ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
16.

está de acuerdo con los objetivos relacionados con los ámbitos siguientes: — Acceso a la educación: garantizar que todos los niños gitanos, con independencia de que sean sedentarios o no, completen la escuela primaria con acceso a una formación de calidad sin discriminación ni segregación; mejorar el acceso a una formación y atención en la primera infancia que garantice la igualdad de trato y respete el principio de igualdad de oportunidades, rebajar el número de aquellos que abandonan prematuramente la enseñanza secundaria y, en general, fomentar la erradicación del analfabetismo entre la población romaní; — Acceso al empleo: reducir las diferencias de empleo entre los gitanos y el resto de la población garantizando un acceso pleno y no discriminatorio a la formación profesional, al mercado laboral y a las posibilidades e iniciativas de autoempleo, fomentando el microcrédito y los servicios de mediación de los servicios públicos de empleo; — Acceso a la sanidad: ofrecer a los gitanos, especialmente a los niños y las mujeres, acceso normalizado a una sanidad de calidad, atención preventiva específica y acceso garantizado a servicios sociales de nivel similar y en las mismas condiciones que al resto de la población, haciendo que participen activamente en los programas sanitarios orientados a sus comunidades; seguir persiguiendo, asimismo, el objetivo de reducir las diferencias entre la comunidad romaní y la media europea en relación con indicadores de salud específicos; — Acceso a la vivienda y a los servicios esenciales: fomentar un acceso no discriminatorio a la vivienda, incluida la vivienda de protección social, y a servicios públicos como el agua, la electricidad o el gas, atendiendo también a las exigencias específicas de los gitanos no sedentarios;
11.

recomienda, habida cuenta de la reciente evolución respecto de la UE, que los entes locales y regionales intervengan en el proceso de negociación del nuevo acuerdo de asociación entre Moldova y la UE, asumiendo al menos un papel consultivo, e incluso en el marco de una participación institucionalizada. Esta consulta podría adoptar la forma de un diálogo no jerarquizado, estructurado y permanente con las asociaciones de entes locales y regionales en las negociaciones sobre cada uno de los capítulos del futuro acuerdo de asociación que tienen repercusiones directas en el nivel local de la administración pública (se trata de los capítulos sobre reforma interior; turismo; agricultura y desarrollo rural; educación, enseñanza y juventud; cooperación transfronteriza y regional; refuerzo de las capacidades institucionales, etc.). Por el momento, en la lista de las instituciones que participan en la negociación, dentro del organigrama concertado entre las partes, no figuran ni entes locales y regionales ni asociaciones que los agrupen.
7)

CONSIDERANDO que la Unicef evalúa en cerca de 1,2 millones al año el número de menores que son objeto de trata ilegal interior o exterior (informe de Unicef «Stop the Traffic» de julio de 2003). El programa «Separated Children in Europe» (Niños separados en Europa), una iniciativa conjunta de la Alianza «Save the Children» y del ACNUR, considera, según una aproximación mínima, que hay en Europa al menos 100 000 menores no acompañados. En Italia, la autoridad nacional de protección de los menores nacionales de terceros países («Comitato Minori Stranieri») ha contabilizado el número de menores no acompañados nacionales de terceros países, que asciende a 8 000 al año, con una tendencia al alza en los últimos años; en España, las autoridades consideran que hay cada año entre 3 000 y 4 000 menores no acompañados nacionales de terceros países, mientras que en Francia, los Países Bajos y Bélgica, este número varía entre 5 000 y 6 000 al año. No cabe duda de que estas cifras serían más elevadas si se tuvieran en cuenta las entradas ilegales y la dificultad de evaluar también el número de menores presentes como consecuencia de una entrada irregular en el territorio;
1.1.2

No existe una coordinación comunitaria de los convenios fiscales, ni entre los convenios fiscales y los convenios sociales en el marco de la actividad de los trabajadores transfronterizos, a pesar de los importantes logros que, en el ámbito social, han logrado el Reglamento (CE) no 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) no 574/72 por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento 1408/71.
Con el fin de contribuir a la cohesión económica, social y territorial, es conveniente que, al diseñar las medidas de apoyo, los Estados miembros se centren en particular en las regiones, zonas y comunidades locales, incluidas las que dependen de las actividades pesqueras en aguas del Reino Unido, que puedan verse más afectadas negativamente por la retirada del Reino Unido. Es posible que los Estados miembros tengan que adoptar medidas específicas, en particular para apoyar a las empresas y a los sectores económicos afectados negativamente por la retirada. Procede, por tanto, facilitar una lista no exhaustiva de los tipos de medidas que tienen más probabilidades de alcanzar este objetivo.

Con el fin de contribuir a la cohesión económica, social y territorial, es conveniente que, al diseñar las medidas de apoyo, los Estados miembros se centren en particular en las regiones, zonas y comunidades locales, incluidas las que dependen de las actividades pesqueras en aguas del Reino Unido, que puedan verse más afectadas negativamente por la retirada del Reino Unido , velando por un reparto equitativo entre todas las regiones afectadas . Es posible que los Estados miembros tengan que adoptar medidas específicas, en particular para apoyar a las empresas y a los sectores económicos afectados negativamente por la retirada. Procede, por tanto, facilitar una lista no exhaustiva de los tipos de medidas que tienen más probabilidades de alcanzar este objetivo.
Los gases de efecto invernadero que no se liberen directamente a la atmósfera deben considerarse emisiones con arreglo al RCDE UE y deben entregarse los derechos de emisión para dichas emisiones a menos que se almacenen en un depósito de almacenamiento de conformidad con la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7), o que estén químicamente fijados de forma permanente a un producto, de modo que no entren en la atmósfera en condiciones normales de uso. Deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos de ejecución que especifiquen las condiciones en las que los gases de efecto invernadero deben considerarse químicamente fijados a un producto de forma permanente, de modo que no entren en la atmósfera en condiciones normales de uso, y que incluyan la obtención de un certificado de eliminación de CO2, cuando proceda, teniendo en cuenta la evolución de la normativa en materia de certificación de las eliminaciones de CO2.

Los gases de efecto invernadero que no se liberen directamente a la atmósfera deben considerarse emisiones con arreglo al RCDE UE y deben entregarse los derechos de emisión para dichas emisiones a menos que se almacenen en un depósito de almacenamiento de un modo seguro desde la perspectiva ambiental, de conformidad con la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8), o que estén químicamente fijados de forma permanente a un producto, de modo que no entren en la atmósfera en condiciones normales de uso. Deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos de ejecución que especifiquen las condiciones en las que los gases de efecto invernadero deben considerarse químicamente fijados a un producto de forma permanente, de modo que no entren en la atmósfera en condiciones normales de uso, y que incluyan la obtención de un certificado de eliminación de CO2, cuando proceda, teniendo en cuenta la evolución de la normativa en materia de certificación de las eliminaciones de CO2.
o

se muestra de acuerdo con el principio que sustenta este programa de apoyo, cuyo objetivo es prestar —con carácter voluntario y previa petición— asistencia técnica de cara a las reformas estructurales en los Estados miembros. No obstante, el CDR estima que el alcance de estas reformas estructurales que puedan beneficiarse de apoyo de la UE debe limitarse a los ámbitos de actuación que resulten pertinentes de cara a la aplicación de los objetivos del Tratado de la UE y que guarden una relación directa con las competencias de la Unión. El CDR se opone a toda propuesta de financiar reformas estructurales indeterminadas en los Estados miembros que no hayan sido objeto previamente de una evaluación del valor añadido europeo y que no guarden una relación directa con las competencias de la UE consagradas en el Tratado. En este contexto, remite a su Resolución, de 1 de febrero de 2018, en la que rechaza la propuesta de Reglamento de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (UE) n.1303/2013, de 6 de diciembre de 2017 ( 1 ) , por el que se establecen disposiciones comunes;
10.

considera que la sensibilización entre la ciudadanía debe dirigirse en primer término a la juventud. Ella ha sido hasta ahora la más afectada por la crisis económica y su pérdida de confianza en un proceso de integración y en un estatuto de ciudadanía que no le garantizan la plenitud de su desarrollo personal y profesional deben ser especialmente tenidas en cuenta. Las medidas que deben adoptarse —en las que juegan un papel esencial los entes locales y regionales— deben contemplar no solo la puesta en marcha del Cuerpo Europeo de Solidaridad, sino medidas de toda índole (acceso al empleo, movilidad, educación, desarrollo de competencias, etc.), en línea con lo reclamado por el Consejo Europeo del pasado diciembre;
11.

acoge con satisfacción la aspiración de simplificar la contratación pública de vehículos limpios, aunque no ve claro cómo se incorporará a la legislación y se aplicará la propuesta de la Comisión, que contempla objetivos porcentuales por Estado miembro para la contratación de vehículos limpios. Los entes locales y regionales gestionan la mayor parte del transporte público en muchos Estados miembros, y el nivel estatal no tiene ningún poder de decisión sobre el tipo de vehículos por el que se decantan los entes locales y regionales ya sea en régimen de compra, alquiler, leasing o contrato. Como pioneros en su adopción, los entes locales y regionales desempeñan un papel esencial para las tecnologías limpias en el transporte, pero, al mismo tiempo, es preciso destacar que las infraestructuras creadas para el transporte público local no suelen ser aptas para la explotación de vehículos particulares y, por ello, no cabe esperar efectos indirectos inmediatos. Debe quedar garantizada la financiación de la transición hacia un transporte limpio. La financiación que aporta la Unión Europea no es suficiente para financiar las ambiciosas medidas en el sector del transporte público, deficitario en su mayor parte. Por esta razón, se insta a la Comisión a que proponga otras posibilidades de financiación que vayan más allá de la utilización de instrumentos financieros, ya que, por lo general, estos instrumentos no son útiles debido a las perspectivas negativas de rentabilidad;
Documento de referencia:

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Action Plan on the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 — A disaster risk-informed approach for all EU policies (Plan de Acción sobre el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 — Un enfoque basado en el conocimiento de los riesgos de desastres para todas las políticas de la UE); SWD (2016) 205 final
10.

Acoge con satisfacción que la Comisión Europea haga referencia al Pacto de los Alcaldes (1); recuerda que sus signatarios (entes locales y regionales de toda la UE) son verdaderos modelos de consumo de energía sostenible y que promueven voluntariamente las buenas prácticas en materia de autoproducción entre los consumidores; subraya que más de 180 miembros del CDR ya representan a los signatarios del Pacto de los Alcaldes y que el CDR se ha comprometido a promoverlo entre sus propios miembros y en sus contactos con los entes locales y regionales en la UE y fuera de ella; reitera, no obstante, que el Pacto de los Alcaldes no es representativo de todos los entes locales y regionales europeos. No se deberían discriminar otras iniciativas que permitan a las ciudades afrontar objetivos ambiciosos (2);
13.

si hubiera que fijar a más largo plazo un umbral para la presencia de sustancias no autorizadas en los productos ecológicos, convendría previamente aclarar las normas que permitieran a los productores ser indemnizados por los Estados miembros como consecuencia de las pérdidas sufridas. Para un agricultor que se dedica a la producción ecológica, es prácticamente imposible evitar la presencia de residuos en sus productos si sus vecinos que practican la agricultura convencional no toman ninguna medida de precaución para evitar una posible contaminación. El CDR opina que los perjuicios derivados de este problema de certificación no podrán imputarse al productor ecológico o a las autoridades locales o regionales. La propuesta de Reglamento prevé que los Estados miembros podrán conceder ayudas nacionales procedentes de los instrumentos de la PAC para compensar a los agricultores por las pérdidas sufridas. Sin embargo, la Comisión no ofrece ninguna indicación sobre las consecuencias presupuestarias de esta medida, ya que las normas sobre indemnización no están claras;
5. […] Las transferencias de personal que pretendan realizarse fuera de los supuestos de la letra c) entre el administrador de infraestructuras y las otras entidades jurídicas de la empresa integrada verticalmente solo serán posibles si se garantizare que no se transmitirá de uno a otro personal ninguna información sensible.

5. […] Las transferencias de personal que pretendan realizarse fuera de los supuestos de la letra c) entre el administrador de infraestructuras y las otras entidades jurídicas de la empresa integrada verticalmente solo serán posibles. No obstante, el personal de que se trate estará sujeto a la obligación de secreto profesional respecto de su actividad anterior, conforme a los usos del derecho comercial. si se garantizare que no se transmitirá de uno a otro personal ninguna información sensible.
1.

considera que el traslado de residuos es uno de los ámbitos más importantes de la legislación sobre residuos, en el que se necesita una aplicación más estricta. En algunos Estados miembros los traslados de residuos están controlados de forma adecuada, pero no ocurre así en otros países, situación que conduce al envío de residuos a través de los puntos con menos controles, el denominado «port hopping». Existen pruebas claras de envíos ilegales de residuos que infringen directamente la Convención de Basilea y el Reglamento sobre traslados de residuos (RTR), en particular, de exportaciones de residuos peligrosos (como los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAEE) fuera de la OCDE bajo la etiqueta de la reutilización, y de exportaciones de residuos no peligrosos a países en desarrollo para una eliminación o tratamiento no respetuosa con el medio ambiente;
53.

señala que no es la descentralización per se la que lleva a un gasto descontrolado por parte de los entes subnacionales, sino más bien la deficiente aplicación de las medidas de descentralización, que no van acompañadas de una descentralización fiscal;
46.

destaca que, en el sector educativo en particular, la educación y formación de adultos de carácter no estatal deben quedar cubiertas por la exención, siempre que no entren en el ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales a los SIEG;
20.

considera necesario, a fin de mantener el nivel de la calidad de la cooperación, conservar en el Reglamento General las condiciones actuales para el nivel de cofinanciación, establecido en el Reglamento (CE) del Consejo no 1083/2006 (Reglamento General), art. 53, apartados 3 y 4. Citamos: «3. Respecto de aquellos programas operativos referentes al objetivo de “cooperación territorial europea” en que al menos uno de los participantes pertenezca a Estados miembros cuyo PIB medio per cápita haya sido, entre 2001 y 2003, inferior al 85 % de la media de la UE-25 durante ese mismo período, la contribución del FEDER no será superior al 85 % del total del gasto subvencionable. Para los programas operativos restantes, la contribución del FEDER no será superior al 75 % del gasto subvencionable cofinanciado por dicho Fondo. 4. La contribución de los Fondos en el nivel de los ejes prioritarios no estará sujeta a los límites máximos fijados en el apartado 3 y en el Anexo III. No obstante, dichos límites máximos se determinarán de forma que quede garantizado el respeto del importe máximo de contribución de los fondos y el porcentaje máximo de contribución por Fondo estipulado a nivel de los programas operativos»;
48.

se compromete a prestar la máxima atención para que las inversiones futuras, europeas y nacionales, destinadas a limitar los efectos generales, también debido al cambio climático, de la frecuencia de los fenómenos extremos (inundaciones y sequías) se orienten prioritariamente a la realización de infraestructuras verdes (zonas de inundación controlada, cuencas naturales de retención de agua, intervenciones de reforestación y conservación del entorno de montaña, recuperación de las riberas y los humedales, ordenación y estabilización de las laderas, etc.), con el fin de garantizar la defensa hidráulica del territorio y, a la vez, conservar la biodiversidad, recuperar los recursos naturales y ofrecer nuevas posibilidades turísticas y laborales. Si las medidas de infraestructuras verdes no son eficaces o las condiciones locales no permiten su aplicación, la realización de infraestructuras grises (barreras artificiales, aliviaderos, diques, etc.) es indispensable para proteger el territorio, sus habitantes y la economía contra las inundaciones;
—

recuerda que el principio de los «tres noes» de la Comisión: no a nuevas reglas, no a instituciones nuevas, no a recursos adicionales, debería completarse mediante «tres síes»: aplicación y control de las reglas vigentes en la macrorregión, estructuración de una plataforma/una red/una AECT, uso concertado de los recursos financieros.
6.

sin embargo, observa que la pobreza y la exclusión social no podrán reducirse ni será posible lograr un crecimiento inclusivo si no se acaba con la desigualdad y la discriminación; señala que el aumento del crecimiento y el empleo en el período 2000-2008 no tuvo una repercusión clara en la pobreza, mientras que la desigualdad creció en muchos países: esta situación ha empeorado como consecuencia de la actual crisis social y económica;
15.

señala asimismo que el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa (CPLRE) ha destacado la importancia de los entes locales y regionales en la aplicación de los derechos humanos (por ejemplo, en su recomendación The Role of Local and Regional Authorities in the Implementation of Human Rights; ponente: Lars O. Molin 2010), al igual que la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (entre otros en el diálogo del 26 de noviembre de 2010 con el CDR/CIVEX sobre la protección y promoción de los derechos fundamentales en distintos niveles);
15.

considera que una instalación de servicio deberá beneficiarse de la aplicación del principio de «utilización o pérdida» (use it or lose it), es decir, de la obligación de organizar una licitación para designar a un nuevo explotador de la instalación. Igualmente, las instalaciones técnicas de nueva construcción, de mantenimiento o de otro tipo, desarrolladas para un nuevo tipo específico de material rodante, no deberían reservarse a una determinada empresa por un periodo de cinco años;
26.

recuerda, no obstante, que el espíritu de la Directiva es ahorrar energía con el fin de minimizar los impactos medioambientales. Por tanto, establecer una definición de los «edificios en los que las emisiones de CO2 y el consumo de energía primaria son bajos o nulos» (Buildings of which both carbon dioxide emissions and primary energy consumption are low or equal to zero) no puede conducir a que los edificios con bajo nivel de emisión de CO2 resulten más favorecidos que los de bajo consumo energético. Por otra parte, el impacto medioambiental global debe primar siempre sobre el mero criterio de las emisiones de CO2;
3.

destaca que el principio de subsidiariedad es un elemento fundamental del sistema político y jurídico de la Unión Europea; no obstante, hace igualmente hincapié en que muchos de los retos que la UE afronta actualmente son de naturaleza global (globalización, necesidad de protección social, influencia de los mercados financieros globales, cambio climático, etc.) y que, por consiguiente, en los ámbitos en que los problemas no pueden resolverse a nivel local, regional o nacional se requieren soluciones comunes basadas en principios compartidos;
32.

recomienda encarecidamente velar por la coherencia entre los principios enunciados en el texto y los programas de intervención de la Unión Europea, cualquiera que sea la zona del mundo en cuestión y el instrumento de cooperación europeo movilizado. Por ejemplo: — examinar las relaciones entre los mecanismos de ayuda presupuestaria –por los cuales pasan ya de manera preponderante las contribuciones de la UE y de los Estados miembros–, las dotaciones transferidas a las autoridades locales por los Gobiernos centrales y las competencias que les son atribuidas en virtud de las leyes de descentralización aprobadas por numerosos países beneficiarios de la ayuda; — la Carta en favor de la gobernanza afirma de distintas maneras –algo que ya se ha comprobado en otras partes, incluso en estudios realizados por el Banco Mundial y la OCDE– que una descentralización beneficiosa se basa en una buena interacción entre todos los niveles de gobierno, lo que supone que el nivel central sea viable y eficaz. Por ello, el CDR desearía que con ocasión de la evaluación intermedia del Programa temático«Participación de los agentes no estatales y las autoridades locales en el desarrollo», que debe desarrollarse en 2009, se plantee la pregunta de la pertinencia del apoyo a las «autoridades locales» en países en los que, según la expresión del programa, las «"condiciones son difíciles»; — en lo que se refiere a los recursos financieros disponibles, el programa temático no es más que la punta del iceberg. El CDR desearía que se pusiera a disposición de los agentes interesados, tanto europeos como de los países en desarrollo, una información precisa sobre la manera de asociar efectivamente a las autoridades locales a la aplicación de los acuerdos de cooperación, de tal modo que, en caso necesario, puedan aportarse mejoras. En particular, el conocimiento y la difusión de buenas prácticas serían completamente oportunos;
27.

destaca que, además de afrontar las consecuencias de la disminución de la población en muchas regiones, es urgente hacer frente a los desafíos planteados por el envejecimiento de la población en el espacio europeo, que requiere nuevas medidas de asistencia social para las familias, junto a una política de inmigración prudente pero consciente de las necesidades humanas y sociales. Esta política debe ocuparse no sólo de la inmigración con un alto nivel profesional sino también, en su caso, de la mano de obra no cualificada capaz de apoyar la producción de las PYME, en función de las necesidades de cada Estado miembro o de los entes locales y regionales. La globalización social y económica ya no permite comportamientos aplicar políticas que, a menudo, han generado situaciones ilegales en el mercado laboral;
27.

señala que los Estados miembros deberían establecer con claridad qué tipo de información debe recabarse y analizarse, las instancias competentes para ello y de qué manera debe procederse. Con frecuencia las disposiciones jurídicas de tipo declarativo no fijan estos aspectos; no obstante, sin principios teóricos y prácticos comprensibles para todos no cabe esperar resultados positivos;