Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común /* COM/2011/0628 final - 2011/0288 (COD) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA La propuesta de la Comisión de Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2014‑2020 (la propuesta de MFP)[1] delimita el marco presupuestario y las principales orientaciones para la Política Agrícola Común (PAC). Sobre esta base, la Comisión presenta un conjunto de Reglamentos que establecen el marco legislativo para la PAC en el periodo 2014‑2020, junto con una evaluación de impacto de hipótesis alternativas para la evolución de esta política. Las actuales propuestas de reforma se basan en la Comunicación sobre la PAC en el horizonte de 2020[2], que esboza las opciones políticas generales para responder a los futuros desafíos de la agricultura y las zonas rurales y cumplir los objetivos fijados por la PAC, a saber: 1) la producción viable de alimentos; 2) la gestión sostenible de los recursos naturales y medidas en favor del clima; y 3) el desarrollo territorial equilibrado. Las orientaciones de la reforma incluidas en la Comunicación fueron ampliamente respaldadas tanto en el debate interinstitucional[3] como en la consulta de las partes interesadas que tuvo lugar en el contexto de la evaluación de impacto. Un tema común que surgió durante este proceso fue la necesidad de promover la eficiencia de los recursos con miras a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la agricultura y las zonas rurales de la UE de acuerdo con la estrategia Europa 2020, manteniendo la estructura de la PAC en torno a dos pilares que utilizan instrumentos complementarios para la consecución de los mismos objetivos. El primer pilar abarca los pagos directos y las medidas de mercado, proporcionando a los agricultores de la UE una ayuda básica a la renta anual y apoyo en caso de perturbaciones específicas del mercado, mientras que el segundo pilar abarca el desarrollo rural en el que los Estados miembros elaboran y cofinancian programas plurianuales en virtud de un marco común[4]- A través de reformas sucesivas, la PAC aumentó la orientación de la agricultura hacia el mercado, proporcionando al mismo tiempo apoyo a las rentas de los productores, mejoró la integración de los requisitos medioambientales y reforzó el apoyo al desarrollo rural como una política integrada para el desarrollo de las zonas rurales de la UE. Sin embargo, el mismo proceso de reforma suscitó demandas de una mejor distribución de la ayuda entre los Estados miembros y dentro de éstos, así como llamamientos para una mejor orientación de las medidas destinadas a hacer frente a los desafíos medioambientales y a afrontar mejor la volatilidad cada vez mayor de los mercados. En el pasado, las reformas respondieron principalmente a desafíos endógenos, desde los grandes excedentes a las crisis de seguridad alimentaria y fueron muy útiles para la UE, tanto en el frente nacional como en el internacional. Sin embargo, la mayor parte de los desafíos actuales vienen determinados por factores exógenos a la agricultura y, por tanto, requieren una respuesta política más amplia. Se prevé que la presión sobre la renta agrícola se mantenga, ya que los agricultores afrontan mayores riesgos, una ralentización de la productividad y una disminución de los márgenes debido al aumento de precios de los factores de producción. Por lo tanto, es necesario mantener el apoyo a la renta y reforzar los instrumentos destinados a gestionar mejor los riesgos y responder ante situaciones de crisis. Una agricultura fuerte es también vital para la industria alimentaria de la Unión Europea y para la seguridad alimentaria mundial. Al mismo tiempo, la agricultura y las zonas rurales están llamadas a intensificar sus esfuerzos para cumplir los ambiciosos objetivos climáticos y energéticos y la estrategia en favor de la biodiversidad que forman parte de la Agenda Europa 2020. Los agricultores, que junto con los silvicultores son los principales gestores de tierras, deberán recibir apoyo para que adopten y mantengan sistemas y prácticas agrícolas especialmente favorables a los objetivos medioambientales y climáticos, ya que los precios de mercado no reflejan el suministro de dichos bienes públicos. También será esencial aprovechar mejor las múltiples posibilidades de las zonas rurales y contribuir, de este modo, a un crecimiento integrador y a la cohesión. La futura PAC no será, por tanto, una política orientada únicamente a una pequeña parte, aunque esencial, de la economía de la UE, sino también una política de importancia estratégica para la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el equilibrio territorial. Ahí reside el valor añadido europeo de una verdadera política común, que hace un uso más eficiente de los recursos presupuestarios limitados para mantener una agricultura sostenible en toda la UE, abordando importantes problemas de carácter transfronterizo, como el cambio climático, y reforzando la solidaridad entre los Estados miembros, permitiendo al mismo tiempo una aplicación flexible para satisfacer las necesidades locales. El contexto definido en la propuesta de MFP prevé que la PAC mantenga su estructura de dos pilares con un presupuesto para cada pilar, mantenido en términos nominales en su nivel de 2013, y con un énfasis claro en la obtención de resultados en las prioridades clave de la Unión Europea. Los pagos directos deben promover la producción sostenible mediante la asignación del 30 % de su dotación presupuestaria a medidas obligatorias beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Los niveles de pago deben converger progresivamente y los pagos a los grandes beneficiarios deben someterse a una limitación progresiva. El desarrollo rural debe integrarse en un marco estratégico común con otros fondos de la UE de gestión compartida, con un enfoque reforzado orientado hacia los resultados y sujeto a condiciones previas más claras y mejoradas. Por último, en el caso de las medidas de mercado, la financiación de la PAC debe reforzarse con dos instrumentos ajenos al MFP: 1) una reserva de emergencia para reaccionar ante situaciones de crisis; y 2) la ampliación del ámbito de aplicación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Sobre esta base, los principales elementos del marco legislativo de la PAC durante el periodo 2014-2020 están establecidos en los siguientes Reglamentos: – Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que establece normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común (Reglamento de los pagos directos). – Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrícolas (Reglamento de la OCM única). – Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (Reglamento del desarrollo rural). – Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común (Reglamento horizontal). – Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas relativas a la fijación de determinadas ayudas y restituciones en relación con la organización común de mercados de los productos agrícolas. – Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo en lo que atañe a la aplicación de los pagos directos a los agricultores en 2013 (Reglamento de transición). – Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo en lo que atañe al régimen de pago único y apoyo a los viticultores. El Reglamento de desarrollo rural se basa en la propuesta presentada por la Comisión el 6 de octubre de 2011, que establece normas comunes para todos los fondos que funcionan en un Marco Estratégico Común [indicar referencia][5]. Seguirá un Reglamento sobre el régimen para las personas más necesitadas, cuya financiación figura ahora en otra partida del MFP. Además, se están preparando nuevas normas, que tienen en cuenta las objeciones expresadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre la publicación de información relativa a los beneficiarios con el fin de encontrar la manera más adecuada de conciliar el derecho de los beneficiarios a la protección de los datos de carácter personal con el principio de transparencia. 2. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO Basándose en el examen del actual marco político y en un análisis de los desafíos y necesidades futuros, la evaluación de impacto evalúa y compara las repercusiones de tres hipótesis alternativas. Este es el resultado de un largo proceso iniciado en abril de 2010 y dirigido por un grupo interservicios, que aglutinó un extenso análisis cuantitativo y cualitativo, incluida la constitución de una base de referencia en forma de proyecciones a medio plazo de los mercados y de las rentas agrícolas hasta 2020, y la modelización de la repercusión de las diferentes hipótesis políticas en la economía del sector. Las tres hipótesis elaboradas en la evaluación de impacto son las siguientes: 1) una hipótesis de ajuste, que mantiene el actual marco político, aunque remediando sus deficiencias más importantes, como la distribución de los pagos directos; 2) una hipótesis de integración, que implica importantes cambios en forma de una mejora de la orientación, la ecologización de los pagos directos y una orientación estratégica reforzada de la política de desarrollo rural, con una mejor coordinación con otras políticas de la UE, así como la ampliación de la base jurídica con objeto de extender el ámbito de la cooperación entre productores; y 3) una hipótesis de reenfoque, que reoriente la política exclusivamente hacia el medio ambiente, con una supresión progresiva de los pagos directos, asumiendo que la capacidad productiva pueda mantenerse sin ayuda y que las necesidades socioeconómicas de las zonas rurales puedan ser satisfechas por otras políticas. En el contexto de la crisis económica y de la presión sobre las finanzas públicas, al que la UE respondió con la estrategia Europa 2020 y la propuesta de MFP, las tres hipótesis tienen como objetivo una agricultura más competitiva y sostenible en zonas rurales dinámicas, aunque concediendo un peso diferente a cada uno de los tres objetivos políticos de la futura PAC. Con vistas a una mejor armonización con la estrategia Europa 2020, sobre todo en términos de eficiencia de los recursos, cada vez será más esencial mejorar la productividad agrícola a través de la investigación, la transferencia de conocimientos y el fomento de la cooperación y la innovación (principalmente a través de la asociación europea para la innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas). Habida cuenta de que la política agrícola de la UE ya no funciona en un entorno político de distorsión de los intercambios comerciales, se prevé que la mayor liberalización, en particular en el marco del Programa de Doha para el desarrollo o del Acuerdo de libre comercio con Mercosur, ejercerá una presión suplementaria sobre el sector. Las tres hipótesis se elaboraron teniendo en cuenta las preferencias manifestadas en la consulta efectuada en el contexto de la evaluación de impacto. Las partes interesadas fueron invitadas a presentar sus contribuciones entre el 23 de noviembre de 2010 y el 25 de enero de 2011 y se organizó un Comité consultivo el 12 de enero de 2011. Los puntos principales se resumen a continuación[6]: – Existe un amplio consenso entre las partes interesadas sobre la necesidad de una PAC fuerte, basada en una estructura de dos pilares, para hacer frente a los desafíos que suponen la seguridad alimentaria, la gestión sostenible de los recursos naturales y el desarrollo territorial. – La mayoría de los consultados considera que la PAC debe desempeñar una función en la estabilización de los mercados y los precios. – Las partes interesadas tienen opiniones distintas sobre la focalización de la ayuda (especialmente la redistribución de la ayuda directa y la fijación de un límite para los pagos). – Hay consenso en que ambos pilares pueden desempeñar un papel importante en el refuerzo de la acción por el clima y el aumento del comportamiento medioambiental en beneficio de la sociedad de la UE. Mientras que muchos agricultores creen que este enfoque ya ha sido puesto en marcha, el público en general entiende que los pagos del primer pilar pueden utilizarse más eficientemente. – Los encuestados desean que todas las partes de la UE, incluidas las zonas menos favorecidas, participen en el crecimiento y desarrollo futuros. – La integración de la PAC con otras políticas, como las de medio ambiente, sanidad, comercio y desarrollo, fue resaltada por muchos encuestados. – La innovación, el desarrollo de empresas competitivas y la aportación de bienes colectivos a los ciudadanos de la Unión Europea se consideran medios de alinear la PAC con la estrategia Europa 2020. Así pues, la evaluación de impacto comparó las tres alternativas: La hipótesis de reenfoque aceleraría el ajuste estructural en el sector agrícola, desplazando la producción a las zonas más eficientes y a los sectores más rentables. Aunque aumentaría significativamente la financiación para el medio ambiente, también expondría al sector a mayores riesgos, debido al limitado alcance de la intervención en el mercado. Además, los costes sociales y medioambientales serían importantes ya que las zonas menos competitivas tendrían que hacer frente a una pérdida de renta y a una degradación del medio ambiente considerables, ya que la política perdería el efecto palanca de los pagos directos asociados con los requisitos de condicionalidad. En el otro extremo del espectro, la hipótesis de ajuste sería la que mejor permitiría la continuidad política, con mejoras limitadas pero tangibles, tanto en términos de competitividad agrícola como de comportamiento medioambiental. Sin embargo, existen serias dudas sobre si esta hipótesis permitiría abordar adecuadamente los importantes desafíos climáticos y medioambientales del futuro, que también sustentan la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura. La hipótesis de integración supone un paso adelante con una definición mejorada y la ecologización de los pagos directos. El análisis demuestra que la ecologización es posible a un coste razonable para los agricultores, aunque algunas cargas administrativas son inevitables. Del mismo modo, un nuevo impulso en el desarrollo rural es posible, siempre que los Estados miembros y las regiones utilicen eficazmente las nuevas posibilidades y que el marco estratégico común con otros fondos de la UE no elimine las sinergias con el primer pilar o debilite los puntos fuertes distintivos del desarrollo rural. Si se alcanza el equilibrio adecuado, esta hipótesis remediaría mejor la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura y las zonas rurales. Sobre esta base, la evaluación de impacto llega a la conclusión de que la hipótesis de integración es la más equilibrada para alinear progresivamente la PAC con los objetivos estratégicos de la UE y que este equilibrio también se encuentra en la ejecución de los distintos elementos de las propuestas legislativas. También será esencial desarrollar un marco de evaluación para medir el rendimiento de la PAC con un conjunto común de indicadores vinculados a los objetivos políticos. La simplificación fue un factor importante en todo el proceso y debe reforzarse de diferentes formas, por ejemplo mediante la racionalización de la condicionalidad y de los instrumentos de mercado, o la concepción del régimen de pequeños agricultores. Además, la ecologización de los pagos directos debería estar concebida de tal modo que se reduzca al mínimo la carga administrativa, incluidos los costes de los controles. 3. ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA Se propone mantener la estructura actual de la PAC con dos pilares, con medidas anuales obligatorias de aplicación general en el primer pilar, complementadas por medidas voluntarias mejor adaptadas a las especificidades nacionales y regionales, en el marco de un enfoque de programación plurianual en el segundo pilar. Sin embargo, el nuevo diseño de los pagos directos pretende aprovechar mejor las sinergias con el segundo pilar, que a su vez se integra en un marco estratégico común para coordinarse mejor con otros fondos de la UE de gestión compartida. Sobre esta base, también se mantiene la estructura actual de cuatro instrumentos jurídicos básicos, aunque el ámbito de aplicación del Reglamento sobre la financiación se amplía para reunir disposiciones comunes en lo que ahora se denomina el Reglamento horizontal. Las propuestas respetan el principio de subsidiariedad. La PAC es una política verdaderamente común: es un ámbito de competencias compartidas entre la UE y los Estados miembros que se gestiona a nivel de la UE con objeto de mantener una agricultura sostenible y variada en toda la UE, que aborda problemas importantes de carácter transfronterizo, como el cambio climático, y refuerza la solidaridad entre los Estados miembros. Atendiendo a la importancia de los desafíos futuros para la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el equilibrio territorial, la PAC sigue siendo una política de importancia estratégica para garantizar la respuesta más eficaz a los desafíos políticos y la utilización más eficiente de los recursos presupuestarios. Además, se propone mantener la estructura actual de los instrumentos en dos pilares gracias a los cuales los Estados miembros disponen de mayor margen de maniobra para encontrar soluciones adecuadas a sus especificidades locales y, también, para cofinanciar el segundo pilar. La nueva Asociación Europea de Innovación y el conjunto de herramientas de gestión del riesgo también se integran en el segundo pilar. Al mismo tiempo, la política se ajusta mejor a la estrategia Europa 2020 (incluyendo un marco común con otros fondos de la UE) y se introducen una serie de mejoras y de elementos de simplificación. Por último, del análisis realizado en el marco de la evaluación de impacto se desprende claramente el coste de la inacción en términos de negativas consecuencias económicas, medioambientales y sociales. Además de las disposiciones financieras, el reglamento horizontal aglutina normas pertinentes a todos los instrumentos, tales como las disposiciones relativas a la condicionalidad, los controles y las penalizaciones. Como consecuencia de ello, el Reglamento ahora define normas sobre la financiación, el sistema de asesoramiento a las explotaciones, los sistemas de gestión y control, la condicionalidad y la liquidación de cuentas. Se pretende ajustar las normas de financiación en función de la experiencia adquirida hasta la fecha, racionalizar y mejorar la condicionalidad y reforzar el sistema de asesoramiento a las explotaciones. Concretamente en relación con la condicionalidad, se revisaron las normas vigentes en aras de la simplificación, el fortalecimiento de la dimensión del cambio climático en las BCAM y la coherencia con las disposiciones de ecologización y las medidas medioambientales pertinentes que figuran en el ámbito del desarrollo rural. Por último, el reglamento pone las bases de un marco común de seguimiento y evaluación que mida el rendimiento de la PAC durante el próximo período. El presente reglamento incluye diversos elementos de simplificación. En primer lugar, agrupa todas las normas de condicionalidad en un único acto legislativo y, por consiguiente, mejora su legibilidad. Además, prevé reducir el número de organismos pagadores y reforzar la función del organismo coordinador. Esta circunstancia hará que el sistema resulte más transparente y menos oneroso para las administraciones nacionales y los servicios de la Comisión. Se exigirán menos acreditaciones y declaraciones de garantía a nivel del Estado miembro y podrá reducirse el número de auditorías de la Comisión. Las normas en materia de gestión y controles se alinearán, en la medida de lo posible, a los dos pilares de la PAC a fin de aportar claridad jurídica y procedimientos armonizados. Además, el reglamento prevé facultar a la Comisión para que pueda reducir el número de controles sobre el terreno en los Estados miembros cuyos sistemas de control funcionen adecuadamente y tengan bajas tasas de error. Esto reduciría la carga administrativa tanto de los agricultores como de las administraciones nacionales. 4. IMPLICACIÓN PRESUPUESTARIA La propuesta de MFP prevé que una parte importante del presupuesto de la Unión Europea se siga destinando a la agricultura, al tratarse de una política común de importancia estratégica. Así, en precios corrientes, se propone que la PAC se concentre en sus actividades de base, con 317 200 millones EUR asignados al primer pilar y 101 200 millones EUR al segundo pilar durante el periodo 2014-2020. La financiación del primer pilar y del segundo pilar se complementa con una financiación adicional de 17 100 millones EUR, desglosada en 5 100 millones EUR para investigación e innovación, 2 500 millones para seguridad alimentaria y 2 800 millones para ayuda alimentaria a las personas más necesitadas en otras rúbricas del MFP, así como 3 900 millones EUR en una nueva reserva para crisis en el sector agrícola, y hasta 2 800 millones EUR en el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización al margen del MFP, lo que supone, por tanto, un presupuesto total de 435 600 millones EUR durante el periodo 2014‑2020. En lo que respecta a la distribución de la ayuda entre los Estados miembros, se propone que todos los Estados miembros con pagos directos por debajo del 90 % de la media de la UE vean satisfecho un tercio de esta diferencia. Los límites máximos nacionales en el Reglamento relativo a los pagos directos se calculan sobre esta base. La distribución de la ayuda al desarrollo rural se basa en criterios objetivos vinculados a los objetivos políticos teniendo en cuenta la distribución actual. Como ya ocurre actualmente, las regiones de convergencia deben seguir beneficiándose de porcentajes de cofinanciación superiores, aspecto que también se aplicará a determinadas medidas tales como la transferencia de conocimientos, las agrupaciones de productores, la cooperación y Leader. Se introduce cierta flexibilidad para las transferencias entre pilares (hasta un 5 % de los pagos directos): desde el primer pilar al segundo pilar para permitir a los Estados miembros reforzar su política de desarrollo rural, y del segundo pilar al primer pilar para aquellos Estados miembros donde el nivel de los pagos directos se mantiene por debajo del 90 % de la media de la UE. En la ficha financiera que acompaña a las propuestas se ofrecen detalles sobre la repercusión financiera de las propuestas de reforma de la PAC. 2011/0288 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 43, apartado 2, Vista la propuesta de la Comisión Europea[7], Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[8], Tras haber consultado al Supervisor Europeo de Protección de Datos[9], De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1) La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario»[10] expone los potenciales desafíos, objetivos y orientaciones de la Política Agrícola Común (PAC) después de 2013. A la luz del debate sobre dicha Comunicación, la PAC debe reformarse con efecto a partir del 1 de enero de 2014. Esta reforma debe cubrir todos los instrumentos principales de la PAC, incluido el Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común[11], modificado por el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo [COM(2010) … (alineación con el Tratado de Lisboa)][12]. De la experiencia adquirida con la aplicación de dicho Reglamento se desprende la necesidad de ajustar algunos elementos del mecanismo de financiación y de seguimiento. Habida cuenta del alcance de la reforma, procede derogar el Reglamento (CE) nº 1290/2005 y sustituirlo por un nuevo texto. En la medida de lo posible, la reforma también debe armonizar, racionalizar y simplificar disposiciones. (2) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, debido a los vínculos entre este Reglamento y otros instrumentos de la PAC y a las limitaciones de los recursos financieros de los Estados miembros en una Unión ampliada, y, por consiguiente, pueden alcanzarse mejor a nivel de la Unión a través de la garantía plurianual de la financiación de la Unión y la concentración en sus prioridades, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5, apartado 4, del Tratado, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. (3) Con objeto de completar o modificar algunos elementos no esenciales del presente Reglamento, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos delegados, de acuerdo con el artículo 290 del Tratado, en lo que atañe a: la autorización de los organismos pagadores y los organismos coordinadores, el contenido del sistema de asesoramiento a las explotaciones, las medidas que deben ser financiadas por el presupuesto de la Unión en virtud del régimen de intervención pública y la valoración de las operaciones en relación con la intervención pública, las reducciones y suspensiones de los reembolsos a los Estados miembros, la compensación entre los gastos y los ingresos de los Fondos Estructurales, la recuperación de las deudas, las penalizaciones aplicadas a los beneficiarios en caso de incumplimiento de las condiciones de admisibilidad, respecto de las normas en materia de garantías, sobre el funcionamiento del sistema integrado de administración y control, de las medidas excluidas del control de las operaciones, las penalizaciones aplicadas en el marco de la condicionalidad, las normas sobre el mantenimiento de los pastos permanentes, las normas sobre el hecho generador y el tipo de cambio utilizado por los Estados miembros que no utilicen el euro y respecto del contenido del marco de evaluación común de las medidas adoptadas en el ámbito de la PAC. Es de especial importancia que la Comisión celebre las consultas apropiadas durante sus trabajos de preparación, también con expertos. A la hora de preparar y elaborar los actos delegados, la Comisión debe velar por una transmisión simultánea, puntual y adecuada de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo. (4) La PAC incluye una serie de medidas y, entre ellas, las de desarrollo rural, cuya financiación es importante garantizar para contribuir a alcanzar los objetivos previstos. Dado que estas medidas tienen algunos elementos en común pero, a la vez, difieren en varios aspectos, conviene regular su financiación en un mismo conjunto de disposiciones que admita un trato diferente cuando sea necesario. El Reglamento (CE) nº 1290/2005 creó dos fondos agrícolas europeos, a saber, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (denominado en lo sucesivo «el FEAGA»), y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (denominado en lo sucesivo «el FEADER»). Ambos fondos deben mantenerse. (5) El Reglamento (UE) nº [RF]/xxx del Parlamento Europeo y del Consejo, de […], sobre las normas financieras aplicables al presupuesto anual de la Unión[13] y las disposiciones adoptadas en virtud del mismo deben aplicarse a las medidas establecidas en el presente Reglamento. En particular, el Reglamento establece las disposiciones relativas a la gestión compartida con los Estados miembros sobre la base de los principios de buena gestión financiera, transparencia y no discriminación, así como disposiciones sobre la función de los organismos acreditados y los principios presupuestarios, disposiciones que deben cumplirse en el ámbito del presente Reglamento. (6) El presupuesto de la Unión debe financiar los gastos de la PAC, incluidos los de desarrollo rural, a través de ambos Fondos ya sea directamente o en el contexto de la gestión compartida con los Estados miembros. Procede especificar los tipos de medidas que son financiables con cargo a dichos Fondos. (7) Procede adoptar disposiciones referentes a la autorización de los organismos pagadores por parte de los Estados miembros, al establecimiento de procedimientos para obtener las declaraciones de fiabilidad sobre la gestión necesarias y la certificación de los sistemas de gestión y control, así como la certificación de las cuentas anuales por organismos independientes. Además, para garantizar la transparencia de los controles nacionales, en particular en lo que respecta a los procedimientos de autorización, validación y pago, y reducir la carga administrativa y auditora de los servicios de la Comisión y de los Estados miembros en caso de que se exija la acreditación de cada organismo pagador, debe restringirse el número de autoridades y organismos en los que se vayan a delegar estas responsabilidades teniendo en cuenta las disposiciones constitucionales de cada Estado miembro. (8) Cuando un Estado miembro autorice más de un organismo pagador, es importante que designe un único organismo coordinador encargado de garantizar la coherencia de la gestión de los fondos, establecer el enlace entre la Comisión y los distintos organismos pagadores autorizados y procurar que la información solicitada por la Comisión sobre las actividades de dichos organismos pagadores se comunique sin tardanza. El organismo coordinador también debe ser responsable de garantizar que se adoptan medidas correctoras, que se mantiene informada a la Comisión del curso dado a las mismas y que las reglas y las normas comunes se aplican de forma homogénea. (9) Únicamente los organismos pagadores autorizados por los Estados miembros ofrecen una garantía razonable de que se han realizado los controles necesarios antes de concederse la ayuda de la Unión a los beneficiarios. Por tanto, debe establecerse explícitamente que solo los gastos efectuados por los organismos pagadores autorizados pueden ser reembolsados con cargo al presupuesto de la Unión. (10) Con el fin de ayudar a los beneficiarios a ser más conscientes de la relación entre las prácticas agrícolas y la gestión de las explotaciones agrarias, por una parte, y las normas en materia de medio ambiente, cambio climático, buena condición agrícola de la tierra, seguridad alimentaria, salud pública, sanidad animal, fitosanidad y bienestar animal, por otra, es necesario que los Estados miembros creen un amplio sistema de asesoramiento a las explotaciones que ofrezca consejos a los beneficiarios. Dicho sistema de asesoramiento a las explotaciones no debe, en ningún caso, afectar a la obligación y responsabilidad de los beneficiarios de respetar dichas normas. Los Estados miembros también deben garantizar una clara separación entre asesoramiento y controles. (11) El sistema de asesoramiento a las explotaciones debe cubrir, al menos, los requisitos y normas que constituyen el ámbito de aplicación de la condicionalidad. Dicho sistema también debe abarcar los requisitos que deben respetarse en relación con las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente en relación con los pagos directos, así como el mantenimiento de la superficie agrícola en virtud del Reglamento (UE) nº PD/xxx del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, que establece normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común[14]. Por último, este sistema debe cubrir determinados elementos relacionados con la mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, la biodiversidad, la protección de las aguas, la notificación de enfermedades animales y vegetales y la innovación, así como el desarrollo sostenible de la actividad económica de las pequeñas explotaciones. (12) La entrada de los beneficiarios en el sistema de asesoramiento a las explotaciones debe ser voluntaria. Debe permitirse participar en el mismo a todos los beneficiarios, incluso aunque no reciban ayuda en el marco de la PAC. No obstante, los Estados miembros podrán fijar criterios de prioridad. Debido a la naturaleza del sistema, procede que la información obtenida en el desempeño de la actividad consultora sea tratada de forma confidencial, salvo en caso de infracción grave de la legislación de la Unión o nacional. Para garantizar la eficacia del sistema, los asesores deben estar adecuadamente cualificados y recibir formación periódicamente. (13) La Comisión debe poner a disposición de los Estados miembros los recursos financieros necesarios para sufragar los gastos efectuados por los organismos pagadores autorizados con cargo al FEAGA en forma de reembolsos basados en la contabilización de dichos gastos. A la espera de los reembolsos en forma de pagos mensuales, los Estados miembros deben movilizar los recursos financieros necesarios en función de las necesidades de sus organismos pagadores autorizados. Los costes de personal y los costes administrativos de los Estados miembros y los beneficiarios participantes en la ejecución de la PAC deben correr a su cargo. (14) La utilización del sistema agrometeorológico y la adquisición y mejora de imágenes por satélite debe aportar a la Comisión los medios para gestionar los mercados agrícolas y facilitar el seguimiento de los gastos agrícolas. (15) En el contexto del respeto de la disciplina presupuestaria, es necesario definir el límite anual de los gastos financiados por el FEAGA teniendo en cuenta los importes máximos fijados para dicho Fondo en el plan financiero plurianual establecido en el Reglamento (UE) nº xxx/xxx del Consejo, de […], por el que se establece el Marco Financiero Plurianual para el período 2014-2020[15] [MFP]. (16) La disciplina presupuestaria establece también que el límite anual de los gastos financiados por el FEAGA se respete en cualesquiera circunstancias y en todas las etapas del procedimiento presupuestario y de ejecución del presupuesto. Esto requiere que el límite nacional de los pagos directos por Estado miembro establecido en el Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD] se considere el límite financiero de esos pagos para el Estado miembro de que se trate y que los reembolsos de dichos pagos no sobrepasen ese límite. Además, la disciplina presupuestaria exige que todos los actos propuestos por la Comisión o adoptados por el legislador o por la Comisión en el ámbito de la PAC y financiados por el FEAGA deben respetar el límite anual de los gastos financiados por dicho Fondo. (17) Con objeto de garantizar que los importes destinados a financiar la PAC respetan los límites anuales, debe mantenerse el mecanismo financiero a que se refiere el Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1290/2005, (CE) nº 247/2006, (CE) nº 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) nº 1782/2003[16], mediante el cual se ajusta el nivel de las ayudas directas. En el mismo contexto, procede autorizar a la Comisión a fijar dichos ajustes en caso de que el Consejo no los fije antes del 30 de junio del año civil respecto al cual se apliquen. (18) Las medidas adoptadas para determinar la participación financiera del FEAGA y el FEADER, correspondientes al cálculo de los límites financieros, no afectan a las competencias de la autoridad presupuestaria designada en el Tratado. Por consiguiente, estas medidas deben basarse en los importes de referencia fijados con arreglo al Acuerdo Interinstitucional de […] entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera[17] y el Reglamento (UE) nº xxx/xxx [MFP]. (19) La disciplina presupuestaria implica también un examen continuo de la situación presupuestaria a medio plazo. Por eso es importante que, al presentar el proyecto de presupuesto de un año determinado, la Comisión presente sus previsiones y su análisis al Parlamento Europeo y al Consejo y, en su caso, proponga al legislador las medidas adecuadas. Además, con el fin de garantizar el respeto del límite anual, procede que la Comisión pueda hacer pleno uso en cualquier momento de sus competencias de gestión y, en caso necesario, proponer al Parlamento Europeo y al Consejo o al Consejo medidas adecuadas para rectificar la situación presupuestaria. Si, al final de un ejercicio presupuestario, no puede respetarse el límite anual como consecuencia de los reembolsos solicitados por los Estados miembros, la Comisión debe poder adoptar medidas que permitan una distribución provisional del presupuesto disponible entre los Estados miembros en proporción a sus peticiones de reembolso aún no pagadas, así como el cumplimiento del límite máximo fijado para el año de que se trate. Los pagos para ese ejercicio deben imputarse al ejercicio presupuestario siguiente y debe fijarse definitivamente el importe total de financiación de la Unión por Estado miembro, así como una compensación entre Estados miembros para ajustarse al importe fijado. (20) En la ejecución del presupuesto, la Comisión debe poner en marcha un sistema mensual de alerta y seguimiento de los gastos agrícolas, de forma que, en caso de riesgo de rebasamiento del límite máximo anual, pueda, a la mayor brevedad posible, adoptar las medidas adecuadas en el marco de sus competencias de gestión y proponer otras medidas si estas resultan insuficientes. Es conveniente que la Comisión presente al Parlamento Europeo y al Consejo un informe periódico en el que se compare la evolución de los gastos efectuados hasta la fecha del informe con las estimaciones de gastos y una evaluación de la ejecución previsible para el resto del ejercicio presupuestario. (21) Habida cuenta del tiempo que transcurre entre la elaboración de los documentos y su presentación, el tipo de cambio utilizado por la Comisión para establecer los documentos presupuestarios debe reflejar la información más reciente disponible. (22) El Reglamento (UE) nº RC/xxx del Parlamento Europeo y del Consejo, de […], por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, que entran dentro del marco estratégico común, y por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006[18], establece normas aplicables a la ayuda financiera de los Fondos cubiertos por dicho Reglamento, incluido el FEADER. Estas disposiciones también incluyen algunas normas sobre la admisibilidad de los gastos, sobre la gestión financiera así como los sistemas de gestión y control. En lo que atañe a la gestión financiera del FEADER, en aras de la claridad y la coherencia entre los fondos agrícolas, se debe hacer referencia a las disposiciones pertinentes sobre los compromisos presupuestarios, los plazos de pago y la liberación del Reglamento (UE) nº RC/xxx. (23) Los programas de desarrollo rural son financiados por el presupuesto de la Unión sobre la base de compromisos por tramos anuales. Los Estados miembros deben poder disponer de los fondos previstos de la Unión desde el comienzo de la aplicación de los programas. Por tanto, es necesario un sistema de prefinanciación convenientemente limitado que garantice un flujo regular de fondos de forma que los pagos a los beneficiarios en el marco de los programas se realicen en el momento adecuado. (24) Aparte de la prefinanciación, procede establecer una distinción entre los pagos de la Comisión a los organismos pagadores autorizados. Deben establecerse normas para el abono de los pagos intermedios y el pago del saldo. La norma de la liberación automática de los compromisos debe contribuir a agilizar la aplicación de los programas y a la buena gestión financiera. (25) La ayuda de la Unión a los beneficiarios debe abonarse con suficiente antelación para que pueda utilizarse de manera eficaz. El incumplimiento de los plazos establecidos en la legislación de la Unión por parte de los Estados miembros puede plantear serios problemas a los beneficiarios y poner en peligro la periodicidad anual del presupuesto de la Unión. Por esta razón se justifica que los gastos efectuados fuera de los plazos de pago se excluyan de la financiación de la Unión. Para respetar el principio de proporcionalidad, es conveniente que la Comisión pueda establecer disposiciones que determinen excepciones a esta norma general. Este principio, establecido en el Reglamento (CE) nº 1290/2005 debe mantenerse y aplicarse tanto al FEAGA como al FEADER. Si los Estados miembros pagan con retraso, deben añadir intereses al importe principal a expensas suyas para compensar a los beneficiarios. Una disposición de este tipo podría crear un incentivo a los Estados miembros para que respeten mejor los plazos de pago, y daría más garantías a los beneficiarios de recibir los pagos a tiempo, o al menos ser compensados en caso de demora. (26) El Reglamento (CE) nº 1290/2005 prevé reducciones y suspensiones de los pagos mensuales o intermedios del FEAGA y el FEADER. A pesar de la redacción poco restrictiva de dichas disposiciones, se observa en la práctica que tales disposiciones se utilizan fundamentalmente para reducir los pagos en caso de incumplimiento de los plazos de pago, de los límites máximos y aspectos contables similares, que pueden ser fácilmente detectados en las declaraciones de gastos. Estas disposiciones también permiten reducciones y suspensiones en caso de deficiencias graves y persistentes en los sistemas nacionales de control, pero incluyen condiciones importantes bastante restrictivas para hacerlo y prevén la aplicación de un procedimiento especial en dos etapas. La autoridad presupuestaria ha solicitado en repetidas ocasiones a la Comisión suspender los pagos a los Estados miembros incumplidores. En este contexto, procede clarificar el régimen previsto en el Reglamento (CE) nº 1290/2005 y unificar las normas sobre reducciones y suspensiones tanto para el FEAGA como para el FEADER en un artículo único. El sistema de reducciones por aspectos contables debe mantenerse con una redacción más clara, en línea con la actual práctica administrativa. La posibilidad de reducir o suspender los pagos en caso de deficiencias importantes y persistentes en los sistemas de control nacionales debe ampliarse mediante la inclusión de la negligencia en la recuperación de pagos irregulares, al tiempo que se mantiene el procedimiento en dos etapas para tales reducciones o suspensiones. (27) De acuerdo con la legislación agrícola sectorial, los Estados miembros deben enviar información sobre el número de controles efectuados y sus resultados en los plazos especificados. Estas estadísticas de control se utilizan para determinar el nivel de error en los Estados miembros y, de forma más general, para el control de la gestión del FEAGA y el FEADER. Para la Comisión suponen una fuente importante para garantizar la correcta gestión de los fondos y constituyen un elemento esencial de la declaración anual de fiabilidad. Dada la naturaleza vital de esta información estadística y con el fin de garantizar que los Estados miembros cumplen su obligación de enviarla a tiempo, procede fijar un elemento disuasorio para el envío tardío de los datos exigidos que sea proporcional a la amplitud del déficit de datos. Por lo tanto, deben adoptarse disposiciones mediante las cuales la Comisión pueda suspender parte de los pagos mensuales o intermedios cuya información estadística pertinente no haya sido enviada a tiempo. (28) A fin de permitir la reutilización de fondos del FEAGA y del FEADER, es preciso adoptar normas específicas sobre la asignación de importes. La lista que figura en el Reglamento (CE) nº 1290/2005 debe completarse con los importes correspondientes a los pagos fuera de plazo y a la liquidación de cuentas en lo que atañe a los gastos en virtud del FEAGA. También el Reglamento (CEE) nº 352/78 del Consejo, de 20 de febrero de 1978, relativo a la adjudicación de las fianzas, cauciones o garantías prestadas en el marco de la política agrícola común y que se hayan perdido[19], establece normas sobre el destino de los importes derivados de garantías ejecutadas. Estas disposiciones deben armonizarse y fusionarse con las disposiciones existentes relativas a los ingresos afectados. Por consiguiente, procede derogar el Reglamento (CEE) nº 352/78. (29) El Reglamento (CE) nº 814/2000 del Consejo, de 17 de abril de 2000, sobre las medidas de información en el ámbito de la política agrícola común[20] y sus normas de desarrollo definen las medidas de información relativas a la PAC que pueden ser financiadas en virtud del artículo 5, letra c), del Reglamento (CE) nº 1290/2005. El Reglamento (CE) nº 814/2000 contiene una lista de esas medidas y sus objetivos y fija las normas de su financiación y la ejecución de los proyectos correspondientes. Desde la adopción de dicho Reglamento, una serie de normas en lo que respecta a las subvenciones y los contratos públicos han sido adoptadas mediante el Reglamento (UE) nº xxx/xxx [RF]. Esas normas deben aplicarse también a las medidas de información en virtud de la PAC. Por razones de simplificación y coherencia, procede derogar el Reglamento (CE) nº 814/2000 al tiempo que se mantienen las disposiciones específicas relativas a los objetivos y tipos de medidas que deben ser financiadas. Estas medidas también deben tener en cuenta la necesidad de garantizar una mayor eficiencia en la comunicación al público en general y sinergias más fuertes entre las actividades de comunicación emprendidas por iniciativa de la Comisión, y cerciorarse de que las prioridades políticas de la Unión se divulgan eficazmente. Por lo tanto, también deben cubrir las medidas de información pertinente de la PAC en el marco de la comunicación institucional a que se hace referencia en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: «Un Presupuesto para Europa 2020 - Parte II: Fichas sobre políticas»[21]. (30) La financiación de las medidas de la PAC se efectúa en parte en gestión compartida. Para garantizar la gestión financiera correcta de los fondos de la Unión, la Comisión ha de ejercer una labor de control de la aplicación de la gestión de los fondos por las autoridades de los Estados miembros encargadas de efectuar los pagos. Es preciso determinar el carácter de los controles que debe efectuar la Comisión, precisar las condiciones en que esta puede asumir sus responsabilidades de ejecución del presupuesto y esclarecer las obligaciones de cooperación de los Estados miembros. (31) Para permitir a la Comisión cumplir con su obligación de verificar la existencia y el funcionamiento correcto en los Estados miembros de los sistemas de gestión y control de los gastos de la Unión, conviene establecer, con independencia de la inspección realizada por los propios Estados miembros, controles efectuados por personas designadas por la Comisión que puedan solicitar ayuda a los Estados miembros en su trabajo. (32) Es necesario utilizar lo más extensamente posible la informática para elaborar la información que debe transmitirse a la Comisión. En las comprobaciones, es importante que la Comisión tenga acceso pleno e inmediato a los datos correspondientes a los gastos, en soporte tanto impreso como informático. (33) Para establecer la relación financiera entre los organismos pagadores autorizados y el presupuesto de la Unión, es conveniente que la Comisión efectúe anualmente la liquidación de cuentas de esos organismos. La decisión de liquidación de cuentas debe referirse a la integralidad, exactitud y veracidad de las cuentas transmitidas, pero no a la conformidad de los gastos con la legislación de la Unión. (34) La Comisión, responsable de la aplicación correcta de la legislación de la Unión, de conformidad con el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea, debe decidir si los gastos efectuados por los Estados miembros se ajustan a dicha normativa. Debe conferirse a los Estados miembros el derecho a justificar sus decisiones de pago y recurrir a la conciliación en caso de desacuerdo con la Comisión. Para conceder a los Estados miembros garantías jurídicas y financieras sobre los gastos efectuados en el pasado, conviene fijar un periodo máximo durante el cual la Comisión pueda considerar que el incumplimiento implica consecuencias financieras. El procedimiento de liquidación de conformidad debe estar, en lo que atañe al FEADER, en línea con las disposiciones sobre las correcciones financieras de la Comisión según lo establecido en la parte 2 del Reglamento (UE) nº RC/xxx . (35) En lo que respecta al FEAGA, los importes recuperados deben reembolsarse a este Fondo ya que se trata de gastos no conformes con la legislación de la Unión y por los cuales no existe ningún derecho. Debe establecerse un sistema de responsabilidad financiera de las irregularidades si no se produce una recuperación total. A este respecto debe crearse un procedimiento que permita a la Comisión salvaguardar los intereses del presupuesto de la Unión mediante la imputación al Estado miembro de que se trate de los importes perdidos como consecuencia de irregularidades y no recuperados en un plazo razonable. Las normas se aplicarán a todas las sumas aún no recuperadas en el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento. En algunos casos de negligencia por parte del Estado miembro, también está justificado imputarle la totalidad del importe. Las mismas reglas deben aplicarse al FEADER, pero con la particularidad de que los importes recuperados o anulados por irregularidades queden a disposición de los programas de desarrollo rural aprobados en el Estado miembro de que se trate, ya que esos importes han sido asignados a dicho Estado miembro. También deben establecer disposiciones relativas a la obligación de informar a los Estados miembros. (36) Los procedimientos de recuperación aplicados por los Estados miembros pueden dar lugar a retrasos de varios años en las recuperaciones, sin ninguna certidumbre de que estas se vayan a hacer efectivas. Los costes producidos por estos procedimientos pueden ser también desproporcionados respecto a los cobros efectuados o realizables. Por consiguiente, en algunos casos debe permitirse a los Estados miembros interrumpir los procedimientos de recuperación. (37) Para proteger los intereses financieros del presupuesto de la Unión, los Estados miembros deben adoptar medidas encaminadas a garantizar que las operaciones financiadas por el FEAGA y el FEADER se efectúen real y correctamente. Los Estados miembros también deben impedir, detectar y resolver eficazmente cualquier irregularidad o incumplimiento de obligaciones cometido por los beneficiarios. A tal fin, debe aplicarse el Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas[22]. (38) Varios reglamentos sectoriales agrícolas incluyen disposiciones relativas a los principios generales sobre controles, retiradas, reducciones o exclusiones del beneficio de los pagos y a la imposición de penalizaciones. Dichas normas deben ser recopiladas en el mismo marco jurídico a nivel horizontal y abarcar las obligaciones de los Estados miembros en lo que atañe a los controles administrativos y sobre el terreno, las normas sobre la recuperación, reducción y exclusiones de la ayuda. Asimismo, deben fijarse normas sobre controles de obligaciones no necesariamente vinculadas al pago de una ayuda. (39) Diversas disposiciones de la legislación agrícola sectorial exigen la constitución de una garantía para avalar el pago de un importe adeudado si no se cumple una obligación. Procede aplicar una norma horizontal única a todas estas disposiciones con el fin de reforzar el ámbito de las garantías. (40) Los Estados miembros deben poner en marcha un sistema integrado de gestión y control de determinados pagos previstos en el Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD] y en el Reglamento (UE) nº DR/xxx del Parlamento Europeo y del Consejo, de xxx, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)[23]. Para mejorar la eficacia y el seguimiento de la ayuda de la Unión, debe autorizarse a los Estados miembros a hacer uso del sistema integrado también en otros regímenes de ayuda de la Unión. (41) Procede mantener los principales elementos de dicho sistema integrado y, en particular, las disposiciones relativas a una base de datos informatizada, un sistema de identificación de las parcelas agrícolas, las solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago y un sistema para la identificación y registro de los derechos de pago. (42) Las autoridades nacionales competentes deben abonar íntegramente a los beneficiarios los pagos previstos en los regímenes de ayuda de la Unión, sin perjuicio de las reducciones que se establezcan en el presente Reglamento, y en los plazos fijados. Para que la gestión de los pagos directos sea más flexible, debe permitirse a los Estados miembros abonar los pagos cubiertos por el sistema integrado hasta en dos plazos anuales. (43) El control de los documentos comerciales de las empresas beneficiarias o deudoras puede constituir un medio muy eficaz de control de las operaciones comprendidas en el sistema de financiación del FEAGA. Las disposiciones sobre el control de los documentos comerciales se establecen en el Reglamento (CE) nº 485/2008 del Consejo, de 26 de mayo de 2008, relativo a los controles, por los Estados miembros, de las operaciones comprendidas en el sistema de financiación por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía[24]. Dicho control completa los demás controles efectuados por los Estados miembros. Además, el presente Reglamento no afecta a las disposiciones nacionales en materia de control que sean más amplias que las previstas en el mismo. (44) En virtud del Reglamento (CE) nº 485/2008, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar una protección eficaz de los intereses financieros del presupuesto de la Unión, especialmente para verificar la autenticidad y la conformidad de las operaciones financiadas por el FEAGA. En aras de la claridad y la racionalidad, las disposiciones pertinentes deben integrarse en un mismo acto. Por consiguiente, procede derogar el Reglamento (CE) nº 485/2008. (45) Deben determinarse los documentos en función de los cuales se realizará el control en cuestión, de forma que sea posible llevar a cabo un control completo. La elección de las empresas objeto de control debe efectuarse teniendo en cuenta las características de las operaciones que tengan lugar bajo su responsabilidad y la distribución por sectores de las empresas beneficiarias o deudoras en función de su importancia financiera dentro del sistema de financiación del FEAGA (46) Deben definirse las competencias de los agentes encargados de los controles, así como la obligación de las empresas de mantener a disposición de los mismos, durante un periodo determinado, los documentos comerciales y de facilitarles los datos que soliciten. Deben adoptarse disposiciones que permitan el embargo de los documentos comerciales en determinados casos. (47) Habida cuenta de la estructura internacional del comercio agrícola y en interés del funcionamiento del mercado interior, es necesario organizar la cooperación entre los Estados miembros. Asimismo, es necesario instaurar a nivel de la Unión una documentación centralizada sobre las empresas beneficiarias o deudoras establecidas en terceros países. (48) Si bien corresponde a los Estados miembros establecer sus respectivos programas de control, es necesario que sean comunicados a la Comisión para que esta pueda desempeñar su función de supervisión y de coordinación, para garantizar que dichos programas se fundamentan en criterios apropiados y para asegurar que el control se concentra en los sectores o empresas donde existe mayor riesgo de fraude. (49) Es esencial que cada Estado miembro disponga de un servicio específico encargado de vigilar el control de los documentos comerciales previsto en el presente Reglamento o coordinar dicho control. Estos servicios específicos deben ser independientes, en cuanto a su organización, de los servicios que efectúen los controles previos a los pagos. La información obtenida durante dicho control debe estar protegida por el secreto profesional. (50) El Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) nº 2019/93, (CE) nº 1452/2001, (CE) nº 1453/2001, (CE) nº 1454/2001, (CE) nº 1868/94, (CE) nº 1251/1999, (CE) nº 1254/1999, (CE) nº 1673/2000, (CEE) nº 2358/71 y (CE) nº 2529/2001[25], sustituido por el Reglamento (CE) nº 73/2009, establece el principio de que el pago íntegro a los beneficiarios de algunas ayudas en virtud de la PAC debe subordinarse al respeto de las normas relativas a la gestión de las tierras, a la producción agrícola y a las actividades agrícolas. Este principio quedó reflejado posteriormente en el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)[26] y en el Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM)[27]. En virtud del denominado «sistema de condicionalidad», los Estados miembros deben imponer penalizaciones en forma de reducción o exclusión, total o parcial, de la ayuda recibida en el marco de la PAC. (51) El sistema de condicionalidad incorpora en la PAC normas básicas en materia de medio ambiente, cambio climático, buenas condiciones agrícolas y medioambientales de la tierra, salud pública, sanidad animal, fitosanidad y bienestar animal. Este vínculo tiene como objetivo contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible mediante una mejor concienciación de los beneficiarios sobre la necesidad de respetar las normas básicas. También pretende contribuir a hacer que la PAC responda en mayor medida a las expectativas de la sociedad en general gracias a una mejor coherencia de esta política con las políticas en materia de medio ambiente, salud pública, sanidad animal, fitosanidad y bienestar animal. (52) El sistema de condicionalidad forma parte integrante de la PAC y debe, pues, mantenerse. Sin embargo, su ámbito de aplicación, que consiste en listas separadas de requisitos legales de gestión y normas de buenas condiciones agrícolas y medioambientales de la tierra, debe simplificarse con objeto de garantizar su coherencia y hacerlo más visible. Con este fin procede organizar los requisitos y las normas en una lista única y agruparlos por áreas y temas. La experiencia también ha demostrado que una serie de requisitos incluidos en el ámbito de la condicionalidad no están suficientemente relacionados con la actividad agraria o la superficie de la explotación, o conciernen más a las autoridades nacionales que a los beneficiarios. Por lo tanto, procede definir mejor el ámbito de aplicación. Además, debe preverse una disposición para el mantenimiento de pastos permanentes en 2014 y 2015. (53) Los requisitos legales de gestión deben ser plenamente aplicados por los Estados miembros a fin de que entren en funcionamiento en las explotaciones y garanticen la necesaria igualdad de trato entre agricultores. (54) En lo que atañe a la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas[28], las disposiciones solo serán operativas en lo tocante a la condicionalidad, cuando todos los Estados miembros las hayan aplicado plenamente, en particular, con claras obligaciones para los agricultores. De acuerdo con la Directiva, los requisitos a nivel de explotación se aplicará a más tardar el 1 de enero de 2013. (55) En lo que atañe a la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas[29], las disposiciones solo serán operativas en lo tocante a la condicionalidad, cuando todos los Estados miembros las hayan aplicado plenamente, en particular, con claras obligaciones para los agricultores. De acuerdo con la Directiva los requisitos a nivel de explotación se aplicarán progresivamente de acuerdo con un calendario y, en particular, los principios generales de la gestión integrada de plagas se aplicarán a más tardar el 1 de enero de 2014. (56) De acuerdo con el artículo 22 de la Directiva 2000/60/CE, la Directiva 80/68/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas[30], quedará derogada el 23 de diciembre de 2013. Con el fin de mantener las normas en materia de condicionalidad relativas a la protección de las aguas subterráneas, es preciso, a la espera de la inclusión de la Directiva 2000/60/CE en la condicionalidad, ajustar el ámbito de aplicación de la condicionalidad y definir un estándar de buenas condiciones agrícolas y medioambientales que abarque los requisitos de los artículos 4 y 5 de la Directiva 80/68/CEE. (57) El sistema de condicionalidad implica ciertas obligaciones administrativas tanto para los beneficiarios como para las administraciones nacionales ya que hay que garantizar el mantenimiento de registros, llevar a cabo controles y aplicar penalizaciones en caso necesario. Dichas penalizaciones deben ser proporcionadas, efectivas y disuasivas y deben aplicarse sin perjuicio de otras penalizaciones establecidas en virtud de otras disposiciones de la legislación nacional o de la Unión. En aras de la coherencia, conviene unificar las correspondientes disposiciones de la Unión en un único instrumento jurídico. En el caso de los agricultores que participan en el régimen a favor de los pequeños agricultores, al que se refiere el título V del Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD], puede considerarse que los esfuerzos que deben realizar en virtud del sistema de condicionalidad superan el beneficio de mantener a dichos agricultores en dicho régimen. Por consiguiente, por razones de simplificación, dichos agricultores deben quedar exentos de la condicionalidad y, en particular, de su sistema de control y del riesgo de las penalizaciones de condicionalidad. No obstante, esta excepción no debe afectar a la obligación de respetar las disposiciones aplicables de la legislación sectorial y a la posibilidad de ser controlado y recibir sanciones en virtud de dicha legislación. (58) El Reglamento (CE) nº 1782/2003 establece un marco de normas de buenas condiciones agrícolas y medioambientales de la tierra a partir del cual los Estados miembros deben adoptar normas nacionales atendiendo a las características específicas de las zonas correspondientes, entre las que se incluyen las condiciones edafológicas y climáticas y los sistemas de cultivo (utilización del suelo, rotación de cultivos, prácticas de cultivo) y estructuras agrarias existentes. Con dichas normas se pretende contribuir a prevenir la erosión del suelo, mantener la materia orgánica y la estructura del suelo, garantizar un nivel mínimo de mantenimiento, evitar el deterioro de los hábitats y proteger y gestionar el agua. El alcance más general del sistema de condicionalidad establecido en el presente Reglamento debe, por lo tanto, incluir un marco a partir del cual los Estados miembros deben adoptar normas nacionales de buenas condiciones agrícolas y medioambientales. El marco de la Unión también debe incluir normas para abordar mejor las cuestiones del agua, el suelo, las reservas de carbono, la biodiversidad y el paisaje, así como nivel mínimo de mantenimiento de la tierra. (59) Los beneficiarios deben conocer claramente sus obligaciones en relación con las normas de condicionalidad. Para ello, todos los requisitos y normas que forman parte de las mismas deben ser comunicadas por los Estados miembros de forma exhaustiva, comprensible y explicativa, incluso, cuando sea posible, por medios electrónicos. (60) Una aplicación eficaz de la condicionalidad requiere la verificación del respeto de las obligaciones por parte de los beneficiarios. En caso de que un Estado miembro decida hacer uso de la opción de no aplicar una reducción o exclusión cuando el importe en cuestión sea inferior a 100 EUR, la autoridad de control competente debe verificar, en una muestra de beneficiarios en el año siguiente, que los incumplimientos constatados han sido remediados. (61) Para garantizar una cooperación armoniosa entre la Comisión y los Estados miembros en la financiación de los gastos de la PAC y, más concretamente, para permitir a la Comisión contrastar la gestión financiera de los Estados miembros y liquidar las cuentas de los organismos pagadores autorizados, es necesario que los Estados miembros comuniquen determinados datos a la Comisión o los conserven a disposición de ésta. (62) A los efectos de compilar los datos que deben enviarse a la Comisión y permitir que esta tenga acceso pleno e inmediato a los datos relacionados con los gastos, tanto en papel como en formato electrónico, es necesario fijar normas adecuadas sobre la presentación y transmisión de los mismos, incluidas normas sobre plazos. (63) Puesto que en el ámbito de la aplicación de los sistemas de control nacionales y de la liquidación de conformidad pueden comunicarse datos personales o secretos comerciales, los Estados miembros y la Comisión deben velar por la confidencialidad de la información recibida en ese contexto. (64) En aras de la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión y la imparcialidad de trato tanto a nivel del Estado miembro como del beneficiario, deben establecerse disposiciones sobre el uso del euro. (65) El tipo de cambio del euro en moneda nacional puede variar durante el periodo en el cual se realiza una operación. Por lo tanto, el tipo aplicable a los importes de que se trate debe determinarse teniendo en cuenta el hecho por el que se alcanza el objetivo económico de la operación. El tipo de cambio utilizado deberá ser, por tanto, el del día en que se produzca el hecho. Es necesario precisar este hecho generador o establecer casos de inaplicación, respetando siempre determinados criterios, y concretamente la rapidez de la repercusión de los movimientos monetarios. Estas normas se establecen en el Reglamento (CE) nº 2799/98, de 15 de diciembre de 1998, por el que se establece el régimen agromonetario del euro[31] y completan disposiciones similares del Reglamento (CE) nº 1290/2005. En aras de la claridad y la racionalidad, las disposiciones pertinentes deben integrarse en el mismo acto. Por consiguiente, procede derogar el Reglamento (CE) nº 2799/98. (66) Deben establecerse normas específicas que permitan afrontar situaciones monetarias excepcionales que puedan presentarse tanto dentro de la Unión Europea como en el mercado mundial y que exijan una reacción inmediata con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los mecanismos establecidos en virtud de la PAC. (67) Los Estados miembros que no han adoptado el euro deben tener la opción de pagar en euros y no en moneda nacional los gastos derivados de la legislación de la PAC. Deben adoptarse disposiciones específicas a fin de garantizar que esta posibilidad no constituya una ventaja injustificada para los beneficiarios o los deudores. (68) Cada medida de la PAC debe ser objeto de un seguimiento y una evaluación con el fin de mejorar su calidad y demostrar sus logros. En este contexto, debe elaborarse una lista de indicadores y la repercusión de la PAC debe ser evaluada por la Comisión en relación con los objetivos políticos. La Comisión debe crear un marco para un seguimiento y una evaluación comunes que garantice, entre otras cosas, que los datos pertinentes, incluida la información de los Estados miembros, estén disponibles en el momento oportuno. Al hacerlo, deben tenerse en cuenta las necesidades de datos y las sinergias entre las posibles fuentes de datos. Por otra parte, la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: «Un presupuesto para Europa 2020 - Parte II» estipuló que el gasto relacionado con el clima en el presupuesto general de la Unión debe aumentar al menos el 20 %, con contribución de las diferentes políticas. Por lo tanto, la Comisión debe poder evaluar la incidencia de la ayuda de la Unión en el ámbito de la PAC con relación a los objetivos climáticos. (69) Es aplicable la legislación de la Unión relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en particular, la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos[32], y el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos[33]. (70) En su sentencia en los asuntos acumulados C-92/09 y 93/09[34], el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró inválidas las disposiciones pertinentes del Reglamento (CE) nº 1290/2005 relativas a la obligación de los Estados miembros de publicar información sobre las personas físicas beneficiarias de los fondos agrícolas europeos. Habida cuenta del interés de las personas físicas en que sus datos de carácter personal queden protegidos y a fin de conciliar los diversos objetivos que se persiguen con la obligación de publicar datos sobre los beneficiarios de fondos, prevista por el Reglamento (CE) nº 259/2008 de la Comisión, de 18 de marzo de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la publicación de información sobre los beneficiarios de fondos procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)[35], dicho Reglamento se modificó con el fin de establecer explícitamente que esta obligación no se aplica a las personas físicas. La adopción por el Parlamento Europeo y el Consejo de una nueva normativa que tenga en cuenta las objeciones expresadas por el Tribunal debe ir precedida de un análisis y una evaluación profundos a fin de encontrar la manera más adecuada de conciliar el derecho a la protección de los datos personales de los beneficiarios con la necesidad de transparencia. A la espera de dichos análisis y evaluación, deben mantenerse las disposiciones actuales relativas a la publicación de información sobre los beneficiarios de los fondos agrícolas europeos. (71) Con el fin de asegurar unas condiciones uniformes en la aplicación del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Estas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión[36]. (72) El procedimiento consultivo debe utilizarse para la adopción de una serie de actos de ejecución. Con respecto a los actos de ejecución que incluyen cálculos de los importes por la Comisión, el procedimiento consultivo permite a la Comisión asumir plenamente su responsabilidad de gestionar el presupuesto y tiene por objeto aumentar la eficacia, la previsibilidad y la rapidez, teniendo en cuenta los plazos y los procedimientos presupuestarios. Con respecto a los actos de ejecución en el marco de los pagos efectuados a los Estados miembros y el funcionamiento del procedimiento de liquidación de cuentas, el procedimiento consultivo permite a la Comisión asumir plenamente su responsabilidad de gestionar el presupuesto y verificar las cuentas anuales de los organismos pagadores nacionales con objeto de aceptar esas cuentas o, en el caso de los gastos no efectuados de acuerdo con las normas de la Unión, excluir dichos gastos de la financiación de la Unión. En otros casos, el procedimiento de examen debe utilizarse para adoptar los actos de ejecución. (73) La Comisión debe estar facultada para llevar a cabo determinadas tareas administrativas o de gestión, en particular, relativas a la fijación del saldo neto disponible para los gastos del FEAGA. A dichas facultades no debe aplicarse el Reglamento (UE) nº 182/2011. (74) La transición de las disposiciones de los Reglamentos derogados por el presente Reglamento a las del presente Reglamento puede plantear algunos problemas prácticos y específicos. Para hacer frente a esas posibles dificultades, procede que la Comisión pueda adoptar las medidas necesarias y debidamente justificadas. (75) Dado que el período de programación de los programas de desarrollo rural financiados con arreglo al presente Reglamento comienza el 1 de enero de 2014, el presente Reglamento debe aplicarse a partir de esa fecha. Sin embargo, algunas disposiciones relativas, en particular, a la gestión financiera de los fondos deben aplicarse en una fecha anterior a la del comienzo del ejercicio financiero. HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: ÍNDICE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.................................................................................................... 2 1........... CONTEXTO DE LA PROPUESTA.............................................................................. 2 2........... RESULTADOS DE LAS CONSULTAS DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO.................................................................................................................... 4 3........... ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA....................................................... 7 4........... IMPLICACIÓN PRESUPUESTARIA.......................................................................... 8 REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común.............................................................................................................. 10 TÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICICIONES............................................... 28 TÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES DE LOS FONDOS AGRÍCOLAS.................... 29 Capítulo I Fondos agrícolas......................................................................................................... 29 Capítulo II Organismos pagadores y otros organismos................................................................. 31 TÍTULO III SISTEMA DE ASESORAMIENTO A LAS EXPLOTACIONES......................... 35 TÍTULO IV GESTIÓN FINANCIERA DE LOS FONDOS..................................................... 37 Capítulo I FEAGA...................................................................................................................... 37 Sección 1 Financiación de los gastos........................................................................................... 37 Sección 2 Disciplina presupuestaria............................................................................................. 40 Capítulo II FEADER.................................................................................................................. 43 Sección 1 Disposiciones generales del FEADER......................................................................... 43 Sección 2 Financiación de los programas de desarrollo rural........................................................ 43 Sección 3 Participación financiera en los programas de desarrollo rural........................................ 44 Sección 4 Financiación del premio a la cooperación innovadora local........................................... 47 Capítulo III Disposiciones comunes............................................................................................. 48 Capítulo IV Liquidación de cuentas............................................................................................. 54 Sección I Disposiciones generales............................................................................................... 54 Sección II Liquidación................................................................................................................ 56 Sección III Irregularidades.......................................................................................................... 58 TÍTULO V SISTEMAS DE CONTROL Y PENALIZACIONES............................................. 61 Capítulo I Normas generales....................................................................................................... 61 Capítulo II Sistema integrado de gestión y control........................................................................ 67 Capítulo III Control de las operaciones....................................................................................... 73 Capítulo IV Otras disposiciones sobre los controles..................................................................... 79 TÍTULO VI CONDICIONALIDAD......................................................................................... 81 Capítulo I Ámbito de aplicación.................................................................................................. 81 Capítulo II Sistema de control y penalizaciones en relación con la condicionalidad........................ 83 TÍTULO VII DISPOSICIONES COMUNES........................................................................... 87 Capítulo I Comunicación............................................................................................................. 87 Capítulo II Utilización del euro.................................................................................................... 89 Capítulo III Informe y evaluación................................................................................................. 92 TÍTULO VIII DISPOSICIONES FINALES.............................................................................. 94 ANEXO I.................................................................................................................................. 96 ANEXO II................................................................................................................................. 99 ANEXO III.............................................................................................................................. 102 FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA.................................................................................. 107 TÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICICIONES Artículo 1 Ámbito de aplicación El presente Reglamento establece las normas sobre: a) la financiación de los gastos de la Política Agrícola Común, incluidos los de desarrollo rural; b) el sistema de asesoramiento a las explotaciones; c) los sistemas de gestión y control implantados por los Estados miembros; d) el sistema de condicionalidad; e) la liquidación de cuentas. Artículo 2 Términos utilizados en el presente Reglamento 1. A los efectos del presente Reglamento, serán aplicables las definiciones de «agricultor», «actividad agraria», «superficie agraria», «explotación» que figuran en el artículo 4 del Reglamento (UE) xxx/xxx [PD], salvo disposición en contrario establecida en el presente Reglamento. Los términos «pagos directos» a que se hace referencia en el artículo 1 del Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD] se aplicarán a efectos del presente Reglamento. 2. La existencia de casos de fuerza mayor o de circunstancias excepcionales, en la acepción del presente Reglamento, en relación con el Reglamento (UE) xxx/xxx [PD], el Reglamento (UE) nº xxx/xxx [OCM] y el Reglamento (UE) xxx/xxx [DR] pueden reconocerse, por ejemplo, en los siguientes casos: a) fallecimiento del beneficiario; b) incapacidad laboral de larga duración del beneficiario; c) catástrofe natural grave que haya afectado seriamente a la explotación; d) destrucción accidental de los locales ganaderos de la explotación; e) epizootia que haya afectado a una parte o la totalidad del ganado del beneficiario; f) expropiación de una parte importante de la explotación, si esta expropiación no era previsible el día en que se suscribió el compromiso. TÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES DE LOS FONDOS AGRÍCOLAS Capítulo I Fondos agrícolas Artículo 3 Fondos de financiación del gasto agrícola 1. Para alcanzar los objetivos de la Política Agrícola Común definidos en el Tratado, la financiación de las distintas medidas de esta política, incluidas las de desarrollo rural, se efectuará mediante: a) el Fondo Europeo Agrícola de Garantía, denominado en lo sucesivo «el FEAGA»; b) el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, denominado en lo sucesivo «el FEADER». 2. El FEAGA y el FEADER constituirán partes del presupuesto general de la Unión Europea. Artículo 4 Gastos del FEAGA 1. El FEAGA se ejecutará mediante gestión compartida entre los Estados miembros y la Unión y financiará los gastos siguientes, que deberán efectuarse de acuerdo con la legislación de la Unión: a) las medidas destinadas a la regulación o apoyo de los mercados agrarios; b) los pagos directos a los agricultores establecidos en el ámbito de la Política Agrícola Común; c) la participación financiera de la Unión para medidas de información y promoción de los productos agrícolas en el mercado interior de la Unión y en los terceros países realizadas por mediación de los Estados miembros y basadas en los programas aprobados por la Comisión, excepto aquellos que se mencionan en el artículo 5; d) la participación financiera de la Unión en el plan de consumo de fruta en las escuelas de la Unión y en las medidas relacionadas con las enfermedades animales y la pérdida de confianza de los consumidores contemplados en los artículos 21 y 155 del Reglamento (UE) nº xxx/xxx [OCM], respectivamente. 2. El FEAGA financiará los gastos siguientes de forma directa y de conformidad con la legislación de la Unión: a) la promoción de productos agrícolas efectuada directamente por la Comisión o por mediación de organizaciones internacionales; b) las medidas, adoptadas de conformidad con la legislación de la Unión, destinadas a garantizar la conservación, la caracterización, la recogida y la utilización de recursos genéticos en agricultura; c) la creación y mantenimiento de los sistemas de información contable agraria; d) los sistemas de investigación agraria, incluida la investigación sobre la estructura de las explotaciones agrarias. Artículo 5 Gastos del FEADER El FEADER se ejecutará mediante gestión compartida entre los Estados miembros y la Unión y financiará la participación financiera de la Unión en los programas de desarrollo rural realizados de conformidad con la legislación de la Unión relativa a la ayuda al desarrollo rural, así como los gastos relacionados con el premio a la cooperación innovadora local mencionado en el título III, capítulo IV, del Reglamento (UE) nº DR/xxx. Artículo 6 Otros gastos, incluida la asistencia técnica El FEAGA y el FEADER, cada uno en el ámbito de sus competencias, podrán financiar, de forma directa, a iniciativa de la Comisión o por cuenta propia, las medidas de preparación, seguimiento, asistencia administrativa y técnica, así como las medidas de evaluación, auditoría y control necesarias para la aplicación de la Política Agrícola Común. Entre estas medidas se incluyen las siguientes: (a) medidas necesarias para el análisis, la gestión, el seguimiento, el intercambio de información y la aplicación de la Política Agrícola Común y las medidas relacionadas con la aplicación de los sistemas de control y la asistencia técnica y administrativa; (b) adquisición por la Comisión de imágenes de satélites necesarias para los controles de acuerdo con el artículo 21; (c) medidas adoptadas por la Comisión mediante aplicaciones de teledetección utilizadas para el seguimiento de los recursos agrícolas de acuerdo con el artículo 22; (d) medidas necesarias para mantener y desarrollar los métodos y medios técnicos de información, interconexión, seguimiento y control de la gestión financiera de los fondos utilizados para la financiación de la Política Agrícola Común; (e) información sobre la Política Agrícola Común de acuerdo con el artículo 47; (f) estudios sobre la Política Agrícola Común y la evaluación de las medidas financiadas por el FEAGA y el FEADER, incluidos la mejora de los métodos de evaluación y el intercambio de información sobre las prácticas; (g) en su caso, las agencias ejecutivas creadas con arreglo al Reglamento (CE) nº 58/2003 del Consejo[37], que participen en la Política Agrícola Común; (h) medidas relativas a la divulgación de información, la sensibilización, el fomento de la cooperación y el intercambio de experiencias en la Unión, efectuadas en el ámbito del desarrollo rural, incluida la interconexión en red de los participantes; (i) medidas necesarias para la creación, registro y protección de logotipos en el ámbito de las políticas de calidad de la Unión y para la protección de los derechos de propiedad intelectual vinculados a las mismas, así como los progresos necesarios en las tecnologías de la información (IT). Capítulo II Organismos pagadores y otros organismos Artículo 7 Autorización y retirada de la autorización de los organismos pagadores y los organismos coordinadores 1. Los organismos pagadores serán los servicios u organismos competentes de los Estados miembros responsables de la gestión y control de los gastos mencionados en el artículo 4, apartado 1, y en el artículo 5. Con excepción de los pagos, la ejecución de dichas tareas podrá delegarse. 2. Los Estados miembros autorizarán como organismos pagadores a los servicios u organismos que reúnan los criterios de autorización que serán establecidos por la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, letra a). Los Estados miembros restringirán, en función de sus disposiciones constitucionales, el número de organismos pagadores autorizados a uno por Estado miembro o uno por región, según proceda. Sin embargo, cuando se establezcan organismos pagadores a escala regional, los Estados miembros autorizarán, además, un organismo pagador a escala nacional para los regímenes de ayuda que, por su naturaleza, deben gestionarse a escala nacional. 3. Antes [del 1 de febrero] del año siguiente al ejercicio de que se trate, la persona responsable del organismo pagador autorizado elaborará: a) las cuentas anuales de los gastos realizados en la ejecución de las tareas asignadas a sus organismos pagadores autorizados, acompañadas de la información necesaria para su liquidación de acuerdo con el artículo 53; b) una declaración de fiabilidad sobre la gestión en relación con la integralidad, la exactitud y la veracidad de las cuentas, el correcto funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes y el respeto del principio de buena gestión financiera; c) un resumen de los resultados disponibles de todas las auditorías y controles realizados, incluido un análisis de las deficiencias sistemáticas o recurrentes, así como de las medidas correctivas tomadas o previstas. 4. Los Estados miembros que autoricen más de un organismo pagador, también designarán un organismo, denominado en lo sucesivo «organismo coordinador», al que encargarán las siguientes funciones: a) recopilar la información que debe ponerse a disposición de la Comisión y transmitírsela a ésta; b) elaborar un informe de síntesis que ofrezca una descripción de conjunto a escala nacional de todas las declaraciones de fiabilidad mencionadas en el apartado 3, letra b), y los dictámenes de auditoría correspondientes mencionados en el artículo 9; c) garantizar que se adoptan medidas correctoras en lo que atañe a las deficiencias de carácter común y que se mantiene informada a la Comisión del seguimiento; d) fomentar y garantizar la aplicación armonizada de la legislación de la Unión. El Estado miembro al organismo coordinador otorgará una autorización específica relativa al tratamiento de las informaciones financieras a que se refiere la letra a) del párrafo primero. 5. En caso de que un organismo pagador autorizado no cumpla o deje de cumplir uno o varios de los criterios de autorización contemplados en el apartado 2, el Estado miembro le retirará su autorización, a menos que el citado organismo proceda a las oportunas adaptaciones dentro del plazo que se fije en función de la gravedad del problema. 6. Los organismos pagadores gestionarán y garantizarán el control de las operaciones vinculadas a la intervención pública de las cuales son responsables y conservarán la responsabilidad global en dicho ámbito. Artículo 8 Competencias de la Comisión 1. Para garantizar el buen funcionamiento del sistema previsto en el artículo 7, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de acuerdo con el artículo 111, relativos a: a) las condiciones mínimas de autorización de los organismos pagadores relativas al entorno interior, las actividades de control, la información y la comunicación, y el seguimiento, así como las normas relativas al procedimiento de concesión y retirada de la autorización; b) las normas relativas a la supervisión y al procedimiento de revisión de la autorización de los organismos pagadores; c) las condiciones mínimas de autorización de los organismos coordinadores así como las normas relativas al procedimiento de concesión y retirada de autorización. 2. La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, normas sobre: a) las obligaciones de los organismos pagadores en lo que respecta a la intervención pública, así como sobre el contenido de su gestión y responsabilidades en materia de control; b) el funcionamiento del organismo coordinador y la notificación de información a la Comisión contemplados en el artículo 7, apartado 4. Los actos de ejecución mencionados en el párrafo primero se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 112, apartado 3. Artículo 9 Organismos de certificación 1. El organismo de certificación será un organismo auditor público o privado, designado por el Estado miembro, que emitirá un dictamen acerca de la declaración de fiabilidad sobre la gestión que abarque la integralidad, la exactitud y la veracidad de las cuentas anuales del organismo pagador, el correcto funcionamiento de sus sistemas de control interno, la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes así como el respeto del principio de buena gestión financiera. Deberá ser operativamente independiente tanto del organismo pagador de que se trate como de la autoridad que haya autorizado a dicho organismo. 2. La Comisión, mediante actos de ejecución, adoptará disposiciones sobre el régimen jurídico de los organismos de certificación, las tareas específicas, incluidos los controles, que deberán llevar a cabo, así como los certificados y los informes, junto con los documentos que los acompañan, que deberán elaborar dichos organismos. Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 112, apartado 3. Artículo 10 Admisibilidad de los pagos efectuados por los organismos pagadores Los gastos mencionados en el artículo 4, apartado 1, y en el artículo 5 podrán ser cubiertos por la financiación de la Unión únicamente si han sido efectuados por organismos pagadores autorizados. Artículo 11 Pago íntegro a los beneficiarios Salvo disposición en contrario establecida por la legislación de la Unión, los pagos relativos a la financiación prevista en el presente Reglamento se abonarán íntegramente a los beneficiarios. TÍTULO III SISTEMA DE ASESORAMIENTO A LAS EXPLOTACIONES Artículo 12 Principio y ámbito de aplicación 1. Los Estados miembros instaurarán un sistema para asesorar a los beneficiarios sobre la gestión de tierras y explotaciones (denominado en lo sucesivo «el sistema de asesoramiento a las explotaciones»), que estará a cargo de uno o varios organismos designados. Estos podrán ser públicos o privados. 2. El sistema de asesoramiento a las explotaciones cubrirá al menos: a) los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrícolas y medioambientales de la tierra establecidas en el título VI, capítulo I; b) las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, tal como se establecen en el título III, capítulo 2, del Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD] y el mantenimiento de la superficie agrícola, según lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) nº XXX/XXX [PD]; c) los requisitos o acciones relativas a la mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, la biodiversidad, la protección de las aguas, la notificación de enfermedades animales y vegetales y la innovación como mínimo según lo establecido en el anexo I del presente Reglamento; d) el desarrollo sostenible de la actividad económica de las pequeñas explotaciones definidas por los Estados miembros y, al menos, el de las explotaciones que participen en el régimen para los pequeños agricultores contemplado en el título V del Reglamento (UE) nº XXX/XXX [PD]. 3. El sistema de asesoramiento a las explotaciones también puede cubrir, en particular: a) el desarrollo sostenible de la actividad económica de las explotaciones distintas de las mencionadas en el apartado 2, letra d); b) los requisitos mínimos establecidos por la legislación nacional, tal como se contempla en el artículo 29, apartado 3, y en el artículo 30, apartado 2, del Reglamento (UE) nº xxx/xxx [DR]. Artículo 13 Requisitos específicos relativos al sistema de asesoramiento a las explotaciones 1. Los Estados miembros velarán por que los asesores del sistema de asesoramiento a las explotaciones estén adecuadamente cualificados y se formen periódicamente. 2. Los Estados miembros garantizarán la separación entre asesoramiento y control. En este sentido y sin perjuicio de la legislación nacional relativa al acceso público a documentos, los Estados miembros velarán por que los organismos designados a que se refiere el artículo 12 se abstengan de divulgar cualquier dato personal o individual que obtengan en el ejercicio de su actividad asesora a toda persona que no sea el beneficiario gerente de la explotación afectada, con la salvedad de las irregularidades o infracciones constatadas en el desempeño de su actividad que, en virtud de la legislación de la Unión o nacional, deban obligatoriamente notificarse a una autoridad pública, en particular cuando se trate de infracciones penales. 3. Las autoridades nacionales competentes facilitarán a los beneficiarios, cuando proceda mediante el uso de medios electrónicos, la lista correspondiente de organismos designados. Artículo 14 Acceso al sistema de asesoramiento a las explotaciones Los beneficiarios, con independencia de si reciben o no ayuda en virtud de la Política Agrícola Común, incluido el desarrollo rural, podrán utilizar de forma voluntaria el sistema de asesoramiento a las explotaciones. Sin embargo, los Estados miembros podrán determinar, siguiendo criterios objetivos, las categorías de beneficiarios que tienen acceso prioritario al sistema de asesoramiento a las explotaciones. No obstante, los Estados miembros deberán garantizar que se da prioridad a los agricultores cuyo acceso a un servicio de asesoramiento distinto del sistema de asesoramiento a las explotaciones es más limitado. El sistema de asesoramiento a las explotaciones garantizará que los beneficiarios tengan acceso al asesoramiento adecuado a la situación específica de su explotación. Artículo 15 Competencias de la Comisión 1. Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del sistema de asesoramiento a las explotaciones, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de acuerdo con el artículo 111, relativos a disposiciones que tengan como objetivo la plena operatividad de dicho sistema. Dichas disposiciones podrán referirse, entre otras cosas, a los criterios de accesibilidad para los agricultores. 2. La Comisión podrá, mediante actos de ejecución, adoptar normas para la aplicación uniforme del sistema de asesoramiento a las explotaciones. Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 112, apartado 3. TÍTULO IV GESTIÓN FINANCIERA DE LOS FONDOS Capítulo I FEAGA Sección 1 Financiación de los gastos Artículo 16 Límite presupuestario 1. El límite anual de los gastos del FEAGA estará constituido por los importes máximos fijados para este último en el Reglamento (UE) nº xxx/xxx [MFP]. 2. En el supuesto de que la normativa de la UE prevea la deducción de cantidades del importe contemplado en el apartado 1, la Comisión fijará, mediante actos de ejecución, el saldo neto disponible para los gastos del FEAGA basándose en los datos a que se hace referencia en dicha normativa. Artículo 17 Pagos mensuales 1. La Comisión pondrá a disposición de los Estados miembros los créditos necesarios para financiar los gastos a que se refiere el artículo 4, apartado 1, en forma de pagos mensuales, basados en los gastos efectuados por los organismos pagadores autorizados durante un periodo de referencia. 2. Los Estados miembros adelantarán los recursos que necesiten los organismos pagadores autorizados para hacer frente a los gastos, hasta que la Comisión abone los pagos mensuales. Artículo 18 Procedimiento para abonar los pagos mensuales 1. Sin perjuicio de los actos de ejecución a que se refieren los artículos 53 y 54, la Comisión efectuará pagos mensuales por los gastos efectuados por los organismos pagadores autorizados durante el mes de referencia. 2. Los pagos mensua