La Comunidad ha adoptado tres actos jurídicos basados en el artículo 13, apartado 1, del Tratado CE, para prevenir y combatir la discriminación por razones de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Estos instrumentos han demostrado que las medidas legislativas son útiles para luchar contra la discriminación. En particular, la Directiva 2000/78/CE establece un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación sin atender a religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. No obstante, persisten diferencias entre los Estados miembros respecto al grado y la modalidad de protección contra la discriminación por estos motivos fuera del ámbito laboral.

La adjudicación de contratos celebrados en los Estados miembros por cuenta del Estado, de las autoridades, regionales o locales y de otros organismos de Derecho público está supeditada al cumplimiento de los principios del Tratado y, en particular, a los principios de libre circulación de mercancías, libertad de establecimiento y libre prestación de servicios, así como los principios que de estas libertades se derivan, como son el principio de igualdad de trato, el principio de no discriminación, el principio de reconocimiento mutuo, el principio de proporcionalidad y el principio de transparencia. Los requisitos legales de coordinación de procedimientos para la adjudicación de contratos de obras públicas, contratos públicos de suministro y contratos públicos de servicios se establecen en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (1) , por lo que la adjudicación de contratos que deban celebrarse en los Estados miembros por cuenta del Estado, de las autoridades regionales o locales y de otros organismos de Derecho público está supeditada al cumplimiento de los principios del Tratado CE y, en particular, el principio de igualdad de trato con independencia de sexo, raza u origen étnico, discapacidad, orientación sexual, religión o convicciones o edad, y el principio de no discriminación. No obstante, para contratos públicos por encima de un valor determinado, las disposiciones de coordinación comunitaria entre los procedimientos nacionales de adjudicación han sido concebidas para garantizar la apertura de la contratación pública a la competencia. Los Estados miembros deben interpretar dichas disposiciones de coordinación con arreglo al principio de igualdad de trato independientemente de sexo, raza u origen étnico, discapacidad, orientación sexual, religión o convicciones o edad, y con arreglo a las otras normas del Tratado.

Todas las personas gozan de libertad para celebrar contratos, incluida la libertad de elegir a la otra parte contratante para efectuar una transacción determinada. En el contexto del acceso a bienes y servicios y su suministro, es importante respetar la protección de la vida privada y familiar y las transacciones efectuadas en este contexto. La presente Directiva no cubre por tanto las transacciones entre particulares realizadas a título privado que no constituyen una actividad profesional o comercial para las partes contratantes.

Todas las personas gozan de libertad para celebrar contratos, incluida la libertad de elegir a la otra parte contratante para efectuar una transacción determinada. La presente Directiva no debe aplicarse a transacciones económicas entre particulares para los cuales dichas transacciones no constituyen su actividad profesional o comercial.

La organización y el contenido de los sistemas educativos son competencia de los Estados miembros. Éstos deben garantizar una protección eficaz contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. La Comunicación de la Comisión titulada «Mejorar las competencias en el siglo XXI: agenda para la cooperación europea en las escuelas» incide en la necesidad de que se preste una atención especial a los niños desfavorecidos y a aquellos con necesidades educativas especiales. Los Estados miembros podrán permitir, exclusivamente sobre la base de justificaciones objetivas, diferencias de acceso a centros educativos confesionales o basados en ciertas convicciones cuando se trate de exigir a personas que obren de buena fe y con lealtad para con la ética del centro, siempre que ello no justifique discriminación alguna por cualquier otro motivo y que haya otros centros educativos que sean geográficamente accesibles y supongan una alternativa razonable, a fin de evitar una discriminación indirecta. Los Estados miembros velarán por que ello no dé lugar a denegación del derecho a la educación.

(19) La Unión Europea, en su Declaración no 11 sobre el estatuto de las iglesias y de las organizaciones no confesionales, adjunta al Acta final del Tratado de Amsterdam, ha reconocido explícitamente que respeta y no prejuzga el estatuto reconocido, en virtud del Derecho nacional, a las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas en los Estados miembros, y que respeta asimismo el estatuto de las organizaciones filosóficas y no confesionales. Las medidas destinadas a que las personas con discapacidad tengan un acceso no discriminatorio efectivo a los ámbitos amparados por la presente Directiva desempeña un papel importante a la hora de garantizar una plena igualdad en la práctica. Además, pueden requerirse, en algunos casos, determinadas medidas de ajustes razonables para velar por un acceso tal. En ningún caso se exigen medidas que impongan una carga desproporcionada. Para valorar si una carga es desproporcionada, debe tenerse en cuenta un cierto número de factores que incluyen el tamaño, los recursos y el tipo de entidad de que se trate. El principio de los ajustes razonables y de la carga desproporcionada está establecido en la Directiva 2000/78/CE y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.