ES

Bruselas, 25.9.2009

COM(2009) 504 final

INFORME DE LA COMISIÓN

SOBRE SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

(XVI Informe «Legislar mejor» 2008)

INFORME DE LA COMISIÓN

SOBRE SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

(XVI Informe «Legislar mejor» 2008)

1. Introducción

Este es el decimosexto informe sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad que la Comisión presenta al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo, de acuerdo con el Protocolo anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea [1]. Al igual que el correspondiente a 2007, el presente informe no aborda los temas más generales de mejora de la legislación, por haberse tratado éstos en el tercer análisis estratégico del programa «Legislar mejor» [2]

2. Marco jurídico e institucional

2.1. Los principios de subsidiariedad y proporcionalidad

La subsidiariedad y la proporcionalidad se definen en el artículo 5, apartados 2 y 3, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE). El Protocolo 30 del Tratado explica con más detalle cómo deben aplicarse estos dos principios.

La subsidiariedad es un principio rector para definir la frontera entre las responsabilidades del Estado miembro y las de la UE, en otras palabras, para determinar quién debe actuar. Si la Comunidad goza de competencia exclusiva en un ámbito, no hay ninguna duda sobre quién debe actuar, y la subsidiariedad no procede. En cambio, si la Comunidad y los Estados miembros comparten esa competencia, el principio establece claramente una presunción en favor de que sean los Estados miembros los que actúen. La Comunidad solamente debe intervenir si los objetivos no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros (prueba de necesidad) y si pueden ser logrados mejor por la Comunidad (prueba de valor añadido o eficacia comparada).

La subsidiariedad es un concepto dinámico, cuya evaluación irá necesariamente cambiando con el tiempo. Permite que la intervención comunitaria, dentro de los límites de sus competencias, sea mayor cuando las circunstancias así lo exigen e, inversamente, implica que se restrinja o abandone cuando ya no se dan las condiciones de subsidiariedad [3].

La proporcionalidad es un principio rector que permite establecer cómo debe la Unión Europea ejercer sus competencias, ya sean exclusivas o compartidas (forma y naturaleza de la intervención de la UE). Tanto el artículo 5 del TCE como el Protocolo establecen que la intervención no debe ir más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado. Cualquier decisión debe favorecer la opción menos restrictiva.

2.2. Formas de aplicación, comentarios y control a posteriori

Todas las instituciones de la Unión han de respetar ambos principios. Tanto el Protocolo como el Acuerdo interinstitucional de 1993 sobre subsidiariedad [4] establecen obligaciones específicas, cuyos elementos fundamentales se resumen a continuación.

La Comisión debe celebrar amplias consultas antes de proponer textos legislativos, declarar en la exposición de motivos de cada propuesta legislativa las razones por las que considera que la propuesta se ajusta a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y tener en cuenta la carga que recae en la Comunidad, los gobiernos nacionales, las autoridades locales, los operadores económicos y los ciudadanos.

El Parlamento Europeo y el Consejo deben presentar una justificación referente a la subsidiariedad cuando realizan una modificación que afecta al ámbito de actuación comunitaria [5]. Cuando se aplica el procedimiento de consulta o de cooperación, el Consejo tiene que informar al Parlamento de su posición respecto a la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en una exposición de motivos [6].

El Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones expresan su opinión bien cuando se les consulta, bien por propia iniciativa. La «Conferencia de los Órganos Especializados en Asuntos Comunitarios» de los Parlamentos de la Unión Europea (COSAC) también puede pronunciarse sobre la aplicación del principio de subsidiariedad [7].

Desde septiembre de 2006 la Comisión ha transmitido nuevas propuestas legislativas a los Parlamentos nacionales invitándoles a expresar su opinión. Aunque este ejercicio abarca mucho más que los temas relacionados con la subsidiariedad y la proporcionalidad, muchas de las observaciones recibidas de los parlamentos nacionales se refieren a estos principios.

Por último, el cumplimiento del principio de subsidiariedad puede dar lugar a que el Tribunal de Justicia y el de Primera Instancia reconsideren la legalidad de los actos de las instituciones.

3. Aplicación de los principios por parte de la Comisión en 2008

3.1. Cómo aborda la Comisión estos principios

El Protocolo exige que la Comisión exponga los motivos por los que considera que una propuesta legislativa satisface los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. La Comisión lo hace por distintos medios: la subsidiariedad y la proporcionalidad se examinan como parte de las evaluaciones de impacto que la Comisión lleva a cabo para todas sus iniciativas importantes y se tratan en las exposiciones de motivos y en los considerandos de las propuestas legislativas.

Una característica fundamental del sistema de evaluación del impacto de la Comisión es el control independiente y de calidad que ofrece el Comité de Evaluación del Impacto (CEI). En sus dictámenes el CEI recomienda mejoras de los elementos fundamentales de las evaluaciones de impacto, incluido en lo relativo a la subsidiariedad y la proporcionalidad. Los dictámenes del CEI están formalmente integrados en el proceso interno de toma de decisiones de la Comisión, y se encuentran también a disposición de las demás instituciones y del público, una vez que la Comisión ha adoptado la iniciativa correspondiente.

El Informe del CEI para 2008 muestra un aumento del número de sus recomendaciones en materia de subsidiariedad y proporcionalidad (29 casos en 2007, 48 en 2008). Sobre la base de los trabajos del CEI y a partir de la «tabla de evaluación» elaborada por el Comité de las Regiones para sus trabajos sobre subsidiariedad [8], la Comisión ha mejorado sus orientaciones sobre la forma de analizar la subsidiariedad y la proporcionalidad en las Directrices revisadas sobre evaluación del impacto que aprobó en enero de 2009. Ahora incluyen dos conjuntos de preguntas explícitas [9] basadas en el Protocolo 30 y que deberían ayudar a mejorar la calidad de los análisis en las evaluaciones de impacto. Por ejemplo, las preguntas hacen hincapié en la presencia de aquellos aspectos transnacionales que podrían ser un indicio de que los Estados miembros no están en condiciones de cumplir satisfactoriamente los objetivos por sí solos.

3.2. Ejemplos de aplicación de los principios por parte de la Comisión en sus evaluaciones de impacto

El conjunto de medidas en materia de conciliación [10]. Este conjunto de medidas consistía en las revisiones de dos directivas: una sobre la protección de las trabajadoras embarazadas (que ampliaba el permiso de maternidad de 14 a 18 semanas, en principio con sueldo completo) y otra sobre la ayuda a los cónyuges y a las trabajadoras autónomas (ofreciendo a los «cónyuges colaboradores» que así lo soliciten la misma protección de seguridad social que a sus cónyuges trabajadores autónomos). Los primeros resultados de la evaluación de impacto mostraron, especialmente para la última propuesta, que los costes de aplicación serían importantes para varios Estados miembros. Por tanto, a fin de que determinadas medidas fueran proporcionadas a los objetivos, la Comisión propuso que su aplicación fuera voluntaria para los Estados miembros.

Tipos de IVA reducidos para servicios locales [11]. La propuesta de la Comisión de reducir los tipos de IVA para los servicios con gran intensidad de mano de obra ofrece a los Estados miembros una mayor flexibilidad en el establecimiento de los tipos de IVA para aquellos servicios en los que la dimensión «mercado interior» es prácticamente inexistente. Esto constituye un ejemplo de cómo el reconsiderar la aplicación de un acto legislativo puede llevar a reducir el grado de intervención de la UE.

Directiva para la igualdad de trato fuera del entorno laboral [12]. La propuesta de aplicar el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual incluye una serie de garantías para dejar claro cuándo los Estados miembros mantienen sus competencias (por ej., contenido de la educación, carácter laico del Estado, reconocimiento del matrimonio homosexual). A fin de responder a la preocupación de si las medidas relacionadas con las discapacidad supondrían unos costes desproporcionados para las empresas, la Comisión garantizó que la propuesta se base en el concepto de ajustes razonables con el que las empresas están familiarizadas, ya que se estableció en la Directiva sobre igualdad de trato en el empleo [13]. La propuesta de la Comisión especifica los factores que deben tenerse en cuenta para evaluar lo que es «razonable», y la exposición de motivos muestra en qué forma se satisfacen los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

Recomendación del Consejo sobre temas relacionados con la droga en las cárceles. La Comisión comenzó a trabajar en una iniciativa para recomendar que los Estados miembros tomen medidas sobre la forma de gestionar los temas relacionados con las drogas en las cárceles, lo que habría complementado la Recomendación general sobre drogodependencia ya existente. La evaluación de impacto dejó claro que existía un tema de proporcionalidad, teniendo en cuenta la escala limitada del problema, y este fue uno de los motivos por los que la Comisión no continuó con esta iniciativa.

En varios otros casos el CEI solicitó que se mejorara el análisis de la subsidiariedad, por ejemplo, en: la propuesta de Reglamento sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar [14], la propuesta de Directiva relativa al rendimiento energético de los edificios [15], la propuesta de Directiva para facilitar la aplicación transfronteriza de la normativa sobre seguridad vial [16], la propuesta de Directiva relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos [17], la propuesta de Reglamento sobre la distribución de alimentos entre las personas más necesitadas [18], la propuesta de Reglamento para establecer un plan de consumo de fruta en las escuelas [19] y la propuesta de Directiva relativa a la recuperación de vapores de gasolina de la fase II durante el repostaje de los turismos [20]. El sitio web de la Comisión sobre evaluación de impacto ofrece información más detallada sobre estos asuntos [21].

4. Implicación de los parlamentos nacionales

4.1. Dictámenes enviados a la Comisión

Desde 2006 la Comisión ha venido transmitiendo todas las nuevas propuestas a los parlamentos nacionales y ha establecido un procedimiento para responder a sus dictámenes [22]. El número de dictámenes recibidos por la Comisión prácticamente se ha ido duplicando cada año, pasando de 53 en 2006 a 115 en 2007 y a 200 en 2008 [23]. Ello demuestra que los parlamentos nacionales están estableciendo progresivamente las disposiciones necesarias para responder a las iniciativas de la Comisión. Aunque este ejercicio va más allá de la subsidiariedad y la proporcionalidad, los parlamentos nacionales plantean frecuentemente esos temas. Por ejemplo:

Propuesta sobre los derechos de los pacientes en materia de asistencia sanitaria transfronteriza [24]. La Comisión recibió tres dictámenes. El Senado francés subrayó que, a fin de respetar la subsidiariedad y la proporcionalidad, la propuesta debía reconocer que la organización de los servicios de salud corresponde a los Estados miembros. Las dos cámaras del Parlamento neerlandés declararon que no estaba claro porqué debería actuarse a escala europea. Expresaron dudas sobre el respeto de la soberanía nacional en la organización y financiación del sistema de salud, y así como sobre la elección del instrumento jurídico (una directiva). El Bundesrat alemán subrayó que los servicios de ayuda social deberían excluirse del alcance de la directiva. Alegó que el recurso al artículo 95 del TCE para el fundamento jurídico no debería utilizarse para eludir los límites a la acción de la Comunidad en el ámbito de la salud expuesto en el artículo 152. Subrayó también que debería hacerse más hincapié en el artículo 5 de la propuesta, que confirma la responsabilidad de los Estados miembros respecto a la organización de los sistemas de atención sanitaria. Al considerar los dictámenes de los parlamentos nacionales, la Comisión declaró que, con arreglo al artículo 152, apartado 5 del TCE, los Estados miembros siguen siendo responsables de la organización y el suministro de servicios sanitarios y asistencia médica, en particular para determinar los derechos de los pacientes y la forma en que debe facilitarse la asistencia sanitaria. Respondiendo al dictamen del Bundesrat alemán, la Comisión afirmó asimismo que la directiva propuesta se aplica a las normas de los servicios sanitarios prestados, pero no incluye el reembolso de la asistencia social ni el bienestar de las víctimas.

Propuesta sobre la Sociedad Privada Europea [25]. El Bundesrat alemán expresó sus dudas sobre el respeto de la subsidiariedad y sobre si la armonización propuesta podría conseguir los objetivos establecidos. Las dos cámaras del Parlamento neerlandés pidieron que se justificara claramente el fundamento jurídico, en el deseo de evitar una situación en la que las reglas europeas pudieran pasar por encima de las reglas nacionales que prohíben los abusos. También cuestionaron el valor añadido de la iniciativa, así como las previsiones de la Comisión sobre la utilización efectiva de la Sociedad Europea. En su respuesta al Bundesrat alemán, la Comisión señaló que la inclusión de un requisito transfronterizo como condición para el establecimiento de una Sociedad Privada Europea no sería coherente con el objetivo de la propuesta que es, entre otros, contribuir a completar y mejorar el funcionamiento del mercado interior y hacerlo más accesible para las PYME.

Comunicación «Ley de la Pequeña Empresa (LPE) para Europa» [26]. El Bundesrat alemán tenía ciertas dudas sobre la subsidiariedad, por ejemplo, en el tema de los programas para que las escuelas europeas promuevan el espíritu emprendedor; por otra parte, el Senado italiano suscribía todos los principios de la Ley de la Pequeña Empresa. En sus respuestas la Comisión invitó a ambas Cámaras a participar activamente en el proceso de seguimiento, especialmente a compartir las mejores prácticas en materia de políticas y medidas nacionales y regionales para las PYME, por ejemplo, en materia de evaluaciones comparativas.

En caso de que llegue a ratificarse, el Tratado de Lisboa reforzará el papel de los parlamentos nacionales en el proceso legislativo de la UE [27]; los protocolos 1 y 2 del Tratado establecen un sistema mejorado para que los parlamentos nacionales expresen sus opiniones sobre los proyectos de propuestas legislativas en lo que respecta al cumplimiento del principio de subsidiariedad. Serán informados de todas las propuestas legislativas y, excepto en los casos urgentes debidamente justificados, tendrán ocho semanas para exponer su opinión [28]. Tendrán derecho a enviar un dictamen motivado a la Comisión cuando consideren que una propuesta legislativa europea no cumple el principio de subsidiariedad [29]. Dependiendo del número de parlamentos que respondan, el Tratado establece dos mecanismos – la «tarjeta amarilla» y la «tarjeta naranja» – que requieren la revisión y, en su caso, la modificación o la retirada de la propuesta. El Tratado incluye también nuevas disposiciones para el control judicial ex-post: los parlamentos nacionales [30] y el Comité de las Regiones podrán plantear las presuntas vulneraciones del principio de subsidiariedad ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas [31].

4.2. Ejercicios piloto sobre el principio de subsidiariedad llevados a cabo por la COSAC

En 2008 la «Conferencia de los Órganos Especializados en Asuntos Comunitarios» de los parlamentos de la Unión Europea (COSAC) llevó a cabo dos nuevos ejercicios sobre subsidiariedad para simular los procedimientos propuestos en virtud del Tratado de Lisboa. Estos ejercicios dieron lugar a la presentación de 27 dictámenes a la Comisión.

Decisión marco del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo [32]. En total se recibieron 12 dictámenes. Sólo la Cámara de los Comunes británica presentó un dictamen negativo sobre el respeto del principio de subsidiariedad; cinco Cámaras de parlamentos nacionales pidieron a la Comisión que aclarase determinados temas relativos a la subsidiariedad y otras cinco solicitaron aclaraciones sobre la vinculación con el Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo.

Directiva para la igualdad de trato fuera del entorno laboral [33]. Se recibieron quince dictámenes sobre la propuesta, de los que catorce eran positivos respecto a la subsidiariedad; el único dictamen negativo lo presentó el Senado checo.

5. Aplicación por parte del Consejo

Directiva marco para la protección del suelo [34]. En el informe de 2007 sobre subsidiariedad y proporcionalidad se reseñaban los intensos debates sobre esta Directiva. A pesar de los esfuerzos de la Presidencia, respaldada por la Comisión, el Consejo no consiguió llegar a un acuerdo político en diciembre de 2007. El compromiso final, que ofrecía a los Estados miembros un amplio grado de flexibilidad y reducía los costes para la aplicación de la Directiva, no resultó aceptable para una minoría de bloqueo por motivos relacionados con la subsidiariedad y la proporcionalidad. En 2008 prosiguieron los debates de carácter técnico.

Directiva sobre las obligaciones de publicación y traducción a que están sujetas determinados tipos de sociedades [35]. Una disposición de esta propuesta elimina la obligación de publicar los actos de las sociedades en papel siempre que la información se publique, en cambio, a través de una plataforma electrónica central, con el objetivo de reducir los costes para las sociedades. Varios Estados miembros, que juntos constituyen una minoría de bloqueo, desean seguir permitiendo que los Estados miembros mantengan el requisito de publicación en la prensa nacional o local a expensas de las sociedades. Dos Estados miembros, basando su alegación en el principio de subsidiariedad, indicaron que la publicación en los periódicos nacionales o locales reviste valor añadido para las sociedades locales, especialmente cuando la cobertura de Internet es escasa. Mencionaron asimismo la necesidad de mantener esta fuente de financiación para la prensa nacional.

Directiva para la igualdad de trato fuera del entorno laboral [36]. Alemania se opuso a esta propuesta por motivos de subsidiariedad; Irlanda expresó las mismas dudas y el Senado checo aprobó una resolución en el mismo sentido. Consideran que la propuesta va más allá de lo que permite su fundamento jurídico (artículo 13 TCE) para estimular, apoyar o complementar las acciones de los Estados miembros. Otros Estados miembros (especialmente los Países Bajos e Italia) consideran también que la propuesta no es conforme al principio de proporcionalidad, vistos los costes administrativos y financieros que implica. Los debates sobre esta propuesta en el Consejo prosiguen bajo la Presidencia sueca.

Directiva sobre la protección de las trabajadoras embarazadas [37]. Según varios Estados miembros (especialmente los Países Bajos), la propuesta no es conforme al principio de subsidiariedad; estos Estados miembros preferirían ser libres para decidir sobre determinados temas cubiertos por la propuesta con arreglo a sus prácticas y experiencias nacionales.

Tipos reducidos del IVA [38]. Un Estado miembro planteó el tema de la subsidiariedad en los debates del Consejo. No cuestionaba la propuesta de la Comisión de 2008, pero sí se oponía, por motivos de subsidiariedad, a un elemento del compromiso propuesto por la Presidencia francesa (según el cual cada una de las solicitudes de un Estado miembro de aplicar un tipo reducido tendría que ser sometida a una evaluación de su impacto, especialmente desde el punto de vista presupuestario). Dicho elemento no se incluyó en el acuerdo político alcanzado en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de 10 de marzo de 2009.

6. Aplicación por parte del Parlamento Europeo

A lo largo de 2008 el Parlamento Europeo adoptó dos resoluciones que tratan con cierta profundidad los temas de subsidiariedad y proporcionalidad. En octubre adoptó una resolución sobre el informe de la Comisión «Legislar mejor 2006 de conformidad con el artículo 9 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad» [39] referente a la nueva función de los parlamentos nacionales respecto al control de la subsidiariedad. Se respaldaba la iniciativa de la Comisión de enviar sus propuestas nuevas a los parlamentos nacionales y recabar sus observaciones pero, a fin de que este diálogo sea más eficiente, el Parlamento Europeo cree que es necesario desarrollar un planteamiento común ante los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

La segunda resolución centrada en temas de subsidiariedad es la respuesta del Parlamento al Libro Verde de la Comisión «Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana» [40]. Si bien el Parlamento considera que la movilidad urbana es responsabilidad de las administraciones locales, reconoce que la UE sí tiene un papel que desempeñar en el desarrollo de un planteamiento europeo integrado sobre este tema. Aunque la UE no debe legislar en el ámbito de la movilidad urbana, el Parlamento alega que la Unión debe tener en cuenta «en los ámbitos políticos en los que puede actuar legislativamente (por ejemplo, política presupuestaria, política medioambiental, política social y de empleo, política de competencia, política industrial, política regional y de cohesión, política de transporte y de seguridad vial y política energética) las exigencias particulares del transporte urbano».

7. Aplicación por parte del Comité de las Regiones.

En 2008 la red de supervisión de la subsidiariedad del Comité de las Regiones entró en su segundo año de actividad. La red opera a través de un sitio web interactivo [41] y se dirige fundamentalmente a las instituciones gubernamentales y parlamentarias que representan a las regiones y ciudades de Europa. También se invita a participar a los parlamentos nacionales, y otras instituciones nacionales y de la UE pueden seguir sus actividades en calidad de observadores. Cuando el Comité de las Regiones está elaborando un dictamen sobre una nueva propuesta legislativa o política, los participantes registrados en la red pueden utilizar un formulario electrónico normalizado para presentar sus observaciones sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad. Por otra parte, los ponentes en el Comité pueden poner en marcha consultas más amplias de la red cuando necesiten más aportaciones en materia de subsidiariedad y proporcionalidad para su trabajo. En 2008 tuvieron lugar tres consultas [42].

La intención del Comité de las Regiones es utilizar sus plataformas y redes consultivas, como la red de supervisión de la subsidiariedad, para facilitar a la Comisión Europea datos sobre las posibles repercusiones de sus iniciativas a escala local y regional. Ello permitirá a las administraciones locales y regionales participar desde una fase temprana en el proceso (pre)legislativo y ayudar a valorara mejor las repercusiones territoriales de las propuestas legislativas y políticas de la UE.

8. Aplicación por parte del Tribunal de Justicia

Aunque no hubo nueva jurisprudencia especial que reseñar, sigue su curso una petición de decisión prejudicial que podría dar lugar a que el Tribunal se pronuncie en materia de subsidiariedad. El 13 de febrero de 2008 el Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales) solicitó al Tribunal Europeo de Justicia que se pronunciara a título prejudicial sobre el «Reglamento sobre itinerancia» [43]. Además de una pregunta sobre el fundamento jurídico, el Tribunal Superior preguntó al Tribunal Europeo de Justicia si el Reglamento es inválido «por el motivo de que la imposición de un precio máximo respecto a las tarifas de itinerancia al por menor vulnera el principio de proporcionalidad y/o el de subsidiariedad». Se espera que el Tribunal se pronuncie antes de 2010.

9. Conclusiones

El análisis aquí expuesto sugiere tres conclusiones generales. En primer lugar, si bien a menudo surgen divergencias de opiniones en el Consejo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, ése no suele ser el caso en el Parlamento Europeo, donde parece existir un consenso amplio sobre la necesidad de la acción de la UE y su valor añadido. En segundo lugar, el número de dictámenes que recibe la Comisión de los parlamentos nacionales sobre sus propuestas está aumentando rápidamente; prácticamente se duplica cada año. Es de esperar que esta tendencia continúe si se ratifica el Tratado de Lisboa y entran en funcionamiento los mecanismos de «tarjeta amarilla» y «tarjeta naranja», lo que enriquecerá aún más el debate sobre subsidiariedad y proporcionalidad. En tercer lugar, la evaluación de impacto se ha convertido en el principal vehículo para tratar los asuntos de subsidiariedad y proporcionalidad dentro de la Comisión cuando se están elaborando iniciativas políticas. El Comité de Evaluación del Impacto desempeña un papel clave a este respecto, y las Directrices revisadas sobre evaluación del impacto suscitarán nuevos avances en este ámbito.

Anexo 1: Número de dictámenes recibidos de los parlamentos nacionales

| Cámaras de los parlamentos nacionales | Dictámenes recibidos |

1 | PT - Assembleia da República | 65 |

2 | DE - Bundesrat | 18 |

3 | SE - Riksdag | 16 |

4 | FR - Sénat | 13 |

5 | UK - House of Lords | 12 |

6 | DK - Folketing | 11 |

7 | CZ - Senát | 11 |

8 | IT - Senato della Repubblica | 8 |

9 | IE - Dáil Éireann and Seanad Éireann | 7 |

10 | IT - Camera dei deputati | 6 |

11 | NL - Staten Generaal | 5 |

12 | PL - Sejm | 5 |

13 | AT - Bundesrat | 4 |

14 | EL - Vouli ton Ellinon | 3 |

15 | DE - Bundestag | 2 |

16 | EE - Riigikogu | 2 |

17 | LU - Chambre des Députés | 2 |

18 | BE – Sénat/Senaat | 2 |

19 | CY - Vouli ton Antiprosopon | 2 |

20 | LV - Saeima | 2 |

21 | UK - House of Commons | 1 |

22 | CZ - Poslanecká sněmovna | 1 |

23 | BE - Chambre des Répresentants/ Kamer van volksvertegenwoordigers | 1 |

24 | BG - Narodno sabranie | 1 |

| Total | 200 |

[1] Protocolo (n° 30) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (1997).

[2] COM(2009)15 de 28.1.2009.

[3] Artículo 3 del Protocolo.

[4] Adoptado el 17.11.1993, DO C 329 de 6.12.1993, p. 132.

[5] Sección 2, punto 3, del Acuerdo interinstitucional sobre subsidiariedad de 1993.

[6] Artículo 12 del Protocolo.

[7] Punto 6 del Protocolo sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión Europea, Tratado de Ámsterdam.

[8] http://subsidiarity.cor.europa.eu/Help/tabid/283/Default.aspx .

[9] SEC(2009) 92 de 15.1.2009; véase la subsidiariedad en la sección 5.2 y la proporcionalidad en la sección 7.2.

[10] COM(2008) 636 y COM(2008) 637 de 3.10.2008.

[11] COM(2008) 428 de 7.7.2008.

[12] COM(2008) 426 de 2.7.2008.

[13] Directiva 2000/78/CE de 27.11.2000.

[14] COM(2008) 817 de 4.12.2008.

[15] COM(2008) 780 de 13.11.2008.

[16] COM(2008) 151 de 19.3.2008.

[17] COM(2008) 543 de 5.11.2008.

[18] COM(2008) 563 de 17.9.2008.

[19] COM(2008) 442 de 8.7.2008.

[20] COM(2008) 812 de 4.12.2008.

[21] http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm

[22] «Una agenda de los ciudadanos – Logrando resultados para Europa» COM(2006) 211 de 10.5.2006.

[23] El anexo 1 presenta una visión general del origen de los dictámenes recibidos por la Comisión.

[24] COM(2008) 414 de 2.7.2008.

[25] COM(2008) 396 de 25.6.2008.

[26] COM(2008) 394 de 25.6.2008.

[27] Protocolos 1 y 2.

[28] Artículo 4 del Protocolo sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión Europea.

[29] Se trata de las siguientes: propuestas de la Comisión, iniciativas de un grupo de Estados miembros (por ej. cooperación penal), iniciativas del Parlamento Europeo, peticiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, recomendaciones del Banco Central Europeo y peticiones del Banco Europeo de Inversiones de adopción de un acto legislativo europeo.

[30] Vía una acción notificada por el Estado miembro de conformidad con su ordenamiento jurídico nacional o en nombre del Parlamento nacional o de una de sus cámaras.

[31] Artículo 8 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

[32] COM(2007) 650 de 6.11.2007.

[33] COM(2008) 426 de 2.7.2008.

[34] COM(2006) 232 de 22.9.2006.

[35] COM(2008) 194 de 17.4.2008.

[36] COM(2008) 426 de 2.7.2008.

[37] COM(2008) 637 de 3.10.2008.

[38] COM(2008) 428 de 7.7.2008.

[39] 2008/2045(INI) de 21.10.2008.

[40] 2008/2041(INI) de 9.7.2008.

[41] http://subsidiarity.cor.europa.eu

[42] i) sobre inmigración y empleo COM(2007) 248, COM(2007) 249, COM(2007) 637 y COM(2007) 638; ii) sobre los derechos de los pacientes en materia de asistencia sanitaria transfronteriza COM(2008) 414; iii) sobre el Libro Verde sobre la cohesión territorial COM(2008) 616.

[43] Asunto C-58/8 Vodafone Ltd, Telefónica O2 Europe plc, T-Mobile International AG, Orange Personal Communications Services Ltd/Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform relativo al Reglamento (CE) nº 717/2007.

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