[pic] | COMISIÓN EUROPEA |

Bruselas, 28.5.2010

COM(2010) 260 final

2010/0154 (COD)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativo al Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de la Unión Europea

(Refundición)

{SEC(2010) 639}

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. INTRODUCCIÓN

El presupuesto es uno de los instrumentos esenciales para la puesta en práctica de las políticas de la Unión Europea. Se prevé que en 2011 se asignarán a las políticas de la UE más de 130 000 millones EUR, en beneficio de la Unión y de sus ciudadanos. En un contexto económico como el actual es aún más importante que los mecanismos de aplicación del presupuesto funcionen de la manera más eficiente posible y faciliten la puesta en práctica de las políticas de la UE, garantizando al mismo tiempo que el dinero del contribuyente europeo se gasta de forma apropiada. En concreto, es primordial que estos mecanismos sean simples y transparentes (especialmente para los perceptores finales de fondos europeos), que prevean la posibilidad de atraer recursos no procedentes del presupuesto de la UE (efecto de palanca) y que, paralelamente, refuercen las responsabilidades de la Comisión en la ejecución del presupuesto, como dispone el artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

El Reglamento Financiero (en lo sucesivo, el «RF»[1]) contiene todos los principios y normas que rigen la ejecución del presupuesto de la Unión. Tiene un carácter horizontal, ya que se aplica a todos los sectores de gasto y a todos los ingresos. El RF debe ser objeto de revisión cada tres años y siempre que sea necesario. La presente propuesta constituye dicha revisión trienal. Traduce además la necesidad real de reexaminar los mecanismos de puesta en práctica del presupuesto en el contexto económico actual y con miras a hacer frente a los retos estratégicos en el futuro[2].

Por primera vez, esta revisión trienal se realiza de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario previsto en el artículo 322 del TFUE. Se presenta en forma de refundición, con arreglo al Acuerdo Interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos[3]. Para que la Autoridad Legislativa pueda tener una visión global de las modificaciones propuestas, las normas de desarrollo del RF (en lo sucesivo, las «ND»[4]) se presentan, en un documento de trabajo de los servicios de la Comisión, en un único paquete con el RF. Las normas de desarrollo, con disposiciones más detalladas que complementan el RF, serán adoptadas por la Comisión en virtud de los poderes delegados que le confiere el artículo 290 del TFUE.

La presente revisión no atañe a las modificaciones derivadas de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, salvo en lo que concierne a las obligaciones de los Estados miembros en materia de control interno y auditoría y a sus responsabilidades resultantes en el marco de la gestión compartida, aspectos que sí están incluidos en la misma. Habida cuenta de su naturaleza muy específica, la Comisión ha tratado las demás modificaciones relacionadas con el Tratado de Lisboa en dos propuestas ad hoc separadas: una relativa a la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior[5] y otra, a las nuevas normas presupuestarias[6] (en particular, la introducción del marco financiero plurianual en el Tratado y el nuevo procedimiento presupuestario anual).

La presente propuesta se basa en los resultados de la consulta pública de 19 de octubre de 2009[7], en cuyo marco se recabó un total de 235 contribuciones de partes interesadas que gestionan o reciben fondos de la Unión: desde ciudadanos a operadores públicos y privados, pasando por administraciones regionales y nacionales. La Comisión ha adoptado su propuesta basándose en los resultados de dicha consulta, así como en la experiencia de sus servicios operativos y en las enseñanzas extraídas de revisiones anteriores.

2. CALENDARIO

La revisión del RF se negociará al mismo tiempo que se procede a los preparativos de los programas para después de 2013 y ha de considerarse en este contexto más amplio. Por esta razón, es importante que todos los agentes que intervienen en el proceso legislativo, sobre todo el Parlamento Europeo y el Consejo, acuerden un calendario ambicioso para la presente revisión y coincidan en la necesidad de velar por la coherencia entre las normas financieras del RF y el contenido de los actos de base sectoriales. Para ello, deben llegar a un acuerdo sobre el paquete (RF + ND), de modo que pueda entrar en vigor a finales de 2011; un calendario muy ambicioso si tenemos en cuenta las limitaciones inherentes al procedimiento legislativo ordinario.

3. BASES PARA PROCEDER A LA PRESENTE REVISIÓN

Es menester que el RF recoja solo los principios fundamentales (RF, título II) y las normas básicas en materia de gestión presupuestaria y financiera, precisándose los detalles en las ND y en instrumentos no vinculantes, como directrices internas. Estos principios deben ser respetados en todos los actos legislativos[8] y por todas las instituciones; deben mantenerse estables y las excepciones a los mismos deben limitarse a lo mínimo necesario.

Por lo que hace al contenido, deben preservarse los elementos esenciales de las reformas financieras, en particular el papel de los agentes financieros, la importancia de la decisión de financiación adoptada por el Colegio en lo que respecta a los gastos de operaciones, la integración de controles a nivel de los servicios operativos, la función de auditoría interna, la presupuestación por actividades y la modernización de los principios contables y las normas básicas aplicables a las subvenciones. Las normas en materia de contratación deben preservarse conforme a las Directivas relativas a los contratos públicos.

Conviene recordar, además, que no todos los problemas encontrados en el marco de la aplicación de las normas requieren que se modifique el RF. En la gran mayoría de los casos, las dificultades planteadas durante la consulta pública no tiene su origen en el Reglamento Financiero o podrían resolverse interpretando las normas. También plantean dificultades la reglamentación sectorial, cuyo nivel de detalle y de complejidad aumentan notablemente el riesgo de error o de mala interpretación.

En lo tocante al método, las modificaciones que atañen a la sustancia se han evaluado atendiendo a los siguientes criterios:

- reducir la carga administrativa que pesa sobre los beneficiarios, los contratistas y los socios ejecutantes;

- propiciar, en la medida de lo posible, el apalancamiento de créditos presupuestarios;

- facilitar el cumplimiento de la obligación impuesta a la Comisión por el artículo 317 del Tratado de ejecutar el presupuesto y de realizar los objetivos políticos mejorando los instrumentos de puesta en práctica y simplificando las normas y los procedimientos;

- asegurar una buena gestión financiera y proteger los intereses financieros de la Unión contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal[9].

4. NECESIDAD DE UNA REFORMA

La reforma es necesaria para adaptar las normas financieras a los nuevos requisitos de la ejecución presupuestaria (cofinanciación con otros donantes, instrumentos financieros específicos, APP) o cuando los principios de base crean una carga de trabajo desproporcionada (intereses sobre los pagos de prefinanciación) o pueden afectar indebidamente a la eficiencia (prohibición de ejecutar el presupuesto mediante organismos del sector privado). También es preciso facilitar la concesión de subvenciones y contratos de escasa cuantía.

Además, el nuevo procedimiento aplicable a las ND, enunciado en el Tratado de Lisboa, debería crear una nueva articulación entre el RF y las ND, lo que impone un reexamen completo del conjunto de las normas financieras. A este respecto, algunas disposiciones de las ND que definen actualmente excepciones o dispensas en relación con disposiciones del RF deberían incluirse en el propio RF, mientras que las ND deberían limitarse a los detalles técnicos y a las modalidades de ejecución[10].

En este contexto, la Comisión ha basado su propuesta en los siguientes objetivos:

- introducir un mayor grado de flexibilidad en la aplicación de los principios presupuestarios, que deberían adaptarse mejor a las necesidades operativas y aliviar la carga administrativa innecesaria que pesa sobre los perceptores de fondos de la Unión;

- racionalizar las relaciones con los socios ejecutantes a los que la Comisión confía la gestión de programas o parte de acciones de programación (proyectos), en especial teniendo en cuenta la naturaleza del socio en cuestión (Estados miembros, agencias, BEI, operadores públicos y privados, etc.) y los riesgos financieros inherentes (proporcionalidad);

- impulsar el cambio del régimen de subvenciones desde una gestión basada en los costes reales (medios) hacia un sistema basado en el rendimiento (resultados), a fin de focalizar mejor los objetivos estratégicos y de lograr una simplificación importante de los requisitos procedimentales y documentales en interés de los beneficiarios, y facilitar el uso de cantidades fijas únicas;

- garantizar la buena gestión financiera dejando al mismo tiempo un margen de maniobra significativo a los ordenadores de modo que puedan adaptar los recursos a sus limitaciones operativas y a los riesgos financieros a los que se enfrentan;

- modernizar el sistema de gestión del riesgo y las medidas de control de modo que sean más proporcionales en relación con las probabilidades de error y los costes.

5. MODIFICACIONES PROPUESTAS POR LA COMISIÓN

5.1. Excepciones a los principios presupuestarios

Por lo que respecta al principio de unidad del presupuesto , conviene simplificar las normas que rigen los intereses generados por la prefinanciación (artículos 5 y 5 bis del RF), ya que suponen una carga administrativa excesiva para ambas partes y son una fuente de malentendidos con los operadores y los socios (particularmente en un período como el actual, caracterizado por bajos tipos de interés). Estos intereses se perciben con arreglo al principio de buena gestión financiera y representan unos ingresos nada desdeñables para el presupuesto de la Unión (+/- 50 millones EUR anuales). Por consiguiente, las modificaciones propuestas se centran en los beneficiarios de las subvenciones y se suprime la obligación de que los pagos de prefinanciación generen intereses y de recuperar dichos intereses, a menos que se indique lo contrario en un convenio de delegación. Esto significa que se permitirá a las agencias nacionales reasignar los intereses generados a los programas que gestionan y que seguirán recuperándose anualmente los intereses generados por los organismos de la UE. Esta medida conllevará una pérdida limitada para los ingresos diversos de la Unión (+/- 15 millones EUR).

Por lo que hace al principio de universalidad , se propone un régimen dual para los ingresos afectados (artículo 18 del RF), estableciéndose una distinción entre: 1. la reutilización, con el mismo propósito, de fondos inicialmente asignados por la Autoridad Presupuestaria ( ingresos afectados internos ), para los cuales se mantiene el régimen actualmente en vigor (prórroga limitada a un año y obligación de utilizar prioritariamente los fondos prorrogados, antes que los créditos nuevos) y 2. los ingresos percibidos de diversos donantes y afectados por estos a un programa o una acción específicos ( ingresos afectados externos : contribución de la AELC y de terceros países a un programa de la Unión, cofinanciación de acciones exteriores por Estados miembros y otros donantes, etc.), para los que cuales el régimen en materia de prórroga debería ser más flexible a fin de garantizar la finalidad definida por el donante. Se prevé un régimen apropiado de información de la Autoridad Presupuestaria.

En relación con el principio de especialidad del presupuesto , deben precisarse las normas que regulan las transferencias de créditos y debe permitirse un mayor grado de flexibilidad en el marco del procedimiento de adopción de algunas transferencias decididas por la Comisión (artículos 21, 23 y 26 del RF), a fin de responder a la necesidad de mejorar la ejecución presupuestaria, especialmente en lo que respecta a los créditos de pago, los ingresos afectados y los créditos administrativos que son comunes a varios títulos. Se propone asimismo simplificar las normas relativas a las transferencias que requieren que se informe a la Autoridad Presupuestaria, para evitar retrasos recurrentes en su ejecución.

En lo que respecta al principio de buena gestión financiera , que engloba el concepto de proporcionalidad, el RF debería introducir la noción de riesgo admisible (artículo 28 ter del RF). El objetivo de esta propuesta, hecha durante la última revisión, pero respaldada ahora por un sólido análisis de los costes y de las ventajas de los controles, es fijar un nivel de riesgo de error admisible para cada política , teniendo en cuenta los costes de control, el riesgo de error y las ventajas de la política. En algunos ámbitos, ello significará fijar un nivel de riesgo admisible por encima del umbral de importancia relativa del 2 % que utiliza el Tribunal de Cuentas en todas las políticas para pronunciarse sobre la legalidad y regularidad de las operaciones correspondientes. Los niveles de riesgo admisibles serían determinados por la Autoridad Legislativa y establecerían un nivel de control con una buena relación coste/resultados a fin de dar a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria (es decir, el PE) una base más apropiada a la hora de evaluar la calidad de la gestión del riesgo realizada por la Comisión.

En lo que respecta al principio de anualidad , no se propone ninguna modificación del RF, salvo en lo que concierne a las normas en materia de prórroga de los ingresos afectados externos (artículo 10 del RF), a fin de tener en cuenta el régimen dual propuesto para los ingresos afectados. Sin embargo, la Comisión es plenamente consciente de las reservas expresadas por algunos de sus socios ejecutantes de programas plurianuales (BEI, ITER, Galileo, programas de investigación gestionados por iniciativas tecnológicas conjuntas, etc.) que requieren, antes de firmar un contrato o un convenio con la Comisión, garantías acerca de la duración del compromiso del presupuesto de la Unión a favor de un proyecto específico que, en ocasiones, va incluso más allá del actual marco financiero plurianual. Cabe destacar que en la actualidad estas garantías ya existen en forma de tramos anuales cuando el acto de base fija las cantidades anuales para toda la duración del marco financiero plurianual (p. ej. los Fondos Estructurales), o incluso más allá (p. ej. ITER), de conformidad con el artículo 76, apartado 3, del RF. Aunque sea meramente indicativa, esta programación financiera[11] ofrece información apropiada sobre los importes anuales previstos para programas importantes, como las iniciativas tecnológicas conjuntas y, lo que es aún más relevante, constituye la perspectiva a medio plazo de la financiación de la Unión, de gran utilidad para los socios ejecutantes de la Unión. Por otra parte, los importes anuales inscritos en las bases jurídicas proporcionan un grado de certeza mayor gracias a la extensión de la codecisión legislativa, que es ahora el procedimiento legislativo ordinario.

Por último, no se propone ninguna modificación en lo tocante al principio de transparencia .

5.2. Ejecución del presupuesto

5.2.1. Racionalización de los métodos de ejecución: reducción de cinco modos a dos (artículo 53 del RF)

Las disposiciones relativas a los métodos de ejecución son un elemento clave de la reforma de 2001 y rigen las condiciones de externalización de tareas presupuestarias a terceros . Se trata de garantizar que, sea cual sea el modo elegido, la ejecución de los gastos se efectúa con un nivel de control y transparencia equivalente al que se espera de los servicios de la Comisión, como se define en el RF.

Sin embargo, con el tiempo, estas disposiciones han llegado a ser tan complejas que ha desaparecido su lógica subyacente. Por consiguiente, la propuesta de la Comisión busca establecer una distinción clara entre :

- las situaciones en las que el presupuesto es ejecutado directamente [por la Comisión o por una agencia ejecutiva [artículo 53, apartado 1, punto 1];

- y las situaciones en las que el presupuesto se ejecuta indirectamente en gestión compartida con los Estados miembros o a través de otras personas o entidades [artículo 53, apartado 1, punto 2].

La propuesta establece una serie de requisitos comunes para todos los tipos de gestión indirecta , con disposiciones específicas para la gestión indirecta con los Estados miembros (artículo 53 bis del RF).

La propuesta busca en particular encontrar el justo equilibrio entre dos necesidades: por una parte, facilitar la labor del ordenador a la hora de determinar el modo de ejecución presupuestaria apropiado para cada acción, y, por otra, asegurarle un entorno más seguro. Este equilibrio se sustenta en los dos elementos siguientes:

- las necesidades operativas de los servicios se tienen en cuenta mediante la introducción de una mayor dosis de proporcionalidad en los controles previos, en función de los riesgos específicos que entraña la acción y de su entorno de control global, incluidas las medidas adoptadas por la Comisión para supervisar y respaldar la ejecución; además, se proponen disposiciones para responder a las necesidades de instrumentos financieros que han empezado a desarrollarse recientemente, como los relacionados con el BEI y las asociaciones público-privadas;

- se refuerza la responsabilidad de los Estados miembros y de las personas o entidades a las que se haya encomendado una misión en gestión indirecta y se racionalizan las obligaciones de control y auditoría de la Comisión en todos los tipos de gestión presupuestaria.

Paralelamente se proponen disposiciones destinadas a reforzar la buena gestión financiera para asegurar que la Comisión rinde cuentas por la ejecución del presupuesto. Estas disposiciones atañen a los siguientes aspectos:

- obligaciones de control y auditoría, que los Estados miembros y las entidades a las que se hayan encomendado tareas de ejecución tienen que cumplir para lograr un nivel de protección suficiente de los intereses financieros de la Unión;

- las declaraciones de fiabilidad del órgano directivo para todos los tipos de gestión presupuestaria indirecta no sujetas a una aprobación separada por parte de la Autoridad Presupuestaria, que deberían reforzar la responsabilidad de los Estados miembros y de las entidades a las que se hayan encomendado tareas de ejecución y dar más seguridad al ordenador, especialmente en lo que respecta a sus funciones en materia de elaboración de informes;

- las obligaciones de control y auditoría de la Comisión, incluidos los procedimientos de liquidación de cuentas y la posibilidad de suspender o interrumpir los pagos.

5.2.2. Obligaciones de control y auditoría de los Estados miembros (artículo 53 bis del RF)

La presente propuesta incorpora nuevas disposiciones basadas en el artículo 317 TFUE, entre las que se incluyen los elementos siguientes: una estructura administrativa armonizada en los Estados miembros; obligaciones de gestión y control comunes para esas estructuras; una declaración anual de fiabilidad del órgano directivo acompañada de un dictamen de auditoría independiente en virtud del cual el organismo nacional acreditado asume la responsabilidad por la gestión de los fondos de la Unión que le han sido confiados; mecanismos de liquidación financiera, de suspensión y de corrección gestionados por la Comisión.

Estas disposiciones solo deberían aplicarse a la próxima generación de reglamentos sectoriales, es decir, después de 2013 (artículo 187 del RF).

5.2.3. Pagos y cuentas fiduciarias (artículo 61, apartado 4, del RF)

Las disposiciones del RF solo se aplican a las cuentas bancarias abiertas para la gestión de la tesorería bajo la responsabilidad del contable. Debería permitirse la creación de cuentas fiduciarias , dedicadas a la ejecución de un programa en régimen de gestión indirecta por parte de instituciones financieras. Estas cuentas fiduciarias se abrirían bajo la responsabilidad de los ordenadores con el consentimiento del contable.

Además, se han reexaminado las normas relativas a la prefinanciación (artículo 81 del RF) para permitir un solo pago de prefinanciación, que deberá ser liquidado en función del estado en que se halle la acción. De esta forma, los perceptores de subvenciones de la UE deberían tener más seguridad sobre la cantidad que reciben, pues la Comisión aprobaría regularmente la subvencionabilidad de los costes por medio de pagos intermedios.

5.2.4. Ingresos (artículos 73 ter y 74 del RF)

Las normas sobre recaudación deberían reforzarse para salvaguardar más eficientemente los intereses financieros de la Unión. En concreto, los Estados miembros deberían tratar las recaudaciones del mismo modo que tramitan sus propios títulos de crédito en su territorio.

También se propone simplificar el régimen de previsiones de ingresos en consonancia con las necesidades presupuestarias. El registro debería ser obligatorio cuando los ingresos se esperan con cierto grado de probabilidad y pueden cifrarse razonablemente.

5.2.5. Contratación pública (artículos 88-107 del RF)

Dentro de los límites autorizados por la Directiva sobre contratación pública de 2004[12], se reexaminan las disposiciones en la materia con miras a simplificar las normas (umbrales, garantías bancarias), tener en cuenta el estatus específico del BEI en el Tratado y definir de forma más precisa el ámbito de aplicación de algunas disposiciones, especialmente para la selección de expertos. Además, una base de datos de proveedores debería permitir una comunicación más eficiente con los potenciales licitadores para los contratos cuya cuantía sea inferior a los umbrales fijados en la Directiva sobre contratación pública.

Con respecto a las normas de exclusión , en el artículo 93 del RF se introduce una excepción a la obligación de exclusión por exigencias imperativas de interés general, destinada, en particular, a preservar la continuidad del servicio de las instituciones. Esta disposición tiene por objeto alinear las normas del RF con las de la Directiva en cuestión. En el artículo 95 del RF se introduce una disposición en virtud de la cual el BCE y el BEI tendrán acceso, en pie de igualdad con las instituciones de la UE, a la base de datos central sobre casos de exclusión.

Por último, en el artículo 96, apartado 2, del RF se inserta una disposición que prevé una base jurídica sólida para la publicación de las decisiones administrativas en materia de exclusión y de sanciones pecuniarias, acorde con los requisitos relativos a la protección de datos.

5.2.6. Subvenciones (artículos 108-120 del RF)

Las normas en esta materia se introdujeron por primera vez en el RF y en las ND en la refundición de 2002. La revisión de 2006 solo introdujo unas pocas modificaciones, que han resultado insuficientes para aliviar la carga administrativa impuesta a los servicios operativos y a los beneficiarios.

Esta carga administrativa impide que los servicios asignen sus recursos a la realización de los objetivos políticos y a una puesta en práctica en los plazos fijados, al tiempo que supone una burocracia excesiva para los beneficiarios. Este fenómeno es directamente imputable a dos causas: una semejanza excesiva entre las normas y procedimientos que rigen la contratación pública y los aplicables a las subvenciones, aunque los objetivos son diferentes (de un lado la adquisición, de otro la concesión de una financiación); y el hecho de que los controles relativos a las subvenciones se centran en los costes reales (subvención basada en el coste real) y no en los resultados esperados (entregables) de proyectos.

Por consiguiente, se propone que el régimen de la Unión pase a ser un sistema basado en el rendimiento , sustentado en la definición de indicadores y objetivos acordados (productos y resultados), y proceder a una simplificación sustancial del régimen de sumas globales (cantidades fijas únicas, escala estándar de costes unitarios y financiación a tipo fijo), de modo que quede claramente al margen de cualquier verificación de los costes reales de ejecución (artículo 109 del RF). Este nuevo planteamiento debería recogerse esencialmente en las normas de desarrollo y englobaría los métodos de control (incluidas las auditorías operativas), garantizando al mismo tiempo el respeto de los principios comunes aplicables a las subvenciones. Por estas razones, conviene suprimir el umbral máximo por cantidad fija única (25 000 EUR), dejando que sea el Colegio quien decida cuando adopte un marco específico para estas cantidades.

A fin de asegurar que el recurso a las cantidades fijas únicas sea objeto de una evaluación del riesgo por parte del ordenador y de salvaguardar la igualdad de trato entre los beneficiarios, el marco que debe aplicarse para determinar estas cantidades (compatibilidad con las actividades financiadas, importe máximo, base y métodos de cálculo) debe ser adoptado por la Comisión, salvo en caso de regímenes de subvenciones de escasa cuantía (≤ 50 000 EUR). De esta forma, el ordenador podría fijar, para toda la duración de un programa, cantidades fijas únicas, escalas de costes unitarios y tipos fijos sobre la base de un presupuesto provisional presentado por el solicitante teniendo en cuenta sus prácticas contables internas, incluidas únicamente las categorías de coste aceptables que el solicitante aplica sistemáticamente a operaciones similares (ausencia de parcialidad perjudicial para los fondos de la UE).

Paralelamente, debería reexaminarse el régimen de costes reales , que se mantiene como régimen por defecto (aclaración de los diferentes tipos de costes, costes realmente habidos, contribuciones en especie, beneficio) y debería recuperarse el posible beneficio generado por una acción sobre una base proporcional (si la UE financia el 50 % de los costes, solo debería recuperarse el 50 % de los beneficios).

Con respecto a la degresividad de las subvenciones de administración (artículo 113, apartado 2, del RF), se propone reexaminar la aplicación de esta regla a lo largo de cuatro años, en lugar de abandonarla por completo, porque está justificada en principio.

Se reexaminan los procedimientos de concesión de subvenciones que figuran en las ND para dejar que, en la medida de lo posible, sea el ordenador quien elija las modalidades (decisión frente a convenio, garantías bancarias y documentos que sirvan para evaluar la capacidad operativa y financiera). Además, conviene facilitar la concesión de subvenciones de escasa cuantía suprimiendo las formalidades administrativas excesivas en consonancia con el principio de proporcionalidad y elevando el umbral actual (de 25 000 a 50 000 EUR). Se sigue así la tendencia iniciada en 2006.

Las normas que autorizan con carácter excepcional las subvenciones en cascada han resultado demasiado estrictas y deberían relajarse (artículo 120, apartado 2, del RF), a fin de permitir a un beneficiario redistribuir su subvención subvencionando a terceros. De esta forma mejoraría la ejecución de los programas que se dirigen a un amplio grupo de personas físicas al que solo se puede llegar pasando por dos niveles de distribución (las universidades para Erasmus y las ONG para los programas de transferencia de efectivo en el ámbito de las acciones exteriores). La Comisión propone facilitar la concesión de las subvenciones en cascada suprimiendo o relajando algunas de las limitaciones actuales cuando la redistribución de fondos sea el objetivo primario de la acción y siempre que el primer beneficiario presente garantías suficientes en lo que respecta a la recuperación de las cantidades. Se mantiene el principio que limita el margen de maniobra del beneficiario principal en materia de redistribución de subvenciones.

Por otra parte, habría que reconocer a los ordenadores un cierto grado de flexibilidad que les permita considerar beneficiario único a un grupo de socios ejecutantes, como, por ejemplo, un consorcio que forme parte de una red. Se prevé asimismo un cierto grado de flexibilidad procedimental en el artículo 109, apartado 6, del RF, en caso de concesión de subvenciones al BEI, habida cuenta del estatus especial que el Tratado reconoce a esta entidad.

Por último, se proponen disposiciones para la extensión de las constataciones relativas a errores sistémicos en el marco del régimen de costes reales cuando estos errores hayan sido detectados durante una auditoría a posteriori . En tales casos, el ordenador competente debería estar facultado para aplicar, en las mismas proporciones, una corrección financiera a otros proyectos no auditados ejecutados por el mismo beneficiario y para recuperar las cantidades correspondientes si este no puede demostrar que el error no afecta a los proyectos no auditados.

5.2.7. Premios (nuevo título VI bis, artículo 120 bis del RF)

Los premios, que se conceden a título de recompensa en el marco de un concurso, constituyen un instrumento de contribución de la Unión distinto de las subvenciones. Se propone, por tanto, introducir disposiciones relativas a los premios en un título separado del RF. La contribución de la Unión en este contexto quedaría completamente disociada de cualquier referencia a los costes previsibles.

5.2.8. Instrumentos financieros gestionados por los IFI (nuevo título VI ter; artículos 120 ter, 120 quater, del RF)

Los instrumentos financieros se consideran cada vez más un medio adecuado de potenciar el efecto multiplicador de los fondos de la UE, en especial cuando se combinan con otros modos de financiación (fondos de garantía, capital de riesgo, instrumentos mixtos que combinan una subvención comunitaria con un préstamo o una garantía).

Se propone prever un nuevo tipo de contribución financiera , porque estos instrumentos financieros, que en la actualidad son utilizados principalmente por el BEI y FEI, no pueden asimilarse a servicios ni a subvenciones. Deberían ser objeto de disposiciones específicas para tener en cuenta las especificidades de su aplicación (fondos rotatorios, cascada de contribuciones a través de redes bancarias), respetando en todo momento los principios de responsabilidad (como el reparto de los riesgos o la cofinanciación y las sanciones en caso de no ejecución) y de buena gestión financiera (limitación de los riesgos a los que se exponen los fondos públicos).

5.2.9. Informes del Tribunal de Cuentas y notificaciones de constataciones preliminares. (Artículos 143 y 144)

Se propone una serie de modificaciones en lo tocante a los informes anuales y los informes especiales del Tribunal de Cuentas, para que se tengan en cuenta las prácticas actuales (procedimiento contradictorio, publicación de las respuestas de cada institución junto con o después de las observaciones del TCE, transmisión de las respuestas de los Estados miembros) o para racionalizar el calendario. Por último, una nueva disposición formaliza la práctica de la notificación de constataciones preliminares transmitida por el TCE a los Comisarios, a los organismos y a los Estados miembros.

5.2.10. Fondos fiduciarios de la Unión (artículo 164 del RF)

Se propone autorizar a la Comisión a crear y gestionar fondos fiduciarios de la Unión para la acciones exteriores, que intervendrían en operaciones de crisis de emergencia o postemergencia (p. ej. Haití), o para acciones temáticas, y que agruparían la contribución del presupuesto de la Unión con los fondos de otros donantes.

El principal objetivo de dicho instrumento de aplicación es permitir a la Unión actuar como un actor principal, dotado de mayor proyección pública, en el ámbito de la ayuda al desarrollo.

5.2.11. Posibilidad de suscribir préstamos para financiar la adquisición de inmuebles [artículo 179, apartado 3, letra b), del RF]

Tanto por razones de transparencia como de rentabilidad, la Comisión propone que se introduzca la posibilidad de suscribir préstamos solo cuando las instituciones contemplen la compra de sus propios locales. Esta posibilidad simplificaría considerablemente el sistema actual, sería más rentable, pues las instituciones podrían beneficiarse de tipos de interés más bajos debido a la calificación AAA de la Unión en los mercados financieros, y permitiría a las instituciones desarrollar una política inmobiliaria a largo plazo (especialmente para las delegaciones, la OIB y la OIL).

En la práctica, en el presupuesto solo figurarían los tramos anuales del préstamo (los reembolsos), pero los préstamos «inmobiliarios» deben considerarse fuera del presupuesto, ya que no contribuyen a este último, sino que financian la adquisición de activos. Por este motivo, la modificación se introduce en el artículo 179 y no en el artículo 14 del Reglamento Financiero. También se modifica el artículo 96 de las ND, que define los gastos administrativos cubiertos por compromisos provisionales, pues el pago de cada tramo anual (o periódico) debe considerarse un gasto administrativo recurrente, similar al pago de un alquiler.

5.2.12. Un planteamiento flexible en materia de asociaciones público-privadas (APP)

La propuesta de la Comisión busca facilitar un mayor recurso a las APP, especialmente en el campo de investigación, lo que refleja una fuerte demanda de la mayoría de los operadores concernidos. La flexibilidad propuesta debería permitir una vasta gama de APP, según su estructura y la definición precisa de la actividad financiada (proyectos claramente identificados o temas de I+D). Se propone de esta manera añadir dos nuevas posibilidades de estructura a las dos ya existentes (organismos comunitarios de conformidad con el artículo 185 del RF , como lo son en la actualidad las iniciativas tecnológicas conjuntas, un consorcio de socios con la estructura de una persona jurídica de Derecho privado o una red puramente contractual, que reciben una subvención con arreglo al artículo 108 del RF) . En concreto, se prevé:

- la posibilidad de confiar a organismos privados la puesta en práctica de una APP y la gestión de fondos de la UE (p. ej. la concesión de subvenciones) a tal efecto, dentro del marco de la gestión indirecta [artículo 53, apartado 1, punto 2, letra g), del RF] ;

- la adopción, en virtud de poderes delegados, de un modelo simplificado de reglamento financiero distinto aplicable a los organismos creados por un acto de base y encargados de la puesta en práctica de una APP (artículo 185 bis del RF) . Este modelo de reglamento financiero comprenderá un conjunto común de principios cuya aplicación será obligatoria para asegurar la buena gestión financiera de los fondos de la UE y la adecuada protección de los intereses financieros de la Unión. Sin embargo, las APP podrían aplicar sus propias normas (contabilidad, auditoría interna y externa, contratación pública, etc.) en el marco del Derecho nacional en vigor y del acto de base.

De esta manera sería posible elegir la estructura que mejor se adapte a los objetivos y a la naturaleza de las actividades que deben ejecutarse, desde simples fórmulas contractuales hasta dispositivos («integrados») institucionalizados, los cuales incluirían un organismo de la Unión (artículo 185 del RF), un organismo del sector privado [artículo 53, apartado 1, punto 2, letra g), del RF] y un organismo mixto [artículo 185 bis y artículo 53, apartado 1, punto 2, letra e), del RF].

5.3. Disposiciones finales (artículos 182-187 del RF)

La revisión trienal regular del RF tal como se prevé actualmente no garantiza una seguridad y una estabilidad jurídicas suficientes para las normas financieras. Por otra parte, el mecanismo de revisión es muy rígido y no tiene en cuenta el ciclo de programación plurianual del presupuesto de la UE y de la legislación sectorial relacionada. Por consiguiente, se propone que las futuras revisiones del Reglamento Financiero tengan lugar cada vez que resulte necesario sin necesidad de seguir un calendario específico.

⎢ 1605/2002 (adaptado)

? nuevo

2010/0154 (COD)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se aprueba el Ö relativo al Õ Reglamento fFinanciero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas ? presupuesto general de la Unión Europea ⎪

(Refundición)

ÍNDICE |

PRIMERA PARTE | DISPOSICIONES COMUNES … |

TÍTULO I | OBJETO … |

TÍTULO II | DE LOS PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS … |

Capítulo 1 | Principios de unidad y de veracidad presupuestaria … |

Capítulo 2 | Principio de anualidad … |

Capítulo 3 | Principio de equilibrio … |

Capítulo 4 | Principio de unidad de cuenta … |

Capítulo 5 | Principio de universalidad … |

Capítulo 6 | Principio de especialidad … |

Capítulo 7 | Principio de buena gestión financiera … |

Capítulo 8 | Principio de transparencia … |

TÍTULO III | DEL ESTABLECIMIENTO Y ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO … |

Capítulo 1 | Establecimiento del presupuesto … |

Capítulo 2 | Estructura y presentación del presupuesto … |

TÍTULO IV | DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO … |

Capítulo 1 | Disposiciones generales … |

Capítulo 2 | Formas de ejecución presupuestaria … |

Capítulo 3 | Agentes financieros … |

Sección 1 | Principio de separación de funciones … |

Sección 2 | El ordenador … |

Sección 3 | El contable … |

Sección 4 | El administrador de anticipos … |

Capítulo 4 | Responsabilidad de los agentes financieros … |

Sección 1 | Normas generales … |

Sección 2 | Normas aplicables a los ordenadores delegados y subdelegados … |

Sección 3 | Normas aplicables a los contables y administradores de anticipos … |

Capítulo 5 | Ingresos … |

Sección 1 | Ingreso de recursos propios … |

Sección 2 | Previsiones de títulos de crédito … |

Sección 3 | Devengo de títulos de crédito … |

Sección 4 | Ordenación de los cobros … |

Sección 5 | Recaudación … |

Capítulo 6 | Gastos … |

Sección 1 | Compromiso de los gastos … |

Sección 2 | Liquidación de gastos … |

Sección 3 | Ordenación de gastos … |

Sección 4 | Pago de gastos … |

Sección 5 | Cómputo de plazos en las operaciones de gastos … |

Capítulo 7 | Sistemas informáticos … |

Capítulo 8 | El auditor interno … |

TÍTULO V | DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA … |

Capítulo 1 | Disposiciones generales … |

Sección 1 | Ámbito de aplicación y principios de adjudicación … |

Sección 2 | Publicación … |

Sección 3 | Procedimientos de contratación pública … |

Sección 4 | Garantías y control … |

Capítulo 2 | Disposiciones aplicables a los contratos otorgados por las instituciones comunitarias Ö de la Unión Õ por cuenta propia … |

TÍTULO VI | SUBVENCIONES … |

Capítulo 1 | Ámbito de aplicación y forma de las subvenciones … |

Capítulo 2 | Principios … |

Capítulo 3 | Procedimiento de concesión … |

Capítulo 4 | Pago y control … |

Capítulo 5 | Ejecución … |

TÍTULO VII | DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y DE LA CONTABILIDAD … |

Capítulo 1 | Rendición de cuentas … |

Capítulo 2 | Información sobre la ejecución del presupuesto presupuestaria durante la ejecución … |

Capítulo 3 | Contabilidad … |

Sección 1 | Disposiciones comunes … |

Sección 2 | Contabilidad general … |

Sección 3 | Contabilidad presupuestaria … |

Capítulo 4 | Inventario de las inmovilizaciones … |

TÍTULO VIII | DEL CONTROL EXTERNO Y DE LA APROBACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA … |

Capítulo 1 | Control externo … |

Capítulo 2 | Aprobación de la gestión presupuestaria … |

SEGUNDA PARTE | DISPOSICIONES PARTICULARES … |

TÍTULO I | FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA … |

TÍTULO II | FONDOS ESTRUCTURALES, FONDO DE COHESIÓN, FONDO EUROPEO DE LA PESCA Y FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL … |

TÍTULO III | INVESTIGACIÓN … |

TÍTULO IV | ACCIONES EXTERIORES … |

Capítulo 1 | Disposiciones generales … |

Capítulo 2 | Ejecución de las acciones … |

Capítulo 3 | De la contratación pública … |

Capítulo 4 | Subvenciones … |

Capítulo 5 | Verificación de cuentas … |

TÍTULO V | OFICINAS EUROPEAS … |

TÍTULO VI | CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS … |

TÍTULO VII | EXPERTOS … |

TERCERA PARTE | DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES … |

TÍTULO I | DISPOSICIONES TRANSITORIAS … |

TÍTULO II | DISPOSICIONES FINALES … |

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 322, leído en relación con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su artículo 106 bis ,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas[13],

Tras la transmisión del proyecto de acto legislativo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones, el Defensor del Pueblo y el Supervisor Europeo de Protección de Datos,

Una vez transmitido el proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales a efectos de información,

Tras la transmisión del proyecto de acto legislativo al Banco Central Europeo y al Banco Europeo de Inversiones,

Actuando de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario[14].

Considerando lo siguiente:

∫ nuevo

(1) El Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas[15], ha sido modificado en diversas ocasiones y de forma sustancial. Debiéndose llevar a cabo nuevas modificaciones, conviene, en aras de una mayor claridad, proceder a la refundición de dicho Reglamento.

⎢ 1605/2002 considerando 1 (adaptado)

(2) Dado que el contexto en el que se adoptó el Reglamento financiero, de 21 de diciembre de 1977, aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas[16] ha evolucionado considerablemente, en especial a raíz de la delimitación del presupuesto por las perspectivas financieras y de la evolución institucional así como de las sucesivas ampliaciones, dicho Reglamento financiero ha sido objeto de varias modificaciones sustanciales. Con objeto de tener en cuenta, en particular, las exigencias de simplificación legislativa y administrativa, así como un mayor rigor en la gestión de las finanzas comunitarias, debe procederse, en aras de la claridad, a la refundición del Reglamento financiero, de 21 de diciembre de 1977.

∫ nuevo

(3) El Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 estableció los principios presupuestarios y las normas financieras que deben ser respetados en todos los actos legislativos y por todas las instituciones. Es preciso mantener los principios fundamentales, el concepto y la estructura de dicho Reglamento, así como las normas básicas de gestión presupuestaria y financiera. Las excepciones a dichos principios fundamentales deben reexaminarse y simplificarse en la medida de lo posible, teniendo en cuenta su actual pertinencia, su valor añadido para el presupuesto anual de la Unión (en lo sucesivo, «el presupuesto») y la carga que imponen a las partes interesadas. Es preciso mantener y consolidar los elementos esenciales de la reforma financiera —el papel de los agentes financieros, la integración de controles a nivel de los servicios operativos, los auditores internos, la presupuestación por actividades, la modernización de los principios y normas contables y los principios de base aplicables a las subvenciones—.

⎢ 1995/2006 considerando 4 (adaptado)

(4) Se deben tener en cuenta las disposiciones sobre ejecución de ingresos y gastos presupuestarios de los actos jurídicos básicos que se adopten en el período 2007-2013, a efectos de garantizar la coherencia entre estos actos y √ el presente ∏ el Reglamento financiero.

∫ nuevo

(5) A la vista de la experiencia obtenida de la práctica, procede introducir algunas modificaciones en el Reglamento Financiero a fin de adaptarlo a la evolución de las necesidades en materia de ejecución presupuestaria, como la cofinanciación con otros donantes, a fin de hacer la ayuda exterior más eficiente y de facilitar el uso de instrumentos financieros específicos, como los concluidos con el Banco Europeo de Inversiones o su aplicación por medio de asociaciones público-privadas.

⎢ 1605/2002 considerando 2 (adaptado)

? nuevo

(6) El presente Reglamento financiero √ (CE, Euratom) nº 1605/2002 ∏ ha de limitarse √ se limitaba ∏ a enunciar los principios esenciales y normas básicas que regulan el conjunto del ámbito presupuestario contemplado en el Tratado √ los Tratados ∏, mientras que las disposiciones de aplicación se recogerán en un reglamento de normas de desarrollo √ se recogían en el Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas[17] ∏, a fin de garantizar una mayor jerarquía de las normas y de mejorar con ello la legibilidad del Reglamento financiero √ (CE, Euratom) nº 1605/2002 ∏. Por consiguiente, procede facultar a la Comisión para que adopte las normas de desarrollo. ? Sin embargo, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea limita la posibilidad de delegar a la Comisión el poder de adoptar normas de desarrollo solo a efectos de completar o modificar elementos no esenciales de los actos legislativos. Por consiguiente, algunas de las disposiciones que figuran en el Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 deben incorporarse al presente Reglamento. Las normas de desarrollo adoptadas por la Comisión deben limitarse a los detalles técnicos y a las modalidades de ejecución. ⎪

⎢ 1605/2002 considerando 3

(7) Al establecer y ejecutar el presupuesto se deben respetar los cuatro principios fundamentales del Derecho presupuestario (unidad, universalidad, especialidad y anualidad), así como a los principios de veracidad presupuestaria, equilibrio, unidad de cuenta, buena gestión financiera y transparencia.

⎢1605/2002 considerando 4

(8) El presente Reglamento fFinanciero debe reafirmar tales principios y limitar las excepciones a los casos estrictamente necesarios, regulándolas rigurosamente.

⎢ 1605/2002 considerando 5 (adaptado)

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(9) Respecto del principio de unidad, el presente Reglamento fFinanciero debe prever su aplicación asimismo a los gastos de operaciones correspondientes a la puesta en práctica de las disposiciones del Tratado de la Unión Europea relativas a la pPolítica eExterior y de sSeguridad cComún y a las relativas a la cooperación policial y judicial en materia penal, cuando dichos gastos se efectúen con cargo al presupuesto. El principio de unidad y de veracidad presupuestaria implica que todos los ingresos y gastos de las Comunidades, así como los de la Unión, que se hagan con cargo al presupuesto deben consignarse en el mismo.

(10) ? Deben simplificarse las normas que regulan los intereses devengados por los pagos de prefinanciación, ya que suponen una carga administrativa excesiva tanto para los perceptores de fondos de la UE como para los servicios de la Comisión y son una fuente de malentendidos entre estos servicios y los operadores y socios. En un afán de simplificación, en particular por lo que respecta a los beneficiarios de subvenciones, y conforme al principio de buena gestión financiera, se debe suprimir la obligación de generar intereses de prefinanciación y de recuperar dichos intereses. Con todo, conviene prever la posibilidad de incluir esta obligación en un convenio de delegación, a fin de permitir la reutilización de los intereses generados por los pagos de prefinanciación a los programas gestionados por algunos delegados, o su recuperación. ⎪

⎢ 1605/2002 considerando 8 (adaptado)

(11) Respecto del principio de anualidad, es conveniente mantener la distinción entre créditos disociados y no disociados. Las decisiones sobre las prórrogas de créditos de compromiso y de pago corresponderán a cada institución. Los períodos complementarios deben limitarse únicamente a los casos absolutamente necesarios, es decir, a los pagos del FEOGA. En cuanto al principio de anualidad se refiere, es menester una mayor √ Es menester mantener el actual nivel de ∏ flexibilidad y transparencia para hacer frente a las exigencias funcionales. La prórroga de créditos debería autorizarse, excepcionalmente, en el caso de los gastos relacionados con los pagos directos a los agricultores en el marco del nuevo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) establecido en el Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común[18].

⎢ 1995/2006 considerandos 9 y 10 (adaptado)

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(12) Las solicitudes de pago presentadas por los Estados miembros al amparo de los nuevos rReglamentos agrícolas √ en el sector de la agricultura tienden a acumularse ∏ se acumularán esencialmente a principios del ejercicio presupuestario n . Por lo tanto, el límite máximo de los compromisos anticipados relativos al FEAGA (contraídos a partir del 15 de noviembre del ejercicio n-1) para financiar los gastos de gestión corriente (imputados al presupuesto del ejercicio n) debería incrementarse hasta el 75 % de los créditos correspondientes del último presupuesto agrícola aprobado. Respecto del √ Las disposiciones relativas al ∏ límite aplicado a los compromisos anticipados relativos a gastos de carácter administrativo, el texto debería modificarse para hacer referencia √ deben hacer referencia ∏ a los créditos aprobados por la Autoridad Presupuestaria, excluyendo, por tanto, las transferencias de créditos.

(13) La utilización de créditos no disociados en el sector de las medidas veterinarias, imputados al FEAGA, obstaculiza indebidamente la aplicación de estas medidas, en particular en lo referente a la limitación de las posibilidades de prórroga. Debería autorizarse, pues, el recurso a los créditos disociados para este tipo de gastos, lo que sería más acorde con el carácter plurianual de las acciones en cuestión.

∫ nuevo

(14) Conviene que las normas en materia de prórroga de los ingresos afectados tengan en cuenta la distinción entre ingresos afectados internos y externos. A fin de respetar la finalidad definida por el donante, los ingresos afectados externos deben ser objeto de una prórroga automática y utilizarse hasta que se hayan llevado a cabo todas las operaciones vinculadas al programa o acción a las que son afectados. Si los ingresos afectados externos se perciben en el transcurso del último año del programa o de la acción, también debe ser posible utilizarlos durante el primer año del programa o de la acción siguientes. Los ingresos afectados internos solo podrán prorrogarse por un año, a menos que se indique lo contrario en el acto de base aplicable o en circunstancias debidamente justificadas.

⎢ 1605/2002 considerando 9 (adaptado)

(15) El principio de equilibrio constituye una norma presupuestaria básica. A este respecto, cabe subrayar que no es compatible con el sistema de recursos propios de las Comunidades √ de la Unión ∏ recurrir a empréstitos. No obstante, el principio de equilibrio no debe suponer √ interpretarse como ∏ un obstáculo a las operaciones de empréstitos y préstamos garantizados por el presupuesto general de la Unión.

⎢ 1605/2002 considerando 10 (adaptado)

(16) En virtud del artículo √ 320 ∏ 277 del Tratado CE √ de Funcionamiento de la Unión Europea ∏ y del primer párrafo del artículo 181 del Tratado Euratom, debe determinarse la unidad de cuenta en la que se establece el presupuesto, siendo dicha unidad de cuenta asimismo aplicable a la ejecución y rendición de cuentas.

⎢ 1605/2002 considerando 6 (adaptado)

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(17) Respecto del principio de universalidad, es conveniente suprimir √ se suprimió ∏ la posibilidad de devolución de anticipos y de reutilización de créditos, que deben ser √ fueron ∏ sustituidos parcialmente por ingresos afectados, así como la posibilidad de reconstituir créditos liberados. Las normas específicas aplicables a los Fondos Estructurales no se verán √ vieron ∏ afectadas por estas modificaciones.

(18) ? Procede modificar la excepción aplicable a los ingresos afectados para tener en cuenta las especificidades de los «ingresos afectados internos» derivados de créditos autorizados por la Autoridad Presupuestaria, por una parte, y de los «ingresos afectados externos» percibidos de diversos donantes y afectados por ellos a un programa o acción específicos, por otra. Además, debe mantenerse la posibilidad de que los donantes externos cofinancien acciones exteriores, especialmente acciones humanitarias, incluso en aquellos casos en que el acto de base no lo prevea expresamente. Para facilitar la gestión del parque inmobiliario, la lista de ingresos afectados internos debe incluir los ingresos generados por la venta de inmuebles u operaciones asimiladas. ⎪

∫ nuevo

(19) Por lo que hace a la presentación de los ingresos afectados en el proyecto de presupuesto, conviene asegurar una mayor transparencia previendo que los ingresos afectados se incluyan en el proyecto de presupuesto con los importes que son ciertos en la fecha de su establecimiento.

⎢ 1995/2006 considerando 12 (adaptado)

(20) Actualmente, la Comisión debe obtener el acuerdo de la Autoridad Presupuestaria antes de aceptar liberalidades, como donaciones o legados, que puedan acarrear cargas. Para evitar procedimientos trabajosos e innecesarios antes de que la Comisión √ sea autorizada a ∏ pueda aceptar liberalidades, como donaciones o legados, que acarreen cargas, la autorización debería ser obligatoria únicamente en el caso de las donaciones que excedan de un valor determinado y que acarreen cargas importantes

⎢ 1605/2002 considerando 7

(21) Respecto del principio de especialidad, es indispensable que las instituciones gocen de cierta flexibilidad de gestión en las transferencias de créditos. El presente Reglamento debe posibilitar, en efecto, una presentación integrada de la asignación de los recursos financieros y administrativos según su destino. Es preciso, asimismo, armonizar los procedimientos de transferencia de créditos entre todas las instituciones para garantizar que las transferencias de créditos de personal y de administración sean competencia de cada institución. Por lo que respecta a las transferencias de créditos referentes a gastos de operaciones, la Comisión podrá efectuar transferencias entre capítulos dentro de un mismo título, con un límite total del 10 % de los créditos del ejercicio que figuren en la línea de origen de la transferencia. La constitución de reservas por la Autoridad Presupuestaria debe limitarse, por otro lado, a dos situaciones: cuando no se disponga del acto de base o cuando exista incertidumbre sobre la suficiencia de créditos.

⎢ 1995/2006 considerandos 13 y 14

? nuevo

(22) Las disposiciones reguladoras de las transferencias de créditos deberían simplificarse y clarificarse en ciertos puntos, ya que han sido difíciles de aplicar o han resultado ser poco claras en la práctica. ? Es necesario mejorar la ejecución presupuestaria, sobre todo en lo que respecta a los créditos de pago, los ingresos afectados y los créditos administrativos que sean comunes a varios títulos. Por consiguiente, debe permitirse un mayor grado de flexibilidad en el marco del procedimiento de adopción de algunas transferencias. ⎪

(23) Por razones de eficiencia, la Comisión debería estar facultada para decidir de forma autónoma acerca de las transferencias desde la reserva en aquellos casos en que el acto de base concerniente a la acción de que se trate no exista en el momento de elaborar el presupuesto, pero sea adoptado durante el ejercicio. ? Por otra parte, a fin de evitar retrasos recurrentes en la realización de las transferencias sobre las cuales es necesario transmitir información a la Autoridad Presupuestaria, conviene simplificar el procedimiento y la tipología de dichas transferencias. En particular, la posibilidad de que la Comisión decida proceder a la transferencia de créditos presupuestarios no utilizados en casos de catástrofes y crisis humanitarias internacionales ha resultado pertinente y eficiente. Esta posibilidad debe ampliarse, pues, a hechos similares que se produzcan después del 1 de diciembre. En estos casos, en aras de la transparencia, la Comisión debe informar inmediatamente a la Autoridad Presupuestaria de su decisión. La Comisión debe asimismo decidir de forma autónoma, dentro de ciertos límites, sobre las transferencias desde la reserva para ayudas de emergencia. ⎪

⎢ 1995/2006 considerando 15 (adaptado)

(24) Es conveniente adaptar l Las normas acerca de las transferencias administrativas de la Comisión √ deben ser coherentes con la ∏ a la nueva estructura √ de la PA ∏ de la presupuestación por actividades (PA). En este sentido, convendría prever una excepción al «procedimiento de notificación». Durante el último mes del ejercicio presupuestario, la Comisión debería estar facultada para decidir de forma autónoma acerca de las transferencias de créditos referentes a gastos de personal, dentro de ciertos límites.

⎢ 1605/2002 considerando 11 (adaptado)

(25) Por lo que respecta al principio de buena gestión financiera, éeste se define con respecto a los principios de economía, eficiencia y eficacia garantizándose su cumplimiento mediante indicadores de eficacia mensurables, establecidos por actividades, con el fin de poder valorar los resultados obtenidos. Las instituciones deben proceder a una evaluación previa y a una evaluación a posteriori , de conformidad con las orientaciones √ la orientación ∏ definidas por la Comisión.

⎢ 1995/2006 considerando 5 (adaptado)

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(26) Debe aclararse √ asimismo ∏ que la buena gestión financiera requiere un control interno efectivo y eficiente, y conviene definir las características y objetivos principales de los sistemas de control internos.

(27) ? Por lo que respecta a las disposiciones sobre la proporcionalidad, debe introducirse la noción del riesgo de error admisible en el marco de la evaluación del riesgo realizada por el ordenador. Las instituciones deben poder alejarse del umbral general de importancia relativa del 2 % que utiliza el Tribunal de Cuentas para pronunciarse sobre la legalidad y regularidad de las operaciones correspondientes. Los niveles de riesgo admisible constituirían una base más apropiada para que la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria evalúe la calidad de la gestión del riego efectuada por la Comisión. La Autoridad Legislativa debe, por tanto, determinar el nivel de riesgo de error admisible por cada política, teniendo en cuenta el coste y los beneficios de los controles. ⎪

⎢ 1605/2002 considerando 12 (adaptado)

(28) Finalmente, Rrespecto del principio de transparencia, es conveniente garantizar una mejor información sobre la ejecución del presupuesto y la contabilidad. Asimismo, se debe fijar un plazo riguroso para la publicación del presupuesto, sin perjuicio de la difusión provisional que pueda darle la Comisión a partir del momento en que el Presidente del Parlamento Europeo levante acta de la aprobación del presupuesto y hasta su publicación en el Diario Oficial de √ la Unión Europea ∏ las Comunidades Europeas . Además, se mantiene √ debe mantenerse ∏ la posibilidad de una reserva negativa.

⎢ 1995/2006 considerando 6

(29) A fin de garantizar que los fondos procedentes del presupuesto se utilicen de manera transparente, es necesario que se comunique información sobre los beneficiarios de dichos fondos, respetando ciertos límites que son necesarios para proteger intereses públicos y privados legítimos y teniendo en cuenta el período particular de contabilidad del Fondo Europeo de Garantía Agrícola.

⎢ 1605/2002 considerando 13 (adaptado)

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(30) En lo que atañe al establecimiento y presentación del presupuesto, es conveniente armonizar y simplificar las disposiciones actuales suprimiendo la distinción, que no tiene repercusiones prácticas, entre presupuestos suplementarios y rectificativos.

(31) ? Por lo que se refiere al establecimiento del presupuesto, es importante definir claramente la estructura y la presentación del proyecto de presupuesto elaborado por la Comisión. El contenido de la introducción general que precede al proyecto de presupuesto debe describirse de forma más detallada. Es igualmente necesario incluir una disposición sobre la programación financiera para los años venideros, así como sobre la posibilidad de que la Comisión presente cualquier documento de trabajo en apoyo de las solicitudes presupuestarias. ⎪

⎢ 1605/2002 considerando 14

(32) La sección del presupuesto correspondiente a la Comisión debe posibilitar una presentación de los créditos y recursos según su destino (presupuestación por actividades), con el fin de reforzar la transparencia de la gestión presupuestaria respecto de los objetivos de buena gestión financiera y, concretamente, de eficiencia y eficacia.

⎢ 1605/2002 considerando 15 (adaptado)

(33) Es conveniente que las instituciones gocen de cierta flexibilidad en la gestión de los puestos de trabajo estatutarios respecto de las autorizaciones presupuestarias, sobre todo en el marco de la nueva orientación hacia una gestión centrada en los resultados y no en los medios. Dicha flexibilidad √ debe, sin embargo, estar ∏ estará sujeta a una doble restricción: el límite de los créditos presupuestarios de un ejercicio y el número total de puestos asignados.; Aademás, √ deben excluirse ∏ se excluyen los grados √ AD 16, AD 15 y AD 14 ∏ A 1, A 2 y A 3.

⎢ 1995/2006 considerando 19 (adaptado)

(34) Por lo que se refiere a la ejecución del presupuesto, algunos ajustes son necesarios para tener más en cuenta √ deben quedar reflejadas ∏ las particularidades de la política exterior y de seguridad común (PESC). Por razones de claridad jurídica, las formas de actos de base conforme al Tratado CE √ de Funcionamiento de la Unión Europea ∏ y a los Ttítulos V y VI del Tratado de la Unión Europea deberían definirse en el Reglamento fFinanciero, y no en las normas de desarrollo. Habría que añadir √ incluir ∏ , además, una disposición específica que reflejara adecuadamente los tipos de medidas preparatorias que pueden llevarse a cabo en el ámbito de la PESC.

⎢ 1605/2002 considerando 16 (adaptado)

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(35) En cuanto a la ejecución del presupuesto, es preciso determinar claramente los distintos métodos de ejecución posibles: ejecución centralizada por la Comisión, ejecución compartida con los Estados miembros o descentralizada con terceros países beneficiarios de ayudas exteriores, o bien, por último, ejecución conjunta con organizaciones internacionales. La gestión centralizada debe ser asumida, bien directamente por los servicios de la Comisión, bien indirectamente por delegación en organismos de Derecho comunitario o de Derecho público nacional. Las diferentes formas de ejecución deben garantizar, con independencia de la entidad que se encargue de la ejecución total o parcial, el cumplimiento de procedimientos tendentes a proteger los fondos comunitarios, al tiempo que deben confirmar que la responsabilidad última de la ejecución presupuestaria compete a la Comisión, de conformidad con el artículo 274 del Tratado.

(36) ? Por lo que se refiere a los métodos de ejecución, que rigen, en particular, las condiciones de externalización de las competencias de ejecución a terceros, con los años las normas se han vuelto demasiado complejas y conviene simplificarlas. Al mismo tiempo, debe mantenerse el objetivo inicial de la externalización —garantizar que, sea cual sea el método de ejecución, los gastos se ejecutan con un nivel de control y transparencia equivalente al que se espera de los servicios de la Comisión—. Por consiguiente, debe establecerse una distinción clara entre aquellas situaciones en las que el presupuesto es ejecutado directamente por la Comisión o sus agencias ejecutivas y aquellas situaciones en las que el presupuesto se ejecuta indirectamente a través de terceros. De esta forma se podría establecer un régimen común de gestión indirecta que sea adaptable a la reglamentación sectorial, especialmente cuando el presupuesto es ejecutado indirectamente por los Estados miembros en gestión compartida. Este régimen común debe incluir, en concreto, los principios de base que ha de respetar la Comisión cuando decide ejecutar el presupuesto indirectamente y los principios de base que han de respetar las partes a las que se hayan encomendado tareas de ejecución. La Comisión debe poder aplicar las normas y procedimientos de la Unión o aceptar la aplicación de las normas y procedimientos de la entidad a la que se hayan encomendado tareas de ejecución, a condición de que esta última garantice una protección equivalente de los intereses financieros de la Unión. ⎪

⎢ 1605/2002 considerandos 17 y 18 (adaptado)

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(37) Debido a la responsabilidad de la Comisión en la ejecución del presupuesto, esta institución no podrá delegar aquellas competencias propias de la potestad pública que entrañen un poder discrecional de apreciación. El presente Reglamento financiero debe reiterar este principio y determinar el ámbito de las competencias que pueden delegarse. Debe precisarse, por otro lado, que los organismos de Derecho privado, con exclusión de los que realizan funciones de servicio público y en condiciones concretas, no deben poder realizar ningún acto de ejecución del presupuesto, sino que únicamente pueden prestar servicios de peritaje técnico o administrativo o realizar tareas preparatorias o accesorias.

(38) El cumplimiento de los principios de transparencia y de buena gestión financiera implica que los organismos de Derecho público o encargados de realizar una misión de servicio público en los que se deleguen competencias de ejecución por cuenta de la Comisión deben disponer de procedimientos de adjudicación de contratos transparentes, de controles internos eficaces, de un sistema de rendición de cuentas distinto del resto de sus actividades y de una auditoría externa.

(39) ? Las normas relativas a la «evaluación previa» de las entidades —distintas de los Estados miembros, que no están sujetos a este tipo de evaluación— deben adaptarse para garantizar que todas las personas y entidades a las que se hayan encomendado tareas de ejecución ofrecen un nivel de protección de los intereses financieros de la Unión equivalente al requerido por el presente Reglamento. Es necesario prever, en el marco de las tareas de supervisión de la Comisión, un conjunto de obligaciones de control y auditoría, incluidos procedimientos de liquidación de cuentas para todos los tipos de gestión presupuestaria. ⎪

∫ nuevo

(40) A fin de tener en cuenta las necesidades operativas y de facilitar la aplicación por parte de los posibles beneficiarios o socios ejecutantes, los requisitos deben seguir siendo proporcionales a los riesgos específicos inherentes a la acción y a su entorno de control general. La naturaleza de las tareas llevadas a cabo por la Comisión y de las medidas adoptadas por ella en el marco de la supervisión y del apoyo a la ejecución de la acción debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar la capacidad de la tercera parte o entidad para cumplir tales requisitos. Además, conviene que el presente Reglamento incorpore nuevos instrumentos de financiación, como los instrumentos financieros y las asociaciones publico-privadas, para una mejor ejecución del presupuesto y una mejor puesta en práctica de las políticas.

∫ nuevo

(41) La experiencia adquirida con la institucionalización de las asociaciones público-privadas (APP) como organismos de la Unión en virtud del artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 pone de manifiesto la necesidad de prever otras alternativas que permitan ampliar la gama de instrumentos disponibles, a fin de incluir organismo cuyas normas sean más flexibles y accesibles a los socios privados que las que se aplican a las instituciones de la Unión. Estas alternativas deben operar en gestión indirecta. Una de ellas sería un organismo establecido por un acto de base y sometido a normas financieras que tengan en cuenta los principios necesarios para garantizar la buena gestión financiera de los fondos de la Unión. Conviene que estos principios se adopten en un reglamento delegado y se inspiren en los principios que deben respetar las entidades a las que se hayan encomendado tareas de ejecución del presupuesto. Otra alternativa sería la puesta en práctica de APP por organismos de Derecho privado de un Estado miembro.

∫ nuevo

(42) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 del Tratado, en el presente Reglamento deben introducirse las obligaciones básicas de control y auditoría que incumben a los Estados miembros cuando ejecutan el presupuesto indirectamente en gestión compartida, que hoy por hoy solo existen en la reglamentación sectorial. Por consiguiente, es necesario incluir disposiciones que establezcan un marco coherente para todos las políticas afectadas y una estructura administrativa armonizada a nivel nacional, obligaciones de gestión y control comunes para dichas estructuras, una declaración de fiabilidad anual del órgano directivo acompañada de un dictamen de auditoría independiente, una declaración anual de los Estados miembros por la que asumen la responsabilidad por la gestión de los fondos de la Unión que se les ha encomendado, así como los mecanismos de liquidación financiera, de suspensión y de corrección puestos en práctica por la Comisión. Las disposiciones detalladas deben seguir definiéndose en la reglamentación sectorial.

⎢ 1605/2002 considerando 19 (adaptado)

(43) El presente Reglamento, de conformidad con la letra c) del artículo 279 √ el artículo 322 ∏ del Tratado, define √ debe definir ∏ las competencias y responsabilidades de √ los agentes financieros, en particular ∏ los ordenadores, del los contables y del el auditor interno.

La responsabilidad de los ordenadores será √ debe ser ∏ total en todas las operaciones de ingresos y gastos efectuadas bajo su autoridad, operaciones de las que deben rendir cuentas, incluso, si ha lugar, con arreglo a procedimientos disciplinarios. En consecuencia, habrá que reforzar la responsabilidad de los ordenadores mediante la supresión de los controles previos centralizados y, en especial, del visado previo de las operaciones de ingresos y gastos por parte del interventor, por una parte, y de la verificación por parte del contable del recibo liberatorio, por otra.

El contable seguirá √ debe seguir ∏ encargándose de la correcta ejecución de los pagos, del cobro de los ingresos y de la recaudación de los títulos de crédito. Asumirá √ Debe asumir ∏ la gestión de la tesorería y la teneduría de la contabilidad, y será √ debe ser ∏ responsable de elaborar los estados financieros de la institución.

El auditor interno ejercerá √ debe ejercer ∏ sus funciones con arreglo a las normas internacionales de auditoría pertinentes. Su cometido consistirá √ debe consistir ∏ en cerciorarse del buen funcionamiento de los sistemas de gestión y control establecidos por los ordenadores.

El auditor interno no es un agente implicado en las operaciones financieras. Su función no consistirá en ejercer un control de tales operaciones, previo a las decisiones de los ordenadores, ya que esta función corresponderá ahora exclusivamente a éstos.

∫ nuevo

(44) En cuanto a las funciones del ordenador delegado, deben aclararse algunas disposiciones, especialmente en lo que respecta a los procedimientos de control interno que pone en práctica previamente y a posteriori y sus funciones en materia de elaboración de informes. A este respecto, debe actualizarse el contenido de su informe anual de actividades en consonancia con la práctica consistente en incluir la información financiera y de gestión requerida en apoyo de su declaración de fiabilidad relativa al desempeño de sus funciones.

⎢ 1995/2006 considerando 24

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(45) ? Procede precisar las responsabilidades del contable de la Comisión; en concreto, debe especificarse que es la única persona facultada para definir las normas contables y los planes contables armonizados, mientras que los contables de todas las demás instituciones definen los procedimientos contables aplicables en sus instituciones. ⎪ Conviene aclarar las responsabilidades del contable en lo que respecta a la certificación de las cuentas sobre la base de la información financiera que le proporcionen los ordenadores. A tal fin, el contable debería debe estar habilitado para comprobar la información recibida por el ordenador delegado y, en su caso, a para formular reservas.

∫ nuevo

(46) A fin de facilitar la ejecución de ciertos programas o acciones encomendados a entidades financieras, conviene introducir en el presente Reglamento la posibilidad de abrir cuentas fiduciarias. Estas cuentas bancarias deben abrirse en nombre o por cuenta de la Comisión en los libros contables de una entidad financiera. Deben ser gestionadas por dicha entidad financiera bajo la responsabilidad del ordenador y debe ser posible abrirlas en otras monedas que no sean el euro.

⎢ 1605/2002 considerando 20 (adaptado)

(47) La responsabilidad de los ordenadores, de los contables y de los administradores de anticipos no es √ debe ser ∏ diferente de la que tienen los demás funcionarios y agentes, por lo que debe estar sujeta, en el marco del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y del régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades, a la aplicación de las sanciones disciplinarias y pecuniarias existentes. √ Con todo, ∏, Hhay que mantener, en cambio, algunas disposiciones específicas en las que se determinan casos de incumplimiento por parte de los contables y administradores de anticipos en razón de la especial naturaleza de sus funciones. Ya no dispondrán ni de indemnización especial ni de seguro de riesgos. Debe precisarse, asimismo, la responsabilidad del ordenador. En los casos que no impliquen fraude, y con el fin de aportar a la Autoridad Facultada para pProceder a los Nombramientos (AFPN) los conocimientos necesarios, cada institución debe establecer una instancia especializada en materia de irregularidades financieras, encargada de determinar si existe o no una irregularidad que comprometa la responsabilidad disciplinaria o pecuniaria del funcionario o agente y de presentar, en el supuesto de que detecte problemas sistémicos, un informe al ordenador y al auditor interno. En los casos de fraude, por el contrario, es preciso remitir en el presente Reglamento a las disposiciones vigentes relativas a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas √ la Unión ∏ y a la lucha contra la corrupción en que estén involucrados funcionarios de las Comunidades Europeas √ la Unión ∏ o de los Estados miembros.

⎢ 1995/2006 considerando 23

(48) Debe posibilitarse la creación por varias instituciones de una instancia común que se ocupe de irregularidades financieras.

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(49) Con respecto a las operaciones de ingresos, es necesario racionalizar las normas relativas a las previsiones de títulos de créditos para tener en cuenta las necesidades presupuestarias. El registro debe ser obligatorio cuando las expectativas sobre los ingresos tengan cierto grado de probabilidad y estos puedan cifrarse con un grado de aproximación razonable. La simplificación debe materializarse introduciendo disposiciones específicas sobre los procedimientos de ajuste o cancelación de una previsión de título de crédito.

⎢ 1995/2006 considerando 26 (adaptado)

? nuevo

(50) Es conveniente √ fijar ∏ establecer un plazo de prescripción para los títulos de crédito. En efecto, la √ Unión ∏ Comunidad, a diferencia de numerosos Estados miembros, no dispone de plazo de prescripción alguno que extinga las deudas financieras tras un determinado período de tiempo. Del mismo modo, la posibilidad de cobrar los títulos de crédito que la √ Unión ∏ Comunidad tiene frente a terceros carece de limitación temporal. La introducción de tal plazo de prescripción sería conforme con el principio de buena gestión financiera.

(51) ? Conviene precisar y reforzar las normas relativas a la recaudación. En concreto, es necesaria una aclaración para especificar que la cancelación de un título de crédito devengado no implica la renuncia a un derecho devengado de la Unión Europea. Además, a fin de reforzar la salvaguardia de los intereses financieros de la Unión, los fondos de la Unión cuyo reembolso se reclama deben ser tratados por los Estados miembros de la misma manera que las reclamaciones de compañías públicas en su territorio. ⎪

(52) Habida cuenta de la Comunicación de la Comisión relativa a la gestión de las multas cobradas provisionalmente[19], las multas, penalizaciones y sanciones, así como cualquier ingreso generado por ellas deben consignarse como ingresos presupuestarios en el ejercicio siguiente a aquel en que se hayan agotado todas las vías de recurso contra las decisiones que las imponen. Como excepción a esta regla, debe retenerse un porcentaje limitado al 2 % de los importes totales de las multas o penalizaciones que vayan a consignarse en el presupuesto para alimentar el Fondo creado por la referida Comunicación.

⎢ 1605/2002 considerando 21 (adaptado)

(53) Es procedente definir los conceptos de compromiso presupuestario y compromiso jurídico del gasto y sus condiciones de aplicación. Con el fin de limitar el volumen de los «compromisos estancados», es importante limitar el plazo en que podrán asumirse compromisos jurídicos individuales con cargo a compromisos presupuestarios globales. Por otra parte, se debe prever √ incluir ∏ una disposición de liberación de créditos respecto de los compromisos individuales que no hayan originado pagos durante un período de tres años.

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(54) Por lo que se refiere a los pagos y conforme al principio de buena gestión financiera, conviene precisar los distintos tipos de pagos. Además, los pagos de prefinanciación deben ser liquidados regularmente por el ordenador competente de conformidad con las normas contables definidas por el contable de la Comisión. A tal fin, deben incluirse disposiciones apropiadas en los contratos, decisiones y convenios de subvención, así como en los convenios de delegación con terceras partes.

⎢ 1605/2002 considerando 22 (adaptado)

(55) El presente Reglamento ha de definir la tipología de los pagos que pueden realizar los ordenadores. La ejecución de los diferentes tipos de pagos debe efectuarse principalmente en función de la eficacia de la acción y de los resultados derivados de la misma. Hay que suprimir los conceptos, poco precisos, de anticipo y pago a cuenta; Llos pagos deben hacerse en forma de prefinanciaciones, pagos intermedios y pago del saldo final en aquellos casos en que no se pague de una sola vez la totalidad del importe adeudado.

⎢ 1605/2002 considerando 23 (adaptado) (adaptado)

(56) El presente Reglamento debe precisar que Llas operaciones de liquidación, ordenación de pagos y libramiento de pago √ deben ∏ habrán de realizarse en un plazo determinado que se fijará √ fijado ∏ en las normas de desarrollo; en el supuesto de que se rebase dicho plazo, los acreedores √ deben tener ∏ tendrán derecho a exigir intereses de demora a cargo del presupuesto.

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(57) Conviene permitir a las instituciones dar su acuerdo previo para aceptar oficialmente la transmisión de documentos por vía electrónica. Por otra parte, de conformidad con las decisiones de la Comisión sobre los documentos electrónicos y digitalizados, conviene actualizar las disposiciones financieras en materia de verificaciones aplicables a los compromisos y reconocer expresamente el valor jurídico de las hojas de pedido y las facturas electrónicas para el registro de los compromisos jurídicos.

⎢ 1995/2006 considerando 25

(58) Es conveniente aclarar las relaciones entre el auditor interno de la Comisión y los organismos establecidos por las Comunidades. Estos deberían disponer de una función de auditoría interna propia, realizada por órganos que informen a su respectivo consejo de administración, mientras que el auditor interno de la Comisión informaría al Órgano Colegiado sobre los procedimientos y los sistemas de la Comisión. El auditor interno de la Comisión solo debería tener que confirmar que las funciones de auditoría interna de dichos organismos son conformes a las normas internacionales, para lo cual conviene que se le habilite para llevar a cabo controles de calidad de la actividad de auditoría interna.

⎢ 1995/2006 considerando 27 (adaptado)

(59) El presente Reglamento financiero debe reflejar la importancia de los contratos marco en la gestión de la contratación pública. Debe fomentar el recurso a procedimientos de contratación pública interinstitucionales y prever la posibilidad de procedimientos conjuntos de contratación pública entre una institución y una autoridad contratante de un Estado miembro.

⎢ 1605/2002 considerando 24 (adaptado)

(60) Por lo que se refiere a los contratos públicos adjudicados por las instituciones de las Comunidades por cuenta propia, procede establecer que se apliquen las normas recogidas en las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras, servicios y suministro; asimismo, las normas aplicables a los contratos adjudicados por cuenta de un tercero deben ajustarse a los principios establecidos por estas Directivas.

⎢ 1995/2006 considerando 28 (adaptado)

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(61) √ Por lo que hace a las normas sobre contratación pública, ∏ es conveniente introducir ciertas adaptaciones técnicas para garantizar que exista una plena concordancia terminológica entre el Reglamento fFinanciero y la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios[20]. La posibilidad que dicha Directiva ofrece a los Estados miembros de establecer procedimientos específicos para los contratos declarados secretos, cuando su realización deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales o cuando así lo requiera la protección del Estado miembro, debe hacerse extensiva a las instituciones √ de la Unión ∏ comunitarias.

⎢ 1605/2002 considerando 25

(62) Con el fin de prevenir las irregularidades, luchar contra el fraude y la corrupción y fomentar una gestión saneada y eficaz, debe excluirse de la adjudicación de contratos a aquellos candidatos o licitadores que hayan sido declarados culpables de tales actos o que se hallen en una situación de conflicto de intereses.

⎢ 1995/2006 considerando 29 (adaptado)

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(63) De conformidad con la Directiva 2004/18/CE, es necesario clarificar las normas de exclusión de un procedimiento de licitación. Además, Por razones de seguridad jurídica y proporcionalidad, debe establecerse en el presente Reglamento financiero un período máximo de exclusión. √ Además, ∏ de acuerdo con la Directiva 2004/18/CE, debe introducirse una excepción a las normas de exclusión para la compra de suministros en condiciones particularmente ventajosas, bien a un proveedor que cese definitivamente su actividad empresarial o a síndicos o administradores judiciales de una quiebra, bien a raíz de un concurso de acreedores o como consecuencia de un procedimiento similar con arreglo al Derecho nacional.

(64) ? Deben mejorarse asimismo las normas de exclusión para proteger mejor los intereses financieros de la Unión. Conviene añadir la referencia al blanqueo de capitales, prevista en la Directiva 2004/18/CE. Por otra parte, los casos de exclusión relativos a los candidatos o licitadores que hayan sido condenados mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por un delito que afecte a su ética profesional o por fraude, corrupción, participación en una organización delictiva, blanqueo de capitales o cualquier otra actividad ilegal similar que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión deben hacerse extensivos a aquellas personas que tengan poderes de representación, decisión o control sobre dichos candidatos y licitadores. Con todo, por razones de proporcionalidad, conviene no excluir a los candidatos y licitadores que puedan demostrar que han adoptado medidas adecuadas contra las personas con poderes de representación de que se trate. Por último, a fin de garantizar la continuidad del servicio de la institución, conviene prever una excepción a la obligación de exclusión basada en razones de quiebra o situación similar, falta profesional grave o incumplimiento de las obligaciones sociales en caso de un procedimiento negociado, en el marco del cual, por razones técnicas o artísticas o por razones relacionadas con la protección de derechos exclusivos, el contrato solo pueda adjudicarse a un operador económico específico. ⎪

⎢ 1995/2006 considerando 30 (adaptado)

(65) Es conveniente que el Reglamento financiero imponga √ Se debe imponer ∏ a los candidatos o licitadores participantes en procedimientos de contratación pública la obligación de acreditar, si así se les solicita, bien la titularidad o la dirección, control y poder de representación de la persona jurídica que presenta la oferta o bien que sus subcontratantes subcontratistas no se hallan en ninguna de las situaciones √ que dan lugar a la exclusión de la participación en licitaciones ∏ contempladas en el artículo 93 del Reglamento financiero. No se debería exigir a los licitadores que acrediten no estar incursos en ninguna de las situaciones de exclusión cuando participen en un procedimiento de adjudicación pública de contratos de muy escasa cuantía.

⎢ 1995/2006 considerando 31 (adaptado)

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(66) A fin de aumentar la eficacia de los procedimientos de contratación pública, la base de datos sobre los candidatos o licitadores incursos en alguno de los supuestos de exclusión debería ser común a todas las instituciones, agencias ejecutivas y organismos a que se refiere el √ presente ∏ Reglamento financiero.

(67) ? Aunque el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) tienen su propio estatus específico en el marco de la Unión, el uso de sus recursos propios tiene consecuencias financieras para la Unión. Conviene, por tanto, que tengan acceso a la información contenida en la base de datos central sobre exclusión, que se creó para proteger los intereses financieros de la Unión, y que la tomen en consideración bajo su responsabilidad a la hora de adjudicar contratos según sus normas de contratación pública. El BCE y el BEI también deben comunicar a la Comisión información sobre los licitadores que hayan sido condenados mediante sentencia firme por fraude o actividades ilegales similares que vayan en detrimento de los intereses financieros de la Unión. ⎪

⎢ 1605/2002 considerandos 26 y 27 (adaptado)

(68) Por afán de transparencia, es conveniente, además, informar adecuadamente a candidatos y licitadores en cuanto a la adjudicación de los contratos.

(69) Por último, en lo que respecta a la responsabilización de los ordenadores, debe suprimirse el control previo que ejerce la comisión consultiva de compras y contratos actual.

⎢ 1995/2006 considerandos 32 y 33 (adaptado)

(70) A fin tener en cuenta los intereses de los licitadores rechazados, conviene establecer que un contrato regulado por la Directiva 2004/18/CE no puede ser firmado antes de que haya transcurrido un período de espera razonable.

(71) Habría que aclarar las obligaciones de las instituciones en lo que respecta a la suspensión de un procedimiento de contratación pública o de la ejecución de un contrato en caso de irregularidades o fraude, según dispone del √ presente ∏ Reglamento financiero, a fin de facilitar la aplicación práctica de √ otras ∏ las disposiciones pertinentes de dicho Reglamento.

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(72) En cuanto a las penalizaciones administrativas y pecuniarias, conviene establecer, para la publicación de las decisiones que las imponen, una base jurídica sólida que sea acorde con los requisitos en materia de protección de datos. Dicha publicación debe seguir siendo facultativa por razones de protección de datos y de seguridad jurídica.

⎢ 1605/2002 considerando 28 (adaptado)

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(73) Por lo que se refiere a las subvenciones, es procedente regular la concesión y el seguimiento de las subvenciones √ de la Unión ∏ comunitarias mediante disposiciones específicas que apliquen los principios de transparencia, igualdad de trato, cofinanciación, ? no producción de beneficios, degresividad de las subvenciones de administración, ⎪ irretroactividad y control.

⎢ 1605/2002 considerando 29 (adaptado)

(74) Para evitar una acumulación de subvenciones, es preciso que éstas no puedan concederse para financiar dos veces una misma acción ni para financiar gastos de funcionamiento de un mismo ejercicio.

⎢ 1605/2002 considerando 30 (adaptado)

(75) De manera similar a las normas de adjudicación de contratos públicos, deben establecerse las causas de exclusión del beneficio de las subvenciones, con objeto de facilitar a las instituciones la lucha contra el fraude y la corrupción.

⎢ 1605/2002 considerando 31 (adaptado)

(76) A fin de precisar los derechos y obligaciones de la institución y del beneficiario de una subvención y de asegurar su cumplimiento, la concesión de ésta debe formalizarse en un convenio por escrito.

⎢ 1995/2006 considerandos 34, 35 y 36 (adaptado)

(77) √ Sin embargo, en aras de la simplicidad, ∏ Es preciso simplificar las normas aplicables a las subvenciones. Llos requisitos en materia de controles y garantías deberían guardar una mayor proporción con los riesgos financieros que se corren. Es necesario √ Se debe ∏ aclarar la definición del concepto de «subvención», en particular por lo que respecta a la financiación de las actividades de préstamos o de participaciones y de los gastos relativos a los mercados de la pesca. Para √ asegurar la buena ∏ mejorar la gestión de las subvenciones y simplificar los procedimientos, conviene prever la posibilidad de conceder subvenciones bien por decisión de la institución, bien mediante acuerdo por escrito con el beneficiario.

(78) Por razones de claridad y transparencia, debe autorizarse el pago de cantidades fijas únicas y de tipos fijos importes a tanto alzado, además del método más clásico consistente en reembolsar los gastos realmente efectuados.

(79) Por razones de claridad jurídica, conviene contemplar en el Reglamento fFinanciero las excepciones a la norma de no-rentabilidad producción de beneficios, actualmente enunciadas en las normas de desarrollo. Por otra parte, habría que aclarar que la concesión de subvenciones a determinadas acciones tiene por finalidad contribuir a reforzar la capacidad financiera del perceptor o generar una renta.

⎢ 1525/2007 considerandos 1, 4 y 5 (adaptado)

(80) El Reglamento (CE) nº 2004/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala europea[21], establece, entre otras, normas por las que se rige la financiación de dichos partidos con cargo al presupuesto general de la Unión Europea. Las Estas normas que rigen la financiación de partidos políticos a escala europea deben adaptarse para tener mejor en cuenta las condiciones especiales en las que actúan los partidos políticos, incluidos los cambios de agendas y retos políticos que repercuten sobre el presupuesto de una forma que resulta impredecible para los partidos políticos cuando elaboran sus programas de trabajo y presupuestos anuales. A tal efecto, debe introducirse la posibilidad restringida de prorrogar la financiación de un año al primer trimestre del año siguiente.

(81) Para mejorar la capacidad de planificación financiera a largo plazo de los partidos, tener en cuenta las necesidades de financiación que cambian de un año a otro e incentivar a los partidos a no basarse solamente en la financiación pública, debe permitirse que los partidos políticos a escala europea establezcan reservas financieras limitadas basadas en los recursos propios generados por fuentes distintas del presupuesto de la Unión. Estas excepciones a la norma de no producción de beneficios deben ser de carácter excepcional y no sentar precedente.

⎢ 1995/2006 considerandos 37, 38 y 41 (adaptado)

(82) La norma en virtud de la cual las subvenciones deben concederse tras una convocatoria de propuestas ha demostrado su eficacia. La experiencia ha demostrado, sin embargo, que en ciertos casos la naturaleza de la acción no deja opción alguna en la selección de los beneficiarios;, que √ tales casos ∏ deberían por tanto quedar excluidos de √ dicha ∏ esta norma.

(83) Conviene adaptar la norma en virtud de la cual no puede concederse, para una misma acción, más de una subvención en favor de un mismo beneficiario. En efecto, algunos actos de base permiten combinar financiaciones comunitarias √ de la Unión ∏ procedentes de diferentes fuentes, situación que podría ser más frecuente en el futuro con √ vistas a ∏ el fin de garantizar la eficacia del gasto. No obstante, habría que indicar claramente, en el presente Reglamento financiero, que un mismo coste no puede ser financiado dos veces por el presupuesto de la Unión.

(84) A los efectos de poder conceder subvenciones a personas físicas y a ciertos tipos de entidades sin personalidad jurídica, deben suprimirse ciertas restricciones a la admisibilidad de los beneficiarios √ no deben aplicarse en determinados casos ∏. De conformidad con el principio de proporcionalidad, y en lo concerniente a las subvenciones de muy escasa cuantía, √ debe permitirse al ∏ el ordenador podrá no √ abstenerse de ∏ exigir a los solicitantes que acrediten no estar incursos en ninguna de las situaciones de exclusión contempladas en las correspondientes disposiciones del √ el presente ∏ Reglamento financiero.

(85) Por lo que respecta a las normas de contratación pública que deben aplicar los beneficiarios de una subvención, las condiciones previstas actualmente en el √ presente ∏ Reglamento financiero son poco claras y, por tanto, deben simplificarse. Conviene, además, prever expresamente el supuesto de que la ejecución de una acción requiera la concesión de apoyo financiero a terceros.

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(86) A la luz de la experiencia práctica adquirida, debe precisarse el régimen de cantidades a tanto alzado (cantidades fijas únicas, escala estándar de costes unitarios y tipos fijos) y distinguirse claramente de cualquier verificación a posteriori de los costes reales. Las medidas del control deben adaptarse a este nuevo planteamiento y debe preverse la posibilidad, si se hubieren detectado errores recurrentes en proyectos similares, de solicitar auditorías operativas y de hacer extensivas las constataciones a los proyectos no auditados del mismo beneficiario. Por último, conviene ampliar, en ciertas condiciones, la posibilidad de que un beneficiario redistribuya su subvención por medio de subsidios a terceros, a fin de facilitar la correcta ejecución de los programas destinados a un gran número de personas físicas a las que solo se puede llegar mediante dos niveles de distribución. Conviene autorizar la redistribución siempre que, por una parte, el beneficiario de primer nivel presente garantías suficientes y, por otra, en el convenio de subvención se introduzcan cláusulas apropiadas para limitar el margen de apreciación para la elección de sub-beneficiarios y el importe de la subvención.

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(87) Los premios, que son un nuevo tipo de ayuda financiera, deben regularse separadamente del régimen de subvenciones, con normas específicas que omitan cualquier referencia a los costes previsibles. Los premios deben inscribirse en el programa de trabajo anual y, por encima de un determinado límite, han ser concedidos por un beneficiario o por un contratista, previa aprobación por la Comisión de sus condiciones y criterios de concesión.

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(88) Los instrumentos financieros resultan cada vez más valiosos para multiplicar el impacto de los fondos de la Unión, en aquellos casos en que se combinen con otros fondos o conlleven un efecto de palanca. Como quiera que estos instrumentos financieros no pueden asimilarse ni a servicios ni a subvenciones, conviene establecer un nuevo tipo de apoyo financiero.

⎢ 1605/2002 considerando 32

(89) Por lo que se refiere a la contabilidad y a la rendición de cuentas, es procedente precisar que la contabilidad se compone de una contabilidad general y de una contabilidad presupuestaria, así como destacar que la contabilidad general es una contabilidad patrimonial, mientras que la contabilidad presupuestaria se utiliza para elaborar la cuenta de resultados de la ejecución presupuestaria y los informes sobre la ejecución del presupuesto.

⎢ 1995/2006 considerando 44 (adaptado)

? nuevo

(54) En relación con las normas de contabilidad y la rendición de cuentas, ? procede simplificar la presentación de las cuentas, disponiendo que las cuentas de la Unión comprendan únicamente los estados financieros consolidados y las cuentas presupuestarias agregadas. Conviene precisar asimismo que el proceso de consolidación solo atañe a las instituciones financiadas con cargo al presupuesto de la Unión, a fin de tener en cuenta el estatus independiente específico del Banco Central Europeo. Por último, ⎪ el Reglamento financiero √ se ∏ debería debe prever la posibilidad de que el contable de la Comisión determinara determine, de acuerdo con las normas internacionales, qué otros organismos, además de los que perciben subvenciones comunitarias √ de la Unión ∏, están sujetos a la consolidación de cuentas, en la inteligencia de que la consolidación de cuentas no entraña ninguna transferencia de fondos de los organismos que se autofinancian al presupuesto general de la Unión Europea ni influye en su autonomía financiera y operativa o en el procedimiento de aprobación de sus cuentas.

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(55) A fin de establecer una distinción clara entre las funciones y las responsabilidades del contable de la Comisión y las de los contables de las instituciones u organismos cuyas cuentas son objeto de consolidación, conviene prever que el informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio presupuestario ha de ser preparado por cada institución u organismo, para a continuación ser transmitido a la Autoridad Presupuestaria y al Tribunal de Cuentas a más tardar el 31 de marzo del ejercicio siguiente.

⎢ 1605/2002 considerando 33 (adaptado)

(90) Es conveniente definir los principios en que se asientan la contabilidad general y la presentación de los estados financieros, y ello por referencia a los principios contables internacionalmente aceptados y a √ la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa ∏ las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo relativas a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad √ [22] ∏, en la medida en que tales principios sean pertinentes en el contexto del servicio público.

⎢ 1605/2002 considerando 34 (adaptado)

(91) Resulta necesario adaptar las disposiciones sobre suministro de información relativa a la ejecución del presupuesto, a efectos de √ incluir el ∏ extender tal información al empleo de los créditos prorrogados, de los créditos reconstituidos y de los créditos reutilizados, así como a los diversos organismos de Derecho √ de la Unión ∏ comunitario, a los fines de una mejor organización en la presentación de datos mensuales y del informe sobre la ejecución, que √ debe comunicarse ∏ se comunicará a la Autoridad Presupues