[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 22.7.2008

COM(2008) 475 final

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

Protección de los intereses financieros de las Comunidades - Lucha contra el fraude - Informe anual 2007 [SEC(2008)2300] [SEC(2008)2301]

ÍNDICE

Introducción 4

1. Resultados de la lucha contra el fraude: estadísticas relativas a los fraudes y otras irregularidades 5

1.1. Estadísticas relativas a los fraudes y otras irregularidades comunicadas por los Estados miembros y los servicios de la Comisión en 2007 5

1.1.1. Recursos propios tradicionales 8

1.1.2. Gastos agrícolas (FEOGA y FEADER) 8

1.1.3. Medidas estructurales 9

1.1.4. Fondos de preadhesión 10

1.1.5. Estadísticas relativas a los gastos gestionados directamente por la Comisión 11

1.2. Estadísticas relativas a la actividad de la OLAF 12

2. Principales acontecimientos de 2007 12

2.1. Progresos en el ámbito aduanero 12

2.1.1. La asistencia mutua en el primer pilar 12

2.1.2. Convenios del tercer pilar y medidas nacionales específicas 13

2.2 Lucha contra el contrabando y la falsificación de cigarrillos 14

2.3. Irregularidades y sospechas de fraude en el ámbito de los «gastos directos» 15

2.4. El nuevo enfoque del «blindaje frente al fraude» 15

2.5. Protección del euro contra la falsificación 16

2.6. El programa Hércules II 17

2.7. Otras medidas adoptadas en 2007 para proteger los intereses financieros de las Comunidades 17

3. Controles para detectar los fraudes y otras irregularidades 19

3.1. Controles en el ámbito de los fondos estructurales 19

3.1.1. Mejora del marco de control 19

3.1.2. Ejercicio de los controles de gestión por los Estados miembros en el ámbito del FEDER 21

3.2. El marco de control en el ámbito agrícola 22

3.3. Control de los recursos propios tradicionales 24

3.4. Los controles y verificaciones in situ del Reglamento (Euratom, CE) n° 2185/96 25

4. Prescripción aplicable a las actuaciones judiciales y a las resoluciones relativas a las irregularidades 26

4.1. Prescripción aplicable a la persecución de una irregularidad 26

4.2. Plazo de prescripción para ejecutar la resolución que fija una sanción administrativa 27

4.3. Plazo de prescripción para ejecutar la resolución que fija una medida administrativa (recuperación) 27

5. Recuperación 28

5.1. Agricultura 28

5.2. Fondos estructurales 29

5.3. Recursos propios 30

5.4. Gastos directos 31

5.5. Recuperación a raíz de un caso de la OLAF 31

INTRODUCCIÓN

La protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude constituyen un ámbito de responsabilidad compartida entre la Comunidad y los Estados miembros. La Comisión elabora cada año, en cooperación con los Estados miembros, un informe en el que se presentan las estadísticas y las nuevas medidas adoptadas para cumplir las obligaciones previstas en el artículo 280 del Tratado CE. Este informe va dirigido al Parlamento Europeo y al Consejo, y se publica[1].

El primer punto del informe resume los resultados de las estadísticas relativas a los casos de irregularidades comunicadas por los Estados miembros en los ámbitos donde los Estados miembros ejecutan el presupuesto (política agrícola, fondos estructurales y Fondo de preadhesión, lo que representa el 80% del presupuesto) y para la recaudación de los recursos propios comunitarios. Se proporciona también una estimación de las irregularidades ocurridas en el ámbito de los gastos gestionados directamente por la Comisión, y un resumen relativo a la actividad operativa de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Estas estadísticas deben leerse y utilizarse con mucha precaución: una irregularidad comunicada no es en la mayoría de los casos un posible fraude (que representa un acto intencional). Una sospecha de fraude comunicada no es necesariamente un fraude confirmado por una decisión de un tribunal. Todas las irregularidades presentadas están en curso de tratamiento y están sujetas a distintas formas de seguimiento, tal como se detalla en los puntos 3 y 5.

Por su propia naturaleza, las cifras presentadas en este informe son orientativas, preliminares y no finales. Por precaución, los importes indicados cubren a menudo la totalidad de la acción en cuestión, antes de que la parte irregular se determine con exactitud. Si bien los Estados miembros tienen la obligación de comunicar las irregularidades, lo hacen en grados de conformidad diferentes. Son también los Estados miembros los que definen en principio, entre las irregularidades comunicadas, las que consideran sospechosas de fraude. Y solamente al final de un procedimiento judicial a cargo de las autoridades nacionales, a menudo después de un considerable lapso de tiempo, se establece si hay fraude o no y cuál es el impacto financiero real del fraude. La Comisión depende de la información (no obligatoria) por parte de los Estados miembros para clasificar un caso como fraude.

El segundo punto del informe presenta los principales acontecimientos del año 2007 , tanto en cuanto a la prevención como a la represión de los fraudes y otras irregularidades.

El tercer punto se refiere a los controles destinados a detectar los fraudes y otras irregularidades , dedicando una parte importante a los controles en el ámbito de los fondos estructurales y, en particular, a los controles de gestión. El cuarto punto presenta la prescripción aplicable a las actuaciones judiciales relativas a las irregularidades y la aplicable a la ejecución de una resolución que dicta una medida o una sanción administrativa. Estos dos puntos se tratan, en particular, a partir de las respuestas de los Estados miembros a un cuestionario.

El quinto punto, al que se aplican los mismos tipos de reserva que al punto 1, presenta las recuperaciones efectuadas en 2007 en todos los ámbitos presupuestarios.

El informe va acompañado de dos documentos de trabajo de los servicios de la Comisión[2].

R ESULTADOS DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE: ESTADÍSTICAS RELATIVAS A LOS FRAUDES Y OTRAS IRREGULARIDADES

Estadísticas relativas a los fraudes y otras irregularidades comunicadas por los Estados miembros y los servicios de la Comisión en 2007

En los ámbitos donde los Estados miembros ejecutan el presupuesto y para la recaudación de los recursos propios comunitarios, la legislación comunitaria obliga a los Estados miembros a comunicar las sospechas de fraude y otras irregularidades detectadas. La información recogida se utiliza con fines de análisis y seguimiento y permite un mejor conocimiento del impacto de las irregularidades en el presupuesto comunitario.

Es importante distinguir entre el fraude y otras irregularidades. Una irregularidad está constituida por cualquier violación de una disposición comunitaria por un operador económico que tiene o tendría como efecto perjudicar a los intereses financieros de las Comunidades[3]. El fraude es una irregularidad cometida intencionalmente, que constituye una infracción penal[4]. Los Estados miembros determinan, entre las irregularidades comunicadas, las que son sospechosas de fraude. El impacto financiero real del fraude únicamente puede medirse al final del procedimiento judicial.

El documento de los servicios de la Comisión «Evaluación estadística de las irregularidades»[5] presenta un análisis en profundidad de la información comunicada por los Estados miembros y, por primera vez, contiene estadísticas relativas al fraude y otras irregularidades detectadas por los servicios de la Comisión en los ámbitos del presupuesto de gestión directa centralizada.

Conclusiones relativas a las irregularidades comunicadas por los Estados miembros

- El número de irregularidades comunicadas ha disminuido en todos los ámbitos, excepto en el de las acciones estructurales.

- El impacto financiero estimado de las irregularidades ha aumentado en todos los sectores. En el caso de los recursos propios y la agricultura, este aumento se refiere en parte a las irregularidades ocurridas o descubiertas durante los años anteriores pero no comunicadas hasta 2007. En el ámbito de los gastos, la adhesión de nuevos Estados miembros y el reciente aumento de los pagos en estos países explica en parte el incremento. El impacto financiero en porcentaje del presupuesto sigue siendo relativamente estable. Se han detectado varias irregularidades con un impacto financiero importante en el marco del cierre del período de programación de los fondos de preadhesión para los 10 nuevos Estados miembros.

- El impacto estimado de los casos sospechosos de fraude sigue siendo estable por lo que se refiere a los gastos y presenta un ligero retroceso por lo que respecta a los recursos propios. Se recuerda que se trata aquí de sospechas de fraude comunicadas y no de casos confirmados ante los tribunales, y que el impacto financiero real, después de la recuperación y la corrección financiera, sólo puede indicarse al final de los procedimientos judiciales y administrativos.

- Si bien la mayoría de las irregularidades se comunican a la Comisión en los plazos previstos, aún deben hacerse esfuerzos en este sentido: el plazo medio de comunicación en el ámbito agrícola es de 1,2 años, y en las acciones estructurales de 0,9 años. Algunos Estados miembros notifican a menudo con un retraso importante. Una notificación rápida es indispensable para un seguimiento eficaz.

- La proporción de Estados miembros que notifica por vía electrónica, y en particular, mediante los módulos electrónicos AFIS/ECR[6] propuestos por la Comisión para el ámbito agrícola y los fondos estructurales, ha aumentado. La utilización de los módulos simplifica el tratamiento de los datos y mejora su calidad y comparabilidad. Algunos Estados miembros siguen notificando por papel o por vía electrónica sin utilizar los módulos ECR.

- Gracias a los esfuerzos de las autoridades nacionales (notas orientativas, formación para el personal responsable de las notificaciones), y a la mayor utilización de los módulos ECR, la calidad de las notificaciones ha seguido mejorando en todos los ámbitos. Esto permite un mejor seguimiento y facilita el análisis estratégico de los datos. Algunos Estados miembros deben aún hacer esfuerzos, en particular, en cuanto a la clasificación de los tipos de irregularidades.

Cuadro 1 – Número de irregularidades e importes - año 2007

Ámbito | Número de irregularidades comunicadas | Impacto financiero total estimado de las irregularidades, incluidas las sospechas de fraude (en millones de euros) | Impacto financiero estimado de las sospechas de fraude únicamente (en millones de euros) |

2006[7] | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |

Agricultura (FEOGA - Garantía) | 3 249 | 1 548 | 87 | 155 | 29,8 (~0,06% de los fondos asignados) | 44,8 (~0,1% de los fondos asignados) |

Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión | 3 216 | 3 832 | 703 | 828 | 157,56 (~0,41% de los fondos asignados) | 141 (~0,31% de los fondos asignados) |

Fondo de preadhesión | 395 | 332 | 14 | 32 | 1,57 (~0,03% de los fondos asignados) | 5 (~0,38% de los fondos asignados) |

Gastos directos | - | 411 | - | 33 | - | 18,1 (~0,17% de los fondos asignados[8]) |

Total gastos | 6 860 | 6 123 | 804 | 1 048 | 188,93 (~0,2% del importe de los gastos en los cuatro ámbitos) | 208,9 (~0,22% del importe de los gastos en los cuatro ámbitos) |

Recursos propios[9] | 5705 | 5 321 | 353 | 377 | 134,39 (~0,94% del importe total de recursos propios) | 106,57 (~0,62% del importe total de recursos propios[10]) |

Recursos propios tradicionales

El número de casos de irregularidades comunicadas ha disminuido en un 7% (5.705 casos en 2006, frente a 321 en 2007). El importe estimado (377 millones de euros) ha aumentado en más del 6 %. Las sospechas de fraude representan el 23% de los casos de irregularidades comunicadas, con un impacto financiero estimado de 106,57 millones de euros, lo que representa el 0,62% del importe total de los recursos propios en 2007 (frente a 134,39 millones de euros, el 0,94% en 2006). Se recuerda que se trata de las sospechas de fraude comunicadas y no de los casos confirmados ante los tribunales, y que el impacto financiero real aún no está determinado.

Los productos más afectados han sido, como en los años anteriores, los productos electrónicos y multimedia, en particular, televisiones y monitores. Las irregularidades más frecuentes han sido la clasificación errónea del producto y la descripción errónea del origen. El segundo producto más afectado ha sido el tabaco. La Comisión sigue prestando una atención especial a estos sectores. El sector de las hortalizas (en particular, el ajo) ha crecido en importancia, al igual que el de los zapatos, las piezas de automóviles y motos, y las prendas de vestir, mientras que los sectores de la carne, los artículos de hierro y acero y los cereales han disminuido. Es importante tener en cuenta en el análisis de estos datos que la fecha en que se descubre el fraude o la irregularidad y se comunica a la Comisión no coincide necesariamente con la fecha en la que se han producido los mismos.

Gráfico 1: Número de irregularidades comunicadas e impacto financiero estimado - recursos propios tradicionales - años 2003-2007

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Gastos agrícolas (FEOGA y FEADER)

El número de irregularidades comunicadas disminuyó un 53% (1.548 casos, frente a 249 en 2006). Esta fuerte disminución era previsible, y se debe a la aplicación a partir del 1 de enero de 2007 de un nuevo Reglamento de la Comisión en 2006 [11], que elevó de 4.000 a 10.000 euros el límite máximo por encima del cual los Estados miembros deben comunicar las irregularidades a la Comisión. El importe en cuestión (155 millones de euros, el 0,33% del total de los créditos del ámbito agrícola) aumentó en un 44 %. El aumento se refiere en parte a casos que tienen un impacto financiero importante y ocurridos o descubiertos durante los años anteriores pero que no se han comunicado hasta 2007. Las sospechas de fraude se refieren al 10% de los casos de irregularidades comunicados, con un impacto financiero estimado de 44,8 millones de euros, lo que representa un 0,1% del total de los créditos de 2007 (frente a 29,8 millones de euros, el 0,06%, en 2006). Se recuerda que se trata de sospechas de fraude comunicadas y no de casos confirmados ante los tribunales, y que el impacto financiero real aún no está determinado.

Los importes más elevados se refieren a los sectores de la leche y los productos lácteos, las frutas y hortalizas, el azúcar y el desarrollo rural. Estos cuatro sectores representan juntos el 77% del importe total afectado por las irregularidades.

Gráfico 2: Número de irregularidades comunicadas e impacto financiero estimado - gastos agrícolas - años 2003-2007

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Medidas estructurales

El número de irregularidades comunicadas relativas a los fondos estructurales y al Fondo de Cohesión aumentó un 19,2% (3.832 casos, frente a 216 en 2006). El impacto financiero estimado (828 millones de euros, lo que representa cerca del 1,83% de los créditos de compromiso) aumentó en un 17,7 %. Las sospechas de fraude corresponden a aproximadamente un 12,4% de los casos de irregularidades comunicadas, con un impacto financiero estimado de 141 millones de euros, lo que supone el 0,31% del total de los créditos de compromiso (frente a 157,56 millones de euros, el 0,41%, en 2006). Se recuerda que se trata de sospechas de fraude comunicadas y no de casos confirmados ante los tribunales, y que el impacto financiero real aún no está determinado.

Como los años anteriores, el mayor número de irregularidades se comunicaron respecto del FEDER[12] y el FSE[13] (el 83% de las irregularidades). Un 76% de las irregularidades se referían a proyectos o a operaciones realizados en regiones de los objetivos 1 y 2.

Gráfico 3: Número de irregularidades comunicadas e impacto financiero estimado - acciones estructurales - años 2003-2007

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Fondos de preadhesión

El número de irregularidades comunicadas relativas a los fondos PHARE, SAPARD e ISPA disminuyó un 13% (332 frente a 395 en 2006). El presunto impacto financiero pasó de 14 millones de euros en 2006 a 32 millones de euros en 2007 (el 1,92% del importe total seleccionable). Las sospechas de fraude corresponden a cerca del 15,5% de los importes irregulares comunicados en 2007, con un impacto financiero estimado en 5 millones de euros, lo que representa el 0,38% del total del presupuesto anual. Se recuerda que se trata de sospechas de fraude comunicadas y no de casos confirmados ante los tribunales, y que el impacto financiero real aún no está determinado.

El tipo de irregularidad más frecuente para cada uno de los fondos de preadhesión fue el «gasto no admisible».

Gráfico 4: Número de irregularidades comunicadas e impacto financiero estimado - fondos de preadhesión - años 2003-2007

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Estadísticas relativas a los gastos gestionados directamente por la Comisión

Esta es una primera etapa destinada a integrar en este informe los ámbitos del presupuesto gestionados directamente por la Comisión. Como el sistema que permitirá calificar los casos como irregularidades y fraudes presuntos se ha establecido en 2008 (véase el punto 2.3), ha sido necesario limitar el alcance del análisis al período 2007. Los datos presentados deben tratarse por tanto con una gran precaución y no como pruebas empíricas del nivel de los fraudes e irregularidades.

El número presunto de irregularidades en este ámbito es de 411. El presunto impacto financiero es de 33 millones de euros, de los cuales 18,1 millones de euros corresponden a 136 casos de sospechas de fraudes comunicados. El importe irregular comunicado en el sector de las actividades exteriores es de 19,1 millones de euros, y en el ámbito de las políticas internas, de 13,9 millones de euros. Por lo que se refiere al marco financiero 2000-2006, el impacto financiero estimado de los casos de posibles fraudes asciende al 0,17% del total de los contratos celebrados directamente por la Comisión.

Estadísticas relativas a la actividad de la OLAF

Tras la evaluación inicial de la información recibida, la OLAF puede decidir abrir cuatro tipos de casos: investigaciones internas, investigaciones externas, casos de coordinación o casos de asistencia penal. El número de casos abiertos cada año es estable (210 en 2007, frente a 194 en 2006 y 216 en 2005). Desde 2004, el número de investigaciones abiertas propias de la OLAF (investigaciones internas y externas) ha igualado y posteriormente sobrepasado el número de casos abiertos por la OLAF para ofrecer asistencia y coordinación a las autoridades nacionales (casos de coordinación y casos de asistencia penal). Desde 2005, las investigaciones propias de la OLAF constituyen el 75% del número total de casos abiertos.

El número de casos en curso ha disminuido (408 a finales de 2007, frente a 431 a finales de 2006 y 452 a finales de 2005), lo que se debe, en particular, a los esfuerzos de la OLAF para tratar un atraso de casos antiguos.

Cuadro 2: Expedientes en curso a 31 de diciembre de 2007 por sector e impacto financiero

Sector | Casos en curso a 31 de diciembre de 2007 | Impacto financiero estimado (en millones de euros) |

Aduanas/IVA | 76 | 781,3 |

Agricultura | 50 | 108,8 |

Fondos Estructurales | 48 | 172,4 |

Gastos directos | 140 | 206,7 |

Investigaciones externas | 94 | 289,6 |

Total | 408 | 1 558,8 |

Para más detalles y una comparación con los años anteriores, véase el informe de la OLAF[14].

P RINCIPALES ACONTECIMIENTOS DE 2007

Progresos en el ámbito aduanero

La asistencia mutua en el primer pilar

A raíz de una propuesta de la Comisión[15], el Consejo modificó el Reglamento relativo al control de las exportaciones de productos agrícolas[16] para que los Estados miembros que realizan un análisis de los riesgos conforme a la normativa comunitaria puedan decidir aplicar el porcentaje de control mínimo a nivel nacional más que a nivel de cada despacho de aduana de exportación, a fin de distribuir mejor los esfuerzos de control de las autoridades aduaneras en el territorio nacional.

El Reglamento del Parlamento y del Consejo relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad[17] entró en vigor en junio de 2007. Este Reglamento remite a las disposiciones del Reglamento (CE) n° 515/97[18] por lo que se refiere a la asistencia mutua, y prevé la transmisión de información a la Comisión en caso de indicios que permitan sospechar que sumas de dinero efectivo están vinculadas al producto de un fraude o a cualquier otra actividad ilegal que perjudique a los intereses financieros de la Comunidad.

La propuesta de la Comisión[19] referente a la modificación del Reglamento relativo a la asistencia mutua con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria[20], avanzó en el proceso legislativo en 2007. El Parlamento Europeo la aprobó en primera lectura en febrero de 2008, introduciendo algunas enmiendas. El acto prevé el marco jurídico del fichero de identificación de los expedientes sobre de investigaciones aduaneras (FIDE) y la creación de un directorio europeo de datos. El FIDE debe permitir a las instancias operativas nacionales y comunitarias (OLAF) identificar los servicios que han investigado sobre la misma persona o empresa. El directorio tiene por objetivo recoger, con fines de análisis, datos habitualmente utilizados en el marco del comercio internacional[21]. La aprobación final de la propuesta está prevista para el transcurso del año 2008.

Dos propuestas[22] resultantes de la estrategia de Lisboa tienen por objeto modernizar los procedimientos aduaneros. Con la entrada en vigor del nuevo Código Aduanero, se generalizará progresivamente el recurso a la declaración electrónica, y con el proyecto E-aduanas los datos procedentes de los sistemas informáticos aduaneros nacionales serán cada vez más compatibles gracias a una plataforma central. Estas reformas reducirán el coste de las operaciones, favorecerán un acceso más rápido a los datos y permitirán hacer análisis de riesgo a nivel europeo.

Convenios del tercer pilar y medidas nacionales específicas

En 2007, Malta se adhirió al Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras («Convenio Nápoles II»)[23]. El Convenio se ratificó y está en vigor en todos los Estados miembros excepto Italia, pero ya es aplicable entre 22 Estados miembros[24].

Malta ratificó el Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros[25]. Todos los Estados miembros han ratificado ya el Convenio, que crea, en particular, un sistema de información aduanera (SID) y que entró en vigor a finales de 2005.

Tras su ratificación por Suecia y Finlandia, el Protocolo que modifica el Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros[26] pudo entrar en vigor. Letonia se adhirió al Protocolo en 2007[27]. El Protocolo crea el FIDE antes citado.

Rumania y Bulgaria se adhirieron a los dos Convenios y al Protocolo citados en el momento de su adhesión a la UE[28].

Bélgica ha firmado acuerdos bilaterales de cooperación con varios terceros países. La tipificación del contrabando se ha modificado y clarificado en el código penal húngaro. Finlandia ha señalado una importante reorganización de las autoridades aduaneras que tiene por objetivo la mejora de la gestión del riesgo. En Irlanda, se ha establecido un nuevo sistema informatizado con el mismo fin.

Lucha contra el contrabando y la falsificación de cigarrillos

En 2004, la Comunidad Europea y 10 Estados miembros[29] celebraron un acuerdo de cooperación con Philip Morris International (PMI). Entre la firma del acuerdo y finales de 2007, PIM pagó 575 millones de USD (alrededor de 364,5 millones de euros). Desde entonces, 16 Estados miembros[30] se han adherido a este acuerdo, que prevé el pago de cerca de 1250 millones USD en un período de 12 años, que podrían utilizarse para luchar contra el contrabando y la falsificación de cigarrillos.

En diciembre de 2007, la Comisión Europea y 26 Estados miembros[31] firmaron un acuerdo de cooperación con Japan Tobacco Internacional (JTI). El acuerdo, de una duración de 15 años, prevé el pago de 400 millones de USD (alrededor de 253,6 millones de euros) que podrían utilizarse para luchar contra el contrabando y la falsificación de cigarrillos.

Entre los principales elementos de los dos acuerdos figura la instauración de un mecanismo de prevención a largo plazo de contrabando de cigarrillos PMI y JTI en el mercado europeo. En colaboración con la OLAF y con los Estados miembros, los acuerdos prevén la aplicación de procedimientos de seguimiento y rastreabilidad de los productos con el fin de poder determinar el momento en el cual los cigarrillos auténticos (de las marcas PMI y JTI) se desvían de la cadena de suministro legal para caer en manos de los contrabandistas.

En 2007, el nuevo capítulo del programa Hércules II relativo a la lucha contra el contrabando y la falsificación de cigarrillos (véase el punto 2.6) previó la cofinanciación por el presupuesto comunitario de equipos de escáner que facilitan la detección de cigarrillos de contrabando, por un importe total estimado de más de 5 millones de euros. El programa continúa también financiando acciones de formación, la compra de material técnico especializado y el apoyo técnico para la vigilancia de actividades ilegales en este ámbito.

La Comisión (OLAF y SANCO) ha participado activamente en la preparación de las negociaciones de un protocolo relativo al convenio-marco de la OMS para la lucha contra el tabaco[32]. Este protocolo tratará específicamente de la lucha contra el comercio ilícito de los productos del tabaco. Se ha elegido a un agente de la OLAF como presidente del organismo de negociación intergubernamental que negocia el protocolo.

Irregularidades y sospechas de fraude en el ámbito de los «gastos directos»

Hasta este año, sólo se recogían los datos relativos a las irregularidades y sospechas de fraude detectadas y a las correcciones efectuadas que afectan a los gastos de gestión compartida. Para remediar esto y para dar mejor cuenta de las irregularidades y sospechas de fraude en el marco de este informe, los servicios de la Comisión registrarán en lo sucesivo en el sistema contable de la Comisión (ABAC) más información acerca de las constataciones y las correcciones efectuadas.

Con el fin de proporcionar un análisis inicial este año, los servicios de la Comisión han identificado los casos de irregularidades detectadas y sospechas de fraude en los ámbitos del presupuesto que son objeto de una gestión directa centralizada.

El nuevo enfoque del «blindaje frente al fraude»

En 2001, la Comisión decidió[33] establecer un mecanismo preventivo de blindaje frente al fraude (« fraud-proofing» ) para que la legislación y la gestión de los contratos fueran más «estancas» frente al fraude. Desde 2002, se adoptaron nuevas iniciativas legislativas y nuevas bases jurídicas de financiación comunitaria (como los modelos de contrato) que presentaban una necesidad particular de velar por la protección de los intereses financieros de las Comunidades. Estos proyectos se analizaron desde el punto de vista de su resistencia al fraude y se mejoraron todas las veces que resultó necesario[34].

En diciembre de 2007, la Comisión introdujo un nuevo enfoque en materia de blindaje frente al fraude[35], cuya piedra angular consiste en explotar los resultados de las actividades de investigación de la OLAF. La experiencia operativa se utilizará sobre una base más estructurada y más adecuada, y se compartirá mejor con los otros servicios de la Comisión así como con los otros órganos e instituciones de la UE. Este nuevo enfoque aspira a identificar los puntos débiles no sólo en las propuestas legislativas, sino también en la aplicación de la legislación de la UE y en los sistemas de gestión y control.

La nueva política que se aplica inicialmente al sector de los gastos directos mejorará la prevención del fraude utilizando todos los datos disponibles (resultados de las investigaciones, auditorías, análisis, etc).

Protección del euro contra la falsificación

Una propuesta de Reglamento del Consejo[36] tiene por objeto reforzar la protección contra la falsificación de moneda introduciendo, para los establecimientos interesados, la obligación de controlar la autenticidad de las monedas y billetes recibidos antes de su puesta en circulación. La propuesta tiene asimismo por objeto autorizar las transferencias de moneda falsa entre las autoridades nacionales y las instituciones y órganos de la Unión con el fin de facilitar los controles de autenticidad.

En un informe, la Comisión realizó el balance de las sanciones, penales y otras, adoptadas por los Estados miembros en materia de protección contra la falsificación de moneda[37], según la Decisión Marco del Consejo de 2000[38]. Todo indica que las medidas adoptadas responden globalmente al grado de efectividad y eficacia requerido por la decisión marco de referencia en la medida en que las tipificaciones y sanciones previstas se han introducido en general en las legislaciones de los Estados miembros.

A nivel operativo, la Comisión, a través de las acciones realizadas en el marco del programa Pericles[39], prosiguió su apoyo a la cooperación entre las autoridades nacionales, europeas e internacionales encargadas de luchar contra la falsificación del euro. Dado que el presupuesto Pericles 2007 se ejecutó en más del 80%, se pusieron en marcha doce proyectos, siete de los cuales fueron propuestos por los Estados miembros y cinco por la Comisión (OLAF).

La mayoría de estos proyectos, destinados a expertos de los Estados miembros y países candidatos, tenían un objetivo pedagógico (organización de sesiones de formación, acciones de familiarización con las técnicas de detección de las falsificaciones, etc). Pericles contribuyó también a dos seminarios de gran envergadura que agruparon a representantes de los Estados miembros, de países de América Latina y del Caribe, con el fin de reforzar la cooperación con los terceros países en materia de lucha contra la falsificación del euro.

En 2007, se retiraron de la circulación aproximadamente 211.000 monedas de euro. Esta cifra aumentó un 29% en comparación con 2006, debido principalmente a una cooperación intensificada con las autoridades competentes de los Estados miembros.

El programa Hércules II

El programa Hércules se creó para promover las actividades relativas a la protección de los intereses financieros de las Comunidades[40]. En 2007, el Parlamento Europeo y el Consejo decidieron prolongarlo al período 2007-2013[41].

El presupuesto de este programa se incrementó en 6 millones de euros al año, con objeto de incluir un nuevo aspecto que permitiera financiar acciones de formación y compras de equipo con el fin de luchar contra el contrabando de cigarrillos.

El presupuesto de 2007 de 13,574 millones de euros permitió cofinanciar 15 proyectos en el ámbito de la formación, 21 proyectos en el ámbito de la asistencia técnica y 10 acciones en el ámbito de la investigación jurídica. Entre estos proyectos figuran acciones a nivel internacional, como conferencias para facilitar los intercambios teóricos u operativos, y también el apoyo individual a algunas autoridades nacionales, por ejemplo, mediante la adquisición de equipos para facilitar la detección del contrabando, o la asistencia técnica vinculada a una investigación en particular.

Otras medidas adoptadas en 2007 para proteger los intereses financieros de las Comunidades

La Iniciativa europea en favor de la transparencia [42] propuso hacer pública sistemáticamente la lista de los beneficiarios de los fondos procedentes del presupuesto comunitario, cualquiera que fuera el método de gestión de estos fondos. Después de la inclusión de esta obligación en 2006 en el Reglamento financiero[43] y en el Reglamento de la Comisión aplicable a los fondos estructurales y al Fondo de Cohesión[44], dos reglamentos[45] de 2007 introdujeron la obligación para los Estados miembros de publicar la lista de los beneficiarios de los fondos agrícolas y del fondo europeo para la pesca, así como los importes que reciben.

A raíz de la Comunicación relativa a la necesidad de elaborar una estrategia coordinada de mejora de la lucha contra el fraude fiscal[46] y a petición del Consejo de Ministros de la UE de junio de 2007, la Comisión adoptó una comunicación que contenía elementos clave destinados a combatir el fraude al IVA , en particular, el fraude de carrusel[47]. En su contribución al presente informe, varios Estados miembros han declarado haber adoptado medidas a nivel nacional para luchar mejor contra el fraude al IVA[48].

Eslovenia ratificó el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros [49] de la Comunidad[50] y sus protocolos en 2007. Rumania y Bulgaria se adhirieron automáticamente a los mismos en el momento de su adhesión a la UE[51]. La Comisión invita a los Estados miembros que no hayan ratificado el Convenio y/o sus protocolos a que lo hagan lo antes posible[52].

Los servicios de la Comisión firmaron en 2007 acuerdos administrativos de cooperación con las autoridades competentes de algunos terceros países[53] en el ámbito de la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que perjudique los intereses financieros de las Comunidades o del país tercero signatario. La Comisión prosigue las negociaciones con el fin de celebrar acuerdos similares con otros países terceros que se benefician de una ayuda financiera europea.

Eslovaquia ha adoptado una estrategia nacional para proteger los intereses financieros de las Comunidades , que prevé acciones en todos los ámbitos en cuestión durante los próximos años. Se han modificado el código penal rumano y otras leyes anejas para introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En Italia, el Comité para la lucha contra el fraude comunitario recibió la misión de coordinar todas las actividades de lucha contra el fraude y otras irregularidades en los sectores fiscal, agrícola y de los fondos estructurales. Suecia ha reforzado su sistema de control interno aplicable a los fondos nacionales y europeos.

En el Derecho maltés y en el Derecho rumano se han introducido nuevas sanciones administrativas aplicables a determinadas irregularidades graves. Letonia ha agravado las sanciones penales aplicables a las infracciones que perjudiquen a los fondos comunitarios realizadas por bandas organizadas. Varios Estados miembros han comunicado la adopción o la actualización de manuales y notas orientativas destinadas a armonizar el tratamiento y la comunicación de irregularidades [54]. En Estonia, todas las irregularidades para las que se ha encontrado una solución definitiva se publican en el sitio del del Ministerio de Hacienda.

En Bélgica y Francia, la legislación penal aplicable a la corrupción se ha modificado, con el fin de ajustarse a las convenciones europeas e internacionales sobre este tema. En Eslovaquia, se ha creado un grupo interservicios con el fin de actualizar el programa nacional contra la corrupción. En Portugal, la aplicación de la iniciativa conjunta contra la corrupción de varias autoridades de investigación se cerró con la publicación de un informe en 2007. Bélgica y Chipre han adoptado medidas para mejorar la lucha contra el blanqueo de dinero .

Por lo que respecta a la recuperación , en Rumania las deudas con las Comunidades Europeas se asimilan en adelante a las deudas fiscales.

C ONTROLES PARA DETECTAR LOS FRAUDES Y OTRAS IRREGULARIDADES

Para la recaudación de los recursos propios comunitarios y en los ámbitos donde los Estados miembros ejecutan el presupuesto, la responsabilidad de los controles destinados a detectar los fraudes y otras irregularidades se comparte entre las autoridades de los Estados miembros y las autoridades comunitarias.

El presente capítulo presenta brevemente el desarrollo y los resultados de estos controles.

Controles en el ámbito de los fondos estructurales

Para dar un nuevo impulso a la mejora de la gestión financiera de los fondos europeos, en particular los administrados por los Estados miembros, y habida cuenta del dictamen n° 2/2004[55] del Tribunal de Cuentas sobre el modelo de «auditoría única», la Comisión adoptó en enero de 2006 un Plan de acción para un marco de control interno integrado[56]. El objetivo estratégico consiste en obtener una declaración de fiabilidad positiva por parte del Tribunal de Cuentas.

Mejora del marco de control

La nueva normativa aplicable a los gastos estructurales[57] a partir del período de programación 2007-2013 simplifica y clarifica algunos aspectos de los procedimientos de atribución y pago de los fondos. Prevé una mejor información de todos los actores interesados, en particular de los beneficiarios potenciales, sobre la normativa aplicable. Los sistemas de control interno se definen más claramente.

Para cada programa operativo, los Estados miembros designan una autoridad de gestión , que es responsable de la buena ejecución del programa, así como de los controles de gestión.

Los Estados miembros designan también a una autoridad de certificación («autoridad de pago» en la reglamentación aplicable al período 2000-2006), responsable de transmitir a la Comisión los estados de gastos certificados y las solicitudes de pago. Se encarga también de garantizar el seguimiento de las irregularidades detectadas (incluidos los fraudes) y de dar cuenta regularmente a la Comisión.

Finalmente, Los Estados miembros designan a una autoridad de auditoría («winding-up body» para el período 2000-2006). Las normas que regulaban el control y la auditoría de las operaciones por la autoridad de auditoría se armonizaron para el nuevo período de programación, y se reforzó el intercambio de información con la Comisión. En adelante, la autoridad de auditoría deberá presentar a la Comisión una estrategia de auditoría para el programa operativo del que es responsable.

La autoridad de auditoría presenta a la Comisión un informe anual que resume los resultados de sus auditorías. Para el nuevo período de programación, este informe debe elaborarse sobre la base de un modelo único, y debe incluir obligatoriamente la mención del índice de error descubierto. Otro importante progreso consiste en la obligación para las autoridades de auditoría de emitir cada año un dictamen que indique si los sistemas de gestión y control funcionan eficazmente, de modo que se proporcione una garantía razonable de que los estados de gastos son correctos y las transacciones subyacentes son legales y regulares.

Los Estados miembros tienen en adelante la obligación de presentar resúmenes anuales del conjunto de los gastos declarados y de todas las auditorías realizadas[58]. Esto se refiere también al período de programación 2000-2006. Al final del mes de abril de 2008, casi todos los Estados miembros habían presentado resúmenes anuales que cumplían o cumplían principalmente con las condiciones mínimas requeridas. La Comisión adoptó medidas para iniciar procedimientos judiciales contra un Estado miembro.

Por su parte, la Comisión estableció un procedimiento de evaluación de la conformidad de los sistemas de gestión y control de los Estados miembros, en virtud del artículo 71 del Reglamento (CE) n° 1083/2006. La Comisión examina y aprueba las estrategias de auditoría elaboradas por las autoridades de auditoría de los Estados miembros. Sobre la base de sus propios controles y auditorías y de la información transmitida por los Estados miembros, la Comisión realiza una evaluación de la fiabilidad que ofrecen los sistemas existentes en los Estados miembros, que figura en el informe anual de actividad de cada Dirección General competente y en el informe de síntesis de la Comisión. Esta evaluación se basa en indicadores armonizados de legalidad y regularidad.

La Comisión tiene poder para interrumpir o suspender los pagos. Puede también realizar correcciones financieras.

Ejercicio de los controles de gestión por los Estados miembros en el ámbito del FEDER

La información que figura en este punto se basa solamente en la información transmitida por los Estados miembros sobre la base del cuestionario [59] y se refiere únicamente al FEDER. El cuestionario pedía información acerca de los sistemas de control existentes al final del año 2007 y de las estadísticas relativas a los controles efectuados en 2005.

La mayoría de las irregularidades ocurren inevitablemente a nivel del destinatario último o en el beneficiario final. Las autoridades de gestión efectúan controles «de gestión» o de «primer nivel» para descubrir estas irregularidades en una fase precoz del procedimiento. Estos controles incluyen obligatoriamente comprobaciones administrativas sobre documentos relativos a cada solicitud de reembolso presentada por los beneficiarios, y comprobaciones in situ.

La gran mayoría de los Estados miembros ha indicado que en las comprobaciones administrativas de los documentos, todos los documentos relativos a los proyectos y a las declaraciones de gastos se someten sistemáticamente a un control minucioso. En todos los Estados miembros, el control minucioso se refiere a la admisibilidad del gasto. En cerca de la mitad de los Estados miembros, las autoridades comprueban también sistemáticamente el carácter adecuado de los documentos de apoyo; en un tercio de los Estados miembros, controlan si se ha realizado efectivamente la obra o el servicio cofinanciado.

El porcentaje del presupuesto controlado mediante verificación in situ para el año 2005 diverge considerablemente de un Estado miembro a otro, e incluso de un programa a otro. Cuando el porcentaje resulta inferior al 100%, los Estados miembros combinan el muestreo representativo o aleatorio con el análisis del riesgo para orientar los controles.

En 2005, algunos organismos intermedios realizaron controles in situ. En cinco Estados miembros, las propias autoridades de gestión se encargaron de estos controles en un porcentaje importante de casos. Sólo un Estado miembro externalizó los controles in situ de manera significativa.

Todos los Estados miembros indicaron que los expedientes de los controles efectuados y de las irregularidades detectadas en cada proyecto se archivan en la base de datos de seguimiento del programa . Sin embargo, raros son los Estados miembros que estuvieron en condiciones de comunicar estadísticas fiables relativas a los resultados de los controles efectuados en 2005. Esto hace suponer que estos datos no se centralizan.

Según las estadísticas recibidas, los casos más frecuentes de irregularidades detectadas se refieren a la admisibilidad del gasto, a la ausencia de justificantes o a su carácter incompleto, así como al incumplimiento de las normas horizontales o de los términos de los convenios de subvención. Por regla general, las irregularidades se detectaron durante los controles administrativos de los documentos, pero la proporción detectada durante los controles sobre el terreno sigue siendo importante (entre el 20% y el 50 %).

El hecho de detectar las irregularidades en esta fase precoz y próxima a los beneficiarios favorece la toma de medidas simples y eficaces, como pedir que se proporcionen los documentos que faltan, o, en el caso de los gastos no seleccionables, retirar y reasignar los fondos. Cuando se detecta una irregularidad, los Estados miembros deben garantizar su seguimiento. Lo hacen a veces por medio de sistemas informáticos integrados. Cuando la irregularidad supera un determinado límite máximo, se comunica a la Comisión (OLAF).

Los Estados miembros consideran que las causas principales de las irregularidades son la falta de claridad de las normas de admisibilidad, la falta de orientaciones suficientes, y los problemas de recursos humanos. Algunos mencionan también las quiebras, el riesgo de sobrefinanciación, o también los comportamientos penalmente punibles. Las mejoras aportadas recientemente al marco de control tienen por objeto, en particular, reducir el número de beneficiarios que presentan voluntaria o involuntariamente solicitudes erróneas (al menos de gastos no seleccionables) y limitar el riesgo de error para las autoridades competentes.

El marco de control en el ámbito agrícola

Controles por las autoridades nacionales. En el marco de la política agrícola común, de acuerdo con el principio de gestión compartida, los Estados miembros son responsables del pago de las subvenciones a los beneficiarios finales por medio de organismos pagadores autorizados[60] por los Estados miembros. Estos deben en particular velar por la admisibilidad de las solicitudes y por su conformidad con las normas comunitarias antes del pago.

Para cada régimen de ayudas, los reglamentos sectoriales pertinentes definen normas detalladas para los controles efectuados por los organismos pagadores o por organismos delegados que actúan bajo su control.

Todas las solicitudes de ayuda son objeto de comprobaciones administrativas antes del pago. Las comprobaciones in situ se efectúan por muestreo, con una muestra que asciende habitualmente a entre el 5 y el 10%, pero que puede o debe llegar hasta el 100% en función del riesgo en el sector en cuestión.

El principal sistema de control es el sistema integrado de gestión y control (SIGC). Cubre todos los pagos directos a los agricultores. El SIGC incluye una base de datos informatizada, un sistema de identificación para los agricultores, las parcelas agrícolas y los animales en caso de pagos vinculados a los animales, y un sistema de identificación y registro de los derechos de pago y de las solicitudes de ayuda. El Tribunal de Cuentas europeo ha confirmado en sucesivas ocasiones que si se utiliza correctamente, el SIGC constituye un sistema de control eficaz para limitar el riesgo de gastos irregulares.

Para los regímenes de ayudas no cubiertos por el SIGC, como el almacenamiento de los productos o las restituciones a la exportación, deben efectuarse comprobaciones complementarias después del pago al beneficiario.

Al final de cada año financiero, el organismo de certificación expide un certificado que certifica una fiabilidad razonable en cuanto a la integralidad, la exactitud y la veracidad de las cuentas transmitidas a la Comisión, y que los procedimientos de control interno se han aplicado satisfactoriamente.

Los Estados miembros deben enviar a la Comisión las cuentas anuales de cada organismo pagador, junto con una declaración de fiabilidad firmada por el director del organismo pagador. La declaración de fiabilidad puede combinarse con reservas, que deben cuantificar el impacto financiero que inducen. En este caso, la declaración de fiabilidad debe incluir un plan de acción adecuado para la resolución de las deficiencias detectadas, así como los plazos necesarios para su aplicación. La declaración debe prever una supervisión eficaz de los sistemas de gestión y control existentes a lo largo del año.

A partir de 2007[61], los Estados miembros con más de un organismo pagador deben también elaborar un resumen anual ( informe de síntesis ) que cubra las declaraciones de fiabilidad y los certificados de los organismos de certificación al final del año financiero. Esto tiene por objeto reforzar, junto con la declaración de fiabilidad y la certificación, la cadena de responsabilidad entre los Estados miembros y la Comisión.

Controles efectuados por la Comisión La Comisión controla, en primer lugar, la integralidad, la exactitud y la veracidad de las cuentas de los organismos pagadores (liquidación contable) y, en segundo lugar, principalmente por medio de controles sobre el terreno, si los Estados miembros han efectuado el gasto de acuerdo con las normas comunitarias. Cuando no ha sido así, la Comisión excluye el gasto en cuestión de la financiación comunitaria (correcciones financieras). Este último mecanismo, llamado «liquidación de conformidad», ha resultado ser una herramienta muy eficaz a lo largo de los años para proteger los intereses financieros de las Comunidades.

La liquidación de conformidad preserva el presupuesto comunitario de gastos que no deben imputársele. Este mecanismo no contempla la recuperación de los pagos irregulares realizados a los beneficiarios finales, operación que, según el principio de gestión compartida, es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros. Su objeto es el examen de los sistemas de control y gestión aplicados por los Estados miembros y la recuperación para las Administraciones nacionales de los gastos no conformes a la legislación comunitaria. Las correcciones financieras se deciden en función de la naturaleza y la gravedad de la infracción, así como del perjuicio financiero causado a la Comunidad. Su importe se calcula sobre la base de la pérdida realmente causada o sobre la base de una extrapolación. Si ello no es posible, se aplican sumas globales que tienen en cuenta la gravedad de las insuficiencias, con el fin de reflejar el riesgo financiero para la Comunidad. En 2007, la Comisión excluyó de la financiación del FEOGA y el FEADER alrededor de 686,6 millones de euros[62] debido a su no conformidad con las normas comunitarias.

Cuando los pagos irregulares se identifican o pueden identificarse a raíz de los procedimientos de liquidación de conformidad, se invita a los Estados miembros a que garanticen el seguimiento mediante acciones de recuperación de los beneficiarios finales. No obstante, incluso cuando ello no sea posible porque la corrección financiera se refiera exclusivamente a insuficiencias del sistema de gestión y control del Estado miembro, la corrección sigue siendo un medio importante para mejorar el funcionamiento de este sistema y prevenir o detectar y recuperar los pagos irregulares realizados a los beneficiarios finales. La liquidación de conformidad contribuye por tanto a la legalidad y a la regularidad de las operaciones a nivel de estos beneficiarios.

Control de los recursos propios tradicionales

Los Estados miembros son responsables de la recaudación de los recursos propios tradicionales, de llevar una contabilidad y de efectuar los controles e investigaciones necesarios[63]. Deben llevar una «contabilidad A» para el registro de las deudas aduaneras pagadas y/o garantizadas y una «contabilidad B» para el registro de las deudas no recuperadas ni garantizadas (o garantizadas pero impugnadas). La mayoría de las deudas anotadas en la contabilidad B son el resultado de fraudes o irregularidades detectadas. Los controles nacionales primarios (tanto controles físicos como controles de documentos) y los controles nacionales posteriores a la liquidación de las cuentas revelan la mayoría de los fraudes y otras irregularidades (80% en 2006 y 2007).

La Comisión supervisa el funcionamiento regular del sistema de recursos propios tradicionales. Vela por que los recursos propios tradicionales estén disponibles a tiempo y fija los intereses en caso de incumplimiento. Los métodos de control incluyen en particular: controles sobre el terreno en los Estados miembros, acuerdos sobre las auditorías conjuntas[64], el seguimiento de las constataciones de las observaciones preliminares (anteriores cartas de sector) e informes anuales del Tribunal de Cuentas, así como un seguimiento específico en caso de información procedente de otros servicios de la Comisión (por ejemplo, información de la OLAF relativa a casos concretos que tienen un impacto financiero significativo e implican una asistencia mutua).

Durante sus 32 inspecciones efectuadas en 2007, la DG de Presupuestos detectó 114 anomalías en el ámbito de los recursos propios tradicionales. Como en los años anteriores, solamente un número muy limitado de anomalías se trataron como infracciones (en 2007 no se abrió ningún expediente nuevo, y actualmente hay 31 expedientes en curso), ya que éstas se discuten regularmente bilateralmente con los Estados miembros y están sujetas al Comité Consultivo de recursos propios.

En el marco del seguimiento de las anomalías descritas en los informes anuales y en las comprobaciones de observaciones preliminares del Tribunal de Cuentas, la DG de Presupuestos recibió 20 nuevas cartas que contenían observaciones en 2007.

Los resultados de los controles no contradicen en modo alguno el cuadro general de financiación del presupuesto de la UE por los recursos propios tradicionales, que es rápido y respetuoso de los plazos. En general, los Estados miembros respetan la legislación comunitaria en este ámbito.

Los controles y verificaciones in situ del Reglamento (Euratom, CE) n° 2185/96[65]

El Reglamento (Euratom, CE) n° 2185/96 atribuye a la Comisión la competencia de efectuar los controles y verificaciones in situ en los Estados miembros y, con arreglo a los acuerdos de cooperación en vigor, en los terceros países. Desde el 1 de junio de 1999, la OLAF ejerce esta competencia[66].

Los controles y comprobaciones in situ, realizados a los agentes económicos, constituyen actos típicos de las investigaciones externas, es decir, de las investigaciones administrativas de la OLAF realizadas fuera de las instituciones, órganos y organismos comunitarios con el fin de luchar contra las actividades ilegales que perjudican los intereses financieros de la Unión Europea.

La aplicación por la OLAF del Reglamento 2185/96 sigue las directrices de un vademécum[67] adoptado en octubre de 1997, que está en curso de actualización.

En 2007, la OLAF efectuó en total 74 controles sobre el terreno según lo dispuesto en el Reglamento 2185/96 (cifra comparable a los 72 controles efectuados en 2006), a saber:

- 25 en el ámbito de la agricultura;

- 26 en el ámbito de las políticas estructurales;

- 21 en los ámbitos de los gastos directos y de la ayuda exterior;

- 2 vinculados a investigaciones internas.

Todos los controles sobre el terreno tuvieron lugar en el territorio de la UE, a excepción de un control sobre el terreno realizado en un tercer país en el ámbito de la ayuda exterior.

La experiencia ha puesto de manifiesto que los controles sobre el terreno constituyen, en términos cuantitativos y cualitativos, una herramienta muy importante para realizar investigaciones externas.

Sin embargo, el resultado operativo depende en gran medida de la eficacia de la cooperación de las autoridades nacionales. A este respecto, la OLAF está preparando actualmente un nuevo informe sobre la aplicación del Reglamento 2185/96, que presenta «buenas prácticas» para cada fase de los controles sobre el terreno. El informe debería adoptarse en 2008, con la nueva versión del vademécum .

P RESCRIPCIÓN APLICABLE A LAS DILIGENCIAS Y A LAS RESOLUCIONES RELATIVAS A LAS IRREGULARIDADES

Los Estados miembros tienen la responsabilidad de perseguir a los autores de las irregularidades cometidas en los ámbitos de la gestión compartida y de los recursos propios tradicionales. Son también responsables de aplicar las posibles sanciones y medidas administrativas dictadas a resultas de estos procedimientos.

La prescripción tiene por función garantizar la seguridad jurídica. Sin embargo, cuando se produce la prescripción, ya no puede perseguirse la irregularidad, la sanción fijada no puede aplicarse. Para proteger los intereses financieros de las Comunidades, el artículo 3 del Reglamento (CE, Euratom) n° 2988/95 prevé unos plazos de prescripción mínimos. Los Estados miembros pueden prever plazos más largos.

Para conocer cuáles son los Derechos nacionales que prevén plazos más largos que los plazos mínimos, y cuáles son los plazos aplicables a los casos no regulados por el Derecho comunitario, la Comisión pidió a los Estados miembros que respondieran a un cuestionario. A continuación figura un resumen de las respuestas. El análisis se limitó a los procedimientos administrativos[68].

Por lo que respecta a los gastos gestionados directamente por la Comisión, se aplica el plazo de prescripción de cinco años del artículo 73 bis del Reglamento financiero, tal como se especifica en el artículo 85 ter de las normas de desarrollo[69]. Este ámbito no es objeto del presente informe.

Prescripción aplicable a la persecución de una irregularidad

Plazo de prescripción «normal». El artículo 3, apartado 1, del Reglamento 2988/95 prevé un plazo de prescripción de las diligencias de cuatro años a partir de la realización de la irregularidad[70]. Las normas sectoriales europeas pueden prever un plazo más corto, que no puede ser inferior a tres años. Estos plazos son directamente aplicables en Derecho nacional, a menos que las normas nacionales prevean plazos más largos.

21 Estados miembros prevén plazos más largos que los previstos por el Derecho comunitario. Generalmente, estos plazos se sitúan entre 5 y 10 años; excepcionalmente, llegan hasta 12 o incluso 20 años.

El Reglamento 2988/95 prevé que la prescripción de las diligencias quedará interrumpida por cualquier acto, puesto en conocimiento de la persona en cuestión, que emane de la autoridad competente y destinado a instruir la irregularidad o a ejecutar la acción contra la misma. Además, algunos Derechos nacionales consideran también como causa de interrupción la negociación de un procedimiento de pago con el deudor potencial.

Plazo de prescripción «absoluto». El Reglamento 2988/95 prevé que, a pesar de las interrupciones, la prescripción se obtendrá el día en que expire un plazo de tiempo igual al doble del plazo de prescripción sin que la autoridad competente haya pronunciado sanción alguna, salvo cuando la causa de la interrupción sea una acción penal iniciada contra la persona de que se trate en relación con los mismos hechos.

Nueve Estados miembros prevén plazos «absolutos» más largos en algunos ámbitos específicos. Se trata generalmente de plazos de 10 años, excepto en un caso donde el plazo es de 20 años.

Plazo de prescripción para ejecutar la resolución que fija una sanción administrativa

El Reglamento 2988/95 prevé un plazo de tres años para ejecutar una resolución que fije una sanción administrativa[71].

15 Estados miembros indicaron que prevén plazos más largos, desde 4 a 10 años después de la resolución que fija la sanción. El plazo de 5 años es el más frecuente. En general, este plazo comienza a correr a partir de que se dicte la resolución, pero en algunos Estados miembros corre a partir del 1 de enero del año siguiente, después de la notificación de la resolución o después del vencimiento del plazo previsto por la resolución. Las causas de interrupción son similares a las aplicables en general a las diligencias.

Plazo de prescripción para ejecutar la resolución que fija una medida administrativa (recuperación)

El Derecho europeo no prevé un plazo de prescripción para ejecutar una resolución dictada en el marco de un procedimiento de Derecho nacional y que establece una medida administrativa. Este plazo reviste sin embargo una importancia particular para el éxito de los procedimientos de recuperación. Podría parecer lógico que los 27 Estados miembros previeran estos plazos en sus legislaciones nacionales, pero sólo 21 de ellos indicaron disposiciones nacionales, que, sin embargo, difieren considerablemente entre ellas puesto que se trata de plazos que van de 3 a 10 años, incluso hasta 20 años.

El inicio del plazo y las causas de interrupción son similares a las del plazo de prescripción para ejecutar una resolución que dicta una sanción administrativa.

R ECUPERACIÓN

Cuando se ejecuta el presupuesto en régimen de gestión compartida y por lo que se refiere a los recursos propios tradicionales, la responsabilidad de la recuperación de los beneficiarios finales corresponde en primera instancia a los Estados miembros. En los servicios de la Comisión, los ordenadores delegados (DG) tienen la responsabilidad del seguimiento financiero. La OLAF contribuye solamente a las actividades de seguimiento financiero directamente vinculadas con la actividad operativa. Sin embargo, por lo que se refiere a los fondos estructurales, la OLAF contribuye durante un período transitorio, en el marco del cese progresivo de sus actividades en este ámbito, al seguimiento de las irregularidades relativas al período de programación 1994-99 notificadas por los Estados miembros[72]. Una nueva interfaz electrónica establecerá un vínculo directo entre los datos de cada ordenador delegado y el registro de comunicaciones de las irregularidades (ECR).

Agricultura

El artículo 32 del Reglamento (CE) n° 1290/2005 introdujo un nuevo mecanismo de liquidación de los importes indebidamente pagados. Cuando un Estado miembro no recupera del beneficiario un importe indebidamente pagado en el plazo de cuatro años tras la fecha del primer acto de constatación administrativo o judicial (o de ocho años en caso de acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales), el importe no recuperado lo soporta automáticamente hasta un máximo de 50% el presupuesto del Estado miembro en cuestión, en el marco de la liquidación financiera anual de las cuentas del FEOGA y el FEADER. En algunos casos de negligencia por parte del Estado miembro, puede imputársele la totalidad del importe.

Este mecanismo fue aplicado por primera vez por una decisión de la Comisión de abril de 2007[73], que liquidó todos los casos en curso no recuperados anteriores a 2003 o 1999 (casos que tienen, respectivamente, 4 u 8 años), poniendo 131,7 millones de euros a cargo de los Estados miembros. Otros cien millones de euros fueron o serán puestos por los Estados miembros en virtud de decisiones posteriores de la Comisión relativas a la liquidación de las cuentas para el ejercicio financiero 2006; se habían separado en abril de 2007.

Para el ejercicio financiero 2007, los Estados miembros comunicaron la información financiera relativa a los procedimientos de recuperación de la DG AGRI. Sobre la base de la situación final establecida el 11 de abril de 2008, los Estados miembros recuperaron 154,3 millones de euros durante el ejercicio financiero 2007, y el importe que quedaba por recuperar al final del ejercicio era de 1.438 millones de euros. Las consecuencias financieras de la no recuperación de los casos que databan de 2003 o de 1999 se determinaron según la norma del «50-50» anteriormente mencionada, poniendo 137,6 millones de euros a cargo de los Estados miembros en la decisión de liquidación de las cuentas de abril de 2008[74]. Además, se imputarán 165 millones de euros al presupuesto comunitario para los casos declarados irrecuperables durante el ejercicio financiero 2007.

Tras la imputación del primer 50 por ciento al presupuesto de los Estados miembros, éstos deben aún proseguir sus procedimientos nacionales de recuperación de los importes indebidamente pagados ante los beneficiarios y abonar a continuación el 50% de las cantidades efectivamente recuperadas al presupuesto comunitario.

Fondos estructurales

En el ámbito de los fondos estructurales, la recuperación de los beneficiarios de los importes indebidamente pagados a raíz de una irregularidad o de un fraude también está garantizada por los Estados miembros. La recuperación de estos importes en la Comisión puede hacerse, en particular, mediante la reducción o la supresión de la participación financiera.

Los programas cofinanciados por los fondos estructurales son plurianuales y funcionan sobre la base de pagos intermedios. La recuperación de los importes indebidamente pagados puede realizarse antes o después del cierre del programa. Para el período de programación 1994-99, el plazo para la presentación de la solicitud de pago final a la Comisión acababa el 31 de marzo de 2003. Durante este período, la Comunidad cofinanció unos 1.000 programas por un importe total de unos 159.000 millones de euros[75]. Los servicios ordenadores y gestores de la Comisión, asistidos por la OLAF, garantizan el seguimiento administrativo y financiero con el fin de cerrar estos programas.

Para el período de programación 1994-1999 , los Estados miembros comunicaron 11.647 casos de irregularidades (74 en 2007) correspondientes a un valor financiero estimado de 1.520 millones de euros[76] sobre la contribución comunitaria (68 millones de euros para 2007).

De estos casos, la Comisión cerró definitivamente 5.686; un importe correspondiente de 630 millones de euros se tuvo en cuenta en el pago final o se retiró después del cierre o se reembolsó al presupuesto comunitario. Los Estados miembros indicaron que los procedimientos administrativos y judiciales finalizaron a nivel nacional en 1.610 casos, con un impacto financiero de 101 millones de euros en el mismo período. Los servicios de la Comisión iniciaron trabajos de conciliación con el fin de cerrar estos casos.

Además, la Comisión adoptó en 2007 una decisión relativa a las consecuencias financieras, que se aplica a los gastos financiados por el FEOGA, sección «Orientación», respecto a 27 comunicaciones en relación con las cuales los Estados miembros en cuestión habían pedido que las sumas irrecuperables corrieran a cargo del presupuesto comunitario.

Por lo que se refiere al período de programación 2000-2006 , los Estados miembros han comunicado hasta ahora 12.161 casos de irregularidades (3.428 en 2007) con un valor financiero de cerca de 1.790 millones de euros en la contribución comunitaria (630 millones de euros para 2007).

Los Estados miembros indicaron a la Comisión que se han iniciado procedimientos administrativos y/o judiciales a nivel nacional en relación con 4.471 de estos casos, y que se ha recuperado un importe de cerca de 509 millones de euros.

El importe total de las correcciones financieras relativas a los períodos de programación 1994-99 y 2000-2006 fue, respectivamente, de 2.141 millones de euros (176 en 2007) y de 1.569 millones de euros (220 millones en 2007). Estas correcciones financieras son consecuencia de las auditorías de la Comisión, de las del Tribunal de Cuentas, de las investigaciones de la OLAF y del procedimiento de cierre de los programas del período 1994-1999. Incluyen las decisiones formales de corrección financiera a raíz de la detección de una irregularidad, la liberación al cierre de un programa cuando el Estado miembro no ha declarado gastos seleccionables suficientes, y el reembolso de importes recuperados a raíz del resultado de procedimientos judiciales que estaban pendientes en el momento del cierre de los programas[77].

La mayoría de los importes que se tienen en cuenta a raíz de una irregularidad comunicada a la Comisión forman parte de estas correcciones financieras. No obstante, algunas irregularidades se comunican, pero las deducciones se realizan antes del pago y por tanto no forman parte de las correcciones financieras.

Recursos propios

Los Estados miembros deben recuperar los importes constatados, incluidos aquéllos que registran en la base de datos compartida OWNRES. El importe que debe recuperarse a raíz de las irregularidades detectadas en 2007 es de unos 377 millones de euros.

Es posible que un importe constatado no pueda recuperarse en su totalidad, a pesar de los esfuerzos de los Estados miembros. Los importes constatados pueden cambiar por razón de información suplementaria o de procedimientos judiciales, o una deuda puede declararse irrecuperable debido a los problemas financieros del deudor.

Actualmente, el porcentaje de recuperación por las irregularidades ocurridas en 2007 es del 40% (aproximadamente 150 millones de euros)[78]. Se trata de una buena situación de partida: el porcentaje global de recuperación de 2006, comunicado en el informe del año pasado, era del 32% y posteriormente pasó al 40%. A lo largo de los diez últimos años, el índice de recaudación ha variado entre el 40 y el 55%.

Cuando la no recuperación de una deuda constatada no es imputable a un Estado miembro, éste puede pedir la cancelación del importe irrecuperable. En 2007, la Comisión rechazó la cancelación pedida por algunos Estados miembros en 16 casos, correspondiente a aproximadamente 28 millones de euros, porque consideraba que la no recuperación era imputable a los Estados miembros.

Además, algunos Estados miembros pagaron a la Comisión más de 20 millones de euros sobre la base del principio de responsabilidad financiera, por no haber constatado deudas aduaneras que habrían debido ser constatadas.

Gastos directos

En los ámbitos donde las instituciones administran los fondos directamente, la recuperación de importes indebidamente pagados la efectúan directamente aquellas, sin la intervención de los Estados miembros.

El Reglamento financiero y sus normas de desarrollo prevén las distintas etapas del procedimiento de recuperación:

- previsión y constatación del crédito por el ordenador (asegurándose de su carácter cierto, líquido y exigible),

- establecimiento de una orden de recuperación (instrucción del ordenador al contable de proceder a la recuperación) seguida de una nota de adeudo dirigida al deudor, y

- recuperación por el contable, que procede si es posible a la recuperación mediante compensación cuando el propio deudor es titular de un crédito cierto, líquido y exigible respecto a las Comunidades.

Si, después del envío de las cartas de reclamación y emplazamiento, el deudor no paga la deuda, y si el contable no ha podido recuperar el crédito mediante compensación o mediante ejecución de una garantía bancaria constituida por el deudor, el ordenador determina, sin demora, la vía de recaudación forzosa aplicable al crédito.

Existen dos vías posibles, excluyentes entre sí, para la obtención de un título ejecutivo:

- la adopción de una decisión que constituye título ejecutivo según lo dispuesto en el artículo 256 del Tratado CE (formalización de la constatación del crédito en una decisión que constituye título ejecutivo),

- la obtención de un título por vía judicial ante los órganos jurisdiccionales nacionales o comunitarios. Eso incluye también la acción civil en el marco del procedimiento penal, en las jurisdicciones donde se autorice.

En el caso de las órdenes de recuperación emitidas para el ejercicio 2007, se ha señalado una recuperación total o parcial en 226 casos comunicados. Los servicios de la Comisión han recuperado 3,7 millones de euros. En 184 casos, se ha recuperado la totalidad del importe irregular, y en otros 223 casos, este importe debe aún determinarse. Queda por recuperar un importe de 10,7 millones de euros, correspondiente a 204 casos.

Recuperación a raíz de un caso de la OLAF

Cuando un informe final de un caso de la OLAF concluye que es probable que se hayan pagado determinados importes irregularmente a un beneficiario o no se hayan percibido cuando habrían debido percibirse, las autoridades responsables, generalmente las autoridades de los Estados miembros o de los países terceros, deben proceder a la recuperación de dichos importes. La OLAF sigue el desarrollo de estos procedimientos de recuperación.

En 2007, la OLAF dio por finalizado formalmente el seguimiento financiero de más de 203 millones de euros. Se recuperaron 197,67 millones en el ámbito de los fondos estructurales, a raíz del cierre de 53 casos, de los que 35 formaban parte de los «casos antiguos» atrasados. Este importe figuraba en las cuentas de la Comisión en los ejercicios anteriores. Se recuperaron también algunas sumas importantes en 2007 en el marco de casos aún no cerrados.

[1] Informes de los años anteriores: http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/anti-fraud_en.html

[2] SEC(2008)2300 y SEC(2008)2301.

[3] Artículo 1, apartado 2 del Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, DO L312 de 23.12.1995.

[4] Artículo 1, apartado 1, letra a) del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas de 26 de julio de 1995, DO C n° 316 de 27.11.1995.

[5] SEC (2008)2300.

[6] Anti Fraud Information System/External Communications Registry (Sistema de Información Antifraude /Registro de Comunicaciones Externas).

[7] Las cifras se han actualizado por lo que se refiere a algunos sectores desde el informe de 2006.

[8] El cálculo abarca todo el período de las perspectivas financieras 2000-2006.

[9] Derechos de aduanas y exacciones reguladoras agrícolas.

[10] Este porcentaje se calcula sobre la base de la estimación de los recursos propios tradicionales en el presupuesto general de 2007, no sobre la base de la contabilidad.

[11] Reglamento (CE) nº 1848/2006 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, relativo a las irregularidades y a la recuperación de las sumas indebidamente pagadas en el marco de la financiación de la política agrícola común, así como a la organización de un sistema de información en este ámbito, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 595/91 del Consejo, DO L 355 de 15.12.2006.

[12] Fondo Europeo de Desarrollo Regional

[13] Fondo Social Europeo

[14] http://ec.europa.eu/comm/anti_fraud/reports/index_en.html.

[15] COM(2007) 489.

[16] Reglamento (CE) n° 14/2008 del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) n° 386/90, DO L8 de 11.1.2008.

[17] Reglamento (CE) n° 1889/2005, DO L 309 de 25.11.2005.

[18] DO L 82 de 22.3.1997.

[19] COM(2006)866.

[20] Reglamento (CEE) nº 515/97 ya citado.

[21] Por ejemplo, el movimiento de contenedores.

[22] Estas propuestas se adoptaron en 2008: Reglamento (CE) nº 450/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado), DO L 145 de 4.6.2008, y Decisión n° 70/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a un entorno sin soporte papel en las aduanas y el comercio, DO L 23 de 23.1.2008.

[23] Convenio de 18 de diciembre de 1997, DO C 24 de 23.1.1998.

[24] Según las declaraciones previstas en el artículo 32, apartado 4, del Convenio.

[25] Convenio de 26 de julio de 1995, DO C 316 de 27.11.1995.

[26] Protocolo de 8 de mayo de 2003, DO C 139 de 13.6.2003.

[27] UK y MT ratificaron el Protocolo el 15 de enero de 2008. AT, BE, EL, IT, IE y PT no lo han ratificado.

[28] Decisión del Consejo 2008/39/JAI de 6.12.2007, DO L 9 de 12.1.2008, y Decisión del Consejo 2007/764/CE de 8.11.2007, DO L 307 de 24.11.2007.

[29] BE, DE, EL, ES, FR, IT, LU, NL, PT y FI.

[30] El RU no es parte en este acuerdo.

[31] El RU no es parte en este acuerdo.

[32] Documento OMS WHA 56.1, de 21 de mayo de 2003, que entró en vigor el 27 de febrero de 2005.

[33] Comunicación de la Comisión SEC(2001)2029 final.

[34] Los resultados de la aplicación del mecanismo de fraud-proofing para el período 2002-2007 fueron objeto de un informe detallado, SEC(2007)1676 final.

[35] COM/2007/806 final.

[36] Propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1338/2001, COM (2007) 525 final.

[37] Tercer Informe de la Comisión Informe de la Comisión basado en el artículo 11 de la Decisión marco del Consejo, de 29 de mayo de 2000, COM (2007) 524 final.

[38] Decisión marco 2000/383/JAI, DO L 140 de 14.6.2000

[39] Decisión del Consejo de 17.12.2001, DO L339 de 21.12.2001.

[40] http://ec.europa/anti-fraud/programmes/index_fr.html.

[41] Decisión n° 878/2007/CE, DO L 193 de 25.7.2007.

[42] COM(2007) 127.

[43] Reglamento financiero (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002 (DO L 248 de 16.9.2002), modificado por el Reglamento (CE, Euratom) nº 1995/2006 del Consejo, de 13.12.2006 (DO L 390 de 30.12.2006).

[44] Reglamento (CE) n° 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, DO L 371 de 27.12.2006.

[45] Reglamento (CE) nº 1437/2007 del Consejo, de 26 de noviembre de 2007 (DO L 181 de 3.8.2007); Reglamento (CE) n° 498/2007 de la Comisión, de 26 de marzo de 2007, DO L 120 de 10.5.2007.

[46] COM(2006) 254.

[47] COM(2007) 758.

[48] BE, CZ, HU, MT y RO.

[49] Antes citado.

[50] Primer protocolo de 27 de septiembre de 1996, DO C 313 de 23.10.1996. Protocolo de 29 de noviembre de 1996 relativo a la interpretación, con carácter prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Convenio, DO C 151 de 20.5.1997. Segundo protocolo de 19 de junio de 1997, DO C 221 de 19.7.1997.

[51] Decisión del Consejo 2008/40/JAI de 6 de diciembre de 2007 , DO L 9 de 12.1.2008.

[52] Hasta ahora, CZ, HU, MT y PL no han ratificado ni el Convenio ni sus Protocolos. EE no ha ratificado el Protocolo sobre la interpretación del Convenio por el TJCE. IT no ha ratificado el segundo Protocolo, cuya entrada en vigor obstaculiza de esta manera. En su segundo informe sobre la aplicación del Convenio y sus Protocolos, (COM (2008) 77 final), la Comisión observó también lagunas en cuanto a la transposición de algunas disposiciones en siete Estados miembros. La Comisión se pondrá en contacto individualmente con estos Estados miembros para llevar a buen término la transposición.

[53] Autoridades nacionales de Marruecos (este acuerdo cubre también el ámbito aduanero), Yibuti, Congo Brazzaville, Senegal, Argentina y el Forum des inspections générales d’État d’Afrique (FIGE) .

[54] DE, IT y SK.

[55] DO C 107 de 30.4.2004.

[56] COM(2006)9 et SEC(2006)49. Por «marco de control integrado» se entiende los sistemas de vigilancia y control complementarios suficientes para que haya una seguridad razonable de que el riesgo de error se gestiona correctamente a todos los niveles de las operaciones. La Comisión publicará una comunicación a finales de 2008 sobre los costes y los beneficios del control con respecto al riesgo residual. Por lo que respecta a los otros aspectos, véase el primer informe (COM(2007)86) y el informe final sobre la aplicación del plan de acción (COM(2008)110).

[57] Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión; Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006 , relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional; Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) n° 1080/2006. Normas similares se aplican en el sector pesquero, Reglamento (CE) n° 1198/2006, DO L 223 de 15.8.2006.

[58] Artículo 53 b, apartado 3, del Reglamento financiero.

[59] Esta información no se ha comprobado cotejando con los datos de que dispone la DG de Política Regional de la Comisión. El conjunto de las respuestas se publica en el documento SEC (2008)2301

[60] Reglamento (CE) n° 1290/2005, DO L 209 de 11.8.2005.

[61] Reglamento (CE) n° 885/2006, DO L 171 de 23.6.2006.

[62] Decisiones 2007/243/CE (DO L 106 de 24.4.2007), 2007/247/CE (DO L 261 de 6.10.2007) y 2008/68/CE (DO L 18 de 23.1.2008).

[63] Reglamento (CE, Euratom) nº 1150/2000 del Consejo, DO L 130 de 31.5.2000.

[64] Los acuerdos sobre las auditorías conjuntas se refieren a AT, DA y NL. Estos Estados miembros realizan las auditorías ellos mismos sobre un tema elegido de acuerdo con la DG de Presupuestos, que sigue posteriormente el procedimiento y los resultados de la auditoría en una visita de evaluación.

[65] Reglamento (CE, Euratom) n° 2185/96 del Consejo, DO L 292, de 15.11.1996.

[66] Reglamento (CE) n° 1073/1999 y Reglamento (Euratom) n° 1074/1999, DO L 136 de 31.5.1999.

[67] UCLAF/12/SEC(97)9989.

[68] Algunos Estados miembros indicaron expresamente que las normas del procedimiento civil se aplican también al procedimiento administrativo. Las normas de Derecho civil se han mantenido solamente en estos casos.

[69] Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Comisión, de 23 de junio de 2002, DO L 357 de 31.12.2002.

[70] Las diligencias son procedimientos administrativos o judiciales emprendidos para descubrir e identificar irregularidades.

[71] Esto se refiere a la aplicación de sanciones tales como las definidas en el artículo 5 del mismo Reglamento.

[72] Comunicación C(2007)5709 relativa a la división de tareas en la Comisión por lo que se refiere al seguimiento financiero de las irregularidades.

[73] Decisión 2007/327/CE, DO L 122 de 11.5.2007.

[74] Decisión 2008/396/CE, DO L139 de 29.5.2008.

[75] Se trata de programas plurianuales. Esta cifra no incluye los proyectos directos financiados en el marco de los Fondos estructurales y el Fondo de Cohesión.

[76] Situación según los datos de la base ECR a 15.4.2008.

[77] Estos importes no incluyen las correcciones financieras que no dan lugar a recuperación, por ejemplo, las efectuadas cuando el Estado miembro ha detectado la irregularidad o ha aceptado la corrección financiera propuesta por la Comisión y el importe irregular ha sido reasignado a otro proyecto.

[78] Las cifras utilizadas se han calculado sobre la base de los datos disponibles a 9 de marzo de 2008.