Los enfoques nacionales no armonizados sobre la accesibilidad crean obstáculos en el mercado interior. Los proveedores que operan a escala transfronteriza se enfrentan a costes de producción adicionales para cumplir normas de accesibilidad divergentes. La competencia, la competitividad y el crecimiento económico se ven afectados porque las empresas, en particular las pymes, pueden carecer de conocimientos técnicos y capacidad para asimilar y poner en práctica todos los diferentes requisitos y procedimientos nacionales. Por consiguiente, es importante que las pymes queden incluidas en el ámbito de aplicación de la presente propuesta, pues lo contrario podría hacer que sus productos y sus servicios se considerasen de inferior categoría o calidad.

En muchos casos, la legislación de la UE aborda la situación de las personas con discapacidad centrándose en un ámbito específico. Es el caso de los Reglamentos sobre derechos de los pasajeros de todos los modos de transporte (aéreo, ferroviario, por vías navegables, en autobús y en autocar), que se centran en la no discriminación y la prestación de asistencia a las personas con movilidad reducidacuando usen el transporte. También existe legislación de la UE relativa a la accesibilidad de los vehículos de transporte de viajeros, como los autobuses de plataforma baja, el material rodante ferroviario y los vehículos acuáticos, y hay normas técnicas que garantizan la accesibilidad de los vehículos destinados a diferentes modos de transporte. Su ámbito de aplicación no se verá afectado por la presente propuesta. No obstante, la mejora de la accesibilidad de los transportes que implicará esta iniciativa puede facilitar la prestación de asistencia o reducir su necesidad y los costes derivados.

La accesibilidad está incluida en varias iniciativas de la UE. La legislación de la UE relativa a determinados productos, servicios o sectores específicos, establece algunos requisitos de accesibilidad detallados. Otros actos, como las Directivas sobre contratación pública y los Reglamentos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, tienen un requisito general de accesibilidad (primero en el período 2007-2013, y luego disposiciones más reforzadas en el período 2014-2020). No obstante, no hay una definición común de accesibilidad a nivel europeo.

Opción 3: Directiva de la UE que defina requisitos comunes de accesibilidad para los productos y los servicios seleccionados, así como en el ámbito de la contratación pública, aplicable a los Estados miembros cuando regulen la accesibilidad. Conforme a esta opción, los Estados miembros no estarán obligados a legislar sobre requisitos de accesibilidad en un plazo determinado pero, si lo hacen o ya lo han hecho, deberán ajustarse a las normas de la UE, a fin de garantizar la coherencia en todo el mercado único. Todos los Estados miembros deberán garantizar la libre circulación de productos y servicios accesibles, incluso si no regulan la accesibilidad, y utilizar requisitos comunes de accesibilidad en los procedimientos de contratación pública.

Es necesaria una acción de la UE, puesto que los Estados miembros, por sí solos, no pueden resolver el problema, que implica aspectos transnacionales que no pueden abordarse con la acción de los Estados miembros por separado. El funcionamiento normal del mercado interior se ve entorpecido por obstáculos que, además de afectar directamente al comercio, frenan el desarrollo de todo el potencial del mercado interior. Las diferencias nacionales de enfoque suponen cargas y obstáculos para las empresas que desean interactuar cruzando las fronteras.

–utilizará los mismos requisitos de accesibilidad para definir y dar contenido a la obligación de accesibilidad (ya existente, pero no definida) establecida en la legislación de la UE, por ejemplo en el ámbito de la contratación pública y de los Fondos Estructurales y de Inversión; el ámbito de aplicación es el de los respectivos instrumentos jurídicos, que no se ve afectado por la presente propuesta.

La aplicación de normas armonizadas seguirá siendo voluntaria. No obstante, cuando se haga uso de normas armonizadas cuyas referencias hayan sido publicadas en el Diario Oficial, se presume el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad de la Directiva contemplados en dichas normas o partes de normas, que permite la libre circulación de los productos o servicios en el mercado de la UE. El Reglamento (UE) nº 1025/2012 establece asimismo procedimientos de presentación de objeciones a las normas armonizadas cuando estas no cumplan los requisitos de accesibilidad establecidos en la presente Directiva.

(21)La propuesta de la Comisión de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector público incluye requisitos de accesibilidad para un conjunto específico de sitios web de organismos públicos. Además, propone sentar las bases para una metodología de supervisión y presentación de informes sobre la conformidad de los sitios web pertinentes con los requisitos de dicha Directiva. Los requisitos de accesibilidad y la metodología de supervisión y presentación de informes contemplados en dicha Directiva son aplicables a los sitios web de los organismos públicos. Con el propósito, en particular, de garantizar que las autoridades competentes apliquen los mismos requisitos de accesibilidad con independencia del tipo de sitio web regulado, los requisitos de accesibilidad establecidos en la presente Directiva deben ajustarse a los de la propuesta de Directiva sobre la accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector público. Las actividades de comercio electrónico de los sitios web públicos no incluidos en dicha Directiva se incluyen en el ámbito de aplicación de la presente propuesta con objeto de garantizar que la venta en línea de productos y servicios sea accesible para las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada, independientemente de que se trate de una venta pública o privada.

(54)Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de determinados productos y servicios accesibles para contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, pues requiere la armonización de disposiciones diferentes actualmente vigentes en sus respectivos sistemas jurídicos y, por consiguiente, debido a que se definen requisitos comunes de accesibilidad y disposiciones para el funcionamiento del mercado interior, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(51)Si los Estados miembros y la Comisión están de acuerdo sobre la justificación de una medida adoptada por un Estado miembro, no debe exigirse otra intervención de la Comisión excepto en los casos en que la no conformidad pueda atribuirse a las insuficiencias de una norma armonizada.

(37)La presente Directiva debe seguir el principio de «pensar primero a pequeña escala» y tener en cuenta las cargas administrativas a las que se enfrentan las pymes. Debe adoptar disposiciones simplificadas de evaluación de la conformidad y establecer cláusulas de salvaguardia para los agentes económicos, en lugar de adoptar excepciones y exenciones generales para esas empresas. Por consiguiente, al adoptar las disposiciones sobre la selección y aplicación de los procedimientos de evaluación de la conformidad más adecuados, debe tenerse en cuenta la situación de las pymes, y la obligación de evaluar la conformidad de los requisitos de accesibilidad debe limitarse a una medida que no plantee una carga desproporcionada a las pymes. Además, las autoridades de vigilancia del mercado deben funcionar de una manera proporcionada al tamaño de las empresas y su tipo de producción, en series pequeñas o no en serie, sin crear innecesariamente obstáculos para las pymes ni comprometer la protección del interés público.

8.Los fabricantes que consideren o tengan motivos para pensar que un producto que han introducido en el mercado no es conforme con la presente Directiva adoptarán inmediatamente las medidas correctoras necesarias para hacerlo conforme, retirarlo del mercado o recuperarlo, si procede. Además, cuando el producto presente un riesgo relacionado con la accesibilidad, los fabricantes informarán inmediatamente de ello a las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros en los que hayan comercializado el producto y darán detalles, en particular, sobre la no conformidad y las medidas correctoras adoptadas.

8.Los importadores que consideren o tengan motivos para pensar que un producto que han introducido en el mercado no es conforme con los requisitos contemplados en el artículo 3 adoptarán inmediatamente las medidas correctoras necesarias para hacerlo conforme, retirarlo del mercado o recuperarlo, si procede. Además, cuando el producto presente un riesgo, los importadores informarán inmediatamente de ello a las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros en los que hayan comercializado el producto y darán detalles, en particular, sobre la no conformidad y las medidas correctoras adoptadas.

3.Si un importador considera o tiene motivos para pensar que un producto no es conforme con los requisitos de accesibilidad contemplados en el artículo 3, no lo introducirá en el mercado hasta que haya sido hecho conforme. Además, cuando el producto presente un riesgo, el importador informará al fabricante y a las autoridades de vigilancia del mercado al respecto.

5.Los distribuidores que consideren o tengan motivos para pensar que un producto que han comercializado no es conforme con la presente Directiva velarán por que se adopten las medidas correctoras necesarias para hacerlo conforme, retirarlo del mercado o recuperarlo, si procede. Además, cuando el producto presente un riesgo, los distribuidores informarán inmediatamente de ello a las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros en los que hayan comercializado el producto y darán detalles, en particular, sobre la no conformidad y las medidas correctoras adoptadas.

3.Si un distribuidor considera o tiene motivos para pensar que un producto no es conforme con los requisitos de accesibilidad contemplados en el artículo 3, no lo comercializará hasta que haya sido hecho conforme. Además, cuando el producto presente un riesgo, el distribuidor informará al fabricante y a las autoridades de vigilancia del mercado al respecto.

5.La información mencionada en el apartado 4 incluirá todos los detalles disponibles, en particular los datos necesarios para la identificación del producto no conforme, el origen del producto, la naturaleza de la supuesta no conformidad y del riesgo planteado y la naturaleza y duración de las medidas nacionales adoptadas, así como los argumentos expresados por el agente económico en cuestión. En particular, las autoridades de vigilancia del mercado indicarán si la falta de conformidad se debe:

2.Si se considera justificada la medida nacional, todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la retirada de su mercado del producto no conforme e informarán de ello a la Comisión. Si la medida nacional no se considera justificada, el Estado miembro en cuestión retirará la medida.

Artículo 27

Transposición

1.Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el [… insert date - two years after the entry into force of this Directive], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a lo dispuesto en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

2.Aplicarán dichas disposiciones a partir del [… insert date - six years after the entry into force of this Directive].

3.Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

4.Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

5.Los Estados miembros que hagan uso de la posibilidad prevista en el artículo 3, apartado 10, comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten a tal fin e informarán a la Comisión sobre los progresos realizados en su aplicación.

Artículo 28

Informe y revisión

A más tardar, el […insert date - five years after the application of this Directive], y posteriormente cada cinco años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones un informe sobre la aplicación de la presente Directiva.

1.El informe deberá abordar, entre otras cosas, a la luz de los avances sociales, económicos y tecnológicos, la evolución de la accesibilidad de los productos y los servicios y las consecuencias para los agentes económicos y las personas con discapacidad, señalando las posibilidades de reducir cargas, con el fin de evaluar la necesidad de revisión de la presente Directiva.

2.Los Estados miembros comunicarán a la Comisión puntualmente toda la información necesaria para que la Comisión elabore tal informe.

3.El informe de la Comisión tendrá en cuenta los puntos de vista de los agentes económicos y de las organizaciones no gubernamentales pertinentes, incluidas aquellas que representan a las personas con discapacidad y a las personas de edad avanzada.

Artículo 29

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 30

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el