La enmienda de Doha dispone un procedimiento simplificado, en un nuevo artículo 3, párrafo 1 quater, que permite a una Parte ajustar su compromiso aumentando su nivel de ambición durante un período de compromiso. Anteriormente, ese ajuste se habría tratado como una modificación del anexo B del Protocolo, lo cual requiere el consenso de todas las Partes en el Protocolo para su adopción, y su ratificación por tres cuartos de las Partes para su entrada en vigor. Con la enmienda de Doha, se facilita mucho el proceso para aumentar el nivel de ambición. Un aumento del nivel de ambición presentado por una Parte respecto de su propio objetivo se considera aprobado, salvo que se opongan más de tres cuartos de las Partes. Además, ya no se requerirá la ratificación para su entrada en vigor.

La enmienda de Doha prevé un cuadro modificado en el anexo B del Protocolo de Kioto con una tercera columna que establece compromisos de reducción jurídicamente vinculantes para el segundo período de compromiso en forma de compromisos cuantificados de limitación o reducción de emisiones (CCLRE) aplicables a todas las actividades económicas. Treinta y ocho Partes en el Protocolo de Kioto han indicado un porcentaje de sus emisiones en el año o período de base a modo de CCLRE en la tercera columna del cuadro del anexo B del Protocolo de Kioto. Entre ellas figuran cuatro Partes que hasta la fecha no tenían ningún objetivo en virtud del Protocolo de Kioto (Chipre, Malta, Kazajistán y Bielorrusia). Los Estados Unidos han sido eliminados del anexo B, ya que nunca ratificaron el Protocolo. Canadá ya no es Parte en el Protocolo de Kioto tras su retirada, que entró en vigor el 12 de diciembre de 2012. Japón, Nueva Zelanda y la Federación de Rusia siguen siendo Partes en el Protocolo de Kioto, pero no han suscrito ningún objetivo para un segundo período de compromiso. Ahora figuran, junto con Canadá, en una sección separada del anexo B.

En virtud de la enmienda de Doha, la Unión Europea, sus Estados miembros e Islandia se comprometen a limitar su media anual de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el período 2013-2020 al 80 % de sus emisiones del año de base (generalmente 1990). Ese compromiso se basa en los objetivos de reducción de emisiones establecidos en el paquete legislativo sobre clima y energía adoptado en 2009, en particular el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE de la UE) y la Decisión de reparto del esfuerzo. El compromiso se determinó teniendo en cuenta las diferencias en el ámbito de aplicación entre la legislación de la Unión Europea y el segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto. Este enfoque se ajusta a las conclusiones del Consejo de marzo de 2012, en las que se declaraba que el compromiso conjunto de la Unión Europea, sus Estados miembros e Islandia ha de basarse en el paquete legislativo sobre clima y energía pero también se indicaba que las obligaciones de reducción de las emisiones de los distintos Estados miembros en el segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto «no superarán sus obligaciones acordadas en la legislación de la UE». Este fue el enfoque aplicado cuando, en abril de 2012, la Unión Europea y sus Estados miembros presentaron su compromiso para un segundo período de compromiso.

Un cálculo orientativo de la cantidad atribuida conjunta para el segundo período de compromiso, basado en los datos disponibles actualmente sobre el año de base y que aplicase aún los potenciales de calentamiento atmosférico del segundo informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), se traduciría en una cantidad atribuida media anual de aproximadamente 4 632 millones de toneladas de emisiones de GEI equivalentes de dióxido de carbono (CO2-eq). Las últimas emisiones anuales medias notificadas de la Unión Europea, sus Estados miembros e Islandia para los años 2008 a 2010 ascienden a 4 782 millones de toneladas. No se espera por tanto que el artículo 3, párrafo 7 ter, del Protocolo dé lugar a la cancelación automática de las unidades de cantidad atribuida a la Unión Europea, sus Estados miembros e Islandia (véase el cuadro).

El nuevo artículo 3, párrafo 7 ter, requiere que el compromiso de una Parte en el segundo período de compromiso se mantenga, como mínimo, al nivel de sus emisiones medias correspondientes a los años 2008 a 2010, y que se refuercen automáticamente los objetivos que, de lo contrario, podrían dar lugar a un aumento de las emisiones por encima de dicha media. La Unión Europea, sus Estados miembros, Croacia e Islandia declararon lo siguiente tras la adopción de la enmienda de Doha: «El párrafo 7 ter del artículo 3 se [aplicará] a una cantidad atribuida conjunta, conforme al acuerdo de cumplimiento conjunto de la Unión Europea, sus Estados miembros, Croacia e Islandia, y no a [la Unión Europea,] los Estados miembros, Croacia e Islandia de forma individual».

–se define un nivel de emisiones común para las emisiones de los sectores y de los gases mencionados en el anexo A del Protocolo de Kioto que también están reguladas por el RCDE UE (es decir, que se incluyen en el anexo I de la Directiva RCDE UE, teniendo en cuenta la aplicación de sus artículos 24 y 27);

–las emisiones de sectores y gases mencionados en el anexo A del Protocolo de Kioto que no están reguladas por el RCDE UE y las absorciones de fuentes reguladas por el Protocolo de Kioto se regularán mediante los niveles de emisiones de los distintos Estados miembros e Islandia.

Este enfoque es distinto del elegido en el primer período de compromiso, en el que los compromisos definidos para cada Estado miembro cubrían todas sus emisiones derivadas de actividades económicas. Esta diferencia se debe a los cambios acordados en el paquete legislativo sobre clima y energía, a partir del 1 de enero de 2013, por los que el RCDE UE ya no funciona con objetivos individuales de los Estados miembros y planes nacionales de asignación. El régimen se aplica mediante una cantidad única, a escala de la Unión, de derechos o límites de emisión, un sistema armonizado para la asignación de derechos de emisión mediante subasta y derechos de emisión gratuitos con carácter transitorio. Con este sistema no es posible asignar a priori con precisión cuotas del RCDE UE a los Estados miembros que participan en el acuerdo de cumplimiento conjunto. El motivo principal es el recurso a las subastas, para fomentar la eficiencia económica, evitar los beneficios extraordinarios y promover la solidaridad y el crecimiento, como método por defecto para la asignación de los derechos de emisión. Otros motivos son la imposibilidad de determinar a priori la asignación real de derechos de emisión del RCDE UE a los nuevos entrantes y las posibles modificaciones de la lista de sectores y subsectores que se consideran expuestos a un riesgo considerable de fuga de carbono.

Tal como se ha indicado anteriormente, la aviación internacional no está sujeta al nivel de emisiones común del RCDE UE, ya que no está incluida en el anexo A del Protocolo de Kioto.

Niveles de emisiones de los Estados miembros e Islandia

Las emisiones de los sectores incluidos en el Protocolo de Kioto que no están reguladas por el RCDE UE seguirán regulándose mediante los niveles de emisiones de los distintos Estados miembros e Islandia. La diferencia con el primer período de compromiso radica en que esos niveles de emisiones ya no se presentan como un porcentaje de reducción con respecto a las emisiones del año de base, sino como una cifra absoluta. Esa cifra absoluta, expresada en toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2-eq), figura para cada Estado miembro en el cuadro 1 del anexo I. La cifra correspondiente a Islandia se incluirá tras la celebración de un acuerdo bilateral con ese país sobre el cumplimiento conjunto de su compromiso con la Unión Europea y sus Estados miembros. La cifra para cada Estado miembro es igual a la suma de cada asignación anual de emisiones (AAE) en virtud de la Decisión de reparto del esfuerzo para los años 2013 a 2020. Este valor se calcula en función de los valores del potencial de calentamiento atmosférico del cuarto informe de evaluación del IPCC, según lo establecido en el anexo II de la Decisión 2013/162/UE de la Comisión y ajustado por medio de [la Decisión de actualización de la AAE – C(2013)7183]. Este valor se vuelve a ajustar en función de los resultados de la aplicación del artículo 3, párrafo 7 bis, del Protocolo de Kioto.

Trifluoruro de nitrógeno (NF3)

La enmienda de Doha incluye el NF3 en el ámbito de aplicación del Protocolo de Kioto. Esa inclusión fue anticipada en el Reglamento sobre el Mecanismo de Seguimiento, que requiere el seguimiento y la notificación de las emisiones de NF3. Sin embargo, las emisiones de NF3 no están reguladas por el RCDE UE o por la Decisión de reparto del esfuerzo, por lo que no forman parte de los objetivos de los Estados miembros en virtud de la legislación de la Unión Europea. Dado que en la Unión las emisiones agregadas de NF3 son insignificantes, la Unión Europea y sus Estados miembros, en su presentación de abril de 2012 ante la Convención respecto de su compromiso con arreglo al Protocolo de Kioto, partieron del principio de que equivalían a cero. La presente propuesta de Decisión del Consejo obliga a los Estados miembros a contabilizar dichas emisiones dentro de la cantidad atribuida del Estado miembro en el que se produzcan.

Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS)

El artículo 3, párrafos 3 y 4, del Protocolo de Kioto incluye las emisiones derivadas del uso de la tierra, del cambio de uso de la tierra y de la silvicultura (UTCUTS) en el Protocolo de Kioto. Las normas de aplicación acordadas en el Protocolo de Kioto, revisadas en la Conferencia sobre el Cambio Climático de Durban, requieren de las Partes que han suscrito un compromiso que contabilicen las emisiones y absorciones derivadas de la forestación, reforestación y deforestación, así como de la gestión forestal, dentro de su compromiso en el segundo período de compromiso. Además, las partes pueden elegir contabilizar las emisiones derivadas de la gestión de tierras de cultivo y pastos. Aunque se obliga a las Partes a contabilizar sus emisiones UTCUTS dentro de sus compromisos en virtud del Protocolo de Kioto, no sucede así en la Unión Europea, donde las emisiones procedentes del sector UTCUTS no se incluyen ni en el RCDE UE ni en la Decisión de reparto del esfuerzo. No obstante, en mayo de 2013, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Decisión 529/2013/UE, que establece normas contables aplicables a las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes de actividades relativas al uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura y sobre la información relativa a las acciones relacionadas con dichas actividades. Con ese acto legislativo, la notificación en materia de UTCUTS de la Unión Europea se ajusta a los requisitos del Protocolo de Kioto.

Aunque resulta difícil prever las emisiones de los distintos Estados miembros en el sector UTCUTS, las estimaciones realizadas han puesto de manifiesto que este sector, para la Unión en su conjunto, puede proporcionar créditos UTCUTS netos de un 1 % aproximadamente de las emisiones del año de base de la Unión Europea. Así pues, en su presentación de abril de 2012 ante la Convención respecto de su compromiso con arreglo al Protocolo de Kioto, la Unión Europea y sus Estados miembros partieron del principio de que las emisiones UTCUTS en su conjunto ascendían a cero.

En consonancia con la responsabilidad de los Estados miembros en materia de política forestal y ante la falta de objetivos de la Unión Europea para el sector UTCUTS, los Estados miembros deberán contabilizar las emisiones y absorciones de este sector, en la medida en que estén reguladas por el Protocolo, dentro de sus niveles de emisiones respectivos. La inclusión del sector UTCUTS en los niveles de emisiones de los Estados miembros y de Islandia se basa en el supuesto de que no se producen emisiones o absorciones netas en ese sector. No obstante, las posibles emisiones podrían compensarse con unos resultados mejores de lo previsto en otros sectores que no estén regulados por el RCDE UE: recurriendo a los mecanismos flexibles del Protocolo de Kioto y utilizando los derechos de emisión excedentarios arrastrados del primer período de compromiso, incluidos en la reserva de excedentes del período anterior de dicho Estado miembro.

La Comisión supervisará atentamente las emisiones y absorciones del sector UTCUTS en los Estados miembros. De observarse claramente que los distintos Estados miembros se enfrentan a emisiones UTCUTS importantes e inesperadas, incluso aplicando políticas contundentes para limitarlas, la Comisión estudiará la posibilidad de proponer un mecanismo para ayudar a los Estados miembros afectados.

En sus conclusiones de marzo de 2012, el Consejo reconoció las particularidades de los países ricos en bosques, especialmente por lo que se refiere a las posibilidades limitadas de cubrir las emisiones procedentes de la forestación, reforestación y deforestación aumentando los sumideros destinados a la gestión forestal. La Comisión seguirá estudiando opciones para hallar una solución satisfactoria que garantice la integridad medioambiental.

Determinar los niveles de emisiones y las cantidades atribuidas

El Protocolo de Kioto requiere que los compromisos se plasmen en una cantidad atribuida, que refleje la cantidad de emisiones autorizada, en toneladas de CO2-eq, durante un período de compromiso. La presente propuesta de Decisión del Consejo dispone que las cantidades atribuidas a la Unión Europea, sus Estados miembros e Islandia son iguales a sus niveles de emisiones respectivos definidos en el punto 3 de su anexo I.

La presente propuesta establece asimismo una cantidad atribuida conjunta a la Unión Europea, sus Estados miembros e Islandia que refleja el compromiso cuantificado conjunto de reducción de emisiones del 80 % con respecto a las emisiones del año de base. Tal como se ha determinado en las disposiciones pertinentes del Protocolo de Kioto, la cantidad atribuida se calculará multiplicando la suma de las emisiones del año de base de los Estados miembros y de Islandia por 80 % (compromiso conjunto) y por ocho (duración en años del período de compromiso).

La cantidad atribuida conjunta sirve de base para determinar las distintas cantidades atribuidas a la Unión Europea, sus Estados miembros e Islandia como sigue:

–La cantidad atribuida a cada Estado miembro e Islandia es la suma de los niveles de emisiones respectivos que figuran en el cuadro 1 del anexo I de la propuesta de Decisión del Consejo y de la aplicación del artículo 3, párrafo 7 bis, del Protocolo de Kioto para ese Estado miembro o Islandia.

–La cantidad atribuida de la Unión Europea es la diferencia entre la cantidad atribuida conjunta y la suma de los niveles de emisiones de los Estados miembros e Islandia. La cifra se ultimará a la luz del informe de la Unión Europea para facilitar el cálculo de la cantidad atribuida conjunta.