COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso a las redes de comunicación electrónica y recursos asociados, y a su interconexión

1. Antecedentes

La Comisión adoptó su propuesta de Directiva COM(2000)384 final - 2000/0186 (COD) el 12 de julio de 2000 [1].

[1] DO C 365 de 19.12.2000, p. 215.

La propuesta fue transmitida al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones el 25 de agosto de 2000.

El Comité Económico y Social adoptó su dictamen el 24 de enero de 2001 [2].

[2] DO C 123 de 25.4.2001, p. 50.

El Comité de las Regiones informó al Consejo y al Parlamento Europeo mediante carta de 16 de febrero de 2001 que no adoptaría un dictamen al respecto.

El 1 de marzo de 2001, el Parlamento Europeo formuló su dictamen en primera lectura con arreglo al procedimiento de codecisión y adoptó una resolución legislativa en la que aprobaba la propuesta de la Comisión con las enmiendas contenidas en dicha resolución e invitaba a la Comisión a modificar su propuesta en consecuencia [3].

[3] DO C

El 4 de julio de 2001 la Comisión adoptó una propuesta modificada [4] en la que se incorporaban total o parcialmente muchas de las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo en primera lectura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Tratado CE.

[4] DO C

El 17 de septiembre de 2001 [5] el Consejo adoptó, de conformidad con el artículo 251 del Tratado CE, su posición común en relación con dicha propuesta de Directiva.

[5] DO C

La presente Comunicación establece la postura de la Comisión sobre la posición común del Consejo, de conformidad con el artículo 251 Tratado CE.

2. Objeto de la propuesta de la Comisión

La propuesta de la Comisión forma parte del nuevo paquete regulador propuesto para las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y armoniza la manera en que los Estados miembros regulan el mercado comunitario de proveedores de redes y servicios de comunicaciones.

La Directiva establece un marco de normas tecnológicamente neutras, que pueden aplicarse a mercados de productos o servicios específicos en zonas geográficas concretas para solucionar los problemas que surjan entre proveedores de acceso e interconexión. Entre los aspectos cubiertos cabe mencionar el acceso a redes fijas y móviles, así como el acceso a redes digitales de radiodifusión, incluido el acceso a sistemas de acceso condicional y otros recursos asociados, como las guías electrónicas de programas (EPG) y las interfaces de programa de aplicación (API). La Directiva proporciona a los agentes del mercado la necesaria seguridad jurídica al establecer criterios claros en cuanto a sus derechos y obligaciones (artículos 3 y 4) y a la intervención reguladora (artículo 5). El texto también establece limitaciones en cuanto a las obligaciones en materia de acceso e interconexión que pueden imponerse y las circunstancias para hacerlo, al tiempo que permite la suficiente flexibilidad para que las autoridades de reglamentación puedan resolver de manera eficaz los problemas que surjan en el mercado e impidan una competencia real (artículos 6 a 13).

3. Observaciones sobre la posición común

3.1. Resumen de la posición de la Comisión

La Comisión acoge con satisfacción una posición común que incorpora muchas de las enmiendas que el Parlamento Europeo había propuesto en su primera lectura (y que la Comisión aceptó en su propuesta modificada). La postura común del Consejo es cercana a la propuesta modificada de la Comisión, por lo que respecta tanto a su estructura como a su contenido. El Consejo ha retocado e incluido en su posición común muchas de las enmiendas que había introducido el Parlamento Europeo y que fueron adoptadas por la Comisión en su propuesta modificada, entre las que cabe destacar aquellas por las que se mejoran las disposiciones de carácter técnico y se clarifican los derechos y las obligaciones legales de empresas en materia de acceso e interconexión o las que detallan en mayor medida los criterios que regirán la intervención reguladora.

La posición común presenta un compromiso que guarda proporción con los requisitos fundamentales introducidos por el Parlamento y aceptados por la Comisión, a los que incorpora disposiciones más depuradas y soluciones más flexibles que las que figuraban en la propuesta modificada. Por lo tanto, la Comisión está dispuesta a aprobarla sin reservas, con todos los cambios realizados por el Consejo en la propuesta modificada, y propugna la rápida adopción de la Directiva, pues esta constituye una parte esencial del nuevo marco regulador comunitario de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.

3.2. Enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo en primera lectura

3.2.1. Enmiendas del Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo adoptó en primera lectura 47 enmiendas a la propuesta inicial de la Comisión Europea. Como consecuencia del dictamen del Parlamento Europeo, la Comisión introdujo en su propuesta modificada numerosas enmiendas de importancia.

En su propuesta modificada la Comisión incorporó (íntegramente, en principio o parcialmente) 31 de las 47 de las enmiendas del Parlamento Europeo. Se trata de las enmiendas 1, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 42-43, 44, 45, 47 y 48.

3.2.2. Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión e incluidas en la posición común, total, parcialmente o en lo esencial

Las siguientes enmiendas, aceptadas por la Comisión en su propuesta modificada, han sido recogidas por el Consejo completamente, en principio o parcialmente: 1, 6, 7, 9, 12, 16, 19, 23, 24, 26, 29, 33, 34, 37, 38, 41, 42-43, 44, 45, 47 y 48.

De las enmiendas recogidas, se han adaptado mínima o parcialmente algunas de ellas, mientras que otras se han modificado de forma sustancial, aunque se ha mantenido el objetivo básico de las revisiones del Parlamento Europeo. Las modificaciones sustanciales se explican a continuación.

3.2.3. Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión pero no incluidas en la posición común

Las siguientes enmiendas fueron aceptadas por la Comisión en su propuesta modificada (íntegramente, en principio o parcialmente) pero el Consejo no las ha incluido en su posición común: 8, 15, 17, 18, 21, 28, 30, 31 y 32.

En parte de la enmienda 17 --referente al artículo 5, relativo a las competencias y responsabilidades de las autoridades nacionales de reglamentación-- el Parlamento Europeo pide que se establezca el principio de que "En un mercado competitivo, la interconexión de las redes y el acceso a las mismas debería concederse, en principio, sobre la base de una negociación comercial entre las empresas interesadas". Dicho principio contó con la aceptación de la Comisión en la propuesta modificada. Aunque el Consejo ha manifestado su apoyo general a este principio, ha decidido no incluirlo en el artículo, pues considera que podría provocar una situación de incertidumbre jurídica por lo que respecta al ejercicio por parte de las autoridades nacionales de reglamentación de otros poderes discrecionales para imponer a las empresas otras obligaciones en materia de acceso o interconexión que superan el ámbito de sus intereses comerciales recíprocos (calidad e integridad de los servicios, obligaciones de coubicación al objeto de limitar las repercusiones para el medio ambiente, etc.) En su lugar, el Consejo ha mantenido en el considerando 5 la referencia al principio de la negociación comercial para la concesión de acceso e interconexión.

Por lo que respecta a la enmienda 8, en la que se introducían modificaciones técnicas a la definición de interconexión que figura en la letra b) del artículo 2, el Consejo ha preferido mantener el texto de la propuesta original de la Comisión, pues considera que proporciona mayor claridad jurídica.

En la enmienda 15 (apartado 3 del artículo 4) el Parlamento Europeo pretende que se faculte a las autoridades nacionales de reglamentación para imponer multas cuando no se respete la confidencialidad de la información recibida tanto durante el proceso de negociación de acuerdos de acceso o interconexión entre empresas, como con posterioridad al mismo. Aunque la Comisión aceptó la enmienda en su propuesta modificada, el Consejo considera que las sanciones por infracción deben quedar a la discreción de cada Estado miembro.

En la enmienda 18 (artículo 5) el Parlamento Europeo estableció que cuando se considere que un mercado específico es competitivo, las autoridades nacionales de reglamentación tendrán que derogar cualquier obligación ex-ante impuesta a los operadores con respecto a dicho mercado, lo cual fue aceptado por la Comisión en su propuesta modificada. El Consejo está de acuerdo básicamente con la aplicación de este requisito, el cual debería ser consecuencia, de hecho, del procedimiento de análisis del mercado para la supresión de las obligaciones al que se alude en el artículo 8. Sin embargo, el Consejo también señala que la enmienda podría crear una situación de incertidumbre jurídica en relación con otras medidas particulares que las autoridades nacionales de reglamentación también pueden imponer a los operadores independientemente del procedimiento de análisis del mercado --cuando las circunstancias y el interés general de los usuarios así lo justifiquen, por ejemplo para garantizar la interoperabilidad y la integridad de los servicios--, con arreglo a las nuevas disposiciones de los apartados 1 y 2 del artículo 5 incorporadas a la postura común del Consejo.

La Comisión también aceptó la enmienda 32 y la última parte de la enmienda 28, referentes al artículo 8, relativo a la imposición, modificación o supresión de las obligaciones, por las que se exige a las autoridades nacionales de reglamentación que examinen el impacto de las decisiones para todas las empresas presentes en el mercado y procedan a un análisis cuantitativo de los datos. Sin embargo, el Consejo ha considerado que dicho requisito ya está cubierto en la formulación más amplia que incorpora la nueva disposición del apartado 4 del artículo 8, basada en la enmienda 29 del Parlamento, con arreglo al cual las obligaciones que se impongan deberán basarse en la naturaleza del problema de que se trate, guardar proporción con el mismo y estar justificadas por los objetivos generales establecidos en el artículo 7 de la Directiva marco.

En relación con la enmienda 31, por la que se introducía un nuevo apartado 3 bis en el artículo 8, al objeto de obligar a los operadores con acuerdos de interconexión y acceso a facilitar la información adecuada a los demás operadores antes de derogar una obligación, el Consejo considera que este aspecto ya está cubierto por el apartado 3 del artículo 7.

Por último, la primera parte de la enmienda 30 --que la Comisión aceptó por lo que respecta a la notificación de los proyectos de las decisiones cuya adopción contemplen las autoridades nacionales de reglamentación-- no ha sido admitida por el Consejo, habida cuenta de que no se adapta al procedimiento de transparencia que este acordó en su posición común sobre la Directiva marco. Por otra parte, la enmienda 21, relativa a la actuación de la Comisión para ampliar las obligaciones de acceso que figuran en el anexo II de la Directiva, tampoco ha recibido el apoyo del Consejo, pues este considera que dicha ampliación es prematura y podría prejuzgar la posición del Comité de Comunicaciones al respecto.

3.2.4. Diferencias entre la propuesta modificada de la Comisión y la posición común del Consejo

Considerandos

Algunos considerandos se han retocado con cambios de escasa importancia y en otros se ha introducido una nueva formulación para fundamentar las nuevas disposiciones incorporadas a la posición común (véase más abajo). En concreto, se ha modificado la redacción del considerando 5, para explicar las nuevas disposiciones recogidas en el apartado 1 bis del artículo 5, así como la del considerando 9, en relación con las nuevas disposiciones del apartado 1 ter de dicho artículo, y se ha añadido un nuevo considerando 10 para fundamentar las nuevas disposiciones que figuran en el apartado 3 del artículo 6.

Capítulo I - Ámbito de aplicación, objetivos y definiciones (artículos 1 y 2)

El Consejo ha mantenido el ámbito de aplicación de la Directiva, pero ha retocado algunas de las definiciones técnicas. Cabe destacar que el Consejo ha introducido una definición de sistema de acceso condicional para servicios de radiodifusión digital que complementa la definición de recursos asociados propuesta por el Parlamento en la enmienda 9. El Consejo ha retocado ambas definiciones para incrementar su consonancia y las ha incluido en la Directiva marco, al objeto de extender su aplicabilidad a todo el paquete regulador. A su vez, la definición de usuario final también ha sido trasladada a la Directiva marco.

Capítulo II- Marco general de acceso e interconexión (artículos 3 a 5)

El Consejo ha retocado, sin alterarlos en lo esencial, los principios subyacentes por los que se rigen el acceso y la interconexión por parte de las empresas (artículos 3 y 4), así como las competencias y responsabilidades de las autoridades nacionales de reglamentación en la materia (artículo 5).

Se han reforzado las competencias de intervención por parte de las autoridades nacionales de reglamentación. En concreto, se ha introducido una nueva disposición en la letra a) del apartado 1 del artículo 5 por la que se faculta a las autoridades nacionales de reglamentación a imponer obligaciones a las empresas que controlen el acceso a los usuarios finales, en la medida en que sea necesario para garantizar la conectividad de extremo a extremo. Por otra parte, en virtud de la nueva disposición introducida en la letra b) de dicho apartado los Estados miembros podrán permitir que las autoridades nacionales de reglamentación impongan obligaciones a los operadores de sistemas condicionales de acceso y otros recursos asociados --como las guías electrónicas de programas (EPG) y las interfaces de programa de aplicación (API)-- en condiciones justas, razonables y no discriminatorias, en la medida en que sea necesario para garantizar el acceso de los usuarios finales a los servicios digitales de radiodifusión y televisión que determine el Estado miembro en cuestión. Las obligaciones impuestas por las autoridades nacionales de reglamentación en tales casos serán conformes a los principios de objetividad, transparencia y proporcionalidad (a los que hace referencia el nuevo apartado 3 del artículo 5) y se aplicarán de conformidad con el procedimiento de transparencia establecido en el artículo 6 de la Directiva marco.

Capítulo III - Obligaciones impuestas a los operadores y procedimientos de revisión del mercado (artículos 6 a 13)

El Consejo ha retocado los artículos 6 a 13, aunque manteniendo en lo esencial el alcance de las obligaciones y los procedimientos para la imposición de obligaciones de acceso e interconexión a las empresas, cuando ello esté justificado.

El Consejo ha ampliado el alcance de las obligaciones contempladas en el artículo 6 en relación con el acceso condicional a la radiodifusión digital, al incluir los servicios de radio digital, conforme al contenido de parte de la enmienda 19 del Parlamento.

Asimismo, el Consejo ha redefinido y clarificado algunas disposiciones fundamentales del artículo 8, relativo a la imposición, modificación o supresión de las obligaciones, en particular mediante la reformulación de su apartado 3, en el que ahora se afirma claramente que las autoridades nacionales de reglamentación no impondrán las obligaciones establecidas en los artículos 9 a 13 a los operadores a los que no se haya designado como poseedores de un peso significativo en un mercado específico, a no ser que ello sea necesario para la aplicación de alguna disposición contenida en esta o en otra Directiva del marco regulador. El primer párrafo del apartado 3 del artículo 8 contiene una lista cerrada de excepciones, al objeto de garantizar la seguridad jurídica.

El Consejo también ha introducido en el apartado 3 del artículo 6 un nuevo procedimiento de gran importancia por lo que respecta a la revisión de las obligaciones impuestas a los proveedores de sistemas condicionales de acceso a servicios digitales de radiodifusión, con arreglo al cual las autoridades nacionales de reglamentación podrán decidir, mediante la aplicación del procedimiento de análisis armonizado de mercado que contempla el artículo 14 de la Directiva marco, si se retiran o modifican las condiciones aplicadas a los operadores que no tienen un peso significativo en el mercado de que se trate. Dicha modificación o supresión no deberá incidir negativamente en el acceso a tales servicios por parte de los usuarios finales ni en las perspectivas de competencia efectiva. Por otra parte, las autoridades nacionales de reglamentación habrán de respetar los mecanismos de transparencia contemplados en el artículo 6 de la Directiva marco. Este procedimiento permite a los Estados miembros aplicar el planteamiento de análisis armonizado de mercado, así como las obligaciones que puedan derivarse del mismo, a cualquier tipo de mercado de servicios de comunicaciones electrónicas, incluidos los sistemas de acceso condicional a los servicios de televisión digital.

Capítulo IV - Disposiciones de procedimiento (artículos 14 a 19)

En el apartado 2 del artículo 14 se ha añadido la tarea de comité consultivo al procedimiento de comité previsto para la aplicación de la Directiva. Los procedimientos de revisión, incorporación al Derecho nacional y entrada en vigor se han ajustado a los de la Directiva marco.

4. Conclusiones

La Comisión considera que la posición común, adoptada por unanimidad, constituye un paso importante hacia la creación de un nuevo marco regulador aplicable al dinámico mercado de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. El documento recoge muchas de las enmiendas fundamentales del Parlamento Europeo, sin dejar por ello de ser fiel a la estructura y al fondo de la propuesta modificada de la Comisión.

Por consiguiente, la Comisión aprueba sin reservas la posición común del Consejo.