VIGÉSIMO PRIMER INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LAS ACTIVIDADES ANTIDUMPING, ANTISUBVENCIONES Y DE SALVAGUARDIA DE LA COMUNIDAD - PANORÁMICA DE LA SUPERVISIÓN DE LOS ASUNTOS DE TERCEROS PAÍSES RELATIVOS A MEDIDAS ANTIDUMPING, ANTISUBVENCIONES Y DE SALVAGUARDIA - (2002)

ÍNDICE

Resumen ejecutivo

1. Presentación general de la legislación

1.1. Legislación antidumping y antisubvenciones

1.1.1. Contexto internacional

1.1.2. Legislación comunitaria

1.1.2.1. Legislación en el ámbito del Tratado por el que se establece la Comunidad Europea

1.1.2.2. Legislación en el ámbito del Tratado por el que se establece la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (Tratado CECA)

1.1.3. Cambios en la legislación de la Comunidad en 2002

1.1.3.1. Cambios del Reglamento antidumping de base

1.1.3.2. Cambios del Reglamento antisubvenciones de base

1.2. Salvaguardias

1.2.1. Contexto internacional

1.2.2. Legislación de la Comunidad

1.2.3. Propuesta de Reglamento sobre salvaguardias y eliminación progresiva de los contingentes para la importación de algunos productos originarios de la República Popular de China

1.3. Instrumento contra las subvenciones y las prácticas tarifarias desleales en los servicios de transporte aéreo

2. CONCEPTOS BÁSICOS

2.1. Antidumping y antisubvenciones

2.1.1. Definición de dumping y de subvenciones sujetas a derechos compensatorios - condiciones materiales para el establecimiento de derechos

2.1.1.1. Dumping y subvenciones

2.1.1.2. Perjuicio importante y causalidad

2.1.1.3. Interés de la Comunidad

2.1.2. Procedimiento

2.2. Salvaguardias

2.2.1. Definición de las medidas de salvaguardia

2.2.2. Procedimiento

3. Servicios encargados de los instrumentos de defensa comercial

4. Cooperación con el Parlamento Europeo

5. Descripción general de las investigaciones y medidas antidumping y antisubvenciones

5.1. Nuevas investigaciones

5.2. Investigaciones de reconsideración

6. Síntesis de las actividades en 2002

6.1. Nuevas investigaciones

6.1.1. Inicios

6.1.2. Medidas provisionales

6.1.3. Medidas definitivas

6.1.3.1. Síntesis

6.1.3.2. Detalles de algunos asuntos (por orden cronológico)

6.1.4. Investigaciones concluidas sin medidas

6.2. Investigaciones de reconsideración

6.2.1. Reconsideraciones por expiración

6.2.1.1. Inicios

6.2.1.2. Reconsideraciones concluidas con la confirmación de los derechos

6.2.1.3. Detalles de algunos asuntos (por orden cronológico)

6.2.1.4. Reconsideraciones por expiración concluidas

6.2.1.5. Detalles de algunos asuntos (por orden cronológico)

6.2.2. Reconsideraciones provisionales

6.2.3. Otras reconsideraciones «provisionales»

6.2.4. Reconsideraciones por nuevos exportadores

6.2.5. Investigaciones antiabsorción

6.2.6. Investigaciones de elusión

6.3. Investigaciones de salvaguardia

6.3.1. Salvaguardia en los productos siderúrgicos

7. Control de los compromisos

8. Devoluciones

9. Revisión judicial: decisiones del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia

9.1. Síntesis de las revisiones judiciales en 2002

9.2. Asuntos pendientes

9.3. Nuevos asuntos

9.4. Sentencias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia

9.4.1. Determinado calzado con parte superior de materias textiles originario, entre otros lugares, de la República Popular de China

9.4.2. Salmón atlántico de piscifactoría originario de Noruega

9.4.3. DRAM (memorias dinámicas de acceso aleatorio) originarias de Japón

9.4.4. Determinados condensadores electrolíticos de aluminio de gran volumen originarios de Japón, Corea y Taiwán

9.4.5. Elementos de sujeción de acero inoxidable procedentes, entre otros lugares, de la India

9.5. Auto dictado por el Tribunal de Primera Instancia

9.5.1. Ferrosilicio originario de China, Kazajistán, Rusia y Ucrania

10. Investigaciones antidumping y antisubvenciones de terceros países relativas a importaciones procedentes de la Comunidad o sus Estados miembros

10.1. Asuntos antidumping contra la Comunidad o sus Estados miembros

10.1.1. Síntesis

10.1.2. Detalles de algunos asuntos

10.1.2.1. EE.UU. - Uranio poco enriquecido procedente de Francia, Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido

10.1.2.2. EE.UU. - Barras de acero inoxidable procedentes de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido

10.1.2.3. EE.UU. - Acero laminado en frío procedente de Bélgica, Francia, Alemania, los Países Bajos, España y Suecia

10.1.2.4. EE.UU. - Vigas de acero para construcción procedentes de Alemania, Italia, Luxemburgo y España

10.1.2.5. La India - Productos planos de acero inoxidable laminados en frío procedentes de la Comunidad

10.1.2.6. La India - Bobinas y chapas laminadas en caliente procedentes de la Comunidad

10.1.2.7. La India - Catalizadores procedentes de Dinamarca

10.1.2.8. Turquía - Cloruro de polivinilo procedente de Bélgica, Finlandia, Alemania, Grecia, Italia y los Países Bajos

10.1.2.9. China - Catecol procedente de la Comunidad

10.1.2.10. China - Caprolactama procedente de Bélgica, Alemania y los Países Bajos

10.1.2.11. Tailandia - Acero laminado en frío procedente de la Comunidad

10.1.2.12. Sudáfrica - Papel autocopiativo procedente de Bélgica, Alemania y el Reino Unido

10.1.2.13. Comunidad Andina - Sorbitol procedente de Francia

10.1.2.14. EE.UU. - Productos tubulares destinados a países productores de petróleo, procedentes de Austria, Francia y Alemania

10.1.2.15. India - Sistemas multi-energía de inspección de equipajes por rayos X (XBIS) procedentes de la Comunidad

10.2. Asuntos antisubvenciones contra la Comunidad o sus Estados miembros

10.2.1. Síntesis

10.2.2. Detalles de algunos asuntos

10.2.2.1. EE.UU. - Uranio poco enriquecido procedente de Francia, Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido (véase el asunto antidumping)

10.2.2.2. EE.UU. - Barras de acero inoxidable procedentes de Italia (véase el asunto antidumping)

10.2.2.3. EE.UU. - Alambrón al carbono y de aleación procedente de Alemania

10.2.2.4. Australia - Tomates en conserva procedentes de Italia

10.2.2.5. Perú - Aceite de oliva procedente de la Comunidad

10.2.2.6. EE.UU. - Productos de acero al carbono laminados en frío procedentes de Francia

10.2.2.7. EE.UU. - Productos tubulares para países productores de petróleo procedentes de Austria

11. Medidas de salvaguardia que afectan a la Comunidad

11.1. Síntesis

11.2. Detalles sobre algunos asuntos

11.2.1. Estados Unidos, China, Polonia, Hungría, República Checa y Canadá - Acero

11.2.2. Rusia - Rodamientos procedentes de la Comunidad

11.2.3. Rusia - Papel pintado procedente de la Comunidad

11.2.4. República Checa - Tubos de acero procedentes de la Comunidad

11.2.5. Ucrania - Café instantáneo procedente de la Comunidad

11.2.6. Polonia - Calentadores de agua procedentes de la Comunidad

12. Actividades en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC)

12.1. Solución de diferencias en al ámbito de las medidas antidumping, antisubvenciones y de salvaguardia

12.1.1. Descripción general del procedimiento de solución de diferencias de la OMC

12.1.2. Procedimientos de solución de diferencias iniciados por la Comunidad

12.1.2.1. EE.UU. - Metodología en caso de privatización (derechos compensatorios) (DS212)

12.1.2.2. EE.UU. - Medidas compensatorias impuestas a productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedentes de Alemania (DS213)

12.1.2.3. EE.UU. - Ley de compensación del dumping y de las subvenciones (DS217/234)

12.1.2.4. Argentina - Baldosas de cerámica (DS189)

12.1.2.5. EE.UU. - Acero (201 salvaguardia) (DS248)

12.1.2.6. Argentina - Melocotones en conserva (DS238)

12.1.2.7. EE.UU. - Medidas de salvaguardia sobre tubos de canalización al carbono soldados de sección circular (DS 202/214)

12.1.2.8. EE.UU. - Chapas cortadas a medida de Alemania y productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedentes de Alemania y Francia (DS262)

12.1.3. Procedimientos de solución de diferencias iniciados por terceros países contra la Comunidad.

12.1.3.1. India - Derechos antidumping sobre las importaciones de ropa de cama de algodón

12.1.3.2. Brasil - Derechos antidumping sobre los accesorios de tubería de fundición maleable

12.2. Otras actividades de la OMC

13. Conclusión

LISTA DE ANEXOS

ANEXOS: RESUMEN

ANEXO A // Nuevas investigaciones iniciadas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002

A. Investigaciones antidumping

B. Investigaciones antisubvenciones

ANEXO B // Nuevas investigaciones iniciadas

A. Por sectores de producción durante el periodo 1998 - 2002 (31 de diciembre)

B. Por países de exportación durante el periodo 1998 - 2002 (31 de diciembre)

ANEXO C // Nuevas investigaciones concluidas con el establecimiento de derechos provisionales durante el periodo 1 de enero - 31 de diciembre de 2002

A. Investigaciones antidumping

B. Investigaciones antisubvenciones

ANEXO D // Nuevas investigaciones concluidas con el establecimiento de derechos definitivos durante el periodo 1 de enero - 31 de diciembre de 2002

A. Investigaciones antidumping

B. Investigaciones antisubvenciones

ANEXO E // Nuevas investigaciones concluidas sin imposición de medidas durante el periodo 1 de enero - 31 de diciembre de 2002

A. Investigaciones antidumping

B. Investigaciones antisubvenciones

ANEXO F // Reconsideraciones por expiración iniciadas o concluidas durante el periodo 1 de enero - 31 de diciembre de 2002

ANEXO G // Reconsideraciones provisionales iniciadas o concluidas durante el periodo 1 de enero - 31 de diciembre de 2002

ANEXO H // Otras reconsideraciones concluidas durante el periodo 1 de enero - 31 de diciembre de 2002

ANEXO I // Reconsideraciones por nuevos exportadores iniciadas o concluidas durante el periodo 1 de enero - 31 de diciembre de 2002

A. Investigaciones antidumping

B. Investigaciones antisubvenciones (reconsideraciones aceleradas)

ANEXO J // Investigaciones antiabsorción iniciadas o concluidas durante el periodo 1 de enero - 31 de diciembre de 2002

ANEXO K // Investigaciones antielusión iniciadas o concluidas durante el periodo 1 de enero - 31 de diciembre de 2002

ANEXO L // Investigaciones de salvaguardia iniciadas o concluidas durante el periodo 1 de enero - 31 de diciembre de 2002

ANEXO M // Compromisos aceptados o derogados durante el periodo 1 de enero - 31 de diciembre de 2002

ANEXO N // Medidas que expiraron durante el periodo 1 de enero - 31 de diciembre de 2002

ANEXO O // Medidas antidumping definitivas en vigor a 31 de diciembre de 2002

A. Por productos

B. Por países

ANEXO P // Medidas antisubvenciones definitivas en vigor a 31 de diciembre de 2002

A. Por productos

B. Por países

ANEXO Q // Compromisos en vigor a 31 de diciembre de 2002

A. Por productos

B. Por países

ANEXO R // Investigaciones antidumping y antisubvenciones pendientes a 31 de diciembre de 2002:

A. Nuevas investigaciones (por productos)

B. Investigaciones de reconsideración (por productos)

C. Por países (investigaciones nuevas y de reconsideración)

ANEXO S // Devoluciones durante el periodo 1 de enero - 31 de diciembre de 2002

ANEXO T // Asuntos judiciales

A. Asuntos judiciales pendientes ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas a 31 de diciembre de 2002

B. Sentencias, autos y otras resoluciones dictados por el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas durante 2002

ANEXO U // Investigaciones antidumping y antisubvenciones de terceros países relativas a importaciones procedentes de la Comunidad o sus Estados miembros durante 2002

A. Investigaciones antidumping

B. Investigaciones antisubvenciones

ANEXO V // Medidas de salvaguardia de terceros países durante 2002

Resumen ejecutivo

El presente informe se presenta al Parlamento Europeo de acuerdo con su resolución de 16 de diciembre de 1981 sobre las actividades antidumping de la Comunidad [1], y con el informe de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía del Parlamento Europeo [2].

[1] DO C 11 de 18.1.1982, p. 37.

[2] PE 141.178/fin de 30.11.1990; ponente: Sr. Gijs DE VRIES.

El Parlamento Europeo aprobó además en octubre de 2002 un informe elaborado por el diputado Michel Hansenne, basado en el 19º informe anual de la Comisión. En general, el Parlamento apoyaba la aplicación del instrumento antidumping por la Comunidad y formulaba una serie de propuestas para mejorar la actual situación en determinadas áreas. Se ofrecen más detalles dentro del apartado 4.

El informe de 2002 ofrece también un panorama general de la reglamentación comunitaria por la que se rigen los instrumentos de defensa comercial. Este capítulo evoca, entre otras, la adopción por el Consejo en 2002 de medidas transitorias aplicables a los productos incluidos en el Tratado CECA. Dado que dicho Tratado expiraba el 23 de julio de 2002, era necesario precisar que todas las investigaciones, denuncias y solicitudes en curso con arreglo a la antigua reglamentación CECA, así como todas las medidas adoptadas en virtud de aquella reglamentación, quedaban cubiertas desde ese momento por los Reglamentos antidumping y antisubvenciones de base.

Además, la Comisión presentó dos propuestas de modificación de los Reglamentos de base antidumping y antisubvenciones, adoptadas por el Consejo el 5 de noviembre de 2002. Estas modificaciones preveían, entre otras disposiciones, el reconocimiento de Rusia como país con una economía de mercado.

En el presente informe de 2002 se siguen presentando de forma resumida los cambios producidos en materia de política general. Al igual que en el informe del año pasado, ya no se comenta cada asunto concreto. Se hace una descripción de conjunto de todas las investigaciones, junto con la información más esencial, como por ejemplo los derechos impuestos. Por el contrario, los asuntos que merecen una especial atención se tratan con más detenimiento. Por consiguiente, el informe tiene un carácter más concreto, está más condensado y trata los hechos esenciales ocurridos durante el año. Los anexos pormenorizados en los que se exponen todos los asuntos permiten que el contenido en hechos del informe siga siendo significativo y suficiente para comprender la actividad en 2002.

En cuanto a las actividades de 2002, en total se concluyeron 33 nuevas investigaciones, de las que 28 terminaron con el establecimiento de medidas antidumping o compensatorias definitivas y 5 con el cierre del procedimiento. En el caso de otras 17 investigaciones se establecieron medidas provisionales.

Se iniciaron 13 investigaciones de reconsideración por expiración de las que concluyeron seis. En 12 casos, las investigaciones finalizaron con la confirmación del derecho. En cuanto a las reconsideraciones provisionales, se iniciaron 36 investigaciones, se cerraron 10 y 9 concluyeron con la confirmación o la modificación del derecho. Sin embargo, de las 36 reconsideraciones iniciadas, 15 eran reconsideraciones provisionales parciales de un tipo específico, a saber, limitadas a la forma de las medidas existentes, las cuales ya no parecían suficientes para contrapesar el dumping que originó el perjuicio, o que no contemplaban las situaciones en las que las mercancías se habían deteriorado antes de su despacho a libre práctica.

Hay que señalar que la actual versión del informe se ha ampliado incluyendo las actividades de salvaguardia, un tema que se mencionaba muy someramente en informes anteriores, puesto que la Comunidad no había adoptado ninguna medida de este tipo desde la entrada en vigor del Acuerdo de la OMC de 1994. En 2002, sin embargo, la Comunidad adoptó medidas de este tipo frente a los productos siderúrgicos. En concreto, se impusieron medidas de salvaguardia a 7 productos y finalizaron las investigaciones correspondientes a otros 11. Otros 3 seguían siendo investigados a finales de 2002, pero las investigaciones habían concluido a principios de 2003.

Como en años anteriores, la publicación sigue ofreciendo una síntesis de los asuntos judiciales relacionados con los instrumentos de política comercial. En 2002, el Tribunal de Primera Instancia dictó cinco sentencias y un auto. El año 2002 puede considerarse un año excelente para la defensa comercial ante el TPI. En cuatro de las cinco sentencias, el Tribunal confirmó las prácticas de las instituciones europeas.

El informe incluye, además, una síntesis de las actividades relacionadas con las medidas antidumping, antisubvenciones y de salvaguardia adoptadas por terceros países. A finales de 2002, estaban en vigor, en contra de la Comunidad o de sus Estados miembros, 118 medidas antidumping, 26 medidas antisubvenciones y 39 medidas de salvaguardia. Se confirma que la Comunidad sigue ocupando el segundo puesto, detrás de China, como territorio contra el que terceros países dirigen medidas de defensa comercial.

El capítulo sobre las actividades en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) abarca los procedimientos de solución de diferencias iniciados por o contra la Comunidad. Además, trata de otras actividades como la primera fase de las negociaciones de los acuerdos antidumping o antisubvenciones, en la que la Comisión desempeñó un papel activo presentando propuestas de negociación.

Los anexos del informe presentan información clara sobre estas actividades, en forma de cuadros.

El presente informe está también a disposición del público en general. De la versión de 2001 se publicaron alrededor de 500 ejemplares. (página de Internet http://europa.eu.int/comm/trade/policy/dumping/reports.htm)

1. PRESENTACIÓN GENERAL DE LA LEGISLACIÓN

1.1. Legislación antidumping y antisubvenciones

1.1.1. Contexto internacional

En el plano internacional, ya en 1947, cuando se firmó el primer acuerdo del GATT, se consideró que las prácticas comerciales desleales, tales como el dumping y la concesión de subvenciones, representaban una amenaza para el libre mercado. El acuerdo contenía disposiciones específicas que permitían a los miembros del GATT adoptar medidas contra esas prácticas, en caso de que causaran un perjuicio importante a la industria nacional de un miembro del GATT.

Desde entonces, se han hecho considerables esfuerzos por armonizar las normas sobre los instrumentos de política comercial. Durante la última ronda del GATT (la llamada «ronda Uruguay»), que dio lugar a la creación de la OMC y a la celebración de acuerdos antidumping y antisubvenciones detallados, se prestó especial atención a las normas de procedimiento y a las condiciones materiales que deben cumplirse antes de poder adoptar medidas de protección. La Comunidad desempeñó un papel muy activo en la negociación de estos relevantes criterios que están reflejados en su propia legislación.

1.1.2. Legislación comunitaria

1.1.2.1. Legislación en el ámbito del Tratado por el que se establece la Comunidad Europea

La primera legislación antidumping y antisubvenciones de la Comunidad fue promulgada en 1968 y ha sido modificada en varias ocasiones. Los textos de base actuales, que constituyen el fundamento jurídico de las investigaciones antidumping y antisubvenciones en la Comunidad, entraron en vigor entre marzo de 1996 y octubre de 1997. Estos reglamentos se ajustan a los acuerdos antidumping y antisubvenciones adoptados en las negociaciones del GATT/OMC. Los textos de base son:

- El Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea [3]

[3] DO L 56 de 6.3.1996, p. 1, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 1972/2002 del Consejo (DO L 305 de 7.11.2002, p. 1)

- El Reglamento (CE) nº 2026/97 del Consejo de 6 de octubre de 1997 sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea [4]

[4] DO L 288, 21.10.1997, p. 1, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 1973/2002 del Consejo (DO L 305 de 7.11.2002, p. 4)

A estos reglamentos se los llamará en lo sucesivo «Reglamentos de base».

La legislación comunitaria contiene una serie de disposiciones dirigidas a garantizar una aplicación equilibrada de las normas antidumping y antisubvenciones de la Comunidad a todas las partes interesadas. Entre otras disposiciones se encuentran la «prueba del interés comunitario» y la «regla del derecho inferior», que van más allá de las obligaciones de la OMC.

La prueba del interés comunitario es una cláusula de interés público según la cual sólo pueden adoptarse medidas cuando éstas no sean contrarias al interés general de la Comunidad. Ello exige analizar todos los intereses económicos en juego, incluidos los intereses de la industria, de los usuarios y de los consumidores.

La regla del derecho inferior requiere que las medidas impuestas por la Comunidad sean inferiores al margen de dumping o de subvención, si ese tipo de derecho más bajo es suficiente para eliminar el perjuicio sufrido por la industria comunitaria.

1.1.2.2. Legislación en el ámbito del Tratado por el que se establece la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (Tratado CECA)

Mientras estuvo en vigor el Tratado CECA, existieron para los productos a los que se aplicaba dicho Tratado unos textos jurídicos específicos [5] que se ocupaban de las prácticas comerciales desleales y que sirvieron de base para adoptar varias medidas antidumping y antisubvenciones.

[5] Decisión nº 2277/96/CECA de la Comisión, de 28 de noviembre de 1996, relativa a la defensa contra la importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (DO L 308 de 29.11.1996, p. 11), cuya última modificación la constituye la Decisión nº 435/2001/CECA de la Comisión (DO L 63 de 3.3.2001, p. 14); y Decisión nº 1889/98/CECA de la Comisión, de 3 de septiembre de 1998, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (DO L 245 de 4.9.1998, p. 3)

Puesto que el Tratado CECA expiró el 23 de julio de 2002 tras 50 años de existencia, fue necesario especificar que, a partir de entonces, a todos los productos les serían aplicables los Reglamentos de base, por los que se regirían todas las medidas existentes o las investigaciones pendientes relativas a productos CECA.

Por lo tanto, el Consejo, por medio del Reglamento (CE) nº 963/2002 [6], estableció unas disposiciones transitorias, en virtud de las cuales todas las medidas antidumping y compensatorias adoptadas, así como todas las investigaciones pendientes, las denuncias y las solicitudes presentadas de conformidad con las Decisiones n° 2277/96/CECA y n° 1889/98/CECA se regulan por las disposiciones de los Reglamentos de base respectivos a partir del 24 de julio de 2002.

[6] DO L 149 de 7.6.2002, p. 3, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 1310/2002 del Consejo (DO L 192 de 20.7.2002, p. 9)

1.1.3. Cambios en la legislación de la Comunidad en 2002

1.1.3.1. Cambios del Reglamento antidumping de base

El 5 de noviembre de 2002, el Consejo aprobó el Reglamento (CE) nº 1972/2002 [7], que modifica el Reglamento antidumping de base.

[7] DO L 305 de 7.11.2002, p. 1.

La modificación consistió, entre otras cosas, en el reconocimiento oficial de Rusia como país con una economía de mercado en el contexto de los instrumentos de defensa comercial, lo cual representa un reconocimiento de los importantes progresos conseguidos por este país en el respeto de los principios de la economía de mercado. Desde un punto de vista práctico, significa que el cálculo de los márgenes de dumping deja de basarse en información procedente de un país análogo y que, en todos los casos, se tomarán en consideración los propios costos y precios de las empresas rusas.

Otras modificaciones consisten en la aclaración de las expresiones «partes vinculadas», «comisiones» y «situación particular del mercado que no permite la debida comparación». El Reglamento también da indicaciones sobre qué hacer cuando algunos costes en el mercado del país exportador están distorsionados y aclara el uso de los datos disponibles y de determinados criterios para conceder un «derecho individual» a algunos exportadores de países que no tengan una economía de mercado y de países en transición.

Este cambio es aplicable a todas las investigaciones abiertas de conformidad con el Reglamento de base antidumping tras la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1972/2002, es decir, el 8 de noviembre de 2002.

1.1.3.2. Cambios del Reglamento antisubvenciones de base

El 5 de noviembre de 2002, el Consejo aprobó el Reglamento (CE) nº 1973/2002 [8], que modifica el Reglamento antisubvenciones de base.

[8] DO L 305 de 7.11.2002, p. 4.

Las modificaciones perseguían dos fines principales: en primer lugar, por cuestión de «economía doméstica», se debía incorporar a la legislación comunitaria el vencimiento de las disposiciones de la OMC sobre subvenciones no punibles derogando las correspondientes disposiciones de la legislación comunitaria. En segundo lugar, se aclararon las normas relativas a las subvenciones en forma de suministro de mercancías o servicios baratos a fin de cubrir además las situaciones en las que no haya un mercado para tales mercancías o servicios en el país en cuestión. En dicho caso, las modificaciones prevén que se efectuarán ajustes o se utilizarán los precios del mercado mundial.

El cambio es aplicable además a todas las investigaciones iniciadas de conformidad con el Reglamento antisubvenciones de base tras la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1973/2002, es decir, el 8 de noviembre de 2002.

1.2. Salvaguardias

1.2.1. Contexto internacional

El principio de liberalización de las importaciones fue establecido de conformidad con el GATT de 1947 y reforzado en virtud de los acuerdos de la OMC de 1994. Puesto que las medidas de salvaguardia consisten en la retirada unilateral o la suspensión de una concesión arancelaria o de alguna otra obligación de liberalización del comercio anteriormente acordada, hay que considerar las medidas de salvaguardia como una excepción a ese principio. El artículo XIX del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC no sólo establecen unas normas estrictas para la aplicación de esta «cláusula de excepción», sino también un mecanismo de control multilateral en el Comité sobre Salvaguardias de la OMC.

De acuerdo con las normas de la OMC, las medidas de salvaguardia deben considerarse como medidas de defensa temporal a corto plazo (una «válvula de seguridad») aplicables a todas las importaciones del producto afectado por una medida, independientemente de su origen [9].

[9] No obstante, por lo que respecta a los países que no son miembros de la OMC, las medidas de salvaguardia pueden ser selectivas y aplicarse a productos originarios de un país específico. También los protocolos de adhesión a la OMC pueden prever tales mecanismos de salvaguardia selectivos (por ejemplo, el Protocolo sobre la adhesión de la República Popular de China).

Las medidas de salvaguardia sólo se deben adoptar tras una investigación completa que aporte pruebas de la existencia de a) una evolución imprevista que lleve a b) un aumento de las importaciones, c) la existencia de un perjuicio grave para los productores comunitarios y d) un nexo causal entre las importaciones y el perjuicio. En última instancia, la adopción de medidas en la Comunidad requiere un análisis de todos los intereses afectados, es decir, la repercusión de las medidas en los productores, los usuarios y los consumidores.

1.2.2. Legislación de la Comunidad

Los principios antes mencionados se reflejan en los reglamentos pertinentes. Además, la adopción de medidas en la Comunidad requiere un análisis de todos los intereses en juego, es decir, el impacto de las medidas sobre los productores, los usuarios y los consumidores. En otras palabras, solamente se pueden tomar medidas de salvaguardia cuando redunden en interés de la Comunidad. Los actuales instrumentos comunitarios de salvaguardia están cubiertos por los siguientes reglamentos:

- Reglamento (CE) nº 3285/94 del Consejo [10] sobre el régimen común aplicable a las importaciones y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 518/94

[10] DO L 349 de 31.12.94, p. 53, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 2474/2000 (DO L 286 de 11.11.2000, p. 1).

- Reglamento (CE) nº 519/94 del Consejo [11] relativo al régimen común aplicable a las importaciones de determinados países terceros y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nos 1765/82, 1766/82 y 3420/83

[11] DO L 67 de 10.3.94, p. 89, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 1138/98 (DO L 159 de 3.6.1998, p. 1).

- Reglamento (CE) nº 517/94 del Consejo [12] relativo al régimen común aplicable a las importaciones de productos textiles de determinados países terceros que no estén cubiertos por Acuerdos bilaterales, Protocolos, otros Acuerdos o por otros regímenes específicos comunitarios de importación.

[12] DO L 67 de 10.3.94, p. 1, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 1309/2002 (DO L 192 de 20.7.2002, p. 1).

Estos textos legislativos se denominarán en adelante «Reglamentos sobre salvaguardias de base»

1.2.3. Propuesta de Reglamento sobre salvaguardias y eliminación progresiva de los contingentes para la importación de algunos productos originarios de la República Popular de China

En junio de 2002, la Comisión presentó al Consejo una propuesta de Reglamento relativo a un mecanismo de salvaguardia transitorio aplicable a las importaciones de determinados productos originarios de la República Popular de China y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 519/94 del Consejo relativo al régimen común aplicable a las importaciones de determinados países terceros [13]. La propuesta fue adoptada por el Consejo y publicada en marzo de 2003 [14]

[13] DO C 227 E de 24.9.2002, p. 555.

[14] DO L 65 de 8.3.2003, p. 1.

El reglamento es una transposición exacta al Derecho comunitario de las disposiciones recogidas en el Protocolo sobre la adhesión de la República Popular de China a la OMC. Consta de dos grandes pilares:

- El primer pilar reúne normas que establecen un mecanismo de salvaguardia transitorio específico aplicable a las importaciones de determinados productos procedentes de la República Popular de China. En virtud de este mecanismo, se autoriza a la Comunidad a imponer medidas específicas, por ejemplo derechos, si las importaciones a la Comunidad desde la República Popular de China aumentaran rápidamente como para causar una perturbación del funcionamiento del mercado de la industria comunitaria. Sólo se podrán imponer medidas si el interés comunitario requiriera una intervención. Por otra parte, a este instrumento específico le serán aplicables las mismas estrictas normas de procedimiento que contienen los actuales instrumentos comunitarios de defensa comercial. No se podrá imponer ninguna medida después del 11 de diciembre de 2013, cuando deje de existir el mecanismo de salvaguardia transitorio de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de adhesión.

- El segundo pilar prevé la eliminación progresiva de los contingentes de algunos productos no textiles (calzado, vajillas de mesa y cerámica) hasta la total eliminación de los contingentes en 2005.

Al mismo tiempo, con él deja de ser aplicable a la República Popular de China el Reglamento (CE) nº 519/94 del Consejo.

1.3. Instrumento contra las subvenciones y las prácticas tarifarias desleales en los servicios de transporte aéreo

En marzo de 2002, la Comisión adoptó su propuesta de instrumento de defensa comercial con respecto a la prestación de servicios de transporte aéreo desde países de fuera de la CE [15]. La propuesta prevé la adopción de medidas correctoras si los servicios aéreos subvencionados o sujetos a tarifas desleales causan perjuicios importantes a compañías aéreas de la Comunidad en ciertas líneas a la Comunidad y desde ésta.

[15] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección contra las subvenciones y las prácticas tarifarias desleales en la prestación de servicios de transporte aéreo desde los países no miembros de la Comunidad Europea (COM(2002)110 final de 12.3.2002).

Esta es la primera nueva propuesta de instrumento de defensa comercial en el sector servicios desde que se adoptara un instrumento similar en 1986 con respecto a los servicios marítimos. Fue motivada por la crisis del sector aéreo a finales de 2001, que llevó a los gobiernos de algunos países terceros a subvencionar sus líneas aéreas. Ello provocó crecientes dificultades al sector comunitario, que debía competir con líneas aéreas de terceros países que recibían generosas subvenciones, mientras que las comunitarias estaban sujetas a estrictas normas sobre las ayudas de Estado.

La propuesta se basa en los instrumentos existentes en el ámbito del comercio de mercancías, en particular el Reglamento antisubvenciones de base. Prevé la imposición de medidas en dos direcciones: la primera, si los servicios de transporte aéreo subvencionados prestados por líneas aéreas no comunitarias causan perjuicios importantes, o, la segunda, si dichas líneas aéreas controladas por el Estado se benefician de ventajas no comerciales y cobran unas tarifas perjudiciales por debajo de lo normal.

El Parlamento Europeo ha aprobado una serie de modificaciones a la propuesta [16], que están siendo debatidas actualmente en el seno del Consejo. Se supone que la propuesta será adoptada hacia mediados de 2003.

[16] RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO (COM(2002)110 - C5-0133/2002 - 202/0067 (COD)).

2. CONCEPTOS BÁSICOS

2.1. Antidumping y antisubvenciones

2.1.1. Definición de dumping y de subvenciones sujetas a derechos compensatorios - condiciones materiales para el establecimiento de derechos

2.1.1.1. Dumping y subvenciones

Tradicionalmente se define el dumping como la discriminación de precios entre mercados nacionales o la venta a costes inferiores al coste de producción. La legislación antidumping de la Comunidad define el dumping como la venta de un producto en la Comunidad a un precio por debajo de su «valor normal». Ese «valor normal» suele consistir en el precio real de venta en el mercado interno del país exportador. Por lo tanto, un país está vendiendo a precios de dumping si los precios en su mercado interno son más altos que sus precios de exportación (discriminación de precios) .

Si las ventas en el mercado interno no son representativas, porque, por ejemplo, sólo se han efectuado en pequeñas cantidades, se puede establecer el valor normal sobre otra base, como los precios de venta de otros productores en el mercado interno o el coste de producción. En este último caso, se considera que una empresa está vendiendo a precios de dumping si sus precios de exportación están por debajo del coste de producción.

En la mayoría de los casos de prácticas de dumping de cierta importancia, se suele producir algún tipo de segregación del mercado. Esa segregación puede ser causada, entre otras razones, por regulaciones estatales o por preferencias de los consumidores. Como consecuencia de ello, los exportadores quedan protegidos en su mercado interno, al menos hasta cierto punto, de la competencia internacional.

Las subvenciones pueden tener efectos similares a las ventas a precios de dumping. Consisten en ayudas directas de los gobiernos que benefician a productores o exportadores (por ejemplo, subsidios, exenciones fiscales y exenciones de derechos, préstamos en condiciones preferentes por debajo de los tipos comerciales o programas de fomento de las exportaciones) y permiten a los exportadores vender a bajo precio en la Comunidad.

2.1.1.2. Perjuicio importante y causalidad

Para que se tomen medidas contra estas prácticas comerciales desleales, no es suficiente que las empresas estén exportando sus productos a la Comunidad a precios objeto de dumping o subvencionados. Solamente se pueden tomar medidas si las exportaciones causan un perjuicio importante a los productores comunitarios, que no pueden competir en pie de igualdad con los exportadores.

Los indicadores típicos de perjuicio son el aumento los volúmenes de importaciones objeto de dumping o de subvenciones durante determinado período y la subcotización de los precios de venta de la industria de la Comunidad por los precios de importación. Por consiguiente, esta última se ve forzada a disminuir los volúmenes de producción y los precios de venta, pierde cuotas de mercado, registra pérdidas o se ve obligada a despedir a trabajadores. En casos extremos, los exportadores pueden intentar eliminar a productores comunitarios viables utilizando una estrategia de precios predadora. En cualquier caso, para hacer el análisis del perjuicio hay que tener en cuenta todos los factores pertinentes antes de determinar si la industria de la Comunidad está sufriendo un perjuicio importante.

Otra condición previa a la imposición de medidas es la existencia de un vínculo de causalidad, es decir, el perjuicio debe haber sido causado por el dumping o las subvenciones. Esta condición se cumple cuando el perjuicio sufrido por la industria comunitaria coincide con el aumento de las importaciones objeto de dumping o de subvenciones. Es importante recordar que las importaciones objeto de dumping o de subvenciones no tienen por qué ser la única causa del perjuicio.

2.1.1.3. Interés de la Comunidad

Por último, hay que cerciorarse de que la aplicación de las medidas no sería contraria al interés general de la Comunidad. A este respecto, se deben tener en cuenta los intereses de todos los agentes económicos pertinentes que podrían verse afectados por el resultado de la investigación.

2.1.2. Procedimiento

Las investigaciones se llevan a cabo de conformidad con las normas de procedimiento establecidas en los Reglamentos de base. Dichas normas garantizan una actuación transparente, justa y objetiva, concediendo considerables derechos procesales a las partes interesadas. Además, los resultados de la investigación se publican en el Diario Oficial, y la Comunidad está obligada a justificar sus decisiones en esta publicación. Por último, se garantiza que cada asunto se resuelve en función de sus propias circunstancias y la Comisión no duda en dar por concluido un asunto si no se cumplen las condiciones para imponer medidas.

Si bien cada investigación es diferente, dependiendo de los productos y de los países que intervienen, todos los asuntos siguen las mismas normas de procedimiento. Sin embargo, se aplican algunas normas preferenciales a los países de Europa central y oriental y a Turquía. A continuación se resumen las normas que se aplican a cada nuevo asunto.

Inicio

Los asuntos empiezan normalmente con una denuncia suficientemente justificada de la industria de la Comunidad que fabrica el mismo producto o un producto similar a aquél al que se refiere la denuncia. Tras recibir esa denuncia, la Comisión evalúa si contiene suficientes pruebas para permitir el inicio del asunto. Esto se hace mediante un anuncio de inicio que se publica en el Diario Oficial. En él se invita a todas las partes interesadas, incluidos los usuarios y, cuando procede, las organizaciones de consumidores, a participar y a cooperar en el procedimiento. Se envían cuestionarios detallados a los productores de los países exportadores y de la Comunidad, a los agentes comerciales (en particular a los importadores) y a otras partes interesadas, como los usuarios. A esas partes se les informa además de que pueden solicitar una audiencia y pedir el acceso a los expedientes no confidenciales que puedan servirles de ayuda para defender su postura.

La investigación hasta el establecimiento de medidas provisionales

Tras recibir las respuestas al cuestionario, los funcionarios de la Comisión llevan a cabo investigaciones en las instalaciones de las partes que se muestran dispuestas a cooperar.

El objeto principal de esas visitas es comprobar si la información que figura en el cuestionario es fiable. Las informaciones comprobadas se utilizan a continuación para calcular o determinar el margen de dumping y los factores de perjuicio y, en particular, el margen de subcotización de los precios y el nivel de eliminación del perjuicio. Esos cálculos implican a menudo el tratamiento de miles de transacciones, y requieren un complejo análisis de los costes de producción.

Los resultados de los cálculos y de las demás conclusiones se resumen en un documento de trabajo, a partir del cual se decide -previa consulta a los Estados miembros en el Comité Consultivo- si se establecen medidas provisionales o se da por concluido el procedimiento. En cualquier caso, la decisión compete, en esta fase, a la Comisión.

La investigación hasta la fase definitiva

Tras la publicación en el Diario Oficial de un reglamento de la Comisión mediante el que se establecen derechos provisionales, las partes interesadas que así lo soliciten reciben una comunicación completa, que les permite verificar los cálculos de la Comisión y formular comentarios. Los comentarios pueden formularse también en una audiencia. La Comisión elabora un segundo documento de trabajo en el que se tienen en cuenta estas observaciones y comentarios provisionales.

Después de la comunicación y la consulta finales a los Estados miembros sobre la base del segundo documento de trabajo, la Comisión presenta una propuesta al Consejo en la que indica si le parece o no oportuno confirmar las medidas provisionales e imponer medidas definitivas. Otra posibilidad es que la Comisión acepte los compromisos ofrecidos por los exportadores de respetar unos precios mínimos. En este último caso, por lo general no se impone ningún derecho a las empresas cuyos compromisos hayan sido aceptados.

El Consejo decide si aprueba la propuesta de la Comisión por mayoría simple de votos; es decir, al menos ocho Estados miembros han de estar a favor de la propuesta de la Comisión. El reglamento mediante el que se establecen derechos definitivos y se decide acerca de la percepción de derechos provisionales se publica en el Diario Oficial.

A la vista de las conclusiones, también se puede decidir también cerrar el asunto sin imponer ninguna medida, en cuyo caso es aplicable el mismo procedimiento descrito anteriormente (comunicación, comentarios, audiencia, documento de trabajo). La conclusión del asunto se hace generalmente mediante una decisión de la Comisión adoptada después de consultar a los Estados miembros.

Plazos

El procedimiento descrito anteriormente está sujeto a unos plazos legales muy estrictos. Así, por ejemplo, la decisión de imponer derechos provisionales debe tomarse en un plazo de nueve meses a partir del inicio, y la duración total de la investigación está limitada a quince meses (trece meses en los procedimientos antisubvenciones). Ello supone una presión de tiempo considerable, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las consultas internas y la necesidad de publicar los reglamentos y decisiones en todas las lenguas comunitarias simultáneamente.

Normalmente las medidas antidumping o compensatorias permanecen en vigor durante cinco años, y pueden consistir en derechos o en compromisos celebrados con los exportadores. Las medidas se aplican a todo un país, pero puede concederse un trato individual, es decir, la aplicación de un derecho específico para una empresa, a los exportadores que hayan cooperado en la investigación. Durante el periodo de cinco años, las partes interesadas pueden, en determinadas condiciones, solicitar una reconsideración de las medidas o la devolución de los derechos antidumping pagados. También se pueden suspender las medidas durante un tiempo determinado, si se cumplen determinados criterios.

Los Reglamentos de base prevén reconsideraciones administrativas y distinguen entre reconsideraciones provisionales, reconsideraciones por nuevos exportadores y reconsideraciones por expiración. Estos procedimientos normalmente sólo se inician sobre la base de pruebas documentadas y no suelen superar los doce meses.

La reconsideración por expiración tiene por objeto determinar si la expiración de las medidas traerá consigo una continuación o una reaparición del dumping y del perjuicio. Durante el periodo de cinco años, la Comisión puede realizar una reconsideración provisional. Por este último procedimiento, la Comisión estudia si han variado de forma significativa las circunstancias en lo que se refiere a las subvenciones/el dumping y al perjuicio, o si las medidas vigentes están sirviendo para alcanzar el objetivo de eliminar este último. Por último, los Reglamentos de base disponen que se lleve a cabo una reconsideración para determinar los márgenes de dumping individuales de los nuevos exportadores del país de exportación.

Revisiones judiciales

Los derechos procesales de las partes, incluidas las audiencias y el acceso a expedientes no confidenciales, se respetan en el curso del procedimiento, y existe un sistema de revisión judicial para asegurar su correcta ejecución. La competencia para revisar los asuntos antidumping o antisubvenciones corresponde al Tribunal de Primera Instancia y al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Además, existe la posibilidad del recurso al mecanismo de solución de diferencias de la OMC para los miembros de esta organización.

2.2. Salvaguardias

2.2.1. Definición de las medidas de salvaguardia

Las medidas de salvaguardia son una «válvula de seguridad» que permite una protección temporal contra los efectos negativos de un gran incremento de las importaciones. De acuerdo con la legislación comunitaria [17] por la que se aplica el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, se pueden adoptar medidas de salvaguardia en las siguientes circunstancias: si, a resultas de una evolución imprevista, se estuviera importando a la Comunidad un producto en tan grandes cantidades y en tales condiciones que ocasionen o amenacen con ocasionar un perjuicio grave a los productores comunitarios de productos similares o directamente competidores. Las medidas de salvaguardia solo se podrán imponer en la medida y durante el tiempo que sean necesarios para impedir o reparar el perjuicio.

[17] Reglamento (CE) nº 3285/94 del Consejo sobre el régimen común aplicable a las importaciones.

2.2.2. Procedimiento

Las investigaciones se llevan a cabo de conformidad con las normas de procedimiento establecidas en los Reglamentos de base. Dichas normas garantizan una actuación transparente, justa y objetiva, concediendo considerables derechos procesales a las partes interesadas. Además, los resultados de las investigaciones de salvaguardia se publican en el Diario Oficial, y la Comunidad está obligada a justificar sus decisiones en esta publicación.

Inicio

Uno o más Estados miembros informan a la Comisión cuando la evolución de las importaciones de un determinado producto pudiera hacer necesario recurrir a medidas de salvaguardia. La información debe contener pruebas disponibles, según los siguientes criterios: a) volumen de las importaciones, b) precio de las importaciones, c) evolución de algunos factores económicos, como la producción, el uso de la capacidad, las existencias, las ventas, la cuota de mercado, el precio, los beneficios, el empleo, etc. y d) factores distintos de las tendencias. Cuando hay una amenaza de perjuicio grave, la Comisión debe examinar además si es claramente previsible que una situación concreta pueda transformarse en perjuicio real.

Esta información es transmitida de inmediato por la Comisión a todos los demás Estados miembros, celebrándose consultas en esta fase en el marco del Comité Consultivo sobre Salvaguardias. Si existen pruebas suficientes para justificar la apertura de una investigación, la Comisión publica un anuncio de inicio en el Diario Oficial en el plazo de un mes a partir de la recepción de la información y comienza la investigación, actuando en cooperación con los Estados miembros.

Medidas provisionales

Se pueden imponer medidas provisionales en cualquier fase de la investigación. Serán aplicadas cuando existan circunstancias críticas en las que cualquier tipo de retraso supondría un perjuicio difícilmente reparable y que hagan necesaria una actuación inmediata, y cuando de forma provisional se hubiese determinado que existen pruebas suficientes de que un aumento de las importaciones ha ocasionado o amenaza con ocasionar un perjuicio grave.

Sin embargo, la duración de las medidas provisionales no puede ser superior a 200 días (es decir, seis meses).

Medidas definitivas

Si, al final de la investigación, la Comisión considera que son necesarias medidas de salvaguardia definitivas, tomará las decisiones necesarias en un plazo máximo de nueve meses a partir del inicio de la investigación, fase durante la cual se publican los resultados de la investigación en el Diario Oficial. En circunstancias excepcionales, este plazo podrá ampliarse hasta un máximo de dos meses más, publicándose un anuncio en el Diario Oficial en el que se especifique la duración de la prórroga y un resumen de las razones que la justifican.

Sólo se aplicarán medidas de salvaguardia en la medida en la que permitan impedir o reparar un perjuicio grave, manteniendo así en lo posible los flujos de comercio tradicionales. En cuanto a la forma de las medidas, la Comunidad elegirá las más adecuadas para conseguir estos objetivos. Tales medidas pueden consistir en contingentes cuantitativos, contingentes arancelarios, etc.

Duración y revisión de las medidas

La duración de las medidas de salvaguardia se limitará al tiempo necesario para impedir o reparar un perjuicio grave y para facilitar el ajuste por parte de los productores comunitarios, pero no deberá sobrepasar los cuatro años, incluida la duración de las medidas provisionales, en su caso. En determinadas circunstancias podrá ser necesaria una prórroga, pero el periodo total de aplicación de las medidas de salvaguardia no podrá sobrepasar los ocho años.

En caso de que la duración de la medida de salvaguardia sobrepase un año, dicha medida deberá ser progresiva y periódicamente liberalizada durante el periodo de aplicación. Si la duración sobrepasa los tres años, la Comisión deberá consultar con el Comité Consultivo sobre Salvaguardias a fin de estudiar los efectos de la medida, examinar si es apropiado acelerar el ritmo de liberalización y verificar si sigue siendo necesario mantener la medida. Dependiendo de las consultas, las medidas podrán ser derogadas o modificadas.

3. SERVICIOS ENCARGADOS DE LOS INSTRUMENTOS DE DEFENSA COMERCIAL

En abril de 2002 se produjo una reestructuración de los servicios antidumping y antisubvenciones, que se plasmó en la creación de una Dirección que se ocupa de todos los instrumentos de defensa comercial. La Dirección está formada actualmente por cinco unidades: la Unidad 1 se ocupa de las políticas y los aspectos generales (incluida la OMC y la oficina de reclamaciones) y la Unidad 2 hace un seguimiento de las medidas antidumping, antisubvenciones y de salvaguardia aplicadas por terceros países. Las otras tres unidades se ocupan exclusivamente de las investigaciones, abordando tanto los perjuicios como los aspectos de dumping y subvención de la investigación.

4. COOPERACIÓN CON EL PARLAMENTO EUROPEO

En el informe elaborado por el diputado al Parlamento Europeo Michel Hansenne (mencionado en la introducción al presente informe), el Parlamento Europeo proponía varias mejoras de las prácticas actuales, por ejemplo, reducir el plazo para la aplicación de medidas provisionales e introducir unos plazos en las cláusulas de reconsideración. Pedía que las PYME tuvieran mayor acceso a los instrumentos de defensa comercial y que hubiera una mayor transparencia, en particular facilitando el acceso a información y reforzando el derecho de audiencia. Tomaba nota de la nueva situación con respecto a la ampliación y solicitaba a la Comisión que aclarara si los actuales recursos para administrar los instrumentos de defensa comercial eran suficientes. Subrayaba la importancia de conceder a la Comisión los medios que considera necesarios para hacer frente a las necesidades derivadas de las posibles mejoras mencionadas.

El Parlamento Europeo instaba asimismo a la Comisión a que presentara propuestas en el marco de las negociaciones de la OMC (Conferencia Ministerial de Cancún) que permitieran armonizar las investigaciones, aumentar la transparencia e impedir la elusión. También insistía en que la regla del derecho inferior y la prueba del interés público, aspectos que ya se ponen en práctica a nivel comunitario, se convirtieran en un requisito de la OMC. Recomendaba, por otra parte, introducir medidas generales para reducir costes para las empresas sometidas a investigación. Proponía además varias cuestiones para mejorar el mecanismo de solución de diferencias de la OMC y solicitaba que el acuerdo sobre las salvaguardias se añadiera al programa de negociación.

La Comisión acogió favorablemente el informe y sus recomendaciones, que llegaban en un momento muy oportuno: las negociaciones de la OMC de Doha estaban a punto de cobrar impulso y en ellas las medidas antidumping ocupaban un lugar destacado.

La Comisión reconoció en general su interés por estudiar las propuestas formuladas por el Parlamento Europeo, en particular en áreas como la reducción de los plazos, la reducción de costes y la simplificación de los procedimientos para las PYME. Al mismo tiempo, destacó la necesidad de evaluar los efectos sobre sus recursos.

La Comisión hizo hincapié en que ya había propuesto ya varios temas, que coinciden plenamente con las propuestas del Parlamento Europeo en el marco de las negociaciones de Doha sobre los instrumentos de defensa comercial (véase el punto 12.2). Concretamente, la Comisión seguirá defendiendo que los mismo criterios estrictos sean aplicados a escala mundial, con lo que se conseguiría que los exportadores comunitarios no estuvieran en desventaja.

También están muy avanzados los preparativos para una transición sin problemas tras la ampliación de la UE. Se han entablado contactos con los países candidatos, se han mantenido sesiones de información y hay otras sesiones de información previstas.

A este respecto, los servicios que se ocupan de los instrumentos de defensa comercial han desarrollado un «plan de actuación» a fin de que los países candidatos entren en los mecanismos desde el primer día de su adhesión. Este plan de actuación prevé que los citados servicios guíen a los países candidatos a través del proceso preparatorio de la adhesión, entre otras cosas por medio de una serie de seminarios e intercambios de opiniones e información. Los actos van dirigidos tanto a las administraciones de los países candidatos como a todos los agentes económicos afectados y tendrán lugar tanto en Bruselas como en las capitales de los países candidatos a fin de alcanzar a tantos participantes como sea posible.

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INVESTIGACIONES Y MEDIDAS ANTIDUMPING Y ANTISUBVENCIONES

5.1. Nuevas investigaciones

A finales de 2002, la Comunidad aplicaba 174 medidas antidumping [18] y 19 medidas compensatorias. Las medidas antidumping afectaban a 65 productos y 34 países (véase el anexo O), y las medidas compensatorias a 14 productos y 8 países (véase el anexo P). La gran mayoría de las medidas se presentaba en forma de derechos, pero, en un número considerable de casos, se aceptaron compromisos.

[18] Las medidas se contabilizan por productos y por países afectados.

De las medidas vigentes a finales de 2002, 32 se referían a China, 24 a la India, 15 a Taiwán, 12 a Tailandia, 11 a la República de Corea, 11 a Rusia, 9 a Indonesia, 6 a Japón y 15 medidas eran aplicables a países con economía en transición o sin economía de mercado, entre ellos Ucrania, con 10 medidas, y Bielorrusia, con 5 medidas. 31 de las medidas afectaban a uno o más de los 10 países de Europa central y oriental (PECO) [19].

[19] Estos países son: Rumania, Bulgaria, República Eslovaca, República Checa, Eslovenia, Hungría, Polonia, Letonia, Lituania y Estonia.

Sin embargo, para tener una visión más realista del efecto de las medidas antidumping, hay que tener en cuenta el volumen de intercambios del producto afectado, que varía considerablemente en función del sector. Los mayores volúmenes de intercambios suelen ser generados por productos de alta tecnología y gran valor, como los del sector de la electrónica. Hay que señalar que, en 2002, sólo el 0,5% [20] de todas las importaciones a la Comunidad resultó afectado por medidas antidumping o antisubvenciones.

[20] Fuente: Comext.

CUADRO 1

Nuevas investigaciones antidumping y antisubvenciones

durante el periodo 1 de enero de 1998 - 31 de diciembre de 2002 [21]

[21] El inicio de un asunto que afecta a varios países se contabiliza como investigaciones o procedimientos independientes por cada país.

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5.2. Investigaciones de reconsideración

Las medidas antidumping, incluidos los compromisos con respecto a los precios, pueden someterse, de acuerdo con el Reglamento de base, a cinco tipos de reconsideración distintos: reconsideraciones por expiración (apartado 2 del artículo 11), reconsideraciones provisionales (apartado 3 del artículo 11), reconsideraciones por nuevos exportadores (apartado 4 del artículo 11), investigaciones antiabsorción (artículo 12) e investigaciones de elusión (artículo 13).

También las medidas antisubvenciones pueden someterse, de acuerdo con el Reglamento de base, a cinco tipos de reconsideraciones: reconsideraciones por expiración (artículo 18), reconsideraciones provisionales (artículo 19), investigaciones antiabsorción (apartado 3 del artículo 19), reconsideraciones aceleradas (artículo 20) e investigaciones de elusión (artículo 23).

Estas reconsideraciones siguen representando una parte esencial del trabajo de los servicios de la Comisión que se ocupan de los instrumentos de defensa comercial. En el período 1998-2002, se inició un total de 198 investigaciones de reconsideración, que representaron casi el 50% de todas las investigaciones.

En 2002, se iniciaron 55 reconsideraciones. De ellas, 13 fueron reconsideraciones por expiración, 36 reconsideraciones provisionales, 1 reconsideración por nuevos exportadores, 2 reconsideraciones aceleradas, 1 investigación antiabsorción y 2 investigaciones de elusión.

En los anexos F a K figura una síntesis de las investigaciones de reconsideración en 2002. El cuadro 2 muestra la información estadística de los años 1998- 2002.

CUADRO 2

Reconsideraciones de investigaciones antidumping y antisubvenciones

durante el periodo 1 de enero de 1998 - 31 de diciembre de 2002 [22]

[22] El inicio de un asunto que afecta a varios países se contabiliza como investigaciones o procedimientos independientes por cada país.

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Los detalles sobre las conclusiones figuran en el apartado 6.2.

6. SÍNTESIS DE LAS ACTIVIDADES EN 2002

6.1. Nuevas investigaciones

6.1.1. Inicios

En 2002 se abrieron 23 investigaciones. Tres de ellas se referían a investigaciones antisubvenciones y afectaron a 13 productos distintos de 14 países diferentes. Los detalles de estas investigaciones figuran en el anexo A. Los países más afectados fueron China, con 4 investigaciones, Rusia y la India, con 3 investigaciones cada uno, seguidos de Indonesia y las Islas Feroe, con 2 investigaciones cada uno. En cuanto a los productos, los sectores más afectados son el siderúrgico y el de las industrias químicas e industrias conexas.

En el quinquenio de 1998 a 2002, se iniciaron 202 investigaciones sobre importaciones procedentes de 41 países. Los principales sectores afectados por las investigaciones fueron la siderurgia, con 72 investigaciones, las industrias químicas e industrias conexas, con 55 investigaciones, y las industrias textiles e industrias conexas, con 27 investigaciones. En el anexo B(A) figura un desglose de los sectores de productos.

Los principales países afectados durante el periodo 1998-2002 fueron la India, con 28 investigaciones, la República Popular de China, con 24 investigaciones, Corea, con 20 investigaciones, y Taiwán, con 13 investigaciones. Las investigaciones iniciadas durante los cinco últimos años están desglosadas por países de exportación en el anexo B(B).

A continuación figura la lista por orden alfabético de los asuntos iniciados en 2002, así como los nombres de los denunciantes Se puede obtener más información en el Diario Oficial al que se hace referencia en el anexo A.

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6.1.2. Medidas provisionales

En 2002, se impusieron derechos provisionales en 17 procedimientos, dos de ellos contra subvenciones. Se referían a importaciones de 13 países diferentes. Tal como se muestra en el cuadro 1 (véase el punto 5.1), hay que comparar esta cifra con los 18 casos del año 2001 y los 48 de 2000.

A continuación figura la lista por orden alfabético de los asuntos en los que se impusieron medidas provisionales durante 2002, junto con la o las medidas impuestas. Se puede obtener más información en el Diario Oficial en el que se hace referencia en el anexo C.

>SITIO PARA UN CUADRO>

6.1.3. Medidas definitivas

6.1.3.1. Síntesis

Durante el año 2002, se impusieron derechos definitivos en 28 asuntos, tres de ellos referidos a procedimientos antisubvenciones. Afectaron a importaciones procedentes de 20 países diferentes y a 9 productos. A la cabeza estuvo la India, con 4 investigaciones, seguida de la República Popular de China, con 3 investigaciones, Ucrania, Indonesia y la República Checa, con 2 investigaciones, y todos los demás países, con una investigación cada uno.

A continuación figura la lista por orden alfabético de los asuntos en los que se impusieron medidas definitivas durante 2002, junto con la o las medidas impuestas. Se puede obtener más información en el Diario Oficial al que se hace referencia en el anexo D. En éste se ofrece además información suplementaria sobre los volúmenes de importación y de consumo.

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6.1.3.2. Detalles de algunos asuntos (por orden cronológico)

1. Urea originaria de Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Estonia, Lituania, Libia, Rumania y Ucrania

La urea se produce a partir de gas natural y puede adoptar una forma líquida o sólida. Se utiliza esencialmente como abono en agricultura y como materia prima de ciertas colas y resinas en el sector industrial.

La investigación se inició originalmente contra diez terceros países. Sin embargo, en dos de ellos (Egipto y Polonia) se determinó que el margen de perjuicio era mínimo y se dio por concluida la actuación. El Consejo impuso medidas definitivas contra los ocho países restantes el 19 de enero de 2002, en forma de importes específicos de entre 4,12 y 18,80 euros por tonelada, a la vez que se aceptaron dos ofertas de compromisos de productores exportadores de Bulgaria y Lituania con respecto a los precios.

El interés económico de este asunto era bastante elevado. El consumo comunitario durante el periodo de investigación fue de unos 6,4 millones de toneladas, y el valor de las importaciones totales de los países en cuestión durante el mismo periodo ascendió a unos 172 millones de euros.

El asunto no sólo revestía importancia por el interés económico en juego, sino también por otros diversos aspectos como el número de países candidatos a la adhesión afectados, el hecho de que por vez primera se aplicara el trato de economía de mercado a empresas ucranianas y que los márgenes de perjuicio se calcularan para cada productor comunitario y no para el conjunto del sector.

Dumping

Fueron objeto del procedimiento un número relativamente alto de países candidatos a la adhesión. Dichos países gozaban de un trato preferencial según lo previsto en los acuerdos europeos [23] y en la Declaración del Consejo Europeo de Essen de 28 de noviembre de 1994 (Declaración de Essen). Este asunto fue el primero en el que se reconoció que Ucrania era una economía en transición y en el que se determinó individualmente si ciertos productores exportadores operaban en condiciones de una economía de mercado. Así, el trato reservado a las economías de mercado se aplicó a dos empresas ucranianas, utilizándose para calcular el margen de dumping los precios interiores y los costes reales de esas dos empresas. La solicitud de una tercera empresa ucraniana fue rechazada porque ni sus precios ni sus costes estaban determinados por las fuerzas del mercado. Sin embargo, puesto que el Estado no podía intervenir en las actividades de exportación de dicha empresa, y no había riesgo de elusión de las medidas antidumping, se calculó un derecho individual para ese exportador basado en sus precios de exportación. El valor normal se basó en los precios interiores en un país análogo, en este caso EE.UU.

[23] Bulgaria: DO L 358 de 31.12.1994, p.3; Estonia: DO L 68 de 9.3.1998, p.3; Lituania: DO L 51 de 20.2.1998, p.3; Polonia: DO L 348 de 31.12.1993, p.2; Rumania: DO L 357 de 31.12.1994, p.2.

Perjuicio y causalidad del perjuicio

La investigación mostró que la competencia en el mercado comunitario tenía lugar entre productores exportadores y productores comunitarios. Se encontraron considerables diferencias de precios entre los productores comunitarios según que estuvieran instalados cerca de sus principales mercados o de sus proveedores de materias primas. Dado que la situación geográfica ejercía una influencia considerable en los costes soportados por cada productor, las comparaciones de precios referidas al conjunto de la Comunidad no eran en exceso fiables. Por ello, se llegó a la conclusión de que cualquier perjuicio a la industria comunitaria se tendría que valorar teniendo en cuenta la situación real del mercado y los datos específicos verificados correspondientes a cada empresa. En consecuencia, los márgenes de perjuicio se calcularon comparando los precios de cada productor comunitario con los precios de cada productor exportador que había cooperado. Sobre esta base, los márgenes de perjuicio encontrados oscilaban entre el 3,89% y el 21,04%.

Interés comunitario

Otro importante aspecto de este asunto era el interés demostrado por los agricultores y sus representantes como grandes usuarios de urea. Por consiguiente, la Comisión examinó el efecto de todas las medidas antidumping contra los fertilizantes a fin de valorar el efecto acumulativo en los agricultores. El examen se independizó de cualquier procedimiento concreto. Los resultados mostraron que, ya fuera aisladamente o en combinación de las demás medidas vigentes, la repercusión de los derechos antidumping sobre la urea apenas incidiría en los costes para los agricultores. Esta repercusión no era suficiente para llegar a la conclusión de que las medidas definitivas iban en contra del interés comunitario.

Tomando en consideración todos los factores, se impusieron medidas definitivas en función de los márgenes de perjuicio encontrados, excepto para Lituania, donde el margen de dumping establecido para el único productor exportador lituano conocido era inferior al margen de perjuicio. En aplicación de la regla del derecho inferior, el derecho aplicable a este productor exportador se basó en el margen de dumping. La Comisión aceptó el compromiso de precio ofrecido por esta empresa y del mismo modo el precio mínimo se calculó basándose en el margen de dumping.

2. Ferromolibdeno originario de la República Popular de China

Por primera vez, la Comisión Europea tuvo que retirar el estatuto de economía de mercado a un exportador chino porque las pruebas demostraron que la industria china planeaba hacer un uso abusivo de ese exportador para canalizar libremente las exportaciones de otros productores.

Como es habitual en los asuntos contra China, el procedimiento se inició invitando a todos los exportadores a que solicitaran el trato de economía de mercado. Esta condición se otorga a las empresas de países con economías en transición que puedan demostrar que son independientes de la influencia del Estado y que puedan tomar sus decisiones empresariales libremente y basándose exclusivamente en consideraciones comerciales. En este asunto, solicitaron el trato de economía de mercado 6 exportadores, pero sólo uno, que representaba en torno al 4,5% de las exportaciones totales a la Comunidad, fue aceptado tras la investigación y verificación por parte de la Comisión. En el momento de imponer medidas provisionales, el derecho calculado para este exportador fue considerablemente inferior al de todos los demás exportadores.

Una vez establecidas las medidas provisionales, los servicios que se ocupan de los instrumentos de defensa comercial recibieron una indicación de un productor comunitario de que la industria china de ferromolibdeno planeaba eludir los derechos impuestos, extremo que fue demostrado por la investigación posterior de la Comisión.

Se determinó que la Cámara China de Comercio y Metales (CCCMC) y la asociación de productores chinos de ferromolibdeno habían creado una agrupación de productores chinos de ferromolibdeno, que sumaba el 70% de la producción en China, y la cual había acordado aplicar restricciones de precios y cuantitativas a las exportaciones de ferromolibdeno a la Comunidad. La agrupación reunía a 25 productores, la mayoría de propiedad estatal y que, por consiguiente, decidieron no solicitar el trato de economía de mercado ni cooperar en el procedimiento. A los productores en cuestión se les concedieron unos contingentes de exportación específicos, que al parecer se habían calculado teniendo en cuenta el nivel de sus derechos antidumping provisionales. Así pues, a las empresas a las que se aplicaban unos derechos bajos se les asignaron unos contingentes desproporcionadamente elevados. La empresa a la que le se había concedido el trato de economía de mercado y tenía el derecho más bajo (3,6%) se le asignó un contingente de exportación por encima de su capacidad de producción, correspondiente a más de una tercera parte de la cantidad total que la agrupación se proponía exportar a la Comunidad. Ello, en opinión de la Comisión, era un intento claro y deliberado de canalizar las exportaciones de una empresa a través de otra que gozaba de un menor derecho antidumping, con el propósito de evitar pagar derechos antidumping mucho más elevados.

Por consiguiente, la Comisión, en la fase definitiva retiró el trato de economía de mercado a la empresa por el intento evidente de abuso.

El exportador del que se retiró el trato de economía de mercado ha presentado un recurso de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia, donde el asunto está pendiente.

3. Discos compactos gravables originarios de Taiwán

En junio de 2002, el Consejo impuso unos derechos antidumping definitivos a los discos compactos gravables (CD-R) tailandeses. La denuncia fue presentada por CECMA (la asociación de fabricantes europeos) en marzo de 2001. Se impusieron medidas provisionales en diciembre de 2001.

Los CD-R son unos productos de alta tecnología relativamente recientes que no se difundieron entre el público en general hasta 1997/1998, periodo en el que se crearon las primeras plantas de producción en la Comunidad. La fabricación de CD-R forma parte del sector de producción de soportes gravables, que abarca una amplia gama de productos de alta tecnología.

El mercado comunitario de CD-R se ha disparado de 160 millones de unidades en 1997 a unos 2.000 millones en 2000. Pero la investigación mostró que la capacidad de producción de CD-R taiwanesa se estaba multiplicando hasta el punto de poder satisfacer la demanda mundial estimada.

Investigación del dumping y del perjuicio

La investigación mostró que los CD-R taiwaneses se vendían en el mercado comunitario por un precio inferior a los costes de producción y entre un 17,7% y un 29,9% por debajo del precio de venta en Taiwán.

En el mercado comunitario, los precios de importación taiwaneses se redujeron hasta un 73%. Sin embargo, entre 1997 y 2000 (el periodo investigado), aunque los productores comunitarios tuvieron que seguir la tendencia a la baja, los precios taiwaneses en el mercado comunitario seguían siendo muy inferiores. Practicando una presión de precios a la baja en el mercado de la Comunidad, los exportadores taiwaneses sacaron el máximo partido del crecimiento del mercado y su mercado pasó de aproximadamente el 6% en 1997 al 60% en 2000. Mientras tanto, la industria comunitaria apenas aumento su cuota de mercado del 12% al 13%.

Esta situación causó dificultades financieras, pérdidas y, en consecuencia, perjuicios importantes para la industria comunitaria. Además, los productores comunitarios tenían problemas para obtener capital adicional y se vieron obligados a reducir considerablemente sus inversiones. Esto resulta especialmente perjudicial en los productos de alta tecnología. El perjuicio para la industria comunitaria fue especialmente acusado entre 1999 y el periodo de la investigación, cuando las importaciones taiwanesas en el mercado comunitario aumentaron exponencialmente, y ejercieron una presión a la baja de una 29% por término medio sobre los precios de la industria comunitaria.

Causalidad e interés comunitario

Durante la investigación se abordaron otros factores, concretamente el desarrollo del consumo, las importaciones desde terceros países y los resultados de las exportaciones de la industria comunitaria, pero se llegó a la conclusión de que las importaciones desde Taiwán habían sido una causa principal del perjuicio sufrido.

La investigación reveló que la ausencia de medidas pondría en peligro no solo la producción comunitaria de CD-R, sino también el conjunto de la producción de soportes para grabación, que abarca una amplia gama de productos que van de las disquetes a los DVD. No se hallaron razones convincentes en nombre del interés comunitario que pudieran superar a la necesidad de imponer medidas.

Cabe señalar que la imposición de medidas antidumping fue contestada por dos exportadores taiwaneses. El asunto está pendiente de sentencia en el Tribunal de Primera Instancia.

4. Ácido sulfanílico originario de la República Popular de China y la India (AD) y originario de la India (AS)

El Consejo impuso el 4 de julio de 2002 unos derechos antidumping definitivos para ambos países y un derecho compensatorio para la India. Los derechos se impusieron en el nivel de los márgenes de dumping y subvención, que, según se constató, eran mucho menores que el nivel de eliminación del perjuicio. Los derechos globales impuestos a los países en cuestión no eran muy diferentes: el 21% en el caso de China y el 25,4% en el de la India. Hay que señalar que el derecho global para la India comprende un derecho antidumping del 18,3% y un derecho compensatorio del 7,1%.

En lo que respecta a la India, cabe precisar que el tipo del derecho antidumping se calculó restando al margen de dumping (24,6%) el porcentaje de las subvenciones a la exportación calculadas durante la investigación (6,3%). Esta es la práctica seguida habitualmente por las instituciones a fin de evitar una protección en exceso costosa.

La particularidad del asunto antisubvenciones fue que, en el transcurso de la investigación, se descubrieron dos regímenes de subvenciones que no se habían alegado inicialmente en la denuncia. Por lo tanto, se amplió el alcance de la investigación a fin de tenerlos en cuenta. Se encontró que ambos habían aportado al exportador en cuestión unos beneficios sujetos a derechos compensatorias y contribuyeron al derecho compensatorio impuesto en 4 puntos porcentuales.

La parte antidumping del asunto no presenta cuestiones de especial interés. Sin embargo, hay que señalar que se rechazó a un productor chino el trato de economía de mercado, debido a las restricciones de sus operaciones de importación y exportación.

Por último, hay que señalar que el único productor y exportador indio ofreció un compromiso con respecto a los precios que fue aceptado por la Comisión.

6.1.4. Investigaciones concluidas sin medidas

Conforme a las disposiciones de los Reglamentos de base respectivos, las investigaciones pueden darse por concluidas sin la imposición de medidas si se retira una denuncia o si las medidas son innecesarias (es decir, a falta de dumping, subvención o perjuicio, o en caso de que las medidas no redunden en interés de la Comunidad).

En 2002, se concluyeron sin medidas 2 nuevos procedimientos antidumping y 3 nuevos procedimientos antisubvenciones, frente a 12 en 2001 y 32 en 2000.

A continuación figura la lista por orden alfabético de los asuntos que se concluyeron sin la imposición de medidas durante 2002. Se puede obtener más información en el Diario Oficial al que se hace referencia en el anexo E.

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6.2. Investigaciones de reconsideración

6.2.1. Reconsideraciones por expiración

El apartado 2 del artículo 11 y el artículo 18 de los Reglamentos de base prevén la expiración de las medidas después de cinco años, a menos que una reconsideración por expiración demuestre que deben mantenerse en su forma original.

En 2002, se permitió que expiraran automáticamente 14 medidas. Sus referencias figuran en el anexo N.

Desde que entró en vigor en 1985 la disposición de los Reglamentos de base relativa a la expiración, en total se han dejado expirar automáticamente 327 medidas.

6.2.1.1. Inicios

Durante 2002, se iniciaron 13 investigaciones de reconsideración por expiración.

A continuación figura la lista por orden alfabético de estos asuntos, así como los nombres de los denunciantes. Debe señalarse que algunas reconsideraciones por expiración se llevan a cabo paralelamente a las reconsideraciones provisionales, que permiten la modificación de los tipos del derecho. En tal caso, estas reconsideraciones van marcadas con un asterisco. Se puede encontrar más información en el Diario Oficial al que se hace referencia en el anexo F.

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6.2.1.2. Reconsideraciones concluidas con la confirmación de los derechos

Durante 2002 se concluyeron 12 reconsideraciones por expiración con la confirmación del derecho. Debe señalarse que algunas reconsideraciones por expiración se llevan a cabo paralelamente a las reconsideraciones provisionales, que permiten la modificación de los tipos del derecho. Estas reconsideraciones están marcadas con un asterisco.

A continuación figura la lista por orden alfabético de los asuntos que se concluyeron con la confirmación del derecho durante 2002, junto con el resultado de la investigación. Se puede obtener más información en el Diario Oficial al que se hace referencia en el anexo F.

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6.2.1.3. Detalles de algunos asuntos (por orden cronológico)

1. Receptores de televisión en color originarios de la República Popular de China, la República de Corea, Malasia y Tailandia

Se trataba de una reconsideración de las medidas impuestas en abril de 1995 contra Malasia, la República Popular de China, la República de Corea, Singapur y Tailandia. Se volvieron a imponer los derechos sobre las importaciones procedentes de todos los países, excepto Singapur, ya que pareció improbable que los productores de este país practicaran dumping en el futuro.

El asunto era especialmente difícil, pues planteaba dos grandes dificultades.

La primera dificultad estribaba en la complejidad de las normas de origen específicas aplicables a las importaciones de televisores en color y en que la Comisión se debía asegurar de que el derecho impuesto pudiera ser efectivamente cobrado por las autoridades aduaneras. Como ya se comunicó en el informe anual de 2001, una considerable proporción de los televisores en color importados de Turquía resultaron ser originarios en realidad de países para los que se habían establecido derechos antidumping. Puesto que tales televisores en color se declaraban incorrectamente al importarlos como procedentes de Turquía, se dejó de percibir una parte considerable de los derechos, calculada, de forma conservadora, entre 35 y 90 millones de euros. Ello dio lugar a la intervención de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que abrió una investigación en enero de 2002. Esta investigación está en marcha.

Ahora se han incluido en la parte operativa del reglamento disposiciones especiales que permiten determinar con mayor precisión el origen de los televisores en color y permiten, por lo tanto, una aplicación más efectiva por parte de las autoridades aduaneras.

La segunda particularidad era que los chinos ofrecieron un compromiso poco habitual y que la Comisión, antes de aceptar la oferta, debía asegurarse de que era práctica y efectiva. El compromiso fue ofrecido conjuntamente por siete empresas y por la cámara de comercio china para la importación y exportación de maquinaria y productos electrónicos (CCME). Por lo tanto, se tuvo que tratar con muchas partes paralelamente. La oferta combinaba elementos de precio y elementos cuantitativos. Los siete productores ofrecían vender a unos precios definidos hasta unos determinados límites cuantitativos. El derecho antidumping vigente sólo se percibiría si se superaran los límites pertinentes.

Durante la negociación del compromiso, se comprobó que estaban en juego intereses europeos más amplios, concretamente, operaciones de productores comunitarios en la República Popular de China. Los chinos subrayaron que era necesario encontrar un equilibrio global. Por lo general, la industria comunitaria critica cualquier propuesta de compromiso. Esta vez, una parte de la industria comunitaria reaccionó positivamente e incluso animó a la Comisión a que aceptara el compromiso propuesto.

2. Fibras discontinuas de poliéster originarias de Bielorrusia

En julio de 1996 se impusieron derechos definitivos sobre las fibras discontinuas de poliéster procedentes de Bielorrusia, y se extendieron en 1997 a los cables de filamentos sintéticos de poliéster para evitar la elusión de las medidas originales. Puesto que se considera que Bielorrusia no tiene una economía de mercado, el margen de dumping se calculó tomando como base los costes en un país análogo (Taiwán).

En 2001 se inició una reconsideración de las medidas para investigar dos denuncias contrapuestas. Por un lado, el único exportador de Bielorrusia afirmaba que los precios interiores de Taiwán habían sufrido cambios duraderos, que se traducían en un valor normal más bajo y hacían disminuir, por lo tanto, el nivel de dumping. Por otro lado, los productores comunitarios aseguraban que la expiración de las medidas conllevaría una reaparición del dumping perjudicial.

Se constató que, aunque las exportaciones efectivas de fibras discontinuas de poliéster a la Comunidad por parte del productor bielorruso habían disminuido entre 1997 y 2001, el productor había mantenido una considerable capacidad de producción no utilizada de la que disponía para poder reanudar las exportaciones al mercado comunitario. Por otra parte, se encontró que el productor todavía practicaba dumping, aunque a un menor nivel (21%), y que también estaba exportando fibras discontinuas de poliéster con dumping a otros terceros países.

Al mismo tiempo, los productores comunitarios no habían podido beneficiarse plenamente del crecimiento del mercado interno y sus márgenes de beneficio resultaban mermados porque los incrementos de costes aventajaban a cualquier subida de precios. Se vio, pues, que la situación de la industria comunitaria seguía siendo vulnerable, y esa vulnerabilidad contrastaba con la habilidad y el deseo del productor bielorruso de vender grandes volúmenes de fibras discontinuas de poliéster de importación a un bajo precio sometido a dumping.

Teniendo en cuenta todos los factores, y en la ausencia de cambios previsibles, se llegó a la conclusión de que si las medidas dejaban de tener efecto, ello favorecería una reaparición de las importaciones con dumping procedentes de Bielorrusia en el mercado comunitario. Por consiguiente, en octubre de 2002, el Consejo impuso un derecho antidumping definitivo a las fibras discontinuas de poliéster originarias de Bielorrusia, pero lo redujo del 43% al 21% teniendo en cuenta el cálculo revisado del dumping.

6.2.1.4. Reconsideraciones por expiración concluidas

Durante 2002, se dieron por concluidas 6 reconsideraciones por expiración. Debe señalarse que algunas reconsideraciones por expiración se llevan a cabo paralelamente a reconsideraciones provisionales. Estas reconsideraciones van marcadas con un asterisco.

A continuación figura la lista por orden alfabético de los asuntos que se dieron por concluidos durante 2002, junto con el resultado de la investigación. Se puede encontrar más información en el Diario Oficial al que se hace referencia en el anexo F.

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6.2.1.5. Detalles de algunos asuntos (por orden cronológico)

1. Discos magnéticos (microdiscos de 3,5 pulgadas) originarios de Taiwán

En abril de 1998 se inició una reconsideración por expiración de las medidas impuestas inicialmente en octubre de 1993 a las importaciones originarias de Japón, la República Popular de China y Taiwán.

El 18 de febrero de 2002, el Consejo llegó a la conclusión de que las medidas debían mantenerse como estaban con respecto a las importaciones originarias de Japón y la República Popular de China, pero que la reconsideración debía concluir sin una continuación de las medidas en el caso de las importaciones originarias de Taiwán.

El procedimiento con respecto a Taiwán se concluyó sobre la base de que la única empresa taiwanesa que cooperaba, CIS Technology Inc., a la que correspondieron prácticamente todas las exportaciones del producto en cuestión a la Comunidad durante el periodo de investigación, había cesado la producción de microdiscos de 3,5 pulgadas al cerrar su departamento de medios de almacenamiento. Por lo tanto, se consideró que no había un riesgo grave de reaparición del dumping de Taiwán.

6.2.2. Reconsideraciones provisionales

El apartado 3 del artículo 11 y el artículo 19 del Reglamento de base prevén la reconsideración de medidas durante su período de validez por iniciativa de la Comisión, a petición de un Estado miembro o, siempre que haya transcurrido por lo menos un año desde la imposición de la medida definitiva, como respuesta a una solicitud que contenga pruebas suficientes de un exportador, de un importador o de los productores comunitarios. Al llevar a cabo las investigaciones, se examina, entre otras cosas, si han cambiado en gran medida las circunstancias en materia de dumping y perjuicio. Las reconsideraciones pueden limitarse a aspectos del dumping o de la subvención, así como del perjuicio.

Durante 2002, se iniciaron en total 36 reconsideraciones provisionales. Sin embargo, 15 de las mismas eran reconsideraciones provisionales parciales de un tipo específico, limitadas, concretamente, a la forma de las medidas existentes que no parecían suficientes para contrarrestar el dumping que había causado el perjuicio y/o que no respondía a las situaciones en las que la mercancía importada había resultado dañada antes de su entrada en libre circulación.

Nueve reconsideraciones provisionales se concluyeron con la confirmación o la modificación del derecho y 10 investigaciones se dieron por concluidas. A continuación figura la lista por orden alfabético de los asuntos que se concluyeron durante 2002, junto con el resultado de la investigación. El asterisco se refiere a las reconsideraciones provisionales y por expiración paralelas. Se puede obtener más información en el Diario Oficial al que se hace referencia en el anexo G.

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6.2.3. Otras reconsideraciones «provisionales»

Durante 2002 se concluyeron otras reconsideraciones que no estaban contempladas en el apartado 3 del artículo 11 o en el artículo 19 del Reglamento de base o para las que no se publicó ningún anuncio de inicio en el Diario Oficial.

Consistían, más específicamente en:

- investigaciones llevadas a cabo y concluidas conforme a las disposiciones específicas del Reglamento por el que se establecían las medidas originales cuando se utilizó el muestreo (bicicletas, sistemas de cámaras de televisión)

- investigaciones llevadas a cabo a raíz de un informe del Órgano de Apelación y un informe del Grupo especial adoptados por el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (ropa de cama)

- la aceptación, la retirada voluntaria o el incumplimiento de compromisos (chapas cuarto, paletas de madera, urea, tubos sin soldadura, salmón, cuerdas para atadoras o gavilladoras)

Puede obtenerse más información en el Diario Oficial cuya referencia figura en el anexo H.

6.2.4. Reconsideraciones por nuevos exportadores

Por lo que se refiere a las medidas antidumping, el apartado 4 del artículo 11 del Reglamento de base prevé el inicio de una reconsideración (reconsideración «por un nuevo exportador») con el fin de determinar los márgenes de dumping individuales de los nuevos exportadores del país en cuestión que no exportaban el producto durante el período de investigación.

Estas partes deben demostrar que son auténticos nuevos exportadores, es decir, que no están relacionados con ninguno de los exportadores o productores del país exportador sujetos a las medidas antidumping y que, de hecho, han comenzado a exportar a la Comunidad después del período de investigación o han contraído la obligación contractual irrevocable de exportar a la Comunidad una cantidad considerable.

Cuando se inicia una reconsideración para un nuevo exportador, se derogan los derechos con respecto al mismo. No obstante, sus importaciones deben quedar registradas con arreglo al apartado 5 del artículo 14 del Reglamento de base. De este modo, si la reconsideración determina la existencia de dumping en el caso del nuevo exportador, se pueden cobrar retroactivamente los derechos antidumping a partir de la fecha del inicio de la reconsideración.

En lo que se refiere a las medidas antisubvenciones, el artículo 20 del Reglamento de base prevé la apertura de una reconsideración (reconsideración «acelerada») que permita establecer con celeridad un tipo de derecho compensatorio individual. Todo exportador cuyas exportaciones estén sujetas a un derecho compensatorio definitivo, pero que no haya sido objeto individualmente de la investigación inicial por razones distintas de una negativa a cooperar con la Comisión, puede pedir una reconsideración de este tipo.

En 2002, se iniciaron 1 reconsideración por nuevo exportador y 2 reconsideraciones aceleradas. Desde que la Comisión llevó a cabo las primeras reconsideraciones de este tipo en 1990, se han iniciado en total 37 investigaciones.

En cuanto a las investigaciones concluidas con una imposición o modificación del derecho, se trata de dos reconsideraciones por nuevos exportador y de dos reconsideraciones aceleradas. Por otra parte, se dieron por concluidas una nueva reconsideración por nuevo exportador y tres reconsideraciones aceleradas.

Puede obtenerse más información en el Diario Oficial al que se hace referencia en el anexo I.

6.2.5. Investigaciones antiabsorción

La posibilidad de realizar investigaciones antiabsorción cuando los exportadores soporten, directa o indirectamente, el derecho y aumenten así el margen de dumping sin una modificación suficiente de los precios de reventa está prevista en el artículo 12 y en el apartado 3 del artículo 19 de los Reglamentos de base.

En 2002 se inició una investigación de este tipo. Puede obtenerse más información en el Diario Oficial al que se hace referencia en el anexo J.

6.2.6. Investigaciones de elusión

La posibilidad de reabrir las investigaciones cuando haya pruebas de que las medidas antidumping están siendo eludidas fue introducida por el artículo 13 y el artículo 23 de los Reglamentos de base.

La elusión se define como el cambio de características del comercio entre terceros países y la Comunidad derivado de una práctica, proceso o trabajo para el que no exista una causa o una justificación económica adecuadas distintas del establecimiento del derecho. Si se está produciendo la elusión, los derechos pueden ampliarse a las importaciones procedentes de terceros países de productos similares o de sus partes.

En 2002, se iniciaron dos investigaciones de este tipo y una de ellas se concluyó con un aumento del derecho. Puede obtenerse más información en el Diario Oficial al que se hace referencia en el anexo K.

6.3. Investigaciones de salvaguardia

La Comunidad ha hecho uso pocas veces de medidas de salvaguardia. En 2002, por primera vez desde la entrada en vigor del Acuerdo de la OMC de 1994, se introdujeron medidas comunitarias con respecto a ciertas importaciones de acero, en respuesta a una medida similar adoptada por EE.UU. (véanse más detalles en el capítulo 11).

Por principio, la Comisión considera que las medidas de salvaguardia solamente deben utilizarse como un instrumento excepcional en situaciones de urgencia, y se atuvo rigurosamente a este principio en el reciente asunto sobre el acero. Dentro de la OMC, esta posición ha sido compartida por el Órgano de Solución de Diferencias en varias ocasiones.

La Comisión espera que los socios comerciales de la Comunidad apliquen un planteamiento similar. Sin embargo, cada vez son más los países que adoptan medidas de salvaguardia, a menudo en circunstancias que no parecen estar completamente en consonancia con el artículo XIX del GATT de 1994, con el Acuerdo sobre Salvaguardias y con otras normas de la OMC. Por consiguiente, las actividades de la Comisión en relación con las salvaguardias cada vez se orientan más a defender los intereses exportadores de los productores comunitarios, recurriendo en caso de necesidad ante la OMC (véase el apartado 12.1.2).

Por lo que se refiere a los regímenes comerciales convencionales, la Comisión ha acordado, en el marco de los distintos acuerdos bilaterales de los que es parte, (acuerdos europeos, acuerdos con países mediterráneos, acuerdos de libre comercio con Sudáfrica y México, etc.), introducir cláusulas especiales de salvaguardia que se aplicarían a los asuntos que puedan surgir entre los socios. Estas cláusulas implican normalmente derechos y obligaciones distintos a los que se derivan de las reglas de salvaguardia de la OMC (concretamente, procedimientos especiales de notificación y consulta). A este respecto, la Comisión supervisa cuidadosamente cualquier asunto iniciado por socios con los que haya celebrado acuerdos comerciales preferenciales.

6.3.1. Salvaguardia en los productos siderúrgicos

En marzo de 2002, la Comisión recibió pruebas de que la postura cada vez más proteccionista de EE.UU. en relación con el mercado del acero había causado un gran ascenso de las importaciones de acero a la Comunidad. Basándose en esas pruebas y en las pesquisas preliminares, la Comisión decidió llevar a cabo una investigación completa.

Alcance de la investigación

La investigación abarcó 21 productos siderúrgicos: bobinas laminadas en caliente sin alear, chapas laminadas en caliente sin alear, flejes laminados en caliente sin alear, productos planos aleados laminados en caliente, chapas laminadas en frío, chapas magnéticas (que no sean de acero eléctrico de grano orientado), chapas de revestimiento metálico, chapas de revestimiento orgánico, productos de la línea de estañado, chapas cuarto, planos anchos, laminados comerciales y perfiles ligeros sin alear, laminados comerciales y perfiles ligeros aleados, armaduras, laminados y perfiles ligeros inoxidables, alambrón inoxidable, alambre de acero inoxidable, accesorios (<609,6mm), bridas (que no sean de acero inoxidable), tuberías para gas y perfiles huecos.

Medidas provisionales

Las circunstancias en las que se pueden adoptar medidas provisionales están estrictamente definidas. Sólo se pueden adoptar cuando existan circunstancias críticas en las que un aumento de las importaciones esté ocasionando o amenazando con ocasionar un perjuicio grave a los productores comunitarios, y cuando cualquier demora causaría un daño difícilmente reparable.

Las pesquisas preliminares de la Comisión indicaron que el proteccionismo de EE.UU. había causado un desvío del comercio que había dado lugar a un aumento de las importaciones a la Comunidad que amenazaba con ocasionar un perjuicio grave a los productores comunitarios, los cuales se enfrentaban a una situación crítica. Las importaciones de 15 productos [24] habían aumentado notablemente: de 12,5 millones toneladas en 2000 a 14,2 millones toneladas en 2001, lo que representa un aumento del 13%.

[24] Los productos afectados por las medidas provisionales fueron bobinas laminadas en caliente sin alear, chapas laminadas en caliente sin alear, flejes laminados en caliente sin alear, productos planos aleados laminados en caliente, chapas laminadas en frío, chapas magnéticas (que no sean de acero eléctrico de grano orientado), productos de la línea de estañado, chapas cuarto, planos anchos, laminados comerciales y perfiles ligeros sin alear, laminados comerciales y perfiles ligeros aleados, armaduras, alambrón inoxidable, alambre de acero inoxidable, accesorios (<609,6mm) y bridas (que no sean de acero inoxidable).

El 28 de marzo de 2002, la Comisión adoptó medidas de salvaguardia provisionales en relación con esos 15 productos. El objeto de las medidas era impedir un mayor incremento de las importaciones, manteniendo a la vez el acceso al mercado comunitario. Las medidas eran aplicables por seis meses y adoptaron la forma de contingentes arancelarios fijados en unos niveles generosos (iguales al nivel medio de las importaciones durante el periodo 1999-2001 más un 10%), por encima de los cuales se debían pagar unos derechos de entre el 14,9% y el 26%. De conformidad con las normas de la OMC, las medidas no eran aplicables a las importaciones procedentes de países en desarrollo, salvo aquellos cuyo porcentaje de importaciones del producto en cuestión en la Comunidad sobrepasara el 3%.

Resultados de la investigación

En relación con siete productos siderúrgicos, la investigación confirmó que el creciente proteccionismo de EE.UU. que había culminado en la imposición de medidas de salvaguardia en una amplia serie de productos siderúrgicos el 6 de marzo de 2002, había causado un aumento repentino y sustancial de las importaciones a la Comunidad. De forma conjunta, las importaciones de esos siete productos se habían incrementado de 5,9 millones de toneladas en 1999 a 8,8 millones d toneladas en 2001.

Para determinar si había un perjuicio grave para los productores comunitarios, la Comisión evaluó todos los factores pertinentes de carácter objetivo y cuantificable que influyeran en la situación. Se examinaron y evaluaron el desarrollo de la capacidad de producción, la producción, la utilización de la capacidad, el empleo, la productividad, el flujo de tesorería, el rendimiento del capital invertido, el uso interno, las existencias, el consumo, las ventas, la cuota de mercado, el precio, la subcotización y la rentabilidad de los años 1997 a 2001. Globalmente, se observó una evolución negativa de los indicadores económicos, y la Comisión, por lo tanto, llegó a la conclusión de que los productores comunitarios de los siete productos estaban sufriendo un perjuicio grave.

Por último, la Comisión examinó si había alguna razón imperiosa para no adoptar medidas. Teniendo en cuenta todos los intereses comunitarios (incluidos los de los productores comunitarios, los importadores y los usuarios), la Comisión llegó a la conclusión de que no existían tales razones, y que redundaba en interés de la Comunidad que se adoptaron las medidas.

Medidas definitivas

Se impusieron medidas de salvaguardia definitivas a cinc