P6_TA(2006)0380

Servicios de interés general

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre los servicios de interés general (2006/2101(INI))

El Parlamento Europeo,

- Vista la Comunicación de la Comisión titulada "Libro Blanco sobre los servicios de interés general" (COM(2004) 0374),

- Vista la Comunicación de la Comisión titulada "Aplicación del programa comunitario de Lisboa — Servicios sociales de interés general en la Unión Europea" (COM(2006) 0177),

- Vista la Decisión 2005/842/CE de la Comisión, de 28 de noviembre de 2005, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 86, apartado 2, del Tratado CE a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general [1],

- Visto el artículo 36 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea relativo al acceso a los servicios de interés económico general,

- Vistos los artículos 2, 5, 16, 73, 86, 87, 88 y 295 del Tratado CE,

- Vistas sus anteriores Resoluciones sobre los servicios de interés general, especialmente su Resolución, de 13 de noviembre de 2001, sobre la Comunicación de la Comisión titulada "Los servicios de interés general en Europa" [2], su Resolución, de 14 de enero de 2004, relativa al Libro Verde sobre los servicios de interés general [3] y su Resolución, de 22 de febrero de 2005, sobre las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público [4],

- Vista su Posición, de 16 de febrero de 2006 sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior [5],

- Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Lisboa de los días 15 y 16 de marzo de 2000, del Consejo Europeo de Niza de los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000, del Consejo Europeo de Laeken de los días 14 y 15 de diciembre de 2001 y del Consejo Europeo de Barcelona de los días 15 y 16 de marzo de 2002 sobre los servicios de interés general,

- Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre los servicios de interés general y, en particular, la sentencia "Corbeau", de 19 de mayo de 1993 (asunto C-320/91) [6], la sentencia "Commune d'Almelo", de 27 de abril de 1994 (asunto C-393/92) [7], la sentencia "Teckal", de 18 de noviembre de 1999 (asunto C-107/98) [8], la sentencia "Chronopost", de 3 de julio de 2003, en los asuntos acumulados C-83/01 P, C-93/01 P y C-94/01 P [9], la sentencia "Altmark", de 24 de julio de 2003 (asunto C-280/00) [10], la sentencia Enirisorse, de 27 de noviembre de 2003, en los asuntos acumulados C-34/01 a C-38/01 [11] y la sentencia "Stadt Halle", de 11 de enero de 2005 (C-26/03) [12],

- Visto el artículo 45 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor así como de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Desarrollo Regional (A6-0275/2006),

A. Considerando que en los Tratados se prevé una economía social de mercado abierta y que en este contexto revisten importancia, entre otros, los principios siguientes:

- la solidaridad, basada en los objetivos de la cohesión social, económica y territorial y desarrollo sostenible, que debe aglutinar a la población,

- la cooperación, que debe permitir la realización de las aspiraciones transnacionales y europeas enunciadas en los Tratados y programas de la UE,

- las fronteras abiertas y un mercado interior con libertad de circulación para las personas, las mercancías, los servicios y los capitales para integrar las economías y las sociedades e incrementar la renta y el bienestar social de los ciudadanos europeos,

- la competencia, que debe permitir la realización del mercado interior de la UE sobre la base de las normas de la economía social de mercado y que está regulada por el Derecho de competencia, que constituye un derecho esencialmente democrático para prevenir, sobre todo, el abuso de los monopolios y del poder económico y velar por la innovación, una gran calidad a precio asequible, la diversificación de la elección de los consumidores y su protección jurídica,

- la subsidiariedad, basada en el artículo 5 del Tratado CE, que debe servir para velar por la pluralidad de los Estados miembros y las diferentes tradiciones que conviven en la UE y por que la UE actúe con la mayor eficacia y proximidad a los ciudadanos sólo cuando de esa manera se obtengan mejores resultados que actuando a nivel nacional o subnacional,

- la proporcionalidad, con arreglo a la cual ninguna acción de la Comunidad podrá exceder lo que sea necesario para lograr los objetivos del Tratado, y

- la democracia, en virtud de la cual el sufragio universal fundamenta la legitimidad de las autoridades públicas nacionales y locales que definen y organizan las misiones, la provisión y la financiación de los servicios de interés general (SIG),

B. Considerando que los SIG no sólo constituyen un elemento importante de la cohesión económica y social, sino que también contribuyen de manera importante a la competitividad de la economía europea,

C. Considerando que la competencia, que debe permitir la realización del mercado interior de la UE sobre la base de las normas de la economía social de mercado y que está regulada por el Derecho de competencia, representa un derecho democrático clave para limitar, no sólo el poder burocrático, sino sobre todo el abuso del poder económico, y para garantizar la protección jurídica de los consumidores,

D. Considerando que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es ahora considerable, evoluciona permanentemente y abarca aspectos diversos de los SIG, entre los que se incluyen las ayudas estatales, la igualdad de trato o la distorsión de la competencia,

E. Considerando el desarrollo de los contenciosos planteados ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas acerca de la compatibilidad de los SIG con las normas del mercado interior y de la competencia europea, así como la necesidad de responder a ello mediante una aclaración del Derecho positivo europeo en este ámbito,

F. Considerando que la evolución de los mercados y la manera en que las empresas se organizan están sometidas a un desarrollo dinámico que varía de un Estado miembro a otro, por lo que la aplicación de unas normas y unas definiciones rígidas constituiría un obstáculo al logro de unos resultados económicos y sociales óptimos,

G. Considerando que es imposible definir los SIG de manera uniforme en un entorno social y económico tan heterogéneo como el que se encuentra en la UE,

H. Considerando que la disponibilidad de unos SIG eficientes forma parte integrante de los sistemas económicos y sociales de todos los Estados miembros; que dicha disponibilidad difiere en gran medida entre un Estado miembro y otro y que el objetivo de realización del mercado interior debe incitar a la Unión Europea a impulsar el establecimiento de unos SIG eficaces y eficientes, respetando plenamente el interés del ciudadano en su doble vertiente de consumidor de servicios y contribuyente, así como las responsabilidades de los Estados miembros, sin interferir de forma indebida en la libertad de las autoridades regionales y locales para establecer y aplicar sus propias prioridades por lo que se refiere a la calidad, frecuencia, asequibilidad y accesibilidad de dichos servicios,

I. Considerando que tanto los SIG como los servicios de interés económico general (SIEG) deberían prestarse de igual modo en todos los rincones de la UE, y que el objetivo de la cohesión económica y social es la reducción de las disparidades entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones y la promoción de un desarrollo general armonioso de la UE, especialmente en los nuevos Estados miembros,

J. Considerando que, de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5, apartado 2, del Tratado CE, compete exclusivamente a los Estados miembros y a sus autoridades locales definir sus SIG, decidir qué servicios deberían prestarse y cómo se organizan, financian, prestan, evalúan y supervisan, lo que debería respetarse plenamente a la hora de elaborar ulterior legislación,

K. Considerando que, en lo que concierne a la compatibilidad de las normas del mercado interior y de la política de competencia con el buen funcionamiento de los SIG, debe preverse la seguridad jurídica que permita otorgar a las autoridades nacionales, regionales y locales el margen de decisión necesario y evitar conflictos y procesos judiciales, con el debido respeto a las normas del mercado interior y a la citada Posición del Parlamento sobre los servicios en el mercado interior, sin perjuicio de una clara aplicación de las normas relativas al mercado interior y la competencia,

L. Considerando que las directivas sectoriales de la CE relativas a los SIEG en las industrias de red y en otros sectores, en los que se ha llevado a cabo o se ha iniciado la apertura del mercado, han servido para propiciar con éxito la prestación de mejores servicios a un precio más bajo y ofrecer un marco fiable,

M. Considerando que las numerosas iniciativas sectoriales para la liberalización del mercado interior en el ámbito de los servicios de interés general y la citada Posición del Parlamento sobre los servicios en el mercado interior aumentan asimismo las oportunidades de competencia y mejores servicios en el ámbito de los SIEG, lo que subraya la necesidad de claridad jurídica en el ámbito de los SIG,

N. Considerando que los SIEG repercuten de forma directa en el mercado interior de los servicios y que una serie de sectores que prestan SIEG se han abierto con éxito a la competencia, con lo que se han modernizado e integrado en dichos mercados de servicios; considerando asimismo que dicha integración se llevó a cabo de manera controlada y estuvo acompañada de medidas para proteger el interés general, en particular el concepto de servicios universales,

O. Considerando que en el artículo 16 del Tratado CE se reconoce la importancia de los SIEG, que los artículos 43 a 49 del Tratado CE ofrecen una base jurídica para la formulación de medidas comunitarias en el ámbito de la libre prestación de servicios; considerando que los artículos 86 y 87 del Tratado CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ofrecen claras indicaciones para abordar las ayudas estatales, las modalidades y los niveles de financiación de los SIEG; considerando que el artículo 95 del Tratado es la base jurídica adecuada para examinar las cuestiones relativas a los procedimientos de adjudicación pública de contratos y cuestiones conexas,

P. Considerando que si bien el artículo 16 y el artículo 86, apartado 2, del Tratado CE se refieren a los SIEG, el Tratado CE no ofrece ninguna definición de éstos; considerando que el Tratado CE no hace mención de los SIG, que fueron presentados como concepto en una comunicación de la Comisión y que, de conformidad con la citada Posición del Parlamento sobre los servicios en el mercado interior, los SIEG deberían quedar excluidos del ámbito de aplicación del artículo 16 de la propuesta de Directiva sobre los servicios y que los SIG deben quedar plenamente excluidos de esa Directiva,

Q. Considerando que se fomentan las diferentes formas de administración y asociación entre los operadores económicos responsables de los SIG y los SIEG y que ello debe hacerse respetando la competencia de los Estados miembros en materia de organización y provisión de estos servicios, en aras de unos servicios más eficientes y de buena calidad,

R. Considerando que conviene prestar mayor atención al objetivo comunitario de alcanzar un elevado nivel de protección de los consumidores, respetando estrictamente el principio de subsidiariedad,

S. Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce y respeta el acceso a los SIEG, con vistas a fomentar la cohesión social y territorial de la Unión,

1. Declara que sus citadas Resoluciones sobre los SIG de 13 de noviembre de 2001, 14 de enero de 2004 y 22 de febrero de 2005 siguen siendo pertinentes, en particular a la luz:

- del principio de subsidiariedad;

- de la desregulación; y

- de la realización del mercado interior y la necesidad de ofrecer servicios de gran calidad;

recuerda que el factor decisivo no es quién presta los SIG, sino más bien que se mantengan unos niveles de calidad y un equilibrio social equitativo y que los criterios se basen en la fiabilidad y la continuidad del suministro; recuerda que el Parlamento aprobó que los servicios de interés económico general cubran una gama muy amplia de industrias;

2. Observa que, con el fin de aprovechar plenamente las oportunidades ofrecidas por el mercado interior, es particularmente importante que las condiciones y disposiciones que regulan la modernización de los mercados garanticen una competencia justa, transparente y eficaz, al tiempo que se preservan la cohesión social y la accesibilidad del servicio universal y se evitan los abusos de posición dominante y la formación de nuevos monopolios que obstaculicen el acceso de nuevos participantes a los mercados;

3. Subraya que los SIG deberían ser de calidad elevada y disponibilidad universal, ser prestados a precio óptimo, respetar el equilibrio social y garantizar la seguridad del abastecimiento, y destaca que numerosos SIG pueden prestarse en el marco de una competencia leal, siempre y cuando se garantice la igualdad fundamental de trato entre las empresas privadas y las públicas;

4. Pide que la Comisión presente al Parlamento un análisis exhaustivo de las incidencias de la liberalización hasta la fecha, en particular con respecto a la situación de los consumidores y de la población activa afectada;

5. Subraya que la mayor parte de los SIEG se suministran en el mercado interior y, por tanto, están sometidos a las disposiciones relativas al mercado interior, a la adjudicación de contratos públicos, a la competencia y a las normas sobre ayudas estatales, así como al control de la Comisión en relación con los abusos, sin que la aplicación de dichas disposiciones impida, de hecho y por derecho, el cumplimiento de la misión específica confiada a los SIEG tal como se establece en el artículo 86, apartado 2, del Tratado CE; destaca que, de conformidad con el artículo 16 del Tratado CE relativo a los SIEG, la Comunidad y los Estados miembros, dentro del marco de sus respectivas competencias, velarán por que esos servicios funcionen con arreglo a principios y condiciones que les permitan cumplir sus cometidos;

6. Considera que las legítimas exigencias en materia de interés general no deben servir de pretexto para un cierre abusivo de los mercados de servicios a aquellos prestadores internacionales que se comprometan a respetar dichas exigencias y estén en condiciones de hacerlo;

7. Subraya que, en particular tras la ampliación de la Unión Europea, conviene asegurar la cohesión en el ámbito de los SIEG y que, en el marco de la política estructural, las infraestructuras de los Estados miembros para los SIEG basados en red deben estar interconectadas, y que se debe mejorar la cooperación transfronteriza para crear un verdadero mercado interior y facilitar la normalización;

8. Tiene en cuenta el peso económico de estos servicios y su importancia para la producción de otras mercancías y la prestación de otros servicios; subraya que la forma en que se organicen los SIEG puede afectar al mercado interior, por ejemplo mediante la prohibición de establecimiento en el país donde se presta el servicio;

9. Considera que los objetivos de las normas de competencia deberían ser la mejora de la calidad de la prestación de servicios, la libertad de elección del consumidor, unos precios moderados y la consecución de otros objetivos de interés público, incluido el desarrollo sostenible;

10. Pide a la Comisión que aclare la distinción entre los SIG y SIEG elaborando criterios operativos, teniendo en cuenta la tradición nacional de los Estados miembros, con arreglo a su carácter de bienes colectivos y de financiación pública o a los mecanismo de solidaridad de los SIG; subraya que, en el caso de muchos SIG, es difícil distinguir entre aspectos económicos y no económicos, debido al carácter dinámico de dichos servicios y a su rápido desarrollo; acoge favorablemente, por lo tanto, el hecho de que, en su Libro Blanco, la Comisión indique que "en caso de conflicto, el cumplimiento efectivo de un cometido de interés general prevalece sobre la aplicación de las normas del Tratado"; reconoce que el intento de definir los SIG no debe conducir a que amplios sectores de esos servicios queden excluidos del ámbito de aplicación de las normas que rigen el mercado interior y la competencia; indica asimismo que una definición exacta sería contraria a la libertad de los Estados miembros para definir sus SIG;

11. Considera que el artículo 86, apartado 2, del Tratado CE contiene garantías para que los Estados miembros puedan garantizar que los SIEG se prestan con arreglo a las obligaciones de servicio universal establecidas en el Derecho comunitario o por los Estados miembros; apoya la interpretación del Tribunal de Justicia en el sentido de que existe un paralelismo entre esta evaluación y el examen de la proporcionalidad en el marco del artículo 49 del Tratado CE;

12. Lamenta que el Tribunal de Justicia, con su jurisprudencia, y la Comisión, mediante su interpretación casuística, determinen las disposiciones en vigor en este ámbito y que, por consiguiente, no haya logrado alcanzarse la seguridad jurídica necesaria ni la adecuada transparencia;

13. Pide igualmente a la Comisión que aclare en particular dos importantes cuestiones: las consecuencias de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a partir de un enfoque sectorial, y la aplicación del Derecho de competencia a los SIG y a los SIEG, en particular en lo relativo a la financiación de dichos servicios;

14. Comprueba que las entidades territoriales a escala municipal y regional han demostrado que pueden ofrecer servicios de interés general cercanos a los ciudadanos y observa igualmente que se trata de las instancias adecuadas para garantizar, en el marco de estos servicios, los derechos de codecisión, la protección de los consumidores y el bien común; subraya que, a escala europea, es importante velar por que no se ponga en peligro la capacidad de las autoridades municipales y regionales para ofrecer este tipo de servicios;

15. Opina, por tanto, que en interés de:

- las autoridades nacionales, regionales y locales, para que, si procede, puedan ofrecer y garantizar a todos los ciudadanos unos servicios adecuados respetando debidamente las normas del mercado interior y la citada Posición del Parlamento sobre los servicios en el mercado interior,

- las empresas (públicas, con fines mercantiles o sin ánimo de lucro) que prestan u ofrecen estos servicios, para que sepan qué condiciones y obligaciones pueden establecer las autoridades, con arreglo al mercado interior y el Derecho vigente, habida cuenta de las misiones de interés general que se les confía, y

- de los usuarios de estos servicios, para que tengan la seguridad de que se podrán facilitar las ofertas definidas y concebidas por los Estados miembros y sus entidades locales en función de las necesidades locales con arreglo, si procede, a condiciones adecuadas de competencia, accesibilidad, calidad, asequibilidad, innovación, adaptabilidad, continuidad, durabilidad, igualdad de trato, planificación a largo plazo, seguridad, universalidad, etc.,

la Comisión debería ofrecer aclaraciones jurídicas, orientaciones y principios para diferentes cuestiones problemáticas, incluida, en particular la aplicación de las normas en materia de mercado interior y competencia al ámbito de los SIG y los SIEG, al tiempo que se vela por la responsabilidad democrática en la aplicación de las normas a los SIG y los SIEG ante los Estados miembros y las autoridades regionales y locales; indica que conviene aclarar el reparto de responsabilidades entre la UE y los Estados miembros y considera que un elemento importante a tal efecto podría ser un enfoque sectorial en que se tenga en cuenta la situación específica en los correspondientes sectores; subraya, en este contexto, que tras la debida evaluación del Tratado y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la definición de los SIG sigue siendo competencia de los Estados miembros; indica asimismo que no se cuenta con base jurídica para una propuesta con vistas a eximir determinados servicios de la aplicación de las disposiciones pertinentes del Tratado CE;

16. Subraya la necesidad de reglamentaciones sectoriales, actuales o futuras, basadas en las normas del mercado interior y el respeto del principio de subsidiariedad, y hace hincapié en que no deben cuestionarse las disposiciones sectoriales; recuerda el éxito de estas reglamentaciones sectoriales y recomienda que el enfoque sectorial se amplíe a otros sectores;

17. Pide a la Comisión que instaure una mayor seguridad jurídica en el ámbito de los SIG sociales y de salud y que presente, si procede, la correspondiente propuesta de directiva sectorial del Parlamento y el Consejo en los ámbitos en que ello resulte apropiado;

18. Insta, en consecuencia, al Consejo a que adopte cuanto antes una posición común sobre la revisión del Reglamento (CEE) no 1191/69 del Consejo, de 26 de junio de 1969, relativo a la acción de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable [13];

19. Propone que, cuando una autoridad competente prevea establecer la provisión de un SIEG, las obligaciones de interés común se asignen mediante un procedimiento de licitación equitativo y transparente, basado en la igualdad de condiciones para todos los competidores, o a través de un acto jurídico que satisfaga los criterios de transparencia;

20. Acoge con satisfacción los marcos jurídicos comunitarios propuestos para las ayudas estatales en forma de pagos compensatorios por las obligaciones de servicio público, así como el propósito de la Comisión de revisar la Directiva 80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas así como a la transparencia entre determinadas empresas [14];

21. Recomienda que, cuando una autoridad competente prevea financiar los SIEG de otro modo que no sea mediante una financiación directa con cargo a su presupuesto general, se decida por una de las siguientes modalidades de financiación, respetando las disposiciones del Tratado CE y, en particular, su artículo 86, apartado 2: bien concesión de unos derechos exclusivos y específicos y de una compensación por la provisión de servicios públicos; bien utilización de un Fondo para la provisión de servicios públicos; indica que en cualquier caso deberá preverse la creación de un sistema tarifario transparente y una financiación adecuada y transparente;

22. Propone que, cuando una autoridad competente prevea conceder una compensación por la provisión de servicios públicos para garantizar la financiación de un SIG, dicha compensación no se considere ayuda estatal en el sentido del artículo 87 del Tratado CE cuando

- se confíe al beneficiario una misión de servicio público claramente definida;

- los parámetros para calcular la compensación se establezcan previamente de forma objetiva y transparente;

- la compensación no exceda de los costes incurridos por la ejecución del servicio público, permitiéndose un beneficio razonable;

- la elección del beneficiario se realice a través de una licitación o la compensación no sea superior a los costes que supondría la buena gestión de una empresa equipada adecuadamente para prestar el servicio público; y

- se haya seguido un procedimiento transparente;

destaca, no obstante, que el importe de la compensación no podrá exceder de lo necesario para operar el servicio y no deberá utilizarse para financiar actividades ajenas al ámbito de aplicación del servicio en cuestión (subvenciones cruzadas); indica que la compensación estará disponible para todos los operadores encargados de la provisión de SIG, independientemente de su naturaleza jurídica;

23. Señala la importancia de transponer con claridad las disposiciones de la citada Decisión 2005/842/CE de la Comisión; subraya, no obstante, que el pago exclusivamente compensatorio por la ejecución de obligaciones de servicio público no debe considerarse ayuda estatal y que la legislación debería modificarse en consecuencia;

24. Subraya que corresponde a las autoridades competentes decidir si suministran directamente un SIG con una unidad propia o conceden su provisión a un proveedor de servicios externo o a proveedores de servicios sin ánimo de lucro, ejerciendo un control similar al que ejercen sobre los servicios que prestan directamente por sí mismas; en caso de que la autoridad competente decida externalizar los SIG, deberá convocar una licitación pública; conviene respetar asimismo el principio de autogobierno local o regional, lo que faculta a la autoridad competente para elegir, con arreglo al interés público, la mejor manera de prestar cada servicio;

25. Opina que la concesión a un proveedor externo de un SIG obliga habitualmente a la autoridad a conceder dicho servicio sobre la base de un contrato público de servicios previa licitación; indica, no obstante, que el principio de adjudicación de un contrato público de servicios debería permitir a la autoridad competente la posibilidad de conceder directamente a un operador de su elección la provisión de un servicio siempre que se trate de casos urgentes; pide a la Comisión que, en conjunción con los Estados miembros y el Parlamento, clarifique los criterios pertinentes en las directivas sobre adjudicación pública de contratos o mediante un reglamento; afirma, en este contexto, que las autoridades locales deberían poder asignar directamente cometidos de servicios a empresas intermunicipales o asociaciones similares o a empresas que posean o controlen, siempre que dichas entidades realicen la parte esencial de sus actividades para la autoridad o las autoridades que las controlen y no compitan en mercados exteriores, pues se trata de una práctica organizativa interna, y considera que debe preverse un mecanismo que no excluya categóricamente de entrada la participación privada;

26. Reclama, en este sentido, con objeto de lograr una mayor eficiencia mediante la incorporación de nuevos operadores y formas de provisión de SIG, una mayor seguridad jurídica para las distintas formas organizativas intermunicipales (cooperación intermunicipal, colaboraciones público-privadas, adjudicación de concesiones), la clarificación del Derecho comunitario en materia de competencia, adjudicación de contratos y ayudas estatales, así como unos criterios generales aplicables en toda Europa; subraya que debe haber una clarificación legal en relación con la externalización de servicios, que es distinta de la adjudicación de contratos públicos; pide a la Comisión que precise las normas de adjudicación de tales servicios externalizados y establezca una distinción inequívoca entre esas normas y las relativas a los contratos públicos

27. Opina que las autoridades competentes deben velar por que, en aquellos sectores para los que haya establecido una reglamentación con obligaciones de interés general o de servicio universal u otro objetivo específico, las reglamentaciones relativas a cada sector se apliquen sobre la base de unas reglas transparentes;

28. Opina que, en aras de una mayor transparencia y protección de los consumidores, son necesarias líneas directrices en los ámbitos siguientes:

- establecimiento de las modalidades de acceso a las redes existentes, en la medida en que el acceso sea necesario para la obtención del servicio;

- determinación del precio o de las condiciones tarifarias para la provisión del servicio;

- velar, si procede, por la competencia y las oportunidades de nuevos empresarios,

- establecimiento de una regulación relativa a la resolución amistosa de litigios entre los proveedores de servicios y los usuarios sin detrimento de la posibilidad de recurrir a acciones judiciales; y

- consulta y, en su caso, recurso a las autoridades competentes en materia de competencia con respecto a todos los detalles que pudieran constituir una violación de las disposiciones en materia de competencia contenidas en el Tratado CE y en el respectivo ordenamiento jurídico nacional;

29. Propone, en interés de unos SIG de alta calidad y eficacia, suscitar la evaluación comparativa, voluntaria y periódica y la creación de mecanismos de medición de calidad a escala nacional y europea; se apoyará el intercambio de experiencias y el fomento de mejores prácticas y la participación de todas las partes interesadas; dichas medidas podrían abordar los aspectos siguientes:

- desarrollo de métodos globales de evaluación que incluyan criterios económicos, sociales y medioambientales;

- protección y seguridad de los usuarios del servicio;

- adecuación y proporcionalidad de las normas en relación a los objetivos y costes del servicio;

- difusión y publicación más amplia posible de las normas; y

- control sencillo y eficaz de la aplicación de las normas, que podría establecerse sobre la base de una carta o de un código de conducta;

30. Subraya la importancia de reforzar la capacidad de supervisión de los Estados miembros, con el fin de asegurar que los objetivos de las políticas públicas, incluidas las normas sobre el carácter asequible y la calidad, se realicen en la práctica; subraya también la necesidad de que las autoridades públicas competentes cuenten con instrumentos y conocimientos especiales adecuados para poder garantizar la observancia de la competencia y la protección de los consumidores;

31. Pide a la Comisión que, en virtud de su Resolución de 14 de enero de 2004, de su Resolución de 9 de marzo de 2005 sobre la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa [15], y de la presente Resolución, presente las iniciativas jurídicas pertinentes, a las que se hace referencia en la presente Resolución, y recuerda que todas las partes implicadas en el ámbito de los SIG y los SIEG deberían ejercer plenamente las competencias de codecisión que les confiere el Tratado;

32. Recuerda que los acuerdos internacionales celebrados por la Comunidad y las obligaciones que de ellos se derivan deben ser compatibles con las políticas y las normas internas de la Comunidad;

33. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

[1] DO L 312, de 29.11.2005, p. 67.

[2] DO C 140 E de 13.6.2002, p. 153.

[3] DO C 92 E de 16.4.2004, p. 294.

[4] DO C 304 E de 1.12.2005, p. 117.

[5] "Textos Aprobados", P6_TA(2006)0061.

[6] Rec. 1993, I-2533.

[7] Rec. 1994 I-1477.

[8] Rec. 1999 I-8121.

[9] Rec. 2003 I-6993.

[10] Rec. 2003 I-7747.

[11] Rec. 2003 I-14243.

[12] Rec. 2005 I-1.

[13] DO L 156 de 28.6.1969, p. 1.

[14] DO L 195 de 29.7.1980, p. 35. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2005/81/CE (DO L 312 de 29.11.2005, p. 47).

[15] DO C 320 E de 15.12.2005, p. 164.

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