ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1.

Lamenta que los esfuerzos de supervisión del presupuesto durante el ejercicio 2019 se tradujeran en un porcentaje de ejecución presupuestaria del 44,51 %, lo que representa una disminución del 30,67 % en comparación con 2018; observa que el bajo porcentaje de ejecución se debió al desajuste entre la planificación presupuestaria para nuevas tareas, tal y como fue presentada en las correspondientes fichas financieras legislativas elaboradas por la Comisión, y la fecha real de entrada en vigor de los actos jurídicos correspondientes o la finalización de los actos posteriores, así como al retraso en la adopción y entrada en vigor de determinados actos jurídicos; toma nota de que, debido al bajo porcentaje de ejecución presupuestaria, la Agencia devolvió 66 millones EUR a la Comisión en créditos de pago, incluidos 23 millones EUR que no se habían solicitado cuando se elaboró el presupuesto, y prorrogó 159 millones EUR de créditos de compromiso con la autorización del Consejo de Administración; observa que esto pone en tela de juicio las hipótesis de planificación de las fichas financieras legislativas elaboradas por la Comisión; observa que la incorporación de una cantidad significativa de recursos en el presupuesto para la aplicación de la legislación aún no adoptada supone un grave riesgo para el uso eficiente de los créditos, en particular de los créditos no solicitados por la propia Agencia; observa que el Tribunal también señaló el problema de la ejecución presupuestaria en el ejercicio 2018; toma nota de que, según la respuesta de la Agencia, los riesgos asociados a la incorporación de recursos en el presupuesto de la Agencia en concepto de legislación aún pendiente de aprobación se notifican sistemáticamente al Consejo de Administración; pide a la Agencia que, junto con la Comisión, ajuste mejor la planificación presupuestaria al calendario de los actos jurídicos; pide a la Comisión que involucre a la Agencia en la preparación de las correspondientes fichas financieras legislativas en la fase más temprana posible; observa, además, que el porcentaje de ejecución de los créditos de pago fue del 92,28 %, lo que representa una disminución del 1,80 % en comparación con 2018;
15.

Señala que, en 2018, el servicio de auditoría interna de la Comisión publicó un informe de auditoría titulado «Stakeholders’ Involvement in the Production of Deliverables in ENISA» (Participación de las partes interesadas en la producción de resultados en ENISA), para el que la Agencia está preparando un plan de acción con objeto de responder a cualquier aspecto susceptible de mejora;
28.

Constata que, en septiembre de 2018, el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión publicó un informe de auditoría titulado «Conflict of Interest and Ethics in ECHA» (Conflictos de intereses y ética en la ECHA), y que, también en septiembre de 2018, la Agencia elaboró y examinó un plan de acción para abordar diversos ámbitos susceptibles de mejora, y que a mediados de 2019 se habían aplicado todas las acciones;
23.

Señala con preocupación que, según el informe del Tribunal, la Oficina no realiza una verificación adecuada de los servicios jurídicos que garantice que estos servicios se utilizan con el propósito de defender a la Oficina exclusivamente y no los intereses de particulares; lamenta que los procedimientos conexos relativos a la protección frente a conflictos de intereses no siempre son eficaces; toma nota de que, según la respuesta de la Oficina, prosiguen las investigaciones internas sobre este asunto; pide a la Oficina que informe a la autoridad de aprobación de la gestión acerca del resultado de estas investigaciones y de las medidas adoptadas para mitigar estos riesgos;
27.

Según el Informe del Tribunal, el SAI publicó un informe de auditoría titulado «The process for Evaluation of Regulated Products: Assessment Phase in Pesticides Authorisation» (El proceso de evaluación de los productos regulados: fase de evaluación en la autorización de pesticidas) e identificó dos observaciones muy importantes; toma nota de que la Autoridad está preparando el plan de acción correspondiente; pide a la Autoridad que informe a la autoridad de aprobación de la gestión acerca de la aplicación de ese plan de acción;
—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE, y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (2), y en particular su artículo 44,
—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014, (UE) n.o 283/2014, y la Decisión n.o 541/2014/UE, y se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (3),
1.

Lamenta profundamente el número de asuntos pendientes y de medidas correctoras en curso en respuesta a los comentarios formulados por el Tribunal en 2012, 2014 y 2015 en particular por lo que respecta a la condición de financiación, la verificación ex ante de las declaraciones de gastos, la financiación procedente de fuentes públicas y privadas, los créditos no utilizados, la autonomía financiera y la observación del principio de buena gestión financiera; insta al Instituto a que complete las medidas correctoras cuanto antes en 2018;
5.

Observa que las prórrogas a menudo pueden justificarse parcial o totalmente por el carácter plurianual de los programas operativos de las agencias, no implican necesariamente deficiencias en la planificación y en la ejecución del presupuesto y no siempre son contradictorias con el principio de anualidad del presupuesto, en particular si la Autoridad las planifica por adelantado y se lo comunica al Tribunal;
13.

Observa que la Autoridad adoptó, en octubre de 2014, una política en materia de conflictos de intereses y aplica normas éticas desde 2012; reconoce que durante el procedimiento de selección, además de evaluarse el currículo, los nuevos empleados deben declarar los posibles conflictos de intereses; toma nota de que todo el personal debe declarar los posibles conflictos de intereses con carácter anual, que serán evaluados por el responsable de asuntos éticos de la Autoridad; observa que los miembros de la Junta de Supervisores y sus suplentes también deben declarar cualquier tipo de conflicto de intereses, ya sea real o potencial, así como los intereses económicos, en particular cualquier tenencia de participaciones de entidades financieras; toma nota, asimismo, de que todas estas declaraciones y las de los cargos superiores de la Autoridad se publican en su página web y se actualizan cada año; lamenta, no obstante, que los currículos de los integrantes del Consejo de Administración y de la Junta de Supervisores no se publiquen en la página web de la Autoridad; pide a la Autoridad que publique esos documentos lo antes posible para garantizar que su gestión sea objeto de la supervisión y el control públicos necesarios;
7.

Recomienda que la Comisión y los Estados miembros centren la atención en sus actividades de creación de redes en las siguientes, en particular: a) Mejorar el control y la evaluación de los efectos de la ayuda del FEAG sobre los participantes individuales, a saber: — el presupuesto para el control y la evaluación debería utilizarse para evaluar los efectos a más largo plazo sobre los beneficiarios del FEAG; — el formulario de solicitud del FEAG y en la plantilla para el informe final sobre la ejecución de una contribución del FEAG deben recordar claramente la obligación del coordinador del FEAG y del Estado miembro de facilitar los datos sobre los resultados en materia de oportunidades de empleo de los beneficiarios doce meses después de la aplicación de las medidas, así como datos sobre la tasa de empleo en los últimos doce meses, desde la aplicación del FEAG en el ámbito en cuestión, con vistas a tener una visión más amplia de los efectos del FEAG; — debe registrase y comunicarse claramente una información más detallada sobre las medidas en las que han tomado parte los participantes individuales, con vistas a permitir, por ejemplo, una evaluación del coste-beneficio más clara de las diferentes medidas; — la aprobación de los informes finales sobre los asuntos y el cierre de los mismos deben combinarse con el suministro de información completa sobre los resultados para el beneficiario (a un nivel agregado). Anteriormente los datos relativos a los resultados para los beneficiarios estaban incompletos. b) Racionalizar en mayor medida el procedimiento de solicitud, a saber — a nivel nacional se debería seguir alentando que se dé comienzo al procedimiento de prestación de asistencia a los trabajadores despedidos sin esperar a la aprobación; — en caso de que esto no fuera posible, la Comisión y los Estados miembros deberían considerar la posibilidad de empezar a contar el periodo de aplicación del FEAG a partir de la fecha de aprobación de la solicitud. Esto permitiría aprovechar la totalidad del periodo de financiación de 24 meses. c) Proporcionar una mayor flexibilidad durante el período de entrega, a saber: — la Comisión debería permitir a los Estados miembros una mayor flexibilidad, de modo que puedan ofrecer acciones suplementarias cuando durante el periodo de entrega se presenten nuevas posibilidades y demandas que vayan más allá de las medidas descritas en el formulario de solicitud; — el periodo de referencia exigido para contabilizar el número de despidos para la solicitud del FEAG se percibe como una limitación que afecta al objetivo de solidaridad y al éxito de la asistencia del FEAG, algo que podrá revisarse con el fin de permitir mayor flexibilidad en forma de una adición en el formulario de solicitud cuando se pueda demostrar que los despidos se deben a los mismos motivos y están vinculados a los despidos presentados en la solicitud.
8.

Constata que, según el Centro, se aplicaron nuevas medidas de verificación ex post y ex ante para atender las preocupaciones expresadas por el Tribunal en 2012; observa, por otra parte, que las medidas ex post comprenden controles detallados de los costes de personal para tres beneficiarios seleccionados al azar, con arreglo a toda la documentación justificativa, incluidos los justificantes del tiempo trabajado, nóminas, cálculo de tarifas diarias, contratos, facturas y extractos bancarios;
9.

Toma nota con preocupación de que el Informe del Tribunal señala que se identificaron una serie de puntos débiles en relación con el control ex ante de las declaraciones de gastos presentadas por los socios de la Empresa Común, tales como: a) los controles ex ante de las listas de control de las declaraciones de gastos no siempre estaban completos; b) en un caso, las tareas de verificación financiera y operativa y la autorización las realizó el mismo miembro del personal, mientras que en otros tres casos las tareas de funcionario financiero y de ordenador las realizó el mismo miembro del personal; toma nota con preocupación de que estos casos son contrarios a las disposiciones de los procedimientos financieros y al principio de separación de funciones; c) en otro caso, se firmó un acuerdo de subvención con el socio cinco meses después del comienzo de las actividades, tal como se aprobó en el informe de negociación y en el acuerdo de subvención, sin la declaración obligatoria en la que se justifica la necesidad de iniciar las actividades con anterioridad a la firma del acuerdo de subvención; toma nota de los importantes resultados logrados en relación con la gestión del acuerdo de subvención para los socios en el ejercicio 2013, en el que se firmó un total de 106 nuevos acuerdos de subvención para los socios, se finalizó con éxito un total de 99 negociaciones orientadas a nuevos acuerdos de subvención con los socios, se firmó un total de 106 enmiendas relativas a subvenciones en curso y se efectuó un total de 105 pagos a los socios; d) a 31 de diciembre de 2013, 56 de las 163 declaraciones de gastos no se habían presentado; manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que 15 de esas 56 llevan un retraso superior a un año;
1.

Observa en el informe del Tribunal que, en lo que se refiere a los tres comentarios realizados en el informe del Tribunal de 2012, el Tribunal indica ahora la mención «sin objeto» para dos de ellos y la mención «en curso» para el tercero; toma nota de que la cuestión pendiente afecta a verificaciones ex ante que no se han respaldado con documentación suficiente sobre la admisibilidad y precisión de los costes objeto de reclamación; observa con preocupación que el Centro ha adoptado la estrategia de verificación ex post con diez meses de retraso; espera que el Centro informe a las autoridades responsables de la aprobación de la gestión presupuestaria en cuanto la cuestión esté resuelta;
—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (1), y, en particular, su artículo 41,
2.

Deplora que no se hayan llevado a cabo controles ex post de las operaciones correspondientes a las subvenciones de las actividades de 2010 (11 300 000 EUR); lamenta, además, que teniendo en cuenta las garantías limitadas que ofrecen los controles ex ante, no existan garantías razonables sobre la legalidad y regularidad de estas operaciones y el Tribunal de Cuentas no pudiera obtener información probatoria suficiente y apropiada sobre la legalidad y regularidad de las operaciones de subvención auditadas relativas a las actividades de 2010;
5.

Recuerda que, según el informe de auditoría del Tribunal de Cuentas, los pagos efectuados en 2012 relativos a los certificados de aceptación emitidos por las autoridades financieras nacionales de los Estados miembros se elevaron a 7,3 millones EUR, es decir, al 43 % del total de los pagos operativos; expresa su preocupación por que, de acuerdo con ese mismo informe de auditoría del Tribunal de Cuentas, los informes de auditoría remitidos por las autoridades financieras nacionales a la Empresa Común Artemis cubren aproximadamente el 45 % de los costes de los proyectos terminados, que la Empresa no ha evaluado la calidad de dichas auditorías, y que, a finales de abril de 2013, las autoridades financieras nacionales no habían facilitado a la Empresa Común la información sobre las estrategias de auditoría y que, por tanto, la Empresa Común no estaba en disposición de valorar si las auditorías ex post permitían obtener garantías suficientes sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes;
2.

Entiende que la Comisión propuso el incremento global de 11 200 millones de euros a ese nivel para no cuestionar el límite máximo de los pagos del MFP de 2013 y, por lo tanto, para evitar una revisión del actual MFP; teme, no obstante, que no baste con ello para cubrir todas las solicitudes de pago que se presenten hasta finales de 2013; recuerda, en particular, que tradicionalmente los Estados miembros presentan el grueso de las facturas dentro de la rúbrica 1b hacia el final del ejercicio, con el fin evitar posibles liberaciones de créditos debido a la aplicación de las normas N+2 y N+3;
43.

Está absolutamente convencido de que el papel de la UE como actor global no puede financiarse adecuadamente dentro de los márgenes previstos por el MFP, y de que las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria no deberían abordar esta escasez de medios mediante compromisos de última hora sin una adecuada reflexión sobre las necesidades a medio plazo; recuerda que una revisión del marco financiero plurianual y la revisión del límite máximo de la rúbrica 4 que permitan tener en cuenta las necesidades que han surgido y que no se pudieron prever en 2006 es una condición sine qua non para poder gestionar y mantener esta rúbrica;
C.

Considerando que el Consejo adoptó el anteproyecto de presupuesto rectificativo no 11/2008 como el proyecto de presupuesto rectificativo no 10/2008, tras la anulación del proyecto de presupuesto rectificativo no 8/2008,
DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 16 de diciembre de 2004

relativa a la utilización del instrumento de flexibilidad de conformidad con lo dispuesto en el punto 24 del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 en favor de la ampliación del programa PEACE II, las subvenciones concedidas a las agencias descentralizadas y la rehabilitación y reconstrucción de Iraq

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario [1] y, en particular, su punto 24,

Considerando lo siguiente:

En la reunión de concertación de 25 de noviembre de 2004, las dos ramas de la autoridad presupuestaria acordaron utilizar el instrumento de flexibilidad para contribuir a las financiaciones siguientes en el Presupuesto 2005:

- la ampliación del programa PEACE II por un importe de 45 millones de euros;

- las subvenciones concedidas a las agencias descentralizadas por un importe global de 40 millones de euros;

- la rehabilitación y reconstrucción de Iraq por un importe de 100 millones de euros.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

En el marco del Presupuesto general de la Unión Europea relativo al ejercicio 2005 (en lo sucesivo "el Presupuesto 2005"), el instrumento de flexibilidad se utilizará para asignar 185 millones de euros en créditos de compromiso.

Esa cantidad se empleará para contribuir a las financiaciones siguientes:

- en la rúbrica 2, la ampliación del programa PEACE II, por un importe de 45 millones de euros, de los cuales 17,55 millones con cargo al artículo 04 02 02 y 27,45 millones con cargo al artículo 13 03 02 del Presupuesto 2005;

- en la rúbrica 3, las subvenciones concedidas a las agencias descentralizadas, por un importe de 40 millones de euros;

- en la rúbrica 4, la ayuda para la rehabilitación y reconstrucción de Iraq, con cargo al artículo 19 08 07 del Presupuesto 2005, por un importe de 100 millones de euros.

Artículo 2

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea al mismo tiempo que el Presupuesto 2005.

Hecho en Estrasburgo, el ...

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

Por el Consejo

El Presidente

[1] DO C 172 de 18.6.1999, p. 1. Acuerdo modificado por la Decisión 2003/429/CE (DO L 147 de 14.6.2003, p. 25).

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8. Si la Comisión no obtiene confirmación de la participación del número necesario de expertos de la reserva al menos seis semanas antes de que esté previsto que comience la actividad de evaluación o de seguimiento, o al menos una semana antes en el caso de las visitas sin previo aviso, la Comisión invitará sin demora a todos los Estados miembros a nombrar expertos cualificados que no formen parte de la reserva para las plazas no cubiertas.

8. Si la Comisión no obtiene confirmación de la participación del número necesario de expertos de la reserva al menos seis semanas antes de que esté previsto que comience la actividad de evaluación o de seguimiento, o al menos siete días antes en el caso de las visitas sin previo aviso o notificadas con escasa antelación , la Comisión invitará sin demora a todos los Estados miembros a nombrar expertos cualificados que no formen parte de la reserva para las plazas no cubiertas.
(6)

La rápida evolución de la COVID-19 y la propagación del virus provocaron un fuerte aumento de la demanda de productos sanitarios, como respiradores, mascarillas quirúrgicas y kits de pruebas, al tiempo que la interrupción de la producción, o la capacidad limitada para aumentarla rápidamente, junto con la complejidad y la naturaleza mundial de la cadena de suministro de productos sanitarios, provocaron grandes dificultades de abastecimiento y, en algunos momentos, graves desabastecimientos, y pusieron a los Estados miembros a competir entre sí para responder a las necesidades legítimas de sus ciudadanos, contribuyendo así a acciones no coordinadas a nivel nacional, como el acaparamiento y la acumulación de existencias nacionales . Los problemas planteados abrieron la puerta , además, a la participación de nuevos actores en la fabricación acelerada de estos productos, lo que provocó cuellos de botella a la hora de evaluar la conformidad, así como una prevalencia de productos con un coste excesivo, no conformes, no seguros y, en algunos casos, falsificados. Por tanto, conviene establecer urgentemente estructuras a largo plazo en el marco de un organismo adecuado de la Unión con el fin de garantizar una coordinación más sólida y eficaz y el seguimiento de la escasez de productos sanitarios que puede darse durante una emergencia de salud pública , así como un diálogo temprano y reforzado con la industria de productos sanitarios y los profesionales de la salud con el fin de prevenir y mitigar esa escasez .
P8_TC1-COD(2018)0045

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 16 de abril de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/… del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se facilita la distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 345/2013, (UE) n.o 346/2013 y (UE) n.o 1286/2014

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2019/1156.)
(22)

De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2988/95 del Consejo (8), el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo (9) y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo (10), los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la completa transparencia en relación con los procedimientos de financiación y selección del Programa, la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades y fraudes, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) debe llevar a cabo investigaciones administrativas, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer la posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea debe investigar y perseguir los casos de fraude y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión, tal como dispone la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (11). Con arreglo a las disposiciones del Reglamento Financiero, cualquier persona o entidad que reciba fondos de la Unión está obligada a cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de la Unión, a conceder los derechos pertinentes y el acceso a la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo y a garantizar que las terceras partes implicadas en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.