(2)Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Francia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones que figuran más abajo, en particular la 1 y 2.

Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y en particular su artículo 6, apartado 1,

Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas, y en particular su artículo 5, apartado 2,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

(3)El informe específico de 2018 sobre Francia fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Francia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Francia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión la lleva a concluir que Francia está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, los puntos vulnerables derivan del alto nivel de deuda pública y de una pobre dinámica de competitividad en un contexto de bajo crecimiento de la productividad. El riesgo de una repercusión adversa en la economía francesa y, dado el tamaño de esta, de efectos secundarios negativos para la Unión Económica y Monetaria, es especialmente grande.

(4)El 25 de abril de 2018, Francia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(5)En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica.

(6)[Tras la corrección oportuna y duradera del déficit excesivo y la decisión del Consejo de [XX] de junio de 2018 de derogar el procedimiento de déficit excesivo, Francia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma transitoria en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé una mejora gradual del déficit global, que pasaría del -2,6 % del PIB en 2017 al +0,3 % del PIB en 2022. No se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 0,4 % del PIB) se logre durante el período abarcado por el Programa de Estabilidad. Según el Programa de Estabilidad de 2018, se espera que la ratio deuda pública/PIB baje del 97,0 % del PIB en 2017 al 89,2 % en 2022. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Al mismo tiempo, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2019 no se han concretado suficientemente.

(7)El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Francia que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no supere el 1,2 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Al mismo tiempo, se precisó que la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario de 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018 deberán tener en cuenta el objetivo de alcanzar una orientación de la política presupuestaria que contribuya a reforzar la recuperación en curso y a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En el contexto de su dictamen sobre el proyecto de Plan Presupuestario de Francia y tras la evaluación efectuada por la Comisión sobre la solidez de la recuperación en Francia, teniendo debidamente en cuenta los retos relativos a la sostenibilidad, no es necesario considerar ningún otro elemento adicional. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe el riesgo de una desviación significativa de la senda de ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2018.

(8)En 2019, vista la ratio de deuda de las administraciones públicas superior al 60 % del PIB y la brecha de producción prevista del 0,6 %, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería superar el 1,4 %, de conformidad con el ajuste estructural del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de exigencia prevista en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. De acuerdo con las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión y suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe un riesgo de desviación significativa respecto de este requisito en 2019 y para el período 2018-2019 tomado en su conjunto. En principio, no se prevé que Francia cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2018 y 2019. En general, el Consejo considera que deben adoptarse las medidas necesarias a partir de 2018 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sería prudente usar cualquier beneficio extraordinario para reducir aún más la ratio de deuda de las administraciones públicas.

(9)El nivel de gasto público en Francia es uno de los más elevados de la UE. Está previsto que la ratio de gasto se sitúe en el 56,0 % del PIB en 2018, es decir, 10,6 puntos porcentuales más que la media de la UE. Aunque la estrategia de saneamiento de los últimos años se ha beneficiado principalmente del descenso de los tipos de interés y de recortes en la inversión pública, esta situación de tipos bajos tiene pocas probabilidades de mantenerse a medio plazo y el recorte en las inversiones productivas podría perjudicar el futuro potencial económico. Las revisiones de gastos realizadas desde 2014 no consiguieron ahorros importantes y las mejoras de eficiencia fueron limitadas debido a la falta de seguimiento adecuado y a la escasa implicación política. La revisión estratégica más reciente ha sido abandonada y será sustituida por Action Publique 2022, cuyos principios se recogen en la Ley de Programación Plurianual de las Finanzas Públicas 2018-2022. El Comité de Action Publique 2022 debe elaborar un plan antes del verano de 2018 y analizar las medidas que es preciso adoptar. Sin embargo, no se han propuesto todavía unas medidas claramente especificadas y los nuevos ahorros en este marco solo se materializarán a partir de 2020. Los esfuerzos para hacer frente a las actuales necesidades de saneamiento presupuestario a corto y medio plazo podrían beneficiarse de una rápida aplicación de medidas de reducción del gasto.

(10)En la actualidad, en Francia coexisten 37 regímenes de pensión diferentes que cubren a diversos grupos de trabajadores y funcionan con arreglo a conjuntos de normas dispares. Unificar progresivamente la normativa permitiría mejorar la transparencia del sistema, aumentar la solidaridad intergeneracional y fomentar la movilidad laboral. La armonización de las normas de cálculo también contribuiría a controlar mejor el gasto público. Si bien se espera que las reformas de las pensiones ya adoptadas reduzcan el nivel de gasto público en pensiones a largo plazo, un sistema de pensiones más sencillo y eficaz podría generar ahorros adicionales y ayudar a mitigar los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo. Según un estudio reciente, la adaptación de los distintos regímenes de pensiones en los sectores público y privado aportaría un ahorro de más de 5 000 millones EUR al gasto público de aquí a 2022.

(11)La tasa de desempleo disminuyó del 10,4 % en 2015 al 9,4 % en 2017, y se prevé que baje aún más en los próximos años, mientras que la tasa de empleo aumentó hasta el 70,6 % en 2017. Sin embargo, las condiciones del mercado de trabajo para los jóvenes, los trabajadores poco cualificados y las personas de origen inmigrante (primera y segunda generaciones) siguen siendo relativamente más difíciles. En 2016, solo el 54,5 % de las personas no nacidas en la UE (de entre 20 y 64 años) tenía trabajo, cifra inferior en 17,5 puntos porcentuales a la cifra correspondiente a los nacidos en Francia. Los habitantes de las zonas más desfavorecidas (Quartiers de la politique de la ville), entre ellos los de origen inmigrante, siguen enfrentándose a dificultades específicas en el mercado laboral. Pese a las medidas adoptadas, el impacto del origen socioeconómico y del origen inmigrante en los resultados educativos es comparativamente alto y obstaculiza la integración en el mercado de trabajo. También hay indicios de prácticas discriminatorias en dicho mercado. Un apoyo eficaz al empleo activo, incluido la formación lingüística, una orientación profesional intensiva y la ayuda a la contratación, así como el refuerzo de las medidas contra las prácticas discriminatorias, son claves para promover la igualdad de oportunidades en el mercado laboral.

(12)La Ley de 2016 sobre el trabajo, que moderniza el diálogo social y asegura las trayectorias profesionales pretende mejorar la capacidad de las empresas para adaptarse a los ciclos económicos y reducir el porcentaje de trabajadores con contratos temporales. Aunque se están registrando más contratos de duración indeterminada, la segmentación del mercado de trabajo sigue siendo un reto y debería fomentarse la transición hacia formas de empleo por tiempo indefinido. En este contexto, es importante finalizar la aplicación del ambicioso programa de reformas en curso, que abarca la reforma recientemente adoptada del Derecho laboral, la reforma prevista del sistema de prestaciones por desempleo y la del sistema de educación y formación profesionales, incluida la formación de aprendices.

(13)La implantación gradual de medidas para reducir la cuña fiscal sobre el trabajo ha mejorado la competitividad de Francia desde 2013, pero todavía no se han recuperado las anteriores pérdidas acumuladas. En relación con el salario medio, en 2016 Francia tenía uno de los mayores tipos de cotizaciones sociales empresariales en la UE como porcentaje del total de los costes laborales. Las medidas políticas existentes destinadas a reducir el coste de la mano de obra se deben seguir consolidando y reforzando a partir de 2019, con la anunciada transformación de la bonificación fiscal para la competitividad y el empleo (CICE) en una reducción general de las cotizaciones sociales de los empresarios, y la introducción de reducciones adicionales para los salarios bajos, a fin de impulsar el empleo de las personas poco cualificadas.

(14)Desde 2013, el salario mínimo francés se ha atenido a las normas en materia de indexación, sin ningún tipo de subida ad hoc. Por ello, ha crecido más lentamente que los salarios de referencia (1,23 % en 2017, en comparación con el 1,31 % del salario medio), en un contexto de baja inflación y crecimiento endeble de los salarios. Si bien comparado con otros países el salario mínimo es alto en relación con el salario medio, el coste de los trabajadores que reciben el salario mínimo se ha reducido significativamente debido a reducciones de las cotizaciones sociales. Estas reducciones se intensificarán y serán permanentes a partir de 2019. Si bien la indexación del salario mínimo es importante para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, el actual mecanismo de indexación (único en la UE) podría limitar el ajuste de los salarios a unas condiciones cambiantes, con posibles consecuencias negativas sobre la competitividad. Un grupo de expertos independientes evalúa anualmente el salario mínimo y elabora dictámenes no vinculantes sobre su evolución. En 2017, el grupo recomendó revisar la fórmula de indexación del salario mínimo, por ejemplo limitándolo únicamente a una indexación en función de la inflación.

(15)El actual sistema inicial de educación y formación profesionales no está suficientemente preparado para la integración en el mercado laboral y una parte significativa de los estudiantes son orientados hacia vías con escasas perspectivas de empleo. Además, los estudiantes de educación y formación profesionales logran resultados muy inferiores a la media de la UE, mientras que los de la enseñanza general los obtienen mucho mejores. En este contexto, las medidas para fomentar el aprendizaje, asociadas a mejores perspectivas de empleo, junto con medidas destinadas a mejorar los resultados escolares, son esenciales para apoyar el empleo juvenil y fomentar la igualdad de oportunidades. Al mismo tiempo, es también importante mejorar el acceso a la formación permanente de los trabajadores y los demandantes de empleo poco cualificados y promover la obtención de mayores cualificaciones, respaldada por una formación adecuadamente orientada.

Como reflejo de estos retos y, en concreto, de la necesidad de mejorar la gobernanza del sistema, garantizar la relevancia del mercado laboral así como la calidad y el acceso a una formación y unas transiciones laborales seguras, el Gobierno presentó el 27 de abril de 2018 un proyecto de ley de reforma del sistema de formación de aprendices y de educación y formación profesional continua. Además, el Programa Nacional de Reformas de 2018 confirma la intención de aplicar un plan de inversión de 14 000 millones EUR para la adquisición de capacidades y abre la vía a la reforma complementaria de los centros de formación profesional inicial.

(16)En general, el sistema de protección social ofrece buenos resultados. Las desigualdades de ingresos después de las transferencias se sitúan por debajo de la media de la UE y el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, pese a un reciente aumento, permanece en un nivel relativamente bajo. Sin embargo, algunos grupos corren más riesgo de pobreza, en particular las familias monoparentales, las personas que no han nacido en la UE y las que viven en zonas urbanas desfavorecidas. El acceso a una vivienda digna para las personas pobres sigue siendo un motivo de preocupación. A pesar de las recientes mejoras, las viviendas sociales escasean en algunas zonas.

(17)Pese a las reformas en curso para reducir la presión fiscal sobre las empresas y apoyar las inversiones productivas, el sistema fiscal francés sigue caracterizándose por un elevado nivel de complejidad en el que el gasto fiscal, los impuestos ineficientes y los impuestos sobre la producción obstaculizan el buen funcionamiento de las empresas. El elevado gasto fiscal (créditos fiscales, exenciones, reducción de impuestos) añade una carga a las que ya pesan sobre las empresas, en particular las pymes, debido al incremento de los costes de cumplimiento, y genera incertidumbre. También genera costes adicionales de control para la Administración tributaria. En la Ley presupuestaria para 2018, los gastos fiscales se incrementarán en número y en valor, previéndose que alcancen los 99 800 millones EUR en 2018 (4,5 % del PIB), frente a 93 000 millones EUR en 2017. Además, se han localizado alrededor de 192 impuestos que generan pocos ingresos (menos de 150 millones EUR al año), pero solo un número muy limitado han sido eliminados desde 2014. Por último, Francia tiene un nivel muy alto de impuestos sobre la producción en la UE (3,1 % del PIB en 2016), consistentes principalmente en impuestos sobre el capital y el trabajo que soportan las empresas como resultado de su participación en la producción, independientemente de sus resultados económicos.

(18)Los servicios de mercado representaban más del 50 % del valor añadido, un 40 % del empleo y el 20 % del valor añadido de las exportaciones de la industria manufacturera francesa en 2016. Pese a que la competencia en los servicios de mercado tiene un impacto en toda la economía, se siguen viendo obstaculizados por requisitos normativos y cargas administrativas, que suponen también obstáculos a la capacidad de crecimiento de las empresas. Las reformas en el sector de los servicios podrían tener un significativo impacto económico positivo si fuesen suficientemente ambiciosas y se aplicasen plenamente. Al priorizar los esfuerzos de reforma, es importante tener en cuenta el significado económico y el rendimiento de los subsectores de los servicios. Un enfoque basado en indicadores utilizado para identificar las reformas prioritarias en los sectores de servicios apunta a una serie de servicios prestados a las empresas (arquitectura e ingeniería, actividades jurídicas y de contabilidad, servicios administrativos y de apoyo), el comercio minorista, la hotelería y la hostelería, y la sanidad. En el ámbito específico de los servicios profesionales, la Ley de Crecimiento, Actividades e Igualdad de Oportunidades Económicas (conocida como «Ley Macron»), de 6 de agosto de 2015, solo relajó las restricciones en un pequeño número de profesiones, la mayor parte de ellas de carácter jurídico. Por otra parte, determinados actos subsiguientes han diluido su espíritu, lo que también limitó su impacto esperado. Otras reformas deberían centrarse en las restricciones específicas a la entrada y al ejercicio (por ejemplo, reservas de actividad, restricciones del derecho de voto, restricciones a la participación accionarial, restricciones multidisciplinares y númerus clausus), que se consideran excesivas. Las reformas destinadas a abordar los principales obstáculos a la expansión de las empresas podrían incluir la eliminación en los reglamentos de los efectos de umbral ligados a criterios relacionados con el tamaño y la reducción de las cargas administrativas que pesan sobre las empresas. Por último, la mejora de la cobertura de banda ancha mejoraría su capacidad para beneficiarse de la economía digital.

(19)Según el Cuadro europeo de indicadores de la innovación, los resultados en materia de innovación de Francia siguen siendo inferiores a los de los líderes en innovación de la UE, pese a la cuantía relativamente elevada de las ayudas públicas concedidas. En particular, la mejora de la eficiencia de los programas públicos de apoyo (incluido el Crédit d’impôt recherche, un crédito fiscal para investigación y desarrollo) estimularía mejor los resultados de la innovación. A este respecto, los resultados de las evaluaciones en curso también deben tenerse en cuenta a fin de mejorar el diseño de las ayudas públicas a la innovación. La transferencia de conocimientos entre investigación pública y empresas sigue planteando un reto y limita la explotación comercial de los resultados de la investigación. En comparación con otros países de la UE, Francia tiene pocas publicaciones en las que colaboren los sectores público y privado y la I+D pública financiada por empresas. Existe, por ende, cierto potencial para reforzar los mecanismos de transferencia entre el mundo académico y la industria mediante la simplificación de la colaboración en materia de investigación y la incentivación de la movilidad de los investigadores.

(20)En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis general de la política económica de Francia y lo ha publicado en el informe específico de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018 y el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Francia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Francia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(21)A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018 y su dictamen se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(22)A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en la recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.