Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad /* COM/2013/0147 final - 2013/0080 (COD) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La presente exposición de motivos presenta la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA 1.1. Objetivos de la propuesta Los objetivos de la propuesta de Reglamento son reducir los costes y mejorar la eficiencia del despliegue de las infraestructuras de comunicaciones electrónicas de alta velocidad a través de la generalización de las mejores prácticas existentes a toda la UE y la consiguiente mejora de las condiciones de instauración y funcionamiento del mercado interior en un ámbito que está en la base del desarrollo de casi todos los sectores de la economía. De hecho, suele aceptarse que las obras civiles constituyen la parte predominante de los costes generales del despliegue de la red[1], independientemente de la tecnología utilizada, estimándose que pueden alcanzar el 80 % para determinadas tecnologías. Prever una serie de obligaciones y derechos directamente aplicables en las diversas etapas del despliegue de las infraestructuras puede dar lugar a reducciones de costes significativas. Es posible reducir los obstáculos a la inversión y a la entrada en el mercado si se permiten una utilización más intensiva de las infraestructuras físicas existentes, la cooperación reforzada en las obras civiles planificadas, la racionalización de los procedimientos de concesión de permisos y la supresión de los obstáculos a la instalación de infraestructuras adaptadas a la alta velocidad dentro de los edificios. Esta iniciativa aborda, por ello, cuatro problemas principales: 1) ineficiencias o puntos de estrangulamiento relativos al uso de las infraestructuras físicas existentes (como por ejemplo, conductos, cámaras subterráneas, bocas de inspección, distribuidores, postes, mástiles, antenas, torres y otras construcciones de soporte), 2) puntos de estrangulamiento relativos al codespliegue, 3) ineficiencias relativas a la concesión de permisos administrativos, y, por último, 4) puntos de estrangulamiento relativos al despliegue en el interior de los edificios. Como cada problema está vinculado a una etapa específica del proceso de despliegue, abordarlos combinadamente permitirá obtener un conjunto de acciones coherentes que se reforzarán mutuamente. Un estudio calcula que si se adoptaran medidas para abordar el conjunto de problemas señalados, el ahorro potencial en gastos de capital para los operadores se situaría entre el 20 % y el 30 % de los costes totales de la inversión[2], es decir, hasta 63 000 millones EUR de aquí a 2020[3]. Con el fin de maximizar las sinergias entre las redes, el Reglamento va destinado no solo a los suministradores de redes de comunicaciones electrónicas, sino a cualquier propietario de infraestructuras físicas, como las de electricidad, gas, agua y alcantarillado, calefacción y servicios de transporte, que pudiera alojar elementos de la red de comunicaciones electrónicas. 1.2. Contexto general Según el informe de 2010 sobre el mercado único[4], los servicios e infraestructuras de telecomunicaciones en la UE siguen estando muy fragmentados, ajustándose a patrones nacionales. Un informe más reciente sobre el coste de la inexistencia de Europa en el sector de las comunicaciones electrónicas[5] ha demostrado que el potencial no explotado del mercado único corresponde a un importe anual del 0,9 % del PIB, es decir, 110 000 millones EUR. La infraestructura de banda ancha de alta velocidad es la espina dorsal del mercado único digital y constituye una condición previa para la competitividad a escala mundial, por ejemplo en el campo del comercio electrónico. Como se recordó en la Comunicación sobre el Acta del Mercado Único II[6], un aumento del 10 % en la penetración de la banda ancha puede generar un crecimiento de un 1-1,5 % del PIB anual y de un 1,5 % de la productividad laboral[7], y la innovación inducida por la banda ancha en las empresas es un elemento de creación de empleo que podría generar 2 millones de nuevos puestos de trabajo de aquí a 2020[8]. Una parte significativa de estas posibilidades no explotadas se encuentra en el nivel de las infraestructuras de red: los diferentes enfoques reglamentarios para el despliegue de las redes hacen que aumente el coste del acceso a los mercados nacionales, impiden la explotación de las economías de escala a nivel de los servicios y los equipos y obstaculizan el desarrollo de los servicios innovadores que podrían surgir en las redes de muy alta velocidad para su prestación sin fisuras a través de las fronteras. Aun cuando el despliegue de las redes de acceso implica a menudo disposiciones y procedimientos administrados a nivel local, tales medidas, incluida la legislación secundaria local, pueden afectar indirectamente a la libre prestación de servicios y justificar la intervención de la Unión[9]. Además, sobre la base del artículo 114 del TFUE, la Unión ha legislado ya previamente a fin de impulsar el despliegue de la infraestructura de red local, a través de la desagregación del bucle local[10]. La Unión Europea no puede permitir que algunos ciudadanos y empresas queden fuera de la cobertura de este tipo de infraestructuras, y ha aceptado los ambiciosos objetivos en materia de banda ancha de la Agenda Digital para Europa: a más tardar en 2013, banda ancha básica para todos los europeos, y, a más tardar en 2020, i) acceso a velocidades superiores a 30 Mbps para todos los europeos, ii) conexión a Internet de velocidad superior a 100 Mbps para el 50 % o más de los hogares europeos. Estos objetivos solo podrán alcanzarse si se reducen los costes del despliegue de la infraestructura en toda la UE. 1.3. Contexto político La Agenda Digital para Europa es una iniciativa emblemática de la estrategia Europa 2020 cuyo objetivo es cosechar los beneficios económicos y sociales sostenibles que pueden derivar de un mercado único digital basado en una Internet rápida y ultrarrápida y en unas aplicaciones interoperables. En ella se señala en particular la necesidad de abaratar el despliegue de la banda ancha en todo el territorio de la Unión, por ejemplo a través de una planificación y coordinación adecuadas y reduciendo las cargas administrativas[11]. El Consejo Europeo de 1 y 2 de marzo de 2012 solicitó que se tomasen medidas a nivel de la Unión para mejorar la cobertura de la banda ancha, incluso reduciendo el coste de la infraestructura de banda ancha de alta velocidad[12]. La Comunicación «Acta del Mercado Único II: Juntos por un nuevo crecimiento» incluyó la iniciativa entre las doce medidas clave que impulsarán el crecimiento, el empleo y la confianza en el mercado único y tendrán efectos reales sobre el terreno[13]. En el Acta del Mercado Único II, la adopción de la propuesta de la Comisión está prevista para el primer trimestre de 2013. El Consejo Europeo de 13 y 14 de diciembre de 2012 invitó a la Comisión a presentar las propuestas clave a más tardar en la primavera de 2013[14]. 2. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 2.1. Consulta pública de las partes interesadas Los servicios de la Comisión organizaron una consulta pública del 27 de abril al 20 de julio de 2012, invitando a las partes interesadas a expresar sus opiniones sobre cinco conjuntos de preguntas, que cubrían la totalidad de la cadena de despliegue de las redes, desde la fase de planificación hasta la conexión de los usuarios finales[15]. Se recibieron más de un centenar de respuestas escritas procedentes de una gran variedad de partes interesadas de 26 países de la UE y la AELC. Respondieron principalmente los proveedores de comunicaciones electrónicas (27) y sus asociaciones profesionales (14), así como los organismos públicos, incluidas las autoridades centrales (22, incluidas 6 autoridades nacionales de reglamentación (ANR)) y locales (9). Otras empresas de servicio público (7) efectuaron sus aportaciones principalmente a través de asociaciones profesionales. También respondieron los fabricantes de equipos (5) y las asociaciones profesionales de ingeniería y TIC (6). En términos generales, en las respuestas se acogía favorablemente la intención de la Comisión de proponer una iniciativa que permitiera reducir los costes de las obras civiles asociadas al despliegue de la banda ancha en todo el mercado único. En la mayoría de ellas se reconocían las ineficiencias y puntos de estrangulamiento existentes, así como el potencial de reducción de costes. Las partes interesadas admitían sin ambages la existencia de problemas y la necesidad de actuar. Se proponían diversas soluciones, algunas muy ambiciosas, otras más moderadas. Además de la consulta pública, los servicios de la Comisión establecieron una plataforma de debate en Internet para recoger las ideas de las partes interesadas[16]. Los servicios de la Comisión mantuvieron contactos sistemáticos con las principales partes interesadas, tanto públicas como privadas, en todos los sectores afectados. 2.2 Estudios y otras fuentes de información Los servicios de la Comisión encargaron dos estudios, uno a Deloitte sobre las prácticas de reducción de costes en relación con el despliegue de infraestructuras pasivas de banda ancha[17], y otro a Analysys Mason para facilitar la elaboración de la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta[18]. Además, los servicios de la Comisión utilizaron otras fuentes de información, estudios y mejores prácticas nacionales (incluidos los casos de Alemania, España, Francia, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovenia, Suecia y Reino Unido)[19]. Los servicios competentes de la Comisión recogieron también información detallada a través de las autoridades nacionales de reglamentación. 2.3 Evaluación del impacto de la propuesta de Reglamento Los servicios de la Comisión elaboraron una evaluación de impacto[20]. Se escogieron cuatro opciones para su análisis pormenorizado: Opción 1: Mantenimiento del statu quo: conservar el planteamiento actual de seguimiento, vigilancia de la aplicación y orientación. Opción 2: Promover las mejoras de la eficiencia en el sector de las telecomunicaciones: recomendación de medidas para una aplicación más coherente y armonizada del marco regulador de las comunicaciones electrónicas por parte de las autoridades nacionales de reglamentación. Opción 3: Favorecer las mejoras de la eficiencia entre distintos sectores: propuesta de Reglamento destinada a desbloquear el potencial de la cooperación intersectorial (dos subopciones, 3A y 3B, prevén, respectivamente, un Reglamento y una combinación de un Reglamento y una Recomendación). Opción 4: Imponer las mejoras de la eficiencia: propuesta de legislación que complete el actual marco regulador para imponer unas medidas que vayan más allá de la opción 3, como atlas de infraestructuras, acceso a las infraestructuras orientado por los costes, cooperación obligatoria en las obras civiles, incluso cuando no sean financiadas con recursos públicos, e instalación de infraestructuras adaptadas a la alta velocidad también en los edificios antiguos. El análisis de las opciones se centra en particular en los costes y beneficios para las partes directamente interesadas, los efectos esperados en la inversión en redes y en el despliegue de la banda ancha, y un análisis macroeconómico general de los efectos sobre el bienestar de los consumidores, el crecimiento, la competitividad y el mercado único. El informe de evaluación de impacto llega a la conclusión de que la opción 3A es la mejor opción disponible, a la vista de su eficacia en relación con los objetivos enunciados, el análisis de coste/beneficio, y la eficiencia en la explotación del potencial de reducción de costes de modo coherente con los objetivos políticos generales de la UE, de conformidad con los principios de proporcionalidad y subsidiariedad. En cuanto a la elección del instrumento propuesto, véase la sección 3.4. 3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 3.1. Base jurídica La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esto se justifica por los objetivos de la propuesta, que intentan mejorar las condiciones para el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Además, tal como confirma la jurisprudencia, dicho artículo concede al legislador de la Unión la posibilidad de decidir, en función del contexto general y de las circunstancias específicas del asunto que procede armonizar, cuál es la técnica de armonización más adecuada para alcanzar el resultado deseado, en particular en los sectores que se caracterizan por su complejidad técnica[21]. 3.2. Subsidiariedad La propuesta de intervención europea para reducir el coste del despliegue de las infraestructuras de comunicaciones electrónicas de alta velocidad está justificada por el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad persigue un doble objetivo. Por un lado, permite a la Unión actuar si un problema no puede ser resuelto de manera adecuada por los Estados miembros actuando por sí solos. Por otro, trata de mantener la autoridad de los Estados miembros en los ámbitos que no pueden abordarse de manera más eficaz mediante una acción de la Unión. La finalidad es acercar lo más posible al ciudadano el proceso de toma de decisiones en la Unión. El Reglamento propuesto se centra en la definición de determinados derechos y obligaciones directamente aplicables, a fin de facilitar la planificación y la ejecución del despliegue de la infraestructura física y la obra civil, incluidas disposiciones auxiliares para garantizar la transparencia de la información pertinente y la coordinación de los procedimientos administrativos. Además, prevé requisitos relativos a la infraestructura física dentro de los edificios para el caso de edificios nuevos u objeto de renovación en profundidad. Las medidas previstas se apoyan en las mejores prácticas existentes en varios Estados miembros, tales como las relativas a la reutilización de las infraestructuras físicas existentes en Lituania y Portugal, la transparencia de la infraestructura existente en Bélgica y Alemania, el codespliegue en Finlandia y Suecia, la racionalización de los derechos de paso y los procedimientos administrativos en los Países Bajos y Polonia y las infraestructuras de banda ancha de alta velocidad en los edificios nuevos en España y Francia[22]. Algunos Estados miembros han introducido medidas que en cierto modo van incluso más allá de las propuestas, como la ventanilla única en Grecia. El Reglamento propuesto debe entenderse sin perjuicio de las disposiciones más específicas establecidas por la legislación nacional. El Reglamento propuesto debe entenderse, asimismo, sin perjuicio de eventuales medidas reguladoras específicas, incluida la imposición de medidas correctoras a las empresas que tengan un peso significativo en el mercado, adoptadas por las autoridades nacionales de reglamentación de conformidad con el marco regulador de las comunicaciones electrónicas de la Unión. Las medidas propuestas son necesarias a nivel de la Unión para mejorar las condiciones de instauración y funcionamiento del mercado interior, con el fin de: – Eliminar los obstáculos al funcionamiento del mercado interior derivados de la variedad de normas y prácticas administrativas a nivel nacional y subnacional, que obstaculiza el desarrollo y el crecimiento de las empresas europeas, repercute negativamente en la competitividad europea y crea obstáculos a la inversión y a la actuación transfronterizas, dificultando de este modo el libre suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas que garantiza la actual legislación de la Unión. Por ejemplo, los enfoques reglamentarios dispersos y faltos de transparencia en materia de despliegue de redes hacen que aumente el coste del acceso a cada mercado nacional. Esta fragmentación constituye un obstáculo para las empresas multinacionales, así como para las empresas nacionales deseosas de obtener economías de escala a nivel europeo en un contexto de creciente competencia mundial. También dificulta el desarrollo de los servicios innovadores que podrían surgir si las redes de muy alta velocidad pudieran atravesar las fronteras sin discontinuidades. – Estimular la cobertura generalizada en banda ancha, que es una condición previa para el desarrollo del mercado único digital, contribuyendo así a la supresión de un importante obstáculo para la consecución del mercado único y favoreciendo al mismo tiempo la cohesión territorial. Estos objetivos solo podrán alcanzarse si se reducen los costes del despliegue de la infraestructura en toda la UE. – Convertir en realidad el importante potencial sin explotar asociado a la reducción de costes y el fomento del despliegue de la banda ancha, en particular extendiendo las mejores prácticas existentes en toda la UE cuando estén disponibles. – Racionalizar los procesos de planificación e inversión eficientes a gran escala, lo que facilitaría el desarrollo de operadores paneuropeos. – Garantizar la igualdad de trato y la no discriminación de las empresas, así como de los inversores, en consonancia con los «objetivos y funciones ... estrechamente ligados a las materias a las que se refieren»[23] de varios instrumentos ya previstos en la legislación de la UE, en particular relativos al sector de las comunicaciones electrónicas[24], pero también a otros sectores (por ejemplo, empresas de servicios públicos que tratan de obtener beneficios de su infraestructura física, sinergias en la creación de redes inteligentes). Se han adoptado diversas medidas para que la presente propuesta respete el principio de subsidiariedad. – En primer lugar, los Estados miembros podrán mantener o adoptar disposiciones más detalladas en las que se precisen o complementen las obligaciones previstas en el Reglamento propuesto, por ejemplo, con respecto al acceso a las infraestructuras existentes, la coordinación de las obras civiles y el codespliegue. – Además, aun cuando las funciones creadas por la propuesta de Reglamento se asignan por defecto a la ANR independiente prevista en el marco regulador de las comunicaciones electrónicas, en razón de sus conocimientos técnicos e independencia, los Estados miembros pueden designar otros organismos competentes de conformidad con el sistema constitucional nacional de atribución de competencias y facultades[25], a un nivel de agregación óptimo, siempre que puedan obtenerse eficiencias valiosas habida cuenta de las tareas encomendadas. Esto se aplica a todas las tareas previstas en el Reglamento: el punto de información sobre concesión de autorizaciones, la transparencia y la solución de diferencias. – En segundo lugar, por lo que se refiere a la transparencia de las infraestructuras físicas existentes, si bien una serie de Estados miembros han puesto en marcha diferentes iniciativas de cartografiado, en forma de aplicaciones SIG (sistemas de información geográfica) que cubren en algunos Estados miembros no solo las infraestructuras de comunicaciones electrónicas, sino también las infraestructuras físicas de otros servicios públicos, la presente propuesta no obliga a los Estados miembros a realizar este ejercicio de cartografiado. Tampoco exige que los datos se agreguen o almacenen en un punto de contacto único. La obligación impuesta a los Estados miembros es la de «poner a disposición» tales datos en un punto de información único, y podría cumplirse facilitando enlaces a otros lugares. Del mismo modo, la propuesta no impone ninguna obligación general de notificación previa de las obras civiles previstas. Lo que permite es que los suministradores de comunicaciones electrónicas soliciten esa información a los suministradores de redes, con vistas al despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. – En tercer lugar, por lo que se refiere a la concesión de permisos, la presente propuesta no afecta a la autonomía procesal de los Estados miembros para asignar las competencias a nivel interno. Aunque deba disponerse de información sobre los distintos procedimientos de concesión de permisos y las solicitudes deban presentarse a través del punto de contacto, su papel se limita a despachar los diferentes permisos y coordinar el proceso de concesión. Además, los diferentes plazos solo se armonizan por defecto, permitiéndose a los Estados miembros mantener o introducir sus plazos específicos, sin perjuicio de otros plazos u obligaciones establecidos para la buena marcha del procedimiento que sean aplicables de conformidad con el derecho nacional o de la UE. – Por último, por lo que se refiere a los equipos en el interior de los edificios, la propuesta de Reglamento permite a los Estados miembros ajustar las obligaciones en él previstas a las particularidades nacionales y locales y excluir de su ámbito de aplicación determinadas categorías de edificios, tales como las viviendas unifamiliares o las renovaciones, respetando así plenamente los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 3.3. Proporcionalidad Las medidas propuestas también se justifican desde el punto de vista de la proporcionalidad. Las medidas de reducción de costes propuestas se centran en el aumento de la coordinación y la transparencia y en la armonización de los instrumentos mínimos, de manera que las partes interesadas puedan explotar las sinergias y reducir las ineficiencias en el despliegue. Asimismo, aunque las medidas propuestas tienen por objeto reducir los obstáculos al acceso a las infraestructuras físicas, no merman indebidamente los derechos de propiedad y preservan la negociación comercial como primer recurso. Las medidas propuestas no imponen modelos de negocio específicos. También dejan abierta la posibilidad de que los Estados miembros adopten disposiciones más detalladas, por lo cual, más que afectar a las iniciativas nacionales en curso, las complementan. En cambio, permitirán a los Estados miembros desarrollar sus medidas actuales y seleccionar la organización de las medidas existentes o nuevas que mejor se adapten a sus particularidades, sin que necesariamente supongan costes adicionales. Aun cuando el Reglamento propuesto afecta a los derechos de propiedad en cierta medida, ello no va en detrimento del principio de proporcionalidad. La propuesta permite las negociaciones comerciales para el acceso a la infraestructura física, sin imponer el acceso en unas condiciones orientadas por los costes o predefinidas. Contempla a título indicativo las razones por las que puede considerarse razonable denegar el acceso, por ejemplo la idoneidad técnica de la infraestructura física a la que se ha solicitado acceso para albergar elementos de las redes de comunicaciones electrónicas, la falta de espacio disponible para albergar dichos elementos, o la integridad y la seguridad de la red. Aparte de prever un procedimiento de solución de diferencias en caso de denegación de acceso no razonable, tiene en cuenta varios parámetros a la hora de fijar el precio del acceso, tales como la repercusión del acceso solicitado sobre el plan de negocios que sustenta las inversiones realizadas por el operador de la red, en particular en el caso del uso de infraestructuras físicas de construcción reciente para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. Con respecto a la transparencia de las infraestructuras físicas existentes, la propuesta se refiere a las infraestructuras adecuadas para el despliegue de redes de alta velocidad y no a las infraestructuras físicas en general. Asimismo, permite a los Estados miembros prever excepciones generales para las infraestructuras que no resultan técnicamente adecuadas. Además, la propuesta tiene por objeto la oferta de información al coste más bajo. Por esta razón, incluye unas obligaciones graduales, permitiendo organizar el acceso a la información ya disponible y recurriendo a los estudios únicamente cuando esta información no se encuentra fácilmente disponible a través de las autoridades públicas o los suministradores de comunicaciones electrónicas. En lo que se refiere a la coordinación de las obras civiles, la propuesta no limita la libertad económica de las empresas ni, en particular, impone el codespliegue a las partes que no hayan elegido este modelo comercial, salvo en el caso de financiación pública. Por el contrario, pretende favorecer los acuerdos comerciales de codespliegue, al fomentar una mejor difusión de la información sobre las futuras obras civiles. Por lo que se refiere a la infraestructura física dentro de los edificios, la obligación de dotar a los edificios de una infraestructura física adaptada a la alta velocidad se limita a los edificios nuevos u objeto de una renovación en profundidad. Esto se debe a que en tales casos el coste es marginal en comparación con el elevado coste que supondría la adaptación a posteriori de los edificios no equipados existentes con la infraestructura pasiva y es probable que quede compensado por el mayor valor del activo. Por otra parte, la propuesta reduce el ámbito de aplicación de esta obligación a las renovaciones en profundidad que requieran un permiso de construcción. También se ha previsto, por motivos de proporcionalidad, que los Estados miembros puedan conceder excepciones generales. 3.4 Derechos fundamentales Se ha analizado también la repercusión de las medidas propuestas sobre los derechos fundamentales. Aun cuando la obligación de que los operadores de redes atiendan todas las solicitudes razonables de acceso a su infraestructura física podría restringir la libertad de empresa y el derecho de propiedad, este posible efecto adverso se ve atenuado, no obstante, por la disposición de que dicho acceso deba concederse en unas condiciones equitativas, en particular en cuanto al precio. Además, esta limitación debe considerarse justificada y proporcionada en relación con el objetivo de reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, ya que reduciría la necesidad de llevar a cabo obras civiles, que representan casi el 80 % de los costes del despliegue de la red. Por lo que se refiere a la obligación de que los operadores de redes proporcionen un mínimo de información sobre las infraestructuras existentes, se han previsto salvaguardias en relación con el derecho a la intimidad y a la protección de los secretos comerciales al aceptar excepciones por motivos de secreto comercial y operativo. La obligación de las empresas que realicen obras civiles total o parcialmente financiadas con recursos públicos de atender cualquier solicitud razonable de acceso con vistas a desplegar elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad podría restringir la libertad de empresa y el derecho de propiedad. No obstante, tal obligación se aplicaría solamente si no supusiera ningún coste adicional para las obras civiles previstas inicialmente y si la solicitud de coordinación se presentase lo antes posible y, en cualquier caso, al menos un mes antes de la presentación del proyecto final a las autoridades competentes para conceder los permisos. Además, esta limitación debe considerarse justificada y proporcionada en relación con el objetivo de reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, ya que permitiría a los operadores de redes de comunicaciones electrónicas sufragar solo una parte de los costes de las obras civiles. La obligación de dotar a todos los edificios de nueva construcción de una infraestructura física adaptada a la alta velocidad en el interior del edificio podría incidir sobre los derechos de propiedad de los propietarios de los bienes de que se trate. Esta limitación debe considerarse justificada y proporcional en relación con el objetivo de reducir el coste de despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, ya que excluiría cualquier necesidad de dotar a los edificios de la infraestructura física a posteriori. El derecho de un suministrador de redes públicas de comunicaciones a terminar su red en el punto de concentración con vistas al acceso a la infraestructura física adaptada a la alta velocidad en el interior del edificio podría incidir sobre el derecho de propiedad de los propietarios de los bienes privados de que se trate. Estas restricciones quedan atenuadas, no obstante, por la obligación de los suministradores de redes públicas de comunicaciones de minimizar el impacto sobre la propiedad privada y de hacerse cargo de los eventuales costes. Además, esta limitación debe considerarse justificada y proporcionada en relación con el objetivo de reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, ya que permitiría a los operadores de comunicaciones electrónicas conseguir economías de escala cuando despliegan sus redes. El derecho de los suministradores de redes públicas de comunicaciones de acceder a cualquier infraestructura física adaptada a la alta velocidad existente en el interior del edificio podría incidir sobre los derechos de propiedad del titular del derecho a utilizar la infraestructura física dentro del edificio. Esta restricción queda limitada, sin embargo, puesto que dicho acceso debería concederse en condiciones razonables y solo se aplicaría en los casos en que la duplicación fuera técnicamente imposible o económicamente ineficiente. El derecho a una tutela judicial efectiva para las partes afectadas por las limitaciones mencionadas anteriormente queda garantizado por la posibilidad de recurso ante un organismo nacional competente de solución de diferencias, sin perjuicio del derecho de cualquiera de las partes a someter el asunto a los tribunales. 3.5. Instrumento elegido La Comisión propone un Reglamento porque representa una solución global, directamente aplicable, en particular para todos los permisos necesarios para desplegar redes. Garantiza la rápida disponibilidad de instrumentos de reducción de costes, en consonancia con la dinámica de los objetivos fijados en la Agenda Digital para Europa que deben alcanzarse a más tardar en 2020. Al contrario que una Directiva, que obligaría a conceder más tiempo para su transposición por los Estados miembros, el Reglamento instaurará rápidamente los derechos y obligaciones básicos para el despliegue de las redes en todo el mercado único. Por otra parte, una Directiva, por su misma naturaleza, permitiría un grado significativo de diferenciación en la aplicación de esos derechos y obligaciones, con la consiguiente perpetuación del mosaico que está ya creándose. Por el contrario, un instrumento jurídico directamente aplicable reducirá la fragmentación existente y evitará que se extienda, centrándose en la eliminación de una serie de obstáculos al desarrollo del mercado único de las redes de comunicaciones electrónicas, apoyándose en las mejores prácticas, pero dejando en gran parte las cuestiones organizativas a la discreción de los Estados miembros. Es necesario conceder a los suministradores un conjunto de derechos, directamente aplicables en relación con todas las etapas de la planificación y el despliegue de una red, a los que puedan acogerse ante los tribunales nacionales, no solo frente a los Estados miembros, sino también frente a otras partes privadas, tales como los propietarios de infraestructuras. Teniendo en cuenta que el núcleo de la propuesta es la definición de una serie de obligaciones y derechos directamente aplicables en la totalidad del mercado interior, parece que un Reglamento es un instrumento jurídico preferible a una Directiva, ya que presenta claras ventajas en cuanto a eficiencia y eficacia y crea una situación de igualdad de condiciones para ciudadanos y empresas, con mayor potencial para que las partes privadas velen por su aplicación[26]. Por consiguiente, un Reglamento directamente aplicable, a diferencia de una Directiva que exige la incorporación al Derecho interno, garantiza mejor el impacto inmediato necesario para contribuir al logro de los objetivos de la Agenda Digital relativos a la disponibilidad de la banda ancha en 2020. Las considerables ventajas de las medidas de reducción de los costes, tanto en términos de beneficios económicos como de ventajas para la sociedad, compensan con creces las eventuales cargas administrativas. 3.6. Estructura de la propuesta y principales derechos y obligaciones Artículo 1 – Objetivo y ámbito de aplicación – En el artículo 1 se establecen los objetivos y el ámbito de aplicación del Reglamento. Artículo 2 – Definiciones – Este artículo contiene definiciones que complementan las contenidas en el marco regulador de las comunicaciones electrónicas de la UE. Artículo 3 – Acceso a las infraestructuras físicas existentes – El artículo 3 establece el derecho general de los operadores de redes a ofrecer acceso a su infraestructura física y la obligación de que dichos operadores atiendan las solicitudes razonables de acceso a su infraestructura física con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electrónicas en unas condiciones equitativas. – Se prevé un órgano de solución de diferencias para examinar cualquier denegación de acceso o litigio relativo a las condiciones; este cometido se confiará, por defecto, a la autoridad nacional de reglamentación (ANR). Artículo 4 - Transparencia de las infraestructuras físicas – El artículo 4 prevé el derecho de acceso a un conjunto mínimo de información sobre las infraestructuras físicas existentes, así como sobre las obras civiles previstas. – Va acompañado de la obligación de que los operadores de redes atiendan las peticiones razonables de estudios sobre el terreno acerca de elementos específicos de su infraestructura física. – La resolución de los conflictos relativos a dichos estudios sobre el terreno o al acceso a la información se confiará a un órgano de solución de diferencias, por defecto, la ANR. Artículo 5 – Coordinación de las obras civiles – Este artículo contiene un derecho a negociar la coordinación de las obras civiles. – Además, impone la obligación de que las empresas que realicen obras civiles financiadas con recursos públicos atiendan las solicitudes razonables de acuerdos de coordinación de las obras civiles en condiciones transparentes y no discriminatorias. Artículo 6 - Concesión de permisos – Este artículo establece el derecho de acceso, por vía electrónica y a través de un punto de información único, a toda la información relativa a las condiciones y procedimientos específicos aplicables a las obras civiles, así como el derecho a presentar las solicitudes de permisos por vía electrónica a través de dicho punto. El punto de información facilita y coordina el proceso de concesión de permisos y supervisa el respeto de los plazos. – Además, se establece un plazo máximo general, en caso de que la legislación nacional o de la UE no prevea otro, así como el derecho a recibir oportunamente un pronunciamiento en relación con las solicitudes de permisos. Artículos 7 y 8 – Equipos en el interior de edificios – El artículo 7 establece la obligación de equipar los edificios nuevos, así como los edificios sometidos a una renovación en profundidad, con una infraestructura física interna adaptada a la alta velocidad, así como la obligación de dotar a los inmuebles de varias viviendas nuevos, así como a los antiguos sometidos a una renovación en profundidad, de un punto de concentración situado en el interior o en el exterior del edificio. – El artículo 8 instaura el derecho de los suministradores de redes de comunicaciones electrónicas a terminar sus equipos de red en el punto de concentración de los edificios, el derecho de los operadores de comunicaciones electrónicas a negociar el acceso a cualquier infraestructura física en el interior de un edificio adaptada a la alta velocidad y, en ausencia de ella, el derecho a terminar sus equipos de red en los locales privados del abonado siempre que minimicen el impacto sobre la propiedad privada y corran con los costes. Artículo 9 a 11 – Estos artículos contienen las disposiciones finales, incluida la designación de los organismos competentes y la obligación de revisar el Reglamento dentro de los tres años siguientes a su entrada en vigor. 4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La propuesta de Reglamento no tiene repercusiones para el presupuesto de la Unión. 2013/0080 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[27], Visto el dictamen del Comité de las Regiones[28], De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1) La economía digital está transformando profundamente el mercado único. Por su innovación, velocidad y capacidad para cruzar fronteras, tiene potencial para situar en nuevas cotas la integración del mercado único. La Unión tiene por objetivo una economía digital que proporcione beneficios económicos y sociales sostenibles basados en servicios en línea modernos y conexiones rápidas a Internet. Una infraestructura digital de alta calidad sustenta la práctica totalidad de los sectores de una economía moderna e innovadora y es de importancia estratégica para la cohesión social y territorial. Por lo tanto, todos los ciudadanos y empresas deben tener la oportunidad de formar parte de la economía digital. (2) Reconociendo la importancia del despliegue de la banda ancha de alta velocidad, los Estados miembros han aprobado los ambiciosos objetivos en materia de banda ancha que figuran en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «La Agenda Digital para Europa – Motor del crecimiento europeo»[29] («la Agenda Digital»): cobertura universal de la banda ancha para 2013, y acceso de todos los hogares de la UE a 30 Mbps, con al menos el 50 % de los hogares abonados a conexiones de Internet por encima de los 100 Mbps para 2020. (3) La Agenda Digital también ha indicado la necesidad de medidas que abaraten el despliegue de la banda ancha en todo el territorio de la Unión, incluidas una planificación y coordinación adecuadas y una reducción de las cargas administrativas. (4) Teniendo en cuenta la necesidad de actuar a escala de la UE para ofrecer una mejor cobertura de banda ancha, en particular mediante la reducción de los costes de las infraestructuras de banda ancha de alta velocidad[30], el Acta del Mercado Único II[31] subraya la necesidad de esfuerzos adicionales para alcanzar rápidamente los objetivos fijados en la Agenda Digital para Europa, entre otras cosas abordando el reto de la inversión en redes de alta velocidad. (5) El despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad fijas e inalámbricas en toda la Unión requiere inversiones sustanciales, una parte significativa de las cuales debe cubrir el coste de la obra civil. (6) Una parte importante de estos costes puede atribuirse a ineficiencias en el proceso de despliegue que guardan relación con la utilización de la infraestructura pasiva existente (como por ejemplo, conductos, cámaras subterráneas, bocas de inspección, distribuidores, postes, mástiles, instalaciones de antenas, torres y otras construcciones de soporte), puntos de estrangulamiento relacionados con la coordinación de las obras civiles, procedimientos administrativos de concesión de permisos engorrosos y puntos de estrangulamiento relacionados con el despliegue de las redes en el interior de los edificios. (7) Las medidas destinadas a aumentar la eficiencia en la utilización de las infraestructuras existentes y reducir los costes y los obstáculos en la realización de nuevas obras civiles deben aportar una contribución sustancial para garantizar un rápido y amplio despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, manteniendo al mismo tiempo una competencia efectiva. (8) Algunos Estados miembros han adoptado medidas destinadas a reducir los costes del despliegue de la banda ancha. La generalización de estas mejores prácticas en toda la Unión podría contribuir notablemente a la creación de un mercado único digital. Sin embargo, estas prácticas siguen siendo escasas y dispersas. Por otra parte, las diferencias en los requisitos reglamentarios impiden en ocasiones la cooperación entre empresas de servicio público y pueden crear barreras a la entrada de nuevos operadores de redes y a las nuevas oportunidades de negocio, obstaculizando el desarrollo de un mercado único para el uso y el despliegue de infraestructuras físicas para las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. Por último, las iniciativas a nivel de los Estados miembros no siempre parecen holísticas, cuando resulta esencial tomar medidas referidas a todo el proceso de despliegue, y a todos los sectores, si se quieren obtener efectos significativos y coherentes. (9) El presente Reglamento tiene por objeto establecer unos derechos y obligaciones mínimos aplicables en toda la Unión con el fin de facilitar el despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad y la coordinación intersectorial. Al tiempo que se garantizan unas condiciones mínimas de igualdad, es preciso hacerlo sin perjuicio de las mejores prácticas existentes y de las medidas adoptadas a nivel nacional y local que impliquen disposiciones y condiciones más detalladas, así como de las medidas adicionales que complementen estos derechos y obligaciones, de conformidad con el principio de subsidiariedad. (10) A la luz del principio lex specialis, cuando sean de aplicación medidas reguladoras más específicas conformes con la legislación de la UE, estas deben prevalecer sobre los derechos y obligaciones mínimos previstos en el presente Reglamento. Por tanto, el presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de la legislación de la UE y, en particular, de cualquier posible medida reguladora específica, incluida la imposición de medidas correctoras a las empresas que tengan un peso significativo en el mercado, aplicadas de conformidad con el marco regulador de las comunicaciones electrónicas de la Unión (Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco)[32], Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización)[33], Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso)[34], Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal)[35] y Directiva 2002/77/CE, de 16 de septiembre de 2002, relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas[36]). (11) Para los operadores de redes de comunicaciones electrónicas, en particular los nuevos, puede ser significativamente más eficiente reutilizar las infraestructuras físicas existentes, incluidas las de otras empresas de servicio público, para desplegar redes de comunicaciones electrónicas, especialmente en las zonas en las que no se disponga de una red de comunicaciones electrónicas adecuada, o cuando no sea económicamente viable construir una nueva infraestructura física. Además, las sinergias entre sectores pueden reducir significativamente la necesidad de las obras civiles necesarias para el despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas y, por lo tanto, también los costes sociales y ambientales ligados a ellos, tales como la contaminación, las molestias y la congestión del tráfico. Por tanto, el presente Reglamento debe ser aplicable no solo a los suministradores de redes de comunicaciones electrónicas, sino a cualquier propietario o titular de los derechos de utilización de infraestructuras físicas amplias y ubicuas adecuadas para albergar elementos de las redes de comunicaciones electrónicas, tales como las redes físicas de suministro de electricidad, gas, agua y alcantarillado, calefacción y servicios de transporte. (12) Teniendo en cuenta su bajo nivel de diferenciación, es frecuente que las instalaciones físicas de estas redes puedan albergar al mismo tiempo una amplia gama de elementos de las redes de comunicaciones electrónicas, incluidos los capaces de prestar servicios de acceso de banda ancha a una velocidad de al menos 30 Mbps en consonancia con el principio de neutralidad tecnológica, sin que ello afecte al servicio principal transportado y con unos costes de adaptación mínimos. Por lo tanto, una infraestructura física pensada únicamente para albergar otros elementos de una red sin llegar a ser un elemento activo de ella se puede, en principio, utilizar para albergar cables de comunicaciones electrónicas, equipos u otros elementos de las redes de comunicaciones electrónicas, con independencia de su utilización real o su estructura de propiedad. Sin perjuicio de la atención a los intereses generales específicos relacionados con la prestación del servicio principal, deben fomentarse las sinergias entre los operadores de redes con el fin de contribuir al mismo tiempo a la consecución de los objetivos de la Agenda Digital. (13) Aun cuando el presente Reglamento debe entenderse también sin perjuicio de eventuales salvaguardias específicas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad de las redes, así como para garantizar que el servicio principal prestado por el operador de la red no se vea afectado, las normas generales de la legislación nacional que prohíban a los operadores de redes negociar el acceso a las infraestructuras físicas por los suministradores de redes de comunicaciones electrónicas podrían impedir la instauración de un mercado de acceso a las infraestructuras físicas y, por lo tanto, deben suprimirse. Al mismo tiempo, las medidas previstas en el presente Reglamento deben entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros hagan más atractiva la oferta de acceso a las infraestructuras por los operadores de servicios públicos excluyendo los ingresos procedentes de este servicio de la base para el cálculo de las tarifas de los usuarios finales relativas a su actividad o actividades principales, de conformidad con la legislación de la UE aplicable. (14) El operador de una red podrá denegar el acceso a determinadas infraestructuras físicas por razones objetivas. En particular, podría ocurrir que una infraestructura física no fuera técnicamente adecuada a la vista de circunstancias específicas relacionadas con las infraestructuras a las que se ha solicitado acceso, incluida la falta de espacio. Del mismo modo, en determinadas circunstancias, el hecho de compartir la infraestructura podría poner en peligro la integridad y seguridad de la red, o bien la prestación de servicios que son prestados principalmente a través de la misma infraestructura. Además, cuando el operador de la red proporcione ya un acceso al por mayor a la infraestructura física de la red que responda a las necesidades del solicitante de acceso, el acceso a la infraestructura física subyacente podría tener una repercusión económica negativa sobre su modelo de negocio y sobre los incentivos para invertir, al tiempo que conllevaría posiblemente una duplicación ineficiente de elementos de la red. Al mismo tiempo, en el caso de las obligaciones de acceso a la infraestructura física impuestas con arreglo al marco regulador de las comunicaciones electrónicas de la Unión, como las relativas a las empresas con peso significativo en el mercado, esto ya quedaría cubierto por obligaciones reglamentarias específicas que no deben verse afectadas por el presente Reglamento. (15) Cuando los suministradores de redes de comunicaciones electrónicas soliciten el acceso en una zona determinada, los operadores de redes deberían proponer una oferta para el uso compartido de sus instalaciones en condiciones equitativas, incluidas las referentes al precio, a menos que denieguen el acceso sobre la base de razones objetivas. Dependiendo de las circunstancias, varios elementos podrían influir en las condiciones de concesión del acceso, como por ejemplo: los eventuales costes adicionales de mantenimiento y adaptación; las salvaguardias preventivas que deban adoptarse para limitar los efectos adversos sobre la seguridad y la integridad de la red; las eventuales disposiciones específicas sobre responsabilidad en caso de daños; el uso de cualquier subvención pública concedida para la construcción de la infraestructura, incluidas las condiciones específicas vinculadas a la subvención o establecidas en virtud de la legislación nacional conforme al Derecho de la Unión; cualquier limitación derivada de disposiciones nacionales encaminadas a proteger el medio ambiente, la salud pública y la seguridad pública, o a satisfacer objetivos de ordenación rural o urbana. (16) En caso de desacuerdo en una negociación comercial sobre las condiciones comerciales y técnicas, las partes deben tener la posibilidad de recurrir a un organismo de solución de diferencias a nivel nacional para que les imponga una solución, a fin de evitar que se rechace injustificadamente un acuerdo o se impongan condiciones poco razonables. Al determinar los precios para la concesión del acceso, el organismo de resolución de conflictos debe tener en cuenta las inversiones realizadas en la infraestructura física. En el caso concreto del acceso a las infraestructuras físicas de los operadores de redes de comunicaciones electrónicas, las inversiones realizadas en esta infraestructura pueden contribuir directamente a la consecución de los objetivos de la Agenda Digital para Europa y la competencia en mercados descendentes puede verse influida por el parasitismo. Por lo tanto, cualquier obligación de acceso debe tener en cuenta la viabilidad económica de estas inversiones sobre la base del calendario de recuperación de la inversión, la incidencia del acceso sobre la competencia en mercados descendentes, la depreciación de los activos de la red en el momento de la solicitud de acceso, el modelo de negocio que justifique la inversión realizada, especialmente en las infraestructuras físicas de reciente construcción utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, y la posibilidad de codespliegue que se ofrezca al solicitante de acceso. (17) Para planificar de manera eficaz el despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad y garantizar la utilización más eficaz de las infraestructuras existentes adecuadas para el despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas, las empresas autorizadas a suministrar redes de comunicaciones electrónicas deben tener acceso a una información mínima referente a las infraestructuras físicas disponibles en la zona de despliegue. Dicha información mínima debe permitir evaluar el potencial de utilización de la infraestructura existente en una zona específica, así como reducir los daños a cualquier infraestructura física existente. Teniendo en cuenta el número de partes interesadas y para facilitar el acceso a esa información, en particular a través de los sectores y las fronteras, dicha información mínima debe ofrecerse a través de un punto de información único. Este punto de información debe permitir el acceso a la información mínima ya disponible en forma electrónica, sin perjuicio de las limitaciones necesarias para garantizar la seguridad y la integridad de la red o proteger secretos comerciales y operativos legítimos. (18) Aun sin imponer ninguna nueva obligación cartográfica a los Estados miembros, el presente Reglamento prevé que la información mínima ya recopilada por los organismos del sector público y disponible en formato electrónico con arreglo a iniciativas nacionales, así como en virtud de la legislación de la UE (como la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire)[37]) debe ofrecerse, por ejemplo mediante un hiperenlace a un punto de información único, con vistas a permitir a los suministradores de redes de comunicaciones electrónicas un acceso coordinado a la información sobre las infraestructuras físicas, al tiempo que se garantiza la seguridad e integridad de dicha información. Esta oferta de información debe entenderse sin perjuicio de los requisitos de transparencia ya aplicables a la reutilización de la información del sector público con arreglo a la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público[38]. Cuando la información de que disponga el sector público no garantice un conocimiento adecuado de las infraestructuras físicas existentes en una zona específica o de un tipo determinado, los operadores de redes deben poner la información a disposición del punto de información único cuando así se les solicite. (19) Si la información mínima no está disponible a través de un punto de información único, debe asegurarse en cualquier caso la posibilidad de que los operadores de redes de comunicaciones electrónicas soliciten directamente dicha información específica con respecto a cualquier operador de redes de la zona afectada. Además, si la solicitud es razonable, y en particular si es necesaria con vistas a la posibilidad de compartir infraestructuras físicas existentes o de coordinar las obras civiles, los operadores de redes de comunicaciones electrónicas deben tener la posibilidad de hacer estudios sobre el terreno y de solicitar información acerca de las obras civiles previstas en condiciones transparentes, proporcionadas y no discriminatorias, y sin perjuicio de las salvaguardias que se adopten para garantizar la seguridad y la integridad de la red, así como para la protección de los secretos comerciales y operativos. Debe incentivarse una transparencia mayor de las obras civiles previstas por los propios operadores de redes, o por puntos de información únicos proactivos facultados para exigir dicha información, en particular para las zonas de mayor utilidad, reorientando a los operadores autorizados hacia dicha información cuando esté disponible. (20) Cuando surjan diferencias en relación con el acceso a la información sobre las infraestructuras físicas con vistas al despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, el punto de información único debe poder resolverlas mediante una decisión de obligado cumplimiento, sin perjuicio de la posibilidad de que cualquiera de las partes someta el asunto a los tribunales. (21) La coordinación de las obras civiles relativas a las infraestructuras físicas puede suponer importantes ahorros y minimizar las molestias para la zona afectada por el despliegue de nuevas redes de comunicaciones electrónicas. Por esta razón, deben prohibirse las restricciones reglamentarias que impidan como norma general la negociación entre los operadores de redes con vistas a coordinar dichas obras para desplegar también las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. En el caso de las obras civiles no financiadas con recursos públicos, sin embargo, esto no debe ir en detrimento de la posibilidad de que las partes interesadas celebren acuerdos de coordinación de las obras civiles con arreglo a sus propios planes de inversión y de negocios y su calendario preferido. (22) Las obras civiles total o parcialmente financiadas con recursos públicos deben procurar optimizar los resultados colectivos positivos, aprovechando las externalidades positivas de estas obras en los diversos sectores y garantizando la igualdad de oportunidades para compartir las infraestructuras físicas disponibles y previstas a fin de desplegar redes de comunicaciones electrónicas. Aun cuando esto no deba afectar negativamente al objetivo principal de las obras civiles financiadas con recursos públicos, las solicitudes oportunas y razonables de coordinación del despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, para garantizar por ejemplo la cobertura de eventuales costes adicionales y la minimización de los cambios en los planes originales, deben ser atendidas por la empresa que realice las obras civiles en cuestión en condiciones proporcionadas, no discriminatorias y transparentes, sin perjuicio de la normativa sobre ayudas estatales aplicable. Es preciso disponer de procedimientos específicos para garantizar la rápida resolución de las diferencias relativas a la negociación de estos acuerdos de coordinación en condiciones razonables, proporcionadas, no discriminatorias y transparentes. Tales disposiciones deben entenderse sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a reservar capacidad para las redes de comunicaciones electrónicas, incluso en ausencia de solicitudes específicas, con vistas a satisfacer la futura demanda de infraestructuras físicas a fin de maximizar el valor de las obras civiles, o a adoptar medidas que supongan derechos similares a la coordinación de las obras civiles para los operadores de otros tipos de redes, como las de gas o electricidad. (23) Pueden resultar necesarios varios permisos diferentes en relación con el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas o de nuevos elementos de las redes, por ejemplo permisos de construcción, urbanísticos, medioambientales u otros, con objeto de proteger los intereses generales nacionales y de la Unión. El número de permisos exigidos para el despliegue de diferentes tipos de redes de comunicaciones electrónicas y el carácter local del despliegue pueden significar la aplicación de una diversidad de trámites y condiciones. Sin perjuicio del derecho de participación de las autoridades competentes ni de sus prerrogativas de adopción de decisiones de conformidad con el principio de subsidiariedad, el establecimiento de un punto único que proporcione información sobre todos los procedimientos y condiciones generales aplicables a las obras civiles podría reducir la complejidad y reforzar la eficiencia y la transparencia, en particular en el caso de los operadores nuevos o de menor envergadura no activos en la zona afectada. Por otra parte, las empresas que desplieguen redes de comunicaciones electrónicas deben tener derecho a presentar su solicitud de permiso a través de un punto de contacto único, al que se haya confiado la responsabilidad de coordinar los distintos trámites y comprobar que las decisiones se adoptan dentro de los plazos legales. Este punto de contacto debe actuar como una ventanilla única, aunque no necesariamente estar dotado de competencias decisorias a menos que el Derecho nacional se las haya confiado. (24) Para garantizar que los procedimientos de concesión de permisos no constituyen obstáculos a la inversión ni tienen efectos adversos sobre el mercado único, la decisión sobre si se aprueba o no una solicitud de autorización deberá estar disponible en todo caso en el plazo de seis meses a más tardar, sin perjuicio de otros plazos u obligaciones específicos establecidos para la buena marcha del procedimiento que sean aplicables al procedimiento de concesión de permisos de conformidad con el derecho nacional o de la UE. Tal decisión podrá ser de carácter tácito o expreso con arreglo a las disposiciones legales aplicables. Además, cualquier retraso en la decisión sobre la concesión de un permiso debe activar el derecho de compensación a las empresas que hayan solicitado el permiso si pueden demostrar que han sufrido perjuicios como consecuencia de dicho retraso. Este derecho debe ejercerse de conformidad con las salvaguardias procedimentales y sustantivas previstas en las legislaciones nacionales. (25) A fin de garantizar que los procedimientos de concesión de permisos concluyan en un plazo razonable, los Estados miembros pueden establecer diversas salvaguardias, tales como la aprobación tácita, o adoptar medidas para simplificar los procedimientos de concesión, entre otras cosas reduciendo el número de permisos necesarios para desplegar las redes de comunicaciones electrónicas o eximiendo a determinadas categorías de obras civiles de pequeña envergadura o rutinarias de la concesión del permiso. Las autoridades de nivel nacional, regional o local deben justificar toda denegación de permiso que les competa, sobre la base de criterios y condiciones transparentes, no discriminatorios, objetivos y proporcionados. Ello debe entenderse sin perjuicio de las medidas adoptadas por los Estados miembros para eximir a determinados elementos de las redes de comunicaciones electrónicas, sean pasivos o activos, de la concesión de permisos. (26) La consecución de los objetivos de la Agenda Digital exige que el despliegue de la infraestructura se acerque a la ubicación de los usuarios finales, respetando plenamente el principio de proporcionalidad por lo que se refiere a cualquier limitación de los derechos de propiedad justificable por el interés general perseguido. Es preciso facilitar el acercamiento de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad al usuario final asegurando al mismo tiempo la neutralidad tecnológica, en particular para la infraestructura física en el interior de los edificios adaptada a la alta velocidad. Teniendo en cuenta que la creación de miniconductos durante la construcción del edificio tiene un coste incremental muy limitado, mientras que la equipación a posteriori de los edificios con infraestructura de alta velocidad puede representar una parte significativa de los costes del despliegue de la red de alta velocidad, todos los edificios nuevos o sometidos a una renovación en profundidad deben equiparse con la infraestructura física que permita la conexión de los usuarios finales a las redes de alta velocidad. Para desplegar la red de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, por otra parte, los inmuebles de varias viviendas nuevos, así como los sometidos a una renovación en profundidad, deben equiparse con un punto de acceso o de concentración a través del cual el suministrador pueda acceder a la red interior del edificio. En la práctica, esto significaría que los promotores deben prever conductos vacíos desde cada vivienda hasta un punto de concentración situado en el interior o en el exterior del edificio. Puede haber casos, como las viviendas unifamiliares nuevas o ciertos tipos de obras de renovación en profundidad en zonas aisladas, en los que la perspectiva de una conexión de alta velocidad se considere, por razones objetivas, demasiado remota como para justificar los costes adicionales que supone el despliegue de las infraestructuras físicas internas adaptadas a la alta velocidad y/o un punto de concentración. (27) Cuando los suministradores de redes públicas de comunicaciones despliegan redes de alta velocidad en una zona específica, obtienen importantes economías de escala si pueden terminar su red en el punto de concentración del edificio, con independencia de si los propietarios, la comunidad de propietarios o los residentes han expresado explícitamente su interés por el servicio en ese momento, pero siempre que se minimicen las repercusiones sobre la propiedad privada, utilizando las infraestructuras físicas existentes y restaurando la zona afectada. Una vez que la red termina en el punto de concentración, es posible conectar a un nuevo cliente a un coste mucho más bajo, en particular mediante el acceso a un segmento vertical adaptado a la alta velocidad dentro del edificio, cuando ya exista. (28) A la vista de los beneficios sociales derivados de la inclusión digital, y teniendo en cuenta la economía del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, cuando no existe infraestructura pasiva o activa adaptada a la alta velocidad que dé servicio a los locales de los usuarios ni alternativas para suministrar redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad a los usuarios finales, cualquier suministrador de redes de comunicaciones públicas debe tener derecho a terminar su red en un local privado sufragando sus costes, cuando haya obtenido el consentimiento del abonado, y siempre que se minimicen las repercusiones sobre la propiedad privada, por ejemplo, cuando sea posible, mediante la reutilización de las infraestructuras físicas existentes disponibles en el edificio o garantizando la restauración plena de las zonas afectadas. (29) Sin perjuicio de las tareas encomendadas a las autoridades nacionales de reglamentación en el marco regulador de las comunicaciones electrónicas de la Unión, a falta de designación específica por parte de los Estados miembros, y a fin de garantizar la coherencia en las decisiones relativas a la solución de diferencias, las funciones de esta índole previstas en el presente Reglamento deben asignarse a las autoridades que desempeñan las funciones previstas en el artículo 20 de la Directiva 2002/21/CE, teniendo en cuenta los conocimientos especializados disponibles y las garantías de independencia e imparcialidad. Sin embargo, en consonancia con el principio de subsidiariedad, el presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros asignen las funciones reglamentarias en él previstas a las autoridades más adecuadas para desempeñarlas de conformidad con el sistema constitucional nacional de atribución de competencias y facultades y con los requisitos que establece el presente Reglamento. (30) Cualquier organismo designado por el Estado miembro para la solución de conflictos debe garantizar su imparcialidad e independencia con respecto a las partes implicadas. Asimismo, las autoridades deben disponer de los recursos adecuados y de facultades sancionadoras en caso de incumplimiento de las decisiones adoptadas. (31) A fin de garantizar la eficacia de los puntos de información previstos en el presente Reglamento, los Estados miembros que decidan designar organismos diferentes de la autoridad nacional de reglamentación que desempeña las funciones previstas en el artículo 20 de la Directiva 2002/21/CE deben aportar los recursos adecuados y velar por que la información pertinente referente a una zona específica se ofrezca en dichos puntos de información a un nivel óptimo de agregación que permita asegurar valiosas eficiencias a la vista de las funciones asignadas (por ejemplo, el registro catastral). En este sentido, los Estados miembros pueden tomar en consideración las posibles sinergias y economías de alcance con las ventanillas únicas mencionadas en el artículo 6 de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva sobre servicios), con vistas a apoyarse en las estructuras existentes y obtener un máximo de ventajas para los usuarios finales. (32) Dado que los objetivos de la acción pretendida, a saber, facilitar el despliegue de infraestructuras físicas adecuadas para las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad en toda la Unión, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que pueden alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión, la Unión puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos. (33) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y los principios reconocidos, en particular, por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y especialmente el derecho a la intimidad y la protección del secreto comercial, la libertad de empresa, el derecho de propiedad y el derecho a la tutela judicial efectiva. El presente Reglamento debe ser aplicado por los Estados miembros de acuerdo con esos derechos y principios. HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Artículo 1 Objetivo y ámbito de aplicación 1. El presente Reglamento pretende facilitar e incentivar el despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad fomentando la utilización conjunta de las infraestructuras físicas existentes y el despliegue más eficiente de otras nuevas, de manera que resulte posible desplegar dichas redes a un menor coste. 2. El presente Reglamento se aplicará a todas las obras civiles e infraestructuras físicas, tal como se definen en el artículo 2. 3. El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de los derechos de los Estados miembros a mantener o introducir medidas conformes con el Derecho de la Unión que contengan disposiciones más detalladas que las establecidas en él. 4. El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2002/21/CE, la Directiva 2002/20/CE, la Directiva 2002/19/CE, la Directiva 2002/22/CE y la Directiva 2002/77/CE. Artículo 2 Definiciones A efectos del presente Reglamento, serán de aplicación las definiciones que figuran en las Directivas 2002/21/CE, 2002/20/CE, 2002/19/CE, 2002/22/CE y 2002/77/CE. Se aplicarán asimismo las siguientes definiciones: 1. «operador de red»: suministrador de redes de comunicaciones electrónicas, así como la empresa que proporciona una infraestructura física destinada a prestar un servicio de producción, transporte o distribución de gas, electricidad, incluida la iluminación pública, calefacción, agua, incluida la evacuación o tratamiento de aguas residuales y el alcantarillado; los servicios de transporte, incluidos los ferrocarriles, las carreteras, los puertos y los aeropuertos; 2. «infraestructura física»: cualquier elemento de una red que no sea activo, como tuberías, mástiles, conductos, cámaras de acceso, bocas de inspección, distribuidores, edificios o entradas a edificios, instalaciones de antenas, torres y postes y sus recursos asociados; 3. «red de comunicaciones electrónicas de alta velocidad»: red de comunicaciones electrónicas capaz de prestar servicios de acceso de banda ancha a velocidades de al menos 30 Mbps. 4. «obras civiles»: cada uno de los resultados de las obras de construcción o de ingeniería civil tomadas en conjunto que se basta para desempeñar una función económica o técnica e implica uno o más elementos de una infraestructura física; 5. «organismo del sector público»: autoridad estatal, regional o local, organismo de Derecho público o asociación constituida por una o más de dichas autoridades o uno o más de dichos organismos de Derecho público; 6. «organismo de Derecho público»: cualquier organismo a) creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general y que no tenga carácter industrial o mercantil, b) dotado de personalidad jurídica; c) cuya actividad esté total o mayoritariamente financiada por las autoridades estatales, regionales o locales u otros organismos de Derecho público; o cuya gestión esté sujeta al control de dichas autoridades u organismos; o que tenga un órgano de administración, de dirección o de vigilancia compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados por las autoridades estatales, regionales o locales u otros organismos de Derecho público; 7. «infraestructura física en el interior del edificio»: infraestructura física en la localización del usuario final, que incluye elementos de propiedad conjunta, destinada a albergar redes de acceso alámbricas y/o inalámbricas, cuando tales redes de acceso son capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas y conectar el punto de concentración del edificio con el punto de terminación de la red; 8. «infraestructura física en el interior del edificio adaptada a la alta velocidad»: infraestructura física en el interior del edificio destinada a albergar elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad; 9. «trabajos de renovación en profundidad»: obras de construcción o de ingeniería civil en la localización del usuario final que incluyan modificaciones estructurales de la infraestructura física dentro del edificio y precisen de un permiso de construcción; 10. «permiso»: decisión implícita o formal de una autoridad competente con arreglo a un procedimiento que obliga a una persona a adoptar disposiciones para ejecutar legalmente obras de construcción o de ingeniería civil. Artículo 3 Acceso a la infraestructura física existente 1. Los operadores de redes tendrán derecho a ofrecer el acceso a su infraestructura física con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. 2. A petición expresa por escrito de una empresa autorizada para suministrar redes de comunicaciones electrónicas, los operadores de redes tendrán la obligación de atender todas las solicitudes razonables de acceso a su infraestructura física en condiciones equitativas, en particular en cuanto al precio, con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. 3. Toda denegación de acceso deberá basarse en criterios objetivos, que podrán guardar relación, en particular, con: a) la idoneidad técnica de la infraestructura física a la que se ha solicitado acceso para albergar cualquiera de los elementos de las redes de comunicaciones electrónicas a que se refiere el apartado 2; b) la disponibilidad de espacio para acoger los elementos a que se refiere la letra a); c) la integridad y la seguridad de una red ya desplegada; d) los riesgos de interferencias graves de los servicios de comunicaciones electrónicas previstos con la prestación de otros servicios a través de la misma infraestructura física; e) la disponibilidad de medios alternativos de acceso a la infraestructura de red física al por mayor facilitados por el operador de la red y que son adecuados para el suministro de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. El operador de la red deberá exponer los motivos de la denegación en el plazo de un mes a partir de la solicitud de acceso formulada por escrito. 4. Cuando se deniegue el acceso o no se llegue a un acuerdo sobre las condiciones específicas, incluidos los precios, en un plazo de dos meses a partir de la solicitud de acceso formulada por escrito, cualquiera de las partes podrá someter la cuestión al organismo nacional de solución de diferencias competente. 5. El organismo nacional de solución de diferencias a que se refiere el apartado 4, teniendo plenamente en cuenta el principio de proporcionalidad, adoptará una decisión vinculante para resolver el conflicto iniciado con arreglo al apartado 4, incluida la fijación de condiciones y precios equitativos cuando proceda, en el plazo más breve posible y, en cualquier caso, en el plazo máximo de cuatro meses, sin perjuicio de la posibilidad de que cualquiera de las partes someta el asunto a los tribunales. Cualquier precio fijado por el organismo de solución de diferencias tendrá en cuenta la incidencia del acceso solicitado en el plan de negocio que sustenta las inversiones realizadas por el operador de la red a la que se solicita el acceso, en particular en el caso de las infraestructuras físicas de construcción reciente utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. Artículo 4 Transparencia en relación con las infraestructuras físicas 1. A fin de solicitar el acceso a una infraestructura física de conformidad con el artículo 3, las empresas autorizadas para suministrar redes de comunicaciones electrónicas tendrán derecho a acceder, previa solicitud, a través de un punto de información único, a la siguiente información mínima relativa a las infraestructuras físicas existentes de cualquier operador de redes: a) localización, trazado y coordenadas de referencia geográficas; b) tamaño, tipo y utilización actual de la infraestructura; c) nombre del propietario o del titular de los derechos de uso de la infraestructura física y un punto de contacto. La empresa que solicite el acceso precisará la zona afectada con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. El acceso a la información mínima sobre la zona especificada se concederá inmediatamente en forma electrónica y en condiciones proporcionadas, no discriminatorias y transparentes. El punto de información único solamente podrá limitar el acceso a la información mínima cuando se considere necesario por motivos de seguridad e integridad de las redes o de secreto comercial u operativo. El punto de información único garantizará que el acceso a la información mínima de conformidad con el presente apartado esté disponible el [Publications Office: please insert the exact date: entry into force of this Regulation + 12 months] a más tardar. 2. Los organismos del sector público que dispongan en formato electrónico de la información mínima a que se refiere el apartado 1 relativa a la infraestructura física de un operador de redes en razón de su cometido la pondrán a disposición del punto de información único por vía electrónica antes del [Publications Office: please insert the exact date: entry into force of this Regulation + 6 months]. Cualquier actualización de esta información y cualquier nueva información mínima a que se refiere el apartado 1 recibida por el organismo del sector público se pondrán a disposición del punto de información único en el plazo de un mes a partir de su recepción. 3. Cuando la información mínima a que se refiere el apartado 1 no obre en poder de organismos del sector público con arreglo al apartado 2, los operadores de redes ofrecerán, previa petición expresa del punto de información único, la información mínima a que se refiere el apartado 1 sobre su infraestructura física en formato electrónico y en el plazo de un mes a partir de la solicitud. Los operadores de redes pondrán a disposición del punto de información único cualquier actualización de la información mínima facilitada en el plazo de un mes a partir de la modificación real de la red física que modifica la información mínima. 4. Cuando la información mínima a que se refiere el apartado 1 no esté disponible a través del punto de información único, los operadores de redes facilitarán el acceso a dicha información previa petición expresa por escrito de una empresa autorizada para suministrar redes de comunicaciones electrónicas. La solicitud precisará la zona afectada con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. El acceso a la información se concederá en el plazo de un mes a partir de la solicitud formulada por escrito en condiciones proporcionadas, no discriminatorias y transparentes, sin perjuicio de las limitaciones en virtud del apartado 1. 5. A petición expresa por escrito de una empresa autorizada para suministrar redes de comunicaciones electrónicas, los operadores de redes deberán atender las demandas razonables de estudios sobre el terreno de elementos específicos de su infraestructura física. La solicitud especificará los elementos de red afectados con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. Los estudios sobre el terreno de los elementos de red especificados se autorizarán en el plazo de un mes a partir de la solicitud formulada por escrito en condiciones proporcionadas, no discriminatorias y transparentes, sin perjuicio de las limitaciones en virtud del apartado 1. 6. A petición expresa por escrito de una empresa autorizada para suministrar redes de comunicaciones electrónicas, los operadores de redes ofrecerán la siguiente información mínima referente a las obras civiles en curso o previstas relacionadas con su infraestructura física para las que se haya concedido permiso, esté pendiente un procedimiento de concesión de permiso o se prevea presentar por vez primera una solicitud de permiso a las autoridades competentes en los seis meses siguientes: a) localización y tipo de obra; b) elementos de la red implicados; c) fecha prevista de inicio de las obras y duración de estas; d) punto de contacto. La solicitud de una empresa autorizada para suministrar redes de comunicaciones electrónicas precisará la zona afectada con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. En un plazo de dos semanas a partir de la solicitud formulada por escrito, los operadores de redes facilitarán la información solicitada en condiciones proporcionadas, no discriminatorias y transparentes, sin perjuicio de las limitaciones en virtud del apartado 1. 7. El operador de la red podrá denegar la solicitud a que se refiere el apartado 6 si: - ha hecho pública la información solicitada en formato electrónico, o - se puede acceder a esta información a través de un punto de información único. 8. Previa petición expresa, los operadores de redes pondrán a disposición de un punto de información único la totalidad de la información mínima a que se refiere el apartado 6. 9. En caso de que surja una diferencia en relación con los derechos y obligaciones establecidos en los apartados 4 a 7, cualquiera de las partes tendrá derecho a recurrir a un organismo nacional de solución de diferencias. Dicho organismo, teniendo plenamente en cuenta el principio de proporcionalidad, adoptará una decisión vinculante para resolver la diferencia en el plazo más breve posible y, en todo caso, en un plazo de dos meses, sin perjuicio de la posibilidad de que cualquiera de las partes someta el asunto a los tribunales. 10. Los Estados miembros podrán prever excepciones a las obligaciones establecidas en los apartados 1 a 5 en el caso de las infraestructuras físicas existentes que no se consideren técnicamente adecuadas para el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. Tales medidas estarán debidamente motivadas a este respecto. Las partes interesadas tendrán la oportunidad de presentar observaciones sobre los proyectos de medidas dentro de un plazo razonable. Toda medida de este tipo deberá notificarse a la Comisión. Artículo 5 Coordinación de las obras civiles 1. Los operadores de redes tendrán derecho a negociar acuerdos relativos a la coordinación de las obras civiles con las empresas autorizadas para suministrar redes de comunicaciones electrónicas con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. 2. Las empresas que realicen obras civiles total o parcialmente financiadas con recursos públicos deberán atender cualquier solicitud razonable de las empresas autorizadas para suministrar redes de comunicaciones electrónicas con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad relativa a un acuerdo de coordinación de las obras civiles en condiciones transparentes y no discriminatorias, siempre que ello no implique ningún coste adicional para las obras civiles previstas inicialmente y que la solicitud de coordinación se presente lo antes posible y, en cualquier caso, al menos un mes antes de la presentación del proyecto final a las autoridades competentes para la concesión de permisos. 3. Cuando no se consiga un acuerdo sobre la coordinación de las obras civiles en aplicación del apartado 2 en el plazo de un mes a partir de la solicitud formal de negociación, cualquiera de las partes podrá someter la cuestión al organismo nacional de solución de diferencias competente. 4. El organismo nacional de solución de diferencias a que se refiere el apartado 3, teniendo plenamente en cuenta el principio de proporcionalidad, adoptará una decisión vinculante para resolver la diferencia iniciada con arreglo al apartado 3, incluida la fijación de condiciones y precios equitativos y no discriminatorios cuando proceda, en el plazo más breve posible y, en cualquier caso, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de la posibilidad de que cualquiera de las partes someta el asunto a los tribunales. 5. Los Estados miembros podrán prever excepciones a las obligaciones establecidas en el presente artículo en relación con las obras civiles de valor insignificante. Tales medidas estarán debidamente motivadas a este respecto. Las partes interesadas tendrán la oportunidad de presentar observaciones sobre los proyectos de medidas dentro de un plazo razonable. Toda medida de este tipo deberá notificarse a la Comisión. Artículo 6 Concesión de permisos 1. Las empresas autorizadas para suministrar redes de comunicaciones electrónicas tendrán derecho a acceder por vía electrónica a través de un punto de información único, previa solicitud, a toda la información relativa a las condiciones y procedimientos aplicables para la concesión de permisos en relación con las obras civiles necesarias para desplegar elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, incluidas las excepciones aplicables a tales elementos por lo que se refiere a una parte o la totalidad de los permisos exigidos en virtud del Derecho nacional. 2. Las empresas autorizadas para suministrar redes de comunicaciones electrónicas tendrán derecho a presentar por vía electrónica, a través del punto de información único, las solicitudes de los permisos exigidos en relación con las obras civiles necesarias para desplegar elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. El punto de información único facilitará y coordinará el proceso de concesión de permisos. En particular, se asegurará de que las solicitudes se remiten a las autoridades competentes que intervienen en la concesión de los permisos aplicables a las obras civiles de que se trate y supervisarán el cumplimiento de los plazos aplicables de conformidad con el apartado 3. 3. Las autoridades competentes concederán o denegarán los permisos dentro de los seis meses siguientes a la recepción de la solicitud, sin perjuicio de otros plazos u obligaciones específicos establecidos para la buena marcha del procedimiento que sean aplicables al procedimiento de concesión de permisos de conformidad con el Derecho nacional o de la UE. Cualquier denegación deberá justificarse sobre la base de criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados. 4. Las empresas autorizadas para suministrar redes de comunicaciones electrónicas que hayan sufrido perjuicios como resultado del incumplimiento de los plazos aplicables con arreglo al apartado 3 tendrán derecho a recibir una compensación de la autoridad competente por el perjuicio sufrido, de conformidad con el Derecho nacional. Artículo 7 Equipos en el interior de los edificios 1. Todos los edificios de nueva construcción en dependencias del usuario final, incluidos los elementos sometidos a propiedad conjunta, para los que se hayan presentado solicitudes de permisos de construcción con posterioridad al [Publications Office: please insert the exact date of the entry into force of this Regulation] estarán equipados con una infraestructura física en el interior del edificio adaptada a la alta velocidad, hasta los puntos de terminación de la red. La misma obligación se aplicará en el caso de las obras de renovación en profundidad para las que se hayan presentado solicitudes de permisos de construcción con posterioridad al [Publications Office: please insert the exact date of the entry into force of this Regulation]. 2. Todos los inmuebles de varias viviendas de nueva construcción para los que se hayan presentado solicitudes de permisos de construcción con posterioridad al [Publications Office: please insert the exact date of the entry into force of this Regulation] estarán equipados con un punto de concentración, ubicado en el interior o el exterior del inmueble, y accesible para los suministradores de redes de comunicaciones electrónicas, a través del cual sea posible la conexión con la infraestructura física en el interior del edificio adaptada a la alta velocidad. La misma obligación se aplicará en el caso de las obras de renovación en profundidad relativas a inmuebles de varias viviendas para las que se hayan presentado solicitudes de permisos de construcción con posterioridad al [Publications Office: please insert the exact date of the entry into force of this Regulation]. 3. Los Estados miembros podrán eximir determinadas categorías de edificios, en particular las viviendas individuales, o de obras de renovación en profundidad, de las obligaciones previstas en los apartados 1 y 2 cuando el coste del cumplimiento de dichas obligaciones sea desproporcionado. Dichas medidas deberán ser debidamente motivadas. Las partes interesadas tendrán la oportunidad de presentar observaciones sobre los proyectos de medidas dentro de un plazo razonable. Toda medida de este tipo deberá notificarse a la Comisión. Artículo 8 Acceso a los equipos del interior de los edificios 1. Los suministradores de redes públicas de comunicaciones tendrán derecho a terminar su red en el punto de concentración, siempre que minimicen el impacto sobre la propiedad privada y corran con los costes, con vistas a acceder a la infraestructura física en el interior del edificio adaptada a la alta velocidad. 2. Los suministradores de redes públicas de comunicaciones tendrán derecho a acceder a cualquier infraestructura física en el interior del edificio adaptada a la alta velocidad en condiciones razonables cuando la duplicación sea técnicamente imposible o económicamente ineficiente. El titular del derecho a utilizar la infraestructura física en el interior del edificio concederá el acceso en condiciones no discriminatorias. 3. En caso de no lograrse un acuerdo sobre el acceso de conformidad con el apartado 1 o 2 en un plazo de dos meses a partir de la solicitud formal de acceso, cada una de las partes tendrá derecho a remitir el asunto al organismo nacional de solución de diferencias competente a fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos en dichos apartados. Dicho organismo, teniendo plenamente en cuenta el principio de proporcionalidad, adoptará una decisión vinculante para resolver la diferencia en el plazo más breve posible y, en cualquier caso, en un plazo de dos meses, sin perjuicio de la posibilidad de que cualquiera de las partes someta el asunto a los tribunales. 4. En ausencia de una infraestructura en el interior del edificio adaptada a la alta velocidad, los suministradores de redes públicas de comunicaciones tendrán derecho a terminar su equipo de red en las dependencias de un abonado a un servicio de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, a reserva de su acuerdo, a condición de que minimicen su impacto sobre la propiedad privada y corran con los costes. Artículo 9 Organismos competentes 1. La autoridad nacional de reglamentación que desempeñe las funciones previstas en el artículo 20 de la Directiva 2002/21/CE desempeñará asimismo las de organismo nacional de solución de diferencias a que se refieren el artículo 3, apartado 4, el artículo 4, apartado 9, el artículo 5, apartado 4, y el artículo 8, apartado 3, a menos que el Estado miembro designe a otros organismos competentes. 2. Cualquier otro organismo nacional de solución de diferencias designado por los Estados miembros en aplicación del apartado 1 será jurídicamente distinto y funcionalmente independiente de cualquier operador de red. Estará facultado para imponer a los operadores de redes sanciones adecuadas, efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de las decisiones adoptadas para resolver la diferencia. 3. La autoridad nacional de reglamentación que desempeñe las funciones previstas en el artículo 20 de la Directiva 2002/21/CE desempeñará asimismo las de punto de información único a que se refieren los artículos 4 y 6, a menos que el Estado miembro designe a otros organismos competentes. 4. Cualquier otro punto de información único designado por los Estados miembros de conformidad con el apartado 3 deberá estar facultado para imponer a los operadores de redes sanciones apropiadas, efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 4, apartados 3 y 8. 5. Los Estados miembros notificarán a la Comisión la identidad de cada organismo competente designado de conformidad con el presente artículo para desempeñar una función en virtud del presente Reglamento a más tardar el [Publications Office: please insert the exact date: entry into force of this Regulation], así como cualquier modificación posterior, antes de que la designación o la modificación entre en vigor. 6. Las decisiones adoptadas por cualquiera de los organismos competentes a que se refiere el presente artículo estarán sujetas a recurso ante un órgano jurisdiccional de conformidad con el Derecho nacional. Artículo 10 Revisión La Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del presente Reglamento el [Publications Office: please insert the exact date: entry into force of this Regulation + 3 years] a más tardar. El informe incluirá un resumen de las repercusiones de las medidas previstas en el presente Reglamento y una evaluación de los progresos realizados en la consecución de sus objetivos. Artículo 11 Entrada en vigor El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Hecho en Bruselas, el Por el Parlamento Europeo Por el Consejo El Presidente El Presidente [1] Analysys Mason, 2008, Analysys Mason 2012, Wik, 2008. [2] Analysys Mason, 2012. La estimación se basa en los siguientes supuestos: el 25 % del despliegue se efectúa en conductos existentes, con un ahorro del 75 % en gastos de capital por este concepto, un 10 % del despliegue conecta la red a nuevas promociones inmobiliarias, y se utiliza el codespliegue con otros operadores/empresas de servicios públicos, con un ahorro del 15 – 60 %, y el 5 % del despliegue conecta la red a inmuebles de varias viviendas precableados, con un ahorro del 20 % y el 60 %. Además, también habrá beneficios sociales, medioambientales y económicos. [3] La estimación se basa en un escenario de inversión calculado en el marco de un completo estudio realizado por Analysys Mason y Tech4i2 (The socio-economic impact of bandwidth, 2013). Este estudio prevé que solo se alcanzarán los objetivos de la Agenda Digital si se produce una intervención de envergadura, a saber, una inversión de 211 000 millones EUR en el acceso de nueva generación. Para obtener el ahorro potencial, se aplicaron a esta cifra los porcentajes indicados. [4] Informe de Mario Monti al Presidente de la Comisión Europea de 9 de mayo de 2010: «Una nueva estrategia para el mercado único». [5] Steps towards a truly Internal Market for e-communications in the run-up to 2020, ECORYS, TU Delft and TNO, publicado en febrero de 2012. [6] COM(2012) 573. [7] Booz and Company, Maximising the impact of Digitalisation, 2012. [8] Cálculo de la Comisión basado en estudios nacionales (Liebenau, J., Atkinson, R., Karrberg, P., Castro, D. and Ezell, S., 2009, The UK Digital Road to Recovery; Katz R.L. et al , 2009, The Impact of Broadband on Jobs and the German Economy). [9] El Tribunal de Justicia recordaba en De Coster (C-17/00, [2001] Rec. p. I-9445, n° 37) que la legislación secundaria local que afecte a la libre prestación de servicios debe respetar el principio de proporcionalidad. Refiriéndose al mismo caso de las antenas parabólicas, la Comisión subrayaba en su Comunicación relativa a la aplicación de los principios generales de la libre circulación de mercancías y servicios –artículos 28 y 49 CE– en materia de utilización de antenas parabólica (COM(2001) 351 final) que, aunque corresponde a cada Estado miembro, con arreglo a su propio ordenamiento jurídico interno, fijar las condiciones que deben cumplirse para la instalación y utilización de las antenas parabólicas, algunas reglamentaciones nacionales pueden repercutir en las posibilidades de recepción. Por consiguiente, indirectamente, afectan a la difusión de la amplia gama de servicios transmitidos vía satélite, con vocación eminentemente transfronteriza, representados por las emisiones televisivas y radiofónicas y los servicios interactivos («servicios de la sociedad de la información»). Por tanto, estas medidas nacionales deben ser conformes a los principios fundamentales del Tratado, entre los que se encuentran la libre circulación de mercancías y la libre circulación de servicios dentro del mercado interior. [10] Reglamento (CE) nº 2887/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, sobre el acceso desagregado al bucle local (DO L 336 de 30.12.2000, p. 4). [11] «Una Agenda Digital para Europa», Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, COM(2010)245 de 19.5.2010, ein particular la sección 2.4.1. [12] Conclusiones del Consejo Europeo de 1-2 de marzo de 2012, EUCO 4/2/12, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st00/st00004-re02.en12.pdf, punto 15. [13] Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, COM(2012) 573 final, de 3.10.2012, medida clave 9. [14] Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo, 13-14 de diciembre de 2012; EUCO 205/12, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134353.pdf,, punto 17. [15] Se encontrará un informe sobre los resultados de la consulta pública dentro del informe de evaluación de impacto que se adjunta a la presente propuesta (anexo I del informe). [16] Véase http://daa.ec.europa.eu/content/special/crowdsourcing. [17] Se encontrará un informe que se basa en el estudio elaborado por Deloitte, tras su cotejo con otras fuentes, dentro del informe de evaluación de impacto que se adjunta a la presente propuesta (anexo II del informe). [18] Este informe forma parte del informe de evaluación de impacto que se adjunta a la presente propuesta (anexo III del informe). [19] Se encontrará una lista completa de dichas fuentes en la bibliografía del informe de evaluación de impacto. [20] El informe de evaluación de impacto se adjunta a la presente propuesta. [21] Véanse el asunto C-66/04, apartado 45, y el asunto C-217/04, apartado 43. [22] Véase Analysys Manson, Final report for the DG Information Society and Media, European Commission Support for the preparation of an impact assessment to accompany an EU initiative on reducing the costs of high-speed broadband infrastructure deployment (SMART 2012/0013). [23] Véase el asunto C-217/04, apartado 47. [24] Véanse, por ejemplo, el considerando 8 de la Directiva modificativa 2009/140/CE, el considerando 22 de la Directiva marco y los consider