COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 30.6.2021 COM(2021) 346 final 2021/0170(COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la seguridad general de los productos, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 87/357/CEE del Consejo y la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo





(Texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2021) 280 final} - {SWD(2021) 168 final} - {SWD(2021) 169 final}



ÍNDICE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 3 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA3 •Razones y objetivos de la propuesta3 •Coherencia con otras políticas de la Unión6 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD7 •Base jurídica7 •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)7 •Proporcionalidad8 •Elección del instrumento9 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO9 •Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación existente9 •Consultas con las partes interesadas10 •Obtención y uso de asesoramiento especializado12 •Evaluación de impacto12 •Adecuación regulatoria y simplificación14 •Derechos fundamentales16 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS17 5.OTROS ELEMENTOS17

•Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información17 •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta17 REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la seguridad general de los productos, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 87/357/CEE del Consejo y la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo CAPÍTULO I 36 Disposiciones generales 36 CAPÍTULO II 40 Obligaciones de seguridad 40 CAPÍTULO III 42 Obligaciones de los operadores económicos 42 Sección 1 42 Sección 2 49 CAPÍTULO IV 50 Mercados en línea 50 CAPÍTULO V 52 Vigilancia del mercado y ejecución 52 CAPÍTULO VI 53 Sistema de Alerta Rápida «Safety Gate» 53 CAPÍTULO VII 54 Función de la Comisión y coordinación de la garantía del cumplimiento 54 CAPÍTULO VIII 57

Derecho a información y a resarcimiento 57 CAPÍTULO IX 60 Cooperación internacional 60 CAPÍTULO X 61 Disposiciones financieras 61 CAPÍTULO XI 64 Disposiciones finales 64 FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA 70 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta La presente propuesta de Reglamento relativo a la seguridad de los productos de consumo está en consonancia con la Nueva Agenda del Consumidor de 2020, cuyo objetivo es: i) actualizar y modernizar el marco general de la seguridad de los productos de consumo no alimentarios; ii) afianzar su condición de red de seguridad para los consumidores; iii) adaptar las disposiciones a las dificultades que plantean las nuevas tecnologías y el comercio en línea; y iv) garantizar unas condiciones de competencia equitativas para las empresas. Si bien la presente propuesta va a sustituir a la Directiva 2001/95/CE, relativa a la seguridad general de los productos («DSGP»), esta seguirá aplicándose a los productos de consumo no alimentarios manufacturados. El Reglamento propuesto también va a garantizar la continuidad con respecto a la DSGP: i) exigiendo que los productos de consumo sean «seguros»; ii) imponiendo ciertas obligaciones a los operadores económicos; y iii) fijando disposiciones para la elaboración de normas que refuercen la obligación general de seguridad. Asimismo, armoniza las normas de vigilancia del mercado respecto de los productos que no entran en el ámbito de aplicación de la legislación de armonización de la UE («productos no armonizados») con las normas aplicables a los productos que sí entran en el ámbito de aplicación de la legislación de armonización de la UE («productos armonizados»), de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/1020. Por consiguiente, el Reglamento propuesto tiene por objeto tanto actualizar las normas establecidas actualmente en la Directiva 2001/95/CE con el fin de garantizar una red de seguridad para todos los productos como, al mismo tiempo, lograr una mayor congruencia entre el régimen de los productos armonizados y el de los no armonizados. Ya en 2011, el Acta del Mercado Único señaló la revisión de la DSGP y del Reglamento (CE) n.º 765/2008 como acciones clave para «mejorar la seguridad de los productos que circulan en la UE gracias a una mayor coherencia y garantía del cumplimiento de las normas de seguridad de los productos y vigilancia del mercado». Dicha revisión se propuso en 2013 en un paquete que incluía la revisión de ambos instrumentos normativos, con el fin de implantar un marco normativo único para los productos armonizados y no armonizados. Se consideró que al solaparse las normas de vigilancia del mercado con las obligaciones de los operadores económicos establecidas en diferentes instrumentos legislativos de la UE [DSGP, Reglamento (CE) n.º 765/2008 y legislación de la UE de armonización en sectores específicos] se había creado una confusión tanto entre los operadores económicos como entre las autoridades nacionales y se había mermado gravemente la eficacia de la actividad de vigilancia del mercado en la UE. El paquete propuesto se estancó en la fase de negociación para su adopción y se acabó retirando. Más adelante, en 2017, a raíz de la Comunicación de 2015 «Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas», la Comisión adoptó una propuesta de modificación del Reglamento (UE) 765/2008 para reforzar el cumplimiento y la garantía del cumplimiento de la legislación de armonización de la UE sobre los productos, como parte del paquete sobre mercancías, que fue un conjunto de iniciativas con las que se pretendía mejorar el funcionamiento del mercado único en lo que atañe a los productos. Esto dio lugar a la adopción, en 2019, del Reglamento (UE) 2019/1020. • Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial Reglamento (UE) 2019/1020 El Reglamento (UE) 2019/1020 establece normas y procedimientos para el cumplimiento y la garantía de cumplimiento de la legislación de armonización de la UE sobre los productos. La propuesta pretende posibilitar una mejor cooperación entre las autoridades nacionales de vigilancia del mercado. Con este fin, trata de aclarar los procedimientos del mecanismo de asistencia mutua entre esas autoridades y, en el caso de algunas categorías de productos, exigirá a los fabricantes de terceros países que designen a una persona física o jurídica responsable en materia de información sobre el cumplimiento. La propuesta abarca la vigilancia del mercado de los productos no alimentarios («productos industriales») cuya comercialización en el mercado único esté sujeta a armonización por la UE. Es de aplicación, salvo el capítulo VII, únicamente a los productos armonizados. Para garantizar la congruencia entre los regímenes aplicables a los productos armonizados y no armonizados, la presente propuesta incorpora y adapta una serie de disposiciones del Reglamento (UE) 2019/1020, como los capítulos IV, V y VI, sobre vigilancia del mercado, y el artículo 4. Decisión 768/2008/CE La Decisión 768/2008/CE establece los principios y procedimientos comunes que debe seguir la legislación de la UE a la hora de armonizar las condiciones para la comercialización de productos en la UE y el EEE. Incluye obligaciones de referencia que deben figurar siempre que se modifique la legislación sobre productos. Como tal, es un modelo para toda nueva norma de armonización de productos. Para garantizar la coherencia entre la legislación relativa a los productos armonizados y no armonizados, la presente propuesta incorpora algunas de las disposiciones de la Decisión 768/2008/CE, como las relativas a los requisitos de trazabilidad y las obligaciones de los operadores económicos.

Reglamento (UE) 1025/2012 El Reglamento (UE) n.º 1025/2012 proporciona la base jurídica para aplicar normas europeas a los productos y servicios, señalar especificaciones técnicas de las TIC y financiar el proceso europeo de normalización. También establece una obligación de transparencia y participación para las organizaciones europeas de normalización (CEN, Cenelec y ETSI) y los organismos nacionales de normalización. A fin de garantizar la coherencia con el régimen general de normalización establecido en el Reglamento (UE) n.º 1025/2012, la presente propuesta contempla una serie de modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1025/2012 para adaptarlo a las características específicas del Reglamento propuesto y, en particular, a que el presente Reglamento exige la adopción de obligaciones específicas de seguridad y a que las normas adoptadas en virtud del presente Reglamento no pueden asimilarse a normas armonizadas y se denominan, por tanto, «normas europeas». Directiva (UE) 2019/771 La Directiva (UE) 2019/771 introduce normas sobre la conformidad de los bienes, las medidas correctoras por falta de conformidad y cómo emplear dichas medidas correctoras. La propuesta contempla medidas de resarcimiento específicas en el caso de productos peligrosos que han sido recuperados del mercado. Esta situación particular justifica que haya un conjunto de normas parcialmente diferentes y más fáciles de activar, especialmente porque el consumidor no necesita demostrar la no conformidad del producto. Estas normas solo son aplicables cuando los productos sean recuperados. Por lo tanto, no modifican la Directiva (UE) 2019/771, sino que solo añaden protección adicional en caso de recuperación. Reglamento (UE) 2019/881 El Reglamento sobre la Ciberseguridad introduce un marco de certificación de la ciberseguridad a escala de la UE para los productos, servicios y procesos de TIC. Sin embargo, no incluye requisitos legales mínimos en materia de ciberseguridad para los productos de TIC. La presente propuesta aclara que los riesgos en materia de ciberseguridad que inciden en la seguridad de los consumidores quedan abarcados por el concepto de seguridad que se maneja en la propuesta de Reglamento. •Coherencia con otras políticas de la Unión Las siguientes iniciativas en curso o previstas a nivel de la UE desempeñan un papel importante en la seguridad de los productos: La Ley de Servicios Digitales, adoptada por la Comisión el 15 de diciembre de 2020, tiene por objeto regular las responsabilidades de quienes prestan servicios de intermediación en línea, incluidas las plataformas en línea, como las redes sociales y los mercados en línea, con respecto a los contenidos, bienes o servicios ilícitos ofrecidos por sus usuarios. Dicha propuesta impone una serie de obligaciones de diligencia debida a las plataformas en línea pertinentes para el Reglamento propuesto, entre ellas la introducción del principio de «trazabilidad de los comerciantes» y la obligación de tener en cuenta la normativa sobre seguridad de los productos a la hora de estructurar la interfaz (artículo 22). La Ley de Servicios Digitales abarca todos los tipos de contenidos ilícitos, tal y como se definan en el Derecho nacional o de la UE, incluida la venta en línea de productos peligrosos. Dado que la Ley de Servicios Digitales es un instrumento legislativo de aplicación general, no incluye disposiciones específicas relativas a este tipo de contenido. La Ley de Servicios Digitales establece también el marco para el procedimiento de notificación y acción (artículo 14). El Reglamento propuesto especifica determinadas obligaciones aplicables a los mercados en línea en el ámbito de la seguridad de los productos. La propuesta legislativa sobre inteligencia artificial (IA) establece normas armonizadas para la introducción en el mercado, la puesta en servicio y el uso de sistemas de inteligencia artificial en la UE. Las normas deben garantizar un nivel elevado de protección de los intereses públicos, especialmente en materia de salud y seguridad, y de los derechos y libertades fundamentales de las personas. Establece requisitos específicos que deben cumplir los sistemas de IA de alto riesgo e impone obligaciones a los proveedores y usuarios de dichos sistemas. La presente propuesta tiene en cuenta estas disposiciones y proporciona una red de seguridad para los productos y los riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores que no entran en el ámbito de aplicación de la propuesta sobre la IA. La estrategia sobre sustancias químicas adoptada en octubre de 2020 señala que aumentará el ya extendido uso de las sustancias químicas, especialmente en los productos de consumo, y que es necesario prohibir las sustancias químicas más nocivas en los productos de consumo para garantizar su seguridad. El Reglamento REACH introdujo obligaciones por las cuales la industria debe evaluar y gestionar los riesgos que presentan las sustancias químicas y proporcionar información sobre seguridad adecuada a sus usuarios. También establece restricciones para proteger la salud humana y el medio ambiente de los riesgos inaceptables que presentan los productos químicos. La presente propuesta dispone una red de seguridad para los riesgos químicos en productos no regulados por legislación específica. El Plan de acción para la economía circular adoptado en marzo de 2020 tiene por objeto reducir los residuos mediante la reutilización, la reparación, la refabricación y el reciclado de alta calidad, especialmente en lo que respecta a las materias primas secundarias en las que puedan quedar sustancias peligrosas, y establece que la seguridad de los productos debe considerarse un objetivo principal. La presente propuesta reconoce que, cuando los operadores económicos o las autoridades deban elegir entre varias medidas correctivas, debe preferirse la medida más sostenible (es decir, la que tenga el menor impacto ambiental), siempre que ello no resulte en merma para la seguridad. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica La base jurídica del Reglamento propuesto es el artículo 114 del TFUE, observando lo dispuesto en el artículo 169. Su objetivo es garantizar la seguridad de los productos y mejorar el funcionamiento del mercado interior. Al mismo tiempo, pretende asegurar un nivel elevado de protección de los consumidores contribuyendo a proteger la salud y la seguridad de los consumidores europeos y fomentando su derecho a la información. •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) La propuesta armoniza la obligación general de seguridad de los productos en la UE. La seguridad de los productos en el mercado único no es algo que puedan garantizar de manera suficiente los Estados miembros actuando por sí solos, por las razones siguientes.

–Los productos circulan libremente por el mercado único. Cuando se detecta un producto peligroso en un país determinado, es muy probable que ese mismo producto pueda encontrarse también en otros Estados miembros, en gran parte debido al crecimiento exponencial del comercio en línea. –La existencia de normas diferentes en materia de seguridad de los productos en los países puede generar costes desiguales para las empresas a la hora de cumplir la legislación sobre seguridad de los productos y, por lo tanto, puede desequilibrar las condiciones de competencia equitativas del mercado interior. –Para garantizar un nivel elevado de protección de los consumidores, la UE debe ayudar a proteger su salud y su seguridad. Si los distintos países tienen normas diferentes, los consumidores no estarán protegidos de la misma manera en toda la UE contra los productos peligrosos. –Para ser eficaz, la vigilancia del mercado debe ser uniforme en toda la UE. Si la vigilancia del mercado es «menos estricta» en algunas partes de la UE, surgen puntos débiles que amenazan el interés público, crean condiciones comerciales injustas y fomentan la búsqueda de un foro de conveniencia. La actuación de la UE en materia de seguridad de los productos no armonizados aporta el valor añadido siguiente: –La existencia de unas reglas y normas comunes para la seguridad de los productos a escala de la UE significa que las empresas no tienen que seguir cumpliendo unos conjuntos heterogéneos de normas nacionales, lo que resulta ventajoso en términos de ahorro de costes, de menor carga administrativa y de menor complejidad del régimen jurídico aplicable a las empresas. Esto también redunda positivamente en la libre circulación de mercancías en la UE y favorece una mayor colaboración entre los Estados miembros. –Las normas comunes de la UE hacen posible lograr economías de escala en la vigilancia del mercado, aspecto este especialmente importante por el desarrollo exponencial del comercio en línea, que potencia las ventas transfronterizas y las importaciones directas procedentes de fuera de la UE. El coste que supone la vigilancia del mercado también se reparte a través de acciones conjuntas de vigilancia del mercado y el intercambio de información entre los países de la UE. –El funcionamiento del mercado único mejorará con la actuación de la UE. La existencia de unas normas comunes de seguridad de los productos y de vigilancia del mercado en toda la UE garantizará un trato más equitativo de las empresas, por lo que será menos probable que distorsionen las condiciones de competencia equitativas del mercado interior de la UE. –La actuación de la UE posibilita una circulación más rápida y eficiente de la información, especialmente a través del sistema Safety Gate / RAPEX, lo que garantiza la pronta acción contra los productos peligrosos en toda la UE y unas condiciones de competencia equitativas. –En el ámbito internacional, gracias al conjunto común de disposiciones establecido en el marco de la DSGP la UE ha podido promover con más eficacia un nivel elevado de seguridad tanto bilateral como multilateralmente, para hacer frente a la circulación creciente de mercancías procedentes de terceros países a través del comercio en línea. •Proporcionalidad La presente propuesta consigue un equilibrio delicado entre, por una parte, la autonomía normativa de los países de la UE a la hora de determinar el nivel de protección de los consumidores y de vigilancia del mercado que consideran necesario y, por otra parte, la necesidad de tratar los problemas de seguridad de los productos que deban solucionarse de forma centralizada. Como se señala en el capítulo 7 de la evaluación de impacto, sigue habiendo bastantes problemas; el principal de ellos es la elevada presencia de productos de consumo inseguros en el mercado de la UE. Se ha procurado reducir el coste y la carga normativa asociados a la presente propuesta lo máximo posible. El coste total para las empresas de la EU-27 en el primer año de aplicación del presente Reglamento se estima que representa el 0,02 % del volumen de negocios de las empresas de la UE que se dedican a la fabricación y el comercio mayorista y minorista de productos no armonizados. Las medidas incluidas en la presente propuesta no van más allá de lo necesario para resolver los problemas detectados y lograr los objetivos fijados. Los costes previstos para la Comisión y los Estados miembros se consideran aceptables y quedarán compensados con los ahorros de las empresas, así como con las ventajas que resulten para estas, los consumidores y los Estados miembros por igual. •Elección del instrumento Un reglamento es el único instrumento adecuado para lograr el objetivo de mejorar la aplicación y el cumplimiento de la legislación de la UE en materia de seguridad de los productos, de modo que se garantice la coherencia en la aplicación de su marco jurídico. Con una directiva no se conseguirían suficientemente los objetivos, ya que, después de su transposición, persistirían las fronteras jurisdiccionales y los posibles conflictos de jurisdicción. La elección de un reglamento en lugar de una directiva también permite conseguir mejor el objetivo de garantizar la coherencia con el marco legislativo de vigilancia del mercado respecto de los productos armonizados si el instrumento normativo aplicable es también un reglamento [Reglamento (UE) 2019/1020]. Por último, esta opción reducirá aún más la carga normativa al darse una aplicación uniforme de las normas de seguridad de los productos en toda la UE. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO •Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación existente La presente propuesta de Reglamento se basa en la evaluación de la Directiva relativa a la seguridad general de los productos, realizada en paralelo a la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta. La DSGP tiene un doble objetivo. Pretende mejorar el funcionamiento del mercado único mediante la introducción de un marco legislativo común para evitar las disparidades entre Estados miembros que podrían haber surgido en ausencia de legislación de la UE. Al mismo tiempo, la DSGP pretende lograr un nivel elevado de protección de los consumidores mediante la introducción de una obligación general de seguridad de los productos y otras medidas. Ambos objetivos están interrelacionados: la obligación de seguridad armonizada para los productos de consumo que contempla la DSGP evita disparidades que podrían generar trabas al comercio y desequilibrar las condiciones de competencia equitativas del mercado interior. En la evaluación se concluyó que la función de la DSGP como piedra angular de la seguridad de los consumidores y del funcionamiento del mercado único es indiscutida. Sus objetivos siguen siendo absolutamente pertinentes y no puede negarse su valor añadido de la UE. La función de la DSGP como «red de seguridad» sigue siendo esencial para la protección de los consumidores, ya que proporciona una base jurídica destinada a garantizar que ningún producto peligroso acabe en manos de los consumidores. El establecimiento del sistema de alerta rápida para productos peligrosos no alimentarios en virtud de la DSGP ha demostrado ser un éxito. Sin embargo, la evaluación ha puesto de manifiesto una serie de factores que cuestionan hasta qué punto algunas disposiciones de la DSGP todavía contribuyen a la consecución adecuada de sus objetivos. En primer lugar, el crecimiento del comercio electrónico ha reducido la eficacia de la DSGP. La DSGP se aplica a todos los productos de consumo, con independencia de que se vendan en tiendas físicas o en línea. Sin embargo, la falta de disposiciones explícitas en la DSGP que traten las especificidades del comercio en línea y, en particular, la aparición de nuevos agentes en la cadena de suministro en línea han perjudicado la seguridad de los consumidores de la UE y las condiciones de competencia equitativas para las empresas de la UE que cumplen las normas. El raudo desarrollo de nuevas tecnologías también plantea dudas en cuanto a la vigencia de algunos de los conceptos clave de la DSGP. La aparición de algunos nuevos riesgos relacionados con la conectividad, la aplicabilidad de la Directiva a las actualizaciones y descargas de programas informáticos y la evolución de las funcionalidades de los productos basados en la IA plantean la cuestión de si la DSGP es lo suficientemente clara como para ofrecer seguridad jurídica a las empresas y proteger a los consumidores.

La evaluación también ha puesto de manifiesto una falta de coherencia interna en el marco jurídico de la UE, ya que coexisten dos conjuntos diferentes de normas sobre vigilancia del mercado: uno para los productos armonizados y otro para los no armonizados. Por último, de la evaluación se desprende que sería necesario ajustar algunas de las disposiciones para mejorar la eficacia de la DSGP. En particular, son necesarios cambios legislativos o nuevas medidas para mejorar la eficacia de las recuperaciones de productos. También es necesario un mecanismo para arbitrar los litigios entre Estados miembros relativos a las evaluaciones del riesgo. El sistema de trazabilidad contemplado en la Directiva y las limitaciones de recursos de las autoridades de vigilancia del mercado dificultan el control eficaz de la seguridad de los productos y, por consiguiente, debe hallarse una solución para así garantizar la protección adecuada de los consumidores y el funcionamiento del mercado único. Además, la Directiva sobre productos que imitan alimentos no se aplica actualmente de manera armonizada en todos los Estados miembros, por lo que es necesaria una solución para esta cuestión. •Consultas con las partes interesadas Al elaborar la presente propuesta, la Comisión consultó a las partes interesadas a través de una consulta pública sobre la evaluación inicial de impacto y la hoja de ruta, una consulta pública abierta, talleres con las partes interesadas, así como contribuciones ad hoc y consultas específicas a los Estados miembros y partes interesadas. Los resultados de las actividades de consulta se han incorporado a lo largo de la evaluación de impacto y se reflejan en la presente propuesta. Las principales cuestiones planteadas durante las consultas son las siguientes: Conservar la red de seguridad: La opinión general de todas las partes interesadas fue que la DSGP es un instrumento legislativo útil y que debe mantenerse su principio de red de seguridad. Sin embargo, una gran mayoría de los participantes declaró que las normas actuales de seguridad de la UE para los productos de consumo no alimentarios regulados por la DSGP podrían mejorarse en ámbitos específicos para proteger mejor a los consumidores (71 % de las respuestas en la consulta pública abierta). Tratar las dificultades que plantean las nuevas tecnologías: Aunque todas las partes interesadas reconocieron que las nuevas tecnologías plantean muchas dificultades, proponen planteamientos divergentes para darles solución. En las consultas, los representantes de los consumidores y varias autoridades de los Estados miembros expresaron su apoyo a la ampliación de la definición de «seguridad» para incluir los aspectos de la (ciber)seguridad que repercuten en la seguridad. Sin embargo, en la consulta sobre la hoja de ruta / evaluación inicial de impacto, las empresas de orientación tecnológica se mostraron más reacias a incluir las nuevas tecnologías y los nuevos riesgos relacionados con ellas en la DSGP. Preferían que la DSGP siguiera siendo tecnológicamente neutra y que los riesgos vinculados a las nuevas tecnologías quedaran cubiertos por otros instrumentos legislativos más específicos. No obstante, la propuesta de Reglamento incluye estos aspectos para asegurar que los riesgos que plantean las nuevas tecnologías entran en el ámbito de aplicación de la red de seguridad, en caso de que no estén cubiertos por instrumentos legislativos de la UE más específicos. Solucionar los problemas de seguridad asociados a los productos vendidos en línea: La cuestión de los productos procedentes de fuera de la UE, directamente o a través de plataformas en línea, fue una cuestión recurrente mencionada en las consultas. Las empresas y los representantes empresariales destacaron la importancia de contar con unas condiciones de competencia equitativas y señalaron que actualmente muchos minoristas de la UE se ven perjudicados por la competencia desleal de operadores establecidos en terceros países. Las autoridades de los Estados miembros insistieron en que era difícil controlar los productos procedentes de terceros países y adoptar medidas coercitivas contra los operadores económicos de fuera de la UE. En lo que respecta a las obligaciones de los mercados en línea, los puntos de vista de las partes interesadas eran variados: –Los mercados en línea que comunicaron sus observaciones sobre la hoja de ruta indicaron que aceptarían que algunas de las obligaciones derivadas del actual compromiso voluntario de seguridad de los productos fueran vinculantes, pero no se mostraron favorables a la idea de hacer vinculantes otras obligaciones. Los minoristas alegaron que los mercados en línea desempeñan un papel clave en la cadena de suministro, por lo que deberían tener las responsabilidades correspondientes. –Los representantes de los consumidores y las autoridades de los Estados miembros se mostraron a favor de reforzar las responsabilidades en toda la cadena de suministro. Mejorar las normas de vigilancia del mercado y la garantía del cumplimiento: Por lo que se refiere a la vigilancia del mercado y la garantía de cumplimiento, las partes interesadas de todas las categorías se mostraron a favor de una armonización de las normas de vigilancia del mercado de los productos armonizados y los no armonizados. Este aspecto se incluye en la propuesta. En cuanto a la introducción de una «persona responsable» en el Reglamento que sustituye a la DSGP, una gran mayoría de los participantes en la consulta pública abierta consideró que los productos regulados por la DSGP solo deberían comercializarse en la UE si hay un operador económico establecido en la UE responsable de la seguridad de los productos (70 % de los preguntados se mostraron a favor). Revisar el proceso de normalización: La mayoría de las partes interesadas se mostró a favor de simplificar el proceso de normalización para el desarrollo de nuevas normas en el marco de la DSGP y ahora en el marco del presente Reglamento. Este aspecto se incluye en la propuesta. Incluir los productos que imitan alimentos en el ámbito de aplicación del Reglamento que sustituye a la DSGP: La mayoría de las partes interesadas se mostraron a favor de incorporar la legislación sobre los productos que imitan alimentos en el Reglamento que sustituye a la DSGP. Una gran mayoría de los participantes en la consulta pública declaró que los productos que se asemejan a los alimentos deberían incorporarse al instrumento normativo general sobre seguridad de los productos (69 % de los participantes se mostró a favor). En la consulta sobre la evaluación inicial de impacto, los participantes se mostraron partidarios de incluir este elemento en la evaluación del riesgo de la seguridad de los productos. Este planteamiento se refleja en la propuesta. No se expresó apoyo alguno por la prohibición total de los productos que imitan alimentos. Mejorar el marco de la recuperación de productos: Las partes interesadas destacaron reiteradamente la importancia crucial de ponerse en contacto directamente con los consumidores afectados en caso de recuperación siempre que sea posible, por ejemplo, si el producto estaba registrado, se compró en línea o se adquirió utilizando una tarjeta de fidelización. Varias partes interesadas mencionaron que los consumidores deberían poder optar por recibir notificaciones de seguridad únicamente (al registrar un producto o suscribirse a un sistema de fidelización). Hubo un acuerdo generalizado en que algunos elementos clave y normas básicas, aplicables a todas las notificaciones de recuperación, deberían normalizarse y hacerse obligatorios, tal como se hace en la propuesta de Reglamento. Varias partes interesadas mencionaron la necesidad de hacer que la participación en la recuperación sea menos gravosa y más atractiva para los consumidores. Mejorar la trazabilidad en toda la cadena de suministro: La gran mayoría de las partes interesadas coincidió en que el sistema de trazabilidad de los productos debía reforzarse en la DSGP (un 82 % se mostró a favor en la consulta pública abierta). Por otra parte, también se hizo hincapié en la función de los mercados en línea de cara a la mejora de la trazabilidad de los productos; los participantes argumentaron, en particular, que los mercados deben comprobar que se dispone de la información sobre trazabilidad antes de incluir un producto en la lista. Hacer frente al problema de los productos falsificados: Las organizaciones de propietarios de marcas destacaron que la DSGP debía modificarse para hacer frente al problema de los productos falsificados inseguros. Esta cuestión se tuvo debidamente en cuenta, pero no se incluyó en la presente propuesta, puesto que los productos falsificados ya están regulados por la legislación de la UE, y los productos inseguros están regulados por la DSGP y en la presente propuesta independientemente de su autenticidad. Si bien los productos falsificados pueden presentar riesgos para la seguridad, la seguridad de un producto determinado debe analizarse en función de una evaluación del riesgo. •Obtención y uso de asesoramiento especializado Las fases preparatorias de la presente propuesta se basaron en el asesoramiento de expertos y en una serie de estudios, a saber, estudios centrados en la transposición de la DSGP que sirvieran para apoyar la evaluación y la evaluación de impacto, así como en la eficacia de las recuperaciones de productos. La Comisión también recabó asesoramiento especializado y distintos puntos de vista a través de consultas específicas y actividades de participación, incluidas una serie de talleres, conferencias y entrevistas con expertos y autoridades, y el dictamen del Subgrupo de la Red de Seguridad de los Consumidores sobre productos conectados y otros problemas nuevos en materia de seguridad de los productos. La Comisión celebró numerosas reuniones bilaterales y llevó a cabo un análisis de los documentos de posición ad hoc de las organizaciones de consumidores, los representantes del sector y el mundo académico. •Evaluación de impacto La presente propuesta está respaldada por un informe de evaluación de impacto [SWD(2021) 169 y SWD(2021) 168]. El informe de evaluación de impacto ha sido examinado por el Comité de Control Reglamentario y ha recibido un dictamen favorable [SEC 280 (dictamen del CCR)].

En el contexto de esta iniciativa, la Comisión examinó varias alternativas, presentadas en el informe de evaluación de impacto. La gama de alternativas analizadas incluía acciones no legislativas y legislativas para tratar de lograr los diferentes objetivos específicos presentados en el informe: i) garantizar que el marco jurídico de la UE contenga normas generales de seguridad para todos los productos de consumo y los riesgos, especialmente los productos y riesgos relacionados con las nuevas tecnologías; ii) dar respuesta a los problemas en materia de seguridad de los productos en los canales de venta en línea; iii) hacer que la recuperación de los productos sea más eficaz y eficiente para mantener los productos inseguros fuera del alcance de los consumidores; iv) mejorar la vigilancia del mercado y velar por una mejor armonización de las normas para los productos de consumo armonizados y no armonizados; y v) tratar las cuestiones de seguridad relacionadas con los productos que imitan alimentos. Se valoraron varias opciones. En primer lugar, la Comisión estudió cómo podría lograr los objetivos específicos sin modificar la DSGP (opción 1). Se consideraron varias medidas no legislativas y, en particular: i) la publicación de documentos de orientación sobre la aplicabilidad de la DSGP a las nuevas tecnologías y sobre las recuperaciones; y ii) estudiar la posibilidad de ampliar las medidas voluntarias en el marco del compromiso de seguridad de los productos respecto del comercio en línea. Sin embargo, las distintas consultas pusieron de manifiesto que tales medidas jurídicamente no vinculantes no solucionarían las deficiencias detectadas. La Comisión consideró varias opciones legislativas para conseguir los objetivos específicos: una modificación específica de la DSGP (opción 2), con un número reducido de cambios, y una modificación integral de la DSGP, que contemplaba una actuación global en todos los objetivos (opción 3). La evaluación de impacto muestra que la opción 3, que es más ambiciosa que la opción 2, también resuelve mejor las deficiencias detectadas y cumple mejor los objetivos específicos fijados, sin tener grandes repercusiones económicas. La opción 4 contemplaba una integración plena de los instrumentos normativos de vigilancia del mercado, tal como se proponía en el paquete de medidas sobre seguridad de los productos y vigilancia del mercado de 2013, a fin de analizar si esta opción seguía siendo válida tras la reciente adopción del Reglamento (UE) 2019/1020. La evaluación de impacto mostró que la opción 4, aunque similar en cuanto al fondo a la opción 3, podría suponer un coste más elevado para las empresas de la UE. Por lo tanto, la Comisión decidió que la opción 3 (modificación integral de la DSGP, que incluye su transformación en un reglamento) era la mejor opción para la presente propuesta, ya que responde mejor a los objetivos estratégicos, limitando al mismo tiempo el coste para las empresas y las autoridades de vigilancia del mercado. También se barajaron diferentes opciones en relación con la seguridad de los productos que imitan alimentos. Estas fueron: i) mantener un régimen separado para estos productos en una directiva específica (revisión de la Directiva 87/357/CEE); ii) integrar las disposiciones específicas de la actual Directiva 87/357/CEE en la nueva DSGP con un régimen jurídico específico; y iii) derogar las disposiciones específicas relativas a los productos que imitan alimentos y utilizar, en su lugar, las disposiciones generales para garantizar la seguridad de dichos productos sobre la base de la evaluación del riesgo caso por caso. En cuanto a las dos primeras opciones, la Comisión también estudió la posibilidad de elaborar directrices para solucionar la cuestión de las diferencias de interpretación por parte de los Estados miembros; sin embargo, la consulta a los Estados miembros puso de manifiesto que las divergencias de interpretación de la Directiva sobre productos que imitan alimentos eran tan sustanciales que era necesaria una reforma de las normas para garantizar su aplicación uniforme. La Comisión eligió, como mejor opción, suprimir el régimen específico de los productos que imitan alimentos y evaluar su seguridad con arreglo a los mismos principios de evaluación del riesgo que se aplican a los demás productos de consumo no armonizados (el aspecto de la imitación de alimentos se tendrá en cuenta en la evaluación del riesgo del producto en cuestión). Se espera que la opción preferida, que incluye: a) una aclaración de cómo se aplicaría esta legislación a los riesgos que presentan las nuevas tecnologías y el comercio en línea; b) disposiciones que mejoren la eficacia de las recuperaciones de productos; c) la adaptación a las normas armonizadas de vigilancia del mercado y la garantía de un mejor régimen de responsabilidades de los operadores económicos en relación con la seguridad de los productos y los mercados en línea; d) la simplificación de los procedimientos de normalización; y e) la integración de las disposiciones de la Directiva sobre productos que imitan alimentos, tenga las consecuencias siguientes: En cuanto a las consecuencias económicas, se espera que la opción preferida traiga ventajas importantes para los consumidores y la sociedad. El perjuicio estimado para los consumidores debería disminuir aproximadamente 1 000 millones EUR en el primer año de aplicación de la opción preferida y aproximadamente 5 500 millones EUR durante la próxima década. Esta opción también debería reducir en más de 400 millones EUR al año los perjuicios para los consumidores relacionados con las recuperaciones ineficaces. Además, al reducir el número de productos inseguros, las medidas propuestas también deberían reducir el perjuicio ocasionado actualmente a los consumidores y la sociedad de la UE debido a accidentes evitables relacionados con productos (estimados actualmente en 11 500 millones EUR al año) y el coste actual de la asistencia sanitaria por lesiones relacionadas con productos (estimación actual de 6 700 millones EUR al año). No se pudo hacer un cálculo más exacto debido a la falta de datos sobre lesiones con los que estimar la progresión. Se calcula que el ahorro por la disminución de este coste, causado por la reducción de las diferencias en la aplicación en el ámbito nacional y la fragmentación jurídica, ascenderá a 59 millones EUR anuales para las empresas y a 0,7 millones EUR anuales para las autoridades de vigilancia del mercado. El coste total para las empresas de la UE (dedicadas a la fabricación y la venta al por mayor y al por menor de productos no armonizados) se estima en 196,6 millones EUR, lo que equivale al 0,02 % de su volumen de negocios en el primer año de aplicación. En los años siguientes, los costes recurrentes de las empresas de la UE se situarían en 177,8 millones EUR. Estos costes están relacionados con el aumento de las obligaciones de las empresas, principalmente en lo que se refiere a la venta en línea, la venta de productos de nueva tecnología y la recuperación de productos inseguros, y con la adaptación de las normas de vigilancia del mercado a las de los productos armonizados. Las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros tendrían que hacer frente a costes recurrentes adicionales, en virtud de la presente propuesta, de aproximadamente 6,7 millones EUR anuales, debido al aumento de las competencias en materia de vigilancia del mercado de los productos inseguros, y a unos costes únicos de adaptación y aplicación relativamente moderados. •Adecuación regulatoria y simplificación La presente propuesta prevé la revisión de dos instrumentos legislativos existentes: la Directiva relativa a la seguridad general de los productos y la Directiva sobre productos que imitan alimentos. Para simplificar la legislación, la Comisión propone derogar la Directiva sobre productos que imitan alimentos y evaluar la seguridad de los productos que imitan alimentos en el marco de la actual propuesta de nuevo Reglamento relativo a la seguridad general de los productos. La Comisión también comprobó que hay varios ámbitos en los que podrían reducirse la carga administrativa y los costes correspondientes. En primer lugar, esta propuesta reduciría los costes y la carga normativos para las empresas, ya que las aclaraciones jurídicamente vinculantes y la elección de un reglamento como instrumento normativo reducirán la inseguridad jurídica y garantizarán una aplicación más uniforme de la legislación sobre seguridad de los productos en comparación con la actual DSGP. Asimismo, la armonización de las obligaciones generales de vigilancia del mercado y de seguridad de los productos armonizados y no armonizados reducirá las diferencias en la aplicación y mejorará la trazabilidad de la cadena de suministro. Se producirá una reducción del coste para todas las empresas y, en particular, para ese 42 % de las empresas que comunicó que incurría en gastos adicionales relacionados con la aplicación desigual de la DSGP. El ahorro que tendrán las empresas por la reducción del coste derivada de una aplicación más armonizada se estima en unos 59 millones EUR anuales (34 millones EUR ahorrados por las pymes de la UE y 26 millones EUR ahorrados por las grandes empresas de la UE). En segundo lugar, la presente propuesta mejorará la eficiencia de la vigilancia del mercado y la garantía del cumplimiento en los Estados miembros. Esto se debe a la aproximación de las disposiciones de vigilancia del mercado de los productos armonizados y de los no armonizados, a la mayor armonización de las competencias de garantía del cumplimiento, al mayor efecto disuasorio y al nuevo mecanismo de arbitraje. Por lo tanto, la presente propuesta reduce los costes de todas las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros y, en particular, de ese 16 % de ellas que comunicó que incurría en gastos adicionales conexos debido a los diferentes marcos jurídicos aplicables a los productos armonizados y los no armonizados. Este ahorro para los Estados miembros por la reducción de los costes se estima en 0,7 millones EUR al año en toda la UE. Por último, la simplificación propuesta del proceso de normalización reducirá la carga administrativa para los Estados miembros y la Comisión. Esta racionalización del proceso de normalización de la UE acelerará la labor de normalización y aumentará con ello la seguridad jurídica y ayudará a las empresas a cumplir la obligación general de seguridad de los productos. La presente propuesta no exime a las microempresas y las pymes de ninguna de las obligaciones. La legislación de la UE sobre seguridad de los productos no permite regímenes menos estrictos para las pymes, ya que un producto de consumo debe ser seguro independientemente de las características de su cadena de suministro, a fin de cumplir el objetivo general de seguridad de los productos y protección de los consumidores. La Comisión estima que el coste total de cumplimiento de esta propuesta para las pymes de la UE será de 111,1 millones EUR (suma de costes únicos y recurrentes) en el primer año de aplicación. En los años siguientes, los costes recurrentes de las pymes de la UE se situarían en torno a 100 millones EUR. Se calcula que el ahorro causado por la reducción de las diferencias en la aplicación en el ámbito nacional y la fragmentación jurídica ascendería a 34 millones EUR para las pymes de la UE. La presente propuesta tendrá implicaciones prácticas tanto para los operadores económicos que traten con productos regulados por la DSGP como para las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros. Las empresas tendrán que cumplir requisitos adicionales en materia de trazabilidad y transparencia. Se impondrán obligaciones adicionales en materia de recuperaciones a las empresas que realmente hayan introducido en el mercado productos inseguros. Los mercados en línea también tendrán que asegurarse de que establecen mecanismos internos para cumplir sus nuevas obligaciones en materia de seguridad de los productos. Además, las empresas que vendan en el mercado único desde fuera de la UE tendrán que establecer mecanismos para garantizar que los productos vendidos en la UE tengan atribuido un operador económico responsable. Las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros podrían necesitar recursos adicionales para hacer frente a la ampliación de las responsabilidades de vigilancia del mercado y a las nuevas competencias que se les otorgarían. Por ejemplo, las nuevas herramientas para la vigilancia del mercado en línea amplían las posibilidades de las autoridades nacionales y pueden requerir recursos y capacidades adicionales. Sin embargo, dado que estas nuevas competencias se ajustan en gran medida a las disposiciones vigentes de vigilancia del mercado aplicables a los productos armonizados en virtud del Reglamento (UE) 2019/1020, las autoridades de vigilancia del mercado suelen estar familiarizadas con ellas, especialmente en aquellos Estados miembros en los que las mismas autoridades nacionales de vigilancia del mercado ya se ocupan de productos tanto armonizados como no armonizados. Por lo tanto, las implicaciones prácticas para los Estados miembros son más bien mejores sinergias y un mejor uso de las estructuras y recursos existentes que nuevas necesidades adicionales. Se espera que la ampliación de la cobertura de los riesgos derivados de las nuevas tecnologías (por ejemplo, los riesgos de ciberseguridad que repercutan en la seguridad) aumente la necesidad de contar con personal profesional y conocimientos especializados externos en los Estados miembros para comprobar la seguridad de los productos que incorporan nuevas tecnologías. Los sectores empresariales más afectados serían el del comercio en línea y el de los creadores de nuevas tecnologías; no obstante, su competitividad no ser vería perjudicada gracias a los requisitos armonizados de la UE. La presente propuesta funciona eficazmente tanto en el mundo digital como en el físico y tiene en cuenta los avances digitales, especialmente el desarrollo del comercio en línea y los productos que incorporan nuevas tecnologías. Resolver las dificultades digitales de la seguridad de los productos es uno de los principales objetivos de la presente propuesta. Mejora las normas de vigilancia del mercado para el comercio en línea y establece obligaciones en materia de seguridad de los productos para los mercados en línea y los minoristas en línea a fin de mejorar la seguridad de los productos vendidos en línea. La presente propuesta también trata los nuevos riesgos para la seguridad que presentan las nuevas tecnologías y aclara la aplicación de las normas de seguridad de los productos a los programas informáticos. La presente propuesta es plenamente coherente con las políticas digitales de la UE en vigor y, en particular, con la propuesta de Ley de Servicios Digitales y con el trabajo legislativo sobre la inteligencia artificial y el internet de las cosas. Esta iniciativa está respaldada por las soluciones TIC existentes, a saber, el Sistema de Alerta Rápida de la UE para productos peligrosos no alimentarios (Safety Gate) y el portal conexo Business Gateway. •Derechos fundamentales

La presente propuesta tiene por objeto reforzar la protección de la salud y la seguridad de los consumidores europeos y fomentar su derecho a la información. Gracias a la mayor claridad de las obligaciones y a una mejor garantía del cumplimiento de la normativa en materia de seguridad de los productos, se espera que la presente propuesta sea ventajosa y garantice un mayor nivel de protección de los consumidores y del medio ambiente, de conformidad con los artículos 37 y 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La propuesta impone a las empresas obligaciones adicionales que son necesarias para promover el interés general de la UE de aumentar la protección de los consumidores. Se estima que el coste de cumplimiento resultante será bajo en comparación con el volumen de negocios de las empresas. Per se, estas obligaciones no afectan a la libertad fundamental de empresa ni a su proporcionalidad con arreglo al artículo 52 de la Carta. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS El Reglamento propuesto exige a la Comisión que apoye y facilite la cooperación de las autoridades de vigilancia del mercado, especialmente las actividades coordinadas de vigilancia del mercado, el nuevo mecanismo de arbitraje y las evaluaciones inter pares. Por otra parte, la presente propuesta permite reforzar la cooperación y el intercambio de información con los socios internacionales de la UE en el ámbito de la seguridad de los productos. Por último, se contempla la adopción de actos de ejecución y actos delegados (relacionados con la trazabilidad y las recuperaciones) y un aumento de la actividad de normalización mediante la simplificación del procedimiento. Esto generará una carga de trabajo adicional para la Comisión, estimada en cuatro funcionarios adicionales a tiempo completo (tres administradores y un asistente). Estos recursos se obtendrán de la redistribución y reorientación de las tareas del personal existente. La Comisión financiará también interfaces electrónicas, a saber, la página web de Safety Gate, el portal Safety Gate (que envía notificaciones de productos peligrosos) y Safety Business Gateway, que reúne las notificaciones de los operadores económicos a las autoridades de vigilancia del mercado. El coste adicional de estas actividades de coordinación e interfaces electrónicas puede ser sufragado por el Programa para el Mercado Único con arreglo al marco financiero plurianual 2021-2027. También pueden incluirse posibilidades de financiación similares en los programas sucesores de los futuros marcos financieros plurianuales. Los detalles figuran en la ficha financiera adjunta a la presente propuesta. 5.OTROS ELEMENTOS •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información La ejecución de la propuesta irá acompañada de un seguimiento basado en indicadores básicos de cumplimiento predefinidos. La Comisión está llevando a cabo un estudio para definir un conjunto común de indicadores de cumplimiento viables y pertinentes en el ámbito de la seguridad de los productos, que deberá acordarse con los Estados miembros. Además de la supervisión y la elaboración de informes periódicas, se propone una evaluación de la eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la UE de esta intervención legislativa a los cinco años de su aplicación por los Estados miembros. La Comisión contribuirá a la ejecución de la propuesta mediante acciones de coordinación, tanto en el contexto de la Red de Seguridad de los Consumidores (seguimiento de la aplicación, intercambio de buenas prácticas entre Estados miembros, etc.) como de las actividades coordinadas de vigilancia del mercado. •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta La propuesta de Reglamento consta de 11 capítulos y un total de 47 artículos. Capítulo I. Disposiciones generales Este capítulo establece el ámbito de aplicación y define los principales términos utilizados en la propuesta de Reglamento. Proporciona una «red de seguridad» para todos los productos incluidos en su ámbito de aplicación, estableciendo obligaciones para garantizar la seguridad de los productos de consumo y, por tanto, la seguridad de los consumidores. Establece normas sobre la aplicación del presente Reglamento a la legislación no armonizada. Actualiza las definiciones de la Directiva 2001/95/CE, fundamentalmente para tener en cuenta el diferente ámbito de aplicación de la definición de «producto», e introduce una definición específica de «mercado en línea». Capítulo II. Obligaciones de seguridad Introduce la obligación general de seguridad, confirma la importancia de las normas publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea como presunción de seguridad y actualiza aspectos de la evaluación de la seguridad de los productos para tener en cuenta los productos que imitan alimentos en la evaluación del riesgo, tras la derogación de la Directiva 87/357/CEE. Entre los nuevos aspectos de la evaluación de la seguridad de los productos están los posibles riesgos relacionados con los productos basados en nuevas tecnologías. Capítulo III. Obligaciones de los operadores económicos Sección 1 Esta sección establece las obligaciones de los operadores económicos, excepto las de aquellos que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2019/1020. Se hace para evitar que las obligaciones contenidas en el capítulo puedan entrar en conflicto con obligaciones similares contenidas en la legislación armonizada. Además de las obligaciones más generales de los operadores económicos de garantía de la seguridad de los productos, introduce el concepto de modificación sustancial, en cuyo caso la responsabilidad de la seguridad del producto pasa a ser de la persona que realiza la modificación. Además, amplía el concepto de persona responsable que figura en el artículo 4 del Reglamento (UE) 2019/1020 a los productos no armonizados. Se trata de una condición necesaria para la comercialización de los productos a fin de dar respuesta a los problemas de las importaciones directas procedentes de terceros países. Este capítulo también contiene las disposiciones básicas sobre trazabilidad, tomadas principalmente de la Decisión 768/2008/CE, y la posibilidad, en el caso de productos que pueden presentar un riesgo grave para la salud y la seguridad de las personas, de adoptar un sistema de trazabilidad más estricto, que se adoptará mediante un acto delegado.

Sección 2 Esta sección contiene las obligaciones de los operadores económicos que son aplicables también a los operadores económicos que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2019/1020. Se trata de obligaciones que no tienen correspondencia en los sectores armonizados y, por lo tanto, su aplicación también a este sector no generaría conflicto. Se refiere a la obligación de los operadores económicos en caso de venta a distancia y en caso de se produzca un accidente con un producto. Capítulo IV. Mercados en línea En este capítulo se examina la función desempeñada por los mercados en línea y se establecen las obligaciones específicas que les son aplicables. Capítulo V. Vigilancia del mercado y ejecución Este capítulo recoge y adapta la totalidad de los capítulos IV, V y VI del Reglamento (UE) 2019/1020, relativos a la vigilancia del mercado. El objetivo es crear, en la medida de lo posible, un único régimen tanto para los productos armonizados como para los no armonizados. Capítulo VI. Sistema de Alerta Rápida «Safety Gate» Este capítulo establece el principio de intercambio de información en el caso de un producto peligroso y cambia el nombre del sistema RAPEX por Safety Gate, manteniendo las mismas características del sistema. La propuesta añade plazos más específicos. Se aclara la relación entre Safety Gate y el sistema de información y comunicación para la vigilancia del mercado (ICSMS, por sus siglas en inglés); el capítulo también aclara que las autoridades de los Estados miembros pueden decidir confiar la función de funcionario de enlace único al punto de contacto nacional de Safety Gate. Capítulo VII. Función de la Comisión y coordinación de la garantía del cumplimiento Este capítulo ofrece a la Comisión la posibilidad de adoptar medidas, mediante actos de ejecución, en caso de riesgo grave que no pueda controlarse satisfactoriamente mediante medidas adoptadas por el Estado o Estados miembros afectados o mediante cualquier otro procedimiento contemplado en la legislación de la UE. Esta posibilidad ya existe en la DSGP: el Reglamento propuesto hace más preciso su ámbito de aplicación. El capítulo V también introduce un mecanismo de arbitraje voluntario en virtud del cual los Estados miembros pueden presentar a la Comisión preguntas relativas a la existencia de un riesgo, o a la determinación de su nivel, vinculado a un producto en caso de que haya evaluaciones del riesgo divergentes. Gracias a esto se podrán adoptar medidas más uniformes a escala de la UE contra los productos peligrosos. Capítulo VIII. Derecho a información y a resarcimiento Este capítulo contiene disposiciones sobre la información a la que tienen derecho los consumidores. Confirma la obligación de la Comisión y de los Estados miembros de poner a disposición de los consumidores la información sobre los riesgos para la salud y la seguridad que presentan los productos. También fija la obligación de que los Estados miembros brinden a los consumidores la oportunidad de presentar reclamaciones a las autoridades nacionales competentes. Confirma y refuerza aún más el ámbito de acción del portal web Safety Gate, que ya existe, añadiendo una nueva sección en la que los consumidores pueden consultar las advertencias y las recuperaciones emitidas directamente por los operadores económicos. En cuanto a las recuperaciones, las nuevas disposiciones intentan mejorar su eficacia, garantizando que los consumidores reciban información más completa y que esta se comunique de forma generalizada, así como un sistema mejorado de resarcimiento a disposición de los consumidores. Capítulo IX. Cooperación internacional Este capítulo sienta la base jurídica para que la Comisión establezca formas de cooperación para mejorar la seguridad de los productos. Entre ellas se incluyen medidas comunes de garantía del cumplimiento, asistencia técnica, intercambio de funcionarios e intercambio de información sobre productos peligrosos y, en particular, de información contenida en Safety Gate. A este respecto, hay una disposición que permite, bien participar plenamente en Safety Gate, bien limitarse a intercambiar información seleccionada. Capítulo X. Disposiciones financieras El Reglamento propuesto prevé la financiación por la Comisión de actividades en todas las cuestiones que entren dentro de su ámbito de aplicación. Asimismo, incluye cláusulas generales sobre la protección de los intereses financieros de la Unión. Capítulo XI. Disposiciones finales Este capítulo prevé, en particular, un sistema de sanciones: si bien reconoce que la imposición de sanciones es competencia nacional, fija principios rectores en materia de sanciones y, en particular, criterios para las imposiciones de sanciones, los tipos de infracciones sancionables, criterios por los que se delimitan las sanciones máximas y la posibilidad de imponer multas coercitivas. 2021/0170 (COD)

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la seguridad general de los productos, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 87/357/CEE del Consejo y la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo





(Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)La Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo establece la obligación de que los productos de consumo sean seguros y de que las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros actúen cuando sepan de la existencia de productos peligrosos e intercambien información a tal efecto a través del Sistema de Intercambio Rápido de Información (RAPEX). (2)La Directiva 2001/95/CE debe revisarse y actualizarse a la luz de la evolución de las nuevas tecnologías y la venta en línea, a fin de garantizar la coherencia con la evolución de la legislación de armonización de la Unión y de la legislación de normalización, de asegurar un mejor funcionamiento de las recuperaciones de productos y establecer un marco más claro para los productos que imitan alimentos, regulados hasta ahora por la Directiva 87/357/CEE del Consejo. En aras de la claridad, procede derogar la Directiva 2001/95/CE y la Directiva 87/357/CEE y sustituirlas por el presente Reglamento. (3)Un reglamento es el instrumento normativo apropiado, ya que impone normas claras y detalladas que no dejan lugar para transposiciones divergentes por parte de los Estados miembros. La elección del reglamento en lugar de la directiva también permite conseguir mejor el objetivo de garantizar la congruencia con el marco legislativo de vigilancia del mercado de los productos que entran en el ámbito de aplicación de la legislación de armonización de la Unión establecida en el Reglamento (UE) 2019/1020, puesto que el instrumento normativo aplicable es también del mismo tipo, a saber, el Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo. Por último, esta opción reducirá aún más la carga normativa al darse una aplicación uniforme de las normas de seguridad de los productos en toda la UE. (4)El presente instrumento tiene por objeto contribuir a la consecución de los objetivos contemplados en el artículo 169 del Tratado. En particular, debe tratar de garantizar la salud y la seguridad de los consumidores y el funcionamiento del mercado interior en lo que respecta a los productos destinados a los consumidores. (5)El presente Reglamento debe tratar asimismo de proteger a los consumidores y su seguridad como uno de los principios fundamentales del marco jurídico de la UE, consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Los productos peligrosos pueden tener consecuencias muy negativas para los consumidores y los ciudadanos. Todos los consumidores, especialmente los más vulnerables, como los niños, las personas mayores o las personas con discapacidad, tienen derecho a que los productos sean seguros. Los consumidores deben disponer de medios suficientes para hacer valer tales derechos, y los Estados miembros deben contar con instrumentos y medidas adecuados para hacer cumplir el presente Reglamento. (6)A pesar de que se ha adoptado legislación de armonización sectorial de la Unión que trata los aspectos de seguridad de productos o categorías de productos concretos, es prácticamente imposible adoptar una sola norma de la Unión para todos los productos de consumo existentes o que puedan surgir. Por lo tanto, sigue siendo necesario un marco legislativo de carácter horizontal para colmar lagunas y garantizar la protección de los consumidores no garantizada de otro modo, sobre todo con vistas a lograr un nivel elevado de protección de la seguridad y la salud de los consumidores, tal como exigen los artículos 114 y 169 del Tratado. (7)Al mismo tiempo, en lo que respecta a los productos sujetos a legislación de armonización sectorial de la Unión, debe establecerse claramente el ámbito de aplicación de las diferentes partes del presente Reglamento para evitar el solapamiento de disposiciones y que el marco jurídico resulte poco claro. (8)Aunque algunas de las disposiciones, como las relativas a la mayoría de las obligaciones de los operadores económicos, no deben aplicarse a los productos regulados por legislación de armonización de la Unión, puesto que ya están reguladas por dicha legislación, deben aplicarse otras disposiciones para complementar la legislación de armonización de la Unión. En particular, la obligación general de seguridad de los productos y las disposiciones conexas deben ser aplicables a los productos de consumo regulados por legislación de armonización de la Unión cuando determinados tipos de riesgos no estén cubiertos por dicha legislación. Las disposiciones del presente Reglamento relativas a las obligaciones de los mercados en línea, las obligaciones de los operadores económicos en caso de accidente, el derecho de información de los consumidores y las recuperaciones de productos de consumo deben aplicarse a los productos regulados por legislación de armonización de la Unión cuando no existan disposiciones específicas con el mismo objetivo en dicha legislación. Del mismo modo, RAPEX ya se utiliza a efectos de la legislación de armonización de la Unión, tal como se contempla en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que las disposiciones que regulan Safety Gate y su funcionamiento contenidas en el presente Reglamento deben ser aplicables a la legislación de armonización de la Unión. (9)Las disposiciones del capítulo VII del Reglamento (UE) 2019/1020, que establece las normas sobre los controles de los productos que entran en el mercado de la Unión, ya son directamente aplicables a los productos regulados por el presente Reglamento, y el presente Reglamento no pretende modificar dichas disposiciones. La estabilidad de lo anterior es especialmente importante si se tiene en cuenta que las autoridades encargadas de estos controles (que en casi todos los Estados miembros son las autoridades aduaneras) los llevarán a cabo sobre la base del análisis de riesgos a que se refieren los artículos 46 y 47 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 (Código Aduanero de la Unión), la legislación de ejecución y las directrices correspondientes. Este planteamiento basado en el riesgo es fundamental para los controles aduaneros, dado el volumen considerable de mercancías que entran en el territorio aduanero y salen del mismo, y da lugar a la aplicación de medidas de control concretas en función de las prioridades fijadas. El hecho de que el Reglamento no modifique en modo alguno el capítulo VII del Reglamento (UE) 2019/1020, que remite directamente al planteamiento basado en el riesgo establecido en la legislación aduanera, significa en la práctica que las autoridades encargadas de los controles de los productos que entran en el mercado de la Unión (fundamentalmente, las autoridades aduaneras) deben limitar sus controles a los productos más arriesgados, dependiendo de la probabilidad y la gravedad del riesgo, para garantizar así la eficacia y eficiencia de sus actividades y salvaguardar su capacidad para llevar a cabo dichos controles.

(10)El principio de cautela es un principio fundamental para garantizar la seguridad de los productos y los consumidores y, por lo tanto, debe ser tenido debidamente en cuenta por todos los agentes pertinentes a la hora de aplicar el presente Reglamento. (11)Teniendo en cuenta asimismo la dimensión tan amplia dada al concepto de salud, el riesgo medioambiental que presenta un producto debe tenerse en cuenta en la aplicación del presente Reglamento, en la medida en que, en última instancia, también puede presentar un riesgo para la salud y la seguridad de los consumidores. (12)Los productos que estén diseñados exclusivamente para un uso profesional, pero que, posteriormente, hayan pasado al mercado de los consumidores en general, deben estar sujetos al presente Reglamento, pues pueden presentar riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores cuando se utilicen en condiciones razonablemente previsibles. (13)La legislación de la Unión en materia de alimentos, piensos y ámbitos conexos establece un sistema específico que garantiza la seguridad de los productos que regula. Por consiguiente, los alimentos y los piensos deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento, con excepción de los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos en lo que respecta a los riesgos que no están cubiertos por el Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo o por otra legislación alimentaria específica que solo cubra los riesgos químicos y biológicos relacionados con los alimentos. (14)Los medicamentos están sujetos a una evaluación previa a su comercialización que incluye un análisis específico de los riesgos y los beneficios. Por consiguiente, conviene excluirlos del ámbito de aplicación del presente Reglamento. (15)Las aeronaves a que se refiere el artículo 2, apartado 3, letra d), del Reglamento (UE) 2018/1139 están sujetas al control reglamentario de los Estados miembros, habida cuenta de su limitado riesgo para la seguridad de la aviación civil. Por consiguiente, conviene excluirlos del ámbito de aplicación del presente Reglamento. (16)Las obligaciones establecidas en el presente Reglamento deben aplicarse a los productos de segunda mano y a los productos reparados, reacondicionados o reciclados que vuelvan a entrar en la cadena de suministro en el transcurso de una actividad comercial, excepto aquellos productos de los que el consumidor no pueda esperar razonablemente que cumplan las normas de seguridad más avanzadas, como las antigüedades o los productos que se presenten como reparados o renovados. (17)La Directiva 87/357/CEE, relativa a los productos de consumo que, aunque no sean productos alimenticios, se parecen a productos alimenticios y pueden confundirse con ellos de tal manera que los consumidores, especialmente los niños, se los lleven a la boca, los chupen o los ingieran y ello les cause asfixia, intoxicación o perforación u obstrucción del tubo digestivo, ha dado lugar a una interpretación polémica. Además, se adoptó en un momento en el que el ámbito de aplicación del marco jurídico de la seguridad de los productos de consumo era muy reducido. Por estas razones, debe derogarse la Directiva 87/357/CEE. (18)Los servicios no deben estar regulados por el presente Reglamento. No obstante, con el fin de lograr la protección de la salud y la seguridad de los consumidores, los productos entregados o puestos a disposición de los consumidores en el contexto de la prestación de servicios, incluidos los productos a los que los consumidores están expuestos directamente durante una prestación de servicios, deben entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. El equipo en el que los consumidores conducen o viajan y llevado por un prestador de servicios no debe entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, ya que debe considerarse en relación con la seguridad del servicio prestado. (19)Los elementos que se conectan a otros elementos o los elementos no integrados que influyen en el funcionamiento de otro objeto pueden suponer un riesgo para la seguridad del producto. Este aspecto debe tenerse debidamente en cuenta como un riesgo potencial. Las conexiones e interrelaciones que un objeto pueda tener con objetos externos no deben poner en peligro su seguridad. (20)Las nuevas tecnologías también presentan nuevos riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores o alteran la forma en que podrían materializarse los riesgos, como es el caso de una intervención externa que piratea el producto o cambia sus características. (21)La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de enfermedades o dolencias. Esta definición respalda el hecho de que el desarrollo de nuevas tecnologías puede presentar nuevos riesgos para la salud de los consumidores, como riesgos psicológicos, riesgos para el desarrollo, sobre todo para los niños, riesgos mentales, depresión, pérdida de sueño o alteración de la función cerebral. (22)Los riesgos específicos de ciberseguridad que afectan a la seguridad de los consumidores, así como los protocolos y las certificaciones, pueden tratarse mediante legislación sectorial. No obstante, en caso de lagunas en la legislación sectorial, debe garantizarse que los operadores económicos y las autoridades nacionales pertinentes tengan en cuenta los riesgos relacionados con las nuevas tecnologías, respectivamente, al diseñar los productos y al evaluarlos, a fin de garantizar que los cambios introducidos en el producto no pongan en peligro su seguridad. (23)La seguridad de los productos debe evaluarse teniendo en cuenta todos los aspectos pertinentes y, en particular, sus características y presentación, así como las necesidades específicas y los riesgos que tengan las categorías de consumidores que pueden utilizar esos productos, especialmente los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad. Por consiguiente, si es necesaria información específica para que los productos sean seguros para una categoría determinada de personas, la evaluación de la seguridad de los productos también debe tener en cuenta la presencia de dicha información y su accesibilidad. La seguridad de los productos debe evaluarse teniendo en cuenta la necesidad de que el producto sea seguro durante toda su vida útil. (24)Los operadores económicos deben tener obligaciones relativas a la seguridad de los productos, en relación con sus funciones respectivas en la cadena de suministro, a fin de garantizar un nivel elevado de protección de la salud y la seguridad de los consumidores. Todos los operadores económicos que intervengan en la cadena de suministro y distribución deben adoptar las medidas oportunas para asegurarse de que solo comercialicen productos que sean seguros y se ajusten al presente Reglamento. Es necesario disponer un reparto claro y proporcionado de las obligaciones que se corresponda con el papel de cada operador en el proceso de suministro y distribución. (25)La venta a distancia, incluida la venta en línea, también debe entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. La venta en línea ha crecido de forma constante y progresiva, creando nuevos modelos de negocio e incorporando nuevos actores en el mercado, como los mercados en línea. (26)Los mercados en línea tienen una función crucial en la cadena de suministro —ya que permiten a los operadores económicos llegar a un número indefinido de consumidores— y, por tanto, también en el sistema de seguridad de los productos. (27)Dado el importante papel que desempeñan los mercados en línea a la hora de intermediar en la venta de productos entre comerciantes y consumidores, estos agentes deben tener más responsabilidades en relación con la venta de productos peligrosos en línea. La Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo establece el marco general para el comercio electrónico y determinadas obligaciones para las plataformas en línea. El Reglamento [.../...] relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de Servicios Digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE regula la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas de quienes prestan servicios de intermediación en línea con respecto a contenidos ilícitos, incluidos los productos inseguros. Dicho Reglamento se aplica sin perjuicio de las reglas establecidas por el Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores y seguridad de los productos. En consecuencia, sobre la base del marco jurídico horizontal previsto en dicho Reglamento, deben introducirse obligaciones específicas esenciales para hacer frente eficazmente a la venta en línea de productos peligrosos, de conformidad con el artículo [1, apartado 5, letra h)] de dicho Reglamento. (28)El compromiso de seguridad de los productos, firmado en 2018 y al que se han adherido varios mercados desde entonces, establece una serie de compromisos voluntarios en materia de seguridad de los productos. El compromiso de seguridad de los productos ha justificado su existencia puesto que ha mejorado la protección de los consumidores frente a los productos peligrosos vendidos en línea. No obstante, su carácter voluntario y la participación también voluntaria de un número reducido de mercados en línea limitan su eficacia y no pueden garantizar unas condiciones de competencia equitativas. (29)Los mercados en línea deben actuar con la debida diligencia en relación con los contenidos alojados en sus interfaces en línea que afecten a la seguridad de los productos, de conformidad con las obligaciones específicas establecidas en el presente Reglamento. En consecuencia, deben establecerse obligaciones de diligencia debida aplicables a todos los mercados en línea en relación con los contenidos alojados en sus interfaces en línea que afecten a la seguridad de los productos.

(30)Además, en aras de una vigilancia eficaz del mercado, los mercados en línea deben registrarse en el portal Safety Gate e indicar, en el mismo portal, la información relativa a sus puntos de contacto únicos para facilitar la comunicación de información sobre cuestiones de seguridad de los productos. El punto de contacto único contemplado en el presente Reglamento podría ser el mismo que el punto de contacto contemplado en el [artículo 10] del Reglamento (UE) .../... [Ley de Servicios Digitales], sin que se ponga en peligro el objetivo de tramitar de manera rápida y específica las cuestiones relacionadas con la seguridad de los productos. (31)A fin de poder cumplir las obligaciones que le atribuye el presente Reglamento y, en particular, en lo que se refiere al cumplimiento oportuno y efectivo de las órdenes de las autoridades públicas, al tratamiento de las notificaciones de terceros y a la cooperación con las autoridades de vigilancia del mercado en el contexto de las medidas correctivas previa solicitud, los mercados en línea deben disponer de un mecanismo interno para tramitar cuestiones relacionadas con la seguridad de los productos. (32)Las obligaciones que impone el presente Reglamento a los mercados en línea no deben equivaler a una obligación general de supervisar la información que transmiten o almacenan, ni de buscar activamente hechos o circunstancias indiciarios de actividades ilegales, como la venta de productos peligrosos en línea. No obstante, los mercados en línea deben retirar con prontitud de sus interfaces en línea los contenidos relativos a productos peligrosos, en cuanto tenga conocimiento efectivo de los contenidos ilícitos y, en particular, en los casos en que el mercado en línea haya tenido conocimiento de hechos o circunstancias en virtud de los cuales un operador económico diligente debería haber apreciado la ilicitud en cuestión, para poder disfrutar de la exención de responsabilidad por los servicios de alojamiento de datos contemplados en la Directiva sobre el comercio electrónico y la [Ley de Servicios Digitales]. Los mercados en línea deben tramitar las notificaciones sobre contenidos relativos a productos inseguros, recibidas de conformidad con el [artículo 14] del Reglamento (UE) .../... [Ley de Servicios Digitales], dentro de los plazos adicionales establecidos por el presente Reglamento. (33)El artículo 14, apartado 4, del Reglamento (UE) 2019/1020 faculta a las autoridades de vigilancia del mercado, cuando no se disponga de otros medios eficaces para eliminar un riesgo grave, para que exijan la retirada de una interfaz en línea de contenidos sobre los productos relacionados o que exijan que se muestre de forma explícita una advertencia a los usuarios finales cuando accedan a una interfaz en línea. Las competencias conferidas a las autoridades de vigilancia del mercado por el artículo 14, apartado 4, del Reglamento (UE) 2019/1020 también deben aplicarse al presente Reglamento. Para que la vigilancia del mercado en virtud del presente Reglamento sea eficaz y para evitar la presencia de productos peligrosos en el mercado de la Unión, estas competencias deben aplicarse en todos los supuestos que sean necesarios y proporcionados, así como cuando los productos presenten un riesgo que no llegue a ser grave. Es esencial que los mercados en línea cumplan dichas órdenes de forma urgente. Por consiguiente, el presente Reglamento introduce plazos vinculantes a este respecto, sin perjuicio de la posibilidad de fijar un plazo más corto en la propia orden. Esta competencia debe ejercerse de conformidad con el [artículo 8] de la Ley de Servicios Digitales. (34)Incluso cuando la información de Safety Gate no contenga un localizador uniforme de recursos (URL) exacto y, cuando sea necesario, información adicional que permita reconocer los contenidos ilícitos de que se trate, los mercados en línea deben tener en cuenta la información transmitida, como los identificadores de productos, cuando esté disponible, y otra información de trazabilidad, en el contexto de cualquier medida adoptada por los mercados en línea por propia iniciativa destinada a detectar, reconocer, eliminar o impedir el acceso a productos peligrosos ofrecidos en su mercado, cuando proceda. (35)A efectos del [artículo 19] del Reglamento (UE) .../... [Ley de Servicios Digitales] y en relación con la seguridad de los productos vendidos en línea, el coordinador de servicios digitales debe considerar, en particular, que las organizaciones de consumidores y las asociaciones que representan los intereses de los consumidores, previa solicitud, son alertadores fiables, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en dicho artículo. (36)La trazabilidad de los productos es fundamental para una vigilancia del mercado de los productos peligrosos eficaz y para la adopción de medidas correctivas. Los consumidores también deben estar protegidos contra los productos peligrosos de la misma manera en los canales de venta en línea y fuera de línea, especialmente cuando compran productos en mercados en línea. Sobre la base de las disposiciones del Reglamento (UE) .../... [Ley de Servicios Digitales] relativas a la trazabilidad de los comerciantes, los mercados en línea no deben permitir que se oferten productos en sus plataformas a menos que el comerciante proporcione toda la información sobre la seguridad de los productos y la trazabilidad con arreglo al presente Reglamento. Esta información debe mostrarse en el anuncio, de modo que los consumidores puedan beneficiarse de la misma información disponible en línea y fuera de línea. No obstante, el mercado en línea no debe ser responsable de verificar la integridad, corrección y exactitud de la propia información, ya que la obligación de garantizar la trazabilidad de los productos recae en el comerciante. (37)También es importante que los mercados en línea colaboren codo con codo con las autoridades de vigilancia del mercado, las autoridades policiales y judiciales y los operadores económicos pertinentes en materia de seguridad de los productos. De conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) 2019/1020, se impone a los proveedores de servicios de la sociedad de la información una obligación de cooperación con las autoridades de vigilancia del mercado en relación con los productos regulados por dicho Reglamento, por lo que debe ampliarse a todos los productos de consumo. Por ejemplo, las autoridades de vigilancia del mercado están mejorando constantemente las herramientas tecnológicas que utilizan para la vigilancia del mercado en línea a fin de detectar productos peligrosos vendidos en línea. Para que estas herramientas sean eficaces, los mercados en línea deben conceder acceso a sus interfaces. Por otra parte, a efectos de la seguridad de los productos, las autoridades de vigilancia del mercado también pueden tener que recopilar datos de los mercados en línea. (38)La venta directa por parte de operadores económicos establecidos fuera de la Unión a través de canales en línea dificulta la labor de las autoridades de vigilancia del mercado de hacer frente a los productos peligrosos en la Unión, ya que en muchos casos los operadores económicos no pueden estar establecidos ni tener un representante legal en la Unión. Por consiguiente, es necesario garantizar que las autoridades de vigilancia del mercado dispongan de las competencias y los medios adecuados para hacer frente eficazmente a la venta de productos peligrosos en línea. A fin de garantizar el cumplimiento efectivo del presente Reglamento, la obligación establecida en el artículo 4, apartados 1, 2 y 3, del Reglamento (UE) 2019/1020 debe ampliarse también a los productos que no entran en el ámbito de aplicación de la legislación de armonización de la Unión, a fin de asegurar que haya un operador económico responsable establecido en la Unión, al que se han encomendado tareas relacionadas con dichos productos, que sirva de interlocutor con las autoridades de vigilancia del mercado y realice tareas específicas en el momento oportuno. (39)La información de contacto del operador económico establecido en la Unión y responsable de los productos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento debe indicarse junto con el producto a fin de facilitar los controles en toda la cadena de suministro. (40)Cuando los operadores económicos o las autoridades de vigilancia del mercado se enfrenten a una elección entre varias medidas correctivas, debe preferirse la acción más sostenible que produzca el menor impacto medioambiental, como la reparación del producto, siempre que no dé lugar a un menor nivel de seguridad. (41)Todo operador económico que introduzca un producto en el mercado con su propio nombre o marca, o lo modifique de manera que pueda afectar al cumplimiento de las obligaciones del presente Reglamento, debe considerarse su fabricante y asumir las obligaciones que como tal le correspondan. (42)Los propios operadores económicos deben establecer procedimientos internos de conformidad mediante los cuales garanticen internamente el cumplimiento eficaz y rápido de su obligación, así como las condiciones para reaccionar a tiempo cuando se detecte un producto peligroso. (43)Al comercializar productos, los operadores económicos deben facilitar información mínima sobre la seguridad y trazabilidad de los productos como parte de la oferta de que se trate. Esto debe entenderse sin perjuicio de los requisitos de información establecidos en la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, tales como los relativos a las características principales de los bienes, en la medida adecuada al soporte y a los bienes. (44)Garantizar la identificación de los productos y su trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro ayuda a identificar a los operadores económicos y a adoptar medidas correctivas eficaces contra los productos peligrosos, como las recuperaciones específicas. La identificación y trazabilidad de los productos garantizan así que los consumidores y los operadores económicos obtengan información precisa sobre los productos peligrosos, lo que aumenta la confianza en el mercado y evita perturbaciones innecesarias del comercio. Así pues, los productos deben incorporar información que permita su identificación y la del fabricante, así como, si es aplicable, la del importador. Estos requisitos de trazabilidad pueden ser más estrictos en determinados tipos de productos. Los fabricantes también deben elaborar documentación técnica relativa a sus productos, que debe contener la información necesaria para demostrar que su producto es seguro. (45)El marco jurídico de la vigilancia del mercado de los productos regulados por legislación de armonización de la Unión y establecido en el Reglamento (UE) 2019/1020 y el marco jurídico de la vigilancia del mercado de los productos regulados por el presente Reglamento deben ser lo más coherentes posible. Por lo tanto, en lo que respecta a las actividades, las obligaciones, las competencias y las medidas de vigilancia del mercado, así como la cooperación entre las autoridades de vigilancia del mercado, es necesario poner fin a las divergencias normativas existentes entre los dos conjuntos de disposiciones. A tal fin, los artículos 10 a 16, los artículos 18 y 19 y los artículos 21 a 24 del Reglamento (UE) 2019/1020 deben aplicarse también a los productos regulados por el presente Reglamento. (46)Para preservar la coherencia del marco jurídico de la vigilancia del mercado y, al mismo tiempo, garantizar una cooperación eficaz entre la red europea de autoridades competentes en materia de seguridad de los productos de los Estados miembros (en lo sucesivo, «Red de Seguridad de los Consumidores»), contemplada en el presente Reglamento, y la Red de la Unión sobre Conformidad de los Productos, destinada a la coordinación y cooperación estructuradas entre las autoridades de policiales de los Estados miembros y la Comisión y contemplada en el Reglamento (UE) 2019/1020, es necesario asociar la Red de Seguridad de los Consumidores a la Red de la Unión sobre Conformidad de los Productos en las actividades mencionadas en los artículos 11, 12, 13 y 21 del Reglamento (UE) 2019/1020. (47)Las autoridades nacionales deben poder complementar las actividades tradicionales de vigilancia del mercado centradas en la seguridad de los productos con actividades de vigilancia del mercado centradas en los procedimientos internos de conformidad establecidos por los operadores económicos para garantizar la seguridad de los productos. Las autoridades de vigilancia del mercado deben poder exigir al fabricante que indique qué otros productos —fabricados con el mismo procedimiento o que contienen los mismos componentes que se considera que presentan un riesgo o que forman parte del mismo lote de fabricación— están afectados por el mismo riesgo. (48)Debe disponerse un intercambio de información entre los Estados miembros y la Comisión acerca de la aplicación del presente Reglamento sobre la base de indicadores de resultados que permitan medir y comparar la eficacia de los Estados miembros en la aplicación de la legislación de la Unión en materia de seguridad de los productos. (49)Debe haber un intercambio eficaz, rápido y exacto de información sobre productos peligrosos.

(50)El Sistema de Intercambio Rápido de Información de la Unión (RAPEX) ha demostrado su eficacia y eficiencia. Permite adoptar medidas correctoras en toda la Unión en relación con productos que presenten un riesgo más allá del territorio de un solo Estado miembro. No obstante, es oportuno cambiar el nombre abreviado y habitual de RAPEX por Safety Gate en aras de una mayor claridad y un mejor acercamiento a los consumidores. Safety Gate consiste en un sistema de alerta rápida sobre productos peligrosos no alimentarios en el que las autoridades nacionales y la Comisión pueden intercambiar información sobre dichos productos, un portal web para informar al público (el portal Safety Gate) y una interfaz que permite a las empresas cumplir con su obligación de informar a las autoridades y a los consumidores sobre los productos peligrosos (Safety Business Gateway). (51)Los Estados miembros deben notificar en Safety Gate las medidas correctivas obligatorias y voluntarias que impidan, restrinjan o impongan condiciones específicas a la posible comercialización de un producto debido a un riesgo grave para la salud y la seguridad de los consumidores o, en el caso de los productos regulados por el Reglamento (UE) 2019/1020, también para otros intereses públicos pertinentes de los usuarios finales. (52)De conformidad con el artículo 34 del Reglamento (UE) 2019/1020, las autoridades de los Estados miembros deben notificar las medidas adoptadas contra los productos regulados por dicho Reglamento que presenten un riesgo que no llegue a ser grave, a través del sistema de información y comunicación a que se refiere el mismo artículo, mientras que las medidas correctivas adoptadas contra los productos regulados por el presente Reglamento que presenten un riesgo que no llegue a ser grave deben notificarse en Safety Gate. Los Estados miembros y la Comisión deben poner a disposición del público información sobre los riesgos que presentan los productos para la salud y la seguridad de los consumidores. Es conveniente para los consumidores y las empresas que toda la información sobre las medidas correctivas adoptadas contra los productos que presenten un riesgo figure en Safety Gate, gracias a lo cual la información pertinente sobre productos peligrosos se podrá poner a disposición del público a través del portal Safety Gate. Por lo tanto, se anima a los Estados miembros a notificar en Safety Gate todas las medidas correctivas relativas a los productos que presentan un riesgo para la salud y la seguridad de los consumidores. (53)En caso de que la información deba notificarse en el sistema de información y comunicación contemplado en el Reglamento (UE) 2019/1020, existe la posibilidad de que dichas notificaciones se envíen directamente a Safety Gate o de que se generen a partir del sistema de información y comunicación para la vigilancia del mercado contemplado en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2019/1020. A tal fin, la Comisión debe mantener y seguir desarrollando la interfaz para la transferencia de información entre el sistema de información y comunicación y Safety Gate, con el objetivo de evitar duplicidades al introducir los datos y facilitar dicha transferencia. (54)La Comisión debe mantener y seguir desarrollando el portal web Safety Business Gateway, que permite a los operadores económicos cumplir con sus obligaciones de informar a las autoridades de vigilancia del mercado y a los consumidores de los productos peligrosos que hayan introducido en el mercado o comercializado. Con esta herramienta los operadores económicos también deben poder informar a las autoridades de vigilancia del mercado de los accidentes causados por productos que han introducido en el mercado o comercializado. Debe posibilitar un intercambio de información rápido y eficaz entre los operadores económicos y las autoridades nacionales, y facilitar la información de los operadores económicos a los consumidores. (55)Puede haber casos en los que sea necesario hacer frente a un riesgo grave a escala de la Unión si el riesgo no puede controlarse satisfactoriamente mediante medidas adoptadas por el Estado miembro de que se trate o mediante cualquier otro procedimiento con arreglo a la legislación de la Unión. Este podría ser el caso, en particular, de nuevos riesgos emergentes o que afecten a consumidores vulnerables. Por esta razón, la Comisión puede adoptar medidas por iniciativa propia o a petición de los Estados miembros. Dichas medidas deben adaptarse a la gravedad y la urgencia de la situación. Además, es necesario disponer un mecanismo adecuado para que la Comisión pueda adoptar medidas provisionales inmediatamente aplicables. (56)La detección del riesgo relativo a un producto y la determinación de su nivel se basan en una evaluación del riesgo realizada por los agentes pertinentes. Al llevar a cabo la evaluación del riesgo, los Estados miembros pueden llegar a conclusiones diferentes en lo que respecta a la existencia de un riesgo o a su nivel, lo que puede poner en peligro el correcto funcionamiento del mercado único y las condiciones de competencia equitativas tanto para los consumidores como para los operadores económicos. Por consiguiente, debe ponerse a disposición de los Estados miembros un mecanismo de arbitraje voluntario que permita a la Comisión emitir un dictamen sobre la cuestión controvertida. (57)La Red de Seguridad de los Consumidores refuerza la cooperación entre los Estados miembros en cuanto a la garantía de cumplimiento de la normativa en materia de seguridad de los productos. En particular, facilita las actividades de intercambio de información, la organización de actividades de vigilancia del mercado conjuntas y el intercambio de conocimientos especializados y mejores prácticas. La Red de Seguridad de los Consumidores debe estar debidamente representada y participar en las actividades de coordinación y cooperación de la Red de la Unión sobre Conformidad de los Productos contemplada en el Reglamento (UE) 2019/1020 siempre que la coordinación de las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de ambos Reglamentos sea necesaria para garantizar su eficacia. (58)Las autoridades de vigilancia del mercado podrán llevar a cabo actividades conjuntas con otras autoridades u organizaciones de representación de los operadores económicos o de los usuarios finales con vistas a fomentar la seguridad de los productos y detectar los productos que sean peligrosos, especialmente los que se ofrecen a la venta en línea. Al hacerlo, las autoridades de vigilancia del mercado y la Comisión, según proceda, deben velar por que la elección de productos y productores, así como las actividades realizadas, no creen una situación que pueda falsear la competencia o afectar a la objetividad, independencia e imparcialidad de las partes. (59)Las acciones de control simultáneas coordinadas («barridos») son medidas específicas de garantía del cumplimiento que pueden mejorar la seguridad de los productos. En particular, deben llevarse a cabo barridos cuando las tendencias del mercado, las reclamaciones de los consumidores u otras indicaciones muestren que determinadas categorías de productos presentan a menudo un riesgo grave. (60)La interfaz pública de Safety Gate, el portal Safety Gate, permite informar al público general, sobre todo los consumidores, los operadores económicos y los mercados en línea, sobre las medidas correctivas adoptadas contra los productos peligrosos presentes en el mercado de la Unión. Una sección aparte del portal Safety Gate permite a los consumidores informar a la Comisión de los productos que presentan un riesgo para la salud y la seguridad de los consumidores que se encuentran en el mercado. Cuando proceda, la Comisión debe dar un seguimiento adecuado y, en particular, transmitir dicha información a las autoridades nacionales afectadas. (61)Al hacer pública la información sobre la seguridad de los productos, debe protegerse el secreto profesional contemplado en el artículo 339 del Tratado de una manera que sea compatible con la eficacia de la vigilancia del mercado y de las medidas de protección. (62)Cuando resulte que un producto ya vendido a los consumidores es peligroso, puede que sea necesario recuperarlo para proteger a los consumidores de la Unión. Es posible que los consumidores no sean conscientes de que poseen un producto sujeto a recuperación. Por lo tanto, para aumentar la eficacia de la recuperación, es importante llegar mejor a los consumidores afectados. Dirigirse directamente a los consumidores es el método más eficaz para concienciarles de las recuperaciones y animarles a que actúen. También es el canal de comunicación preferido en todos los grupos de consumidores. Para garantizar la seguridad de los consumidores, es importante que se les informe de manera rápida y fiable. Por consiguiente, los operadores económicos deberían util