Albania ha tomado las medidas determinadas en elPrimer Informe en el marco del mecanismo de suspensión de visados para tratar los desafíos de la migración irregular, en particular de las solicitudes de asilo infundadas presentadas por nacionales albaneses. Asimismo, ha obtenido buenos resultados en la ejecución del plan de acción contra la migración irregular, que se centra en la cooperación operativa en la gestión de la migración irregular, la identificación y la protección de los menores no acompañados y la lucha contra el fraude documental. Por otra parte, también ha seguido aumentando la cooperación operativa con los Estados miembros más afectados por la migración irregular. Con el fin de concienciar sobre los derechos y obligaciones del régimen de exención de visado, las autoridades albanesas han llevado a cabo campañas de sensibilización que se han emitido en todas las televisiones nacionales.

Las autoridades han seguido aumentando la capacidad de las fuerzas policiales para afrontar la delincuencia organizada y llevar a cabo investigaciones. Sin embargo, se necesitan mejoras para garantizar un seguimiento judicial más efectivo. La aplicación del Plan de acción 2016-2019 sobre la lucha contra la trata de seres humanos está en curso. En mayo de 2017 se firmó un acuerdo para el envío de un funcionario de enlace a Europol. Hasta la fecha, Bosnia y Herzegovina no ha designado el punto de contacto nacional previsto en el acuerdo de cooperación operativa con Europol. Bosnia y Herzegovina no puede enviar a su funcionario de enlace a Europol hasta que se establezca un punto de contacto nacional.

Bosnia y Herzegovina ha tomado las medidas determinadas en el Primer Informe en el marco del mecanismo de suspensión de visados. La Estrategia y el Plan de Acción de Migración y Asilo (2016-2020) han sido aplicados. Se han llevado a cabo campañas de información sobre los derechos y obligaciones del régimen de exención de visado. El 15 de mayo de 2018, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de acción para la aplicación de medidas de emergencia. La aplicación del Plan de acción se vio afectada por la falta de coordinación entre los niveles de gobierno responsables. La policía fronteriza, en particular, se ha visto afectada por este problema y actualmente no cuenta con suficiente personal.

En cuanto a los desafíos de la migración irregular, entre 2016 y 2017 no hubo un aumento en las denegaciones de entrada (de 5 150 a 5 145), mientras que el número de estancias irregulares se vio incrementado ligeramente, en aproximadamente un 13 % (de 3 645 a 4 135). En cuanto a las tendencias entre el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2018, según los datos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas hubo un aumento del número de denegaciones de entrada y no lo hubo en las estancias irregulares. En el primer semestre de 2018 se presentaron 1 080 solicitudes de asilo por parte de nacionales de Bosnia y Herzegovina, lo que representa una disminución del 27 % en comparación con el mismo período de 2017, cuando se presentaron un total de 1 485 solicitudes de asilo. La tasa de reconocimiento de asilo fue del 3,10 % en 2016 y subió al 5,66 % en 2017. La decisión de Bosnia y Herzegovina de conceder viajes con exención de visado a los nacionales chinos (decisión efectiva a partir de mayo de 2018) debe controlarse cuidadosamente. En el ámbito de la readmisión y el retorno, la cooperación funciona bien. La tasa de retorno sigue siendo buena , pero debe mejorarse aún más con todos los Estados miembros (alcanzó un 72 % en 2017, con 2 680 nacionales bosnios efectivamente retornados).

En relación con la delincuencia organizada, Ucrania sigue siendo un país de tránsito para el tráfico ilícito de ciertos productos con destino a la UE. Los grupos de delincuencia organizada originarios de Ucrania siguen estando implicados en el fraude en el ámbito de los impuestos especiales, en particular en la producción y el tráfico de productos ilícitos del tabaco con destino a la UE. Se debe prestar atención a los grupos que desarrollan actividades de tráfico ilícito dirigidos por nacionales ucranianos procedentes de Turquía y Grecia a través de la ruta de los Balcanes Occidentales. Los ciberdelincuentes con nacionalidad ucraniana, y en particular los de habla rusa, están cada vez más implicados en operaciones muy sofisticadas en el mundo digital subterráneo.

Ucrania ha tomado algunas de las medidas determinadas en el Primer Informe en el marco del mecanismo de suspensión de visados. Se ha creado un alto tribunal de lucha contra la corrupción, pero aún no está en pleno funcionamiento. El proceso de selección de jueces de lucha contra la corrupción se ha lanzado ya, y está previsto que finalice a principios de 2019. Se ha seleccionado un grupo de expertos internacionales (Consejo Público de Expertos Internacionales) para la selección de los jueces de lucha contra la corrupción, pero no tiene suficiente acceso a la información. Se ha creado el sistema de verificación automática para las declaraciones electrónicas de patrimonio por parte de los funcionarios públicos y ahora el programa de verificación funciona con conexión del sistema a la mayoría de los registros estatales. A pesar de este progreso, se requieren más medidas para crear un sistema de verificación que funcione plenamente y para procesar de manera eficaz el retraso en las declaraciones de patrimonio. Se han intensificado los esfuerzos para luchar contra la delincuencia organizada con la reciente creación de un nuevo departamento de lucha contra la delincuencia organizada dentro de la Policía Nacional de Ucrania.

Todavía siguen pendientes algunas medidas determinadas en el Primer Informe en el marco del mecanismo de suspensión de visados. Hasta el momento, Ucrania no ha revocado las enmiendas legislativas de marzo de 2017 que amplían el ámbito de aplicación de la obligación de declaración de patrimonio a los activistas de la lucha contra la corrupción. Los continuos ataques de los últimos años contra la sociedad civil que destapa la corrupción son motivo de preocupación. Las investigaciones sobre estos ataques están progresando lentamente. Las instituciones anticorrupción, a saber, la Oficina Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Fiscalía Especial Anticorrupción, siguen en funcionamiento, pero no se han abordado las preocupaciones relacionadas con su eficacia e independencia. La auditoría pendiente de la Oficina Nacional de Lucha contra la Corrupción suscita preocupaciones debido al sesgo político del nombramiento de los auditores, lo que amenaza con socavar el liderazgo de la Oficina. Todavía no se le ha concedido acceso independiente a las escuchas telefónicas. Su capacidad para llevar a cabo investigaciones con eficacia en casos complejos de corrupción se ve obstaculizada por el hecho de que la Agencia Nacional de Prevención de la Corrupción no conceda acceso directo y automatizado a su base de datos de declaraciones de patrimonio, así como por la reducción de los plazos para las investigaciones penales (introducida en 2017 y reforzada en septiembre de 2018).

En general, se siguen cumpliendo los criterios para la liberalización de visados. En el Primer Informe en el marco del mecanismo de suspensión de visados, la Comisión observó que, a la luz de los acontecimientos recientes, era preciso adoptar medidas inmediatas para garantizar la puesta en práctica completa y la sostenibilidad de las reformas iniciadas, en particular por lo que se refiere a los criterios de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, algunas recomendaciones del Primer Informe en el marco del mecanismo de suspensión de visados no se han aplicado y, por lo tanto, se necesitan medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento ininterrumpido de los criterios en el ámbito de la lucha contra la corrupción. También se necesitan medidas inmediatas para abordar los desafíos de la migración irregular. Deben tratarse los ámbitos siguientes:

·reforzar la cooperación operativa con los países afectados para reducir rápidamente la migración irregular de nacionales ucranianos al espacio Schengen+;

·organizar campañas de información sobre los derechos y obligaciones de los viajes con exención de visado;

·revocar urgentemente las enmiendas que extienden el ámbito de aplicación de las declaraciones de patrimonio a la sociedad civil y garantizar que la sociedad civil pueda desempeñar su papel sin injerencias injustificadas;

·garantizar la independencia, eficacia y sostenibilidad del marco institucional de la lucha contra la corrupción, en particular asegurando el pleno funcionamiento del alto tribunal de lucha contra la corrupción y el desempeño adecuado del papel del Consejo Público de Expertos Internacionales en el proceso de selección;

·restablecer la independencia y credibilidad de la Fiscalía Especial Anticorrupción;

·crear un sistema que funcione plenamente para la verificación de las declaraciones de patrimonio, en particular garantizando el acceso automatizado a todos los registros y bases de datos restantes, a fin de producir un historial convincente de declaraciones verificadas de manera efectiva;

·reforzar las capacidades de la Policía Nacional y mejorar la cooperación entre los organismos policiales para seguir combatiendo la delincuencia organizada, en particular la ciberdelincuencia.

III. Conclusiones

De conformidad con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento (EU) 2018/1806, que la obliga a supervisar que los terceros países siguen cumpliendo los requisitos para la liberalización de visados y a informar sobre ello, como en el Primer Informe, la Comisión considera que, sobre la base del análisis que figura en el presente informe y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto, en los países de que se trata se siguen cumpliendo los requisitos para la liberalización de visados. Este Informe determina medidas adicionales, en algunos casos medidas inmediatas, que deben adoptar países concretos en ámbitos específicos para garantizar el cumplimiento continuo de los criterios. En caso de que alguno de los requisitos ya no se cumpla, el Reglamento establece los procedimientos para la suspensión temporal de la exención del requisito de visado para los nacionales del tercer país en cuestión. Además, debe garantizarse el cumplimiento continuo de todos los demás criterios.

Los países de la Asociación Oriental y de los Balcanes Occidentales siguieron adoptando medidas para hacer frente a los desafíos de la migración irregular. Se requieren más esfuerzos para garantizar la mejora y sostenibilidad de los resultados. El número creciente de solicitudes de asilo infundadas, en el caso de Moldavia y Georgia, es una fuente de preocupación. Se ha observado un aumento de la migración irregular de Ucrania, Serbia y Bosnia y Herzegovina. Albania tomó medidas efectivas, pero se requieren esfuerzos continuos para garantizar la mejora y la sostenibilidad de los resultados. La cooperación en materia de readmisión y retorno prosigue sin contratiempos en todos los países de la Asociación Oriental y de los Balcanes Occidentales, con tasas globales de retorno elevadas, y debe continuarse. Sin embargo, queda margen para la mejora, en particular en lo que respecta a la readmisión de nacionales de terceros países en el caso de Serbia.

La rápida firma de los acuerdos sobre el estatuto de la Guardia Europea de Fronteras y Costas también contribuirá a un mayor apoyo a la gestión de la migración irregular, aunque la responsabilidad principal de gestión de las fronteras sigue siendo una competencia de los socios de los Balcanes Occidentales. Albania fue el primer país en firmar tal acuerdo sobre el estatuto; los acuerdos con Serbia y la antigua República Yugoslava de Macedonia se han rubricado. Aún deben finalizarse los procedimientos para que los acuerdos con Montenegro y Bosnia y Herzegovina se puedan rubricar rápidamente.

Con el fin de garantizar un entorno de migración y seguridad bien gestionado como condición subyacente para el cumplimiento continuo de los criterios, la Comisión insta a garantizar su adecuación con la política de visados de la UE. Esto es particularmente relevante para Serbia.

Los países de la Asociación Oriental y de los Balcanes Occidentales siguieron tomando medidas para prevenir la delincuencia organizada y luchar contra ella. Sin embargo, es preciso reforzar aún más estas acciones. Los grupos de delincuencia organizada de estos países siguen desarrollando actividades de tráfico ilícito de armas de fuego y diversos bienes ilícitos (en particular drogas y tabaco), delitos contra la propiedad, blanqueo de capitales, trata de seres humanos, tráfico ilícito de migrantes y ciberdelincuencia.