tenga información en su poder o que sea pública, sobre la base de la cual pueda determinar justificadamente que el titular de la cuenta es una ENF activa o una institución financiera distinta de la entidad de inversión descrita en el apartado A.6, letra b), de la sección VIII, que no sea una institución financiera de un territorio participante. b) Identificar a las personas que ejercen el control del titular de una cuenta. Para identificar a las personas que ejercen el control del titular de una cuenta, la institución financiera obligada a comunicar información podrá basarse en información recopilada y conservada con arreglo a “procedimientos denominados ‘conozca a su cliente’ conforme a la legislación contra el blanqueo de capitales”. c) Determinar si una persona que ejerce el control de una ENF pasiva es una persona sujeta a comunicación de información. Para determinar si una persona que ejerce el control de una ENF pasiva es una persona sujeta a comunicación de información, la institución financiera obligada a comunicar información podrá basarse en una declaración del titular de la cuenta o de esa persona. SECCIÓN VII: NORMAS ESPECIALES EN MATERIA DE DILIGENCIA DEBIDA Al aplicar los procedimientos de diligencia debida anteriormente descritos, serán de aplicación las siguientes normas adicionales: A. Confianza en las declaraciones y las pruebas documentales. Una institución financiera obligada a comunicar información no podrá basarse en una declaración o en pruebas documentales si sabe o tiene motivos para saber que la declaración o las pruebas documentales son incorrectas o no son fiables. B. Procedimientos alternativos aplicables a las cuentas financieras cuyos titulares sean personas físicas beneficiarias de un contrato de seguro con valor en efectivo o de un contrato de anualidades y a los contratos colectivos de seguro con valor en efectivo o contratos colectivos de anualidades. Una institución financiera obligada a comunicar información podrá suponer que una persona física (distinta del titular) beneficiaria de un contrato de seguro con valor en efectivo o de un contrato de anualidades que reciba un capital por fallecimiento no es una persona sujeta a comunicación de información y podrá considerar que dicha cuenta financiera no es una cuenta sujeta a comunicación de información salvo que dicha institución sepa, de hecho, o tenga motivos para saber, que el beneficiario del capital es una persona sujeta a comunicación de información. Una institución financiera obligada a comunicar información tiene motivos para saber que el beneficiario de un contrato de seguro con valor en efectivo o de un contrato de anualidades es una persona sujeta a comunicación de información si la información recopilada por dicha institución y relacionada con el beneficiario contiene indicios descritos en el apartado B de la sección III. Si una institución financiera obligada a comunicar información sabe, de hecho, o tiene motivos para saber, que el beneficiario es una persona sujeta a comunicación de información, dicha institución deberá seguir los procedimientos del apartado B de la sección III. Cualquier Estado miembro o Mónaco tendrá la facultad de autorizar a las instituciones financieras obligadas a comunicar información a considerar que una cuenta financiera que constituya la participación de un miembro en un contrato colectivo de seguro con valor en efectivo o en un contrato colectivo de anualidades no es una cuenta sujeta a comunicación de información hasta la fecha en la que un importe sea pagadero al empleado/titular de certificado o beneficiario, si dicha cuenta financiera cumple los siguientes requisitos: i) el contrato colectivo de seguro con valor en efectivo o contrato colectivo de anualidades se ha emitido a un empleador y cubre, como mínimo, a veinticinco empleados/titulares de certificados; ii) los empleados/titulares de certificados tienen derecho a recibir cualquier valor contractual relativo a sus participaciones en el contrato y a designar a los beneficiarios de la prestación pagadera cuando fallezcan y iii) el importe total pagadero a cualquier empleado/titular de certificado o beneficiario no podrá exceder de 1 000 000 USD o de un importe equivalente denominado en la moneda nacional de cada Estado miembro o de Mónaco.

Por “contrato colectivo de seguro con valor en efectivo” se entiende un contrato de seguro con valor en efectivo que: i) ofrece cobertura a personas físicas asociadas a través de un empleador, una asociación profesional, un sindicato u otra asociación o grupo y ii) cobra una prima por cada miembro del grupo (o miembro de una categoría del grupo) que se determina sin tener en cuenta las características de salud individuales distintas de la edad, el sexo y el hábito de fumar del miembro (o categoría de miembros) del grupo. Por “contrato colectivo de anualidades” se entiende un contrato de anualidades en virtud del cual los acreedores son personas físicas asociadas a través de un empleador, una asociación profesional, un sindicato u otra asociación o grupo. Antes del 1 de enero de 2017, los Estados miembros comunicarán a Mónaco, y Mónaco comunicará a la Comisión Europea, si han hecho uso de la facultad prevista en el presente apartado. La Comisión Europea podrá coordinar la transmisión a Mónaco de las comunicaciones de los Estados miembros y transmitirá la comunicación de Mónaco a todos los Estados miembros. Cualquier modificación posterior en el ejercicio de esta facultad por un Estado miembro o Mónaco se comunicará de la misma manera. C. Agregación del saldo de cuentas y normas para la conversión de monedas 1. Agregación del saldo de cuentas de personas físicas. Para determinar el saldo o valor agregado de las cuentas financieras cuyo titular es una persona física, una institución financiera obligada a comunicar información deberá agregar todas las cuentas financieras que la persona mantenga en la propia institución o en las entidades vinculadas, pero solo en la medida en que sus sistemas informatizados vinculen las cuentas financieras mediante un dato como el número de cliente o el NIF, y permitan la agregación de los saldos o valores de las cuentas. Para la aplicación de los requisitos de agregación descritos en el presente apartado, a cada titular de una cuenta financiera conjunta se le atribuirá la totalidad del saldo o valor de la cuenta financiera conjunta. 2. Agregación del saldo de cuentas de entidades. Para determinar el saldo o valor agregado de las cuentas financieras cuyo titular es una entidad, la institución financiera obligada a comunicar información deberá considerar todas las cuentas financieras que la entidad mantenga en la propia institución o en las entidades vinculadas, pero solo en la medida en que sus sistemas informatizados vinculen las cuentas financieras mediante un dato, como el número de cliente o el NIF, y permitan la agregación de los saldos o valores de las cuentas. Para la aplicación de los requisitos de agregación descritos en el presente apartado, a cada titular de una cuenta financiera conjunta se le atribuirá la totalidad del saldo o valor de la cuenta financiera conjunta. 3. Norma especial de agregación aplicable a los gestores personales. Para fijar el saldo o valor agregado de las cuentas financieras que posee una persona a fin de determinar si una cuenta financiera es una cuenta de mayor valor, la institución financiera obligada a comunicar información también deberá agregar los saldos de todas las cuentas cuando un gestor personal sepa o tenga razones para saber que, directa o indirectamente, son propiedad de la misma persona, están bajo su control o han sido abiertas por ella (excepto si esa persona interviene en calidad de fiduciario). 4. Los importes incluyen su equivalente en otras monedas. Se entenderá que todos los importes denominados en la moneda nacional de cada Estado miembro o de Mónaco incluyen los importes equivalentes en otras monedas, según determine la legislación nacional. SECCIÓN VIII: DEFINICIONES Los siguientes términos tendrán el significado que se indica a continuación: A. Institución financiera obligada a comunicar información 1. Por “institución financiera obligada a comunicar información” se entiende toda institución financiera de un Estado miembro o institución financiera de Mónaco, según el contexto, que no sea una institución financiera no obligada a comunicar información. 2. Por “institución financiera de un territorio participante” se entiende: i) toda institución financiera residente en un territorio participante, con exclusión de las sucursales de dicha institución financiera ubicadas fuera del territorio participante en cuestión, y ii) toda sucursal de una institución financiera no residente en un territorio participante, si dicha sucursal está ubicada en el territorio participante en cuestión. 3. Por “institución financiera” se entiende una institución de custodia, una institución de depósito, una entidad de inversión o una compañía de seguros específica. 4. Por “institución de custodia” se entiende toda entidad que posee activos financieros por cuenta de terceros como parte importante de su actividad económica. Así es cuando su renta bruta atribuible a la tenencia de activos financieros y a los servicios financieros conexos es igual o superior al 20 % de la renta bruta obtenida por la entidad durante el más corto de los siguientes períodos: i) el período de tres años que acaba el 31 de diciembre (o el último día de un ejercicio contable que no se corresponda con el año civil) anterior al año en el que se realiza la determinación o ii) el tiempo que la entidad lleve existiendo, si este es inferior a tres años. 5. Por “institución de depósito” se entiende toda entidad que acepte depósitos en el curso ordinario de su actividad bancaria o similar. 6. Por “entidad de inversión” se entiende toda entidad: a) cuya actividad económica principal consista en la realización de una o varias de las siguientes actividades u operaciones en nombre o por cuenta de un cliente: i) operaciones con instrumentos del mercado monetario (cheques, letras, certificados de depósito, derivados, etc.), cambio de divisas, instrumentos de los mercados cambiario y monetario e instrumentos basados en índices; valores negociables o negociación de futuros de productos básicos; ii) gestión de inversiones colectivas e individuales; o

iii) otras formas de inversión, administración o gestión de activos financieros o de dinero por cuenta de terceros o b) cuya renta bruta es atribuible principalmente a la inversión, reinversión o negociación en activos financieros, si la entidad es gestionada por otra entidad que es a su vez una institución de depósito, una institución de custodia, una compañía de seguros específica o una entidad de inversión descrita en el apartado A.6, letra a). Se considera que una entidad tiene por actividad económica principal la realización de una o varias de las actividades descritas en el apartado A.6, letra a), o que su renta bruta es atribuible principalmente a la inversión, reinversión o negociación en activos financieros a efectos del apartado A.6, letra b), cuando su renta bruta atribuible a las actividades en cuestión sea igual o superior al 50 % de la renta bruta obtenida por la entidad durante el más corto de los siguientes períodos: i) el período de tres años que acaba el 31 de diciembre del año anterior al año en el que se realiza la determinación o ii) el tiempo que la entidad lleve existiendo si este es inferior a tres años. La expresión entidad de inversión no incluye las entidades que son ENF activas porque estas entidades cumplen los criterios indicados en el apartado D.9, letras d) a g). El presente apartado se interpretará de forma coherente con la definición de institución financiera que figura en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 7. Por “activos financieros” se entiende un título (por ejemplo, basados en una parte del capital en una sociedad de capital; una parte o un derecho de disfrute de una sociedad de personas con muchos socios o en una sociedad comanditaria por acciones cotizada en bolsa, o un fideicomiso; los pagarés, bonos y obligaciones y otros títulos de deuda), las participaciones en sociedades de personas, los productos básicos, los swaps (por ejemplo, los swaps de tipos de interés, los swaps de divisas, los swaps de base, los acuerdos sobre tipos de interés máximos o mínimos, los swaps de productos básicos, los swaps ligados a acciones, los swaps de índices de acciones y los acuerdos similares), los contratos de seguro o los contratos de anualidades, o cualquier instrumento (con inclusión de las opciones y los contratos de futuros o a plazo) ligado a un valor mobiliario, una participación en una sociedad de personas, un producto básico, un swap, un contrato de seguro o un contrato de anualidades. La expresión activos financieros no incluye el interés directo, no ligado a una deuda, en bienes inmobiliarios. 8. Por “compañía de seguros específica” se entiende toda entidad que sea una compañía de seguros (o la sociedad de control de una compañía de seguros) que ofrece un contrato de seguro con valor en efectivo o un contrato de anualidades, o que está obligada a efectuar pagos en relación con los mismos. B. Institución financiera no obligada a comunicar información 1. Por “institución financiera no obligada a comunicar información” se entiende toda institución financiera que sea: a) una entidad pública, una organización internacional o un banco central, excepto en relación con un pago derivado de una obligación fruto de una actividad financiera comercial del tipo de las realizadas por una compañía de seguros específica, una institución de custodia o una institución de depósito; b) un fondo de pensiones de participación amplia; un fondo de pensiones de participación restringida; un fondo de pensiones de una entidad pública, una organización internacional o un banco central; o un emisor autorizado de tarjetas de crédito; c) cualquier otra entidad que presente un bajo riesgo de ser utilizada para evadir un impuesto, tenga características esencialmente similares a las de cualquiera de las entidades descritas en el apartado B.1, letras a) y b), y esté definida en la legislación nacional como institución financiera no obligada a comunicar información y, en el caso de los Estados miembros, esté contemplada en el artículo 8, apartado 7 bis, de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, y comunicada a Mónaco y, en el caso de Mónaco, se comunique a la Comisión Europea, siempre que la consideración de tal entidad como institución financiera no obligada a comunicar información no sea contraria a los objetivos del presente Acuerdo; d) un instrumento de inversión colectiva exento o e) un fideicomiso en la medida en que el fiduciario de este sea una institución financiera obligada a comunicar información que comunique toda la información exigida a tenor de la sección I respecto de todas las cuentas sujetas a comunicación de información del fideicomiso. 2. Por “entidad pública” se entiende la administración de un Estado miembro, de Mónaco o de otro territorio, toda subdivisión política de un Estado miembro, de Mónaco o de otro territorio, (término que, para evitar cualquier ambigüedad, incluye Estados, provincias, condados o municipios), o cualquier organismo o agencia institucional que pertenezca en su totalidad a las entidades citadas anteriormente (constituyendo cada uno de ellos una entidad pública). Están incluidas en esta categoría las partes integrantes, entidades controladas y subdivisiones políticas de un Estado miembro, Mónaco u otro territorio. a) Se entiende por “parte integrante” de un Estado miembro, de Mónaco o de otro territorio, cualquier persona, organización, agencia, departamento, fondo, persona jurídica u otro órgano, cualquiera que sea su denominación, que sea una autoridad pública de un Estado miembro, de Mónaco o de otro territorio. Los ingresos netos de la autoridad pública deberán abonarse en la cuenta de esta o en otras cuentas del Estado miembro, de Mónaco o de otro territorio, sin que ninguna parte pueda contabilizarse en beneficio de un particular. No se consideran parte integrante a las personas físicas que sean dirigentes, responsables o administradores cuando actúen a título personal o privado. b) Por “entidad controlada” se entiende una entidad formalmente diferente del Estado miembro, de Mónaco o de otro territorio, o que constituya en algún otro sentido una entidad jurídica aparte, siempre que: i) la entidad esté controlada y sea propiedad, en su totalidad, de una o varias entidades públicas, directamente o a través de una o varias entidades controladas; ii) los ingresos netos de la entidad se abonen en la cuenta de esta o en las cuentas de una o varias entidades públicas, sin que ninguna parte de dichos ingresos pueda contabilizarse en beneficio de un particular y iii) los activos de la entidad se atribuyan, en el momento de su disolución, a una o varias entidades públicas.

c) Los ingresos no revierten en beneficio de particulares si está previsto que estos sean los beneficiarios de un programa público y las actividades del programa se llevan a cabo para la población en general y el bienestar común, o bien guardan relación con la gestión de alguna instancia de la administración. No obstante lo anterior, se considera que los ingresos revierten en beneficio de particulares si son fruto de la utilización de una entidad pública para la realización de una actividad comercial, como servicios bancarios a las empresas, que ofrezca servicios financieros a particulares. 3. Por “organización internacional” se entiende toda organización internacional u organismo o agencia institucional perteneciente en su totalidad a la organización. Esta categoría comprende todas las organizaciones intergubernamentales (incluidas las supranacionales) i) que estén formadas principalmente por gobiernos, ii) que tengan un acuerdo de sede o un acuerdo similar en lo esencial con el Estado miembro, Mónaco o el otro territorio y iii) cuyos ingresos no reviertan en beneficio de particulares. 4. Por “banco central” se entiende una institución que, por ley o normativa pública, sea la principal autoridad, distinta del gobierno del propio Estado miembro, de Mónaco o de otro territorio, emisora de instrumentos destinados a circular como medios de pago. Dicha institución puede incluir una agencia institucional independiente del gobierno del Estado miembro, de Mónaco o de otro territorio, que puede ser o no propiedad total o parcial del Estado miembro, de Mónaco o de otro territorio. 5. Por “fondo de pensiones de participación amplia” se entiende un fondo establecido con la finalidad de ofrecer prestaciones por jubilación, incapacidad o fallecimiento, o cualquier combinación de estas, a beneficiarios que sean o hayan sido empleados (o personas designadas por estos) de uno o varios empleadores como contrapartida de servicios prestados, siempre que el fondo: a) no tenga beneficiario único con derecho a más del 5 % de los activos del fondo, b) esté sujeto a la normativa pública y facilite información a la administración tributaria y c) cumpla, al menos, uno de los requisitos siguientes: i) que el fondo esté globalmente exento de impuestos sobre el rendimiento de la inversión, o que dicho rendimiento esté sujeto a tributación diferida o tribute a un tipo reducido, por su condición de plan de jubilación o de pensiones; ii) que el fondo obtenga al menos el 50 % de las aportaciones totales [con exclusión de las transferencias de activos a partir de otros planes descritos en el apartado B, puntos 5 a 7, o a partir de cuentas de jubilación y pensión descritas en el apartado C.17, letra a)] de los empleadores que lo financian, iii) que la distribución o el reintegro de cantidades a partir del fondo solo estén autorizados en caso de producirse hechos específicos relacionados con la jubilación, la incapacidad o el fallecimiento [con exclusión de las rentas distribuidas para su inversión en otros fondos de pensiones descritos en el apartado B, puntos 5 a 7, o en cuentas de jubilación y pensión descritas en el apartado C.17, letra a)], o que la distribución o el reintegro de cantidades antes de tales hechos específicos dé lugar a penalizaciones o iv) que las aportaciones de los empleados al fondo (con exclusión de ciertas aportaciones compensatorias autorizadas) estén limitadas en función de los ingresos percibidos por el empleado, o bien que no puedan exceder anualmente de 50 000 USD o de un importe equivalente denominado en la moneda nacional de cada Estado miembro o de Mónaco, aplicando las normas de agregación de cuentas y de conversión de moneda expuestas en la sección VII, apartado C. 6. Por “fondo de pensiones de participación restringida” se entiende un fondo establecido con la finalidad de ofrecer prestaciones por jubilación, incapacidad o fallecimiento a beneficiarios que sean o hayan sido empleados (o a personas designadas por estos) de uno o varios empleadores como contrapartida de servicios prestados, siempre que: a) el fondo tenga menos de 50 partícipes; b) los promotores del fondo sean uno o varios empleadores que no sean entidades de inversión ni ENF pasivas; c) las aportaciones al fondo de empleados y empleadores [con exclusión de las transferencias de activos a partir de las cuentas de jubilación y pensión descritas en el apartado C.17, letra a)] estén limitadas en función de los ingresos percibidos por el empleado y de la remuneración abonada al empleado, respectivamente; d) los partícipes que no sean residentes del territorio (Estado miembro o Mónaco) en el que está establecido el fondo no tengan derecho a más del 20 % de los activos del fondo y e) el fondo esté sujeto a la normativa pública y facilite información a la administración tributaria. 7. Por “fondo de pensiones de una entidad pública, una organización internacional o un banco central” se entiende un fondo establecido por una entidad pública, una organización internacional o un banco central con la finalidad de ofrecer prestaciones por jubilación, incapacidad o fallecimiento a sus beneficiarios o partícipes que sean o hayan sido empleados (o a personas designadas por estos), o que no sean ni hayan sido empleados, si las prestaciones ofrecidas a tales beneficiarios o partícipes son la contrapartida de servicios personales prestados a la entidad pública, la organización internacional o el banco central. 8. Por “emisor autorizado de tarjetas de crédito” se entiende una institución financiera que cumpla los siguientes requisitos: a) la institución financiera tiene condición de institución financiera únicamente porque es un emisor de tarjetas de crédito que acepta depósitos solo cuando un cliente hace un pago que exceda del saldo adeudado por operaciones con la tarjeta y el excedente no sea reembolsado inmediatamente al cliente; y

b) la institución financiera aplica, a partir del 1 de enero de 2017 o desde antes de esa fecha, métodos y procedimientos destinados a impedir que un cliente haga sobrepagos que excedan de 50 000 USD o un importe equivalente denominado en la moneda nacional de cada Estado miembro o de Mónaco, o a garantizar que todo sobrepago de un cliente que exceda de dicho importe le sea reembolsado en un plazo de 60 días, aplicando sistemáticamente las normas de agregación de cuentas y de conversión de moneda expuestas en la sección VII, apartado C. A estos efectos, el sobrepago realizado por un cliente no incluye los saldos acreedores que incluyan cargos controvertidos, pero sí los saldos acreedores derivados de la devolución de mercancías. 9. Por “instrumento de inversión colectiva exento” se entiende una entidad de inversión regulada como instrumento de inversión colectiva, siempre y cuando la titularidad de todas las participaciones en este organismo corresponda a personas físicas o entidades que no sean personas sujetas a comunicación de información, o se ejerza a través de ellas, con excepción de las ENF pasivas en las que las personas que ejercen el control son personas sujetas a comunicación de información. Una entidad de inversión que esté regulada como instrumento de inversión colectiva no dejará de ser instrumento de inversión colectiva exento con arreglo al apartado B.9 por el mero hecho de haber emitido acciones al portador en forma física si cumple las siguientes condiciones: a) el instrumento de inversión colectiva no ha emitido ni emite acciones al portador en forma física después del 31 de diciembre de 2016; b) el instrumento de inversión colectiva retira todas esas acciones en el momento de su rescate; c) el instrumento de inversión colectiva aplica los procedimientos de diligencia debida establecidos en las secciones II a VII y comunica toda la información que ha de comunicarse respecto de todas esas acciones en el momento en que se presentan para su rescate o para algún otro pago y d) el instrumento de inversión colectiva ha establecido normas y procedimientos para garantizar que tales acciones se rescaten o inmovilicen lo antes posible y, en todo caso, antes del 1 de enero de 2019. C. Cuenta financiera 1. Por “cuenta financiera” se entiende una cuenta abierta en una institución financiera, y comprende las cuentas de depósito, las cuentas de custodia y: a) en el caso de una entidad de inversión, toda participación en capital o en deuda en la institución financiera. No obstante lo anterior, la expresión cuenta financiera no incluye ninguna participación en capital o deuda en una entidad que sea una entidad de inversión por el mero hecho de: i) asesorar a un cliente para una inversión y actuar en nombre de este, o ii) gestionar carteras para un cliente y actuar en nombre de este para fines de inversión, gestión o administración de activos financieros depositados en nombre del cliente en una institución financiera distinta de la entidad considerada; b) en el caso de las instituciones financieras no descritas en el apartado C.1, letra a), toda participación en capital o deuda en esa institución financiera, si el tipo de participación en cuestión se creó con objeto de eludir la comunicación de información de conformidad con la sección I; y c) los contratos de seguro con valor en efectivo y los contratos de anualidades ofrecidos por una institución financiera, o que esta mantenga, distintos de las rentas vitalicias, inmediatas, intransferibles y no ligadas a inversión, emitidas a una persona física, que monetizan una pensión o una prestación por jubilación o incapacidad vinculadas a una cuenta que sea una cuenta excluida. La expresión cuenta financiera no se aplica a las cuentas excluidas. 2. Por “cuenta de depósito” se entiende toda cuenta comercial, cuenta corriente, cuenta de ahorro o cuenta a plazo, u otra cuenta identificada mediante un certificado de depósito, de ahorro, de inversión o de deuda, o cualquier instrumento similar, abierto en una institución financiera en el curso ordinario de su actividad bancaria o similar. Las cuentas de depósito comprenden también las cantidades que poseen las compañías de seguros con arreglo a un contrato de inversión garantizada o un contrato similar para el pago o anotación en la cuenta del titular de los correspondientes intereses. 3. Por “cuenta de custodia” se entiende una cuenta (distinta de un contrato de seguro o de un contrato de anualidades) en la que se deposita uno o varios activos financieros en beneficio de un tercero. 4. Por “participación en el capital” se entiende, en el caso de las sociedades de personas que sean instituciones financieras, tanto una participación en el capital como en los beneficios de dichas sociedades. En el caso de un fideicomiso que sea una institución financiera, se considera que posee una p