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DICTAMEN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO  
de 18 de diciembre  de 2020  
sobre la aplicación de los requisitos para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo a los proveedores de servicios de monedas virtuales  
(CON/2020/35)  
 
Introducción y fundamento jurídico  
El 29 de octubre de 2020, el Banco Central Europeo (BCE) recibió una solicitud del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital español para obtener un dictamen sobre un anteproyecto de ley 
por el que se modifica la Ley de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (en 
lo sucesivo, «anteproyecto de ley»).  
La competencia consultiva del BCE se basa en el artículo 127, apartado 4, y el artículo 282, apartado 5, 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como en el artículo 2, apartado 1, tercer guion, 
de la Decisión 98/415/CE del Consejo, de 29 de junio de 1998, relativa a la consulta de las autoridades 
nacionales al Banco Central Europeo acerca de los proyectos de disposiciones legales1, pues el 
anteproyecto de ley afecta al Banco de España. De conformidad con la primera frase del artículo 17.5 del 
Reglamento interno del Banco Central Europeo, el presente dict amen ha sido adoptado por el Consejo 
de Gobierno.  
 
1. Objeto del proyecto de ley  
1.1 El principal objet ivo del anteproyecto de ley, que modifica la actual ley de prevención del blanqueo 
de capitales y la financiación del terrorismo2 (en lo sucesivo, la Ley contra el blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo), es transponer al derecho español la Directiva (UE) 2018/843 del 
Parlamento Europeo y del Consejo3. El anteproyecto de ley también introduce algunas 
modificaciones para incluir categorías adicionales de proveedores de servicios de monedas 
virtuales.   
1.2 Más concretamente, y como parte de las modificaciones para transponer la Directiva (UE) 
2018/843, el anteproyecto de ley amplía los sujetos obligados de la Ley contra el blanqueo de 
                                                 
1  Decisión 98/415/CE del Consejo, de 29 de junio de 1998, relativa a la consulta de las autoridades nacionales al 
Banco Central Europeo acerca de los proyectos de disposiciones legales (DO L 189 de 3.7.1998, p. 42).  
2  Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo  
(BOE n.º 103 de 29 de abril de 2010).  
3  Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la 
Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales 
o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE (DO L 156 de 
19.6.2018, p. 43).  
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2 capitales y la financiación del terrorismo4 para incluir a los proveedores de servicios de cambio 
entre monedas virtuales y monedas fiduciarias, así como de custodia de monederos electrónicos 
(definidos como las personas físicas o jurídicas que prestan servicios de salvaguardia de claves 
criptográf icas privadas en nombre de sus clientes, para la tenencia, el almacenamiento y la 
transferencia de monedas virtuales de manera similar a la de la custodia de fondos o activos 
financieros tradicionales). Más allá de la transposición de la Directiva (UE) 2018/843, el 
anteproyecto de ley también incorpora categorías adicionales de proveedores de servicios de 
monedas virtuales, como sujetos obligados de la Ley contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo.  
1.3 El anteproyecto de ley exige a los proveedores de: i) servicios de cambio entre monedas virtuales; 
ii) de cambio entre monedas virtuales y monedas fiduciarias; y iii) de custodia de monederos 
electrónicos, situados en España o que presten servicios a residentes en España, que queden 
inscrito s en un registro creado a tal efecto en el Banco de España5. El anteproyecto de ley obligará 
al Banco de España a supervisar el cumplimiento de la obligación de registro por parte de estos 
prestadores de servicios, así como el cumplimiento de los requisitos de honorabilidad comercial y 
profesional que se determinen. Según el anteproyecto de ley, estos requisitos se establecerán en 
una norma administrativa6. Además, el Banco de España ejercerá competencias sancionadoras, 
de conformidad con la legislación bancaria española7, en caso de incumplimiento del requisito de 
registro8.  
 
2. Observaciones generales  
2.1 El presente dictamen no aborda la cuestión de si el anteproyecto de ley es compatible con la 
Directiva (UE) 2018/843.  El BCE ha limitado su evaluación de las disposiciones del anteproyecto 
de ley a la cuestión de si la atribución de una nueva función al Banco de España cumple la 
prohibición de la financiación monetaria.   
 
3. Atribución de nuevas funciones al Banco de España  
3.1 Nuevas funciones del Banco de España  
3.1.1  Se prevé encomendar al Banco de España las tareas de gestión del registro, así como la 
supervisión del cumplimiento por parte de los proveedores de servicios pertinentes de la obligación 
de registro, siempre que se cumplan los requisitos de honorabilidad comercial y profesional. Cabe 
señalar que la principal autoridad española en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo es la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e 
Infracciones Monetarias, que es un órgano dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y 
                                                 
4  Véase el  nuevo artículo 2, apartado 1 , letra v), de la Ley 10/2010, en su versión modificada por el anteproyecto de 
ley. 
5  Véase la disposición adicional segunda,  punto 1, de la Ley 10/2010 (apartado 52 del anteproyecto de ley) . 
6  Véase la disposición adicional segunda, punto 3, de la Ley 10/2010 (apartado 52 del anteproyecto de ley).  
7  Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, «BOE» n.º 156 de 
27 de junio de 2014, página 49412.  
8   Véase la disposición adicional segunda, punto 4, de la Ley 10/2010 (apartado 52 del anteproyecto de ley).  
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3 Transformación Digital, encargada de desarrollar y coordinar las políticas españolas en materia de 
lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terroris mo9. Para ejercer sus funciones, 
la Comisión cuenta con el apoyo del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo 
de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y de la Secretaría de la Comisión10. El 
SEPBLAC actúa como Unidad de Inteligencia Financiera y también es responsable de la 
supervisión en relación con las cuestiones de lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo en todos los sectores financieros y no financieros, en colaboración con 
los supervisores sect oriales. En consecuencia, dado que el Banco de España es el supervisor de 
entidades de crédito y otras instituciones financieras no crediticias, como las entidades de pago y 
las entidades de dinero electrónico, el Banco de España también colabora  con el SE PBLAC en la 
supervisión de las cuestiones de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo en entidades financieras en virtud de un acuerdo firmado al efecto.11 A este respecto, el 
Banco de España tiene la facultad de llevar a cabo actuaciones inspectoras, efectuar 
recomendaciones y proponer a la Secretaría de la Comisión la formulación de requerimientos12.  
3.1.2  El BCE hace hincapié en que debe examinarse si la atribución de nuevas funciones a un banco 
central nacional (BCN) que participe en el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) es 
compatible con la prohibición de la financiación monetaria establecida en el artículo 123 del 
Tratado. A efectos de dicha prohibición, el artículo 1, apartado 1, letra b), inciso ii), del Reglamento 
(CE) n.º 3603/93 del Consejo13 define «otro tipo de crédito» como, entre otras cosas, «toda 
financiación de obligaciones del sector público con respecto a terceros».  
3.1.3  Garantizar que los Estados miembros apliquen una política presupuestaria sólida es uno de los 
objetivos clave de la prohibición de la financiación monetaria, que no puede eludirse. Por lo tanto, 
la función de las medidas de financiación, que normalmente son responsabilidad de los Estados 
miembros y que se financian con cargo a sus recursos presupuestarios y no a través de los BCN, 
no debe encomendarse a los BCN. Para determinar qué constituye la financiación de obligaciones 
del sector público con respecto a terceros —que puede traducirse como la concesión de 
financiación por el banco central fuera del ámbito de las funciones de banc a central —, es 
necesario llevar a cabo una evaluación, caso por caso, de si la función que debe llevar a cabo un 
BCN es una función de banc a central o una función de la administración pública, es decir, una 
función que com pete a los Estados miembros. En otras palabras, deben establecerse las garantías 
adecuadas para evitar que se eluda el objetivo de la prohibición de la financiación monetaria, que 
consiste en mantener una política presupuestaria saneada por parte de los Es tados miembros.  
3.1.4  En el marco de la discreción de que goza en el ejercicio de sus f unciones en virtud del 
artículo 271, letra d), del Tratado, y del artículo 35.6 de los Estatutos del Sistema Europeo de 
                                                 
9  Artículo 44 de la Ley 10/2010. .  
10  Artículo 45 de la Ley 10/2010.  
11  Artículos 44 y 47 de la Ley 10/2010.  
12  Artículo 44, apartado 2, letra m), de la Ley 10/2010.  
13  Reglamento (CE) n.º 3603/93 del Consejo, de 13 de diciembre de 1993, por el que se establecen definiciones para 
la aplicación de las prohibiciones a que se refieren el artículo 104 y el apartado 1 del artículo 104 B del Tratado (DO 
L 332 de 31.12.1993).  
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4 Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (en lo sucesivo, los «Estatutos del SEBC»), y para 
velar por que los BCN cumplan sus obligaciones conforme al Tratado, el Consejo de Gobierno ha 
aprobado una serie de garantías en forma de criterios por los que se determina qué constituye una 
obligación del sector público con respecto a terceros en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra 
b), inciso ii), del Reglamento (CE) n.º 3603/93 del Consejo, o, en otras palabras, qué es una 
obligación estatal, a saber:  
 En primer lugar, son funciones de banca central en particular las relacionadas con las funciones 
atribuidas al BCE y a los BCN por el Tratado y los Estatutos del SEBC. Estas funciones se 
establecen principalmente en el artículo 127, apartados 2, 5 y 6, y en el artículo 128, apartado 1, 
del Tratado, así como en los artículos 22 y 25.1 de los Estatutos del SEBC.  
 En segundo lugar, puesto que el artículo 14.4 de los Estatutos del SEBC autoriza a los BCN a 
ejercer «funciones distintas de las especificadas en el presente Estatuto», no se excluye sin más 
el ejerci cio de funciones nuevas, esto es, no relacionadas con funciones atribuidas al BCE y los 
BCN. Sin embargo, las funciones nuevas desempeñadas por los BCN que no son sus funciones 
normales y que claramente se ejercen en nombre y en interés exclusivo del Estad o o entidades del 
sector público, deben considerarse funciones estatales.  
En tercer lugar, un criterio importante para calificar una nueva función de un BCN como distinta de 
las funciones de banca central , o como ejercida claramente en nombre y en interés exclusivo del 
Estado o entidades del sector público, es la repercusión de dicha función en la independencia 
institucional, financiera y personal de ese BCN.  
Concretamente, deben tenerse en cuenta las cuestiones siguientes:  
(a) Si el desempeño de la nueva función genera conflictos de intereses con las funciones 
existentes de banca central, que no se abordan adecuadamente, y si su desempeño no 
complementa necesariamente las funciones de banca central existentes. En caso de 
conflicto de intereses entre las nu evas funciones y las existentes, debe haber mecanismos 
suficientes que lo atenúen. La complementariedad entre una nueva función y las funciones 
existentes de banca central debe interpretarse restrictivamente para que no provoque una 
cadena infinita de func iones accesorias. Dicha complementariedad debe examinarse 
respecto de la financiación de las funciones.  
(b) Si, a falta de nuevos recursos económicos, el desempeño de la nueva función es 
desproporcionado con relación a la capacidad financiera u organizativa de l BCN y puede 
perjudicar a la capacidad de este para desempeñar debidamente las funciones existentes 
de banca central.  
(c) Si el desempeño de la nueva función encaja en la estructura institucional del BCN desde el 
punto de vista de la independencia del banco c entral y de la contabilidad.  
(d) Si el desempeño de la nueva función conlleva riesgos financieros significativos.  
(e) Si el desempeño de la nueva función expone a los miembros de los órganos rectores del 
BCN a riesgos políticos desproporcionados que pueden también afectar a su independencia 
personal y, en particular, a la garantía de su inamovilidad conforme al artículo 14.2 de los 
Estatutos del SEBC.  
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5 3.2 Funciones relacionadas con las atribuidas al BCE y a los BCN por el Tratado y los Estatutos del 
SEBC  
 Las funciones  de gestionar un registro y de supervisar el cumplimiento de la obligación de registro 
por parte de los proveedores de servicios de monedas virtuales pertinentes, siempre que se 
cumplan los requisitos de honorabilidad comercial y profesional que se determi nen, no están 
relacionadas con las funciones que el Tratado y los Estatutos del SEBC confieren al BCE y a los 
BCN.  
3.3 Funciones distintas de las de banca central  
Las funciones de gestionar un registro y de supervisar el cumplimiento por parte de los 
proveedores de servicios de monedas virtuales pertinentes de la obligación de registrarse, siempre 
que se cumplan los requisitos de honorabilidad comercial y profesional que deben determinarse, 
no son distintas de las funciones de banca central, en la medida en que complementan las 
funciones existentes de varios BCN como supervisores del sector financiero respecto a cuestiones 
relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este 
sentido, cabe señalar que la mayoría de los BCN del SEBC son supervisores respecto a 
cuestiones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo, función que es complementaria a su papel de supervisores de entidades de crédito o 
financieras. En la transp osición de la Directiva (UE) 2018/843 al derecho nacional, los Estados 
miembros han atribuido las funciones específicas de gestión de un registro (o las tareas de 
supervisión conexas) con respecto a los proveedores de servicios de monedas virtuales, a una 
amplia gama de autoridades públicas, incluidas las autoridades de supervisión financiera (algunas 
de las cuales son bancos centrales), las unidades de información financiera, la administración 
tributaria y los ministerios.  Más concretamente, el BCE ha identificado dos Estados miembros que 
han atribuido directamente estas funciones particulares a sus BCN14, cinco Estados miembros que 
han atribuido estas funciones a sus autoridades nacionales de supervisión15, y otros tres Estados 
                                                 
14  En los Países Bajos, el artículo 23, letra b), de la Ley sobre blanqueo de capitales y prevención de la financiación 
del terrorismo ( Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van) exige que cualquier persona que ofrezca 
servicios profesionales o comerciales en o desde los Países Bajos para el intercambio entre monedas virt uales y 
monedas fiduciarias o custodia de monederos electrónicos se registre ante el De Nederlandsche Bank (DNB). El 
artículo 23, letras c) a f), de esta misma ley establecen las actuaciones que el DNB puede llevar a cabo para 
garantizar el cumplimiento de la obligación de registro. En Portugal , la Ley n.º 83/2017 sobre la prevención del 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ( Lei de medidas de combate ao branqueamento de capitais e 
ao financiamento do terrorismo ) considera a los proveedores  de servicios de activos virtuales como entidades 
obligadas a cumplir las normas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, 
y el Banco de Portugal es la autoridad responsable del registro y la supervisión de estas  entidades a efectos de la 
lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.   
15  En Austria , el artículo 32, letra a), de la Ley de lucha contra el blanqueo de capitales en los mercados financieros, 
la Finanzmarkt -Geldwäschegesetz , atribuye estas funciones a la Autoridad del Mercado Financiero (FMA). En 
Alemania, de conformidad con el artículo 32, apartado 1, de la Ley bancaria alemana, la Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht  lleva un registro de todos los prestadores de servicios autorizados y es responsable 
de la correspondiente supervisión permanente.  En Finlandia , con arreglo al artículo 5 de la Ley n.º 572/2019 sobre 
proveedores de monedas virtuales ( Laki virtuaalivaluutan tarjoajista) la Finanssivalvonta lleva un regis tro de los 
proveedores de servicios de activos virtuales que garantiza que cumplen sus requisitos legales relativos, por 
ejemplo, a la fiabilidad del proveedor. En Luxemburgo, en virtud del artículo 1, apartado 20, letra c), y del  
artículo 7- 1, apartado 1, de la Ley de 12 de noviembre de 2004 sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, modificada por la Ley de 25 de marzo de 2020 sobre la Loi du 12 novembre 2004 
relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, las entidades que prestan servicios 
de cambio entre monedas virtuales y monedas fiduciarias, o entre monedas virtuales, así como los proveedores de 
servicios de custodia de monederos electrónicos, deben registrarse ante la Commissio n de Surveillance du Secteur 
Financier . El registro de los proveedores de servicios antes mencionados estará sujeto, de conformidad con el 
 
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6 miembros que han atribuido est as funciones, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, a 
sus respectivos BCN16. Asimismo, el BCE entiende que algunos Estados miembros que aún no 
han legislado sobre esta cuestión están estudiando la posibilidad de atribuir estas funciones a sus 
respectivos BCN.    
El Banco de España, como órgano responsable de la supervisión de las entidades de crédito en 
virtud del artículo 7, apartado 6, de la Ley 13/1994 de Autonomía del Banco de España17, y sobre 
la base de la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito18, 
también colabora con el SEPBLAC como supervisor en materia de lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo de las entidades de crédito. El Banco de España también 
es responsable de la supervisión de otras entidades financieras y, por tanto, como supervisor 
sectorial colabora asimismo con el SEPBLAC en su supervisión en materia de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.  
Dado el papel actual del Banco de España en la supervisión de las cuestiones de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de las instituciones financieras —una función 
que desempeñan muchos otros BCN del SEBC en relación con dichas entidades en sus 
respectiv os Estados miembros —, así como el hecho de que una serie de Estados miembros 
hayan conferido a sus BCN las funciones específicas de gestionar un registro (o las 
correspondientes funciones de supervisión) en relación con los proveedores de servicios de 
monedas virtuales, las nuevas funciones del Banco de España en virtud del anteproyecto de ley no 
son distintas de las funciones de banca central.  
3.4 Funciones ejercidas claramente en nombre y en interés exclusivo del Estado  
Por las mismas razones, las tareas conferidas por el anteproyecto de ley, la gestión de un registro 
y la supervisión del cumplimiento por parte de los proveedores de servicios de monedas virtuales 
                                                                                                                                                             
artículo 7-1, apartado 3, de la Ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a una evaluación 
de su situación profesional. En Malta, conforme a la Ley sobre proveedores de activos virtuales de 1 de noviembre 
de 2018, los proveedores de los servicios mencionados deben inscribirse en un registro financiero gestionado por la 
Autoridad de Servicios F inancieros de Malta. La supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo de dichos proveedores autorizados corre a cargo de la Unidad de Análisis de Información 
Financiera.  
16  En Italia , el Decreto Legislativo n.º 90/2017 ( Decreto Legislativo 25 maggio 2017, N. 90), por el que se modifica el 
Decreto Legislativo n.º 231/2007 por el que se establecen las normas italianas contra el blanqueo de capitales, los 
proveedores de servicios de activos virtuales están obligados  a registrarse ante el Organismo degli Agenti e dei 
Mediatori , organismo sujeto a la supervisión de Banca d’Italia, responsable de la llevanza de los registros de 
agentes financieros e intermediarios de crédito.  En Lituania , la Ley de 3 de noviembre de 2019 sobre prevención 
del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, por la que se modifica la Ley de 19 de junio de 1997 
(Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas ), obliga a los proveedores de servicios de cambio 
entre monedas virtuales y monedas fiduciarias y a los proveedores de servicios de custodia de monederos 
electrónicos a notificar su actividad al Registro de Entidades Jurídicas a más tardar en un plazo de cinco días 
hábiles desde el inicio o el cese de dichas actividades. La Autoridad de Investigación de Delitos Financieros (FIU) 
supervisa las actividades de los operadores en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo. Las instrucciones que la FIU pueda dirigir a estos proveedores deberán ser aprobadas 
en coordinación con Lietuvos bankas y el Ministerio de Hacienda. En Eslovenia, a tenor del artículo 4, letra a), de la 
Ley de 19 de noviembre de 2016 sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 
(Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma), la Oficina para la prevención del blanqueo de 
capitales mantiene y gestiona el registro de proveedores de servicios de cambio entre monedas virtuales y monedas 
fiduciarias y proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos. No obstante, de conformidad con el 
artículo 4, apartado 20, letra d), y el artículo 151 de la citada ley, Banka Slovenije supervisa el cumplimiento de los 
requisitos legales pertinentes.  
17  Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, «BOE» n.º 131 de 2 de junio de 1994.  
18  Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, «BOE» n.º 156 de 
27 de junio de 2014.  
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7 pertinentes de la obligación de registro supeditada al cumplimiento de los requisitos de 
honorabi lidad comercial y profesional que deben determinarse, no son tareas desempeñadas en 
nombre y en interés exclusivo del gobierno. El Banco de España ya desempeña un papel en la 
supervisión de las cuestiones relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo de las entidades de crédito y determinadas entidades financieras. Nada indica que, 
en el ejercicio de las nuevas funciones conferidas por el anteproyecto de ley, el Banco de España 
actúe exclusivamente en interés de otra autoridad pública.  
3.5 Conflictos de intereses entre el ejercicio de las nuevas funciones y el de las funciones existentes 
de banca central  
Dado que las nuevas funciones del Banco de España en el marco del anteproyecto de ley 
complementan sus tareas existentes , no surgen conflictos de intereses con otros aspectos del 
mandato del Banco de España.  
3.6 Proporción entre el ejercicio de las nuevas funciones y la capacidad financiera u organizativa del 
Banco de España  
 El BCE señala que es esencial garantizar que el Banco de España disponga de recursos 
suficientes, incluido el personal, para la realización de evaluaciones y la emisión de instrucciones 
con arreglo al anteproyecto de ley, de modo que no se vea afectada su capacidad para 
desempeñar sus funciones relacionadas con el SEBC. A este respecto, el anteproyecto de ley no 
aborda específicamente cómo se financiarán los gastos adicionales derivados de la atribución de 
funciones adicionales al Banco de España. El BCE entiende que los recursos adicionales que 
necesita el Banco de España para ejercer esas funciones adicionales serán financiados por el 
marco presupuestario actual del Banco de España, por lo que no habrá ningún mecanismo 
específico de recuperación de costes diseñado para garantizar la plena recuperación de los costes 
derivados de la creación y el mantenimiento del registro y la supervisión del cumplimiento de las 
obligaciones y requisitos pertinentes. Sin embargo, el desempeño de las nuevas funciones por 
parte del Banco de España no es desproporcionado  en relación con su capacidad financiera u 
organizativa.   
3.7 Encaje del desempeño de las nuevas funciones en la estructura institucional del Banco de España 
desde el punto de vista de la independencia del banco central y de la contabilidad  
El desempeño de las nuevas funciones parece estar en consonancia con la estructura institucional 
del Banco de España. Como se menciona en el apartado 3. 3, el Banco de España colabora con el 
supervisor en materia de lucha contr a el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en 
la supervisión de las entidades de crédito y financieras.  
3.8 Riesgos financieros sustanciales aparejados al desempeño de las nuevas funciones  
La realización de las nuevas tareas no entraña riesgos financieros sustanciales para el Banco de 
España. El anteproyecto de ley no aborda directamente la posible responsabilidad del Banco de 
España en caso de acciones legales u otros procedimientos judiciales por daños y perjuicios en 
relación con el ejercic io de sus funciones en virtud del anteproyecto de ley. A este respecto, el 
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8 artículo 32 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público19 establece el derecho de 
las personas físicas o jurídicas a ser indemnizadas por los órganos de la Administraci ón Pública 
en el ejercicio de sus funciones por los daños que dichas personas físicas o jurídicas sufran en sus 
bienes o derechos, salvo en caso de fuerza mayor. El Banco de España está incluido como 
organismo de la administración pública a estos efectos a  tenor  del artículo 1, apartado 2, de la Ley 
13/199420. Además, el artículo 25 del Reglamento Interno21 del Banco de España establece que la 
responsabilidad directa del Banco de España cubrirá las reclamaciones de indemnización de 
daños y perjuicios que los particulares formulen frente a empleados del Banco de España en el 
desempeño de sus funciones, salvo en caso de dolo, culpa o negligencia grave.  
3.9 Exposición de los miembros de los órganos rectores del Banco de España a riesgos políticos 
desproporcionados que pueden afectar a su independencia personal  
 El desempeño de las nuevas funciones conferidas por el  anteproyecto de ley no expone a los 
miembros de los órganos decisorios del Banco de España a ningún riesgo político 
desproporcionado ni afecta a su independencia personal.  
3.10 Conclusión  
Las nuevas funciones conferidas por el anteproyecto de ley al Banco de  España, consistentes en 
la creación y el mantenimiento de un registro y la supervisión del cumplimiento por parte de los 
proveedores de servicios de monedas virtuales pertinentes de la obligación de registro supeditada 
al cumplimiento de los requisitos de honorabilidad comercial y profesional que se determinen, 
pueden considerarse funciones de banca central, ya que complementarían las funciones 
existentes del Banco de España en relación con la supervisión en materia de la lucha contra el 
blanqueo de capita les y la financiación del terrorismo en las entidades financieras.  Las nuevas 
funciones conferidas por el anteproyecto de ley no son distintas de las funciones de banca central 
y se han atribuido a otros BCN del SEBC.   
 
El presente dictamen se publicará en EUR -Lex.  
 
 
Hecho en Fráncfort del Meno el 18 de diciembre de 2020.  
 
[firmado]  
 
La presidenta del BCE  
Christine LAGARDE  
                                                 
19  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, «BOE» n.º 236 de 2 de octubre de 2015.  
20  Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, «BOE» n.º 131 de 7 de febrero de 1994, p.  17400.  
21  Resolución de 28 de marzo de 2020 del Consejo de Gobierno del Ba nco de España, por la que se aprueba el 
Reglamento Interno del Banco de España.