Dictamen del Comité de las Regiones sobre «La política común de pesca - salvaguardia de las regiones dependientes de la pesca»

(97/C 379/01)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista su decisión de 18 de octubre de 1996, de conformidad con el apartado 4 del artículo 198 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de emitir un dictamen sobre «La política común de pesca - salvaguardia de las regiones dependientes de la pesca» y de encargar su elaboración a la Comisión de Ordenación del Entorno, Agricultura, Caza, Pesca, Bosques, Mar y Montaña (Comisión 2);

visto el Proyecto de Dictamen (CDR 179/97 rev.) aprobado por la Comisión 2 el 25 de junio de 1997 (Ponentes: Sr. Day y Sr. McPherson),

ha aprobado en su 19° Pleno de los días 17 y 18 de septiembre de 1997 (sesión del 17 de septiembre), por unanimidad el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. El Comité de las Regiones aprobó un dictamen de iniciativa sobre «Las consecuencias regionales de la política pesquera común» (). El Dictamen abordaba una amplia serie de cuestiones que afectan a las regiones a causa de la aplicación de la política pesquera común. En resumen, se recomendaba que los «usuarios» (las empresas pesqueras y las regiones muy dependientes de la pesca) participasen más en la gestión de los recursos pesqueros y se concluía que, con ello, se mejoraría el cumplimiento del Reglamento destinado a conservar los recursos pesqueros y permitir un aplicación más flexible de las medidas vigentes para reestructurar el sector pesquero. En el dictamen se proponía también un planteamiento que abordara directamente la raíz de los problemas del sector antes que los síntomas.

1.2. La Comisión Europea publicó su respuesta a dicho Dictamen del CDR en diciembre de 1996. El presente Dictamen intenta esclarecer algunos aspectos clave del primer Dictamen que la Comisión, en vista de su respuesta, no ha comprendido plenamente o no ha aceptado. Además, tiene por objeto transmitir a la Comisión la opinión del Comité de las Regiones sobre tres aspectos que son de suma importancia:

(i) la falta de financiación para realizar estimaciones sobre la situación de los recursos pesqueros y la consiguiente falta de confianza en ellas, así como la frustración que ello causa en colectividades y regiones dependientes de la pesca, dado que se limita el esfuerzo pesquero basándose en estimaciones científicas que no se corresponden con la realidad del sector;

(ii) la necesidad de definir con mayor claridad colectividades y regiones dependientes de la pesca, así como la necesidad de tener en cuenta las especies que revisten una importancia económica fundamental para una determinada localidad a la hora de determinar la distribución de la cuota;

(iii) la necesidad de crear condiciones para que las cuotas asignadas por cada Estado miembro a los buques que naveguen bajo su pabellón beneficien directamente a la economía de las regiones y colectividades dependientes de la pesca de dicho Estado miembro, sin perjuicio de los principios fundamentales de la Unión Europea y con el debido respeto a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo.

2. Aclaración del Dictamen CDR 14/96

2.1. La opinión expresada por la Comisión Europea de que las críticas concretas expresadas en el Dictamen CDR 14/96 no hacen al caso, debido a las recientes novedades de la política pesquera común, no es aceptable. Aunque el Comité de las Regiones reconoce que al preparar la cuarta generación de programas de orientación plurianuales (MAGP-IV) se estableció un cierto grado de consulta con representantes de las entidades locales y regionales y de las organizaciones pesqueras, ésta queda muy por debajo de la participación en la toma de decisiones que se contemplaba en el Dictamen. El Comité sigue sosteniendo que la gestión de los recursos pesqueros podrá realizarse de manera más eficaz si el sector pesquero comparte verdaderamente con los Estados miembros y la Comisión Europea la responsabilidad de determinar y conseguir niveles de explotación sostenibles.

2.2. La Comisión considera que la incorporación del criterio de zonas dependientes de la pesca a los objetivos territoriales de los Fondos estructurales, permitirá a estas zonas acogerse a las ayudas del Fondo Social Europeo, del Fondo de Desarrollo Regional y del instrumento financiero de orientación de la pesca (IFOP). Además, la Comisión considera que la puesta en marcha de la iniciativa comunitaria PESCA propiciará la diversificación económica implicando a los agentes locales y regionales con arreglo a un planteamiento descentralizado (bottom-up approach). Sin embargo, el Comité de las Regiones cree que al no estar el FSE ni el FEDER concebidos para un sector específico ni orientados a la industria, su impacto directo en los problemas de un sector industrial (frente a su impacto en los síntomas de los problemas de dicho sector) será limitado. El IFOP es un instrumento más concreto en sus objetivos, lo cual le permite enfrentarse con la dimensión socioeconómica y pesquera del sector. De igual modo, la iniciativa PESCA, concebida para fomentar la diversificación económica, no podrá conceder ayudas a quienes no puedan abandonar la actividad u opten por seguir desarrollando actividades en el sector. Además, su efecto general tiene graves limitaciones en lo que respecta a la gestión de recursos de un determinado tipo de pesca. Por lo tanto, el Comité considera que los instrumentos estructurales para la pesca deberán adecuarse mejor, garantizando que su aplicación recaiga en las comunidades costeras, y conferírsele una mayor dotación presupuestaria, en proporción a los sacrificios que se le exigen a este sector, a los retos a los que ha de hacer frente y a su aporte a la economía de la Unión Europea.

2.3. El Comité de las Regiones reconoce la importancia que tienen las medidas de política estructural a la hora de favorecer un desarrollo amplio y sostenible y una conversión económica diversificada en las regiones dependientes de la pesca. Ello es particularmente cierto en el caso de la iniciativa PESCA, que es, ante todo, un instrumento de desarrollo regional, y por ello, permite una gestión compartida a nivel regional entre los entes territoriales y el sector pesquero. El Comité de las Regiones está de acuerdo con las intenciones expresadas por la Comisión en la «Agenda 2000» de conceder una mayor atención a las poblaciones costeras y a las regiones dependientes de la pesca en el marco de la próxima reforma de los Fondos estructurales.

Sin embargo, el Comité de las Regiones considera que es posible adaptar mejor los instrumentos estructurales a las condiciones y problemas propios de las regiones dependientes de la pesca. Esto puede hacerse, sobre todo si se concede al sector pesquero y a los entes territoriales un papel más importante en materia de organización y aplicación. Lo mismo puede decirse de las medidas que, por naturaleza, son más específicamente sectoriales y orientadas hacia la industria en cuestión.

2.4. La Comisión considera incorrecta la previsión que hace el Comité en el dictamen inicial de los efectos que tendrán las medidas técnicas. El Comité sigue manteniendo la opinión que expresó en su Dictamen, esto es, que, desde un punto de vista económico, es probable que las medidas técnicas de conservación acarreen una reducción de los beneficios netos debido a la pérdida de eficacia y a las pérdidas en las rentas que se producirán a corto plazo. Además, se vuelve a insistir en que sus posibles repercusiones negativas a corto plazo y su complejidad han hecho que su cumplimiento plantee dificultades. Las medidas técnicas tal vez no persigan reducir las rentas, pero sus efectos pueden ser sustancialmente diferentes de los resultados perseguidos y conseguidos, especialmente a corto plazo.

2.5. El Comité duda de que las zonas costeras hayan sido protegidas, como señala la Comisión, por la instauración de cuotas de capturas. Las cuotas de capturas no están relacionadas con las zonas costeras y, por tanto, no están concebidas para actuar de disuasivo del esfuerzo pesquero en dichas zonas. Además, la explotación de los recursos en las zonas costeras se extiende a especies que no están sujetas al régimen del total admisible de capturas (TAC), en cuyo caso el esfuerzo pesquero no está limitado. El Comité sigue sosteniendo que una mayor participación de las regiones a la hora de tomar las decisiones permitiría conceder la preferencia en las zonas costeras a los buques que faenen en las pequeñas colectividades costeras.

2.6. La Comisión es partidaria de desarrollar ideas para que la política pesquera común se ajuste más a las realidades y características regionales, pero insiste en que éstas deben plasmarse en el marco institucional vigente, que es el de una política común, y no en una serie de medidas yuxtapuestas. El Comité considera que el asunto fundamental es el impacto que la aplicación de la política general surte en determinados niveles locales. Aunque la política pesquera común es el marco institucional, la aplicación regional debe tener en cuenta las consecuencias económicas y sociales concretas.

3. Estimación de los recursos pesqueros

3.1. El Comité considera que los fondos asignados al cálculo de los recursos pesqueros en toda la UE son insuficientes. Puesto que un cálculo creíble de las poblaciones es una necesidad fundamental de todo régimen de gestión, esta carencia menoscaba el fundamento mismo de una política que pretende equilibrar el esfuerzo pesquero con los recursos pesqueros disponibles. A falta de medidas verificables y fidedignas, es de lamentar que la aplicación obligue a asumir un planteamiento que contemple la adopción de medidas preventivas. El problema se complica aún más cuando se tienen en cuenta los recursos que no están sujetos al régimen TAC (total admisible de capturas). Es evidente que en muchos Estados miembros los fondos que actualmente se asignan a la investigación de las pesquerías en este campo son escasos, y la Comisión debería alentar a los Estados miembros a que asignasen fondos suficientes para elaborar datos fidedignos.

3.2. La actual dependencia de estimaciones científicas basadas en datos incorrectos impide a quienes se encargan directamente de la cuestión de los recursos pesqueros influir en la fijación o modificación de los límites del TAC. La divergencia que se observa entre las recomendaciones relativas a las poblaciones derivadas de dictámenes científicos y la disponibilidad de recursos pesqueros comprobada por las flotas pesqueras suscita las sospechas y las dudas del sector pesquero. Ello da lugar a una falta de confianza en la idea básica de una política pesquera que sea común y, en última instancia, a que el sector pesquero no asuma los niveles de TAC.

3.3. Si no se conoce en detalle el alcance de la base de recursos naturales es imposible formular planes de gestión racional para su explotación. En la situación actual la Comisión propone una reducción de la flota a gran escala con arreglo a los MAGP-IV (cuartos planes de orientación plurianuales), al objeto de adecuar la capacidad de la flota a los recursos pesqueros disponibles. El Comité considera que se trata de un proceso erróneo, a menos que se puedan determinar mejor los recursos pesqueros. Un abandono de la actividad de los buques realizado de manera no estructurada que no se atenga a una estrategia basada en una estimación exacta de los recursos puede provocar el efecto contrario al perseguido, que no es otro que adecuar el esfuerzo pesquero al volumen de los recursos. Es probable que estas reducciones de la flota causen perjuicios muy graves en las regiones y colectividades dependientes de la pesca. Hay que alentar a los Estados miembros a que arbitren planes de reducción que tengan en cuenta la dependencia de la actividad pesquera de las regiones en cuestión y permitan las fluctuaciones naturales de los recursos pesqueros.

3.4. Los cambios drásticos de las cuotas de un año para otro basados en pruebas científicas incompletas y no actualizadas han incrementado la inestabilidad en el sector. Se trata de un claro factor de desincentivación para que el sector pesquero invierta en bienes de equipo. Ello afecta, no sólo a la renovación de los buques más antiguos, sino también a las inversiones en instalaciones de transformación del pescado sitas en tierra, instalaciones que permiten crear valor añadido a las materias primas precisamente en las regiones dependientes de la pesca y, por ende, potenciar las economías locales.

3.5. Es preciso modificar el proceso que va desde el cálculo de los recursos hasta la fijación final del total admisible de capturas, de suerte que las futuras cuotas se fijen antes de que expire el año de la cuota actual. Es necesario establecer estimaciones de los recursos a más largo plazo y por tanto también cuotas a más largo plazo, así como adoptar procesos sensibles para agilizar los incrementos de los totales admisibles de capturas en el caso de algunas especies tras haber obtenido un conocimiento científico de la situación. El Comité opina que la adopción de TAC de carácter plurianual ofrecería una base más estable para la planificación y gestión en los niveles regionales. Habría que considerar asimismo modificar el calendario anual de la cuota para tener en cuenta los aspectos biológicos (como los períodos de desove de algunas especies fundamentales), así como los económicos (como las fluctuaciones del mercado). El Comité considera que el calendario anual de la cuota podría variar según las regiones. El hecho fundamental sigue siendo que se debe permitir que el conocimiento y la experiencia del propio sector pesquero sean factores determinantes a la hora de ajustar las cuotas en el caso de determinadas pesquerías.

4. Definición de dependencia de la pesca

4.1. El Comité opina que, para evaluar la dependencia de determinadas colectividades con respecto a la pesca se requieren nuevos criterios económicos y que estos criterios tengan en cuenta la posibilidad de explotar aquellos recursos de importancia fundamental para un determinado tipo de pesca, esto es, la pesca de aquellas especies que resultan imprescindibles para la viabilidad de las flotas pesqueras locales.

4.2. Dada la insuficiente asignación de fondos para calcular científicamente el volumen de los recursos pesqueros, debería determinarse qué especies resultan de importancia económica fundamental para cada región a fin de que los estudios científicos se centren en dichas especies. Concentrándose en el cálculo de las especies de máximo interés económico para una región determinada, la explotación de dicho tipo de pesca sería lo más sostenible posible para dicha especie y el esfuerzo pesquero local podría así ajustarse lo más adecuadamente a las condiciones de la zona. Una mayor transparencia en la elaboración de la evaluación científica y la admisión de los representantes locales del sector en dicho proceso, a fin de que éstos pudiesen brindar sus conocimientos, permitiría que el sector en cada región asumiese mejor sus responsabilidades de gestión.

5. Mantener los beneficios económicos

5.1. No se pone en entredicho la necesidad de adaptar la capacidad pesquera a niveles sostenibles de recursos pesqueros y se acepta que, con arreglo a la actual aplicación de la política pesquera común, el mecanismo de control adoptado sea la asignación de cuotas de pesca para cada especie a los Estados miembros. Aunque ello se mantenga, con objeto de salvaguardar las necesidades de las regiones y municipios dependientes de la pesca y de sectores afines, los criterios para la distribución de la cuota entre los buques que faenen bajo el pabellón de un Estado miembro deberán permitir que exista un vínculo económico entre dichos buques y las regiones dependientes de la pesca de dicho Estado miembro, sin perjuicio de los principios fundamentales de la Unión Europea y con el debido respeto a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo.

Bruselas, el 17 de septiembre de 1997.

El Presidente del Comité de las Regiones

Pasqual MARAGALL i MIRA

() CDR 14/96 de 18 de enero de 1996 - DO C 129 de 2. 5. 1996, p. 1.