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Bruselas, 17.07.2006

COM(2006) 400 final

LIBRO VERDE

SOBRE EL CONFLICTO DE LEYES EN MATERIA DE RÉGIMEN MATRIMONIAL, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA JURISDICCIONAL Y RECONOCIMIENTO MUTUO

(presentado por la Comisión){SEC(2006) 952}

INTRODUCCIÓN

El presente Libro Verde abre una amplia consulta sobre las cuestiones jurídicas que se plantean en un contexto internacional en materia de regímenes matrimoniales y de efectos patrimoniales de las otras formas de unión. Su objetivo es presentar los distintos aspectos de esta materia que parecen requerir la adopción de normas legislativas a nivel comunitario.

La Comisión invita a todas las personas interesadas a enviar sus respuestas, así como cualquier otra contribución útil, antes del 30.11.2006, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad

Unidad C1 - Justicia civilB-1049 BruselasFax: + 32 (0) 2 299 64 57Dirección de correo electrónico: jls-coop-jud-civil@ec.europa.eu

Las personas que respondan a esta consulta deberán precisar si se oponen a que sus respuestas y observaciones se publiquen en el sitio Internet de la Comisión.

LÉXICO

Competencia jurisdiccional internacional: aptitud de los órganos jurisdiccionales de un país a conocer de un litigio internacional.

Conflicto de leyes: situación en la que dos o varias leyes nacionales pueden resultar de aplicación a relaciones (hechos, contratos, relaciones de familia, etc.) que presentan vínculos con más de un Estado. Las normas de conflicto de leyes determinan la ley interna más apropiada para regular la relación jurídica en cuestión.

Capitulaciones matrimoniales: convenio previo a la celebración del matrimonio, celebrado con el fin de organizar las relaciones patrimoniales entre los cónyuges.

Exequátur: procedimiento que permite la ejecución en el territorio de un Estado de una resolución judicial, un laudo arbitral, un documento público con fuerza ejecutiva o una transacción judicial dictados u otorgados en el extranjero.

Foro: órgano jurisdiccional competente o que conoce del litigio.

Régimen matrimonial: derechos patrimoniales de los cónyuges (" matrimonial property rights "). Los regímenes matrimoniales incluyen las normas jurídicas relativas a las relaciones patrimoniales de los cónyuges derivadas del matrimonio y sus consecuencias frente a terceros, en particular frente a sus acreedores.

Pareja registrada: convivencia de dos personas que viven en pareja y que han registrado esta unión ante una autoridad pública establecida por la ley de su Estado miembro de residencia. A los efectos del Libro Verde, esta categoría incluirá también las relaciones de las parejas no casadas vinculadas por un "contrato registrado" del tipo del "pacs" francés[1].

Unión libre (o cohabitación no marital o concubinato): situación en la que dos personas viven juntas de manera estable y continua sin que esta relación se haya registrado ante una autoridad.

La adopción de un instrumento europeo en materia de "regímenes matrimoniales" ya figuraba entre las prioridades del Plan de acción de Viena[2] de 1998. El Proyecto de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil[3], adoptado por el Consejo y la Comisión a finales del año 2000, preveía la elaboración de un instrumento sobre la competencia jurisdiccional y el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia de "regímenes matrimoniales y consecuencias patrimoniales de la separación de parejas no casadas". El Programa de La Haya, adoptado por el Consejo Europeo de 4 y 5 de noviembre de 2004, que estableció como primera prioridad la aplicación de este Programa de reconocimiento mutuo, así como el Plan de acción del Consejo y la Comisión relativo a dicha aplicación, invitaba a la Comisión a presentar un Libro Verde sobre “el conflicto de leyes en materia de régimen matrimonial, que incluya la cuestión de la jurisdicción y el reconocimiento mutuo"[4] [5].

Con el fin de abordar todos los aspectos patrimoniales del Derecho de familia, el Libro Verde incluye las cuestiones que afectan tanto al ámbito de los regímenes matrimoniales como al de los efectos patrimoniales de las otras formas de unión existentes. En efecto, en todos los Estados miembros son cada vez más numerosas las parejas que se forman al margen de todo vínculo matrimonial. Para tener en cuenta esta nueva realidad social, el citado Programa de reconocimiento mutuo se refiere a la necesidad de tratar asimismo la cuestión de las consecuencias patrimoniales de la separación de las parejas no casadas. El espacio de justicia debe en efecto responder a las necesidades concretas de los ciudadanos.

La mayor movilidad de las personas en un espacio sin fronteras interiores se traduce, en particular, en un aumento significativo de todas las formas de unión entre nacionales de Estados miembros diferentes o en la presencia de parejas en un Estado miembro del que no son nacionales, presencia que conlleva a menudo la adquisición de bienes situados en el territorio de varios países de la Unión. El estudio previo encargado por la Comisión en 2002[6] evidenció que más de 5 millones de extranjeros, nacionales de Estados miembros, vivían en un Estado miembro de la Unión distinto del propio, mientras que el número de extranjeros no ciudadanos de la UE afincados en la Unión rondaba en 2000 los 14 millones de personas. Este estudio cifra en unos 2,5 millones el número de inmuebles situados en Estados miembros diferentes del de la residencia de los cónyuges propietarios. La evaluación de impacto[7] de la Comisión correspondiente a su propuesta de Reglamento sobre la ley aplicable y la competencia en materia de divorcio puso de manifiesto que el número de divorcios internacionales en la Unión rondaba los 170.000 casos anuales, lo que representa el 16% de todos los divorcios.

En el momento del reparto o gestión del patrimonio de estas parejas se plantean con frecuencia dificultades prácticas y jurídicas, normalmente vinculadas a la gran disparidad entre las normativas - tanto de Derecho sustantivo como de Derecho internacional privado - que regulan la materia de los efectos patrimoniales del matrimonio y de las otras formas de unión en los Estados miembros.

LOS REGIMES MATRIMONIALES

La materia de los regímenes matrimoniales está excluida de los instrumentos comunitarios adoptados hasta ahora. Por otra parte, el Convenio de La Haya sobre la ley aplicable a los regímenes matrimoniales de 14 de marzo de 1978 sólo ha sido ratificado por Francia, Luxemburgo y los Países Bajos.

Dado que por el momento no cabe contemplar una armonización de las normas sustantivas, el presente Libro Verde abordará la cuestión fundamental de las normas de conflicto de leyes. Se adjunta al presente Libro Verde un resumen de las normativas internas de los Estados miembros en la materia.

El ámbito de aplicación de las normas de conflicto de leyes podría potencialmente cubrir un amplio abanico de cuestiones (la validez de los contratos, la liquidación y el reparto del patrimonio, etc.).

La cuestión de la competencia jurisdiccional se abordará naturalmente con vistas, entre otras cosas, a garantizar la coherencia entre las futuras normas y las que regulan los procesos judiciales en materia de divorcio y sucesiones. Resultaría asimismo conveniente buscar soluciones que dejen un cierto margen de autonomía a la voluntad de las partes para elegir el órgano jurisdiccional competente.

Los aspectos patrimoniales de los matrimonios se tratan frecuentemente de manera no contenciosa. Con el fin de simplificar la tarea de los profesionales del Derecho y responder eficazmente a los problemas concretos de los ciudadanos, es igualmente oportuno abordar la cuestión del papel y la competencia de las autoridades no judiciales, así como la del reconocimiento de los documentos y actos extrajudiciales dimanantes de estas autoridades.

Por último, la legislación europea debería asimismo, ciertamente, tender a facilitar la vida de los ciudadanos, previendo el registro de los regímenes matrimoniales en los Estados miembros.

Ámbito de aplicación

El Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003[8], relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, que entró en vigor el 1 de marzo de 2005, no cubre los efectos patrimoniales de la disolución del matrimonio.

Las materias ya cubiertas por instrumentos jurídicos anteriores, como las obligaciones de alimentos, reguladas por el Reglamento (CE) n° 44/2001[9], relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, vigente desde el 1 de marzo de 2002, así como por la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos[10], deberían lógicamente excluirse del ámbito de aplicación del futuro instrumento.

Por otra parte, conviene asimismo analizar si los otros aspectos personales del matrimonio deben quedar cubiertos por el futuro instrumento en la medida en que pueden producir efectos en el patrimonio de la pareja (como, por ejemplo el derecho de representación entre cónyuges, la protección del domicilio familiar, la contribución a las cargas del matrimonio, etc.).

Tradicionalmente, además, la materia de los regímenes matrimoniales regula tanto los efectos patrimoniales resultantes de la disolución del matrimonio como los nacidos en el transcurso de la relación matrimonial. Así pues, durante la vida en común, las deudas derivadas de actos comunes o individuales de los cónyuges deben imputarse al patrimonio común o individual de éstos, con el fin de repartir la carga entre ellos y frente a terceros.

Pregunta 1: a) ¿Es necesario incluir en el futuro instrumento algunos aspectos personales del régimen matrimonial no cubiertos por los citados instrumentos, o tan sólo los efectos patrimoniales que se derivan de la relación matrimonial? En caso afirmativo, ¿cuáles y por qué? b) ¿Debería el futuro instrumento aplicarse a los efectos patrimoniales derivados de esta relación en el transcurso de la vida en común o sólo en el momento de la separación o la disolución del vínculo? |

Normas de conflicto de leyes

Puntos de conexión y elección de la ley aplicable

Con el fin de simplificar la tarea de los profesionales del Derecho, las futuras normas deberían revestir un carácter universal, es decir, conducir indistintamente a la aplicación de la ley de un Estado miembro o a la de un tercer Estado.

La determinación de la ley aplicable a los regímenes matrimoniales presupone la definición de uno o más puntos de conexión.

Por último, habrá que determinar si el punto de conexión elegido debe ser el mismo para todos los aspectos de los regímenes matrimoniales cubiertos por la ley aplicable, o si es necesario utilizar puntos de conexión diferentes para algunos aspectos de la situación ("desmembramiento"). Nos referimos, en particular, a los bienes inmuebles, para los cuales el punto de conexión que a veces se utiliza es la ley del Estado en el que el bien está situado .

Pregunta 2: a) ¿Qué puntos de conexión deberían utilizarse para determinar la ley aplicable en materia de regímenes matrimoniales? Y en caso de que sean varios, ¿en qué orden de prioridad? (¿La primera residencia habitual de los cónyuges? ¿Su nacionalidad? ¿Otros puntos de conexión?) b) Si el futuro instrumento se aplica a todos los efectos patrimoniales derivados de la relación matrimonial, ¿es necesario prever los mismos puntos de conexión tanto para el período de vida en común de la pareja como para el momento de la ruptura de la relación matrimonial? Pregunta 3: ¿Debería utilizarse el mismo punto de conexión para todos los aspectos de la situación cubiertos por la ley aplicable, o se podrían utilizar puntos de conexión diferentes para los distintos aspectos ("desmembramiento")? En caso afirmativo, ¿cuáles son las situaciones que deben tenerse en cuenta? |

Es necesario, además, buscar una solución para los casos en que los puntos de conexión elegidos por la norma de conflicto de leyes (por ejemplo, el criterio de la residencia) se han modificado o desplazado en el tiempo. El Convenio de La Haya de 14 de marzo de 1978 admite así el cambio automático de la ley aplicable al régimen matrimonial cuando los cónyuges cambian de domicilio o nacionalidad (artículo 7), si ellos mismos no han designado la ley aplicable u otorgado capitulaciones matrimoniales. Los efectos del cambio de la ley aplicable al régimen matrimonial pueden tener efecto retroactivo o no según las soluciones nacionales.

Pregunta 4 :

¿Es necesario admitir el cambio automático de la ley aplicable al régimen matrimonial en caso de modificación de algunos puntos de conexión (como la residencia habitual de los cónyuges)?

En caso afirmativo, ¿puede este cambio tener efecto retroactivo?

El ejercicio de autonomía de la voluntad

La mayoría de los Estados miembros admiten la elección por los cónyuges de la ley aplicable en materia de regímenes matrimoniales. Si se contempla esta elección en un futuro instrumento, sería necesario obviamente prever un número limitado de puntos de conexión, y en particular los que presentan un vínculo efectivo con los cónyuges (por ejemplo, la ley del Estado de la residencia habitual o de la nacionalidad de uno de los cónyuges o de ambos, etc.). Conviene asimismo examinar si la elección de la ley aplicable debería someterse a determinados trámites y, en su caso, a cuáles.

Procede preguntarse si este acuerdo entre los cónyuges debe estar o no sujeto a una limitación en el tiempo, en el sentido de si se aplicaría solamente en la hipótesis de una disolución de la pareja, o también durante el periodo de vida en común de las partes. En este caso, habría que hacer lo posible por no lesionar los derechos de terceros.

Pregunta 5: a) ¿Debe admitirse la posibilidad para los cónyuges de elegir la ley aplicable a su régimen matrimonial? En caso afirmativo, ¿qué puntos de conexión pueden tenerse en cuenta para permitir esta elección? b) ¿Se debe permitir una elección múltiple que sometería unos bienes a una ley y otros bienes a otra ley? c) Esta elección ¿debe poder efectuarse o modificarse en cualquier momento, antes y durante la relación matrimonial, o solamente en un momento preciso (en el momento de la disolución del matrimonio)? d) En tal caso, si cambiara la ley aplicable, ¿debe el cambio ser retroactivo? |

Pregunta 6 :

¿Debemos armonizar las condiciones formales del acuerdo?

Normas de competencia jurisdiccional

Competencia de las autoridades judiciales

Los Estados miembros han adoptado criterios muy diversos para determinar la competencia jurisdiccional internacional en materia de regímenes matrimoniales.

Conviene tener en cuenta las normas comunitarias existentes, y en particular el ya citado Reglamento (CE) n° 2201/2003, que regula algunos efectos personales del matrimonio. Por otra parte, habida cuenta de los intereses que se verán afectados por el futuro instrumento, convendría mantener una cierta coherencia entre las normas de competencia jurisdiccional y las normas de conflicto de leyes, y prever la elección del órgano jurisdiccional por los cónyuges.

Pregunta 7: a) En caso de disolución del régimen por divorcio y en caso de separación, ¿debe el juez competente en estas materias según el Reglamento n° 2201/2003 ser también competente para pronunciarse sobre la liquidación del régimen matrimonial? b) En caso de sucesión,¿debe el juez competente en materia de litigio sucesorio ser también competente para pronunciarse sobre la liquidación del régimen matrimonial? |

Pregunta 8: a) En caso contrario, ¿qué normas de competencia jurisdiccional internacional deben adoptarse, especialmente con relación a las cuestiones de carácter patrimonial que se plantean durante la vida en común de la pareja (como donaciones o contratos entre cónyuges)? b) Debemos contemplar un criterio general único o más bien varios criterios alternativos, según lo previsto en el Reglamento n° 2201/2003 (como residencia habitual, nacionalidad común, etc.)? |

Pregunta 9: a) ¿Se puede prever que un único juez se pronuncie sobre todos los tipos de bienes, muebles e inmuebles, incluso cuando éstos están situados en el territorio de varios Estados miembros? b) Cuando un tercero es parte en el litigio, ¿deben aplicarse las normas de Derecho común? |

Pregunta 10: ¿Se puede contemplar la posibilidad de permitir a las partes elegir el órgano jurisdiccional competente? En caso afirmativo, ¿en qué condiciones? |

Pregunta 11: ¿Sería útil permitir el traslado de un asunto de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro a un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro en este ámbito? Y en caso afirmativo, ¿en qué condiciones? |

Competencia de las autoridades no judiciales

Habida cuenta de la importancia de las funciones ejercidas por las autoridades no judiciales en este ámbito (en particular, por los notarios, abogados, etc.), podría resultar conveniente regular la cuestión de su competencia. Resulta asimismo conveniente examinar si las parejas podrían realizar algunos trámites ante autoridades de su Estado miembro de residencia, aunque en virtud de la norma de competencia principal se haya designado a una autoridad de otro Estado miembro.

Pregunta 12: ¿Es necesario prever normas de competencia para las autoridades no judiciales? En caso afirmativo, ¿es necesario aplicar criterios de competencia similares a los aplicables a las autoridades judiciales? En este sentido, ¿podríamos inspirarnos en la definición amplia del término "órgano jurisdiccional" del artículo 2 del Reglamento (CE) n° 2201/2003? |

Pregunta 13: ¿Se debería permitir que la autoridad que conoce de la liquidación y el reparto del patrimonio sea también competente cuando una parte de este patrimonio esté localizada fuera del territorio en el que dicha autoridad ejerce su jurisdicción? |

Pregunta 14: En caso contrario, ¿es necesario prever que algunos de los trámites necesarios puedan efectuarse ante las autoridades de otro Estado miembro distinto del designado en virtud de la norma principal de conflicto de competencias? |

Normas de reconocimiento y ejecución

Reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales

Al establecer normas uniformes sobre la ley aplicable y la competencia, el futuro instrumento permitirá un grado de confianza mutua muy elevado, que podría hacer posible la supresión de las medidas intermedias para el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones.

Pregunta 15: El futuro instrumento europeo ¿debería suprimir el exequátur para las sentencias dictadas en su ámbito de aplicación? En caso contrario, ¿qué motivos para el no reconocimiento de las sentencias debemos contemplar? Pregunta 16: ¿Se puede prever que las sentencias dictadas en un Estado miembro en materia de efectos patrimoniales del matrimonio se reconozcan automáticamente con el fin de permitir la modificación de los catastros sin necesidad de otros procedimientos en los otros Estados miembros? En este sentido, ¿podemos inspirarnos en el apartado 2 del artículo 21 del Reglamento (CE) n° 2201/2003? |

Reconocimiento y ejecución de los actos no judiciales

Habida cuenta del importante papel desempeñado por las autoridades no judiciales, convendría asimismo facilitar el reconocimiento de los actos que emanan de éstas.

Pregunta 17: ¿Se puede aplicar a los actos que emanan de autoridades no judiciales, como las capitulaciones matrimoniales, el mismo régimen de reconocimiento y ejecución que a las sentencias ? En caso contrario, ¿qué régimen debe aplicarse? |

2.5 Registro y publicidad de los regímenes matrimoniales

Convendría mejorar la publicidad de los regímenes matrimoniales en la Unión, con el fin de garantizar la seguridad jurídica a todas las partes interesadas, y en particular a los acreedores. Sería también deseable dispensar a los cónyuges de la obligación de renovar los trámites de publicidad de los cambios que afectan a su régimen matrimonial con cada cambio de residencia.

Pregunta 18: ¿Cómo mejorar el registro de los regímenes matrimoniales en la Unión?¿Se debe prever, por ejemplo, la instauración de un sistema de registro en todos los Estados miembros? ¿Y cómo debería informarse a las personas interesadas a través de este sistema ? |

LAS OTRAS FORMAS DE UNIÓN

El aumento significativo en los Estados miembros del número de parejas no casadas se traduce en un aumento correlativo de las situaciones jurídicas internacionales a las que se enfrentan. El Derecho comunitario ya regula la responsabilidad parental sobre los hijos de estas parejas no casadas a través del Reglamento (CE) n° 2201/2003 y, a través del Reglamento (CE) n° 44/2001, la materia de las obligaciones de alimentos.

Las parejas registradas

Cada vez más Estados miembros prevén con tratos y el registro de parejas ante una autoridad pública[11]. Así pues, esta cuestión reviste un particular interés para estos Estados, pero también para los demás, que pueden tener que enfrentarse a distintos problemas jurídicos en caso de disolución de estas relaciones registradas, derivados, por ejemplo, de la presencia de uno de los miembros de la pareja o de bienes de éstos en su territorio.

NORMAS DE CONFLICTO DE LEYES

En general, las normas de conflicto de leyes aplicables a los regímenes matrimoniales no han sido transpuestas a las otras formas de unión existentes. Cabría, pues, buscar criterios diferentes para los efectos patrimoniales que se derivan de las parejas registradas.

Pregunta 19:

a) ¿Se deben prever normas de conflicto de leyes específicas para los efectos patrimoniales derivados de las parejas registradas?

b) ¿Es necesario elegir como ley aplicable a los efectos patrimoniales de las parejas registradas la ley del lugar en el que se han registrado estas relaciones, o bien otras leyes?

c) ¿Debe la ley designada regular todo el ámbito en cuestión o bien deben utilizarse otros criterios, como la ley del lugar en que están situados los bienes?

Competencia de las autoridades judiciales

Pocos Estados miembros han adoptado normas de competencia jurisdiccional específicas en materia de efectos patrimoniales de las parejas no casadas. El Reglamento (CE) n° 2201/2003 no es aplicable a la disolución de las parejas registradas que no entran en su ámbito de aplicación. El Reglamento (CE) n° 44/2001, que no se aplica a los regímenes matrimoniales, podría ser aplicable en algunos casos a los efectos patrimoniales de las parejas registradas (por ejemplo, litigios contractuales o procesos penales).

Las autoridades del país de registro de estas parejas tienen competencia para poner término a las parejas registradas en su territorio. Por ello, podría ser útil determinar qué autoridades son competentes para pronunciarse, por ejemplo durante el proceso de separación, sobre el reparto de los bienes de un pareja a la que se haya concedido el estatus de pareja registrada en el extranjero.

Pregunta nº 20:

¿Se deben prever normas de competencia jurisdiccional internacional para regular los efectos patrimoniales derivados de las parejas registradas?

En caso afirmativo, ¿cuáles?¿Exclusivamente el órgano jurisdiccional del lugar en el que se ha registrado la pareja (competente para su disolución)?¿O cabe basarse también en otros criterios, como, por ejemplo, la residencia habitual del demandado o de uno de los miembros de la pareja en el foro , o la nacionalidad de uno o ambos miembros?

Reconocimiento y ejecución de las resoluciones sobre las parejas registradas

Algunos Estados miembros admiten el reconocimiento de la disolución de las parejas registradas según las normas generales de reconocimiento o según las aplicadas a las resoluciones en materia matrimonial (Alemania y los países nórdicos, por ejemplo).

Pregunta 21:

Las sentencias dictadas en un Estado miembro en materia de efectos patrimoniales derivados de una pareja registrada ¿en qué condiciones deben reconocerse en todos los Estados miembros?

Las uniones de hecho

La mayoría de las legislaciones nacionales contienen algunas normas, de naturaleza legislativa o jurisprudencial, relativas a las parejas no casadas ni vinculadas por su registro. En principio, en ausencia de normas específicas, se tiende a aplicar las normas de conflicto de leyes relativas a los contratos (Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales) y a la responsabilidad civil, o, generalmente, la ley del país donde el daño se ha producido.

NORMAS DE CONFLICTO DE LEYES

Pregunta 22:

a) ¿Se deben prever normas de conflicto de leyes específicas para las relaciones patrimoniales derivadas de las uniones de hecho (uniones libres o cohabitación no formalizada)?

¿b) En caso afirmativo, ¿cuáles?

c) En caso contrario, ¿sería necesario prever al menos normas particulares para los efectos de la separación de estas uniones frente a terceros (responsabilidad frente a terceros para las deudas contraídas por estas pareja o derechos que los miembros de estas parejas pueden hacer valer frente a un tercero, como seguros de vida, etc.)?

d) Por lo que respecta a los bienes inmuebles, ¿es necesario aplicar exclusivamente la ley del lugar en que dichos bienes están situados?

Competencia de las autoridades judiciales, reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales

Estas cuestiones están poco desarrolladas en la legislación y generalmente tienden a aplicarse las normas ordinarias de competencia internacional, lo que implica, en particular, que el Reglamento (CE) n° 44/2001 pueda regular algunos litigios patrimoniales entre los miembros de estas parejas.

Pregunta 23:

¿Es necesario prever normas de competencia y reconocimiento específicas para las relaciones patrimoniales derivadas de las uniones de hecho?

En caso de respuesta negativa a las preguntas 22 y 23, en un afán de claridad y seguridad jurídica en beneficio de los ciudadanos y los profesionales del Derecho, podría no obstante resultar conveniente agrupar en el futuro instrumento las normas dispersas que ya se aplican a los efectos patrimoniales de la separación de estas parejas (bienes comunes, alojamiento, etc.) en las situaciones internacionales.

[1] Véase el estudio sobre los regímenes matrimoniales de las parejas casadas y sobre el patrimonio de las parejas no casadas en el Derecho internacional privado y en el Derecho interno de los Estados miembros de la Unión, de 30 de abril de 2003, encargado por la Comisión al Consorcio ASSER-UCL, páginas 206 y siguientes.http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm

[2] DO C 19 de 23 de enero de 1999.

[3] DO C 12 de 15 de enero de 2001.

[4] Programa de la Haya titulado “Consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea”, recogido en las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de 4 de noviembre de 2004.

[5] Plan de Acción del Consejo y la Comisión por el que se aplica el Programa de la Haya sobre refuerzo de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea (DO C 198 de 18/08/2005, p. 1).

[6] Véase la nota 1.

[7] Esta evaluación de impacto se publicará en el momento de la adopción por la Comisión de esta propuesta.

[8] DO L 338 de 23.12.2003, p. 1.

[9] DO L 12 de 16.01.2001 p. 1

[10] COM(649) 2005 final de 15.12.2005; 2005/0259 (CNS)

[11] Estos Estados son Dinamarca (1989), Suecia (1994), los Países Bajos (1998), Bélgica y España, Francia (1999), Alemania (2000), Finlandia (2001) Portugal, Luxemburgo (2004) y el Reino Unido (2005).