ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
2.5.

Los Estados miembros poseen un amplio poder discrecional para definir, organizar y financiar sus servicios sociales de interés general, incluida la vivienda. No obstante, esta competencia no les exime de cumplir con los valores de la Unión (dignidad de las personas, igualdad, no discriminación, derechos humanos, etc.) y las normas comunitarias que se aplican a la vivienda, en particular el Protocolo 26 sobre los servicios de interés general anexo al TFUE, que solicita a los Estados miembros que garanticen «un alto nivel de calidad, seguridad y accesibilidad económica, la igualdad de trato y la promoción del acceso universal y de los derechos de los usuarios». La Comisión, como custodia de los Tratados, tiene por tanto un importante papel que desempeñar y se le pide que intervenga cuando los Estados miembros no cumplan sus obligaciones. No obstante, en el marco de la normativa en materia de ayudas estatales, la Comisión reduce de manera considerable las competencias de los Estados miembros al establecer que las viviendas sociales deben reservarse exclusivamente a los hogares más desfavorecidos, mientras que la crisis de la vivienda afecta a una población mucho más amplia. Asimismo, una autoridad pública solo puede vender terrenos edificables en el marco de un programa de creación de viviendas asequibles a precio de mercado y únicamente después de que ese precio se haya determinado por medio de un procedimiento complejo.
1.5

El CESE coincide en que la globalización sin regulación conlleva un aumento de la desigualdad, una presión a la baja sobre las empresas, los salarios y las condiciones laborales y un debilitamiento de la seguridad social, situación que podría convertirse en una verdadera amenaza para los modelos sociales europeos. La globalización no regulada también tiene efectos negativos en las normas medioambientales. Al CESE le preocupa que las empresas y los puestos de trabajo europeos se vean sometidos a la presión de prácticas comerciales desleales, no sujetas a las leyes de mercado y que no respetan los acuerdos sociales y medioambientales de alcance internacional. La industria de la UE debería aprovechar su ventaja única y combinar los valores europeos, las nuevas tecnologías y un enfoque orientado al futuro. El mercado único es esencial para la industria europea y para difundir la innovación, no solo con relación a las tecnologías digitales, sino también para otras tecnologías facilitadoras esenciales, como la biotecnología. También puede subrayarse el papel de la cohesión social y regional, así como del diálogo social, para garantizar la aceptación de la transformación por parte de la sociedad.
4.8.

El aumento en el mundo del número de reservas en diversas plataformas privadas representa un problema particular para todo el sector del turismo. Es indiscutible que esta nueva forma de comercialización ofrece ventajas para los proveedores turísticos no profesionales y las zonas no desarrolladas o poco desarrolladas en turismo. No obstante, desde un punto de vista macroeconómico no es aceptable que los proveedores privados disfruten de ventajas competitivas por el hecho de que prácticamente no tributen impuestos (o solo paguen impuestos mínimos) y no estén sujetos a los requisitos, por lo general estrictos, del sector del turismo en lo relativo a higiene y seguridad. Esto requeriría, por ejemplo, que la obligación de registro y los criterios de evaluación aplicables a los prestadores de servicios de alojamiento comercial también se apliquen a estos proveedores.
2.4.

La bioeconomía ofrece opciones que pueden tanto ayudar a reducir las emisiones de CO 2 como reducir la dependencia de los recursos fósiles importados. Por ejemplo, los bosques de la UE absorben una cantidad de carbono correspondiente al 10 % de las emisiones anuales de la UE, a la vez que proporcionan un suministro sostenible y constante de biomasa para crear energía renovable. Además, se estima que 100 000 sustancias químicas que se producen actualmente pueden, en teoría, obtenerse a partir de materias primas renovables. Esto no significa que todas ellas deban fabricarse de este modo, pero es teóricamente posible. Así, no solo se ofrecerá la oportunidad de producir nuestros artículos de uso cotidiano de forma local y renovable, sino que también se ayudará a crear empleo y crecimiento en Europa, donde la ventaja competitiva sigue siendo sólida.
4.3.

No actuar no es una opción: si la UE no está dispuesta a desarrollar y aplicar una estrategia integral, o no es capaz de hacerlo, Europa no solo no cumplirá la Agenda 2030 ni alcanzará la visión de «La Europa que queremos». Si no se actúa, se corre el gran riesgo de fracasar ante cada uno de los desafíos fundamentales: el orden laboral en Europa será destruido, la descarbonización y protección de los recursos cesarán porque los costes sociales de la transición ecológica se considerarán demasiado elevados, y las desigualdades sociales así como la alienación aumentarán, lo que planteará un riesgo para la democracia.
2.12.

Además, no existen iniciativas válidas para refinanciar el capital propio empleado. Tampoco existen mecanismos que envíen la señal deseada a los agentes no estatales más allá de las grandes empresas industriales. En realidad, en la Europa actual puede observarse incluso la tendencia opuesta: una dirección política equivocada suele hacer más difícil, si no imposible, la ejecución de las iniciativas pertinentes. En consecuencia, en muchos casos no existe (!) un marco de actuación en el que los agentes de la sociedad civil puedan desarrollar y aplicar políticas de protección climática; no pueden poner en práctica sus ideas. A veces ocurre simplemente que el marco jurídico-administrativo es inadecuado, en otras ocasiones los agentes no encuentran financiación para sus proyectos y en otros casos el hecho de que los costes externos de las energías fósiles no estén plenamente internalizados (2) y, por lo tanto, el carbono —a pesar del anuncio en sentido contrario— no tenga ningún precio «real» constituye un obstáculo insuperable.
7.1.

Al tratarse de energías ecológicas, pueden acogerse a los distintos sistemas de ayuda europeos o nacionales, en particular el precio de compra preferencial. No obstante, salvo las eólicas marinas, estas tecnologías todavía deben probarse en condiciones reales, en especial las hidroeólicas. Es de esperar que cierto conservadurismo ecológico no se oponga a las nuevas técnicas experimentadas. Como se sabe, las presas de estuario no pudieron desarrollarse, en concreto, debido a la feroz oposición de los ecologistas y los pescadores. Todo equipamiento tiene un impacto medioambiental, por lo que conviene medirlo del modo más preciso posible para poder apreciar el equilibrio real entre costes y ventajas.
1.3.

No cabe duda de que al comercio de productos agrícolas le compete una responsabilidad particular en un mundo donde existe el hambre y donde la alimentación es insuficiente desde un punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo. El CESE es muy consciente de esta responsabilidad. En un mundo con una población en crecimiento, que registra un incremento de los ingresos en muchos países y pobreza en otros, se trata, por un lado, de satisfacer la demanda de la población con poder adquisitivo y, por otro, de prestar ayuda y apoyo allí donde el hambre y las carencias no pueden eliminarse solo con los propios recursos.
4.7.

Este ahorro de recursos no se debe simplemente al tamaño de la red, sino también a las diferencias sociales, culturales, geográficas y meteorológicas o a las diferencias en los modos de producción. Si tomamos nuestro ejemplo de interconexión de las redes europeas, vemos que, por una parte, las puntas de consumo de la noche se desplazan como consecuencia de los diferentes modos de vida de países vecinos: no se cena a la misma hora en Bélgica, Alemania, Francia o España, ni en Rumanía, Bulgaria, Grecia o Polonia. Por otra parte, los sistemas eléctricos de los países europeos son más o menos sensibles a ciertos elementos imprevisibles: los períodos de fuerte consumo en Francia dependen considerablemente de las bajas temperaturas (la punta de consumo tendrá lugar una noche de invierno particularmente fría en torno a las 19.00 horas), mientras que Alemania es muy sensible a la producción de energía eólica y España registrará sus picos de consumo en verano hacia las 13.00 horas por la utilización del aire acondicionado.
3.4.2

Social: la ordenación territorial, el desarrollo rural y la inclusión, el patrimonio cultural y de identidad local y regional, la soberanía y la seguridad alimentaria, la no sobreproducción y la accesibilidad alimentaria, la trazabilidad social de los productos, la no deslocalización de las empresas, la garantía de unos salarios dignos y la mejora de las condiciones de trabajo, la responsabilidad social y el consumo responsable, la salud comunitaria y los estilos de vida saludables, la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones de las instituciones que la representan, etc.
4.7

Ante esta situación, la tarea particular que se plantea a la UE es cómo mejorar la sostenibilidad de nuestras economías y movilizar un nivel de ayuda financiera y técnica suficiente para ayudar a los países en desarrollo, en particular los menos desarrollados, a afrontar de manera más eficaz sus retos en materia de desarrollo sostenible. La UE debería utilizar la Cumbre para dar un nuevo impulso a sus propios procesos y estructuras a fin de avanzar en estas cuestiones. En particular, el Comité insta a la Unión a que: — defina y ponga en práctica varios aspectos de la economía ecológica en Europa, y cree y financie nuevos canales de ayuda financiera y transferencia de tecnología y conocimientos para ayudar a los países en desarrollo a llevar a cabo su transición hacia la sostenibilidad (sección 5); — refuerce varios aspectos de la gobernanza en materia de desarrollo sostenible en Europa (sección 6) y; — asocie a la sociedad civil de toda Europa al proceso de Río, recupere la visión de Río y recabe el apoyo político y popular a esta visión (sección 7);
4.4

Aplicación. Para la UE, las medidas propuestas por la Comisión en su paquete sobre el cambio climático y la energía representa un plan de aplicación muy positivo y constructivo que ayudará a Europa a cumplir sus compromisos de reducción del 20 % para 2020. El Comité ha elaborado distintos dictámenes sobre cada uno de los elementos de este plan. Para resumir, el Comité apoya todos los elementos del plan sin perjuicio de los siguientes comentarios: — El Comité apoya las reformas propuestas y la extensión del régimen de comercio de derechos de emisión. El CESE acoge favorablemente la reducción de los límites y el mayor uso de las subastas de derechos de emisión, ya que se ajusta al principio de que quien contamina paga, evita ganancias inmerecidas, incentiva y financia instalaciones y productos con niveles bajos de carbono y favorece la innovación. Habida cuenta del nivel de inversión en las transformaciones necesarias tanto en Europa como en los países en desarrollo, el Comité pide que al menos el 50 % de los ingresos procedentes de las subastas de emisiones sea utilizado para financiar las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en vez del 20 % propuesto por la Comisión (1). El Comité también acoge favorablemente la decisión del Consejo y del Parlamento Europeo de incluir la aviación en el RCE a partir de 2012. — El Comité apoya la idea de repartir las cargas para los sectores que no sean objeto de intercambios comerciales y pide a las instituciones que no pierdan de vista el objetivo general en el debate sobre la base de reparto de los objetivos en este sector (2); — El Comité respalda firmemente la evolución hacia un progreso rápido en el ámbito de la energía renovable. Alcanzar el objetivo del 20 % de energía renovable de aquí a 2020 sería un buen primer paso para aumentar su uso en unos niveles muy superiores para 2050 (3). — El Comité lamenta que el tema esencial de la eficiencia energética, para el que el objetivo del 20 % de incremento para 2020 no es obligatorio, parezca tener menos importancia que la que merece, como se desprende claramente del informe de la Comisión sobre los planes nacionales de eficiencia energética. La mayoría de los Estados miembros no ha elaborado a tiempo sus planes de eficiencia energética, la calidad de estos planes varía y algunos carecen claramente de objetivos ambiciosos, a pesar de que en muchos casos las principales ventajas en términos eficiencia energética pueden lograrse con costes iniciales comparativamente bajos y con periodos muy cortos de amortización (4). — Aunque el Comité acoge favorablemente el marco legislativo relativo a la captura y almacenamiento del carbono (CAC) propuesto por la Comisión, también le preocupa la insuficiente financiación de los proyectos de demostración previstos y el ritmo demasiado lento de su aplicación a escala industrial, a pesar de que será un elemento fundamental si algunos países se ven obligados a depender de manera significativa del carbono y de otros combustibles fósiles para abastecerles en energía durante mucho años (5).
1.4

El CESE destaca la importancia crucial de la investigación y el desarrollo en el ámbito de la energía renovable y el medio ambiente y subraya la importancia de proceder a una buena asignación de los recursos. Conviene analizar con lucidez las ayudas destinadas a energías renovables de las que puede sospecharse razonablemente que no alcanzarán el equilibrio económico, y ello con el fin de no despilfarrar fondos públicos en subvenciones a tecnologías sin futuro. Por el contrario, es conveniente dedicar recursos a la investigación de técnicas que la comunidad científica considera que tienen un futuro prometedor, como, por ejemplo, las técnicas que permiten minimizar o captar las emisiones de gases de efecto invernadero, la eficiencia energética, el carbón limpio, la tracción eléctrica u otro tipo de tracción alternativa de vehículos, la pila de combustible, la energía solar, la eficacia energética de la reutilización de los residuos, la fusión nuclear y la eliminación de los residuos nucleares, etc.
2.4.2

La contribución del turismo social a la socialización. El turismo es un potente instrumento de socialización, de ponernos en contacto con otras realidades culturales, geográficas y costumbristas, pero sobre todo pone en contacto a las personas de una forma que sin viajes, sin vacaciones, sin turismo, sería imposible que se encontraran, dialogaran y se reconocieran como iguales en lo esencial pero distintos en lo cultural. Ese intercambio cultural, ese disfrute del tiempo de ocio es un importante medio de desarrollo personal tanto para los turistas como para los que los reciben en su entorno local. De forma particular ese intercambio cultural que produce el turismo es de especial valor para los jóvenes, tanto para su formación intelectual como para obtener una visión más rica del mundo. En el caso de la Unión Europea, el turismo social puede ser una muy buena contribución a la creación de la Europa de los Ciudadanos. Es importante resaltar que es general la opinión de que los circuitos de turismo social no deben diferenciarse de los generales del turismo, sino que deben servir para la integración social. Son los diversos colectivos de turismo social los que deben encontrar en los circuitos turísticos generales las condiciones idóneas para su disfrute, y no al revés. Evidentemente ello supone no sólo un esfuerzo en las condiciones materiales sino también en el tipo de servicio y por lo tanto en la formación especializada que los profesionales del sector deben recibir.
4.2

Por lo que respecta a los Fondos Estructurales, la UE ha asignado a proyectos vinculados directa o indirectamente al sector del turismo en torno a 7 000 millones de euros durante el periodo 2000-2006, y alrededor de 2 000 millones a proyectos culturales (programas Interreg III, Leader+ y Urban). Se trata, pues, de una financiación que ronda en total los 9 000 millones de euros en favor del turismo y la cultura y que, no obstante, corre el riesgo de no materializarse de manera adecuada ya que el nivel de coordinación en la gestión de estos ámbitos, financiados con cargo a los Fondos Estructurales, no es el mejor posible.
4.4.2

La Organización Internacional de Normalización (ISO) decidió en junio de 2004 trabajar en la elaboración de directrices sobre la responsabilidad social (guidance on social responsibility). No obstante, estas directrices (ISO 26000), contrariamente a las normas ISO 9000 (gestión de la calidad) e ISO 14000 (gestión del medio ambiente), no serán una norma genérica para los sistemas de gestión y no serán certificables. La presidencia y la secretaría del Grupo de trabajo están a cargo de conjuntamente de un país emergente, Brasil, y de un país antiguamente industrializado, Suecia. La duración de los trabajos que comenzaron en marzo de 2005 está prevista para tres años y la guía deberá publicarse a principios de 2008. El CESE presta una atención especial a esta iniciativa.
5.5.1

La función de policía sanitaria que es, en realidad, competencia del responsable (autorizar o no, prohibir o no) no puede ejercerse de forma legítima si no se tienen en cuenta todos los datos del problema de salud pública tratado.
4.8

En los últimos años se pusieron muchas esperanzas en la competencia a nivel político entre los Estados miembros, la posibilidad de poner en evidencia abiertamente a los Estados miembros (naming and shaming) y el método de coordinación abierta. Sin embargo, en una época de tendencias económicas menos favorables esto no funciona. En la práctica, los Estados miembros no intercambian información sobre las lagunas respectivas o lo hacen de forma insuficiente. En este caso, el margen de maniobra de la Comisión es también limitado. No hay ninguna alternativa satisfactoria al método comunitario.
5.3.4.

No obstante, teniendo en cuenta el número de participantes y sus posiciones muy divergentes hasta ahora, se teme que las negociaciones que se están llevando a cabo en el marco de la OCDE conduzcan a un acuerdo de compromiso «cosmético», que no supondrá una verdadera mejora de los procedimientos actuales. La UE no debería admitir un acuerdo de este tenor.
1.10

Al mismo tiempo, el CESE aboga por una interpretación flexible del requisito de que el producto de defensa no esté sujeto a una restricción por parte de un tercer país no asociado (o una entidad de un tercer país no asociado). Dado que el instrumento cubre la adquisición de equipos disponibles en el mercado y está destinado a satisfacer las necesidades de productos más urgentes, el CESE considera que este requisito es menos pertinente para el instrumento que para el Fondo Europeo de Defensa (FED), que tiene por objeto desarrollar las futuras capacidades. Por lo tanto, debe aplicarse cuidadosamente, procurando encontrar un equilibrio entre la búsqueda de una mayor autonomía, la urgencia de la adquisición y la necesidad de interoperabilidad con los equipos existentes.
3.1.1.

Es absolutamente esencial que la crisis pandémica no dé lugar a la creación de una «Europa a dos velocidades» en lo que respecta a la convergencia. Por lo tanto, el principio de adicionalidad debe aplicarse con cautela. Además, los requisitos ex ante , establecidos para el período de programación 2021-2027, que introducen una serie de condiciones necesarias para movilizar los fondos, no deben conducir a la exclusión de las regiones que no cuentan con posibilidades de financiación alternativa para el crecimiento económico, la política climática y el desarrollo social.
1.3.

El Comité apoya firmemente el hecho de que la Estrategia tenga como objetivo no solo la lucha contra el antisemitismo, sino también el apoyo a la vida judía. Las comunidades judías y los individuos que las integran no son solo víctimas pasivas de la situación pasada y presente, sino también agentes de las sociedades europeas. El Comité apoya plenamente la visión de la Estrategia para un futuro europeo en el que las comunidades judías crezcan y se desarrollen. El CESE está convencido de que el antisemitismo no solo es una violación del derecho que afecta a los judíos europeos, sino que pone a prueba la idea europea, la convivencia en Europa, el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la democracia.
3.2.

El CESE observa que, si bien no hay un elemento formal de emisiones de CO 2 en los niveles de imposición propuestos, la estructura de imposición propuesta tendría un efecto similar, dado que los niveles mínimos de imposición más elevados se fijan para los combustibles fósiles que emiten CO 2 .
3.4.2.1.

El CESE subraya que el artículo 72 sexies incluirá un período de protección hasta el 31 de diciembre de 2024 (fecha límite para la aplicación de TLAC en terceros países). Durante este período de transición, los bancos de activación múltiple podrán ajustar la deducción sobre las participaciones en filiales de terceros países sin un requisito de resolución equivalente, calculando el excedente sobre la base del requisito de capital total aplicable en el tercer país. De lo contrario, se produciría una consecuencia no deseada, ya que la necesidad de emitir pasivos admisibles aumentará al no poder ajustar esta participación en una filial de un tercer país, y a partir de 2025, con un régimen de resolución en vigor, el requisito de la entidad matriz disminuirá debido a una menor deducción ajustada para estas participaciones en terceros países y ya no será necesario realizar estas emisiones de pasivos admisibles.
C 341/106

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas de ordenación, conservación y control aplicables en la zona de competencia de la Comisión del Atún para el Océano Índico (CAOI) y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1936/2001, (CE) n.o 1984/2003 y (CE) n.o 520/2007 del Consejo

[COM(2021) 113 final — 2021/0058 (COD)]

(2021/C 341/15)

Consulta Parlamento Europeo, 24.3.2021 Consejo, 31.3.2021 Fundamento jurídico Artículos 43, apartado 2, y 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Sección competente Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente Aprobación en el pleno 9.6.2021 Pleno n.o 561 Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones) 187/0/2

Considerando que el contenido de la propuesta es satisfactorio y no es objeto de ninguna observación por su parte, el Comité, en su 561.o pleno celebrado los días 9 y 10 de junio de 2021 (sesión del 9 de junio), decidió por 187 votos a favor y 2 abstenciones emitir un Dictamen favorable sobre la propuesta.
1.3.

El CESE considera necesario aclarar que la posesión de un «certificado verde digital» no constituye una condición previa para el ejercicio de la libre circulación y que el Reglamento propuesto no establece ni la obligación ni el derecho a ser vacunado. No obstante, recomienda que, en particular, los grupos socialmente marginados y desfavorecidos tengan acceso a la información pertinente y que se evalúe y supervise adecuadamente las repercusiones del certificado verde para estos grupos.
4.11.

Asimismo, cabe mencionar la necesidad permanente de que las normas y unidades de medición no solo sean precisas y transparentes, sino también accesibles y comprensibles para todas las partes interesadas, en particular las pequeñas empresas y los consumidores, que constituyen la columna vertebral de la economía de la UE. Esto no solo ayudará a superar los retos del mercado mencionados anteriormente, sino que reportará beneficios significativos a la economía de la UE a medida que esta vaya superando la desaceleración provocada por la crisis de la COVID-19, especialmente en su transición hacia una Europa más ecológica y digital, y promoverá al mismo tiempo la confianza a lo largo de toda la cadena de suministro. Así pues, estas consideraciones relacionadas con la accesibilidad deben ser un aspecto prioritario de cualquier estrategia destinada a impulsar las inversiones en la metrología avanzada.