ES Diario Oficial de la Unión Europea C 10/88

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La economía de la UE: Informe 2006 — Reforzamiento de la zona del euro: principales prioridades»

COM(2006) 714 final — SEC(2006) 1490

(2008/C 10/22)

El 11 de enero de 2007, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre «La economía de la UE: Informe 2006 — Reforzamiento de la zona del euro: principales prioridades».

La Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 4 de septiembre de 2007 (ponente: Sr. BURANI; coponente: Sr. DERRUINE).

En su 438o Pleno del 26 de septiembre de 2007, el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 133 votos a favor, 2 votos en contra y 5 abstenciones el presente Dictamen.

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1 Aun cuando comparte en gran medida el documento de la Comisión, el Comité desearía añadir diversas observaciones entre las que figuran algunas formuladas ya con anterioridad, incluso antes de que se adoptara el euro. La Comisión formula algunas críticas veladas a diversos aspectos de las políticas de los Estados miembros: el CESE está esencialmente de acuerdo, pero recuerda que los gobiernos deben afrontar a menudo exigencias ineludibles en materia de política interna o relacionadas con circunstancias exógenas (crisis energéticas, actos bélicos, etc.) que escapan a su control.

1.2 La sostenibilidad a largo plazo de las políticas presupuestarias se hace aleatoria cuando no hay continuidad en la línea política de los sucesivos gobiernos. Lo mismo puede decirse de las reformas estructurales, que se ven influidas por un considerable grado de subjetividad en función de las orientaciones del gobierno de turno. Aun teniendo en cuenta estas circunstancias, el CESE se muestra de acuerdo con la Comisión en la necesidad de llevar a cabo las reformas estructurales manteniendo una continuidad en la política.

1.3 La flexibilidad de los mercados de bienes y servicios es un aspecto de la política económica en el que los gobiernos han de perseguir el consenso de los interlocutores sociales. La liberalización, que ha tenido resultados de diverso signo en los distintos países y en función del sector respectivo, debe llevarse a cabo con prudencia y teniendo presentes las especificidades de cada país y sector.

1.4 La integración de los mercados financieros, algo que ya se ha conseguido en gran parte para los servicios «de empresa», plantea más problemas por lo que respecta a los mercados minoristas. Por otra parte, los obstáculos son, en su mayoría, de carácter objetivo (diferencias lingüísticas, características de los servicios, etc.). Se trata de problemas que pueden resolverse no por vía legislativa o reglamentaria sino, en la medida de lo posible, por el propio mercado. Las normas existentes deberían ser suficientes para avanzar en esta integración; a lo sumo, se necesitan normas para asegurar una protección óptima de los intereses de los consumidores y, cuando sea preciso, la vigilancia de los mercados.

1.5 Como preconiza la Comisión, el marco salarial debería incorporar las implicaciones de la unión monetaria. Por su parte, el CESE espera que se establezca una convergencia de las políticas económicas, monetarias y de empleo mediante la institución de reuniones mixtas entre el Grupo del euro y el Consejo de Empleo y Asuntos Sociales. Aunque sólo fuera por cuestión de principio, esta convergencia podría contribuir con el tiempo a introducir una verdadera armonización de las distintas políticas.

1.6 La recomendación de la Comisión de tener más en cuenta la dimensión internacional responde a una crítica que ya formuló el CESE, incluso antes de que se adoptara el euro. La emergencia de los países asiáticos no debería percibirse como una amenaza sino, más bien, como un desafío que hay que afrontar en el plano de la competitividad y la innovación.

1.7 La promoción de la zona euro deberían llevarla a cabo con convicción los gobiernos: convendría que no achacaran al euro los problemas de sus respectivas economías nacionales y que no silenciaran las ventajas que ha reportado la adopción de una moneda única. Además, sería deseable que aquellos países que no adoptaron el euro cuando éste entró en circulación manifestaran claramente sus intenciones para el futuro. Esto no sólo serviría para informar a la opinión pública de la zona del euro, sino también para posibilitar la definición de las futuras políticas del euro a sabiendas de cuáles y cuántas economías formarán parte de dicha zona.

1.8 El CESE destaca que la importancia que ha cobrado el euro como moneda internacional debería permitir proponer nuevamente su candidatura para ocupar un puesto en el Fondo Monetario Internacional. No se trata de forzar la salida de uno de sus miembros actuales, sino de incorporar otro más. La objeción en el sentido de que los estatutos del FMI no lo contemplan parece poco consistente o un mero pretexto.

1.9 Una idea más bien controvertida, formulada con el único objetivo de tantear el terreno con vistas a un posible examen de esta cuestión en el futuro, es la de crear un fondo de estabilización europeo, alimentado con los superávits fiscales de los períodos favorables, para financiar proyectos de interés comunitario.

1.10 En líneas generales, el Comité considera aceptable el informe de la Comisión aunque aprovecha la ocasión para destacar que este documento, al igual que ocurre con toda la abundante documentación relativa al euro, pasa completamente por alto la relevancia que aporta la dimensión política de la moneda única. El significado del euro y sus consecuencias y perspectivas van bastante más allá de las meras implicaciones económicas, financieras o sociales: el verdadero valor aglutinante de la Unión reside precisamente en aunar los intereses de distintos países haciéndolos confluir en una moneda común.

2. Introducción

2.1 La Comisión ha publicado una Comunicación sobre la marcha de la economía de la UE en 2006 centrándose, en particular, en las prioridades políticas para el reforzamiento de la zona del euro. Este documento se basa en otro titulado «Adjustment Dynamics in the Euro area — Experiences and Challenges» (1), que, como es frecuente, constituye una valiosa fuente de referencia para profundizar en la materia.

2.2 El CESE ya ha adoptado la costumbre de formular sus observaciones al documento anual de la Comisión a través de un dictamen de iniciativa (2). Lo que se pretende con este dictamen es reclamar y corroborar las posiciones y recomendaciones formuladas con anterioridad, que se recordarán en este texto cuando se estime necesario. Esto servirá también de contribución a las reflexiones sobre el funcionamiento de la UEM, con la introducción de nuevos elementos como, por ejemplo, el Consejo mixto de Ministros de economía y empleo de la zona del euro o la propuesta, con carácter exploratorio, de crear un fondo de estabilización europeo.

2.3 Por otra parte, visto desde una perspectiva histórica de la creación de la moneda única, no se puede dejar de constatar que algunas medidas adoptadas o recomendadas recientemente por la Comisión han venido a confirmar las observaciones que ya formuló el CESE en un dictamen de 1997 (3) a propósito de la rigidez de algunos de los conceptos que inspiraron el Pacto de estabilidad y crecimiento. Por aquel entonces podía observarse ya que no se habían tenido debidamente en cuenta las características coyunturales y las políticas nacionales al determinar los parámetros de referencia y su aplicación. No se adoptaron entonces las sugerencias formuladas por el CESE, y el tiempo ha demostrado su validez (4).

2.4 La inicial falta de realismo se refleja ahora en las críticas — justificadas, aunque previsibles desde un primer momento — que se han vertido a las políticas económicas de los países de la zona del euro: la elaboración de los presupuestos nacionales debería inspirarse en hipótesis macroeconómicas comunes. La voluntad de la Presidencia, que se hizo manifiesta en la reunión celebrada por los ministros de la zona del euro el 6 de noviembre de 2006, no ha podido materializarse con hechos: aún queda mucho para que la elaboración de los presupuestos nacionales se inspire en la necesaria coordinación de las políticas económicas.

2.5 Por otra parte, es necesario darse cuenta de que una coordinación de las políticas económicas resulta excesivamente difícil cuando cada país registra situaciones socioeconómicas y objetivos políticos diferentes y, a veces, divergentes. Lograr que estas políticas fuesen convergentes supondría ya un gran paso adelante. La convergencia depende de numerosos factores, pero principalmente del empleo, un factor cuyas dimensiones y características son el resultado del conjunto de otras políticas.

2.5.1 Las orientaciones generales de la política económica y las directrices de la estrategia europea de empleo son ya dos estrategias integradas. Se podría lograr una convergencia de la máxima amplitud, aunque sólo fuera como un intento por lograr con el tiempo una armonización, a través de una reunión mixta entre el Grupo del euro y el Consejo de Empleo y Asuntos Sociales en su vertiente «Eurozona». Las observaciones formuladas en esta reunión podrían ofrecer valiosos elementos de juicio de cara a la reunión anual del Consejo de primavera.

3. El documento de la Comisión

3.1 En tres capítulos de encomiable concisión, la Comunicación hace un balance de las experiencias, las consideraciones específicas y las recomendaciones de la Comisión. Se han evitado aquellas afirmaciones que ya se aceptan sin problemas y la repetición de principios que, con el paso de los años, han entrado a formar parte de las directrices de la política económica.

3.2 Balance de las experiencias de los primeros años del euro

3.2.1 La Comisión se remite a los debates previos al lanzamiento del euro en 1999: la cuestión fundamental estribaba ya por aquel entonces en «la forma en que los países participantes se ajustarían a las perturbaciones y a las diferencias de competitividad en un contexto de escasa movilidad de la mano de obra, integración incompleta de los mercados de productos y servicios y conservación de la autonomía nacional en materia presupuestaria». Estos interrogantes persisten hoy en día, aunque no se han confirmado las dudas de quienes formulaban previsiones pesimistas y auguraban una «vida breve» a la unión monetaria.

3.2.2 Los éxitos o, por lo menos, los aspectos positivos de que ha dado prueba el euro son incontestables: la moneda es fuerte y estable, ha reaccionado bien a las perturbaciones comunes de carácter externo e interno, y ha servido eficazmente para luchar contra la inflación. Los Estados miembros se han beneficiado de condiciones de financiación que figuran «entre las más favorables jamás registradas». En opinión del CESE, a estas ventajas cabe añadir la de haber protegido a diversos Estados miembros de la zona del euro de la inflación que sus monedas nacionales habrían sufrido con toda seguridad por el empeoramiento de las condiciones económicas y presupuestarias. El euro, segunda moneda mundial, ha protegido a los Estados miembros de unas perturbaciones monetarias y financieras que habrían obstaculizado el crecimiento, destruido puestos de trabajo y arruinado la confianza de los agentes económicos.

3.2.3 Estos éxitos contrastan, no obstante, con algunos aspectos que siguen siendo problemáticos. En numerosos casos, las economías a título individual se han adecuado a duras penas y con resultados muy distintos al desarrollo de sus economías. Estas divergencias se han reflejado en las tasas de inflación y de crecimiento. Los ajustes ocasionados por la ralentización de las economías deberían haber permitido una tendencia de crecimiento más rápido a medio plazo, una vez deducida la pérdida de competitividad inicial. Éste no ha sido el caso o, por lo menos, sólo lo ha sido de manera parcial. «De modo más general», concluye la Comisión, «la zona del euro no ha logrado todavía alcanzar un periodo sostenido con un alto nivel de crecimiento y empleo». El CESE se reserva para más adelante sus observaciones a esta afirmación.

3.2.4 Por otra parte, la Comisión reconoce que las dificultades del ajuste no se deben únicamente, o de manera primordial, a los retrasos en la aplicación de las reformas fiscales y estructurales: estas dificultades podrían imputarse también a la disciplina impuesta por las reglas de la unión monetaria.

3.2.5 Durante los primeros años de la UEM se han constatado desequilibrios y fluctuaciones en los tipos de cambio efectivos reales. A esto hay que añadir, en algunos Estados miembros, el fuerte descenso de los tipos de interés y «la relajación de las condiciones de crédito para las economías domésticas al mejorarse el acceso al crédito en un mercado financiero más integrado», con efectos directos en el consumo de bienes duraderos o no duraderos. Por lo que respecta, en particular, a los bienes duraderos (inmuebles), algunas economías se han resentido con las masivas inversiones realizadas en el extranjero, algo que ha agravado aún más los déficits por cuenta corriente.

3.2.6 Aunque parte del ejemplo de los Países Bajos, una afirmación de carácter general por parte de la Comisión es la que se refiere al «riesgo que implica la elaboración de políticas fiscales en coyunturas favorables». En los Países Bajos, una coyuntura muy favorable a principios de la década resultó en efectos procíclicos en los mercados laboral y financiero y, en definitiva, en la política fiscal. Condiciones externas a la economía provocaron posteriormente una repentina contracción que impuso, a su vez, la adopción de drásticas contramedidas de contención.

3.2.7 Los precios y los salarios también han desempeñado un papel ante esta problemática: en el plano nacional, se han adecuado con demasiada lentitud a los cambios de ciclo a pesar de un contexto general de moderación salarial que, entre otros aspectos, ha contribuido a reducir el desempleo. El débil crecimiento de la productividad ha hecho sentir la carga de la depreciación real tanto en los precios como en los salarios, aunque principalmente en estos últimos. Estos fenómenos interactúan a escala internacional provocando desajustes en la demanda y repercusiones en la competitividad.

3.2.8 Por último, la convergencia nominal y real ha registrado resultados divergentes aunque, si nos tomamos la molestia de analizar los hechos de manera crítica y objetiva, también instructivos. La Comisión afirma que las distintas tendencias son «en parte» el reflejo de las distintas políticas nacionales. A modo de digresión, el CESE observa que la coyuntura mundial y europea ha tendido a influir de manera uniforme en todos los países. Si bien ha habido divergencias, éstas se han debido «en gran parte» a las políticas nacionales. Los ejemplos mencionados por la Comisión de España, Italia, Portugal e Irlanda son una prueba evidente de que, ante coyunturas favorables, las políticas presupuestarias de «cigarra» y «hormiga» han dado pie a resultados totalmente distintos.

3.3 Intervenciones necesarias para el buen funcionamiento del euro

3.3.1 Es preciso prestar la máxima atención a este capítulo, ya que las cinco«consideraciones específicas» que se examinan a continuación constituyen o, mejor dicho, «coinciden» con las prioridades de la Comisión para los próximos años.

3.3.2 Primera consideración: Aplicar las políticas presupuestarias con mayor prudencia. Las medidas que se deben adoptar coinciden en esencia con las aprobadas con motivo del Pacto revisado de estabilidad y crecimiento, que deberían haber sido ya asimiladas por todos los gobiernos, y no sólo los de la zona del euro. Todo ello se traduce en una recomendación que, aun siendo obvia, es evidente que no se toma siempre en consideración a la hora de trazar los planes anuales: tener presente la sostenibilidad a largo plazo en las políticas presupuestarias.

3.3.3 Segunda consideración: Mayor flexibilidad de los mercados de bienes y servicios. La Comisión habla de alcanzar una «mayor flexibilidad de los precios a la baja», algo imposible de alcanzar si éstos son rígidos: en esta situación surgen reticencias a adaptar los salarios nominales, ya que ello daría lugar a reducciones más patentes en los salarios reales. Igualmente, es necesario fomentar una reasignación de recursos entre empresas y entre sectores. Todo esto — flexibilidad de los precios y redistribución de recursos — depende de la creación de unos mercados abiertos y competitivos. Igualmente, podría ser necesario revisar las políticas fiscales y de gasto (o algunos de sus aspectos), tanto a nivel comunitario como nacional y regional.

3.3.4 Tercera consideración: Acelerar la integración de los mercados financieros. En este ámbito se han registrado importantes progresos aunque, según la Comisión, deben proseguir los esfuerzos para aprovechar el potencial de los mercados financieros en la zona del euro: una mayor integración puede atenuar el impacto de las perturbaciones económicas en las rentas y en los mercados crediticios nacionales. El Plan de acción para los servicios financieros y las iniciativas ya en curso deberían ofrecer resultados significativos.

3.3.5 Cuarta consideración: Incorporar las implicaciones de la unión monetaria al marco salarial. Los interlocutores sociales implicados en los procesos de negociación deberían disponer de la información necesaria para calcular la coherencia del aumento de las retribuciones y valorar así sus implicaciones en los procesos de ajuste. Una política salarial coherente con los planes de desarrollo podría evitar «rebasamientos» significativos en los tipos de cambio efectivos reales dentro de la zona del euro.

3.3.6 Quinta consideración: Tener en cuenta la dimensión internacional. Este aspecto debería considerarse de «forma más sistemática». Las políticas económicas de la zona del euro y a nivel nacional han infravalorado a menudo este aspecto, tan importante a la hora de determinar las políticas económicas. La repercusión del euro o, mejor dicho, de sus tipos de cambio en otros protagonistas de la economía mundial debe valorarse con atención, ya que de ello depende la estrategia de los intercambios comerciales, de las finanzas y de la política económica.

3.4 Vías de avance hacia una zona del euro más fuerte

3.4.1 El documento de la Comisión señala en este capítulo las medidas necesarias para reforzar y completar la unión monetaria, una prioridad acuciante en el contexto internacional actual. En particular, incluye una frase que merece ser destacada y recordada: «Las recientes divergencias han reflejado en cierto grado los factores que afectaron inicialmente a las economías nacionales en su preparación para la creación de la zona del euro en 1999». Con esta frase pueden explicarse, al menos en parte, las divergencias políticas y de crecimiento que han caracterizado estos últimos nueve años.

3.4.2 A continuación se presenta una lista, por títulos, de estas «vías»señaladas por la Comisión, ya que su contenido puede intuirse en gran medida por el título y por el enorme volumen de documentos que existe sobre cada materia. Estas vías de avance son las siguientes: a) acelerar las reformas estructurales y fomentar la integración; b) seguir mejorando las situaciones presupuestarias y la calidad de los presupuestos nacionales; c) reforzar la coordinación dentro y fuera de la zona del euro; d) promover la ampliación de la zona del euro; e) acercarse más a los ciudadanos. El CESE comentará más adelante cada uno de los puntos correspondientes.

4. Observaciones del CESE

4.1 Primera consideración: Aplicar las políticas presupuestarias con mayor prudencia

4.1.1 El Comité se muestra de acuerdo con las críticas vertidas por la Comisión — en ocasiones implícitas pero, en cualquier caso, transparentes — a las políticas de algunos Estados miembros, que se guían a menudo más por el deseo de presentar unos planes anuales acordes con las normas de convergencia que por la necesidad de adoptar una estrategia de reforzamiento presupuestario. Por otra parte, hay que ver estas críticas desde una óptica que el Comité ya expuso bastante antes de la adopción de la moneda única (5): ningún gobierno es completamente dueño de adoptar una política presupuestaria propia — y apropiada —, con independencia de limitaciones y condicionamientos.

4.1.2 Además de las limitaciones impuestas por las normas de convergencia — cuya inclusión ya se presupone en una política presupuestaria «adecuada» —, existen otras de carácter interno y externo. Entre las limitaciones de carácter interno basta con citar aquellas de tipo estructural o imputables a reformas estructurales aún por ejecutar. Entre las de carácter externo, cabe recordar la marcha general de la economía mundial y, en particular, la «factura energética», un factor que presenta características muy diversas de un país a otro y que nunca se considera una causa para explicar la divergencia de las políticas económicas. Por otro lado, hay que admitir cuán distinta es la situación de aquellos países cuyo aprovisionamiento depende por completo, o casi por completo, del extranjero y la de aquellos otros países que presentan un balance menos negativo y que, en algunos casos, son incluso exportadores.

4.1.3 El Comité constata que las reformas estructurales — tal como se entienden más adelante en el punto 4.1.6 — han dado en todo momento los resultados deseados: así pues, es necesario garantizar una mejor coordinación entre estas reformas, dentro de cada país y a escala comunitaria, y una mayor coherencia con las políticas macroeconómicas de apoyo a la competitividad y el empleo. Hasta ahora no ha sido siempre así y, de hecho, la decepcionante evolución del crecimiento, que obedece a una tendencia bastante parecida en todos los países, muestra que, hasta cierto punto, el crecimiento ha sido en determinados países casi una «variable independiente» de las reformas.

4.1.4 La recomendación de tener presente la sostenibilidad a largo plazo en las políticas presupuestarias (punto 3.3.2) merece un comentario aparte. Estas políticas son siempre un crisol de consideraciones de carácter socioeconómico y de orientaciones políticas. Si se examina la historia de los países de la zona del euro en los últimos diez años, se puede constatar que son muy pocos los que han mantenido una «estabilidad política»: al timón de estos países se han alternado gobiernos de distintas tendencias, algo, por otra parte, normal y deseable en un régimen democrático. Sin embargo, es precisamente esta alternancia la que hace aleatoria la redacción de planes de sostenibilidad a largo plazo (6): de hecho, su fiabilidad depende de la estabilidad temporal de los gobiernos, sin olvidar, naturalmente, otros muchos factores exógenos.

4.1.5 Un aspecto particular de las reformas estructurales es el nivel de la deuda pública que alcanzan algunos países, sensiblemente superior al parámetro fijado por los criterios de Maastricht (60 % del PIB) y que no muestra una evolución positiva apreciable de un año a otro. En opinión del Comité, no basta con reducir esta deuda gracias al superávit presupuestario de algunos años favorables o por medio de intervenciones aisladas (las denominadas «one-shot operations»): es necesario mejorar la eficiencia del gasto público y, en caso de que esta medida se revelara insuficiente, una revisión radical de su estructura.

4.1.6 Así pues, la «vía de avance» señalada por la Comisión en el punto 3.4.2. a) (acelerar las reformas estructurales) está plagada de obstáculos y sometida a un considerable grado de subjetividad en función de las orientaciones políticas. Las reformas estructurales (pensiones, sanidad, administración pública, liberalización, energía) tienen una fuerte repercusión social e implican de manera decisiva — aunque esto difiere de un país a otro — a los interlocutores sociales. Ningún gobierno puede adoptar medidas — racionales o no — que no sean compartidas por la ciudadanía. La historia reciente demuestra que, a menudo, las reformas estructurales son fruto de un compromiso entre exigencias diversas y, en ocasiones, divergentes: las reformas «racionales» abstractas han de tener en cuenta las exigencias reales e ineludibles.

4.1.7 El Comité reconoce la importancia de que se lleven a cabo reformas estructurales bien concebidas y coordinadas entre los Estados miembros. No obstante, algunas de ellas pueden crear inquietud y provocar que los hogares, por prudencia, aumenten su tasa de ahorro. Aun cuando, expresada en puntos porcentuales, la evolución de las tasas de ahorro haya parecido hasta la fecha insignificante, ello deja de ser así cuando se expresa en valores absolutos. Así, entre 2001 y 2005, la tasa de ahorro aumentó menos de un punto porcentual, lo que equivale a una suma de casi 50 000 millones de euros que, sin embargo, no ha ido a parar a gastos de consumo (7). Según algunas opiniones, esta circunstancia podría tener un valor positivo: un incremento del consumo por debajo del incremento del ahorro podría significar también una mayor confianza de los ciudadanos en el futuro de la economía. Por el contrario, otros dirigen su atención a la inversión en el extranjero, a la vez que lamentan que ésta sea superior a la que se destina a Europa. Son enfoques distintos que, por otra parte, deberían confluir en la consideración de que el aumento en Europa de la inversión extranjera constituye, en definitiva, un efecto positivo de la globalización.

4.2 Segunda consideración: Mayor flexibilidad de los mercados de bienes y servicios

4.2.1 La Comisión subraya que «los presupuestos deben contribuir más al ajuste» de la flexibilidad en los mercados de bienes y servicios. Por flexibilidad se entiende «flexibilidad a la baja», en contraposición a las experiencias registradas durante los primeros años en la zona del euro. Una manera de alcanzar este resultado pasaría por reducir la rigidez de los precios y favorecer una mejor reasignación de los recursos entre empresas y entre sectores: de este modo se favorecería una política salarial más coherente con la exigencia de mantener unos niveles salariales adecuados y reducir los costes sociales en los procesos de ajuste cíclico.

4.2.2 Aunque es probable que el razonamiento de la Comisión sea correcto, el CESE se pregunta si es realista y, en cualquier caso, válido para cualquier situación y cualquier país. La integración de los mercados nacionales (segunda parte del punto 3.4.2 a)) puede verse favorecida, en parte, por una política gubernamental de incentivos, aunque la política salarial depende, en gran medida, de las consultas y contactos entre los interlocutores sociales. Por lo tanto, la flexibilidad de los precios en un régimen de libre mercado no es independiente de las disposiciones gubernamentales en todo momento ni en todo lugar. En la práctica, depende de que se alcance un acuerdo entre las distintas partes; esto es, gobierno, empresarios y trabajadores. Lo mismo cabe afirmar, en cierta medida, de la reasignación de los recursos entre empresas y sectores que, si bien puede verse indudablemente favorecida por medidas fiscales o reguladoras, al final depende de las oportunidades del mercado y del acuerdo entre los interlocutores sociales.

4.2.3 Capítulo aparte merece la liberalización, que puede conllevar un aspecto de reasignación de recursos entre empresas. A pesar de una adhesión formal por principio, en la práctica se observa que la liberalización se planea y ejecuta de diversa manera y en medida distinta en cada país, según orientaciones políticas nacionales diferentes y, en ocasiones, divergentes. El efecto de esta medida en los precios (otra cuestión aparte es la calidad) y en la competencia es un tema abierto a debate cuyas conclusiones apuntan a que no siempre, ni en todo lugar, ha ofrecido los resultados esperados. Por último, la flexibilidad de los precios y el ajuste de la política salarial dependen también de la posibilidad de llevar a cabo la liberalización. Y todo ello a condición de que se realice cuando lo permita el mercado y de que la competencia que se derive de ella reporte ventajas reales para los consumidores.

4.3 Tercera consideración: Acelerar la integración de los mercados financieros

4.3.1 El Plan de acción para los servicios financieros lanzado hace tres años ha dado buenos resultados (la Comisión habla de «importantes progresos»), tanto por lo que respecta a los sistemas de pago como a los mercados financieros, de valores y de servicios bancarios de empresa. En estos sectores, puede decirse que la integración financiera se halla en avanzada fase de realización. Aún deben darse pasos en lo referente a las medidas de vigilancia, el ejercicio del derecho de voto y la fusión entre empresas, todas ellas medidas necesarias que, sin embargo, no constituyen un verdadero obstáculo para la integración ya en marcha.

4.3.2 El problema que ha señalado la Comisión acerca del mercado minorista en el ámbito crediticio y en los servicios financieros en general merece un comentario aparte. Se afirma que «una mayor integración financiera puede atenuar el impacto de las perturbaciones económicas sobre las rentas y sobre los mercados de crédito nacionales». Si bien es indudable que se trata de una afirmación fundada, sigue siendo discutible que pueda llevarse a cabo con determinación. Por lo que respecta a los productos financieros, la integración a escala comunitaria es un hecho adquirido: nada impide a un ciudadano de cualquier país comprar o vender valores mobiliarios en otro país. En lo referente a los servicios financieros y, en particular, el crédito, la situación es más compleja: una integración en el ámbito europeo no es una meta fácil de alcanzar a corto plazo.

4.3.3 En un caso anómalo, como lo es también el de los servicios de seguros, los servicios financieros implican un riesgo para el vendedor: la viabilidad de toda transacción depende de la fiabilidad del cliente. Por ello, es necesario recabar información en un país distinto del vendedor y, por lo tanto, redactar un contrato que prevea, entre otros aspectos, las modalidades para la regulación de eventuales litigios e insolvencias. Si todo esto no plantea problemas en el mercado nacional, una integración a escala comunitaria con las mismas reglas prevé el uso de lenguas distintas y el cumplimiento de la legislación — y posiblemente la competencia de los tribunales — del país del comprador. Estas condiciones ocasionan costes, complicaciones y obstáculos difícilmente superables por vía legislativa o reguladora. La vía practicable, y practicada, es la apertura de filiales del vendedor en el país (o países) del comprador: en este caso, ya no se puede hablar de integración de los mercados sino, más bien, de ampliación del mercado interior según los principios de libertad de establecimiento. El resultado beneficioso que se consigue de este modo es el reforzamiento de la competencia en los mercados nacionales y mayores posibilidades de elección para los consumidores.

4.3.4 Por consiguiente, no se puede perseguir una mayor integración de los mercados financieros minoristas a corto plazo mediante iniciativas legislativas o exhortaciones: los esfuerzos de la Comisión y de los Estados miembros deberían orientarse a alcanzar metas razonablemente asequibles y olvidarse de objetivos difíciles de alcanzar.

4.3.5 A modo de conclusión, el CESE coincide con las recomendaciones de la Comisión sobre la necesidad de acelerar la integración de los mercados financieros como un medio para distribuir mejor los recursos financieros, asignándolos allí donde son más necesarios. Por otra parte, subraya que las normas vigentes (y otras complementarias sometidas actualmente a examen) son suficientes para asegurar una integración basada en las leyes del mercado; a lo sumo, se necesitan normas para garantizar una protección mejor y más uniforme de los intereses de los consumidores.

4.4 Cuarta consideración: El marco salarial debe incorporar las implicaciones de la unión monetaria

4.4.1 El Comité manifiesta cierta sorpresa por una frase de la Comisión en la que afirma que los interlocutores sociales no disponen de la información necesaria sobre el alcance y las implicaciones de las distintas líneas de acción y que, en consecuencia, llevan a cabo una política salarial irrazonable. Esta posición no parece coincidir con lo que afirmó la propia Comisión en un estudio (8) en el sentido de que, en el período 1999-2005, el desarrollo de los salarios nominales en la zona del euro había sido coherente con el objetivo de la estabilidad de precios, lo que se tradujo en un crecimiento negativo del 0,4 % en el coste unitario del trabajo en términos reales. Por lo demás, parece evidente que la mejora de las condiciones económicas no se ha traducido hasta la fecha en una aceleración del crecimiento salarial, lo que significa que la evolución del coste unitario del trabajo ha seguido alineándose con los principios de la estabilidad de los precios y un crecimiento favorable a la creación de empleo. Por lo general, los productores han conseguido mantener sus márgenes de beneficio a pesar de la presión ejercida por unos factores de costes distintos a los del trabajo y la intensificación de la competencia internacional.

4.4.2 El Comité ya se pronunció sobre este tema en un dictamen (9) de 2003, que sigue siendo totalmente válido. Se señalaba que, aun cuando los salarios constituyen un factor de competitividad, también alimentan la demanda en el mercado interior. El CESE subrayaba que se debería asegurar un crecimiento a medio plazo que siguiera el aumento de la productividad, a fin de mantener el equilibrio entre una evolución suficiente de la demanda y el mantenimiento de la competitividad de los precios.

4.4.3 En este contexto, el CESE recuerda las conclusiones del Consejo de Ministros de Empleo de enero de 2007, así como las del Eurogrupo de febrero de 2007 sobre la necesidad de crear condiciones salariales dignas y repartir mejor los beneficios del crecimiento.

4.4.4 El Comité insiste en su posición, que defiende desde hace mucho tiempo, de que convendría reforzar el diálogo macroeconómico, a fin de mejorar la coordinación y las sinergias entre los diferentes pilares (monetario, presupuestario y salarial) de la política macroeconómica. Además, esta falta de coordinación refuerza la convicción del CESE de que resultaría más que útil, necesario, establecer un sistema de reuniones conjuntas del Eurogrupo con el Consejo de Ministros de Empleo (véase el punto 2.5.1).

4.4.5 Aunque la Comisión expresa su descontento con la evolución del crecimiento económico y el empleo, sorprendentemente no aprovecha la ocasión para reflexionar sobre la idoneidad de la orientación actual de las políticas macroeconómicas y la combinación de políticas recomendada. Mientras siga sin modificarse la concepción de las políticas presupuestaria y monetaria, no se puede pedir que la única que se ajuste a las exigencias de la Unión Monetaria sea la política salarial. Una política de este tipo trasladaría a los interlocutores sociales la responsabilidad de compensar los errores en las demás políticas.

4.5 Quinta consideración: Tener en cuenta la dimensión internacional

4.5.1 Las consideraciones de la Comisión sobre la necesidad de tener en cuenta la dimensión internacional constituyen un punto de pleno acuerdo que incluso destaca por su obviedad. Si cabe hacer alguna observación, ésta es que la Comisión y el Consejo infravaloraron precisamente este factor en la redacción del texto original del Pacto de estabilidad y crecimiento, y ello a pesar de las recomendaciones formuladas por el CESE, que puso de manifiesto el carácter aleatorio de los planes a largo plazo ante lo imprevisible de los acontecimientos políticos en el contexto mundial. No es necesario recordar que los acontecimientos de la última década han venido a confirmar ampliamente esta aseveración. La próxima década se presenta, si cabe, aún más imprevisible. Así pues, el «tener en cuenta la dimensión internacional» en la formulación de los planes a medio y largo plazo tiene un valor más bien teórico

4.5.2 Por lo que respecta a los planes anuales, es evidente que todos los Estados miembros, pertenecientes o no a la zona del euro, se ven afectados por la marcha del comercio mundial y por dos aspectos en particular: las vicisitudes relacionadas con el petróleo y la creciente competencia de las potencias asiáticas. El grupo de países que menos dependa del petróleo se resentirá en menor medida de la evolución cíclica de los precios. En cambio, existe otro grupo sometido enormemente a las perturbaciones coyunturales, que influyen consiguientemente en los precios internos y en la competitividad.

4.5.3 Del mismo modo, la aparición de los países asiáticos abre nuevos mercados a los países europeos más competitivos, mientras que socava la posición de aquellos otros países que han hecho menos hincapié en la competitividad y en la innovación. En opinión del Comité, se ha hecho demasiado énfasis en la tesis de que la posición de inferioridad competitiva se debe a los tipos de cambio del euro frente a las monedas asiáticas y el dólar; en gran parte, este defecto es estructural y debería ser objeto de un drástico replanteamiento de las políticas por parte de los gobiernos y de los interlocutores sociales.

5. Las otras vías de avance

5.1 Ya se han formulado observaciones a algunas «vías de avance» en los comentarios referentes a las distintas «consideraciones». A continuación se ofrecen algunos argumentos complementarios en relación con otros aspectos tratados por la Comisión.

5.2 El Comité considera que la Comisión no debería limitarse a un planteamiento puramente economicista de la UE ni olvidarse de la dimensión política. La zona monetaria no es un fin en sí misma: es un componente de un proyecto más amplio de sociedad civil, de una «voluntad de vivir juntos». No faltan ejemplos en la historia para demostrar que las zonas monetarias entre países que no han avanzado por la vía de la integración se han visto abocadas a la implosión (10). «El paso al euro no debe abordarse y proyectarse como un simple cambio técnico en la moneda, sino como una conversión importante con efectos económicos, monetarios y sociales significativos» (11). Es preciso recordar este mensaje cuando los Veintisiete acometan la revisión del Tratado para salir de una crisis institucional que, entre otros muchos motivos, también es consecuencia de un amplio malestar económico y social.

5.3 «La promoción de la zona del euro» (punto 3.4.2 d)) constituye un punto que merece la pena comentar. La Comisión enumera las ventajas de que se beneficiarían los países que ya forman parte del Eurogrupo y sus nuevos miembros; sin embargo, por lo que respecta a estos últimos, parece pensar únicamente en aquellos «que preparan su adhesión al euro», evidentemente los países que se han incorporado más recientemente. No se dedica una sola línea a comentar la ausencia permanente de aquellos países que ya formaban parte de la Unión en el momento de la adopción del euro y que optaron por permanecer al margen, opción que valdría la pena someter nuevamente a debate. El CESE, en su deseo de que estos países puedan revisar sus decisiones, considera que un comentario de la Comisión sería clarificador para decidir si se debe descartar definitivamente una hipotética adhesión de los países que han optado por permanecer al margen. Esta información es uno más de los elementos que contribuyen a adoptar decisiones sobre las futuras estrategias del euro. Por otra parte, no se entiende cómo los planes a medio y largo plazo de los países al margen del Eurogrupo pueden pasar por alto la posibilidad, o la voluntad, de adoptar la moneda única.

5.4 El Comité pretende enviar un enérgico mensaje a los países de la UEM para que sigan esforzándose por cumplir los criterios de Maastricht y la convergencia de las políticas con el fin de alcanzar una convergencia real. Resulta absolutamente inaceptable la adopción manifiesta de políticas laxistas por parte de algunos sin que ello se vea justificado por condiciones excepcionales. Este comportamiento menoscaba su credibilidad ante los demás Estados miembros y, en definitiva, también la credibilidad de Europa en su conjunto.

5.5 Por último, la idea de «acercarse más a los ciudadanos» es un mensaje tan reiterado que ha terminado por convertirse en un «leit motiv». Sin embargo, el argumento reviste una importancia fundamental y requiere la responsabilidad directa de todos y cada uno de los gobiernos. Las ventajas del euro están a la vista de todos, siempre y cuando se quieran ver. Lo cierto es que, entre otras cosas, los gobiernos nacionales evocan la estabilidad de los precios o la mayor facilidad para acceder a los créditos como si fueran méritos propios. Cuando, por el contrario, se habla de «deméritos» (supuestos o reales) y, en particular, de la subida de los precios, se menciona al euro como responsable, también en aquellos casos en que la transición a la nueva moneda no ha sido la causa. En política, nadie tiene interés en atribuir los méritos a otros y, por el contrario, todos intentan buscar la manera de achacar los deméritos a los demás.

6. Otras observaciones del CESE

6.1 Además de las consideraciones que ha formulado al documento de la Comisión, el CESE llama la atención sobre otros dos argumentos con la intención de contribuir a nuevas reflexiones.

6.2 Ya se ha mencionado la dinámica de los cambios del euro como causa de los desequilibrios competitivos europeos frente a otros países y, en particular, los asiáticos. Como quiera que este aspecto puede considerarse concausa (aunque no la causa principal, como se señala en el punto 4.5.3), el Comité considera que es oportuno volver a solicitar, con mayor vigor, la atribución a la zona del euro de una plaza en el Fondo Monetario Internacional. En el pasado se lanzó la hipótesis de intercambiar esta plaza por la de los Estados miembros participantes en el FMI, pero ninguno de ellos parece tener intención de salir del FMI para dejar su puesto al euro. La solución ideal pasaría por solicitar al FMI un puesto suplementario para el euro, aunque a corto plazo parecería más realista aspirar a una coordinación de los representantes de los Estados miembros. Por otra parte, no se comprende por qué una moneda que desempeña un papel fundamental en los intercambios internacionales no ha de contar con representación propia. La objeción de que los estatutos del FMI no lo permiten resulta bastante endeble: la modificación de un estatuto parece poco si se compara con la manifiesta anomalía de que una de las principales monedas del mundo no pueda participar en la gestión de las políticas monetarias mundiales.

6.3 El Comité ve con gran escepticismo la idea de un fondo de estabilización europeo para corregir las diferencias en las tasas de crecimiento entre los Estados miembros (12). Para que sea posible un debate serio sobre este asunto, esta idea debería, en todo caso, seguir perfeccionándose.

Bruselas, 26 de septiembre de 2007. El Presidente del Comité Económico y Social Europeo Dimitris DIMITRIADIS

(1) Documento provisional que se inscribe en la serie «The EU Economy Review», editada por la DG de Asuntos Económicos y Financieros.

(2) Véase el anexo con la lista de los últimos dictámenes sobre las orientaciones generales de política económica.

(3) Dictamen del CESE sobre «Las disposiciones previstas para la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria: pacto de estabilidad y crecimiento para garantizar la disciplina presupuestaria, procedimientos de convergencia reforzados y nuevo mecanismo de tipos de cambio», DO C 287 de 22.9.1997, p. 74.

(4) Entre otras cosas, el CESE propuso que los parámetros de convergencia y, en particular, aquellos que se referían al déficit y a la deuda pública, fueran objeto «de una revisión periódica, por ejemplo cada diez años». Esta sugerencia fue rechazada, pero los acontecimientos han demostrado la necesidad de adoptar un pacto «revisado» de estabilidad y crecimiento incluso antes del plazo de diez años propuesto por el CESE.

(5) «No siempre los gobiernos están en condiciones de orientar a su antojo la economía de su país (…) y las previsiones, por muy fiables que sean, pueden resultar inexactas». Dictamen de 1997 ya citado en la nota 3.

(6) «Dada la inestabilidad de las perspectivas políticas y socioeconómicas — a nivel europeo, pero sobre todo mundial —, más que de programas habría que hablar de declaraciones programáticas, que serán vinculantes en la medida en que se adecuen a la evolución real de la coyuntura». Véase el Dictamen citado en la nota 3.

(7) Fuente: AMECO (base de datos de la DG ECOFIN).

(8) Comisión Europea, «The contribution of labour cost development to price stability and competitiveness adjustment in the euro area», Quarterly Report on the Euro Area, volumen 6, no 1, 2007. (Documento disponible únicamente en inglés.

(9) Véase el Dictamen del CESE sobre las «Orientaciones generales de política económica 2003-2005», DO C 80 de 30.3.2004, p. 120.

(10) La Unión Monetaria Latina (1861-1920) fracasó, en parte, por la falta de disciplina fiscal de sus miembros (Italia, Francia, Suiza, Bélgica y Grecia). La unión monetaria de 1873 entre Suecia (que por aquel entonces abarcaba también a Noruega) y Dinamarca se vino abajo cuando cambió el marco político. Por el contrario, la unión aduanera alemana del siglo XIX, que dio pie a una unión monetaria, fue un éxito gracias a la unificación política del país en 1871. Así pues, éxito monetario e integración política van de la mano siempre que esta unión se base en un elevado grado de coordinación de las políticas económicas y, por consiguiente, en un cierto grado de centralización.

(11) Resolución del Parlamento Europeo sobre la ampliación de la zona del euro (2006/2103(INI)), 1 de junio de 2006.

(12) Este fondo estaría sostenido por todos los Estados miembros con una parte del superávit fiscal que se genera en períodos favorables y destinado a financiar los proyectos reconocidos por el Consejo y el Parlamento Europeo como prioritarios y de interés comunitario. La objeción principal que suscita esta propuesta es la penalización y el consiguiente incentivo negativo que conlleva para una política presupuestaria disciplinada.