COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 21.12.2016 COM(2016) 825 final 2016/0413(COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1889/2005 {SWD(2016) 470 final}

{SWD(2016) 471 final}



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta La presente propuesta armoniza el Reglamento relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo (en lo sucesivo, el «Reglamento sobre controles de efectivo») con las normas y las buenas prácticas internacionales destinadas a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se centra en aquellos ámbitos en los que la evaluación del Reglamento mencionado determinó que existía margen de mejora y pone en práctica una serie de acciones establecidas en la Comunicación de la Comisión relativa a un Plan de acción para intensificar la lucha contra la financiación del terrorismo. El primer Reglamento sobre controles de efectivo se adoptó en 2005. Dicho Reglamento complementaba las disposiciones de la Directiva relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el establecimiento de un sistema de controles que se ejercían sobre las personas físicas que entraran en la Unión o salieran de ella llevando consigo dinero en metálico o efectos negociables al portador por un importe igual o superior a 10 000 EUR. De este modo, el Reglamento aplicaba a escala de la UE las normas internacionales en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y en particular una Recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (en lo sucesivo, «GAFI») relativa a los controles del transporte de efectivo. Tras evaluar la medida en que el primer Reglamento sobre los controles de efectivo había alcanzado sus objetivos, así como la información remitida por los Estados miembros y la evolución de las normas internacionales sobre control de los flujos transfronterizos de efectivo, la Comisión llegó a la conclusión de que, si bien los resultados globales obtenidos mediante la aplicación del Reglamento eran satisfactorios, una serie de ámbitos del mismo planteaban problemas y debían reforzarse para mejorar su funcionamiento. En concreto, la presente propuesta trata de subsanar los siguientes problemas: 1. Cobertura imperfecta de los movimientos de efectivo transfronterizos El actual Reglamento sobre controles de efectivo exige que las personas físicas que entren o salgan de la UE con un importe equivalente o superior a 10 000 EUR cumplimenten una declaración a tal efecto. Sin embargo, no prevé ninguna disposición similar en relación con el efectivo enviado por correo, o transportado como mercancía o mediante servicios de mensajería. Las autoridades públicas han advertido de que los delincuentes remiten o reciben efectivo recurriendo a dichas modalidades de envío a fin de eludir la obligación de efectuar una declaración con arreglo al Reglamento. 2. Dificultades en el intercambio de información entre autoridades El actual Reglamento sobre controles de efectivo solo exige que las autoridades competentes pongan los datos de la declaración «a disposición» de la unidad de inteligencia financiera (UIF) del Estado miembro en el que se hayan recopilado. Este requisito, relativamente pasivo, puede cumplirse poniendo simplemente los formularios de declaración ya cumplimentados a disposición de la UIF para que esta proceda a su inspección. No obstante, ello no basta, dado que la información debería transmitirse activamente a las UIF a fin de que estas pudieran analizarla. Además, los datos de la declaración solo pueden intercambiarse con las autoridades competentes de otros Estados miembros cuando existen indicios de actividad ilegal, e incluso en ese caso, el intercambio tiene carácter facultativo. Ello ha dado lugar a incoherencias en la aplicación y a un intercambio de datos poco sistemático. 3. Imposibilidad de que las autoridades competentes retengan temporalmente los importes que no alcancen el umbral fijado El actual Reglamento sobre controles de efectivo no autoriza a las autoridades a retener temporalmente el efectivo cuando se detectan movimientos de importes inferiores al umbral fijado pero en relación con los cuales existen indicios de actividad ilegal. 4. Definición imperfecta de «efectivo» En consonancia con las normas internacionales, el efectivo se define como «el dinero en metálico en circulación como instrumento de cambio, o los efectos negociables al portador». Sin embargo, se han detectado casos en los que los delincuentes han trasladado cantidades importantes de materias primas de elevada liquidez, como el oro, para transferir valor sin tener que efectuar una declaración. La declaración en aduana normal no permite hacer frente convenientemente a este problema, ya que no aporta información pormenorizada, por ejemplo, sobre la procedencia económica o la finalidad del efectivo, ni se exige en todos los casos. También es esencial tener en cuenta la rapidez con la que cambian las formas de delincuencia y el aumento de la ciberdelincuencia, los fraudes en línea y los mercados en línea ilegales, fenómenos facilitados por el desarrollo del mercado del dinero electrónico y de los productos que ofrece, que afectan específicamente a los instrumentos de prepago. Es necesario ampliar la definición de efectivo de modo que abarque dichos métodos de pago a fin de colmar el vacío legislativo señalado y probado por los servicios policiales. 5. Disparidad de las sanciones aplicadas por los Estados miembros en caso de incumplimiento de la obligación de declarar Las sanciones aplicadas por no declarar el efectivo varían considerablemente entre Estados miembros. Algunos imponen sanciones muy leves que podrían no resultar disuasorias, mientras que el rigor de las de otros parece dar por supuesto que el incumplimiento de la obligación de declarar el efectivo es la prueba de un delito subyacente (que no se ha determinado todavía y debe ser objeto de una investigación por separado). El actual Reglamento sobre controles de efectivo exige a los Estados miembros que notifiquen a la Comisión las sanciones aplicadas en el momento de su entrada en vigor, pero no así los cambios que se produzcan ulteriormente. 6. Diferentes niveles de ejecución entre Estados miembros En el marco del actual Reglamento sobre controles de efectivo, la mayoría de los Estados miembros utilizan voluntariamente el mismo formulario de declaración, aunque ello no sea obligatorio. Asimismo, los Estados miembros facilitan a la Comisión datos estadísticos, pero no existe obligación alguna respecto a esta notificación ni al nivel de detalle de los datos en ella incluidos, lo que puede provocar problemas a la hora de lograr una aplicación coherente y evaluar la eficacia.

Otro problema es la sensibilización de los viajeros respecto de sus obligaciones. Los Estados miembros están en mejores condiciones para llevar a cabo esta sensibilización, teniendo en cuenta sus particulares necesidades y situaciones. La Comisión reflexionará sobre la mejor manera de alcanzar este objetivo y se pondrá en contacto con expertos de los Estados miembros al respecto, mostrándose asimismo dispuesta a ayudar a los Estados miembros en la elaboración del material adecuado. •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial La presente propuesta debe situarse en el contexto del marco de la UE e internacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. A escala internacional, el GAFI, en el que la Unión está representada por la Comisión, formula recomendaciones destinadas a los territorios en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Pese a no ser instrumentos jurídicos directamente aplicables, dichas recomendaciones tienen cierta relevancia: las evaluaciones recíprocas en materia de cumplimiento llevadas a cabo por los miembros del GAFI se analizan minuciosamente y tienen gran impacto. La recomendación nº 32 del GAFI aborda la cuestión del transporte transfronterizo de efectivo. A escala de la UE, se han adoptado diversos instrumentos jurídicos para dotarse de un marco eficaz con vistas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; entre ellos cabe mencionar: – la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales, que abarca la mayoría de las recomendaciones del GAFI; – el Reglamento (CE) n.º 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos, que aplica la RE VII del GAFI sobre las transferencias electrónicas; – la Directiva 2007/64/CE, sobre servicios de pago en el mercado interior (Directiva sobre servicios de pago), que, en combinación con la Directiva contra el blanqueo de capitales, aplica la RE VI del GAFI sobre remesas alternativas; – el Reglamento (CE) n.º 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, que, junto con el Reglamento (CE) nº 881/2002, por el que se aplican las sanciones de las Naciones Unidas contra Al-Qaeda y los talibanes, aplica parte de la RE III del GAFI sobre congelación de activos de los terroristas. En términos generales, en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: – la Directiva contra el blanqueo de capitales establece un marco de normas por lo que respecta al funcionamiento del sector financiero formal; y – el Reglamento sobre controles de efectivo establece un marco de normas complementario para la protección de la Unión contra las transferencias de efectivo a través de las fronteras exteriores por parte de quienes blanquean capitales y financian el terrorismo tratando de eludir los controles que se aplican sobre el sistema financiero formal. •Coherencia con otras políticas de la Unión La propuesta está en consonancia con otras políticas de la Unión y contribuye a su consecución, en particular con las siguientes: – la Agenda Europea de Seguridad, que destaca la importancia de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada y pone de relieve la necesidad del intercambio de información entre las autoridades competentes, en particular las UIF; – el Plan de acción para intensificar la lucha contra la financiación del terrorismo, que enumera una serie de iniciativas estratégicas y jurídicas (incluida la presente propuesta) que deberán adoptarse como parte de un planteamiento global en este ámbito; y – la propuesta de la Comisión de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo, y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo, que contiene disposiciones sobre las sanciones penales aplicables a las personas o entidades que presten apoyo material al terrorismo; – el principio de la libre circulación de capitales y pagos, que prohíbe las restricciones de los pagos y los movimientos de capitales entre Estados miembros y terceros países, sin perjuicio de las medidas no discriminatorias, justificadas por razones de orden público y de seguridad pública. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica

La propuesta tiene una doble base jurídica en el Derecho primario: – el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (mercado interior), puesto que, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior y proteger a ciudadanos y empresas de la Unión, deben adoptarse medidas para impedir que quienes blanqueen capitales y financien el terrorismo aprovechen planteamientos nacionales divergentes a fin de trasladar efectivo. Para ser eficaces, dichas medidas deben armonizarse; y – el artículo 33 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (cooperación aduanera), ya que es preciso que los controles sobre el efectivo se efectúen en las fronteras exteriores de la Unión, en las que las administraciones aduaneras cuentan con una amplia presencia. Asimismo, dichas administraciones tienen gran pericia en el control del tráfico de pasajeros y los movimientos transfronterizos de envíos en general. •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) La propuesta forma parte del marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Establece un paralelismo con la Directiva contra el blanqueo de capitales por lo que se refiere a los movimientos de efectivo a través de las fronteras exteriores. La organización de un mercado interior en el que circulen libremente mercancías, personas, servicios y capitales supone la adopción de medidas armonizadas entre los Estados miembros, cuando el interés público así lo requiera, con el fin de mantener un grado de protección adecuado y equivalente y unas condiciones de igualdad. No sería posible alcanzar el grado necesario de armonización recurriendo exclusivamente a la aplicación de legislación nacional. Quienes blanquean capitales y financian el terrorismo podrían aprovechar las divergencias existentes para intentar trasladar su efectivo dentro o fuera de la UE a través de los Estados miembros en que las medidas de control son menos rigurosas. Teniendo en cuenta las cantidades de efectivo declaradas que entran o salen de la UE cada año (60 a 70 000 millones EUR, en promedio, transportados por personas físicas), ello podría tener un efecto de distorsión del mercado interior. El Reglamento propuesto no impide que los Estados miembros adopten medidas nacionales de control del efectivo que cruza las fronteras interiores, siempre que dichas medidas sean compatibles con el artículo 65, apartado 1, letra b), y con el artículo 65, apartado 3, del TFUE. El presente Reglamento no afecta a las medidas adoptadas por la UE o los Estados miembros que restrinjan los movimientos de capitales en caso de dificultades graves para el funcionamiento de la unión económica y monetaria (artículo 66 del TFUE) o en caso de crisis súbita en la balanza de pagos (artículos 143 y 144 del TFUE). •Proporcionalidad La Comisión considera que las opciones estratégicas seleccionadas para abordar las cuestiones antes mencionadas y alcanzar los objetivos fijados son adecuadas y necesarias. Ampliar el ámbito de aplicación de los controles al efectivo enviado por correo o transportado como mercancía y permitir a las autoridades retener importes que no alcancen el umbral fijado cuando haya indicios de actividad delictiva garantizaría un cumplimiento pleno y explícito de las normas y los estándares internacionales y de las mejores prácticas. Además, las autoridades tendrían mayores competencias de control, mientras que se limitaría la carga administrativa adicional soportada por los ciudadanos, las empresas y las autoridades, en particular mediante un sistema de revelación del efectivo enviado por correo o transportado como mercancía que conferiría a las autoridades nacionales plenos poderes de control sin imponer a los operadores legítimos una carga sistemática en materia de declaración. Por lo que se refiere al intercambio de información entre autoridades competentes, el establecimiento de la obligación activa de facilitar datos a la UIF del Estado miembro afectado garantizaría la recepción por parte de la UIF de todos los datos necesarios para el análisis. Se requiere este grado de armonización para evitar que pese a estar «a disposición», los datos no se transmitan activamente a la UIF. El intercambio de información entre autoridades competentes adquiriría obligatoriedad en caso de infracciones y movimientos de efectivo cuando existieran indicios de actividad delictiva, con el fin de aumentar la capacidad de las mismas para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, respetando al mismo tiempo el principio de proporcionalidad. Mediante la ampliación de la definición de «efectivo» de forma que incluya el oro, y la selección de un mecanismo cuyos elementos puedan modificarse con flexibilidad mediante un acto delegado a la luz de la evolución de las tendencias y de la tecnología, la propuesta tiene en cuenta la evolución reciente y demuestra el compromiso de la UE de hacer frente a posibles futuras vías de elusión utilizadas para transferir valor. Las sanciones propuestas en caso de incumplimiento de la obligación de declarar se dejan a discreción de los Estados miembros a fin de que estos adopten las medidas que estimen necesarias para alcanzar los objetivos fijados. Habida cuenta de sus características, existe el riesgo de que las tarjetas de prepago se utilicen para transferir valor a través de las fronteras exteriores con objeto de financiar actividades ilícitas. En consonancia con los principios de mejora de la legislación, la eventual futura inclusión de determinas de tarjetas de prepago mediante un acto delegado debería ir precedida de una evaluación de la evidencia de dicho riesgo, de la aplicación práctica y de la proporcionalidad, teniendo en cuenta el uso legítimo que se hace de las tarjetas de prepago. •Instrumento elegido El instrumento jurídico apropiado para alcanzar el objetivo y el grado necesario de armonización es un Reglamento. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, LAS CONSULTAS A LAS PARTES INTERESADAS Y LAS EVALUACIONES DE IMPACTO •Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente Con motivo de una extensa evaluación ex post del Reglamento original sobre controles de efectivo llevada a cabo en 2015, se identificaron varios ámbitos que podrían ser objeto de mejora:

inclusión en el ámbito de aplicación del Reglamento del transporte de efectivo por correo o como mercancía a través de las fronteras exteriores de la UE; ampliación y armonización de las posibilidades de intercambio de información entre los Estados miembros mediante: a. la inclusión de toda la información relacionada con los controles de efectivo (incluidas las declaraciones voluntarias no sospechosas); y b. el establecimiento de procedimientos claros y la puesta a disposición de herramientas eficaces para el intercambio de información; autorización explícita del uso a efectos fiscales de la información que consta en la declaración de efectivo, también con vistas a la lucha contra el fraude y la evasión fiscales; aproximación de las sanciones derivadas de los controles de efectivo aplicadas por los Estados miembros en las fronteras exteriores de la UE; racionalización del proceso de intercambio de las declaraciones de efectivo que se encomendará a las UIF; modificación de la definición de efectivo a fin de que incluya el oro y las piedras preciosas; y desarrollo de un mecanismo para garantizar un nivel de aplicación suficiente y coherente en los Estados miembros. Estas áreas se analizaron en la evaluación de impacto ulterior. •Consultas con las partes interesadas A través de la plataforma de EUSurvey, se llevó a cabo una consulta pública a las partes interesadas sobre las diferentes opciones de actuación. Se obtuvo un reducido número de respuestas, pero, en general, las opciones finalmente elegidas han sido las mejor valoradas por los consultados, con excepción de la ampliación de la definición de «efectivo», que fue rechazada por una pequeña mayoría. No obstante, otra consulta dirigida a un grupo específico arrojó un resultado distinto (véase más abajo) que la Comisión consideró de capital importancia. Ciertas consideraciones relacionadas con la subsidiariedad llevaron a la Comisión a concluir que era preferible delegar en los Estados miembros la adopción de las medidas de sensibilización, con el apoyo de la Comisión. Los participantes se mostraron a favor de permitir el intercambio sistemático a efectos fiscales de los datos incluidos en las declaraciones de efectivo, pero en el marco de la evaluación de impacto se plantearon objeciones de tipo jurídico, por lo que este elemento no ha podido desarrollarse en la presente propuesta. Se llevó a cabo una consulta más específica entre las autoridades aduaneras, policiales y las UIF en todos los Estados miembros sobre la posibilidad de ampliar la definición de efectivo más allá del dinero en metálico y de los efectos negociables al portador. Las respuestas (72 en total procedentes de 27 Estados miembros), que fueron en general favorables, proponían que el planteamiento adoptado permitiese modificar con facilidad la lista de tales depósitos de valor. La Comisión propone que se incorpore dicha recomendación y se amplíe la definición de «efectivo» estableciendo una lista de las principales categorías en la propuesta y enumerando los elementos que las componen en un anexo que pueda ser modificado mediante un acto delegado para tener en cuenta los cambios y garantizar la validez futura del Reglamento, permitiendo al mismo tiempo la supervisión por parte del Parlamento Europeo y el Consejo. Por último, desde que entró en vigor el Reglamento original sobre controles de efectivo, la Comisión se ha mantenido regularmente en contacto con los expertos nacionales en materia de controles de efectivo. A lo largo de los años, dichos expertos han efectuado valiosas contribuciones que se han tenido en cuenta en la elaboración de la presente propuesta. •Evaluación de impacto Se ha llevado a cabo una evaluación de impacto y el Comité de Control Reglamentario ha emitido un dictamen favorable. Las opciones seleccionadas a fin de subsanar los problemas identificados son compatibles entre sí y mejorarían sensiblemente el funcionamiento del Reglamento sobre controles de efectivo en vigor sin crear cargas administrativas innecesarias. Para ello sería preciso: la correcta aplicación de la recomendación n.º 32 del GAFI sobre transporte de efectivo mediante medidas basadas en la revelación de información sobre el efectivo transportado como mercancía o mediante servicios de mensajería que, junto con los oportunos controles y evaluación permitiría la comprensión y el control de estos movimientos sin la carga adicional que supone una declaración sistemática; la racionalización y la aportación de aclaraciones sobre el intercambio de datos, identificando a los actores del mismo y el procedimiento que debe aplicarse; una autorización explícita de la retención en virtud de la legislación nacional de los importes que no alcancen el umbral fijado, estableciendo un umbral suficientemente elevado de actuación;

una nueva definición de «efectivo» basada en criterios objetivos, pero que siga siendo válida en el futuro gracias a la posibilidad de incorporar nuevos elementos a través de actos delegados, bajo la supervisión del Consejo y el Parlamento; la transferencia de la responsabilidad en materia de sanciones a los Estados miembros, que deberían notificar a la Comisión las disposiciones nacionales aplicables y cualquier cambio introducido; y la formalización de algunos otros elementos de apoyo tales como el suministro de estadísticas, el establecimiento de un formulario de declaración armonizado y la notificación de las modificaciones introducidas en las sanciones en caso de incumplimiento de la obligación de declarar, que hasta ahora han tenido fundamentalmente carácter voluntario, ofreciendo así garantías sobre la calidad de futuras evaluaciones y una mayor seguridad jurídica para las partes interesadas. Por lo que se refiere a los costes y cargas administrativas, las medidas se aplican a los importes de efectivo iguales o superiores a 10 000 EUR que circulan a través de las fronteras exteriores de la UE, ya sea portados por personas físicas o enviados por correo o como mercancía, un modo de transporte utilizado muy raramente por las empresas. Actualmente, la persona física que acompaña a un envío de efectivo debe realizar una declaración. La experiencia ha demostrado que los servicios de mensajería profesionales son muy conscientes de sus obligaciones y proceden, en la mayoría de los casos, a su cumplimiento. La nueva obligación de revelación del efectivo enviado por correo o transportado como mercancía ha sido concebida para permitir que las autoridades lleven a cabo controles y, en caso necesario, soliciten documentación. No existe una obligación sistemática de presentar una declaración y las autoridades pueden ejercer su capacidad discrecional (por ejemplo, en el caso del transporte entre bancos). Se espera que, debido a la relativa rareza de esta modalidad de envío y al enfoque propuesto, la incidencia en los servicios de mensajería profesionales sea mínima. No se prevén repercusiones presupuestarias en las pymes o las microempresas. •Derechos fundamentales Las medidas previstas pueden repercutir en los siguientes derechos consagrados en los artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «CDF») que figuran a continuación: – el respeto de la vida privada, el hogar y la vida familiar (artículo 7 de la CDF); – la protección de los datos personales (artículo 8 de la CDF); – la libertad de empresa (artículo 16 de la CDF); y – el derecho de propiedad (artículo 17 de la CDF). Algunas de las medidas afectan a esos derechos: los ciudadanos pueden verse obligados a presentar una declaración y facilitar datos personales que se registrarán, procesarán y transmitirán a otras autoridades; se recabará más información que con el sistema actual; en caso de presuntas actividades delictivas relacionadas con las cantidades transportadas, las autoridades podrán decidir retener temporalmente el efectivo, en detrimento del derecho de propiedad. El artículo 52 de la Carta dispone que cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos deberá ser establecida por la ley, respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades, responder a objetivos de interés general reconocidos por la Unión y ser proporcionada. La presente propuesta establece una base jurídica y persigue objetivos de interés general. Proporciona una serie de garantías en lo que se refiere al uso de los datos, incluida la obligación de que las autoridades competentes, en su calidad de responsables del control, garanticen la seguridad de los datos y los procesen conforme a la obligación de secreto profesional, la limitación de la finalidad y un período de retención específico. Las medidas logran un delicado equilibrio entre los derechos mencionados y los legítimos intereses de la sociedad mediante la adopción de un enfoque eficiente (logro del objetivo), pero afecta a los derechos mínimamente. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La propuesta no tiene repercusión alguna en el presupuesto de la Unión Europea. 5.OTROS ELEMENTOS •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información La Comisión efectuaría un seguimiento de la implementación del Reglamento y de su aplicación, en estrecha colaboración con los Estados miembros. Un seguimiento continuo y sistemático permitiría determinar si el Reglamento se aplica según lo previsto y abordar oportunamente los problemas que fueran surgiendo. Se recopilarían datos formales a fin de efectuar un seguimiento de los indicadores propuestos (es decir, información estadística sobre las declaraciones registradas transmitidas a la Comisión; controles en los casos en que se haga una declaración; controles en ausencia de declaración y resultados de los controles; información estadística sobre las sanciones en caso de incumplimiento de la obligación de declarar) y proporcionar una base para la futura evaluación del Reglamento. La propuesta prevé que la Comisión presente un informe de evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo a los cinco años de la entrada en vigor del Reglamento y a continuación cada cinco años. La evaluación analizará el grado de cumplimiento de los objetivos del Reglamento.

•Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta El artículo 1 define los objetivos de la propuesta y aclara que la intención que se persigue es establecer un paralelismo con la Directiva contra el blanqueo de capitales por lo que se refiere a los movimientos de efectivo a través las fronteras exteriores. El artículo 2 establece una serie de definiciones, en particular, lo que debe entenderse por «efectivo». Con el fin de tener en cuenta los cambios de comportamiento de los delincuentes que tratan de eludir la obligación de declarar, establece cuatro amplias categorías: dinero en metálico, efectos negociables al portador, materias primas utilizadas como depósitos de valor de elevada liquidez y tarjetas de prepago. Los componentes de la segunda, tercera y cuarta categorías se describen en un anexo que puede modificarse mediante un acto delegado, bajo la supervisión del Consejo y el Parlamento Europeo. La justificación de este planteamiento es que los delincuentes que tratan de evitar la declaración de dinero en metálico a veces lo transforman en materias preciosas como, por ejemplo, monedas de oro. Si, tal como se propone, las monedas de oro y el oro sin acuñar de gran pureza son objeto de control, los delincuentes pueden tratar de encontrar otros medios de elusión recurriendo a la utilización de materias primas alternativas. Es imperativo poder adoptar con rapidez medidas de reacción ante estas formas de actuación, en caso de que surja una necesidad que pueda justificarse. A la hora de considerar la necesidad de introducir modificaciones en el anexo, la Comisión sopesará dicha necesidad teniendo en cuenta la facilidad de aplicación sobre el terreno, donde las autoridades competentes deben disponer de medios técnicos para determinar rápidamente la naturaleza de una materia prima y su valor, así como la proporcionalidad de la medida desde la perspectiva de los derechos fundamentales. El artículo 2, letra i), define el término «actividad delictiva» por referencia a las actividades enumeradas en el artículo 3, punto 4), de la Directiva (UE) 2015/849. Por otro lado, se ha propuesto asimismo una definición del «actividad delictiva» a efectos de tipificación del delito de blanqueo de capitales [nota a pie de página de la propuesta de Directiva sobre lucha contra el blanqueo de capitales mediante la aplicación del Derecho Penal, COM (2016) 826 de 21 de diciembre de 2016]. Una vez que los colegisladores hayan adoptado la propuesta de Directiva relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante la aplicación del Derecho Penal, la Comisión evaluará si resulta necesario revisar la Directiva (UE) 2015/849 a fin de armonizar su definición de «actividad delictiva» con la que figura en la nueva Directiva. El artículo 3 obliga a las personas físicas a declarar los importes por un valor equivalente o superior a 10 000 EUR y especifica la forma en que deberá efectuarse la declaración [por escrito o por vía electrónica, utilizando para ello el modelo de formulario establecido conforme al artículo 15, letra a)] y los datos que habrá que proporcionar. El artículo 4 impone una obligación de revelación de información en relación con el efectivo no acompañado (por ejemplo, el transportado como mercancía o mediante servicios de mensajería), lo que permitirá que, al detectar un envío de efectivo por un importe igual o superior a 10 000 EUR, las autoridades competentes ejerzan su poder discrecional y exijan al expedidor, el destinatario previsto, o su representante efectuar una declaración. Este enfoque garantiza que las autoridades tendrán la posibilidad de obtener información completa sin tener que imponer una carga sistemática en materia de declaración, por ejemplo en relación con los envíos entre entidades financieras reconocidas. Al igual que en el caso de las declaraciones previstas en el artículo 3, se propone que las declaraciones de revelación se efectúen por escrito o por vía electrónica, utilizando para ello el formulario establecido conforme al artículo 15, letra a). El artículo 5 confiere a las autoridades competentes poderes de control y especifica que, en caso de infracción, cuando no se haya hecho declaración alguna, estarán facultadas para efectuar una declaración de oficio. El artículo 6 autoriza a las autoridades a registrar todos los datos correspondientes a los movimientos de importes de efectivo inferiores al umbral de declaración o revelación. Habida cuenta de la repercusión de esta medida sobre los derechos fundamentales, en particular si se combina con la retención temporal de efectivo prevista en el artículo 7, cualquier intervención debe supeditarse a un umbral lo suficientemente elevado y a que existan indicios de actividad delictiva. Se aplicará la definición de «actividad delictiva» que figura en la Directiva sobre blanqueo de capitales (blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o delitos principales como los relacionados con la fiscalidad). El artículo 7 permite a las autoridades retener efectivo temporalmente cuando no se haya efectuado la declaración o declaración de revelación preceptivas, o cuando existan indicios de actividad delictiva, independientemente del importe afectado. Las modalidades concretas de esta retención deben contemplarse en la legislación nacional, si bien es importante subrayar que se trata de una medida administrativa estrictamente cautelar, cuyo único objetivo es permitir a las autoridades competentes retener el efectivo entre el momento en que se detecta una anomalía y en que otras autoridades, como la UIF o las autoridades judiciales, determinan si existen motivos suficientes para iniciar una investigación y si se incautan de él por orden judicial o lo liberan. Dicha retención temporal debe justificarse por circunstancias específicas y estar sujeta a un recurso efectivo con arreglo a la legislación nacional. En caso de que las autoridades competentes no resuelvan la cuestión dentro del plazo establecido para la retención temporal o decidan que no existen motivos para seguir reteniendo el efectivo, este debe ser puesto inmediatamente a disposición del declarante. El artículo 8 exige a las autoridades competentes que comuniquen a la UIF de forma activa la información obtenida en virtud de los artículos 3, 4, el artículo 5, apartado 3, y el artículo 6; no basta poner esta información a disposición de las UIF. La información debería comunicarse con arreglo a las normas técnicas establecidas conforme al artículo 15, letra c). El artículo 9 prevé el intercambio de información entre autoridades competentes, es decir, entre las autoridades aduaneras y otras autoridades designadas por los Estados miembros a efectos de aplicación del Reglamento (por ejemplo, guardias de fronteras, autoridades tributarias, etc.). Dado el carácter transnacional del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y el hecho de que es posible entrar en la Unión o salir de ella a través de un Estado miembro, circulando a continuación sin tener que someterse a controles adicionales, es indispensable a efectos de análisis de riesgos y prevención que la información relativa a las infracciones (incumplimiento de la obligación de declarar, declaraciones de oficio o indicios de actividad delictiva) pueda ponerse a disposición de las autoridades competentes de otros Estados miembros. Las autoridades competentes deberían poder poner también esta información a disposición de otras autoridades encargadas de investigar las actividades delictivas tal como se definen en la propuesta, pero no directamente designadas como «autoridades competentes», por ejemplo, la policía o (a fin de detectar delitos fiscales y atajarlos) las autoridades tributarias. Es preciso notificar a la Comisión cualquier indicio de actividad delictiva que pueda afectar negativamente a los intereses financieros de la Unión. Las autoridades competentes dentro de un mismo Estado miembro o de Estados miembros diferentes deberían intercambiar información sobre análisis de riesgos garantizando el anonimato así como sobre los resultados de los análisis de riesgos, cuando determinen que la amenaza supone un riesgo elevado en otro lugar de la Unión. La información debería intercambiarse con arreglo a las normas técnicas establecidas conforme al artículo 15, letra c), y utilizando el formulario establecido conforme al artículo 15, letra d). El artículo 10 permite el intercambio de información con países no pertenecientes a la UE, previa autorización de las autoridades que hayan recabado inicialmente dicha información y siempre que se cumplan todas las disposiciones nacionales y de la Unión Europea relativas a la transferencia de datos personales con terceros países. El artículo 11 especifica que las autoridades competentes que hayan obtenido los datos personales en virtud del presente Reglamento actuarán como responsables de su control y que toda la información obtenida conforme al Reglamento queda cubierta por el secreto profesional y debe recibir una protección adecuada. La información únicamente podrá revelarse cuando las disposiciones legales nacionales lo permitan, en particular en el marco de los procesos judiciales en curso. El artículo 12 limita el tratamiento de datos personales exclusivamente a fines de prevención y lucha contra las actividades delictivas. El artículo también establece el período de conservación de los datos de la declaración y determina que debe ser de cinco años. El artículo 13 establece sanciones en caso de incumplimiento de la obligación de declarar. Se introduce un nuevo elemento que consiste en la obligación de que los Estados miembros mantengan informada a la Comisión de cualquier modificación de sus disposiciones sancionadoras tras la entrada en vigor del Reglamento. Los Estados miembros tienen libertad para determinar las sanciones que desean aplicar, pero estas se aplican exclusivamente al incumplimiento de la obligación de declarar contemplada en el Reglamento y deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias a este respecto. A la hora de imponer una sanción en caso de incumplimiento de la obligación de declarar, las autoridades no deben suponer ni tener en cuenta la ausencia o presencia de delitos principales en lo que se refiere al efectivo no declarado. La sanción no excluye la necesidad de una investigación por separado sobre la posibilidad de delitos penales, que no se inscribe en el ámbito del Reglamento. A la hora de determinar las sanciones en caso de incumplimiento de la obligación de declarar, los Estados miembros deben tener en cuenta la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El artículo 14 otorga a la Comisión poderes para adoptar actos delegados de manera que esta pueda modificar el anexo en que se enumeran los componentes de la definición de «efectivo». Se requiere esta flexibilidad para garantizar la validez futura del Reglamento y permitir a los responsables políticos reaccionar rápidamente ante las nuevas tendencias delictivas y tener en cuenta la evolución de las normas y de las buenas prácticas internacionales. Cualquier modificación se supeditará a la demostración de su necesidad, a un enfoque proporcionado que garantice que las autoridades competentes van a ser capaces de hacer cumplir, en la práctica, cualquier medida adicional, y al refrendo del Parlamento Europeo y el Consejo, que están facultados para formular objeciones tras recibir la notificación de la adopción de dicho acto y pueden revocar la autoridad delegada en cualquier momento. Antes de adoptar un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos nacionales de los Estados miembros en materia de control del efectivo para recabar su opinión. El artículo 15 otorga a la Comisión poderes de ejecución para establecer medidas que garanticen una aplicación uniforme de los controles mediante el establecimiento, entre otras cosas, de modelos de formularios de declaración y revelación; de normas técnicas para el intercambio de información (que incluirán el sistema electrónico que debe utilizarse) y de las normas y el formato para la comunicación por los Estados miembros a la Comisión de información estadística anónima sobre las declaraciones e infracciones. El artículo 16 establece un Comité de Control del Efectivo formado por expertos nacionales designados por los Estados miembros y que asistirá a la Comisión en la elaboración de los actos de ejecución. El artículo 17 alude a la transmisión de información a la Comisión y especifica que los Estados miembros facilitarán información sobre las autoridades competentes con vistas a la aplicación del Reglamento sobre los controles de efectivo y las sanciones previstas en caso de incumplimiento de la obligación de declarar. Los Estados miembros también deben mantener informada a la Comisión de cualquier modificación ulterior. También deben facilitarse a la Comisión datos estadísticos anónimos con una frecuencia que se determinará mediante disposiciones de ejecución, pero, como mínimo, una vez al año. El artículo 18 alude a las medidas de evaluación y especifica que la Comisión deberá enviar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo a los cinco años de la entrada en vigor del Reglamento y, a continuación, cada cinco años.

El artículo 19 deroga el Reglamento (CEE) nº 1889/2005. El artículo 20 establece que el Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su adopción. Su entrada en vigor tendrá lugar según lo determinado por el legislador. 2016/0413 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1889/2005 EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 33 y 114, Vista la propuesta de la Unión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, Visto el dictamen del Comité de las Regiones, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)El fomento de un desarrollo armonioso, sostenible e integrador del mercado interior como un espacio en el que bienes, personas, servicios y capitales puedan circular libremente y con seguridad constituye una de las prioridades de la Unión. (2)La reintroducción en la economía de los beneficios obtenidos de forma ilegal y el desvío de dinero con vistas a financiar actividades ilícitas generan distorsiones y desventajas competitivas injustas en perjuicio de los ciudadanos y las empresas que respetan la normativa y suponen por tanto una amenaza para el funcionamiento del mercado interior. Por otra parte, fomentan actividades delictivas y terroristas que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos de la Unión. En consecuencia, la Unión ha emprendido acciones para garantizar su propia protección. (3)Uno los principales pilares a este respecto ha sido la Directiva 91/308/CEE del Consejo, que establecía una serie de medidas y obligaciones dirigidas a las instituciones financieras, las personas jurídicas y determinados profesionales entre otras cosas en materia de transparencia, mantenimiento de registros y disposiciones encaminadas a conocer la identidad de los clientes, así como la obligación de notificar las operaciones que infundieran sospechas a las unidades de inteligencia financiera en su calidad de plataformas centrales para evaluar dichas operaciones, interactuar con sus homólogos en otros países y, en su caso, ponerse en contacto con las autoridades judiciales. La Directiva ha sido modificada posteriormente y sustituida por medidas sucesivas. En la actualidad, las disposiciones relativas a la prevención del blanqueo de capitales se establecen en la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo. (4)Ante el riesgo de que la aplicación de la Directiva 91/308/CEE provocara un aumento de los movimientos de efectivo con fines ilícitos que supusiera una amenaza para el sistema financiero y el mercado interior, dicha Directiva se complementó con el Reglamento (CE) n.º 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo. El mencionado Reglamento está destinado a evitar y detectar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo mediante el establecimiento de un sistema de controles aplicables a las personas físicas que entren o salgan de la Unión llevando consigo importes de efectivo o efectos negociables al portador iguales o superiores a 10 000 EUR, o su equivalente en otras monedas. (5)El Reglamento (CE) n.º 1889/2005 implementó en la Comunidad las normas internacionales sobre lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo elaboradas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). (6)La Directiva (UE) 2015/849 identifica y describe una serie de actividades delictivas cuyos beneficios pueden ser objeto de blanqueo de capitales o utilizarse para la financiación del terrorismo. A menudo, los beneficios derivados de dichas actividades delictivas son transportados a través de las fronteras exteriores de la Unión a fin de ser utilizados con fines de blanqueo y financiación del terrorismo. El presente Reglamento debe tener en cuenta ese fenómeno y establecer un sistema de normas que, además de contribuir a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo como tales, facilite la detección e investigación de las actividades delictivas definidas en la Directiva (UE) 2015/849.

(7)El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), instituido en la cumbre del G7 celebrada en París en 1989, es un organismo intergubernamental que establece normas y promueve la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. Varios Estados miembros son miembros del GAFI o están representados en él a través de organismos regionales. La Unión, representada en el GAFI por la Comisión, se ha comprometido a aplicar de forma efectiva sus recomendaciones. A nivel del GAFI, la Recomendación nº 32 relativa a los correos de efectivo especifica que deberían establecerse normas para la aplicación de controles adecuados sobre los movimientos transfronterizos de efectivo. (8)Como resultado de la comprensión cada vez mayor de los mecanismos utilizados para la transferencia transfronteriza de valores adquiridos de forma ilícita y de los consiguientes cambios efectuados en las recomendaciones del GAFI, de los cambios introducidos en el marco jurídico por la Directiva (UE) 2015/849, así como del desarrollo de nuevas buenas prácticas, y sobre la base de la evaluación de la legislación vigente, resulta conveniente que las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1889/2005 reflejen esa evolución. Dada la amplitud de las modificaciones que serían necesarias, procede derogar dicho Reglamento y sustituirlo por uno nuevo. (9)El presente Reglamento no afecta a la facultad de los Estados miembros para establecer controles nacionales adicionales sobre los movimientos de efectivo dentro de la Unión, a condición de que dichos controles respeten las libertades fundamentales de la Unión, en particular los artículos 63 y 65 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. (10)El presente Reglamento no afecta a las medidas adoptadas por la Unión o los Estados miembros que restrinjan los movimientos de capitales en caso de dificultades graves para el funcionamiento de la unión económica y monetaria en virtud del artículo 66 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o en caso de crisis súbita en la balanza de pagos en virtud de los artículos 143 y 144 del mismo Tratado. (11)Teniendo en cuenta su presencia en las fronteras exteriores de la Unión, su pericia en la realización de controles de pasajeros y de mercancías que cruzan las fronteras exteriores y la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1889/2005, las autoridades aduaneras deberían continuar actuando en calidad de autoridades competentes a los efectos del presente Reglamento. Al mismo tiempo, es preciso que los Estados miembros sigan pudiendo designar a otras autoridades nacionales en las fronteras exteriores para que actúen como autoridades competentes. (12)Uno de los conceptos clave utilizado por el presente Reglamento es el de «efectivo», cuya definición debe incluir cuatro categorías: dinero en metálico, efectos negociables al portador, materias primas utilizadas como depósitos de valor de elevada liquidez y tarjetas de prepago. Habida cuenta de sus características, es probable que determinados efectos negociables al portador y materias primas utilizadas como depósitos de valor de elevada liquidez, así como ciertas tarjetas de prepago que no estén vinculadas a una cuenta bancaria se utilicen en sustitución del dinero en metálico como medios anónimos de transferencia de valor a través de las fronteras exteriores imposibles de rastrear por las autoridades públicas mediante el sistema de supervisión tradicional. Procede que el presente Reglamento establezca los elementos esenciales de la definición de «efectivo», autorizando al mismo tiempo a la Comisión a modificar sus elementos no esenciales para contrarrestar los esfuerzos de los delincuentes y de sus cómplices por eludir una medida que solo permite controlar un tipo de depósito de valor de elevada liquidez transportando otro tipo de valor a través de las fronteras exteriores. Si se demuestra que se ha producido un comportamiento de este tipo a una escala apreciable, es esencial adoptar con rapidez medidas que remedien la situación. (13)Los efectos negociables al portador son instrumentos financieros que permiten al portador físico exigir el pago de una cantidad sin quedar registrado ni dejar constancia de su identidad. Pueden utilizarse fácilmente para transferir importes considerables y presentan marcadas similitudes con el dinero en metálico en términos de riesgos de abuso, liquidez y anonimato. (14)Las materias primas utilizadas como depósitos de valor de elevada liquidez son bienes cuya ratio valor/volumen es elevada y en relación con las cuales existe un mercado de negociación internacional fácilmente accesible que permite convertirlas en dinero en metálico, incurriendo únicamente en costes de transacción exiguos. Estas materias primas se presentan en su mayoría de forma normalizada, lo que permite la rápida comprobación de su valor. (15)Las tarjetas de prepago son tarjetas no nominales que almacenan valor monetario o fondos que pueden utilizarse para efectuar pagos, adquirir bienes o servicios, o para obtener dinero en metálico, y que no están vinculadas a una cuenta bancaria. Estos instrumentos son ampliamente utilizados con diversas finalidades legítimas y algunos de ellos presentan además un claro interés social. Por su naturaleza, las tarjetas de prepago son fáciles de transferir y se pueden utilizar para transferir valor considerable a través de las fronteras exteriores. Así pues, resulta necesario incluirlas en la definición de efectivo. Ello permitirá ampliar la posibilidad de aplicar las medidas a determinados tipos de tarjetas de prepago si pueden aportarse pruebas que lo justifiquen y teniendo debidamente en cuenta la proporcionalidad y la aplicación práctica. (16)Con vistas a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, resulta oportuno imponer a las personas físicas que entren o salgan de la Unión la obligación de declarar. Con el fin de no limitar de forma indebida la libre circulación ni imponer a los ciudadanos y las autoridades excesivas formalidades administrativas, conviene que esta obligación esté sujeta a un umbral de 10 000 EUR o su equivalente en materias primas utilizadas como depósito de valor de elevada liquidez, efectos negociables al portador, tarjetas de prepago, o en otras monedas. Debe aplicarse a las personas físicas que lleven tales importes consigo, en su equipaje o en el medio de transporte en el que crucen la frontera exterior. Dichas personas deben estar obligadas a poner el efectivo a disposición de las autoridades competentes para su control. (17)Por lo que se refiere al efectivo que circule sin ir acompañado por su propietario, remitente o destinatario previsto, o por un representante de estos, como por ejemplo el efectivo que entre o salga de la Unión en envíos postales, envíos por mensajería, como equipaje no acompañado, o como carga en contenedores, es preciso otorgar a las autoridades competentes en la frontera exterior poderes para exigir al remitente o al destinatario, o a su representante, una declaración de revelación. Dicha declaración debe incluir una serie de datos, tales como el origen, el destino, la procedencia económica y el uso al que se destinan los fondos, datos estos que no constan en los documentos presentados habitualmente en aduana, como los documentos de transporte y las declaraciones en aduana. De este modo, las autoridades competentes podrán llevar a cabo análisis de riesgos y concentrar sus esfuerzos en aquellos envíos que, a su juicio, presenten mayores riesgos, sin tener que imponer formalidades adicionales de forma sistemática. Procede fijar en relación con la obligación de revelación un umbral idéntico al impuesto en relación con el efectivo transportado por las personas físicas. (18)La consecución de los objetivos del presente Reglamento requiere el registro de una serie de elementos de datos normalizados sobre la circulación del efectivo, tales como los datos personales de su propietario y su destinatario, su procedencia económica y el uso al que se destina. (19)Por lo que respecta a la obligación de declaración y la obligación de revelación, resulta oportuno otorgar a las autoridades competentes poderes para que lleven a cabo todos los controles necesarios en relación con las personas, su equipaje, el medio de transporte en el que cruzan la frontera exterior, y cualquier envío o receptáculo no acompañado que cruce esa frontera y que pueda contener efectivo, o el medio de transporte en el que el envío o receptáculo circulen. En caso de incumplimiento de las obligaciones, las autoridades competentes deben establecer una declaración de oficio con vistas a la ulterior comunicación de la información pertinente a las demás autoridades. (20)Cuando se detecten importes de efectivo inferiores al umbral, pero existan indicios de que dicho efectivo puede estar vinculado a actividades delictivas tal como se definen en el presente Reglamento, conviene que las autoridades competentes puedan registrar información esencial sobre las personas que lo llevan consigo, como por ejemplo, su identidad y nacionalidad, así como los datos relativos al medio de transporte utilizado, por ejemplo, el tipo de vehículo y su punto de partida y de destino. (21)Procede transmitir esa información a la unidad de inteligencia financiera del Estado miembro en cuestión. Estas unidades tienen asignada la función de plataformas centralizadoras en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que reciben y procesan información procedente de diversas fuentes como, por ejemplo, las entidades financieras, y la analizan a fin de determinar si existen motivos para efectuar una investigación más en profundidad en los que no hayan reparado las autoridades responsables de recopilar las declaraciones y realizar controles de conformidad con el presente Reglamento. (22)La detección de importes que no alcancen el umbral en situaciones en que se observen indicios de actividad delictiva es muy importante en este contexto. Por consiguiente, es preciso que exista también la posibilidad de compartir con las autoridades competentes de otros Estados miembros la información relativa a los importes inferiores al umbral fijado, si hay indicios de actividad delictiva. (23)Puesto que los movimientos de efectivo sujetos a control en virtud del presente Reglamento se producen en las fronteras exteriores y dada la dificultad de actuar una vez que el efectivo ha abandonado el punto de entrada o de salida, con el consiguiente riesgo incluso en el caso de que solo se utilice ilícitamente una mínima parte del mismo, las autoridades competentes deben poder incautarse de él y retenerlo temporalmente en determinados casos, con sujeción a controles y sopesando las circunstancias que puedan concurrir, en primer lugar, cuando no se haya cumplido la obligación de declaración o de revelación y, en segundo lugar, cuando existan indicios de actividad delictiva, con independencia de la cantidad de efectivo o de que el efectivo sea transportado por una persona física o circule sin ir acompañado. Habida cuenta de la naturaleza de tal incautación y retención temporal y de la incidencia que puede tener sobre la libertad de circulación y el derecho de propiedad, resulta oportuno que la duración de la retención se limite al mínimo imprescindible para que otras autoridades competentes puedan determinar si hay motivos para una intervención adicional, como por ejemplo una investigación o incautación del efectivo basadas en otros instrumentos jurídicos. Una decisión de retención temporal de efectivo con arreglo al presente Reglamento debe ir acompañada de una exposición de motivos y describir convenientemente los factores específicos que han dado lugar a dicha acción. Si al concluir el plazo fijado no se ha adoptado ninguna decisión en el sentido de una intervención ulterior o si la autoridad competente decide que no existen motivos para seguir reteniendo el efectivo, este debe ponerse inmediatamente a disposición del declarante. (24)Es esencial que las autoridades competentes que recopilan información con arreglo al presente Reglamento la transmitan oportunamente a la unidad de información financiera nacional, a fin de que esta pueda analizarla y compararla con otros datos, tal como prevé la Directiva 2015/849. (25)Cuando constaten que no se ha procedido a la declaración o revelación o tengan indicios de actividad delictiva, las autoridades competentes deben poder compartir esa información a través de los canales adecuados con las autoridades competentes para la lucha contra la actividad delictiva de que se trate. Ese intercambio de datos es proporcionado, ya que las personas que incumplan la obligación de declarar y que ya hayan sido descubiertas en un Estado miembro podrían elegir otro Estado miembro de entrada o de salida en el que las autoridades competentes no tuvieran conocimiento de sus infracciones anteriores. Resulta oportuno hacer obligatorio el intercambio de este tipo de información a fin de garantizar una aplicación coherente en los distintos Estados miembros. Si existen indicios de que el efectivo está vinculado a una actividad delictiva que puede afectar negativamente a los intereses financieros de la Unión, esa información debe ponerse también a disposición de la Comisión. Para alcanzar mejor los objetivos de prevención y disuasión del presente Reglamento en lo que respecta a la elusión de la obligación de declarar, resulta oportuno proceder a un intercambio obligatorio entre los Estados miembros y con la Comisión de información sobre riesgos anonimizada y de los resultados de los análisis de riesgos. (26)Debe preverse la posibilidad de intercambiar información entre una autoridad competente de un Estado miembro o la Comisión y las autoridades de un tercer país, aportando las adecuadas garantías. Este intercambio solo debe permitirse si se cumplen las disposiciones nacionales y de la Unión aplicables en materia de derechos fundamentales y la transmisión de datos personales y previa autorización de las autoridades que hayan obtenido la información. Resulta oportuno que la Comisión sea informada de cualquier intercambio de información efectuado con terceros países con arreglo al presente Reglamento.

(27)Dada la naturaleza de la información recabada y la confianza legítima de los declarantes en que sus datos personales y la información sobre los importes de efectivo que han introducido o sacado de la Unión van a ser tratados de forma confidencial, las autoridades competentes deben ofrecer garantías suficientes en cuanto al respeto del secreto profesional por parte de los agentes que soliciten el acceso a la información, y protegerla adecuadamente contra el acceso, el uso o la comunicación no autorizados. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento o de la legislación nacional, en particular, en el marco de un procedimiento judicial, la información no debe ser revelada sin la autorización de la autoridad que la haya recopilado. Toda recopilación, revelación, transmisión, comunicación u otro tratamiento de datos personales dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento debe estar sujeto a los requisitos de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo. (28)A efectos del análisis llevado a cabo por las unidades de inteligencia financiera y con el fin de permitir a las autoridades de los demás Estados miembros controlar y hacer cumplir la obligación de declarar, en particular en relación con los declarantes que hayan cometido con anterioridad infracciones contra dicha obligación, es preciso que los datos de la declaración se almacenen durante un período lo suficientemente largo como para permitir a las autoridades competentes llevar a cabo sus investigaciones de manera eficaz. El tratamiento de los datos personales en virtud del presente Reglamento persigue los mismos objetivos que los contemplados en la Directiva (UE) 2015/849. Con arreglo a dicha Directiva, las unidades de información financiera deben conservar los datos que les hayan facilitado las «entidades obligadas» durante un período de cinco años. Con el fin de controlar y hacer cumplir eficazmente la obligación de declarar, el período de conservación de los datos de la declaración debe estar en consonancia con lo dispuesto en la Directiva (UE) 2015/849. (29)Con objeto de fomentar el cumplimiento y disuadir de la elusión, procede que los Estados miembros introduzcan sanciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de declaración y revelación. Las sanciones deben aplicarse exclusivamente en relación con el incumplimiento de la obligación de declaración o de revelación en virtud del presente Reglamento y no deben tener en cuenta la actividad delictiva potencialmente vinculada al efectivo, que puede ser objeto de una investigación adicional y de medidas que no se inscriben en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias, y no deben ir más allá de lo necesario para fomentar el cumplimiento de la normativa. (30)Con el fin de garantizar una aplicación uniforme de los controles y la eficiencia en el tratamiento, la transmisión y el análisis de las declaraciones por parte de las autoridades competentes, resulta oportuno otorgar competencias de ejecución a la Comisión para adoptar el modelo de los formularios de declaración y revelación, para determinar los criterios de un marco común de gestión de riesgos, para establecer las normas técnicas y las modalidades y el modelo de formularios que deben utilizarse para las declaraciones y para el intercambio de información y para establecer las normas y el formato que vayan a utilizarse para facilitar información estadística a la Comisión. Ello debe incluir el establecimiento de unos sistemas electrónicos apropiados. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. (31) Con el fin de poder tener en cuenta rápidamente las futuras modificaciones de normas internacionales tales como las establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional o para hacer frente a la elusión de las disposiciones del presente Reglamento recurriendo a depósitos de valor líquidos que no estén cubiertos por la definición de «efectivo», procede delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en lo relativo a las modificaciones de dicha definición. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados. (32)Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión transnacional del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y a las particularidades del mercado interior y sus libertades fundamentales, que solo pueden lograrse plenamente garantizando que no se impone un trato excesivamente distinto basado en la legislación nacional al efectivo que cruza la frontera exterior de la Unión, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta última puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos. (33)El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios previstos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular en su título II. (34)El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue consultado de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 y emitió un dictamen, HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Artículo 1

Objeto El presente Reglamento establece un sistema de controles en relación con la entrada o salida de efectivo de la Unión a fin de complementar el marco jurídico destinado a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo previsto en la Directiva (UE) 2015/849. Artículo 2

Definiciones 1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: a) «efectivo»: –el dinero en metálico; –los efectos negociables al portador a que se refiere el anexo I; –las materias primas utilizadas como depósitos de valor de elevada liquidez a que se refiere el anexo I; –las tarjetas de prepago a que se refiere el anexo I; b) «entrada o salida de la Unión»: procedencia de un territorio situado fuera del territorio cubierto por el artículo 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con destino al territorio cubierto por el artículo 355 de dicho Tratado, o abandono de un territorio cubierto por el artículo 355 de dicho Tratado con destino a un territorio situado fuera del territorio cubierto por el artículo 355 de dicho Tratado; c) «dinero en metálico»: los billetes y monedas que estén en circulación como instrumento de cambio, o que hayan estado en circulación como instrumento de cambio y aún puedan cambiarse a través de instituciones financieras o bancos centrales por billetes de banco y monedas que estén en circulación como instrumento de cambio;

d) «efecto negociable al portador»: un instrumento distinto del dinero en metálico que, previa presentación, dé derecho a su titular a reclamar un importe financiero sin necesidad de acreditar su identidad o su derecho a ese importe; e) «materias primas utilizadas como depósitos de valor de elevada liquidez»: los bienes que presenten una ratio valor/volumen elevada y que puedan convertirse fácilmente en dinero en metálico a través de mercados de negociación accesibles incurriendo solo en unos costes de transacción exiguos; f) «tarjetas de prepago» las tarjetas no nominales que almacenen valores monetarios o fondos que puedan utilizarse para efectuar pagos, adquirir bienes o servicios, o para la obtención de dinero en metálico, y que no estén vinculadas a una cuenta bancaria. g) «autoridades competentes»: las autoridades aduaneras de los Estados miembros o cualquier otra autoridad facultada por los Estados miembros para aplicar el presente Reglamento; h) «efectivo no acompañado»: el efectivo que forma parte de un envío cuando su propietario, remitente o destinatario no viaja con el envío; i) «actividad delictiva»: cualquiera de las actividades enumeradas en el artículo 3, punto 4), de la Directiva (UE) 2015/849; j) «unidad de inteligencia financiera»: la entidad establecida en el Estado miembro a efectos de la aplicación del artículo 32 de la Directiva (UE) 2015/849. 2. Se otorgará a la Comisión poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 14 con vistas a la modificación del anexo I a fin de tener en cuenta las nuevas tendencias que surjan en el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, tal como se definen en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 1 de la Directiva (UE) 2015/849, o las mejores prácticas en la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, o a fin de evitar el uso por los delincuentes de efectos negociables al portador, de materias primas utilizadas como depósitos de valor de elevada liquidez o de tarjetas de prepago para eludir las obligaciones establecidas en los artículos 3 y 4. Artículo 3

Obligación de declaración 1. Las personas físicas que entren o salgan de la Unión llevando consigo, en su equipaje o en su medio de transporte efectivo por un importe igual o superior a 10 000 EUR deberán declararlo a las autoridades competentes del Estado miembro a través del cual entren o salgan de la Unión y ponerlo a su disposición a efectos de control. La obligación de declarar no se considerará cumplida cuando la información facilitada sea incorrecta o incompleta, o el efectivo no sea puesto a disposición para su control. 2. La declaración contemplada en el apartado 1 deberá incluir datos relativos a: a) el declarante, a saber, su nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad; b) el propietario del efectivo, a saber, su nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad; c) el destinatario previsto del efectivo, a saber, su nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad; d) el importe y la naturaleza del efectivo; e) la procedencia del efectivo y el uso al que se destina; f) el itinerario de transporte; g) el medio de transporte. 3. La información se facilitará por escrito o por vía electrónica, utilizando al efecto el formulario establecido conforme al artículo 15, letra a). Se entregará una copia compulsada de dicho formulario al declarante, previa solicitud. Artículo 4

Obligación de revelación

1. Cuando un importe de efectivo no acompañado igual o superior a 10 000 EUR entre o salga de la Unión, las autoridades competentes del Estado miembro a través del cual entre o salga podrán exigir, una vez realizado un análisis de riesgos, que el remitente o el destinatario, o su representante, efectúe una declaración de revelación. La obligación de declarar no se considerará cumplida cuando la información facilitada sea incorrecta o incompleta, o el efectivo no sea puesto a disposición para su control. 2. La declaración de revelación contemplada en el apartado 1 deberá incluir datos relativos a: a) el declarante, a saber, su nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad; b) el propietario del efectivo, a saber, su nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad; c) el remitente del efectivo, a saber, su nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad; d) el destinatario o destinario previsto del efectivo, a saber: su nombre y apellidos, dirección, fecha y lugar de nacimiento y nacionalidad; e) el importe y la naturaleza del efectivo; f) la procedencia del efectivo y el uso al que se destina. 3. La información se facilitará por escrito o por vía electrónica, utilizando al efecto el formulario establecido conforme al artículo 15, letra a). Se entregará una copia compulsada de dicho formulario al declarante, previa solicitud. Artículo 5

Poderes de las autoridades competentes 1. Con el fin de comprobar el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 3, las autoridades competentes estarán facultadas para llevar a cabo, de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación nacional, controles de las personas físicas, sus equipajes y sus medios de transporte. 2. A efectos de aplicación de la obligación de revelación establecida en el artículo 4, las autoridades competentes estarán facultadas para llevar a cabo, de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación nacional, controles de cualquier envío, receptáculo o medio de transporte que pueda contener efectivo no acompañado. 3. Si no se ha cumplido la obligación contemplada en el artículo 3 o la obligación de revelación contemplada en el artículo 4, las autoridades competentes efectuarán por escrito o por vía electrónica una declaración de oficio en la que constarán, en la medida de lo posible, los datos que figuran en el artículo 3, apartado 2, o en el artículo 4, apartado 2, según corresponda. 4. Los controles se basarán principalmente en un análisis de riesgos, con objeto de determinar y evaluar los riesgos y desarrollar las contramedidas necesarias, y se efectuarán ateniéndose al marco común de gestión de riesgos, de conformidad con los criterios establecidos conforme al artículo 15, letra b). Artículo 6

Importes inferiores al umbral 1. Cuando las autoridades competentes detecten la entrada o la salida de la Unión de una persona física que lleve consigo un importe de efectivo inferior al umbral a que se refiere el artículo 3 y, tras proceder a un análisis de riesgos, constaten que existen indicios de que ese efectivo está vinculado a una actividad delictiva, registrarán esa información, el nombre y apellidos, la dirección, la fecha y lugar de nacimiento y la nacionalidad de la persona, así como los datos sobre el medio de transporte utilizado. 2. Cuando las autoridades competentes detecten la entrada o la salida de la Unión de un envío de efectivo no acompañado por un importe inferior al umbral a que se refiere el artículo 4 y, tras proceder a un análisis de riesgos, constaten que existen indicios de que ese efectivo está vinculado a una actividad delictiva, registrarán esa información, el nombre y apellidos, la dirección, la fecha y lugar de nacimiento y la nacionalidad del remitente o el destinatario previsto, o de su representante, así como los datos sobre el medio de envío utilizado. Artículo 7

Retención temporal de efectivo por las autoridades competentes 1. Las autoridades competentes podrán incautarse de efectivo y retenerlo temporalmente mediante decisión administrativa de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación nacional cuando: a) no se cumpla con la obligación establecida en el artículo 3 o en el artículo 4; o

b) existan indicios de que dicho efectivo está vinculado a una actividad delictiva, con independencia de que lo lleve consigo una persona física o se trate de efectivo no acompañado. 2. La decisión administrativa mencionada en el apartado 1 irá acompañada de una exposición de motivos, se comunicará al interesado en el momento en que se dicte y estará sujeta a tutela judicial efectiva, de conformidad con los procedimientos previstos en la legislación nacional. 3. El período de retención temporal se limitará al tiempo estrictamente necesario para permitir a las autoridades competentes determinar si las circunstancias del caso justifican una prórroga de la retención. El plazo máximo de retención temporal se fijará con arreglo a la legislación nacional; no podrá exceder de treinta días. En caso de que, en el plazo fijado, no se adopte decisión alguna acerca de la prórroga del período de retención del efectivo o en caso de que se determine que las circunstancias del caso no justifican dicha prórroga, el efectivo se pondrá inmediatamente a disposición del declarante. Artículo 8

Suministro de información a la unidad de inteligencia financiera 1. Las autoridades competentes llevarán un registro de la información obtenida en aplicación de los artículos 3 y 4, del artículo 5, apartado 3, y del artículo 6, y la transmitirán a la unidad de inteligencia financiera del Estado miembro en el que se haya obtenido, de acuerdo con las normas técnicas establecidas conforme al artículo 15, letra c). 2. La información mencionada en el apartado 1 se comunicará lo antes posible, y, a más tardar, un mes después de la fecha en la que se haya recopilado. Artículo 9

Intercambio de información entre las autoridades competentes y entre estas últimas y la Comisión 1. La autoridad competente de cada Estado miembro comunicará, por vía electrónica, a las autoridades competentes de los demás Estados miembros la siguiente información: a) las declaraciones de oficio establecidas en aplicación del artículo 5, apartado 3; b) la información recopilada en aplicación del artículo 6; c) las declaraciones obtenidas en aplicación de los artículos 3 o 4 si existen indicios de que el efectivo está vinculado a una actividad delictiva; d) la información sobre riesgos anonimizada y los resultados del análisis de riesgos. 2. Cuando existan indicios de que el efectivo está vinculado a una actividad delictiva que puede afectar negativamente a los intereses financieros de la Unión, la información contemplada en el apartado 1 deberá ponerse también a disposición de la Comisión. 3. La autoridad competente comunicará la información contemplada en los apartados 1 y 2 de acuerdo con las normas técnicas establecidas conforme al artículo 15, letra c), y utilizando el formulario establecido conforme al artículo 15, letra d). 4. La información contemplada en los apartados 1 y 2 se comunicará lo antes posible, y, a más tardar, un mes después de la fecha en la que se haya recopilado. Artículo 10

Intercambio de información con terceros países 1. Los Estados miembros o la Comisión podrán comunicar a un tercer país, en el marco de la asistencia administrativa mutua, la información que figura a continuación, a reserva de la autorización de la autoridad competente que la haya obtenido del declarante o su representante y siempre que tal comunicación cumpla las disposiciones nacionales y de la Unión pertinentes en materia de transferencia de datos personales a terceros países: a) las declaraciones de oficio establecidas en aplicación del artículo 5, apartado 3; b) la información recopilada en aplicación del artículo 6; c) las declaraciones obtenidas en aplicación del artículo 3 o del artículo 4, cuando existan indicios de que el efectivo está vinculado al blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión cualquier información de conformidad con el apartado 1. Artículo 11

Secreto profesional y confidencialidad y seguridad de los datos 1. Las autoridades competentes garantizarán la seguridad de los datos obtenidos de conformidad con los artículos 3, 4 y 6. 2. Toda la información registrada por las autoridades competentes estará amparada por la obligación de secreto profesional. Artículo 12 Protección de datos personales y períodos de retención 1. Las autoridades competentes actuarán como responsables del control de los datos personales obtenidos de conformidad con los artículos 3, 4 y 6. 2. El tratamiento de datos personales sobre la base del presente Reglamento tendrá lugar únicamente a efectos de prevención y lucha contra las actividades delictivas. 3. Únicamente podrá acceder a los datos personales obtenidos de conformidad con los artículos 3, 4 y 6 el personal debidamente autorizado de las autoridades competentes y estos datos estarán convenientemente protegidos contra el acceso o la comunicación no autorizados. A menos que se estipule lo contrario en los artículos 8, 9 y 10, no podrán ser revelados o comunicados sin la autorización expresa de la autoridad competente que haya obtenido inicialmente la información. Sin embargo, dicha autorización no será necesaria cuando las autoridades competentes estén obligadas a revelar o comunicar dicha información con arreglo a las disposiciones jurídicas vigentes en el Estado miembro de que se trate, en particular en el marco de un procedimiento judicial. 4. Los datos personales obtenidos de conformidad con los artículos 3, 4 y 6 serán conservados por las autoridades competentes y la unidad de información financiera durante un período de cinco años a partir de la fecha de su recopilación. Al término de ese período, se borrarán o anonimizarán. Artículo 13

Sanciones por incumplimiento Cada Estado miembro fijará las sanciones que deberán aplicarse en caso de incumplimiento de la obligación de declarar establecida en los artículos 3 y 4. Dichas sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Artículo 14

Ejercicio de la delegación 1. Se otorga a la Comisión poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo. 2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 2, apartado 2, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del ... . 3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 2, apartado 2, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor. 4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. 5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 2, apartado 2, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo. Artículo 15

Competencias de ejecución La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, medidas para garantizar una aplicación uniforme de los controles por las autoridades competentes, en particular: (a)el modelo de los formularios de declaración y revelación contemplados en el artículo 3, apartado 3, y en el artículo 4, apartado 3; (b)los criterios del marco común de gestión de riesgos a que se refiere el artículo 5, apartado 4; c) las normas técnicas para el intercambio de información en virtud de los artículos 8 y 9, incluido el establecimiento de un sistema electrónico adecuado; d) el modelo del formulario para la comunicación de información a que se refiere el artículo 9, apartado 3; e) las normas y el formato que deben utilizar los Estados miembros para facilitar a la Comisión la información estadística anónima sobre las declaraciones y las infracciones con arreglo al artículo 17. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 16, apartado 2. Artículo 16

Procedimiento de Comité 1. La Comisión estará asistida por el Comité de Controles de Efectivo. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011. 2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011. Artículo 17

Comunicación de información relacionada con la aplicación del presente Reglamento 1. A más tardar seis meses después de la fecha de aplicación del presente Reglamento, los Estados miembros comunicarán a la Comisión: a) la lista de las autoridades competentes contempladas en el artículo 2, apartado 1; b) información pormenorizada sobre las sanciones introducidas con arreglo al artículo 13; c) información estadística anonimizada sobre las declaraciones, controles e infracciones, mediante el formulario establecido conforme al artículo 15, letra e). 2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión toda modificación ulterior de la información a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1, a más tardar, un mes después de que dichos cambios surtan efecto. La información a que se refiere la letra c) del apartado 1 se facilitará a la Comisión cada seis meses, como mínimo. 3. La Comisión pondrá la información mencionada en el apartado 1, letra a), así como cualquier modificación posterior de dicha información de conformidad con el apartado 2 a disposición de los demás Estados miembros.