ES    ES  
 COMISIÓN EUROPEA 
Bruselas, 11.10.2011 
SEC(2011) 1166 final 
  
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN 
Resumen de la evaluación de impacto 
que acompaña al documento 
Propuesta de Reglamento del Parlamento  Europeo y del Consejo relativo a una 
normativa común de compraventa europea 
a una normativa común de compraventa europea 
{COM(2011) 635 final} 
{SEC(2011) 1165 final}  
 
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1. CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO Y CONSULTA A LAS PARTES 
INTERESADAS 
La Comision Europea (la Comisión) viene trab ajando desde 2001 en la preparación de una 
normativa contractual europea. En julio de 2010 , adoptó el «Libro Verde sobre opciones para 
avanzar hacia un Derecho contr actual europeo para consumi dores y empresas» (el Libro 
Verde). Una de las iniciativas estratégicas del programa de tr abajo de la Comisión para 2011, 
que será propuesta en el último trimestre de 2011, es un instrumento jurídico de Derecho 
contractual europeo.  
En abril de 2010, la Comisión creó  un Grupo de expertos con la mi sión de realizar un estudio 
de viabilidad sobre un proyecto de instrumento. El estudio se terminó en abril de 2011. Un 
Grupo director de la evaluación de impacto se reunió en cinco ocasiones para discutir el 
proyecto de Libro Verde, el informe de evaluaci ón de impacto y el estudio de viabilidad.  
 
La Comisión mantuvo consultas permanentes. En  el marco del Libro Verde se recibieron 
trescientas veinte respuestas remitidas por un amplio espect ro de partes interesadas que 
permitieron a la Comisión detectar y analizar los problemas que suscitaban las distintas 
opciones. Asimismo, la Comisión creó un grupo de interesados clave en representación de 
empresas, consumidores y profesionales de l Derecho, que fue consultado continuamente 
acerca del estudio de viabilidad para asegurar  que sus normas abarcaran todos los problemas 
prácticos y fueran fáciles de aplicar. Además , la Comisión recabó la opinión de empresas y 
consumidores a través de los Eurobarómetros , el Panel PYME y el Grupo Permanente de 
Consulta de las Empresas Europeas. En novi embre de 2010 se organizó un taller sobre 
Derecho contractual en el que pa rticiparon representantes empres ariales. Funcionarios de la 
Comisión también se reunieron con representantes  de la OEUC y asis tieron a dos reuniones 
del Grupo Consultivo Europeo de Consumidores (GCEC). 
 
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
2.1. Introducción 
Las diferencias entre los Derechos contractua les de los distintos Estados miembros pueden 
obstaculizar el comercio transfronterizo en la UE, disuadiendo a empresas y consumidores de 
efectuar transacciones transfront erizas. Las empresas que comercian con bienes y exportan a 
otros mercados de la UE tienen que hacer fren te a costes de transacción innecesarios que 
rondan los 1 000 millones EUR anuales. El valor de los intercambios no realizados cada año 
entre los Estados miembros debi do a las diferencias entre las normativas contractuales se 
puede cifrar en decenas de miles de millones de euros. 
 
2.2. Actual marco jurídico de la UE en materia de Derecho contractual 
El actual marco jurídico en el ámbito del Derecho contractual se  caracteriza por las 
disparidades existentes entre la s legislaciones nacionales. Aunque  se ha adoptado una serie de 
instrumentos jurídicos de la UE e internacion ales en dicho ámbito, no existe un corpus 
normativo uniforme y global al que puedan recurri r las empresas y los consumidores en las 
transacciones transfronterizas en la UE.  
 
 22.3. Problema 1: Las diferencias  en el Derecho contractua l dificultan y limitan el 
comercio y las operaciones transfronterizas de las empresas 
En la actualidad, solo un promedio del 9,3 % de  las empresas de la UE exportan mercancías 
dentro de la UE. La mayoría de ellas (el 62 % de las que comercian con otras empresas y el 
57 % de las que realizan transacciones con co nsumidores) exportan a no más de otros tres 
Estados miembros. Una de las razones que explican  este nivel relativamente bajo de comercio 
transfronterizo son las persistentes barreras re gulatorias (p. ej., difere ncias en las normativas 
fiscal, contractual y administrativ a) y obstáculos prácticos (p. ej., la lengua, el transporte o los 
servicios posventa).  
Impacto negativo en el come rcio transfronterizo de las diferencias en materia de 
Derecho contractual:  los obstáculos relacionados con el  Derecho contractual ejercen en 
algunas empresas un efecto disuasorio a la hora de realizar transaccione s transfronterizas. El 
61 % de las empresas que reali zan transacciones con otras empr esas y el 55 % de las que se 
dedican al comercio con consumidores se  han visto a menudo, o al menos alguna vez, 
coartadas por obstáculos relacionados con el Derecho contractual. Además, el 3 % de los 
encuestados en el caso de las transacciones entre empresas y el 2 % en el caso del comercio 
con consumidores renunciaron a efectuar exportaciones siempr e por este motivo. En segundo 
lugar, las barreras del Derecho contractual em pujan a las empresas a limitar sus operaciones 
transfronterizas: más del 80 % (tanto en las transacciones entre empresas como en las 
transacciones entre empresas y consumidores) de las empresas activas o interesadas en el 
comercio transfronterizo y af ectadas por las barre ras que supone el Derecho contractual 
explicaron que exportan a menos países de la UE  por ese motivo. El valor de los intercambios 
comerciales no realizados dentro de la UE como  resultado de las trabas derivadas del Derecho 
contractual se puede estimar en una horqui lla que va desde 26 000 millones EUR (lo que 
equivale al PIB de Lituania) hasta 184 000 millones EUR (algo más del PIB de Portugal). 
 Las investigaciones indican que el comercio bila teral es más fluido entre países que disponen 
de sistemas jurídicos con un origen común. Si  la contribución de la eliminación de las 
diferencias en el Derecho cont ractual equivaliese a alrededor de un punto porcentual de este 
efecto positivo, el aumento del comercio en el interior de la UE sería de unos 30 000 millones 
EUR.  
2.3.1.  Los costes de transacción adicionales derivados de las diferencias en el 
Derecho contractual dificultan el comercio transfronterizo : la necesidad de aplicar 
diferentes legislaciones contract uales extranjeras genera costes de transacción adicionales en 
comparación con los propios del comercio naciona l. Por lo general, estos costes crecen 
proporcionalmente al número de países de la UE con los que una empresa comercia. Las empresas calculan que los costes de transacció n que tienen que asumir para penetrar en un 
Estado miembro se sitúan entre menos de 1 000 EUR y más de 30 000 EUR. Estos costes 
tienen un mayor impacto en la microempresas y las pequeñas empresas, ya que constituyen una mayor proporción de su  volumen de negocio.  
2.3.2.   
Los costes acumulados de todas las empresas de  la UE que exportan actualmente se sitúan 
entre 6 000 y 13 000 millones EUR y los cost as anuales de transacción ascienden, 
aproximadamente, a entre 900 y 1 900 millones EUR. En caso de no adoptarse medidas, en 2020 estos costes acumulados serían de entr e 9 000 y 19 000 millones EUR, suponiendo que 
las exportaciones se mantuviesen al mismo nivel.  
 
 32.3.3.  La percepecion de una mayor complejida d jurídica dificulta el comercio 
transfronterizo:  la percepción de complejidad jurídica es  un factor adicional que afecta a la 
decisión de embarcarse en el comercio tr ansfronterizo. Las empresas consideraron, por 
ejemplo, que la dificultad de saber qué disp osiciones de la legislación extranjera son 
aplicables constituye un escollo de primer orden. Esta dificultad aparece como la más importante en el caso de los contratos entre empr esas y consumidores y en tercer puesto en el 
caso de los contratos entre empresas.   
2.4. Problema 2: Los consumidores tienen difi cultades a la hora de efectuar compras 
transfronterizas y pierden oportunidades  
El nivel de las compras transfronterizas en la UE sigue siendo relativamente bajo (el 26 % de 
los consumidores compra en otro país de la UE  cuando viajan y el 9 % lo hace a distancia). 
Existen barreras, tanto del lado de la oferta co mo del de la demanda, que parecen obstaculizar 
este crecimiento. Si bien el impacto de las barreras prácticas está disminuyendo gradualmente, 
lo cierto es que la importancia de las barreras relacionadas con la legisl ación sigue siendo alta.  
 
2.4.1.  Las diferencias en materia de Derech o contractual tienen un impacto 
negativo en las compras transfronterizas: 
El Derecho contractual incluye normas para proteger a los cons umidores. La certeza sobre el 
contenido de estas normas es un factor importante que determina la confianza del consumidor en las compras transfronterizas. Cuando los c onsumidores se enfrentan a diferentes leyes 
extranjeras, no están seguros de cuáles son su s derechos en un contexto transfronterizo. De 
hecho, el 44 % de los europeos estiman que la incertidumbre sobre sus derechos como consumidores les disuade a la hora para r ealizar compras en otros países de la UE. 
2.4.2.  Los consumidores pierden oport unidades en el mercado único:  
Un considerable número de consumidores pr efieren comprar en su país debido a la 
incertidumbre acerca de sus der echos transfronterizos y ello les sitúa a menudo en desventaja 
debido a la menor posibilidad de elección y a los precios más altos en sus mercados 
nacionales. Si el 44 % de los consumidores que  solo compran en línea en su país y que no 
están seguros acerca de sus derechos transfr onterizos efectuase al menos una compra 
transfronteriza en línea, podr ían ahorrar 380 millones EUR. 
 
Por otro lado, los consumidores que tratan de  acceder a mejores ofertas en otros Estados 
miembros a menudo ven como el comerciante se ni ega a venderles. Casi una cuarta parte de 
los minoristas europeos con vocación exportadora se negaron a vender debido a cuestiones de Derecho contractual. Esta nega tiva puede disuadir a los cons umidores más emprendedores a 
la hora de efectuar compras transfronter izas y perjudicarles económicamente. Los 
consumidores europeos gastan anualmente 42 300 millones EUR en compras transfronterizas. 
Suponiendo que en un año los tres millones de  consumidores que no pudieron comprar un 
producto hubiesen gastado una media de 52 EUR en el mismo, el total de las transacciones 
abortadas sería de 156 millones EUR.   
2.5. Necesidad de actuar a escala  de la UE y subsidiariedad  
 
La presente iniciativa se atie ne al principio de subsidiaried ad. El objetivo de facilitar la 
expansión de los intercambios transfronterizos  para las empresas y las compras para los 
consumidores en el mercado interior no pue de realizarse plenamente mientras sigan 
persistiendo diferencias en los Derechos contr actuales nacionales. En la medida en que el 
mercado evoluciona y los Estados miembros se ven obligados a tomar medidas de forma 
 
 4independiente (por ejemplo, en materia de prod uctos de contenido digital), las divergencias 
reglamentarias se traducen en costes de tran sacción más elevados y en una mayor complejidad 
jurídica para las empresas, co n lo que se corre el riesgo de que aumenten las lagunas en 
materia de protección de los consumidores. La s legislaciones nacionales sobre contratos solo 
pueden converger mediante la adopción de medida s a escala de la UE. La Unión es la mejor 
situada para abordar estos problemas, que pres entan una clara dimensi ón transfronteriza.  
 
3. OBJETIVOS POLÍTICOS 
El objetivo global es apoyar la ac tividad económica en el mercado interior mediante la mejora 
de las condiciones para el co mercio transfronterizo, reducie ndo las barreras que generan las 
diferencias existentes entre los Derechos contra ctuales de los distintos Estados miembros. Los 
objetivos generales consisten en facilitar la expansión del come rcio transfronterizo para los 
empresas y las compras transfronterizas para los consumidores.  
  
4. OPCIONES ESTRATÉGICAS  
4.1. Opciones por tipo de intervención  
 
Opción 1:  escenario de base (sin cambios):  se mantendría el marco ju rídico actual  sin que la 
UE adoptase ninguna otra medida.  
Opción 2: una «caja de herramientas» a disposición del legislador de la UE:  se 
establecerían modelos de definiciones y norma s sobre aspectos del Derecho contractual que 
podrían estar sujetos a la legisl ación de la UE. Se podría c ontemplar la redacción de un 
documento de la Comisión o de un acuerdo interinstitucional. 
Opción 3: recomendación relativa a una no rmativa común de compraventa europea: 
podría adjuntarse un instrumento relativo a una  normativa común de compraventa europea a 
una recomendación dirigida a los Estados miembros , invitándolos a reempl azar su legislación 
nacional (opción 3a) o a incorporar en la mi sma dicha normativa común (opción 3b), lo que 
les ofrecería la posibilidad de elegir a su mejor discreción los plazos, el método y el alcance 
de la aplicación. Esta opción podría inducir a los Estados miembros a sustituir sus Derechos contractuales nacionales o a incorporar la referida nor mativa común como un régimen 
opcional. 
Opción 4: reglamento o direct iva por el/la que se establece una normativa común de 
compraventa europea de carácter facultativo:  esta normativa común de compraventa 
europea podría establecerse co mo «segundo régimen» en el Der echo Civil de cada Estado 
miembro. Constituiría un conjunto completo y autónomo de normas de Derecho contractual 
con un alto nivel de protección del consumidor, que podría ser el egido por las partes como la 
legislación aplicable a sus contratos transfronterizos. 
Opciones 5a y 5b: directiva relativa a una normativa común de compraventa europea de 
carácter obligatorio:  esta directiva podría armonizar lo s Derechos contractuales de los 
veintisiete Estados miembros. Complementaría  el acervo sobre consumidores y supondría un 
alto nivel de protección del consumidor. La  armonización podría ser plena (5a) o mínima 
(5b). 
Opción 6: reglamento por el que se esta blece una normativa co mún de compraventa 
europea de carácter obligatorio: se crearía un corpus uniforme  de normas de la UE sobre 
Derecho contractual en todos los Estados miembros. 
Opción 7: reglamento por el que se establece un código civil europeo:  se crearía un 
conjunto uniforme de normas de Derecho civ il europeo en todos los Estados miembros. 
 
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Opciones descartadas:  
• Opción 3a: recomendación por la que se invita a los Estados  miembros a sustituir sus 
legislaciones nacionales. 
• Opción 7: reglamento por el que se establece un código civil europeo. 
Estas opciones apenas concitaron respaldo de las partes interesa das y es probable que excedan 
de lo necesario y, por lo ta nto, que resultasen desproporciona das. También plantean serias 
dudas sobre si respetan el pr incipio de subsidiariedad. 
4.2. Opciones relativas al ámbito de aplicación y el contenido  
El ámbito de aplicación de la normativa com ún de compraventa europea podría ceñirse a las 
transacciones transfronterizas o abarcar tanto las transacciones nacionales como las 
transfronterizas. Podría inclui r solo los contratos entre empr esas y consumidores o también 
los contratos entre empresas. Si el contenido sustantivo de l instrumento fuese limitado, se 
circunscribiría a los elementos más importantes  del Derecho contractual general. Si fuese 
amplio, podría ir más allá mediante la in clusión de ámbitos específicos del Derecho 
contractual como los contratos de servicio s, y otros ámbitos jurídicos, como la 
responsabilidad extracontractual. 
La presente evaluación de impacto analiza una combinación de los ámbitos de alcance 
limitado y amplio y cubre la mayor parte de los problemas habituales de orden práctico en el 
ciclo de vida de un contrato tr ansfronterizo. El análisis se centra en el impacto de las 
disposiciones sustantiv as que afectan a consumidores y empresas. 
 
5. ANÁLISIS DE IMPACTO 
 
5.1. Principales impactos de la op ción 1: escenario de base 
El escenario de base no eliminaría los costes de transacción adicionales ni  reduciría el nivel de 
complejidad jurídica para las empresas que deseen emprender actividades de comercio 
transfronterizo. La competencia en el mercado in terno seguiría siendo limitada y pese de la 
adopción de la Directiva sobr e derechos de los consumi dores seguirían existiendo 
divergencias entre las normas sobre protección  del consumidor de los distintos Estados 
miembros.   
5.2. Principales impactos de la opción 2 
 
5.2.1.   2a: «caja de herramientas» en forma de documento de la Comisión    
Esta «caja de herramientas» se utilizaría para  modificar la legislación sectorial existente o 
para preparar la futura. Por lo tanto, en comp aración con el escenario de base, el impacto 
positivo de esta opción en las empresas y los consumidores sería indirecto y muy limitado. 
Por otra parte, los impactos de esta opción no se dejarían sentir de  inmediato, ya que las 
negociaciones para una nueva legislación o para modificar la  existente requerirían tiempo. 
Como no hay forma de saber si, y en qué medida , esta opción podría ser utilizada y aceptada 
por el Consejo y el Parlamento, su impacto en realidad no sería diferente al del escenario de 
base.   
5.2.2.  2b: «caja de herramientas» en forma de acuerdo interinstitucional   
En comparación con la opción 2a, la única diferencia estriba en que durante las negociaciones 
para adoptar nueva legislación o para modifica r la existente el Consejo y el Parlamento 
 
 6recurrirían a la «caja de herramienta» siempre que no hubiera perentorias razones 
concernientes a determinados sectores. Sin em bargo, como esta opción solo afectaría a los 
Derechos contractuales nacional es que serían modificados se gún la legislación de la UE 
revisada o nueva, los costes de rivados de las diferencias de las legislaciones nacionales se 
mantendrían en gran medida. Además, esta opci ón solo tendría impacto a medio plazo en el 
mejor de los casos. Por consiguiente, aunque mayor que el de la opción 2a, el impacto 
positivo de esta opción sería todavía bastante limitado. 
 
5.3. Principales impactos de la opción 3:  recomendación relativa a una normativa 
común de compraventa europea  
Esta opción solo sería eficaz si dicha normativa fuese incorporada por una serie de Estados 
miembros íntegramente y sin modificaciones con respecto a la versión original anexa a la 
recomendación. Sin embargo, esto es muy poco probable. Esta opción ayudaría en cierta 
medida a las partes en los contratos entre em presas (ya que tendrían libertad para decidir 
sobre la ley aplicable a su contrato). Estos comerciantes tendrían pues la oportunidad de 
reducir sus costes de transacción recurriendo a la normativa común de compraventa europea 
de un Estado miembro que la hubiese implementado de la mejor forma. Este no sería el caso 
de los comerciantes en los contratos entre em presas y consumidores, ya que tendrían que 
investigar si, y dónde, el Esta do miembro modificó la norm ativa común de compraventa 
europea en lo tocante a las normas imperativas de protección del consumidor. Esto significa 
que no serían capaces de vender a consumidores de  otros países sobre la base de una única 
normativa y, por tanto, incurrirían en costes de  transacción del tipo indicado en el escenario 
de base. En consecuencia, esta opción solo e liminaría hasta cierto punto los obstáculos a los 
intercambios transfronterizos enum erados al definir el problema. 
 
5.4. Principales impactos de la opción 4:  reglamento/directi va por el/la que se 
establece una normativa común de compraventa europea de carácter facultativo 
 
Esta opción podría reducir significativamente lo s costes de transacción ya que permitiría a las 
empresas utilizar un único conjunto de regl as para el comercio transfronterizo, 
independientemente del número de países de la  UE con los que operasen. La disminución de 
costes sería un incentivo para incrementar el co mercio, lo que se traduciría en una mayor 
competencia en el mercado interior y daría a los consumidores más posibilidades de elegir productos a un precio inferior.  Si una empresa utilizase la  normativa común de compraventa europea de carácter facultativo, 
los gastos administrativos ascenderían a 3 000 EUR para los contratos con consumidores y a 
1 500 EUR para los contratos con empresas (en promedio por empresa). Suponiendo que 
inicialmente el 25 % de los e xportadores actuales decidiese u tilizar la normativa común de 
compraventa europea de carácte r facultativo, los costes de ej ecución serían de 1 890 millones 
EUR, pero solo deberían desembolsarlos una ún ica vez. Sin embargo, es tos costes se verían 
ampliamente compensados por el ahorro derivado del hecho de que las empresas no tendrían que soportar costes de transacción adicionale s al comerciar con más de un Estado miembro. 
Esta opción produciría ahorros de costes para  los nuevos exportadores y ahorros potenciales 
para los exportadores actuales que ampliasen sus ventas transf ronterizas a nuevos países. El 
ahorro anual para los nuevos exportadores  puede estimarse en 150-400 millones EUR, 
mientras que el ahorro potencial para los exportadores actuales podr ía ser de unos 3 700 a 
4 300 millones EUR. Las empresas nacionales o las que no eligieran la normativa común de 
compraventa europea de carácter facultativo no te ndrían que soportar nin gún coste ya que esta 
opción no les afectaría. 
 
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Esta opción cumple los objetivos políticos, pues reduce los costes para las empresas y ofrece 
un marco jurídico menos complejo para las que  deseen comerciar transfronterizamente con 
más de un Estado miembro. Al mismo tiempo, brinda un alto nive l de protección del 
consumidor.  
5.5. Principales impactos de las opciones 5 y 6 
 
5.5.1.  Opción 5a: directiva relativa a una normativa común de compraventa 
europea de carácter obligatorio, y Opción 6: reglamento por el que se establece una normativa común de compraventa europea de carácter obligatorio  
En comparación con el escenario de base, un inst rumento de estas características conllevaría 
unos costes importantes y pesaría de forma esp ecial sobre las PYME. Las empresas que solo 
efectúan operaciones dentro de su país tendr ían que hacer frente a un coste muy importante 
para usar el nuevo instrumento, sin obtener un valor añadido. Estas em presas (17 136 213 en 
los contratos entre empresa y 4 420 563 en los contratos entre empresas y consumidores) se 
enfrentarían a un coste de implantación único de 208 800 millones EUR para  utilizar la nueva 
legislación.  El instrumento acarrearía costes administrativ os adicionales para 22 millones de empresas, 
incluyendo las que solo operan a nivel nacional, lo que equivaldría en promedio a 2 500 EUR 
por empresa en las transacciones entre empr esas y consumidores y a 1 500 EUR en las 
transacciones entre empresas. La empresas que solo operan en su pa ís tendrían que soportar 
estos costes sin obtener ningún beneficio financ iero real, ya que esta ventaja solo se 
concretaría para las que operan de forma transf ronteriza. Los costes únicos de transacción 
para esos 22 millones de empresas en  la UE serían de 217 000 millones EUR. 
 Sin embargo, el instrumento supondría un ahorro de costes para los nue vos exportadores, así 
como para los exportadores actuales, que podrían ampliar sus ventas transfronterizas a nuevos 
países. El ahorro anual para los nuevos expor tadores sería de 630-1 600 millones EUR. Al 
igual que en la opción 4, los exportadores actuales que comenzasen  a negociar con otros 
países podrían obtener unos ahorros estimados en 3 700-4 300 millones EUR.  El instrumento aumentaría la competencia en el mercado interior y se traduciría en una 
disminución de los precios. Los consumidores se beneficiarían de una mayor variedad de 
productos a un precio inferior. Aunq ue el instrumento ofrecería un  alto nivel de  protección del 
consumidor, la sustitución de la legislac ión nacional podría significar que algunos 
consumidores perdiesen protección en algun os casos específicos en comparación con su 
legislación nacional vigente.  Los Estados miembros probablemente se mostrase n recelosos a la hora de llegar a acuerdos 
sobre estas opciones y su puest a en práctica, ya que desban carían a leyes y tradiciones 
jurídicas nacionales. Aunque el instrumento armo nizaría la legislación vigente sobre contratos 
y eliminaría costes de transacción, crearía otros inconvenientes mayores no solo de tipo 
monetario. Por lo tanto, la suma de los co stes monetarios y no monetarios superaría con 
mucho los beneficios del instrumento.  
 
5.5.2.  Opción 5b: directiva relativa a una normativa común de compraventa 
europea de armonización mínima 
 
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Los Estados miembros podrían aplicar esta direc tiva yendo más allá de su nivel de protección 
del consumidor. Como muestra la experiencia con las actuales Directivas de armonización 
mínima, el nivel de aplicación puede mantener un número considerable de diferencias en los 
Derechos contractuales nacionale s. Esta opción reduciría en ci erta medida los costes de 
transacción e incrementaría el nivel de pr otección del consumidor, permitiendo que los 
consumidores tuviesen más confianza a la hora de efectuar compras transfronterizas. 
 Sin embargo, como se establece en las opciones 5a y 6, existiría un muy elevado coste único que deberían asumir las empresas que solo opera n en el ámbito nacional y las que lo hacen de 
forma transfronteriza, pues tendr ían que adaptar sus contratos para  utilizar la nueva ley. Este 
coste afectaría a todas las empr esas dedicadas al comercio de bienes, independientemente de 
si desean o no operar a nivel transfronterizo. Además, debi do a la naturaleza de la 
armonización mínima, todavía habría algunos co stes adicionales para las empresas al 
comerciar de forma transfronteriza con los cons umidores, debido a la necesidad de investigar 
los niveles de protección de los consumidores en  otros Estados miembros. Por lo tanto, si bien 
podría ser una inversión rentable las empresas que  realizan transaccione s transfronterizas con 
otras empresas, las empresas qu e realizan contratos transfront erizos con consumidores, así 
como las que solo operan en su país, tendrían que pagar costes  adicionales muy importantes, 
sin un claro valor añadido.  
 
6. EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LAS OPCIONES 
La evaluación comparada indica que las opciones 4 (normativa común de compraventa 
europea de carácter facultativo), 5a (directiv a relativa a una normativa común de compraventa 
europea de carácter obligatorio) y 6 (reglament o por el que se establece una normativa común 
de compraventa europea de carácter obligatorio) se ajustan mejor a los objetivos políticos. Sin 
embargo, los costes que entrañan las opciones 5a y 6 son importantes en comparación con los 
de las otras opciones, porque todas las empresas que se dedican al comercio de bienes en la 
UE tendrían que adaptarse a un nuevo marco legi slativo. En concreto, co nllevarían una carga 
financiera que no sería compensada por ningún be neficio para las empresas que solo operan 
en su país y para las que los costes de las transacciones transf ronterizas no suponen un 
problema. Por lo tanto, no se trata de una me dida proporcionada para reducir los obstáculos 
relacionados con el Derecho cont ractual en relación con el comercio transfronterizo. Además, 
las opciones 5a y 6 tienen poco apoyo por parte de los Estados miembros. 
 
En consecuencia, la opción preferida  es la 4, que respondería a los objetivos políticos en 
términos de reducción de la complejidad jurídica y los costes de transacción. Los 
exportadores que decidiesen uti lizar la normativa común de compraventa europea de carácter 
facultativo tendrían que hacer frente inicialmente  a determinados costes de transacción. Sin 
embargo, esta opción sería elegida voluntariame nte por las empresas. Para las empresas que 
iniciasen o ampliasen su comercio transfronteriz o, supondría un significativo ahorro de costes. 
Las empresas que operan en su país o las que decidiesen no utilizar la normativa común de compraventa europea de carácter  facultativo en la exportac ión no tendrían que soportar 
ningún coste ya que esta opción no les afectaría. 
 
Esta opción también garantizaría un nivel el evado de protección del consumidor, lo que 
reforzaría su seguridad y confianza en lo relativo a sus derechos en las compras transfronterizas. Contribuirí a a impulsar el comercio tr ansfronterizo, estimularía la 
competitividad de la economía de la UE y beneficiaría a los consumidores al ofrecerles una 
 
 9mayor oferta de productos y precios más bajos. Como esta opción sería elegida 
voluntariamente por las empresas, no impondría ninguna carga adicional, sino que supondría 
un ahorro significativo de costes para las que ampliasen su comercio transfronterizo. 
 
7. DISPOSICONES RELATIVAS AL CONTROL Y EVALUACIÓN  
 
La Comisión procederá a un control y una evalua ción para determinar la forma en que la 
normativa común de compraventa europea alcanzará sus objetivos. Este ej ercicio tendrá lugar 
cuatro años después de la fecha de aplicación  del instrumento, con el fin de servir como 
prólogo y de aportar elementos a un proceso de reexamen que examinaría la eficacia de la 
normativa común de compraventa europea.