(2)El informe específico de 2019 sobre Bulgaria se publicó el 27 de febrero de 2019. En él se evaluaban los avances realizados por Bulgaria de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores y los avances de Bulgaria hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados fueron publicados también el 27 de febrero de 2019. El análisis de la Comisión le llevó a concluir que Bulgaria está experimentando desequilibrios macroeconómicos. A las vulnerabilidades del sector financiero se añaden, en particular, un elevado endeudamiento y un gran volumen de préstamos no productivos en el sector empresarial. Si bien se han producido avances a la hora de enfrentarse a las fuentes de los desequilibrios, será fundamental aplicar plenamente las reformas de la supervisión y gobernanza emprendidas recientemente en el sector financiero, tanto bancario como no bancario, y hacer un seguimiento de las mismas.

(3)El 24 de abril de 2019, Bulgaria presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Convergencia de 2019. A fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(4)Las recomendaciones específicas por país pertinentes se han abordado en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones del Consejo pertinentes, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(5)Bulgaria se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2019, el Gobierno prevé que se pase de un superávit general del 2 % del PIB en 2018 a un déficit del 0,3 % del PIB en 2019 y a unos superávits respectivos del 0,4 % del PIB en 2020, el 0,2 % en 2021 y el 0,1 % en 2022. Tomando como base el saldo estructural recalculado, se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 1 % del PIB) siga superándose durante todo el período del programa. Según el Programa de Convergencia de 2019, la ratio deuda pública / PIB debería disminuir gradualmente del 22,6 % del PIB en 2018 al 16,7 % en 2022. Las hipótesis macroeconómicas en que se basan estas previsiones presupuestarias son verosímiles. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural registre un superávit del 0,7 % del PIB en 2019 y del 0,6 % del PIB en 2020, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. En general, el Consejo considera que Bulgaria probablemente cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019 y 2020.

(6)Tanto los ingresos tributarios como el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias están aumentando, y hay una serie de iniciativas en marcha. No obstante, la recaudación no parece estar mejorando al mismo ritmo en todos los sectores. En particular, no lo está haciendo en los impuestos sobre el trabajo y las cotizaciones a la seguridad social, así como en algunas categorías de impuestos especiales. También se ha evidenciado que el trabajo no declarado y el comercio ilícito de combustible siguen constituyendo un problema. El mantenimiento de los esfuerzos por mejorar la recaudación de impuestos y la adopción de medidas específicas adicionales para hacer frente a las dificultades en ámbitos específicos del sistema tributario revisten una importancia capital para reducir la aún significativa economía sumergida.

(7)El Gobierno ha tomado medidas para mejorar la eficacia del gasto público. El Banco Mundial completó una revisión del gasto concerniente a una serie de instituciones públicas (ministerios y municipios) y dos estudios piloto, sobre la policía y el servicio de lucha contra incendios y sobre las aguas residuales, y elaboró un manual para la realización de revisiones por parte del Gobierno en el futuro. En la estrategia presupuestaria a medio plazo de 2018, el Gobierno introdujo una serie de nuevos indicadores de rendimiento para evaluar las repercusiones del gasto sobre los diferentes ámbitos de actividad a lo largo del tiempo y para informar la evaluación y la planificación del presupuesto. Se espera que la continuación de esas iniciativas aumente la calidad, la eficiencia y la transparencia del gasto público, y como consecuencia de ello se incrementen, a su vez, la cantidad y la calidad de los bienes públicos.

(8)Las empresas estatales adolecen de una gobernanza empresarial débil, que también se refleja en gran medida en sus resultados económicos. El marco normativo de la gobernanza empresarial de las empresas estatales está siendo objeto de una reforma, en cooperación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y con el apoyo del Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión Europea. La reforma tiene por objeto abordar las deficiencias actuales adaptando la legislación nacional a las directrices de gobernanza empresarial de la OCDE paras las empresas estatales. La adopción y la aplicación eficaz del marco garantizarán la continuidad y serán cruciales para el éxito de la reforma.

(9)En un entorno económico favorable, las ratios de liquidez y de capital de los bancos, por término medio, experimentaron una mejora. Paralelamente, se registró un descenso de los préstamos no productivos por parte de las sociedades no financieras, aunque la cifra sigue siendo elevada. Si bien el mercado secundario de préstamos no productivos ha incrementado su dinamismo, no se han adoptado medidas políticas específicas a tal efecto. Las medidas de seguimiento derivadas de las revisiones del sector financiero han reforzado el sector bancario, pero siguen persistiendo algunas vulnerabilidades. Las nuevas iniciativas en materia de regulación tomadas en 2018 incluyeron las normas aplicables a las grandes exposiciones y la identificación de los clientes conexos, un aumento de la tasa de reserva de capital anticíclica e instrumentos macroprudenciales para las medidas basadas en los prestatarios. Como seguimiento de las iniciativas legislativas sobre las exposiciones de partes vinculadas, los esfuerzos de supervisión continuados con el fin de limitar los préstamos a las partes vinculadas y sancionar las infracciones de las disposiciones sobre garantías son fundamentales para dar apoyo a las buenas prácticas empresariales. El refuerzo del marco de resolución bancaria es otra medida pendiente que contribuirá a la resiliencia del sector financiero.

(10)Completar la reforma del marco aplicable a la insolvencia podría ayudar a reducir el elevado nivel de deuda pendiente del sector privado y la aún alta proporción de préstamos no productivos. La falta de algunos elementos reduce la eficiencia y la eficacia del marco aplicable a la insolvencia, lo que supone que los procedimientos de insolvencia son lentos y costosos. Al mismo tiempo, la ausencia de unos instrumentos de vigilancia adecuados impide un análisis correcto de los procedimientos de insolvencia y previos a la insolvencia, tanto los que están en curso como los nuevos, y no permite determinar los obstáculos o debilidades concretos. En octubre de 2018, Bulgaria solicitó la asistencia del Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión Europea para que le ayudase a avanzar en la reforma del marco aplicable a la insolvencia. El proyecto ha detectado deficiencias en el marco aplicable a la insolvencia y elaborará una hoja de ruta para subsanarlas. Es importante mantener el impulso de las reformas y aplicar la hoja de ruta resultante.

(11)Bulgaria ha adoptado modificaciones legislativas en 2018 y está trabajando para lograr una transposición totalmente conforme de la Directiva 2018/849 (cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales). Debe prestarse atención a la aplicación efectiva de estas medidas. Las autoridades aún no han finalizado y notificado la evaluación nacional de riesgos, que constituye una piedra angular de la concepción de políticas nacionales adecuadas para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Además, la evolución reciente del sector bancario indica la necesidad de reforzar la supervisión nacional de las transacciones financieras internacionales y de garantizar la aplicación efectiva del marco de lucha contra el blanqueo de capitales. Es menester dar una mejor respuesta al riesgo de corrupción, que es un delito accesorio al blanqueo de capitales. Las autoridades búlgaras tendrán que mostrar resultados concretos y presentar un historial sustentado por decisiones firmes en casos de corrupción de alto nivel. El recurso a la investigación financiera y a la elaboración de perfiles financieros es limitado.

(12)Se está reformando la supervisión no bancaria. En septiembre de 2017, la Comisión de Supervisión Financiera adoptó un plan de acción para la reforma de la supervisión financiera no bancaria, en cooperación con la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación. La implementación y la ejecución plenas y oportunas del plan de acción, que aún están en curso, contribuirán a una supervisión adecuada del sector financiero no bancario. Se están llevando a cabo modificaciones de la legislación secundaria con el fin de mejorar las normas de valoración y su aplicación. Su implementación y ejecución efectivas servirían para afrontar los problemas detectados en materia de valoración que aún persisten. Por último, la supervisión a nivel de grupo sigue siendo una dificultad en lo que respecta a garantizar la adecuación de una supervisión de seguros basada en el riesgo.

(13)El sector de los seguros de vehículos presenta algunas vulnerabilidades. Unas normas sobre compensación bien especificadas facilitarían que los jueces pudieran tomar decisiones sobre asuntos individuales con un planteamiento más armonizado. A más largo plazo, dicha metodología ayudaría a reducir los costes, la volatilidad y el riesgo de suscripción en la línea de negocio de seguros de vehículos con cobertura de daños a terceros. La sostenibilidad del sector también se beneficiaría de una mejora del sistema de fijación de precios que tenga en cuenta el historial de conducción de los clientes. La Comisión de Supervisión Financiera ha propuesto un sistema de bonus-malus, que está siendo sometido a un amplio debate público de resultado incierto. Por último, la liquidez de la «Oficina Nacional de la Carta Verde» ha suscitado importantes preocupaciones, fundamentalmente debido a que dos aseguradoras búlgaras han dejado siniestros impagados. El cumplimiento estricto de sus obligaciones por parte de todos los miembros es crucial para la credibilidad y la eficiencia del sistema.

(14)Las infraestructuras adolecen de una importante falta de inversiones. La cobertura y la calidad de las infraestructuras de transporte han mejorado, pero aún se encuentran por debajo de la media de la UE. La Red Transeuropea de Transporte en Bulgaria aún está incompleta. Además, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte por carretera han aumentado de manera importante durante los últimos cinco años. Es necesario seguir desarrollando tramos viarios y ferroviarios y los respectivos sistemas de gestión del tráfico ferroviario y sistemas de transporte inteligente europeos. Bulgaria tiene unos bajos índices de conexión y tratamiento de aguas residuales urbanas y unos niveles elevados de contaminación del aire y de vertido de los residuos municipales, mientras que su tasa de reciclaje es considerablemente inferior a la media de la UE. Es necesario invertir en la promoción de una gestión sostenible de las aguas, la eficiencia de los recursos y la transición a una economía circular. Además, las necesidades de inversión en los ámbitos de la energía y la mitigación del cambio climático y la adaptación a él son considerables. La alta intensidad energética de la economía y la lentitud de los avances en el cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética, en particular en el sector de la construcción, están mermando la productividad y la competitividad de las empresas del país. Por tanto, se deben redoblar los esfuerzos para garantizar unos ahorros de energía significativos a través de inversiones orientadas a los sectores industrial, de la construcción y del transporte. El aumento de las inversiones en infraestructuras energéticas limpias (como una generación de energía eléctrica limpia e hipocarbónica y las redes inteligentes), en consonancia con las prioridades establecidas en el proyecto de plan nacional búlgaro para el clima y la energía, contribuirían a mejorar la competitividad general de la economía y la calidad de vida de la población.

(15)A pesar de un incremento en el presupuesto público dedicado a investigación en 2018, el gasto en investigación y desarrollo sigue siendo muy bajo tanto en el sector público como en el privado. La inversión privada en investigación y desarrollo está dominada por grandes empresas multinacionales y concentrada en la región de la capital. El lento ritmo de aplicación de las reformas y la elevada fragmentación del sistema de investigación, desarrollo e innovación obstaculizan la contribución de la inversión en investigación y desarrollo a la productividad y el crecimiento. Las numerosas universidades e institutos de investigación siguen obteniendo malos resultados en investigación científica de alta calidad. Los vínculos entre ciencia y empresa siguen siendo débiles y la disponibilidad de capital humano en el sistema de investigación y desarrollo es un gran motivo de preocupación. Los clústeres y su potencial en Bulgaria están infradesarrollados, dado que con frecuencia les falta masa crítica. Nuevas reformas, combinadas con una gobernanza eficiente y una inversión pública más eficaz, pueden maximizar los efectos sobre la productividad y mejorar la competitividad de la economía. Además, mejorar la digitalización de las empresas e introducir nuevos modelos de negocio es crucial para la productividad del país.

(16)Las reformas de la administración pública y de la administración electrónica siguen siendo lentas, lo que está dando lugar a una insuficiencia de las mejoras y a que persista la debilidad del entorno empresarial. Se ha adoptado una serie de reformas, pero su aplicación práctica se está ralentizando. Las deficiencias institucionales, la incertidumbre en lo que respecta a la regulación, la corrupción y una oferta de mano de obra insuficiente siguen estando entre los principales obstáculos a la inversión. La gobernanza del sector público podría beneficiarse de una mayor transparencia, unas normas más claras y una perspectiva a largo plazo. También son evidentes las deficiencias en el ámbito de los ensayos sobre productos y de la seguridad, debido a la limitación de los medios financieros y humanos. Además, aunque la inmensa mayoría de las medidas incluidas en la estrategia nacional de contratación pública ya han sido adoptadas, su aplicación exige que el seguimiento, el control y la evaluación sean continuos. El frecuente uso de adjudicaciones directas y el elevado número de ofertas únicas representan una amenaza para la transparencia y la eficacia del sistema. La capacidad administrativa del sector de la contratación pública supone actualmente un desafío, como también la profesionalización de los compradores públicos y las adquisiciones agregadas. El importante retraso en la adopción de la contratación electrónica está impidiendo una mejora más acusada de la transparencia y la eficiencia de los procedimientos de contratación pública.

(17)El mercado de trabajo ha mejorado, pero sigue presentando deficiencias. La tasa de empleo ha alcanzado su máximo nivel desde que Bulgaria se adhirió a la UE, y la tasa de desempleo es inferior a la media de la UE. Pese a esos avances positivos, algunos grupos, como las personas con baja cualificación, los jóvenes, los romaníes y las personas con discapacidad, aún se enfrentan a dificultades para encontrar un empleo. Se están aplicando medidas específicas de apoyo a los desempleados de larga duración, que representaban el 3 % de la población activa en 2018. Una combinación de medidas de divulgación eficaces y sostenibles, políticas activas del mercado de trabajo e integración de los servicios sociales y los de empleo podría mejorar la empleabilidad de los grupos desfavorecidos y sus posibilidades de encontrar trabajo.

(18)El aumento de la escasez de personal cualificado en Bulgaria justifica unas inversiones importantes. La empleabilidad de los jóvenes podría aumentar si mejorasen la calidad y la eficacia de los períodos de formación y de aprendizaje en empresas. Además, la participación de la población adulta en medidas de mejora de capacidades y reciclaje profesional es muy baja. Pese a las medidas adoptadas para fomentar la adquisición de competencias digitales, el nivel de Bulgaria a ese respecto (solo el 29 % de la población búlgara posee competencias digitales básicas, frente el 57 % de media en la UE) sigue entre los más bajos de la Unión.

(19)A pesar de la ratificación del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la fijación del salario mínimo y de varias rondas de negociaciones mantenidas en 2018, los empresarios y los sindicatos aún tienen posiciones encontradas en lo que respecta a los criterios que deben aplicarse al determinar el salario mínimo. Existe margen para un mayor consenso sobre un mecanismo de fijación de salarios objetivo y transparente. Al mismo tiempo, pese a que la implicación de los interlocutores sociales en la concepción y aplicación de las políticas y las reformas parece haber aumentado, sigue siendo necesario mantener un apoyo continuo a un diálogo social reforzado.

(20)Los resultados educativos aún son malos y siguen estando fuertemente influidos por la situación socioeconómica de los padres. Esto es reflejo de las dificultades en relación con la calidad y el carácter inclusivo del sistema de educación y formación. El nivel de inversión de Bulgaria en educación es insuficiente, en particular en educación preescolar y primaria, dos niveles fundamentales para crear igualdad de oportunidades desde una edad temprana. El acceso a una educación y unos cuidados infantiles de calidad es escaso, especialmente en el caso de los romaníes y de los niños de otros grupos desfavorecidos. La tasa de abandono escolar prematuro aún es elevada, lo que conlleva consecuencias negativas para la empleabilidad futura y los resultados del mercado de trabajo. La pertinencia de la formación profesional para el mercado de trabajo y la disponibilidad de formación profesional dual siguen siendo insuficientes. Aunque se están aplicando algunas medidas, se necesitan mayores esfuerzos para garantizar que el conjunto de capacidades que adquieren los titulados superiores pueda solucionar la escasez de capacidades a corto y medio plazo de forma consistente. Se han puesto en marcha medidas para reciclar al profesorado y aumentar el atractivo de la profesión. No obstante, los programas educativos iniciales y continuos para los profesores tienen que mejorarse, y aún es necesario realizar esfuerzos para mejorar las condiciones de trabajo del personal del sector educativo.

(21)Bulgaria aún se enfrenta a una elevada desigualdad de ingresos y de riesgo de pobreza o exclusión social. Pese a haber registrado un descenso, la tasa de pobreza o exclusión social de 2018 fue del 32,8 %, aún superior a la media de la UE. El sistema de seguridad social no alcanza a todas las personas que trabajan y el sistema de protección social es insuficiente para abordar todas las cuestiones significativas de índole social, lo que refleja el bajo nivel de gasto social, la disponibilidad dispar de servicios sociales en las distintas partes del territorio y los limitados efectos redistributivos del sistema tributario. En 2018, los ingresos del 20 % más rico de la población eran 7,7 veces superiores a los del 20 % más pobre, una diferencia que aún está entre las mayores de la UE. A pesar de esas medidas, la adecuación y la cobertura de la renta mínima siguen siendo limitadas y aún se echa en falta un mecanismo objetivo para su actualización periódica. Los servicios sociales adolecen de baja calidad y de falta de un enfoque integrado en favor de la inclusión activa. Persisten las disparidades en el acceso a los servicios sociales, la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración. Esto socava su capacidad de proporcionar un apoyo completo a los más vulnerables, como los romaníes, los niños, los ancianos, las personas con discapacidad y las personas que viven en zonas rurales. Parte de la población tiene dificultades para acceder a una vivienda asequible. En consecuencia, es necesario redoblar los esfuerzos para fomentar la inclusión activa, promover la integración socioeconómica de los grupos vulnerables, incluidos los romaníes, mejorar el acceso a servicios de calidad y hacer frente a la privación material.

(22)El sector de la asistencia sanitaria aún se caracteriza por el bajo nivel de gasto público. La población búlgara sufre limitaciones en el acceso a la asistencia sanitaria causadas por la distribución desigual de los limitados recursos y el bajo grado de cobertura de los seguros de salud. Los pagos directos son considerables, ya que tienen que compensar el reducido gasto público. La baja disponibilidad de médicos de cabecera restringe la prestación de atención primaria y hay una significativa escasez de enfermeros, cuya cifra per cápita está entre las más bajas de la UE. Una aplicación más rápida y eficaz de la estrategia nacional de salud serviría para hacer frente a esos puntos débiles.