Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establecen medidas en relación con el mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas y para crear un continente conectado, y se modifican las Directivas 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE y los Reglamentos (CE) nº 1211/2009 y (UE) nº 531/2012 /* COM/2013/0627 final - 2013/0309 (COD) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA 1.1. Objetivos de la propuesta Europa debe explotar nuevas fuentes de crecimiento para restablecer la competitividad, impulsar la innovación y crear nuevos empleos. La economía mundial está evolucionando hacia una economía de Internet y las TIC deben reconocerse plenamente como fuente de crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Europa no puede permitirse renunciar a las ventajas de unas tecnologías que representan el 50 % del aumento de la productividad en los últimos años, en todos los sectores; que crean cinco puestos de trabajo por cada dos perdidos; que impulsan nuevos servicios innovadores que pueden alcanzar rápidamente la escala mundial si se les permite crecer. Esta es la clave para que Europa salga fortalecida de la crisis, si conseguimos apartar los obstáculos al crecimiento derivados de la fragmentación actual. Este hecho ha sido plenamente reconocido por el Consejo Europeo de primavera de 2013, cuyas conclusiones preveían que la Comisión presentara un informe, antes de octubre de 2013, sobre los obstáculos que aún impiden la realización de un mercado único digital que funcione plenamente, y propusiera medidas concretas para establecer el mercado único en la tecnología de la información y las telecomunicaciones tan pronto como sea posible. El objetivo general de la propuesta es avanzar hacia un mercado único de comunicaciones electrónicas en el que: - los ciudadanos y las empresas puedan acceder a los servicios de comunicaciones electrónicas donde quiera que se presten en la Unión, sin restricciones transfronterizas ni costes adicionales injustificados; - las empresas que suministran redes y servicios de comunicaciones electrónicas puedan proporcionarlos y desarrollar su actividad donde quiera que estén establecidas o se sitúen sus clientes en la UE. Este ambicioso objetivo es importante en sí mismo, después de más de una década de intervenciones legislativas de la Unión para liberalizar e integrar estos mercados. Adoptar medidas urgentes y decisivas para conseguirlo, tal como las establecidas en la presente propuesta, es tanto más importante por cuanto que algunas de ellas tardarán cierto tiempo, después de su adopción, en producir todos sus efectos. Un mercado único de las comunicaciones electrónicas promovería la competencia, la inversión y la innovación en las redes y los servicios al fomentar la integración del mercado y la inversión transfronteriza en redes y la prestación de servicios. Las medidas específicas propuestas deben dar lugar a una intensificación de la competencia en la calidad de las infraestructuras, así como en el precio, a una innovación y diferenciación más acusadas, en particular en los modelos de negocio, y a una planificación más fácil de los elementos técnicos y comerciales de las decisiones de inversión relacionadas con la entrada o la expansión en los mercados de telefonía fija o inalámbrica. Se reforzarán de este modo otras medidas adoptadas para fomentar los ambiciosos objetivos fijados para la banda ancha en la Agenda Digital para Europa, así como la creación de un auténtico mercado único digital en el que los contenido, las aplicaciones y otros servicios digitales puedan circular libremente. Un mayor nivel de competencia en las infraestructuras y de integración en toda la Unión debe también dar lugar a una reducción de los puntos de estrangulamiento y, por lo tanto, de la necesidad de regulación ex ante de los mercados de comunicaciones electrónicas, que se convertiría con el tiempo en un sector como cualquier otro sector económico, sometido a regulación horizontal y a las normas sobre competencia. La creciente disponibilidad de infraestructuras y servicios digitales incrementaría a su vez las posibilidades de elección del consumidor y la calidad del servicio, contribuyendo a la cohesión territorial y social y a facilitar la movilidad en toda la UE; mientras que para la economía digital en general, un mejor funcionamiento del sector de las comunicaciones electrónicas en toda la Unión debe dar lugar a mayores posibilidades de elección y a una mejor calidad de los insumos de las empresas, de manera que puedan cosecharse las mejoras de la productividad asociadas a la utilización de las TIC y a la modernización de los servicios públicos. El objetivo final es apoyar la competitividad europea en un mundo que depende cada vez más de la economía digital para funcionar y crecer. Entre los retos pendientes para la integración del mercado único figuran: en primer lugar, eliminar los obstáculos innecesarios en el régimen de autorización y en las normas aplicables a la prestación de servicios, de manera que una autorización obtenida en un Estado miembro sea válida en todos los Estados miembros, y que los operadores puedan prestar sus servicios sobre la base de una aplicación coherente y estable de las obligaciones reglamentarias. En segundo lugar, conseguir una mayor armonización en el acceso a los insumos esenciales: garantizando a los operadores móviles condiciones de asignación previsibles y plazos coordinados de acceso al espectro para la banda ancha inalámbrica en toda la UE; armonizando los medios para acceder a redes fijas europeas, de forma que los proveedores puedan ofrecer sus servicios más fácilmente en todo el mercado único. En tercer lugar, garantizar un elevado nivel común de protección de los consumidores en toda la Unión y unas condiciones comerciales comunes al respecto, incluyendo medidas para poner fin gradualmente al precio excesivo de la itinerancia móvil y salvaguardando el acceso a una Internet abierta. Se trata de retos nítidos, a los que la presente propuesta aporta soluciones nítidas, pero todos resultan vitales para la adopción de decisiones comerciales y de inversión en este sector y para el beneficio de los consumidores, y todos deben abordarse conjuntamente en este momento para impulsar el mercado único. Se enmarcan en los retos más amplios asociados a la construcción de un mercado único digital, tales como la normativa aplicable a los contenidos en línea. Para que los europeos puedan disfrutar de nuevos servicios innovadores de alta calidad, debe acelerarse la inversión en las infraestructuras de nueva generación. La adecuación del marco regulador es esencial para contribuir a que el mercado sea dinámico y competitivo. Debe aportar un equilibrio adecuado entre riesgo y beneficio para quienes estén dispuestos a invertir. Y puede poner fin a la fragmentación de la prestación de servicios, de modo que sus beneficios estén plenamente a disposición de todas las industrias y los usuarios de la UE. Al servicio de estos objetivos, la Comisión adopta, junto con la presente propuesta, una Recomendación sobre la coherencia en las obligaciones de no discriminación y las metodologías de costes para fomentar la competencia y mejorar el entorno de la inversión en banda ancha[1]. Dicha Recomendación promoverá la competencia y reforzará las inversiones en redes de alta velocidad, proporcionando estabilidad a largo plazo de los precios de acceso al cobre, garantizando a los demandantes de acceso la igualdad de acceso a las redes de los operadores históricos de manera que exista una igualdad de condiciones, y estableciendo las condiciones en las que la regulación de los precios de las redes NGA deja de estar justificada, a fin de que los inversores en esas redes tengan una mayor libertad para descubrir las estrategias de precios adecuadas para obtener una rentabilidad en presencia de infraestructuras competidoras como el cobre regulado, así como el cable en algunas zonas y, cada vez en mayor medida, las redes móviles de cuarta generación. La presente propuesta debe situarse también en el contexto de otras iniciativas recientes o inminentes en este ámbito. La propuesta se basa en las Directivas principales de 2002 que regulan el suministro de comunicaciones electrónicas, modificadas en 2009, y las hace progresar, al introducir disposiciones legislativas directamente aplicables que actuarán conjuntamente con las disposiciones de las Directivas en aspectos tales como la autorización, la asignación del espectro y el acceso a las redes. La propuesta se adopta en el contexto de la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad[2], que ya adoptó la idea de abordar en un solo instrumento una serie de elementos de coste diferenciados en distintas fases del proceso de inversión en redes que, considerados en conjunto, permiten reducir los costes de despliegue de la banda ancha hasta en un 30 %. La presente propuesta se adopta también a sabiendas de que la Recomendación de la Comisión sobre mercados pertinentes[3] debe revisarse en 2014, y de que los trabajos preparatorios están bastante avanzados; la rápida adopción y aplicación de esta propuesta podría hacer posible una reducción del número o del alcance de los mercados sujetos a regulación ex ante como parte del análisis prospectivo de la evolución de la competencia en un mercado único. 1.2. Contexto general En el mundo actual, muchos de los nuevos servicios y aplicaciones digitales se están introduciendo en línea dentro del mercado único de la UE. La innovación y las oportunidades de crecimiento suelen revestir hoy un carácter digital en prácticamente todos los sectores de la economía, que van desde el sector del automóvil (coches conectados) al de la energía (redes inteligentes), del de las administraciones públicas (administración electrónica) al de los servicios generales (sanidad electrónica). Dirigir casi cualquier tipo de negocio, desde una pequeña empresa de reciente creación hasta una gran empresa, exige acceder a los servicios e infraestructuras más avanzados. Todo este ecosistema depende de la conectividad que ofrecen las redes de comunicaciones electrónicas. Hoy en día, Europa está fragmentada en 28 mercados nacionales de comunicaciones independientes, cada uno con un número limitado de actores. Como consecuencia de ello, ningún operador está presente en más de la mitad de los Estados miembros, la mayoría en muchos menos, pero existen en total más de 200 operadores al servicio de un mercado de 510 millones de clientes. Las normas de la UE en materia de autorizaciones, condiciones reguladoras, asignación de espectro y protección de los consumidores, por ejemplo, se aplican de distinta forma. Este panorama irregular crea barreras de entrada y eleva los costes de los operadores que quieren prestar servicios transfronterizos, obstaculizando así su expansión. Esta situación contrasta fuertemente con la de los Estados Unidos o China, que cuentan con un mercado único de 330 y 1400 millones de clientes, respectivamente, atendido por cuatro a cinco grandes operadores, con una legislación, un sistema de concesión de autorizaciones y una política del espectro. Las economías de escala y las nuevas oportunidades de crecimiento pueden mejorar el rendimiento de las inversiones en redes de alta velocidad y, al mismo tiempo, impulsar la competencia y la competitividad a escala internacional. Sin embargo, dentro de la UE, los operadores no pueden beneficiarse suficientemente de ellas. En otras partes del mundo se están realizando esfuerzos e inversiones significativas en el mundo digital, inversiones que están beneficiando tanto a los inversores como a los consumidores, pero en Europa esta modernización no se está produciendo con la suficiente rapidez. Al mismo tiempo, a causa de la fragmentación de los mercados nacionales, los consumidores disponen de menos posibilidades de elección y de servicios menos innovadores y de calidad inferior, y siguen pagando un precio elevado por efectuar llamadas a través de las fronteras o hacer itinerancia dentro de la UE. Esto significa no consiguen sacar el máximo partido a unos servicios digitales potencialmente disponibles en la actualidad. Como consecuencia, Europa está desaprovechando una posible fuente de crecimiento importante. En un mundo en el que las TIC son omnipresentes, un mercado de comunicaciones electrónicas fragmentado merma la eficiencia y la productividad en toda la economía. Se calcula que el potencial no explotado de un mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas alcanzaría el 0,9 % del PIB, o el equivalente a 110 000 millones EUR al año[4]. Solo los beneficios del mercado único de servicios de comunicación empresarial ascienden a casi 90 000 millones EUR anuales[5]. Un mercado de telecomunicaciones sólido sustenta una economía digital más amplia, cuyo dinamismo se refleja en el crecimiento sostenido del empleo. Para dar una idea de la escala y la robustez de esa economía más amplia, diremos que en la UE trabajan más de 4 millones de especialistas en TIC, y su número sigue aumentando a pesar de la recesión. En la economía en general, el aumento de la inversión en TIC, la mejora de las correspondientes competencias en la mano de obra, y la reforma de las condiciones para la economía de Internet podría incrementar el PIB en un 5 % adicional de aquí a 2020[6], y crear 3,8 millones de puestos de trabajo[7]. Las barreras en el mercado de comunicaciones electrónicas cierran el paso a las ventajas de los servicios europeos transfronterizos: mejor calidad, economías de escala, mayor inversión, mayor eficiencia y una posición negociadora más sólida. Esto afecta negativamente al ecosistema digital general, incluidos los fabricantes europeos de equipos y los proveedores de contenidos y aplicaciones, desde las empresas jóvenes hasta las administraciones. También repercute en sectores económicos como la banca, la automoción, la logística, la distribución minorista, la salud, la energía o el transporte, que dependen de la conectividad para aumentar la productividad, por ejemplo a través de la computación en nube, los objetos conectados y la prestación de servicios integrados. 1.3. Contexto político La Agenda Digital para Europa, iniciativa emblemática de la Estrategia Europa 2020 de la UE, ya ha señalado este papel fundamental de las TIC y la conectividad de red. Establece numerosas iniciativas para fomentar la inversión, aumentar la competencia y reducir los costes de implantación de las redes de alta velocidad para garantizar que todos los europeos tengan acceso a la banda ancha rápida. La Comisión también ha puesto en marcha una Gran Coalición para el Empleo Digital con el fin de aprovechar el potencial de empleo de este sector. La Comisión también está adoptando iniciativas para consolidar un «mercado único digital» y promover los contenidos en línea, incluidos el comercio y la administración electrónicos. También ha propuesto una reforma del Reglamento de la UE sobre protección de datos, con el fin de proteger la intimidad de los ciudadanos facilitando al mismo tiempo la innovación y el emprendimiento en un mercado único; así como una estrategia para promover la ciberseguridad y defender las redes e infraestructuras críticas de la UE, con inclusión de un proyecto de Directiva sobre la seguridad de las redes y la información[8], esencial para reforzar la confianza de los ciudadanos y de los consumidores en el entorno en línea. Avanzar hacia un mercado único de las comunicaciones electrónicas favorecería al ecosistema del mercado único digital. Este mercado implicaría, además de infraestructuras modernas, unos servicios digitales innovadores y seguros. Reconociendo lo anterior, el Consejo Europeo de primavera de 2013 hizo hincapié en la importancia del mercado único digital para el crecimiento y pidió a la Comisión que presentase (a tiempo para el Consejo Europeo de octubre) medidas concretas para establecer un mercado único de TIC lo antes posible. La presente propuesta, junto con la Recomendación de la Comisión relativa a la coherencia en las obligaciones de no discriminación y en las metodologías de costes para promover la competencia y potenciar el entorno de la inversión en banda ancha, conforman un conjunto de medidas equilibradas destinadas a avanzar hacia un mercado único de telecomunicaciones y fomentar la inversión. 2. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 2.1. Opiniones de las partes interesadas Desde el Consejo Europeo de Primavera mencionara en sus conclusiones la necesidad de presentar propuestas concretas antes del Consejo Europeo de octubre, las consultas públicas han debido realizarse con el condicionante de este ambicioso calendario. Además de las consultas formales específicas y los actos consultivos, la Comisión ha hablado largo y tendido con una gran variedad de organizaciones interesadas para evaluar el estado general del mercado de las comunicaciones electrónicas y la forma de establecer un mercado único. Se ha reunido con partes interesadas que representan a todos los sectores de la industria, las organizaciones de consumidores, la sociedad civil y los reguladores y gobiernos nacionales y ha recibido observaciones de las mismas. Además, la Comisión ha organizado varios actos consultivos a los que asistieron interesados que representaban a todos los segmentos de la industria, los consumidores y la sociedad civil[9]. Estas consultas han demostrado que una gran mayoría de partes interesadas comparten el análisis del problema efectuado por la Comisión y reconocen la necesidad de medidas urgentes. Además, se mantuvieron conversaciones en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Ministros (Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía). En el Consejo, la mayoría de las delegaciones compartieron el análisis del problema y la necesidad de tomar medidas para avanzar hacia un mercado único, con el fin de preservar o mejorar la competencia y las posibilidades de elección de los consumidores, abordar la neutralidad de la red y la itinerancia, y evitar el arbitraje reglamentario, garantizando al mismo tiempo una mayor coherencia reglamentaria, en particular en la gestión del espectro, y evitando la excesiva centralización de competencias. Los debates en el Parlamento Europeo revelaron un decidido apoyo a la idea central de las propuestas de la Comisión y destacaron en particular la urgencia de eliminar la itinerancia como parte de un mercado único de las comunicaciones electrónicas, así como de introducir un alto nivel de protección de los consumidores y unas normas claras sobre la neutralidad de la red. 2.2. Asesoramiento En 2012 se concluyó un importante estudio titulado Steps towards a truly internal market for e-communications (Pasos hacia un verdadero mercado interior de comunicaciones electrónicas), también conocido como el «coste de la inexistencia de Europa en las telecomunicaciones»[10]. El estudio evaluaba la situación del mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas y calculaba el potencial económico de un mercado único. La Comisión también ha utilizado otras muchas fuentes de datos, como el Marcador de la Agenda Digital anual y estudios económicos realizados por la DG ECFIN, por ejemplo, sobre la fragmentación del mercado de telecomunicaciones en Europa[11]. El mecanismo de consulta de la UE al amparo del marco regulador también ha puesto de relieve prácticas incoherentes de las autoridades nacionales de reglamentación al regular los mercados pertinentes. Además, en el contexto del programa de política del espectro radioeléctrico, la Comisión ha detectado una incoherencia considerable entre los Estados miembros con respecto a la autorización y la apertura de bandas de espectro para un uso neutro desde el punto de vista tecnológico, en especial en cuanto a condiciones impuestas y plazos. 2.3. Evaluación del impacto de la propuesta de Reglamento De conformidad con su política «legislar mejor», los servicios de la Comisión han llevado a cabo una evaluación de impacto de distintas posibilidades de actuación. Las principales fuentes de la fragmentación de la reglamentación están relacionadas con los principales requisitos sectoriales para el suministro de comunicaciones electrónicas que están sujetos a la legislación de la UE (autorización, acceso a insumos fijos e inalámbricos, cumplimiento de las normas de protección de los usuarios finales). Si bien cada uno de estos elementos presenta características muy diferentes, y las soluciones a la fragmentación serán necesariamente muy distintas, todos ellos resultan fundamentales si se quiere superar los principales obstáculos a la prestación integrada de redes y servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión. En particular, se ha desglosado la evaluación de las soluciones refiriéndose a: a) obstáculos debidos a los regímenes nacionales de autorización vinculados a la falta de coherencia en los enfoques reguladores aplicados por las ANR; b) falta de coordinación en la asignación de espectro y en las correspondientes condiciones, así como inseguridad jurídica en cuanto a la disponibilidad de las frecuencias; c) falta de productos mayoristas que permitan la prestación de servicios que utilicen la red de otro operador con unos niveles sistemáticos de interoperabilidad de los servicios, en el marco de las medidas correctoras o de negociaciones recíprocas; d) fragmentación de las normas de protección de los consumidores, lo que da lugar a diferentes niveles de protección y distintas condiciones comerciales, incluidos los elevados costes de la itinerancia y de las llamadas internacionales, así como el bloqueo o estrangulamiento de servicios. Con objeto de afrontar estas fuentes de fragmentación, se seleccionaron para un análisis más detallado tres opciones estratégicas. La primera opción consistía en mantener el marco regulador de las comunicaciones electrónicas tal como está. La segunda opción contemplaba un único instrumento legislativo (un reglamento) que ajustase el marco regulador solo en la medida necesaria para un mercado único de comunicaciones electrónicas de la UE, sobre la base de una coordinación reforzada de la UE. La tercera opción incluía lo esencial de la segunda, pero sustituía la estructura de gobernanza actual por un único regulador de la UE con el fin de lograr la plena coordinación reguladora. Cada una de las opciones se evaluó en relación con su eficacia para lograr los objetivos políticos, centrándose en los costes y las ventajas para la oferta y la demanda, incluida su incidencia en la estructura del sector de comunicaciones electrónicas de la UE, la economía, el empleo, el excedente del consumidor y el medio ambiente. El informe de evaluación de impacto concluye que la segunda opción es la mejor. En primer lugar, una autorización europea única tiene por objeto reducir la carga administrativa de los operadores europeos y garantizaría la coherencia de su tratamiento normativo. La coordinación del uso del espectro radioeléctrico en el mercado único garantizará la disponibilidad sincronizada del insumo del espectro y la aplicación de unas condiciones a las que se supedita su uso coherente en toda Europa, consiguiendo de este modo un uso eficiente del espectro. Al mismo tiempo, se favorecería la previsibilidad del entorno de inversión para las redes de alta velocidad, incluida su amplia cobertura territorial, lo que también es de interés para el usuario final a largo plazo. La disponibilidad de productos de acceso mayorista normalizados a escala de la UE como posible solución para el peso significativo en el mercado permitirá a los operadores fijos ofrecer sus servicios de conectividad a sus clientes en toda la Unión, con una elevada calidad de servicio. Se espera que dicha disponibilidad tenga un efecto positivo en la inversión, especialmente a través de las fronteras de los Estados miembros, facilitando a las empresas la entrada en nuevos mercados para atender la demanda de los clientes y permitiéndoles hacerlo con productos de acceso de un alto nivel de calidad, impulsando así la competencia y obligando a los operadores a mejorar su oferta e invertir en infraestructuras y servicios. Unas normas comunes sobre la calidad de los servicios garantizarán la libertad de los usuarios para acceder a los servicios y aplicaciones que prefieran y sobre la base de unas condiciones contractuales claras en toda la Unión, sin que su acceso a Internet se vea estrangulado o bloqueado indebidamente. Al mismo tiempo garantizarán la posibilidad de adquirir servicios especializados para el suministro de determinados contenidos, aplicaciones y servicios con una calidad de servicio reforzada. El fortalecimiento de la y los derechos contractuales garantizaría los intereses de los consumidores en unos servicios fiables y de alta calidad y reforzará la dinámica competitiva del mercado. Por último, las medidas sobre diferencias de precios injustificables entre las llamadas nacionales e intracomunitarias y las que facilitan la existencia de ofertas de «itinerancia como en casa» a través de acuerdos de itinerancia tienen como objetivo la supresión de los costes adicionales injustificados de los servicios de comunicaciones electrónicas prestados a través de las fronteras. En conclusión, esta opción aumentaría la previsibilidad jurídica y la transparencia de la manera más eficiente y oportuna. En particular, una mayor competencia en los mercados, unas condiciones de funcionamiento más comunes (acceso a insumos, normas específicas para el consumidor), así como la repercusión al cliente de las ventajas de escala debido a la elasticidad de los precios o la presión de la competencia, debería conducir a una mayor convergencia. Una mayor presión competitiva, que ofrezca incentivos para diferenciarse, unida a mayores ventajas de escala, mayor previsibilidad de la reglamentación y un entorno más favorable para la distribución masiva de servicios innovadores, debe a su debido tiempo mejorar el entorno de inversión. Aun cuando se espera que estas propuestas tengan un efecto positivo sobre la creación de empleo, en este momento no es fácil estimar con precisión sus repercusiones sociales y sobre el empleo. La Comisión prestará especial atención a este aspecto cuando lleve a cabo el seguimiento y la evaluación de la legislación. En comparación con la opción preferida, se necesitarían de 3 a 5 años más para alcanzar el resultado deseado con las opciones 1 (aplicación del marco actual) y 3 (modificación completa de la gobernanza reglamentaria de los servicios paneuropeos), con un PIB potencial adicional de hasta el 3,7 % durante el período 2015-2020. Además, requiere menos tiempo para surtir efecto y cumplir todos los objetivos específicos, generando así los mayores beneficios económicos y sociales posibles de todas las opciones estudiadas. El 6 de septiembre de 2013, el Comité de Evaluación de Impacto emitió su dictamen sobre el proyecto de evaluación de impacto. El informe y su resumen se publican junto con la propuesta. 3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 3.1. Base jurídica La propuesta se basa en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ya que guarda relación con el mercado interior de comunicaciones electrónicas y su funcionamiento. 3.2. Subsidiariedad El marco regulador actual no ha sido capaz de cumplir plenamente su objetivo de establecer un mercado único de comunicaciones electrónicas. Las diferencias en las normas nacionales, aunque son compatibles con el marco regulador vigente en la UE, crean barreras a la explotación y adquisición de servicios transfronterizos, limitando así la libertad de suministrar comunicaciones electrónicas garantizada por el Derecho de la UE. Esto afecta directamente al funcionamiento del mercado interior. Los Estados miembros no tienen competencia ni incentivos para cambiar la situación reguladora actual. Se necesitan medidas a nivel de la UE para atajar las causas subyacentes del problema. En primer lugar, la fragmentación actual derivada de la dimensión nacional de los sistemas de autorización general se contrarresta al introducir una autorización única de la UE. Un mecanismo único de autorización europeo, junto con el control en el país de origen de la retirada y/o suspensión de dicha autorización, facilitaría el registro de los operadores de la UE y la coordinación de las medidas de ejecución más estrictas que les son aplicables. La propuesta garantiza una mayor coherencia y previsibilidad reglamentarias a estas empresas al facultar a la Comisión para obligar a los reguladores nacionales a retirar soluciones propuestas que sean incompatibles con la legislación de la UE. La propuesta aseguraría una convergencia mucho mayor en las condiciones reguladas de acceso a los insumos fijos e inalámbricos que facilitan la prestación de servicios paneuropeos. La plena armonización de los derechos de los usuarios finales garantiza que los ciudadanos y proveedores de toda la UE tengan derechos y obligaciones similares, y en particular la posibilidad de comercializar y adquirir servicios transfronterizos en las mismas condiciones. Se respeta el principio de subsidiariedad, puesto que la intervención de la UE se limitará a lo necesario para suprimir determinados obstáculos al mercado interior. En primer lugar, la autorización única de la UE estará a disposición de los operadores que tengan intención de llevar a cabo actividades de dimensión paneuropea y las obligaciones reglamentarias intrínsecamente vinculadas al lugar en que esté situada una red o se presta un servicio deberán ser decididas por el regulador nacional del Estado miembro. Los ingresos percibidos de la asignación de espectro seguirán correspondiendo al Estado miembro afectado, y los principios reguladores más detallados sobre el uso del espectro que complementan los objetivos de alto nivel enmarcados en el marco regulador de la UE aún dejan un amplio margen de apreciación a los Estados miembros en lo relativo a los detalles. Análogamente, por lo que se refiere al procedimiento de notificación a la Comisión en materia de espectro, la base es un control de compatibilidad jurídica, en vez de la sustitución del margen de apreciación de los Estados miembros por el de la Comisión, y es objeto de salvaguardias adicionales como el procedimiento de examen en virtud de la comitología. La ampliación de la ventaja que supone la autorización general al uso de puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas se limita a despliegues discretos de baja potencia, estrictamente definidos en las medidas de ejecución. Por último, la imposición de productos de acceso virtual europeos sigue correspondiendo a la autoridad nacional de reglamentación del Estado miembro en el que está situada la red, tras un análisis de mercado basado en el marco existente; al mismo tiempo, la armonización de los productos de acceso virtual utiliza el mismo mecanismo previsto ya en el marco existente para los productos de acceso mayorista. 3.3. Proporcionalidad La actuación de la UE se limita a lo necesario para alcanzar los objetivos definidos. Las medidas se centrarán en combatir los puntos de estrangulamiento que impiden el mercado único, con las mínimas modificaciones de la actual normativa necesarias para crear unas condiciones que permitan el desarrollo a nivel de la UE de nuevos mercados transfronterizos de comunicaciones electrónicas. De este modo se podría alcanzar el doble objetivo del mercado único de libertad de prestación y libertad de consumo de servicios de comunicaciones electrónicas. Al mismo tiempo, al respetar en gran medida el marco regulador vigente, incluido el modo en que las autoridades nacionales de reglamentación supervisan los mercados, se evita interrumpir las operaciones de los proveedores que opten por mantener una cobertura nacional (o subnacional). Por otra parte, el desarrollo de nuevos mercados transfronterizos debería desarrollarse con arreglo al principio de «legislar mejor», es decir, disminuyendo paulatinamente la presión reglamentaria si se demuestra que los mercados son competitivos en un contexto europeo más integrado, pero de acuerdo con las competencias de supervisión de las autoridades nacionales de reglamentación y el control ex post de la competencia. Tal cosa resulta beneficiosa, ya que las autoridades nacionales de reglamentación seguirían siendo las mejor situadas para tener en cuenta las particularidades nacionales a la hora de: i) regular el acceso a las infraestructuras físicas que por su naturaleza permanezcan geográficamente confinadas a nivel nacional o regional; y ii) abordar las cuestiones de protección del consumidor en un contexto nacional (en particular en su propia lengua). Por consiguiente, las medidas propuestas no conllevarán cambios significativos en la gobernanza o una transferencia de competencias al plano europeo, como supondrían un regulador de la UE o una licencia de espectro paneuropea. Las soluciones permitirán a las partes interesadas pertinentes explotar las sinergias de un gran mercado único y reducir las ineficiencias en sus actividades e inversiones, de la manera más rápida y eficaz posible. Al mismo tiempo, la propuesta garantiza a los operadores que opten por prestar servicios en un solo Estado miembro la continuidad de las normas actuales, beneficiándose no obstante de mejoras y clarificaciones en las normas relativas a los derechos de los usuarios finales y un entorno más predecible para el acceso a los insumos de espectro y a los productos de acceso a la red fija de alta calidad. 3.4. Derechos fundamentales Se ha analizado la incidencia de la propuesta en derechos fundamentales como la libertad de expresión e información, la libertad de empresa, la no discriminación, la protección del consumidor y la protección de los datos personales. En particular, el Reglamento protegerá el acceso a una Internet abierta; establece un elevado nivel de derechos de los usuarios finales plenamente armonizados, aumenta la libertad de empresa a escala europea y debería llevar a una reducción de la regulación sectorial específica con el tiempo. 3.5. Elección del instrumento La Comisión propone un reglamento, puesto que garantiza la supresión de los obstáculos al mercado único complementando el marco regulador de las comunicaciones electrónicas vigente. Incluye derechos y obligaciones específicos, directamente aplicables, para los proveedores y los usuarios finales; también incluye mecanismos de coordinación en relación con determinados insumos a nivel europeo para facilitar la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas a través de las fronteras. Un Reglamento es importante, por ejemplo, en un ámbito como el de la Internet abierta y la gestión del tráfico, en el que resulta necesario un enfoque verdaderamente común para evitar desde el principio la actual tendencia hacia soluciones nacionales divergentes y conseguir tanto una gestión integrada de la red como el desarrollo de contenidos en línea, aplicaciones y servicios que puedan ofrecerse de una forma común en el conjunto de la Unión. 3.6. Estructura de la propuesta y principales derechos y obligaciones Disposiciones generales (capítulo I, artículos 1 y 2) El capítulo I contiene las disposiciones generales, incluidas las definiciones pertinentes. Establece los principios reguladores conforme a los cuales actuarán los organismos reguladores al aplicar este Reglamento junto con las disposiciones del marco vigente. Autorización única de la UE (capítulo II, artículos 3 a 7) En la actualidad, los operadores que desean prestar servicios en varios Estados miembros deben estar autorizados en cada uno de ellos. Este Reglamento introduce una autorización única de la UE sobre la base de un sistema único de notificación en el Estado miembro del establecimiento principal del proveedor europeo de comunicaciones electrónicas (país de origen) y establece las condiciones aplicables a la misma. La retirada y/o suspensión de la autorización única de la UE está sujeta a un control en el país de origen. Los titulares de una autorización única de la UE tienen derecho a la igualdad de trato regulador en situaciones similares en todos los Estados miembros y los nuevos operadores y los pequeños operadores transfronterizos quedan exentos del pago de gastos administrativos y contribuciones a la financiación del servicio universal en los Estados miembros distintos al país de origen (países de acogida). Los titulares de una autorización única de la UE, además, prestarán servicios en toda Europa sobre la base de una mayor coherencia en la aplicación de las obligaciones reglamentarias La autorización única europea reducirá las trabas administrativas innecesarias y garantizará a los proveedores europeos una mayor coherencia de sus derechos y obligaciones para desarrollar su actividad en toda la UE y expandirse. Insumos europeos (capítulo III) Sección 1 (artículos 8 a 16) Los proveedores móviles carecen en la Europa de hoy de la previsibilidad necesaria en lo que respecta a la disponibilidad de espectro en toda la UE y se enfrentan a condiciones de asignación divergentes. Por ello, resulta más difícil planificar a largo plazo, invertir a través de las fronteras y, en última instancia, adquirir escala. Esta desigual situación hace que los fabricantes de dispositivos diseñen sus productos para otros mercados con un tamaño y perspectivas de crecimiento mayores. Para poner fin a esta situación insostenible, debe asegurarse una armonización de los insumos del espectro mediante: · La definición de unos principios reguladores comunes aplicables al Estado miembro al definir las condiciones de uso de espectro armonizado para las comunicaciones inalámbricas de banda ancha. · La facultad de la Comisión para adoptar actos de ejecución con el fin de armonizar la disponibilidad del espectro, los plazos de asignación y la duración de los derechos de uso del espectro. · Un mecanismo de consulta que permita a la Comisión analizar los proyectos de medidas nacionales relativas a la asignación y el uso del espectro. · La simplificación de las condiciones de despliegue y suministro de acceso inalámbrico de banda ancha y baja potencia (Wi-Fi, pequeñas celdas) para aumentar la competencia y reducir la congestión de las redes. Sección 2 (artículos 17 a 20) El acceso virtual armonizado de alta calidad a las redes fijas facilitaría la entrada al mercado y la prestación de servicios transfronterizos a usuarios finales y empresas y ayudaría a impulsar la competencia y las inversiones. En la actualidad, los productos de acceso virtual fijo se definen de varias maneras en toda la UE. El acceso virtual a las redes fijas para prestar servicios transfronterizos se armoniza mediante: · La definición de características comunes de los productos de acceso virtual de banda ancha armonizados a nivel de la UE (desagregación virtual, acceso indirecto IP y segmentos de terminación de líneas arrendadas) cuando se impongan a operadores con un peso significativo en el mercado. · En consecuencia, los reguladores nacionales deben tener en cuenta la introducción de estos productos de acceso armonizado a la hora de imponer medidas correctoras, tomando debidamente en consideración la competencia en infraestructuras existente y las inversiones y los requisitos generales de proporcionalidad. La propuesta también refleja la práctica decisoria en una disposición que une la consideración de las obligaciones de control de precios al por mayor sobre las redes NGA con la presión competitiva de las infraestructuras alternativas, las garantías efectivas de acceso no discriminatorio y el nivel de competencia al por menor en cuanto a precio, elección y calidad. · El derecho de los proveedores de comunicaciones electrónicas a ofrecer y acceder en condiciones razonables a productos de conectividad armonizados con una calidad de servicio garantizada para propiciar nuevos tipos de servicios en línea. Derechos de los usuarios finales (capítulo IV, artículos 21 a 29) En Europa, tanto los proveedores de comunicaciones electrónicas como los usuarios finales se encuentran con normas incoherentes respecto a los derechos de los usuarios finales, lo que da lugar a niveles de protección desiguales y a una serie de normas divergentes que deben cumplirse en los distintos Estados miembros. Esta fragmentación es costosa para los operadores, insatisfactoria para los usuarios finales y, en última instancia, dificulta la prestación de servicios transfronterizos y afecta negativamente a la disposición de los usuarios finales para consumirlos. A fin de garantizar un nivel adecuado de protección de los consumidores en toda la UE, se armonizan las normas que definen los derechos de los usuarios finales, entre ellos: – la no discriminación entre determinados servicios nacionales y dentro de la UE (internacionales), salvo que se justifiquen objetivamente las diferencias; – la información obligatoria precontractual y contractual; – el aumento de la transparencia y los mecanismos para evitar las facturas desorbitadas; – el derecho a resolver el contrato después de seis meses sin gastos (excluido el valor residual de los equipos subvencionados u otras promociones); – la obligación de los proveedores de proporcionar una conexión sin restricciones a todos los contenidos, aplicaciones o servicios a los que acceden los usuarios finales —también conocido como neutralidad de la red— y regular al mismo tiempo el uso de medidas de gestión del tráfico de los operadores respecto al acceso general a Internet. Al mismo tiempo, se aclara el marco jurídico de los servicios especializados de mayor calidad. Facilitar el cambio de proveedor (capítulo V, artículo 30) La mejora de las normas de cambio fomenta la entrada al mercado y la competencia entre los proveedores de comunicaciones electrónicas y permite a los usuarios finales elegir con mayor facilidad al proveedor que mejor satisface sus necesidades concretas. Se prevén principios armonizados aplicables a los procedimientos de cambio, como la orientación por costes, la tramitación del proceso a cargo del proveedor receptor o la resolución automática del contrato con el proveedor cedente. Disposiciones organizativas y finales (capítulo VI, artículos 31 a 40) Este capítulo contiene disposiciones generales relativas a las facultades sancionadoras de las autoridades nacionales competentes y normas sobre la facultad de la Comisión para adoptar actos delegados o de ejecución. También se establecen modificaciones de las Directivas marco y de los Reglamentos sobre la itinerancia y el ORECE. En particular, respecto a la regulación ex ante del mercado, y teniendo en cuenta que cada ANR sigue siendo responsable de sus respectivos mercados (nacionales), el objetivo de las modificaciones es fomentar una mayor coherencia y estabilidad en toda la UE en relación con la evaluación de los mercados y la imposición de obligaciones reglamentarias por parte de las ANR a los titulares de una autorización única de la UE con el fin de evitar que se les impongan obligaciones distintas para la misma deficiencia del mercado en cada Estado miembro en el que tienen presencia. A tal efecto, las disposiciones contemplan la facultad de la Comisión para exigir la retirada de las soluciones impuestas a las empresas con una autorización única de la UE, así como una seguridad jurídica respecto a los criterios para identificar los mercados sujetos a dichas soluciones ex ante , teniendo también en cuenta la presión competitiva de los servicios equivalentes prestados por los agentes over-the-top (OTT). Aun cuando el Reglamento sobre la itinerancia III, con su medidas estructurales, inyectará una mayor competencia en el mercado, no se espera que cree por sí solo una situación en la que los clientes puedan reproducir confiadamente sus pautas de consumo en su Estado miembro de origen al viajar al extranjero y, de este modo, poner fin a los sobrecostes de la itinerancia en toda Europa. El artículo 37, por ello, completa el Reglamento sobre itinerancia previendo nuevos incentivos para que los operadores ofrezcan itinerancia a precios nacionales. La propuesta establece un mecanismo voluntario para que los operadores móviles celebren acuerdos de itinerancia bilaterales o multilaterales que les permitan internalizar los costes de la itinerancia al por mayor e introducir gradualmente servicios de itinerancia a precios nacionales hasta julio de 2016, limitando al mismo tiempo el riesgo de arbitraje de precios. Estos acuerdos de itinerancia, como tales, no constituyen una novedad en el mercado. Ya existen acuerdos de itinerancia que permiten a quienes participan (siempre que se respete la legislación sobre competencia) realizar economías de escala en la prestación de servicios de itinerancia entre partes contratantes. La propuesta, sin embargo, exige que sean notificados para mejorar su transparencia. La propuesta de régimen voluntario está diseñado para inducir la transferencia a los consumidores de estas economías de escala legítimas a través de la prestación de servicios de itinerancia a precios nacionales, en condiciones que garanticen que quede cubierta la itinerancia en toda la Unión y que los consumidores de toda la Unión se benefician en su momento de estas ofertas. Al mismo tiempo, la propuesta prevé el equilibrio necesario para que los operadores puedan adaptar sus ofertas minoristas y garantizar gradualmente que la totalidad de su base de clientes se beneficia de ellos. Sin los acuerdos de itinerancia bilaterales o multilaterales, no es realista imaginar que un operador por sí solo sea capaz de proporcionar itinerancia a precios nacionales en el conjunto de la Unión en el plazo previsto. Por último, las modificaciones del Reglamento ORECE son necesarias para aportar una mayor estabilidad al organismo y permitirle desempeñar un papel más estratégico, en particular mediante la designación de un presidente profesional con un mandato de tres años. 4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La propuesta de Reglamento no tiene repercusiones para el presupuesto de la Unión. En particular, la propuesta de modificación del Reglamento (CE) nº 1211/2009 no tiene incidencia ni sobre el número de puestos de plantilla ni sobre la contribución financiera de la UE a la Oficina de la ORECE y se ajusta a las cifras expuestas en la Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo (COM (2013)519 final). 2013/0309 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establecen medidas en relación con el mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas y para crear un continente conectado, y se modifican las Directivas 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE y los Reglamentos (CE) nº 1211/2009 y (UE) nº 531/2012 (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[12], Visto el dictamen del Comité de las Regiones[13], De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1) Europa debe explotar todos los recursos de crecimiento para salir de la crisis, crear empleo y recuperar su competitividad. La recuperación del crecimiento y la creación de empleo en la Unión es el objetivo de la Estrategia Europa 2020. El Consejo Europeo de primavera de 2013 hizo hincapié en la importancia del mercado único digital para el crecimiento y pidió medidas concretas a fin de establecer un mercado único de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) lo antes posible. En consonancia con los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y con esta petición, el presente Reglamento pretende establecer un mercado único de comunicaciones electrónicas completando y adaptando el marco regulador de las comunicaciones electrónicas vigente en la Unión. (2) La Agenda Digital para Europa, una de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020, ya ha reconocido el papel de las TIC y la conectividad de red como base indispensable para el desarrollo de nuestra economía y nuestra sociedad. Para que Europa coseche los frutos de la transformación digital, la Unión necesita un mercado único de comunicaciones electrónicas dinámico en todos los sectores y en toda Europa. Este verdadero mercado único de comunicaciones será la espina dorsal de una economía digital innovadora e «inteligente» y el fundamento del mercado único digital donde los servicios en línea fluyan libremente a través de las fronteras. (3) En un mercado único de comunicaciones electrónicas sin fisuras, deben garantizarse la libertad de suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas a todos los clientes de la Unión y el derecho de los usuarios finales a elegir la mejor oferta disponible en el mercado, que no deben verse obstaculizados por la fragmentación de los mercados con arreglo a las fronteras nacionales. El actual marco regulador de las comunicaciones electrónicas, caracterizado como está por regímenes de autorización general nacionales, en vez de europeos, regímenes nacionales de asignación de espectro, diferencias en los productos de acceso a disposición de los proveedores de comunicaciones electrónicas en los distintos Estados miembros y distintos conjuntos de normas sectoriales aplicables para la protección de los consumidores, no afronta plenamente esta fragmentación. En muchos casos, las normas de la Unión se limitan a definir una base de referencia y con frecuencia se aplican de distinta forma en los Estados miembros. (4) Un verdadero mercado único de las comunicaciones electrónicas debe fomentar la competencia, la inversión y la innovación en nuevas y mejores redes y servicios mediante el fomento de la integración del mercado y la oferta de servicios transfronterizos. Por tanto, debería ayudar a alcanzar los ambiciosos objetivos en materia de banda ancha de alta velocidad establecidos en la Agenda Digital para Europa. La creciente disponibilidad de infraestructuras y servicios digitales debe a su vez aumentar las opciones del consumidor, la calidad del servicio y la diversidad de los contenidos, contribuir a la cohesión territorial y social y facilitar la movilidad en toda la Unión. (5) Las ventajas derivadas de un mercado único de comunicaciones electrónicas deben extenderse al ecosistema digital general que engloba a los fabricantes de equipos de la Unión, los proveedores de contenidos y aplicaciones, y la economía en general, abarcando sectores como la banca, la automoción, la logística, la distribución minorista, la energía y el transporte, que dependen de la conectividad para mejorar su productividad a través de, por ejemplo, aplicaciones en nube ubicuas, objetos conectados y posibilidades de prestación de servicios integrados a distintas partes de la empresa. Las administraciones públicas y el sector sanitario también deben beneficiarse de una mayor oferta de servicios de administración y sanidad electrónicas. También la oferta de contenidos y servicios culturales, y la diversidad cultural en general, puede verse potenciada en un mercado único de comunicaciones electrónicas. El suministro de conectividad a través de redes y servicios de comunicaciones electrónicas reviste tal importancia para la economía y la sociedad en general que deben evitarse las cargas sectoriales injustificadas, ya sean reguladoras o de otra índole. (6) El presente Reglamento obedece al propósito de completar el mercado único de comunicaciones electrónicas a través de medidas en tres amplios ejes interrelacionados. En primer lugar, debe asegurar la libertad de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a través de las fronteras y redes en los distintos Estados miembros, basándose en el concepto de una autorización única de la UE que establece las condiciones para garantizar una mayor coherencia y previsibilidad en el contenido y la aplicación de la normativa sectorial en toda la Unión. En segundo lugar, es necesario posibilitar el acceso en condiciones mucho más convergentes a los insumos esenciales para el suministro transfronterizo de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, no solo para las comunicaciones inalámbricas de banda ancha, para las que es fundamental un espectro con y sin licencia, sino también para la conectividad de las líneas fijas. En tercer lugar, en aras de la armonización de las condiciones comerciales y el fomento de la confianza de los ciudadanos, el presente Reglamento debe armonizar las normas de protección de los usuarios finales, en especial los consumidores. Entre estas se incluyen normas sobre no discriminación, información contractual, resolución de contratos y cambio de proveedor, además de normas sobre el acceso a contenidos, aplicaciones y servicios en línea y sobre gestión del tráfico que, además de proteger a los usuarios finales, garantizan simultáneamente el funcionamiento continuo del ecosistema de Internet como motor de innovación. Por otro lado, las nuevas reformas en el ámbito de la itinerancia deberían dar a los usuarios finales la confianza para seguir conectados cuando viajan en la Unión y convertirse con el tiempo en un motor de la convergencia de los precios y otras condiciones en la Unión. (7) Por lo tanto, el presente Reglamento debe complementar al marco regulador vigente en la Unión (la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[14], la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[15], la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[16], la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[17], la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[18], la Directiva 2002/77/CE de la Comisión[19], así como el Reglamento (CE) nº 1211/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo[20], el Reglamento (UE) nº 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo[21] y la Decisión nº 243/2012/UE del Parlamento Europeo[22]) y a las legislaciones nacionales aplicables adoptadas de conformidad con el Derecho de la Unión mediante el establecimiento de derechos y obligaciones específicos de los proveedores de comunicaciones electrónicas y los usuarios finales y mediante la modificación consiguiente de las Directivas vigentes y del Reglamento (UE) nº 531/2012, a fin de asegurar una mayor convergencia y algunos cambios sustantivos coherentes con un mercado único más competitivo. (8) Las medidas previstas en el presente Reglamento respetan el principio de neutralidad tecnológica, es decir, no imponen el uso de ningún tipo particular de tecnología ni discriminan a su favor. (9) El suministro de comunicaciones electrónicas transfronterizas sigue estando sujeto a mayores cargas que las que se limitan a las fronteras nacionales. En particular, los proveedores transfronterizos siguen teniendo que efectuar notificaciones y abonar tasas en los distintos Estados miembros de acogida. Los titulares de una autorización única de la UE quedarán sujetos a un sistema único de notificación en el Estado miembro de su principal establecimiento (Estado miembro de origen), con lo que se reducirá la carga administrativa de los operadores transfronterizos. La autorización única de la UE debe aplicarse a cualquier empresa que suministre o tenga previsto suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas en más de un Estado miembro, habilitándola para disfrutar de los derechos inherentes a la libertad de suministro de servicios y redes de comunicaciones electrónicas de conformidad con el presente Reglamento en cualquier Estado miembro. Una autorización única de la UE que defina el marco jurídico aplicable a los operadores de comunicaciones electrónicas que presten servicios en todos los Estados miembros con arreglo a una autorización general en el Estado miembro de origen debe garantizar la eficacia de la libertad de suministro de servicios y redes de comunicaciones electrónicas en toda la Unión. (10) El suministro de servicios y redes de comunicaciones electrónicas transfronterizos puede adoptar diversas formas, dependiendo de varios factores como el tipo de red y de servicios suministrados, la extensión de las infraestructuras físicas necesarias o el número de abonados en los distintos Estados miembros. La intención de prestar servicios de comunicaciones electrónicas transfronterizos o de explotar una red de comunicaciones electrónicas en más de un Estado miembro puede demostrarse mediante actividades como la negociación de acuerdos sobre acceso a redes en un Estado miembro determinado o la comercialización a través de un sitio web en el idioma del Estado miembro de destino. (11) Independientemente de la forma elegida por el proveedor para explotar las redes de comunicaciones electrónicas o prestar servicios de comunicaciones electrónicas transfronterizos, el régimen regulador aplicable a este debe ser neutral respecto a las opciones comerciales que subyacen a la organización de las funciones y actividades en todos los Estados miembros. Por lo tanto, sea cual sea la estructura corporativa de la empresa, deberá considerarse que el Estado miembro de origen de un proveedor europeo de comunicaciones electrónicas es el Estado miembro en el que se toman las decisiones estratégicas relativas al suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas. (12) La autorización única de la UE debe basarse en la autorización general del Estado miembro de origen. No debe estar sujeta a condiciones que sean ya aplicables en virtud de otra legislación nacional en vigor que no sea específica del sector de las comunicaciones electrónicas. Además, las disposiciones del presente Reglamento y del Reglamento (UE) nº 531/2012 deben aplicarse también a los proveedores europeos de comunicaciones electrónicas. (13) La mayoría de las condiciones sectoriales específicas, por ejemplo respecto al acceso a las redes o la seguridad e integridad de las mismas o el acceso a los servicios de emergencia, están estrechamente vinculadas al lugar en el que se localiza la red o se presta el servicio. Por lo tanto, un proveedor europeo de comunicaciones electrónicas puede estar sujeto a condiciones aplicables en los Estados miembros en los que desarrolla su actividad, en la medida en que el presente Reglamento no disponga otra cosa. (14) Cuando los Estados miembros exijan una contribución del sector para financiar las obligaciones del servicio universal y los gastos administrativos de las autoridades nacionales de reglamentación, los criterios y procedimientos de prorrateo de las contribuciones deben ser proporcionados y no discriminatorios con respecto a los proveedores europeos de comunicaciones electrónicas, a fin de no obstaculizar la entrada al mercado transfronterizo, en particular de los nuevos y los pequeños operadores; por lo tanto, las contribuciones individuales de las empresas deben tener en cuenta la cuota de mercado del contribuyente en cuanto a volumen de negocios en el Estado miembro pertinente y deben estar sujetas a la aplicación de un umbral de minimis. (15) Es necesario garantizar que, en circunstancias similares, no haya discriminación en el trato dispensado a los proveedores europeos de comunicaciones electrónicas por parte de los distintos Estados miembros y que se apliquen prácticas reguladoras coherentes en el mercado único, en particular en lo que se refiere a las medidas que se inscriben en el ámbito de aplicación de los artículos 15 o 16 de la Directiva 2002/21/CE o los artículos 5 u 8 de la Directiva 2002/19/CE. Por consiguiente, los proveedores europeos de comunicaciones electrónicas deben tener derecho a un trato igualitario en los distintos Estados miembros en situaciones objetivamente equivalentes, con el fin de posibilitar más operaciones multiterritoriales integradas. Además, en tales casos deben existir procedimientos específicos a nivel de la Unión para revisar los proyectos de decisión sobre soluciones en el sentido del artículo 7 bis de la Directiva 2002/21/CE, con objeto de evitar divergencias injustificadas en las obligaciones aplicables a los proveedores europeos de comunicaciones electrónicas en los distintos Estados miembros. (16) Debe preverse la distribución de las competencias reguladoras y de supervisión entre el Estado miembro de origen y los Estados miembros de acogida de los proveedores de comunicaciones electrónicas con vistas a reducir las barreras de entrada y garantizar al mismo tiempo que se cumplan adecuadamente las condiciones aplicables al suministro de servicios y redes de comunicaciones electrónicas por parte de dichos proveedores. Por lo tanto, aunque cada autoridad nacional de reglamentación debe supervisar el cumplimiento de las condiciones aplicables en su territorio de conformidad con la legislación de la Unión, incluso por medio de sanciones y medidas provisionales, únicamente la autoridad nacional de reglamentación del Estado miembro de origen debe tener derecho a suspender o retirar el derecho de un proveedor europeo de comunicaciones electrónicas a suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas en la totalidad o en parte de la Unión. (17) El espectro radioeléctrico es un bien público y un recurso esencial para el mercado interior de comunicaciones móviles, inalámbricas de banda ancha y por satélite de la Unión. El desarrollo de las comunicaciones inalámbricas de banda ancha contribuye a la ejecución de la Agenda Digital para Europa y en particular al objetivo de asegurar el acceso de todos los ciudadanos de la Unión a la banda ancha con una velocidad mínima de 30 Mbps para 2020, así como de dotar a la Unión de una velocidad y capacidad de banda ancha lo más elevadas posibles. Sin embargo, la Unión se ha quedado por detrás de otras importantes regiones mundiales —América del Norte, África y partes de Asia— en cuanto a implantación y penetración de la última generación de tecnologías inalámbricas de banda ancha necesaria para lograr estos objetivos políticos. El proceso fragmentado de autorización y puesta a disposición de la banda de 800 MHz para las comunicaciones inalámbricas de banda ancha, dado que más de la mitad de los Estados miembros han solicitado una exención o no van a cumplir el plazo establecido en la Decisión 243/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo[23] sobre el programa de política del espectro radioeléctrico (PPER), atestigua la urgencia de medidas incluso en vigencia del actual PPER. Las medidas de la Unión destinadas a armonizar las condiciones de disponibilidad y eficiencia del uso del espectro radioeléctrico para las comunicaciones inalámbricas de banda ancha en virtud de la Decisión nº 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[24] no han sido suficientes para atajar este problema. (18) La aplicación de políticas nacionales diversas genera incoherencias y una fragmentación del mercado interior que impiden la implantación de servicios en toda la Unión y la consecución del mercado interior de comunicaciones inalámbricas de banda ancha. En particular, podría crear condiciones desiguales de acceso a dichos servicios, obstaculizar la competencia entre las empresas establecidas en distintos Estados miembros y desalentar la inversión en redes y tecnologías más avanzadas y la aparición de servicios innovadores, privando así a los ciudadanos y las empresas de servicios ubicuos integrados de alta calidad y a los operadores inalámbricos de banda ancha de una mayor eficiencia derivada de operaciones a gran escala más integradas. Por lo tanto, la actuación a nivel de la Unión en relación con determinados aspectos de la asignación del espectro radioeléctrico debe acompañar al desarrollo en toda la Unión de una amplia cobertura integrada de servicios de comunicaciones inalámbricas de banda ancha avanzadas. Al mismo tiempo, los Estados miembros deben conservar el derecho a adoptar medidas para organizar sus espectros radioeléctricos con fines de orden público y seguridad pública y de defensa. (19) Los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, incluidos los operadores móviles o sus consorcios, deben poder organizar de manera colectiva la cobertura eficiente y asequible de una gran parte del territorio de la Unión, lo que redundaría en beneficio a largo plazo de los usuarios finales, y por lo tanto utilizar el espectro radioeléctrico en varios Estados miembros de la Unión con unas condiciones, procedimientos, costes, plazos y duración en las bandas armonizadas similares y con paquetes complementarios de espectro radioeléctrico, como una combinación de frecuencias más altas y más bajas para cubrir las zonas con gran densidad de población y las menos pobladas. Las iniciativas en favor de una mayor coordinación y coherencia también mejorarían la previsibilidad del entorno de la inversión en redes. Esta previsibilidad también se vería enormemente favorecida por una política clara que propicie la larga duración de los derechos de uso relacionados con el espectro radioeléctrico, sin perjuicio del carácter indefinido de estos derechos en algunos Estados miembros, vinculada a su vez a condiciones claras de transferencia, arrendamiento y uso compartido de parte o de todo el espectro radioeléctrico sujeto a este tipo de derecho individual de uso. (20) Conviene mejorar la coordinación y la coherencia de los derechos de uso del espectro radioeléctrico, al menos en el caso de las bandas que se han armonizado para las comunicaciones de banda ancha inalámbricas, fijas, nómadas y móviles. Entre ellas se incluyen las bandas identificadas por la UIT para los sistemas de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) Avanzadas así como las bandas utilizadas para redes de área local radioeléctricas (RLAN), por ejemplo las de 2,4 GHz y 5 GHz. También debe extenderse a las bandas que pueden armonizarse en el futuro para las comunicaciones inalámbricas de banda ancha, como contempla el artículo 3, letra b), del PPER y el dictamen del RSPG sobre los retos estratégicos a los que se enfrenta Europa al abordar la creciente demanda de espectro radioeléctrico para la banda ancha inalámbrica aprobado el 13 de junio de 2013, como por ejemplo las bandas de 700 MHz, 1,5 GHz y 3,8-4,2 GHz, en el futuro cercano. (21) La coherencia entre los distintos procedimientos nacionales de asignación del espectro radioeléctrico se favorecería mediante disposiciones más explícitas sobre los criterios relacionados con el calendario de los procedimientos de autorización; la duración de los derechos de uso concedidos, las tasas y las modalidades de pago; las obligaciones de capacidad y cobertura; la definición de la gama del espectro radioeléctrico y los bloques de espectro sujetos al procedimiento de concesión; los requisitos mínimos objetivos para el fomento de la competencia efectiva; y las condiciones de comerciabilidad de los derechos de uso, incluidas las condiciones de uso compartido. (22) La limitación de la carga de las tasas a lo necesario para la gestión óptima del espectro radioeléctrico, con un equilibrio entre los pagos inmediatos y las tasas periódicas, alentaría la inversión en la implantación de infraestructuras y tecnologías y el traslado a los usuarios finales de las ventajas de costes asociadas. (23) La mayor sincronización de las asignaciones del espectro radioeléctrico y la consiguiente implantación de la banda ancha inalámbrica en toda la Unión propiciarían la consecución de efectos de escala en sectores relacionados como los equipos de red y los dispositivos terminales. Estos sectores podrían a su vez tener en cuenta las iniciativas y políticas de la Unión relativas al uso del espectro radioeléctrico en mayor medida que hasta ahora. Por lo tanto, debe establecerse un procedimiento de armonización de los plazos de asignación y una duración mínima o común de los derechos de uso de estas bandas. (24) En cuanto a las demás condiciones sustantivas principales que pueden asociarse al uso del espectro radioeléctrico para la banda ancha inalámbrica, la aplicación convergente de los principios reguladores y los criterios establecidos en el presente Reglamento por parte de los Estados miembros se vería favorecida con un mecanismo de coordinación mediante el que la Comisión y las autoridades competentes de los demás Estados miembros tuvieran la oportunidad de formular observaciones antes de la concesión de derechos de uso por parte de un Estado miembro determinado, y a través del cual la Comisión tuviera la oportunidad, teniendo en cuenta las opiniones de los Estados miembros, de impedir la aplicación de cualquier propuesta que parezca contraria al Derecho de la Unión. (25) Considerando el enorme crecimiento de la demanda de espectro radioeléctrico para la banda ancha inalámbrica, deben promoverse soluciones para un acceso alternativo espectralmente eficiente a la banda ancha inalámbrica. Esto incluye el uso de los sistemas de acceso inalámbrico de baja potencia y con pequeño radio de alcance, como los llamados «hotspots» de redes de área local radioeléctricas (RLAN, también denominadas Wi-Fi), así como las redes de puntos de acceso celulares de pequeño tamaño y baja potencia (también denominadas femtoceldas, picoceldas o metroceldas). (26) Los sistemas de acceso inalámbrico complementarios como el RLAN, en particular los puntos de acceso RLAN públicos, permiten un acceso cada vez mayor de los usuarios finales a Internet y permiten aliviar el tráfico móvil de los operadores móviles utilizando recursos armonizados de espectro radioeléctrico sin requerir una autorización individual o un derecho de uso del espectro radioeléctrico. (27) La mayoría de los puntos de acceso RLAN han sido utilizados hasta ahora por usuarios privados como extensión inalámbrica local de su conexión fija a banda ancha. Si los usuarios finales, dentro de los límites de su propio abono a Internet, deciden compartir el acceso a su RLAN con otros, la disponibilidad de un mayor número de puntos de acceso, en particular en las zonas con gran densidad de población, debería maximizar la capacidad inalámbrica de datos a través de la reutilización del espectro radioeléctrico y crear una infraestructura de banda ancha inalámbrica complementaria y rentable accesible a otros usuarios finales. Por lo tanto, deben eliminarse o evitarse las restricciones innecesarias que impiden a los usuarios finales compartir el acceso a sus propios RLAN con otros usuarios finales o conectarse a dichos puntos de acceso. (28) Además, deben eliminarse las restricciones innecesarias al despliegue e interconexión de puntos de acceso RLAN. Las autoridades públicas o los proveedores de servicios públicos utilizan cada vez más los puntos de acceso RLAN en sus dependencias para fines propios, por ejemplo para su uso por el personal, para facilitar mejor el acceso económico in situ de los ciudadanos a los servicios de administración electrónica o para apoyar la prestación de servicios públicos inteligentes con información en tiempo real, por ejemplo para el transporte público o la ordenación del tráfico. Estos organismos también podrían dar acceso a estos puntos al conjunto de la ciudadanía como servicio complementario a los servicios ofrecidos al público en dichas dependencias, y deberían poder hacerlo de conformidad con las normas de competencia y de contratación pública. La facilitación de acceso local a redes de comunicaciones electrónicas dentro o alrededor de una propiedad privada o una zona pública limitada como servicio complementario a otra actividad que no dependa de dicho acceso, por ejemplo los puntos de acceso RLAN a disposición de los clientes de otras actividades comerciales o al público general en esa zona, no debería catalogar al proveedor como proveedor de comunicaciones electrónicas. (29) Los puntos de acceso inalámbrico de baja potencia para pequeñas áreas son equipos muy pequeños y discretos similares a los enrutadores Wi-Fi domésticos, para los que deben especificarse características técnicas a nivel de la Unión respecto a su instalación y uso en distintos contextos locales sujetos a una autorización general, sin restricciones indebidas de planificación individual u otros permisos. Debe asegurarse la proporcionalidad de las medidas que especifican las características técnicas para que dicho uso se beneficie de la autorización general a través de características que sean significativamente más restrictivas que los umbrales máximos aplicables en las medidas de la Unión relativas a parámetros como la potencia de salida. (30) Los Estados miembros deben garantizar que la gestión del espectro radioeléctrico a escala nacional no impida a otros Estados miembros utilizar el espectro al que tienen derecho o cumplir sus obligaciones relativas a las bandas cuyo uso se ha armonizado a nivel de la Unión. Sobre la base de las actividades del RSPG, es necesario un mecanismo de coordinación para asegurar que cada Estado miembro disponga de un acceso equitativo al espectro radioeléctrico y que los resultados de la coordinación sean coherentes y aplicables. (31) La experiencia en la aplicación del marco regulador de la Unión indica que las disposiciones vigentes que exigen la aplicación coherente de las medidas reguladoras y del objetivo de contribuir al desarrollo del mercado interior no han creado incentivos suficientes para diseñar productos de acceso basados en normas y procesos armonizados, en particular en relación con las redes fijas. Al desarrollar su actividad en distintos Estados miembros, los operadores tienen dificultades para encontrar insumos de acceso con niveles de calidad e interoperabilidad de redes y servicios adecuados y, cuando existen, estos insumos presentan distintas características técnicas. Esto incrementa los costes y constituye un obstáculo a la prestación de servicios a través de las fronteras nacionales. (32) La integración del mercado único de comunicaciones electrónicas se agilizaría con el establecimiento de un marco que definiera determinados productos virtuales europeos esenciales, particularmente importantes para que los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas presten servicios transfronterizos y adopten una estrategia paneuropea en un entorno basado cada vez más exclusivamente en IP, sobre la base de unos parámetros fundamentales y características mínimas. (33) Deben atenderse las necesidades operativas a las que sirven los diversos productos virtuales. Los productos europeos de acceso virtual de banda ancha deberían estar disponibles en los casos en los que se exija a un operador con peso significativo en el mercado ofrecer acceso en condiciones reguladas a un punto de acceso específico en su red de conformidad con la Directiva marco y la Directiva de acceso. En primer lugar, debe facilitarse la entrada transfronteriza eficiente mediante productos armonizados que permitan a los proveedores transfronterizos la prestación inicial de servicios a sus clientes finales sin dilación y con una calidad suficiente y previsible, incluidos servicios a empresas con presencia en múltiples Estados miembros, cuando sea necesario y proporcionado con arreglo al análisis de mercado. Estos productos armonizados deben estar disponibles durante un periodo suficiente con el fin de permitir a los demandantes y los proveedores de acceso planificar inversiones a medio y largo plazo. (34) En segundo lugar, los productos de acceso virtual sofisticados que requieren un mayor nivel de inversión por parte de los demandantes de acceso y les permiten un mayor nivel de control y diferenciación, en particular al ofrecer acceso a un nivel más local, son fundamentales para crear unas condiciones de competencia sostenible en todo el mercado interior. Por lo tanto, también deben armonizarse para facilitar la inversión transfronteriza estos productos fundamentales de acceso al por mayor a las redes de acceso de nueva generación (NGA). Dichos productos de acceso virtual de banda ancha deben diseñarse de forma que tengan funcionalidades equivalentes para la desagregación física, con el fin de ampliar la gama de posibles soluciones al por mayor disponibles para su consideración por parte de las autoridades nacionales de reglamentación en la evaluación de la proporcionalidad de conformidad con la Directiva 2002/19/CE. (35) En tercer lugar, también es necesario armonizar un producto de acceso al por mayor para los segmentos de terminación de líneas arrendadas con interfaces mejoradas, a fin de posibilitar la prestación transfronteriza de servicios de conectividad vitales para las empresas usuarias más exigentes. (36) En un contexto de migración progresiva a las «redes exclusivamente IP», la ausencia de productos de conectividad basados en el protocolo IP para las distintas clases de servicios con una calidad de servicio garantizada que permitan vías de comunicación a través de los dominios de red y de las fronteras de red, tanto dentro de los Estados miembros como entre ellos, impide el desarrollo de aplicaciones que dependan del acceso a otras redes, limitando así la innovación tecnológica. Además, esta situación impide la difusión a mayor escala de las eficiencias asociadas a la gestión y el suministro de redes y productos de conectividad basados en el IP con un nivel de calidad de servicio garantizado, en concreto una mayor seguridad, fiabilidad, flexibilidad, rentabilidad y un suministro más rápido, que beneficien a operadores, proveedores de servicios y usuarios finales. Por lo tanto, es necesario un enfoque armonizado con respecto al diseño y la disponibilidad de estos productos en condiciones razonables que incluya, cuando se solicite, la posibilidad de suministro cruzado por las empresas de comunicaciones electrónicas en cuestión. (37) El establecimiento de productos europeos de acceso virtual de banda ancha al amparo del presente Reglamento debe quedar reflejado en una evaluación realizada por las autoridades nacionales de reglamentación de las soluciones más adecuadas de acceso a las redes de los operadores que tienen un peso significativo en el mercado, evitando al mismo tiempo el exceso de regulación a través de la multiplicación innecesaria de los productos de acceso al por mayor, bien impuesto en virtud del análisis de mercado, bien previsto en otras condiciones. En particular, la introducción de productos europeos de acceso virtual no debería, por sí misma, dar lugar a un aumento del número de productos de acceso regulados impuestos a un operador determinado. Además, la necesidad de que las autoridades nacionales de reglamentación, tras la adopción del presente Reglamento, evalúen si debe imponerse un producto de acceso virtual de banda ancha en lugar de las soluciones de acceso al por mayor existentes, así como de que evalúen si conviene imponer un producto de acceso virtual de banda ancha europeo en el contexto de futuros análisis del mercado cuando se detecte un peso significativo en el mercado, no debe afectar a su responsabilidad para encontrar la medida correctora más adecuada y proporcionada para hacer frente al problema de competencia detectado de conformidad con el artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE. (38) En aras de la previsibilidad reglamentaria, también deben reflejarse en la legislación los elementos fundamentales de la evolución de la práctica decisoria con arreglo al marco jurídico actual que afectan a las condiciones en las que se facilitan productos de acceso al por mayor, incluidos productos europeos de acceso virtual de banda ancha, a las redes NGA. Entre ellos deben incluirse disposiciones que reflejen la importancia, para el análisis de los mercados de acceso al por mayor y en particular para determinar la necesidad de controles de precios en dicho acceso a las redes NGA, de la relación entre la presión competitiva de las infraestructuras alternativas fijas e inalámbricas, las garantías efectivas de acceso no discriminatorio y el nivel existente de competencia en cuanto a precio, elección y calidad a escala minorista. Esta última consideración determina a la larga el beneficio para los usuarios finales. Por ejemplo, al llevar a cabo la evaluación caso por caso con arreglo al artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE, y sin perjuicio de la evaluación relativa al peso significativo en el mercado, las autoridades nacionales de reglamentación podrán considerar que, estando presentes dos redes NGA fijas, las condiciones del mercado son suficientemente competitivas para permitir la mejora de la red y evolucionar hacia el suministro de servicios ultrarrápidos, que es un parámetro importante de la competición a nivel minorista. (39) Se espera que la intensificación de la competencia en el mercado único lleve con el tiempo a una reducción de la regulación sectorial específica basada en el análisis de mercado. En efecto, uno de los resultados de la consecución del mercado único debe ser una mayor tendencia a la competencia efectiva en los mercados correspondientes, donde la aplicación ex post de la legislación en materia de competencia se considere cada vez más suficiente para garantizar el funcionamiento del mercado. Para asegurar la claridad y la previsibilidad jurídicas de los enfoques reguladores transfronterizos, deben preverse unos criterios claros y vinculantes sobre la forma de evaluar si en un determinado mercado se sigue justificando la imposición de obligaciones reguladoras ex-ante, en referencia a la durabilidad de los puntos de estrangulamiento y las perspectivas de competencia, en particular de competencia basada en infraestructuras, y las condiciones de competencia a escala minorista en función de parámetros como el precio, las opciones y la calidad, que es lo importante en última instancia para los usuarios finales y para la competitividad mundial de la economía de la UE. Esta debe ser la base de las sucesivas revisiones de la lista de mercados susceptibles de regulación ex ante y debe ayudar a los reguladores nacionales a centrar sus esfuerzos allí donde la competencia todavía no sea eficaz y hacerlo de manera convergente. El establecimiento de un verdadero mercado único de comunicaciones electrónicas puede además afectar al ámbito geográfico de los mercados a efectos tanto de la regulación sectorial basada en los principios de competencia como de la aplicación de la propia legislación en materia de competencia. (40) Las diferencias en la aplicación nacional de las normas sectoriales de protección del usuario final crean importantes obstáculos al mercado único digital, en particular al aumentar los costes de cumplimiento para los proveedores de comunicaciones electrónicas al público que quieren ofrecer sus servicios en varios Estados miembros. Además, la fragmentación y la inseguridad respecto al nivel de protección en los distintos Estados miembros mina la confianza de los usuarios finales y los disuade de adquirir servicios de comunicaciones electrónicas en el extranjero. Para lograr el objetivo de la Unión de eliminar las barreras al mercado interior, es necesario sustituir las distintas medidas nacionales jurídicas vigentes por un único conjunto de normas sectoriales plenamente armonizadas que creen un elevado nivel común de protección del usuario final. Esta armonización plena de las disposiciones jurídicas no debe impedir que los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas al público ofrezcan a los usuarios finales modalidades contractuales que superen ese nivel de protección. (41) Puesto que el presente Reglamento armoniza únicamente algunas normas sectoriales, debe entenderse sin perjuicio de las normas generales de protección del consumidor establecidas por los actos de la Unión y la legislación nacional que los aplica. (42) Aunque las disposiciones recogidas en los capítulos 4 y 5 del presente Reglamento se refieren a los usuarios finales, no solo deben aplicarse a los consumidores, sino también a otras categorías de usuarios finales, principalmente las microempresas. A petición individual, los usuarios finales distintos de los consumidores deben poder acordar, por contrato individual, apartarse de determinadas disposiciones. (43) La realización del mercado único de comunicaciones electrónicas exige asimismo la supresión de los obstáculos que dificultan a los usuarios finales el acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas en toda la Unión. Las autoridades públicas no deben, por lo tanto, erigir ni mantener obstáculos a la compra transfronteriza de tales servicios. Los proveedores de comunicaciones electrónicas al público no deben denegar ni restringir el acceso a los usuarios finales ni discriminarlos por su nacionalidad o Estado miembro de residencia. Sin embargo, será posible establecer una diferenciación en función de diferencias objetivamente justificables de costes, riesgos y condiciones de mercado, como las variaciones de demanda y los precios de los competidores. (44) Siguen imperando considerables diferencias de precios, tanto en las comunicaciones fijas como móviles, entre los servicios nacionales de comunicaciones por voz y SMS y los que terminan en otro Estado miembro. Aunque existen importantes variaciones entre países, operadores y paquetes de tarifas, así como entre servicios móviles y fijos, esta situación sigue afectando a más grupos de clientes vulnerables y creando obstáculos a una comunicación fluida en la Unión. Esto ocurre a pesar de la reducción muy significativa, y de la convergencia en términos absolutos, de las tarifas de terminación en los distintos Estados miembros, y de los bajos precios en los mercados de tránsito. Además, la transición a un entorno de comunicaciones electrónicas exclusivamente IP deberá en su momento generar una reducción adicional de los costes. Por consiguiente, toda diferencia considerable en las tarifas al por menor entre las comunicaciones fijas nacionales de larga distancia, que son comunicaciones distintas a las que se realizan dentro de una zona local identificada por un código de área geográfica en el plan nacional de numeración, y las comunicaciones fijas que terminan en otro Estado miembro debe justificarse con arreglo a criterios objetivos. Las tarifas al por menor de las comunicaciones móviles internacionales no deben rebasar las eurotarifas de voz y SMS para llamadas y mensajes SMS regulados itinerantes, respectivamente, previstas en el Reglamento (UE) nº 531/2012, salvo que lo justifiquen criterios objetivos, como pueden ser los costes adicionales y un margen razonable conexo. Otros factores objetivos pueden ser las diferencias en la correspondiente elasticidad de los precios y la facilidad de acceso de todos los usuarios finales a tarifas alternativas de proveedores de comunicaciones electrónicas al público que ofrecen comunicaciones transfronterizas dentro de la Unión con un coste suplementario bajo o nulo, o de servicios de la sociedad de la información con funcionalidades comparables, siempre que los usuarios finales sean activamente informados por sus proveedores de estas alternativas. (45) Internet se ha desarrollado en las últimas décadas como una plataforma abierta de innovación con pocas barreras de acceso para los usuarios finales, los proveedores de contenidos y aplicaciones y los proveedores de servicios de Internet. El marco regulador vigente busca fomentar la capacidad de los usuarios finales para acceder a la información y distribuirla o ejecutar aplicaciones y servicios de su elección. Sin embargo, recientemente, el informe del Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) sobre las prácticas de gestión del tráfico, publicado en mayo de 2012, y un estudio encargado por la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo sobre el funcionamiento del mercado de acceso a Internet y su suministro desde una perspectiva del consumidor, publicado en diciembre de 2012, han revelado que un importante número de usuarios finales se ven afectados por prácticas de gestión del tráfico que bloquean o ralentizan determinadas aplicaciones. Estas tendencias requieren normas claras a nivel de la Unión para mantener una Internet abierta y evitar la fragmentación del mercado único a consecuencia de las medidas de algunos Estados miembros. (46) La libertad de los usuarios finales para acceder a la información y a los contenidos lícitos y distribuirlos, ejecutar aplicaciones y utilizar servicios de su elección está supeditada al respeto de la legislación de la Unión y nacional compatible. El presente Reglamento define los límites de las restricciones a esta libertad impuestas por los proveedores de comunicaciones electrónicas al público, pero debe entenderse sin perjuicio del resto de la legislación de la Unión, como las normas sobre derechos de autor y la Directiva 2000/31/CE. (47) En una Internet abierta, los proveedores de comunicaciones electrónicas al público no deben, dentro de los límites acordados por contrato sobre los volúmenes de datos y la velocidad de los servicios de acceso a Internet, bloquear, ralentizar, degradar o discriminar contenidos, aplicaciones o servicios concretos o clases específicas de los mismos salvo por un número limitado de medidas razonables de gestión del tráfico. Estas medidas deberán ser transparentes, proporcionadas y no discriminatorias. La gestión razonable del tráfico engloba la prevención o impedimento de delitos graves, incluidas las acciones voluntarias de los proveedores para impedir el acceso a la pornografía infantil y su distribución. La minimización de los efectos de congestión de las redes debe considerarse razonable siempre que dicha congestión se produzca únicamente de forma temporal o en circunstancias excepcionales. (48) Las tarifas por volumen deben considerarse compatibles con el principio de una Internet abierta siempre que permitan a los usuarios finales elegir la tarifa correspondiente a su consumo normal de datos basándose en información transparente sobre las condiciones y consecuencias de su elección. Al mismo tiempo, dichas tarifas deben permitir a los proveedores de comunicaciones electrónicas al público adaptar mejor las capacidades de las redes a los volúmenes de datos previstos. Es esencial que los usuarios finales estén totalmente informados antes de aceptar cualquier limitación del volumen de datos o la velocidad y las tarifas aplicables, y que puedan controlar continuamente su consumo y adquirir con facilidad ampliaciones de los volúmenes de datos si así lo desean. (49) Los usuarios finales también demandan servicios y aplicaciones que requieren un mayor nivel de garantía de calidad del servicio ofrecido por los proveedores de comunicaciones electrónicas al público o por los proveedores de contenidos, aplicaciones o servicios. Entre estos servicios puede incluirse la difusión audiovisual a través del Protocolo de Internet (IP-TV), las videoconferencias y determinadas aplicaciones sanitarias. Por lo tanto, los usuarios finales deben tener libertad para celebrar acuerdos sobre prestación de servicios especializados con mayor calidad de servicio con proveedores de comunicaciones electrónicas al público o con proveedores de contenidos, aplicaciones o servicios. (50) Además, los proveedores de contenidos, aplicaciones y servicios demandan una prestación de servicios de transmisión basada en parámetros de calidad flexible, incluidos bajos niveles de prioridad para el tráfico menos urgente. La posibilidad de que los proveedores de contenidos, aplicaciones y servicios negocien dichos niveles de calidad flexible del servicio con los proveedores de comunicaciones electrónicas al público es necesaria para la prestación de servicios especializados y se espera que desempeñe un importante papel en el desarrollo de nuevos servicios como las comunicaciones máquina a máquina (M2M). Al mismo tiempo, dichos acuerdos deben permitir a los proveedores de comunicaciones electrónicas al público adaptar mejor el tráfico y evitar la congestión de las redes. Por lo tanto, los proveedores de contenidos, aplicaciones y servicios y los proveedores de comunicaciones electrónicas al público deben tener libertad para celebrar acuerdos de servicios especializados sobre niveles definidos de calidad del servicio, siempre que dichos acuerdos no perjudiquen sustancialmente la calidad general de los servicios de acceso a Internet. (51) Las autoridades nacionales de reglamentación desempeñan un papel fundamental para garantizar que los usuarios finales puedan ejercer efectivamente esta libertad de uso del acceso a una Internet abierta. Para ello, deben asumir obligaciones de seguimiento e información y garantizar la conformidad de los proveedores de comunicaciones electrónicas al público y la disponibilidad de servicios de acceso a Internet no discriminatorios de alta calidad que no se vean menoscabados por los servicios especializados. Al evaluar una posible degradación general de los servicios de acceso a Internet, las autoridades nacionales de reglamentación deben tener en cuenta parámetros de calidad tales como los temporales y de fiabilidad (latencia, fluctuación de fase, pérdida de paquetes), los niveles y efectos de la congestión en la red, las velocidades reales frente a las anunciadas, el rendimiento de los servicios de acceso a Internet en comparación con los servicios especializados y la percepción que de la calidad tienen los usuarios finales. Las autoridades nacionales de reglamentación deben estar facultadas para imponer requisitos mínimos de calidad del servicio a todos o a algunos proveedores de comunicaciones electrónicas al público si resulta necesario para evitar el menoscabo o la degradación general de la calidad del servicio de los servicios de acceso a Internet. (52) Las medidas que se adopten para asegurar una mayor transparencia y comparabilidad de los precios, las tarifas, las condiciones y los parámetros de calidad del servicio, incluidos aquellos específicos a la prestación de servicios de acceso a Internet, deben reforzar la capacidad de los usuarios finales para seleccionar de manera óptima su proveedor, sacando así un provecho pleno de la competencia. (53) Debe informarse debidamente a los usuarios finales del precio y el tipo de servicio ofrecido antes de que adquieran un servicio. Esta información debe facilitarse también inmediatamente antes de la conexión de una llamada cuando dicha llamada a un número o servicio específico esté sujeta a condiciones particulares de precio, por ejemplo las llamadas a servicios de tarificación adicional que suelen estar sujetos a una tarifa especial. Cuando dicha obligación resulte desproporcionada para el proveedor de servicio en vista de la duración y el coste de la información sobre tarifas frente a la duración media de la llamada y el riesgo de coste al que está expuesto el usuario final, las autoridades nacionales de reglamentación podrán prever una excepción. También debe informarse a los usuarios finales si un número de teléfono gratuito está sujeto a cargos adicionales. (54) Los proveedores de comunicaciones electrónicas al público deben informar a los usuarios finales adecuadamente, entre otras cosas, de sus servicios y tarifas, los parámetros de calidad del servicio, el acceso a los servicios de emergencia y cualquier limitación, y las opciones de servicios y productos diseñados para consumidores con discapacidad. Esta información debe facilitarse de manera clara y transparente, ser específica del Estado miembro en el que se prestan los servicios y actualizarse, en caso de modificación. Los proveedores deben quedar exentos de la aplicación de estos requisitos de información en las ofertas que se negocien individualmente. (55) La disponibilidad de información comparable sobre los productos y servicios es primordial para que los usuarios finales puedan evaluar las ofertas de manera independiente. La experiencia demuestra que la disponibilidad de información fiable y comparable aumenta la confianza de los usuarios finales en el uso de los servicios y su disposición a ejercer su libertad de elección. (56) Los contratos constituyen un importante instrumento para proporcionar a los usuarios finales un elevado nivel de transparencia de la información y de seguridad jurídica. Los proveedores de comunicaciones electrónicas al público deben facilitar a los usuarios finales información completa y clara sobre todos los elementos esenciales del contrato antes de que el usuario final se comprometa contractualmente. La información debe ser obligatoria y no modificarse salvo en acuerdos posteriores entre el usuario final y el proveedor. La Comisión y varias autoridades nacionales de reglamentación han detectado recientemente discrepancias considerables entre la velocidad anunciada de los servicios de acceso a Internet y la velocidad de que disponían realmente los usuarios finales. Por lo tanto, los proveedores de comunicaciones electrónicas al público deben informar a los usuarios finales, antes de la celebración del contrato, de la velocidad y otros parámetros de calidad del servicio que pueden suministrar de manera realista en el establecimiento principal del usuario final. (57) Respecto a los equipos terminales, los contratos deben especificar las restricciones impuestas por el proveedor al uso de los mismos, por ejemplo si los dispositivos móviles solo funcionan con determinadas tarjetas SIM, así como todos los cargos relacionados con la resolución del contrato antes de la fecha de expiración prevista. No deben adeudarse cargos tras la expiración del contrato. (58) Para evitar las facturas desorbitadas, los usuarios finales deben poder definir límites financieros máximos para los gastos relacionados con su uso de las llamadas y los servicios de acceso a Internet. Esta posibilidad debe estar disponible de forma gratuita, con una notificación apropiada que pueda consultarse de nuevo posteriormente, cuando se acerque el límite. Al alcanzarse este límite, los usuarios finales ya no deben recibir estos servicios ni se les deben facturar, salvo que soliciten específicamente que se les sigan prestando según lo acordado con el proveedor. (59) La experiencia de los Estados miembros y de un estudio reciente encargado por la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo ha demostrado que los largos periodos contractuales o las prórrogas automáticas o tácitas de los contratos constituyen un importante obstáculo a la hora de cambiar de proveedor. Por lo tanto, es deseable que los usuarios finales puedan resolver un contrato, sin contraer ningún coste, seis meses después de su celebración. En dicho caso, puede solicitarse a los usuarios finales que compensen a sus proveedores por el valor residual del equipo terminal subvencionado o por el valor pro rata temporis de otras promociones. Los contratos que se hayan prorrogado de manera táctica deben poder ser resueltos con un plazo de preaviso de un mes. (60) Debe considerarse que todo cambio significativo en las condiciones contractuales impuesto por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas al público en detrimento del usuario final, por ejemplo en relación con los cargos, tarifas, limitaciones del volumen de datos, velocidades de datos, cobertura o tratamiento de los datos personales, da derecho al usuario final a resolver el contrato sin contraer ningún gasto. (61) Los paquetes compuestos por comunicaciones electrónicas y otros servicios como la radiodifusión lineal se están extendiendo cada vez más y son un importante elemento de competencia. Si a los distintos servicios que componen dichos paquetes se les aplican normas contractuales divergentes sobre la resolución del contrato y el cambio de proveedor, se impide efect