P9_TA(2020)0377

Aplicación de la legislación de la Unión relativa a las aguas

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre la aplicación de la legislación de la Unión relativa a las aguas (2020/2613(RSP))

(2021/C 445/16)

El Parlamento Europeo,

— Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 191,

— Vista la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (1) (Directiva marco sobre el agua),

— Vista la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (2) (Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas),

— Vista la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (3) (Directiva sobre aguas subterráneas),

— Vista la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007 relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación (4) (Directiva sobre inundaciones),

— Vista la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (5) (Directiva sobre nitratos),

— Vista la Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, por la que se modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE (6) (Directiva sobre las normas de calidad ambiental),

— Visto el Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua (7),

— Vista la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (8) (Directiva marco sobre la estrategia marina),

— Visto el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (9) (Reglamento REACH),

— Vista la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (10),

— Visto el informe de la Comisión, de 10 de diciembre de 2019, sobre el control de adecuación de la Directiva marco sobre el agua y la Directiva sobre inundaciones y su síntesis, de la misma fecha,

— Vista la evaluación de la Comisión, de 13 de diciembre de 2019, de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas y su síntesis, de la misma fecha,

— Vista la propuesta de la Comisión, de 1 de febrero de 2018, de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida) (COM(2017)0753),

— Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación de un programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud para el período 2021-2027 y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 282/2014 («programa La UE por la Salud») (COM(2020)0405),

— Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climática y medioambiental (11),

— Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), de 4 de diciembre de 2019, titulado «The European Environment — State and Outlook 2020: Knowledge for transition to a sustainable Europe» (El medio ambiente europeo — Estado y perspectivas 2020: Conocimiento para la transición hacia una Europa sostenible),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» (COM(2019)0640),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Un nuevo modelo de industria para Europa» y, en particular, su sección 2.2 titulada «Una industria que allane el camino hacia la neutralidad climática» (COM(2020)0102),

— Vista la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 (12),

— Vista la Estrategia «De la Granja a la Mesa» (13),

— Visto el Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (PMA) (14),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de enero de 2020, titulada «Plan de Inversiones para una Europa Sostenible — Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo» (COM(2020)0021),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2020, titulada «Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva» (COM(2020)0098),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulada «El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación» (COM(2020)0456),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2019, titulada «Enfoque estratégico de la Unión Europea en materia de productos farmacéuticos en el medio ambiente» (COM(2019)0128),

— Visto el Acuerdo de París,

— Visto el estudio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), de mayo de 2020, titulado «Financing Water Supply, Sanitation and Flood Protection — Challenges in EU Member States and Policy Option» (Financiación del suministro de agua, el saneamiento y la protección contra las inundaciones — Desafíos en los Estados miembros de la UE y opciones políticas),

— Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, y en particular el ODS 6 sobre agua limpia y saneamiento (15) y el ODS 14 sobre la conservación y utilización sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos,

— Visto el Informe de evaluación global, de mayo de 2019, de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) sobre biodiversidad y servicios proporcionados por los ecosistemas,

— Visto el informe de la Comisión, de noviembre de 2019, titulado «Evaluation of the Impact of the CAP on Water» (Evaluación del impacto de la PAC sobre el agua),

— Vista la Resolución 64/292 de las Naciones Unidas, de 28 de julio de 2010, que reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento,

— Vista la sentencia del Tribunal de Justicia, de 28 de mayo de 2020, en el asunto C-535/18, IL y otros contra Land Nordrhein-Westfalen,

— Vista la sentencia del Tribunal de Justicia, de 1 de julio de 2015, en el asunto C-461/13, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. contra Bundesrepublik Deutschland (asunto Weser),

— Vistos la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water y el informe del Parlamento sobre el seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water,

— Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 2 de julio de 2020, relativo al control de adecuación de la Directiva marco sobre el agua, la Directiva sobre las aguas subterráneas, la Directiva sobre las normas de calidad ambiental y la Directiva sobre inundaciones (16),

— Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 12 de diciembre de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua (programa evolutivo) (17),

— Vistas las preguntas al Consejo y a la Comisión sobre la aplicación de la legislación de la Unión relativa a las aguas (O-000077/2020 — B9-0077/2020 and O-000078/2020 — B9-0078/2020),

— Vistos el artículo 136, apartado 5, y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

— Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

A. Considerando que el agua es indispensable para la vida y que la gestión del agua desempeña un papel esencial en la conservación de los servicios de los ecosistemas de la Unión, así como en la utilización de los recursos y la producción económica; que la Unión tiene que dar respuestas efectivas a los actuales retos relacionados con el agua y gestionar eficientemente los recursos hídricos existentes, ya que afectan directamente a la salud humana, al medio ambiente, a su calidad y sus ecosistemas, a la producción de energía, a la agricultura y a la seguridad alimentaria;

B. Considerando que el agua es un elemento esencial de la trama alimentaria; que es necesario que las aguas subterráneas y superficiales sean de buena calidad y estén disponibles en cantidad suficiente para lograr un sistema alimentario justo, sano, respetuoso con el medio ambiente y sostenible, tal como se describe en la Estrategia «De la Granja a la Mesa»; que el agua limpia y en suficientes cantidades es un elemento fundamental para establecer y lograr una auténtica economía circular en la Unión;

C. Considerando que el agua representa un gran valor para la economía de la Unión y que los sectores de la Unión dependientes del agua generan el 26 % de su valor añadido bruto anual, por lo que es fundamental garantizar la disponibilidad continua de agua de buena calidad en cantidades suficientes para todos los usos;

D. Considerando que la Directiva marco sobre el agua estableció un marco para proteger 110 000 masas de agua superficial en la Unión, con el objetivo de lograr un buen estado ecológico y químico de aquí a 2015, así como 13 400 masas de agua subterránea en la Unión, con el objetivo de lograr un buen estado cuantitativo y químico dentro del mismo plazo, y para proteger los recursos de agua potable en virtud del artículo 7, apartado 2; que el control de adecuación detectó importantes deficiencias en la aplicación de la legislación de la Unión relativa a las aguas, cuyos objetivos es poco probable que se alcancen en el plazo final de 2027, a menos que se pongan en marcha de inmediato todos los medios necesarios para su aplicación en los Estados miembros y que las políticas sectoriales relativas al agua se adapten a los requisitos de la Directiva marco sobre el agua; que la planificación de la gestión y los programas de medidas relacionados con el agua deben continuar más allá de la fecha límite de 2027 para dar lugar a una ulterior mejora de la calidad y la cantidad del agua;

E. Considerando que el 74 % de las masas de agua subterránea está en buen estado químico y el 89 % está en buen estado cuantitativo; que el balance de nitrógeno bruto en la Unión se redujo un 10 % entre 2004 y 2015 (18);

F. Considerando que se ha alcanzado un buen estado químico solo para el 38 % de las aguas superficiales y únicamente el 40 % goza de un buen estado o un buen potencial ecológico y que el estado del 16 % de las aguas superficiales todavía se desconoce debido a la falta de datos; que el 81 % de las aguas superficiales alcanzarían un buen estado químico si no estuvieran contaminadas por sustancias ubicuas, persistentes, bioacumulables y tóxicas (PBT), como el mercurio; que solo uno de los cuatro indicadores de agua dulce de la Directiva marco sobre el agua analizados por la AEMA ha mostrado progresos en los últimos 10-15 años (19);

G. Considerando que, según el principio eliminatorio, el estado del agua solo se considera bueno si todos los elementos de la evaluación se consideran buenos, lo que no refleja las mejoras de parámetros individuales de la calidad del agua; que el buen estado depende no solo de medidas de mitigación para abordar las presiones actuales, sino también de medidas de restauración para abordar las presiones del pasado y de medidas preventivas oportunas contra las amenazas emergentes (20);

H. Considerando que la eficacia de la Directiva marco sobre el agua y el logro de sus objetivos depende de su aplicación y cumplimiento por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros, de garantizar la financiación adecuada, también mediante instrumentos financieros de la Unión, de la aplicación de otros actos legislativos de la Unión y de una mejor integración de los objetivos en materia de agua en otras políticas; que la participación de las partes interesadas resulta esencial para que esa aplicación sea eficaz;

I. Considerando que el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco sobre el agua estipula que los Estados miembros deberán garantizar que las masas de agua utilizadas para producir agua potable estén protegidas con el fin de evitar el deterioro de su calidad; que el control de adecuación afirma claramente que se han realizado pocos progresos en las zonas protegidas para agua potable;

J. Considerando que es de vital importancia hacer frente de forma prioritaria en su origen a la contaminación química y de otro tipo de las aguas superficiales y subterráneas, ya que es la medida más sostenible, eficaz y rentable, aplicando al mismo tiempo el principio de «quien contamina paga»;

K. Considerando que la Directiva marco sobre el agua destaca la necesidad de proteger las aguas utilizadas para la captación de agua potable; que los operadores de agua potable deben poder contar con recursos hídricos de alta calidad para que los ciudadanos no tengan que pagar tratamientos costosos; que, por tanto, resulta necesario reducir la contaminación en origen;

L. Considerando que el Informe de evaluación global de la IPBES de 2019 sobre biodiversidad y servicios proporcionados por los ecosistemas cita la contaminación del agua como una amenaza importante para la biodiversidad mundial; que la biodiversidad de las aguas dulces está entre las más amenazadas en Europa y que la contaminación del agua tiene un efecto negativo sobre la flora y la fauna; que los humedales europeos, que funcionan como sumideros de carbono naturales, se han reducido en un 50 % desde 1970 y que desde entonces las especies de agua dulce han disminuido en un 83 %;

M. Considerando que el cambio climático es la principal amenaza para los recursos hídricos en el mundo, tanto por las grandes cantidades de agua como por su escasez; que unos ecosistemas de agua dulce sanos y resilientes pueden mitigar mejor los efectos del cambio climático y adaptarse a este;

N. Considerando que la Directiva marco sobre el agua no incluye disposiciones específicas para hacer frente a los efectos del cambio climático; que, en su Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo, la Comisión reconoce, sin embargo, que deben restablecerse las funciones naturales de las aguas subterráneas y superficiales; que el control de adecuación llegó a la conclusión de que la Directiva marco sobre el agua es suficientemente prescriptiva en lo que respecta a las presiones que deben abordarse, y también lo suficientemente flexible como para reforzar su aplicación si fuera necesario en función de los nuevos retos que no se mencionan en la Directiva, como el cambio climático, la escasez de agua y los contaminantes emergentes;

O. Considerando que las zonas urbanas están constantemente creciendo y aumentando la presión sobre las instalaciones de tratamiento de aguas residuales; que la principal, y en parte no regulada, fuente de contaminación del agua en la Unión es el vertido de aguas residuales urbanas o industriales sin depurar o no depuradas correctamente; que la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas no estaba inicialmente pensada para tratar la liberación de sustancias químicas, residuos farmacéuticos o microplásticos en masas de agua; que la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas ha sido eficaz para reducir contaminantes específicos de las masas de agua mediante la reducción de las cargas de demanda bioquímica de oxígeno y de nitrógeno y fósforo en las aguas residuales tratadas en toda la Unión; que, sin embargo, debe prestarse una mayor atención a las fuentes de contaminación, tanto existentes como nuevas; que otra fuente principal de contaminación difusa del agua es la agricultura, debido a la liberación de nutrientes, plaguicidas, antibióticos y otros contaminantes en las cuencas fluviales y en los ríos; que las disposiciones de la PAC actual relacionadas con el agua han sido insuficientes para contribuir a alcanzar los objetivos de la Directiva marco sobre el agua; que la contaminación difusa supone un obstáculo para la aplicación del principio de «quien contamina paga»;

P. Considerando que un tercio de los países europeos sufren escasez de agua, es decir, que tienen menos de 5 000 m3 de agua per cápita al año (21); que en caso de conflictos sobre la asignación de recursos hídricos, debe darse prioridad al derecho humano al agua; que trece Estados miembros declararon sufrir un riesgo de desertificación en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (22);

Q. Considerando que la captación de aguas ejerce una presión importante sobre las fuentes de agua de la Unión; que aproximadamente una cuarta parte del agua que se desvía del medio natural en la Unión se emplea en la agricultura; que se ha alcanzado un acuerdo sobre el nuevo Reglamento relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua que facilitará el uso de las aguas residuales urbanas tratadas para el riego agrícola;

R. Considerando que existen situaciones en las que las entidades que gestionan masas de agua se financian con actividades que deterioran el estado químico y ecológico de las masas de agua e impiden alcanzar los objetivos de la Directiva marco sobre el agua; que dichas situaciones hacen difícil evitar conflictos de intereses y mantienen a las entidades gestoras de masas de agua dentro de círculos viciosos que las hacen depender de actividades que deterioran las masas de agua;

S. Considerando que el 60 % de las cuencas fluviales se encuentran en regiones transnacionales, lo que hace esencial la cooperación transfronteriza; que veinte países europeos dependen de otros países para más del 10 % de sus recursos hídricos y que, en el caso de cinco países, más del 75 % de los recursos proceden del extranjero a través de ríos; que el incumplimiento de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas en las regiones fronterizas causa el deterioro de las masas de agua transfronterizas de la Directiva marco sobre el agua, lo que hace imposible alcanzar los objetivos de esta última Directiva en el Estado miembro de recepción;

T. Considerando que la conectividad fluvial, desde los pequeños cursos de agua hasta los estuarios y deltas, resulta fundamental para las especies migratorias de peces, cuyas fases de vida constituyen una piedra angular de los ecosistemas respectivos y de la cadena alimentaria y que están adquiriendo cada vez más valor sociocultural en las comunidades de pescadores;

U. Considerando que el consumo total de energía del sector del agua de la Unión es significativo y debe ser más eficiente para poder contribuir al logro de los objetivos del Acuerdo de París y los objetivos climáticos de la Unión para 2030 y para conseguir la neutralidad en carbono para 2050;

V. Considerando que la energía hidroeléctrica tiene el potencial para descarbonizar la generación de electricidad hasta cierto punto y puede, por tanto, contribuir a alcanzar los objetivos en materia de clima y energía de la Unión en el marco del Acuerdo de París; que hay que considerar la energía hidroeléctrica de forma holística, con sus efectos en los estados hidromorfológicos y en los hábitats; que, comparada con la energía eólica y la electricidad generada por fuentes solares, la energía hidroeléctrica es menos volátil y ayuda, por tanto, a mantener un suministro constante de energía y a la estabilidad de la red; que la acumulación de agua por bombeo representa más del 90 % (23) de la capacidad de almacenamiento de energía de la Unión; que la Unión Europea debe apoyar a los Estados miembros que participen en proyectos de energía hidroeléctrica respetuosos con el medio ambiente que, al mismo tiempo, no supongan una amenaza para la salud de las comunidades locale;

W. Considerando que los cambios estructurales en las masas de agua constituyen las principales presiones a que se ve sometido su estado (24); que la hidromorfología afecta al 40 % de las masas de agua superficial y consiste en alteraciones físicas (26 %), presas, barreras y esclusas (24 %), alteraciones hidrológicas (7 %) u otras alteraciones hidromorfológicas (7 %); que en Europa existen actualmente más de 21 000 centrales hidroeléctricas; que no se ha llevado a cabo ninguna acción global a escala de la Unión para eliminar presas y diques obsoletos, pese a que existen pruebas de que la coordinación de la Unión en este asunto proporcionaría un valor añadido;

X. Considerando que el derecho humano al agua y el saneamiento fue reconocido como derecho humano por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010;

Y. Considerando que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras convenciones y acuerdos internacionales, reconocen explícitamente el derecho al agua y el saneamiento y obligan a los Estados parte a adoptar las medidas adecuadas a este respecto;

Z. Considerando que un millón de personas en Europa no tienen acceso al agua y ocho millones no cuentan con saneamiento (25), que 844 millones de personas a escala mundial no disponen de acceso seguro a agua potable segura (26) y que un tercio de la población mundial carece de saneamiento básico; que la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water recogió más de 1,8 millones de firmas en marzo de 2014; que Right2Water pedía garantizar agua y saneamiento para todos en la Unión y en el mundo, un mejor acceso al agua potable para el público y más transparencia sobre la calidad del agua, así como consagrar el derecho al agua en la legislación de la Unión; que la Comisión ha adoptado su Comunicación en respuesta a la iniciativa Right2Water (27); que, en su Resolución de 8 de septiembre de 2015 sobre el seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water, el Parlamento criticó a la Comisión por no atender las exigencias de la iniciativa y le pidió que reconociera el acceso universal y el derecho humano al agua (28);

AA. Considerando que los estudios demuestran que el análisis de las aguas residuales puede actuar como sistema de alerta temprana para predecir o localizar brotes de COVID-19, desempeñando así un papel importante en la lucha contra la pandemia;

1. Acoge con satisfacción el éxito de la Directiva marco sobre el agua a la hora de establecer un marco de gobernanza adecuado para la gestión integrada del agua, así como a la hora de mejorar la calidad del agua o, por lo menos en algunos casos, mitigar el deterioro de la calidad del agua;

2. Rechaza todo intento de mercantilización del agua (como ocurre, por ejemplo, con su cotización como recurso en contratos de futuros en la Bolsa de Nueva York); denuncia las consecuencias de la mercantilización de la naturaleza, que somete a los bienes esenciales y públicos a la especulación, es decir, niega el derecho universal a su disfrute;

3. Celebra la evaluación de la Comisión de que la Directiva marco sobre el agua es adecuada a su finalidad, pero señala que su aplicación debe mejorase y acelerarse haciendo participar a las autoridades competentes pertinentes de los Estados miembros e integrando más los objetivos de la Directiva en las políticas sectoriales, en particular en la agricultura, el transporte y la energía, para garantizar que todas las masas de aguas superficiales o subterráneas estén en buen estado a más tardar en 2027;

4. Destaca que la revisión de dicha Directiva no es necesaria; pide a la Comisión que declare que no se revisará la Directiva marco sobre el agua, con el fin de terminar con la inseguridad jurídica; pide a la Comisión que siga proponiendo actualizaciones de los anexos cuando sea necesario;

5. Lamenta profundamente que la mitad de las masas de agua de la Unión aún no hayan alcanzado un buen estado y que los objetivos de la Directiva marco sobre el agua todavía no se hayan logrado, principalmente debido a una financiación inadecuada, una aplicación especialmente lenta, un cumplimiento insuficiente, una falta de aplicación de los principios de cautela y de «quien contamina paga» y un amplio uso de las exenciones previstas en la Directiva en muchos Estados miembros, así como también lamenta que la integración de los objetivos medioambientales en las políticas sectoriales haya sido insuficiente;

6. Destaca la necesidad de restaurar y mejorar la calidad del agua; observa que, para mejorar el estado de las masas de agua, es esencial que los Gobiernos y las autoridades de todos los niveles de los Estados miembros participen y cooperen para integrar los objetivos de la Directiva marco sobre el agua en las políticas, la legislación y las medidas de dicha Directiva; recuerda el principio de no deterioro, por el que se requiere a los Estados miembros que apliquen las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de las masas de agua; pide a los Estados miembros que adopten urgentemente las medidas necesarias para garantizar la aplicación, la ejecución y el cumplimiento de la Directiva marco sobre el agua, entre otras cosas, mediante los terceros planes hidrológicos de cuenca que deben adoptar los Estados miembros en 2021; insta a la Unión, a sus Estados miembros y a las autoridades regionales a que garanticen que los próximos planes hidrológicos de cuenca se adoptan a tiempo y respetando los requisitos relativos a la consulta pública; pide a la Comisión que aumente la financiación disponible y proporcione a los Estados miembros el apoyo necesario en la aplicación de dicha Directiva;

7. Llama la atención sobre el estudio de la OCDE que estima que deben gastarse 253 000 000 000 EUR adicionales en el sector del agua de la Unión antes de 2030 para mantener o lograr el pleno cumplimiento de la legislación correspondiente sobre el agua ( 29 ) ; pide a la Comisión, al Consejo, a los Estados miembros y, en su caso, a las autoridades regionales que determinen y aseguren los fondos y los instrumentos financieros necesarios para infraestructuras que no dañen el medio ambiente o tengan efectos negativos sobre la salud pública, pero también que identifiquen las infraestructuras de bajo rendimiento y que no cumplen las normas y que aborden las cuestión de los contaminantes emergentes y otros retos sociales; destaca la necesidad de prestar apoyo financiero a métodos sostenibles innovadores y, en particular, a soluciones basadas en la naturaleza, como infraestructuras de depuración neutras en carbono o por lagunaje, restauración de humedales y llanuras de inundación y rehumidificación de turberas drenadas, teniendo debidamente en cuenta las asociaciones público-privadas; destaca la importancia de reorientar la financiación y los flujos financieros existentes relacionados con la gestión del agua y otros usos de la tierra conexos, como la agricultura, incluidas las subvenciones, para pasar de medidas de ingeniería tradicionales a soluciones basadas en la naturaleza;

8. Pide a los Estados miembros que tomen todas las medidas necesarias, garantizando también los fondos y los recursos humanos necesarios, así como los conocimientos que se requieran, al objeto de cumplir plenamente la Directiva marco sobre el agua lo antes posible y, en cualquier caso, no más tarde de 2027; pide a la Comisión que formule recomendaciones a los Estados miembros para garantizar el cumplimiento del plazo de 2027; pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros en la aplicación de las Directivas sobre el agua mediante asistencia técnica y una formación adecuada, el intercambio de buenas prácticas y conocimientos especializados que aseguren el logro de los objetivos de la Directiva marco sobre el agua y la promoción de programas de intercambio profesional entre los Estados miembros; pide a la Comisión que proporcione orientaciones sobre la consecuencias que puede tener la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-461/13 para la aplicación de la Directiva marco sobre el agua; pide a la Comisión que ofrezca unas orientaciones claras sobre la aplicación de exenciones en virtud del artículo 4, apartado 4, letra c), después de 2027;

9. Pide a los Estados miembros que determinen las medidas de aplicación necesarias para garantizar el buen estado de las masas de agua y que diseñen los programas de medidas sobre la base de las mejores pruebas disponibles; pide a los Estados miembros y a la Comisión que pongan a disposición del público los programas de medidas de los Estados miembros y sus evaluaciones respectivas, con el fin de mejorar el intercambio de buenas prácticas y estrategias y el acceso del público a la información;

10. Considera que el principio del criterio eliminatorio («one out, all out») debería mantenerse intacto; pide a la Comisión que elabore metodologías de notificación complementarias (como indicadores de distancia al objetivo, medidas aplicadas y progresos realizados en parámetros de calidad concretos) que brinden una oportunidad de evaluar mejor el progreso hacia un buen estado del agua; destaca la importancia de la transparencia y el suministro de información completa al público sobre la calidad y la cantidad del agua en la Unión;

11. Lamenta el uso de exenciones, justificadas solo en parte, para más de la mitad de las masas de agua de la Unión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que actualicen los documentos de orientación para la utilización de exenciones con el fin de limitar esta práctica solo a casos plenamente justificados, de forma que deje de impedir la consecución de los objetivos medioambientales de la Directiva marco sobre el agua; pide a la Comisión que incoe de manera rápida y sistemática procedimientos de infracción cuando las exenciones no estén justificadas;

12. Lamenta que la aplicación del principio de recuperación de costes, que prevé que todos los usuarios del agua tengan una participación financiera efectiva y proporcionada en la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, se mantenga baja o inexistente en varios Estados miembros, especialmente en lo que se refiere a los hogares, la industria y la agricultura; destaca que el uso del agua en algunas partes de la Unión amenaza el estado cuantitativo de las masas de agua más allá del nivel de mantenimiento del caudal ecológico; pide a los Estados miembros y a sus autoridades regionales que apliquen políticas adecuadas de tarificación del agua y apliquen plenamente el principio de recuperación de los costes a los costes tanto medioambientales como de recursos, en consonancia con la Directiva marco sobre el agua, y que apliquen también el principio de «quien contamina paga»; recuerda que puede aplicarse el principio de recuperación de los costes con respecto a sus efectos sociales, medioambientales y económicos, así como a las condiciones geográficas y climáticas de las regiones afectadas; pide a la Comisión que haga valer este principio; hace hincapié, no obstante, en que debe garantizarse el derecho al agua y el saneamiento, permitiendo a todos acceder a servicios relacionados con el agua asequibles y de calidad;

13. Pide a la Comisión que adopte medidas estrictas y rápidas contra las infracciones de los Estados miembros para garantizar que todos ellos cumplen plenamente la legislación sobre el agua, y en particular la Directiva marco sobre el agua, lo antes posible y a más tardar en 2027; insta a la Comisión a que adopte medidas estrictas y rápidas respecto de los casos de infracción abiertos relacionados con la violación sistemática de la legislación de la Unión sobre el agua; pide a la Comisión que refuerce sus recursos en relación con los procedimientos de infracción en general y con la legislación medioambiental de la Unión en particular;

14. Señala que el cambio climático tiene y seguirá teniendo un impacto negativo significativo en las fuentes de agua dulce, con sequías que lleven a un agotamiento del caudal de los ríos y a una mayor concentración de contaminantes, en especial en las masas de agua «cerradas», y con precipitaciones intensas que den lugar a un aumento de las escorrentías urbanas y agrarias; recuerda que la multiplicación de los fenómenos climáticos extremos, como los ciclones y los temporales, conlleva un aumento de la salinidad de las aguas dulces y litorales; hace hincapié en que el aumento de las temperaturas conduce a un mayor estrés hídrico, lo que afecta al medioambiente, a varios sectores económicos que dependen de una captación y una utilización elevados del agua, así como a la calidad de vida; subraya que la resiliencia de los ecosistemas acuáticos, las inundaciones y la escasez de agua y su impacto sobre la producción de alimentos deberían tenerse debidamente en cuenta en la próxima estrategia de adaptación al cambio climático de la Unión, de conformidad con el artículo 2, apartado 1, letra b), del Acuerdo de París, así como en el proceso de aplicación de la Directiva marco sobre el agua (planes hidrológicos de cuenca);

15. Propone que la Comisión apoye a los Estados miembros a la hora de intercambiar y facilitar conocimientos y mejores prácticas sobre los distintos esfuerzos de adaptación al clima a nivel regional y local en la Unión;

16. Subraya que los ríos y los humedales son las zonas más amenazadas a pesar de que se consideran los mayores proveedores de servicios de los ecosistemas; recuerda que las zonas húmedas, así como los ecosistemas marinos y costeros, desempeñan un papel fundamental en la regulación del agua y del clima y proporcionan servicios a través de sus ecosistemas naturales, sus recursos y el desarrollo de actividades económicas o culturales, todo lo cual depende del buen estado ecológico de los recursos hídricos; destaca que los humedales son sumideros de carbono y estabilizadores del clima a nivel mundial, desempeñan un papel importante en la mitigación de las inundaciones y las sequías, proporcionan agua limpia, protegen las costas, recargan los acuíferos subterráneos, sostienen una gran geodiversidad, desempeñan una función esencial en el paisaje y proporcionan servicios recreativos y culturales a la sociedad; insta, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten medidas para reducir la explotación de los acuíferos, a que planifiquen el desarrollo urbano fuera de las llanuras de inundación y a que respeten la biodiversidad vinculada a los ríos y los humedales;

17. Destaca que el uso eficiente del agua constituye una importante contribución a los objetivos climáticos de la Unión, ya que puede ahorrar energía utilizada para el bombeo de agua, reducir la cantidad de productos químicos utilizados para el tratamiento de aguas y reducir el estrés hídrico; observa que las tuberías de algunos Estados miembros presentan unos altos índices de fuga inaceptables para los objetivos de lucha contra el cambio climático y los esfuerzos de eficiencia en el uso de los recursos; acoge favorablemente que, en el marco de la nueva Directiva sobre el agua potable, la Comisión evalúe los índices de fuga y establezca valores umbral que desencadenen la adopción de medidas en los Estados miembros en cuestión; acoge con satisfacción, asimismo, la nueva obligación de los grandes proveedores de agua de hacer transparentes los índices de fuga;

18. Observa que, en toda la Unión, las masas de agua utilizadas para la producción de agua potable se enfrentan a presiones nuevas y antiguas que acentúan la necesidad de esfuerzos de depuración por parte de los proveedores de agua; pide a los Estados miembros que apliquen plenamente el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco sobre el agua y que adopten todas las medidas necesarias para poner fin al deterioro de las masas de agua destinadas a la captación para el consumo humano;

19. Acoge con satisfacción las pruebas de que las Directivas han dado lugar a una reducción de la contaminación química en las aguas de la Unión; considera, no obstante, que existe una necesidad urgente de mejora en lo que a los productos químicos se refiere; toma nota de que la Comisión ha identificado diferencias inesperadas entre los Estados miembros, sobre todo en la forma de actualizar la lista de sustancias prioritarias y de tener en cuenta los efectos combinados de la mezclas; observa, además, que hasta ahora la Directiva sobre sustancias prioritarias apenas incluye sustancias pertinentes para el suministro de agua potable; señala que las diferencias considerables en los enfoques de la clasificación, la evaluación y los métodos de notificación dificultan las comparaciones y los análisis a escala de la Unión;

20. Pide a la Comisión que adopte todas las medidas necesarias para lograr un buen estado químico y que actúe enérgicamente a escala de la Unión cuando los Estados miembros incumplan las normas de calidad ambiental para las sustancias prioritarias que entren dentro del ámbito de aplicación de la legislación de la Unión; destaca que deben añadirse a la lista de sustancias prioritarias las sustancias pertinentes para la producción de agua potable, como las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFA), así como productos farmacéuticos pertinentes; considera que los contaminantes emergentes y la toxicidad de las mezclas pueden y deben abordarse dentro del marco de la Directiva marco sobre el agua y sus Directivas derivadas específicas; pide a la Comisión que actualice y añada las sustancias pertinentes a los anexos de la Directiva sobre sustancias prioritarias y de la Directiva sobre las aguas subterráneas, con el fin de hacer posible el cumplimiento de los objetivos de la Directiva marco sobre el agua y de proteger mejor los recursos de agua potable; pide a la Comisión que adapte la aplicación de la legislación en materia de aguas a la Estrategia sobre productos químicos para la sostenibilidad y a la Estrategia sobre Biodiversidad de modo que las masas de agua dulce y sus ecosistemas queden protegidos de forma adecuada, que establezca un calendario para eliminar progresivamente todos los usos no esenciales de PFA y que estimule el desarrollo de alternativas seguras y no persistentes para todos los usos de PFA; insta a la Comisión a que financie la investigación y el desarrollo de estrategias para hacer frente a las sustancias ubicuas, persistentes, bioacumulativas y tóxicas, con el fin de mejorar la calidad de las masas de agua y reducir los riesgos para la salud humana y animal y para el medio ambiente; recomienda que se elaboren nuevas directrices sobre la mejora de los métodos de control y de la notificación de las mezclas químicas y de los «efectos cóctel»; pide un mayor uso de la lista de observación para supervisar los posibles contaminantes del agua y determinar el riesgo que suponen para el medio ambiente acuático; pide a la Comisión que acelere su trabajo relativo al desarrollo de métodos para evaluar y gestionar las mezclas de productos químicos y que complemente su labor introduciendo un factor de evaluación de mezcla;

21. Observa que se estima que los microplásticos persisten en el agua dulce durante siglos y que las actuales instalaciones de tratamiento de aguas no filtran por completo estas partículas; acoge, por tanto, favorablemente la decisión de desarrollar una metodología para el seguimiento de los microplásticos y el establecimiento de una lista de alerta rápida en la Directiva sobre el agua potable revisada; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que refuercen las medidas de control en las fuentes para lograr un medio ambiente no tóxico y una economía circular; destaca que reducir las emisiones en la fuente aliviaría la presión sobre los ecosistemas y reduciría el coste del tratamiento de las aguas; pide una actuación enérgica a nivel de la Unión y de los Estados miembros y regional para abordar los contaminantes emergentes, como los PFA, los microplásticos, los alteradores endocrinos y los productos farmacéuticos, a través de un enfoque holístico que comience con medidas de control en las fuentes y soluciones de final de proceso complementarias como último recurso; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen plenamente un enfoque de ciclo de vida a los contaminantes, al mismo tiempo que hacen valer el principio de «quien contamina paga», también a través de instrumentos innovadores, como programas de responsabilidad ampliada del productor, a fin de financiar soluciones de tratamiento;

22. Destaca la importancia de intensificar las medidas para abordar la eutrofización de las aguas dulces y saladas provocada por el nitrógeno y el fósforo procedentes de todas las fuentes, incluidas la agricultura y las aguas residuales sin depurar o no depuradas correctamente; recuerda que la eutrofización debilita el estado medioambiental de las masas de agua y las hace más vulnerables a especies exóticas invasoras; insta a los agricultores a utilizar la herramienta de sostenibilidad agraria para nutrientes, que facilita una mejor gestión y reduce la fuga de nutrientes en las aguas subterráneas y superficiales; pide a los Estados miembros que identifiquen adecuadamente las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos y que apliquen y ejecuten plenamente las medidas adoptadas en el marco de la Directiva sobre los nitratos;

23. Destaca que los Estados miembros deben hacer frente plenamente a la actual crisis de la biodiversidad en lo que se refiere a la aplicación de políticas relacionadas con el agua, minimizando los factores de estrés para los ecosistemas acuáticos y restaurando los ecosistemas deteriorados; subraya la importancia de la nueva Estrategia sobre Biodiversidad para 2030; recuerda que, en la aplicación de la Directiva marco sobre el agua, debe garantizarse la plena coherencia con la nueva Estrategia sobre Biodiversidad, las Directivas de protección de la naturaleza y el resto de la legislación medioambiental;

24. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión en el contexto de su Estrategia sobre Biodiversidad para 2030 de restaurar 25 000 km de caudal libre de ríos en la Unión mediante la eliminación de barreras y la restauración de llanuras de inundación, así como el establecimiento de una metodología y de disposiciones a escala de la Unión para cartografiar y evaluar el estado de los ecosistemas y asegurarse de su buen estado; observa que en la actualidad existen 21 000 centrales hidroeléctricas en la Unión y que las centrales y minicentrales hidroeléctricas producen la mayor parte de la energía renovable de la Unión; toma nota de los avances en la energía hidroeléctrica de bajo impacto; señala, sin embargo, que la construcción de presas puede afectar negativamente a los hábitats y crear una mayor presión sobre las aguas superficiales; recuerda que la Directiva marco sobre el agua impone unos criterios estrictos para la protección de las condiciones hidromorfológicas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que se lleven a cabo evaluaciones rigurosas del impacto de las alteraciones resultantes en la calidad y la cantidad del agua y en los ecosistemas y que todos los proyectos existentes y futuros de centrales hidroeléctricas respeten los objetivos de la Directiva marco sobre el agua; pide, por tanto, urgentemente a la Comisión que consulte a todas las direcciones generales pertinentes, incluida la Dirección General de Energía, al evaluar el impacto medioambiental de las centrales hidroeléctricas y que tenga en cuenta sus recomendaciones;

25. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que adopten todas las medidas necesarias para minimizar estas presiones sobre las masas de agua, a fin de restaurar las funciones naturales de los ríos y proteger los ecosistemas; pide a los Estados miembros que se abstengan de construir centrales hidroeléctricas u otros proyectos de construcción que puedan generar presiones hidromorfológicas significativas sobre el agua en zonas protegidas; considera que solo deben concederse subvenciones y financiación pública de la Unión en zonas diferentes de las protegidas a nuevas centrales hidroeléctricas en los casos en que los beneficios generales superen claramente los efectos negativos globales;

26. o informe bienal sobre la aplicación por parte de los Estados miembros de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas Elogia que, según el 10.informe bienal sobre la aplicación por parte de los Estados miembros de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas ( 30 ) , la recogida y el tratamiento de las aguas residuales urbanas ha mejorado en la última década en la Unión y que dicha Directiva ha favorecido la reducción de la carga de contaminantes, contribuyendo así a la mejora de la calidad del agua; lamenta, no obstante, que aún no se haya logrado el cumplimiento pleno de la Directiva, ya que algunos Estados miembros todavía están muy lejos de sus objetivos; apoya la opinión de la Comisión de que es necesario hacer más para abordar la contaminación restante, los contaminantes emergentes, el uso de la energía y la gestión de lodos, así como las cuestiones de gobernanza; lamenta, igualmente, que en la evaluación de dicha Directiva no se analice su eficacia con respecto a los vertidos de aguas residuales industriales en los sistemas colectores y en las plantas de depuración de aguas residuales urbanas;

27. Pide a la Comisión que tenga lo anterior en cuenta en la revisión de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas; insta a la Comisión a que apoye a los Estados miembros en la aplicación de la Directiva poniendo a su disposición financiación sostenible para el agua e incentivando el desarrollo y el despliegue de tecnologías innovadoras para las aguas residuales; pide a la Comisión que examine atentamente cómo interactúan los requisitos relativos al diseño y la construcción y la ampliación de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en todas las fases de desarrollo técnico de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas con la obligación de la Directiva marco sobre el agua de no deterioro, a fin de velar por la coherencia entre los dos actos legislativos y de garantizar el tratamiento de las aguas residuales urbanas, al tiempo que se preservan todos los incentivos para adoptar medidas técnicas de tratamiento adecuadas; anima a la Comisión a que adopte medidas legislativas, si es necesario; destaca que las medidas destinadas sobre todo a corregir el problema en la fuente son esenciales para luchar contra los contaminantes emergentes; hace hincapié en que una futura revisión de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas también debe tomar en consideración los nuevos desafíos que estos contaminantes plantean;

28. Señala que la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas y la Directiva marco sobre el agua no tratan adecuadamente los problemas derivados del cambio climático, como son los desbordamientos de las aguas de tormenta, las escorrentías urbanas y las inundaciones en aglomeraciones, ni tampoco los efectos de las aguas residuales tratadas de forma insuficiente sobre la masa de agua receptora; cree que la Unión, los Estados miembros y las autoridades regionales deben abordar mejor la supervisión y el control de los efectos del aumento de los desbordamientos de aguas de tormenta y las escorrentías urbanas, ya que contaminan de forma significativa las masas de agua superficial y subterránea que los reciben;

29. Insiste en que, al evaluar el impacto medioambiental de las instalaciones hidroeléctricas, se necesita un enfoque holístico, que incluya el beneficio social de ofrecer electricidad libre de emisiones y la contribución de la energía hidroeléctrica y la acumulación de agua por bombeo para asegurar el suministro de energía, así como los efectos adversos sobre las aguas superficiales y los hábitats; subraya, a este respecto, la contribución que la electricidad generada por centrales hidroeléctricas puede hacer a la consecución de los objetivos en materia de clima y de energía de la Unión, así como al cumplimiento de los compromisos de la Unión en virtud del Acuerdo de París, aunque considera que esto no debe lograrse en detrimento de las aguas superficiales y la protección de los hábitats; reconoce que hay métodos y tecnologías para reducir el impacto sobre el medio ambiente y la fauna acuática; señala que existe un gran potencial para aumentar la eficiencia de las centrales hidroeléctricas fluviales existentes;

30. Señala que la transición del transporte de mercancías por carretera al realizado por vías navegables interiores debe ser plenamente coherente con el principio de no deterioro de la Directiva marco sobre el agua, así como con otra legislación medioambiental, incluidas las Directivas sobre las aves y los hábitats, y debe ir acompañada de un apoyo a combustibles y tecnologías sostenibles y alternativos y a la navegación interior, como el suministro eléctrico a los buques fondeados, con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes y evitar un deterioro del estado ecológico y químico de las masas de agua y una degradación de la calidad del aire, así como para evitar el estrés en los ecosistemas acuáticos, proteger la biodiversidad y trabajar para llegar a un medio ambiente libre de contaminación;

31. Toma nota del alto consumo energético del sector del agua; pide a la Comisión que estudie medidas de eficiencia energética y la posibilidad de utilizar las aguas residuales depuradas como una fuente «in situ» de energías renovables; pide a la Comisión que impulse mejoras de la eficiencia energética en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales, a fin de reconocer y aprovechar el potencial de ahorro energético del sector; señala que, según la evaluación de la Comisión de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, el potencial de ahorro energético asciende a entre 5 500 GWh y 13 000 GWh al año;

32. Reconoce que la captación total de agua en Europa ha disminuido en más del 20 % a lo largo de los últimos quince años; señala, no obstante, que ocho países, que representan el 46 % de la población de Europa, pueden considerarse sometidos a estrés hídrico ( 31 ) , que el número de países en estrés hídrico aumenta constantemente y que aproximadamente un cuarto del agua desviada del entorno natural en la Unión se utiliza para fines agrícolas ( 32 ) ; observa el potencial de la reutilización del agua para crear una economía circular para los recursos hídricos y para reducir la extracción directa de masas de agua y aguas subterráneas; acoge favorablemente el acuerdo sobre el nuevo Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua, que facilitará la utilización de las aguas residuales urbanas tratadas para el riego agrícola; apoya la constante modernización de las infraestructuras de regadío a través de la innovación y las nuevas tecnologías;

33. Subraya la importancia de encontrar sinergias entre las evaluaciones del riesgo de inundación y la planificación de la prevención de catástrofes y la preparación para ellas en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión; pide a la Comisión, a los Estados miembros y, en su caso, a las autoridades regionales que desarrollen estrategias de gestión de la sequía, en particular con vistas a garantizar el suministro de agua potable y asegurar la producción alimentaria, como parte de los planes hidrológicos de cuenca y los planes de gestión del riesgo de inundación, e integrando un control digitalizado, sistemas de control y alerta temprana para el estado de la vegetación y su respuesta a la sequía, con el fin de apoyar decisiones efectivas y basadas en datos sobre medidas de protección, de respuesta y de comunicación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sitúen la restauración de las llanuras de inundación y los humedales, así como la protección de las masas de aguas subterráneas, en el centro de los planes mencionados, ya que las masas de agua y los ecosistemas en buenas condiciones resultan fundamentales para reducir el impacto negativo tanto de las sequías como de las inundaciones;

34. Observa que un ámbito en que las partes interesadas consideraron que la Directiva marco sobre el agua resultó ineficaz es la gestión de los efectos de las sequías ( 33 ) ; pide a los Estados miembros que dediquen más esfuerzos a la lucha contra el cambio climático y a los nuevos problemas de captación (excesiva) que pudieran aparecer en las cuencas hidrográficas, incluidas las que no se enfrentan históricamente a retos de captación ( 34 ) ; observa que un enfoque holístico de la gestión del agua y la adaptación al cambio climático podría hacer las respuestas más eficientes y reducir el impacto de los fenómenos extremos; pide la plena integración de consideraciones en materia de cambio climático en la aplicación de la Directiva y destaca, asimismo, el potencial de las soluciones basadas en la naturaleza a este respecto; reitera que debe garantizarse un gasto público suficiente para los objetivos de la Directiva marco sobre el agua y las adaptaciones necesarias;

35. Propone que se aborden las sequías y la escasez de agua dando prioridad a la captación de agua para la producción de agua potable antes que para otros usos, con el fin de garantizar el respeto del derecho humano al agua, y aplicando soluciones para recoger las aguas pluviales y de inundaciones para su uso posterior, también, entre otros, proyectos de recogida de aguas pluviales en el diseño de edificios e infraestructuras, embalses de contención subterráneos, sistemas de doble distribución de agua en los hogares y proyectos para la utilización de canteras en desuso, donde se considere oportuno; alienta la investigación y la inversión en medidas que ayuden a combatir las sequías y la escasez de agua;

36. Destaca la necesidad de armonizar la política agrícola común (PAC), la Directiva sobre el agua potable ( 35 ) , la Directiva sobre los nitratos, el Reglamento relativo a los productos fitosanitarios ( 36 ) y el Reglamento REACH, con la Directiva marco sobre el agua en lo que respecta a la necesidad de reforzar las medidas de protección del agua y su uso eficiente en la agricultura; subraya la necesidad de un aumento considerable de la financiación destinada a medidas medioambientales y de lucha contra el cambio climático en ambos pilares de la PAC, así como de financiación adicional para medidas ecológicas específicas en el marco de la revisión de la PAC, con el fin de garantizar una gestión sostenible del agua y mejorar la calidad del suelo; insta a los Estados miembros a integrar y aplicar en sus planes estratégicos de la PAC una reducción del uso de fertilizantes y de la utilización y los riesgos de los plaguicidas y a introducir elementos relativos al agua en sus sistemas de condicionalidad; pide a la Comisión que haga de la contaminación del agua dulce y la captación excesiva temas prioritarios en las recomendaciones relacionadas con la PAC a los Estados miembros; pide, por último, a la Comisión que garantice la aplicación de la Directiva marco sobre el agua también a través de la política de cohesión (el Reglamento sobre Disposiciones Comunes ( 37 ) , el Fondo Europeo de Desarrollo Regional / el Fondo de Cohesión ( 38 ) ) y en consonancia con el objetivo político 2 del Reglamento sobre Disposiciones Comunes;

37. Acoge con satisfacción los objetivos de reducir la utilización y los riesgos de los plaguicidas en un 50 % para 2030 y de reducir la pérdida de nutrientes procedentes de fertilizantes, como se establece en las Estrategias «De la Granja a la Mesa» y sobre Biodiversidad, en la decisión de revisar la Directiva sobre el uso sostenible de plaguicidas y la inclusión de una gestión mejorada de nutrientes en los objetivos de los nuevos planes estratégicos de la PAC y de las dos estrategias; pide que los objetivos y las metas mencionados, así como el próximo plan de acción de contaminación cero, se traduzcan en legislación; destaca la necesidad urgente de reducir el impacto de los plaguicidas en los recursos de agua potable, abordando de forma completa su protección en la aprobación de sustancias activas y en la autorización de plaguicidas o en su renovación;

38. Pide a la Comisión que mejore la homogeneización de las normas y reduzca la amplia gama de umbrales dentro de los Estados miembros en la Directiva sobre las aguas subterráneas;

39. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen las sinergias entre las políticas en materia de agua y de biodiversidad introduciendo medidas adecuadas para proteger mejor las pequeñas masas de agua y los ecosistemas de aguas subterráneas en el contexto de los planes hidrológicos de cuenca, incluidos requisitos de notificación, orientaciones y proyectos;

40. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que integren mejor la Directiva sobre inundaciones en las políticas, de modo que se dé prioridad a las soluciones basadas en la naturaleza y se ajusten los flujos de financiación en consecuencia; destaca la importancia de gestionar las cuencas de captación de una manera integrada y holística;

41. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten un enfoque integrado de la Directiva marco sobre el agua y la Directiva marco sobre la estrategia marina, dado que el 97,3 % de los recursos de agua del planeta proceden de los océanos y que las aguas subterráneas, continentales, de transición, costeras y marinas permanecen conectadas por el ciclo del agua y el vínculo entre la tierra y el mar;

42. Pide una acción reforzada con una financiación suficiente para mejorar la migración de los peces en toda la Unión; pide que, cuando proceda, se incluya la conectividad fluvial en los criterios técnicos de selección desarrollados en el contexto de la taxonomía verde de la Unión para actividades sostenibles y que los proyectos relacionados con la energía y el transporte solo se consideren sostenibles cuando prevean pasos de peces similares a los naturales;

43. Observa que el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos constituye uno de los seis objetivos medioambientales de la taxonomía de las finanzas sostenibles de la Unión; alienta, por tanto, su uso en la orientación de las inversiones públicas y privadas para garantizar la protección de las masas de agua;

44. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten, en el próximo ciclo de planificación hidrológica, todas las medidas necesarias que faciliten la conservación y recuperación de los ecosistemas acuáticos, promuevan soluciones basadas en la naturaleza, hagan participar al sector financiero mediante el fomento de inversiones sostenibles e impulsen la capacitación y la educación en materia de crecimiento ecológico;

45. Pide a la Comisión que ayude y apoye a los Estados miembros en la coordinación transfronteriza de las masas de agua de la Directiva marco sobre el agua; pide a los Estados miembros que den prioridad a las medidas de la Directiva marco sobre el agua y a la aplicación de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas en regiones transfronterizas y que mejoren la cooperación en las cuencas hidrográficas internacionales;

46. Insta a la Comisión a racionalizar y mejorar los sistemas de control de la calidad del agua y de los contaminantes medioambientales, recogiendo, entre otros, datos sobre las principales fuentes de emisión de sustancias peligrosas, incluidos residuos radiactivos y de plaguicidas y metabolitos, biocidas, residuos farmacéuticos, sustancias químicas preocupantes como las polifluoroalquiladas y microplásticos, así como otros contaminantes que suscitan preocupación en las masas de agua de la Unión, y a utilizar las técnicas más recientes y efectivas disponibles; insta a la Comisión a que adopte directrices para la adopción de normas armonizadas para las redes de medida y la notificación de datos; pide a la Comisión que facilite, en su plan de acción «contaminación cero», el uso de métodos de seguimiento no invasivos y de bioindicadores a fin de minimizar la exposición de los seres humanos y la vida silvestre a contaminantes del aire, el suelo y el agua; insta a los Estados miembros a que hagan uso de todas sus redes de seguimiento al comunicar datos a la Comisión;

47. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los proveedores de agua que integren la digitalización y mejoren el uso de los datos de gestión y de medición para una toma de decisiones basada en pruebas, a nivel tanto normativo como de consumo; pide tecnologías digitales relacionadas con el agua que permitan el seguimiento a distancia y la oferta de información acerca de la calidad, las fugas y el uso del agua y sobre los recursos hídricos;

48. Observa el potencial de la digitalización y la inteligencia artificial en la mejora de la gestión y la supervisión de las masas de agua, al crear mejores datos y analizar pruebas para apoyar a los responsables de la toma de decisiones, dado que estas podrían contribuir en gran medida a la rápida detección de pequeños cambios en la calidad del agua que podrían representar una amenaza para las masas de agua, a la evaluación de las mejores prácticas y a la determinación de las medidas más rentables;

49. Pide a los Estados miembros que creen marcos jurídicos que eviten situaciones en que las entidades gestoras de masas de agua se financien a partir de actividades que deterioren su estado químico y ecológico; pide a los Estados miembros que establezcan una separación clara entre las entidades a cargo de la gestión de las masas de agua y aquellas a cargo de la evaluación de su estado;

50. Destaca la necesidad de homogeneizar los datos sobre el agua y de crear normas de notificación obligatorias para que los Estados miembros refuercen la transparencia de los datos; pide a la Comisión que siga mejorando el Sistema de Información sobre el Agua para Europa para convertirlo en una herramienta de información fácil de utilizar para todos en la Unión, que proporcione información sobre la cantidad, la calidad y la disponibilidad de los recursos hídricos, además de establecer índices de referencia para la gestión de masas de agua;

51. Observa que, según el informe de adecuación, existe un margen de mejora tanto en la accesibilidad de la información sobre políticas y calidad en materia de agua como en su nivel de detalle; pide a los Estados miembros y a la Comisión que pongan remedio a esta situación y proporcionen a los residentes en la Unión información clara, exhaustiva y fácilmente accesible; pide, además, una mayor transparencia y, en consecuencia, una mejora significativa de la consulta pública, la sensibilización y la educación sobre el agua y los vínculos entre el agua, los ecosistemas, el saneamiento, la salud, la seguridad de los alimentos, la seguridad alimentaria y la prevención de catástrofes, así como que se estimule un diálogo intersectorial entre los operadores económicos, los proveedores de agua, el público en general, las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil y que se garantice el acceso a la justicia en virtud de la Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental (Directiva EIA) y la Directiva marco sobre el agua en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia;

52. Celebra que la Unión haya respondido parcialmente a la iniciativa ciudadana Right2Water en la refundición de la Directiva sobre el agua potable al insertar un nuevo artículo sobre el acceso al agua y una mayor transparencia de su calidad para mejorar la salud y el medio ambiente; pide a los Estados miembros que apliquen y ejecuten plenamente la Directiva marco sobre el agua con el fin de garantizar el acceso al agua para todos y responder plenamente a la iniciativa Right2Water;

53. Pide a los Estados miembros y a los proveedores de agua que utilicen sistemáticamente controles para la COVID-19 en las aguas residuales como sistema de alerta temprana para apoyar la lucha contra la pandemia;

54. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.

(2) DO L 135 de 30.5.1991, p. 40.

(3) DO L 372 de 27.12.2006, p. 19.

(4) DO L 288 de 6.11.2007, p. 27.

(5) DO L 375 de 31.12.1991, p. 1.

(6) DO L 348 de 24.12.2008, p. 84.

(7) DO L 177 de 5.6.2020, p. 32.

(8) DO L 164 de 25.6.2008, p. 19.

(9) DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.

(10) DO L 334 de 17.12.2010, p. 17

(11) Textos Aprobados, P9_TA(2019)0078.

(12) Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 — Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas» (COM(2020)0380).

(13) Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia “De la Granja a la Mesa” para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente» (COM(2020)0381).

(14) Decisión n.o 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta» (DO L 354 de 28.12.2013, p. 171).

(15) Establecidos en la Resolución 70/1 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible».

(16) DO C 324 de 1.10.2020, p. 28.

(17) DO C 110 de 22.3.2019, p. 94.

(18) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-_gross_nitrogen_balance

(19) Informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, de 4 de diciembre de 2019, titulado «El medio ambiente en Europa — Estado y perspectivas 2020: conocimiento para la transición hacia una Europa sostenible».

(20) Síntesis de la Comisión, de 10 de diciembre de 2019, del control de adecuación de la Directiva marco sobre el agua y la Directiva sobre inundaciones.

(21) https://www.eea.europa.eu/publications/92-9167-025-1/page003.html.

(22) Documento de información del Tribunal de Cuentas Europeo, de junio de 2018, titulado «Desertification in the EU» (La desertificación en la UE).

(23) Estudio de la Comisión, de marzo de 2020, sobre el almacenamiento de energía: «Contribution to the security of the electricity supply in Europe» (Contribución a la seguridad del suministro eléctrico en Europa), p. 20.

(24) https://ec.europa.eu/info/news/implementation-report-water-framework-directive-and-floods-directive-questions-and-answers-2019-feb-26_en.

(25) https://www.right2water.eu/documents.

(26) Organización Mundial de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: «Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene: 2017 Update and SDG Baselines» (Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene: Informe de actualización de 2017 y línea de base de los ODS), Organización Mundial de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Ginebra, 2017, p. 3.

(27) Comunicación de la Comisión, de 19 de marzo de 2014, relativa a la Iniciativa Ciudadana Europea «El Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. ¡El agua no es un bien comercial sino un bien público!» (COM(2014)0177).

(28) DO C 316 de 22.9.2017, p. 99.

(29) http://www.oecd.org/environment/financing-water-supply-sanitation-and-flood-protection-6893cdac-en.htm.

(30) Décimo informe de la Comisión, de 10 de septiembre de 2020, sobre el estado de ejecución y los programas para la aplicación (COM(2020)0492).

(31) https://www.eea.europa.eu/archived/archived-content-water-topic/water-resources/water-abstraction.

(32) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Agri-environmental_indicator_-_water_abstraction.

(33) Control de adecuación de la Directiva marco sobre el agua y la Directiva sobre inundaciones, p. 66.

(34) Control de adecuación de la Directiva marco sobre el agua y la Directiva sobre inundaciones, p. 199.

(35) Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DO L 330 de 5.12.1998, p. 32).

(36) Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1).

(37) Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

(38) Propuesta de la Comisión, de 29 de mayo de 2018, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión (COM(2018)0372).