ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
5.4

En el nuevo procedimiento de «fin de serie» se propone imprimir algunos datos concretos sobre el certificado de conformidad de cada uno de los vehículos en cuestión. Sin embargo, no resulta práctico porque este certificado se suele imprimir antes de comercializar el producto y, por tanto, no es posible ni eficaz añadir más datos en una fase posterior, ya que no se pueden identificar desde el primer momento los vehículos que no se venden. En caso de necesitar más información sobre un número determinado de vehículos en un momento dado, entonces el fabricante puede facilitar un documento aparte conforme al procedimiento actual.
2.4.

El CESE también lamenta que el actual programa propuesto se financie con fondos de la UE ya existentes, y que no se haya creado un programa con financiación propia que no reduzca otros fondos centrados en reformas estructurales. El CESE considera además que, tal como está planteada, esta iniciativa no tiene la capacidad de satisfacer la demanda de los Estados miembros en materia de asistencia técnica debido a sus limitaciones financieras.
1.3.

El CESE considera necesario establecer de forma clara el concepto de «Estado miembro de residencia» del abonado, de modo que el resto de Estados miembros de la UE deban considerarse por defecto Estados en los que puede encontrarse presente temporalmente. La mera referencia a la estancia habitual recogida en el artículo 2 puede no ser suficiente, por lo que sería necesario valorar otros criterios de transitoriedad, entorno vital, etc., recogiendo un listado no exhaustivo de indicadores para concretar el vínculo de conexión temporal basado en la residencia. En todo caso, el Comité considera que, cuando existe la condición de cliente, suscriptor o abonado a un servicio, y el usuario aparece vinculado a un Estado miembro e identificado por su dirección IP, conexión a internet u otro indicador equivalente, ello debería garantizar la portabilidad transfronteriza.
1.10.

También deberían incluirse elementos como los recogidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030, que contiene diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, y especialmente el objetivo 11 («Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles»). En septiembre de 2015, el CESE adoptó una posición sobre este tema (5). La UE no goza de competencias equivalentes en todos los ámbitos políticos y las competencias de las que dispone en materia social, en particular, no parecen suficientemente sólidas. Cabe preguntarse si la UE puede influir en el desarrollo urbano en el ámbito social o evaluar adecuadamente el impacto social de las medidas aplicadas en otros ámbitos políticos. Aunque el procedimiento de evaluación de impacto medioambiental permite determinar la repercusión en el medio ambiente, aún se carece de un método para evaluar el impacto social.
3.5.3.

Hay que aprovechar la ocasión para emprender una reflexión, que no sea simplemente formal ni retórica, sobre los valores comunes (civiles, éticos, religiosos) que fundamentan nuestra identidad y que tememos manifestar y defender: esta es la auténtica base que permitirá el renacimiento de la zona del euro y de los países que lo deseen. Será una experiencia única de integración abierta no solo a los 19 Estados miembros, sino a los demás países de la UE, incluidos los nuevos, que deseen formar parte de un núcleo político, destinado a crecer progresivamente, como sucedió con la primera Comunidad Económica Europea (1957), formada por los seis países fundadores, que se mostraron entonces valientes, y sin los cuales no estaríamos hoy hablando de Europa y mucho menos de una Unión de 28 países.
7.5.2.

Sin embargo, la no determinación exhaustiva de las razones que justificarían la adopción de cláusulas de exclusión (ausencia de una lista positiva o negativa), así como la no previsión de mecanismos jurídicos para la suspensión de aquellas medidas nacionales que puedan ser consideradas abusivas, no suficientemente justificadas o discriminatorias, abre un riesgo evidente de incertidumbre jurídica.
1.11.

Los recursos financieros correspondientes deberán proceder, a través de un esfuerzo conjunto, de toda la comunidad internacional. Asimismo, hay que aclarar que los gastos efectuados por los Estados miembros en la acogida e integración de los solicitantes de asilo y refugiados no constituyen un gasto estructural y permanente y, por lo tanto, no deberán incluirse en el cálculo de los déficits presupuestarios estructurales. La movilización de los recursos necesarios no deberá hacerse a expensas de los recursos previstos para objetivos sociales en la UE, ya que ello podría poner en peligro la aceptación por parte de la población.
1.7.

El CESE estima que lo que puede salvar el clima no serán los ambiciosos resultados (cabe esperar) de la COP 21, sino sobre todo su aplicación coherente. No son los políticos quienes las aplican estas medidas, sino los ciudadanos. Aunque aquellos deben crear las condiciones marco adecuadas, pensando en sus consecuencias, no solo medioambientales sino también económicas y sociales, la responsabilidad de la aplicación recae, no obstante, sobre la sociedad civil. Por ello, las decisiones requieren una aceptación amplia entre la sociedad y el apoyo de empresas, sindicatos y otros componentes de la sociedad civil.
3.1.

Por el momento, la Comisión no ofrece detalles sobre el contenido de estas medidas, pero asegura que procederá a una consulta sobre las herramientas no legislativas, incluido el enfoque «sigue la pista al dinero» («Follow the money»), cuya finalidad consiste en privar a los infractores a escala comercial de medios para promover y distribuir bienes falsificados, así como de sus ingresos. Estas herramientas se desarrollarán de manera transparente y rigurosa para garantizar su eficacia en la lucha contra la vulneración de los DPI.
3.9

El CESE preconiza otorgar excepciones en casos específicos de producción paralela (explotaciones con productos ecológicos y productos convencionales). La inaplicación de una excepción puede obstaculizar el desarrollo de la agricultura ecológica. Deben mantenerse las excepciones en los casos siguientes: 1) para los institutos científicos que realizan estudios sobre la agricultura tanto ecológica como convencional; 2) en cuanto a los productos no alimentarios, por ejemplo de las explotaciones ecológicas que se dedican al agroturismo, las cuales deberían poder tener caballos de montar convencionales; 3) para el consumo personal, por ejemplo en explotaciones de producción vegetal cuyos propietarios poseen algunas vacas o gallinas para atender sus propias necesidades; 4) para las explotaciones situadas en zonas geográficas diferentes, por ejemplo, si parte de las tierras y de las edificaciones de la explotación están en áreas de montaña, mientras que otra parte está en el valle; o bien si antaño se juntaron dos explotaciones, aunque les separen varias decenas de kilómetros, garantizándose que los productos ecológicos no sufran contaminación alguna por productos convencionales; 5) para los cultivos perennes, concretamente la arboricultura, la viticultura o las plantas aromáticas, etc.; 6) para los cultivos que no pueden comercializarse en el mercado de la agricultura ecológica.
1.16

Igualmente son fundamentales las ayudas y los programas de desarrollo, sobre la base del principio de condicionalidad positiva (more for more), abordando a la vez los distintos factores que implica la inmigración, incluida una política de retorno y readmisión. Así mismo es importante el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y su participación en los AM.
5.9

En su estrategia, la Comisión solicita que se adopte un marco de actuación para prevenir, reducir y minimizar los efectos adversos de la propagación de especies exóticas invasoras sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Dichas actuaciones deberían abordar, asimismo, los daños sociales y económicos. No obstante, a la hora de establecer prioridades entre las especies exóticas invasoras, debería adoptarse también un enfoque holístico y dotado de base científica, basado criterios rigurosos de clasificación. Por tanto, los materiales forestales exóticos de reproducción que no se propaguen de manera invasiva y no repercutan negativamente en su nueva ubicación no deberían incluirse ya que — en particular a la luz del cambio climático — pueden aportar una contribución positiva al suministro actual y futuro de materias primas y a la prestación de otros servicios ecosistémicos.
2.2

El Reglamento (CE) no 3/2008 permitía llevar a cabo acciones de promoción apoyadas por la Unión Europea. Sus mecanismos han resultado ser más adecuados a los desafíos de la economía globalizada que el sistema anterior instaurado por los Reglamentos (CE) no 2702/1999 y no 2826/2000. Las campañas de promoción realizadas en virtud del Reglamento (CE) no 3/2008 se centraban en la calidad, el valor nutritivo y la seguridad de los productos agroalimentarios de la Unión Europea, y destacaban también otras características y ventajas de estos productos, como los métodos de producción, el etiquetado, el bienestar animal y el respeto del medio ambiente. Las actividades de promoción podían adoptar la forma de campañas de publicidad, promoción en el punto de venta, campañas de relaciones públicas, participación en exposiciones y ferias comerciales, entre otras posibilidades. Entre 2000 y 2012, la UE cofinanció 552 programas de promoción.
4.23

La cuestión más importante en el ámbito de la política climática es, no obstante, el desarrollo internacional. El marco político presentado en la Comunicación reduciría considerablemente la cuota de la UE de las emisiones mundiales de GEI, situadas actualmente en un 11 %. Según la AIE, incluso las políticas actuales conducirían a reducir la cuota de la UE al 7 % para 2035. Europa tiene una responsabilidad histórica particular de actuar con respecto al cambio climático, pero por sí sola no podrá marcar la diferencia en la limitación del cambio a 2 oC. Un ambicioso acuerdo internacional y su aplicación eficaz constituyen objetivos clave de las políticas de la UE. Si ello no se consigue, la UE podría verse obligada a replantearse sus propias políticas. Al mismo tiempo, debe prestarse mucha más atención a la adaptación al cambio climático, y dirigir actividades destinadas a este fin; no podemos seguir desatendiendo esta circunstancia.
4.10

De la evaluación de impacto de la Comisión se desprende que las medidas para reducir el uso de bolsas de plástico desechables no tendrían consecuencias inaceptables en la economía o el empleo. Concluye lo siguiente: — habrá una disminución en el número de personas que trabajan en el sector de la fabricación de bolsas de plástico desechables; — no obstante, probablemente aumente el empleo en el sector de la fabricación de bolsas de plástico reutilizables, bolsas de papel y bolsas de basura; — el informe de Prodcom de 2011, que se menciona en la evaluación de impacto, afirma que en 2006 una tercera parte de las bolsas de plástico ligeras se había importado, principalmente de Asia. Asimismo afirma que, desde entonces, son muchas más las bolsas que se fabrican en ese continente. Menciona que en el Reino Unido casi el 98 % de este tipo de bolsas se importa de Extremo Oriente; — el informe señala que las bolsas fabricadas en los países de la UE suelen ser ligeramente más gruesas; — el informe de evaluación de impacto afirma que no habrá consecuencias adicionales en el ámbito laboral (p. 86). Asimismo, señala que la mayoría de fabricantes produce varios tamaños y que las acciones para reducir las bolsas de plástico ligeras pueden aumentar la demanda de bolsas reutilizables y, en consecuencia, crear empleo.
4.7

Quiere señalar, no obstante que ya existe un manifiesto no electrónico, basado en una Recomendación de la OMI, que no está normalizado y no es utilizado por todos los Estados miembros, y que en la práctica hay una serie de autoridades aduaneras que no tienen conocimiento de su existencia o no están dispuestas a validarlo o aceptarlo. Por consiguiente, el Comité destaca la importancia de prever una correcta transmisión de la información a todas las autoridades aduaneras.
4.1.3

La no discriminación, la igualdad de trato y el compromiso proactivo de los socios de la UE y de cada uno de los miembros de su sociedad (incluidos colectivos como las mujeres, minorías, etc.) es fundamental como principio general y como condición previa para la credibilidad de la UE. La diferenciación de las políticas en función de los requisitos del país socio es, por supuesto, imperativa y necesita mejorarse. Al mismo tiempo, la UE no debe ser más indulgente con los países «de importancia estratégica» solo por un limitado conjunto de intereses no relacionados con el desarrollo sostenible. El respeto de los derechos humanos es un ámbito en el que la UE y sus socios han de trabajar juntos.
1.5

Respecto la novedosa disposición para compartir de forma obligatoria los estudios sobre el destino y comportamiento ambiental relacionados con el anexo II del Reglamento (CE) no 1451/2007 el CESE reclama a la Comisión que garantice que la nueva obligación no generará distorsiones de la competencia y no afectará negativamente la capacidad de innovación de algunas empresas.
1.8

No obstante, cabe la posibilidad – si finalmente aumenta el número de Estados miembros que autoriza un uso transfronterizo de los LHV – de que se produzca un efecto dominó y que se admitan de forma gradual estos vehículos por toda Europa. En tal caso, estas excepciones podrían hacer que lo que ahora es una práctica excepcional se convierta en la norma, contraviniendo el principio rector de la propuesta, que reitera que el concepto modular no afecta de forma significativa a la competencia internacional, y penalizando a los Estados miembros que no permiten los LHV en su territorio.
3.2

Según la Comisión Europea, hay 7,5 millones de jóvenes NEET (1) en la Unión, lo que representa el 12,9 % de los jóvenes europeos de entre quince y veinticuatro años. Muchos de ellos no han terminado los estudios secundarios y han abandonado prematuramente la escuela; muchos son inmigrantes o pertenecen a sectores sociales más desfavorecidos. No obstante, en algunos países se está produciendo un deterioro de la situación de los jóvenes de clase media (nuevos pobres) que aún no han finalizado sus estudios y corren el riesgo de no continuarlos.
1.10

Los contratos de asociación sobre la Estrategia Europa 2020 no deberían centrarse principalmente en las recomendaciones específicas por país. En efecto, deberían basarse en distintos elementos como los programas nacionales de reforma (PNR), que se diseñan en función de las circunstancias específicas del Estado miembro, mientras que las recomendaciones específicas no están necesariamente adaptadas a la situación particular de un Estado miembro determinado. Los contratos de asociación deberían centrarse, asimismo, en las estrategias nacionales sobre la reducción de la pobreza, la igualdad de género y la discapacidad, así como el desarrollo sostenible.
1.4

El CESE acoge con satisfacción el objetivo de la nueva propuesta de Reglamento de simplificar y reducir la carga administrativa asociada a la gestión de la asistencia financiera. No obstante, el CESE emite reservas sobre el enfoque sectorial en relación con la asignación de la ayuda. Este mecanismo debería utilizarse con prudencia, en función de las especificidades de cada país beneficiario y teniendo presente que la ayuda de preadhesión está diseñada para ayudar a los países candidatos y los países candidatos potenciales a prepararse para su futura adhesión. El IAP muestra a los países, antes de la adhesión, una «prueba de funcionamiento» de las obligaciones propias de la condición de miembro, incluida la manera de gestionar los fondos estructurales, de cohesión y de agricultura y desarrollo rural. Por tanto, el enfoque sectorial solo debería utilizarse cuando se disponga de normas y procedimientos apropiados (por ejemplo, en relación con las normas sobre contratación pública, los conflictos de intereses, etc.) y cuando el plan presupuestario nacional sea suficientemente amplio en cuanto al gasto y no sea de carácter meramente anual. El enfoque sectorial suele guardar relación con sectores como la salud, la educación, etc., mientras que la ayuda del IAP también se centra en ámbitos como la lucha contra la corrupción y el desarrollo de las capacidades de la administración pública, que es menos probable que se ajusten a este enfoque debido a la existencia de numerosos organismos beneficiarios en lugar de una sola institución.
5.2

La importancia económica no se limita al empleo sino que tiene que ver sobre todo con el suministro de materias primas. Esos países satisfacen la mayor parte de sus necesidades de acero a través del reciclado de buques. La relevancia para el empleo en esos países también es considerable, aunque controvertida desde la perspectiva social. Se trata sobre todo de personas no cualificadas procedentes de los grupos de población más pobres que tienen trabajo, pero no un empleo, porque son contratadas por día. El concepto europeo y mundial de «empleo» (OIT: Pacto mundial para el empleo, de 2009) implica que éste permite a la persona vivir y mantener a su familia. Los trabajadores en el sector del desmantelamiento de buques en las playas del Sureste Asiático no pueden vivir del trabajo que se les ofrece, que, como mucho, les permite sobrevivir durante un tiempo. En la práctica, muchos de ellos mueren. Bien rápidamente, debido a uno de los muchos accidentes de trabajo, bien lentamente debido a enfermedades malignas e incurables que pueden contraer durante el trabajo.
2.3

Hubo una propuesta para establecer que el calendario de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales fuera el mismo que para la Directiva sobre intereses y cánones. De hecho, se trataba de un asunto prioritario en el informe Ruding de 1992 (2). No obstante, no se consiguió alcanzar un consenso hasta que la Comisión publicó sus propuestas en 1998 (COM(1998) 67). Aun así, siguió la polémica –entre los Estados miembros había ganadores y perdedores– y no fue hasta junio de 2003 cuando el Consejo adoptó la Directiva (2003/49/CE). A causa de la controversia, se establecieron períodos transitorios para Grecia, España y Portugal respecto de los intereses y los cánones. En 2004, otra Directiva amplió las disposiciones transitorias para algunos Estados miembros nuevos (Chequia, Letonia, Lituania y Polonia, con un protocolo en 2005 que incluía a Bulgaria y Rumanía).
—

La opción 3 parece ser la forma más atractiva para reducir el riesgo de eutrofización, pero no se recomienda su aplicación por dos razones: por una parte, induce a una disminución desproporcionada del rendimiento de los lavavajillas, para los que actualmente no existen alternativas que sean viables técnica y económicamente; por otra parte, las alternativas a los fosfatos en los detergentes domésticos para ropa a menudo incluyen otros compuestos químicos que contienen fósforo, en concreto los fosfonatos, que, empleados incluso en pequeñas dosis, ofrecen un rendimiento excelente, tanto para ablandar el agua como para estabilizar los blanqueadores. Por lo tanto, no es posible eliminar por completo el fósforo de los detergentes.
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la situación actual, que se caracteriza por la coexistencia de dos textos en parte contradictorios (el Reglamento (CE) no 1321/2004 y el Reglamento (CE) no 683/2008), no es satisfactoria desde el punto de vista jurídico;
6.7

La solidaridad energética es en tres sentidos: entre Estados miembros, entre los ciudadanos y la Unión y entre operadores. El Libro Verde no explica cuáles son los medios para la solidaridad, incluso entre Estados miembros. Las prácticas comerciales o contractuales entre operadores no favorecen una solidaridad (exigencias de los accionistas) que, por lo que afecta a la energía, deberían defender en todo el mundo. Todos deberían contribuir a la circulación de la energía en el interior de la Unión sin rechazar las interconexiones ni dificultarlas. El CESE está a favor de unos instrumentos reguladores que permitan, en caso de necesidad urgente y por decisión colectiva, poner en el mercado las capacidades no utilizadas (reventa obligatoria en virtud del principio de «usarlo o perderlo»).
2.1

Los objetivos de la política energética de la UE son sostenibilidad, competitividad y seguridad de abastecimiento. Recientemente, la seguridad de abastecimiento no ha tenido la atención debida, lo que ha resultado fatídico por las repercusiones del conflicto del gas entre Ucrania y Rusia así como por la fuerte desaceleración económica y la gran volatilidad de los costes de la energía. La dependencia del suministro energético exterior no es un problema en sí, pero la concentración cada vez mayor de la dependencia en proveedores que no operan con las mismas reglas que Europa, así como la creciente demanda de gas, aumentan el riesgo de que haya problemas de abastecimiento.
4.4

Por el contrario, sí nos parece apropiado no repetir el informe contable en el caso de las sociedades cotizadas (12), ya que no solo se realizan conforme a las disposiciones establecidas, sino que cuentan con la intervención de las autoridades bursátiles. En todo caso, la ampliación a otras sociedades no cotizadas, siempre que se de la unanimidad de todos los accionistas de todas las sociedades, parece distorsionar el sentido de la norma, es decir, si ya existe un conocimiento contable de las cuentas societarias, conforme a una disposición legal, no hay necesidad de su repetición, pero este no es el caso del art. 9 ii) b) de la 3a Directiva, en el que se excluye su elaboración si se da la unanimidad de los accionistas.
—

El potencial empresarial, en particular las PYME (Estrategia de Lisboa) (dictamen de iniciativa) DO C 256 de 27.10.2007, p. 8. Ponente: Sra. FAES
1.5.5

Si bien la integración económica regional y subregional ha progresado sensiblemente, aún queda por explotar el potencial comercial. En particular, hay que coordinar las medidas adoptadas para armonizar los procedimientos aduaneros, desarrollar las infraestructuras, garantizar la libre circulación de los ciudadanos, etc. Desde este punto de vista, el Comité lamenta que no hayan concluido, hasta el momento, las negociaciones regionales de los acuerdos de asociación económica, que tienen entre sus objetivos la integración regional.
5.1

El CESE reconoce las dificultades a que se enfrenta la Comisión a la hora de proponer una modificación proporcionada y eficaz en cuanto a los costes a la Directiva 76/769/CEE para el uso del DCM como disolvente en los decapantes de pintura. Hasta ahora, los incidentes registrados y verificados son relativamente poco numerosos. Cabe la posibilidad (o no) de que no todos los casos se hayan denunciado. La legislación en vigor no siempre se ha respetado y, por lo que se refiere al etiquetado, resulta inadecuada. Existen productos y procesos alternativos, pero que no se han evaluado y conllevan, todos ellos, riesgos. Las posiciones de los Estados miembros difieren entre ellas, y no faltan buenas razones para ello. No hay garantías de que el resultado final será favorable para ninguno de los grupos que probablemente se vean más afectados.
3.4

La Comisión propone que las decisiones relativas a los pequeños proyectos que no excedan de un millón de euros no tengan que someterse al procedimiento de comitología. A cambio, la Comisión se ha comprometido a informar sin demora al comité de programa, así como al Parlamento Europeo, de todas las decisiones de selección que no se sometan al procedimiento de gestión. El CESE apoya plenamente esta declaración dirigida al Consejo y al PE.
4.10.1

Los datos empleados para efectuar estas mediciones serían los obtenidos con pruebas en dinamómetros, que no son realmente representativos de las mediciones sobre vehículos. En efecto, se sabe que la eficiencia energética de un vehículo depende de distintos aspectos, y que el motor no es más que un elemento importante entre otros (transmisión, aerodinámica, resistencia a la rodadura, órganos auxiliares, etc.). Se puede encontrar el mismo tipo de motor en vehículos con características y usos muy diferentes (TIR, vehículos articulados, autobús urbano, etc.).