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43.

La dotación presupuestaria es encomiable. El Programa Espacial respalda numerosas políticas de la UE, lo que significa que los costes no se reducen a unas actividades específicas, sino que son un modo de aportar un componente esencial a otras políticas de la Unión. A este respecto, cabe destacar que los recursos financieros previstos para la adopción y el fomento del uso deben reflejar la creciente participación de los ciudadanos y las empresas. Así pues, estos no deberían ser menores que en el período actual: por ejemplo, en el caso de Copérnico, no deberán ser inferiores al 5 % de su presupuesto total. El presupuesto para la adopción de EGNOS/Galileo no debería incluir los costes de establecimiento de nuevas estructuras administrativas, sino centrarse exclusivamente en la promoción y el desarrollo del mercado. Las actividades ya iniciadas pueden llegar a fracasar o perder relevancia si no se financian adecuadamente, lo que pondría en peligro las inversiones que ya se han realizado.
3.

acoge con satisfacción esta iniciativa de la Comisión que tiene por objeto introducir una legislación europea destinada a la lucha contra las prácticas comerciales desleales que ya solicitó insistentemente en su Dictamen sobre la Regulación de la volatilidad de los precios en el que recomendaba adoptar una reglamentación europea específica contra las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario, tal como proponía la Resolución del Parlamento Europeo de 7 de junio de 2016 [2015/2065 (INI)], dado que: los contratos hacen posible cierto reparto de los riesgos, pero no corrigen de forma fundamental la desigualdad entre las partes; las disposiciones antimonopolio no bastan para poner remedio a las prácticas comerciales desleales ni a las disparidades en las relaciones de fuerza características de los sectores agroalimentarios; los mecanismos de autorregulación de los agentes no siempre son eficaces a la hora de garantizar una conducta leal en el mercado, en particular porque los agricultores y los transformadores a menudo temen presentar denuncias por miedo a quedar excluidos del mercado; es absolutamente necesaria una reglamentación a escala de la Unión Europea para armonizar las condiciones de competencia y hacer que los agricultores y los consumidores europeos se beneficien de unas condiciones de venta y de compra equitativas;
34.

destaca que los sistemas de recogida existentes en los Estados miembros de la UE normalmente no están orientados a los plásticos no relacionados con envases, que por lo tanto no se recogen por separado y terminan en vertederos o incineradoras como parte de los desechos residuales, o incluso como basura (marina). Esto provoca daños medioambientales, la pérdida de valiosos materiales reciclables y confusión entre los consumidores, que no entienden por qué algunos plásticos deben separarse para el reciclado y otros no. Unas mejores campañas informativas y una mayor coherencia en la lógica de la recogida selectiva entre los Estados miembros permitirían aumentar la cantidad reciclada y el respeto de las indicaciones relativas al depósito de residuos por parte tanto de los residentes locales como de los turistas;
18.

considera que hay que tener en cuenta los aspectos de la cohesión territorial y social. La introducción de sistemas de tarificación viaria no debe llevar a una exclusión basada en la ubicación geográfica o la situación socioeconómica. Habría que prestar una atención particular a los grupos sociales vulnerables y a las regiones en las que no hay alternativas posibles al transporte individual por carretera. Los grupos con pocos ingresos no deben verse obligados a pagar peaje cuando se trasladen a trabajar en un turismo, si esta es su única opción viable;
23.

señala que Europa se enfrenta a enormes retos sociales, con notables divergencias económicas y demográficas entre las regiones europeas, con un gran número de jóvenes que se enfrentan a numerosos retos, tales como un sistema educativo no acorde a las necesidades del mercado, dificultades para encontrar empleo, obstáculos a la movilidad, especialmente para los jóvenes que viven en pequeños municipios situados en regiones periféricas, ultraperiféricas, insulares o rurales, movilidad forzada o aislamiento social, por lo que no existe ninguna solución política «de talla única» y cualquier intervención política —pública o privada— deberá tener en cuenta las especificidades locales y regionales, como el caso de las regiones que afrontan problemas demográficos y/o fuga de cerebros, asegurando a la vez unas oportunidades sociales, económicas y educativas mínimas para los jóvenes. Al mismo tiempo, a la vista de la persistencia de la elevada tasa de desempleo juvenil, el CDR reitera la importancia de ampliar los beneficios de la Garantía Juvenil a los jóvenes de hasta 30 años (y no solo de hasta 25 años) (6);
En varios Estados miembros, los trabajadores de las empresas y/o sus organizaciones pueden o deben designar o elegir una determinada proporción de los administradores no ejecutivos, de conformidad con el Derecho o la práctica nacionales. Los objetivos cuantitativos contemplados en la presente Directiva deben aplicarse a todos los administradores no ejecutivos, incluidos los representantes de los trabajadores. Sin embargo, serán los Estados miembros quienes definan los procedimientos prácticos para garantizar la consecución de esos objetivos, teniendo en cuenta que algunos administradores no ejecutivos son representantes de los trabajadores.

En varios Estados miembros, los trabajadores de las empresas y/o sus organizaciones pueden o deben designar o elegir una determinada proporción de administradores no ejecutivos, de conformidad con el Derecho o la práctica nacionales. Los objetivos cuantitativos contemplados en la presente Directiva deben aplicarse a todos los administradores no ejecutivos, incluidos los representantes de los trabajadores. Sin embargo, serán los Estados miembros quienes, tomando en consideración los procedimientos que se aplican a la elección/designación de los administradores no ejecutivos, definan los procedimientos prácticos para garantizar la consecución de esos objetivos, teniendo en cuenta que algunos administradores no ejecutivos son representantes de los trabajadores.
13.

acoge, en general, favorablemente las medidas destinadas a los Estados miembros y las medidas al nivel de la Unión Europea contenidas en el «Pacto por el Crecimiento y el Empleo». El Comité de las Regiones insiste en la vinculación de este Pacto con los programas generadores de crecimiento correspondientes al marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020, comenzando por la rúbrica 1 (Desarrollo sostenible). Los Estados miembros que han suscrito el Pacto deben ahora adoptar una postura coherente en cuanto a las negociaciones del MFP. En particular, en lo que respecta a las medidas europeas acordadas en las conclusiones del Consejo, el Comité de las Regiones destaca la necesidad de reforzar el mercado único, reducir la complejidad de las normas, movilizar al BEI e iniciar rápidamente la fase piloto de la Iniciativa de Obligaciones para la Financiación de Proyectos, a fin de financiar medidas rápidas en pro del crecimiento. Resulta esencial evitar toda distorsión de la competencia durante la fase piloto y que los proyectos no adquieran una viabilidad comercial. El instrumento no debería reemplazar el capital de los Estados miembros, de los órganos regionales y locales o del sector privado. Su mantenimiento una vez completada la fase piloto debería decidirse únicamente tras la realización de una evaluación independiente. En esta evaluación, será importante determinar si los proyectos seleccionados aportan un valor añadido a la Unión;
2. En particular, cada seis años a partir de la fecha especificada en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva XXX [OPOCE please introduce the no of this Directive], los Estados miembros informarán a la Comisión de lo siguiente:

2. En particular, cada seis años a partir de la fecha especificada en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva XXX [OPOCE please introduce the no of this Directive], los Estados miembros informarán a la Comisión de lo siguiente:
21.

expresa su preocupación por la importancia que se atribuye en la estrategia a tecnologías que aún no se han comercializado y recomienda que el recurso a la explotación de fuentes de gas no convencional – tales como el gas de esquisto – y a tecnologías para las cuales subsisten factores de riesgo que todavía no se han calculado o verificado, y que pueden asumir carácter transfronterizo, sea objeto, a nivel europeo, de estudio y debate sobre las posibles consecuencias medioambientales y sociales a corto y largo plazo, en el respeto de la normativa vigente, y, como en el caso del gas de esquisto, en la consideración de una eventual necesidad de una reglamentación. Acoge, pues, favorablemente la intención de la Comisión de promover la investigación de tecnologías que puedan contribuir a la descarbonización de los procesos de transformación de la energía y propone que se incluyan análisis de ciclo de vida como elementos esenciales de valoración en la toma de decisiones;
51.

recuerda que, aunque «Europa Creativa» no es un programa social, las políticas relativas a los nuevos servicios y medios de comunicación digitales así como al contenido creativo no deben elaborarse exclusivamente tomando como base criterios económicos, sino que también han de tener en cuenta los criterios culturales y sociales (18). Por lo tanto, los contenidos creativos deben apoyar la cohesión y la integración sociales, en particular para algunos grupos amenazados de exclusión o enfrentados a otras desventajas sociales;
11.

considera que la ayuda alimentaria también puede servir para encontrar un equilibrio entre las perturbaciones en el mercado y las fluctuaciones en los precios de los productos agrícolas. Es preciso percibir la ayuda alimentaria como un elemento más del conjunto que constituyen la política agrícola y la política de mercado, y no únicamente como una medida relacionada con el sistema de intervención. Las necesidades de ayuda que presentan los ciudadanos más necesitados son independientes del futuro del sistema de intervención. El CDR acoge con satisfacción los planes del proyecto de Reglamento para obtener cada vez más ayuda alimentaria recurriendo no sólo a las existencias de intervención sino también al mercado, y no sólo en situaciones de indisponibilidad temporal de esas existencias de intervención;
63.

se interroga sobre la propuesta de la Comisión Europea dirigida a encauzar la ayuda financiera a las empresas principalmente a través de instrumentos de ingeniería financiera, reservando al mismo tiempo las subvenciones para cofinanciar regímenes de ayuda específicos centrados en la innovación, la protección medioambiental, etc. La ayuda a las empresas en el marco de la política de cohesión no podrá realizarse exclusivamente por medio de la ingeniería financiera, que tampoco podrá eliminar la necesidad de subvenciones, puesto que no todas las actividades pueden financiarse con préstamos. Además, no todos los organismos están en condiciones de gestionar proyectos financiados con préstamos. La crisis ha demostrado que, en época de recesión, los instrumentos basados en el mercado no son operativos. Corresponde a los entes territoriales determinar la elección del tipo de ayuda más adecuado en función del tejido económico y empresarial de cada región, y en relación con la política de competencia y especialmente de las ayudas de carácter regional;
13.

respalda las orientaciones políticas de la Comisión Barroso II, en el sentido de que la seguridad del aprovisionamiento energético y unas buenas interconexiones tendrán una importancia crucial para el crecimiento futuro; lamenta, no obstante, la falta de visión de la Comisión, que no se ha orientado hacia una economía basada en el empleo y no ha insistido lo suficiente en el papel de las regiones y de las energías renovables;
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subraya que la clave en la vía hacia un transporte sostenible no es limitar la demanda de servicios de transporte; no se trata tanto de la cantidad de pasajeros o mercancías transportados como de qué manera tiene lugar el transporte. Los hábitos de transporte no sostenibles sólo pueden contrarrestarse mediante una política de precios apropiada en el sector del transporte. Por consiguiente, es importante encontrar una manera apropiada y transparente de repartir los costes del transporte entre todos los modos de transporte;
El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 2 Criterios de intervención b) el despido, durante un periodo de nueve meses, de al menos quinientos trabajadores, en particular de pequeñas o medianas empresas, en una división del nivel 2 de la NACE en una región o dos regiones contiguas en el nivel NUTS II. c) En los pequeños mercados laborales o en circunstancias excepcionales debidamente justificadas por el Estado o los Estados miembros afectados, la solicitud de contribución con cargo al FEAG podrá considerarse admisible incluso si no se reúnen totalmente las condiciones mencionadas en las letras a) o b), cuando los despidos tengan un grave impacto en el empleo y la economía local. El Estado miembro deberá especificar que su solicitud no cumple completamente los criterios de intervención establecidos en las letras a) o b). El importe agregado de las contribuciones por circunstancias excepcionales no podrá ser superior en cada ejercicio al 15 % del FEAG.»

El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 2 Criterios de intervención b) el despido, durante un periodo de nueve meses, de al menos quinientos trabajadores, en particular de pequeñas o medianas empresas, en una división del nivel 2 de la NACE en una región o dos regiones contiguas en el nivel NUTS II. c) En los pequeños mercados laborales o en circunstancias excepcionales debidamente justificadas por el Estado o los Estados miembros afectados, la solicitud de contribución con cargo al FEAG podrá considerarse admisible incluso si no se reúnen totalmente las condiciones mencionadas en las letras a) o b), cuando los despidos tengan un grave impacto en el empleo y la economía local. El Estado miembro deberá especificar que su solicitud no cumple completamente los criterios de intervención establecidos en las letras a) o b). El importe agregado de las contribuciones por circunstancias excepcionales no podrá ser superior en cada ejercicio al 15 % del FEAG.»
7.

acoge con agrado que, en aplicación del artículo 11 de la Directiva 2006/38/CE, la Comisión Europea haya encargado la elaboración de un estudio sobre procedimientos eficaces para evaluar todos los costes externos y que en 2007 haya presentado el manual sobre la evaluación de los costes externos en el sector del transporte (Handbook on estimation of external cost in the transport sector, 2007);
62.

considera que, para mejorar la consideración y el valor del aprendizaje de adultos per se en las mentalidades y actividades a nivel personal, local, regional y nacional, lo que se necesita no es un procedimiento que, a manera de una caja negra, registre datos y resultados cuantitativos de inversión y producción, sino un compromiso cualitativo y de comunicación sobre una base científica. La búsqueda de un enfoque compartido, principios básicos, etc. serán útiles en este ámbito, por lo que se consideran positivas las acciones en este sentido establecidas en la Comunicación.
21.

Conseguir el cambio modal requiere un planteamiento integrado con el fin de mejorar la experiencia de los viajes realizados con modos sostenibles, haciéndolos más atractivos, y a la vez haciendo menos atractivos los modos de transporte no sostenibles. Este planteamiento integrado también debería seguirse en la programación de medidas en el contexto de los planes de acción para luchar contra la contaminación atmosférica y las emisiones sonoras y en los planes (de desarrollo) del transporte. En las próximas revisiones de las directivas comunitarias en esta materia debería incluirse la subsidiariedad y tomarse adecuadamente en consideración el planteamiento integrado de la ordenación. Así se crea seguridad jurídica para los municipios que siguen estos planteamientos de ordenación integrados. Una aplicación indiscriminada del Derecho comunitario, en particular en el ámbito de las ayudas estatales y la contratación pública, suele surtir efectos no deseados e imprevisibles. La manera de prestar los servicios de transporte –adjudicación o prestación propia por un ente territorial– también deberá poder seguir decidiéndose en el futuro en el nivel regional y local.
53.

recuerda que no debe minimizarse la aportación de los trabajadores no cualificados o con baja cualificación en algunos de los mercados de trabajo europeos, y pide a la Comisión que, previo análisis y evaluación de las posibilidades de contratación de trabajadores no cualificados o con baja cualificación, tenga en cuenta los compromisos del Consejo sobre la aproximación de los procedimientos de admisión por razones vinculadas al empleo, tal como prevé el Plan de política en materia de migración legal;
42.

expresa su deseo de que la iniciativa «Legislar mejor» vaya acompañada de medidas adecuadas de información y comunicación destinadas a los protagonistas de la aplicación de la legislación comunitaria — y especialmente, en la gran mayoría de los casos, los entes locales y regionales —, así como a los destinatarios de la legislación comunitaria, en particular los ciudadanos europeos; en efecto, la legislación comunitaria no puede aplicarse correctamente si los interesados no alcanzan a entenderla; de ahí que sea necesario realizar un esfuerzo no sólo de integración en el proceso prelegislativo, sino también de información y comunicación;
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La vivienda no es sólo una cuestión de ladrillos y cemento, sino que también afecta a las zonas y a las comunidades donde residimos. Afrontar la agenda de la vivienda implica trabajar en favor de zonas más seguras, más limpias y más verdes en nuestras ciudades y regiones, donde los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas y sus interacciones. Las cuestiones relativas a la vivienda también se refieren al acceso al empleo, el transporte y los servicios, y a la creación de un entorno de alta calidad. Por lo tanto, aunque la vivienda no es competencia específica de la Unión Europea, muchas políticas comunitarias tienen un efecto directo o indirecto sobre las cuestiones relativas a la vivienda. Esto incluye, en particular, políticas en materia de medio ambiente urbano, eficiencia energética, energías renovables, contaminación acústica y salud e igualmente la consecución del mercado interior de servicios y la política de competencia.
Artículo 15 Condiciones del internamiento temporal 2. El internamiento temporal se llevará a cabo en centros de internamiento especializados. En los casos en que un Estado miembro no pueda proporcionar alojamiento en un centro de internamiento especializado y tenga que recurrir al alojamiento en un centro penitenciario, garantizará que los nacionales de terceros países sujetos al internamiento temporal estén, de manera permanente, separados físicamente de los presos ordinarios. Se prestará particular atención a la situación de las personas vulnerables. Los Estados miembros garantizarán que no se mantenga a menores sujetos a internamiento temporal en centros penitenciarios comunes. Se separará a los menores no acompañados de los adultos, a menos que se considere que el interés superior del niño aconseja no hacerlo.

Artículo 15 Condiciones del internamiento temporal 2. El internamiento temporal se llevará a cabo en centros de internamiento especializados. En los casos en que un Estado miembro no pueda proporcionar alojamiento en un centro de internamiento especializado y tenga que recurrir al alojamiento en un centro penitenciario, garantizará que los nacionales de terceros países sujetos al internamiento temporal estén, de manera permanente, separados físicamente de los presos ordinarios. Se prestará particular atención a la situación de las personas vulnerables. Los Estados miembros garantizarán que no se mantenga a menores sujetos a internamiento temporal en centros penitenciarios comunes. Se separará a los menores no acompañados de los adultos, a menos que se considere que el interés superior del niño aconseja no hacerlo.
1.2

destaca que la Unión no podrá realizarse como comunidad de destino si no logra enraizar y difundir entre sus propios ciudadanos el sentido de pertenencia a una única identidad en la diversidad; si no consigue transmitir sus valores constitutivos a las nuevas generaciones; si no logra expresarlos y promoverlos en las relaciones con el resto del mundo; si no logra hacer comprender a sus ciudadanos los principales mecanismos de diálogo e interacción posible con las instituciones y transmitir un conocimiento básico de los principales aspectos de la integración europea a nivel económico, político, histórico y social y, sobre todo, hacerles participar de manera activa en el proceso de construcción europea y la toma de decisiones;
1.5

Considera que todos los elementos mencionados son condición necesaria para proponer contenidos y modalidades de financiación de proyectos coherentes con los grandes ejes de la política europea de medio ambiente (y de la acción de la Agencia Europea de Medio Ambiente); si no, la propuesta de Reglamento LIFE+ se percibirá como dictada más bien por la ingeniería financiera, cuya lógica no se percibe adecuadamente, y los titulares de proyectos no podrán situar claramente las prioridades comunitarias ni las posibilidades de integración de sus iniciativas.
Si la autoridad competente decide, sobre la base de una evaluación de los riesgos para el medio ambiente que tenga en cuenta, en particular, las Directivas 76/464/CEE, 80/68/CEE o 2000/60/CE, según proceda, que la recogida y tratamiento de lixiviados no son necesarios, o si se establece que la instalación de almacenamiento de residuos no plantea peligros potenciales para el suelo, las aguas subterráneas ni las aguas superficiales, los requisitos establecidos en los puntos b) y c) del apartado 1 anterior podrán ser reducidos o no exigidos en consecuencia.

Si la autoridad competente decide, sobre la base de una evaluación de los riesgos para el medio ambiente de conformidad con las disposiciones de que tenga en cuenta, en particular, las Directivas 76/464/CEE, 80/68/CEE o 2000/60/CE, según proceda, que la recogida y tratamiento de lixiviados no son necesarios, o si se establece que la instalación de almacenamiento de residuos no plantea peligros potenciales para el suelo, las aguas subterráneas ni las aguas superficiales, los requisitos establecidos en los puntos b) y c) del apartado 1 anterior se suprimirán podrán ser reducidos o no exigidos en consecuencia.