POSICIÓN COMÚN (CE) N° 32/95 adoptada por el Consejo el 4 de diciembre de 1995 con vistas a la adopción de la Directiva 95/. . ./CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de . . ., relativa a las transferencias transfronterizas (95/C 353/04)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100 A,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),

Visto el dictamen del Instituto Monetario Europeo,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado (3),

(1) considerando que el volumen de pagos transfronterizos aumenta constantemente a medida que la realización del mercado interior y el avance hacia una Unión Económica y Monetaria conducen a un incremento de los intercambios y de la circulación de personas en la Comunidad; que las transferencias transfronterizas constituyen una parte sustancial del volumen y valor de los pagos transfronterizos;

(2) Considerando que es fundamental que los particulares y las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas, puedan efectuar sus transferencias de un lugar a otro de la Comunidad de forma rápida, fiable y económica; que la existencia de un mercado competitivo en materia de transferencias transfronterizas debería mejorar los servicios y reducir los precios;

(3) Considerando que la finalidad de la presente Directiva es seguir los avances conseguidos en la realización del mercado interior, en especial en el ámbito de la liberalización de los movimientos de capitales, con vistas a la realización de la Unión Económica y Monetaria; que sus disposiciones deben aplicarse a las transferencias efectuadas en las monedas de los Estados miembros y en ecus;

(4) Considerando que el Parlamento Europeo en su Resolución de 12 de febrero de 1993 (4) propugnó la elaboración de una directiva del Consejo que determinara las normas relativas a la transparencia y eficacia de los pagos transfronterizos;

(5) Considerando que las cuestiones a que se refiere la presente Directiva deben tratarse separadamente de los problemas sistémicos que siguen siendo objeto de estudio por parte de la Comisión; que puede ser necesario hacer una nueva propuesta que trate de las cuestiones sistémicas, principalmente en lo que se refiere al problema del carácter definitivo del pago (settlement finality);

(6) Considerando que el objetivo de la presente Directiva es mejorar los servicios de transferencias transfronterizas, ayudando al Instituto Monetario Europeo (IME) en su tarea de promover la eficacia de las transferencias transfronterizas con vistas a la preparación de la tercera etapa de la Unión Económica y Monetaria;

(7) Considerando que, en consonancia con los objetivos que se indican en el considerando 2, conviene que la presente Directiva se aplique a cualquier transferencia de un importe inferior a 25 000 ecus; que conviene que dicho importe se eleve a 30 000 ecus dos años después de la fecha límite de puesta en aplicación de la misma;

(8) Considerando que, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 3 B del Tratado y con el fin de garantizar la transparencia, la presente Directiva establece los requisitos mínimos necesarios para garantizar un adecuado nivel de información al cliente, tanto previamente como con posterioridad a la ejecución de una transferencia transfronteriza; que la presente Directiva establece los requisitos mínimos de funcionamiento, especialmente en lo que a la calidad se refiere, a que deberán atenerse las entidades que prestan servicios de transferencias transfronterizas, incluida la obligación de realizar la transferencia transfronteriza ajustándose a las instrucciones del cliente; que la presente Directiva cumple con las condiciones establecidas en los principios de la Recomendación 90/109/CEE de la Comisión, de 14 de febrero de 1990, sobre la transparencia de las condiciones bancarias en las transacciones financieras transfronterizas (5); que la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (6);

(9) Considerando que la presente Directiva debería ayudar a reducir el plazo máximo de ejecución de una transferencia transfronteriza y alentar a las entidades que ya trabajan con plazos muy cortos a que los mantengan;

(10) Considerando que es conveniente que, en el informe que presentará al Parlamento Europeo y al Consejo dos años después de la puesta en aplicación de la presente Directiva, la Comisión examine con especial atención el tema del plazo que deberá aplicarse a falta de un plazo convenido entre el ordenante y su entidad, teniendo en cuenta tanto la evolución técnica como la situación existente en cada uno de los Estados miembros;

(11) Considerando que conviene que las entidades tengan una obligación de reembolso en caso de no ejecución correcta de la transferencia; que la obligación de reembolsar podría suponer para las entidades una responsabilidad que, en caso de no existir limitación alguna, podría afectar a su capacidad de satisfacer los requisitos de solvencia; que, por consiguiente, conviene que la obligación de reembolso se aplique hasta un máximo de 10 000 ecus;

(12) Considerando que el artículo 8 no afectará a las disposiciones generales del derecho nacional con arreglo a las cuales una entidad será responsable respecto del ordenante cuando una transferencia transfronteriza no haya llegado a ultimarse debido a un error de la propia entidad;

(13) Considerando que es necesario distinguir, entre las circunstancias a que pueden verse expuestas las entidades que participen en la ejecución de una transferencia transfronteriza, entre otras, las circunstancias vinculadas a una situación de insolvencia, las correspondientes a casos de fuerza mayor, y que, para ello, conviene basarse en la definición de fuerza mayor que figura en el apartado 6 del artículo 4 de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados (7);

(14) Considerando que, a nivel de los Estados miembros, deben existir medios adecuados y eficaces para solucionar las posibles disputas entre clientes y entidades.HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

SECCIÓN I

Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1

Ámbito de aplicación

1. Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán a las transferencias transfronterizas ordenadas por personas distintas de las contempladas en las letras a), b) y c) del artículo 2 y realizadas por las entidades de crédito y otras entidades.

2. Hasta el . . . (8*), la presente Directiva se aplicará a las transferencias transfronterizas realizadas en las monedas de los Estados miembros y en ecus, de un importe inferior a 25 000 ecus. Después de dicha fecha, la Directiva se aplicará a las transferencias transfronterizas realizadas en las monedas de los Estados miembros y en ecus, de un importe inferior a 30 000 ecus.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) «entidad de crédito»: la entidad definida en el artículo 1 de la Directiva 77/780/CEE (9), así como toda sucursal, tal como se define en el tercer guión del artículo 1 de dicha Directiva y situada en la Comunidad, de una entidad de crédito que tenga su domicilio social fuera de la Comunidad y que, en el marco de sus actividades, realice transferencias transfronterizas;

b) «otra entidad»: toda persona física o jurídica distinta de una entidad de crédito que, en el marco de sus actividades, realice transferencias transfronterizas;

c) «entidad financiera»: la entidad definida en el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) n° 3604/93 del Consejo, de 13 diciembre de 1993, por el que se establecen las definiciones para la aplicación de la prohibición del acceso privilegiado a que se refiere el artículo 104 A del Tratado (10);

d) «entidad»: una entidad de crédito u otra entidad; a efectos de los artículos 6, 7 y 8, las sucursales de una misma entidad de crédito situadas en Estados miembros distintos que participen en la ejecución de una transferencia transfronteriza se considerarán como entidades distintas;

e) «entidad intermediaria»: entidad distinta de la entidad del ordenante o del beneficiario que participe en la realización de una transferencia transfronteriza;f) «transferencia transfronteriza»: una operación efectuada por iniciativa de un ordenante a través de una entidad, o una sucursal de entidad, situada en un Estado miembro, destinada a poner una cantidad de dinero a disposición de un beneficiario en una entidad o una sucursal de entidad situada en otro Estado miembro; el ordenante y el beneficiario podrán ser la misma persona;

g) «orden de transferencia transfronteriza»: una instrucción incondicional, cualquiera que sea su forma, de ejecutar una transferencia transfronteriza, dada directamente por un ordenante a una entidad;

h) «ordenante»: la persona física o jurídica que ordena la realización de una transferencia transfronteriza en favor de un beneficiario;

i) «beneficiario»: el destinatario final de una transferencia transfronteriza cuyos fondos correspondientes se pongan a su disposición en una cuenta de la que pueda disponer;

j) «cliente»: el ordenante o el beneficiario, según los casos;

k) «tipo de interés de referencia»: un tipo de interés representativo de una indemnización y establecido de conformidad con las normas fijadas por el Estado miembro donde esté situada la entidad que deba abonar la indemnización al cliente;

l) «fecha de aceptación»: la fecha de cumplimiento de todas las condiciones impuestas por una entidad para la ejecución de una orden de transferencia transfronteriza y relativas a la existencia de cobertura financiera suficiente y a la información necesaria para la ejecución de dicha orden.

SECCIÓN II

Transparencia de las condiciones aplicables a las transferencias transfronterizas

Artículo 3

Información previa sobre las condiciones aplicables a las transferencias transfronterizas

Los Estados miembros velarán por que las entidades pongan a disposición de sus clientes y de sus posibles clientes información por escrito y, en su caso, también por vía electrónica, presentada en una forma de fácil comprensión, sobre las condiciones aplicables a las transferencias transfronterizas. Esta información deberá contener, como mínimo:

- la indicación del plazo necesario para que, en ejecución de una orden de transferencia transfronteriza dada a la entidad, se acrediten los fondos en la cuenta de la entidad del beneficiario. Se deberá indicar con claridad el comienzo del plazo;

- la indicación del plazo necesario, en caso de recepción de una transferencia transfronteriza, para que los fondos acreditados en la cuenta de la entidad se abonen en la cuenta del beneficiario;

- las modalidades de cálculo de todas las comisiones y gastos que deba pagar el cliente a la entidad, incluidos, en su caso, los porcentajes;

- en su caso, la fecha de valor aplicada por la entidad;

- la indicación de las vías de reclamación y de recurso a disposición del cliente, así como las modalidades de acceso a las mismas;

- la indicación de los tipos de cambio de referencia utilizados.

Artículo 4

Información posterior a una transferencia transfronteriza

Los Estados miembros velarán por que, con posterioridad a la ejecución o la recepción de una transferencia transfronteriza, las entidades faciliten a sus clientes, salvo renuncia expresa de los mismos, una información clara y por escrito y, en su caso, también por vía electrónica, presentada en una forma de fácil comprensión. Esta información deberá contener, como mínimo:

- una referencia que permita al cliente identificar la transferencia transfronteriza;

- el importe inicial de la transferencia transfronteriza;

- el importe de todos los gastos y comisiones a cargo del cliente;

- en su caso, la fecha de valor aplicada por la entidad.

Cuando el ordenante haya especificado que los gastos relativos a la transferencia transfronteriza deban correr total o parcialmente a cargo del beneficiario, éste deberá ser informado de ello por su propia entidad.

Cuando se haya efectuado una conversión, la entidad que la haya llevado a cabo informará a su cliente del tipo de cambio utilizado.

SECCIÓN III

Obligaciones mínimas de las entidades en materia de transferencias transfronterizas

Artículo 5

Compromisos específicos de la entidad

Excepto cuando no deseen entablar relaciones con un cliente, las entidades deberán, a petición de éste y respecto de las transferencias transfronterizas cuyas características se precisen, comprometerse en lo que se refiere al plazo de ejecución de las transferencias así como a las comisiones y gastos correspondientes, con excepción de los relacionados con el tipo de cambio que se aplique.

Artículo 6

Obligaciones en materia de plazos

1. La entidad del ordenante deberá efectuar la transferencia transfronteriza de que se trate dentro del plazo convenido con el ordenante.

Cuando no se haya respetado el plazo convenido o, a falta de dicho plazo, cuando al término del quinto día laborable bancario siguiente a la fecha de aceptación de la orden de transferencia transfronteriza, no se hayan acreditado los fondos en la cuenta de la entidad del beneficiario, la entidad del ordenante indemnizará a éste.

La indemnización consistirá en el abono de un interés calculado sobre el importe de la transferencia transfronteriza mediante la aplicación del tipo de interés de referencia por el período transcurrido entre:

- el término del plazo convenido o, a falta de dicho plazo, el término del quinto día laborable bancario siguiente a la fecha de aceptación de la orden de transferencia transfronteriza, por una parte, y

- la fecha en que acrediten los fondos en la cuenta de la entidad del beneficiario, por otra.

De la misma forma, cuando la no ejecución de una transferencia transfronteriza en el plazo convenido o, a falta de dicho plazo, antes de que finalice el quinto día laborable bancario siguiente a la fecha de aceptación de la orden de transferencia transfronteriza sea imputable a una entidad intermediaria, ésta deberá indemnizar a la entidad del ordenante.

2. La entidad del beneficiario deberá poner los fondos resultantes de la transferencia transfronteriza a disposición del beneficiario dentro del plazo convenido con éste.

Cuando no se respete el plazo convenido o, a falta de dicho plazo, cuando al término del día laborable bancario siguiente al día en que se hayan acreditado los fondos en la cuenta de la entidad del beneficiario no se hayan abonado los fondos en la cuenta del beneficiario, la entidad del beneficiario indemnizará a éste.

La indemnización consistirá en el abono de un interés calculado sobre el importe de la transferencia transfronteriza mediante la aplicación del tipo de interés de referencia por el período transcurrido entre:

- el término del plazo convenido o, a falta de dicho plazo, el término del día laborable bancario siguiente al día en que los fondos se hayan acreditado en la cuenta de la entidad del beneficiario, por una parte, y

- la fecha en que se hayan abonado los fondos en la cuenta del beneficiario, por otra parte.

3. No se deberá ninguna indemnización en aplicación de los apartados 1 y 2 cuando la entidad del ordenante o la entidad del beneficiario pueda demostrar que el retraso es imputable al ordenante o al beneficiario, respectivamente.

4. Los apartados 1, 2 y 3 no prejuzgan en absoluto los demás derechos de los clientes y de las entidades que hayan participado en la ejecución de la orden de transferencia transfronteriza.

Artículo 7

Obligación de efectuar la transferencia transfronteriza con arreglo a las instrucciones

1. La entidad del ordenante, cada una de las entidades intermediarias y la entidad del beneficiario estarán obligadas, una vez transcurrida la fecha de aceptación de la orden de transferencia transfronteriza, a ejecutar dicha transferencia transfronteriza por su importe total, a menos que el ordenante haya especificado que los gastos relativos a la transferencia transfronteriza deban correr total o parcialmente a cargo del beneficiario.

Lo dispuesto en el párrafo primero no prejuzga la posibilidad de que la entidad de crédito del beneficiario facture a éste los gastos relativos a la gestión de su cuenta, de conformidad con las normas y prácticas aplicables. Sin embargo, la entidad no podrá utilizar dicha facturación para incumplir las obligaciones que establece dicho párrafo.

2. Sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera presentarse, cuando la entidad del ordenante o una entidad intermediaria haya procedido a una deducción sobre el importe de la transferencia transfronteriza que sea contraria al apartado 1, la entidad del ordenante estará obligada, a petición de este último, a transferir al beneficiario el importe deducido, sin deducción alguna y a su costa, a menos que el ordenante solicite que se le abone dicho importe.

Toda entidad intermediaria que proceda a una deducción que sea contraria al apartado 1 estará obligada a transferir el importe deducido, sin deducción alguna y a su costa, a la entidad del ordenante o, si la entidad del ordenante así lo solicita, al beneficiario de la transferencia transfronteriza.

3. Si fuera la entidad del beneficiario la que hubiera infringido la obligación de ejecutar la orden de transferencia transfronteriza con arreglo a las instrucciones del ordenante, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera presentarse, dicha entidad estará obligada a reembolsar al beneficiario, a su costa, el importe indebidamente deducido.

Artículo 8

Obligación de reembolso impuesta a las entidades en caso de incumplimiento en las transferencias

1. Si, tras una orden de transferencia transfronteriza aceptada por la entidad del ordenante, los fondos correspondientes no hubieran sido acreditados en la cuenta de la entidad del beneficiario, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera presentarse, la entidad del ordenante estará obligada a abonar a éste, hasta un total de 10 000 ecus, el importe de la transferencia transfronteriza, más:

- unos intereses calculados sobre el importe de la transferencia transfronteriza aplicando el tipo de interés de referencia para el período transcurrido entre la fecha de la orden de transferencia transfronteriza y la fecha del crédito, y

- el importe de los gastos relativos a la transferencia transfronteriza pagados por el ordenante.

Estos importes se pondrán a disposición del ordenante en el plazo de catorce días laborables bancarios después de la fecha en que el ordenante haya presentado su solicitud, a no ser que entre tanto se hayan abonado en la cuenta de la entidad del beneficiario los fondos correspondientes a la orden de transferencia transfronteriza.

Dicha solicitud no podrá presentarse antes del término del plazo de ejecución de la transferencia transfronteriza convenido entre la entidad del ordenante y este último o, a falta de dicho plazo, antes del término del plazo previsto en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 6.

De igual forma, todas las entidades intermediarias que hubieren aceptado la orden de transferencia transfronteriza tendrán la obligación de reembolsar, a su costa, el importe de dicha transferencia incluidos los gastos e intereses correspondientes, a la entidad que les hubiere impartido la instrucción de realizarla. Si la transferencia transfronteriza no llegara a ultimarse a causa de algún error u omisión en las instrucciones dadas por esta última entidad, la entidad intermediaria procurará, en la medida de lo posible, efectuar el reembolso del importe de la transferencia transfronteriza.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, si la transferencia transfronteriza no llegara a ultimarse a causa de su falta de ejecución por parte de una entidad intermediaria elegida por la entidad del beneficiario, esta última entidad estará obligada a poner a disposición del beneficiario los fondos correspondientes a la orden de transferencia transfronteriza.

3. Como excepción al apartado 1, si una transferencia transfronteriza no llegara a ultimarse a causa de algún error u omisión en las instrucciones dadas por el ordenante a su entidad, o porque una entidad intermediaria expresamente elegida por el ordenante no haya ejecutado la orden de transferencia transfronteriza, la entidad del ordenante y las demás entidades que hayan intervenido en la operación procurarán, en la medida de lo posible, efectuar el reembolso del importe de la transferencia.

Si el importe ha sido recuperado por la entidad del ordenante, dicha entidad estará obligada a acreditarlo al ordenante, sin perjuicio de una deducción de los gastos ocasionados por la recuperación.

Artículo 9

Caso de fuerza mayor

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 91/308/CEE, las entidades que intervengan en la ejecución de una orden de transferencia transfronteriza quedarán exentas de las obligaciones previstas por las disposiciones de la presente Directiva siempre que puedan alegar motivos de fuerza mayor -es decir, circunstancias ajenas a quien la invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse pese a toda la diligencia empleada- que resulten pertinentes respecto de dichas disposiciones.

Artículo 10

Resolución de litigios

Los Estados miembros velarán por que existan medios adecuados y eficaces para la resolución de los posibles litigios entre el ordenante y su entidad, o entre el beneficiario y la suya.

SECCIÓN IV

Disposiciones finales

Artículo 11

Puesta en aplicación

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el . . . (11*). Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstan harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 12

Informe al Parlamento Europeo y al Consejo

A más tardar dos años después de la fecha de puesta en aplicación de la presente Directiva, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva acompañado, en su caso, de propuestas de revisión.

Este informe deberá, a la luz de la situación existente en cada Estado miembro y de los avances técnicos que se produzcan, abordar, en particular, el tema del plazo previsto en el apartado 1 del artículo 6.

Artículo 13

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 14

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el . . .

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

Por el Consejo

El Presidente

(1) DO n° C 360 de 17. 12. 1994, p. 13.

DO n° C 199 de 3. 8. 1995, p. 16.

(2) DO n° C 236 de 11. 9. 1995, p. 1.

(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 19 de mayo de 1995 (DO n° C 151 de 19. 6. 1995, p. 370), Posición común del Consejo de . . . (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Parlamento Europeo de . . . (no publicada aún en el Diario Oficial).

(4) DO n° C 72 de 15. 3. 1993, p. 158.

(5) DO n° L 67 de 15. 3. 1990, p. 39.

(6) DO n° L 166 de 28. 6. 1991, p. 77.

(7) DO n° L 158 de 23. 6. 1990, p. 59.

(8*) Dos años después de la fecha de puesta en aplicación de la Directiva.

(9) DO n° L 322 de 17. 12. 1977, p. 30. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 95/26/CE (DO n° L 168 de 18. 7. 1995, p. 7).

(10) DO n° L 332 de 30. 12. 1993, p. 4.

(11*) Treinta meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I. INTRODUCCIÓN

1. El 18 de noviembre de 1994, presentó la Comisión al Consejo la propuesta de Directiva de referencia que se basa en el artículo 100 A del Tratado CE.

El Comité Económico y Social y el Parlamento Europeo emitieron sus dictámenes respectivamente el 1 de junio de 1995 y el 19 de mayo de 1995. El Instituto Monetario Europeo emitió su dictamen el 20 de marzo de 1995.

A raíz de estos dictámenes, la Comisión presentó una propuesta modificada el 7 de junio de 1995.

2. El 4 de diciembre de 1995, el Consejo adoptó su Posición común de conformidad con el artículo 189 B del Tratado.

II. OBJETIVO

El objetivo de la Directiva es mejorar los servicios de transferencia transfronteriza tanto para las personas físicas como para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, mediante la introducción de:

- una norma mínima para la información del usuario tanto antes como después de la transferencia transfronteriza;

- plazos dentro de los cuales, a falta de acuerdo entre el banco y el cliente, las entidades del ordenante y del beneficiario deben ejecutar la transferencia (respectivamente cinco días y un día);

- la obligación de ejecutar la transferencia conforme a las instrucciones que figuran en la orden de pago (prohibición de doble facturación de gastos);

- en caso de no ejecución de las transferencias, sin perjuicio de cualquier otra posible reclamación, una obligación de reembolsar el importe de la transferencia hasta 10 000 ecus más intereses y pago de gastos;

- obligación para los Estados miembros de garantizar que existan medios adecuados y eficaces para la resolución de los posibles litigios entre el banco y su cliente.

La Directiva se enmarca en una serie de medidas destinadas a facilitar los pagos transfronterizos, una parte sustancial de los cuales tanto en términos de volumen como de valor la constituyen las transferencias transfronterizas. La propuesta original acompañaba a una comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Instituto Monetario Europeo y al Comité Económico y Social sobre «Transferencias de fondos en la UE: transparencia, eficacia y estabilidad».

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

a) Ámbito de aplicación (artículo 1)

Comparada con la propuesta modificada de la Comisión, la Posición común:

- excluye las transferencias ordenadas por grandes entidades financieras profesionales, que a efectos de la Directiva son aquellas instituciones definidas en las letras a), b) y c) del artículo 2; esta limitación se introduce debido al carácter profesional de dichas entidades;

- no define explícitamente el ámbito de aplicación de la Directiva con referencia a las transferencias dentro de la Unión Europea, puesto que esto podría dar la impresión engañosa de que todas las transferencias dentro de la Unión y no sólo las transfronterizas quedan cubiertas y por que dicha definición podría excluir transferencias que hagan intervenir a una institución intermediaria de un tercer país. Las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo en relación con dicha definición del ámbito de aplicación, en particular la enmienda n° 1, no quedan por consiguiente recogidas en la Posición común;

- aplica la Directiva a transferencias de menos de 25 000 ecus durante un período de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor y a transferencias de menos de 30 000 ecus después de dicho período. Al determinar el ámbito de aplicación de la Directiva por lo que se refiere a transferencias de un determinado importe, la Posición común sigue el enfoque de la enmienda n° 5 propuesta por el Parlamento Europeo;

- adapta en aras de una mayor precisión y coherencia textual la redacción del apartado 1.

Al seguir la propuesta modificada de la Comisión en lo que se refiere a la limitación del ámbito de aplicación a las transferencias transfronterizas en divisas de los Estados miembros y en ecus, la Posición común incluye parcialmente la enmienda n° 5 propuesta por el Parlamento Europeo.

b) Definiciones (artículo 2)

A fin de dar mayor precisión a la redacción de la Directiva, la Posición común modifica la redacción de las definiciones que figura en la propuesta modificada de la Comisión. En particular, las definiciones de los términos «pago», «pago transfronterizo» y «transferencia» se han fusionado en el nuevo término «transferencia transfronteriza» lo que tiene consecuencias para el título de la Directiva.

La Posición común, además;

- cambia el término «orden de pago» por «orden de transferencia transfronteriza», el término «aceptación» por «fecha de aceptación» y el término «interés», por «tipo de interés de referencia». Al modificar la definición del término «tipo de interés de referencia» para que cubra un tipo de interés más flexible, conforme al enfoque de la propuesta modificada de la Comisión, la Posición común tiene en cuenta la enmienda n° 7 propuesta por el Parlamento Europeo;

- introduce una definición del término «entidad financiera»;

- elimina por innecesarias, debido a la modificación de la redacción de las definiciones y de los siguientes artículos, las definiciones de los términos: «persona», «fuerza mayor» (que, sin embargo, queda definida por separado en el artículo 9), «fecha de valor», «ultimación» y «día laborable». Como consecuencia de la supresión de la definición de «ultimación» la Posición común no incluye la enmienda n° 8 propuesta por el Parlamento Europeo;

- mantiene con determinadas adaptaciones y aclaraciones las definiciones de los términos: «entidad financiera», «otra entidad», «entidad», «entidad intermediaria», «ordenante», «beneficiario» y «cliente». Al mantener la mayor parte de la definición de «entidad intermediaria» tal como figuraba en la propuesta modificada de la Comisión, la Posición común incluye en gran medida la enmienda n° 9 propuesta por el Parlamento Europeo.

c) Transparencia (artículos 3 y 4)

La Posición común mantiene las principales características de la propuesta modificada de la Comisión para los artículos 3 y 4 y, de ese modo, integra la mayor parte de la enmienda n° 10, y sigue, aunque con una redacción ligeramente distinta, la enmienda n° 11 propuesta por el Parlamento Europeo. El último subapartado de la enmienda n° 10 no se incluye en el artículo 3 de la Posición común, puesto que el Consejo considera importante conceder cierto grado de flexibilidad en cuanto a la forma exacta en que la información se comunica al cliente.

La redacción se ha modificado, en comparación con la propuesta modificada de la Comisión, para indicar las obligaciones de las entidades de modo más preciso. Con vistas a una mayor transparencia, la Posición común estipula además que la información que se ha de facilitar tras la transferencia (artículo 4) debe incluir:

- en todos los casos, el importe originario de la transferencia transfronteriza;

- una indicación del tipo de cambio utilizado, cuando haya habido cambio de divisas.

d) Obligaciones mínimas de las entidades (artículo 5 a 10)

Por lo que se refiere a las obligaciones mínimas de las entidades, la Posición común mantiene todos los aspectos fundamentales de la propuesta modificada de la Comisión, si bien modifica la redacción con vistas a describir de manera más sucinta los derechos y obligaciones del ordenante, el beneficiario y las entidades, incluidas las entidades intermediarias que participen en la operación. En particular, la Posición común facilita orientaciones precisas sobre el cálculo y pago de compensaciones y reembolsos.

Se introduce un nuevo artículo 5 que obliga a las entidades a comunicar al cliente las condiciones aplicables a una transferencia transfronteriza específica.

En los nuevos considerandos, el 9 y el 10, la Posición común aclara que uno de los principales objetivos de la Directiva es reducir el tiempo máximo que se emplea en realizar una transferencia transfronteriza e insta a la Comisión a reexaminar esta cuestión en el informe que presentará de acuerdo con el artículo 12. La Posición común tiene así en cuenta la enmienda n° 12 propuesta por el Parlamento Europeo, si bien no se ha modificado la parte dispositiva de la Directiva tal como se proponía.

Al aclarar en el cuarto inciso del apartado 1 del artículo 6 las obligaciones de la entidad intermediaria, la Posición común sigue en lo fundamental la enmienda n° 13 propuesta por el Parlamento Europeo.

La Posición común estipula en los apartados 2 y 3 del artículo 6 que la entidad del beneficiario debe compensar al beneficiario si los fondos no han sido abonados en su cuenta dentro del plazo establecido en la Directiva, a menos que el retraso se pueda atribuir al beneficiario. La Posición común, de este modo, cubre el contenido fundamental de la enmienda n° 14 propuesta por el Parlamento Europeo, y, de hecho, va más lejos que ella en la protección del cliente.

La Posición común sigue la propuesta modificada de la Comisión al incorporar la enmienda n° 15 propuesta por el Parlamento Europeo. Al hacer del beneficiario el primer receptor de los costes indebidamente deducidos, el apartado 2 del artículo 7 de la Posición común, de acuerdo con la propuesta modificada de la Comisión, sigue en gran medida el contenido de la enmienda n° 16 propuesta por el Parlamento Europeo, si bien la cuestión del reembolso dentro de la cadena de entidades participantes se trata del modo establecido en la propuesta originaria de la Comisión.

La Posición común sigue en gran medida la propuesta modificada de la Comisión para el artículo 8 al incluir un límite máximo de reembolso y al hacer depender el reembolso de una solicitud del ordenante. El plazo de reembolso se fija en catorce días hábiles bancarios a partir de la formulación de la solicitud. De acuerdo con la propuesta modificada de la Comisión, el límite máximo se establece en 10 000 ecus. La Posición común sigue así en parte la enmienda n° 18 propuesta por el Parlamento Europeo, al tiempo que no incorpora la enmienda n° 28 propuesta por el Parlamento Europeo.

Al limitar los reembolsos al importe de la transferencia en caso de que el ordenante haya cursado instrucciones incorrectas la Posición común sigue en lo esencial la enmienda n° 19 propuesta por el Parlamento Europeo.

Conforme a la propuesta modificada de la Comisión las normas relativas a la «fuerza mayor» constan en un artículo 9 por separado. Esta disposición se aplica a la Directiva en su conjunto y expone en detalle una definición de «fuerza mayor» que corresponde a la que figura en la Directiva 90/314/CEE. La Posición común sigue así en lo esencial las enmiendas n° 6 y 21 propuestas por el Parlamento Europeo.

De acuerdo con la propuesta modificada de la Comisión, la Posición común incluye un artículo 10 relativo a la resolución de litigios. Si bien está redactada en términos más generales, la Posición común sigue el espíritu de la enmienda n° 22 propuesta por el Parlamento Europeo.

e) Entrada en vigor

En comparación con la propuesta modificada de la Comisión, el artículo 11 de la Posición común fija la fecha de entrada en aplicación en referencia a la fecha de entrada en vigor de la Directiva (treinta meses después de la entrada en vigor). La fecha de presentación del informe de la Comisión (artículo 12) se adelanta un año en comparación con la propuesta modificada de la Comisión, hasta un máximo de dos años tras la fecha de puesta en aplicación.

f) Considerandos

Los considerandos se han adaptado en función de los cambios realizados en la propuesta modificada de la Comisión. Las enmiendas n° 3 y 4 propuestas por el Parlamento Europeo se han seguido en la medida en que las enmiendas correspondientes propuestas para la parte dispositiva han sido incorporadas en el texto de la Posición común. Al adaptar el considerando 3 sin cambiar la intención básica del texto en comparación con la propuesta modificada de la Comisión, la Posición común tiene en cuenta además la enmienda n° 2 propuesta por el Parlamento Europeo.

IV. CONCLUSIONES

El Consejo considera que todas las modificaciones de la propuesta modificada de la Comisión, incluida la determinación del ámbito de aplicación, son conformes a los objetivos de la Directiva, a saber que los individuos y empresas, especialmente las pequeñas y medianas, puedan realizar rápidamente transferencias transfronterizas de modo fiable y económico de un extremo a otro de la Comunidad. Los cambios aportados al texto tienen fundamentalmente por objetivo garantizar la transparencia y la seguridad jurídica tanto para los clientes como para las entidades de que se trata y no cambian la intención esencial de la propuesta modificada de la Comisión.