Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la cooperación para la ordenación del territorio europeo - EUROPA 2000+ (96/C 100/16)

El 27 de mayo de 1994, de conformidad con el artículo 198 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Comité de las Regiones decidió elaborar un dictamen sobre la comunicación mencionada arriba.

La Comisión de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Energía (Comisión 5) del Comité de las Regiones, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó por unanimidad su dictamen el 29 de mayo de 1995 [Ponente: Sra. du Granrut (Francia)].

El Grupo de trabajo sobre EUROPA 2000+ se reunió en tres ocasiones, los días 27 de febrero, 20 de marzo y 24 de abril de 1995, para llevar a cabo sus trabajos.

En su 8° pleno, celebrado los días 19 y 20 de julio de 1995 (sesión del 20 de julio de 1995), el Comité de las Regiones ha aprobado por unanimidad el siguiente dictamen.

Considerando que, según el artículo 130 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, «a fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad, ésta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica y social», y que este objetivo constituye el fundamento de una Europa más solidaria y democrática.

Considerando que la cohesión económica y social no se limita a una política de reducción de las disparidades de desarrollo entre las regiones, sino que de aquí en adelante deberá incluir una noción de ordenación de la totalidad del territorio europeo.

Considerando que la ordenación del territorio no puede contemplarse exclusivamente a partir de los territorios nacionales, sino que debe ser objeto de cooperación entre los Estados miembros de la Unión para coordinar los aspectos territoriales de las políticas comunitarias y garantizar su coherencia y complementariedad con estrategias de ordenación de cada uno de ellos.

Considerando que la recomposición del territorio económico europeo como consecuencia de la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, así como las actuales y futuras ampliaciones, implican la necesidad de que la ordenación del territorio integre la política social y la protección del medio ambiente.

Considerando que el artículo 2 del Tratado CE establece que la construcción europea deberá llevarse a cabo mediante un desarrollo armonioso y equilibrado de las actividades económicas, y un crecimiento sostenible y no inflacionista que respete el medio ambiente.

Considerando que, puesto que la ordenación del territorio es en la mayoría de los Estados miembros una competencia compartida por las regiones y los entes territoriales, niveles de decisión más próximos al ciudadano, el principio de subsidiariedad debe constituir su principio regulador.

Considerando que la reflexión técnica que constituye el documento «EUROPA 2000+» y su traducción estratégica en el Plan de desarrollo del espacio comunitario (PDEC), cuyo primer esbozo deberá realizarse antes de finales de 1995, brindan a las regiones y entes locales la posibilidad de afirmar su función y voluntad de participar en la reestructuración espacial del territorio europeo.

Considerando que en los 4° y 5° plenos del Comité de las Regiones celebrados los días 27 y 28 de septiembre y los días 15 y 16 de noviembre de 1994, el Sr. Bruce Millan, a la sazón Comisario encargado de política regional, y el Sr. Eneko Landaburu, Director de la DG XVI, presentaron estos documentos y solicitaron al Comité de las Regiones que se pronunciase mediante un dictamen sobre su oportunidad y el curso que cabía darles.

Considerando que, por decisión del 5 de diciembre de 1994, la Mesa del Comité de las Regiones constituyó un grupo de trabajo encargado de preparar un proyecto de dictamen.

Considerando que en su reunión del 24 de abril de 1995, dicho grupo de trabajo aprobó un proyecto de dictamen, que fue aprobado a su vez por la Comisión 5 en su reunión del 29 de mayo de 1995.

Considerando la Declaración n° 26 del Tratado de la Unión, donde se reconoce el importante atraso estructural y las graves dificultades que para su desarrollo económico y social padecen las regiones ultraperiféricas (departamentos franceses de Ultramar, Azores, Madeira y las Islas Canarias).

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

1. En lo que se refiere a los principios generales enunciados en el documento «EUROPA 2000+»

1.1. Sobre los objetivos de una política de ordenación del territorio a escala europea

- Aprueba las aspiraciones reflejadas en el informe «EUROPA 2000+», que constituye un marco de referencia para promover un territorio europeo que sea al mismo tiempo más competitivo gracias a sus equipamientos y a la reducción de determinados costes extraordinarios, más viable con miras al desarrollo sostenible y a la protección del patrimonio natural y cultural, y más solidario y organizado de manera más equitativa con el objetivo de la cohesión económica y social. La aplicación de este nuevo modelo de desarrollo constituye la garantía de un desarrollo equilibrado y un estímulo decisivo para la creación de riqueza y empleo.

- Observa que el objetivo del documento «EUROPA 2000+» no estriba tan sólo en localizar las riquezas y actividades económicas, sino también en detectar las oportunidades de desarrollo y aprovechamiento de la totalidad del territorio europeo, respetando las particularidades locales.

- Considera que a partir de estos datos, los diferentes agentes de la ordenación del territorio, es decir, la Unión Europea, los Estados miembros y los entes regionales y locales deberán determinar de común acuerdo una política voluntarista de desarrollo que permita invertir las «tendencias inaceptables» y elaborar un plan de desarrollo duradero basado en la solidaridad y la cohesión económica y social.

1.2. Sobre los principios de la política de ordenación del territorio europeo

- Se congratula de que el documento «EUROPA 2000+», que propone sistemas de organización espacial brinde a las regiones y entes locales la oportunidad de consolidar su capacidad de iniciativa y de reforzar su papel de socios con miras a una estructuración más coherente del espacio europeo.

- Considera que el Comité de las Regiones, que es la emanación más directa y representativa de la población, debe ser consultado a medida que vayan decidiéndose las orientaciones del plan de desarrollo del espacio comunitario, puesto que éste es la traducción política de la aplicación de los principios e instrumentos de actuación que se mencionan en el documento «EUROPA 2000+».

- Estima que la cooperación a nivel de la totalidad del territorio europeo exige que tanto la Unión Europea como los Estados miembros, por una parte, tengan en cuenta los proyectos regionales y locales de desarrollo, respetando de este modo el proceso de toma de decisiones en el nivel más próximo al ciudadano, y, por otra, completen las infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones para asegurar una mayor eficacia y garantizar el acceso a todas las regiones, incluidas las regiones en declive o menos desarrolladas, las regiones periféricas y ultraperiféricas, las regiones insulares, las zonas costeras, las zonas de montaña y las regiones fronterizas de la Unión.

- Hace hincapié en la necesidad de tener en cuenta la dimensión medioambiental en cualquier decisión que afecte a la ordenación del territorio europeo.

- Subraya el carácter indispensable de la cooperación interregional, transfronteriza y transnacional, incluso cuando éstas abarcan territorios de grandes dimensiones, ya sea dentro del territorio de la Unión, o con terceros países como los países de Europa central y oriental. Dicha cooperación es un elemento de convergencia y de sinergia fundamental para responder a la creciente realidad de la colaboración transnacional y potenciar la solidaridad comunitaria, la cohesión económica y social y un desarrollo continuo del territorio europeo.

1.3. Sobre la aplicación del principio de subsidiariedad a la ordenación del territorio europeo

- Toma nota con satisfacción de que el documento «EUROPA 2000+» no propone planes directores sino sistemas que permitirán definir políticas de organización espacial que respondan al afán de coherencia y equidad que debe prevalecer en la Unión Europea, respetando el reparto de competencias entre esta última, los Estados miembros y las regiones y los entes locales en el marco del proceso de toma de decisiones propio de cada uno de ellos.

- Señala que una política eficaz de ordenación del territorio a escala europea requiere un procedimiento de decisión basado en una información adecuada, en la que deberían intervenir las regiones y entes locales. Esta mayor cooperación requiere nuevos métodos de consulta a los Estados miembros y sus entes regionales y locales para satisfacer sus legítimas aspiraciones de eficacia, transparencia y democracia en el marco de la aplicación del principio de subsidiariedad.

- Considera que la puesta en práctica de esta ordenación del territorio europeo preconizada en el documento «EUROPA 2000+», que debe ir acompañada de los modos de decisión adecuados y de la consulta descrita supra, constituye una aplicación operativa del principio de subsidiariedad y consolida una base democrática para la realización de la Europa de los ciudadanos.

2. Sobre los retos de una política europea de ordenación del territorio

2.1. Ámbitos específicos de intervención

2.1.1. Redes de infraestructuras - Libertad e igualdad de acceso

- Se felicita de que la reflexión sobre la planificación espacial del territorio europeo como la que se lleva a cabo en el documento «EUROPA 2000+» revele la importancia de la implantación de redes coherentes, integradoras y complementarias en los sectores de las infraestructuras de transportes, energía o telecomunicaciones tanto en el territorio comunitario como para enlazar con los países vecinos de la Unión. Dicha implantación es una base fundamental para el desarrollo armonioso del territorio europeo y asegura condiciones óptimas para la competitividad de las empresas, el crecimiento del empleo y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, en el respeto del medio ambiente.

- Recomienda que la implantación de redes de infraestructuras contribuya a reducir las disparidades de desarrollo entre las regiones europeas y a minimizar los efectos de su situación geográfica. A tal fin, es indispensable, por una parte, tener en cuenta las exigencias de competitividad asociadas a las posibilidades de acceso a estas infraestructuras por parte de las regiones de difícil acceso, es decir, regiones periféricas y ultraperiféricas, zonas de montaña, países mediterráneos y países de Europa central y oriental; y por otra, es también indispensable asegurar redes secundarias apropiadas que estén conectadas con las principales redes transeuropeas. Todos estos planes han de ser coherentes tanto con la protección del medio ambiente local inmediato como con los principios más amplios de desarrollo sostenible. Esto permitirá garantizar un servicio más eficaz a los usuarios, una mayor rentabilidad de las posibles inversiones y una verdadera interconexión entre las regiones y en el interior de éstas, que haga posible que las regiones periféricas y ultraperiféricas unan sus destinos a los polos de desarrollo de la Unión Europea.

- Pide que el concepto de interoperabilidad introducido en los artículos 129 B y D del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea con objeto de armonizar los sistemas nacionales de normas técnicas constituya uno de los principios básicos de la política de implantación de estas redes para asegurar el funcionamiento eficaz de las redes nacionales, haciendo hincapié en los aspectos de seguridad, abastecimiento, armonización de normas, costes para los ciudadanos y las empresas, y en los aspectos de respeto del medio ambiente, prestación óptima de servicios y cohesión económica y social dentro de la Unión Europea.

En lo que se refiere a la sociedad de la información, es absolutamente prioritario alcanzar la interoperabilidad de los sistemas y equipos de telecomunicaciones y tecnologías de la información de diferentes marcas a fin de, por una parte, facilitar su utilización y, por otra, evitar el surgimiento de un dualismo entre las regiones que tengan acceso a la sociedad de la información y las que queden excluidas.

- Toma nota del calendario de proyectos prioritarios que figuran en el documento «EUROPA 2000+» y expresa su deseo de que los fondos para la financiación de estos proyectos prioritarios y sus proyectos complementarios se liberen lo antes posible.

- En lo que se refiere al objetivo de desarrollo sostenible de la ordenación del territorio europeo, hace hincapié en que los proyectos de redes transeuropeas ya aprobados concedan una mayor prioridad a los corredores de transporte combinado por ferrocarril y carretera, y apoya la iniciativa de la Comisión Europea para crear una red aeroportuaria y portuaria transeuropea en la que los elementos regionales y locales deberían desempeñar un papel más importante.

2.1.2. La atención al medio ambiente, los recursos naturales y el patrimonio cultural

- Alienta la búsqueda de una estrategia global de ordenación del territorio que defina en términos concretos un marco de actuación que permita al mismo tiempo tener en cuenta la interdependencia con el medio ambiente, las diferencias de situación regionales y locales y el respeto de las competencias de los agentes interesados.

- Sugiere que se lleve a cabo una evaluación de los efectos de las directivas existentes en este ámbito lo antes posible, a fin de que la protección del medio ambiente se inscriba de manera más apropiada en el concepto de organización global y económica del espacio europeo, así como de la ayuda financiera comunitaria, y que garantice la toma en consideración de las situaciones locales.

- Considera que si no se tienen en cuenta los efectos del crecimiento económico en la utilización de los recursos naturales, en particular de los recursos hídricos, ni se investiga en materia de técnicas adecuadas para su conservación y reutilización, o en materia de eliminación y eventual reciclaje de residuos, no podrá haber desarrollo sostenible. En este contexto, es conveniente prestar una atención especial a los residuos de las centrales nucleares.

- Recuerda el papel de la cooperación interregional, transfronteriza y transnacional para implantar, cuando ello se revele necesario con países no miembros de la Unión Europea, sistemas de gestión concertada de los grandes conjuntos naturales y de conservación de los espacios abiertos: ríos, cuencas hidrográficas, zonas de montaña y zonas costeras como el Arco Atlántico, el Mediterráneo o el Báltico.

- Suscribe la idea de «desarrollo sostenible» recogida en el Libro blanco, basado en un crecimiento económico que utilice más la mano de obra y ahorre energía y recursos naturales, que preste más atención a la protección del patrimonio cultural y cuyo objetivo sea la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

- Recomienda que se reconozca la importancia de la conservación del patrimonio arquitectónico tradicional como factor de desarrollo económico, social y cultural, ámbito éste en el que las regiones y entes locales son socios privilegiados.

2.1.3. Espacios urbanos y espacios rurales - Búsqueda de un nuevo equilibrio

- Aprueba la configuración del documento «EUROPA 2000+» al presentar sucesivamente la evolución y los problemas de los espacios urbanos en los que se concentra el 80 % de la población, y de los espacios rurales, que constituyen el 80 % territorio europeo. Sugiere que se supere el antagonismo tradicional para que puedan participar juntos, de forma integrada y voluntaria, en el desarrollo sostenible del territorio europeo.

- Considera que la Unión Europea, cuya principal característica es ser la zona más urbanizada del mundo, no puede renunciar a desarrollar una política urbana, a pesar de que en la actualidad los diferentes tratados no le otorgan competencias jurídicas específicas en materia de coordinación de la política urbana, como la preconizada por el Consejo informal de Ministros de Ordenación del Territorio celebrado los días 30 y 31 de marzo de 1995.

- Solicita, por otra parte, que la política urbana siga las directrices siguientes:

en lo que se refiere a las grandes ciudades: reforzamiento de las funciones urbanas mediante el fomento de la cooperación interurbana y la puesta en marcha de iniciativas encaminadas a permitirles regenerar los centros de las ciudades y desempeñar mejor su papel de centros de creación de actividades, de polos culturales y de lugares para vivir, y hacer frente a problemas como el paro, la vivienda, la integración de los inmigrantes, la segregación geográfica y la exclusión social;

en lo que se refiere a las ciudades de mediana dimensión, que constituyen la clave de la supervivencia de numerosas regiones de la Unión Europea y cuyo crecimiento, si se tienen en cuenta las disparidades regionales registradas en la Unión en términos de densidad y de modelos urbanos, es fundamental en determinados Estados miembros y en las regiones fronterizas y periféricas, deben fomentarse las acciones de desarrollo encaminadas a la implantación de actividades de servicios y a la instalación de pequeñas y medianas empresas, instalación supeditada a la transferencia de tecnologías y a las bazas potenciales que suponen la proximidad del lugar de residencia al centro de trabajo y la existencia de instalaciones socioculturales. Un programa de estas características requiere nuevos fondos para las iniciativas URBAN e INTERREG, una revisión de los criterios de selección y una mejor coordinación de las políticas sectoriales que puedan tener un impacto sobre las zonas urbanas;

considera asimismo que deben aumentarse y globalizarse las inversiones para hacer frente a todos los problemas urbanos.

- En lo que se refiere a los espacios rurales, el Comité de las Regiones es consciente de que se impone una primera observación: no se trata de adoptar tan sólo medidas de salvamento sino de desarrollar una política de reequilibrio a medio y largo plazo para todos los espacios rurales, que, dada la gran variedad de situaciones, sólo puede decidirse con el concurso de las regiones y entes locales:

la actividad agraria debe contribuir al desarrollo de la producción no alimentaria, a la protección de los espacios naturales y al mantenimiento de las funciones residenciales, ecológicas y culturales de los espacios rurales;

el mundo rural debe aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones para poner en marcha iniciativas encaminadas al desarrollo de actividades económicas como el turismo, los servicios a las empresas, el teletrabajo y otras, que contribuyen al mantenimiento y a veces incluso al retorno de la población establecida en las ciudades.

- Expresa su deseo de que se entable un diálogo permanente entre los responsables de las zonas rurales y de los centros urbanos, y en concreto de las ciudades de dimensión mediana, para promover una mejor distribución de las instalaciones sociales, culturales y deportivas, como garantía de un mayor equilibrio en la ocupación de sus territorios respectivos.

- Aboga por una utilización más adecuada de los fondos asignados en la actualidad a los espacios rurales, para permitir la aplicación de esta política de reequilibrio esbozada ya en la reforma de la PAC, que podría experimentarse en mayor medida en el marco del programa LEADER II.

2.1.4. Regiones fronterizas - de la cooperación a la ordenación transnacional

- Observa que el documento «EUROPA 2000+» pone de manifiesto el impacto positivo de los programas INTERREG, PHARE y TACIS de cooperación entre regiones fronterizas, en lo que se refiere a las infraestructuras, investigación y desarrollo, y creación de zonas de actividad y áreas de desarrollo ecológico, y la necesidad de que estos programas dispongan, por un lado, de centros de recursos y redes profesionales capaces de garantizar la coordinación técnica de un proyecto de cooperación y, por otro, agentes que hayan asimilado la cultura de los territorios interesados y que tengan capacidad para decidir qué acciones han de emprenderse.

- Considera que estos programas constituyen una experiencia insustituible de cooperación idónea entre las regiones y contribuyen de manera eficaz a la ordenación transnacional del territorio europeo.

- Insiste en la necesidad de que se inaugure una nueva etapa y de que el primer plan de desarrollo del espacio comunitario incluya proyectos de cooperación interregional, transfronteriza y transnacional que, por iniciativa conjunta de los Estados asociados en las regiones interesadas, se fijen como objetivo responder a los principales problemas planteados por determinados espacios europeos; por ejemplo, llevar a cabo una auténtica planificación transnacional para coordinar medidas de prevención de crecidas e inundaciones en las cuencas del Rin y del Mosa. El conjunto de proyectos aprobados debería ser objeto de una iniciativa comunitaria.

2.1.5. Una política de investigación e innovación mejor distribuida

- Considera que, desde la perspectiva de una política de ordenación, no deben ignorarse las implicaciones territoriales de la política de investigación e innovación y que, por tanto, la ordenación del territorio debe orientarse a alcanzar un desarrollo tecnológico europeo más amplio y mejor repartido.

- Recomienda que los «islotes de investigación e innovación» que existen en el territorio europeo no se limiten a cooperar entre sí y pongan su capacidad de generar actividades al servicio del tejido industrial del territorio en el que están ubicados o de los centros de investigación de menor importancia que, debido a su aislamiento, no son capaces de influir de manera activa en la economía de su territorio. La política de reequilibrio urbano-rural puede facilitar esta apertura.

- Hace hincapié en los potenciales efectos dinámicos de los nuevos sistemas de información y conocimiento vinculados al desarrollo de la sociedad de la información, en las medidas de acompañamiento y de compensación que deben aplicarse para facilitar el acceso a los mismos por parte de todo el mundo y aprovecharlos de manera inteligente para la cualificación de los trabajadores, la instalación de empresas y la creación de nuevas actividades.

- Considera que es esencial disponer de financiación adecuada para la investigación sobre gestión del suelo y ordenación territorial, con el fin de fundamentar el proceso de toma de decisiones y, de esta forma, garantizar el funcionamiento eficaz y el desarrollo cohesivo de la Unión Europea.

2.1.6. La financiación: mantenimiento de los efectos redistributivos

- Es consciente de las implicaciones financieras de la aplicación de una política de ordenación del territorio a escala europea y de la necesidad, teniendo en cuenta el objetivo de cohesión económica y social, de actuar de modo que los costes sean imputados en función de las capacidades y los beneficios se repartan en función de las necesidades.

- Enuncia los principios por los que, a su juicio, debería regirse la financiación de esta política:

desarrollar la solidaridad entre las regiones y el efecto redistributivo de las ayudas asignadas en el marco de las políticas comunitarias mediante un sistema de perecuación o de compensaciones financieras;

incluir los reajustes apropiados de las ayudas comunitarias y de los Fondos estructurales para fomentar una utilización más adecuada a una política europea de ordenación del territorio;

negociar la participación de la financiación privada, poniendo de manifiesto el efecto de palanca de la financiación pública.

- Recuerda que, puesto que las decisiones europeas comprometen las finanzas de las regiones y entes locales, en lo que se refiere tanto a su disponibilidad como a su gestión, es conveniente que estas entidades participen en el proceso de aplicación de una política europea de ordenación del territorio.

2.2. Sobre las medidas políticas que deben promoverse

2.2.1. La institucionalización de la política de ordenación del territorio a nivel europeo

- Aprueba la idea avanzada en el documento «EUROPA 2000+» y recogida por los ministros de los Estados miembros responsables en la materia, en el curso del Consejo informal celebrado en Estrasburgo los días 30 y 31 de marzo de 1995, en el sentido de que el plan de desarrollo del espacio comunitario potencia la coherencia en el conjunto del territorio europeo y resulta un instrumento eficaz puesto a disposición de la Unión, los Estados miembros y los entes regionales y locales para la realización de un contexto favorable que tenga como objetivo asignado la cohesión económica y social y el desarrollo sostenible.

- Considera que si las acciones aprobadas en el plan de ordenación deben adoptar la forma de proyectos piloto, proyectos de experimentación e intercambios de experiencias, como establecen las disposiciones del artículo 10 del Reglamento FEDER, estos experimentos metodológicos deben desembocar en la aplicación operativa de una política europea de ordenación del territorio.

- Propone que, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, en sus artículos 130 y 129, se determinen los fundamentos y procedimientos de elaboración del Plan de desarrollo del espacio comunitario.

- Solicita que, con ocasión de la Conferencia Intergubernamental de 1996, y previa consulta a los entes regionales y locales de los Estados miembros, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, se estudie la inclusión de la ordenación del territorio entre las competencias comunitarias.

2.2.2. Reconocimiento de las autoridades locales y regionales como agentes de la ordenación del territorio

- Se congratula, al igual que los Estados miembros y la Comisión, de los progresos alcanzados en la cooperación en lo que se refiere a la gestión de la política regional de la Unión y a la utilización de los Fondos estructurales, y considera que la eficacia y transparencia de las acciones relativas a la ordenación del territorio requieren la participación de las autoridades regionales y locales de conformidad con las normas y prácticas de los Estados miembros, y concretamente de las aplicadas ya en algunos de ellos.

- Estima, por consiguiente, que las regiones y entes locales, en su calidad de niveles de decisión más cercanos al ciudadano, deben participar en la elaboración del Plan de desarrollo del espacio comunitario.

- Aprueba la creación de un Observatorio europeo de la ordenación del territorio, y considera que dicho organismo debe operar en estrecha colaboración con las autoridades regionales y locales, que pueden facilitarle información específica y servir de enlace sobre el terreno en todas las acciones que pudiera emprender.

2.2.3. Estatuto jurídico de la cooperación interregional, transfronteriza y transnacional

- Recuerda la importancia que de ahora en adelante se otorgará a las acciones de cooperación interregional, transfronteriza y transnacional para la estructuración espacial y la ordenación del territorio europeo, y considera que debe superarse la fase de experimentación.

- Solicita que dichas acciones gocen de un estatuto jurídico adecuado que permita a los socios interesados llevar a cabo una programación más global y continuada, así como garantizar una financiación más estable.

- Expresa su deseo de que esta mejora decisiva se lleve a cabo mediante la puesta en marcha de la iniciativa INTERREG C, que permitiría experimentar una acción de ordenación del territorio a nivel europeo para prevenir inundaciones y los efectos de la sequía, y de proyectos de cooperación con los países y regiones no pertenecientes a la Unión.

Conclusiones

1. El Comité de las Regiones considera que las directrices de la ordenación del territorio europeo preconizadas en el documento «EUROPA 2000+», que deben ir acompañadas de los modos de decisión adecuados y de la consulta a los Estados miembros y a sus entes locales y regionales, constituyen una aplicación operativa del principio de subsidiariedad y sientan una base democrática para la realización de la Europa de los ciudadanos.

2. El Comité de las Regiones reitera su adhesión a la idea de que la diversidad y la interdependencia de los territorios de la Unión Europea, así como la necesidad de asegurarles un desarrollo sostenible y capaz de crear empleo a la vez que se refuerzan la cohesión económica y social y el equilibrio entre las zonas rurales y urbanas, requiere una visión europea común de la ordenación del territorio que cuente con el apoyo de los ciudadanos de la Unión.

3. El Comité de las Regiones aboga por que los elementos de diagnóstico que aparecen en el documento «EUROPA 2000+» sirvan de base para determinar una política europea de ordenación del territorio cuya primera manifestación será la elaboración de un Plan de desarrollo del espacio comunitario, proceso sobre el que el Comité de las Regiones, como representante del conjunto de los entes territoriales de Europa, solicita ser consultado.

4. El Comité de las Regiones reitera la petición que ya figura en su dictamen sobre la preparación de la Conferencia Intergubernamental de 1996, en el sentido de que se otorgue a la política de ordenación del territorio y a la cooperación interregional, transfronteriza y transnacional el lugar que les corresponde, para garantizar una mejor ordenación del espacio europeo y de su medio ambiente. Por consiguiente, el nuevo Tratado debería prever también la potenciación de los instrumentos existentes y la creación de nuevos procedimientos destinados a su aplicación.

El Comité de las Regiones estima que la política europea de ordenación del territorio contribuirá de manera concreta a que se alcancen los objetivos de desarrollo sostenible y de empleo, si se aplica de manera complementaria y crea las condiciones que permitan facilitar la política de ordenación del territorio ya existente a nivel local, regional y nacional.

5. El Comité de las Regiones, consciente de los costes financieros que entraña una política de ordenación del territorio, recuerda, por un lado, la necesidad de respetar el principio de cohesión económica y social y de solidaridad redistributiva, y señala, por otro, que las regiones y entes locales, como socios financieros de esta política, deben participar en el proceso de decisión y seguimiento.

6. El Comité de las Regiones expresa su deseo de que, a la mayor brevedad posible, se ponga en marcha una iniciativa comunitaria destinada a facilitar la realización de proyectos de ordenación interregionales como los descritos anteriormente, utilizando para ello los fondos disponibles consignados en las previsiones de financiación aprobadas por el Consejo Europeo de Edimburgo en diciembre de 1992.

Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 1995.

El Presidente del Comité de las Regiones

Jacques BLANC