EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

•Razones y objetivos de la propuesta

A pesar de las políticas para luchar contra la pobreza y de las mejoras de la última década, el riesgo de pobreza o de exclusión social afectaba en 2021 a más de 95,4 millones de europeos. En muchos Estados miembros se ha registrado un aumento en la última década del riesgo de pobreza en el caso de las personas que viven en hogares con (casi) todos sus miembros desempleados, lo cual ha empeorado la profundidad y la persistencia de este problema, así como una reducción del impacto de las transferencias sociales en la disminución de la pobreza. Hasta 2020, la economía de la Unión siguió creciendo, el empleo alcanzó el nivel más alto jamás registrado y el desempleo volvió a los niveles anteriores a 2008. Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 provocó una crisis económica. La Unión y los Estados miembros intensificaron la protección social de manera significativa y ofrecieron una respuesta global a los desafíos sociales inéditos que surgieron. No obstante, las medidas de confinamiento han tenido una repercusión desproporcionada en las mujeres y las personas en situaciones vulnerables, especialmente por lo que se refiere al aumento de la carga de trabajo en relación con los cuidados no profesionales y al acceso más limitado a la asistencia sanitaria, la educación y los servicios sociales correspondientes; además, todo ello ha acentuado las limitaciones preexistentes en el acceso al empleo.

Más recientemente, tras la agresión ilegal e injustificada de Rusia contra Ucrania, el aumento tan marcado de los precios de la energía y la inflación creciente afectan en particular a los hogares de renta baja y de renta media-baja, puesto que la proporción de sus ingresos totales destinada al consumo de energía y de alimentos es, por lo general, mayor.

La lucha contra la pobreza y la exclusión social y el derecho a una renta mínima adecuada ocupan un lugar central en el pilar europeo de derechos sociales. En el principio 14 del pilar se establece que «toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación. Para las personas que pueden trabajar, las prestaciones de renta mínima deben combinarse con incentivos a la (re)integración en el mercado laboral». El 4 de marzo de 2021, la Comisión adoptó el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que acogieron favorablemente los dirigentes de la UE en la Cumbre de Oporto, el 8 de mayo de 2021. El Consejo Europeo estableció objetivos principales para 2030 en los ámbitos de la pobreza, el empleo, así como de las capacidades profesionales. De aquí a 2030, el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social debe reducirse en al menos 15 millones, entre las que se encuentren, como mínimo, 5 millones de niños; al menos el 78 % de las personas de entre 20 y 64 años debería tener trabajo; y el 60 % de los adultos debería participar en actividades de formación todos los años. En junio de 2022, los Estados miembros presentaron sus metas nacionales para respaldar estas metas.

La función de las redes de seguridad social

Las redes de seguridad social ayudan a reducir las desigualdades y las disparidades sociales dentro de los Estados miembros y mejoran la convergencia social al alza, al tiempo que promueven la inserción laboral de aquellas personas que pueden trabajar. Unas redes de seguridad social bien proyectadas pretenden que todo el mundo disponga de un nivel de recursos suficiente para tener una vida digna y poder participar en la vida económica y social, incluido el mercado laboral. Estas redes son especialmente importantes en el caso de las personas que viven en hogares que carecen de recursos suficientes, es decir, aquellos que disponen de recursos económicos y materiales insuficientes, irregulares o inciertos, que son indispensables para su salud y bienestar, así como para la inclusión social y la inserción laboral. A tal fin, las redes de seguridad social incluyen ayudas a la renta y diversas prestaciones y servicios en especie que se prestan a las personas necesitadas.

Las ayudas a la renta consisten en una variedad de prestaciones económicas que responden a diversas necesidades. Estas prestaciones económicas pueden incluir, por ejemplo, las ayudas familiares y por hijos, los subsidios a la vivienda, las prestaciones por desempleo, las prestaciones por incapacidad permanente, las prestaciones de jubilación o las prestaciones complementarias al trabajo, así como las prestaciones a las rentas mínimas.

Las prestaciones a las rentas mínimas desempeñan un papel especial en la ayudas económicas globales a la renta, ya que su objetivo es colmar la brecha para alcanzar un determinado nivel general de ingresos en un hogar concreto. Se trata de prestaciones de último extremo, no contributivas y sujetas a una verificación del nivel de recursos que se destinan a hogares sin recursos suficientes, cuando se han agotado otras fuentes de ingresos o prestaciones, o cuando estas no son adecuadas para garantizar una vida digna. En general, se complementan con asistencia e incentivos a medida para el acceso al mercado laboral, medidas que fomentan la inclusión social y la prestación de unos servicios de calidad. De este modo, los regímenes de renta mínima, que integran los tres ejes de refuerzo, no son un instrumento pasivo, sino que actúan, en la medida de lo posible, como trampolín para mejorar la inclusión y las perspectivas de empleo.

Unos regímenes de renta mínima bien diseñados pueden actuar como estabilizadores automáticos. En tiempos de recesión económica, pueden contribuir a una recuperación sostenible e inclusiva, ayudar a paliar la caída de los ingresos de los hogares y frenar los niveles de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. También pueden tener un efecto estabilizador en la demanda global de bienes y servicios. Unos regímenes de renta mínima bien diseñados logran un equilibrio adecuado entre la reducción de la pobreza, los incentivos al trabajo y unos costes presupuestarios sostenibles.

El nivel general de ayuda a la renta debe garantizar una vida digna, sin que deje de valer la pena trabajar, y los sistemas de protección social deben ser sostenibles desde el punto de vista fiscal. La renta mínima debe ir acompañada de incentivos suficientes para que las personas que puedan trabajar se (re)incorporen al mercado laboral, además de desempeñar su papel estabilizador y evitar efectos perjudiciales de histéresis que den lugar a niveles de empleo más bajos. Una renta mínima bien diseñada, junto con medidas eficaces de activación laboral, puede constituir una herramienta importante para cumplir el objetivo de empleo de la Unión para 2030 y también apoyar la activación de los jóvenes adultos y su inserción laboral.