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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Contexto de la propuesta

La Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, contiene disposiciones que se refieren específicamente a la coordinación de las disposiciones nacionales relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su marco de supervisión (entre otras, disposiciones que regulan la autorización de la actividad, el ejercicio de la libertad de establecimiento, las facultades de las autoridades de supervisión de los Estados miembros de origen y de acogida a este respecto, y la revisión supervisora de las entidades de crédito). No obstante, dicha Directiva, la Directiva 2006/49/CE y, en particular, los anexos de ambas, establecen también normas prudenciales. A fin de aproximar en mayor medida las disposiciones legislativas derivadas de la transposición de las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE a los ordenamientos jurídicos nacionales y de velar por que les sean aplicables directamente las mismas normas prudenciales, algo esencial para el funcionamiento del mercado interior, estas normas son objeto de la propuesta de Reglamento [a insertar por la OP] que va asociado a la presente propuesta.

La presente propuesta contiene las novedades siguientes: disposiciones relativas a sanciones y a un gobierno corporativo eficaz, y disposiciones destinadas a evitar una dependencia excesiva de las calificaciones crediticias externas. Así pues, la presente exposición de motivos se referirá exclusivamente a estos nuevos elementos. Los demás elementos de la presente Directiva son una repetición de la legislación vigente o adaptaciones a la propuesta de Reglamento. En aras de la claridad, la presente propuesta unifica también las disposiciones relativas a las entidades de crédito y las empresas de inversión; estas últimas se abordan en la Directiva 2006/49/CE. Todo ello se describe más pormenorizadamente en el capítulo 5 infra. Los cambios relacionados con el Acuerdo de Basilea III se recogen en la propuesta de Reglamento, excepto las disposiciones relativas a los colchones de capital, que forman parte de la presente propuesta de Directiva. Por consiguiente, en la exposición de motivos solo se tratan los objetivos y los elementos jurídicos referidos a estos colchones. El contexto general de Basilea III, así como los resultados de la evaluación de impacto y de las consultas públicas se explican más pormenorizadamente en la propuesta de Reglamento.

1.1. Motivación y objetivos de la propuesta

1.1.1. Sanciones

Un régimen de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias resulta esencial para garantizar el cumplimiento de las normas bancarias de la UE, proteger a los usuarios de los servicios bancarios y garantizar la seguridad, la estabilidad y la integridad de los mercados bancarios.

El análisis de los regímenes sancionadores nacionales existentes en los ámbitos cubiertos por la presente Directiva y por el Reglamento ha puesto de manifiesto divergencias y deficiencias en el marco jurídico de las facultades sancionadoras y de investigación de que disfrutan las autoridades nacionales.

Unas sanciones divergentes y demasiado livianas corren el riesgo de ser insuficientes para evitar de manera efectiva el incumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva y en el Reglamento para garantizar una supervisión eficaz y la instauración de unas condiciones de competencia equitativas. La Comisión propone, por tanto, reforzar y aproximar el marco jurídico de los Estados miembros en materia de sanciones y medidas administrativas; para ello prevé sanciones administrativas suficientemente disuasorias en caso de infracción grave de la presente Directiva y del Reglamento, un ámbito de aplicación personal adecuado de las sanciones administrativas, la publicación de las sanciones y la introducción de mecanismos que favorezcan la notificación de las infracciones.

1.1.2. Gobierno corporativo

El hundimiento de los mercados financieros que tuvo lugar en el otoño de 2008 y la ulterior crisis crediticia pueden atribuirse a múltiples factores, a menudo interrelacionados, tanto a nivel macroeconómico como microeconómico, tal como se señalaba en el Informe del Grupo de Alto Nivel sobre la Supervisión Financiera en la UE, publicado el 25 de febrero de 2009, y, en particular, a la acumulación de un riesgo excesivo en el sistema financiero. Esta acumulación se explica en parte por la fragilidad del gobierno corporativo de las entidades financieras, sobre todo los bancos. Aunque no todos ellos sufrían deficiencias sistémicas en sus mecanismos de gobierno, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) dio cuenta de una serie de deficiencias y fallos en el gobierno corporativo.

Existe un amplio consenso sobre la necesidad de introducir cambios en este ámbito. Las empresas, las autoridades competentes y los organismos internacionales (la OCDE, el Consejo de Estabilidad Financiera y el CSBB) han revisado o están revisando sus directrices y prácticas vigentes. Fortalecer el gobierno corporativo es una prioridad para la Comisión, sobre todo en el contexto de su reforma de los mercados financieros y del programa de prevención de crisis.

1.1.3. Exceso de dependencia de las calificaciones externas

La dependencia excesiva de las calificaciones crediticias externas se produce cuando las entidades financieras y los inversores institucionales utilizan de forma exclusiva o automática las calificaciones emitidas por agencias externas, pasando por alto su propio deber de diligencia debida y sus obligaciones de gestión interna del riesgo. Ello puede dar lugar a un comportamiento gregario por parte de los agentes financieros, por ejemplo la venta paralela de instrumentos de deuda después de que se rebaje su calificación crediticia por debajo del grado de inversión, lo que puede afectar a la estabilidad financiera, sobre todo cuando las pocas grandes agencias de calificación yerran colectivamente en sus evaluaciones.

1.1.4. Prociclicidad de los préstamos de entidades

Los efectos procíclicos son aquellos que tienden a seguir la dirección del ciclo económico y a intensificarlo. Una de las características de los actuales requisitos de capital basados en el riesgo es que varían a lo largo del ciclo económico. A condición de que las entidades de crédito puedan cumplir dichos requisitos, no existe expresamente ninguna restricción reglamentaria sobre el nivel de riesgo que pueden asumir y, por ende, sobre su apalancamiento.

1.2. Contexto general

1.2.1. Sanciones

En su Comunicación de 2010 titulada «Regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de servicios financieros» [1], la Comisión propone una iniciativa legislativa de la UE destinada a establecer un conjunto mínimo de criterios comunes sobre algunos aspectos esenciales de los regímenes sancionadores, que se adaptarían a las especificidades de los distintos sectores.

En primer lugar, las sanciones aplicables a las infracciones más graves de las Directivas sobre requisitos de capital, como los requisitos de autorización y las obligaciones prudenciales y de información, varían entre Estados miembros y no siempre parecen adecuadas para que resulten suficientemente eficaces, proporcionadas y disuasorias.

En segundo lugar, existe también una cierta divergencia en el nivel de aplicación de las sanciones en los diferentes Estados miembros, incluso en aquellos que cuentan con sectores bancarios de dimensión similar; en algunos Estados miembros no se han aplicado sanciones desde hace más de un año, lo que puede ser síntoma de debilidad en la garantía del cumplimiento de las normas de la UE

1.2.2. Gobierno corporativo

En su Comunicación de 4 de marzo de 2009 [2], la Comisión Europea anunció que i) examinaría, a la luz de la crisis financiera, las normas y prácticas de las entidades financieras en materia de gobierno corporativo, y que ii) en su caso, formularía recomendaciones, e incluso propondría medidas reglamentarias, para paliar las posibles deficiencias del sistema de gobierno corporativo en este sector clave de la economía.

En junio de 2010, la Comisión publicó un Libro Verde sobre el gobierno corporativo en las entidades financieras y las políticas de remuneración [3], que iba acompañado de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión [4], en el que se analizaban las deficiencias de los sistemas de gobierno corporativo en el sector de los servicios financieros y se proponían posibles opciones de cara al futuro.

Los resultados de esta consulta pública mostraron la existencia de un amplio consenso en torno a las deficiencias detectadas, apoyado por diferentes poderes públicos y Estados miembros. En su Informe sobre la remuneración de los consejeros de las empresas que cotizan en bolsa y las políticas de remuneración en el sector de los servicios financieros [5], el Parlamento Europeo también reconoció la importancia de reforzar las normas y prácticas de las entidades financieras en materia de gobierno corporativo. A su vez, el Comité Económico y Social, en su dictamen sobre el Libro Verde «El gobierno corporativo en las entidades financieras y las políticas de remuneración» [6], acoge favorablemente el Libro Verde de la Comisión y apoya las medidas propuestas.

1.2.3. Exceso de dependencia de las calificaciones externas

A nivel internacional, el Consejo de Estabilidad Financiera ha formulado recientemente principios para reducir la dependencia de las autoridades y entidades financieras de las calificaciones externas [7]. Los principios invitan a eliminar o sustituir las referencias a estas calificaciones en la legislación cuando existan normas alternativas de solvencia adecuadas; asimismo, instan a los bancos a elaborar sus propias evaluaciones del crédito. Las disposiciones propuestas se ajustan a los principios del Consejo de Estabilidad Financiera.

1.2.4. Colchones de capital

La finalidad del colchón de conservación de capital y, sobre todo, del colchón anticíclico es atenuar el riesgo de prociclicidad y el riesgo de apalancamiento excesivo mencionados en el apartado 1.1.4 anterior.

1.3. Disposiciones de la Unión vigentes en este ámbito

De conformidad con la Directiva 2006/48/CE, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, las entidades de crédito deben disponer de sistemas sólidos de gobierno. No obstante, no se especifican los pormenores de este sistema de gobierno corporativo.

A fin de reducir la dependencia de las calificaciones externas, se ha introducido en la Directiva 2006/48/CE la obligación para los bancos de llevar a cabo su propio proceso de diligencia debida respecto de los activos subyacentes en las exposiciones de titulización.

1.4. Coherencia con otras políticas

En el contexto de la reforma de la estructura europea de supervisión, la mejora de los requisitos de capital y la gestión y resolución de crisis, la reforma del gobierno corporativo que se propone en las entidades de crédito forma parte integrante de una reforma global del sector de servicios financieros. Asimismo, la reforma del gobierno corporativo debe situarse en el marco de la reciente Comunicación de la Comisión sobre regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de servicios financieros.

La Comisión ha puesto en marcha una iniciativa horizontal para animar al sector a incrementar la representación de las mujeres en los consejos de administración; al cabo de un año se evaluará si las iniciativas autorreguladoras han obtenido el efecto deseado y, en caso negativo, se planteará la aplicación de enfoques legislativos. Dado que la evaluación de impacto pone de manifiesto que esta cuestión es pertinente para el sector bancario, el enfoque adoptado en este momento es coherente con un enfoque ascendente. No obstante, si la evaluación más amplia que se realizará dentro de un año revela la necesidad de legislar, el enfoque seguido en este sector deberá adaptarse en consecuencia.

2. Resultados de las consultas con las partes interesadas y de la evaluación de impacto

2.1. Consulta con las partes interesadas

2.1.1. Sanciones

La Comisión llevó a cabo una consulta pública, que finalizó el 19 de febrero de 2011, sobre las medidas previstas para reforzar y aproximar los regímenes sancionadores en el sector financiero [8], en particular sobre las cuestiones relevantes para el sector bancario, determinadas sobre la base de un estudio realizado por el Comité Europeo de Supervisores Bancarios en relación con los regímenes sancionadores nacionales en este sector [9].

La Comisión recibió comentarios de diversas instancias, entre ellas un número importante de partes interesadas del sector bancario (autoridades de supervisión, bancos centrales, bancos y asociaciones de banqueros), que se referían a la necesidad de una intervención de la UE en este ámbito, al nivel de armonización requerido, a las medidas específicas propuestas y sus posibles ventajas o inconvenientes.

Las medidas previstas para aproximar y reforzar los regímenes sancionadores se debatieron igualmente con los Estados miembros en la reunión del Comité de Servicios Financieros celebrada el 17 de enero de 2011.

2.1.2. Gobierno corporativo

La iniciativa y la evaluación de impacto son fruto de un extenso y constante proceso de diálogo y consulta con la totalidad de los principales interesados, entre los que figuran los responsables de la reglamentación de valores, los participantes en el mercado (emisores, intermediarios e inversores) y los consumidores.

Se enviaron cuestionarios sobre sus prácticas de gobierno corporativo a una muestra variada de diez grandes bancos o empresas de seguros cotizadas, establecidos en la UE. A los cuestionarios se sumaron treinta entrevistas de seguimiento con miembros del consejo de administración, secretarios del consejo de administración, directores financieros, directores de riesgos y auditores internos.

Se envió también a los supervisores bancarios europeos un cuestionario sobre sus opiniones y función en relación con el gobierno corporativo de las entidades financieras. Igualmente, una muestra de los principales inversores institucionales y asociaciones de accionistas europeos recibió un cuestionario sobre sus prácticas y expectativas respecto al gobierno corporativo de las entidades financieras. El 2 de febrero de 2010 tuvo lugar una reunión de seguimiento a la que asistieron alrededor de 30 inversores.

Por último, el Libro Verde puso en marcha una consulta pública que se desarrolló entre el 2 de junio y el 1 de septiembre de 2010 sobre posibles opciones de cara al futuro para subsanar las deficiencias del gobierno corporativo de las entidades financieras. Pueden consultarse las respuestas y un análisis de las mismas en el sitio web de la Comisión [10].

2.1.3. Exceso de dependencia de las calificaciones externas

La Comisión celebró una consulta pública sobre cuestiones relativas a las calificaciones externas que también abordó la excesiva dependencia de las mismas. La consulta finalizó el 7 de enero de 2011 y se recibieron 93 respuestas. Se habían propuesto varias opciones, desde incentivar la utilización de modelos internos hasta obligar a las empresas a realizar su propia gestión del riesgo, sin recurrir de forma exclusiva o mecánica a las calificaciones externas. Pueden consultarse las respuestas y un análisis de las mismas en el sitio web de la Comisión [11].

2.1.4. Colchones de capital

Los colchones de capital forman parte del acuerdo del CSBB de 2010 y, por ello, fueron objeto de amplias consultas, tanto en el marco de Basilea como en el de las consultas específicas que realizó la Comisión.

2.2. Obtención y utilización de asesoramiento técnico

2.2.1. Sanciones

El estudio llevado a cabo por el Comité Europeo de Supervisores Bancarios en 2008 [12] proporcionaba información sobre las sanciones administrativas previstas en las legislaciones nacionales y el uso efectivo de las sanciones por los supervisores bancarios. En 2011, la Comisión ha recogido información adicional sobre las sanciones previstas en las legislaciones nacionales por infracciones graves de las Directivas sobre requisitos de capital.

Las medidas propuestas se basan en esta información y en las respuestas a la consulta pública.

2.2.2. Gobierno corporativo

En el marco del proceso de consulta y durante la preparación del Libro Verde, los servicios de la Comisión organizaron el 12 de octubre de 2009 una conferencia pública en la que participaron diversas partes interesadas. Los debates se centraron en la función y las competencias del consejo de administración, aspectos del gobierno corporativo relacionados con el control interno y la gestión de riesgos, y las funciones respectivas de los accionistas, los supervisores y los auditores legales.

Asimismo, el Libro Verde se basa en los análisis y estudios que han llevado o están llevando a cabo organizaciones públicas o privadas, tanto a nivel internacional como a nivel europeo y nacional. En su tarea, los servicios de la Comisión fueron asesorados por el Foro Europeo sobre la Gobernanza Empresarial y por el Grupo de Expertos no Gubernamentales en Gobernanza Empresarial, compuesto por algunos miembros del Foro y otros especialistas de renombre en materia de gobierno corporativo.

2.2.3. Exceso de dependencia de las calificaciones externas

La Comisión participa activamente en las tareas del Consejo de Estabilidad Financiera mencionadas anteriormente. Por otro lado, participa en el CSBB, que, en sus grupos de trabajo sobre liquidez y sobre calificaciones y titulización, está estudiando también la manera de reducir la dependencia de las calificaciones.

2.2.4. Colchones de capital

Los subgrupos del grupo de trabajo de la Directiva sobre requisitos de capital, cuyos miembros son nombrados por el Comité Bancario Europeo, también han realizado trabajos a nivel técnico en el ámbito de los colchones de capital.

2.3. Evaluación de impacto

2.3.1. Sanciones

La Comunicación titulada «Regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de servicios financieros» iba acompañada de una evaluación de impacto en la que se analizaban las principales opciones estratégicas de cara a una aproximación y refuerzo de los regímenes sancionadores de las infracciones de las normas sobre servicios financieros, incluidas las del sector bancario. La presente propuesta va acompañada de una segunda evaluación de impacto, que aborda en mayor detalle los problemas específicos en materia de requisitos de capital.

El principal objetivo de las medidas propuestas es mejorar el cumplimiento de las normas bancarias de la UE aumentando la eficacia y los efectos disuasorios de los regímenes sancionadores nacionales. Para ello, deben alcanzarse los siguientes objetivos operativos:

· Fortalecimiento y aproximación del marco jurídico relativo a las sanciones, estableciendo

– sanciones administrativas adecuadas por infracciones graves de las Directivas sobre requisitos de capital;

– un ámbito de aplicación personal adecuado de las sanciones administrativas;

– la publicación de las sanciones.

· Fortalecimiento y aproximación de los mecanismos que pueden facilitar la detección de las infracciones, estableciendo

– mecanismos eficaces que propicien la denuncia de las conductas indebidas.

2.3.2. Gobierno corporativo

El objetivo global de la presente iniciativa es reforzar la eficacia de la gestión del riesgo en las entidades de crédito y en las empresas de inversión europeas. Las medidas previstas deberían contribuir a evitar una asunción excesiva de riesgos por parte de las entidades de crédito y, en último término, la acumulación de riesgos excesivos en el sistema financiero. A fin de alcanzar este objetivo global, la presente iniciativa se centra en los siguientes objetivos operativos:

– aumentar la eficacia de la vigilancia del riesgo por parte de los consejos de administración;

– mejorar el reconocimiento de la función de gestión de riesgos; y

– velar por que los supervisores realicen un control eficaz de la gestión de riesgos.

Para conseguir estos objetivos, la Comisión ha optado por mejorar el marco jurídico vigente.

Los requisitos relativos a la composición del consejo de administración y a la selección de los miembros de este consejo garantizarán comportamientos, competencias y una dedicación más adecuados, así como una mayor responsabilización. Consejos de administración bien informados y competentes y una sólida función de gestión de riesgos aumentarán la capacidad de las entidades de crédito de detectar y gestionar los riesgos que puedan surgir, reduciendo de esta forma una asunción excesiva de riesgos. Los requisitos en materia de información favorecerán una mayor transparencia, lo que conducirá a mercados mejor informados y a una mayor disciplina de los mismos.

Abrir el consejo de administración a candidatos más diversos es una medida que podría ofrecer a personas hasta ahora ausentes de los órganos rectores la posibilidad de formar parte de ellos. Se ampliaría así el número de candidatos aptos para acceder a los consejos de administración y mejoraría la cualificación de estos. Por consiguiente, los posibles efectos negativos de la propuesta en el conjunto de candidatos aptos no serían importantes.

Unos requisitos más estrictos a nivel europeo podrían incidir negativamente en la competitividad de las entidades de crédito europeas a nivel internacional. No obstante, la posible merma de la competitividad por este motivo debería quedar atenuada por el impacto positivo en los inversores, los depositantes y otros agentes. La mejora de la gestión de riesgos contribuiría a reforzar la resistencia del sector bancario.

La propuesta no implica costes de envergadura para las entidades de crédito ni tiene repercusiones importantes en las actividades de préstamo.

2.3.3. Exceso de dependencia de las calificaciones externas

En la futura evaluación de impacto de la nueva iniciativa sobre las agencias de calificación crediticia (prevista para principios de julio de 2011) se incluirá una parte general relativa al exceso de dependencia que abarcará los elementos propuestos.

2.3.4. Colchones de capital

Dado que los colchones de capital forman parte del Acuerdo de Basilea, su evaluación de impacto se realiza conjuntamente con la de las demás medidas y se detalla en el Reglamento que acompaña a la presente Directiva.

3. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La propuesta no tiene incidencia en el presupuesto de la UE.

4. ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

4.1. Base jurídica

La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 53, apartado 1, del TFUE. Las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, que serán sustituidas por la presente Directiva y por la propuesta de Reglamento [a insertar por la OP], constituyen un instrumento esencial para la realización del mercado interior desde el punto de vista de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios financieros, en el ámbito de las entidades de crédito y las empresas de inversión. La presente propuesta sustituye a las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE en lo que atañe a la coordinación de las disposiciones nacionales que regulan la autorización de la actividad, la adquisición de participaciones cualificadas, el ejercicio de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios, las facultades de las autoridades de supervisión de los Estados miembros de origen y de acogida a este respecto, y las disposiciones que regulan el capital inicial y la revisión supervisora de las entidades de crédito y las empresas de inversión. El objeto y la finalidad principal de la presente propuesta es coordinar las disposiciones nacionales relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y las empresas de inversión, las modalidades de su gobierno y su marco de supervisión. La base jurídica de la presente propuesta es, por tanto, el artículo 53, apartado 1, del TFUE.

La presente propuesta se complementa con la propuesta de Reglamento [a insertar por la OP], por el que se establecen requisitos prudenciales uniformes y directamente aplicables a las entidades de crédito y las empresas de inversión, ya que dichos requisitos guardan una estrecha relación con el funcionamiento de los mercados financieros en lo que respecta a cierto número de activos en poder de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y que se basa en el artículo 114 del TFUE.

4.2. Subsidiariedad

De acuerdo con los principios de subsidiaridad y proporcionalidad, consagrados en el artículo 5 del TFUE, los objetivos de la medida propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a escala de la UE. Sus disposiciones no exceden de lo necesario para alcanzar tales objetivos. Solo una acción de la UE puede garantizar que las entidades de crédito y las empresas de inversión que operan en varios Estados miembros estén sujetas a los mismos requisitos, asegurando de esta forma unas condiciones de competencia equitativas, reducir la complejidad de la regulación, evitar costes de cumplimiento injustificados para las actividades transfronterizas, favorecer una mayor integración del mercado de la UE y contribuir a la eliminación de posibilidades de arbitraje reglamentario. La acción a escala de la UE garantizaría también un alto grado de estabilidad financiera en su territorio.

4.3. Cumplimiento de los artículos 290 y 291 del TFUE

El 23 de septiembre de 2009, la Comisión adoptó sendas propuestas de Reglamentos por los que se crean la ABE, la AESPJ y la AEVM [13]. A este respecto, la Comisión desea recordar las declaraciones que efectuó, en relación con los artículos 290 y 291 del TFUE, con motivo de la adopción de los Reglamentos por los que se crean las Autoridades Europeas de Supervisón, según las cuales: «En lo que atañe al proceso de adopción de normas reglamentarias, la Comisión subraya el carácter singular del sector de los servicios financieros, derivado de la estructura Lamfalussy y reconocido explícitamente en la Declaración 39, aneja al TFUE. No obstante, la Comisión abriga serias dudas sobre si las limitaciones de su papel en la adopción de actos delegados y medidas de ejecución se ajustan a los artículos 290 y 291 del TFUE.».

5. Explicación detallada

5.1. Interacción y coherencia entre los componentes del paquete legislativo

La presente Directiva se complementa con la propuesta de Reglamento [a insertar por la OP]. Este paquete legislativo sustituirá a las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE. Ello significa que tanto la Directiva como el Reglamento se referirán a las entidades de crédito y a las empresas de inversión. Actualmente, estas últimas se «añaden» a la Directiva 2006/48/CE en virtud de la Directiva 2006/49/CE, gran parte de la cual contiene simplemente referencias a la Directiva 2006/48/CE. Así pues, agrupar las disposiciones aplicables a ambas actividades mejorará la legibilidad de las disposiciones que las regulan. Por otro lado, los extensos anexos de ambas Directivas se integrarán en la parte dispositiva, lo que simplificará aún más su aplicación.

Las normas prudenciales aplicables directamente a los bancos y empresas de inversión se recogen en la propuesta de Reglamento. En la propuesta de Directiva se mantienen las disposiciones relativas a la autorización de las entidades de crédito y al ejercicio de la libertad de establecimiento y la libre circulación de servicios. Ello no afectará a las empresas de inversión, cuyos derechos y obligaciones se regulan en la Directiva 2004/39/CE («MiFID»). También figurarán en la Directiva los principios generales de la supervisión de las entidades de crédito y las empresas de inversión, dirigidos a los Estados miembros y sus autoridades competentes. Estos principios se refieren en particular al intercambio de información, la distribución de tareas entre los supervisores de los países de origen y de acogida y el ejercicio de las facultades sancionadoras (que se introducen por primera vez). La Directiva seguirá conteniendo las disposiciones que regulan la revisión supervisora de las entidades de crédito y las empresas de inversión por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros. Estas disposiciones complementan los requisitos prudenciales generales, establecidos en el Reglamento y aplicables a las entidades de crédito y las empresas de inversión, con los diferentes dispositivos decididos por las autoridades competentes como resultado de su labor de revisión supervisora permanente de cada entidad de crédito y empresa de inversión. Se indicará en la Directiva la gama de estos dispositivos de supervisión, ya que las autoridades competentes han de estar en condiciones de determinar los dispositivos que deben imponerse. Entre ellos cabe citar los procesos internos de las entidades de crédito o empresas de inversión, concretamente en relación con la gestión de riesgos, y los nuevos requisitos en materia de gobierno corporativo.

5.2. Sanciones

Los Estados miembros deben prever la posibilidad de aplicar medidas y sanciones administrativas adecuadas en caso de que se incumpla la legislación bancaria. Con este fin, la Directiva les obligará a cumplir las normas mínimas que se detallan a continuación.

En primer lugar, deben aplicarse medidas y sanciones administrativas a las personas físicas o jurídicas responsables del incumplimiento. Ello incluiría a entidades de crédito, empresas de inversión y personas físicas, según el caso.

En segundo lugar, en caso de que se incumplan disposiciones fundamentales de la presente Directiva y del Reglamento, las autoridades competentes deben disponer de un conjunto mínimo de medidas y sanciones administrativas, entre ellas la revocación de la autorización, requerimientos ordenando el cese de una determinada conducta, una declaración pública, el cese de miembros de la dirección y sanciones pecuniarias administrativas.

En tercer lugar, el nivel máximo de las sanciones pecuniarias administrativas previsto en la legislación nacional debe ser superior a los beneficios derivados de la infracción, en caso de que puedan determinarse, sin que, en ningún caso, deba ser inferior al nivel previsto en la Directiva (10 % del volumen de negocios anual de la entidad en cuestión, si se trata de una persona jurídica, o cinco millones de euros o el 10 % de sus ingresos anuales, si se trata de una persona física).

En cuarto lugar, los criterios empleados por las autoridades competentes a la hora de determinar el tipo y el nivel de la sanción aplicable en un caso concreto deben incluir como mínimo los que se establecen en la Directiva (por ejemplo, los beneficios derivados de la infracción o las pérdidas causadas a terceros, el comportamiento cooperativo de la persona responsable, etc.).

En quinto lugar, las sanciones y medidas aplicadas deben publicarse, tal como se prevé en la presente Directiva.

Por último, debe instaurarse un mecanismo para alentar la notificación de las infracciones en las entidades de crédito y las empresas de inversión.

Las sanciones penales no se abordan en la presente propuesta.

5.3. Gobierno corporativo

El órgano de dirección de una entidad de crédito o de una empresa de inversión debe, colectivamente y en todo momento, dedicar tiempo suficiente a su tarea y poseer la experiencia, competencias y conocimientos adecuados para comprender la actividad de la entidad de crédito y sus principales exposiciones a riesgos. Todos los miembros de este órgano de dirección deben gozar de la oportuna honorabilidad y contar con cualidades individuales e independencia de espíritu que les permitan impugnar y supervisar las decisiones de la dirección. Para evitar el pensamiento de grupo y facilitar el cuestionamiento crítico, los consejos de administración de las entidades de crédito deben ser lo suficientemente diversos en términos de edad, género, procedencia geográfica, formación y experiencia profesional como para ofrecer una variedad de opiniones y experiencia. El equilibrio entre hombres y mujeres reviste especial importancia para asegurar una representación adecuada de la realidad demográfica.

Para proceder con eficacia a la vigilancia y control de los riesgos, el órgano de dirección debe ser responsable y rendir cuentas de la estrategia global en materia de riesgos de la entidad de crédito o la empresa de inversión y de la idoneidad de los sistemas de gestión de riesgos, teniendo en cuenta su perfil de riesgo. Habida cuenta de la importancia de una gestión adecuada de los riesgos en las entidades de crédito, este órgano, en su función supervisora, debe crear un comité de riesgos independiente centrado específicamente en esta cuestión y en preparar las decisiones del órgano de dirección en materia de riesgos. Dicho comité debe asistir al órgano de dirección en su función de vigilancia de los riesgos, aunque este último seguirá siendo responsable en última instancia de la estrategia en este ámbito.

A fin de ofrecer a la alta dirección y al órgano de dirección una perspectiva completa de los riesgos, conviene que las entidades de crédito y las empresas de inversión dispongan de una función independiente de gestión de riesgos que permita hacerse una idea real y global de toda la gama de riesgos a que se expone la entidad de crédito. Esta función debe poseer prestigio y autoridad suficientes para influir en las decisiones estratégicas de gestión de riesgos y tener acceso directo al órgano de dirección.

5.4. Exceso de dependencia de las calificaciones externas

Las entidades de crédito y las empresas de inversión deben disponer de sólidos criterios propios para la concesión de créditos y procedimientos de decisión crediticia, con independencia de que concedan créditos a clientes o incurran en exposiciones de titulización. Las calificaciones crediticias externas podrán utilizarse como un factor más en este proceso, pero no serán el factor dominante. Los métodos internos, en particular, no se sustentarán de manera exclusiva o mecánica en las calificaciones externas.

Con el fin específico de calcular los requisitos reglamentarios de capital de los bancos, las evaluaciones de las agencias de calificación pueden servir en algunos casos como base para diferenciar los requisitos de capital en función de los riesgos, pero no para determinar la cuantía mínima de capital propiamente dicho. El marco de las Directivas sobre requisitos de capital anima a los bancos a utilizar calificaciones crediticias internas en lugar de externas, incluso a efectos de calcular los requisitos reglamentarios de capital.

De conformidad con la disposición propuesta, las entidades de crédito y las empresas de inversión con una exposición significativa a riesgos de crédito o con un número importante de contrapartes deberán elaborar y utilizar modelos internos en lugar del enfoque normalizado que se basa en calificaciones externas.

Además, se propone que la ABE haga pública cada año información sobre las medidas tomadas por las entidades y autoridades de supervisión a fin de reducir la dependencia excesiva de las calificaciones externas e informe sobre el grado de convergencia en materia de supervisión a este respecto.

5.5. Colchones de capital

Basándose en Basilea III, la presente propuesta introduce dos colchones de capital, además de los requisitos de fondos propios: un colchón de conservación de capital y un colchón de capital anticíclico.

El primero asciende al 2,5 % de los activos ponderados por riesgo, se aplica en todo momento y debe ser capital de la máxima calidad.

Su objetivo es asegurar que las entidades sean capaces de absorber las pérdidas en periodos de tensión que puedan durar varios años. Se supone que las entidades deben acumular este capital en momentos de bonanza económica. Las entidades de crédito que se sitúen por debajo del objetivo del colchón se enfrentarán a restricciones en la distribución discrecional de beneficios hasta que no alcancen dicho objetivo.

La finalidad del colchón anticíclico es conseguir el objetivo macroprudencial más amplio de proteger al sector bancario y a la economía real frente a los riesgos sistémicos que puedan derivarse de las fases de expansión y contracción en el crecimiento del crédito agregado, y, más en general, de otras variables estructurales y de la exposición del sector bancario a otros factores que entrañen riesgos para la estabilidad financiera. Se aplicará completando el margen establecido por el colchón de conservación con hasta un 2,5 % adicional.

Las autoridades nacionales fijarán el colchón anticíclico para los préstamos concedidos a personas físicas y jurídicas en sus Estados miembros. Podrá oscilar entre el 0 % y el 2,5 % de los activos ponderados por riesgo y deberá consistir asimismo en capital de la máxima calidad. Si se justifica, las autoridades podrán incluso fijar un colchón por encima del 2,5 %. El colchón anticíclico se exigirá en periodos de crecimiento excesivo del crédito y se suspenderá en periodos de recesión. La Junta Europea de Riesgo Sistémico podrá formular recomendaciones sobre el establecimiento de los colchones por las autoridades nacionales y su seguimiento, también en los casos en que el nivel del colchón exceda del 2,5 %. Siempre que el colchón anticíclico se fije por debajo del 2,5 %, las autoridades nacionales deberán ejercer el reconocimiento mutuo y aplicar la exigencia de capital a los bancos de su Estado miembro. Si el colchón sobrepasa el 2,5 %, las autoridades podrán decidir si aceptan la decisión de sus homólogas y aplican este porcentaje más elevado o si lo mantienen en el 2,5 % para las entidades autorizadas en su Estado miembro.

Las entidades de crédito y las empresas de inversión cuyo capital se sitúe por debajo del nivel de los colchones quedarán sujetas a restricciones en la distribución de beneficios, en los pagos ligados a instrumentos de capital adicional de nivel 1 y en la concesión de remuneración variable y beneficios discrecionales de pensión. Por otro lado, estas entidades deberán presentar a las autoridades de supervisión planes de conservación de capital a fin de garantizar un aprovisionamiento rápido de los colchones.

2011/0203 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 53, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo [14],

Visto el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos [15],

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1) La Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006 [16], relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, y la Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006 [17], sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito (en lo sucesivo denominadas «entidades»), han sido modificadas sustancialmente en varias ocasiones. Muchas de las disposiciones de las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE son aplicables tanto a las entidades de crédito como a las empresas de inversión. En aras de la claridad y a fin de garantizar una aplicación coherente de esas disposiciones, sería deseable reunirlas en una nueva legislación aplicable tanto a las entidades de crédito como a las empresas de inversión. A fin de aumentar su accesibilidad, las disposiciones de los anexos de dichas Directivas deberían integrarse en la parte dispositiva de esta nueva legislación.

(2) La nueva legislación debe consistir en dos instrumentos legislativos diferentes. La presente Directiva debe contener las disposiciones que regulan la autorización de la actividad, la adquisición de participaciones cualificadas, el ejercicio de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios, las facultades de las autoridades de supervisión de los Estados miembros de origen y de acogida a este respecto, y las disposiciones que regulan el capital inicial y la revisión supervisora de las entidades de crédito y las empresas de inversión. El objeto y finalidad principal de la presente Directiva es coordinar las disposiciones nacionales relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y las empresas de inversión, las modalidades de su gobierno y su marco de supervisión. Aparte de estas disposiciones, las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE también contenían requisitos prudenciales aplicables a las entidades de crédito y a las empresas de inversión. Esos requisitos deben incluirse en un Reglamento por el que se establezcan requisitos prudenciales uniformes y directamente aplicables a las entidades de crédito y a las empresas de inversión, ya que guardan una estrecha relación con el funcionamiento de los mercados financieros en lo que respecta a cierto número de activos en poder de las entidades de crédito y las empresas de inversión. Procede, por tanto, leer la presente Directiva en relación con dicho Reglamento. Ambos instrumentos jurídicos deben constituir conjuntamente el marco jurídico que regule las actividades bancarias y las normas prudenciales aplicables a las entidades de crédito y a las empresas de inversión.

(3) Los requisitos prudenciales generales establecidos en el Reglamento [a insertar por la OP] se complementan con los dispositivos individuales que decidan las autoridades competentes a raíz de la revisión supervisora permanente que llevan a cabo de cada entidad de crédito y empresa de inversión. Conviene establecer en la presente Directiva la gama de estos dispositivos de supervisión y las autoridades competentes han de estar en condiciones de decidir cuáles deben imponerse. Respecto a los dispositivos individuales de este tipo en materia de liquidez, las autoridades competentes deben tener en cuenta los principios establecidos en las directrices sobre liquidez publicadas por el Comité de Supervisores Bancarios Europeos [18].

(4) En virtud de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros [19], las empresas de inversión autorizadas y supervisadas por las autoridades competentes de su Estado miembro de origen pueden crear sucursales y prestar servicios libremente en otros Estados miembros. Dicha Directiva prevé en consecuencia la coordinación de las normas que regulan la autorización y el ejercicio de la actividad de las empresas de inversión. No obstante, no establece la cuantía del capital inicial de dichas empresas ni un marco común para controlar los riesgos que afrontan, todo lo cual debe contemplarse en la presente Directiva.

(5) La presente Directiva debe constituir el instrumento esencial para la realización del mercado interior bajo el doble aspecto de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios financieros en el ámbito de las entidades de crédito.

(6) El funcionamiento armonioso del mercado interior requiere, más allá de las normas jurídicas, una cooperación estrecha y regular y un aumento significativo de la convergencia de las prácticas normativas y supervisoras de las autoridades competentes de los Estados miembros.

(7) La ABE se creó mediante el Reglamento (UE) nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) [20]. La presente Directiva debe tener en cuenta el papel y las funciones de la ABE previstos en el citado Reglamento y los procedimientos a seguir al conferir funciones a esta Autoridad.

(8) Los trabajos de coordinación de la supervisión de entidades de crédito deben aplicarse al conjunto de estas, tanto para proteger el ahorro como para crear condiciones de igualdad de competencia entre tales entidades. Es conveniente, sin embargo, tener en cuenta las diferencias objetivas existentes entre sus estatutos y las misiones que les correspondan en virtud de las legislaciones nacionales.

(9) Por tanto, es necesario que el ámbito de los trabajos de coordinación sea lo más amplio posible y contemple todas las entidades cuya actividad consista en captar del público fondos reembolsables, tanto en forma de depósito como en otras formas tales como la emisión continua de obligaciones y otros valores comparables, y en conceder créditos por cuenta propia. Conviene prever excepciones relativas a ciertas entidades de crédito a las que la presente Directiva no se aplica. Lo dispuesto en la presente Directiva no debe afectar a la aplicación de las legislaciones nacionales que prevean autorizaciones especiales complementarias para permitir a las entidades de crédito ejercer actividades específicas o efectuar tipos específicos de operaciones.

(10) Conviene llevar a cabo la armonización que sea necesaria y suficiente para el reconocimiento mutuo de las autorizaciones y de los sistemas de supervisión prudencial, haciendo posible la concesión de una autorización única, válida en toda la Unión, y la aplicación del principio de supervisión prudencial por el Estado miembro de origen.

(11) En virtud de los principios de reconocimiento mutuo y de supervisión ejercida por el Estado miembro de origen, las autoridades competentes de los Estados miembros deben denegar una autorización o revocarla cuando factores tales como el contenido de los programas de actividades, la distribución geográfica de las actividades o las actividades realmente realizadas revelen de forma inequívoca que la entidad de crédito ha optado por el sistema jurídico de un Estado miembro con el propósito de eludir las normas más estrictas vigentes en otro Estado miembro en el que proyecta realizar o realiza la mayor parte de sus actividades. Cuando no existan indicios claros en este sentido, pero la mayoría de los activos que posean las sociedades de un grupo bancario se encuentren en otro Estado miembro cuyas autoridades competentes se encarguen del ejercicio de la supervisión en base consolidada, la responsabilidad de esta supervisión debe modificarse únicamente con el consentimiento de dichas autoridades competentes.

(12) Las autoridades competentes no deben conceder o mantener la autorización a entidades de crédito cuyos vínculos estrechos con otras personas físicas o jurídicas sean de índole tal que puedan obstaculizar el buen ejercicio de su misión de supervisión. Las entidades de crédito ya autorizadas deben igualmente ajustarse a lo establecido por las autoridades competentes respecto a dichos vínculos estrechos.

(13) La referencia al ejercicio efectivo por parte de las autoridades supervisoras de su misión de supervisión abarca la supervisión en base consolidada que debe ejercerse sobre una entidad de crédito o empresa de inversión cuando así se disponga en el Derecho de la Unión. En tales casos, las autoridades a las que se haya solicitado la autorización deben poder determinar las autoridades competentes para la supervisión en base consolidada de dicha entidad de crédito o empresa de inversión.

(14) Debe permitirse a las entidades de crédito autorizadas en un Estado miembro de origen el ejercicio en toda la Unión de todas o parte de las actividades señaladas en la lista del anexo I de la presente Directiva, mediante el establecimiento de una sucursal, o por vía de prestación de servicios.

(15) Conviene extender el beneficio del reconocimiento mutuo a las actividades que figuran en el anexo I de la presente Directiva cuando sean ejercidas por una entidad financiera filial de una entidad de crédito, con la condición de que esta filial sea incluida en la supervisión consolidada a la que está sujeta su empresa matriz y responda a condiciones estrictas.

(16) Para el ejercicio del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios, el Estado miembro de acogida debe estar en condiciones de imponer el cumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias específicas de su ordenamiento jurídico nacional a las entidades que no estén autorizadas como entidades de crédito en el Estado miembro de origen y a las actividades que no figuren en el anexo I de la presente Directiva, siempre que, por una parte, estas disposiciones no estén ya cubiertas por el Reglamento [a insertar por la OP], sean compatibles con el Derecho de la Unión y estén motivadas por el interés general, y que, por otra parte, dichas entidades o actividades no estén sometidas a normas equivalentes en virtud de las disposiciones legales o reglamentarias del Estado miembro de origen.

(17) Aparte del Reglamento [a insertar por la OP] por el que se establecen normas prudenciales directamente aplicables a las entidades de crédito y las empresas de inversión, los Estados miembros deben velar por que no exista ningún obstáculo para que las actividades que se beneficien del reconocimiento mutuo puedan ser ejercidas del mismo modo que en el Estado miembro de origen, siempre que no se opongan a las disposiciones legales de interés general vigentes en el Estado miembro de acogida.

(18) El régimen aplicado a las sucursales de entidades de crédito que tengan su domicilio social fuera de la Unión debe ser análogo en todos los Estados miembros. Interesa prever que este régimen no pueda ser más favorable que el aplicable a las sucursales de las entidades de crédito de otro Estado miembro. La Unión debe poder celebrar acuerdos con terceros países que prevean la aplicación de disposiciones que dispensen a estas sucursales un trato idéntico en todo su territorio. Las sucursales de entidades de crédito autorizadas en terceros países no deben beneficiarse de la libre prestación de servicios ni de la libertad de establecimiento en Estados miembros distintos de aquel en que se hallen establecidas.

(19) Deben celebrarse acuerdos, entre la Unión y terceros países, a fin de permitir el ejercicio concreto de la supervisión consolidada en el ámbito geográfico más extenso posible.

(20) La responsabilidad en materia de supervisión de la solidez financiera de una entidad de crédito y, en particular, de su solvencia, debe corresponder a su Estado miembro de origen. La supervisión del riesgo de mercado debe ser objeto de una estrecha colaboración entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida.

(21) Conviene que las autoridades del Estado miembro de acogida obtengan información sobre las actividades que se desarrollan en su territorio. Las autoridades del Estado miembro de origen deben adoptar medidas de supervisión, salvo que las autoridades del Estado miembro de acogida deban adoptar medidas cautelares de urgencia.

(22) El funcionamiento armonioso del mercado interior bancario requiere no solo normas jurídicas, sino también una cooperación estrecha y regular y una convergencia significativamente mayor de las prácticas de reglamentación y supervisión de las autoridades competentes de los Estados miembros. A tal fin, el examen de los problemas relativos a una entidad de crédito concreta y el intercambio mutuo de información deben tener lugar a través de la ABE. Este procedimiento de información recíproca no debe sustituir en ningún caso a la cooperación bilateral. Las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida deben estar siempre en condiciones de verificar en caso de urgencia, por iniciativa propia o por iniciativa de las autoridades competentes del Estado miembro de origen, que la actividad de una entidad de crédito establecida en su territorio es conforme a las leyes aplicables y a los principios de una buena organización administrativa y contable y de un control interno adecuado.

(23) Procede prever la posibilidad de intercambios de información entre las autoridades competentes y determinadas autoridades u organismos que contribuyen, por su función, a reforzar la estabilidad del sistema financiero. Para garantizar el carácter confidencial de la información transmitida, la lista de sus destinatarios debe ser estrictamente limitada.

(24) Determinadas actuaciones, como los fraudes y los delitos de abuso de información privilegiada, pueden repercutir en la estabilidad del sistema financiero, incluida su integridad. Es preciso establecer las condiciones en las que se autorice el intercambio de información en tales casos.

(25) Cuando se prevea que la información solo podrá divulgarse si cuenta con el consentimiento expreso de las autoridades competentes, estas deben estar en condiciones de supeditar su consentimiento al cumplimiento de condiciones estrictas.

(26) Procede autorizar, asimismo, los intercambios de información entre las autoridades competentes y los bancos centrales y otros organismos de función similar en tanto que autoridades monetarias, y, en su caso, otras autoridades públicas encargadas de la supervisión de los sistemas de pago y los departamentos de las administraciones centrales.

(27) Con el fin de reforzar la supervisión prudencial de las entidades y la protección de los clientes de las entidades de crédito, los auditores deben informar rápidamente a las autoridades competentes cuando, al desempeñar sus funciones, tengan conocimiento de determinados hechos que puedan afectar gravemente a la situación financiera o a la organización administrativa y contable de una entidad. Por ese mismo motivo, los Estados miembros deben asimismo disponer la aplicación de esta obligación siempre que un auditor observe tales hechos en el ejercicio de su función en una empresa que tenga vínculos estrechos con una entidad de crédito. La obligación impuesta a los auditores de comunicar, en su caso, a las autoridades competentes determinados hechos y decisiones relativos a una entidad, constatados en el ejercicio de su función en una empresa no financiera, no debe modificar en sí misma el carácter de su función en dicha empresa ni la forma de llevar a cabo su función en ella.

(28) A fin de velar por que las entidades, aquellos que controlan de manera efectiva su actividad y los miembros del órgano de dirección de las entidades cumplan las obligaciones que se derivan de la presente Directiva y del Reglamento [a insertar por la OP] y por que sean objeto de un trato similar en toda la Unión, procede obligar a los Estados miembros a prever sanciones y medidas administrativas que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. Así pues, las sanciones y medidas administrativas establecidas por los Estados miembros deben satisfacer determinados requisitos esenciales en relación con los destinatarios, los criterios a tener en cuenta a la hora de aplicar una sanción o medida, la publicación de las sanciones o medidas, las principales facultades sancionadoras y los niveles de las sanciones pecuniarias administrativas.

(29) En particular, las autoridades competentes deben estar facultadas para imponer sanciones pecuniarias que sean suficientemente elevadas para contrarrestar los beneficios que puedan obtenerse y disuasorias incluso para grandes entidades y sus directivos.

(30) A fin de que las sanciones se apliquen de manera coherente en los diferentes Estados miembros, estos deben velar por que, a la hora de determinar el tipo de sanción o medida administrativa y el nivel de las sanciones pecuniarias administrativas, las autoridades competentes tengan en cuenta todas las circunstancias pertinentes.

(31) A fin de asegurar que las sanciones tengan un efecto disuasorio para el público en general, las sanciones deben publicarse normalmente, excepto en circunstancias bien definidas.

(32) A fin de detectar posibles infracciones, conviene que las autoridades competentes posean las facultades de investigación necesarias y establezcan mecanismos eficaces que favorezcan la notificación de infracciones reales o potenciales. Estos mecanismos deben entenderse sin perjuicio de las salvaguardas adecuadas para los acusados.

(33) La presente Directiva debe referirse tanto a las sanciones como a las medidas administrativas, a fin de abarcar todas las acciones aplicadas tras la comisión de una infracción, y destinadas a evitar futuras infracciones, con independencia de que sean calificadas de sanción o medida con arreglo al Derecho nacional.

(34) La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las disposiciones del Derecho de los Estados miembros en relación con las sanciones penales.

(35) Los Estados miembros deben velar por que las entidades de crédito y las empresas de inversión posean un capital interno que, considerando los riesgos a los que estén o puedan estar expuestas, resulte adecuado en cantidad, calidad y distribución. En consecuencia, los Estados miembros deben velar por que las entidades de crédito y las empresas de inversión dispongan de estrategias y procedimientos a fin de evaluar y mantener la adecuación de su capital interno.

(36) Debe confiarse a las autoridades competentes la tarea de comprobar que las entidades poseen una buena organización y fondos propios adecuados, atendiendo a los riesgos a los que estén o puedan estar expuestas. En este contexto, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán tomar también en consideración los riesgos a que está expuesta una parte de los balances de las entidades, a fin de fijar el nivel adecuado de fondos propios.

(37) A fin de garantizar que las entidades de crédito activas en varios Estados miembros no se vean sometidas a trámites desproporcionados debido al mantenimiento de las responsabilidades de las autoridades competentes de cada Estado miembro en materia de autorización y supervisión, es fundamental que la cooperación entre las autoridades competentes mejore significativamente. A este respecto, debe fortalecerse el papel del supervisor en base consolidada. La ABE debe apoyar y potenciar dicha cooperación.

(38) Es conveniente que las autoridades competentes publiquen información relativa al ejercicio de la actividad de las entidades de crédito y las empresas de inversión, con objeto de garantizar una disciplina global del mercado en toda la Unión. Dicha información debe ser suficiente para poder comparar los enfoques adoptados por las diferentes autoridades competentes de los Estados miembros y complementar los requisitos que figuran en el Reglamento en cuanto a divulgación de información técnica por parte de las entidades.

(39) La supervisión de las entidades en base consolidada tiene como objetivo proteger los intereses de los depositantes e inversores de estas entidades y asegurar la estabilidad del sistema financiero. Para ser efectiva, la supervisión en base consolidada debe, por tanto, poder aplicarse a todos los grupos bancarios, incluidos aquellos cuya empresa matriz no sea una entidad de crédito ni una empresa de inversión. Los Estados miembros deben proporcionar a las autoridades competentes los instrumentos jurídicos necesarios para poder ejercer dicha supervisión.

(40) En lo que se refiere a los grupos con actividades diversificadas en los que las empresas matrices controlan al menos una filial, las autoridades competentes deben poder juzgar la situación financiera de la entidad de crédito o la empresa de inversión en el contexto de tales grupos. Las autoridades competentes deben disponer al menos de los medios para obtener de todas las empresas del grupo la información que requiera el ejercicio de su misión. En el caso de los grupos de empresas que ejerzan actividades financieras diversas, debe establecerse una colaboración entre las autoridades responsables de la supervisión de los diferentes sectores financieros.

(41) Los Estados miembros deben poder denegar o revocar la autorización bancaria cuando consideren que la estructura del grupo es inadecuada para el ejercicio de las actividades bancarias, en particular, porque estas no pueden supervisarse de forma satisfactoria. Las autoridades competentes deben disponer, a este efecto, de los poderes necesarios para garantizar una gestión saneada y prudente de las entidades de crédito.

(42) Resulta oportuno que los mandatos de las autoridades competentes tengan en cuenta, de modo apropiado, la dimensión europea. Las autoridades competentes deben, pues, tomar debidamente en consideración el efecto de sus decisiones sobre la estabilidad del sistema financiero de todos los demás Estados miembros afectados. Sin perjuicio del Derecho nacional, este principio debe servir para promover la estabilidad financiera a través de la Unión y no debe vincular jurídicamente a las autoridades competentes para que consigan un resultado específico.

(43) La debilidad del gobierno corporativo en una serie de entidades ha contribuido a una asunción excesiva e imprudente de riesgos en el sector bancario, origen de la quiebra de diversas entidades y de problemas sistémicos en los Estados miembros y a nivel mundial. El carácter sumamente general de las disposiciones en materia de gobierno corporativo y el hecho de que una parte importante del marco de gobierno corporativo, basada sobre todo en códigos de conducta voluntarios, no tuviera carácter vinculante no facilitó la aplicación efectiva de unas prácticas razonables de gobierno corporativo por parte de las entidades. La inexistencia de mecanismos eficaces de control interno dio lugar a una falta de vigilancia efectiva del proceso decisorio de la dirección, lo que favoreció la adopción de estrategias de gestión excesivamente arriesgadas y cortoplacistas. La indefinición de las funciones de las autoridades competentes en la vigilancia de los sistemas de gobierno corporativo de las entidades no permitió ejercer una supervisión suficiente de la eficacia de los procesos de gobierno interno.

(44) A fin de subsanar el efecto potencialmente perjudicial de unas estructuras de gobierno corporativo mal concebidas sobre una gestión cabal del riesgo, conviene que los Estados miembros introduzcan principios y normas que garanticen una vigilancia efectiva por parte del órgano de dirección, fomenten una cultura del riesgo adecuada en todos los niveles de las entidades de crédito y las empresas de inversión y permitan a las autoridades competentes seguir de cerca la idoneidad de los mecanismos de gobierno interno. Estos principios y normas deben aplicarse teniendo en cuenta la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades que desempeñen estas entidades.

(45) A fin de controlar de manera efectiva las acciones y decisiones de la dirección, el órgano de dirección de una entidad debe dedicar tiempo suficiente al ejercicio de sus funciones y ser capaz de comprender la actividad de la entidad, sus principales exposiciones al riesgo y las implicaciones de la actividad y de la estrategia en materia de riesgos. Simultanear un número demasiado elevado de direcciones impediría a un miembro del órgano de dirección dedicar tiempo suficiente al desempeño de su función de supervisión. Por consiguiente, es necesario limitar el número de mandatos que un miembro del órgano de dirección puede detentar en diferentes entidades.

(46) La falta de control por los consejos de administración de las decisiones en materia de gestión obedece en parte al fenómeno del pensamiento de grupo. Este fenómeno nace, entre otros motivos, de la falta de diversidad en la composición de los consejos. Para facilitar las opiniones independientes y el cuestionamiento crítico, los órganos de dirección de las entidades deben, por tanto, ser lo suficientemente diversos en términos de edad, género, procedencia geográfica, formación y experiencia profesional como para ofrecer una variedad de opiniones y experiencia. El equilibrio entre hombres y mujeres reviste especial importancia para asegurar una representación adecuada de la población. Una mayor diversidad en los consejos de administración permitiría controlar más eficazmente la gestión, lo que contribuiría a mejorar la vigilancia de los riesgos y la resistencia de las entidades. En consecuencia, la diversidad debe ser uno de los criterios a tener en cuenta en la composición del consejo de administración.

(47) Las políticas remunerativas que alientan comportamientos temerarios pueden ir en detrimento de una gestión prudente y eficaz de los riesgos de las entidades de crédito y las empresas de inversión. El G-20 se comprometió a aplicar los Principios para unas Buenas Prácticas en materia de Remuneración y los Estándares de Aplicación del Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) (principios y estándares del CEF), que abordan el efecto potencialmente perjudicial de unas estructuras remunerativas mal concebidas sobre la sana gestión del riesgo y el control de los comportamientos individuales de asunción de riesgos. La presente Directiva tiene por objeto aplicar principios y normas internacionales a nivel europeo introduciendo la obligación expresa, para las entidades de crédito y las empresas de inversión, de establecer y mantener, con respecto a aquellas categorías de empleados cuyas actividades profesionales inciden de manera importante en su perfil de riesgo, políticas y prácticas en materia de remuneración compatibles con una gestión eficaz del riesgo.

(48) A fin de velar por que las entidades de crédito y las empresas de inversión cuenten con unas políticas remunerativas adecuadas, conviene especificar principios claros en materia de gobierno corporativo y en cuanto a la estructura de estas políticas. En particular, las políticas remunerativas deben ser acordes con la propensión al riesgo y los valores e intereses a largo plazo de la entidad de crédito o la empresa de inversión. Con este fin, la valoración de los componentes de la remuneración basados en los resultados debe centrarse en los resultados a largo plazo y tener en cuenta los riesgos actuales y futuros asociados a los mismos. A fin de garantizar que la definición de las políticas remunerativas se integre en la gestión de riesgos de la entidad de crédito, procede que el órgano de dirección, en su función supervisora, adopte y revise periódicamente las políticas remunerativas en vigor. Las disposiciones en materia de remuneración reflejan las diferencias entre los distintos tipos de entidades de crédito y empresas de inversión de forma proporcionada, en función de su tamaño, su organización interna y la naturaleza, el alcance y la complejidad de sus actividades, y, en particular, podría no resultar proporcionado que determinados tipos de empresas de inversión tuvieran que cumplir todos los principios.

(49) Dado que una política remunerativa y programas de incentivos mal concebidos pueden incrementar hasta un nivel inaceptable los riesgos a los que están expuestas las entidades de crédito y las empresas de inversión, debe subsanarse con rapidez esta situación y adoptarse, en caso necesario, las medidas correctoras adecuadas. Por lo tanto, resulta oportuno velar por que las autoridades competentes estén facultadas para imponer a las entidades pertinentes medidas cualitativas o cuantitativas destinadas a solventar los problemas detectados en relación con las políticas remunerativas en el proceso de revisión supervisora.

(50) Las disposiciones en materia de remuneración deben entenderse sin perjuicio del ejercicio pleno de los derechos fundamentales garantizados por el artículo 153, apartado 5, del TFUE, de los principios generales del Derecho contractual y laboral nacional, de la legislación aplicable por lo que atañe a los derechos y la participación de los accionistas y a las responsabilidades generales de los órganos de dirección de la entidad de que se trate, así como de los posibles derechos de los interlocutores sociales de celebrar y aplicar convenios colectivos con arreglo a las leyes y costumbres nacionales.

(51) Los requisitos de capital frente al riesgo de crédito y el riesgo de mercado deben basarse en calificaciones crediticias externas únicamente en la medida necesaria. Por consiguiente, cuando el riesgo de crédito sea importante, las entidades deben en general procurar aplicar métodos basados en calificaciones internas o modelos internos. No obstante, cuando el riesgo de crédito sea menos significativo (por ejemplo en el caso de entidades menos complejas, categorías de exposiciones irrelevantes o en situaciones en las que utilizar enfoques internos resultaría excesivamente gravoso) podría recurrirse a enfoques normalizados que se basen en calificaciones externas.

(52) En lo que atañe a la supervisión de la liquidez, la responsabilidad debe corresponder a los Estados miembros de origen en cuanto sean aplicables criterios detallados al requisito de cobertura de la liquidez. Es necesario, por tanto, conseguir la coordinación de la supervisión en este ámbito, a fin de introducir la supervisión por el Estado miembro de origen en ese momento. Para garantizar una supervisión eficaz, las autoridades de los países de origen y de acogida deben reforzar la cooperación en el ámbito de la liquidez.

(53) Cuando dentro de un grupo los activos líquidos de una entidad puedan cubrir, en condiciones de tensión, las necesidades de liquidez de otro miembro del grupo, las autoridades competentes deben eximir a la entidad de los requisitos de cobertura de liquidez y aplicar en cambio dichos requisitos en base consolidada.

(54) Las medidas adoptadas de conformidad con la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito [21], no deben entrar en conflicto con las medidas adoptadas en el marco de la presente Directiva. Las medidas de supervisión no deben dar lugar a discriminación entre los acreedores de diferentes Estados miembros.

(55) A la luz de la crisis financiera y de los mecanismos procíclicos que contribuyeron a ella y que agravaron sus efectos, el CEF, el CSBB y el G-20 formularon recomendaciones para mitigar los efectos procíclicos de la reglamentación financiera. En diciembre de 2010, el CSBB publicó un nuevo marco regulador global con nuevas normas sobre la adecuación del capital de los bancos, incluidas normas que obligan a mantener colchones de conservación de capital y colchones de capital anticíclicos.

(56) Por consiguiente, resulta oportuno que las entidades de crédito y las empresas de inversión, además de otros requisitos de fondos propios, dispongan de un colchón de conservación de capital y un colchón de capital anticíclico, a fin de garantizar que las entidades de crédito y las empresas de inversión acumulen, durante periodos de crecimiento económico, una base de capital suficiente para absorber las pérdidas que puedan producirse en periodos de tensión. El colchón de capital anticíclico se constituiría cuando se considere que el crecimiento del crédito agregado va asociado a un aumento del riesgo sistémico y se utilizaría durante periodos de tensión.

(57) A fin de garantizar que el colchón anticíclico refleje debidamente el riesgo que para el sector bancario entraña el crecimiento excesivo del crédito, las entidades de crédito y las empresas de inversión deben calcular el nivel de sus respectivos colchones específicos como media ponderada de los porcentajes de los colchones anticíclicos que se apliquen a los países en que estén situadas las exposiciones crediticias. Así pues, cada Estado miembro debe designar a una autoridad responsable de fijar cada trimestre el nivel del colchón de capital anticíclico para las exposiciones situadas en ese Estado miembro. El porcentaje de ese colchón debe tener en cuenta el crecimiento de los niveles de crédito y la evolución del ratio créditos/PIB en ese Estado miembro, así como cualquier otra variable que sea pertinente para los riesgos que amenacen la estabilidad financiera.

(58) A fin de fomentar la coherencia internacional al establecer los porcentajes del colchón de capital anticíclico, el CSBB ha elaborado una metodología basada en el ratio créditos/PIB, que debería servir como punto de partida común de las decisiones relativas a los porcentajes del colchón que adopten las autoridades nacionales pertinentes, pero sin dar pie a una fijación automática o vincular a la autoridad designada. En particular, las autoridades designadas podrían tener también en cuenta variables estructurales y la exposición del sector bancario a otros factores de riesgo relacionados con los riesgos para la estabilidad financiera.

(59) A fin de conseguir una aplicación coherente y asegurar la supervisión macroprudencial en toda la Unión, conviene que la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) elabore principios adaptados a la economía de la Unión y se encargue de seguir su aplicación. La presente Directiva no debe impedir a la JERS tomar las medidas que estime necesarias con arreglo al Reglamento (UE) nº 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico [22].

(60) Resulta oportuno que las decisiones que adopten los Estados miembros sobre los porcentajes de los colchones anticíclicos se coordinen en la medida de lo posible. A este respecto y si las autoridades nacionales lo solicitaran, la JERS podría facilitar los debates entre ellas en relación con los porcentajes propuestos. A fin de fomentar la aplicación de un enfoque coherente a los factores en los que las autoridades designadas basarán dichas decisiones y de garantizar que el establecimiento de los porcentajes de los colchones anticíclicos sea acorde con los principios fundamentales del mercado interior, resulta también oportuno exigir a las autoridades designadas que informen a la JERS y a la ABE siempre que tengan en cuenta variables distintas de la desviación del ratio créditos/PIB con respecto a su tendencia a largo plazo y las directrices correspondientes de la JERS, y que, como resultado de ello, fijen un porcentaje superior al que se habría fijado si dichas variables no se hubieran tenido en cuenta. Esta notificación debe tener por objeto la evaluación por parte de la JERS y la ABE de la naturaleza de esas variables y la compatibilidad del establecimiento del porcentaje del colchón con los principios del mercado interior.

(61) En caso de que una entidad de crédito o una empresa de inversión no cumpla todos los requisitos del colchón de conservación de capital y de un eventual colchón anticíclico adicional, debe quedar sujeta a medidas concebidas para garantizar una restauración rápida de su nivel de fondos propios. Para conservar el capital, conviene imponer restricciones proporcionadas a la distribución discrecional de beneficios, incluidos los pagos de dividendos y de remuneración variable. A fin de velar por que dichas entidades o empresas cuenten con una estrategia creíble destinada a restaurar el nivel de fondos propios, debe exigírseles que elaboren y concierten con las autoridades competentes un plan de conservación de capital que exponga la forma en que se aplicarán las citadas restricciones, así como otras medidas que la entidad o la empresa tengan la intención de tomar para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos en materia de colchones.

(62) Las normas técnicas de los servicios financieros deben garantizar una armonización coherente y una protección adecuada de los depositantes, inversores y consumidores en toda la Unión. Como organismo con conocimientos muy especializados, sería eficiente y adecuado confiar a la ABE la elaboración de proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución, que no impliquen decisiones políticas, para su presentación a la Comisión.

(63) La Comisión debe adoptar mediante actos delegados, con arreglo al artículo 290 del TFUE y de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, los proyectos de normas técnicas de regulación elaborados por la ABE en los ámbitos de la autorización y la adquisición de participaciones significativas en entidades de crédito, el intercambio de información entre autoridades competentes, el ejercicio de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios, la colaboración en materia de supervisión, el gobierno corporativo, las políticas remunerativas y los mecanismos de control interno de las entidades de crédito y las empresas de inversión, la supervisión de las sociedades financieras mixtas de cartera y la revisión supervisora.

(64) Asimismo, la Comisión debe estar facultada para adoptar mediante actos de ejecución, con arreglo al artículo 291 del TFUE y de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, normas técnicas de ejecución en los ámbitos de la autorización y la adquisición de participaciones significativas en entidades de crédito, el intercambio de información entre autoridades competentes, la colaboración en materia de supervisión, determinados requisitos prudenciales, y la divulgación de información por las autoridades de supervisión. Debe confiarse a la ABE la redacción de normas técnicas de ejecución para su presentación a la Comisión.

(65) A fin de asegurar condiciones uniformes de aplicación de la presente Directiva, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Esas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión [23].

(66) A fin de especificar los requisitos establecidos en la presente Directiva, deben delegarse en la Comisión poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE en lo que atañe a la clarificación de las definiciones y la terminología utilizadas en la presente Directiva, la ampliación de la lista de actividades objeto de reconocimiento mutuo que figura en el anexo, la mejora del intercambio de información en relación con las sucursales de las entidades de crédito y la adaptación de las disposiciones relativas a sus sistemas, procedimientos y mecanismos internos. Reviste particular importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas apropiadas durante sus trabajos preparatorios, también con expertos.

(67) Al preparar y redactar los actos delegados, la Comisión debe garantizar una transmisión simultánea, oportuna y apropiada de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.

(68) La Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) [24], es aplicable cuando se adquieren participaciones cualificadas en una entidad de crédito.

(69) Las referencias en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes a las Directivas que deroga la presente Directiva deben entenderse como referencias a la presente Directiva.

(70) La Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE [25], la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) [26], la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE [27], la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero [28], y la Directiva [GFIA] del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE, hacen referencia a disposiciones de las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE que tratan de los requisitos de fondos propios y que figuran ahora en el Reglamento [a insertar por la OP]. Por consiguiente, las referencias que aparecen en esas Directivas a las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE deben entenderse como referencias a las disposiciones que regulan los requisitos de fondos propios del citado Reglamento.

(71) A fin de permitir la elaboración de normas técnicas para velar por que las entidades que forman parte de un conglomerado financiero apliquen métodos de cálculo adecuados para determinar el capital requerido en base consolidada, la Directiva 2002/87/CE debe modificarse en consecuencia

(72) A fin de aumentar la eficacia del funcionamiento del mercado interior bancario y de ofrecer a los ciudadanos de la Unión niveles adecuados de transparencia, es necesario que las autoridades competentes publiquen, de forma que sea posible una comparación significativa, el modo en que se aplicará la presente Directiva.

(73) En lo que respecta a la supervisión de la liquidez, debe preverse un periodo de tiempo en el que los Estados miembros efectúen la transición hacia el régimen en virtud del cual se aplicarán criterios detallados al requisito de cobertura de liquidez.

(74) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos [29], y el Reglamento (UE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos [30], deben ser plenamente aplicables al tratamiento de datos personales a efectos de la presente Directiva.

(75) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de normas relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito, así como la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de la acción propuesta, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión Europea (en lo sucesivo denominada «la Unión»), la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.

(76) La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyen una modificación de fondo respecto de las Directivas anteriores.

(77) Procede derogar, por tanto, la Directiva 2006/48/CE, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, y la Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

ÍNDICE

Título I Objeto, ámbito de aplicación y definiciones (...)31

Título II Autoridades competentes (...)34

Título III Condiciones de acceso a la actividad de las entidades de crédito (...)36

Capítulo 1 Condiciones generales de acceso a la actividad de las entidades de crédito (...)36

Capítulo 2 Participación cualificada en una entidad de crédito (...)42

Título IV Capital inicial de las empresas de inversión (...)48

Título V Disposiciones relativas a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios (...)51

Capítulo 1 Principios generales (...)51

Capítulo 2 Derecho de establecimiento de las entidades de crédito (...)52

Capítulo 3 Ejercicio de la libre prestación de servicios (...)55

Capítulo 4 Facultades de las autoridades competentes del Estado miembro de acogida (...)56

Título VI Relaciones con terceros países (...)59

Título VII Supervisión prudencial (...)61

Capítulo 1 Principios de la supervisión prudencial (...)61

Sección I Competencias del Estado miembro de origen y del Estado miembro de acogida (...)61

Sección II Intercambio de información y secreto profesional (...)66

Sección III Obligaciones de las personas encargadas de la auditoría legal de las cuentas anuales y consolidadas (...)72

Sección IV Facultades de supervisión, facultad sancionadora y derecho de recurso (...)73

Capítulo 2 Procesos de revisión (...)79

Sección I Proceso de evaluación de la adecuación del capital interno (...)79

Sección II Sistemas, procedimientos y mecanismos de las entidades (...)79

Subsección 1 Principios generales (...)79

Subsección 2 Criterios técnicos relativos a la organización y el tratamiento de los riesgos (...)81

Subsección 3 Gobierno corporativo (...)87

Sección III Proceso de revisión supervisora y evaluación (...)95

Sección IV Medidas de supervisión (...)101

Sección V Nivel de aplicación (...)103

Capítulo 3 Supervisión en base consolidada (...)105

Sección I Principios aplicables a la supervisión en base consolidada (...)105

Sección II Sociedades financieras de cartera y sociedades financieras mixtas de cartera (...)114

Capítulo 4 Colchones de capital (...)119

Sección I Colchón de conservación de capital y colchón de capital anticíclico (...)119

Sección II Fijación y cálculo de los colchones de capital anticíclicos (...)120

Sección III Medidas de conservación del capital (...)128

Título VIII Publicación de información por las autoridades competentes (...)133

Título IX Actos delegados y de ejecución (...)136

Título X Modificaciones de la Directiva 2002/87/CE (...)138

Título XI Disposiciones transitorias y finales (...)139

Capítulo 1 Disposiciones transitorias relativas a la supervisión de las entidades de crédito que ejerzan la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios (...)139

Capítulo 2 Disposición transitoria sobre los colchones de capital (...)144

Capítulo 3 Disposiciones finales (...)145

Anexo I Lista de actividades objeto de reconocimiento mutuo (...)148

Anexo II Tabla de correspondencias (...)150

Título I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1

Objeto

La presente Directiva establece normas que obligan a los Estados miembros a conseguir resultados comunes en los ámbitos siguientes:

a) acceso a la actividad de las entidades de crédito y las empresas de inversión (en lo sucesivo denominadas «entidades»);

b) facultades e instrumentos de supervisión para la supervisión prudencial de las entidades por parte de las autoridades competentes;

c) supervisión prudencial de las entidades por parte de las autoridades competentes en relación con los riesgos no abordados en las normas uniformes que establece el Reglamento [a insertar por la OP];

d) requisitos de publicación para las autoridades competentes en el ámbito de la regulación y la supervisión prudencial de las entidades.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1. El artículo 34 y el título VII, capítulo 3, serán aplicables a las sociedades financieras de cartera, a las sociedades financieras mixtas de cartera y a las sociedades mixtas de cartera que tengan su domicilio social en la Unión.

2. Las entidades a las que no se aplique la presente Directiva con arreglo al apartado 3 del presente artículo, a excepción, no obstante, de los bancos centrales, se considerarán entidades financieras a efectos del artículo 34 y del título VII, capítulo 3.

3. La presente Directiva no se aplicará:

1) al acceso a la actividad de las empresas de inversión en la que medida en que esté regulado por la Directiva 2004/39/CE,

2) a los bancos centrales,

3) a las oficinas de cheques postales,

4) en Bélgica, al «Institut de réescompte et de garantie/Heridscontering- en Waarborginstituut»,

5) en Dinamarca, al «Dansk Eksportfinansieringsfond», el «Danmarks Skibskredit A/S» y el «KommuneKredit»,

6) en Alemania, a la «Kreditanstalt für Wiederaufbau», los organismos que en virtud de la «Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz» (Ley sobre la utilidad pública en materia de vivienda) son reconocidos como órganos de la política nacional en materia de vivienda y cuyas operaciones bancarias no constituyen la actividad preponderante, así como los organismos que, en virtud de dicha Ley, se reconocen como organismos de vivienda de interés público,

7) en Grecia, a la «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Tamio Parakatathikon kai Danion)»,

8) en España, al Instituto de Crédito Oficial,

9) en Francia, a la «Caisse de dépôts et consignations»,

10) en Irlanda, a las «credits unions» y las «friendly societies»,

11) en Italia, a la «Cassa depositi e prestiti»,

12) en Letonia, a las «krājaizdevu sabiedrības», empresas reconocidas en virtud de los «Krājaizdevu sabiedrību likums» como empresas cooperativas que prestan servicios financieros únicamente a sus miembros,

13) en Lituania, a las «kredito unijos», que no sea el «Centrinė kredito unija»,

14) en Hungría, al «Magyar Fejlesztési Bank Rt.» y el «Magyar Export-Import Bank Rt.»,

15) en los Países Bajos, a la «Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV», la «NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij», la «NV Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering» y la «Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV»,

16) en Austria, a empresas reconocidas como asociaciones de construcción de interés público y al «Österreichische Kontrollbank AG»,

17) en Polonia, al «Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kreditowe» y el «Bank Gospodarstwa Krajowego»,

18) en Portugal, a las «Caixas Económicas» existentes el 1 de enero de 1986 excepto las que tengan estructura de sociedad anónima y la «Caixa Económica Montepio Geral»,

19) en Finlandia, a la «Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete Ab», y la «Finnvera Oyi/Finnvera Abp»,

20) en Suecia, a la «Svenska Skeppshypotekskassan»,

21) en el Reino Unido, al «National Savings Bank», la «Commonwealth Development Finance Company Ltd», la «Agricultural Mortgage Corporation Ltd», la «Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd», los «Crown Agents for overseas governments and administrations», las «credit unions» y los «municipal banks»,

22) en Eslovenia, al «SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana».

Artículo 3

Prohibición de la actividad de recepción de depósitos u otros fondos reembolsables del público por empresas que no sean entidades de crédito

1. Los Estados miembros prohibirán a las personas o empresas que no sean entidades de crédito el ejercicio, con carácter profesional, de la actividad de recepción de depósitos u otros fondos reembolsables del público.

2. El apartado 1 no se aplicará a la recepción de depósitos u otros fondos reembolsables por parte de un Estado miembro, las autoridades regionales o locales de un Estado miembro u organismos internacionales públicos de los que sean miembros uno o varios Estados miembros, ni en los casos expresamente contemplados en la legislación nacional o de la Unión, siempre que dichas actividades se encuentren sujetas a normas y controles destinados a la protección de los depositantes e inversores.

Artículo 4

Definiciones

1. Serán aplicables las definiciones a que se refiere el artículo 4 del Reglamento [a insertar por la OP].

2. Además, a efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) «empresa de servicios auxiliares»: una empresa cuya actividad principal sea la tenencia o gestión de inmuebles, la gestión de servicios informáticos o cualquier otra actividad similar que tenga carácter auxiliar con respecto a la actividad principal de una o varias entidades de crédito;

b) «riesgo de apalancamiento excesivo»: el riesgo resultante de la vulnerabilidad de una entidad debido a apalancamiento o a apalancamiento contingente que pudiera requerir medidas correctoras imprevistas en su plan de negocio, entre ellas la venta de urgencia de activos, lo que podría ocasionar pérdidas o ajustes de valoración de los activos restantes;

c) «métodos internos»: los métodos a que se refieren el artículo 138, apartado 1, los artículos 216 y 220, el artículo 301, apartado 2, los artículos 277 y 352 y el artículo 254, apartado 3, del Reglamento [a insertar por la OP].

Título II

Autoridades competentes

Artículo 5

Designación y facultades de las autoridades competentes

1. Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes para desempeñar las funciones previstas en la presente Directiva. Informarán de ello a la Comisión y a la ABE, precisando, en su caso, la distribución de las atribuciones.

2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes controlen las actividades de las entidades a fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos de la presente Directiva y del Reglamento [a insertar por la OP].

3. Los Estados miembros se asegurarán de que se hayan adoptado las medidas apropiadas para que las autoridades competentes puedan obtener la información necesaria para comprobar que las entidades cumplen esas obligaciones.

4. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes posean la experiencia, los recursos, la capacidad operativa y la independencia necesarios para ejercer las funciones de supervisión e investigación previstas en la presente Directiva y en el Reglamento [a insertar por la OP]. Se otorgará a las autoridades competentes todas las facultades de supervisión e investigación necesarias para el ejercicio de sus funciones.

5. Los Estados miembros dispondrán que las entidades faciliten a las autoridades competentes de su Estado miembro de origen toda la información necesaria para comprobar que cumplen las normas adoptadas de conformidad con la presente Directiva y el Reglamento [a insertar por la OP]. Los Estados miembros velarán asimismo por que los mecanismos de control interno y los procedimientos administrativos y contables de las entidades permitan verificar, en todo momento, el cumplimiento de tales normas.

6. Los Estados miembros velarán por que las entidades registren todas sus operaciones y documenten los sistemas y procesos que son objeto de la presente Directiva y del Reglamento [a insertar por la OP], de manera que las autoridades competentes puedan verificar el cumplimiento en todo momento de los requisitos de la presente Directiva y del Reglamento.

Artículo 6

Coordinación en los Estados miembros

Cuando en los Estados miembros exista más de una autoridad competente para llevar a cabo la supervisión prudencial de las entidades de crédito, las empresas de inversión y las entidades financieras, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias a fin de organizar la coordinación entre dichas autoridades.

Artículo 7

Cooperación con la ABE

En el ejercicio de sus funciones, las autoridades competentes tendrán en cuenta la convergencia, en términos de instrumentos y prácticas de supervisión, en la aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas adoptadas en cumplimiento de la presente Directiva. A tal fin, los Estados miembros velarán por que:

a) las autoridades competentes participen en las actividades de la ABE;

b) las autoridades competentes hagan lo posible para cumplir las directrices y recomendaciones que formule la ABE de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010;

c) los mandatos nacionales otorgados a las autoridades competentes no les impidan ejercer las funciones que les incumben, en su calidad de miembros de la ABE o en virtud de la presente Directiva y del Reglamento [a insertar por la OP].

Artículo 8

Dimensión europea de la supervisión

Las autoridades competentes de un Estado miembro, en el ejercicio de sus cometidos generales, tomarán debidamente en consideración la posible incidencia de sus decisiones en la estabilidad del sistema financiero de todos los demás Estados miembros afectados, en particular, en situaciones de urgencia, basándose en la información disponible en el momento.

Título III

Condiciones de acceso a la actividad de las entidades de crédito

Capítulo 1

Condiciones generales de acceso a la actividad de las entidades de crédito

Artículo 9

Autorización

1. Los Estados miembros dispondrán que las entidades de crédito cuenten con la autorización correspondiente antes de comenzar sus actividades. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 a 14, establecerán las condiciones para dicha autorización y las notificarán a la ABE.

2. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación:

a) en las que se especifique la información que debe proporcionarse a las autoridades competentes en la solicitud de autorización de las entidades de crédito, incluido el programa de actividades contemplado en el artículo 10;

b) en las que se especifiquen las condiciones de cumplimiento del requisito establecido en el artículo 13;

c) en las que se especifiquen los requisitos aplicables a los accionistas y socios con participaciones cualificadas;

d) en las que se especifiquen los obstáculos que podrían impedir el ejercicio efectivo de las funciones de supervisión de la autoridad competente previstas en el artículo 14.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero, letras a) a d), de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1093/2010.

3. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución sobre modelos de formularios, plantillas y procedimientos para la notificación de la información.

Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) nº 1093/2010.

4. La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas a que se refieren los apartados 2 y 3 a más tardar el 31 de diciembre de 2015.

Artículo 10

Programa de actividades y estructura de la organización

Los Estados miembros dispondrán que la solicitud de autorización se acompañe de un programa de actividades en el que se indicará el tipo de operaciones previstas y la estructura organizativa de la entidad de crédito.

Artículo 11

Necesidades económicas

Los Estados miembros no podrán disponer que la solicitud de autorización sea examinada en función de las necesidades económicas del mercado.

Artículo 12

Capital inicial

1. Sin perjuicio de otras condiciones generales requeridas por la legislación nacional, las autoridades competentes no concederán la autorización cuando la entidad de crédito carezca de fondos propios diferenciados o cuando el capital inicial sea inferior a 5 000 000 EUR.

2. El capital inicial incluirá el capital y las reservas a que se refiere el artículo 24, letras a) a e), del Reglamento [a insertar por la OP].

3. Los Estados miembros podrán decidir el mantenimiento de la actividad de las entidades de crédito que no cumplan la condición relativa a los fondos propios diferenciados y que existieran el 15 de diciembre de 1979. Podrán dispensar a estas entidades de crédito del cumplimiento de la condición contemplada en el artíc