Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países por razones de trabajo por cuenta ajena y de actividades económicas por cuenta propia

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países por razones de trabajo por cuenta ajena y de actividades económicas por cuenta propia

De conformidad con el mandato dado por el Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999 y con arreglo al "marcador para supervisar el progreso en la creación de un espacio de "libertad, seguridad y justicia" en la Unión Europea [1] , la Comisión tiene que adoptar en 2001 una propuesta de Directiva relativa a "las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países por razones de trabajo por cuenta ajena y de actividades económicas por cuenta propia".

[1] COM(2000) 167 final de 24.3.2000 actualizado por COM(2001) 278 de 23.5.2001

En su reciente comunicación sobre una política de inmigración comunitaria (COM(2000) 757 del 22 de noviembre de 2000) la Comisión ha sugerido un "doble enfoque": Definir un marco jurídico común relativo a la admisión de inmigrantes económicos y poner en marcha un mecanismo abierto de coordinación de la política de inmigración comunitaria. En su Comunicación la Comisión ha establecido ya los objetivos y principios fundamentales sobre los que deberá basarse el marco jurídico común:

Transparencia y racionalidad: estableciendo claramente las condiciones bajo las cuales los nacionales de terceros países podrán entrar y permanecer en la UE como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, estableciendo sus derechos y obligaciones y asegurándose de que tengan acceso a esta información y de que haya mecanismos in situ para comprobar que se aplica correctamente.

Distinción de derechos según la duración de la estancia: el objetivo deberá ser que los trabajadores temporeros que se proponen regresar a sus países de origen tengan un estatuto jurídico seguro, previendo al mismo tiempo una situación más estable para aquéllos que deseen permanecer y que reúnan ciertos criterios.

Procedimientos claros y sencillos: los procedimientos de solicitud deberán ser claros y sencillos.

Respeto de la situación del mercado nacional de trabajo: todos los Estados miembros aplican actualmente el principio de que un puesto de trabajo sólo puede ser cubierto por un trabajador de un tercer país tras un análisis de la situación del mercado de trabajo nacional (excepto cuando las obligaciones y compromisos internacionales de la UE y sus Estados miembros dispongan otra cosa) y este principio será respetado.

Acceso a la información: las nuevas tecnologías de comunicación pueden utilizarse más sistemáticamente para obtener información sobre oportunidades de empleo, condiciones de trabajo etc....

Ayuda a la industria: para que, cuando se demuestre que en sectores específicos y en determinados puestos existe una carencia de trabajadores que no puede ser cubierta en el mercado de trabajo de la UE, la industria europea, particularmente las pequeñas y medianas empresas, puedan contratar con éxito y rápidamente en terceros países, los empleadores necesitan una herramienta práctica para demostrar que hay una escasez real en el mercado laboral de la UE.

Como se indica en la presente Comunicación, los problemas abordados en esta propuesta legal también necesitarán ser objeto de una mayor consideración política y de una acción complementaria en el contexto de un mecanismo abierto de coordinación de la política de inmigración comunitaria. Este mecanismo se va a poner en marcha mediante una Comunicación específica de la Comisión sobre un método abierto de coordinación de la política de inmigración comunitaria, presentado paralelamente a esta propuesta.

2. Antecedentes y compatibilidad con otras iniciativas

En junio de 2000, se presentó a los servicios de la Comisión un estudio comparativo sobre la admisión de nacionales de terceros países para trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia . Destaca que actualmente las normas de admisión de nacionales de terceros países para trabajar en la UE difieren de un Estado miembro a otro. Tanto los nacionales de terceros países que desean trabajar en la UE como los empleadores de la UE que necesitan trabajadores de terceros países se enfrentan a normas y procedimientos administrativos nacionales a veces muy complejos y hay sólo algunas normas y principios comunes aplicables en todos los Estados miembros.

En noviembre de 2000, la Comisión publicó una Comunicación sobre política de inmigración comunitaria que presentaba ya las líneas políticas principales en las que se basa esta propuesta.

Compatibilidad con otras iniciativas:

Esta propuesta se ha elaborado de forma que sea totalmente compatible y complementaria con el proyecto de directiva recientemente propuesta relativa a los nacionales de terceros países residentes de larga duración [2]. Aunque los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia recién llegados a la UE estarán cubiertos por el régimen legal específico contenido en esta propuesta, las disposiciones "horizontales" de la propuesta de Directiva relativa a los nacionales de terceros países residentes de larga duración se aplicarán a dichos trabajadores si cumplen las condiciones previstas y han solicitado el estatuto de residente de larga duración de conformidad con dicha propuesta de Directiva.

[2] Propuesta de Directiva del Consejo relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (COM(2001) 127 final de 13.3.2001)

Esta propuesta se ha redactado también de forma que sea totalmente compatible con los compromisos adquiridos por la UE y sus Estados miembros en el marco del Acuerdo general de la OMC sobre el Comercio de Servicios (AGCS) y para facilitar aun más el comercio de servicios que ya ha sido comprometido en este contexto.

De conformidad con el "marcador para supervisar el progreso en la creación de un espacio de "libertad, seguridad y justicia" en la Unión Europea", hay que preparar y adoptar otras iniciativas legislativas referentes a las condiciones de entrada y residencia por razones de estudio o formación profesional y actividades no remuneradas.

3. Objetivos de la propuesta

Con la presente propuesta de Directiva, la Comisión persigue los siguientes objetivos:

1) establecer definiciones, criterios y procedimientos comunes relativos a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países por razones de trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia, basadas en conceptos, que se han aplicado ya con éxito en los Estados miembros;

2) fijar criterios comunes para la admisión de nacionales de terceros países para realizar actividades por cuenta ajena y por cuenta propia ("análisis de las necesidades económicas" y "análisis de efectos beneficiosos") y ofrecer diversas opciones para demostrar el cumplimiento de estos criterios;

3) proporcionar garantías procesales y de transparencia, para asegurar un alto nivel de seguridad jurídica y de información a todos los actores interesados, sobre normas de los Estados miembros y la práctica administrativa relativa a la entrada y la residencia de nacionales de terceros países por razones de trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia;

4) establecer un procedimiento nacional de solicitud único para la expedición, en un solo acto administrativo, de un título combinado, que sirva tanto para el permiso de residencia como el de trabajo, simplificando y armonizando las divergentes normas que se aplican actualmente en los Estados miembros;

5) conceder derechos a los nacionales de terceros países respetando al mismo tiempo la facultad de los Estados miembros de limitar la inmigración económica: si los trabajadores de terceros países reúnen las condiciones establecidas en los capítulos II y III deberán ser admitidos a no ser que los Estados miembros impongan límites con arreglo al capítulo IV (cupos nacionales o restricciones basadas en el orden público, la seguridad nacional o la salud pública);

6) proporcionar un marco flexible que permita a todas las partes interesadas, incluidos los Estados miembros, reaccionar rápidamente a circunstancias económicas y demográficas cambiantes y ofrecer la posibilidad de intercambio de impresiones sobre las experiencias de los Estados miembros en la aplicación de la presente Directiva en el marco de un mecanismo abierto de coordinación de la política de inmigración comunitaria;

7) dar un auténtico significado a los compromisos adquiridos por la UE y sus Estados miembros en el contexto del Acuerdo AGCS de la OMC;

8) reconocer a los Estados miembros el derecho de limitar la admisión de nacionales de terceros países de conformidad con esta propuesta, cuando un Estado miembro considere que es necesario aplicar medidas horizontales (por ejemplo techos o cupos) a ese efecto.

4. La elección de la base jurídica

La elección de la base jurídica es coherente con los cambios introducidos en el Tratado CE por el Tratado de Amsterdam, que entró en vigor 1 de mayo de 1999. El apartado 3 del artículo 63 del Tratado CE establece que el Consejo deberá adoptar "medidas sobre política de inmigración en los siguientes ámbitos: a) condiciones de entrada y de residencia, y normas sobre procedimientos de expedición por los Estados miembros de visados de larga duración y permisos de residencia".

La regulación de la inmigración con el fin de realizar actividades por cuenta ajena o por cuenta propia es la piedra angular de la política de inmigración y no se puede desarrollar una política de inmigración comunitaria coherente sin abordar "las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países por razones de trabajo por cuenta ajena y actividades económicas por cuenta propia". La letra (a) del apartado 3 del artículo 63 es, en consecuencia, la base jurídica apropiada para esta propuesta.

Esta propuesta de Directiva deberá ser adoptada por el procedimiento del artículo 67 del Tratado: El Consejo decidirá por unanimidad a propuesta de la Comisión o a iniciativa de un Estado miembro previa consulta al Parlamento Europeo. Esta propuesta se basa en el título IV del Tratado CE, que no se aplica al Reino Unido y a Irlanda a menos que esos Estados miembros decidan lo contrario de conformidad con el protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anejos a los Tratados. El título IV del Tratado CE tampoco se aplica a Dinamarca, en virtud del Protocolo sobre la posición de la Dinamarca anejo a los Tratados.

5. Subsidiariedad y proporcionalidad: justificación y valor añadido

El nuevo título IV sobre visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionados con la libre circulación de personas, incluido en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, confiere poderes en estos asuntos en la Comunidad Europea. Estos poderes deberán ejercitarse de conformidad con el artículo 5 del Tratado CE, es decir, siempre y cuando los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada , a nivel comunitario. La propuesta de Directiva responde a estos criterios.

Subsidiariedad

El objetivo primario de esta iniciativa es establecer un marco legal armonizado a nivel de la UE relativo a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países por razones de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia y los procedimientos para la expedición por los Estados miembros de los permisos pertinentes. Actualmente las normas y los procedimientos administrativos nacionales que regulan este ámbito difieren ampliamente entre los diferentes Estados miembros. Teniendo en cuenta las significativas divergencias entre las disposiciones nacionales y planteamientos reguladores en los Estados miembros, el establecimiento de un marco legal armonizado sólo puede lograrse a nivel comunitario.

Proporcionalidad

La forma de acción comunitaria deberá ser la más simple posible para alcanzar y ejecutar de forma efectiva el objetivo de la propuesta. En este espíritu, el instrumento jurídico elegido es una Directiva, que fija los principios generales pero deja a los Estados miembros, a los cuales se dirige, la elección de la forma y de los métodos más apropiados para aplicar estos principios en su ordenamiento jurídico y contexto nacional. La Directiva propuesta establece definiciones, criterios y procedimientos comunes relativos a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países por razones de trabajo por cuenta ajena y actividades económicas por cuenta propia, dejando un alto nivel discrecional a los Estados miembros.

Consecuencias financieras y administrativas de la propuesta para los gobiernos nacionales, autoridades locales, actores económicos y ciudadanos

De acuerdo con el citado estudio comparativo sobre la admisión de nacionales de terceros países por razones de trabajo por cuenta ajena o actividades económicas por cuenta propia, las normas de admisión de nacionales de terceros países para trabajar en la UE difieren de un Estado miembro a otro. Tanto los nacionales de terceros países que desean trabajar en la UE como los empleadores de la UE que necesitan trabajadores de terceros países se enfrentan a normas y procedimientos administrativos nacionales a veces muy complejos y hay sólo algunas normas y principios comunes aplicables en todos los Estados miembros.

La propuesta creación de un único procedimiento nacional de solicitud que conduzca, en un solo acto administrativo, a la concesión de un título combinado de residencia y permiso de trabajo, contribuirá a simplificar y armonizar las divergentes normas actualmente aplicables en los Estados miembros; Este procedimiento único podrá incitar a los Estados miembros a racionalizar su administración interna y a evitar la duplicación del trabajo. Los nacionales de terceros países que deseen ejercitar actividades económicas en la UE y sus futuros empleadores se beneficiarán directamente de esta "ventanilla única".

Tanto los criterios comunes propuestos para la admisión de nacionales de terceros países para realizar actividades por cuenta ajena y por cuenta propia ("análisis de las necesidades económicas" y "análisis de efectos beneficiosos") como las garantías de procedimiento y transparencia garantizarán un alto nivel de seguridad jurídica, transparencia e información a todas las partes interesadas; Esto será especialmente valioso para los actores económicos y los trabajadores de terceros países.

Los gobiernos nacionales (las autoridades competentes) podrán percibir tarifas proporcionales a sus actividades Estas tarifas podrán basarse en el principio del servicio realmente prestado de forma que los nuevos procedimientos no signifiquen una carga financiera para las administraciones nacionales ni un obstáculo excesivo para los beneficiarios de los permisos expedidos.

COMENTARIOS DE LOS ARTÍCULOS

Capítulo I - Disposiciones generales

Artículo 1:

Este artículo establece los objetivos de esta propuesta: determinar las condiciones y normas procesales comunes de la entrada y residencia de nacionales de terceros países por razones de trabajo por cuenta ajena y actividades económicas por cuenta propia.

Por motivos de claridad y de seguridad jurídica, la propuesta sigue un planteamiento horizontal y cubre las condiciones de entrada y residencia de cualquier nacional de un tercer país para llevar a cabo actividades por cuenta ajena o por cuenta propia en el territorio de un Estado miembro. Este amplio enfoque horizontal sirve de punto de partida general. En el marco de las disposiciones substantivas de la Directiva, las disposiciones y excepciones garantizan que se tenga en cuenta la situación de determinados grupos de personas. También se tienen en cuenta disposiciones más favorables del Derecho comunitario y del Derecho internacional.

Artículo 2:

Este artículo define los principales conceptos y términos utilizados en las disposiciones de la propuesta.

(a) El concepto de nacional de terceros países se define por defecto, excluidos nacionales de la Unión según lo previsto por el Tratado CE. Se aplica a las personas que tienen la nacionalidad de un tercer país y a los apátridas a efectos del Convenio de Nueva York de 28 de septiembre de 1954.

(b)-(c) El elemento de base para definir una actividad como trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia es el ejercicio de "actividades económicas remuneradas". Se deberá comprender el término "actividad económica remunerada" como la ejercitada por una persona a cambio de ventajas económicas (dinero, alojamiento, mercancías), con independencia de la naturaleza del empresario que puede ser una persona física o jurídica, un organismo privado o público, una institución con o sin ánimo de lucro y con independencia de la clase de actividad empresarial realizada. El elemento clave que distingue las actividades por cuenta ajena de las por cuenta propia es la existencia (respectivamente ausencia) de una relación subordinada a otra persona.

(d) En la mayor parte de los Estados miembros, la admisión de nacionales de terceros países a actividades por cuenta ajena se regula mediante un sistema doble de permisos de residencia y permisos de trabajo. El objetivo de la propuesta actual es simplificar los procedimientos y, por lo tanto, propone substituir este sistema doble por un título combinado que autorice residencia y trabajo mediante un único un acto administrativo, el "permiso de residencia- trabajador por cuenta ajena". Hay que subrayar que esta propuesta aspira a armonizar el resultado final (el acto combinado) y a simplificar los trámites procesales que deberán cumplir los nacionales de terceros países que desean realizar actividades económicas en la UE. Esto no tiene, sin embargo, ninguna implicación directa en como tramiten internamente las administraciones nacionales las solicitudes antes de adoptar una decisión final. Una corresponsabilidad o una responsabilidad sucesiva de diversas entidades administrativas nacionales de conformidad con el reparto nacional interno de competencias es perfectamente posible, siempre y cuando no obstaculice el resultado final (un acto combinado que deberá entregarse tras una sola solicitud).

Esta propuesta no aborda específicamente el formato en que se expidan los diferentes permisos de residencia en virtud de la presente Directiva. Cabe subrayar, sin embargo, que los permisos de residencia, con arreglo a la presente propuesta, entran en el ámbito de la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un formato uniforme para los permisos de residencia de los nacionales de terceros países (COM(2001) 157 final de 23.3.2001) cuyas normas, si se adopta, se aplicarán a los permisos de residencia expedidos de conformidad con la presente Directiva.

(e) Las normas nacionales actuales relativas a la admisión de nacionales de terceros países para realizar actividades económicas por cuenta propia son más diversas que las que se aplican para las actividades por cuenta ajena. Algunos Estados miembros requieren permisos de trabajo para las actividades por cuenta propia, otros no lo hacen y regulan el acceso a estas actividades mediante permisos de residencia. Con vistas a establecer normas europeas más consistentes y armonizadas, se propone de nuevo crear un "título combinado" que autorice residencia y trabajo por cuenta propia con un único acto administrativo, el "permiso de residencia - trabajador por cuenta propia".

(f)-(i) Véase comentarios a los artículos 12 a 15 más abajo.

Artículo 3:

1. La presente Directiva cubre las condiciones de entrada y residencia de cualquier nacional de un tercer país para realizar una actividad económica por cuenta propia o ajena en el territorio de un Estado miembro. Hay, sin embargo, una multitud de instrumentos del Derecho Internacional relativos a estos campos. No es la intención de esta propuesta de Directiva anular estos instrumentos jurídicos o modificar su contenido. Siempre que tales instrumentos jurídicos contengan disposiciones más favorables, continuarán siendo aplicables.

(a) Este punto engloba acuerdos internacionales con participación comunitaria. Esta categoría cubre acuerdos concluidos entre la Comunidad (a título exclusivo) y uno o más terceros países y "acuerdos mixtos". Los instrumentos jurídicos principales dignos de mención en este contexto son el acuerdo EEE, los Acuerdos Europeos y otros acuerdos de Asociación (por ejemplo: CE-Turquía). En el marco de la OMC, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) contiene compromisos relativos a los movimientos de personas físicas, que son necesarios para permitir el comercio de servicios.

(b) Este punto engloba los acuerdos multilaterales y bilaterales, concluidos sin participación comunitaria. Los instrumentos jurídicos que hay que citar de forma especial en este contexto son el Convenio y el Protocolo de la ONU relativo al estatuto de Refugiados y los Convenios de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares.

2. Esta propuesta aspira a armonizar las disposiciones nacionales sobre el acceso de ciudadanos de terceros países al mercado laboral en la UE como "medida de la política de inmigración" basada en el apartado 3 del artículo 63 del Tratado. La Directiva está pensada para cubrir los casos en que nacionales de terceros países quieren incorporarse realmente al mercado laboral de la UE, lo cual excluye a aquéllos nacionales de terceros países que entran en la UE por poco tiempo para realizar actividades accesorias al suministro de mercancías o servicios de terceros países a la UE. Los ejemplos de estos desplazamientos de corta duración son múltiples y entre ellos se encuentran, por ejemplo las actividades a corto plazo en la UE de las tripulaciones nacionales de aviones y buques de terceros países; conductores de camión que entregan mercancías; artistas de terceros países que actúan en la UE; nacionales de terceros países en viaje de negocios. Cuando la estancia de los nacionales de terceros países cuya actividad consista en el suministro de bienes o servicios (incluidos los trabajadores desplazados de terceros países) supere los tres meses, se aplicará la Directiva y dichas personas necesitarán un permiso con arreglo a la presente Directiva que les conferirá todos los derechos y obligaciones contenidos en ella. La Directiva también se aplica si la estancia de un nacional de un tercer país es de menos de tres meses y no está directamente ligada al suministro de mercancías o servicios de terceros países a la UE (por ejemplo los temporeros que permanecen durante dos meses). Los artículos 12 a 18 prevén disposiciones especiales, sin embargo, que permiten soluciones diversas y pragmáticas en estos casos específicos.

3. Este apartado excluye del alcance de la Directiva a grupos específicos de personas:

(i) Los ciudadanos de terceros países establecidos dentro de la Comunidad para suministrar servicios transfronterizos o aquéllos que prestan servicios transfronterizos quedan cubiertos por la propuesta de Directiva del Consejo que extiende la libre prestación de servicios transfronterizos (Diario Oficial C 67 de 10.3.1999, p. 17) y la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las condiciones de desplazamiento de los trabajadores asalariados, nacionales de un tercer Estado, en el marco de una prestación de servicios transfronterizos (Diario Oficial C 67 de 10.3.1999, p. 12) .

(ii) Estos grupos de personas están (o estarán, respectivamente) cubiertos por la Directiva relativa a la normas mínimas para la concesión de una protección temporal en el caso de afluencia masiva de personas desplazadas (adoptada por el Consejo el 27.6.2001), por la propuesta de Directiva por la que se establecen normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros (COM(2001) 181 final de 3.4.2001) y el proyecto de propuesta de Directiva relativa a las personas que, por otras razones, necesiten protección internacional.

(iv) Los nacionales de terceros países familiares de ciudadanos de la Unión que hayan ejercido su derecho a la libre circulación de personas en la UE ya están cubiertos por el Título III de la primera parte del Reglamento (CEE) n° 1612/68 que confiere a este grupo de personas un derecho ilimitado de residencia y acceso al trabajo en el país miembro de acogida.

(v) Este grupo de personas estará cubierto por la propuesta de Directiva, actualmente en debate, relativa al derecho a la reagrupación familiar (COM(1999) 638 final de 1.12.1999, modificada por COM(2000) 624 final de 10.10.2000)

4. La mayoría de los Estados miembros, si no todos, tiene en cuenta, en su pormenorizada legislación vigente y práctica administrativa , la situación particular de los grupos específicos enumerados en este apartado. Esta propuesta aspira, como primer paso de una nueva política comunitaria, a establecer un marco jurídico común sin entrar en demasiados detalles. Por consiguiente se considera que, por ahora, es más apropiado dejar a los Estados miembros la posibilidad de mantener o introducir disposiciones nacionales más favorables sobre el acceso al trabajo de ciudadanos de terceros países que forman parte de los grupos específicos de personas enumerados en este apartado. Hay que subrayar, sin embargo, que, en cuanto entren en vigor, los instrumentos comunitarios que regulen específicamente los derechos y obligaciones de estos grupos de personas prevalecerán sobre las normas nacionales.

Capítulo II: Entrada y residencia para trabajar por cuenta ajena

Sección 1: Normas generales

Artículo 4:

1. Con arreglo a las normas nacionales vigentes en la mayoría de los Estados miembros, los ciudadanos de un tercer país sólo podrán ejercitar actividades asalariadas (a tiempo completo o parcial) en un Estado miembro si tienen un "permiso de residencia -trabajador por cuenta ajena" expedido de conformidad con la presente Directiva (sujeto a las excepciones mencionadas en la presente Directiva).

2. El permiso se expedirá si, una vez verificados los datos y documentos, se demuestra que el solicitante reúne los requisitos para obtener un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena". No se expedirá el permiso si se establece que el solicitante no cumple los requisitos o si un Estado miembro hace uso de la posibilidad de imponer limitaciones de conformidad con los artículos 26, 27 y 28, . Este artículo otorga un derecho a los solicitantes que reúnan todas las condiciones establecidas en el Capítulo II, respetando la discrecionalidad de los Estados miembros para limitar la inmigración económica: Si no se establecen límites con arreglo a los artículos 26, 27 y 28, los Estados miembros están obligados a expedir un "permiso residencia- trabajador por cuenta ajena".

Artículo 5:

1. La solicitud de un "permiso de residencia -trabajador por cuenta ajena" deberá ser presentada por el nacional interesado de un tercer país . El futuro empleador de un nacional de un tercer país podrá presentar una solicitud en nombre del nacional solicitante de un tercer país.

2. Con arreglo a este apartado la solicitud deberá presentarse normalmente vía la representación de un Estado miembro del país donde reside legalmente el solicitante. Si el solicitante ya reside legalmente (porque es titular de un permiso de residencia por ejemplo como estudiante) o se encuentra legalmente (por ejemplo con un visado turístico o un visado para personas en búsqueda de trabajo o de un visado para solicitar un permiso de trabajo) en el respectivo Estado miembro, las solicitudes se podrán presentar directamente en el territorio de este Estado miembro . Hay que subrayar, sin embargo, que la presentación de una solicitud de un "permiso de residencia-trabajador" de conformidad con la propuesta de la presente Directiva no confiere al solicitante el derecho a permanecer en un Estado miembro.

3. Este apartado contiene una lista de datos y documentos que deberán presentarse a la autoridad competente al solicitar un "permiso residencia- trabajador por cuenta ajena". Para obtener algunos de estos datos y documentos (por ejemplo una copia del contrato de trabajo o de las pruebas de que el cumplimiento del análisis de las necesidades económicas es concluyente) los solicitantes tendrán que cooperar estrechamente con su futuro empleador.

(b) El solicitante deberá presentar un contrato de trabajo válido o una oferta en firme de trabajo (una oferta de un concreto contrato de trabajo que no pueda ser rechazada unilateralmente por el empleador) Si el Estado miembro lo desea puede proceder a un control previo sistemático en el marco del examen de la solicitud al objeto de garantizar/verificar que el contrato o la oferta vinculante de trabajo cumple con la legislación nacional de condiciones de trabajo incluido el salario.

(d) El solicitante deberá probar que se cumple el requisito del artículo 6 ("análisis de las necesidades económicas") En la práctica esto requerirá un estrecha cooperación entre el solicitante y el futuro empleador que deberá suministrar a aquél de los necesarios documentos que prueben

- que se publicó el puesto de trabajo y no hubo solicitantes dentro del mercado de trabajo de la UE, apartado 2 del artículo 6

- que se cumplen los requisitos del "programa nacional de carta verde2 existente, apartado 3 del artículo 6, o

- que se supera el mínimo de ingresos establecido por la normativa nacional, con arreglo al apartado 4 del artículo 6, o

- que se ha pagado la cantidad ("contribución de los empleadores") establecida por las normas nacionales con arreglo al apartado 5 del artículo 6.

(g) Este punto establece - de conformidad con el principio de proporcionalidad - que el solicitante necesita demostrar las cualificaciones necesarias para realizar las actividades previstas. Esto puede, pero no necesariamente, incluir el conocimiento de la lengua oficial del Estado miembro.

(h) La apreciación de la capacidad del solicitante para hacer frente a sus necesidades tiene que ser llevada a cabo por las autoridades competentes, teniendo en cuenta los futuros ingresos del solicitante indicados en el contrato de trabajo.

4. Este apartado completa la norma de la letra f) del apartado 1 del artículo 6.

Artículo 6:

1. Este artículo consagra a nivel de la Comunidad un principio general que refleja una normativa vigente ya en la mayor parte de los Estados miembros, que requiere para la admisión de trabajadores de terceros países una examen completo de la situación del mercado laboral nacional. En términos concretos esto significa que los ciudadanos de terceros países sólo podrán acceder al mercado laboral de la UE, si un puesto no puede cubrirse con un trabajador de las siguientes categorías de personas:

(a) Ciudadanos de la Unión. Los ciudadanos de los países solicitantes formarán parte de esta categoría el día de la accesión y gozarán automáticamente de preferencia respecto a los nacionales de terceros países. El alcance exacto de las posibles restricciones al acceso al mercado de trabajo de la UE 15 a los ciudadanos de los nuevos EU miembros deberá ser establecido en los Tratados de accesión. Las normas de los tratados de accesión prevalecerán sobre las de este proyecto de Directiva En la Posición Común de la UE respecto al Capítulo 2, libre circulación de trabajadores, se indica que "los actuales Estados miembros introducirán una preferencia por los nacionales de los nuevos Estados miembros en relación a la mano de obra de terceros países" o

(b) Nacionales de terceros países que sean familiares de ciudadanos de la Unión que hayan ejercido el derecho a la libre circulación en la UE. Estas personas ya están cubiertas por el Título III de la Primera parte del Reglamento (CEE) n° 1612/68 que les confiere un derecho ilimitado de residencia y acceso al trabajo en el país miembro de acogida.

(c) Los nacionales de terceros países que disfruten ya de completo acceso al respectivo mercado laboral nacional con arreglo los instrumentos jurídicos mencionados en el párrafo 1 del artículo 3 (por ejemplo nacionales EEE); personas cubiertas por acuerdos bilaterales entre algunos Estados miembros y terceros países); o

(d) Ciudadanos de terceros países que ya disfrutan del acceso al mercado laboral nacional respectivo con arreglo a la legislación nacional existente (por ejemplo personas cubiertas por disposiciones nacionales relativas a la reagrupación familiar) o con arreglo a la legislación comunitaria (varias de las iniciativas legislativas citadas arriba en las explicaciones al apartado 3 del artículo 3 conceden acceso al mercado laboral a determinados grupos de nacionales de terceros países); o

(e) Trabajadores de terceros países que ya forman parte de la mano de obra legal de un Estado miembro (residentes legales y que trabajan desde tres años); o

(f) Ciudadanos de terceros países que habían formado parte del mercado de trabajo legal del Estado miembro y que quieren regresar a ese Estado miembro después de un período limitado de ausencia (residentes legales y que han trabajado en ese Estado miembro por más de tres años durante los últimos cinco años). - El razonamiento que subyace a este punto es que los trabajadores de terceros países que ya han trabajado legalmente en un Estado miembro y que han abandonado este Estado miembro durante un período relativamente corto deberán disfrutar de la posibilidad de volver en las condiciones facilitadas.

Los apartados 2 a 5 de este artículo establecen varias posibilidades con las que puede demostrarse en casos concretos el cumplimiento del requisito establecido en el apartado 1. Mientras que el apartado 2 deberá ser implementado por los Estados miembros, los apartados 3 a 5 ofrecen opciones que pueden - pero no deben- ser utilizadas por los Estados miembros de conformidad con su política nacional. El principal argumento a favor de este planteamiento flexible es la idea de "competir para conseguir modelos acertados", que implica que los Estados miembros apliquen y prueben, con arreglo a la presente Directiva, diversos regímenes que posteriormente serán discutidos en el mecanismo abierto de coordinación sobre política de inmigración:

2. La evaluación individual del cumplimiento del requisito establecido en el apartado 1 se concibe como una herramienta práctica para los empresarios que no puedan cubrir un puesto determinado de trabajo en el plazo de un período dado. Si los empresarios han publicado una vacante de trabajo vía los servicios de empleo de varios Estados miembros, por ejemplo mediante la red europea de los servicios del empleo (EURES), durante como mínimo cuatro semanas y no han recibido una solicitud aceptable del mercado laboral de la UE (los grupos de personas enumeradas anteriormente), podrán contratar en el extranjero y el nacional elegido de un tercer país reunirá (si se cumplen las demás condiciones para un permiso de residencia de conformidad con la presente Directiva) normalmente las condiciones para obtener un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena". Para prevenir el fraude, las vacantes publicadas de trabajo deberán contener requisitos realistas, razonables y proporcionados para el puesto ofrecido y las autoridades competentes lo comprobarán al tramitar las solicitudes de conformidad con este capítulo. La normativa relativa a los nacionales de los países con los que se está negociando la adhesión trata de mantener la coherencia con el compromiso político contraído en las negociaciones en el sentido de que los ciudadanos de los países solicitantes tendrán de hecho un trato más favorable que los de otros terceros países en el periodo hasta la adhesión. Este apartado se refiere a la necesidad de asegurar que las vacantes de empleo estén abiertas preferentemente a los ciudadanos de los países solicitantes, antes de la adhesión, si no se encuentra a una persona en las categorías incluidas en el apartado 1.

3. La posibilidad de evaluación horizontal proporciona a los Estados miembros una herramienta flexible para reaccionar ante la escasez de trabajadores en un sector específico, estableciendo, por ejemplo, "programas nacionales de carta verde" para contratar especialistas. Esta disposición se formula de manera muy general, permitiendo la "carta verde" o programas similares en cualquier sector donde pueda haber falta de mano de obra. Esto no implica, sin embargo, que los Estados miembros sean completamente libres en la adopción de tales medidas: Primero, los Estados miembros tendrán que establecer siempre que hay escasez cuantificable en el mercado laboral para el respectivo sector y segundo, se aplicarán las "disposiciones de transparencia" del capítulo V de la Directiva (obligación de incluir una declaración razonada basada en criterios objetivos y verificables, estudio regular de las medidas, publicación antes de la entrada en vigor) . Al final de este apartado se ha incluido un norma para asegurar que los ciudadanos de los países con los que se negocia la adhesión gozan de un trato más favorable que los de otros terceros países.

4. Los Estados miembros tienen la posibilidad de establecer - a nivel nacional - umbrales de ingresos apropiados. Si los ingresos anuales ofrecidos a un nacional de un tercer país exceden el umbral establecido, el análisis de las necesidades económicas será considerado concluyente. El razonamiento que subyace detrás de este modelo, que es ya práctica actual en por lo menos dos Estados miembros, es la idea de que un sector con salarios elevados del mercado laboral europeo necesita menos protección y puede permitirse ser más abierto a la competencia mundial.

5. Los Estados miembros podrán adoptar disposiciones nacionales según las cuales el análisis de las necesidades económicas se considere concluyente respecto a un nacional de un tercer país si su futuro empleador, ha pagado una cantidad determinada de dinero a las autoridades competentes. El dinero recibido del empleador deberá emplearse en medidas que promuevan la integración de ciudadanos de terceros países o en formación profesional. El razonamiento que subyace a este modelo - que se está discutiendo actualmente a nivel político en varios Estados miembros - es que el hecho de que un empleador quiera pagar una prima adicional por reclutar a un nacional de un tercer país puede considerarse como prueba implícita de que hay escasez en el mercado laboral de la UE. Hay que establecer el nivel de la contribución a nivel nacional y puede expresarse como una cantidad de dinero fija o flexible (múltiplo de los ingresos mensuales/anuales de la persona contratada o de otro factor). El principal argumento a favor de esta opción de la "contribución del empleador" es la idea de "competir para conseguir modelos acertados", que implica los Estados miembros aplicarán y probarán modelos diferentes, y también incoativos, con arreglo a la presente Directiva, cuyas experiencias posteriormente serán discutidas en el marco del mecanismo de coordinación sobre política de inmigración:

Artículo 7:

Este artículo establece que el periodo de validez de un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" será determinado por los Estados miembros de conformidad con el calendario establecido en este artículo (hasta tres años para el permiso inicial y hasta tres años para un permiso renovado). De conformidad con el principio de que los derechos de los ciudadanos de terceros países se incrementen con la duración de su estancia, los solicitantes de renovación que hayan disfrutado de un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" en el respectivo Estado miembro durante más de tres años disfrutarán de facilidades para la renovación (no hay que demostrar el cumplimiento del requisito establecido en el apartado 1 del artículo 6 ). Un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" puede ser renovado varias veces. Debe, sin embargo, tenerse en cuenta que al cabo de 5 años las disposiciones "horizontales" del proyecto de Directiva relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (COM(2001) 127 final de 13.3.2001) - una vez adoptada - se introducirá progresivamente y los trabajadores que cumplan las condiciones del "estatus de residencia de larga duración" podrán solicitarla en vez de pedir una renovación de su "permiso de residencia - trabajador".

Artículo 8:

La admisión inicial de trabajadores de terceros países está basada en una prueba, destinada a verificar la escasez de trabajadores en el mercado laboral de la UE. Socavaría este principio si los trabajadores de terceros países que han sido admitidos para cubrir empleo vacantes en sectores específicos del mercado laboral pudieran -una vez admitidos - cambiar inmediatamente de empleo y empezar a trabajar en un sector (una región) donde no haya ninguna necesidad de empleo. Por otra parte, cambiar de empleador en el mismo campo de actividades profesionales (o de la región) no conculca este principio. Está, por lo tanto, previsto que el "permiso de residencia-trabajador por cuenta ajena" será inicialmente limitado al ejercicio de actividades económicas específicas, permitiendo por tanto un cambio de empleador pero no un cambio de las actividades llevadas a cabo. De conformidad con el principio de que los derechos de los nacionales de terceros países aumenten con la duración de la estancia, el "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" no tendrá restricciones al cabo de tres años. Durante los primeros tres años, los titulares de un permiso de residencia- trabajador por cuenta ajena podrán, sin embargo, solicitar un cambio de acuerdo con el artículo 9. En este caso podrá realizarse un nuevo examen de la "necesidad económica".

Artículo 9:

Este artículo obliga a los titulares de un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" a notificar cualquier cambio importante a las autoridades competentes. Los cambios importantes (cambio de empleador, cambio de actividades) deberán ser autorizados. Basándose en la regla de "juego limpio", las autoridades competentes no deberán utilizar el pretexto de cambios en el mercado laboral (cambios de los que se deriva que no se cumple el requisito establecido en el apartado 1 del artículo 6 ) como razón para retirar un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" durante el periodo de su validez.

Artículo 10:

1. - 2. Los Estados miembros deberán revocar siempre los permisos adquiridos mediante fraude , pero gozan una amplia discrecionalidad (posibilidad de suspensión o revocación del permiso) en caso de negligencia de su titular (expediente incompleto, omisión de notificar cambios pertinentes) o en casos de aplicación del artículo 27 (razones de orden público y de seguridad nacional).

3. Por una parte, los titulares de un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" no se deberán convertirse en una carga financiera para el Estado miembro anfitrión, por otra parte, estas personas contribuyen al sistema de seguridad social de dicho Estado y deberán, por lo tanto, también para tener derecho a disfrutar de sus beneficios (véase debajo artículo 11) hay pues que alcanzar un equilibrio justo. Siguiendo las normas nacionales aplicables en algunos Estados miembros, se propone que el desempleo como tal no constituya una razón suficiente para revocar un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" a menos que el período de desempleo exceda cierto tiempo (3 meses por año en los primeros dos años de estancia; 6 meses por año después de dos años de estancia).

Artículo 11:

1. Este apartado enumera los derechos conferidos por un "permiso de residencia-trabajador por cuenta ajena" a su titular, entre los cuales - el más importante - el derecho a residir y trabajar en el Estado miembro. Los titulares de un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" disfrutarán del mismo trato en general que los ciudadanos de la Unión por lo menos en lo que se refiere a ciertos derechos fundamentales (condiciones de trabajo, acceso a la formación profesional, reconocimiento de diplomas, seguridad social incluida la atención sanitaria, acceso a los bienes y servicios que están disponibles para el público, incluidos derechos de vivienda y de sindicato). El último catálogo de derechos se basa en el artículo 12 de la propuesta de la Comisión de un proyecto de Directiva relativa a los nacionales de terceros países residentes de larga duración pero - con arreglo al principio de que esos derechos de los ciudadanos de terceros países aumentan con la duración de la estancia - es menos exhaustivo.

(f)(ii)El derecho al acceso a la formación profesional es un derecho accesorio a los permisos expedidos a los "inmigrantes económicos" con arreglo a la presente Directiva. Como ya se ha indicado antes se está preparando y se adoptará en breve una iniciativa legislativa específica relativa a las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países con fines de estudio o formación profesional.

(f)(iii)Los titulares de permisos con arreglo a la presente Directiva tendrán los mismos derechos que los ciudadanos de la Unión en cuanto al reconocimiento de sus titulaciones. Esto implica también la obligación del Estado miembro de acogida de reconocer todos los diplomas, certificados y otras pruebas de aptitud, incluidas las obtenidas fuera de la UE, y la experiencia de la persona de que se trate comparando los conocimientos y títulos profesionales, certificados por dichos diplomas, y la experiencia, con los conocimientos y experiencia requeridos por las normas nacionales (Asunto C-238/98 Hocsman). Sin embargo, este derecho sólo concierne a un grupo muy pequeño de personas, cuya situación es diferente de la de los residentes de larga duración, que son nacionales de un tercer país, en el sentido de que los más probable es que estos últimos tengan un diploma obtenido en un Estado miembro o en un tercer país pero ya reconocido por el Estado miembro.

2. Teniendo en cuenta el acceso inmediato de los titulares de un "permiso de residencia - trabajador" a ciertos derechos (particularmente a la vivienda financiada públicamente) puede plantear problemas en casos específicos y con arreglo al principio previamente mencionado, este apartado permite a los Estados miembros que hagan depender el ejercicio de parte de los derechos a una estancia mínima (o de un derecho mínimo de estancia) de dichas personas.

3. Tal y como subraya la Comisión en su Comunicación sobre una política de inmigración comunitaria, esta propuesta de Directiva garantizará que no se corten los lazos de los emigrantes con su país de origen y de que tengan la posibilidad de regresar en función como evoluciona la situación en el país de origen. Entorpecería este proceso, si al regresar a su país los nacionales de terceros países "perdieran" también las cotizaciones que hicieron en los regímenes de pensión públicos de un Estado miembro. Bajo ciertas condiciones tienen el derecho, con arreglo al Derecho nacional, a acuerdos bilaterales concluidos por el Estado miembro respectivo o incluso a un acuerdo internacional concluido por la Comunidad, a recuperar su pensión, en el momento de la salida o en el futuro, en el tercer país en donde residan. A veces estos instrumentos incluso prevén la transferencia de derechos de pensión a un régimen de un tercer país. En estos casos el nacional de un tercer país "no perderá" las cotizaciones que hizo en el régimen público de un Estado miembro. Este apartado establece una protección suplementaria que aborda los casos en que un determinado nacional de un tercer país no ha adquirido derecho a una pensión de la UE pagadera ahora o en el futuro en un tercer país, ni la posibilidad de transferir sus derechos de pensión de la UE al régimen del tercer país en donde resida. En estas circunstancias específicas el nacional de un tercer país afectado tendrá la posibilidad, con arreglo al presente párrafo, de pedir y de recibir el reembolso de las cotizaciones pagadas en los regímenes de pensiones públicos por él misma y su empleador.

Sección 2: Disposiciones aplicables a categorías específicas

Ciertos grupos de personas reciben actualmente un trato especial en los Estados miembros. Aunque que, como cuestión de principio general, las normas de esta propuesta se aplican de forma horizontal, esta sección contiene, basándose en planteamientos de los Estados miembros, disposiciones más específicas para determinados grupos de personas. Estas normas especiales se conciben de manera que puedan introducirse progresiva y armoniosamente en el marco general de la Directiva. En la mayor parte de los casos prevén una excepción al requisito de un "análisis de las necesidades económicas" en condiciones específicas;

Artículo 12:

La definición de "temporero" (letra (f) del artículo 2) ya se ha adoptado a nivel comunitario y se inspira en el anexo de la Resolución del Consejo de 20 de junio de 1994 sobre las limitaciones de la admisión de nacionales de países no comunitarios para trabajar en el territorio de los Estados miembros ("Resolución del empleo") y en el artículo 9 de la propuesta de la Comisión de 1997 sobre un convenio relativo a las normas de admisión de nacionales de terceros países en los Estados miembros ("Convenio").

Artículo 13:

La definición de "trabajador fronterizo" (letra (g) del artículo 2) se inspira tanto en el anexo de la "Resolución del empleo" como en el artículo 10 del "Convenio". Para proporcionar un marco flexible, que cubra todas las posibles situaciones, engloba a nacionales de terceros países que se desplazan diariamente de un país a otro en el interior de la UE para ir a trabajar. Esta disposición permite a los Estados miembros que- excepcionalmente- concedan permisos de trabajo sin un derecho de residencia. Esta opción aspira a proporcionar un elemento adicional de flexibilidad en la política de migración y refleja la situación legal actual en varios Estados miembros.

Artículo 14:

La definición de "trabajador destinado por su empresa a otro país" (letra h) del artículo 2) concuerda , aunque tratando de precisarla, con la definición detallada contenida en la lista de compromisos específicos de los Estados miembros de la UE en el AGCS. El compromiso de los Estados miembros de la UE en el AGCS de no exigir un "análisis de las necesidades económicas" para permitir la presencia temporal de un "trabajador destinado por su empresa a otro país", no se limita a una determinada duración de la estancia que puede - en circunstancias específicas - ser de varios años. Este artículo propone ampliar la situación de trabajador destinado por su empresa a otro país a las empresas de manufactura al igual que las de servicios y a empresas cuya sede principal se encuentra en la UE (los compromisos AGCS actuales se aplican sólo a empleados de empresas cuya sede principal está en un tercer país)

Según una nota a pie de página en la lista de los compromisos de la UE, "la duración de la "estancia temporal" se determina por el Estado miembro y, cuando existan, por el Derecho comunitario y los reglamentos relativos entrada, estancia y trabajo". El apartado 3 aspira a armonizar el techo máximo de la "estancia temporal" en 5 años. Una vez superado, puede ser prorrogado con arreglo al artículo 7 En virtud del apartado 2 del artículo 3 de esta propuesta, no se requiere un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" de conformidad con la presente Directiva para los trabajadores destinados por su empresa a otro país cuya estancia sea inferior a 3 meses.

Artículo 15:

La definición del "aprendiz" (letra (i) del artículo 2 ) y las normas aplicables a este grupo de personas ya se han adoptado a nivel comunitario y se basan en la "Resolución del empleo".

Artículo 16:

De conformidad con la "Resolución del empleo" ya se ha adoptado conceder un trato especial a las personas que realicen trabajos en el marco de programas de intercambios juveniles o de movilidad de jóvenes, incluidos los "au pairs". Una definición detallada de "au pair" se encuentra en el artículo 1 del Acuerdo europeo del Consejo de Europa sobre la colocación "au pair".

Capítulo III: Entrada y residencia con el fin de realizar actividades económicas por cuenta propia

Artículos 17 y 18:

Los procedimientos y condiciones de la concesión de un "permiso de residencia - trabajador por cuenta propia" son muy similares a las de la concesión de un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena". Cabe sin embargo resaltar las siguientes particularidades:

Se pone énfasis especial en que los solicitantes demuestren que sus medios financieros incluyen recursos propios (letra c del apartado 3 del artículo 18).

El elemento fundamental para evaluar el potencial efecto beneficioso de las actividades por cuenta propia previstas en casos individuales es la presentación de un plan de negocio detallado. Para que las autoridades competentes puedan comprobar un plan de negocio, los Estados miembros podrán recurrir a la asesoría de expertos exteriores y pedir a los solicitantes -si lo consideran apropiado- que sometan su plan de negocio a un análisis realizado por una empresa de expertos contables de reputación internacional. Los Estados miembros podrán publicar listas de empresas de contabilidad entre las cuales el solicitante puede elegir.

Artículo 19:

Por principio, un permiso para realizar actividades por cuenta propia ("permiso de residencia - trabajador por cuenta propia") se expedirá únicamente si la actividad del nacional de un tercer país repercute positivamente en el empleo o en el desarrollo económico del Estado miembro. Este principio refleja las normativas nacionales aplicables en la mayoría de los Estados Miembros.

Para que este principio sea operativo, los Estados miembros tienen la posibilidad de adoptar las disposiciones nacionales con arreglo a las cuales se considere que el cumplimiento de este efecto beneficioso se acepta para actividades profesionales específicas por cuenta propia en determinados sectores sin una evaluación caso por caso (evaluación generalizada positiva - por ejemplo crear ciertos tipos de empresas innovadoras). Los Estados miembros podrán también decidir adoptar disposiciones nacionales con arreglo a las cuales se considere que el cumplimiento de la condición anteriormente citada no se acepta en el caso de actividades profesionales específicas por cuenta propia en sectores determinados sin una evaluación caso por caso (evaluación generalizada negativa). Los Estados miembros podrán también decidir adoptar disposiciones nacionales con arreglo a las cuales se considere que el cumplimiento de la condición anteriormente citada se acepta en el caso de actividades profesionales específicas por cuenta propia en sectores determinados si el solicitante invierte una determinada cantidad mínima de dinero (umbral financiero).

Artículos 20 - 24:

Los procedimientos y condiciones de la concesión de un "permiso de residencia - trabajador por cuenta propia" son muy similares a las de la concesión de un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena".

Capítulo IV: Disposiciones horizontales

Artículo 25:

Este artículo establece que los Estados miembros son competentes para regular las tarifas que deberán abonar los solicitantes. Se sugiere que la cuantía de la tarifa corresponda a los costes reales incurridos por la administración nacional. Esto permitirá a los Estados miembros crear o mantener una política de tarifas flexible, incluyendo - si los Estados miembros lo consideran apropiado - renunciar a las mismas en el caso grupos específicos de personas y exigir tarifas especiales para determinados servicios (por ejemplo, tramitación acelerada de solicitudes).

Artículo 26:

Esta propuesta aspira a establecer un procedimiento armonizado de solicitudes según el cual se admita a los nacionales de terceros países para ejercitar actividades económicas en los Estados miembros de la UE si hay una necesidad económica de ellos o si puede esperarse un efecto beneficioso de sus actividades. La actual Directiva , sin embargo, no se propone establecer un derecho automático de los nacionales de terceros países a inmigrar, si se cumplen las condiciones mencionadas y los demás requisitos establecidos en los capítulos II o III. Actualmente, varios Estados miembros utilizan sistemas de cupos o techos para regular el acceso de ciudadanos de terceros países para realizar actividades económicas. Estas restricciones se aplican en adición a la evaluación referente a una necesidad económica o a un efecto beneficioso y se establecen teniendo en cuenta la capacidad global de acceso e de integración de ciudadanos de terceros países en su territorio o en regiones específicas del mismo. Este artículo reconoce este hecho y proporciona una opción para que los Estados miembros adopten medidas horizontales (por ejemplo, cupos nacionales; suspensión temporal de la expedición de permisos de residencia) para limitar la admisión de trabajadores de terceros países cuando los Estados miembros lo consideren necesario por las razones mencionadas anteriormente. En virtud el artículo 30, estas medidas nacionales deberán ser notificadas a la Comisión que, de conformidad con el artículo 211 del Tratado, podrá formular recomendaciones y emitir opiniones sobre las mismas si lo considera necesario. Estas normas serán también objeto de consideración en el método abierto de coordinación de la política de inmigración comunitaria.

Artículo 27:

Los Estados miembros podrán restringir la entrada y residencia de nacionales de terceros países por consideraciones de orden público, seguridad nacional y salud pública. Las consideraciones de orden público y seguridad nacional que puedan tomarse como base para rechazar la entrada deberán basarse en la conducta personal del nacional de un tercer país. Esto implica que las decisiones que limiten la entrada y residencia de ciudadanos de terceros países por consideraciones de orden público y de seguridad nacional deberán tomarse caso por caso, teniendo en cuenta la situación específica del individuo afectado y el principio de proporcionalidad. Aunque los Estados miembros tengan poderes discrecionales en relación con la salud pública, no se deberá penalizar nunca a nadie por sufrir una enfermedad después de la entrada. Las razones de la salud pública no podrán, por lo tanto, invocarse una vez que se haya expedido un permiso de residencia.

Artículo 28:

El Tratado CE permite que los Estados miembros reserven el acceso a ciertos puestos/ actividades a sus propios ciudadanos y excluyan a nacionales de otros Estados miembros: El apartado 4 del artículo 39 CE prevé que el principio de libre circulación de trabajadores no se aplique a "los empleos en la administración pública" y el apartado 1 del artículo 45 CE prevé que las disposiciones sobre el derecho de establecimiento no se aplicarán a las "actividades que en (dicho) Estado miembro estén relacionadas, aunque sólo sea de manera ocasional, con el ejercicio del poder público". Ambos términos han sido objeto de jurisprudencia del TJE que, esencialmente, ha restringido la posibilidad de utilizar esta derogación a aquellas actividades que implican el ejercicio de la autoridad pública y la responsabilidad para salvaguardar los intereses generales del Estado o de las instituciones. Este artículo recoge la redacción utilizada en el apartado 4 del artículo 39 y el apartado 1 del artículo 45 del Tratado y aplica el principio previamente mencionado a efectos de la presente Directiva.

Capítulo V: Procedimiento y transparencia

Los operadores económicos, y en especial (los futuros) empleadores de nacionales de terceros países tienen un interés legítimo en que se les informe y ponga al día sobre en qué circunstancias y con arreglo a qué procedimientos podrán contratar a nacionales de terceros países. También tienen un interés legítimo en que los procedimientos administrativos para obtener un permiso de trabajo se tramiten en un plazo razonable. Lo mismo se aplica a los nacionales de terceros países que desean incorporarse al mercado laboral de la UE. Si la UE (sus Estados miembros) considera que hay una necesidad o un interés económico en permitir a nacionales de terceros países que realicen actividades económicas en la UE, los solicitantes potencialmente cualificados no deberían ser disuadidos por el papeleo administrativo. Además, las instituciones europeas, los Estados miembros y el público tienen un interés legítimo en que se les informe y ponga al día sobre lo que están haciendo otros Estados miembros en este campo. Por estas razones, y con arreglo a la tradición europea del "Estado de Derecho", las normas comunitarias relativas al ejercicio de actividades por parte de nacionales de terceros países como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia deberán ser transparentes, garantizar la seguridad jurídica y también prever ciertas garantías procesales.

Artículo 29:

Este artículo obliga a los Estados miembros a garantizar que las decisiones individuales sobre una solicitud de un permiso de residencia con arreglo a la presente Directiva se adopten y se comuniquen al solicitante en el plazo de 180 días como máximo; que las decisiones negativas contengan una declaración razonada basada en criterios objetivos y comprobables y que, además, los solicitantes dispongan de recursos legales para oponerse a las decisiones negativas y que se les informe de los plazos para presentar dichos recursos. Partiendo de su especial naturaleza, este plazo se reduce a 45 días cuando la solicitud es para entrar en un Estado miembro como persona destinada por su propia empresa. También se establece un plazo de 45 para los aprendices y aquéllos que forman parte del sistema de intercambio juvenil.

Además del plazo de 180 (45) días, los Estados miembros harán público la duración media de tramitación de las solicitudes de permisos de conformidad con la presente Directiva e informarán a los solicitantes al respecto. Esta disposición tiene como finalidad permitir a los solicitantes y a los futuros empleadores hacer un cálculo realista del tiempo necesario para obtener un permiso y estimulará la competencia entre las administraciones de los Estados miembros.

Artículo 30:

Este artículo obliga Estados miembros, a que cuando adopten disposiciones nacionales horizontales de conformidad con la presente Directiva (por ejemplo, "programas carta verde" nacionales, análisis generalizados de actividades por cuenta propia, cupos nacionales de conformidad con el artículo 26), basen estas disposiciones en criterios establecidos en las disposiciones pertinentes de la Directiva e incluyan motivaciones razonadas basadas en criterios objetivos y comprobables. Además los Estados miembros deberán reconsiderar periódicamente estas medidas para verificar que siguen existiendo las condiciones económicas/sociales que justificaron las normativa nacionales Además las disposiciones nacionales se harán públicas antes de su entrada en vigor. Se presentarán a la Comisión Europea informes nacionales anuales. Estos informes periódicos serán una fuente importante de información que deberá considerarse en el método abierto de coordinación de la política de inmigración comunitaria.

Artículo 31:

Este artículo aumenta la transparencia al facilitar el acceso a la información: Los Estados miembros se asegurarán de que se ponga a disposición del público en general (por ejemplo mediante un sitio Internet) información exhaustiva y regularmente actualizada referente a las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países en su territorio con el fin de llevar a cabo actividades por cuenta ajena o por cuenta propia.

Capítulo VI - Disposiciones finales

Artículo 32:

Se introduce una disposición estándar de no discriminación. El texto se basa en el artículo 13 del Tratado y el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea Esta disposición se entiende sin perjuicio de las obligaciones derivadas de instrumentos internacionales tales como el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (artículo 14).

Artículo 33:

Este artículo es una disposición normal en Derecho comunitario, por la que se establecen sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias, Deja los Estados miembros la elección de las sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con la presente Directiva.

Artículo 34:

La Comisión deberá informar sobre la aplicación de la Directiva por los Estados miembros, de conformidad con su papel de supervisión de la aplicación de disposiciones adoptadas por las instituciones en virtud del Tratado. Teniendo en cuenta que la presente Directiva ofrece diversas opciones y modelos que deberán ser probados y aplicados por los Estados miembros y ser examinados en el mecanismo abierto de coordinación de la política de inmigración, es necesario un período de supervisión de cuatro años antes de presentar un informe.

Artículo 35:

Los Estados miembros están obligados a incorporar la presente Directiva en sus ordenamientos jurídicos antes del 1 de enero del 2004. Los Estados miembros informarán a la Comisión de los cambios realizados a su legislación, reglamentos o disposiciones administrativas. Deberán hacer una referencia a la Directiva al adoptar sus disposiciones.

Artículo 36:

Este artículo establece la fecha de entrada en vigor.

Artículo 37:

Los Estados miembros son los destinatarios de la presente Directiva

2001/0154 (CNS)

Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países por razones de trabajo por cuenta ajena y de actividades económicas por cuenta propia

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, la letra a) del punto 3) de su artículo 63,

Vista la propuesta de la Comisión [3],

[3] DO C [...] de [...], p. [...].

Visto el dictamen del Parlamento Europeo [4],

[4] DO C [...] de [...], p. [...].

Visto el dictamen del Comité Económico y Social [5],

[5] DO C [...] de [...], p. [...].

Visto el dictamen del Comité de las Regiones [6],

[6] DO C [...] de [...], p. [...].

Considerando lo siguiente:

(1) Con vistas al establecimiento progresivo de una zona de la libertad, seguridad y justicia, la letra (a) del punto 3) del artículo 63 del Tratado establece que el Consejo adoptará medidas sobre política de inmigración relativa a las condiciones de residencia, y normas sobre procedimientos de expedición por los Estados miembros de permisos de residencia.

(2) El Consejo Europeo, en su reunión especial en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, reconoció la necesidad de aproximar las legislaciones nacionales sobre las condiciones de admisión y residencia de nacionales de terceros países y pidió con este fin al Consejo que estableciera decisiones rápidas sobre la base de propuestas por la Comisión.

(3) La reglamentación de la inmigración con el fin de realizar actividades por cuenta ajena o por cuenta propia constituye la piedra angular de la política de inmigración, y el desarrollo de una política de inmigración comunitaria coherente no puede tener éxito sin abordar específicamente de este problema a nivel comunitario.

(4) Todos los Estados miembros han regulado el acceso de nacionales de terceros países al mercado de trabajo con normas administrativas nacionales detalladas. Si ello se revela eficaz, procederá adoptar progresivamente una política comunitaria. Un primer paso debe ser establecer definiciones, criterios y procedimientos comunes, que constituyan un marco legal común a la discreción de Estados miembros.

(5) Las normas comunitarias recientemente establecidas deben basarse en los conceptos que se han aplicado ya con éxito en los Estados miembros.

(6) En un mercado laboral cada vez más global y enfrentado a la escasez de personal cualificado en ciertos sectores del mercado laboral, la Comunidad debe aumentar su competitividad para, en caso de necesidad, poder contratar y atraer a trabajadores de terceros países. Esto debe facilitarse simplificando y facilitando el acceso a información importante. Procede adoptar normas transparentes y armonizadas relativas a las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países para ejercitar actividades económicas, y sus derechos.

(7) El establecimiento de un único procedimiento nacional de solicitud que conduzca, en un solo acto administrativo, a la concesión de un título combinado de residencia y permiso de trabajo, debe contribuir a simplificar y armonizar las divergentes normas actualmente aplicables en los Estados miembros.

(8) El criterio principal de admisión a nacionales de terceros países para realizar actividades por cuenta ajena debe ser probar que no puede cubrirse un puesto por medio del mercado laboral nacional. El criterio principal para admitir a nacionales de terceros países para realizar actividades por cuenta propia debe ser probar la existencia de un valor añadido para el empleo o el desarrollo económico o cultural del Estado miembro anfitrión.

(9) El cumplimiento de estas condiciones se puede comprobar de diversas maneras mediante análisis, caso por caso u horizontales, capaces de proporcionar un marco flexible que permita a todas las partes interesadas, incluidos los Estados miembros, reaccionar con flexibilidad a circunstancias económicas y demográficas cambiantes.

(10) Debe permitirse que los Estados miembros apliquen medidas horizontales, como techos o cupos, que limiten la admisión de nacionales de terceros países.

(11) Cuando los Estados miembros adopten disposiciones nacionales de conformidad con la presente Directiva, deben cumplir con ciertos requisitos de procedimiento y de transparencia y, en especial, con la obligación de notificar sus disposiciones a la Comisión, a fin de permitir un intercambio de impresiones, posteriores análisis y una acción complementaria en el contexto de un mecanismo abierto de coordinación de la política de inmigración comunitaria.

(12) Los Estados miembros deben determinar las normas relativas a las sanciones que deban aplicarse en los supuestos de infracción de las disposiciones de la presente Directiva, y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Estas sanciones deben tener un carácter efectivo, proporcionado y disuasorio.

(13) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.

(14) Con arreglo al principio de subsidiariedad y al principio de proporcionalidad contemplados en el artículo 5 del Tratado, los objetivos de la acción prevista, a saber, el establecimiento de un marco legal armonizado en el ámbito comunitario, relativo a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para realizar actividades por cuenta ajena o por cuenta propia, así como de los procedimientos de expedición por los Estados miembros de los permisos pertinentes, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción, a nivel comunitario. La presente Directiva se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar dichos objetivos y no excede de lo necesario a tal fin.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Capítulo I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

El objeto de la presente Directiva es:

a) establecer las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países por razones de empleo por cuenta ajena y de actividades económicas por cuenta propia, y

b) establecer las normas relativas a los procedimientos de expedición por los Estados miembros a nacionales de terceros países, de permisos de entrada y residencia en su territorio y para realizar actividades por cuenta ajena o por cuenta propia.

Artículo 2

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) "nacional de tercer país", cualquier persona que no sea ciudadano de la Unión a efectos del apartado 1 del artículo 17 del Tratado;

b) "actividad como trabajador por cuenta ajena", cualquier tipo de actividad económica remunerada realizada para y bajo la dirección de otra persona;

c) "actividad como trabajador por cuenta propia", cualquier tipo de actividad económica remunerada que no se realice para y bajo la dirección de otra persona;

d) "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena", permiso o autorización expedida por las autoridades de un Estado miembro que permita a un nacional de un tercer país entrar y residir en su territorio y ejercer actividades por cuenta ajena;

e) "permiso de residencia - trabajador por cuenta propia", permiso o autorización expedida por las autoridades de un Estado miembro que permita a un nacional de un tercer país entrar y residir en su territorio y ejercer actividades por cuenta propia;

f) 'temporeros', los nacionales de terceros países que mantengan su domicilio legal en un tercer país, pero estén empleados en el territorio de un Estado miembro en un sector de actividad sometido al ritmo de las estaciones, con arreglo a un contrato a plazo fijo para un trabajo específico;

g) "trabajadores fronterizos", los nacionales de terceros países residentes en la zona fronteriza de un Estado limítrofe que estén empleados en dicha zona de un Estado miembro vecino y que regresen a la zona fronteriza del Estado de residencia todos los días o por lo menos una vez por semana;

h) "trabajadores destinados por su empresa a otro país", los nacionales de terceros países que trabajen para una única entidad jurídica y estén destinados temporalmente a la sede principal de la empresa o a un establecimiento de la misma en el territorio de un Estado miembro, siempre que hayan trabajado para dicha entidad jurídica por lo menos durante el periodo de doce meses anteriores al traslado;

i) "aprendices", los nacionales de terceros países cuya presencia en el territorio de un Estado miembro esté estrictamente limitada en el tiempo, y conectada directamente con el perfeccionamiento de su formación y cualificaciones profesionales elegidas antes de regresar a su propio país para proseguir su carrera.

Artículo 3

1. Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán a los nacionales de terceros países, excepto cuando haya disposiciones más favorables con arreglo a:

a) acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados entre la Comunidad, o la Comunidad y sus Estados miembros, por una parte, y terceros países por otra parte;

b) acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados entre uno o más Estados miembros y terceros países.

2. Las disposiciones de la presente Directiva no se aplicarán al ejercicio de las actividades directamente ligadas al suministro de mercancías o servicios de terceros países a la Comunidad, si los nacionales de terceros país que las realizan no permanecen durante más de tres meses en la Comunidad.

3. Las disposiciones de la presente Directiva no se aplicarán a:

a) nacionales de terceros países establecidos dentro de la Comunidad, y destinados a otro Estado miembro para la prestación de servicios transfronterizos, o que presten servicios transfronterizos;

b) nacionales de terceros países que residan en un Estado miembro como solicitantes de asilo, bajo formas subsidiarias de protección o bajo sistemas temporales de protección;

c) nacionales de terceros países en situación irregular, cuya deportación se haya suspendido por motivos de hecho o de Derecho;

d) nacionales de terceros países que sean familiares de ciudadanos de la Unión que hayan ejercido el derecho a la libre circulación en el seno de la Comunidad;

e) nacionales de terceros países que residan en un Estado miembro con arreglo a las normas de reagrupación familiar.

4. En ausencia de normas comunitarias específicas, los Estados miembros podrán mantener o introducir normas más favorables respecto a las siguientes categorías de personas:

a) investigadores y especialistas universitarios;

b) sacerdotes y miembros de órdenes religiosas;

c) deportistas profesionales;

d) artistas;

e) periodistas;

f) representantes de organizaciones sin ánimo de lucro.

Capítulo II Entrada y residencia para realizar un trabajo por cuenta ajena

Sección 1 Normas generales

Artículo 4

1. Los Estados miembros sólo autorizarán a los nacionales de terceros países a entrar y residir en su territorio con objeto de realizar actividades por cuenta ajena, cuando las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate hayan expedido un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" de conformidad con la presente Directiva.

2. El "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" será únicamente expedido si, una vez verificados los datos y documentos, se determina que el solicitante reúne los requisitos para obtener un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" de conformidad con los artículos 5 y 6, y con sujeción a cualquier limitación que el Estado miembro imponga con arreglo a los artículos 26, 27 y 28.

3. Al tramitar la solicitud, las autoridades competentes respetarán las garantías procesales previstas en el artículo 29.

Artículo 5

1. Con objeto de obtener un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena", el nacional de un tercer país que desee realizar actividades por cuenta ajena en un Estado miembro lo solicitará a la autoridad competente del respectivo Estado miembro . El futuro empleador de un nacional de un tercer país tendrá el derecho de presentar una solicitud en nombre del nacional solicitante de un tercer país.

2. Las solicitudes para obtener un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" se presentarán en la representación del respectivo Estado miembro en el país donde resida legalmente el solicitante o directamente en el territorio del Estado miembro de que se trate, si el solicitante reside ya o se encuentra legalmente en el territorio del mismo.

3. La solicitud irá acompañada de los siguientes datos y documentos:

a) nombre y dirección del solicitante y del empleador;

b) un contrato de trabajo válido o una oferta en firme de trabajo en el Estado miembro respectivo que cubra los términos del permiso de residencia que se solicite;

c) descripción de las actividades previstas como trabajador por cuenta ajena en el respectivo Estado miembro;

d) prueba suficiente de que los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 6 se cumplen con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 a 5 del mismo;

e) cuando lo requiera el Estado miembro afectado, un certificado o una prueba de buena conducta y antecedentes y un certificado médico;

f) pasaporte en vigor o documentos de viaje equivalentes y, si procede, prueba del título válido de residencia;

g) documentos que prueben las cualificaciones necesarias para realizar las actividades previstas, y la prueba de que se cumplen todas las condiciones aplicables a los ciudadanos del respectivo Estado miembro para el ejercicio de la pertinente actividad como trabajador por cuenta ajena;

h) prueba de que el solicitante dispone de recursos suficientes para mantenerse a sí mismo y a los miembros de su familia sin necesidad de depender de los servicios asistenciales del Estado miembro de acogida durante la duración de su estancia, y de tener concertado un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en dicho Estado; estos recursos se reputarán suficientes cuando igualen o superen el umbral por debajo del cual el Estado miembro de acogida deba prestar asistencia a sus nacionales; cuando no sea aplicable este criterio, los recursos del solicitante se considerarán suficientes cuando no sean inferiores al nivel de subsidio mínimo de seguridad social pagado por el Estado miembro de acogida;

i) prueba del pago de las tarifas por tramitar la solicitud.

4. Los nacionales de un tercer país que hayan residido legalmente en un Estado miembro y que en los anteriores cinco años hayan ejercido actividades económicas por cuenta ajena durante más de tres años no deberán proporcionar las pruebas del cumplimiento del requisito establecido en el apartado 1 del artículo 6 cuando presenten una solicitud de "permiso de residencia- trabajador por cuenta ajena" en ese Estado miembro.

Artículo 6

1. Cuando se presente una solicitud de conformidad con el artículo 5 deberá demostrarse que no puede cubrirse a corto plazo un puesto de trabajo vacante en el Estado miembro por alguna de las siguientes categorías:

a) ciudadanos de la Unión;

b) nacionales de terceros países que sean familiares de ciudadanos de la Unión que hayan ejercido el derecho a la libre circulación en el seno de la Comunidad;

c) nacionales de terceros países que disfruten ya del total acceso al respectivo mercado laboral nacional con arreglo los acuerdos contemplados en el apartado 1 del artículo 3;

d) nacionales de terceros países que disfruten ya del acceso al respectivo mercado laboral nacional con arreglo a la legislación nacional existente o a la legislación comunitaria;

e) nacionales de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro y que ejerzan o hayan ejercido legalmente actividades por cuenta ajena en ese Estado miembro durante más de tres años;

f) nacionales de terceros países que hayan residido legalmente y ejercido legalmente actividades por cuenta ajena en ese Estado miembro durante más de tres años dentro de los últimos cinco años.

2. Se considerará que se cumple el requisito establecido en el apartado 1 cuando una vacante específica de trabajo se publique en los servicios de empleo de varios Estados miembros durante como mínimo cuatro semanas, y, en particular, cuando proceda, mediante la red europea de los servicios del empleo (EURES), establecida por Decisión 93 /569/CEE de la Comisión [7], sin que se haya recibido una solicitud aceptable de trabajo de personas enumeradas en el apartado 1 o de nacionales de los países que hayan iniciado negociaciones de adhesión. La oferta de trabajo publicada deberá contener requisitos realistas, razonables y proporcionados para el puesto ofrecido. Las autoridades competentes comprobarán y examinarán minuciosamente esto al examinar una solicitud de permiso residencia presentada de conformidad con el artículo 5.

[7] DO L 274 de 6.11.1993, p. 32.

3. Los Estados miembros podrán adoptar disposiciones nacionales con arreglo a las cuales se considere que se cumple el requisito establecido en el apartado 1 para un número determinado de puestos de trabajo, en un sector específico, durante un periodo de tiempo limitado y, en su caso, en una región concreta, sin necesidad de un examen caso por caso. Las normas nacionales deberán contener de forma precisa los criterios por los cuales se establezca la clasificación de las solicitudes cuando éstas superen el número de empleos publicados. Los Estados miembros tomarán en consideración en primer lugar las solicitudes de los nacionales de los países con los que se hayan iniciado negociaciones de adhesión.

4. Los Estados miembros podrán adoptar disposiciones nacionales con arreglo a las cuales se considere que se cumple el requisito establecido en el apartado 1 si los ingresos anuales ofrecidos a un nacional de un tercer país exceden de un umbral determinado.

5. Los Estados miembros podrán adoptar disposiciones nacionales con arreglo a las cuales se considere que se cumple el requisito establecido en el apartado 1 respecto a un determinado nacional de un tercer país, si su futuro empleador ha pagado una cantidad determinada de dinero a las autoridades competentes. El dinero recibido del empleador deberá emplearse en medidas que promuevan la integración de ciudadanos de terceros países o en formación profesional.

Artículo 7

1. Un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" se expedirá por un período de validez previamente establecido. El "permiso de residencia- trabajador por cuenta ajena" inicial será válido por un máximo de tres años a determinar de conformidad con la legislación nacional. Será renovable durante períodos que no superen los tres años, a determinar de conformidad con la legislación nacional, previa solicitud de su titular tres meses antes de la fecha de vencimiento como mínimo y una vez examinado por la autoridad competente un expediente que deberá contener información actualizada sobre los elementos enumerados en el apartado 3 del artículo 5, y, en especial, información detallada sobre las actividades realizadas por cuenta ajena.

2. Los solicitantes de renovación que hayan tenido un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" en el Estado miembro de que se trate durante más de tres años no deberán proporcionar las pruebas del cumplimiento del requisito establecido en el apartado 1 del artículo 6.

Artículo 8

Un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" estará restringido inicialmente a actividades o ámbitos profesionales específicos. Igualmente será posible limitarlo a realizar actividades por cuenta ajena en una región determinada. Al cabo de tres años no estará sujeto a estas restricciones.

Artículo 9

1. Una vez expedido un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena", su titular deberá notificar a las autoridades competentes cualquier cambio en la información suministrada de conformidad con el apartado 3 del artículo 5. Los cambios que afecten a las letras b) y c) de dicho apartado tendrán que ser aprobados por la autoridad competente del Estado miembro afectado.

2. Durante el periodo de validez de un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena", las autoridades competentes no considerarán los cambios relativos a la letra d) del apartado 3 del artículo 5.

Artículo 10

1. Las autoridades competentes anularán un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" que haya sido obtenido fraudulentamente.

2. Las autoridades competentes podrán suspender o anular un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" cuando los datos que apoyen la solicitud, previstos en el artículo 5, sean incorrectos o no se hayan modificado de conformidad con el artículo 9. Las autoridades competentes podrán asimismo suspender o anular un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" cuando tal medida sea considerada necesaria por razones de orden público o de seguridad nacional por el Estado miembro afectado, de conformidad con el artículo 27.

3. El desempleo en sí mismo no constituirá razón suficiente para anular un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" a menos que el período de desempleo sea superior a:

a) tres meses en un período de doce meses en el caso de los titulares de un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" que legalmente hayan realizado actividades por cuenta ajena o por cuenta propia en el respectivo Estado miembro durante menos de dos años;

b) seis meses en un período de doce meses en el caso de los titulares de un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" que legalmente hayan realizado actividades por cuenta ajena o por cuenta propia en el respectivo Estado miembro durante dos años o más.

Artículo 11

1. Durante el periodo de su validez, un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" dará derecho a su titular como mínimo a:

a) entrar en el territorio del Estado miembro que haya expedido el "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena";

b) regresar al territorio del Estado miembro que haya expedido el "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" tras una ausencia temporal;

c) atravesar otros Estados miembros para ejercitar los derechos mencionados en las letras a) y b);

d) residir en el Estado miembro que haya expedido el "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena";

e) ejercer las actividades autorizadas en el "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena";

f) disfrutar de igualdad de trato respecto a los ciudadanos de la Unión por lo menos en cuanto a:

i) condiciones de trabajo, incluidas las condiciones relativas a despidos y a remuneración;

ii) acceso a la formación profesional necesaria para el ejercicio de las actividades autorizadas en el permiso de residencia;

iii) reconocimiento de diplomas, certificados y otras titulaciones expedidos por una autoridad competente;

iv) seguridad social, incluida la atención sanitaria;

v) acceso a bienes y servicios y el suministro de bienes y servicios puestos a disposición del público, incluida la vivienda pública;

vi) libertad de asociación y afiliación y pertenencia a una organización que represente a trabajadores o a empleadores o a cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión determinada, incluidos los beneficios procurados por tales organizaciones.

2. Los Estados miembros podrán restringir los derechos conferidos en el inciso ii) de la letra f) del apartado 1 a los nacionales de terceros países que hayan residido en su territorio o tengan derecho a hacerlo durante al menos un año.

Los Estados miembros podrán restringir los derechos conferidos en el inciso v)de la letra f) del apartado 1 respecto a la vivienda pública a los nacionales de terceros países que hayan residido o que tengan el derecho a hacerlo en su territorio durante cómo mínimo tres años.

3. Después del vencimiento de un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" y tras el retorno a un tercer país, los antiguos titulares de un "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena" tendrán derecho a solicitar y obtener el reembolso de las contribuciones hechas por ellos y por sus empleadores a los regímenes de pensiones públicos durante el periodo de validez del "permiso de residencia - trabajador por cuenta ajena", siempre que:

a) el solicitante residente en un tercer país no pueda obtener el pago de una pensión del Estado miembro, con arreglo al Derecho nacional o a los acuerdos enumerados en el apartado 1 del artículo 3;

b) el solicitante no pueda transferir, con arreglo al Derecho nacional o a los acuerdos enumerados en el apartado 1 del artículo 3, sus derechos de pensión a un régimen del tercer país en que resida;

c) el solicitante declare formalmente que renuncia a todos los derechos adquiridos con arreglo al régimen de pensión nacional de que se trate;

d) la solicitud se presente desde un tercer país.

Sección 2 Disposiciones aplicables a categorías específicas

Artículo 12

1. Los trabajadores temporeros podrán obtener un "permiso de residencia - trabajador temporero" por un máximo de seis meses por año natural, después del cual deberán regresar a un tercer país.

Las disposiciones de la Sección 1 serán aplicables, "mutatis mutandis", a tal permiso.

Un "permiso de residencia - trabajador temporero" no podrá ser prolongado por un período total que exceda una duración de seis meses. Los Estados miembros podrán expedir hasta cinco "permisos de residencia - trabajador temporero" que cubran hasta cinco años sucesivos en un acto administrativo único ("permiso de residencia plurianual - trabajador temporero").

2. Los Estados miembros podrán pedir a los solicitantes o a su futuro empleador que constituyan una garantía, que será liberada cuando el temporero regrese a un tercer país.

Artículo 13

Podrá concederse a los trabajadores fronterizos un "permiso - trabajador fronterizo".

Las disposiciones de la Sección 1 serán aplicables, "mutatis mutandis", a tal permiso, con excepción de lo previsto en la letra d) del apartado 1 del artículo 11.

Artículo 14

1. Podrá concederse a los trabajadores destinados por su empresa a otro país un "permiso - trabajador destinado por su empresa a otro país".

Las disposiciones de la Sección 1 serán aplicables, "mutatis mutandis", a tal permiso. No obstante, los solicitantes de un "permiso - trabajador destinado por su empresa a otro país" no deberán probar el cumplimiento del requisito previsto en el apartado 1 del artículo 6. Por contra, deberán probar que cumplen los criterios establecidos en el apartado 2 del presente artículo.

2. Los trabajadores destinados por su empresa a otro país deberán ser:

a) "personal clave" que trabaje como directivo o con capacidad ejecutiva en la entidad jurídica, dependiendo en cuanto a supervisión o instrucciones principalmente de la junta directiva o de los accionistas de la empresa o su equivalente; sus funciones podrán incluir: dirección de un establecimiento o de uno de sus departamentos o subdivisiones; supervisión y control del trabajo de otros empleados supervisores, profesionales o directivos; y autoridad para por sí mismo contratar y despedir o recomendar la contratación, despido u otras acciones respecto al personal; o

b) "especialistas" que posean conocimientos fuera de lo común esenciales para el servicio del establecimiento, equipo de investigación, técnicas o gestión; para evaluar tal conocimiento, habrá que tener en cuenta no sólo el conocimiento propio al establecimiento, sino también si la persona tiene un alto nivel de titulación referida a un tipo de trabajo o comercio que requiera un conocimiento técnico específico.

3. El periodo inicial de validez de un "permiso de residencia - trabajadores destinados por su empresa a otro país" será igual a la duración solicitada, con sujeción a un periodo máximo de validez de cinco años.

Artículo 15

1. Podrá concederse a los aprendices un "permiso de residencia - aprendiz".

Las disposiciones de la Sección 1 serán aplicables, "mutatis mutandis", a tal permiso. No obstante, los solicitantes de un "permiso de residencia - aprendiz" no deberán probar el cumplimiento del requisito previsto en el apartado 1 del artículo 6. Por contra, los solicitantes deberán demostrar que la actividad prevista está estrictamente limitada en su duración y conectada íntimamente con el incremento de su formación y conocimientos.

2. La validez total de un "permiso de residencia - aprendiz" no será superior a un año. Este período podrá ampliarse exclusivamente por el tiempo necesario para obtener un título profesional reconocido por el respectivo Estado miembro en el ámbito de la actividad del aprendiz.

Artículo 16

1. Los nacionales de terceros países que realicen actividades por cuenta ajena en el marco de programas de intercambios juveniles o de movilidad de jóvenes, incluidos los "au pairs" podrán obtener un "permiso de residencia - intercambio juvenil/au pair".

Serán aplicables a tal permiso, "mutatis mutandis", las disposiciones de la Sección 1. No obstante, los solicitantes de un "permiso de residencia - intercambio juvenil/au pair" no deberán probar el cumplimiento del requisito previsto en el apartado 1 del artículo 6. Por contra, los solicitantes deberán demostrar que la actividad prevista está estrictamente limitada en la duración y conectada con un intercambio juvenil o un sistema de movilidad de la juventud, reconocido oficialmente por el Estado miembro afectado.

2. La validez total de un "permiso de residencia - intercambio juvenil/au pair" no será superior a un año. Este período podrá ampliarse excepcionalmente si un intercambio juvenil o un sistema de movilidad de la juventud reconocido oficialmente por un Estado miembro prevé esa posibilidad.

3. Los Estados miembros podrán pedir a los solicitantes o a su futuro empleador que constituyan una garantía, que será liberada cuando regresen a un tercer país.

Capítulo III Entrada y residencia para realizar actividades por cuenta propia

Artículo 17

1. Los Estados miembros sólo autorizarán a los nacionales de terceros países a entrar y residir en su territorio para ejercer actividades por cuenta propia cuando las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate hayan expedido un "permiso de residencia - trabajador por cuenta propia" de conformidad con la presente Directiva.

2. El "permiso de residencia - trabajador por cuenta propia" será expedido si, una vez verificados los datos y documentos, se determina que el solicitante reúne los requisitos para obtener un "permiso de residencia - trabajador por cuenta propia" de conformidad con los artículos 18 y 19, y con sujeción a cualquier limitación que el Estado miembro imponga con arreglo a los artículos 26, 27 y 28.

3. Al tramitar la solicitud, las autoridades competentes respetarán las garantías procesales previstas en el artículo 29.

Artículo 18

1. Con objeto de obtener un "permiso de residencia - trabajador por cuenta propia", el nacional de un tercer país que desee ejercer actividades por cuenta propia en un Estado miembro lo solicitará a la autoridad competente del Estado miembro de que se trate.

2. Las solicitudes de "permiso de residencia - trabajador por cuenta propia" se presentarán en la representación del respectivo Estado miembro en el país donde resida legalmente el solicitante o directamente en el territorio del Estado miembro de que se trate, si el solicitante reside ya o se encuentra legalmente en el territorio del mismo.

3. La solicitud irá acompañada de los siguientes datos y documentos:

a) nombre y dirección del solicitante y lugar del ejercicio de las actividades previstas como trabajador por cuenta propia;

b) plan de negocio detallado que cubra el periodo para el cual se solicite un "permiso de residencia - trabajador por cuenta propia";

c) pruebas de tener suficientes medios financieros, incluidos recursos personales, de conformidad con el plan de negocio y, si procede, prueba de la inversión de la cantidad mínima requerida, incluidas garantías financieras;

d) pruebas suficientes del cumplimiento del requisito establecido en el apartado 1 del artículo 19;

e) cuando lo requiera un Estado miembro, un certificado o una prueba de buena conducta y antecedentes y un certificado médico;

f) pasaporte en vigor o documentos de viaje equivalentes y, si procede, prueba del título válido de residencia;

g) documentos que prueben las aptitudes necesarias para realizar las actividades previstas, y la prueba de que se cumplen todas las condiciones aplicables a los nacionales del respectivo Estado miembro para el ejercicio de la pertinente actividad como trabajador por cuenta propia;

h) prueba de que el solicitante dispone de recursos suficientes para mantenerse a sí mismo y a los miembros de su familia sin necesidad de depender de los servicios asistenciales del Estado miembro de acogida durante la duración de su estancia y de tener concertado un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en dicho Estado; estos recursos se reputarán suficientes cuando igualen o superen el umbral por debajo del cual el Estado miembro de acogida deberá prestar asistencia a sus nacionales; cuando no sea aplicable este criterio, los recursos del solicitante se considerarán suficientes cuando no sean inferiores al nivel de subsidio mínimo de seguridad social pagado por el Estado miembro de acogida;

i) prueba del pago de las tarifas para tramitar la solicitud.

4. Los nacionales de un tercer país que hayan residido legalmente en un Estado miembro y que en los anteriores cinco años hayan ejercido actividades como trabajador por cuenta propia durante más de tres años no deberán proporcionar las pruebas del cumplimiento del requisito establecido en el apartado 1 del artículo 19 cuando presenten una solicitud de "permiso de residencia- trabajador por cuenta propia" en ese Estado miembro.

Artículo 19

1. Al presentar una solicitud de conformidad con el artículo 18 se deberá demostrar que la prevista actividad por cuenta propia creará un oportunidad de empleo para el solicitante y repercutirá positivamente en el empleo o en el desarrollo económico del respectivo Estado miembro.

2. Los Estados miembros podrán adoptar disposiciones nacionales con arreglo a las cuales se considere que se