P8_TA(2018)0512

Conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre Terrorismo

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2018, sobre las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre Terrorismo (2018/2044(INI))

(2020/C 388/07)

El Parlamento Europeo,

— Vista su Decisión, de 6 de julio de 2017, sobre la constitución de una comisión especial sobre terrorismo y el establecimiento de sus competencias, composición numérica y mandato (1), aprobada en virtud del artículo 197 de su Reglamento interno,

— Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

— Visto el informe de la Comisión Especial sobre Terrorismo (A8-0374/2018),

Preámbulo

A. Considerando que la Unión se basa en los valores de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como en los principios de la democracia y el Estado de Derecho; que los actos de terrorismo constituyen una de las violaciones más graves de estos valores y principios universales;

B. Considerando que la Unión debe hacer todo lo posible para garantizar la integridad física y psicológica de sus ciudadanos amenazados por los terroristas; que la lucha contra el terrorismo requiere situar a las víctimas en un lugar central; que las sociedades deben proteger, reconocer, ayudar y compensar a las víctimas del terrorismo; que el artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales consagra el derecho a la libertad y el derecho a la seguridad, que se complementan entre sí;

C. Considerando que la respuesta a la amenaza terrorista debe ser siempre plenamente conforme con los principios reconocidos por el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y debe respetar los derechos y libertades fundamentales, así como los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales, teniendo en cuenta el posible efecto sobre personas inocentes que constituyen la inmensa mayoría de la población;

D. Considerando que el terrorismo debe condenarse en todas sus formas y manifestaciones, sea quien sea su autor y sea cual sea el lugar en el que se produzca y la razón por la que se comete, ya que constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales;

E. Considerando que la amenaza terrorista ha aumentado y se ha desarrollado rápidamente en los últimos años; que los ataques terroristas nos han afectado profundamente a todos y han causado la muerte o heridas a numerosos inocentes; que el carácter transfronterizo del terrorismo exige una respuesta y una cooperación firmes y coordinadas dentro y entre los Estados miembros, así como entre las agencias y órganos competentes de la Unión, y con los países terceros relevantes;

Marco institucional

F. Considerando que la seguridad de un Estado miembro supone la seguridad de todos los Estados de la Unión; que las amenazas que plantea el terrorismo requieren un enfoque holístico que vincule la seguridad interna y externa y garantice la coordinación nacional y europea; que la Unión y los Estados miembros han avanzado en la lucha contra estas amenazas, pero que este avance se logra lamentablemente en mayor medida bajo la presión de los acontecimientos que de forma proactiva, y que no se alcanza el mismo nivel de progreso en todos los Estados miembros;

G. que la seguridad nacional es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros, con arreglo al artículo 4, apartado 2, y artículo 73 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), mientras que, de conformidad con el artículo 4, apartado 3 y el artículo 42 del TUE, la Unión y los Estados miembros se prestarán asistencia mutua en la ejecución de las tareas que se derivan de los Tratados; que la seguridad nacional depende cada vez más de su dimensión europea más amplia; que la seguridad nacional no está definida a escala de la Unión, dejando así un amplio margen de discrecionalidad a los Estados miembros;

H. Considerando que, al mismo tiempo, el artículo 4, apartado 2, del TFUE designa el ámbito de libertad, seguridad y justicia como un ámbito de competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros; que la Unión tiene competencias específicas para facilitar y fomentar la coordinación y la cooperación entre los Estados miembros, así como en materia de armonización de las legislaciones y prácticas entre los Estados miembros; que el mandato de la acción de la Unión está previsto en el artículo 67 del TFUE para garantizar un «nivel elevado de seguridad mediante medidas de prevención de la delincuencia»;

I. Considerando que las agencias nacionales de seguridad e inteligencia de los Estados miembros de la Unión y de algunos terceros países cooperan de manera eficaz a través del Grupo «Contraterrorismo» (CTG), un órgano informal fuera de la Unión, y de forma bilateral y multilateral; que el CTG dispone de una plataforma para el intercambio de inteligencia operativa que ha mejorado la velocidad y la calidad de la inteligencia compartida; que la Unión cuenta con un complejo de estructuras establecidas que tratan total o parcialmente asuntos relativos al terrorismo, en particular a través del Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo (ECTC) de Europol, como nodo central para el intercambio de información y la cooperación de las fuerzas del orden en el ámbito de la lucha contra el terrorismo a nivel de la Unión, y del Centro de Inteligencia y Situación de la Unión Europea (EU INTCEN), como puerta de acceso a la información estratégica de los servicios de inteligencia y seguridad de la Unión por la que la información del CTG llega a los responsables políticos europeos, y que facilita el coordinador europeo para la lucha contra el terrorismo;

J. Considerando que la línea entre la competencia de la Unión y la competencia nacional no siempre está clara, debido a las diferentes características y prerrogativas geográficas, lo cual subraya la importancia de la cooperación entre los dos niveles de gobernanza; Considerando que el panorama heterogéneo de actores regionales, nacionales, de la Unión e internacionales en la lucha contra el terrorismo con competencias superpuestas y mandatos insuficientemente definidos, la multitud de foros formales e informales de cooperación e intercambio de información, así como la división de competencias entre las diferentes agencias regionales y nacionales, entre los servicios con funciones coercitivas y los servicios de inteligencia, y entre la Unión y los Estados miembros subraya la complejidad de las dificultades, y puede suscitarlas, con respecto a la coordinación, la eficiencia y la coherencia de la respuesta a la amenaza terrorista;

K. Considerando que el comisario para la Unión de la Seguridad es un valioso actor para unir el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las políticas de la Comisión; que la creación del puesto de Comisario para la Unión de la Seguridad pone de manifiesto el compromiso de la Unión de fomentar y respaldar la cooperación entre los Estados miembros en cuestiones de seguridad interna, armonizar la legislación antiterrorista y garantizar una mejor cooperación entre las autoridades coercitivas y judiciales, a la vez que se respeta plenamente el estado de estas cuestiones como competencias nacionales establecidas en los Tratados;

L. Considerando que el coordinador de la Unión para la lucha contra el terrorismo es un actor importante en el seguimiento de la aplicación de la estrategia de la Unión contra el terrorismo; Considerando que el coordinador de la Unión para la lucha contra el terrorismo, de conformidad con el mandato que le confiere el Consejo Europeo, se encarga de la aplicación y evaluación de la estrategia y de la coordinación del trabajo dentro de la Unión, así como de fomentar la comunicación entre la Unión y terceros países; que el coordinador de la Unión para la lucha contra el terrorismo ofrece un asesoramiento valioso, mantiene contacto con las instituciones y agencias europeas y los Estados miembros, y contribuye a reforzarlas; que, sin embargo, su mandato y su estatuto no están bien definidos;

M. Considerando que el 6 de julio de 2017 el Parlamento creó una comisión especial, la Comisión Especial sobre Terrorismo (TERR) con el objetivo de expresar la opinión del Parlamento sobre las lagunas prácticas y legislativas del actual régimen antiterrorista que han permitido que se produjeran los recientes ataques terroristas en la Unión, y de formular recomendaciones que contribuyan a hacer frente a la amenaza terrorista a escala de la Unión;

N. Considerando que la Fiscalía Europea, que debe crearse sobre la base del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, tendrá la importante tarea de investigar y perseguir las infracciones penales que afecten a los intereses financieros de la Unión; que su creación y la asignación de recursos financieros a este nuevo organismo no deben repercutir negativamente en la capacidad de las estructuras actuales, como Eurojust, para facilitar los esfuerzos de los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo;

O. Considerando que, de las 88 medidas jurídicamente vinculantes contra el terrorismo propuestas entre septiembre de 2001 y el verano de 2013, solo una cuarta parte fue objeto de evaluaciones de impacto y solo tres se sometieron a consulta pública (2); que esta relación ha mejorado en los últimos años y que las iniciativas más recientes presentadas por la Comisión en 2017 y 2018 fueron acompañadas de la justificación necesaria; que, con el Programa de Mejora de la Legislación aprobado en 2015, la Comisión también ha reforzado su política de consulta con las partes interesadas; que las medidas de lucha contra el terrorismo podrían ser más eficaces y coherentes si se consultara a las partes interesadas adecuadas y se realizaran evaluaciones de impacto;

P. Considerando que la evaluación exhaustiva por parte de la Comisión de la política de seguridad de la Unión menciona la aplicación incompleta como uno de los retos de la Unión de la Seguridad;

Q. Considerando que la evaluación de las medidas de lucha contra el terrorismo es vital para evaluar su eficacia, pertinencia, coherencia y respeto de los derechos fundamentales, y determinar si es necesario adoptar medidas adicionales para abordar las deficiencias; que existe una diferencia entre controlar el grado de aplicación y la eficacia real de las medidas aplicadas; que entre 2001 y 2016 hubo diecisiete informes de seguimiento de la aplicación y de evaluación, frente a diez estrategias de lucha contra el terrorismo y 55 medidas legislativas y no vinculantes; que es fundamental que los Estados miembros apliquen rápidamente las legislaciones europeas en el ámbito de la seguridad a fin de evitar que se produzcan lagunas en el arsenal europeo de medidas contra el terrorismo;

Amenaza terrorista

R. Considerando que en los últimos años los Estados miembros de la Unión han sufrido importantes atentados terroristas; que los atentados que más víctimas mortales han causado han sido perpetrados o inspirados por grupos yihadistas como Dáesh o Al-Qaeda; que estos grupos terroristas (3) y sus actividades se ven facilitados a veces por determinados países; que también sigue siendo motivo de preocupación el extremismo violento de extrema derecha, de extrema izquierda y étnico-nacionalista separatista, que pretende derrocar los valores democráticos y el sistema regido por el Estado de Derecho en la Unión mediante el uso ilegítimo de la violencia;

S. Considerando que los Estados miembros de la Unión se enfrentan a una creciente amenaza del extremismo violento de ultraderecha, así como de la violencia neofascista y neonazi dirigida contra oponentes políticos, refugiados e inmigrantes, minorías étnicas y religiosas, personas LGBTQI, defensores de los derechos humanos, activistas y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad;

T. Considerando que, si bien la mayoría de los atentados terroristas cometidos en la Unión en 2017 fueron calificados de atentados separatistas (137 de un total de of 205), en el Informe sobre la situación y las tendencias del terrorismo (TE-SAT) 2018 de Europol se afirma claramente que ninguna de las actividades notificadas en ninguna categoría de terrorismo ha sido tan letal y ha tenido un impacto tan grande en la sociedad en su conjunto como las cometidas por terroristas yihadistas; que el creciente riesgo de terrorismo como represalia es un grave problema que no debe subestimarse;

U. Considerando que, mientras un atentado terrorista sea un «atentado generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil», debe considerarse que los asesinatos terroristas están cubiertos y tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 17 de julio de 1998;

V. Considerando que la evolución y la inestabilidad en Oriente Próximo y el norte de África han permitido a Dáesh y otros grupos terroristas penetrar en los países fronterizos de la Unión, y reclutar a combatientes procedentes de países de la Unión a una escala sin precedentes; y que, como consecuencia, el nexo entre la seguridad interna y la externa se ha vuelto más prominente;

W. Considerando que miles de ciudadanos europeos o residentes en Europa se han sumado a Dáesh en sus actividades terroristas en Siria e Irak, pero que ha habido un cambio de estrategia desde el colapso militar de Dáesh, con una disminución del número de personas que viajan a estos países con fines terroristas y que se anima a los yihadistas terroristas y las «células durmientes» dentro de la Unión a que cometan atentados en sus países de origen o de residencia;

X. Considerando que los recientes ataques han demostrado que las armas de fuego y los explosivos siguen siendo métodos tradicionales utilizados por grupos terroristas; que, no obstante, es cada vez mayor el uso de otras armas y métodos que son mucho menos sofisticados y más difíciles de detectar, con el fin de provocar un número máximo de víctimas aleatorias entre la población civil;

Y. Considerando que el retorno de los combatientes terroristas extranjeros y sus familias plantea retos particulares en materia de seguridad y radicalización, en particular el de los niños repatriados que plantean problemas específicos, ya que necesitan protección como víctimas, pero que al mismo tiempo también pueden ser autores potenciales;

Z. Considerando que a menudo algunos de estos repatriados han recibido un prolongado adoctrinamiento ideológico y una formación militar en el uso de armas y explosivos, así como en diferentes tácticas de cobertura, ataque y combate, y que en algunos casos han establecido vínculos con otros terroristas, posiblemente antiguos combatientes extranjeros, con quienes forman redes transnacionales (4);

AA. Considerando que entre los autores de atentados terroristas en la Unión figuran a menudo ciudadanos de la Unión, con frecuencia inmigrantes de segunda o tercera generación que han crecido en los Estados miembros a los que han atacado, así como extranjeros que en algunos casos pueden haber residido por un período de tiempo significativo en el Estado miembro objetivo;

AB. Considerando que nuestras sociedades y fronteras abiertas son vulnerables y son utilizadas por los grupos terroristas; que los terroristas han tomado prestadas las rutas de acceso de los migrantes y los solicitantes de asilo a los países europeos, explotando la libre circulación en Europa;

AC. Considerando que existen casos documentados (5) en los que las víctimas de delitos graves perpetrados por terroristas de Dáesh en territorio sirio o iraquí han vuelto a encontrarse –aunque se consideran seguras– con sus verdugos en territorio de la Unión, donde ambos han solicitado protección;

AD. Considerando que el flujo de migrantes irregulares y refugiados plantea retos para su integración en las sociedades europeas y exige una inversión reforzada y específica dirigida a la inclusión social y cultural;

AE. Considerando que podrían utilizarse nuevas formas de terrorismo para un atentado, entre ellas el ciberterrorismo y el uso de armas de destrucción masiva, posiblemente en relación con nuevos equipos técnicos como los drones; que existe el precedente de un ataque frustrado que incluye ricina, un agente biológico altamente tóxico; que hay casos en los que los grupos terroristas han utilizado o planeado utilizar materiales químicos, biológicos, radiológicos o nucleares (QBRN) y han compartido a través de las redes sociales posibles tácticas y métodos para cometer atentados y alcanzar objetivos;

AF. Considerando que los Estados miembros tienen estrategias diferentes para responder a las amenazas híbridas y QBRN y, por lo tanto, diferentes niveles de preparación;

AG. Considerando que el Consejo Europeo de 28 de junio de 2018 acogió con satisfacción la Comunicación conjunta sobre la resistencia de Europa a las amenazas híbridas y QBRN, con el fin de determinar los ámbitos en los que debe intensificarse la acción para seguir profundizando y reforzando la contribución esencial de la Unión a la hora de hacer frente a estas amenazas, e instando a los Estados miembros y a la Comisión a que colaboren urgentemente en la plena aplicación del Plan de Acción QBRN;

AH. Considerando que hay que aplicar la prudencia ante el discurso político explotado por los agitadores de tanto de izquierda como de derecha en relación con la amenaza terrorista, o invocándola, a fin de evitar la polarización dentro de las sociedades y no socavar la democracia, la cohesión social y los derechos humanos, lo que supondría entrar en el juego de las organizaciones terroristas y contribuir a sus objetivos;

AI. Considerando que la Agenda Europea de Seguridad de abril de 2015 destacaba la necesidad de abordar el nexo entre el terrorismo y la delincuencia organizada, subrayando que la delincuencia organizada alimenta el terrorismo por medio de diferentes canales, como el suministro de armas, la financiación mediante el narcotráfico y la infiltración en los mercados financieros;

AJ. Considerando que grandes organizaciones terroristas internacionales como Dáesh y Al-Qaeda son autosuficientes en términos financieros y que se ha demostrado que el comercio ilícito de mercancías, armas de fuego, materias primas, combustibles, drogas, cigarrillos y objetos culturales, entre otras cosas, así como la trata de seres humanos, la esclavitud, la explotación infantil, el chantaje y la extorsión, son medios que los grupos terroristas utilizan para obtener financiación; que el vínculo entre la delincuencia organizada y los grupos terroristas constituye una grave amenaza para la seguridad; que estas fuentes podrían permitir la continuidad de la financiación de sus futuras actividades delictivas;

AK. Considerando que las interacciones entre organizaciones terroristas y grupos de delincuencia organizada, en las que la capacidad de causar víctimas masivas en la población civil de los Estados miembros de la Unión está relacionada con la capacidad logística para permitirlo, plantean grandes riesgos; que existe un bajo nivel de información y análisis de los servicios con funciones coercitivas y los servicios de inteligencia sobre el nexo entre la delincuencia organizada y el terrorismo; que las capacidades de investigación y judiciales dedicadas a la delincuencia organizada faltan a menudo en muchos Estados miembros y a escala de la Unión;

AL. Considerando que el terrorismo pretende debilitar y derrotar a las democracias; que los políticos y los gobiernos son actores cruciales para lograr un amplio consenso y una capacidad de recuperación social con el fin de defender eficazmente nuestros sistemas democráticos;

Prevenir y contrarrestar la radicalización que conduce al extremismo violento

AM. Considerando que el Centro de Excelencia de la Red de la Unión para la Sensibilización frente a la Radicalización ofrece una plataforma importante para el intercambio de mejores prácticas entre los profesionales, incluidas las autoridades policiales, y que ha contribuido a la recopilación de conocimientos importantes en el ámbito de la prevención y la lucha contra el extremismo violento (6);

AN. Considerando que la situación es diferente en cada Estado miembro y que una nueva revisión de la estrategia europea para luchar contra la radicalización podría respaldar las estrategias nacionales, que son importantes para proporcionar marcos generales para los programas a nivel nacional y local; que estas estrategias deben ser coherentes y eficaces y necesitan contar con una financiación suficiente para las autoridades locales y las partes interesadas de la sociedad civil para que puedan ejecutarse estos programas;

AO. Considerando que es imposible identificar solo una vía hacia la radicalización; que la cohesión social, el contexto político, la situación económica, los ideales religiosos e ideológicos, los traumas personales y las vulnerabilidades psicológicas, por ejemplo, así como el entorno y las redes, pueden constituir otros tantos factores y desencadenantes; que la dimensión de género se había subestimado hasta hace poco y que existe una idea equivocada sobre el papel que pueden desempeñar las mujeres; que las mujeres no son siempre sujetos pasivos y que también actúan como movilizadoras, captadoras, recaudadoras de fondos e incluso como autoras de actos terroristas;

AP. Considerando que algunos barrios de rentas bajas de ciudades europeas se enfrentan al desempleo masivo y al desmoronamiento sistemático del Estado de Derecho, creando las bases para el extremismo religioso y el terrorismo; que el fomento de la inclusión social y la promoción activa de los valores democráticos que todos los ciudadanos deben respetar pueden ayudar a reducir los sentimientos de marginación y atenuar el riesgo de radicalización; que la lucha contra la radicalización y el extremismo violento exige una colaboración estrecha y coordinada entre todos los agentes involucrados en todos los niveles de la gobernanza (local, regional y nacional), así como con la sociedad civil y el sector privado;

AQ. Considerando que los expertos subrayan la experiencia positiva ofrecida por un enfoque multiagencia, centrándose en la creación de infraestructuras que tengan en cuenta los diferentes caminos que conducen a la radicalización y la población en situación de riesgo, y garanticen la prestación de apoyo inicial a las personas vulnerables a la radicalización y a sus familias por parte de distintas autoridades y organizaciones en múltiples niveles, y haciendo hincapié en la función de apoyo de la policía, fortaleciendo así la relación;

AR. Considerando el papel positivo de la policía de proximidad para conocer mejor y mantener relaciones de confianza con las personas vulnerables basadas en el respeto mutuo con las poblaciones en cuestión a fin de actuar en anticipación a los fenómenos de radicalización y evitar la creación de sentimientos de desconfianza hacia el Estado y sus instituciones;

AS. Considerando que hasta el momento no existen metodologías claras para medir la eficacia de los proyectos para prevenir la radicalización y luchar contra ella;

AT. Considerando que varios fondos y programas europeos pueden utilizarse para proyectos que luchan contra la radicalización y la previenen a escala europea, nacional, regional y local; que el presupuesto de la Unión hasta 2020 asigna 314 millones de euros a proyectos de lucha contra la radicalización (7); que es necesaria una evaluación continua de la eficacia de dichos programas; que la medición de la eficacia de las acciones preventivas contra la radicalización es intrínsecamente difícil y requiere una estrecha cooperación entre la Comisión, los Estados miembros, las partes interesadas particulares y los investigadores;

AU. Considerando que Europol estima que, en 2018, hay alrededor de 30 000 yihadistas radicalizados en la Unión;

AV. Considerando que en el territorio de muchos Estados miembros de la Unión ha estado cada vez más presente un discurso extremista radicalizado violento, a menudo en forma impresa, o como contenido didáctico o audiovisual, incluso en las redes sociales y los canales de televisión por satélite; que este discurso va en contra de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, socava el pluralismo, promueve la violencia y la intolerancia contra todas las demás religiones, es abiertamente antisemita, niega la igualdad entre hombres y mujeres y promueve un modelo retrógrado de la cultura y la sociedad;

AW. Considerando que la literatura principalmente wahabí y salafista alimentada por la incitación al odio predomina en determinadas librerías y en línea en Europa; que esta versión globalizada y simplista del Islam rompe con las prácticas de las comunidades musulmanas en Europa y contribuye a socavar su integración más amplia;

AX. Considerando que la aspiración del fundamentalismo islámico radical es que la religión domine todas las esferas de la vida (privada, política y social), cuya consecuencia puede ser una forma de comunitarismo sensible a las acciones de los captadores yihadistas;

AY. Considerando que se han documentado numerosos casos de predicadores radicales del odio en toda Europa; que los predicadores del odio a menudo provienen de fuera de la Unión, mientras que algunos lugares de culto reciben fondos opacos de terceros países, muchos de los cuales tienen regímenes autoritarios o religiosos que no gobiernan conforme a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos;

AZ. Considerando que existen centros de enseñanza religiosa autoproclamados que propagan ideas extremistas en la Unión, en los que los menores, incluidos niños pequeños, pueden estar expuestos a un contenido contrario a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, e incluso a contenido violento; que las organizaciones extremistas que preparan el terreno para la captación de terroristas a menudo explotan las vulnerabilidades de los jóvenes, atrayéndolos con ofertas sociales y culturales;

BA. Considerando que la sofisticada estrategia de comunicación web para comercializar el terrorismo glorificándolo, utilizada especialmente por Dáesh, pero también por otros grandes grupos terroristas internacionales, ofrece un diseño copiado de la «cultura juvenil» global, como los juegos en línea, y tiene, por lo tanto, un fuerte atractivo para los niños y los jóvenes; que este modelo les atrae también ofreciéndoles oportunidades sociales y culturales;

BB. Considerando que varias investigaciones recientes han mostrado que internet y, en particular, las redes sociales, pueden servir de motor de la radicalización que conduce al extremismo violento y de instrumento para que los grupos xenófobos difundan discursos de odio y contenidos ilícitos, especialmente entre los jóvenes;

BC. Considerando que, tras reiterados llamamientos para un mayor compromiso en la lucha contra el terrorismo, las mayores empresas de internet están asumiendo sus responsabilidades; Considerando que en el Foro Europeo de Internet puesto en marcha en 2015 las empresas cooperan para eliminar contenido terrorista de sus sitios web de manera voluntaria si consideran que infringe sus términos y condiciones; que en mayo de 2016 se estableció un código de conducta para las grandes empresas de las tecnologías de la información, destinado a combatir la incitación al odio ilegal en línea; que esta cooperación voluntaria es sin embargo insuficiente;

BD. Considerando que, a finales del segundo trimestre de 2018, la Unidad Europea de Notificación de Contenidos de Internet (EU IRU) de Europol ya había evaluado 54 752 contenidos producidos en 10 lenguas diferentes en 170 plataformas en línea, lo que provocó 52 716 decisiones de remisión con un índice de éxito de eliminación del 89,5 % sobre la base de un examen voluntario por los proveedores de servicios en línea en los que se había cometido los abusos (8);

BE. Considerando que, aunque se han realizado algunos avances con respecto a la eliminación de contenido terrorista en línea, es necesario aumentar el compromiso de las empresas; que las eliminaciones a menudo no son completas ni oportunas ni permanentes, al eliminar el contenido en un sitio web pero dejándolo en otro perteneciente a la misma empresa, o permitiendo que la cuenta permanezca activa o reaparezca después de haber publicado contenido que infrinja las condiciones de servicio de una empresa; que debe mejorarse la presentación eficaz, exhaustiva y transparente de informes por parte de las empresas y de las fuerzas del orden; que las empresas y los usuarios en cuestión deben poder solicitar reparación judicial;

BF. Considerando que, en respuesta al hecho de que las empresas más grandes eliminan más contenido, los grupos terroristas utilizan cada vez más plataformas nuevas o más pequeñas que son menos aptas para la eliminación rápida de material terrorista; que esta diversificación a plataformas más pequeñas hace que sea esencial un soporte técnico adicional que permita, por ejemplo, la introducción de herramientas automáticas independientes de la plataforma, como la tecnología de hash capaz de identificar contenido terrorista en línea de antemano con un alto grado de precisión e impedir su publicación;

BG. que el desarrollo de nuevas tecnologías y el uso de inteligencia artificial y algoritmos pueden permitir identificar y notificar rápidamente sobre contenidos terroristas en línea; que el uso de herramientas automatizadas también conlleva el riesgo de falsas respuestas positivas;

BH. Considerando que los estudios e informes muestran cómo las cárceles pueden evolucionar fácilmente hacia el microcosmos del nexo entre delincuencia y terrorismo, donde se producen la captación y la creación de redes; que la situación en muchas cárceles acelera la amenaza de radicalización de los delincuentes, incubando y permitiendo el terrorismo; que muchos de quienes cumplen condenas de cárcel volverán en poco tiempo a sus comunidades, lo que plantea retos especiales en cuanto a su reintegración y un alto riesgo de reincidencia; que el control de estos infractores de alto riesgo absorbe ingentes recursos de los servicios de seguridad de los Estados miembros; que los regímenes penitenciarios y la gestión de riesgos pueden desempeñar un papel importante para mitigar estas amenazas; que, si bien los Estados miembros reconocen que deben enfrentarse a un aumento de la radicalización en las cárceles, hacen falta medidas más eficaces;

Cooperación e intercambio de información

Cuestiones horizontales

BI. Considerando que la retención de datos, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es una parte esencial del proceso de investigación; que las autoridades policiales y judiciales y los servicios de inteligencia suelen depender en gran medida de los datos de las comunicaciones para proceder con éxito con sus casos; que la necesidad de un régimen adecuado de retención de datos en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo se planteó constantemente durante la labor de la Comisión TERR;

BJ. Considerando que el uso de cifrado contribuirá significativamente, por una parte, a la seguridad en el ámbito de las tecnologías de la información, pero, por otra, también será utilizado, por otra, por los terroristas para proteger sus comunicaciones o datos almacenados, lo que representa un importante desafío para los servicios policiales y judiciales, de seguridad y de inteligencia, ya que se les puede negar el acceso a la información y a pruebas esenciales; que el cifrado se vuelve particularmente crítico cuando incluso los proveedores responsables de servicios en línea no desean o no pueden descifrar la comunicación;

Sistemas de información

BK. Considerando que existen un marco fragmentado de los sistemas existentes, nuevos sistemas en proceso de desarrollo, propuestas de sistemas futuros y propuestas de reformas para abordar las lagunas y los obstáculos identificados que aún se están negociando; que este marco fragmentado es el resultado de factores históricos y de un enfoque reactivo en la propuesta y adopción de nuevas medidas legislativas;

BL. Considerando que se ha producido un aumento significativo de los intercambios de información desde los atentados de París de 2015, pero que los datos sobre intercambios de información muestran que un pequeño número de Estados miembros son responsables de una gran proporción del contenido disponible y de las búsquedas en las bases de datos de la Unión;

BM. Considerando que existen varios obstáculos para el buen funcionamiento de los sistemas de información, como una completa falta de aplicación o una aplicación incompleta, la falta de conocimientos o de formación suficiente en los sistemas existentes, la falta de recursos suficientes, incluidos los recursos humanos, o de una base material adecuada y la escasa calidad de los datos en los sistemas de información;

BN. Considerando que los sistemas de información pueden dividirse en sistemas centralizados y descentralizados, los primeros gestionados por la Unión y sus agencias y los segundos por los Estados miembros; que los sistemas de información centralizados incluyen el Sistema de Información de Schengen (SIS), el Sistema de Información de Visados (VIS), Eurodac, el Sistema de Entradas y Salidas (SES) y las propuestas de Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) y de Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (ECRIS-TCN);

BO. Considerando que los sistemas y mecanismos descentralizados para el intercambio de información son gestionados por las autoridades de los Estados miembros e incluyen: el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), para el intercambio de información sobre antecedentes penales nacionales; el sistema de registro de nombres de los pasajeros (PNR) de la Unión, que exige que las líneas aéreas compartan los datos de los pasajeros con las autoridades nacionales para todos los vuelos entre terceros países y la Unión; el sistema de información anticipada sobre los pasajeros (API), que recopila información sobre los pasajeros antes de los vuelos de entrada a la Unión; y el marco de Prüm para el intercambio de datos de ADN, huellas dactilares y registro de vehículos;

BP. Considerando que, de los sistemas informáticos de la Unión Europea en el espacio de libertad, seguridad y justicia, el SIS es el más grande, el más eficiente y el más utilizado, que cuenta con el apoyo de la red de oficinas SIRENE y que aporta un valor añadido significativo en el ámbito de la cooperación policial internacional y el control fronterizo y, en particular, en la lucha contra el terrorismo;

BQ. Considerando que la evaluación del VIS de 2016 constató que el acceso al VIS con fines policiales ha sido limitado y fragmentado en todos los Estados miembros;

BR. Considerando que, a pesar de los reiterados llamamientos para el establecimiento de un sistema europeo de PNR, no todos los Estados miembros han demostrado el mismo compromiso y la mayoría de ellos no han cumplido el plazo de transposición de dicha legislación; que los Estados miembros que han superado este plazo de transposición deberán adoptar sin más demora todas las medidas necesarias para una aplicación plena e inmediata de esta Directiva;

BS. Considerando que se están ejecutando varios proyectos piloto con el objetivo de superar las desventajas de un sistema descentralizado de PNR de la Unión; que es necesario responder rápidamente a las solicitudes de las Unidades de Información sobre los Pasajeros (UIP) de otros Estados miembros, lo cual puede ser un reto ya que se procesan manualmente;

BT. Considerando que, en el contexto de la estrategia de gestión de la información (IMS), 6. a lista de medidas, existen actualmente dos proyectos piloto en curso cuyo objetivo es garantizar la interconexión con los sistemas descentralizados, a saber, ADEP (automatización de los procesos de intercambio de datos sobre los registros de policía) y QUEST («Consulta de los sistemas de Europol»); que seis Estados miembros participan ya en el proyecto piloto PIDA para la transmisión automatizada de archivos policiales entre diferentes países y que dicho proyecto está funcionando correctamente. que estos proyectos contribuyen a aportar soluciones reales y viables a los problemas derivados de la falta de interconectividad de los sistemas de información descentralizados y contribuyen a fomentar la confianza y la cooperación entre los Estados miembros;

Interoperabilidad

BU. Considerando que la Comisión presentó dos propuestas de Reglamento por el que se establece un marco de interoperabilidad entre los sistemas de información centralizados existentes y propuestos en materia de cooperación policial y judicial, asilo y migración, fronteras y visados, a saber, VIS, SIS, SES y Eurodac, así como SEIAV y ECRIS-TCN una vez que se adopten las bases legales correspondientes;

BV. Considerando que los delincuentes aún pueden ser registrados actualmente en diferentes bases de datos no conectadas con distintos alias; que, por lo tanto, la estructura de la gestión de datos de la Unión tiene que mejorarse mediante la interoperabilidad para eliminar puntos ciegos y múltiples identidades falsas, y proporcionar la información correcta en el momento justo;

BW. Considerando que en el territorio de un Estado miembro puede haber una multitud de bases de datos descentralizadas separadas a nivel federal, regional y local, con distintos datos en diferentes sistemas y procedimientos complejos —o ninguno en absoluto— para que las autoridades pertinentes compartan o verifiquen los datos en los diferentes niveles;

BX. Considerando que el uso de un formato de mensajería común a escala de la Unión, como el formato universal de mensajes (UMF), facilitará un intercambio más fluido de datos e información entre las partes y entre los sistemas de interoperabilidad; que establecer la necesidad de utilizar ciertos ámbitos de UMF para intercambios particulares puede contribuir a mejorar la calidad de los datos en todos los sistemas a través de los cuales se intercambian mensajes; que también debe fomentarse el uso de este formato de mensajería común por parte de Europol e Interpol;

BY. Considerando que eu-LISA debería establecer mecanismos y procedimientos automatizados de control de la calidad de los datos, así como indicadores comunes de la calidad de los datos y normas mínimas de calidad para los datos almacenados en los sistemas de información; que el objetivo sería que los sistemas de información de la Unión y los componentes de interoperabilidad identificaran de forma automática presentaciones de datos aparentemente incorrectas o incoherentes, de modo que el Estado miembro que haya generado los datos pueda verificarlos y tomar las medidas correctoras que sean necesarias;

Cooperación e intercambio de información en el seno de los Estados miembros y entre los mismos

BZ. Considerando que los obstáculos a una cooperación más fluida a menudo se derivan de dificultades organizativas y jurídicas entre las distintas estructuras nacionales, regionales y locales dentro de los propios Estados miembros tales como; competencias superpuestas y mandatos insuficientemente definidos; vacilación para compartir información, ya que esto podría ocasionar la pérdida de responsabilidad o la pérdida de flujos de información importantes; obstáculos legales cuando se trata de compartir información entre diferentes autoridades; obligación de los servicios de competir entre sí por los recursos; y barreras técnicas para el intercambio de información;

CA. Considerando que el principio de propiedad de los datos es fundamental para garantizar la confianza de las autoridades responsables de la lucha contra el terrorismo en el intercambio de información a través de las bases de datos de la Unión entre los Estados miembros y con Europol;

CB. Considerando que combinar la información de los servicios de inteligencia y la de las autoridades policiales plantea importantes retos y riesgos jurídicos debido a las distintas normas sobre rendición de cuentas que se aplican a ambos tipos de información, incluidos los riesgos para el derecho fundamental de los sospechosos a tener un juicio justo cuando la información que recibe un tratamiento especial se utiliza como prueba en los procesos judiciales; que debe establecerse un marco jurídico para el intercambio de información entre los servicios de inteligencia y las autoridades policiales y judiciales, sobre todo teniendo en cuenta que la inteligencia a menudo se refiere a información sobre personas que aún no son sospechosas en el marco de investigaciones penales pero que pueden pertenecer a redes terroristas o ser combatientes terroristas extranjeros que retornan; que, no obstante, esto no debe conducir a una rebaja de las normas jurídicas;

CC. Considerando que la policía y los servicios de inteligencia reciben, procesan y transmiten información clasificada y no clasificada, lo que implica diferentes regímenes en cada una de las fases de la utilización de esta información; que también es necesario distinguir la inteligencia, es decir, la información procesada por los profesionales para un fin específico, de la mera información; que es necesario distinguir al menos la inteligencia criminal, vinculada a una misión de la policía judicial, de la inteligencia de seguridad, tratada en un marco administrativo;

CD. Considerando que la información que recibe un tratamiento especial debe gozar de una protección especial, incluso de mayor nivel que la información policial debido a los diferentes métodos de trabajo, tales como la recogida de información confidencial procedente de fuentes e informadores que deben mantenerse en el anonimato, y debido también a los diferentes objetivos que exigen mayor sensibilidad;

CE. Considerando que también podría ofrecerse una posible solución con la creación de centros o unidades de lucha contra el terrorismo en el territorio nacional; que dichos centros permiten que los representantes de los diferentes servicios se comuniquen entre sí con regularidad y debatan sobre la mejor manera de cooperar e intercambiar información; que esto ayuda a generar confianza entre los servicios y fomenta una mejor comprensión de sus respectivos métodos de trabajo y desafíos;

CF. Considerando que los servicios de seguridad tienden a cooperar e intercambiar información bilateralmente o multilateralmente, principalmente a través del Grupo «Contraterrorismo» (CTG), y con los organismos de la Unión a través del EU INTCEN, compartiendo información estratégica; que es necesario encontrar una solución práctica para colmar las brechas existentes entre las vías paralelas de los responsables del cumplimiento de la ley y de la comunidad de inteligencia, por ejemplo identificando áreas de cooperación específicas para permitir una cooperación más eficiente, sin dejar de mantenerlas separadas;

CG. Considerando que es posible aumentar la eficacia en el uso del CTG y del EU INTCEN para el intercambio de información;

CH. Considerando que la seguridad civil y militar y las agencias de inteligencia de los Estados miembros comparten sistemáticamente su información, incluida la relacionada con el terrorismo, con el EU INTCEN) dentro del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que proporciona análisis de inteligencia, alerta precoz y conocimiento de la situación a los distintos organismos de toma de decisiones de la Unión;

CI. Considerando que comunicar la información tras detectarse una concordancia únicamente a la oficina Sirene de los Estados miembros que emiten la alerta en virtud del artículo 36 y no al resto de los Estados miembros resulta a veces insuficiente para realizar el seguimiento de los movimientos de las personas relacionadas con el terrorismo o para completar la información relevante respecto de dichas personas; que la alerta precoz de otros Estados miembros que pudieran verse afectados podría ser, por ejemplo, necesaria en caso de que la persona no regresara directamente al Estado miembro de origen o si esta persona estuviera acompañada de nacionales de otro Estado miembro respecto de los cuales no se hubiera emitido ninguna alerta, dado que estos seguían siendo desconocidos para las autoridades competentes de ese otro Estado miembro;

CJ. Considerando que el Gobierno del Reino Unido ha notificado a la Unión su intención de abandonarla el 29 de marzo de 2019; que, no obstante, ha expresado su deseo de mantener su cooperación con la Unión en el ámbito de la seguridad y la lucha contra el terrorismo; considerando que la Unión y el Reino Unido son muy interdependientes en el ámbito de la seguridad y la lucha contra el terrorismo, y que el Reino Unido participa en muchos instrumentos jurídicos clave de la Unión en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal y tiene acceso a muchos sistemas y bases de datos de la Unión para el intercambio de información; considerando que deben alcanzarse acuerdos con la Unión en lo que respecta a todos los procedimientos pendientes; que todo futuro acuerdo debe prever la posibilidad de que el Reino Unido y la Unión puedan seguir compartiendo, recogiendo y analizando información vital en la lucha contra las formas graves de delincuencia; que el acuerdo de retirada debe garantizar un régimen de transición fluido y evitar, en la medida de lo posible, las brechas y obstáculos operativos que reducen la capacidad de la Unión Europea para luchar eficazmente contra la delincuencia organizada y el terrorismo;

Cooperación e intercambio de información con las agencias de la Unión

CK. Considerando que es imprescindible una cooperación eficaz y sistemática entre los Estados miembros y las agencias de la Unión, de acuerdo con sus mandatos legales, así como entre las agencias en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, especialmente la cooperación entre Europol y Eurojust para apoyar con más eficacia los esfuerzos para detectar, prevenir e investigar y enjuiciar a los autores de atentados terroristas; que Eurojust ha designado a un fiscal especializado en la lucha contra el terrorismo para establecer un el puente con el CELT en Europol para aumentar la cooperación y el intercambio de información entre las dos agencias;

CL. Considerando que el intercambio de información entre las agencias de la Unión no es óptimo debido al uso de distintos canales de comunicación seguros; que el establecimiento de un canal de comunicación interinstitucional seguro podría facilitar y mejorar el intercambio de información entre agencias como EU INTCEN, Europol y Frontex;

CM. Considerando que los oficiales de enlace de la lucha antiterrorista designados pueden aportar un valor añadido tanto al trabajo de las agencias como a sus propios Estados miembros;

CN. Considerando que existen diferencias en los Estados miembros en cuanto al número de autoridades competentes que pueden consultar las bases de datos de Europol o ponerse en contacto con Europol sin tener que pasar por los oficiales de enlace nacionales; que algunos Estados miembros carecen de redes de comunicación policial nacional restringidas y seguras, lo cual impide a sus autoridades competentes el acceso descentralizado, en particular a la plataforma segura de intercambio de información CT-SIENA;

CO. Considerando que varios instrumentos de la Unión, como la Decisión 2005/671/JHA, la Directiva sobre la lucha contra el terrorismo y el Reglamento de Europol, exigen que los Estados miembros compartan información sobre terrorismo con las agencias pertinentes; que un mayor intercambio de información con Europol y Eurojust de forma periódica, oportuna y sistemática, incluida la información contextual, de acuerdo con sus mandatos legales, facilita su trabajo para detectar los vínculos entre los casos y proporcionar una visión general de los desafíos y las mejores prácticas relacionadas con las investigaciones, enjuiciamientos y condenas por delitos de terrorismo; que en el marco de la Decisión 2005/671/JHA, los Estados miembros siguen sin intercambiar automáticamente información relevante con otro Estado miembro cuando dicha información podría utilizarse para prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos de terrorismo; que la información compartida con Eurojust ha aumentado en los últimos años, pero que siguen existiendo diferencias entre los Estados miembros en relación con la cantidad, el tipo y el alcance de la información compartida, lo cual podría dar lugar a la fragmentación de la información disponible;

CP. Considerando que CEPOL contribuye sustancialmente a la formación en la lucha antiterrorista de los agentes de los servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros y en terceros países prioritarios;

Reconocimiento mutuo y asistencia judicial

CQ. Considerando que los mecanismos de asistencia judicial se están sustituyendo progresivamente por instrumentos de reconocimiento mutuo, ya que estos últimos contribuyen a mejorar la cooperación transfronteriza entre las autoridades competentes dentro de la Unión acelerando y simplificando los procedimientos; que la Decisión sobre la orden de detención europea y la Directiva sobre la orden europea de investigación (OEI) son ejemplos de instrumentos de reconocimiento mutuo que los profesionales han encontrado útiles;

CR. Considerando que el principio de reconocimiento mutuo depende, por una parte, de la existencia de un alto nivel de confianza mutua entre los Estados miembros y, por otra, contribuye a aumentar la confianza mutua al permitir a las autoridades de diferentes Estados miembros colaborar de manera eficaz en la lucha contra el terrorismo;

CS. Considerando que los equipos conjuntos de investigación (ECI) facilitan la coordinación de las investigaciones y los enjuiciamientos en los casos de dimensión transfronteriza y permiten el intercambio de información y de pruebas en tiempo real; que los beneficios prácticos que resultan de la utilización de ECI incluyen un mejor intercambio de información, el intercambio de mejores prácticas, una mejor recopilación de pruebas y el reconocimiento mutuo de las acciones llevadas a cabo por las partes; que los ECI exigen una financiación adecuada que funcione con eficacia;

CT. Considerando que es necesaria una estrecha cooperación con los proveedores de servicios en línea cuando se trata de asegurar y obtener pruebas electrónicas a petición de la autoridad policial responsable y basadas en la legalidad procesal, dada su importancia para la investigación de los delitos de terrorismo;

CU. Considerando que el espacio Schengen sin fronteras interiores es un logro fundamental de la Unión, que solo es sostenible si se protegen de manera efectiva las fronteras exteriores, cesan los cruces ilegales de la frontera y se adoptan medidas de seguridad interior para hacer frente al riesgo de delitos graves; que se han aprobado numerosas propuestas para reforzar los controles de seguridad en las fronteras exteriores; que algunos Estados miembros han pedido más flexibilidad para la reinstauración temporal de controles en las fronteras interiores en caso de amenaza grave para el orden público o la seguridad pública como ha propuesto la Comisión Europea;

CV. Considerando que el 7 de abril de 2017 el nuevo Reglamento (UE) 2017/458 (9) por el que se modifica el Código de fronteras Schengen entró en vigor en respuesta, en particular, al empeoramiento de la amenaza terrorista a fin de verificar sistemáticamente los datos de todas las personas que cruzan las fronteras exteriores en las bases de datos pertinentes, incluidas las personas que gozan del derecho de libre circulación;

CW. Considerando que no se han aplicado algunas partes de la reglamentación que rige determinados ámbitos del control de fronteras, como la consulta sistemática de las bases de datos durante los controles fronterizos y el control riguroso de las condiciones de entrada exigidas;

CX. Considerando que el ataque frustrado de 21 de agosto de 2015 en el tren Thalys, los atentados perpetrados en París el 13 de noviembre de 2015 y los atentados de Bruselas del 22 de marzo de 2016 han demostrado que, en un número limitado de casos, los terroristas han abusado de sus deficiencias en las políticas de gestión de fronteras de la Unión y de varios Estados miembros, que no estaban preparados para una afluencia masiva; que, según las autoridades policiales, al menos ocho de los autores de estos ataques entraron en la Unión en flujos irregulares en los meses de julio, agosto y octubre de 2015; que, en otros casos, los futuros autores permanecieron en los Estados miembros a pesar de estar obligados a marcharse o a retornar; que esto demuestra determinadas deficiencias en las políticas de gestión de fronteras de la Unión y su aplicación a escala de los Estados miembros;

CY. Considerando que en las Conclusiones del Consejo 10152/17 se recomienda a los Estados miembros que, ante los migrantes irregulares, realicen controles, según el caso, a nivel nacional en las bases de datos alimentadas y utilizadas por las autoridades competentes y en el Sistema Automático de Identificación Dactilar (SAID) nacional, a nivel europeo e internacional en las bases de datos del SIS, Europol, VIS, Eurodac e Interpol (red I-24/7) y más específicamente en las bases de datos nominales y la base de datos sobre documentos de viaje robados y perdidos (SLTD), la de combatientes terroristas extranjeros y la de documentos de viaje relacionados con notificaciones (TDAWN);

CZ. Considerando que, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento (UE) n.o 1168/2011 y el dictamen favorable del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) puede procesar datos personales; que, no obstante, Frontex tiene dificultades para hacer un seguimiento del terrorismo debido al breve período de retención de datos personales establecido por el Reglamento (UE) 2016/1624, que es solo de 90 días; que entre Eurojust y Frontex solo existe un memorando de entendimiento que incluye el intercambio de información general, estratégica y técnica, pero no el intercambio de información personal; que existe la necesidad de un marco jurídico específico para que Frontex procese datos personales para cumplir sus cometidos;

DA. Considerando que es necesario que los funcionarios de Frontex también accedan a las bases de datos de Eurodac, SIS, SES y VIS en los pasos fronterizos para realizar controles;

DB. Considerando que actualmente no existen normas mínimas o normas comunes para la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que ejerzan su derecho a la libre circulación;

DC. Considerando que tres cuartas partes de los documentos fraudulentos detectados en las fronteras exteriores y en la Unión reproducen documentos de identidad expedidos por los Estados miembros y los países asociados con el espacio Schengen; que los documentos de identidad nacionales con un menor grado de seguridad son los documentos falsos detectados con mayor frecuencia;

DD. Considerando que algunos Estados miembros no obligan a las compañías aéreas a realizar en su territorio controles de conformidad de los datos personales de los pasajeros en su billete y en su documento de identidad o pasaporte, lo que dificulta determinar si la identidad indicada coincide con la verdadera identidad de la persona; que este asunto es de capital importancia para los vuelos dentro de la Unión; que, no obstante, los controles de identidad y la autenticación de los documentos de viaje deben seguir siendo competencia de las autoridades policiales;

DE. Considerando que las pruebas obtenidas en el campo de batalla a menudo son fundamentales para identificar a posibles combatientes terroristas extranjeros y víctimas, y deben incluirse en las bases de datos pertinentes a fin de llegar a los guardias fronterizos en tiempo real y ser compartidas con los investigadores y fiscales para las investigaciones y enjuiciamientos;

Financiación del terrorismo

DF. Considerando que varios Estados miembros no han ratificado todavía el Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo, de 16 de mayo de 2005, conocido como «Convenio de Varsovia», que constituye el convenio internacional más completo sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; que la confiscación de activos generados por actividades delictivas es una herramienta muy eficiente para combatir la delincuencia y el terrorismo, dado que priva a los delincuentes de los ingresos recaudados en sus actividades ilegales y evita que los terroristas organicen atentados; que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece las normas globales para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y señala las competencias jurisdiccionales cuyas medidas vigentes son deficientes para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;

DG. Considerando que la Unión ha adoptado dos instrumentos legislativos para aplicar las recomendaciones del GAFI, a saber, la 4.a y la 5.a Directiva contra el blanqueo de capitales, con el fin de colmar las lagunas detectadas a la luz de los ataques terroristas; que los Estados miembros tenían de plazo hasta el 26 de junio de 2017 para transponer la Directiva contra el blanqueo de capitales a su legislación nacional, pero que no todos lo han hecho; que varios Estados miembros siguen permitiendo que los propietarios beneficiarios últimos de fideicomisos, fundaciones y sociedades constituidas se mantengan en el anonimato, al igual que acciones al portador que facilitan la ocultación del origen y el destino de los flujos financieros y la propiedad de actividades económicas que dan cobertura a la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada; que la 5a Directiva contra el blanqueo de capitales aumentará la transparencia en estas cuestiones;

DH. Considerando que la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo destinada a investigar las supuestas infracciones y casos de mala administración en la aplicación de la legislación de la Unión relativa al blanqueo de capitales y elusión y evasión fiscales (Comisión PANA) verificó la manera en que los evasores fiscales cuentan con la ayuda activa de intermediarios profesionales, que aparentemente cumplen las obligaciones legales pertinentes;

DI. que, en julio de 2017, se concedió a la Comisión Europea y a Europol el estatuto de observador del Grupo Egmont, un organismo internacional compuesto por 156 unidades de información financiera, con el objetivo de aumentar la cooperación no solo entre estas unidades, sino también entre otras autoridades competentes;

DJ. Considerando que los abusos y usos indebidos de la recaudación de fondos en las redes sociales, la financiación por medio de asociaciones caritativas y sin ánimo de lucro, las pequeñas transferencias electrónicas y las tarjetas de prepago figuran entre los métodos de financiación utilizados por Dáesh y otras organizaciones terroristas; que las plataformas de microcréditos se utilizan para facilitar todos estos tipos de operaciones;

DK. Considerando que, junto con los métodos tradicionales de financiación del terrorismo, como las donaciones privadas, la extorsión, los secuestros para exigir un rescate, el abuso y uso indebido de las organizaciones sin ánimo de lucro, los sistemas de envíos de fondos formales e informales, el uso de la recaudación de actividades delictivas y las transferencias de efectivo o de fondos a través de los bancos, los recientes atentados terroristas han demostrado que los métodos de financiación emergentes por medios electrónicos, métodos de pago en línea como las monedas virtuales o las tarjetas de prepago anónimas y los sistemas de transferencias de valor no oficiales también plantean un riesgo de utilización indebida por las organizaciones terroristas para financiar sus actividades; que el anonimato que rodea a determinadas criptomonedas está provocando un aumento de su uso para actividades ilegítimas; que el uso de criptomonedas por delictivos organizados para financiar las actividades delictivas y el terrorismo y para blanquear el producto de la delincuencia ha aumentado en los últimos años; que Europol ha colaborado con las autoridades nacionales para desmantelar varias operaciones delictivas que implicaron el comercio de criptomonedas;

DL. Considerando que, en algunos países con sistemas bancarios menos desarrollados, el uso frecuente de los servicios de banca móvil dificulta a menudo la identificación de los beneficiarios de las transferencias de efectivo; que dichas transferencias de fondos mediante la banca móvil presentan altos riesgos para la financiación del terrorismo y que, al contrario, los servicios competentes deben poder acceder a la rastreabilidad de determinada financiación del terrorismo sin toparse con el secreto bancario en la inmensa mayoría de los casos; que el uso y transferencia de fondos por medio de sistemas de envío alternativos también presentan un riesgo de financiación del terrorismo;

DM. Considerando que la cooperación y el intercambio de información entre las entidades obligadas, las unidades de inteligencia financiera y las autoridades competentes son fundamentales para luchar eficazmente contra la financiación del terrorismo; que las unidades de inteligencia financiera, en el desempeño de sus funciones, deben tener acceso a la información y poder proceder al intercambio de la misma, por medio, entre otros medios, de una cooperación apropiada con las autoridades policiales; que resulta esencial seguir aumentando la eficacia y la eficiencia de las unidades de inteligencia financiera haciendo que los Estados miembros aclaren sus competencias y las modalidades de cooperación entre ellos;

DN. Considerando que el Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo es una herramienta útil para luchar contra la financiación del terrorismo; que no permite rastrear las actividades de financiación del terrorismo que utilizan operaciones SEPA, lo que genera importantes lagunas en la información; que un sistema europeo de seguimiento de la financiación del terrorismo complementario del Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo en vigor mejoraría la capacidad de la Unión para prevenir e investigar atentados terroristas al proporcionar información clave adicional sobre actividades de financiación del terrorismo y sería más eficiente y eficaz que buscar información financiera sobre transacciones sospechosas mediante información bilateral o multilateral o solicitudes de asistencia jurídica; que el Parlamento ha pedido en numerosas ocasiones el establecimiento de este sistema, en particular en su Resolución de 25 de noviembre de 2015 sobre la prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones terroristas (10);

Protección de las infraestructuras críticas

DO. Considerando que los incidentes en infraestructuras críticas, en particular los relacionados con atentados terroristas o intentos de atentados, pueden tener consecuencias transfronterizas y graves para la seguridad de los ciudadanos y de los Estados europeos;

DP. Considerando que los servicios se prestan a través de sistemas cada vez más complejos, lo que hace que el enfoque sectorial actual de las infraestructuras críticas europeas sea obsoleto;

DQ. Considerando que los ciberataques a los servicios electrónicos o a sistemas interconectados son un componente fundamental de las amenazas híbridas; que un aumento en el número de ataques cibernéticos tiene, o puede tener, efectos físicos en las infraestructuras críticas y en sus usuarios; que es necesario aumentar la disponibilidad para combatir las amenazas ciberterroristas;

DR. Considerando que la evaluación exhaustiva por la Comisión de la política de seguridad de la Unión y el estudio de evaluación de la Directiva 2008/114/CE indican que es probable que la amenaza a las infraestructuras críticas siga aumentando, que existe la necesidad de mejorar la capacidad de preparación y respuesta y de revisar la Directiva 2008/114/CE, y que existe un interés en focalizar las infraestructuras de transporte; que se necesita un marco mejor para aumentar la seguridad ferroviaria y abordar la cuestión de la protección de las áreas públicas de las infraestructuras de transporte, tales como los aeropuertos, los puertos y las instalaciones de transporte marítimo, así como las estaciones ferroviarias y las instalaciones de producción energética, prestando especial atención a las centrales nucleares;

DS. Considerando que los ataques contra infraestructuras críticas podrían tener consecuencias catastróficas; que los Estados miembros deben asegurar una protección adecuada e infalible de estas instalaciones;

DT. Considerando que la notificación de incidentes es fundamental para identificar las deficiencias, mejorar la eficacia de las medidas existentes, evaluar el rendimiento de las infraestructuras críticas durante un acontecimiento perturbador, sensibilizar sobre la necesidad de revisar los planes de seguridad existentes y detectar la aparición de nuevas amenazas;

DU. Considerando que los Estados miembros deben organizar más ejercicios de respuesta a las crisis, también en terceros países que aspiran a cooperar y a mejorar sus capacidades;

DV. Considerando que la protección y securización de las infraestructuras críticas y los blancos fáciles exigen una estrecha cooperación público-privada, incluso en el ámbito cibernético;

DW. Considerando que los servicios de seguridad privada desempeñan un papel a la hora de garantizar cadenas de seguridad resilientes, y que la contratación pública de sus servicios debe someterse, por lo tanto, a criterios de calidad específicos en lo referente a aspectos como la formación, la investigación y el control del personal, el control de calidad y la garantía de cumplimiento, la aplicación de avances tecnológicos y la gestión de los contratos;

DX. Considerando que, tras la evaluación de 2012 de la Directiva 2008/114/CE, la Comisión puso en marcha una fase piloto en la que participaron cuatro infraestructuras críticas de dimensión europea (Eurocontrol, Galileo, la red de electricidad y la red de transporte de gas natural);

DY. Considerando que la Comisión, en su comunicación sobre el nuevo marco financiero plurianual, propone aumentar significativamente la financiación de la seguridad y la defensa por la Unión, incluida la seguridad interior de la Unión;

DZ. Considerando que se han cometido en la Unión varios atentados terroristas perpetrados por personas conocidas por las autoridades; Considerando que las empresas de alquiler de vehículos carecen de la capacidad para intercambiar información, como los datos de reserva, con las agencias policiales con el fin de realizar controles cruzados con las listas de vigilancia oficiales y las bases de datos policiales;

Precursores de explosivos

EA. Considerando que en 2015 y 2016 se utilizaron explosivos en el 40 % de los atentados terroristas cometidos en la Unión (11);

EB. Considerando que el explosivo que se utilizó en la mayor parte de los atentados es el triperóxido de triacetona (TATP) (12), un explosivo de fabricación casera que sigue siendo el explosivo de preferencia de los terroristas; que el TATP puede fabricarse muy fácilmente utilizando solo unas pocas sustancias; que muchas fábricas e instalaciones civiles que utilizan esas sustancias siguen siendo accesibles para los delincuentes, incluidos los terroristas, dado que los Estados miembros no han aplicado medidas de ejecución de control, pese al Plan de Acción QBRN de la Unión;

EC. Considerando que, a pesar del Reglamento (UE) n.o 98/2013, algunos terroristas aún logran hacerse con precursores de explosivos, especialmente para la preparación de TATP; que aún es posible adquirir las sustancias incluidas en el anexo I; que el Reglamento (UE) n.o 98/2013 no prevé suficientes restricciones y controles, al exigir únicamente, por ejemplo, un registro de las transacciones; que es absolutamente prioritario garantizar unos controles más estrictos;

ED. Considerando que entre los principales problemas relacionados con la aplicación figuran el desconocimiento de la legislación vigente en toda la cadena de suministro, dado el gran número de operadores económicos que intervienen (minoristas de productos de limpieza para el hogar), y hacer cumplir las restricciones aplicables a las ventas en internet, las importaciones y la circulación dentro de la Unión;

EE. Considerando que la propuesta de la Comisión, de 17 de abril de 2018, de Reglamento sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos (COM(2018)0209) establece normas más estrictas y más armonizadas en lo relativo a la puesta en disposición, introducción, posesión y utilización de sustancias o mezclas que puedan utilizarse indebidamente para la fabricación ilícita de explosivos, con objeto de limitar su accesibilidad para el público en general y de garantizar la notificación adecuada de las transacciones sospechosas a lo largo de toda la cadena de suministro;

EF. Considerando que en los mercados en línea se pueden encontrar las sustancias químicas por su nombre escrito, su fórmula o su número de identificación del Servicio de Resúmenes Químicos (CAS), pero que en muchos casos solo se enumeran por su nombre genérico; que existen tantas variantes de los nombres que sería más fácil identificar las entradas de sustancias específicas si también fuera obligatoria la inclusión de un número CAS de búsqueda;

EG. Considerando que el Reglamento solo cubre las ventas al público en general, y no a los usuarios profesionales, que no están definidos en el Reglamento; que los criterios para definir quién es un usuario profesional difieren en el mercado interior;

EH. Considerando que, según la evaluación de impacto de 17 de abril de 2018 (SWD(2018)0104) y la propuesta de Reglamento correspondiente (COM(2018)0209), es necesario ampliar la formación impartida a las autoridades aduaneras en lo que respecta al reconocimiento de los explosivos y los precursores de explosivos durante el ejercicio de sus funciones en la frontera exterior;

Armas ilícitas

EI. Considerando que el acceso a armas de fuego y a componentes de aparatos explosivos desempeña un papel determinante para facilitar atentados terroristas; que, en la Unión, los grupos extremistas violentos a menudo tienen que recurrir a redes delictivas para adquirir armamento; que, según el informe TE-SAT 2018 de Europol, se utilizaron armas de fuego en el 41 % de todos los atentados, lo que supone un ligero aumento en comparación con 2016 (38 %) (13);

EJ. Considerando que en los últimos años se ha observado un aumento de las armas de fogueo convertidas y de las armas de fuego reactivadas; que recientemente también se han perpetrado varios atentados con diferentes tipos de cuchillos;

EK. Considerando que la relación entre delincuencia y terrorismo también facilita en mayor medida el acceso de los terroristas a las armas de fuego;

EL. Considerando que en las Conclusiones del Consejo de 8 de octubre de 2015 se invita a los Estados miembros a que proporcionen sistemáticamente información pertinente a Interpol y Europol;

Dimensión exterior

EM. Considerando que varias regiones de la vecindad de la Unión, como la región MENA y los Balcanes, se enfrentan a retos importantes, tales como los relacionados con los combatientes terroristas extranjeros y la gestión de los repatriados, así como con las células radicales locales;

EN. Considerando que los Balcanes siguen siendo una región clave para la estabilidad europea; que los desafíos relacionados con el terrorismo y el extremismo islamista agravan un contexto regional ya debilitado por la polarización étnica, política y social, así como por las redes delictivas; que los países de la región ya han sido blanco del terrorismo (se evitaron los atentados), y que ya se utilizan como países de tránsito para personas y armas;

EO. Considerando que todos los países de la región MENA se han visto confrontados con importantes acciones terroristas y siguen siendo un blanco fundamental; que, además de pasar por situaciones sociales y económicas críticas, estos países también pueden tener que hacer frente a múltiples retos relacionados con el retorno de los combatientes terroristas extranjeros de Dáesh y Al-Qaeda, habida cuenta del gran número de yihadistas procedentes de esta región; que el intercambio de información y una asociación sólida con estos terceros países clave, a través de un enfoque coordinado de la Unión que ofrezca cooperación y asistencia en forma de desarrollo de capacidades, permiten desbaratar ataques y desmantelar redes terroristas;

EP. Considerando que las regiones como MENA, el Sahel, el Cuerno de África, África Occidental, el Golfo y Asia Central también han experimentado el desarrollo de redes terroristas vinculadas a Dáesh y Al-Qaeda; que el extremismo religioso y la violencia sectaria que se benefician de la financiación son un motivo de grave preocupación, ya que permiten a las redes terroristas expandirse, vincularse con otras empresas delictivas y actuar en esas regiones tomando a Europa y los intereses europeos como objetivo;

EQ. Considerando que la financiación de Dáesh y otros grupos terroristas ha sido posible gracias a la complicidad activa o pasiva de determinados Estados, incluidos los llamados aliados de la Unión en la lucha contra el terrorismo, pero también de agentes privados;

ER. Considerando que es crucial que la Unión mantenga una sólida cooperación con los terceros países socios en la lucha contra el terrorismo; que debe mantenerse el diálogo sobre las medidas y las acciones emprendidas para luchar contra el terrorismo y su financiación , incluida la plena aplicación de las recomendaciones formuladas por el GAFI, y prevenir la radicalización, en particular con los países del Golfo; que la cooperación interparlamentaria con estos terceros países clave es uno de los instrumentos que deben reforzarse;

ES. Considerando que la Unión coopera con terceros países en la lucha contra el terrorismo de diversas formas; que se pueden utilizar varios instrumentos de la Unión para financiar programas de lucha contra el terrorismo en el extranjero; que la Unión ha establecido una red de expertos en lucha antiterrorista dentro de las delegaciones de la Unión; que las agencias de la Unión como Europol, Eurojust y CEPOL también cooperan con terceros países en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, por ejemplo mediante acuerdos estratégicos y operativos;

ET. Considerando que existe un sistema de sanciones de la Unión en el ámbito de la lucha contra el terrorismo que comprende tres tipos de medidas y es aplicado por el SEAE; que este sistema es incompleto y está infrautilizado debido a limitaciones de procedimiento y a la reticencia de los Estados miembros;

EU. Considerando que las Conclusiones del Consejo sobre la acción exterior de la UE en materia de lucha contra el terrorismo, aprobadas el 19 de junio de 2017, recuerdan el papel que desempeñan las misiones y operaciones de la política común de seguridad y defensa (PCSD) en la lucha contra el terrorismo mediante el fortalecimiento de la seguridad, la estabilidad, el control de las fronteras y la reforma del sector de la seguridad, así como a la hora de desarrollar capacidades en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y el intercambio de información;

Víctimas del terrorismo

EV. Considerando que son demasiadas las personas que han sido víctimas directas del terrorismo en toda la Unión, que ha dejado a miles de familias con enfermedades postraumáticas que afectan a su bienestar a largo plazo; que no existen cifras armonizadas sobre el número exacto de víctimas; que, antes de 2001, el IRA y ETA eran los principales responsables de la mayoría de las víctimas del terrorismo, pero desde entonces la mayoría de las muertes se ha debido a acciones terroristas organizadas o inspiradas por Al-Qaeda y Dáesh;

EW. Considerando que las muertes provocadas por atentados terroristas destruyen familias y que muchos de los supervivientes heridos de atentados terroristas sufren discapacidades, desfiguración, pérdida de extremidades y problemas psicológicos que les cambian la vida, y que su difícil situación tiene graves consecuencias para sus familiares cercanos y su comunidad, mientras que, con demasiada frecuencia, una vez que ha pasado la atención de los medios de comunicación se olvidan las necesidades a largo plazo de las víctimas; que el síndrome de estrés postraumático es un importante problema de salud pública en Europa; que no existen cifras globales a escala europea del impacto del terrorismo en la salud mental de la población tras los distintos atentados;

EX. Considerando que las víctimas del terrorismo tienen una posición muy específica y que atender sus necesidades no es solo una obligación legal en virtud de la legislación nacional, internacional y de la Unión sino también una responsabilidad para todas nuestras sociedades; que los recientes atentados cometidos en la Unión han provocado víctimas pertenecientes a un gran número de diferentes Estados miembros;

EY. Considerando que, a escala europea, no existe un estatuto jurídico definido para las víctimas del terrorismo a los efectos de acceder a los servicios comunitarios o derechos de compensación; que las víctimas de los recientes atentados terroristas cometidos en Europa aún carecen de justicia, de un tratamiento adecuado, de servicios de apoyo a las víctimas y de ayuda financiera; que las víctimas del terrorismo corren el riesgo de sufrir una victimización secundaria que les afecte no solo en los procedimientos judiciales, sino también en las múltiples interacciones que entablan con otras entidades estatales y no estatales;

EZ. Considerando que todavía existen discrepancias en la forma en que se han traducido en procedimientos a nivel nacional las disposiciones contenidas en la Directiva 2012/29/UE (14); que la Comisión aún no ha presentado su informe sobre la aplicación de esta Directiva; que el Parlamento Europeo aprobó el 30 de mayo de 2018 una resolución sobre la aplicación de esta Directiva (15);

FA. Considerando que la indemnización de las víctimas del terrorismo constituye tanto una forma de reconocimiento por parte de la sociedad del daño causado por el atentado como un medio de ayuda financiera y de restitución; que los niveles y procedimientos de indemnización varían considerablemente entre los Estados miembros, lo que agrava la percepción de injusticia por parte de las víctimas y su sufrimiento;

FB. Considerando que deben crearse sistemas de apoyo que garanticen que se represente y se preste ayuda de manera continua y sistemática también a las víctimas transfronterizas en su país, al tiempo que permanecen en contacto con los servicios de apoyo en el país donde tuvo lugar el atentado;

FC. Considerando que Eurojust ha facilitado la ejecución de solicitudes de asistencia judicial para coordinar y prestar ayuda en el ejercicio de los derechos de las víctimas del terrorismo, teniendo en cuenta los diferentes derechos y papeles de las víctimas extranjeras en sus sistemas jurídicos nacionales;

FD. Considerando que las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, también pueden sufrir daños provocados por el terrorismo, como daños materiales y la interrupción de la actividad comercial;

FE. Considerando que el Parlamento ha presentado un proyecto piloto para crear un «Centro europeo de coordinación para las víctimas del terrorismo» que reuniría a expertos operativos clave, defensores de las víctimas y organizaciones pertinentes de toda Europa con el fin de determinar las prioridades y problemas clave para las víctimas del terrorismo y proporcionar apoyo coordinado a través de las fronteras;

Derechos fundamentales

FF. Considerando que la Unión Europea desempeña un papel necesario en la promoción del respeto de los valores democráticos, incluidos el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; que, sin embargo, en la Unión existen prácticas y opiniones religiosas y políticas extremistas que son rotundamente contrarias a esos valores;

FG. Considerando que no hay conflicto, sino complementariedad y refuerzo mutuo, entre las medidas antiterroristas y la protección de las libertades; que se deben garantizar y proteger los derechos fundamentales para todas y cada una de las personas, y que todas las medidas adoptadas en la lucha contra el terrorismo deben afectar lo menos posible a la población inocente y no implicada;

FH. Considerando que las medidas de lucha contra el terrorismo han de garantizar siempre plenamente todos los principios y derechos fundamentales, incluidos los relacionados con la protección de la intimidad y los datos, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como las garantías procesales, como la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y el derecho a la información, garantizando que las personas dispongan de recursos eficaces para hacer frente a cualquier violación de sus derechos fundamentales, incluida la posibilidad del recurso judicial, y que se respete el acervo de la Unión en materia de derechos procesales; que esas medidas deben tener debidamente en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea;

FI. Considerando que es fundamental que las investigaciones en materia de lucha contra el terrorismo mantengan unos niveles elevados de profesionalidad y que todas las medidas aplicadas sean específicas, proporcionadas y necesarias; que las políticas en materia de lucha contra el terrorismo no deben provocar la exclusión y estigmatización social; que se podría pedir a la Agencia de los Derechos Fundamentales que presente un dictamen sobre la legislación en materia de lucha contra el terrorismo en el contexto de su marco plurianual;

FJ. Considerando que el personal policial y judicial está en primera línea en las operaciones de lucha contra el terrorismo; que existen múltiples casos documentados en los que los agentes policiales y judiciales y sus familias han sido el blanco de acciones y amenazas por parte de extremistas violentos, y que algunos de estos casos han culminado con ataques físicos violentos e incluso homicidios; que es sumamente importante el apoyo político y público al personal policial y judicial que protege los derechos fundamentales en las investigaciones en materia de lucha contra el terrorismo exponiendo su vida;

FK. Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales prohíbe la discriminación por razón de discapacidad y reconoce el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad; que los derechos de las personas con discapacidad en la Unión también están protegidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

Recomendaciones

Marco institucional

1. Considera que, si bien los Estados miembros siguen estando en primera línea para prevenir y responder a las amenazas, dadas sus competencias soberanas, existe una clara necesidad de reconocer plenamente el papel de la Unión Europea y de las medidas de lucha contra el terrorismo adoptadas en el marco de la «Unión de la Seguridad» para apoyarlos, coordinar y compartir las mejores prácticas, aportar soluciones comunes y valor añadido, para que puedan contrarrestar mejor los fenómenos de la radicalización, el extremismo y el terrorismo; considera que, en un espacio sin fronteras interiores, la actuación europea es fundamental para garantizar un alto nivel de seguridad en todo el territorio europeo, y que profundizar en la cooperación y en el intercambio de información entre los Estados miembros y con la Unión Europea es crucial para prevenir y responder a las amenazas terroristas con eficacia; insta a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión a que trabajen en pos de una cultura estratégica común;

2. Considera que la Unión y los Estados miembros deben mejorar su cooperación reforzando los órganos europeos existentes, las agencias y los servicios especializados de la Unión y los canales de cooperación entre las instituciones competentes de los Estados miembros y las instituciones judiciales; opina que debe dotarse de medios adicionales a esas agencias de la Unión para que puedan hacer frente al aumento de su volumen de trabajo;

3. Subraya la importancia que reviste el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros dentro de la Unión, pero también con terceros países; acoge con satisfacción las iniciativas emprendidas por algunos Estados miembros, pero también a nivel local por algunas ciudades o incluso por agentes privados, para definir instrumentos eficaces en la lucha contra el terrorismo;

4. Pide al próximo presidente de la Comisión que mantenga una cartera independiente para el comisario de Unión de la Seguridad;

5. Pide al Consejo que mantenga el puesto de coordinador de la UE para la lucha contra el terrorismo; considera que el coordinador de la UE para la lucha contra el terrorismo debe seguir desempeñando un papel proactivo a la hora de reforzar la respuesta de la Unión en la lucha contra el terrorismo; pide que se aclaren la posición y el papel del coordinador para la lucha contra el terrorismo, como puente entre las instituciones competentes de la Unión y las agencias de los Estados miembros;

6. Considera que la libertad, la seguridad y la justicia son tres aspectos que no pueden analizarse por separado; considera que el respeto de los derechos fundamentales debe ser una parte esencial de todas las iniciativas legislativas sobre terrorismo; aboga por que las competencias de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior sigan incluyendo la lucha contra el terrorismo, con el fin de garantizar la coherencia con otros expedientes legislativos en el espacio de libertad, seguridad y justicia;

7. Pide al Consejo que amplíe las competencias de la Fiscalía Europea para que incluyan la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo;

8. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que sigan reforzando y apoyando la red Atlas de unidades civiles especiales de intervención antiterrorista de los Estados miembros de la Unión;

9. Insta a la Comisión a que realice de forma sistemática evaluaciones de impacto y consultas con los ciudadanos y los expertos de las partes interesadas sobre futuras propuestas legislativas en el ámbito de la lucha contra el terrorismo;

Amenaza terrorista

10. Pide a la Comisión que colabore con los Estados miembros para lograr una mayor transparencia y una comprensión común de los niveles de amenaza; pide a los Estados miembros que transmitan rápidamente la información sobre el cambio del nivel de amenaza y su motivación; pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que no restrinjan su visión del terrorismo al yihadismo, sino que sigan igualmente atentos a otras formas de terrorismo que se basan en otros motivos, como las mencionadas en los informes TE-SAT de Europol;

11. Pide a la Comisión que fomente, en los foros internacionales pertinentes, la clasificación explícita del terrorismo como «crimen de lesa humanidad», establecida en el artículo 7 del Estatuto de Roma que condujo a la creación de la Corte Penal Internacional;

12. Pide a los Estados miembros, en consonancia con las conclusiones del Consejo de Europa ( 16 ) , que reconozcan que Dáesh ha cometido actos de genocidio, principalmente contra el pueblo yazidí, minorías cristianas y minorías musulmanas no suníes, y pide a todos los Estados miembros que emprendan acciones inmediatas y eficaces de conformidad con su obligación a tenor de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 a fin de impedir y castigar los actos de genocidio, así como en vista de su responsabilidad general de actuar contra los delitos recogidos en el Derecho Internacional;

13. Pide a los Estados miembros y a las agencias competentes de la Unión que vigilen a todos los combatientes terroristas extranjeros y garanticen la seguridad y un seguimiento judicial armonizados de los repatriados identificados que han regresado a Europa; pide a la Comisión que ayude a los Estados miembros a establecer sistemas de clasificación coherentes que permitan distinguir entre los repatriados de alto, medio y bajo riesgo;

14. Recomienda a los Estados miembros que proporcionen estructuras adecuadas para responder a la cuestión de los niños repatriados, y, en particular, que desarrollen un instrumento de evaluación de los riesgos y necesidades basado en las etapas del desarrollo de los niños y en su grado de implicación en actividades delictivas en el extranjero; hace hincapié en que los programas de rehabilitación deben basarse en un enfoque multidisciplinario que reúna distintos tipos de conocimientos especializados, incluidos los de los profesionales experimentados en los ámbitos del trauma, el extremismo, el desarrollo infantil, la educación y la evaluación de riesgos, y estar adaptados al contexto local y nacional, así como contar con estructuras jurídicas y organizativas claras que permitan hacer frente a este preocupante fenómeno; anima a los Estados miembros a que cooperen con el Comité Internacional de la Cruz Roja, dado que tiene un acceso especial y conocimientos especializados en este campo;

15. Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa que impida que los terroristas convictos y las personas sobre las que haya pruebas inequívocas de que plantean una amenaza grave para la seguridad pública obtengan asilo u otras formas de protección internacional en la Unión Europea;

16. Pide a la Comisión que revise y actualice el Plan de Acción QBRN y a los Estados miembros que adopten o refuercen y mantengan medidas de «defensa civil» adecuadas para la preparación contra los ataques QBRN mediante la contratación de personal cualificado y formado con regularidad que incluya personal tanto a tiempo completo como voluntario, así como una infraestructura técnica apropiada, incluidos medios de respuesta como sistemas móviles de detección especializados, reservas de medicamentos esenciales, atención a las víctimas y el intercambio de mejores prácticas; hace hincapié en que estas medidas deben ser conformes con una estrategia multidisciplinaria que contenga métodos de coordinación, procedimientos de notificación, protocolos estándar, planificación de evacuación, sistemas de alerta pública y notificación de incidentes; pide a la Comisión y a los Estados miembros que armonicen gradualmente estas estrategias; pide a los Estados miembros que creen o refuercen laboratorios especializados; pide a la Comisión que, en colaboración con el Parlamento, apoye las actividades de investigación transfronterizas pertinentes; aboga por una cooperación más intensa con el Centro de Excelencia sobre QBRN de la OTAN con el fin de garantizar la transferencia de buenas prácticas entre los servicios de emergencia en los Estados miembros de la Unión y de la OTAN;

17. o 1082/2013/UE, de 22 de octubre de 2013, sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud Alienta a los Estados miembros y a la Comisión a que cooperen con el sector privado para crear mecanismos que garanticen un suministro fiable, constante y adecuado de productos médicos de respuesta sanitaria, incluido, en su caso, el recurso al mecanismo de adquisición conjunta de la Unión establecido en la Decisión n.1082/2013/UE, de 22 de octubre de 2013, sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud ( 17 )

18. Insta a que, a fin de facilitar el acceso, se complemente la actualización y la ampliación del Sistema Europeo de Datos sobre Artefactos Explosivos de Europol al proyecto de análisis europeo, que hace las veces de centro de información y coordinación en relación con todos los incidentes relacionados con QBRN en toda la Unión, con un equipo de análisis multidisciplinario dotado del personal adecuado;

19. Celebra el plan de la Comisión de reforzar la preparación y respuesta QBRN de la Unión a través de ejercicios intersectoriales destinados a los cuerpos de seguridad, los servicios de protección civil, las estructuras sanitarias y, en su caso, las autoridades aduaneras y de vigilancia de las fronteras, en el marco de los instrumentos financieros y operativos existentes, en particular el Mecanismo de Protección Civil de la Unión, la CEPOL y el Fondo de Seguridad Interior — Policía;

20. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que establezcan normas comunes relativas a los procedimientos de aprobación en instituciones vulnerables como las centrales nucleares o los laboratorios especializados;

21. Alienta a los Estados miembros a que hagan un mayor uso de los sistemas técnicos de detección de sustancias QBRN, particularmente en actos públicos multitudinarios, y pide a la Comisión que, en colaboración con el Parlamento, ponga a disposición más fondos europeos para la adquisición a gran escala de dichos sistemas;

22. Celebra la creación, dentro del CELT, de un centro de conocimientos sobre QBRN y sobre actividades conexas en materia de explosivos, que funcionará paralelamente al Centro Europeo de Formación en Seguridad Nuclear (CEFSN); solicita la elaboración de un procedimiento estándar en el que cada Estado miembro comparta realmente información con el centro de recopilación de información;

23. o 216/2008 Acoge favorablemente la aprobación de un Reglamento sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y el mandato de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.216/2008 ( 18 ) ; pide a la Comisión que tenga en cuenta las cuestiones de seguridad en los próximos actos delegados y de ejecución sobre los drones y las operaciones realizadas con ellos, incluidas unas evaluaciones de riesgos actualizadas con regularidad, el registro obligatorio, la identificación electrónica y el geoperimetraje en todas las categorías de drones, así como las licencias de seguridad y la formación obligatorias para los operadores de misiones de seguridad e inspección;

24. Señala que se sabe que muchos autores de actos terroristas en la Unión comenzaron con delitos menores y han sido adoctrinados en el extremismo violento mientras estaban en prisión; pide a los Estados miembros que garanticen que sus sistemas penales castigan de forma apropiada a los delincuentes y permiten un análisis atento del riesgo de reincidencia antes de que se autorice la libertad condicional; subraya que las penas de prisión deberían permitir la rehabilitación, la reintegración y la prevención de la reincidencia en lugar de fomentar el extremismo violento;

25. Destaca la amenaza constante que suponen las interacciones entre las organizaciones terroristas y la delincuencia organizada, especialmente en lo relativo a las capacidades logísticas y el tráfico de armas, que podrían dar pie a ataques a gran escala;

26. Observa el aumento de las ciberamenazas y subraya la importancia de intensificar los esfuerzos en materia de ciberseguridad también en el ámbito de la lucha contra el terrorismo;

27. Pide a los Estados miembros que doten a sus organismos públicos involucrados en operaciones de lucha contra el terrorismo de todos los medios técnicos, financieros, educativos y jurídicos necesarios para protegerse contra los extremistas violentos en el ejercicio de sus funciones;

Prevenir y contrarrestar la radicalización que conduce al extremismo violento

Estructuras para luchar contra la radicalización

28. Solicita la creación de un «Centro de Excelencia para la Prevención de la Radicalización» (CdE PR) de la Unión, sucesor de la Red de la UE para la Sensibilización frente a la Radicalización, que se integrará en la Comisión con recursos financieros y humanos adecuados; considera que sus tareas deben incluir la coordinación, la facilitación de la cooperación y el intercambio de conocimientos, proyectos emblemáticos y buenas prácticas entre los Estados miembros, responsables políticos, profesionales (implicando a antiguas estructuras de la RSR y el SCAT), así como la interacción con comunidades o líderes religiosos y académicos y expertos, incluidos especialistas informáticos, en el ámbito de la prevención de la radicalización y la lucha contra este fenómeno; señala que entre sus actividades deben figurar la formación de diversas categorías de profesionales, incluidos jueces y fiscales, también mediante la asociación con terceros países estratégicos importantes; considera que este centro también debe elaborar metodologías científicas para evaluar y medir la eficacia de los programas y proyectos, de manera que, en su caso, se puedan adaptar las políticas pertinentes;

29. Señala que en el informe del Tribunal de Cuentas Europeo de 2018 sobre la desradicalización se llegó a la conclusión de que la Comisión no tiene una visión general completa de las medidas financiadas por la Unión y que no se utilizan indicadores u objetivos para los fondos de la Unión para medir hasta qué punto tiene éxito este enfoque; pide a la Comisión que garantice la asignación de suficientes fondos en el marco del Fondo de Seguridad Interior para la prevención y la lucha contra la radicalización, lo que racionalizaría los recursos actualmente fragmentados en diferentes fondos y programas y permitiría una mejor coordinación y visibilidad, así como un uso más eficaz, sobre la base de criterios que podría determinar el CdE PR;

30. Insta a los Estados miembros a que adopten estrategias nacionales y regionales globales para la prevención y la lucha contra la radicalización, previendo recursos financieros adecuados para las comunidades y los socios a nivel local que participan en la creación y aplicación de programas basados en esas estrategias, y solicita un enfoque multiinstitucional; destaca que los mejores resultados se obtienen en asociación con las comunidades locales; destaca asimismo que unos indicadores cualitativos y cuantitativos objetivos, de cuyo desarrollo podría encargarse el CdE PR, permitirían a las autoridades locales y regionales determinar las particularidades locales de la radicalización y adaptar mejor los programas a la zona específica;

31. Pide a los Estados miembros que aborden la radicalización de forma global, también en colaboración con las administraciones locales, y completen los planteamientos de seguridad con estrategias de inclusión social e integración económica y cultural y con políticas e inversiones a largo plazo en servicios públicos e infraestructuras; insta tanto a la Comisión como a los Estados miembros a que promuevan campañas contra la discriminación;

32. Subraya la importancia de realizar investigaciones específicas sobre el papel de las mujeres en regiones, países y comunidades concretos a fin de comprender el papel que desempeñan y determinar los ámbitos en los que las organizaciones de mujeres podrían contribuir a aumentar la resiliencia a la radicalización;

33. Solicita la creación de un Premio europeo de resiliencia, que el Parlamento Europeo, tal vez en estrecha colaboración con el CdE PR, otorgaría cada año al mejor proyecto social y cultural a nivel local en la Unión, promoviendo de esta forma el compromiso social, en plena conformidad con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, con el objetivo de construir sociedades resilientes a la radicalización;

34. Pide a