Como establece el artículo 29 de la Directiva, en este informe se evalúa en qué medida han adoptado los Estados miembros las medidas necesarias para cumplir la Directiva. La Directiva sobre los derechos de las víctimas no requiere solamente su transposición al Derecho nacional, sino también que los Estados miembros adopten medidas de carácter no legislativo, como el establecimiento de servicios de apoyo generales y especializados o la garantía de que los profesionales y otras personas que entren en contacto con las víctimas reciban formación sobre los derechos y necesidades de estas. La evaluación se basa en el análisis de las medidas nacionales que transponen la Directiva y que fueron notificadas a la Comisión, así como en datos adicionales comunicados a la Comisión sobre la base del artículo 28 de la Directiva.

El objetivo de la Directiva es garantizar que las víctimas de delitos reciban información, apoyo y protección adecuados y que puedan participar en procesos penales. De acuerdo con la Directiva, las víctimas de delitos serán reconocidas y tratadas de manera respetuosa, sensible, profesional y no discriminatoria por todos los agentes que tengan contacto con ellas, que también deberán tener en cuenta su situación personal. Deberá prestarse una atención especial a las víctimas con necesidades específicas, con vistas a protegerlas frente a la victimización secundaria, la intimidación y las represalias. Asimismo, las víctimas de delitos deberán tener acceso a servicios de apoyo especializados. La Directiva exige además que cuando la víctima sea un menor, la consideración fundamental será su interés superior.

De conformidad con el artículo 5, las víctimas de delitos tienen derecho a recibir una declaración por escrito que sirva de reconocimiento de la denuncia formal que hayan presentado, así como a interponer su denuncia en una lengua que entiendan. Se detectaron carencias en la transposición de este artículo en varios Estados miembros. Uno de ellos no ha transpuesto el requisito de ofrecer a las víctimas de delitos la posibilidad de recibir la asistencia lingüística necesaria al interponer sus denuncias (artículo 5, apartado 2). Dos Estados miembros no han transpuesto la exigencia de traducir la declaración por escrito de la denuncia (artículo 5, apartado 3). Otros limitaban esta disposición a las víctimas de determinados delitos o la condicionaban a una petición de las víctimas.

La Comisión detectó que la aplicación del derecho a entender y ser entendido resulta problemática en varios Estados miembros. Es el caso de algunos Estados miembros que no habían transpuesto la obligación de ayudar proactivamente a las víctimas cuando se comuniquen con ellas (artículo 3). Varios Estados miembros no garantizaban que la comunicación se llevara a cabo en un lenguaje sencillo y teniendo en cuenta las características personales de la víctima (artículo 3, apartado 2).

Los «familiares» de una víctima que no haya fallecido a causa de un delito también tienen derechos al amparo de la Directiva, en particular el derecho de acceso a servicios de apoyo y protección. En un número reducido de Estados miembros también se ha detectado una transposición incompleta de esta definición.

Con arreglo al artículo 6, las víctimas tienen derecho a recibir información sobre su causa durante el procedimiento penal. La finalidad de esta disposición es garantizar que las víctimas puedan participar en los procesos y ser informadas de posibles riesgos para su seguridad cuando, por ejemplo, el infractor es puesto en libertad o se fuga. Se detectaron problemas de cumplimiento en numerosos Estados miembros. En algunos de ellos, no existía un requisito claro que obligue a notificar a las víctimas su derecho a solicitar información sobre la decisión de no continuar el procesamiento. En dos Estados miembros no se encontró el requisito de proporcionar esta información a la víctima cuando la solicita. En un número reducido de Estados miembros, no se notifica a las víctimas la naturaleza de los cargos contra el infractor (artículo 6, apartado 1). Algunos Estados miembros incumplen el requisito de proporcionar información a las víctimas sobre la situación en que se encuentra el proceso penal. Dos de ellos no lo han transpuesto y en los demás no se garantiza la comunicación de dicha información a lo largo del procedimiento.

Dos Estados miembros no han transpuesto el artículo 6, apartado 3, de la Directiva. Las autoridades competentes de esos Estados miembros no proporcionan a las víctimas los motivos o un breve resumen de los motivos de la decisión que resuelve la causa.

La transposición de la obligación de notificar a las víctimas la puesta en libertad o fuga del infractor (artículo 6, apartado 5) resulta problemática en varios Estados miembros. La mayoría de ellos no han transpuesto la exigencia de informar a las víctimas «sin retrasos innecesarios» sobre esta cuestión. Además, algunos Estados miembros no han transpuesto el requisito de informar a las víctimas sobre las medidas de protección disponibles en caso de puesta en libertad o fuga del infractor.

El derecho a interpretación y traducción para las víctimas que no hablen la lengua en la que se celebre el proceso penal está recogido en el artículo 7. Estos servicios deben prestarse de manera gratuita a las víctimas que lo soliciten.

En la mayoría de los Estados miembros se detectaron carencias en la transposición del artículo 7. Dicha transposición es incompleta en un Estado miembro, ya que únicamente contempla la prestación de servicios de interpretación durante los procesos judiciales (artículo 7, apartado 1). Se detectaron problemas de cumplimiento en varios Estados miembros, relacionados con la ausencia de transposición del artículo 7, apartado 2, relativo al uso de videoconferencias. También se encontraron deficiencias en la transposición del requisito de proporcionar a las víctimas la traducción de la información esencial para el ejercicio de sus derechos (artículo 7, apartado 3). Dichas deficiencias guardan relación, fundamentalmente, con la falta de traducción de los motivos de la decisión de que se trate.

Un número reducido de Estados miembros no ha transpuesto el derecho de las víctimas a presentar una solicitud motivada para que se considere esencial un documento (artículo 7, apartado 5). Se encontraron problemas de transposición del artículo 7, apartado 7, en varios Estados miembros, con respecto a la evaluación por parte de las autoridades competentes de si las víctimas necesitan servicios de interpretación y traducción. La mayoría de ellos no ha transpuesto este requisito. Además, algunos Estados miembros no contemplan la posibilidad de impugnar la resolución ni de proporcionar servicios de interpretación o traducción.

3.3.Derechos procesales (artículos 10, 11, 13, 16 y 17)

Varias disposiciones de la Directiva sobre los derechos de las víctimas relacionadas con los derechos procesales hacen referencia al papel que desempeñan las víctimas en el sistema de justicia penal de un determinado Estado miembro. Este papel varía de unos Estados miembros a otros. Ocurre lo mismo, por tanto, con el alcance exacto de los derechos procesales de las víctimas.

El artículo 10 de la Directiva tiene por finalidad garantizar que todas las víctimas tengan la oportunidad de proporcionar información, exponer su punto de vista o presentar pruebas durante los procesos penales. Las normas procesales aplicables se fijan en el ámbito del Derecho nacional. Se detectaron problemas de cumplimiento en algunos Estados miembros. Dichos problemas están relacionados, principalmente, con la falta de las necesarias garantías en las audiencias a víctimas menores de edad (artículo 10, apartado 1).

En el artículo 11, se establecen los derechos de las víctimas en caso de que se adopte una decisión de no continuar el procesamiento. Son pocos los Estados miembros que no han transpuesto esta disposición por completo. Por ejemplo, algunos Estados miembros no proporcionan suficiente información a las víctimas para que estas puedan decidir si desean solicitar la revisión de una decisión de no continuar el procesamiento (artículo 11, apartado 3).

La mayor parte de los Estados miembros han transpuesto íntegramente el artículo 13 de la Directiva, relativo al acceso a asistencia jurídica gratuita. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que esta disposición hace referencia al Derecho nacional en lo tocante a la determinación efectiva de las condiciones o normas procesales en virtud de las que las víctimas tienen derecho a asistencia jurídica gratuita. Así pues, esta disposición no armoniza las condiciones en las que las víctimas tienen derecho a asistencia jurídica gratuita.

En el artículo 16 de la Directiva se establece el derecho a obtener una decisión relativa a la indemnización por parte del infractor en el curso del proceso penal. Todos los Estados miembros salvo uno cumplen este requisito. Los Estados miembros también están obligados a promover medidas para que el autor de la infracción indemnice a la víctima adecuadamente (artículo 16, apartado 2). La mayoría de los Estados miembros ha transpuesto este requisito.

El artículo 17, apartado 1, exige que los Estados miembros palíen las dificultades derivadas del hecho de que la víctima resida en un Estado miembro distinto de aquel en que se haya cometido la infracción penal. Algunos Estados miembros no han transpuesto este requisito.

También se detectaron deficiencias a la hora de garantizar que la denuncia se traslade sin dilación al Estado en el que se haya cometido la infracción penal (artículo 17, apartado 3). Varios Estados miembros carecen de disposiciones a tal fin.

3.4.Acceso de las víctimas a los servicios de apoyo (artículos 8 y 9)

El propósito de los artículos 8 y 9 es asegurar que las víctimas tengan acceso a servicios de apoyo generales y especializados de acuerdo con sus necesidades. Estos servicios serán confidenciales y gratuitos y actuarán en interés de las víctimas antes, durante y por un período de tiempo adecuado después de la conclusión del proceso penal. Los familiares tienen acceso a los servicios de apoyo en función de sus necesidades y del grado de daño sufrido.

En cuanto a la transposición del artículo 8, apartado 1, relativo al derecho a recibir servicios de apoyo generales, varios Estados miembros no lo han transpuesto en su totalidad. Muchos Estados miembros limitan el acceso a dichos servicios a las víctimas de violencia doméstica o de trata de seres humanos. En la práctica, sin embargo, las víctimas de violencia doméstica no reciben ni un apoyo ni una protección efectivos en varios Estados miembros. Además, no todos ellos establecen para los familiares de las víctimas el derecho a contar con servicios de apoyo.

Varios Estados miembros no han transpuesto la obligación de las autoridades competentes de derivar a las víctimas a servicios de apoyo (artículo 8, apartado 2). En esos Estados miembros las víctimas no son derivadas a servicios de apoyo a las víctimas, o solamente se deriva a dichos servicios a determinadas categorías de víctimas (las de violencia doméstica, por ejemplo). Se observaron problemas de transposición similares en relación con el artículo 8, apartado 3, que exige que los Estados miembros establezcan servicios de apoyo especializado gratuito y confidencial. Algunos Estados miembros no han transpuesto esta disposición, o lo han hecho de forma incompleta. Por ejemplo, determinados Estados miembros prevén la prestación de este tipo de servicios únicamente a las víctimas de violencia doméstica o a las víctimas menores de edad.