COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 30.9.2020 SWD(2020) 319 final DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN Informe sobre el Estado de Derecho en 2020







Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria que acompaña al documento COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Informe sobre el Estado de Derecho en 2020



Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea

{COM(2020) 580 final} - {SWD(2020) 300 final} - {SWD(2020) 301 final} - {SWD(2020) 302 final} - {SWD(2020) 303 final} - {SWD(2020) 304 final} - {SWD(2020) 305 final} - {SWD(2020) 306 final} - {SWD(2020) 307 final} - {SWD(2020) 308 final} - {SWD(2020) 309 final} - {SWD(2020) 310 final} - {SWD(2020) 311 final} - {SWD(2020) 312 final} - {SWD(2020) 313 final} - {SWD(2020) 314 final} - {SWD(2020) 315 final} - {SWD(2020) 316 final} - {SWD(2020) 317 final} - {SWD(2020) 318 final} - {SWD(2020) 320 final} - {SWD(2020) 321 final} - {SWD(2020) 322 final} - {SWD(2020) 323 final} - {SWD(2020) 324 final} - {SWD(2020) 325 final} - {SWD(2020) 326 final}



Resumen El nivel de la percepción de la independencia del sistema judicial austriaco es alto. Al mismo tiempo, se ha expresado cierta preocupación sobre los procedimientos de nombramiento de los presidentes de los tribunales de lo contencioso-administrativo, así como sobre el derecho de Ministro de Justicia de dictar instrucciones a los fiscales en asuntos concretos. El Gobierno ha anunciado una reflexión general sobre las cuestiones relativas a la contratación judicial, también en los tribunales de lo contencioso-administrativo, y sobre la obligación de los fiscales de informar, lo cual podría contribuir a abordar estas preocupaciones. Hay en marcha iniciativas para seguir desarrollando el alto nivel de digitalización del sistema judicial y se han aumentado sus recursos. Esto podría contribuir a solucionar determinados problemas de eficiencia a los que se enfrentan los tribunales de los contencioso-administrativo. Austria cuenta con un marco jurídico e institucional ampliamente instaurado para prevenir y perseguir la corrupción. El país ha sido y sigue siendo objeto de importantes reformas legislativas en materia de lucha contra la corrupción, a raíz de algunos casos destacados relacionados con la financiación de partidos políticos y la posterior investigación de funcionarios de alto nivel. No obstante, el marco de integridad de los miembros del Parlamento sigue planteando desafíos. Existe un marco jurídico sobre actividades de presión, pero su ámbito de aplicación y la información disponible en el registro de actividades de presión son limitados. La Oficina de Lucha contra los Delitos Económicos y la Corrupción de la Fiscalía Federal tiene un papel clave en la lucha contra la corrupción, pero se enfrenta a retos relacionados con las exhaustivas obligaciones de información y la escasez de recursos. El marco jurídico relativo al pluralismo de los medios de comunicación se basa en un conjunto de garantías constitucionales y legislativas. Los cimientos del sistema democrático de medios de comunicación son sólidos y las autoridades reguladoras actúan de forma independiente. No obstante, se han detectado riesgos para el pluralismo de los medios en relación con la falta de un marco global y vinculante que garantice el derecho de acceso a la información, y el Gobierno se está planteando una reforma para su mejora. Se ha expresado una cierta inquietud sobre las garantías normativas en cuanto a la independencia editorial de los medios de comunicación. Las estructuras de propiedad de los medios de comunicación están sujetas a normas estrictas de transparencia, aunque no siempre está totalmente cubierta la participación de los propietarios de los medios en otras empresas. Austria asigna una cantidad relativamente elevada de publicidad estatal a las empresas de comunicación y se ha expresado preocupación sobre la posible influencia política que pueda haber en dicha asignación en ausencia de normas para la distribución equitativa de la publicidad estatal. El proceso de promulgación de leyes suele incluir una consulta a las partes interesadas y al público en general, aunque no hay un marco específico a este respecto y a veces las consultas no se realizan o se les asigna un plazo breve. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo tienen una función importante de control y equilibrio, como ha quedado patente en el contexto de la pandemia de COVID-19. Además del Defensor del Pueblo, que actúa como institución nacional de derechos humanos, otras autoridades independientes como el Defensor para la igualdad de trato, el Defensor de las personas con discapacidad y el Defensor del menor y la juventud, contribuyen a la defensa de los derechos fundamentales en sus respectivos ámbitos. El Gobierno ha anunciado medidas para apoyar en mayor medida a la sociedad civil y se ha comprometido a promover el diálogo activo y la colaboración respetuosa con las organizaciones de la sociedad civil. I.Sistema judicial El sistema judicial austriaco se divide en dos ramas independientes. La jurisdicción ordinaria consta de 115 tribunales de distrito, 20 tribunales regionales, 4 tribunales regionales superiores y el Tribunal Supremo. Desde 2014, Austria cuenta también con un sistema separado de tribunales de lo contencioso-administrativo, con once tribunales de lo contencioso-administrativo de primera instancia (nueve tribunales regionales de lo contencioso-administrativo, uno federal y el Tribunal Federal de lo Tributario) y el Tribunal Supremo de los Contencioso-Administrativo . Austria cuenta con un Tribunal Constitucional. El ejecutivo es el encargado de los nombramientos judiciales basándose en propuestas no vinculantes de paneles de personal compuestos por jueces o asambleas plenarias de un tribunal, que confeccionan una lista de tres candidatos para cada puesto por orden de preferencia . El Ministerio Fiscal es una autoridad judicial de estructura jerárquica que se encuentra bajo la supervisión del Ministro de Justicia, quien puede dar tanto instrucciones generales como instrucciones en asuntos concretos . Los letrados están registrados en uno de los nueve Colegios de Abogados locales, que son corporaciones de derecho público y organismos autónomos, organizados en el marco del Colegio Federal de Abogados . Independencia El nivel de la percepción de la independencia del poder judicial es siempre muy elevado. El 86 % del público percibe la independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces como «bastante buena o muy buena» y este porcentaje no ha dejado de aumentar desde 2016. Entre las empresas, el nivel de independencia percibido es también elevado. El 73 % de ellas considera que es «bastante bueno o muy bueno», aunque en años anteriores el porcentaje ha sido incluso superior . Los procedimientos para el nombramiento de presidentes de los tribunales de lo contencioso-administrativo son objeto de debate. Las partes interesadas y el Consejo de Europa han expresado reiteradamente su inquietud con respecto al nombramiento de los presidentes de los tribunales de los contencioso-administrativo . Aunque no hay planes de reforma concretos en este momento, el Gobierno se está planteando armonizar las normas de contratación de los órganos jurisdiccionales ordinarios y de lo contencioso-administrativo . Según el régimen actual, los presidentes y vicepresidentes (que también dictan resoluciones) de los tribunales de lo contencioso-administrativo no tienen que seleccionarse entre los jueces de lo contencioso-administrativo designados, aunque deben cumplir los requisitos constitucionales generales para convertirse en juez de un tribunal de lo contencioso-administrativo . Su nombramiento está regulado por las leyes que rigen los distintos tribunales federales y regionales de lo contencioso-administrativo. Si bien la ley relativa a los tribunales de lo contencioso-administrativo prevé la participación de una comisión independiente compuesta por miembros del ejecutivo y del poder judicial , no es así en el caso de todos los tribunales regionales de lo contencioso-administrativo. Aunque hay algunas diferencias regionales, estos nombramientos normalmente siguen siendo prerrogativa del ejecutivo . En 2019, el Consejo de Europa señaló la ausencia de participación de lo judicial en el proceso de nombramiento de los presidentes de tribunales de lo contencioso-administrativo . El Consejo Consultivo de Jueces del Consejo de Europa adoptó un dictamen sobre el nombramiento y la situación del presidente del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Viena, en el que expresaba sus dudas sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Europa en vista de la diferencia entre el proceso de nombramiento del presidente o el vicepresidente y de otros jueces . Otras partes interesadas europeas y nacionales se han hecho eco de estas dudas y piden que los paneles de personal participen en todos los nombramientos judiciales y que sus opiniones se consideren vinculantes . El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) ha dirigido diversas recomendaciones a Austria con respecto al sistema de tribunales de lo contencioso-administrativo, también en lo relativo a la mejora del papel de los paneles de personal en los nombramientos y a la armonización de las normas de contratación judicial entre los tribunales ordinarios y los de lo contencioso-administrativo . Si bien el programa del Gobierno para 2020-2024 declara la intención general de armonizar las normas de contratación a este respecto, por el momento no se han anunciado planes concretos . El derecho del Ministro de Justicia a dictar instrucciones a los fiscales en asuntos individuales es objeto de debate. En 2019, una serie de partes interesadas reiteraron su llamamiento en favor de un ministerio fiscal más independiente . De acuerdo al sistema austriaco, tanto las fiscalías superiores como el Ministro de Justicia pueden dar instrucciones sobre asuntos concretos, incluso la instrucción de no enjuiciar. Las instrucciones del Ministro de Justicia deben ser motivadas, deben emitirse por escrito y adjuntarse al expediente del asunto. Asimismo, el Gobierno debe presentar un informe anual al Parlamento sobre todas las instrucciones dictadas en asuntos concretos, una vez que el caso haya concluido . Según el último informe, entre 2011 y 2018 se dieron sesenta y nueve instrucciones . Asimismo, dentro de la estructura organizativa de la Oficina del Fiscal General, un consejo consultivo independiente sobre las directivas del ministro («Consejo de Directivas o Weisungsrat») ofrece un dictamen no vinculante sobre todas las instrucciones antes de que se emitan , dictamen que, en la práctica, se respeta . Las partes interesadas nacionales han subrayado la necesidad de un Ministerio Fiscal más independiente, con un jefe de la fiscalía independiente a cargo de las instrucciones , ya que existe el riesgo de que la opinión pública perciba una posible influencia política. Por otra parte, las partes interesadas señalan que las obligaciones de información pueden consumir un tiempo desproporcionado con respecto a las tareas fundamentales de la Fiscalía y provocar retrasos en las investigaciones. Aunque los riesgos para la autonomía del ministerio fiscal parecen atenuados por las garantías existentes , no obstante, en la práctica, se hace uso del poder de dictar instrucciones. En 2019, un estudio sobre la situación del sistema judicial por parte del entonces Ministro de Justicia, incluía algunas sugerencias para aclarar el sistema de instrucciones, y el programa del Gobierno para 2020-2024 incluye la intención de reducir las obligaciones de información que sean «evitables». Calidad Se han aumentado los recursos destinados al poder judicial. El presupuesto de 2020 para el poder judicial incluye diez puestos más para jueces, cuarenta para fiscales y cien para personal de tribunales, medidas que han sido acogidas con satisfacción por las partes interesadas. Este aumento es consecuencia de un estudio publicado en 2019 por el entonces Ministro de Justicia, que señaló una serie de problemas relacionados con los recursos humanos en el poder judicial, en particular en lo que respecta a la significativa reducción de puestos de personal administrativo en los órganos jurisdiccionales y en las fiscalías, así como a la dificultad para ocupar de forma adecuada los puestos de secretario judicial existentes (Rechtspfleger). También destacaba las dificultades de las fiscalías y del Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo para hacer frente al aumento de tareas relacionadas con la seguridad interna o los casos de asilo, respectivamente . El informe recomendaba la creación de puestos adicionales en todos los ámbitos afectados. Las partes interesadas se han hecho eco de estos problemas y han solicitado la creación de al menos cuarenta puestos más para jueces y fiscales y la paralización de la reducción de puestos de personal de los órganos jurisdiccionales, subrayando la situación del Tribunal de lo Tributario y del Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo como especialmente preocupante . Está en curso un proyecto a gran escala para mejorar la digitalización del poder judicial. La digitalización del sistema judicial está en una fase avanzada, en particular en lo relativo a la posibilidad de presentar un asunto y citaciones en línea, diligencias disponibles de forma muy generalizada, aunque los medios electrónicos para que las fases posteriores de los procedimientos se lleven a cabo en línea siguen siendo escasos. Los sistemas de gestión de casos y los sistemas de estadísticas de los órganos jurisdiccionales están implantados en todos los órganos jurisdiccionales . Mediante el proyecto denominado «Justicia 3.0», el Gobierno comenzó a implantar un sistema de expedientes electrónicos en todos los órganos jurisdiccionales. En 2020, este sistema solo se ha introducido en un número limitado de órganos jurisdiccionales, aunque se está ampliando progresivamente. El Gobierno tiene la intención de implantar la gestión totalmente electrónica de los asuntos en todos los órganos jurisdiccionales de aquí a 2022. Asimismo, el Gobierno ha anunciado otras medidas para el uso de herramientas digitales en los juzgados, también en lo que atañe al uso de inteligencia artificial, por ejemplo, para publicar resoluciones judiciales con formato anónimo . El régimen de tasas judiciales será objeto de revisión. Las partes interesadas nacionales han pedido reiteradamente una revisión del sistema de tasas judiciales, haciendo hincapié en que dichas tasas tienen un efecto esencial en el acceso a la justicia y en que, en ausencia de un límite en las tasas judiciales, estas pueden ser desproporcionadamente elevadas. Con el régimen actual, las tasas judiciales en los procedimientos civiles están reguladas por la Ley sobre Tasas Judiciales y dependen fundamentalmente de la cuantía objeto de litigio, sin límite superior en muchos casos. Si bien las tasas judiciales en asuntos de menor importancia pueden ser relativamente bajas de media , aumentan en proporción al valor de un asunto. Estudios del Consejo de Europa muestran que los ingresos procedentes de las tasas judiciales por habitante son particularmente elevados . El programa del Gobierno para el período 2020-2024 ha anunciado la intención de realizar una evaluación del sistema de tasas judiciales en su conjunto . Eficiencia El sistema judicial gestiona su carga de trabajo de forma eficiente pero se enfrenta a algunos retos en asuntos administrativos. El sistema judicial desempeña su función correctamente en contenciosos civiles y mercantiles, con un tiempo estimado de resolución breve, una tasa de resolución que permanece alrededor del 100 % (100,8 % en 2018) y un número reducido de casos pendientes. El sistema de tribunales de lo contencioso-administrativo se ha enfrentado últimamente a dificultades, con tiempos de resolución más largos y una tasa de resolución del 89,7 % en 2018 (aunque supone una mejora con respecto a 2017, año en que la tasa de resolución fue del 79,5 %) . Según las autoridades y las partes interesadas esto se debe, en particular, al elevado número de nuevos casos de asilo. El Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo se enfrenta a retos especiales, como indicaba también el estudio que el Ministerio de Justicia realizó en 2019. La mayor parte de la actividad de los órganos jurisdiccionales se suspendió temporalmente entre el 16 de marzo y el 13 de abril de 2020, debido a la pandemia de COVID-19 y se adoptaron medidas concretas para posponer los plazos procesales, lo que podría aumentar la acumulación de casos en el sistema judicial . II.Marco de lucha contra la corrupción

En 2018 se adoptó una Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción que va acompañada de un Plan de acción aprobado en 2019. Las competencias para prevenir, detectar y luchar contra la corrupción en Austria se reparten entre distintas administraciones. La Oficina Federal de Lucha contra la Corrupción (Bundesamt für Korruptionsprävention und -bekämpfung – BAK) se encarga de la prevención y lucha contra la corrupción, también contra la corrupción internacional. El enjuiciamiento de la corrupción es competencia de la Oficina de Lucha contra los Delitos Económicos y la Corrupción de la Fiscalía Federal (Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption – WKStA). Otras autoridades con competencias en la lucha contra la corrupción son el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior y el Tribunal de Cuentas. La prevención de la corrupción está ampliamente regulada en el caso de los funcionarios públicos, quienes están sujetos a las normas contenidas en la Ley sobre el empleo de funcionarios, de 1979, y la Ley sobre trabajadores contratados del sector público. La protección de los denunciantes está vigente desde 2013. En el Índice de percepción de la corrupción de 2019 de Transparencia Internacional, Austria obtiene una puntuación de 77/100 y ocupa el puesto n.º 6 en la Unión Europea y el n.º 12 del mundo. El 58 % de los austriacos encuestados percibe que la corrupción está extendida en el país (media de la UE del 71 %) , mientras que el 22 % considera que la corrupción afecta a su vida diaria (media de la UE del 26 %). En cuanto a las empresas, el 57 % percibe que la corrupción está extendida (media de la UE del 63 %) y el 29% considera que la corrupción supone un problema para la actividad empresarial (media de la UE del 37 %). Finalmente, el 53 % de los encuestados considera que hay suficientes procesamientos en el país como para disuadir de prácticas corruptas y el 34 % de las empresas considera que las personas y las empresas enjuiciadas por sobornar a un alto funcionario reciben penas adecuadas (media de la UE del 31 %). Existe un amplio marco legislativo penal anticorrupción vigente. El marco jurídico incluye las correspondientes disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, así como legislación específica como la Ley federal sobre la creación y organización de la Oficina Federal de Lucha contra la Corrupción, el Estatuto federal sobre la responsabilidad de las entidades por delitos penales y la Ley federal sobre la extradición y asistencia mutua en materia penal. Las políticas anticorrupción se establecen a escala federal. La Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, adoptada en 2018, se ha incorporado en todos los sectores públicos. El principal objetivo de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción es aumentar y garantizar la integridad y transparencia en la administración, la política y las empresas. El Plan de acción para la aplicación de la Estrategia se adoptó en 2019. En la lucha contra la corrupción participan diversas autoridades con competencias específicas. La Oficina Federal de Lucha contra la Corrupción (Bundesamt für Korruptionsprävention und -bekämpfung – BAK) fue creada en 2010 y sus competencias se ampliaron por última vez en 2019. La BAK tiene competencias en materia policial penal y de seguridad con respecto a determinados delitos relacionados con la corrupción, también con respecto al uso indebido de fondos y activos en detrimento de los intereses financieros de la Unión Europea y delitos de blanqueo de capitales . Uno de los objetivos de la BAK es la cooperación con la Oficina de Lucha contra los Delitos Económicos y la Corrupción de la Fiscalía Federal. La Oficina de Lucha contra los Delitos Económicos y la Corrupción de la Fiscalía Federal es la principal autoridad competente en la lucha contra la corrupción. La Oficina de Delitos Económicos y Corrupción de la Fiscalía Federal (Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption – WKStA) tiene competencias especiales en materia de delitos financieros, económicos y de corrupción. Tras recientes escándalos políticos de gran repercusión , la WKStA ha intensificado sus investigaciones sobre corrupción política de alto nivel, supuestas conductas indebidas relacionadas con empresas públicas y financiación ilegal de partidos. La Oficina Federal de Lucha contra la Corrupción lleva a cabo investigaciones policiales y presta asistencia a la WKStA en la investigación de delitos penales relacionados con la corrupción. Al igual que otros sectores del sistema judicial, la WKStA se enfrenta también a retos en lo que a recursos se refiere . Los fiscales de la WKStA tienen que informar a la Fiscalía Superior tres días hábiles antes de iniciar determinadas actuaciones procesales, un refuerzo de la obligación que se introdujo en 2019. Estas obligaciones de información pueden ser, según las partes interesadas , potencialmente onerosas y provocar retrasos en las investigaciones, a la vista también del poder para dar instrucciones de la Fiscalía Superior y del Ministro de Justicia (véase la sección I). Se están reformando las normas sobre la financiación de los partidos políticos, incluido el papel del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas tienen competencia para realizar auditorías y es el encargado de supervisar las finanzas de los partidos. En 2018, se estableció en el seno del Tribunal de Cuentas, el Departamento de lucha contra la corrupción, cumplimiento y gestión del riesgo y desde entonces impulsa una iniciativa polifacética de lucha contra la corrupción, con especial atención a la prevención de la corrupción. Desde 2015, el Tribunal de Cuentas revisa los marcos de lucha contra la corrupción a diferentes niveles, por ejemplo, para ministerios y ayuntamientos, de acuerdo con la «Directrices para la auditoría de sistemas de prevención de la corrupción». Asimismo, el Tribunal trabaja para sensibilizar sobre cuestiones de corrupción y organiza cursos de formación para funcionarios públicos. El papel del Tribunal de Cuentas se reforzó ligeramente en 2019 . No obstante, el Tribunal solo puede verificar la exactitud numérica de los informes de contabilidad de los partidos políticos y no tiene otras competencias de investigación. Las partes interesadas han criticado esta limitación de las competencias del Tribunal de Cuentas . Es un tema sobre el que el GRECO hace tiempo que ha formulado recomendaciones, que solo se han aplicado en parte . En septiembre de 2019, se presentaron proyectos legislativos para tipificar como delitos penales los informes anuales falsos de los partidos y la financiación ilegal de los partidos. Estos proyectos están a la espera de debate . El programa del Gobierno para 2020-2024 incluye una serie de compromisos para fortalecer aún más el papel del Tribunal de Cuentas, también en lo relativo a la financiación de los partidos políticos . Siguen existiendo lagunas en el marco que garantiza la integridad de los miembros del Parlamento. Únicamente se regulan algunos aspectos de la declaración del patrimonio y los empleos secundarios de los miembros del Parlamento. Si bien la divulgación de los ingresos privados está regulada por la Ley federal sobre transparencia e incompatibilidades (Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetz) , no existe la obligación de divulgar los activos, intereses, deudas y pasivos . Tampoco es obligatorio informar sobre conflictos de intereses puntuales que puedan surgir en relación con alguna cuestión que se esté debatiendo en el Parlamento. Los miembros del Parlamento pueden tener un segundo empleo, ocupar puestos directivos o formar parte de consejos de administración. La reglamentación de las declaraciones de ingresos y actividades secundarias, la aceptación de obsequios y otras ventajas, así como las medidas que deben adoptarse en caso de infracción de las mencionadas normas, han sido objeto de varias recomendaciones del GRECO . Existen medidas para prevenir la corrupción en el caso de los funcionarios públicos y de las funciones ejecutivas de alto nivel. El marco de prevención de la corrupción en el sector público integra las normas que rigen la prevención de conflictos de intereses en los órganos ejecutivos de más alto nivel , como prevé la Ley federal sobre transparencia e incompatibilidades . Las disposiciones incluyen normas sobre la declaración de intereses económicos y del patrimonio cada dos años, empleo secundario (a menos que esté específicamente autorizado) y ostentación de cargos de dirección o en consejos de administración. El Tribunal de Cuentas ha realizado también una evaluación de riesgos del empleo secundario de los funcionarios y ha concluido que la evaluación de la admisibilidad de un segundo empleo recaía primordialmente en los propios funcionarios y que una falta de claridad sobre cuáles serían las responsabilidades (los criterios según los cuales un segundo empleo se considera compatible o no con el puesto oficial) podría dar lugar a un conflicto de intereses. Según el Tribunal de Cuentas, la obligación general de obtener una aprobación de antemano en lugar de únicamente declarar un segundo empleo sería más efectiva que el requisito de imponer sanciones disciplinarias a posteriori. Por ello, el Tribunal recomendó a la Cancillería Federal que elaborara una propuesta de legislación que estableciera un requisito de aprobación por parte de la autoridad del servicio para el ejercicio de determinados segundos empleos. La Cancillería Federal consideró que ya existen suficientes medidas de formación y concienciación de los funcionarios sobre esta cuestión . La prevención de la corrupción está también ampliamente regulada en el caso de los funcionarios públicos, quienes se rigen por las normas contenidas en la Ley sobre el empleo de funcionarios, de 1979, y en la Ley sobre trabajadores contratados del sector público. Estas disposiciones jurídicas se completan con un código general de conducta para funcionarios y, cuando procede, por normas de conducta que algunos servicios concretos pueden adoptar [por ejemplo, las directrices de cumplimiento (Compliance-Leitlinien) del Ministerio Federal de Justicia, adoptadas en 2019] . En general, los funcionarios están sujetos a otras obligaciones como el juramento del cargo, obligaciones de informar, tratamiento respetuoso de otras personas, normas sobre conflictos de intereses, normas sobre un segundo empleo, prohibición de aceptar obsequios, así como normas sobre el cese del empleo («empleo tras abandonar el servicio público») y la obligación del secreto profesional. El incumplimiento de estas y otras obligaciones se sanciona con medidas disciplinarias, en ocasiones con arreglo al Derecho penal. El empleo de miembros del Gobierno y del Parlamento una vez terminada su labor no está regulado. En 2019 se presentaron propuestas legislativas para introducir un periodo de reflexión de dieciocho meses. Según estas propuestas, cualquier persona que hubiera trabajado en un partido del gobierno o hubiera ocupado un cargo en un partido del gobierno en los últimos cinco años únicamente podría ser nombrado para un puesto de gestión o control en una empresa relacionada con el gobierno tras este periodo de reflexión . El programa del Gobierno para 2020-24 incluye planes para introducir un periodo de reflexión para los miembros del Gobierno que vayan a ser en miembros del Tribunal Constitucional . Existe un registro de actividades de los grupos de presión, aunque hay poca información a disposición del público. El Registro de actividades de presión y promoción se creó en 2013 . No obstante, la información relativa a las actividades concretas de presión (especialmente los contratos de cabildeo) está disponible por ley únicamente para los encargados de la toma de decisiones que han recibido presiones, no para el público en general . Solo deben registrarse las empresas especialistas en actividades de presión, los grupos de presión contratados, los organismos autónomos y los grupos de interés (Interessenverbände) y no es necesario informar sobre contactos individuales . La Ley sobre incompatibilidades y transparencia y la Ley sobre transparencia de la actividad de los grupos de presión y representación de intereses contienen disposiciones relativas a la presión ejercida sobre cargos electos y personas que se ocupan de funciones ejecutivas de alto nivel. La sección 1, apartado 3, de la Ley sobre transparencia de la actividad de los grupos de presión y promoción establece que no se aplica a partidos políticos. El GRECO emitió en 2016 una recomendación sobre los miembros del Parlamento y sus contactos con terceros, ya que los miembros del Parlamento no tienen restricciones ni prohibiciones en cuanto a la forma en la que contactan con terceros que podrían intentar influir en sus decisiones. En la actualidad, las únicas normas existentes se refieren a situaciones en las que los propios miembros del Parlamento actúan como grupos de presión . Existe un marco para la protección de los denunciantes. En 2013 se adoptó un instrumento de denuncias a cargo de la Oficina de Lucha contra los Delitos Económicos y la Corrupción de la Fiscalía Federal (WKStA). En los cuatro primeros años de funcionamiento (del 20 de marzo de 2013 al 31 de marzo de 2017) la WKStA recibió casi 5 000 informes válidos de circunstancias sospechosas y posibles delitos. En veintinueve casos se presentaron cargos . III.Pluralismo de los medios de comunicación La libertad de expresión y el deber de las autoridades estatales de facilitar el acceso a la información están consagrados en la Constitución. El Derecho derivado garantiza expresamente el derecho de los periodistas a proteger la confidencialidad de sus fuentes y regula la obligación de divulgar información al público . Los reguladores de los servicios de comunicación audiovisual, la Autoridad austriaca de comunicaciones (KommAustria) y la Autoridad austriaca reguladora de la radiodifusión y las telecomunicaciones (RTR) se establecieron en virtud de la Ley KommAustria, en 2001 . Las autoridades reguladoras de los medios funcionan de forma independiente. Las entidades reguladoras para los servicios de comunicación audiovisual, la Autoridad austriaca de comunicaciones (KommAustria) y la Autoridad austriaca reguladora de la radiodifusión y las telecomunicaciones (RTR), son totalmente independientes del Gobierno. KommAustria es responsable de la concesión de licencias a las emisoras privadas de radio y televisión, la gestión de las frecuencias de emisión, la supervisión jurídica de los organismos privados de radiodifusión, y de la preparación y puesta en marcha de la radiodifusión digital. KommAustria se encarga además de administrar la Ley de subvenciones al periodismo (1984), y de supervisar el cumplimiento del marco jurídico de la reglamentación sobre radiodifusión que engloba tanto las emisiones de la radiotelevisión pública austriaca (ORF) como las de emisoras privadas . Tal y como se recoge en la Ley federal sobre el establecimiento de una autoridad austriaca de comunicaciones, sus miembros son independientes y no están sujetos a ninguna instrucción en el ejercicio de sus funciones . Las decisiones de KommAustria pueden recurrirse ante los tribunales de lo contencioso-administrativo. En cuanto a los recursos (tales como gastos de salarios, alquiler de oficinas y equipos de KommAustria y la división de apoyo a los medios de la RTR), KommAustria tuvo un presupuesto de 4 146 millones EUR en 2018, que se consideró adecuado . Según el instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación (Media Pluralism Monitor, MPM) de 2020 el indicador de la independencia y la eficacia de la autoridad de medios muestra un riesgo muy bajo . El Consejo austriaco de la prensa (Österreichischer Presserat) funciona como un servicio autorregulador para la prensa. Se esfuerza por garantizar la calidad editorial y la libertad de prensa. El Consejo de la prensa elaboró un código de conducta para la prensa austriaca (principios para la labor periodística), que contiene normas para una actividad periodística correcta y responsable y constituye una orientación ética para los profesionales de los medios de comunicación. Una de las labores principales del Consejo de la prensa es evidenciar las reivindicaciones de la prensa e intentar darles solución. Los patrocinadores del Consejo de la prensa son las asociaciones más importantes de periodistas y editores. El MPM de 2020 se refiere al hecho de que las organizaciones como el Consejo de la prensa, hasta el momento, «han prestado muy poca atención a la situación y la independencia de los profesionales freelance y al creciente número de actores secundarios en el ámbito del periodismo (ciudadanos periodistas, blogueros, activistas de las redes sociales, etc.)» . La propiedad de los medios está sujeta a normas de transparencia, pero en la práctica, la información no siempre está disponible. La legislación austriaca contiene disposiciones concretas que requieren la divulgación de la propiedad en el sector de los medios de información . El propietario de un medio debe especificarse por su nombre o nombre de empresa, incluir el fin de la empresa, la dirección personal o domicilio social (oficina), los nombres de los órganos y responsables ejecutivos del propietario del medio autorizados a representar a la empresa y, si cuenta con una junta de supervisión, la identidad de sus miembros. Asimismo, debe declararse la titularidad, la posesión de acciones y las proporciones de acciones y derechos de voto de todas las personas que tengan participación directa o indirecta en la propiedad del medio de comunicación. En el caso de participación directa o indirecta de fundaciones, debe revelarse la identidad del presidente y los correspondientes beneficiarios de la fundación . El MPM de 2020 indica que la disposición jurídica pertinente no revela que el propietario del medio de comunicación sea también accionista en otras empresas si estas no son de su propiedad exclusiva .

Austria asigna gran cantidad de publicidad estatal a empresas de medios de comunicación. La asignación de publicidad estatal está regulada por la Ley federal constitucional sobre la cooperación y la financiación de los medios de comunicación, así como por la Ley sobre la transparencia en la cooperación y financiación de los medios de comunicación. Debe revelarse el nombre del beneficiario de las subvenciones, así como el importe de las mismas, y el Tribunal de Cuentas debe mantener un registro de dicha información. Según el MPM de 2020, el indicador sobre la normativa estatal de recursos y apoyo al sector de los medios de comunicación muestra un riesgo medio para el pluralismo de los medios. Las normas para la distribución de subvenciones directas e indirectas son transparentes. No obstante, según el MPM de 2020, parece que los tabloides de gran tirada se benefician de forma desproporcionada de la financiación. Las partes interesadas también han expresado su preocupación por la posible influencia política en la asignación de publicidad estatal . Este tema ha sido objeto de reportajes de investigación por parte de algunos periodistas . La Ley de transparencia de los medios, de 2012, garantiza que el Gobierno, los organismos públicos y las empresas públicas divulguen sus relaciones con los medios (por ejemplo, la publicidad u otras formas de apoyo), sin embargo, no hay normas que garanticen la distribución equitativa de la publicidad estatal entre los medios de comunicación. Aunque en 2018 las subvenciones a los medios ascendieron a 40 millones EUR, se gastaron casi 170 millones EUR en publicidad estatal . El Gobierno planea una reforma para mejorar el acceso a la información. Si bien la obligación de ofrecer información está consagrada en la Constitución y especificada en la legislación federal y en leyes provinciales, en Austria no existe el derecho general a acceder a documentos por parte de las autoridades públicas y el deber de secreto establecido en la Constitución y la Ley sobre el empleo de funcionarios, de 1979, limita, en la práctica, el acceso a la información . Las partes interesadas han expresado su preocupación por este sistema y por los prolongados plazos para que los organismos públicos respondan formalmente a las solicitudes (seis meses, con una respuesta informal después de ocho semanas) . La particular importancia del derecho de acceso a la información de los medios de comunicación como órganos de control en relación al derecho de las autoridades a la confidencialidad, está respaldado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo . El Gobierno ha anunciado planes para introducir un nuevo derecho a la información, exigible ante los tribunales, mediante una modificación de la Constitución y la adopción de una ley sobre la libertad de acceso a la información . No existe un marco específico para la protección de los periodistas. Las autoridades indican que no hay disposiciones específicas en la legislación sobre la seguridad de los periodistas y que los periodistas están protegidos, como cualquier otro ciudadano por el Código Penal. La difamación se castiga, entre otras cosas, con penas de prisión . No ha habido casos de ataques a la seguridad física de periodistas, pero ha aumentado el discurso ofensivo y amenazador, especialmente contra mujeres periodistas y contra periodistas de la radiotelevisión pública ORF . En 2019 y 2020, la plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas publicó tres alertas en relación con Austria, una de los cuales se ha resuelto . Las partes interesadas han expresado su inquietud con respecto a las garantías de independencia editorial . La «protección de la confidencialidad editorial» (Redaktionsgeheimnis) está recogida en la sección 31 de la Ley sobre los medios de comunicación . Esta disposición establece que los periodistas tienen derecho a negarse a declarar en procesos penales sobre la información obtenida en el ejercicio de su profesión. Asimismo, la independencia de los periodistas de la radiotelevisión pública, ORF, está garantizada a través de la Ley federal sobre la radiotelevisión austriaca y una serie de decisiones subrayan los recursos efectivos para proteger la independencia de los periodistas de la ORF . No obstante, el MPM de 2020 ha indicado un elevado riesgo en lo relativo a las garantías normativas de la independencia editorial. Si bien las emisoras de radio y televisión tienen la obligación de contar con estatutos editoriales, no está previsto que los medios informativos tengan garantías normativas para evitar la influencia política en los nombramientos y destituciones de los redactores jefe. Los dos periódicos de mayor tirada («Kronen Zeitung» y «Heute») evitan las medidas de autorregulación y no son miembros del Consejo austríaco de la prensa .



IV.Otras cuestiones institucionales en relación con los controles y equilibrios Austria es un estado federal con un sistema de gobierno parlamentario bicameral compuesto por el Consejo Nacional (Nationalrat) y el Consejo Federal (Bundesrat). Las propuestas legislativas pueden partir del Gobierno, de los miembros de ambas cámaras del Parlamento o de la iniciativa popular . El Tribunal Constitucional lleva a cabo una revisión a posteriori de las leyes, lo cual es posible en casos concretos o como revisión en abstracto de una ley, basándose en recursos del Gobierno federal o de un gobierno regional, o de un tercio de los miembros de cada una de las cámaras parlamentarias. Las diferentes oficinas del Defensor del Pueblo contribuyen a defender los derechos fundamentales. El proceso de promulgación de las leyes implica la consulta a las partes interesadas, pero no existe un marco formal para dichas consultas. Austria cuenta con un sistema avanzado de evaluaciones de impacto de la legislación, tanto para evaluaciones ex ante como ex post . Como norma general, las propuestas legislativas del Gobierno se someten a consulta pública que se publica en el sitio web del Parlamento, a la que se invita expresamente a contribuir a una serie de partes interesadas clave. El Consejo Nacional ha adoptado una resolución encaminada a que el proceso de consulta sea más accesible para el público en general . No obstante, no existe un marco jurídico específico que requiera una consulta y las partes interesadas informan de que los plazos de las consultas suelen ser inferiores a las seis semanas recomendadas por el Gobierno, y, en ocasiones, el proceso de consulta no llega a efectuarse . El GRECO ha recomendado que Austria adopte normas claras para consultas sobre propuestas del Parlamento y del Gobierno, con plazos adecuados . El Tribunal Constitucional está revisando las medidas relacionadas con la pandemia de COVID-19. Las medidas relativas a la pandemia de COVID-19 se adoptaron, en particular, mediante dos leyes específicas aprobadas en un procedimiento acelerado por el que se concedía al Ministro de Sanidad la facultad de adoptar decretos . Para julio de 2020 se habían presentado ante el Tribunal Constitucional sesenta y ocho denuncias relacionadas con estas medidas. En julio de 2020, el Tribunal falló que la base jurídica de la prohibición de entrada a negocios, lugares de trabajo y otros lugares era constitucional, pero concluyó que los decretos que imponían una prohibición general de entrada a lugares públicos y autorizaba a reapertura parcial únicamente de determinados comercios eran ilícitos . El Tribunal Constitucional ha considerado otros asuntos inadmisibles, entre otras cosas, sobre la base de que el acceso al control jurisdiccional a través de los tribunales de lo contencioso-administrativo está disponible, con un número de casos todavía pendientes . Varias oficinas del Defensor del Pueblo contribuyen a defender los derechos fundamentales. El Defensor del Pueblo actúa como institución nacional de derechos humanos y ha recibido, por última vez en 2011, la acreditación B de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI por sus siglas en inglés). El Subcomité de Acreditación de la GANHRI alentó al Defensor del Pueblo a procurar un mandato más amplio en materia de derechos humanos y a desarrollar relaciones de trabajo periódicas y sistemáticas con la sociedad civil. Tanto el Subcomité de Acreditación, como, en 2019, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas han señalado la importancia de un proceso de selección claro, transparente y participativo . El Defensor del Pueblo se ocupa de las denuncias de los ciudadanos sobre inactividad de los órganos de la administración o de las acusaciones de negligencia grave de dichos órganos. Ha asumido también un papel de supervisión de las decisiones administrativas en el contexto de la pandemia de COVID-19, tras haber recibido alrededor de 280 quejas en mayo de 2020 . Otras autoridades independientes como el Defensor para la igualdad de trato, que es el organismo nacional de igualdad, el Defensor de las personas con discapacidad y el Defensor del menor y la juventud contribuyen a la defensa de los derechos fundamentales. El Gobierno tiene intención de seguir desarrollando el diálogo con la sociedad civil. El programa del Gobierno para 2020-2024 ha anunciado una serie de medidas para seguir potenciando la participación de la sociedad civil . El Gobierno se ha comprometido, en particular, al diálogo activo y la colaboración respetuosa con las organizaciones de la sociedad civil. En cuanto al marco jurídico, el régimen de exención de impuestos para las donaciones no se aplica de igual manera a todos los agentes de la sociedad civil. En particular, algunas ONG que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, civiles y políticos, la democracia, la transparencia o la educación de adultos, no se benefician de dicho régimen , algo que preocupa a las partes interesadas . Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético* * La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 está disponible en (sitio web de la Comisión). Agencia de los Derechos Fundamentales, La pandemia de coronavirus en la UE – implicaciones para los derechos fundamentales – Boletín 3 (3 de junio de 2020). País: Austria. Asociación de Fiscales, Requisitos de la Fiscalía. https://staatsanwaelte.at/wp-content/uploads/2019/09/Notwendigkeiten-der-Staatsanwaltschaften.pdf . Asociación de Fiscales (19 de mayo de 2019), Asunto Eurofighter. https://staatsanwaelte.at/causa-eurofighter/ . Asociación de Jueces de Derecho Administrativo, Agenda para los tribunales de lo contencioso-administrativo 2022. Asociación de Jueces y Sindicato de Jueces y Fiscales, Recursos para el Estado de Derecho. Asociación Europea de Jueces de Derecho Administrativo (2020), Contribución de la Asociación Europea de Jueces de Derecho Administrativo al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020. Berka, W., Heindl, L., Höhne, T. y Koukal A. (2019). Mediengesetz Praxiskommentar. 4th ed. Viena: LexisNexis. Bertelsmann Stiftung (2019). Sustainable Governance Indicators (SGI)—Austria. Gütersloh. https://www.sgi-network.org/2019/Austria

Breitschopf M., «Fünf Jahre „Transparenzpaket - Eine kritische Bilanz aus zivilgesellschaftlicher Perspektive» (Paquete «cinco años de transparencia»). Meine Abgeordneten, Forum Informationsfreiheit, Dossier. https://www.informationsfreiheit.at/wp-content/uploads/2017/08/Echte-Transparenz-Langfassung-1.9.2017.pdf . CEDAW (2019), Observaciones finales sobre el noveno informe periódico. Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación (2019), Decriminalisation of Defamation. https://cmpf.eui.eu/wp-content/uploads/2019/01/decriminalisation-of-defamation_Infographic.pdf . Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación (2020), Media Pluralism Monitor de 2020. https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2020 . CEPEJ (2018), European judicial systems: efficiency and quality of justice. CEPEJ (2020), Study on the functioning of judicial systems in the EU Member States. CIVICUS, Monitor tracking civic space: Austria. https://monitor.civicus.org/country/austria . Comisión Europea (2014), Informe sobre la lucha contra la corrupción 2014. Anexo sobre Austria. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_austria_chapter_en.pdf . Comisión Europea (2020), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE. Consejo Consultivo de Jueces Europeos, Dictamen n.º 19 (2016) sobre el papel de los presidentes de los órganos jurisdiccionales. Consejo Consultivo de los Jueces Europeos, Dictamen del CCJE a petición de la Asociación de Jueces Europeos de Derecho Administrativo con respecto al marco jurídico del cargo de presidente (vicepresidente) del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Viena, Austria CCJE-BU(2019)3, 29 de marzo de 2019. Consejo de Europa: Comité de Ministros (2000), Recomendación Rec(2000)19 del Comité de Ministros sobre el la función del Ministerio Fiscal en el sistema de justicia penal. Consejo de Europa: Comité de Ministros (2010), Recomendación Rec(2010)12 del Comité de Ministros sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidad. Consejo de Europa, Platform to promote the protection of journalism and safety of journalists. https://www.coe.int/en/web/media-freedom . Consejo Nacional (2017), Informe del Comité AB 1622 d. B., XXV. GP. Die Presse, La obligación de informar de los investigadores de corrupción es una contradicción flagrante. https://www.diepresse.com/5611005/berichtspflicht-der-korruptionsermittler-eklatanter-widerspruch . Forum Informationsfreiheit (2020), contribución de Forum Informationsfreiheit al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020. Gobierno de Austria (2020), Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020. Gobierno de Austria (2020), Out of a Sense of Responsibility for Austria. Programa del Gobierno para 2020-2024. GRECO (2019), Quinta Ronda de Evaluación – Informe de evaluación sobre Bélgica relativo a la prevención de la corrupción y promoción de la integridad en Gobiernos centrales (altas funciones ejecutivas) y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

GRECO (2016), Tercera Ronda de Evaluación – Segundo informe de cumplimiento sobre Austria relativo a las incriminaciones (ETS 173 y 191, GPC 2) y la transparencia de la financiación de los partidos. GRECO (2019) Cuarta ronda de evaluación – Compliance Report on Austria on Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors. Index on Censorship. Demonising the Media: Threats to Journalists in Europe. https://www.indexoncensorship.org/wp-content/uploads/2018/11/index-report-2018-web-v3.pdf . Interessenvertretung gemeinnütziger Vereine (IGO), Índice de la Sociedad Civil 2019. KommAustria, https://www.rtr.at/en/rtr/OrganeKommAustria . Ministerio de Justicia, Important Notices concerning the Lobbying and Advocacy Register. https://lobbyreg.justiz.gv.at/edikte/ex/edparm3.nsf/a5c123accf39f319c1256a4f0033b507/8b3679261eb9d105c1257adb005bed16/$FILE/Information%20 . Ministerio de Justicia, Medidas para un sistema judicial moderno y de gran calidad. https://www.justiz.gv.at/file/2c94848b6d50e800016e6a285abf00ed.de.0/wahrnehmungsbericht_hbm%20jabloner.pdf . Ministerio de Justicia (2018), Weisungsbericht 2018. https://www.justiz.gv.at/file/2c94848b651953620165f6f978cb0d79.de.0/weisungsbericht_2018_endfassung.pdf . OCDE (2020), Regulatory Impact Assessment and Regulatory Oversight in Austria. https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/RIA-in-Austria-web.pdf . Parlamento Austriaco (2 de junio de 2017), «12165/AB XXV.GP – Anfragebeantwortung» https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_12165/imfname_638955.pdf . Parlamento Austriaco, Neu im Verfassungsausschuss. https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2019/PK0964/index.shtml . Parlamento Austriaco, Postenschacher stoppen (1000/A(E)). https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/A/A_01000/index.shtml#tab-ParlamentarischesVerfahren . Reporteros sin Fronteras, Austria. https://rsf.org/en/austria . Tribunal Constitucional, La Ley relativa a la COVID-19 es constitucional, algunos decretos no. https://www.vfgh.gv.at/medien/Covid_Entschaedigungen_Betretungsverbot.de.php . El Tribunal Constitucional volverá a reunirse a mediados de julio. https://www.vfgh.gv.at/medien/Juli_Beratungen.de.php . Tribunal de cuentas, Bericht des Rechnungshofes. Korruptionspräventionssysteme in ausgewählten Bundesministerien (BKA, BMB, BMI, BMLFUW), 2017/8 section 13.1. https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00015/imfname_673740.pdf . Tribunal de cuentas, Qué se debe hacer – diez temas para el nuevo gobierno. https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/home_6/Wasjetztgetanwerdenmuss.pdf . Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Austria, sentencia de 29 de mayo de 2018, Ra 2017/03/0083. Transparency International Austria, PRESSEINFO: Corruption Perceptions Index (CPI) 2019 (23.01.2020), https://www.ti-austria.at/2020/01/23/ti-ac-presseinfo-cpi-2019/ . Visita virtual a Austria en el marco de la elaboración del Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.

Anexo II: Visita a Austria Los servicios de la Comisión celebraron reuniones virtuales en junio de 2020 con: ·Asociación Austriaca de Jueces de Derecho Administrativo ·Asociación Austriaca de Jueces ·Consejo austríaco de la prensa ·Oficina de Lucha contra los Delitos Económicos y la Corrupción de la Fiscalía Federal ·Tribunal de Cuentas ·Oficina Federal de Prevención y Lucha contra la Corrupción (BAK) ·Cancillería Federal ·Ministerio Federal de Justicia ·Ministerio Federal de Interior ·Ministerio Federal de Asuntos Europeos e Internacionales ·Forum Informationsfreiheit ·KommAustria (Regulador de los medios de comunicación) ·Fiscalía Superior de Viena ·Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo ·Tribunal Supremo ·Transparency International Austria ·Weisungsrat