La doble imposición de la renta por Estados miembros diferentes tiene un impacto negativo sobre la inversión transfronteriza y provoca falseamientos e ineficiencias desde el punto de vista económico que crean un entorno inestable en perjuicio tanto de los contribuyentes como de las administraciones tributarias. Los actuales mecanismos para la resolución de litigios de doble imposición en la UE como, por ejemplo, los procedimientos amistosos (en lo sucesivo, «PA») en el marco de los Convenios para evitar la Doble Imposición (en lo sucesivo, «CDI») o el Convenio de Arbitraje de la Unión en materia de litigios sobre precios de transferencia (en lo sucesivo, «CA-UE»), han revelado ciertas deficiencias en cuanto al ámbito de aplicación, la eficacia y la eficiencia. La información disponible deja constancia de casos en que se deniega el acceso, se bloquean o retrasan los procedimientos, o la carga que deben soportar los contribuyentes en materia de cumplimiento es demasiado elevada. El impacto negativo de estas deficiencias es cada vez mayor debido a la tendencia hacia la globalización, impulsada por el aumento de las operaciones transfronterizas, el incremento del número y la magnitud de las auditorías fiscales y la complejidad global de las normas tributarias. En la actualidad, los Estados miembros no tienen en muchos casos ninguna obligación de garantizar una resolución definitiva y concluyente de los litigios de manera eficaz y en los plazos previstos. Además, la aplicación dentro de la UE de las normas sobre resolución de litigios carece de uniformidad.

El objetivo es mejorar los MRLDI en la UE con el fin de garantizar una resolución efectiva y concluyente de los casos de litigios de doble imposición que conduzca a la completa eliminación de esta práctica. Se otorga particular importancia a la mejora de los mecanismos en vigor con el fin de establecer un calendario racional para el desarrollo del procedimiento, un ámbito de aplicación uniforme y más amplio en la UE así como de incrementar la eficiencia y la seguridad en lo que respecta a la aplicación de la decisión final.

El valor añadido de la actuación a escala de la UE radica en que para lograr una mejora efectiva de la resolución de litigios es preciso proceder a una aplicación uniforme y coordinada de la misma. Es preciso asimismo abordar esta cuestión de forma coherente en el contexto actual de lucha global contra la elusión y la evasión fiscales. Una iniciativa de estas características aportará valor añadido al acervo de la UE en el ámbito de la fiscalidad y, en particular, al marco de precios de transferencia, en términos de eficiencia y cumplimiento, cuando este se combine con la solución propuesta.

¿Qué opciones legislativas y no legislativas se han estudiado? ¿Existe o no una opción preferida? ¿Por qué?

Tras la valoración de las distintas opciones, se ha preferido una de las que adopta la forma de Directiva. El desarrollo de un nuevo instrumento jurídico global que incluya normas específicas sobre conflictos se considera menos adecuado debido a que, prácticamente en todas las relaciones bilaterales existe ya este tipo de normas inscritas en los convenios de doble imposición. Sería más bien perjudicial adoptar unas normas sobre conflictos que vinieran a superponerse a las ya existentes. Se ha optado en cambio por una propuesta de Directiva en virtud de la cual los mecanismos existentes se combinarán con una fase preceptiva de arbitraje vinculante en última instancia y con la posibilidad de que los contribuyentes recurran ante los tribunales nacionales competentes en materia tributaria para desbloquear los retrasos o la denegación del acceso al procedimiento. El análisis muestra que esta opción ofrece claras ventajas en términos de eficacia y oportunidad, ya que se basa en las prácticas existentes y que aportaría beneficios frente a la alternativa de no adoptar ninguna acción o de formular una recomendación.

una recomendación en el sentido de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desempeñe el papel de árbitro en aquellos casos en que no pueda alcanzarse un acuerdo amistoso,

La iniciativa ha recibido el apoyo general de un grupo de partes interesadas del sector empresarial y de una serie de Estados miembros, que son los principales afectados por las repercusiones negativas de la doble imposición. Las ONG, los particulares y otros participantes en la consulta no han manifestado su oposición, pero en cambio han subrayado que será mayor la incidencia positiva de otras iniciativas tales como la BICCIS.

C. Repercusiones de la opción preferida

Se espera que la aplicación de la opción preferida aumente la equidad de los sistemas fiscales y cree unas condiciones equitativas mediante la eliminación de la doble imposición en la UE. Así se contribuiría a garantizar que las empresas paguen una justa proporción de la carga fiscal y a reforzar la equidad de los sistemas tributarios. Por otra parte, se eliminarían de forma efectiva los obstáculos fiscales transfronterizos dentro de la UE. Se reducirían las importantes distorsiones económicas mediante la creación de un entorno favorable al crecimiento y la inversión. No se dispone de datos cuantitativos detallados ni de previsiones sobre estos eventuales beneficios en relación con los contribuyentes o los Estados miembros. No obstante, se estima que el volumen de casos tratados en el marco de los MRLDI vigentes ascendía a 910 a finales de 2014, lo que supone un importe de 10 500 millones de euros, correspondiente al 3 % del total del impuesto sobre sociedades recaudado en la UE en 2014 (351 000 millones de euros).