ANEXO

1.OBJETIVOS

La Comisión debe perseguir en las negociaciones los objetivos que se detallan a continuación:

a)Las negociaciones han de garantizar la plena compatibilidad del Convenio y de los Protocolos adicionales con el Derecho de la Unión y con las obligaciones que este impone a los Estados miembros, en particular en lo que respecta a las competencias de investigación concedidas a las Partes no pertenecientes a la UE.

b)En concreto, las negociaciones deben garantizar el respeto de los derechos fundamentales, las libertades y los principios generales del Derecho de la Unión, consagrados en los Tratados de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales, incluido el de proporcionalidad, las garantías procesales, la presunción de inocencia y el derecho de defensa de las personas imputadas en un proceso penal, así como el respeto de la vida privada y la protección de los datos de carácter personal y los datos de comunicaciones electrónicas objeto de tratamiento, incluidas las transferencias a las autoridades con funciones coercitivas de los países no pertenecientes a la Unión Europea, y cualesquiera obligaciones que correspondan a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y a las autoridades judiciales a este respecto.

c)Por otra parte, el Segundo Protocolo adicional debe ser compatible con las propuestas legislativas de la Comisión sobre las pruebas electrónicas, tanto a medida que estas evolucionan en las negociaciones de los colegisladores en el marco del procedimiento legislativo como, finalmente, en su forma definitiva (una vez adoptadas), y prevenir los conflictos de leyes. En particular, el Protocolo debe reducir en la mayor medida posible los riesgos de que las órdenes de entrega emitidas en el marco de un futuro instrumento de la UE sean contradictorias con las legislaciones de terceros países que sean Partes en el Segundo Protocolo adicional. Si va acompañado de salvaguardas apropiadas en materia de protección de datos y de respeto de la vida privada, facilitaría el cumplimiento por parte de los proveedores de servicios de la UE con las obligaciones que les incumben en virtud de la legislación de la UE en materia de protección de datos y respeto de la vida privada, en la medida en que un acuerdo internacional de estas características podría servir de base jurídica para la transferencia de datos en respuesta a las órdenes o solicitudes de entrega formuladas por una Parte en el Segundo Protocolo adicional no perteneciente a la UE que obliguen a un responsable o encargado del tratamiento a comunicar datos personales o datos de comunicaciones electrónicas.

2.CUESTIONES ESPECÍFICAS

I. Relación con el Derecho de la UE y otros (posibles) acuerdos:

d)Ha de garantizarse que el Segundo Protocolo adicional contenga una cláusula de desconexión que establezca que los Estados miembros, en sus relaciones mutuas, sigan aplicando la normativa de la Unión Europea y no el Segundo Protocolo adicional.

e)El Segundo Protocolo adicional podría aplicarse en ausencia de otros acuerdos internacionales más específicos que vinculen a la Unión Europea o a sus Estados miembros y a otras Partes en el Convenio, o, en caso de que existan dichos acuerdos internacionales, únicamente en la medida en que ciertas cuestiones no estén reguladas por dichos acuerdos. Tales acuerdos internacionales más específicos deben, por tanto, prevalecer sobre el Segundo Protocolo adicional, siempre que sean coherentes con los objetivos y principios del Convenio.

II. Disposiciones tendentes a reforzar la eficacia de la asistencia jurídica mutua:

f)En la versión actual del borrador, las disposiciones relativas a las «Lenguas en las que deben formularse las solicitudes» establecen que las solicitudes deben presentarse en una lengua que sea aceptable para la Parte a la que se dirige la solicitud o ir acompañadas de una traducción a dicha lengua. La Unión Europea debe apoyar el borrador y el informe explicativo adoptado con carácter preliminar.

g)Las disposiciones relativas a los «Procedimientos de urgencia para las solicitudes de asistencia jurídica mutua», tal como están redactadas en el borrador actual, permiten procurarse asistencia de forma rápida mediante el envío de una solicitud en formato electrónico cuando la Parte solicitante estime que existe una emergencia, definida como una situación en la que existe un riesgo significativo e inminente para la vida o la seguridad de cualquier persona física. La Unión Europea debe apoyar el borrador y el informe explicativo adoptado con carácter preliminar. El alcance de la asistencia mutua debe ser idéntico al establecido en el artículo 25 del Convenio.

h)Por lo que se refiere a las disposiciones relativas a las «Videoconferencias», la Unión Europea ha de cerciorarse de que el Segundo Protocolo adicional sea coherente, en la medida de lo posible, con las disposiciones correspondientes de los acuerdos internacionales existentes entre la Unión Europea y sus Estados miembros y otras Partes en el Convenio. Las disposiciones deben permitir a los Estados miembros garantizar el respeto de las salvaguardas aplicables en materia de derechos procesales derivadas del Derecho nacional y del Derecho de la Unión.

i)Con respecto a las disposiciones sobre el «Modelo de aprobación», la Unión Europea ha de velar por que el borrador y la exposición de motivos incluyan elementos (p. ej. plazos máximos obligatorios para las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales) que garanticen que su utilización se traduce en unos procedimientos más rápidos; además, debe garantizar que la carga que pesa sobre los proveedores de servicios es proporcionada, y que se aplicarán, en su caso, vías de reparación.

III.Disposiciones destinadas a permitir la cooperación directa con los proveedores de servicios en otras jurisdicciones:

j)Con respecto a las disposiciones relativas a la «Cooperación directa con los proveedores en otras jurisdicciones», la Unión Europea debe garantizar que el Segundo Protocolo adicional es compatible con el Derecho de la Unión e incluye las salvaguardas apropiadas y que la carga que pesa sobre los proveedores de servicios es proporcionada.

k)Por lo que se refiere a las disposiciones relativas a las «Órdenes de entrega internacionales», la Unión Europea ha de garantizar que el Segundo Protocolo adicional incluye salvaguardas apropiadas de los derechos fundamentales, teniendo en cuenta el diferente nivel de sensibilidad de las categorías de datos de que se trate y de las salvaguardas incluidas en las órdenes de entrega europeas para las diferentes categorías de datos.

l)Con respecto a las disposiciones sobre las «Órdenes de entrega internacionales», la Unión Europea no debe oponerse a la inclusión en el Segundo Protocolo adicional de otras salvaguardas y motivos de denegación no previstos en las propuestas de la Comisión sobre las pruebas electrónicas, tanto durante las negociaciones en el marco del procedimiento legislativo por parte de los colegisladores como, finalmente, en su forma definitiva (una vez adoptadas), como la notificación y el consentimiento por parte del Estado del proveedor de servicios y el control previo por parte de un órgano jurisdiccional o de una entidad administrativa independientes, siempre que ello no reduzca desproporcionadamente la eficacia del instrumento en virtud del Segundo Protocolo adicional (por ejemplo, en los casos urgentes debidamente justificados). Las salvaguardas y motivos de denegación adicionales no deben afectar al funcionamiento de las propuestas sobre las pruebas electrónicas de la UE entre los Estados miembros.