Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal

(95/C 122/04)

COM(94) 689 final - 95/0020(COD)

(Presentada por la Comisión el 31 de marzo de 1995)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 100 A,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado,

1. Considerando que la Directiva 90/387/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al establecimiento del mercado interior de servicios de telecomunicaciones mediante la realización de la oferta de una red abierta de telecomunicaciones (1), prevé, entre otras cosas, la adopción de una directiva específica con objeto de establecer las condiciones de oferta de red abierta para el servicio de telefonía vocal;

2. Considerando que, con arreglo a la Directiva 90/387/CEE, la oferta de red abierta (ONP) se aplica a las «redes públicas de telecomunicaciones y, en su caso, a los servicios públicos de telecomunicaciones», que, por consiguiente, la aplicación de la ONP al servicio de telefonía vocal debe también incluir la aplicación de la ONP a la red a través de la cual se presta dicho servicio;

3. Considerando que las condiciones de la ONP para el acceso a las redes y servicios telefónicos públicos fijos y para la utilización de los mismos deben aplicarse a todas las tecnologías de red actualmente utilizadas en los Estados miembros, incluidas las redes telefónicas analógicas, las redes digitales y la red digital de servicios integrados (RDSI);

4. Considerando que la presente Directiva no se aplica a los servicios móviles telefónicos; que sí se aplica a la utilización que de la red telefónica pública fija hacen los operadores de servicios telefónicos móviles, especialmente en lo que se refiere a la interconexión de las redes telefónicas móviles con la red telefónica pública fija de un único Estado miembro, con el fin de alcanzar unos servicios completos de alcance comunitario; que la presente Directiva no se aplica a la interconexión directa entre operadores de servicios telefónicos móviles públicos;

5. Considerando que la presente Directiva no se aplica a los servicios o facilidades ofrecidos en los puntos de terminación de la red situados fuera de la Comunidad;

6. Considerando que la Directiva 90/388/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1990, relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones (2), cuya última modificación la constituye la Directiva 94/46/CE (3) establece que los Estados miembros deberán eliminar los derechos exclusivos para el suministro de servicios de telecomunicaciones distintos de los servicios de telefonía vocal; que la Directiva 90/388/CEE no se aplica a los servicios de télex, de radiotelefonía móvil, y de radiomensajería;

7. Considerando que el servicio de telefonía vocal ha adquirido importancia por motivos sociales y económicos, y que en la Comunidad cualquier persona debe tener derecho a abonarse a dicho servicio; que, en virtud del principio de no discriminación, el servicio de telefonía vocal debe ofrecerse y prestarse sin discriminación a todos los usuarios que lo soliciten; que el principio de no discriminación se aplica, en particular, a la disponibilidad de acceso técnico, a las tarifas, a la calidad del servicio, al plazo de suministro (de entrega), a la distribución equitativa de la capacidad en caso de escasez, al plazo de reparación, a la disponibilidad de información sobre la red y a la información al cliente con supeditación a la legislación aplicable relativa a la protección de los datos personales y de la intimidad;

8. Considerando que, de conformidad con la Directiva 90/388/CEE, los Estados miembros que mantengan derechos exclusivos para el suministro y la explotación de redes públicas de telecomunicaciones deben adoptar las medidas necesarias para que las condiciones que rigen el acceso a la red y su utilización sean objetivas, no discriminatorias y públicas; que es necesario armonizar las especificaciones que deben publicarse y determinar la forma de dicha publicación, con objeto de facilitar la prestación de servicios de telecomunicación dentro de un Estado miembro y entre Estados miembros y, en particular, la prestación de servicios por empresas, sociedades o personas físicas establecidas en un Estado miembro distinto del de la empresa, sociedad o persona física destinataria del servicio;

9. Considerando que, de acuerdo con el principio de separación de las funciones de reglamentación y de explotación, se han creado en los Estados miembros autoridades nacionales de reglamentación; que, en aplicación del principio de subsidiariedad, la autoridad nacional de reglamentación de cada Estado miembro debe desempeñar una función importante en la aplicación de la presente Directiva, particularmente en aspectos como la publicación de objetivos y estadísticas relativas al funcionamiento, el calendario para la puesta en marcha de nuevas instalaciones y servicios, las consultas pertinentes con los usuarios/consumidores y con las organizaciones de consumidores/usuarios, el control de los planes de numeración, la vigilancia de las condiciones de utilización y la resolución de litigios, y que debe asegurarse asimismo de que todos los usuarios reciban un trato equitativo en la Comunidad; que dichas autoridades nacionales de reglamentación deben contar con los medios necesarios para realizar plenamente estas tareas;

10. Considerando que la calidad del servicio, tal como los usuarios la perciben, constituye un aspecto esencial del servicio prestado, y que deben publicarse en beneficio de los usuarios los indicadores de la calidad del servicio y de los resultados alcanzados; que se precisan indicadores armonizados de la calidad de servicio y métodos comunes de medida con el fin de evaluar la convergencia de la calidad del servicio a escala comunitaria; que las distintas categorías de usuarios requieren diferentes niveles de calidad de servicio, para los cuales puede resultar oportuno establecer tarifas distintas;

11. Considerando que los usuarios de la red telefónica pública fija deben tener, en sus relaciones con los organismos de telecomunicaciones, derechos al menos similares a los que tienen cuando tratan con proveedores de otros bienes y servicios, y que los organismos de telecomunicaciones no deben gozar de ningún tipo de protección jurídica especial en sus relaciones con los usuarios de la red telefónica pública fija;

12. Considerando que un acuerdo entre las partes interesadas puede constituir un contrato; que, con el fin de evitar cláusulas contractuales injustas, es necesario que las autoridades nacionales de reglamentación estén facultadas para exigir modificaciones de las condiciones impuestas por los organismos de telecomunicaciones a los usuarios en sus contratos; que los Estados miembros podrán decidir que sus autoridades nacionales de reglamentación examinen las citadas cláusulas contractuales, bien antes de que sean utilizadas por los organismos de telecomunicaciones, o bien en cualquier momento, a petición del usuario;

13. Considerando que la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (4) ofrece ya a los consumidores una protección general en relación con las condiciones contractuales; que, no obstante, resulta necesario, para los fines de la presente Directiva, completar dicha protección general, adoptando normas más específicas aplicables a todos los usuarios;

14. Considerando que, además del servicio básico de telefonía vocal accesible a los usuarios, es conveniente garantizar a los usuarios, siempre que sea técnicamente factible y económicamente viable, la oferta de un conjunto mínimo armonizado de servicios avanzados de telefonía vocal, tanto para las comunicaciones dentro de un Estado miembro como entre Estados miembros;

15. Considerando que la oferta de otras facilidades de telefonía vocal, en respuesta a la demanda del mercado, además, del conjunto mínimo armonizado de servicios de telefonía vocal descrito en la presente Directiva, no debe obstaculizar la oferta de servicios básicos de telefonía vocal ni dar lugar a un aumento irrazonable de los precios del servicio básico de telefonía vocal;

16. Considerando que las condiciones armonizadas en el servicio de telefonía vocal deben permitir que los Estados miembros tengan flexibilidad para determinar los calendarios de realización, dadas las diferencias con respecto al desarrollo técnico de la red y a la demanda del mercado;

17. Considerando que la Comisión ha publicado unas Directrices para la aplicación de las normas comunitarias sobre competencia en el sector de las telecomunicaciones (5), entre otras cosas para precisar la aplicación de la normativa comunitaria sobre competencia cuando los organismos de telecomunicaciones cooperen para llevar a cabo la interconexión a escala comunitaria de las redes y servicios públicos;

18. Considerando que, para prestar servicios de telecomunicación eficaces y ofrecer nuevas aplicaciones, los proveedores de servicios de telecomunicación y otros, de conformidad con los principios del Derecho comunitario, deben poder pedir el acceso a la red telefónica pública fija en puntos distintos de los puntos de terminación de red ofrecidos a la mayoría de los usuarios del teléfono; que dichas solicitudes deben ser razonables en cuanto a la factibilidad técnica y la viabilidad económica; que deben establecerse procedimientos que proporcionen un equilibrio entre las necesidades de los usuarios y las inquietudes justificadas de los organismos de telecomunicaciones; que es esencial preservar la integridad de la red telefónica pública fija al hacer uso pleno y eficaz de la red a través de este acceso especial;

19. Considerando que, con arreglo a la definición de la Directiva 90/387/CEE, el punto de terminación de la red puede estar situado en las dependencias de un organismo de telecomunicaciones; que no se exige de manera específica en la presente Directiva la instalación de equipos propiedad de los proveedores de servicios en las dependencias de un organismo de telecomunicaciones;

20. Considerando que es necesario que las autoridades nacionales de reglamentación ofrezcan garantías adecuadas de que los organismos de telecomunicaciones no discriminen a los proveedores de servicios con los cuales compiten, y, en particular, garantías que aseguren un acceso equitativo a las interfaces de red; que las tarifas que se apliquen a los organismos de telecomunicaciones cuando utilicen la red telefónica pública fija para la prestación de servicios de telecomunicación deben ser las mismas que se aplican a otros usuarios;

21. Considerando que los usuarios deben beneficiarse de las economías de escala que puedan derivarse de nuevas arquitecturas inteligentes de red; que el desarrollo del mercado comunitario de servicios de telecomunicación exige la máxima disponibilidad de facilidades como las que se enumeran en la presente Directiva; que el principio de no discriminación debe aplicarse de manera que no obstaculice el desarrollo de servicios avanzados de telecomunicación;

22. Considerando que se debe estimular a los organismos de telecomunicaciones para que establezcan los mecanismos de cooperación necesarios para garantizar una interconectabilidad completa a escala comunitaria entre las redes públicas, en particular con respecto al servicio de telefonía vocal; que las autoridades nacionales de reglamentación deben facilitar dicha cooperación; que tal interconexión debe estar sometida a vigilancia reglamentaria con el fin de salvaguardar los intereses de los usuarios a escala comunitaria y el cumplimiento del Derecho comunitario y, en la medida de lo posible, del marco normativo internacional vigente dentro del ámbito de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT); que, por consiguiente, las autoridades nacionales de reglamentación deben tener, en caso necesario, libre acceso a una información completa sobre los acuerdos de interconexión de redes; que la Comisión puede pedir a los Estados miembros información detallada sobre los acuerdos especiales de acceso a la red y de interconexión, siempre y cuando la legislación comunitaria así lo preva;

23. Considerando que la interconexión de las redes telefónicas públicas es esencial para la prestación de servicios de telefonía vocal a escala comunitaria; que corresponde a las autoridades nacionales de reglamentación velar por que las condiciones que rigen la interconexión a las redes telefónicas públicas fijas, incluida la de los organismos de telecomunicaciones de otros Estados miembros y operadores de servicios telefónicos públicos móviles, sean objetivas y no discriminatorias, con arreglo a la Directiva 90/387/CEE;

24. Considerando que, cuando la red telefónica pública fija en un Estado miembro sea explotada por más de un organismo de telecomunicaciones, es necesaria una supervisión adecuada de los acuerdos de interconexión por las autoridades nacionales de reglamentación a fin de garantizar la oferta de servicios de telefonía vocal a escala comunitaria; que dichos acuerdos de interconexión deben respetar plenamente los principios fijados en la presente Directiva;

25. Considerando que el principio de la no discriminación en relación con la interconexión tiene como principal finalidad evitar el abuso de la posición dominante por parte de los organismos de telecomunicaciones;

26. Considerando que, de conformidad con la Directiva 90/387/CEE, deben aplicarse, en toda la Comunidad, unos principios comunes y eficaces de tarificación, basados en criterios objetivos y orientados a los costes; que puede ser necesario un período transitorio razonable con el fin de aplicar de manera plena los principios de tarificación; que, no obstante, las tarifas deben ser transparentes y estar convenientemente publicadas, deben estar suficientemente desglosadas de conformidad con las normas del Tratado relativas a la competencia, no deben ser discriminatorias y deben garantizar la igualdad de trato; que para la aplicación del principio de orientación en función de los costes debe tenerse en cuenta el objetivo de un servicio universal y puede tenerse en cuenta las políticas de ordenamiento del territorio encaminadas a garantizar la cohesión dentro de un Estado miembro;

27. Considerando que las autoridades nacionales de reglamentación deben ser responsables de la supervisión de las tarifas; que las estructuras tarifarias deben evolucionar en función del desarrollo tecnológico y de la demanda de los usuarios; que el requisito de que las tarifas estén orientadas hacia los costes significa que los organismos de telecomunicaciones deben poner en práctica, dentro de un plazo razonable, unos sistemas de contabilidad de costes que permitan imputar los costes a los servicios con la mayor precisión posible, basándose en un sistema de contabilidad de costes transparente; que estos requisitos pueden cumplirse, por ejemplo, mediante la aplicación del principio de distribución completa de costes;

28. Considerando que, en el marco del principio general de tarificación orientada a los costes, es precisa cierta flexibilidad, bajo la supervisión de la autoridad nacional de reglamentación, a fin de poder aplicar sistemas de reducción de tarifas para determinados usos, o tarifas de interés social para determinados colectivos, para ciertos tipos de llamada o para llamadas efectuadas a determinadas horas; que los sistemas de reducción de tarifas deben ajustarse a las normas sobre la competencia del Tratado, y en particular al principio general de que la celebración de contratos no debe supeditarse a la aceptación de obligaciones suplementarias que no guarden relación con los mismos; que, en particular, los sistemas de reducción de tarifas no deben vincular la prestación de servicios en régimen de derechos especiales o exclusivos a la prestación de servicios en régimen de competencia;

29. Considerando que, para que tengan la posibilidad de comprobar la exactitud de sus facturas, los usuarios deben poder recibir facturas detalladas, con un grado de detalle compatible con las necesidades del usuario y con la legislación aplicable en materia de protección de los datos personales y de la intimidad;

30. Considerando que las guías telefónicas de los usuarios abonados al servicio de telefonía vocal deben poder obtenerse con facilidad, dado que constituyen un elemento importante para la utilización del servicio de telefonía vocal; que la información de las guías debe facilitarse de manera equitativa y no discriminatoria; que los usuarios deben tener la opción de figurar o no en la guía, de conformidad con la legislación aplicable en materia de protección de los datos personales y de la intimidad;

31. Considerando que los teléfonos públicos de pago constituyen un importante medio de acceso al servicio de telefonía vocal, especialmente en situaciones de emergencia, y que conviene garantizar su existencia para satisfacer las necesidades razonables de los usuarios;

32. Considerando que la Comisión, reconociendo que sería beneficioso para los usuarios disponer de un tipo único de tarjeta telefónica de pago, válida en todos los Estados miembros, ha encargado al Comité Europeo de Normalización/Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CEN/CENELEC) la elaboración de normas adecuadas; que, aparte de dichas normas, se precisan acuerdos comerciales que garanticen que las tarjetas de prepago expedidas en un Estado miembro puedan utilizarse en otros Estados miembros;

33. Considerando que, dentro de los Estados miembros, se puede prestar apoyo a los colectivos con necesidades especiales; que estas medidas pueden incluir disposiciones relativas al servicio de telefonía vocal, ya que está considerado como un servicio importante para las personas minusválidas;

34. Considerando que la Comisión ha pedido al Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) que estudie la factibilidad técnica y la viabilidad económica de una interfaz de red de línea única armonizada para hacer posible el acceso y la utilización de la red telefónica pública fija en todos los Estados miembros; que a fin de asegurar un acceso armonizado a los terminales de RDSI, conviene establecer requisitos para el correspondiente punto de terminación de red, incluyendo especificaciones para el conector;

35. Considerando que los números telefónicos nacionales son un recurso que debe ser controlado por las autoridades nacionales de reglamentación; que los planes de numeración deben elaborarse en estrecha consulta con los organismos de telecomunicaciones y en armonía con un plan europeo de numeración a largo plazo y con el sistema internacional de numeración; que los cambios de numeración resultan costosos tanto para los organismos de telecomunicaciones como para los usuarios, y deben reducirse al mínimo compatible con las necesidades nacionales e internacionales a largo plazo;

36. Considerando que la Resolución del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, relativa a la promoción de la cooperación a escala europea en materia de numeración de los servicios de telecomunicación (6) considera como principal objetivo político en este campo el fortalecimiento de la cooperación en relación con los sistemas de numeración de los servicios con aplicaciones paneuropeas; que es necesario crear un espacio europeo de numeración para facilitar el establecimiento y la utilización de servicios de telefonía vocal a escala europea, incluidos los números de llamada gratuita;

37. Considerando que, de conformidad con la Directiva 90/388/CEE, los Estados miembros que supediten el suministro de servicios de telecomunicación a un procedimiento de autorización o de declaración deben garantizar que las autorizaciones se concedan con arreglo a criterios objetivos no discriminatorios y transparentes, que su eventual denegación esté debidamente motivada y que exista un procedimiento para recurrir contra ella; que las condiciones de utilización de la red telefónica pública fija deben ser compatibles con el Derecho comunitario, y en particular con la Directiva 90/387/CEE; que, de conformidad con la Directiva 92/44/CEE del Consejo, de 5 de junio de 1992, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas arrendadas (7), modificada por la Directiva 94/439/CE de la Comisión (8), toda restricción tendente a garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales debe ser compatible con el Derecho comunitario y ser establecida por las autoridades nacionales de reglamentación a través de la vía normativa; que no deben establecerse ni mantenerse restricciones técnicas para la interconexión de líneas arrendadas y redes telefónicas públicas;

38. Considerando que, con arreglo a la Directiva 90/387/CEE, los requisitos esenciales que justifican la restricción del acceso a las redes o servicios públicos de telecomunicación y la utilización de los mismos se limitan a la seguridad en la explotación de la red, el mantenimiento de su integridad, la interoperabilidad de servicios en casos justificados y la protección de datos, en los casos apropiados; que, además, son de aplicación las condiciones que, con carácter general, rigen para la conexión de equipos terminales; que las autoridades nacionales de reglamentación pueden autorizar procedimientos que permitan a un organismo de telecomunicaciones tomar inmediatamente medidas en caso de infracción grave de las condiciones de acceso o de utilización;

39. Considerando que el principio de transparencia debe aplicarse a las normas en que se basan los servicios de telefonía vocal; que, de conformidad con la Directiva 90/387/CEE, la armonización de las interfaces técnicas y de las condiciones de acceso debe basarse en especificaciones técnicas comunes que tengan en cuenta la normalización internacional; que, de conformidad con la Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas (9), cuya última modificación la constituye la Directiva 94/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10), no deben elaborarse nuevas normas nacionales en sectores en los que se estén elaborando normas europeas armonizadas;

40. Considerando que, para que la Comisión pueda controlar eficazmente la aplicación de la presente Directiva, es preciso que los Estados miembros le notifiquen el nombre de la autoridad nacional de reglamentación competente en relación con las funciones derivadas de la presente Directiva y para la transmisión de la información pertinente exigida en la misma;

41. Considerando que, además de las vías de recurso previstas en la legislación nacional o comunitaria, es necesario prever un procedimiento sencillo de conciliación para resolver los litigios, tanto a escala nacional como comunitaria; que dicho procedimiento debe ser rápido, poco costoso y transparente y permitir la participación de todas las partes interesadas;

42. Considerando que los servicios de telecomunicación están sujetos a la legislación en materia de protección del consumidor, a la legislación en materia de protección de datos y a la legislación en materia de difusión de información o de documentos que puedan considerarse ofensivos para el público en general y que, por tanto, no se prevén en la presente Directiva medidas específicas adicionales;

43. Considerando que la transparencia mejoraría a través de un diálogo regular y sistemático con las organizaciones de telecomunicaciones, usuarios, consumidores, fabricantes y proveedores de servicios en lo que se refiere a las cuestiones de ámbito comunitario que plantea la presente Directiva: que la consulta con los sindicatos está ya prevista en la Decisión 90/450/CEE de la Comisión (11), que estableció un Comité paritario de telecomunicaciones, compuesto por representantes de trabajadores y empresarios, para que asistiera a la Comisión,

44. Considerando que, habida cuenta de la rapidez con que se avanza en este sector, la aplicación de la ONP a la telefonía vocal debe constituir un proceso progresivo y continuo, y las condiciones para su reglamentación deben ser lo bastante flexibles para responder a las necesidades de un mercado y de una tecnología en evolución; que, por tanto, debe establecerse un procedimiento flexible para las adaptaciones técnicas que tenga plenamente en cuenta los puntos de vista de los Estados miembros y en el que participe el Comité ONP;

45. Considerando que se prevé la necesidad de establecer un procedimiento encaminado a asegurar la convergencia a escala comunitaria, mediante la fijación de objetivos y plazos armonizados para los servicios y facilidades de telefonía vocal; que el Comité ONP debe participar en ese procedimiento de convergencia; que en dicho procedimiento debe tenerse plenamente en cuenta el nivel de desarrollo de la red y de la demanda del mercado en la Comunidad;

46. Considerando que el objetivo de un servicio de telefonía vocal a escala comunitaria avanzado y rentable -fundamento esencial del mercado único- no puede alcanzarse satisfactoriamente a nivel de Estado miembro y que, por lo tanto, se alcanzará en mejores condiciones, a nivel comunitario, mediante la adopción de la presente Directiva;

47. Considerando que la Decisión 91/396/CEE del Consejo (12) requiere la introducción en la Comunidad de un número de llamada de urgencia único europeo; que la Directiva 91/263/CEE del Consejo de 29 de abril de 1991, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos terminales de telecomunicación, incluido el reconocimiento mutuo de su conformidad (13), modificada por la Directiva 93/68/CEE (14), define las condiciones para la conexión de equipos terminales a la red telefónica pública fija;

48. Considerando que Europa está evolucionando hacia una economía basada en la información; que el acceso libre a la red es un asunto de importancia primordial a nivel mundial; que el Consejo ha acordado un calendario para la liberalización de todas las redes, infraestructuras y servicios de telecomunicación; que una política equilibrada de liberalización y armonización -que incluya medidas de acompañamiento para el servicio universal- continuará asegurando el acceso del comercio, la industria y los ciudadanos europeos a infraestructuras de comunicaciones modernas, económicas y eficaces en las que se podrán ofrecer una rica y variada gama de servicios,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Ámbito de aplicación

1. La presente Directiva tiene por objeto la armonización de las condiciones para garantizar un acceso abierto y eficaz a las redes telefónicas públicas fijas y a los servicios telefónicos públicos, así como la utilización de dichas redes y servicios y la oferta en toda la Comunidad de un servicio armonizado de telefonía vocal.

2. La presente Directiva no será aplicable a los servicios telefónicos móviles, excepto en lo que se refiere a la interconexión entre las redes utilizadas para los servicios de telefonía móvil pública y las redes telefónicas públicas fijas.

Artículo 2

Definiciones

1. Serán aplicables a la presente Directiva, cuando proceda, las definiciones que figuran en la Directiva 90/387/CEE.

2. A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

- «red telefónica pública fija», la red pública conmutada de telecomunicaciones que se utiliza, en particular, para la prestación del servicio de telefonía vocal entre puntos fijos de terminación de la red;

- «usuarios», los usuarios finales, incluidos los consumidores (por ejemplo, los usuarios finales particulares), y los proveedores de servicios, incluidos los organismos de telecomunicaciones cuando éstos presten servicios que también prestan o pueden prestar otras entidades;

- «autoridad nacional de reglamentación», el organismo o los organismos de cada Estado miembro, jurídicamente distintos y funcionalmente independientes de los organismos de telecomunicaciones, a los que el correspondiente Estado miembro confía, en particular, las funciones de reglamentación a que se refiere la presente Directiva;

- «Comité ONP», el Comité creado por el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 90/387/CEE;

- «teléfono público de pago», el teléfono puesto a disposición del público y para cuya utilización se emplean medios de pago tales como monedas, tarjetas de crédito/débito y/o tarjetas de prepago.

Artículo 3

Prestación del servicio, conexión de equipos terminales y utilización de la red

Los Estados miembros velarán por que sus organismos de telecomunicaciones respectivos, conjuntamente o por separado, ofrezcan una red telefónica pública fija y un servicio de telefonía vocal, de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, con el fin de garantizar una oferta armonizada en la Comunidad.

En particular, los Estados miembros velarán por que los usuarios puedan:

a) obtener, previa solicitud, la conexión a la red telefónica pública fija,

b) conectar y utilizar equipos terminales homologados ubicados en las dependencias del usuario, de conformidad con el Derecho nacional y comunitario.

Los Estados miembros velarán por que no se impongan restricciones a la utilización de la conexión suministrada distintas de las que se mencionan en el artículo 22.

Artículo 4

Publicación de la información y acceso a la misma

1. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se publique una información adecuada y actualizada sobre el acceso a la red telefónica pública fija y al servicio de telefonía vocal y sobre la utilización de los mismos con arreglo a los epígrafes que figuran en el Anexo I.

Las modificaciones de las ofertas existentes y la información sobre nuevas ofertas deberán publicarse lo antes posible y, salvo disposición en contrario de la autoridad nacional de reglamentación, a más tardar dos meses antes de su realización.

2. La información a que se refiere el apartado 1 se publicará de tal manera que los usuarios puedan acceder a ella fácilmente. En el Diario Oficial del Estado miembro de que se trate deberá hacerse referencia a la publicación de dicha información.

3. Las autoridades nacionales de reglamentación notificarán a la Comisión, dentro del año siguiente al de la entrada en vigor de la presente Directiva, y posteriormente cada vez que se produzca alguna modificación, la forma en que se ofrece la información a que se refiere el apartado 1. La Comisión publicará periódicamente la referencia correspondiente a dichas notificaciones en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 5

Objetivos referentes al plazo de suministro y a la calidad del servicio

1. Las autoridades nacionales de reglamentación velerán por que se fijen y publiquen objetivos referentes al plazo de suministro y a los indicadores de la calidad del servicio que se enumeran en el Anexo II. Se publicarán anualmente las definiciones, los métodos de medida y los resultados que obtengan los organismos nacionales de telecomunicaciones en relación con dichos objetivos. Las definiciones, métodos de medida y objetivos serán revisados cada tres años como mínimo por la autoridad nacional de reglamentación.

La publicación se efectuará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4.

2. Cuando proceda, la Comisión, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 30, pedirá al Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) que elabore normas europeas sobre definiciones y métodos de medidas comunes.

Artículo 6

Condiciones de supresión de las ofertas

1. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las ofertas de servicios existentes se mantengan durante un período de tiempo razonable, y por que sólo sea posible suprimir una oferta o introducir cualquier modificación que altere de manera significativa el uso que puede hacerse de ella, previa consulta con los usuarios afectados y una vez transcurrido un plazo adecuado de notificación pública fijado por la autoridad nacional de reglamentación.

2. Sin perjuicio de las demás vías de recurso contempladas en las legislaciones nacionales, los Estados miembros velarán por que los usuarios, actuando, cuando la legislación nacional lo prevea, conjuntamente con las organizaciones que representen los intereses de usuarios y/o consumidores, puedan someter a la autoridad nacional de reglamentación los casos en que los usuarios afectados no estén de acuerdo con la fecha de supresión propuesta por el organismo de telecomunicaciones.

Artículo 7

Contratos de los usuarios

1. Las autoridades nacionales de reglementación velarán por que los usuarios dispongan de un contrato en el que se especifique el servicio que un organismode telecomunicaciones debe prestar. Las autoridades nacionales de reglamentación exigirán el establecimiento de mecanismos de compensación y/o de reembolso para el caso en que no se alcance el nivel de calidad del servicio previsto en el contrato.

2. Los organismos de telecomunicaciones deberán responder sin demora a las solicitudes de conexión a la red telefónica pública fija y comunicar al usuario la fecha prevista para la prestación del servicio.

3. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán exigir la modificación de las condiciones contractuales y de los mecanismos de compensación y/o reembolso utilizados por los organismos de telecomunicaciones. En los contratos de los usuarios con los organismos de telecomunicaciones deberá figurar un resumen del método para incoar un procedimiento de solución de litigios.

4. Los Estados miembros velarán por que a los usuarios les asista el derecho de entablar acciones contra un organismo de telecomunicaciones.

Artículo 8

Inaplicación de las condiciones publicadas

Cuando, en respuesta a una solicitud determinada, un organismo de telecomunicaciones no considere razonable efectuar una conexión a la red telefónica pública fija en las condiciones de tarifas y de suministro publicadas, deberá recabar el acuerdo de la autoridad nacional de reglamentación para modificar dichas condiciones en tal caso.

Artículo 9

Suministro de servicios avanzados

1. Las autoridades nacionales de reglamentación garantizarán el suministro, cuando sea técnicamente factible y económicamente viable, de las facilidades enumeradas en el punto 1 del Anexo III, de conformidad con las normas técnicas contempladas en el artículo 24.

2. Las autoridades nacionales de reglamentación facilitarán y fomentarán la prestación de las facilidades y servicios enumerados en el punto 2 del Anexo III, de conformidad con las normas técnicas contempladas en el artículo 24, mediante acuerdos comerciales entre organismos de telecomunicaciones y, en su caso, con otras personas que ofrezcan dichas facilidades o servicios, de conformidad con las normas sobre la competencia del Tratado y en respuesta a la demanda de los usuarios.

3. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las fechas previstas para la introducciónde las facilidades enumeradas en el punto 1 del Anexo III se fijen teniendo en cuenta el grado de desarrollo de la red, la demanda del mercado y los progresos de la normalización, y se publiquen de la forma prevista en el artículo 4. Las autoridades nacionales de reglamentación fomentarán la fijación y publicación, con arreglo a los mismos criterios, de fechas para las facilidades y servicios enumerados en el punto 2 del Anexo III.

Artículo 10

Acceso especial a la red

1. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los organismos de telecomunicaciones respondan a las solicitudes razonables de usuarios que no sean

a) operadores de servicios telefónicos móviles públicos,

b) organismos de telecomunicaciones cuando suministren un servicio de telefonía vocal

para el acceso a la red telefónica pública fija en puntos de terminación de la red distintos de los contemplados en el Anexo I.

Cuando, en respuesta a una solicitud concreta, el organismo de telecomunicaciones no considere razonable conceder el acceso especial a la red solicitado, deberá recabar el acuerdo de la autoridad nacional de reglamentación para restringir o denegar dicho acceso. Los usuarios afectados deberán tener la posibilidad de someter su caso a la autoridad nacional de reglamentación antes de que se tome una decisión.

Cuando se deniegue una solicitud de acceso especial a la red, el usuario que haya presentado la solicitud deberá ser rápidamente informado de los motivos de la denegación, salvo cuando la comunicación de dicha información pueda afectar a los recursos ante un tribunal nacional, o cualquier otra acción emprendida al amparo de los regímenes nacionales para exigir el cumplimiento de las condiciones de autorización de conformidad con el Derecho comunitario.

2. Las modalidades técnicas y comerciales de acceso especial a la red serán objeto de un acuerdo entre las partes interesadas, sin perjuicio de la intervención de la autoridad nacional de reglamentación de conformidad con los apartados 1, 3 y 4. El acuerdo podrá prever el reembolso al organismo de telecomunicaciones de los costes incurridos, en particular, al facilitar el acceso a la red solicitado; estas cargas se fijarán respetando plenamente los principios de orientación a los costes expuestos en el Anexo II de la Directiva 90/387/CEE.

3. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán intervenir en cualquier momento, por su propia iniciativa, y deberán intervenir si alguna de las partes lo solicita, para establecer condiciones no discriminatorias, equitativas y razonables para ambas partes y que beneficien a todos los usuarios en la mayor medida posible.

4. Las autoridades nacionales de reglamentación tendrán derecho también, en interés de todos los usuarios, a velar por que los acuerdos incluyan condiciones acordes con los criterios contemplados en el apartado 3, se celebren y apliquen de manera eficaz y en el momento oportuno e incluyan asimismo condiciones relativas a la conformidad con las normas aplicables, al cumplimiento de los requisitos esenciales y/o al mantenimiento de la calidad de extremo a extremo.

5. Las condiciones fijadas por las autoridades nacionales de reglamentación de conformidad con el apartado 4 se publicarán en la forma prevista en el artículo 4.

6. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los organismos de telecomunicaciones respeten el principio de no discriminación cuando utilicen la red telefónica pública fija para prestar servicios que también prestan o pueden prestar otros proveedores de servicios.

7. La Comisión, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 30, solicitará al ETSI, cuando proceda, que elabore normas para nuevos tipos de acceso a la red. Se hará referencia a las normas para estos nuevos tipos de acceso en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de conformidad con el apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 90/387/CEE.

8. Los pormenores de los acuerdos relativos al acceso especial a la red deberán facilitarse a la autoridad nacional de reglamentación, cuando ésta lo solicite.

Artículo 11

Interconexión

1. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que sean atendidas las solicitudes razonables de interconexión de redes a la red telefónica pública fija procedentes de las entidades que a continuación se enumeran, en particular para garantizar la prestación a escala comunitaria del servicio de telefonía vocal:

a) organismos de telecomunicaciones que suministren redes telefónicas públicas fijas en otros Estados miembros y cuyos nombres hayan sido notificados con arreglo al apartado 3 del artículo 26;

b) operadores de servicios telefónicos móviles públicos en el mismo Estado miembro.

Los organismos de telecomunicación no podrán rechazar ninguna solicitud de interconexión sin el previo consentimiento de su autoridad nacional de reglamentación.

La interconexión a la red telefónica pública fija solicitada por operadores de servicios telefónicos móviles públicos en otros Estados miembros, cuyos nombres hayan sido notificados con arreglo al apartado 3 del artículo 26, podrá ser negociada asimismo entre las partes interesadas. Los organismos de telecomunicaciones no denegarán ninguna solicitud de interconexión sin el previo consentimiento de su autoridad nacional de reglamentación.

2. Las modalidades técnicas y comerciales de interconexión serán objeto de un acuerdo entre las partes interesadas, sin perjuicio de la intervención de la autoridad nacional de reglamentación de conformidad con los apartados 3 y 4 del artículo 10.

3. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los organismos de telecomunicaciones respeten el principio de no discriminación, cuando celebren acuerdos de interconexión con otras entidades.

4. Si los acuerdos de interconexión contienen disposiciones específicas de compensación para el organismo de telecomunicaciones en situaciones en que se imponen a las partes respectivas condiciones de explotación diferentes, por ejemplo, controles de precios u obligaciones de prestación de servicio universal, tales disposiciones de compensación deberán estar orientadas a los costes, no resultar discriminatorias y estar plenamente justificadas, y sólo se aplicarán previa aprobación de la autoridad nacional de reglamentación, que actuará de conformidad con el Derecho comunitario.

5. Los pormenores de los acuerdos de interconexión deberán facilitarse a la autoridad nacional de reglamentación, cuando ésta lo solicite.

Artículo 12

Principios de tarificación y transparencia

1. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las tarifas aplicadas al uso de la red telefónica pública fija y a los servicios de telefonía vocal sean conformes a los principios básicos de transparencia y de orientación a los costes que se exponen en el Anexo II de la Directiva 90/387/CEE y se ajusten a las disposiciones del presente artículo.

2. Sin perjuicio de la aplicación del principio de orientación de los costes, las autoridades nacionales de reglamentación podrán imponer a los organismos de telecomunicaciones obligaciones de tarificación relacionadas con los objetivos de la accesibilidad del servicio de telefonía vocal a todos, incluidos los relativos a los aspectos de ordenación del territorio.

3. Las tarifas de acceso a la red telefónica pública fija y de utilización de la misma deberán ser independientes del tipo de aplicación que los usuarios realicen, salvo en la medida en que requieran servicios o facilidades diferentes.

4. Las tarifas de las facilidades adicionales a la prestación de la conexión a la red telefónica pública fija y del suministro del servicio de telefonía vocal estarán suficientemente desglosadas, de conformidad con el Derecho comunitario, de manera que el usuario no tenga que pagar por facilidades que no sean necesarias para el servicio solicitado.

5. Las tarifas contendrán normalmente los siguientes elementos, cada uno de los cuales deberá detallarse por separado para información del usuario:

- una cuota inicial, en concepto de conexión a la red telefónica pública fija y de abono al servicio de telefonía vocal;

- una cuota periódica, basada en el tipo de servicio y facilidades elegidas por el usuario;

- cuotas dependientes del uso, que podrán tener en cuenta, en particular, los períodos de tráfico telefónico intenso o reducido.

Cuando intervengan otros elementos en la tarifa, deberán ser transparentes y basarse en criterios objetivos.

6. Las tarifas se publicarán en la forma prevista en el artículo 4.

7. Las modificaciones de las tarifas sólo se llevarán a cabo transcurrido un plazo adecuado de preaviso al público fijado por la autoridad nacional de reglamentación.

Artículo 13

Principios de contabilidad de costes

1. Los Estados miembros velarán por que sus organismos de telecomunicaciones cuyos nombres hayan sido notificados con arreglo al apartado 2 del artículo 26 apliquen, a más tardar el 31 de diciembre de 1996, un sistema de contabilidad de costes adecuado a efectos de aplicación del artículo 12 y por que la observancia de este sistema de contablidad de coste sea comprobada por un órgano independiente competente. Deberá publicarse anualmente una declaración relativa a dicho cumplimiento.

2. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se pueda obtener, previa solicitud, una descripción del sistema de contabilidad de costes que indique las principales categorías en que se agrupan los costes y las normas utilizadas para la imputación de los mismos a los servicios de telefonía vocal. Las autoridades nacionales de reglamentación facilitarán a la Comisión, cuando ésta lo solicite, información sobre los sistemas de contabilidad de costes aplicados por los organismos de telecomunicaciones.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del presente apartado, el sistema a que se refiere el apartado 1 deberá incluir los elementos siguientes:

a) los costes del servicio de telefonía vocal, que incluirán, en particular, los costes directos en que hayan incurrido los organismos de telecomunicaciones para el establecimiento, explotación y mantenimiento del servicio de telefonía vocal, así como los gastos de comercialización y facturación de dicho servicio;

b) los costes comunes, esto es, los que no puedan imputarse directamente al servicio de telefonía vocal ni a otras actividades, los cuales se contabilizarán de la forma siguiente:

i) cuando sea posible, las categorías de costes comunes se imputarán basándose en un análisis directo del origen de los propios costes;

ii) si el análisis directo no fuere posible, las categorías de costes comunes se imputarán en función de su vinculación indirecta a otra categoría o grupo de categorías de costes cuya imputación o asignación directa resulte posible. Esta vinculación indirecta deberá basarse en estructuras de costes comparables;

iii) si no pudieren establecerse medidas directas ni indirectas para la imputación de los costes, la categoría de costes se desglosará mediante una clave general de imputación en función de la proporción de todos los gastos directa o indirectamente imputados o asignados, por una parte, a los servicios de telefonía vocal y, por otra parte, a los demás servicios.

Sólo podrán aplicarse otros sistemas de contabilidad de costes si resultan adecuados a efectos de aplicación del artículo 12 y han sido admitidos por la autoridad nacional de reglamentación para su utilización por los organismos de telecomunicaciones, previa información a la Comisión, antes de su aplicación.

4. Deberá facilitarse a la autoridad nacional de reglamentación información contable pormenorizada cuando ésta lo solicite y con carácter confidencial.

5. Los Estados miembros velarán por que los estados financieros de los organismos de telecomunicaciones notificados con arreglo al artículo 26 sean preparados, publicados y sometidos a una auditoría independiente. Tal auditoría será realizada de conformidad con las normas pertinentes de la legislación nacional.

Artículo 14

Reducciones, tarifas para un consumo reducido y otras disposiciones específicas sobre tarifas

1. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán convenir que se ofrezcan a los usuarios mecanismos de reducción de tarifas en función del volumen, sometidos a la supervisión de la autoridad nacional de reglamentación.

2. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán aprobar tarifas especiales para la prestación de servicios de interés social, tales como los servicios de urgencia, así como para usuarios de utilización reducida o colectivos específicos.

3. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las estructuras tarifarias prevean reducciones en las llamadas dentro de la Comunidad en horas de menor tráfico telefónico, incluidas, en su caso, las llamadas nocturnas y de fin de semana.

4. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las tarifas especiales que se apliquen a los servicios de telefonía vocal prestados en el marco de proyectos específicos de duración limitada estén sometidas a una notificación previa a la autoridad nacional de reglamentación.

Artículo 15

Facturación detallada

Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se fijen y publiquen objetivos en lo que respecta al establecimiento de una facturación detallada para los usuarios que así lo soliciten, teniendo en cuenta el grado de desarrollo de la red y la demanda del mercado.

Sin perjuicio del grado de detalle que permita la legislación aplicable en materia de protección de los datos personales y de la intimidad, las facturas detalladas deberán indicar el desglose de las cantidades adeudadas.

Las llamadas que el usuario realice de manera gratuita, incluidas las llamadas a los servicios de asistencia, no figurarán en la factura detallada de dicho usuario.

En este marco, podrán ofrecerse a los usuarios distintos niveles de detalle a tarifas razonables.

Artículo 16

Servicios de guía telefónica

Con sujeción a lo dispuesto en la legislación aplicable en materia de protección de los datos personales y de la intimidad, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que:

a) las guías telefónicas de los abonados al servicio de telefonía vocal se pongan a disposición de los usuarios, en forma impresa o electrónica, y se actualicen periódicamente;

b) los usuarios puedan decidir si figurarán o no en las guías telefónicas públicas;

c) los organismos de telecomunicaciones faciliten, previa solicitud, información de las guías telefónicas públicas relativa al servicio de telefonía vocal en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, previamente publicadas.

Artículo 17

Instalación de teléfonos públicos de pago

Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que la oferta de teléfonos públicos de pago satisfaga las necesidades razonables de los usuarios, tanto en número como en cobertura geográfica, y por que puedan hacerse desde estos teléfonos llamadas de urgencia. Las llamadas al número único europeo de urgencia a que se refiere la Decisión 91/396/CEE del Consejo serán gratuitas.

Artículo 18

Tarjetas telefónicas de prepago

1. La Comisión velará por que el ETSI y/o el CEN/CENELEC, elaboren normas relativas a una tarjeta telefónica de prepago armonizada utilizable en los teléfonos de pago de todos los Estados miembros, así como las normas conexas relativas a la interfaz de red de modo que las tarjetas de prepago expedidas en un Estado miembro puedan utilizarse en otros Estados miembros. Se publicará una referencia a estas normas y a las de los equipos conexos en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

2. Las autoridades nacionales de reglamentación fomentarán la introducción progresiva de teléfonos públicos de pago que cumplan las normas a que se refiere el apartado 1.

Artículo 19

Condiciones específicas para usuarios minusválidos y personas con necesidades especiales

Las autoridades nacionales de reglamentación podrán establecer condiciones específicas para facilitar a los usuarios minusválidos y a las personas con necesidades especiales la utilización del servicio de telefonía vocal.

Artículo 20

Especificaciones para el acceso a la red, incluido

el conector

1. Cuando proceda, la Comisión solicitará al ETSI, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 30, que establezca normas para nuevos tipos de acceso armonizado a la red de conformidad con el marco de referencia a que se refiere el punto 2 del Anexo II de la Directiva 90/387/CEE. Se publicará una referencia a las normas relativas a los nuevos tipos de acceso armonizado a la red en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

2. Cuando el servicio de telefonía vocal se preste a los usuarios a través del punto de referencia S/T de la RDSI, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que la introducción de un nuevo punto de terminación de la red cumpla las especificaciones de interfaz física pertinentes, en particular las referidas al conector, que figuran en la relación de normas publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 21

Cuestiones referentes a la numeración

1. Los Estados miembros velarán por que la autoridad nacional de reglamentación controle los planes nacionales de numeración telefónica para garantizar una competencia leal. En particular, los procedimientos de asignación de números y de intervalos numéricos deberán ser transparentes, equitativos y realizarse en el momento oportuno, y la asignación se efectuará de manera objetiva, transparente y no discriminatoria.

2. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que sean publicados los principales elementos del plan nacional de numeración y todas las adiciones o modificaciones de que sean objeto posteriormente, con supeditación únicamente a las restricciones impuestas por motivos de seguridad nacional.

3. Las autoridades nacionales de reglamentación propiciarán la utilización apropiada de posibles sistemas de numeración europea para proveer las facilidades mencionadas en el punto 2 del Anexo III.

Artículo 22

Condiciones de uso y de acceso y requisitos esenciales

1. Los Estados miembros velarán por que las condiciones que restrinjan el acceso a las redes telefónicas públicas fijas o a los servicios de telefonía vocal o el uso de las mismas se basen exclusivamente en los motivos enumerados en los apartados 3, 4 y 5 y se impongan con el acuerdo de la autoridad nacional de reglamentación.

2. Las autoridades nacionales de reglamentación establecerán procedimientos que permitan decidir, caso por caso y con la mayor brevedad posible, si se permite o no a los organismos de telecomunicaciones adoptar medidas tales como denegar el acceso a la red telefónica pública fija o interrumpir o reducir la disponibilidad del servicio de telefonía vocal, en caso de supuesto incumplimiento de las condiciones de utilización por parte del usuario. Dichos procedimientos podrán prever también la posibilidad de que la autoridad nacional de reglamentación autorice medidas previamente especificadas en casos concretos de incumplimiento de las condiciones de utilización.

La autoridad nacional de reglamentación velará por que dichos procedimientos prevean un proceso transparente de adopción de decisiones en el que se respeten debidamente los derechos de las partes. La decisión se adoptará una vez que ambas partes hayan tenido oportunidad de exponer sus observaciones. La decisión estará debidamente motivada y se notificará a las partes en el plazo de una semana a partir de su adopción.

Se publicará un resumen de dichos procedimientos en la forma prevista en el artículo 4.

Esta disposición se entenderá sin perjuicio del derecho de las partes interesadas de recurrir a los tribunales.

3. Cualquier restricción de utilización impuesta a los usuarios en virtud de derechos especiales o exclusivos con respecto a la telefonía vocal se impondrá por la vía normativa y se publicará con arreglo al artículo 4.

4. Las condiciones para la conexión de equipos terminales a la red telefónica pública fija deberán ajustarse a la Directiva 91/263/CEE y publicarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva.

Sin perjuicio de las disposiciones de la Directiva 91/263/CEE, cuando el equipo terminal de un usuario no reúna, o haya dejado de reunir, las condiciones de homologación, o cuando su mal funcionamiento afecte negativamente a la integridad de la red, o cuando exista el riesgo de ocasionar un daño físico a personas, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se aplique el siguiente procedimiento:

- el organismo de telecomunicaciones podrá interrumpir la prestación del servicio hasta que el equipo terminal sea desconectado del punto de terminación de la red;

- el organismo de telecomunicaciones notificará inmediatamente al usuario dicha interrupción exponiendo los motivos de la misma;

- en cuanto el usuario haya garantizado que el equipo terminal ha sido deconectado del punto de terminación de la red, se reanudará la prestación del servicio.

5. Cuando se restrinja el acceso a la red telefónica pública fija o la utilización de la misma en virtud de requisitos esenciales, las autoridades nacionales de reglamentación veláran por que las disposiciones nacionales pertinentes determinen en cuál de los requisitos esenciales enumerados en las letras a) a d) se basan dichas restricciones.

Las restricciones impuestas en virtud de requisitos esenciales se publicarán en la forma prevista en el artículo 4.

Las restricciones de utilización basadas en requisitos esenciales se impondrán por la vía normativa.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 3 y en el apartado 3 del artículo 5 de la Directiva 90/387/CEE, los requisitos esenciales especificados en el apartado 2 del artículo 3 de dicha Directiva se aplicarán a la red telefónica pública fija y al servicio de telefonía vocal del siguiente modo:

a) No podrá restringirse el acceso a la red telefónica pública fija ni la utilización de la misma por motivos de seguridad en el funcionamiento de la red, salvo en una situación de emergencia, en cuyo caso un organismo de telecomunicaciones podrá adoptar las siguientes medidas para salvaguardar la seguridad en el funcionamiento de la red:

- interrupción del servicio;

- limitación de determinadas prestaciones del servicio;

- denegación del acceso a la red y al servicio a nuevos usuarios.

Por situación de emergencia se entenderá, en este contexto, una avería de la red de carácter catastrófico, o un caso excepcional de fuerza mayor, como situaciones metereológicas extremas, inundaciones, rayos o incendios, conflictos laborales o cierres patronales, guerras, operaciones militares o disturbios civiles. Cuando se produzca una situación de emergencia, el organismo de telecomunicaciones deberá hacer todo lo posible para mantener el servicio a todos los usuarios.

Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los organismos de telecomunicaciones dispongan de procedimientos que permitan informar inmediatamente a los usuarios y a la autoridad nacional de reglamentación del comienzo y del final de la situación de emergencia, así como de la naturaleza el alcance de las restricciones temporales del servicio.

b) Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las restricciones de acceso a la red telefónica pública fija y de utilización de la misma por motivos de mantenimiento de la integridad de la red, para proteger, en particular, los equipos de la red, los programas o los datos almacenados, se limiten al mínimo necesario para garantizar el normal funcionamiento de la red. Las restricciones deberán basarse en criterios objetivos y publicados y aplicarse de forma no discriminatoria.

c) Cuando un equipo terminal haya sido homologado y esté funcionando con arreglo a la Directiva 91/263/CEE no podrá imponerse ninguna otra restricción a su utilización por motivos de interoperabilidad de servicios. Cuando la autoridad nacional de reglamentación imponga condiciones en materia de interoperabilidad de servicios en los contratos relativos a la interconexión de redes públicas o al acceso especial a la red, dichas condiciones deberán publicarse en la forma prevista en el artículo 4.

d) Los Estados miembros podrán restringir el acceso a la red telefónica pública fija y la utilización de la misma por motivos de protección de datos sólo en la medida necesaria para garantizar el cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la legislación sobre protección de los datos personales, incluida la de datos personales, la confidencialidad de la información transmitida o almacenada y la protección de la intimidad, compatibles con el Derecho comunitario.

6. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que, cuando proceda, los usuarios sean informados por los medios apropiados y con antelación por el organismo de telecomunicaciones de los períodos durante los cuales se podrá restringir o denegar el acceso a la red telefónica pública fija o su utilización como consecuencia de una operación de mantenimiento prevista.

Artículo 23

Impago de facturas

Los Estados miembros autorizarán la aplicación de medidas determinadas, que serán publicadas en la forma prevista en el artículo 4, en caso de impago de facturas y de cualquier interrupción o desconexión del servicio consiguiente. Dichas medidas garantizarán que cualquier interrupción se limite al servicio afectado, en la medida en que sea técnicamente factible y se notifique previamente al usuario.

Artículo 24

Normas técnicas

1. Las autoridades nacionales de reglamentación fomentarán la prestación de servicios con arreglo a las normas que se enumeran a continuación:

- las normas publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de conformidad con el apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 90/387/CEE;

o, a falta de tales normas,

- las normas europeas adoptadas por el ETSI o el CEN/CENELEC;

o, a falta de tales normas,

- las normas o recomendaciones internacionales adoptadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización Internacional de Normalización (ISO) o la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI);

o, a falta de tales normas,

- las normas o especificaciones nacionales,

sin perjuicio de la referencia a las normas europeas que puede convertirse en obligatoria en virtud del apartado 3 del artículo 5 de la Directiva 90/387/CEE.

2. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los organismos de telecomunicaciones informen a los usuarios que lo soliciten acerca de las normas o especificaciones, incluida cualquier norma europea y/o internacional que se aplique mediante normas nacionales, con arreglo a las cuales se suministren los servicios y facilidades a que se refiere la presente Directiva.

Artículo 25

Disposiciones relativas a la convergencia a escala comunitaria

1. Basándose en los informes presentados por las autoridades nacionales de reglamentación con arreglo al apartado 5 del artículo 26 y en la información publicada con arreglo al artículo 4, la Comisión examinará los progresos realizados en la convergencia de los objetivos y la puesta en funcionamiento de servicios e instalaciones comunes dentro de la Comunidad.

2. Cuando la aplicación de los requisitos establecidos en los artículos 5, 9 y 15 resulte inadecuada para garantizar el suministro a los usuarios de servicios y de servicios complementarios armonizados a escala comunitaria, podrán fijarse objetivos y fechas objetivo armonizados con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 30.

Los procedimientos iniciados por la Comisión tendrán debidamente en cuenta el nivel de desarrollo de la red y la demanda del mercado en cada uno de los Estados miembros considerados individualmente.

3. En particular, por lo que respecta a las facilidades que requieren una cooperación a escala comunitaria descritas en el apartado 2 del artículo 9, cuando no puedan celebrarse acuerdos comerciales entre los organismos de telecomunicaciones, las condiciones necesarias para ofrecer a los usuarios las facilidades armonizadas podrán determinarse con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 30.

La Comisión tendrá debidamente en cuenta el nivel de desarrollo de la red, las diversas arquitecturas de la misma y la demanda del mercado en la Comunidad.

Artículo 26

Notificación y presentación de informes

1. Los Estados miembros notificarán a la Comisión el nombre de su autoridad nacional de reglamentación a más tardar el 31 de diciembre de 1995.

2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión los nombres de organismos de telecomunicaciones a los que se aplicará la presente Directiva, en particular para asegurar el suministro de la red y del servicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.

3. Las autoridades nacionales de reglamentación notificarán a la Comisión los nombres de los organismos de telecomunicaciones autorizados en el territorio nacional para interconectar directamente sus redes fijas con las de los organismos de telecomunicaciones de otros Estados miembros con el fin de prestar un servicio de telefonía vocal.

Las autoridades nacionales de reglamentación notificarán a la Comisión los nombres de los operadores de servicios telefónicos públicos móviles autorizados en el territorio nacional para interconectarse directamente con las redes fijas de los organismos de telecomunicaciones en otros Estados miembros con el fin de prestar el servicio de telefonía vocal.

4. La Comisión publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas los nombres a que se refieren los apartados 2 y 3.

5. Las autoridades nacionales de reglamentación facilitarán a la Comisión, una vez cada año natural, un informe sobre los progresos realizados en la consecución de los objetivos aprobados por la autoridad nacional de reglamentación con arreglo a los artículos 5, 9 y 15.

El informe anual deberá remitirse a la Comisión en los cinco meses siguientes al final del año.

6. Las autoridades nacionales de reglamentación conservarán a disposición de la Comisión, y le remitirán si ésta lo solicita, los datos referentes a los casos que les hayan sido sometidos, distintos de los contemplados en el artículo 23, referentes a la restricción o denegación de acceso a la red telefónica pública fija o al servicio de telefonía vocal o del uso de los mismos, incluyendo las medidas adoptadas y los motivos en que se basan. El envío de la información a la Comisión podrá aplazarse cuando tal envío pueda afectar a los recursos ante un tribunal nacional o a cualquier otra acción emprendida al amparo de los regímenes nacionales para la aplicación de los controles reglamentarios de conformidad con el Derecho comunitario.

Artículo 27

Conciliación y solución nacional de litigios

Sin perjuicio de

a) cualquier medida que la Comisión o cualquier Estado miembro pueda adoptar de conformidad con el Tratado;

b) los derechos de la persona que se acoja al procedimiento establecido en los puntos 3 y 4, de los organismos de telecomunicaciones afectados o de cualquier otra persona en virtud de la legislación nacional aplicable, salvo cuando lleguen a un acuerdo para dirimir sus diferencias;

c) las disposiciones de la presente Directiva que facultan a las autoridades nacionales de reglamentación para fijar las condiciones de los acuerdos entre los organismos de telecomunicaciones y los usuarios,

el usuario podrá recurrir a los procedimientos siguientes:

1) Los Estados miembros garantizarán que, en caso de litigio no resuelto relativo a una presunta infracción de las disposiciones de la presente Directiva con un organismo de telecomunicaciones, cualquiera de las partes incluidos los usuarios, proveedores de servicios, consumidores u otros organismos de telecomunicaciones tengan derecho a recurrir ante la autoridad nacional de reglamentación u otro organismo independiente. Se crearán a nivel nacional procedimientos fácilmente accesibles y poco costosos en principio para resolver tales litigios de manera equitativa y transparente y en el momento oportuno. Dichos procedimientos se aplicarán también en caso de litigio entre un usuario y un organismo de telecomunicaciones a propósito de sus facturas de teléfono.

2) Cuando el litigio afecte a organismos de telecomunicaciones de más de un Estado miembro, los usuarios u organismos de telecomunicaciones podrán acogerse al procedimiento de conciliación previsto en los puntos 3 y 4, mediante notificación escrita a la autoridad nacional de reglamentación y a la Comisión. Los Estados miembros también podrán permitir que sus respectivas autoridades nacionales de reglamentación se acojan a dicho procedimiento de conciliación.

3) Si la autoridad nacional de reglamentación o la Comisión estiman que un asunto presentado con arreglo al punto 2 merece un examen más detallado, podrán someter el caso al presidente del Comité ONP.

4) En los casos mencionados en el punto 3, el presidente del Comité ONP incoará el procedimiento que se describe a continuación si está convencido de que se han tomado todas las medidas razonables a nivel nacional:

a) El presidente del Comité ONP reunirá, con la mayor brevedad posible, un grupo de trabajo compuesto por al menos dos miembros del Comité ONP y un representante de las autoridades nacionales de reglamentación de que se trate, y el presidente del Comité ONP u otro funcionario de la Comisión nombrado por él.

El grupo de trabajo estará presidido por el representante de la Comisión y se reunirá normalmente en un plazo de diez días a partir de su convocatoria. El presidente del grupo de trabajo podrá decidir, a propuesta de cualquiera de los miembros, invitar como máximo a otras dos personas en calidad de expertos, que asesorarán al grupo.

b) El grupo de trabajo ofrecerá a la parte que haya iniciado este procedimiento, a las autoridades nacionales de reglamentación de los Estados miembros de que se trate y a los organismos de telecomunicaciones respectivos la oportunidad de exponer su opinión oralmente o por escrito.

c) El grupo de trabajo procurará que se llegue a un acuerdo entre las partes interesadas en un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la notificación a que se refiere el punto 2. El presidente del Comité ONP informará al Comité acerca del resultado del procedimiento a fin de que el Comité pueda manifestar su opinión al respecto.

5) La parte que se acoja al procedimiento deberá costear su participación en el mismo.

Artículo 28

Suspensión

1. Cuando un Estado miembro no pueda o prevea que no podrá cumplir las disposiciones de los artículos 12 y 13 notificará a la Comisión los motivos para ello.

2. Sólo se aceptará la suspensión de las obligaciones establecidas en los artículos 12 y 13 si el Estado miembro de que se trate puede demostrar que el cumplimiento de los requisitos supondría una carga desmesurada para los organismos de telecomunicaciones de dicho Estado miembro.

3. El Estado miembro comunicará a la Comisión la fecha en que podrán satisfacerse los requisitos y las medidas previstas para respetar este plazo.

4. Cuando la Comisión reciba una notificación de conformidad con el apartado 1, comunicará al Estado miembro de que se trate si estima que su situación particular justifica, con respecto a los criterios expuestos en el apartado 2, que se le autorice para suspender la aplicación de los artículos 12 y 13, hasta qué fecha está justificada esta suspensión.

Artículo 29

Adaptación técnica

Las modificaciones necesarias para adaptar el punto 2 del Anexo I y los Anexos II y III al progreso técnico o a los cambios en la demanda del mercado se determinarán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 30.

Artículo 30

Procedimiento del Comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité ONP citado en el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 90/387/CEE.

2. El representante de la Comisión someterá al Comité un proyecto de las medidas que deban adoptarse. El Comité emitirá un dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá fijar en función de la urgenica del asunto, procediendo, en su caso, a una votación.

El dictamen se incluirá en el acta; además, cada Estado miembro tendrá derecho a solicitar que su posición conste en acta.

La Comisión tendrá en cuenta, en la mayor medida posible el dictamen emitido por el Comité e informará al Comité de la manera en que ha tenido en cuenta dicho dictamen.

Artículo 31

Examen

La Comisión examinará la aplicación de la presente Directiva e informará de ello al Parlamento Europeo y al Consejo por primera vez a más tardar el 31 de diciembre de 1998. El informe se basará, en particular, en la información proporcionada por los Estados miembros a la Comisión y al Comité ONP. Si fuere necesario, la Comisión podrá proponer en su informe otras medidas encaminadas a alcanzar plenamente los objetivos de la presente Directiva.

Artículo 32

Aplicación

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 1995. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán la forma de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 33

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 34

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

(1) DO n° L 192 de 24. 7. 1990, p. 1.

(2) DO n° L 192 de 24. 7. 1990, p. 10.

(3) DO n° L 268 de 19. 10. 1994, p. 15.

(4) DO n° L 95 de 21. 4. 1993, p. 29.

(5) DO n° C 233 de 6. 9. 1991, p. 2.

(6) DO n° C 318 de 4. 12. 1992, p. 2.

(7) DO n° L 165 de 19. 6. 1992, p. 27.

(8) DO n° L 181 de 15. 7. 1994, p. 40.

(9) DO n° L 109 de 26. 4. 1983, p. 8.

(10) DO n° L 100 de 19. 4. 1994, p. 30.

(11) DO n° L 230 de 24. 8. 1990, p. 25.

(12) DO n° L 217 de 6. 8. 1991, p. 31.

(13) DO n° 128 de 23. 5. 1991, p. 1.

(14) DO n° L 220 de 30. 8. 1993, p. 1.

ANEXO I

EPÍGRAFES DE LA INFORMACIÓN QUE DEBE PUBLICARSE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 4

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ORGANISMO U ORGANISMOS DE TELECOMUNICACIONES

Es decir, el nombre y la dirección de la sede del organismo u organismos de telecomunicaciones que suministren las redes telefónicas públicas fijas y/o los servicios de telefonía vocal.

2. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN OFRECIDOS

2.1. Tipos de conexión a la red telefónica pública fija

Características técnicas de las interfaces en los puntos de terminación de la red suministrados normalmente, incluida, cuando proceda, una referencia a las normas o recomendaciones nacionales y/o internacionales, con arreglo al artículo 24:

- para las redes analógicas o digitales:

a) interfaz de línea única

b) interfaz de línea múltiple

c) interfaz de marcación directa de extensiones (DDI)

d) otras interfaces suministradas normalmente

- para la RDSI:

a) especificación de las interfaces de acceso básico y primario en los puntos de referencia S/T, incluido el protocolo de señalización

b) detalles de los servicios portadores capaces de transportar los servicios de telefonía vocal

c) otras interfaces suministradas normalmente

- y cualesquiera otras interfaces suministradas normalmente.

Además de esta información, que deberá publicarse periódicamente según establece el artículo 4, los organismos de telecomunicaciones deberán informar a los proveedores de equipos terminales, sin demoras innecesarias, de cualquier característica particular de la red que afecte al correcto funcionamiento de equipos terminales homologados.

2.2. Servicios telefónicos ofrecidos

Descripción del servicio básico de telefonía vocal ofrecido, indicando qué es lo que se incluye en la cuota de abono y la cuota de alquiler periódica (por ejemplo, servicios de operador, guía telefónica o mantenimiento).

Descripción de las facilidades optativas del servicio de telefonía vocal a los que se aplica una tarifa independiente de la correspondiente a la oferta básica, incluida, en su caso, una referencia a las normas o especificaciones técnicas pertinentes a las que se ajustan, con arreglo al artículo 24.

2.3. Tarifas

Las de acceso, utilización y mantenimiento, incluidos detalles sobre los mecanismos de descuento, si los hubiere.

2.4. Política de compensaciones/reembolsos

Con detalles concretos de los mecanismos de compensación/reembolso ofrecidos, si los hubiere.

2.5. Tipos de servicio de mantenimiento ofrecido

2.6. Procedimiento de solicitud

Incluidos los puntos de contacto designados dentro del organismo de telecomunicaciones.

2.7. Condiciones normales de contratación

Incluido cualquier plazo mínimo de contratación, si procede

3. REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN

Incluirá una descripción clara de todas las condiciones de autorización que afecten a los usuarios, incluidos los proveedores de servicios, que precise como mínimo:

- la información sobre la naturaleza de las condiciones de autorización; se indicará en particular si el usuario necesita un registro y/o una autorización a título individual o si la autorización es genérica y no requiere registro ni autorización individual;

- el plazo de validez de cualquier licencia o autorización pertinente;

- una relación de todos los documentos que contengan las condiciones de autorización pertinentes impuestas por el Estado miembro.

4. CONDICIONES PARA LA CONEXIÓN DE EQUIPOS TERMINALES

Incluirá una relación completa de los requisitos aplicables a los equipos terminales, establecidos por la autoridad nacional de reglamentación, en consonancia con lo dispuesto en la Directiva 91/263/CEE, con inclusión, si procede de las condiciones relativas al cableado y ubicación en las dependencias del cliente del punto de terminación de la red.

5. RESTRICCIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN

Incluirá toda restricción de acceso o de utilización impuesta de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 22.

6. INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO

Definiciones, métodos de medida, objetivos y datos de los resultados obtenidos, de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 5.

7. OBJETIVOS PARA LA INTRODUCCIÓN DE NUEVOS SERVICIOS, FACILIDADES Y TARIFAS

Se publicarán los objetivos, de conformidad con los requisitos establecidos en los artículos 9 y 15.

8. CONDICIONES PARA LOS ACCESOS ESPECIALES A LA RED

Se incluirán las condiciones para los accesos especiales estipulados por la autoridad nacional de reglamentación de conformidad con la letra a) del apartado 5 del artículo 10.

9. DISPONIBILIDAD DE LA DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTES

Dirección a la que se pueda solicitar la descripción del sistema de contabilidad de costes, de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 13.

10. PRINCIPALES ELEMENTOS DEL PLAN NACIONAL DE NUMERACIÓN

- De acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 21.

11. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA GUÍA TELEFÓNICA

- De conformidad con lo dispuesto en la letra c) del artículo 16.

12. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LITIGIOS

Incluirá orientaciones para los usuarios sobre las vías de recurso existentes para la conciliación y la resolución de los litigios con los organismos de telecomunicaciones, con arreglo al procedimiento descrito en el artículo 27. Incluirá asimismo un resumen de los procedimientos de resolución de litigios contemplados en el apartado 2 del artículo 22.

13. PROCEDIMIENTO APLICABLE EN CASO DE IMPAGO DE FACTURAS

- Con arreglo a los requisitos establecidos en el artículo 23.

ANEXO II

PLAZO DE SUMINISTRO E INDICADORES DE LA CALIDAD DE SERVICIO CON ARREGLO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 5

La siguiente relación especifica las áreas en las que se precisan indicadores de la calidad del servicio para los organismos de telecomunicaciones cuyos nombres se hayan notificado de conformidad con el apartado 2 del artículo 26.

- plazo de suministro de la conexión inicial a la red

- índice de fallos por conexión

- plazo de reparación de averías

- proporción de llamadas fallidas

- demora del tono de invitación a marcar

- demora de establecimiento de la comunicación

- estadísticas referentes a la calidad de transmisión

- tiempos de respuesta para los servicios de operador

- proporción de teléfonos públicos de pago (de monedas y tarjetas) en estado de funcionamiento

- exactitud de la facturación.

ANEXO III

SUMINISTRO DE FACILIDADES AVANZADAS CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 9

1. RELACIÓN DE FACILIDADES A QUE SE REFIERE EL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 9

a) Marcación por multifrecuencia de doble tono (DTMF)

Consiste en que la red telefónica pública fija admite el uso de teléfonos DTMF para señalización a la central, utilizando los tonos definidos en la recomendación Q.23 del ITU-T y admite los mismos tonos para señalización de extremo a extremo a través de la red, tanto dentro de un Estado miembro como entre Estados miembros.

b) Marcación directa de extensiones (o mecanismos que realicen una función equivalente)

Consiste en que los usuarios de una centralita privada (PBX) o de sistemas privados semejantes pueden ser llamados directamente desde la red telefónica pública fija sin intervención del operador de la PBX.

c) Desvío de llamadas

Consiste en el envío de las llamadas que se reciban a otro destino situado en el mismo Estado miembro o en otro Estado miembro (por ejemplo si no descuelga, si está comunicando o de forma sistemática).

Esta facilidad deberá ofrecerse con arreglo a la legislación aplicable sobre protección de datos y de la intimidad.

d) Identificación de la línea llamante

Consiste en que, antes de que se establezca la comunicación, se proporciona al receptor el número del que procede la llamada.

Esta facilidad deberá ofrecerse de conformidad con la legislación aplicable sobre protección de datos y de la intimidad.

2. RELACIÓN DE SERVICIOS Y FACILIDADES MENCIONADOS EN EL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 9

a) Acceso a escala comunitaria a los servicios de llamada gratuita

Tales servicios, denominados «números verdes», «servicios de llamada gratuita», «línea 900», etc., incluyen los servicios de marcación en los que la persona que efectúa la llamada no paga nada por ella o abona solamente una parte del coste total.

b) Tarificación adicional a escala comunitaria

Por tarificación adicional se entiende una facilidad en virtud de la cual las cuotas por utilización de un servicio al que se accede a través de la red de un organismo de telecomunicaciones se combinan con las cuotas por llamada a través de la red («Servicio de tarifa con prima»).

c) Transferencia de llamadas a escala comunitaria

Consiste en la transferencia de una llamada ya establecida a un tercero que puede encontrarse en el mismo Estado miembro o en otro.

d) Facilidad de servicio de cobro revertido automático a escala comunitaria

Para llamadas con origen y destino en la Comunidad.

Consiste en que, antes de que la llamada sea conectada, el que la recibe acepta, a petición del que llama, abonar el coste de la llamada.

e) Identificación de la línea llamante a escala comunitaria

Consiste en que, antes de que se establezca la comunicación, se proporciona al receptor el número del que procede la llamada.

Esta facilidad deberá ofrecerse de conformidad con la legislación aplicable sobre protección de datos y de la intimidad.

f) Acceso a los servicios de operador en otros Estados miembros

Consiste en que los usuarios de un Estado miembro pueden llamar al operador o al servicio de asistencia de otro Estado miembro.

g) Acceso a los servicios de consulta de guía telefónica en otros Estados miembros

Consiste en que los usuarios de un Estado miembro pueden llamar al servicio de consultas de guía telefónica de otro Estado miembro.