INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL - FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECTIVA 98/34/CE DE 1995 A 1998

ÍNDICE

INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL: FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECTIVA 98/34/CE DE 1995 A 1998

1. RESUMEN

2. INTRODUCCIÓN

3. PARTE I: EL PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN EN EL CAMPO DE LAS NORMAS

3.1. Introducción

3.2. Descripción sucinta del procedimiento

3.3. El funcionamiento del procedimiento de información durante el periodo de 1995 a 1998

3.4. Tendencias de las actividades de normalización

3.5. Calidad de las notificaciones procedentes de los organismos nacionales de normalización

3.6. Aprovechamiento de las informaciones recibidas gracias al procedimiento

3.7. Información sobre las actividades de normalización en general

3.8. Mandatos de programación y normalización

3.9. Medidas para mejorar el procedimiento

3.10. Conclusiones

4. PARTE II: EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN EN MATERIA DE NORMAS TÉCNICAS EN LA COMUNIDAD EUROPEA

4.1. Introducción

4.2. Descripción del procedimiento

4.2.1. Descripción sucinta del procedimiento 98/34 aplicable a las normas técnicas

4.2.2. Modificaciones aportadas al procedimiento 83/189 por la Directiva 94/10/CE

4.3. Aplicación del procedimiento

4.3.1. Volumen de las notificaciones

4.3.1.1. Tendencia general

4.3.1.2. Desglose por países

4.3.1.3. Desglose por sectores

4.3.2. Aplicación del procedimiento de urgencia

4.3.3. Reacciones de la Comisión

4.3.3.1. Tendencia general

4.3.3.2. Dictámenes razonados

4.3.3.3. Observaciones

4.3.3.4. Intención de proponer, adoptar o presentar ante el Consejo una propuesta de acto comunitario vinculante - decisión de "suspensión"

4.3.4. Reacciones de los Estados miembros

4.3.5. Tratamiento de las infracciones

4.3.6. Curso del procedimiento

4.3.6.1. Reuniones del Comité 98/34

4.3.6.2. Reuniones "paquete"

4.3.6.3. Reuniones con las unidades centrales de los Estados miembros

4.3.6.4. Reuniones ad hoc

4.4. Factores que han contribuido al elevado número de notificaciones

4.4.1. Diversidad de factores

4.4.2. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia

4.4.2.1. Sentencias por incumplimiento

4.4.2.2. Sentencias emitidas a petición de una decisión prejudicial

4.4.3. La operación neerlandesa de actualización de las notificaciones de normas técnicas

4.5. Acciones orientadas a aumentar la transparencia y la información suministrada a las empresas

4.6. Conclusiones y perspectivas

5. PARTE III: EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS NORMAS TÉCNICAS ENTRE LA COMUNIDAD Y LOS PAÍSES DE LA AELC

5.1. Introducción

5.2. Descripción del procedimiento

5.3. Aplicación del procedimiento

5.3.1. Volumen de las notificaciones y distribución por sectores

5.3.2. Reacciones

5.3.2.1. Observaciones de la Comunidad sobre las notificaciones de la AELC

5.3.2.2. Observaciones de la AELC sobre las notificaciones de la Comunidad

5.4. Conclusiones y perspectivas

6. ANEXOS

6.1. Cuadro I: Distribución del número de nuevos trabajos de normalización acometidos cada año entre 1991 y 1998

6.2. Cuadro II a: Distribución del número de nuevos trabajos de normalización acometidos en 1995

6.3. Cuadro II b: Distribución del número de nuevos trabajos de normalización acometidos en 1996

6.4. Cuadro II c: Distribución del número de nuevos trabajos de normalización acometidos en 1997

6.5. Cuadro II d: Distribución del número de nuevos trabajos de normalización emprendidos en 1998

6.6. Cuadro III a: Distribución por países del número de nuevos trabajos de normalización notificados a nivel nacional en 1995

6.7. Cuadro III b: Distribución por países del número de nuevos trabajos de normalización notificados a nivel nacional en 1996

6.8. Cuadro III c: Distribución por países del número de nuevos trabajos de normalización notificados a nivel nacional en 1997

6.9. Cuadro III d: Distribución por países del número de nuevos trabajos de normalización notificados a nivel nacional en 1998

6.10. Cuadro IV a: Los diez principales subsectores en los que se inscriben los nuevos trabajos nacionales de normalización de 1995

6.11. Cuadro IV b: Los diez principales subsectores en los que se inscriben los nuevos trabajos nacionales de normalización de 1996

6.12. Cuadro IV c: Los diez principales subsectores en los que se inscriben los nuevos trabajos nacionales de normalización de 1997

6.13. Cuadro IV d: Los diez principales subsectores en los que se inscriben los nuevos trabajos nacionales de normalización de 1998

6.14. Cuadro V: Aplicación del artículo 4 (petición de participación en los trabajos de normalización nacional y solicitud de elaboración de una norma europea)

6.15. Cuadro VI a: Trabajos de normalización confiados a los organismos europeos de normalización en 1995

6.16. Cuadro VI b: Trabajos de normalización confiados a los organismos europeos de normalización en 1996

6.17. Cuadro VI c: Trabajos de normalización confiados a los organismos europeos de normalización en 1997

6.18. Cuadro VI d: Trabajos de normalización confiados a los organismos europeos de normalización en 1998

6.19. Cuadro VII: Número de notificaciones de normas técnicas emitidas por los Estados miembros entre 1995 y 1998

6.20. Cuadro VIII: Porcentajes de notificaciones de normas técnicas emitidas por los Estados miembros entre 1995 y 1998

6.21. Cuadro IX: Distribución por sectores de los proyectos notificados por los Estados miembros de la Unión Europea (1995)

6.22. Cuadro X: Distribución por sectores de los proyectos notificados por los Estados miembros de la Unión Europea (1996)

6.23. Cuadro XI: Distribución por sectores de los proyectos notificados por los Estados miembros de la Unión Europea (1997)

6.24. Cuadro XII: Distribución por sectores de los proyectos notificados por los Estados miembros de la Unión Europea (1998)

6.25. Cuadro XIII: Observaciones sobre los proyectos notificados por Noruega y Suiza en 1995

6.26. Cuadro XIV: Distribución por sectores de los proyectos notificados por Noruega y Suiza en 1995

INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECTIVA 98/34/CE DE 1995 A 1998

1. RESUMEN

Este informe de los resultados de la aplicación de la Directiva 98/34/CE [1] entre 1995 y 1998 constituye un elemento de información para el Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité Económico y Social, tal y como se prevé en el artículo 11 de la Directiva.

[1] La Directiva 83/189/CEE, tras ser modificada por las Directivas 88/182/CEE y 94/10/CE, ha sido codificada por la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998 por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas (DO L 204/37 de 21.7.1998). Esta Directiva entró en vigor el 5 de agosto y deroga las anteriores. En estas condiciones, y para facilitar la lectura del presente informe, se sustituirá la referencia a la Directiva 83/189/CEE por la referencia a la Directiva 98/34/CE.

El informe se divide en tres partes: el procedimiento de información en el campo de las normas (descripción sucinta del procedimiento, análisis de las estadísticas, calidad de las notificaciones y su utilización, emisión de mandatos dirigidos a los organismos europeos de normalización); el procedimiento de notificación en materia de normas técnicas en la Comunidad Europea (evolución del procedimiento, intercambio de información, reacciones de la Comisión y de los Estados miembros, curso del procedimiento, factores que han contribuido a incrementar el número de proyectos notificados, acciones destinadas a aumentar la información suministrada a las empresas); y por último, el procedimiento de intercambio de información entre la Comunidad y los países de la AELC en materia de normas técnicas.

Este informe permite valorar el papel de la Directiva 98/34/CE durante el periodo considerado, y en especial su función de instrumento de prevención de los obstáculos a los intercambios intracomunitarios. Refleja los resultados del diálogo entablado entre la Comisión y los Estados miembros, así como entre los propios Estados miembros, y del establecimiento de una red de información entre los organismos de normalización europeos y nacionales.

El objetivo del informe es difundir la información en la Unión Europea y alentar a las empresas a que utilicen y aprovechen el procedimiento establecido en la Directiva.

2. INTRODUCCIÓN

1. El presente informe sobre los resultados de la aplicación de la Directiva 98/34/CE de 1995 a 1998 constituye un elemento de información para el Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité Económico y Social, tal y como se prevé en el artículo 11 de la Directiva 83/189/CEE, modificada por las Directivas 88/182/CEE y 94/10/CE y codificada por la Directiva 98/34/CE.

2. La Directiva 98/34/CE, cuyo objetivo es evitar la aparición de obstáculos a los intercambios intracomunitarios, ha cumplido su misión como instrumento básico para la realización del mercado interior, a través del diálogo entablado entre la Comisión y los Estados miembros, la promoción de la cooperación entre éstos últimos y el establecimiento de una red de información entre los organismos europeos y nacionales de normalización.

3. Las modificaciones aportadas a la Directiva, en particular durante el periodo considerado en el presente informe, junto con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, han contribuido a la obtención de este resultado y han aumentado la transparencia, el diálogo, la prevención y el control recíproco que han caracterizado al sistema desde el principio.

4. El informe sobre el funcionamiento de este instrumento entre 1995 y 1998 se divide en tres partes:

4.1. El procedimiento de información en el campo de las normas.

Después de una breve descripción del procedimiento en el campo de la normalización se da cuenta de la actividad de información para el periodo de 1995 a 1998 junto con un análisis de las estadísticas. El informe trata igualmente sobre la calidad de las notificaciones, su utilización y la emisión de mandatos dirigidos a los organismos europeos de normalización, a saber, al Comité Europeo de Normalización (CEN), al Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) y al Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI). Las mejoras realizadas y las que aún pueden realizarse cierran este capítulo.

4.2. El procedimiento de notificación en materia de normas técnicas en la Comunidad Europea.

Este capítulo describe la evolución del procedimiento previsto por la Directiva 98/34/CE en materia de normas técnicas nacionales. Se centra en el intercambio de flujos de información y, en particular, en las distintas reacciones de la Comisión y los Estados miembros, en las diferentes consecuencias del procedimiento y en sus resultados. Presta especial atención a los factores que han contribuido a incrementar el número de proyectos notificados, así como a las acciones destinadas aumentar la información suministrada a las empresas.

4.3. El intercambio de información en materia de normas técnicas entre la Comunidad y los países de la AELC.

En 1994 entró en vigor el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Acuerdo EEE), que recoge las disposiciones de la Directiva 98/34/CE, adaptadas. A pesar de que la Confederación Suiza no es parte en el Acuerdo EEE, sigue participando en el intercambio de información con la Comunidad mediante la práctica voluntaria prevista en el Acuerdo entre los Estados miembros de la AELC y la Comunidad Económica Europea, que establece un procedimiento de intercambio de información en materia de normas técnicas [2].

[2] Decisión del Consejo 90/518/CEE, de 24 de septiembre de 1990, relativa a la celebración de un acuerdo entre la Comunidad Económica Europea, por una parte, y la República de Austria, la República de Finlandia, la República de Islandia, el Reino de Suecia y la Confederación Suiza, por otra, por el que se establece un procedimiento para el intercambio de información en el ámbito de las reglamentaciones técnicas, DO L 291 de 23.10.1990. La vigencia prevista para el Acuerdo era de dos años y expiró el 1 de noviembre de 1992. Se prorrogó durante el periodo comprendido entre noviembre de 1992 y diciembre de 1993 mediante acuerdos bilaterales en forma de canje de notas.

Esta parte analiza el intercambio de información entre dichos países y la Comunidad.

3. PARTE I: EL PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN EN EL CAMPO DE LAS NORMAS

3.1. Introducción

5. Esta parte se refiere al procedimiento de información en el campo de la normalización, tal como está previsto en los artículos 2 a 7 de la Directiva 98/34/CE. En ellos se dispone que los organismos nacionales de normalización notificarán a la Comisión, a los organismos de normalización europeos y a los demás organismos nacionales de normalización los nuevos ámbitos en relación con los cuales hayan decidido establecer una norma o modificarla. Después de una breve descripción del procedimiento se da cuenta de la actividad de información para el periodo de 1995 a 1998 junto con un análisis de las estadísticas. El informe trata igualmente sobre la calidad de las notificaciones, su utilización y la emisión de mandatos dirigidos a los organismos europeos de normalización, a saber, al Comité Europeo de Normalización (CEN), al Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) y al Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI). Las mejoras realizadas y las que aún pueden realizarse cierran el presente capítulo.

3.2. Descripción sucinta del procedimiento

6. En la práctica, el procedimiento de información en el campo de la normalización se puso en marcha el 1 de enero de 1985. Desde la aprobación de la Directiva 94/10/CE, por la que se modificaba la Directiva 83/189/CEE, la obligación de notificación sólo afecta a los nuevos trabajos de normalización. Y no afecta a las demás actualizaciones de los programas nacionales de normalización, a saber, los proyectos de encuesta pública y la adopción de normas nacionales.

Los organismos nacionales de normalización, miembros del CEN y del CENELEC (incluidos los de los países de la AELC) comunican los datos necesarios a las secretarías centrales del CEN y del CENELEC. Los datos reunidos se transmiten periódicamente a la Comisión y a todos los miembros del CEN y del CENELEC, que se encargan de difundirlos a los medios interesados con el fin de obtener sus reacciones. Estos datos también son examinados por los órganos competentes del CEN y del CENELEC (secretarías centrales, oficinas técnicas, etc.) y por los servicios de la Comisión.

Entre la Comisión Europea y el CEN y el CENELEC se han establecido unos contratos anuales adecuados con el fin de asegurar el funcionamiento técnico del procedimiento de información en el campo de las normas.

7. El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) participa de oficio en el procedimiento de información en materia de normas. No obstante, en la práctica, esta participación se limita a la recepción y al examen de los datos procedentes de los miembros del CEN y del CENELEC transmitidos por las secretarías centrales de estos dos organismos. De hecho, el ETSI no está compuesto por organismos nacionales de normalización, en el sentido de la definición que figura en el artículo 1 de la Directiva 98/34/CE. Las informaciones sobre la elaboración a nivel nacional de las especificaciones técnicas en el sector de las telecomunicaciones se transmiten, en principio, bien a través del procedimiento de información en materia de normas técnicas, en el caso de la legislación, bien a través de los miembros del CEN y del CENELEC, si tiene carácter voluntario. Tal como se indica en el informe anterior, se puede suponer que las actividades nacionales de normalización en el campo de las telecomunicaciones deberían ser limitadas, ya que los programas del ETSI abarcan multitud de temas, y para cada uno de éstos se aplica la regla interna del statu quo.

La presente parte del informe se refiere, por lo tanto, únicamente a las actividades notificadas por los miembros del CEN y del CENELEC, organismos relacionados en el anexo II de la Directiva 83/189/CEE.

3.3. El funcionamiento del procedimiento de información durante el periodo de 1995 a 1998

8. A partir de 1993 el CEN introdujo el procedimiento simplificado como se indicó en el informe anterior. Se trata del procedimiento estipulado en la propuesta de 1992 de la Comisión sobre la que se basó la Directiva 94/10/CE. Esta simplificación permitió a la secretaría central del CEN dominar mejor el flujo de información y examinar con mayor detalle determinadas notificaciones, tanto en lo referente a presentación como a contenido. Esta simplificación ha ofrecido también la posibilidad de disponer a partir de 1993 de unas estadísticas completas y realistas en relación con los nuevos trabajos.

En octubre de 1996, el CEN introdujo en las notificaciones la clasificación ICS, que es una clasificación internacional de ISO de los diferentes campos, sobre todo industriales, cubiertos por las normas. En 1998, aproximadamente el 22% de las notificaciones incorporaban ya esta precisión.

El intercambio de proyectos de normas para información pública, que incluye el texto íntegro, se ha realizado desde principios de 1993, caso por caso, de común acuerdo entre los organismos afectados y dentro del espíritu de participación mencionado en el presente artículo 3 de la Directiva 98/34/CE.

9. El CENELEC, por su parte, ha reforzado su procedimiento interno, llamado procedimiento "Vilamoura", completándolo, llegado el caso, con el procedimiento de información previsto en la Directiva 98/34/CE. De hecho, el procedimiento "Vilamoura" pide a cada miembro del CENELEC que notifique lo antes posible, incluso en una fase precoz, cada deseo y/o intención de emprender una actividad de normalización. La reacción de uno solo de los demás miembros en un plazo de tres meses basta para fijar un plazo de statu quo. Éste no puede ser suspendido más que por el órgano técnico de más categoría dentro del CENELEC, que es su Oficina Técnica. Únicamente en el caso de que este organismo constate que no resulta oportuno trabajar a nivel europeo, autorizará el desarrollo a nivel nacional de la actividad notificada y permitirá que esta actividad se convierta en una iniciativa nacional en el sentido de la Directiva 98/34/CE. Las notificaciones relativas a estas últimas iniciativas se difunden a continuación trimestralmente dentro del círculo más amplio de participantes que se cita en la Directiva 98/34/CE.

Teniendo en cuenta este procedimiento específico del CENELEC, y que el CENELEC cubre únicamente el sector electrotécnico, el número de notificaciones de los miembros de este organismo en el marco de la Directiva 98/34/CE es bastante reducido y las estadísticas del presente informe cubren principalmente las actividades de los miembros del CEN.

A instancias de los servicios de la Comisión, en diciembre de 1996 el CENELEC confirmó el buen funcionamiento del procedimiento combinado anteriormente mencionado y el compromiso de sus miembros. No obstante, cabe lamentar que las informaciones del procedimiento "Vilamoura" no se hayan difundido en el exterior, como ocurre con las que siguen el procedimiento de la Directiva, y circulen principalmente entre los miembros del CENELEC. La recopilación de todas las notificaciones en un único registro incrementaría la transparencia y, por lo tanto, se debe estudiar este punto.

10. Las estadísticas elaboradas por el CEN y el CENELEC en su informe anual ofrecen una visión general de las actividades de normalización notificadas en los años 1995 a 1998.

Dentro de estas estadísticas, las que se refieren a los nuevos trabajos reflejan las tendencias más recientes dentro de las actividades de normalización. Estas últimas estadísticas se pueden examinar desde tres ángulos complementarios:

- la distribución por niveles de trabajo (nacionales, europeos e internacionales) así como la evolución de las actividades en cada nivel

- la distribución por países

- la distribución por sector de actividad y subsector.

11. Tal y como se ha indicado en los informes anteriores, las estadísticas se deben interpretar con una cierta prudencia por los motivos siguientes:

- Las estadísticas de 1993 y de los años anteriores no tienen en cuenta el número relativamente importante de nuevas actividades que se notificaron directamente en la fase de encuesta pública. Estas notificaciones tardías eran contrarias a las reglas estipuladas por el CEN/CENELEC;

- Una nueva actividad lanzada a nivel europeo puede abarcar un campo más amplio que una actividad nacional;

- En razón de los distintos métodos de trabajo utilizados, la fase en la que se notifica un nuevo trabajo de normalización no es la misma para todos los miembros del CEN y del CENELEC.

También hay que señalar que la adhesión de tres nuevos países el 1 de enero de 1995 complica la comparación de las estadísticas antes y después de esta fecha.

Se advierte también que las notificaciones de regularización procedentes de Francia en el curso de 1995 se han suprimido de las estadísticas adjuntas. El número de estas regularizaciones se ha estimado con arreglo a la información recibida de AFNOR (62% de un total de 1 342).

3.4. Tendencias de las actividades de normalización

12. Teniendo en cuenta estas reservas, puede afirmarse lo siguiente sobre la evolución de la normalización internacional, europea y nacional, sobre la base de los cuadros I, II, III y IV del anexo al presente informe.

- El número total de nuevos trabajos emprendidos a estos tres niveles se estabilizó en 1993 en aproximadamente 4 500 unidades, tras dos años de crecimiento rápido en 1991 y 1992.

- A nivel nacional, el número de nuevas iniciativas para el periodo de 1995 a 1998 se sitúa en una media de 1 620 unidades anuales, frente a la media de 2 000 unidades del periodo 1992/1994. La proporción de trabajos puramente específicos dentro de esta cantidad se mantuvo en aproximadamente el 95%.

- El número de nuevas iniciativas a nivel europeo disminuyó notablemente a partir de 1993 en relación con los dos años anteriores, tanto en el sector eléctrico como en el sector no eléctrico.

- A nivel internacional se puede constatar también que la tendencia a la baja se mantiene (una media de 1 122 unidades anuales frente a las 2 189 del periodo 1992/1994).

- Por lo que se refiere a la distribución de los nuevos trabajos nacionales por Estados miembros, los cuadros IIIa a IIId muestran que una media del 50% proceden de Alemania y Francia. En el caso del segundo Estado miembro, esta cifra se igualó en 1998 a la de los otros tres Estados miembros más importantes por lo que se refiere a las notificaciones (a saber: 10%).

- En los cuadros IV se indican los diez subsectores principales de las actividades nacionales. Se pueden observar actividades importantes en 1995 en el sector aeroespacial y de los productos químicos. En 1996 y 1997 hay que señalar principalmente las actividades nacionales en el campo de los productos alimenticios y en el sector de las pequeñas herramientas mecánicas. El sector de los productos alimenticios siguió encabeza en 1998.

3.5. Calidad de las notificaciones procedentes de los organismos nacionales de normalización

13. En sus informes anteriores, la Comisión señaló problemas con los plazos de transmisión de las notificaciones y la calidad intrínseca de la información suministrada. La Comisión insistió en que se hiciera un esfuerzo suplementario a nivel nacional y europeo con el fin de poner remedio a esta situación. Desde el comienzo del periodo 1995/1998 se ha trabajado en este sentido, lo que ha mejorado la calidad de las notificaciones. Hay que señalar que estos progresos no han sido fruto del azar sino del esfuerzo permanente de la unidad central del CEN y de sus corresponsales a nivel nacional.

14. En primer lugar, la unidad central del CEN ha definido claramente las reglas internas necesarias para garantizar la exactitud, claridad y fiabilidad de las notificaciones mediante la edición de un manual de uso dirigido a sus miembros en mayo de 1995. Este manual también define de qué forma un miembro puede participar en los trabajos de otro miembro. Un mes más tarde se celebró una jornada de formación e intercambio de experiencias para todos los corresponsales, seguida de contactos bilaterales para las transmisiones de notificaciones de calidad dudosa. En este contexto, se creó un servicio de asistencia (helpdesk) en la unidad central del CEN para resolver todas las dudas de los proveedores de datos.

15. A pesar de estas medidas, aproximadamente el 20% de las notificaciones se transmitieron en una fase tardía en 1998, frente al 23% en 1994. La relativa mejora consiste en que en 1998 sólo el 14% de estas notificaciones tardías se recibieron al final del periodo de encuesta pública. Es preciso seguir trabajando en este sentido si no queremos vulnerar los principios del procedimiento de información previstos por la Directiva. De hecho, la notificación tardía puede suponer un obstáculo para la participación de otros organismos de normalización en los trabajos y para la comunicación de sus observaciones en una fase temprana de los trabajos.

16. La descripción precisa del proyecto deja también que desear, a pesar de una ligera mejora entre 1995 y 1998. En 1995, el 55% de las notificaciones no contenía ninguna descripción aparte del título. En 1998 este porcentaje disminuyó hasta aproximadamente el 31%, porcentaje todavía bastante alto. Se trata sobre todo de notificaciones británicas, francesas, finlandesas y austríacas. Otras inexactitudes de los datos de las notificaciones se basan en la clasificación equivocada del sector de actividad, aunque haya podido observarse cierta mejora entre 1995 y 1998. Además, los servicios de la Comisión albergan ciertas dudas por lo que se refiere a la ausencia de relación entre algunos de los nuevos trabajos y otros trabajos europeos o internacionales.

17. El CENELEC, por su parte, no dispone de un análisis detallado similar al efectuado por la unidad central del CEN. No obstante, teniendo en cuenta la existencia del procedimiento interno "Vilamoura", que contiene unas reglas de notificación relativamente rigurosas, y teniendo en cuenta que se trata de unos volúmenes más reducidos, se puede estimar que por parte de los miembros del CENELEC la calidad de las notificaciones es como mínimo satisfactoria.

3.6. Aprovechamiento de las informaciones recibidas gracias al procedimiento

18. Como consecuencia de la falta de información precisa sobre la difusión a nivel nacional de los datos obtenidos por el procedimiento, el informe 1992/1994 recomendaba proceder a un examen. En mayo de 1995 la secretaría central del CEN lanzó una encuesta entre sus corresponsales, a la que respondieron varios organismos nacionales. De ella se desprende que en Dinamarca el registro mensual es objeto de una subscripción de pago y el examen de las notificaciones se lleva a cabo principalmente en el organismo de normalización. En Alemania la información se hace circular entre un número aproximado de 60 agentes económicos interesados, que se encargan de difundirla entre los miembros de sus correspondientes sectores. La difusión sistemática y la consulta amplia a la industria también se observan en Francia. El organismo italiano de normalización difunde los datos ante la industria y sus organismos asociados. Además, su personal técnico también está informado de las actividades notificadas por sector. En Portugal, la información se difunde entre los miembros del organismo de normalización, mientras que en Suecia y el Reino Unido el interés por la información parece marginal.

19. Tal como se señalaba en informes anteriores, sigue siendo marginal la aplicación del artículo 4 de la Directiva, es decir, la participación en las actividades nacionales y la solicitud de elaboración de normas europeas. El cuadro V confirma estas constataciones:

- el número de observaciones formuladas por los organismos de normalización sigue siendo muy escaso en relación con el número de notificaciones recibidas

- las peticiones de participación en los trabajos de otros miembros parecen incluso disminuir

- con excepción de uno o dos casos, las solicitudes de elaboración de normas europeas brillan por su ausencia.

De estas estadísticas se puede, por lo tanto, extraer la conclusión de que los mecanismos previstos en el artículo 4 de la Directiva no se aplican.

20. En el sector electrotécnico, es preciso tener en cuenta la aplicación del procedimiento "Vilamoura". Este procedimiento prevé, para cada nueva iniciativa presentada por al menos un miembro, los mismos tipos de participación que prevé el artículo 4 de la Directiva 98/34/CE. En 1997, 33 notificaciones fueron objeto de este procedimiento. 14 de ellas se transfirieron a nivel europeo mientras que otras 5 se desarrollaron a nivel nacional con la participación de uno o varios países diferentes. En 1998, el número de notificaciones que siguieron este procedimiento se limitó a 13, de las que 3 se desarrollaron a nivel europeo.

21. El seguimiento de la aplicación del statu quo previsto en el artículo 7 de la Directiva 98/34/CE se ha efectuado a nivel del CEN / CENELEC y a nivel de la Comisión.

En la secretaría central del CEN las notificaciones han sido objeto de un examen periódico por parte de los responsables técnicos. No se dispone de estadísticas sobre el número de casos tratados, pero su transmisión a la Comisión podría ser útil.

Por su parte, los servicios de la Comisión también han continuado el examen de las notificaciones recibidas, tanto para vigilar el statu quo con relación a los mandatos dirigidos a los organismos europeos de normalización como para examinar la utilidad de transferir la actividad notificada a nivel europeo. Debido a la falta de medios, el número de casos cuestionados se redujo de 16 en 1996 a 2 en 1997.

22. Como epílogo a este apartado relativo a la utilización de las informaciones recibidas se pueden presentar los siguientes puntos de vista:

- La simplificación del procedimiento establecido por la Directiva 94/10/CE ha creado las condiciones necesarias para un mejor aprovechamiento de estas informaciones, al reducir considerablemente el volumen de datos y centrarse en los datos pertinentes. No obstante, esta simplificación no ha facilitado la difusión de información a nivel nacional ni la aplicación del artículo 4. La explotación de los datos parece depender, sobre todo, de la actitud general de los miembros del CEN respecto del procedimiento de información. Como ejemplo, cabe citar la política activa de difusión, en Francia, de la información recopilada.

- Según la Comisión, es preciso adoptar nuevas medidas que garanticen un aprovechamiento más eficaz a nivel nacional. A pesar del esfuerzo considerable realizado por la secretaría general del CEN, para mejorar hay que realizar un esfuerzo especial y duradero en la fuente de la información notificada. La mejora de la difusión de la información a nivel nacional podría alcanzarse utilizando técnicas avanzadas de difusión y demostrando la utilidad de este procedimiento para los industriales.

3.7. Información sobre las actividades de normalización en general

23. La información sobre las nuevas actividades nacionales de normalización sólo es una parte limitada de las informaciones relativas a las actividades de normalización. Se plantea el problema general de la información sobre la adopción de normas nacionales y de todas las actividades de normalización, en curso y adoptadas, a nivel europeo e internacional.

En particular, aun quedan esfuerzos por realizar para mejorar la información y que se tengan más en cuenta los intereses de los consumidores y de protección del medio ambiente.

Como ya se ha indicado en varias ocasiones, la Comisión considera necesario poner a disposición de todas las partes interesadas las informaciones pertinentes sobre las actividades de normalización, y hacerlo en condiciones razonables. La facilidad de acceso y la transparencia de las actividades de normalización deberían ser algunas de las características básicas del sistema de normalización. Debe realizarse un esfuerzo continuo a nivel nacional y europeo para cubrir las necesidades de información de todos los sectores interesados.

24. En este contexto, hay que referirse al estudio concluido a principios de 1995 sobre las pequeñas y medianas empresas en Europa y sus conocimientos y necesidades de información, especialmente en materia de normalización. Este estudio, denominado estudio "Euromanagement", fue financiado por la Comisión y realizado por AFNOR, organismo de normalización en Francia.

Este estudio ponía de relieve las enormes dificultades a que se enfrentaban las PYME para acceder a la información en materia de normalización. Para poner remedio a esta situación, en julio de 1996 la Comisión lanzó un programa de visibilidad y sensibilización. Este programa evolutivo se elaboró en estrecha colaboración con los tres organismos europeos de normalización y se basa en un protocolo de acuerdo entre estos organismos y la Comisión. El proyecto INES es el más importante. Emprendido en 1997 y financiado parcialmente por la Comisión trata, entre otros aspectos, del acceso a los diferentes documentos del CEN a través de Internet. En el periodo 1995/1998 se lanzaron otros productos de información como un vídeo, un folleto y una serie de artículos para revistas de PYME.

25. A petición de la Comisión, los tres organismos de normalización iniciaron en 1998 los trabajos informáticos necesarios para crear un sitio común en la red. Este punto de acceso único en Internet deberá permitir a todos los usuarios exteriores informarse sobre los trabajos de normalización, en curso o ya realizados, a nivel europeo en el marco de las Directivas del "nuevo enfoque".

Este sitio común también permitirá acceder fácilmente a cada uno de los sitios de los tres organismos europeos de normalización y a los sitios de la Comisión. En estos últimos sitios ya se puede encontrar, entre otras cosas, el texto completo de las directivas correspondientes y las referencias a las normas armonizadas en aplicación de dichas Directivas. La dirección de dicho sitio es la siguiente: http//www.NewApproach.org.

26. Mientras tanto, los tres organismos europeos de normalización han seguido editando diversas publicaciones en las que presentan las actividades en curso, las normas aprobadas y el inventario de las incorporaciones a nivel nacional. Además, han lanzado su propio proyecto para crear un sitio en Internet.

27. El producto informativo PERINORM, difundido mensualmente en disco óptico compacto (CD-ROM), contiene las referencias bibliográficas de las normas adoptadas, las normas en fase de información pública en varios países, así como las normas de los organismos europeos CEN y CENELEC y de los organismos internacionales ISO y CEI. La Comisión ha financiado la suscripción a este producto de varias decenas de "Euro Information Centres", considerados como los más interesados en este campo y representativos de una zona geográfica importante.

Existen otros productos CD-ROM en el mercado, que contienen, entre otras cosas, el texto completo de las normas internacionales y de las normas del CEN y del CENELEC.

3.8. Mandatos de programación y normalización

28. En aplicación del apartado 3 del artículo 6 de la Directiva, el Comité permanente emitió un dictamen favorable en los años 1995 a 1998 para 33, 18, 21 y 18 mandatos, respectivamente. 26 del total de estos 90 mandatos se refieren a la aplicación de directivas del tipo "nuevo enfoque". Para apoyar otras políticas comunitarias se han otorgado otros mandatos de normalización (véase cuadros VI a, b, c y d en el anexo).

En 1996 y durante los dos años siguientes se emitieron varios mandatos importantes en el ámbito de la Directiva "Productos de Construcción".

- La producción de mandatos en el ámbito de la tecnología de la información y las telecomunicaciones fue muy elevada (11) en 1995.

- Siete mandatos de normalización se refieren a la política de protección de los consumidores.

- También se dirigieron ocho mandatos, principalmente al CEN, para apoyar las directivas en el ámbito del medio ambiente.

- Once mandatos tratan de política energética de reducción del consumo y de energía alternativa.

- La política de transporte también recurre a la normalización con dos mandatos.

Lo hasta ahora expuesto muestra que la Comisión recurre cada vez más a la normalización para la aplicación de las diversas políticas comunitarias. Así se anunciaba en la Comunicación de la Comisión de 30 de octubre de 1995 (Com (95) 412 final) sobre la mayor utilización de la normalización en las políticas comunitarias.

3.9. Medidas para mejorar el procedimiento

29. En materia de normalización, la Directiva 94/10/CE ha introducido un procedimiento muy simplificado respecto del previsto en la Directiva 83/189/CEE. También ha previsto la posibilidad de examinar más en detalle la calidad de las notificaciones.

30. La secretaría general del CEN adoptó varias medidas, principalmente en 1995, para mejorar la calidad de los datos notificados, como la actualización de normas concretas, un seminario de sensibilización y la actualización de un sistema de garantía de calidad a nivel central. Los informes anuales del CEN contienen sistemáticamente un examen detallado de la calidad de las notificaciones recibidas, lo cual permite realizar una evaluación muy útil desde el punto de vista de la calidad. A nivel nacional, se desconoce la existencia de medidas específicas para mejorar la calidad. No obstante, hay que señalar que las acciones lanzadas por la secretaría central del CEN no habrían conseguido resultados positivos sin la colaboración activa de los miembros del CEN. El procedimiento del CENELEC, denominado procedimiento "Vilamoura", es bastante estricto en cuanto a calidad de los datos, aunque éstos no sean voluminosos.

31. El análisis de la calidad de las notificaciones transmitidas en el periodo de 1995 a 1998 que ha llevado a cabo el CEN, así como la evaluación de la utilización de la información reunida durante este periodo, demuestran, no obstante, que se ha progresado con relativa lentitud en el apartado de la calidad. Es preciso, por tanto, mantener un sistema estricto de garantía de calidad y se recibe favorablemente toda nueva medida en ese sentido. Como posibles medidas podría considerarse un informe más frecuente sobre la calidad de los datos recibidos, así como un examen detallado de los problemas más importantes que han surgido con más frecuencia. Esto debería hacerse antes de lanzar las acciones específicas, por ejemplo por países.

32. A nivel nacional, corresponde ante todo a los Estados miembros tomar las medidas para que sus organismos de normalización correspondientes cumplan plenamente las obligaciones que les imponen las nuevas normas contenidas en la Directiva y las normas establecidas en los organismos europeos de normalización.

Los organismos nacionales, por su parte, deberían examinar la necesidad de revisar o adaptar sus sistemas de notificación, especialmente en cuanto a la calidad y el cumplimiento de los plazos fijados. De hecho, el análisis efectuado confirma una vez más las lagunas permanentes que existen a este nivel.

33. Por lo que respecta a la utilización de la información, hay que revisar el actual sistema de difusión. La introducción de nuevas tecnologías para las notificaciones y para la difusión de informaciones consolidadas ha de tenerse en cuenta para facilitar la comunicación y hacer más atractivas las informaciones. La Comisión también recomienda que la información sobre las nuevas iniciativas de los miembros del CENELEC forme parte integrante del lote de informaciones del CEN. Esta recomendación no exige la integración de los dos sistemas ni la adaptación del procedimiento del CENELEC, pero garantizará una visión completa a los usuarios potenciales y hará más transparente este procedimiento de cara al exterior.

La revisión del sistema actual de difusión del CEN también ha de suscitar de nuevo el interés de todos los sectores interesados por las informaciones del procedimiento en materia de normas. A nivel europeo y nacional, habría que considerar una acción de sensibilización de dichos sectores.

3.10. Conclusiones

34. Con respecto al número de nuevas actividades nacionales de normalización, se confirma una disminución de aproximadamente el 25% a partir de 1993, en relación con el periodo anterior. Esto se debe, en primer lugar, a la introducción del procedimiento simplificado por la Directiva 94/10/CE que únicamente impone la notificación de las nuevas actividades nacionales en sentido estricto. La segunda razón de esta disminución es, en menor medida, la disminución real del número de nuevas iniciativas nacionales. No obstante, hay que señalar que el nivel de estas iniciativas parece todavía alto (sobre todo en Alemania). Durante el periodo considerado se pusieron en marcha una media de 1 620 iniciativas nacionales al año, frente a las aproximadamente 1 900 a nivel europeo. Los sectores más importantes son los productos alimenticios, los productos de construcción y las pequeñas herramientas mecánicas. El número de notificaciones deberá reducirse con un control sistemático y específico, así como con una aplicación más eficaz del artículo 4 de la Directiva 98/34/CE.

35. Gracias a las diferentes medidas establecidas por la secretaría central del CEN en estrecha colaboración con los organismos nacionales de normalización, la calidad de las notificaciones ha mejorado, aunque menos de lo previsto. Es necesario perseverar y obtener recursos para garantizar la calidad de los datos. Esta calidad, que es una condición indispensable para un mejor aprovechamiento de la información, puede mejorar también si mejoran las condiciones de comunicación y si los datos recopilados se presentan a través de las nuevas tecnologías.

36. La utilización de la información reunida con arreglo al artículo 4 de la Directiva 98/34/CE sigue siendo marginal, sobre todo en lo que respecta a la participación en trabajos nacionales y a las solicitudes de transferencia de la actividad a nivel europeo. Además, los medios para utilizar este procedimiento para verificar el statu quo, establecido al emitirse el mandato de normalización, parecen insuficientes. El procedimiento de información en materia de normalización no es, por tanto, del todo eficaz. Una encuesta realizada en 1995 muestra que sólo ha habido una difusión activa en ciertos países. Es preciso conseguir una difusión generalizada y de fácil acceso. También sería conveniente examinar el interés y la utilidad de este procedimiento para las diversas partes. No obstante, hay que señalar que la supresión de este mecanismo de control de las actividades nacionales podría crear nuevos riesgos importantes de perturbación del funcionamiento del mercado interior. Corresponde a todas las partes interesadas reflexionar sobre la utilidad de este procedimiento, las consecuencias en caso de supresión y los medios para reforzarlo en caso de que se mantenga.

4. PARTE II: EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN EN MATERIA DE NORMAS TÉCNICAS EN LA COMUNIDAD EUROPEA

4.1. Introducción

37. Recuérdese que, a principios de los años 80, la Comisión se basó en una sentencia del Tribunal de Justicia, conocida como Cassis de Dijon para lanzar una nueva política de realización del mercado interior basada en tres pilares:

- La aceptación, en cada Estado miembro, de los productos legalmente fabricados en el resto de la Comunidad ("reconocimiento mutuo")

- Una armonización restringida a los sectores económicos importantes, relativa principalmente a la salud, la seguridad y el medio ambiente

- Un enfoque orientado al control de las normas nacionales basado en la prevención.

De este modo, a partir de 1984 la Directiva 83/189/CEE [3] ha obligado a que cada Estado miembro de la Unión Europea notificara a la Comisión y a los Estados miembros restantes cualquier proyecto de norma técnica relativo a los productos antes de su adopción por el derecho nacional. Desde el 5 de agosto de 1999, el mecanismo también se aplica a las normas relacionadas con la sociedad de la información.

[3] Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas, DO L 109 de 26.4.1983.

38. Este sistema, revolucionario al principio, ha conservado toda su originalidad. Evita que se planteen nuevos obstáculos al mercado interior insistiendo en la transparencia, el diálogo, la prevención y el control mutuo.

El procedimiento ha sufrido varias modificaciones: la primera en 1988 (por la Directiva 88/182/CEE [4]), más adelante en 1994 (por la Directiva 94/10/CE [5]), con el objetivo principal de ampliar su ámbito de aplicación. Desde esa fecha se aplica a todos los productos, agrícolas e industriales, e incluye una gran variedad de normas.

[4] Directiva 88/182/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1988, por la que se modifica la Directiva 83/189/CEE, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas, DO L 081 de 26.3.1988.

[5] Directiva 94/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, por la que se modifica por segunda vez de forma sustancial la Directiva 83/189/CEE por la que se establece un procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas, DO L 100 de 19.4.1994.

El procedimiento de notificación de las normas técnicas quedó codificado por la Directiva 98/34/CE [6], que derogó las directivas anteriores. Esta codificación entró en vigor el 10 de agosto de 1998.

[6] Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas, DO L 204 de 21 de julio de 1998.

A su vez, la Directiva 98/34/CE fue modificada por la Directiva 98/48/CE [7], que desde el 5 de agosto de 1999 amplía el procedimiento a los servicios de la sociedad de la información.

[7] Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, que modifica la Directiva 98/34/CE por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas, DO L 217 de 05.8.1998.

4.2. Descripción del procedimiento

4.2.1. Descripción sucinta del procedimiento 98/34 aplicable a las normas técnicas

39. En virtud del apartado 1 del artículo 8 de la Directiva 98/34/CE, los Estados miembros han de comunicar a la Comisión todos sus proyectos en materia de normas técnicas.

A partir de la fecha de notificación del proyecto a la Comisión empieza un plazo de statu quo de tres meses, durante el cual el Estado miembro que ha efectuado la notificación no puede adoptar la norma técnica en cuestión. Durante el mismo, los demás Estados miembros y la Comisión pueden estudiar el proyecto notificado y reaccionar adecuadamente. El resultado de este procedimiento de consulta entre el Estado miembro autor de la notificación, los demás Estados miembros y la Comisión determina el curso que el Estado notificador puede dar a su proyecto de norma técnica.

- Si los Estados miembros y/o la Comisión no comunican ninguna reacción, el Estado miembro notificador puede adoptar el proyecto de normativa una vez hayan transcurrido los tres meses de statu quo.

- Si los Estados miembros y/o la Comisión formulan sus observaciones en virtud del apartado 2 del artículo 8 de la Directiva, el Estado miembro autor de la notificación debe, en la medida de lo posible, tenerlas en cuenta en los trabajos posteriores de elaboración de la normativa técnica.

- Si los Estados miembros y/o la Comisión consideran que el proyecto de medida previsto incluye elementos que pueden llegar a plantear obstáculos a la libre circulación de mercancías, de conformidad con el apartado 2 del artículo 9 de la Directiva pueden emitir un dictamen razonado. En tal caso, el Estado miembro afectado aplazará la adopción de su proyecto por un periodo de 6 meses a contar a partir de la fecha de la notificación y deberá informar a la Comisión del curso que tiene la intención de dar a ese dictamen razonado.

- Si la Comisión comunica su intención de proponer o adoptar un acto comunitario vinculante en el ámbito del proyecto notificado o si constata que el proyecto notificado se refiere a un tema cubierto por una propuesta de acto comunitario vinculante presentada ante el Consejo, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 9 de la Directiva el Estado miembro notificador deberá aplazar la adopción de la norma técnica por un periodo de doce meses a contar a partir de la fecha de su notificación. De conformidad con el apartado 5 del artículo 9 de la Directiva, si el Consejo adopta una posición común en el plazo de doce meses, el plazo de statu quo se podrá prorrogar por un periodo de dieciocho meses. Si la Comisión renuncia a su propuesta, si la retira o si se adopta el acto comunitario mencionado, la prórroga de statu quo cesa automáticamente.

40. El apartado 7 del artículo 9 de la Directiva prevé un procedimiento de urgencia que permite que en determinadas condiciones se proceda a la adopción inmediata de los proyectos nacionales. Si un Estado miembro desea adoptar una norma técnica por motivos urgentes relacionados con una situación grave e imprevisible vinculada a la protección de la salud de las personas y los animales, a la conservación de la flora o a la seguridad, puede solicitar la aplicación de dicho procedimiento sin verse obligado a respetar el plazo de statu quo. En la notificación deberán constar los motivos que justifiquen el carácter urgente de las medidas. A continuación, la Comisión se pronunciará sobre el fundamento del procedimiento de urgencia.

41. De conformidad con el apartado 3 del artículo 8, el texto definitivo de la normativa notificada debe comunicarse sin demora a la Comisión.

La Comisión desempeña un papel decisivo en el desarrollo del procedimiento. Es la encargada de distribuir a los Estados miembros los proyectos notificados, además del resto de los mensajes que circulan entre la Comisión y los Estados miembros o entre los propios Estados miembros. También se encarga de la traducción de dichos textos para facilitar el buen funcionamiento del procedimiento.

42. El Comité Permanente, formado por representantes de los Estados miembros (previsto en el artículo 5 de la Directiva) es un órgano consultivo que se reúne aproximadamente dos veces por semestre y desempeña un importante papel en el control de la evolución del procedimiento y en el estudio de las distintas cuestiones planteadas por las notificaciones.

4.2.2. Modificaciones aportadas al procedimiento 83/189 por la Directiva 94/10/CE

43. La Directiva 94/10/CE, aplicable desde el 1 de julio de 1995, ha modificado por segunda vez el procedimiento de notificación de manera sustancial. El objetivo perseguido con las modificaciones era aclarar ciertos términos y adaptar la Directiva a las necesidades prácticas mediante la ampliación de su ámbito de aplicación.

Con el propósito de favorecer la coherencia, se amplió el ámbito de aplicación de la Directiva en dos sentidos: en primer lugar, los métodos y los procedimientos de producción, que en virtud de la Directiva 88/182/CEE se aplicaban de forma limitada a los productos agrícolas y alimenticios y a los medicamentos, se incluyeron con un alcance general en la noción de "especificación técnica" (apartado 2 del artículo 1); en segundo lugar, la instancia legislativa comunitaria añadió el concepto nuevo "otros requisitos" al de "especificación técnica" (apartado 3 del artículo 1).

44. Por lo tanto, todas las prescripciones que pueden imponerse a un producto a lo largo de su ciclo de vida, desde su utilización hasta la gestión o la eliminación de los residuos que genera, se consideran "otras exigencias" por razones de protección, en particular, de los consumidores o del medio ambiente. Las "otras exigencias" enumeradas en la Directiva ("condiciones de uso, reciclado, reutilización o eliminación") se mencionan a título de ejemplo. De modo que ahora también se pueden notificar otras medidas de la misma naturaleza, siempre y cuando puedan tener una incidencia significativa en la composición, la naturaleza o la comercialización del producto. Esta modificación ha colmado numerosas lagunas que permitían a los Estados miembros eludir los controles preventivos de determinadas normas técnicas que podían tener consecuencias en la comercialización o la utilización de los productos.

45. Un párrafo nuevo en el punto 9 del artículo 1 proporciona, de forma sucinta, tres ejemplos de "reglamentos técnicos de facto" cuya calificación de reglamento técnico resultaba polémica en el pasado. Con el fin de respetar la autonomía fiscal de los Estados miembros, pero también de garantizar la flexibilidad inherente a los acuerdos voluntarios, para determinadas normas técnicas de facto se ha previsto un régimen particular sobre los plazos de statu quo. De este modo, la instancia legislativa comunitaria ha eximido de toda obligación de statu quo a las medidas fiscales y financieras notificadas. En cuanto a los acuerdos voluntarios, se pueden suspender durante un máximo de cuatro meses.

En la práctica aumenta el número de notificaciones de medidas fiscales y financieras que pretenden propiciar el respeto de una especificación técnica recurriendo a medios financieros.

En cierto modo, la exigencia de que la autoridad pública sea parte contratante en los acuerdos voluntarios para que se les pueda aplicar la Directiva ha dejado en manos de los Estados miembros la obligación de notificar tales medidas. Sin embargo, un Estado sólo firma un acuerdo voluntario en casos excepcionales, de manera que pese a sus efectos evidentes en la libre circulación de mercancías, gran parte de los acuerdos voluntarios escapan al procedimiento establecido en la Directiva.

46. Dados los resultados poco satisfactorios del mecanismo establecido en la primera versión de la Directiva, se ha procedido a la modificación del plazo de statu quo impuesto en caso de propuesta de acto comunitario vinculante (apartados 3 a 5 del artículo 9). Por lo tanto, el plazo de statu quo, contado a partir de la fecha de notificación del proyecto, se puede prorrogar de doce a dieciocho meses si el Consejo adopta una posición común durante ese periodo de doce meses. Comparado con el periodo comprendido entre 1992 y 1994, gracias a esta modificación se ha cuadruplicado el porcentaje de casos en que la instancia legislativa ha alcanzado un acto comunitario vinculante en el plazo de statu quo prorrogado.

47. Otra de las modificaciones aportadas afecta a la transparencia del procedimiento de información. Ya no se requiere la petición expresa de otro Estado miembro o de la Comisión para comunicar las versiones definitivas de los textos adoptados; de acuerdo con las modificaciones ahora es obligatorio comunicarlas (apartado 3 del artículo 8). De esta manera se facilita la ejecución de la última fase del procedimiento, es decir, el control definitivo de los textos adoptados.

Este mismo deseo de transparencia ha llevado a la instancia legislativa comunitaria a modificar las disposiciones relativas a la confidencialidad de las informaciones comunicadas en el marco del procedimiento. Según lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 8, la información suministrada de acuerdo con la obligación de notificación sólo es confidencial por petición expresa del Estado miembro autor de la notificación. En este contexto, también es preciso citar el nuevo artículo 12, que exige que los Estados miembros mencionen la Directiva en el texto definitivo de una norma técnica o en el momento de adoptarla.

48. Otras de las modificaciones aportadas a la Directiva que requieren una atención particular son la obligación de adjuntar, en ciertos casos, un análisis de riesgo (apartado 1 del artículo 8), la obligación de notificar toda modificación sustancial aportada a un proyecto notificado anteriormente (apartado 1 del artículo 8), la posibilidad de emitir la notificación ante una "ventanilla única" (apartado 5 del artículo 8), el cese automático del statu quo prorrogado en el momento de la adaptación del acto comunitario vinculante a favor del cual se ha impuesto el statu quo prorrogado (apartado 6 del artículo 9), y las exigencias derivadas de una situación "grave e imprevisible" y de la toma de posición de la Comisión en relación con la aplicación del procedimiento de urgencia (apartado 7 del artículo 9), así como algunas excepciones a la obligación de notificación (apartado 1 del artículo 10).

4.3. Aplicación del procedimiento

4.3.1. Volumen de las notificaciones

4.3.1.1. Tendencia general

49. Según las estadísticas del cuadro VII del anexo, en 1995 la Comisión recibió 439 proyectos de normas técnicas, 523 en 1996, 900 en 1997 y 604 en 1998. Si se excluye el año 1997, que comentaremos más adelante, se aprecia una tendencia general ascendente en el número de notificaciones recibidas cada año (un 37% más entre 1995 y 1998). Este notable aumento de las notificaciones registrado en 1997 se explica por la denominada operación de "recuperación" llevada a cabo por las autoridades neerlandesas con posterioridad a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto CIA-Security International. En este contexto, las autoridades neerlandesas notificaron 227 proyectos de normas técnicas para que volvieran a ser adoptados. Aun sin tener en cuenta estas notificaciones neerlandesas, 1997 se caracterizó por un notable aumento del número de notificaciones. Es probable que ello se debiera a tres factores: la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea, la entrada en vigor de la Directiva 94/10/CE, por la que se amplía el ámbito de aplicación de la Directiva 83/189/CEE, y la emisión de la sentencia CIA Security, que dio lugar a una aplicación más rigurosa de la Directiva por parte de los Estados miembros.

Además de todos estos factores, el elevado número de notificaciones se explica por la naturaleza de los proyectos notificados. En muchos casos se trata de adaptaciones técnicas parciales de normas técnicas existentes que ya han sido notificadas. Además, el grado de armonización comunitaria varía de unos sectores a otros. En algunos ámbitos, como el de los productos alimenticios, sólo se consigue una armonización parcial. En otros ya es casi total; este es el caso de las telecomunicaciones, en que la nueva Directiva 99/5/CE de 9 de marzo de 1999 relativa a los equipos radioeléctricos y terminales de telecomunicaciones también se aplica, desde el 8 de abril de 2000, a los equipos de radio. En cuanto al sector del transporte, ha sido objeto de muchos convenios internacionales. Por último, los trabajos de normalización no han concluido en determinados sectores, tales como el de los productos de construcción, en el que, ante la ausencia de normas europeas armonizadas, los Estados miembros siguen legislando a escala nacional para determinar los requisitos de dichos productos.

4.3.1.2. Desglose por países

50. Tal como se puede observar en el diagrama 1 (y en el cuadro VIII del anexo), la mayoría de los proyectos de normas notificados entre 1995 y 1998 procedían de los Países Bajos, Alemania, Austria y el Reino Unido. A diferencia de los años anteriores, el grupo formado por Alemania, el Reino Unido y Francia no fue el responsable de la mayor parte de las notificaciones. En 1995, 1996, 1997 y 1998 disminuyó la cuota de estos Estados miembros, que ahora oscila entre el 24 y el 48%. En cambio, Austria y los Países Bajos han aumentado considerablemente su número de notificaciones. En 1997, Austria (106) y los Países Bajos (341 o 114) superaron por primera vez a Alemania (99), al Reino Unido (71) y a Francia (51). En 1997 y 1998 se apreció un claro incremento de los proyectos notificados por Bélgica y Dinamarca.

51. Diagrama 1

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

4.3.1.3. Desglose por sectores

52. En el desglose por sectores (véase el diagrama 2 y los cuadros IX a XII del anexo) se señala que, tal como ocurrió entre 1992 y 1994, más del 75% de las notificaciones recibidas entre 1995 y 1998 se centraron en los cinco sectores siguientes: telecomunicaciones (17,3%), agricultura y productos alimenticios (17,2%), transportes (16,1%), industria mecánica (16,6%) e industria de la construcción (12,1%). Se asiste a un crecimiento del sector de los transportes, que en 1997 se situó a la cabeza por primera vez, aunque en 1998 fue relevado por la industria mecánica. El predominio del sector de las telecomunicaciones observado en 1993 y 1994 también se registró en 1995 (27,1%), si bien se redujo en 1996 (14,5%), 1997 (16,2%) y 1998 (14,4%). El sector de la industria mecánica, se recuperó en 1998 al alcanzar el 17% tras experimentar un declive entre 1995 y 1997 (del 23,5% al 13,9%), mientras que el de la construcción sigue estable (entre el 11% y el 14 %).

53. En lo que respecta a las preferencias nacionales, la situación no sufrió grandes cambios: en la industria de la construcción predominaron, como de costumbre, las notificaciones procedentes de Alemania y Austria (32,8% y 19,7% respectivamente, del total de las notificaciones de dicho sector) y los Países Bajos se situaron a la cabeza en los proyectos del sector de la agricultura y los productos alimenticios (37,3% del total de las notificaciones de este ámbito). Este sector también ha sido muy importante para Italia (30,5% de todas las notificaciones italianas) y Francia (20,5% del total de las notificaciones francesas).

Francia y el Reino Unido parecen especialmente interesados en los productos farmacéuticos, pues aportaron un 41,7% de las notificaciones de ese sector. Asimismo, una cuarta parte de las notificaciones efectuadas en el ámbito de los electrodomésticos y el ocio procedían de Francia. Cabe señalar, por otra parte, los índices alcanzados por los Países Bajos en los sectores del medio ambiente y los transportes (41,9% y 35,4%, respectivamente), siendo éste último el sector en que Grecia efectuó el 29,4% de sus notificaciones.

El sector mecánico, que siguió dominado por las notificaciones alemanas (prácticamente una cuarta parte del total de las notificaciones del sector y una cuarta parte de las notificaciones procedentes de Alemania) también parece ser muy importante para Finlandia, el 35,4% de cuyas notificaciones pertenecieron a este ámbito.

Dinamarca efectuó el 38,9% de sus notificaciones en el ámbito de las telecomunicaciones. En el caso de Bélgica, éstas fueron del 30,9%, mientras que para Austria y Alemania se situaron en el 28,7% y el 21,9% respectivamente.

54. Diagrama 2

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

4.3.2. Aplicación del procedimiento de urgencia

55. Entre 1995 y 1998, los Estados miembros invocaron el procedimiento de urgencia en 131 ocasiones. Las medidas que se notificaron de este modo entre esos años representaron aproximadamente el 5% del total de las notificaciones.

La razón del incremento provisional de las medidas notificadas por el procedimiento de urgencia en 1996 (40 casos) fue la crisis de la EEB, pues el Reino Unido recurrió a dicho procedimiento en 24 casos. También se invocó a menudo el procedimiento de urgencia en el ámbito del transporte de fondos: se aplicó a 5 casos belgas en 1997, frente a un caso, también belga, que se aceptó en 1996 y otro en 1998. Otros ámbitos en que también se aplicó el procedimiento de urgencia fueron los de los productos o preparados a base de plantas, la seguridad infantil (prohibiciones relacionadas con la mezcla de alimentos y objetos, los seudojuguetes, los mecheros con forma de teléfono móvil, los objetos de decoración y productos peligrosos pero llamativos para los niños y las zonas de juegos y entretenimiento), el sistema de suministro de combustible, la identificación de los vehículos que contribuyen a reducir la contaminación y los equipos de detección de radares y de láseres de los vehículos.

56. Entre 1992 y 1994, la Comisión consideró que el procedimiento de urgencia estaba justificado en el 25% de los casos. Esta cifra aumentó notablemente en 1995 y se situó en el 33%, mientras que en 1996 fue del 80%, en 1997 del 68% y en 1998 se situó en el 52,7%.

El Reino Unido y Bélgica (34 solicitudes cada uno), así como Francia (23 solicitudes) aportaron más del 70% de las solicitudes de urgencia.

4.3.3. Reacciones de la Comisión

4.3.3.1. Tendencia general

57. Se está reduciendo el porcentaje de notificaciones que suscitan una reacción de la Comisión. En 1992, 1993 y 1994, la Comisión reaccionó al 60% de las notificaciones. En 1995, 1996, 1997 y 1998, este porcentaje pasó al 49,7%, 63,1%, 46,5% y 38,5% respectivamente, lo que arroja un total del 49,4%. Estas reacciones se manifiestan en forma de observaciones, dictámenes razonados o proclamaciones de intención de proponer una directiva (véase el diagrama 3). A menudo, una notificación es objeto varias reacciones de la Comisión.

Diagrama 3

>REFERENCIA A UN GRÁFICO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

4.3.3.2. Dictámenes razonados

i) Estadísticas

58. Entre 1995 y 1998, la Comisión emitió 360 dictámenes razonados en relación con proyectos notificados. Se confirma la tendencia a la baja del porcentaje de proyectos objeto de un dictamen razonado de la Comisión. Así, en 1990 y 1991, la Comisión emitió un dictamen razonado en relación con el 37% de los proyectos. En 1992, 1993 y 1994 el porcentaje se situaba en el 31%, y durante el periodo considerado en el presente informe, en el 14,6%.

ii) Motivaciones:

El artículo 28 del Tratado CE y el principio del reconocimiento mutuo

59. El punto que la Comisión señala más a menudo en sus dictámenes razonados relativos a los proyectos notificados por los Estados miembros durante los años 1995, 1996 y 1997 sigue siendo la ausencia de disposiciones que garanticen el principio del reconocimiento mutuo. El 6% del total de los proyectos que se notificaron en 1995 (es decir, 29 casos) dieron lugar a la emisión de un dictamen razonado por violación del principio de reconocimiento mutuo. En 1996 y 1997 se registró un aumento hasta el 10% (56 y 92 casos respectivamente), mientras que el porcentaje disminuyó en 1998 hasta el 4,5% (27 casos).

60. No obstante, la manera de abordar la cuestión evolucionó. Tras años de aplicación del procedimiento de notificación, los Estados lograron una buena comprensión del principio de reconocimiento mutuo. Por consiguiente, tal y como demuestra el número más bien escaso de dictámenes razonados comparado con el total de medidas notificadas, a partir de ahora la Comisión puede limitarse más a menudo que en el pasado a pedir a los Estados miembros, mediante observaciones y por razones de tipo más bien pedagógico, que mejoren las cláusulas que pretenden adoptar para garantizar la aplicación del principio mencionado.

La Comisión llama la atención de los Estados miembros sobre la necesidad de garantizar una información precisa y completa a los agentes económicos para que puedan beneficiarse de los derechos que les confieren los artículos 28 y siguientes del Tratado. Así, por ejemplo, en la mayoría de los casos los Estados miembros notifican los proyectos de especificaciones técnicas que se incluyen en el marco de normativas más generales que regulan la homologación o los controles de conformidad de los productos. En la medida en que estas normativas generales prevén la aceptación de los productos de fabricación y/o comercialización legal en los demás Estados miembros, las especificaciones técnicas notificadas cuando se encuentran en la fase de proyecto ya se benefician del principio de reconocimiento mutuo previsto en la normativa básica. En aras de la claridad y la seguridad jurídica, llegado el caso la Comisión pide a los Estados miembros que mencionen en los proyectos notificados las disposiciones de la normativa básica relativas al reconocimiento mutuo, o que remitan a éstas de forma expresa. Asimismo, periódicamente se llama la atención de las autoridades nacionales para que sean conscientes de que el principio de reconocimiento mutuo también se aplica en el caso de las pruebas, de los certificados de conformidad de los productos con las normativas nacionales y de los organismos nacionales facultados para emitir dichos certificados.

61. Además, la Comisión no sólo pide a los Estados miembros que garanticen el reconocimiento mutuo de los productos de los otros Estados miembros, en respuesta a un grado de protección de los intereses legítimos en juego equivalente al nivel previsto por los proyectos notificados, sino que también requiere que las exigencias técnicas relativas a los productos se sitúen en un nivel razonable. No basta con que los Estados miembros acepten los productos procedentes de los demás Estados miembros que "equivalen" a los suyos. En la medida en que esta aceptación se basa en una constatación de equivalencia con las exigencias nacionales, es preciso garantizar que las propias exigencias no sean excesivas; en tal caso, ciertos productos que satisficieran los objetivos legítimos recogidos en la normativa del Estado miembro de destino (protección de la salud, seguridad, etc.) se toparían con dificultades injustificadas para acceder al mercado de dicho Estado.

Por lo tanto, en algunos casos la Comisión toma como punto de referencia para fijar el grado de protección que considera razonable las soluciones a que apunta en sus propuestas de armonización, previa consulta a los expertos.

62. La Comisión también ha tenido la oportunidad de pronunciarse mediante dictámenes razonados sobre otras exigencias que podrían plantear obstáculos a los intercambios que no están directamente relacionados con el reconocimiento mutuo. Se trata sobre todo de exigencias de autorización de importación, de obligaciones de marcado desmedidas, de normas que subordinan la utilización de denominaciones de calidad al respeto de criterios vinculados al origen o, incluso, de exigencias relativas a las modalidades de determinados procedimientos de homologación (por ejemplo, la exigencia de contar con un representante establecido en el Estado miembro de comercialización para poder acceder a tal procedimiento).

Disposiciones de derecho derivado

63. Otra razón que lleva a la Comisión a emitir un dictamen razonado es la no conformidad de un proyecto notificado con una directiva o un reglamento comunitario que tienen como objetivo principal la supresión de obstáculos a la libre circulación de mercancías.

En 1995, 12 dictámenes razonados se basaron en el incumplimiento de la Directiva 89/336/CEE sobre "compatibilidad electromagnética"; en 1996, se invocó dicha Directiva para fundar once dictámenes razonados, dos en 1997 y cuatro en 1998. En 1995, cinco dictámenes razonados se basaron en el incumplimiento de las directivas siguientes: Directiva 73/23/CEE "baja tensión", Directiva 87/404/CEE "recipientes a presión simples" y Directiva 91/263/CEE "terminales de telecomunicación". En 1996 y 1997 sólo se emitieron 5 dictámenes razonados en total en relación con estas Directivas. En 1998, dos dictámenes razonados se basaron en la Directiva 98/13/CE "terminales de telecomunicación".

Otros dictámenes razonados se basaron en el incumplimiento de otras disposiciones de derecho derivado, en particular en los ámbitos de los productos alimenticios (6 en 1995, 10 en 1996, 16 en 1997 y 6 en 1998) y los vehículos.

Asimismo, cabe señalar que durante el periodo en cuestión, la Comisión recibió 46 notificaciones relativas a envases y residuos de envases. Los Países Bajos notificaron 9 proyectos y Dinamarca 5; siguen España, Finlandia, Francia y Suecia con 4 proyectos cada una.

La Comisión ha considerado 10 de dichos proyectos nacionales (8 de ellos en 1996) contrarios a la Directiva 94/62/CE "envases y residuos de envases", cuyo artículo 16 prevé que, antes de adoptarlos, los Estados miembros notifiquen a la Comisión mediante el procedimiento establecido en la Directiva 98/34/CE los proyectos de medidas que tienen la intención de adoptar en el marco de dicha Directiva. Si la medida prevista se refiere también a una cuestión de carácter técnico en el sentido de la Directiva 98/34/CE, el Estado miembro afectado puede señalar que la notificación efectuada de acuerdo con la Directiva 94/62/CE también es válida de conformidad con la Directiva 98/34/CE.

Con el fin de garantizar el funcionamiento correcto de este procedimiento, los servicios de la Comisión han implantado un sistema de "ventanilla única" para recibir el conjunto de los proyectos mencionados. En 1995 se informó de la instauración de este sistema a los comités establecidos por las Directivas 98/34/CE y 94/62/CE.

64. Entre 1995 y 1998 se invirtió la tendencia al alza de los años 1992, 1993 y 1994 del número de dictámenes razonados que no se basaban en el incumplimiento del principio de reconocimiento mutuo. En 1995, el 61% de los dictámenes razonados (el 63% en 1994) no se referían al principio de reconocimiento mutuo. En 1996 este porcentaje cayó hasta el 46,2%, en 1997 se situó en el 21,4% y en 1998 en el 30%.

iii) Curso de los dictámenes razonados:

65. De acuerdo con el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 9 de la Directiva, el Estado miembro que recibe un dictamen razonado tiene la obligación de informar a la Comisión "acerca del curso que tenga la intención de dar a tales dictámenes razonados. La Comisión comentará esta reacción".

66. Por consiguiente, el Estado miembro debe señalar si tiene la intención de derogar el proyecto de texto, de justificarlo o de modificarlo para garantizar su conformidad con el Derecho Comunitario. La Comisión debe reaccionar indicando si la respuesta del Estado miembro es satisfactoria y permite suprimir cualquier violación posible del Derecho Comunitario. Con el fin de garantizar la evolución positiva de este diálogo, la Comisión incluye de forma periódica en el orden del día del "Comité 98/34" una lista de las notificaciones a las que no han contestado los Estados miembros, que se someterán a debate.

Desde 1995 se puede comprobar una mejora del curso que las autoridades nacionales dan a los dictámenes razonados de la Comisión, lo que ha dado lugar a que los Estados miembros hayan respondido a casi todos los dictámenes razonados relativos a proyectos comunicados en 1998. Menos del 10% de estas respuestas exigen debates posteriores entre la Comisión y el Estado miembro en cuestión.

4.3.3.3. Observaciones

i) Estadísticas:

67. Entre 1995 y 1998, la Comisión formuló observaciones en relación con el 33% del total de las notificaciones, porcentaje claramente inferior al que se registró entre 1992 y 1994 (46%) y entre 1990 y 1991 (42%).

ii) Motivaciones:

68. En general, las observaciones formuladas por la Comisión tratan de dar una evaluación global de la medida, ya sea de tipo político o de tipo jurídico, de expresar la posición de la Comisión sobre el tema en cuestión o de recordar a los Estados miembros sus obligaciones, que pueden derivar, principalmente, de un procedimiento de infracción o de una notificación anterior.

69. La Comisión ha recurrido a las observaciones principalmente para recordar a los Estados miembros las obligaciones que les impone el artículo 12 de la Directiva, pues desde que se emitió la sentencia CIA-Security International resulta esencial para la protección de los derechos de los particulares la referencia obligada a la Directiva en el texto de una norma técnica o en el momento de publicarla. Desde la emisión de esta sentencia, la Comisión ha pedido sistemáticamente a los Estados miembros que incluyan dicha referencia.

Asimismo, la Comisión decidió formular observaciones cuando le parecía oportuna una reacción más severa que resultara en una prórroga del plazo de statu quo. Además de los casos de cláusulas de reconocimiento mutuo incompletas, se trataba principalmente de casos en que el acto comunitario vinculante ya se había adoptado pero aún no era aplicable, o bien de hipótesis en las que era improbable la adopción de dicho acto en un plazo de 18 meses, plazo máximo de suspensión en el caso de una iniciativa comunitaria de armonización.

Las observaciones se utilizaron también para dar cuenta de perjuicios causados a textos ya en vigor, a los que hacía referencia el proyecto notificado o en los que se hallaba el fundamento jurídico del proyecto. El procedimiento de notificación permite a la Comisión informarse sobre estos textos y valorar sus efectos desde el punto de vista comunitario.

Se han formulado observaciones para informar a los Estados miembros de una actividad de normalización relativa al ámbito considerado y que se ha llevado a cabo en los organismos europeos de normalización. La Comisión debe limitar su reacción a unas observaciones, pues esta clase de "armonización europea" no impide que los Estados miembros adopten normas técnicas relativas al mismo ámbito, aun cuando éstas planteen obstáculos ineludibles al buen desarrollo del trabajo de dichos organismos.

Con bastante frecuencia, entre 1995 y 1998 la Comisión tuvo que recordar a los Estados miembros, mediante observaciones, que el principio de "reconocimiento mutuo" derivado del artículo 28 del Tratado CE, de acuerdo con la interpretación del Tribunal de Justicia, también debe aplicarse en el caso de los productos procedentes de Estados miembros de la AELC que son partes contratantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

4.3.3.4. Intención de proponer, adoptar o presentar ante el Consejo una propuesta de acto comunitario vinculante - decisión de "suspensión"

70. Cuando la Comisión aplica los apartados 3 y 4 del artículo 9 de la Directiva, el Estado miembro no puede adoptar su proyecto durante un periodo de un año a partir de la fecha de la notificación. Dado que dicho plazo resultaba insuficiente (entre 1992 y 1994 sólo se registraron 6 casos en los que se llegó al acto comunitario a favor del cual se había impuesto una suspensión), la Directiva 94/10/CE modificó ligeramente el procedimiento: los plazos de statu quo empiezan a correr en el momento de la notificación y, para compensar la lentitud de los procedimientos de cooperación y codecisión, el plazo de statu quo se prorroga seis meses automáticamente cuando el Consejo adopta una posición común. El nuevo procedimiento ha permitido llegar a un acto comunitario vinculante en el plazo de statu quo en 10 casos (6 casos en 1995, 4 en 1996 y ninguno en 1997 y 1998). Esta tasa del 38% del total de las aplicaciones de los apartados 3 a 5 del artículo 9 (frente al 9% durante el periodo comprendido entre 1992 y 1994) pone de manifiesto la utilidad de las modificaciones aportadas por la Directiva 94/10/CE en relación con este tema.

71. Entre 1995 y 1998, la Comisión aplicó los apartados 3 a 5 del artículo 9 de la Directiva 98/34/CE en 30 casos. En 1995, la Comisión tomó 10 decisiones de suspensión, 12 en 1996, 4 en 1997 y 4 más en 1998.

La mayoría de las suspensiones impuestas en 1995 (7 casos) se debieron a la futura Directiva 96/98/CE "equipos marinos", adoptada el 20 de diciembre de 1996. Las suspensiones restantes que se produjeron ese mismo año afectaron a los productos alimenticios (2 casos) y los objetos fabricados con metales preciosos (1 caso). En 1996 se suspendieron 6 proyectos nacionales por quedar cubiertos por los proyectos comunitarios de las Directivas 96/98/CE "equipos marinos" y/o 98/18/CE "buques de pasaje". Otros proyectos se centraban en la calidad de los combustibles (programa "Auto-oil"), los autobuses, los residuos de plaguicidas (proyecto de modificación de la Directiva 91/414/CEE "productos fitosanitarios") y el transporte de animales. En 1997, dos notificaciones se refirieron a la calidad de los combustibles: una sobre los productos ecológicos de las granjas y otra sobre los barcos de recreo. En 1998, dos suspensiones se basaron en las actividades de adopción del Reglamento sobre la normativa de comercialización del aceite de oliva (que se adoptó una semana después del vencimiento del plazo de statu quo de suspensión), otra suspensión se centró en un proyecto relativo a la navegación interior, y la última pertenecía al ámbito de los alimentos ecológicos.

Conviene señalar que, en 1995, 7 de las 10 aplicaciones de los apartados 3 a 5 del artículo 9 de la Directiva se produjeron en el ámbito de los transportes. En 1996 fueron 11 de 12.

4.3.4. Reacciones de los Estados miembros

72. En 1995, los demás Estados miembros formularon observaciones en relación con el 41% de los proyectos notificados. En 1996 la cifra se situó en el 36%, en 1997 en el 29% y en 1998 en el 42%. En 1995, el 18% de las notificaciones fue objeto de dictámenes razonados, en 1996 lo fue el 26%, en 1997 el 14% y en 1998 el 18%.

73. En 1995 y 1996, los ámbitos que suscitaron mayor número de dictámenes razonados de los demás Estados miembros fueron el medio ambiente, en primer lugar, y la mecánica, la electrotécnica y los vehículos automóviles, a continuación. En 1997, el medio ambiente y la química, seguidos de los productos alimenticios y el sector de la construcción, fueron los ámbitos que más observaciones suscitaron. En 1998 la mayoría de las reacciones se produjeron de nuevo en los ámbitos del medio ambiente y de la química, seguidos por el de los productos alimenticios.

4.3.5. Tratamiento de las infracciones

74. Entre 1995 y 1998 la Comisión inició 103 procedimientos de infracción por incumplimiento de la Directiva 98/34/CE, a saber, por omisión de notificación o adopción antes de que vencieran los plazos de statu quo. La Comisión fue informada de estas legislaciones nacionales por el organismo privado encargado detectar las normas técnicas nacionales adoptadas en incumplimiento de la Directiva 98/34/CE, o bien por agentes económicos interesados. Con el fin de comunicar a estos agentes económicos los textos notificados y las fechas de vencimiento del statu quo inicial, la Comisión publica semanalmente en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas los títulos de los proyectos nacionales notificados y los plazos vigentes.

75. De acuerdo con la posición adoptada por la Comisión en este ámbito, expresada en varias ocasiones durante las reuniones del Comité (véase punto 4.3.6.1) y durante las reuniones bilaterales entre la Comisión y las unidades centrales de los Estados miembros encargadas de la aplicación del procedimiento (véase punto 4.3.6.3), la mayoría de los Estados miembros proponen derogar el acto objeto de litigio y/o notifican, llegado el caso, un nuevo proyecto. Durante el periodo de referencia, esta solución permitió dar por concluido el procedimiento de infracción en casi todos los casos. El Tribunal de Justicia se pronunció en 4 casos (asuntos C-273/94, C-289/94, C-279/94 y C-145/97, véase punto 4.4.2.1. de este informe). Entre 1992 y 1994 se recurrió al Tribunal en 9 casos.

4.3.6. Curso del procedimiento

4.3.6.1. Reuniones del Comité 98/34

76. Las reuniones del Comité previsto en el artículo 5 de la Directiva 98/34 (compuesto por representantes nombrados por los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión) han suscitado debates e intercambios de puntos de vista sobre cuestiones de interés general o cuestiones específicas que puedan despertar el interés de algunas partes.

Entre 1995 y 1998, el Comité analizó en 13 ocasiones las normas técnicas (4 en 1995, 4 en 1996, 3 en 1997 y 2 en 1998), número que, por razones de restricción presupuestaria, es muy inferior al de las reuniones que el Comité celebró entre 1992 y 1994 (16). Los debates se centraron fundamentalmente en los aspectos prácticos y presupuestarios de la aplicación del procedimiento 98/34, en las acciones necesarias para incrementar la transparencia y en la posible evolución de la Directiva.

77. Para comentar los aspectos prácticos de la aplicación del procedimiento se pueden citar los debates sobre el estado de la transposición de la Directiva 94/10/CE, la redacción final del nuevo Vademécum en el que se basa la cooperación entre las unidades centrales y los servicios de la Comisión, las soluciones aportadas frente al "solapamiento de los procedimientos" ("ventanilla única"), el tratamiento de las notificaciones en el ámbito de la farmacopea, la transmisión electrónica de las notificaciones y los mensajes y la obligación de dar respuesta a los dictámenes razonados y enviar automáticamente los textos definitivos. Los aspectos presupuestarios se centraban principalmente todo en el coste de las traducciones.

78. Gran parte de los debates del Comité se centraron en las medidas destinadas a aumentar la transparencia del procedimiento 98/34, tales como la preparación de un folleto [8] para explicar el procedimiento de notificación a un público amplio; la posible publicación, en el DOCE, de los resúmenes y las motivaciones de los proyectos notificados y las acciones adoptadas a raíz de la sentencia CIA-Security (presentaciones realizadas durante las "reuniones paquete" celebradas en los Estados miembros; invitación a los Estados miembros a que pidan su opinión a los servicios de la Comisión sobre la obligación de notificar una medida nacional prevista; envío a los Estados miembros de referencias de textos que tras un primer examen parecen incluir normas técnicas susceptibles de suscitar observaciones). También se habló del sitio Internet TRIS (Technical Regulation Information System), que ya se ha hecho realidad y se puede consultar en la dirección http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris.

[8] Referencia de este folleto, publicado en todas las lenguas de la Comunidad por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: ISBN 92-828-2786-0.

79. Las perspectivas de evolución del procedimiento de notificación se trataron durante el debate sobre la participación de Turquía y los PECO en el sistema de intercambio de información y el establecimiento de un mecanismo transparente para la Sociedad de la Información. La adopción de la Directiva 98/48/CE, el 20 de julio de 1998, permitió aplicar dicho mecanismo. El Comité discutió también la transposición de esta Directiva.

80. El Comité sirvió de foro para los debates sobre la relación entre el artículo 28 del Tratado CE y el artículo 16 de la Directiva 89/106/CEE "Productos de construcción" y sobre la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 3052/95 por la que se establece un procedimiento de información mutua sobre las medidas nacionales de excepción al principio de libre circulación de mercancías [9].

[9] Decisión 3052/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1995, por la que se establece un procedimiento de información mutua sobre las medidas nacionales de excepción al principio de libre circulación de mercancías en la Comunidad (DO L 321 de 30.12.1995, pág. 1).

81. Asimismo, el Comité tuvo la oportunidad de debatir puntualmente los proyectos notificados y los problemas planteados por su aplicación.

4.3.6.2. Reuniones "paquete"

82. La práctica de las reuniones "paquete", instaurada hace algunos años, ha permitido que los servicios de la Comisión mantengan el contacto con las autoridades nacionales responsables de la elaboración de las normas técnicas. En estas reuniones se debaten las notificaciones del país afectado, la correlación con los procedimientos de infracción a partir de las disposiciones del Tratado CE relativas a la libre circulación de mercancías y la evolución del funcionamiento de la Directiva. Estas reuniones han brindado a los servicios de la Comisión la oportunidad de comentar las consecuencias de la sentencia CIA-Security con las autoridades de los Estados miembros.

4.3.6.3. Reuniones con las unidades centrales de los Estados miembros

83. Entre 1995 y 1998 la Comisión se esforzó por mantener un diálogo con las administraciones nacionales encargadas de la aplicación de la Directiva 98/34/CE. Los encuentros se celebraron en el marco de las reuniones del Comité de la Directiva o en el de las reuniones "paquete" ya mencionadas, y permitieron poner fin a numerosos procedimientos de infracción iniciados por la Comisión por incumplimiento de la obligación de notificación derivada en la Directiva. Estas reuniones brindan también una oportunidad de tratar los problemas prácticos que puedan surgir en la aplicación del procedimiento y favorecen el encuentro entre las unidades centrales de los Estados miembros y los representantes de la Comisión encargados de la gestión de la Directiva.

4.3.6.4. Reuniones ad hoc

84. Los servicios de la Comisión estudian los casos que en su opinión pueden violar el Derecho Comunitario y dar lugar a controversias entre los Estados miembros y los agentes económicos, o incluso entre los propios Estados miembros. Las reuniones ad hoc organizadas por la Comisión han contribuido a alcanzar un acuerdo sobre las cuestiones controvertidas. Durante el periodo considerado se han celebrado reuniones sobre ámbitos tan diferentes como los restos de automóviles, la televisión por satélite, la publicidad de los productos derivados del tabaco, los transbordadores de carga rodada, los pesos y medidas, etc.

4.4. Factores que han contribuido al elevado número de notificaciones

4.4.1. Diversidad de factores

85. La adhesión de Austria, Finlandia y Suecia no es el único factor que explica el incremento de las notificaciones entre 1995 y 1998. En realidad, los factores principales que llevaron a los Estados miembros a notificar más de 2 400 proyectos de normas técnicas a la Comisión fueron la entrada en vigor de las disposiciones de la Directiva 94/10/CE y la riqueza de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en este tema.

La sentencia CIA-Security, que corroboró la tesis de la Comisión sobre la inaplicabilidad de las normas técnicas adoptadas en incumplimiento de la Directiva 83/189/CEE, ha puesto de manifiesto la importancia particular del procedimiento de información y, por consiguiente, ha contribuido a aumentarla. Sin duda, la operación de "actualización" de las notificaciones de normas técnicas llevada a cabo por el Gobierno neerlandés durante el verano de 1997 se debe a esta sentencia. Dicha operación generó un aumento notable del número de notificaciones en 1997.

4.4.2. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia

86. Entre 1995 y 1998, el Tribunal de Justicia emitió ocho sentencias relacionadas con la Directiva 98/34/CE. Cuatro de ellas respondían a peticiones de la Comisión tras constatar que un Estado miembro había violado las obligaciones que le impone el Derecho Comunitario; las otras cuatro se referían a una cuestión prejudicial planteada por un juez nacional. Estas sentencias se centran fundamentalmente en la noción de "norma técnica" y determinan, por lo tanto, el alcance de la obligación de notificación y las consecuencias que conviene extraer ante un posible desconocimiento de dicha obligación.

4.4.2.1. Sentencias por incumplimiento

87. La sentencia de 11 de enero de 1996 Comisión contra Países Bajos - "Margarina" (C-273/94, Rec., pág. I-31), trataba de una normativa neerlandesa que añadía un método de producción alternativo a la legislación sobre la margarina ya vigente en los Países Bajos. El Tribunal aprovechó esta ocasión para rechazar la tesis, muy difundida, de que una norma técnica cuyo objetivo o consecuencia era liberalizar el comercio no era notificable. La normativa juzgada establecía una nueva norma técnica y por lo tanto quedaba sujeta a la Directiva, a pesar de tener un carácter menos estricto.

88. En la sentencia de 17 de septiembre de 1996 Comisión contra Italia - "Moluscos" (C-289/94, Rec., pág. I-4405), se concretó la relación necesaria entre la especificación técnica y la comercialización de los productos en cuestión, así como el alcance de la excepción a favor de las medidas de transposición. En este asunto, el Gobierno italiano se negaba a notificar las disposiciones relativas a la calidad del agua en la que se crían los moluscos porque estas medidas tratarían de transponer determinadas disposiciones de Derecho Comunitario y porque sólo harían referencia al agua, sin incluir los moluscos criados en ella.

El Tribunal desestimó ambos argumentos porque las normas en cuestión presentaban una correlación muy estrecha con la comercialización del producto considerado, pues sólo se pueden comercializar los bienes producidos de conformidad con las disposiciones que están en tela de juicio, de manera que su cumplimiento tenía una influencia directa en la comercialización de los moluscos. Según el Tribunal de Justicia, la excepción a favor de las medidas de transposición no podía aplicarse, pues el ámbito de aplicación de las normas nacionales examinadas era claramente más restringido que el del régimen comunitario.

89. En la sentencia de 16 de septiembre de 1997 Comisión contra Italia - "Amianto" (C-279/94, Rec., pág. I-4743), el Tribunal precisó tres cuestiones en relación con el término "reglamento técnico". Así, una disposición que prohíbe la comercialización y la utilización de una sustancia constituye un reglamento técnico, incluso antes de que la Directiva 94/10 aporte tal precisión. En cambio, un reglamento que imponga unos contenidos máximos de fibras de amianto en el aire no precisa una característica requerida de un producto y, por este motivo, no está comprendido, a priori, en la definición de especificación técnica. No obstante, no se excluye la posibilidad de que el respeto de los contenidos máximos tenga consecuencias en las características del producto. Por último, el Tribunal recordó que para que una norma técnica sea objeto del procedimiento de notificación es preciso que sea nueva, en el sentido de que debe aportar efectos jurídicos distintos a los del régimen existente.

En relación con el procedimiento en sí, el Tribunal señaló que las obligaciones de notificar y de statu quo no siempre son paralelas: aunque se debe notificar el texto completo, sólo las normas técnicas que incluye han de cumplir la obligación de statu quo.

90. Por último, en la sentencia de 7 de mayo de 1998 Comisión contra Bélgica (C-145/97, Rec., pág. I-2643), el Tribunal admitió que, en virtud del artículo 8 de la Directiva, los Estados miembros deben comunicar, además del proyecto de texto que incluye las normas técnicas, el texto de las disposiciones legislativas y reglamentarias básicas principal y directamente afectadas. Esta disposición pretende dotar a la Comisión de la información más completa posible para que pueda ejercer con la mayor eficacia las competencias que le confiere la Directiva.

4.4.2.2. Sentencias emitidas a petición de una decisión prejudicial

91. La sentencia de 30 de abril de 1996 CIA Security International (C-194/94, Rec., pág. I-2201) es, sin duda, la más importante de las que ha emitido el Tribunal durante el periodo que se trata en el presente informe. En dicha sentencia, el Tribunal compartió la tesis que había defendido la Comisión en su Comunicación de 1986, según la cual el desconocimiento de la obligación de notificar implica la inaplicabilidad de la norma técnica en cuestión, de modo que no se puede esgrimir contra los particulares.

El Tribunal alcanzó esta decisión basándose en el carácter preciso (en lo que respecta a la obligación de notificar las normas técnicas antes de adoptarlas) e incondicional de los artículos 8 y 9 de la Directiva y en que, por consiguiente, deben interpretarse en el sentido de que los particulares pueden invocarlos ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Una comparación entre el procedimiento establecido por la Directiva 83/189/CEE y un simple procedimiento de información llevó al Tribunal a señalar que el objetivo de la Directiva no era simplemente informar a la Comisión, sino también suprimir o limitar las trabas a los intercambios, informar a los Estados miembros de las normas técnicas previstas por alguno de ellos, conceder a la Comisión y a los demás Estados miembros el tiempo necesario para que reaccionen y propongan una modificación que permita reducir las restricciones a la libre circulación de mercancías derivada de la medida prevista y conceder a la Comisión el tiempo necesario para proponer una directiva de armonización. El Tribunal llegó a la conclusión de que el desconocimiento de la obligación de notificación constituye un vicio de procedimiento sustancial que puede llegar a impedir que las normas técnicas en cuestión se apliquen a los particulares. Cuando un particular invoca, con fundamento, el desconocimiento de dicha obligación ante un juez nacional, corresponde a éste rechazar la aplicación de la norma técnica nacional no notificada.

92. Además de estas aclaraciones, cuya importancia no se debe subestimar, el Tribunal declaró que la Directiva no es aplicable a las normas que definen las condiciones del establecimiento de empresas ni a las normas que se limitan a habilitar a ciertos organismos para la adopción de normas técnicas.

93. En la sentencia de 20 junio de 1996 Semeraro Casa (C-418/93 a C-421/93, C- 460/93 a C-462/93, C-464/93, C-9/94 a C-11/94, C-14/94, C-15/94, C-23/94, C-24/94 y C-332/94, Rec., pág. I-2975), el Tribunal constató que la obligación de notificar no se aplica a una normativa nacional que no regula las características requeridas para un producto, sino que se limita a regular el horario de cierre de los almacenes.

94. La sentencia de 20 de marzo 1997 Bic Benelux (C-13/96, Rec., pág. I-1755) se centró en la obligación de un marcado que informe al consumidor de la sujeción del producto a un impuesto ecológico. El Tribunal aprovechó esta oportunidad para destacar que la calificación de una medida nacional como norma técnica no está relacionada con los motivos que la han originado. Por consiguiente, que una medida nacional no aplique una norma técnica, que a su vez pueda plantear obstáculos a la libre circulación de mercancías, o se haya adoptado para proteger el medio ambiente, no implica que no se pueda considerar una norma técnica. Dado que el marcado en cuestión tenía como objetivo informar al público de los efectos de un producto en el medio ambiente, como cualquier otra etiqueta de calidad, el Tribunal decidió que no podía considerarse simplemente una medida complementaria de carácter fiscal.

95. En la sentencia del 16 de junio de 1998 Lemmens (C-226/97 - Rec., pág. I-3711) se planteó la cuestión de si se han de notificar las disposiciones aplicables a un producto (alcoholímetros) que deben ser respetadas para permitir que un usuario concreto (la policía) lo utilice con unos objetivos determinados (prueba de alcoholemia). El Tribunal reconoció la posibilidad de que existan normas que impongan especificaciones técnicas a un producto destinado a un grupo concreto de usuarios y cuyo contenido dependa del objetivo perseguido por dicho grupo. Cuando las especificaciones en cuestión tienen una relación escasa con la producción y la comercialización del producto, el Tribunal opina que la norma no se puede calificar de técnica. Por el contrario, cuando es obligatorio respetar las especificaciones técnicas para proceder a la venta del producto a un usuario muy importante del producto en cuestión, se trata de una norma técnica. Tal era el caso en dicho asunto.

96. Asimismo, el Tribunal ha señalado que la Directiva también se aplica a las normas que pertenecen al ámbito del Derecho Penal, pues su alcance no se limita a productos destinados a usos que no dependen de las prerrogativas de los poderes públicos.

4.4.3. La operación neerlandesa de actualización de las notificaciones de normas técnicas

97. A raíz de la sentencia CIA-Secur