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ANEXO

al dictamen del Comité Económico y Social Europeo

Las enmiendas siguientes, que obtuvieron al menos una cuarta parte de los votos emitidos, fueron rechazadas en el transcurso de los debates (apartado 3 del artículo 54 del Reglamento Interno).

Punto 6.3

Modifíquese del modo siguiente:

«El CESE valoraría positivamente que la parte de la Comunicación que se ocupa de las actividades de voluntariado de los jóvenes (punto 5.2) no fuese tan floja y general. Recuerda que el voluntariado no debe confundirse con el voluntariado no remunerado y que las actividades voluntarias pueden ser remuneradas (1) . El CESE lamenta que no se haya incluido en la Comunicación ninguna de las recomendaciones que presentó en su dictamen exploratorio.»
3.7

La UE es un importador neto de algodón. La producción comunitaria sólo representa el 2 % del algodón consumido en el mundo y se sitúa muy lejana de los grandes productores (Estados Unidos, China, India, etc.). Por tanto, la Unión Europea no contribuye a la fijación de precios a nivel internacional de esta materia prima y el apoyo comunitario a los productores de algodón no produce efectos de distorsión de la competencia. De ello se desprende la necesidad de que la Comisión defienda el sector europeo del algodón cuando se cuestione en foros multilaterales como la Organización Mundial del Comercio.
3.2.6

La escasez cada vez mayor de gente de mar cualificada en el plano global presenta consecuencias alarmantes para la infraestructura comunitaria en materia de seguridad marítima y dicha escasez seguirá agravándose si la UE y los Estados miembros no aúnan sus esfuerzos para atajarla. Sin una mano de obra cualificada, Europa carecerá de los conocimientos y experiencia requeridos para las principales actividades marítimas que tengan un carácter crítico respecto de la seguridad (inspección de buques, vigilancia, legislación, seguros, servicios de circulación de buques, salvamento, guardacostas y pilotaje). Por otra parte, las agrupaciones marítimas pueden deslocalizarse a otras regiones. Las actuales medidas han demostrado no ser suficientes y el CESE lamenta que la Comisión no tenga intención de considerar la cuestión antes de que finalice 2009.
2.3

En el año 2004 el Reglamento se vio afectado por la mayor transformación de su historia. Con un criterio de simplificación del texto y mejora de su contenido, y después de un largo debate institucional, el Parlamento Europeo y el Consejo aprueban un nuevo Reglamento de coordinación de los sistemas de seguridad social (3) que, con el número 883/2004, está llamado a sustituir al vigente texto. No obstante, y al no haberse aprobado aún su Reglamento de aplicación, el nuevo texto de coordinación no ha entrado en vigor, por lo que se mantiene plenamente vigente el Reglamento no 1408/71.
1.2

En la tercera parte del dictamen se describen algunos ejemplos de mejores prácticas. No obstante, es necesario reconocer que existen limitaciones a los incentivos que puede ofrecer un sistema fiscal. Cuanto más elevadas sean las cargas fiscales de la empresa, mayor será el incentivo, mientras que cuanto más bajas sean las cargas, menores serán los incentivos. Cuanto más elevadas sean las cargas sociales, mayor será el incentivo para conseguir su reducción. Si las empresas no tienen beneficios el margen de acción será inferior, puesto que el objetivo general es desgravar el impuesto sobre los beneficios. Por último, no es necesario decir que la desgravación debe basarse en la inversión realmente realizada en I+D y no sobre futuros planes.
2.6

No existen, sin embargo, normas europeas que regulen el transporte de mercancías peligrosas por vía navegable. En el transporte de mercancías peligrosas por vía navegable existen, efectivamente, dos sistemas de normas reguladoras del transporte por el Rhin y el Danubio (ADN-R y ADN-D). No obstante, son normas regionales. Además, existen reglamentaciones nacionales que se aplican al transporte nacional. La ausencia de reglamentación en este ámbito se explica, entre otras cosas, porque no se ha firmado el ADN. La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al transporte de mercancías peligrosas por buques de navegación interior presentada por la Comisión en 1997 no fue adoptada y se retiró en 2004.
2.4

Asimismo, relevantes posicionamientos y decisiones de las Instituciones y Órganos de la UE configuran ya un abundante acervo que, no obstante su carácter disperso, contribuye a la progresiva configuración de políticas comunitarias comprometidas con la no discriminación de forma proactiva y la accesibilidad digital; y así tenemos: — Resolución del Consejo de 2.12.2002 sobre «accesibilidad electrónica para personas con discapacidades»; se invitó a la Comisión a aprovechar las posibilidades de la sociedad de la información para las personas con discapacidad y, en particular, emprender la supresión de todo tipo de barreras. — Por su parte, el Consejo de Telecomunicaciones expresó la necesidad de mejorar la accesibilidad electrónica en Europa (1), y el Consejo de Asuntos Sociales, en su Resolución sobre la accesibilidad electrónica de 2003 (2) instó a los Estados miembros a que se tomasen todas las medidas necesarias que pudieran conducir a una sociedad basada en el conocimiento abierta, incluyente y accesible a todos los ciudadanos.
—

El automóvil ya no es un artículo de lujo, sino un bien utilitario a disposición de gran número de personas y que ofrece un confort cada vez mayor; no obstante, el CESE observa al respecto que el 40 % de las familias de la UE no tiene o no quiere tener vehículo propio.
—

«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los aromas y determinados ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes utilizados en los alimentos o en su superficie y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 1576/89, (CEE) no 1601/91 y (CE) no 2232/96 del Consejo y la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo»
2.3.3.2

Para el CESE (11)«el modelo europeo de economía social de mercado no considera a la empresa como una simple sociedad de capitales o un cúmulo de contratos sino también, e incluso ante todo, como una colectividad en la que debería predominar el diálogo social». Es frecuente que la iniciativa de comprometerse en prácticas de RSE proceda de la dirección de la empresa. No obstante, no pueden existir buenas prácticas al respecto que sean responsabilidad exclusiva de la dirección de la empresa. El CESE considera que la RSE a la europea no es una decisión filantrópica, sino el resultado del diálogo con todas las fuerzas vivas de la empresa en todos los niveles de la jerarquía. La RSE no sólo concierne al director de la empresa, sino también al personal de gestión y al conjunto de los trabajadores, en particular mediante el diálogo con los interlocutores externos. El Comité afirma que la RSE es digna de este nombre cuando se integra en la estrategia empresarial y es aplicada por todos los agentes de la empresa. Como la RSE es por definición una práctica voluntaria más allá de la ley, engloba y excede la legislación vinculante.
3.5

Como orientación general este Dictamen quiere declarar y concretar: — Que el turismo es un derecho de todos los ciudadanos tal y como expresa el Código Ético Mundial del Turismo y que lleva consigo deberes de buenas prácticas. — Que es un derecho que además genera riqueza y rentabilidad directa e indirecta de forma especial entre empresas micro, pequeñas y medianas, configurando una industria estratégica, y que se ha demostrado estable, para Europa. — Que la calidad de las prestaciones de los agentes del sector y la responsabilidad de los usuarios hacia las comunidades locales son valores que debemos preservar como base para su continuidad. — Que el turismo repercute o debe repercutir de forma positiva en el ámbito local y regional a nivel económico, social y medioambiental y en tal sentido es un instrumento de conocimiento de otras culturas y formas de ser y actuar distintas y de cooperación interregional. — Que el turismo es un sector dinámico y gran generador de empleo ahora y en el futuro y con capacidad para crear empleo de calidad, estable y con derechos. — Que el turismo no está exento de problemas como la gasificación y la estacionalidad que tienen como consecuencia como la pérdida de competitividad — Que creemos en la necesidad de una Agenda 21 para el turismo europeo con claridad de miras y ambición en sus objetivos. — Que el modelo turístico europeo es una necesidad interna y puede ser una referencia mundial si está basado no en más normativa sino en valores de calidad, sostenibilidad, accesibilidad etc., libremente asumidos por los destinos turísticos y por todos los agentes que intervienen. — Que el modelo turístico europeo se basa y se enriquece por la variedad de destinos, de formas de entender el turismo y por la diversidad de sus formas de expresión. — Que este modelo turístico europeo que defendemos es un buen instrumento para la paz y el entendimiento de los pueblos.
4.2.3

En gran parte de Europa la tecnología de acceso predominante es la línea digital de abonado (DSL) y sus variantes pueden proporcionar un ancho de banda de altas prestaciones a bajo coste. Existen, no obstante, varias limitaciones: — La aplicación de la tecnología DSL requiere una modernización de las centralitas locales a las que se conectan los consumidores. Con frecuencia, los operadores están poco dispuestos a hacer las inversiones necesarias, ya que en su sector de actividad existen otras oportunidades de inversión que ofrecen mejores rendimientos. Así pues, los consumidores no disponen de acceso a la banda ancha. — La mayoría de las aplicaciones de la tecnología DSL sólo pueden prestar servicio a los consumidores situados en un radio de 3 a 5 km de la centralita DSL equipada a tal efecto. Los clientes más distantes no pueden beneficiarse de la banda ancha a través de la DSL. — La tecnología DSL utiliza la infraestructura de cables de cobre de la red local para suministrar el servicio de banda ancha; no obstante, a menudo esta infraestructura es vetusta y debe modernizarse a fin de permitir el buen funcionamiento de la tecnología DSL. Los operadores pueden mostrarse reticentes a la hora de invertir en esta modernización. Así pues, incluso cuando la centralita local está equipada para la banda ancha y el consumidor está situado a menos de 5 km de ella, es posible que el cable de cobre del bucle local que permite la transmisión a los hogares y las empresas no permita proporcionar la tecnología DSL de banda ancha.
1.4

Las innovaciones del nuevo Código no se limitan a la forma o a una mera actualización, ya que los cambios que se introducen en las orientaciones de la política aduanera tienen gran calado. En los últimos veinte años, las aduanas han registrado una reducción progresiva de su función de percepción de los derechos de aduanas en paralelo a un aumento significativo de las responsabilidades en la aplicación de medidas no arancelarias sobre seguridad, control de la inmigración clandestina, lucha contra la falsificación, el blanqueo de dinero y el tráfico de drogas, higiene, salud, medio ambiente y protección de los consumidores, además del cobro del IVA y de los impuestos especiales. No obstante, el documento de la Comisión no menciona de manera explícita, respecto del término «seguridad», una función concomitante que seguramente asumirán las aduanas; a saber, una valiosa ayuda para el control del tráfico de armas y la lucha contra el terrorismo. Esta omisión tiene relación con una carencia en la concepción de los sistemas de información, aspecto que se analiza en el punto 3.1.3.1.
1.4

La «Plataforma de acción» presentada con la Comunicación no puede ser considerada por el CESE como una estrategia nueva y revisada. Si bien se lleva a cabo un análisis correcto de la situación y se determina que «así no se puede seguir», al final se queda casi únicamente en eso, en el análisis. No se explica, por lo menos no suficientemente, cómo se podría seguir avanzando.
1.3

El objetivo formulado en la Estrategia de Lisboa de convertir a Europa en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo exige en efecto un neto aumento de las inversiones en investigación y desarrollo. En este ámbito, Europa compite a escala mundial no sólo con países como los Estados Unidos, Japón y Corea, sino también con China, la India y Brasil. Precisamente, con el fin de reforzar su competitividad internacional, los Estados Unidos y Japón acaban de declarar la inversión en I+D prioridad nacional y han destinado a tal fin los fondos correspondientes. Por tanto, frente a las transformaciones globales constantes, el objetivo fijado por el Consejo Europeo de Barcelona en apoyo de la Estrategia de Lisboa –y aún no alcanzado– de invertir en I+D el 3 % del Producto Interior Bruto de la UE es un «objetivo móvil»: el que no lo alcance a tiempo quedará siempre rezagado.
4.7

A juicio del CESE, la configuración más probable de un Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión para la aviación es la siguiente: — CO2 únicamente, si la inclusión de la aviación es de gran importancia: — es la única sustancia sobre cuyo impacto se dispone de pruebas científicas sólidas; — otras opciones no son (todavía) viables, dan lugar a retrasos o aún no tiene un fundamento científico suficiente (todos los impactos causados por sustancias distintas al CO2). — Otras sustancias perjudiciales para el medio ambiente, como el NOx, puede abordarse mediante más instrumentos adecuados de acompañamiento. — Los derechos de emisión se asignarán en el nivel de la UE: — malas experiencias con los planes de asignación nacionales sobre combustibles sólidos cuando la asignación se ha hecho en los Estados miembros; — la aviación es, por excelencia, un mercado de competencia internacional, lo que impide la distorsión del mercado; — Derechos de emisión asignados a las compañías aéreas: — debe garantizarse que se recurre a los incentivos más efectivos y eficaces dentro del programa. — Método de asignación no discriminatorio: — cláusula de protección (grandfathering clause), evaluación comparativa de las prestaciones o subasta; — igualdad de tratamiento con respecto a otros sectores en el Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión abierto; — deberá velarse por no «castigar» a las compañías aéreas que ya son eficientes o a los nuevos competidores. — Exclusivamente para vuelos dentro de la UE, (aún) no para todos los vuelos con despegue y aterrizaje en el territorio de la UE: — la solución ideal no existe, la solución más pragmática es la negociación en el seno de la OACI; — de esta forma se aplicará a todas las compañías aéreas, independientemente de su país de origen.
3.6.1

La propuesta define las modificaciones que hay que introducir en las directivas mencionadas, aclara algunas modalidades de aplicación de otras directivas o reglamentos para los casos en los que no está del todo claro qué norma es de aplicación (productos que incorporan un medicamento (6), una sustancia derivada de la sangre humana (7) o un producto de la ingeniería tisular (8)), y especifica que los productos sanitarios para diagnóstico in vitro (9) no entran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva sobre los biocidas (10), que, por consiguiente, deberá modificarse.
3.1

Las observaciones que ya formuló el CESE en su mencionado dictamen sobre la propuesta de Reglamento son naturalmente válidas para las normas de desarrollo. Aunque se acoge con satisfacción la simplificación de procedimientos que se ha adoptado y la mayor flexibilidad en los criterios de aplicación de las normas, por el otro lado, no sería aceptable que se tendiera a considerar «de escasa cuantía» cualquier cantidad inferior a un umbral preestablecido. En otros términos, el CESE se muestra de acuerdo con elevar los límites por debajo de los cuales se simplifican los procedimientos, pero esto no debe implicar un mayor grado de flexibilidad en la atención y el control del gasto por considerar que un posible perjuicio material no influiría, en la práctica, en el conjunto del presupuesto.
3.2

Partiendo de la constatación de que, a pesar de los discursos sobre un uso más racional de la energía, la demanda energética no para de aumentar, la Comisión considera que es conveniente dar «un fuerte impulso a un programa reforzado de promoción de la eficiencia energética a todos los niveles de la sociedad europea». Cree que la Unión Europea podría economizar como mínimo el 20 % de su actual consumo de energía. El CESE se felicita de la ambición mostrada por la Comisión y por el Parlamento Europeo en cuanto a los objetivos y a la diversificación del suministro. Considera que se crea un efecto de atracción positivo que, además, debería crear empleo mediante el desarrollo de nuevas tecnologías. No obstante, hay que velar por que las políticas energéticas iniciadas no conduzcan a un aumento de los costes de la energía, que supondría el aumento de los costes de producción en un contexto de competencia mundial exacerbada. Así, por ejemplo, los certificados de emisión de CO2 representan un coste importante para las industrias con gran consumo de energía (por ejemplo, la industria del cemento) y podrían incentivar las deslocalizaciones. Por lo tanto, no deben desestimarse las consecuencias socioeconómicas de las medidas previstas o establecidas.
3.7

Respecto a la problemática de la evaluación de daños, el CESE estima que, dado el amplio espectro de situaciones cubierto por la propuesta de Reglamento, este procedimiento no sólo no es simple sino, probablemente, muy falible, en razón de la multiplicidad de gastos y agentes afectados, ya que se contemplan no sólo los daños de carácter público sino también privado. El breve lapso de tiempo para la presentación de la solicitud a los servicios de la Comisión, además de la pluralidad de intereses y bienes materiales afectados, puede conducir a sobrevalorar o infravalorar de manera especial el impacto de la crisis en cuestión, por lo que la evaluación de las solicitudes debe llevarse a cabo meticulosamente, con la ayuda de especialistas, datos históricos y registros precedentes, y calculando la cuantía económica de la ayuda en función del nivel de los precios en el Estado beneficiario.
6.1

El CESE acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión sobre la Agenda Social y considera que es una contribución encaminada a resaltar la importancia que tiene la política social para la realización de los objetivos de Lisboa. No obstante, estima que, a pesar de su enfoque estratégico, la Comunicación no está completamente a la altura de las expectativas particulares asociadas a la evaluación intermedia de la Estrategia de Lisboa. Mientras que en la Agenda Social anterior, la Comisión Europea se centraba en el papel que desempeñaba la política social como factor productivo, en la nueva propuesta ya no se hace expresamente esta referencia. El Comité en cambio considera que la política social no se puede subordinar a la política económica y es de importancia equivalente a ésta. El fomento de la cohesión social y la creación de un Estado de bienestar activo son objetivos de la Estrategia de Lisboa, tal y como se acordó en el Consejo Europeo de marzo de 2000, en igual medida que el incremento de la competitividad y el crecimiento económico sostenible. El elevado nivel de protección social constituye uno de los elementos básicos del modelo social europeo y contribuye de manera decisiva a la cohesión social.
1.2

Existen diversas referencias internacionales que se ocupan directa o indirectamente de esta materia: — el Pacto de las Naciones Unidas de 1966 y las convenciones europeas relativas a los derechos humanos, que consagran la libertad del matrimonio y la necesidad del libre consentimiento, bajo pena de invalidación, — la Convención de La Haya de 1970 sobre la competencia jurisdiccional, los criterios de competencia y el reconocimiento recíproco de las decisiones en asuntos de divorcio y separación judicial, de la que son firmantes los siguientes Estados miembros: Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Luxemburgo, — el Reglamento «Bruselas II» no 2201(2003) sobre la competencia y el reconocimiento recíproco de las decisiones judiciales en la Unión Europea en materia matrimonial y de responsabilidad parental, que no se aplica en Dinamarca y que sustituye a la citada Convención de La Haya, firmada por todos los países miembros de la Unión Europea excepto Dinamarca, — las respectivas convenciones entre el Vaticano y Portugal, España, Malta e Italia sobre el matrimonio canónico y su disolución, así como sobre el reconocimiento de las decisiones de los tribunales del Vaticano (competencia de la Santa Rota en materia de nulidad del matrimonio canónico, en principio indisoluble, por motivos admitidos en el Derecho canónico) (1), — las convenciones bilaterales, en particular la firmada por Finlandia y Suecia, que ambos países seguirán aplicando. Algunos Estados miembros también han establecido acuerdos con terceros países sobre la legislación aplicable en materia familiar, en particular el reconocimiento del matrimonio y del divorcio en el extranjero, — los protocolos de inclusión y exclusión que figuran como anexo en los tratados que excluyen a Dinamarca y ofrecen al Reino Unido e Irlanda la opción de decidir si desean o no estar vinculados por una legislación relativa al Derecho civil.
4.1.6

Aun cuando se conocen las posibilidades que brindan las tecnologías de la información y muchas PYME van a la vanguardia en lo que atañe al comercio electrónico, existen algunos problemas que siguen impidiendo la plena participación de la mayor parte de las PYME en la «sociedad de los negocios electrónicos». Dichos problemas son de carácter general y no se circunscriben únicamente a la actividad comercial electrónica. Pero, en cualquier caso, también afectan al ámbito que nos ocupa: — las PYME suelen centrarse más en los problemas inmediatos. Dudan en invertir en tecnología y en procedimientos que no se amortizan de inmediato; — la falta de soluciones concebidas y desarrolladas especialmente para las PYME. Las PYME no tienen las mismas necesidades que las grandes empresas, y lo que es peor, los consultores suelen resultarles demasiado gravosos, de manera que no les es fácil utilizar las soluciones ya existentes; — las PYME no suelen disponer de los especialistas necesarios para gestionar muchos de los paquetes de programas informáticos, ni para desarrollar sus propias interfaces para utilizar los programas estándar; — muchas grandes empresas exigen a sus proveedores la utilización de programas informáticos específicos como requisito para trabajar o para seguir trabajando con ellos. Esto bloquea la situación, pues a menudo las PYME no pueden costear ni gestionar la compleja situación técnica que se crea cuando varios de sus clientes exigen el empleo de sistemas específicos distintos. Esto podría considerarse también un problema debido a la inexistencia de estándares generales; — la utilización de las tecnologías informáticas en las empresas introduce un factor de economía de escala que beneficia a las grandes empresas y que incluso puede tener, como se ha indicado anteriormente, efectos regresivos. Las PYME no pueden establecer sus propias normas; los costes en concepto de asistencia son, en gran medida, independientes del tamaño. Así, las PYME se ven a menudo obligadas a aplicar diversas soluciones allí donde las grandes empresas sólo necesitan una.
4.4

El CESE también comparte la idea de que se concedan ayudas no sólo para los estudios preliminares y la fase de construcción, sino también, aunque sea en casos excepcionales, para la fase de puesta en marcha operativa del proyecto. En efecto, no deben subestimarse, por una parte, la delicada situación del sector de los transportes, con todas sus repercusiones más que notorias (congestión, contaminación, seguridad, etc.) sobre las que el Comité se ha pronunciado en múltiples ocasiones, ni, por otra parte, los riesgos propios de la dificultad de abastecimiento energético junto con la necesidad de prever la interoperatividad de las redes de energía.