COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el saneamiento y liquidación de entidades del crédito

1. ANTECEDENTES

1. El 19 de diciembre de 1985, la Comisión adoptó una Propuesta de Directiva del Consejo sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes al saneamiento y liquidación de entidades de crédito, sobre la base del apartado 2 del artículo 47 [1] del Tratado CE (COM(1985)0788 - 1985/0046 (COD)).

[1] Entonces apartado 2 del artículo 57.

2. La propuesta se remitió al Consejo el 9 de enero de 1986.

3. El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 2 de julio de 1986.

4. El Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura sobre la propuesta el 13 de marzo de 1987.

5. Tras los citados dictámenes, la Comisión presentó una propuesta modificada el 11 de enero de 1988.

6. El Instituto Monetario Europeo emitió su dictamen el 12 de junio de 1996.

7. El 17 de julio de 2000, el Consejo aprobó la posición común que es objeto de la presente Comunicación.

2. OBJETIVO DE LAS PROPUESTAS DE LA COMISIÓN

La finalidad de la Directiva es garantizar que

- el saneamiento o liquidación de una entidad de crédito y sus sucursales de otros Estados miembros se realiza con arreglo a los principios de unidad y universalidad, lo cual significa que, salvo disposición en contrario de la Directiva, las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen poseen jurisdicción única, que se reconocen sus decisiones y producen en los demás Estados miembros los efectos previstos en la legislación del Estado de origen, sin ninguna formalidad, y que el administrador o el síndico están facultados para ejercer en el territorio de otros Estados miembros los mismos poderes para los que están facultados en su propio territorio; sólo así puede garantizarse la igualdad de trato de los acreedores en los procedimientos de liquidación y puede adoptarse en toda la UE un planteamiento coherente en cuanto al saneamiento de una entidad de crédito, sus sucursales y bienes situados en otros Estados miembros.

- las autoridades administrativas, judiciales y de supervisión del Estado miembro de origen y las del de acogida cooperan en el saneamiento o liquidación de una entidad de crédito y de sus sucursales

- a través de un mecanismo de publicidad y de notificación individual, los derechos de los acreedores de otros Estados miembros están tan bien protegidos como los derechos de los acreedores que residen en el Estado miembro en el que la entidad de crédito tiene su sede social

3. COMENTARIOS SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1. Consideraciones generales

La posición común del Consejo coincide con las enmiendas sugeridas por el Parlamento Europeo y con la propuesta de la Comisión.

Tiene también en cuenta que se han adoptado otras iniciativas, en particular:

- la Segunda Directiva bancaria [2], que posteriormente se ha refundido con otras Directivas bancarias en la Directiva codificada [3]

[2] Directiva 89/646/CEE del Consejo, de 15 de diciembre de 1989, para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, y por la que se modifica la Directiva 77/780/CEE, DO L 386 de 30 de diciembre de 1989, p. 1.

[3] Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2000, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, DO L 126 de 26 de mayo de 2000, p. 1.

- la Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos [4]

[4] Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativa a los sistemas de garantía de depósitos, DO L 135 de 31 de mayo de 1994, p. 5.

- la Directiva sobre firmeza de la liquidación [5]

[5] Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores, DO L 166 de 11 de junio de 1998, p. 45.

- El Reglamento 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia [6] (en lo sucesivo, el "Reglamento sobre insolvencia")

[6] DO L 160 de 30 de junio de 2000, p. 1.

El Título IV de la propuesta modificada de la Comisión, que trataba de los sistemas de garantía de depósitos, y de otras disposiciones sobre esta materia, ha sido suprimido tras la adopción de la Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativa a los sistemas de garantía de depósitos.

Se han añadido varios artículos sobre todo para tener en cuenta la inquietud suscitada durante los debates relativos al Reglamento sobre insolvencia, y que debía abordarse en el marco de la presente propuesta. En la posición común del Consejo se han incluido también varias aclaraciones para mejorar el texto.

3.2. Posición común en relación con las enmiendas del Parlamento Europeo en la primera lectura y con la propuesta de Directiva de la Comisión sobre el saneamiento y liquidación de entidades de crédito.

3.2.1. Considerandos

El Parlamento Europeo propuso incluir dos considerandos en su primera lectura. Ambos considerandos figuran en la propuesta modificada de la Comisión. No figuran en la posición común. El motivo es que dichos considerandos han perdido actualidad.

El primer considerando se refería a la espera de la conclusión del Convenio sobre insolvencia. Tal como se ha indicado, se ha adoptado entre tanto un Reglamento sobre insolvencia.

El otro considerando se refería a la futura coordinación de los sistemas de compensación de depósitos en la UE. En 1994 se adoptó una Directiva sobre sistemas de garantía de depósitos.

Como se explicará más adelante, se han añadido a la posición común varios artículos con respecto a la propuesta modificada de la Comisión. Por ello ha sido preciso introducir los correspondientes considerandos. No es necesario profundizar sobre su contenido, ya que la función de los considerandos es aclarar el contenido de los artículos. Pese a ello, estos artículos se explican detalladamente en la sección siguiente.

3.2.2. Articulado

Título I de la posición común: Ámbito y definiciones

El artículo 1 de la posición común sustituye la referencia a la Directiva 77/780/CEE, ya que dicha Directiva se refundió y quedó derogada por la Directiva codificada. Incluye también la enmienda propuesta por el Parlamento Europeo según la cual las sucursales deben estar establecidas en un Estado miembro distinto de aquél en que la entidad de crédito tenga su domicilio social.

El artículo 2 de la posición común define los términos empleados en todo el texto e incluye las definiciones contenidas en el artículo 3 de la propuesta modificada de la Comisión. Dado que se habían añadido varios artículos, fue necesario definir algunos de los términos empleados en los mismos. Consecuentemente, se incrementó el número total de definiciones. En particular, se añadieron las definiciones de lo que se entiende en el contexto de la presente Directiva por "sucursal", "administrador", "autoridades administrativas o judiciales", "síndico", "mercado regulado" e "instrumentos". Cuando dichos términos han sido definidos en otros instrumentos comunitarios, se han alineado las definiciones. En su caso, se ha sustituido la referencia a Directivas derogadas por referencias a la Directiva codificada.

El Consejo manifestó que no era una solución práctica incluir a la presente Directiva anexos con la lista de las actuales medidas de saneamiento y liquidación de los distintos Estados miembros. Todo cambio que introdujera un Estado miembro en estas medidas exigiría la modificación de los anexos de esta Directiva, lo cual daría lugar a un proceso muy lento. La Comisión comparte esta opinión. La consecuencia de ello es que las "medidas de saneamiento" o "procedimientos de liquidación" no puedan ya definirse por una simple referencia a los anexos, tal como propuso el Parlamento Europeo en su primera lectura. La modificación del artículo 2 y los nuevos artículos 2 bis y 15 bis, propuestos en primera lectura por el Parlamento Europeo, no están pues incluidos en la posición común.

Dado que, tras la adopción de la Directiva sobre sistemas de garantía de depósitos, se suprimió el Título IV de la propuesta modificada (que contiene un único artículo 17) sobre los sistemas de garantía de depósitos, quedó también suprimida la definición de "sistema de garantía de depósitos", propuesta por el Parlamento Europeo en primera lectura.

Las definiciones de "país de origen" y de "país de acogida" han sido reemplazadas por las de "Estado miembro de origen" y "Estado miembro de acogida". Puesto que, entre tanto, estos términos han sido definidos en el derecho comunitario, el texto hace referencia a las definiciones existentes.

Título II de la posición común: Medidas de saneamiento

A. Entidades de crédito cuya sede social se encuentra en la Comunidad

El artículo 3 de la posición común establece el principio de unidad y universalidad de los procedimientos de saneamiento. Establece que las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen son las únicas facultadas para decidir la incoación de procedimientos de saneamiento de una entidad de crédito y sus sucursales situadas en otros Estados miembros, que la ley aplicable de insolvencia es la ley del Estado miembro de origen y que las medidas adoptadas serán efectivas en toda la UE, sin otras formalidades. Aunque con leves cambios en su redacción, este artículo mantiene plenamente el espíritu del artículo 4 de la propuesta modificada de la Comisión. Sin embargo, el apartado 3 de la propuesta modificada de la Comisión ha sido suprimido de la posición común. Este apartado dejaba abierta la posibilidad de que las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de acogida abrieran procedimientos de saneamiento contra una sucursal de una entidad de crédito, sin la necesidad de que dichos procedimientos de saneamiento se incoaran contra la sede de la propia entidad de crédito en el Estado miembro de origen. El Consejo ha optado por una aplicación más pura del principio de unidad y universalidad, en la que los procedimientos de saneamiento puedan solamente ser incoados por las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen contra la entidad de crédito y sus sucursales. La Comisión respalda este planteamiento.

El artículo 4 de la posición común se corresponde con el artículo 5 de la propuesta modificada de la Comisión. Contrariamente a este último, no existe ya ninguna obligación en la posición común de que las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen deban consultar a las autoridades del Estado miembro de acogida. Las autoridades administrativas o judiciales deben simplemente informar a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida de que adoptan una medida de saneamiento. Asimismo, esta información no debe proporcionarse de antemano en todos los casos. Dada la urgencia que reviste la adopción de medidas de saneamiento contra una entidad de crédito, la información podría proporcionarse inmediatamente después. Así pues, no se ha mantenido el nuevo artículo 6 bis que el Parlamento Europeo propuso en su primera lectura y que establecía que las autoridades pudieran tomar medidas mínimas en casos de urgencia extrema hasta que finalizara la información de los otros Estados miembros afectados.

Según lo subrayado anteriormente, hay una cierta urgencia en la transmisión de la información a la autoridad del Estado miembro de acogida. Por ello, aunque la decisión de tomar medidas de saneamiento contra una entidad de crédito la adopte la autoridad administrativa o judicial, la transferencia de esa información a la autoridad competente del Estado miembro de acogida la efectuará su contraparte en el Estado miembro de origen. A menos que la autoridad administrativa o judicial que adopte la medida de saneamiento sea al mismo tiempo la autoridad competente, la primera transmitirá así la información a la propia autoridad competente, que a su vez transferirá esa información a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida. Esto se justifica por el hecho de que las autoridades competentes de los Estados miembros mantienen a diario estrechas relaciones de cooperación, lo cual garantiza una rápida transmisión de la información.

La propuesta modificada de la Comisión establecía que esta información debía transmitirse, "salvo en el caso de que sea evidente la improbabilidad de que la medida en cuestión tenga repercusiones significativas en una sucursal situada en otro Estado miembro". El Parlamento Europeo, en su primera lectura, había solicitado la supresión de este texto. La posición común accede a esa propuesta.

El artículo 5 de la posición común se refiere a la situación opuesta a la de los artículos 3 y 4 de la posición común y se corresponde con el artículo 6 de la propuesta modificada de la Comisión. La situación descrita aquí es aquella en que las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de acogida consideran necesaria la incoación de medidas de saneamiento contra una sucursal establecida en su territorio. Bajo el principio de unidad y universalidad, solamente las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen pueden incoar procedimientos de saneamiento contra una entidad de crédito y sus sucursales. Las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de acogida deben informar de esta manera a las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen de la necesidad percibida de incoar procedimientos de saneamiento. Como se ha declarado anteriormente, se ha suprimido la posibilidad que dejaba abierta la propuesta modificada de la Comisión de que las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de acogida puedan incoar un procedimiento de saneamiento contra la sucursal de una entidad de crédito, sin que se incoe un procedimiento contra la entidad de crédito en el propio Estado miembro de origen. Si deben incoarse procedimientos de saneamiento, éstos se aplicarán a la entidad de crédito y a sus sucursales, y la decisión de incoar estos procedimientos corresponde por entero a las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen.

Los artículos 6 y 7 de la posición común se corresponde con el artículo 7 de la propuesta modificada de la Comisión.

El artículo 6 de la posición común del Consejo estipula que la incoación de los procedimientos de saneamiento contra una entidad de crédito debe publicarse en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas así como en 2 periódicos nacionales de cada Estado miembro de acogida en caso de que sea probable que el procedimiento afecte a los derechos de terceros o si esta decisión es objeto de recurso. Incluye las modificaciones propuestas por el Parlamento Europeo, aunque con ligeros cambios de redacción ("terceros" en vez de "acreedores, incluidos accionistas o empleados de la entidad de crédito afectada" por los motivos establecidos en el considerando 8 y teniendo en cuenta el considerando 10). En la posición común se añade el requisito de que la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas publique el extracto dentro del plazo de 12 días de su envío. En vez de que el "plazo de presentación de un recurso" empiece en el día de publicación en el Diario Oficial (apartado 5 del artículo 7 de la propuesta modificada de la Comisión), este plazo debe ahora especificarse en el extracto publicado en el DO y en los 2 periódicos nacionales. Se ha suprimido por tanto el apartado 5 de la propuesta modificada de la Comisión.

El artículo 7 de la posición común establece la obligación de la autoridad administrativa o judicial o del administrador de notificar individualmente a los acreedores conocidos, cuando la legislación del Estado miembro de origen establezca la notificación obligatoria o cuando deban presentarse denuncias para que éstos se reconozcan. En vez de una "posible" notificación, prevista en el apartado 2 del artículo 7 de la propuesta modificada de la Comisión ("en caso de que lo consideren necesario"), la posición común del Consejo establece que los acreedores conocidos deben ser notificados en las circunstancias anteriormente mencionadas. Se añade un párrafo que establece que, cuando la legislación del Estado miembro de origen prevea la posibilidad de que los acreedores de ese Estado presenten denuncias (y no que estén obligados a hacerlo, según el apartado 1), los acreedores de otros Estados miembros deben tener esa misma posibilidad.

B. Sucursales de entidades de terceros países

El artículo 8 de la posición común se refiere a la situación en la que una entidad de crédito de un tercer país establece sucursales en diversos Estados miembros. El principio de unidad y universalidad en que se basa esta Directiva no se aplica a las sucursales de las entidades de crédito de terceros países. Sin embargo, es deseable que las autoridades administrativas y judiciales de los Estados miembros en los que se haya establecido una sucursal de la entidad de crédito del tercer país coordinen sus acciones cuando decidan incoar procedimientos de saneamiento contra esa sucursal. El mencionado artículo estipula pues que, si las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro en el que está establecida esta sucursal deciden adoptar una medida de saneamiento contra esa sucursal, informen, a través las propias autoridades competentes, a las autoridades competentes de los demás Estados miembros en los que la entidad de crédito del tercer país haya establecido una sucursal para permitir así una cierta coordinación de las acciones en la UE. Se prevé de manera expresa el deber de coordinación entre las autoridades administrativas o judiciales implicadas. Según lo expuesto anteriormente, la información debería en principio transmitirse antes de tomar la medida, pero en casos de urgencia puede también hacerse inmediatamente después. Este artículo se corresponde con los apartados 2, 3 y 5 del artículo 8 de la propuesta modificada de la Comisión.

Los apartados 1 y 4 del artículo 8 de la propuesta modificada de la Comisión establecían las normas de saneamiento "a la espera de la ulterior coordinación de las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas aplicables a las sucursales de las entidades de crédito que tengan su sede social fuera de la Comunidad". No existen planes de coordinación de esta situación concreta. Por consiguiente, se han suprimido estos apartados de la posición común.

Tras la supresión de los anexos por los motivos expuestos anteriormente, se suprimió el artículo 9 de la propuesta modificada de la Comisión. También se advirtió que el artículo 10 de la propuesta modificada de la Comisión era superfluo habida cuenta de lo que establece el artículo 3 de la posición común.

Título III de la posición común: Procedimientos de liquidación

A. Entidades de crédito cuya sede social se encuentra en la Comunidad

El artículo 9 de la posición común establece, conforme al principio de unidad y universalidad de los procedimientos de liquidación, que las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen son las únicas autorizadas a decidir sobre la incoación de procedimientos de liquidación y a liquidar los bienes de la entidad de crédito, incluidas las sucursales / bienes situados en otros Estados miembros. Estos procedimientos surtirán efecto en toda la UE, sin otras formalidades. El mecanismo de información es el mismo que se describe para los procedimientos de saneamiento. Este artículo se corresponde con los apartados 1 y 3 del artículo 11 de la propuesta modificada de la Comisión. La modificación del apartado 3 del artículo 11, propuesta por el Parlamento Europeo, se incluyó en la propuesta modificada de la Comisión y en la posición común.

El artículo 10 de la posición común establece que la ley aplicable de insolvencia es la ley del Estado miembro de origen de la entidad de crédito, salvo disposición en contrario de la Directiva. Este apartado se corresponde con el apartado 2 del artículo 11 de la propuesta modificada de la Comisión, e incluye la enmienda propuesta por el Parlamento.

Se ha añadido un segundo apartado al artículo 10 de la posición común. Establece una lista no exhaustiva de ejemplos de las cuestiones que se rigen por la ley de insolvencia del Estado miembro de origen, en línea con el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento sobre insolvencia.

El artículo 11 de la posición común se refiere a los procedimientos voluntarios de liquidación, en los que la iniciativa de dicha liquidación la toman los directivos o accionistas de la entidad de crédito. Establece que las autoridades competentes del Estado miembro de origen deben ser consultadas antes de que la dirección de una entidad de crédito adopte la decisión de liquidar voluntariamente la entidad. Establece también, en un segundo apartado, que los procedimientos voluntarios de liquidación no serán obstáculo para la adopción de medidas de saneamiento ni para la incoación de procedimientos de liquidación, simplificando así la redacción del correspondiente artículo 12 de la propuesta modificada de la Comisión.

El artículo 12 de la posición común establece la revocación de la autorización de la entidad de crédito del mismo modo que establecía el artículo 13 de la propuesta modificada de la Comisión. Los cambios proyectados responden a la adopción de la directiva codificada que sustituye a la Primera Directiva bancaria 77/780/CEE.

Habida cuenta de que en el apartado 2 del artículo 11 de la posición común se establece claramente que, en caso de procedimiento voluntario de liquidación puede revocarse la autorización pero no necesariamente, no era preciso mantener el apartado 3 del artículo 13 de la propuesta modificada de la Comisión.

El artículo 13 de la posición común se corresponde con el apartado 3 del artículo 14 de la propuesta modificada de la Comisión que, a su vez, adoptaba la enmienda propuesta por el Parlamento Europeo. Los apartados 1 y 2 del artículo 14 de la propuesta modificada de la Comisión se expresan en los apartados 2 y 3 del artículo 21 de la posición común (véase a continuación).

No hay en la propuesta modificada de la Comisión ningún artículo que se corresponda con los artículos 14, 15, 16 y 17 de la posición común. Todas estas disposiciones se han extraído del Reglamento sobre insolvencia.

El artículo 14 de la posición común establece que los acreedores conocidos de otros Estados miembros deben ser informados individualmente de la incoación de procedimientos de insolvencia, tal como también está establecido para las medidas de saneamiento (en el artículo 7 de la posición común). Establece también de qué modo debe proporcionarse esta información y cuál debe ser su contenido. Este artículo sigue la línea del artículo 40 del Reglamento sobre insolvencia.

El artículo 15 de la posición común trata del caso concreto en que un deudor -ignorando aún que la entidad de crédito, que no es una persona jurídica y que está situada en otro Estado miembro, ha sido declarada en quiebra- salde su deuda con esa entidad en lugar de hacerlo con el síndico de la misma. Se entenderá que el deudor en cuestión ha cumplido su obligación si no tenía conocimiento de que se habían incoado procedimientos de liquidación contra la entidad. La presunción de (des)conocimiento del deudor se mantendrá según se haya publicado o no la incoación del procedimiento de liquidación. Este artículo sigue la línea del artículo 24 del Reglamento sobre insolvencia.

El apartado 1 del artículo 16 de la posición común sigue la línea del artículo 39 del Reglamento sobre insolvencia. Establece que todos los acreedores de la UE, incluidas las autoridades públicas de los Estados miembros, tendrán derecho a presentar sus créditos. Contrariamente al artículo 39 del Reglamento sobre insolvencia, se establece también el derecho de "presentar observaciones por escrito relativas a los créditos". Ello obedece a que algunos Estados miembros no permiten la presentación de créditos por parte de los acreedores, sino solamente la presentación de observaciones en relación con tales créditos.

El apartado 2 del artículo 16 de la posición común aclara que, en la línea del principio de unidad y universalidad que es el fundamento de la presente Directiva, los créditos de los acreedores de Estados miembros distintos del Estado miembro de origen serán tratados del mismo modo y con la misma graduación que los de los acreedores del Estado miembro de origen.

El apartado 3 del artículo 16 de la posición común está en la línea del artículo 41 del Reglamento sobre insolvencia y presenta los elementos del crédito que el acreedor debe indicar al presentarlo (fecha de su nacimiento, importe, etc.).

El régimen lingüístico de la publicación, notificación y presentación de créditos se estipula en el artículo 17 de la posición común, que está en la línea del artículo 42 del Reglamento sobre insolvencia. La publicación de la incoación del procedimiento de liquidación debe efectuarse en la lengua oficial -o en una de las lenguas oficiales- del Estado miembro de origen. La misma situación regirá cuando se notifique individualmente a los acreedores conocidos de otros Estados miembros distintos del Estado miembro de origen. No obstante, ello debe realizarse con arreglo al impreso que lleva el encabezamiento "Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables", en todas las lenguas oficiales de la CE. Por último, el acreedor de un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen que quiera presentar un crédito/observaciones relativas al mismo, podrá hacerlo en la lengua de su Estado miembro, si bien el impreso mediante el cual presentará su crédito deberá llevar el encabezamiento "Presentación de crédito" o "Presentación de observaciones relativas a un crédito" en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de origen. Además, podrá exigírsele que facilite la traducción de su crédito a la lengua oficial del Estado miembro de origen.

Con objeto de preservar los derechos de los acreedores, no sólo al inicio del procedimiento de liquidación, sino también durante todo el proceso, se ha incluido el artículo 18 de la posición común. Estipula que los acreedores deben estar informados periódicamente de la evolución del procedimiento de liquidación.

B. Sucursales de entidades de crédito cuyo domicilio social se encuentre fuera de la Comunidad

El artículo 19 de la posición común se refiere a la situación en la que una entidad de crédito de un tercer país establece sucursales en diversos Estados miembros. Al igual que en las medidas de saneamiento (artículo 8 de la posición común), y dado que ni las entidades de crédito de terceros países ni sus sucursales establecidas en un Estado miembro están sujetas a los principios de unidad y universalidad, es deseable que las autoridades administrativas y judiciales de los Estados miembros la UE estén coordinadas en caso de liquidación de una de esas sucursales. El mencionado artículo estipula pues que, si las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro en el que está establecida esta sucursal deciden adoptar un procedimiento de liquidación contra esa sucursal, informen, a través las propias autoridades competentes, a las autoridades competentes de los demás Estados miembros en los que la entidad de crédito del tercer país haya establecido una sucursal para permitir así cierta coordinación de las acciones en la UE. Según lo expuesto anteriormente, la información debería en principio transmitirse antes de tomar la medida, pero en casos de urgencia puede también hacerse inmediatamente después. Este artículo se corresponde con el apartado 1 del artículo 15 de la propuesta modificada de la Comisión. El apartado 2 del artículo 19 de la posición común establece el mismo procedimiento de información una vez que se ha revocado la autorización, y se corresponde con los apartados 2 y 3 del artículo 15 de la propuesta modificada de la Comisión.

En cuanto a los procedimientos de saneamiento (apartado 2 del artículo 8 de la posición común), el apartado 3 del artículo 19 de la posición común establece también que las autoridades administrativas o judiciales interesadas deberán tratar de coordinar su actuación. Incluye también la obligación de que los síndicos coordinen su actuación. Contrariamente a las sucursales de entidades de crédito de la UE que están sujetas a los principios de unidad y universalidad establecidos por la presente Directiva, las sucursales de entidades de terceros países establecidas en distintos Estados miembros pueden efectivamente ser objeto de procedimientos de liquidación independientes, bajo la dirección de distintos síndicos. Estos síndicos deberán coordinar su actuación.

Los apartados 4 y 5 del artículo 15 de la propuesta modificada de la Comisión reflejan la situación existente antes de la entrada en vigor de la Segunda Directiva bancaria. Las sucursales de las entidades de crédito de otros Estados miembros necesitaban entonces la autorización de las autoridades competentes del Estado miembro de acogida en el que estaban establecidas. Desde la entrada en vigor de la Segunda Directiva bancaria [7], las entidades de crédito de la UE se acogen al pasaporte único y pueden establecer sucursales en otro Estado miembro sobre la base de la autorización emitida por las autoridades competentes de su Estado miembro de origen. Se han suprimido por tanto estos artículos de la propuesta modificada de la Comisión.

[7] Como se ha indicado, esta Directiva se ha refundido en la Directiva codificada, quedando así derogada como Directiva separada.

Tras la supresión de los Anexos y la adopción de la Directiva sobre sistemas de garantía de depósitos, se han suprimido respectivamente los artículos 16 y 17 de la propuesta modificada de la Comisión.

Título IV de la posición común: Disposiciones comunes a las medidas de saneamiento y a los procedimientos de liquidación

El Título IV de la posición común es nuevo en relación con la propuesta modificada de la Comisión. Introduce varias excepciones al principio de aplicación de la ley de insolvencia del Estado miembro de origen (artículo 20 de la posición común) y añade una serie de disposiciones que se inspiran en el Reglamento sobre insolvencia (artículos 21 a 26).

En el artículo 20 de la posición común se enumeran una serie de excepciones a las normas que establecen los artículos 3 y 10 de la posición común sobre la aplicación de la ley de insolvencia del Estado miembro de origen.

Una primera excepción (letra a) del artículo 20.1 de la posición común) son los contratos de trabajo. Este inciso estipula que la ley de insolvencia aplicable es la del Estado miembro cuya legislación laboral sea aplicable al contrato de trabajo. Está en la línea del artículo 10 del Reglamento sobre insolvencia y su objeto es evitar que, en caso de procedimientos de saneamiento o liquidación, los empleados de una entidad de crédito reciban un trato distinto del que reciben los trabajadores del mismo sector, según trabajen en la sucursal de una entidad de crédito que se acoja a la legislación de otro Estado miembro o a la del propio Estado miembro.

Las letras b) y e) del artículo 20.1 de la posición común se refieren a los bienes inmuebles. La letra b) del artículo 20.1 trata de los contratos que confieren el derecho a comprar bienes inmuebles o el derecho a utilizar bienes inmuebles. El carácter vinculante de estos contratos en cuanto a insolvencia debe juzgarse en relación con la ley de insolvencia del Estado miembro en el que estén situados los bienes inmuebles. Esta es la finalidad de este artículo, que sigue la línea del artículo 8 del Reglamento sobre insolvencia.

La letra e) del artículo 20.1 de la posición común trata de los derechos relativos a los bienes inmuebles, un buque o una aeronave, que están sujetos a la inscripción en un registro público. De nuevo aquí, el carácter vinculante en relación con el patrimonio de la entidad de crédito en quiebra se regulará de acuerdo con la Ley del Estado miembro bajo cuya autoridad se lleve el registro, tal como establece este artículo, basado en el artículo 11 del Reglamento sobre insolvencia.

Los pactos contractuales de compensación y recompra se contemplan en las letras c) y d) del artículo 20.1 de la posición común. En virtud de los pactos de compensación, las contrapartes acuerdan contractualmente compensar las obligaciones recíprocas cuando se produzca determinado acontecimiento, de modo que sólo se deba una obligación neta entra ambas contrapartes. Los pactos de recompra son una forma de garantía, por la que una parte transfiere el título sobre valores para cubrir un compromiso (en caso de impago, esa parte puede vender los valores y cubrir el compromiso) con un acuerdo contractual por el que el cedente recomprará los valores en determinada fecha y a determinado precio. Se consideró apropiado no aplicar el principio de unidad y universalidad y someter estos contratos a la ley de insolvencia del Estado miembro cuyas partes legales han determinado regir este contrato.

La letra f) del artículo 20.1 de la posición común trata de los sistemas de asiento de valores, en los que la existencia o transferencia de instrumentos financieros depende de su registro. La aplicación de los derechos de propiedad de estos instrumentos o los derechos sobre instrumentos se regirá por la ley de insolvencia del Estado miembro en el que esté situado el registro, contabilidad o sistema centralizado de depósitos en el que estén registrados los derechos en cuestión.

La letra g) del artículo 20.1 de la posición común establece que las transacciones en un mercado financiero regulado y los procedimientos aplicables en ese contexto se regirán por la ley de insolvencia del Estado miembro cuya legislación sea aplicable en dicho mercado. Este artículo se inspira en el artículo 9 del Reglamento sobre insolvencia.

Los derechos reales, reserva de dominio y garantía se contemplan en la letra h) de la posición común. Se regirán por la ley de insolvencia aplicable a los derechos reales, reserva de dominio o garantía.

El apartado 2 del artículo 20 de la posición común trata de la compensación legal, en contraposición con la compensación contractual, que se contempla en la letra c) del artículo 20.1. Cuando un acreedor de la entidad de crédito insolvente presente un crédito contra esa entidad, se le permitirá compensar este crédito con el crédito que la entidad tenga contra él, en la medida en que lo permitan las disposiciones del Estado miembro aplicables al crédito de la entidad. Esto supone una excepción a las normas que establecen los artículos 3 y 10 de la posición común, que están en la línea del artículo 6 del Reglamento sobre insolvencia.

El apartado 1 del artículo 21 de la posición común reproduce lo estipulado en el artículo 19 del Reglamento sobre insolvencia. Establece las normas que debe seguir el administrador o el síndico para evidenciar su nombramiento.

Las facultades del administrador o el síndico se aclaran en los apartados 2 y 3 del artículo 21 de la posición común, que se corresponden con el artículo 14 de la propuesta modificada de la Comisión. El administrador o el síndico estarán facultados para ejercer en el territorio de la UE los poderes que tengan en el territorio del Estado miembro de origen. Podrán asimismo designar personas que les asistan o representen, tanto en el Estado miembro de origen como en el Estado o Estados miembros de acogida. Al ejercer sus poderes en otros Estados miembros, el administrador o el síndico deberán cumplir en todo momento la normativa legal vigente, en particular con respecto a la realización de los bienes o a facilitar información a los empleados de la entidad de crédito insolvente. Esto se establece en el apartado 3 del artículo 21 de la posición común, que sigue la línea del artículo 18 del Reglamento sobre insolvencia.

En la línea de los artículos 23 y 24 del Reglamento sobre insolvencia, el artículo 22 de la posición común establece que, cuando se adopten medidas de saneamiento o se incoe un procedimiento de liquidación contra una entidad de crédito, podrá exigirse la inscripción en el registro de la propiedad, el registro mercantil o en cualquier otro registro público. Esta disposición tiene la misma finalidad que los artículos 6, 7, 13 y 14 de la posición común, es decir, la de informar a todas las partes afectadas acerca de la apertura de estos procedimientos. En la mayoría de Estados miembros, a los actos realizados de buena fe en relación con bienes o créditos con la entidad insolvente se les atribuyen consecuencias jurídicas por parte de terceros. Es pues importante que estas partes reciban información puntual y por todos los medios posibles, incluidos los registros antes mencionados.

El párrafo primero del apartado 2 del artículo 10 de la posición común establece que las normas relativas a la nulidad, ineficacia o no aplicabilidad de los actos legales en detrimento de todos los acreedores se regirán por la legislación del Estado miembro de origen. El apartado 2 del artículo 3 establece que, en caso de que se adopte una medida de saneamiento, se aplicará la ley de insolvencia del Estado miembro de origen. El artículo 23 de la posición común prevé una excepción a estas normas, tanto en el caso de la adopción de procedimientos de liquidación (apartado 1) como de medidas de saneamiento (apartado 2), cuando la persona que se haya beneficiado de dicho acto aporte pruebas de que el acto en cuestión está sujeto a la legislación de un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen, y que dicha legislación no permite en ningún caso que se impugne el acto en cuestión. Este artículo se basa en el artículo 13 del Reglamento sobre insolvencia.

El artículo 24 de la posición común tiene por objeto la protección de los terceros adquirentes. Si la entidad de crédito insolvente dispone -después de la adopción de una medida de saneamiento o de un procedimiento de liquidación- contra valor (no gratis) de un bien inmueble o un buque, aeronave, instrumento o derecho sobre un instrumento que estén sujetos a la inscripción en un registro, la situación de los terceros adquirentes deberá regirse por la legislación del Estado miembro en el que esté situado el bien o en cuyo registro esté inscrito. Esto se corresponde con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento sobre insolvencia.

Los efectos de una medida de saneamiento o la incoación de un procedimiento de liquidación sobre un pleito pendiente se contemplan en el artículo 25 de la posición común, que se corresponde con el artículo 15 del Reglamento sobre insolvencia. Cuando la letra e) del apartado 2 del artículo 10 estipula que los efectos del procedimiento de liquidación sobre las acciones de los acreedores individuales se regirán por la ley de insolvencia del Estado miembro de origen, los pleitos pendientes en el momento de la apertura de medidas de saneamiento o de un procedimiento de liquidación se regirán por la legislación del Estado miembro en que esté pendiente el pleito Dicha ley determinará en particular si el procedimiento debe o no suspenderse, de qué modo debe proseguir, o si deben introducirse cambios en el mismo para dejar constancia de que el deudor está sujeto a procedimientos de saneamiento o de liquidación.

El artículo 30 de la Directiva codificada establece la obligación de secreto profesional de las autoridades competentes. El artículo 26 de la posición común amplía la obligatoriedad del secreto profesional de las autoridades competentes a todas las personas que hayan recibido o divulgado información (con excepción de las autoridades judiciales sujetas a las disposiciones nacionales vigentes) y en las condiciones establecidas en el artículo 30 de la Directiva codificada.

4. CONCLUSIÓN

La Comisión considera que la inmensa mayoría de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo han sido incorporadas al texto de la posición común. El hecho de que algunas enmiendas no hayan sido incluidas puede deberse a la decisión del Consejo de suprimir los anexos, respaldada por la Comisión, o bien a la adopción de la Directiva sobre sistemas de garantía de depósitos.

Se han incluido nuevos artículos para abordar algunas de las cuestiones surgidas durante la elaboración del Reglamento sobre insolvencia. Las soluciones adoptadas en la presente propuesta están en la línea de las del Reglamento sobre insolvencia.

Por consiguiente, la Comisión considera que la posición común es aceptable.