COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
COM(94) 163 final 
Bruselas, 15.09.1994 
INFORME DE LA COMISIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LA 
DIRECTIVA DEL CONSEJO DE 11 DE DICIEMBRE 1986 
RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD 
DE TRATO ENTRE HOMBRES Y MUJERES QUE EJERZAN UNA 
ACTIVIDAD AUTÓNOMA, INCLUIDAS LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, 
ASÍ COMO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD 
(DIRECTIVA 86/613/CEE) 
ÍNDICE 
W INTRODUCCIÓN 
PARTE 1: Objetivos y principales disposiciones de la Directiva 86/613 
PARTE 2: Examen de la situación en los Estados miembros a 30.6.93 
1. Bélgica 
2. Dinamarca 
3. República Federal de Alemania 
4. Grecia 
5. España 
6. Francia 
7. Irlanda 
8. Italia 
9. Luxemburgo 
10. Paises Bajos 
11. Portugal 
12. Reino Unido 
PARTE 3 Conclusiones 
ANEXO: Directiva 86/613/CEE 
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Introducción 
El 11 de diciembre de 1986 el Consejo aprobó una directiva relativa a la igualdad de trato de 
hombres y mujeres que ejerzan una actividad, incluidas las actividades agrarias, de forma 
autónoma, así como sobre la protección de las trabajadoras por cuenta propia durante el 
embarazo y la maternidad. 
En el artículo 12 de dicha Directiva se pide a los Estados miembros que introduzcan las 
disposiciones legales, reglamentarías y administrativas necesarias para dar cumplimiento a ia 
presente Directiva a más tardar el 30 de junio de 1989. No obstante, el plazo se prolongaba 
hasta el 30 de junio de 1991 si para cumplir el artículo 5 un Estado miembro tuviera que 
modificar su legislación en materia de derechos y obligaciones matrimoniales. 
En el artículo 13 se establece asimismo que los Estados miembros transmitirán a la Comisión 
todos los datos útiles para que ésta pueda redactar un informe que someterá al Consejo sobre 
la aplicación de la Directiva. A este objeto, se envió un cuestionario a todos los Estados 
miembros en febrero de 1991. Las respuestas de ios Estados miembros fueron recibadas entre 
1991 y 1993. Debe señalarse que puede haber habido algunos cambios recientes en los 
Estados miembros que no han sido recogidas. 
El presente informe se ha redactado a partir de las respuestas dadas por los Estados miembros 
a dicho cuestionario, a partir de los trabajos de la red de la Comisión sobre la aplicación de las 
directivas en materia de igualdad y de las contribuciones de los miembros del Comité consultivo 
para la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. 
PARTE I: Principales objetivos y disposiciones de la Directiva 86/613/CEE 
Si bien el ámbito de aplicación de las anteriores directivas sobre la igualdad de trato de mujeres 
y hombres (76/207 y 79/117) era bastante amplio, éstas no tenían suficientemente en cuenta 
la situación particular y específica de los trabajadores autónomos de ambos sexos y, 
principalmente, la situación de los trabajadores(as) con una situación profesional poco definida 
(ni asociada ni asalariada). Con la directiva de 1986 se pretendía determinar la aportación 
específica de dichos trabajadores(as) a los ingresos familiares, conceder a los cónyuges que 
ayudan una situación profesional bien definida y, por extensión, establecer sus derechos a la 
seguridad social. 
La directiva afecta a: 
a) Los trabajadores autónomos, es decir, cualquier persona que ejerza, en las condiciones 
previstas por el derecho nacional, una actividad lucrativa por cuenta propia, incluidos los 
agricultores y los miembros de profesiones liberales. (Artículo 2 a)) 
b) Los cónyuges no asalariados, ni asociados, que participen de manera habitual y en las 
condiciones previstas por el Derecho nacional, en la actividad del trabajador autónomo, 
efectuando bien las mismas tareas, bien tareas complementarias. (Letra b) del artículo 
2) 
El cónyuge de un trabajador autónomo que participe de forma habitual en la actividad 
económica de éste puede incluirse en una de las tres categorías siguientes: 
Cónyuge que participa en las actividades de su esposo/a como colaborador o asociado 
dentro de una sociedad. 
Cónyuge que participa en las actividades de su esposo/a y a cambio percibe una 
remuneración, con estatuto de asalariado. 
Cónyuge empleado que participa de forma habitual en la actividad del trabajador autónomo 
sin ser remunerado y sin estatuto. 
4 -
w Ademas, Francia ha creado una nueva categoría ("conjoint collaborateur") para 
el cónyuge del trabajador autónomo en el comercio y el artesanado1. 
La Directiva utiliza la definición normalizada del principio de igualdad de 
trato, empleada en otras directivas sobre la igualdad, en la que se establece 
que no debe haber discriminación por razones de sexo, directa o indirectamente, 
concretamente en referencia a la situación marital o familiar, (articulo 3). 
En el articulo 4 de la Directiva se pide a los Estados miembros que adopten las 
medidas necesarias para abolir las disposiciones nacionales que sean contrarias 
al principio de igualdad de trato tal como se define en la Directiva 76/207/CEE. 
Se hace una referencia concreta al establecimiento, equipamiento o ampliación 
de un negocio o al comienzo o ampliación de cualquier otra forma de actividad 
por cuenta propia, incluido el acceso a las facilidades financieras. 
El articulo 5 obliga a los Estados miembros a garantizar que las condiciones 
para la formación de una empresa entre cónyuges no sean más restrictivas que las 
que rigen para las personas que no están casadas. 
El articulo 6 trata de la cobertura de la seguridad social para el cónyuge que 
colabora y establece que cuando exista un régimen de seguridad social 
contributivo, los Estados miembros garantizarán que los cónyuges que ayudan 
puedan hacer contribuciones voluntarias a un régimen cuando no estén ya 
cubiertos por el régimen de seguridad social del cónyuge trabajador por cuenta 
propia. 
En el articulo 7 se establece la obligación general de los Estados miembros de 
estudiar la forma de fomentar el reconocimiento del trabajo de los cónyuges que 
ayudan y de analizar cualquier medida adecuada para ello. Debe observarse, no 
obstante, que ello no obliga a los Estados miembros a adoptar ninguna medida 
especifica o ninguna medida en absoluto. 
En el articulo 8 se pide a los Estados miembros que consideren la cuestión de 
., la atención al embarazo y la maternidad de las trabajadoras por cuenta propia 
y de las cónyuges de los trabajadores por cuenta propia en forma de 
sustituciones temporales o de prestaciones económicas financiadas por el Estado. 
Al igual que en el articulo 7, es obligatorio prestar atención a la cuestión, 
pero no necesariamente adoptar medidas al respecto. 
El articulo 9 obliga a los Estados miembros a garantizar que los derechos 
concedidos en virtud de esta Directiva puedan defenderse ante los tribunales, 
posiblemente tras recurrir a otras autoridades competentes. 
El articulo 10 pide a los Estados miembros que lleven a cabo cierta labor de 
publicidad puesto que deben llamar la atención de los organismos de 
representación de los trabajadores por cuenta propia y de los centros de 
formación profesional sobre las medidas adoptadas en virtud de la Directiva y 
Si bien el término de cónyuge colaborador refleja, en nuestra opinión, de 
forma más exacta la contribución real del cónyuge en la actividad económica 
de la empresa familiar, en aras de la claridad dicho término solo se 
utilizará para designar el estatuto especifico previsto por la legislación 
francesa. El cónyuge al que se refiere el punto b) del articulo 2 de la 
Directiva se designará en adelante mediante los términos "cónyuge que 
colabora". 
- 5 -
sobre las medidas pertinentes ya en vigor. 
PARTE 2: Examen dm la aituaeión an loa Eatadoa miembro» 
Visión de conjunto 
En sus respuestas al cuestionario de la Comisión, los Estados miembros 
subrayaron la cuestión de la igualdad de hombres y mujeres. En los 12 Estados 
miembros existe igualdad jurídica en lo que se refiere a la creación, la 
instalación o la ampliación de una empresa o al inicio o la extensión de 
cualquier otra forma de actividad de trabajador autónomo (Articulo 4) . No 
obstante, se dice poco, o nada, sobre el objetivo especifico de la Directiva, 
es decir, rectificar una situación que afecta en gran medida a las mujeres, esto 
es, la falta de estatuto profesional para los cónyues que trabajan en negocios 
familiares, incluida la agricultura. 
Algunos Estados miembros resaltaron que el principal rasgo de la actividad por 
cuenta propia era su radical diversidad y que debia darse un amplio margen de 
libertad a los individuos afectados. 
La mayoría de los Estados miembros indicaron que para la aplicación de la 
Directiva no habla sido necesario modificar o adaptar su legislación nacional. 
En general, es posible la creación de sociedades entre cónyuges pero hay ciertas 
restricciones en materia de regímenes matrimoniales (Luxemburgo, Portugal) y de 
posesión de títulos (Alemania y Francia). La constitución de una sociedad entre 
esposos permite la concesión de derechos para el cónyuge no remunerado, pero no 
es la elegida con mayor frecuencia por las parejas de trabajadores autónomos. 
(Articulo 5) 
En lo que respecta a la cobertura de la seguridad social (articulo 6) , la 
mayoría de los Estados miembros sólo concede derechos limitados a la seguridad 
social (prestaciones en especie en caso de enfermedad, pensión de supérstite en 
caso de vejez) y ello mediante la concesión de derechos derivados o mediante el 
recurso a un sistema de seguros privados, siempre más onerosos para el sujeto 
pasivo. Únicamente en Dinamarca, el cónyuge del trabajador autónomo está 
protegido contra todos los riesgos (incluido el paro). 
Los Estados miembros debian estudiar en qué condiciones podia favorecerse el 
reconocimiento del trabajo prestado y adoptar las iniciativas adecuadas. En 
general, los Estados miembros han considerado que no habia que adoptar ninguna 
medida para fomentar el reconocimiento del trabajo realizado.por el cónyuge, 
pero algunos paises, como Dinamarca o Bélgica, han adoptado medidas para 
disminuir los efectos negativos de la legislación fiscal sobre los ingresos 
concedidos al cónyuge del trabajador autónomo. (Articulo 7) 
En lo que se refiere a la prestación de asistencia en casos de ausencia por 
embarazo o maternidad (artículo 8), algunos Estados miembros han mejorado la 
situación de las mujeres durante el embarazo y con posterioridad al mismo, 
principalmente mediante la concesión de subsidios. Por otra parte, los únicos 
países que permiten realmente el acceso a los servicios de sustitución son 
Francia, Alemania y los Países Bajos. A veces la profesión organiza dicho 
servicio para un conjunto de eventualidades como la enfermedad, la maternidad, 
las vacaciones y las ausencias por motivos de formación o de responsabilidades 
sindicales (principalmente en la agricultura). La maternidad y la enfermedad 
constituyen prioridades para la atribución de servicios de sustitución. La 
situación de las trabajadoras autónomas embarazadas o que hayan dado a luz 
recientemente sigue siendo, por lo general, muy difícil, sobre todo para las que 
cuentan con bajos ingresos y habitan en medios rurales, en donde los servicios 
privados están poco desarrollados. 
w - 6 
Aparentemente, las personas cubiertas por la Directiva pueden acceder a recursos 
jurisdiccionales internos a través de los tribunales ordinarios competentes en 
este tipo de asuntos. (Articulo 9) 
En cuanto al deber de los Estados miembros de informar a los organismos 
representativos de los trabajadores autónomos y a los centros de formación 
profesional sobre las medidas adoptadas en aplicación de la Directiva en 
cuestión, así como sobre las disposiciones ya en vigor en la materia. (Artículo 
10) , se desprende que sólo Francia y el Reino Unido han introducido una política 
de información adecuada. En general, los Estados miembros no proporcionan una 
información adecuada, adaptada y sistemática dirigida a las personas afectadas 
por la Directiva. Son numerosos los cónyuges de trabajadores autónomos que no 
conocen la legislación nacional de aplicación o que trata de las materias que 
comprende la Directiva. Algunos países, como Portugal y Dinamarca, no han 
adoptado ninguna medida de información (simple publicación en el diario oficial 
o publicación nacional equivalente), otros han informado a las agrupaciones 
representativas de los trabajadores autónomos. 
A continuación se expone un resumen de la situación en cada Estado miembro, 
basado en la información de que se disponía a mediados de 1993. 
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1. BÉLGICA 
ARTÍCULO 4 
Esta disposición de la Directiva está cubierta por la ley de 15 de diciembre de 
1970 (modificada) y los diversos decretos de aplicación que se refieren al 
ejercicio de las actividades profesionales en las pequeñas y medianas empresas 
del artesanado y el comercio. 
Las disposiciones relativas al acceso a los diferentes tipos de profesiones 
autónomos no contienen condiciones discriminatorias respecto de las mujeres. 
ARTÍCULO 5 
Las leyes coordinadas de 1935 sobre las sociedades comerciales (modificadas) no 
presentan obstáculos a la constitución de una sociedad entre esposos que ponen 
en común sus bienes particulares. Asimismo, la ley de 1 de abril de 1987, que 
modifica el artículo 1401 del Código Civil, ha facilitado la constitución de una 
sociedad entre esposos, casados en régimen de comunidad de bienes, que no 
dispongan de patrimonio propio. 
En efecto, ha disociado el valor patrimonial de las partes o acciones "comunes" 
y de los derechos ligados a la calidad de asociado "en sociedades en las que 
todas las partes o acciones son nominativas" y califica dichos derechos de 
bienes propios. 
ARTICULO 6 
En el punto Io del artículo 7 del decreto real n° 38 de 27 de julio de 1967, que 
establece el estatuto social de los trabajadores autónomos, se prohibía que el 
cónyuge de un trabajador autónomo se afiliara a la seguridad social en calidad 
de colaborador. El cónyuge estaba protegido en materia de atención sanitaria 
(riesgos graves) y de pensión de supérstite a través del régimen de seguridad 
social del trabajador autónomo (derechos derivados). 
Una ley de 14 de diciembre de 1989 ha modificado el punto Io del artículo 7 
antes mencionado y, desde el 1 de enero de 1990, el cónyuge del trabajador 
autónomo puede afiliarse voluntariamente al estatuto de trabajador autónomo. 
No obstante, dicha afiliación sólo puede referirse al régimen de seguros 
obligatorios de enfermedad (riesgos graves) y de invalidez, sector de 
prestaciones. Además de las prestaciones de maternidad (véase más adelante), 
esta afiliación da derecho a una prestación por incapacidad laboral al cabo de 
un plazo de 3 meses (481 FB/día) y a una prestación superior tras un año de 
invalidez (594 FB/día). 
Esta prestación corresponde a la percibida por el trabajador autónomo en caso 
de incapacidad laboral o invalidez. En lo que se refiere al seguro de "riesgos 
menores", sector de enfermedad, el trabajador autónomo deberá pagar una 
cotización complementaria que cubrirá a su cónyuge. 
ARTÍCULO 7 
Desde la declaración fiscal de 1989, el cónyuge colaborador que no dispone de 
ingresos profesionales distintos superiores a 350 000 FB puede atribuir una 
remuneración correspondiente al valor normal de sus prestaciones de colaborador. 
Dicha remuneración no podrá, sin embargo, ser superior al 30* de los ingresos 
netos del trabajador autónomo, a menos que se aporte la prueba de una 
colaboración particular. 
w 
v»> ARTICULO 8 
En la ley de 14 de diciembre de 1989 y en el decreto real de 24 de enero de 1990 
antes citados, se prevé la posibilidad de conceder durante el periodo de baja 
por maternidad (3 semanas) una prestación de maternidad de 30 000 francos tanto 
a los cónyuges colaboradores como a los autónomos. Los cónyuges de los 
trabajadores autónomos sólo podrán beneficiarse de la prestación de maternidad: 
* cuando el afiliado haya superado un periodo de prueba de 12 meses 
* cuando el afiliado lo sea desde al menos 24 meses antes (o se haya 
comprometido a permanecer afiliado durante un periodo de al menos 24 
meses) . 
ARTICULO 9 
No se ha recibido comunicación. 
No ha podido obtenerse información sobre la aplicación de lo dispuesto en dicho 
artículo. 
ARTÍCULO 10 
Las nuevas disposiciones legales y reglamentarias se han puesto en conocimiento 
de las cajas de seguros sociales de los trabajadores autónomos mediante una nota 
P 720 ter/90/7, de fecha 27 de febrero de 1990. Las citadas cajas de seguros 
sociales fueron creadas por iniciativa de las organizaciones interprofesionales 
o profesionales y tienen como principal misión informar a sus afiliados y 
facilitarles ayuda en lo tocante a sus obligaciones y derechos (artículo 20, 
primer apartado del decreto real n° 38 de 27 de julio de 1967). 
CONCLUSIONES 
Bélgica ha adoptado algunas medidas para adecuarse a la Directiva y, en 
particular, ha adaptado su legislación fiscal para favorecer el reconocimiento 
del trabajo realizado por el cónyuge colaborador. No obstante, debe observarse 
que esta modificación favorecerá sobre todo a los cónyuges más acomodados, 
puesto que la remuneración que puede concederse se expresará en porcentaje de 
la renta neta declarada por el trabajador autónomo y corresponderá a un máximo 
del 30%. 
En caso de inexistencia de beneficios de la empresa o de beneficios mínimos, 
el cónyuge sólo recibirá una parte alícuota mínima. 
Además, la legislación fiscal todavía mantiene trabas contra el pleno 
reconocimiento del estatuto del cónyuge. En teoría, un cónyuge puede ser el 
empleado de su esposo/a pero fiscalmente se desaconseja esta solución. En 
efecto, en el apartado 8o del artículo 45 del Código Fiscale sobre los ingresos 
se penaliza al asalariado del cónyuge excluyendo de la deductibilidad de las 
cargas profesionales los salarios del cónyuge. Esta restricción no afecta a los 
<¿ "Sont notamment considérées comme charge professionnelles, ..., les 
rémunérations des membres de la famille du contribuable, autres que son 
conjoint, travaillant avec lui, pour autant qu'elles ne dépassent pas un 
traitement ou salaire normal (...) 
- 9 -
demás colaboradores familiares. 
En lo que se refiere al artículo 6, los cónyuges no siempre pueden acogerse al 
estatuto social de trabajadores autónomos. Su afiliación se limita al riesgo 
de enfermedad y de invalidez pero están cubiertos, como cualquier cónyuge que 
no trabaja, en lo que se refiere al riesgo de vejez, a través de su cónyuge 
(pensión de supérstite), y para los riesgos menores en el sistema de seguros de 
enfermedad, si el trabajador autónomo cotiza a este sector. 
\»s - 10 -
2. DINAMARCA 
ARTICULO 4 
Este artículo se ha aplicado mediante el apartado 5 de la ley n° 686 de 11 de 
octubre de 1990 relativa a la igualdad de trato. Según dicha disposición, la 
persona que controle el acceso a una profesión, la creación o ampliación de una 
empresa o cualquier otra forma de actividad profesional, incluidas las empresas 
financieras, debe respetar el principio de igualdad de trato. No obstante, el 
"Ligestillingsrádet" (organismo danés para la igualdad de oportunidades) ha 
hecho observar que, en algunos casos, las trabajadoras autónomas que desean 
obtener un préstamo para comenzar sus actividades siguen encontrando 
dificultades de tipo práctico. 
ARTICULO 5 
Aparentemente, la constitución de una sociedad entre esposos no plantea 
problemas, pero no se ha comunicado ninguna otra información a la Comisión. 
ARTICULO 6 
La financiación de la seguridad social en Dinamarca se realiza mediante los 
impuestos. La persona cubierta sólo debe pagar cotización en caso de que quiera 
beneficiarse de prestaciones complementarias. 
Los cónyuges colaboradores, al igual que los autónomos, están cubiertos por el 
sistema de la seguridad social contra los riesgos de enfermedad, invalidez, 
vejez y maternidad. Pueden asegurarse de forma voluntaria contra los riesgos 
de desempleo y de accidentes laborales. 
Salud: las personas afectadas por la Directiva tienen derecho a servicios 
médicos gratuitos y a prestaciones económicas a partir de la tercera semana de 
incapacidad laboral. Mediante el pago de un seguro voluntario estarán cubiertos 
desde el primer día de enfermedad. El subsidio pagado está en función de los 
beneficios de la empresa, conforme a lo comunicado por la administración fiscal. 
No hay ninguna diferencia entre el trabajador autónomo y su cónyuge en lo que 
se refiere al pago del subsidio de enfermedad. 
ARTICULO 7 
Con la ley de 16 de marzo de 1989 se ha introducido una modificación en la 
legislación fiscal. Dicha modificación permite en adelante a la pareja la 
elección para el cónyuge colaborador del estatuto de empleado o de colaborador. 
Con esta modificación se pretende reforzar la situación de independencia del 
colaborador y mejorar sus posibilidades de obtener prestaciones sociales. 
ARTÍCULO 8 
Las trabajadoras autónomas y las cónyuges colaboradoras tienen derecho a un 
permiso de maternidad de 4 semanas antes del nacimiento y hasta 24 semanas tras 
el parto. La madre que disfruta la baja percibe una prestación del municipio 
cuya cuantía está en función de los ingresos y tiene un tope máximo de 2 506 
coronas por semana. En caso de suscripción de un seguro voluntario, la mujer 
percibe una ayuda complementaria por un mínimo de 1 671 coronas semanales, ayuda 
mínima que se abona independientemente de los ingresos. 
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No está previsto ningún servicio de sustitución. 
ARTICULO 9 
Es a los tribunales ordinarios a quienes competen los asuntos de igualdad de 
trato. Según el experto de la red jurídica, no se ha llevado ante los 
tribunales ningún caso notable en relación con esta Directiva. 
En Dinamarca, el Ligestillingsrâdet desempeña una función esencial en lo 
referente a la aplicación del principio de igualdad de trato de hombres y 
mujeres. El objeto de este órgano es promover la igualdad de oportunidades y 
puede, ya sea por iniciativa propia o a petición de terceros, investigar sobre 
situaciones que entran dentro del ámbito de aplicación de la ley. 
ARTICULO 10 
No parece que se haya divulgado ninguna información específica sobre la 
Directiva entre los organismos de formación profesional y los grupos que 
representan a los trabajadores autónomos. 
=W 
- 12 -
3. REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 
W Nota: El gobierno federal opina que la incorporación de la Directiva a la 
legislación nacional no requiere ninguna modificación de las disposiciones 
legales y reglamentarias de la legislación alemana. 
ARTICULO 4 
No hay diferencias relacionadas con el sexo en cuanto al establecimiento, la 
organización o la expansión de una empresa ni en cuanto al inicio o la 
ampliación de cualquier otra forma de actividad autónomo. Las profesiones 
liberales, como la de abogado, notario, perito mercantil o médico, etc. están 
sujetas a restricciones de acceso fijadas mediante disposiciones legales. Estas 
restricciones varían de una profesión a otra (nacionalidad, cuotas, análisis de 
las necesidades, diplomas obtenidos, etc.) y son las mismas para los hombres que 
para las mujeres. 
Las disposiciones legales aplicables a la creación y a la ampliación de una 
empresa o de una actividad autónomo son las mismas para los dos sexos. 
Asimismo, no hay ninguna diferencia en lo que se refiere a la ayuda para la 
orientación profesional, la formación, el perfeccionamiento y el reciclaje 
profesional. 
ARTICULO 5 
En numerosas profesiones autónomos, como arquitectos, ingenieros, abogados y 
asesores fiscales, la creación o la ampliación de una empresa, asi como la 
elección de la forma jurídica, están sujetas a la legislación profesional y al 
derecho corporativo. 
Si hay leyes que exigen que todos los asociados posean determinadas 
cualificaciones, un cónyuge sólo podrá asociarse si reúne las condiciones de 
cualificación exigidas. Los peritos mercantiles y los asesores fiscales pueden 
crear una sociedad de personas y una sociedad de responsabilidad limitada. 
Las esposas, al igual que cualquier otro individuo, pueden igualmente detentar 
partes de dichas sociedades, incluso si no ejercen la profesión. En este caso, 
no podrán, sin embargo, influir de forma alguna sobre las decisiones 
profesionales adoptadas por las sociedades. 
En todas las demás empresas comerciales, los cónyuges reciben el mismo trato que 
las terceras personas si crean una empresa o entran en ella. 
ARTICULO 6 
El sistema alemán de seguridad social cubre: 
la salud 
la jubilación 
los accidentes 
Seguro de enfermedad 
Este seguro cubre los riesgos de enfermedad, maternidad y atención sanitaria 
- 13 -
En principio, los trabajadores autónomos no están obligados a suscribir un 
seguro de enfermedad (excepciones: los agricultores, viticultores y 
horticultores; en el mismo caso se encuentran los artistas y escritores 
autónomos). 
Al acabar un periodo de seguro legal obligatorio, los trabajadores autónomos 
pueden decidir si desean o no seguir asegurados. 
Cuando una pareja gestiona en común una explotación agraria, se considera 
principal explotador al que lleva la mayor carga de la empresa y está obligado 
a afiliarse a los seguros sociales. El cónyuge colaborador está asegurado 
gratuitamente como miembro de la familia. 
El cónyuge asegurado en calidad de miembro de la familia se beneficia, en la 
misma medida que el cónyuge titular del seguro, de las prestaciones del seguro 
de enfermedad. 
Sin embargo, en el seguro de enfermedad de los agricultores sólo puede 
concederse una ayuda a la explotación al cónyuge asegurado en calidad de miembro 
de la familia si los estatutos de la caja de enfermedad así lo prevén. 
Las prestaciones concedidas en el marco del seguro obligatorio son, por lo 
general, idénticas a las concedidas en el régimen voluntario, a excepción de las 
prestaciones por enfermedad. 
Seguro de jubilación 
Este sistema cubre los riesgos de invalidez, de vejez y de fallecimiento. 
El seguro de los cónyuges a los que se refiere la letra b) del artículo 2 se 
rige por las disposiciones generales aplicables al seguro de jubilación, por lo 
que toda persona empleada por su cónyuge está obligada a asegurarse. Si el 
cónyuge goza de un estatus de coexplotador en la empresa de su esposo/a, puede 
solicitar el seguro obligatorio si no está ya sujeto al mismo en virtud de la 
ley (como sucede en el caso de los artesanos). 
Los cónyuges coexplotadores pueden cotizar o no para obtener un derecho a 
prestaciones para los dos cónyuges. 
Asimismo, el régimen permite que el cónyuge supérstite siga adquiriendo derechos 
a una pensión de reversión mediante el pago de cotizaciones, incluso tras la 
muerte del explotador. Dichas cotizaciones propias permiten adquirir un derecho 
propio cuando el cónyuge supérstite prosigue las actividades del explotador 
fallecido. 
Las normas relativas al seguro obligatorio de jubilación anteriormente expuestas 
son igualmente aplicables a los explotadores agrícolas y a sus cónyuges. 
Regímenes corporativos de previsión 
Los miembros de profesiones liberales que dependen de un colegio profesional 
(como por ejemplo los abogados, los médicos y arquitectos) están, en principio, 
asegurados obligatoriamente contra la incapacidad laboral y la vejez en 
organismos públicos de seguros y de previsión, ya sean asalariados o 
indeendientes. La pertenencia a una asociación profesional constituye, en «ste 
caso, el criterio decisivo. Las personas que no dependen de una asociación 
corporativa no pueden acceder a esta rama de la seguridad social. No obstante, 
el sistema de seguridad social está estructurado de forma que permite al cónyuge 
-.1' 
colaborador que no sea miembro de la asociación profesional beneficiarse de las 
mismas posibilidades que los .cónyuges colaboradores de otros trabajadores 
autónomos, es decir, que puede beneficiarse del seguró obligatorio en virtud del 
régimen de seguros dé jubilación medíante la firma de un contrato de trabajo con 
su cónyuge o à través de una cotización voluntaria. 
Los seguros de jubilación en-favor de los explotadores agrarios 
La' prestación de vejez del agricultor casado supera en un cincuenta por ciento 
a la de una persona soltera porque percibe un "suplemento de, cónyuge"',. • A 
partir de la ley de 20 de diciembre de 1985, la caja de vejez está obligada, en 
lo qué se refiere a los nuevos casos, a abonar directamente un tercio de la suma 
total- al cónyuge colaborador. 
La única condición es que él cónyuge haya ejercido, de forma principal, una 
actividad como cónyuge Colaborador en la explotación. 
Seguro de accidentes -
Este sistema cubre los accidentes de trabajo,, la invalidez y .el-.fallecimiento. 
Todo.el mundo puede afiliarse libremente a este seguro. Los cónyuges ele ios 
empresarios agrarios están asegurados por ley, al igual que .sus cónyuges. 
ARTICULO 7 
Según el Gobierno alemán, no es ni necesario ni posible mejorar la posición,- de 
los cónyuges ... • 
ARTICULO 8 ,. • 
Los beneficiarios de un seguro de enfermedad tienen derecho a percibir diversas 
ayudas en metálico en caso de embarazo o de parto, y esto es igualmente válido 
para los coasegurados. Desde el 1 de eneró de 1986, en virtud de los estatutos 
de una caja de enfermedad puede concederse al agricultor una ayuda' a la 
explotación durante un periodo de 8 semanas, (12 semanas en caso de embarazo 
múltiple o de parto prematuro) a partir del parto si la explotación de su 
empresa se viera en peligro. .••"',-.•• 
Dicha ayuda a la explotación puede incluir la provisión de'una sustituta que 
garantice la gestión de la explotación agraria durante la: ausencia de la 
explotadora o revestir la forma de un reembolso de los gastos de contra ración 
de una sustituta.. -.'.,'• :, 
Los estatutos dé una caja de enfermedad pueden prever la concesión, en una misma 
medida, de una ayuda a- la explotación y de una ayuda.doméstica, en caso de 
maternidad,val. cónyuge de un agricultor asegurado. 
ARTICULO 9 
3 Apartado 1 del artículo 4 de la ley sobre la prestación de vejez de , los 
explotadores agrarios ' 
- 15 
El sistema judicial alemán garantiza una protección jurídica completa, por lo 
que un caso de discriminación puede ser objeto de un recurso legal. 
ARTICULO 10 
Se ha facilitado información a una serie de organizaciones que se ocupan de las 
mujeres empresarias/autónomas y de los cónyuges empresarios/autónomos. 
Conclusion*» 
De acuerdo con las respuestas recibidas, la legislación alemana no parece 
presentar anomalías. Uno de los cónyuges puede emplear al otro y concederle el 
estatus de empleado. Los cónyuges se benefician de numerosas posibilidades para 
crear una empresa. 
Si existen algunas restricciones, se basan en criterios como la formación y las 
aptitudes y no en el sexo. Incluso si una pareja decide no redactar un contrato 
y si el cónyuge prefiere trabajar en la empresa sin estatus específico, puede 
afiliarse voluntariamente al sistema de seguridad social alemán. 
Esta legislación no se aplica en el caso del trabajo efectuado por el cónyuge 
o los miembros de la familia próxima que vivan bajo el mismo techo, excepto si 
la empresa o una parte de ella está situada en el hogar familiar. 
- 16 -
4. GRECIA 
Comentario general: Las respuestas de Grecia se referían principalmente a la 
parte de la Directiva que trata de la protección social (artículos 6 y 8). 
ARTICULO 4 
No hay discriminación jurídica basada en el sexo en cuanto al acceso a la 
creación y a la ampliación de una empresa1^. En la ley 1329/83 se establece la 
igualdad de marido y mujer en el ámbito del derecho de familia (decisiones en 
el terreno inmobiliario, préstamos, etc.) 
ARTÍCULO 5 
La creación de una empresa por dos cónyuges es posible y no están sujetos a 
condiciones particulares. 
ARTICULO 6 
La divisisión en diferentes categorías socioeconómicas en Grecia es bastante 
particular. Algunas categorías de trabajadores autónomos de las ciudades están 
cubiertos, al igual que los empleados, por el sistema general de la seguridad 
social (IKA). Paralelamente hay un régimen agrario (OGA) que no solo cubre a 
toda persona que trabaje en el sector agrario (empleado o no) sino, igualmente, 
a los trabajadores autónomos del comercio y de las empresas que trabajen en un 
centro urbano de menos de 2 000 habitantes. Más concretamente, todos los 
trabajadores autónomos cubiertos por el sistema de seguridad social se 
clasifican dentro de una de las dos categorías siguientes: 
* Los que tienen una cualificación profesional (médicos, ingenieros, abogados, 
etc. ) 
Los principales regímenes de seguro son el Fondo de Abogados, el TSMEPE (Fondo 
de Ingenieros y Funcionarios) y el TSAY (Fondo de seguros de jubilación de los 
trabajadores sanitarios). 
* Otras actividades autónomas (industriales, hombres/mujeres de negocios). 
Hay dos tipos principales de regímenes de seguros: el TAE (Fondo de Seguros de 
los Hombres/Mujeres de negocios) y el TEBE (Fondo Griego de los Profesionales 
e Industriales). 
Todos los riesgos, es decir, jubilación invalidez, accidente en el lugar de 
trabajo, enfermedad y muerte, están cubiertos por los regímenes de seguros antes 
mencionados. 
Los cónyuges colaboradores están obligatoriamente afiliados al sistema general 
de seguridad social (IKA)S en la medida en que no están afiliados 
obligatoriamente o voluntariamente para dicho trabajo a alguno de los demás 
organismos principales de seguridad social. 
1 Ley 14/4/84 relativa a la igualdad en materia de derecho laboral 
5" Artículo 1(1) de la ley 1759/88 
- 17 -
Incluso si la afiliación de las personas antes mencionadas es obligatoria, ello 
no quiere decir que sea automática, esto es, que la afiliación empieza y termina 
tras la notificación escrita por el afiliado o por la persona para la que se 
realiza el trabajo. 
Los trabajadores autónomos están cubiertos frente a todos los riesgos: 
jubilación, enfermedad (prestaciones en metálico y en especie), invalidez y 
fallecimiento. 
El nivel del seguro de jubilación es muy bajo (15 000 dracmas/mes) . En 1989 se 
introdujo un sistema de seguro de jubilación complementaria para los 
agricultores*. 
El régimen agrario (OGA) no concede prestaciones a los agricultores en caso de 
accidente o enfermedad, ni tampoco subsidio de desempleo. 
ARTICULO 7 
No se ha obtenido información sobre este artículo. 
ARTÍCULO 8 
Las trabajadoras autónomas y los cónyuges colaboradores tienen derecho a un 
permiso de maternidad y perciben prestaciones (50 000 dracmas en el régimen 
OiG.A.). No hay servicio de sustitución. 
ARTÍCULOS 9-10 
No se ha obtenido información sobre este artículo. 
* Las mujeres en la agricultura, Cahiers de Femmes d'Europe, octubre 1988, n' 
27-28. El importe varía de 3 680 a 10 400 dracmas/mes 
18 -
W 
v*/ 5. ESPAÑA 
Observación previa: El Gobierno español ha admitido en su comunicación a la 
Comisión que la legislatíión de las Islas Baleares (derecho matrimonial) no 
respeta el principio de igualdad de trato tal como está definido en la Directiva 
en cuestión. 
ARTICULO 4 
El artículo 14 de la Constitución Española establece que: "todos los españoles 
son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". 
Asimismo, el artículo 35.1 de la Constitución dice que "todos los españoles 
tienen derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio sin que, 
en ningún caso, pueda hacerse discriminación por razón de sexo". 
Los trámites necesarios para el acceso a la profesión o inicio de una actividad 
autónoma no implican discriminaciones basadas en el sexo. 
A este respecto, el Gobierno español destaca que, en 1989, las estadísticas 
relativas a la formación revelaron que, para el conjunto de los programas del 
plan FIP (Plan de Formación e Inserción Profesional), el número de mujeres 
formadas fue ligeramente superior al de hombres (50,5* frente a 49,5). No 
obstante, dado que las mujeres encuentran más dificultades para acceder al 
mercado de trabajo, en el Real Decreto 1618/1990, de 14 de diciembre, por el que 
se regula el Plan FIP, se articuló un programa dirigido a mujeres que intentan 
reintegrarse a la actividad profesional, para formarlas en aquellas actividades 
en que se encuentren subrepresentadas o para facilitar la inserción profesional 
de mujeres con responsabilidades familiares y especiales dificultades en la 
búsqueda de empleo. 
ARTICULO 5 
Dentro del ordenamiento jurídico español se han ido introduciendo una serie de 
modificaciones en la normativa mercantil para tener en cuenta las directivas 
europeas en materia de sociedades. 
En la legislación española, la sociedad es "un contrato por el cual dos o más 
personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria con ánimo de 
partir entre sí las ganancias". 
No existe ningún obstáculo a la constitución de una sociedad entre esposos, y 
los bienes así puestos en la sociedad pueden ser comunes o propios de cada uno 
de ellos. 
En caso de divorcio, el cónyuge al que se refiere el punto b) del articulo 2 
puede hacer valer su actividad profesional en la empresa del cónyuge autónomo 
para obtener una compensación económica. El artículo 97 del Código Civil 
establece que: "El cónyuge al que la separación o divorcio produzca 
desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un 
empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tiene derecho a una 
pensión que se fijará en la resolución judicial, teniendo en cuenta, entre 
otras, (...) la colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, 
industriales o profesionales del otro cónyuge". 
19 -
ARTÍCULO 6 
Las actividades autónomas no están incluidas en el ámbito de aplicación del 
régimen general de la seguridad social. La afiliación o el alta debe hacerse 
en uno de los regímenes especiales: 
* El régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, 
comprende a los trabajadores de la industria y los servicios, los 
profesionales liberales y asimilados y los agricultores, siempre que 
sus actividades no superen un determinado volumen. 
* El régimen especial de los agricultores incluye a cualquier persona que 
efectúe labores agrícolas, forestales o pecuarias, por cuenta propia, 
que le permitan subvenir sus propias necesidades y las de los 
familiares a su cargo. 
* El régimen especial de los trabajadores del mar, que incluye a todos 
los trabajadores, cualquiera que sea su sexo, que realicen labores 
marítimas por cuenta propia, siempre que constituyan su medio 
fundamental de vida. 
Los tres regímenes especiales de seguridad social citados incluyen en su ámbito 
de aplicación al cónyuge del trabajador autónomo si éste participa de forma 
habitual, personal y directa en la realización de las tareas en el ejercicio de 
la actividad en cuestión. Las demás condiciones exigidas por los regímenes 
especiales de trabajadores del mar y agrarios son la convivencia y la 
dependencia económica del cónyuge en relación con el trabajador autónomo y, 
además, el régimen especial agrario precisa que el rendimiento de la actividad 
agraria debe contribuir en la proporción adecuada a constituir el medio esencial 
de subsistencia de la familia del trabajador (decreto 2530 de 20.8.70). 
Dado que este mismo texto hace obligatoria la afiliación a los regímenes 
especiales, el cónyuge del trabajador autónomo que participa en la actividad de 
este último, que vive bajo el mismo techo y que está a su cargo, no es 
considerado trabajador asalariado y, en consecuencia, debe afiliarse 
obligatoriamente al régimen especial correspondiente a la actividad autónoma 
ejercida^ En este caso, el cónyuge colaborador tendrá derecho a las mismas 
prestaciones sociales que el trabajador autónomo. 
Ley 5 de 29 de junio de 1990, de Medidas Presupuestarias, Financieras y 
Tributarias. 
- 20 -
Los regímenes especiales mencionados anteriormente cubren los siguientes 
subsidios/ayudas: 
Cuadro sobre los principales regímenes contributivos recogidos en el informe de 
expertos de la Comisión sobre la situación de los trabajadores autónomos en 
España en noviembre de 1991. 
Industria y 
servicios Trab. agrícolas 
Subsidio de enfermedad 
Ayuda de recuperación 
Subsidio de maternidad 
Prestac. accid. de trabajo 
y enfermedades profesionales 
Subsidio de desempleo 
1= inscripción obligatoria 
2= inscripción facultativa 
ARTICULO 7 
El Gobierno español ha comunicado su programa relativo a la promoción del 
trabajo por cuenta propia^. El objetivo del programa es promover y ayudar 
económicamente a los proyectos que hagan posible que personas inscritas en 
oficinas de empleo se conviertan en trabajadores autónomos o por cuenta propia. 
El Gobierno español asegura que en el programa se respeta totalmente el 
principio de igualdad de trato. 
ARTICULO 8 
w En caso de maternidad, los trabajadores autónomos y los cónyuges colaboradores 
a los que se refiere la letra b) del artículo 2 tienen derecho a prestaciones 
de asistencia sanitaria9. La ley 3 de 3 de marzo de 1989 ha elevado la duración 
del permiso de maternidad de 14 a 16 semanas. 
El acceso a las prestaciones de maternidad está subordinado a la afiliación y 
al alta en la seguridad social, así como a un periodo mínimo de cotización de 
180 días durante el año que precede al parto. Además, la afiliación a la 
seguridad social debe realizarse al menos 9 meses antes de la fecha prevista del 
parto. 
El cónyuge colaborador que no está afiliado ni dado de alta sólo tiene derecho 
Este programa se ha establecido mediante la Decisión Ministerial de 
21.2.86, que prevé diversos programas de ayuda a la creación de empleo. 
Entre las prestaciones de asistencia sanitaria se incluyen las prestaciones 
médicas (reconocimientos médicos, asistencia facultativa al parto, 
hospitalización en hospitales concertados), farmacéuticas (para todos los 
medicamentos, bien gratuitamente bien mediante una contribución económica) 
y económicas (subsidio equivalente al 75?, de la base mensual de cotización 
del trabajador; este subsidio es más cuantioso en caso de parto múltiple. 
- 21 -
a las prestaciones de asistencia sanitaria. 
No obstante, en el régimen especial agrario, el trabajador autónomo debe haber 
cotizado expresamente para el riesgo de incapacidad laboral transitoria, 
contingencia que tiene un carácter de mejora voluntaria. Dicho de otra forma, 
cuando el trabajador por cuenta propia de la agricultura no cotice por el riesgo 
de incapacidad laboral transitoria, su cónyuge, al que se refiere la letra b) 
del artículo 2, no podrá beneficiarse de ninguna prestación de asistencia 
sanitaria ni de otro tipo. 
La legislación española no prevé servicio de sustitución para las mujeres 
durante el periodo de interrupción por razones de maternidad, ni servicios 
sociales para compensar la imposibilidad de trabajar de la cónyuge colaboradora. 
ARTICULO 9 
En el artículo 2 del texto de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 521 de 27 de abril de 1990, se establece que : "Los órganos 
jurisdiccionales del Orden Social conocerán de las cuestiones litigiosas que se 
promuevan ... en materia de seguridad social". 
Los titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo podrán ejercitar 
acciones ante los órganos jurisdiccionales (artículo 17 de la ley citada 
anteriormente). 
Asimismo, la persona que se considere objeto de una discriminación basada en el 
sexo impone que sea el defensor el que deba aportar la prueba de la 
justificación objetiva y de la proporcionalidad de las medidas adoptadas. El 
juez podrá solicitar el dictamen de los organismos públicos competentes 
(artículo 25.3). 
Paralelamente a estas vías de apelación en el orden jurisdiccional social, las 
violaciones de derechos reconocidos en la Constitución dan acceso a los 
mecanismos constitucionales de garantía de los derechos. 
ARTICULO 10 
En materia de formación profesional: 
La información a nivel nacional se ha realizado a través del Consejo General de 
Formación Profesional, creado por la Ley 1/1986 de 7 de enero. Este órgano 
consultivo asiste al Gobierno en materia de formación profesional reglada. Está 
integrado por las organizaciones sindicales y patronales más representativas y 
por representantes de la Administración. 
A nivel provincial, la información se canaliza a través de las Comisiones 
Provinciales de Formación Profesional y de los Comités Provinciales de 
Seguimiento de la Formación Profesional, creados, respectivamente, por Orden del 
21 de junio de 1990 y por el Real Decreto 1618/1990, de 14 de diciembre. 
El Instituto Nacional de Empleo transmite, igualmente, la información a los 
centros de formación. 
Conclusiones : 
1. El artículo 7 de la ley general de seguridad social (ley 2065/74 de 30.5.74) 
prohibe expresamente que la esposa del empresario sea considerada una 
v^ - 22 -
trabajadora y no puede probar lo contrario (si bien se admite para los demás 
miembros de la familia) . La esposa no puede, por tanto, afiliarse a la 
seguridad social personalmente y sólo se beneficiará de forma derivada, a través 
de su marido. 
Parece que, conforme al derecho laboral, la esposa puede ser asalariada de su 
cónyuge empresario pero, en cambio, no puede, según la seguridad social, tener 
dicho estatuto, lo cual constituye una contradicción que de hecho impide que el 
cónyuge colaborador sea un asalariado en la empresa de su marido. 
El plan de igualdad de oportunidades de 1988-1990, aprobado por el Gobierno en 
1987, incluía entre sus recomendaciones (1.11.1) "el estudio de la posibilidad 
de modificar el artículo 7.2 de la ley general sobre la seguridad social". 
2. El jefe de la explotación, que no está sujeto al seguro contra el riesgo de 
incapacidad laboral transitoria, no permite que su cónyuge se beneficie de la 
asistencia médica en caso de maternidad. 
*W 
- 23 -
*• RANCIA 
Para las profesiones artesanales, industriales y comerciales: 
La ley de 10 de julio de 1982, 82-596, ha mejorado la situación de los cónyuges 
de artesanos y comerciantes que participan en el ejercicio de la actividad de 
la empresa dándoles la libertad de elegir entre tres posibilidades: 
* cónyuges asalariados 
* cónyuges asociados 
* cónyuges colaboradores ("collaborateur")10 
A pesar de estas posibilidades, y sobre todo del estatuto de cónyuge 
colaborador, que alia reconocimiento y carga limitada para la empresa, se 
calcula que el 80% de los cónyuges de las profesiones artesanales, industriales 
o comerciales no han elegido una situación. 
ARTICULO 4 
No se ha recibido información sobre este punto. 
ARTÍCULO 5 
La constitución de una sociedad entre esposos es posible. Las condiciones de 
constitución de una sociedad son las mismas ya se trate de una pareja casada o 
no casada (por ejemplo, ser portador de dicho título). 
Hay una excepción a la constitución de una sociedad entre esposos, excepción 
justificada por el Gobierno francés. En el artículo 1 de la ley 62-1971, de 
8.8.1962, se prohibe la constitución de una agrupación agraria de explotación 
en común (GAEC) por dos cónyuges asociados. En cambio, dos cónyuges pueden 
constituir una GAEC con la participación de un socio. 
Si es deseo de los esposos continuar solos en una sociedad agrícola, pueden 
constituir una explotación agraria de responsabilidad limitada (EARL), que se 
rige por la ley 85-697, de 11.7.1985. 
Para incitar a los esposos a escoger con más frecuencia la fórmula de sociedad, 
el decreto 88-198, relativo a las ayudas a la instalación de los jóvenes 
agricultores, concede en adelante dos dotaciones de jóvenes agricultores 
(D.J.A.) por cada hogar cuando ambos cónyuges sean jefes de explotación en el 
marco de una sociedad civil, agraria, o de una EARL. 
ARTÍCULO 6 
Los cónyuges que hayan escogido el estatuto de colaboradores (profesiones 
artesanales, industriales o comerciales) podrán afiliarse voluntariamente al 
seguro de vejez de los trabajadores por cuenta propia para adquirir un derecho 
propio a jubilación. En determinadas condiciones, también se les ofrece la 
compra de cotizaciones en concepto de determinados periodos de actividad 
Ao véase la nota 1 
- 24 -
'H 
anteriores a su afiliación al seguro voluntario . 
Desde la ley 89/1008 de 31 de diciembre de 1989 (artículo 17), el cónyuge que 
colabora en la actividad de un socio único de una Empresa Unipersonal de 
Responsabilidad Limitada (EURL) puede beneficiarse de los derechos sociales en 
materia de maternidad y de seguro de vejez. En efecto, se le reconoce el 
beneficio de las mismas prestaciones de maternidad que al cónyuge colaborador 
citado en el registro de comercio y de las sociedades o en el directorio de 
oficios. 
En materia de jubilación, puede cotizar voluntariamente a la caja de seguro de 
vejez de la que depende su cónyuge, socio único. 
En un decreto de aplicación (91-897), de b de septiembre de xbiyi, se piccx^a que 
los cónyuges pueden afiliarse al seguro voluntario de vejez, alegar mediante una 
declaración jurada que participan efectiva y habitualmente, sin remuneración, 
en la actividad no asalariada de dichos socios y que no dependen, a título 
personal, de un régimen obligatorio de seguro de vejez. Las cotizaciones de 
dichos cónyuges se calculan, voluntariamente, partiendo de la base del tercio 
del tope de la seguridad social. Si bien se beneficia de los derechos sociales 
en materia de maternidad y de seguro de vejez, no obstante, no se considera 
colaborador conforme a la ley de 10.7.1982 (o no puede, en efecto, ser cónyuge 
colaborador de una persona jurídica, la EURL) al cónyuge de un socio único de 
una EURL. Así, el cónyuge de un socio único>de una EURL no podrá beneficiarse 
de los derechos profesionales que resulten de la adopción del estatuto de 
colaborador, puesto que no se considerará que ha recibido un mandato. Tampoco 
puede participar en las elecciones de las Cámaras de Oficios o las Cámaras de 
Comercio e Industria. 
Por el decreto 89-628 de 24 de julio de 1989, los cónyuges colaboradores de los 
miembros de profesiones liberales han visto reconocida la posibilidad de 
adherirse voluntariamente al régimen de seguro de vejez de las profesiones 
liberales y de constituirse derechos propios en materia de jubilación. Los 
cónyuges de abogados no pueden beneficiarse aún. 
Desde el punto de vista de la legislación agraria, se considera que el cónyuge 
de agricultor que no ha elegido estatuto pero participa en las tareas de la 
explotación agraria no ejerce una actividad profesional, por lo que no está 
asegurado a título personal. Los derechos sociales de los cónyuges de los 
agricultores "de hecho" se determinan en función bien de su situación familiar, 
que les permite beneficiarse en calidad de derecho habientes de las prestaciones 
en especie del seguro de enfermedad y maternidad sin tener que aportar 
cotizaciones, bien de una presunción de participación en las tareas que abre al 
cónyuge un derecho propio a la jubilación a tanto alzado mediante el pago por 
el jefe de explotación de una cotización al seguro de vejez individual (en 1992 
la pensión de jubilación a tanto alzado se eleva a una cuantía igual a 15 120 
francos/año). 
Por el contrario, el cónyuge que no justifique ingresos profesionales 
personales y que no esté asegurado a título personal no podrá percibir pensión 
de invalidez ni beneficiarse de la jubilación proporcional inherente a la 
calidad de agricultor. 
No obstante, muchos cónyuges derechohabientes participan de forma efectiva en 
las tareas de la explotación agraria y no ven. el pleno reconocimiento de su 
trabajo en forma de derechos personales, por lo que una medida reciente pretende 
+1 Decreto 86-100 de 4 de marzo de 1986 
- 25 -
la mejora de los derechos de jubilación del cónyuge del agricultor sin estatuto. 
Así, en el artículo 12 de la ley 91-1407 de 31 de diciembre de 1991, relativa 
a las cotizaciones sociales agrarias y que crea el régimen de pre-jubilación 
agraria, aplicada mediante el decreto 92-1111 de 2.10.92, se prevé la 
posibilidad de que una pareja de agricultores opte por un reparto de puntos de 
jubilación proporcional, hasta ahora únicamente a cargo del cónyuge jefe de la 
explotación. Este mismo decreto precisa que una pareja de explotadores puede 
optar por el reparto de los puntos de jubilación proporcional en la medida en 
que el cónyuge del jefe de explotación no esté afiliado a otro régimen de 
jubilación en razón del ejercicio de una actividad profesional y no esté 
afectado de una incapacidad laboral. 
La solicitud de opción para el reparto de los puntos debe ir firmada por ambos 
esposos. La opción es válida por un año y se renueva tácitamente. El reparto 
de los puntos se efectúa anualmente y con valor definitivo. Se procede a poner 
fin al reparto a petición de ambos cónyuges, o de oficio si el cónyuge ya no 
cumple las condiciones exigidas. 
ARTICULO 7 
Creación de un estatuto de cónyuge colaborador. 
Para ser colaborador(a), el cónyuge debe probar dicha cualidad solicitando que 
se inscriba expresamente su función de colaborador(a) en el registro de comercio 
o en el directorio de oficios, al lado de la inscripción del titular de la 
empresa. En ese caso, debe "colaborar efectivamente en la actividad de su 
cónyuge sin ser remunerado y sin ejercer otra actividad profesional" (artículo 
8, capítulo III de la ley 82-596 de 10.07.82). 
El cónyuge puede así beneficiarse de los derechos profesionales y sociales. 
Derechos profesionales 
1. Se considera que el cónyuge colaborador ha recibido del jefe de empresa 
el mandato de cumplir en nombre de éste los actos de administración 
relativos a las necesidades de la empresa. 
2. Puede ser elector(a) y elegible en las cámaras de comercio, de oficios 
y en las cajas de seguro de vejez. 
Derechos sociales: véanse los artículos 6 y 8. 
ARTÍCULO 8 
Seguro de enfermedad-maternidad para el conjunto de las trabajadoras por cuenta 
propia de las profesiones no agrarias 
La ley de 10 de julio de 1982, y su decreto de aplicación de 31.12.82, ha 
introducido la prestación del permiso de maternidad y el subsidio de sustitución 
de las interesadas por personal asalariado, tanto para las mujeres que ejercen 
personalmente una actividad industrial, comercial, artesanal o liberal y que 
están afiliadas a título personal al régimen de trabajadores por cuenta propia, 
como para las cónyuges colaboradoras de industriales, comerciantes, artesanos 
o miembros de profesiones liberales. Estas se benefician también de una 
prestación global de descanso de maternidad por una cuantía de 5 790 FF a 1 de 
julio de 1992 y, si se hacen reemplazar por personal asalariado, de un subsidio 
de sustitución acumulable por la misma cuantía, que puede serle proporcionado 
durante un periodo de 28 días como máximo. 
- 26 -
Seguro de enfermedad-maternidad para las trabajadoras por cuenta propia de las 
profesiones agrarias 
Todas las mujeres que trabajan en una explotación y realizan labores agrarias 
tienen derecho a los servicios de sustitución organizados por la profesión, con 
independencia de su estatuto jurídico. Pueden hacerse sustituir, en caso de 
maternidad, por personal asalariado, durante un máximo de 56 días; el importe 
de la prestación de sustitución que se les facilita es igual al 90s (es decir, 
que a cargo de la agricultura sólo queda un coeficiente de reducción del 10%). 
La cuantía máxima de los gastos de sustitución, a la que se aplica dicho 
porcentaje del 90%, a 27.7.92 es de: 
478,40 FF por día de sustitución a tiempo completo 
58,24 FF por hora de sustitución, cuando ésta se realiza durante menos de 
8 horas al día. 
ARTÍCULO 9 
No se ha recibido información sobre este artículo. 
ARTÍCULO 10 
1988: realización de un documental en vídeo de información y sensibilización 
(duración: 20 minutos) sobre la situación de las mujeres en el medio rural, para 
informar y sensibilizar a las autoridades locales y al conjunto del mundo rural 
sobre la implicación económica de las mujeres y su función para el desarrollo 
rural en el conjunto de los sectores. 
Octubre 1992: lanzamiento de una campaña de información y sensibilización sobre 
los derechos de los cónyuges de artesanos y comerciantes. En la revista de las 
cajas de seguros de vejez de los artesanos "Contact AVA" y de los comerciantes 
"ORGANIC Information" se ha publicado información sobre los derechos de los 
cónyuges de artesanos y comerciantes, dirigida a todos los artesanos y 
comerciantes de Francia. 
Marzo 1993: el Centro Nacional de Información de los Derechos de las Mujeres 
v-*/ acaba de elaborar una guía sobre los derechos de las agriculturas francesas. 
- 27 -
7. IRL^NPA 
ARTÍCULO 4 
La ley de igualdad ante el empleo (Employment Equality Act, 1977) prohibe la 
discriminación basada en el sexo o en el estado civil en lo que se refiere al 
acceso al empleo, la formación profesional o la experiencia profesional. En 
virtud de la sección 6 de la ley, es ilegal discriminar en el acceso a cursos 
de formación profesional o en la forma en que se presentan los cursos de 
formación o cualquier otro tipo de formación (excepto en el caso de acciones 
positivas - sección 15). 
ARTICULO 5 
Las "Companies Acts", 1963 a 1990 no establecen ninguna diferencia entre mujeres 
y hombres en sus disposiciones. 
Una pareja puede ser miembro de una sociedad y el "Companies Registration 
Office" considera que un gran número de todas las sociedades registradas está 
formado por cónyuges. 
ARTICULO 6 
Los trabajadores autónomos afiliados al seguro de jubilación adquieren para sus 
cónyuges el derecho a un subsidio para adultos a cargo. Dicha prestación debe 
ser abonada directamente al jubilado como parte de su pensión, o el adulto 
dependiente puede presentar una solicitud para que se le abone directamente el 
subsidio. 
La "Social Welfare Act" establece que los cónyuges colaboradores están exentos 
del seguro social obligatorio en tanto que afiliados autónomos, por lo que, al 
parecer, no pueden asegurarse de forma voluntar ia*1-. 
ARTICULO 7 
El "National Pensions Board" (Comité nacional de pensiones), creado para 
aconsejar al Ministro de Asuntos Sociales sobre la política en materia de 
jubilaciones en general, analiza actualmente la posibilidad de ampliar la 
cobertura de seguridad social obligatoria a los miembros de la familia que 
participan en el trabajo (incluidos los cónyuges) y ayudan a una persona 
asalariada o que trabaja por cuenta propia a ganar los ingresos del hogar o que 
dependen esencialmente de dichos ingresos. 
ARTICULO 8 
Las trabajadoras autónomas o las mujeres que trabajan por cuenta propia no 
tienen acceso a ningún servicio de sustitución temporal y no tienen derecho a 
prestaciones en metálico durante su interrupción de actividad a causa de 
''i-Excepto si previamente percibían una remuneración que implicaba la 
afiliación al seguro obligatorio, en cuyo caso tienen derecho a mantener su 
cobertura de seguro de jubilación pagando su cotización de forma 
voluntaria. 
- 28 -
embarazo y maternidad. 
ARTICULO 9 
Las personas que estiman que han sido víctimas de discriminación pueden apelar 
al Tribunal de Trabajo, quien decide sobre la conveniencia de trasladar el 
asunto a un responsable de la igualdad, para la instrucción y recomendación del 
caso, o a un encargado de las relaciones laborales para un intento de 
conciliación. 
Esta última opción es raramente la elegida. Los sindicatos y la agencia 
irlandesa para la igualdad (Employment Equality Agency) pueden presentar 
recursos ante los tribunales para un individuo o un grupo de individuos. 
ARTICULO 10 
Todos los centros de formación profesional han sido informados sobre las normas 
en materia de igualdad de oportunidades a fin de que las apliquen en todos los 
programas de formación. En efecto, el organismo responsable de la formación y 
del empleo (FAS) alienta activamente a las mujeres a que participen en todas las 
opciones disponibles y sobre todo en los sectores que no son tradicionalmente 
femeninos. 
Conclusiones 
1. Los cónyuges colaboradores sólo están protegidos a través del trabajador-
autónomo y no pueden contribuir voluntariamente para aumentar sus derechos, que 
se limitan al sector de la jubilación. 
2. No se ha adoptado ninguna medida para conceder una prestación a las 
trabajadoras durante la maternidad; no parece que existan servicios de 
sustitución. 
3. Ciertamente, la información solicitada en el artículo 10 se refería a los 
centros de formación, pero también a los organismos que representan a los 
trabajadores autónomos y a su cónyuge, información que no se ha facilitado. 
- 29 -
8. ITALIA 
El Gobierno italiano hace observar que la Directiva enuncia principios que no 
tienen equivalente en el ordenamiento jurídico interno. El ejercicio de una 
actividad profesional autónoma se caracteriza por una gran libertad de 
negociación y, por lo tanto, por una gran diversidad de modelos que no implican 
desigualdades de trato basadas en el sexo. 
ARTÍCULO 4 
El derecho interno excluye cualquier discriminación basada en el sexo en lo que 
se refiere al acceso a las diversas formas de trabajo autónomo y su ejercicio. 
Este principio está recogido en la ley 66 de 9 de febrero de 1963. 
ARTICULO 5 
Nociçn, de empyesa familiar 
La noción de empresa familiar se introdujo mediante la ley 151 de 19 de mayo de 
1975 y se completó con la ley 903 de 9.12.7713. En esta ley se establece que 
"las trabajadoras autónomas que ejerzan de forma habitual una actividad en la 
empresa familiar tendrán derecho a representar a la empresa en los órganos 
estatutarios de las cooperativas, consorcios y cualquier otra forma asociativa". 
El artículo 230 bis del Código Civil prevé en particular que, excepto en los 
casos en que puede determinarse otra relación, el miembro de la familia " que 
ejerce de forma habitual su actividad profesional en el seno de la familia o de 
la empresa familiar1* tiene derecho al sustento en función de la situación del 
patrimonio familiar y participa en los beneficios de la empresa familiar y en 
los bienes adquiridos gracias a dichos beneficios, así como en las ampliaciones 
de la empresa, igualmente en lo que se refiere a su instalación, 
proporcionalmente a la cantidad y la calidad del trabajo aportado. Las 
decisiones relativas a la utilización de los beneficios y de las ampliaciones, 
así como las relacionadas con la administración extraordinaria, las 
orientaciones de producción y el cierre de la empresa, se adoptarán por mayoría 
entre los miembros de la familia que participan en la propia empresa. 
A través de dicho artículo, que reconoce al cónyuge el derecho a participar en 
los beneficios de la empresa en proporción a la calidad y cantidad del trabajo 
aportado y que subraya el principio según el cual "el trabajo de la mujer es 
equivalente al del hombre", se reconoce el trabajo realizado por el cónyuge de 
un trabajador autónomo. 
En lo que se refiere a la agricultura, las comunidades familiares tácitas se 
rigen por las costumbres, pero éstas no se oponen a las disposiciones antes 
citadas. 
*i Esta ley se refiere a la igualdad de trato de hombres y mujeres en materia 
laboral. 
**V Por miembro de la familia se entiende el cónyuge, los parientes hasta el 
tercer grado y los parientes por alianza hasta el segundo grado. 
^5 por empresa familiar se entiende la empresa en la que colaboran el cónyuge, 
los parientes hasta el tercer grado y los parientes por alianza hasta el 
segundo grado. 
- 30 -
Profesiones liberales 
No obstante, hay que señalar una sentencia del Tribunal de Casación, de 19 de 
mayo de 1986, n° 3287, que dévalua el trabajo realizado por un cónyuge en favor 
del otro que ejerce una profesión liberal. En efecto, dicha sentencia y la 
jurisprudencia imperante asimilan la actividad profesional con una actividad 
ejercida "affectionis causa" y por lo tanto a título gratuito. Efectivamente, 
el artículo 230 bis no se aplica a las profesiones liberales porque éstas 
(abogados, notarios, etc.) no se consideran empresas, y en ese caso se aplica 
el derecho común. 
La aprobación de la Directiva ha supuesto una adaptación interpretativa de la 
jurisprudencia de los tribunales inferiores y de la teoría jurídica relativa a 
las disposiciones del Código Civil y ha llevado a extender la protección a la 
actividad ejercida en un contexto familiar no organizado en empresa. A pesar 
de la Directiva, la interpretación predominante (Tribunal de Casación) sigue 
siendo la de la presunción de gratuidad de la actividad profesional en todos los 
casos en que los sujetos de la relación estén vinculados por relaciones 
conyugales, sobre todo cuando conviven. 
W 
ARTÍCULO 8 
La ley de 11 de diciembre de 1990-379 introdujo un subsidio de maternidad en 
favor de las trabajadoras autónomas de las profesiones liberales. Durante un 
periodo de cinco meses (dos meses antes del nacimiento y 3 meses con 
posterioridad a éste) las mujeres perciben fondos de la seguridad social que 
suponen el 80% de los 5/12 de la cifra ganada y declarada con fines fiscales 
durante los dos años anteriores. 
Por la ley 546 de 29 de diciembre de 1987 ya se había introducido una prestación 
de maternidad para las trabajadoras autónomas. 
ARTÍCULO 10 
La ley 125 de 10 de abril de 1991 (acciones positivas para la realización de la 
igualdad de mujeres y hombres en el trabajo) introdujo en su apartado 5 del 
W artículo 4 una inversión de la carga de la prueba en favor del trabajador que 
se considere perjudicado por comportamientos discriminatorios. 
Conclusión 
1. Italia aborda el problema del reconocimiento del trabajo del cónyuge a 
través de la noción de empresa familiar. No parece que esta noción permita la 
atribución de derechos propios en materia de seguridad social. 
Lamentablemente, dicha noción sólo se aplica si se posee una empresa, por lo que 
quedan excluidos de ella los cónyuges de los trabajadores autónomos de las 
profesiones liberales. 
2. Italia no ha comunicado a la Comisión medidas particulares de información 
sobre la Directiva dirigidas a las personas afectadas por ella. 
- 31 -
9. ^"XffMgURQQ 
Comentarlo general: Las respuestas de Luxemburgo no abordaron los artículos 7, 
9 y 10. 
ARTICULO 5 
La constitución de una sociedad entre esposos es posible a reserva del apartado 
2 del artículo 181 de la ley modificada de 10 de agosto de 1915 sobre las 
sociedades comerciales. Dicho artículo permite a los cónyuges ser socios en una 
sociedad de responsabilidad limitada salvo si el contrato de sociedad modifica 
los efectos del régimen matrimonial de los esposos. Esta limitación es válida 
cualquiera que sea el régimen matrimonial en cuestión. 
ARTICULO 6 
Los cónyuges que participen en la actividad artesanal, comercial y agraria del 
trabajador autónomo están, en principio, asegurados en calidad de asegurados 
obligatorios en lo que se refiere al seguro de enfermedad y al seguro de 
pensión. A falta de este seguro se benefician de las prestaciones en especie 
en virtud del co-seguro. 
A petición del interesado, el comité director puede dispensar de la afiliación 
a los cónyuges colaboradores, excepto si se trata del cónyuge de un asegurado 
agrario, por lo que cónyuges cubiertos por la Directiva se benefician de 
prestaciones en caso de enfermedad, accidente, invalidez, vejez y supérstite. 
En caso de incapacidad laboral, se suspende el subsidio pecuniario del cónyuge 
hasta el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en que se produjo la 
incapacidad laboral. Este subsidio corresponde a la base imponible cotizable 
y no puede superar el quíntuplo del salario social mínimo de referencia1'. 
ARTICULO 8 
La ley de 27 de julio de 1992, por la que se reforma el seguro de enfermedad y 
el sector de la salud, ha ampliado la concesión de la prestación económica de 
maternidad a las mujeres que ejercen una profesión por cuenta propia". 
Se trata de la cónyuge de al menos 18 años de edad que ejerza su actividad a 
título principal y a ésta se asimila la asociada que participa habitualmente en 
la gestión corriente o que posee sola o junto con su cónyuge más de la mitad de 
las partes sociales. 
La prestación corresponde a la base imponible cotizable pero no puede superar 
el quíntuplo del salario social mínimo y se paga durante las ocho semanas que 
preceden al parto y las ocho que lo siguen. Esta medida, que sitúa en una 
posición de igualdad a las trabajadoras autónomas y a las asalariadas en lo que 
se refiere a la modalidad de indemnización durante el permiso de maternidad, 
^Artículo 12 de la ley de 27.7.92 sobre la reforma del seguro de enfermedad 
y del sector de la salud. 
•If Artículos 1, 5 y 25 
- 32 -
entará en vigor el 1 de enero de 1994. 
Si lo solicita, la cónyuge puede verse dispensada de la afiliación, salvo si 
ella sola posee más de la mitad de las partes sociales o si se trata de una 
colaboradora agraria. La dispensa sólo puede concederse junto con la prevista 
en materia de seguro de pensión. 
No hay sistema de sustitución. 
Conclusiones 
1. Es de lamentar que aunque Luxemburgo haya introducido un sistema de seguro 
obligatorio para los cónyuges a los que se refiere la letra b) del artículo 2 
no existan mecanismos efectivos que permitan garantizar el respeto de dicha 
obligación. 
A falta de una política de información real y de sensibilización de los cónyuges 
trabajadores autónomos, se puede dudar de la utilidad de un seguro obligatorio. 
2. En 1994, las cónyuges de los trabajadores autónomos que participen 
habitualmente en la empresa o en la explotación tendrán derecho a una prestación 
de maternidad real en lugar de, como anteriormente, a una simple prestación 
global como cualquier mujer domiciliada en Luxemburgo. Se las reconocerá como 
trabajadoras de pleno derecho. 
- 33 -
10. PAÍSES BAJOS 
ARTÍCULO 4 
No hay discriminación basada eri el sexo en lo que se refiere al acceso, la 
creación y la ampliación de una empresa. 
ARTICULO 5 
La constitución de una sociedad entre esposos no está sujeta a condiciones 
específicas de aplicación exclusiva a las parejas casadas. 
ARTICULO 6 
Todos los ciudadanos neerlandeses deben contribuir hasta un 30?. de sus ingresos 
además del impuesto para tener acceso al sistema nacional de sanidad 
(Ziekenfonds). A partir de cierto nivel de ingresos, el trabajador debe 
obligatoriamente suscribir un seguro privado. 
Los trabajadores autónomos y su cónyuge están, como todos los ciudadanos 
neerlandeses, sujetos al sistema nacional de seguros o a un seguro privado. 
Este sistema da derecho a la pensión de jubilación, de invalidez y de 
supérstite, así como a prestaciones familiares. 
También es posible que los trabajadores que pasan de la situación de empleado 
a la de trabajador por cuenta propia puedan continuar cotizando de forma 
voluntaria. 
ARTICULO 7 
En 1985 se creó un comité de mujeres colaboradoras de los trabajadores 
autónomos. Dicho comité estaba compuesto por representantes del gobierno, de 
las PYME y del sector agrario. Su tarea consistía en analizar los problemas 
relacionados con la posición de las mujeres colaboradoras en los sectores de la 
legislación civil y fiscal, de la enseñanza y de la seguridad social. Es de 
lamentar que las autoridades neerlandesas no hayan comunicado los resultados de 
esta acción. 
ARTICULO 8 
En virtud de la legislación en materia de seguro de enfermedad, las mujeres 
tienen derecho a un permiso de 16 semanas. Si al cabo de las 16 semanas no 
pudieran trabajar, su permiso puede prolongarse hasta 52 semanas. 
Hay una asociación nacional que cubre todos los servicios de sustitución 
existentes en los Países Bajos. 
También es posible suscribir un seguro privado cuyo coste variará.en función de 
los servicios ofrecidos. Asimismo, se conceden subsidios estatales para ofrecer 
servicios de sustitución a un coste menos elevado en caso de enfermedad, 
accidente, maternidad, vacaciones y formación. 
ARTÍCULO 9 
No se dispone de información. 
- 34 -
ARTICULO 10 
A través de cartas y circulares se ha informado a los organismos representativos 
de los trabajadores autónomos y a los centros de formación profesional sobre la 
importancia de la Directiva. 
CONCLUSION 
La legislación neerlandesa parece ser conforme a la directiva pero es de 
lamentar que los cónyuges colaboradores no puedan ser empleados de sus 
esposos/as. La legislación neerlandesa considera que un vínculo de 
subordinación es indispensable en el marco de un contrato de trabajo pero no es 
deseable entre cónyuges^. 
El acceso a la formación profesional está abierto indistintamente a hombres o 
mujeres pero se comprueba, al menos en el sector de la agricultura, que el 
porcentaje de mujeres que siguen una formación es más bajo y que la situación 
evoluciona lentamente. 
4* Documentos del Parlamento 1988-1989 n° 19622-13 
11. PORTUGAL 
ARTICULO 4 
No hay discriminación de hecho o de derecho en Portugal en lo que se refiere al 
acceso a la formación, la creación, la instalación o la ampliación de una 
empresa o el inicio o la extensión de cualquier otra forma de actividad del 
trabajador por cuenta propia. 
ARTICULO 5 
Las normas por las que se rige la copropiedad de los cónyuges son precisas y 
claras y dejan una amplia libertad a los cónyuges que deseen constituir una 
sociedad o poseer conjuntamente acciones de una compañía. 
Por razones evidentes de política pública en relación con la protección de la 
situación del hogar y la necesidad de evitar que un cónyuge tenga una ventaja 
injusta sobre el otro, la única restricción impuesta es que sólo uno de ellos 
puede asumir la responsabilidad ilimitada. 
No obstante, generalmente se entiende que dicha restricción no es de aplicación 
cuando la pareja tenga un acuerdo de separación de bienes previo al matrimonio 
(artículo 1735 del Código Civil). 
Cuando, debido al régimen matrimonial, la participación en una compañía sea 
común a ambos cónyuges, se considerará titular al que firmó el contrato de 
sociedad o, si la participación fue adquirida posteriormente, a aquel que está 
en el origen de la participación de la pareja en la sociedad. 
Sin embargo, ello no impide que el cónyuge de un accionista ejerza los poderes 
administrativos que le confiere el derecho civil si, por cualquier motivo, el 
titular no pudiera ejercerlos, ni afecta a los derechos del cónyuge del titular 
sobre la titularidad en caso de fallecimiento de este último. 
ARTÍCULO 6 
Los trabajadores autónomos están cubiertos para los riesgos de enfermedades 
(afiliación facultativa para las enfermedades profesionales), de maternidad, de 
invalidez, de vejez y de fallecimiento. 
Los cónyuges a los que se refiere la letra b) del artículo 2, cónyuge de un 
empresario autónomo, están protegidos a través del régimen de seguridad social 
del trabajador autónomo y están cubiertos contra los mismos riesgos. En los 
casos que no sean los del cónyuge de un empresario por cuenta propia, los 
cónyuges a los que se refiere la letra b) del artículo 2 pueden afiliarse a un 
régimen voluntario y están protegidos frente a los riesgos de vejez, de 
invalidez y de fallecimiento. 
ARTICULO 7 
No se han comunicado las medidas adoptadas. 
43 Las prestaciones de atención sanitaria no forman parte del sistema de 
seguridad social. Es el Servicio Nacional de Sanidad quien las garantiza 
a todos los residentes. 
35 
ARTICULO 8 
Las trabajadoras autónomas tienen derecho a un permiso de maternidad de 90 días 
y a un subsidio de maternidad, a condición de haber estado afiliadas durante un 
periodo mínimo de seis meses, consecutivos o no, con registro de las 
remuneraciones. 
En cambio, la cónyuge colaboradora no puede beneficiarse de tal protección a 
través del seguro de trabajador autónomo, y no puede afiliarse voluntariamente 
para este riesgo de maternidad. 
No hay servicios de sustitución o servicios sociales que resuelvan la 
imposibilidad de trabajar de la esposa colaboradora. 
ARTICULO 9 
Los tribunales competentes para los litigios en materia de igualdad de trato 
cubiertos por la directiva son los tribunales ordinarios. 
En Portugal hay dos comisiones, la "Comisión para la igualdad y los derechos de 
las mujeres", adjunta al servicio del primer ministro, y la "Comisión para la 
igualdad en materia de trabajo y de empleo", adjunta al Ministro de Trabajo. 
No se trata de comisiones de recurso sino de comisiones administrativas, 
consultivas en ambos casos. 
El derecho de recurso colectivo puede otorgarse a agrupaciones representativas 
a título individual. No hay tales recursos para los sindicatos u otros grupos 
en general. 
ARTICULO 10 
La única fuente de información relativa a los textos existentes o adoptados para 
aplicación de la presente directiva es la publicación de dichos textos en el 
Diario da República, medio habitual de dar a conocer una nueva ley. No obstante, 
no se ha adoptado ninguna otra medida para informar a los órganos 
representativos de los trabajadores autónomos y de los centros de formación 
profesional, como se dispone en el correspondiente artículo de la directiva. 
CONCLUSIONES 
1. El artículo 8 no ha originado una legislación en la materia. 
2. Si bien el Diario da República es el medio habitual de dar a conocer las 
medidas legislativas, debe tenerse en cuenta que el artículo 10 contempla una 
información más activa dirigida a los sectores más afectados por la presente 
directiva. 
36 
- 37 -
12. REINO UNIDO 
Introducción 
El Reino Unido considera que el principio de igualdad de trato ya estaba 
establecido en el derecho británico antes de la aprobación de la Directiva y 
que, por lo tanto, el derecho británico no ha tenido que adaptarse a sus 
disposiciones. 
Para la aplicación de lo dispuesto en la Directiva no ha sido precisa ninguna 
disposición legislativa particular. El Reino Unido estima que no son necesarias 
otras iniciativas en este ámbito. 
ARTICULO 4 
La "Sex Discrimination Act" (1975) y la "Equal Pay Act" (1970) y las leyes 
equivalentes de Irlanda del Norte establecen el principio de igualdad de trato 
en el derecho británico. Ya hay leyes que prohiben cualquier discriminación 
basada en el sexo en cada categoría de trabajadores autónomos, incluso en la 
agricultura, en lo que se refiere al acceso a las profesiones, la formación 
profesional y continua, los consejos sobre la orientación profesional, el 
reciclaje y, en su caso, la promoción. 
La legislación del Reino Unido garantiza la igualdad de trato en cuanto al 
establecimiento, la ampliación y el equipamiento de un comercio. Además, los 
trabajadores autónomos, sin distinción basada en el sexo, pueden disponer de 
asesoramiento y formación profesional, así como de planes financieros. 
Existe igualdad entre socios no casados. Los cónyuges de ambos sexos tienen 
derechos y obligaciones idénticas. En caso de que los cónyuges estén asociados, 
como en todas las sociedades, sus derechos y obligaciones están fijadas por su 
contrato de asociación y por la Partnership Act de 1890, que no presenta ningún 
obstáculo a la igualdad de trato. En este ámbito no existe ninguna desigualdad 
de hecho. 
ARTICULO 5 
No ha sido preciso ningún cambio en la legislación británica para garantizar la 
conformidad con esta sección de la Directiva. Los cónyuges pueden crear 
empresas en una situación de igualdad total y los fondos utilizados por ambos 
pueden ser bienes comunes. No hay obstáculo indirecto para la formación de una 
empresa entre cónyuges (la legislación adecuada es la Companies Act, de 1985) . 
La legislación británica no contiene ninguna disposición que impida que una 
empresa siga funcionando en caso de fallecimiento o de divorcio, y la disolución 
de un matrimonio no tiene ninguna consecuencia jurídica desfavorable para la 
actividad de una empresa o los derechos de los cónyuges afectados. La respuesta 
del Reino Unido tiene en cuenta que un divorcio puede revestir consecuencias 
prácticas desfavorables "si la pareja no se considera capaz de continuar 
trabajando en común", pero observa que este problema no tiene solución jurídica. 
ARTICULO 6 
El Reino Unido tiene un sistema de seguridad social contributivo para los 
trabajadores autónomos que cubre los riesgos relacionados con la enfermedad, la 
maternidad, la jubilación y el fallecimiento. Dicho sistema contiene 
- 38 -
disposiciones relativas a la protección de los cónyuges citados en la letra b) 
del artículo 2 de la Directiva. Los riesgos para estas personas están cubiertos 
por el seguro de jubilación y el subsidio de fallecimiento. Las prestaciones 
se calculan en función de las contribuciones del marido. En el caso de la 
pensión, una mujer casada que nunca ha cotizado puede percibir una pensión a 
partir de los 60 años, basada en las cotizaciones del marido si percibe una 
pensión (edad de jubilación de los hombres: 65 años). La pensión de la mujer 
corresponde al 60% de la pensión estatal base de su marido. 
Asimismo, hay un sistema contributivo de seguridad social voluntaria al que 
pueden acceder mujeres y hombres (para los seguros de jubilación y, en el caso 
de las mujeres, para la pensión de supérstite). 
ARTICULO 7 
El Reino Unido examina actualmente las medidas que deberán ser adoptadas 
basándose en el artículo 7 (como ya se efectuaba en 1989). Tomando como ejemplo 
la agricultura, el Reino Unido señala que "el hecho de que las esposas de 
agricultores contribuyan de forma significativa en la explotación agraria ya 
goza de amplio reconocimiento en muchos casos". 
El Gobierno considera que no son necesarias otras iniciativas en este ámbito. 
ARTICULO 8 
Las trabajadoras autónomas pueden percibir prestaciones de maternidad en el 
marco del sistema de seguridad social nacional, en la medida en que reúnan las 
condiciones requeridas. El subsidio de maternidad se eleva, actualmente, a 
40,60 £ semanales y puede ser abonado durante 18 semanas. 
El derecho al permiso de maternidad no existe en cuanto tal para las 
trabajadoras autónomas, puesto que el Reino Unido considera que el permiso de 
maternidad es un derecho que los empresarios conceden a los empleados y que una 
trabajadora por cuenta propia no puede concederse el derecho a si misma. La 
información facilitada no se refiere a un subsidio de maternidad o un permiso 
de maternidad para las cónyuges del trabajador autónomo, sin duda porque tales 
derechos no existen. 
Las trabajadoras autónomas no tienen derecho a una prestación de sustitución. 
En el sector privado de la agricultura hay servicios de sustitución. Según 
datos estadísticos de 1990 sobre las trabajadoras autónomas del Reino Unido, 
55 000 trabajadoras por cuenta propia perciben un subsidio de maternidad cada 
año. 
ARTICULO 9 
Toda persona tiene derecho a ejercitar acciones judiciales en este ámbito. La 
autoridad competente depende del tipo de recurso escogido: puede ser un 
tribunal, una magistratura laboral o un tribunal competente en mate Lia de 
seguridad social. 
No hay dos organismos para la igualdad de oportunidades, uno en Gran Bretaña y otro en 
Irlanda del Norte, que son competentes para dirigir las investigaciones y dar asesoramiento, así 
como para procurar una asistencia a las personas que se consideren víctimas de discriminación. 
39 -
No hay procedimiento simplificado, incluso si las magistraturas laborales 
disponen de un procedimiento más informal que los tribunales ordinarios. No hay 
posibilidad de recurso colectivo. No hay información específica disponible 
sobre el número de asuntos presentados ante las magistraturas laborales por 
trabajadores autónomos. 
En cuanto a las sanciones, los instrumentos jurídicos sobre la aplicación del 
principio de igualdad de trato de los trabajadores por cuenta propia y la 
protección de las mujeres embarazadas imponen sanciones civiles. 
ARTICULO 10 
La adopción de la Directiva se anunció en el Parlamento en 198 6 y se enviaron 
ejemplares de ella a las organizaciones que representan a los trabajadores por 
cuenta propia, a los organismos para la igualdad de oportunidades, al sindicato 
nacional de agricultores y a la Agencia de formación profesional. 
Asimismo, hay gran número de folletos de información gratuitos sobre las medidas 
de aplicación de la Directiva. Los organismos de igualdad de oportunidades han 
elaborado también información sobre el tema. 
A continuación figura la lista de organizaciones que representan a los 
trabajadores autónomos a las que se ha enviado la Directiva: la Alianza de 
Pequeñas Empresas y Trabajadores Autónomos, la Asociación de Cámaras de Comercio 
Británicas, la Asociación de Industriales Autónomos, el Foro de Industrias 
Privadas, las Cámaras de Comercio nacionales, El Consejo CBI de Pequeñas 
Empresas, la Unión de Empresas Independientes, la Asociación de Parque 
Tecnológico del Reino Unido y la Federación Nacional de los Trabajadores por 
Cuenta Propia y Pequeñas Empresas. 
CONCLUSIÓN 
La legislación y la práctica parecen ajustarse a lo dispuesto en la Directiva 
86/613. En general, se considera que cualquier persona que ejerza una actividad 
profesional está obligada a darse de alta como trabajador por cuenta propia o 
por cuenta ajena, incluso si sus ingresos/beneficios son demasiado bajos para 
pagar contribuciones obligatorias. 
Por lo tanto, el Gobierno considera que la adopción de medidas complementarias 
en favor de los cónyuges de trabajadores autónomos que ayudan al trabajador .sin 
ser empleados o asociados será difícil de justificar si no se logran medidas 
comparables para los cónyuges de todos los trabajadores, es decir, para todos, 
ya sean empleados o no. 
- 40 -
CAPITULO 3. CONCLUSIONES 
1. En términos estrictamente legislativos, parece que en los Estados miembros 
se ha aplicado la Directiva 86/613/CEE, pero el resultado práctico no es 
enteramente satisfactorio cuando se compara con su principal objetivo, que 
era la mejora general de la situación de los cónyuges que colaboran. 
2. La diversidad de las normas afectadas por la Directiva implica una gran 
complejidad del análisis de la conformidad de las legislaciones nacionales 
con el derecho comunitario. Además, no era posible, en el ámbito del 
presente informe, analizar si los Estados miembros han adoptado todas las 
medidas necesarias para eliminar la discriminación indirecta, que figura en 
la definición utilizada en el artículo 3 de la Directiva. Sería preciso un 
estudio mucho más pormenorizado y exhausivo de las legislaciones nacionales 
para establecer si persiste dicha discriminación. 
3. Es evidente que no ha habido una política global para abordar la situación 
de los cónyuges que colaboran, tal como se definen en la letra b) del 
artículo 2, a pesar de la clara intención de la Directiva de introducir una 
mejora de su estatuto profesional. 
4. Del examen de la situación en los Estados miembros se desprende que hay 
algunos problemas prácticos a la hora de aplicar la Directiva: 
- En primer lugar, los trabajadores autónomos no constituyen un grupo 
homogéneo, por lo que las disposiciones de seguridad social de las personas 
que trabajan por cuenta propia varían considerablemente, con la 
coexistencia de regímenes obligatorios nacionales, generales y especiales, 
y de regímenes voluntarios, generales, especiales y privados. 
Con respecto a los cónyuges que no estuvieren protegidos por el régimen de 
seguridad social del que se beneficie el trabajador autónomo, debemos 
recordar que en la seguridad social se distingue entre: 
* derechos propios, es decir, los derechos que el asegurado causa para él 
mismo en virtud de su propia actividad económica o de su residencia en 
un país, y 
* derechos derivados, es decir, los derechos que el beneficiario posee en 
virtud de los vínculos jurídicos o familiares que le unen con el 
titular de los derechos propios. 
La Directiva dejaba a los Estados miembros la posibilidad de conceder a los 
cónyuges que se citan en la letra b) del artículo 2 bien derechos propios 
bien derechos derivados. No obstante, hay que hacer notar que, si se 
considera el objetivo del reconocimiento del trabajo aportado por los 
cónyuges (artículo 7), puede pensarse que dicho reconocimiento sólo se 
realizará mediante la concesión a los cónyuges de derechos propios a la 
seguridad social. 
Conforme a ello, el artículo 11 del proyecto de directiva de la Comisión de 
23 de octubre de 1987 (COM (87) 494 final) deja a los Estados miembros la 
opción de conceder derechos propios como alternativa a los derechos 
derivados en calidad de incentivo para mejorar la situación de individuos 
como los cónyuges que colaboran. Este proyecto de directiva está todavía 
pendiente de aprobación en el Consejo. 
- En segundo lugar, los términos de la directiva eran muy vagos y no 
especificaban las medidas particulares que debían adoptarse en algunos 
- 41 -
ámbitos, sino que invitaban a los Estados miembros a estudiar diversas 
estrategias para mejorar la situación de los trabajadores autónomos y de 
sus cónyuges colaboradores. La falta de principios rectores puede ser, en 
parte, la causa de la mínima respuesta de los Estados miembros. 
No obstante, debe añadirese que incluso las obligaciones fácilmente 
identificables de la Directiva, como el deber de informar a las personas a 
las que afecta, obligación que existía incluso para el país que consideraba 
que su derecho se adaptaba a la Directiva, no se han llevado a la práctica 
de forma dinámica. 
5. Si bien no es propiamente una conclusión, debe tenerse en cuenta que se 
percibe con claridad un mensaje procedente de los organismos que 
representan a los trabajadores por cuenta propia de que debe reconocerse 
formalmente el trabajo de los cónyuges que colaboran y que deben 
determinarse con claridad sus derechos de seguridad social. 
El Parlamento Europeo también ha aprobado un resolución sobre la situación 
de las mujeres en la agricultura en los Estados miembros (A3 0409/93). La 
resolución invita a la Comisión y a los Estados miembros a esforzarse por 
lograr mejores condiciones para las mujeres que ayudan en las explotaciones 
agrarias hasta otorgarles sus derechos propios y no meramente derechos 
indirectos. 
6. A la luz de lo que antecede, es evidente que la Comisión y los Estados 
miembros deben explorar las posibilidades de actuación en este ámbito a fin 
de alcanzar los objetivos de la Directiva y mejorar la situación de los 
trabajadores por cuenta propia y sus cónyuges que colaboran. 
N" L 359/56 ANEXO 19. 12. 86 
CONSEJO 
DIRECTIVA DEL CONSEJO 
de 1! de diciembre de 1986 
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombics y 
mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, 
así como sobre la protección de la maternidad 
(86/613/CEE) 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto ei Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea y, en particular, sus artículos 100 y 235, 
Vista la propuesta de la Comisión ('), 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (J), 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3), 
Considerando que el Consejo, en su Resolución de 12 de 
julio de 1982 relativa al fomento de la igualdad de oportu­
nidades para las mujeres (4), aprobó los objetivos generales 
de la Comunicación de la Comisión relativa al nuevo 
programa de acción de la Comunidad sobre el fomento de 
la igualdad de oportunidades para las mujeres (1982-1985) 
y expresó la voluntad de aplicar las medidas apropiadas 
para la consecución de dichos objetivos ; 
Considerando que la acción 5 del programa mencionado 
prevé la aplicación del principio de la igualdad de trato 
para con las mujeres que ejerzan una actividad autónoma, 
incluidas las agriculturas ; 
Considerando que la realización del principio de la 
igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos 
y femeninos, tal como consta en el artículo 119 del 
Tratado, forma parte integrante del establecimiento y del 
funcionamiento del mercado común ; 
Considerando que, en lo que respecta a las retribuciones, 
el Consejo adoptó, el 10 de febrero de 1975, la Directiva 
75/117/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros relativos a la aplicación del prin­
cipio de igualdad de retribución entre los trabajadores 
masculinos y femeninos (*) ; 
Considerando que, en lo que se refiere a otros aspectos de 
la igualdad de trato entre hombres y mujeres, el Consejo 
adoptó, el 9 de febrero de 1976, la Directiva 76/207/CEE, 
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al 
empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y 
DO n' C 113 de 27. 4. 1984, p. 4. 
DOn'C 172 de 2. 7. 1984. p. 80. 
DO n' C 343 de 24. 12. 1984. p. 1. 
DO n* C 186 de 21. 7. 1982. p. 3. 
DO n° L 45 de 19. 2. 1975, p. 19. a las condiciones de trabajo ('), y, el 19 de diciembre de 
1978, la Directiva 79/7/CEE, relativa a la aplicación 
progresiva del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en materia de seguridad social P) ; 
Considerando que, en lo referente à las personas que 
ejercen una actividad autónoma, así como a sus cónyuges 
que participen en dicha actividad, conviene proseguir la 
aplicación del principio de la iguaidad de trato mediante 
disposiciones concretas destinadas a responder a la situa­
ción específica de dichas personas ; 
Considerando que subsisten disparidades en este ámbito 
en los distintos Estados miembros ; que, por consiguiente, 
es importante proceder a una aproximación de las disposi­
ciones nacionales en lo que se refiere a la aplicación del 
principio de igualdad de trato ; 
Considerando que, en determinados aspectos, el Tratado 
no ha establecido los poderes de acción necesarios al 
respecto ; 
Considerando que la aplicación del principio de igualdad 
no es obstáculo para las disposiciones relativas a la protec­
ción de la mujer por razones de maternidad, 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
SECCIÓN I 
Objetivos y campo de aplicación 
Articulo 1 
La presente Directiva va dirigida, de acuerdo con las 
disposiciones que siguen, a garantizar la aplicación, en los 
Estados miembros, del principio de la igualdad de trato 
entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autó­
noma o que contribuyan al ejercicio de dicha actividad en 
aquellos aspectos que no estén cubiertos por las Directivas 
76/207/CEE y 79/7/CEE. 
8 *) DO n° L. 39 de 14. 2. 1975, p. 40. 
DO n» L 6 de 10. 1. 1979, p. 24. 
-M6-
19. 12. 86 N° L 359/57 
Artículo 2 
La presente Directiva afecta: 
a) a los trabajadores autónomos, a saber, a roda persona 
que ejerza en las condiciones previstas por el Derecho 
nacional, una actividad lucrativa por cuenta propia, 
incluidos los agricultores y los miembros de profe­
siones liberales ; 
b) a sus cónyuges no asalariados, ni asociados, que partici­
pen, de manera habitual y en las condiciones previstas 
por el Derecho nacional, en la actividad del trabajador 
autónomo, efectuando bien las mismas tareas, bien 
tareas complementarias. 
Artículo 3 
El principio de la igualdad de trato, con arreglo a la 
presente Directiva, implica la ausencia de cu?lquier discri­
minación fundada en el sexo, ya fuese directa o-indirecta­
mente, por referencia en particular al estado matrimonial 
o familiar. Artículo 7 
Les Estados miembros se comprometen a examinar en 
qué condiciones puede favorecerse el reconocimiento del 
trabajo aportado por los cónyuges que se citan en la letra 
b) del artículo 2, y, a ia luz de dicho examen, a estudiar 
todas las iniciativas adecuadas con vistas a favorecer este 
reconocimiento. 
Artículo 8 
Los Estados miembios se comprometen a examinar la 
cuestión de saber si, y en qué condiciones, las mujeres 
trabajadoras autónomas y las cónyuges de los trabajadores 
autónomos pueden, durante la interrupción de su acti­
vidad por razones de embarazo o de maternidad, 
— tener acceso a servicios de sustitución o a servicios 
sociales existentes en el territorio, o 
— beneficiarse de una prestación económica en el marco 
de un régimen de seguridad social o de cualquier otro 
sistema de protección social pública. 
SECCIÓN II SECCIÓN II! 
Igualdad de trato a los trabajadores autónomos 
masculinos y femeninos --• Situación de ios 
cónyuges sin esta tv to profesional de l>s trabaja­
dores autónomos — Píote.^ión del embarazo y de 
la maternidad de las mujeres trabajaderas autó­
nomas o cónyuges trabajadores autónomos 
Artículo r 
En lo que respecta a los trabajadores autónomo*, los 
Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a fin 
de que se eliminen todas las disposiciones contrarias al 
principio ¿¿ igualdad de trato, ral y como se define en la 
Directiva 76/207/CEE y en particular en lo que se refiere 
a la creación, la instala;¡6n o la ampliación de una 
empresa o al inicio o a la extensión de cualquier otra 
forma de actividad de trabajador autónomo, incluidas las 
facilidades financieras. 
Artículo 5 
Sin perjuicio de las condiciones específicas de acceso a 
determinadas actividades que se apliquen de igual modo 
para ambos sexos, los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que los requisitos de constitución 
de una sociedad entre esposos no sean más restrictivas 
que las condiciones de constitución de una sociedad entre 
personas que no estén casadas. 
Artículo 6 
Cuando en un Estado miembro exista un sistema contri­
butivo de seguridad social para los trabajadores autóno­
mos, dicho Estado miembro adoptará las medidas necesa­
rias para que los cónyuges mencionados en la letra b) del 
articulo 2, si no estuvieren protegidos por el régimen de 
seguridad social del que se beneficie el trabajador autó­
nomo, puedan adherirse, sobre una base voluntaria y 
contributiva, a un régimen de seguridad social. Disposiciones generales y finales 
Artículo 9 
Los Estados miembros introducirán en su ordenamiento 
jurídico interno las medidas necesarias par permitir que 
toda persona que se estime perjudicada por no habérsele 
aplicado el principo de igualdad Je traio en las activi­
dades autónomas-, haga valer ÍUS díiechos por la vía juris­
diccional, después de recurrir, eventualmentc, a otras 
instancias competentes. 
Artículo 10 
Los Estados miembros velarán por que las medid?s 
tomadas en aplicación de la presen:e Directiva, así como 
las disposiciones actualmente en vigor en la materia, sean 
puestas en conocimiento de los organismos representa­
tivos de los trabajadores autónomos y de los centros de 
formación profesional. 
Artículo 11 
El Consejo reexaminará la presente Directiva, a propuesta 
de la Comisión, antes del I de julio de 1993. 
Artículo 12 
I. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposi­
ciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a la presente Directiva, a más 
tardar el 30 de junio de 1989. 
No obstante, si un Estado miembro hubiere de modificar 
su legislación en materia de derechos y obligaciones 
matrimoniales a fin Je dar cumplimiento al artículo 5 de 
la presente Directiva, la fecha en la cual dicho Estado 
miembro deberá dar cumplimiento al articule 5 será el 30 
de junio de 1991. 
N" L 359/58 - . ' .19. 12.-86 
2. Los Estados miembros informarán inmediatamente ,t Artiiulo !4 
la Comisión de las medidas tomadas para dar cumpli­
miento a la presente Directiva. Los destinatarios de la presente Directiva son los Estado-i 
miembros. 
Artículo 13 
Hecho en Bruselas, el 11, de diciembre de 1986. 
A más tardar el 30 de junio de 1991, los Estados miem­
bros transmitirán a la Comisión todos los datos utiles con Por el Consejo 
miras a permitir a ésta el establecimiento de un informe ri 
que habrá de someter al Consejo sobre la aplicación de la Presidente 
presente Directiva. A. CLARK 
MS-
issN 0257-9545 
COM(94) 163 final 
DOCUMENTOS 
ES 04 
N° de catálogo : CB-CO-94-176-ES-C 
ISBN 92-77-67865-8 
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