(iii) siempre en el contexto de los controles, revisiones y auditorías globales del cumplimiento de las obligaciones existentes para la identificación de personas sujetas a obligación de notificación con arreglo a la Directiva sobre cooperación administrativa, y no solo a la obligación de identificar a las personas que ejercen el control o los beneficiarios efectivos.

La habilitación de dicho acceso se refiere a cuestiones de organización interna de los Estados miembros y no implica ninguna obligación de notificación u otra modalidad administrativa por parte de interesados externos. Cualquier posible carga adicional para las entidades financieras que deben presentar información sobre blanqueo de capitales a las autoridades fiscales durante los controles, revisiones y auditorías:

Sin el acceso de las autoridades fiscales a la información sobre blanqueo de capitales se merma considerablemente la eficacia del control de las instituciones financieras sobre la aplicación de la Directiva relativa a la cooperación administrativa. A falta de dicha información, tales autoridades no pueden efectuar el seguimiento ni auditar o confirmar que las entidades financieras apliquen adecuadamente la Directiva ni tampoco identificar correctamente a las personas que ejercen el control de las estructuras intermediarias.

Además, la Directiva prevé que, cuando el titular de la cuenta sea una estructura de intermediación (es decir, una entidad pasiva no financiera), las instituciones financieras examinen dicha entidad e identifiquen a las personas que ejercen el control («titularidad real» según la terminología de blanqueo de capitales) y lo notifiquen. Este elemento importante de aplicación de la Directiva supone una paso que depende enteramente de la información sobre blanqueo de capitales para identificar a las personas que ejercen el control.

En su Declaración de 14 de abril de 2016, los cinco Ministros de Hacienda de la UE presentes en la Cumbre del G20 se centraron en la lucha contra la evasión fiscal, la planificación fiscal abusiva y el blanqueo de capitales. En particular, la Declaración subrayaba la importancia vital de aplicar efectiva y rápidamente la Norma de Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras (la «Norma Internacional»). Destacaba además las dificultades que se plantean en el acceso a la información sobre titularidad real y subrayaba la existencia de pautas comunes en materia de blanqueo de capitales, evasión fiscal y financiación ilícita.

Filtraciones recientes en los medios de comunicación, que han revelado la magnitud del ocultamiento de fondos en paraísos extraterritoriales, confirman la importancia de los planes de la UE en materia de transparencia fiscal. Han puesto además de evidencia áreas en que aún deben seguir adoptándose medidas que refuercen el marco de transparencia de la UE y de la esfera internacional. En particular, se ha puesto de manifiesto que, para que las administraciones tributarias constaten de verdad la evasión fiscal y la combatan, necesitan tener mejor acceso a la información sobre titularidad real de las entidades intermedias y otros datos pertinentes sobre diligencia debida respecto al cliente.

Las modificaciones podrían implicar solo disposiciones de organización interna de las administraciones de los Estados miembros y no afectan a las partes interesadas externas.

La presente propuesta es, pues, la respuesta más proporcionada a los problemas detectados. Por lo tanto, las modificaciones propuestas no exceden de lo necesario para abordar las cuestiones planteadas y, de este modo, alcanzar los objetivos de un funcionamiento adecuado y eficaz del mercado interior que propone el Tratado.

• Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

El artículo 22 de la Directiva 2011/16/UE se complementa con el apartado 1 bis, que permite el acceso de las autoridades fiscales a la documentación e información sobre propiedad efectiva y a los procedimientos de aplicación de la diligencia debida con respecto al cliente en la Cuarta DBC. Se añade un apartado al artículo 22 sobre las obligaciones específicas de los Estados miembros en vez del artículo 8, apartado 3 bis, por el que se pone en práctica el intercambio automático. La razón de ello es que el intercambio automático implicará inevitablemente el intercambio de la información que se solicite e intercambios espontáneos sobre la calidad y la exhaustividad de la información que se intercambie de forma automática. También puede dar lugar a que se investiguen con más atención cuentas u otros activos que no hayan sido objeto de intercambio automático. De otro modo, el derecho de acceso de las autoridades fiscales sería también necesario en el contexto de tales intercambios.

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 113 y 115,

No hay ninguna incidencia presupuestaria en el presupuesto de la UE.

Las repercusiones que supone la mejora del acceso a la información sobre titularidad real y los procedimientos subyacentes de diligencia debida con respecto al cliente se han analizado desde la perspectiva de garantizar el respeto del artículo 7 (Respeto de la vida privada y familiar) y del artículo 8 (Protección de datos de carácter personal) de la Carta. Teniendo en cuenta que las nuevas medidas tratan datos personales, la autorización del acceso es la única manera de que la administración tributaria pueda confirmar no solo la información que se le notifique sino también que la persona fiscalizada es la beneficiaria efectiva, y de ofrecer a dichas autoridades instrumentos estratégicos para combatir el fraude y la evasión fiscal.

Como queda dicho, aunque las modificaciones de la Cuarta DBC son importantes visto que el trabajo de las autoridades fiscales es fundamental para constatar y notificar sospechas de otros delitos graves como la corrupción, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el acceso de las administraciones tributarias a la información para sus propios fines, según establecen la legislación de la Unión y la nacional y, en particular, a efectos de la Directiva relativa a la cooperación administrativa y de la correcta aplicación de esta, deben regularse en una directiva fiscal.

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

De conformidad con un procedimiento legislativo especial,

Considerando lo siguiente:

(1)La Directiva 2011/16/UE del Consejo, modificada por la Directiva 2014/107/UE, es aplicable a partir del 1 de enero de 2016 a los 27 Estados miembros y, a partir del 1 de enero de 2017, a Austria. Dicha Directiva aplica en la Unión la Norma Internacional para el Intercambio Automático de Información Fiscal sobre Cuentas Financieras («Norma Internacional»). Como tal, el sistema garantiza que la información sobre los titulares de cuentas se comunique al Estado miembro en que resida el titular de la cuenta.

(2)Además, la Directiva 2011/16/UE establece que, en caso de que el titular de la cuenta sea una estructura de intermediación financiera, las instituciones financieras deben examinar dicha estructura e identificar a sus beneficiarios efectivos y notificarlos. Este elemento importante de la aplicación de la Directiva se basa en la información sobre blanqueo de capitales obtenida con arreglo a la Directiva 2015/849/UE del Parlamento Europeo y del Consejo para la identificación de los beneficiarios efectivos.

(3)Para garantizar un control eficaz de la aplicación por las instituciones financieras de los procedimientos de diligencia debida establecidos en la Directiva 2011/16/UE, las autoridades tributarias necesitan poder acceder a la información sobre blanqueo de capitales. Sin esto, dichas autoridades no podrían controlar, confirmar y auditar que las entidades financieras aplican correctamente la Directiva 2011/16/UE identificando correctamente a los propietarios efectivos de las estructuras intermedias y notificándolos.

(4)Por consiguiente, es necesario garantizar el acceso de las autoridades fiscales a la información sobre blanqueo de capitales para que desempeñen su misión de control de la correcta aplicación de la Directiva 2011/16/UE por parte de las instituciones financieras.

(5)La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa, en particular, los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Cuando la presente Directiva exige que el acceso a los datos personales por parte de las autoridades fiscales se disponga por ley, ello no exige necesariamente un acto adoptado por el Parlamento, sin perjuicio del ordenamiento constitucional del Estado miembro de que se trate. No obstante, dicha ley debe ser clara y precisa, y su aplicación debe ser clara y previsible para las personas sujetas a ella con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

(6)Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, una cooperación administrativa eficaz entre Estados miembros y su control eficaz en condiciones compatibles con el correcto funcionamiento del mercado interior, no pueden alcanzarlo de manera suficiente los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la uniformidad y eficacia requeridas, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas para ello de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(7)La diligencia debida con respecto al cliente realizada por las entidades financieras en virtud de la Directiva 2011/16/UE ya ha comenzado, y los primeros intercambios deberán finalizarse antes de septiembre de 2017. Por consiguiente, a fin de evitar demoras en la supervisión efectiva de su aplicación, la presente Directiva debe entrar en vigor y ser objeto de transposición antes del 1 de enero de 2017.

(8)Procede, pues, modificar la Directiva 2011/16/UE en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA

Artículo 1

En el artículo 22 de la Directiva 2011/16/UE, se inserta el apartado 1 bis siguiente:

«(1 bis) A efectos de la aplicación y el cumplimiento de las legislaciones de los Estados miembros que den efecto a la presente Directiva, y para garantizar el buen funcionamiento de la cooperación administrativa que esta dispone, los Estados miembros facilitarán por ley el acceso de las autoridades fiscales a la documentación e información sobre la propiedad efectiva y a los procedimientos de diligencia debida con el cliente a que se refieren los artículos 13, 30, 31, 32 bis y 40 de la Directiva 2015/849/UE del Parlamento Europeo y del Consejo*.

___

* Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).

Artículo 2