ES Diario Oficial de la Unión Europea C 105/1

DICTAMEN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

de 25 de enero de 2012

acerca de una propuesta de Directiva relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión y una propuesta de Reglamento sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión

(CON/2012/5)

2012/C 105/01

Introducción y fundamento jurídico

El 20 de septiembre de 2011, el Banco Central Europeo (BCE) recibió del Consejo de la Unión Europea una solicitud de dictamen acerca de una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero (1) (en adelante, «la directiva propuesta»). El 30 de noviembre de 2011, el BCE recibió del Consejo una solicitud de dictamen relativa a una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión (2) (en adelante, «el reglamento propuesto»).

La competencia del BCE para emitir un dictamen sobre la directiva y el reglamento propuestos se basa en el artículo 127, apartado 4, y en el artículo 282, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ya que la directiva y el reglamento propuestos contienen disposiciones que afectan a las funciones básicas del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), esto es, definir y ejecutar la política monetaria de la Unión, promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago y contribuir a la buena gestión de las políticas que lleven a cabo las autoridades competentes con respecto a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y la estabilidad del sistema financiero. Por razones de eficiencia y claridad, el BCE ha decidido emitir un único dictamen sobre estas dos propuestas legislativas. De acuerdo con la primera frase del artículo 17, apartado 5, del Reglamento interno del Banco Central Europeo, el presente dictamen ha sido adoptado por el Consejo de Gobierno.

Observaciones generales

1. Objetivos del reglamento y directiva propuestos

El 20 de julio de 2011, la Comisión Europea adoptó la directiva propuesta y el reglamento propuesto, que sustituyen a las Directivas 2006/48/CE (3) y 2006/49/CE (4). Las propuestas representan un paso importante hacia el fortalecimiento de la regulación del sector bancario y de las empresas de inversión, así como la creación de un sistema financiero más sólido y seguro en la Unión. El BCE celebra el sólido compromiso de la Unión con la aplicación de las normas y acuerdos internacionales en el ámbito de la regulación financiera, al mismo tiempo que se tienen en cuenta, cuando procede, las características específicas del sistema jurídico y financiero de la Unión. El BCE apoya decididamente la aplicación oportuna y eficaz de las normas de capital y liquidez de Basilea (5). A este fin, el BCE destaca el importante papel desempeñado por la Comisión en el cumplimiento del compromiso del G20 de «adoptar y aplicar por completo estas normas en el plazo acordado, de forma congruente con la recuperación económica y la estabilidad financiera» (6) al ser de los primeros en proponer la introducción del marco de Basilea III (7) y los acuerdos del Grupo de Gobernadores y Jefes de Supervisión (8) en la legislación de la Unión. Las medidas propuestas incrementarán sustancialmente la fortaleza sistémica, contribuirán al buen funcionamiento del sistema financiero y garantizarán un marco estable y sostenible para la prestación de servicios financieros en la Unión.

2. Reforma de la legislación bancaria de la Unión

El BCE aprecia el planteamiento innovador adoptado por la Comisión, en particular en lo relativo al reglamento propuesto, que incorpora la mayoría de los anexos técnicos de las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE y limita las opciones y facultades discrecionales de los Estados miembros. El marco propuesto conducirá a un aumento de la seguridad jurídica, a la vez que reducirá los riesgos de duplicidad en los Estados miembros. La crisis financiera también ha demostrado la necesidad de actuar de forma rápida y eficiente. Es importante garantizar el nivel adecuado de flexibilidad para el desarrollo de la regulación bancaria de la Unión. En lo que se refiere a futuras revisiones del reglamento propuesto, y como se ha señalado en dictámenes anteriores (9), el BCE recomienda asegurar que solo permanezcan sujetos al procedimiento legislativo ordinario los principios marco recogidos en el reglamento propuesto que reflejen decisiones políticas básicas y cuestiones sustantivas. Las normas técnicas, incluso las del reglamento propuesto, deben ser adoptadas como actos delegados o de ejecución con arreglo a los artículos 290 y 291 del Tratado, que aparecerá así como el cuerpo principal de las normas aplicables a las instituciones financieras de la Unión.

3. Código europeo común del sector financiero

3.1. Como ya ha señalado en dictámenes anteriores (10), el BCE respalda plenamente el establecimiento de un único código europeo para todas las instituciones financieras (11), ya que promueve el buen funcionamiento del mercado único dentro de la Unión y facilita una mayor integración financiera en Europa. Un código europeo común asegura que las instituciones financieras que ofrecen servicios financieros en el mercado único cumplen con un conjunto de normas prudenciales. Esto reduce las oportunidades de arbitraje reglamentario y las distorsiones de la competencia. Además, las normas armonizadas mejoran la transparencia y reducen los costes regulatorios y de cumplimiento.

3.2. El código europeo común exige: a) una identificación clara y apropiada de los ámbitos relevantes para los actos delegados y de ejecución; b) una adecuada participación de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES), de modo que se utilice su experiencia en el desarrollo de proyectos de normas técnicas; c) un planteamiento coherente y coordinado en todos los sectores financieros; d) criterios coherentes en toda la legislación financiera de la Unión respecto al recurso a actos delegados o de ejecución, con o sin la elaboración previa de un proyecto regulatorio o un proyecto de aplicación de las normas técnicas de las Autoridades Europeas de Supervisión. (12) En el sector bancario, la participación sistemática de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en la adopción de legislación de ejecución de la Unión a través del desarrollo de proyectos de normas técnicas, especialmente cuando se necesite un análisis técnico previo, garantizará un marco regulatorio flexible en la Unión que refuerce de forma eficaz el mercado único de servicios financieros dentro de la Unión.

4. Función consultiva del BCE respecto de los proyectos de actos delegados y de ejecución

4.1. Dada la importancia de los actos delegados y de ejecución como un componente fundamental del código europeo común, el BCE hace las siguientes observaciones respecto al ejercicio de su propia función consultiva conforme al artículo 127, apartado 4, y al artículo 282, apartado 5, del Tratado.

4.2. Los proyectos de actos delegados y de ejecución de la Comisión son una «propuesta de acto de la Unión» en el sentido del artículo 127, apartado 4, y del artículo 282, apartado 5, del Tratado. Tanto los actos delegados como los actos de ejecución son actos jurídicos de la Unión. Es significativo que la mayoría de las versiones lingüísticas del artículo 282, apartado 5, del Tratado se refieran a «proyectos» de actos jurídicos de la Unión que deben consultarse al BCE (13). Por tanto, la obligación de consultar al BCE no puede limitarse únicamente a los proyectos de actos basados en una propuesta de la Comisión.

4.3. En el asunto C-11/00 (14), el Tribunal de Justicia aclaró que la obligación de consultar al BCE pretende esencialmente «garantizar que el autor del acto en cuestión no lo adopte sin haber oído al organismo que, por las atribuciones específicas que ejerza en el marco comunitario en el ámbito considerado y por la amplia capacidad técnica de que disfrute, se encuentre particularmente capacitado para contribuir eficazmente al proceso de adopción del acto de que se trate».

4.4. En este contexto, a fin de que el ejercicio de la función consultiva del BCE despliegue todos sus beneficios, debe consultarse a este a su debido tiempo todo proyecto de acto de la Unión, incluidos los proyectos de actos delegados y de ejecución, comprendido en el ámbito de sus competencias. Además, vista la importancia de los proyectos de normas técnicas como parte del desarrollo de la legislación de servicios financieros de la Unión, el BCE ejercerá su función consultiva en materias comprendidas en el ámbito de sus competencias prestando la máxima atención a los plazos de adopción de esos actos y la necesidad de garantizar que la legislación de ejecución se apruebe sin problemas.

Observaciones particulares

5. Supervisión macroprudencial y ámbito para normas más estrictas

5.1. El reglamento propuesto establece las normas prudenciales que tendrán aplicación directa en la Unión. Como se ha indicado, el BCE apoya firmemente el planteamiento de la Comisión, que establece efectivamente un código europeo común para las instituciones financieras. Además, el BCE apoya plenamente el objetivo de abordar determinados riesgos relacionados, entre otros, con ciertos sectores, regiones o Estados miembros mediante actos delegados que facultan a la Comisión a imponer requisitos prudenciales más estrictos, cuando resulte necesario para afrontar cambios de intensidad de los riesgos macroprudenciales y microprudenciales derivados de la evolución del mercado (15). A pesar de ello, los actos delegados que la Comisión puede adoptar deberían ampliarse a los requisitos prudenciales sobre grandes riesgos y requisitos de divulgación, así como a los requisitos de apalancamiento y liquidez cuando los requisitos de apalancamiento y liquidez sean efectivamente parte del marco regulatorio aplicable de la Unión. No obstante, el BCE señala que el plazo de seis meses o menos para la imposición de requisitos más estrictos para afrontar dichos riesgos será insuficiente en muchos casos y será necesario un plazo mucho más largo, por ejemplo, de dos años o más, para que sea eficaz y permita alcanzar el objetivo deseado (16).

5.2. Además, el BCE considera importante que el reglamento propuesto permita a los Estados miembros aplicar requisitos prudenciales más estrictos cuando surjan los riesgos sistémicos para la estabilidad financiera. La necesidad de tales acciones se justifica, entre otras cosas, por el hecho de que los ciclos económicos y financieros no estén completamente armonizados entre los Estados miembros, y porque los Estados miembros pueden enfrentarse a distintos tipos de riesgo sistémico. Además, también hay diferencias significativas en las características estructurales de los sectores financieros de los Estados miembros. Es posible, por tanto, que las autoridades con un mandato macroprudencial tengan que restringir los ratios cuantitativos y los límites de ciertos instrumentos de política prudencial contenidos en el reglamento propuesto para ajustar mejor los requisitos prudenciales a su situación cíclica específica y para afrontar de forma eficaz los riesgos sistémicos asociados (17).

5.3. En este contexto, ciertas disposiciones del reglamento propuesto permiten algunos ajustes de los requisitos prudenciales en el plano nacional. El primero es la introducción de un marco de reservas de capital contracíclico (18). El segundo es la propuesta de ampliar el ámbito del proceso de examen supervisor, para permitir a las autoridades nacionales aplicar normas prudenciales más estrictas a ciertas instituciones (19). Sin embargo, el BCE señala que esta ampliación propuesta consiste principalmente en un instrumento microprudencial diseñado para afrontar los riesgos que se deriven de instituciones particulares o grupos de instituciones, y no para su uso como instrumento de política macroprudencial para hacer frente a riesgos sistémicos. En tercer lugar, el reglamento propuesto introduce la posibilidad de que las autoridades nacionales ajusten la ponderación de riesgos o establezcan criterios más estrictos, como el ratio entre el principal del préstamo y el valor de la garantía (loan-to-value), para riesgos garantizados con bienes raíces residenciales o comerciales si las características del riesgo de ese segmento de mercado concreto lo justifican en un Estado miembro dado (20).

5.4. El BCE apoya el marco anteriormente mencionado, que permite a las autoridades nacionales ajustar ciertos requisitos prudenciales, y considera que debería ampliarse para permitir a las autoridades nacionales imponer requisitos prudenciales más estrictos con fines macroprudenciales en el plano nacional. Esto es necesario para hacer frente a la preocupación por la estabilidad financiera derivada de las características estructurales de un sistema financiero nacional o de los riesgos sistémicos de forma completa y eficaz. Por lo tanto, el ámbito del marco propuesto podría ampliarse para cubrir también unos requisitos más estrictos de: a) capital; b) límites en grandes riesgos; c) requisitos de liquidez y ratio de apalancamiento, una vez introducidos en el marco regulador de la Unión. En este contexto, debería permitirse a las autoridades nacionales imponer requisitos más estrictos en su legislación nacional, es decir, ajustar los ratios cuantitativos y los límites citados en las letras a), b) y c), tras una notificación de las medidas propuestas a la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS). No obstante, tales requisitos deberán aplicarse cumpliendo plenamente los demás aspectos de las disposiciones del reglamento propuesto que permanezcan inalteradas.

5.5. Al objeto de mantener la transparencia y garantizar la coherencia de las medidas adoptadas en la Unión, el BCE recomienda que la posible aplicación de requisitos más estrictos por las autoridades nacionales esté sujeta a mecanismos de salvaguardia. A este respecto, la JERS podría desempeñar una importante función de coordinación, al valorar los problemas relativos a la estabilidad financiera, las posibles consecuencias imprevistas y los efectos negativos indirectos de tales medidas en otros Estados miembros. Además, la Autoridad Bancaria Europea y la JERS deberían publicar actualizaciones periódicas en sus respectivas direcciones de internet sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros que sean más estrictas que las del reglamento propuesto. Por último, cuando los problemas de estabilidad financiera que hayan desencadenado la aplicación de medidas prudenciales más estrictas dejen de existir, los ratios cuantitativos y los límites deberán volver al nivel normalizado establecido en el reglamento propuesto.

5.6. En general, la posible aplicación de medidas prudenciales más estrictas por determinados Estados miembros puede mejorar tanto la estabilidad financiera como la integración financiera de la Unión. En particular, al mitigar los riesgos sistémicos y proteger el mercado único de la acumulación de excesivos riesgos sistémicos de forma coordinada, las autoridades podrán contribuir eficazmente al buen funcionamiento del sistema financiero de la Unión y fomentar la prestación sostenible de servicios financieros en el mercado único a medio y largo plazo.

6. Fondos propios

6.1. El BCE apoya firmemente la propuesta de fortalecer los criterios de admisibilidad para los fondos propios reglamentarios, así como una mayor armonización de las deducciones. Los requisitos sobre fondos propios constituyen la piedra angular de la reforma de capital acordada internacionalmente. Por lo tanto, desde la perspectiva de la estabilidad financiera, es esencial que los requisitos sobre fondos propios del reglamento propuesto garanticen que el sector bancario de la Unión conservará capital de máxima calidad, en particular en lo que se refiere al capital ordinario de nivel 1 (common equity tier 1), que provocará un alto grado de absorción de pérdidas. La crisis ha provocado que la nueva reforma de capital ponga especial énfasis en el capital ordinario de nivel 1. El objetivo es asegurar que las entidades de crédito europeas tengan capital ordinario de nivel 1 con una calidad tan elevada como la de sus competidores internacionales y garantizar una plena coherencia con el acuerdo de Basilea III aprobado por el Grupo de Gobernadores y Jefes de Supervisión (21). A este respecto, debe señalarse lo siguiente:

6.2. EL BCE respalda la lista de condiciones que deben cumplirse para que una partida sea considerada capital ordinario de nivel 1, que refleja las características básicas de los recursos propios en términos de permanencia, capacidad de absorción de pérdidas y flexibilidad de pagos. En línea con el acuerdo de Basilea III, los «instrumentos de capital» a los que se refiere el reglamento propuesto deberían estar compuestos solo por acciones de sociedades según se definen en las respectivas legislaciones nacionales de los Estados miembros [con la excepción de los instrumentos de capital emitidos por fondos mutuos, sociedades cooperativas y entidades similares (22)]y solo deberían calificarse de partidas de capital ordinario de nivel 1 si cumplen todas las condiciones definidas en el reglamento propuesto (23). El BCE también recomienda que la Comisión, mediante la adopción de un acto de ejecución, apruebe la lista de tipos de acciones que pueden constituir capital ordinario de nivel 1 elaborada por la Autoridad Bancaria Europea, para dar a esa lista un efecto vinculante. Además, debe desarrollarse un proyecto de normas técnicas que describa con mayor detalle las condiciones antes mencionadas. El cumplimiento de estas condiciones debe ser garantizado por las autoridades competentes, en colaboración continuada con la Autoridad Bancaria Europea. Estos mecanismos de salvaguardia contribuirían a garantizar más aún la coherencia dentro de la Unión y a reducir las posibilidades de que se practique ingeniería financiera.

6.3. En lo que concierne a las inversiones importantes en empresas de seguros, empresas de reaseguros y sociedades de cartera de seguros, el acuerdo Basilea III requiere que, por encima de determinado umbral, estas inversiones se deduzcan del capital ordinario de nivel 1, es decir, mediante la práctica de la deducción correspondiente (24). El acuerdo de Basilea III tiene en cuenta que estas entidades quedan fuera del ámbito de la consolidación reguladora e intenta evitar una doble contabilización del capital reglamentario. El reglamento propuesto mantiene la posibilidad, ya prevista en la Directiva 2006/48/CE, de que las autoridades competentes autoricen la aplicación de los métodos establecidos en la Directiva 2002/87/CE (25) como alternativa a la «deducción» (26).

6.4. EL BCE comparte en líneas generales la opinión de que los fondos propios reglamentarios de un grupo bancario solo deberían utilizarse para cubrir las pérdidas derivadas de los riesgos bancarios. Así, el BCE está de acuerdo con que se afronte el problema del doble uso de fondos propios reglamentarios tanto en los grupos bancarios, es decir, la consolidación de todas las sucursales que sean instituciones e instituciones financieras (27), como en los conglomerados financieros, es decir, incluyendo también a las filiales de seguros en el ámbito de la consolidación reguladora. En este contexto, la aplicación de los métodos establecidos en el anexo I de la Directiva 2002/87/CE no debería traducirse en ningún momento en unos fondos propios reglamentarios más elevados para los grupos de instituciones e instituciones financieras, según se regulan en el reglamento propuesto (28), de los fondos propios reglamentarios que resultarían si se aplicase el sistema de deducción.

6.5. Teniendo en cuenta el acuerdo de Basilea III y también, según proceda, los principios internacionales del Foro Conjunto de Conglomerados Financieros, el BCE recomienda garantizar una plena coherencia intersectorial entre estos textos (29), lo que requiere armonizar el reglamento propuesto con las disposiciones correspondientes de las Directivas 2009/138/CE (30) y 2002/87/CE (31). Además, aunque el BCE apoya la elaboración, por parte del Comité Mixto de las AES, de un proyecto de normas técnicas relativas a los métodos establecidos en la Directiva 2002/87/CE, también recomienda, por razones de seguridad jurídica y para evitar incongruencias intersectoriales en la legislación de servicios financieros, que ese mandato se otorgue solo en la Directiva 2002/87/CE (32).

6.6. En enero de 2011, el Grupo de Gobernadores y Jefes de Supervisión hizo público su acuerdo de que todos los instrumentos de nivel 1 (tier 1) y nivel 2 (tier 2) de una entidad deban poder ser amortizados por completo y de modo indefinido, o bien convertidos en su totalidad en capital ordinario de nivel 1, en caso de inviabilidad de la entidad (33). El reglamento propuesto confirma la intención del legislador de incorporar este acuerdo en su totalidad (34). El BCE entiende que la Comisión incorporará tal requisito tanto para los instrumentos adicionales de nivel 1 como para los de nivel 2 junto con la futura propuesta de la Comisión sobre la resolución de bancos y la gestión de crisis en el sector financiero.

7. Colchones de capital

7.1. El BCE celebra la elección de directiva propuesta de introducir un marco para los excesos adicionales de capital, ya que ese planteamiento permitirá a las autoridades hacer frente a los riesgos sistémicos de manera eficaz y flexible en todos los Estados miembros. El BCE considera en particular los colchones de capital contracíclicos como el elemento clave de un conjunto más amplio de instrumentos macroprudenciales (35), y apoya decididamente la introducción de un elemento contracíclico explícito en la regulación financiera.

7.2. Un colchón de capital contracíclico puede mejorar sustancialmente la capacidad de resistencia del sector bancario, y contribuir así a facilitar la prestación de servicios financieros durante el ciclo económico. A este respecto, el BCE subraya que toda decisión relativa al colchón de capital contracíclico por parte de las autoridades nacionales debería estar sujeta a unos requisitos de reciprocidad ilimitados de hasta un 2,5 % de los activos ponderados por riesgo, mientras que la reciprocidad voluntaria debería aplicarse por encima de este umbral. Además, el BCE apoya la propuesta de que las autoridades nacionales tengan la posibilidad de establecer un colchón de capital contracíclico que tenga en cuenta todas las variables financieras y económicas consideradas relevantes para la evaluación del crecimiento crediticio excesivo y de la acumulación de riesgos sistémicos. Sin embargo, estas variables no deberían ser de naturaleza estructural, ya que el colchón de capital contracíclico no debería tener el objetivo de solucionar los riesgos estructurales del sistema financiero. Por lo tanto, el BCE propone que la inclusión de variables de naturaleza no cíclica en el mecanismo del colchón de capital contracíclico se elimine de la directiva propuesta (36).

8. Liquidez

8.1. El BCE celebra el compromiso inequívoco de la Comisión de introducir en la legislación de la Unión tanto un requisito de cobertura de liquidez (liquidity coverage requirement, RCL) como un coeficiente de financiación estable neta (net stable funding o NSF), en línea con los acuerdos de Basilea III (37). La introducción de un marco regulador del riesgo de liquidez en la legislación propuesta proporcionará importantes beneficios micro y macroprudenciales. Los requisitos de liquidez aumentarán los colchones de liquidez de las entidades de crédito y reducirán la transformación del riesgo de vencimiento, al reducir la excesiva interconexión del sistema financiero y mitigar el riesgo de liquidez sistémico. Además, las normas armonizadas sobre el riesgo de liquidez ayudarán a conseguir igualdad de condiciones, con unas prácticas sensatas de gestión del riesgo de liquidez, y tendrán un efecto general de mejora del bienestar sobre la economía de la Unión Europea.

8.2. En lo que concierne al marco de liquidez propuesto, el BCE desea subrayar lo siguiente: 8.2.1. Respecto a la declaración de los activos líquidos, hay una serie de superposiciones entre los elementos presentados en el reglamento propuesto relativos a la «Declaración de activos líquidos» (38) y los elementos sujetos a una obligación suplementaria de información sobre los activos líquidos (39). Consecuentemente, el BCE recomienda la adopción de una lista única y transparente de los elementos de los que se debe informar. En lo que se refiere al tratamiento de las acciones o participaciones de las instituciones de inversión colectiva (IIC) como activos líquidos, es importante limitar la cantidad relativa de estos instrumentos en el RCL total, además de establecer un umbral absoluto de 250 millones EUR, para limitar los riesgos de concentración en las entidades pequeñas (40). 8.2.2. Los bancos centrales deberían contribuir a determinar la medida en que las reservas de los bancos centrales pueden contarse en la reserva de activos líquidos en períodos de tensión (41). 8.2.3 Vista la significativa interacción que se espera entre los requisitos de liquidez y las operaciones de política monetaria, el BCE recomienda ser consultado por la Autoridad Bancaria Europea cuando se desarrolle una definición uniforme de activos de alta calidad, y también sobre la evaluación que debe llevarse a cabo antes del 31 de diciembre de 2015 acerca de cómo garantizar que las entidades utilicen fuentes de financiación estables (42). A pesar de los efectos positivos de la regulación de la liquidez en la aplicación de la política monetaria (esto es, que el incremento de los colchones de liquidez de las entidades de crédito y una financiación más estable reducen el porcentaje de entidades de crédito persistentes en las operaciones del banco central), también pueden producirse posibles efectos negativos, como por ejemplo la disminución de la liquidez media de las garantías o de la calidad del crédito de las contrapartes, lo que afectaría al correcto funcionamiento de la política monetaria. 8.2.4. El desarrollo de un marco de cumplimiento adecuado del requisito de cobertura de liquidez, es decir, de normas sobre el uso de la reserva de activos líquidos en períodos de tensión y sobre cómo deben reaccionar las autoridades competentes en caso de incumplimiento, es de especial importancia. Dada la relevancia del RCL tanto para la supervisión microprudencial como para la macroprudencial, el BCE considera que la Autoridad Bancaria Europea, en cooperación con la JERS, debería participar en la formulación de las directrices sobre la posible utilización y consiguiente reconstrucción del colchón de liquidez en períodos de tensión (43).

8.3. La introducción del coeficiente de financiación estable neta (net stable funding o NSF) (44) garantizará que las entidades de crédito tengan una financiación estable para cumplir sus obligaciones. Uno de los problemas principales al que se enfrentaron las entidades durante la crisis fue la necesidad urgente de financiación, derivada de un grado elevado de desajustes de vencimientos. Eso implicó la necesidad de depender continuamente de la refinanciación de pasivos a corto plazo en los mercados de dinero mayoristas, lo que provocó problemas de financiación que se extendieron a los mercados financieros. A este respecto, el BCE sugiere cambios de redacción para evitar cualquier posible ambigüedad en la aplicación de este requisito. Aunque es cierto que el diseño del coeficiente de financiación estable neta (NSF) permitirá hacer ciertos ajustes, se espera que el largo período de observación, hasta el 1 de enero de 2018, proporcione tiempo necesario para calibrar mejor ese coeficiente y evitar así el riesgo de posibles consecuencias imprevistas.

9. Apalancamiento

La crisis financiera ha demostrado claramente la necesidad de contener el apalancamiento excesivo dentro del sector financiero. El BCE, por tanto, acoge con gran satisfacción el compromiso de la Comisión de introducir un ratio de apalancamiento no basado en el riesgo como requisito vinculante, sujeto a una revisión y calibración adecuadas, utilizando al máximo a tal fin el período de revisión acordado (45). En este contexto, el BCE sugiere aclarar en el reglamento propuesto el compromiso del legislador de introducir este requisito (46).

10. Informe de supervisión

Los marcos reguladores de los informes de supervisión en materia de información financiera (FINREP) e información común (COREP) fueron desarrollados la última vez por el Comité de Supervisores Bancarios Europeos (47). Estos marcos se basan actualmente en directrices no vinculantes y plantillas de presentación de la información. En este contexto, el BCE recomienda: a) aclarar en el reglamento propuesto el marco de información COREP; b) introducir una base jurídica clara para FINREP, y c) especificar con más detalle el ámbito del proyecto de normas técnicas que va a desarrollar la Autoridad Bancaria Europea en este campo (48). En particular, se propone que la Autoridad Bancaria Europea y la JERS colaboren para definir el ámbito de la información financiera necesaria a los efectos de la supervisión macroprudencial. Con el objeto de recopilar la información necesaria para el desempeño de las funciones de supervisión macroprudencial respecto a los requisitos de información sobre grandes riesgos, liquidez y el ratio de apalancamiento (49), el BCE también sugiere introducir declaraciones con periodicidad mínima trimestral, e involucrar a la JERS en el desarrollo del proyecto de normas técnicas de aplicación.

11. Mejora de los acuerdos para compartir información

11.1. Aunque la reciente reforma de la supervisión financiera europea ya ha aportado mejoras en lo concerniente a los acuerdos sobre el intercambio de información (50), la crisis financiera ha puesto de manifiesto la importancia de garantizar acuerdos adecuados de intercambio de información entre las autoridades públicas y en particular entre los bancos centrales, incluido el BCE, y la autoridades de supervisión. EL BCE sugiere reflejar los cambios introducidos por la reforma de la supervisión en la directiva propuesta y mejorar más aún el intercambio de información entre las autoridades de supervisión y los bancos centrales del SEBC, incluido el BCE, cuando esta información sea relevante para el cumplimiento de sus funciones respectivas (51). EL BCE también recomienda que la Comisión, con la ayuda de las entidades y autoridades relevantes (incluido el BCE, la JERS y la Autoridad Europea Bancaria) lleve a cabo, en los dos años siguientes a la entrada en vigor de la directiva propuesta, una revisión completa de la eficacia de estos acuerdos y, cuando proceda, formule propuestas para mejorar más aún este marco en la Unión Europea, prestando especial atención a las sinergias relacionadas con la información entre los bancos centrales y las funciones de supervisión prudencial, tanto en períodos normales como en períodos de tensión (52).

11.2. El BCE también recomienda que la Comisión haga una evaluación en profundidad, basada en un informe de la Autoridad Bancaria Europea, sobre la aplicación de la directiva y el reglamento propuestos en lo referente a la colaboración de la Unión Europea y los Estados miembros con terceros países. Teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de la crisis financiera, esa revisión identificará lagunas y valorará las áreas que requieren nuevas mejoras de colaboración, intercambio de información y acuerdos de reciprocidad, incluida la aplicación de las normas de supervisión en terceros países. Esta evaluación también debería incluir la necesidad de aumentar los acuerdos de cooperación entre los Estados miembros y la Autoridad Bancaria Europea, por un lado, y las instituciones financieras internacionales u órganos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Junta de Estabilidad Financiera, por el otro. En particular, el BCE recomienda también una revisión completa de las disposiciones de la directiva propuesta relativas a las condiciones de acceso para las sucursales de entidades establecidas en terceros países, al objeto de mejorar la armonización, entre los Estados miembros, de las normas que regulan el establecimiento de sucursales de entidades de crédito que tienen su oficina principal fuera de la Unión y para garantizar la coherencia intersectorial de la legislación de servicios financieros de la Unión (53).

12. Otras cuestiones

Varias otras cuestiones relativas a: a) la cooperación entre autoridades competentes para la supervisión y vigilancia de las entidades de contrapartida centrales; b) las facultades de supervisión; c) cuestiones de gobernanza; d) normas y terminología aplicables a las instituciones externas de evaluación del crédito (ECAI); e) titulización, también se abordan en el anexo del dictamen, y dan lugar a las modificaciones propuestas.

En el anexo del presente dictamen figuran las propuestas de redacción específica, acompañada de explicaciones, correspondiente a las recomendaciones del BCE encaminadas a modificar el reglamento y directiva propuestos.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 25 de enero de 2012. El vicepresidente del BCE Vítor CONSTÂNCIO

(1) COM(2011) 453 final.

(2) COM(2011) 452 final.

(3) Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (DO L 177 de 30.6.2006, p. 1).

(4) Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, sobre la adecuación del capital de la empresas de inversión y las entidades de crédito (DO L 177 de 30.6.2006, p. 201).

(5) Véase el punto 29 de la Declaración de los Líderes del G20 tras la cumbre celebrada en Seúl el 11 y 12 de noviembre de 2010, donde se afirma que: «El nuevo marco será trasladado a las leyes y reglamentos nacionales, se empezará a implantar el 1 de enero de 2013 y estará plenamente introducido el 1 de enero de 2019».

(6) Punto 29 de la Declaración de Líderes del G20 tras la cumbre de Seúl de 11 y 12 de noviembre de 2010.

(7) Véase «Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios», Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, diciembre de 2010 (revisado en junio de 2011) (en adelante, «el acuerdo de Basilea III»).

(8) Véanse los comunicados de prensa del Grupo de Gobernadores y Jefes de Supervisión de 26 de julio y 12 de septiembre de 2010, disponibles en la dirección en internet del Banco de Pagos Internacionales: www.bis.org

(9) Véase, por ejemplo, el segundo párrafo del Dictamen del BCE CON/2009/17, de 5 de marzo de 2009, solicitado por el Consejo de la Unión Europea, sobre una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE en lo que respecta a los bancos afiliados a un organismo central, a determinados elementos de los fondos propios, a los grandes riesgos, al régimen de supervisión y a la gestión de crisis (DO C 93 de 22.4.2009, p. 3). Todos los dictámenes del BCE se publican en la dirección del BCE en internet: www.ecb.europa.eu

(10) Véase, por ejemplo, el apartado 3 del Dictamen del BCE CON/2011/42, de 4 de mayo de 2011, sobre una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 2003/71/CE y 2009/138/CE en lo que respecta a los poderes de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (DO C 159 de 28.5.2011, p. 10).

(11) Véase el apartado 20 de las conclusiones del Consejo Europeo celebrado el 18 y 19 de junio de 2009.

(12) Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión no 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12); Reglamento (UE) no 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión no 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 48), y Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión no 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84). Los reglamentos que establecen las Autoridades Europeas de Supervisión introducen un procedimiento para el desarrollo por las mismas Autoridades de proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución antes de su aprobación por la Comisión en forma de actos delegados y de ejecución, respectivamente.

(13) El apartado 5 del artículo 282 del Tratado se refiere a un proyecto de acto de la Unión en las versiones siguientes: búlgara («проект на акт на Съюза»); española («proyecto de acto de la Unión»); danesa («udkast»); alemana («Entwurf für Rechtsakte der Union»); estonia («ettepanekute»); griega («σχέδιο πράξης της Ένωσης»); francesa («projet d'acte de l'Union»); italiana («progetto di atto dell'Unione»); letona («projektiem»); lituana («Sąjungos aktų projektų»); neerlandesa («ontwerp van een handeling van de Unie»); portuguesa («projectos de acto da União»); rumana («proiect de act al Uniunii»); eslovaca («navrhovaných aktoch Únie»); eslovena («osnutki aktov Unije»); finesa («esityksistä»), y sueca («utkast»). La versión irlandesa dice «gniomh Aontais arna bheartu», que corresponde al concepto de acto de la Unión «previsto».

(14) Sentencia de 10 de julio de 2003, Comisión / Banco Central Europeo (C-11/00, Rec. p. I-7147), en particular los apartados 110 y 111.

(15) Artículo 443 del reglamento propuesto.

(16) Véase el considerando 87 de la directiva propuesta.

(17) Véase el informe de situación presentado por la Junta de Estabilidad Financiera, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internacionales al G20 sobre los instrumentos y marcos de política macroprudencial de 27 de octubre de 2011, disponible en la dirección en internet de la Junta de Estabilidad Financiera: www.financialstabilityboard.org

(18) Véase el título VII, capítulo 4, de la directiva propuesta.

(19) Artículo 95 de la directiva propuesta.

(20) Artículo 119, apartado 2, del reglamento propuesto.

(21) Véanse las notas de prensa del Grupo de Gobernadores y Jefes de Supervisión de 26 de julio y 12 de septiembre de 2010.

(22) Véase el artículo 27 del reglamento propuesto.

(23) Véase el artículo 26, apartado 1, del reglamento propuesto.

(24) Véase el apartado 84 del acuerdo de Basilea III.

(25) Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero, y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 35 de 11.2.2003, p. 1).

(26) Véase el artículo 46 del reglamento propuesto.

(27) Elaborado de conformidad con el apartado 3 del artículo 11 del reglamento propuesto.

(28) De conformidad con el artículo 16 del reglamento propuesto.

(29) Véase el apartado 6.1 del Dictamen CON/2011/42.

(30) Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativa al acceso a la actividad de seguro y reaseguro y a su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).

(31) Una comparación entre estos textos muestra varias diferencias relativas al tratamiento de las participaciones intersectoriales en el plano individual y en el de grupo. Por ejemplo, en la Directiva 2009/138/CE, las participaciones de empresas de seguros en instituciones o instituciones financieras se deducen a nivel individual, con independencia de que la empresa de seguros y las instituciones sean parte del mismo conglomerado financiero. Por el contrario, el reglamento propuesto prevé la posibilidad de no aplicar ese método, es decir, las autoridades competentes pueden optar por no deducir las participaciones de una institución en otras instituciones, instituciones financieras o empresas de seguros a nivel individual siempre que: las entidades sean parte del mismo conglomerado financiero o; si no son parte del mismo conglomerado financiero; siempre que se use uno de los tres métodos establecidos en el anexo I de la Directiva 2002/87/CE. En lo que se refiere al ámbito de la supervisión de grupo, las entidades de crédito, empresas de inversión e instituciones financieras se incluyen en el ámbito de la supervisión de grupo en virtud de la Directiva 2009/138/CE. En cambio, el ámbito de supervisión del reglamento propuesto se limita a instituciones e instituciones financieras que sean sucursales de una institución o, si procede, una sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera (artículo 16 del reglamento propuesto).

(32) Véase el artículo 139 de la directiva propuesta, por el que se modifica el artículo 21 de la Directiva 2002/87/CE. Para ello, sería necesario eliminar el apartado 4 del artículo 6 del reglamento propuesto.

(33) Véase el considerando 27 de la propuesta de reglamento y la nota de prensa del Grupo de Gobernadores y Jefes de Supervisión de 13 de enero de 2011.

(34) Véase el considerando 27 del reglamento propuesto.

(35) El colchón de capital contracíclico se activará en períodos de crecimiento crediticio excesivo asociado a la acumulación de riesgos sistémicos, y se utilizará en momentos de tensión.

(36) Véase el artículo 126, apartado 3, letra c), y el artículo 126, apartado 4, de la directiva propuesta.

(37) Véanse los considerandos 75 y 76 del reglamento propuesto.

(38) Artículo 404 del reglamento propuesto.

(39) Véase el anexo III del reglamento propuesto.

(40) Artículo 404, apartado 5, del reglamento propuesto.

(41) Véanse en particular los artículos 403 y 404 y el anexo II del reglamento propuesto.

(42) Véase el artículo 481 del reglamento propuesto.

(43) Véase el artículo 402 del reglamento propuesto.

(44) Véase el considerando 76 y el artículo 481, apartado 3, del reglamento propuesto.

(45) Véanse los considerandos 64 y 70 del reglamento propuesto.

(46) Véase el artículo 482 del reglamento propuesto.

(47) Véase el compendio de normativa y directrices del Comité de Supervisores Bancarios Europeos, pp. 448-473.

(48) Véase el artículo 94 del reglamento propuesto.

(49) Artículos 383, 403 y 417 del reglamento propuesto.

(50) Véanse el Reglamento (UE) no 1093/2010, el Reglamento (UE) no 1092/2010, y el Reglamento (UE) no 1096/2010 del Consejo, de 17 de noviembre de 2010, por el que se encomienda al Banco Central Europeo una serie de tareas específicas relacionadas con el funcionamiento de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (DO L 331 de 15.12.2010, p. 162).

(51) Véanse, por ejemplo, los apartados 13 a 15 del Dictamen CON/2009/17, el apartado 2.2 del Dictamen CON/2010/23, de 18 de marzo de 2010, sobre una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE y 2009/65/CE en relación con las facultades de la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (DO C 87 de 1.4.2010, p. 1), y el apartado 5 del Dictamen CON/2011/42.

(52) Véase el apartado 15 del Dictamen CON/2009/17.

(53) Véase, por ejemplo, la directiva propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se deroga la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [COM(2011) 656 final].