ES Diario Oficial de la Unión Europea L 246/27

RESOLUCIÓN (UE, EURATOM) 2016/1461 DEL PARLAMENTO EUROPEO

de 28 de abril de 2016

que contiene las observaciones que forman parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III — Comisión y agencias ejecutivas

EL PARLAMENTO EUROPEO,

— Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III — Comisión,

— Vistas sus Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución de los presupuestos de las agencias ejecutivas para el ejercicio 2014,

— Vistos el artículo 93 y el anexo V de su Reglamento,

— Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0140/2016),

A. Considerando que el gasto de la Unión contribuye significativamente a la consecución de los objetivos de las políticas y representa por término medio el 1,9 % del gasto público de los Estados miembros de la Unión pero, en algunos casos particulares, más del 10 %;

B. Considerando que cuando el Parlamento concede la aprobación de la gestión a la Comisión verifica, por una parte, si los fondos se han empleado de forma legal y regular, y, por otra parte, si se han alcanzado los objetivos políticos, se han logrado los resultados adecuados y se han respetado los principios de buena gestión financiera y una «cultura del rendimiento»;

C. Considerando que el procedimiento de aprobación de la gestión 2014 abarca un año en el que coinciden dos períodos de programación, y que en muchos casos los gastos registrados se refieren al período de programación 2007-2013;

D. Considerando que las principales prioridades de la aprobación de la gestión de la Comisión para 2014 son las siguientes: a) adoptar un enfoque reforzado basado en el rendimiento y orientado hacia los resultados a fin de contribuir a un equilibrio entre su forma tradicional y la aplicación de nuevos elementos que reflejen las necesidades actuales y futuras de financiación de la Unión; b) centrarse en 2014 como primer año de un nuevo período de programación en el que se introducen importantes elementos orientados a los resultados; c) definir algunas mejoras en la disponibilidad de los datos y la disposición para evaluar los beneficios reales; d) incluir en el proceso de aprobación de la gestión un cierto grado de evaluación de la calidad del marco reglamentario para la asignación de los gastos del presupuesto de la Unión; e) enfocar el proceso de aprobación de la gestión no exclusivamente con respecto al ejercicio en cuestión, sino como un proceso continuo, del cual el seguimiento constituye una parte sustancial; f) enfocar el proceso de aprobación de la gestión desde la perspectiva de la estrecha relación entre el presupuesto de la Unión y el nuevo paradigma de la política macroeconómica de la Unión (1), teniendo en cuenta el auténtico propósito del presupuesto de la Unión de contribuir a la consecución de los objetivos de las políticas sectoriales de la Unión; g) concebir el proceso de aprobación de la gestión como una importante plataforma de recomendaciones políticas que deben aplicarse y ejecutarse en la financiación de la Unión;

E. Considerando que los nuevos aspectos del nuevo marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020 pertinentes para la aprobación de la gestión de la Comisión para 2014 son: a) la concentración temática: la financiación de la Unión debería apoyar únicamente los ámbitos prioritarios, no todo; las prioridades deberían definirse con precisión y estar respaldadas por análisis cuantitativos y planes viables para lograrlas, cuando proceda; el conjunto de prioridades debería ser rigurosamente limitado; las prioridades deberían quedar cubiertas por recursos sustanciales para lograr resultados y beneficios reales; b) un enfoque integrado y de base local y sinergias: programas y proyectos deberían aportar no solo sus propios resultados y beneficios, sino que estos resultados y beneficios deberían completar los de otros programas y proyectos a través de sinergias, respetando al mismo tiempo los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad; deberían alcanzarse sinergias dentro de un determinado ámbito territorial; para que este sistema funcione, es importante crear una matriz de gestión que establezca las condiciones adecuadas para proyectos integrados; c) condicionalidad y reserva de eficacia: los principios de buena gestión financiera se basan en el hecho de que la financiación de la Unión se asigna en circunstancias nacionales presupuestarias, macroeconómicas e institucionales adecuadas que constituyen una condición previa para la propia financiación; por otra parte, como premio para los buenos cumplidores, se ha introducido una reserva de eficacia; d) simplificación: el sistema de financiación de la Unión es extremadamente complicado en varios sentidos, lo que supone un obstáculo para la gestión eficaz y para medir los resultados y beneficios reales; e) resultados mejor cuantificados: resulta importante evaluar eficazmente los resultados conseguidos y extraer lecciones políticas de dichas observaciones; es, por lo tanto, fundamental para mejorar la evaluación comparativa y los sistemas de análisis de datos y para que la gestión se centre en estos datos y otros indicadores de mejora;

F. Considerando que la Comisión tiene la responsabilidad última en la ejecución del presupuesto de la Unión, mientras que los Estados miembros tienen la obligación de cooperar de modo sincero con la Comisión para velar por que los créditos se utilicen de conformidad con el principio de buena gestión financiera; que los Estados miembros, en particular en el contexto de la gestión compartida de los fondos, tienen una responsabilidad particular en la ejecución del presupuesto de la Unión;

G. Considerando que resulta esencial que, en lo que a la gestión compartida de los fondos se refiere, los datos comunicados por los Estados miembros sean veraces y precisos; y que es fundamental que los Estados miembros comprendan la responsabilidad que tienen en la gestión de los fondos de la Unión en el marco de la gestión compartida;

A. CAPÍTULOS GENERALES

Compromisos de la Comisión en relación con las prioridades para la aprobación de la gestión

1. Recuerda que, de conformidad con el artículo 319, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: «la Comisión hará todo lo necesario para dar efecto a las observaciones que acompañen a las decisiones de aprobación de la gestión y las demás observaciones del Parlamento Europeo relativas a la ejecución de los gastos, así como a los comentarios que acompañen a las recomendaciones de aprobación adoptadas por el Consejo».

2. Lamenta que las respuestas de la Comisión sigan siendo ambiguas en lo que a una serie de aspectos se refiere;

3. Toma nota de la propuesta de la Comisión por la que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), en relación con la secretaría de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF);

4. Pide una vez más a la Comisión que presente una comunicación al Parlamento Europeo con tiempo suficiente de cara a la revisión intermedia del MFP que incluya propuestas sobre el modo en el que puede hacerse frente a los retos nuevos y potenciales que requieren apoyo presupuestario por parte de la Unión y explicar cómo podrá reconciliar en el futuro los objetivos políticos a largo plazo (como la Estrategia Europa 2020) con el futuro marco financiero plurianual posterior a 2020;

5. Recuerda a la Comisión que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, el «Tribunal») ha venido solicitando desde hace años el establecimiento de un plan a largo plazo sobre el flujo de efectivos; pide a la Comisión que presente dicho plan antes de que finalice 2016;

6. Pide a la Comisión que revise el Código de Conducta de los Comisarios teniendo en cuenta las solicitudes presentadas en la Resolución de 2014 relativa a la aprobación de la gestión con antelación suficiente de cara al procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión de 2015;

7. Insta a la Comisión a que no adopte el nuevo marco relativo a los grupos de expertos de la Comisión hasta que se celebre una reunión entre el vicepresidente Timmermans, la defensora del pueblo europeo, diputados al Parlamento Europeo que desempeñan funciones clave y representantes de la sociedad civil para debatir las cuestiones finales relativas a los contenidos de las nuevas normativas horizontales y su puesta en práctica;

8. Pide a la Comisión que encargue a sus direcciones generales que publiquen todas las recomendaciones específicas por país que han elaborado en el marco del Semestre Europeo en sus respectivos informes anuales de actividad;

Estrategia y misión: continuidad e innovación

9. Toma nota de la necesidad de respetar los principios de aprobación de la gestión en vigor y los nuevos elementos y principios en el último MFP; observa, por ello, la necesidad de un enfoque innovador para evaluar el primer año del MFP y adaptar mejor el procedimiento de aprobación de la gestión a las nuevas necesidades y los nuevos requisitos del presupuesto de la Unión;

10. Considera que la principal innovación en el contenido de la aprobación de la gestión debería ser lograr un mejor equilibrio entre, por un lado, los aspectos formales y procedimentales de la utilización del presupuesto de la Unión y, por otro, los enfoques orientados a los resultados y basados en el rendimiento, teniendo en cuenta la utilización de la capacidad de absorción;

11. Subraya que, en el pasado, el procedimiento de aprobación de la gestión verificaba, en primer lugar, la legalidad y la regularidad de las transacciones financieras; considera asimismo que, en el contexto de la iniciativa de la Comisión denominada «Un presupuesto de la UE centrado en los resultados» y más allá de las verificaciones mencionadas, en el futuro debería hacerse mayor hincapié en la tarea de comprobar si los resultados alcanzados por los proyectos y los programas coinciden con los objetivos que se pretendían;

12. Observa que la aprobación de la gestión aspira a crear un enfoque común respecto a los elementos particulares de la política presupuestaria de la UE, en especial aquellos que se han introducido por primera vez, a saber, los aspectos de rendimiento y los relacionados con la prevención y la capacidad correctora de los sistemas de supervisión y control;

13. Considera que un presupuesto orientado a los resultados requiere unos indicadores sólidos y comúnmente acordados; observa, no obstante, que dichos indicadores todavía han de ser acordados con los colegisladores, la Comisión y, a través de amplias consultas, con las autoridades de los Estados miembros y otras partes interesadas; celebra, en este sentido, el establecimiento de un grupo de trabajo interinstitucional sobre la planificación presupuestaria basada en los resultados, que inició su labor recientemente; anima a todas las partes implicadas a acelerar su trabajo garantizando a la vez la alta calidad del conjunto de indicadores acordado;

14. Subraya que el principal objetivo del presupuesto de la Unión es beneficiar a sus ciudadanos y, al mismo tiempo, proteger los intereses financieros de la UE y cumplir con las obligaciones y objetivos de los Tratados; recuerda que los beneficios consisten en un apoyo destinado al desarrollo y las prioridades actuales compatibles con el actual contexto de la política económica y el rendimiento económico, teniendo en cuenta además la necesaria flexibilidad para nuevas situaciones sobrevenidas y emergencias; estima que la protección de los intereses financieros de la Unión requiere la correcta utilización de los gastos acorde con normas y sin errores ni fraudes; recuerda que el enfoque de la aprobación de la gestión debe contribuir a alcanzar un equilibrio entre estos elementos;

15. Hace hincapié, además, en la obligación de la Comisión de velar por la correcta aplicación del Derecho de la Unión, con arreglo al artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE), y pide al Tribunal que elabore un informe especial para evaluar si la Comisión ha utilizado correctamente sus competencias para apoyar y controlar a los Estados miembros en el contexto de la ejecución del Derecho de la Unión;

Obtener resultados con el presupuesto de la UE

16. Señala que el principio clave para la aprobación de la gestión de la Comisión para 2014 es la solidez de los flujos financieros y de los programas y proyectos concretos subyacentes, desde la perspectiva de una evaluación de la utilización óptima de los fondos de la Unión en todos los sentidos;

17. Acoge con satisfacción el hecho de que la estructura y el contenido del Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2014 siga las rúbricas del MFP y haga mayor hincapié en el rendimiento y en los resultados; aprecia que los capítulos del informe sobre gestión compartida incluyan, como ejercicio piloto, los resultados preliminares de la evaluación del rendimiento de los programas;

18. Es consciente de que el aumento de las auditorías de resultados no puede lograrse en una sola fase, puesto que estas solo pueden llevarse a cabo una vez que los actos jurídicos de base y el presupuesto se elaboran con la intención de adaptar los objetivos políticos a los indicadores cualitativos o de producir resultados mensurables;

19. Considera, en este contexto, que el MFP representa un importante paso adelante al introducir condiciones ex ante, reservas de eficacia y más posibilidades de simplificación y sinergias entre fondos;

20. Señala que, puesto que los períodos cubiertos por la estrategia de la Unión para diez años y su período presupuestario de siete años no se corresponden, la capacidad de la Comisión para supervisar la contribución del presupuesto de la UE a la Estrategia Europa 2020 se limita a la primera mitad del período de la estrategia, aunque estén disponibles todos los datos necesarios para efectuar controles anuales;

21. Recuerda, no obstante, que los objetivos y el presupuesto de resultados deben ajustarse a los objetivos de los Tratados, a la Estrategia Europa 2020 y a las políticas sectoriales y de cohesión y contar con la suficiente flexibilidad para poder adaptarse a las situaciones de emergencia sobrevenidas como la crisis económica y/o la crisis de los refugiados;

22. Toma nota de que, en 2014, el índice de absorción de algunos programas, fondos e instrumentos del MFP 2014-2020 fue nulo debido a la adopción tardía de la reglamentación pertinente y la consiguiente aprobación tardía del Derecho derivado y los documentos de programación;

23. Recuerda que el marco financiero plurianual 2014-2020 es el primero en poner a disposición menos recursos presupuestarios que los marcos anteriores y que la presión sobre los límites máximos de pago es mucho mayor que en los marcos financieros plurianuales anteriores;

24. Recuerda que en sus resoluciones (3) que acompañan a la decisión de aprobación de la gestión, el Parlamento, desde 2013, pide a la Comisión que centre su aplicación del artículo 318 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en cuanto a su informe de evaluación, en la aplicación de la estrategia decenal de la Unión en materia de crecimiento y empleo y su rendimiento y resultados reales; acoge con satisfacción que el Tribunal haya optado por concentrarse, en el capítulo 3 de su Informe Anual relativo al ejercicio 2014, en la Estrategia Europa 2020, y solicita al Tribunal que mantenga y desarrolle este enfoque orientado al rendimiento y los resultados;

25. Destaca que la arquitectura de la Estrategia Europa 2020 es extremadamente compleja (comprende cinco objetivos principales, siete iniciativas emblemáticas y once objetivos temáticos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos —«Fondos EIE»—); observa que estos distintos instrumentos no estén diseñados para trasladar los objetivos políticos de la estrategia en objetivos operativos prácticos mediante sinergias;

26. Lamenta que, a pesar de algunos progresos mencionados por el Tribunal en su Informe Anual relativo al ejercicio 2014 (4), hasta la fecha la Comisión ha informado solo acerca de la contribución del presupuesto de la Unión a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 (con arreglo al artículo 318 del TFUE) en un informe de evaluación de manera limitada; señala que el MFP 2007-2013 no exige una información completa sobre la contribución del presupuesto de la Unión a los objetivos de la Estrategia Europa 2020, tal como se preveía antes de su adopción;

27. Acoge con satisfacción que existan algunos elementos de un sistema eficaz de seguimiento y presentación de informes, en particular en lo que se refiere a los instrumentos estadísticos creados por Eurostat, pero lamenta que la Comisión retrase la revisión de la Estrategia Europa 2020 hasta principios de 2016 y que los resultados de la consulta pública sobre esta estrategia no proporcionen ninguna información sustancial acerca del papel de la financiación de la Unión;

28. Lamenta que los objetivos de alto nivel de la Estrategia Europa 2020 no se traduzcan sistemáticamente en objetivos operativos en los acuerdos de asociación y los programas; observa que la legislación actual no exige que el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) se estructuren en torno a objetivos temáticos;

29. Recuerda, tal y como reconoce la Comisión en sus respuestas a las observaciones del Tribunal (5), que los objetivos de la Unión se definen asimismo en los Tratados, objetivos que deben perseguirse y respetarse (por ejemplo, la política agrícola común) y que en este contexto, el presupuesto de la Unión se asigna a las diversas actividades y se adapta, en la medida de lo posible, al cambio de prioridades principales de la Unión (a saber la Estrategia de Lisboa, la Estrategia Europa 2020);

30. Lamenta que no se hayan explotado todavía los posibles beneficios derivados de la consecución de sinergias entre los cinco Fondos EIE situándolos en una misma estructura marco normativa y de gestión y un acuerdo de asociación por Estado miembro, y que sigan aplicándose normas distintas en el ámbito de los fondos y, por tanto, de los programas; hace hincapié en que solo deben adoptarse los acuerdos de asociación y los programas que se hayan examinado detenidamente, con el fin de garantizar una aplicación eficaz de los Fondos EIE;

31. Espera que la Comisión informe sobre la contribución del presupuesto de la Unión a la consecución de los objetivos dela Estrategia Europa 2020; reconoce que no es tarea fácil informar sistemáticamente sobre los objetivos temáticos para los cinco Fondos EIE y, por lo tanto, sobre la contribución de estos fondos a la Estrategia Europa 2020; observa que la Comisión debe presentar en 2017 el primer informe estratégico sobre la contribución a la Estrategia Europa 2020;

32. Subraya, no obstante, que tres cuartos de los proyectos en el marco de los Fondos Estructurales alcanzaron sus objetivos políticos total o parcialmente y que solo en el 2 % de los casos no se alcanzó ninguno de los objetivos fijados en el programa operativo o en el acuerdo de subvención;

33. Toma nota de que el Tribunal se ha centrado principalmente en analizar la coherencia de los acuerdos de asociación de los Estados miembros respecto a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 como requisito previo para obtener mejores resultados; pide al Tribunal que, en su próximo informe anual, informe acerca de la traducción de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en los resultados esperados en el marco de otros programas y fondos administrados directamente por la Comisión;

34. Señala que la introducción de indicadores comunes de rendimiento para cada fondo sería un paso importante, si bien lamenta que: a) los Estados miembros no estarán obligados a incluir indicadores comunes en sus programas, con excepción de la Iniciativa de Empleo Juvenil y del Feader, y las evaluaciones basadas en resultados no forman parte de la fase de control inicial en los Estados miembros; b) salvo en el caso de dos fondos (el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, y el Fondo de Cohesión), los indicadores comunes no son compartidos entre distintos fondos; c) solo existen hitos para el marco de rendimiento, mientras que los objetivos carecen de ambición; d) la Comisión sigue teniendo una capacidad de control y evaluación de los rendimientos limitada;

35. Toma nota de que, según el Tribunal, existen deficiencias inherentes en el marco de rendimiento del Reglamento sobre disposiciones comunes relativas a los Fondos EIE (6), pues la falta de resultados no conduce a la pérdida de la reserva de eficacia para los Estados miembros y las sanciones financieras de que dispone la Comisión son limitadas; considera, sin embargo, que, antes de pedir sanciones, es necesario establecer un sistema mejor de medición del rendimiento y que las posibles sanciones han de ir precedidas de un proceso para ayudar a los Estados miembros a aumentar el rendimiento;

36. Pide a la Comisión que utilice en mayor medida las posibilidades que ofrece la legislación vigente en lo relativo a la reserva de eficacia, de manera que se cree realmente un incentivo financiero para mejorar la gestión financiera en la práctica; pide además que se refuerce la reserva de eficacia como instrumento incrementando el componente vinculado a la eficacia en la próxima revisión de la legislación (7);

37. Toma nota de que las orientaciones elaboradas por los servicios centrales de la Comisión han mejorado en la presentación anual de informes sobre el rendimiento de las direcciones generales, pero reitera que los objetivos de estas no son adecuados a efectos de gestión, y que sigue habiendo problemas con los indicadores de seguimiento del rendimiento; señala también que todos los indicadores establecidos en los años precedentes para medir los avances de las reformas de la Estrategia Europa 2020, tanto a escala nacional como de la Unión, se han eliminado del Informe anual de actividades de la Secretaría General de la Comisión en 2014 y se han incluido, en cambio, en los planes de gestión y en los informes anuales de actividades de las direcciones generales operativas;

38. Pide a la Comisión que considere presentar propuestas con vistas a: a) adecuar mejor el MFP a la Estrategia Europa 2020 y proponer una revisión del mismo, si es necesaria, para que se ajuste más a la Estrategia Europa 2020; b) reflejar los objetivos políticos de alto nivel de la Estrategia Europa 2020 en los objetivos de la Unión; c) garantizar que los acuerdos de asociación y los programas plasman los objetivos de la Unión en objetivos temáticos que pueden vincularse a objetivos operativos a escala de los Estados miembros o en programas gestionados directamente por la Comisión;

39. Pide a la Comisión que proponga al legislador que: a) los Estados miembros incluyan en sus programas y acuerdos de asociación una declaración de los resultados cuantificables que se pretende lograr con la financiación, si procede; b) todos los programas y acuerdos de asociación incluyan indicadores comunes de resultados, posiblemente compartidos por diferentes fondos, que hayan sido concebidos para controlar los avances registrados a escala local, nacional y de la Unión; c) el marco de rendimiento se base, en la medida de lo posible, en estos indicadores de resultados comunes;

40. Pide a la Comisión que incluya en los próximos informes de evaluación previstos en el artículo 318 del TFUE un análisis de la eficiencia, la eficacia y los resultados logrados en términos de crecimiento y creación de empleo con el plan de inversiones de 315 000 millones EUR anunciado por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, el 26 de noviembre de 2014 en la sesión plenaria del Parlamento;

Seguimiento de la aprobación de la gestión de la Comisión 2013

41. Lamenta que el porcentaje de error global se mantenga prácticamente en el mismo nivel y que los pagos sigan conteniendo errores materiales; Capítulo 2013 2014 Operaciones Porcentaje de error (%) (8) Operaciones /EUR Porcentaje de error (%) Ingresos 55 0,0 55 0,0 Competitividad, investigación, educación, transporte y otros programas 160 4,0 166 / 13 000 millones 5,6 Cohesión 343 5,3 331 / 55 700 millones 5,7 Política regional y urbana 168 6,4 161 6,1 Política de empleo y asuntos sociales 175 3,1 170 3,7 Recursos naturales 360 4,4 359 /57 500 millones 3,6 FEAGA: medidas de mercado y ayudas directas 180 3,6 183 2,9 Desarrollo rural, medio ambiente, acción por el clima y pesca 180 7,0 176 6,2 Europa global 182 2,1 172 /7 400 millones 2,7 Administración 135 1,1 129/8 800 millones 0,5 Total 1 180 4,5 1 157 /142 400 millones 4,4

42. Lamenta que persistan la falta de fiabilidad de los controles de primer nivel ejecutados por los Estados miembros en la gestión compartida y las deficiencias en la exclusión de las tierras no subvencionables del sistema de identificación de parcelas (SIP); señala que, según el Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2014, los niveles de error estimados tanto en los gastos de gestión compartida como en las restantes formas de gastos operativo (que en su mayoría son gestionados directamente por la Comisión) ascienden al 4,6 %; señala, no obstante, que se había llevado a cabo una labor considerable de corrección;

43. Observa con preocupación que la aplicación de las recomendaciones y los requisitos siguientes de la aprobación de la gestión de la Comisión para 2013 sigue pendiente: a) un sistema de sanciones si los Estados miembros transmiten información y declaraciones incorrectas sobre los programas, así como la notificación falsa o incorrecta por parte de organismos pagadores, en particular en los tres vectores de estadísticas de inspección, declaraciones de los organismos pagadores y trabajo realizado por los órganos de certificación; b) publicación, en caso de haber decidido presentarlas voluntariamente, no solo de las declaraciones nacionales, sino también de los resúmenes anuales y las declaraciones de gestión, como «documentos confidenciales» cuando proceda, con el fin de dar una visión más precisa y lograr una mejora real en la gestión financiera; a pesar de que, habida cuenta de las diferencias existentes entre los distintos Estados miembros en lo que respecta tanto a las estructuras estatales como a la responsabilidad política de las diferentes autoridades nacionales, todavía no está clara la eficacia de estas medidas; c) análisis e información sobre los resultados preliminares logrados por el plan de inversiones para Europa anunciado por el presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker en noviembre de 2014 ante el Parlamento;

44. Observa con preocupación que, de las 65 recomendaciones del Tribunal formuladas en los años 2011-2012, solo se ejecutaron plenamente 20 recomendaciones, 26 recomendaciones se aplican en la mayoría de los aspectos y 19 se están aplicando en ciertos aspectos; pide a la Comisión que apruebe las recomendaciones y los requisitos del Parlamento y siga aplicando las recomendaciones del Tribunal;

45. Hace hincapié en la insatisfacción que provoca en el Parlamento que el desenlace de un procedimiento contradictorio sea que la Comisión y el Tribunal saquen conclusiones diferentes; pide, por lo tanto, a ambas instituciones que eviten este tipo de resultados;

46. Pide a la Comisión un plan de acción con plazos y objetivos para reforzar la prevención de esos errores recurrentes;

Posición del Tribunal: declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal

47. Celebra que el Tribunal haya emitido una opinión sin reservas sobre la fiabilidad de las cuentas de 2014, tal como ha venido haciendo desde 2007, y que el Tribunal haya concluido que los ingresos estaban exentos de errores materiales en 2014; observa con satisfacción que los compromisos subyacentes a las cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2014 son legales y regulares en todos los aspectos significativos;

48. Toma nota de que los resultados globales se corresponden, en general, con las observaciones anteriores del Tribunal;

49. Lamenta que durante 21 años consecutivos, los pagos han sido objeto de errores significativos debidos a la eficacia parcial de los sistemas de supervisión y control;

50. Lamenta que los pagos adolezcan de un porcentaje de error más probable del 4,4 %; recuerda que el porcentaje de error más probable para los pagos se estimó en un 4,7 % en el ejercicio financiero 2013, en un 4,8 % en el ejercicio 2012 y en un 3,9 % en el ejercicio 2011 (9); señala que, entre otros, los niveles de error más elevados se detectaron en el gasto en favor de la cohesión económica, social y territorial (5,7 %) y competitividad para el crecimiento y el empleo (5,6 %); indica, por otra parte, que los gastos administrativos están relacionados con las estimaciones más bajas de errores detectados (0,5 %);

51. Se pregunta si el porcentaje de error para transacciones concretas dispone de una base comparable y, por lo tanto, debe servir de referencia comparable; observa que el porcentaje de error para los sistemas de reembolso de costes (5,5 %) se basa en la subvencionabilidad de los costes en comparación con los programas basados en derechos (2,7 %), en los que se fundamenta únicamente en la necesidad de cumplir una serie de condiciones;

52. Toma nota de que, si las medidas correctoras adoptadas por los Estados miembros y la Comisión no se hubieran aplicado a los pagos auditados por el Tribunal, el nivel de error estimado global habría sido del 5,5 % en vez del 4,4 %; insta, por tanto, a la Comisión, a las autoridades de los Estados miembros o a los auditores independientes a que hagan uso de toda la información que tengan a su disposición al objeto de prevenir, detectar y corregir errores;

53. Destaca que, para los gastos operativos, el nivel de error estimado para los gastos en gestión compartida con los Estados miembros asciende a 4,6 % (4,9 % en 2013), que sigue siendo excesivamente elevado; expresa su preocupación por que para las demás formas de gastos operativos en los que la Comisión desempeña un papel destacado este nivel de error estimado se haya disparado hasta el 4,6 % (3,7 % en 2013);

54. Toma nota de que la Comisión reconoce que el gasto está afectado por un nivel material de error, pues presenta en su informe de síntesis para 2014 que el importe en situación de riesgo va de 3 700 a 5 000 millones EUR, lo que representa entre el 2,6 % y el 3,5 % de los pagos; señala que la Comisión calcula que, en años venideros, detectará y corregirá los errores por un total de aproximadamente 2 700 millones EUR;

55. Comparte la opinión del Tribunal de que, a pesar de las mejoras introducidas en el análisis de los efectos de las medidas correctoras, la Comisión no ha eliminado el riesgo de que estos efectos estén sobreestimados o presenten una relevancia limitada (10);

56. Considera que, en más de tres cuartas partes de los gastos de 2014, las direcciones generales de la Comisión basan sus estimaciones del importe en situación de riesgo en los datos proporcionados por las autoridades nacionales; observa que la Comisión señala en su informe de síntesis que la fiabilidad de los informes de control de los Estados miembros sigue siendo un reto;

57. Toma nota de que, para 12 direcciones generales de la Comisión, la capacidad correctora estimada es superior al importe estimado en situación de riesgo, lo que refleja el carácter plurianual de los sistemas de corrección;

58. Pide a la Comisión que revise el método de cálculo de la capacidad correctora a tiempo para el procedimiento de aprobación de la gestión del ejercicio 2015;

59. Señala que cada vez que la Comisión tenga pruebas de una capacidad de absorción reducida por parte de los Estados miembros, deberá evaluar todas las disposiciones de flexibilidad del Reglamento del MFP y, en primer lugar, proponer medidas para superar las insuficiencias relativas a dicha capacidad antes de adoptar otras decisiones;

60. Recuerda que más de dos tercios de las correcciones financieras registradas para la cohesión en 2014 son casos en los que las autoridades de los Estados miembros retiraron los gastos declarados y los sustituyeron por nuevos gastos; celebra que este procedimiento sea limitado en el período de programación 2014-2020;

61. Pide a la Comisión que, en cooperación con los Estados miembros, determine, para cada ámbito político y en el presupuesto de la Unión en su conjunto, el nivel de error que subsiste después de aplicar todas las medidas correctoras, teniendo en cuenta el carácter plurianual de los programas;

62. Solicita a la Comisión que aplique estrictamente el artículo 32, apartado 5, del nuevo Reglamento Financiero en caso de que el nivel de error sea persistentemente elevado, y que, en este contexto, determine las carencias en los sistemas de control, analice los costes y los beneficios de las posibles medidas correctoras, y adopte o proponga medidas necesarias en términos de simplificación, mejora de los sistemas de control y nueva configuración del programa o de los sistemas de entrega antes de la revisión intermedia del período de programación 2014-2020;

63. Destaca la observación del Tribunal en el sentido de que, si la Comisión, las autoridades de los Estados miembros o las auditorías independientes hubieran utilizado toda la información de que disponían, deberían haber estado en condiciones de evitar, detectar o corregir una proporción significativa de los errores antes de que se cometieran; manifiesta su preocupación por el hecho de que la Comisión haya admitido que se tarda al menos diez años en corregir errores; señala que, si se hubiera utilizado toda la información de la que se disponía, se podría haber disminuido el nivel de error en un 3,3 % tanto en la política regional y urbana (6,1 %) como en «Desarrollo rural, medio ambiente, acción por el clima y pesca» (6,2 %); subraya que, si se hubiera utilizado toda la información de la que se disponía, se podría haber disminuido el nivel de error en un 2,8 % en «Competitividad para el crecimiento y el empleo», gestionada directamente por la Comisión;

64. Observa que en 2014 se hizo más hincapié en la planificación presupuestaria basada en los resultados y en el análisis, lo que vino acompañado de un cambio en los planteamientos metodológicos; destaca, en este sentido, la necesidad de un estudio claro y transparente de la contribución del presupuesto de la Unión para 2014 a los resultados logrados en relación con la Estrategia Europa 2020 y los objetivos de las políticas sectoriales;

65. Señala también que la práctica de los informes anuales de actividad tienen como objetivo detectar los resultados derivados de las intervenciones, pero que parece seguir atendiendo a la producción y no a los resultados;

66. Respalda las reservas emitidas en su Informe anual de actividades por el director general de Política Regional y Urbana en cuanto a los sistemas de gestión y control del FEDER/Fondo de Cohesión para el período de programación 2007-2013 en doce Estados miembros (setenta y siete programas) y programas de cooperación territorial europea; considera que dichas reservas son la prueba de que los procedimientos de control establecidos en la Comisión y los Estados miembros no pueden ofrecer las garantías necesarias en lo que se refiere a la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes en los ámbitos políticos correspondientes;

67. Respalda las reservas emitidas en su Informe anual de actividades por el director general de Agricultura y Desarrollo Rural con respecto a los siguientes gastos: — ABB02— Gasto correspondiente a medidas de mercado: 77,7 millones EUR en situación de riesgo con ocho reservas, que afectan a cuatro regímenes de ayuda en siete Estados miembros: España, Francia (con dos medidas de ayuda afectadas), los Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía y el Reino Unido; — ABB03— Pagos directos: 831,6 millones EUR en situación de riesgo, que afectan a quince organismos pagadores en seis Estados miembros: Grecia, España (con diez organismos pagadores afectados), Francia, Hungría, Portugal y el Reino Unido (la Agencia de Pagos Rurales en Inglaterra); — ABB04— Gasto en desarrollo rural: 532,5 millones EUR en situación de riesgo, que afectan a veintiocho organismos pagadores en dieciséis Estados miembros: Bulgaria, Alemania (con tres organismos pagadores afectados), Dinamarca, España (seis organismos pagadores), Francia (dos organismos pagadores), Reino Unido (dos organismos pagadores), Hungría, Grecia, Italia (cuatro organismos pagadores), Lituania, Letonia, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia; — ABB05— Ayuda de IPARD para Turquía: 5,07millones EUR en situación de riesgo; considera que dichas reservas son la prueba de que los procedimientos de control establecidos en la Comisión y los Estados miembros no pueden ofrecer las garantías necesarias en lo que se refiere a la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes en los ámbitos políticos correspondientes;

68. Respalda las reservas emitidas en su Informe anual de actividades por el director general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión; observa que su Informe anual de actividades contiene una reserva en lo que se refiere a los pagos realizados para el período de programación 2007-2013 con un importe de 169,4 millones EUR en situación de riesgo en 2014, que afectan a gastos relativos a sistemas de gestión y control en treinta y seis programas operativos del Fondo Social Europeo (FSE) en Bélgica, la República Checa, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Rumanía, Eslovaquia, España y el Reino Unido para el período de programación 2007-2013; considera que dichas reservas son la prueba de que los procedimientos de control establecidos en la Comisión y los Estados miembros no pueden ofrecer las garantías necesarias en lo que se refiere a la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes en los ámbitos políticos correspondientes;

69. Pide al director general de Cooperación Internacional y Desarrollo que ofrezca en su Informe anual de actividades una garantía más diferenciada en función del riesgo y, posteriormente, dirija una mayor parte de sus recursos de control a ámbitos en los que haya reservas específicas;

70. Pide al Consejo que adopte una posición más vigilante en cuanto a la aprobación de la gestión y acoge con satisfacción la actitud crítica que han adoptado Suecia y el Reino Unido al pedir a la Comisión y al Tribunal que: — presten especial atención a los ámbitos y los beneficiarios con un alto riesgo de errores en vez de aumentar el número de controles para todos; — se centren en los controles ex ante en vez de en los ex post; — mantengan los límites máximos de pago acordados por unanimidad, en particular manteniendo la disciplina fiscal con respecto a los compromisos, liberando efectivamente los créditos no utilizados para permitir el acceso a nuevas prioridades y programas, aumentando la transparencia con la presentación de previsiones a largo plazo, garantizando el equilibrio entre los compromisos y los pagos y reduciendo los saldos de caja excesivos en los instrumentos financieros, dado que más de 14 000 millones EUR de fondos no utilizados siguen bloqueados en estos instrumentos, cantidad que podría utilizarse para necesidades y prioridades más urgentes; acoge con satisfacción, asimismo, que Suecia y el Reino Unido hayan instado a las autoridades de los Estados miembros a que utilicen mejor la información disponible para prevenir, detectar y corregir los errores antes de declarar el gasto a la Comisión;

Resumen

71. Llega a la conclusión de que la aprobación de la gestión: a) da prioridad a un enfoque equilibrado entre los métodos tradicionales y un mayor énfasis en el rendimiento y en los resultados, teniendo en cualquier caso en cuenta las obligaciones derivadas de los Tratados, de las políticas sectoriales y de la flexibilidad necesaria para hacer frente a imprevistos; b) requiere mejoras con respecto a la disponibilidad y la gestión de datos para determinar el rendimiento y los resultados; c) reconoce un vínculo reforzado del presupuesto de la Unión con las estrategias y los conceptos políticos más importantes de la Unión (como la Estrategia Europa 2020), así como con la correlación entre estos y políticas sectoriales cruciales; d) respeta la mejora de los métodos de gestión y control de acuerdo con los principios de la buena gestión financiera; e) facilita margen para desarrollar las observaciones de las anteriores aprobaciones de la gestión en forma de un seguimiento periódico; f) lamenta el incremento significativo del error en los gastos operativos que gestiona directamente la Comisión que han llevado a igualar por primera vez el nivel de error del gasto en gestión compartida con los Estados miembros;

B. CAPÍTULOS ESPECÍFICOS

Gestión presupuestaria y financiera general

72. Señala que la buena gestión financiera tiene que ver con los resultados reales de las intervenciones presupuestarias de la Unión, siempre y cuando, naturalmente, respeten las normas de legalidad y regularidad y aporten valor añadido al presupuesto de la Unión desde la perspectiva de la Unión; destaca que es necesario reducir al máximo el porcentaje de error y los casos de fraude como condición previa para seguir los principios de la buena gestión financiera;

73. Subraya que el porcentaje de error no es necesariamente un indicador de fraude, de ineficacia, o de despilfarro, sino una estimación de los flujos financieros que no deberían haberse pagado al no haber sido utilizados de acuerdo con las normas y las reglamentaciones; hace hincapié, no obstante, en que el gran aumento en errores graves en el marco de los procedimientos de contratación pública es motivo de gran preocupación, puesto que los Estados miembros llevan años trabajando con la normativa vigente al respecto y, si ya tienen problemas con esta, no resulta halagüeña la perspectiva de cuando tengan que adaptar la legislación y procedimientos nacionales a las nuevas directivas en materia de contratación pública y concesiones; es consciente de que la comprensión del porcentaje de error por parte de la ciudadanía europea dista de ser perfecta y pide al Tribuna que, ante esta situación, abra un debate con la Comisión al objeto de detectar posibles deficiencias metodológicas y acordar normas comunes para la comunicación de este porcentaje;

74. Recomienda que las normas y reglamentaciones se verifiquen a través de un proceso de evaluación de las repercusiones de la legislación (11) para examinar su compatibilidad y capacidad de responder a las necesidades y los objetivos de la Unión, como en el caso del sistema de reembolso de costes, mientras que el ejemplo más típico de errores incluye pagos por costes no subvencionables (41 %) y errores en las contrataciones públicas (27 %); observa que estos errores pueden ser diferentes a un fraude o a un acto de engaño deliberado para obtener beneficios;

75. Llama la atención a este respecto sobre el hecho de que la ejecución del presupuesto de la Unión para el ejercicio 2014 tuvo lugar en un marco normativo heterogéneo, dado que ese año fueron dos los marcos vigentes los correspondientes a los períodos 2007-2013 y a 2014-2020;

76. Señala, por tanto, que es correcto y conveniente distinguir entre diferentes tipos de porcentajes de error relacionados con los diferentes tipos de gasto presupuestario de la Unión, dado que estos se asignan en virtud de diferentes criterios, lo que dificulta su comparación;

77. Toma nota de que, en sus esfuerzos por apoyar una cultura reforzada de rendimiento, el Tribunal, en su Informe Anual relativo al ejercicio 2014, presta una gran atención a las cuestiones relativas al rendimiento del presupuesto de la Unión, habiendo examinado en el marco de un proyecto piloto la complementariedad real entre los fondos de la Unión y la Estrategia Europa 2020; toma nota de que el Tribunal ha subrayado e identificado una interconexión escasa y débil entre los acuerdos de asociación/programas operativos y la Estrategia Europa 2020; llama la atención, no obstante, sobre el hecho de que esta complementariedad debe plantearse dentro del contexto general de las misiones específicas de cada Fondo de acuerdo con sus objetivos basados en el Tratado, incluida la cohesión económica, social y territorial;

78. Manifiesta su preocupación por el porcentaje de absorción de fondos en los Estados miembros, que varía entre el 50 y el 92 %; pide a la Comisión que presente un análisis pormenorizado de las razones por las que algunas regiones siguen mostrando bajos porcentajes de absorción y que evalúe las vías específicas para solucionar los problemas estructurales que subyacen bajo estos desequilibrios;

79. Celebra el carácter innovador del Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2014 que incluye un enfoque basado en resultados y rendimiento, evaluando la aplicación y la orientación de las intervenciones presupuestarias de la Unión teniendo en cuenta las prioridades de la Estrategia Europa 2020; considera que este concepto del enfoque basado en los resultados y el rendimiento debería aplicarse en los próximos años, cuando se elaboren las recomendaciones específicas por países en el contexto del Semestre Europeo;

80. Subraya que las observaciones del Tribunal sobre los resultados destacan la necesidad de aplicar medidas para mejorar el rendimiento presupuestario y las normas de gestión compartida;

Rendimiento presupuestario

81. Observa que por rendimiento presupuestario se entiende la necesidad de prestar la debida atención a los gastos presupuestarios de la Unión destinados a las prioridades reales de la Unión para el período en cuestión;

82. Destaca que la cultura de rendimiento se basa en tres pilares clave: la estrategia, la simplificación, y el procedimiento presupuestario;

83. Recomienda una continuación del proceso de simplificación tanto de los procedimientos como del contenido presupuestario que conduzcan a una reducción de las cargas administrativas excesivas y a limitar la sobrerregulación en determinados Estados miembros; subraya que el proceso de simplificación no debería suponer ni una desregulación ni el abandono de los mecanismos y procedimientos de control, es decir, las auditorías ex ante; subraya que la simplificación no debería entrañar cambios excesivamente frecuentes en el marco normativo, lo que acarrearía cargas añadidas para la administración y los beneficiarios y, por ende, obstaculizaría los avances positivos que se buscan con esta simplificación; celebra la existencia del grupo de alto nivel creado por la Comisión y espera con interés los resultados;

84. Recomienda una mejora en el procedimiento presupuestario en términos de información y gestión del rendimiento, incluida la rentabilidad de los controles, la declaración de fiabilidad y la aprobación de la gestión, las bases de datos de proyectos y la comunicación;

85. Pide a la Comisión que refuerce la comunicación y la colaboración entre los distintos agentes que intervienen en la planificación presupuestaria, la ejecución y la aprobación de la gestión, y con el público en general, mediante la armonización de las expectativas, la puesta en común de experiencias sobre la aplicación y la elaboración de informes sobre la consecución de resultados;

86. Invita a la Comisión a que se plantee utilizar herramientas como los medios sociales de comunicación, las encuestas y los grupos temáticos para medir el grado de información del gran público y evaluar maneras de mejorar sus estrategias de comunicación en el futuro en lo que respecta a las consecuencias de los proyectos para la ciudadanía;

87. Acoge con satisfacción el nuevo Grupo de trabajo interinstitucional sobre una presupuestación basada en los resultados con vistas a llegar a un consenso en cuanto a los principios de la presupuestación basada en el rendimiento y orientada a los resultados;

88. Recomienda la introducción de mejoras correspondientes en ámbitos como la adecuación de la intensidad de los controles al riesgo, la cartografía de las comunicaciones sobre el rendimiento o la fiabilidad de los resultados de los controles comunicados por los Estados miembros;

89. Toma nota de que la Comisión ha creado una enorme capacidad analítica, centrada principalmente en sectores de relevancia para las distintas DG, sin analizar cuestiones horizontales, multidisciplinarias y los resultados reales de sus políticas (co)financiadas por el presupuesto de la Unión;

90. Recomienda centrar la atención en el enfoque basado en el rendimiento y en la cuestión de las imperfecciones/fallos del mercado, ya que este enfoque ayuda a centrar las intervenciones de financiación de la Unión en ámbitos en los que mejor se cumplen los criterios de economía, rentabilidad y eficacia; señala que el diseño debería adaptarse a un conjunto de tipos diferentes de imperfecciones/fallos del mercado, uno relacionado con la asimetría de la información y el otro relacionado con las evaluaciones de rendimiento comercial que, en general, no incluyen todas las externalidades positivas y beneficios sociales más amplios, mientras que ambos están justificadamente apoyados por fondos de la Unión;

91. Propone que la Comisión adopte un criterio basado en lo que podría haber ocurrido si el proyecto o la actividad en cuestión se hubiera llevado a cabo o no se hubiera beneficiado de la financiación de la Unión, a la hora de evaluar el valor añadido de la Unión;

92. Pide que se aclare con urgencia la cantidad de dinero abonada a partir de los fondos de la Unión a las empresas de medios de comunicación en cada uno de los Estados miembros y qué empresas concretas han recibido pagos, así como si la razón fue dar a conocer estos fondos u otra;

Gestión compartida

93. Recuerda que una gran responsabilidad para la correcta asignación del presupuesto de la Unión recae en los Estados miembros, ya que el 76 % de los gastos se gasta en régimen de gestión compartida; hace por tanto hincapié en la importante responsabilidad que recae en los Estados miembros a la hora de ejecutar correcta y legalmente el presupuesto de la Unión cuando son responsables de la gestión de fondos de la Unión;

94. Destaca que un elemento clave para la correcta asignación es una definición correcta de las necesidades de la Unión en combinación con las prioridades de desarrollo de los Estados miembros;

95. Subraya que cuanto más se esfuercen los Estados miembros en cumplir los objetivos nacionales y cuantificados de la Estrategia Europa 2020, mejor se podrán orientar los gastos presupuestarios de la Unión a objetivos concretos y mejor reflejarán esos objetivos las verdaderas necesidades económicas, sociales, territoriales y medioambientales, y mejor podrá garantizar la Unión un entorno para una buena gestión financiera; en este contexto, recomienda la creación de una plataforma permanente formada por la Comisión, representantes de los Gobiernos nacionales, incluidas las representaciones permanentes ante la Unión, y los gobiernos y autoridades regionales;

96. Comparte la conclusión del Tribunal de que la Comisión, las autoridades nacionales y los auditores independientes deben utilizar todos los datos pertinentes disponibles para prevenir o detectar y corregir los errores antes del reembolso; está firmemente convencido de que, si se dispone de la información, no debe haber motivo alguno por el que la Comisión, las autoridades nacionales y los auditores independientes no tengan que adoptar las medidas pertinentes al objeto de prevenir, detectar y corregir los errores;

97. Pide al Tribunal que, junto con las autoridades nacionales de auditoría, desarrolle un sistema que permita al Tribunal evaluar el seguimiento de sus recomendaciones por parte de los Estados miembros;

98. Pide a la Comisión que facilite orientaciones a los Estados miembros para que los acuerdos de asociación y los programas operativos incorporen plenamente la Estrategia Europa 2020 y apliquen también el concepto de indicadores comunes de resultados, tal como propone el Tribunal en su Informe Anual relativo al ejercicio 2014;

99. Considera útil que el Parlamento y el Consejo hallen juntos la manera de abordar la cuestión de los gastos en gestión compartida de los Estados miembros;

100. Apoya que los acuerdos de asociación contengan recomendaciones específicas por país;

101. Solicita a la Comisión que dé un nuevo impulso a las negociaciones con los Estados miembros en cuanto a la necesidad de publicar las declaraciones nacionales y los resúmenes anuales;

Correcciones y recuperaciones financieras

102. Manifiesta su preocupación por que, para las correcciones financieras ejecutadas en 2014 (en comparación con los pagos de la Unión recibidos), los porcentajes de algunos Estados miembros se encuentren hasta tres veces por encima del porcentaje medio del 2,3 % (Eslovaquia, 8,7 %; República Checa, 8,1 %; Grecia, 4,7 %);

103. observa que para el período de programación 2007-2013 se confirmaron, en el marco del FSE, 209 millones EUR de correcciones financieras y se ejecutaron 156 millones EUR, de los cuales 95 millones fueron confirmados en 2014; observa que los Estados miembros con mayor nivel de correcciones son España (56 millones EUR), Rumanía (43), Polonia (32) y Francia (20);

104. Señala que los importes acumulados corregidos para la política de cohesión en el período 2007-2013 representan el 0,9 % de las dotaciones presupuestarias; comparte la opinión de la Comisión de que se espera que las correcciones financieras para el período 2007-2013 sigan aumentando en los próximos años conforme empiecen a cerrarse sus programas;

105. Observa que, para los programas FEDER/FC, la Comisión ha impuesto unos 2 000 millones EUR de correcciones financieras de forma acumulada desde el comienzo del período de programación 2007-2013 (que incluye 782 millones EUR de correcciones financieras aplicadas por los Estados miembros, antes o en el mismo momento de declarar los gastos a la Comisión; observa con preocupación que los principales Estados miembros beneficiarios son la República Checa (719 millones EUR), Hungría (298 millones EUR), Grecia (257 millones EUR), España (237 millones EUR), Eslovaquia (152 millones EUR), Rumanía (146 millones EUR) e Italia (105 millones EUR);

106. observa que, en el caso del FSE, los Estados miembros con mayor nivel de correcciones financieras acumuladas son Rumanía (355 millones EUR), España (213 millones EUR) y Polonia (152 millones EUR);

107. Considera que las correcciones y recuperaciones financieras son medios eficaces para proteger el presupuesto de la Unión; Reconoce que, debido al marco jurídico que rige la protección de los intereses financieros de la Unión, a la complejidad de los procedimientos correspondientes y al número de niveles de control en numerosos ámbitos, los errores solo se corrigen varios años después de que se hayan producido;

Protección de los intereses financieros

108. Subraya que la corrupción y el fraude socavan la confianza en las instituciones públicas y la democracia, y entorpecen el funcionamiento del mercado interior de la Unión; señala que es necesario un enfoque integrado, en el que colaboren las instituciones de la Unión y sus Estados miembros; lamenta que las diversas instituciones de la Unión (la Comisión y las agencias, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, el Tribunal) utilicen vías diferentes para notificar casos de fraude;

109. Recomienda a la Comisión que integre todas las modalidades de notificación en un único sistema coherente para proteger los intereses financieros de la Unión, mejorando de este modo la eficacia de la lucha contra el fraude y la corrupción; recuerda la importancia de una legislación coherente dentro de la Unión para luchar de forma eficaz contra la delincuencia organizada que actúa a escala transnacional;

110. Señala que la transparencia es el instrumento más eficaz para luchar contra los abusos y contra el fraude; pide a la Comisión que mejore la legislación al respecto, haciendo obligatoria la publicación de datos relativos a todos los beneficiarios de fondos de la Unión, incluidos los datos relativos a las subcontrataciones;

111. Insta a la Comisión a que se adhiera al Convenio Penal sobre la Corrupción (ETS n.o 173) del Consejo de Europa y a que agilice las negociaciones relativas a la participación de la Unión en el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), a fin de contribuir a una mayor coordinación de las políticas de lucha contra la corrupción en Europa;

112. Pide a la Comisión que asuma la total responsabilidad por la recuperación de los fondos pagados indebidamente con cargo al presupuesto de la Unión y que establezca principios uniformes de notificación en todos los Estados miembros con el fin de garantizar una recopilación de datos comparables, fiables y adecuados;

113. Celebra la declaración de la Comisión en su Informe Anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros (PIF) de la Unión, que recuerda que tanto la Directiva PIF como el Reglamento sobre la Fiscalía Europea «complementarán y reforzarán el marco jurídico impulsando decididamente la lucha contra el fraude»; reitera su opinión en cuanto a la urgente necesidad de adoptar lo antes posible la Directiva PIF, incluyendo el IVA en su ámbito de aplicación y con una definición clara de los delitos que cubre, las normas mínimas en relación con las penas de reclusión máximas aplicables y normas mínimas sobre el régimen de prescripción: recuerda el asunto Taricco, en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea indicó que el fraude en materia de IVA se incluye, de hecho, en la definición de fraude que afecta a la protección de los intereses financieros de la Unión del Convenio PIF de 1995; pide a la Comisión que aclare las relaciones entre Eurojust, la Fiscalía Europea y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y que examine la posibilidad de un enfoque integrado más sólido de estas agencias, en aras de una mayor eficacia de las investigaciones;

114. Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de aumentar la transparencia mediante la mejora de su sistema de grupos de expertos, especialmente por lo que se refiere al procedimiento de selección de expertos, a través del desarrollo de una nueva política de conflictos de intereses para los expertos designados a título personal, lo que conlleva la posibilidad de que el Parlamento ejerza un control directo sobre dichos nombramientos; toma nota de la obligación de que, cuando proceda, los expertos se inscriban en el registro de transparencia; insta, no obstante, a la Comisión a que, al elaborar enmiendas a las actuales normativas horizontales, tenga en cuenta las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo respecto a la composición de los grupos de expertos, así como las del estudio «Composición de los grupos de expertos de la Comisión y estatus del registro de grupos de expertos», a fin de esbozar un planteamiento más sistemático y transparente; pide que la Comisión entable un diálogo con el Parlamento antes de la aprobación formal de las normas, en especial por lo que respecta al próximo informe de las Comisiones de Control Presupuestario y Asuntos Jurídicos sobre esta cuestión; alienta a las agencias europeas a que consideren reformas similares;

115. Subraya que los Estados miembros no están realizando un seguimiento de los presuntos casos de fraude que afectan a los intereses financieros de la Unión que le han sido presentados por la OLAF; pide a la Comisión que tome las medidas adecuadas, y a la OLAF, que siga apoyando a los Estados miembros en la mejora de sus resultados en la prevención y detección del fraude contra los fondos europeos;

116. Pide a la Comisión que desarrolle un sistema de indicadores rigurosos y criterios uniformes; le preocupa la fiabilidad y la calidad de los datos procedentes de los Estados miembros; pide, por lo tanto, a la Comisión que trabaje en estrecha colaboración con los Estados miembros para garantizar unos datos completos, exactos y fiables, teniendo en cuenta el objetivo de plena realización del sistema de auditoría única;

117. Reitera su petición de que, dos veces al año, la Comisión informe al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación por parte de las instituciones de la UE de sus políticas internas en materia de lucha contra la corrupción, y aguarda con interés la publicación del próximo informe a principios de 2016; pide a la Comisión que añada un capítulo sobre los resultados obtenidos por las instituciones de la UE en la lucha contra la corrupción, y considera que los futuros informes sobre la lucha contra la corrupción deben abarcar también todos los órganos e instituciones de la UE;

118. Manifiesta su preocupación por los datos facilitados por Eurodad sobre el blanqueo de capitales, en los que Luxemburgo y Alemania figuran en los primeros puestos en cuanto a riesgo de blanqueo de capitales; considera esencial que los Estados miembros transpongan en su totalidad la Directiva de la UE relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales y creen un registro público de la propiedad de empresas, incluidos los fondos fiduciarios;

119. Pide que se pase de un registro voluntario a un registro obligatorio de la Unión para todos los representantes de grupos de presión que ejercen sus actividades frente a la Comisión;

120. Considera que el primer informe bienal de la Comisión sobre lucha contra la corrupción constituye un prometedor intento de comprender mejor la corrupción en todas sus dimensiones, ofrecer respuestas efectivas con miras a combatirla y preparar el camino para mejorar la responsabilidad de la esfera pública para con los ciudadanos de la Unión; reitera, en este contexto, la importancia de la política de tolerancia cero de la Unión en materia de fraude, corrupción y colusión; deplora, sin embargo, que en este informe no se incluyeran las políticas de lucha contra la corrupción de las propias instituciones de la Unión;

121. Pide que, a más tardar en su segundo informe sobre lucha contra la corrupción, la Comisión lleve a cabo nuevos análisis tanto a nivel de las instituciones de la Unión como de los Estados miembros sobre el entorno en que se aplican las políticas, con el fin de detectar factores críticos inherentes, ámbitos vulnerables y factores de riesgo conducentes a la corrupción;

122. Pide a la Comisión que cumpla sin demora sus obligaciones de información derivadas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción;

Porcentaje de error en general

123. Observa con preocupación que los tipos de error más comunes detectados son costes no subvencionables incluidos en declaraciones de gastos (41 %), errores graves de contratación pública (27 %) y errores en las declaraciones de superficie por parte de los agricultores (20 %);

124. Observa, no obstante, que el porcentaje de errores graves de los Estados miembros en la contratación pública se redujo notablemente, del 45 % en 2013 en el ámbito de la política regional al 25 % de todos los errores cuantificados en 2014 en el ámbito político combinado de la cohesión económica, social y territorial.

125. Considera alarmante comprobar que, en muchos casos de errores cuantificables, la Comisión, las autoridades nacionales o los auditores independientes disponían de suficiente información como para evitar o detectar y subsanar los errores antes de aceptar los gastos; si se hubiese utilizado toda esta información para corregir errores, el nivel estimado de error podría haber sido considerablemente inferior;

126. Observa que, para los programas basados en derechos, el nivel estimado de error es del 2,7 % (3 % en 2013), es decir, significativamente inferior al de los gastos de reembolso en los que el nivel de error estimado es del 5,5 % (5,6 % en 2013); pide a la Comisión que evalúe el paso de un régimen de reembolso a un régimen de derecho cuando proceda, como un medio de simplificación;

Mejores prácticas

127. Insta a los Estados miembros a asumir seriamente sus obligaciones para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de la Unión tal como hacen en los casos de las recomendaciones específicas por país y del Semestre Europeo; esto reflejaría un cambio visible en el entendimiento del rendimiento, que debería ir acompañado de la aplicación de procesos de evaluación con impacto, como la reserva de rendimiento para beneficiarios responsables, las sanciones y las limitaciones de los demás;

Evaluación y análisis de los principales resultados del presupuesto de la Unión 2014

128. Toma nota de que un total de unos 142 500 millones EUR en 2014, representa casi el 2 % del total del gasto público en los Estados miembros de la Unión, es decir, el 1 % del PIB de la Unión;

129. Solicita que la identificación de los efectos reales de la utilización del presupuesto de la Unión en los indicadores macroeconómicos de la Unión pase a ser objeto de los procedimientos de aprobación de la gestión;

130. Lamenta que, en el marco de la gestión compartida, hasta finales de 2013, solo se pagara el 47 % de las contribuciones a los instrumentos de ingeniería financiera (IIF) a los beneficiarios finales (un 37 % a finales de 2012) y que el efectivo mantenido en IIF en régimen de gestión indirecta siga siendo elevado (1 300 millones EUR en 2014; 1 400 millones EUR en 2013);

131. Toma nota de la recomendación del Tribunal a la Comisión de que presente una propuesta legislativa para modificar la normativa aplicable con respecto a la ampliación del período de subvencionabilidad para IIF en el marco del Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (12), así como de la respuesta de la Comisión al respecto;

132. Pide a la Comisión que, tras la recomendación del Tribunal, en su gestión presupuestaria y financiera considere las limitaciones de capacidad en algunos Estados miembros con el fin de evitar la infrautilización de los fondos y de aumentar las tasas de absorción, especialmente en el ámbito de los Fondos EIE, reconociendo al mismo tiempo las medidas tomadas hasta ahora, como la creación del grupo de trabajo para la mejora de la aplicación, que ya ha dado lugar a mejoras;

133. Pide a la Comisión que tome medidas para reducir los compromisos pendientes, incluido el cierre en el plazo previsto de los programas del período 2007-2013, y una reducción del efectivo en cuentas fiduciarias;

134. Reitera que la Comisión debe fijar anualmente una previsión de tesorería a largo plazo que abarque los límites máximos presupuestarios, las necesidades de pago, las restricciones de la capacidad y la eventual retirada de compromisos con el fin de ajustar mejor los fondos disponibles con las necesidades de pago (13);

135. Considera que la revisión intermedia del MFP que la Comisión presentará antes de finales de 2016 es la primera oportunidad, y la mejor, para abordar de manera estructural el elevado nivel de RAL; insta a la Comisión a que formule una propuesta para revisar el Reglamento sobre el MFP a fin de solucionar, entre otras cuestiones, el problema del RAL;

Pagos pendientes

136. Destaca que los compromisos contraídos ascendieron en 2014 a 109 300 millones EUR, es decir, el 76,6 % de los créditos de compromiso disponibles, y que, como resultado, está disponible un nivel muy elevado de créditos para compromisos en 2015 (con la transferencia de 12 100 millones EUR, el límite máximo se aumentó en 16 500 millones EUR);

137. Lamenta que, a pesar de que el nivel de pagos sigue siendo superior al límite máximo estipulado en el MFP, el recurso al margen para imprevistos por el pago de reclamaciones pendientes haya aumentado de 1 400 millones a 25 800 millones EUR; subraya la importancia de respetar plenamente la declaración conjunta sobre un plan de pagos para 2015-2016 acordada entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión a raíz del compromiso compartido de reducir la acumulación de solicitudes de pago pendientes correspondientes a los programas de cohesión de 2007-2013 en unos 2 000 millones EUR a finales de 2016; considera que esta situación constituye de facto una infracción del artículo 310 del TFUE, que establece que el presupuesto deberá estar equilibrado en cuanto a ingresos y gastos;

138. Subraya que la reducción del nivel de los compromisos pendientes se prevé que sea temporal debido al aumento solicitado del límite máximo del marco financiero plurianual para 2015 y años posteriores;

139. Señala, en particular, que a finales de 2014, los pagos a los Estados miembros por los Fondos EIE plurianuales para el período 2007-2013 (14) ascendían a 309 500 millones EUR, es decir, el 77 % de los 403 000 millones EUR para todos los programas operativos, donde cinco Estados miembros, concretamente la República Checa, España, Italia, Polonia y Rumanía, representan más de la mitad de los compromisos sin utilizar de los Fondos EIE plurianuales;

140. Lamenta que los retrasos en la absorción de fondos plurianuales sean considerables y puedan suponer un verdadero problema para algunos Estados miembros (15); apoya y reconoce, a este respecto, el sentido de aplicar fórmulas de flexibilidad dados los retrasos con los que se pusieron en marcha todos los programas;

Ingresos

141. Observa que los flujos de ingresos se basan en un principio multicanal: a) los Estados miembros siguen aportando el mayor porcentaje en función de su renta nacional bruta (RNB); en 2014 esta contribución ascendió a 94 900 millones EUR; b) otras fuentes incluyen los pagos basados en el IVA recaudado en cada uno de los Estados miembros, que ascienden en total a 17 700 millones EUR; c) los derechos de aduana y agrícolas representan la tercera fuente importante, con unos 16 400 millones EUR;

142. Acoge con satisfacción el hecho de que, de las tres recomendaciones formuladas por el Tribunal en 2011-2012, dos se estén aplicando en la mayoría de sus aspectos, y una se esté aplicando en ciertos aspectos; RNB

143. Subraya que, mientras no se modifique el sistema de recursos propios de la Unión, un parámetro RNB es un factor esencial subyacente a la cuestión de los ingresos del presupuesto de la Unión, y destaca que una medida correcta y objetiva de ello constituye por lo tanto una cuestión clave, la única verdaderamente importante por lo que se refiere a los ingresos en el marco de la actual arquitectura del presupuesto de la Unión, y que es muy importante contar con una base de datos fiable y flexible para calcular las contribuciones de los Estados miembros;

144. Pide, por consiguiente, a la Comisión que declare que los datos sobre la RNB presentados por los Estados miembros son fiables y que sus contribuciones son, por tanto, correctas;

145. Recuerda que, en 2014, las actualizaciones de los datos RNB dieron lugar a adaptaciones de las contribuciones de los Estados miembros de una magnitud sin precedentes que asciende a 9 813 millones EUR;

146. Subraya que el impacto de esas importantes revisiones en los saldos RNB podría haber sido menor si hubiera existido una política de revisión común en la Unión que armonizase el calendario de las revisiones más importantes;

147. Lamenta que el fraude en el IVA, en particular el denominado fraude en cascada o del operador ficticio, distorsione la competencia, prive a los presupuestos nacionales de recursos significativos y sea perjudicial para el presupuesto de la Unión; recuerda que la brecha del IVA y las pérdidas estimadas en la recaudación del IVA ascendieron a 168 000 millones EUR en 2013; le preocupa que la Comisión no disponga de datos fiables sobre el fraude en el IVA ni sobre el fraude en cascada; toma nota de que el sistema de IVA vigente sigue estando fragmentado y supone una carga administrativa considerable, sobre todo para las pymes y las empresas en línea; expresa su preocupación por el hecho de que el nuevo sistema de rendición de cuentas del IVA como recurso propio no haya podido lograr totalmente su objetivo de simplificación y hace hincapié en que los Estados miembros son los responsables de abordar las deficiencias de Eurofisc y de coordinar mejor sus políticas sobre la inversión de sujeto pasivo para facilitar el intercambio de información y ayudar a combatir las irregularidades y los fraudes; pide a la Comisión que proponga enmiendas legislativas que permitan cruzar de manera eficaz los datos aduaneros y los fiscales y que centre su labor de supervisión de los Estados miembros en mejorar los plazos de respuesta de estos a las solicitudes de información y la fiabilidad del sistema de intercambio de información sobre el IVA;

Medidas que deben adoptarse

148. Pide a la Comisión que presente un análisis sobre el futuro de la financiación de la UE evaluando la adecuación de la base de recursos propios;

149. Lamenta que las propuestas presentadas por la Comisión en 2013 de introducir una política de revisión común de la Unión sigan aún pendientes, y que la Comisión no haya adoptado ninguna otra medida, pese al hecho de que 19 Estados miembros indicaran que procederían, al menos en parte, a su adaptación a la política de revisión de la Unión para septiembre de 2014;

150. Se congratula de la creación del Grupo de Alto Nivel sobre los recursos propios; acoge favorablemente el primer informe de evaluación que presentó dicho grupo a finales de 2014 y comparte el análisis de que el sistema se ha convertido gradualmente en un sistema mayoritario de contribuciones nacionales con una parte residual genuinamente europea y autónoma de recursos propios; considera que el sistema actual de recursos propios debe evolucionar del actual debate nacional sobre contribuidores netos y receptores, algo que les resulta lejano a los ciudadanos de la Unión, hacia un sistema reconocible claramente en interés general de la Unión y de sus políticas;

151. Señala que los cambios resultantes de los trabajos en las reservas se habrían mitigado si el ciclo de verificación de la Comisión hubiese sido más corto, y recuerda que el Parlamento instó a la Comisión en su resolución de 29 de abril de 2015 relativa a la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013: a) abreviar su ciclo de verificación de la RNB; b) limitar el uso de las reservas generales a casos excepcionales;

152. Observa con gran preocupación que la Comisión ha anunciado que el próximo ciclo de verificación no se completará hasta 2019 y que las reservas abarcarán al menos nueve años, al igual que el anterior ciclo;

153. Señala que, según el Tribunal, la calidad de los controles efectuados por los Estados miembros no ha mejorado; lamenta que la versión actualizada de la Guía de la auditoría aduanera publicada por la Comisión en 2014 no cubra algunas de las deficiencias observadas por el Tribunal, en particular en las cuestiones relativas a cómo hacer frente a las importaciones despachadas en otros Estados miembros;

154. Pide a la Comisión que: a) adopte medidas para reducir el número de años cubiertos por las reservas a finales del próximo ciclo de verificación de las contribuciones basadas en la RNB; b) cree los mecanismos necesarios para reducir el impacto de las revisiones de los métodos y de las fuentes presentados por los Estados miembros para la elaboración de su RNB; c) mejore las directrices existentes dadas a las autoridades aduaneras de los Estados miembros con respecto a los controles que efectúan (en particular las auditorías posteriores al despacho aduanero); y que d) garantice que los Estados miembros dispongan de los sistemas adecuados para preparar y gestionar sus declaraciones de derechos aduaneros y cotizaciones sobre el azúcar; e) amplíe la capacidad de evaluación de riesgos de Eurofisc para cubrir el sistema VIES (sistema de intercambio de información sobre el IVA transnacional);

Mejores prácticas

155. Considera que la parte de los ingresos no se ve afectada por errores importantes, lo que constituye en sí mismo una especie de buena práctica, al igual que la práctica actual de las contribuciones de los Estados miembros basadas en el principio de la RNB, que hasta la fecha ha tenido sentido; opina, no obstante, que para mantener en funcionamiento este modelo se requiere una evaluación permanente del rendimiento económico de los Estados miembros; una alternativa al aumento de la base de los recursos propios sigue siendo un tema central para el futuro;

Competitividad para el crecimiento y el empleo

Cuestiones generales

156. Celebra el hecho de que, por vez primera, la estructura del informe anual del Tribunal siga las rúbricas del MFP que entró en vigor el 1 de enero de 2014; en 2013, el capítulo se titulaba «Investigación y otras políticas internas»; observa, no obstante, que este cambio estructural limita la comparabilidad de los resultados del Tribunal con los de los ejercicios anteriores;

157. Señala igualmente que la investigación y la innovación representan el 61 % (8 100 millones EUR) del gasto, a través del Séptimo Programa Marco para Investigación y Desarrollo Tecnológico 2007-2013 (7PM) y Horizonte 2020 —el Programa Marco para Investigación e Innovación 2014-2020 en educación, formación, juventud y programas deportivos (1 500 millones EUR), programas espaciales (1 400 millones EUR), transporte (800 millones EUR) y otras acciones y programas (1 500 millones EUR) representan el 39 % restante,

158. Recuerda que la rúbrica 1a del MFP se redujo drásticamente durante la negociación del MFP (- 24 % en comparación con la propuesta inicial de la Comisión); es consciente de que la rúbrica 1a incluye gastos en favor de la mejora de la investigación y la innovación, la mejora de los sistemas educativos y la promoción del empleo, la garantía de un mercado digital único, la promoción de la energía renovable y de la eficiencia energética, la modernización del sector del transporte y la mejora del entorno empresarial, en particular para las pymes;

159. Subraya que el 90 % de los gastos en este ámbito representa subvenciones a beneficiarios privados y públicos;

160. celebra que, de las nueve recomendaciones formuladas por el Tribunal en 2011 y 2012, tres se hayan aplicado en su totalidad y otras seis se estén aplicando en la mayoría de sus aspectos;

Europa 2020

161. Es consciente de que el total acumulado de acuerdos de subvención para la totalidad del 7PM asciende a 26 078 (de los cuales se han cerrado 9 627); al mismo tiempo, la Comisión lanzó el programa de trabajo de Horizonte 2020 para 2014-2015, que fue un gran éxito con 46 097 propuestas recibidas a 25 de febrero de 2015: para los 79 concursos finalizados, se admitieron 25 903 propuestas, 3 765 fueron seleccionadas para financiación y se firmaron 1 410 acuerdos de subvención;

162. Se complace de que la Comisión fuera capaz de cumplir la mayoría de los objetivos de los indicadores clave de rendimiento; duda, no obstante, que pueda alcanzarse el objetivo de invertir, para 2020, el 3 % del PIB de la Unión en investigación y desarrollo; pide a todos los Estados miembros que hagan frente a este desafío; observa que la situación parece ser especialmente complicada en Croacia, Finlandia, Luxemburgo, Portugal, Rumanía, España y Suecia; pide a la Comisión que adopte las conclusiones que se imponen de cara a la próxima revisión intermedia del marco financiero plurianual que deberá presentarse a finales de 2016;

163. Celebra el impacto de la investigación europea (redes) en la lucha contra el ébola, la mejora de los tratamientos de cáncer, la creación de un espacio único europeo para la investigación clínica, la lucha contra las inundaciones, el aumento de la seguridad alimentaria y la mejora de la seguridad en los buques de cruceros, por citar apenas unos pocos;

164. Celebra el hecho de que la evaluación ex post del 7PM estuviera disponible en noviembre de 2015; espera que sus conclusiones y recomendaciones puedan seguir considerándose en los programas de trabajo de Horizonte 2020;

165. Toma nota con interés de la primera información disponible sobre el informe «State of the Innovative Union 2015» (16) que ofrece una actualización del estado de aplicación de los 34 compromisos contraídos en el marco de la iniciativa emblemática Unión por la innovación de la Estrategia Europa 2020;

166. Recuerda que el Reto Social 6, y en particular las ciencias sociales y las humanidades, era una prioridad del Parlamento introducida por él durante la elaboración de Horizonte 2020; recuerda la importancia de este componente en los ámbitos en los que la Unión se enfrenta a retos particulares, como la lucha contra el desempleo, la radicalización, el terrorismo, el apoyo a los migrantes, la gobernanza económica y monetaria, o la lucha contra la desigualdad; manifiesta su preocupación, en consecuencia, por que en la fase de aplicación del programa se haya rebajado la prioridad de las ciencias humanas y sociales con la pérdida de su orientación específica y una reducción de sus créditos de compromiso del 40 %, cuando la dotación global para Horizonte 2020 en el MFP 2014-2020 ha aumentado;

Cuestiones relacionadas con la gestión

167. Destaca que: a) las conclusiones y las observaciones generales relativas a la gestión compartida se aplican también a la competitividad; b) existen sinergias y un enfoque integrado entre los diferentes tipos de instrumentos en favor de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), si bien conviene reforzarlos; c) el programa Horizonte 2020 aplica normas más sencillas que las del 7PM; por otra parte, algunos ámbitos que reciben apoyo en el marco de Horizonte 2020 presentan potencialmente riesgos más importantes, por ejemplo los proyectos orientados a las empresas en los que participan pymes y utilizan nuevos instrumentos innovadores, especialmente financieros;

168. Pide a los beneficiarios que hagan el máximo uso posible de los certificados de auditoría, que permiten reducir los porcentajes de error en un 50 % con respecto a las declaraciones de gastos no certificadas; considera, sin embargo, que el nivel de error que detectan las auditorías externas debiera mejorarse sustancialmente teniendo en cuenta el apoyo que reciben de la Comisión y su especialización; acoge con satisfacción, en este mismo contexto, todos los seminarios, orientaciones y modelos, así como la lista de errores más frecuentes que la Comisión pone a disposición de los beneficiarios y de los organismos de auditoría, pero pide a la Comisión medidas más incisivas para que los certificados de auditoría externa garanticen con mayor fidelidad el nivel de error;

169. Apoya los esfuerzos desplegados por la Comisión para desarrollar nuevos instrumentos de gestión de riesgos en el ámbito de la investigación; acoge con satisfacción, en este mismo contexto, que la selección de los participantes en las auditorías en los controles ex post reposa ya en gran medida en la evaluación de los riesgos; señala que la Comisión espera que el 83 % de las auditorías realizadas durante el período 2012-2016 se seleccionen sobre la base de criterios de riesgo;

170. Se felicita por la creación de un centro común de apoyo para prestar asistencia a todos los servicios de investigación en el ámbito del asesoramiento jurídico, la auditoría, los procesos empresariales, la tecnología informática, la información y la gestión de datos;

171. Reconoce que los acuerdos de asociación vinculados a los Fondos EIE y a los programas operativos de los Estados miembros y las regiones brindan un apoyo importante a la investigación y la innovación, lo cual refuerza las sinergias; señala que la ayuda asciende a más de 42 000 millones EUR para la investigación fundamental y la innovación y a 118 000 millones EUR para la investigación y la innovación en sentido amplio;

Legalidad y regularidad: errores

172. Expresa su profunda preocupación por el hecho de que, de las 166 operaciones analizadas por el Tribunal, 79 estén afectadas por errores; señala que, basándose en los 53 errores cuantificados, el nivel estimado de error es del 5,6%;

173. Considera alarmante comprobar que, en 27 casos de errores cuantificables, la Comisión, las autoridades nacionales o los auditores independientes disponían de suficiente información como para evitar o detectar y subsanar los errores antes de aceptar los gastos; señala que, si se hubiera utilizado toda esta información para corregir los errores, el nivel estimado de error para este capítulo habría sido inferior en 2,8 puntos porcentuales; estima que esta situación, que se ha mantenido sin cambios durante varios años, demuestra una falta de diligencia;

174. Considera inaceptable que el nivel de error en el 7PM no haya mejorado en comparación con el del 6PM y que, según las declaraciones del propio director general de la DG RTD, vaya a estar incluso en un nivel de error aún mayor; considera que el nivel de error para los programas del 7PM debiera de haberse mejorado después del aprendizaje adquirido en la gestión del programa; lamenta que el drástico incremento del nivel de error en 2014 en el área «Competitividad para el crecimiento y el empleo» solo sirva para poner en evidencia la buena gestión del programa en los últimos años;

175. Lamenta que el área de gasto «Competitividad para el crecimiento y el empleo» haya sido el ámbito con el nivel de error que más ha crecido entre 2013 y 2014 en la Unión;

176. Lamenta que las fuentes de error hayan permanecido invariables: a) en el ámbito de la investigación (Investigación): gastos de personal incorrectamente calculados, otros gastos directos no subvencionables, como gastos de viaje o de equipamiento no justificados; gastos indirectos no subvencionables basados en tipos erróneos de gastos generales o que incluyen categorías de gastos no subvencionables que no guardan relación con el proyecto; b) para otros instrumentos de financiación (Otros): gastos no justificados y no subvencionables, así como casos de incumplimiento de las normas de contratación pública; (%) Contribución por tipo de error Investigación Otros Gastos de personal calculados incorrectamente 30,5 2,5 Otros gastos directos no subvencionables 17,5 13,5 Gastos indirectos no subvencionables 20 Incumplimiento de las normas de contratación pública 14 Gastos de subcontratación no subvencionables 2 Total 70 30

177. Sigue convencido de que la Comisión debe continuar esforzándose por alcanzar un equilibrio aceptable entre el atractivo de los programas para los participantes y la necesidad legítima de someterse a un control contable y financiero; recuerda, en este mismo contexto, la declaración efectuada por el Director General en 2012 en el sentido de que un procedimiento destinado a alcanzar un porcentaje de error residual del 2 % en todas las circunstancias no constituye una opción viable (17);

178. Toma nota de que el director general de la Dirección General de Investigación e Innovación, como en años anteriores, ha emitido una reserva general respecto de la tasa de errores residuales en las declaraciones de costes para el 7PM, ejecutado directamente por la DG RTD, así como en relación con los pagos a la Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores, donde el riesgo residual estimado es del 3 % y el impacto estimado de 111,39 millones;

179. Reconoce que ciertas partes del gasto efectuado en el marco del 7PM no estaban cubiertas por una reserva si se consideraba probado que los riesgos (y por tanto las tasas de errores residuales) eran significativamente más bajos que para el conjunto de los gastos; en la DG RTD este es el caso del gasto afectado a la Empresa Común para el Desarrollo de la Energía de Fusión, a Clean Sky y a la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno; fuera de la DG RTD, esto se aplica asimismo al gasto de la Agencia Ejecutiva de Investigación en el marco del programa Marie Curie y al conjunto del gasto de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación;

180. Concluye que, aunque la reserva general puede ser necesaria desde el punto de vista legal, dicha reserva arroja una sombra negativa sobre la gestión financiera de la Comisión, en particular cuando la Dirección General de Investigación e Innovación puede garantizar plenamente el 97 % de este gasto;

181. Toma nota de que, en el ámbito de la investigación, la Comisión ha emitido órdenes de cobro, en 2014 y 2015, por valor de 42 millones EUR; señala que 31 millones EUR ya han sido recuperados, mientras que el importe restante todavía no ha podido recuperarse, ya sea por causa de quiebra o en espera de un procedimiento de recuperación forzosa;

182. Deplora las recientes informaciones aparecidas en la prensa que ponen en cuestión la capacidad de la DG RTD para proteger eficazmente los intereses financieros de la Unión; insta a la Comisión a que clarifique las circunstancias que aparecen profusamente documentadas en los medios y que permiten ver un caso claro de mala administración y perjuicios claros a los intereses financieros y la reputación de la Unión; invita a la Defensora del Pueblo a que abra una investigación al respecto;

183. Lamenta que la simplificación que se ha llevado a cabo con la eliminación de las auditorias ex ante (por ejemplo, no hay certificación ex ante de gastos que excedan 375 000 EUR) esté produciendo errores acumulativos que dan una tasa de error rampante que crece cada año, y que en el caso del programa Horizonte 2020 no parece previsible que se pueda reducir dada la multiplicación de organismos encargados de gestionar los gastos que han aumentado con respecto al 7PM;

Cuestiones relacionadas con la fiabilidad de los datos

184. Lamenta que exista un problema en relación con el análisis de los datos secundarios, que resulta necesario para llevar a cabo las evaluaciones basadas en el rendimiento; considera que se trata de un problema que debería solucionarse a corto plazo; recuerda la necesidad de mejorar la gestión de la información;

Enfoque basado en el rendimiento y los resultados

185. Constata que los efectos y los resultados tangibles de la I+D+i desde el punto de vista de comercialización y de la contribución al valor añadido son absolutamente sustanciales;

186. Celebra el resultado positivo previsto por el grupo de expertos de alto nivel que está llevando a cabo la evaluación ex post del 7PM, en concreto: celebra que el programa haya creado directamente más de 1,3 millones de años de trabajo (a través de proyectos financiados a lo largo de un período de 10 años) e indirectamente más de 4 millones de años de trabajo a lo largo de un período de 25 años; celebra asimismo que cada euro gastado en el marco del 7PM haya generado, mediante innovaciones, 11 EUR aproximadamente en efectos económicos directos e indirectos, y que su contribución financiera a las pymes haya superado el objetivo del 15 % y alcanzado el 17 % (5 000 millones EUR);

187. Recuerda que, con miras a reforzar el enfoque basado en el rendimiento, el Tribunal ha elaborado una prueba innovadora sobre los indicadores de la Estrategia Europa 2020 en la que los gastos de I+D desempeñan un papel importante;

188. Pide a la Comisión que transmita al Parlamento el plan de acción presentado al Consejo ITER en noviembre;

189. Insiste en que la Comisión le haga llegar, antes de junio de 2016, una actualización del calendario a largo plazo del proyecto y de los costes asociados a ITER en preparación de las decisiones presupuestarias para el próximo ejercicio; recuerda que para el ejercicio 2016 el nivel de los créditos de pago reservados para ITER asciende prácticamente a 475 millones EUR;

Instrumentos financieros

190. Señala que, especialmente en el contexto del programa Horizonte 2020, una serie de instrumentos financieros muy innovadores constituyen uno de los ámbitos principales abiertos a la aplicación práctica; celebra, a este respecto, el lanzamiento en 2014 de una nueva serie de productos bajo el título «InnovFin — Financiación de la UE para innovadores», una iniciativa conjunta lanzada por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI y FEI) en cooperación con la Comisión;

191. Pide a la Comisión que, en los futuros procedimientos de aprobación de la gestión, presente información sobre la ejecución de la iniciativa InnovFin en lo que respecta a los recursos del presupuesto de la Unión que forman parte de este instrumento financiero;

192. Recuerda que determinados sectores y políticas son menos propensos a la financiación a través de instrumentos financieros, por ejemplo las infraestructuras ferroviarias, la investigación teórica o básica, por lo que corren el riesgo de ser excluidos de parte de la acción de la Unión;

Mejores prácticas

193. Constata una intensificación de las actividades de auditoría en este ámbito, así como una mejora de la coordinación por parte del servicio común de auditoría, que se ha concebido como un servicio de gestión compartida por todas las direcciones generales, agencias ejecutivas y empresas comunes que participan en la financiación de la investigación y la innovación;

194. Considera que la subcontratación a agencias especializadas de acuerdo con modalidades específicas podría constituir un ejemplo de buenas prácticas en la gestión de programas de gran envergadura en este ámbito; señala que esta práctica se viene aplicando desde hace poco tiempo, por lo que no es todavía posible extraer conclusiones concretas, si bien constata que parece tratarse de un método y un modelo particularmente innovadores;

Medidas que deben adoptarse

195. Concluye que la Comisión debería: a) adoptar una serie de medidas dirigidas a reducir la tasa de errores relativamente elevada en este ámbito, mejorar la gestión de los datos y la información con el fin de analizar los proyectos de I+D+i, incluidos los más avanzados, y determinar su incidencia real con respecto al potencial de Horizonte 2020; b) presentar un informe en el que se evalúe desde un punto de vista presupuestario la experiencia adquirida en la nueva práctica de recurrir a agencias especializadas en este ámbito (18) e informar periódicamente sobre el cumplimiento de los indicadores de la Estrategia Europa 2020;

196. Pide a la DG RTD que mejore la gestión de la información en consonancia con una cultura del rendimiento que incluya a todas las partes interesadas —en particular, las menos experimentadas— y con respecto a los beneficiarios en los Estados miembros; recomienda una mayor participación de los auditores independientes, cuya atención no debería centrarse únicamente en los errores, sino también en el ciclo del rendimiento, y en particular en una evaluación apropiada de los riesgos; recomienda, asimismo, que se lleve a cabo un análisis del impacto de las disposiciones reguladoras;

197. Pide a la DG RTD que publique, en sus respectivos informes anuales de actividad, su contribución a las recomendaciones específicas por países de forma exhaustiva y detallada, dado que dichas recomendaciones deberían demostrar de qué forma la dirección general facilita el progreso de los Estados miembros hacia los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

198. Toma nota de que la Comisión ha iniciado una consulta de las partes interesadas sobre las simplificaciones adicionales que deberían introducirse en el programa Horizonte 2020; solicita información sobre la forma en que se aplicarán las nuevas simplificaciones;

199. Hace hincapié en que la simplificación y la participación en Horizonte 2020 también deben ser el principio de base del Acuerdo de Subvención Anotado; subraya que, a diferencia del 7.o Programa Marco para Investigación e Innovación, los gastos facturados a nivel interno no deben dividirse y contabilizarse de acuerdo con categorías de costes diferentes, incluidos los costes de personal, en el marco de Horizonte 2020; pide, por consiguiente, a la Comisión que revise las anotaciones y permita que los gastos facturados a nivel interno sean admisibles como otros costes directos sin hacer una división entre categorías de costes ni registros temporales en materia de servicios;

Cohesión económica, social y territorial

Cuestiones generales

200. Acoge con satisfacción que, por vez primera, la estructura del Informe anual del Tribunal sigue las rúbricas del MFP que entró en vigor el 1 de enero de 2014; recuerda que en 2013 el Informe anual del Tribunal contenía dos capítulos distintos: uno sobre «Política regional, transportes y energía» y otro sobre «Empleo y asuntos sociales»; considera, no obstante, que este cambio de política limita la comparabilidad de los resultados del Tribunal con los de los ejercicios anteriores;

201. Señala que la cohesión económica, social y territorial supone la redistribución de una parte sustancial del presupuesto de la Unión, que ascendió a 54 400 millones EUR en 2014; observa que el 80 % de esta cantidad se destinó a la política regional y urbana, principalmente a través del FEDER y del Fondo de Cohesión, y que el 20 % restante se asignó principalmente al FSE para fines relativos al empleo y los asuntos sociales;

202. Destaca que, en el período de referencia, el FEDER y el Fondo de Cohesión han apoyado principalmente una serie de ámbitos como los proyectos de infraestructuras, la creación o el mantenimiento de puestos de trabajo, las iniciativas regionales de desarrollo económico y las actividades de las pymes (FEDER), así como las inversiones en infraestructuras en los ámbitos del medio ambiente y el transporte (Fondo de Cohesión);

203. Señala que el FSE financia inversiones en capital humano y acciones dirigidas a reforzar la capacidad de adaptación de los trabajadores y las empresas a los cambios en los patrones de trabajo, a mejorar el acceso al empleo, a promover la inclusión social de las personas desfavorecidas y a aumentar la capacidad y la eficiencia de las administraciones y los servicios públicos; considera que, pese a la existencia de indicadores de rendimiento, los resultados de las inversiones del FSE son, sin embargo, más difíciles de cuantificar;

204. Acoge con satisfacción que, de las 16 recomendaciones formuladas por el Tribunal en 2011 y 2012, ocho se hayan aplicado en su totalidad, otras siete se estén aplicado en la mayoría de sus aspectos y una se esté aplicando en algunos de sus aspectos;

Europa 2020

205. Señala que, en el ámbito de la política regional y urbana, los cuatro indicadores clave de resultados (ICR) más importantes incluyen: el número de puestos de trabajo creados, el número de empresas que cooperan con las organizaciones de investigación subvencionadas, el número de empresas subvencionadas y la capacidad suplementaria de producción de energías renovables; observa que los logros generales de los que se hace balance en los informes de ejecución de los Estados miembros han progresado, por término medio, un 29 % con respecto al año anterior, al tiempo que constata que, de acuerdo con la Comisión, no se cumplirán todos los objetivos debido a la crisis económica; pide a la Comisión que adopte las conclusiones que se imponen de cara a la próxima revisión intermedia del marco financiero plurianual que deberá presentarse a finales de 2016;

206. Acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados por la Comisión para reforzar la contribución de la política de cohesión a la gobernanza económica de la Unión, que implican el examen detallado de todos los acuerdos de asociación y programas operativos para el período 2014-2020 a fin de garantizar que, en las estrategias de desarrollo y competitividad de los Estados miembros, se han tenido debidamente en cuenta las recomendaciones específicas por países pertinentes adoptadas a finales de junio de 2014;

207. Señala que, a finales de 2015, se había utilizado por término medio el 89 % de los fondos correspondient