[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 25.1.2006

COM(2006) 30 finalPARTE 1

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO EUROPEO DE PRIMAVERA

HA LLEGADO LA HORA DE ACELERAR La nueva asociación para el crecimiento y el empleo

HA LLEGADO LA HORA DE ACELERAR: LA NUEVA ASOCIACIÓN PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO

El año pasado se produjo un giro decisivo en la Unión Europea: se acordó dar un nuevo impulso al crecimiento y al empleo. En 2005, la idea de que nuestros desafíos comunes precisan de respuestas comunes fue reconocida como nunca antes lo había sido. La Estrategia de Lisboa renovada mostró el modo en que una estrategia de la Unión Europea en favor del crecimiento y del empleo puede ser, y debe ser, más que la suma de sus partes. En la reunión de dirigentes europeos de Hampton Court se señaló con claridad meridiana que la Unión Europea es indispensable para la búsqueda de soluciones a problemas mundiales. Hubo un respaldo total al análisis de la Comisión Europea de los desafíos venideros y al ambicioso marco necesario para afrontarlos. Todo el mundo coincidió en que no podía darse por hecho el potencial de la Unión Europea ampliada: es necesario actuar para aprovechar al máximo dicho potencial y garantizar el desarrollo sostenible en el futuro.

Este consenso naciente se ha vuelto a poner de manifiesto en los Programas Nacionales de Reforma elaborados por los Estados miembros. La combinación de dichos programas supone un comienzo prometedor para el nuevo enfoque. Ahora es el momento de pisar el acelerador y poner en práctica los Programas Nacionales.

¿Cuáles son las medidas necesarias más urgentes? Son precisas más actividades de investigación y desarrollo, que sean más eficaces y estén mejor coordinadas. Debemos trabajar juntos a escala europea para garantizar que la investigación da lugar a productos y servicios innovadores, que generan crecimiento y puestos de trabajo. Para que nuestras empresas, especialmente las pequeñas y medianas, compitan con éxito en un mercado mundial con una competencia cada vez mayor, deben poder extraer fuerzas de un mercado interior de magnitud europea, un mercado sin obstáculos ni exceso de trámites administrativos y en el que las normas sean previsibles y las empresas dinámicas puedan prosperar.

Necesitamos que haya más trabajadores para financiar las pensiones de jubilación y la salud pública, puesto que la población va envejeciendo. En lo que respecta al trabajo, necesitamos un enfoque basado en el ciclo de vida. Los jóvenes necesitan ayuda para empezar sus vidas laborales. Los padres necesitan servicios asequibles de atención a los niños y un equilibrio adecuado entre la vida familiar y la vida laboral. Y no podemos permitirnos que los trabajadores abandonen el mercado laboral a partir de los cincuenta años.

En los últimos tiempos se nos ha recordado de diversas maneras la importancia de la energía para nuestras economías. No podemos permitirnos malgastarla, y debemos conseguir más energía de fuentes renovables y no contaminantes. Necesitamos seguridad de abastecimiento a precios asequibles. Para ello la competencia puede servir también de ayuda. Pero la Unión Europea debe también hablar con una sola voz cuando se trata del suministro procedente del exterior.

Por consiguiente, sabemos cuáles son nuestros objetivos y el modo de conseguirlos. Pero ahora lo difícil es convertir las buenas intenciones en acciones concretas. La reforma debe ser el principio director de la política económica nacional y comunitaria. Es vital que las medidas de los Estados miembros y las de la UE se complementen mutuamente para crear un potente motor del crecimiento y del empleo. Esa es nuestra responsabilidad común, y la tarea no se habrá acabado hasta que cada trabajador, cada empresa y cada consumidor puedan aprovechar los beneficios de la reforma.

Los resultados del primer año de la estrategia animan realmente a pensar que se está avanzando en la reforma económica, que la Unión Europea está en movimiento. Si hacemos mayores esfuerzos y que la reforma sea nuestra primera prioridad, la Estrategia de Lisboa renovada se considerará un auténtico cambio de rumbo hacia el crecimiento y el empleo en la Unión Europea. De todos nosotros depende que ello ocurra.

Ha llegado la hora de acelerar.

JOSÉ MANUEL DURÃO BARROSO

RESUMEN La Estrategia de Lisboa ha entrado en una nueva fase. El año pasado empezó con aires renovados y un cambio de rumbo del funcionamiento de dicha Estrategia. La atención se centra ahora en obtener resultados concretos. Al presentar sus Programas Nacionales de Reforma, los Estados miembros han aceptado una nueva responsabilidad y han expuesto compromisos detallados de actuación. Al mismo tiempo, el Programa Comunitario sobre la Estrategia de Lisboa señala lo que debe hacerse a nivel de la UE para complementar la labor nacional, regional y local. Los Programas Nacionales de Reforma juntos constituyen una buena base para hacer que avance el programa de reforma. Es absolutamente necesario dar prioridad al crecimiento y al empleo, y existe un amplio consenso sobre los desafíos principales ante los que nos hallamos. Al mismo tiempo, la actuación a nivel de la UE está en curso y recibirá un nuevo impulso una vez que se hayan ultimado los programas de gasto de la UE para el período 2007−2013. En consecuencia, los instrumentos están disponibles, los Programas Nacionales han mantenido el ritmo y ahora lo que se necesita es voluntad política para plasmar los compromisos en resultados reales en términos de crecimiento y empleo. Ha llegado la hora de acelerar. Ahora deben aplicarse los Programas Nacionales, basándose en un consenso nacional real. Ello no ocurrirá de la noche a la mañana. Tenemos que explicar mejor a nuestros ciudadanos las razones por las cuales la estrategia en favor del crecimiento y del empleo es el camino hacia la prosperidad y la justicia social a largo plazo. Deben potenciarse los programas, de modo que la reforma abarque todos los ámbitos clave de la política pública para el crecimiento y el empleo en todos los Estados miembros. Tal y como lo ha mostrado la reunión de Hampton Court, hay ámbitos clave en los que la Unión Europea podría destacar, en los que la adopción de decisiones audaces dará un nuevo impulso a la reforma: Si se da un salto adelante decisivo en lo que se refiere a la inversión en investigación e innovación, se explotará el potencial de la UE de ofrecer los bienes y los servicios que deseen los ciudadanos. Para ello es necesario efectuar una mayor inversión pública, reorientar el gasto actual hacia la investigación y la innovación y garantizar una mejor coordinación entre los Estados miembros. Es igualmente importante que el entorno sea el adecuado para que la investigación se traduzca en innovación y se estimule el crecimiento: los frutos de la excelencia en investigación no deben verse mermados por obstáculos innecesarios al uso comercial o limitando la libertad de acción de las universidades. Para desbloquear el potencial empresarial de la Unión Europea, debe crearse un entorno empresarial que anime a las empresas a empezar sus actividades y a crecer. La Unión Europea debe fomentar el espíritu empresarial despejando el camino para la creación de nuevas empresas. Los gobiernos deben estar dispuestos a facilitar la actividad de las empresas en cada una de las fases de su desarrollo, reduciendo los trámites administrativos para contribuir al desarrollo de las PYME en el país y en el extranjero y actuando eficazmente para facilitar que puedan acceder a la financiación que necesitan. Dado el envejecimiento de la población, la sociedad europea debe estar preparada para ayudar a más personas a que trabajen, a que trabajen más horas y a que trabajen de un modo en que se aproveche al máximo su talento. Para ello son necesarias políticas de empleo que ayuden a las personas a encontrar puestos de trabajo en cada fase de su vida laboral y eliminen los obstáculos para quienes desean trabajar. Las personas necesitan disponer de las competencias adecuadas en el momento adecuado, por lo que necesitan ayuda para afrontar los cambios y hallar nuevas salidas y deben ser capaces de adecuarse a las exigencias del mundo laboral a lo largo de su vida. Disponer de un suministro de energía asegurado y asequible supone tener un trampolín crucial para el crecimiento. Pero la energía es un recurso limitado que debe cuidarse bien. Para ofrecer un mercado interno real, maximizar los beneficios de la eficacia energética y de las energías renovables y garantizar el abastecimiento energético dentro y fuera de las fronteras de la UE, es necesario aplicar una política energética comunitaria. Las experiencias nacionales indican lo que es posible hacer y lo que debe hacerse. Los Estados miembros deben aprovechar este potencial y aprovechar más la experiencia de sus socios. Junto a la plena realización de los Programas Nacionales, en las próximas etapas se debe centrar la atención en medidas fundamentales para mantener el ritmo: La Comisión pide al Consejo Europeo que se comprometa a adoptar una serie de acciones concretas y con un calendario fijo en los siguientes campos: gasto en investigación y educación, facilitación del inicio de las actividades de las empresas y de la administración de éstas, ayuda a los desempleados a que encuentren trabajo, atención a los niños y política energética integrada en la Unión europea. Los ciudadanos, los trabajadores y los empresarios deben tener la sensación de que las políticas públicas están diseñadas para ayudarles a conseguir sus objetivos y no para plantearles dificultades. Deben hacerse mayores esfuerzos para lograr un consenso nacional real en el marco de los programas. Las instituciones de la UE y los Estados miembros deben garantizar que se establezca una estrategia de comunicación específica que abarque a todos los interesados nacionales, regionales y locales. Los interlocutores sociales deben desempeñar también un papel específico. |

- ÍNDICE

Ha llegado la hora de acelerar: la nueva asociación para el crecimiento y el empleo 2

Parte I – Ha llegado la hora de acelerar 7

1. La Unión Europea en movimiento: trabajar juntos para conseguirmás crecimiento y más empleo 7

2. Instrumentos de actuación pública 9

b2.1. Programa Comunitario sobre la Estrategia de Lisboa 9

b2.2. Programas Nacionales de Reforma 11

bb2.2.1. Evaluación de los distintos ámbitos de actuación 12

bb2.2.2. Conclusiones generales 15

3. Ha llegado la hora de acelerar: cuatro acciones en pro del crecimiento y el empleo 17

b3.1. Mayor inversión en conocimientos e innovación 18

b3.2. Liberar el potencial empresarial, en particular de las PYME 20

b3.3. Hacer frente a la globalización y el cambio demográfico 21

b3.4. Hacia una política energética europea eficaz e integrada 24

4. Seguimiento del Consejo Europeo de primavera 2006 26

b4.1. Aplicación y seguimiento de los Programas Nacionales de reforma 26

b4.2. Realización de la acción comunitaria 27

b4.3. Movilizar a todos los interesados tras un programa común 27

Apéndice – Lista de ejemplos que ilustran las políticas y medidas de los Estados miembros –en apoyo de los objetivos en materia de crecimiento y de empleo, en particular en los cuatro sectores prioritarios indicados en el apartado 3 29

Parte I – Ha llegado la hora de acelerar

1. LA UNIÓN EUROPEA EN MOVIMIENTO: TRABAJAR JUNTOS PARA CONSEGUIR MÁS CRECIMIENTO Y MÁS EMPLEO

Vivimos en un mundo en el que se producen rápidos cambios y que es interdependiente. Ello nos ofrece muchas oportunidades, pero también nos plantea muchos desafíos si queremos lograr una sociedad próspera y justa. En especial, si queremos llevar a cabo la tarea clave de crear más crecimiento y más empleo, las políticas públicas a todos los niveles deben incorporar las realidades del mundo moderno, como la globalización y el envejecimiento de la población europea. Ése es el único modo de conseguir modernizar nuestras economías y salvaguardar y fomentar los valores europeos, tanto en la Unión Europea como fuera de ella. Si obtenemos resultados concretos, podremos recuperar confianza en nuestra capacidad de satisfacer las expectativas de los ciudadanos.

En el Consejo Europeo de primavera de marzo de 2005, los dirigentes de la UE dieron la máxima prioridad política al crecimiento y al empleo . La Estrategia de Lisboa renovada supuso un nuevo compromiso de todos de ponerse en movimiento para llevar a cabo un programa de reformas positivo. Su nacimiento se debió al reconocimiento de que el éxito dependía de un enfoque global, mediante el que se consiguieran los mayores apoyos posibles y se llegara a todos los rincones de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea.

Dicho compromiso se ha visto respaldado por el acuerdo sobre las Directrices Integradas para el Crecimiento y el Empleo[1], que orientan de manera clara sobre el diseño de las reformas nacionales, y por la reunión informal de Hampton Court de octubre. En Hampton Court, los dirigentes europeos estudiaron el modo en que los valores europeos pueden sustentar la modernización de nuestras economías y sociedades y ayudarnos a afrontar los desafíos más importantes de una manera específicamente europea. A finales del año pasado, el acuerdo del Consejo Europeo sobre las perspectivas financieras supuso otro paso adelante, ya que, una vez se haya ultimado con el Parlamento Europeo, permitirá nuevas inversiones para modernizar la economía europea.

Por lo tanto, hay una visión común y un fuerte consenso sobre lo que debe hacerse, con un respaldo al más alto nivel . La Unión Europea debe utilizar toda la amplia gama de políticas e instrumentos de que dispone: no puede permitirse elegir sólo las opciones de conveniencia política. La aplicación de políticas macroeconómicas sólidas es un requisito fundamental para aprovechar al máximo el potencial de crecimiento. La Unión Europea precisa asimismo de un clima que permita que fluya la creatividad de los europeos ofreciendo un lugar más atractivo para invertir, innovar y trabajar. Liberando a las empresas de trámites administrativos innecesarios y de anticuados controles burocráticos, se impulsará la creación de nuevas empresas, se fomentará la expansión de las empresas existentes y se crearán nuevos puestos de trabajo. Una inversión privada y pública mayor y más eficaz actuará como catalizador para la economía basada en el conocimiento, estimulando los frutos de la investigación y las altas cualificaciones que favorecen la integración social y un mayor nivel de ingresos durante una vida laboral más larga y con mejor salud. El fomento de la innovación ecológica y la difusión de tecnologías ambientales aportarán sostenibilidad y también crecimiento. La modernización de nuestros mercados de trabajo y nuestros sistemas de protección social supondrá un mayor nivel de empleo, una mayor adaptabilidad a los cambios, una mayor productividad y un crecimiento económico más sostenible y más justo. La prosecución de la liberalización del comercio mundial mediante un acuerdo en la OMC al final de 2006 creará nuevas oportunidades e impulsará la competitividad tanto dentro como fuera de la UE. Todos esos objetivos deben lograrse respetando las exigencias del desarrollo sostenible.

La primera etapa para conseguir esos objetivos ha sido establecer los instrumentos necesarios. Para ello es preciso un enfoque de asociación, de modo que se tomen las medidas adecuadas al nivel adecuado.

- Los Estados miembros han elaborado Programas Nacionales de Reforma sobre la base común de las Directrices Integradas. Dichos programas son el instrumento clave para orientar la aplicación de la Estrategia de Lisboa, ya que ofrecen una lista de verificación y un patrón de referencia para efectuar un seguimiento de los avances en los meses y años venideros.

- El Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión están colaborando en las tareas que son necesarias a nivel comunitario para el crecimiento y el empleo. El Programa Comunitario sobre la Estrategia de Lisboa[2], que fue acogido favorablemente por el Consejo Europeo de diciembre de 2005, ha empezado a dar resultados concretos en relación con un número considerable de propuestas importantes como complemento de las iniciativas adoptadas por los Estados miembros.

En muchos ámbitos, el centro de gravedad de la actuación se halla a nivel de Estado miembro (o regional o local), como, por ejemplo, en cuanto a las políticas de empleo y del mercado de trabajo, respecto a las que el papel de los interlocutores sociales es también crucial. Pero el hecho de que las actuaciones se realicen a nivel local, regional o nacional no significa que no tengan efectos de alcance europeo, ya que, dada la interdependencia derivada del mercado único, incluso los países con una economía más fuerte se ven afectados por las deficiencias económicas de otros países.

Al mismo tiempo, el hecho de que los desafíos sean comunes significa que se pueden compartir las respuestas. Los gobiernos miran con demasiada poca frecuencia a sus socios en búsqueda de ideas y soluciones. Cada país tiene buenas ideas y buena experiencia que pueden servir de ejemplo. Los Programas Nacionales de Reforma representan un depósito de saber y experiencia que debe compartirse y difundirse. Aprovechar al máximo ese tesoro de mejores prácticas es la mejor manera de conseguir valor añadido de la Estrategia de Lisboa. Como primera etapa, en el presente informe se propone una serie de medidas esenciales como programa común de actuación nacional.

Por otra parte, también hay objetivos que no pueden lograr los Estados miembros por separado y que precisan de una actuación a nivel comunitario . El éxito de muchas iniciativas dependerá de que se apoye la labor nacional mediante actuaciones e inversiones comunitarias, de manera que la Unión Europea sea el lugar adecuado para vivir y trabajar. La Comisión Europea está dispuesta a llevar adelante este proyecto.

Actualmente, esta asociación debe pasar a una nueva fase . Los instrumentos para ello están disponibles y hay un consenso respecto a las políticas públicas que hay que aplicar. Para que la Estrategia de Lisboa permita dar un salto adelante, la actuación debe centrarse ahora en la ejecución.

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En la presente Comunicación al Consejo Europeo de primavera se expone la situación existente en el camino hacia la creación de un nuevo dinamismo para el crecimiento y el empleo en la Unión Europea:

- En la Parte I se evalúa el proceso de elaboración de los Programas de Reforma y se presenta un número limitado de iniciativas clave para su aprobación por parte del Consejo Europeo. Se adjunta una lista de ejemplos de iniciativas y medidas nacionales, que muestran el modo en que un intercambio fructífero de experiencias nacionales puede aportar beneficios mutuos reales.

- En la Parte II se analizan detalladamente los Programas Nacionales de Reforma, señalando los puntos fuertes y los puntos que los Estados miembros deben revisar y actualizar, y se hace una evaluación de la zona del euro.

- En el anexo I se efectúa un análisis más detallado de los aspectos macroeconómicos, microeconómicos y de empleo de los Programas Nacionales de Reforma. En lo que respecta a los aspectos referentes al empleo, ese análisis sirve también de base para el Informe Conjunto sobre el Empleo.

2. INSTRUMENTOS DE ACTUACIÓN PÚBLICA

Los dos instrumentos principales para la aplicación de la nueva Estrategia de Lisboa son el Programa Comunitario sobre la Estrategia de Lisboa, en el que se expone lo que es mejor hacer a nivel comunitario, y los 25 Programas Nacionales de Reforma, que son la respuesta de cada Estado miembro a los desafíos principales que han determinado. Estos instrumentos deben utilizarse conjuntamente para conseguir los mejores resultados.

2.1. Programa Comunitario sobre la Estrategia de Lisboa

Durante los primeros seis meses pasados desde la adopción del Programa Comunitario sobre la Estrategia de Lisboa se han conseguido avances significativos en el mismo. La Comisión ya ha adoptado dos terceras partes de las acciones previstas. Sin embargo, las propuestas legislativas sólo producirán efectos prácticos una vez que las hayan adoptado el Consejo y el Parlamento. Además, muchas de las acciones financieras dependen de la finalización y la realización de las perspectivas financieras de 2007−2013.

El Programa Comunitario sobre la Estrategia de Lisboa incluye una serie de iniciativas importantes sobre los decisivos efectos transfronterizos de la investigación y la innovación y sobre la fragmentación de la labor investigadora europea: el 7º Programa marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (IDT) y el Programa marco de Innovación y Competitividad. Además, la Comisión ha expuesto iniciativas concretas para mejorar el entorno de investigación e innovación en la Unión Europea en su Comunicación titulada «More research and innovation for Europe: a common approach»[3] («Más investigación e innovación para la Unión Europea: un enfoque común). El 7º Programa marco establece un nuevo modelo de apoyo a la investigación − Iniciativas Tecnológicas Conjuntas − en forma de asociaciones público−privadas para respaldar las investigaciones prometedoras en nuevos campos y dar a la industria europea una ventaja inicial en sectores que van de las pilas de hidrógeno y de combustible, la aeronáutica y el transporte aéreo a los medicamentos innovadores y la nanoelectrónica. Galileo, iniciativa de navegación por satélite, y el desarrollo de sistemas integrados de gestión del tráfico aéreo y por ferrocarril son otros ejemplos importantes de proyectos industriales punteros que tienen una fuerte magnitud europea.

La reforma del marco comunitario de las ayudas estatales a la I+D, tal y como está prevista, facilitará las asociaciones público−privadas y debería atraer mayores inversiones privadas en I+D. El programa incluye también iniciativas destinadas a impulsar la innovación ecológica y la adopción de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. El marco podrá ampliarse para incluir nuevas disposiciones de apoyo a la innovación, especialmente en lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, debe facilitarse la ayuda estatal a empresas jóvenes e innovadoras, no sólo mediante ayudas financieras directas sino también mediante un acceso más fácil a la financiación consistente en capital-riesgo. Como paso adicional importante hacia la realización del Programa Comunitario sobre la Estrategia de Lisboa, la Comisión ha puesto en marcha una política industrial nueva y más integrada para mejorar las condiciones generales de la industria manufacturera, la cual da empleo a más de 34 millones de personas, que representan más del 80 % del gasto de I+D del sector privado de la UE.

Varias iniciativas del Programa Comunitario sobre la Estrategia de Lisboa tienen como objetivo hacer que la Unión Europea sea un lugar más atractivo para invertir y trabajar. Entre ellas cabe destacar las iniciativas destinadas a plasmar en la realidad el mercado interior, las destinadas a avanzar en la reforma reglamentaria, las destinadas a mejorar el entorno fiscal y aduanero para la actividad económica y las destinadas a impulsar el acceso al mercado y la consecución de unos mercados con mayor competencia, sobre todo en lo que se refiere a los servicios energéticos y financieros, respecto a los que la Comisión ha puesto en marcha investigaciones.

Asimismo se ha propuesto legislación para crear un «espacio único de pagos» en la UE, de modo que los pagos transfronterizos sean tan sencillos y poco costosos como los pagos dentro de un país. Por sí solas, esas medidas podrán permitir a la UE ahorrarse entre 50 000 millones y 100 000 millones de euros anuales. Otras iniciativas que cabe destacar incluyen la mejora del acceso al capital-riesgo, sobre todo para las PYME. Mediante el Programa de Competitividad e Innovación podrá disponerse de nueva financiación, por ejemplo en forma de garantías e inversiones de capital-riesgo. Este programa contribuirá, además, a llevar al mercado soluciones innovadoras para mejorar el suministro de energía (en especial, de energías renovables) y también la demanda de energía (gracias a medidas de eficacia energética). Por otra parte, la Comisión ha propuesto ambiciosas medidas para contribuir a crear más y mejores puestos de trabajo gracias a la eliminación de obstáculos a la movilidad, un enfoque común respecto a la migración económica y esfuerzos para ocuparse de las consecuencias sociales de la reestructuración económica.

Las instituciones comunitarias y los Estados miembros tienen una responsabilidad compartida respecto a la calidad del entorno reglamentario. La Comisión ha potenciado sus esfuerzos para mejorar la calidad de la legislación comunitaria. Por descontado, los efectos de esas medidas serán mucho mayores si van acompañados de un esfuerzo decidido por parte de los Estados miembros para mejorar la calidad de sus normas nacionales y reducir los costes administrativos que imponen a sus ciudadanos y empresas.

2.2. Programas Nacionales de Reforma

Casi un año después del inicio de la nueva Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, la asociación ha efectuado un prometedor comienzo. Las responsabilidades de actuación están definidas claramente. Todos los Estados miembros han elaborado un programa de reforma nacional basándose en un único conjunto de directrices integradas. Estos Programas Nacionales de Reforma son los instrumentos principales para poner en práctica la nueva Estrategia de Lisboa para convertir las directrices integradas en una reforma asumida por los Estados miembros y de cuya realización éstos sean responsables. El hecho de que todos los Estados miembros hayan adoptado un programa de reforma nacional, con frecuencia con calendarios muy ajustados, ha sido un primer éxito significativo.

De conformidad con el nuevo enfoque de asociación, y para facilitar la cooperación y la visibilidad pública, todos los Estados miembros han designado un coordinador nacional para la Estrategia de Lisboa. Entretanto, muchos Estados miembros han aprovechado la elaboración de los Programas Nacionales de Reforma para simplificar la coordinación interna entre los diferentes departamentos gubernamentales. Por su parte, la Comisión ha mantenido estrechos contactos con las autoridades nacionales responsables de la preparación de los Programas Nacionales de Reforma, ayudándoles, siempre que ha podido, en la elaboración de la política nacional.

La Comisión ha evaluado detenidamente cada uno de los Programas Nacionales de Reforma, teniendo en cuenta la labor llevada a cabo por el Comité de Política Económica y el Comité de Empleo[4]. En la Parte II figura una evaluación detallada de cada programa nacional, destacando los puntos fuertes y otros puntos que pueden seguir desarrollándose y reforzándose. La Comisión anima a los Estados miembros a adherirse a los puntos señalados en sus conclusiones y prestará especial atención a esos aspectos en sus conversaciones de seguimiento con los Estados miembros y en el marco de la supervisión de la aplicación de los Programas Nacionales de Reforma a lo largo de 2006.

En aras de la consolidación y la estabilidad del proceso, la Comisión propone que se mantengan las directrices integradas sobre cuya base se han elaborado los Programas Nacionales de Reforma. Además, la Comisión ha decidido no hacer recomendaciones formales y específicas de un país en respuesta a los Programas Nacionales de Reforma. Este es el primer año de la asociación: es necesario cierto tiempo para integrar completamente los Programas Nacionales de Reforma en las políticas y estructuras nacionales. La Comisión da una gran prioridad a la creación de una estrecha relación de confianza y cooperación con los Estados miembros basada en la asunción de los programas por dichos Estados. Sin embargo, la Comisión no se abstendrá de utilizar los instrumentos que están a su disposición, incluidas las recomendaciones específicas de un país, cuando considere que ello contribuye a la buena aplicación de la Estrategia de Lisboa.

Pese a lo ajustado del calendario, la mayoría de los Estados miembros han hecho un esfuerzo real para asociar a los parlamentos nacionales, los interesados y los representantes de las entidades regionales y locales en la elaboración de su programa nacional respectivo. Dado que la Estrategia de Lisboa es un medio de un plan a largo plazo que precisa de una aplicación sobre el terreno, la participación continua de los parlamentos, las entidades locales, los interlocutores sociales y la sociedad civil es fundamental. De hecho, la aceptación pública depende de que los ciudadanos y las empresas reconozcan que la reforma es necesaria y que contribuirá a mejorar sus vidas; esa asunción sólo se logrará si desempeñan un papel en la constitución de la reforma, ya sea directamente o mediante organizaciones representativas. Queda mucho por hacer para convencer a las personas de que las reformas contribuirán a conseguir una prosperidad mayor y compartida y para asociarlas al proceso. Ello requerirá un gran esfuerzo por parte de los Estados miembros y de las instituciones de la UE.

2.2.1. Evaluación de los distintos ámbitos de actuación

En las directrices integradas se señalan tres ámbitos principales de actuación: el macroeconómico, el microeconómico y el referente al empleo. Se pueden extraer conclusiones de los Programas Nacionales de Reforma en esos ámbitos.

Ámbito macroeconómico

- La disciplina presupuestaria es el desafío macroeconómico más importante determinado por los Estados miembros. Dicha disciplina se suele definir en términos de sostenibilidad de la Hacienda pública: las reformas de las pensiones, del sistema de salud y del mercado de trabajo y la consolidación presupuestaria a corto plazo son instrumentos para lograr la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en una sociedad que envejece. El problema relacionado de aumentar la calidad de las finanzas públicas suele tratar de resolverse con medidas destinadas a aumentar la eficacia de la administración pública. Algunos nuevos Estados miembros han determinado que la introducción del euro es una cuestión clave que precisa de la consolidación presupuestaria y de la convergencia de los índices de inflación con los de la zona del euro. Otros factores mencionados por algunos Estados miembros son la balanza exterior y la estabilidad de precios.

- Para llegar al equilibrio de las finanzas públicas, los Estados miembros suelen preferir recortar gastos que aumentar los impuestos, pese a que con frecuencia no está claro dónde se realizan esos recortes. Sin embargo, en varios países, sobre todo en la zona del euro, no se dan suficientes detalles sobre las medidas concretas destinadas a conseguir la consolidación presupuestaria a corto plazo. La mayoría de los Estados miembros tienen la clara intención de mejorar la calidad de las finanzas públicas reservando recursos públicos para potenciar las inversiones en infraestructuras, capital humano y la I+D. No obstante, pocos Programas Nacionales de Reforma dan indicaciones explícitas sobre las consecuencias presupuestarias de las medidas propuestas.

- Los Estados miembros que forman parte de la zona del euro han presentado Programas Nacionales bastante completos y fundamentalmente orientados hacia el futuro para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, impulsar la productividad laboral mediante I+D, innovación y un entorno empresarial atractivo y aumentar las tasas de ocupación y participación. Las medidas van destinadas principalmente a elevar la edad efectiva de jubilación, aumentar la oferta de trabajo y reducir los trámites administrativos innecesarios. En líneas generales, dichos programas cuentan con el respaldo de la Comisión. Sin embargo, las medidas deben ir destinadas también a mejorar más rápidamente las situaciones presupuestarias, apoyar los ajustes del mercado de trabajo, crear mercados de servicios más integrados y en los que haya más competencia y culminar un mercado interior que funcione mejor.

- En las próximas décadas, el envejecimiento de la población europea irá ejerciendo una presión cada vez mayor en la Hacienda pública. Los Estados miembros reconocen que la modernización de los sistemas de jubilación y de pensión públicos y privados es un requisito previo esencial para la sostenibilidad de las finanzas públicas y, al mismo tiempo, para responder a las preocupaciones sociales y las transformaciones económicas. No obstante, en la mayoría de los países las medidas ya adoptadas o previstas parecen ser parciales o insuficientes.

- Es importante que la estrategia de reforma general sea coherente, de modo que las reformas de una zona apoyen las reformas de otra zona. A este respecto, algunos Estados miembros relacionan la sostenibilidad de las finanzas públicas con la reducción del empleo (un menor desempleo supone una reducción de costes, y con una mejor utilización de la mano de obra se obtienen mayores ingresos fiscales). Ese enfoque integrado aumenta la coherencia entre las distintas partes de los Programas Nacionales de Reforma.

Ámbito microeconómico

- En general queda bien reflejada en los Programas Nacionales de Reforma la necesidad de crear una economía basada en el conocimiento y mejorar el poder de atracción europeo como lugar para hacer negocios e invertir. Las políticas de investigación e innovación son prioridades clave para todos los Estados miembros. Muchos Estados miembros destacan la importancia de las medidas de fortalecimiento de la base industrial, en especial impulsando la formación de conglomerados industriales. Estos conglomerados agrupan a universidades, centros de investigación y empresas (pequeñas y grandes) que, gracias a su cooperación e interacción estrechas, tienen efectos positivos en la innovación y la transferencia de conocimientos, lo que, a su vez, produce beneficios considerables para la economía en su conjunto. Los Estados miembros reconocen que facilitar el acceso a la financiación es una cuestión importante, si bien sus enfoques para conseguirlo son distintos. De entre las cuestiones principales que deben abordarse, la mayoría de los Estados miembros destacan también el entorno y el espíritu empresariales, la utilización sostenible de los recursos (incluyendo las energías renovables y la eficacia energética), las conexiones de transporte y la logística.

- Si se logran los objetivos de gasto en I+D en los dieciocho países que se han fijado objetivos en ese ámbito (parciales en algunos casos), se calcula que dicho gasto aumentará en un 2,6 % aproximadamente para 2010. Ese gasto, expresado en porcentaje del PIB, se ha quedado más o menos estancado des de 2001 en torno al 1,9 % en la UE. A medio y largo plazo, será necesario en la mayoría de los Estados miembros fortalecer más los sistemas nacionales de I+D e innovación. Además, si bien todos los Estados miembros reconocen la importancia de que haya una utilización amplia y eficaz de las tecnologías de la información y la comunicación y de las tecnologías ambientales, no siempre queda clara la relación entre los problemas determinados y las medidas propuestas para resolverlos.

- Los Programas Nacionales de Reforma contienen muchos ejemplos de iniciativas interesantes en una serie de ámbitos. Por ejemplo, las mayoría de los Estados miembros están tratando de explotar las sinergias entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente (invirtiendo en fuentes alternativas de energía, fomentando la eficacia energética, potenciando la innovación ecológica y protegiendo los activos naturales). La mayoría de los Programas Nacionales se centran también en la importancia de las infraestructuras modernas de transporte y las tecnologías de la información y la comunicación (p. ej., la disponibilidad de la banda ancha). Estos son ejemplos precisamente del tipo de inversiones que los Estados miembros deben tratar de fomentar con la ayuda de los recursos de la política de cohesión y la política de desarrollo rural.

- En general, el funcionamiento del mercado interior y la necesidad de reforzar la competencia y el acceso al mercado han recibido una mayor atención. Sólo unos cuantos Estados miembros mencionan medidas concretas, por ejemplo para garantizar la plena aplicación de las directivas comunitarias, ámbito en el que es preciso hacer mayores esfuerzos, por ejemplo respecto a la apertura real de los mercados de la energía, mejorar el acceso a los contratos públicos o garantizar una competencia real en el sector de los servicios.

- En cuanto a las PYME, la mayoría de los programas no van suficientemente lejos como para fomentar una actitud más positiva hacia el espíritu empresarial y animar a más personas a que abran un negocio. A este respecto son importantes la educación, la facilitación del traspaso de empresas existentes y la reducción del estigma del fracaso. Deben tomarse en consideración asimismo medidas relativas al acceso a la financiación o medidas específicas conexas para mejorar las inversiones.

- Una reglamentación mejor es vital para crear un entorno empresarial en el que haya más competencia y eliminar los obstáculos a la innovación y el cambio. Casi todos los Estados miembros se ocupan de esos temas, pero en muchos casos es necesario un enfoque más integrado. Debe actuarse a nivel comunitario, pero ello no será suficiente por sí solo. La mayor parte de la reglamentación que afecta a las empresas, por ejemplo en los ámbitos de la fiscalidad, la seguridad social o la planificación regional, se realiza a nivel nacional (o local). Además, también hay importantes diferencias en el modo en que los Estados miembros aplican las directivas comunitarias, lo cual ocasiona costes administrativos que la medida legislativa europea no precisa por sí misma. Para conseguir un cambio real en el entorno empresarial, será necesario un cambio cultural en el modo en que se preparan y adoptan las decisiones.

- Una aplicación global y coordinada de las diferentes políticas microeconómicas producirán unos beneficios mucho mayores que la suma de las políticas individuales. Por ejemplo, las ganancias obtenidas gracias a un aumento de la inversión en I+D serán mayores cuando las nuevas tecnologías sean adoptadas por el mercado, lo que, a su vez, depende del grado de competencia que haya en los mercados de productos y servicios.

Ámbito referente al empleo

- Todos los programas conceden una gran importancia a atraer y mantener a más personas en situación de empleo. Ello es crucial para atenuar el impacto del envejecimiento de la población en la oferta de mano de obra y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Diecisiete Estados miembros están planificando actualmente sus medidas con la ayuda de los objetivos nacionales de nivel de empleo. Se está realizando, o está prevista, una labor especial para mejorar la situación de empleo de las mujeres. Otras medidas están previstas para ayudar a los trabajadores de más edad, apoyar la integración de los jóvenes y los desfavorecidos en el mercado de trabajo y modernizar los sistemas de protección social. Esa labor se ajusta en líneas generales a los compromisos contraídos en el marco de los objetivos comunitarios en lo que respecta a la protección social y la integración social. No obstante, la eficacia y la sostenibilidad de esa labor se ven mermadas por la tendencia hacia políticas parciales. Las posibilidades de obtener buenos resultados aumentarían si se utilizaran enfoques basados en el ciclo vital a fin de facilitar el paso entre empleos a lo largo de una carrera.

- Se descuida ampliamente la importancia de adoptar más medidas para mejorar la adaptabilidad de los trabajadores y de las empresas. El aumento de la capacidad de respuesta de los mercados de trabajo europeos es crucial para el impulso de la actividad económica y la consecución de una mayor productividad. Sin embargo, el equilibrio actual entre la flexibilidad y la seguridad en muchos Estados miembros ha dado lugar a mercados de trabajo cada vez más segmentados. Debe prestarse mayor atención a establecer las condiciones necesarias para conseguir la «flexiguridad», que consiste en una combinación de contratos de trabajo suficientemente flexibles con políticas del mercado de trabajo eficaces y activas que apoye el paso de un empleo a otro, un sistema de aprendizaje a lo largo de toda la vida fiable y que responda rápida y positivamente y una protección social adecuada. El potencial de avance mediante conexiones entre los sistemas fiscal y de prestaciones sociales es un buen ejemplo de tema en que los Estados miembros pueden mirar a sus socios para buscar inspiración. Por otro lado, debe prestarse mayor atención a la participación activa de los interlocutores sociales.

- Los Estados miembros reconocen la importancia crucial de desarrollar las competencias técnicas necesarias en las economías basadas en el conocimiento y la necesidad de invertir en capital humano mediante una mejor educación y mejores competencias técnicas. Sin embargo, las iniciativas se centran más en las reformas cualitativas de los sistemas educativos y un mejor acceso a las titulaciones y la transparencia de las mismas que en la potenciación de las inversiones y la consecución de un adelanto decisivo.

2.2.2. Conclusiones generales

Los Programas Nacionales constituyen una buena base para hacer que avance el programa de reformas, si bien no todos tienen la misma calidad . Hay un amplio acuerdo sobre el diagnóstico y los problemas clave que deben tratarse de modo prioritario: por ejemplo, la sostenibilidad de las finanzas públicas, la oferta de mano de obra, la I+D y la innovación, en entorno empresarial y la sostenibilidad ambiental.

Las principales conclusiones que pueden extraerse en esta fase inicial son las siguientes:

- Partiendo del reconocimiento de que los Estados miembros tienen diferentes puntos de partida, hay diferencias importantes entre los programas. Por ejemplo, el enfoque adoptado respecto a los objetivos es bastante variado: algunos Estados miembros han avanzado mucho en la integración entre los objetivos comunitarios y los objetivos nacionales y han fijado objetivos y calendarios claros, a menudo cuantitativos, que pueden servir para medir los avances. No obstante, otros programas son menos completos en esta fase y podrían beneficiarse de la consideración de los enfoques adoptados por otros Estados miembros con problemas similares. Algunos programas describen claramente el contenido y la forma de las medidas adoptadas o propuestas, pero otros no dan ese tipo de información. También suelen faltar los objetivos y los calendarios, así como mayores detalles sobre los aspectos presupuestarios de las reformas previstas. Todo ello dificultará la consecución de resultados concretos.

- Puede reforzarse la integración entre los tres ámbitos (macroeconómico, microeconómico y empleo). Los Programas Nacionales de Reforma son instrumentos vitales para elaborar un enfoque coherente, pero algunos programas han conseguido serlo más que otros. Los avances obtenidos en un ámbito suelen depender de los avances obtenidos en otros. Por ejemplo, los beneficios obtenidos con inversión adicional en I+D serán mucho mayores si se dan las condiciones necesarias para convertirlos en crecimiento, como, por ejemplo, unos mercados en los que haya un buen nivel de competencia, un entorno reglamentario apropiado y una mano de obra altamente cualificada.

- Si bien la competencia y la eliminación de obstáculos al acceso al mercado, especialmente en el sector de los servicios, son considerados desafíos por alrededor de la mitad de los Estados miembros, sólo en algunos Programas Nacionales de Reforma se afrontan realmente esos desafíos. Disponer de mercados en los que haya un buen nivel de competencia es un requisito previo para lograr los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Además, muchos Estados miembros han fijado objetivos nacionales respecto a la inversión en I+D y empleo, pero algunos no lo han hecho, pese a las decisiones del Consejo Europeo.

- Un gran número de Estados miembros deben garantizar que los recursos comunitarios para la cohesión y el desarrollo rural se destinan a apoyar la Estrategia de Lisboa en general. Efectivamente, dichos recursos deben programarse para prestar un apoyo directo a los Programas Nacionales de Reforma. Por lo demás, son necesarios mayores esfuerzos para desarrollar mecanismos de coordinación entre los responsables de los Programas Nacionales de Reforma y los que preparan los programas de los fondos estructurales para el período 2007−2013. Esa coordinación debe realizarse rápidamente, ya que se está intensificando la preparación de estos programas, empezando por la adopción de las estrategias nacionales de la política de cohesión (los denominados «Programas Estratégicos Nacionales de Referencia»).

- Por último, conviene subrayar que, con sólo algunas excepciones, la asunción pública de la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo es muy limitada. La cobertura de los medios de comunicación ha sido también bastante limitada. Por consiguiente, todavía no podemos decir que se haya puesto al corriente de la estrategia, sin hablar de su asunción, a amplios segmentos de la población, de modo que es necesario adoptar una estrategia de comunicación específica, utilizando al máximo el análisis económico y mostrando el modo en que las medidas pueden aportar beneficios reales para los ciudadanos individuales. De manera similar, los interlocutores sociales, que tienen un papel importante que desempeñar como participantes en el proceso y como repetidores de mensajes, deben participar más activamente en el proceso de gobernanza.

3. HA LLEGADO LA HORA DE ACELERAR: CUATRO ACCIONES EN PRO DEL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO

La Comisión insta a los Estados miembros a que apliquen sus Programas Nacionales de Reforma íntegramente y a tiempo . No obstante, la elaboración y evaluación de dichos programas ha revelado la existencia de lagunas por colmar y de sinergias por explotar. En algunos casos, los Estados miembros pueden colmar las lagunas mejorando sus programas nacionales, inspirándose en las experiencias de sus socios. En otros casos, los Estados miembros han encontrado soluciones a problemas concretos que, aplicadas por todos los Estados miembros, aportarían considerables ventajas a toda la Unión Europea. Existen asimismo problemas que no son abordables en un solo Estado miembro y cuya verdadera solución depende de la coordinación de las acciones tanto a nivel europeo como nacional.

- De acuerdo con los programas de reforma nacionales, bastantes Estados miembros esperan incrementar su gasto en I+D, aunque no se alcanzará el objetivo fijado para el conjunto de la UE de invertir como mínimo el 3 % del PIB. Para lograr tal objetivo, todos los Estados miembros deben hacer un esfuerzo; es necesario el correcto funcionamiento de los mercados, un aumento del gasto, una mejor asignación de los gastos y una mayor complementariedad de los presupuestos nacionales y comunitario. El aumento del gasto en I+D tiene que ir unido a la mejora de las infraestructuras ligadas al conocimiento, la búsqueda de la excelencia en materia educativa y de investigación, el refuerzo de los sistemas de innovación, así como la garantía de que las políticas del mercado interior sirven plenamente a la conversión de la investigación y la innovación en valor.

- Muchos programas de reforma nacionales solo prestan una atención limitada a la mejora del acceso al mercado y la competencia . A menudo, las reglas y prácticas nacionales, así como la autorregulación, pueden fragmentar el mercado y obstaculizar la competencia. Los Estados miembros deben esforzarse más por identificar en sus programas modos de eliminar tales reglas y restricciones. La Comunidad tiene también una responsabilidad importante a la hora de asegurar una competencia efectiva y leal (por ejemplo, actuando enérgicamente contra los carteles que fijan los precios y la cuota de mercado, aumentan los precios de los insumos y perjudican al consumidor) y de lograr un verdadero mercado interior en toda la Unión. Por otro lado, varios programas nacionales destacan acciones encaminadas a facilitar la creación y gestión de empresas, promover una cultura más empresarial y crear un entorno más favorable para las PYME.

- En los decenios venideros, Europa va a enfrentarse a las consecuencias del envejecimiento de la población . En los Programas Nacionales se admite que es necesaria una revisión radical del sistema de jubilación y de pensiones para asegurar el crecimiento del empleo y la viabilidad de la Hacienda pública. Sin embargo, las medidas ya tomadas o previstas en la mayoría de los Estados miembros no están a la altura de este desafío. Hay que tomar medidas urgentes para facilitar la integración de los jóvenes en el mercado de trabajo, de conformidad con el Pacto Europeo para la Juventud, para equilibrar mejor la vida profesional y familiar y hacer más atractiva la continuación en el puesto de trabajo para los trabajadores de más edad. Además, la adaptibilidad de los mercados de trabajo representará un problema cada vez mayor. La globalización representa también nuevos desafíos para la Unión. Aumenta la necesidad de una mayor capacidad de adaptación de los mercados de trabajo, pero ofrece también nuevas perspectivas como consecuencia de una mayor apertura de los mercados de los terceros países.

- Muchos programas señalan la importancia de la energía; Europa necesita una política energética realmente integrada que fomente el crecimiento, ofrezca una mayor seguridad de abastecimiento y contribuya a aumentar el rendimiento y a conservar el medio ambiente. Aunque se han realizado progresos importantes en cuanto a la apertura de los mercados nacionales, todavía no existe un mercado europeo de la energía. La cuestión de la energía se plantea a escala mundial y solo una respuesta a nivel europeo será capaz de satisfacer nuestras necesidades.

De conformidad con lo anterior, la Comisión ha identificado 4 acciones prioritarias que necesitan ser impulsadas desde el más alto nivel político y cuya aplicación debería hacerse con rapidez – a más tardar a fines de 2007 . El Consejo Europeo de primavera de 2008 podrá así lanzar la segunda fase de la estrategia para el crecimiento y el empleo sobre bases sólidas.

Las cuatro acciones siguen un enfoque integrado: comprenden distintos sectores de políticas, algunas de las cuales se discutieron en la Cumbre de Hampton Court, que están íntimamente relacionadas. Por separado, contribuirán de manera importante al crecimiento y el empleo y prepararán a Europa para el futuro. Conjuntamente, en el contexto de la nueva asociación entre la Comunidad y los Estados miembros, crearán un potente vector dinámico para impulsar el mecanismo de crecimiento y empleo en Europa.

3.1. Mayor inversión en conocimientos e innovación

Dada la importancia de la I+D para el futuro crecimiento y para la aportación de soluciones a los numerosos problemas actuales de nuestra sociedad, es muy preocupante comprobar que la UE probablemente no logre el objetivo que se había fijado para 2010 de aumentar el gasto en investigación al 3 % del PIB (del cual dos tercios corresponden al sector privado y un tercio el sector público).

La Comisión es consciente de que los Estados miembros tienen que controlar el gasto público, pero considera que existe un considerable margen de mejora de la calidad de este gasto transfiriendo los recursos disponibles, en especial las ayudas públicas, a usos más productivos y mejorando la coordinación entre Estados miembros para evitar las costosas duplicaciones de esfuerzos. También se puede mejorar la eficacia de las ayudas del sector público a la I+D, por ejemplo, mediante una utilización mayor y más racional de los incentivos fiscales (como créditos fiscales o bonos) que algunos Estados miembros han incluido en sus Programas Nacionales. La decisión del Consejo Europeo de reservar para su asignación el gasto de cohesión vinculado a los objetivos de Lisboa demuestra que prioridades como la investigación se pueden integrar en distintas políticas.

La contribución más importante, sin embargo, debería proceder del sector privado. Para lograr que en Europa la industria invierta más en I+D, es esencial encaminar mejor las políticas de mercado interior para favorecer la economía del conocimiento y estimular el dinamismo del mercado en favor de la investigación intensiva y de bienes y servicios innovadores. A tal fin, habrá que mejorar las condiciones de acceso al mercado, facilitar el acceso a fuentes de financiación externas (capital-riesgo, préstamos, instrumentos de riesgo compartido) e integrar los mercados financieros, utilizar más la contratación pública con vistas a la creación de un entorno favorable a las soluciones innovadoras del sector privado, eliminar los obstáculos a la movilidad de los investigadores (entre países y entre sectores) y aplicar un sistema moderno y asequible de protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial que preserve el equilibrio entre la protección del titular del derecho y la garantía de que las ideas puedan circular en una sociedad de la información dinámica. Serán asimismo necesarios métodos más efectivos de fijar normas para los productos de alta tecnología, que sean interoperables y reflejen los intereses de las empresas europeas. La política de la competencia es otra de las herramientas importantes para fomentar la inteorperabilidad y estimular la innovación[5].

Si una mayor inversión en conocimientos e innovación es necesaria, no es suficiente por sí misma para garantizar el futuro económico de Europa. En último término, la contribución al crecimiento y el empleo estará determinada por los resultados de la I+D a través de la innovación, es decir, de los productos y servicios que la población mundial desee comprar. Por consiguiente, hay que prestar especial atención a la calidad de nuestros sistemas de innovación[6]. Se puede explorar el potencial de las agrupaciones como conglomerados innovadores del crecimiento y el empleo, en particular la formación y la cooperación de las agrupaciones dentro de la UE. En la Cumbre de Hampton Court se solicitó también la adopción de medidas urgentes a fin de promover la excelencia en la investigación y la educación, en particular en universidades de prestigio mundial, con vías de financiación adecuadas y más vínculos con las empresas.

Acción 1: Mayores inversiones en conocimiento e innovación Los Estados miembros deberían asumir un compromiso más firme en materia de I+D e innovación. Antes del Consejo Europeo de primavera, todos los Estados miembros deben fijar un objetivo de gastos en I+D para 2010 a fin de que el Consejo Europeo pueda establecer un objetivo plausible para el conjunto de la Unión. Para ello, ajustándose al llamamiento previo del Consejo de Europa de reducir y dirigir mejor las ayudas, se puede reorientar el gasto público hacia I+D, por ejemplo, duplicando el porcentaje de la ayuda estatal asignada a este sector, que pasaría a ser el 25 % (en lugar del 12 % actual). Esto podría servir, por ejemplo, para aumentar la concesión de incentivos fiscales específicos al sector privado de conformidad con las orientaciones que facilitará la Comisión. Asimismo, la asignación de un porcentaje mucho más alto de los fondos estructurales de la UE a la I+D, la innovación y las TIC (infraestructuras y aplicaciones para acelerar la oferta de banda ancha, por ejemplo) puede favorecer la competitividad y la cohesión regional y beneficiar especialmente a las PYME[7]. Por lo que se refiere a la inversión privada en I+D, habría que crear unas condiciones más atractivas para los mercados intensivos en tecnología, lo cual implica una mejor utilización de la contratación pública, regulaciones y normas que favorezcan la innovación y se basen en un reconocimiento rápido de las necesidades. Los Estados miembros y la Comisión deberían lanzar iniciativas encaminadas a crear mercados europeos avanzados en los principales sectores tecnológicos[8], apoyándose en las plataformas tecnológicas europeas. La UE necesita aumentar su inversión en educación superior[9] (actualmente gasta solo el 1,28 % del PIB en comparación con el 3,25 % en los EE.UU.; la diferencia se debe principalmente a que la financiación del sector privado es mayor en los EE.UU.). Para fines de 2007 habrá que permitir a las universidades que busquen fuentes de financiación privadas; convendría suprimir los obstáculos jurídicos y de otro tipo a la formación de asociaciones entre universidades y empresas, todas las universidades técnicas deberían contar con una oficina de transferencia de tecnologías y habría que crear un Instituto Europeo de Tecnología. Habrá que impulsar un alto nivel de conocimientos en matemáticas y ciencia para incrementar la capacidad de innovación; sería conveniente que los Estados miembros impusieran la enseñanza obligatoria de dos lenguas extranjeras en sus sistemas educativos nacionales. El objetivo tendría que ser que la UE adjudicara a la educación superior como mínimo el 2 % del PIB para 2010. |

- 3.2. Liberar el potencial empresarial, en particular de las PYME

Comparados con otras regiones prósperas del mundo, los mercados europeos siguen muy fragmentados, en especial el de servicios. El precio a pagar es muy alto, traducido en términos de menores niveles de innovación y de un crecimiento de la productividad más bajos[10]. Con demasiada frecuencia, la aplicación insatisfactoria o tardía de las directivas comunitarias deniega a las empresas la facilidad de acceso a un gran mercado interior. Es indudable que esto debilita su competitividad internacional. Si algunos Estados miembros no actúan, distorsionan el terreno de juego y acaban por dañar los intereses de todos.

Uno de los ejemplos más citados del tipo de obstáculo con que tropieza el espíritu empresarial de la UE son las dificultades de crear una empresa, así como las grandes diferencias del coste de funcionamiento de una empresa en distintas partes de la UE. Mientras que en un Estado Miembro se emplean 5 días para iniciar una actividad empresarial, en otro se necesitan 60. Los costes administrativos para iniciar tal actividad pueden ser inexistentes en algunos Estados miembros y en otros pueden ascender a varios miles de euros. Los procedimientos y trámites administrativos largos y complicados sirven no solo para disuadir a la gente de emprender un negocio, sino que reflejan también una actitud negativa hacia el mundo empresarial en general.

La Comisión ha determinado algunos compromisos que contribuirán a liberar todo el potencial de la gran capacidad europea, especialmente en el sector de servicios. Estas medidas, junto a la finalización de la Directiva de servicios, deberían contribuir a crear una nueva dinámica empresarial y de empleo en la UE.

Acción 2: Liberar el potencial empresarial, en particular de las PYME En todos los Estados miembros debería ser mucho más fácil establecer y dirigir una empresa. Para fines de 2007 cada Estado miembro tiene que haber creado una ventanilla única que permita a los futuros empresarios llevar a cabo todos los trámites administrativos en un solo lugar – si es posible por medios electrónicos – y en un plazo de tiempo breve. El plazo medio necesario para crear una empresa debería reducirse a la mitad[11] con el objetivo último de que, en toda la UE, pueda realizarse en el plazo de una semana. Los honorarios de apertura deberían ser lo más bajos posible y la contratación del primer empleado debería poder hacerse con un solo contacto con la Administración. Todos los estudiantes deberían tener acceso a la formación para el espíritu empresarial, que debería integrarse en todos los programas de estudios de los Estados miembros. Asimismo, los Estados miembros deberían facilitar las actividades transfronterizas de las PYME, adhiriéndose al principio de imposición en el país de origen adoptado en estudios piloto. El Consejo debería apresurarse a adoptar la propuesta de la Comisión sobre la ventanilla única del IVA, a fin de simplificar los trámites. El Programa marco para la innovación y la competitividad impulsará un mayor desarrollo de los instrumentos financieros comunitarios con objeto de facilitar el acceso a la financiación, especialmente de las PYME. Los Estados miembros deberían aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen los fondos estructurales, en particular el futuro régimen de financiación con recursos europeos conjuntos para las microempresas y las medianas empresas (JEREMIE). Con objeto de reducir la burocracia y simplificar los procedimientos administrativos, para fines de 2007 todos los Estados miembros deberían adoptar y aplicar una metodología a fin de calibrar la carga administrativa (de las normativas y regulaciones nacionales). Por su parte, la Comisión procederá a una remodelación consistente en calcular el coste administrativo de las normas de la Comunidad (o la manera en que se han aplicado) en sectores específicos como parte de los trabajos de simplificación administrativa en curso, haciendo especial hincapié en las PYME. Determinará qué porcentaje de los costes puede atribuirse directamente a las normas comunitarias y qué porcentaje puede atribuirse a su aplicación por los Estados miembros. De conformidad con el cálculo, la Comisión presentará propuestas para, en su caso, reducir estos costes. Para fines de 2007, la Comisión suprimirá la obligación de notificar determinadas categorías de ayudas estatales mínimas, lo cual debería aligerar la carga administrativa, especialmente para las PYME. |

- 3.3. Hacer frente a la globalización y el cambio demográfico

La población europea envejece y los índices de natalidad son inferiores a los índices de sustitución natural. La esperanza de vida de los europeos sigue aumentando y con toda probabilidad la inmigración continuará. Estos cambios demográficos tienen implicaciones económicas importantes: el número de personas en edad de trabajar disminuirá en los próximos decenios. Actualmente, por cada persona mayor hay cuatro personas que trabajan, pero para 2050 la relación será de dos por una. Los trabajadores europeos pasarán de los aproximadamente 300 millones que son hoy en día a alrededor de 250 millones en 2050. La reducción de la mano de obra representará un freno al crecimiento potencial, reduciéndolo del 2-2,5 % actual a solo el 1,25 % dentro de cuarenta años; los costes que acarrea el envejecimiento de la población (pensiones, cuidados sanitarios) aumentarán. Las posiciones presupuestarias de los gobiernos deberían mejorar con urgencia y la trayectoria de la deuda debería ser decreciente. Se debería garantizar la viabilidad de los sistemas de pensiones y sanitario, así como su adecuación y acceso.

Con estas perspectivas, necesitamos un mayor número de trabajadores y que la gente trabaje durante más tiempo; es necesario también un incremento de la productividad laboral, algo que solo se logrará si la gente puede obtener los conocimientos necesarios para introducir y aplicar nuevas tecnologías y si tiene mayores oportunidades de combinar mejor la vida familiar, el trabajo, la educación y el cuidado de las personas a cargo. Los datos proporcionados por los Estados demuestran que se puede obtener un doble dividendo – en términos de mayor crecimiento del índice de natalidad y de participación de las mujeres en el mercado de trabajo – si existen políticas de igualdad de oportunidas entre el hombre y la mujer, servios de atención a los niños, incentivos fiscales adecuados y una organización del trabajo. Una mayor flexibilidad y responsabilidad individual con respecto a su propio ciclo de vida son importantes no solo para quienes tienen hijos. También las personas mayores podrán aprovechar las medidas de flexibilidad en el trabajo y combinar el trabajo a tiempo parcial y la jubilación a tiempo parcial. Los trabajadores de más edad participan escasamente en la formación profesional, por lo que si mejoran sus cualificaciones será más interesante seguir trabajando, tanto desde el punto de vista del empleado como de la empresa. Del mismo modo, queda mucho por hacer para facilitar el paso de los jóvenes de la escuela a la vida laboral. Para los jóvenes es muy ventajoso obtener experiencia laboral como aprendiz o estudiante en prácticas durante el período escolar o universitario; los que acaban de terminar la escuela deberían poder encontrar un trabajo lo antes posible. Si no hay puestos de trabajo disponibles, la formación suplementaria y/o los períodos de prácticas deberán ser una alternativa.

La globalización y el envejecimiento de la población exigen una mejora urgente de la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas, de su capacidad de anticipar, provocar y absorber los cambios y reestructuraciones, y de desarrollarse en mercados altamente competitivos. Sin embargo, en muchos Estados miembros la dualidad de los mercados laborales no permite un cambio satisfactorio. Ello limita la innovación y el cambio tecnológico, restringe la formación permanente y reduce la elección de forma de vida individual. Habría que combinar mercados de trabajo más abiertos y prometedores y políticas que ayuden a los trabajadores a seguir en el empleo y a progresar profesionalmente; es la mejor manera de lograr una flexibilidad del mercado de trabajo y la seguridad en el empleo con la perspectiva del ciclo de vida. En todos estos ámbitos, habría que hacer hincapié en la justicia social y no considerar las reformas un fin en sí mismo o simplemente un modo de reducir los costes.

Acción 3: Hacer frente a la globalización y el cambio demográfico Los Estados miembros deberían asegurar la viabilidad de su Hacienda pública mejorando su posición presupuestaria y reduciendo progresivamente su ratio de deuda actual. Como parte de sus reformas de los regímenes de pensiones públicos deberían aumentar los incentivos financieros para que los trabajadores de más edad sigan en activo, establecer vínculos más estrechos entre el derecho a una pensión y la esperanza de vida en el momento de la jubilación, por ejemplo adaptando la edad legal de jubilación, y restringir las posibilidades de jubilación anticipada. Se deberían revisar los regímenes de discapacidad, así como los sistemas de atención sanitaria y de larga duración, para incluir incentivos y utilizar los escasos recursos de manera más eficaz. Los Estados miembros deberían aumentar la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo, lograr que se pueda compaginar mejor el trabajo y la familia y que los trabajadores de más edad tengan alicientes para permanecer más tiempo en el empleo: para fines de 2007, se debería ofrecer a todos los jóvenes que salen de la escuela y están desempleados, en un plazo de 6 meses, un puesto de trabajo, prácticas laborales, un aprendizaje, formación suplementaria o cualquier otro medio que pueda favorecer su inserción profesional. Para 2010 este plazo podría reducirse a no más de 100 días. Se deberían conceder incentivos financieros o de otro tipo para que las empresas, en particular las PYME, ofrezcan a los estudiantes y desempleados jóvenes la posibilidad de adquirir experiencia en el trabajo; se debería mejorar la oferta y la calidad de la atención a los niños de conformidad con los objetivos nacionales de cada Estado miembro. Deberían aplicarse políticas encaminadas a mejorar la igualdad de género, así como otras medidas a favor de la familia. La Comisión está consultando a los interlocutores sociales para encontrar medios adecuados de conciliar la vida familiar y profesional; se deberían aplicar estrategias de envejecimiento activo que incluyan incentivos financieros para prolongar la vida laboral, promover la jubilación gradual o el trabajo a tiempo parcial y mejorar la calidad del trabajo. Se deberían conceder incentivos específicos para que el número de trabajadores mayores de 45 años que participan en actividades de formación aumente más rápidamente que el de los trabajadores en general. Los Estados miembros deberían alcanzar una posición común respecto a la flexibilidad y la seguridad en el empleo («flexiguridad»). Para fines de 2007, la Comisión presentará un informe con objeto de facilitar el acuerdo sobre principios comunes e incluir las cuestiones siguientes: una legislación laboral moderna que contemple disposiciones laborales suficientemente flexibles y la reducción de la segmentación del mercado de trabajo, así como del trabajo no declarado, debería posibilitar la optimización de las pautas de trabajo a lo largo de la vida. La Comisión mantendrá consultas con los interlocutores sociales durante este año sobre esta cuestión; la implantación de sistemas de formación permanente eficaces y fiables debería ayudar a los trabajadores a hacer frente a los cambios rápidos, los períodos de desempleo y los traslados a nuevos empleos. Hay que revisar los incentivos financieros y de otro tipo para poder lograrlo. Los Estados miembros deben mantener su compromiso de aplicar estrategias globales de educación y formación permanente para fines de 2006. El Fondo Social Europeo y el nuevo Fondo de Adaptación a la Globalización deben apoyar claramente estas medidas. La Comisión colaborará con los Estados miembros para asignar a la educación y la formación un mayor porcentaje de la financiación procedente de los fondos estructurales; los sistemas de seguridad social modernos deberían aunar la necesidad de facilitar la movilidad del mercado de trabajo y la concesión de un adecuado apoyo a las rentas. El Consejo debería llegar a un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión relativa a la transferencia de los derechos de pensión complementarios. Los Estados miembros deberían considerar el acelerar la eliminación de todas las restricciones a la movilidad de los trabajadores en la UE. Con objeto de lograr estos objetivos, los Estados miembros trabajarán en estrecha colaboración con los interlocutores sociales. La Comisión propone la celebración de una Cumbre Social extraordinaria, que debería consagrarse a identificar medidas concretas para poder avanzar en todos los campos citados. |

- 3.4. Hacia una política energética europea eficaz e integrada

La energía es vital para el crecimiento y el empleo; la demanda mundial de energía va en aumento, mientras que el abastecimiento energético se mantiene restrngidoo y los precios del petróleo y el gas aumentan. El principal reto a que se enfrenta el sistema energético europeo es garantizar que haya energía disponible a precios competitivos. Tenemos que garantizar la seguridad del abastecimiento y crear fuentes autónomas para evitar las interrupciones del suministro y los choques de precios con consecuencias económicas perjudiciales. En la producción y el consumo de energía hay que tener plenamente en cuenta las consideraciones ambientales. En adelante, Europa será más dependiente del suministro exterior y tendrá que importar la mayor parte del petróleo y el gas que consuma. Es necesario que en el diálogo con los proveedores de energía y en los debates internacionales en materia de energía hablemos de manera coherente, con una sola voz.

El ahorro de energía ofrece importantes ventajas: la eficiencia energética disminuye los costes, hace más competitivos los productos y los servicios, y contribuye a un medio ambiente más limpio. La inversión en equipos y servicios más eficientes energéticamente contribuirá a que la industria europea mantenga e incremente su liderazgo mundial. Esta búsqueda de eficiencia energética debería ir unida a la diversificación de las fuentes de energía y Europa debería emplear todas las fuentes de energía, haciendo hincapié en las energías renovables, incluida la creación de fuentes de energía autóctonas. La disminución de las emisiones energéticas reducirá la contaminación atmosférica y ayudará a luchar contra el cambio climático. Una vez más, las empresas europeas lograrán una recompensa en el mercado si invierte rápidamente en este ámbito.

Las medidas necesarias para lograr estos objetivos deberían aplicarse sin demora. Es necesaria una asociación entre los Estados miembros y la Unión Europea a favor de un enfoque integrado en materia de energía. Una política energética europea integrada puede contribuir de manera decisiva a garantizar en el futuro el suministro sostenible de energía, razón por la cual los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Hampton Court exhortaron a que se avance rápidamente en esta dirección.

Acción 4: Hacia una política energética europea eficaz e integrada El refuerzo y la profundización del mercado energético interior promueve la competitividad y la seguridad del suministro. Entre las medidas necesarias figuran: una aplicación oportuna y una regulación más eficaz de los mercados energéticos a fin de llegar a la apertura completa y efectiva del mercado para el 1 de julio de 2007, como acordó el Consejo Europeo; la promoción de una mayor competitividad en los mercados de electricidad y de gas, teniendo en cuenta el estudio de la Comisión sobre la competitividad sectorial, en particular tomando medidas para remediar el persistente predominio de los operadores nacionales tradicionales, la insuficiencia de transparencia en el mercado, la insuficiente separación de las actividades de red y de suministro, y los obstáculos al suministro transfronterizo, que impiden un verdadero mercado energético europeo integrado; un crecimiento y una mejora de la cooperación y la integración entre las redes y los sistemas de abastecimiento de gas de los Estados miembros, de manera que, desde el punto de vista del usuario, exista una sola red europea. A tal efecto, es conveniente establecer y completar los enlaces de interconexión transfronterizos inexistentes o insatisfactorios. Existe apoyo financiero disponible a través de los instrumentos de financiación de la UE para ayudar a que los Estados miembros alcancen el objetivo de interconexión del 10 %. El aprovechamiento del potencial de las energías renovables, como los biocombustibles y la biomasa, y el uso más eficiente de la energía pueden asimismo contribuir a aumentar la seguridad del suministro en Europa y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorando la calidad del aire y reforzando a su vez la competitividad. Los esfuerzos de los Estados miembros se podría completar mediante una política de impulso de tecnologías y utilización de energías renovables a escala europea. Se debería establecer un marco reglamentario adecuado. Es conveniente estimular la investigación y la innovación de las energías nacionales, incluidas las energías renovables, los biocombustibles y la biomasa, el carbón limpio y la retención de carbono, así como la eliminación de los residuos nucleares. Hay que conceder la misma prioridad a la investigación de nuevas tecnologías de gran eficacia energética. El desarrollo de un marco europeo de medidas para promover la utilización de energías renovables podría aumentar considerablemente su utilización. La actual multiplicidad de distintos sistemas nacionales y regionales crea barreras artificiales entre los mercados nacionales y frena el potencial de nuevas tecnologías prometedoras. Es también necesario poner a punto un método más centrado, coherente e integrado para garantizar la seguridad del abastecimiento energético en Europa, incluidos los mecanismos de crisis. La Comunidad y los Estados miembros deben hablar con una sola voz en los foros internacionales y con los terceros países que abastecen de energía a la Comunidad. La Comisión expondrá sus ideas sobre la mejor manera de realizar estas prioridades a nivel de los Estados miembros y de la Comunidad en el Libro Verde que publicará en el primer semestre de este año. |

- 4. SEGUIMIENTO DEL CONSEJO EUROPEO DE PRIMAVERA 2006

Es importante mantener la dinámica tras el Consejo Europeo para dar vida a nuestra visión de una Europa más fuerte, con mayor crecimiento y más empleo. A tal fin, para los próximos meses se proponen las medidas siguientes:

4.1. Aplicación y seguimiento de los Programas Nacionales de reforma

- La aplicación eficaz de los Programas Nacionales de reforma y su contribución al crecimiento y al empleo deben ahora convertirse en prioritarios. En los próximos meses la Comisión, por consiguiente, tiene intención de colaborar estrechamente con los Estados miembros para ayudarles en sus tareas y hacer un seguimiento de sus progresos. Deberán proseguir las consultas con los parlamentos nacionales (y regionales), las autoridades locales, los interlocutores sociales y las demás partes interesadas, especialmente cuando, durante la preparación de los programas, haya faltado tiempo para recibir contribuciones y entablar un diálogo[12]. Dado que el proceso de Lisboa constituye un programa a medio plazo, este diálogo y los contactos deberán mantenerse de manera regular;

- Otra etapa lógica será el examen, por la Comisión y los Estados miembros (tanto colectiva como bilateralmente) de la manera de reforzar y desarrollar los programas de reforma nacionales, respetando plenamente las tradiciones nacionales, para tener más en cuenta no solo la dimensión comunitaria, sino también las consecuencias de las decisiones políticas adoptadas por otros Estados miembros. La Comisión organizará este proceso. Al mismo tiempo, continuará esforzándose por mejorar su contribución al éxito de la asociación. Los Estados miembros que todavía no han fijado los objetivos respecto a los futuros gastos de I+D y/o en índice de empleo deberían hacerlo antes del Consejo Europeo de primavera de 2006;

- Los Estados miembros deberían velar por la coherencia entre sus Programas Nacionales de Reforma y el uso que harán de los fondos de cohesión y de desarrollo rural en el marco de las nuevas perspectivas financieras. Deberían tener en cuenta también las repercusiones macroeconómicas a corto plazo de las transferencias procedentes de los fondos estructurales, en particular cuando éstos asciendan a varios puntos porcentuales del PIB. La Comisión cooperará estrechamente con los Estados miembros en la elaboración de sus marcos estratégicos nacionales de referencia, para velar por que la nueva generación de programas de la política de cohesión refleje las prioridades recogidas en los Programas Nacionales de Reforma y las cuatro acciones prioritarias señaladas en el apartado 3. Deberían establecer los mecanismos adecuados para asegurar la coordinación necesaria entre los dos procesos a nivel nacional y regional. Dentro de los nuevos programas de cohesión, se anima a los nuevos Estados miembros a que asignen los recursos de los fondos estructurales a las medidas encaminadas a dar respuesta a los objetivos de Lisboa, como ya se acordó para la UE-15[13];

- Los Programas Nacionales de Reforma recogen una profusión de políticas interesantes de conformidad con las cuales deberían intercambiar experiencias los Estados miembros. La Comisión determinará sectores específicos que ofrecen grandes posibilidades de aprendizaje mutuo y organizará reuniones con los Estados miembros representativos para discutir ideas sobre políticas concretas. Los Estados miembros tratarán de aplicar las ideas más prometedoras de las políticas incluidas en otros Programas Nacionales de reforma. La Comisión y los Estados miembros deberían también asegurar que la coordinación de la UE en los sectores de la educación, la protección y la inclusión social contribuye de manera significativa a este fin.

Se invita a los Estados miembros a que tomen estos puntos en consideración al elaborar sus informes anuales este año.

4.2. Realización de la acción comunitaria

- El Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea deberían completar las perspectivas financieras 2007-2013 y el Consejo y el Parlamento Europeo deberían adoptar lo antes posible los instrumentos jurídicos necesarios para poder financiar a tiempo las inversiones asignadas a los objetivos en materia de crecimiento y empleo a partir del 1 de enero de 2007;

- Las instituciones comunitarias deberán aplicar rápidamente las medidas previstas en el programa comunitario de Lisboa, y especialmente las que sean necesarias para ejecutar las decisiones tomadas por el Consejo Europeo en relación con las cuatro acciones clave propuestas en el apartado anterior. La Comisión cooperará con los Estados miembros (incluidos los coordinadores nacionales para Lisboa) a fin de garantizar que se toman todas las medidas necesarias para que estas cuatro acciones se apliquen plenamente de aquí a fines de 2007. A tal fin, propondrá una hoja de ruta que indique las etapas necesarias y las fechas fundamentales de su aplicación. De conformidad con la próxima evaluación de la Comisión relativa a la aplicación de los Programas Nacionales por los Estados miembros, la Comisión identificará las medidas indispensables para completar los trabajos de los Estados miembros y actualizar en consecuencia el programa comunitario de Lisboa.

Por lo que se refiere al programa comunitario de Lisboa y los Programas Nacionales de reforma, la Comisión hará un balance de la situación en su Informe al Consejo Europeo de primavera 2007.

4.3. Movilizar a todos los interesados tras un programa común

- Hay que hacer importantes esfuerzos de comunicación a fin de sensibilizar al Parlamento, la Comisión, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones, los Estados miembros, las entidades regionales y locales, la sociedad civil y los interlocutores sociales con respecto a los Programas Nacionales de Reforma y a las acciones comunitarias encaminadas a mejorar el crecimiento y el empleo, así como reforzar el sentido de propiedad por parte de todos esos interesados. Como representante de los ciudadanos europeos, el Parlamento Europeo tiene que desempeñar un papel crucial en este esfuerzo de mayor comunicación – que se debería coordinar estrechamente con los debates nacionales y regionales sobre el porvenir de Europa,

- Se invita a los interlocutores sociales a desempeñar un papel aún mayor en el desarrollo y la aplicación de la nueva estrategia de Lisboa, principalmente presentando propuestas conjuntas sobre la manera en que pueden contribuir directamente a su éxito. La Comisión propone que la Presidencia de la Unión organice una cumbre social extraordinaria consagrada a definir medidas concretas a fin de progresar en todas las acciones propuestas en esta Comunicación y, en particular, hacer frente a las repercusiones de la globalización y del cambio demográfico en la creación de más empleo y de mayor calidad.

Apéndice Lista de ejemplos que ilustran las políticas y medidas de los Estados miembros en apoyo de los objetivos en materia de crecimiento y de empleo, en particular en los cuatro sectores prioritarios indicados en el apartado 3

I+D e innovación

Aproximadamente la mitad de los Estados miembros utilizan incentivos fiscales para estimular la I+D privada y algunos otros tienen intención de aplicar también estas medidas. España está estudiando reducir la imposición de las empresas que invierten en I+D, como ya hacen los Países Bajos. Hungría va a simplificar su régimen de deducción fiscal y, para 2010, Francia triplicará los créditos fiscales que concede a la investigación.

España, Dinamarca y Estonia cuentan con programas específicos encaminados a aumentar el número de investigadores en las empresas. Alemania ha lanzado una «iniciativa de excelencia» para promover la excelencia en la investigación universitaria y convertir a determinadas universidades alemanas en centros de investigación científica de primer orden internacional.

Italia está creando centros de excelencia en materia de enseñanza y de investigación, como el sistema de aprendizaje a distancia de la Universidad Euromediterránea, y favorece la movilidad de los profesores y los estudiantes en toda la región mediterránea. España y Portugal han creado un instituto de investigación conjunta.

Eslovaquia, España y Francia tienen previsto introducir sistemas de control y evaluación para mejorar la eficacia del gasto público en materia de I+D.

Francia ha creado «polos de competitividad» en forma de asociaciones públicoprivadas, con vistas a apoyar y coordinar una serie de políticas complementarias para las empresas, entre las que la I+D desempeña un papel crucial. En Eslovenia, una iniciativa reciente de creación de conglomerados tecnológicos ya ha dado resultados prometedores: en 2004 funcionaban dieciocho oficinas de conglomerados, que facilitan la cooperación entre trescientas cincuenta empresas y cuarenta establecimientos de enseñanza o investigación. En Lituania, el Gobierno trabaja en la construcción de un Instituto de Tecnología que va a asistir a las empresas en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

En Irlanda, se han tomado medidas para promover la comercialización de los resultados de las investigaciones públicas mediante la concesión de licencias al sector privado o de ayudas a los investigadores, con objeto de convertir las ideas en productos comercializables y respaldarlas para que tengan éxito comercial.

Italia trata actualmente de remediar las deficiencias existentes en el sector de los derechos de propiedad intelectual (DPI) con una serie de medidas encaminadas a mejorar la capacidad de las empresas de presentar patentes, principalmente reduciendo los costes de solicitud de éstas. En Alemania, continúa la creación y el desarrollo de las agencias encargadas de la explotación de las patentes. En Bélgica, el Gobierno federal, la Oficina Europea de Patentes, los centros de investigación y las universidades cooperan en una iniciativa encaminada a ayudar a las PYME a utilizar el sistema de los DPI. Letonia ha elaborado un programa público de apoyo para proteger y hacer respetar los DPI y sensibilizar a la comunidad empresarial.

Mejorar el entorno de las empresas y el funcionamiento de los mercados

Letonia ha contraído el gran compromiso de aplicar la legislación comunitaria con el respaldo de plazos fijos y objetivos concretos para garantizar la correcta transposición de las directivas relativas al mercado interior. Irlanda ha reforzado sus procedimientos internos de control de la aplicación de las directivas comunitarias. Para evitar complicar la legislación, varios Estados miembros desalientan activamente que se añadan nuevas disposiciones en la aplicación de las directivas comunitarias (Austria, Países Bajos). Para evitar el retraso de su aplicación, algunos Estados miembros han establecido procedimientos acelerados (Italia, Francia).

Muchos Estados miembros han realizado grandes progresos en el ámbito de la administración en línea, como la creación de ventanillas únicas para atender a las empresas y a los ciudadanos (Bélgica, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal), lo que aligera los trámites administrativos y reduce considerablemente el tiempo de respuesta. Es posible crear una empresa en menos de dos semanas en Dinamarca, Francia, los Países Bajos, Italia y Finlandia. Es suficiente un solo trámite para que un empresario lituano pueda contratar a su primer empleado, mientras que sus colegas británico, sueco o irlandés necesitan dos.

Muchos Estados miembros (Austria, Bélgica, Chipre, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal Eslovenia y el Reino Unido) están realizando – o van a realizar – análisis de los costes administrativos impuestos por la legislación. Un número importante de ellos utilizan variantes del método de los costes estándar preparado inicialmente en los Países Bajos y cuyas características han inspirado aspectos cruciales del método común de la UE propuesto por la Comisión al Consejo y a los Estados miembros en octubre de 2005. Cinco países (la República Checa, Dinamarca, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido) se han fijado asimismo objetivos cuantitativos de reducción de los costes administrativos (de entre el 20 % y el 25 % de reducción para 2010).

Ocho Estados miembros (Austria, Estonia, Alemania, Italia, Polonia, Eslovenia, España y el Reino Unido) prevén iniciar programas de simplificación, habiéndolo hecho ya cuatro (Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo y Suecia). Estos programas se centran en la mejora de las legislaciones en materia de fiscalidad y control de las empresas, creación de empresas, insolvencia y protección de los trabajadores y los consumidores.

Varios países, entre ellos Irlanda y los Países Bajos, han suprimido las restricciones de acceso al mercado para las profesiones liberales, los servicios financieros y la energía. Eslovaquia está identificando los obstáculos existentes a la apertura del mercado de la electricidad y va a establecer medidas encaminadas a su eliminación. También intervendrá para mejorar la competencia en el sector de los servicios financieros. El Reino Unido aplicará medidas que favorezcan la competencia en los servicios jurídicos. Estonia tiene intención de aplicar una política proactiva en el ámbito de la competencia analizando los distintos sectores y aumentando el conocimiento del Derecho de la competencia. Dinamarca ha emprendido el examen de las reglas nacionales con objeto de eliminar los obstáculos a las importaciones y a la inversión en el país («Grupo de trabajo para el mercado interior» – TIM).

Chipre evaluará el conjunto de los regímenes de las ayudas ya existentes y por conceder para comprobar si dan respuestas adecuadas a los fallos del mercado. Finlandia reexaminará su política de subvenciones con objeto de reducir su volumen global y de garantizar que las ayudas no falsean la competencia.

Eslovaquia ha lanzado una iniciativa encaminada a crear una Bolsa de Europa Central, para hacer frente a la carencia de mercados de valores no solo en ese país sino también en los países vecinos. Hungría y la República Checa han sido invitadas a participar. Como el mercado interior eslovaco es demasiado pequeño para que un mercado de valores funcione adecuadamente y tenga liquidez, se necesita la cooperación de varios países.

Portugal propone varios programas de ayuda a la internacionalización de las empresas y está aplicando un programa específico para acelerar la transición y reestructuración industriales.

Para promover el espíritu de empresa entre el gran público, Lituania prevé organizar campañas centradas en modelos empresariales de éxito. Los colegios británicos ofrecen cinco días de cursos de empresa a todos los alumnos de edades comprendidas entre los catorce y los dieciséis años. España tiene intención de enfrentarse al miedo de la estigmatización del fracaso permitiendo a los estudiantes, de cualquier nivel de estudios, seguir una formación sobre el valor del espíritu empresarial y el fracaso en los negocios.

Otros países también han lanzado iniciativas interesantes para reforzar el acceso de las PYME a los capitales, como por ejemplo el programa checo KAPITAL, la serie de medidas finlandesas «PreSeed» o los fondos británicos «Enterprise Capital Funds». Dinamarca por su parte prevé conceder una reducción de impuestos a las empresas en crecimiento. Esta reducción comienza cuando la empresa obtiene beneficios por primera vez y su duración es de tres años.

Empleo, viabilidad financiera y demografía

Algunos Estados miembros han mejorado la calidad de su Hacienda pública, teniendo en cuenta sus prioridades nacionales, para aumentar el potencial económico nacional a largo plazo. Por ejemplo, el gasto público danés, británico, irlandés y finlandés a favor de la enseñanza han aumentado considerablemente con objeto de mejorar la productividad y el acceso al empleo de la mano de obra.

Varios Estados miembros han mejorado la viabilidad a largo plazo de sus regímenes de pensiones. Bélgica, España, Francia, Austria, Portugal y Finlandia han reforzado el nexo entre cotizaciones y prestaciones, por ejemplo concediendo más peso al número de años de cotización que a la edad de jubilación para el cálculo de la pensión, o permitiendo la jubilación anticipada o el retraso de ésta y adaptando la pensión en consecuencia.

Algunos nuevos Estados miembros (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría y Eslovaquia) han diversificado el riesgo de sus sistemas de pensiones transfiriendo una parte de la pensión de los regímenes legales nacionales de seguridad social a regímenes de financiación privada. Suecia, Italia, Letonia y Polonia han instaurado regímenes cuyas prestaciones de pensión están directamente vinculadas a las cotizaciones abonadas durante la vida activa y dependen asimismo de la esperanza de vida en la jubilación. A fin de tener en cuenta el aumento de la esperanza de vida, Francia ha decidido aumentar el número de años de cotización necesarios para poder disfrutar de una pensión completa. Alemania ha introducido un factor de indexación de su régimen nacional de pensiones vinculando la indexación a la relación entre el número de empleados y de pensionistas. Estos cambios han mejorado la viabilidad financiera de los regímenes de pensiones, aunque todavía subsistan desafíos para poder hacer frente al envejecimiento de la población.

La reforma de las pensiones es un factor que explica en gran medida el gran incremento de la tasa de empleo de los trabajadores de más edad observada desde 2000 en algunos Estados miembros. En Finlandia, por ejemplo, esa tasa ha registrado un significativo aumento (habiendo pasado del 35 % en 1995 al 50,9 % en 2005) como consecuencia de las modificaciones del régimen de pensiones, la formación específica, la mejora de la atención prestada al bienestar de los trabajadores de más edad en el lugar de trabajo y la concesión de subvenciones específicas para los salarios bajos.

El programa irlandés «Skill-nets» facilita el acceso de las empresas a la formación flexible, innovadora y con una buena relación coste-eficacia. Esta iniciativa ya ha contribuido a actualizar las capacidades de alrededor de treinta mil personas. Estonia programa la reforma de la formación profesional y Luxemburgo espera crear un sistema de reconocimiento del aprendizaje no formal.

Austria se ha fijado el objetivo de ocupar cinco mil puestos de trabajo actualmente vacantes debido a que los salarios ofrecidos son muy bajos (en algunos casos se trata de empleos a tiempo parcial). Cuando se ocupa uno de estos puestos, el nuevo «Kombi-Lohn», o salario combinado, recompensa al empleador y al trabajador. Los grupos destinatarios son los jóvenes desempleados desde hace más de seis meses y los trabajadores de más edad en paro desde hace más de un año.

Los Países Bajos han tomado medidas concretas para animar a los trabajadores a repartir de manera más equitativa, a lo largo de toda la vida, los períodos consagrados al trabajo, la educación de los hijos y la formación. Un nuevo régimen de ahorro voluntario permitirá a los trabajadores economizar un porcentaje determinado de su salario para financiar los períodos de vacaciones disfrutados, por ejemplo, para ocuparse de una persona a cargo, el cuidado de los hijos, etc. Este ahorro goza de beneficios fiscales.

Eslovaquia trata de mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar de las familias jóvenes. Se van a ampliar los horarios de apertura de los establecimientos de educación escolar y preescolar. El Estado apoya la creación de nuevas guarderías, facilita el trabajo a tiempo parcial y aplica programas de apoyo individual a las mujeres que se reintegran en el mercado de trabajo tras un permiso de maternidad o parental.

Una nueva ley griega reforma el sistema nacional de educación y formación a lo largo de la vida. Un comité coordinará los esfuerzos nacionales, fomentando la integración de la cultura empresarial en la educación, aplicando las mejores prácticas y luchando contra la exclusión.

Energía y tecnologías ambientales

Los mercados nórdicos han creado un mercado integrado de compra y venta de electricidad. Conexiones suplementarias instaladas entre los Países Bajos y Noruega, Finlandia y Estonia y Dinamarca y Suecia facilitarán los intercambios y fomentarán la producción de electricidad a partir de fuentes de energía hidroeléctrica o eólica, lo que reducirá las emisiones de sustancias nocivas.

Austria, la República Checa, Malta y el Reino Unido están tomando medidas encaminadas a utilizar la contratación pública como impulso para promover las tecnologías ambientales y la eficiencia energética. Alemania concede subvenciones para promover el ahorro de energía en los edificios y ha iniciado un importante programa de renovación. Chipre ha elaborado un plan concreto, con un calendario concreto, para estudiar las subvenciones que tienen consecuencias perjudiciales para el medio ambiente con objeto de revisarlas, reformarlas o abolirlas.

Suecia se ha fijado el objetivo de haber roto la dependencia de los combustibles fósiles para 2020. A tal fin, va a aplicar impuestos ecológicos y apoyar la energía eólica y el certificado de electricidad «verde», que obliga a consumir una parte de la electricidad producida por fuentes renovables. Los impuestos ecológicos represe ntan ya una buena parte de los muchos impuestos de Dinamarca y Suecia, que tienen intención de incrementar esta importancia. Estonia ha iniciado este año una reforma ambiciona de la fiscalidad ambiental para desplazar la carga fiscal del trabajo al consumo y la contaminación, promoviendo así el uso sostenible de los recursos naturales.

Las políticas nacionales y regionales aplicadas en Alemania, España y Dinamarca a favor de la energía eólica producen fruto. Alemania cuenta en su territorio con más de un tercio de la capacidad mundial de producción de energía eólica y esta fuente de energía representa el 6,5 % de la producción de electricidad en España. La industria eólica danesa constituye un importante éxito comercial; el sector ha obtenido un crecimiento más rápido que ningún otro sector económico, las turbinas eólicas danesas dominan actualmente el mercado mundial y esta industria emplea en el país a más de veinte mil personas. El Reino Unido está negociando con los proveedores de petróleo para aumentar la proporción de biocarburantes en la gasolina.

[1] DO L 205 (6.8.2005).

[2] COM(2005) 535.

[3] COM(2005) 488.

[4] « Economic Policy Committee: Report on the Lisbon National Reform Programmes 2005» (Comité de Política Económica: Informe sobre los Programas Nacionales de Reforma de la Estrategia de Lisboa), ECFIN/EPC(2005)REP/55392, disponible en:http://europa.eu.int/comm/economy_finance/epc/documents/2005/nationalreports/nrp_report_en.pdf.Los análisis de país del tipo «Cambridge» de las secciones de empleo de los Programas Nacionales de Reforma pueden consultarse en la siguiente dirección:http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/emco_en.htm.

[5] Todos estos aspectos se señalan en el informe elaborado por un grupo de expertos autorizados elaborado tras la Cumbre de Hampton Court bajo la presidencia del anterior Primer Ministro finlandés Esko Aho, en el que se aboga, entre otras cosas, por el establecimiento de un pacto en materia de I+D.

[6] Los Programas de Reforma Nacionales contienen distintas iniciativas prometedoras. Asimismo, el último marcador de innovación de la Comisión (http://www.trendchart.org/) señala que muchos Estados miembros todavía se enfrentan a importantes desafíos que deben tenerse en cuenta cuando se actualicen los programas.

[7] En la actualidad se emplea en I+D y ayuda a la innovación un 5,9 % de la dotación global del Fondo de Desarrollo Regional y del Fondo Social de la Comunidad.

[8] Incluyen, en particular, salud en línea, industria farmacéuti