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•Proporcionalidad

•Elección del instrumento

El artículo 218, apartado 6, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea requiere una propuesta de la Comisión para que el Consejo adopte esta Decisión, con la aprobación del Parlamento Europeo.

3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

•Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación existente

•Consultas con las partes interesadas

A finales de 2017, los Estados miembros y distintos agentes pesqueros de la UE solicitaron a la Comisión que iniciase las negociaciones de adhesión. A principios de 2018, se consultó a los organismos y grupos de interés pertinentes para tener la seguridad de que se tendrían en cuenta sus puntos de vista en las futuras negociaciones para la posible adhesión de la UE a la Convención. Entre ellos figuraban los representantes de las administraciones de los Estados miembros, el sector pesquero de la UE y ONG, así como ciudadanos y consumidores de la UE. Durante estas consultas, el sector pesquero de la UE instó a las instituciones de la UE a garantizar el acuerdo para que la flota de la UE empezara a faenar en la zona de aplicación de la Convención lo antes posible. En su opinión, la forma más rápida de conseguirlo era seguir un planteamiento en dos fases, según el cual la Unión se convertiría en un primer momento en Parte no contratante colaboradora con la ambición manifiesta de convertirse poco después en miembro de pleno derecho de la NPFC. No se recibieron más observaciones durante las consultas.

Aunque el mandato del Consejo preveía la posibilidad de entablar negociaciones con la NPFC para que la Unión pudiera convertirse en una Parte no contratante colaboradora, se consideró preferible, no obstante, optar a ser miembro de pleno derecho, ya que el estatus de Parte no contratante colaboradora no reflejaría adecuadamente el nivel y la intensidad de la participación prevista de la Unión en la NPFC.

Las partes interesadas también estuvieron estrechamente relacionadas con la preparación de las solicitudes de adhesión de la Unión, así como con los debates sobre la adhesión que tuvieron lugar en las sesiones anuales de 2018, 2019 y 2021 de la NPFC, tanto en su fase previa como durante la celebración de estos.
·Se han establecido definiciones nuevas o revisadas para los conceptos de operador económico, beneficiario, condición favorable, prioridad del FEMPA y tasas de error residual.

·Se ha introducido una nueva disposición para confirmar que el RDC será revisado por el Parlamento y el Consejo antes del 31 de diciembre de 2027, de conformidad con el artículo 177 del TFUE.

4.Conclusión

La Comisión apoya los resultados de las negociaciones interinstitucionales y acepta, por tanto, la posición adoptada por el Consejo.

Por otro lado, con respecto a algunas modificaciones consideradas más problemáticas, la Comisión ha publicado cuatro declaraciones sobre las cuestiones siguientes:

1) «Liquidación de la prefinanciación».

2) «Diálogo estructurado en el marco de medidas temporales para el uso de los Fondos en respuesta a circunstancias excepcionales e inusuales».

3) «Nuevas medidas para proteger el presupuesto de la Unión y los recursos del instrumento Next Generation EU frente al fraude y las irregularidades mediante la exigencia del uso obligatorio de una herramienta única de extracción de datos proporcionada por la Comisión».

4) «Protección del presupuesto de la UE mediante el uso de un porcentaje de retención de pagos para programas de gestión compartida».

Las declaraciones se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea, serie C.

1. Liquidación de la prefinanciación

2. Diálogo estructurado en el marco de medidas temporales para el uso de los Fondos en respuesta a circunstancias excepcionales e inusuales.

Declaración de la Comisión relativa al diálogo estructurado en el marco de medidas temporales para el uso de los Fondos en respuesta a circunstancias excepcionales e inusuales

Las disposiciones adoptadas por los colegisladores exigen que la Comisión informe de forma inmediata al Parlamento y al Consejo sobre la evaluación de la situación sobre las circunstancias excepcionales e inusuales. Los colegisladores también exigen que la Comisión les informe con inmediatez sobre el seguimiento previsto a lo largo de las medidas temporales para el uso de los Fondos y tenga debidamente en cuenta las posiciones adoptadas y opiniones expresadas durante el diálogo estructurado al que el Parlamento o el Consejo podrán invitar a la Comisión.

Estas exigencias no son conformes al artículo 291, apartados 2 y 3, del TFUE ni con el Reglamento de comitología n.º 182/2011, que no establece la participación del Parlamento y el Consejo en el control del ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. Podrían resultar en situaciones en las que las competencias de ejecución de la Comisión se vieran limitadas. Por tanto, la Comisión solo puede satisfacer estas exigencias siempre y cuando no afecten a sus competencias de ejecución tal y como se regulan en virtud del artículo 291 del TFUE y del Reglamento de comitología n.º 182/2011.

Estas disposiciones no pueden reproducirse nunca en un marco jurídico distinto en el que no se contemplen circunstancias excepcionales e inusuales.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 395, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «la Directiva del IVA»), el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, puede autorizar a cualquier Estado miembro a que introduzca medidas especiales de excepción a lo dispuesto en dicha Directiva para simplificar el procedimiento de cobro del impuesto o para impedir ciertos tipos de fraude o elusión fiscal.

Mediante carta registrada en la Comisión el 20 de octubre de 2020, Malta solicitó autorización para elevar, hasta el 31 de diciembre de 2024, el umbral de una medida, ya en vigor, de excepción a lo dispuesto en el artículo 287 de la Directiva del IVA que permita a dicho país aplicar una franquicia del IVA a los sujetos pasivos cuyo volumen de negocios anual no exceda de 30 000 EUR. La Comisión pidió información adicional sobre la solicitud, que se aportó mediante carta registrada en la Comisión el 9 de noviembre de 2020.

Mediante carta de 17 de diciembre de 2020, la Comisión, de conformidad con el artículo 395, apartado 2, de la Directiva del IVA, informó a los demás Estados miembros de la solicitud presentada por Malta. La Comisión notificó a Malta, por carta de 18 de diciembre de 2020, que disponía de toda la información necesaria para examinar su solicitud.

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

•Razones y objetivos de la propuesta

El título XII, capítulo 1, de la Directiva del IVA otorga a los Estados miembros la posibilidad de aplicar a las pequeñas empresas regímenes especiales, como la concesión de una franquicia a los sujetos pasivos que no sobrepasen un determinado volumen de negocios anual. Al acogerse a dicha franquicia, el sujeto pasivo no está obligado a repercutir el IVA en sus entregas y, por tanto, no puede deducir el IVA soportado.
La Comisión apoya el acuerdo al que se ha llegado en el diálogo tripartito, que allana el camino hacia una rápida adopción del nuevo programa. El programa contribuirá a establecer una unión aduanera moderna centrada en los intereses de las empresas y los ciudadanos de la UE. La Comisión mantiene sus reservas respecto de la supresión del artículo 12 y la no derogación de la Decisión n.º 70/2008/CE. Así pues, formula una declaración a este respecto que acompañará a la adopción final, y que se recoge más adelante en el punto 5.

–La eliminación en el texto del Reglamento de todas las referencias al plan estratégico plurianual en el ámbito de las aduanas (MASP-C) y, paralelamente, la no derogación de la Decisión n.º 70/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a un entorno sin soporte papel en las aduanas y el comercio (la antigua Decisión sobre la aduana electrónica).

No procede

La Comisión acepta la posición adoptada por el Consejo, que refleja plenamente el acuerdo al que llegaron los colegisladores el 15 de diciembre de 2020.

5.Anexo: Declaración de la Comisión

«En su propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas, la Comisión propuso sustituir y derogar la Decisión n.º 70/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a un entorno sin soporte papel en las aduanas y el comercio (antigua Decisión sobre la aduana electrónica). La Decisión n.º 70/2008/CE constituye la base jurídica del plan estratégico plurianual en el ámbito de las aduanas (MASP-C). La Comisión propuso que esta base jurídica la constituyera el artículo 12 del Reglamento en vez de la Decisión n.º 70/2008/CE. En aras de una solución transaccional, la Comisión no se opone a que se supriman las referencias al MASP-C del Reglamento ni a que no se derogue la Decisión n.º 70/2008/CE. La Comisión lamenta que, en estas circunstancias, no podrá cumplir plenamente sus compromisos en el marco del programa “Legislar mejor”.»
No procede.

•Consultas con las partes interesadas

Varias organizaciones de obtentores han solicitado que se amplíe el período de protección de determinadas especies. Las principales partes interesadas y los Estados miembros han sido informados y consultados, tanto en el consejo de administración de la OCVV, que dio lugar a una solicitud formal de esta a la Comisión, como en el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos. No ha sido necesario llevar a cabo ninguna consulta por separado, puesto que la iniciativa afecta únicamente a la ejecución técnica de normas existentes y no se ha llevado a cabo ninguna consulta por separado en el marco de iniciativas similares en el pasado.

•Obtención y uso de asesoramiento especializado

•Evaluación de impacto

Se trata de un acto de carácter técnico que ejecuta normas existentes basadas en la experiencia de las partes interesadas. Por lo tanto, no es necesaria una evaluación de impacto.

•Adecuación regulatoria y simplificación

La presente propuesta no está vinculada a la iniciativa REFIT. Esta propuesta de período adicional de protección de cinco años contribuiría a lograr un rendimiento suficiente de las inversiones realizadas y fomentaría la obtención de nuevas variedades mejoradas en beneficio de los cultivadores, los consumidores y la sociedad en general. Asimismo, podría facilitar el acceso a los mercados de exportación, en particular de las pymes. La naturaleza del problema no cambiará cuando la sociedad haga un mayor uso de internet y de las redes sociales, salvo que muy probablemente seguirá aumentando la oferta de nuevas variedades vegetales que los consumidores tienen a disposición a través de internet (ventas por internet).
Desde el punto de vista del mercado interior y de la competencia leal, la medida está abierta a todos los operadores de la UE sin discriminación. El país de origen del operador de la estación de recarga no es una condición para la aplicación de la medida. La medida no originaría ningún problema con respecto al funcionamiento del mercado interior.

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

•Base jurídica

•Subsidiariedad (en caso de competencia no exclusiva)

Según lo dispuesto por el TFUE en su artículo 3, el ámbito de la fiscalidad indirecta a que se refiere su artículo 113 no es en sí mismo competencia exclusiva de la Unión Europea.

No obstante, de acuerdo con el artículo 19 de la Directiva 2003/96/CE, el Consejo tiene la competencia exclusiva, en virtud del Derecho derivado, para autorizar a un Estado miembro a introducir más exenciones o reducciones con arreglo a dicha disposición. Los Estados miembros no pueden, por tanto, sustituir al Consejo. Por consiguiente, el principio de subsidiariedad no es aplicable a la presente Decisión de Ejecución. En cualquier caso, en la medida en que este acto no es un proyecto de acto legislativo, no debe transmitirse a los Parlamentos nacionales de conformidad con el Protocolo n.º 2 de los Tratados para la revisión del cumplimiento del principio de subsidiariedad.
COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 14.3.2022

COM(2021) 805 final/2

2021/0423(COD)

CORRIGENDUM



This document corrects document COM(2021) 805 final of 15.12.2021



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The Legislative Financial Statement was missing and has been added.



The text shall read as follows:



Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativo a la reducción de las emisiones de metano en el sector energético y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/942

(Texto pertinente a efectos del EEE)

{SEC(2021) 432 final} - {SWD(2021) 459 final} - {SWD(2021) 460 final}
COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 16.7.2020

COM(2020) 321 final

ANEXO

to the

COUNCIL DECISION

amending Decision 2003/77/EC laying down multiannual financial guidelines for managing the assets of the ECSC in liquidation and, on completion of the liquidation, the Assets of the Research Fund for Coal and Steel
•Evaluación de impacto

La propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo autoriza a Letonia a seguir concediendo una franquicia del IVA a los sujetos pasivos cuyo volumen de negocios anual no exceda de 40 000 EUR. Los sujetos cuyo volumen de negocios imponible no sobrepase el umbral no tendrán que registrarse a efectos del IVA, y, en consecuencia, las cargas administrativas que soportan se reducirán gracias a la medida, ya que no tendrán que llevar registros a efectos del IVA ni presentar una declaración del IVA. Por ende, la medida tendrá un efecto potencialmente positivo en la administración tributaria, ya que reducirá su carga administrativa.

Según las autoridades letonas, se preveía que reducir el umbral para el registro del IVA de 50 000 EUR a 40 000 EUR generaría 5,9 millones EUR de ingresos adicionales en concepto de IVA para el presupuesto del Estado y daría lugar al registro anual de 3 426 sujetos pasivos adicionales a efectos del IVA. Para determinar las repercusiones fiscales reales, se tuvieron en cuenta los sujetos pasivos identificados a efectos del IVA cuyo valor total de operaciones correspondiente a la declaración del IVA de 2018 oscilaba entre los 40 000 EUR y los 50 000 EUR y que no estaban identificados a efectos del IVA en 2017. Se considera que la repercusión fiscal corresponde al importe total del IVA declarado por los sujetos pasivos identificados a efectos del IVA, que en 2018 ascendió a 2,8 millones EUR. Existen 2 636 sujetos pasivos de este tipo identificados a efectos del IVA; se puede considerar esta cifra como el aumento del número de sujetos pasivos identificados a partir de esta medida. La información recopilada a partir de las declaraciones del IVA correspondientes a 2019 muestra que los sujetos pasivos identificados a efectos del IVA, cuyo valor total de operaciones declarado en el IVA oscilaban entre 40 000 EUR y 50 000 EUR, generaron 10,7 millones EUR de ingresos en concepto de IVA para el presupuesto del Estado, en comparación con los 5,8 millones EUR generados en 2018. Por consiguiente, las autoridades letonas han llegado a la conclusión de que la repercusión fiscal de la presente medida en el presupuesto del Estado es positiva, si bien es ligeramente inferior a la prevista.

Según las autoridades letonas, reducir aún más el umbral no tendrá repercusiones fiscales significativamente positivas ni aumentará el número de sujetos pasivos identificados a efectos del IVA, ya que, tal como muestran los datos reales de 2018, las implicaciones fiscales y en lo que respecta al número de empresas fueron inferiores a las previstas. Por el contrario, aumentarlo, por ejemplo, hasta los 50 000 EUR, acarrearía repercusiones fiscales negativas.

La medida de excepción será facultativa para los sujetos pasivos, que podrán seguir optando por el régimen normal del IVA, de conformidad con el artículo 290 de la Directiva 2006/112/CE.
–los objetivos que deben lograrse con carácter anual y plurianual para llegar finalmente a la instauración de una pesca sostenible y responsable, habida cuenta de las prioridades expresadas por Senegal en cuanto a la política nacional de pesca u otras políticas relacionadas o que incidan en la instauración de una pesca responsable y sostenible, en particular por lo que respecta a la ayuda a las pesquerías artesanales y a la vigilancia, el control y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), así como de las prioridades en materia de refuerzo de las capacidades científicas de Senegal en el sector pesquero;
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.CONTEXTO DE LA RECOMENDACIÓN

•Razones y objetivos de la propuesta

La Comisión propone negociar un nuevo protocolo del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible celebrado con la República de Senegal que responda a las necesidades de la flota de la Unión y esté en consonancia con el Reglamento (UE) n.º 1380/2013, sobre la política pesquera común, y con las Conclusiones del Consejo, de 19 de marzo de 2012, relativas a la Comunicación de la Comisión sobre la dimensión exterior de la política pesquera común.

•Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

El ACPS con Senegal ofrece posibilidades de pesca del atún y de especies altamente migratorias para buques de la UE de dos Estados miembros (España y Francia), así como posibilidades de pesca de especies demersales para dos buques (de España). La Unión Europea ya cuenta con una red desarrollada de ACPS bilaterales en el océano Atlántico frente a las costas de África Occidental, en concreto con Marruecos, Mauritania, Gambia, Guinea-Bisáu, Liberia y Costa de Marfil.

Los ACPS contribuyen a promover los objetivos de la política pesquera común a nivel internacional garantizando que las actividades pesqueras de la Unión fuera de sus aguas se basen en los mismos principios y normas que los aplicables en virtud del Derecho de la Unión. Además, este tipo de acuerdos fomentan la cooperación científica entre la UE y sus socios, promueven la transparencia y la sostenibilidad con vistas a una gestión mejor de los recursos pesqueros al impulsar la gobernanza al apoyar el seguimiento, el control y la vigilancia de las actividades de las flotas nacionales y extranjeras, y al proporcionar financiación para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) con miras a contribuir al desarrollo sostenible de la industria pesquera local. Los ACPS refuerzan la posición de la UE en las organizaciones internacionales y regionales de pesca: en el caso de Senegal, en particular, en la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA). Por último, los ACPS se basan en los mejores dictámenes científicos disponibles y contribuyen a mejorar el cumplimiento de las medidas internacionales, incluidas las relativas a la lucha contra la pesca INDNR.
Se propone que la Unión manifieste su acuerdo con esta decisión.

4.Base jurídica

4.1.Base jurídica procedimental

4.1.1.Principios

El artículo 218, apartado 9, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prevé la adopción de decisiones por las que se establezcan «las posiciones que deben adoptarse en nombre de la Unión en un organismo creado por un acuerdo, cuando dicho organismo deba adoptar actos que surtan efectos jurídicos, con excepción de los actos que completen o modifiquen el marco institucional del acuerdo».

La noción de «actos que surtan efectos jurídicos» incluye los actos que surten efectos jurídicos en virtud de las normas de Derecho internacional por las que se rija el organismo de que se trate. Incluye asimismo aquellos instrumentos que no tienen fuerza vinculante con arreglo al Derecho internacional, pero que pueden influir «de manera determinante [en] el contenido de la normativa adoptada por el legislador de la Unión».

4.1.2.Aplicación al presente caso

La IPEEC es un organismo creado por un acuerdo, a saber, el Mandato para la Asociación Internacional de Cooperación para la Eficiencia Energética (en lo sucesivo, «el Mandato»).

El acto que debe adoptar la IPEEC constituye un acto con efectos jurídicos. El acto previsto será vinculante con arreglo al Derecho internacional, de conformidad con el punto 7.1 del Mandato, ya que prorroga los compromisos contraídos por los Miembros de la IPEEC al celebrar el Mandato original.

El acto previsto no completa ni modifica el marco institucional del Acuerdo; el marco institucional creado por el Mandato permanece intacto.

Por lo tanto, la base jurídica procedimental de la Decisión propuesta es el artículo 218, apartado 9, del TFUE.

4.2.Base jurídica sustantiva

4.2.1.Principios

La base jurídica sustantiva de las decisiones adoptadas con arreglo al artículo 218, apartado 9, del TFUE depende principalmente del objetivo y del contenido de los actos previstos respecto de los cuales se adopta una posición en nombre de la Unión. Si el acto previsto persigue un doble objetivo o tiene un componente doble, y si uno de dichos objetivos o componentes puede calificarse de principal, mientras que el otro solo es accesorio, la decisión adoptada con arreglo al artículo 218, apartado 9, del TFUE debe fundarse en una única base jurídica sustantiva, a saber, la que exija el objetivo o componente principal o preponderante.

4.2.2.Aplicación al presente caso

El objetivo principal y el contenido del acto previsto están relacionados con la promoción de la eficiencia energética en el ámbito de la energía.

Por consiguiente, la base jurídica sustantiva de la Decisión propuesta es el artículo 194, apartado 2, del TFUE. [Please use abbreviations consistently throughout the text]

4.3.Conclusión

La base jurídica de la Decisión propuesta debe ser el artículo 194, apartado 2, leído en relación con el artículo 218, apartado 9, del TFUE.

2019/0110 (NLE)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.Contexto de la propuesta

•Razones y objetivos de la propuesta

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 bis, apartado 1, de la Directiva del IVA, los Estados miembros pueden disponer que la persona deudora del IVA sobre las entregas enumeradas en dicho artículo sea el sujeto pasivo destinatario de las mismas (mecanismo de inversión del sujeto pasivo). Según este procedimiento, el sujeto pasivo destinatario de las entregas pasa a ser el deudor del IVA. Este sujeto pasivo puede, siempre y cuando disfrute plenamente del derecho a deducción, declarar y deducir simultáneamente el IVA correspondiente a la entrega, de modo que no efectúa pago real alguno de IVA a Hacienda. Las entregas de metales semiacabados ferrosos y no ferrosos están incluidas en el artículo 199 bis, apartado 1, letra j).

Letonia no se ha acogido a la opción prevista en el artículo 199 bis, apartado 1, letra j), de la Directiva del IVA y no aplica por tanto el mecanismo de inversión del sujeto pasivo a las entregas de metales semiacabados ferrosos y no ferrosos. Sin embargo, debido a los regímenes fraudulentos recientemente detectados en las entregas de estos productos, Letonia desea introducir el mecanismo de inversión del sujeto pasivo en las entregas de metales semiacabados ferrosos y no ferrosos dentro de su territorio.