8. 3. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 60/19 
averiguar si se han concedido posibilidades reales a los 
eventuales licitadores sin tener en cuenta su país de 
origen. 
Artículo 8, apartado c) 
El Comité no comprende por qué ha de darse a los 
auditores el cometido de sugerir vías de recurso para 
1. Observaciones generales e introductorias 
1.1. Un objetivo finalmente alcanzado 
El decimonoveno Informe sobre la política de compe­
tencia comienza destacando el objetivo que está previsto 
alcanzar, para fines de año, en materia de control de 
las concentraciones. 
El Reglamento específico fue aprobado el 21 de diciem­
bre de 1989 y ha entrado en vigor el 21 de septiembre 
del presente año. 
Compartimos la satisfacción que expresa claramente la 
Comisión a este respecto, si bien persisten dudas sobre 
la interpretación y aplicación de los respectivos textos. las infracciones al Tratado. Esta exigencia podría supri­
mirse. La supresión sería tanto más lógica si se aceptase 
un informe positivo de los auditores como condición 
para la no aplicación del artículo 2, tal como se propone 
en el punto 10 de este documento. En caso de que se 
produjesen infracciones del Tratado, simplemente no 
se libraría la certificación. 
1.2. La Comisión y el Comité Económico y Social 
Es justo y correcto congratularse por los resultados 
alcanzados durante el año objeto de balance, pero tam­
bién lo es, además de útil en perspectiva, interrogarse 
sobre la calidad del resultado, sobre su total realización, 
sobre la posibilidad real de aplicación, sobre las reaccio­
nes e implicaciones suscitadas o previsibles, etc. 
De hecho, una permanente actitud crítica y autocrítica 
solamente puede ser fecunda, si se practica en un 
espíritu de colaboración efectiva y con la demostrada 
participación en los objetivos que cada año se plantea 
la Comisión en el marco de su programa de acción para 
la total realización del mercado interior. 
El Comité Económico y Social comparte este espíritu 
y, basándose en él, expresa en este dictamen su propia Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 1990. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Frangís STAEDELIN 
Dictamen sobre el decimonoveno Informe sobre la política de competencia 
(91/C 60/07) 
El 23 de julio de 1990, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y 
Social sobre el decimonoveno Informe sobre la política de competencia. 
La Sección de industria, comercio, artesanía y servicios, encargada de preparar los trabajos 
en la materia, adoptó su dictamen el 5 de diciembre de 1990 (ponente: Sr. Bagliano). 
En su 282° pleno (sesión del 19 de diciembre de 1990), el Comité Económico y Social ha 
aprobado por unanimidad salvo 3 abstenciones el siguiente dictamen. 
N° C 60/20 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 3. 91 
valoración, confirmando algunas críticas, presentando 
nuevas propuestas y estimulando a la Comisión en 
relación con las orientaciones de la política de compe­
tencia. 
El Comité toma nota de la seguridad expresa de que 
las propuestas contenidas en este dictamen sobre el 
anterior informe serán tenidas en cuenta a la hora de 
elaborar la futura política, y vincula a la Comisión a 
esta promesa. 
1.3. El balance global de la competencia 
Nuevos sectores económicos han entrado ya en el 
ámbito de aplicación de las normas comunitarias en 
materia de competencia: transportes, telecomunicacio­
nes, sistemas audiotelevisivos y energía. 
Es interesante destacar a este respecto el concepto de 
« balance global de la competencia » que la Comisión 
considera como referencia obligatoria en la valoración 
de casos concretos. 
De hecho, el concepto de globalidad, en el que el Comité 
Económico y Social siempre ha insistido, no afecta 
únicamente al mercado -comunitario e internacionaj-
sino también a las interconexiones entre todas las políti­
cas comunitarias, dentro de una coherente y realista 
visión de conjunto, globalidad geográfica y política. 
1.4. El espacio de las normas nacionales sobre la com­
petencia 
Si bien debe admitirse que las normas sobre la compe­
tencia contenidas en el Tratado son directamente apli­
cables en los ordenamientos jurídicos nacionales, no es 
menos cierto que la línea de separación entre la política 
de la competencia a nivel comunitario y las políticas 
nacionales parece cada vez más imprecisa e incierta. A 
pesar de que la aproximación de las legislaciones a la 
legislación comunitaria es cada vez más evidente (algu­
nas modificaciones han sido introducidas en las legisla­
ciones nacionales y la nueva ley italiana refleja en gran 
parte el espíritu y la letra del Tratado) sigue existiendo 
una zona gris de incertidumbre jurídica que es preciso 
clarificar. 
El Comité pide a la Comisión que reflexione y clarifi­
que, incluso mediante « comunicaciones » especiales de 
orientación, no solamente destinadas a las empresas 
sino también y sobre todo a los tribunales nacionales. 
Los niveles comunitario y nacional no constituyen 
« fronteras » infranqueables y rígidas, sino momentos 
flexibles de una política de competencia que, mediante 
el principio de la subsidiariedad, puede y debe conservar 
su espíritu original, perseguir la finalidad del Tratado y 
hallar una coherente aplicación en toda la Comunidad. 2. Problemas específicos 
2.1. Distribución 
La distribución de productos constituye sin duda una 
fase delicada y compleja del proceso económico produc­
tivo, a la que la Comisión ha dedicado siempre gran 
atención. 
Los numerosos Reglamentos de exención por categorías 
testimonian esta atención, justificada también por los 
numerosos acuerdos de este tipo. A nivel comunitario 
existe ya una normativa y una jurisprudencia consoli­
dadas. 
Toda vez que estas exenciones por categoría de acuer­
dos, como todas las excepciones previstas en el apartado 
3 del artículo 85 del Tratado, se establecen por tiempo 
determinado, es legítimo que los sectores interesados 
confíen, en el período de tiempo en cuestión, en el 
marco jurídico establecido en el propio Reglamento de 
exención. 
Por contra, la Comisión manifiesta una cierta perpleji­
dad y da señales de reconsideración, sin que estén claras 
las motivaciones y las alternativas. 
2.2. Control de las concentraciones 
El Reglamento base ha sido publicado (*) e incluye 
algunas rectificaciones de errores materiales en las 
diversas versiones lingüísticas (algunas rectificaciones 
son realmente muy importantes para una mejor com­
prensión e interpretación del texto). 
El Comité adoptó ya su dictamen con fecha 2 de junio 
de 1988 (2), si bien desea confirmar su acuerdo, salvo por 
algunas reservas que únicamente la aplicación práctica 
podrá solucionar. La experiencia podrá también sugerir 
ciertas modificaciones del propio Reglamento. 
Concretamente, teniendo en cuenta que el umbral de 
la dimensión comunitaria es alto (al menos para los 
primeros años de aplicación), los criterios y parámetros 
deberán aplicarse a partir de ahora en una amplia 
perspectiva, tanto geográfica como temporal. Toda 
definición de « relevant market» deberá tener en cuenta 
la competencia potencial no sólo actual sino sobre todo 
futura, y no sólo en la Comunidad sino sobre todo a 
nivel internacional. 
Con la realización del gran mercado interior, el mer­
cado geográfico estará constituido ya, al menos por 
el conjunto del mercado común y, para un número 
importante de sectores, del mercado mundial. 
(M DO n° L 257 de 21. 9. 1990, p. 14. 
(2) DO n° C 208 de 8. 8. 1988, p. 11. 
D5^1 lOiario Concia! de las comunidades Europeas ^C^uA^l 
^m5 ^r^^o^ 
El ámbito de aplicación de las normas de competencia 
se esta ampliando a muchos ^ servicios^, mediante 
reglamentos especihcos, que tienen en cuenta la especia 
hcidad del sector telecomunicaciones y transporte 
aereo son los dos ejemplos mas notablesP 
^n embargo, como en el caso de las concentraciones, no 
basta con aplicar la normanva comunitarias es preciso 
también mtervemr,cuando sea necesario, en las normad 
tivas nacionalesque crean barreraspara una efectiva 
apertura a la competencia en determinados sectores 
^por ejemplo,servicios postales, concesiones publicasy 
monopolios comerciales^ 
Enditerentesocasiones,el Comitehamamtestadoya 
la absoluta necesidad de que las ayudas públicas 
—aunque autorizadas—sean siempre transparentes y 
decrecientes. 
tibien este debe ser el principio mspiradoryel objetivo 
hnal, ello no impide que el presente proceso de integrad 
cion comunitaria pueda hacer considerar aún compara 
bles—en condiciones precisas—algunas ^ ayudase 
determinadas dificultades excepcionales en algunos 
sectoresysituaciones concretas, tanto de algunas regios 
nes como de Estadosmiembros,hancontado siempre 
con la atenta consideración de la comisión. 
Lasayudas que son incompatibles con elLratado tienen 
por otraparteunaclaradetmicion, también através 
de las normativas marco sectoriales y la numerosa 
legislación ya existente. 
La realización del mercado único exige hoy masque 
nunca una activa política de competencia, paralela a 
una política industrial de mas envergadura, a tin de 
tomar en consideración el enorme estuer^o que la eco 
nomia comunitaria deberá realizar para adaptarseala 
nueva situación. La reestructuración de la oterta en el 
mercado interior nopuedepasar por altolosretle^os 
que la competencia de origen extracomunitano esta 
produciendo ya en el ámbito de la Comunidad y de 
determmadosPstados miembros en particular. 
Concretamente, las pequeñas y medianas empresas 
deben hacer trenteaimportantesriesgoseinversiones 
ahn de mantener una tuncionnueva^competitiva en 
la perspectiva de t^P 
El primer Libro Blanco sobre las ayudasestatales ha 
sido seguido por un segundo Libro Blanco, lo que 
demuestra en si la gran dihcultad existente para conocer 
las situaciones en losditerentes países miembros. Un 
correcto conocimiento constituye un presupuesto esen 
cial para una correcta política de mtormacion, con 
carácter no solo represivo sino también de autorización, 
y, por ello, sedebe apoyar una actitud tlexible, y en 
cierto sentido autocrítica,por parte de laC^ormsion en 
la puesta al diaycorreccion de los propios documentos, 
en los que en dehmtiva hallan su referencia las propias 
iniciativas de la política de competencia. El carácter coyunturalmente excepcional de algunos 
sectores exige no obstante, una valoración que, siempre 
dentro del respetoalas normas delTratado, sepa mirar 
haciaeltuturo con realismo, sin olvidar que también 
lacompetenciaextracomunitanadisthota,en muchos 
casos y sectores, de ayudas, de diferentes tormas y 
caractensticas,garanti^adaspor lasautondadesesta 
tales. 
En relación con la actitud hacia la empresa pública, el 
comité comparte la posición de la comisión dingidaa 
aplicarlas mismas normas váhdaspara las empresas 
privadas. Estasnormas deberán, smembargo,elabo 
rarse deforma tal que eviten cualquier posible discnmi^ 
nación entre ambas categorías de empresas. 
L^^^o^^^^o^^^co^o^. 
^.L El comité ha señalado ya a la comisión la 
persistencia en la comunidad de numerosasyconside-
rabies diferencias de precio entre productos comparad 
bles. 
Lapersistenciadel^enómenoinduceaconsiderarque 
el problema es complejo pero, sobre todo, que el proD 
ceso de construcción de un etectivomercado único es 
todavía largoyestállenodediticultades.^on muchos, 
efectivamente, los tactores que influencian, directa e 
indirectamente, la formación de los precios. 
^aen diversas ocasiones en elpasado,elC^omité, así 
como el parlamento Europeo, han destacado la impor^ 
tanciayla pertinencia de los estudios sobre el sistema 
de precios en los diferentes mercados, pidiendo por 
otra parte a la comisión que, al mismo tiempo, no 
descuidase las diferencias estructurales, sectoriales y 
generales quesubsisten aunen losditerentesEstados 
miembros. 
La comparación de los precios establecidos en cada uno 
de los Estados miembros para un mismo producto 
constituye ciertamente un ejercicio útil como instruD 
mentó de conocimiento y análisis, aunque quizás no 
como índice absoluto de valoración del grado de compeD 
tencia existente entre los Estados miembros. La diterenD 
cía de precios constituye sin duda un signo de una 
situación que únicamente puede determinar también 
una distorsión de la competencia, ^m embargo, además 
de esta consecuencia, mas directamente sentida por los 
consumidores, hay otras numerosasconcausas, como 
la diversidad de los sistemas hscales, las normas técnicas 
ytambién las estructuras administrativas. 
Elcote^ode los precios practicadosen losditerentes 
Estados miembros enun sector determinado del merD 
cado sigue siendouninstrumentoesencialde conoce 
mientoyde control, que debe ir,sin embargo, asociado 
aun detalladoanahsis délas diferencias estructurales 
ysocioeconomicas que siguen caractenzandoalosmer 
cados nacionales. 
N° C 60/22 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 3. 91 
Por consiguiente, es preciso continuar los trabajos de 
armonización y aproximación que deberán llevar a 
una mayor homogeneidad que constituye el supuesto 
indispensable para poder realizar comparaciones 
correctas y llegar a conclusiones válidas. 
2.5.2. En principio, los precios deben ser resultado 
del « mercado », es decir, del libre juego de las fuerzas 
económicas, y la política de competencia debe garanti­
zar que este resultado se alcance dentro de la observan­
cia de los respectivos papeles de todas las partes econó­
micas y sociales, en interés del consumidor y en el 
respeto a las normas legales en materia de medio 
ambiente y territorio (para citar sólo los dos aspectos 
mas actuales y relevantes). 
Por consiguiente, ni la formación ni el nivel de los 
precios deberán ser objeto de intervención abusiva por 
parte de las empresas o las propias autoridades naciona­
les, las cuales deberán administrar pocas excepciones 
marginales que se enmarcan, por otra parte, en los 
sistemas nacionales de control y vigilancia. 
Debido precisamente a que la completa integración de 
los mercados aún no es una realidad, las legislaciones 
nacionales tienen todavía una función que cumplir en 
materia de control, a fin de evitar los abusos y de 
garantizar, en la medida de lo posible y en determinados 
casos, una cierta estabilidad de precios. 
Las palancas en materia de maniobra coyuntural siguen 
estando, en gran medida, en manos nacionales, si bien 
aumenta la voluntad de cooperación y coordinación 
del sistema bancario y, en particular, de los bancos 
centrales. 
La Comisión dispone a este respecto de instrumentos 
directos de instrucción, aunque no de poderes directos 
de intervención, en el ámbito de la aplicación de las 
normas sobre la competencia, en cuyo ámbito, en mate­
ria de aplicación de los artículos 85 y 86, los sujetos son 
las empresas y no los Estados miembros. Sin embargo, 
existe también la letra f) del artículo 3 y el párrafo 2 
del artículo 5(!). Además, la Comisión podrá hallar 
una legitimación más amplia, pero no menos clara y 
precisa, en el primer guión del artículo 155, donde se 
establece que la Comisión « velará por la aplicación de 
las disposiciones del presente Tratado, así como por 
las disposiciones adoptadas por las instituciones en 
virtud de este mismo Tratado ». 
Sin embargo, y como un primer paso para una eficaz 
vigilancia, podría realizarse un inventario de las legisla­
ciones y reglamentaciones existentes en cada uno de los 
Estados miembros que pueden tener cierto impacto 
sobre la competencia. 
(') « ... la acción de la Comunidad llevará consigo ... el estableci­
miento de un régimen que garantice que la competencia no 
será falseada en el mercado común •>, (artículo 3, f); « Los 
Estados miembros se abstendrán de todas aquellas medidas 
que puedan poner en peligro la realización de los fines del 
presente Tratado » (artículo 5). 2.6. Dumping 
El Comité considera oportuno prestar una gran aten­
ción al fenómeno de « dumping » en el marco de una 
política atenta y responsable tanto comercial como de 
la competencia. 
La Comisión ha adquirido ya una experiencia sufi­
ciente, sobre todo en los sectores que registran, en ciclos 
recurrentes, iniciativas incorrectas en los precios a la 
importación. 
Las barreras a los intercambios están desapareciendo 
en casi todos los lugares; con gradualidades diversas, 
se reducen tanto los aranceles como los contingentes. 
La salvaguardia reside pues únicamente en la verifica­
ción del dumping y en los consiguientes procedimientos 
de defensa. 
La Comisión ha demostrado celeridad en sus interven­
ciones, así como una serena objetividad en la conclusión 
de los procedimientos. 
Continuando con su política de responsable vigilancia, 
la Comisión interpreta correctamente una política de 
competencia orientada hacia el crecimiento y la defensa 
del mercado interior, en el respeto a las reglas del 
Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio 
(GATT), por otra parte siempre inadecuado por la falta 
de la famosa « cláusula social » deseada por numerosos 
sectores y solicitada en diversos organismos. 
2.7. Procedimiento 
El Reglamento sobre el control de las concentraciones 
contiene algunas novedades relevantes en lo relativo a 
los plazos de tiempo, las modalidades de participación 
de las partes interesadas, y la colaboración de las admi­
nistraciones de los Estados miembros. 
2.7.1. Se prevén plazos muy breves, especialmente si 
se comparan con los que son precisos habitualmente 
para obtener una decisión de la Comisión. 
Con mucho realismo, el Reglamento reconoce que la 
notificación preventiva debe disponer de un procedi­
miento acelerado. A este respecto, el Comité se pregunta 
si esta laudable intención va a ser lealmente respetada 
sin recurrir al expediente de la información « incom­
pleta » para interrumpir los plazos. 
2.7.2. Los encuentros preliminares informales consti­
tuyen una interesante novedad, más o menos recomen­
dada por el Reglamento, a fin de permitir que la Comi­
sión respete el plazo de un mes y también a fin de 
agilizar al máximo el procedimiento. 
Este enfoque merece ser apoyado, también, en parte, 
porque compensará la complejidad del Formulario CO, 
cuya compilación se verá simplificada en la práctica 
8. 3. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 60/23 
tanto por la experiencia como por la buena voluntad 
de todos. 
2.7.3. Otro aspecto interesante es el mayor papel 
que se concede a las administraciones nacionales y la 
exigencia de una colaboración y de una eficaz coordina­
ción con la Comisión. 
El Tribunal de Justicia ha confirmado ya en varias 
ocasiones las competencias de la Comisión en el ejerci­
cio de su propia función, incluso en el interior de los 
Estados miembros y con su colaboración, mientras que 
un hecho, aparentemente solo nacional, pueda en cam­
bio tener influencia en los intercambios intracomunita-
rios. 
El primado del derecho comunitario sobre los ordena­
mientos nacionales ya no se discute; sin embargo, es 
útil destacar que afecta también a las relaciones de las 
administraciones nacionales con la Comisión. 
2.7.4. En cuanto a la aplicación de los artículos 85 
y 86 del Tratado, la Comisión tiene, en virtud del 
Reglamento n° 17 (primer Reglamento de aplicación de 
los artículos 85 y 86 del Tratado, DO n° 13 de 21. 2. 
1962), poderes casi jurisdiccionales. Ello viene confir­
mado por el hecho de que el artículo 19 del Reglamento 
n° 17 prevé la posibilidad de que los interesados mani­
fiesten su punto de vista en relación con las objeciones 
a su cargo, así como la posibilidad de ser escuchados 
en unas condiciones que aseguren los derechos de la 
defensa y que induzcan a la Comisión a tomar una 
decisión de manera autónoma e imparcial. 
Por otra parte, se comprueba que, a través de los 
comunicados de prensa, la Comisión ha dado a conocer 
en ciertas ocasiones sus objeciones contra determinadas 
empresas antes de adoptar cualquier decisión. 
El Comité pide a la Comisión que examine si dicha 
práctica es correcta. De hecho, podría pensarse que la 
publicación puede comprometer la decisión final de la 
Comisión, que corre el riesgo de hallarse en una deli­
cada situación cuando la decisión final rechace las 
objeciones formuladas y ya notificadas a la prensa. 
2.8. Legislación comunitaria y legislaciones nacionales 
El reciente Reglamento sobre control de las concentra­
ciones constituye y constituirá un banco de pruebas muy 
eficaz para evaluar la coordinación entre la legislación 
comunitaria y las legislaciones nacionales. 
Sin embargo, la existencia de un Reglamento específico 
sobre control de las concentraciones no debe inducir a 
la Comisión a limitar su vigilancia únicamente a las 
operaciones de concentración de dimensión comunita­
ria, actuales o futuras. Existen, por ejemplo, en muchos sectores, situaciones 
específicas que reflejan ya un elevado índice de concen­
tración, y en las que la vigilancia -al margen del Regla­
mento n° 4064- se realiza únicamente con la eventual 
represión de « abusos » de posición dominante (artículo 
86). 
Por consiguiente, se trata de verificar y controlar las 
condiciones reales de competencia efectiva, en tal o cual 
sector, consiguientes a operaciones de control cuyas 
dimensiones -por la estructura fisiológica del propio 
sector- no puedan ser en ningún caso « comunitarias » 
(en el sentido del artículo 1 del Reglamento n° 4064). 
Por otra parte, todas las operaciones de concentración 
que no sean de dimensión comunitaria deberán entrar 
(lo que puede ser no siempre cierto) en el ámbito de 
aplicación de las leyes nacionales; en algunos casos, no 
sólo de estas sino también en el ámbito de aplicación 
simultánea de otras leyes nacionales de diferentes Esta­
dos miembros. 
No deben excluirse en estos casos diferencias y conflic­
tos, y, por consiguiente, problemas. La Comisión no 
tendría ninguna legitimación para hacer, por propia 
iniciativa de arbitro super partes. El Reglamento n° 
4064 confiere, de hecho poderes e instrumentos muy 
condicionados y limitados. 
Pero existen poderes e instrumentos—que el Comité 
desea recordar todavía (véase 2.5)—en otros artículos 
del Tratado (letra f del artículo 3, y artículo 155) 
con los que la Comisión puede sentirse estimulada y 
legitimada en sus medidas de intervención más eficaces 
en los casos en que sea preciso. 
Surge por consiguiente la necesidad clara, en primer 
lugar, de colaborar lealmente entre los Estados miem­
bros además de, paralelamente, una mayor y mejor 
colaboración entre la Comisión y los gobiernos nacio­
nales. 
2.9. Estudios e investigaciones 
El Comité, en precedentes dictámenes, se apoyaba en las 
investigaciones y estudios que la Comisión encargaba a 
terceros, resumiendo después los resultados en la última 
parte de su Informe Anual. 
Considerando que la Comisión afirma siempre la res­
ponsabilidad de los datos o de las opiniones expresadas 
corresponde a las universidades o a los expertos exterio­
res que han efectuado el estudio, y visto que estos 
estudios son publicados separadamente, sería más útil 
leer en el Informe anual las revisiones y las eventuales 
conclusiones de la propia Comisión, con el mismo 
grado de responsabilidad del propio informe en su 
conjunto. 
Además, es preciso intensificar la difusión de las publi­
caciones en materia de normas de competencia a todos 
los niveles, con particular atención a las pequeñas y 
medianas empresas de los Estados miembros de reciente 
adhesión a la Comunidad. Además de lo ya realizado, 
N° C 60/24 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 3. 91 
o en curso de realización, seria particularmente útil 
realizar un estudio-guía sobre los contratos de transfe­
rencia de tecnología, de gran ayuda no solamente para 
los países recientemente adheridos sino también para 
las empresas de los países en vías de desarrollo. 
2.10. Los recursos de la Dirección General IV 
Un Reglamento especial como el de control sobre las 
concentraciones ha inducido a la Comisión a crear 
una * Task-force concentration » en la que confluyen 
algunos recursos ya presentes y otros nuevos provenien­
tes de Estados miembros con experiencia específica. 
Es difícil poder expresar una valoración sobre la previ­
sión de la carga de trabajo que recaerá sobre la « Task 
forcé » creada al efecto, derivada de la aplicación del 
nuevo Reglamento. El número de cincuenta notificacio­
nes podría ser poco o demasiado. Quizás una potencia­
ción de las Direcciones B, C y D hubiera permitido una 
mayor flexibilidad interna y, sobre todo, la utilización 
de la experiencia sectorial ya adquirida por cada una 
de esas oficinas. 
No causa perplejidad, sin embargo, la exigencia de un 
incremento de los recursos de la Dirección General IV; 
el Comité siempre ha insistido en este punto, conocedor 
de la carga de trabajo y responsabilidad de esa Direc­
ción General. 
3. Relaciones internacionales 
3.1. Actividades internacionales de la Comisión 
La colaboración con la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y la Organización de cooperación y 
desarrollo económicos (OCDE) debe verse potenciada 
con el impulso dado por la creciente solidaridad del 
espacio comunitario. 
Asimismo, en cuanto al GATT, y tal como el Comité 
ha afirmado en sus dictámenes dedicados a los proble­
mas que están siendo discutidos, la Comisión debe 
ejercer una acción firme, en la óptica de una visión 
de la competencia equitativa entre las diferentes áreas 
económicas internacionales en concurso. 
Hecho en Bruselas, el 19 de diciembre de 1990. 3.2. Comunidad Económica Europea (CEE)-Asocia-
ción europea de libre cambio (AELC) 
El Comité se ha manifestado ya extensamente sobre las 
relaciones CEE-AELC y sus deseables perspectivas (l). 
Las dificultades nacen, entre otras cosas, de la diferente 
estructura institucional de las dos zonas, por lo que 
resulta vano perseguir integraciones imposibles, al 
menos en los próximos tiempos. 
Sin embargo, debería hacerse una excepción en lo rela­
tivo a la política de la competencia, por cuanto la 
realidad de los intercambios comerciales impone que se 
respeten normas comunes y que se aseguren ciertas 
garantías mínimas de equidad. 
3.3. Cooperación CEE-Estados Unidos y CEE-JAPÓN 
El Comité considera que los contactos con las autorida­
des antitrust de terceros países son siempre útiles, e 
incluso necesarios. 
En particular, en sus relaciones con las dos grandes 
áreas extracomunitarias—Estados Unidos y Japón—la 
aplicación del reciente Reglamento sobre el control de 
las concentraciones no debería cambiar las cosas. 
Los intercambios de información y los contactos bilate­
rales informales constituyen las ocasiones más favora­
bles, sin llegar a constituir verdaderos acuerdos que por 
otra parte, serían de difícil configuración jurídica. 
Las implicaciones que se derivarían de los compromisos 
formales respectivos son de hecho numerosas y comple­
jas (basta pensar en la extraterritorialidad y en el princi­
pio de reciprocidad, a menudo invocado impropiamente 
o sólo como método de presión en las negociaciones). 
A pesar de que el objetivo parece lejano, se debe conti­
nuar trabajando por una internacionalización de las 
normas antitrust o por una armonización (siquiera par­
cial o gradual) de las reglas del juego en los intercambios 
internacionales. 
í1) DO n° C 182 de 23. 7. 1990, p. 33. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Frangís STAEDELIN