Las pruebas objetivas que constituyen la base de este informe proceden de los informes que los Estados miembros y las partes interesadas han presentado a la Comisión, la información que transmiten periódicamente los Estados miembros y las principales partes interesadas, sobre todo a través del Grupo consultivo, el Comité permanente de la construcción y el Grupo de cooperación administrativa sobre vigilancia del mercado (Adco-CPR), así como un estudio externo titulado «Analysis of implementation of the Construction Products Regulation» (Análisis de la aplicación del Reglamento de Productos de Construcción), completado en julio de 2015.

No obstante, en varios Estados miembros se siguen utilizando marcas nacionales en contra de los principios del RPC. Los procesos o verificaciones nacionales ex ante que abarquen el área armonizada no están permitidos. Tampoco se permite el uso de marcas voluntarias sin una connotación nacional, dado que impedirían de forma indebida la libre circulación de productos de construcción con el marcado CE, por ejemplo, cuando se derivan de un sistema más exigente de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) impuesto por las inspecciones de edificios o las compañías de seguros o en relación con los incentivos financieros.

Aunque el RPC no ha comportado cambios a gran escala en el marco general de las normas armonizadas en este campo, recientemente las partes interesadas han solicitado que el proceso de normalización sea más rápido y más efectivo, y que las normas respondan mejor a las necesidades del usuario. La naturaleza exhaustiva de las normas armonizadas basadas en el RPC, confirmadas por el TJUE en el asunto C-100/13 antes mencionado, implica que todavía deban adaptarse determinadas normas. Además, deben presentarse nuevas peticiones de normalización revisadas y debe eliminarse el retraso actual con normas armonizadas todavía no citadas en el DOUE. Todo ello solamente se conseguirá con una mejor colaboración entre el CEN, los Estados miembros, el sector, la Comisión y las correspondientes partes interesadas, sobre todo a través de la Iniciativa Conjunta sobre Normalización.

Estas circunstancias han obligado a la Comisión a realizar un mayor esfuerzo de seguimiento y vigilancia. En consecuencia, existe una cantidad considerable de posibles normas armonizadas que no se citan en el DOUE si antes no se incorporan los ajustes adecuados o se adoptan los actos delegados para incorporar clases y/o niveles umbral. Será esencial una cooperación continua con los asesores del Comité Europeo de Normalización (CEN) para mejorar la situación antes de presentar las normas armonizadas a la Comisión para la publicación de sus referencias en el DOUE.

Dado que casi todas las normas armonizadas se remontan a la era de la DPC y todas se desarrollaron en base a los mandatos de normalización habituales hace 10-20 años, algunas requieren ahora una revisión para adaptarlas al progreso técnico y del mercado. Además, todavía no se han incorporado plenamente todas las características específicas del RPC. La transición de la DPC al RPC ha obligado a las partes interesadas, las organizaciones europeas de normalización y las autoridades de los Estados miembros a aprender a asimilar las nuevas características y a incorporarlas a las normas armonizadas. Ha habido algunos retrasos en el inicio de este proceso y la adaptación todavía no ha finalizado.

Se han alcanzado los objetivos políticos de la EOTA, según se definen en el RPC y emanan de la experiencia y las críticas de la DPC, es decir: reducir y simplificar los procedimientos, reducir los costes para los fabricantes, y hacer que esos procedimientos sean más transparentes. Con el fin de pasar de la emisión de aprobaciones de productos a simplemente evaluar sus prestaciones, el primer paso era poner en práctica un grupo de principios, que después se convirtieran en procedimientos para redactar y adoptar los documentos de evaluación europeos. El cumplimiento de esos principios ha sido bueno gracias a una mayor participación de los fabricantes implicados y de la Comisión en esos procedimientos.

Desde noviembre de 2011, la mayor parte de los Estados miembros han designado a varios OET con herramientas electrónicas de la Comisión, siguiendo unos criterios estrictos establecidos en el RPC y basados en el mismo. Así, las peticiones de evaluación técnica europea, y por tanto también la preparación de proyectos de documentos de evaluación europeos, corren principalmente a cargo de un número limitado de OET.

No obstante, la transición de la DPC al RPC todavía no se ha completado. Casi un 90 % de las evaluaciones técnicas europeas realizadas en virtud del RPC todavía se basan en las guías de los documentos de idoneidad técnica europeos (DITE) utilizadas como documento de evaluación europeo. Los principios para dichas prácticas se han acordado con la EOTA y debe realizarse un seguimiento de los mismos para evitar complicaciones, sobre todo para los fabricantes implicados. Está en marcha la conversión de los DITE en documentos de evaluación europeos, empezando por los más utilizados. Los fabricantes pueden utilizar las aprobaciones técnicas europeas emitidas conforme a la DPC (antes del 30 de junio de 2013) como evaluaciones técnicas europeas hasta el fin de su validez (máximo cinco años, es decir, seguramente hasta el 30 de junio de 2018).

El cambio de paradigma en los OET de «aprobación de producto» a «evaluación de prestaciones» es la principal dificultad para una implementación correcta de las disposiciones del RPC sobre la redacción y adopción de documentos de evaluación europeos. Tras la aprobación del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1062/2013 de la Comisión relativo al formato de la evaluación técnica europea de los productos de construcción, la EOTA y la Comisión acordaron los principios que rigen la redacción del documento de evaluación europeo y elaboraron una guía detallada basada en la experiencia obtenida en esos procesos. Por todo ello, en julio de 2015 se publicaron en el DOUE por primera vez referencias a los documentos de evaluación europeos.

La Comisión no ha sido informada por la EOTA de la necesidad de resolver algún desacuerdo entre los OET, como se indica en el artículo 23 del RPC. No obstante, esto no significa que no existan tales desacuerdos, sobre todo porque ha habido retrasos en la aprobación de los documentos de evaluación europeos en la EOTA.

En resumen, los artículos 19, 20, 21 y 24 del RPC funcionan conforme a sus objetivos. La transición práctica de la DPC al RPC podría haber sido más rápida y los procedimientos implementados todavía se podrían simplificar más. Sin embargo, en general las mejoras requeridas para una finalización más rápida y transparente de los documentos de evaluación europeos pueden conseguirse sin propuestas reglamentarias.

7.Organismos notificados y autoridades notificantes

La credibilidad del sistema establecido por el RPC se basa sobre todo en los organismos notificados, que deben cumplir unos requisitos estrictos sobre su competencia técnica, imparcialidad y rendición de cuentas. Debe prestarse especial atención a su independencia, un criterio al que se otorgó una gran importancia durante el proceso de aprobación del RPC. Las autoridades notificantes designadas por los Estados miembros son responsables de los procedimientos nacionales de notificación y seguimiento.

Se han mejorado las actividades del Grupo de Organismos Notificados y sus subgrupos mediante el soporte reglamentario reforzado que reciben en el RPC. Dicha coordinación es necesaria para garantizar una aplicación uniforme de las normas, con el fin de evitar las críticas ocasionales por la diversidad de prácticas en este campo.

Se consiguió una mayor coherencia y seguridad jurídica cuando el Reglamento Delegado (UE) n.º 568/2014 de 18 de febrero de 2014 modificó el anexo V del RPC. Dicho Reglamento dejaba claro el grado de implicación y el papel de los organismos notificados en la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones de los productos de construcción. En consecuencia, los organismos notificados ahora comprenden mejor sus responsabilidades.

La transición de la DPC al RPC ha comportado un cambio de paradigma también para los organismos notificados. Algunos de ellos todavía deben adaptarse para incorporar plenamente el progreso hacia determinadas actividades de certificación, además de otras aclaraciones sobre sus funciones. Y este hecho afecta también al uso de las normas de acreditación a efectos de notificación.

La información recibida sobre la aplicación de las disposiciones del RPC en este campo indica que algunas normas podrían haber sido más precisas. En este mismo sentido, dichas disposiciones se beneficiarían de un examen más a fondo sobre si deberían distanciarse de los principios de la «Nueva aproximación».

8.Microempresas y simplificación

Para igualar las condiciones para las pymes y las microempresas, el RPC establece excepciones a la obligación de redactar una declaración de prestaciones y unos procedimientos simplificados para introducir productos de construcción en el mercado.

En la fase de implementación actual, la experiencia todavía es limitada en cuanto al uso práctico de la mayoría de esas opciones, con la excepción de las normas sobre procedimientos simplificados referentes a la clasificación sin ensayos, sin compartir y sin distribuir en cascada. Estas disposiciones se utilizan con frecuencia cuando procede.

No obstante, hasta la fecha no existen pruebas documentales del uso de las otras opciones en cuestión. Esto podría significar que la mitigación prevista de la carga financiera y administrativa en las empresas no se ha materializado. Las razones citadas por las partes interesadas para esta acogida tan limitada incluyen: