33.

Acoge con satisfacción el reciente anuncio del Gobierno de Malta sobre el inicio de los procedimientos legislativos para aplicar diversas recomendaciones de la Comisión de Venecia; Pide al Gobierno y al Parlamento de Malta que apliquen, sin excepción, todas las recomendaciones de la Comisión de Venecia, también, en su caso, de manera retroactiva, para garantizar que todas las decisiones, posiciones y estructuras pasadas y actuales se ajusten a estas recomendaciones, y en particular: — que refuercen la independencia, las competencias de control y las facultades de los miembros de la Cámara de Representantes maltesa, en particular estableciendo normas más estrictas sobre incompatibilidades y previendo un salario adecuado y un apoyo imparcial; — que anuncien públicamente los puestos vacantes en la judicatura (apartado 44); — que modifiquen la composición del Comité de Nombramientos Judiciales para que al menos la mitad de sus miembros sean jueces elegidos entre sus homólogos, y que otorguen a dicho comité la competencia de clasificar a los candidatos en función de sus méritos y de proponer directamente a estos candidatos al presidente para que proceda a su nombramiento, también en el caso del nombramiento del presidente del Tribunal Supremo (Chief Justice) (apartado 44); — que concedan a la Comisión para la Administración de Justicia la facultad de destituir a jueces o magistrados y que prevean la posibilidad de interponer un recurso contra las medidas disciplinarias impuestas por dicha comisión (apartado 53); — que creen el cargo independiente de Director de la Fiscalía (Director of Public Prosecutions) que se encargue del ejercicio de toda la acción penal pública, asumiendo las funciones propias de la Fiscalía actualmente atribuidas al Fiscal General (Attorney General) y a la Policía y las instrucciones judiciales, como recomienda la Comisión de Venecia (apartados 61-73); pide al Gobierno maltés que someta a control judicial al posible nuevo Director de la Fiscalía, en particular en relación con las decisiones de no ejercer la acción penal (apartados 68, 73); — que reformen la Comisión Permanente contra la Corrupción, garantizando que el proceso de nombramiento sea menos dependiente del poder ejecutivo y, en particular, del primer ministro y que los informes de dicha comisión tengan consecuencias penales reales; que consideren asimismo la posibilidad de que la Comisión Permanente contra la Corrupción rinda cuentas directamente ante el nuevo Director de la Fiscalía (apartado 72); — que acometan una reforma constitucional para garantizar que las sentencias del Tribunal Constitucional den lugar, sin intervención parlamentaria, a la anulación de las disposiciones que sean declaradas inconstitucionales (apartado 79); — que eliminen la posibilidad de ejercer el mandato parlamentario a tiempo parcial, aumenten el salario de los diputados, restrinjan la práctica de nombrar a los diputados miembros de organismos de designación oficial, pongan a disposición de los diputados suficiente personal de apoyo y conocimientos y asesoramiento independientes y se abstengan de recurrir de forma generalizada a la delegación legislativa (apartado 94); — que garanticen que las autoridades satisfagan plenamente las solicitudes de información del Defensor del Pueblo, que los informes de este órgano sean debatidos en el Parlamento, que el cargo de Defensor se regule a nivel constitucional y que se actualice la Ley de libertad de la información (apartados 100-101); — que reformen el procedimiento de nombramiento de los secretarios permanentes, concretamente, transformándolo en un proceso de selección por méritos llevado a cabo por una Comisión Independiente de la Función Pública, en lugar de por el primer ministro (apartados 119-120); — que restrinjan seriamente la práctica de nombrar «cargos o personas de confianza» y que introduzcan normas jurídicas claras y una enmienda constitucional que sirvan como base y marco para regular esta práctica (apartado 129); — que reformen el procedimiento de nombramiento del Comisario de Policía, concretamente, transformándolo en un proceso de selección por méritos mediante la introducción de un concurso público (apartado 134);