COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
COM(92) 110 final - SYN 412 
Bruselas, 11 de mayo de 1992 
Propuesta de 
DIRECTIVA DEL CONSEJO 
sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las 
autorizaciones de prospección/ exploración y extracción 
de hidrocarburos 
(presentada por la Comisión) 
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EXPOSICIÓN GENERAL DE MOTIVOS 
Introducción 
Con la publicación del Libro BI anco1) en junio de 1985 
("realización del mercado interior") y la aprobación del Acta 
Única en diciembre de 1985, la realización del mercado 
interior prevista para finales de 1992 se ha convertido en uno 
de los objetivos esenciales para la Comunidad. 
El Acta Única incorporó al Tratado un artículo 8A, que define 
el mercado interior como "un espacio sin fronteras interiores, 
en el que la libre circulación de mercancías, personas, 
servicios y capitales estará garantizada". Esta definición se 
aplica también al sector de la energía. 
Por otra parte, la energía es un componente tan esencial de 
todas las actividades económicas que se realizan en la 
Comunidad, que es inconcebible la realización del mercado 
interior sin un mercado integrado de la energía. Los objetivos 
energéticos de la Comunidad aprobados por el Consejo en 
1986*) hacen hincapié en la necesidad de una "mayor 
integración, liberada de los obstáculos al comercio, del 
mercado interior de la energía, con vistas a mejorar la 
seguridad de abastecimiento, de reducir los costes y de 
fortalecer la competiti vi dad económica". 
Se han realizado ya o se están realizando progresos 
importantes hacia el establecimiento de un mercado interior 
de la energía. Después de una primera etapa en la que se han 
adoptado las directivas del Consejo sobre el transporte de 
electricidad3), sobre el de gas4) y sobre la transparencia 
de los precios5^, la Comisión ha transmitido al Consejo dos 
propuestas de directiva relativas a las normas comunes para 
el mercado interior de la electricidad, por una parte, y del 
gas, por otra6). Por lo que respecta a este último, las 
normas comunes propuestas no afectan al sector de la 
producción. La presente propuesta constituye, pues, para el 
sector del gas, la parte complementaria de la segunda fase 
iniciada, con intención asimismo de suprimir los últimos 
obstáculos importantes para la realización del mercado 
interior en el ámbito del petróleo, donde no subsisten 
demasiadas restricciones a la competencia en el sector de los 
suministros. 
1) COM(85)310 final, 14.06.85 
2) DO no C 241, 25.09.1986 
3) DO L 313/30, de 13.11.90 
4) DO L 147/37, de 12.06.91 
5) DO L 185/16, de 17.07.90 
6) C0M(91) 548 final - Syn 384-385 - de 21.02.1992 
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3. De hecho, la prospección, la exploración y la extracción de 
petróleo y de gas natural constituyen una sola actividad 
sometida a condiciones físicas, técnicas y jurídicas similares 
y que deben abordarse, pues, en un contexto común y a la vez 
distinto de aquellos en los que se encuadran las actividades 
de suministro y de generación de electricidad. En este marco, 
dicha actividad continúa, en distintos grados según los 
Estados miembros, estando sometida a restricciones que pueden 
explicarse por la importancia que tienen los hidrocarburos en 
la actividad económica y las características tradicionales de 
los regímenes mineros, pero que son incompatibles con la 
realización del mercado interior. Este último implica 
principalmente la armonización de las condiciones de acceso y 
de ejercicio de dicha actividad respetando los derechos y 
responsabilidades de los Estados miembros en lo referente a 
la administración de sus recursos en hidrocarburos. 
El marco general de las actividades 
4. La diversidad de usos finales de los hidrocarburos 
(combustibles para la producción de electricidad y de 
calefacción, carburantes para los transportes, materias primas 
para la industria química y petroquímica) hacen de ellos un 
componente esencial de la actividad económica, tanto más 
importante cuanto que se trata de un recurso limitado en la 
Comunidad. Efectivamente, la producción comunitaria suministra 
únicamente un 24 % del consumo de petróleo y un 62 % de I de 
gas en la Comunidad. 
5. Los recursos en hidrocarburos son, en la mayoría de los 
Estados miembros, de propiedad del Estado. Su administración 
depende, en todo caso, de la responsabilidad de las 
autoridades públicas que, en la ejecución de esta tarea, 
persiguen frecuentemente objetivos más amplios que la eficacia 
de la explotación individual de los distintos emplazamientos 
de generación de energía, como: 
a) la gestión planificada del conjunto de los recursos, 
b) la seguridad de abastecimiento del país, 
c) la alimentación del presupuesto del Estado, 
d) el desarrollo de la economía nacional, especialmente: 
- el de la industria generadora (empresarios de obras y 
suministradores de material y de servicios) 
- el de los productores nacionales, principalmente las 
empresas públicas y 
- el de la industria final (petroquímica, distribución de 
gas, etc.). 
6. Durante la realización de estos objetivos, los poderes 
públicos pueden, en diversos grados según el Estado miembro de 
que se trate, verse obligados a restringir el acceso a las 
actividades de explotación de los hidrocarburos y el ejercicio 
de aquéllas, restricciones que consistirán, para las más 
importantes, en lo siguiente: 
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- reservar parte de la explotación a empresas nacionales 
(generalmente públicas), ya sea concediéndoles directamente 
determinadas zonas (las más prometedoras), ya imponiendo su 
participación en los grupos de empresa que exijan 
autor ización, 
liberar a las empresas públicas de determinadas condiciones 
que se imponen a las privadas, 
limitar la libertad comercial de las empresas en cuanto a 
la elección de sus abastecedores, de sus clientes, de sus 
empleados o de sus medios de transporte. 
7. En consecuencia, el control de la explotación de los 
hidrocarburos por los poderes públicos se ejerce no sólo con 
arreglo, por ejemplo, a normas de seguridad, de medio 
ambiente, de ocupación de los suelos como en las demás 
actividades, sino también sobre 
la nacionalidad y el estatuto (privado o público) de las 
empresas 
la forma en que las empresas se propongan proceder y 
procedan a la explotación 
- el destino de los bienes producidos. 
Estas restricciones pueden imponerse oficialmente por la vía 
Jurídica pero, aun cuando no sea éste el caso, el poder 
discrecional de que disponen las autoridades públicas para 
conceder autorizaciones les da la oportunidad de exigir a las 
empresas candi datas que se comprometan a respetarlas. Estas 
restricciones son, por lo menos para algunas de ellas, 
contrarias a las disposiciones del Tratado, especialmente en 
cuanto a la libre circulación de las mercancías y al derecho 
de establecimiento. 
8. Por último, las condiciones de explotación de los 
hidrocarburos presentan otras dos características importantes: 
las inversiones plantean riesgos. La existencia y la 
cantidad de hidrocarburos en una concesión a menudo no 
pueden determinarse más que tras haber realizado obras muy 
costosas, especialmente en el mar del Norte; 
- el acceso a las actividades está limitado por la existencia 
de hidrocarburos. Por otra parte, en las zonas en las que 
se encuentra, no es siempre posible o deseable, ni física 
ni económicamente, multiplicar las instalaciones y los 
explotadores. 
Estas características justifican que se reserve a las 
entidades un derecho exclusivo en las zonas que están 
autorizadas a explotar y la garantía de disfrutar ese derecho 
durante un plazo suficiente para permitir una rentabilidad 
adecuada del capital expuesto. 
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La situación actual en la Comunidad 
10. Por lo que respecta a los Estados miembros, la situación del 
sector, en conjunto, se caracteriza hoy en día por los 
factores siguientes: 
- una tendencia a la Iiberalización del sector. En efecto, 
algunos Estados miembros flexibiI izaron considerablemente ya 
hace unos diez años su régimen, de derecho o de hecho. 
- la madurez del sector. Como ya se ha indicado anteriormente, 
los recursos de la Comunidad son limitados. Las zonas que ya 
han sido concedidas contienen probablemente la mayor parte de 
ellos y no hay que hacerse ilusiones respecto a las zonas no 
atribuidas todavía. Sin embargo, las reservas son aún 
apreciables. Todavía no ha empezado la producción en la 
totalidad de las zonas concedidas y puede esperarse que ei uso 
de nuevas tecnologías permita explotar zonas marginales cuyo 
aprovechamiento no es rentable actualmente. Por otra parte, el 
procedimiento de "reversión", es decir, la obligación que 
tienen los titulares de una autorización de restituir las 
partes de las concesiones que no hayan sido explotadas en los 
plazos convenidos, abre también la posibilidad de nuevas 
autorizaciones. 
- el peso del pasado. La situación competitiva del sector 
sigue estando determinada por las condiciones fijadas en el 
pasado, a causa de la larga duración de las concesiones, 
algunas de las cuales, que se encuentran entre las más ricas, 
no fueron sometidas a la obligación de reversión. 
11. A nivel comunitario, los contratos de suministro y de obras 
celebrados por las empresas del sector deberán estar 
totalmente abiertos a la competencia a partir del 1.1.93 en la 
mayoría de los Estados miembros (algo más tarde en España, 
Portugal y Grecia), en aplicación de la Directiva 90/531/CEE 
de 17 de septiembre de 1990. EI 6 de noviembre de 1991, la 
Comisión adoptó una propuesta para completar dicha directiva 
con el fin de incluir en ella los contratos de servicios. Es 
necesario observar al respecto que esta directiva introduce un 
régimen alternativo para el sector de la producción de 
hidrocarburos y de combustibles sólidos. La aplicación de este 
régimen queda sometida a la condición de que las 
autorizaciones se concedan de manera no discriminatoria y 
transparente. 
Por otra parte, la Comisión adoptó asimismo el ... una 
Comunicación al Consejo en la que se recoge el enfoque, los 
avances y las orientaciones de los trabajos sobre la 
armonización técnica y la normalización en el sector de la 
energía. 
12. Oblet i vos 
1. La creación de un mercado único sin fronteras interiores 
implica un acceso igual de las empresas a la explotación de 
los recursos en hidrocarburos y la libre circulación de estos 
productos entre los Estados miembros. 
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2. A pesar de los avances realizados en algunos Estados miembros, 
el acceso a las actividades de prospección, de exploración y 
de extracción de hidrocarburos y el ejercicio de las mismas 
suelen ser con demasiada frecuencia objeto de discriminaciones 
y de restricciones o bien estar sujetos a condiciones 
incompatibles con la realización de estos objetivos. 
3. Para poner remedio a esta situación, es necesario fijar reglas 
comunes que garanticen que la concesión de las autorizaciones 
se realice con arreglo a procedimientos no discriminatorios y 
transparentes y que ni el acceso a las actividades ni el 
ejercicio de las mismas estén subordinados a condiciones 
injustificadas técnica y económicamente por el objeto de la 
explotación. 
4. Para lograr plenamente el objetivo perseguido, estas reglas 
deberán permitir asimismo limitar los efectos restrictivos de 
las autorizaciones ya concedidas. Para ello conviene, por una 
parte, liberar a las empresas de determinadas obligaciones que 
ya no se volverán a admitir y, por otra, facilitar, en una 
medida razonable, el acceso de otras empresas a zonas que han 
sido reservadas a una empresa en condiciones discriminatorias. 
La consecución de estos objetivos permitirá obtener un entorno 
más competitivo en este sector. Contribuirá a una reducción de 
los costes, a estimulas las actividades de exploración y de 
producción y, por consiguiente, a aumentar el autosuministro 
de la Comunidad en hidrocarburos y, de modo más general, a 
aumentar su seguridad de abastecimiento de energía. La libre 
circulación del petróleo y del gas en la Comunidad resultará 
más fácil, completando de este modo la iniciativa de la 
Comisión de liberar el mercado del gas en los sectores del 
transporte y de la distribución. 
Principios generales 
13. La propuesta de la Comisión se apoya en los siguientes 
principios generales: 
1. Los Estados miembros conservan la soberanía sobre sus 
recursos en hidrocarburos, pero se les exige que la ejerzan 
de una manera compatible con el nivel de integración actual 
de la Comunidad. En este sentido, la propuesta no atenta 
contra los derechos de los Estados miembros relativos a la 
gestión a largo plazo de estos recursos, los ingresos que 
les reportan y su administración a corto plazo. 
2. Con arreglo al principio de subsidiariedad, los Estados 
miembros conservan la libertad de escoger o de mantener el 
régimen más adecuado a las condiciones naturales de 
explotación ya la política de gestión de estos recursos a 
largo plazo. 
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3. La propuesta no tiene por objeto, pues, establecer una 
normativa detallada, sino que fija un marco y unos 
principios generales a los que deben ajustarse estos 
regímenes. 
4. La orientación que se ha seguido para ello se basa en las 
condiciones específicas de explotación de estos recursos. 
Difiere, pues, de la utilizada en la propuesta de directiva 
relativa a las normas comunes para el mercado interior de 
la electricidad y se inspira en la mantenida en el marco de 
las directivas relativas a los contratos públicos. 
Los medios 
14. Debe garantizarse el acceso no discriminatorio de todas las 
entidades (que posean las capacidades necesarias) a las 
actividades de prospección, de exploración y de extracción, 
así como el ejercicio no discriminatorio de las mismas. Para 
ello, se dispone: 
a) que el derecho exclusivo de hacer prospecciones, de 
explorar y de extraer hidrocarburos se conceda únicamente 
mediante procedimientos no discriminatorios y abiertos a 
todas las entidades; 
b) aumentar la transparencia y fortalecer la no discriminación 
en la concesión de las autorizaciones: 
- utilizando procedimientos abiertos a todas las empresas 
interesadas y dándoles la publicidad necesaria, 
- estableciendo y publicando los criterios objetivos que 
servirán de base para tomar decisiones, 
- dando a conocer a todas las partes afectadas las 
condiciones a las cuales se subordina la concesión de las 
autor¡zaciones; 
c) que las condiciones y obligaciones que puedan imponerse a 
las empresas para la concesión o el ejercicio de las 
autorizaciones se justifiquen exclusivamente por: 
- la necesidad de llevar a buen término la explotación, 
- motivos de interés general, como el respeto de las normas 
de medio ambiente, de seguridad, de sanidad, la defensa 
nacional o la política de gestión de los recursos y 
- la percepción de los ingresos que los Estados miembros 
obtienen de la explotación de los hidrocarburos; 
y que las entidades que estuvieran ya sometidas a 
condiciones y obligaciones injustificadas por una 
autorización ya concedida sean liberadas de las mismas; 
d) que cuando se hayan concedido autorizaciones por un 
procedimiento no competitivo, haya otras entidades que 
puedan también acceder a las partes de la zona concedida 
que aún no estén explotadas. 
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COMENTARIOS A LA PROPUESTA 
Campo de aplicación material y personal 
15. La Directiva se aplica principalmente a los contextos 
Jurídicos nacionales en los que se ejercen las actividades de 
prospección, de exploración y de extracción de hidrocarburos, 
es decir, a las autorizaciones cuya definición (apartado 3 del 
articulo 1) determina el campo de aplicación material de la 
directiva. Por lo tanto, el campo de aplicación personal queda 
determinado en relación con este último, es decir, las 
entidades (apartado 2 del articulo 1) que solicitan o poseen 
una autorización y las autoridades competentes (apartado 4 del 
articulo 1), es decir, los poderes públicos (apartado 1 del 
articulo 1) que conceden las autorizaciones. Es necesario 
puntual izar que: 
I) por cuanto se refiere a las autor izaciones. no están 
cubiertos por la definición: 
- los contratos por los que los poderes públicos o una 
entidad confian la ejecución de las actividades a (otra) 
entidad a titulo oneroso y que se basan, pues, en las 
directivas relativas a contratación pública; 
- las autorizaciones que no confieren un derecho exclusivo, 
como suele suceder en el caso de los permisos de 
prospección; 
II) por lo que se refiere a las ent idades. no se distingue 
entre las empresas públicas y las privadas 
Campo de aplicación territorial 
16. La Directiva se aplica en el territorio de los Estados 
miembros, asi como en las zonas sobre las que ejercen su 
soberanía, en las condiciones previstas por el Tratado. 
Campo de aplicación temporal 
17. En el articulo 14 se establece que los Estados miembros se 
ajusten a la Directiva antes del 1.1.1993. Por otra parte, la 
directiva se aplica únicamente a las autorizaciones concedidas 
después de esa fecha. Sin embargo, es susceptible de 
aplicación anticipada en el caso en que los procedimientos de 
concesión se hayan iniciado antes de esa fecha. Ello se 
Justifica por el número limitado de áreas geográficas útiles 
que no están aún explotadas y por la necesidad de evitar que 
se concedan en condiciones que no se ajusten a la directiva, 
entre su adopción y la fecha de su aplicación. 
18. La Directiva se aplica asimismo a las autorizaciones 
concedidas antes de su aplicación, en dos casos: 
- cuando las entidades hayan sido sometidas, para dichas 
autorizaciones, a condiciones, obligaciones y requisitos 
distintos de los autorizados por el articulo 7 
- en el caso previsto por el articulo 8 (véase el punto 26). 
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Es necesario observar que en estos dos casos la directiva no 
cuestiona la atribución de dichas autorizaciones, sino que 
limita algunos de sus efectos para dar a la directiva un 
efecto útil y equilibrado entre los distintos Estados 
miembros. 
El obieto de la directiva 
19. El objeto de la directiva es el de garantizar un acceso no 
discriminatorio a las actividades y el ejercicio no 
discriminatorio de éstas (apartado 1 del articulo 2). En los 
ar ti cu los 4 al 8 se establecer normas para la consecución de 
este objet ivo. 
Las normas aplicables a la concesión de las autorizaciones 
(artículos 4, 5, 6, 7 y 8) 
El principio.-
20. Las autorizaciones deberán concederse sólo en las condiciones 
fijadas por la directiva, es decir, por una parte, con arreglo 
a procedimientos abiertos a todas las entidades y, por otra, 
imponiendo a las entidades condiciones bien definidas. 
La apertura de los procedimientos (artículo 4) 
21. Los procedimientos deberán ser accesibles a todos y ser objeto 
de la publicidad necesaria (apartados 1 y 2 del articulo 4). 
Los Estados miembros utilizan dos tipos de procedimientos: 
los abiertos a iniciativa de los poderes públicos, cuando 
se trata de atribuir un número relativamente importante de 
autorizaciones, lo cual suele ocurrir en el mar del Norte, 
y 
los abiertos a raiz de una demanda presentada por una 
ent i dad. 
Hay excepciones previstas para casos específicos en los que no 
tiene objeto efectuar una licitación pública (apartado 3 del 
articulo 4). 
La duración y la extensión de las autorizaciones (articulo 5) 
22. La existencia de igual acceso de las entidades a las 
actividades implica que la extensión de las autorizaciones y 
su duración están limitadas de un modo compatible con las 
condiciones económicas y técnicas de una explotación eficaz, 
con el fin de no reservar a una sola entidad, durante un plazo 
excesivamente largo, la explotación de una zona en la cual 
podrían también ejercer sus actividades otros explotadores. 
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La transparencia de los procedimientos (articulo 6) 
23. Para que sean transparentes, los procedimientos deben 
responder a tes condiciones: 
las decisiones deben tomarse basándose en criterios 
objetivos, establecidos y publicados con antelación; 
- todas las condiciones y obligaciones de carácter general a 
las que están sujetas las empresas deben establecerse y 
ponerse a disposición de las entidades antes de la 
introducción de las solicitudes; 
los criterios, condiciones y obligaciones deben aplicarse 
de manera no discriminatoria. 
Las condiciones de concesión y de ejercicio (articulo 7) 
24. Es conveniente evitar que la concesión y el ejercicio de las 
autorizaciones estén sometidos a condiciones u obligaciones 
que no estén en directa relación con la explotación óptima de 
la concesión, como aquellas que impongan a las empresas la 
elección de sus socios, de sus empleados, de sus proveedores, 
de sus clientes o de los medios de transporte de los 
hidrocarburos. 
Únicamente las condiciones que se ajusten a este objetivo 
podrán imponerse a las empresas. Lo mismo puede decirse de las 
condiciones y obligaciones vinculadas a motivos de Interés 
general y de las obligaciones económicas respecto a los 
Estados miembros mencionadas en los apartados 2 y 3 del 
artIculo 2. 
25. Asimismo, es necesario evitar la injerencia de los poderes 
públicos en la gestión de las entidades, especialmente en lo 
referente a la atribución de los contratos celebrados por las 
entidades. El control ejercido por las autoridades deberá, 
pues, limitarse a lo necesario para que se respeten las 
condiciones antes mencionadas. 
Las autorizaciones existentes (articulo 8) 
26. Como se ha indicado anteriormente (véase el punto 18), la 
directiva no se aplica en su totalidad más que a las 
autorizaciones concedidas a partir de su fecha de aplicación. 
Ello plantea el caso de las autorizaciones en virtud de las 
cuales hay entidades que han recibido el derecho exclusivo a 
explotar zonas geográficas mediante un procedimiento en el que 
no han podido participar otras entidades. Estos derechos 
exclusivos se oponen al principio de igualdad de acceso a los 
recursos. 
Para poner coto a esta situación, el artículo 8 establece que 
las partes de estas zonas que aún no hayan sido explotadas 
sean restituidas a los Estados miembros afectados y que se 
concedan otras autorizaciones para las partes en cuestión. De 
hecho, se trata de la aplicación a casos particulares del 
método de "reversión" que ya se utiliza, especialmente en el 
mar del Norte. 
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Disposiciones diversas (artículos 9, 10, 11 y 13) 
27. Las relaciones con terceros paises. La Iiberalización del 
sector beneficiará a todas las entidades establecidas en la 
Comunidad, con inclusión de las filiales de las empresas de 
terceros paises. Las empresas comunitarias deberían poder 
gozar en los terceros paises de ventajas equivalentes. El 
articulo 9 establece un procedimiento que permite evaluar la 
situación y entrar en negociaciones con terceros paises si 
fuera necesar io. 
28. La Directiva 90/531/CEE sobre los contratos celebrados por las 
entidades de los sectores excluidos. 
El articulo 3 de esta directiva establece que las entidades 
que ejercen actividades de exploración y de extracción de 
hidrocarburos quedan sometidas a un régimen alternativo más 
flexible que el régimen general previsto por la directiva. La 
aplicación de este régimen alternativo queda sometida a la 
condición de que la concesión de las autorizaciones, por una 
parte, y la atribución de los contratos de las entidades, por 
otra, sean no discriminatorias y transparentes. Deberá ser 
objeto de solicitud dirigida por el Estado miembro afectado a 
la Comisión, que verifica que se cumplan estas condiciones. 
A partir de la fecha de aplicación de la presente Directiva, 
los Estados miembros deberán garantizar el acceso y el 
ejercicio no discriminatorio de las actividades en cuestión. 
En tal caso, cumplirán la primera condición para la aplicación 
del régimen alternativo mencionado. Deberá adaptarse en 
consecuencia la Directiva 90/531. (articulo 13) 
29. Por último, la Directiva establece la obligación para los 
Estados miembros de publicar un informe anual sobre la 
concesión de las autorizaciones (artículo 10) y de notificar a 
la Comisión las autoridades competentes para que pueda 
publicarse en el Diario Oficial (articulo 11). No se hacen 
comentarios a estas disposiciones. 
Fundamento luridico 
30. Una Directiva basada en el apartado 2 del artículo 57 y en los 
artículos 66, 100A y 113 del Tratado es el medio más adecuado 
para proceder a una armonización de los procedimientos de 
concesión de las autorizaciones de los Estados miembros. La 
Comisión se reserva, por otra parte, el derecho de utilizar 
todas las facultades que le concede el Tratado para las 
medidas que habrán de tomarse en lo relativo a las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
nacionales que estén en contradicción directa con las 
disposiciones del Tratado. 
CONCLUSIÓN 
La Comisión propone, por consiguiente, una Directiva que tiene 
por objeto introducir normas comunes para las condiciones de 
concesión y de ejercicio de las autorizaciones para realizar 
prospecciones, explorar y extraer hidrocarburos, basada en el 
apartado 2 del articulo 57 y en los artículos 66, 100A y 113 
del Tratado. 
- 12 
Propuesta de 
DIRECTIVA DEL CONSEJO 
sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las 
autorizaciones de prospección, exploración y extracción 
de hidrocarburos 
El Consejo de las Comunidades Europeas 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en 
particular, el apartado 2 de su artículo 57, y sus artículos 66, 100 A 
Y H3, 
Vista la propuesta de la Comisión,*) 
En cooperación con el Parlamento Europeo,2) 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social,"*) 
Considerando que deben adoptarse las medidas destinadas a establecer 
progresivamente el mercado interior en el transcurso de un período que 
terminará el 31 de diciembre de 1992; que el mercado interior implicará 
en un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación 
de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada; 
1) DO 
2) DO 
3) DO 
- 13 -
Considerando que, en su Resolución de 16 de septiembre de 19864), el 
Consejo identificó como objetivo de la política energética de la 
Comunidad y de los Estados miembros una mayor integración, sin 
obstáculos al comercio, del mercado interior de la energía, con vistas 
a mejorar la seguridad del abastecimiento, de reducir los costes y de 
fortalecer la competitividad económica; 
Considerando asimismo que la Comunidad depende de las importaciones 
para el abastecimiento de hidrocarburos; que, por tanto, conviene 
favorecer una explotación óptima de los recursos situados en la 
Comunidad; 
Considerando que procede garantizar el acceso a las actividades de 
prospección, de exploración y de extracción de hidrocarburos y el 
ejercicio de las mismas, en condiciones que favorezcan una mayor 
competencia en este sector, y así fortalecer la integración del mercado 
interior de la energía y contribuir a una mejor explotación de los 
recursos de la Comunidad; 
Considerando que, con este fin, procede establecer normas comunes que 
garanticen que los procedimientos de concesión de las autorizaciones de 
prospección, de exploración y de extracción de hidrocarburos estén 
abiertos a todas las entidades que posean las capacidades necesarias; 
que la concesión de las autorizaciones se base en criterios objetivos y 
hechos públicos y que las condiciones a las que esté sometida sean 
asimismo conocidas previamente por todas las entidades que participen 
en el procedimiento; 
Considerando que los Estados miembros deben conservar la facultad de 
someter el acceso y el ejercicio de las actividades en cuestión a 
4) DO na C 241, de 25.09.1986, p. 1 
- 14 -
limitaciones justificadas por motivos de interés general y a la 
transferencia de una contrapartida financiera o en hidrocarburos, 
cuyas modalidades deberán establecerse de modo que no se interfiera con 
la gestión de las entidades; que esta facultad debe ejercerse de manera 
no discriminatoria; que, a excepción de aquellas vinculadas a la 
utilización de dicha facultad, no es procedente imponer a las entidades 
unas condiciones y obligaciones que no estén justificadas por la 
necesidad de llevar a término esta actividad; que el control de las 
actividades de las entidades debe limitarse al estrictamente necesario 
para el cumplimiento de dichas obligaciones y condiciones; 
Considerando que la extensión de las zonas cubiertas por una 
autorización y la duración de las autorizaciones deben quedar limitadas 
con el fin de evitar que una entidad tenga reservado un derecho 
exclusivo sobre zonas cuya explotación pueda ser realizada más 
eficazmente por varias entidades; 
Considerando que la concesión de un derecho exclusivo de explotación de 
una zona y el disfrute de ese derecho durante el período previsto por 
la autorización constituyen una justa contrapartida de los riesgos 
contraídos por una entidad; que esta contrapartida supera los riesgos 
contraídos cuando, durante un período de tiempo muy largo o incluso 
indeterminado, una entidad disfruta de un derecho exclusivo en una zona 
geográfica sin que otras entidades hayan tenido la posibilidad de 
acceder a la explotación de esta zona ni en el momento de su 
adjudicación, ni con posterioridad al mismo; que, para garantizar que 
la presente Directiva produzca el máximo efecto, deben establecerse las 
condiciones que permitan remediar esta situación, en la medida en que 
la zona no esté aún explotada en su totalidad; que, sin embargo, 
procede tomar en consideración las situaciones jurídicamente protegidas 
y prever que las entidades sean indemnizadas, llegado el caso, con 
arreglo a las disposiciones del Derecho nacional aplicable; 
Considerando que, en virtud de la presente Directiva, las entidades de 
los Estados miembros deben poder beneficiarse, en los terceros países, 
- 15 -
de un trato comparable al que disfrutan en la Comunidad las entidades 
de los terceros países afectados; que procede prever un procedimiento 
con vistas a alcanzar este objetivo; 
Considerando que la presente Directiva debe aplicarse a las 
autorizaciones concedidas con posterioridad a la fecha de aplicación de 
la misma; que, no obstante, es preciso liberar a las entidades que se 
hayan beneficiado de una autorización concedida con anterioridad a 
dicha fecha, de las condiciones y obligaciones que no podrán ya ser 
impuestas después de la misma; que procede, sin embargo, tomar en 
consideración las situaciones jurídicamente protegidas y prever que las 
entidades y otras partes interesadas sean indemnizadas, en su caso, con 
arreglo a las disposiciones del Derecho nacional aplicable; 
Considerando que las Directivas del Consejo 90/531/CEE5) y 6) 
se aplican a las entidades del sector en lo concerniente a sus 
contratos de suministros, de obras [y de servicios]; que la aplicación 
del régimen alternativo previsto en el artículo 3 de la Directiva 
90/531/CEE está especialmente sujeta a la condición de que, en el 
Estado miembro que solicita la aplicación de dicho régimen, las 
autorizaciones sean concedidas de manera no discriminatoria y de forma 
transparente; que un Estado miembro cumple esta condición desde el 
momento y durante el tiempo en que se ajusta a las obligaciones de la 
presente Directiva; que procede adaptar en consecuencia la Directiva 
90/531/CEE; 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
5) DO L 297, de 29.10.1990, p. 1 
6) DO 
- 16 
ARTÍCULO 1 
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
1. "Poderes públicos": los poderes públicos definidos en el punto 1 
del artículo 1 de la Directiva 90/531/CEE; 
2. "Entidad": toda persona física o jurídica, o todo grupo de tales 
personas, que solicite o posea una autorización; 
3. "Autorización": toda disposición legal, reglamentaria, 
administrativa o contractual en virtud de la cual las autoridades 
competentes de un Estado miembro habiliten a una entidad para 
ejercer, por su cuenta y riesgo, el derecho exclusivo de 
explotación de una zona geográfica con la finalidad de efectuar 
prospecciones, explorar o extraer hidrocarburos; 
4. "Autoridades competentes": los poderes públicos competentes para 
conceder una autorización y controlar su ejecución. 
ARTÍCULO 2 
1. Los Estados miembros garantizarán el acceso no discriminatorio de 
las entidades a las actividades de prospección, exploración y 
extracción de hidrocarburos, así como el ejercicio no 
discriminatorio de estas actividades. 
2. Los Estados miembros podrán denegar, por motivos vinculados a la 
defensa del territorio, el acceso a estas actividades y el 
ejercicio de las mismas en las zonas fronterizas, a una entidad 
que esté controlada efectivamente por un tercer país o por 
nacionales de un tercer país. 
3. La utilización de la facultad contemplada en el apartado 2 estará 
sujeta al acuerdo previo de la Comisión, que velará especialmente 
por que no implique discriminación alguna para las entidades 
distintas de las contempladas en el apartado 2. 
- 17 -
ARTÍCULO 3 
1. Los Estados miembros conservarán la facultad de prohibir las 
actividades contempladas en el apartado 1 del artículo 2 en partes 
de su territorio, en la medida en que se justifique por razones de 
defensa del territorio, de seguridad de la población, de sanidad, 
de seguridad de los transportes, de protección del medio ambiente, 
de seguridad de las instalaciones y de los trabajadores, o de 
gestión planificada de los recursos de hidrocarburos. Por los 
mismos motivos, conservarán asimismo la facultad de imponer 
condiciones al ejercicio de estas actividades. 
2. Los Estados miembros velarán por que el ejercicio de la facultades 
contempladas en el apartado 1 no sea motivo de discriminación 
entre las entidades. 
ARTÍCULO 4 
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para 
que la concesión de autorizaciones se efectúe mediante un 
procedimiento que permita a todas las entidades interesadas 
presentar una solicitud. 
2. Este procedimiento será abierto: 
a) bien por iniciativa de las autoridades competentes mediante 
anuncio publicado en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas al menos 90 días antes de la fecha límite de 
presentación de candidaturas; 
b) bien tras la presentación de una solicitud por parte de una 
entidad. Esta solicitud será objeto de un anuncio publicado en 
- 18 -
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Las demás 
entidades eventualmente interesadas dispondrán de un plazo de 
al menos 90 días a partir de la publicación para presentar a 
su vez una solicitud. 
En el anuncio se especificará el tipo de autorización y la zona o 
zonas geográficas que serán o podrán ser objeto de la solicitud, 
así como la fecha prevista para la concesión de la autorización. 
3. La concesión de una autorización provocada únicamente por cambios 
en la denominación o en la propiedad de la entidad que posea una 
autorización existente o por una modificación en la composición de 
dicha entidad no se considerará concesión de una autorización con 
arreglo al apartado 1. 
ARTÍCULO 5 
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que: 
a) cuando la delimitación de las zonas geográficas no obedezca a 
una división geométrica previa del territorio, la superficie 
de cada una de ellas se determine de modo que no sobrepase la 
que resulte justificada con vistas a la mejor explotación 
posible de las mismas desde el punto de vista técnico y 
económico. Se establecerán criterios objetivos al efecto, que 
se pondrán a disposición de las entidades antes de la 
presentación de las solicitudes; 
b) la duración de la autorización no sobrepase la que sea 
necesaria para llevar a cabo las actividades para las que se 
conceda. Sin embargo, las autoridades competentes podrán 
prorrogar la duración de la autorización cuando la explotación 
haya sufrido retrasos debidos a circunstancias imprevisibles, 
como dificultades especiales vinculadas a la estructura 
geológica de la zona geográfica afectada o a un descubrimiento 
inesperado de hidrocarburos que no pueda evaluarse y 
explotarse en los plazos previstos; 
19 -
c) las entidades pongan de nuevo, a la mayor brevedad, a la 
disposición de las autoridades competentes, total o 
parcialmente, la zona geográfica afectada que renuncien a 
explotar. 
ARTÍCULO 6 
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que: 
1. las autorizaciones se concedan con arreglo a la capacidad técnica 
y financiera de las entidades y a uno o varios de entre los 
siguientes criterios: 
a) el modo en el que prevean llevar a cabo la explotación de la 
zona geográfica de que se trate, 
b) la eficacia y la responsabilidad acreditadas en el marco de 
otras autorizaciones, 
c) cuando la autorización se ponga a la venta, el precio que la 
entidad esté dispuesta a pagar para obtener la autorización; 
estos criterios serán establecidos y publicados antes del inicio 
del período de presentación de las solicitudes, en el respectivo 
Diario Oficial de los Estados miembros y en el anuncio previsto en 
el apartado 2 del artículo 4; 
2. todas las condiciones y requisitos relativos al ejercicio o a la 
interrupción de la actividad, que sean aplicables en el marco de 
autorizaciones del mismo tipo en virtud de disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas vigentes en la fecha de 
presentación de las solicitudes, y que estén previstos en la 
autorización o cuya aceptación previa constituya una condición 
para su concesión, se establezcan y pongan a disposición de las 
entidades interesadas al inicio del periodo previsto para la 
presentación de las solicitudes de autorización; 
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3. se comunique a todas las entidades interesadas todo cambio 
relativo a las condiciones y requisitos, que se haya introducido 
en el curso del procedimiento; 
4. se apliquen de manera no discriminatoria los criterios, 
condiciones y requisitos contemplados en el presente artículo; 
5. se notifiquen, si lo desea, a la entidad cuya solicitud de 
autorización no se haya aceptado, los motivos de dicha decisión. 
ARTÍCULO 7 
1. Los Estados miembros velarán por que las condiciones y requisitos 
contemplados en el punto 2 del artículo 6, así como las 
obligaciones concretas relacionadas con el ejercicio de una 
autorización específica, estén justificadas exclusivamente por la 
necesidad de llevar a buen término la explotación de la zona para 
la que se solicite una autorización, por la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 3 o por el pago de una contrapartida en 
dinero o en hidrocarburos. Las modalidades del pago de dichas 
contrapartidas serán establecidas por los Estados miembros 
procurando que se conserve la independencia de la gestión de las 
entidades. 
2. Los Estados miembros velarán por que el control de las entidades 
en el marco de la autorización se limite a lo necesario para 
garantizar el respeto de las condiciones, requisitos y 
obligaciones contemplados en el apartado 1. Adoptarán, en 
particular, las medidas necesarias para que ninguna entidad se vea 
obligada por vía legal, reglamentaria o administrativa, o por 
cualquier acuerdo o práctica concertada, a facilitar información 
sobre las fuentes previstas o actuales relativas a sus compras, 
salvo a petición de las autoridades competentes y exclusivamente 
con vistas a los objetivos mencionados en el artículo 36 del 
Tratado. 
- 21 
ARTÍCULO 8 
1. Si en la fecha de 1 de enero de 1993, una entidad posee una 
autorización concedida en condiciones tales que excluyan la 
presentación o la toma en consideración de las demandas de otras 
entidades, el Estado miembro interesado adoptará las medidas 
necesarias para que se concedan nuevas autorizaciones en lo 
referente a las partes de la zona geográfica afectada que no estén 
explotadas en la fecha citada. 
2. A efectos del apartado 1, se considerarán no explotadas las partes 
de dicha zona geográfica que no hayan sido exploradas o respecto a 
las cuales no se haya solicitado el acuerdo de las autoridades 
competentes para proceder a la extracción o, cuando no se exija 
dicho acuerdo, en las que no haya comenzado la extracción: 
- en los plazos fijados por la autorización o en su defecto, 
- en los plazos fijados por la legislación, en su caso, para 
otras autorizaciones o, en ausencia de estos plazos, 
en un plazo de cinco años a partir de la concesión de la 
autorización. 
3. El Estado miembro interesado velará por que las nuevas 
autorizaciones contempladas en el apartado 1 puedan ser objeto de 
solicitud a partir del 1 de enero de 1993. 
4. Los Estados miembros velarán por que la entidad cuyos derechos 
queden limitados por aplicación del artado 1 reciba una 
compensación de la misma naturaleza que la prevista por la 
legislación nacional para casos similares de limitación de 
derechos que respondan a motivos de interés público. 
ARTÍCULO 9 
1. Los Estados miembros informarán a la Comisión de todas las 
dificultades de orden general que sus entidades experimenten, de 
- 22 -
hecho o de Derecho, para el acceso a las actividades de 
prospección, de exploración y de extracción de hidrocarburos y 
para el ejercicio de las mismas en terceros países. 
2. La Comisión presentará un informe al Consejo antes del 31 de 
diciembre de 1993 y, a partir de dicha fecha, periódicamente, 
sobre la situación de dichas entidades en los terceros países, así 
como sobre el estado de las posibles negociaciones iniciadas en 
aplicación del apartado 3, con estos países o en el marco de 
organizaciones internacionales. 
3. Cuando la Comisión compruebe, a partir de los informes 
contemplados en el apartado 2 o bien a partir de otros datos, que 
un tercer país no concede a las entidades comunitarias, en lo 
referente al acceso a las actividades contempladas en el apartado 
1 o al ejercicio de las mismas, un trato comparable al que la 
Comunidad concede a las entidades de dicho tercer país, podrá 
iniciar negociaciones con vistas a remediar dicha situación. En su 
caso, presentará al Consejo una propuesta adecuada. 
4. En las circunstancias previstas en el apartado 3, la Comisión 
podrá en todo momento, además de iniciar negociaciones, autorizar 
al Estado miembro que le haya presentado una solicitud motivada a 
denegar la concesión de una autorización a una entidad que esté 
controlada de hecho por el tercer país en cuestión o bien por 
nacionales de dicho tercer país. Se considerará que la Comisión da 
su autorización si, transcurridos tres meses a partir de la 
notificación del Estado miembro, no ha emitido dictamen 
desfavorable. 
5. Las medidas tomadas en aplicación del presente artículo se 
entenderán sin perjuicio de las obligaciones de la Comunidad 
resultantes de los acuerdos internacionales que regulen el acceso 
a las actividades de prospección, de exploración y de extracción 
de hidrocarburos, así como el ejercicio de las mismas. 
- 23 -
ARTÍCULO 10 
Los Estados miembros publicarán anualmente, y lo comunicarán a la 
Comisión, un informe que contenga información sobre las zonas 
geográficas que hayan sido abiertas a la explotación, las 
autorizaciones concedidas, las entidades titulares de dichas 
autorizaciones y su composición, así como una estimación de las 
reservas existentes en su territorio. 
ARTÍCULO 11 
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las autoridades 
competentes, a más tardar el 1 de noviembre de 1992. Le notificarán a 
la mayor brevedad los cambios producidos ulteriormente. La Comisión 
hará publicar en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas la lista 
de las autoridades competentes y los cambios que deban introducirse. 
ARTICULO 12 
La presente Directiva se aplicará a las autorizaciones concedidas a 
partir del 1 de enero de 1993. 
El artículo 7 se aplicará asimismo a las autorizaciones concedidas con 
anterioridad a dicha fecha. Los Estados miembros velarán por que las 
entidades y las demás partes interesadas cuyos derechos queden 
limitados en aplicación del presente párrafo reciban una compensación 
de la misma naturaleza que la prevista por la legislación nacional para 
casos similares de limitación de derechos similares que respondan a 
motivos de interés público. 
- 24 -
ARTICULO 13 
En el artículo 3 de la Directiva 90/531/CEE se añadirá el apartado 5 
siguiente: 
"5. En lo relativo a las actividades de explotación de zonas 
geográficas con la finalidad de efectuar prospecciones o 
extracciones de petróleo o gas, se aplicarán los apartados 1 a 4 
del modo siguiente a partir de la fecha en la que el Estado 
miembro en cuestión haya cumplido a las disposiciones de la 
Directiva n2 ... del Consejo, de ..., sobre las condiciones para 
la concesión el y ejercicio de las autorizaciones de prospección, 
exploración y extracción de hidrocarburos(*): 
a) sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, las 
condiciones establecidas en el apartado 1 se considerarán 
cumplidas a partir de dicha fecha; 
b) a partir de dicha fecha, el Estado miembro contemplado en el 
apartado 4 deberá solamente comunicar las disposiciones 
relativas al cumplimiento de las condiciones mencionadas en 
los apartados 2 y 3. 
(*) DO ns L 
ARTICULO 14 
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente 
Directiva el 1 de enero de 1993. Informarán inmediatamente de ello a la 
Comisión. 
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Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán 
referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha 
referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán 
las modalidades de la mencionada referencia. 
ARTICULO 15 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 
Hecho en Bruselas, 
Por el Consejo, 
El Presidente 

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COM(92) 110 final 
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