El grado de digitalización de los órganos jurisdiccionales y del Ministerio Fiscal es elevado y continúan los trabajos para seguir avanzando en este sentido. Como se informó el año pasado, el sistema judicial letón está entre los más avanzados de la UE en cuanto a implementación de las TIC, especialmente en lo que se refiere a las estadísticas de gestión de asuntos y de actividad judicial, la comunicación con las partes de los tribunales y la publicación en línea de sentencias, la mayoría de las cuales son legibles electrónicamente. El proyecto de introducir un sistema electrónico de gestión de asuntos para modernizar el registro de las actuaciones procesales y la digitalización de los registros está avanzando. En la primera fase, el Gobierno tiene previsto incluir la investigación y el proceso judicial, y su plena aplicación está prevista para 2023. En 2020, como parte del proyecto piloto, se equiparon once salas de vistas con pantallas para el examen de asuntos en línea, y está previsto equipar todas las salas de vistas de esta manera para finales de 2021. Sin embargo, tras una auditoría de gestión, la Oficina Nacional de Auditoría llegó a la conclusión de que debía mejorarse la gestión del proyecto de sistema de asuntos electrónicos. La disponibilidad de herramientas de comunicación electrónica seguras para el Ministerio Fiscal todavía requiere un mayor desarrollo, en particular en lo que se refiere a su comunicación con abogados defensores, centros de detención, autoridades de investigación y órganos jurisdiccionales. Estos canales de comunicación electrónica seguros respaldarían una preparación más rápida y eficaz de los procedimientos ante el órgano jurisdiccional.

Se ha adoptado un nuevo código ético para los jueces. En febrero de 2021, la Comisión de Ética Judicial adoptó un nuevo Código de Ética Judicial en sustitución del vigente desde 1995, que había quedado obsoleto en varios aspectos. En particular, el nuevo Código está concebido como un conjunto de principios antes que normas detalladas de conducta y ya no se ocupa de situaciones que ahora se rigen por disposiciones legales o reglamentarias. Por término medio, la Comisión tramita cada año entre diez y veinte asuntos de presuntas infracciones éticas. Si bien la Comisión resuelve los asuntos sencillos, las decisiones relativas a las infracciones más graves y la adopción de medidas disciplinarias son competencia del Consejo Disciplinario Judicial. En 2020, un miembro del poder judicial fue sancionado por incumplir las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19.

Las reformas legislativas adoptadas por Letonia para reforzar la eficacia de su marco de lucha contra la corrupción aún no se han aplicado plenamente. La legislación tipifica como delito el abuso de poder, el cohecho nacional e internacional y el tráfico de influencias. Se está preparando un nuevo plan de acción para la prevención de la corrupción. La investigación y el enjuiciamiento de los delitos relacionados con la corrupción siguen siendo una tarea compartida entre distintas autoridades. Se adoptaron medidas para aumentar la capacidad de la Oficina para la Prevención y Lucha contra la Corrupción para investigar los asuntos de corrupción. Se ha seguido trabajando en el marco de integridad para la prevención de conflictos de intereses, pero las disposiciones que regulan las «puertas giratorias» y las restricciones posteriores al empleo siguen siendo limitadas. Todavía no se ha regulado la actividad de los grupos de presión, mientras que el Parlamento continúa debatiendo el proyecto de legislación. La Oficina Nacional de Auditoría auditó más del 90 % de la financiación destinada en 2020 a medidas de apoyo relacionadas con la COVID-19.

El sistema judicial letón se ha beneficiado de medidas para seguir mejorando su independencia, calidad y eficiencia. Ha comenzado a aplicarse el nuevo procedimiento de selección de candidatos a juez, que se creó para reforzar la independencia judicial. El Consejo del Poder Judicial ha aprobado una nueva estrategia para 2021-2025 destinada a aumentar la independencia judicial. No obstante, el Consejo sigue funcionando con recursos limitados, en particular en lo que se refiere a su personal, cuestión que ya se planteó en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020. Se ha adoptado un nuevo código ético para los jueces con el fin de modernizar las orientaciones sobre ética, que no se habían modificado desde 1995. El grado de digitalización de los órganos jurisdiccionales y del Ministerio Fiscal es elevado y continúan los trabajos para seguir avanzando en este sentido. El Gobierno tiene la intención de crear un nuevo centro de formación para centralizar toda la formación en el poder judicial. Sería importante que el poder judicial participase adecuadamente en su gobernanza y supervisión. El recientemente creado Tribunal Económico está entrando en funcionamiento y necesitará recursos suficientes, tanto en lo que se refiere al personal como a la formación, para poder gestionar eficientemente asuntos económicos y financieros complejos.

II.Marco de lucha contra la corrupción

El marco legislativo e institucional para combatir y perseguir judicialmente la corrupción está ampliamente instaurado. La Oficina para la Prevención y Lucha contra la Corrupción (KNAB) es un órgano especializado competente para prevenir la corrupción e investigar los delitos con ella relacionados. La Fiscalía General supervisa las investigaciones de los delitos relacionados con la corrupción realizadas por la KNAB en la fase de instrucción. Otras instituciones con competencias anticorrupción son la policía estatal, que investiga la corrupción en instituciones privadas y el fraude; La Oficina de Seguridad Interior, que investiga los delitos de corrupción cometidos por funcionarios de las instituciones dependientes del Ministerio del Interior; El Consejo de Seguridad Interior de la Administración Tributaria del Estado, que investiga las infracciones penales cometidas por funcionarios del Servicio de Hacienda del Estado, y la Guardia de Fronteras del Estado, que investiga la corrupción en la que participan funcionarios de la Guardia de Fronteras del Estado.

La percepción entre los expertos y los directivos de empresas es que el nivel de corrupción en el sector público sigue siendo relativamente elevado. En el Índice de percepción de la corrupción de 2020 de Transparencia Internacional, Letonia obtiene una puntuación de 57/100 y ocupa el puesto 12 en la Unión Europea y el puesto 42 del mundo. Esta percepción se ha mantenido relativamente estable en los últimos cinco años.

Se está preparando un nuevo plan de acción para la prevención de la corrupción. La Oficina para la Prevención y Lucha contra la Corrupción (KNAB) ha empezado a elaborar el Plan de acción para la prevención y la lucha contra la corrupción para 2021-2024, cuya aprobación está prevista para el verano de 2021. La legislación nacional vigente tipifica como delito la corrupción y los delitos conexos, como el abuso de poder, el cohecho nacional e internacional y el tráfico de influencias.

La Oficina para la Prevención y Lucha contra la Corrupción ha ampliado su capacidad de investigación. Las competencias de la Oficina para la Prevención y Lucha contra la Corrupción (KNAB) en materia de prevención de la corrupción incluyen la supervisión de los conflictos de intereses y la financiación de los partidos políticos, así como la investigación de los delitos relacionados con la corrupción. La KNAB cuenta con un presupuesto anual de aproximadamente 6,6 millones EUR con cargo a los presupuestos del Estado. Además, recibe anualmente unos 200 000 EUR del Ministerio de Justicia (Fondo para la Confiscación de Activos Delictivos) como financiación especial para mejorar la eficiencia de sus actividades operativas especiales de inteligencia criminal. En diciembre de 2020, la KNAB contrató personal adicional, principalmente investigadores y analistas financieros. También mejoró las condiciones salariales del personal para adaptarlas al nivel de otras instituciones públicas. En 2020, la KNAB inició 39 procedimientos penales, mientras que 23 asuntos se transfirieron a la fiscalía.

La investigación y el enjuiciamiento de los delitos relacionados con la corrupción siguen siendo una tarea compartida entre distintas autoridades. La Fiscalía General supervisa las investigaciones de los delitos relacionados con la corrupción realizadas por la Oficina para la Prevención y Lucha contra la Corrupción en la fase de instrucción. Desde principios de 2021, la Fiscalía ha tramitado 204 asuntos y se han confiscado 7 millones EUR de fondos ilícitos. La escasez de recursos humanos, en comparación con la carga de trabajo, es un reto para la Oficina. La Oficina de Seguridad Interior detecta, previene e investiga los delitos cometidos por funcionarios y empleados del Ministerio del Interior, como la Policía Nacional. La Policía Nacional cuenta con normas de integridad. En 2020, la Guardia Estatal de Fronteras remitió 29 asuntos penales a la Fiscalía con una propuesta de inicio de acciones penales, incluido un asunto en el que estaba implicado un funcionario de la Guardia Estatal de Fronteras. Entre 2020 y 2021, los agentes de la Hacienda Pública (SRS) intervinieron en 14 asuntos penales relacionados con delitos de cohecho y crimen organizada con participación de altos funcionarios.

Existe un plan de acción para aplicar las recomendaciones de la Oficina Nacional de Auditoría con el fin de mejorar la calidad de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos económicos y financieros. En diciembre de 2020, la Oficina Nacional de Auditoría publicó los resultados de su auditoría de gestión sobre la eficacia de las investigaciones y los juicios por delitos económicos y financieros, y formuló recomendaciones para mejorar la eficiencia operativa de la Fiscalía. Una de las conclusiones de la auditoría de gestión fue que, si bien la Fiscalía no carece de recursos, existe margen de mejora en términos de gestión, estructura de gobernanza, división de responsabilidades entre las distintas oficinas y especialización de los fiscales. En abril de 2021, el Consejo de Prevención de la Delincuencia, un órgano consultivo gubernamental, aprobó, con la participación de la Fiscalía General, un plan de acción a dos años para dar respuesta a las recomendaciones de la Oficina Nacional de Auditoría.

Letonia sigue desarrollando su marco de integridad para la prevención de conflictos de intereses, mientras que las restricciones sobre el período posterior al empleo se mantienen invariables. Una serie de enmiendas a la Ley de prevención de conflictos de intereses en las actividades de los funcionarios públicos están pendientes de aprobación definitiva en el Parlamento. En enero de 2021, entraron en vigor las modificaciones de la definición de funcionario público recogida en la ley para incluir a los miembros del Consejo de Medios Públicos Electrónicos. En julio de 2020, también entro en vigor la prohibición para que los diputados al Parlamento y los miembros del Gobierno, así como los secretarios parlamentarios, reciban pagos por los cargos desempeñados en asociaciones, fundaciones o empresas sociales que hayan recibido financiación del Gobierno. El Parlamento debate actualmente si se amplía esta prohibición a los jefes de los consejos municipales y sus suplentes. Las restricciones para prevenir los conflictos de intereses son limitadas y se han producido pocos avances desde 2018.

Todavía no se ha regulado la actividad de los grupos de presión, mientras que el Parlamento continúa debatiendo el proyecto de legislación. Hasta la fecha, no existen normas que regulen la transparencia en la actividad de los grupos de presión y solo se han notificado algunos casos de publicación voluntaria de reuniones entre representantes públicos y estos grupos. En enero de 2021, la Comisión de Defensa, Asuntos Internos y Prevención de la Corrupción del Parlamento aprobó un conjunto de principios sobre apertura y transparencia, que esbozan el contenido y el alcance que podría tener la ley de grupos de presión. Según estos principios, la ley debería incluir, entre otras cosas, una definición amplia de los representantes de intereses, un registro único obligatorio de grupos de presión y sanciones. Además, la ley abarcaría las actividades que influyen en las decisiones de los diputados al Parlamento, de los Gobiernos locales y nacionales, de los órganos legislativos y de los altos ejecutivos. La propuesta se sometió a consulta pública a principios de 2021, aunque no se ha fijado fecha para su aprobación parlamentaria. No obstante, cada institución pública cuenta actualmente con un código ético que incluye un capítulo específico sobre las actividades de los grupos de presión. La supervisión y la aplicación de los códigos éticos son competencia de personas de confianza en el ámbito de la ética, que es una función temporal desempeñada durante un año por un funcionario seleccionado en cada institución.

Se están implementando sistemas de denuncia de prácticas corruptas. La Oficina para la Prevención y Lucha contra la Corrupción (KNAB) es la autoridad competente para admitir y tramitar los informes de denuncia de prácticas corruptas y conflictos de intereses recibidos por la Cancillería del Estado y cualquier otra autoridad competente. En 2020, la Cancillería del Estado recibió 517 denuncias generales, incluidas 122 calificadas como denuncias de prácticas corruptas (frente a las 119 recibidas en 2019). En 2020, la KNAB recibió un total de 53 denuncias de prácticas corruptas, de las cuales 13 fueron reconocidas como tales, 17 fueron remitidas a otras autoridades competentes y 23 no fueron reconocidas como denuncias de prácticas corruptas. Hasta la fecha, algunas entidades no han recibido ninguna denuncia de prácticas corruptas, por lo que prosiguen las actividades de sensibilización en relación con el uso de este canal de denuncia.

El Gobierno ha publicado directrices para hacer frente al aumento del riesgo de corrupción en la contratación pública relacionado con la pandemia de COVID-19. En mayo de 2020, el Gobierno elaboró una serie de directrices sobre la manera de mitigar el riesgo de corrupción a través de la legislación vigente en materia de contratación pública. La Oficina Nacional de Auditoría llevó a cabo una serie de auditorías relativas a los gastos de emergencia relacionados con la COVID-19, en las que se examinaron más del 90 % de los fondos destinados a este fin en 2020. Dando inicio a la implantación de una nueva práctica, la Oficina Nacional de Auditoría no esperó a que las entidades auditadas presentaran sus estados financieros, sino que formuló sus recomendaciones de auditoría inmediatamente después de finalizado el gasto, de modo que las recomendaciones pudieran aplicarse rápidamente.

III.Libertad y pluralismo de los medios de comunicación

El marco jurídico letón se basa en un conjunto de salvaguardias constitucionales y medidas legislativas, como la Ley de medios de comunicación electrónicos (EMML). Se ha adoptado legislación de transposición de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual. La Ley de prensa y otros medios de comunicación recoge el derecho de la prensa a acceder a la información en poder del Estado y de las entidades públicas y prohíbe la censura. El acceso a la información pública también está garantizado por la Ley de libertad de información. La EMML establece la creación y el funcionamiento del organismo regulador de los medios de comunicación: el Consejo Nacional de Medios de Comunicación Electrónicos (NEMMC).

Se ha reforzado la independencia del regulador de los medios de comunicación (NEMMC), pero se ha reducido su mandato. En diciembre de 2020, el Parlamento aprobó la Ley por la que se modifica la Ley de medios de comunicación electrónicos y por la que se transpone la Directiva revisada de servicios de comunicación audiovisual, que refuerza la independencia del NEMMC. En particular, la Ley incluye una nueva disposición que estipula que el NEMCC «no solicitará ni aceptará instrucciones de ninguna otra autoridad» . La Ley también prevé que la financiación necesaria para que el NEMCC desempeñe sus funciones, incluida la participación en los trabajos del Grupo de Entidades Reguladoras Europeas para los Servicios de Comunicación Audiovisual, se dotará con cargo al presupuesto del Estado. Sin embargo, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de medios de comunicación electrónicos públicos y su gestión (LPEMMM) en diciembre de 2020, el NEMCC ya no es el responsable de supervisar el funcionamiento de los medios de comunicación de servicio público. La nueva Ley creó dos nuevas autoridades independientes con este fin: el Consejo de Medios de Comunicación Electrónicos Públicos (PEMMC) y el Defensor del Pueblo ante los Medios de Comunicación Electrónicos Públicos, con el objetivo de garantizar la independencia y promover la calidad de los medios electrónicos públicos. En mayo de 2021 se propuso al primero de los tres miembros del PEMMC, que está pendiente de aprobación final por el Parlamento.

Preocupa la disponibilidad de información para el público sobre la propiedad de los medios de comunicación. Tal como se describe en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, las modificaciones de la EMML introdujeron nuevas disposiciones en materia de transparencia de la propiedad de los medios de comunicación. Estas obligan a los posibles prestadores de servicios a presentar información sobre sus titulares reales al Consejo Nacional de Medios de Comunicación Electrónicos, y a los prestadores de servicios existentes a presentar información sobre cualquier cambio en la titularidad real. Sin embargo, el indicador del Media Pluralism Monitor de 2021 que mide la transparencia en la propiedad sigue registrando un alto riesgo, ya que las empresas de comunicación no están obligadas a revelar sus estructuras de propiedad directamente al público en general y sin pago alguno. Dado que todas las empresas registradas en Letonia, incluidos los medios de comunicación, están obligadas a facilitar la información sobre sus titulares reales al Registro Mercantil, el público sigue teniendo la opción de obtener dicha información en ese Registro. La concentración de los medios informativos se considera de alto riesgo en Letonia, en particular debido al alto grado de concentración existente en diferentes subsectores de los medios de comunicación.

Las autoridades han tomado medidas para abordar el impacto de la pandemia de COVID-19 en los medios de comunicación. Con el fin de mitigar el impacto económico de la pandemia, el Gobierno letón destinó alrededor de 3,5 millones EUR al sector de los medios de comunicación en 2020. Se distribuyeron fondos para cubrir costes fijos y proyectos de creación de contenidos, por ejemplo, proyectos de periodismo analítico y de investigación.

Se plantearon algunas preocupaciones en relación con el acceso de los periodistas a la información durante la pandemia de COVID-19. Existen garantías jurídicas para el derecho de acceso a la información y la protección de los periodistas. Sin embargo, se ha expresado preocupación por la disponibilidad de información durante la pandemia de COVID-19, en particular porque los periodistas no pudieron participar en las reuniones gubernamentales, mientras que anteriormente era normal su presencia en reuniones generalmente abiertas.

Los periodistas parecen seguir sufriendo ataques personales en internet. A finales de 2020 y en 2021, la Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas no registró ninguna alerta en relación con Letonia. No obstante, parece que los periodistas siguen sufriendo ataques en internet, a menudo por parte de políticos y empresas de comunicación política.

IV.Otras cuestiones institucionales relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales

Letonia es una democracia parlamentaria unicameral, en la que el Tribunal Constitucional puede ejercer un control de constitucionalidad a posteriori y en casos concretos por la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Los proyectos de ley deben ser presentados al Parlamento por el Presidente, el Gobierno, las comisiones parlamentarias, al menos cinco diputados o una décima parte del electorado. Además del sistema judicial, también la oficina del Defensor del Pueblo, en calidad de institución nacional de derechos humanos, y la sociedad civil desempeñan un papel en el sistema de controles y equilibrios.