ES Diario Oficial de la Unión Europea C 39/1

DICTAMEN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

de 29 de noviembre de 2012

sobre una propuesta de directiva por la que se establece un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y empresas de inversión

(CON/2012/99)

2013/C 39/01

Introducción y fundamento jurídico

El 10 de julio de 2012 el Banco Central Europeo (BCE) recibió del Consejo de la Unión Europea una solicitud de dictamen acerca de una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y empresas de inversión, y por la que se modifican las Directivas 77/91/CEE y 82/891/CEE del Consejo, las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE y 2011/35/UE y el Reglamento (UE) no 1093/2010 (1) (en adelante, la «directiva propuesta»). El 27 de julio de 2012 el BCE recibió del Parlamento Europeo una solicitud de dictamen acerca de la directiva propuesta.

La competencia consultiva del BCE se basa en el apartado 4 del artículo 127 y el apartado 5 del artículo 282 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pues la directiva propuesta contiene disposiciones que afectan a la contribución por el Sistema Europeo de Bancos centrales (SEBC) a la buena gestión de las políticas que lleven a cabo las autoridades competentes con respecto a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y la estabilidad del sistema financiero, la definición y ejecución de la política monetaria de la Unión y la promoción del buen funcionamiento de los sistemas de pagos. De acuerdo con la primera frase del artículo 17.5 del Reglamento interno del Banco Central Europeo, el presente dictamen ha sido adoptado por el Consejo de Gobierno.

Observaciones generales

El BCE apoya plenamente el desarrollo de un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito, así como la eliminación de obstáculos para la gestión eficaz de las crisis de las entidades financieras. Debe permitirse a todas las entidades financieras que quiebren de forma ordenada, protegiéndose la estabilidad del sistema financiero en su conjunto y minimizándose el coste público y las perturbaciones económicas. El BCE apoya en particular un marco en la Unión para la resolución de entidades de crédito y empresas de inversión que mantenga la estabilidad financiera de la Unión y, en consecuencia, garantice el funcionamiento del mercado único también en épocas de crisis. A tal fin, el desarrollo de herramientas de apoyo comunes para gestionar la quiebra de entidades financieras —como los planes de rescate y resolución, los bancos puente, la recapitalización, la venta de actividades y la segregación de activos— es fundamental. El BCE celebra que la propuesta sea acorde con los atributos esenciales internacionalmente acordados para unos mecanismos eficaces de resolución de entidades financieras (2), atributos que propugnan la convergencia de unos regímenes de resolución nacionales dotados de competencias e instrumentos adecuados para una resolución eficaz. La puesta en práctica de estos atributos esenciales permite intervenir en tiempo oportuno para garantizar la continuidad de las funciones esenciales.

El BCE considera que la Directiva, como paso muy importante hacia un marco de resolución integrado de la Unión, debe adoptarse con rapidez. Al mismo tiempo, será necesario dar nuevos pasos para crear un mecanismo de resolución único, uno de los tres pilares de la unión bancaria. En consecuencia, el BCE pide a la Comisión que presente urgentemente una propuesta separada de Mecanismo de Resolución Europeo independiente, que incluya aspectos de un Fondo de Resolución Europeo común. Este Fondo estaría, como mínimo, financiado por las entidades financieras. La congruencia entre estos tres pilares es fundamental para el éxito de una unión del mercado financiero.

OBSERVACIONES PARTICULARES

1. Definición de resolución

La directiva propuesta define la resolución como la reestructuración de una entidad al objeto de garantizar la continuidad de sus funciones esenciales, preservar la estabilidad financiera y restablecer la viabilidad de toda la entidad o de parte de la misma (3). El BCE considera que la resolución requiere una jerarquía clara. En este contexto, las entidades que están quebrando o en riesgo de quebrar deberían en principio, con sujeción a la decisión de las autoridades de resolución, resolverse utilizando instrumentos de resolución cuando se considere necesario y redunde en el interés público, incluida la prevención del riesgo sistémico. Si la autoridad de resolución considera que no hay ningún motivo de preocupación para el interés público, la entidad debería ser liquidada mediante el procedimiento concursal normalmente aplicable a este tipo de instituciones en virtud de la legislación nacional. Por último, la reestructuración de una entidad manteniendo su funcionamiento solo debería considerarse cuando esté justificada por el interés público de preservar la estabilidad financiera, y cuando la resolución ordenada de una entidad de crédito pueda tener efectos gravemente perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero, con un mayor riesgo de contagio internacional. La directiva propuesta debería aclarar que el objetivo de la resolución no es preservar una institución que como tal está quebrando, sino garantizar la continuidad de sus funciones esenciales (4).

2. Condiciones para la resolución y valoración de la necesidad de ayuda financiera pública extraordinaria

2.1. La directiva propuesta establece que una de las condiciones para que se aplique la resolución es que la autoridad competente o de resolución determine que la entidad se encuentra en graves dificultades o en peligro de quiebra (5). El BCE considera que la responsabilidad de determinar si una entidad se encuentra en graves dificultades o en peligro de quiebra debería asignarse claramente a la autoridad competente, en interés de que las acciones de resolución sean inmediatas y eficaces.

2.2. La directiva propuesta establece también que la necesidad de ayuda financiera pública también es un indicador de que una entidad se encuentra en graves dificultades o en peligro de quiebra. Sin embargo, el mismo artículo de la directiva propuesta establece que hay dos tipos específicos de ayudas estatales que no constituyen un indicador como el descrito (6). Aunque está de acuerdo con el período máximo propuesto de duración de esas ayudas estatales (7), el BCE observa que un considerable número de entidades de crédito y empresas de inversión que actualmente disfrutan de ayudas estatales se consideraría que están quebrando o en peligro de quiebra en virtud de ese indicador. El BCE considera que la determinación de las circunstancias en las que una entidad se encuentra en graves dificultades o en peligro de quiebra debería basarse únicamente en una valoración de la situación prudencial de esa entidad. Por tanto, la necesidad concreta de ayuda estatal no debería constituir, por sí misma, un criterio objetivo adecuado (8). En lugar de ello, son las circunstancias subyacentes a la concesión de la ayuda estatal las que deberían estar incluidas en la valoración de la situación prudencial de la entidad.

3. Participación de los bancos centrales en el rescate y la resolución

3.1. Los bancos centrales tienen responsabilidades relativas a la supervisión macroprudencial y la estabilidad financiera, y gran experiencia en los mercados financieros. A este respecto, deberían estar involucrados en el proceso de resolución, contribuyendo a la consecución de los objetivos de resolución y minimizando los riesgos de efectos negativos no buscados sobre el desempeño de las funciones de banca central y sobre el funcionamiento de los sistemas de pago y liquidación. En este contexto, los bancos centrales pueden intervenir en la valoración de los planes de rescate y resolución desde la perspectiva de la estabilidad financiera, como por ejemplo, analizando la posibilidad de que haya desencadenantes que puedan conducir a un proceso desordenado de desapalancamiento. Los bancos centrales también pueden colaborar en la valoración de las posibles acciones de la autoridad de resolución, dado que uno de los principales objetivos es evitar las perturbaciones sistémicas (9). Por tanto, el BCE considera necesario que los Estados miembros garanticen que, cuando el banco central no sea la autoridad de resolución, la autoridad competente y la autoridad de resolución lleven a cabo un intercambio de información adecuado con el banco central (10).

3.2. La directiva propuesta establece que los planes de rescate redactados y mantenidos por una entidad para la recuperación de su situación financiera tras un deterioro significativo no presupondrán el acceso a ayudas financieras públicas extraordinarias ni la recepción de las mismas. No obstante, deben incluir, si procede, un análisis de cómo y cuándo podría la entidad solicitar los servicios del banco central en situaciones de tensión y con las garantías disponibles (11). El BCE desea subrayar que esta disposición no debería afectar en modo alguno a la competencia de los bancos centrales para decidir de modo independiente y con plena discreción sobre la provisión de liquidez del banco central a entidades de crédito solventes, tanto en operaciones de política monetaria como en las operaciones temporales de apoyo a la liquidez, dentro de los límites impuestos por la prohibición de financiación monetaria del Tratado (12).

3.3. La directiva propuesta exige a los Estados miembros que incluyan en el «conjunto de instrumentos» de resolución la potestad de constituir y gestionar una entidad puente y una entidad de gestión de activos. La directiva propuesta establece que la entidad puente pertenecerá total o parcialmente a una o más autoridades públicas y que la entidad de gestión de activos pertenecerá íntegramente a una o varias autoridades públicas, entre las que podrá figurar la propia autoridad de resolución (13). Cuando un banco central actúe como autoridad de resolución (14) debe quedar claro, en evitación de dudas, que el banco central no asumirá ni financiará en ningún caso ninguna obligación de dichas entidades. La función del banco central como propietario de tal entidad debe ser congruente, en todas las circunstancias, con la prohibición de financiación monetaria establecida por el artículo 123 del Tratado, según se complementa por el Reglamento (CE) no 3603/93 del Consejo (15). Esa norma prohíbe, entre otras cosas, toda financiación por parte de un banco central de las obligaciones del sector público con respecto a terceros. Además, esta función debe ejercerse sin perjuicio de la independencia del banco central, en particular su independencia financiera e institucional.

3.4. El BCE observa que la directiva propuesta contiene únicamente los criterios mínimos que deben cumplir las entidades puente y las entidades de gestión de activos que creen las autoridades públicas. El BCE subraya que la financiación transparente es una de las cuestiones más relevantes sobre la legitimidad y responsabilidad en el uso de fondos públicos que el Eurosistema tiene interés en proteger. A este respecto, el BCE celebra que la directiva propuesta establezca que los costes de resolución deben ser asumidos en primera instancia por los accionistas y los acreedores y, únicamente si estos fondos no son suficientes, por mecanismos de financiación (16). Sin embargo, el BCE pone de relieve que, de conformidad con la prohibición de financiación monetaria, los bancos centrales no pueden financiar estos mecanismos de financiación. En particular, esto afecta a la enumeración de los recursos de financiación alternativos (17) que recoge la directiva propuesta (18).

4. Participación de autoridades nacionales designadas en la evaluación de los planes de rescate

La directiva propuesta establece que las autoridades competentes revisarán los planes de rescate para garantizar, entre otras cosas, que puedan aplicarse de forma efectiva en caso de tensiones financieras sin afectar seriamente al sistema financiero, incluido en el caso de que otras entidades hayan aplicado planes de rescate en el mismo período (19). Para garantizar que en esos procesos de evaluación se tengan debidamente en cuenta las cuestiones sistémicas relevantes, incluido el efecto general de la aplicación simultánea de planes de rescate, que puede conducir a un comportamiento procíclico o gregario, el BCE considera necesario que las autoridades competentes lleven a cabo esa evaluación consultando con las autoridades nacionales competentes designadas, cuando sean entidades separadas (20).

5. Ayuda financiera dentro de un grupo

La directiva propuesta establece que los Estados miembros velarán por que las entidades de un grupo puedan suscribir acuerdos de ayuda financiera dentro del mismo grupo (21). El BCE reconoce las ventajas de este requisito, en particular, que dichos acuerdos, una vez aprobados por las autoridades competentes, pueden someterse a la aprobación de la junta de accionistas de cada entidad del grupo que proponga ser parte del acuerdo. El BCE observa, sin embargo, que la introducción de estos acuerdos voluntarios en los sistemas jurídicos nacionales plantea cuestiones jurídicas complejas. Su aplicación dependerá también de en qué medida sus disposiciones sean compatibles con la legislación fiscal, concursal y mercantil nacional, por ejemplo en lo que respecta al principio de que las operaciones intragrupo deben hacerse «sin trato de favor» (22). En este sentido, el BCE considera que es necesaria una mayor reflexión sobre si deben incluirse disposiciones adicionales que garanticen la seguridad jurídica y la aplicabilidad de las operaciones dentro de un mismo grupo que sean aprobadas y ejecutadas de conformidad con estos acuerdos voluntarios.

6. El instrumento de recapitalización y la facultad de depreciación

6.1. El BCE celebra el desarrollo de la recapitalización (bail-in) como mecanismo de depreciación o conversión de deuda al objeto de absorber las pérdidas de las entidades que están quebrando o en peligro de quiebra. El mecanismo de recapitalización debe diseñarse de conformidad con los atributos esenciales internacionalmente acordados de los mecanismos eficaces de resolución (23), en particular por lo que respecta a las facultades de la autoridad de resolución, en un plan de resolución, para utilizar en la recapitalización una amplia gama de pasivos de conformidad con el orden preferente de los acreedores que sería aplicable en una liquidación. El BCE apoya la introducción del instrumento de recapitalización por los Estados miembros a partir del 1 de enero de 2018 a más tardar (24). De ese modo se podrá profundizar en la figura de la recapitalización, en particular en la posibilidad de introducir un requerimiento mínimo de un nivel determinado de instrumentos de recapitalización designados, manteniendo al mismo tiempo el alcance general de la recapitalización. Además, el BCE tiene la intención de contribuir a nuevos análisis sobre las implicaciones prácticas de la recapitalización como instrumento de resolución, teniendo en cuenta la posibilidad de que sea ejecutado rápidamente, la capacidad de respetar la «cascada del orden preferente» en la absorción de pérdidas, el mecanismo de conversión o depreciación (25), así como sus posibles efectos en los mercados de derivados. En este contexto, el diseño de los instrumentos de recapitalización y de la entidad puente debe analizarse conjuntamente, dada la capacidad de este último instrumento para reproducir gran parte de los resultados del primero.

6.2. El BCE considera que las medidas de resolución deben adoptarse en circunstancias justificadas y deben acompañarse de condiciones adecuadas para limitar el riesgo moral (26). Como se ha señalado anteriormente, las entidades que están quebrando o en peligro de quiebra deberían, en principio, liquidarse mediante los procedimientos concursales ordinarios, y solo cuando se considere necesario deberían liquidarse utilizando instrumentos de resolución. En este contexto, las facultades de recapitalización como instrumento de resolución deben utilizarse principalmente para la resolución de entidades que hayan alcanzado un punto de inviabilidad. El BCE considera que la posibilidad de usar la recapitalización para mantener una entidad que se encuentra en graves dificultades o en peligro de quiebra como una entidad en funcionamiento (27) debe considerarse únicamente en casos excepcionales y justificados. El BCE apoya que el uso del instrumento de recapitalización se acompañe siempre de la sustitución de la dirección y la consiguiente reestructuración de la entidad y de sus actividades de tal forma que se aborden los motivos de su quiebra (28).

6.3. La directiva propuesta establece que la Autoridad Bancaria Europea (ABE) informará a la Comisión sobre la aplicación del requisito de que las entidades mantengan en todo momento un importe agregado suficiente de fondos propios y de pasivos admisibles, expresado porcentualmente con respecto al pasivo total de la entidad (29). El BCE pide que se siga trabajando para evaluar si un requisito de recapitalización mínima debe expresarse como un porcentaje del total de pasivos o como un porcentaje de los activos ponderados por riesgo. Este último criterio presenta la ventaja de que tiene en cuenta el riesgo de los activos de la entidad. El BCE recomienda que la ABE lleve a cabo esta valoración. El BCE recomienda además que la ABE haga una evaluación para la Comisión sobre el efecto para las entidades de este requisito, y sobre si sería beneficioso introducir un requisito que prohibiese o limitase que los instrumentos susceptibles de ser recapitalizados sean mantenidos dentro del sector bancario.

6.4. La directiva propuesta establece que, antes de emprender una acción de resolución, las autoridades de resolución ejerzan la competencia de depreciación (30). Por tanto, la depreciación de los instrumentos de capital es una facultad de resolución (31) que parece aplicarse entes de que la entidad entre en el proceso de resolución. El BCE apoya que las autoridades tengan competencia para depreciar instrumentos de capital antes de iniciar el proceso de resolución. Con vistas a la recapitalización de entidades, el BCE recomienda aclarar expresamente este punto en la directiva propuesta, en evitación de dudas. También sería deseable contar con un caso de estudio y una simulación de la aplicación del instrumento de recapitalización por parte de la Comisión, para aclarar las interdependencias entre las diversas fases del proceso de recapitalización.

7. Financiación de la resolución y tamaño previsto de los mecanismos de financiación

7.1. Un marco de resolución adecuado debe garantizar que el coste de la resolución sea asumido, en primer lugar y sobre todo, por los accionistas y acreedores de la entidad en resolución y por el sector privado en general. El BCE, por tanto, celebra que los instrumentos y competencias de resolución contemplados en la directiva propuesta permitan a las autoridades imponer la carga de la financiación de la resolución a los accionistas y acreedores. Además, la directiva propuesta introduce dos recursos adicionales de financiación de la resolución: los mecanismos de financiación nacionales y las aportaciones al sistema de garantía de depósitos (32).

7.2. Aunque es consciente del beneficio de los recursos de financiación adicionales, el BCE considera que la ambiciosa propuesta de crear un sistema europeo de mecanismos de financiación no resolverá los importantes problemas de resolución transfronterizos, como la coordinación y el reparto de cargas. La existencia de 27 acuerdos nacionales bajo el control de sus autoridades nacionales se complica aún más porque el sistema de préstamo propuesto no es claro en detalles importantes, como los derechos y obligaciones de prestamistas y prestatarios.

8. Utilización de los sistemas de garantía de depósitos en la financiación de la resolución

8.1. La directiva propuesta establece que el sistema de garantía de depósitos al que esté afiliada la entidad se haga responsable hasta la cantidad de pérdidas que habría tenido que soportar en un procedimiento de insolvencia ordinario (33). El tratamiento de los depósitos cubiertos en la transferencia a la entidad puente puede tener un gran efecto sobre la participación de los sistemas de garantía de depósitos. El grado en el que un sistema de garantía de depósitos participe en las medidas de resolución afectará, si no varían los demás factores, al nivel de financiación requerido de las otras dos fuentes disponibles: los mecanismos de financiación y los acreedores sin garantía. Esta incertidumbre entre acreedores puede incrementar el riesgo de retiradas de fondos masivas preventivas de acreedores, clientes y otras contrapartes que, de producirse, minarían el objetivo principal del régimen.

8.2. La directiva propuesta permite a los Estados miembros disponer que los recursos financieros disponibles de los sistemas de garantía de depósitos establecidos en su territorio puedan utilizarse para financiar la resolución (34). Aunque el BCE respalda esta disposición, que permite sinergias entre los sistemas de garantía de depósitos y la financiación de la resolución, considera de vital importancia que esto no ponga de ningún modo en peligro la función principal de los sistemas de garantía de depósitos, es decir, la protección de los depósitos garantizados. El BCE celebra que la directiva propuesta otorgue prioridad al pago a los depositantes cubiertos por el sistema de garantía de depósitos cuando se solicite a dicho sistema que utilice sus medios financieros disponibles para financiar la resolución, y que al mismo tiempo desempeñe su función habitual de pagar a los depositantes garantizados, y los medios disponibles sean insuficientes para satisfacer ambas solicitudes (35). En este contexto, el BCE aboga por que se garantice la seguridad jurídica, definiendo claramente la función de los sistemas de garantía de depósitos en la financiación de la resolución, con independencia de qué instrumento de resolución se escoja y de cómo se apliquen las medidas. La directiva propuesta exige a los Estados miembros que garanticen que, con arreglo a la legislación nacional aplicable a los procedimientos de insolvencia ordinarios, los sistemas de garantía de depósitos se consideren del mismo rango que los créditos no preferentes y no garantizados (36). Este planteamiento parece incoherente con permitir a los Estados miembros que den trato preferente a las deudas relativas a los depósitos cubiertos por el sistema de garantía de depósitos. Actualmente, seis Estados miembros —incluidos Bulgaria (37), Grecia (38), Letonia (39), Hungría (40), Portugal (41) y Rumanía (42)— han concedido prioridad a las deudas que el sistema de garantía de depósitos haya adquirido por subrogación después de haber abonado los importes correspondientes a los depósitos cubiertos, contribuyendo así más aún a garantizar que el sistema de garantía de depósitos siempre disponga de fondos suficientes. Las opiniones sobre el efecto de conceder un tratamiento preferente son muy divergentes, puesto que se considera que la clasificación preferente de depositantes puede afectar a los costes de financiación de los bancos y que otros acreedores emplearán mayores esfuerzos para garantizar sus deudas. Por otro lado, esto resulta mitigado en la medida en que la clasificación preferente se extienda únicamente a los depósitos garantizados. Además, un régimen jurídico que establezca la prioridad de los depositantes garantizados facilitará el uso de las medidas de resolución contempladas en la directiva propuesta (por ejemplo, el instrumento de venta de actividades o el instrumento de la entidad puente). Desde la perspectiva de la estabilidad financiera, otorgar preferencia a los depósitos cubiertos también se justifica porque reduce los riesgos de retiradas masivas de depósitos bancarios, las pérdidas potenciales de los depositantes garantizados en la fase de liquidación, y el agotamiento excesivo de los sistemas de garantía de depósitos (43).

9. Divulgación de la puesta a la venta de la entidad

La directiva propuesta permite retrasar la divulgación de la puesta en el mercado de la entidad en resolución que esté vendiendo la totalidad o parte de sus actividades mediante el instrumento de venta de actividad (44). El BCE considera que la divulgación de información sensible sobre precios relativa a instrumentos financieros que se negocien públicamente también puede tener que retrasarse durante la aplicación de otros instrumentos de resolución. Las disposiciones correspondientes de la directiva propuesta (45) deben convertirse en norma general durante la aplicación de cualquier instrumento de resolución cuando el interés de la entidad pueda justificar un retraso en la divulgación de información sensible sobre precios.

10. Mayor armonización de las reglas sobre rescate y resolución

10.1. El BCE apoya el desarrollo de un marco para el rescate y la resolución también para entidades financieras no bancarias con relevancia sistémica, por ejemplo compañías de seguros e infraestructuras de mercado (46). Este desarrollo debe coordinarse con las iniciativas internacionales.

10.2. Los esfuerzos por armonizar más las normas mínimas de las legislaciones concursales de los Estados miembros deben proseguir. La diversidad actual en las legislaciones concursales, por ejemplo en la prelación de acreedores, afecta considerablemente a la aplicación de las herramientas de resolución, y en particular a la realización de los activos y pasivos mantenidos por los mecanismos de resolución.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 29 de noviembre de 2012. El Presidente del BCE Mario DRAGHI

(1) COM(2012) 280 final.

(2) Véase el documento «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions», de octubre de 2011, disponible en la dirección en internet de la Junta de Estabilidad Financiera: http://www.financialstabilityboard.org, así como el documento del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, «Report and Recommendations of the Cross-border Bank Resolution Group», de marzo de 2010, que puede consultarse en la dirección en internet del Banco de Pagos Internacionales: http://www.bis.org

(3) Véase el artículo 2, apartado 1, de la directiva propuesta.

(4) Véase la aportación del SEBC a la consulta pública de la Comisión sobre los datos técnicos de un posible marco de la UE para el rescate y resolución de entidades bancarias (ESCB contribution to the EC’s public consultation on the technical details of a possible EU framework for bank recovery and resolution), de mayo de 2011, pp. 4 y 5. Todos los documentos del BCE citados pueden consultarse en la dirección del BCE en internet: http://www.ecb.europa.eu. Véase también la 3a modificación que propone el BCE.

(5) Véase el artículo 27, apartado 1, letra a) de la directiva propuesta.

(6) Véase el artículo 27, apartado 2, letra d), puntos i) y ii) de la directiva propuesta.

(7) Véase el artículo 27, apartado 2, letra d), párrafo segundo, de la directiva propuesta.

(8) Véase el artículo 27, apartado 2, letra d) de la directiva propuesta, interpretado conjuntamente con el artículo 2, apartado 26. Véanse también las modificaciones 2a y 8a.

(9) Véase también la aportación del SEBC a la consulta pública de la Comisión sobre los datos técnicos de un posible marco de la UE para el rescate y resolución de entidades bancarias, de mayo de 2011, p. 6, apartado 9.

(10) A este respecto, el artículo 74, apartado 3, letra b) de la directiva propuesta constituye un paso en la dirección adecuada, pero no es suficiente para garantizar una colaboración y un uso compartido de la información adecuados. Véanse también las modificaciones 4a y 23a.

(11) Véase el artículo 5, apartado 3, de la directiva propuesta. Véase también el artículo 9, apartado 2, de la directiva propuesta en lo que concierne a los planes de resolución.

(12) Véase el Informe de Convergencia del BCE de 2012, p. 29. Véase también la 1a modificación.

(13) Véanse el artículo 34, apartado 2 y el artículo 36, apartado 2, de la directiva propuesta.

(14) Véase el Dictamen del BCE CON/2011/39.

(15) Reglamento (CE) no 3603/93 del Consejo, de 13 de diciembre de 1993, por el que se establecen definiciones para la aplicación de las prohibiciones a que se refieren el artículo 104 y el apartado 1 del artículo 104 B del Tratado (DO L 332 de 31.12.1993, p. 1).

(16) Véase el artículo 92, apartado 2, de la directiva propuesta.

(17) Véase el artículo 96 de la directiva propuesta.

(18) Véase el apartado 4 del Dictamen del BCE CON/2011/103, y el apartado 6.3 del Dictamen del BCE CON/2010/83.

(19) Véase el artículo 6, apartado 2, letra b) de la directiva propuesta.

(20) Véase la 5a modificación.

(21) Véanse los artículos 16 a 22 de la directiva propuesta.

(22) El requisito de que las operaciones intragrupo se hagan sin trato de favor es un principio fundamental de las legislaciones mercantiles de casi todos los Estados miembros, con la excepción de España. Véase el informe de DBB Law a DG de Mercado Interior en 2008, sobre las restricciones jurídicas a las transferencias intragrupo, en el que se ponía de manifiesto este riesgo.

(23) Véase el documento «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions», de octubre de 2011, disponible en la dirección en internet de la Junta de Estabilidad Financiera: http://www.financialstabilityboard.org

(24) Véase el artículo 115, apartado 1, párrafo tercero, de la directiva propuesta.

(25) Véase la aportación del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) a la consulta pública de la Comisión sobre los datos técnicos de un posible marco de la UE para el rescate y resolución de entidades bancarias, p. 4.

(26) Véase también la aportación del SEBC a la consulta pública de la Comisión sobre los datos técnicos de un posible marco de la UE para el rescate y resolución de entidades bancarias, de mayo de 2011, p. 5.

(27) El término «entidad en funcionamiento» se utiliza para describir la situación en la que una entidad continúa funcionando, aunque haya iniciado un proceso de resolución, sin la perspectiva de que se produzca una liquidación en el futuro próximo. Este término se contrapone al de «entidad inactiva», en la que las funciones bancarias fundamentales se mantienen, pero en una entidad jurídica distinta a la entidad que ha entrado en resolución y está siendo liquidada.

(28) Véase el considerando 46 de la directiva propuesta.

(29) Véase el artículo 39, apartado 6, de la directiva propuesta.

(30) Véase el artículo 51, apartado 1, de la directiva propuesta.

(31) Véase el artículo 56, apartado 1, letra f) de la directiva propuesta.

(32) Artículo 96. En la medida en que los mecanismos de financiación tomen préstamos del banco central, ello podría equivaler a financiación monetaria. Véase a este respecto el apartado 3.4 y la 29a modificación.

(33) Véase el artículo 99, apartado 1, de la directiva propuesta.

(34) Véase el artículo 99, apartado 5, de la directiva propuesta.

(35) Véase el artículo 99, apartado 8, de la directiva propuesta.

(36) Véase el artículo 99, apartado 2, de la directiva propuesta.

(37) La condición de acreedor preferente del sistema de garantía de depósitos se establece en el artículo 94, apartado 1, de la Ley de insolvencias bancarias (Darjaven vestnik no 92, 27.9.2002).

(38) La condición de acreedor preferente se establece en el artículo 4, apartado 16, de la Ley 3746/2009, que transpone la Directiva 2005/14/CE relativa al seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y la Directiva 2005/68/CE sobre el reaseguro y otras disposiciones (FEK A 27, 16.2.2009). El artículo 13a(4) establece la categoría del sistema de garantía de depósitos.

(39) Ley de 5 de octubre de 1995 sobre entidades de crédito [LV 163(446), 24.10.1995]. El artículo 192(1) introdujo una categoría preferente para los depositantes cubiertos el 21 de mayo de 1998.

(40) Ley CXII de 1996 sobre entidades de crédito y sociedades financieras (Magyar Közlöny 1996/109, 12.12.1996), y en particular el Capítulo XV de la Ley que regula el sistema de garantía de depósitos. La condición preferente de todos los créditos de los depósitos, y no solamente de los garantizados, viene establecida en el artículo 183(1) de la Ley.

(41) Véase el artículo 166-A de la versión consolidada del Decreto Ley no 298/92, de 31 de diciembre de 1992, sobre el régimen general de las entidades de crédito y sociedades financieras (D.R. no 30, I, 10.2.2012).

(42) La Orden Gubernamental no 10/2004 sobre los procedimientos para la reorganización judicial y quiebra de entidades de crédito, con sus enmiendas y suplementos posteriores, y en particular su artículo 38, conceden un derecho preferente, una vez se hayan liquidado los gastos relativos al procedimientos concursal, a los créditos derivados de los depósitos garantizados, incluidos los créditos del sistema de garantía de depósitos derivadas de los pagos abonados a los depositantes cubiertos (Monitorul Oficial al României, primera parte, no 84, 30.1.2004).

(43) Véase el Dictamen del BCE CON/2011/83.

(44) Véase el artículo 33, apartado 2, de la directiva propuesta.

(45) Véase el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado) (DO L 96 de 12.4.2003, p. 16).

(46) Véase a este respecto la Consulta de la Comisión sobre un posible marco para el rescate y la resolución de entidades financieras distintas de los bancos, de 5 de octubre de 2012, que puede consultarse en inglés en la dirección en internet de la Comisión: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/nonbanks/consultation-document_en.pdf