Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (95/C 210/12)

El 14 de junio de 1994, el Consejo de la Unión Europea decidió consultar al Comité de las Regiones sobre la propuesta mencionada arriba.

En su 5° Pleno, celebrado los días 15 y 16 de noviembre de 1994 (sesión del 16 de noviembre de 1994), el Comité de las Regiones aprobó por unanimidad el siguiente dictamen, elaborado por la Ponente : Sra. Ulrike Riedel.

Introducción

La presente propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva EIA - evaluación de impacto ambiental) obedece a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 11 de la Directiva inicial, según el cual la Comisión debe presentar al Consejo propuestas suplementarias, si ello fuera necesario, para que las disposiciones de la Directiva original puedan aplicarse de forma suficientemente coordinada.

La propuesta de la Comisión se basa, fundamentalmente, en los resultados del Informe sobre la aplicación de la Directiva EIA que la Comisión debe remitir al Consejo y al Parlamento cinco años después de la publicación de dicha Directiva en virtud de ese mismo artículo 11. Este Informe fue presentado en noviembre del 1992 (doc. COM(93) 28 final-vol 13).

El Informe muestra que la aplicación de la Directiva EIA varía de un Estado miembro a otro. Estas diferencias se refieren, en particular, a las disposiciones de la Directiva sobre :

- el ámbito de aplicación definido en el apartado 1 del artículo 2 en combinación con el artículo 4 (Anexos I y II),

- las informaciones que deben presentarse de acuerdo con el artículo 5 en combinación con el Anexo III,

- la supervisión de los efectos del proyecto (« monitoring »).

La Comisión intenta colmar estas insuficiencias estableciendo nuevas disposiciones relativas a la obligatoriedad de la EIA para los proyectos del Anexo II (« screening »), así como al contenido de la EIA (« scoping », evaluación de sustitución vinculante).

Por « screening » se entiende la obligación de la autoridad responsable de la EIA de determinar si, con arreglo a los umbrales establecidos en los Estados miembros y a los criterios de selección definidos en el Anexo II bis, sus efectos probables sobre el medio ambiente requieren o no una evaluación de impacto ambiental.

Por « scoping » se entiende la obligación de la autoridad competente de determinar, antes de la presentación de la solicitud y de acuerdo con las autoridades correspondientes y con el maestro de obras, la cantidad de información que deberá ser suministrada.

El apartado 2 del Anexo III estipula que deberán describirse las principales soluciones de sustitución previsibles con el fin de que las autoridades determinen cuál es la más compatible con el medio ambiente.

Asimismo, se ha sometido a una reordenación y ampliación sistemáticas las listas de proyectos que deberán someterse a una EIA, enumerados en los Anexos I y II.

Por otra parte, la propuesta de la Comisión se ha elaborado teniendo presentes (artículo 7) los compromisos contraídos por la Comunidad y los Estados miembros a nivel internacional al firmar el Convenio de Espoo sobre evaluación de impacto ambiental en un contexto transfronterizo ().

Dado que la propuesta de Directiva se basa en el apartado 1 del artículo 130 S del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea en la versión del Tratado de la Unión Europea, debe cumplirse con el procedimiento de cooperación con el Parlamento Europeo y consultarse al Comité Económico y Social. Considerando la temática tratada, la Comisión ha propuesto igualmente que se consulte al Comité de las Regiones.

La Comisión de Ordenación del Territorio, medio ambiente y Energía (Comisión 5) recomienda al Comité de las Regiones (CDR) que en su pleno de los días 15 y 16 de noviembre del 1994 apruebe el siguiente Dictamen.

1. Observaciones generales

1.1. Necesidad de completar la Directiva EIA

El CDR coincide con la Comisión en que, dado que existen divergencias en su aplicación, es necesario actualizar la Directiva confiriéndole mayor precisión. El CDR apoya el objetivo de la Directiva EIA de perseguir un único nivel de protección del medio ambiente y de calidad de vida; para ello debe informarse con la mayor rapidez de las repercusiones sobre el medio ambiente de determinados proyectos, que deberán ser tomadas en consideración a la hora de decidir su autorización. El CDR considera que mediante la EIA y su actualización se deberá contribuir a garantizar las mismas condiciones locales y de vida en todas las regiones, manteniendo de forma ecológica y duradera los recursos naturales. En materia de protección del medio ambiente, no debe existir desfase alguno entre regiones. Además, debe garantizarse que el procedimiento administrativo de la evaluación de impacto ambiental -de la que son principales responsables las regiones- se efectuará sin fricciones. Las diferencias en los contenidos de las disposiciones y en los procedimientos administrativos harían peligrar la cooperación de las regiones e impedirían la igualdad de oportunidades en materia de desarrollo.

1.2. Valoración general de las propuestas

El CDR observa que las disposiciones del artículo 5 en combinación con las nuevas disposiciones del Anexo III y de los artículos 6 a 13 convienen de manera general al objetivo de la propuesta de modificación de la Comisión relativa a la Directiva EIA.

No obstante, el CDR considera que no se ha realizado el objetivo de la aplicación unitaria del procedimiento de evaluación.

En opinión del CDR, las deficiencias mencionadas en el Informe sobre la aplicación de la Directiva EIA se agravarán con la presente propuesta. Por tanto, es necesario reelaborarla teniendo en cuenta la experiencia adquirida.

Las regiones, a cuyas autoridades compete la trasposición de las disposiciones de la propuesta, temen que, de ser aprobada, aumenten las disparidades en la aplicación de la Directiva en los Estados miembros.

1.3. Falta de coherencia con otras propuestas de Directiva de la Comisión

En opinión del CDR, las regiones afrontarán en el futuro un problema de aplicación, ya que la Directiva EIA no es coherente con la propuesta de Directiva del Consejo relativa a la prevención y el control integrados de la contaminación (DO n° C 311/06 - doc. COM(93) 423 final) pese a que las disposiciones de ambas Directivas se refieren a proyectos idénticos o similares. La política de medio ambiente de la Comisión sólo tendrá éxito si se coordinan estrechamente las estrategias de la política de medio ambiente y las disposiciones específicas. Las diferencias en la definición de conceptos (por ejemplo, entre las dos Directivas mencionadas), la falta de armonización en cuanto a normas de procedimiento y las distintas exigencias materiales para proyectos idénticos dan lugar en la práctica a confusiones y van en detrimento del objetivo de la política de medio ambiente de un desarrollo duradero.

1.4. Disposiciones necesarias que no figuran en la propuesta de la Comisión

El CDR llama la atención de la Comisión sobre el hecho de que aunque el planteamiento de la Directiva EIA es indudablemente procedimental, debe dar lugar también a un examen de los contenidos. No obstante, para este examen, que es necesario, faltan métodos de medición, por ejemplo, de los daños causados al suelo y las aguas. Por tanto el Comité pide a la Comisión que examine en qué medida es necesario plantear exigencias específicas en lo referente al nivel de protección.

1.5. Objetivos generales de la Directiva a examen

El CDR teme que la ampliación de la EIA a un número demasiado elevado de proyectos o a proyectos demasiado pequeños o, en general, sin repercusiones significativas en el medio ambiente, la convierta en un procedimiento rutinario con carácter de mera formalidad. La EIA debería limitarse a procedimientos que impliquen una notable repercusión en el medio ambiente.

2. Observaciones particulares

Artículo 1

El CDR señala que las autoridades regionales competentes se han encontrado con el problema de la interpretación del concepto de « modificación de proyecto », tanto en lo referente al alcance de la modificación como en relación con las condiciones en que se autorizó. Sin embargo, estos problemas no se solucionarán con las definiciones propuestas por la Comisión, que son tan abstractas que no resolverán en absoluto las dificultades de interpretación. Los problemas prácticos que se han presentado sólo podrán solucionarse si se definen con mayor precisión los casos en los que existe una « modificación notable ». El criterio para determinar la importancia de una modificación deberá ser el de sus repercusiones sobre el medio ambiente.

El CDR lamenta que la modificación propuesta en el artículo 1 no concuerde con el apartado 9 del artículo 2 de la Directiva relativa a la prevención y el control integrados de la contaminación. El concepto de « modificación sustancial » debería ser definido de una manera unitaria y lo más concreta posible. La definición que se propone en la Directiva 93/423/CEE para « modificación sustancial » es más concreta. Además, la Comisión debería decidirse por uno u otro de los conceptos utilizados en ambas Directivas, es decir « modificación de proyecto » o « modificación sustancial ».

Apartado 3 del artículo 4

El CDR lamenta que no se haya armonizado la definición de proyecto del Anexo II de la Directiva EIA con la de la propuesta de Directiva relativa a la prevención y el control integrados de la contaminación, puesto que se trata de proyectos similares.

Con el nuevo procedimiento de « screening » propuesto, no se alcanza el objetivo perseguido de conceder a la EIA una aplicación homogénea en todas las regiones. Antes bien, es de temer que las diferencias en el modo de aplicación aumenten más aún con el « screening », ya que los criterios con arreglo a los cuales deberá decidirse sobre la realización de una evaluación de impacto ambiental son tratados de manera tan abstracta y general que, con toda seguridad, conducirán a decisiones muy diferentes.

Respecto de la Directiva referente a la prevención y el control integrados de la contaminación, se recomienda a la Comisión que prescinda de la diferenciación entre Anexo I y Anexo II de la Directiva a examen y realice un catálogo definitivo de proyectos que deberán someterse a una EIA. Gracias a la experiencia adquirida durante décadas en la autorización de proyectos, puede determinarse en general para todos los proyectos importantes cuáles de ellos (según su naturaleza y magnitud) tendrán repercusiones considerables sobre el medio ambiente. No es aceptable desde el punto de vista práctico, que las autoridades responsables de dar el visto bueno -con arreglo a los umbrales límite de cada Estado miembro o a los criterios establecidos en el Anexo II bis- adopten decisiones caso por caso. La concesión de autorizaciones individuales causa a las regiones problemas relacionados con la tramitación administrativa del procedimiento y contribuye a aumentar las diferencias de aplicación.

Además, los Estados miembros mantienen la posibilidad de determinar, aparte de los tipos de instalación mencionados en la Directiva, otros tipos de instalación que deben someterse a una EIA, a fin de poder tener en cuenta las especificidades nacionales y regionales (conforme al artículo 130 T del Tratado).

Apartados 1 y 3 del artículo 5

El CDR se felicita por la disposición propuesta y, en concreto, por el hecho de que según la nueva versión del apartado 2 del Anexo III, deba realizarse una evaluación alternativa para todos aquellos proyectos que deban ser objeto de una EIA.

Artículos 6 y 9

El CDR acoge con satisfacción la disposición donde se específica que debe consultarse a las autoridades de medio ambiente no sólo sobre la solicitud de autorización presentada por el titular del proyecto sino también sobre la información suministrada por este último. Asimismo, acoge con satisfacción que la consulta del público se realice antes de la autorización de los proyectos y no sólo antes de que comience su ejecución efectiva.

Artículo 7

El CDR considera necesario definir con mayor precisión las disposiciones relativas a la evaluación ambiental transfronteriza. Con el fin de facilitar el procedimiento, el CDR estima oportuno que las informaciones y consultas mutuas se desarrollen a nivel de las autoridades y de las regiones de los Estados miembros responsables de las autorizaciones de los proyectos. El CDR recomienda que se adopte una disposición según la cual deba presentarse también, en el idioma del Estado miembro interesado, un resumen no técnico de la descripción del proyecto, de conformidad con el punto 1 del Anexo IV. En dicho resumen deberán destacarse en particular los perjuicios que afectarían a las regiones limítrofes.

Anexos I y II

El CDR no manifiesta reserva alguna sobre la inclusión en el Anexo I de instalaciones de reelaboración de combustibles nucleares irradiados e instalaciones de almacenamiento provisional para residuos radiactivos. Sin embargo, deberían incluirse también las instalaciones de reelaboración de combustibles nucleares; de hecho, el concepto de « reelaboración » no incluye las instalaciones para la producción de combustible a partir de material de combustión nuclear.

El CDR considera que la definición de instalaciones químicas integradas sigue sin ser la más idónea. Sería más oportuno, al igual que en el punto 4 del Anexo I de la Directiva relativa a la prevención y el control integrados de la contaminación, presentar una definición concluyente de las correspondientes instalaciones químicas.

En principio, cabe felicitarse por la ampliación del Anexo II. No obstante, sería más conveniente, sobre todo para los casos de proyectos de irrigación y avenamiento de terrenos, reforestación y cría intensiva de ganado, enumerados en el informe, indicar el tamaño de las instalaciones que deberán someterse a una EIA.

Otro tanto cabe decir igualmente de los proyectos enumerados en el apartado 11 del Anexo II. Sería útil informar sobre el tamaño de las plantas depuradoras y depósitos de lodos.

Anexo II bis

Independientemente de que el CDR opine que el « screening » debería ser sustituido por una lista clara y vinculante de los proyectos que deban someterse a una EIA, cabe observar que los criterios de selección que figuran en el punto 1 son muy generales y deberían definirse con mayor precisión.

El CDR teme que el « screening » obligue a las autoridades administrativas regionales a establecer una nueva fase dentro del procedimiento de autorización, sin que quede claro el límite entre la fase del « screening » y la del procedimiento de « scoping ».

En opinión del CDR, el desarrollo práctico de cada fase del procedimiento no está suficientemente elaborado.

Por tanto, el CDR propone de nuevo a la Comisión que opte por una lista definitiva de los proyectos que deberán ser objeto de una EIA.

Hecho en Bruselas, el 16 de noviembre de 1994.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Jacques BLANC

() DO n° C 104 de 24. 4. 1992.