Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema «La legislación y las reglamentaciones necesarias para la transición a la moneda única y sus implicaciones para el mercado»

(97/C 56/12)

El 26 de septiembre de 1996, de conformidad con el apartado 3 del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre el tema «La legislación y las reglamentaciones necesarias para la transición a la moneda única y sus implicaciones para el mercado».

La Sección de Asuntos Económicos, Financieros y Monetarios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 16 de octubre de 1996 (Ponente: Sr. Umberto Burani).

En su 339° Pleno (sesión del 31 de octubre de 1996), el Comité Económico y Social ha aprobado 89 votos a favor, 2 votos en contra y 3 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. Al aproximarse el plazo previsto por el Tratado para la constitución de la UEM, los trabajos preparatorios están avanzando considerablemente en diversos ámbitos que requieren la intervención de las autoridades europeas. Según el programa establecido en el «Libro Verde sobre las modalidades de transición a la moneda única» (), la Comisión, de acuerdo con el Instituto Monetario Europeo, elaborará un proyecto de Reglamento del Consejo por el que se creará la infraestructura jurídica para el uso del euro. La Comisión deberá concluir sus trabajos antes de que finalice 1996.

1.2. El presente dictamen del Comité es continuación del aprobado en octubre de 1995 sobre el «Libro Verde sobre las modalidades de transición a la moneda única» () y del dictamen de iniciativa aprobado en septiembre de 1996 sobre «Los efectos de la Unión Económica y Monetaria: aspectos económicos y sociales de la convergencia y sensibilización a la moneda única». Al margen de consideraciones de carácter formal, el Comité Económico y Social estima que su deber concreto es colaborar en la redacción de un proyecto de legislación que no sólo sea coherente con el imperativo de sentar una sólida infraestructura jurídica de la moneda única, sino que además se ajuste a las necesidades del mercado. Es necesario ante todo que el paso se realice con la máxima sencillez posible, sin trabas burocráticas ni reglamentarias y en la medida de lo posible respetando los usos y costumbres de cada uno de los mercados.

1.3. Ni la Comisión ni el Instituto Monetario Europeo han publicado aún ningún documento oficial. Las observaciones expresadas por el Comité se basan, por consiguiente, en el conocimiento de diversos documentos de trabajo y de las orientaciones que sucesivamente se han ido concretando en las distintas instancias. El último documento de la Comisión en el que se basan estas observaciones data del 27 de julio; se han tenido en cuenta las posteriores modificaciones con arreglo al calendario de trabajo y los procedimientos del CES.

2. Observaciones generales

2.1. A estas alturas aún no se sabe a ciencia cierta cuál será el fundamento jurídico de la reglamentación. Para el Comité es importante que las normas entren en vigor en los plazos establecidos y sean válidas para todos los Estados miembros, participen o no en la UME.

2.2. El Comité observa con satisfacción que muchas de las propuestas formuladas en su Dictamen de 26 de octubre de 1995 han sido tenidas en cuenta en los trabajos preliminares de la Comisión; por otro lado, observa que no se han tenido en cuenta algunos aspectos de especial importancia, que se volverán a mencionar en el presente Dictamen.

2.3. En concreto uno de los aspectos que el Comité había puesto de relieve era el de los contratos estipulados entre residentes de países integrados en el espacio de la moneda única, entre residentes de estos últimos y de países acogidos a una excepción y, por último, entre residentes de países con moneda única y residentes de terceros países y sujetos a las leyes de los países acogidos a una excepción o de terceros países (). Estos contratos, latu sensu, incluyen la emisiones de valores mobiliarios y las tasas de rentabilidad de los títulos de renta fija, especialmente si cotizan en bolsas de terceros países. El Comité Económico y Social solicitó a la Comisión y al IME que entablase contactos oficiales «para que el mercado pueda tener la seguridad de que [en lo referente al cumplimiento de las normas contractuales] la introducción de la moneda única no dará lugar a ninguna perturbación en los mercados europeos ni en los de terceros países».

2.4. Al Comité le satisface comprobar que se ha tenido en cuenta su sugerencia, al menos en lo que respecta a los mercados de valores y monetarios. Los contactos de la Comisión con la IPMA (International Primary Market Association) y con la ISDA (Asociación Internacional de Mediadores en Operaciones de Swap) están inclinando la balanza en favor de la decisión, que debería en breve convertirse en definitiva, de aceptar oficialmente un tipo de conversión de 1 euro = 1 ecu. Por otra parte, será necesario arbitrar otras medidas, probablemente respecto a gobiernos de terceros países y de la OMC (Organización Mundial del Comercio) para que se garantice la continuidad de los contratos estipulados con residentes de terceros países.

2.5. Es obvio que ninguna legislación nacional o europea puede tener un ámbito de aplicación extraterritorial. Sin embargo, es esencial en cualquier caso que se asegure a los operadores económicos con relaciones con terceros países que de alguna manera se garantizarán tanto la aceptación pacífica del euro como la validez y continuidad de los contratos. En este sentido, cabe señalar que, si bien es cierto que el Derecho internacional reconoce el derecho de un país a cambiar el valor y la denominación de su propia moneda, es menos evidente el reconocimiento automático del derecho (válido erga omnes) a fijar por ley los tipos de conversión entre distintas monedas.

3. Sustitución del ecu y de las monedas nacionales por el euro

3.1. Con el Reglamento se confirmarán las decisiones ya adoptadas por el Consejo: a partir del 1 de enero de 1999, el euro se convertirá en la moneda de los Estados participantes, y las monedas nacionales con sus correspondientes subdivisiones se convertirán en fracciones de la moneda única, a los tipos de conversión que a tal fin se fijen. La unidad monetaria «euro» se subdividirá en céntimos. Esta disposición permite establecer una equivalencia automática entre el euro y las monedas participantes. Otras disposiciones ya conocidas y que no requieren observaciones específicas se refieren a:

- la elección del euro como unidad de cuenta del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales de los países participantes;

- en todos los instrumentos legales () se sustituirá toda referencia (explícita o implícita) al ecu por la referencia al euro, sobrentendiéndose que el cambio se realizará a razón de un ecu por un euro.

3.2. Por lo que se refiere a la continuidad de los contratos, el Reglamento del Consejo sanciona el principio de que la introducción del euro no podrá surtir el efecto de modificar los términos de los contratos ni conferir a una de las partes el derecho a modificarlos o a rescindir el contrato.

4. Disposiciones válidas para el período transitorio

4.1. El Reglamento introduce la noción de «período transitorio» que corresponde a la «Etapa B» del Libro Verde o, según la terminología del Tratado (), a la «tercera fase»; en la práctica, se trata de un período de tres años a partir de la entrada en vigor de la UEM (1. 1. 1999) hasta el día anterior al del paso final a la moneda única (31. 12. 2001).

4.2. Una orientación que estaba perfilándose y que ahora parece abandonada es aquella según la cual la tercera fase podría tener una duración más breve, siempre que las circunstancias lo permitan. El Comité había tenido en cuenta esta eventualidad, ya barajada en el Libro Verde, y había expresado su firme oposición () a cualquier variación de los programas preestablecidos. La duración de las diversas fases debería decidirla el Consejo antes del 30 de junio de 1998; esta decisión debe establecer también que ésta no será objeto de ninguna modificación ulterior. El mercado necesita certezas para poder programar las numerosas, complejas y costosas transformaciones que resultarán necesarias.

4.3. Son claros los motivos que inducirían a considerar la posibilidad de reducir la duración de la tercera fase: de hecho ésta fue fijada en función de los plazos necesarios para que los bancos centrales pongan en circulación los nuevos billetes y monedas. Parece que se podrían acortar los plazos si los bancos centrales son capaces de agilizar la preparación. El mercado podría adecuarse tal vez (pero como hipótesis por verificar) a un período más breve, pero siempre a condición de que su duración no pueda modificarse una vez establecida.

4.4. Entre las disposiciones válidas para el período transitorio dignas de mención, cabe destacar la que establece que el euro se subdividirá, con arreglo a los tipos de conversión, en unidades de moneda nacional, que mantendrán sus actuales subdivisiones. Seguirán en vigor las leyes monetarias de cada uno de los países, aunque deberán observar las disposiciones del Reglamento del Consejo. Estas normas no suscitan ninguna observación particular.

4.5. La regla «ninguna obligación, ninguna prohibición»

4.5.1. En el Libro Verde se ponía de relieve que la utilización del euro para las necesidades corrientes del mercado en el período de transición debería haber sido facultativa. El Comité había insistido en que este principio se asumiese totalmente, subrayando que «la aceptación de pagos en moneda distinta de la nacional seguiría siendo facultativa». En el Consejo de Madrid se aceptó esta libertad de decisión del mercado, resumida habitualmente en la expresión «ninguna obligación, ninguna prohibición». No existe ningún documento ni comunicación alguna en la que se ponga en tela de juicio esta libertad.

4.5.2. A primera vista, el Reglamento parecería inspirarse en este concepto. De hecho, la norma de base establece que los instrumentos legales por los que se estipule el uso de la moneda nacional o del euro de hecho deberán ejecutarse en la moneda previamente elegida, salvo si los contratantes estipularen otra cosa. En otros términos, será la voluntad de las partes la que determinará en qué moneda se ejecutará el contrato. El Comité no puede sino estar de acuerdo con una medida que él mismo había solicitado.

4.5.3. En su estado actual, el Reglamento prevé además una excepción: cualquier deuda pagable con un abono en la cuenta del acreedor y expresada en euro o en moneda nacional podrá liquidarse en una u otra de las dos monedas, a elección del deudor. El acreedor recibirá el importe en la moneda de su cuenta, con una conversión a tipos fijos.

4.5.4. La denominada «excepción» tiene evidentemente un alcance tan importante que puede convertirse en la norma. La excepción es contradictoria, pues sólo podrían acogerse eventualmente a ella las transacciones al contado: de hecho, se vacía de contenido, por cuanto al no circular aún los billetes de euros, tales transacciones únicamente pueden pagarse en moneda nacional. Así pues, en la práctica se sustituye el principio de «ninguna obligación, ninguna prohibición» por el principio opuesto: «elección del deudor, obligación del acreedor».

4.5.5. En el caso en que se aceptase definitivamente el principio antes mencionado, habrá que encontrar una solución jurídica para los conflictos que se produzcan cuando un acreedor no pueda aceptar un pago en euros. A modo de ejemplo, se puede mencionar el supuesto de que un cliente pida a un comercio minorista o una empresa de servicios pagar las transacciones en euros con una tarjeta de crédito, con el correspondiente abono en la cuenta del vendedor. Si los terminales y equipos de caja aún no estuviesen en condiciones de operar con la nueva moneda (o de funcionar con dos monedas) resultarían imposibles las transacciones.

4.5.6. A modo de observación de carácter general se puede afirmar que la posibilidad de elección que se le reconoce al acreedor se traduce desde el inicio del período en la obligación de las empresas, especialmente las del sector bancario y financiero, de efectuar innumerables operaciones de conversión o mantener una contabilidad por partida doble durante toda la duración del período, algo que en el propio Libro Verde se desaconsejaba por motivos técnicos y económicos.

4.5.7. Los motivos para adoptar esta norma son, por otra parte, perfectamente válidos; sólo su redacción no parece muy afortunada, por lo que debería revisarse su formulación. A la vista de la situación real (observada por la Comisión en numerosas reuniones con las empresas), se ha llegado a la conclusión de que sólo de manera gradual podrá adaptarse el mercado a la moneda única; la contabilidad en dos monedas resulta costosa y con frecuencia, especialmente al inicio del período, impracticable. La norma pretende tener en cuenta esta situación, pero sus consecuencias pueden ir más allá de sus intenciones.

4.5.8. Habida cuenta de lo expuesto supra, el Comité sugiere suprimir la disposición mencionada en el punto 4.5.3 y en su lugar propone que se complete con otra norma que estipule que el pago de las deudas monetarias pagaderas mediante un abono en la cuenta del acreedor se pueda realizar indistintamente en euros o en moneda nacional, a condición de que el acreedor y la entidad financiera donde la cuenta esté abierta manifiesten su acuerdo. Sólo así el principio de «ninguna obligación, ninguna prohibición», que debe ser válido para todos los operadores, y podrá ser respetado y adecuarse a las prácticas reales.

4.6. Los mercados organizados

4.6.1. El paso gradual a la moneda única exige a las entidades financieras programar medidas técnicas y organizativas de carácter interno. Por otra parte, es preciso tener en cuenta que el sector financiero opera en estrecha interdependencia: cada una de las entidades mantiene relaciones con las otras con arreglo a normas bien definidas y que resultan fundamentales para el funcionamiento del sistema. La legislación objeto de examen tiene en cuenta el concepto de «mercados organizados» y establece las reglas necesarias para evitar turbulencias en la fase de transición de la moneda nacional a la moneda única.

4.6.2. A los efectos del Reglamento se entiende por «mercados organizados» los constituidos para el cambio, la compensación o la liquidación regular de los instrumentos financieros enumerados en la Sección B del Anexo a la Directiva 93/22/CEE sobre servicios de inversión, incluyendo los sistemas de pagos para el cambio, la compensación y liquidación regular de los instrumentos de pago.

4.6.3. A todos los mercados organizados les conviene efectuar el paso a la moneda única del modo más rápido, aunque al mismo tiempo no podrán pasar por alto las observaciones sobre la capacidad de cada uno de los miembros para adecuarse de manera ordenada y sobre todo coordinada a las nuevas reglas. En vista de tales exigencias, el Reglamento del Consejo podría contemplar una disposición por la que los Estados miembros tuviesen que aprobar las oportunas disposiciones para permitir a los mercados organizados adoptar las decisiones necesarias para el paso de la moneda nacional a la moneda única.

4.6.4. El Comité no puede sino estar de acuerdo con una medida que se inspira en un necesario pragmatismo y en la observación de las situaciones en las que opera cada uno de los mercados organizados nacionales. Queda pendiente, por otra parte, la cuestión de los mercados organizados internacionales, cuya base de operaciones se encuentre en un Estado miembro (no necesariamente participante en la Unión Monetaria), pero cuyos miembros pertenecen también a otros Estados miembros, sean éstos participantes o no de la UME. El Comité solicita que se arbitre una norma específica a este respecto.

4.6.5. El Comité considera que:

- las reglas adoptadas por un mercado organizado con arreglo a las disposiciones arbitradas por el Estado miembro en el que tiene su sede dicho mercado son válidas para todos sus miembros, estén radicados o no en la Unión Europea;

- en el caso en que la sede de un mercado organizado se encuentre en un Estado miembro no participante en la UME, pero cuyos miembros tengan sede en países participantes, el Estado miembro en cuestión no deberá tomar ninguna medida que obstaculice el uso voluntario del euro.

4.7. Disposiciones legales que deberán arbitrar los Estados miembros

4.7.1. Parece que en el Reglamento sometido a examen se pretende reconocer a los Estados miembros una gran libertad de actuación respecto a los propios mercados. Sin embargo, el respeto de las exigencias nacionales debe conjugarse con una flexibilización en la observancia de los principios comunes necesarios para asegurar una transición armonizada en los diversos países. El Comité manifiesta su acuerdo con este planteamiento, pero al mismo tiempo llama la atención sobre la necesidad, a la que ya se aludió en el punto 4.6.4, de tener en cuenta explícitamente también los casos en los que las normas nacionales puedan afectar a instituciones o mercados organizados de otros Estados miembros.

4.7.2. Una norma de carácter general es la obligatoriedad de que las reglamentaciones nacionales respeten el calendario de los plazos que establezca el Consejo. En opinión del Comité, esta norma es necesaria, pero probablemente no será suficiente; será indispensable un cierto grado de coordinación de las actuaciones para evitar que se produzcan discordancias demasiado marcadas en los calendarios de aplicación de las medidas adoptadas en cada uno de los países.

4.7.3. La necesidad de coordinación de la que se habla en el punto anterior se hace aún más patente si se tiene en cuenta que los Estados miembros deberán arbitrar las medidas necesarias para la redenominación en euros de los títulos de la deuda pública en circulación. Además, los Estados miembros deberán permitir que los órganos directivos de los mercados organizados puedan tomar las decisiones necesarias para la adopción del euro como unidad de cuenta. También en este caso, una discordancia demasiado marcada entre los calendarios de aplicación de tales medidas en los distintos países y mercados podría provocar turbulencias en los mercados.

4.7.4. Las disposiciones legales nacionales que permitan o impongan métodos como el netting, la compensación y otras técnicas de efecto similar deberán aplicarse a las obligaciones de carácter monetario expresadas en euros o en moneda nacional. La conversión se realizará con arreglo a paridades fijas. Lo mismo es válido para la presentación de los balances de las empresas. Estas reglas se ajustan a las normas del Tratado y no suscitan ningún comentario particular.

4.7.5. Además, queda confirmado que los billetes y monedas nacionales conservarán su carácter de medio de pago liberatorio sólo dentro de los límites territoriales actuales, y seguirán estando sujetos a las respectivas leyes monetarias nacionales. El Comité toma nota de la decisión, que se ajusta a lo dispuesto en el Tratado.

5. El redondeo en el momento de la conversión

5.1. Una regla fundamental que el Reglamento del Consejo debería sancionar se refiere al número de cifras decimales que se pueden utilizar al efectuar las conversiones. En principio la Comisión parece inclinada a adoptar las siguientes normas de conversión:

a) los tipos de conversión se calcularán con seis cifras significativas y no estarán sujetos a redondeos;

b) los importes expresados en unidades monetarias que haya que pagar o calcular cuando se efectúe una conversión de la moneda nacional en euros se redondearán a la centésima más próxima; en el caso de la conversión del euro en moneda nacional, el redondeo se realizará a la fracción decimal o unidad más próxima, según las prácticas nacionales. Si la aplicación de la regla produce un resultado que se sitúa exactamente a medio camino, la cuantía se redondeará a la centésima o a la unidad superior según los casos.

5.1.1. Estas reglas son simples y responden tanto a la lógica como a la práctica de experiencias anteriores, en particular cuando la libra esterlina adoptó el sistema decimal. Por otra parte, se plantea una serie de problemas de carácter jurídico y práctico, algunos de los cuales están siendo estudiados ya por la Comisión y el IME.

5.2. Habría que establecer expresamente que para las empresas y, en concreto, las entidades financieras, se aplicará la regla de que cada uno de los importes se convierta con arreglo a cálculos basados en seis cifras significativas y se redondeen según las reglas mencionadas en la letra «b» del punto 5.1. En tal caso, el total de muchas de las cuantías expresadas en moneda nacional que se conviertan en euros puede que no se corresponda exactamente con el total en euros de cada uno de los importes convertidos. Los cálculos realizados a modo de prueba con algunas decenas de sumandos vienen a confirmar además la ley de los grandes números: en la práctica las diferencias son insignificantes ya que los redondeos más o menos se compensan entre sí.

5.3. De todo lo anterior cabe inferir que los cálculos con seis cifras significativas y su posterior redondeo según las normas previstas no producirán ni daños ni beneficios apreciables. En otros términos, las reglas de conversión son «neutras» en relación al mercado y a cada uno de los agentes. El Comité expresa su acuerdo con la adopción uniforme de estas reglas por todos los Estados miembros.

5.4. Sin embargo, es preciso tener presente que muchos mercados organizados podrán adoptar rápidamente el euro como unidad de cuenta, permitiendo a sus miembros mantener la moneda nacional en relación a las otras partes. En tal caso, los importes calculados en moneda nacional por los miembros serán convertidos en euros por el mercado organizado y, por tanto, se reconvertirán en moneda nacional para el registro de las operaciones de liquidación o clearing. El caso se complica posteriormente cuando los importes de entrada y de salida están expresados en dos monedas distintas, pero ambas participantes en la UEM. Para que funcione el sistema es imperativo además que se calcule exactamente la misma suma en la entrada y salida a los efectos de la concordancia contable de las operaciones. Esta concordancia resulta prácticamente imposible de obtener, máxime si las cifras en cuestión son importantes.

5.5. El Comité opina que habrá que adoptar reglas uniformes para garantizar la concordancia contable de las operaciones. Así pues, habrá que reconocer a los mercados organizados la libertad de fijar reglas en esta materia que sean válidas para todos sus miembros. En su defecto, deberían contemplarse en el Reglamento del Consejo. Esta solución, por otra parte, no parece que sea fácil de adoptar, por cuanto no se podrían tener en cuenta las diversas características y las múltiples exigencias de los mercados organizados tanto nacionales como internacionales.

5.6. Llegados a este punto se plantea una cuestión que en absoluto es secundaria: las operaciones de conversión con seis cifras significativas y las de redondeo pueden ser realizadas con un ordenador o con un ordenador personal (PC) y programas adecuados. Pero lo mismo no puede decirse de las calculadoras de oficina, tanto las de papel como las de pantalla digital, las cajas registradoras con programas de conversión incorporados y las calculadoras de bolsillo: el límite de capacidad de caracteres numéricos disponible (por lo general un máximo de 12 caracteres) les impide efectuar cualquier cálculo. Ello supone que los operadores que no estén dotados de medios electrónicos o de ordenadores personales deberán sustituir sus equipos actuales, que no son aptos para las nuevas exigencias, por equipos completamente nuevos. Lo mismo es válido para los consumidores que quisieran verificar la concordancia de los precios con calculadoras de bolsillo normales.

5.7. La sustitución de calculadoras de oficina, cajas registradoras y calculadoras de bolsillo por dispositivos análogos adaptados a las nuevas exigencias podría constituir un nuevo e interesante mercado para los fabricantes. No es posible determinar cuántos de estos equipos están en servicio en la actualidad, pero puede pensarse en unas decenas de millones de unidades como máximo. Por otra parte, el costo global de esta sustitución representaría para el mercado y los ciudadanos un coste adicional de la transición a la moneda única y globalmente nada despreciable.

5.8. Las anteriores consideraciones plantean problemas que el legislador no puede ni ignorar ni infravalorar. Los consumidores, así como las empresas de comercio minorista y de servicios, necesitan reglas claras, simples de aplicar y controlar y basadas en criterios de equidad para ambas partes. La regla de las «seis cifras significativas» y el consiguiente redondeo ciertamente no está al alcance de todos. Se corre el riesgo, nada teórico, de provocar la oposición ciudadana a la moneda única, precisamente cuando las campañas actuales y las previstas tienden a favorecer su aceptación. El Comité sugiere que se considere atentamente esta exigencia con la adopción de normas adaptadas a las necesidades del mercado.

5.9. El reglamento del Consejo debería contemplar, por tanto, una referencia específica al comercio minorista y a los servicios; los Estados miembros, con arreglo al principio de subsidiariedad, deberían promulgar, por consiguiente, unas reglas específicas y simplificadas para la conversión de sus monedas en euros.

5.10. Es necesaria una ulterior observación en lo que se refiere a la conversión de las monedas participantes entre ellas: según el apartado 4 del artículo 109 L del Tratado, el Consejo establecerá los tipos de conversión de cada de una de las monedas participantes en el euro, pero no los del resto de las monedas. La normativa prevé que tal conversión se haga con arreglo a un algoritmo constituido por la conversión del importe original en euros con al menos tres cifras decimales y la reconversión de este último importe en la otra moneda nacional. Dado que los tipos de conversión de las monedas nacionales son fijos, no se acierta a comprender el motivo por el cual el propio Consejo -o el BCE siempre que se le otorgue el correspondiente poder- no sea quien determine e imponga los tipos de conversión recíprocos de las diversas monedas, que precisamente se calcularán a partir del algoritmo estipulado.

6. Billetes y monedas en euros

6.1. Curso legal del euro y de las monedas nacionales

6.1.1. El reglamento prevé que el BCE y los bancos centrales de los países participantes emitan o, mejor dicho, pongan en circulación los billetes en euros al final del período transitorio. Según el Reglamento, los billetes en euros deberían ser los únicos con poder liberatorio en tales países. Las mismas reglas valdrían para las monedas, con la condición de que ninguno podrá ser obligado a aceptar más de cincuenta monedas por pago efectuado.

6.1.2. Las «disposiciones finales» del Reglamento estipularían que los billetes y monedas nacionales cesen de tener poder liberatorio a los seis meses del fin del período transitorio. Los Estados miembros podría acortar este plazo mediante leyes de carácter nacional.

6.1.3. El hecho de que los billetes y monedas en euros sean de curso legal al inicio del fin del período transitorio (en la práctica, el 1 de enero del año 2002) y de que los billetes y monedas nacionales cesen de tener curso legal seis meses después, esto es, el 30 de junio del año 2002, significa que durante un período máximo de seis meses (que podría ser más breve en algunos países) existirán dos expresiones distintas de la moneda de curso legal: el euro en todos los países participantes y la moneda nacional (subdivisión del euro; véase punto 3.1), que será válida únicamente en el respectivo país de emisión.

6.1.4. Aun cuando desde un punto de vista jurídico nada se pueda objetar sobre la situación descrita en el punto precedente, en la práctica el público no podrá evitar considerar al euro y a la moneda nacional como dos monedas de curso legal distintas. Existen algunos precedentes sobre el caso como la libra escocesa, el franco belga y el franco luxemburgués, con la diferencia de que estas monedas siguen en circulación sin tener un plazo de extinción. Al objeto de evitar turbulencias, deberá notificarse claramente al mercado que estas dos monedas distintas tienen legalmente el mismo valor. De esta manera no debería producirse en las en los primeros días de la emisión ningún tipo de presión de los ciudadanos en las ventanillas de los bancos centrales y de los bancos en su deseo de cambiar inmediatamente la moneda nacional por euros. Todos los países tienen experiencia en el cambio de monedas y billetes nacionales que se quieren retirar de la circulación por monedas y billetes nuevos, sin que se haya registrado ningún inconveniente.

6.2. Uso ilícito y falsificación

6.2.1. Si nos atenemos a la orientación que está cobrando cuerpo, el Reglamento del Consejo se limitaría a obligar a los Estados miembros a prever las sanciones adecuadas contra el uso ilícito y la falsificación de los billetes. El Comité recuerda sobre este particular que en el punto 136 del Libro Verde se afirma que «la Comisión, en colaboración con el SEBC, debería formular propuestas legislativas relativas a la protección jurídica de los billetes contra la falsificación (...)». Sin embargo, en el Libro Verde y, según parece, en el Reglamento del Consejo, nada se dice de que en la legislación se debe contemplar también la puesta en circulación de moneda falsa.

6.2.2. Así pues, ya con anterioridad se había comprendido perfectamente la necesidad de que la salvaguardia de un patrimonio común, como es la moneda única, no podía ser tributaria sólo de la voluntad de los Estados miembros. Si bien es verdad que la legislación penal es una competencia exclusiva de los Estados miembros, no es menos cierto que no se pueda defender el interés común de manera distinta de un país a otro. Se trata de un caso en el que no se puede invocar el principio de subsidiariedad, ni siquiera recurriendo al argumento de la legislación penal.

6.2.3. El Comité Económico y Social considera indispensable que la Comisión y el Consejo encuentren una solución jurídicamente válida para proteger adecuadamente la moneda única con medidas que deberían adoptar obligatoriamente todos los Estados participantes. Las soluciones meramente «nacionales» no serían suficientes y podrían resultar contraproducentes: los países con una legislación menos estricta se convertirían en receptores de falsificadores y traficantes.

6.2.4. El Comité sugirió una solución en su Dictamen sobre el Libro Verde (puntos 7.10 a 7.14) y que en éste se vuelve a proponer: la adopción de un planteamiento innovador y políticamente aceptable por todos los Estados miembros. Se deberían considerar las medidas contra el uso ilícito y la falsificación de la moneda única como una fase de la lucha contra la delincuencia organizada; en la práctica, se trata de la misma óptica que se adoptó con la Directiva sobre el blanqueo del dinero. El Comité puso de relieve un hecho que, por otra parte, es muy conocido por las policías de todo el mundo: estos delitos no son cometidos nunca por individuos aislados. El uso ilícito y la falsificación de billetes de banco y monedas (así como su puesta en circulación) son monopolio de organizaciones criminales, casi siempre internacionales, que cuentan con grandes medios y a menudo con conexiones con otras organizaciones que se dedican al tráfico de drogas y al blanqueo del dinero.

6.2.5. El Comité había propuesto también que la nueva legislación tuviese un ámbito de aplicación global y que se contemplase en la legislación el caso de los medios substitutivos o representativos de la moneda (tarjetas de crédito, tarjetas prepagadas, cheques de viaje, etc.). Estos medios representan hoy en día una parte considerable de la circulación fiduciaria y su aceptación se basa justamente en la confianza del público en ellos. Pero también dan nuevos bríos a las organizaciones criminales internacionales. Aun cuando las penas previstas para los delitos contra la propiedad privada evidentemente no pueden ser las mismas que las impuestas por delitos contra la propiedad pública, el tipo de delito sigue siendo el mismo en sus efectos sociales: una amenaza cada vez más presente para la sociedad y un fortalecimiento de la delincuencia organizada.

Bruselas, el 31 de octubre de 1996.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() Doc. COM(95) 333 final de 31. 5. 1995.

() DO n° C 18 de 22. 1. 1996, p. 112.

() Dictamen del Comité antes mencionado (nota 2); puntos 7.4, 7.5 y 7.6. Los contratos entre residentes de los países participantes en la moneda única y residentes en países con una cláusula de excepción no deberían plantear ningún tipo de problema, pues es evidente que el Reglamento del Consejo será válido para todos los países de la UE sin distinción.

() Cabe señalar especialmente la intención de definir la noción de «instrumento legal»: leyes, reglamentos, actos administrativos, decisiones judiciales, contratos, instrumentos de pago distintos a los billetes y monedas, así como otros instrumentos con efectos legales.

() Apartado 4 del artículo 109 J.

() Dictamen del Comité citado (nota 2, p. 65), puntos 5.1.2 y 5.3.2.