COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 20.7.2021 SWD(2021) 722 final DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN Informe sobre el Estado de Derecho en 2021



















Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Polonia que acompaña al documento COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Informe sobre el Estado de Derecho en 2021



Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea {COM(2021) 700 final} - {SWD(2021) 701 final} - {SWD(2021) 702 final} - {SWD(2021) 703 final} - {SWD(2021) 704 final} - {SWD(2021) 705 final} - {SWD(2021) 706 final} - {SWD(2021) 707 final} - {SWD(2021) 708 final} - {SWD(2021) 709 final} - {SWD(2021) 710 final} - {SWD(2021) 711 final} - {SWD(2021) 712 final} - {SWD(2021) 713 final} - {SWD(2021) 714 final} - {SWD(2021) 715 final} - {SWD(2021) 716 final} - {SWD(2021) 717 final} - {SWD(2021) 718 final} - {SWD(2021) 719 final} - {SWD(2021) 720 final} - {SWD(2021) 721 final} - {SWD(2021) 723 final} - {SWD(2021) 724 final} - {SWD(2021) 725 final} - {SWD(2021) 726 final} - {SWD(2021) 727 final}



Resumen Las reformas del sistema judicial polaco, incluidas las novedades, siguen siendo motivo de grave preocupación, tal como se menciona en el Informe de 2020. Las reformas llevadas a cabo desde 2015 incrementaron la influencia de los poderes ejecutivo y legislativo sobre el sistema judicial en detrimento de la independencia judicial y llevaron a la Comisión a iniciar el procedimiento previsto en el artículo 7, apartado 1, del TUE, que todavía está en marcha. En abril de 2021, la Comisión llevó a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE a cuenta de una ley sobre el poder judicial que menoscaba la independencia de los jueces y es incompatible con el Derecho de la UE. En julio de 2021, el Tribunal de Justicia ordenó la adopción de medidas provisionales en dicho asunto. Ese mismo día, el Tribunal Constitucional declaró que las medidas provisionales dictadas por el Tribunal de Justicia en el ámbito del poder judicial son incompatibles con la Constitución polaca. También en julio de 2021, el Tribunal de Justicia dictaminó que el régimen disciplinario de los jueces en Polonia no es compatible con el Derecho de la UE. Asimismo, el Consejo Nacional del Poder Judicial sigue funcionando a pesar de su cuestionada independencia y el funcionamiento del Tribunal Supremo se vio afectado adicionalmente, incluidos cambios en la legislación. En mayo de 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos constató irregularidades en un procedimiento de nombramiento para el Tribunal Constitucional. El marco jurídico e institucional para prevenir y luchar contra la corrupción ya existe en términos generales. Sin embargo, existen riesgos en lo que respecta a la eficacia de la lucha contra la corrupción de alto nivel, como el riesgo de influencia indebida en los procesos de corrupción con fines políticos. En este contexto, persiste la preocupación por la independencia de las principales instituciones encargadas de prevenir y luchar contra la corrupción, considerando, en particular, la subordinación de la Oficina Central Anticorrupción al poder ejecutivo y el hecho de que el ministro de Justicia sea al mismo tiempo el Fiscal General. El programa del Gobierno contra la corrupción se aplicó en los años 2018-2020, aunque todavía quedan tareas legislativas clave pendientes. Siguen existiendo deficiencias estructurales en lo que respecta al sistema de declaración del patrimonio y a la actividad de los grupos de presión. Con respecto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación, se espera que el Gobierno adopte legislación para transponer la Directiva de servicios de comunicación audiovisual que reforzaría la independencia de los reguladores de los medios de comunicación. El mercado polaco de los medios de comunicación se ha considerado hasta ahora diverso, pero las partes interesadas temen los efectos negativos de la adquisición de Polska Press por parte de la empresa pública Orlen. Aunque la autoridad para la competencia (UOKiK) aprobó la operación, el Defensor del Pueblo polaco impugnó esta decisión alegando que la autoridad para la competencia no tomó en consideración si esta adquisición limitaría la libertad de prensa. También suscitó preocupación un proyecto de legislación fiscal que se aplicaría a algunos grupos de comunicación, en un entorno que se considera cada vez más hostil a los medios de comunicación de propiedad extranjera. Desde el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, el entorno profesional de los periodistas se ha deteriorado y ha aumentado el uso de procedimientos judiciales intimidatorios, así como la desprotección de los periodistas y las acciones violentas durante las protestas, también por parte de las fuerzas policiales. El sistema de controles y equilibrios sigue estando sometido a una presión considerable. Sigue haciéndose un uso generalizado del procedimiento acelerado de aprobación de leyes, también en cuestiones no relacionadas con la pandemia de COVID-19 como la reforma estructural del poder judicial, sin celebrar consultas con las partes interesadas o celebrándose tan solo de forma limitada. Algunas medidas adoptadas por el Gobierno en 2020 para hacer frente a la pandemia de COVID-19 han sido consideradas ilegales por los tribunales en algunos casos. El Defensor del Pueblo ha seguido desempeñando un papel fundamental como salvaguardia del Estado de Derecho Tras una decisión del Tribunal Constitucional, el ejercicio continuado de las competencias fundamentales por parte del Defensor del Pueblo saliente finalizó en julio de 2021. Los procedimientos parlamentarios apuntan ahora a la designación de un nuevo Defensor del Pueblo con apoyo de todos los partidos. El espacio de la sociedad civil, aunque sigue siendo dinámico, se ha visto afectado adicionalmente por problemas generales relacionados con los derechos de la mujer y por ataques contra grupos LGBTI. I.Sistema judicial El sistema judicial polaco se divide en dos ramas principales: la jurisdicción de lo contencioso-administrativo y la jurisdicción ordinaria. El Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo y dieciséis tribunales de lo contencioso-administrativo ejercen el control sobre la Administración pública, incluida la legalidad de las medidas adoptadas por los órganos de las Administraciones locales y los órganos territoriales del Gobierno. La jurisdicción ordinaria, supervisada por el Tribunal Supremo, consta de tres niveles: 11 tribunales de apelación,46 tribunales regionales y 318 tribunales de distrito. Los jueces son nombrados por el presidente de la República a petición del Consejo Nacional del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional, que tiene la misión de resolver la constitucionalidad de la legislación, está formado por quince magistrados elegidos por la cámara baja del Parlamento polaco (en lo sucesivo, el «Sejm») para un mandato de nueve años. Según la Constitución, el Consejo Nacional del Poder Judicial debe salvaguardar la independencia judicial. Una característica particular del Ministerio Fiscal, que no forma parte del poder judicial independiente, es que el Fiscal General y el ministro de Justicia son la misma persona. La Constitución establece que los abogados y los asesores jurídicos pueden autorregular su práctica. Independencia La percepción entre el público en general y las empresas es que el nivel de independencia judicial es bajo y sigue disminuyendo. Mientras en 2021 el 29 % del público en general percibe la independencia de los órganos jurisdiccionales como «bastante buena o muy buena», solo el 18 % de las empresas comparte la misma percepción. La percepción de independencia ha disminuido constantemente tanto entre el público en general como entre las empresas durante los cinco últimos años. Al igual que el año pasado, el debate público sobre el poder judicial sigue estando marcado por fuertes tensiones. Por lo que se refiere a la campaña de difamación llevada a cabo en 2019 contra los jueces que criticaron abiertamente las reformas de la justicia, hasta la fecha no se ha dictado ninguna resolución judicial. Las reformas judiciales iniciadas en noviembre de 2015 siguen aplicándose sobre el terreno. Estas reformas se llevaron a cabo mediante más de treinta leyes relacionadas con toda la estructura del sistema judicial, incluido el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, los tribunales ordinarios, los tribunales de lo contencioso-administrativo y el Ministerio Fiscal. Numerosos aspectos de la reforma judicial suscitan graves preocupaciones en lo que respecta al Estado de Derecho, en particular la independencia judicial. Este es el punto central del procedimiento del artículo 7, apartado 1, del TUE iniciado por la Comisión Europea, que todavía está en estudio por el Consejo. Asimismo, el Parlamento Europeo reiteró en una resolución su preocupación por la situación del Estado de Derecho en Polonia. La salvaguardia de la independencia judicial en Polonia fue una de las recomendaciones específicas para el país formuladas en el contexto del Semestre Europeo de 2020. Mientras tanto, el Gobierno polaco ha desafiado abiertamente el carácter vinculante de una orden de medidas provisionales dictada por el Tribunal de Justicia el 21 de mayo de 2021 en un asunto incoado contra Polonia por incumplimiento de la legislación de la UE en materia de medio ambiente. El Tribunal de Justicia ofreció aclaraciones adicionales sobre los requisitos del Derecho de la UE relativos a la independencia judicial en el contexto polaco. El 2 de marzo de 2021, el Tribunal de Justicia dictó una sentencia en un procedimiento prejudicial en la que aclaraba los requisitos del Derecho de la Unión en relación con los nombramientos judiciales al Tribunal Supremo que tuvieron lugar en 2018. El Tribunal de Justicia, si bien dejó la apreciación definitiva en manos del órgano jurisdiccional remitente, dictaminó que las sucesivas modificaciones de la Ley polaca del Consejo Nacional del Poder Judicial que tuvieron el efecto de suprimir el control judicial efectivo de las decisiones de dicho Consejo por las que se proponen al presidente de la República candidatos al cargo de juez del Tribunal Supremo pueden infringir el Derecho de la Unión. A este respecto, el Tribunal señaló que, habida cuenta del papel decisivo que desempeña el Consejo Nacional del Poder Judicial en el procedimiento de nombramiento de jueces en Polonia, su grado de independencia es pertinente para garantizar la independencia judicial, lo que indica que la independencia del Consejo Nacional del Poder Judicial está en duda. El 6 de mayo de 2021, el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo ejecutó la citada sentencia del Tribunal de Justicia, declarando que el actual Consejo Nacional del Poder Judicial, en el procedimiento de nombramiento de los jueces, no ofrece garantías suficientes de independencia del poder ejecutivo y del poder legislativo y que, en consecuencia, las resoluciones del Consejo por las que se efectuaron nombramientos en las Salas de lo Penal y de lo Civil del Tribunal Supremo en 2018 son nulas. Siguen pendientes ante el Tribunal de Justicia varias peticiones de decisión prejudicial adicionales presentadas por distintos órganos jurisdiccionales polacos en relación con las reformas judiciales de 2017 y 2018. El 15 de julio de 2021, en el contexto de un procedimiento de infracción incoado por la Comisión, el Tribunal de Justicia declaró que el régimen disciplinario de los jueces en Polonia no es compatible con el Derecho de la UE. En particular, el Tribunal de Justicia consideró que la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo no ofrece todas las garantías de imparcialidad e independencia y no está protegida de la influencia directa o indirecta del poder legislativo y ejecutivo polaco. El 31 de marzo de 2021, la Comisión decidió llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia ante las preocupaciones suscitadas por la Ley del Poder Judicial de diciembre de 2019. La Comisión considera que la legislación polaca impugnada menoscaba la independencia de los jueces polacos en violación del artículo 19, apartado 1, del TUE y de la primacía del Derecho de la UE. La ley impide a los órganos jurisdiccionales polacos, incluso bajo amenaza de procedimiento disciplinario, aplicar directamente el Derecho de la UE que protege la independencia judicial, así como plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. Además, la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo, cuya independencia no está garantizada, sigue adoptando decisiones que afectan directamente a los jueces y a la forma en que ejercen su función. Esto incluye casos de suspensión de la inmunidad de los jueces para permitir acciones penales contra ellos o su detención, así como la consiguiente suspensión temporal del cargo y la reducción de su salario. La mera perspectiva de ser procesados por un órgano cuya independencia no está garantizada crea un «efecto disuasorio» para los jueces y puede afectar a su propia independencia. Esto constituye un grave menoscabo de la independencia judicial en Polonia, de la tutela judicial efectiva de los ciudadanos en Polonia y del ordenamiento jurídico de la UE en su conjunto. El Gobierno polaco considera que la Comisión se está extralimitando en sus competencias en virtud del Tratado y rechaza la posición adoptada por la Comisión en este procedimiento de infracción. La Comisión ha solicitado al Tribunal de Justicia que adopte medidas provisionales para suspender las actividades judiciales de la Sala Disciplinaria con respecto a los jueces, en particular en relación con la suspensión de la inmunidad judicial, con el fin de evitar un perjuicio grave e irreparable a la independencia judicial y al ordenamiento jurídico de la Unión. El 14 de julio de 2021, el Vicepresidente del Tribunal dictó un auto de medidas provisionales en el asunto C-204/21 R, estimando en su totalidad la solicitud de la Comisión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, juzgado en una serie de asuntos relacionados con el funcionamiento del sistema judicial polaco, declaró que un nombramiento de 2015 para el Tribunal Constitucional implicaba un incumplimiento del requisito de «un tribunal establecido por ley». En febrero de 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos comunicó que actualmente tiene veintisiete asuntos pendientes de resolución en los que se plantean diversas cuestiones relacionadas con las reformas judiciales de 2017 y 2018. Hasta la fecha, veintiuno de los asuntos presentados han sido notificados al Gobierno polaco. El 7 de mayo de 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que un tribunal que incluía a un juez nombrado para un puesto judicial que ya había sido cubierto por el legislador de 2011-2015 no constituía un «tribunal establecido por la ley». Estas irregularidades en el procedimiento de nombramiento de jueces del Tribunal Constitucional se han planteado como motivo de gran preocupación en la propuesta motivada adoptada por la Comisión con arreglo al procedimiento del artículo 7, apartado 1, del TUE. El Tribunal Constitucional dictaminó que esta sentencia es «inexistente».. El 29 de junio de 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una sentencia relativa a la destitución prematura por parte del ministro de Justicia de los jueces de su cargo de vicepresidentes de los tribunales ordinarios. El Tribunal destacó la importancia de salvaguardar la independencia del poder judicial y el respeto de la equidad procesal en los asuntos relativos a la carrera de los jueces, y sostuvo que, dado que su cese prematuro como vicepresidente del tribunal no había sido motivado ni examinado ni por un tribunal ordinario ni por otro órgano que ejerciera funciones jurisdiccionales, sin que existiera ninguna razón grave para la falta de control judicial, Polonia había vulnerado el derecho de acceso a un tribunal. Todavía no se han resuelto las preocupaciones por la independencia y legitimidad del Tribunal Constitucional, planteadas por la Comisión en virtud del procedimiento contemplado en el artículo 7, apartado 1, del TUE.. Esto también queda ilustrado por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 7 de mayo de 2021. En 2020, el Defensor del Pueblo siguió expresando su preocupación por el funcionamiento y la legitimidad del Tribunal Constitucional, en particular por lo que respecta a los cambios introducidos en las salas de audiencias ya designadas y a la desestimación de las solicitudes de recusación de jueces debido a su presunta falta de imparcialidad o de la impugnación de su estatuto. Asimismo, el Consejo de Europa expresó preocupaciones similares. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional sigue juzgando asuntos relativos a las reformas judiciales no solo a instancias del primer ministro, de la presidenta del Sejm, del Consejo Nacional del Poder Judicial y de la recientemente creada Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo, sino también de otros jueces (recientemente nombrados) del Tribunal Supremo y de la recién nombrada presidenta primera del Tribunal Supremo. En tres asuntos iniciados ante el Tribunal Constitucional por el Fiscal General, el primer ministro y un grupo de miembros del Sejm se ha solicitado una evaluación de la compatibilidad con la Constitución de las disposiciones del Tratado de la UE y una declaración de la primacía de la Constitución polaca sobre el Derecho de la Unión. La Comisión expresó su preocupación por la moción presentada por el primer ministro, ya que cuestiona los principios fundamentales del Derecho de la Unión, en particular la primacía de este. A pesar de que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es muy clara al respecto, el Tribunal Constitucional ya indicó en un obiter dictum que el Tribunal de Justicia carece de competencia para dictar sentencias en relación con los sistemas judiciales de los Estados miembros. Pese a las preocupaciones antes mencionadas, el Tribunal Constitucional dictó resoluciones que afectan de forma significativa tanto a las personas como al marco institucional. En particular, el 22 de octubre de 2020 y el 15 de abril de 2021 respectivamente, el Tribunal Constitucional dictó resoluciones relativas al derecho al aborto y a la situación del Defensor del Pueblo. Estas resoluciones suscitaron fuertes críticas dentro y fuera de Polonia. Además, el 14 de julio de 2021, tras la adopción de un auto de medidas provisionales por el Vicepresidente del Tribunal de Justicia, el Tribunal Constitucional declaró que el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del TUE, leído en relación con el artículo 279 TFUE, es inconstitucional en la medida en que obliga a Polonia a acatar las órdenes de medidas provisionales dictadas por el Tribunal de Justicia que afecten a la organización y funcionamiento de los tribunales polacos y al procedimiento ante dichos tribunales. En una declaración pública, la Comisión expresó su profunda preocupación por esta decisión del Tribunal Constitucional. El Consejo Nacional del Poder Judicial sigue estando compuesto principalmente por miembros designados por decisiones políticas. Cabe recordar que la reforma judicial de 2018 cambió el procedimiento para el nombramiento de los jueces miembros del Consejo Nacional del Poder Judicial (CNPJ). En su sentencia de 2 de marzo de 2021, a raíz de una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo, el Tribunal de Justicia reiteró que, para que un consejo del poder judicial pueda contribuir a que el proceso de nombramiento de jueces por parte de órganos políticos sea más objetivo, tal órgano debe ser suficientemente independiente del poder legislativo y ejecutivo y del órgano al cual vaya dirigido su pronunciamiento. El 6 de mayo de 2021, el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo dictaminó que el actual CNPJ no ofrece garantías suficientes de independencia del poder ejecutivo y del poder legislativo en el procedimiento de nombramiento de los jueces. A pesar de las serias preocupaciones expresadas también por otros tribunales polacos en cuanto a su falta de independencia, el CNPJ sigue proponiendo candidatos para los nombramientos judiciales al presidente de la República, que son ratificados sistemáticamente. Entre 2020 y 2021, el CNPJ dictó una resolución para proteger la independencia de un juez polaco, en concreto para manifestar su apoyo a un miembro de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo, mientras que se negó a expresar un apoyo similar a jueces objeto de investigaciones penales por parte del Ministerio Fiscal en ese mismo período. El CNPJ también manifestó su apoyo a determinados aspectos de las reformas judiciales criticados por la Comisión. El Tribunal Supremo, tras los cambios introducidos en 2020, fue objeto de nuevas reformas en su funcionamiento. El 1 de abril de 2021, el presidente de la República firmó el proyecto de ley de 30 de marzo de 2021 por el que se modifica la Ley del Tribunal Supremo. La nueva ley reduce el quorum necesario para que los jueces seleccionen a los candidatos al puesto de presidente de Sala y permite al presidente de la República nombrar un presidente de Sala «en funciones» si no se cumplen tales requisitos. Por otra parte, la ley otorga al presidente primero del Tribunal Supremo el control de las sesiones conjuntas de las Salas reunidas para resolver cuestiones jurídicas, convocadas por el presidente primero de oficio o a petición del Fiscal General o del Defensor del Pueblo. La nueva ley también modifica las normas que rigen el procedimiento de recurso extraordinario al prolongar por dos años el plazo para interponer recursos extraordinarios contra todas las resoluciones de todos los tribunales polacos que hayan adquirido firmeza después del 17 de octubre de 1997. El Defensor del Pueblo y el Colegio Nacional de Abogados expresaron puntos de vista críticos sobre la nueva ley, subrayando que afectaría aún más a la independencia del Tribunal Supremo. La actual presidenta primera del Tribunal Supremo, nombrada el año pasado tras un procedimiento impugnado, ha adoptado decisiones que suscitan preocupación, en particular al acudir al Tribunal Constitucional en relación con cuestiones controvertidas, como la limitación del derecho de acceso a documentos o la solicitud de protección de los jueces del Tribunal Supremo recién nombrados, incluida ella misma, para evitar que su estatuto sea impugnado en asuntos pendientes ante el Tribunal Supremo. La presidenta primera también acudió a la Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos para recusar a determinados jueces del Tribunal Supremo en asuntos en los que ya habían planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. El 16 de julio de 2021, el Presidente Primero del Tribunal Supremo emitió una declaración en la que hacía referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de julio de 2021 y, al considerar que el Derecho de la Unión no abarca cuestiones relativas a la organización y el funcionamiento del poder judicial de los Estados miembros, informa sobre la derogación de la instrucción de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo por la que se suspende su actividad en procedimientos disciplinarios contra jueces. Varios jueces están suspendidos y no pueden resolver asuntos a cuenta de las resoluciones de la Sala Disciplinaria de suspender su inmunidad. El régimen disciplinario, modificado sustancialmente en 2018, ha suscitado preocupación y la Comisión ha impugnado su violación del Derecho de la UE en procedimientos de infracción. El 8 de abril de 2020, a raíz de una solicitud de medidas provisionales, el Tribunal de Justicia ordenó a Polonia que suspendiera inmediatamente la aplicación de las disposiciones nacionales sobre las competencias de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo en los asuntos disciplinarios que implican a jueces. Tras la suspensión de los expedientes disciplinarios de su mandato, la Sala Disciplinaria ha comenzado a ejercer activamente sus nuevas competencias para decidir sobre las propuestas de la fiscalía para suspender la inmunidad de los jueces que presuntamente hayan cometido una infracción penal. Desde el 14 de febrero de 2020, fecha de entrada en vigor de la nueva Ley del Poder Judicial, hasta el 15 de marzo de 2021, la Sala Disciplinaria ya ha examinado más de cuarenta propuestas de este tipo y los jueces afectados han sido suspendidos en el cargo en más de diez casos con reducción de su salario. Varias propuestas presentadas ante la Sala Disciplinaria siguen pendientes, también en lo que respecta a los jueces del Tribunal Supremo. En el contexto del procedimiento de infracción a que se refiere el asunto C-204/21, la Comisión pidió al Tribunal de Justicia que suspendiera todas las actividades de la Sala Disciplinaria en asuntos relativos a jueces, incluidas las decisiones de suspensión de la inmunidad de estos. El 14 de julio de 2021, el Vicepresidente del Tribunal de Justicia accedió íntegramente a la solicitud de la Comisión y suspendió todas las actividades de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo en lo que respecta a los jueces, distintos de los asuntos disciplinarios relativos a los jueces. El 15 de julio de 2021, el Tribunal de Justicia dictó una sentencia definitiva en el procedimiento de infracción incoado por la Comisión, en la que llegaba a la conclusión de que el régimen disciplinario de los jueces en Polonia no era compatible con el Derecho de la UE . Los jueces siguen estando sujetos a requisitos intrusivos. La Ley de 20 de diciembre de 2019 obliga a todos los jueces de Polonia a revelar información personal, como su pertenencia a asociaciones, sus funciones en organizaciones sin ánimo de lucro o su pertenencia a partidos políticos y posición en ellos antes del 29 de diciembre de 1989. Los procedimientos disciplinarios contra los jueces que se negaron a cumplir este requisito siguen pendientes. En el contexto del procedimiento de infracción a que hace referencia el asunto C-204/21, la Comisión considera que este requisito es incompatible con el Derecho de la UE en lo que se refiere al derecho al respeto de la vida privada y al derecho a la protección de los datos personales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y por el Reglamento General de Protección de Datos. La prohibición general de que los órganos jurisdiccionales polacos impugnen las competencias de los tribunales, los órganos constitucionales y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado mantiene sus efectos. La nueva Ley del Poder Judicial impide que los jueces polacos dictaminen sobre la legalidad de los nombramientos judiciales y sobre la competencia de un juez para desempeñar funciones judiciales. La misma prohibición se aplica a los jueces que evalúan la legalidad de la composición de un tribunal. Al mismo tiempo, esta Ley concedió a la nueva Sala de Control Extraordinario y Asuntos Públicos la facultad exclusiva de decidir sobre asuntos relacionados con la independencia judicial. El 31 de marzo de 2021, la Comisión decidió impugnar estas prohibiciones de la Ley del Poder Judicial en el marco de un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia. El 14 de julio de 2021, el Vicepresidente del Tribunal de Justicia dictó un auto de medidas provisionales en el asunto C-204/21 R, por el que se suspendía la aplicación de las disposiciones en cuestión. En algunos casos en que los tribunales ordinarios impugnaron la legalidad de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional y por la Sala Disciplinaria, los jueces han sido objeto de un procedimiento disciplinario.

Persiste la preocupación por el hecho de que los cargos de ministro de Justicia y Fiscal General concurran en la misma persona. Como ya se expuso en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, tras la fusión de los cargos de Fiscal General y ministro de Justicia en el contexto de las reformas de 2016, el Ministro de Justicia ejerce directamente las competencias atribuidas a la más alta fiscalía, incluida la facultad de impartir instrucciones a los fiscales en casos específicos y de trasladar fiscales. Esta facultad ha sido objeto de críticas, en particular por parte de la Comisión de Venecia y de la Comisión en su Propuesta motivada adoptada con arreglo al procedimiento del artículo 7, apartado 1, del TUE en relación con el Estado de Derecho en Polonia. Recientemente, el fiscal nacional ha ejercido activamente la facultad de trasladar fiscales a otros puestos, sin su consentimiento y sin justificación, durante un período de hasta seis meses. Se han recibido informes de que este poder se utiliza en la práctica como instrumento contra los fiscales que expresan opiniones críticas sobre el funcionamiento del Ministerio Fiscal. Los jueces que juzgan litigios en los que se impugnan este tipo de traslados han sido convocados por el Ministerio Fiscal a testificar en el marco de investigaciones penales. Por otra parte, se plantea la preocupación de que el Fiscal General y el fiscal nacional, en el ejercicio de su facultad de reasignar asuntos entre fiscales de manera discrecional, puedan verse influenciados por consideraciones políticas con el fin de determinar el desarrollo de procesos penales, por ejemplo, en acusaciones de malversación. Según el Colegio Nacional de Abogados, el Ministerio Fiscal también ha situado en su punto de mira a abogados defensores que actúan en casos delicados desde el punto de vista político, lo que supone una amenaza para el derecho al secreto profesional. Esto se ve agravado por el hecho de que los fiscales tienen la facultad de suspender la licencia profesional de un abogado sin el consentimiento previo del tribunal. Calidad En materia de recursos humanos, al igual que en 2020, hay un número importante de puestos judiciales que permanecen vacantes. Según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Justicia, en 2020 había 1048 puestos vacantes en los tribunales ordinarios. Dicho esto, el gasto de Polonia en los órganos jurisdiccionales se sitúa en el nivel de la media de la UE por habitante y Polonia sigue siendo uno de los países con un nivel más elevado de gasto público destinado al sistema judicial (incluida la fiscalía y la asistencia jurídica gratuita) en porcentaje del PIB. Se han realizado avances importantes, pero hay margen de mejora en la digitalización del sistema judicial. Sigue siendo necesario introducir más herramientas informáticas en el contexto de los procedimientos judiciales, y las partes interesadas han pedido que se redoblen los esfuerzos para digitalizar los tribunales. También es necesario revisar las herramientas informáticas que la Oficina Superior de Auditoría consideró proclives a abusos, en particular el sistema de asignación de asuntos en los tribunales. Este año, el Sejm adoptó enmiendas a la Ley de Enjuiciamiento Civil destinadas a una mayor digitalización del proceso civil. La reforma introducirá subastas electrónicas de los bienes que deben utilizar los agentes judiciales en el contexto de la ejecución de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, sin perjuicio de las opiniones críticas expresadas por representantes de las profesiones legales, las reformas pretenden introducir un sistema de presentación electrónica de documentos a través de un sistema informático integral para los tribunales ordinarios, por el que se presupondría que un documento había sido debidamente entregado a los catorce de su presentación. Se han adoptado nuevas reformas en materia de Derecho procesal penal y civil. Con el fin de responder a los retos generados por la pandemia de COVID-19, recientemente se han adoptado disposiciones que introducen la obligación de celebrar las sesiones judiciales a puerta cerrada cuando no sea posible conectar en línea con las partes de los procedimientos civiles. Por consiguiente, durante el estado de epidemia, los asuntos civiles serían examinados en su mayor parte por tribunales unipersonales exclusivamente y se suspenderían las modalidades aplicables a procedimientos específicos. Asimismo, estos cambios prohibirían a los órganos jurisdiccionales polacos convocar asambleas generales. También por lo que se refiere al Derecho procesal penal, el Sejm adoptó una serie de enmiendas. Los cambios limitarían, entre otras cosas, el acceso a los expedientes de investigaciones preliminares cerradas e impondrían a los operadores de telecomunicaciones la obligación de proporcionar de forma inmediata los datos solicitados por un órgano jurisdiccional o un fiscal sin ninguna disposición que limitara esta facultad. También se introducirían cambios específicos en las modalidades aplicables a la composición de los órganos de audiencia. Algunos de estos cambios han suscitado críticas. Eficiencia El desempeño general de los tribunales ordinarios es cercano a la media de la UE en lo que respecta a la duración de los procedimientos. En 2019 se redujo ligeramente el tiempo estimado necesario para resolver asuntos contenciosos civiles y mercantiles y mejoró el porcentaje de resolución de ese tipo de asuntos. Si bien el número de estos asuntos disminuyó en 2019, el número de asuntos pendientes permaneció invariable. Por lo que se refiere al desempeño general de los tribunales ordinarios, según los datos publicados por el Ministerio de Justicia en 2021, la duración media de los procedimientos aumentó de 4,2 a 7 meses entre 2015 y 2020. Polonia sigue bajo la supervisión reforzada del Comité de Ministros del Consejo de Europa en lo que respecta a la duración de los procedimientos civiles y penales. El desempeño de los tribunales de lo contencioso-administrativo está por encima de la media de la UE. Se observa un ligero incremento del número de nuevos asuntos contencioso-administrativos, mientras que el tiempo estimado necesario para resolverlos continúa reduciéndose. La tasa de resolución de estos casos sigue siendo superior al 100 %. II.Marco de lucha contra la corrupción El marco jurídico e institucional para prevenir y luchar contra la corrupción ya existe en términos generales. En Polonia, varias autoridades son responsables de la lucha contra la corrupción, entre ellas el ministro de Justicia, que también es el Fiscal General, y el ministro del Interior y de la Administración, que se encarga de los aspectos de prevención, como el registro de grupos de presión para funcionarios públicos. La Oficina Central Anticorrupción es el organismo policial especializado en la lucha contra la corrupción en los sectores público y privado, junto con la Oficina Central de Investigación de la Policía y la policía ordinaria, la Agencia de Seguridad Interior y el Ministerio Fiscal. Combina funciones de inteligencia y policía y puede iniciar procedimientos tanto contencioso-administrativos como penales. Más recientemente, también se ha encomendado a la Oficina Central Anticorrupción la coordinación de políticas y la prevención de la corrupción, incluidas actividades educativas de sensibilización contra la corrupción y una plataforma de aprendizaje electrónico. La Cámara Suprema de Control (NIK) desempeña una función preventiva de control del gasto de los órganos de la Administración pública, como el Banco Nacional de Polonia y las personas jurídicas estatales, entre otros. La percepción entre los expertos y los directivos de empresas es que el nivel de corrupción en el sector público sigue siendo relativamente elevado. En el último Índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional de 2020, Polonia obtiene una puntuación de 56/100 y ocupa el puesto 13 en la Unión Europea y el puesto 45 en el mundo . Esta percepción se ha deteriorado considerablemente en los últimos cinco años . A nivel central, Polonia disponía de un marco estratégico de lucha contra la corrupción para los años 2018-2020, pero todavía no se ha publicado ningún plan posterior. Según el Gobierno, se están llevando a cabo los preparativos de una nueva estrategia nacional de prevención y lucha contra la corrupción para los próximos años, que debería tener en cuenta las recomendaciones de la UE, del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), de la OCDE y de las Naciones Unidas . Además de sus tareas principales como agencia de seguridad, la Oficina Central Anticorrupción es también el organismo de coordinación del Programa gubernamental para la lucha contra la corrupción para el período 2018-2020 y del plan de acción que la acompaña , y, como tal, tiene el mandato de proponer legislación y elaborar políticas. El informe de ejecución del Programa de marzo de 2021 , que será auditado por la Cámara Suprema de Control en 2021, expone los progresos realizados en 2020. Como parte de la ejecución del Programa, en el transcurso de 2020 se publicaron dos conjuntos de directrices de lucha contra la corrupción para homologar y unificar las normas contra la corrupción aplicables a los ministerios y las Administraciones locales . Existen dudas en cuanto a la ejecución de las principales tareas legislativas descritas en el Programa, en particular en lo que se refiere a la continuación de la Ley sobre la transparencia de la vida pública, la publicación del proyecto de ley que cambia la regulación de las declaraciones de patrimonio y la actividad de los grupos de presión . El Programa señala los sectores de alto riesgo para la corrupción, como son los sectores de la defensa, la energía y la construcción, la asistencia sanitaria, el medio ambiente y la Administración pública, así como la contratación pública . Ha aumentado el presupuesto de la Oficina Central Anticorrupción , pero las actividades del Programa todavía carecen de presupuestos específicos . El Código Penal polaco penaliza ampliamente la corrupción. El delito principal sancionado por el Código Penal es el cohecho de funcionarios públicos tanto en su forma pasiva (aceptar un soborno) como en su forma activa (ofrecer un soborno) . Para hacer frente a la connivencia entre quien ofrece y quien acepta un soborno, el Código Penal permite a los autores del delito evitar sanciones legales si lo notifican a las autoridades responsables y revelan todas sus circunstancias antes de que las autoridades tengan conocimiento de él. La OCDE ha pedido a Polonia que elimine esta disposición, ya que conduce a la impunidad . También se han puesto de relieve deficiencias con respecto a la aplicación efectiva para hacer frente al soborno en el extranjero . Una empresa privada solo puede ser considerada penalmente responsable de cohecho internacional una vez que la persona que lo ha cometido es condenada en última instancia. El nivel de las sanciones no se considera efectivo, proporcionado ni disuasorio. Existe preocupación en cuanto a la eficacia de la lucha contra la corrupción de alto nivel. La policía inició 2 544 investigaciones relacionadas con la corrupción en 2020 (frente a las 3 129 de 2019) . Desde 2006, se observa una disminución constante de las investigaciones policiales sobre corrupción (de 6 388 investigaciones policiales en 2006 a 2 544 en 2020) . El informe de la Cámara Suprema de Control de 2020 señala un considerable descenso general del riesgo de corrupción en los ámbitos que afectan al funcionamiento del Estado, como la Administración tributaria, haciendo hincapié, no obstante, en la existencia de graves riesgos de corrupción relacionados con el uso de asesores y expertos por parte de las instituciones públicas . La pequeña corrupción ha seguido disminuyendo. En lo que respecta a los casos de corrupción de alto nivel, existe preocupación por el aumento de la corrupción institucionalizada, la inmunidad y la impunidad causadas por la disparidad en el tratamiento de los casos de corrupción con fines políticos. En este contexto, el hecho de que el ministro de Justicia actúe al mismo tiempo como Fiscal General también se suma a otras preocupaciones existentes sobre la independencia de la Oficina Central Anticorrupción . El aumento de las competencias de supervisión del Fiscal General, que puede hacerse cargo de los asuntos que llevan sus subordinados, abre vías para influir políticamente en los procesos de lucha contra la corrupción. La cooperación en la práctica entre las instituciones competentes para luchar contra la corrupción en Polonia se enfrenta a algunas limitaciones jurídicas y organizativas. En particular, las limitaciones del acceso a los datos financieros constituyen un obstáculo para la detección y persecución de la corrupción . Según el Gobierno, los recursos y el nivel de especialización y digitalización de los servicios implicados tampoco son siempre suficientes para llevar a cabo sus tareas de represión de la corrupción con eficacia. Esta preocupación se refiere específicamente a la escasez de personal anticorrupción, a la insuficiencia de recursos y capacidades tecnológicos y a la recogida eficaz de pruebas para cumplir las normas en materia probatoria, que han prolongado los procedimientos y obstaculizado el trabajo de los agentes, especialmente durante la pandemia de COVID-19 . La legislación pertinente sobre los grupos de interés va acompañada de una guía práctica sobre conflictos de intereses para los funcionarios públicos. Se ha elaborado una guía titulada «Los conflictos de intereses: ¿qué son y cómo evitarlos?» dirigida a los empleados del Gobierno para contribuir a la aplicación práctica de las normas establecidas en la Ley sobre la actividad de los grupos de presión en el proceso legislativo . En 2020, la Oficina Central de Anticorrupción examinó 2 353 cuestiones de conflicto de intereses en el Ministerio de Sanidad y en el Ministerio de Defensa Nacional (frente a 2 477 en 2019), que afectaban a 1 949 personas (frente a 2 187 en 2019), sin que se remitiera ningún asunto al Ministerio Fiscal . Existen tres registros de grupos de presión: uno para el Gobierno (basado en la ley de los grupos de presión), otro para la cámara baja del Parlamento (Sejm) y otro para la cámara alta (Senado) . El ministro del Interior y de la Administración es el órgano de supervisión de las actividades de los grupos de presión ante el Gobierno . Por lo que respecta a las actividades de estos grupos dirigidas a los parlamentarios, las dos cámaras del Parlamento (Sejm y Senado) ejercen funciones de supervisión . Existen dudas en cuanto a la eficacia de los registros. Al parecer, solo un representante de intereses participó en una única reunión de comisiones parlamentarias en 2020, cuando en el registro de la cámara baja del Parlamento figuran un total de 508 entidades . En general, el número de grupos de presión registrados sigue disminuyendo, la supervisión no es sistemática y no existe información sobre si se han aplicado sanciones a los grupos de presión que no se han registrado . Las normas para el período posterior a un empleo («puertas giratorias») solo se aplican a los altos funcionarios (excepto los diputados al Parlamento) y se limitan a las entidades con respecto a las cuales un funcionario público haya adoptado decisiones específicas . Se ha emprendido un trabajo técnico para lograr un sistema normalizado de declaración del patrimonio. El nivel de digitalización de las declaraciones de patrimonio de los políticos es bajo y falta un sistema centralizado de presentación y control . La mayoría de las declaraciones siguen cumplimentándose a mano y se utilizan varios formularios de declaración . Los datos que deben revelarse son similares, pero no idénticos para todos los funcionarios públicos obligados. En 2020, la Oficina Central Anticorrupción llevó a cabo 81 controles de la declaración de patrimonio (frente a 90 en 2019), de los cuales 45 se referían a presuntos delitos , y 385 análisis previos al control de las declaraciones de patrimonio y del cumplimiento de las disposiciones contra la corrupción (frente a 364 en 2019). En dos casos, se facilitó material para procedimientos pendientes y, en otros dos, se facilitaron al Ministerio Fiscal los resultados de las inspecciones de la Oficina Central Anticorrupción. El Gobierno dispone de una línea telefónica directa específica para denunciar casos de corrupción y delitos relacionados con la corrupción. La Oficina Central Anticorrupción puede recibir denuncias públicas y anónimas de los ciudadanos . Hasta que se modifiquen las actuales disposiciones sobre denunciantes previstas en diferentes actos jurídicos, los llamamientos a reforzar la protección de los denunciantes siguen siendo válidos . Las excepciones a las normas de contratación pública introducidas durante la pandemia de COVID-19 han suscitado preocupación por posibles riesgos de corrupción. Esto se refiere, en particular, a la exención de la responsabilidad penal y disciplinaria de los funcionarios que gestionan fondos públicos o adquieren equipos, servicios y otros recursos para luchar contra la pandemia de COVID-19 . Sin embargo, a principios de 2021 también entró en vigor una nueva Ley de contratación pública que las partes interesadas en la lucha contra la corrupción valoraron en gran medida como una buena práctica que va en la dirección correcta . La Oficina Central Anticorrupción se encarga de los aspectos contra la corrupción del Escudo Anticrisis del Gobierno, que presta apoyo financiero a microempresas, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas para combatir los efectos de la pandemia de COVID-19. III.Libertad y pluralismo de los medios de comunicación

La protección de los periodistas se basa en los principios constitucionales y se especifica en la legislación sectorial. La Ley de radiodifusión y la Ley de prensa establecen, respectivamente, un marco jurídico para el regulador de los medios de comunicación: el Consejo Nacional de Radiodifusión (KRRiT) y salvaguardias para la independencia periodística. Se espera que la Ley de radiodifusión se modifique como resultado de la transposición de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada, actualmente en proceso. Los próximos cambios en el marco jurídico tendrán por objeto reforzar las salvaguardias legales de la independencia del regulador de los medios de comunicación. De conformidad con la Constitución, los miembros del Consejo Nacional de Radiodifusión (KRRiT) son nombrados por el Sejm, el Senado y el presidente de la República. No pueden pertenecer a un partido político ni a un sindicato, ni realizar actividades públicas incompatibles con su función. Polonia sigue trabajando en la transposición de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada. Según las autoridades polacas, se espera que las próximas modificaciones de la Ley de radiodifusión hagan que el procedimiento de cese de los miembros del KRRiT sea más rígido. En la actualidad, el rechazo del informe anual del KRRiT por el Sejm y el Senado tiene como consecuencia la expiración automática del mandato de todos sus miembros (artículo 12 de la Ley de radiodifusión). La nueva ley introducirá requisitos formales adicionales para este procedimiento de rechazo. En particular, exigirá que el presidente de la República confirme la expiración del mandato de los miembros del KRRiT, tras el voto negativo del Sejm y del Senado. Las resoluciones del Sejm y del Senado, así como la confirmación del Presidente, deberán estar motivadas. Asimismo, se ampliará la lista de responsabilidades del regulador de los medios de comunicación para adaptarla a la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada. Ni el KRRiT ni el Consejo Nacional de Medios de Comunicación (RMN), que es el órgano rector de los medios de comunicación públicos, se ocupan de los programas informativos de dichos medios. Esto se consideró problemático en el contexto de la cobertura de la campaña presidencial de 2020. Sin embargo, el KRRiT coopera con el Centro de Seguimiento de Discursos Públicos, que ofrece informes sobre las apariciones en radio y televisión de políticos y expertos, en particular en emisoras y programas periodísticos. La evolución reciente del mercado polaco de los medios de comunicación corre el riesgo de reducir el pluralismo de dichos medios. Se han planteado preocupaciones en relación con los planes de modificación legislativa que permiten no conceder concesiones de radiodifusión a operadores controlados directa o indirectamente por personas registradas fuera del EEE. Las partes interesadas ya han expresado su preocupación por el futuro del canal TVN24, cuya licencia aún no se ha renovado desde que se presentó la solicitud en febrero de 2020. La posible adquisición de Polska Press, propiedad alemana, por la empresa petrolera controlada por el Estado PKN Orlen también ha suscitado preocupación por constituir una amenaza potencial para el pluralismo del mercado de los medios de comunicación. La operación fue aprobada por la autoridad polaca de competencia (UOKiK). Posteriormente, esta aprobación fue cuestionada por el Defensor del Pueblo polaco, que alegó que la operación debía anularse porque amenazaba la libertad de prensa. A la espera del examen del recurso de apelación presentado por el Defensor del Pueblo en cuanto al fondo del asunto, el Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de los Consumidores ordenó la suspensión provisional de la resolución de la UOKiK. La autoridad para la competencia dispone de tres meses para recurrir. Sin embargo, PKN Orlen declaró que consideraba que la adquisición de las acciones ya había concluido antes de esta resolución judicial y procedió a adoptar diversas decisiones de gestión, en particular cambios de personal en los equipos editoriales de los periódicos de Polska Press. Según Reporteros sin Fronteras, este tipo de decisiones deben considerarse la confirmación de que esta adquisición afecta a la independencia del grupo de medios de comunicación, y el Defensor del Pueblo declaró que, con su actuación, PKN Orlen ha demostrado un «desprecio flagrante» a la resolución del Tribunal. Además, el Instituto Internacional de Prensa expresó su preocupación por el hecho de que la decisión de la autoridad para la competencia pudiera debilitar a las empresas de comunicación a las que se percibe como opositoras al partido gobernante. Se espera que se refuercen las obligaciones de transparencia en la propiedad de los medios de comunicación. Como parte de las modificaciones de la Ley de radiodifusión por la que se transpone la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada, las autoridades polacas tienen la intención de ampliar el ámbito de aplicación de las obligaciones de transparencia para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Esto incluirá facilitar la información de los titulares reales haciendo referencia a la inscripción en el Registro Judicial Nacional (KRS) y en el Registro Central de Titulares Reales. Se espera que las modificaciones se aprueben en el tercer trimestre de 2021. El Media Pluralism Monitor de 2021 indica un riesgo medio en relación con la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación y el alto riesgo de concentración de los medios informativos . La publicidad del Estado parece adjudicarse principalmente a los medios de comunicación que se consideran favorables al Gobierno. Las partes interesadas informan de que las autoridades estatales y las empresas propiedad del Tesoro Público solo colocan sus anuncios y publicidad en los medios de comunicación que se consideran favorables al Gobierno. Aunque se dice que los medios de comunicación públicos son los principales beneficiarios de ayudas públicas, un estudio reciente confirma que crece la proporción de medios privados progubernamentales. El Instituto Internacional de la Prensa ha advertido de que la instrumentalización de la publicidad pública afecta negativamente a la dinámica del mercado y podría causar un deterioro de los estándares periodísticos.Del mismo modo, el Media Pluralism Monitor de 2021 señala que determinados tipos de ayudas públicas, como las subvenciones, los préstamos o la publicidad del Estado, se caracterizan por la fragmentación y la falta de transparencia . Además, en respuesta a la pandemia de COVID-19, el Gobierno activó en marzo de 2020 un «escudo anticrisis» transversal que ofrecía diversas medidas de apoyo (tanto financieras como legislativas) a todas las empresas. El Media Pluralism Monitor de 2021 informa de que no todos los grupos de comunicación solicitaron fondos para cubrir los salarios de los empleados durante los confinamientos. En el marco del «escudo anticrisis», el Gobierno introdujo una tasa adicional sobre los ingresos locales de las plataformas de vídeo a la carta que operan en Polonia. Según los representantes del Gobierno, esta nueva tasa se introdujo para compensar las pérdidas financieras de los cines y apoyar al Instituto Polaco de Cinematografía. El marco jurídico polaco reconoce el derecho de acceso a la información pública, aunque las múltiples limitaciones dificultan su aplicación en la práctica. Las partes interesadas informan de casos de limitación del acceso a la información sin explicaciones, cancelación o denegación de acreditaciones de periodistas o prohibición de entrada a determinados actos. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública corre el riesgo de sufrir todavía mayor limitación como consecuencia del actual desafío constitucional. El Instituto Internacional de la Prensa señala que la situación se ha deteriorado durante la pandemia de COVID-19. Del mismo modo, el Media Pluralism Monitor de 2021 informa de que las disposiciones legales adoptadas como parte del «escudo anticrisis» por razón de la COVID-19 permitieron a las autoridades suspender los plazos estipulados por el Derecho administrativo, con lo que se limitó o retrasó acceso a la información pública. Por consiguiente, el Media Pluralism Monitor de 2021 indica que los riesgos relacionados con el acceso a la información en Polonia son mayores que en la edición del año pasado. El entorno profesional de los periodistas se deteriora en Polonia. Si bien las salvaguardias de la independencia periodística están incluidas en la Ley de radiodifusión y en la Ley de prensa, faltan las disposiciones destinadas a limitar el control político sobre los medios de comunicación (por ejemplo, los límites al control de los medios por parte de los políticos) . Como resultado de las injerencias políticas (tanto en los medios de comunicación privados como públicos), hubo casos de periodistas que decidieron crear nuevos medios de comunicación digitales, utilizando modelos empresariales de microfinanciación colectiva. La violencia empleada por las fuerzas policiales durante las protestas y manifestaciones afectó también a los periodistas que informan de estos acontecimientos. La Clasificación mundial de la libertad de prensa de 2021 informó de que la policía polaca ha incumplido reiteradamente la obligación de proteger a los periodistas durante las protestas y, bien al contrario, ha utilizado la violencia y las detenciones arbitrarias. Durante el período de confinamiento, los periodistas estaban cualificados como uno de los grupos profesionales privilegiados autorizados a permanecer en un hotel durante los viajes relacionados con el trabajo. La comunidad de medios de información ha observado un aumento de las demandas contra periodistas con efectos intimidatorios y cartas de advertencia dirigidas a periodistas y redacciones de periódicos con el fin de aplazar o evitar la publicación de información crítica sobre empresas o instituciones públicas. Esta tendencia parece afectar especialmente a los medios de comunicación más pequeños y a los profesionales autónomos, que están en alto riesgo de autocensura debido al temor a consecuencias legales. Aunque la mayoría de estas demandas tienden a ser infructuosas, se siguen utilizando ampliamente para acosar a los críticos con el Gobierno. La Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas registró diez alertas relativas a Polonia en 2020 y dos en 2021. La naturaleza de las alertas confirma la tendencia a utilizar acciones legales intimidatorias contra periodistas. El Media Pluralism Monitor de 2021 sitúa los riesgos relacionados con la profesión, las normas y la protección de los periodistas en un nivel medio. IV.Otras cuestiones institucionales relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales Polonia es una república democrática representativa con un presidente elegido por sufragio directo, un Parlamento bicameral y un Tribunal Constitucional responsable del control de la constitucionalidad de las leyes. El Sejm tiene el poder de decisión final a la hora de legislar. El presidente de la República, el Senado, un grupo de quince diputados, el Consejo de Ministros y una agrupación de al menos 100 000 ciudadanos tienen la facultad de proponer nuevas leyes. El Defensor del Pueblo es independiente y se encarga de salvaguardar las libertades y los derechos de las personas y los ciudadanos recogidos en la Constitución y en otros actos jurídicos. El procedimiento acelerado de aprobación de leyes continúa utilizándose para realizar reformas estructurales significativas del poder judicial o de otras autoridades independientes. Las recientes enmiendas a la Ley del Tribunal Supremo fueron aprobadas en tercera lectura por el Sejm en un plazo de 24 horas desde su presentación. Cabe recordar que una de las recomendaciones específicas formuladas en el contexto del Semestre Europeo de 2020 para Polonia era que se garantizase la eficacia de las consultas públicas y la participación de los interlocutores sociales en el proceso de elaboración de políticas. La Comisión de Venecia y la OSCE han subrayado en varias ocasiones la importancia de que las propuestas y enmiendas legislativas sean objeto de un debate profundo, en particular a través de consultas significativas con las partes interesadas, los expertos y la sociedad civil, así como un diálogo con la oposición política. El estado de epidemia declarado por el Gobierno en marzo de 2020 sigue en vigor. El 20 de marzo de 2020, el ministro de Sanidad declaró el estado de epidemia a escala nacional para contrarrestar los efectos de la pandemia de COVID-19. El estado de epidemia se basa en el Derecho estatutario y permite al ministro de Sanidad y a otros miembros del Consejo de Ministros introducir limitaciones a las libertades constitucionales e imponer obligaciones a los ciudadanos y a los propietarios de empresas. El estado de epidemia se ha impuesto sin limitación temporal y permanecerá vigente mientras el ministro de Sanidad no lo revoque mediante un decreto. El estado de epidemia y las medidas que permite introducir a través de decretos gubernamentales han suscitado dudas en cuanto a su constitucionalidad, haciéndose referencia al hecho de que la Constitución polaca establece expresamente que cualquier restricción de los derechos y libertades fundamentales solo puede imponerse en el marco del estado de emergencia. Esta posición también ha sido adoptada por los órganos jurisdiccionales que conocen de asuntos individuales relativos a la imposición de sanciones debido a infracciones de las medidas contra la COVID. Las medidas adoptadas por el Gobierno en 2020 para hacer frente a la pandemia de COVID-19 siguen siendo consideradas ilegales por los tribunales. Tras la declaración del estado de epidemia, las partes interesadas expresaron su preocupación por las medidas impuestas en este contexto, habida cuenta de sus efectos para los derechos fundamentales. Tras la imposición de multas por parte de las autoridades estatales como la policía y la inspección sanitaria por incumplimiento de las medidas contra la COVID, los tribunales ordinarios y de lo contencioso-administrativo han rechazado a gran escala dichas multas, considerándolas incompatibles con la Constitución polaca, incluidas las relativas a la prohibición de las reuniones públicas. El primer ministro ha presentado una solicitud ante el Tribunal Constitucional, aún pendiente de resolución, con la finalidad de evitar que el Estado polaco se vea obligado a cubrir los daños y perjuicios derivados de las medidas contra la COVID. El Tribunal Supremo sigue revisando resoluciones de los tribunales ordinarios en determinados asuntos que datan de hace veinte años. En virtud del nuevo procedimiento de recurso extraordinario, la nueva Sala de Control Extraordinario y Asuntos Públicos está facultada para anular total o parcialmente cualquier sentencia firme dictada por tribunales ordinarios en los últimos veinte años, con algunas excepciones. Este nuevo procedimiento de recurso extraordinario, basado en criterios amplios, suscita cuestiones relativas al principio de seguridad jurídica y es una de las preocupaciones planteadas por la Comisión en su Propuesta motivada aprobada en virtud del procedimiento del artículo 7, apartado 1, del TUE. Según la información disponible, la mayor parte de los procedimientos han sido presentados hasta ahora por el Fiscal General. El espacio de la sociedad civil sigue viéndose afectado negativamente . Polonia tiene una sociedad civil amplia y dinámica, compuesta por más de 120 000 ONG diferentes. Sin embargo, en la actualización de 2020 del informe CIVICUS se observa que el espacio cívico para el funcionamiento de las ONG se ha estrechado. El acceso de las ONG a financiación pública sigue siendo un problema. La sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de octubre de 2020, que dio lugar a una prohibición de facto del aborto, desencadenó protestas a escala nacional en el contexto de la pandemia de COVID-19, que fueron motivo de preocupación por el uso de la intimidación, la violencia y la detención de manifestantes pacíficos. Siguen recibiéndose denuncias por el aumento de las amenazas contra mujeres activistas, aparentemente sin reacción alguna por parte de las autoridades públicas. El Consejo de Europa expresó su preocupación por el acoso y la intimidación que padece la comunidad LGBTI en Polonia, lo que dificulta especialmente el funcionamiento de las ONG LGBTI, también en lo que se refiere al acceso a la financiación. El Defensor del Pueblo impugnó ante el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo la decisión de determinadas regiones de declararse «zonas libres de ideología LGBTI». El Defensor del Pueblo, debido a una sentencia del Tribunal Constitucional, está obligado a cesar en sus funciones mientras no se haya elegido a su sucesor. A lo largo de 2020 y 2021, el Defensor del Pueblo ha seguido desempeñando un papel fundamental como salvaguardia del Estado de Derecho. De conformidad con la Ley del Defensor del Pueblo, que es un órgano de igualdad con arreglo al Derecho de la UE, el defensor del pueblo en ejercicio permanece en funciones a la espera del nombramiento de un nuevo titular. Este nombramiento, que corresponde al Sejm, requiere el consentimiento del Senado, donde los partidos de la oposición poseen la mayoría. Tras la expiración del mandato del defensor del pueblo en septiembre de 2020, que, según la Constitución prescribe a los cinco años, los representantes de la coalición gobernante presentaron ante el Tribunal Constitucional una solicitud de declaración de inconstitucionalidad de la mencionada disposición transitoria legal. El 15 de abril de 2021, el Tribunal Constitucional dictó una resolución en la que afirmaba que, si no se elige a un nuevo defensor del pueblo, el defensor del pueblo saliente ha de cesar en el ejercicio de sus funciones principales al cabo de tres meses de la publicación de la resolución del Tribunal Constitucional (es decir, el 16 de julio de 2021). Los procedimientos parlamentarios apuntan ahora a la designación de un nuevo Defensor del Pueblo con apoyo de todos los partidos. A pesar de su carga de trabajo había aumentado, las autoridades públicas limitaron aún más el presupuesto asignado a la Oficina del Defensor del Pueblo en 2021, siguiendo la tendencia observada desde 2016. Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético* * La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021 está disponible en https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation_es . Antyweb.pl Raport UW: Spółki Skarbu Państwa reklamują się głównie w mediach sprzyjających władzy, 17 de febrero de 2021 ( https://antyweb.pl/raport-uw-spolki-skarbu-panstwa-reklamuja-sie-glownie-w-mediach-sprzyjajacych-wladzy/ ). 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·Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional); ·Foro Obywatelskiego Rozwoju (Foro de Desarrollo Civil); ·Fundacja — Instytut Prawa Ustrojowego (Fundación del Instituto de Derecho Constitucional); ·Fundacja Bona Notia (Fundación Bona Notia); ·Fundacja Mamy i Taty (Fundación Madre y Padre); ·Helsinska Fundacja Praw Człowieka (Fundación Helsinki de Derechos Humanos); ·Instytut Prawa i Społeczeństwa (Instituto de Derecho y Sociedad); ·Instytut Sobieskiego (Instituto Sobieski); ·Izba wydawców Prasy (Cámara de Editores de Prensa); ·Klub Jagielloński (Club Jagielloński); ·Ministerstvo kultury (Ministerio de Cultura) ·Krajowa Rada Sądownictwa (Consejo Nacional del Poder Judicial); ·Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Consejo Nacional de Televisión y Radiodifusión); ·Krajowa Rada Radców Prawnych (Consejo Nacional de Abogados); ·Rada Mediów Narodowych (Consejo Nacional de Medios de Comunicación); ·Rzecznik Praw Obywatelskich (Defensor del Pueblo); ·Fundacja — Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris (Fundación — Instituto de Cultura Jurídica Ordo Iuris); ·Stowarzyszenie Polskich Mediów (Asociación polaca de medios de comunicación); ·Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne (Asociación de Televisión Local y Regional de Polonia); ·Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo);

·Naczelna Rada Adwokacka (Consejo Superior de la Abogacía); ·Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo); ·Stowarzyszenie Prokuratorów «Lex Super Omnia» (asociación de fiscales «Lex Super Omnia»); ·Stowarzyszenie sędziów «Iustitia» (asociación judicial «Iustitia»); ·Stowarzyszenie sędziów Themis (asociación judicial «Themis»); ·Towarzystwo Dziennikarskie (Asociación de Periodistas); ·Towarzystwo dziennikarzy Polskich (Asociación Polaca de Periodistas); ·Watchdog Polska. * Además, la Comisión mantuvo reuniones horizontales con las siguientes organizaciones: ·Amnistía Internacional ·Centro de Derechos Reproductivos ·CIVICUS ·Unión por las Libertades Civiles en Europa ·Sociedad Civil Europa ·Conferencia de Iglesias Europeas ·EuroCommerce ·European Center for Not-for-Profit Law ·Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación ·Foro Cívico Europeo ·Federación Europea de Periodistas