Aunque los viajes suponen un factor de riesgo por sí mismos, la amplia transmisión generalizada de la COVID-19 entre los Estados miembros significa que, actualmente, los viajes transfronterizos dentro de la UE no suponen un riesgo añadido significativo. En el contexto de los viajes aéreos, y de acuerdo con la situación epidemiológica actual en la UE/el EEE y el Reino Unido y las pruebas existentes, el ECDC y la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) no recomiendan la cuarentena o la realización de pruebas para los viajeros aéreos para la detección del SARS-CoV-2 al viajar hacia/desde zonas con una situación epidemiológica similar, según se establece en las directrices para las pruebas de COVID-19 y la cuarentena de los viajeros aéreos publicadas el 2 de diciembre. Lo importante en estos casos es mejorar el flujo de información: esto incluye procedimientos simples para los formularios de localización de pasajeros, digitalizados cuando sea posible; un enlace eficaz entre la información transfronteriza y las capacidades de rastreo de contactos en la comunidad, respetando plenamente las normas de protección de datos; y una comunicación coordinada entre las partes interesadas de la aviación y las autoridades de salud pública, así como los establecimientos de alojamiento turístico.

Actualmente, la mayoría de los Estados miembros desaconsejan cualquier desplazamiento no esencial y la mayoría establecen requisitos de rastreo o de cuarentena para las personas que cruzan fronteras. El 13 de octubre, el Consejo adoptó una Recomendación sobre un enfoque coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19 destinada a evitar la fragmentación y las perturbaciones y ofrecer una mayor claridad y predictibilidad a los ciudadanos y las empresas. En la Recomendación se establece que las medidas que imponen restricciones a la libre circulación para proteger la salud pública deben aplicarse respetando los principios de proporcionalidad y no discriminación y deben levantarse tan pronto como la situación epidemiológica lo permita. Basándose en la Recomendación, el ECDC ha publicado semanalmente un mapa basado en los colores de los semáforos en el que se utilizan los criterios y umbrales acordados.

Debido a que los índices de ocupación hospitalaria y de las unidades de cuidados intensivos (UCI) y las cifras de nuevos ingresos hospitalarios todavía son elevados y siguen aumentando en la mayoría de los países de la UE, es de vital importancia centrarse de forma continua en las capacidades y el personal sanitarios y darles prioridad. Debido a la elevada probabilidad de aumento de los casos de COVID-19 si se relajan las medidas durante la época festiva, los Estados miembros de la UE deben asegurarse de que sus sistemas sanitarios estén preparados para un posible aumento de los ingresos. Deben evitar cualquier riesgo de escasez de equipos y materiales esenciales, así como garantizar el bienestar del personal sanitario que se enfrenta a una enorme presión y del que depende el sistema.

Además de los hospitales, los centros de atención primaria participan en la lucha contra las consecuencias de la infección y la enfermedad de varias formas: con la aplicación de un sistema de triaje de forma coordinada y transparente, realizando pruebas, apoyando la cuarentena y ofreciendo una respuesta psicosocial. Algunas autoridades públicas en Europa han establecido puestos de detección para pacientes con fiebre como solución de atención primaria. El papel de los médicos de familia en el control de la propagación de la COVID-19 en la comunidad cada vez es más importante debido a su papel fundamental en la realización de las pruebas y el rastreo de contactos, así como para cubrir las necesidades de tratamiento tras el diagnóstico de COVID-19 y hacer frente a las necesidades asistenciales de la población general. Para potenciar estas capacidades, muchos países han creado centros de asistencia alternativos en instalaciones reformadas u hospitales de campaña móviles, y utilizado instalaciones de asistencia social, así como nuevas formas de asociaciones público-privadas para responder de forma socialmente responsable a la demanda nacional.

Abordar y garantizar el bienestar de todo el personal sanitario sigue siendo una prioridad absoluta. Los Estados miembros de la UE deben garantizar el acceso a equipos de protección individual adecuados a todo el personal sanitario y a los servicios de apoyo para aliviar el impacto en la salud mental de los niveles de estrés excepcionales a los que han estado sometidos los profesionales sanitarios durante la crisis. Garantizar el acceso oportuno a un apoyo para la salud mental de los profesionales sanitarios es importante, especialmente en vista de las pruebas emergentes que sugieren que el peso psicológico de la crisis sanitaria puede tener efectos a largo plazo en su bienestar. Por ejemplo, en Italia, en un estudio realizado entre los profesionales sanitarios en marzo de 2020 se observó un aumento de los síntomas de estrés, ansiedad, depresión e insomnio, especialmente entre los trabajadores en primera línea y las mujeres jóvenes. En España, las investigaciones revelaron que, en abril de 2020, el 57 % de los profesionales sanitarios presentaban síntomas de trastorno de estrés postraumático.

Paralelamente, la continuación de los servicios sanitarios distintos a los relacionados con la COVID-19 es de igual importancia. La pandemia actual ha tenido, y sigue teniendo, grandes consecuencias para el diagnóstico y el tratamiento de otras enfermedades y problemas de salud, como el cáncer. Se han observado alteraciones temporales en la prestación de cuidados médicos rutinarios y de emergencia y en el acceso a los mismos durante los períodos de transmisión comunitaria considerable. Por ejemplo, muchos países, como Italia, notificaron que los ingresos por infarto de miocardio agudo se redujeron significativamente durante la pandemia de COVID-19, con un aumento paralelo de los índices de mortalidad y complicaciones. Asimismo, en Francia, el número de diagnósticos de cáncer disminuyó un 35‑50 % en abril de 2020, en comparación con abril de 2019, y el Registro de Cánceres de los Países Bajos ha observado una disminución del 40 % en la incidencia semanal de cáncer. Esto se produce a pesar de que muchos países priorizan los servicios cardiovasculares y relacionados con el cáncer y la diabetes.

Asimismo, en el ámbito del suministro y el uso de sangre para transfusiones, los estudios indican que los países deben prever las reducciones de donaciones y la pérdida de personal fundamental debido a la enfermedad y las restricciones de salud pública. La planificación de contingencia incluye políticas de priorización para los pacientes en caso de escasez prevista.

La demora o evitación de los cuidados médicos debido a la COVID-19 también es un ámbito de especial preocupación, ya que puede aumentar el riesgo de morbilidad y mortalidad asociado con enfermedades tratables y prevenibles y puede contribuir a un exceso de muertes notificadas, directa o indirectamente relacionadas con la COVID-19. Aunque controlar la pandemia es de vital importancia, el efecto a largo plazo en las personas con enfermedades no transmisibles es significativo. Estas enfermedades parecen aumentar la gravedad de la COVID-19 y el riesgo de mortalidad, y la infección por SARS-CoV-2 en supervivientes con enfermedades no transmisibles también puede afectar a la progresión de sus enfermedades preexistentes. Adicionalmente, las restricciones de distanciamiento físico y cuarentena reducirán la actividad física e incrementarán otros estilos de vida no saludables, por lo que aumentarán los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles y empeorarán los síntomas clínicos. Muchos países han realizado modificaciones en la gestión rutinaria de los pacientes, por ejemplo, han cancelado visitas ambulatorias no urgentes, lo que tendrá consecuencias importantes para el tratamiento de las enfermedades no transmisibles, el diagnóstico de enfermedades de nueva aparición, la observancia de la medicación y la progresión de la enfermedad.

La Comisión está colaborando con las empresas farmacéuticas para lograr el acceso a nuevas terapias actualmente bajo autorización reglamentaria (por ejemplo, anticuerpos) y garantizará que los avances se compartan rápidamente con los Estados miembros.

ACCIONES RECOMENDADAS PARA LOS ESTADOS MIEMBROS ·Garantizar que se refuercen los servicios sanitarios frente a un aumento de los ingresos hospitalarios y en la UCI en vista de la inminente época festiva, por ejemplo, aplicando planes de continuidad empresarial específicos para la COVID-19, aumentando las capacidades de personal y equipos que garantizarán que se mantengan las capacidades del personal sanitario y al mismo tiempo proporcionarán un cierto alivio temporal. ·Tomar medidas para maximizar la accesibilidad de los servicios de atención primaria para aliviar la presión en los hospitales, incluida la ampliación del papel del personal de enfermería, los farmacéuticos y los profesionales sanitarios comunitarios y mediante un mayor uso de servicios de telesalud para preservar la continuidad de la asistencia para los pacientes con enfermedades distintas a la COVID-19. ·Supervisar detenidamente las capacidades de equipos y materiales sanitarios necesarios y utilizar las adquisiciones conjuntas pertinentes y otras medidas de apoyo financiero, incluida la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus (IIRC) facilitada por la Comisión. ·Los países deben desarrollar estrategias integradas para sus sistemas sanitarios y garantizar que los cuidados para las enfermedades y los problemas médicos distintos a los relacionados con la COVID-19 pueden continuar y salvaguardarse. ·Continuar invirtiendo en la formación de nuevo personal, entre otros, a través de la red europea en línea de médicos y el desarrollo de módulos de formación sobre la COVID-19 para profesionales sanitarios (incluido a través de una academia virtual) en colaboración con federaciones europeas, como la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos. ·Alentar a los ciudadanos a realizar un seguimiento de todos los servicios médicos necesarios, incluidos los que tienen lugar en hospitales. ·Las instalaciones sanitarias deben garantizar también que actualmente y en los próximos meses esté disponible el modelo de EPI que mejor proteja y que se utilice adecuadamente para proteger a las personas que atienden a los pacientes y a personas que viven en centros residenciales. ·Ayudar al personal sanitario a afrontar la mayor presión debido a la pandemia (por ejemplo, poniendo a disposición líneas de asistencia telefónica gratuitas, ofreciendo servicios de apoyo por pares gratuitos, facilitando información para ayudar a gestionar el bienestar y la salud mental).

6.Afrontar la «fatiga pandémica»

El rebrote de la COVID-19 este otoño inevitablemente decepcionó a los europeos, que tuvieron que enfrentarse a restricciones que creían que ya habían dejado atrás. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente el 60 % de los países en la región europea experimentan actualmente alguna forma de «fatiga pandémica». Las personas están cansadas de tomar las medidas de precaución necesarias, como el distanciamiento físico, la reducción de las interacciones sociales y las restricciones económicas. Esto dificulta la aplicación de restricciones esenciales y abona el terreno para la desinformación sobre la pandemia.

La fatiga pandémica es una respuesta natural y prevista a una crisis de salud pública prolongada de la escala de la COVID-19. Por esta razón, es importante que los Estados miembros afronten y reconozcan este problema. La Oficina Regional para Europa de la OMS ha desarrollado directrices para apoyar a los países en el desarrollo de planes de acción multifactoriales a fin de mantener y revigorizar el apoyo público a las conductas de protección.

Además de la fatiga pandémica, el impacto de la COVID-19 en la salud mental de la población no debe subestimarse. La preocupación y desestabilización que siente la población en su conjunto puede ser particularmente aguda entre los grupos más vulnerables, como las personas de edad avanzada o con enfermedades subyacentes, las personas que viven solas o las personas con discapacidad. Los profesionales sanitarios y asistenciales están particularmente expuestos y deben promoverse las mejores prácticas para reducir el impacto sobre estos y otros trabajadores en primera línea.

El principal impacto psicológico hasta la fecha son los elevados índices de estrés o ansiedad. No obstante, a medida que se introducen nuevas medidas, especialmente políticas de permanecer en casa, cuarentena y toques de queda prolongados y sus efectos sobre las actividades, rutinas y medios de subsistencia habituales de muchas personas, los niveles de soledad, depresión, consumo nocivo de alcohol y drogas, autolesiones, violencia doméstica o conducta suicida también aumentan. Los Estados miembros deben hacer frente a estos problemas y garantizar que se apliquen las medidas y los servicios adecuados para las personas que los necesiten.

ACCIONES RECOMENDADAS PARA LOS ESTADOS MIEMBROS ·Comunicar claramente a los ciudadanos y a las comunidades las nuevas medidas, los motivos por los que se aplican y cómo y cuándo se podrían levantar. Si es posible, relacionarlas con determinados objetivos, como el valor de reproducción, para que las medidas sean tangibles y comprensibles. La aceptación y el cumplimiento de las medidas por parte de los ciudadanos son esenciales. ·Garantizar la disponibilidad de servicios de apoyo psicosociales y de salud mental, y el acceso a estos, para las personas que lo necesiten, incluidos los trabajadores en primera línea y los trabajadores o proveedores de servicios esenciales (por ejemplo, líneas de asistencia telefónica gratuitas). Ofrecer apoyo a las personas con discapacidad y a las poblaciones vulnerables. ·La Plataforma de la Política Sanitaria ha reunido a las partes interesadas para identificar una serie de buenas prácticas de la primera oleada de la pandemia que podrían promoverse con el apoyo de la Comisión a petición de los Estados miembros.

7.La importancia de las estrategias de vacunación contra la COVID-19

A medida que Europa aprende a vivir con la pandemia, el desarrollo y el rápido despliegue mundial de vacunas seguras y efectivas contra la COVID-19 sigue siendo un elemento esencial de la solución final a la crisis de salud pública. La Comisión Europea y los Estados miembros, en consonancia con la Estrategia de la UE para las vacunas contra la COVID-19 de 17 de junio, están garantizando la producción de vacunas contra la COVID-19 a través de acuerdos de compra anticipada con los productores de vacunas. Cualquier vacuna deberá ser autorizada por la Comisión tras un análisis riguroso por parte de la Agencia Europea de Medicamentos de conformidad con la normativa habitual en materia de seguridad y eficacia.

La Comisión también ha establecido la necesidad de acceso a vacunas seguras y efectivas en toda Europa, acompañado de un enfoque coordinado de las estrategias de vacunación para el despliegue de las vacunas. Los Estados miembros deben garantizar que los servicios de transporte y logística necesarios para la entrega segura de las vacunas se planifiquen acordemente. En caso de necesidad, la Comisión está preparada para apoyar a los Estados miembros en el despliegue de las vacunas por medio del Mecanismo de Protección Civil de la Unión y otros programas pertinentes. El 15 de octubre, la Comisión presentó elementos clave que los Estados miembros deben considerar en sus estrategias de vacunación contra la COVID-19 para garantizar el despliegue organizado y puntual, en relación con las capacidades necesarias de los servicios de vacunación, un acceso seguro, asequible y preferiblemente gratuito para la población, las capacidades de transporte y almacenamiento y la comunicación a los ciudadanos de los beneficios, los riesgos y la importancia de las vacunas contra la COVID-19. El número global de dosis de vacunas será limitado durante las primeras fases del despliegue y antes de que la producción pueda aumentar, por lo que la Comunicación también incluye ejemplos de grupos prioritarios a los que debe dirigirse primero la vacunación.

Los Estados miembros han compartido conocimientos y experiencias y han notificado el desarrollo de estrategias de vacunación nacionales, incluida la definición de grupos de población y comunidades que se priorizarán para la vacunación contra la COVID-19. Los grupos destinatarios prioritarios definidos por los Estados miembros que han presentado informes al respecto incluyen a personas de edad avanzada, profesionales sanitarios, trabajadores de servicios públicos esenciales fuera del sector sanitario, personal de transporte, personas con enfermedades crónicas, personas con discapacidad y trabajadores sociales. La gran mayoría de los Estados miembros que han notificado el estado actual de sus estrategias de vacunación planean ofrecer la vacuna contra la COVID-19 de forma gratuita y algunos utilizarán centros de vacunación por todo su territorio para garantizar que llegue a poblaciones de zonas rurales o grupos que tienen dificultades para acceder a centros o servicios de vacunación.

Muchos países europeos están revisando actualmente sus infraestructuras de vacunación, en particular para garantizar una mayor capacidad de la cadena del frío, y están reforzando los servicios de vacunación existentes mediante la contratación y la formación de personal sanitario adicional. En relación con los equipos de protección individual y médicos necesarios para los servicios de vacunación, la mayoría de los Estados miembros que han presentado informes prevén utilizar las reservas actuales, pero muchos países también tienen previsto acumular artículos a través de procedimientos de adquisición conjunta de la UE o nacionales, en particular en relación con artículos específicamente requeridos para la vacunación contra la COVID-19. En caso de que las capacidades nacionales se vean superadas, los Estados miembros pueden solicitar asistencia a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión, tanto a través de la Reserva Europea de Protección Civil como a través de la reserva de rescEU de equipos médicos de emergencia. Junto con la presente Comunicación, el ECDC ha publicado el documento «Overview of current EU/EEA and UK deployment and vaccination plans for COVID-19 vaccines» (Visión general de los planes actuales de despliegue y vacunación de la UE/el EEE y el Reino Unido relativos a las vacunas contra la COVID-19). Basándose en este documento, las conversaciones en el Comité de Seguridad Sanitaria y los estudios del ECDC, la Comisión considerará la necesidad de directrices adicionales sobre los planes de vacunación nacionales contra la COVID-19.