La Comisión evaluó oportunamente cada plan de manera coherente y transparente, con arreglo a los once criterios establecidos en el artículo 19, apartado 3, del Reglamento del MRR. Durante el proceso de evaluación, la Comisión mantuvo un estrecho contacto con los Estados miembros para llevar a cabo una evaluación exhaustiva. La Comisión ayudó a los Estados miembros a presentar planes ambiciosos con hitos y objetivos claros y realistas para supervisar sus avances durante la ejecución.

El presente informe es el primero de una serie de informes anuales sobre la ejecución del Mecanismo. Ofrece una visión general del estado actual de su ejecución y de los planes adoptados, y detalla la contribución del Mecanismo a los objetivos climáticos y digitales, tal como exige el artículo 31 del Reglamento. En esta coyuntura, dado que el Mecanismo se encuentra todavía en su fase inicial de ejecución, el presente informe describe la contribución esperada del Mecanismo a los seis pilares de acuerdo con las medidas previstas en los planes, que se aplicarán gradualmente a lo largo del período de vigencia del Mecanismo. A continuación, el informe examina el rendimiento del Mecanismo, teniendo en cuenta el compromiso con las inversiones y las reformas incorporado en este excepcional instrumento, y analiza la participación de todas las partes interesadas pertinentes. Asimismo, describe los mecanismos existentes para la protección de los intereses financieros de la Unión y la articulación entre el Mecanismo y otras fuentes de fondos de la UE para evitar la doble financiación. La información facilitada en el presente informe se basa en el contenido de los planes adoptados y evaluados por la Comisión, en los datos comunicados por los Estados miembros hasta finales de noviembre de 2021 como parte de su obligación de presentar informes semestrales, y en los avances en la ejecución del Mecanismo hasta finales de enero de 2022. El presente informe no abarca exhaustivamente el estado de ejecución de cada plan ni los indicadores comunes, habida cuenta de que el Mecanismo aún se encuentra en una fase temprana de la ejecución. Los ejemplos ofrecidos, en particular los recuadros de la sección 3, se incluyen a título ilustrativo, pero no pretenden ser exhaustivos.

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En general, la adopción de las veintidós Decisiones de Ejecución del Consejo siguió un proceso ágil y fluido. Tras intensos debates entre la Comisión y los Estados miembros durante la fase de preparación de los planes, la Comisión procedió rápidamente a su evaluación. En el caso de la mayoría de ellos, la Comisión adoptó su evaluación positiva antes de que transcurriera el período de evaluación de dos meses previsto en el artículo 19, apartado 1, del Reglamento desde la presentación oficial de cada plan (véase el cuadro 1). A continuación, el Consejo también pudo aprobar la evaluación positiva de la mayoría de los PRR en un plazo inferior a un mes (véase el cuadro 1). Tras la adopción de los planes, la Comisión celebró un convenio de financiación —y, en su caso, un acuerdo de préstamo— con el Estado miembro en cuestión, en el que se definen los derechos y obligaciones de las Partes, en particular en lo que respecta a la protección de los intereses financieros de la Unión y los requisitos del sistema de control de los Estados miembros, así como el compromiso del importe de la contribución financiera disponible.

Hasta la fecha, los veintidós PRR aprobados por el Consejo suponen una dotación total de 291 000 millones EUR en forma de financiación no reembolsable y 154 000 millones EUR en préstamos. Seis Estados miembros han adoptado un plan que incluye un préstamo (Chipre, Grecia, Italia, Portugal, Rumanía y Eslovenia).

La revisión del contenido de los informes semestrales ya revela un panorama positivo en cuanto a la consecución de los hitos y objetivos. Este ejercicio de presentación de informes abarcaba todos los hitos y objetivos que debían alcanzarse desde el primer trimestre de 2020 hasta el tercer trimestre de 2022. En general, de los hitos y objetivos retrospectivos que debían alcanzarse para el tercer trimestre de 2021 (último trimestre sobre el que se informó), el 91 % (266) se notificaron como «completados» y el 9 % (25), como «no completados». Respecto a los hitos y objetivos prospectivos que han de lograrse entre el cuarto trimestre de 2021 y el tercer trimestre de 2022, se informó de que el 4,4 % (41) sufrían retrasos, el 79,7 % (741) estaban en proceso de alcanzarse y el 14,9 % (139) ya se habían completado. El próximo ejercicio de presentación de informes semestrales tendrá lugar en abril de 2022. Los datos relativos a los informes semestrales son notificados por los propios Estados miembros y no predeterminan la evaluación de la Comisión, en el contexto de las solicitudes de pago, sobre el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos.

Desde la perspectiva basada en los seis pilares, el importe global del gasto en el marco del pilar ecológico puede desglosarse en once ámbitos de actuación, como se muestra en el gráfico 5. En términos generales, las medidas incluidas en los PRR abarcan una amplia gama de ámbitos, desde, por ejemplo, la movilidad sostenible, la eficiencia energética, las energías renovables y las redes, hasta la biodiversidad, la economía circular, las capacidades y los empleos verdes y la adaptación al cambio climático.

Los PRR también incluyen reformas específicas para racionalizar el funcionamiento eficiente de los mercados de la electricidad y el desarrollo de nuevas centrales de energía renovable con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en los planes nacionales integrados de energía y clima. Las reformas contempladas en los PRR acelerarán el desarrollo de nuevas centrales de energía renovable para alcanzar los objetivos establecidos en los planes nacionales integrados de energía y clima, en particular facilitando la autorización de proyectos renovables y mejorando los mecanismos de apoyo financiero. Los PRR también incluyen reformas específicas para racionalizar el funcionamiento eficiente de los mercados de la electricidad, en particular para facilitar el desarrollo de un sistema energético más flexible. Esto es esencial para sostener la elevada cuota prevista de energías renovables. En varios PRR se incluyen reformas de la legislación sobre el mercado de la electricidad para permitir, en particular, el despliegue de redes, el almacenamiento de energía y la respuesta de la demanda con el fin de aumentar la fiabilidad del sistema. Las reformas también mejorarán la competencia en el mercado y contribuirán a crear un marco normativo estable. En última instancia, estas reformas contribuirán a un mercado de la energía más fiable y autosuficiente en Europa, capaz de hacer frente a la creciente demanda de energía.

El PRR de Rumanía incluye cambios normativos clave para incentivar el transporte por carretera sin emisiones, incentivos para los vehículos de emisión cero y de baja emisión, planes de desguace para sustituir a los vehículos más contaminantes, mejoras en la gobernanza y la eficiencia de las empresas estatales en los sectores del transporte, normas y medidas de ejecución más estrictas en materia de seguridad vial, e incentivos para el transporte urbano sostenible. También incluye inversiones significativas en material rodante ferroviario mejorado y de emisión cero, en la modernización y renovación de la infraestructura ferroviaria, en particular a lo largo de los corredores de la RTE-T, en la mejora de la calidad y la eficiencia de la infraestructura viaria en tramos específicos de la red básica de la RTE-T, en mejoras de la seguridad vial y en tramos de la red de transporte subterráneo en los municipios de Bucarest y Cluj-Napoca.

Asimismo, existen significativas inversiones que tienen por objeto mejorar la sostenibilidad del transporte por carretera, en particular mediante el apoyo a la implantación de vehículos e infraestructuras para los combustibles alternativos y al desarrollo de un transporte público ecológico. Algunas de estas inversiones se centran en ayudar a los consumidores a adquirir vehículos de emisión cero a través de incentivos financieros para prestar apoyo con los elevados costes iniciales que conlleva la adquisición de vehículos eléctricos.

La movilidad sostenible supone el 32 % del gasto total en el marco del pilar de la transición ecológica (coste total de 71 300 millones EUR). Se realizan grandes inversiones para mejorar y ampliar la infraestructura ferroviaria, en particular en la red transeuropea de transporte (RTE-T), y para la adquisición de material rodante ferroviario moderno. Estas constituyen un vector crucial para realizar un cambio modal hacia un modo de transporte respetuoso con el medio ambiente y prestan apoyo tanto al transporte de pasajeros como al de mercancías. También existe un número más reducido de medidas en favor de la ecologización de los sectores del transporte acuático y de la aviación, con inversiones destinadas a la ecologización de los puertos, por ejemplo mediante la instalación de suministro de electricidad en puerto, y de los aeropuertos, con la electrificación de los sistemas de asistencia en tierra.

Los PRR prevén asimismo otras inversiones destinadas a mitigar el cambio climático (5 400 millones EUR), pero que no están incluidas en las categorías enumeradas anteriormente, tales como la introducción de impuestos sobre las emisiones de la industria, la entrada en vigor de amplios planes nacionales de acción por el clima, el diseño de marcos reguladores para los mercados del hidrógeno y el CO2 y la promoción de la agricultura ecológica.

Muchos PRR incluyen medidas destinadas a la digitalización de los sistemas sanitarios nacionales, en particular la ampliación del ámbito de los servicios de telemedicina, la consolidación de registros nacionales sanitarios fragmentados y la garantía de la interoperabilidad y la seguridad de las plataformas sanitarias digitales.

Para cada medida, el Estado miembro realizó y expuso en su plan una autoevaluación detallada según el principio DNSH, basada en la Guía técnica sobre la aplicación del principio DNSH publicada por la Comisión, a fin de garantizar que las medidas del plan no causan un perjuicio significativo a ninguno de los seis objetivos medioambientales. La autoevaluación sirvió de base para la evaluación de los planes según el principio DNSH por parte de la Comisión. En el caso de varias medidas, la Comisión mantuvo extensos debates con los Estados miembros para determinar y evaluar el cumplimiento del principio DNSH antes de la aprobación de los planes, y para definir las condiciones específicas necesarias para garantizar el respeto de este principio.

Con el programa «Banda Ancha de Austria 2030», el PRR de Austria incluye inversiones en redes de gigabit que lleguen a la mitad de los hogares austriacos, con conexiones con capacidad de gigabits que suministren una velocidad de carga y descarga de al menos 100 Mbit/s, y el despliegue de una nueva conectividad simétrica de gigabit, que beneficiará en particular a las regiones rurales.

En general, tanto las grandes como las pequeñas empresas se benefician de las inversiones en apoyo de la digitalización de las empresas. No obstante, además, la mayoría de los planes incluyen medidas dirigidas específicamente a las pymes, ya que las empresas más pequeñas se enfrentan a mayores retos a la hora de adoptar tecnologías digitales.

Una serie de planes incluyen inversiones para respaldar la integración de tecnologías digitales avanzadas en los procesos de producción de las empresas (por ejemplo, automatización e inteligencia artificial). Este tipo de ayuda puede adoptar diversas formas, tales como apoyo en general, como el asesoramiento y los servicios de consultoría (en particular a través de centros europeos de innovación digital), préstamos, subvenciones o créditos fiscales para la compra de activos tangibles (maquinaria/equipo técnico) e intangibles (software/formación), o medidas estructurales (incluidos los entornos de pruebas normativos). Además, varios planes incluyen inversiones en ámbitos específicos (por ejemplo, nuevos procesos en actividades comerciales), así como en sectores específicos (por ejemplo, para el sector turístico o el sector de los fabricantes o proveedores de vehículos).

Alemania aplicará la Ley de acceso en línea y la modernización de los registros, que se espera que reduzcan la carga administrativa para las empresas, en particular para las pymes. Estas reformas allanan el camino hacia la introducción y la aplicación efectiva del principio de «solo una vez» a través de medios digitales.

El PRR de Dinamarca tiene por objeto proporcionar a los sectores público y privado incentivos para impulsar la I+D, en particular en tecnologías ecológicas innovadoras, mediante la creación de cuatro asociaciones público-privadas, denominadas «asociaciones verdes», para desarrollar soluciones a cuatro retos basados en la misión de reducir las emisiones en los sectores del transporte, la agricultura, los alimentos y los residuos.

Las reformas también tienen por objeto reducir la carga administrativa relacionada con el acceso a la financiación pública para las actividades de I+i y apoyar la transferencia de conocimientos y tecnología (de las instituciones públicas de investigación a las empresas privadas) mediante la creación de entidades adecuadas (oficinas y agencias) y la eliminación de los obstáculos a la colaboración entre el mundo académico y las empresas. Por último, pero no por ello menos importante, las reformas incluidas en los PRR también tienen por objeto mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobernanza de las políticas de I+i y educación para responder a las necesidades en materia de capacidades y mejorar la empleabilidad, en particular para los jóvenes.

Más de mil medidas de los veintidós PRR contribuyen al pilar del crecimiento inteligente, sostenible e integrador, por un total de unos 223 000 millones EUR. Estas medidas se refieren a ámbitos muy diversos, como el apoyo a las pymes, la investigación, el desarrollo y la innovación y las reformas para mejorar el entorno empresarial y la competitividad. También abarcan importantes inversiones para apoyar un crecimiento inteligente y sostenible, como el apoyo a la digitalización y la innovación en España (3 000 millones EUR), el plan Transizione 4.0 en Italia (10 800 millones EUR) y la capitalización del Banco Nacional de Fomento (1 500 millones EUR) en Portugal. También cubren un amplio espectro de reformas, en particular en ámbitos fundamentales del mercado único, como las profesiones reguladas (Portugal y Croacia), la situación de los artistas y los trabajadores culturales (República Checa, Grecia, España y Rumanía), la propiedad intelectual (Italia y Grecia), la vigilancia del mercado (Italia), la insolvencia (Italia, España, Portugal, Grecia y Eslovaquia) y la contratación pública (Italia, Grecia, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía y Letonia).

La mayoría de los PRR contienen medidas de apoyo a la investigación y el desarrollo de tecnologías digitales o inversiones en capacidades digitales y el despliegue de tecnologías avanzadas, por un total de alrededor de 18 000 millones EUR, lo que representa alrededor del 14 % de la contribución total al pilar de la transición digital. Estas medidas consisten principalmente en inversiones en actividades de I+D+i en ámbitos como la microelectrónica, la nube, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, así como en infraestructuras, en particular superordenadores y redes de comunicación cuántica. Estas inversiones se llevarán a cabo a veces en el contexto de proyectos plurinacionales (véase la sección que figura más adelante). Algunos PRR prevén además reformas para complementar estas inversiones, con el objetivo de ajustar los instrumentos de la política de investigación e innovación (I+i) para apoyar mejor el desarrollo de estos ámbitos tecnológicos, o el marco jurídico y administrativo (en particular en lo que se refiere a la gobernanza y la gestión de datos) para permitir la adopción de las tecnologías correspondientes.

Por lo que se refiere a las reformas complementarias, los planes de Austria y Grecia están en consonancia con el conjunto de instrumentos de conectividad e incluyen, por ejemplo, reformas para simplificar los procedimientos de despliegue de la banda ancha, en particular eliminando obstáculos administrativos innecesarios, acelerando los procedimientos de concesión de licencias y reduciendo los costes de la implantación.

Algunos PRR incluyen asimismo inversiones para la instalación de infraestructuras de fibra óptica en edificios, así como inversiones que también pueden tener una dimensión transfronteriza, como las realizadas en los corredores 5G y los cables de fibra submarinos. Además, varios PRR también prevén reformas complementarias en consonancia con las mejores prácticas para el despliegue oportuno de la 5G y la banda ancha rápida, tal como se prevé en el «conjunto de instrumentos de conectividad». Se espera que estas reformas faciliten las inversiones en redes de muy alta capacidad por parte de operadores privados, en particular eliminando los obstáculos administrativos innecesarios a las inversiones en redes, agilizando los procedimientos de concesión de permisos para las inversiones en el despliegue de redes inalámbricas y fijas de muy alta capacidad, reduciendo los costes de la implantación y facilitando los procesos de despliegue de las redes.

Las medidas de apoyo a la cohesión social y territorial ascienden a 193 000 millones EUR de gastos estimados. Las medidas destinadas a la cohesión territorial incluyen, en particular, grandes inversiones en infraestructuras que representan más de la mitad de los gastos que contribuyen al cuarto pilar (72 %). Los gastos en cohesión social del cuarto pilar se reparten prácticamente por igual entre políticas sociales (protección social y vivienda social) y medidas que contribuyen al empleo y las capacidades (apoyo al empleo no juvenil, modernización de las instituciones del mercado laboral y educación de adultos).

La mayoría de los PRR incluyen medidas en los ámbitos de la infraestructura empresarial, la industrialización y la reindustrialización, por un valor total de 26 000 millones EUR. Estas medidas se refieren, en particular, a la mejora de la conexión ferroviaria y por carretera con los puertos, los complejos industriales y el desarrollo de intercambiadores de transporte multimodal; a la rehabilitación de zonas industriales, en particular para la gestión del agua y los residuos; al apoyo de la economía circular en zonas industriales, como los centros de reciclado; a los centros logísticos en apoyo a la industria agroalimentaria; a la conectividad de banda ancha y de 5G para zonas industriales y zonas de negocios, y a la creación de espacios de datos para aplicaciones industriales o sectores industriales específicos.

La mayoría de los PRR incluyen medidas para mejorar el entorno empresarial, mediante reformas e inversiones que ascienden a 17 200 millones EUR y suponen el 8,5 % del gasto estimado en este ámbito. En particular, las medidas tienen por objeto mejorar la facilidad para hacer negocios mediante la reducción de la carga burocrática para las empresas y los emprendedores, la liberalización de la reglamentación empresarial y la reducción de las restricciones en las profesiones altamente reguladas. Las medidas también están destinadas a atraer inversiones y talentos extranjeros o a desarrollar sectores fundamentales, como la cultura y el turismo. Algunos PRR introducen paquetes de reformas para aumentar la competitividad de la concesión y la contratación pública.

La mayoría de los PRR (diecinueve de veintidós) incluyen medidas de apoyo directo a las pymes que ascienden a 44 000 millones EUR, lo que representa aproximadamente el 22 % del gasto total estimado del tercer pilar. Sin embargo, las pymes también se beneficiarán de un mayor conjunto de medidas con un enfoque político más amplio. Por ejemplo, la convocatoria de proyectos de apoyo a la I+i en los ámbitos ecológico y digital, instrumentos financieros disponibles para todas las empresas, reformas del entorno empresarial con repercusiones para las pymes y las empresas más grandes, y medidas generales como la digitalización de los servicios de la Administración pública, que tendrán una repercusión positiva en las operaciones y los costes de muchas pymes, pero que no se dirigirán exclusivamente a estas últimas. Si se tienen en cuenta estas medidas adicionales, todos los PRR incluyen medidas pertinentes para las pymes, que representan un gasto total estimado de unos 109 000 millones EUR o cerca del 24 % del gasto total estimado.

Todos los PRR incluyen medidas relacionadas con la asistencia sanitaria, lo que demuestra el firme compromiso de los Estados miembros con la mejora de los sistemas sanitarios en toda la Unión. El gasto total en estas medidas asciende a unos 37 000 millones EUR, lo que representa el 49,15 % de la asignación total para el quinto pilar. Los PRR incluyen un amplio conjunto de inversiones sanitarias. En primer lugar, se han destinado unos 25 000 millones EUR a la construcción de infraestructuras sanitarias nuevas o a la mejora de las existentes, en particular las relacionadas con material médico.

España: reforma de los contratos de trabajo mediante la modificación de las normas en vigor sobre el uso de contratos de duración determinada para fomentar el uso de contratos por tiempo indefinido. La reforma simplificará y reducirá los tipos de contratos de trabajo disponibles (por tiempo indefinido, de duración determinada y de formación/aprendizaje) y limitará las condiciones en las que pueden utilizarse los contratos de duración determinada. Proporcionará un marco adecuado para el ingreso de los aprendices en el mercado laboral, aumentará el uso de contratos por tiempo indefinido para actividades estacionales, reforzará los controles para evitar horarios de trabajo irregulares y luchará contra el fraude laboral, en particular actualizando el sistema de sanciones. Los PRR también incluyen medidas para reforzar y modernizar los servicios públicos de empleo y proporcionar un apoyo más eficiente y preciso a los solicitantes de empleo, por ejemplo a través de la digitalización, la optimización de los procesos, la formación del personal y la contratación de trabajadores temporales para hacer frente a los efectos de la crisis.

Eslovenia: el PRR incluye una medida de apoyo a la entrada de trabajadores jóvenes en el mercado laboral mediante incentivos financieros para que los empleadores contraten a jóvenes de hasta veinticinco años con contratos de trabajo por tiempo indefinido, supeditados a la realización de tutorías y formaciones para oficios específicos, en particular las relacionadas con las competencias digitales.

Italia: inversiones para respaldar la participación de las mujeres en el mercado laboral, en particular inversiones en guarderías y en apoyo al emprendimiento femenino. Esta última inversión prestará apoyo a las emprendedoras, fomentará la creación y el desarrollo de proyectos empresariales innovadores, ofrecerá oportunidades de tutoría y formación y actividades de comunicación.

Casi todos los Estados miembros incluyeron en sus PRR una serie de reformas e inversiones para apoyar la creación de empleo, la mejora de las capacidades y la modernización de su mercado laboral. Estas medidas responden a las recomendaciones específicas por país de los dos últimos años relacionadas con el apoyo al empleo y el mercado laboral y dirigidas a casi todos los Estados miembros. En particular, en 2020 se pidió a la mayoría de los Estados miembros que mitigaran los efectos de la crisis en el empleo y reforzaran el apoyo al empleo, al tiempo que se identificaron varios problemas estructurales más concretos.

Otra reforma, que forma parte del plan de Irlanda, es la publicación de una evaluación sectorial del riesgo de blanqueo de capitales de los proveedores de servicios a sociedades o fideicomisos y el aumento del número de inspecciones de dichos proveedores. Asimismo, un grupo de trabajo revisará la caja de herramientas para el control del cumplimiento normativo en virtud de la Ley de justicia penal (blanqueo de capitales y financiación del terrorismo) de 2010, en particular la recomendación sobre la ampliación de la caja de herramientas para incluir un régimen de sanciones económicas administrativas.

Finlandia tiene la intención de realizar una reforma destinada a facilitar la recogida y el intercambio de información entre las autoridades competentes para la prevención y detección del blanqueo de capitales, en particular mediante la automatización del tratamiento y el análisis de datos. Se modificará el sistema de control de cuentas bancarias y de pago para aumentar la eficiencia y la prevención, la detección y el enjuiciamiento del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

El plan de Eslovaquia contiene una reforma que propone un paquete de cambios legislativos destinados a mejorar aún más la eficiencia, la integridad y la independencia del sistema judicial y luchar de manera más eficaz contra la corrupción y el blanqueo de capitales. En particular, el plan de Eslovaquia contempla cuatro inversiones destinadas a ampliar, mejorar, construir o adquirir nuevas instalaciones adecuadas para tribunales clave en el nuevo mapa judicial que introduce el PRR y a modernizar los equipos informáticos en los tribunales.

Trece PRR contienen medidas para mejorar la eficacia de los sistemas judiciales. Más de la mitad de estas medidas son inversiones por valor de 3 750 millones EUR. En particular, el 75 % del gasto total en este ámbito corresponde al PRR italiano, que destina un total de 2 268 millones EUR a la inversión en capital humano para reforzar la Oficina Judicial y superar las disparidades entre las distintas oficinas judiciales.

El PRR de Rumanía incluye medidas para mejorar la calidad y la eficacia de la Administración pública, en particular mediante medidas para reforzar la eficacia del sistema judicial y luchar contra la corrupción.

Quince PRR incluyen medidas relacionadas con los cuidados de larga duración. En total, los planes incluyen cuarenta y tres medidas, lo que equivale a un gasto total de unos 4 200 millones EUR. Las inversiones en centros de asistencia social, residencias con asistencia médica e infraestructuras y servicios relacionados con los cuidados de larga duración incluidos en los quince planes están destinados a apoyar estrategias nacionales de desinstitucionalización mediante la promoción de un modelo orientado hacia soluciones de asistencia comunitaria y domiciliaria. Un ejemplo concreto es el plan de Francia, que incluye una importante inversión para la renovación, la transformación y el equipamiento del sector médico-social francés, en particular de los centros residenciales para personas mayores dependientes («EHPAD», por sus siglas en francés) durante el período 2021-2025.

El plan de Finlandia apoyará a agentes nacionales y regionales en el desarrollo de servicios digitales para los ciudadanos (p. ej., servicios preventivos, evaluaciones de síntomas, servicios de autoasistencia, servicios digitales de salud mental, etc.), sistemas profesionales (p. ej., modelos de servicios digitales basados en el análisis de los datos de los pacientes) y soluciones de gestión (p. ej., soluciones avanzadas de gestión y análisis de conocimientos).

En sinergia con el segundo pilar, muchos PRR incluyen medidas destinadas a la digitalización de los sistemas sanitarios nacionales, en particular la ampliación del ámbito de los servicios de telemedicina, la consolidación de registros nacionales sanitarios fragmentados y la garantía de la interoperabilidad y la seguridad de las plataformas sanitarias digitales. El gasto total destinado a inversiones para la transición digital en el ámbito de la asistencia sanitaria asciende a 12 000 millones EUR.

Asimismo, se han asignado unos 15 000 millones EUR de inversiones específicamente a reforzar la atención primaria y la prevención, en particular en zonas rurales y desfavorecidas.

El plan de Malta incluye varias reformas. El objetivo de la primera reforma es eliminar la posibilidad de eximir de tributación en Malta a los dividendos procedentes de organismos o personas residentes en los países y territorios enumerados en la lista del Grupo «Código de Conducta» de países y territorios no cooperadores. La segunda reforma tiene por objeto proporcionar al Gobierno orientación para la formulación de políticas destinadas a mitigar los riesgos de planificación fiscal agresiva en el ámbito de los pagos de dividendos, intereses y cánones entrantes y salientes. La tercera reforma se centra en mitigar los riesgos de planificación fiscal agresiva derivados del régimen de ciudadanía por inversión.

Irlanda incluyó en su plan una reforma centrada en medidas preventivas para limitar las oportunidades de planificación fiscal agresiva y, en particular, la doble no imposición mediante pagos salientes. La reforma consiste en una modificación de la legislación relativa a las desgravaciones por bienes de capital para activos inmateriales, la finalización de una reforma de la residencia del impuesto sobre sociedades y la entrada en vigor de normas reforzadas sobre sociedades extranjeras controladas. Por lo que se refiere a los pagos salientes, la reforma también incluye la publicación de análisis económicos sobre el impacto de las recientes reformas que afectan a los flujos de pagos; una consulta pública sobre la posibilidad de introducir medidas sobre los pagos salientes; y la entrada en vigor de legislación para evitar la doble no imposición aplicable a los pagos salientes a países y territorios incluidos en la lista de la UE de países y territorios no cooperadores, territorios exentos de impuestos y territorios con impuestos a tipo cero.

El objetivo general de las medidas incluidas en el plan de Chipre es aumentar la eficacia, la eficiencia y la equidad del sistema fiscal combatiendo la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva por parte de las empresas multinacionales. Una de las reformas introducirá una retención a cuenta sobre los pagos salientes de intereses, dividendos y cánones, en primer lugar, a los países y territorios incluidos en el anexo I de las Conclusiones del Consejo sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales y, en segundo lugar, a jurisdicciones con bajos niveles de imposición. Chipre también introducirá un nuevo criterio de residencia fiscal de las empresas basado en la constitución de cada entidad y digitalizará la Administración tributaria para aumentar la eficiencia, la eficacia y la equidad del sistema fiscal y mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El plan de Francia también incluye medidas para acompañar a las pequeñas y muy pequeñas empresas en la transición ecológica y la renovación energética, en particular una bonificación fiscal que puede suponer hasta el 30 % del gasto de las acciones subvencionables (aislamiento de tejados, muros y áticos; calentadores de agua solares o bombas de calor).

El PRR de Portugal también incluye una medida para evaluar los incentivos fiscales para mejorar la sustitución de recursos naturales no renovables por otros recursos biológicos. Esto incluye la evaluación de posibles reformas fiscales para apoyar la transición hacia una bioeconomía sostenible y circular (es decir, un impuesto sobre los recursos). El objetivo es ayudar a los productores a impulsar procesos de producción que utilicen recursos biológicos en vez de otros recursos no renovables.

Los PRR adoptados incluyen un amplio conjunto de reformas e inversiones que abordan eficazmente la totalidad o una parte significativa de los retos señalados en las correspondientes recomendaciones específicas por país dirigidas a los Estados miembros en el marco del Semestre Europeo en 2019 y 2020, en particular los retos señalados en las recomendaciones presupuestarias. En aras de una evaluación positiva, los PRR deben recibir una calificación «A» y contribuir así a abordar los principales retos económicos mediante reformas e inversiones.

Para las inversiones en infraestructuras de conectividad, entornos de desarrollo para 6G, inteligencia artificial y cálculos cuánticos, así como para las inversiones en ejercicios y acciones de formación sobre ciberseguridad, el plan de Finlandia indica que se está preparando un plan de evaluación y gestión de riesgos para cada proyecto y que los riesgos de seguridad se abordarán durante todo el ciclo de vida de los proyectos. Para las inversiones en conectividad, el plan describe el marco legislativo nacional, que tiene en cuenta la «caja de herramientas de la EU para la ciberseguridad de las redes 5G». Por ejemplo, los dispositivos que puedan poner en riesgo la seguridad nacional no podrán utilizarse en partes críticas de las redes de comunicación. Asimismo, se garantizarán los requisitos de seguridad en los procedimientos de contratación pública y, cuando sea necesario, se aplicarán procedimientos de habilitación de seguridad de las empresas y el personal.

De conformidad con el Reglamento del MRR, se pidió a los Estados miembros que incluyeran en sus planes, cuando procediese, una autoevaluación de la seguridad de las inversiones en capacidades digitales y conectividad. Catorce PPR incluyeron dicha autoevaluación de seguridad (de los veintidós PRR presentados y aprobados hasta la fecha): Croacia, Chipre, Chequia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Portugal, Rumanía, Eslovenia y España. Estas autoevaluaciones de seguridad abordaron inversiones en infraestructuras de telecomunicación, en particular en lo que respecta a las comunicaciones móviles, sobre la base de la «caja de herramientas de la UE para la ciberseguridad de las redes 5G», que establece una serie de medidas estratégicas, técnicas y de apoyo para garantizar el despliegue seguro de las redes 5G. Las autoevaluaciones de seguridad proporcionadas por varios países también incluyeron otros tipos de inversiones, en particular en infraestructuras y servicios digitales que sustentan la modernización de la Administración pública y los servicios públicos (como las nubes públicas).

Muchos PRR también incluyen medidas para apoyar la mejora de la calidad y la inclusividad de la educación escolar general. Algunas medidas también ofrecen apoyo individualizado a escuelas desfavorecidas y a estudiantes, en particular tutorías, para superar lagunas en el aprendizaje y el posible abandono escolar provocado por el cierre parcial de las escuelas. Otras inversiones están destinadas a aumentar el número de horas lectivas y permitir la escolarización a lo largo de toda la jornada. Varias medidas abordan temas como la puesta en marcha de una reforma de los planes de estudios, la reforma de los mecanismos de contratación de profesores, la lucha contra el abandono escolar prematuro, la mejora de la educación para necesidades especiales, el apoyo a los estudiantes con bajo rendimiento, la mejora de la evaluación externa de las escuelas y el apoyo a la desegregación.

Los PRR incluyen diversas medidas destinadas a aumentar la participación en la educación y atención a la primera infancia, en particular de los grupos desfavorecidos, con vistas a reducir las desigualdades. Cerca de la mitad de los PRR incluyen medidas para mejorar el acceso a la educación y atención a la primera infancia mediante la ampliación de sus capacidades, su inclusividad y su calidad.

El Mecanismo apoya algunas medidas para contener el efecto inmediato de la crisis de la COVID-19, así como medidas a medio plazo que contribuyen a la ejecución del pilar europeo de derechos sociales. Los PRR tienen una dimensión social y laboral importante, en consonancia con los retos nacionales identificados en las recomendaciones específicas por país. El gasto social total previsto en los planes nacionales en el marco del MRR es de cerca del 30 % de la asignación total prevista de la UE (véase la sección 3). Si bien es demasiado pronto para que el efecto positivo del MRR se refleje en los indicadores sociales y de empleo, la ejecución prevista en el MRR de importantes reformas e inversiones en cuestiones sociales, en particular las ambiciosas reformas e inversiones sociales, de empleo y de mejora de las capacidades están destinadas, junto con los fondos de la política de cohesión, a promover una recuperación justa, inclusiva y sostenible. También contribuirán de manera decisiva a la consecución de los objetivos principales de la UE para 2030 en materia de empleo, educación de adultos y reducción de la pobreza, valorados positivamente en la cumbre de Oporto.

El MRR apoya el retorno de la UE a unas condiciones de convergencia económica. La asignación del MRR es la más importante en términos de su contribución al PIB de los Estados miembros más necesitados, lo que contribuye a la convergencia en la UE. La clave de reparto del MRR refleja el hecho de que los países más afectados por la pandemia suelen tener estructuras económicas más débiles y enfrentar mayores restricciones presupuestarias. Al separar a los Estados miembros en tres grupos en función de su PIB y su endeudamiento público, el gráfico 17 pone de relieve la probabilidad de que NextGenerationEU apoye plenamente la convergencia de la economía de la UE. Sobre la base de la clave de reparto del MRR, se espera que los Estados miembros con un PIB medio per cápita inferior a la media experimenten un mayor crecimiento del PIB. Según las simulaciones del modelo, en 2026, cuando finalice el período de ejecución del MRR, el aumento de la producción será de alrededor del 1,75 % para el grupo con un bajo nivel de endeudamiento y del 2,5 % para el grupo con un alto nivel de endeudamiento. Es probable que los países de renta alta con niveles de PIB per cápita superiores a la media experimenten efectos menores pero considerables en el PIB durante el mismo período. Así pues, si bien el MRR da un impulso sustancial a la recuperación de toda la UE, la asignación de ayuda financiera garantiza que los fondos lleguen donde más se necesitan.

La ejecución de los PRR tiene efectos indirectos positivos. Según la simulación, todos los Estados miembros se benefician de considerables efectos indirectos transfronterizos debido al aumento de la demanda en la economía integrada de la UE: la acción conjunta genera un mayor crecimiento que la suma de los efectos individuales de los PRR de los Estados miembros. Este canal de generación de efectos indirectos representa alrededor de un tercio del impacto medio en el PIB y es considerablemente superior en el caso de las economías de exportación intensiva que reciben subvenciones pequeñas (véase el gráfico 16). Además, el análisis no ha tenido en cuenta las reformas, que pueden reforzar considerablemente estos efectos sobre el crecimiento a medio y largo plazo.

Las reformas propuestas en los PRR contribuyen a abordar eficazmente la totalidad o una parte significativa de los retos señalados en las recomendaciones específicas por país dirigidas a los Estados miembros en el marco del Semestre Europeo en 2019 y 2020, de conformidad con el Reglamento del MRR (véase el gráfico 15). Las recomendaciones específicas por país que no se abordan sistemáticamente en los PRR se refieren a los ámbitos de las finanzas públicas, la fiscalidad, la competencia en el sector de los servicios y el mercado de la vivienda.

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·Los proyectos plurinacionales con mayor implantación en los PRR son los once PIICE potenciales sobre el hidrógeno (incluidos en ocho PRR). Los proyectos plurinacionales ecológicos también incluyen un interconector eléctrico (100 millones EUR) y el interconector ferroviario entre Verona y Brenner (900 millones EUR).

El MRR apoya la participación de los Estados miembros en proyectos transfronterizos, y la planificación de las reformas e inversiones para los próximos cinco años se llevará a cabo al mismo tiempo de manera coordinada. Aunque cada PRR refleja la situación específica de cada Estado miembro, algunos retos comunes exigen reformas e inversiones coordinadas. La colaboración plurinacional puede facilitar el apoyo a grandes proyectos que un solo Estado miembro no podría desarrollar por sí solo y permitir poner en común recursos, aumentar el impacto y lograr economías de escala y sinergias.

Los PRR adoptados tendrán un impacto positivo en la resiliencia de la economía de la UE, mediante el fortalecimiento de las capacidades de los Estados miembros para recuperarse y abordar sus vulnerabilidades rápidamente. El cuadro de indicadores de resiliencia actualizado (2021), elaborado por la Comisión Europea como seguimiento del informe de prospectiva estratégica de 2020, presenta indicadores que reflejan las capacidades y vulnerabilidades de los Estados miembros en materia de resiliencia en cuatro dimensiones distintas: resiliencia social y económica, ecológica, digital y geopolítica. Estos ámbitos concuerdan con los pilares políticos pertinentes en el marco del MRR: la transición ecológica y digital, el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, la cohesión social y territorial, las políticas para la próxima generación y, en particular, la resiliencia sanitaria, económica, social e institucional.

Con arreglo al MRR, los receptores de financiación de la Unión deberán mencionar el origen de esta financiación y garantizar su visibilidad, en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y dirigida de forma proporcionada a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.

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Asistencia técnica a los Estados miembros

Algunos Estados miembros han solicitado apoyo técnico para la aplicación de sus planes, en el marco del instrumento de apoyo técnico de la Comisión, que presta apoyo al desarrollo de capacidades a los Estados miembros. En 2021, más de 140 proyectos contribuyeron a la aplicación de los PRR. Los proyectos abarcan el apoyo a los mecanismos generales de ejecución de los PRR (por ejemplo, mecanismos de seguimiento, notificación, gestión de proyectos, coordinación, auditoría y control, la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» o la comunicación), pero también el apoyo a la ejecución de reformas e inversiones temáticas (por ejemplo, la ejecución de una estrategia nacional de inteligencia artificial en España, medidas de apoyo a las revisiones del gasto en Bélgica o el desarrollo de una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de hidrógeno en Rumanía).

En 2021, Chipre, Grecia, Croacia y Rumanía integraron en sus PRR apoyo técnico adicional para la ejecución de reformas o inversiones relacionadas con sus PRR con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento del MRR. Además, Croacia también transfirió fondos nacionales a la Comisión en virtud del artículo 7 del Reglamento del instrumento de apoyo técnico, con el fin de financiar apoyo técnico adicional para tres proyectos de reforma incluidos en su PRR. Esto permitirá la realización de ocho proyectos del instrumento de apoyo técnico adicionales que contribuyan a la aplicación del PRR en los ámbitos de la asistencia sanitaria, la educación, la contratación pública, la energía, la mejora de la legislación, la reducción de la carga administrativa y el fomento de la inversión.

4.4.Sistema de control y protección de los intereses financieros de la Unión

Como programa basado en el rendimiento, los pagos de la Comisión a los Estados miembros se basan en la consecución de los hitos y objetivos indicados en los planes de recuperación y resiliencia. Los Estados miembros son los beneficiarios de los fondos del MRR, que, una vez desembolsados, entran en el presupuesto nacional. Para cada PRR, la Decisión de Ejecución del Consejo establece el conjunto de hitos y objetivos asociados y el importe pertinente para cada tramo. Cuando un Estado miembro presenta una solicitud de pago, la Comisión evalúa el cumplimiento satisfactorio de cada hito y objetivo indicado como completado por el Estado miembro. Si no se cumplen algunos de los hitos y objetivos, el pago puede suspenderse parcialmente. En 2021, la Comisión estableció un marco de seguimiento y control para el MRR, que incluía unidades jurídicas y de auditoría específicas, y estrategias específicas de control y auditoría diseñadas para el Mecanismo. Además, la Comisión estableció procedimientos internos exhaustivos para la evaluación de los planes de recuperación y resiliencia y las posteriores solicitudes de pago, garantizando unos controles ex ante y ex post eficaces y eficientes.

Cada Estado miembro debe establecer un sistema de control eficaz y eficiente. Esta obligación está prevista en el artículo 22, apartado 1, del Reglamento del MRR. Cada Estado miembro debe detallar su sistema de control nacional en su PRR nacional y la Comisión considera que dicho sistema es «adecuado» (A) o «insuficiente» (C). Si las disposiciones propuestas por el Estado miembro se consideran insuficientes, el plan no podrá aprobarse. Si bien los Estados miembros son los principales responsables de la protección de los intereses financieros de la Unión, la Comisión también está facultada para recuperar los fondos o aplicar correcciones financieras en casos de fraude, corrupción y conflicto de intereses que no hayan sido recuperados por los Estados miembros o en caso de incumplimiento grave de las obligaciones contenidas en los acuerdos de financiación y préstamo.

Tras su evaluación, la Comisión concluyó que los veintidós PRR adoptados en 2021 cuentan con un sistema de control adecuado. Sin embargo, la Comisión también detectó algunas deficiencias en dieciséis de ellos y exigió a los Estados miembros afectados que adoptaran medidas correctoras adicionales antes de la primera solicitud de pago regular. Los Estados miembros afectados acordaron añadir las medidas necesarias en sus respectivos PRR. Los hitos y objetivos correspondientes se incluyen en el anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo y deben cumplirse antes de la primera solicitud de pago periódico (excluyendo así los pagos de prefinanciación). Por lo tanto, la adecuación de los sistemas de control se garantiza aún más antes de que se efectúe un pago periódico a un Estado miembro.

La Comisión revisa la «declaración de gestión» y el «resumen de las auditorías» facilitados por los Estados miembros con cada solicitud de pago y lleva a cabo auditorías ex post sobre los hitos y las metas. Para verificar si los objetivos intermedios y las metas se han cumplido satisfactoriamente, las pruebas facilitadas por el Estado miembro (de conformidad con la Decisión de Ejecución del Consejo y las disposiciones operativas) son evaluadas por equipos nacionales específicos de varias DG. Además, una unidad de auditoría específica revisa las declaraciones de gestión y el resumen de las auditorías facilitados por los Estados miembros con cada solicitud de pago. Las auditorías ex post basadas en el riesgo ofrecerán garantías adicionales de que la información facilitada por el Estado miembro es correcta. La Comisión está facultada para recuperar fondos si comprueba a posteriori que un hito u objetivo no se ha cumplido satisfactoriamente.

Hasta la fecha, la Comisión ha revisado o está revisando las declaraciones de gestión y el resumen de las auditorías incluidas en las cinco solicitudes de pago presentadas por España, Francia, Grecia, Italia y Portugal. Debido al breve período de tiempo transcurrido entre la aprobación de los planes y la presentación de estas solicitudes de pago, el alcance del trabajo de auditoría llevado a cabo por las autoridades nacionales fue, en general, limitado. La Comisión solicitó información adicional a las autoridades nacionales, en particular para evaluar si los datos a que se refiere el artículo 22 del Reglamento se recopilaron y almacenaron efectivamente en el sistema nacional, e identificó una serie de puntos que debían ser objeto de seguimiento a nivel nacional en 2022, como se refleja en las evaluaciones preliminares de la Comisión de las solicitudes de pago pertinentes.

Si bien la responsabilidad principal de la protección de los intereses financieros recae en los Estados miembros, a lo largo de la ejecución del plan, la Comisión llevará a cabo auditorías de los sistemas de seguimiento y control de estos Estados miembros. En particular, la Comisión auditará las medidas que aplican los Estados miembros para prevenir, detectar y corregir los casos de fraude, corrupción, conflicto de intereses y doble financiación. Esto también abarcará los sistemas de recogida y almacenamiento de datos relativos a los beneficiarios, contratistas, subcontratistas y titulares reales. La Comisión puede seguir llevando a cabo auditorías aleatorias y específicas e investigar posibles fraudes, corrupción y conflictos de intereses. La Comisión está facultada para recuperar fondos o poner en marcha correcciones financieras si los Estados miembros han detectado fraude, corrupción o conflicto de intereses y no han sido corregidos, o en caso de que los Estados miembros cometan incumplimientos graves de las obligaciones incluidas en los acuerdos de financiación y de préstamo.

4.5.Complementariedad con otra financiación de la UE

Para la preparación de los planes, el Reglamento del MRR y las orientaciones de la Comisión a los Estados miembros proporcionaron principios para garantizar que no exista una doble financiación de los mismos costes por parte del MRR y otros fondos de la UE. En particular, en los PRR se detallaron los procesos y estructuras establecidos a nivel nacional y regional para garantizar la complementariedad y la coordinación de la gestión de las distintas fuentes de financiación de la UE. Deben garantizar que el apoyo del MRR se sume al apoyo prestado en el marco de otros fondos y programas de la Unión y que dicho apoyo no cubra los mismos costes. Los PRR también deben especificar los proyectos en los que está prevista la cofinanciación con otros programas de la Unión e indicar qué debe cubrir cada fuente de financiación.

En la fase de ejecución, los Estados miembros deben supervisar la situación y ofrecer garantías de que no existe doble financiación. Al presentar su solicitud de pago, los Estados miembros presentan una declaración de gestión que incluye el compromiso de evitar la doble financiación y una referencia a los sistemas de seguimiento y control existentes. Asimismo, como parte del informe semestral, los Estados miembros proporcionarán cualquier posible actualización sobre el uso de otros programas de la UE para las reformas e inversiones cubiertas por el PRR aprobado, incluida una especificación de los costes cubiertos por dichos programas en caso de cofinanciación. La Comisión está facultada para llevar a cabo controles y auditorías de sistemas adecuados sobre la base de la información facilitada por los Estados miembros.

Durante la fase preparatoria de los PRR, la Comisión prestó apoyo a los Estados miembros para identificar instrumentos adecuados a escala de la Unión para crear sinergias con las medidas financiadas en el marco del MRR. Un ejemplo destacado es el apoyo prestado en el marco del instrumento de apoyo técnico y su predecesor, el programa de apoyo a las reformas estructurales. En particular, ayudarán a los Estados miembros a elaborar y ejecutar los PRR. El apoyo sectorial también estará a disposición de los Estados miembros a través del mecanismo de apoyo a las políticas de Horizonte 2020 para la aplicación de las reformas de las políticas de I+D. Por ejemplo, en el contexto de «Rail Baltica», la financiación del MRR se combinó con otros tipos de apoyo, incluido el Mecanismo «Conectar Europa» 2.0. Los proyectos generales sobre infraestructura ferroviaria siguen siendo los mismos y diversos fondos apoyan diferentes tipos de gastos. De cara al futuro, durante la ejecución del Mecanismo, la Comisión seguirá animando a los Estados miembros a prestar especial atención a las futuras oportunidades de sinergias con otros programas de la Unión.

Dado que el apoyo en el marco del MRR se extiende hasta 2026, la Comisión ayuda a identificar otras medidas de financiación que abarcan diferentes plazos o fases de los proyectos. Esto garantizará que la financiación esté garantizada incluso después del ciclo de vida actual del MRR, que es limitado en el tiempo. Además, la Comisión ayudó a identificar fondos y programas de la Unión orientados al mismo objetivo pero que abarcarían diferentes tipos de medidas. Por ejemplo, en el ámbito de la educación y la formación profesionales, las medidas en el marco del MRR proporcionarían apoyo a la creación de infraestructuras digitales y la financiación con cargo a los fondos de la política de cohesión para el período 2021-2027 se centraría en inversiones complementarias, por ejemplo, apoyando programas de formación profesional para grupos desfavorecidos.

La Comisión garantiza que el MRR sea complementario de los fondos de la política de cohesión en el marco de la programación 2021-2027. Aunque el período de preparación del MRR está casi finalizado, la programación en el marco del MFP 2021-2027 está en curso. La Comisión presta especial atención al vínculo entre el MRR y los fondos cubiertos por los acuerdos de asociación con los Estados miembros y, debido al solapamiento de plazos en las negociaciones, fue posible establecer sinergias entre estos diferentes instrumentos de la Unión. En particular, la mayoría de los Estados miembros tienen una imagen clara de las medidas incluidas en sus PRR en esta fase y pueden tenerlo en cuenta en su programación de los fondos de la política de cohesión. De este modo se garantizará la complementariedad de las medidas.





5.Conclusión

En el contexto de la crisis de la COVID-19, el MRR se creó en febrero de 2021 para prestar un apoyo financiero significativo a los Estados miembros con el fin de intensificar la aplicación de reformas e inversiones sostenibles y promover la cohesión económica, social y territorial de la Unión. De aquí a 2026, el Mecanismo pondrá a disposición de los Estados miembros 672 500 millones EUR en préstamos y ayudas no reembolsables para apoyar las reformas e inversiones emprendidas para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus y hacer que las economías y sociedades europeas sean más sostenibles, resilientes y estén mejor preparadas para los retos y las oportunidades de la doble transición ecológica y digital.

Un año después de la creación del Mecanismo, se han realizado importantes avances y su aplicación está firmemente en marcha. El Consejo ha adoptado veintidós planes de recuperación y resiliencia, que representan un total de 445 000 millones EUR (291 000 millones EUR en financiación no reembolsable y 154 000 millones EUR en préstamos). La Comisión desembolsó 56 600 millones EUR en concepto de prefinanciación y 10 000 millones EUR en un primer pago en 2021. La ejecución del Mecanismo avanza firmemente, con alrededor de treinta solicitudes de pago previstas en 2022. El éxito de la emisión de bonos y facturas «NextGenerationEU» también es un hito clave para la Unión, ya que dota a la UE de una poderosa herramienta para financiar la recuperación y salir de la crisis de manera más resiliente, más justa y más ecológica.