COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 18.12.2017 COM(2017) 778 final INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el funcionamiento de los mecanismos establecidos por la Directiva 2010/24/UE del Consejo de 16 de marzo de 2010 sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas {SWD(2017) 461 final}



1. INTRODUCCIÓN a. Todos los contribuyentes deben pagar los impuestos que les corresponden. Cuando no se pagan los impuestos, las autoridades tributarias emprenden medidas de cobro para recaudarlos. Sin embargo, la competencia de dichas autoridades tributarias se limita al su territorio nacional. No pueden emprender medidas de cobro en otros países, aunque los deudores tributarios puedan haberse trasladado a otro país o disponer de activos en otros países. Por consiguiente, la UE ha adoptado legislación que permite a los Estados miembros prestarse asistencia mutua en materia de cobro de sus impuestos y de los créditos de la UE tal y como se definen en el artículo 2 de la Directiva. El siguiente ejemplo ilustra el funcionamiento de dicho mecanismo de asistencia en materia de cobro: una persona no paga sus deudas tributarias en el Estado miembro A. Se traslada al Estado miembro B y también posee bienes en el Estado miembro C. En este caso, las autoridades tributarias del Estado miembro A pueden solicitar a sus homólogas de los Estados miembros B y C que le ayuden a cobrar los impuestos adeudados en el Estado miembro A. De este modo, la asistencia mutua en materia de cobro contribuye a garantizar la equidad y la no discriminación en el ámbito fiscal: ayuda a garantizar que todos los contribuyentes paguen sus impuestos y a prevenir el fraude fiscal y las pérdidas presupuestarias para los Estados miembros y para la UE. b. El 16 de marzo de 2010, el Consejo adoptó la Directiva 2010/24/UE sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas. Esta establece distintas modalidades de asistencia en materia de cobro: - intercambio de información previsiblemente pertinente para el cobro de créditos tributarios (intercambio de información previa solicitud; intercambio de información sin solicitud previa sobre devoluciones de impuestos; presencia en las oficinas administrativas y participación en las investigaciones administrativas realizadas en otros Estados miembros); - asistencia para la notificación de documentos relativos a los créditos tributarios o a su cobro; - peticiones de cobro de créditos tributarios; - solicitudes de medidas cautelares para garantizar el cobro cuando un crédito o el instrumento que permita la ejecución en el Estado miembro requirente sea impugnado o cuando el crédito no esté aún sujeto a un instrumento que permita la ejecución en el Estado miembro requirente. Esta Directiva regula la asistencia en materia de cobro de los créditos correspondientes a todo impuesto recaudado por un Estado miembro, sus subdivisiones territoriales o administrativas, o en su nombre, o por cuenta de la Unión. c. Los Estados miembros debían transponer la Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2011 y las nuevas disposiciones debían aplicarse a partir del 1 de enero de 2012 (artículo 28 de la Directiva). d. El artículo 27, apartado 3, de esta Directiva establece que, cada cinco años, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el funcionamiento de los mecanismos establecidos por la misma. El presente informe es el primer informe con arreglo a esta nueva Directiva. e. El presente informe viene acompañado de un informe de síntesis en el que se describen las consultas a las partes interesadas realizadas por la Comisión durante la elaboración del mismo. La consulta a las autoridades tributarias de los Estados miembros se ha realizado en el marco de las actividades del Grupo de expertos en materia de cobros, responsable del seguimiento de la aplicación del marco de la UE relativo a la asistencia en materia de cobro, y a través de un cuestionario dirigido a las autoridades tributarias que se ocupan de la asistencia en materia de cobro. Asimismo, la Comisión puso en marcha una consulta pública sobre esta cuestión. Los informes sobre estas consultas se han publicado en la página web de la Comisión.

Un documento de trabajo de los servicios de la Comisión, adjunto al presente informe, recoge una evaluación más pormenorizada de la utilización de esta Directiva. 2. PANORAMA GENERAL DEL RECURSO A LA ASISTENCIA MUTUA EN EL PERÍODO 2011-2015 a. El recurso a todas las modalidades tradicionales de asistencia en materia de cobro (solicitudes de información, solicitudes de notificación, solicitudes de medidas cautelares y/o de cobro) ha seguido aumentando en el período 2011-2016: Cuadro 1: número total de solicitudes recibidas por el conjunto de los Estados miembros en el período 2011-2016: Solicitudes de información Solicitudes de notificación Solicitudes de medidas cautelares Peticiones de cobro 2011 3 218 1 284 9 566 2012 6 081 1 323 7 661 2013 8 250 2 066 102 10 391 2014 9 988 2 195 80 14 123 2015 10 733 2 168 123 14 769 2016 13 630 2 205 76 16 403 El número total de comunicaciones anuales (nuevas solicitudes y seguimiento de las existentes) entre autoridades requirentes y requeridas de todos los Estados miembros de la UE también va en aumento. Cuadro 2: comunicaciones anuales totales relativas a las solicitudes de asistencia en materia de cobro en el período 2012-2016: 2012 2013 2014 2015 2016 125 163 98 493 138 628 139 402 166 457 b. No obstante, los Estados miembros no han recurrido aún a la posibilidad de que sus funcionarios encargados del cobro de impuestos se trasladen a otro Estado miembro, estén presentes durante las investigaciones administrativas —o incluso participen en tales investigaciones, entrevistando a personas y examinando registros— y asistan a los funcionarios competentes del Estado miembro requerido en el transcurso de las actuaciones judiciales en dicho Estado miembro. En este aspecto, los resultados son acordes con las experiencias relacionadas con la no utilización de las disposiciones correspondientes en el resto de la normativa de la UE relativa a la cooperación administrativa entre autoridades tributarias. c. Una amplia mayoría de los Estados miembros opina que la cooperación en el marco de la presente Directiva ha mejorado la recaudación y el cobro de sus créditos tributarios. La información estadística disponible confirma que las cantidades cobradas en virtud de la legislación de la UE han vuelto a aumentar tras un retroceso inicial en 2012. El descenso registrado en 2012 puede explicarse, al menos en parte, por la aplicación tardía de la Directiva 2010/24/UE en muchos Estados miembros y por la carga de trabajo derivada de la necesidad de las autoridades competentes de familiarizarse con la nueva legislación, los nuevos procedimientos y formularios de solicitud y los instrumentos uniformes. Las cantidades cobradas en 2013-2014 son similares a las de 2009-2010. Los resultados prosiguen su ascenso en 2015 (y superan el mejor resultado anterior, alcanzado en 2011). Cuadro 3: resumen de las cantidades cobradas (2011-2016): Cobradas a petición de otro Estado miembro (antes de deducir los costes propios) Cobradas mediante solicitudes a otros Estados miembros en € en € 2011 54 031 822 62 475 879 2012 30 641 451 32 076 738 2013 35 580 763 41 115 223 2014 42 839 876 46 395 481 2015 81 402 061 65 711 419 2016 76 500 163 67 019 250

d. Evidentemente, el aumento de las solicitudes de asistencia y de las sumas cobradas no es en sí mismo un indicativo adecuado del funcionamiento del marco de asistencia en materia de cobro de la UE. De la consulta a las autoridades tributarias de los Estados miembros se desprende que la asistencia en materia de cobro está funcionando en situaciones sencillas (por ejemplo, casos de trabajadores fronterizos), donde dicho mecanismo ofrece una solución a la ausencia de competencias transfronterizas de las autoridades tributarias. Sin embargo, en otras situaciones, en particular, aquellas en las que la no recaudación se debe a la intención fraudulenta del deudor, la asistencia en materia de cobro se considera más compleja, al igual que lo es el cobro en el propio Estado miembro requirente. Las estadísticas corroboran esta percepción de los Estados miembros. A pesar de que estas estadísticas solo ofrecen una idea aproximada del porcentaje de cobro, no dejan lugar a dudas de que los importes efectivamente recaudados son muy inferiores a las cantidades para cuyo cobro se solicitó asistencia. 3. IMPACTO DE LA DIRECTIVA 2010/24/UE EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA ASISTENCIA MUTUA: UNA APRECIACIÓN POSITIVA a. Los participantes en la consulta pública pusieron de relieve la importancia de contar con un mecanismo de asistencia en materia de cobro que funcione adecuadamente. La existencia y aplicación de procedimientos de asistencia claros y eficaces se consideró beneficiosa para todas las partes implicadas en dichos procesos. b. Cabe señalar que la naturaleza de la Directiva, que proporciona la base jurídica y las herramientas técnicas que permiten a los Estados miembros prestarse asistencia mutua en materia de cobro de créditos pero no establece normas a nivel nacional en este sentido, hace que resulte complicado cuantificar la carga económica y administrativa derivada de dicha asistencia. Esta carga viene determinada en gran medida por los costes y el volumen de trabajo asociados a los procesos de cobro a nivel nacional. Asimismo, cada caso de cobro es distinto y depende de las circunstancias específicas del crédito. Por consiguiente, la evaluación solo reunió (algunos) datos sobre los costes y cargas dentro de los límites de aplicación de la Directiva y que reflejan las experiencias individuales de los funcionarios responsables del cobro. Esta información se analiza en detalle en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto. No obstante, resulta imposible realizar una extrapolación que permita fundamentar una afirmación sobre los costes de aplicación de la normativa a nivel de la UE asociados a esta Directiva. En este sentido, también ha de señalarse que no existe información cuantitativa fiable sobre la carga administrativa. Los servicios de la Comisión no tienen acceso a los archivos individuales (de conformidad con el artículo 23 de la Directiva), y las autoridades tributarias nacionales son reacias a proporcionar información estadística cuantitativa más exhaustiva que la impuesta por el artículo 27, apartado 1, de la Directiva. c. Uno de los principales objetivos de la Directiva 2010/24/UE del Consejo era «mejorar la eficiencia y la eficacia de la asistencia y facilitarla en la práctica». Los Estados miembros confirman, casi unánimemente, que este objetivo se ha alcanzado. Todos los Estados miembros salvo uno afirman que la Directiva 2010/24/UE ha facilitado la provisión y la recepción de asistencia mutua en materia de cobro, en comparación con la situación existente bajo el marco jurídico anterior. Todos los participantes en la consulta pública se mostraron de acuerdo en que el actual marco de la UE ha facilitado que los Estados miembros se ayuden mutuamente en lo que respecta al cobro de impuestos. d. La mayoría de los participantes en la consulta de los Estados miembros y en la consulta pública consideraron asimismo que la existencia de normas de la UE sobre asistencia en materia de cobro aumenta el cumplimiento de las obligaciones fiscales, a pesar de que no es posible realizar una estimación precisa de dicho efecto. e. La utilización de los formularios electrónicos de solicitud y los instrumentos uniformes —el instrumento uniforme que permite la ejecución en el Estado miembro requerido (UIPE), y el modelo uniforme de notificación (UNF)— ha mejorado la eficiencia y eficacia del mecanismo de asistencia en materia de cobro. Los formularios electrónicos de solicitud, que permiten realizar una traducción automática, sientan las bases de la normalización de las comunicaciones entre autoridades tributarias. Algunas autoridades tributarias han aportado comentarios con respecto, por ejemplo, a la extensión del formulario de petición de cobro, pero dichos formularos se diseñaron conjuntamente con los propios Estados miembros y fueron estos los que propusieron incluir tantas opciones y situaciones como fuese posible. Casi todos los Estados miembros confirman que el uso del instrumento uniforme que permite la ejecución en el Estado miembro requerido (UIPE) facilita la elaboración de las solicitudes de asistencia. La tramitación de las solicitudes de asistencia desde otros Estados miembros también es más sencilla. Las principales ventajas del UIPE son la ausencia de costes de traducción y problemas de reconocimiento y la posibilidad de envío electrónico. La mayoría de los Estados miembros valoran positivamente la utilización del modelo uniforme de notificación (UNF) que acompaña a los documentos para los que se solicita asistencia en materia de notificación. A pesar de que el aumento del número de solicitudes conlleva una mayor carga de trabajo, también se puso de relieve que este efecto se ha atenuado con el uso de los instrumentos uniformes. Los participantes en la consulta pública, que ofrecían los puntos de vista del contribuyente y del deudor, valoraron positivamente la utilidad de estos instrumentos uniformes (UIPE y UNF). A su entender, estos documentos recogen una cantidad adecuada de detalles con respecto a los créditos y las oficinas competentes. f. La ampliación del ámbito de aplicación material ha generado una mayor carga de trabajo para las autoridades tributarias implicadas. A pesar de que los importes totales de estos otros impuestos y derechos siguen siendo relativamente bajos (en comparación con los de las principales categorías de impuestos, esto es, el IVA y el impuesto sobre la renta), pueden corresponderse con una cantidad considerable de solicitudes. No obstante, una mayoría de los Estados miembros confirmó la utilidad de la ampliación del ámbito de aplicación material de la Directiva, ya que también contribuye a garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 4. PRINCIPALES PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE MEJORA

4.1. Necesidad de suficientes recursos para alcanzar un mayor grado de solidaridad entre administraciones tributarias a. En sus respuestas al cuestionario de evaluación, dieciocho Estados miembros señalaron que el número de solicitudes de cobro procedentes de otros Estados miembros les resulta muy oneroso, y diecisiete expresaron su preocupación por la falta de recursos a nivel nacional. Alegan que no disponen de recursos humanos suficientes para garantizar un seguimiento diligente de todas las solicitudes. b. Diez Estados miembros manifestaron además su impresión de que la asistencia transfronteriza en materia de cobro no es una prioridad para algunas administraciones tributarias. Cabe suponer que los resultados de la asistencia mutua en materia de cobro se ven influidos, al menos en cierta medida, por un nivel insuficiente de esfuerzo por parte de los Estados miembros requeridos para facilitar la asistencia solicitada (y, en algunos casos puntuales, por las deficiencias del sistema interno de cobro de impuestos; véase el punto 4.2). Cuadro 4: Porcentaje de los importes cobrados anualmente de media, en comparación con los importes medios anuales a los que se refiere el conjunto de las solicitudes de asistencia recibidas, en ambos casos para el período 2013-2016, según datos facilitados por el Estado miembro requerido: c. El éxito de este mecanismo de asistencia mutua depende fundamentalmente de que se destinen los recursos y esfuerzos suficientes a la cooperación en este ámbito. Los Estados miembros deben destinar recursos suficientes a su recaudación interna, así como a las solicitudes de asistencia de otros Estados miembros. Es condición indispensable para el correcto funcionamiento del mercado interior que todos los Estados miembros realicen esta inversión y eliminen toda medida protectora de carácter discriminatorio. Asimismo, esto contribuye a prevenir el fraude y las pérdidas presupuestarias. En definitiva, la inversión en asistencia mutua en materia de cobro podría entenderse como un elemento esencial de la estrategia de cumplimiento para las administraciones tributarias, ya que aborda el sentimiento de impunidad de los contribuyentes deshonestos. Obviamente, también recae en los Estados miembros requirentes la responsabilidad de aumentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y maximizar la recaudación y las posibilidades de cobro en su territorio pero, cuando sea necesario, deben poder contar con la solidaridad de los Estados miembros requeridos. 4.2. Reforzar la recaudación y el cobro de impuestos a nivel interno: un requisito indispensable para el éxito del mecanismo de asistencia en materia de cobro a. Al ejecutar una solicitud de cobro o de medidas cautelares, la autoridad requerida hará uso de todas las competencias y procedimientos establecidos de conformidad con las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas de su Estado miembro requirente aplicables a créditos idénticos o similares (Artículos 13, apartado 1, y 17 de la Directiva 2010/24). Por consiguiente, el buen funcionamiento de la asistencia mutua en materia de cobro depende en gran medida de la eficiencia del sistema de cobro de impuestos de cada país. Según confirmaron varios participantes en la consulta pública y la consulta de las autoridades tributarias, los Estados miembros deberían intensificar sus esfuerzos a fin de prestar asistencia en materia de cobro a otros Estados miembros, así como reducir las limitaciones y requisitos internos injustificados que restringen su capacidad para ejecutar las solicitudes de asistencia. En este sentido, parece efectivamente que las medidas nacionales en materia de cobro de impuestos de los distintos países no siempre son suficientes ni eficaces. En sus respuestas al cuestionario, varias autoridades tributarias señalan que su labor se ve entorpecida por normas nacionales complejas o procedimientos y requisitos internos engorrosos que menoscaban seriamente la capacidad de las autoridades tributarias para emprender medidas cautelares o de cobro.

Parece, asimismo, que procede mejorar y facilitar el intercambio de información en el seno de los Estados miembros y el acceso a las bases de datos con información pertinente a efectos de cobro de impuestos. A ello se une el hecho de que los procedimientos nacionales de cobro de impuestos a menudo se aplican de forma que los pasos previos al cobro propiamente dicho (notificación del crédito; nuevo período de pago) se repiten en el Estado miembro requerido aunque ya se hayan llevado a cabo en el Estado miembro requirente, de manera que se alarga aún más el proceso de cobro y se proporciona a los defraudadores una nueva oportunidad para ocultarse y trasladar sus activos antes de que se inicie el cobro. Una correcta gestión del cobro de impuestos pasa necesariamente por que los Estados miembros faciliten la ejecución de las solicitudes de asistencia en su territorio, adaptando y reforzando su legislación interna y mejorando las prácticas de cobro de impuestos. Paralelamente, los Estados miembros deberían tener en cuenta la necesidad de respetar los derechos de los deudores tributarios, como solicitan los participantes en la consulta pública. b. Esta conclusión concuerda con las presentadas por la Comisión en su Comunicación del 7 de abril de 2016 relativa a un plan de acción sobre el IVA, en las que la Comisión sostiene que las administraciones tributarias deben ser más eficientes. Se facilitarán debates estratégicos con los máximos responsables de las autoridades de cobro de impuestos de los distintos Estados miembros para apoyar iniciativas en esta materia y reformas de carácter nacional. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que cada Estado miembro tiene sus particularidades en lo que respecta a la organización de sus autoridades tributarias y sus procesos de cobro de impuestos. Por consiguiente, los escollos en los procesos de cobro y en la organización no son necesariamente los mismos en todos los Estados miembros, de manera que las buenas prácticas de un Estado miembro no siempre pueden transponerse a otro simplemente. Con carácter prioritario, la Comisión invitará a los Estados miembros con las tasas más bajas de asistencia en materia de cobro (esto es, de alrededor del 2 % o menos: Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, España, Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Reino Unido y Rumanía) a realizar un análisis de los principales problemas de los que adolecen, con la participación de expertos nacionales en materia de cobro de impuestos, procedentes de la administración y, posiblemente, de otros ámbitos. La Comisión prestará su apoyo en la evaluación de posibles medidas para mejorar la eficacia de los procesos de cobro. 4.3. Mejorar el funcionamiento del marco de la UE de asistencia en materia de cobro a. Es un hecho reconocido en general que el marco de la UE es el más avanzado en el ámbito de la asistencia en materia de cobro de impuestos. Recoge herramientas prácticas de ejecución, como el modelo uniforme de notificación (UNF) y el instrumento uniforme que permite la ejecución en el Estado miembro requerido (UIPE); posee un amplio ámbito de aplicación material y normas bien elaboradas para la gestión de las solicitudes de asistencia. No obstante, varios Estados miembros y participantes en la consulta pública sugirieron introducir mejoras en este marco legal. Se prestó especial atención al ámbito de aplicación; el intercambio de información y el acceso a las bases de datos pertinentes; las medidas cautelares; y las condiciones por las que se rige la asistencia en materia de cobro (condiciones relativas a créditos antiguos, aplicación de umbrales). b. Sin embargo, la opinión de los distintos Estados miembros con respecto a la posible simplificación y otras modificaciones de la legislación en vigor se revela muy distinta y contradictoria. Varias de las sugerencias de simplificación ya se han analizado y abordado hasta cierto punto con los Estados miembros en el marco del Grupo de expertos en materia de cobros y el Comité de cobros. Se refieren, entre otras, a las siguientes cuestiones:

- la ampliación del ámbito de aplicación, que despejaría dudas sobre las limitaciones del alcance actual y permitiría aplicar normas y sistemas armonizados a más tipos de créditos (créditos de la seguridad social; otros créditos públicos) pero probablemente provocaría serios problemas (las normas relativas a la asistencia en materia de cobro de créditos de la seguridad social están recogidas en distintos instrumentos jurídicos adoptados sobre una base jurídica diferente; hacer extensivo el ámbito de aplicación a otros créditos solo es posible por unanimidad); - algunas normas de la Directiva en vigor podrían considerarse bastante complejas (por ejemplo, las del artículo 18, apartado 2, de la Directiva, sobre la condición relativa a la antigüedad de los créditos; las normas del artículo 19, apartado 2, de la Directiva, sobre la suspensión, interrupción o prórroga de los plazos de prescripción). Sin embargo, puede resultar difícil alcanzar una opinión unánime con respecto a la forma de modificar tales disposiciones; - la sugerencia de facilitar el intercambio de información con respecto a los datos sobre vehículos, permitiendo el uso de la red EUCARIS (Sistema Europeo de Información sobre Vehículos y Permisos de Conducción) que posibilita la gestión automática de solicitudes, fue rechazada por un número considerable de Estados miembros; - el Comité de cobros acordó recientemente introducir ciertas simplificaciones en el Reglamento de Ejecución 1189/2011 de la Comisión, concretamente en lo que respecta al tipo de cambio (artículo 18, apartado 2, de este Reglamento) para permitir el cálculo automático del mismo en los futuros formularios electrónicos de solicitud; así como en lo que respecta a la utilización de un formulario específico para explicar los motivos y condiciones de las solicitudes de medidas cautelares, con el fin de facilitar la ejecución de tales solicitudes por parte del Estado miembro requerido. c. Asimismo, los participantes en la consulta pública expresaron opiniones opuestas en relación con las sugerencias específicas de modificación. A pesar del consenso general en cuanto a que la UE debería adoptar una actitud estricta hacia los Estados miembros o terceros países que no colaboren y a que es necesario reforzar las medidas cautelares y asegurar una respuesta diligente a las solicitudes de asistencia, varios participantes pusieron de relieve la necesidad de respetar los derechos de defensa del deudor tributario y de reducir la carga administrativa del Estado miembro requerido. Partiendo de estas consideraciones, los participantes en la consulta pública expresaron opiniones diversas sobre si debería proporcionarse asistencia en materia de cobro para créditos impugnados o para aquellos que se encuentren por debajo del umbral vigente. b. En vista de lo recogido en las secciones anteriores, debe darse prioridad a la mejora de la ejecución de las solicitudes de asistencia en materia de cobro a nivel nacional, dentro del marco jurídico actual de dicho mecanismo. Parece que existe margen de mejora a nivel nacional para aprovechar plenamente las posibilidades que ofrece la legislación de la UE existente. c. El problema de la desaparición de deudores y activos no es solo un problema interno de la UE. Dado que resulta evidente que los defraudadores pueden eludir fácilmente las acciones de cobro de impuestos dentro de la UE al poder circular libremente y deslocalizar sus bienes trasladándolos a terceros países, la Comisión ha negociado recientemente el primer acuerdo internacional entre la UE y Noruega en materia de cooperación administrativa en el ámbito del IVA. La asistencia mutua en materia de cobro de créditos del IVA forma parte de dicho acuerdo. Las normas por las que se rige dicha asistencia se corresponden con lo estipulado en la Directiva de la UE —aunque solo en lo referente a los créditos de IVA— y se prevé utilizar los formularios electrónicos de la UE en las relaciones con Noruega. Los formularios electrónicos de cobro se han diseñado de manera que puedan utilizarse también con terceros países. Este marco común facilitará la labor de las autoridades competentes. 4.4. Es necesario una mejor comunicación y mayor orientación a. Los servicios de la Comisión han adoptado ya medidas para aumentar la concienciación sobre la legislación de la UE relativa a la asistencia mutua en materia de cobro de impuestos, así como para explicar las complejas normas que la articulan: - las autoridades tributarias nacionales pueden formular preguntas al Grupo de expertos en materia de cobros o a través de los puntos de contacto nacionales, y se les invita a participar en los seminarios y grupos de proyecto Fiscalis 2020; - la legislación se explica al público mediante una sección específica con un apartado de «preguntas frecuentes» de la página web de la Comisión; - en la página web de la Comisión se publica además un boletín informativo sobre avances a nivel nacional, europeo e internacional en el campo de la recaudación y el cobro de impuestos, incluida la asistencia en materia de cobro. b. No obstante, las respuestas a la consulta de las autoridades tributarias y a la consulta pública reflejan sin ningún género de duda que las autoridades tributarias, los contribuyentes y los profesionales del ámbito tributario desean disponer de mayor orientación sobre la interpretación y la aplicación de las normas de la UE en este campo. La ampliación del ámbito de aplicación a todas las categorías de impuestos, unida al hecho de que otras oficinas (descentralizadas) deban conocer también las posibilidades de asistencia en materia de cobro (para enviar solicitudes) o sus obligaciones en caso de que tengan que tomar medidas cautelares o de cobro (para las solicitudes entrantes), haría necesaria la provisión de más información y/o formación a las autoridades nacionales.