ANEXO

Directrices para las negociaciones que llevará a cabo la Comisión en nombre de la Unión Europea para el establecimiento de una organización o mecanismo regional de ordenación pesquera para la conservación y gestión de los recursos marinos vivos en el Atlántico centro-occidental

1.La finalidad de las negociaciones es habilitar a la Unión Europea para participar en el proceso de negociación de la Comisión de Pesca para el Atlántico Centro-Occidental (Copaco) a fin de celebrar un acuerdo para el establecimiento de una organización o mecanismo regional de ordenación pesquera (en lo sucesivo, «el Acuerdo») que pueda adoptar decisiones jurídicamente vinculantes para la conservación y gestión de los recursos marinos vivos en el Atlántico centro-occidental.

2.En las negociaciones con las otras Partes implicadas en la creación de una organización o mecanismo regional de ordenación pesquera para la conservación y gestión de los recursos marinos vivos en el Atlántico centro-occidental, la Comisión actuará de forma que se garantice que el Acuerdo:

–sea coherente con el Derecho internacional, y en particular con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, del Acuerdo de 1995 relativo a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios y del Acuerdo de 1995 para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar, sin que ello afecte a los derechos y obligaciones de los Estados costeros, ni al Acuerdo de 2009 sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada;

–garantice la compatibilidad entre las medidas de conservación y ordenación establecidas para las mismas poblaciones de peces en las aguas bajo jurisdicción nacional y las medidas adoptadas respecto a la alta mar, de conformidad con el artículo 118 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) y el artículo 8 del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces (UNFSA);

–no infrinja el papel ni los mandatos de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA) ni de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO) y garantice una estrecha cooperación y coordinación entre las medidas pertinentes adoptadas, respectivamente, sobre la base del acuerdo y por la CICAA o la NAFO;

–promueva el planteamiento de conservación y ordenación de la Unión en todos los océanos del mundo y refuerce su compromiso de conservación a largo plazo y de uso sostenible de los recursos pesqueros a nivel mundial;

–sea coherente con los objetivos y los principios perseguidos por la Unión en el marco de la política pesquera común, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1380/2013;

–establezca una organización o mecanismo regional de ordenación pesquera que pueda adoptar decisiones jurídicamente vinculantes para la conservación y gestión de los recursos marinos vivos en el Atlántico centro-occidental;

–permita la participación de entidades pesqueras y organizaciones de integración económica regional a las que sus Estados miembros hayan transferido competencias sobre cuestiones reguladas por el Acuerdo;

–tenga como objetivo principal la conservación y ordenación de los recursos pesqueros, incluidas las pesquerías exploratorias, mediante la aplicación del criterio de precaución, y busque garantizar que la explotación de los recursos biológicos marinos vivos restablezca y mantenga las poblaciones de especies capturadas por encima de los niveles que puedan producir el rendimiento máximo sostenible, proporcionando al mismo tiempo un nivel de vida justo a quienes dependen de las actividades pesqueras y contribuyen a la disponibilidad de suministros de pescado;

–procure aplicar a la ordenación de la pesca un enfoque ecosistémico, en el contexto del cambio climático, a fin de contribuir a la gestión sostenible de los océanos en todas sus dimensiones, garantizar que cualquier impacto negativo de las actividades pesqueras en el ecosistema marino sea mínimo, y esforzarse por evitar la degradación del medio marino;

–comprenda la totalidad o parte de la actual zona de la Copaco, preferiblemente incluidas las zonas económicas exclusivas (ZEE) de los Estados ribereños;

–incluya un proceso de toma de decisiones eficiente que permita, de preferencia, prever, en su caso, mecanismos de votación por mayoría y procedimientos de oposición;

–incluya mecanismos apropiados, inclusivos y transparentes para la recogida de datos pertinentes y la elaboración de un dictamen científico sólido que sustente la toma de decisiones, así como una adecuada participación de las partes interesadas;

–incluya los mecanismos adecuados para promover el seguimiento, el control y la vigilancia eficaces de las actividades pesqueras, la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), y la regulación de las actividades de transbordo, un programa de inspección tanto en el mar como en los puertos, y la trazabilidad de los productos de la pesca;

–apoye la cooperación para luchar contra el trabajo forzoso relacionado con la pesca INDNR y para promover el trabajo digno en el sector de la pesca, en consonancia con el Convenio sobre el trabajo en la pesca de la Organización Internacional del Trabajo (OIT);

–incluya un instrumento para promover el cumplimiento del Acuerdo y las medidas adoptadas por la organización o el mecanismo establecido por el Acuerdo;