N° C 60/16 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 3. 91 
8. Por otra parte, es necesario delimitar las compe­
tencias en materia de recogida de datos con respecto a 
la futura Agencia Europea de medio ambiente. En opi-
El Comité acoge con agrado la propuesta de Directiva, 
bajo reserva de las siguientes observaciones. 
Observaciones generales 
1. En diciembre de 1989, el Consejo aprobó la Direc­
tiva 89/665/CEE relativa a la coordinación de las dis­
posiciones legales, reglamentarias y administrativas 
referentes a la aplicación de los procedimientos de 
recurso en materia de adjudicación de los contratos 
públicos de suministros y de obras. Esta Directiva es 
de aplicación en los campos sujetos a las Directivas 
71/305/CEE y 77/62/CEE: contratación de obras y 
suministros para la administración pública. No abarca 
la adjudicación de contratos públicos de suministros y 
obras en los sectores del agua, la energía, los transportes 
y las telecomunicaciones. 
2. El dictamen del Comité Económico y Social sobre 
la propuesta pertinente señalaba que la formulación de 
normas Comunidad Europea sigue siendo un simple 
ejercicio teórico a menos que esté respaldada por los nión del Comité, es importante utilizar con la mayor 
eficacia posible los diferentes instrumentos de informa­
ción de que dispone la Comunidad. 
medios necesarios para garantizar su aplicación. Una 
vez más, el Comité Económico y Social hacía hincapié 
en la necesidad de una Directiva de aplicación que 
incluyera tres puntos claves: 
— la Comisión deberá emprender una cooperación 
con los Estados miembros para la elaboración de 
disposiciones uniformes relativas a los plazos, los 
pagos de las penalizaciones y los procedimientos 
administrativos, 
— la Comisión debe tener las mismas competencias 
para imponer sanciones que las que se concedan a 
las autoridades nacionales en virtud de la Directiva 
de aplicación, 
— deberá establecerse a nivel comunitario algún tipo 
de sistema de arbitraje si quiere evitarse el recurso 
sistemático al procedimiento sumamente incómodo 
del Tribunal de Justicia. 
3. Por consiguiente, la propuesta actual constituye 
un avance positivo en la dirección correcta. 
4. En la actualidad, las vías de recurso abiertas a las 
empresas y a los suministradores difieren enormemente Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 1990. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Frangís STAEDELIN 
Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de la norma­
tiva comunitaria sobre los procedimientos de adjudicación de contratos de las entidades de 
los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones 
(91/C 60/06) 
El 4 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y 
Social sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de industria, comercio, artesanía y servicios, encargada de preparar los trabajos 
en la materia, adoptó su dictamen el 5 de diciembre de 1990 (ponente: Sr. Kaaris). 
En su 282° pleno (sesión del 18 de diciembre de 1990), el Comité Económico y Social ha 
aprobado por unanimidad el siguiente dictamen. 
8. 3. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 60/17 
en los Estados miembros. Por lo tanto, el Comité mani­
fiesta en especial su satisfacción por el artículo 1 de la 
propuesta de Directiva, en el cual la Comisión ha 
logrado un acertado equilibrio entre las prácticas nacio­
nales tradicionales divergentes y la necesidad de un 
cierto nivel de conformidad en toda la Comunidad 
sobre las normas relativas al acceso a las vías de recurso 
para las personas que tengan o hayan tenido interés en 
obtener un contrato dado y que se hayan visto o corran 
el riesgo de verse perjudicadas por una presunta infrac­
ción. Estas disposiciones se parecen mucho a las de la 
Directiva del Consejo 89/665/CEE. Otro avance impor­
tante es la exigencia específica de que las garantías 
fundamentales ofrecidas por los distintos sistemas 
nacionales deben ser de efectos equivalentes aunque 
el carácter legal de los organismos competentes para 
conocer de recursos puede ser diferente, ya que las 
decisiones tomadas a nivel nacional siempre pueden ser 
revisadas por un organismo que, en casos concretos, 
puede remitir el asunto al Tribunal de Justicia. Esta 
es una salvaguardia necesaria ya que se permite una 
considerable libertad a los Estados miembros en rela­
ción con la aplicación práctica de la Directiva, debido 
a sus distintos sistemas jurídicos y administrativos de 
apelación, las exigencias de procedimiento para buscar 
una vía de recurso, etc. 
5. Asimismo, el Comité acoge con especial agrado el 
artículo 2, que recoge la petición de disposiciones de 
aplicación efectivas realizada por el Comité Económico 
y Social al distinguir entre la posibilidad de: (a) una 
vista rápida de los casos urgentes en forma de medidas 
provisionales para detener las presuntas infracciones 
y (b) la anulación de decisiones ilegales, incluida la 
supresión de las características técnicas, económicas o 
financieras discriminatorias contenidas en los documen­
tos de licitación. La cláusula específica por la que se 
permite la concesión de indemnizaciones por daños y 
perjuicios a las personas perjudicadas por una infrac­
ción también produce satisfacción. El Comité observa 
con agrado que en las reclamaciones de indemnizacio­
nes por daños relacionadas con la preparación de una 
oferta, la persona que reclama dicha indemnización 
sólo necesitará mostrar que la infracción ha afectado 
negativamente a sus posibilidades de obtener el con­
trato, y no que se le habría adjudicado el contrato en 
ausencia de la infracción. El Comité acoge con agrado 
la fijación de una indemnización tipo equivalente al 
1 % del valor del contrato. 
6. El capítulo 3 de la propuesta establece en primer 
lugar un mecanismo corrector totalmente coherente con 
el especificado en la Directiva 89/665/CEE, es decir, 
que la Comisión tiene derecho para intervenir y hacer 
que se cumplan las disposiciones comunitarias en mate­
ria de adjudicación de contratos durante un procedi­
miento de adjudicación de contratos. 
7. La petición de un sistema de arbitraje formulada 
por el Comité Económico y Social se recoge en el 
capítulo 4, que contiene disposiciones más pormenori­
zadas relativas al procedimiento de conciliación abierto 
a toda persona que tenga o haya tenido interés en 
obtener un contrato determinado comprendido en el 
ámbito de aplicación de la Directiva y que se haya visto 
o pueda verse perjudicada por una presunta infracción. Sin embargo, la Comisión o las autoridades nacionales 
de los Estados miembros deberán estar dispuestas a 
someter el asunto al Comité Consultivo para la Contra­
tación Pública o, en el caso del sector de las telecomuni­
caciones, al Comité Consultivo para la Contratación 
Pública de Telecomunicaciones. 
8. No obstante, un grave defecto resta valor a la 
propuesta de la Comisión. Todo el sistema de vías de 
recurso, procedimientos de intervención de la Comi­
sión, conciliación y concesión de indemnizaciones por 
daños se ve comprometido por las disposiciones de los 
artículos 4 a 10 del capítulo 2 relativas a un procedi­
miento alternativo (procedimiento de certificación), en 
virtud del cual las entidades adjudicadoras que hayan 
logrado certificaciones están exentas de las disposicio­
nes relativas a la suspensión de procedimientos de adju­
dicación de contratos o a la anulación de decisiones 
ilegales, incluso en el caso de características ilegales. 
Estos artículos socavan gravemente el impacto potencial 
de la Directiva, aún cuando dichas entidades estén 
sometidas sin embargo a otras medidas provisionales 
(por ejemplo, para evitar que se causen nuevos daños 
a la persona afectada) y disposiciones relativas a los 
perjuicios de conformidad con el artículo 11. Se necesi­
tan razones de peso si la Comisión, en su propia pro­
puesta, va a permitir a los propios Estados miembros 
que se distancien del método « tradicional » aplicable 
a las autoridades públicas renunciando, por motivos 
relativamente endebles, a medidas que incluyen princi­
pios tan importantes como la suspensión de procedi­
miento y la anulación de decisiones. La Comisión lo 
explica diciendo que « el trabajo y las consultas prepa­
ratorias llevados a cabo al redactar esta propuesta han 
puesto de manifiesto que las características especiales 
de las empresas de servicios públicos interesadas ... 
hacen necesario introducir en la propuesta un cierto 
grado de flexibilidad ». Desde los puntos de vista jurí­
dico y político, la suspensión de procedimientos de 
adjudicación de contratos públicos y la anulación de 
decisiones de adjudicación no son aceptables en todos 
los Estados miembros. Alemania, por ejemplo, se cita 
como el país en el que las vías de recurso de la Directiva 
podrían chocar contra el derecho al libre ejercicio de 
un oficio o profesión, consagrado en la Ley fundamen­
tal. El Comité es consciente de que en los últimos años 
ha suscitado considerable interés la prioridad relativa 
de la legislación comunitaria y el derecho constitucional 
nacional. Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, 
el asunto no está claro. Por ejemplo, en un caso que es 
pertinente, el Tribunal de Justicia falló (Asunto 44/79) 
que la reglamentación de la actividad comercial no 
puede considerarse normalmente incompatible con el 
derecho a la propiedad y al libre ejercicio de un oficio 
o profesión. Sin embargo, el Tribunal Constitucional 
Federal Alemán (sentencia del 22 de noviembre de 1986) 
abandonó sus serias reservas sobre la legislación comu­
nitaria cuando afirmó que se abstendría de formular 
una valoración independiente de las normas de la 
Comunidad Europea en tanto en cuanto las prácticas 
de la Comunidad Europea (y en particular las del Tribu­
nal de Justicia) garantizasen de manera general una 
protección efectiva de los derechos básicos. 
N° C 60/18 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 3. 91 
9. Si bien el Comité comprende plenamente que algu­
nos Estados miembros tengan dificultades jurídicas y 
políticas para aplicar las disposiciones de base pro­
puestas por la Comisión, insiste no obstante en que la 
Directiva no debe convertirse en letra muerta desde 
el principio so pretexto de flexibilidad. Como señala la 
propia Comisión, el artículo 5 del Tratado impone a 
los Estados miembros la obligación de crear vías judi­
ciales de recurso efectivas que obliguen al cumplimiento 
de los derechos comunitarios de aplicación directa. En 
el Asunto 14/83, el Tribunal invocó el artículo 5 para 
poner de relieve el deber de los Estados miembros de 
aplicar sanciones efectivas para garantizar el cumpli­
miento de las prohibiciones inherentes a las Directivas 
de la Comunidad Europea. En caso de que se mantenga 
el capítulo 2, a duras penas podrá afirmarse que la 
propuesta satisface dicha exigencia. Es más, el dictamen 
del Comité Económico y Social de marzo de 1989 (!) 
relativo a las Directivas de los sectores excluidos pedía 
a la Comisión que limitase al mínimo el número de 
exenciones de la Directiva y señalaba que todas las 
actividades de las empresas contratantes que son públi­
cas u operan a partir de derechos especiales o exclusivos 
deben estar incluidas si se quiere que la Directiva tenga 
alguna posibilidad de lograr un impacto real. Sin 
embargo, esta petición no ha sido tenida en cuenta y 
hay sectores clave que todavía permanecen fuera del 
campo de aplicación de estas Directivas fundamentales. 
Si la Directiva de aplicación que se propone ahora 
deja carta blanca para eludir las normas de aplicación 
fundamentales, la Comunidad tiene pocas posibilidades 
(o ninguna) de fomentar la claridad y la libre competen­
cia en un sector en el que la norma sigue siendo el trato 
preferencial a las entidades nacionales. 
10. El Comité no puede aceptar que sean igualmente 
eficaces y válidas las indemnizaciones por daños ex post 
concedidas a partir de una certificación y la suspensión 
de procedimientos ilegales previa al establecimiento de 
contratos no válidos. 
Si, no obstante, la opción de las certificaciones se consi­
dera indispensable para la adopción de la Directiva, el 
Comité estaría seriamente preocupado si no se aplicase 
dicha opción a todos los organismos de adquisición de 
la Comunidad. 
El Comité opina que la Comisión debería garantizar 
que se aplica el mismo procedimiento legal a todas 
las entidades de adquisición de los sectores afectados, 
independientemente del carácter « público » o « pri­
vado » de las mismas. 
Efectivamente, la entidad « pública » de un determi­
nado Estado miembro podría no escapar a la aplicación 
de las vías de recurso que existen a nivel nacional, que a menudo incluyen la suspensión pronunciada por el 
juez administrativo o judicial, mientras que la entidad 
« privada » en otro Estado miembro escaparía a la 
suspensión. 
La propuesta de Directiva no hace más que acentuar, 
de facto, esta disparidad. 
En nuestra opinión, la calidad y cohesión de la Directiva 
se mejoraría considerablemente si los organismos de 
adquisición tuvieran igualdad de acceso a una excepción 
del artículo 2 con la condición de que pudieran probar 
su cumplimiento de las obligaciones del Tratado 
mediante la obtención de una certificación a tal efecto 
producida por un auditor, legalizada y cualificada, 
durante los dos últimos años consecutivos. Si el artículo 
2 y el capítulo 2 se vinculasen de esta forma, la posibili­
dad de suspensión del procedimiento de adjudicación 
sólo existiría en relación con las compañías que tuvieran 
un historial de desacato a las normas comunitarias. 
Esto tendría sentido, y restablecería la objetividad y la 
igualdad ante la ley en el lugar de la flexibilidad. 
11. Será preciso completar el sistema con un procedi­
miento de reclamación y revisiones para los informes 
de los auditores, con el fin de garantizar la igualdad en 
la aplicación de la Directiva en los distintos Estados 
miembros. Los suministradores interesados deberán 
tener oportunidad de manifestarse -a través de su orga­
nización si así lo desean- acerca de la exactitud y validez 
de los informes de los auditores. 
Observaciones específicas 
El Comité desea formular las siguientes observaciones 
sobre algunos artículos de la propuesta de Directiva: 
Artículo 1, apartado 3) 
La redacción del texto debería permitir que las reclama­
ciones sean realizadas por organizaciones profesionales 
en nombre de sus miembros. 
Artículo 2, apartado 2) 
La palabra « aspectos» debería ser sustituida por 
« fases ». 
Artículo 2, apartado 7) 
Parece aconsejable especificar sobre qué bases se calcula 
el valor cuando se aplica el porcentaje de la indemniza­
ción. 
Artículo 7 
(') DO n" C 139 de 5. 6. 1989. El Comité hubiera preferido que se hubiera especificado 
expresamente en el artículo que los auditores deben 
8. 3. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 60/19 
averiguar si se han concedido posibilidades reales a los 
eventuales licitadores sin tener en cuenta su país de 
origen. 
Artículo 8, apartado c) 
El Comité no comprende por qué ha de darse a los 
auditores el cometido de sugerir vías de recurso para 
1. Observaciones generales e introductorias 
1.1. Un objetivo finalmente alcanzado 
El decimonoveno Informe sobre la política de compe­
tencia comienza destacando el objetivo que está previsto 
alcanzar, para fines de año, en materia de control de 
las concentraciones. 
El Reglamento específico fue aprobado el 21 de diciem­
bre de 1989 y ha entrado en vigor el 21 de septiembre 
del presente año. 
Compartimos la satisfacción que expresa claramente la 
Comisión a este respecto, si bien persisten dudas sobre 
la interpretación y aplicación de los respectivos textos. las infracciones al Tratado. Esta exigencia podría supri­
mirse. La supresión sería tanto más lógica si se aceptase 
un informe positivo de los auditores como condición 
para la no aplicación del artículo 2, tal como se propone 
en el punto 10 de este documento. En caso de que se 
produjesen infracciones del Tratado, simplemente no 
se libraría la certificación. 
1.2. La Comisión y el Comité Económico y Social 
Es justo y correcto congratularse por los resultados 
alcanzados durante el año objeto de balance, pero tam­
bién lo es, además de útil en perspectiva, interrogarse 
sobre la calidad del resultado, sobre su total realización, 
sobre la posibilidad real de aplicación, sobre las reaccio­
nes e implicaciones suscitadas o previsibles, etc. 
De hecho, una permanente actitud crítica y autocrítica 
solamente puede ser fecunda, si se practica en un 
espíritu de colaboración efectiva y con la demostrada 
participación en los objetivos que cada año se plantea 
la Comisión en el marco de su programa de acción para 
la total realización del mercado interior. 
El Comité Económico y Social comparte este espíritu 
y, basándose en él, expresa en este dictamen su propia Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 1990. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Frangís STAEDELIN 
Dictamen sobre el decimonoveno Informe sobre la política de competencia 
(91/C 60/07) 
El 23 de julio de 1990, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y 
Social sobre el decimonoveno Informe sobre la política de competencia. 
La Sección de industria, comercio, artesanía y servicios, encargada de preparar los trabajos 
en la materia, adoptó su dictamen el 5 de diciembre de 1990 (ponente: Sr. Bagliano). 
En su 282° pleno (sesión del 19 de diciembre de 1990), el Comité Económico y Social ha 
aprobado por unanimidad salvo 3 abstenciones el siguiente dictamen.