COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Seguimiento, por parte de la Comisión, de la consulta a las PYME sobre las diez medidas más gravosas de la normativa de la UE /* COM/2013/0446 final */





SEGUIMIENTO, POR PARTE DE LA COMISIÓN, DE LA CONSULTA A LAS PYME SOBRE LAS DIEZ MEDIDAS MÁS GRAVOSAS DE LA NORMATIVA DE LA UE 1. Introducción Las pequeñas y medianas empresas son esenciales para el crecimiento económico y la creación de empleo[1]. A lo largo de los años, la Comisión ha tomado una serie de medidas para prestarles apoyo, y sigue reforzando dichas medidas. Entre ellas se halla la Decisión de noviembre de 2011, destinada a aunar esfuerzos para aligerar la carga reglamentaria que pesa sobre las PYME[2]. Como parte de esa labor, en el transcurso de 2012 la Comisión pidió a las PYME, en conferencias y consultas, que indicaran los actos y ámbitos legislativos de la UE que consideraban más gravosos. Las PYME respondieron ampliamente a esa petición[3]. Con esas respuestas, la Comisión elaboró una lista de actos legislativos de la UE que las PYME y las organizaciones interesadas consideran más gravosos[4]. Los resultados de esta iniciativa, que se denomina «Las diez medidas más gravosas», junto con otras medidas adoptadas por la Comisión, se anunciaron en la Comunicación de marzo «Normativa inteligente: Responder a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas»[5]. Los Estados miembros también fueron informados de los resultados por medio de la red de representantes de las PYME. La Comisión se comprometió a efectuar un seguimiento directo e inmediato de las preocupaciones de las PYME. El Consejo Europeo acogió favorablemente la iniciativa y pidió a la Comisión que le presentara un informe en junio[6] a más tardar. En respuesta a esa petición, el presente informe expone las medidas de seguimiento adoptadas respecto a los principales resultados de la consulta. Para que tenga éxito la iniciativa «Las diez medidas más gravosas», es necesario que los colegisladores y los Estados miembros se unan al esfuerzo. Muchas medidas de la Comisión figuran en propuestas legislativas que los colegisladores están examinando actualmente. El Consejo y el Parlamento Europeo deben garantizar que se mantengan en estas propuestas las disposiciones favorables a las PYME y que no se añadan por descuido cargas innecesarias en el proceso decisorio. Esta iniciativa no es una acción aislada. Forma parte de la acción más amplia denominada REFIT, anunciada en la Comunicación de la Comisión, de 12 de diciembre de 2012[7], sobre la adecuación de la normativa de la UE. Por medio de REFIT, la Comisión seguirá actuando para aligerar la carga normativa y simplificar la legislación en todos los ámbitos, teniendo en cuenta una amplia gama de contribuciones de las partes interesadas. 2. Resultados y seguimiento de la iniciativa «Las diez medidas más gravosas» La Comisión ya ha actuado respecto a cada una de las diez medidas legislativas más gravosas. Cuando ha sido posible, la propia Comisión se ha ocupado directamente de la cuestión. En otros campos, en los que son precisos cambios legislativos, la Comisión ha presentado propuestas al colegislador. Algo más de la mitad de las medidas indicadas a continuación son medidas respecto a las que el Parlamento Europeo y el Consejo deben actuar. Además, la Comisión bien ya ha empezado a revisar la legislación correspondiente o bien prevé revisarla para decidir el mejor modo de actuar. Las preocupaciones de las PYME que no se han incluido en la lista de las diez medidas más gravosas se examinarán en el programa, más general, de reducción de la carga normativa, a saber, el programa REFIT. El próximo otoño se presentará un informe sobre los avances conseguidos. 2.1 Acción de la Comisión ya realizada bajo su propia autoridad Productos químicos Reglamento (CE) nº 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) Observaciones de las PYME: Están preocupadas por la complejidad y el coste de las obligaciones de información, la aplicación incoherente por parte de los Estados miembros y la falta de coherencia de la legislación específica sobre productos químicos, como, por ejemplo, las restricciones al uso de sustancias peligrosas, los biocidas, los disruptores endocrinos y la seguridad de los juguetes. Respuesta de la Comisión: La Comisión ha llevado a cabo una revisión completa de REACH, que ha incluido un análisis de los vínculos y posibles solapamientos con otros actos legislativos de la UE que afectan a los productos químicos, así como de las dificultades especiales para las PYME. En marzo de 2013, la Comisión adoptó un Reglamento de Ejecución de la Comisión[8] que establece tasas reducidas para las PYME (en cuanto a las tasas de registro, reducción del 35 % para las empresas medianas, del 65 % para las empresas pequeñas y del 95 % para las microempresas). Además, se están preparando orientaciones adicionales de ejecución, y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) ha nombrado a un Embajador para las PYME a petición de la Comisión para integrar las necesidades específicas de las PYME en sus actividades y disponer de un interlocutor para las partes interesadas. Con el fin de mejorar la coherencia entre REACH y otros actos legislativos sobre productos químicos en los casos en que se han detectado solapamientos potenciales, la Comisión se esforzará por minimizarlos o impedirlos invitando a la ECHA a dar orientaciones, si procede, y elaborar legislación de ejecución, en especial cuando estudie futuras restricciones y substancias sujetas a autorización. Dado que la ejecución de REACH todavía no ha finalizado completamente, en interés de la estabilidad jurídica y de acuerdo con muchas organizaciones empresariales, en estos momentos la Comisión no considera útil efectuar más modificaciones de REACH. 2.2 Propuestas de la Comisión respecto a las que el legislador de la UE debe actuar Protección de datos Directiva 95/46/CE, relativa a la protección de los datos personales (revisión [9] en trámite legislativo, pendiente de la primera lectura del PE) Observaciones de las PYME: La nueva propuesta de Reglamento general sobre protección de datos está excesivamente detallada en cuanto a las obligaciones que impone a quienes procesan datos personales. La reforma propuesta incluye excepciones relativas a las obligaciones para las PYME que deben mantenerse en el procedimiento de codecisión. Los principales beneficios económicos de esta reforma serán únicamente para las empresas que realicen sus intercambios transfronterizos, ya que se beneficiarán más de la armonización, mientras que las empresas que solo operen dentro del propio país deberán soportar la carga de obligaciones adicionales. Respuesta de la Comisión: La Comisión está colaborando estrechamente con el Parlamento Europeo y el Consejo a fin de mantener las excepciones para las PYME en los casos en que el tratamiento de datos personales no conlleve riesgos específicos para los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos. Además, la Comisión trabajará con el legislador de la UE para seguir desarrollando los elementos existentes de un enfoque basado en los riesgos. Esta tarea se centrará en modular las obligaciones de los responsables del tratamiento de datos a fin de simplificar aún más el entorno reglamentario y minimizar las cargas administrativas indebidas, manteniendo al mismo tiempo un elevado nivel de protección de los datos personales y la claridad de las obligaciones jurídicas de dichos responsables. Empleo Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (medida adicional[10] en trámite legislativo, pendiente de la primera lectura del PE) Observaciones de las PYME: Apoyan la aclaración respecto a la garantía de cumplimiento, con objeto de luchar contra el fraude y la competencia desleal. Con ese fin, proponen la introducción de un sistema de notificación previa de los desplazamientos a los Estados miembros y la reconsideración de la responsabilidad solidaria para las PYME. Sostienen que esa responsabilidad afectará a las PYME de manera desproporcionada, ya que tienen mucha menos capacidad de comprobar que todos sus subcontratistas cumplen la legislación pertinente. También aducen que la responsabilidad solidaria pueden constituir un obstáculo para que las PYME se introduzcan en nuevos mercados. Respuesta de la Comisión: La propuesta de Directiva de cumplimiento que se está debatiendo en el procedimiento legislativo ya contiene elementos positivos para las PYME y las microempresas, como las inspecciones basadas en los riesgos, una mayor obligación de los Estados miembros de acogida de que pueda accederse con facilidad a la información jurídica y una mayor seguridad jurídica mediante un conjunto limitado de medidas de control y requisitos administrativos que pueden aplicar los Estados miembros. La responsabilidad solidaria es una medida importante, ya aplicada en varios Estados miembros, para ofrecer protección contra el abuso y la explotación de los trabajadores vulnerables. La Comisión apoya los esfuerzos para llegar a un acuerdo en el procedimiento legislativo, en particular en los dos principales asuntos polémicos (lista de medidas de control y responsabilidad solidaria). Seguridad de los productos Directiva 2001/95/CE relativa a la seguridad general de los productos (revisión[11] en trámite legislativo, pendiente de la primera lectura del PE) Observaciones de las PYME: Los Estados miembros aplican las normas de seguridad y controles de los productos de diversas maneras. La responsabilidad del productor se considera una pesada carga para las empresas más pequeñas, y existe un amplio margen de interpretación de las disposiciones sobre retirada de los productos del mercado. El sistema es costoso para las PYME y no ofrece información ni protección adecuadas a los consumidores. Respuesta de la Comisión: En febrero de 2013, la Comisión propuso sustituir la Directiva sobre seguridad general de los productos por un Reglamento sobre seguridad de los productos de consumo, directamente aplicable, para garantizar una aplicación más uniforme. Esa propuesta tiene en cuenta muchas de las observaciones sobre las diez medidas más gravosas, reduciendo las divergencias entre Estados miembros, en particular un conjunto más sencillo de más requisitos comunes y una exención de la obligación de notificación de los productos que solo presentan riesgos en casos aislados, bajo la responsabilidad del operador económico. La propuesta de Reglamento sobre vigilancia del mercado establece un marco uniforme, evitando el doble control de productos y mejorando la cooperación entre las autoridades y los operadores económicos. Una mejor vigilancia del mercado contribuirá también a proteger a las PYME responsables de la competencia desleal de productos no conformes. Las propuestas tienen en cuenta las necesidades de las pequeñas empresas, previendo orientaciones y asistencia a las PYME. La Comisión establecerá un marco de consulta regular con las empresas en materia de garantía del cumplimiento, incluso a través del Foro de Vigilancia del Mercado. Además, la Comisión reclamará la máxima claridad sobre la retirada de productos en el procedimiento legislativo y emitirá directrices a fin de ayudar a las empresas antes de que se apliquen los reglamentos. Contratación pública Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (revisión[12] en trámite legislativo, pendiente de la primera lectura del Parlamento Europeo) Observaciones de las PYME: En cuanto a las Directivas de la UE sobre contratación pública, cabe señalar los costosos requisitos en lo que respecta a la capacidad económica de las PYME, el uso inadecuado de criterios de calidad por parte de los órganos de contratación para determinar la oferta más ventajosa y las dificultades derivadas de la aplicación de los diferentes procedimientos o prácticas de los distintos Estados miembros, a pesar de la armonización. La burocracia y las cargas administrativas relacionadas con la preparación de las ofertas suponen un obstáculo para que las pequeñas empresas puedan participar en las licitaciones públicas. Respuesta de la Comisión: La Comisión propuso una revisión del régimen de contratación pública en diciembre de 2011. Algunas de las modificaciones propuestas tendrán un impacto directo sobre el acceso de las PYME a la contratación pública, incluidas las concesiones. La revisión incluye disposiciones para exigir la aceptación de las autodeclaraciones a efectos de selección (solo el adjudicatario tendrá que presentar pruebas completas) y una disposición que establece que la lista de criterios de selección será exhaustiva. Se establece un límite máximo de volumen de negocios para participar en el procedimiento de contratación: no podrá sobrepasar el triple del valor estimado del contrato. Por otra parte, se animará a los órganos de contratación a que dividan los contratos en lotes, de modo que puedan participar más licitadores, sobre todo las PYME, y deberán dar explicaciones a los licitadores cuando no lo hagan (aplicación del principio de «cumplir o explicar»). La propuesta de la Comisión prevé una transición gradual a la contratación electrónica. Las empresas podrán consultar en línea las oportunidades de licitación y presentar sus ofertas electrónicamente, lo que simplificará el proceso y aumentará la transparencia. Por último, la Comisión llama la atención sobre las preocupaciones de las PYME acerca de la continua complejidad de los procedimientos y prácticas de contratación pública entre los Estados miembros, lo que contribuye a aumentar las cargas administrativas. Reconocimiento de las cualificaciones profesionales Directiva 2005/36/CE, relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales (revisión[13] en trámite legislativo, pendiente de la primera lectura del Parlamento Europeo) Observaciones de las PYME: Las disposiciones de esta Directiva se solapan con las de la Directiva de Servicios, y no es fácil para una PYME distinguir entre las obligaciones derivadas de ambas normativas. Si bien algunas PYME expresaron su satisfacción respecto a algunas de las disposiciones propuestas en la modificación que se está debatiendo actualmente en el procedimiento legislativo, en especial la introducción de la tarjeta profesional europea y la generalización de Sistema de Información del Mercado Interior (IMI)[14], se cuestionan otras nuevas propuestas, por ejemplo el acceso parcial a profesiones con una amplia gama de actividades en el Estado miembro de acogida, o el reconocimiento tácito de las cualificaciones para una serie de profesiones relacionadas con la salud y la seguridad. Respuesta de la Comisión: La revisión garantiza la coherencia con la Directiva de Servicios, en particular velando por que toda la información y los procedimientos relacionados con el reconocimiento de las cualificaciones estén disponibles en una ventanilla única para todas las profesiones. Las normas sobre movilidad temporal se modernizarán para que sea más fácil la prestación de servicios. La propuesta incluye la introducción de la tarjeta profesional europea, sobre la base de una mayor cooperación en línea entre las autoridades de los Estados miembros en lo que respecta a la verificación de las cualificaciones, así como de la introducción del concepto de «reconocimiento tácito» una vez transcurrido el plazo para la decisión de reconocimiento. El reconocimiento tácito se aplicará a todas las profesiones que utilicen la tarjeta profesional europea, pero el Estado miembro de acogida tendrá la posibilidad de ampliar el plazo en caso necesario, en particular por razones relacionadas con la salud y la seguridad públicas. De esta manera se garantizará un tratamiento más rápido de las solicitudes de reconocimiento, y los profesionales podrán comenzar sus actividades sin demora. El acceso parcial se utilizará caso por caso para evitar que las diferencias en cuanto a la gama de actividades reservadas a determinadas profesiones en el Estado miembro de acogida impidan a profesionales de los Estados miembros de origen establecerse en el Estado miembro de acogida. Las autoridades competentes del Estado miembro de acogida tendrán la posibilidad de denegar un acceso parcial por razones de interés general. Transporte por carretera Reglamento (CEE) nº 3821/85 relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera (revisión[15] próxima a su adopción en el procedimiento legislativo) Observaciones de las PYME: La obligación de instalar un tacógrafo genera costes, y la conformidad con el Reglamento vigente es laboriosa en términos de carga administrativa. Los vehículos que no circulan lejos de su base deben quedar exentos del cumplimiento de los requisitos del Reglamento. Respuesta de la Comisión: Previa recomendación del Grupo de Alto Nivel sobre Cargas Administrativas, entre otras cosas, se ha presentado una revisión de la legislación sobre los tacógrafos. La propuesta de la Comisión dispone que las actuales excepciones facultativas establecidas en el Reglamento 561/2006 para determinadas categorías de vehículos se aplicarán en un radio uniforme de 100 km, calculado a partir de la base de la empresa de transportes (lo que supone un aumento respecto a los 50 km actuales). Se ha llegado a las fases finales del procedimiento legislativo, y la cuestión de las exenciones ha sido objeto de intenso debate como uno de los puntos finales para alcanzar el acuerdo entre el Parlamento y el Consejo. Es probable que el resultado final, pendiente de adopción, esté en consonancia con la propuesta de la Comisión, con la excepción de la exención sobre los obreros cualificados [artículo 13, apartado 1, letra d)], que ya no será optativa, a diferencia de las demás exenciones. Con ello debería mejorar la seguridad jurídica en toda la Unión y deberían evitarse cargas administrativas y complejidad para las partes interesadas y los Estados miembros. 2.3 Evaluaciones de la Comisión ya en curso o programadas Empleo Directiva 89/391/CEE del Consejo relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo Observaciones de las PYME: La obligación general de suministrar documentos a efectos de la evaluación de riesgos es demasiado gravosa. En el caso de las actividades de bajo riesgo, podría llevarse a cabo un análisis de riesgos sin necesidad de documentarlo. Deberían aplicarse exenciones y requisitos menos estrictos en el caso del trabajo temporal y de las microempresas. En los casos en que se solapan varias medidas legislativas, deberían suprimirse las evaluaciones de riesgo y la (doble) documentación para dichas evaluaciones. Respuesta de la Comisión: Las Directivas de Salud y Seguridad tienen en cuenta ampliamente las características específicas de las PYME. Por ejemplo, la Directiva Marco 89/391/CEE permite a los Estados miembros adaptar las obligaciones de documentación para las evaluaciones de riesgos en función de la naturaleza de las actividades y el tamaño de las empresas. Actualmente, todo el acervo sobre salud y seguridad en el trabajo (Directiva 89/391/CEE y sus 23 directivas relacionadas) está siendo objeto de una evaluación completa (comprobación de la adecuación REFIT) e incluirá una consulta específica a las PYME. Las conclusiones de esta evaluación a posteriori estarán disponibles antes de que finalice 2015. Los Estados miembros contribuirán a esta evaluación con informes de ejecución en diciembre de 2013 a más tardar; en sus observaciones deben tener en cuenta las preocupaciones de las PYME, e informar sobre las medidas destinadas a facilitar la aplicación por parte de esa categoría de empresas. Directiva 2008/104/CE relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal Observaciones de las PYME: La Directiva no ha hecho que sea más fácil para las empresas trabajar fuera de sus fronteras. La carga administrativa es elevada, sobre todo debido a las exigencias de los Estados miembros. Por ejemplo, puede ocurrir que las empresas que desean realizar actividades en varios Estados miembros tengan que registrarse por separado en cada uno de ellos. Las PYME proponen que los requisitos sean más proporcionados, de manera que se faciliten los servicios transfronterizos y se incluya el trabajo temporal en la Directiva de Servicios. Respuesta de la Comisión: Se prevé para diciembre de 2013 la presentación de un informe elaborado en consulta con los Estados miembros y los interlocutores sociales, que representan los intereses de los trabajadores y los empresarios europeos. Dicho informe tomará en consideración las preocupaciones de las PYME y las cuestiones relacionadas con la carga administrativa y examinará específicamente de qué modo han cumplido los Estados miembros el requisito de determinar y justificar los obstáculos actuales a la actividad de las agencias de trabajo temporal. La Comisión estudiará la conveniencia de incluir recomendaciones a los Estados miembros en las medidas específicas por país para 2014 si la evaluación, por parte de la Comisión, de los sistemas nacionales considera que hay cuestiones específicas relativas a la carga administrativa que son obstáculos al crecimiento y a la competitividad. Directiva 2003/88/CE relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo Observaciones de las PYME: La Directiva es compleja y poco flexible, en particular en el caso del trabajo estacional o cuando las empresas se hallan frente a un cambio repentino del nivel de la demanda. Las pequeñas empresas tendrían más flexibilidad si se cambia el cómputo del tiempo de guardia y se amplía el período de referencia para el cálculo de la media del tiempo de trabajo semanal a 12 meses. La carga que supone el registro del tiempo de trabajo debe ser compartida entre el empresario y el trabajador. La complejidad de la presente Directiva prácticamente obliga a las PYME a buscar asistencia jurídica especializada, que es costosa. Respuesta de la Comisión: Se está preparando una evaluación de impacto detallada, que tendrá especialmente en cuenta las preocupaciones de las PYME. Impuesto sobre el valor añadido Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido Observaciones de las PYME: El sistema es muy complejo: hay distintas normas procedimentales nacionales y falta una declaración del IVA sencilla y uniforme, lo cual disuade a las PYME de realizar actividades transfronterizas. Deben generalizarse los números de identificación a efectos del IVA. La obligación de las empresas que realizan actividades transfronterizas de registrarse en todos los Estados miembros a los que desean exportar supone cargas adicionales. La inexistencia de un límite máximo de los tipos del IVA aumenta la complejidad del sistema. No se dispone de información ni orientación adecuadas. Respuesta de la Comisión: Para el final de 2013 se prevé una propuesta de declaración de IVA normalizada que facilitará el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas que realicen actividades en varios Estados miembros. Además, se ha empezado a trabajar con los Estados miembros sobre la aplicación de un «minirrégimen de ventanilla única» para los servicios electrónicos y los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. La introducción del «minirrégimen de ventanilla única» en 2015 se ha previsto de forma que coincida con la introducción de las nuevas normas sobre el lugar de prestación. La Comisión trabajará con los Estados miembros para velar por que se proporcione un buen apoyo a las empresas desde el principio. La Comisión está a favor de ampliar el sistema, como ya lo planteó en su propuesta de 2004. No obstante, en conclusiones recientes del Consejo sobre el futuro del IVA se afirma que solo se podrá efectuar la ampliación tras una evaluación del minirrégimen de ventanilla única. Se intensificará la labor de desarrollo del portal web del IVA de la UE, de modo que facilite a su debido tiempo información precisa y fiable sobre la aplicación del régimen del IVA de la UE en los diferentes Estados miembros. Ello se realizará en consulta activa con los Estados miembros y las PYME, a fin de satisfacer mejor las necesidades de las PYME de que haya soluciones prácticas, incluidas disposiciones proporcionadas para el acceso a las versiones lingüísticas, sobre la base de la información detallada de la página web ya existente. Directiva 2008/9/CE, por la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido Observaciones de las PYME: Están preocupadas por la falta de respuestas de los Estados miembros a las solicitudes de devolución del IVA y por los retrasos de la recepción de las devoluciones. Respuesta de la Comisión: La Comisión celebró una conferencia en 2012 sobre la mejora de las modalidades de devolución del IVA. Según la información de que dispone actualmente la Comisión, se han resuelto los problemas iniciales con el sistema de devolución del IVA. La Comisión está dispuesta a garantizar un seguimiento rápido y efectivo si surgen nuevos problemas. Residuos Directiva 2008/98 sobre los residuos y Decisión 2000/532/CE por la que se establecen listas de residuos y de residuos peligrosos Observaciones de las PYME: Están preocupadas por determinados aspectos de la Directiva; por ejemplo, no están seguras de cuándo los residuos dejan de ser residuos. Algunas argumentan que la definición de subproductos desalienta la innovación. Otros problemas son que los Estados miembros añaden requisitos innecesarios (sobrerregulación) y la falta de asesoramiento y orientación adecuados. Deberían establecerse exenciones o regímenes menos estrictos, sobre todo en lo que respecta a la presentación de informes y los requisitos aplicables a los documentos de transferencia de residuos. Respuesta de la Comisión: La Comisión está llevando a cabo y concluirá en 2014 una revisión de la política y la legislación de la UE en materia de residuos en el marco de REFIT, con el fin de determinar si es necesario modificar la legislación sobre residuos. La Comisión trabajará con los Estados miembros y las partes interesadas sobre orientaciones prácticas y actividades de asesoramiento y seguirá explorando cuestiones específicas, por ejemplo en relación con la reducción de la carga administrativa derivada de la obligación de registro para los transportistas de residuos con arreglo al artículo 26 de la Directiva 2008/98/CE. Además, la Comisión tomará medidas para aumentar la participación de las PYME en la Plataforma Europea para la Eficiencia de los Recursos[16]. A principios de 2014, la Comisión organizará un seminario para debatir las preocupaciones que las PYME han manifestado con respecto a la legislación de la UE sobre residuos. Reglamento 1013/2006 relativo a los traslados de residuos Observaciones de las PYME: Debido a diferencias de aplicación e interpretación entre los Estados miembros, el Reglamento no ha dado lugar a la creación de un mercado común de utilización y reciclado de residuos. Deberían hacerse más esfuerzos para garantizar la aplicación uniforme del Reglamento, centrándose más en los residuos peligrosos y menos en los residuos que no presentan problemas. Deberían simplificarse más los procedimientos de traslado de residuos entre los Estados miembros, dejando la inspección y evaluación de las instalaciones de tratamiento de residuos a las autoridades del Estado miembro receptor. Respuesta de la Comisión: A fin de seguir promoviendo un mercado común de utilización y reciclado de residuos, la Comisión ha tomado una serie de iniciativas, como el desarrollo de criterios de «fin de la condición de residuo» para suprimir determinados flujos de residuos (por ejemplo, metales, vidrio, cobre) del ámbito de aplicación de la legislación de la UE sobre residuos (incluido el Reglamento sobre los traslados de residuos). En respuesta a una recomendación específica del Grupo de Alto Nivel sobre Cargas Administrativas, la Comisión ha animado activamente a que se utilicen sistemas electrónicos para el intercambio de datos entre los Estados miembros sobre el traslado de residuos y ha puesto en marcha recientemente un estudio de viabilidad sobre un sistema de intercambio electrónico de datos a escala de la UE. Con el fin de contribuir a que el Reglamento se aplique de modo más uniforme, centrándose en los flujos de residuos problemáticos, se prevé para mediados de 2013 una propuesta de la Comisión encaminada a reforzar las inspecciones de los traslados de residuos. Las partes interesadas expresaron un amplio apoyo a esta propuesta durante la consulta pública realizada sobre la propuesta en 2011. La Comisión ha tenido en cuenta las preocupaciones de las PYME en la elaboración de la propuesta y está dispuesta a explicar cómo lo ha hecho una vez se adopte la misma. 3. Conclusiones La Comisión está respondiendo directamente a las preocupaciones de las PYME. El objetivo es aligerar la carga reglamentaria en la medida de lo posible, respetando al mismo tiempo las finalidades de las políticas y manteniendo la estabilidad jurídica. La Comisión insta al legislador de la UE a que adopte, y a los Estados miembros a que apliquen, la reglamentación de la UE destinada a garantizar que la legislación esté adaptada a las necesidades de las PYME, con especial referencia a las propuestas ya presentadas por la Comisión en los ámbitos reglamentarios considerados especialmente gravosos en el marco de la consulta sobre las diez medidas más gravosas. La Comisión mantendrá el ritmo de reducción y simplificación de la carga administrativa en su programa REFIT, sobre el que presentará un informe en otoño, y efectuará un seguimiento de los avances realizados a través de su cuadro de indicadores anual. [1] 20,7 millones de PYME representan más del 65 % del empleo del sector privado. Las PYME se encuentran entre las empresas más innovadoras; lideran la creación de empleo y el crecimiento. Aparte del problema del acceso a la financiación y a los mercados, la carga reglamentaria representa uno de los mayores obstáculos a la puesta en marcha y el desarrollo de las pequeñas empresas. COM(2008) 394. [2] COM(2011) 803. [3] Esta consulta suscitó 1 000 respuestas, de las cuales 779 fueron de empresas y 154 de sus organizaciones representativas, COM (2013) 122], SWD (2013) 60. [4] La lista se elaboró combinando las listas de las veinte medidas legislativas más citadas por las empresas y sus organizaciones representativas, respectivamente. Las medidas más citadas de ambas listas se reunieron en una lista de catorce medidas legislativas. COM(2013) 122, SWD (2013) 60. [5] COM(2013) 122. [6] Conclusiones del Consejo Europeo, 14 de marzo de 2013 (EUCO 23/13). [7] COM(2012) 746. [8] Reglamento de Ejecución (UE) n° 254/2013 de la Comisión, de 20 de marzo de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 340/2008 de la Comisión relativo a las tasas que deben abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas con arreglo al Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH). [9] COM(2012)11: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. [10] COM(2012)13: Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la garantía del cumplimiento de la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. [11] COM(2013) 78: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad de los productos de consumo y por el que se derogan la Directiva 87/357/CEE y la Directiva 2001/95/CE. [12] COM(2011) 896: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación pública. [13] COM(2011) 883: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento [...] relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior. [14] http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_es.html [15] COM(2011) 451: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CEE) nº 3821/85 del Consejo, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera, y el Reglamento (CE) nº 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. [16] http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/re_platform/