La presente Comunicación tiene por objeto acercar la UE a sus ciudadanos y hacer que el proceso legislativo europeo funcione eficazmente en favor de los particulares y las empresas. El Libro Blanco sobre el futuro de Europa y los subsiguientes documentos de reflexión pusieron en marcha un amplio debate sobre cómo debería evolucionar Europa en el futuro para satisfacer de la mejor manera posible las aspiraciones de todos los europeos. La cooperación territorial y, en particular, la cooperación transfronteriza, han sido ampliamente reconocidas como aspectos que aportan un auténtico valor añadido a los europeos.

Hacen falta medidas que vayan más allá de la financiación europea, ya que estas dificultades continuas no pueden resolverse únicamente mediante financiación e inversiones. La presente Comunicación señala formas en que la UE y sus Estados miembros pueden reducir la complejidad, la duración y los costes de la interacción transfronteriza y promover la puesta en común de servicios a lo largo de las fronteras interiores. En ella se analiza qué es preciso mejorar para que los ciudadanos puedan beneficiarse plenamente de las oportunidades que se presentan a ambos lados de la frontera. Así, la UE puede dar un mayor impulso a sus regiones fronterizas y contribuir a generar crecimiento y empleo.

No obstante, las pruebas recogidas por la Comisión demuestran que, por lo general, las regiones fronterizas obtienen peores resultados económicos que otras regiones de un Estado miembro. El acceso a los servicios públicos, como los hospitales y las universidades , suele ser inferior en las regiones fronterizas. Con frecuencia, bogar entre diferentes sistemas administrativos y jurídicos sigue siendo complejo y costoso. Particulares, empresas, autoridades públicas y organizaciones no gubernamentales han compartido con la Comisión sus experiencias, a veces negativas, de la interacción a través de las fronteras interiores.

Las pruebas también muestran que no existen soluciones fáciles y que la aparición de problemas fronterizos y su resolución constituyen un proceso complejo que atañe a todos los niveles de gobierno y administración pública. Como indicaron muchas partes interesadas, las dificultades fronterizas siempre se perciben localmente, aunque las soluciones rara vez se encuentran a nivel local. Para superar los obstáculos o reducir la complejidad, es preciso que todos los niveles de gobierno y administración trabajen codo a codo.

La Comisión ha emprendido análisis para examinar el coste de las complejidades fronterizas y de la duplicación de servicios. En un estudio reciente sobre el impacto económico de los obstáculos fronterizos en los niveles de PIB y empleo de las regiones situadas en las fronteras terrestres interiores se sugiere que estas regiones podrían ser, de media, un 8 % más ricas si se suprimieran todos los obstáculos actuales y todas ellas utilizaran una lengua común. Esta hipótesis no es ni alcanzable ni deseable, pues Europa se cimienta sobre la diversidad y la subsidiariedad. No obstante, con que se suprimieran el 20 % de los obstáculos existentes, las regiones fronterizas podrían incrementar un 2 % su PIB. El impacto estimado sobre el empleo es igualmente importante, con un potencial de más de un millón de puestos de trabajo. Los obstáculos fronterizos limitan actualmente la utilización de activos productivos o hacen difícil lograr economías de escala. También generan costes para los particulares y las empresas. Este impacto económico negativo varía entre Estados miembros, pero es claramente mayor en aquellos países en los que las regiones fronterizas generan una proporción significativa del PIB nacional.

ØUn alumno de escuela técnica que estudiaba en Bélgica no pudo llevar a cabo su aprendizaje cerca de su casa en Francia debido a la incompatibilidad del estatus de aprendiz en ambos países.

ØUna persona que sufrió un accidente de trabajo en Suecia no pudo recibir tratamiento de rehabilitación en Dinamarca, debido al carácter incompleto de los acuerdos mutuos en los sistemas de seguridad social de ambos países.

Tras una consulta pública en línea disponible en todas las lenguas de la UE y tras la investigación y los intercambios posteriores con las partes interesadas, la Comisión ha desvelado una serie de cuestiones problemáticas a las que se enfrentan las empresas y los particulares fronterizos. Aunque no siempre son específicas de las regiones fronterizas, estas cuestiones son especialmente acuciantes en estas regiones, en razón de la frecuencia y el nivel de interacción a través de la frontera.

En este capítulo se señalan los ámbitos que, según los trabajos preparatorios de la Comisión con las partes interesadas (estudio, consulta y talleres), poseen un gran potencial para eliminar obstáculos adicionales. Se esboza el papel de la Comisión a la hora de adoptar medidas positivas tanto en sus propias acciones como en apoyo de otros agentes clave.

Cada sección describe brevemente las cuestiones identificadas y utiliza ejemplos o buenas prácticas para ilustrarlas (que se exponen con más detalle en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto). También ofrece una visión sucinta de las medidas en curso aplicadas por la Comisión o las instituciones nacionales y, por último, en la medida de lo posible, propone nuevas acciones de la Comisión o recomienda acciones a los Estados miembros y otras partes interesadas.

La ejecución de las diez acciones que se enumeran a continuación se facilitará mediante la creación de un «Centro de Cuestiones Fronterizas» en el seno de la Comisión. Las funciones del «Centro de Cuestiones Fronterizas» serán: 1) velar por que las futuras acciones clave de la Comisión tengan debidamente en cuenta las dimensiones regionales transfronterizas; 2) apoyar a los Estados miembros y a otros agentes clave para abordar las cuestiones regionales fronterizas de carácter jurídico y administrativo, en particular en relación con la transposición de las directivas de la UE o los requisitos de coordinación; 3) asegurarse de que estén a punto los mecanismos prácticos para las nuevas acciones que emanen de la presente Comunicación; 4) compartir experiencias y buenas prácticas de manera efectiva y amplia con las partes pertinentes.

3.1.Intensificar la cooperación y los intercambios

Las nuevas iniciativas de la Comisión no tendrán todo el impacto positivo deseado en las regiones fronterizas si no se potencian mecanismos eficaces de cooperación transfronteriza. Estos mecanismos, institucionalizados o no, tienen que reflejar la dimensión de gobierno multinivel que caracteriza la elaboración de políticas en la UE. Varios de estos mecanismos de cooperación ya existen.

Buenas prácticas: A nivel intergubernamental, el Consejo de Ministros Nórdico y la Unión del Benelux han establecido procesos para identificar y abordar los obstáculos fronterizos bilaterales. A nivel regional, la Conferencia del Alto Rin y el Comité Superior de Copenhague y Skåne han desarrollado formas institucionalizadas para identificar los obstáculos locales y organizar una respuesta.

La Comisión insta a los Estados miembros y a las regiones a que sigan manteniendo diálogos periódicos sobre cuestiones fronterizas. Los Estados miembros y las regiones deberían prestar más atención a nociones fundamentales de la integración europea como son el reconocimiento mutuo o la armonización de las normas y los procesos. Así, se les invita a que aprovechen plenamente las oportunidades existentes para celebrar acuerdos o convenios. Por ejemplo, las cuatro estrategias macrorregionales podrían proporcionar un marco adecuado para la cooperación institucional transfronteriza. Además, cuando la cooperación es un requisito explícito de la legislación de la UE, como ocurre, por ejemplo, en numerosos actos jurídicos sobre medio ambiente, debe utilizarse al máximo.

Acción: Para apoyar este proceso y garantizar que se compartan las buenas prácticas, la Comisión va a establecer una red de profesionales en línea a escala de la UE en la que las partes interesadas correspondientes podrán presentar y discutir cuestiones fronterizas de carácter jurídico y administrativo, así como posibles soluciones. Esta red utilizará Futurium —una plataforma en línea ya existente creada por la Comisión— y estará moderada por la Comisión a través de su Centro de Cuestiones Fronterizas.

Acción: Además, la Comisión pondrá en marcha una convocatoria abierta de proyectos piloto antes de que termine 2017. Irá dirigida a las autoridades públicas que deseen resolver uno o varios problemas jurídicos o administrativos específicos de las fronteras. Los proyectos podrían centrarse, por ejemplo, en mejorar la compatibilidad de los sistemas administrativos, en facilitar la movilidad laboral con mejores oportunidades de reconocimiento de las cualificaciones, o en garantizar la armonización de las normas jurídicas. Estos proyectos servirán de base para explorar maneras innovadoras de abordar las cuestiones fronterizas. Sus resultados se resumirán en un compendio final al que se dará una amplia difusión y que se utilizará para fomentar una mayor concienciación y capacidad entre los agentes clave. La convocatoria estará abierta a cualquier organismo público que desee participar en la búsqueda de soluciones a las cuestiones fronterizas dentro de su ámbito de competencia. Se seleccionarán hasta un máximo de veinte proyectos piloto por su alto valor de demostración y su elevado grado de reproducibilidad.

3.2.Mejorar el proceso legislativo

Las causas profundas de una parte considerable de las dificultades fronterizas identificadas se han atribuido al hecho de que existan a un lado y otro diferentes regulaciones en los sistemas jurídicos y administrativos nacionales. Aun cuando existe un marco jurídico europeo, los Estados miembros disponen de un cierto grado de flexibilidad y discreción en cuanto a la forma de transponer esta legislación a sus sistemas nacionales. A menudo, determinados niveles de normas estipulados en el Derecho de la UE se incorporan con un grado diverso de rigor en los diversos Estados miembros. En consecuencia, cuando dos sistemas diferentes se encuentran a lo largo de las fronteras interiores, ello puede generar complejidad —y a veces incluso inseguridad jurídica— y costes adicionales.

Ejemplo: La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, contiene diecinueve casos en los que se aplican normas mínimas, por ejemplo, sobre la fijación de plazos concretos. Esto genera diecinueve ocasiones posibles de que la contratación pública transfronteriza pueda resultar especialmente difícil, dado que algunos Estados miembros aplicarán plazos más largos que otros.

En su paquete «Legislar mejor», adoptado en 2015, la Comisión propuso medidas para garantizar que los aspectos territoriales fueran tenidos en cuenta al analizar las opciones de actuación. Tal garantía se materializa principalmente en las sólidas evaluaciones del impacto de la legislación, que incluyen elementos territoriales.

Buenas prácticas: Un organismo independiente (el Institute for Transnational and Euregional Cross-Border Cooperation and Mobility de la Universidad de Maastricht) lleva a cabo evaluaciones de impacto transfronterizas de los futuros actos legislativos nacionales y de la UE basándose en un programa de trabajo elaborado junto con partes interesadas nacionales, regionales y locales de las fronteras de los Países Bajos con Alemania y Bélgica, respectivamente.

Acción: La Comisión hará esfuerzos adicionales para identificar los impactos transfronterizos siempre que sea pertinente, aplicando los métodos y herramientas existentes. A través de su Centro de Cuestiones Fronterizas y de la red profesional anteriormente indicados, la Comisión tratará de involucrar más en este proceso a las partes interesadas fronterizas.

Acción: Para apoyar a los Estados miembros en sus necesarios esfuerzos de coordinación durante el proceso de transposición nacional, el Centro de Cuestiones Fronterizas de la Comisión proporcionará pericia y asesoramiento sobre los aspectos regionales transfronterizos. Para ello se tomarán como base, entre otras cosas, los resultados de los proyectos piloto mencionados anteriormente y las buenas prácticas ya existentes.

3.3.Hacer posible la administración pública transfronteriza