A4-0316/97

Resolución sobre el XXVI Informe de la Comisión sobre la política de competencia (1996) (SEC(97)0628 - C4-0209/97)

El Parlamento Europeo,

- Visto el XXVI Informe de la Comisión sobre la política de competencia (1996) (SEC(97)0628 - C4-0209/97),

- Visto el Quinto informe de la Comisión sobre ayudas estatales al sector de fabricación y a algunos otros sectores en la Unión Europea (COM(97)0170),

- Vistas sus Resoluciones de 13 de noviembre de 1996 ((DO C 362 de 02.12.1996, pág. 135)) sobre el XXV Informe sobre la política de competencia y de 18 de julio de 1997 ((Acta de esa fecha, parte II, punto 7)) sobre el Libro Verde de la Comisión sobre las restricciones verticales en la política comunitaria de competencia,

- Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos (A4-0316/97),

A. Considerando que uno de los objetivos de la política de competencia de la UE es conferir o conservar la flexibilidad de los mercados indispensable para liberar las capacidades de iniciativa e innovación y permitir una asignación eficaz y dinámica de los recursos de la sociedad,

B. Considerando que la libre actuación de las fuerzas del mercado no puede por sí sola, en un mercado imperfecto, lograr ciertos objetivos prioritarios de la Unión Europea, a saber, la cohesión económica y social, un nivel adecuado de investigación y desarrollo, la protección del medio ambiente, el crecimiento de las PYME y el ajuste estructural,

C. Considerando que el oportuno desarrollo de la competencia y la búsqueda de la igualdad de oportunidades para todas las empresas constituyen presupuestos esenciales para el funcionamiento fluido del mercado interior,

D. Considerando que de la evolución del papel del Estado, la interdependencia de las economías nacionales y la necesidad de preservar la cohesión regional y social se derivan límites a la competencia del libre mercado,

E. Considerando que la Unión Monetaria requiere un mayor grado de control de la distorsión de la competencia para salvaguardar el mercado interno, en especial de las ayudas estatales que conceden Estados miembros que comparten la misma moneda,

F. Considerando que la estructura y los recursos de los que la Comisión dispone para controlar prácticas perjudiciales para la competencia leal no son adecuados ni suficientes,

G. Considerando que la preservación de la competencia en la Unión Monetaria requiere una mayor coordinación dentro de los servicios de la Comisión responsables de las diferentes políticas comunitarias afectadas (política de la competencia, industrial, comercial y del mercado interior), así como entre estos servicios y las autoridades de defensa de la competencia de los distintos Estados miembros con el objetivo de establecer un sistema común a toda la UE de salvaguarda de la competencia leal,

H. Considerando que la prestación de ayudas estatales en violación del Tratado CE es contraproducente y favorece lo ineficaz en detrimento de lo eficaz, distorsiona la competencia entre regiones y empresas e impone una excesiva carga a los presupuestos públicos,

I. Considerando que la política de competencia debería utilizarse como un instrumento para favorecer una competencia entre los Estados Unidos, la UE y el Japón que sea sana y leal,

J. Considerando que en la Conferencia de Singapur del 11 de diciembre de 1996 se creó un grupo de trabajo dentro de la OMC que habrá de examinar las relaciones entre el comercio y la política de competencia, incluidas las prácticas que distorsionan esta última,

K. Considerando que el ámbito del control de las concentraciones ha registrado una vez más un considerable avance (aproximadamente el 15%) en su actividad, en relación con el año anterior, principalmente en los sectores de crecimiento y de elevado contenido tecnológico, es decir, de particular importancia estratégica (medios de comunicación, telecomunicaciones, etc.); que esta tendencia puede confirmarse teniendo en cuenta la creciente mundialización y la liberalización de la economía; considerando igualmente que el carácter cada vez más internacional de las concentraciones plantea un particular reto a la política de competencia comunitaria,

1. Acoge positivamente el XXVI Informe sobre la política de competencia y lo considera un documento útil sobre cuya base podría ejercerse la responsabilidad de la Comisión en el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades en virtud del Tratado, a saber, acercar (sic) más a los ciudadanos la política de competencia de la Comunidad; respalda, en este contexto, a la DG IV de la Comisión en su tentativa de dotarse de los recursos humanos suficientes y de instrumentos de investigación transparentes;

2. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a una mejor coordinación e integración de sus recursos, con objeto de establecer un sistema y una estructura eficaces de la UE para la salvaguarda de la competencia leal; reitera su petición de que se refuerce la cooperación entre los servicios responsables de la Comisión, pudiéndose alcanzar este objetivo en las mejores condiciones mediante la creación de un servicio separado en el seno de la Comisión que podría encargarse de evaluar los costes y beneficios derivados de la concepción y puesta en práctica de las cuatro políticas citadas (competencia, industrial, comercial y del mercado interior), particularmente en el terreno del empleo, y elaborar recomendaciones, con el formato de un informe anual sobre la coordinación de estas políticas, para el Parlamento y el Consejo;

3. Expresa el deseo de que el análisis de las concentraciones aplicado por la Comisión tenga en cuenta elementos no técnicos, tales como el impacto de las concentraciones en los consumidores, en el empleo, en la diversidad cultural y en la libertad de expresión o la estructura industrial local; solicita que estos ocupen un lugar destacado en las decisiones adoptadas, de conformidad con el análisis económico y/o social previsto por el considerando 13 del reglamento nº 4064/89 del Consejo;

Por lo que se refiere a la aplicación de los artículos 85 y 86

4. Manifiesta su acuerdo con el nuevo Reglamento de exención sobre acuerdos de transferencia de tecnología de la Comisión (Reglamento (CE) 240/96 de 31 de enero de 1996), pero recuerda las cuatro ventajas en las que la Comisión basó su decisión, a saber, la determinación inequívoca de lo que está y no está exento, las obligaciones específicas que han de respetarse, el procedimiento de notificación y el umbral del 40% de participación en el mercado del titular de la licencia en caso de aplicación a las PYME;

5. Lamenta la falta de un auténtico mercado interior relacionado con la distribución y servicios de vehículos de motor, como lo demuestran las numerosas quejas de los consumidores; pide a la Comisión que garantice de una vez por todas un mercado libre, en el que los consumidores se puedan comprar un coche sin ningún problema fuera de sus propios Estados miembros y en el que no haya obstáculos para el comercio paralelo;

6. Insta a la Comisión a iniciar un proceso de descentralización del control de las prácticas colusorias; estima que la cooperación entre las autoridades nacionales de defensa de la competencia y la Comisión para la aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE debe dar lugar de forma progresiva a una armonización de las legislaciones nacionales al respecto, que permita una clara aplicación del principio de subsidiariedad;

7. Insta a la Comisión a buscar instrumentos adicionales en su campaña contra tipos perjudiciales de carteles secretos que, o bien fijan precios o establecen cuotas de producción y venta, o bien tratan de compartir mercados;

8. Afirma que no puede aceptar ni el contenido ni la forma de la Comunicación de la Comisión sobre la no imposición de multas o la reducción de su importe en asuntos relacionados con acuerdos entre empresas; pide a la Comisión que adopte medidas destinas a establecer un instrumento jurídicamente vinculante con un fundamento jurídico adecuado; manifiesta el deseo de que dicho instrumento jurídico tome debida consideración de las tradiciones jurídicas de la mayoría de los Estados miembros;

9. Pide a la Comisión que informe al Parlamento, en su próximo informe sobre la competencia, de si los motivos económicos y legales que subyacen a la revisión de la Comunicación de la Comisión relativa a los acuerdos de menor importancia ((DO C 29 de 30.01.1997, pág. 3)) han justificado su revisión;

10. Manifiesta su acuerdo con el contenido de la Comunicación de la Comisión sobre las normas internas de procedimiento para el tratamiento de solicitudes de acceso al expediente de una empresa ((DO C 23 de 23.1.1997, pág. 3)), pero recuerda su Resolución de 13 de noviembre de 1996 precitada por lo que se refiere a la apertura, la transparencia y la responsabilidad, y pide a la Comisión que actúa con meticulosidad a la hora de hacer una distinción entre documentos que pueden y documentos que no pueden comunicarse;

11. Reitera su postura, recogida en su Resolución de 18 de julio de 1997, sobre el Libro Verde de la Comisión sobre las restricciones verticales;

Por lo que se refiere al abuso de una posición dominante

12. Reconoce que la competencia imperfecta es hoy por hoy moneda corriente y que las prácticas más usuales de las empresas dominantes para eliminar la competencia son el acceso a una tecnología o infraestructura esencial, las políticas de precios predatorias, los acuerdos de negociación exclusivos, la discriminación entre proveedores y los sistemas de rebaja exclusivos; insta, por tanto, a la Comisión a proseguir su lucha contra estas prácticas abusivas que ejercen determinadas empresas;

13. Recuerda su punto de vista, reflejado en su resolución de 13 de noviembre de 1996 precitada, y, en particular, sus apartados 2, 3 y 4, y pide a la Comisión que examine, sobre la base del criterio de propiedad, las políticas de precios predatorias y otras prácticas desleales, las barreras reguladoras y no reguladoras en el sector de las telecomunicaciones, tanto de las comunicaciones móviles como de las comunicaciones por satélite y los servicios en línea, en el sector de los medios de información, en el sector del transporte aéreo y en los sectores bancario y financiero;

Por lo que se refiere a los monopolios estatales y al Tratado de Amsterdam

14. Pide a la Comisión que presente un informe sobre las consecuencias del Proyecto de Tratado de Amsterdam en la política de competencia y, en particular, del artículo 7 D sobre los servicios de interés económico general, del Protocolo sobre el servicio público de radiodifusión y de la Declaración sobre las entidades públicas de crédito en Alemania, prestando especial atención a la definición y al significado de servicios de interés económico general, obligaciones públicas, servicio universal, igualdad de trato, calidad de los servicios públicos y principio del interés común;

15. Reconoce la necesidad de un nuevo papel de los Gobiernos en los sectores de telecomunicaciones, energía, servicios postales, transportes y radiodifusión, destacando los aspectos del establecimiento de patrones para los sectores privado y público y las nuevas colaboraciones entre los sectores público y privado;

16. Apoya los esfuerzos de la Comisión encaminados a liberalizar gradualmente el mercado de la electricidad y espera que la Comisión aplicará con la debida firmeza las normas comunes al mercado interno del gas, pendientes de adopción por el Parlamento Europeo y el Consejo;

17. Apoya asimismo los esfuerzos de la Comisión por introducir un elemento de competencia en la gestión de la infraestructura de aeropuertos y puertos y en el acceso a infraestructuras esenciales;

18. Manifiesta su preocupación por el hecho de que las crecientes concentraciones mediante operaciones de fusión o alianzas transfronterizas hayan difuminado la definición del «mercado relevante», y considera que los aspectos geográficos, las barreras jurídicas de entrada, la seguridad, los gastos de transporte y otros factores deberían utilizarse para una definición operativa basada en el concepto de la condición de sustituibles de bienes y servicios;

Por lo que se refiere a las ayudas estatales

19. Considera inaceptable que la Comisión no pueda facilitar informes sobre las ayudas estatales referidas a los últimos años;

20. Recuerda las principales conclusiones del 5º Informe sobre ayudas estatales en la CE de los Doce para el periodo 1992-1994:

a) La ayuda global, por término medio y año, ascendió a más de 95.000 millones de ecus, lo que representa un 1,7% del PIB, una subvención de 713 ecus por cada persona empleada, el 3,3% del gasto nacional.

b) Las ayudas estatales globales concedidas por determinados Estados miembros son extremadamente elevadas (alcanzando el 88% de su déficit presupuestario).

c) Aproximadamente un 45% de la ayuda global (es decir, una media de 42.639 millones de ecus anuales) se destinó a la industria, lo que, expresado en porcentaje de exportaciones intracomunitarias de bienes fabricados, nos dará la potencial distorsión de la competencia.

d) La ayuda estatal a la industria se desglosó del siguiente modo: 30% para objetivos horizontales (es decir, I+D, medio ambiente, PYME, comercio, ahorro energético, etc.), 17% para construcción naval, acero y otros sectores, y 53% para objetivos regionales.

e) La ayuda a la agricultura, la pesca, los transportes y la minería del carbón supone aproximadamente el 55% de la ayuda global, si bien el importe exacto se desconoce por falta de información completa;

21. Reafirma su apoyo a la ayuda estatal que se estime de interés común, tal como la ayuda regional, a la I+D, a las PYME, a la formación, al ahorro energético y al medio ambiente; observa, no obstante, que este tipo de ayuda ha venido disminuyendo, mientras aumentaba la ayuda a empresas individuales;

22. Considera, sin embargo, que una parte significativa de la ayuda global en la Comunidad indica una tendencia estable que distorsiona la competencia leal, es incompatible con el mercado interior, socava el compromiso de la UE con un mercado mundial libre y se convertirá en una fuente de posibles fricciones entre los Estados miembros que participen en la UEM y los que no participen en la misma; subraya, sin embargo, la necesidad de utilizar el concepto de «cláusula de alineamiento», citada en relación con las ayudas estatales a la investigación+desarrollo ((DO C 45 de 17.2.1996, pág. 5)), para que la industria comunitaria no quede penalizada por una autodisciplina no impuesta a las empresas no europeas, tal como lo indicaba la propia Comisión en su respuesta a la antes mencionada resolución del Parlamento de 13 de noviembre de 1996: «este tipo de disposiciones debería, en una economía globalizada, tratar de difundirse en la medida del respeto del equilibrio competitividad/sistema abierto y competencial»;

23. Propone que los programas de estabilidad y convergencia, que incluyen objetivos presupuestarios estatales, se analicen también desde el punto de vista de la competencia;

24. Propone que la totalidad de las ayudas estatales, con independencia de su forma o finalidad, estén sometidas a una disciplina en cuanto a su transparencia o control, estableciéndose para ello un código de conducta similar al que propone la Comisión para las ayudas fiscales;

25. Expresa su preocupación por que el reglamento propuesto que se refiere a una exención global de determinadas categorías de ayudas estatales vaya a crear distorsiones en el mercado; recuerda que determinados mercados nacionales tienen más pequeñas y medianas empresas (PYME) que otros; insta a la Comisión a que vigile estrechamente la aplicación del reglamento con el fin de garantizar una protección a las PYME en caso de ayuda abusiva a los competidores;

Por lo que se refiere a la cooperación internacional

26. Considera que los factores determinantes de la globalización, a saber, el avance tecnológico, la desregulación de los mercados, la liberalización de sectores fundamentales y la intensificación del comercio de bienes y de los mercados de capitales, han reducido la eficacia de las políticas tradicionales del Estado, entre ellas la política de competencia;

27. Considera necesario en el futuro, a la vista de la mundialización, añadir al informe sobre la competencia un capítulo relativo a la situación del Derecho de la competencia en las demás regiones económicas;

28. Manifiesta su opinión de que la interdependencia que se deriva de la globalización de la producción, la distribución y el intercambio y la acusada dimensión internacional de los problemas de competencia precisa un nuevo enfoque de la política de competencia de la UE;

29. Considera esencial reforzar y mantener una cooperación estrecha y cuidadosa con los países candidatos, con el fin de desarrollar unas políticas y unas autoridades de competencia eficaces; subraya que los países candidatos deberán cumplir las normas de competencia de la UE para evitar socavar los propios cimientos de la Unión;

30. Aboga por un mayor papel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la política de competencia internacional; se felicita por la creación de un grupo de trabajo sobre el Derecho de la competencia internacional en el seno de la OMC, y considera necesario que la UE se comprometa en mayor medida con objeto de obtener resultados sin demora y evitar una competencia ruinosa; pide, por lo tanto, al Consejo que otorgue un mandato a la Comisión, teniendo en cuenta el Acuerdo entre la CE y el Gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la aplicación de sus legislaciones en materia de competencia, para perseguir los siguientes objetivos:

a) adopción de principios comunes de competencia a nivel internacional para disuadir de las «prácticas más perjudiciales», en particular una prohibición de carteles de precios y regiones, así como una legislación antimonopolios;

b) creación de las vías de cooperación entre las autoridades de defensa de la competencia;

c) adaptación de las normas de la OMC sobre la resolución de litigios a las normas de competencia;

31. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión y al Consejo.