[pic] | COMISIÓN EUROPEA |

Bruselas, 12.10.2010

COM(2010) 560 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

Hacer frente al reto de la seguridad de las actividades relacionadas con el petróleo y el gas en alta mar

{SEC(2010) 1193 final}

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

Hacer frente al reto de la seguridad de las actividades relacionadas con el petróleo y el gas en alta mar

1. Introducción

La explosión de la plataforma de perforación Deepwater Horizon en el Golfo de México el 20 de abril de 2010 y el posterior vertido masivo procedente del pozo de petróleo al fondo del mar provocó daños importantes desde el punto de vista medioambiental, económico y social[1].

Puesto que las aguas que bañan las costas de la UE se explotan intensivamente para la producción de petróleo y gas[2] en algunas partes y están realizándose más exploraciones, la UE tiene un interés vital en evitar una tragedia semejante. Aunque todavía no han concluido las investigaciones sobre las causas del accidente, todas sus repercusiones sobre los ecosistemas del Golfo de México y más allá, y sobre las diversas responsabilidades en juego, ya pueden extraerse unas primeras lecciones sobre las que actuar.

El número de instalaciones en alta mar, solo en el Atlántico nororiental, supera las mil. Además, aunque las instalaciones del Mar Negro y del Mar Báltico no pasan de la decena, existen actualmente más de cien instalaciones operando en aguas de la UE en el Mediterráneo y está previsto comenzar nuevas exploraciones en los sectores maltés y chipriota. La exploración o producción de petróleo y gas también tiene lugar en las inmediaciones de la UE, ante las costas de Argelia, Croacia, Egipto, Israel, Libia, Túnez, Turquía y Ucrania.

Principales instalaciones en alta mar en Europa y en sus inmediaciones

[pic]Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente

La industria petrolera y gasística de las costas europeas no se ha librado de graves accidentes en el pasado, como mostraron los casos de las plataformas Piper Alpha y Alexander Kielland en el Mar del Norte[3].

Como consecuencia de ello, varios países europeos han introducido en los últimos años estrictas exigencias y sistemas regulatorios para la seguridad. Con todo, la experiencia del Deepwater Horizon tiene que llevar a una sincera reflexión también en Europa sobre si los marcos reglamentarios y las prácticas actuales son adecuados en cuanto a la seguridad y a los planes de emergencia y capacidad de respuesta. Dicha reflexión está también justificada por la transformación de la industria europea del petróleo y el gas, como respuesta al agotamiento progresivo de los yacimientos «accesibles» de petróleo y gas. La exploración se mueve hacia entornos más complejos, caracterizados por yacimientos de alta presión/alta temperatura, aguas más profundas y/o condiciones climáticas extremas que pueden complicar el control de las instalaciones submarinas y la respuesta ante los incidentes. Al mismo tiempo, las instalaciones de producción en los yacimientos maduros están envejeciendo y a menudo han pasado a manos de operadores especialistas con bases de capital más pequeñas.

La UE tiene interés en mantener la producción autóctona de petróleo y gas por razones relativas a la seguridad del suministro de energía, así como para mantener puestos de trabajo y oportunidades empresariales en la economía europea. Aunque los riesgos no pueden ser totalmente excluidos en la mayoría de las actividades del ser humano, incluida la industria de los hidrocarburos en alta mar, es necesario garantizar la seguridad e integridad de las operaciones y las garantías de máxima protección de los ciudadanos europeos y del medio ambiente.

La escala y la gravedad del accidente del Deepwater Horizon impulsó a la Comisión a emprender ya en mayo una evaluación urgente de la seguridad en las actividades de exploración y producción de petróleo y de gas en alta mar en aguas europeas. A través de una revisión de la legislación europea aplicable y de consultas con la industria y las autoridades competentes de los Estados miembros[4], la Comisión estableció en julio[5] cinco ámbitos principales en los que es necesario actuar para mantener las credenciales de seguridad y protección del medio ambiente de la UE:

- Procedimientos de concesión de licencias minuciosos,

- Mejora en los controles por parte de las autoridades públicas,

- Solución de las lagunas en la legislación aplicable,

- Mayor respuesta de la UE ante catástrofes, y

- Cooperación internacional para fomentar la seguridad y las capacidades de respuesta a nivel mundial.

En los Estados miembros y en el sector existen ya una serie de prácticas correctas específicas relativas a la seguridad, los planes de emergencia y la capacidad de respuesta. Sin embargo, el reto que plantea el riesgo de un gran accidente en alta mar exige que las prácticas más modernas pasen a ser la norma en toda la UE y en sus aguas[6]. Un nivel uniforme y elevado de seguridad de este tipo suscitará la confianza del público y puede apuntalar los esfuerzos de la UE para garantizar niveles elevados de seguridad, planes de emergencia y capacidad de respuesta también más allá de las fronteras europeas, tanto en otras jurisdicciones como en aguas internacionales.

Todo esto solamente puede lograrse mediante una acción decidida por parte de las autoridades públicas en Europa y una sólida asociación entre todos los actores implicados -instituciones de la UE, Estados miembros, industria petrolera, ONG y otras partes interesadas- en línea con los principios de la política marítima integrada de la UE. El Parlamento Europeo ha emitido una resolución sobre la acción de la UE en materia de prospección y extracción de petróleo en Europa en la que se insta a la Comisión a que proponga un marco jurídico exhaustivo que garantice que en toda la UE y en los terceros países se aplican normas de seguridad uniformemente elevadas y que incluya propuestas que cubran, entre otras cosas, la prevención de accidentes, la capacidad de respuesta ante catástrofes y la responsabilidad[7]. La presente Comunicación presenta los primeros pasos hacia dicho objetivo.

2. Garantizar las prácticas más modernas en toda Europa

La mejora de la seguridad de los ciudadanos y la protección del medio ambiente no puede quedar a merced únicamente de la iniciativa discrecional del sector y de la autorregulación. El sistema regulatorio debe garantizar que la industria cumple unas normas claras, firmes y ambiciosas que permitan únicamente operaciones seguras y sostenibles. Además, el régimen debe contemplar un elevado nivel de transparencia que permita a la industria y a las autoridades públicas demostrar a cualquier parte interesada que las actividades que implican riesgos para la vida, el medio ambiente o los bienes son objeto de una gestión y de un control adecuados.

Aunque los regímenes internacionales para las actividades del sector del gas y el petróleo en alta mar no están totalmente desarrollados o adolecen de falta de mecanismos eficaces de control de la aplicación, la situación en Europa está determinada en gran medida por las disposiciones de las legislaciones nacionales de cada Estado miembro, ya que la legislación de la UE o bien no cubre diversos aspectos pertinentes del sector o bien contempla solo unos niveles mínimos de comportamiento. Las disposiciones que se aplican a las actividades en alta mar muchas veces están también dispersas en diferentes medidas legislativas de la UE.

Esto da lugar a regímenes de concesión de licencias, seguridad operativa y protección del medio ambiente que varían de un Estado miembro a otro. Dicha heterogeneidad complica la comprensión y la gestión de los riesgos sanitarios, de seguridad y medioambientales en Europa y aumenta los costes para las empresas, y, lo que es más importante, corre el riesgo de ralentizar la respuesta coordinada a los accidentes que afecten a varios Estados miembros, ya que las normas técnicas, los formatos de los datos y los procedimientos de respuesta varían en toda Europa y dentro de la misma cuenca litoral.

La Comisión propone trabajar hacia un marco jurídico revisado y más coherente para las actividades de prospección y producción en los mares de Europa, que garantice la aplicación en todo el territorio de la UE de las prácticas más recientes. Aunque los ciudadanos europeos y el medio ambiente se beneficiarán de un nivel de protección todavía más elevado, la industria tiene la posibilidad de beneficiarse principalmente mediante la simplificación y el establecimiento de unas reglas de juego equitativas. Para ello existen varias opciones, como la modificación por separado de diversas partes de la legislación en vigor, la creación de legislación consolidada para las actividades en alta mar o el desarrollo de complementos jurídicos «blandos» que complementen la legislación en vigor. Los riesgos en juego, la necesidad de certidumbre jurídica y los principios de la «mejora normativa», en opinión de la Comisión, abogan en favor de una pieza nueva y única de legislación específica para las actividades del sector del petróleo y el gas en alta mar, posiblemente apoyadas por medidas jurídicas blandas (directrices).

2.1. El papel crucial de la concesión responsable de licencias

La concesión de licencias destaca como el primer instrumento clave para garantizar la seguridad de nuevas actividades de perforación en entornos complejos. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece, en el marco del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior y atendiendo a la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente, una política energética de la Unión[8]. También recuerda que los Estados miembros tienen derecho a determinar las condiciones de explotación de sus recursos energéticos, las posibilidades de elegir entre distintas fuentes de energía y la estructura general de su abastecimiento energético, sin perjuicio de la política medioambiental de la Unión[9]. La legislación en vigor en la UE en materia de concesión de licencias[10] se ocupa solo de los procedimientos de concesión de licencias desde el punto de vista de la competencia para garantizar a entidades de toda la UE el acceso equitativo a las rondas de licitaciones nacionales.

Por consiguiente, cada Estado miembro expide licencias y otras autorizaciones necesarias para la exploración y producción de recursos de hidrocarburos dentro de su territorio y en las aguas que entran dentro de su jurisdicción, estableciendo sus propias exigencias para la concesión de las licencias. Ello no obstante, las autorizaciones por parte de los distintos Estados miembros para hacer perforaciones delante de sus costas pueden tener una repercusión significativa en otros Estados miembros. Los daños medioambientales, económicos y sociales provocados por un vertido de petróleo de envergadura afectan a las zonas marítimas y costeras independientemente de las fronteras de los países.

Es, por lo tanto, crucial que los procedimientos de concesión de licencias en cualquier punto de Europa sean conformes a determinados criterios básicos comunes. Es preciso revisar los procedimientos de concesión de licencias nacionales en todos los estados miembros para que reflejen las mejores prácticas reconocidas e incluyan obligaciones a nivel de toda la UE de los comportamientos en materia de seguridad, sanidad y medio ambiente, gestión del riesgo y verificación independiente.

Es necesario que el régimen de concesión de licencias esté respaldado por un sistema inequívoco de responsabilidad que ha de incluir instrumentos adecuados de garantía financiera que cubran los incidentes importantes. Los instrumentos de garantía financiera existentes necesitan ser evaluados en relación con los límites máximos financieros y pueden complementarse adecuadamente con otros instrumentos de cobertura de riesgos, como los fondos, seguros, avales, etc.

- Es conveniente definir a nivel de la UE los requisitos clave para la concesión de licencias de exploración y producción de hidrocarburos. La Comisión hará propuestas en ese sentido en 2011, apoyadas por una evaluación de impacto. Los requisitos claves que vayan a ser evaluados deben incluir:

- Presentación de un «análisis de seguridad» completo y la correspondiente documentación sanitaria y de seguridad[11] para cada operación, donde se detallen las disposiciones para tratar los sucesos críticos, incluida cualquier actividad concomitante que pudiera provocar accidentes graves.

- Demostración de la capacidad técnica de los posibles operadores para adoptar todas las medidas adecuadas para prevenir y responder a los sucesos críticos, teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento del lugar dado y la naturaleza de las actividades para las que se solicita una licencia concreta.

- Capacidad financiera para hacer frente a las consecuencias de sucesos imprevistos, incluida la posible participación en sistemas de seguros adecuados o instrumentos de cobertura de riesgos.

2.2. Régimen regulatorio conducente a la máxima seguridad del funcionamiento

La fragmentación de los marcos jurídicos en la UE no solo afecta a la fase de concesión de licencias sino también al funcionamiento de las instalaciones. Se producen variaciones en la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de los requisitos mínimos que figuran en las directivas de la UE en materia de sanidad y seguridad, ya que los Estados miembros pueden mantener o introducir medidas de protección más rigurosas que las establecidas en los requisitos mínimos. Como consecuencia de ello, varias plataformas de perforación explotadas por la misma empresa en las aguas de distintos Estados miembros pueden ser conformes cada una a diferentes exigencias regulatorias. Al margen de los evidentes problemas de integridad de las medidas de seguridad, esta complejidad puede dar lugar en particular a costes adicionales para el sector y entorpecer el funcionamiento del mercado interior.

Para garantizar la seguridad máxima y unas reglas de juego equitativas para los operadores del sector, los requisitos aplicables a las empresas petroleras a través de la fijación de objetivos o, en su caso, de legislación prescriptiva, han de ser concebidos de acuerdo con criterios uniformes, inspirados por las prácticas más avanzadas del sector, e impuestos, en la práctica, de forma rigurosa. Dichos requisitos tienen que incluir, además de la capacidad financiera y técnica, características clave para proteger la salud y seguridad de los trabajadores en las instalaciones de alta mar, garantizar la integridad de las instalaciones, ofrecer un elevado nivel de protección del medio ambiente, y prevenir y dar respuesta a los accidentes.

No solo las operaciones e instalaciones futuras, sino también las existentes, han de alcanzar de forma sistemática los niveles más elevados de seguridad y protección. El mantenimiento ha de incluir requisitos para la modernización periódica de las instalaciones al paso que evoluciona la tecnología.

La legislación medioambiental en vigor aborda una serie de cuestiones pertinentes para las instalaciones en alta mar (por ejemplo, la evaluación del impacto ambiental) y determinados aspectos del funcionamiento en alta mar (por ejemplo, las emisiones procedentes de las plataformas). Con todo, las instalaciones todavía no están cubiertas por la legislación de la UE en materia de control de la contaminación y de riesgos de accidente importantes[12], que se concibió fundamentalmente para incluir las instalaciones en tierra y los riesgos de accidentes importantes en tierra.

- La Comisión evaluará las formas de reforzar la legislación medioambiental en relación con el control de la contaminación, la inspección, la prevención de accidentes y la gestión de cada instalación. Las propuestas legislativas ampliarán la legislación en vigor a las instalaciones relativas al petróleo y gas en alta mar o bien desarrollarán un instrumento único para dichas operaciones.

Los requisitos mínimos para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores de esas industrias extractivas del petróleo y el gas están definidos en la Directiva marco 89/391/CE, en las directivas correspondientes de esta, y en la Directiva sectorial específica 92/91/CEE[13].

- A partir de los resultados completos de la investigación del accidente Deepwater Horizon , la Comisión revisará el marco para la sanidad y la seguridad, incluyendo la necesidad de modificar la Directiva 92/91/CEE relativa a las disposiciones mínimas destinadas a mejorar la protección en materia de seguridad y de salud de los trabajadores de las industrias extractivas por sondeos, reflexionando también sobre el posible papel que las consecuencias psicológicas de las condiciones de trabajo en situación de aislamiento pueden tener en los errores humanos.

- Las autoridades competentes para la concesión de licencias de los Estados miembros y los operadores revisarán y actualizarán cuando sea necesario los «análisis de seguridad» y los documentos sanitarios y de seguridad. Una vez completada dicha revisión, establecerán un programa de mejoras claramente definido en caso de que se haya detectado cualquier deficiencia.

La legislación de la UE en materia de seguridad de los productos [14] es aplicable en general a los equipos de las instalaciones de petróleo y gas de alta mar, pero excluye de su ámbito de aplicación las unidades móviles de perforación mar adentro (MODU)[15] y sus equipos correspondientes. Los MODU se consideran buques destinados a la navegación marítima y su seguridad está sujeta a las normas del Código para la construcción y el equipo de unidades móviles de perforación mar adentro («Código MODU») de la Organización Marítima Internacional (OMI). Sin embargo, dicho Código no incluye ni requisitos de funcionamiento de los equipos industriales utilizados para perforar los pozos ni procedimientos para su control. Además, la legislación pertinente de la UE también excluye de su ámbito de aplicación los equipos para el control de los pozos.

Existen diversas normas técnicas nacionales, europeas e internacionales para las actividades de producción de gas y petróleo en alta mar, pero son escasas las que permiten una presunción de conformidad con la legislación de la UE. Las reglamentaciones nacionales se refieren a menudo a normas técnicas, pero las normas utilizadas varían de un Estado miembro a otro.

- La Comisión examinará la viabilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la legislación de la UE sobre seguridad de los productos para incluir los equipos instalados y utilizados en las unidades móviles de perforación mar adentro. Esto exigirá la clarificación de la interfaz con el Código MODU, en cooperación con la OMI.

- La Comisión, en cooperación con las autoridades nacionales, realizará una evaluación crítica de las normas y prácticas actuales para la concepción y control de los pozos, a la luz de las lecciones aprendidas del accidente del Deepwater Horizon . Si se considera que las normas actuales son insuficientes o que se aplican de una forma excesivamente desigual, la Comisión examinará la necesidad de reforzar la armonización de este sector, utilizando instrumentos adecuados legislativos o no legislativos.

- La Comisión fomentará, en cooperación con las autoridades nacionales y con los organismos de normalización CEN, CENELEC, ISO e IEC, la elaboración de las normas técnicas necesarias.

2.3. Regímenes de responsabilidades

La existencia de unas disposiciones claras sobre la responsabilidad relativa al saneamiento y la responsabilidad, en última instancia, por cualquier daño causado disuade a los operadores de subestimar los riesgos o de ser poco rigurosos en materia de medidas de seguridad. Este efecto disuasorio ayuda a limitar los riesgos de daños medioambientales.

Partiendo de los principios de cautela y del principio de «quien contamina paga», que figuran en los Tratados de la UE[16], la legislación medioambiental y marítima de la UE incluye un sistema de disposiciones que prevén la reparación de los daños derivados de un accidente. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha establecido, en el marco de asuntos relacionados con naufragios, que los hidrocarburos vertidos accidentalmente en el mar constituyen residuos en el sentido de la legislación de la UE en materia de residuos, con las correspondientes responsabilidades del operador por los daños, incluidos los gastos de saneamiento.

La Directiva sobre responsabilidad medioambiental aborda la responsabilidad por los daños medioambientales que puedan resultar también de un accidente u otras situaciones críticas en las actividades en alta mar. Esta legislación debe garantizar sin ninguna ambigüedad que los operadores en alta mar son estrictamente responsables, no solo por los daños causados a especies protegidas, hábitats naturales y aguas cubiertas por la Directiva marco del agua, sino también a todas las zonas marinas bajo la jurisdicción de los Estados miembros.

- La Comisión propondrá enmiendas a la Directiva sobre responsabilidad medioambiental para cubrir los daños medioambientales a todas las aguas marinas tal como se definen en la Directiva marco sobre la estrategia marina[17].

- La Comisión volverá a considerar la opción de introducir un requisito de garantía financiera obligatoria y, en este sentido, examinará la suficiencia de los actuales límites financieros máximos para los instrumentos de garantía financiera establecidos en relación con posibles accidentes importantes que impliquen partes responsables con capacidad financiera limitada.

- La aplicabilidad de la Directiva marco de los residuos a los vertidos de petróleo será otra de las cuestiones que se abordarán en un documento de orientación, que está en fase de elaboración, sobre la interpretación de la citada Directiva.

2.4. Responsabilidad del sector

El sector es el principal responsable de la seguridad de sus operaciones. Sus operaciones deben dar una prioridad visible e inequívoca a la seguridad y a la sostenibilidad, por encima de cualquier otra preocupación. Esto tiene que demostrarse mediante inversiones en capacidad de prevención, capacidad de respuesta ante los accidentes y capacidad para recuperar el crudo. Revertirá en interés de las empresas el comprometerse de forma convincente a adoptar los máximos niveles de seguridad y prevención de accidentes, ya que esto determinará la competitividad de su sector, así como el ámbito de aplicación de las acciones reglamentarias que en el futuro se consideren necesarias.

Los pasos dados hasta el momento en el sector varían de la empresa a otra y es necesario que se complementen mediante iniciativas sectoriales conjuntas. Las primeras actuaciones de ese tipo ya se han anunciado[18]. Sin embargo, el sector necesita lograr compromisos todavía más cuantificables y de largo alcance para desarrollar las capacidades y adoptar una inequívoca cultura de «la seguridad es lo primero» que evite futuras catástrofes en Europa y en otras regiones.

Aunque tanto el sector como las autoridades han demostrado sus capacidades para movilizar y desplegar de forma bastante eficaz recursos para luchar contra el vertido de petróleo en el Golfo de México, el tiempo que se necesitó para sellar la fuga del propio pozo, así como para determinar las causas, constituye un motivo de preocupación. Por lo tanto, el sector debe trabajar, cuando sea adecuado en cooperación con las autoridades públicas, en la creación de nuevos instrumentos de respuesta en caso de emergencia que puedan desplegarse y utilizarse en equipos y emplazamientos de cualquier entorno marítimo de Europa.

- La Comisión pide al sector petrolero, que está bien situado para evaluar los requisitos técnicos necesarios para realizar con seguridad operaciones relativas al petróleo y al gas en alta mar, que ayude a establecer las normas necesarias y que proponga medidas de autorregulación.

- La Comisión hace un llamamiento al sector para que finalice y presente, dentro de 2010, planes de acción individuales, así como hojas de ruta conjuntas del sector, en que se detallen el calendario, carácter, contenido y recursos que se necesitan para aplicar las medidas pretendidas. Dichos planes y hojas de ruta deberán someterse al examen minucioso de los reguladores y, en la medida en que no incluyan información cuya divulgación pudiera dar lugar a problemas de índole comercial, deberán ponerse a disposición de un amplio público.

- La Comisión hace un llamamiento al sector para que emprenda la creación de un consorcio que se encargue de la elaboración y establecimiento de instalaciones en Europa para una primera respuesta rápida en caso de accidentes. El consorcio se ocupará de desarrollar herramientas para el control de los pozos en caso de emergencia.

2.5. Nuevo modelo de supervisión pública

Las autoridades públicas tienen una responsabilidad crucial para establecer un marco reglamentario correcto para las actividades en alta mar, teniendo en cuenta también los principios de la ordenación del espacio marítimo[19]. También han de garantizar el pleno respeto de las normas por parte de los operadores mediante una supervisión eficaz consistente en comunicación, asesoramiento, control y ejecución.

Esto debe ir unido a un compromiso activo con el público en general y con las partes interesadas que representen a intereses económicos y sociales potencialmente afectados. La transparencia y la participación en el proceso de toma de decisiones y en la supervisión se fomentarán de acuerdo con las mejores prácticas de gobernancia marítima[20].

La supervisión del sector por parte de las autoridades públicas deberá basarse en las mejores prácticas administrativas ya disponibles en Europa y puede ser reforzada mediante medidas a nivel de la UE. Por ejemplo, podría ser interesante evaluar la inclusión, en las actividades de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA), de tareas de inspección semejantes a las realizadas en el sector del transporte marítimo. Sin perjuicio de la legislación de la UE que prevé un ámbito de aplicación claro, normas aplicables a los equipos y requisitos de seguridad, esta medida podría contribuir a promover una supervisión eficaz y la verificación de la conformidad en toda la UE.

- La Comisión, en cooperación con las autoridades de los Estados miembros, definirá las prácticas más modernas que serán aplicadas por las autoridades de regulación y supervisión en la concesión de licencias en alta mar, las inspecciones y el control del cumplimiento. Estas se modularán partiendo de las mejores prácticas utilizadas por las autoridades competentes de los Estados miembros y se procurará su divulgación a todas las jurisdicciones de la UE, aprovechando también plenamente el potencial del diálogo estructurado con las partes interesadas en el Foro de Berlín sobre combustibles fósiles.

- La Comisión trabajará junto con los Estados miembros para establecer un mecanismo voluntario de consulta/elaboración de informes sobre la concesión de licencias de operaciones complejas en alta mar, que permitirá un estudio detenido más amplio por parte de los expertos, por ejemplo mediante una revisión inter pares realizada por las autoridades competentes de Estados miembros con costas adyacentes.

- La Comisión cooperará con los Estados miembros, el sector y las demás partes interesadas para ofrecer al público un acceso fácil a una información constantemente actualizada sobre medidas de seguridad, gestión de riesgos, planes de contingencia y estadísticas específicas de las empresas sobre indicadores de seguridad claves.

- La Comisión trabajará con los Estados miembros a fin de facilitar un marco para la evaluación independiente de la actuación de los reguladores nacionales, en particular en lo relativo a sus tareas de supervisión.

3. La precaución es necesaria mientras se llevan a cabo las mejoras

Hasta que estén disponibles todos los resultados de la investigación de las causas del accidente del Deepwater Horizon , los esfuerzos del sector para mejorar la seguridad de las operaciones arrojen resultados tangibles y la campaña para reforzar convenientemente el marco reglamentario en toda Europa llegue a buen puerto, es necesario aplicar una reserva especial y una cautela adicional tanto a las operaciones de exploración o producción en marcha como a los nuevos planes y procedimientos de autorización.

La precaución debe ser proporcional a los riesgos y centrarse en particular en actividades complejas en alta mar, en las que los climas extremos, los yacimientos de alta presión/alta temperatura, las aguas profundas o los entornos naturales especialmente vulnerables hagan que dicho cuidado especial esté justificado. En dichas actividades complejas, podría ser adecuada una suspensión temporal de las futuras autorizaciones. Todas las medidas cautelares han de ser proporcionadas a los riesgos y estar coordinadas a nivel de la UE.

- La Comisión insta a los Estados miembros a que revisen todas las actividades complejas de exploración de petróleo o gas y a que garanticen la aplicación uniforme en toda la UE de las mejores prácticas en materia de normas. Aunque toda decisión de suspensión de las actividades de perforación en alta mar se deja al criterio de los Estados miembros, la Comisión reitera su llamamiento a estos para que apliquen con todo rigor el enfoque de cautela en la concesión de nuevas licencias para actividades complejas de exploración de petróleo o gas, y para que examinen si es necesaria una suspensión de dichas concesiones de licencias hasta que los regímenes de seguridad en alta mar europeos hayan sido evaluados a la luz del accidente del Deepwater Horizon .

4. REFORZAR LA CAPACIDAD DE INTERVENCIÓN DE LA UE PARA LOS ACCIDENTES EN ALTA MAR

En el caso de que se produjese un accidente grave frente a las costas de cualquier Estado miembro, sus equipos de respuesta han de ser capaces de reunir todos los medios de que dispongan, incluidos los del sector[21] y los de otros Estados miembros. La UE dispone de instrumentos para complementar la respuesta ante la emergencia y mecanismos de protección civil de los Estados miembros mediante el mecanismo comunitario de protección civil, que, cuando se le solicita, ofrece ayuda y facilita la coordinación y la prestación de asistencia europea. Cubre tanto la protección civil como la contaminación marina. Su Centro de Control e Información (MIC), gestionado por la Comisión Europea, está accesible durante las 24 horas los siete días de la semana.

Si es necesario, el MIC puede movilizar rápidamente la capacidad de recuperación de petróleo de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA). Aunque la EMSA se centra en la contaminación marina procedente de buques y en las correspondientes actividades de capacidad de respuesta ante una emergencia, podría intervenir de manera significativa en caso de vertidos de petróleo procedentes de instalaciones de petróleo en alta mar, ya que sus medios, como los buques de recuperación de hidrocarburos y las imágenes por satélite, pueden hacer frente a un vertido de petróleo independientemente de su origen. La Comisión, por consiguiente, está emprendiendo modificaciones en el Reglamento por el que se constituye la EMSA[22] para permitir a esta agencia reaccionar frente a la contaminación marina de cualquier origen, incluidas las instalaciones de petróleo y gas en alta mar.

También se está trabajando para reforzar aún más la capacidad global de prevención de catástrofes y de respuesta en la UE, incluyendo la asistencia proporcionada a través del MIC. Dichos esfuerzos buscarán sinergias con las acciones adoptadas por el sector destinadas a desarrollar medios para una rápida intervención en los pozos y una respuesta a los vertidos de petróleo.

La eficiencia y rapidez de cualquier respuesta ante una catástrofe en alta mar depende también de la disponibilidad de información instantánea sobre el estado de la columna de agua y del fondo marino durante el accidente. Actualmente estos datos no están totalmente disponibles a escala de toda la UE y no se puede realizar un seguimiento adecuado de la progresión del accidente, ya que no pueden recopilarse con rapidez a partir de fuentes fragmentadas públicas y privadas.

- En 2010 la Comisión presentará una Comunicación con el objetivo de reunir todas las competencias y recursos –disponibles a nivel local, nacional y de la UE– en un sistema reforzado de la UE de respuesta a catástrofes. Se centra en la prestación de asistencia de socorro en la primera fase de la emergencia y en el refuerzo de los instrumentos de la UE de protección civil y asistencia humanitaria.

- La Comisión procurará incrementar la disponibilidad de los medios de respuesta ante las emergencias, por ejemplo solicitando que haya equipos de respuesta a catástrofes disponibles en cada región pertinente de la UE, trabajando en cooperación con el sector y los Estados miembros y partiendo de los instrumentos existentes del mecanismo de protección civil de la UE y de la EMSA.

- Con el fin de incrementar la eficiencia de las respuestas ante las emergencias, la Comisión insta a los Estados miembros a que adopten las medidas propuestas por la Comisión en la iniciativa «Conocimiento del medio marino 2020» con vistas a crear una arquitectura coherente y abierta para compartir información sobre el estado de la columna de agua y el fondo marino.

5. Nuevas asociaciones para la seguridad en alta mar también fuera de las aguas europeas

5.1. Iniciativas regionales de vecindad como primer medio de acción internacional

La UE necesita prestar mucha atención a las zonas de alta mar adyacentes a su territorio en las que están aumentando las perforaciones en mar abierto y en las que un accidente con su consiguiente vertido de crudo podría provocar daños al medio ambiente y las economías de varios Estados miembros ribereños.

En este contexto, debe fomentarse la delimitación de zonas económicas exclusivas y de la plataforma continental de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).

En el Mar Mediterráneo, una gran parte del espacio marino está compuesta por alta mar, y es necesario reforzar la cooperación entre las autoridades de los Estados ribereños.

Por consiguiente, la UE debería procurar que los marcos reglamentarios y la supervisión del sector en aguas jurisdiccionales vecinas a las europeas ofrezcan niveles igualmente elevados de seguridad y protección. En el Mar del Norte existe un buen ejemplo de las ventajas que se obtienen de la cooperación regional entre las autoridades competentes[23].

Debe explorarse el potencial de los convenios regionales. Esto incluye el relanzamiento, en estrecha colaboración con los Estados miembros afectados, del proceso para poner en vigor el protocolo para luchar contra la contaminación producida por actividades en alta mar en el Mediterráneo[24]. De esta forma, el Centro regional de emergencia para la lucha contra la contaminación en el Mar Mediterráneo (REMPEC), ya existente, podría participar en la prevención, los planes de emergencia y la capacidad de respuesta para las emergencias en alta mar. También puede reforzarse la cooperación bilateral, en particular con Estados de la ribera sur del Mediterráneo implicados en actividades extractivas en alta mar, en particular a través de los planes de actuación e instrumentos en virtud de la política europea de vecindad (PEV).

En el mismo sentido[25], deben tomarse medidas mediante otras convenciones marítimas regionales, como la OSPAR, el Convenio de Helsinki o el Convenio de Bucarest[26]. Existen ya programas de cooperación regional en el ámbito de la energía, como el Inogate, que abarcan la seguridad y la seguridad del suministro energético, y que podrían seguir desarrollándose para fomentar la cooperación en las actividades en alta mar. Debe considerarse también la posibilidad de utilizar el Tratado de la Comunidad de la Energía (TCE) en el contexto de las medidas de seguridad para las actividades en alta mar en las aguas de los Estados interesados.

El Ártico merece también una atención especial, debido a la gran sensibilidad de su ambiente natural, su clima agreste y sus importantes reservas de hidrocarburos sin explorar. Es preciso introducir normas internacionales vinculantes o parámetros de referencia, con base, entre otras cosas, en las directrices del Consejo del Ártico[27]. En este sentido, es esencial establecer contactos con los países del Ártico.

- La Comisión intensificará el diálogo con los países vecinos de la UE en el ámbito de la seguridad de las operaciones en alta mar, con el fin de lanzar nuevas iniciativas comunes para la creación de canales de información de emergencia, compartir informaciones relativas a la exploración y producción, fomentar elevados niveles de seguridad y prevención y adoptar medidas conjuntas de control del cumplimiento, como la inspección de instalaciones.

- La Comisión trabajará con los Estados miembros y los terceros países interesados para estimular la creación de foros e iniciativas de autoridades nacionales competentes en el Mediterráneo, el Mar Negro y el Mar Báltico, a partir del buen ejemplo y del saber del Foro de las autoridades competentes en materia de instalaciones marinas de los países del Mar del Norte. También estudiará la posibilidad de abordar la seguridad en alta mar a través de los instrumentos de cooperación bilaterales y regionales existentes con los países candidatos a la adhesión y los vecinos de la UE.

- La Comisión fomentará también la acción en el marco de los convenios y protocolos existentes.

5.2. Obligaciones internacionales de las empresas europeas del sector

Las empresas europeas de petróleo y gas tienen en muchos casos una actividad creciente en cuanto a actividades en alta mar fuera de Europa. Es crucial que el sector se comprometa a mantener las prácticas más avanzadas en materia de seguridad y medio ambiente, independientemente de la jurisdicción en la que opere, incluso fuera de la UE.

Una opción es introducir obligaciones para las empresas petroleras cuya sede esté en la UE para que apliquen una política uniforme, en materia de seguridad y medio ambiente, en todas sus actividades en todo el mundo. En caso de incumplimiento, los reguladores podrán anular las licencias o las autorizaciones específicas de los operadores.

- La Comisión invita al sector y a los Estados miembros a que adopten disposiciones transparentes y vinculantes aplicables a las empresas con sede en la UE para que éstas respeten las normas europeas de seguridad y prevención de accidentes en sus actividades en todo el mundo.

5.3. Responsabilidad a escala mundial

Aunque el impacto de los accidentes en alta mar no conoce fronteras, el ámbito de aplicación y el control del cumplimiento de la legislación internacional en materia de prevención, planes de emergencia y capacidad de respuesta son desiguales e incompletos[28].

Por ejemplo, un convenio sobre la planificación de intervenciones de emergencia se basa solo en la contaminación por petróleo provocada por buques, pero no por instalaciones en alta mar[29]. Además, la responsabilidad financiera por la contaminación de petróleo y gas procedente de instalaciones en alta mar no está cubierta por ninguna convención internacional. La UE probablemente está muy bien posicionada para adoptar una función esencial en los esfuerzos internacionales para reforzar las normas existentes a escala global. Sin embargo, necesita unir sus fuerzas con las de sus asociados, comenzando con los Estados Unidos y otros productores importantes como son Noruega, Rusia y la OPEP. Las iniciativas de la UE deben apoyarse en el Foro de los Reguladores Internacionales (IRF) pero apuntar a una participación más amplia[30].

Su meta última ha de ser un sistema global que establezca objetivos comunes o parámetros de referencia de seguridad y sostenibilidad en la explotación y producción en alta mar, con dos objetivos: en primer lugar, debe fomentar la adopción y aplicación de normas estrictas en materia de seguridad y prevención de accidentes en todas las jurisdicciones con actividades relacionadas con el petróleo y el gas en alta mar. En segundo lugar, ha de coordinar las acciones y/o desarrollar acciones conjuntas destinadas a las administraciones, los reguladores, las organizaciones de estandarización, el sector, las empresas de certificación y los centros de investigación, con el fin de lograr el máximo cumplimiento posible a escala mundial del UNCLOS en las zonas que están más allá de las jurisdicciones nacionales.

- Las actuales asociaciones y el diálogo con los socios internacionales de la UE en el ámbito de la energía se verán reforzados con vistas al lanzamiento de una iniciativa a nivel mundial liderada por la UE para la seguridad en alta mar y a un acuerdo sobre las líneas generales de dicha acción a escala mundial. La reunión de ministros de la UE y la OPEP ya ha respaldado una iniciativa para una mesa redonda sobre seguridad en alta mar en 2011. La Comisión promoverá la celebración de dicha reunión en 2011 para llegar a un acuerdo sobre los principales objetivos y discutir de las metas y de los parámetros de referencia para las mejores prácticas y las normas que deberán adoptarse en todo el mundo. Por otra parte, la Comisión continuará contribuyendo, en el ámbito del G-20, a las iniciativas en el ámbito de las actividades en alta mar.

6. Conclusiones y pr ÓXIMAS ETAPAS

La revisión realizada como consecuencia del accidente del Deepwater Horizon ha demostrado que las actividades de petróleo y gas en alta mar en la UE están regidas en parte por un régimen heterogéneo en cuanto a sanidad, seguridad y protección del medio ambiente. Un régimen tan fragmentado no puede ofrecer una respuesta adecuada a los riesgos que plantea la evolución de las actividades en alta mar de la industria del petróleo y el gas. Deja áreas de incertidumbre legal en relación con las obligaciones y responsabilidades de las empresas y no permite utilizar al máximo las oportunidades que ofrecen las agencias e instrumentos de la UE.

Aunque los regímenes reglamentarios de algunos Estados miembros impongan niveles elevados de prevención de accidentes mediante requisitos rigurosos de sanidad, seguridad y protección del medio ambiente, es necesario seguir aplicando medidas para garantizar la divulgación de dichas mejores prácticas en toda la UE mediante un marco claro y de vanguardia que clarifique la legislación de la UE y corrija las deficiencias detectadas. La UE tiene el máximo interés en actuar sin dilación y garantizar que las operaciones en alta mar en aguas europeas y de todo el mundo se ajustan a los niveles más estrictos de seguridad, prevención y capacidad de respuesta ante los accidentes, sin medias tintas ni incoherencias.

La Comisión invita al Parlamento Europeo y al Consejo a que apoyen las líneas de acción expuestas en la presente Comunicación y a que expresen sus opiniones sobre las acciones específicas propuestas. La Comisión procederá a nuevas consultas con las entidades reguladoras nacionales y otras partes interesadas sobre el ámbito de aplicación de las medidas propuestas, sin olvidar la presentación de propuestas de medidas concretas, legislativas o de otro tipo, antes del verano de 2011. Se tendrán en cuenta en el proceso todas las enseñanzas relevantes derivadas de la investigación del accidente del Deepwater Horizon .

[1] La explosión y el incendio posterior causaron 11 víctimas mortales. El vertido de petróleo, hasta que pudo pararse la fuga al cabo de 85 días, se calculó en 4,9 millones de barriles de crudo y afectó a 350-450 km de costa estadounidense.

[2] En 2009, la producción de petróleo y gas natural en la UE y Noruega ascendió a 196 y 269 millones de toneladas de equivalente de petróleo, respectivamente. Casi el 90 % del petróleo y el 60 % del gas producidos en el EEE proceden de alta mar.

[3] La plataforma Piper Alpha explotó en 1988, dejando tras de sí 167 víctimas mortales y un vertido de 670 toneladas de petróleo en el mar. 123 personas murieron cuando la plataforma Alexander Kielland se hundió en 1980.

[4] Órganos de la administración pública implicados en la concesión de licencias y en la supervisión de las actividades en alta mar en los Estados miembros.

[5] Declaraciones de los comisarios Oettinger y Damanaki en la sesión plenaria del PE de 7 de julio.

[6] Aguas bajo la soberanía y jurisdicción de los Estados miembros de la UE en el Mediterráneo, el Mar Báltico y el Mar Negro y la parte nororiental del Océano Atlántico, que incluye las aguas que rodean las Azores, Madeira y las Islas Canarias. Se incluyen las aguas costeras, las aguas territoriales y las zonas económicas exclusivas (ZEE).

[7] Resolución sobre la acción de la UE en materia de prospección y extracción de petróleo en Europa, adoptada el 7 de octubre de 2010.

[8] Artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

[9] Ibídem.

[10] Directiva 94/22/CE sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos.

[11] Directiva 92/91/CEE relativa a las disposiciones mínimas destinadas a mejorar la protección en materia de seguridad y de salud de los trabajadores de las industrias extractivas por sondeos, artículo 3.

[12] Directiva 96/82/CE relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (Seveso II).

[13] Directiva 89/391/CEE del Consejo relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.

[14] Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE, y Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión.

[15] La plataforma Deepwater Horizon estaba clasificada como uno de estos MODU.

[16] TFUE, artículo 191, apartado 2.

[17] Directiva 2008/56/CE.

[18] Se ha creado un grupo de trabajo dentro de la Asociación Internacional de Productores de Gas y Petróleo para evaluar las prácticas en vigor y estudiar mejoras. Se ha establecido un consorcio industrial para desarrollar herramientas de intervención para emergencias en los pozos del Golfo de México.

[19] La ordenación del espacio marítimo es una herramienta clave para gestionar la competencia entre diferentes actividades para el espacio en zonas marítimas de uso intensivo, garantizando para ellas estabilidad a largo plazo y previsibilidad.

[20] Véase la Comunicación «Orientaciones para un planteamiento integrado de la política marítima: hacia mejores prácticas de gobernanza marítima integrada y consulta de las partes interesadas» - COM(2008) 395.

[21] Oil Spill Response Ltd (parte de la Global Response Network ).

[22] Reglamento (CE) nº 1406/2002.

[23] North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF) [Foro de las autoridades competentes en materia de instalaciones marinas de los países del Mar del Norte].

[24] Protocolo para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación resultante de la exploración y explotación de la plataforma continental, del fondo del mar y de su subsuelo.

[25] Véase el artículo 18 de las conclusiones de la Conferencia de Ministros de la OSPAR de 23 y 24 de septiembre de 2010.

[26] Convenio sobre la protección del medio marino del Nordeste Atlántico (OSPAR), Convenio sobre la protección del medio marino de la zona del mar Báltico (Convenio de Helsinki), Convenio para la protección del Mar Negro contra la contaminación (Convenio de Bucarest).

[27] Arctic Offshore Oil and Gas Guidelines 2009 [Directrices para el petróleo y el gas en alta mar en el Ártico 2009].

[28] La Convención UNCLOS establece la obligación de que los Estados protejan el medio marino contra la contaminación, establezcan planes de emergencia y adopten leyes y reglamentos para prevenir, reducir y controlar la contaminación en zonas dentro y fuera de la jurisdicción nacional. Sin embargo, no incluye mecanismos de evaluación y de ejecución, por lo que la aplicación depende de la buena voluntad de los Estados y de los organismos, como las organizaciones sectoriales y las convenciones marinas regionales. Ello explica las grandes diferencias en el cumplimiento de dichas obligaciones, incluso en aguas europeas.

[29] Convenio Internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos (OPRC).

[30] Los miembros del IRF son Brasil, Canadá, los Estados Unidos, Noruega, Nueva Zelanda, los Países Bajos y el Reino Unido.