ES Diario Oficial de la Unión Europea C 236/20

Propuesta de archivo de la demanda 2009/4209

2009/C 236/07

Los servicios de la Comisión han concluido su investigación sobre la demanda 2009/4209 relativa a la retribución de los médicos en período de especialización en Italia entre 1982 y 1991.

Tras haber examinado la demanda y la documentación trasmitida por los autores de las demandas, a la vista del Derecho comunitario aplicable en la materia, los servicios de la Comisión han concluido que, hasta la fecha, no han podido detectarse infracciones a la Directiva 93/16/CEE del Consejo (1) en el caso que nos ocupa.

La Directiva 93/16/CEE relativa al reconocimiento mutuo de diplomas de los médicos y a la coordinación de la formación de estos últimos prevé efectivamente que los médicos que siguen una formación especializada perciban durante su formación una retribución apropiada. Esta obligación deriva específicamente de la Directiva 82/76/CEE del Consejo y del Parlamento Europeo (2), que modificó la Directiva 75/363/CEE, codificadas ambas por la Directiva 93/16/CEE, derogada por la Directiva 2005/36/CE (3).

La fecha límite de incorporación de la Directiva 82/76/CEE era el 1 de enero de 1983. Mediante sentencia de 7 de julio de 1987, el Tribunal de Justicia de las CE reconoció que Italia había incumplido sus obligaciones al no incorporar la Directiva 82/76/CEE dentro del plazo. Mediante Decreto legislativo no 257/1991 adoptado en 1991 (que entró en vigor el 1 de septiembre de 1991), es cierto que Italia incorporó la Directiva, pero limitó el derecho a la retribución a los años académicos 1991/92 y siguientes. Mediante las sentencias dictadas en los asuntos prejudiciales C-131/97 Carbonari y C-371/97 Gozza, el Tribunal consideró que el perjuicio causado a los médicos especialistas (inscritos entre los cursos académicos 1983/84 y 1990/91) podía ser objeto de una reparación mediante la aplicación retroactiva de las disposiciones nacionales relativas a la retribución y el órgano jurisdiccional nacional debía dejar sin efecto las disposiciones nacionales contrarias a la Directiva (las que limitaban el derecho a la retribución a los años 1991/92 y siguientes).

Posteriormente, dado que varios médicos especialistas se habían inscrito antes del curso académico 1991/92, presentaron recursos ante los tribunales civiles y administrativos italianos, solicitando daños y perjuicios. En las sentencias de 25 de febrero de 1994 del Tribunal Regional del Lazio, Sección Primera bis, el Tribunal aceptó los recursos: «El Decreto legislativo no 257 de 8 de agosto no debe ser aplicado por el órgano jurisdiccional nacional puesto que dicho Decreto reserva la aplicación del Derecho comunitario únicamente a los médicos admitidos a la especialización en el curso académico 1991/92, dejando vigente el antiguo programa de formación para médico especialista».

A pesar de esta sentencia, Italia, negando el pago apropiado a los médicos en especialización antes del curso académico 1990/91, prefirió adoptar la Ley no 370 de 19 de octubre de 1999, cuyo artículo 11 establece que deberá pagarse una beca de 13 000 000 LIT a todos los médicos que hayan seguido la formación de especialización durante el período 1983-1991, con la condición de que estén personalmente cubiertos por la sentencia. Un Decreto ministerial especificaba las modalidades para presentar una demanda con el fin de obtener el pago de la beca. Algunos médicos presentaron un recurso contra este Decreto ministerial que desembocó en una sentencia por la que se reconocía el derecho a daños y perjuicios a los médicos que habían seguido la formación de médico especialista y se habían inscrito antes del curso académico 1991/92.

Según los demandantes, a fecha de hoy los médicos que han seguido la formación de médico especialista después de la fecha de incorporación de la Directiva en cuestión (31 de diciembre de 1982) e inscritos en el programa de formación con anterioridad al curso académico 1991/92 se han visto privados de su derecho a daños y perjuicios debido a una incorporación tardía e incompleta por parte de Italia. Los servicios de la Comisión comprenden que los demandantes actuales reprochen a Italia no haber modificado la reglamentación italiana en cuestión.

Los servicios de la Comisión, que han recibido otras demandas similares de médicos italianos sobre este tema, han constatado que, de la jurisprudencia nacional se desprende que los principios planteados por el Tribunal de Justicia de las CE en su sentencias dictadas en los asuntos C-131/97 Carbonari y C-371/97 Gozza habían sido plenamente respetados por el órgano jurisdiccional nacional. El órgano jurisdiccional nacional aceptó el principio de la aplicación retroactiva del derecho a la retribución dejando sin aplicación las disposiciones nacionales contrarias a la Directiva 82/76/CEE (el artículo 8 del Decreto legislativo n o 257/1991 que limita el derecho a la retribución a los cursos académicos 1991/92 y siguientes) y reconocía el derecho a la retribución y, por consiguiente, el derecho a la reparación del perjuicio sufrido. No obstante, en algunos casos el órgano jurisdiccional nacional denegó la reparación del perjuicio sufrido debido a la prescripción de la acción sobre la base de las disposiciones del Derecho nacional aplicable. Esta decisión no parece contraria al Derecho comunitario tal como lo interpretó el Tribunal de Justicia de las CE, en particular en su sentencia de 5 de marzo de 1996 en los asuntos C-46/93 Brasserie du pêcheur y C-48/93 Factortame, que precisa que, a falta de disposiciones comunitarias en materia de reparación del daño sufrido por los particulares, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro fijar los criterios aplicables a la reparación, bien entendido que no pueden ser menos favorables que los referentes a reclamaciones semejantes basadas en el Derecho interno (punto 83 de la citada sentencia de 5 de marzo de 1996). En el caso que nos ocupa, la aplicación del Derecho interno respeta este principio.

Por consiguiente, los servicios competentes propusieron a la Comisión archivar la denuncia registrada.

Esto no es óbice para volver a abrir e instruir el asunto si la Comisión tuviera conocimiento, incluso después del archivo de la denuncia, de datos suplementarios que justificaran la apertura de un procedimiento con el mismo objeto.

(1) DO L 165 de 7.7.1993, p. 1.

(2) DO L 43 de 15.2.1982, p. 21.

(3) DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.