Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la aplicación de la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo a los trabajadores autónomos"

(COM(2002) 166 final - 2002/0079 (CNS))

(2002/C 241/26)

El 28 de mayo de 2002, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 20 de junio de 2002 (ponente: Sra. Schweng).

En su 392o Pleno, celebrado los días 17 y 18 de julio de 2002 (sesión del 18 de julio), el Comité Económico y Social aprobó por 77 votos a favor, 32 votos en contra y 15 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. El Programa comunitario de seguridad, higiene y salud en el trabajo para el período 1996-2000 ya preveía que se examinaría la necesidad de una propuesta de Recomendación del Consejo sobre salud y seguridad en el trabajo para los trabajadores autónomos. La Comisión presentó, en 1996, al Comité consultivo para la seguridad, la higiene y la protección de la salud en el trabajo una primera propuesta de Recomendación para que emitiera su dictamen al respecto. Este Comité aprobó en total dos dictámenes sobre el tema; en el primer dictamen, de 1997, se pedía a la Comisión Europea que elaborara un informe sobre la organización de la seguridad y la protección de la salud de los trabajadores autónomos en los Estados miembros, con el fin de poder determinar mejor las posibles líneas de actuación.

1.2. Una vez que la Agencia europea de Bilbao elaboró este informe para la Comisión Europea, el Comité consultivo aprobó en 1999 un segundo dictamen en el que examinaba el contenido de la propuesta de la Comisión. El Comité consultivo propuso que se formulasen y delimitasen entre sí las distintas disposiciones de modo más claro. La Comisión siguió en gran medida las recomendaciones de este Comité.

1.3. También se consultó a los interlocutores sociales europeos, en el marco del procedimiento del diálogo social, sobre la dirección y el contenido de una posible iniciativa comunitaria.

2. Contenido de la Recomendación

2.1. La propuesta de Recomendación de la Comisión prevé los siguientes puntos: los Estados miembros deben reconocer los derechos y deberes de los trabajadores autónomos, y proteger su salud y seguridad de igual modo que en el caso de los asalariados. Los trabajadores autónomos deben ser incluidos especialmente en el ámbito de aplicación de las disposiciones jurídicas sobre seguridad y protección de la salud; estas disposiciones, en caso necesario, deberían ser adaptadas a la situación especial de los trabajadores autónomos.

2.2. Los trabajadores autónomos deberán tener acceso a determinados servicios y organismos con el fin de que puedan obtener información y asesoramiento sobre la prevención de riesgos laborales para la salud y la seguridad. Además, los trabajadores autónomos deberán tener acceso a acciones de formación continua sobre medidas de seguridad y protección de la salud, sin que ello signifique que tengan que soportar importantes cargas económicas.

2.3. Los Estados miembros deberán garantizar la vigilancia apropiada de la salud de los trabajadores autónomos en función de los riesgos a que estén sometidos. A la hora de elaborar nuevas medidas legislativas, deberán tenerse en cuenta las experiencias de otros Estados miembros. Además, los Estados miembros deben realizar un control y seguimiento adecuados del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en la materia y comunicar a la Comisión, cuatro años después de la aprobación de la Recomendación, las medidas adoptadas para su aplicación.

3. Observaciones generales

3.1. Hasta ahora, sólo dos Estados miembros, Portugal e Irlanda, han incluido a los trabajadores autónomos en el ámbito de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de salud y seguridad en el trabajo. En estos dos países, los trabajadores autónomos reciben el mismo trato que los asalariados. Ello ocurre también, parcialmente, en Dinamarca, el Reino Unido y Suecia.

3.2. En los demás Estados miembros, las disposiciones jurídicas en materia de salud y seguridad en el trabajo no son de aplicación para los trabajadores autónomos, con excepción de aquellos sectores en los que existe una necesidad de coordinación con los trabajadores por cuenta ajena [por ejemplo, en las obras, para las que existe también una Directiva específica de la UE(1)].

3.3. La Comisión ha elegido como fundamento jurídico para su propuesta de Recomendación el artículo 308. Argumenta para ello que el artículo 137 del Tratado únicamente prevé la Directiva como instrumento de acción jurídica. Como argumento adicional, el Comité desea señalar que el artículo 137 sólo prevé medidas para "la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores", por lo que se excluyen las medidas destinadas a los autónomos.

3.4. La Comisión parte del principio de que los trabajadores autónomos tienen el mismo derecho que los asalariados a proteger su salud. El Comité acoge favorablemente este punto de vista, pero desearía señalar una diferencia fundamental entre autónomos y asalariados: un asalariado se encuentra integrado en las prácticas de trabajo de una empresa y no puede configurar su entorno laboral de forma autónoma.

3.5. La Comisión, en esta Recomendación, no se dirige a los llamados "falsos autónomos", es decir, aquellas personas registradas, ciertamente, como trabajadores autónomos, pero que a menudo tienen una relación con una tercera parte que podría ser calificada de relación laboral entre un empleador y un trabajador dependiente. El Comité consultivo pidió a la Comisión en su dictamen de 1999 que señalara, mediante la correspondiente aclaración, que estos "falsos autónomos" ya entran en el ámbito de aplicación la Directiva marco. La Comisión ha clarificado este punto en repetidas ocasiones, aunque sólo de forma oral. El CESE recomienda que la Comisión formule por escrito esta aclaración lo antes posible. Además, la Comisión debería esforzarse por mejorar la definición de los "falsos autónomos", con el fin de combatir los abusos más eficazmente.

3.6. De acuerdo con el cuarto considerando de la propuesta, son autónomos los trabajadores que ejercen su actividad profesional fuera de una relación de trabajo con un empleador o, más generalmente, fuera de toda subordinación a una tercera persona (por ejemplo, los profesionales liberales, las sociedades unipersonales o los agricultores). Un autónomo puede decidir por sí mismo qué encargos y trabajos acepta, de qué forma los lleva a cabo y qué medidas de precaución adopta, así como qué riesgo desearía asumir. Por ello, su margen de decisión es sensiblemente mayor que el de un trabajador asalariado.

3.7. Para poder juzgar por sí mismo si determinadas actividades entrañan un riesgo, es indispensable que el autónomo tenga acceso a las informaciones correspondientes. Debería alentarse a los autónomos a que realicen por sí mismos una estimación del riesgo.

4. Observaciones particulares

4.1. El Comité valora positivamente que la Comisión haya presentado un instrumento no vinculante. Además, respalda su planteamiento de reconocer a los trabajadores autónomos no sólo derechos, sino también determinadas obligaciones por lo que respecta a su propia salud y seguridad. En primer lugar, y siempre que sea necesario, el trabajador autónomo debería protegerse contra sí mismo. En segundo lugar, se debe disuadir todo intento por parte de los trabajadores autónomos de extraer un beneficio competitivo frente a los que sí respetan las políticas existentes de salud y seguridad. El Comité observa que, hasta la fecha, la inclusión de autónomos en la legislación en materia de seguridad y protección de la salud se ha limitado a aquellos casos en que pueden causar un perjuicio a trabajadores asalariados. Se trata de un principio que ya ha sido integrado en las Directivas sobre obras y sobre equipos de trabajo.

4.2. Además, el Comité señala que la Directiva marco 89/391, incorporada a las legislaciones nacionales por los Estados miembros, establece derechos y obligaciones para trabajadores y empresarios. En el caso de un autónomo, ¿quién va a realizar una evaluación del riesgo de su puesto de trabajo? ¿Quién ha de ser responsable de la información y de la formación? Esta clara división que se establece en la Directiva marco ya no sería posible si se incluyera a los autónomos.

4.3. Sería deseable que la Recomendación del Consejo no sólo previera medidas legislativas, sino también medidas que contribuyeran a aumentar la concienciación de los trabajadores autónomos sobre su propia salud y seguridad. Un ejemplo de tales medidas podrían ser campañas nacionales de información sobre seguridad y salud de los autónomos, diferenciadas en función de los sectores. Además, podría considerarse la integración de la seguridad y la protección de la salud de los trabajadores autónomos en las directrices de política de empleo, así como la elaboración de los indicadores correspondientes (tasa de siniestralidad de los autónomos, etc.).

4.4. El Comité acoge con satisfacción y apoya las recomendaciones sobre el acceso a servicios y organismos, para que pueda garantizarse que los autónomos dispongan de informaciones importantes para ellos. El Comité se congratula asimismo de que se recomienden medidas de formación continua, así como que ni la información ni la formación supongan para los trabajadores autónomos cargas económica disuasorias. El Comité, sin embargo, va aún más lejos y pide encarecidamente que la información y la formación tengan para los autónomos el menor coste posible.

4.5. En relación con la recomendación sobre la vigilancia de la salud de los autónomos, el Comité opina que es importante que la recomendación no entrañe nuevas cargas administrativas para los autónomos. Se debería alentar a los autónomos de forma eficaz a someterse a una vigilancia de su salud.

4.6. Respecto a la recomendación sobre un control y una supervisión adecuados para velar por la aplicación de la legislación sobre autónomos, el Comité señala que, también en la propia Recomendación objeto de examen, las medidas legislativas no deberían ser contempladas como el único instrumento para regular las condiciones de trabajo de los autónomos. Se podría tener en cuenta este deseo añadiendo la palabra "eventuales" antes de las medidas legislativas pertinentes.

4.7. El Comité acoge con satisfacción la décima recomendación de la Comisión, según la cual los Estados miembros deberán informar sobre la eficacia de las medidas que adopten a raíz de la Recomendación. También considera conveniente que, en sus informes sobre los progresos realizados, los Estados miembros examinen las disposiciones de sus legislaciones nacionales en materia de protección de los trabajadores asalariados en las que la inclusión de los trabajadores autónomos plantee especiales dificultades. Asimismo, en dichos informes también deberían examinarse las posibles distorsiones de la competencia. Estos informes nacionales deberían ser resumidos por la Comisión en un informe de síntesis y ser examinados por el Comité consultivo para la seguridad, la higiene y la protección de la salud en el trabajo.

Bruselas, 18 de julio de 2002.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Göke Frerichs

(1) Directiva 92/57/CEE del Consejo de 24 de junio de 1992 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles.

ANEXO

al dictamen del Comité Económico y Social

1. El mantenimiento del siguiente pasaje del Dictamen de la Sección, que ha sido pedido por al menos un cuarto de los votantes, fue rechazado a raíz de una enmienda aprobada por la Asamblea:

Punto 4.1

El Comité acoge con satisfacción que la Comisión haya presentado un instrumento no vinculante, aunque lamenta que no tenga suficientemente en cuenta la diferencia entre trabajadores autónomos y asalariados, en la medida en que para los autónomos recomienda a los Estados miembros que reconozcan no sólo derechos, sino también obligaciones, por lo que respecta a su propia salud y seguridad. El Comité estima que sólo debería incluirse a los autónomos en la legislación en materia de seguridad y protección de la salud en aquellos casos en que puedan causar un perjuicio a trabajadores asalariados(1). Se trata de un principio que ya ha sido integrado en las Directivas sobre obras(2) y sobre equipos de trabajo(3).

Resultados de la votación sobre la supresión del texto

Votos a favor: 62, votos en contra: 47, abstenciones: 9.

2. Enmienda rechazada

La siguiente enmienda, que ha obtenido al menos un cuarto de los votos, ha sido rechazada en el curso de los debates:

Punto 4.5

Añádase al final de este punto el texto siguiente: "El Comité pide a la Comisión que examine las posibilidades de vigilancia eficaz que pueden desarrollarse en línea con ello y teniendo en cuenta lo que se ha afirmado arriba en el punto 4.1."

Exposición de motivos

Véase la enmienda l relativa al punto 4.1.

Resultado de la votación

Votos a favor: 55, votos en contra: 56, abstenciones: 7.

(1) De acuerdo con la Directiva marco 89/391, el empresario debe señalar al trabajador si existe algún riesgo para él.

(2) Directiva 92/57/CEE del Consejo de 24 de junio de 1992 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles.

(3) Directiva 2001/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, por la que se modifica la Directiva 89/655/CEE del Consejo relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo.