RESOLUCIÓN (EU) 2020/1888 DEL PARLAMENTO EUROPEO

de 14 de mayo de 2020

que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección V — Tribunal de Cuentas

EL PARLAMENTO EUROPEO,

Considerando que, en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión, la autoridad de aprobación de la gestión desea hacer hincapié en la importancia particular que reviste reforzar aún más la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión mediante la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas y la aplicación del concepto de presupuestación basada en el rendimiento y la buena gobernanza de los recursos humanos;

Celebra que el Tribunal en general ha aplicado bien su disciplina presupuestaria durante los últimos años, con el fin de mantener sus costes de administración estables sin afectar desfavorablemente a su actividad principal; observa que no se solicitaron puestos adicionales para 2018 y que, en consecuencia, la plantilla del Tribunal prevé un total de 853 puestos autorizados (lo mismo que en 2017);

Acoge con satisfacción los esfuerzos del Tribunal por publicar su informe anual de actividades el 5 de mayo del año siguiente y aprobar sus cuentas definitivas el 31 de mayo; está de acuerdo en que debe darse al Tribunal el tiempo necesario para llevar a cabo su labor de auditoría, tal como se expresa en el informe anual del Tribunal sobre la ejecución del presupuesto de la Unión; propone, no obstante, que el Tribunal examine el asunto en mayor profundidad con la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento y otros actores pertinentes a fin de analizar mejor la duración del procedimiento de aprobación de la gestión;

Toma nota de que el Tribunal decidió revisar las normas de uso de vehículos oficiales y que, de acuerdo con las nuevas normas, los miembros y el secretario general pueden utilizar los vehículos oficiales para viajes no realizados en el ejercicio de sus funciones oficiales por un precio fijo de 100 EUR al mes más determinados costes y gastos; toma nota de que el Tribunal espera ahorros significativos en comparación con la situación dada con las normas existentes; toma nota de que las nuevas normas han entrado en vigor a partir del 1 de enero de 2020; opina que el uso de vehículos oficiales para uso privado no debe llevarse a cabo bajo ninguna circunstancia; considera que esta práctica puede perjudicar la reputación del Tribunal y, en general, de las instituciones de la Unión; pide, por tanto, al Tribunal que reconsidere esta cuestión y mantenga informado al Parlamento;

Acoge con satisfacción que el Tribunal experimente un fuerte aumento del interés de los medios de comunicación, con una cobertura particularmente alta para sus informes especiales; acoge con satisfacción que el Tribunal siga promoviendo sus publicaciones a través de los canales de las redes sociales; observa con interés que la mayor parte de las publicaciones del Tribunal están disponibles en su sitio web mediante un enlace denominado «Búsqueda de publicaciones»; observa que los informes del Tribunal que recibieron la mayor atención mediática en 2018 fueron los informes especiales relativos a la red ferroviaria de alta velocidad en Europa, a la eficiencia operativa de la gestión por el Banco Central Europeo de la crisis de los bancos y al Mecanismo para los Refugiados en Turquía; acoge con satisfacción la estrategia de comunicación digital del Tribunal para trabajar con partes interesadas no institucionales, como grupos de reflexión, ONG, asociaciones industriales y universidades (que pueden actuar como multiplicadores de los mensajes del Tribunal); alienta asimismo el uso de plataformas de redes sociales libres, de código abierto y con alojamiento propio, que presten una atención especial a la protección de los datos de los usuarios;

Reconoce la publicación de 35 informes especiales (frente a 28 en 2017), 9 publicaciones basadas en análisis (frente a 2 en 2017) y 10 dictámenes (frente a 5 en 2017); acoge con satisfacción los esfuerzos del Tribunal, en consonancia con el Reglamento Financiero, para elaborar sus informes especiales generalmente en un plazo de 13 meses, al tiempo que señala que el plazo medio para la presentación de los informes especiales publicados durante 2018 fue de 15,2 meses; destaca, no obstante, que 15 de los 35 informes especiales (43 %) se elaboraron en menos de 13 meses (frente al 29 % en 2017);

O con preocupación de que el Tribunal seleccionó una muestra de 45 operaciones (frente a 55 en 2017 y 100 en 2016) correspondientes a la rúbrica 5 (Administración) del marco financiero plurianual de todas las instituciones y órganos de la Unión; observa que esta muestra se concibió para que fuera representativa del conjunto de gastos con cargo a la rúbrica 5, que representa un 6,3 % del presupuesto de la Unión; toma nota de que la labor del Tribunal indica un gasto administrativo de bajo riesgo; considera, no obstante, que el número de las operaciones seleccionadas en relación con las «otras instituciones» no es suficiente y pide al Tribunal que aumente el número de operaciones que deben ser examinadas en un 10 % como mínimo; pide al Tribunal que estudie la posibilidad de presentar un informe anual independiente sobre las instituciones de la Unión, como ya hace con las agencias de la Unión, y solicita al Tribunal que mantenga informado al Parlamento sobre sus avances a este respecto;

Toma nota de que la decisión por la que se aclara la Reglamentación relativa a las misiones de los miembros entró en vigor el 1 de febrero de 2018; toma nota de que la decisión detalla, en particular, la información que debe comunicarse al solicitar una orden de misión;

Observa que el Tribunal, en el marco de su sistema de control interno, decidió delegar a partir de febrero de 2018 en el secretario general las competencias de ordenador de pagos relativas a los gastos de misión y de representación de los miembros; observa que estos gastos están ahora sujetos al sistema general de control gestionado por los servicios de la Secretaría General, que implica la gestión de riesgos y controles ex ante y ex post, y que están incluidos en la declaración anual de los ordenadores subdelegados y delegados; lamenta profundamente que el Tribunal solo hubiese tomado medidas al respecto después de que se produjese una situación particularmente crítica;

Toma nota de que el Servicio de Auditoría Interna revisó los informes de control anuales de 2018 y las declaraciones de los ordenadores subdelegados para evaluar la fiabilidad de la información facilitada; toma nota de que el secretario general ha solicitado informes de control de todas las direcciones; reconoce que el Servicio de Auditoría Interna confirma la fiabilidad de los controles ex ante y ex post efectuados por los servicios y, en general, la fiabilidad de la información presentada en los informes de control;

Observa que, sobre la base de dicho informe de auditoría, no se ha identificado ningún indicio de abuso de posición por parte de miembros o antiguos miembros; observa que no se ha llevado a cabo ninguna otra investigación interna posterior a dicho informe de auditoría;

Toma nota de que la OLAF abrió una investigación en 2016 relativa a un posible abuso de los gastos de viaje y manutención de un miembro actual del Tribunal en relación con un periodo en que era diputado al Parlamento; toma nota de que la OLAF dio por concluido el caso en septiembre de 2019, con la recomendación de que el Parlamento recuperara 11 243 EUR; observa que no se han formulado recomendaciones disciplinarias ni judiciales a este respecto y que no se ha dirigido ninguna recomendación al Tribunal;

Acoge con satisfacción la publicación de las Directrices de Ética del Tribunal, aplicables a todos los miembros y al personal; celebra el examen por el Comité de Ética de todas las cuestiones de carácter ético que considere pertinentes, incluida la evaluación de las actividades externas de los miembros del Tribunal; toma nota de la designación de asesores en materia de ética entre los miembros del personal del Tribunal con el objetivo de que todo miembro del personal tenga el derecho y la oportunidad de obtener un asesoramiento confidencial e imparcial sobre asuntos sensibles como conflictos de intereses, aceptación de regalos o cómo transmitir información en caso de irregularidades graves (denuncia de irregularidades), etc.;

Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por el Tribunal para garantizar el bienestar del personal, al permitir un horario flexible de trabajo y el teletrabajo y nota que, a este respecte, el Tribunal provee presentaciones sobre la igualdad de oportunidades y el acceso a psicólogos gratuitos; observa, no obstante, que en 2018 hubo tres casos de agotamiento profesional; pide, por lo tanto, al Tribunal que estudie si la carga de trabajo se distribuye de forma proporcional entre los equipos y miembros del personal;

Toma nota de que el Tribunal y la OLAF trabajan en estrecha cooperación para proteger los intereses financieros de la Unión; toma nota, asimismo, de que en 2018 el Tribunal comunicó nueve casos de presunto fraude detectados en el contexto de sus auditorías (frente a 13 en 2017); felicita al Tribunal por el hecho de que las negociaciones en curso dieran lugar a un acuerdo de cooperación administrativa entre el Tribunal y la OLAF, firmado en mayo de 2019, cuyo objetivo es facilitar una relación de trabajo práctica entre ambos organismos, en particular en lo que se refiere a la transmisión de presuntos casos de fraude y a la organización de acciones de interés común, como formación, talleres o intercambios de personal;

39.

Señala que la retirada del Reino Unido de la Unión no tendrá repercusiones importantes en la estructura y los recursos del Tribunal; toma nota de que el Tribunal se ha comprometido a utilizar su poder discrecional, de conformidad con el artículo 49 del Estatuto de los funcionarios en el sentido de no despedir a funcionarios por la única razón de que ya no tienen la nacionalidad de un Estado miembro; observa que, por lo que respecta a los agentes temporales y contractuales, el Tribunal está obligado por ley a examinar individualmente cada caso y a autorizar excepciones cuando esté justificado en interés del servicio; acoge con satisfacción que el Tribunal se haya comprometido a utilizar de forma abierta y transparente esta posibilidad suya de autorizar excepciones; toma nota de que la evaluación del Tribunal se basará únicamente en el interés del servicio;