INFORME DE LA COMISION AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO sobre la aplicación de la cláusula de prohibición de exportación, apartado 1 del artículo 4 de la Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos (94/19/CE)

INFORME DE LA COMISION AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación de la cláusula de prohibición de exportación, apartado 1 del artículo 4 de la Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos (94/19/CE)

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Principios generales de la Directiva sobre los sistemas de garantía de depósitos

El artículo 4 de la Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativa a los sistemas de garantía de depósitos, establece el principio de que los sistemas de garantía de depósitos establecidos y reconocidos oficialmente en un Estado miembro de conformidad con el apartado 1 del artículo 3 cubrirán a los depositantes de las sucursales creadas por las entidades de crédito en otros Estados miembros [1].

[1] El apartado 1 del artículo 3 establece que "cada Estado miembro velará por la implantación y el reconocimiento oficial en su territorio de uno o más sistemas de garantía de depósitos."

Esta disposición extiende a los sistemas de garantía de depósitos el principio del reconocimiento, en los Estados miembros de acogida, de las disposiciones aplicables a la sede de la entidad de crédito, que constituye, junto con sus sucursales en el mercado interior, una entidad única, sujeta a una autorización única y a un control centralizado de sus actividades.

La Directiva no prosiguió la armonización de los sistemas hasta establecer un nivel de cobertura uniforme. Sin embargo, en el artículo 7 de la Directiva se establece un importe mínimo de 20.000 euros, si bien existe la posibilidad, hasta el 31 de diciembre de 1999, de mantener en algunos Estados un nivel de cobertura menos elevado (pero no inferior a 15.000 euros). También se contempla que los sistemas puedan limitar la garantía a un porcentaje del importe de los depósitos (igual o superior al 90%). Por último, no se ha establecido límite máximo alguno; determinados depositantes o depósitos pueden quedar completamente excluidos de la garantía (lista recogida en el Anexo I de la Directiva). Por lo tanto, pueden existir divergencias entre los niveles y el alcance de las garantías que ofrecen los distintos sistemas [2], en particular durante el período transitorio, en el cual el propio importe mínimo de la garantía puede ser objeto de excepción.

[2] Véase el cuadro anexo.

1.2 La cláusula de prohibición de exportación

Existe una excepción temporal, válida hasta el 31 de diciembre de 1999, a la aplicación del principio de ampliación de la garantía de depósito del Estado miembro de origen al de las sucursales establecidas en otros Estados miembros. Esta excepción temporal, en lo sucesivo denominada "cláusula de prohibición de exportación", figura en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva. El texto del segundo y tercer párrafo de este artículo es el siguiente:

"Hasta el 31 de diciembre de 1999, ni el nivel ni el alcance, porcentaje incluido, de la cobertura proporcionada será superior al nivel o al alcance máximo de la cobertura que ofrezca el correspondiente sistema de garantía del Estado miembro de acogida en su territorio.

Antes de dicha fecha, la Comisión elaborará un informe sobre la base de la experiencia adquirida en la aplicación del segundo párrafo y estudiará la necesidad de que sigan vigentes sus disposiciones. Si resulta adecuado, la Comisión presentará una propuesta de Directiva al Parlamento Europeo y al Consejo acerca de la prolongación de su validez." [3]

[3] Se establece una excepción temporal semejante a ésta en el artículo 7 de la Directiva 97/9/CE relativa a los sistemas de indemnización de los inversores (DO L 84 de 26 de marzo de 1997, p. 22).

Ha llegado el momento de elaborar el informe sobre la aplicación de la disposición del apartado 1 del artículo 4, y de estudiar si es preciso prorrogar la cláusula. A tal fin, podría ser conveniente estudiar más de cerca los motivos de la introducción de la cláusula de prohibición de exportación, así como su interpretación, que ha sido objeto de recurso al Tribunal. A esta tarea se dedica la siguiente sección. A continuación se evalúa la experiencia de la cláusula y se presentan argumentos a favor y en contra de su expiración. A modo de conclusión, el informe presenta la posición de la Comisión en cuanto al futuro de la cláusula.

2. INTERPRETACIÓN DE LA CLÁUSULA DE PROHIBICIÓN DE EXPORTACIÓN

2.1 En el momento de la aprobación de la Directiva

El motivo de la introducción de la cláusula de prohibición de exportación se indica en el considerando n° 14 de la Directiva:

"Considerando que se podrían crear distorsiones en el mercado si las sucursales de entidades de crédito ofrecen unos niveles de cobertura más altos que los ofrecidos por las entidades de crédito autorizadas en el Estado miembro de acogida; que no es adecuado que el nivel y el alcance de la cobertura ofrecida por los sistemas de garantía se convierta en un instrumento competitivo; que, por ello, es necesario estipular, al menos durante una fase inicial, que el nivel y alcance de la cobertura que ofrezcan los sistemas de un Estado miembro de acogida a los depositantes de las sucursales situadas en otro Estado miembro no superarán el nivel y alcance máximos ofrecidos por el sistema correspondiente del Estado miembro de acogida; que dentro de unos años se deberán examinar las posibles distorsiones del mercado, sobre la base de la experiencia adquirida y a la luz de los cambios que experimente el sector bancario;"

El origen de este texto no es una propuesta de la Comisión, como lo indica claramente el informe de la Presidencia del Consejo previo a la adopción de la posición común:

"Durante los trabajos en el seno del Consejo, varias Delegaciones solicitaron que en la Directiva se estipulara que, cuando una entidad de crédito de un país con un sistema de elevada protección creara una sucursal en un país con un sistema de protección menor, no pudiera ofrecer en ese país una cobertura superior a la allí vigente (cláusula de no exportación). Con ello se trata de evitar que esté en una situación de competencia más favorable que las entidades de crédito locales.

Teniendo en cuenta tanto la adhesión a esta cláusula de determinadas Delegaciones como las reticencias de la Comisión con respecto a la misma, así como el dictamen del Servicio Jurídico, que considera que dicha cláusula sólo podría admitirse con carácter temporal, la Presidencia propone la siguiente fórmula transaccional:

Establecer dicha cláusula de prohibición de exportación en la Directiva, pero únicamente hasta el 31 de diciembre de 1999. Antes de dicha fecha, el Consejo, sobre la base de una propuesta de la Comisión, podría decidir su prórroga." [4]

[4] Extracto del Informe de la Presidencia (belga) del Consejo, de 9 de septiembre de 1993. Documento 8520/93 EF 62

2.2 Tras el recurso de anulación presentado por el Gobierno alemán

La cláusula de prohibición de la exportación fue objeto de un recurso [5] de anulación del Gobierno alemán, que se basaba en los motivos siguientes:

[5] Asunto C-233/94 - República Federal de Alemania contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea

(1) Defecto de motivación que no permite al Tribunal efectuar su control con arreglo al artículo 190 del Tratado CE; según Alemania, el Consejo y el Parlamento no precisan por qué el nivel y el alcance de la garantía de depósitos no deben convertirse en un instrumento competitivo. La "prohibición de exportación" se halla, según Alemania, en contradicción con la finalidad de la Directiva, que es aumentar la protección de los depositantes y facilitar las actividades fronterizas de las entidades de crédito en la Comunidad.

(2) Violación del apartado 2 del artículo 57 del Tratado CE; este argumento se basa en que la prohibición de exportación, según Alemania, complica el ejercicio de las actividades bancarias transfronterizas en la Comunidad y va en contra el principio de armonización mínima y reconocimiento mutuo.

(3) Incompatibilidad de la prohibición de exportación con el objetivo de protección de los ahorradores; al obligar a las sucursales a establecer un nivel de cobertura igual al ofrecido por países donde la protección es menor, la cláusula es contraria al principio de protección de los acreedores.

(4) Violación del principio de proporcionalidad desde el punto de vista tanto de la necesidad como de la proporcionalidad; en primer lugar, según el Gobierno alemán, la cláusula de prohibición de exportación viola el principio de intervención mínima. Otras soluciones que limitarían menos las actividades de las entidades de crédito permitirían luchar con igual eficacia contra las distorsiones del mercado; por ejemplo, una cláusula de salvaguardia. En segundo lugar, no existe una relación razonable entre la naturaleza y el alcance de la intervención y la utilidad de la prohibición de exportación. Dicha utilidad ya se ve limitada por el mero hecho de que no es en modo alguno seguro que el mercado vaya a sufrir distorsiones.

La sentencia del Tribunal del 13 de mayo de 1997 ofrece elementos muy importantes para la valoración de las condiciones y límites que rodean la compatibilidad de la cláusula de prohibición de exportación.

La sentencia del Tribunal reconoce, en su apartado 43, que la prohibición de exportación constituye una excepción a la armonización mínima y al reconocimiento mutuo que en general pretende establecer la Directiva. "Sin embargo, debe señalarse que, teniendo en cuenta la complejidad de la materia y las divergencias que subsistían entre las legislaciones de los Estados miembros, el Parlamento y el Consejo estaban facultados para proceder de forma progresiva a la armonización necesaria ." En el punto 55, sobre la supuesta violación del principio de proporcionalidad, el Tribunal subrayó que "la situación que el legislador comunitario intentó regular es una situación económicamente compleja. Antes de la adopción de la Directiva, no todos los Estados miembros disponían de sistemas de garantía de depósitos; además, la mayoría de los existentes no cubrían a los depositantes de sucursales creadas por las entidades de crédito autorizadas en otros Estados miembros. Por consiguiente, el legislador comunitario tuvo que analizar los efectos futuros e inciertos derivados de su intervención. Para ello, podía optar entre la prevención general de un riesgo y el establecimiento de un sistema de salvaguardia para casos concretos" (apartado 55).

"Del considerando decimocuarto de la Directiva resulta que el Parlamento y el Consejo optaron por evitar desde el principio cualquier distorsión del mercado que resultara del hecho de que las sucursales de ciertas entidades de crédito ofrecieran unos niveles de cobertura más altos que los ofrecidos por las entidades de crédito autorizadas por el Estado miembro de acogida. Puesto que la posibilidad de que se produjera tal distorsión no podía ser totalmente excluida, el legislador comunitario probó de modo suficiente en Derecho que perseguía un objetivo legítimo. Por otra parte, la restricción que la prohibición de exportar la cobertura representa para las actividades de las entidades de crédito afectadas no es manifiestamente desmesurada" (apartado 57).

Tras el rechazo de su recurso de anulación por el Tribunal, Alemania creó un sistema de garantía general y obligatorio, en virtud de una ley de julio de 1998, el cual cubre a las entidades de crédito y a las entidades de inversión hasta el nivel mínimo comunitario (a saber, el 90% del depósito hasta un total de 20.000 ecus). Por otra parte, el Gobierno alemán reconoce todos los sistemas privados de garantía que ya existían antes, y que pueden seguir ofreciendo, con carácter complementario y voluntario, una cobertura mucho más elevada. Estos sistemas privados se ocupan actualmente, por una parte, de administrar el fondo público de garantía (que carece de personalidad jurídica y que han contribuido a financiar) y, por otra, de efectuar los controles necesarios de las entidades, así como, en su caso, de abonar el importe de la garantía tal como prevé la legislación.

3. ARGUMENTACIÓN SOBRE EL MANTENIMIENTO O ELIMINACIÓN DE LA CLÁUSULA

3.1 Fundamentos de la evaluación

Al estudiar la cláusula de prohibición de exportación, tal como prevé la Directiva, es de especial importancia atender a los dos puntos siguientes.

En primer lugar, en el preámbulo de la Directiva se señala que "dentro de unos años se deberán examinar las posibles distorsiones del mercado (debidas a la cláusula), sobre la base de la experiencia adquirida y a la luz de los cambios que experimente el sector bancario."

En segundo lugar, como ya se ha indicado, el Tribunal enunció, como condición importante para establecer una excepción temporal a los principios de armonización mínima y reconocimiento mutuo que la Directiva en general pretende aplicar, lo siguiente: "Sin embargo, debe señalarse que, teniendo en cuenta la complejidad de la materia y las divergencias que subsistían entre las legislaciones de los Estados miembros, el Parlamento y el Consejo estaban facultados para proceder de forma progresiva a la armonización necesaria ." Debe por tanto determinarse si esta situación sigue existiendo o no.

3.2 Justificación del mantenimiento de la cláusula no exportación

Los Estados miembros han presentado los siguientes argumentos principales en apoyo del mantenimiento de la cláusula :

(1) Falta de experiencia; en la fecha de elaboración del presente informe, esto es, cinco años después de la fecha de entrada en vigor de la Directiva, la disposición objeto del examen solicitado por el Parlamento y el Consejo no ha sido aplicada nunca en la práctica por los sistemas de garantía de depósitos existentes en los Estados miembros, modificados o establecidos al transponerse la Directiva en los ordenamientos jurídicos nacionales. Esto obedece a que ninguna entidad de crédito con sucursales en otros Estados ha suspendido por motivos directamente relacionados con su situación financiera la restitución de los depósitos que se le hubieran confiado durante el período examinado.

(2) Riesgo de efectos negativos para la competencia; los Gobiernos favorables a la presentación por la Comisión de una propuesta para prorrogar la validez de la cláusula aducen en general el argumento recogido en la sentencia, a saber, "evitar que el nivel y el alcance de la cobertura que ofrece el sistema de garantía se conviertan en un instrumento competitivo", con las distorsiones del mercado a que ello podría dar lugar. Los Gobiernos consideran que no puede excluirse totalmente la posibilidad de esta distorsión, y alegan que la prohibición de exportación de las actividades de las entidades de crédito interesadas no ha producido efectos negativos en su territorio ni obstaculizado las actividades de sus entidades en los demás Estados miembros.

(3) Período especialmente sensible. Algunos Estados miembros alegan que sería particularmente inoportuno permitir que la cláusula expirase al final de 1999, ya que ello vendría a sumarse a otros cambios que afectarán al mercado y aumentarán el riesgo de perturbaciones. Uno de estos factores es la reciente introducción del euro. Otro factor es la ampliación prevista de la UE. Se ha argumentado que algunos países candidatos tendrán dificultades para adoptar el nivel mínimo de garantía de depósitos. Por estas razones, algunos Estados miembros temen que la expiración de la cláusula de prohibición de importación aumente considerablemente el riesgo de perturbaciones del mercado.

3.3 Justificaciones de la eliminación de la cláusula de no exportación

(1) El principio de un mercado bancario único. La cláusula de prohibición de exportación constituye una excepción al principio de un mercado bancario único e impide el ejercicio del derecho de establecimiento y libre prestación de servicios. Además, el hecho de que los depositantes de las sucursales estén cubiertos por el sistema de garantía del Estado miembro de acogida supone establecer una discriminación entre los depositantes de la misma entidad de crédito en caso de insolvencia. Por ello, es incompatible con el hecho de que, desde el punto de vista tanto jurídico como bancario, una entidad de crédito y sus sucursales deben considerarse una única entidad. El Consejo y el Parlamento adoptaron la cláusula de prohibición de exportación en este contexto, y con carácter exclusivamente transitorio. Su principal justificación residía en la situación compleja y poco clara que existía antes de la aprobación de la Directiva.

(2) La evolución del sector bancario. El sector bancario ha cambiado considerablemente desde la aprobación de la Directiva, debido en parte a la armonización de los sistemas de garantía, y en parte a la integración financiera.

En primer lugar, en cuanto a la armonización de los sistemas de garantía, durante el período transitorio, que termina el 31 de diciembre de 1999, se han producido numerosas novedades. Se ha establecido un nivel mínimo reglamentario de garantía (20.000 euros) en todos los Estados miembros, y se ha logrado la cobertura de todas las sucursales, con independencia de su lugar de establecimiento. Bien es cierto que la Directiva no ha armonizado plenamente los niveles de garantía nacionales, y que seguirán existiendo algunas diferencias incluso después de transcurrido el período transitorio. No obstante, la Directiva indica claramente que prevalece el principio general del nivel de garantía del país de acogida, sin que dicho nivel de garantía esté supeditado a la armonización de los niveles y condiciones aplicados en los Estados miembros. Por otra parte, es de señalar que también han convergido los niveles de garantía nacionales. Así, los sistemas más generosos han reducido su nivel de cobertura [6]. Por consiguiente, desde 1994, la divergencia entre las garantías ofrecidas por los distintos sistemas se ha reducido sensiblemente. De hecho, el 1 de enero de 2000 todos los Estados miembros, excepto tres, tendrán un nivel de garantía obligatorio que variará entre 20.000 euros y 25.000 euros por depositante. Las únicas excepciones serán Dinamarca (40.000 euros), Francia (60.000 euros) e Italia (104.000 euros).

[6] Alemania ha reducido la cobertura obligatoria al mínimo comunitario, tanto en duración como en alcance (véase el cuadro); Italia ha reducido su límite de cobertura a 104.000 euros (600.000 euros en 1994); por último, Finlandia ha reducido su anterior garantía total a 25.000 euros.

En definitiva, las grandes diferencias que existían en el momento de la aprobación de la Directiva y justificaban una excepción temporal al principio del mercado único han dejado de existir. En consecuencia, ha desaparecido el motivo fundamental para establecer una excepción.

La segunda tendencia del sector bancario que tiene consecuencias importantes para la evaluación de la cláusula de prohibición de exportación es el proceso de integración financiera. Esta evolución se observa de modo paralelo en muchos frentes. Uno de sus factores ha sido la extensión de las redes electrónicas, que ha fomentado la creación de servicios bancarios electrónicos que facilitan el comercio transfronterizo. Otro factor crucial ha sido la introducción del Euro, que elimina el riesgo de cambio entre once Estados miembros. Un tercer factor de peso es la tendencia a los cambios estructurales y a la consolidación en el mercado bancario. A través de concentraciones y adquisiciones, los bancos se han consolidado con vistas a operar en el ámbito internacional, y también de manera transfronteriza. En conclusión, los factores de integración han ejercido una fuerte influencia en los últimos años, y es indudable que esta tendencia va a mantenerse.

En el proceso de integración financiera, la cláusula de prohibición de exportación representa un elemento residual, que divide el mercado único en mercados nacionales. Debe eliminarse en aras de la buena integración del mercado financiero de la UE. Por otra parte, la integración del mercado financiero supone que el comercio transfronterizo de servicios bancarios se convierta en una opción viable frente a los servicios bancarios nacionales. En consecuencia, es fácil y legalmente posible soslayar la cláusula de prohibición de exportación mediante depósitos transfronterizos, reduciendo así poco a poco los efectos sobre la competencia que podría ejercer un sistema de garantía de depósitos en el ámbito nacional [7].

[7] A juicio de los expertos, en este momento, los diferentes niveles de los sistemas de garantía de depósitos en los Estados miembros no son - al menos en la situación actual de relativa estabilidad del mercado - importantes al punto de incitar realmente a los depositantes a soslayar la cláusula de prohibición de exportación mediante depósitos transfronterizos. Sin embargo, esta opinión puede también interpretarse como señal de que las diferencias entre los niveles de garantía no tienen efectos determinantes en la competencia.

(3) No existen estimaciones concretas de las potenciales perturbaciones. Los Estados miembros no disponen de datos objetivos y factuales que justifiquen cualquier inquietud concreta por un riesgo posible o significativo de eventuales perturbaciones debidas a la expiración de la cláusula de prohibición de exportación. Los Estados miembros tampoco pueden precisar ni cuantificar las potenciales perturbaciones del mercado que implicaría para sus establecimientos la expiración de la cláusula de prohibición de exportación.

Por el contrario, el hecho es que las sucursales extranjeras - establecidas en Estados miembros cuyo nivel de garantía de depósitos es más elevado que el de su país de origen - vacilan en acogerse a la cobertura más generosa de su país de acogida ("topping-up"), aun cuando se les ofrezca esta posibilidad de manera no discriminatoria. Existen incluso indicios de que algunas sucursales extranjeras que habían participado inicialmente en sistemas de "topping up" han dejado de hacerlo. Es evidente que estas sucursales extranjeras no están dispuestas a pagar por adaptar su garantía al nivel del país de acogida el mismo precio que los bancos nacionales deben pagar obligatoriamente. Se observan pues claras muestras de que los bancos no consideran las diferencias entre niveles de garantía un factor importante para la competencia.

(4) Cumplimiento de la prohibición de publicidad comercial. Por último, ningún Estado miembro ha observado casos de violación o intento de violación por parte de un banco de la prohibición, impuesta por la Directiva, de hacer uso en la publicidad comercial de las diferencias entre los niveles de garantía de depósitos.

4. CONCLUSIÓN

Los sistemas de garantía de depósitos de los Estados miembros están actualmente armonizados conforme a los principios y objetivos de la Directiva. Por consiguiente, resulta desproporcionado prorrogar la cláusula de prohibición de exportación - que puede soslayarse fácil y legalmente mediante depósitos transfronterizos - a fin de evitar unas perturbaciones del mercado que resultan imposibles de estimar o concretar y se antojan improbables.

Prorrogar la validez de la cláusula de prohibición de exportación supondría considerar más importante la protección frente a semejante riesgo hipotético que la realización del mercado único de servicios bancarios. Dado que una mayor integración europea constituye un objetivo importante -tal como lo demuestra el apoyo del Consejo en su reciente reunión de Colonia al Plan de acción para la aplicación del marco de actuación en materia de servicios financieros-, la Comisión considera adecuado no prolongar la cláusula de prohibición de exportación.

Sin embargo, una vez haya expirado la cláusula (31 de diciembre de 1999), la Comisión supervisará estrechamente la evolución del mercado, prestando especial atención a las graves perturbaciones del mercado, a partir de los datos facilitados por las autoridades nacionales de los Estados miembros según sus preferencias. La Comisión podrá entonces estudiar la posibilidad de proponer medidas legislativas adecuadas.

ANEXO I: Principales características de los sistemas de garantía de depósitos en el EEE

Depósitos cubiertos por determinados sistemas de garantía (aplicación del apartado 2 del artículo 7)

1. Los depósitos de los establecimientos financieros miembros del sistema de garantía no están cubiertos en ningún Estado miembro.

2. Los depósitos de las compañías de seguros están cubiertos en los siguientes Estados miembros: DK, FIN, SU e IS.

3. Los depósitos del Gobierno y de las autoridades administrativas centrales están cubiertos en los siguientes Estados miembros: DK, SU, UK, NO e IS.

4. Los depósitos de las autoridades provinciales, regionales, locales y municipales están cubiertos en los siguientes Estados miembros: DK, EL (excepto las autoridades regionales y provinciales), FIN (únicamente las autoridades municipales), SU, UK, NO e IS.

5. Los depósitos de las empresas de inversión colectiva están cubiertos en los siguientes Estados miembros: DK, FIN, SU, UK e IS.

6. Los depósitos de los fondos de pensiones y jubilación están cubiertos en los siguientes Estados miembros: DK, EL, FIN, SU, UK, IS e IT.

7. Los depósitos de los directores, gerentes y miembros personalmente responsables de una entidad de crédito están cubiertos; los depósitos de los accionistas - excepto si representan un 5% o más del capital de la entidad de crédito - están cubiertos en los siguientes Estados miembros: IRL (20% ), FIN, SU, NO, IS y UK (únicamente sociedades de construcción); todos estos países también cubren los depósitos de los familiares inmediatos de estas personas y de los terceros que actúen en representación de los mismos. En Italia están cubiertos los depósitos de los miembros personalmente responsables.

8. Los depósitos de otras sociedades del mismo grupo están cubiertos en los siguientes Estados miembros: DK, FIN, SU, UK (únicamente sociedades de construcción) e IS.

9. Los depósitos no nominativos están cubiertos en los siguientes Estados miembros: DE, FR (importes correspondientes a medios de pago emitidos), ÖS, SU (cuando existan dichos depósitos) y UK (únicamente los bancos y bajo determinadas condiciones).

10. Los depósitos para los cuales el depositante haya obtenido de la entidad de crédito tipos y ventajas financieras que hayan contribuido a empeorar su situación financiera no figuran en la lista de exclusiones en los Estados siguientes: DK, FIN, SU e IS.

11. Las obligaciones emitidas por la entidad de crédito y los pasivos derivados de aceptaciones propias y pagarés están cubiertos en los Estados siguientes : BE (con algunas condiciones), PT (únicamente los certificados de depósito), NL (únicamente las obligaciones, no los pagarés), NO (bajo determinadas condiciones), SU (bajo determinadas condiciones) y UK (únicamente los bancos y bajo determinadas condiciones).

12. Los depósitos en divisas están cubiertos en los siguientes Estados miembros: DK, EL, ES, NL, LU, PT, FIN, IRL, IT, SU, NO e IS.

13. Los depósitos de todas las personas jurídicas están cubiertos en los siguientes Estados miembros: DK, EL, ES, FR, IT, FIN, SU y UK.

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