INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO - Informe de seguimiento sobre la Resolución del PE sobre aprobación de la gestión presupuestaria de la Comisión en 1999 [Resolución del PE (A5-0113/2001) sobre aprobación de la gestión presupuestaria 1999/Presupuesto General]

ÍNDICE

1. RESUMEN

2. decisión del Parlamento Europeo relativa a la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del Presupuesto General de la Unión Europea para el ejercicio 1999

3. Resolución del Parlamento Europeo que contiene las observaciones que forman parte integrante de la decisión relativa a la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1999

3.1. Acceso a la información

3.2. Declaración de fiabilidad

3.3. Consejo

3.4. Estados miembros

i Ratificación de los Estados miembros del Convenio sobre protección de los intereses financieros

ii Estados miembros criticados en el informe anual CCE 1999

iii Cifras de los Estados miembros sobre las irregularidades inferiores a las cifras de la CCE

iv Recursos propios

v Sección de Garantía del FEOGA

vi Fondos Estructurales

vii Irregularidades en el FSE

viii Auditores de los Estados miembros deben poder auditar a los beneficiarios finales

ix Errores DF de 418 millones de euros

3.5. Tribunal de Cuentas

3.6. Oficina de lucha contra el fraude

3.7. Comisión

i Retroactividad y proporcionalidad - Caso Fléchard

ii Lino

iii Adulteración de productos lácteos

iv Ampliación

v Ayuda alimentaria a Rusia

vi Seguridad nuclear

vii «Escrutinio» de las delegaciones

viii Delegación de Sarajevo

ix Delegación de Jerusalén

x Representación de Estocolmo

xi Delegación de Washington

xii EuropeAid

xiii IRELA

xiv ACEAL

xv Subvenciones A-30

xvi Política-fondos para organizaciones de derechos.

xvii Coordinación internacional de donantes (incluida la ONU)

xviii ONGs

xix Ayuda al desarrollo

xx Sector energético

xxi Políticas internas

xxii Agencias

xxiii CCI

xxiv Leonardo/OATs

xxv Tenencia ilícita de drogas y turismo sexual

xxvi Gastos administrativos - Becas

3.8. Plan en 10 puntos

I Envío al PE: planes anuales de las DG, descripción/evaluación de funcionarios A1, cese en las funciones en virtud del artículo 50 y 51, destitución de A1

II Declaración anual firmada por las DG

III Clasificación por DG

IV Seguimiento de las auditorías, de las evaluaciones y de la ejecución presupuestaria

V Puerta giratoria

VI Denuncias de disfuncionamientos

VII Procedimientos disciplinarios y sanciones

VIII Lista Blak

IX Recuperación de pérdidas

X Archivo

Anexo 2

1. RESUMEN

I/Contexto

1/Alcance del informe de seguimiento

El artículo 276 del Tratado determina el procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria y dispone que «La Comisión hará todo lo necesario para dar efecto a las observaciones que acompañen a las decisiones de aprobación de la gestión y las demás observaciones del Parlamento Europeo relativas a la ejecución de los gastos [...]. A instancia del Parlamento Europeo o del Consejo, la Comisión informará acerca de las medidas adoptadas como consecuencia de dichas observaciones y comentarios y, en particular, acerca de las instrucciones impartidas a los servicios encargados de la ejecución del presupuesto». En consecuencia, la Comisión, a petición del Parlamento, presenta dos informes de seguimiento: uno, sobre la Recomendación del Consejo, y otro, sobre la Resolución aprobada por el Parlamento Europeo. Estos informes se remitirán a las demás instituciones.

2/Objeto del informe de seguimiento

De conformidad con el Tratado, el objeto de este informe de seguimiento es principalmente presentar las medidas que la Comisión ha adoptado o va a adoptar a raíz de los comentarios y recomendaciones recogidas en la Resolución de aprobación de la gestión presupuestaria aprobada por el Parlamento Europeo el 4 de abril de 2000.

La Comisión constata que las recomendaciones formuladas están ya bien engarzadas en las medidas que ha adoptado, tanto las que se refieren a la profunda reforma de la gestión y del control (sección II del resumen), como las referentes a la corrección de errores e irregularidades con arreglo a su misión general de protección de los intereses financieros de la Unión Europea (sección III del resumen). Sin embargo, en algunos casos, la Comisión no está en disposición de responder de inmediato a todas las demandas del Parlamento (sección IV del resumen). Finalmente, la Comisión considera que el Parlamento Europeo, con la información transmitida a la autoridad de aprobación de la gestión presupuestaria, puede ejercer un control efectivo de la labor efectuada por la Comisión (sección V del resumen). En la sección VI se incluye una conclusión.

II/El seguimiento en relación con la reforma de los instrumentos de gestión y control

La resolución aprobada por el Parlamento Europeo, que en gran medida respalda a la Comisión en su empeño de mejorar la gestión financiera, está imbuida ampliamente del mismo espíritu. En este contexto, la Comisión observa que en la puesta en práctica de la reforma se han tenido en cuenta las recomendaciones del Parlamento Europeo, en especial por lo que se refiere al plan de acción en 10 puntos. Una de las piedras angulares de la reforma es la modificación del Reglamento Financiero.

Plan de acción en 10 puntos

En este sentido, la Comisión considera que la resolución de aprobación de la gestión presupuestaria estimula y alienta su política de reforma.

Éste es el caso en lo concerniente a la responsabilidad cada vez mayor de los agentes, lo que se plasma en una definición más precisa de los objetivos que cada DG debe alcanzar (cf. el punto10.I para mayor detalle): descripción individual de tareas, evaluación de los funcionarios, plan anual de trabajo de cada DG. This is the case for the increased responsibility of actors, which results in particular in a more precise definition of the objectives to be achieved by each DG (see detailed point 10.I): individual job descriptions, evaluation of officials, the annual work plan for each DG. Ese mismo objetivo es el que se pretende alcanzar con la declaración y el informe anuales que los Directores Generales y jefes de servicio tendrán que firmar (cf. el punto 10.II para mayor detalle), gracias a los cuales podrá calibrarse mejor la calidad de la gestión de la Comisión. Aunque la Comisión no esté de acuerdo en establecer una jerarquía de rendimientos de sus diversos servicios (cf. el punto 10.III para mayor detalle), debido a la diversidad de las políticas e instrumentos de gestión de las distintas DG, la Comisión considera, sin embargo, que gracias a estos nuevos instrumentos podrá distinguir más fácilmente tanto las buenas prácticas como las políticas que es preciso potenciar.

Del mismo modo, la reforma de la Comisión hace hincapié en los controles de gestión (en especial, la evaluación) y en una auditoría interna independiente de sus actividades (cf. el punto 10.IV para mayor detalle). A este respecto, la Comisión ha potenciado los recursos de control y de auditoría en cada DG con la creación del servicio financiero central y el servicio de auditoría interna. La Comisión pone también mayor empeño en la evaluación, al objeto de poder medir la calidad de su gestión y comprobar si se logran realmente los objetivos fijados. El éxito de tal política requiere una gestión racional de la información dentro de la Comisión, que será el tema de un plan de trabajo específico (cf. el punto 10.X para mayor detalle).

En tercer lugar, al igual que el Parlamento Europeo, la Comisión está impaciente por garantizar la integridad y transparencia de la institución. Por esta razón, recoge, en la medida de lo posible, los objetivos fijados por la autoridad de aprobación de la gestión presupuestaria sobre la deontología y la integridad del servicio público y la consolidación de sus prerrogativas referentes a asuntos disciplinarios (cf. el punto 10.V, 10.VI y 10.VII para mayor detalle).

La protección de los intereses financieros de la Unión Europea es una de las prioridades de la Comisión. La mejora de los instrumentos que le permita recuperar lo percibido indebidamente es una preocupación constante, integrada en el proceso de reforma (cf. el punto 10.IX para mayor detalle). La Comisión ha preparado diversas medidas tendentes a consolidar y especificar las competencias y prerrogativas de cada uno, confiar una mayor responsabilidad a los Ordenadores y supervisar más estrechamente las sumas a recuperar. También se están perfeccionando los medios adecuados para prevenir el fraude (excluir de concursos a licitadores no fiables e intercambiar información con los Estados miembros). Del mismo modo, la creación de bases de datos centralizadas sobre contratos y contratistas permitirá comprobar todas las fases de las relaciones contractuales entre la Comisión y los beneficiarios finales (cf. el punto 10.VIII para mayor detalle).

Finalmente, a raíz del caso «Fléchard», la Comisión va a adoptar una serie de directrices sobre la aplicación del principio de proporcionalidad en la renuncia al cobro de títulos de crédito.

2/Otras reformas

La Comisión considera que la resolución de aprobación de la gestión presupuestaria respalda su acción en otros diferentes ámbitos, cuyos ejemplos más significativos se enumeran a continuación:

* El Parlamento Europeo dedicó una amplia sección de su resolución a acciones exteriores. En este ámbito, y al margen de otras medidas tomadas en el marco de la reforma dentro de la Comisión, ésta ha emprendido una serie de reformas tendentes, entre otras cosas, a precisar responsabilidades internas, a mejorar la calidad de la programación, a reducir progresivamente las oficinas de asistencia técnica y a liquidar, en la medida de lo posible, los compromisos antiguos y estancados. La Comisión está dispuesta a mantener un diálogo constructivo y prospectivo con el Parlamento sobre otras posibles medidas que puedan ofrecer con mayor rapidez una ayuda de mejor calidad. De una manera general, se están desplegando esfuerzos para racionalizar la utilización de recursos humanos, tales como el proceso de descentralización a favor de las delegaciones o la creación de EuropAid, que son elementos esenciales para la gestión de la reforma de las ayudas exteriores. En puntos más específicos, tales como las relaciones financieras con la ONU, la Comisión está renegociando el acuerdo marco CE-ONU, lo que debería mejorar las disposiciones en materia de auditoría e informes sobre las operaciones financiadas por la UE y ejecutadas por agencias de la ONU. Del mismo modo, en el campo de la seguridad nuclear en los PECOs, la Comisión aprobó una serie de medidas en septiembre de 2000 para simplificar y racionalizar su participación.

* Las correcciones financieras en los Fondos Estructurales constituyen un capítulo importante de la reforma. En dos reglamentos [1], adoptados en marzo de 2001, se definen las responsabilidades respectivas de los Estados miembros y de la Comisión en este ámbito. Se inspiran en la metodología que regula la revisión de las cuentas agrícolas.

[1] Reglamentos nos. 438/2001 y 448/2001 .

III/Protección de los intereses financieros de la Unión Europea

La resolución de aprobación de la gestión presupuestaria trata de diferentes casos que implican posibles pagos indebidos o prácticas irregulares. Algunos de estos casos fueron comunicados a la autoridad de aprobación de la gestión presupuestaria por el Tribunal de Cuentas y, también, por la propia Comisión, en su esfuerzo de transparencia con la Autoridad Presupuestaria. Gracias a la información proporcionada por la Comisión, el Parlamento pudo, por ejemplo, sacar conclusiones y formular recomendaciones sobre los problemas de gestión detectados. Sin embargo, como la Comisión estaba informada, por regla general, de estos casos, la mayoría de ellos pudo atajarse mediante la aprobación de medidas apropiadas. En el ámbito de sus competencias más amplias para proteger los intereses financieros de la Unión Europea, la Comisión se esfuerza por corregir cuanto antes cualquier situación irregular.

Cabe citar varios ejemplos significativos:

* En materia de Política Agrícola Común, la Comisión, conforme a los deseos del Parlamento Europeo, consolidó las medidas tendentes a hacer frente a varios problemas:

- Teniendo en cuenta las deficiencias persistentes de Italia y España en la exacción suplementaria en el sector de la leche, la Comisión inició procedimientos de infracción contra estos Estados miembros y decidió reducir los anticipos en el caso de otros cuatro Estados miembros. A raíz de este hecho, y debido a los mayores poderes en materia de sanciones conferidos a la Comisión tras la reciente revisión del reglamento de aplicación de cuotas, en estos Estados miembros se constataron perceptibles mejoras.

- Ante la insistente demanda de la Comisión, la agencia danesa responsable de las restituciones a la exportación se ocupó de numerosos casos pendientes de garantías no liberadas. Ello permitió reducir el número de estos casos en un 10%. Se efectuará una auditoría específica en este sentido.

- Con respecto al cultivo del lino y a la adulteración de productos lácteos, la OLAF ha llevado a cabo investigaciones en España e Italia. Otras investigaciones están en curso y la Comisión está examinando las medidas financieras que habrá que tomar en el marco del procedimiento de revisión de cuentas.

* Con respecto a los Fondos Estructurales, la Comisión tomó importantes medidas en relación con los pagos del FSE en los Países Bajos y en España. En ambos casos, se iniciaron los oportunos procedimientos de conformidad con el artículo 24 [2] del Reglamento de coordinación.

[2] Reglamento (CEE) n° 4253/88: reducción, suspensión y supresión de la ayuda.

* En materia de acciones exteriores, la Comisión se ha comprometido a controlar estrechamente y a seguir las auditorías efectuadas, en especial por lo que se refiere a la representación en Estocolmo, en donde se iniciaron procedimientos disciplinarios. En un caso, se iniciaron los procedimientos disciplinarios. En otro, en la Delegación de Washington, se remitió el expediente a la OLAF. El seguimiento efectuado desembocó en ciertas acciones financieras, tales como la emisión de una orden de ingreso (La denominación oficial es «nota de débito») respecto de IRELA y a la apertura de una investigación de la OLAF (por ejemplo, en el caso de ACEAL).

* Con respecto a los errores en las DF detectados por el Tribunal de Cuentas, la Comisión está examinando cada uno de ellos para determinar las medidas más convenientes que deben tomarse. La acción de seguimiento de la Comisión es exhaustiva.

En la medida de lo posible y, si procede, la Comisión recupera las cantidades erróneamente pagadas.

La reglamentación en el sector agrícola garantiza normalmente el descubrimiento automático de errores en los controles a posteriori. En el caso de los Fondos Estructurales (que, junto con el sector agrícola, es el de mayores gastos) no es necesario recuperar los importes correspondientes a gastos no subvencionables, ya que pueden compensarse con los gastos subvencionables en curso.

Sin embargo, no siempre es posible recuperar los importes determinados inicialmente. Una investigación posterior puede revelar que no hay errores o pueden aparecer nuevos hechos materiales o puede que las normas se hayan interpretado de modo diferente. La Comisión emprenderá acciones judiciales cuando considere que su reclamación está justificada.

La Comisión ha adoptado una iniciativa para clarificar aún más la diferencia entre una irregularidad y un fraude con su propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección penal de los intereses financieros de la Comunidad. La propuesta contiene una definición de fraude y de los elementos constitutivos de fraude grave. El Reglamento comunitario n° 2988/95 incluye en el apartado 2 del artículo 1 una definición de los elementos constitutivos de irregularidad.

IV/Recomendaciones que no pueden ponerse en práctica completamente

No hay desacuerdos importantes entre la Comisión y el Parlamento Europeo.

Sin embargo, a veces hay un conflicto entre una demanda y el respeto de los derechos humanos.

En otros casos, las demandas del Parlamento se topan con dificultades específicas que imposibilitan la introducción de las medidas previstas. Generalmente, los obstáculos son de naturaleza jurídica. Pueden hallarse algunos ejemplos en el plan de acción en 10 puntos, en relación con los cuales la Comisión no puede siempre aceptar las demandas de la autoridad de aprobación de la gestión presupuestaria. La Comisión se atendrá a las valoraciones de los diferentes funcionarios. Con respecto al cese de funcionarios A1, las competencias de la Comisión están reguladas por las disposiciones del Estatuto, en el que están previstas, no obstante, importantes sanciones. En la reforma administrativa que se está llevando a cabo, se están preparando procedimientos sobre incompetencia profesional. Por otra parte, el respeto de las obligaciones legales existentes restringe la información que la OLAF puede proporcionar a la autoridad de aprobación de la gestión presupuestaria.

Finalmente, sucede a veces que por razones técnicas o materiales la Comisión no está en condiciones de ajustarse a la demanda del Parlamento. Éste es el caso, en especial, en lo referente al índice de error en la DF. La Comisión no está en condiciones de comunicar un índice de error en el Presupuesto General y, menos aún, por sectores.

La Comisión comparte la opinión de la autoridad de aprobación de la gestión presupuestaria en lo referente a los principios y objetivos enunciados en la Resolución. No obstante, la Comisión se ajustará a su propuesta del Libro Blanco en lo referente a las nuevas disposiciones sobre el Consejo de disciplina.

V/Política de información con la autoridad de aprobación de la gestión presupuestaria

Durante el procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria, la Comisión cumplió enteramente las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, suministrando al Parlamento un amplio volumen de detallada información, gracias a la cual el Parlamento pudo actuar como autoridad de aprobación de la gestión presupuestaria.

La Comisión ha perfeccionado los instrumentos de información. El Parlamento recibe semanalmente cifras sobre la ejecución presupuestaria. Recibirá información referente a las auditorías de la Comisión a través del informe anual de las NIC y el informe anual de la OLAF. Gracias a la potenciación de los instrumentos de auditoría, evaluación, control e informes, la Comisión podrá suministrar mayor información.

El respeto de la confidencialidad y los procedimientos correctos de transmisión siguen siendo cruciales. El procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria de 1999 ha demostrado que el acuerdo marco establece una estructura eficaz y satisfactoria en la cooperación entre la Comisión y el Parlamento.

VI/Conclusión

Finalmente, la Comisión desearía resaltar que ha sido mucho lo realizado en el breve lapso de tiempo entre el voto sobre la aprobación de la gestión presupuestaria y la publicación del presente informe. Sin embargo, es evidente que para satisfacer ciertas demandas del Parlamento será necesario un plazo perceptiblemente mayor: las reformas, investigaciones y cambios en los sistemas de gestión tienen que estudiarse y prepararse cuidadosamente si se quiere que sus efectos positivos sean los máximos en los próximos años. Éste es el caso, por ejemplo, de los cambios en las cláusulas contractuales existentes en materia de política de investigación, la reasignación del personal en el sector de las acciones exteriores o, más generalmente, la completa ejecución del proceso de reforma de la Comisión. Sin embargo, la Comisión desearía reiterar que el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria no termina con la publicación de este informe, ya que la mejora de la gestión de los fondos de la UE exige un esfuerzo continuado.

La Comisión considera el procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria un elemento importante en el proceso de perfeccionamiento de la gestión financiera. Por ello, ha prestado mucha atención a las recomendaciones del Parlamento. El presente documento muestra que hay un amplio acuerdo sobre los principales principios y objetivos, e incluso sobre las medidas que hay que tomar para alcanzarlos. Ya se han obtenido resultados positivos y el proceso de reforma continuará en esta dirección.

2. decisión del Parlamento Europeo relativa a la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del Presupuesto General de la Unión Europea para el ejercicio 1999

El Parlamento Europeo,

1. a 4. (descripción de las cuentas/recursos/gastos/balance)

5. Está preocupado porque el fracaso a la hora de elaborar estados financieros completos indique una falta de controles adecuados de los datos, supervisión de gestión y los procedimientos presupuestarios; invita a la Comisión a introducir un plan contable efectivo para permitir que se descubran anomalías en tiempo hábil; pide a la Comisión que introduzca procedimientos para permitir que cada Dirección General y delegación elaboren cada seis meses estados financieros globales interinos; las notas que, conforme al programa de reforma, el sistema será completamente operativo antes de 2003.

Respuesta de la Comisión al punto 5 :

La Comisión ha comenzado a establecer un nuevo sistema de control regular de datos. Se llevó a cabo un primer ensayo con el cierre de las cuentas del ejercicio 2000.

La calidad de la extracción de datos para la elaboración de la cuenta de gestión 2000 fue muy superior a la de ejercicios anteriores. La Comisión llevó a cabo diversos controles de los datos de los diferentes volúmenes de la cuenta de gestión para asegurarse de que fueran exactos y coherentes.

La Comisión ha dado una gran prioridad a la mejora de los sistemas de seguimiento de la ejecución presupuestaria. La Comisión elabora actualmente para la Autoridad Presupuestaria y de aprobación de la gestión presupuestaria:

* Cuadros semanales sobre la ejecución presupuestaria basándose en las declaraciones de los Ordenadores en formato electrónico, que reflejan continuamente la situación más actualizada en materia de ejecución con vistas a adoptar decisiones presupuestarias.

* Documentos contables mensuales y trimestrales sobre la ejecución publicados en el sitio Internet de EUROPA. Las declaraciones trimestrales ofrecen también un análisis sumario de las principales características de la ejecución en comparación con la del ejercicio anterior.

* Un sistema de alerta mensual en relación con los gastos agrícolas

* El plan de ejecución presupuestaria 2001, que se ha concebido como instrumento futuro de gestión mejorada para seguir la ejecución presupuestaria

* El informe anual sobre la gestión financiera, en el que se proporciona un análisis detallado de la ejecución presupuestaria concentrándose en los resultados presupuestarios, muestra lo realizado en comparación con el plan y las previsiones en el momento de aprobarse el presupuesto.

* El informe financiero anual, que proporciona una visión de conjunto de la financiación comunitaria, hace hincapié en lo que se ha conseguido con los gastos presupuestarios de la UE. En el informe también se resaltan ciertas acciones prioritarias particulares.

La elaboración de estados financieros completos por DG se examinará en el marco de la acción 82 (declaración de los Directores Generales en sus respectivos informes de actividad anual) del Libro Blanco sobre la reforma.

6. Recuerda que Tribunal de Cuentas, en el contexto de su declaración, opina que las cuentas reflejan confiablemente los ingresos de las Comunidades y gasto y el estado financiero a finales de año, pero como en años previos, ha expresado reservas relativas al efecto de varios errores y debilidades en la cuenta consolidada de los ingresos y de gasto, incluyendo:

(a) una subestimación neta de bienes inmuebles de alrededor del EUR 240 millones, como los edificios del Parlamento Europeo y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no está incluida y las incoherencias en el tratamiento de la depreciación entre, e incluso dentro, diversas Direcciones Generales de la Comisión,

(b) una subestimación de cantidades a corto plazo admisibles de Estados miembros, en el campo de los recursos propios y de los deudores de FEOGA-Garantía,

(c) una subestimación material de deudores diversos, esencialmente sumas pagadas a diversos cuerpos intermedios pero no todavía transferidas a beneficiarios finales,

(d) la presentación inexacta e inadecuada de la información sobre progresos y de pagos en la cuenta a 31 de diciembre de 1999, a consecuencia de la grabación incorrecta por los Ordenadores Nacionales y los problemas técnicos ligados a la introducción de SINCOM2,

(e) la subestimación de compromisos por un cierto EUR 2.600 millones,

(f) la exageración de compromisos aún de ser establecidos por un cierto EUR 940 millones, puesto que se mantienen en las cuentas aunque ya no representen una obligación de hacer otros pagos debido a la supervisión pobre por diversos departamentos de la Comisión,

(g) la exageración de cantidades admisibles potenciales;

Respuesta de la Comisión al punto 6:

(a) Los dos edificios en cuestión se contabilizaron dentro de los activos del balance a 31/12/2000.Anteriormente, se incluían en el Anexo del balance.

A efectos de armonizar las normas de evaluación y los procedimientos contables, la Comisión adoptó el 29 de diciembre de 2000 el Reglamento (CE) 2909/2000 sobre la tramitación contable del inmovilizado no financiero de las Comunidades Europeas y elaboró asimismo un manual sobre contabilización y consolidación. (Los estados financieros de las instituciones se elaboran ahora de manera armonizada.)

Así pues, al cerrarse el ejercicio presupuestario 2000, todas las instituciones contabilizaron las amortizaciones.

(b) Por lo que se refiere a los recursos propios tradicionales, la Comisión señala que no está actualmente en condiciones de evaluar con más precisión los títulos de crédito a corto plazo, debido a la incertidumbre sobre el cobro de los mismos.

Ajustándose al principio contable de prudencia, la Comisión contabilizó en 1999 una provisión del 100% para deudas de dudoso cobro, sin aplicar un posible coeficiente de recuperación por falta de información.

En el ejercicio 2000, y a efectos de ofrecer un cálculo más realista de los títulos de crédito a corto plazo, la corrección de valor, que se calculó basándose en las estadísticas de recuperación de años anteriores, fue estimada en un 63%.

Para mejorar la evaluación de los títulos de crédito en materia de recursos propios, la Comisión presentó una propuesta de modificación del Reglamento (CEE/Euratom) n° 1552/89, con objeto de reforzar el procedimiento de admisión en pérdida de los títulos de crédito incobrables por los Estados miembros.

La misma dificultad existe para calcular deudas de la Sección de Garantía del FEOGA, ya que antes no había ningún reglamento que obligase a los Estados miembros a informar de las posibilidades de recuperación. De ahí que en el ejercicio 1999 se contabilizase en el balance, como deducción de títulos de crédito a cobrar, una corrección de valor del 100% por deudas de dudoso cobro. En el ejercicio 2000 la corrección de valor por deudas de dudoso cobro se calculó basándose en la información suministrada por los Estados miembros y en los datos obtenidos en los controles efectuados.

A partir de 2001 los Estados miembros, merced a la Decisión de la Comisión 2761/99/CE, tendrán que informar cada seis meses a esta Institución del importe de títulos de crédito cuya probabilidad de recaudación es casi nula (incluso en caso de que estuvieran pendientes procedimientos legales de recuperación). Entonces será posible hacer un cálculo más exacto de los títulos de crédito por cobrar.

(c) Para mejorar la información disponible sobre los intermediarios financieros, la Comisión llevó a cabo en 2000 un censo de intermediarios financieros ante las Direcciones Generales. Como consecuencia de ello, los pagos de anticipos presupuestarios abonados a los intermediarios públicos o privados recogidos en el activo del balance son más completos que en los últimos años.

El censo de intermediarios financieros se llevará a cabo cada año.

(d) En la propuesta de refundición del Reglamento Financiero la Comisión ha aclarado los conceptos utilizados para los distintos tipos de pago.

(e) Se trata principalmente de compromisos de los Fondos Estructurales. El hecho de que se subestimaran en 2.600 millones de euros se debe a que el ejercicio 1999 fue el último año del período de programación 1994-99 de las acciones estructurales. La Comisión, principalmente a causa de retrasos en la reprogramación por parte de los Estados miembros, no dispuso de tiempo suficiente para ejecutar los compromisos a finales de 1999, por lo que tuvo que efectuar una prórroga de créditos para atenerse a la dotación aprobada en la Cumbre de Edimburgo.

Se trata, pues, claramente de un problema coyuntural.

(f) La Comisión observa de cerca los compromisos pendientes de liquidación mediante un programa permanente de vigilancia en todas las DG, para asegurarse de que el saldo pendiente de liquidación se corresponda con las obligaciones jurídicas en curso. El 20 de noviembre de 2000, la Comisión presentó a la Autoridad Presupuestaria un informe titulado «Estrategia con los compromisos pendientes de liquidación».

Hay que subrayar, sin embargo, que habrá que mantener varios años algunos compromisos a causa de obligaciones legales (procedimientos judiciales en curso, etc.).

Para mejorar la información sobre este tema, la Comisión muestra en los compromisos no incluidos en el balance la situación de los RAL con comentarios sobre su evolución.

(g) La Decisión C (2000) 1992, de 14 de julio de 2000, en la que se establece el formato de las tablas para la transmisión de datos del FEOGA-Garantía, distingue entre los títulos de crédito por recuperar a consecuencia de irregularidades y fraudes (Reglamento (CEE) n° 595/91) y todos los demás los títulos de crédito. Esta información ayudará a eliminar la doble contabilización, con lo que se evitará sobrestimar los títulos de crédito potenciales. Aunque la decisión no es aplicable sino a partir del 1 de enero de 2001, algunos Estados miembros ya han remitido información para 2000. La doble contabilización sólo ha podido evitarse en relación con esos Estados miembros en los estados financieros de 2000.

7. Aprueba el cierre de las cuentas para la puesta en práctica del presupuesto general para el ejercicio presupuestario de 1999;

3. Resolución del Parlamento Europeo que contiene las observaciones que forman parte integrante de la decisión relativa a la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1999

3.1. Acceso a la información

1. Lamenta que, una vez celebrado el Acuerdo Marco, la Comisión tampoco haya transmitido determinados documentos e informaciones solicitados por la autoridad encargada de la aprobación de la gestión; hace nuevamente hincapié en la letra b del apartado 26 de su Resolución de 19 de enero de 2000 sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1997, donde el Parlamento Europeo destaca que debe tener acceso a los documentos de la Comisión por lo menos en la misma medida que el Tribunal de Cuentas; recuerda que el Parlamento ha respetado el Acuerdo Marco al solicitar información de la Comisión a pesar de que las normas:

i. sean susceptibles de interpretaciones muy diversas, en particular, por ejemplo respecto de la confidencialidad de un documento,

ii. puedan provocar retrasos excesivos, por ejemplo la entrega de documentación el 16 de febrero de 2001 en respuesta al cuestionario de 5 de diciembre de 2000,

y pide, por consiguiente, que, teniendo en cuenta estas experiencias, se revise dicho Acuerdo, debiendo regir los siguientes principios fundamentales:

a) Confirmación del derecho de todo miembro del Parlamento, conforme al artículo 197 del Tratado CE, de pedir a la Comisión informaciones en su caso confidenciales, y de que ésta se las proporcione,

b)Aplicación sin restricciones de las disposiciones que figuran en el Anexo VII del Reglamento, relativo al examen de los documentos confidenciales, lo que incluye el derecho de todo miembro de una comisión de examinar los documentos confidenciales,

c) Transmisión de los documentos originales completos sin modificaciones o censuras previas;

Respuesta de la Comisión al punto 1:

El procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria de 1999 fue el primero en que se aplicó el acuerdo marco celebrado el 5 de julio de 2000. La Comisión se ha esforzado por atenerse al mismo plena y fielmente a lo largo de todo el procedimiento. El apartado 4 del Anexo III del acuerdo marco define el procedimiento específico a seguir para su posible revisión. Una acción en justicia en relación con este acuerdo está actualmente pendiente ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En opinión de la Comisión, el acuerdo marco ha demostrado ser un mecanismo efectivo: una de sus ventajas es que permite al Parlamento obtener información confidencial y de otro tipo.

2. Recuerda a la Comisión el artículo 80 del Reglamento financiero, con arreglo al cual en el análisis de la gestión financiera se debe explicar si se han observado efectivamente los principios de buena gestión financiera establecidos en el artículo 2 del Reglamento financiero; lamenta que este documento de importancia fundamental para el control presupuestario para el ejercicio 1999 contuviera informaciones muy incompletas y que sólo estuviera disponible en una lengua; insta a la Comisión a que presente un análisis completo para 2000 que comprenda todas las partidas presupuestarias y que esté disponible en todas las lenguas oficiales.

Respuesta de la Comisión al punto 2:

El análisis de la gestión financiera del año 2000 se ajusta a los principios establecidos en el artículo 2 del Reglamento Financiero: al presentar una comparación, en todas las líneas presupuestarias importantes, entre la previsión y la realidad de la ejecución financiera y de resultados, satisface el requisito de que «deben determinarse los objetivos cuantificados y supervisarse el seguimiento de su realización». Sin embargo dado que el presupuesto contiene ahora unas 1200 líneas, y de conformidad con el principio de coste/eficacia, la Comisión no considera apropiado informar detalladamente sobre cada línea presupuestaria con independencia de su importancia. En cambio, de acuerdo con las observaciones del Tribunal de Cuentas, según las cuales los comentarios deberían reflejar la importancia relativa de las líneas presupuestarias sobre las que se informa, la Comisión ha elegido para un análisis detallado, en el informe sobre la gestión financiera del ejercicio 2000, las líneas cuyos créditos exceden de 30 millones de euros o tienen especial importancia o interés. Se ha hecho hincapié en elaborar un documento manejable en lo que se refiere a la carga de trabajo y al volumen de datos. Dado el calendario y el tamaño del documento (más de 400 páginas de análisis detallado), es necesario hacerlo en una sola versión.

3.2. Declaración de fiabilidad

3. Cuestiona la utilidad de la declaración de fiabilidad global para 1999 mientras no se especifiquen las cifras; destaca que el Tribunal de Cuentas, que invierte cuantiosos recursos tanto del auditor como del auditado, no ha publicado los porcentajes de errores formales y de errores sustantivos en los últimos años, privando así al Parlamento de la posibilidad de calibrar el éxito o el fracaso de la gestión del presupuesto de la Unión Europea por parte de la Comisión:

i. recuerda que el porcentaje global de errores sustantivos en el presupuesto de la UE fue de 4,0% en 1994, 5,9% en 1995, 5,4% en 1996, y no publicado en años sucesivos;

ii. observa, no obstante, que los importes relativos al capítulo agrícola, facilitados por vez primera por el comisario competente responsable de la gestión de 39.500 millones de euros (47% del Presupuesto), fueron claramente inferiores a los índices globales: 2,52% en 1995, 3,78% en 1996, 1,94% en 1997, 3,29% en 1998 y 3,06% en 1999;

iii. constata que los recursos gestionados por otras Direcciones Generales, en especial los gestionados conjuntamente con los Estados miembros, arrojan, en su conjunto, porcentajes de error muy superiores; pide a los demás Comisarios que comuniquen al Parlamento los porcentajes de error anuales a partir de 1994 en sus respectivos ámbitos de responsabilidad, así como en lo sucesivo;

iv. Se felicita de la intención del Tribunal de llevar a cabo apreciaciones sectoriales como medida inicial para unas evaluaciones más transparentes y precisas de los porcentajes de utilización presupuestaria, pero insiste en que el Tribunal modifique su enfoque y cuantifique los porcentajes de error y especifique sus resultados a partir de las auditorias DAS, tanto sobre una base sectorial como geográfica; recomienda que, en caso necesario, el Tribunal determine los recursos humanos y financieros adicionales necesarios para poder facilitar estos datos;

v. pide al Tribunal de Cuentas que transforme la declaración de fiabilidad global en un instrumento que permita a las autoridades encargadas de la aprobación de la gestión y a las autoridades presupuestarias comparar y supervisar los progresos realizados en materia de gestión financiera;

vi. restablece la letra a) del apartado 1 de su Resolución de 13 de abril de 2000 sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1998 , en la que se pedía a la Comisión que redujera el porcentaje de error de más del 5% en un grado considerable; pide que dicha reducción se lleve a cabo conjuntamente con los Estados miembros, sobre la base de un método que han de acordar el Tribunal de Cuentas, la autoridad encargada de la aprobación de la gestión y la Comisión; insta a la Comisión a que asegure que obtendrá una declaración de fiabilidad positiva antes del ejercicio 2003 a más tardar.

Respuesta de la Comisión al punto 3:

(iii) La declaración de fiabilidad (DF) es un coto reservado al Tribunal de Cuentas. En el marco de un proceso de continuas mejoras en la presentación de la DF, el Tribunal de Cuentas decidió hace algunos años que el método más efectivo de comunicación era una DF descriptiva. La descripción DF es una declaración global sobre las actividades de la Comisión; la disposición pertinente del Tratado CE, el artículo 248, no prevé un desglose detallado por DG. Por lo tanto, respecto de las cuatro declaraciones DF elaboradas por el Tribunal de Cuentas anualmente sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de los ingresos, compromisos y pagos, la Comisión no puede dar índices de errores, ni detalles por DG. La DF para los pagos (únicamente) fue negativa.

(vi) La Comisión ha declarado que «hará todo lo posible por mejorar la DF cuanto antes», habiendo reafirmado tal compromiso. La mejora constante y duradera de la DF es el medio necesario para consolidar los sistemas de control de la Comisión y de los Estados miembros y para asegurar los recursos necesarios a las tareas. La reforma de la Comisión emprendida en la primera mitad de 2000 está abordando estas dos áreas. Por ejemplo, se han consolidado las funciones financieras en las DG operativas. El servicio financiero central está funcionando y, en amplia medida, las funciones de auditoría en las DG y el servicio de auditoría interna y, por otra parte, se está avanzando en la revisión del Reglamento Financiero.

3.3. Consejo

4. (el Consejo:)

3.4. Estados miembros

5. Recuerda que más del 80% del presupuesto de la Unión es administrado por los Estados miembros:

i. pide a los Estados miembros que todavía no han ratificado el Convenio de 1995 sobre la protección de los intereses financieros, concretamente Bélgica, Irlanda y Luxemburgo, que lo hagan lo antes posible;

ii. Observa que, en sus respuestas de 26 de enero de 2001 al cuestionario de la autoridad competente para la aprobación de la gestión, el Tribunal de Cuentas indica que en su Informe anual se critica en particular a los siguientes Estados miembros:

>SITIO PARA UN CUADRO>

(iii) manifiesta sorpresa por el hecho de que las cifras de irregularidades y fraudes facilitadas por los Estados miembros sean, en su conjunto, muy inferiores a los porcentajes de error constatados por el Tribunal de Cuentas a partir de la declaración de fiabilidad sectorial; observa que los datos facilitados por los Estados miembros pueden dar una visión deformada de la situación a causa de los distintos métodos y definiciones utilizados por el Tribunal de Cuentas y los Estados miembros; pide a la autoridad encargada de la aprobación de la gestión que examine esa cuestión.

(iv) Sección de recursos propios:

a) recuerda que los Estados miembros notificaron irregularidades y casos de fraude por valor de 266,1 millones de euros, cifra equivalente al 1,92% del presupuesto total del capítulo (13.800 millones de euros) (Reglamento (CEE, Euratom) nº 1552/89); destaca que de un total de 214,8 millones de euros, correspondientes a irregularidades, el 48,7% fue detectado por el Reino Unido, y de un total de 51,3 millones de euros, correspondientes a fraude, un 76,8% fue detectado por Alemania.

b) señala que cuatro Estados miembros, concretamente Irlanda, Luxemburgo, Portugal y el Reino Unido, no han comunicado ningún caso de fraude en la recaudación de recursos propios tradicionales.

c) pide a la Comisión que, para el capítulo de recursos propios, examine la viabilidad de introducir un procedimiento de corrección financiera adaptado del sistema de liquidación de cuentas del FEOGA-Garantía.

Respuesta de la Comisión al punto 5. (iv):

(a) y (b) Como la Comisión ha observado anteriormente, la noción de fraude no es interpretada de modo coherente por las diferentes autoridades competentes de los Estados miembros (en gran parte, porque el convenio en el que se prevé una interpretación coherente todavía no ha sido ratificado por todos los Estados). En algunos Estados miembros, la violación de un reglamento comunitario no puede calificarse de fraude sino tras sentencia definitiva de un tribunal de justicia, mientras que en otros Estados son los propios servicios operativos los que dan tal calificación durante sus investigaciones.

(c) Antes de presentar en 1997 una modificación del Reglamento n° 1552/89 (ahora n° 1150/2000), la Comisión examinó distintos modos de aumentar la transparencia y eficacia del procedimiento de «admisión en pérdida» (apartado 2 del artículo 17 del Reglamento 1150/2000). En ese examen se estudió asimismo la posibilidad de un sistema de «revisión». Se concluyó que tal planteamiento sería gravoso para los recursos propios tradicionales, porque, a diferencia de la situación del FEOGA, el número total y la importancia de las operaciones subyacentes son desconocidos. Por tanto, la Comisión propuso una solución más sencilla, según la cual los Estados miembros tendrían obligación de informar a la Comisión sobre todos los casos superiores a 10.000 euros cuya recuperación no hubiera podido efectuarse durante los 5 años anteriores. Si un Estado miembro no daba muestras de la diligencia debida en la recuperación, se le consideraría financieramente responsable. Esta propuesta (COM (97) 343 final) está aún en estudio en el Consejo.

(v) Sección de Garantía del FEOGA:

a) recuerda que los Estados miembros notificaron irregularidades y casos de fraude por valor de 232,1 millones de euros, cifra equivalente al 0,59% del presupuesto del capítulo FEOGA-Garantía (39.500 millones de euros) (Reglamento (CEE) nº 595/91; destaca que de un total de 116,5 millones de euros, correspondientes a irregularidades, el 70% fue detectado por Alemania, España e Italia, y de un total de 115,5 millones de euros, correspondientes a casos de fraude, un 78% fue detectado por Alemania, Francia e Italia;

b) señala que dos Estados miembros - Grecia y Finlandia - no han comunicado ningún caso de fraude en el ámbito de la PAC;

c) lamenta que un Estado miembro, Dinamarca, haya acumulado a 1 de febrero de 2001 un nivel al parecer inaceptablemente alto (2.200 millones de coronas danesas o 300 millones de euros) de garantías de restituciones a la exportación, de las cuales 6 millones de coronas (800.000 euros) fueron depositadas por empresas hace cinco años; insta a la Comisión y al Tribunal de Cuentas a que procedan a auditar la gestión de las restituciones a la exportación por parte de la Dirección danesa de Alimentación y Asuntos Pesqueros y Agrícolas;

d) Lamenta que Italia haya estado pagando la «supertasa» por infracción de las cuotas lecheras por cuenta de sus agricultores, distorsionando con ello la competencia en la Unión Europea; concede una gran importancia al establecimiento de un fundamento jurídico adecuado que permita penalizar a aquellos Estados miembros que no gestionen correctamente el sistema de cuotas lecheras; insta a la Comisión a que investigue de manera rigurosa las acusaciones de que la leche en polvo desnatada subvencionada por la Comunidad Europea puede estar siendo reprocesada como leche fresca;

e) lamenta que Grecia no haya creado un registro de viñedos, pese a tener la obligación jurídica de hacerlo desde 1992; deplora la persistente incapacidad de la Comisión para crear un organismo de control especializado eficaz en el sector vitivinícola, pese a las reiteradas demandas por parte del Parlamento y del Tribunal; pide que las condiciones para la concesión de recursos humanos suplementarios en el marco del presupuesto 2002 incluyan medidas específicas y comprobables que permitan el funcionamiento del referido organismo;

f) pide a la Comisión que amplíe a 36 meses el actual plazo de liquidación de 24 meses en el cual puede procederse a recuperaciones financieras; pide también que examine la pertenencia al órgano de concertación y que presente una propuesta de fundamento jurídico que permita a la Comisión aplicar correcciones financieras cada vez mayores a los Estados miembros por sus reiteradas deficiencias en los sistemas de control, entre las cuales se cuentan los retrasos en la introducción del IACS.

Respuesta de la Comisión al punto 5. (v) c.:

La Comisión ha auditado la gestión de los anticipos y garantías por parte de la Dirección danesa de alimentación, pesca y sector agroalimentario (EFFD) en el marco de una investigación a escala europea en esta materia.

Los anticipos de las restituciones a la exportación se pagan solamente si se deposita una garantía aceptable. Esta garantía se libera previa presentación de la documentación oportuna. En casos de restituciones diferenciadas, el exportador tiene hasta 12 meses para aportar la prueba de entrada de la mercancía y despacho a libre práctica en el tercer país, aun cuando tal prueba pueda aportarse hasta 18 meses después de la fecha de exportación, en este caso con una reducción del 15% de la restitución a la exportación. Este período puede ampliarse en casos debidamente justificados. Las exportaciones a Rusia están actualmente sujetas a requisitos adicionales, dándose a los exportadores un plazo de hasta dos años para aportar la prueba de entrada de la mercancía.This period can be extended in well-justified cases.

No es por lo tanto sorprendente que, en un país exportador importante como Dinamarca, la EFFD tenga en todo momento una considerable cantidad de garantías. Sin embargo, la Comisión ha confirmado que el retraso en la liquidación de garantías había aumentado hasta un nivel inaceptable. Esto implica costes adicionales para los exportadores y riesgos potenciales para el FEOGA, si el cobro no se efectúa o se efectúa con retraso.

La EFFD, presionada por la Comisión, elaboró en mayo de 2000 un plan de acción para recuperar el retraso, consistente en 22.000 casos antes del 1 de marzo de 1999, con garantías por un importe de 740 millones de DKK. A 30 de abril de 2001, los casos se habían reducido a 2.400 con garantías por un importe de 99 millones de DKK y, a 13 de junio, sólo quedaban 70 millones de DKK. El objetivo del plan es eliminar los retrasos para finales de 2001.

Pese a que ciertos cobros se efectuaron tardíamente, la Comisión no encontró ninguna prueba de que la EFFD hubiera incumplido su deber de recuperación conforme a la legislación. La Comisión acoge con satisfacción las medidas tomadas por la EFFD para tratar de resolver este problema.

La Comisión llevará a cabo una auditoría de seguimiento para asegurarse de que se respeten de hecho los compromisos de la EFFD y para comprobar que el problema queda resuelto definitivamente.

Respuesta de la Comisión al punto 5 (v) d:

Con respecto a las cuotas en el sector de la leche

La Comisión ha iniciado procedimientos de infracción (aún pendientes) contra Italia (dictamen motivado 97/2228) por la aplicación incorrecta del régimen de cuotas lecheras y por falta de percepción de la exacción, e igualmente contra España (dictamen motivado 97/2227). Los problemas en Italia fueron indicados en un informe de un Comité de investigación italiano. La Comisión ha actuado con minuciosidad y perseverancia, y continuará llevando a cabo la recuperación, aunque reconoce al mismo tiempo los retrasos causados por los Estados miembros, las regiones y las personas que ejercen sus derechos de defensa.

The problems in Italy had been indicated by the report of an Italian Committee of Enquiry. La Comisión está de acuerdo en que el régimen de cuotas lecheras todavía no se ha introducido completamente en Italia, ya que la percepción de la exacción suplementaria continúa planteando problemas. Sin embargo, es necesario distinguir entre las diferentes razones por las que no se procede a la recaudación en Italia: principalmente, porque la exacción es objeto de recursos ante los tribunales nacionales; por compensación incorrecta entre las cuotas de entrega y de ventas directas; y por otros importes de recaudación no percibidos. Las dos últimas razones explican el estado de pendencia de los procedimientos de infracción contra Italia (dictamen motivado 97/2228). Sin embargo, aun cuando la situación de la recaudación sigue siendo insatisfactoria en Italia, la Comisión reconoce que se han llevado a cabo mejoras importantes. Italia ha puesto en práctica una serie de medidas de control retroactivas relativamente efectivas a partir de la campaña de comercialización 1995/96. Sin embargo, el hecho de que no se proceda a la recaudación sigue siendo un problema grave.

La Comisión ha hecho grandes esfuerzos para hacer cumplir el pago de la recaudación. La actual legislación permite a la Comisión reducir los anticipos cuando no se paga la exacción a su debido tiempo. Para la mayoría de Estados miembros, no es necesario efectuar, en las decisiones de liquidación de cuentas, ninguna corrección financiera o sólo una pequeña corrección. Hasta 1999, hubo que reducir los anticipos de cuatro Estados miembros - Grecia, España, Italia y Reino Unido (en el caso del Reino Unido, los importes fueron muy reducidos), lo que prueba que el régimen se aplica correctamente en la UE.

Sin embargo, se han propuesto cambios en la legislación de cuotas para reforzar los poderes de sanción tanto de la Comisión como de los Estados miembros, cambios que se han introducido en la reciente revisión del reglamento de aplicación de cuotas (en los límites de las competencias conferidas a la Comisión por el Reglamento del Consejo 3950/92, que no permite ingresar en el presupuesto comunitario otros importes recaudados (por ejemplo, las sanciones financieras) que no sean los de la exacción suplementaria (y los correspondientes intereses de demora) en caso de rebasamiento de las cuotas nacionales. Es probable que el nuevo reglamento se adopte y se publique para finales del mes de julio.

Con respecto a la leche descremada en polvo

Se investigará cualquier alegación grave de que la leche descremada en polvo se ha tratado de nuevo en leche fresca en detrimento del presupuesto comunitario.

Respuesta de la Comisión al punto 5 (v) (e):

La Comisión no puede sino constatar el retraso efectivo de Grecia en la instauración del registro vitícola. No obstante, es necesario también recordar que tras las prórrogas sucesivas adoptadas por el Consejo, el plazo de realización no fue sino el 31.12.2000. Grecia, en efecto, no había presentado hasta esta fecha ningún progreso significativo. La Comisión, considerando que la obligación de instauración del registro existe para el Estado miembro incluso transcurrido el plazo fijado por el Reglamento que permitiría la cofinanciación comunitaria, manifiesta su preocupación por este retraso tanto más cuanto que la nueva reforma del sector vitivinícola, vigente desde agosto de 2000, consagra el registro como principal instrumento de conocimiento y control del potencial vitícola. La Comisión está muy preocupada por esta inexistencia de registro vitícola, por lo que habrá que adoptar las medidas apropiadas en el marco del procedimiento de revisión de cuentas. The Commission views the absence of a vineyard register with great concern and appropriate actions will be taken in the context of the clearance of accounts procedure.

Con respecto al organismo especializado de control, es cierto que la Comisión no pudo proporcionar a esta instancia los puestos inicialmente propuestos por el Parlamento en 1996, basándose en las observaciones del Tribunal. Dado el número de puestos disponibles y la importancia relativa del sector vitivinícola en términos presupuestarios, prioritariamente la revisión de cuentas se redujo a lo esencial, incluido el gasto del sector vitivinícola. Ello fue también una consecuencia de la demanda del Parlamento de asignar 15 puestos adicionales a la revisión de ncarga el organismo especializado de control. Entre los 15 puestos se incluyó un puesto para el organismo especializado de control en el sector vitivinícola. Hay que subrayar también que este organismo fue creado por el Reglamento 2048/89 a consecuencia de los casos de fraude (que acarrearon riesgos no sólo financieros, sino también sanitarios) que perturbaron seriamente el sector vitivinícola en 1985 y 1986. En los últimos años, la Comisión no tiene ninguna prueba de que exista un riesgo excepcionalmente elevado en el sector vitivinícola como para justificar una asignación de recursos desproporcionada en materia de auditoría en este sector.

Por lo que se refiere a la creación de un equipo específico de control en el sector vitivinícola, primeramente habría que señalar que el servicio de revisión de cuentas asume la función de control del gasto, incluyendo en su programa de trabajo y misiones investigaciones inherentes al equipo específico de control. En otoño de 2001, se pondrán en marcha investigaciones específicas con ayuda de expertos nacionales, cuya participación y coordinación está prevista en el programa de trabajo. La Comisión no pedirá recursos humanos adicionales para este sector, dado que estos recursos limitados podrían utilizarse más eficazmente en otros sectores.

Respuesta de la Comisión al punto 5 (v) f.:

La Comisión acoge favorablemente esta propuesta evaluándola a la luz de la experiencia adquirida con el actual período de 24 meses. Los resultados de tal evaluación podrían desembocar en una propuesta de modificación del Reglamento vigente actualmente. La nueva composición del órgano de conciliación fue determinada por decisión de la Comisión con efectos a partir de 1 de agosto de 2001. De los cinco miembros, tres pertenecían ya al órgano de conciliación como expertos altamente cualificados en temas del FEOGA-Garantía, y los dos nuevos son expertos altamente cualificados con experiencia de auditoría financiera, como así lo permite la Decisión 2000/649/CE de 12 de octubre de 2000. Los nombramientos fueron publicados en el Diario Oficial de 17 de julio de 2001 (Comunicación de la Comisión 2001/C 201/02).

La Comisión está considerando la posibilidad de incrementar las correcciones financieras en caso de deficiencias repetidas.

(vi) Sección de los Fondos Estructurales:

a) recuerda que los Estados miembros notificaron irregularidades y casos de fraude por valor de 120,6 millones de euros, cifra equivalente al 0,93% del presupuesto de los Fondos Estructurales (30.600 millones de euros) (Reglamentos (CE) nº 1681/94 y 1831/94); destaca que de un total de 97,3 millones de euros, correspondientes a irregularidades, el 64% fue detectado por Italia y el Reino Unido, y de un total de 23,2 millones de euros, correspondientes a casos de fraude, el 99% fue detectado por Alemania, Italia y el Reino Unido;

b) señala que nueve Estados miembros - Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia y Suecia - no han comunicado ningún caso de fraude en el ámbito de los Fondos Estructurales;

c) toma nota de las importantes mejoras que presenta el nuevo Reglamento (CE) nº 1260/99 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales ; cuenta con que la Comisión asegure la aplicación global de dicho Reglamento y, en particular, lleve a cabo las correcciones financieras necesarias en aquellos casos en los que los Estados miembros sean responsables de irregularidades; solicita a la Comisión que aplique plenamente el procedimiento de suspensión previsto en el citado reglamento; pide a la Comisión que, para el capítulo relativo a los Fondos Estructurales, introduzca un procedimiento de liquidación de cuentas;

Respuesta de la Comisión al punto 5. (vi) (a), (B) y (c):

El 2 de marzo de 2001 la Comisión publicó los Reglamentos n° 438/2001 y n° 448/2001 que especifican más las disposiciones del reglamento de base referente a los sistemas de gestión y control y a las correcciones financieras. Se han iniciado auditorías de los sistemas de los Estados miembros para asegurarse de que cumplen las normas requeridas por los nuevos reglamentos. Conforme al Reglamento n° 448 la Comisión será informada en todo momento de las correcciones financieras efectuadas por los Estados miembros, con la determinación de proceder por sí misma a efectuar las correcciones, en caso necesario, especialmente si existen irregularidades sistémicas, aplicando tipos a tanto alzado y una extrapolación. La Comisión, en la época de aprobación del Reglamento 438, adoptó también una serie de directrices internas para efectuar correcciones a tanto alzado.

La Comisión explicó a los Estados miembros en su momento a través de los comités de los Fondos Estructurales la manera de aplicar las disposiciones que regularán las liberaciones de compromisos en el año n+2.

Con respecto al procedimiento de liquidación de cuentas de la Sección de Garantía del FEOGA, la Comisión considera que los nuevos reglamentos sobre los sistemas de gestión y control y sobre las correcciones, así como las directrices sobre correcciones financieras, han transpuesto ya en las disposiciones de los Fondos Estructurales las partes de las normas del procedimiento de liquidación de la Sección de Garantía compatibles con los Fondos Estructurales.

Los Estados miembros están obligados conforme a los reglamentos sectoriales a notificar a la Comisión los casos de fraude e irregularidades que afectan al presupuesto comunitario. Están obligados, por otra parte, (artículo 280 del Tratado de Amsterdam) a tomar las mismas medidas para combatir el fraude en perjuicio de los intereses financieros del mismo modo que combaten el fraude que afecta a sus propios intereses financieros. Los servicios de la Comisión aprovechan todas las oportunidades para recordar a los Estados miembros las obligaciones de información que tienen a este respecto, en especial en el marco del Comité consultivo para la coordinación de la prevención del fraude, cuyo papel se pretende reforzar para consolidar la cooperación tanto entre los Estados miembros como entre estos últimos y la Comisión. Por lo que se refiere a las estadísticas en materia de medidas estructurales, el año 1999 tendió a un aumento tanto en el número de casos de fraude como en el de otras irregularidades y las consiguientes cantidades en juego. Ello refleja los esfuerzos cada vez mayores hechos por los Estados miembros en términos de notificaciones formales. Hay que destacar las considerables diferencias entre Estados miembros en lo que se refiere a casos notificados. La Comisión insiste continuamente ante los Estados miembros en que deben mejorar su responsabilidad ante los diversos tipos de fraude y e irregularidades para lograr resultados más coherentes.

En lo que respecta a la distinción entre los elementos constitutivos de un fraude y los constitutivos de una irregularidad, la Comisión ha tomado la iniciativa de rellenar el vacío en este campo en 2001 mediante la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios. La propuesta contiene elementos del Convenio de 1995 sobre la protección de los intereses financieros, cuyo artículo 3 define el fraude y los elementos constitutivos de un fraude grave. La Comisión tomó la iniciativa de presentar esta propuesta en virtud del artículo 280 del Tratado de la Unión Europea, ya que, dada la situación, parecía poco probable que el convenio y sus protocolos fueran ratificados por todos los Estados miembros, lo que es una condición esencial para su aplicación en toda la Unión Europea en un futuro próximo. El apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 2988/95 contiene una definición de los elementos constitutivos de una irregularidad.<0}

d) considera que la evolución del importe de los compromisos pendientes, tanto en el ámbito de las medidas estructurales como en el de los proyectos de la red transeuropea de transportes, es inaceptable; pide que se presente un programa de reducción urgente coordinado entre los Estados miembros y la Comisión Europea, en particular en lo que se refiere a los compromisos pendientes anteriores a 1994 en el ámbito de las medidas estructurales; pide que no se conceda ninguna prórroga para los plazos de pago de los Estados miembros;

Respuesta de la Comisión al punto 5. (vi) (D):

Acciones Estructurales

Cada Fondo Estructural tiene un plan de acción para reducir el RAL tendente a controlar todos los compromisos anteriores a 1994, que deberían estar liquidados para finales de 2001, salvo los casos pendientes ante los tribunales. Conforme a la reglamentación, si no se registran las demandas de pago de los Estados miembros, los compromisos correspondientes deberán cancelarse.

En términos absolutos, el RAL aumentó entre 1994 y 1999, reflejando con ello la duplicación del presupuesto durante este período.

El RAL de los Fondos Estructurales apenas si se ha modificado en los tres últimos años si se tiene en cuenta la fluctuación en el presupuesto. La ratio del RAL al final del período en relación con los créditos del período ascendió a 121% en 1998, un 136% en 1999 y el 126% en 2000, demostrando con ello que no ha habido cambios significativos.

Teniendo en cuenta estas cifras, que se refieren a acciones plurianuales en sectores tales como inversiones en infraestructuras, reconversión y modernización del sector productivo, formación, etc., la Comisión reitera que, en su opinión, el volumen del RAL es normal. El RAL del FEDER anterior a 1994 era demasiado alto, por lo que se adoptaron medidas drásticas. El resultado de ello fue que el RAL descendió de alrededor de 1.700 millones de euros en 1999 a 674 millones de euros en junio de 2001. Continúa el esfuerzo por reducirlo aún más.

La Comisión está cooperando con los Estados miembros para liquidar estos programas durante 2001. La nueva reglamentación tiene como finalidad liquidar completamente los antiguos compromisos, de modo que la modificación de la base jurídica se plasme en el futuro en un RAL reducido

La reducción y total liquidación de compromisos llevan tiempo, incluso cuando se llevan a cabo acciones intensivas y concretas. Es necesario que las decisiones sobre las medidas a adoptar se basen en una correcta documentación y se ajusten a la reglamentación; ello puede acarrear acciones en justicia que pueden durar largo tiempo, pero que pueden ser necesarias para proteger los intereses financieros de la UE.

RTE

Para reducir la cantidad de compromisos pendientes de liquidación (RAL), se han elaborado medidas para reforzar la gestión de los proyectos RTE; por ejemplo, en adelante los proyectos que no se hayan iniciado en el plazo de 2 años serán anulados (artículo 10 del nuevo Reglamento 1655/99 sobre RTE).

Pese al aumento del RAL entre finales de 1999 y finales de 2000 (con un alza de 940 millones de euros a 1078 millones de euros), estas medidas deberían contribuir, conjuntamente con un mayor control operativo, a una reducción neta y efectiva a partir de 2001.

vii. insta a los Estados miembros a que cumplan los criterios de admisibilidad establecidos en la nueva reglamentación, con el fin de evitar la repetición de las irregularidades señaladas ejercicio tras ejercicio, y pide que le mantengan informado de las actuaciones de la Comisión en relación con las irregularidades en las operaciones del Fondo Social Europeo en los Estados miembros, y en especial:

- en los Países Bajos: Rijnmond-Drechtsteden y Gelderland;

- en España: Cataluña;

- en Dinamarca: Kolding (recordando que las autoridades nacionales no comunicaron el caso a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude);

Respuesta de la Comisión al punto 5. (vii) :

En la carta al Sr. Blak (0541 de 28 de marzo de 2001), la Sra. Diamantopoulou informó sobre las medidas tomadas por la Comisión en los casos Rijnmond-Drechtsteden y Gelderland, y Cataluña.

* En el caso Rijnmond-Drechtsteden y Gelderland, los servicios competentes de la Comisión organizaron una reunión el 22 de junio de 2001 con las autoridades holandesas para llegar a un acuerdo sobre la recuperación de las cantidades erróneamente pagadas con respecto a la utilización de créditos del FSE en los Países Bajos. Como el ministro de asuntos sociales holandés no estaba dispuesto a aceptar el plan de reembolso propuesto por la Comisión (devolución de cantidades de 1994-96 antes del verano de 2001 y de las cantidades de 1998 y 1999/2000 tras la realización de controles), la Comisión aplicó el procedimiento establecido en el Reglamento de coordinación (artículo 24 del Reglamento (CEE) n° 4253/88: reducción, suspensión y anulación de ayudas). La Comisión informó de este extremo a las autoridades holandesas en la mencionada reunión.

* En el caso Cataluña un procedimiento con arreglo al artículo 24 está en curso desde diciembre de 2000 para suspender todos los fondos del FSE asignados a los dos promotores correspondientes.

* Dinamarca: Kolding - Se examinó la necesidad de informar de irregularidades a la OLAF en la reunión anual de coordinación con los organismos de control daneses el 21 de febrero de 2001. Posteriormente, el 19 de julio de 2001, las autoridades danesas remitieron un informe formal a la OLAF. El caso está siendo investigado aún por las autoridades policiacas danesas. La Comisión sigue estrechamente el asunto, sin que vaya a efectuar ningún pago suplementario por este proyecto mientras no se conozcan los resultados de los procedimientos judiciales en Dinamarca.

viii. pide a los Estados miembros que todavía no lo hayan hecho que otorguen plenos poderes a sus respectivos Tribunales de Cuentas nacionales para que controlen el uso de los recursos comunitarios a nivel del destinatario final; acoge con satisfacción los informes elaborados por el Tribunal de Cuentas de los Países Bajos que han provocado la adopción de medidas por parte del Gobierno de ese país;

ix. destaca que, al examinar las operaciones a efectos de la redacción de la declaración de fiabilidad, el Tribunal de Cuentas detectó pagos irregulares por valor de 418 millones de euros; pide a la Comisión que recupere los importes satisfechos indebidamente a los Estados miembros y que proponga una simplificación del procedimiento de infracción, que permite la imposición a un Estado miembro del pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva, previa sentencia del Tribunal de Justicia, si la Comisión estima que el Estado miembro en cuestión ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE (artículo 228).

Respuesta de la Comisión al punto 5. (ix) :

La detección de irregularidades y la recaudación de fondos se efectúa al amparo de una legislación específica, adecuada a los diversos sectores de actividad de la Comisión. Se detallan a continuación las medidas tomadas en diversos sectores:

Agricultura: Garantía - La Comisión tiene en cuenta los resultados de la DF en la revisión de cuentas del FEOGA de cuentas. En cuanto al FEOGA - Orientación, se han verificado todos los casos DF y la recuperación está en curso; o se han percibido las cantidades indebidas o, en casos particularmente graves, la Comisión ha iniciado procedimientos de infracción contra los Estados miembros en cuestión.

{0>Agriculture: Guarantee - The Commission takes into account the results of the DAS in the EAGGF Guarantee clearance of accounts.<}70{>Desarrollo regional: por lo que se refiere al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los servicios de la Comisión controlan el seguimiento de todos los casos de errores sustantivos de los pagos señalados por el Tribunal. Otras investigaciones ante los Estados miembros están realizándose aún en algunos casos. Éstas investigaciones permitirán a la Comisión bien reunir pruebas de que se han efectuado las correcciones necesarias en relación con los errores aceptados por los Estados miembros, bien sacar una conclusión definitiva en los otros casos.

Los Estados miembros no siempre deben devolver los importes pagados en todos los casos de error detectados por el Tribunal. Por ejemplo, si un programa en el que se ha detectado un error no está cerrado, puede procederse a una compensación con los nuevos gastos subvencionables.

Los servicios de la Comisión responsables de actividades de empleo aseguran un seguimiento estrecho de todos los errores sustantivos detectados por el Tribunal de Cuentas durante el ejercicio de la DF 1999. Se informó a los correspondientes Estados miembros de estos errores para que adoptasen las medidas apropiadas. Como 1999 era el último año de programación del período 94-99, la mayoría de los errores se corregirán en el marco del procedimiento de cierre de los programas operativos 2001-2002. Las peticiones finales de pago deberán ajustarse para tener en cuenta las observaciones del Tribunal y, en su caso, habrá que emitir órdenes de ingreso.

Además, el Reglamento (CE) n° 2236/95 del Consejo, de 18 de septiembre de 1995, sobre normas generales para la concesión de ayuda financiera comunitaria en el sector de las redes transeuropeas dispone que los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para recuperar los importes perdidos a consecuencia de una irregularidad, incluidos los intereses por reembolsos tardíos, de conformidad con las normas aprobadas por la Comisión. Los funcionarios o agentes de la Comisión pueden controlar in situ, incluidos los llevados a cabo por muestreo, los proyectos financiados al amparo del citado Reglamento y pueden examinar los sistemas de control y las medidas adoptadas por las autoridades nacionales, quienes informarán a la Comisión de las medidas tomadas a este respecto.

La Comisión puede solicitar al Estado miembro que lleve a cabo un control in situ para verificar la regularidad de la solicitud de pago. En estos controles pueden participar funcionarios o agentes de la Comisión y su participación será obligatoria si el Estado miembro la solicita.

Por lo que se refiere a la administración, se descubrieron dos errores de pago. El primer se refería a una diferencia de 75,50 euros entre el importe declarado y el correcto. No se procedió a ninguna recuperación al considerar que el artículo 85 del Estatuto no era aplicable. El segundo error se refería a una diferencia de 3.055,32 euros: se emitieron dos órdenes de ingreso. El interesado está reembolsando el saldo por pagos escalonados. A 27 de junio de 2001, el saldo adeudado era de 1.444,01 euros. La Comisión continúa sus esfuerzos por recuperar el resto.

Por lo que se refiere al sector pesauero, se detectó un error de pago de 24.191,87 euros. En su petición de reembolso de los gastos relacionados con la vigilancia en el mar en 1999, las autoridades griegas no declararon a la Comisión los importes deducidos por sanciones o intereses de demora. Aplicaron, además, una deducción del 0,10% a ciertos pagos para financiar el gasto operativo del ministerio de Desarrollo. En los contactos preliminares con los servicios competentes de la Comisión, las autoridades griegas no se opusieron a que los importes en cuestión se dedujeran de futuros pagos. El 8 de septiembre de 2000 se envió una carta a las autoridades griegas en la que se expresaba el punto de vista de la Comisión, coincidente con el del Tribunal de Cuentas. Dado que las autoridades griegas no respondieron a la carta de la Comisión, pese a varios recordatorios, se emitió una orden de ingreso el 14 de marzo de 2001. En un control in situ efectuado en julio de 2001, se informó a los funcionarios que, debido a un error de traducción de la solicitud de reembolso, las autoridades griegas consideraban que no debían efectuar ningún reembolso. Por tanto, la Comisión ha insistido para que se proceda al reembolso.

Una simplificación del procedimiento de infracción implicaría una modificación del Tratado. El Tribunal de Justicia ha subrayado que la Comisión goza de un amplio margen discrecional en la apertura de procedimientos de infracción en virtud del artículo 228 del Tratado; la Comisión, además, utiliza otros procedimientos especializados y efectivos para la recuperación de fondos en aquellos casos en que los gastos efectuados en los Estados miembros son importantes (FEOGA y Fondos Estructurales). La Comisión considera, pues, que no es urgente cambiar el procedimiento actual.

3.5. Tribunal de Cuentas

6. (Tribunal de Cuentas)

3.6. Oficina de lucha contra el fraude

7. Señala que es urgente una medida de clarificación de la política de información de la OLAF, que permita tener en cuenta de manera rigurosa y equilibrada tres exigencias que de alguna manera son contradictorias:

i. la exigencia de transparencia respecto de la autoridad de aprobación de la gestión;

ii. la exigencia de confidencialidad respecto de determinadas informaciones cuya divulgación puede perjudicar intereses materiales o morales legítimos;

iii. la exigencia de respeto de la presunción de inocencia y de los derechos a la defensa de las personas físicas o jurídicas cuestionadas;

Respuesta de la Comisión al punto 7:

La OLAF está sumamente interesada en facilitar al Parlamento Europeo los datos referentes, de conformidad con la legislación vigente, a los casos de fraude e irregularidades que afecten a los intereses financieros de las Comunidades. Dada que es preciso, por una parte, respetar la confidencialidad, para no comprometer las investigaciones en curso o para no dañar los derechos legítimos de la defensa y, por otra, informar al Parlamento para que esta Institución pueda ejercer sus funciones de aprobación de la gestión presupuestaria, la OLAF ha tomado la iniciativa de elaborar un proyecto de documento sobre su política de comunicación en los casos de fraude e irregularidades que afectan a los intereses financieros de las Comunidades, a efectos de satisfacer estos diversos objetivos. El proyecto de documento, actualmente en estudio por los servicios competentes de la Comisión, se ha presentado al Comité de vigilancia de la OLAF para que emita un dictamen.

8. Espera recibir de la OLAF, con arreglo a las condiciones de confidencialidad pertinentes establecidas en el Anexo VII del Reglamento, los informes finales internos y externos de las investigaciones sobre programas u organizaciones que recaen bajo la responsabilidad de las siguientes Direcciones Generales; pide a la OLAF que indique la fecha en que se recibió la acusación, el coste global, los principales problemas detectados y las recomendaciones a la Comisión o a otros organismos:

Dirección General // tráfico ilícito de productos a base de mantequilla

Agricultura: //

Dirección General // Delegaciones de la Comisión incluidas

Relaciones Exteriores: // Washington,

// IRELA (Instituto de Relaciones Europeas Latino Americanas)

// ACEAL (Asociación para la Cooperación Europa-América Latina),

Oficina Humanitaria: // ECHOFLIGHT - África,

// Federación Internacional de la Cruz Roja - antigua Yugoslavia,

Dirección General // Foro Europeo de Migrantes,

Justicia y Asuntos de Interior: //

Dirección General // Fondo Social Europeo en los Países Bajos, España y Empleo y

Asuntos Sociales: // Dinamarca,

Dirección General // Edificio Berlaymont

Personal y Administración: //

Respuesta de la Comisión al punto 8:

La OLAF está de acuerdo en la necesidad de disponer de reglas exactas para informar al Parlamento de los casos de fraude e irregularidades que afecten a los intereses financieros comunitarios. Por lo que se refiere a los citados casos específicos, la situación actual es la siguiente:

Mantequilla

El caso de la mantequilla adulterada es complejo, debido a la implicación de organizaciones criminales y a que afecta a varios Estados miembros. Las investigaciones siguen su curso. Las autoridades francesas han finalizado recientemente una comisión rogatoria en Italia, en presencia de investigadores de la OLAF y de personal de la Comisión, tendente a establecer si existía riesgo o no para la salud pública en función de los elementos conocidos sobre la naturaleza de la mantequilla adulterada y sobre el destino del producto final. La acción de recuperación está en curso ante los operadores que adquirieron el producto transformado. El reglamento sobre la lista negra se ha aplicado a algunos de estos operadores económicos.

Washington

La OLAF está reexaminando el informe interno de la Comisión sobre la Delegación de Washington tras haber recibido de nuevo el informe de los servicios de la Comisión en agosto. Sin embargo, dadas las conclusiones del informe, es poco probable que la OLAF inicie una investigación.

IRELA

La OLAF está investigando aún el caso IRELA. Dada la complejidad del caso y la necesidad de entrevistar a un considerable número de personas, es previsible que no se ultime el expediente hasta dentro de dos o tres meses.

ACEAL

La OLAF continúa su investigación sobre ACEAL.

ECHOFLIGHT

La OLAF ha concluido recientemente la investigación sobre ECHOFLIGHT. No se ha encontrado ninguna prueba de fraude, por lo que se ha cerrado el expediente.

Foro europeo de emigrantes

La OLAF ha ultimado la investigación sobre el Foro Europeo de Emigrantes, habiéndose transmitido a las autoridades judiciales belgas el expediente.

FSE

La OLAF está siguiendo estrechamente la evolución del expediente relativo al Fondo Social Europeo en los Países Bajos y está dispuesta a proporcionar ayuda a las autoridades judiciales holandesas, en caso de necesidad.

Berlaymont

Los trabajos sobre el caso Berlaymont están en curso. Es un caso complejo, en el que intervienen distintos niveles de responsabilidad. La OLAF informará de los resultados de su investigación.

3.7. Comisión

9. Espera que la Comisión informe sobre la evolución de los casos examinados anteriormente, en particular con vistas a solucionar las deficiencias subyacentes al sistema que demuestran tales casos:

i. Retroactividad y proporcionalidad - Asunto Flechard

a) Recuerda que en 1991 una empresa francesa, denominada Flechard, acordó transportar 6.750 toneladas de mantequilla irlandesa a la antigua Unión Soviética, previa presentación de una garantía de 17.617.500 ecus; destaca que una misión conjunta de la DG VI y las autoridades irlandesas, que viajó a Polonia en Mayo de 1992, llegó a la conclusión de que la transacción se había orquestado como un fraude desde el principio;

- observa que la Comisión aprobó el 19 de julio de 1993 el Reglamento (CEE) nº 1938/93 en virtud del cual se reducía la garantía a 6.277.500 ecus lo aplicó retroactivamente a Flechard;

- entiende que la decisión de reducir la garantía a 3.033.750 ecus se tomó durante la reunión del 7 de enero de 1994, presidida por el vicejefe de gabinete del Presidente de la Comisión, en presencia del Interventor, el Director general del Servicio Jurídico y el Director del FEOGA;

- destaca que la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude, el Servicio Jurídico del Parlamento Europeo, el Tribunal de Cuentas y el Comité de Expertos Independientes han cuestionado el fundamento jurídico de la decisión, tomada por la Comisión, de reducir la multa a 3.003.750 ecus;

b) Lamenta que la Comisión tomara una decisión ad hoc:

- sin suficiente fundamento jurídico;

- sin llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el fraude;

- sin la participación del Colegio de Comisarios o del Comisario responsable, sobre la base de una reunión de sus altos funcionarios, cuya acta ha desaparecido;

c) Acoge positivamente, no obstante, que la Comisión haya:

- reconocido por primera vez ante el Parlamento que la actuación en el caso Flechard era cuestionable;

- reconocido que hubiese tenido que llevar a cabo una investigación más exhaustiva;

- comprendido el alcance de los problemas destacados en este caso;

d) Pide a la Comisión que:

- declare de manera clara e inequívoca que hoy día no actuaría de la misma manera en un caso similar;

- presente para noviembre de 2001 unas directrices sobre la aplicación del principio de proporcionalidad, tal como lo ha prometido

- asegure que el Colegio de Comisarios va a tomar una decisión formal en casos en que esté implicada la proporcionalidad para la condonación de deudas superiores a 1 millón de euros o 100.000 euros si ello representa una reducción superior al 25%;

Respuesta de la Comisión al punto 9. (i) :

En la sesión plenaria de abril de 2001, la Sra. Schreyer hizo una declaración diáfana e inequívoca sobre este caso. Se ha creado un grupo de trabajo interservicios en respuesta a la petición del Parlamento de que la Comisión presentara directrices sobre la aplicación del principio de proporcionalidad. Está previsto que la Comisión adopte una comunicación sobre la aprobación de estas directrices. De esta manera, la Comisión fijará dentro de poco una serie de disposiciones que protejan certera y transparentemente los intereses financieros de las Comunidades cuando por razones de proporcionalidad se renuncie a la constatación de títulos de crédito.

(ii) Lino

Pregunta por qué motivos se tomaron medidas insuficientes por parte de las autoridades competentes en España, incluso si la Comisión (Control financiero y Dirección General de Agricultura) y la Oficina de Lucha contra el Fraude señalaron deficiencias en los sistemas de control; pide a la Oficina de Lucha contra el Fraude que examine irregularidades similares en el sector del lino en otros Estados miembros; pide a la Comisión de Control Presupuestario que continúe el seguimiento de este expediente; espera de la Comisión que aplique rigurosamente unas sanciones financieras a España y otros Estados miembros en el contexto del procedimiento de liquidación de cuentas; espera de la Comisión que sancione adecuadamente la violación de la legislación comunitaria tanto por los productores de lino como por el sector de la transformación.

Respuesta de la Comisión al punto 9. (ii) :

En función de los resultados definitivos de las investigaciones en curso de la OLAF y de las autoridades competentes de España, la Comisión calculará la parte del gasto correspondiente a este régimen que se excluirá de la financiación comunitaria. En este contexto, la Comisión está investigando actualmente, en el marco de la reglamentación comunitaria, las consecuencias financieras que pueden aplicarse, con arreglo al procedimiento de liquidación de cuentas, al Estado miembro en cuestión. Se ha celebrado una reunión bilateral entre los servicios de la Comisión, la OLAF y las autoridades españolas. Se está preparando una decisión sobre las correcciones. Se ha informado por carta a las autoridades españolas que se considerarán todos los gastos en el sector del lino durante los ejercicios presupuestarios 1996-2000.

El informe sobre la investigación de la OLAF en el sector del lino, en la medida en que concernía a España, se ha transmitido ya a la Comisión de control presupuestario del Parlamento Europeo. Otras investigaciones en el sector de lino se están llevando a cabo en otros Estados miembros del norte y sur de Europa.

(iii) Adulteración de productos lácteos

El Parlamento expresa su inquietud ante las noticias sobre el fraude que supone la falsificación de 35.200 toneladas de mantequilla, orquestado por una organización mafiosa multinacional; recuerda que se pagaron ayudas comunitarias por lo que fue declarado ilegalmente como mantequilla; insta a la Oficina de Lucha contra el Fraude a que continúe coordinando los controles en determinados Estados miembros, incluyendo a Italia, Francia y Bélgica; pide a la Comisión, dentro del procedimiento de liquidación de cuentas, que aplique unas sanciones financieras máximas una vez concluida la investigación por parte de la Oficina de Lucha contra el Fraude.

Respuesta de la Comisión al punto 9. (iii):

La OLAF continúa coordinando las investigaciones en curso sobre presuntas irregularidades en relación con productos adulterados a base de mantequilla (cf. respuesta al punto 8). Las eventuales correcciones financieras se incluirán en una decisión de liquidación basada en los resultados de las investigaciones judiciales nacionales en las que participa la OLAF; dichas correcciones se efectuarán de conformidad con el procedimiento oficial contemplado en el artículo 4 (obligaciones de los organismos liquidadores de los Estados miembros) del Reglamento (CE) n° 1258/1999, sobre financiación de la Política Agrícola Común.

(iv) Ampliación

a) lamenta, por lo que se refiere a la ayuda destinada a la administración pública, la falta de estrategia, las características generales de los objetivos y el hecho de que los países candidatos no tengan, al parecer, la capacidad de aplicar, administrar y controlar programas destinados a preparar la adhesión; acoge, no obstante, con satisfacción las mejoras logradas en los programas de hermanamiento;

b) lamenta, por lo que respecta al programa PHARE), la concentración de las decisiones financieras al final del año; destaca que la Comisión se ha visto obligada a efectuar pagos tardíos como consecuencia de la aprobación de presupuestos rectificativos y suplementarios al final del año; manifiesta su preocupación por las consecuencias financieras de estos hechos para los beneficiarios finales de los programas o proyectos; espera que la adopción de nuevas directrices mejore los procedimientos de licitación;

c) pide a la Comisión que asegure que, antes de su adhesión a la Unión, todo país candidato haya introducido los sistemas de control adecuados en los ámbitos de gestión compartida de fondos comunitarios.

Respuesta de la Comisión al punto 9. (iv):

(a) Tal y como se ha puesto de relieve en la evaluación de PHARE, la Comisión comparte las preocupaciones del Parlamento sobre la capacidad de los países candidatos, con las dificultades consiguientes para la absorción efectiva de la ayuda de la UE. El problema no puede ser abordado satisfactoriamente sino por los propios países candidatos. La Comisión los ayudará a tomar conciencia del problema (en especial, a través de informes periódicos y de asociaciones para la adhesión) del problema y posteriormente les ofrecerá los medios para resolverlo. Este capítulo constituirá una de las prioridades principales de PHARE.

(b) Los programas nacionales PHARE de un determinado año resuelven las deficiencias detectadas en los informes periódicos, que solamente se concluyen hacia finales del año anterior. Típicamente se precisan seis meses para preparar el programa nacional PHARE. El programa se compone de proyectos en numerosos sectores. Al aceptarse sólo los proyectos que están completamente a punto, el tiempo que toma la elaboración del programa viene determinado por el ritmo de avance del proyecto más lento. Se necesitan cuatro meses más para que el programa pase todos los procedimientos de aprobación (consulta interservicios, traducción, aprobación del Comité de Gestión, decisión de la Comisión, compromiso presupuestario, firma del Protocolo de financiación). En 2002, la

Comisión va a desdoblar los programas nacionales de los países, de modo que los proyectos de consolidación de las capacidades institucionales y las inversiones correspondientes que estén disponibles puedan avanzar con mayor rapidez. De este modo, podrá comprometerse gran parte del presupuesto en la primera mitad del año.

A condición de disponer de los suficientes créditos de pago, la Comisión espera se cumplan ahora los plazos de pago en el programa PHARE.

(c) La Comisión colabora estrechamente con los países candidatos para ayudarlos a introducir una «amplia descentralización» en la ayuda de preadhesión dejando sin aplicación el derecho al control a priori en las licitaciones y contratos adjudicados por estos países y basándose únicamente en los controles a posteriori. Esto sólo puede hacerse basándose en un análisis completo de los sistemas de gestión y control financieros establecidos en los países candidatos. En la medida de lo posible, la Comisión desearía que tales sistemas sean operativos antes de la adhesión, con objeto de asegurarse de su correcto funcionamiento.

(v) Ayuda alimentaria a Rusia

Manifiesta dudas en cuanto a la oportunidad del programa de abastecimiento de productos agrícolas a la Federación de Rusia y se pregunta si los objetivos buscados se han alcanzado; lamenta que la Comisión no haya podido hacer valer sus orientaciones ante las autoridades federales rusas; espera que la Comisión presente al Parlamento Europeo, antes de finales de 2001, el informe de auditoría final.

Respuesta de la Comisión al punto 9. (v) :

La Comisión hizo todo lo posible en circunstancias difíciles para que el programa decidido por el Consejo lograra, en amplia medida, cumplir su principal objetivo: entregar eficazmente ayuda alimentaria a Rusia. Surgieron algunos problemas, especialmente en lo que se refiere al control de la distribución de los productos alimenticios en Rusia a través de organizaciones rusas. La Comisión puso fin al programa en diciembre de 1999. Se informará al Parlamento Europeo de los resultados de la auditoría en cuanto estén disponibles.

(vi) Seguridad nuclear

Alienta a la Comisión a proseguir sus esfuerzos en lo relativo a:

a) las operaciones realizadas por la Unión Europea en el ámbito de la seguridad nuclear en los países de la Europa Central y Oriental (PECO) y en los Nuevos Estados Independientes (NEI), con vistas a mejorar la gestión de las ayudas en el contexto del proceso de reformas, tal y como se perfila, particularmente, en el documento sobre «Externalización de la gestión de los programas comunitarios» , de 12 de mayo de 2000, elaborado por el Grupo de Coordinación y Planificación sobre Externalización, y

b) la redistribución de recursos presupuestarios mediante la creación de una línea independiente, con la intención de reforzar la cooperación en el ámbito de la seguridad nuclear para los países del programa TACIS.

Respuesta de la Comisión al punto 9. (vi) :

(a) La Comisión sigue mejorando la gestión de las ayudas exteriores, incluidas las ayudas para consolidar la seguridad nuclear.

(b) El 6 de septiembre de 2000, la Comisión decidió reorganizar las responsabilidades de los programas de seguridad nuclear destinados a los países de Europa Central y Oriental y a los Nuevos Estados Independientes. En esta decisión se precisan las responsabilidades y, particularmente en lo que se refiere a la ayuda preadhesión PHARE, se reducen los intermediarios entre los diversos operadores de la Comisión.

Por lo que se refiere al instrumento financiero PHARE, se encargó a una Dirección de la Comisión la responsabilidad sobre el ciclo completo del proyecto. Esta Dirección creó a continuación un «grupo de trabajo para la seguridad nuclear» con objeto de abordar tanto los problemas políticos que se plantean en esta materia en el contexto de la ampliación, como la entrega de la ayuda financiada por PHARE. Este grupo de trabajo fue operativo en la primera mitad de 2001. La Dirección encargada de la coordinación en este tema disfruta del apoyo de la Dirección de transportes como servicio responsable de problemas de seguridad nuclear. La concentración de responsabilidades en la DG Ampliación permite al servicio responsable del proceso de adhesión combinar la ayuda financiera con el diálogo de preadhesión con los países candidatos, contribuyendo de esa manera a aunar los esfuerzos de la Comisión tendentes a asegurar la mejora de los niveles de seguridad nuclear en los países candidatos. Simultáneamente, se han racionalizado aún más la participación de las delegaciones comunitarias en los países candidatos y los informes que remiten a la sede central, con objeto de agregarlos a los efectos producidos por las actividades de la Comisión.

Como una medida más para mejorar la gestión de la ayuda en este ámbito, la Comisión adoptó también nuevas normas de contratación en materia de seguridad nuclear (para mayores detalles, cf. Anexo a la Comunicación COM (2000) 493 final). Estas normas deberían contribuir a mejorar, en principio, los objetivos de los programas.

Ya en el presupuesto de 2001 se creó una línea específica (B7-524 «Asistencia en el ámbito nuclear» con un p.m. La asignación para el sector nuclear se efectuará mediante una transferencia de créditos. En el AP 2002, la Comisión propuso asignar 85 millones de euros con el fin de consolidar la cooperación en el sector nuclear de los países TACIS. Además, para la línea B7-525 «Fondo para la realización de un macizo de protección en Chernóbil» se propuso la cantidad de 25 millones de euros.

(vii) «Escrutinio» de delegaciones

a) Lamenta que el personal y los recursos asignados a las delegaciones de la Comisión no siempre se correspondan con las actuales prioridades políticas de la Unión o el importe de ayuda desembolsado; indica que se registra una distribución desigual de recursos, señalando, por ejemplo, que la delegación de Mali, responsable de un presupuesto anual de 152 millones de euros, cuenta con una plantilla de seis funcionarios, en tanto que Barbados, con un presupuesto insignificante de ayuda, también cuenta con 6 funcionarios; observa que no hay delegaciones en regiones clave como Singapur, Malasia o alguno de los Estados del Golfo;

b) Observa que, a la vista de las ventajas derivadas del Anexo X del Estatuto de los funcionarios, el coste medio de un funcionario en ultramar asciende a 270.000 euros en el primer año y a 207.000 en los años siguientes, en comparación con el coste medio de un funcionario en Bruselas o Luxemburgo de 120.000 euros; observa que el coste de un expatriado reclutado a nivel local únicamente representa la tercera parte del coste de un funcionario; anima a la Comisión a continuar el programa de redistribución iniciado en 1996 para la creación de delegaciones regionales; observa que, desde 1996, se han redistribuido 70 puestos estatutarios entre delegaciones y 50 puestos desde las oficinas centrales hacia las delegaciones; considera que diferentes puestos de funcionarios en los países ACP podrían ser legítimamente ocupados por expatriados reclutados a nivel local.

c) Pide una clara definición de los cometidos que se han de encomendar a todas las categorías del personal; considera que se ha de adoptar un enfoque coherente en cuanto a la proporción de funcionarios frente a personal local; pide una propuesta sobre la manera de simplificar la gestión del personal auxiliar y temporal y de los funcionarios a fin de evitar la aplicación de criterios diferentes.

Respuesta de la Comisión al punto 9. (vii) :

(a) Con respecto a la asignación desigual de recursos en las delegaciones de la que se ha informado, el Órgano Colegiado decidió recientemente (COM(2001)381, de 03.07.01) redistribuir recursos dentro del servicio exterior, incluyendo la apertura de nuevas delegaciones y la racionalización de otras existentes. Con respecto a la asignación de recursos a la delegación de la Comisión en Barbados, debe subrayarse que esta delegación tiene responsabilidades regionales que abarcan 13 países. Con respecto al deseo del Parlamento de que continúe el programa de redistribución, esta cuestión también se abordó en la reciente comunicación sobre el servicio exterior.

(b) La posibilidad de reemplazar a funcionarios con expatriados contratados in situ es uno de los instrumentos utilizados por la Comisión, siempre y cuando el perfil profesional haga posible tal sustitución.

(c) La petición del Parlamento en el sentido de definir claramente las competencias que deben conferirse a todas las categorías de personal se trata en el programa de la reforma administrativa en curso. Por lo que se refiere a la ratio funcionarios/agentes locales, la redistribución de funcionarios iniciada en 1996 constituye un reajuste equilibrado de este tipo. Esta operación continuará. Con respecto a la petición del Parlamento de que se presente una propuesta sobre los medios de simplificar la gestión de personal a fin de evitar la aplicación de normas diferentes, los diversos modelos contractuales utilizados por el servicio exterior están relacionados con los diversos aspectos de la definición de misión (tareas temporales o permanentes). El programa de reforma administrativa prevé un estudio del marco jurídico aplicable al personal no permanente (auxiliares, expertos nacionales en comisión de servicios). El Anexo X del Estatuto no permite ni contratos de auxiliares ni personal temporal en terceros países.

(viii) Delegación de Sarajevo

Celebra que, a iniciativa del Parlamento, la Comisión conceda mayores competencias a la delegación de Sarajevo, que ahora desempeña un cometido modélico para otras oficinas.

(ix) Delegación de Jerusalén

a) Celebra que 23 delegaciones más hayan sido seleccionadas para asumir responsabilidades financieras directas, incluida la delegación de Jerusalén; observa que aunque la ayuda a Palestina asciende a 132 millones de euros, en 1999 la oficina de Jerusalén estaba ocupada básicamente por dos funcionarios de grado A, un funcionario de grado B y un funcionario de grado C; pide a la Comisión, a la vista de sus nuevas tareas, que incremente el número de plantilla en Jerusalén más allá del límite máximo establecido de funcionarios y expertos señalado por las autoridades israelíes, iniciando negociaciones con Israel según sugirió ya la propia delegación en 1999;

b) Destaca la importancia de la ayuda de la Unión Europea en el marco del proceso de paz en Oriente Medio; hace hincapié en que tanto la evaluación externa independiente como el informe especial nº 19/2000 del Tribunal de Cuentas mencionan que el impacto positivo de la ayuda ha quedado reducido por un número de factores, entre ellos la fragmentación de l