Respuesta a la crisis de los refugiados: la Comisión puso rápidamente sobre la mesa medidas para hacer frente a los desafíos inmediatos y a largo plazo de la crisis migratoria. Se adoptaron medidas destinadas a gestionar los flujos migratorios irregulares, a salvar vidas en el mar y a garantizar la solidaridad con los Estados miembros situados en primera línea mediante la propuesta para reubicar y reasentar a los solicitantes de asilo, reforzando el control de las fronteras exteriores y del retorno. El año pasado, los Estados miembros aprobaron las propuestas de la Comisión para reubicar a 160 000 personas necesitadas de protección internacional procedentes de Italia y Grecia, y reasentar a 22 000 personas desplazadas procedentes de países no europeos. Hasta la fecha, se han trasladado o reasentado más de 13 000 personas. Este último año, la UE ha llevado a cabo una movilización sin precedentes de un presupuesto de más de 10 000 millones EUR para 2015 y 2016 a fin de resolver la crisis de los refugiados y asistir a los países más afectados.

Legislar mejor no es una responsabilidad exclusiva de la Comisión Europea; se trata de una labor conjunta con el Parlamento Europeo, el Consejo y los Estados miembros, pues cada uno de ellos cumple sus funciones y asume sus responsabilidades. Tampoco es materia de reflexión únicamente cuando se prepara y diseña nueva normativa. En todas las fases del ciclo político, desde las negociaciones legislativas entre el Parlamento y el Consejo a la transposición y ejecución por parte de los Estados miembros y la Comisión, legislar mejor debe ser un objetivo. Para tener éxito, necesitamos centrarnos, ser eficaces, simplificar, ser transparentes y actuar al nivel adecuado.

La Comisión no solo procura centrarse en lo que es necesario e importa a los ciudadanos, sino que también combate las inercias. A lo largo de los dos últimos años, se han retirado de la mesa de los colegisladores 90 propuestas que habían quedado obsoletas o cuya tramitación no avanzaba en el proceso legislativo europeo, para permitir su dedicación a los expedientes prioritarios. Se redujo el corpus legislativo de la UE mediante la eliminación de 32 leyes obsoletas, y se emprendió una labor de simplificación de las normas vigentes en 103 sectores.

Nos hemos comprometido asimismo a entablar una estrecha colaboración con el Parlamento Europeo y el Consejo, y a cooperar codo con codo con los Estados miembros para fijar la agenda y determinar conjuntamente las prioridades políticas, de modo que las instituciones europeas puedan, de consuno, construir una Unión mejor y más centrada. Concentrarse en las medidas que son realmente necesarias y no hacer las cosas que solo proporcionan beneficios marginales, o que se pueden hacer mejor a escala nacional, regional o local en los Estados miembros, también libera espacio y significa que las instituciones pueden movilizarse colectivamente para responder con mayor rapidez a las nuevas circunstancias, como ha sido el caso de la crisis migratoria.

La Unión Europea ha sido criticada a menudo —muchas veces con razón— por producir una reglamentación excesiva y mal escrita, entrometiéndose en la vida de los ciudadanos o de las empresas con demasiadas normas demasiado detalladas. Abundan los ejemplos, fundados o no, de reglamentación desacertada o de normas que aparentemente regulan aspectos menores de las actividades económicas. Al mismo tiempo, los ciudadanos esperan que Europa se centre más en ofrecer soluciones eficaces a los grandes retos: la creación de empleo y el crecimiento, la inversión, la seguridad, los flujos migratorios y la revolución digital, por nombrar solo algunos.

Legislar mejor es importante. La legislación no es un fin en sí misma, sino un medio para obtener beneficios tangibles para los ciudadanos europeos y hacer frente a los desafíos comunes que tiene Europa ante sí. Una reglamentación bien orientada, basada en datos y escrita de manera simple es más probable que se aplique correctamente y alcance sus objetivos sobre el terreno, ya sean estos económicos, sociales o medioambientales. Unas normas modernas, proporcionadas y adecuadas a su objetivo son esenciales para el Estado de Derecho y la defensa de nuestros valores comunes, pero también para la eficiencia de las administraciones públicas y de las empresas.

La experiencia hasta ahora muestra que el compromiso de la Comisión de legislar mejor no es papel mojado. Es una realidad. Cambiar la forma en que se prepara la reglamentación, comprometerse de manera más transparente con los interesados y escuchar sus aportaciones sistemáticamente han sido elementos decisivos para mejorar la calidad y el enfoque de las propuestas de la Comisión. En muchos casos, los instrumentos para legislar mejor han contribuido a reducir o evitar gastos innecesarios, resolver los problemas específicos señalados por las partes interesadas y optar por planteamientos más proporcionados, que imponen menos cargas colectivas.

La Comisión ha propuesto revisar las normas sobre los folletos informativos para mejorar el acceso de las empresas a la financiación y simplificar la información a los inversores. A las pequeñas y medianas empresas, en particular, les resultará más fácil obtener financiación a la hora de emitir acciones o deuda. Unas normas de información más proporcionadas pueden traducirse en un ahorro de unos 130 millones EUR al año (en función de los resultados de la consulta pública). Solo se requeriría un folleto de la UE para la constitución de capitales superiores a 500 000 EUR (el umbral anterior era de 100 000 EUR). Se exigirán igualmente folletos menos complejos a los pequeños emisores que deseen captar fondos en los mercados europeos.

Trabajar juntos: garantizar que los ciudadanos de la UE puedan beneficiarse de una reglamentación más simple, clara y específica no es una labor exclusiva de la Comisión. Un cambio en la cultura legislativa a escala de la UE solo podrá tener lugar si todos los actores interesados participan en este programa y desempeñan su función. La Comisión se esfuerza por aplicar sus compromisos en el marco del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» y espera poder trabajar conjuntamente con el Parlamento Europeo y el Consejo.

Intensificar la aplicación: a menudo no es la falta de legislación de la UE la fuente de problemas. Se trata más bien de la falta de aplicación efectiva y derechos de recurso de los ciudadanos. Sigue existiendo una gran diferencia entre las normas de la UE y las normas aplicadas en la práctica. La Comisión está intensificando sus esfuerzos de aplicación, ejecución y cumplimiento del Derecho de la UE. La colaboración con los Estados miembros es esencial y debe reforzarse y consolidarse a lo largo de todo el ciclo político. La Comisión trabajará también con los Estados miembros para garantizar que los ciudadanos puedan acceder fácilmente a la información sobre el modo en que las normas de la UE se aplican a nivel nacional y saber cuáles son sus derechos en términos de recursos. La Comisión concede una importancia particular a las infracciones que tienen un impacto significativo en la consecución de importantes objetivos políticos de la UE. Al mismo tiempo, controlará de forma sistemática si el Derecho nacional es conforme al Derecho de la UE y hará un mayor uso de la posibilidad de proponer sanciones financieras al Tribunal de Justicia si los Estados miembros no son capaces de trasladar el Derecho de la UE a su ordenamiento jurídico nacional a su debido tiempo.

Parlamento Europeo y Consejo:

La voluntad política de mejorar la calidad y la transparencia de la legislación, legislar únicamente en aquellos casos que ofrecen ventajas claras a los ciudadanos y eliminar las normas vigentes costosas u obsoletas es común a las tres instituciones principales de la UE. Junto con la Comisión, el Parlamento y el Consejo se han comprometido a mejorar sus procesos en consonancia con el programa «Legislar mejor». Hay toda una serie de medidas con las que pueden realizarse progresos:

–Refundición — una técnica que permite reunir en un único acto nuevo el acto legislativo original y todas las numerosas modificaciones posteriores del mismo — debe ser el principal método legislativo para producir un único texto legislativo claro y comprensible. Cuando no sea posible la refundición, deberá optarse por la codificación. La Comisión elaborará un programa con los reglamentos que vayan a ser objeto de refundición y el calendario previsto. La estrecha colaboración entre las tres Instituciones será esencial para garantizar un seguimiento efectivo.

–Debe mantenerse y mejorarse el potencial de simplificación y reducción de la carga de las propuestas de la Comisión en el proceso legislativo. Deberá otorgarse prioridad a las propuestas destinadas a aportar ventajas inmediatas a los ciudadanos y las empresas.

–De conformidad con el Acuerdo interinstitucional, el Parlamento Europeo y el Consejo deben intensificar sus propias evaluaciones de impacto internas para apoyar las modificaciones legislativas de fondo. Hasta ahora, el Parlamento ha evaluado el impacto de unas 30 enmiendas, mientras que el Consejo no ha evaluado ninguna y está examinando actualmente cuándo y cómo debe preparar dichas evaluaciones. Como dato de referencia, desde 2003, la Comisión ha elaborado casi un millar de evaluaciones de impacto para apoyar las propuestas que adopta.

–Las Instituciones de la UE y los Estados miembros deben trabajar en colaboración más estrecha para garantizar un seguimiento, medición y evaluación mejores del impacto real de la legislación de la UE sobre la economía, la estructura social y el medio ambiente en los Estados miembros.

Se invita al Parlamento Europeo y el Consejo a cooperar y colaborar con la Comisión para desarrollar los métodos y los instrumentos necesarios para aplicar el programa «Legislar mejor» y cumplir los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor».

Además, este año, por primera vez, las tres Instituciones cooperarán para identificar, sobre la base del programa de trabajo de la Comisión, una serie de propuestas a las que se dará prioridad en el procedimiento legislativo. Esto garantizará una mayor apropiación y un examen acelerado de las propuestas más importantes y de actualidad.

Estados miembros:

Se culpa a menudo a la UE de la burocracia y la carga normativa. Pero a veces los ciudadanos y las empresas comprueban que son sus propias administraciones nacionales las que han añadido normas adicionales en el proceso de transposición al ordenamiento jurídico nacional, sobrerregulando el Derecho de la UE. El nuevo acuerdo interinstitucional intenta aportar claridad y rendición de cuentas en la manera en que los Estados miembros aplican la legislación de la UE. De ahora en adelante, los Estados miembros deberán comunicar a la Comisión y explicar a sus ciudadanos la introducción de requisitos adicionales al Derecho de la Unión en su legislación nacional.

También se invita a los Estados miembros a colaborar estrechamente con la Comisión a fin de garantizar la oportuna y correcta transposición y aplicación del Derecho de la Unión.