La iniciativa está asimismo relacionada con otros ámbitos de actuacióntales como el transporte, el medio ambiente, la industria, la economía, la investigación y la competencia. Importa no obstante señalar que, en lo que se refiere a la racionalización e integración de la planificación y la notificación, esta iniciativa se centra en los ámbitos de la energía y el clima, si bien incorpora componentes de notificación y planificación en otros ámbitos, debido a la necesidad de asegurar un proceso gestionable centrado en los objetivos principales de la Unión de la Energía.

Además, la propuesta integra plenamente el Reglamento relativo a un mecanismo para el seguimiento del clima (MNS) para garantizar la integración entre los campos de la energía y el clima. En general, la propuesta continúa el enfoque de las disposiciones del MNS en materia de planificación, notificación y seguimiento adoptado a raíz de un ejercicio anterior de racionalización en el campo del clima. No obstante, esta propuesta racionaliza las disposiciones en vigor del MNS con otra legislación en el campo de la energía, actualiza las disposiciones vigentes para adecuarlas al seguimiento de la aplicación de los Reglamentos propuestos en materia de reparto del esfuerzo y de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS) y para cumplir los compromisos de la UE derivados del Acuerdo de París. Habida cuenta de que la propuesta abarca una serie de ámbitos temáticos, se decidió no proponer una refundición del MNS. Sin embargo, la Comisión otorga gran importancia al mantenimiento de todo el contenido del MNS que la presente propuesta deja sin cambios.

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente propuesta tiene por objeto establecer el marco reglamentario para la gobernanza de la Unión de la Energía con dos pilares principales: en primer lugar, la racionalización e integración de las obligaciones de planificación, notificación y seguimiento existentes en el campo de la energía y el clima a fin de reflejar los principios de mejora de la legislación; en segundo lugar, la definición de un sólido proceso político entre los Estados miembros y la Comisión, con la estrecha colaboración de otras instituciones de la UE, con vistas al logro de los objetivos de la Unión de la Energía y, en particular, de sus objetivos para 2030 en materia de energía y clima.

En sus conclusiones de 24 de octubre de 2014, el Consejo Europeo acordó el Marco de Actuación en materia de Energía y Clima hasta el año 2030, sobre la base de la propuesta de la Comisión. as conclusiones imponían el desarrollo de una gobernanza fiable y transparente, sin cargas administrativas innecesarias, a fin de contribuir a garantizar que la UE alcance sus objetivos de política energética, con la flexibilidad necesaria para los Estados miembros y dentro del pleno respeto por su facultad discrecional para determinar su combinación energética. Las conclusiones hacían hincapié en que esta gobernanza se base en los pilares existentes, como los programas nacionales de lucha contra el cambio climático, los planes nacionales sobre energías renovables y la eficiencia energética, así como en la necesidad de racionalizar y agrupar los elementos referentes a la planificación y a la notificación.

De acuerdo con el fuerte compromiso de la Comisión de «Legislar mejor», la propuesta tendrá como consecuencia una reducción importante de la carga administrativa para los Estados miembros, la Comisión y otras instituciones de la UE. Los requisitos actuales de planificación y notificación (tanto para la Comisión como para los Estados miembros) en los campos de la energía y el clima aportan beneficios traducidos en información detallada en ámbitos de actuaciónconcretos y apoyan la aplicación de la normativa sectorial. No obstante, esos requisitos están dispersos en numerosos textos legislativos diferentes adoptados en distintos momentos, lo que ha dado lugar a una cierta redundancia, incoherencia y solapamientos y a una falta de integración entre los ámbitos de la energía y del clima. Además, algunos de los requisitos actuales se han definido con vistas al logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 correspondientes, y no son por tanto adecuados para apoyar la realización del Marco de Actuación en materia de Energía y Clima hasta el año 2030, ni están sincronizados con las obligaciones de planificación y notificación derivadas del Acuerdo de París.

Una Unión de la Energía resiliente con una política climática ambiciosa y una transformación fundamental de nuestro sistema energético solamente se puede lograr mediante una combinación de actuaciones coordinadas – legislativas y no legislativas – a los niveles de la UE y nacional. Para ello, la Unión de la Energía necesita una sólida gobernanza que garantice que las políticas y medidas a los distintos niveles sean coherentes, complementarias y suficientemente ambiciosas. El principal objetivo de la presente iniciativa es establecer el fundamento legislativo necesario para este proceso con vistas a crear la Unión de la Energía, que tendrá que complementarse con medidas no legislativas y actuaciones para que la gobernanza se desarrolle con éxito.

Además, muchas de las disposiciones del Reglamento no van destinadas a los Estados miembros y, por consiguiente, no podrían aplicarse mediante su incorporación al Derecho interno (por ejemplo, las obligaciones de la Comisión, el proceso relativo a las recomendaciones de la Comisión, la Agencia Europea de Medio Ambiente, etc.).

La propuesta de gobernanza anclada en la legislación (en lugar de un planteamiento no legislativo) es necesaria para asegurar que todos los Estados miembros contribuyan al proceso y para lograr los objetivos comunes de manera comparable, para reforzar la estabilidad reglamentaria y la seguridad del inversor y para garantizar un seguimiento común entre los Estados miembros y la Unión.

Habida cuenta de que varios elementos de la Estrategia de la Unión de la Energía se refieren a objetivos establecidos al nivel de la UE, es necesaria la actuación a escala de la UE para garantizar el logro de estos objetivos, así como la coherencia de las políticas en materia de energía y clima de la UE y de todos sus Estados miembros, sin perjuicio de la flexibilidad de que gozan los Estados miembros. Además, no puede darse respuesta a la mayoría de los desafíos energéticos a los que se enfrenta la Unión con la actuación descoordinada de cada Estado miembro. Lo mismo puede decirse respecto del cambio climático que, por su propia naturaleza, es transfronterizo y no puede resolverse mediante actuaciones únicamente locales, nacionales, o incluso de la UE.

•Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

Atendiendo a lo anterior, el control de adecuación señaló con rotundidad que será necesaria una integración sistemática de la planificación e información de los Estados miembros y del seguimiento por parte de la Comisión para asegurar la coherencia y permitir a los Estados miembros, así como a la Comisión, aprovechar plenamente las sinergias y garantizar la congruencia entre los distintos componentes de la planificación y la notificación, y también para adecuar el sistema a su finalidad en el nuevo marco general de la Unión de la Energía, incluidos los objetivos del Marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030. El Reglamento propuesto implementa las recomendaciones del control de adecuación, a excepción de unos pocos casos en que ello no fue posible principalmente debido a la circunstancia de que la frecuencia no coincidía con la prevista en el Reglamento de gobernanza, o a que la obligación resultó ser demasiado técnica.

•Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente

La evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta ha sido elaborada y desarrollada de conformidad con las orientaciones del programa de mejora de la legislación y ha sido objeto de un dictamen positivo del Comité de Control Reglamentario. Se han incorporado a la versión final las mejoras sugeridas por el Comité. En relación con las opciones políticas para racionalizar las obligaciones de planificación, notificación y seguimiento, las opciones evaluadas oscilan desde orientaciones no vinculantes (no legislativas) destinadas a los Estados miembros hasta distintos enfoques jurídicos para racionalizar e integrar las obligaciones existentes.

El control de adecuación de la normativa (REFIT) que da apoyo al Reglamento propuesto apunta a que, probablemente, el nuevo enfoque permitirá reducir de forma importante la carga administrativa de los Estados miembros, así como la de la Comisión, si bien solo logra cuantificar esos efectos parcialmente debido a la disponibilidad limitada de datos fiables. Al mismo tiempo, el nuevo enfoque aportaría una serie de beneficios que aumentarán significativamente la coherencia y la eficacia. La propuesta no contiene exenciones con respecto a las microempresas ni un enfoque específico para las PYME, ya que estas entidades no resultan afectadas por la iniciativa.

3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

No procede.

Una amplia mayoría de los encuestados consideraron que un único acto legislativo es la opción preferida para racionalizar las obligaciones de planificación y de notificación en el campo de la energía y el clima después de 2020. Los Estados miembros se mostraron más divididos entre las opciones legislativa y no legislativa.

Este capítulo establece además disposiciones relativas a la evaluación agregada de los primeros planes nacionales para determinar las posibles carencias en la consecución de los objetivos globales de la UE. Contiene también disposiciones relativas a las recomendaciones que debe dictar la Comisión sobre la base de los informes de situación y establece la obligación de la Comisión de tomar medidas al nivel de la UE o exigir medidas por parte de los Estados miembros si la evaluación de la situación indica que no se cumplirán los objetivos de la UE para 2030 en los ámbitos de la energía y el clima (esto es, reduciendo los posibles desfases entre el grado de ambición de los objetivos y los resultados, o eliminando esos desfases). El capítulo establece el enfoque del Estado de la Unión de la Energía anual de la Comisión.

(12)Por consiguiente, el principal objetivo de la gobernanza de la Unión de la Energía debe ser propiciar el logro de los objetivos de la Unión de la Energía y, en particular, de los relativos al Marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030. El presente Reglamento está por tanto relacionado con la legislación sectorial de implementación de los objetivos energéticos y climáticos para 2030. Si bien los Estados miembros necesitan flexibilidad para elegir las políticas más idóneas para su combinación y preferencias energéticas, esa flexibilidad debe ser compatible con una mayor integración del mercado, una mayor competencia, la consecución de los objetivos climáticos y energéticos y la transición progresiva a la economía hipocarbónica.

(6)El objetivo vinculante de una reducción interna del 40 %, como mínimo, de las emisiones de gases de efecto invernadero en el conjunto de la economía de aquí a 2030 en comparación con 1990 fue aprobado formalmente, en calidad de contribución prevista y determinada a nivel nacional de la Unión y sus Estados miembros al Acuerdo de París, en la reunión del Consejo de Medio Ambiente de 6 de marzo de 2015. El Acuerdo de París fue ratificado por la Unión el 5 de octubre de 2016 y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. El Acuerdo sustituye la estrategia adoptada en virtud del Protocolo de Kioto de 1997, que no se continuará después de 2020. Por consiguiente, el sistema de seguimiento y notificación de las emisiones y absorciones de la Unión debe actualizarse a la luz de esta evolución.

(4)La propuesta de la Comisión fue elaborada en paralelo y adoptada conjuntamente con una serie de iniciativas de política energética sectorial, en particular en lo que se refiere a las energías renovables, la eficiencia energética y la configuración del mercado. Esas iniciativas forman un paquete dentro del tema general de la prioridad de la eficiencia energética, el liderazgo mundial de la Unión en energías renovables, y un trato justo para los consumidores de energía.

(3)El objetivo de una Unión de la Energía resiliente con una política climática ambiciosa en su núcleo es ofrecer a los consumidores de la Unión, tanto a los hogares como a las empresas, un abastecimiento de energía seguro, sostenible, competitivo y asequible, que exige una transformación fundamental del sistema energético de Europa. Ese objetivo solamente puede lograrse a través de una acción coordinada que combine actos legislativos y no legislativos a los niveles de la Unión y nacional.

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 192, apartado 1, y su artículo 194, apartado 2,

(32)Será esencial que la Comisión evalúe los proyectos de planes nacionales, así como la aplicación de los planes nacionales notificados, mediante informes de situación con vistas al logro colectivo de los objetivos de la Estrategia de la Unión de la Energía, y en particular para el primer período en lo que se refiere a los objetivos para 2030 en materia de energía y clima a nivel de la Unión y a las contribuciones nacionales a esos objetivos. Esa evaluación debe efectuarse bienalmente, y anualmente solo cuando sea necesario, y debe consolidarse en los informes de la Comisión sobre el Estado de la Unión de la Energía.

(31)En lo que se refiere a los datos que deben facilitarse a la Comisión mediante los sistemas nacionales de planificación y notificación, la información de los Estados miembros no debe duplicar datos y estadísticas que ya hayan sido puestos a disposición a través de Eurostat en el contexto del Reglamento (CE) n.º 223/2009 sobre estadística europea en la misma forma que la prescrita por las obligaciones de planificación y notificación del presente Reglamento y que estén todavía disponibles en Eurostat con los mismos valores. Cuando estén disponibles y sean apropiados en cuanto al calendario, los datos y proyecciones comunicados en los planes nacionales de energía y clima deben basarse en los datos de Eurostat y guardar coherencia con los mismos, así como con la metodología de comunicación de las estadísticas europeas de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 223/2009.

(26)En virtud de la CMNUCC se obliga a la Unión y a sus Estados miembros a elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar a la Conferencia de las Partes inventarios nacionales de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero utilizando metodologías comparables acordadas por la Conferencia de las Partes. Los inventarios de GEI son fundamentales para permitir el seguimiento de la implementación de la dimensión de la descarbonización y para evaluar el cumplimiento de la legislación en el campo del clima, en particular el Reglamento [OP: n.º XXX sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la Energía resiliente y con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otra información relevante para el cambio climático] («Reglamento [ ][RRE]») y el Reglamento [OP: n.º XXX sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y por el que se modifica el Reglamento n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otra información relevante para el cambio climático](«Reglamento [ ][UTCUTS]».

(24)Como ocurre con la planificación, la legislación sectorial de la Unión en los campos de la energía y el clima establece obligaciones en materia de comunicación de información, muchas de las cuales han sido herramientas útiles para impulsar el cambio al nivel nacional, pero esas obligaciones han sido introducidas en diferentes etapas, lo que ha dado lugar a solapamientos y a una atención insuficiente a las sinergias e interacciones entre los distintos ámbitos de actuación, tales como la mitigación de los GEI, las energías renovables, la eficiencia energética y la integración del mercado. A fin de lograr el justo equilibrio entre la necesidad de garantizar un seguimiento adecuado de la aplicación de los planes nacionales y la necesidad de reducir la carga administrativa, es conveniente que los Estados miembros establezcan informes de situación bienales sobre la aplicación de los planes y otros hechos relevantes en relación con el sistema energético. No obstante, seguiría siendo necesaria la comunicación anual de información, especialmente en lo que se refiere a las obligaciones de comunicación de información en el campo del clima derivadas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y de los Reglamentos de la Unión.

(22)Los planes nacionales deben ser estables a fin de garantizar la transparencia y la previsibilidad de las políticas y medidas nacionales y, por ende, la seguridad del inversor. Debe preverse no obstante la actualización de los planes nacionales una vez durante su período decenal de vigencia para dar a los Estados miembros la oportunidad de adaptarlos a cambios significativos de las circunstancias. En relación con los planes que abarquen el período de 2021 a 2030, los Estados miembros deben poder actualizarlos en 2024. Las metas, los objetivos y las contribuciones solamente deben modificarse para reflejar una mayor ambición global, en particular en lo que se refiere a los objetivos para 2030 en materia de energía y clima. En las actualizaciones, los Estados miembros deben esforzarse para mitigar los impactos medioambientales negativos registrados en los informes integrados comunicados.

(15)La experiencia adquirida con la aplicación del Reglamento (UE) n.º 525/2013 indicó la necesidad de sinergias y coherencia con los procedimientos de notificación contemplados en otros instrumentos jurídicos, en particular en la Directiva 2003/87/CE, el Reglamento (CE) n.º 166/2006, el Reglamento (CE) n.º 517/2014 y el Reglamento (CE) n.º 1099/2008. La utilización de datos coherentes para la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero es esencial para garantizar la calidad de la notificación de las emisiones.

(13)La transición a la economía hipocarbónica exigirá cambios de comportamiento en materia inversora e incentivos en todo el espectro de políticas. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero exige impulsar la eficiencia y la innovación en la economía europea y, en particular, debe asimismo desembocar en mejoras de la calidad del aire.

(47)Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros por sí solos y, por consiguiente, debido a la dimensión y a los efectos de la acción propuesta, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.

(46)El presente Reglamento integra asimismo plenamente las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 525/2013. Por consiguiente, procede derogar el Reglamento (UE) nº 525/2013 con efecto a partir del 1 de enero de 2021. No obstante, a fin de asegurar que la Decisión n.º 406/2009/CE siga aplicándose en el ámbito del Reglamento (UE) n.º 525/2013 y que determinados aspectos relacionados con la aplicación del Protocolo de Kioto sigan estando amparados por la legislación, es necesario que determinadas disposiciones sigan siendo aplicables después de esa fecha.

(41)De conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con el fin de modificar el marco general (modelo) de los planes nacionales integrados de energía y clima, de establecer una plataforma de financiación a la que los Estados miembros puedan contribuir en el caso de que no pueda alcanzarse colectivamente la meta para 2030 de la Unión en el ámbito de las energías renovables, de tener en consideración las modificaciones de los potenciales de calentamiento global (PCG) y las directrices sobre inventarios acordadas internacionalmente, de establecer requisitos básicos para el sistema de inventario de la Unión, y de crear los registros con arreglo al artículo 33. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se justen a los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos deben tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados. Llegado el caso, la Comisión debe tener en cuenta asimismo las decisiones adoptadas en virtud de la CMNUCC y del Acuerdo de París.

(38)Los Estados miembros y la Comisión deben garantizar una estrecha cooperación en todos los asuntos relacionados con la implementación de la Unión de la Energía y del presente Reglamento, con la intensa participación del Parlamento Europeo. La Comisión debe, llegado el caso, asistir a los Estados miembros en la aplicación del presente Reglamento, en particular en lo que se refiere al establecimiento de los planes nacionales y a la creación de capacidades asociadas.

(35)En el caso de que los planes nacionales integrados de energía y clima o sus actualizaciones resultasen insuficientemente ambiciosos para la consecución colectiva de los objetivos de la Unión de la Energía y, en particular, respecto al primer período, de las metas en materia de energías renovables y de eficiencia energética de la Unión en 2030, la Comisión debe adoptar medidas a nivel de la Unión para garantizar la consecución colectiva de tales objetivos y metas y remediar así la falta de ambición. En el caso de que los avances registrados por la Unión en la consecución de estos objetivos y metas resultase insuficiente, la Comisión puede, además de dictar recomendaciones, adoptar medidas a nivel de la Unión o solicitar nuevas medidas de los Estados miembros a fin de garantizar su consecución y remediar así la falta de resultados. Tales medidas deben tener en cuenta las contribuciones precoces ambiciosas de los Estados miembros a las metas de 2030 en materia de energías renovables y de eficiencia energética a la hora de repartir el esfuerzo para la consecución colectiva de las metas. En el ámbito de las energías renovables, esas medidas pueden incluir asimismo contribuciones económicas de los Estados miembros a una plataforma de financiación gestionada por la Comisión, que serviría para contribuir a proyectos de energías renovables en toda la Unión. Las recomendaciones y medidas en el ámbito de las energías renovables deben tener en cuenta las contribuciones precoces ambiciosas de los Estados miembros para la consecución colectiva de la meta de la Unión para 2030. Las metas nacionales para 2020 de los Estados miembros en materia de energías renovables deben servir de cuotas de referencia de energías renovables a partir de 2021. En el ámbito de la eficiencia energética, pueden adoptarse nuevas medidas orientadas en particular a aumentar la eficiencia energética de los productos, los edificios y los transportes.

(34)Para ayudar a garantizar la coherencia entre las políticas nacionales y de la Unión y los objetivos de la Unión de la Energía, debe haber un diálogo permanente entre la Comisión y los Estados miembros. Llegado el caso, la Comisión debe dictar recomendaciones a los Estados miembros, en particular sobre el grado de ambición de los planes nacionales, sobre la posterior aplicación de las políticas y medidas de los planes nacionales notificados, y sobre las demás políticas y medidas nacionales de relevancia para la implementación de la Unión de la Energía. Los Estados miembros deben tener en cuenta en la mayor medida posible dichas recomendaciones y explicar en informes de situación posteriores la manera en que las han aplicado.

(33)El clima mundial se ve afectado por el sector de la aviación a causa de las emisiones de CO2, así como de otras emisiones, incluidas las emisiones de óxidos de nitrógeno, y de fenómenos, como el incremento de los cirros. A la luz de la rápida evolución de la comprensión científica de estos impactos, el Reglamento (UE) n.º 525/2013 ya prevé una evaluación actualizada de los impactos de la aviación no provocados por el CO2 en el clima mundial. La modelización utilizada a este respecto debe adaptarse a los avances científicos. Sobre la base de las evaluaciones que haga de esos impactos, la Comisión podrá estudiar las opciones de actuación oportunas para abordarlos.

a)aplicar estrategias y medidas diseñadas para cumplir los objetivos y metas de la Unión de la Energía y, en particular, para el primer período decenal de 2021 a 2030, las metas de la UE para 2030 en materia de energía y clima;

12)«políticas y medidas»: todos los instrumentos que contribuyen a la consecución de los objetivos de los planes nacionales integrados de energía y clima y/o al cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud del artículo 4, apartado 2, letras a) y b), de la CMNUCC, que pueden incluir aquellos que no tienen como objetivo principal la limitación y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o el cambio del sistema energético;

a)el consumo de energía de la Unión en 2020 no supere 1 483 Mtep de energía primaria ni 1 086 Mtep de energía final, y el consumo de energía de la Unión en 2030 no supere 1 321 Mtep de energía primaria ni 987 Mtep de energía final en el primer período decenal;

iii)las limitaciones geográficas y naturales, incluidas las de las zonas y regiones no interconectadas; y

2. De conformidad con el artículo 28, la Comisión podrá dictar recomendaciones sobre los proyectos de plan a los Estados miembros. Esas recomendaciones establecerán en particular:

De conformidad con el anexo I, en su plan nacional integrado de energía y clima los Estados miembros describirán las principales políticas y medidas implementadas y adoptadas existentes, así como a las previstas, para lograr, en particular, los objetivos establecidos en el plan nacional, incluidas las medidas destinadas a garantizar la cooperación regional y una financiación adecuada a los niveles nacional y regional.

b)al cumplimiento del objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2º C respecto de los niveles preindustriales y de continuar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5º C respecto de de los niveles preindustriales;

a)las metas, objetivos y contribuciones son suficientes para la consecución colectiva de los objetivos de la Unión de la Energía y, en particular en relación con el primer período decenal, de los objetivos del Marco de actuación en materia de energía y clima hasta el año 2030, de conformidad con el artículo 25;

La Comisión evaluará los planes nacionales integrados de energía y clima y sus actualizaciones notificadas de conformidad con los artículos 3 y 13. En particular, determinará si:

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 23, a más tardar el 15 de marzo de 2021, y posteriormente cada dos años, cada Estado miembro comunicará a la Comisión la situación de la implementación de su plan nacional integrado de energía y clima mediante informes de situación nacionales integrados de energía y clima que abarquen las cinco dimensiones clave de la Unión de la Energía.

2. Los Estados miembros comunicarán las proyecciones más actualizadas disponibles. Si un Estado miembro no presenta estimaciones completas de estas proyecciones cada dos años a más tardar el 15 de marzo, y la Comisión determina que ese Estado miembro no puede subsanar las lagunas detectadas en las estimaciones mediante los procedimientos de control de calidad o aseguramiento de la calidad de la Comisión, esta podrá preparar las estimaciones que sean necesarias para la compilación de las proyecciones de la Unión, en consulta con el Estado miembro de que se trate.

e)políticas y medidas implementadas, adoptadas y previstas para lograr los objetivos indicados en las letras a) a c);

5)políticas y medidas para promover los servicios energéticos en el sector público y medidas para eliminar las barreras reglamentarias y no reglamentarias que impiden la celebración de contratos de rendimiento energético y otros modelos de servicios de eficiencia energética;

e)políticas y medidas implementadas, adoptadas y previstas para lograr los objetivos indicados en las letras b) y c);

A efectos de la letra a), la Comisión compilará anualmente un avance de inventario de gases de efecto invernadero de la Unión, sobre la base de los avances de inventarios de gases de efecto invernadero de los Estados miembros o, si un Estado miembro no ha comunicado su avance de inventario antes de dicha fecha, sobre la base de sus propias estimaciones. La Comisión pondrá esa información a disposición del público a más tardar el 30 de septiembre de cada año.

a)examinará si se ha cumplido el objetivo intermedio de que el consumo de energía de la Unión no sea superior a 1 483 Mtep de energía primaria ni a 1 086 Mtep de energía final en 2020;

c)las repercusiones globales de la aviación sobre el clima mundial, incluidas las que no estén ligadas a las emisiones o los efectos del CO2, sobre la base de los datos de emisiones comunicados por los Estados miembros de conformidad con el artículo 23; mejorará esa evaluación haciendo referencia a los avances científicos y a los datos sobre el tráfico aéreo, según proceda.

1. Si, sobre la base de su evaluación de los planes nacionales integrados de energía y clima y sus actualizaciones con arreglo al artículo 12, la Comisión concluye que los objetivos, metas y contribuciones de los planes nacionales o sus actualizaciones son insuficientes para la consecución colectiva de los objetivos de la Unión de la Energía y, en particular, respecto al primer período decenal, de los objetivos de energías renovables y de eficiencia energética de la Unión de 2030, adoptará medidas a nivel de la Unión para garantizar dicha consecución colectiva. En lo que respecta a las energías renovables, esas medidas tendrán en cuenta el nivel de ambición de las contribuciones al objetivo de la Unión de 2030 previstas por los Estados miembros en sus planes nacionales y sus actualizaciones.

2. Si, sobre la base de su evaluación con arreglo al artículo 25, apartado 1, letra b), la Comisión concluye que los avances de un Estado miembro hacia la consecución de los objetivos, metas y contribuciones o hacia la aplicación de las políticas y medidas fijadas en su plan nacional integrado de energía y clima son insuficientes, emitirá recomendaciones a dicho Estado miembro con arreglo al artículo 28. Al emitir dichas recomendaciones, la Comisión tendrá en cuenta los esfuerzos precoces ambiciosos realizados por los Estados miembros para contribuir al objetivo de energías renovables de la Unión de 2030.

3. Si, sobre la base de su evaluación agregada de los informes de situación nacionales integrados de energía y clima con arreglo al artículo 25, apartado 1, letra a), y con el respaldo de otras fuentes de información, según proceda, la Comisión concluye que la Unión corre el riesgo de no cumplir los objetivos de la Unión de la Energía y, en particular, respecto al primer período decenal, de los objetivos del marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030, podrá emitir recomendaciones a todos los Estados miembros con arreglo al artículo 28 para mitigar ese riesgo. Además de las recomendaciones, la Comisión adoptará medidas a nivel de la Unión, según proceda, para garantizar, en particular, la consecución de los objetivos de energías renovables y de eficiencia energética de la Unión de 2030. En lo que respecta a las energías renovables, esas medidas tendrán en cuenta los esfuerzos precoces ambiciosos realizados por los Estados miembros para contribuir al objetivo de la Unión de 2030.

4. Si, en el ámbito de las energías renovables, y sin perjuicio de las medidas a nivel de la Unión contempladas en el apartado 3, en 2023 la Comisión concluye, sobre la base de su evaluación con arreglo al artículo 25, apartados 1 y 2, que no se ha alcanzado colectivamente la trayectoria lineal de la Unión a que se refiere el artículo 25, apartado 2, los Estados miembros velarán por que, a más tardar en 2024, cualquier laguna que pueda surgir se subsane con medidas adicionales, tales como:

a)el ajuste de la cuota de energías renovables en el sector de calefacción y refrigeración fijada en el artículo 23, apartado 1 [refundición de la Directiva 2009/28/CE propuesta en el documento COM(2016) 767];

b)el ajuste de la cuota de energías renovables en el sector del transporte fijada en el artículo 25, apartado 1 [refundición de la Directiva 2009/28/CE propuesta en el documento COM(2016) 767];

c)una aportación financiera a una plataforma de financiación creada a nivel de la UE para contribuir a proyectos de energías renovables y gestionada directa o indirectamente por la Comisión;

d)otras medidas para potenciar el despliegue de las energías renovables.

Las citadas medidas tendrán en cuenta el nivel de ambición de las contribuciones anticipadas al objetivo de energías renovables de la Unión de 2030 por parte del Estado miembro de que se trate.

Si un Estado miembro no mantiene la cuota de energías renovables de referencia en su consumo final bruto de energía a que se refiere el artículo 3, apartado 3, de [refundición de la Directiva 2009/28/CE propuesta en el documento COM(2016) 767] a partir de 2021, velará por que toda laguna respecto a la cuota de referencia se subsane mediante una aportación financiera a la plataforma de financiación contemplada en la letra c). A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo y en el párrafo primero, letra c), los Estados miembros podrán utilizar los ingresos resultantes de sus derechos de emisión anuales en virtud de la Directiva 2003/87/CE.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 36, a fin de establecer las disposiciones necesarias para la creación y el funcionamiento de la plataforma de financiación contemplada en la letra c).

5. Si, en el ámbito de la eficiencia energética, y sin perjuicio de otras medidas a nivel de la Unión con arreglo al apartado 3, en 2023 la Comisión concluye, sobre la base de su evaluación con arreglo al artículo 25, apartados 1 y 3, que los avances hacia la consecución colectiva del objetivo de eficiencia energética de la Unión mencionado en la primera frase del artículo 25, apartado 3, son insuficientes, a más tardar en 2024 adoptará medidas, además de las previstas en la Directiva 2010/31/UE y en la Directiva 2012/27/UE, para garantizar la consecución de los objetivos vinculantes de eficiencia energética de la Unión de 2030. Entre otras cosas, tales medidas adicionales podrán mejorar la eficiencia energética de:

a)los productos, con arreglo a la Directiva 2010/30/UE y a la Directiva 2009/125/CE;

b)los edificios, con arreglo a la Directiva 2010/31/UE y a la Directiva 2012/27/CE, y

c)el transporte.

Artículo 28

Recomendaciones de la Comisión a los Estados miembros

1. La Comisión emitirá recomendaciones a los Estados miembros, según proceda, a fin de garantizar la consecución de los objetivos de la Unión de la Energía.

2. Cuando en el presente Reglamento se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los principios siguientes:

a)el Estado miembro afectado tendrá plenamente en cuenta la recomendación en un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros y la Unión y entre los Estados miembros;

b)el Estado miembro explicará, en su informe de situación nacional integrado de energía y clima del año siguiente al de la emisión de la recomendación, de qué manera ha tenido plenamente en cuenta la recomendación y cómo la ha aplicado o tiene previsto aplicarla; cuando se desvíe de la recomendación, aportará justificaciones al respecto;