Iniciativa del Reino de Dinamarca con vistas a la adopción de una Decisión del Consejo sobre el incremento de la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea con respecto a las inhabilitaciones

(2002/C 223/08)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, la letra a) del artículo 31 y la letra c) del apartado 2 del artículo 34,

Vista la iniciativa del Reino de Dinamarca,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Considerando lo siguiente:

(1) Conforme a las conclusiones de la sesión del Consejo Europeo, reunido en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, el Consejo Europeo hace suyo el principio del reconocimiento mutuo, que, a su juicio, debe ser la piedra angular de la cooperación judicial en materia civil y penal en la Unión. El Consejo Europeo considera que el principio debe aplicarse tanto a las sentencias como a otras resoluciones de las autoridades judiciales. Además, el punto 33 de las Conclusiones señala que un mejor reconocimiento mutuo de las resoluciones y sentencias judiciales y la necesaria aproximación de las legislaciones facilitaría la cooperación entre autoridades y la protección judicial de los derechos individuales.

(2) El 29 de marzo de 2000, el Consejo adoptó un plan de acción de prevención y control de la delincuencia organizada: estrategia de la Unión Europea para el comienzo del nuevo milenio(1). Según la Recomendación n° 2 del plan de acción, los Estados miembros y la Comisión deben velar por que, en el marco de las licitaciones públicas, la legislación aplicable prevea la posibilidad de que los concursantes que hayan perpetrado delitos relacionados con la delincuencia organizada queden excluidos de la participación en los procedimientos de licitación realizados por los Estados miembros y la Comunidad.

(3) El 29 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó un programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal(2). Según el punto 3.4 del programa, relativo a la privación de derechos y otras sanciones, para ser eficaces en la Unión Europea, determinadas sanciones deberían ser reconocidas y ejecutadas en toda la Unión.

(4) Existen varios convenios cuyo objeto es establecer el reconocimiento mutuo de las sentencias penales, entre ellas el Convenio Europeo de 28 de mayo de 1970 sobre la validez internacional de las sentencias penales; el Convenio de 13 de noviembre de 1991 entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas sobre la ejecución de condenas penales extranjeras, promulgado por medio de la Cooperación Política Europea, y el Convenio de la Unión Europea de 17 de junio de 1998 sobre las decisiones de privación del derecho de conducir(3).

(5) Según el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, de 20 de abril de 1959, cada una de las Partes contratantes informará a cualquier otra parte interesada de las sentencias penales y medidas posteriores que afecten a los nacionales de esta última y que hayan sido objeto de inscripción en el registro de antecedentes penales.

(6) Debido en parte a la aplicación del principio de libre circulación de personas en la Unión Europea, es necesario incrementar los intercambios de información entre los Estados miembros por lo que respecta a las sentencias dictadas en los Estados miembros, incluidas las inhabilitaciones impuestas como parte de una sentencia o como corolario de una condena penal.

(7) Es necesario asimismo que exista la posibilidad de aplicar, a largo plazo, el principio del reconocimiento mutuo a las inhabilitaciones impuestas como parte de una sentencia o como corolario de una condena penal.

(8) La aplicación del principio del reconocimiento mutuo a las inhabilitaciones, como afirma el punto 3.4 del programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal, requiere, no obstante, la recopilación de una lista de inhabilitaciones común a todos los Estados miembros, que sea entregada al condenar a una persona física o jurídica o posteriormente a dicha condena.

(9) Es, no obstante, de importancia considerable que los Estados miembros tengan ya la capacidad de intercambiar detalles sobre las inhabilitaciones impuestas a las personas físicas como parte de una sentencia o como corolario de una condena penal y que limitan el acceso de la persona condenada al empleo, para que los demás Estados miembros puedan hacer extensivas dichas inhabilitaciones a sus respectivos territorios con arreglo a su propio Derecho nacional.

DECIDE:

Artículo 1

Ámbito de aplicación

La presente Decisión se aplicará a las inhabilitaciones impuestas a las personas físicas como parte de una sentencia o como corolario de una condena penal y que limitan el acceso de la persona condenada al empleo, con excepción de la privación del derecho de conducir.

Artículo 2

Creación de un punto de contacto nacional para la información sobre las inhabilitaciones

1. Cada Estado miembro creará o designará un punto de contacto central nacional para la información sobre las inhabilitaciones.

2. El punto de contacto nacional tendrá por cometido indagar y facilitar información sobre las inhabilitaciones, de conformidad con los acuerdos internacionales y la legislación nacional correspondientes.

3. Cada Estado miembro notificará a la Secretaría General del Consejo su punto de contacto nacional para la información sobre las inhabilitaciones, así como todos los cambios posteriores al respecto, con arreglo a lo dispuesto en la presente Decisión. La Secretaría General del Consejo se hará cargo de que la notificación, por parte de los Estados miembros, de sus respectivos puntos de contacto nacionales sea trasladada a los demás Estados miembros y a la Comisión.

4. Cada uno de los Estados miembros se hará cargo de que su punto de contacto nacional sea capaz de cumplir su cometido con celeridad y efectividad.

Artículo 3

Indagación de información sobre las inhabilitaciones

1. Los puntos de contacto nacionales tendrán acceso a los registros nacionales de antecedentes penales, inclusive el acceso a la información sobre las inhabilitaciones, de conformidad con las normas nacionales e internacionales correspondientes.

2. Los puntos de contacto nacionales comunicarán a cualquier punto de contacto de otro Estado miembro que lo solicite, si una persona está sujeta a inhabilitación.

3. La información del apartado 2 será facilitada con arreglo a los acuerdos internacionales y al Derecho nacional correspondientes. Cuando la solicitud de información que se cita en el apartado 2 no sea facilitada en el transcurso de un enjuiciamiento penal, los Estados miembros supeditarán la entrega de la información en cuestión al consentimiento de la persona a la que afecta.

4. Si el Estado miembro requirente desea obtener más detalles sobre el carácter y la extensión de una inhabilitación, deberá presentar una solicitud al respecto de conformidad con los acuerdos internacionales pertinentes.

Artículo 4

Notificación de las inhabilitaciones

1. Los Estados miembros estarán obligados a informar a cualquier otro Estado miembro sobre las inhabilitaciones relativas a los nacionales del último Estado miembro.

2. La información a que se refiere el apartado 1 será facilitada también a un tercer Estado miembro si el Estado miembro en el cual se pronuncia la inhabilitación tiene conocimiento de que el sujeto de la misma es:

a) residente en ese otro Estado miembro, o

b) ejerce una ocupación en ese otro Estado miembro.

3. La información mencionada en los apartados 1 y 2 será facilitada de conformidad con lo dispuesto por el Derecho nacional y los acuerdos internacionales.

Artículo 5

Notificación de las inhabilitaciones a las autoridades nacionales competentes

El punto de contacto nacional notificará a las autoridades nacionales competentes toda inhabilitación de la que haya sido informado el punto de contacto, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3 y 4, con miras a su ejecución de conformidad con lo dispuesto en el Derecho nacional.

Artículo 6

Lenguas

Cada punto de contacto nacional llevará la correspondencia con los demás en su propia lengua, con copia en una lengua de trabajo común a los Estados miembros afectados, salvo que éstos convengan entre sí otra cosa.

Artículo 7

Evaluación

El Consejo evaluará la aplicación de la presente Decisión a más tardar a los dos años de su adopción.

Artículo 8

Entrada en vigor

La presente Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Hecho en Bruselas, ...

Por el Consejo

El Presidente

...

(1) DO C 124 de 3.5.2000, p. 1.

(2) DO C 12 de 15.1.2001, p. 10.

(3) DO C 211 de 23.7.1999, p. 1.