En este contexto, las principales fuentes para la garantía de la Comisión de que los recursos se han utilizado de conformidad con el marco jurídico y los principios de buena gestión financiera son los resultados de su propia labor de auditoría, las auditorías del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y los informes presentados por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), así como la información presentada por las autoridades nacionales, en particular las opiniones de auditoría y las estadísticas de control sobre la tasa de error transmitidas como parte de los informes anuales de control y las auditorías de los sistemas nacionales proporcionados a lo largo del año.

Las medidas preventivas, de detección y correctoras aplicadas por la Comisión sobre la base de los sistemas de control y supervisión plurianuales ofrecen una garantía razonable de que el presupuesto de la UE está protegido adecuadamente de los gastos que no se atienen a las normas y los riesgos derivados de las deficiencias de los sistemas de control y gestión de los Estados miembros.

La Comisión considera que las reservas confirman el buen funcionamiento de los procedimientos de control puestos en marcha en la Comisión y los Estados miembros. El número de reservas en los informes anuales de actividad (IAA) (21 en 2013) es el resultado de un planteamiento mejorado y más selectivo de la Comisión, entre otros, a consecuencia de la actual y estricta política de interrupción y suspensión de pagos, y no se debe a un deterioro de los sistemas de control ni a una falta de responsabilidad. Las reservas están generalmente vinculadas a los planes de acción supervisados de cerca por la Comisión.

La Comisión acepta emprender nuevas acciones sobre 139 peticiones (115 del PE y 24 del Consejo). Considera que para 218 peticiones (168 del PE y 50 del Consejo), o bien ya se han llevado a cabo las acciones solicitadas o bien están en curso, aunque en algunos casos deben evaluarse sus resultados. Por último, por razones relacionadas con el marco jurídico y presupuestario actual o con su papel institucional o sus prerrogativas, la Comisión no puede aceptar 37 peticiones (36 del PE y 1 del Consejo). En los dos documentos de trabajo adjuntos de los servicios de la Comisión se proporciona una justificación detallada.

En la resolución sobre la aprobación general de la gestión presupuestaria del PE se resaltan una serie de cuestiones, tales como las mejoras necesarias en la gestión compartida, la simplificación y el rendimiento, así como otros puntos específicos. Estas peticiones se han debatido ampliamente durante el procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria, en particular con el ponente y con los miembros de la Comisión de Control Presupuestario (CONT). La carta de la vicepresidenta Georgieva sirvió para aportar pruebas del compromiso formal de la Comisión con la aplicación plena y oportuna de una serie de acciones y medidas relacionadas con las cuestiones identificadas.

La Comisión siempre ha afirmado que la vinculación de las correcciones con el año original de pago no es viable.

la realización de auditorías in situ para verificar el sistema contable de las autoridades de certificación y la fiabilidad de los datos de las correcciones financieras en función de los resultados de la evaluación de riesgos (la cobertura de dichas auditorías se incrementó en 2014 para obtener garantías adicionales).

El planteamiento prudente adoptado en la Comunicación sobre la protección del presupuesto de la UE no debe entenderse en el sentido de que los Estados miembros hayan comunicado información poco fiable. La observación de la Comisión se refiere a la práctica de algunas autoridades de certificación de comunicar como correcciones financieras una cifra que incluye correcciones financieras realizadas por los Estados miembros y por la Comisión. Por lo tanto, la Comisión resta sistemáticamente de las cifras comunicadas por los Estados miembros una cantidad que equivale a las correcciones de la Comisión con el fin de evitar el riesgo de doble contabilidad.

Además, los controles se reparten temporalmente y algunos de ellos se realizan después de que se haya presentado la certificación de los gastos a la Comisión. En particular, la evaluación final del riesgo residual y, por lo tanto, el éxito de la aplicación, se realizará en el momento del cierre.

La Comisión opina que la credibilidad de los IAA no se ve socavada por la falta de fiabilidad de algunos de los controles de primer nivel realizados por los Estados miembros. De hecho, dispone de una buena descripción general y basa sus garantías en un proceso robusto y sólido que abarca varios niveles de controles:

En cuanto a la petición del PE de publicar declaraciones nacionales, resúmenes anuales y declaraciones de fiabilidad, la Comisión subraya que no tiene el derecho a publicar este tipo de documentos.

Uno de los aspectos importantes de la auditoría única es la declaración de fiabilidad que introduce una declaración obligatoria reforzada para los Estados miembros, firmada por los directores o jefes de las agencias u organismos. Esta declaración irá acompañada de un informe que contenga un resumen de todos los resultados de las auditorías y controles realizados, así como las medidas correctoras adoptadas o previstas. No obstante, la emisión de una declaración nacional (artículo 59, apartado 1, del RF) podría constituir otro elemento importante de la auditoría única.

En cuanto a la petición incluir en el informe de síntesis una «declaración de fiabilidad», la Comisión subraya que, en consonancia con la necesidad de fortalecer el control financiero como una de las principales prioridades de sus medidas de refuerzo y reforma administrativa desde el año 2000, el marco de gobernanza (en particular, el artículo 66, apartado 9, del RF) concedía plenos poderes a los directores generales y los hacía personalmente responsables de la gestión financiera. Por lo tanto, la responsabilidad de gestión asumida por parte de los directores generales garantiza la continuidad y sostenibilidad necesarias de la estructura de responsabilidad.

En el caso de que la Comisión considere, basándose en sus evaluaciones y análisis, que los datos de los Estados miembros no son correctos, se hará saber con claridad en el IAA respectivo de sus servicios.

La resolución pide que se incluyan en el próximo informe de evaluación dos análisis relacionados con la eficiencia, la eficacia y los resultados obtenidos en términos de crecimiento y empleo, respectivamente, por el Plan de Inversiones y por el Plan para el Crecimiento y el Empleo.

En cuanto al primero, y tras el acuerdo alcanzado entre el PE y el Consejo (5.6.2015), la Comisión presentará: a) una evaluación sobre la utilización y el funcionamiento de la garantía de la UE, acompañada de un dictamen del TCE, y b) un informe que contenga una evaluación independiente de la aplicación del Reglamento.

En cuanto al segundo, la Comisión señala que el informe de evaluación proporciona datos sobre el Plan para el Crecimiento y el Empleo adoptado por el Consejo Europeo en junio de 2012 en lo que se refiere a las acciones financiadas con cargo al presupuesto de la UE.

Dos nuevas peticiones se refieren a la coordinación en la organización interna de la Comisión. En sus nuevos métodos de trabajo, la Comisión establece el modo en que garantiza que su trabajo se enmarca dentro de las áreas clave de las orientaciones políticas en los servicios de la Comisión y tiene el objetivo de desarrollar una cultura de resultados más sólida en relación con el presupuesto de la UE. Además, las políticas de la UE se gestionan y coordinan teniendo en cuenta el carácter transversal de las actividades de las Direcciones Generales.

En este contexto, se ha establecido una red de comisarios que se centra en un presupuesto de la UE que logre resultados.

4. Problemas específicos

4.1 Conflicto de intereses (apartado 56)

En lo que se refiere a la petición del PE de examinar la situación actual de la legislación de los Estados miembros en este ámbito, la Comisión recuerda que, en términos generales, evitar el conflicto de intereses en el nivel nacional se enmarca en la competencia de los Estados miembros, también cuando el posible conflicto de intereses se refiere a la gestión de los fondos del presupuesto de la Unión.

En lo que respecta a la convocatoria para presentar recomendaciones o soluciones jurídicamente vinculantes, la Comisión recuerda que ya hay disposiciones legales en vigor para evitar el conflicto de intereses en la ejecución del presupuesto de la UE en la gestión compartida.

En particular en lo que respecta a las disposiciones del RF, depende de los Estados miembros tomar las medidas necesarias para evitar conflictos de intereses en las actividades tanto de gestión como de control.

Por otra parte, el Reglamento sobre disposiciones comunes establece que el programa operativo deberá garantizar una adecuada separación de funciones cuando la autoridad de gestión sea también un beneficiario.

En el mismo sentido, las normas de contratación pública prevén que los Estados miembros se aseguren de que los órganos de contratación tomen las medidas adecuadas para prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de contratación para evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la igualdad de trato de todos los operadores económicos.

4.2. Prefinanciación de la preadhesión (apartado 215)

En lo que concierne a la liquidación de nueve operaciones relativas a los programas nacionales de preadhesión, la Comisión subraya que solo se vieron afectadas por un error de procedimiento contable temporal. La Comisión ha sostenido invariablemente que este error no tuvo ningún impacto sobre la fiabilidad de las cuentas, ni sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones de que se trataba.

Por otra parte, el párrafo en cuestión solo refleja parcialmente las conclusiones del TCE y las respuestas relacionadas de la Comisión en el informe anual del TCE de 2013.

En lo que respecta a la conformidad de las prácticas de la Dirección General de Ampliación con el artículo 88 del RF y el artículo 100 de sus normas de desarrollo, la Comisión destaca que estas disposiciones se refieren específicamente a la liquidación de los gastos, lo que no se produjo en ninguna de estas operaciones. Por lo tanto, la Comisión no está de acuerdo en que no se cumpliera el artículo: en ningún momento se produjo una comunicación sobre estas operaciones en la que el país beneficiario indicara que la Comisión había liquidado gastos relacionados.

La Comisión señala que el procedimiento contable temporal solo estuvo en vigor durante dos años y que se canceló al tercero. La Dirección General ha puesto en marcha un sistema con los países beneficiarios pertinentes para asegurarse de que el reconocimiento de los costes en los registros contables es totalmente conforme al RF.

4.3. IMG (apartados 234-235)

La resolución pregunta por los motivos relacionados con la filtración del informe final de la OLAF sobre el Grupo de Gestión Internacional (IMG), así como la toma de una decisión sobre el estatuto jurídico de esa organización. Dentro de los límites de la confidencialidad, la Comisión informará al PE acerca de los resultados de sus investigaciones sobre las circunstancias de la supuesta filtración no autorizada.

En lo que respecta al estatuto jurídico del IMG, la Comisión ya ha dejado claro que, en vista de los nuevos elementos de hecho contenidos en el informe final de la OLAF, no firmará nuevos acuerdos con el IMG en virtud del procedimiento especial aplicable a las organizaciones internacionales hasta que el IMG haya aclarado su estatuto.