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4.5

El tercer ámbito en el que la Comisión se refiere específicamente al papel y la participación de los agentes e interlocutores sociales es el de los salarios. A este respecto, con arreglo a la terminología de la Comisión, los interlocutores sociales deben ser «consultados» en el marco de la reforma del sistema de fijación de los salarios. El Comité desea llamar la atención de la Comisión sobre el hecho de que los salarios y la negociación salarial, así como los sistemas de fijación de los salarios, en muchos países son una competencia autónoma de los interlocutores sociales, que negocian y celebran convenios colectivos en estos ámbitos. Dado que el papel de los interlocutores sociales consiste en negociar de manera autónoma, no puede circunscribirse a una mera competencia consultiva. De hecho, los artículos 152 y 153-5 del Tratado de la UE confirman la autonomía de los interlocutores sociales y de la concertación social. Dichas disposiciones establecen, en particular, que la UE debe respetar los sistemas nacionales de relaciones laborales. En este contexto, «consultar» a los interlocutores sociales, por ejemplo, en cuanto a la reforma de un mecanismo de indización, resulta ampliamente insuficiente o, incluso, inadecuado. Al menos, tal es el caso cuando, en el modelo nacional de concertación social en cuestión, los propios interlocutores sociales han negociado y fijado dichos mecanismos de indización mediante convenios colectivos. En cuanto al fondo de esta cuestión, el Comité se pregunta si la Comisión no atribuye demasiada importancia a la función de los ajustes salariales a la baja. Del análisis pormenorizado de las recomendaciones por país que figuran como anexo a la Comunicación se desprende que la Comisión dirige una recomendación en materia salarial a diecisiete Estados miembros. En dieciséis casos, la Comisión propone debilitar la dinámica salarial, ya sea mediante una reforma de la indización, la limitación de los salarios mínimos, la descentralización de las negociaciones salariales o el aumento de la flexibilidad para los salarios más bajos. No obstante, los desequilibrios que caracterizan la unión monetaria europea son principalmente de carácter estructural y están relacionados fundamentalmente con el hecho de que la globalización tiene efectos diferentes en los distintos miembros de la unión monetaria [Nota: Referencia al documento de trabajo del FMI External Imbalances in the Euro Area («Desequilibrios exteriores en la eurozona») WP/12/136 de 2012]. Sigue siendo un hecho que la competitividad con los países de salarios bajos no se puede alcanzar reduciendo los salarios.
4.9

Asimismo, conviene evaluar los problemas que plantea la creación de un sistema complejo a nivel europeo, en particular en cuanto a los aspectos sociales, técnicos y prácticos. En la actualidad existen ya diferentes tipos de certificación de marca social en diferentes sentidos, y la mayoría de ellos han contribuido a mejorar la visibilidad de las cuestiones sociales en la empresa, y por tanto las condiciones en este sentido (13). En consonancia con la propuesta de la Comisión de Empleo debe examinarse en particular la Norma ISO 26000 (14), ya que cubre la mayoría de los criterios a que hace referencia la propuesta y muchas empresas ya la han adoptado. Además hay ya toda una serie de normas internacionales bien establecidas (15). Por este motivo, el proyecto piloto debe evaluar el valor de crear un nuevo sistema de marca social y considerar si no sería preferible dar a conocer los sistemas existentes y animar a las empresas a utilizarlos, además de reforzarlos, por ejemplo, con indicadores de mejora.
1.3

En su última Comunicación, la Comisión propone transformar las iniciativas de la UE sobre I+D en una estrategia basada en tres pilares. Propone respaldar así no solo la I+D sino también cadenas de producción piloto para desarrollar prototipos y esquemas de fabricación avanzada para convertir las tecnologías en productos. En este contexto, el CESE formula dos recomendaciones. La primera es que centrarse en los dos nuevos pilares de la Estrategia no debería reducir ni la calidad ni el volumen de la I+D europea. En efecto, la investigación y, en particular, la investigación básica es el caldo de cultivo necesario para que pueden surgir las futuras TFE. La segunda es que este esquema, que parece basarse en la penetración de las nuevas tecnologías en el mercado, debería completarse mediante el tirón del mercado originado por los fabricantes establecidos. Por consiguiente, el CESE aspira a que se haga mayor hincapié en reforzar la capacidad de las empresas productoras europeas.
3.9

El CESE muestra su preocupación por el hecho de que las entidades no reguladas ni supervisadas soliciten acceso a la información sensible sobre las cuentas. Además, las obligaciones y responsabilidades de los operadores que intervienen no se reflejan adecuadamente en el marco jurídico europeo y pueden tener consecuencias inesperadas para los consumidores en caso de utilización indebida o fraudulenta de los datos. El acceso no bancario a la información sobre la disponibilidad de fondos en las cuentas debería analizarse con cautela, teniendo en cuenta aspectos como la seguridad, la protección de los datos personales, los derechos del consumidor, la competencia y la compensación a los emisores de las cuentas.
3.5

El cambio del proceso se destacó por primera vez en el propio documento sobre la Estrategia Europa 2020, que indicó claramente que «necesitamos una mayor asunción» y que, con tal fin, «también debe incrementarse la contribución de los interesados a nivel nacional y regional y de los interlocutores sociales». Se formuló un compromiso específico de que tanto el CESE como el Comité de las Regiones debían participar de forma más estrecha. Esta necesidad de procesos participativos se ha repetido en varias ocasiones, sobre todo en las conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2010 y en la Guidance for drafting, implementing and monitoring National Reform Programmes under the Europe 2020 Strategy (Orientaciones para redactar, aplicar y supervisar los programas nacionales de reforma en el marco de la Estrategia Europa 2020), elaborada por la Comisión Europea, donde se reitera que será importante la estrecha participación de los parlamentos nacionales, interlocutores sociales, regiones y demás partes interesadas en la preparación de los programas nacionales de reforma, con el fin de incrementar la asunción de la Estrategia.
2.2

No obstante, las orientaciones de 1996, tal como se modifican ahora, no permiten constituir una red coherente. Esto es así, en particular, en lo relativo a los proyectos prioritarios, cuyo propósito es buscar soluciones para puntos específicos de la red donde se plantean problemas de capacidad o de conectividad.
4.5

El instrumento financiero decidido por la Comisión puede resolver un problema que hasta ahora ha limitado las posibilidades de una infraestructura sólida. La utilización únicamente de los Fondos Estructurales y del programa «Competitividad e Innovación» para infraestructuras de servicios digitales y sólo para proyectos piloto no constituiría una masa crítica suficiente para una difusión significativa de los servicios digitales. En la actualidad, las inversiones en banda ancha son insuficientes en muchas regiones debido a la falta de competencia y al alto riesgo del mercado, los servicios públicos no están bien desarrollados y no son interoperables por la fragmentación de las soluciones técnicas adoptadas. Si se continúa por este camino no se alcanzará un verdadero mercado único digital y muchos ciudadanos europeos quedarán excluidos.
2.3

Hay un amplio consenso en que fijar un precio para el carbono a un nivel adecuado y aceptado por todos es fundamental para el éxito de la política sobre el cambio climático (William D. Nordhaus, Economic Issues in Designing a Global Agreement on Global Warming). Si el precio del carbono no se fija a un nivel adecuado y no es aceptado por todos, no puede tener un efecto incentivador. Se necesita un marco regulador realista: los mecanismos incentivadores deben tener resultados en la práctica, a fin de garantizar la eficacia de las decisiones políticas. Por este motivo, el CESE pide a la Comisión Europea que presente opciones para reforzar el RCDE de la UE, y medidas coherentes en los sectores no sujetos a este régimen.
4.5

Con respecto al desempleo, a primera vista la situación de las personas mayores no parece más dramática que la del promedio de la población. Así, por ejemplo, la tasa de desempleo entre las personas de más edad es, en la UE y en muchos países, un poco más baja que la tasa general. Pero esto es solo la otra cara de la moneda de la alarmante tasa de desempleo juvenil. No obstante, cabe señalar que estas cifras también se explican por el hecho de que muchas personas mayores no activas, pero en condiciones de trabajar, no están registradas como desempleadas, sino que se hallan «aparcadas» en «sistemas de acogida».
3.1

A nivel internacional, la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible ha sido responsable de supervisar el progreso en materia de desarrollo sostenible en el mundo durante los últimos diecinueve años. No obstante, en su forma actual la referida Comisión ya no resulta productiva. Ha sabido analizar adecuadamente algunos problemas, pero no ha sido capaz de avanzar mediante actuaciones significativas. Es preciso establecer una estructura más poderosa enmarcada en el sistema de las Naciones Unidas para afrontar con mayor eficacia el grave problema de la sostenibilidad global.
1.4

Para no seguir dependiendo de un enfoque aplicado exclusivamente caso por caso, ya sea legislativo o contencioso, resulta lógico respaldar el propósito de la Comisión de clarificar la distinción entre los servicios de interés económico general (SIEG) y los servicios no económicos de interés general (SNEIG). El CESE sigue convencido de que, habida cuenta de la dificultad de definir el concepto SNEIG/SIEG conviene abandonar la distinción entre el carácter económico y no económico para concentrarse en la misión particular de los servicios en cuestión y en las obligaciones de servicio público.
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Artículo 6 Los Estados miembros dispondrán que los datos personales sean: (a) tratados de manera leal y lícita; (b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos; (c) adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los fines para los que se hubieran recabado o para los que se traten posteriormente; (d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; (e) conservados en una forma que permita identificar a la persona incriminada durante un período no superior al necesario para el procedimiento para el que se conservan los datos.
1.4

El Comité pide al Consejo, a la Comisión y al Parlamento Europeo que reflexionen sobre la disposición relativa a la estancia máxima, ya que un período de seis meses en el año civil no responde a las necesidades de las empresas, por ejemplo en los países que tienen dos temporadas. Debería darse a los Estados miembros la posibilidad de fijar la duración máxima de la estancia. Por esta razón, el Comité propone que, no obstante, en casos debidamente justificados puedan establecerse excepciones nacionales a la duración máxima de la estancia, en estrecha concertación con los interlocutores sociales. A tal fin deberá garantizarse que no se eluden ni el carácter temporal del contrato de trabajo ni las posibilidades de control correspondientes.
3.11

En opinión del CESE, los proyectos y procesos financiados por LIFE deberían servir de manera más específica que hasta ahora para aplicar las estrategias decididas por la UE (en particular la estrategia de desarrollo sostenible –que sorprendentemente no se menciona–, la estrategia sobre la biodiversidad y la estrategia para la protección climática, así como los elementos medioambientales de la Estrategia Europa 2020). Debería valorarse en especial el hecho de que los proyectos puedan servir de modelos, lo que no significa que cada proyecto individual –tal y como en la actualidad se exige, por ejemplo, en el componente «Biodiversidad»– deba tener obligatoriamente un carácter innovador. Lo que ocurre con frecuencia no es que falte innovación, sino que sencillamente no se divulgan ni se aplican las soluciones ya existentes.
2.13

En una Comunicación de noviembre de 2010 (COM(2010) 673 final ), la Comisión prosigue en la línea de la Agenda, presentando la Estrategia de Seguridad Interior de la UE. Esta Estrategia, que recoge cinco objetivos, pretende con el tercero aumentar los niveles de seguridad de los ciudadanos y las empresas en el ciberespacio. Se prevén tres programas de acción y los detalles de las acciones figuran en el cuadro siguiente (tomado de la Comunicación, disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0673:FIN:ES:pdf OBJETIVOS Y ACCIONES RESPONSABLE CALENDARIO OBJETIVO 3: Aumentar los niveles de seguridad de los ciudadanos y las empresas en el ciberespacio Acción 1: Reforzar la acción represiva y el poder judicial Creación de un centro de la UE sobre la ciberdelincuencia Sujeto a estudio de viabilidad de la COM de 2011 2013 Desarrollar capacidades de investigación y persecución de la ciberdelincuencia EM con CEPOL, Europol y Eurojust 2013 Acción 2: Trabajar con la industria para capacitar y proteger a los ciudadanos Crear modalidades de comunicación de incidentes relacionados con la ciberdelincuencia e impartir directrices a los ciudadanos sobre la seguridad y la delincuencia informáticas EM, COM, Europol, ENISA y el sector privado En curso Directrices sobre cooperación en el tratamiento de los contenidos ilegales en línea COM con EM y el sector privado 2011 Acción 3: Mejorar la capacidad para tratar los ataques informáticos Crear una red de equipos de reacción ante emergencias informáticas en cada uno de los EM y uno para las instituciones de la UE, planes nacionales de urgencia y ejercicios de respuesta y recuperación regulares EM e instituciones de la UE con ENISA 2012 Creación del sistema europeo de intercambio de información y alerta (EISAS) EM con COM y ENISA 2013
5.5

El CESE considera también que los Estados miembros deberían abstenerse de transponer normas de la UE que no necesitan ser incorporadas al Derecho nacional, ya que ello es una fuente de inseguridad y puede dar lugar a potenciales incoherencias. El programa de trabajo original de 2005 proponía sustituir las directivas por reglamentos siempre que ello resultase práctico y factible conforme al Tratado. Esta idea no se ha seguido desarrollando y la Comunicación no la menciona. Los reglamentos proporcionan más seguridad, crean condiciones equitativas y pueden garantizar una aplicación simultánea de las medidas, lo que no suele ser el caso con las directivas. Cuando los reglamentos y las directrices sobre ayudas de Estado se incorporan al Derecho nacional con palabras y significados diferentes, la Comisión tiene que orientar a los Estados miembros. En algunos casos el 28o régimen debería ser considerado una opción (13).
4.7

El Comité constata con inquietud que los fenómenos asociados a la inmigración y el asilo, como la trata de seres humanos o los abusos, no reciben atención suficiente en lo que se refiere a los Estados miembros y los terceros países, en particular los de tránsito. Los países que no han ratificado la Convención de Ginebra de 1951 no pueden ser interlocutores de la Unión Europea en el ámbito de la política de asilo. No es posible garantizar el éxito de la política de asilo sin un acuerdo institucional sólido con los Estados de tránsito, que con frecuencia toleran la vulneración de los derechos y la seguridad de las personas en situación de riesgo.
4.2.3

Para que el aprendizaje resulte más atractivo y eficiente para los jóvenes (4) y para reconocer la función del aprendizaje no formal, las siguientes cuestiones deberían abordarse y ser objeto de un seguimiento: — introducir métodos de aprendizaje no formal en la educación formal, — establecer transiciones fáciles entre las oportunidades de aprendizaje formal y no formal, — orientar a los jóvenes hacia un aprendizaje a través de la experiencia, — crear vínculos entre los establecimientos escolares y el trabajo juvenil a nivel local, — poner a los jóvenes en el centro del proceso de aprendizaje, — reconocer las competencias adquiridas a través del voluntariado y el aprendizaje no formal (el certificado «Youthpass» constituye un buen ejemplo que debería aplicarse también a más acciones y actividades, incluidas aquellas que recaigan fuera del ámbito del programa «La juventud en acción»), — debería ponerse en marcha un sistema claro para evaluar las competencias adquiridas tanto en la educación no formal como en la educación informal.
6.3.1

Un nuevo instrumento europeo, jurídicamente vinculante, junto con una nueva agencia europea que aplique la nueva legislación, puede encontrar resistencia en varios Estados miembros por razones económicas. Desde su punto de vista, este tipo de medidas debería sufragarse con el presupuesto europeo, ya que no sería razonable considerar responsables financieramente a los Estados miembros con grandes puertos y grandes aeropuertos centrales (por definición, los lugares por donde más entran las especies invasoras a Europa) por una política que beneficiará a toda la UE. Los políticos de los Estados miembros pueden interpretar que una nueva legislación y reglamentación para hacer frente a una invasión biológica creciente es un coste y, en consecuencia, un impedimento para el crecimiento económico nacional, mientras que los contribuyentes probablemente serán los que más se resistan a ese coste añadido, porque todavía no reconocen la amenaza que suponen las especies invasoras. No obstante, esta reticencia no puede ser una excusa para no actuar.
3.7.1

Aunque es indispensable un marco más eficaz para que las víctimas de infracciones de las normas de defensa de la competencia puedan acceder a los tribunales, el CESE está de acuerdo en que la Comisión anime a los Estados miembros a que elaboren normas procesales que faciliten llegar a acuerdos transaccionales. Como alternativa a la vía judicial, los acuerdos extrajudiciales pueden desempeñar un papel complementario importante a la hora de indemnizar a las víctimas, sin por ello limitar de ningún modo el acceso a los tribunales. Podrían permitir alcanzar una solución equitativa más rápidamente, con un coste menor, en un clima de menor confrontación entre las partes, y a la vez reducir la carga de trabajo de los tribunales. Por tanto, el CESE pide a la Comisión que fomente el recurso a acuerdos extrajudiciales y que se mejore su calidad. No obstante, el CESE señala que las vías alternativas de solución de conflictos no son una alternativa real a la indemnización de las víctimas más que si existe además la posibilidad de poder plantear un recurso eficaz ante los tribunales de justicia, incluso de forma colectiva. Sin vías eficaces de recurso no hay suficientes incentivos para llegar a arreglos equitativos y rápidos de los conflictos.
4.5

No es cierto, como pretende el informe sobre el análisis de impacto, que la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo no aporte un valor añadido importante a la seguridad vial. Efectivamente, un trabajador móvil no puede trabajar más de 48 horas (de media), respetando siempre el Reglamento no 561/2006 sobre el tiempo de conducción y de reposo, mientras que el conductor independiente podrá trabajar 86 horas por semana, también en el respeto de las disposiciones de dicho Reglamento.
1.2

No obstante, el CESE quiere significar que la información señalada en el punto 3.4.1, si previamente no viene acompañada de las debidas acciones de formación dirigidas al consumidor final, pierde gran parte de su valor y de sus objetivos. En este sentido, el CESE lamenta que la propuesta no venga acompañada de medidas de apoyo a la formación de los consumidores, tanto a nivel de los Estados miembros como europeo. Al menos, una guía de acciones prioritarias en este sentido como anexo al Reglamento podría ser un primer paso de gran utilidad.
3.1

El Comité considera que es necesario mejorar la coherencia de las políticas de la UE, una vez que ya se han puesto en marcha numerosos instrumentos: el Programa Común para la Integración, el Fondo Europeo de Integración, los Puntos de Contacto Nacionales para la Integración, los «Handbook on Integration», los Informes Anuales sobre Migración e Integración, el sitio en Internet, etc. El Comité considera que es conveniente reabrir el debate del método abierto de coordinación. La Comisión Europea debe proponer al Consejo la puesta en marcha del método abierto de coordinación sobre la integración que no fue aceptado por el Consejo hace algunos años.
4.3

En el marco de la Unión, se trata de poner de relieve la dimensión europea del mercado para emplear mejor los fondos públicos. Pese a un notable aumento en materia de adjudicación de contratos a empresas procedentes de otros países de la Unión, las empresas denuncian falta de transparencia y de información adecuada para participar en licitaciones transfronterizas. Estas quejas se refieren, en particular, a los contratos cuyo importe no alcanza los umbrales de aplicación de las directivas europeas, de manera que no les afecta la obligación de hacer publicidad a escala europea. Los empresarios lamentan, además, que la aplicación de las directivas europeas se vea complicada por procedimientos de transposición no siempre transparentes (plazos, retrasos, etc.) y que generan a menudo normativas nacionales específicas que se yuxtaponen unas a otras. El CESE comprende la razón de ser de las normativas en materia de contratos públicos, pero aboga por una mayor transparencia y seguridad jurídica.
6.5

Los objetivos que persigue la Comisión (refuerzo de las autoridades nacionales, cooperación entre gestores de redes de transporte (ISO, GRT), transparencia del mercado, etc.) difícilmente podrán alcanzarse si no se supera la lógica nacional, no sólo respecto de las redes, sino también en materia de abastecimiento, inversiones, etc. Éstas son las únicas medidas capaces de garantizar un servicio de mejor calidad, aunque sean insuficientes para contener los precios.
4.5

El CESE reafirma su convicción de que el programa Erasmus Mundus constituye una excelente oportunidad para descubrir entre los jóvenes estudiantes, profesores e investigadores de terceros países a los más prometedores, que serán, sin duda, muy útiles para el desarrollo del propio espacio europeo. No obstante, no se puede pasar por alto el hecho de que muchos jóvenes graduados europeos tienen muchas dificultades para encontrar trabajo digno y adecuado en su propio país. Esta observación no supone la formulación de una reserva sobre el programa Erasmus Mundus, sino que debe servir para emprender una reflexión sobre este problema.