A4-0190/97

Resolución sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el ejercicio parlamentario de 1996-1997

El Parlamento Europeo,

- Visto el Tratado de la Unión Europea y en particular los artículos 8 D y 138 D del Tratado CE,

- Vistos los artículos 156 a 158 y, en particular, el apartado 5 del artículo 157 de su Reglamento,

- Vistas sus resoluciones anteriores sobre las peticiones, en particular la Resolución aprobada el 19 de julio de 1996 sobre la base del informe anual relativo a las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el ejercicio parlamentario de 1995-1996 ((DO C 261 de 9.9.1996, pág. 195)),

- Vista su Resolución de 17 de noviembre de 1993 y su decisión de 9 de marzo de 1994 sobre el estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones ((DO L 113 de 4.5.1994, pág. 15)),

- Vista su Resolución de 14 de julio de 1995 sobre la función del Defensor del Pueblo Europeo ((DO C 249 de 25.9.1995, pág. 226)),

- Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A4-0190/97),

A. Considerando que el derecho de petición al Parlamento Europeo constituye un derecho fundamental de los ciudadanos europeos,

B. Considerando que los ciudadanos y residentes comunitarios tienen el firme deseo de participar más estrechamente en la configuración de la Comunidad a través de sus peticiones al Parlamento Europeo,

C. Considerando que estas peticiones son una de las mejores vías para que las Instituciones y los órganos de la Comunidad puedan conocer directamente los efectos que tiene la legislación comunitaria para los ciudadanos europeos, así como los incumplimientos de esta legislación,

D. Considerando que es precisa una estrecha cooperación con las administraciones de los Estados miembros para que los ciudadanos comunitarios puedan disfrutar de sus derechos en toda la Unión Europea,

E. Considerando que las peticiones fortalecen la función de control del Parlamento Europeo y ponen de relieve graves casos de incumplimiento de la legislación comunitaria,

F. Considerando que un número cada vez mayor de peticiones sigue poniendo de manifiesto casos graves de deficiencias y violaciones del Derecho comunitario, que con frecuencia plantean cuestiones políticas y legislativas,

G. Considerando necesaria una estrecha colaboración con el Defensor del Pueblo Europeo,

1. Recalca que el derecho de petición constituye uno de los derechos fundamentales consagrados en los Tratados y que es una vía idónea para conocer de forma directa la opinión del público en general sobre temas de política comunitaria, así como las deficiencias de la legislación de la Unión, y para saber dónde no se aplica o no se ha traspuesto correctamente esta legislación;

2. Observa que de conformidad con el artículo 138 D del Tratado CE, el Parlamento Europeo es el depositario del derecho de petición;

3. Se compromete a aportar tan rápidamente como sea posible respuestas adecuadas a las peticiones, es decir, a las solicitudes de intervención, de acción, de cambio político o de opinión que someta al Parlamento Europeo cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, individualmente o asociado con otros;

4. Confirma su opinión de que el derecho de petición permite al Parlamento tener una visión de las dificultades existentes en las administraciones nacionales y en la europea, como, por ejemplo, actitudes burocráticas, violación de los principios del Derecho comunitario y deficiencias de las disposiciones legales. Las deficiencias constatadas en el Derecho comunitario deberían servir de fundamento para ampliar y/o mejorar las disposiciones jurídicas comunitarias;

5. Encarga a todas las comisiones y delegaciones parlamentarias que examinen con cuidado y prontitud las peticiones que se les remiten para que emitan su parecer, faciliten información o emprendan alguna acción en sus respectivos ámbitos de responsabilidad en relación con los incumplimientos o deficiencias de la legislación comunitaria puestos de relieve por las peticiones que les haya remitido la Comisión de Peticiones; en este sentido les pide que informen a la Comisión de Peticiones de cualquier iniciativa política o legislativa que tomen a raíz de alguna petición y soliciten la opinión de la misma al respecto;

6. Encarga a sus servicios competentes que se ocupen de difundir por todos los medios adecuados con regularidad y frecuencia información sobre el derecho de petición, el procedimiento de presentación y la tramitación de las peticiones, así como en relación con peticiones relevantes;

7. Observa que de conformidad con el artículo 138 E del Tratado CE, el Defensor del Pueblo Europeo «está facultado para recibir las reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro relativas a casos de mala administración en la acción de las instituciones u órganos comunitarios, con exclusión del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales», y hace constar su deseo de proseguir su estrecha, cuidadosa y fructífera colaboración con el Defensor del Pueblo Europeo;

8. Agradece a la Comisión su cooperación en el examen de las peticiones y pone de relieve que ésta ha accedido, en respuesta a los ruegos que le formuló en este sentido la Comisión de Peticiones, a tratar con mayor celeridad las solicitudes de información que le son remitidas de conformidad con el apartado 3 del artículo 157 del Reglamento;

9. .Pide a la Comisión y a la Comisión de Peticiones que colaboren para desarrollar procedimientos de trabajo más efectivos con el fin de que pueda garantizarse una tramitación de las peticiones más rápida y más satisfactoria para el peticionario; para ello deberán ampliarse o coordinarse los sistemas ya existentes de procesamiento electrónico de datos: deberá examinarse en qué medida pueden ponerse a disposición de las instituciones de la UE y de los ciudadanos de la Unión, en Intranet y/o Internet, informaciones elaboradas mediante procesamiento de datos;

10. Subraya la necesidad de establecer, junto con las demás instituciones y en el marco de acuerdos interinstitucionales, plazos para respuestas e investigaciones en relación con las peticiones transmitidas por la Comisión de Peticiones del Parlamento;

11. Señala que los funcionarios del Consejo rara vez participan en las reuniones de la Comisión de Peticiones y pide al Consejo que responda a las invitaciones del presidente de la comisión dando garantías de participación regular de sus funcionarios;

12. Pide a la Comisión que elabore unas normas claras relativas al servicio que el ciudadano europeo puede esperar de la Comisión; estas normas deberían estar guiadas, entre otros, por los siguientes principios fundamentales:

- deberían ser ambiciosas y estar sometidas a control, y los datos estadísticos correspondientes deberían publicarse,

- debería haber una información completa y detallada sobre el funcionamiento de los servicios, de los gastos ocasionados y sobre quién es el encargado y responsable por parte del servicio,

- debería preverse una consulta pública,

- los ciudadanos tienen en todo momento derecho a que se les atienda debidamente y se conteste a sus escritos en un plazo reglamentario;

13. Pide a la Comisión que garantice una estrecha cooperación entre la Comisión de Peticiones y los servicios responsables de la Comisión en relación con la iniciativa lanzada por la Comisión de «Citizens First» («Ciudadanos de Europa»);

14. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución y el informe de la Comisión de Peticiones a la Comisión y al Consejo, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a las comisiones parlamentarias competentes para el examen de las peticiones y a los Defensores del Pueblo u órganos similares en los Estados miembros.