Bruselas, 17.03.2005

COM(2005)91 final

2005/0018(CNS)

Propuesta de

DECISIÓN MARCO DEL CONSEJO

relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Introducción

La presente propuesta es resultado del Libro Blanco relativo al intercambio de información sobre las condenas penales y sus efectos en la Unión Europea. Este Libro Blanco ha procedido a exponer las condiciones de circulación y utilización de la información sobre las condenas en el territorio de la Unión y ha definido los dos ejes de actuación futura de la Unión Europea: mejorar la circulación de la información y garantizar que las condenas puedan surtir efectos fuera del Estado miembro de condena, en particular, para prevenir nuevas infracciones, y en el momento de pronunciar posibles nuevas condenas.

El primer aspecto será objeto de una propuesta de decisión relativa a la creación de un sistema informatizado de intercambio sobre las condenas penales que la Comisión se propone presentar en el primer semestre de 2005. La presente propuesta se refiere al segundo aspecto. La mejora de la comunicación de la información será de poca utilidad si los Estados miembros no están en condiciones de tener en cuenta la información transmitida. A la inversa, la posibilidad de utilizar la información comunicada contribuirá en gran medida a mejorar el intercambio de información.

El principio de reconocimiento mutuo, presentado en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere como la "piedra angular" de la cooperación judicial en materia civil y penal, fue objeto de un programa de medidas adoptado por el Consejo en diciembre de 2000[1].

La medida n° 2 de este programa prevé "la adopción de uno o varios instrumentos que establezcan el principio en virtud del cual el juez de un Estado miembro debe estar en condiciones de tener en cuenta las resoluciones penales definitivas pronunciadas en los demás para apreciar el pasado penal del delincuente, para constatar la reincidencia y para determinar la naturaleza de las penas y las modalidades de ejecución que pueden aplicarse".

La presente propuesta de Decisión marco se propone realizar los objetivos previstos en la medida 2 del programa, definiendo las condiciones en las que una condena pronunciada en otro Estado miembro debe considerarse en el marco de un nuevo proceso penal relativo a hechos diferentes. También contiene una serie de normas sobre la eventual inscripción, en el registro nacional de penados, de las condenas pronunciadas en otro Estado miembro.

a) Consideración de las condenas en el marco de un proceso penal

El cuadro n° 5 del anexo del Libro Banco relativo al intercambio de información sobre las condenas penales y sus efectos en la Unión Europea pone de manifiesto las condiciones en las que los Estados miembros toman en consideración las condenas pronunciadas en los demás Estados miembros, y muestra que las condenas no suelen ser tomadas en consideración o se toman en consideración de forma muy limitada. La imposibilidad de atribuir efectos equivalentes a una resolución adoptada en otro Estado miembro es contraria al principio de reconocimiento mutuo y sitúa a los ciudadanos europeos en una situación de desigualdad en caso de nuevos procesos judiciales, según los lugares en que se celebren el primer y el segundo procesos. Por esta razón, es necesario que la Unión adopte medidas legislativas en la materia.

La presente propuesta sólo se refiere a la consideración de una condena anterior en el marco de un proceso penal por hechos diferentes. No aborda, por tanto, la problemática del principio non bis en ídem , que será objeto de otros textos.

La propuesta tampoco trata de la problemática general de ejecución de una condena en un Estado miembro distinto del que impuso la pena. El Estado miembro no debe ejecutar la condena pronunciada en otro Estado miembro, sino limitarse a extraer las consecuencias de la existencia de la condena con motivo de un nuevo proceso. Tampoco se trata de armonizar los efectos atribuidos a las condenas anteriores en cada uno de los Estados miembros, que están regulados por la legislación nacional. La aplicación del principio de reconocimiento mutuo más bien conduce, por el contrario, a reconocer a las condenas pronunciadas en otro Estado miembro el mismo valor, y a atribuirles los mismos efectos que a una condena nacional anterior. En otros términos, a establecer el "principio de asimilación" de la resolución del otro Estado miembro a la condena nacional, dejando a las legislaciones nacionales la tarea de extraer las consecuencias de este principio.

A nivel nacional, la existencia de condenas anteriores puede tener efectos en el marco de un nuevo proceso penal en la fase previa al proceso penal, durante y después del propio proceso, especialmente en el momento de la ejecución. La presente propuesta se refiere a estas diferentes fases del procedimiento.

Según las legislaciones nacionales, los efectos pueden ser estrictamente de hecho (en este caso, corresponde a las autoridades competentes, y, en particular, a las autoridades judiciales, extraer discrecionalmente las consecuencias de la existencia de condenas anteriores), o enmarcarse en la legislación (que, por ejemplo, puede prever una agravación de la pena o del régimen procesal aplicable a los reincidentes). Corresponderá a los Estados miembros adoptar la legislación nacional que permita asimilar las condenas de los demás Estados miembros a las condenas nacionales, y concederles efectos idénticos del tipo que sea.

La propuesta de Decisión marco también establece los motivos obligatorios o facultativos por los que se podrá no considerar una resolución condenatoria pronunciada en otro Estado miembro.

b) Inscripción de una condena pronunciada en otro Estado miembro en el registro de penados

Algunos Estados miembros inscriben en sus registros de penados las condenas pronunciadas en otros Estados miembros contra sus nacionales y, eventualmente, contra sus residentes, y desean mantener esta práctica. La propuesta de Decisión marco contiene una serie de disposiciones destinadas a introducir determinadas normas comunes sobre la inscripción, con el fin de evitar prácticas excesivamente divergentes en este punto que podrían, en su caso, perjudicar a las personas condenadas. No obstante, los Estados miembros que no realizan ninguna inscripción no están obligados a modificar su legislación.

2. Fundamento jurídico

El fundamento jurídico de la presente propuesta es el artículo 31 del Tratado de la Unión Europea, modificado por el Tratado de Niza, que trata de la acción en común en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal, así como el artículo 34, apartado 2, letra b).

3. Ficha financiera

La aplicación de la propuesta de Decisión marco no implicará ningún gasto de operaciones suplementario con cargo de los presupuestos de los Estados miembros o al presupuesto general de la Unión Europea.

4. Comentarios sobre los artículos

Artículo 1 – Objeto

Este artículo precisa el objeto de la presente Decisión marco, es decir, la definición de las condiciones en las que una condena pronunciada en otro Estado miembro deberá considerarse en el marco de un proceso penal contra la misma persona por hechos diferentes.

El apartado 2 señala que la consideración de la condena no debe tener por efecto modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales consagrados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. El texto de este apartado se ha tomado de la Decisión marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre los Estados miembros.

Artículo 2 – Definiciones

Este artículo contiene dos definiciones.

Las definiciones de los términos "registro de penados" y "condena" son idénticas a las que figuran en la propuesta de la Comisión sobre la Decisión relativa al intercambio de la información de los registros de penados que la Comisión adoptó el 13 de octubre de 2004[2]. No obstante, estas definiciones desaparecieron en la versión del texto que fue objeto de un primer enfoque general en el Consejo en diciembre de 2004. La definición de "condenas" tiene en cuenta el concepto de infracción tal como resulta de la aplicación de los artículos 51 y 52 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 1990 y del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea de 29 de mayo de 2000[3]. La definición es coherente con el ámbito de aplicación habitual del auxilio judicial y permite introducir en el ámbito de aplicación de la presente Decisión marco las resoluciones de carácter mixto, administrativo y penal que existen en determinados Estados miembros. Esta inclusión tiene por objeto incluir en el ámbito de aplicación de la presente Decisión marco las infracciones de tráfico (cuando son de naturaleza "administrativa/penal"), cuyos antecedentes es especialmente útil conocer. La definición adoptada pretende ser deliberadamente restrictiva con el fin de limitarse a las condenas en sentido estricto, es decir, a las resoluciones definitivas dictadas por los tribunales penales (o que habrían podido ser resoluciones de los tribunales en el caso de infracciones "administrativas/penales") que pueden considerarse condenas en todos los Estados miembros. Ciertamente, es posible que la legislación nacional reconozca los efectos de otros tipos de resoluciones (por ejemplo, las resoluciones de transacción de los fiscales). Nada impide a los Estados miembros que lo deseen reconocer los mismos efectos a este tipo de resoluciones cuando se adoptan en otro Estado miembro y llegan a su conocimiento. No obstante, este aspecto no está regulado por la Decisión marco.

El "registro de penados" es el registro nacional que contiene las condenas. Algunos Estados miembros pueden tener varios registros.

Artículo 3 – Consideración de una condena pronunciada en otro Estado miembro, con motivo de un nuevo proceso penal

Este artículo establece el principio central de la Decisión marco, en virtud del cual una condena pronunciada en otro Estado miembro debe surtir efectos equivalentes a los de una condena nacional. Como ya se ha señalado, la Decisión marco no pretende de ninguna manera armonizar las consecuencias que tienen en cada Estado miembro las condenas anteriores, que siguen estando sometidas exclusivamente al Derecho nacional.

A fin de excluir los casos de no bis en ídem que serán objeto de otras propuestas de la Comisión, el texto precisa que regula los efectos de las condenas anteriores en el marco de un procedimiento penal por hechos diferentes .

La existencia de condenas penales anteriores puede surtir efectos en las distintas fases de un nuevo proceso penal:

- durante la fase previa al proceso penal, la existencia de condenas anteriores puede influir, por ejemplo, en las normas de procedimiento aplicables, en la calificación penal de los hechos o en las resoluciones relativas a la detención provisional;

- durante el propio proceso, la existencia de condenas anteriores puede tener consecuencias, por ejemplo, en el tipo de órgano jurisdiccional competente y, con más frecuencia, en la naturaleza y la cuantía de la pena (por ejemplo, exclusión de la remisión condicional o recurso restrictivo a la misma, aumento de la cuantía de la pena impuesta, acumulación o absorción respecto de una pena anterior);

- si se pronuncia una nueva condena, la existencia de condenas anteriores puede tener consecuencias a la hora de determinar las normas que regirán las condiciones de ejecución (por ejemplo, acumulación o absorción respecto de una pena anterior, posibilidad de obtener sustitutivos penales o la puesta en libertad anticipada).

La Decisión marco tiene por objeto considerar las condenas anteriores en cada una de las fases del procedimiento penal, de acuerdo con el Derecho nacional.

En la práctica, los estudios realizados por la Comisión (véase el anexo del Libro Blanco relativo al intercambio de información sobre las condenas penales) muestran que los efectos de las condenas anteriores varían mucho según los sistemas nacionales. En algunos Estados miembros, la existencia de una condena anterior es un elemento estrictamente de hecho que se deja a la apreciación de las autoridades competentes, que lo tendrán en cuenta al adoptar su decisión. En otros Estados miembros existe un sistema de reincidencia legal en sentido amplio que reconoce determinados efectos jurídicos derivados de la existencia de una condena anterior, efectos que escapan a la facultad de apreciación de las autoridades competentes.

En la primera hipótesis, la consideración de una resolución condenatoria de otro Estado miembro no debería plantear demasiadas dificultades, ya que se trata de un elemento de hecho entre otros. Por otra parte, del cuadro n° 5 del anexo del Libro Blanco se deduce que los Estados miembros que no disponen de una regulación legal de la reincidencia suelen reconocer en general los efectos de las condenas de otros Estados miembros, que son considerados como elementos estrictamente de hecho.

En la segunda hipótesis, los Estados miembros deberán precisar las condiciones en las que se atribuyen efectos equivalentes a la existencia de una condena pronunciada en otro Estado miembro. De hecho, los mecanismos nacionales de reincidencia legal suelen estar muy directamente vinculados a la estructura de las infracciones y penas existente a nivel nacional, por ejemplo en todos los casos en que existen sistemas de reincidencia específica (repetición de un tipo particular de delito, por ejemplo reincidencia en el tráfico de drogas o en el robo). En estos casos, corresponderá a los Estados miembros adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la consideración de las condenas de los demás Estados miembros.

Artículo 4 – Motivos obligatorios por los que no se considerará una resolución condenatoria de otro Estado miembro

Este artículo se refiere a cuatro situaciones en las que no podrá considerarse una condena pronunciada en otro Estado miembro. Las tres primeras hipótesis, que figuran en otros instrumentos de la Unión, se refieren a los casos de no bis en ídem , de prescripción de la acción penal o de la pena impuesta, así como a los casos de amnistía en que los hechos podían haber sido competencia del Estado miembro afectado con arreglo a su propio Derecho penal. La cuarta hipótesis se refiere a las situaciones en que la aplicación de las normas nacionales que regulan las inscripciones en el registro nacional de penados nacional ha conducido a cancelar la anotación de la condena.

Artículo 5 – Motivos facultativos por los que no se considerará una resolución condenatoria de otro Estado miembro

Además de los casos enumerados en el artículo 4, que son obligatorios, los Estados miembros pueden decidir no considerar una condena de otro Estado miembro en dos tipos de circunstancias:

La primera ya es corriente en los instrumentos de reconocimiento mutuo y se refiere a la doble tipificación. Un Estado miembro podrá no considerar la condena de otro Estado miembro si ésta se ha pronunciado por una infracción que no existe en su legislación nacional. No obstante, esta posibilidad queda limitada cuando la primera condena se ha pronunciado por una categoría de infracciones enumeradas en la lista recogida en la Decisión marco sobre el reconocimiento mutuo de las sanciones pecuniarias. Cuando la primera condena se haya impuesto por una infracción perteneciente a una categoría de la lista, no podrá dejar de considerarse en el segundo asunto en razón de la aplicación del principio de doble tipificación. Además, aquí la Comisión ha optado por remitirse a una amplia lista de infracciones, más pertinente que la lista limitada de la Decisión marco sobre la orden de detención europea y los procedimientos de entrega, en la medida en que incluye las infracciones de tráfico, una categoría de infracciones sobre las que es especialmente útil comprender la reincidencia.

También será posible no considerar una condena penal de otro Estado miembro cuando el hecho de que la condena se haya pronunciado en un sistema jurídico diferente haya conducido en el segundo proceso a tratar a la persona con más severidad que si la primera condena se hubiera pronunciado en el sistema nacional. Esta disposición pretende ser un mecanismo de contención para impedir que la persona condenada en otro Estado miembro sea tratada peor que la persona condenada en el ámbito nacional por hechos idénticos. Así, se puede considerar, por ejemplo, la hipótesis de una persona condenada en un primer Estado miembro a una pena superior al máximo previsto en el segundo Estado miembro por hechos idénticos. Si la cuantía de esta pena produce, en el segundo Estado miembro, efectos jurídicos negativos para la persona (por ejemplo, aplicación de normas de procedimiento más severas) que no se habrían producido en este Estado de haberse aplicado su propio régimen jurídico (por tanto, el máximo legal de la pena), será posible no considerar la primera resolución por el hecho de que al haber sido adoptada en un sistema jurídico diferente y prever una pena máxima más elevada supone una situación más desfavorable para la persona.

Artículo 6 – Inscripción en el registro de penados de una condena pronunciada en otro Estado miembro y transmisión a nivel nacional de una condena pronunciada en otro Estado miembro

Este artículo sólo trata de la situación específica de los Estados miembros que inscriben en sus registros de penados las condenas pronunciadas en otro Estado miembro contra sus residentes o nacionales. No crea ninguna obligación para los Estados miembros que, con arreglo a sus legislaciones nacionales, no inscriben las condenas pronunciadas en otros Estados.

El apartado 1 establece el principio de que la pena inscrita debe corresponder a la pena pronunciada en el Estado miembro de condena, aunque dicho quantum sea superior al máximo en que se incurre por hechos idénticos en el Estado miembro de inscripción. De hecho, la Comisión considera que, en este caso, la inscripción debe respetar la realidad de la pena impuesta en el Estado miembro de condena aunque el importe de la pena no sea conforme a las normas del Estado de inscripción. Se trata, efectivamente, de garantizar la transparencia en lo que se refiere a la realidad de la pena impuesta, algo que será favorable al interés de la persona, especialmente en los casos en que pueda beneficiarse de un mecanismo de absorción de penas. Sin embargo, la situación será diferente si la pena ha sido objeto de conversión en una pena de un quantum inferior, algo que puede suceder con motivo de su ejecución en el Estado miembro que procede a la inscripción. Ahora bien, la presente Decisión marco no pretende pronunciarse sobre las condiciones en las que, en su caso, puede tener lugar la conversión.

El apartado 2 establece la norma general de que la inscripción en el registro nacional de penados de una condena pronunciada en otro Estado miembro no debe suponer para la persona un trato más desfavorable que si la condena se hubiera pronunciado a nivel nacional.

El apartado 3 precisa que el Estado miembro de nacionalidad o de residencia que inscriba una condena pronunciada en otro Estado miembro debe reflejar en su registro nacional de penados los acontecimientos posteriores que le afecten en el Estado miembro que la ha pronunciado de los que tenga conocimiento, a menos que la legislación nacional sea más favorable a la persona condenada. De hecho, la inscripción de una misma condena en diversos registros nacionales de penados suele tener como consecuencia la aplicación de regímenes jurídicos diferentes. El presente artículo tiene por objeto unificar, en la medida de lo posible, el régimen jurídico aplicable a una condena, manteniendo al mismo tiempo la plenitud de derechos de la persona según la norma del Estado más favorable.

Artículo 7 – Relaciones con otros instrumentos jurídicos

Este artículo especifica que, en las relaciones entre los Estados miembros, la presente Decisión marco sustituye a las disposiciones del artículo 56 del Convenio de 28 de mayo de 1970 sobre la validez internacional de las sentencias penales. La disposición se refiere a la consideración de una condena anterior pronunciada en otro Estado.

Artículo 8 – Aplicación

Este artículo impone a los Estados miembros la obligación de adoptar las medidas necesarias para cumplir la presente Decisión marco a más tardar el 31 de diciembre de 2006, y de comunicar a la Comisión y la Secretaría General del Consejo los textos de las disposiciones que incorporen en su Derecho nacional las obligaciones derivadas de la Decisión marco. A este respecto, habrá que prestar especial atención a las disposiciones del artículo 3 que, según las normativas internas de los Estados miembros en materia de consideración de condenas anteriores, pueden ser objeto de medidas de incorporación de alcance muy diferente.

El artículo prevé que la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de la Decisión marco, a más tardar el 31 de diciembre de 2007.

Artículo 9 – Entrada en vigor

Este artículo precisa que la Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2005/0018(CNS)

Propuesta de

DECISIÓN MARCO DEL CONSEJO

relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal

El CONSEJO de la UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 31 y su artículo 34, apartado 2, letra b),

Vista la propuesta de la Comisión[4],

Visto el dictamen del Parlamento Europeo[5],

Considerando lo siguiente:

(1) La Unión Europea se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia. Este objetivo supone que la información relativa a las resoluciones condenatorias pronunciadas en los Estados miembros pueda ser considerada fuera del Estado miembro de condena para prevenir nuevas infracciones, y en el momento de pronunciar nuevas condenas eventuales.

(2) El 9 de noviembre de 2000, con arreglo a las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, el Consejo adoptó un programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal.[6] La medida 2 del programa prevé "la adopción de uno o varios instrumentos que establezcan el principio según el cual el juez de un Estado miembro debe estar en condiciones de tener en cuenta las resoluciones penales definitivas pronunciadas en los demás para apreciar el pasado penal del delincuente, para constatar la reincidencia y para determinar la naturaleza de las penas y las modalidades de ejecución que pueden aplicarse”. El objetivo de la presente Decisión es definir las condiciones en las que una condena pronunciada en un Estado miembro debe ser considerada en el marco de un proceso penal contra la misma persona en otro Estado miembro por hechos diferentes.

(3) Algunos Estados miembros atribuyen efectos a las condenas penales de otros Estados miembros, mientras que otros sólo tienen en cuenta las resoluciones condenatorias nacionales. Es conveniente garantizar la igualdad de trato entre los ciudadanos europeos para poner remedio a esta situación

(4) Es conveniente establecer el principio en virtud del cual a una resolución condenatoria pronunciada en un Estado miembro se le reconocen en los demás Estados miembros efectos equivalentes a los atribuidos a las condenas nacionales, ya se trate de efectos de hecho o de efectos jurídicos existentes en el Derecho nacional. Ahora bien, la presente Decisión marco no pretende armonizar las consecuencias que las diferentes legislaciones nacionales reconocen a la existencia de condenas anteriores.

(5) Los efectos atribuidos a las resoluciones condenatorias de otros Estados miembros deben ser los mismos que los atribuidos a las resoluciones nacionales, ya se trate de la fase previa al proceso penal, del propio proceso penal o de la fase de ejecución de la condena. Cuando la legislación nacional atribuya efectos jurídicos a la existencia de una condena anterior, las legislaciones nacionales de transposición deben determinar en qué medida se atribuirán efectos equivalentes a la resolución de otro Estado miembro.

(6) La eventual inscripción en el registro de penados de un Estado miembro de una condena pronunciada en otro Estado miembro contra nacionales o residentes debe someterse a las mismas normas que se aplican a las condenas nacionales, y no debe suponer que las personas que han sido condenadas en otros Estados miembros reciban un trato más desfavorable que el dispensado a las personas condenadas por órganos jurisdiccionales nacionales.

(7) La presente Decisión debe sustituir a las disposiciones sobre consideración de las condenas penales incluidas en el Convenio de 28 de mayo de 1970 sobre la validez internacional de las sentencias penales.

(8) La presente Decisión marco respeta el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en la medida en que tiene por objetivo aproximar las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros, lo cual no puede lograrse adecuadamente por medio de la actuación unilateral de los Estados miembros, y requiere una acción concertada a nivel de la Unión Europea. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, tal como se prevé en este último artículo, la presente Decisión marco no excede de lo necesario para lograr este objetivo.

(9) La presente Decisión respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y reafirmados por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN MARCO:

Artículo 1 Objeto

1. El objetivo de la presente Decisión marco es establecer las condiciones en que los Estados miembros considerarán, con motivo de un nuevo proceso penal contra la misma persona, las condenas pronunciadas contra ella en otro Estados miembro por hechos diferentes, o en que procederán a la inscripción de éstas en su registro de penados.

2. La presente Decisión marco no deberá tener como efecto modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales, tal como han sido consagrados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.

Artículo 2 Definiciones

A los fines de la presente Decisión marco, se entenderá por:

a) "condena": toda resolución definitiva de un órgano jurisdiccional penal o de una autoridad administrativa contra la que se puede recurrir ante un órgano jurisdiccional competente, en particular en materia penal, por la que se establece la culpabilidad de una persona por un delito o un acto punible que constituye una infracción de las normas de Derecho, según el Derecho nacional.

b) "registro de penados": el registro nacional o los registros nacionales en los que se inscriben las condenas, con arreglo al Derecho nacional.

Artículo 3 Consideración de una condena pronunciada en otro Estado miembro con motivo de un nuevo proceso penal

1. Con motivo de un nuevo proceso penal por hechos diferentes, todo Estado miembro reconocerá a las condenas pronunciadas en otros Estados miembros, según las normas que él establezca, efectos jurídicos equivalentes a los de las condenas nacionales.

2. El apartado 1 se aplicará en la fase previa del proceso penal, durante el propio proceso y en la fase de ejecución de la condena, en particular en lo que respecta a las normas de procedimiento aplicables, incluidas las relativas a la detención provisional, la calificación de la infracción, el tipo y el nivel de la pena impuesta, e incluso las normas que rigen la ejecución de la resolución.

Artículo 4 Motivos obligatorios por los que no se considerará una resolución condenatoria de otro Estado miembro

Las resoluciones condenatorias pronunciadas por otro Estado miembro no se considerarán en los siguientes casos:

a) cuando la condena es contraria al principio non bis en ídem .

b) cuando la acción penal haya prescrito, según la legislación nacional, en el momento de la condena, y los hechos pudieran haber sido competencia de este Estado, según su propio Derecho penal;

c) cuando la infracción que haya dado lugar a la condena se beneficie de una amnistía y el Estado miembro fuera competente para perseguir la infracción según su propio Derecho penal;

d) cuando, con arreglo a las normas nacionales que regulan las inscripciones en el registro nacional de penados, se haya cancelado la anotación de la condena.

Artículo 5

Motivos facultativos por los que no se considerará una resolución condenatoria de otro Estado miembro

1. Las resoluciones condenatorias pronunciadas en otro Estado miembro podrán no considerarse si los hechos en que se basa la condena no constituyen una infracción penal en la legislación del Estado miembro.

El párrafo primero no se aplicará a las categorías de infracciones siguientes:

- participación en una organización delictiva

- terrorismo

- trata de seres humanos

- explotación sexual de niños y pornografía infantil

- tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas

- tráfico de armas, municiones y explosivos

- corrupción

- fraude, incluido el fraude contra los intereses financieros de las Comunidades Europeas, en el sentido del Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas

- blanqueo de los productos de la delincuencia

- falsificación de moneda, incluida la falsificación del euro

- delitos informáticos

- delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico de especies animales protegidas y el tráfico de especies y variedades vegetales protegidas

- ayuda a la entrada y a la estancia irregulares

- homicidio voluntario, golpes y heridas graves

- tráfico de órganos y tejidos humanos

- secuestro, retención ilegal y toma de rehenes

- racismo y xenofobia

- atraco organizado o atraco a mano armada

- tráfico de bienes culturales, incluidas antigüedades y obras de arte

- estafa

- chantaje y extorsión de fondos

- falsificación y piratería de productos

- falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos

- falsificación de medios de pago

- tráfico de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento

- tráfico de materiales nucleares y radiactivos

- tráfico de vehículos robados

- violación

- incendio provocado

- delitos incluidos en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional

- secuestro de aeronaves y buques

- sabotaje

- conducta contraria a la normativa de tráfico por carretera, incluidas las infracciones de las disposiciones en materia de tiempo de conducción y descanso, y de las disposiciones relativas al transporte de mercancías peligrosas

- contrabando de mercancías

- infracciones de los derechos de propiedad intelectual

- amenazas y actos de violencia contra personas, incluida la violencia en acontecimientos deportivos

- vandalismo

- robo

- infracciones establecidas por el Estado miembro de condena y sujetas a las obligaciones de ejecución derivadas de los instrumentos adoptados de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea o con el Título IV del Tratado de la Unión Europea.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, las resoluciones condenatorias pronunciadas en otro Estado miembro podrán no considerarse cuando el hecho de haber sido condenado en otro Estado miembro tenga como consecuencia, con motivo de un nuevo proceso penal por hechos diferentes, un trato más desfavorable para la persona que si la condena hubiera sido pronunciada por un órgano jurisdiccional nacional.

Artículo 6 Inscripción de una condena pronunciada en otro Estado miembro en el registro nacional de penados

1. Cuando un Estado miembro procede a la inscripción en su registro de penados de una condena pronunciada en otro Estado miembro, la pena inscrita debe corresponder a la pena efectivamente impuesta, a menos que la pena haya sido revisada efectivamente con motivo de su ejecución en el Estado miembro que procede a la inscripción.

2. Si, en virtud de la legislación nacional, las condenas pronunciadas en otros Estados miembros contra nacionales o residentes se inscriben en el registro nacional de penados, las normas que regulan la inscripción, las posibles modificaciones o la cancelación de las menciones introducidas no supondrán, en ningún caso, que la persona recibirá un trato más desfavorable que si hubiera sido condenada por un órgano jurisdiccional nacional.

3. Cualquier modificación o cancelación de una anotación en el Estado miembro que haya pronunciado la condena implicará la cancelación o la modificación equivalentes en el Estado miembro de nacionalidad o residencia, si éste ha procedido a la inscripción y ha sido informado de la modificación o la cancelación, a menos que la legislación de este Estado prevea disposiciones más favorables para la persona condenada.

Artículo 7 Relaciones con otros instrumentos jurídicos

1. La presente Decisión marco sustituye, entre los Estados miembros, a las disposiciones del artículo 56 del Convenio de La Haya, de 28 de mayo de 1970, sobre la validez internacional de las sentencias penales, sin perjuicio de la aplicación de dichas disposiciones en las relaciones entre los Estados miembros y los terceros Estados.

Artículo 8 Aplicación

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Decisión marco a más tardar el 31 de diciembre de 2006.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión el texto de las disposiciones que incorporan a su Derecho nacional las obligaciones derivadas de la presente Decisión marco.

3. Tomando como base de la información transmitida por la Secretaría General del Consejo, la Comisión, el 31 de diciembre de 2007 a más tardar, presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Decisión marco acompañado, en su caso, de propuestas legislativas.

Artículo 9 Entrada en vigor

La presente Decisión marco entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea .

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

El Presidente

[1] DO C 12 de 15.01.2001, p.10.

[2] COM(2004)664.

[3] DO C 197 de 12.7.2000, p. 1

[4] DO C [… ] de [… ], p. [… ].

[5] DO C [… ] de [… ], p. [… ].

[6] DO C 12 de 15.01.2001, p. 10.