Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

[COM(2021) 420 final — 2021/0239 (COD)]

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y de determinados criptoactivos (refundición)

[COM(2021) 422 final — 2021/0241 (COD)]

y sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los mecanismos que deben establecer los Estados miembros a efectos de la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y por la que se deroga la Directiva (UE) 2015/849

[COM(2021) 423 final — 2021/0250 (COD)]

(2022/C 152/15)

Ponente: Javier DOZ ORRIT Coponente: Benjamin RIZZO

Consulta Parlamento Europeo, 4.10.2021 Consejo, 8.10.2021 Fundamento jurídico Artículo 114 y artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Sección competente unión económica y monetaria y Cohesión Económica y Social Aprobado en la sección 23.11.2021 Aprobado en el pleno 8.12.2021 Pleno n.o 565 Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones) 230/7/0

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1. Los informes de la Comisión Europea (2019) y del Tribunal de Cuentas Europeo (2021), estudios académicos y ahora los «papeles de Pandora» y otras publicaciones similares ponen de relieve la gravedad del fenómeno del blanqueo de capitales en la UE. La legislación europea actual es en gran medida inadecuada ante los fallos de coordinación y las divergencias nacionales.

1.2. El CESE apoya firmemente el paquete legislativo para la lucha contra el blanqueo de capitales, en particular la creación y el diseño de la nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (ALBC) con competencias directas de supervisión, a la que debería dotarse de recursos suficientes para convertirse en el núcleo de un sistema europeo integrado de supervisión e inteligencia.

1.3. El CESE está de acuerdo con el reparto del contenido entre el primer Reglamento para la lucha contra el blanqueo de capitales (LBC) —supervisión de entidades privadas— y la sexta Directiva antiblanqueo —coordinación de los supervisores nacionales y las unidades de inteligencia financiera (UIF)— y con las disposiciones presentes en ambos para armonizar las legislaciones nacionales y automatizar el registro y la transmisión de información.

1.4. La eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales y los delitos subyacentes conexos requiere un cambio cultural y la participación efectiva de la sociedad civil organizada. El CESE reitera su propuesta de un pacto europeo para combatir los comportamientos que atentan contra los principios éticos y políticos de nuestras democracias y socavan los bienes públicos. También propone la creación de un órgano consultivo de la sociedad civil, dentro de la ALBC o dependiente de la Comisión Europea y con participación de la ALBC.

1.5. El CESE propone que el Reglamento sobre los criptoactivos del paquete legislativo de lucha contra el blanqueo de capitales se aplique con carácter de urgencia. La propuesta de Reglamento de la Comisión relativo a los mercados de criptoactivos ( 1 ) es un paso hacia una regulación general y debería entrar en vigor con carácter de urgencia, pero no sustituye a todos los instrumentos necesarios para defenderse ante los riesgos financieros y delictivos que presentan estos productos financieros.

1.6. El CESE pide a la Comisión que estudie la forma de aplicar el paquete legislativo a los canales de blanqueo de capitales ajenos al sistema financiero: el mercado de obras de arte y activos de alto valor; los puertos francos, los depósitos de aduana y las zonas económicas especiales; determinadas operaciones económicas o transacciones comerciales, inversiones inmobiliarias, juegos de azar, etc. Considera que será necesaria una nueva legislación europea en esos ámbitos.

1.7. El CESE propone dotar a Europol de mayores competencias y recursos suficientes para luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la delincuencia transnacional organizada y para coordinar las fuerzas policiales nacionales en estos ámbitos. La coordinación eficaz de la Fiscalía Europea, que debe ponerse en marcha sin demora, Europol y la nueva ALBC puede ser la clave para el éxito del paquete legislativo en la práctica.

1.8. El CESE pide a la Comisión que impulse la transposición urgente en todos los Estados miembros de la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 2 ) , que establece una definición común del delito de blanqueo de capitales, y que se promulgue una nueva Directiva que introduzca una definición común de los delitos conexos y que sitúe las sanciones correspondientes a esos delitos dentro de determinados intervalos.

1.9. El CESE está muy preocupado por la existencia en la UE de un gran número de «sociedades fantasma», que desempeñan un papel clave en el blanqueo de capitales y la elusión fiscal. Propone que las autoridades actualmente responsables y el futuro sistema integrado de supervisión establezcan programas específicos de seguimiento de estas empresas gestionadas por determinados bufetes de abogados, consultores o asesores fiscales, con el fin de identificar a sus titulares reales y a los responsables de sus operaciones, así como para investigar los delitos que puedan cometer.

1.10. El CESE pide a la Comisión Europea que examine la posibilidad de que la ALBC esté completamente operativa, incluida la supervisión directa, antes de 2026. En cualquier caso, el CESE pide a todas las instituciones involucradas que, hasta entonces, cooperen más estrechamente para aplicar mejor la legislación vigente.

1.11. El CESE considera necesario elaborar una lista nueva, realista y veraz de terceros países de alto riesgo, que incluya todos aquellos que facilitan el blanqueo de capitales. También propone que la Comisión Europea establezca una norma según la cual las empresas y personas implicadas en delitos financieros o blanqueo de capitales queden excluidas de los procedimientos de contratación pública.

1.12. El CESE pide a la UE y a los Gobiernos nacionales que protejan la vida y la integridad de los periodistas, empleados y funcionarios públicos que denuncien la corrupción económica y política, y considera inaceptable el retraso en la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 3 )

2. Propuesta de la Comisión Europea y antecedentes

2.1. En julio de 2019, la Comisión Europea presentó su evaluación de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT). La Comunicación y las cuatro evaluaciones ( 4 ) destacaron la existencia de graves deficiencias en la aplicación de la legislación vigente y de divergencias entre los Estados miembros en el ámbito de la LBC/LFT.

2.2. A fin de abordar estos problemas, el 7 de mayo de 2020, la Comisión publicó un Plan de acción en materia de LBC/LFT ( 5 ) y abrió una consulta pública al respecto. El Plan se basaba en seis pilares: aplicación efectiva de las normas existentes; un código normativo único de la UE; supervisión a escala de la UE; cooperación y apoyo a las UIF; mejor aplicación del Derecho penal; y refuerzo del papel de la UE en el mundo. En su Dictamen titulado «Medidas efectivas y coordinadas de la UE para luchar contra el fraude fiscal, la elusión fiscal, el blanqueo de capitales y los paraísos fiscales» ( 6 ) , el CESE expresó su apoyo al Plan y a su desarrollo y aplicación urgentes.

2.3. Tras obtener el respaldo del Consejo y del Parlamento Europeo y mantener las correspondientes consultas, la Comisión concretó las propuestas legislativas del Plan en el paquete legislativo de 20 de julio de 2021, que incluye las propuestas siguientes: — un Reglamento por el que se crea una Autoridad europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (7); — un código normativo único para la LBC/LFT que incorpora parte de la legislación (8); — una nueva Directiva, la sexta, para revisar parte de la legislación restante (9), y — la refundición del Reglamento sobre transferencia de fondos para cubrir los criptoactivos (10).

2.4. El paquete legislativo gira en torno a la creación de una nueva Autoridad de la UE (ALBC), que asume competencias de supervisión directas y refuerza las competencias de coordinación y cooperación con las autoridades nacionales, junto con las cuales garantizará que el sector privado aplique de forma correcta y coherente las normas de la UE. En particular: — establecerá con las autoridades nacionales un sistema de supervisión único e integrado en materia de LBC/LFT; — supervisará directamente algunas de las entidades financieras de mayor riesgo que operan en un gran número de Estados miembros de la UE; la ALBC tendrá competencia para imponer sanciones a esas «entidades obligadas seleccionadas»; — supervisará y coordinará a los supervisores nacionales responsables de otras entidades financieras y no financieras, así como la aplicación de las normas de la UE, y llevará a cabo evaluaciones periódicas de algunas o todas las actividades de uno, varios o todos los supervisores financieros, incluida la valoración de sus instrumentos y recursos para garantizar unas normas y prácticas de supervisión de alto nivel; — promoverá y apoyará la cooperación entre las UIF y facilitará la comunicación transfronteriza y el análisis conjunto.

2.5. La ALBC estará dirigida por un presidente, un Comité Ejecutivo de cinco miembros y una Junta General con dos estructuras de composición y tipos de competencias —supervisión y UIF—, de las que formarán parte los responsables de los organismos nacionales de supervisión e inteligencia financiera para regir el sistema europeo integrado de supervisión e inteligencia financiera. Un representante de la Comisión Europea será miembro de los órganos rectores de la ALBC. La Junta General incluirá como observadores a representantes de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y del Banco Central Europeo (BCE), cuyas competencias y herramientas —Banco Central de Datos y FIU.net— en materia de LBC/LFT se transferirán a la nueva Autoridad. La ALBC comenzará sus actividades en 2024 y cubrirá todos sus puestos e iniciará la supervisión directa en 2026.

2.6. El primer Reglamento de la UE en materia de LBC/LFT amplía la lista de entidades obligadas para incluir a los proveedores de servicios de criptoactivos, las plataformas de financiación participativa y los operadores de migración (que facilitan a los inversores la obtención de la residencia y, en algunos casos, la nacionalidad). Las medidas de diligencia debida y los controles se refuerzan y clarifican. Se revisan igualmente los requisitos relativos a terceros países y personas del medio político. Asimismo, se aclaran los requisitos de titularidad real y se introducen otros nuevos para mitigar el riesgo de que los delincuentes se oculten en niveles intermedios. Se toman medidas contra el uso indebido de instrumentos al portador y se fija un tope máximo de 10 000 EUR para el uso de efectivo.

2.7. A diferencia de la regulación del sector privado, la sexta Directiva de LBC/LFT se centra en su sistema institucional y su adaptación en cada Estado miembro. La propuesta aclara las competencias y tareas de las UIF y su acceso a la información, establece un marco para los análisis conjuntos y proporciona un fundamento jurídico para el sistema FIU.net. La capacidad de actuación de los supervisores se ve fortalecida y se mejoran los mecanismos de cooperación entre los supervisores y con otras autoridades. Está prevista la interconexión de los registros de cuentas bancarias.

2.8. La propuesta de Reglamento relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y de determinados criptoactivos es una refundición del Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 11 ) relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos, refundición que tiene como finalidad que los requisitos de trazabilidad e identificación aplicables a las transferencias de criptoactivos sean similares a los establecidos para los fondos. Al mismo tiempo, los proveedores de servicios de criptoactivos estarán sujetos a los requisitos del Reglamento que se exigen a otros operadores financieros.

3. Observaciones generales

3.1. La primera Directiva antiblanqueo se promulgó en 1991. Desde entonces, se han adoptado otras cuatro Directivas de LBC/LFT y docenas de otras Directivas complementarias relacionadas con el sistema financiero o los correspondientes delitos e infracciones. Hasta la fecha, no cabe duda de que los resultados de estos esfuerzos, considerados una prioridad por las autoridades de la UE, han sido claramente poco satisfactorios.

3.2. Esta es una opinión generalizada, como ya ha quedado reflejado en las evaluaciones de la Comisión de 2019 y en las de instituciones como el Parlamento Europeo, en sus Resoluciones de marzo de 2019 y julio de 2020 ( 12 ) , y el Tribunal de Cuentas, en su informe de junio de 2021, titulado «Los esfuerzos de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales en el sector bancario son fragmentarios y su aplicación, insuficiente» ( 13 ) , así como en la inmensa mayoría de análisis de especialistas, académicos y grupos de reflexión, en particular el Informe del Grupo de Trabajo CEPS-ECRI ( 14 )

3.3. Las estimaciones del volumen del blanqueo de capitales lo colocan entre el 1 % (Europol y Comisión Europea) y el 1,3 % (Tribunal de Cuentas) del PIB de la Europa de los Veintisiete, es decir, entre 140 000 y 208 000 millones EUR al año, y, lo que resulta más significativo, según Europol solo se recupera alrededor del 1 % de esta cuantía. En los últimos años, se han producido numerosos escándalos de blanqueo de capitales que han implicado a destacadas entidades financieras, y es revelador que muchos de ellos no se habrían desvelado sin la aplicación de la legislación europea o la intervención de los supervisores. En otras palabras, a pesar de los esfuerzos y la voluntad de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, no se han logrado avances en términos de resultados en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

3.4. La publicación de los papeles de Pandora por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha puesto una vez más de manifiesto la magnitud del problema del blanqueo de capitales y los delitos conexos, así como el papel esencial de los paraísos fiscales a la hora de facilitar estos delitos. Es por eso difícil comprender que la jurisdicción que se menciona con más frecuencia en los papeles no figure en la lista de la UE de «países y territorios no cooperadores», y que Ecofin acabe de retirar de la lista otro territorio cuya legislación hace imposible identificar a los verdaderos titulares de empresas y cuentas.

3.5. El CESE llama la atención de las instituciones de la UE y de los Gobiernos nacionales sobre la necesidad de una protección sólida de la vida y la integridad de los periodistas, empleados y funcionarios públicos que denuncien corrupción económica y política. El Comité expresa su preocupación por que varios Estados miembros no hayan iniciado los procedimientos de transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, y pide a la Comisión que actúe para garantizar su transposición urgente antes de finales de 2021.

3.6. Los defectos e insuficiencias de la política de LBC/LFT de la UE obedecen a causas diversas, con efectos acumulativos: i) la fragmentación de competencias entre diferentes instituciones de la UE y de los Estados miembros; ii) la ausencia de un supervisor único en materia de LBC/LFT a escala de la Unión; iii) las limitadas herramientas a disposición de los órganos competentes de la UE; iv) la escasa coordinación, tanto en iniciativas de prevención como en la adopción de medidas contra los riesgos detectados, así como la demora en su aplicación; v) las deficiencias en la labor de los supervisores y las UIF en numerosos países; vi) la muy tardía transposición de las Directivas, con notables diferencias entre los Estados miembros, lo que ha llevado a la Comisión Europea a incoar procedimientos administrativos y judiciales; vii) la escasa concienciación en bastantes países sobre la importancia de luchar con firmeza contra el blanqueo de capitales y los delitos conexos; viii) las diferencias dimanantes de las distintas definiciones de los delitos en los códigos penales, empezando por el propio blanqueo de capitales, y las correspondientes sanciones; ix) la investigación inapropiada de los delitos subyacentes conexos, en particular en terceros países, y x) la falta de voluntad política por parte de algunos Gobiernos de la UE para adoptar y aplicar las normas europeas. Las diferencias geográficas y sectoriales debidas a todos estos factores ayudan a los delincuentes financieros a diseñar las redes más convenientes para su tráfico ilícito.

3.7. En algunas situaciones, no se ha llegado a considerar necesaria la cooperación entre las instituciones de la UE. Tal es el caso de la cooperación entre la Comisión Europea y la ABE en el proceso de investigación de infracciones del Derecho de la Unión, que ha llevado al Tribunal de Cuentas a afirmar que el mismo «carece de eficacia» ( 15 ) . Tampoco ha sido siempre eficaz la cooperación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) con la Comisión Europea para elaborar la lista de «terceros países de alto riesgo» en relación con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ( 16 ) . La lista de 2019 de la Comisión Europea, respaldada por el Parlamento Europeo, fue en última instancia rechazada por el Consejo, y la lista adoptada en mayo de 2020 es una adaptación de la lista del GAFI y presenta destacadas ausencias.

4. El Dictamen del CESE

4.1. El CESE expresa su pleno apoyo al paquete legislativo de la Comisión, puesto que alberga la convicción de que su aplicación correcta e inmediata podría ser muy útil para revertir una situación insostenible, como la brevemente bosquejada en la sección anterior. En particular, apoya la creación y el diseño de la ALBC, que, al ejercer sus competencias de supervisión directas, se convierte en el núcleo de un sistema de supervisión (e inteligencia) en materia de LBC/LFT a escala europea, integrando en su Junta General a los supervisores y las UIF nacionales y, en condición de observadores, al resto de instituciones de la UE involucradas.

4.2. El CESE está de acuerdo con la distribución del contenido entre el primer Reglamento y la sexta Directiva y con las disposiciones de ambos para armonizar la legislación nacional y facilitar el funcionamiento de las UIF y los supervisores nacionales en ámbitos clave: los registros, la comunicación de información y la investigación de transacciones sospechosas a través de informes de actividades sospechosas, utilizando técnicas normalizadas. El énfasis en que las diversas obligaciones de las autoridades se cumplan con la mayor celeridad posible es muy deseable a fin de superar uno de los principales problemas actuales. El CESE cree que la legislación propuesta se atiene al marco europeo de protección de datos y respeta los derechos de las personas físicas y jurídicas, que, en última instancia, quedarán al amparo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

4.3. El CESE pide a los Gobiernos nacionales y a las organizaciones europeas de la sociedad civil que apoyen la adopción y la aplicación adecuada de este paquete legislativo. Ni la UE ni los Estados miembros pueden permitirse mantener la situación actual, aún menos cuando la lucha contra las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia de COVID-19 y por la recuperación de la economía está exigiendo a los Estados miembros y a la UE un incremento sustancial de los recursos públicos. Como se indica en el informe del CEPS-ECRI, tratar de poner fin al blanqueo de capitales, o al menos reducirlo significativamente, es un imperativo moral en cualquier sociedad democrática, donde todos los ciudadanos son libres e iguales ante la ley, dentro de un sistema de cooperación justo, y la falta de claridad, los retrasos y las ineficiencias no harán sino fomentar el blanqueo de capitales ( 17 )

4.4. El CESE es consciente de la importancia de la colaboración público-privada en este ámbito. En algunos países, la capacidad de investigación radica en gran medida en el sector privado ( 18 ) . Al tiempo que insta a las instituciones de la UE a que, al aplicar el paquete legislativo, hagan todo lo que esté en su mano por promover la mejora de las instituciones de supervisión y las UIF nacionales, el Comité también desea que faciliten al máximo la colaboración público-privada en este ámbito.

4.5. Mejorar la eficacia de la lucha contra los delitos económicos y fiscales requiere probablemente, en muchos países, un cambio cultural y una mayor participación de la sociedad civil. Esta era una de las motivaciones subyacentes a la propuesta del CESE de poner en marcha un pacto europeo contra los delitos fiscales, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales ( 19 ) . Va en el mismo sentido que el Parlamento Europeo cuando declara que está a favor de «[…] restablecer la confianza de la población, garantizar unos sistemas fiscales justos y transparentes y velar por la justicia fiscal» ( 20 ) . Para ayudar a lograrlo, el CESE propone que se constituya un órgano consultivo de la sociedad civil, ya sea en el seno de la ALBC ( 21 ) o como organismo dependiente de la Comisión Europea en el que también participe la ALBC, de manera que las organizaciones de la sociedad civil y el propio Comité puedan involucrarse de una manera más activa en la LBC/LFT y aportar sus propias experiencias y propuestas. Las instituciones de la UE y la sociedad civil organizada deben actuar juntas para informar a la ciudadanía europea sobre las consecuencias muy negativas que el blanqueo de capitales y los delitos conexos tienen sobre los bienes públicos y sobre los principios de justicia y equidad en los que se basa la democracia.

4.6. Europol y otros expertos creen que, desde el estallido de la pandemia de COVID-19, el blanqueo de capitales y los delitos conexos han ido en aumento, en especial los cometidos a través de medios electrónicos y mediante el empleo de criptomonedas y otros criptoactivos ( 22 ) . Por ende, el CESE opina que existen motivos de sobra para adoptar una normativa que los trate de la misma manera que otras transacciones, haciendo así obligatorio identificar a los titulares reales. La propuesta de Reglamento ( 23 ) relativo a los mercados de criptoactivos es un paso hacia una regulación general y debería entrar en vigor con carácter de urgencia, pero no sustituye a todos los instrumentos necesarios para la defensa ante los riesgos financieros y los delitos asociados a estos productos financieros.

4.7. El CESE, el Parlamento Europeo y otras instituciones han subrayado el riesgo que plantea la existencia en la UE de cientos de miles de «sociedades fantasma» ( 24 ) , legalizadas y gestionadas por determinados bufetes de abogados, consultores o asesores fiscales, la mayoría de las cuales están destinadas al blanqueo de capitales y otros delitos subyacentes conexos y a la elusión fiscal. Enormes cantidades de capital fluyen a través de ellas. Las autoridades competentes, hoy en día, y el nuevo sistema europeo de supervisión en su momento, tendrán que establecer programas específicos que apliquen las normas para identificar a los titulares reales de estas empresas y a los emisores y destinatarios de sus transacciones, con el fin de poder perseguir los delitos económicos y financieros cometidos por muchas de estas empresas. Ninguna empresa, ni ningún otro tipo de entidad susceptible de ser utilizada en operaciones de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, debe estar autorizada a registrarse en ningún Estado miembro si los propietarios finales no son conocidos, o si están relacionados con tales actividades.

4.8. El CESE considera muy necesario que los Estados miembros completen urgentemente la transposición de la Directiva (UE) 2018/1673, que establece una definición común del delito de blanqueo de capitales. El CESE propone que se cree una nueva Directiva que establezca definiciones comunes de los delitos conexos en las legislaciones de los Estados miembros y que sitúe las sanciones correspondientes a esos delitos dentro de determinados intervalos. El artículo 83 del TFUE menciona expresamente el blanqueo de capitales y los delitos transfronterizos asociados entre aquellos cuyas definiciones y penas se pueden armonizar mediante unas normas europeas mínimas.

4.9. El CESE pide a la Comisión Europea que examine la posibilidad de que la ALBC esté completamente operativa, incluida la supervisión directa, antes de 2026. En todo caso, pide a la Comisión Europea y al resto de las instituciones involucradas que, hasta entonces, refuercen su cooperación para aplicar la legislación vigente de una manera más eficaz, con arreglo a las observaciones formuladas por el Parlamento Europeo y el TCE. Esto se refiere, en particular, a la ABE —y su nuevo Comité de LBC—, al BCE y a Europol. El CESE pide asimismo a la Comisión Europea, al SEAE y a Europol que lleven a cabo lo antes posible un nuevo análisis de terceros países para su posible inclusión en una nueva lista de la UE de no cooperadores en materia de LBC/LFT.

4.10. El CESE aprecia la gran importancia que la Fiscalía Europea podría tener en la LBC/LFT y pide a las instituciones europeas y los Estados miembros que faciliten su instauración plena sin más demora. Lamenta los obstáculos puestos por determinados Gobiernos para la conclusión del proceso, en especial algunos que han ejercido recientemente la presidencia temporal de la UE. El Comité coincide con el Parlamento Europeo en pedir a la Comisión Europea que considere la propuesta de establecer un marco europeo para las investigaciones transfronterizas de los delitos financieros y fiscales.

4.11. El carácter transnacional del blanqueo de capitales hace necesario reforzar la coordinación entre las fuerzas policiales nacionales y los servicios de inteligencia. Al mismo tiempo, el CESE considera que sería muy útil dotar a Europol de mayores competencias y de recursos humanos y materiales suficientes para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y contra la delincuencia organizada transnacional, así como para coordinar las fuerzas policiales nacionales. Una coordinación eficaz de la Fiscalía Europea, la nueva ALBC y Europol podría ser la clave para el éxito del nuevo paquete legislativo en la práctica.

4.12. El CESE considera que debería elaborarse una lista nueva, realista y veraz de países y territorios no cooperadores. Propone asimismo que la Comisión elabore una Directiva en la que se establezca que las empresas y las personas implicadas en delitos financieros o blanqueo de capitales deben quedar excluidas de cualquier procedimiento de contratación pública.

4.13. El CESE está asimismo convencido de que la actual relación entre las UIF de los Estados miembros se debería mantener e incluir en la nueva estructura de la ALBC. No se puede perder la información ni las alianzas estratégicas forjadas a lo largo de los años entre las UIF de los diferentes Estados miembros.

4.14. Una parte significativa del blanqueo de capitales tiene lugar fuera del sistema financiero, mediante la utilización de efectivo para la compra de bienes que posteriormente se legalizan o almacenan, o mediante determinadas transacciones comerciales. El CESE pide a la Comisión que estudie la manera más eficaz de aplicar el paquete legislativo propuesto al mercado de obras de arte y bienes de valor elevado y a su almacenamiento en puertos francos, depósitos de aduana y zonas económicas especiales, así como a determinadas transacciones comerciales, transacciones comerciales con préstamos sin intereses reembolsados en un país de destino, inversiones inmobiliarias y transacciones con empresas de juegos de azar. Los resultados de dicho estudio deben servir de base, en su caso, para nuevas propuestas legislativas destinadas a luchar contra el blanqueo de capitales y los delitos conexos.

4.15. La actividad de la gran mayoría de las organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro refuerza la democracia al hacerla más participativa, además de ser un sector económico de valor creciente. De hecho, muchas de ellas han estado luchando contra el blanqueo de capitales y contribuyendo a poner en evidencia prácticas de blanqueo de capitales. Sin embargo, algunas organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro podrían utilizarse en operaciones de blanqueo de capitales. Por este motivo, al diseñar políticas respecto a las organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro, la evaluación de riesgos en este sector debe ser muy cuidadosa, con el fin de detectar casos de uso de estas organizaciones con fines ilegales sin poner obstáculos a su desarrollo ni permitir que Gobiernos autoritarios ataquen a las organizaciones que los critican.

5. Observaciones específicas

5.1. tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) Durante la pandemia, además de un incremento de las transacciones virtuales y un mayor uso de los criptoactivos, ha despegado el mercado deno fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) ( 25 ) , que mueven capitales a escala internacional (2 500 millones de dólares en la primera mitad de 2021) utilizando la tecnología de cadena de bloques. El CESE propone que los operadores del mercado de NFT sean incluidos en la lista de entidades obligadas. Se han de vigilar igualmente las «transacciones virtuales», que se utilizan para el blanqueo de capitales.

5.2. La pandemia ha reducido el uso del efectivo. Esto, junto con la decisión de dejar de imprimir billetes de 500 euros, ha generado para los delincuentes la necesidad de «blanquear» este dinero e introducirlo en la economía real. Por consiguiente, el CESE recomienda que la Comisión Europea estudie la posibilidad de reducir el límite de las transacciones en efectivo por debajo de 10 000 euros, teniendo en cuenta las diversas situaciones de los distintos Estados miembros.

5.3. El CESE considera esencial que las UIF funcionen correctamente. Tal extremo requiere unos recursos humanos y técnicos suficientes y de alto nivel. Se debe reforzar su capacidad de trabajar junto con otras UIF y autoridades de la UE mediante estándares, procedimientos y herramientas informáticas compatibles y la impartición de una formación suficiente y comparable a todo su personal. La ALBC deberá cooperar con las autoridades nacionales competentes para maximizar la eficiencia de su labor. El Comité pide a los Gobiernos nacionales, especialmente los mencionados en las recomendaciones específicas por país (REP) del Semestre Europeo, que den prioridad al objetivo del funcionamiento ágil de las UIF y a fomentar una cooperación eficaz con las autoridades europeas.

5.4. El CESE considera que las elevadas cualidades profesionales, experiencia, independencia —en el sentido de defender únicamente los intereses y los valores de la UE— y honradez de los directivos y el resto del personal de la ALBC son esenciales para su funcionamiento correcto. Así pues, el rigor y la transparencia deberán presidir el proceso de selección. El Comité propone que la Comisión elabore una lista de principios y valores que sirvan de base a los procesos iniciales de selección y que puedan tenerse en cuenta en el código ético que deberán elaborar y aprobar los órganos de la Autoridad.

5.5. El CESE reitera la propuesta ( 26 ) —en consonancia con la del Parlamento Europeo— de suprimir progresivamente los programas de concesión de residencia mediante inversión y prohibir los de concesión de nacionalidad y, mientras tanto, comprobar rigurosamente que las personas que se acogen a ellos hayan cumplido sus obligaciones legales en sus países de origen y no estén involucradas en operaciones de blanqueo de capitales.

5.6. El CESE propone que la Comisión Europea cree una base de datos que proporcione a las pymes información sobre las sanciones impuestas a particulares y empresas, así como sobre su duración, en relación con la financiación del terrorismo.

5.7. La ALBC deberá contar con un presupuesto suficiente para afrontar los grandes desafíos que le plantean sus objetivos y cometidos. Una LBC/LFT eficaz mejorará notablemente los ingresos fiscales de los Estados miembros, que han de enfrentarse a los retos de las transformaciones ecológica y digital y las correspondientes transiciones justas, y que también será un factor de mejora de su cohesión social y política. Se deberá tener en cuenta el coste que acarreará para las empresas atenerse a las nuevas obligaciones legales, cuya eficacia se habrá de evaluar periódicamente. El CESE propone que la ALBC se financie con cargo al presupuesto de la UE.

5.8. Un aspecto crucial para el éxito de la LBC/LFT es la disponibilidad de unos registros y bases de datos adecuados e interconectados en los que conste la información de la titularidad real de las cuentas, los bienes, los fideicomisos o los fiduciarios y las transacciones y que estén inmediatamente a disposición de las personas autorizadas. Habida cuenta del creciente volumen y velocidad de acceso a tales registros y bases de datos, se está agudizando asimismo la necesidad de protección de los datos personales. El CESE cree que esta es una cuestión que se ha de tratar con suma atención.

Bruselas, 8 de diciembre de 2021. La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo Christa SCHWENG

(1) COM(2020) 593 final.

(2) Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal (DO L 284 de 12.11.2018, p. 22).

(3) Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO L 305 de 26.11.2019, p. 17).

(4) COM(2019) 360 final, COM(2019) 370 final, COM(2019) 371 final y COM(2019) 372 final, de 24.7.2019.

(5) C(2020) 2800.

(6) DO C 429 de 11.12.2020, p. 6.

(7) COM(2021) 421 final.

(8) COM(2021) 420 final.

(9) COM(2021) 423 final.

(10) COM(2021) 422 final.

(11) Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1781/2006 (DO L 141 de 5.6.2015, p. 1).

(12) Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre delitos financieros y evasión y elusión fiscales (DO C 108 de 26.3.2021, p. 8) y Resolución del PE de 10.7.2020.

(13) TCE: Informe Especial 13/2021.

(14) CEPS-ECRI: «TF Report: AML in the EU»; 01/2021.

(15) TCE, ibidem, punto 86. En diez años, la Junta de Supervisores de la ABE no ha acometido ninguna investigación de LBC/LFT por iniciativa propia. Desvinculada de toda obligación legal de responder puntualmente a las solicitudes, solo ha investigado dos de las cuatro reclamaciones presentadas por la Comisión Europea.

(16) TCE, ibidem, puntos 26 y 28.

(17) CEPS-ECRI, ibidem, p. 2.

(18) CEPS-ECRI, ibidem, p. iv.

(19) Dictamen del CESE sobre el tema «Medidas efectivas y coordinadas de la UE para luchar contra el fraude fiscal, la elusión fiscal, el blanqueo de capitales y los paraísos fiscales», puntos 3.4, 3.5 y 3.6 (DO C 429 de 11.12.2020, p. 6).

(20) Resolución del PE de 10.7.2020 sobre el Plan de acción en materia de LBC/LFT.

(21) Desde su creación y a fin de contribuir a facilitar la consulta a las partes interesadas, la ABE, la ESMA (Autoridad Europea de Valores y Mercados) y la AESPJ (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) tienen grupos de interés, formados por miembros que representan en proporciones equilibradas a las empresas privadas, los consumidores, los usuarios, los representantes de los empleados de compañías del sector y los miembros del mundo académico de mayor relevancia.

(22) Europol-EFECC: «Enterprising criminals. Europe’s fight against the global networks of financial and economic crime» (06/2020)]; y WCA: El COVID 19 abrió las puertas para una nueva ola de lavado de activos.

(23) COM(2020) 593 final.

(24) «Sociedad fantasma» o «ficticia»: una sociedad sin actividad económica real en su país de registro y con un número de empleados muy escaso o nulo. Algunas de ellas se utilizan para el blanqueo de capitales, para la elusión fiscal o para burlar la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores. Véase: EPRS, 10/2018: «An overview of shell companies in the European Union»; FMI, F&D, 09/2019: Damgaard, Elkjaer y Johannesen, «The Rise of Phantom Investments»; y el Dictamen del CESE «Medidas efectivas y coordinadas de la UE para luchar contra el fraude fiscal, la elusión fiscal, el blanqueo de capitales y los paraísos fiscales» (DO C 429 de 11.12.2020, p. 6).

(25) Reuters, 6/06/2021: volumen de ventas de NFT.

(26) DO C 47 de 11.2.2020, p. 81, y DO C 429 de 11.12.2020, p. 6.