INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES presentado de conformidad con el artículo 29, apartado 2, de la Decisión Marco del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal /* COM/2012/012 final */





INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES presentado de conformidad con el artículo 29, apartado 2, de la Decisión Marco del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal 1. INTRODUCCIÓN 1.1. Contexto La Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008[1] (en lo sucesivo, la «Decisión Marco»), relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal establece un marco legislativo general para la protección de datos en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal. Su entrada en vigor se produjo el 19 de enero de 2009[2]. La Decisión Marco era un acto necesario puesto que, en ese momento, no existía ningún instrumento general que regulase a escala europea el tratamiento de datos en los ámbitos de la cooperación policial y judicial en materia penal[3]. Según establece su artículo 3, la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de los datos de carácter personal y a la libre circulación de estos datos, no es aplicable «al tratamiento de datos personales efectuado en el ejercicio de actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario, como las previstas por el título VI del Tratado de la Unión Europea y, en cualquier caso, al tratamiento de datos que tenga por objeto la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado y las actividades del Estado en materia penal». El propósito de la Decisión Marco es dispensar, a escala de la UE, un elevado nivel de protección de los derechos y libertades fundamentales a las personas físicas durante el tratamiento de los datos personales en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal. Al mismo tiempo, es preciso garantizar un alto nivel de seguridad pública[4]. Ello no impide a los Estados miembros ofrecer mayores garantías para proteger los datos personales recogidos o tratados a nivel nacional[5]. El ámbito de aplicación[6] de la Decisión Marco se restringe al tratamiento, con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de delitos o ejecución de sanciones penales, de los datos personales que se transmitan, o se hayan transmitido, o puesto a disposición: - entre Estados miembros, - por los Estados miembros a las autoridades o sistemas de información establecidos en virtud del título VI del Tratado de la Unión Europea («cooperación policial y judicial en materia penal»), o - a las autoridades competentes de los Estados miembros, por las autoridades o sistemas de información establecidos en virtud del Tratado de la Unión Europea o del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Los datos personales que hayan sido transferidos de un Estado miembro a otro también podrán transferirse a terceros Estados u organismos internacionales, siempre que se cumplan determinados requisitos[7]. Habida cuenta de que constituye un desarrollo del acervo de Schengen, la Decisión Marco es plenamente aplicable al Reino Unido y a Irlanda. El Reino Unido e Irlanda son partes de la Decisión Marco de conformidad con el artículo 5 del Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y con las Decisiones 2000/365/CE y 2002/192/CE. Por lo que se refiere a Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein, la Decisión Marco constituye un desarrollo del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo y de los Protocolos celebrados por el Consejo de la Unión Europea o por la Unión Europea con Islandia y Noruega, la Confederación Suiza y Liechtenstein, y de las Decisiones 1999/437/CE, 2008/149/JAI y 2008/262/JAI del Consejo. 1.2. Contenido de la Decisión Marco 2008/977/JAI El ámbito de aplicación de la Decisión Marco no incluye el tratamiento nacional de los datos personales por parte de las autoridades judiciales o policiales competentes de los Estados miembros (Artículo 1, apartado 2). En general, los instrumentos legislativos sectoriales para la cooperación policial y judicial en materia penal que contienen disposiciones sobre la protección de datos personales y que se adoptaron antes de la fecha de entrada en vigor de la Decisión Marco prevalecen sobre esta última (artículo 28). Los instrumentos que se considera configuran un «conjunto completo y coherente» a efectos de protección de datos no se ven afectados por la Decisión Marco (considerando 39). Las demás medidas sectoriales que contienen normas de protección de datos de alcance más limitado solo prevalecen sobre la Decisión Marco cuando son más restrictivas que esta última. En los demás casos, se aplica la Decisión Marco (considerando 40). La Decisión Marco especifica los objetivos de la protección de datos en el contexto de las actividades policiales y judiciales. Establece normas acerca de la legitimidad del tratamiento de los datos personales a fin de garantizar que toda información que pueda ser objeto de intercambio se trata conforme a Derecho y de conformidad con los principios fundamentales de calidad de los datos. Además, define los derechos de los interesados a garantizar la protección de sus datos personales sin que ello comprometa los intereses de las investigaciones penales. Con ese fin, los titulares de los datos deben estar informados y tener acceso a sus datos personales. Las autoridades nacionales de control, actuando con total independencia en el ejercicio de las funciones que se les han encomendado, deberán emitir su dictamen y supervisar la aplicación de las medidas adoptadas por los Estados miembros para incorporar la Decisión Marco a sus ordenamientos jurídicos respectivos. 1.3. La obligación de presentar informes de ejecución por parte de la Comisión En virtud del artículo 29, apartado 1, de la Decisión Marco, los Estados miembros debían tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Decisión antes del 27 de noviembre de 2010. De conformidad con el artículo 29, apartado 2, debían notificar a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión el texto de las disposiciones de incorporación a su Derecho nacional de las obligaciones que les incumben, así como información sobre las autoridades de control a que se refiere el artículo 25 de la Decisión Marco. La Comisión deberá elaborar un informe a partir de la información presentada por los Estados miembros. El Consejo tenía que evaluar antes del 27 de noviembre de 2011 la medida en que los Estados miembros se habían ajustado a la Decisión Marco. 1.4. Fuentes de información en las que se basa el presente informe A fecha de 9 de noviembre de 2011, 26 de los 27 Estados miembros, además de Liechtenstein, Noruega, Islandia y Suiza, habían enviado a la Comisión información sobre la aplicación de la Decisión Marco. De esos 26 Estados miembros, 14 indicaron que su legislación vigente daba aplicación a la Decisión Marco (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Austria, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido). Alemania, Irlanda, Estonia y Suecia indicaron que todavía estaban investigando si se necesitaban medidas de aplicación adicionales. Puede considerarse que 9 Estados miembros han aplicado parcialmente la Decisión Marco, al haber declarado ellos mismos que todavía queda normativa de desarrollo por adoptar. 4 Estados miembros o bien no han respondido a la solicitud de información de la Comisión (Rumanía), o bien han indicado no haber aplicado la Decisión Marco (Grecia, Italia[8], Chipre). El contenido de la información (especialmente su nivel de detalle) facilitada por los Estados miembros en respuesta al cuestionario de la Comisión es variable. En el Cuadro 1 se ofrece un panorama general de las respuestas: se corresponde con la evaluación realizada por los Estados miembros acerca de la situación de la aplicación de la Decisión Marco. 2. TRANSPOSICIÓN DE LA DECISIÓN MARCO 2.1. Decisión Marco fundamentada en el artículo 34, apartado 2, letra b), del Tratado de la Unión Europea Esta Decisión Marco se basa en el Tratado constitutivo de la Unión Europea (TUE), y en particular, en su artículo 30, en su artículo 31, letra e), y en su artículo 34, apartado 2, letra b). El instrumento jurídico que más se aproxima a la decisión marco es la directiva, pues es como ella vinculante para los Estados miembros en lo que respecta a los resultados pero deja a las autoridades nacionales la elección de la forma y los métodos. Las decisiones marco, sin embargo, carecen de efecto directo[9]. Conforme al artículo 10 del Protocolo sobre las disposiciones transitorias relativas a los actos adoptados en virtud de los títulos V y VI del Tratado de la Unión Europea antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (nº 36) anejo a los Tratados, las competencias que a la Comisión atribuye el artículo 258 del TFUE no son aplicables (y las del TJCE permanecen limitadas) respecto de los actos del antiguo «tercer pilar» durante un período transitorio de cinco años a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (es decir, hasta el 1 de diciembre de 2014). A continuación se ofrecen algunos datos acerca de la aplicación de cuatro disposiciones fundamentales de la Decisión Marco conforme a lo notificado por los Estados miembros en respuesta a la petición de la Comisión de 9 de de diciembre de 2010. 2.1.1. Ámbito de aplicación de las medidas nacionales de ejecución La Decisión Marco se aplica únicamente al tratamiento de los datos personales transmitidos o puestos a disposición entre Estados miembros (artículo 1, apartado 2). El tratamiento de datos personales por parte de la policía y la justicia en asuntos penales a nivel nacional queda excluido del ámbito de aplicación de la Decisión Marco. El Cuadro 2 del anexo presenta un panorama general de las medidas de aplicación en los Estados miembros. La mayor parte de los Estados miembros mencionó la legislación general de protección de datos como una de las medidas de aplicación de la Decisión Marco y añadió una referencia a la legislación sectorial aplicable a la policía, la justicia, las aduanas y las autoridades tributarias. Algunos Estados miembros decidieron no adoptar instrumentos legislativos, optando en su lugar por aplicar la Decisión mediante circulares administrativas (por ejemplo, Alemania y el Reino Unido). La mayor parte de los Estados miembros indicó que la legislación general de protección de datos se aplicaba al tratamiento de datos personales por parte de la policía y la justicia tanto a nivel nacional como transfronterizo[10], si bien a menudo de forma concomitante con las leyes de enjuiciamiento criminal y las leyes (de datos) de policía[11]. Trece Estados miembros (Bélgica, la República Checa, Alemania, Estonia, Italia, Luxemburgo, Hungría, Malta, los Países Bajos, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia) hicieron referencia a leyes de enjuiciamiento criminal o actos semejantes. Siete Estados miembros (la República Checa, Alemania, Hungría, los Países Bajos, Eslovenia, Finlandia y Suecia) notificaron la existencia de una ley específica (de datos ) de policía[12]. Tres Estados miembros (Bulgaria, Portugal y Lituania) añadieron que también habían adoptado legislación específica para dar aplicación a determinadas disposiciones de la Decisión Marco no recogidas en la normativa general y aplicables únicamente al tratamiento transfronterizo de datos personales[13]. Tres Estados miembros consideraron que el restringido ámbito de aplicación de la Decisión Marco planteaba problemas. Italia y los Países Bajos señalaron dificultades a la hora de distinguir, en la práctica, entre el tratamiento transfronterizo de datos contemplado en la Decisión Marco 2008/977 y el tratamiento nacional, y aludieron a la compleja tarea que a las autoridades con funciones coercitivas corresponde en razón de la aplicabilidad de distintas normas de tratamiento a unos mismos datos personales. Polonia señaló las deficiencias de la Decisión Marco en general, si bien recalcó en particular su apoyo a la Comisión en el objetivo de establecer un marco jurídico general y de extender las normas generales de protección de datos a la cooperación policial y judicial en materia penal[14]. 2.1.2. Información a los interesados (artículo 16, considerandos 26 y 27) De conformidad con la Decisión Marco, los Estados miembros deben velar por que sus autoridades competentes informen a los interesados de que sus datos están siendo tratados o transmitidos a otro Estado miembro con fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos o de ejecución de sanciones penales. La forma, el contenido, el método y las excepciones (consistentes en la denegación o el suministro limitado de información) de esos procedimientos deberán determinarse con arreglo a la legislación nacional. Para ello, puede recurrirse a una medida de carácter general como, por ejemplo, la aprobación de una ley o la publicación de una lista de las operaciones de tratamiento. Si los datos se transfieren a otro Estado miembro, todo Estado miembro remitente podrá solicitar al Estado miembro destinatario que no informe al titular de los datos. El Cuadro 3 muestra que casi todos los Estados miembros han indicado que proporcionan a los interesados algún tipo de información sobre el tratamiento de sus datos personales. Francia ha indicado que no actúa de esa manera. Dinamarca tampoco contempla ese derecho, pero ha declarado que la autoridad supervisora de los datos debe mantener un registro e informar a los ciudadanos. El derecho de información está sujeto a limitaciones en la inmensa mayoría de Estados miembros. La legislación nacional, bien limita ese derecho con el fin de prevenir, investigar, detectar y enjuiciar delitos, bien determina que el tratamiento de datos por parte de determinados responsables (la policía y/o la administración judicial) está excluido de la aplicación de este derecho. En algunos casos, se establecen limitaciones y exenciones sin especificar para qué actividades. Un considerable número de Estados miembros notifica la existencia de este tipo de limitaciones para la policía, la policía militar, los tribunales, las aduanas y las autoridades tributarias. Los Países Bajos señalaron que la obligación general de informar al interesado no resultaba totalmente coherente con la naturaleza del trabajo de la policía y la administración judicial, pero que se disponía de determinados mecanismos que permitían informar adecuadamente a los interesados acerca del tratamiento de sus datos por la policía y las autoridades judiciales (en otras palabras, las leyes determinan la casuística y las condiciones del tratamiento de datos; el fiscal informa al interesado acerca del ejercicio de los poderes especiales de investigación, si los intereses de la investigación así lo permiten). Los Países Bajos declararon asimismo que no era necesario aplicar esta disposición puesto que el artículo 16, apartado 1, se refiere únicamente a las legislaciones nacionales de los Estados miembros. La Decisión Marco establece el derecho de los interesados a la información, pero no contiene pormenores sobre los métodos aplicables o sobre las posibles exenciones. Incluso si, conforme afirman los Estados miembros, el derecho a la información se concede de forma general, su aplicación registra considerables variaciones. 2.1.3. Derecho de acceso a los datos (artículo 17) La Decisión Marco establece que los interesados tienen derecho a obtener, sin restricciones y sin retrasos ni gastos excesivos: a) al menos la confirmación, por parte del responsable del tratamiento o de la autoridad nacional de control, de que se han transmitido o puesto a disposición datos que le conciernen, e información sobre los destinatarios o categorías de destinatarios a los que se han remitido los datos y la comunicación de los datos que se están tratando, o b) al menos la confirmación de la autoridad nacional de control de que se han realizado todas las comprobaciones necesarias. Los Estados miembros podrán adoptar medidas legislativas para limitar este derecho de acceso a fin de evitar que se obstaculicen instrucciones o procedimientos judiciales o de carácter oficial; para evitar todo menoscabo de la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos o la ejecución de sanciones penales; para proteger la seguridad pública; para proteger la seguridad del Estado y para proteger al interesado o los derechos y libertades de terceros (artículo 17, apartado 2). Toda denegación de información por parte de la autoridad de control deberá comunicarse por escrito (artículo 17, apartado 3). La información sobre el derecho de acceso presentada por los Estados miembros y recogida en el Cuadro 4 refleja el suministro de información al interesado. Puede concluirse que todos los Estados miembros[15] conceden a los interesados alguna forma de derecho de acceso a sus datos. Por lo general, este derecho se consagra en la legislación general sobre protección de datos de cada país. Además, muchos Estados miembros regulan también los pormenores del derecho de acceso en leyes sectoriales (como las de policía). Del mismo modo, todos los Estados miembros prevén excepciones al derecho de acceso. Los motivos más frecuentemente alegados para no conceder ese derecho son los siguientes: – la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos; – la seguridad nacional, la defensa y la seguridad pública; – los intereses económicos y financieros de un Estado miembro y de la UE (incluidos los asuntos monetarios, presupuestarios y fiscales)[16]; – la protección de los derechos y libertades del interesado o de otras personas. Por lo que respecta a las modalidades de acceso a los datos personales, algunos de los Estados miembros han regulado esta cuestión de manera explícita y otros no. Algunos Estados miembros indicaron que concedían a los interesados el derecho a dirigir una petición de acceso a sus datos directamente a la autoridad competente (Austria, Alemania, Bulgaria, Finlandia, Irlanda, Letonia, Malta, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido), mientras que otros solo concedían un acceso «indirecto» (Bélgica y Francia). En este último caso, es la autoridad nacional de control, y no el interesado, quien tiene acceso a todos los datos personales referentes a este último. En Finlandia y Lituania, los interesados tienen la posibilidad de escoger. En Portugal, el acceso directo constituye la norma general, si bien está previsto el acceso indirecto para aquellos casos en los que el tratamiento de datos personales incide en la seguridad del Estado o en la prevención o la investigación de delitos. La situación es similar en Luxemburgo, donde el acceso se concede por lo general directamente, pero, cuando se aplica alguna excepción, la solicitud de acceso debe dirigirse a la autoridad de control de la protección de datos. La Decisión Marco contiene normas generales que otorgan a los interesados el derecho de acceso a sus datos. No especifica detalladamente qué tipo de información debe darse a los interesados. También deja en manos de los Estados miembros la decisión de si los interesados pueden ejercer su derecho de acceso directamente o si han de utilizar la vía indirecta. 2.1.4. Autoridades nacionales de control (artículo 25) La Decisión Marco 2008/977 reconoce que la creación en los Estados miembros de autoridades de control que ejerzan sus funciones con plena independencia constituye «un aspecto esencial de la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial entre los Estados miembros» (considerando 33). Afirma además que las autoridades de control ya creadas en los Estados miembros en virtud de la Directiva «también deben poder» asumir esas competencias (considerando 34). El artículo 25 de la Decisión Marco 2008/977 plasma una parte importante de la disposición sobre las autoridades de control que se recoge en el artículo 28, apartados 1 a 4 y 7, de la Directiva 95/46/CE en lo que se refiere a las competencias de dicha autoridad, su obligación de actuar con total independencia y su deber de secreto profesional. Cada una de esas autoridades debe estar dotada de un conjunto de competencias entre las que se incluyen poderes de investigación (lo que incluye el acceso a los datos y la posibilidad de recabar la información necesaria), poderes efectivos de intervención (como emitir y publicar dictámenes antes de las operaciones de tratamiento de datos, ordenar el bloqueo, la supresión o la destrucción de datos, imponer una prohibición temporal o definitiva de un tratamiento de datos, dirigir advertencias o amonestaciones a los responsables del tratamiento, y someter la cuestión a los parlamentos nacionales u otras instituciones políticas) y la capacidad procesal. El Cuadro 5 muestra que, en la mayoría de los casos, las autoridades nacionales de control responsables de supervisar el cumplimiento y la aplicación de las normas generales de protección de datos son también responsables del control del cumplimiento y la aplicación de la Decisión Marco 2008/977. Suecia indicó que su Consejo de Inspección de Datos está todavía pendiente de designación como autoridad competente de control en virtud del artículo 25 de la Decisión Marco. Algunos Estados miembros plantearon expresamente la cuestión del control del tratamiento de datos por la administración judicial[17]. Dinamarca indicó que la administración de los tribunales es responsable de supervisar el tratamiento de datos por parte del sistema judicial, y Austria señaló que la autoridad de control de la protección de datos no es competente para pronunciarse sobre las denuncias de violación de las normas de protección de datos por parte de la judicatura. En Luxemburgo, el control del tratamiento de datos es por lo general competencia de la Comisión de Protección de Datos. Las actividades de tratamiento de datos llevadas a cabo en cumplimiento de una disposición nacional de aplicación de un convenio internacional son supervisadas por una autoridad que se compone del Procureur Général d’Etat, o su delegado, y dos miembros de la Comisión de Protección de Datos propuestos por aquél y designados por el Ministro. 2.1.5. Otras cuestiones planteadas por los Estados miembros De los 26 Estados miembros, 20 (8 de los cuales, a saber, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Chipre y Austria no dieron respuesta alguna a esta pregunta) no señalaron ningún problema en particular con la Decisión Marco. Como puede verse en el Cuadro 6, seis Estados miembros realizaron observaciones sobre las cuestiones que más les preocupan, como las siguientes: - Polonia indicó que la Decisión Marco contenía numerosas deficiencias que era preciso subsanar y manifestó su apoyo a una reforma que instaurase un sistema general y coherente de protección de datos al nivel de la UE; Italia y los Países Bajos expresaron su dificultad a la hora de distinguir, en la práctica, entre el tratamiento transfronterizo de datos contemplado en la Decisión Marco 2008/977 y el tratamiento de datos a nivel nacional, y aludieron a la compleja tarea que a las autoridades con funciones coercitivas corresponde en razón de la aplicabilidad de distintas normas de tratamiento a unos mismos datos personales; - Italia, la República Checa y los Países Bajos formularon críticas hacia las normas sobre transferencias internacionales incluidas en la Decisión Marco; concretamente, Italia declaró que era necesario establecer un nivel adecuado y más uniforme de protección para las transferencias de datos a terceros países; Los Países Bajos consideraron problemática la ausencia en la Decisión Marco de criterios que permitan determinar el nivel adecuado de protección de un tercer país, lo que conduce a una aplicación variable por parte de los Estados miembros; por último, la República Checa consideró que las normas sobre transferencias internacionales recogidas en la Decisión Marco eran «poco realistas»; - Francia aludió a un problema específico a nivel nacional relativo a los periodos de conservación de los datos personales transferidos hacia y desde un tercer país cuyos requisitos a ese respecto sean diferentes; - en opinión de Eslovaquia, es necesario diferenciar más claramente entre el tratamiento de datos por parte de la policía y por los jueces (normas procesales); - tanto la República Checa como los Países Bajos indicaron que la necesidad de cumplir múltiples normas de protección de datos a los niveles internacional (como el Consejo de Europa), de la UE y nacional generaba cierta confusión para las autoridades con funciones coercitivas. 3. PERSPECTIVAS El presente informe examina la situación de la aplicación y el funcionamiento de la Decisión Marco relativa a la protección de los datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal. Las dificultades prácticas encontradas por algunos Estados miembros a la hora de distinguir entre las normas de tratamiento de datos nacionales y transfronterizos podría solucionarse mediante un conjunto único de normas que abarcasen el tratamiento de datos en ambos niveles. El ámbito de aplicación y las posibles excepciones al nivel de la UE referentes al derecho a la información de los interesados merecerían una mayor aclaración. Unos criterios mínimos armonizados sobre el derecho de acceso de los interesados podrían reforzar los derechos de estos últimos y, al mismo tiempo, establecer excepciones que permitan a la policía y a la justicia desempeñar correctamente sus tareas. De conformidad con el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que consagra el derecho a la protección de los datos personales, existe ahora la posibilidad de establecer un marco general de protección de datos que garantice tanto un alto nivel de protección de los datos individuales en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal como un intercambio más fluido de datos personales entre la policía y las autoridades judiciales de los Estados miembros, dentro del pleno respeto del principio de subsidiariedad. [1] DO L 350 de 30.12.2008, p. 60. [2] Artículo 30. [3] Considerando nº 5 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31). [4] Artículo 1. [5] Artículo 1, apartado 5. [6] Artículo 1, apartado 2. [7] Artículo 13. [8] Italia informó a la Comisión de que aún no se habían adoptado oficialmente los instrumentos de aplicación específicos. Se trata del Código de Protección de los Datos Personales, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otros actos que contienen disposiciones procesales en estos ámbitos. Otros Estados miembros, que han adoptado un planteamiento diferente, indicaron que las normas sobre protección de datos en vigor se aplican también al tratamiento de datos personales por parte de la policía y la justicia a nivel nacional, así como a su tratamiento internacional por la policía y la justicia en asuntos penales. Además, informaron a la Comisión de las medidas de aplicación adicionales que están en curso de preparación. [9] Véase el asunto C-105/03, Pupino, sentencia de 16.5.2005, apartados 34, 43 a 45, 47 y 61, en la que el TJCE sostuvo que los órganos jurisdiccionales nacionales que interpreten leyes nacionales deben esforzarse por mantener una interpretación coherente de la que también formen parte las decisiones marco. [10] Tal era ya la situación antes de la adopción de la Decisión Marco (véase el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, evaluación de impacto, SEC (2005) 1241 de 4.10.2005, punto 5.1.2.). [11] Véase el Cuadro 2. [12] Véase el Cuadro 2. [13] Véanse los comentarios de los Países Bajos. [14] Véase también la contribución de Polonia (Ministerio del Interior) a la consulta pública abierta por la Comisión a finales de 2010 (a la que se hace referencia en la respuesta al cuestionario): http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0006/contributions/public_authorities/pl_min_pl.pdf. [15] Es posible extraer esta conclusión a pesar de que algunos Estados miembros no ofrecieron información detallada (véanse los pormenores en el Cuadro 3). [16] Esta excepción no se halla expresamente mencionada en el artículo 17 de la Decisión Marco 2008/977. Sin embargo, refleja una excepción recogida en el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 95/46/CE. [17] Véase el considerando 35, última frase, de la Decisión Marco, en la que se declara que las competencias de las autoridades de supervisión «no deben afectar a las normas específicas previstas para los procesos penales ni a la independencia del poder judicial»..