Resolución del Comité de las Regiones sobre el "Desarrollo sostenible Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible - Johannesburgo, 2002"

(2002/C 278/14)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Gotemburgo de los días 15 y 16 de junio de 2001;

vista la Decisión del Consejo Europeo de 4 de marzo de 2002 relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con arreglo al mismo (COM(2001) 579 final);

vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Diez años después de Río: preparación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002 (COM(2001) 53 final);

visto su Dictamen de 14 de noviembre de 2001 sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Diez años después de Río: preparación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002 (CDR 37/2001 fin)(1);

vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones - Hacia una asociación global en favor del desarrollo sostenible (COM(2002) 82 final);

vista la Comunicación de la Comisión de 5 de diciembre de 2001 al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones - Programa de trabajo de la Comisión para 2002 (COM(2001) 620 final);

vista la Estrategia política anual para 2003 (SEC(2002) 217/7 final);

vista la Comunicación de la Comisión de 15 de enero de 2002 al Consejo Europeo de primavera en Barcelona -La estrategia de Lisboa- Hacer realidad el cambio (COM(2002) 14 final), con la que se pretende dar un nuevo impulso a la estrategia aprobada dos años antes en Lisboa para hacer de Europa la economía basada en el conocimiento más dinámica, competitiva y sostenible del mundo;

vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Barcelona de los días 15 y 16 de marzo de 2002, en las que el Consejo señala que el desarrollo sostenible requiere soluciones mundiales que integren de manera equilibrada las dimensiones económica, social y medioambiental;

visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre la aprobación del Protocolo de Kioto, la ejecución de la primera fase del Programa Europeo sobre el Cambio Climático y la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (CDR 458/2001 fin)(2);

considerando que diez años después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo (CNUMAD), celebrada en Río de Janeiro en 1992, cabe concluir que el siglo XXI debe impulsar la estrategia internacional para lograr un planteamiento económico, social y medioambiental equilibrado y coherente en materia de desarrollo sostenible, el llamado Programa 21;

considerando que el Programa 21 es una guía de actuación interna, un programa de quince años de duración para determinadas áreas políticas que sirve de base a la interacción y cooperación entre el sistema de las Naciones Unidas y otras instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales de ámbito subregional, regional y mundial en el área del desarrollo y el medio ambiente, por lo que es preciso mejorar la gestión internacional a nivel mundial, empezando por un impulso a la cooperación entre las diversas organizaciones internacionales;

considerando que el Programa 21 reconoce el importante papel que desempeñan los entes locales y regionales en la creación, funcionamiento y mantenimiento de infraestructuras económicas, sociales y medioambientales, así como en la planificación, aplicación y control de normas y políticas medioambientales regionales y locales y en el apoyo a la aplicación de políticas nacionales;

considerando que el proyecto de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas dará lugar a un plan de acción que deberá incluir una gestión equilibrada del agua, una política agrícola y rural integrada, la protección de la biodiversidad, medidas de control del cambio climático y de gestión de la energía y los transportes no contaminantes, así como una clara política demográfica, por lo que la aplicación de dicho plan de acción debe contar con la participación de los entes locales y regionales, así como de la sociedad civil;

considerando que el 80 % de la población europea vive en áreas urbanas, y que es preciso equilibrar de manera sostenible sus necesidades y las necesidades de quienes viven en zonas rurales, que constituyen el 80 % del territorio de la UE;

considerando que existe una relación estrecha entre pobreza y degradación medioambiental, pues muchos problemas medioambientales son resultado de la falta de justicia social y desarrollo económico y a menudo dificultan la reducción de la pobreza y el desarrollo económico;

considerando que es preciso prestar más atención a la promoción de la integración social e intensificar la lucha contra la pobreza;

considerando que es, asimismo, preciso que la política de investigación de la UE redoble sus esfuerzos de investigación y desarrollo tecnológico no sólo para desarrollar nuevas tecnologías, sino también instrumentos que faciliten la toma de decisiones y métodos de evaluación y control,

ha aprobado por unanimidad en su 44o Pleno, celebrado los días 15 y 16 de mayo de 2002 (sesión del 16 de mayo) la presente resolución.

El Comité de las Regiones

1. Acoge positivamente las declaraciones políticas de los Consejos Europeos de Gotemburgo y Barcelona sobre una estrategia de desarrollo sostenible e insta a las instituciones comunitarias a poner en práctica dichas declaraciones. Hoy en día el crecimiento económico no debe en ningún caso poner en peligro las posibilidades de crecimiento de las generaciones venideras.

2. Insta a la Comisión Europea a que invite al Comité de las Regiones y a sus representantes locales y regionales de los quince Estados miembros a participar activamente en la preparación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que se celebrará en Johannesburgo del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002. El CDR solicita estar representado en dicha cumbre, ya que le corresponde un papel importante en la aplicación de lo que allí se decida.

3. Espera que la Comisión Europea tenga siempre en cuenta el principio de subsidiariedad. No se trata tanto de adoptar un enfoque lineal de arriba abajo o de abajo arriba, sino de que las diferentes esferas de gobierno interactúen dentro de una asociación que reconozca su interdependencia.

4. Solicita que la Comisión Europea garantice que todas las principales propuestas que se presenten en la cumbre de Johannesburgo estén en línea con la estrategia de desarrollo sostenible de la Unión Europea.

5. Señala que muchos de los objetivos establecidos en la Conferencia de Río de hace diez años no se han cumplido y solicita a la delegación de la UE que se centre en lograr un acuerdo sobre el cumplimiento de dichos objetivos, y en tomar medidas contra los Estados que no respeten los objetivos de Río.

6. Solicita que la estrategia de aplicación de los objetivos y directrices derivados del Programa internacional se base en el nuevo enfoque de elaboración de políticas desarrollado por la Comisión Europea y dentro de las actuales competencias de la UE.

7. Comparte el deseo internacional de un nuevo planteamiento global de resolución de problemas, la fijación de prioridades medioambientales para el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático, la acidificación y la eutrofización, la preocupación por el transporte sostenible (mejor coordinación entre transporte por carretera y por ferrocarril y fomento del transporte ferroviario), la promoción del uso de energías renovables, medidas adicionales para luchar contra los riesgos de salud pública y una gestión más responsable de los recursos naturales.

8. Solicita a la Comisión Europea que realice propuestas para mejorar el proceso decisorio con vistas al desarrollo sostenible. Dichas propuestas deberían fomentar la aplicación de los principios de la buena gobernanza, que no deben socavarse mediante el uso de instrumentos no previstos en los Tratados de la UE.

9. Considera necesario que la Unión Europea ampliada integre plenamente el desarrollo sostenible en todo su trabajo, desde el principio, y muy especialmente en la política económica, social y medioambiental. Dado que los países candidatos aportarán una rica fuente de biodiversidad a la UE, estas regiones y aquellas con entornos más vulnerables merecen una atención especial.

10. Aboga por coordinar mejor la protección del medio ambiente y las políticas de erradicación de la pobreza; en este sentido, debe tenerse en cuenta que la asociación a nivel local y regional es la manera más eficaz de luchar contra la exclusión y promover un enfoque integrador para lograr el desarrollo sostenible.

11. Reconoce plenamente la necesidad de traducir en la práctica el derecho de todos a acceder a los bienes públicos mundiales y, en este contexto, el papel que desempeñan los servicios de interés general y su contribución a la calidad de vida de la población y al desarrollo económico, social y medioambiental sostenible de nuestra sociedad. Por tanto, es necesario valorar la situación caso por caso y servicio a servicio, para encontrar la solución más adecuada entre objetivos a corto y largo plazo y consideraciones económicas y sociales.

12. Se muestra de acuerdo con el Parlamento Europeo en que la Comunicación de la Comisión no trata suficientemente la contribución de los entes locales y regionales al desarrollo sostenible.

Deben desarrollarse los siguientes aspectos:

13. Las estrategias transnacionales de ordenación del territorio deben prestar atención a la política hídrica, y los planes estructurales de acción locales y regionales que se elaboren próximamente deberán prestar especial atención a la protección frente a las inundaciones y reforzar las estructuras de protección tanto costeras como frente a las aguas interiores.

14. Actividades de fomento del uso sostenible del agua y del entorno acuático. Su principal objetivo consiste en garantizar una utilización más sostenible del agua como recurso natural esencial y, por consiguiente, es fundamental que se fomenten las tecnologías de captación, tratamiento y distribución del agua, al tiempo que se impide un efecto negativo sobre el ecosistema. Así mismo, la organización de la distribución del agua debe garantizar la igualdad de acceso de todos a dicho recurso. Es preciso desarrollar políticas que garanticen el máximo nivel de protección frente a la contaminación del mar y el agua dulce. Garantizar la seguridad del agua potable y la existencia de buenos servicios sanitarios constituye una prioridad absoluta de la protección de la salud humana.

15. Los Estados miembros de la Unión Europea que no hayan alcanzado el objetivo de las Naciones Unidas de dedicar un 0,7 % de su PIB a ayuda oficial al desarrollo deben aumentar sustancialmente la proporción de recursos asignada a dicho fin.

16. La agricultura asociada a áreas específicas debe tener consideración de actividad económica; no obstante, no debe agotar la calidad natural del suelo ni contaminar el entorno mediante el uso excesivo de fertilizantes o el empleo de pesticidas no biodegradables.

17. Debe fomentarse también la agricultura que respete los principios del desarrollo sostenible, que deberá recibir una ayuda financiera adecuada, ya que mejora la gestión de la naturaleza y la protección de la biodiversidad y el paisaje (sobre todo en las zonas vulnerables), además de estimular la agricultura sostenible ecológicamente y asegurar la cohesión social en las zonas rurales. La agricultura europea debe garantizar un elevado nivel de salud y seguridad alimentaria. Es preciso respetar las exigencias en materia de rastreabilidad y etiquetado.

18. Reconocimiento de la necesidad de aumentar la calidad de la producción mundial de alimentos, con una mejor normativa (controles y sanciones) sobre la (bio)tecnología. Es posible que determinadas tecnologías entrañen riesgos aún desconocidos y quizá no se hayan discutido suficientemente los aspectos éticos (como los relativos a los OMG) relacionados con el tema.

19. Debe alcanzarse un equilibrio adecuado entre la promoción específica y a gran escala de determinadas tecnologías (energía y transporte) y una política general de innovación que someta al mercado la tecnología centrada en la sostenibilidad.

20. Deberían desarrollarse métodos de evaluación adecuados en todas las áreas políticas para poder detectar sobre la base de criterios objetivos los progresos reales en los diversos ámbitos del desarrollo sostenible. El Comité de las Regiones considera que los criterios utilizados deberían ser específicos, cuantificables, aceptables, realistas y centrados en un periodo específico.

21. El desarrollo sostenible debe ser clave en todo nuevo plan sectorial, regional y empresarial financiado por el presupuesto comunitario. Los responsables de los entes locales y regionales deberían entablar un diálogo con la comunidad empresarial y fomentar las inversiones sostenibles.

22. Los instrumentos económicos y la política en materia de imposición y fiscalidad ecológica constituyen instrumentos cuya importancia es fundamental, no sólo en el ámbito del medio ambiente, sino también por lo que se refiere al desarrollo regional para favorecer una utilización más racional de los recursos y emisiones menos nocivas, así como para financiar la igualdad de acceso a los bienes públicos necesarios para el desarrollo sostenible.

23. Debe adoptarse un planteamiento equilibrado a la hora de combinar buenas condiciones sociales con una alta productividad y una calidad elevada de los bienes y servicios. El principio fundamental debe ser que la creación de más y mejores empleos en una economía dinámica y competitiva refuerza la cohesión social.

24. Debe apoyarse la participación ciudadana activa en el cambio social y medioambiental; es fundamental emprender esfuerzos en materia de educación y campañas de información pública. La educación y la formación, dentro de una perspectiva de aprendizaje permanente, deben considerarse instrumentos clave en el desarrollo de una mano de obra cualificada, que constituye un elemento básico del desarrollo económico y social sostenible.

25. Debe prestarse más atención a la creación de un entorno vital sostenible que incluya el uso sostenible de bosques, áreas urbanas habitadas y del entorno laboral.

26. Debe continuarse y reforzarse el planteamiento del Programa Local 21, en línea con el Programa de Río. Las buenas prácticas en miles de municipios y comarcas europeos demuestran que este instrumento permite lograr un desarrollo sostenible que integra los aspectos económicos, las relaciones sociales y el medio ambiente y que, al mismo tiempo, fomenta el diálogo con los ciudadanos y su participación activa.

27. El Programa 21, que generalmente se considera un proceso de diálogo dentro de la sociedad, debe ser objeto de un cuidadoso seguimiento. Es preciso desarrollar un aprendizaje social y un proceso creativo, así como nuevas maneras de orientar la coexistencia social y nuevos instrumentos de cooperación que vayan más allá de los procedimientos administrativos tradicionales, en su mayor parte burocráticos y normativos.

El CDR encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo y las Presidencias española y danesa del Consejo.

Bruselas, 16 de mayo de 2002.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Albert Bore

(1) DO C 107 de 3.5.2002, p. 9.

(2) DO C 192 de 12.8.2002, p. 59.