28. 3. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 80/1 
II 
(Actos jurídicos preparatorios) 
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 
Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo relativa al Convenio de las 
Naciones Unidas sobre las condiciones de registro de buques titulada: Propuesta de Decisión 
del Consejo sobre la postura común que deben adoptar los Estados miembros cuando firmen 
y ratifiquen el Convenio de las Naciones Unidas sobre las condiciones de registro de buques 
(88/C 80/01) 
De conformidad con el artículo 84 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, 
el 12 de octubre de 1987 el Consejo decidió consultar al Comité económico y social sobre la 
propuesta arriba mencionada. 
La Sección de Transportes y Telecomunicaciones, encargada de la preparación de los trabajos en la 
materia adoptó su Dictamen el 13 de enero de 1988, basándose en la ponencia del Sr. Whitworth. 
En su 252a Sesión Plenaria (sesión del 27 de enero de 1988), el Comité económico y social adoptó el 
siguiente Dictamen: 
1. Introducción y antecedentes 
1.1. La historia del Convenio de las Naciones Unidas 
sobre las condiciones de registro de buques es prolongada y 
compleja. El Convenio se adoptó, por decisión unánime de 
una Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones 
Unidas celebrada en febrero de 1986, tras una serie de 
prolijas conferencias de negociación (19 semanas en total) 
que empezaron en 1982. El objetivo era establecer una 
legislación internacional que garantizase o consolidase los 
« vínculos sustanciales entre un Estado y los buques que 
enarbolan su bandera» para permitir al Estado de 
pabellón» ejercer de forma efectiva su jurisdicción y 
control sobre dichos buques con respecto a la identificación 
y responsabilidad de los armadores y operadores, así como 
respecto a los aspectos administrativos, técnicos, económi­
cos y sociales». El Convenio se aplica a todas las 
embarcaciones marítimas utilizadas en el comercio 
internacional que tengan más de 500 toneladas brutas. 
1.2. De forma muy resumida, las disposiciones del 
Convenio van encaminandos a: 
a) definir las responsabilidades de las administraciones 
marítimas nacionales con respecto a una serie de 
cuestiones relativas a la jurisdicción y el control de los 
buques registrados en el Estado de pabellón; 
b) exigir el mantenimiento de un registro nacional de 
buques y de una documentación relativa a la identidad 
del propietario, de los operadores o de otras personas 
responsables; c) especificar el grado exigible de participación de los 
nacionales en la propiedad y/o tripulación de los 
buques; 
d) definir la función del Estado de pabellón en la gestión de 
las sociedades propietarias de buques y de los buques, 
incluyendo el grado de participación de los nacionales; 
e) adoptar otras medidas detalladas relativas a las 
condiciones de flete de los buques, a las empresas mixtas 
compuestas por compañías navieras de países diferentes 
y a la protección de los intereses de los países 
suministradores de mano de obra. 
1.3. El Convenio estuvo abierto a la firma desde el 1 de 
mayo de 1986 hasta finales de abril de 1987, y ahora está 
sólo abierto a la adhesión. Entrará en vigor 12 meses 
después de la fecha en que se hayan adherido no menos de 
40 estados cuyo tonelaje reunido ascienda al menos al 25 % 
del tonelaje mundial. Hasta ahora sólo han manifestado su 
intención de adherirse 12 países, que representan el 6,7 % 
del tonelaje mundial, ninguno de los cuales es Estado 
miembro de la Comunidad. 
1.4. El punto básico de la postura de la Comunidad 
durante las negociaciones de Ginebra fue la insistencia de la 
Comisión en una cláusula destinada a garantizar la 
compatibilidad entre las disposiciones del Tratado de 
N° C 80/2 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28. 3. 88 
Roma sobre la libre circulación de mano de obra y capitales 
y los artículos 8 y 9 del Convenio (relativos a la propiedad y 
tripulación de los buques). Esta propuesta no resultó 
aceptable para los otros grupos políticos de la Conferencia 
de la ONU, ni para algunos miembros no comunitarios del 
Grupo OCDE. Además, en aquel momento incluso algunos 
Estados miembros consideraron la propuesta innecesaria, 
si se excluía del Convenio un artículo propuesto que 
impedía cualquier reserva. Esto se logró a la postre. Tras 
largas discusiones al respecto entre la Comisión y los 
Estados miembros, se llegó al acuerdo de que los Estados 
miembros podrían firmar el Acta Final de la Conferencia 
Diplomática sin la inclusión de una cláusula comunitaria; y 
de que el país que entonces asumía la Presidencia de la 
Comunidad debería hacer una declaración en la sesión final 
de la Conferencia indicando que los Estados miembros sólo 
podrían adherirse al Convenio de conformidad con las 
obligaciones que les imponía el Tratado de Roma. Ello se 
hizo cumplidamente. 
2. La presente propuesta 
2.1. Inmediatamente después de la adopción del Conve­
nio, como se señala en el apartado 3 de la Comunicación de 
la Comisión del 25 de septiembre de 1986, la Comisión 
envió una carta a los Estados miembros en la que volvía a 
exponer su argumento de que sería una contravención de 
las obligaciones de los Estados miembros establecidas en el 
Tratado constitutivo de la CEE que firmasen o ratificasen el 
Convenio sin una reserva adecuada. La Comunicación 
explica después el problema de la incompatibilidad entre 
los artículos 8 (propiedad), 9 (tripulación) y 10 (función de 
los Estados de pabellón en la gestión) y los artículos 
específicos del Tratado. La Comunicación concluye que los 
Estados miembros sólo pueden cumplir con las obligacio­
nes que les impone la legislación comunitaria si hacen una 
reserva común en el momento de la firma y la ratificación. 
Examina el riesgo de objeción por parte de otros Estados 
signatarios, pero lo descarta como poco grave e inevitable. 
2.2. Por consiguiente, la Comisión propone que los 
Estados miembros, al firmar y ratificar el Convenio, hagan 
la siguiente reserva: 
«(El Estado miembro de que se trate) aplicará los 
artículos 8, 9 y 10 en conformidad con lo dispuesto en el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea y, en particular, con las disposiciones que 
exigen igualdad de trato de los nacionales de los Estados 
miembros de la Comunidad». 
2.3. Es importante señalar que la Comisión no parece 
querer dar ningún consejo sobre cualquier otro aspecto del 
Convenio, ni siquiera sobre si los Estados miembros 
individuales deberían firmarlo y ratificarlo. La única cuestión que se ventila parece ser si resulta necesaria una 
reserva común, y en tal caso, qué forma debería adoptar. 
3. Observaciones generales 
3.1. Sin embargo, el Comité considera que el asunto 
debería estudiarse confrontándolo con la parte de su 
Dictamen sobre el memorándum de la Comisión « Conse­
cución de una política común de transportes — Transporte 
marítimo (adoptado en su 237a Sesión Plenaria, sesión del 
21 de mayo de 1986) que trata de los registros abiertos. El 
apartado correspondiente de dicho Dictamen reza como 
sigue: 
« El Comité reconoce que las banderas de conveniencia 
no son necesariamente sinónimo de transacciones 
inferiores, y considera que hay que someter todas las 
embarcaciones, cualquiera que sea la bandera, a un 
control de puerto más estricto. Asimismo, el Comité 
considera que hay que tratar de lograr más claridad y 
responsabilidad en la propiedad de embarcaciones y 
crear una relación más estrecha entre el barco y el 
Estado representado por la bandera, a fin de que éste 
establezca con claridad el propietario y la responsabili­
dad financiera y se pueda mejorar la aplicación de 
acuerdos internacionales sobre seguridad y normas 
sociales. 
El Comité hace constar que en las Naciones Unidas se ha 
adoptado recientemente un convenio sobre requisitos 
para el registro de embarcaciones, que en cierta medida 
está orientado a lograr estos objetivos» ('). 
3.2. El Comité no cree necesario hacer un juicio de valor 
en el contexto de la presente propuesta de Decisión del 
Consejo sobre si los términos del Convenio coinciden de 
forma adecuada con los criterios expuestos en su Dictamen 
precedente. Señala que la cuestión de la adhesión es asunto 
de cada Estado miembro. No obstante, no tiene conoci­
miento de que en la Comunidad se haya producido ningún 
tipo de entusiasmo por la adhesión, y señala que al menos 
en algunos medios interesados se considera que las 
disposiciones del Convenio destinadas a consolidar los 
vínculos entre el Estado de pabellón y las embarcaciones 
inscritas en su registro son muy poco adecuadas. 
3.3. A pesar de todo, los objetivos del Convenio son 
ampliamente coherentes con los que señalaba el Comité en 
1986; y el Convenio fue el único resultado que pudo 
alcanzarse entre las diversas posturas manifestadas en el 
foro de la ONU durante cuatro años de debate, negociación 
y compromiso. 
(!) DO n° C 207 de 18. 8. 1986. 
28. 3. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 80/3 
4. Observaciones específicas 
4.1. La razón que fundamenta la propuesta de la 
Comisión de una reserva común es la creencia de que las 
disposiciones de los artículos 8, 9 y 10 del Convenio (que 
tratan respectivamente de la propiedad, la tripulación y la 
función del Estado de pabellón con respecto a la gestión) 
son incompatibles con las disposiciones del Tratado 
referentes a la no discriminación por motivos de nacionali­
dad (artículo 7), a la libre circulación de trabajadores 
(artículos 48 a 51), al derecho de establecimiento (artículos 
52 a 58) y la libre circulación de capitales (artículos 67 a 73). 
4.2. Se trata de disposiciones fundamentales que están 
en la raíz del concepto global de la Comunidad, y resulta 
esencial que se salvaguarden. 
4.3. Por otra parte, se puede señalar también que la 
cuestión de la incompatibilidad no se habría planteado si 
existiera ya un instrumento comunitario idóneo para 
regular los asuntos relativos al registro. 
4.4. Sin embargo, se puede como mínimo argumentar 
que no se plantea o no necesita plantearse un problema de 
incompatibilidad. Así podría ocurrir si, por una parte, las 
disposiciones sobre nacionalidad de las legislaciones de los 
Estados miembros aplicables a los campos cubiertos por los 
artículos en cuestión del Convenio fuesen lo bastante 
amplias como para ser coherentes con los artículos 
correspondientes del Tratado, y si, por otra parte, las 
disposiciones del Convenio relativas a los conceptos de 
nacionalidad y establecimiento pudieran aplicarse legíti­
mamente en conformidad con los artículos en cuestión del 
Tratado. El primer asunto es competencia de los Estados 
miembros, mientras que respecto al segundo la Comisión 
señala en el apartado 7 de su Comunicación que los 
artículos 8, 9 y 10 del Convenio podrían aplicarse en 
conformidad con la legislación comunitaria (aunque la 
Comisión considera que ello debería hacerse mediante una 
reserva). 
4.5. El Comité pone en tela de juicio la coherencia de la 
Comisión cuando argumenta que, por una parte, es posible 
aplicar un Convenio internacional en conformidad con la 
legislación comunitaria, pero que por otra parte tal 
aplicación sería incompatible con la legislación comunita­
ria, ya sea en apariencia o de otra forma. 
4.6. Una consideración más general, pero no menos 
importante, en este contexto serían las posibles implicacio­
nes externas para la Comunidad de una reserva común o 
cualquier otra forma de declaración expresada por los 
Estados miembros en el momento de su adhesión al 
Convenio. La Comisión reconoce en el apartado 11 de su 
Comunicación que existiría el riesgo de una objeción. A la 
luz del rechazo por parte de otros grupos de la Conferencia de la ONU de una cláusula centrada en la posición especial 
de la Comunidad, no es en modo alguno improbable que se 
produjera una objeción. El Comité considera que sería 
lamentable que la Comunidad se situara en una posición en 
la que su postura con relación al Convenio pudiera 
provocar una objeción por parte de otros Estados, y que 
dicha situación debería evitarse si ello fuera posible de 
algún modo. Por otra parte, si se decidiera que es necesaria 
una reserva, sería conveniente sondear la posibilidad de 
objeciones por medio de contactos diplomáticos con países 
no comunitarios. 
4.7. La Comisión ha informado de que durante las 
discusiones de su propuesta con el Grupo de trabajo sobre 
transportes del Consejo de Ministros algunos Estados 
miembros se mostraron en alguna medida reacios a aceptar 
la reserva común, y se sugirió que sería suficiente que el 
Consejo hiciese una declaración —no necesariamente 
vinculada al momento de la adhesión— en la que se instase 
a los Estados miembros adherentes al Convenio a aplicarlo 
de conformidad con las obligaciones que les impone el 
Tratado. Esto sería perfectamente coherente con la 
declaración hecha en la sesión final de la Conferencia de la 
ONU. Más adelante, si la Comisión no se contenta con 
dejar en manos de los Estados miembros el procedimiento 
de aplicación, podría darles algunas orientaciones en este 
sentido. 
5. Conclusiones 
5.1. Aunque el Convenio se acerca en alguna medida a 
los objetivos relativos a los registros abiertos fijados por el 
Comité en 1986, existe una diversidad de opiniones sobre la 
adecuación o no de algunas disposiciones más importantes. 
5.2. Los puntos que se ventilan en el contexto de la 
Comunicación de la Comisión —incompatibilidad entre el 
Convenio y el Tratado y necesidad o no de una reserva 
formal común— tienen esencialmente un carácter legal 
relativamente restringido. En el análisis final deberán 
resolverse basándose en un asesoramiento jurídico, y es 
importante que la Comisión alcance una postura definitiva 
a este respecto. Sin embargo, el elemento de incompatibili­
dad es cuestionable y el riesgo de objeción a una reserva de 
la Comunidad es evidente. 
5.3. Además, el Comité considera que existe una cierta 
contradicción entre la continua insistencia de la Comisión 
en una reserva común y el hecho de que los Estados 
miembros apoyasen unánimemente la adopción del 
Convenio en 1986 sin la inclusión de una cláusula de la 
Comunidad. 
N° C 80/4 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28. 3. 88 
5.4. Respecto a la esencia del problema, no puede embargo, cualquier restricción en este sentido debería 
discutirse que todos los Estados miembros que se adhieran expresarse en los mínimos términos necesarios para 
al Convenio deben aplicar sus disposiciones en conformi- declarar esta obligación primordial, y con ese único 
dad con las obligaciones que les impone el Tratado. Sin propósito. 
Hecho en Bruselas, 27 de enero de 1988. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT 
Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica por novena vez 
la Directiva 73/241/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre los productos de cacao y de chocolate destinados a la alimentación 
humana (*) 
(88/C 80/02) 
De conformidad con los artículos 100A del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea, el Consejo decidió el 15 de enero de 1988 consultar al Comité Económico y Social sobre la 
propuesta arriba mencionada. 
La Sección de Agricultura y Pesca, encargada de la preparación de los trabajos en la materia, adoptó 
su dictamen el 7 de enero de 1988, basándose en la ponencia oral del Sr. Gardner. 
En su 252a Sesión Plenaria celebrada los días 27 y 28 de enero de 1988 (sesión del 27 de enero de 
1988), el Comité Económico y Social ha adoptado por unanimidad el siguiente Dictamen: 
1. El Comité aprueba la Propuesta. 
2. El Comité considera la Propuesta como una medida protectora encaminada a salvaguardar el 
consumo de chocolate a la taza y de chocolate familiar a la taza en España. 
3. La Comisión debe regular lo antes posible el asunto de manera permanente. 
4. El producto deberá necesariamente cumplir las disposiciones de la Directiva sobre el 
etiquetado (79/112/CEE), particularmente en lo que se refiere a la lista de ingredientes, la 
designación adecuada en otros países y las condiciones de uso. 
Hecho en Bruselas, 27 de enero de 1988. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT 
(!) DO n° C 16 de 21. 1. 1988, pág. 11.