Comunicación de la Comisión — Manual sobre el traslado de condenados y penas privativas de libertad en la Unión Europea

(2019/C 403/02)

ÍNDICE

LISTA DE ABREVIATURAS 5

PREFACIO 6

INTRODUCCIÓN Y MARCO JURÍDICO 6

1. Resumen 6

1.1. Principales características de la Decisión Marco 7

1.1.1. Transmisión 8

1.1.2. Certificado 8

1.1.3. Sentencia 8

1.1.4. Condena 8

1.1.5. Estado de emisión y Estado de ejecución 9

1.2. El principio de reconocimiento mutuo 9

1.3. Efecto jurídico de las decisiones marco de la UE 9

1.4. Artículo 267 del TFUE: Procedimiento prejudicial 10

PARTE I: TRANSMISIÓN DE LA SENTENCIA Y DEL CERTIFICADO 10

2. Requisitos para la transmisión 10

2.1. Ámbito de la Decisión Marco 10

2.1.1. Ratione personae 10

2.1.2. Ratione materiae 10

2.1.3. Ratione temporis 11

2.2. Autoridades competentes 11

2.3. Elección del Estado de ejecución 11

2.3.1. Situaciones a que se refiere el artículo 4, apartado 1 11

2.3.2. Traslado al Estado miembro de nacionalidad del condenado en el que este viva [artículo 4, apartado 1, letra a)] 12

2.3.3. Traslado al Estado miembro al que la persona será expulsada [artículo 4, apartado 1, letra b)] 12

2.3.4. Traslado a cualquier otro Estado miembro que acepte dicho traslado [artículo 4, apartado 1, letra c)] 12

2.4. Consentimiento con conocimiento de causa de la persona condenada 13

2.5. Consentimiento del Estado de ejecución 13

2.6. Opinión de la persona condenada 14

2.7. Evaluación de la reinserción social 14

2.7.1. El Estado de emisión debe quedar convencido 14

2.7.2. Consulta con el Estado de ejecución cuando corresponda 14

2.7.3. Definición de reinserción social 15

2.7.4. Modalidades de ejecución de la condena 15

2.8. Lista de 32 delitos que dan lugar a la entrega sin control de la doble tipificación 15

2.9. Grupos vulnerables: menores y delincuentes con trastornos mentales, y traslado de medidas psiquiátricas o atención médicas 16

2.10. Observancia de los derechos fundamentales por parte del Estado de emisión 16

3. Procedimiento de transmisión 17

3.1. Sujetos legitimados para iniciar el procedimiento 17

3.2. Procedimiento para recabar la opinión de la persona condenada 17

3.3. Notificación al condenado (artículo 6, apartado 4, y formulario del anexo II) 18

3.4. Documentos a enviar 18

3.4.1. Certificado 18

3.4.2. Sentencia 19

3.5. Información complementaria útil en posesión del Estado de emisión 22

3.6. Transmisión 22

3.7. Solicitud de información sobre disposiciones relativas a la puesta en libertad anticipada o condicional 22

3.8. Solicitud de detención preventiva 23

3.9. Retirada del certificado 23

PARTE II: RECONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA Y EJECUCIÓN DE LA CONDENA 24

4. Procedimiento de reconocimiento 24

4.1. Plazo para tomar la decisión sobre el reconocimiento y recursos contra la decisión de traslado 24

4.2. Solicitud de traducción de la sentencia 24

4.3. Aplazamiento 24

4.4. Detención preventiva 25

5. Decisión sobre reconocimiento y ejecución 25

5.1. Obligación general de reconocimiento y ejecución 25

5.2. Consentimiento del Estado de ejecución 25

5.3. La lista de 32 delitos para los cuales no hay verificación de doble tipificación. 25

5.4. Adaptación de la condena 26

5.5. Motivos para el no reconocimiento y la no ejecución 27

5.5.1. Certificado incompleto o incorrecto [artículo 9, apartado 1, letra a)] 27

5.5.2. Incumplimiento de los criterios de transmisión [artículo 9, apartado 1, letra b)] 27

5.5.3. Ne bis in idem [artículo 9, apartado 1, letra c)] 27

5.5.4. Falta de doble tipificación [artículo 9, apartado 1, letra d)] 27

5.5.5. Prescripción de la ejecución de la condena [artículo 9, apartado 1, letra e)] 28

5.5.6. Inmunidad en virtud del Derecho del Estado de ejecución [artículo 9, apartado 1, letra f)] 28

5.5.7. Minoría de edad penal [artículo 9, apartado 1, letra g)] 28

5.5.8. El resto de la condena por cumplir es demasiado breve [artículo 9, aparado 1, letra h)] 28

5.5.9. Juicios celebrados sin comparecencia del imputado [artículo 9, apartado 1, letra i)] 28

5.5.10. Procesamiento por infracciones cometidas antes del traslado [artículo 9, apartado 1, letra j)] 29

5.5.11. Medida de carácter psiquiátrico o sanitario o cualquier otra medida privativa de libertad [artículo 9, apartado 1, letra k)] 30

5.5.12. Extraterritorialidad [artículo 9, apartado 1, letra l)] 30

5.6. Reconocimiento y ejecución parciales 30

6. Traslado del condenado 30

6.1. Plazos para el traslado físico 30

6.2. Tránsito a través de otro Estado miembro 30

6.3. Gastos del traslado 31

6.4. Documentos de viaje 31

7. Ejecución de la condena 31

7.1. Derecho por el que se regirá la ejecución 31

7.2. Deducción 31

7.3. Puesta en libertad anticipada y condicional 31

7.4. Amnistía e indulto 31

7.5. Revisión de la sentencia 32

7.6. Derecho de ejecución de la condena 32

7.7. Obligaciones de comunicación e información 32

8. Regla de especialidad 32

PARTE III: OTRAS DISPOSICIONES 33

9. Comunicación entre las autoridades competentes en las diferentes etapas del procedimiento 33

10. Relación con otros acuerdos 34

11. Vínculos con otros instrumentos sobre cooperación judicial en materia penal 34

11.1. Decisión Marco 2002/584/JAI sobre la orden de detención europea 34

11.2. Otros instrumentos 35

11.2.1. Directiva 2012/29/UE sobre derechos de las víctimas 35

11.2.2. Decisión Marco 2008/947/JAI relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas 35

ANEXO I — Decisión Marco 2008/909/JAI (consolidación oficiosa) 37

ANEXO II — Certificado de traslado 52

ANEXO III — Notificación del condenado 58

ANEXO IV — Organigrama de la Decisión Marco 2008/909/JAI 59

ANEXO V —Fuentes de información 60

ANEXO VI — Lista de sentencias del Tribunal de Justicia relativas a la Decisión Marco 2008/909/JAI 61

ANEXO VII —Lista de sentencias del Tribunal de Justicia relativas a la Decisión Marco 2002/584 62

LISTA DE ABREVIATURAS

CAAS Convenio relativo a la aplicación del Acuerdo de Schengen de 19 de junio de 1990 ODE Orden de detención europea CEDH Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales TEDH Tribunal Europeo de Derechos Humanos RJE Red Judicial Europea en materia penal EuroPris Organización Europea de Prisiones y Servicios Correccionales Decisión Marco 2002/584 Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros La Decisión Marco Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea Decisión Marco 2008/947 Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo de 27 de noviembre de 2008 relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas Decisión Marco 2009/299 Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo de 26 de febrero de 2009 por la que se modifican las Decisiones Marco 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI y 2008/947/JAI, destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado TUE Tratado de la Unión Europea TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Directiva sobre los derechos de las víctimas Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo Convenio del CdE de 1983 Convenio del Consejo de Europa sobre traslado de personas condenadas, de 21 de marzo de 1983 Protocolo Adicional del CdE de 1997 Protocolo Adicional de 18 de diciembre de 1997 al Convenio del Consejo de Europa sobre traslado de personas condenadas

Cláusula de exención de responsabilidad: Este manual no es jurídicamente vinculante ni exhaustivo. Se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el Derecho vigente de la Unión y de su desarrollo futuro. También se entiende sin perjuicio de la interpretación preceptiva del Derecho de la Unión que pueda realizar el Tribunal de Justicia.

PREFACIO

El objetivo de este manual es proporcionar a los Estados miembros y a las autoridades competentes que designen directrices prácticas para la aplicación de la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008 (en lo sucesivo: «la Decisión Marco»), en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre juicios celebrados sin comparecencia del imputado (1) (en lo sucesivo: «Decisión Marco 2009/299»). La fecha de ejecución de la Decisión Marco se fijó para el 5 de diciembre de 2011. Al redactar el presente manual, la Comisión ha tenido en cuenta las opiniones expresadas por los profesionales del ámbito en numerosas reuniones de expertos organizadas con la colaboración de la Organización Europea de Prisiones y Servicios Correccionales (en lo sucesivo: EuroPris), donde los participantes compartieron las dificultades y obstáculos en la ejecución de este instrumento y la realización de traslados de reclusos en la práctica (2). Además, se consultó a los expertos invitados por la Comisión sobre un proyecto de documento. El 5 de febrero de 2014 se publicó un informe sobre la ejecución de la Decisión Marco (3).

El manual se encuentra disponible en internet en https://e-justice.europa.eu y en el sitio web de la Red Judicial Europea (en lo sucesivo: «RJE») (4) en todos los idiomas oficiales de la Unión.

Se puede encontrar información sobre la ejecución de esta Decisión Marco y las declaraciones de los diferentes Estados miembros en la página web de la RJE (5).

Un documento fundamental, que contiene directrices prácticas, es el Libro de recursos de EuroPris sobre el traslado de personas condenadas (6).

De conformidad con el artículo 3 de la Decisión 2002/187/JAI del Consejo, uno de los objetivos de Eurojust es facilitar la ejecución de las solicitudes y resoluciones en materia de cooperación judicial, incluidas las solicitudes y resoluciones basadas en instrumentos que den efecto al principio de reconocimiento mutuo. Eurojust puede actuar por tanto como facilitador y coordinador en casos de traslado de condenados (7).

La información contenida en el presente manual está actualizada hasta el 1 de julio de 2019.

INTRODUCCIÓN Y MARCO JURÍDICO

1. RESUMEN

Las relaciones judiciales entre los Estados miembros se sustentan en la confianza mutua en los sistemas jurídicos de otros Estados miembros, lo que permite el reconocimiento, por parte del Estado de ejecución, de las resoluciones dictadas por las autoridades del Estado de emisión con posibilidades limitadas de oponerse a dicho reconocimiento.

En las últimas décadas, se ha convertido en algo más frecuente que los Estados miembros condenen a ciudadanos de otros Estados miembros de la UE a penas u otras medidas privativas de libertad (8). Las cifras más recientes disponibles (9) muestran que el porcentaje de ciudadanos de otros Estados miembros de la UE sobre el total de la población penitenciaria por Estado miembro varía entre el 0,3 % (PL y RO) y el 39,4 % (LU). Algunos residen habitualmente en el Estado miembro en el que están encarcelados. Sin embargo, algunos de esos residentes pueden estar sujetos a expulsión al completar la pena.

Para muchos ciudadanos condenados de Estados miembros de la UE, el cumplimiento de la sentencia en el Estado miembro de condena puede no ser óptimo para su reinserción social.

La Decisión Marco aumenta la probabilidad de que una persona extranjera condenada pueda ser trasladada a otro Estado miembro de la UE con el fin de mejorar su reinserción.

La Decisión Marco se aplica a todos los ciudadanos de la UE y nacionales de terceros países ubicados en un Estado miembro de la UE. Sin embargo, con respecto a los nacionales extranjeros que no residen en un Estado miembro de la UE, se aplican otros instrumentos internacionales de cooperación judicial, como el Convenio del Consejo de Europa sobre traslado de personas condenadas, de 21 de marzo de 1983 (en lo sucesivo: Convenio del CdE de 1983) y el Protocolo Adicional de este Convenio de 18 de diciembre de 1997 (en lo sucesivo: «Protocolo Adicional del CdE de 1997») (10).

El Convenio del CdE de 1983 también proporcionó una respuesta inicial para facilitar los traslados transfronterizos dentro de la UE. No obstante, desde el 5 de diciembre de 2011, la Decisión Marco ha reemplazado al Convenio del CdE de 1983 y al Protocolo Adicional del CdE de 1997 entre los Estados miembros de la UE.

Uno de los principales cambios de la Decisión Marco, en comparación con el Convenio del CdE de 1983, es el paso a un sistema obligatorio de traslado de condenados para ciertas situaciones, al mismo tiempo que permite posibilidades de traslado mucho más amplias que antes. La necesidad de consentimiento para cada traslado por parte de ambos Estados y de la persona interesada ha dado lugar a dificultades en la aplicación del Convenio del CdE de 1983. Para superar este problema, los miembros de Schengen ya habían decidido complementar el Convenio del CdE de 1983 introduciendo la posibilidad de un «traslado forzoso». De acuerdo con los artículos 67 a 69 del Convenio relativo a la aplicación del Acuerdo de Schengen de 1990 (en lo sucesivo: «CAAS»), no es necesario el consentimiento de la persona para cumplir una condena en su país de nacionalidad si esta se ha sustraído a la ejecución de una pena o una orden de detención al huir a ese país. Esta innovación del CAAS se reflejó en el Protocolo Adicional del CdE de 1997 del Convenio del CdE de 1983.

Tanto el Convenio de CdE de 1983 como la Decisión Marco tienen como objetivo principal facilitar la reinserción social de los presos al conceder a los extranjeros condenados la posibilidad de cumplir sus condenas en otro Estado miembro.

Por último, la Decisión Marco se aplica al traslado de reclusos que continúan cumpliendo sus condenas y, por lo tanto, no trata la expulsión de delincuentes que han cumplido sus condenas y, por consiguiente, ya no están sujetos a un proceso penal. Sin embargo, la Decisión Marco debe aplicarse de conformidad con la legislación de la Unión aplicable, incluida la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. El artículo 28 de dicha Directiva establece que los ciudadanos de la UE solo pueden ser expulsados de otro Estado miembro por razones de orden público o seguridad pública.

1.1. Principales características de la Decisión Marco

La Decisión Marco establece en qué situaciones y cómo cooperarán los Estados miembros de la UE en relación con el reconocimiento y ejecución de sentencias impuestas por otro Estado miembro, con vistas a facilitar la reinserción social de la persona condenada. El instrumento pretende mejorar la cooperación eficiente, en comparación con el Convenio del CdE de 1983, aplicando el principio de reconocimiento mutuo, que exige que los Estados miembros confíen en sus resoluciones judiciales. Por tanto, la Decisión Marco adopta un enfoque diferente respecto de algunas de las características principales del Convenio del CdE de 1983:

— La Decisión Marco impone la obligación de aceptar, en principio, las solicitudes de traslado en dos situaciones. Sin embargo, no existe obligación para el Estado de emisión de transmitir una sentencia a los efectos de su reconocimiento y ejecución en otro Estado miembro.

— Los traslados solo pueden denegarse sobre la base de un número limitado de motivos de no reconocimiento o no ejecución.

— La Decisión Marco limita las situaciones en las que se exige el consentimiento de la persona condenada. En virtud del Protocolo Adicional del CdE de 1997, este consentimiento ya no era necesario cuando se solicitaba el traslado a un Estado al que la persona había huido (11), o cuando la persona condenada estaba sujeta a una orden de expulsión o traslado al Estado requerido (12). Además de estas dos exenciones, la Decisión Marco aporta una tercera en el caso de las solicitudes de traslado al Estado miembro de nacionalidad en el que vive la persona condenada.

— La verificación tradicional del requisito de la doble tipificación (13) se suprime por una lista de 32 delitos (si bien, sujeta a la posibilidad de que los Estados miembros la mantengan (14)).

— El instrumento establece plazos claros para el procedimiento.

— La Decisión Marco contempla una ejecución ininterrumpida de las condenas impuestas por el Estado de emisión; asimismo solo permite que el Estado de ejecución adapte la condena en un número limitado de supuestos con sujeción a condiciones estrictas. El Estado de emisión tiene la última palabra en cuanto al traslado, si queda convencida con la adaptación de la condena y las modalidades de ejecución de la pena.

1.1.1. Transmisión

Podrán transmitirse la sentencia y el certificado cuando la autoridad competente del Estado de emisión, en su caso después de consultas con la autoridad competente del Estado de ejecución, tenga el convencimiento de que el traslado y la ejecución de la condena por el Estado de ejecución contribuirán a alcanzar el objetivo de facilitar la reinserción social del condenado (artículo 4, apartado 2).

1.1.2. Certificado

El Estado de emisión trasmite la sentencia al Estado miembro al que puede trasladar a la persona condenada, es decir, al Estado de ejecución (artículo 4, apartado 1). Para agilizar el proceso, la sentencia se acompaña de un certificado normalizado, que incluye la información necesaria para el traslado (artículos 4 y 5; véase el anexo I de la Decisión Marco).

El certificado debe cumplimentarse de manera correcta y debe corresponder a la sentencia. El certificado tiene que estar firmado por la autoridad competente del Estado de emisión, que deberá certificar la exactitud de su contenido.

Deberá traducirse a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado de ejecución (artículo 23, apartado 1). Sin embargo, cada Estado miembro puede hacer constar mediante declaración depositada en la Secretaría General del Consejo que aceptará una traducción a una o varias de las demás de las lenguas oficiales de la UE.

Si las secciones del certificado están incompletas o son imprecisas, el Estado de ejecución se ve en una situación en la que, al carecer de datos suficientes para tomar una decisión sobre el traslado, tiene que solicitar más información al Estado de emisión, lo que provoca demoras en el proceso [véase el artículo 9, apartado 1, letra a)].

Los certificados normalizados están disponibles en todas las lenguas oficiales de la UE. Las declaraciones sobre las lenguas aceptadas por los Estados miembros se pueden consultar en la página web de la RJE (15).

La Decisión Marco emplea ciertas definiciones, en virtud del artículo 1, letras a) a d), que pueden requerir una explicación adicional. Los siguientes apartados presentan la terminología pertinente del instrumento.

1.1.3. Sentencia

Se entiende por «sentencia» la resolución u orden firme de un órgano jurisdiccional del Estado de emisión que impone una condena a una persona física. La Decisión Marco exige que la sentencia u orden de un órgano jurisdiccional que deba ser transmitida sea una resolución firme [artículo 1, letra a)], es decir, que se hayan agotado todas las vías de recurso nacionales contra la resolución, o que los plazos para interponer dichos recursos hayan vencido (16).

1.1.4. Condena

Por «condena» se entiende «cualquier pena o medida privativa de libertad, de duración limitada o indeterminada, impuesta por razón de una infracción penal como consecuencia de un proceso penal» [artículo 1, letra b)].

El artículo 3, apartado 3, especifica que la Decisión Marco solo se aplica al reconocimiento de sentencias y a la ejecución de condenas en el sentido de la Decisión Marco. El hecho de que, además de la condena, se haya impuesto multa o resolución de decomiso, que todavía no se hayan abonado, cobrado o ejecutado, no impedirá la transmisión de la sentencia. El reconocimiento mutuo de las resoluciones que imponen multas y las resoluciones de decomiso no está cubierto por la Decisión Marco, sino por otros instrumentos como la Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo (17) sobre la aplicación transfronteriza de sanciones pecuniarias y la Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo (18) sobre decomiso.

1.1.5. Estado de emisión y Estado de ejecución

La Decisión Marco define el «Estado de emisión» como «el Estado miembro en el que se haya dictado una sentencia», mientras que el «Estado de ejecución» es «el Estado miembro al que se haya transmitido una sentencia con vistas a su reconocimiento y ejecución» [artículo 1, letras c) y d)].

1.2. El principio de reconocimiento mutuo

Tras la aprobación del reconocimiento mutuo como piedra angular de la cooperación judicial en materia penal, este principio también se aplicó como base para adoptar la Decisión Marco en 2008 (19).

Este principio implica que un Estado miembro debe reconocer y ejecutar las resoluciones judiciales penales dictadas por otro Estado miembro, excepto cuando concurra uno de los motivos tasados de denegación; se basa en un nivel elevado de confianza mutua entre los Estados miembros de la UE.

El concepto de confianza mutua se basa en el supuesto de que todos los Estados miembros de la UE cumplen plenamente los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho.

1.3. Efecto jurídico de las decisiones marco de la UE

Con arreglo a su base jurídica [artículo 34, apartado 2, letra b), del Tratado de la Unión Europea (en lo sucesivo: TUE), en la versión aplicable antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa], las decisiones marco son vinculantes para los Estados miembros por lo que se refiere al resultado a obtener, pero corresponde a las autoridades nacionales la elección de la forma y los métodos; las decisiones marco no tienen efecto directo. En virtud del Tratado de Lisboa, la Decisión Marco no ha sido objeto de ninguna derogación, anulación o modificación (según lo dispuesto en el artículo 9 del Protocolo n.o 36 sobre disposiciones transitorias adoptadas a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa). En consecuencia, su naturaleza no ha cambiado, y en particular no tiene ningún efecto directo (20).

Sin embargo, de una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia resulta que el carácter vinculante de una decisión marco supone para las autoridades nacionales, incluidos los órganos jurisdiccionales nacionales, la obligación de interpretar el Derecho nacional conforme al Derecho de la UE tomando en consideración el conjunto del ordenamiento jurídico nacional y aplicando métodos interpretativos. Así pues, al aplicar el Derecho nacional, los órganos jurisdiccionales que deben interpretarlo están obligados a hacerlo en la medida de lo posible a la luz de la letra y de la finalidad de la Decisión Marco para alcanzar el resultado que esta persigue. Esta obligación de interpretar el Derecho nacional conforme al Derecho de la UE es inherente al régimen del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo: «TFUE»), en la medida en que permite que los órganos jurisdiccionales nacionales garanticen, en el marco de sus competencias, la plena eficacia del Derecho de la Unión al resolver los litigios de que conozcan (21).

Ciertamente, el principio de interpretación conforme del Derecho nacional tiene algunos límites. Así, la obligación del órgano jurisdiccional nacional de tener presente el contenido de una decisión marco cuando interpreta las correspondientes normas de su Derecho nacional está limitada por los principios generales del Derecho y, en particular, los de seguridad jurídica y no retroactividad. Dichos principios se oponen, concretamente, a una interpretación que pueda tener por efecto determinar o agravar, basándose en una decisión marco y sin que medie una ley de ejecución de esta, la responsabilidad penal de quienes infrinjan sus disposiciones. Por otra parte, el principio de interpretación conforme no puede servir de base para una interpretación contra legem del Derecho nacional (22).

Sin embargo, la exigencia de interpretación conforme incluye la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales, especialmente los competentes en última instancia, de modificar, en caso necesario, su jurisprudencia nacional reiterada si esta se basa en una interpretación del Derecho nacional incompatible con los objetivos de una decisión marco. Por lo tanto, corresponde al órgano jurisdiccional competente garantizar que la decisión marco tenga pleno efecto y, si es necesario, inaplique, por su propia autoridad, la interpretación dada por un órgano jurisdiccional supremo, si esa interpretación no es compatible con el Derecho de la UE (23).

1.4. Artículo 267 del TFUE: Procedimiento prejudicial

El Tribunal de Justicia puede interpretar las decisiones marco como cualquier otro instrumento del Derecho de la UE. En el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal, todos los órganos jurisdiccionales de cualquier Estado miembro pueden, desde el 1 de diciembre de 2014, en los litigios que se les planteen, plantear preguntas al Tribunal de Justicia sobre la interpretación del Derecho de la Unión Europea o la validez de un acto de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio en sí. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional resolver el asunto de conformidad con el pronunciamiento del Tribunal, que es igualmente vinculante para otros órganos jurisdiccionales nacionales ante los cuales se plantee una cuestión similar. El procedimiento prejudicial es un procedimiento no contencioso diseñado para permitir al Tribunal de Justicia orientar a los órganos jurisdiccionales nacionales sobre cómo interpretar el Derecho de la UE, para que puedan aplicarlo correctamente.

Las características esenciales del procedimiento prejudicial están descritas en las «Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales» del Tribunal de Justicia (24).

La duración media de los procedimientos prejudiciales en 2017 fue inferior a 16 meses (25). Esto puede suponer mucho tiempo de espera para alguien que está privado de libertad (26). En consecuencia, desde 2008 el Tribunal de Justicia ha establecido un procedimiento prejudicial de urgencia, denominado «PPU». En 2017, la duración media de estos procedimientos fue de solo 2,9 meses (27).

PARTE I: TRANSMISIÓN DE LA SENTENCIA Y DEL CERTIFICADO

2. Requisitos para la transmisión

2.1. Ámbito de la Decisión Marco

2.1.1. Ratione personae

El reconocimiento de una sentencia y la ejecución de una condena se aplicarán a todos los ciudadanos de la UE y a los nacionales de terceros países que estén en el Estado de emisión o en el Estado de ejecución (artículo 3, apartado 2).

2.1.2. Ratione materiae

Con vistas a facilitar la reinserción social de la persona condenada, la Decisión Marco abarca cualquier pena o medida privativa de libertad, de duración limitada o indeterminada, impuesta por razón de una infracción penal como consecuencia de un proceso penal [artículo 1, letra b)].

Como se desprende de la definición, cualquier sentencia, que concluya un proceso penal por una infracción penal y que dé lugar a una privación de libertad, puede ser transmitida en virtud de la Decisión Marco. Esto significa que las resoluciones que imponen internamiento, tras el establecimiento de la falta de responsabilidad penal total o parcial del delincuente debido a una discapacidad mental (véase el considerando 20), se incluyen en la definición utilizada en la Decisión Marco.

Además, la Decisión Marco abarca las denominadas penas combinadas, donde la autoridad judicial ha considerado necesario imponer una combinación de una medida privativa junto con otra medida de seguridad privativa de libertad, como un tratamiento psiquiátrico.

2.1.3. Ratione temporis

La Decisión Marco se aplica desde el 5 de diciembre de 2011 (artículo 26).

Las solicitudes de traslado recibidas antes del 5 de diciembre de 2011 siguen rigiéndose por lo dispuesto en los instrumentos jurídicos vigentes sobre el traslado de condenados. A las solicitudes recibidas después de dicha fecha se les aplica la normativa adoptada por los Estados miembros en virtud de la presente Decisión Marco (artículo 28, apartado 1).

Sin embargo, los Estados miembros tuvieron la posibilidad, en la fecha de adopción de la Decisión Marco, de presentar una declaración en la que indicasen que seguirían aplicando los instrumentos jurídicos vigentes de traslado de condenados en relación con las sentencias firmes dictadas antes de una fecha determinada (que no podía ser posterior al 5 de diciembre de 2011) (artículo 28, apartado 2). La fecha de adopción de esta Decisión Marco fue el 27 de noviembre de 2008.

Cuatro Estados miembros (Irlanda, Malta, Países Bajos (28) y Polonia) han presentado dichas declaraciones. No obstante, esos Estados miembros lo han hecho después de la fecha de adopción de la Decisión Marco, es decir, el 27 de noviembre de 2008. La Comisión considera que esas declaraciones no son por tanto válidas y que los Estados miembros deberían retirarlas inmediatamente de sus ordenamientos jurídicos (29).

2.2. Autoridades competentes

Los principales actores que garantizan la cooperación en virtud de la Decisión Marco son las autoridades competentes del Estado de emisión y del Estado de ejecución. Los Estados miembros tienen libertad para designar a su autoridad o autoridades competentes con arreglo a su legislación nacional, cuando actúan tanto como Estado de emisión como de Estado de ejecución (artículo 2).

Cabe destacar que la Decisión Marco no limita la definición de «autoridad competente» a una autoridad judicial, lo que otorga a los Estados miembros margen de discreción para seleccionar la autoridad competente que consideren más adecuada para tramitar los procedimientos que se contemplan en este instrumento. En algunos Estados miembros, estas funciones se han encomendado al Ministerio de Justicia, mientras que en otros Estados miembros se han confiado a órganos judiciales o cuasi judiciales. Los Estados miembros tienen el deber de notificar este aspecto a la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, que a su vez hace pública esta información (artículo 2) (30).

Algunos Estados miembros han aceptado un sistema de jurisdicciones descentralizadas, lo que significa que todos los órganos jurisdiccionales han sido designados como autoridades competentes. Esto puede llevar a complicaciones en la determinación de la autoridad pertinente y de divergencia de enfoques dentro de un mismo Estado miembro. Algunos Estados miembros han contrarrestado esto mediante el nombramiento de una autoridad central que se ocupa de las solicitudes recibidas (31).

2.3. Elección del Estado de ejecución

2.3.1. Situaciones a que se refiere el artículo 4, apartado 1

El artículo 4, apartado 1, de la Decisión Marco prevé la posibilidad de transmitir la sentencia y el certificado a:

— el Estado miembro de nacionalidad del condenado en el que este viva; O

— el Estado miembro de nacionalidad al que, si no es el Estado miembro en el que vive, el condenado será expulsado una vez puesto en libertad en virtud de una orden de expulsión o traslado; O

— cualquier otro Estado miembro cuya autoridad competente consienta la transmisión de la sentencia y el certificado, sujeta al consentimiento de la persona condenada cuando sea necesario (véase el artículo 4, apartado 3, en relación con el artículo 4, apartado 6, el artículo 4, apartado 7, y el artículo 6).

2.3.2. Traslado al Estado miembro de nacionalidad del condenado en el que este viva [artículo 4, apartado 1, letra a)]

Determinar dónde «vive» una persona a los efectos del artículo 4, apartado 1, letra a), es un aspecto importante de la correcta aplicación de la Decisión Marco y está directamente relacionado con la naturaleza obligatoria de esa disposición. Cuando esta condición no se cumpla, el proceso de traslado de condenas requerirá por lo general el consentimiento de la persona condenada (véanse a continuación las demás situaciones en las que no se exige el consentimiento).

La noción de «Estado en el que «vive» el condenado» se aclara en el considerando 17. En virtud de este considerando, el Estado en el que «vive» la persona se refiere al lugar en el que posee vínculos, atendiendo a su residencia habitual y a criterios como los lazos familiares, sociales y profesionales (32).

Su redacción podría inspirarse en el fallo del Tribunal de Justicia en el asunto Kozłowski. En el contexto de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo sobre órdenes de detención europea y los procedimientos de entrega entre Estados miembros (33) (en lo sucesivo: «Decisión Marco 2002/584»), el Tribunal sostuvo que la comprobación de la conexión de una persona con un Estado de ejecución debe basarse en una evaluación general de «varios de los elementos objetivos que caracterizan la situación de esa persona, entre los que figuran, en particular, la duración, la naturaleza y las condiciones de permanencia de la persona reclamada, así como los lazos familiares y económicos que mantenga esa persona con el Estado miembro de ejecución» (34). Además, el Tribunal declaró que el término «residente» significa que la persona ha establecido su residencia real en este y «habita» en él si, a raíz de una permanencia estable de cierta duración en ese Estado miembro, ha creado vínculos con ese Estado que tengan una fuerza similar a los resultantes de una residencia (35).

2.3.3. Traslado al Estado miembro al que la persona será expulsada [artículo 4, apartado 1, letra b)]

Según el artículo 4, apartado 1, letra b), la sentencia y el certificado también pueden transmitirse al Estado miembro de nacionalidad, aunque no sea el Estado miembro en el que la persona vive, al que se le expulsará una vez puesto en libertad. Para que se aplique esta disposición, se exige que la orden de expulsión o traslado subyacente se incluya en la sentencia o en una resolución judicial o administrativa o en cualquier otra medida derivada de la sentencia.

2.3.4. Traslado a cualquier otro Estado miembro que acepte dicho traslado [artículo 4, apartado 1, letra c)]

La tercera situación que abarca el ámbito de aplicación de la Decisión Marco [artículo 4, apartado 1, letra b)] se aplica cuando el Estado de emisión desea transmitir la sentencia y el certificado a un Estado miembro distinto del Estado miembro de nacionalidad en el que vive o al que la persona será expulsada sobre la base de una orden de expulsión o traslado. Este puede ser, por ejemplo, el Estado miembro donde reside o estudia la persona condenada, o el Estado miembro del cual es nacional, pero en el que no vive ni al que será expulsada.

En esa situación, se necesita el consentimiento previo del Estado de ejecución [artículo 4, apartado 1, letra c)], y la consulta entre las autoridades competentes es obligatoria (artículo 4, apartado 3). Las autoridades competentes deben tener en cuenta cuestiones como la duración de la residencia u otros vínculos con el Estado de ejecución. En aquellos casos en que el condenado pudiera ser trasladado a un Estado miembro y a un tercer país en virtud del Derecho nacional o de instrumentos internacionales, las autoridades competentes del Estado de emisión y de los Estados de ejecución deben consultarse para estudiar si con la ejecución de la sentencia en el Estado de ejecución se cumpliría mejor el objetivo de la reinserción social que ejecutándola en el tercer país (considerando 8).

Se requerirá siempre el consentimiento previo de la persona condenada, excepto en el supuesto concreto contemplado en el artículo 6, apartado 2, letra c).

2.4. Consentimiento con conocimiento de causa de la persona condenada

Una de las novedades introducidas por la Decisión Marco en el ámbito del traslado de personas condenadas, en comparación con los regímenes de traslado internacionales anteriores, es que aumenta el número de situaciones en las que no es necesario el consentimiento de la persona condenada.

No será necesario el consentimiento del condenado (artículo 6, apartado 2) cuando:

— la persona es nacional del Estado de ejecución y también vive allí; o

— la persona vaya a ser expulsada al Estado de ejecución una vez puesta en libertad sobre la base de una orden de expulsión o traslado contenida en la sentencia o en una resolución judicial o administrativa o cualquier otra medida derivada de la sentencia; o

— la persona se haya fugado o haya regresado al Estado de ejecución ante el proceso penal abierto contra esta en el Estado de emisión o por haber sido condenada en el Estado de emisión.

En todos los demás casos, se exige el consentimiento con conocimiento de causa de la persona condenada.

El artículo 6, apartado 4, obliga al Estado de emisión a informar al condenado, en una lengua que comprenda, de que ha decidido transmitir la sentencia junto con el certificado utilizando el formulario normalizado de notificación que figura en el anexo II (véanse también las subsecciones 3.2 y 3.3). Cuando el condenado se encuentre en el Estado de ejecución en el momento de la decisión, dicho formulario se transmitirá al Estado de ejecución, que informará de ello al condenado.

Dada la importancia de la reinserción social como principio rector de la Decisión Marco, debe asegurarse que los interesados sean debidamente consultados ante cualquier decisión de traslado. Por lo tanto, se recomienda que el Estado de emisión proporcione información básica a la persona condenada para permitirle dar su consentimiento o su opinión cono conocimiento de causa. Dicha información podría incluir la logística del traslado, los regímenes penitenciarios en el Estado de ejecución sobre los acuerdos de concesión de libertad anticipada y condicional.

En los casos en que sea necesario el consentimiento y la persona condenada no lo dé, no será posible realizar el traslado (artículos 4, apartado 1, y artículo 6, apartado 1). En las situaciones en las que no se exige el consentimiento, debe tenerse en cuenta la opinión negativa de la persona condenada, aunque esto no constituya un motivo para la denegación basado en la reinserción social (considerando 10).

2.5. Consentimiento del Estado de ejecución

El consentimiento del Estado de ejecución se exige en todas las situaciones distintas de las contempladas en el artículo 4, apartado 1, letras a) y b) (por ejemplo, cuando la persona es un ciudadano del Estado de ejecución, pero no vive en este ni se le expulsará a este; o cuando la persona resida en el Estado de ejecución sin ser nacional de dicho Estado) [artículo 4, apartado 1, letra c)]. En este caso, la consulta entre las autoridades competentes del Estado de emisión y del Estado de ejecución es obligatoria y el Estado de ejecución puede negarse a cooperar si no da su consentimiento a la transmisión de la sentencia (considerando 8).

Sin embargo, el artículo 4, apartado 7, permite a cada Estado miembro notificar que no se exige su consentimiento previo para la transmisión de la sentencia y el certificado si la persona condenada:

a) vive y ha estado residiendo legalmente de forma continuada al menos durante cinco años en el Estado de ejecución y va a mantener un derecho de residencia permanente en dicho Estado (36), o

b) tiene la nacionalidad del Estado de ejecución en casos distintos de los contemplados en el artículo 4, apartado 1, letras a) y b).

Dicha notificación es válida en sus relaciones con otros Estados miembros que hayan realizado la misma notificación en el momento de la adopción de la Decisión Marco o en cualquier momento posterior (artículo 4, apartado 7). Las notificaciones de conformidad con el artículo 4, apartado 7, pueden consultarse en la página web de la RJE (37).

En la ejecución de la Decisión Marco, los Estados miembros adoptarán medidas que tendrán en cuenta especialmente el objetivo de facilitar la reinserción social del condenado y que constituirán la base sobre la que sus autoridades competentes adoptarán las decisiones de autorizar o no la transmisión de la sentencia y del certificado en los casos contemplados en el artículo 4, apartado 1, letra c) (véase el artículo 4, apartado 6).

2.6. Opinión de la persona condenada

Incluso si no se exige el consentimiento de la persona condenada, se exige que la persona condenada, cuando aún se encuentre en el Estado de emisión, tenga la oportunidad de expresar su opinión (verbalmente o por escrito) sobre el traslado y el reconocimiento y la ejecución de la sentencia (artículo 6, apartado 3).

Si bien la opinión de la persona condenada no puede constituir un motivo de denegación relacionado con la reinserción social (considerando 10), dicha opinión debe tenerse en cuenta al evaluar la facilitación de la reinserción social y la conveniencia del traslado solicitado. Además, cuando la persona condenada haya expresado su opinión, se enviará una transcripción escrita de esta opinión al Estado de ejecución para que pueda incorporarse al parecer motivado de este último con respecto al propósito de la reinserción (artículo 6, apartado 3).

2.7. Evaluación de la reinserción social

2.7.1. El Estado de emisión debe quedar convencido

De conformidad con su considerando 15, la Decisión Marco debe aplicarse de conformidad con el derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros que les confiere el artículo 18 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y que ahora se consagra en el artículo 21 del TFUE.

Como se mencionó anteriormente, la reinserción social es un aspecto clave de la Decisión Marco (38). La autoridad competente del Estado de emisión tiene «el convencimiento de que la ejecución de la condena por el Estado de ejecución contribuirá a alcanzar el objetivo de facilitar la reinserción social del condenado» (véanse el considerando 9 y el artículo 4, apartado 2).

La evaluación de la reinserción social facilitada no puede limitarse al mero establecimiento de una conexión geográfica, sino que debe basarse en una evaluación minuciosa, caso por caso. Con este fin, el instrumento contempla un procedimiento de consulta entre el Estado de emisión y el Estado de ejecución.

2.7.2. Consulta con el Estado de ejecución cuando corresponda

Cuando el Estado de emisión consulta (por obligación o facultativamente) al de ejecución con el fin de determinar si se facilitará la reinserción social, la autoridad competente del Estado de ejecución podrá presentar a la autoridad competente del Estado de emisión un parecer motivado en el que indique que el cumplimiento de la condena en el Estado de ejecución no contribuiría al objetivo de facilitar la reinserción social del condenado. Además, el Estado de ejecución conserva esta facultad incluso en una situación en la que no se realizaran consultas entre las autoridades competentes. En este caso, dicho parecer podrá presentarse a la mayor brevedad posible una vez que se hayan transmitido la sentencia y el certificado. La autoridad competente del Estado de emisión examinará el dictamen y decidirá si retira o no el certificado (artículo 4, apartado 4). La RJE puede proporcionar asistencia en las consultas entre las autoridades competentes (39).

Es importante tener en cuenta que una opinión negativa en sí misma no constituye un motivo de denegación relacionado con la reinserción social (considerando 10).

Cuando la opinión de la persona condenada o del Estado de ejecución indica que la ejecución de la condena no conseguiría facilitar la reinserción social de la persona condenada, la autoridad competente del Estado de emisión tendrá que tomar en consideración dicha opinión y, si desea continuar el procedimiento, quedar convencida de que, a pesar de los argumentos incluidos en la opinión en cuestión, la reinserción se facilitará o mejorará después de todo (considerando 10).

2.7.3. Definición de reinserción social

Si bien la Decisión Marco no proporciona una definición explícita de la reinserción social, proporciona no obstante una lista no exhaustiva de elementos con los que evaluar si el traslado de la condena facilitará la reinserción social de la persona condenada. La autoridad competente del Estado de emisión debe tener en cuenta aspectos como, por ejemplo, «la relación del condenado con el Estado de ejecución, por ejemplo si el condenado considera que allí se encuentran sus vínculos familiares, lingüísticos, culturales, sociales o económicos, y otros lazos con el Estado de ejecución» (considerando 9).

De lo anterior se desprende que, en el contexto de la Decisión Marco, la reinserción social debe entenderse en el sentido de que es más apropiado que las medidas de reinserción se tomen en un país donde la persona condenada entiende el idioma y con el que tiene vínculos estrechos. La posibilidad de tener contacto social con familiares y amigos ayuda a preparar a la persona condenada para que vuelva a la sociedad. Este objetivo no puede cumplirse si dicha persona se encuentra en un estado extranjero en el que es probable que ya no se le permita permanecer después de haber cumplido la condena.

2.7.4. Modalidades de ejecución de la condena

Las perspectivas de reinserción social también pueden depender de las modalidades de ejecución de la condena en el Estado de ejecución.

Cuando el Estado de ejecución, durante las consultas o cuando haya presentado su parecer motivado tras la transmisión de la sentencia y el certificado, anticipe la necesidad de una adaptación de la condena, la modificación correspondiente puede incluirse en su motivación con respecto a las perspectivas de facilitación de la reinserción social.

Se puede hacer una observación similar con respecto a las posibles disposiciones sobre la puesta en libertad anticipada o condicional que puedan ser aplicables en el Estado de ejecución (véase el artículo 17). El Estado de emisión puede solicitar información sobre estas modalidades de cumplimiento, que el Estado de ejecución tiene la obligación de comunicar (véase el artículo 17, apartado 3).

Esto permite al Estado de ejecución fundamentar la evaluación del traslado deseado, así como proporcionarle al Estado de emisión información adicional pertinente convencerse de que se mejorará la reinserción social.

2.8. Lista de 32 delitos que dan lugar a la entrega sin control de la doble tipificación

Antes de transmitir la condena, la autoridad de emisión competente debe determinar si uno o más de los delitos pertenecen a una de las 32 categorías para las que no se requiere el control de la doble tipificación. La lista de delitos se encuentra en el artículo 7, apartado 1, así como en el certificado en el que se deben señalar los delitos que pertenecen a la lista. Para que el artículo 7 se aplique, los delitos en la lista deben ser punibles en el Estado de emisión con una pena o una medida privativa de libertad de un máximo de al menos tres años.

Es el Derecho del Estado miembro emisor el que es decisivo. Esto fue confirmado en la sentencia del asunto C-303/05, Advocaten voor de Wereld, relativo a la Decisión Marco 2002/584 (40).

La autoridad de ejecución solo puede controlar la doble tipificación respecto a las infracciones penales que no estén enumeradas en la lista de 32 infracciones.

Sin embargo, varios Estados miembros han hecho uso de la posibilidad de verificar la doble tipificación en todos los casos (artículo 7, apartado 4; véase nota 14). Las declaraciones hechas a tal efecto pueden ser retiradas en cualquier momento.

2.9. Grupos vulnerables: menores y delincuentes con trastornos mentales, y traslado de medidas psiquiátricas o atención médicas

Una categoría específica de personas condenadas propensas a la vulnerabilidad con respecto al tratamiento, la atención y el alojamiento son los delincuentes menores y los delincuentes que sufren problemas de salud mental. Se debe prestar especial atención a la aplicación de la Decisión Marco a estos grupos específicos de delincuentes.

La Decisión Marco contiene dos disposiciones aplicables a situaciones en las que están implicados menores y personas con trastornos mentales y/o adicciones (ambas en el artículo 9). Fundamentalmente, la autoridad competente del Estado de ejecución puede denegar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena en los siguientes casos:

i) cuando la condena haya sido impuesta a una persona física que, debido a su edad, no habría podido ser considerada penalmente responsable con arreglo a la legislación del Estado de ejecución por los hechos que hayan motivado la sentencia [artículo 9, apartado 1, letra g)]; o

ii) si la condena impuesta incluye una medida de carácter psiquiátrico o sanitario o cualquier otra medida privativa de libertad, que, no obstante la posibilidad de adaptar la condena contemplada en el artículo 8, apartado 3 (41), el Estado de ejecución no puede ejecutar de conformidad con su sistema jurídico o sanitario [artículo 9, apartado 1, letra k)];

En los casos contemplados en el artículo 9, apartado 1, letra k), el Estado de ejecución debe estudiar la posibilidad de adaptar las condenas de conformidad con la Decisión Marco antes de rechazar el reconocimiento y ejecución de condenas que supongan medidas de otro tipo que la privación de libertad (considerando 19).

Por otra parte, en ese tipo de situaciones, antes de tomar la decisión de denegar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena, el Estado de ejecución estará obligado a consultar al Estado de emisión y, cuando sea oportuno, le pedirá que facilite la información adicional necesaria sin demora (artículo 9, apartado 3).

El motivo de denegación mencionado en el artículo 9, apartado 1, letra k), podrá aplicarse asimismo en los casos en que el condenado no haya sido declarado culpable de haber cometido una infracción penal aunque la autoridad competente haya aplicado la medida de privación de libertad distinta de una pena de prisión a raíz de la comisión de una infracción penal (considerando 20).

Cuando el Estado de emisión lo considere necesario debido a la edad de la persona condenada o a su estado físico o psíquico, se dará la oportunidad de expresar su opinión verbalmente o por escrito con respecto al traslado a su representante legal (artículo 6, apartado 3).

2.10. Observancia de los derechos fundamentales por parte del Estado de emisión

La Decisión Marco respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por el artículo 6 del TUE y consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo: «Carta de los Derechos Fundamentales de la UE») (considerando 13).

De conformidad con su artículo 3, apartado 4, la Decisión Marco no puede tener por efecto el de modificar la obligación de respetar estos derechos y principios jurídicos fundamentales.

Como resultado, el Estado de emisión, especialmente en situaciones en las que se solicita el traslado de la condena sin el consentimiento de la persona condenada, debe garantizar que el traslado, el reconocimiento y la ejecución de la condenada no comprometan los derechos fundamentales básicos de la persona condenada.

Las condiciones penitenciarias ocasionan problemas significativos en varios Estados miembros de la UE, siendo el hacinamiento en los centros penitenciarios uno de los más apremiantes. La existencia de condiciones penitenciarias inhumanas o degradantes puede socavar gravemente la aplicación de los instrumentos de la UE sobre reconocimiento mutuo, ya que esto podría dar lugar a una violación de las disposiciones tanto del Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales (en lo sucesivo: «CEDH») como de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Sin embargo, esta cuestión, por el momento, solo ha sido tratada por el Tribunal de Justicia en el contexto de la Decisión Marco 2002/584 (42). En virtud de la Decisión Marco 2002/584, el Estado de ejecución está obligado por el principio de reconocimiento mutuo y, por lo tanto, tiene que ejecutar en principio la ODE y entregar a la persona en cuestión al Estado de emisión, a menos que se apliquen motivos de denegación. En cambio, las situaciones en virtud de la Decisión Marco hacen referencia al traslado de personas condenadas del Estado de emisión al Estado de ejecución. A este respecto, el Estado de emisión no tiene obligación de trasladar la condena si surgen dudas sobre las condiciones de detención, aun cuando el otro Estado miembro haya solicitado explícitamente el traslado. El artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que prohíbe la tortura y las penas o los tratos inhumanos o degradantes, se aplica igualmente a los traslados de condenados, en particular a los supuestos en los que un Estado desea trasladar a una persona sin su consentimiento.

3. Procedimiento de transmisión

3.1. Sujetos legitimados para iniciar el procedimiento

La Decisión Marco permite que el Estado de emisión, el Estado de ejecución y la persona condenada inicien el mecanismo para la realización de un traslado. Sin embargo, existen diferencias importantes según quién inicie el procedimiento.

El Estado de ejecución puede igualmente solicitar, por iniciativa propia, al Estado de emisión la transmisión de la sentencia. Asimismo, la persona condenada también puede solicitar a las autoridades competentes del Estado de emisión o del Estado de ejecución que inicien un procedimiento para la transmisión de la sentencia (artículo 4, apartado 5).

Sin embargo, en ambas situaciones, el Estado de emisión no tiene la obligación conceder la transmisión solicitada de la sentencia. Esto se deriva lógicamente del hecho de que el Estado de emisión sigue siendo el único agente que, en relación con el delito, ha dictado una sentencia teniendo competencia soberana para hacerlo. Como tal, el Estado de emisión tiene margen de discreción para evaluar las solicitudes del Estado de ejecución y de la persona condenada, o ambas.

Por ejemplo, el Estado de emisión podría desear no trasladar a la persona condenada si se prevé un encarcelamiento menos prolongado en el Estado de ejecución, teniendo en cuenta las disposiciones sobre la puesta en libertad anticipada y condicional en ese Estado. Los intereses de las víctimas también podrían tenerse en cuenta al decidir dónde podría el delincuente cumplir mejor su condena. Un Estado miembro también podría ser reacio a trasladar a una persona si dicho traslado supusiera la reintegración en el entorno criminal de su país de origen, en lugar de ir en pos de su reinserción social.

El poder absoluto de decisión del Estado de emisión se ilustra igualmente en el artículo 13 de la Decisión Marco, que indica que mientras no haya comenzado la ejecución de la condena en el Estado de ejecución, el Estado de emisión podrá retirar el certificado, indicando las razones de su proceder (artículo 17, apartado 3).

Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el Estado de emisión, por su parte, no tiene la obligación de transmitir la sentencia y el certificado, incluso si eso fuera en interés de la persona condenada. Como tal, no existe el «derecho» a traslado de la persona condenada (43).

Los Estados miembros cada vez está más concienciados de que las opiniones de las víctimas deben tenerse en cuenta en el contexto de la ejecución de las condenas de los delincuentes condenados, especialmente respecto al traslado internacional desde centros penitenciarios. Las víctimas pueden estar presentes tanto en el Estado de ejecución como en el de emisión. Muchos Estados miembros han establecido un procedimiento por el cual las víctimas tienen la oportunidad de ser consultadas sobre los traslados y su opinión es tenida en cuenta. Sin embargo, esto no constituye un derecho de las víctimas a oponerse a los traslados.

3.2. Procedimiento para recabar la opinión de la persona condenada

La persona condenada, cuando se encuentre aún en el Estado de emisión, debe tener la oportunidad de expresar su opinión (verbalmente o por escrito) sobre el traslado, el reconocimiento y la ejecución de la sentencia (artículo 6, apartado 3). Cuando el Estado de emisión lo considere necesario debido a la edad de la persona condenada o a su estado físico o psíquico, se dará esa oportunidad a su representante legal.

Siempre se debe pedir la opinión de la persona condenada, incluso si no se exige el consentimiento.

Si bien la opinión de la persona condenada no puede constituir un motivo de denegación relacionado con la reinserción social (considerando 10), dicha opinión debe tenerse en cuenta al evaluar la facilitación de la reinserción social y la conveniencia del traslado solicitado (artículo 6, apartado 3).

La información relativa a la opinión de la persona condenada debe proporcionarse en el recuadro k) del certificado:

k) Opinión de la persona condenada: 1. ☐ La persona no ha podido ser oída por encontrarse ya en el Estado de ejecución. 2. ☐ La persona se encuentra en el Estado de emisión y: a. ☐ ha solicitado la transmisión de la sentencia y del certificado ☐ ha dado su consentimiento a la transmisión de la sentencia y del certificado ☐ no ha dado su consentimiento a la transmisión de la sentencia y del certificado (indíquense los motivos aducidos por el condenado): … … b. ☐ Se adjunta la opinión del condenado. ☐ La opinión del condenado ha sido ya transmitida al Estado de ejecución con fecha de (dd-mm-aaaa): …

3.3. Notificación al condenado (artículo 6, apartado 4, y formulario del anexo II)

La autoridad competente del Estado de emisión informará al condenado, en una lengua que comprenda, de que ha decidido transmitir la sentencia junto con el certificado utilizando el formulario normalizado de notificación que figura en el anexo II. Cuando el condenado se encuentre en el Estado de ejecución en el momento de la decisión, dicho formulario se transmitirá al Estado de ejecución, que informará de ello al condenado (artículo 6, apartado 4).

En el anexo II de la Decisión Marco figura un formulario normalizado de notificación al condenado:

ANEXO II NOTIFICACIÓN AL CONDENADO Se le notifica por la presente la resolución de … (autoridad competente del Estado de emisión) de transmitir la sentencia de …(autoridad competente del Estado de emisión) de fecha… (fecha de la sentencia) …(número de referencia, si lo hubiera) a …(Estado de ejecución) a efectos de su reconocimiento y de la ejecución de la correspondiente condena con arreglo a la legislación nacional de aplicación de la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea. La ejecución de la condena se regirá por el Derecho de … (Estado de ejecución). Las autoridades del Estado de ejecución serán competentes para determinar el procedimiento de ejecución y todas las medidas conexas, incluidos los motivos de concesión de libertad anticipada o condicional. La autoridad competente de…(Estado de ejecución) debe deducir del período total de privación de libertad que haya de cumplirse, todo el período de privación de libertad ya cumplido en conexión con la condena. La autoridad competente de…(Estado de ejecución) podrá adaptar la condena únicamente cuando sea incompatible con el Derecho de dicho Estado en cuanto a su duración o a su naturaleza. La condena adaptada no deberá agravar por su naturaleza o por su duración la condena impuesta en … (Estado de emisión).

3.4. Documentos a enviar

3.4.1. Certificado

La Decisión Marco establece un proceso diferente al de los instrumentos multilaterales anteriores: en lugar de presentar una solicitud formal, el Estado de emisión trasmite la sentencia al Estado miembro al que desea trasladar la persona condenada. Para agilizar el proceso, la sentencia se acompaña de un certificado normalizado, que incluye la información necesaria para el traslado (artículos 4 y 5 y anexo I de la Decisión Marco). El certificado debe cumplimentarse de manera correcta y debe corresponder a la sentencia. El certificado tiene que ser firmado por la autoridad competente del Estado de emisión, que deberá certificar la exactitud de su contenido (artículo 5, apartado 2). En la página web de la RJE hay una herramienta en línea para redactar el certificado: Compendium (44).

El certificado deberá traducirse a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado de ejecución (artículo 23, apartado 1). Sin embargo, cada Estado miembro puede hacer constar mediante declaración depositada en la Secretaría General del Consejo que aceptará una traducción a una o varias de las demás de las lenguas oficiales de la UE. Si las secciones del certificado están incompletas o son imprecisas, el Estado de ejecución se ve en una situación en la que, al carecer de datos suficientes para tomar una decisión sobre el traslado, tiene que solicitar más información al Estado de emisión, lo que provoca demoras en el proceso.

Se pueden encontrar los certificados normalizados en todas las lenguas oficiales de la UE, así como las declaraciones en las lenguas aceptadas por los Estados miembros, en la página web de la RJE (45).

3.4.2. Sentencia

La autoridad competente del Estado de emisión debe enviar junto con el certificado la sentencia o una copia certificada de la misma.

Por regla general, no será necesaria la traducción de la sentencia (artículo 23, apartado 2). Sin embargo, sigue existiendo la posibilidad de que el Estado de ejecución solicite que la sentencia o partes esenciales de la misma se acompañen de una traducción. Para ello, los Estados miembros deben haber depositado primero una declaración en la Secretaría General del Consejo en la que indiquen que desean tener la oportunidad de formular dicha solicitud (artículo 23, apartado 3). En segundo lugar, tal solicitud solo puede hacerse cuando el Estado de ejecución considere que el contenido del certificado es insuficiente para decidir sobre la ejecución de la condena, y, cuando proceda, tras la consulta entre las autoridades competentes del Estado de ejecución y de emisión para indicar qué partes esenciales de la sentencia requieren traducción.

La información sobre la sentencia debe proporcionarse en los recuadros h) e i) del certificado:

h) Sentencia condenatoria: 1. La sentencia se refiere a un total de … infracciones. Resumen de los hechos y descripción de las circunstancias, incluidos lugar y tiempo, en que se cometieron la infracción o infracciones; tipo de participación de la persona condenada: … … … Naturaleza y tipificación legal de la infracción o infracciones y disposición legal o código aplicable en que se basa la sentencia dictada: … … … 2. Si la infracción o infracciones señaladas en el punto h) 1 se corresponden con una o más de las siguientes infracciones, definidas con arreglo a la legislación del Estado de emisión, que las castiga con una pena o medida privativa de libertad de un máximo de al menos tres años, márquense la casilla o casillas correspondientes: ☐ pertenencia a organización delictiva ☐ terrorismo ☐ trata de seres humanos ☐ explotación sexual de los niños y pornografía infantil ☐ tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas ☐ tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos ☐ corrupción ☐ fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas con arreglo al Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas; ☐ blanqueo del producto del delito ☐ falsificación de moneda, incluida la falsificación del euro ☐ delito informático ☐ delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico ilícito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas ☐ ayuda a la entrada y residencia en situación ilegal ☐ homicidio voluntario, agresión con lesiones graves ☐ tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos ☐ secuestro, detención ilegal y toma de rehenes ☐ racismo y xenofobia ☐ robo organizado o a mano armada ☐ tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antigüedades y las obras de arte ☐ estafa ☐ chantaje y extorsión de fondos ☐ violación de derechos de propiedad intelectual o industrial y falsificación de mercancías ☐ falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos ☐ falsificación de medios de pago ☐ tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento ☐ tráfico ilícito de materiales nucleares y radiactivos ☐ tráfico de vehículos robados ☐ violación ☐ incendio voluntario ☐ delitos incluidos en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional ☐ secuestro de aeronaves y buques ☐ sabotaje. 3. En caso de que la infracción o infracciones señaladas en el punto 1 no estén contempladas en el punto 2, o en caso de que se transmitan la sentencia y el certificado al Estado miembro que haya declarado que comprobará la doble tipificación (artículo 7, apartado 4, de la Decisión Marco), descríbanse con precisión la infracción o infracciones: … … … i) Información sobre la sentencia condenatoria: 1. Indique si el imputado compareció en el juicio del que deriva la resolución: 1. ☐ Sí, el imputado compareció en el juicio del que deriva la resolución. 2. ☐ No, el imputado no compareció en el juicio del que deriva la resolución. 3. Si ha marcado la casilla del punto 2, sírvase confirmar la existencia de uno de los siguientes hechos: ☐ 3.1a. el imputado fue citado en persona el … (día/mes/año) e informado así del lugar y la fecha previstos para el juicio del que deriva la resolución, y se le informó de que podría dictarse una resolución en caso de incomparecencia en el juicio; O ☐ 3.1b. el imputado no fue citado en persona, pero recibió efectivamente por otros medios, de tal forma que ha podido establecerse sin lugar a dudas que tenía conocimiento de la celebración prevista del juicio, información oficial de la fecha y lugar previstos para el juicio, y se le informó de que podría dictarse una resolución en caso de incomparecencia en el juicio; O ☐ 3.2. teniendo conocimiento de la celebración prevista del juicio, el imputado dio mandato a un letrado, bien designado por él mismo o por el Estado, para que le defendiera en el juicio, y fue efectivamente defendido por dicho letrado en el juicio; O ☐ 3.3. al imputado le fue notificada la resolución el … (día/mes/año) y se le informó expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer recurso, en el que tendría derecho a comparecer y se volverían a examinar los argumentos presentados e incluso posibles nuevos elementos probatorios, y de que el juicio podría dar lugar a una resolución contraria a la inicial, y ☐ el imputado declaró expresamente que no impugnaba esta resolución; O ☐ no solicitó un nuevo juicio ni interpuso un recurso dentro del plazo establecido. 4. Si ha marcado la casilla de los puntos 3.1b, 3.2 o 3.3, se ruega proporcionar información sobre cómo se cumplió la condición pertinente: … … 2. Datos sobre la duración de la condena: 2.1. Duración total de la condena (en número de días): … 2.2. Período total de privación de libertad ya cumplido en conexión con la condena a la que se refiera la sentencia (número de días): … a fecha de […] (menciónese la fecha en que se ha efectuado el cálculo: dd-mm-aaaa): … 2.3. Número de días que habrán de deducirse de la duración total de la condena por motivos distintos del mencionado en el punto 2.2 (por ejemplo, amnistías, indultos, medidas de clemencia, etc. ya pronunciadas en relación con la condena): …, a fecha de (menciónese la fecha en que se ha efectuado el cálculo: dd-mm-aaaa): … 2.4. Fecha de expiración de la condena en el Estado de emisión: ☐ No procede, porque la persona no se encuentra actualmente en prisión. ☐ La persona se encuentra actualmente en prisión y la condena, con arreglo a la legislación del Estado de emisión, se cumpliría en su totalidad el (indicar la fecha: dd-mm-aaaa): … 3. Tipo de condena: ☐ pena privativa de libertad ☐ medida de seguridad privativa de libertad (precísese): …

3.5. Información complementaria útil en posesión del Estado de emisión

Aunque la Decisión Marco no lo exige, se ha evidenciado en la práctica que ciertos documentos relacionados con el recluso pueden ser un complemento útil que incluir en la solicitud de traslado, o que pueden compartirse con el Estado de ejecución cuando el traslado tiene lugar y facilitar así la reubicación del recluso. Dichos documentos son: el historial del recluso, el registro de penas privativas de libertad, informes sobre la conducta del recluso (véase el Libro de recursos de EuroPris sobre el traslado de personas condenadas (46)).

3.6. Transmisión

La autoridad competente del Estado de emisión debe transmitir la sentencia o una copia certificada de la misma, junto con el certificado, directamente a la autoridad competente del Estado de ejecución. Se requiere constancia por escrito para que la autoridad competente del Estado de ejecución pueda verificar la autenticidad de la solicitud. Si el Estado de ejecución así lo solicita, se le enviará el original de la sentencia, o copia certificada de la misma, así como el original del certificado. Todas las comunicaciones oficiales entre las autoridades competentes mencionadas se harán también de forma directa (artículo 5, apartado 1).

La sentencia, o una copia certificada de la misma, y un certificado podrán ser transmitidos a la autoridad competente del Estado de ejecución por cualquier vía que deje constancia escrita del envío, por ejemplo por correo electrónico o fax, en condiciones que permitan al Estado de ejecución determinar su autenticidad (considerando 18).

El Estado de emisión transmitirá la sentencia junto con el certificado solo a un Estado de ejecución cada vez (artículo 5, apartado 3).

Si la autoridad competente del Estado de emisión desconoce cuál es la autoridad competente del Estado de ejecución, efectuará todas las investigaciones necesarias, incluso recurriendo a los puntos de contacto de la RJE a fin de obtener esa información del Estado de ejecución (artículo 5, apartado 4) (47).

Cuando una autoridad del Estado de ejecución que reciba una sentencia junto con un certificado no sea competente para reconocerla y adoptar las medidas necesarias para su ejecución, transmitirá de oficio la sentencia y el certificado a la autoridad competente del Estado de ejecución e informará de ello a la autoridad competente del Estado de emisión (artículo 5, apartado 5).

3.7. Solicitud de información sobre disposiciones relativas a la puesta en libertad anticipada o condicional

La ejecución de una condena se regirá por la legislación del Estado de ejecución. Las autoridades del Estado de ejecución son las únicas competentes para determinar el procedimiento de ejecución y todas las medidas conexas, incluidos los motivos de concesión de libertad anticipada o condicional (artículo 17, apartado 1).

La duración efectiva de la pena de prisión depende en gran medida de las disposiciones en materia de libertad anticipada y condicional vigentes en el Estado de ejecución. Las diferencias entre Estados miembros sobre este punto son considerables: por ejemplo, algunos Estados miembros liberan al condenado tras el cumplimiento de dos terceras partes de la condena, otros tras el cumplimiento de una tercera parte (48).

Cuando así se le solicite, el Estado de ejecución informará a la autoridad competente del Estado de emisión de las disposiciones aplicables en materia de libertad anticipada o condicional. El Estado de emisión podrá dar su acuerdo sobre la aplicación de dichas disposiciones o retirar el certificado (artículo 17, apartado 3).

Los Estados miembros podrán disponer que toda decisión en materia de libertad condicional o anticipada pueda tomar en consideración asimismo las disposiciones del Derecho nacional, que señale el Estado de emisión, en virtud de las cuales la persona tenga derecho a la concesión de libertad anticipada o condicional en una fecha determinada (artículo 17, apartado 4).

Se recomienda que el Estado de ejecución comunique y explique claramente sus disposiciones sobre puesta en libertad condicional aplicables al Estado de emisión y a la persona condenada. Esto puede implicar que se tenga que proporcionar información más detallada sobre las modalidades de ejecución, y no solo referir las disposiciones legales aplicables.

La información relacionada con la puesta en libertad anticipada y condicional en el Estado de emisión debe indicarse en el recuadro j) del certificado. Se puede incluir información más detallada sobre las disposiciones aplicables a la puesta en libertad anticipada y condicional en el recuadro j) del certificado:

j) Información relacionada con la libertad anticipada o condicional: 1. Con arreglo a la legislación del Estado de emisión, la persona condenada tiene derecho a la libertad anticipada o condicional, una vez cumplida: ☐ la mitad de la condena ☐ dos tercios de la condena ☐ otra parte de la condena (especifíquese): 2. La autoridad competente del Estado de emisión solicita que se le informe de: ☐ las disposiciones aplicables de la legislación del Estado de ejecución sobre la libertad anticipada o condicional del condenado; ☐ el inicio y el final del período de libertad anticipada o condicional. l) Otras circunstancias relacionadas con el asunto (información facultativa): … …

3.8. Solicitud de detención preventiva

Cuando la persona condenada se encuentra en el Estado de ejecución, este puede, a petición del Estado de emisión, detener a la persona condenada o adoptar cualquier otro tipo de medida destinada a garantizar que la persona condenada permanezca en su territorio. Dicha solicitud de detención puede hacerse antes de la llegada de la sentencia y el certificado, o antes de que se adopte la resolución de reconocimiento de la sentencia y ejecución de la condena. La duración de la condena no se verá aumentada como consecuencia del tiempo de privación de libertad transcurrido durante una detención preventiva (artículo 14).

Esta disposición permite al Estado de la condena garantizar que la persona condenada no se fugue, por ejemplo, mientras espera el resultado del examen realizado por el Estado de ejecución sobre si es realmente posible asumir la ejecución de la condena.

La información relacionada con la detención preventiva debe indicarse en el recuadro e) del certificado:

e) Solicitud de detención preventiva formulada por el Estado de emisión (en caso de que el condenado se encuentre en el Estado de ejecución): ☐ El Estado de emisión solicita al Estado de ejecución que detenga a la persona condenada o que adopte cualquier otro tipo de medida destinada a garantizar su permanencia en su territorio hasta que se resuelva sobre el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena. ☐ El Estado de emisión ha solicitado ya al Estado de ejecución que detenga a la persona condenada o que adopte cualquier otro tipo de medida destinada a garantizar su permanencia en su territorio hasta que se resuelva sobre el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena. Se ruega indicar el nombre de la autoridad del Estado de ejecución que haya resuelto sobre la solicitud de detención de la persona condenada (si procede y se conoce): … … …

3.9. Retirada del certificado

Mientras no haya comenzado la ejecución de la condena en el Estado de ejecución, el Estado de emisión podrá retirar el certificado a dicho Estado, indicando las razones de su proceder (artículo 13). De hecho, el Estado de emisión puede, sobre la base del artículo 17, apartado 3, solicitar información sobre las modalidades de ejecución de condena del Estado de ejecución, petición a la que este último debe responder con información precisa. Entonces, y aun antes de que haya comenzado la ejecución de la condena, el Estado de emisión puede decidir retirar el certificado. En particular, si el Estado de emisión considera que el traslado va a dar lugar a una liberación prematura, puede resolver no trasladar al recluso en cuestión y retirar el certificado.

Una vez retirado el certificado, el Estado de ejecución ya no ejecutará la condena.

PARTE II: RECONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA Y EJECUCIÓN DE LA CONDENA

4. Procedimiento de reconocimiento

4.1. Plazo para tomar la decisión sobre el reconocimiento y recursos contra la decisión de traslado

La Decisión Marco tiene por objetivo establecer un sistema nuevo, simplificado y más eficaz de traslado de la ejecución de sentencias a fin de facilitar y agilizar la cooperación judicial transfronteriza. Con ese mismo objetivo, se establecen plazos para la ejecución de esos traslados. La autoridad competente del Estado de ejecución decidirá con la mayor brevedad si reconoce la sentencia y ejecuta la condena, y comunicará al Estado de emisión dicha decisión, así como cualquier decisión de adaptar la condena (artículo 12, apartado 1). La resolución firme sobre el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena se tomará en un plazo de 90 días a partir de la recepción de la sentencia y el certificado (artículo 12, apartado 2).

El incumplimiento del plazo solo podrá admitirse cuando concurran circunstancias excepcionales. El Estado de ejecución informará con la mayor brevedad al Estado de emisión por cualquier medio, indicando los motivos de la demora y el plazo que estima necesario para adoptar la resolución firme (artículo 12, apartado 3).

Si bien es una objetivo en común que todos los Estados miembros garanticen que las personas condenadas puedan acceder a los derechos y recursos legales de conformidad con su Derecho nacional, los Estados miembros deben igualmente garantizar que los recursos de sus sistemas cumplen estrictamente los plazos de prescripción de la Decisión Marco (49).

De conformidad con el artículo 19, apartado 1, del TUE, los Estados miembros proporcionarán recursos suficientes para garantizar una protección jurídica eficaz en los ámbitos abarcados por el Derecho de la UE (véase también el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en lo que respecta al derecho a la tutela judicial efectiva).

Las personas condenadas pueden interponer un recurso contra la decisión de reconocer y ejecutar la sentencia con arreglo al Derecho del Estado de ejecución. Los Estados miembros deben garantizar que estos recursos no obstaculicen la aplicación expedita de la Decisión Marco y que se respeten los plazos. Por regla general, según el considerando 22, la resolución firme sobre el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena, incluido cualquier posible procedimiento de apelación, se completará en un plazo de 90 días a partir de la recepción de la sentencia y el certificado.

El Tribunal de Justicia ha dictaminado en el contexto de la Decisión Marco 2002/584 que esta no impide que los Estados miembros establezcan un recurso que suspenda la ejecución de la resolución de la autoridad judicial siempre que la resolución firme se dicte dentro del plazo de prescripción contemplado en dicha Decisión Marco (50).

4.2. Solicitud de traducción de la sentencia

Por regla general, no será necesaria la traducción de la sentencia (artículo 23, apartado 2). Sin embargo, sigue existiendo la posibilidad de que el Estado de ejecución solicite que la sentencia o partes esenciales de la misma se acompañen de una traducción. Para ello, los Estados miembros deben haber depositado primero una declaración en la Secretaría General del Consejo en la que indiquen que desean tener la oportunidad de formular dicha solicitud (artículo 23, apartado 3). En segundo lugar, tal solicitud solo puede hacerse cuando el Estado de ejecución considere que el contenido del certificado es insuficiente para decidir sobre la ejecución de la condena, y, cuando proceda, tras la consulta entre las autoridades competentes del Estado de ejecución y de emisión para indicar qué partes esenciales de la sentencia requieren traducción (artículo 23, apartados 2 y 3).

4.3. Aplazamiento

La Decisión Marco contempla el aplazamiento opcional del (no) reconocimiento cuando el certificado esté incompleto o no corresponda manifiestamente a la sentencia (artículo 11). La autoridad competente del Estado de ejecución puede fijar un plazo razonable para completar o subsanar el certificado [véase el artículo 9, apartado 1, letra a)].

4.4. Detención preventiva

Cuando la persona condenada se encuentra en el Estado de ejecución, este puede, a petición del Estado de emisión, detener a la persona condenada o adoptar cualquier otro tipo de medida destinada a garantizar que la persona condenada permanezca en su territorio. Dicha solicitud de detención puede hacerse antes de la llegada de la sentencia y el certificado, o antes de que se adopte la resolución de reconocimiento de la sentencia y ejecución de la condena. La duración de la condena no se verá aumentada como consecuencia del tiempo de privación de libertad transcurrido durante una detención preventiva (artículo 14).

Esta disposición permite al Estado de la condena garantizar que la persona condenada no se fugue, por ejemplo, mientras espera el resultado del examen realizado por el Estado de ejecución sobre si es realmente posible asumir la ejecución de la condena.

5. Decisión sobre reconocimiento y ejecución

5.1. Obligación general de reconocimiento y ejecución

La autoridad competente del Estado de ejecución reconocerá toda sentencia que haya sido transmitida y adoptará sin dilación las medidas necesarias para la ejecución de la condena, a no ser que decida acogerse a alguno de los motivos de no reconocimiento y de no ejecución (artículo 8, apartado 1).

5.2. Consentimiento del Estado de ejecución

El consentimiento del Estado de ejecución es un prerrequisito en todas las situaciones no abarcadas por el artículo 4, apartado 1, letras a) o b), por ejemplo, en el caso de nacionales que no vivan en el Estado de ejecución, ni serán expulsados a este, o las personas que residan en el Estado de ejecución sin ser nacionales de dicho Estado [artículo 4, apartado 1, letra c)]. En este caso, debe producirse una consulta obligatoria entre las autoridades competentes del Estado de emisión y del Estado de ejecución, y el Estado de ejecución puede negarse a cooperar si no da su consentimiento al traslado (considerando 8).

Cada Estado miembro puede hacer una excepción a esta regla mediante una notificación que indique que no se exige su consentimiento previo para la transmisión de la sentencia y el certificado (artículo 4, apartado 7) si la persona condenada:

a) vive y ha estado residiendo legalmente de forma continuada al menos durante cinco años en el Estado de ejecución y va a mantener un derecho de residencia permanente en dicho Estado (51), o

b) tiene la nacionalidad del Estado de ejecución en casos distintos de los contemplados en el artículo 4, apartado 1, letras a) y b).

Dicha notificación es válida en sus relaciones con otros Estados miembros que hayan realizado la misma notificación en el momento de la adopción de la Decisión Marco o en cualquier momento posterior (artículo 4, apartado 7).

En la ejecución de la Decisión Marco, los Estados miembros adoptarán medidas que tendrán en cuenta especialmente el objetivo de facilitar la reinserción social del condenado y que constituirán la base sobre la que sus autoridades competentes adoptarán las decisiones de autorizar o no la transmisión de la sentencia y del certificado en los casos contemplados en el artículo 4, apartado 1, letra c) (véase el artículo 4, apartado 6).

Las notificaciones de conformidad con el artículo 4, apartado 7, pueden consultarse en la página web de la RJE (52).

5.3. La lista de 32 delitos para los cuales no hay verificación de doble tipificación.

La autoridad de ejecución debe comprobar si alguno de los actos delictivos ha sido calificado por la autoridad de emisión como una de las 32 categorías de delitos enumerados en el artículo 7, apartado 1. La autoridad de ejecución solo puede controlar la doble tipificación de las infracciones que no están enumeradas en la lista de 32 delitos.

Cabe destacar que, a efectos de la valoración de las condiciones del artículo 7, apartado 1, solo tienen importancia la definición del delito y la pena máxima contempladas en el Derecho del Estado miembro emisor. La autoridad de ejecución debe reconocer lo indicado por la autoridad de emisión en el certificado.

Según la Decisión Marco, los Estados miembros tienen la posibilidad de seguir aplicando una prueba de doble tipificación asimismo a las 32 categorías de delitos. Para que se aplique esta excepción, se debe notificar una declaración a la Secretaría General del Consejo en el momento de la adopción del instrumento o en cualquier momento posterior que el Estado miembro considere apropiado. Asimismo, los Estados miembros pueden retirar estas declaraciones en cualquier momento (artículo 7, apartado 4). Muchos Estados miembros han hecho declaraciones que permiten un control de la doble tipificación de todos los delitos (véase la nota a pie de página n.o 14).

En su sentencia en el asunto C-289/15, Grundza (53), el Tribunal de Justicia interpretó el artículo 7, apartado 3, y el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco (en concreto, cómo debe apreciarse la condición de doble tipificación). El Tribunal de Justicia falló como sigue:

«38. […] incumbe a la autoridad competente del Estado de ejecución, a la hora de apreciar la doble tipificación, comprobar si los hechos que dan lugar a la infracción, tal como fueron plasmados en la sentencia dictada por la autoridad competente del Estado de emisión, también estarían sujetos, en cuanto tales, a una sanción penal en el territorio del Estado de ejecución si se hubieran producido en dicho territorio. […] 49. […] a la hora de apreciar dicha doble tipificación, lo que la autoridad competente del Estado de ejecución debe comprobar no es si ha resultado lesionado el interés protegido por el Estado de emisión, sino que debe tratar de determinar si, en el supuesto de que la infracción en cuestión se hubiera cometido en el territorio del Estado miembro al que pertenece aquella autoridad, se habría considerado que un interés semejante, protegido por el Derecho nacional de ese Estado, ha resultado lesionado.».

5.4. Adaptación de la condena

Dado que la Decisión Marco se basa en la confianza mutua en los sistemas jurídicos de los demás Estados miembros, procede respetar la resolución del órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que se haya dictado sentencia, absteniéndose en principio de toda revisión o adaptación (artículo 8, apartado 1) (54). Respecto a este principio de la llamada «ejecución continuada» (55) existen dos excepciones, ambas derivadas de la incompatibilidad de la condena impuesta en el Estado de emisión, ya sea en términos de duración o de naturaleza, con el Derecho del Estado de ejecución:

1) La duración de la condena difiere en el siguiente supuesto: cuando la condena del Estado de emisión sea incompatible con el Derecho del Estado de ejecución en cuanto a su duración, este último solo podrá adaptarla si supera la pena máxima prevista para delitos similares en virtud del Derecho nacional del Estado de ejecución (por ejemplo, traslado de una condena de 14 años por delitos de drogas a los que se aplica una pena máxima de 12 años según el Derecho nacional del Estado de ejecución). La duración de la condena adaptada no podrá sin embargo ser inferior a la pena máxima contemplada por la legislación del Estado de ejecución para delitos del mismo tipo (artículo 8, apartado 2).

2) La naturaleza de la condena difiere en el siguiente supuesto: cuando la condena del Estado de emisión sea incompatible con el Derecho nacional del Estado de ejecución en cuanto a su naturaleza, este puede adaptarla a la pena o medida contemplada en su Derecho para delitos similares (por ejemplo, una cadena perpetua puede adaptarse a una pena de 20 años). Sin embargo, la autoridad competente del Estado de ejecución debe asegurarse de que la pena o medida adaptada corresponda lo más fielmente posible a la condena original impuesta en el Estado de emisión. Además, la autoridad competente del Estado de ejecución no puede transformar la condena original en una sanción pecuniaria (artículo 8, apartado 3).

En ambas situaciones, cuando la adaptación se considere necesaria, la autoridad competente del Estado de ejecución informará con la mayor brevedad a la autoridad competente del Estado de emisión de su decisión de adaptar la sentencia (artículo 12, apartado 1).

Si el Estado de emisión no está de acuerdo con la adaptación de la sentencia, puede retirar el certificado (artículo 13).

La condena adaptada no podrá agravar por su naturaleza o por su duración la condena impuesta en el Estado de emisión (artículo 8, apartado 4).

Mientras la ejecución de la condena en el Estado de ejecución no haya comenzado, el Estado de emisión tiene la posibilidad de retirar el certificado, en caso de que considere la decisión de adaptar la condena en contra de sus intenciones iniciales de trasladar a la persona condenada (lectura combinada del artículo 12, apartado 1, y el artículo 13).

El artículo 8, apartados 2 y 3, hace referencia a la adaptación de la condena que impuso originalmente el Estado de emisión. Por lo tanto, las disposiciones sobre la adaptación de la condena no abarcan las medidas para la puesta en libertad anticipada y condicional, sino que corresponden a la ejecución de la condena. El régimen de ejecución de la condena se establece en el artículo 17 (véase la subsección 7.3).

5.5. Motivos para el no reconocimiento y la no ejecución

La obligación general de reconocer y ejecutar una condena que se haya transmitido (consagrada en el artículo 8, apartado 1) está limitada por los motivos de no reconocimiento y no ejecución, es decir, los motivos de denegación (artículo 9). Es importante tener en cuenta que estos motivos son los únicos que la autoridad de ejecución puede invocar como base para la no ejecución. El Tribunal de Justicia ha aclarado, en relación con la Decisión Marco 2002/584, que la lista de motivos de denegación es exhaustiva (56).

La aplicación de los motivos de denegación tiene carácter facultativo para la autoridad competente. El artículo 9 establece claramente que la autoridad competente del Estado de ejecución «podrá» denegar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena, lo que significa que la autoridad competente de ejecución todavía tiene margen de discreción para evaluar caso por caso la conveniencia de aplicar un motivo de denegación (57).

La autoridad competente del Estado de ejecución podrá negarse a reconocer la sentencia y ejecutar la condena si se aplican uno o más de los siguientes motivos de no reconocimiento y no ejecución:

5.5.1. Certificado incompleto o incorrecto [artículo 9, apartado 1, letra a)]

Cuando el certificado a que se refiere el artículo 4 esté incompleto o no corresponda manifiestamente a la sentencia, y no se complete o el error no se subsane dentro de un plazo razonable fijado por la autoridad de ejecución.

5.5.2. Incumplimiento de los criterios de transmisión [artículo 9, apartado 1, letra b)]

No se cumplen los criterios establecidos en el artículo 4, apartado 1. Véase la subsección 2.3.1 para una explicación más detallada.

5.5.3. Ne bis in idem [artículo 9, apartado 1, letra c)]

Si la ejecución de la condena vulnerase el principio ne bis in idem.

El Tribunal de Justicia ha dictado varias sentencias sobre la interpretación del principio ne bis in idem en relación con el artículo 54 del CAAS. Estas sentencias son aplicables a la Decisión Marco 2002/584 en virtud de la sentencia en el asunto C-261/09, Mantello (58), y aclaran conceptos como «resolución firme», «mismo hecho» y «pena ejecutada». En su sentencia en el asunto C-129/14 PPU, Spasic (59), el Tribunal de Justicia dictaminó que el artículo 54 del CAAS es compatible con el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, donde el principio ne bis in idem está consagrado.

Artículo 54 del CAAS

«Una persona que haya sido juzgada en sentencia firme por una Parte contratante no podrá ser perseguida por los mismos hechos por otra Parte contratante, siempre que, en caso de condena, se haya ejecutado la sanción, se esté ejecutando o no pueda ejecutarse ya según la legislación de la Parte contratante donde haya tenido lugar la condena».

Artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE

«Derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por la misma infracción. Nadie podrá ser juzgado o condenado penalmente por una infracción respecto de la cual ya haya sido absuelto o condenado en la Unión mediante sentencia penal firme conforme a la ley».

5.5.4. Falta de doble tipificación [artículo 9, apartado 1, letra d)]

En los casos mencionados en el artículo 7, apartado 3, y, de haber presentado el Estado de ejecución una declaración con arreglo al artículo 7, apartado 4, en uno de los casos contemplados en el artículo 7, apartado 1, la autoridad competente del Estado de ejecución puede negarse a reconocer la sentencia si esta se refiere a hechos no constitutivos de delito según el Derecho del Estado de ejecución.

Este motivo de denegación se refiere por tanto a:

1) aquellos delitos que no pertenecen a una de las 32 categorías de delitos enumerados en el artículo 7, apartado 1;

2) delitos que pertenecen a una de las 32 categorías de delitos enumerados en el artículo 7, apartado 1, pero que son punibles en el Estado de emisión solo con una pena de privación de libertad o un auto de internamiento por un período máximo de tres años; o

3) todos los delitos, cuando se haya efectuado una declaración en virtud del artículo 7, apartado 4.

En materia de impuestos o derechos, de aduana y de cambio, no podrá denegarse el reconocimiento y la ejecución de la sentencia aduciendo que la legislación del Estado de ejecución no impone el mismo tipo de impuestos o derechos o no contiene el mismo tipo de reglamentación en materia de impuestos, de derechos, de aduana o de cambio que la legislación del Estado de emisión.

En su sentencia en el asunto C-289/15, Grundza, el Tribunal de Justicia aclaró cómo debe apreciarse la condición de doble tipificación (véase la subsección 5.3).

5.5.5. Prescripción de la ejecución de la condena [artículo 9, apartado 1, letra e)]

La ejecución de la condena ha prescrito con arreglo a la legislación del Estado de ejecución.

5.5.6. Inmunidad en virtud del Derecho del Estado de ejecución [artículo 9, apartado 1, letra f)]

Existe inmunidad con arreglo al Derecho del Estado de ejecución que impide la ejecución de la condena.

5.5.7. Minoría de edad penal [artículo 9, apartado 1, letra g)]

La condena ha sido impuesta a una persona física que, debido a su edad, no habría podido ser considerada penalmente responsable con arreglo a la legislación del Estado de ejecución por los hechos que hayan motivado la sentencia.

Las legislaciones de los Estados miembros definen distintas edades mínimas de responsabilidad penal. Este motivo de no ejecución se aplica si, en el Estado miembro de ejecución, la persona buscada, debido a su edad, solo puede afrontar procedimientos civiles o contencioso-administrativos, pero no penales.

El Tribunal de Justicia ha aclarado, en el contexto de la Decisión Marco 2002/584 (60), que la autoridad judicial de ejecución debe (61) negarse a entregar únicamente a aquellos menores de edad que, de conformidad con el Derecho del Estado miembro de ejecución, aún no han alcanzado la edad por la que son penalmente responsables de los actos en los que se basa la ODE. Para evaluar esto, la autoridad judicial debe simplemente verificar si la persona en cuestión ha alcanzado la edad mínima requerida para ser criminalmente responsable en el Estado miembro de ejecución por los actos en los que se basa la ODE. La autoridad no tiene que considerar ninguna condición adicional, como una evaluación basada en las circunstancias del menor, de la que dependa el enjuiciamiento y la condena por tales actos en virtud del Derecho de ese Estado miembro.

5.5.8. El resto de la condena por cumplir es demasiado breve [artículo 9, aparado 1, letra h)]

Si a la recepción de la sentencia por la autoridad competente del Estado de ejecución, la parte de condena sin cumplir es inferior a seis meses.

Dado el plazo máximo de 120 días (90 días para tomar la resolución firme sobre el reconocimiento de la sentencia, véase el artículo 12, apartado 2, más 30 días para el traslado de la persona condenada, véase el artículo 15, apartado 1) contemplado en la Decisión Marco, un traslado puede ser considerado inapropiado por el Estado de ejecución si el resto de la condena por cumplir es inferior a 6 meses. El momento en que la sentencia fue recibida por el Estado de ejecución es pertinente al respecto.

5.5.9. Juicios celebrados sin comparecencia del imputado [artículo 9, apartado 1, letra i)]

La Decisión Marco 2009/299 modificó la Decisión Marco al introducir cambios en el artículo 9, apartado 1, letra i), sobre las sentencias dictadas en a raíz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado. Estas normas se refieren a situaciones en las que una autoridad de ejecución ha recibido una sentencia y se le pide que la reconozca y que ejecute la condena derivada de un procedimiento celebrado en el Estado de emisión sin comparecencia del imputado.

El artículo 9, apartado 1, letra i), de la Decisión Marco contiene un motivo de denegación: cuando, según el certificado previsto en el artículo 4, la persona no compareciese en el juicio que haya dado lugar a la resolución.

No obstante, esta norma contiene una serie de excepciones. Una autoridad de ejecución no puede negarse a ejecutar una solicitud de reconocimiento y cumplimiento de condena basándose en una resolución dictada a raíz de un juicio celebrado sin comparecencia del imputado, si en el certificado consta que el imputado, de conformidad con otros requisitos procesales definidos en la legislación nacional del Estado de emisión:

i) con suficiente antelación: — fue citado en persona e informado así del lugar y la fecha previstos para el juicio del que deriva la resolución, o recibió efectivamente por otros medios, de tal forma que pueda establecerse sin lugar a dudas que el imputado tenía conocimiento del juicio previsto, información oficial de la fecha y lugar previstos para el mismo, y — fue informado de que podría dictarse una resolución en caso de incomparecencia, o

ii) teniendo conocimiento de la celebración prevista del juicio, dio mandato a un letrado, bien designado por él mismo o por el Estado, para que le defendiera en el juicio, y fue efectivamente defendido por dicho letrado en el juicio, o

iii) tras serle notificada la resolución y ser informado expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso —en el que tendría derecho a comparecer y volverían a examinarse los argumentos presentados e incluso posibles nu