31. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 337/39 
deberá ofrecerse la protección adecuada para un nivel 
de riesgo compatible con la salud y la seguridad.» 
3.9.2. Anexo II-1.4. 
El Comité llama la atención sobre el dictamen del 
Comité (*) relativo a la directiva paralela [doc. 
COM(88) 76] que trata de la información que debe 
suministrar el fabricante con respecto a la utilización 
de los EPI: considera que la relación entre el fabricante y 
el usuario es importante para conseguir una protección 
individual lo más eficaz posible. 
3.10.1. Anexo III - Capítulo I - 1 
Este apartado puede dar lugar a confusiones, pues si 
bien el artículo 8.1 establece que el fabricante deberá 
reunir la documentación necesaria, no existe obligación 
alguna por parte del fabricante de presentar la docu­
mentación una vez reunida. Los artículos 10 y 11, en 
cambio, sí exijen esta presentación para la comproba­
ción y la conformidad. 
(]) DO n° C 318 de 12. 12. 1988. Debería modificarse la redacción de la letra b) de este 
punto quedando del siguiente modo «... el expediente 
técnico de fabricación deberá incluir un número de 
datos suficientes que permita ...» 
3.10.2. Anexo II - Capítulo I - 2(a) (Versión inglesa) 
La frase debería decir: « (a) its conformity to the harmo-
nized standards or other technical specifications refer-
red to in Article 5». 
3.11. Anexo III - Capítulo II 
El Comité aprueba los criterios mínimos establecidos 
para los Estados miembros a la hora de nombrar los 
organismos de inspección. Hace referencia, sin 
embargo, a anteriores dictámenes en el sentido de que 
el reconocimiento mutuo de los laboratorios de prueba 
y organismos de inspección entre los Estados miembros 
debería basarse basarse en la legislación comunitaria. 
Hecho en Bruselas, el 27 de octubre de 1988. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE 
Dictamen sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CEE) n° 2052/88, en lo concerniente, de una parte, a la 
coordinación entre sí de las intervenciones de los fondos estructurales y, de otra parte, de 
éstas con las del Banco europeo de inversiones y con las de los demás instrumentos financieros 
existentes 
(88/C 337/13) 
El 8 de agosto de 1988, de conformidad con los artículos 123, 130 E y 198 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité 
Económico y Social sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de desarrollo regional, ordenación del territorio y urbanismo, encargada de 
preparar los trabajos en la materia, adoptó su dictamen el 18 de octubre de 1988 (ponente: 
Sr. Serra-Caracciolo; coponente: Sr. Amato). 
En su 259a sesión plenaria (sesión del día 27 de octubre de 1988), el Comité Económico y 
Social ha aprobado por unanimidad el siguiente dictamen. 
1. Introducción 
1.1. El Comité desea poner de relieve que la propues­
ta de reglamento presentada por la Comisión se sitúa 
en el contexto general de la aplicación del Título V del 
Acta Única, bajo el título de « Cohesión económica y 
social». Asimismo, recuerda especialmente que el artícu­
lo 130 A establece el objetivo del fomento de un des­
arrollo armonioso del conjunto de la Comunidad 
mediante la potenciación de la cohesión económica y 
social y la reducción de las diferencias existentes entre 
las diversas regiones, principalmente en lo que respecta 
a las regiones menos favorecidas. 
N° C 337/40 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 12. 88 
1.2. El Comité ya ha aprobado y apoya plenamente 
el objetivo de conseguir el reequilibrio de las regiones, 
por lo que insiste en que habrá que seguir una política 
de inversiones que se sitúe a un justo nivel cuantitativo 
y cualitativo, a fin de conseguir efectivamente la reduc­
ción de las actuales diferencias de desarrollo y de renta 
en la Comunidad. 
1.3. Si bien constituyen tan sólo un instrumento para 
conseguir el reequilibrio regional, la reforma de los 
fondos estructurales y los nuevos criterios de gestión se 
presentan como una condición esencial para llevar a 
cabo la cohesión económica y social a nivel europeo. 
1.4. Por ello conviene subrayar las ideas básicas que 
deberán contribuir a una verdadera reforma de las 
políticas estructurales: 
— La coordinación de todas las políticas comunitarias, 
nacionales y regionales que ejerzan un impacto 
directo o al menos una incidencia significativa, espe­
cialmente en materia de empleo a nivel regional. 
— La garantía de una cooperación efectiva y eficaz 
con las autoridades regionales y locales, por una 
parte, y con los actores y representantes de los 
intereses económicos y sociales, por otra. 
— La simplificación, armonización y flexibilidad de 
los procedimientos. 
2. Observaciones generales 
2.1. El Comité lamenta no haber encontrado en el 
texto del reglamento marco aprobado por el Consejo 
determinados puntos expuestos en sus anteriores dictá­
menes (*) y que éstos ni siquiera figuren en las nuevas 
propuestas. 
2.2. Pero, por otra porta, el Comité acoge favorable­
mente algunas disposiciones de la propuesta de la Comi­
sión. 
Se trata, en primer lugar, del artículo 9 que introduce 
el principio de la adicionalidad provisto de un método 
para verificar la aplicación práctica del mismo. A este 
respecto, se deberá aclarar la noción de «correspon­
diente incremento del total de gastos públicos», a fin 
de evitar que la adicionalidad suponga una carga suple­
mentaria para ciertos Estados. Por consiguiente, el 
incremento anual de los créditos de los fondos comuni­
tarios debe corresponder a un aumento neto de los 
gastos públicos dedicados a la inversión en cada Estado 
miembro. 
En segundo lugar, el punto 2 del artículo 27 prevé 
la evaluación previa y posterior de las intervenciones 
estructurales emprendidas por la Comisión. La intro­
ducción generalizada de las evaluaciones ex-ante consti­
tuye un progreso indiscutible. Sin embargo, parece nece­
sario mejorar y precisar con claridad todo el sistema 
de los controles. 
í1) DO n° C 356 de 31. 12. 1987, p. 13, y DO n° C 175 de 
4. 7. 1988, p. 56. 2.3. Por otra parte, el Comité desea manifestar su 
inquietud respecto a diversos puntos que deberán ser 
modificados, por no ser bastante claros, así como su 
preocupación por la omisión de otros puntos. 
3. La cooperación: consulta y concertación 
3.1. En sus anteriores dictámenes sobre la reforma 
de los fondos estructurales, el Comité había manifes­
tado sus deseos de que: 
— la consulta de las autoridades «descentralizadas» 
tenga lugar no sólo en el momento de la redacción 
y presentación de los planes, sino también durante 
la fase de elaboración del marco comunitario de 
apoyo, y que 
— la consulta con los interlocutores económicos y so­
ciales se extienda a todas las políticas estructurales. 
3.2. Si bien el punto 1 del artículo 4 del reglamento 
marco atribuye al Estado miembro la designación de 
las autoridades competentes capacitadas para participar 
en esta concertación, no impide que también los repre­
sentantes de los intereses económicos y sociales puedan 
participar en la cooperación. 
El Comité lamenta que la propuesta de reglamento de 
la Comisión no recoja ni desarrolle esta posibilidad. 
3.3. Asimismo, pone de relieve que: 
— por lo que respecta a la concertación con las autori­
dades «descentralizadas», es necesario concretar 
claramente el carácter obligatorio de su participa­
ción en la redacción de los planes nacionales relati­
vos a los cinco objetivos, así como en la definición 
de los marcos comunitarios de apoyo derivados 
de los mismos, y en el proceso de supervisión y 
evaluación, 
— en cuanto a la concertación con los actores económi­
cos y sociales, el reglamento en conjunto debería 
asegurar la participación en los tres diferentes nive­
les del proceso de toma de decisiones (planes, marco 
comunitario de apoyo, programas operativos). 
3.4. La concertación debería combinar a nivel comu­
nitario la participación de las fuerzas económicas y 
sociales a escala nacional, regional y local. La Comisión 
podría inspirarse, mejorándola, en la experiencia adqu­
irida gracias al regolamento sobre los programas inte­
grados mediterráneos (PIM), a fin de definir esta con­
certación. 
3.5. La relación de los organismos representativos 
consultados y, eventualmente, la opinión de los mismos, 
deberían figurar obligatoriamente en los planes presen­
tados por los Estados miembros, en el marco comunita­
rio de apoyo y en la fase de control y supervisión. 
31. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 337/41 
4. Comités 
4.1. En sus anteriores dictámenes, el Comité se había 
pronunciado sin reservas a favor de la creación de un 
único comité competente para los tres fondos y los 
cinco objetivos, que incluyese a los representantes de 
todos los organismos interesados: comunitarios, nacio­
nales, regionales y otros, así como los interlocutores 
económicos y sociales. 
4.2. En última instancia, se ha optado por crear tres 
comités diferentes. 
El Comité lamenta los equívocos que seguramente se 
originarán como consecuencia de la relación de estos 
tres comités con los tres fondos estructurales: esta 
solución no resuelve en absoluto el problema de la 
coordinación de las intervenciones entre los cinco obje­
tivos y los tres fondos, al tiempo que limita la participa­
ción de los agentes económicos y sociales al comité del 
Fondo social (artículo 124 del Tratado CEE). 
4.3. El Comité estima indispensable llenar ambos 
vacíos, por lo que insiste en la necesidad de definir una 
instancia competente para la evaluación del grado de 
coordinación de las intervenciones estructurales res­
pecto a los cinco objetivos y que respete el principio de 
la cooperación a nivel del marco comunitario de apoyo. 
Por consiguiente, es indispensable prever al menos un 
Comité consultivo que se ocupe de la participación 
de los actores económicos y sociales, así como de la 
Comisión. 
4.4. Asimilando la definición de los « representantes 
de los Estados miembros » a la definición propuesta por 
el artículo 124 del Tratado CEE (representantes de los 
gobiernos y de las organizaciones sindicales de trabaja­
dores y empresarios), tal participación podría tener su 
justificación jurídica para los comités relativos a los 
objectivos n° 1, e y 5. 
4.5. Por lo que respecta a los comités de seguimiento 
previstos en el artículo 26 y el proceso de evaluación 
expuesto en el artículo 27 de la propuesta, el Comité 
considera conveniente remitirse a la experiencia actual­
mente brindada por los PIM, aportando las mejoras 
necesarias para la participación de los actores económi­
cos y sociales. 
4.6. El Comité desea que el reglamento sometido a 
examen se centre con mayor precisión y más concreta­
mente : 
— sobre los niveles de intervención de los comités 
—asegurando también la intervención de los mis­
mos a nivel regional, 
— sobre la cualificación de los miembros llamados a 
participar como interlocutores en dichos comités 
con miras a una mayor participación, 
— sobre la determinación de la gama de los indicadores 
fiscales y financieros que la Comisión utilizará para 
proceder a la supervisión y evaluación de los resulta­
dos de las intervenciones comunitarias, y — sobre los informes que deberán ser facilitados en el 
marco de la supervisión dado que el contenido de 
los mismos parece impreciso. 
5. Criterios 
5.1. Por lo que respecta a los criterios de selección 
de las zonas que serán objeto de una intervención 
estructural, el Comité toma nota de las indicaciones ya 
facilitadas por los objetivos n° 1 y 2, pero insiste en la 
necisidad de: 
— tener en cuenta, especialmente por lo que al objetivo 
n° 2 respecta, la posibilidad prevista en el tercer 
guión del 2o apartado del punto 2 del artículo 9 del 
reglamento marco (pérdida del empleo, reestructu­
ración del sector siderúrgico o de otros sectores 
industriales en crisis), y 
— revisar los criterios propuestos para el objetivo 
n° 5 b, dado que no son aceptables por ser dema­
siado numerosos, poco precisos y contradictorios 
respecto al principio de la concentración de las 
intervenciones. 
El Comité remite, por consiguiente, a su dictamen prece­
dente en el que proponía, respecto a las regiones del 
objetivo n° 5 b no cubiertas por los objetivos n° 1 y 2, 
concentrar las intervenciones del Fondo europeo de 
desarrollo regional (Feder) y del Fondo social europeo 
(FSE) sólo en las zonas de montaña y zonas insulares 
desfavorecidas. 
5.2. El Comité reconoce la necesidad de que la Comi­
sión disponga de un mínimo de flexibilidad, pero estima 
necesario que la misma se ejerza dentro de límites bien 
definidos. 
6. Enfoque integrado 
6.1. El Comité reafirma su adhesión a una fórmula 
que permita aprovechar un máximo de sinergia a nivel 
regional, tanto en términos de cooperación y coordina­
ción como de concentración y gestión plurianual. 
6.2. Al igual que en sus anteriores dictámenes, el 
Comité desea que se fomente de forma especial el 
recurso a esta forma de intervención estructural. Las 
modificaciones del presente reglamento relativas a la 
integración de los cinco objetivos en los planes regiona­
les, a las asociaciones y a la coordinación responden a 
la preocupación por ampliar al máximo las posibilida­
des de beneficiarse de semejante enfoque, fomentando, 
por ejemplo, la creación de organismos y sociedades 
mixtas regionales y locales para conseguir los objetivos 
de desarrollo económico y de fomento del empleo. Por 
otra parte, conviene poner de relieve que, si bien las 
operaciones integradas continúan siendo competencia 
de las autoridades regionales, por norma deben circum-
scribirse geográficamente a nivel del NUTS III cuando 
la intervención estructural presente un carácter hori­
zontal. 
N° C 337/42 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 12. 88 
6.3. En esta perspectiva, el Comité estima necesario 
consolidar la capacidad de iniciativa de la Comisión en 
cuanto a la decisión de recurrir a este enfoque. 
7. Nuevos procedimientos 
El Comité insiste en la necesidad de identificar mejor 
las diversas fases del nuevo procedimiento. En el regla­
mento sometido a examen deberá prevalecer el objetivo 
de la claridad. En efecto, es necesario que el reglamento 
sea comprensible y aplicable desde su publicación sin 
que haya necesidad alguna de referirse a ulteriores 
textos de aplicación. 
7.1. Los planes 
7.1.1. El Comité lamenta la falta de un plan regional 
único en relación con los cinco objetivos perseguidos y 
—por lo que respecta a las regiones de los objetivos 
n° 2 y 5— estima necesario preceder a la integración 
de los mismos en la programación regional. 
7.1.2. Si bien el reglamento marco prevé un plan 
nacional para los objetivos n° 3 y 4, nada impide que 
se pueda proceder a su articulación por regiones. 
7.1.3. El Comité desea que se concrete en mayor 
medida el nivel de elaboración de los planes. « El nivel 
geográfico considerado más apropiado» deja un mar­
gen demasiado ampli de interpretación. El Comité pro­
pone estipular que, cuando un plan se limite únicamente 
a una región, deberá ser elaborado obligatoriamente a 
nivel regional por parte de las autoridades regionales. 
Si, por el contrario, el plan afecta a más regiones o un 
aspecto sectorial del desarrollo de más regiones, de 
conformidad con la norma de la asociación, el Estado 
y todas las autoridades regionales e intraregionales 
interesadas participarán conjuntamente en la elabora­
ción del plan que deberá someterse a la Comisión. Por 
consiguiente, habrá que modificar el tercer párrafo del 
punto 2 del artículo 5 en los siguientes términos: «... 
diferencia entre las acciones y los gastos relativos a 
cada una de las regiones ...» 
7.1.4. El hecho de que determinados problemas sean 
abordados a nivel NUTS III no representa un obstáculo 
a su reintegración en el plano regional ni a su coordina­
ción con la programación regional en caso de ausencia 
de un plan regional. 
7.1.5. El problema más grave se plantea en el caso 
del objetivo n° 5 a. El principio de programación abarca 
la totalidad de los objetivos sin excepción alguna. Por 
consiguiente, es inaceptable que deliberadamente se 
excluya a priori el objetivo n° 5 a del marco de los 
nuevos procedimientos. 
7.1.6. Habida cuenta de los plazos previstos por el 
reglamento marco, el Comité desea una rápida revisión 
de los reglamentos agrarios e invita a la Comisión y al 
Consejo a que procedan a la revisión de los mismos con miras a una mayor coordinación y la integración 
del objetivo n° 5 a con los otros objetivos, tanto a nivel 
de los planes como a nivel de los marcos comunitarios 
de apoyo. 
7.1.7. Según el Comité, el plazo previsto por el artí­
culo 6 de la propuesta de la Comisión para la presenta­
ción de los planes es demasiado breve, por lo que 
solicita la equiparación del mismo al plazo previsto 
para los objetivos n° 3 y 4 (1 de junio de 1989). 
7.2. Marcos comunitarios de apoyo 
7.2.1. Aunque el Comité considera que estos marcos 
comunitarios de apoyo (MCA) constituyen el elemento 
clave de la reforma, lamenta, por otra parte, la persis­
tente imprecisión de su definición jurídica. El término 
utilizado « Declaración de intenciones enviada al Estado 
miembro» ofrece una débil garantía de los resultados 
de la concertación con los interlocutores interesados. 
7.2.2. El Comité sugiere que el procedimiento de 
revisión de los marcos comunitarios de apoyo prevea 
la consulta de todos los agentes interesados. 
7.2.3. Asimismo, el Comité considera indispensable 
la garantía de que los marcos comunitarios de apoyo 
respondan a los planes. El alcance y el significado de 
los MCA serán, en efecto, muy dispares si a cada plan 
corresponde un MCA o bien un MCA abarca diversos 
planes o sólo una parte del plan. En cuanto al contenido 
del MCA, la Comisión debería incluir en su propuesta 
mayores aclaraciones al respecto. 
7.2.4. En la versión española del documento de la 
Comisión, el Título III de la propuesta de reglamento 
de coordinación, « Estructuras comunitarias de apoyo » 
debería ser traducido por «Marcos comunitarios de 
apoyo », como figura traducido en el artículo 8, punto 5 
del Reglamento (CEE) n° 2052/88 del Consejo de 24 de 
junio de 1988. 
7.3. Formas de intervención 
7.3.1. Programas operativos 
El Comité concede una importancia fundamental al 
instrumento de los programas operativos, eventual-
mente integrados. 
7.3.2. Contratos de programa 
El comité lamenta que en la propuesta de la Comisión 
no se haga mención alguna de los contratos de pro­
grama positivamente experimentados en los PIM. 
Recordando la importancia que el Comité atribuye a 
este instrumento, el CES estima que se debería estipular 
un contrato de programa para cada programa opera­
tivo, que tendría que ser suscrito por la Comunidad, 
el Estado miembro y la autoridad regional o local 
interesada, así como por los otros sujetos públicos que 
participen en la realización del programa. 
31. 12. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 337/43 
7.4. Contribución de los fondos 
7.4.1. El Comité se opone a una concepción de la 
coordinación de los fondos que en la práctica supone 
una gestión separada de las financiaciones. En este 
sentido, una programación global de las necesidades de 
desarrollo a nivel regional contribuiría a una progresiva 
integración de sus intervenciones, garantizando la nece­
saria sinergia, especialmente con el Fondo europeo de 
orientación y de garantía agrícola (FEOGA), sección 
Orientación. 
7.4.2. El Comité lamenta la falta de datos en cifras 
relativas a la proporción de los recursos previstos para 
las intervenciones del Fondo Social Europeo y del 
FEOGA respecto al objetivo n° 1. 
7.4.3. La redacción del primer punto del artículo 14 
no define con suficiente claridad la correspondencia 
entre las solicitudes de ayuda financiera y el tipo de 
medidas financiadas. Por otra parte, la noción de 
«acciones específicas» requiere un contenido jurídico 
más concreto, y deberá ser sustituida por el de «formas 
de intervención » a que hace referencia el artículo 5 del 
Reglamento (CEE) n° 2052/88. 
7.4.4. Respecto a las indicaciones contenidas en el 
artículo 13 del reglamento marco sobre los porcentajes 
máximos y mínimos de contribución de los fondos, las 
disposiciones del artículo 18 de la presente propuesta 
sobre los porcentajes para la modulación de la contribu­
ción de los fondos se prestan a confusión, ya que los 
porcentajes expuestos en el mencionado artículo sólo 
podrán constituir una indicación sin carácter obliga­
torio. 
7.4.5. La conformidad de las acciones y de las medi­
das que deberán ser financiadas en el ámbito del MCA 
tendrá que ser garantizada y no eventual (primer guión 
del punto 3 del artículo 14). 
Hecho en Bruselas, el 27 de octubre de 1988. 8. Observaciones específicas 
8.1. El Comité estima que otros puntos merecen 
mayor atención y disposiciones adecuadas que se plas­
men en la propuesta de reglamento, destacando espe­
cialmente los siguientes aspectos: 
8.1.1. Por lo que respecta a la coordinación entre los 
fondos estructurales, por una parte, y el Banco europeo 
de inversiones (BEI) y los otros instrumentos de inter­
vención financiera de la Comunidad, por otra, el artí­
culo 3 de la presente propuesta no es satisfactorio, dado 
que no propone ninguna medida práctica para asegurar 
la coordinación. 
8.1.2. El artículo 33 relativo a la publicidad debería 
conferir a la Comisión competencias más vinculantes 
frente a los Estados miembros. 
8.1.3. En materia de asistencia técnica a las regiones, 
es deseable insistir en mayor medida en la necesidad de 
concentrar esta ayuda en las regiones menos favorecidas 
y aplicarla obligatoriamente desde el momento en que 
se lleve a cabo la elaboración de los planes, de manera 
que estas regiones puedan beneficiarse al máximo de 
las intervenciones comunitarias. 
8.1.4. En ningún momento se indica que las posibili­
dades derivadas de las iniciativas adoptadas por la 
Comisión respecto a la ingeniería financiera deban con­
tribuir a la eficacia de las intervenciones estructurales. 
8.2. En el marco de la coordinación de la política de 
intervención estructural de la Comunidad, el Comité 
hace hincapié en la necesidad de una interacción de 
todos los instrumentos financieros, a fin de generar el 
mayor número posible de nuevos puestos de trabajo. 
8.3. El Comité estima necesario que la Comisión 
garantice, en la aplicación de la reforma, el recurso a 
formas de organización claras y seguras que garanticen 
la coordinación necesaria para la eficacia de las nuevas 
intervenciones estructurales. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE