Dictamen del Comité de las Regiones sobre:

- la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1164/94 por el que se crea el Fondo de Cohesión», y - la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Anexo II del Reglamento (CE) n° 1164/94 por el que se crea el Fondo de Cohesión»

(1999/C 51/03)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1164/94 por el que se crea el Fondo de Cohesión» y la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Anexo II del Reglamento (CE) n° 1164/94 por el que se crea el Fondo de Cohesión» (COM(1998) 130 final) - 98/0104 (AVC) - 98/0118 (CNS) ();

vista la decisión del Consejo de 19 de mayo de 1998 de consultarle al respecto, de conformidad con el artículo 130 D y e1 párrafo primero del artículo 198 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;

vista la decisión de la Mesa de 13 de mayo de 1998 de encargar la preparación del dictamen a la Comisión de Política Regional, Fondos Estructurales, Cohesión Económica y Social y Cooperación Transfronteriza e Interregional (Comisión 1);

visto el proyecto de dictamen aprobado por la Comisión 1 el 30 de septiembre de 1998 (CDR 235/98 rev.) (ponentes: Sres. Apostolakos y O'Neachtain);

considerando el Reglamento (CE) n° 1164/94 por el que se crea el Fondo de Cohesión () y la Comunicación de la Comisión Europea «Agenda 2000: Por una Unión más fuerte y más amplia» (COM(97) 2000 final);

considerando el Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Política de cohesión y medio ambiente» (CDR 134/96 fin) () y su Dictamen sobre las «Consideraciones de las regiones y municipios sobre la configuración de la política estructural europea a partir de 1999» (CDR 131/97 fin) (),

ha aprobado en su 26° Pleno de los días 18 y 19 de noviembre de 1998 (sesión del 19 de noviembre) el presente dictamen.

1. Introducción

1.1. El objetivo del Fondo de Cohesión, creado en 1994 en el Tratado de Maastricht, era ayudar a los Estados miembros menos prósperos a prepararse para la UEM respetando la disciplina presupuestaria que ello implicaba, mientras proseguían sus esfuerzos para reducir las diferencias de desarrollo y consolidaban su potencial de crecimiento y prosperidad. En efecto, el fondo es un instrumento para compensar a los Estados miembros más débiles por asumir gastos importantes en proyectos de infraestructura necesarios para el desarrollo social y económico, al mismo tiempo que intentan controlar sus déficit públicos.

1.2. El 16 de marzo de 1998 la Comisión Europea publicó su «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1164/94 por el que se crea el Fondo de Cohesión». La propuesta no constituye una reforma radical, sino que pretende más bien adaptar algunos elementos clave del fondo. Como se señala en la Comunicación «Agenda 2000», el Fondo de Cohesión debe seguir concediendo ayudas a los cuatro Estados miembros beneficiarios actuales que cumplen el criterio de tener un PNB inferior al 90 % de la media comunitaria: Grecia, Irlanda, Portugal y España. Al Fondo de Cohesión le serán asignados 21 000 millones de ecus (precios de 1999) en el período 2000-2006 a razón de 3 000 millones de ecus anuales.

Las modificaciones afectan principalmente a los aspectos siguientes:

- Seguirán aplicándose las disposiciones sobre la condicionalidad macroeconómica. Los Estados miembros beneficiarios deberán evitar todo déficit público excesivo. Los países que participen en el euro deberán cumplir las disposiciones establecidas en el Pacto de estabilidad y crecimiento. Cuando resulte evidente que no se cumplen estas condiciones, la Comisión intervendrá y congelará la financiación.

- La Comisión propone un mayor recurso a otros modos de financiación complementarios de financiación privada.

- A fin de fomentar la aplicación del principio de «quien contamina paga», la Comisión propone que se introduzca una disposición para modular los porcentajes de intervención para no desalentar la aplicación de este principio.

- Los Estados miembros tendrán más responsabilidad en lo que se refiere al control financiero. Los Estados miembros deberán demostrar ante la Comisión que las acciones se han realizado correctamente, y en caso de que se produzcan irregularidades, los Estados miembros deberán iniciar los correspondientes procedimientos administrativos o judiciales. Los Estados miembros serán responsables de la devolución de las cantidades abonadas indebidamente.

- A fin de garantizar que se opta por la alternativa más ventajosa para la conservación del medio ambiente, deberá presentarse una evaluación completa de las alternativas al proyecto presentado y de sus repercusiones medioambientales.

- La Comisión propone que se simplifique la gestión financiera, pero que aumente el rigor de la gestión y del control de los fondos.

2. Observaciones generales

2.1. El Comité de las Regiones acoge con enorme satisfacción la decisión de la Comisión de mantener el Fondo de Cohesión a pesar de la entrada en vigor de la UEM. El Primer informe sobre la cohesión económica y social en la UE, publicado en noviembre de 1996, demuestra que las políticas estructurales han tenido un considerable efecto nivelador. El Comité de las Regiones reconoce expresamente el papel fundamental desempeñado por el Fondo de Cohesión en la convergencia entre los Estados miembros, pero considera que hasta la fecha ninguno de ello ha alcanzado el umbral de un PNB igual al menos al 90 % de la media comunitaria.

2.2. El CDR observa que, si bien en los países de la cohesión se han realizado avances en materia tanto de transportes (sector vital para estos países en razón de su localización periférica), como de servicios medioambientales (ámbito en el que estos países padecían atrasos en la aplicación de las directivas comunitarias), queda mucho trabajo por hacer para mejorar estas infraestructuras. De hecho, en algunos de los países de la cohesión sigue existiendo un déficit considerable en materia de infraestructuras. Las exigencias de que prosigan las mejoras y el conflicto entre las inversiones en infraestructura y la necesidad de asegurar la contención presupuestaria tanto en los países participantes en el euro como en los no participantes (con arreglo a las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento) son los argumentos que justifican la continuación del fondo.

2.3. El Comité de las Regiones estima asimismo que el Fondo de Cohesión debe funcionar de manera continua para que los Estados miembros beneficiarios alcancen un desarrollo sostenible desde el punto de vista del medio ambiente. Habida cuenta del compromiso en favor del desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente suscrito en el Tratado de Amsterdam, el CDR considera que el Fondo de Cohesión es un instrumento clave para seguir abordando las necesidades de los Estados miembros en el ámbito de la conservación medioambiental, sobre todo en el área de la protección y la gestión de los recursos hídricos, así como en la de recogida, tratamiento y reciclaje de residuos.

2.4. El Comité de las Regiones admite que las modificaciones propuestas favorecen la eficacia, la equidad y una mayor protección del medio ambiente, y que la escasa entidad de las modificaciones refleja el relativo éxito del funcionamiento del Fondo de Cohesión hasta la fecha. No obstante, el Comité de las Regiones mantiene algunas reservas sobre las consideraciones generales en torno a la financiación, el mayor recurso a la financiación privada, algunos aspectos del principio de «quien contamina, paga» y algunas de las modificaciones propuestas a la gestión financiera.

2.5. Algunas de las modificaciones propuestas al Reglamento consolidan la dimensión medioambiental del Fondo de Cohesión. El Comité de las Regiones está completamente de acuerdo con que se haga hincapié en garantizar que la repercusión ambiental de los proyectos sea objeto de una evaluación rigurosa, que las alternativas se valoren correctamente y que se lleven a cabo esfuerzos para introducir medidas fiscales diseñadas de manera adecuada y gravámenes que imputen los costes de la contaminación y los daños medioambientales a los responsables correspondientes.

2.6. El Comité de las Regiones admite que los esfuerzos para favorecer el desarrollo y la convergencia de la capacidad productiva y los niveles de renta real en los países de la cohesión pueden poner en peligro el medio ambiente, pero señala que los desvelos por equilibrar este crecimiento con medidas de protección del medio ambiente suponen gastos reales para los países de la cohesión. Aunque se congratula del mayor interés prestado al principio de «quien contamina, paga», el Comité de las Regiones considera que son necesarias más directrices sobre la aplicación en la práctica de estas disposiciones.

2.7. A pesar de reconocer que las modificaciones financieras propuestas favorecen la eficacia y la simplificación, el Comité de las Regiones expresa su preocupación por que las modificaciones propuestas tengan repercusiones para las autoridades locales regionales en su calidad de ejecutoras de los proyectos.

2.8. Al Comité de las Regiones le preocupa sobre todo la anulación de los compromisos para importes no gastados con cargo al presupuesto del Fondo de Cohesión. El Comité de las Regiones insta a que se revisen los términos de esta disposición para garantizar que los importes no gastados puedan reasignarse a otros proyectos de cohesión que lo merezcan.

2.9. El Comité de las Regiones observa que la Comisión propone la modificación no sólo del Reglamento (CE) n° 1164/94 que requiere el voto unánime del Consejo, sino también de los anexos, lo que sólo precisa de una mayoría cualificada. El Comité de las Regiones confía en que las modificaciones de los anexos no desvirtúen la naturaleza del Fondo de Cohesión mediante la introducción de cambios que no necesitarían la unanimidad del Consejo.

3. Observaciones particulares

3.1. Ámbito de aplicación y funcionamiento del Fondo de Cohesión (artículo 2)

3.1.1. Aunque el Comité de las Regiones respalda la opción de aplicar rigurosamente los criterios de selección, puede que sea necesario considerar la posibilidad de introducir disposiciones transitorias después de 2003. A diferencia de la revisión del Reglamento de los fondos estructurales, el Reglamento del Fondo de Cohesión no ofrece la posibilidad de suprimir gradualmente las ayudas y estipula que, si se rebasa el umbral del criterio de selección, perderán la financiación no sólo los nuevos proyectos sino también, en el caso de grandes proyectos que consten de varias fases, las distintas fases de los proyectos ya empezados. El Comité considera que una brusca suspensión de las ayudas del Fondo de Cohesión tendría efectos perjudiciales para muchas regiones. Por ello, con el fin de amortiguar los choques económicos y sociales en los países de la cohesión, consolidar sus progresos y facilitar adaptaciones ulteriores a las nuevas condiciones, podría resultar conveniente prever un período de transición para suprimir gradualmente las ayudas después de la revisión intermedia de 2003. La introducción de algunas disposiciones transitorias después de 2003 permitirá salvaguardar los progresos alcanzados en los países de la cohesión.

3.2. La condicionalidad macroeconómica (artículo 6)

3.2.1. El Comité de las Regiones coincide con el énfasis que la Comisión hace constantemente en la condicionalidad. Considera que es necesario proseguir con las políticas macroeconómicas orientadas hacia la estabilidad y el crecimiento. El principio de la condicionalidad deberá aplicarse sin provocar interrupciones en el desarrollo de los países de la cohesión.

3.3. Mayor recurso a otros modos de financiación complementarios de financiación privada

3.3.1. El Comité de las Regiones estaría dispuesto a aceptar que las modificaciones propuestas al Reglamento garantizaran un mayor recurso a la financiación privada en proyectos de gran envergadura con potencial para generar ingresos. Ello incrementaría el efecto de palanca y el efecto multiplicador de la financiación comunitaria. El Comité de las Regiones admite que es útil fomentar la inversión privada para aumentar la eficacia de las políticas estructurales e incrementar el efecto multiplicador. El CDR ya expresó este punto de vista en su dictamen «Consideraciones de las regiones y municipios sobre la configuración de la política estructural europea a partir de 1999» ().

3.3.2. No obstante, el Comité de las Regiones señala que los intereses de los operadores privados y de los operadores locales y regionales pueden ser diferentes y ello podría ser un obstáculo para la financiación del sector privado. A menudo resulta difícil impulsar este tipo de inversiones en transporte y servicios medioambientales en algunas zonas más periféricas de los países. Es asimismo necesario velar por la equidad en la dotación de infraestructuras y servicios y cabe señalar que, en algunos casos, las autoridades regionales y locales se hallan mejor situadas para aportar financiación y mantener este tipo de infraestructuras.

3.3.3. El Comité de las Regiones considera que debe incentivarse la cooperación entre los sectores público y privado pero que, pese al compromiso en favor de este tipo de cooperación, las decisiones sobre el potencial para generar ingresos de los proyectos y su conveniencia para la participación privada deben tomarse en el nivel de los Estados miembros, teniendo en cuenta la opinión de las autoridades locales y regionales interesadas.

3.4. Aspectos medioambientales: Mejor aplicación del principio de «quien contamina paga» (artículo 7) y evaluación más completa de las alternativas y del impacto medioambiental (artículo B)

3.4.1. El Comité de las Regiones considera que la conservación y mejora del medio ambiente, así como la reducción de las disparidades en las situaciones medioambientales de las diferentes regiones, son una condición necesaria para el éxito de la política de cohesión. Por tanto, el CDR acoge con satisfacción el mayor interés que se presta a los asuntos medioambientales en el Fondo de Cohesión.

3.4.2. En este orden de cosas, el Comité de las Regiones reitera los puntos de vista expresados en su dictamen «Política de cohesión y medio ambiente» () sobre la importancia de que la Comisión garantice el mantenimiento y supervisión del reparto de los fondos al 50 % entre el medio ambiente y las infraestructuras de transporte para lograr un desarrollo del medio ambiente sostenible. No obstante, con objeto de garantizar que se tienen en cuenta las necesidades y circunstancias de cada región, debe mantenerse la posibilidad de contemplar excepciones en los casos debidamente justificados y aplicar el Reglamento con flexibilidad y equilibrio.

3.4.3. El Comité acoge con satisfacción las modificaciones introducidas para permitir a la Comisión que adapte los porcentajes de intervención del Fondo de Cohesión y fomentar la aplicación del principio de «quien contamina paga», reduciendo el efecto disuasorio que tiene en los países de la cohesión la aplicación de una política de precios apropiada.

Sin embargo, al valorar el nuevo énfasis que el Reglamento hace en el principio de «quien contamina paga», es preciso aclarar algunos puntos. En primer lugar, es necesario clarificar la determinación del porcentaje de intervención. La decisión sobre el porcentaje de intervención debería ser tomada de común acuerdo con el Estado miembro y las autoridades locales y regionales pertinentes. En segundo lugar, aunque el principio de «quien contamina paga» es un elemento clave de la actual política de medio ambiente, su completa aplicación podría resultar onerosa para muchos países de la cohesión, en los que se ha dado menos importancia a la introducción de gravámenes. Por lo tanto, el CDR considera necesario que la aplicación de dicho principio sea obligatoria pero siga existiendo la posibilidad de contemplar excepciones para aquellos casos en los que es evidente que las condiciones locales aún no permiten la (plena) aplicación del mismo.

Al hilo de estas incertidumbres, el Comité de las Regiones expresa su deseo de que la Comisión profundice su reflexión sobre el modo en que va a aplicar este elemento del Reglamento. El Comité de las Regiones considera necesario introducir directrices comunitarias sobre el principio de «quien contamina paga» y su aplicación en los diferentes proyectos.

3.4.4. El Comité de las Regiones considera que la modificación del Reglamento que propone una evaluación más completa de las alternativas desechadas y del impacto medioambiental servirá de algún modo para garantizar que el desarrollo de las infraestructuras, y en última instancia el desarrollo económico, no se logren a expensas del medio ambiente. Sin embargo, el Comité de las Regiones juzga que una evaluación completa de las alternativas podría tener repercusiones negativas sobre los recursos financieros y de personal de las autoridades locales y regionales y, a su juicio, habría que elaborar directrices sobre el número de alternativas que deben evaluarse y el grado de evaluación requerido.

3.5. Control financiero (artículo 12)

3.5.1. El Comité de las Regiones acepta las modificaciones propuestas ya que favorecen la aplicación del principio de subsidiariedad. Es obvio que la descentralización de competencias irá acompañada de mayores responsabilidades para los Estados miembros.

3.6. Conceptos que necesitan precisiones (artículo A)

3.6.1. Las disposiciones de aplicación se modificarán para incluir definiciones de términos como proyecto, grupo de proyecto o fase de un proyecto. El Comité de las Regiones valora positivamente esta clarificación y confía en que facilite la financiación de proyectos de gran envergadura y fomente un planteamiento más estratégico de las infraestructuras en los Estados miembros.

3.6.2. No obstante, el Comité de las Regiones señala que, dada la situación en varios países de la cohesión, algunos proyectos -especialmente, en el ámbito del medio ambiente- han sido de pequeñas dimensiones pero han tenido una repercusión considerable sobre la calidad del medio ambiente. Por consiguiente, es preciso garantizar que dicha definición no ponga en peligro la financiación de proyectos de dimensiones más pequeñas, aunque de importancia vital (contemplados en el apartado 3 del artículo 10 del Reglamento (CE) 1164/94). Por ello, el CDR sugiere que se modifique el apartado en el que se define el concepto de «proyecto», letra a) del apartado 2 del artículo A y que se establezca que deberán cumplirse todos los criterios que figuran en el apartado 5 del artículo 10 del Reglamento (CE) 1164/94 y no sólo el primer criterio, tal como propone la Comisión. Ello garantizará que en la planificación de un proyecto no sólo se tienen en cuenta los beneficios económicos y sociales, sino también las prioridades de las autoridades locales, así como su contribución y compatibilidad con otras políticas comunitarias.

3.7. Gestión financiera (artículos C y D)

3.7.1. El Comité de las Regiones valora positivamente el hecho de que el Reglamento del Fondo de Cohesión se reforme en lugar de sustituirse por otro y que se mantengan las disposiciones administrativas. Ello contribuirá a una transición fluida hacia el nuevo período y permitirá la aplicación ininterrumpida del Reglamento desde su aprobación inicial en 1994.

3.7.2. El Comité de las Regiones acoge con satisfacción la propuesta de que la Comisión asuma sus compromisos financieros al principio de cada ejercicio presupuestario. Ello evitará parte de la incertidumbre sobre los compromisos financieros, contribuirá a que las autoridades regionales y locales coordinen mejor sus partidas presupuestarias y permitirá que los responsable del proceso de planificación tengan una idea relativamente clara de la cuantía de la subvención financiera comunitaria que pueden esperar.

3.7.3. La Comisión propone la introducción de medidas para penalizar los proyectos no ejecutados a fin de poder reasignar los fondos comprometidos a otros proyectos. La modificación del Reglamento permitirá cancelar la financiación de un proyecto cuyas obras no se hayan iniciado dos años después de su fecha de comienzo prevista, excepto en los casos debidamente justificados. El Comité de las Regiones está de acuerdo en que es necesario controlar más las fechas de inicio de los proyectos y garantizar la reasignación de los fondos. Se trata de una condición importante para la correcta aplicación de los fondos y para que la financiación mantenga su legitimidad.

Sin embargo, el Comité de las Regiones llama la atención en torno al hecho de que las autoridades locales y regionales pueden encontrarse con dificultades y retrasos a la hora de poner en marcha un proyecto de gran envergadura debido a la planificación y los trámites legales, las expropiaciones forzosas y la fase de consulta pública. En particular, pueden producirse retrasos imprevistos por la intervención de terceras partes en los procedimientos, lo que podría demorar el inicio de las obras del proyecto.

El Comité de las Regiones insta a que, habida cuenta de estas dificultades, la Comisión se comprometa a considerar las circunstancias particulares de cada proyecto y a hacer gala de flexibilidad en la aplicación de esta propuesta.

3.7.4. Las modificaciones recomiendan que los pagos no se concentren en el primer año del proyecto. La Comisión propone que en el primer año se conceda un anticipo que puede llegar hasta un 10 % de la ayuda. El Comité de las Regiones considera que la reducción del techo del anticipo inicial de un 50 % a un 10 % puede ejercer presión en los presupuestos nacionales y en los de las entidades regionales y locales (sobre todo, en aquellas cuyos recursos son limitados) en las fases iniciales de un proyecto.

3.7.5. El Comité de las Regiones considera asimismo que las cantidades aplazadas en calidad de saldo (20 % en la mayoría de los casos, 10 % en los proyectos importantes) pueden suponer también una carga excesiva para los presupuestos de las administraciones locales.

3.7.6. El Comité de las Regiones considera que el plazo de «dos meses a partir de la recepción de una solicitud de pago admisible» dentro del que los pagos serán abonados por la Comisión debería ser obligatorio y no una «regla general».

3.7.7. Las modificaciones propuestas al Reglamento sugieren que, después del primer anticipo, los pagos se abonarán o se reembolsarán previa presentación de un recibo de los gastos certificados. Los reembolsos dependerán de que los proyectos cumplan determinadas condiciones, incluida la de que progresen de conformidad con los indicadores de seguimiento. El Comité considera que la introducción de un sistema de gestión y seguimiento más riguroso puede ejercer presión sobre los presupuestos de las autoridades regionales y locales, dada la brevedad de los plazos fijados actualmente para presentar los informes y el elevado grado de detalle que se exige en los mismos. El Comité de las Regiones, aunque reconoce los beneficios de un seguimiento más severo y de un mayor grado de detalle en los informes, insiste que los plazo introducidos supondrán una carga financiera y administrativa para las autoridades regionales y locales.

3.8. Seguimiento y evaluación (artículo F)

3.8.1. El Comité de las Regiones destaca la importancia de la participación de las autoridades regionales y locales en los comités de seguimiento. Es esencial que la evaluación y el seguimiento sean considerados manifestaciones de la cooperación (como sucede con los fondos estructurales) y, a juicio del Comité, es preciso que las autoridades regionales y locales participen en todas las fases del Fondo de Cohesión, desde la determinación de las prioridades al seguimiento y la evaluación.

3.8.2. Dados los costes que entrañan para las entidades regionales y locales el seguimiento y la evaluación de los proyectos financiados por el Fondo de Cohesión, el Comité de las Regiones vería con agrado que algunos de estos costes pasaran a ser considerados gastos subvencionables.

3.8.3. El Comité de las Regiones acoge con satisfacción la inclusión de información relativa a las repercusiones del fondo para el empleo como un elemento del informe anual de la Comisión.

4. Conclusión

4.1. El Comité de las Regiones acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de mantener las ayudas del Fondo de Cohesión. y considera que el Fondo seguirá desempeñando un papel fructífero para paliar el déficit en infraestructuras que existe en los cuatro países beneficiarios. El CDR elogia, asimismo, la decisión de reformarlo y no sustituirlo y considera que ello contribuirá a una transición fluida entre los dos períodos de financiación.

4.2. Aunque considera positivo el énfasis puesto en la cooperación entre los sectores público y privado, el CDR cree que las decisiones sobre el potencial de generar ingresos de los proyectos y su conveniencia para la participación privada deben adoptarse en el nivel de los Estados miembros, teniendo en cuenta la opinión de las autoridades locales y regionales interesadas.

4.3. El Comité de las Regiones recomienda la introducción de directrices comunitarias sobre la aplicación del principio de «quien contamina paga». También recomienda que, a pesar de la importancia de dicho principio, no constituya un requisito en todos los proyectos y puedan contemplarse excepciones para aquellos casos en que la aplicación del mismo cause dificultades desproporcionadas respecto a sus beneficios.

4.4. A fin de granjearse el apoyo de la opinión pública en favor del principio de «quien contamina paga» -sobre todo, en el ámbito doméstico- el Comité de las Regiones insta a la Comisión a que apoye la financiación de actividades de información y sensibilización (procedente de otras fuentes o del apartado de asistencia técnica del fondo). Ello favorecería un cambio de comportamiento en los productores y los consumidores, que es fundamental para introducir y mantener instrumentos basados en el mercado.

4.5. El Comité de las Regiones considera que debe mantenerse la financiación de proyectos de pequeñas dimensiones. Argumenta que, no obstante la necesidad de financiar grandes proyectos y fomentar un enfoque estratégico de su desarrollo, algunos proyectos de dimensiones más pequeñas pueden revestir una importancia particular en los países de la cohesión. Es de vital importancia que las autoridades locales establezcan sus prioridades al respecto.

4.6. Al Comité de las Regiones le preocupa sobre todo la anulación de los compromisos para importes no gastados con cargo al presupuesto del Fondo de Cohesión. El Comité de las Regiones considera que es preciso reconsiderar este asunto. El Comité de las Regiones está persuadido de que los importes no gastados deben reasignarse a otros proyectos del Fondo de Cohesión.

4.7. El Comité de las Regiones considera preocupante la reducción del techo del anticipo inicial de los proyectos de un 50 % a un 10 %. El CDR insta a la Comisión a que considere la posibilidad de incrementar el anticipo inicial del 10 % al 30 % para garantizar las disponibilidad de fondos suficientes en las fases iniciales de los proyectos.

4.8. El CDR considera que las cantidades aplazadas en calidad de saldo no deberían superar el 5 %. Ello garantizaría la financiación durante todo el transcurso de las obras y facilitaría el progreso del proyecto.

4.9. El Comité de las Regiones está de acuerdo con la Comisión en que es justo cancelar la financiación de un proyecto cuyas obras no se hayan iniciado dos años después de la fecha prevista para su comienzo. No obstante, el Comité de las Regiones apoya el punto de vista de la Comisión de que, en casos debidamente justificados, ello no haya de suceder e insta a la Comisión a que juzgue cada proyecto caso por caso y con flexibilidad.

4.10. Dado el mayor grado de compromiso en materia de seguimiento y la evaluación que se introducen en la modificación del Reglamento, el Comité de las Regiones juzgaría positivo que los costes que entrañan estas actividades pasaran a ser considerados gastos subvencionables por el Fondo de Cohesión.

4.11. El Comité de las Regiones insta a la Comisión a que garantice la participación de los entes regionales y locales en todas las fases del Fondo de Cohesión, desde la determinación de las prioridades al seguimiento y la evaluación.

4.12. Finalmente, habida cuenta de los procedimientos establecidos en el Reglamento para modificar tanto el Reglamento como los anexos, el Comité de las Regiones desearía tener la seguridad de que las modificaciones a los anexos no desvirtuarán la naturaleza del Fondo de Cohesión mediante la introducción de cambios que no necesitan el voto unánime del Consejo.

4.13. El Comité de las Regiones insta a la Comisión a que revise la Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento por el que se crea el Fondo de Cohesión y la Propuesta de Reglamento del Consejo por la que se modifica el anexo II del Reglamento y a que, en su revisión, tenga en cuenta las sugerencias del Comité de las Regiones.

Bruselas, el 19 de noviembre de 1998.

El Presidente del Comité de las Regiones

Manfred DAMMEYER

() DO C 159 de 26.5.1998, p. 7.

() DO L 130 de 25.5.1994, p. 1.

() DO C 34 de 3.2.1997, p. 22.

() DO C 64 de 27.2.1998, p. 5.

() CDR 131/97 fin - DO C 64 de 27.2.1998, p. 5.

() CDR 134/96 fin - DO C 34 de 3.2.1997, p. 22.