A4-0010/97

Resolución sobre el informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 87/102/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo (COM(95)0117 - C4-0185/95)

El Parlamento Europeo,

- Visto el informe de la Comisión (COM(95)0117 - C4-0185/95),

- Vista la propuesta de resolución del Sr. Vitorino sobre la protección de los ciudadanos que disfrutan de créditos financieros (B4-0553/95),

- Visto el Convenio de Bruselas de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil ((DO C 189 de 28.7.1990, pág. 2 (en su última versión))),

- Visto el Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales ((DO L 266 de 9.10.1980, pág. 1)),

- Visto el Convenio de Lugano de 1988 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil ((DO L 319 de 25.11.1988, pág. 9)),

- Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor (A4-0010/97),

A. Considerando que el objetivo del Informe de la Comisión es amplio, puesto que no solamente examina la situación de la aplicación de la Directiva sino también la evolución previsible del mercado del crédito,

B. Considerando que en la Unión el mercado del crédito está en rápida expansión,

C. Considerando que, sin perjuicio de la noción generalmente aceptada por el corpus jurídico europeo, únicamente para los fines del crédito al consumo una nueva noción de ciudadano/consumidor deberá ampliar a las personas jurídicas la protección prevista en favor de los consumidores, como por ejemplo las pequeñas empresas que, en el ejercicio de las competencias de negociación, se encuentren en una situación objetiva de desequilibrio comparable a la que se produce entre el pequeño ahorrador y la entidad de crédito,

D. Considerando que los actuales límites y costes de las operaciones transfronterizas impiden que los ciudadanos, en su condición de consumidores, se beneficien de mayores posibilidades de elección y de precios más competitivos,

E. Considerando que es necesario garantizar el respeto efectivo de las reglas de la libre competencia en el mercado interior y que el consumidor tiene el derecho a elegir y cambiar sin penalizaciones contractuales entre distintos productos y ofertantes (movilidad),

F. Considerando que, en la actual situación de evolución del mercado interior y del principio de subsidiariedad, es oportuno plantearse la cuestión de la eficacia de la legislación comunitaria y del papel de las instituciones comunitarias,

G. Considerando que el ejercicio efectivo del derecho a escoger y la diversificación real de la oferta harán cada vez más necesaria la existencia de instrumentos eficaces de información y formación del consumidor, a fin de que éste pueda desempeñar un papel activo,

H. Considerando, además, que una libre competencia efectiva en un mercado europeo de crédito comportará la diversificación de la oferta, el aumento de las entidades ofertantes y una mayor distribución de los servicios entre todos los ofertantes [sujets offrants] que operan y viven en la Unión,

I. Considerando que en la transición hacia la moneda única -en particular durante los, aproximadamente, tres años que va a durar la fase de adaptación- es indispensable aplicar el principio de continuidad contractual para garantizar la necesaria estabilidad de los mercados financieros; que la perspectiva deseada de la moneda única requiere mayor reflexión sobre la oportunidad de adoptar una nueva legislación única y horizontal aplicable a todo el sector del crédito,

J. Considerando que la competencia de la Unión Europea en este campo es paralela y complementaria de la política llevada a cabo por los Estados miembros para proteger la seguridad y los intereses económicos de los consumidores y que, además, la normativa comunitaria sobre créditos al consumo ha servido de impulso para la adopción de medidas legislativas nacionales y deberá actuar con vistas a:

- la total realización del mercado interior,

- la protección de la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores,

- la garantía de información adecuada y

- un nivel elevado de protección (art. 129 A Tratado CE),

K. Considerando que los artículos por los que se establecen las cuatro libertades fundamentales son actualmente directamente aplicables, que en la situación actual del Derecho, el planteamiento comunitario contribuirá a alcanzar un alto nivel de protección de los consumidores mediante las medidas que adopte en el marco de la realización del mercado interior y que la política de crédito, en sentido estricto, sigue siendo competencia de los Estados miembros sin perjuicio del respeto que se debe al Derecho comunitario,

L. Considerando que la disposición contenida en el artículo 129 A, en correlación con los artículos 2, 3 y 3 B del Tratado CE, otorga a la Unión Europea la posibilidad de intervenir en el sector con «poderes de orientación» de carácter general, que se pueden concretar en la indicación de objetivos, en la adopción de medidas mínimas de armonización y en el fomento de la cooperación entre las autoridades nacionales competentes,

M. Considerando que el artículo 100 A del Tratado CE es el fundamento jurídico pertinente para las medidas de armonización cuyo objeto es el establecimiento y funcionamiento del mercado interior,

N. Considerando las competencias atribuidas a las Instituciones comunitarias en el marco del tercer pilar,

1. Estima que la UE ha de hacer uso de todos los instrumentos jurídicos previstos en los Tratados para favorecer la creación de un mercado europeo del crédito;

2. Considera que la UE, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, debe adoptar una política legislativa con vistas a la adopción, a medio plazo, de una normativa general del mercado europeo del crédito, a la adopción de normas con vistas a la ampliación del mercado, sin olvidar la necesidad de proteger los intereses de los consumidores y estimular, al mismo tiempo, la libre competencia;

3. Estima que se han de evaluar con atención la «noción de consumidor» y el «ámbito de aplicación» de la Directiva 87/102/CEE;

4. Estima que, más en general, el consumidor necesita, no tanto de una normativa meramente protectora, sino de una normativa que estimule su papel activo y salvaguarde el derecho a buscar y a recibir libremente la información que le permita estar en condiciones de paridad contractual;

5. Se pronuncia, sin embargo, con vistas a evitar inconvenientes para el consumidor, contra la propuesta de la Comisión de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva relativa al crédito al consumo a los créditos sin garantía hipotecaria para obras de renovación y modernización, dado que éstos ya no se podrían ofrecer al interés que rige para los créditos hipotecarios (más favorable que el de los créditos a los consumidores), o supondrían al consumidor más costes adicionales por la concesión y registro de los derechos de prenda inmobiliaria;

6. Considera que se han de estudiar todas las posibilidades de instituir autoridades nacionales o mediadoras de todo tipo y recomienda que se favorezca el mantenimiento y el desarrollo de procedimientos de conciliación y judiciales más simples y eficaces, con vistas a garantizar los derechos de los consumidores, teniendo en cuenta también la importancia de los contenciosos transfronterizos;

7. Está convencido de que los instrumentos de autorreglamentación permitirán la adopción de normas específicas, pero no podrán responder a todos los problemas existentes;

8. Observa que las medidas de normalización de los contratos según códigos de conducta voluntarios y flexibles sólo resultarán de utilidad si no se penalizan la variedad de la oferta ni la posibilidad de elección del consumidor;

9. Estima que se han de fomentar todas las fórmulas posibles con el fin de favorecer la obligación recíproca de información correcta, completa y veraz para todas las partes contratantes;

10. Considera que todas las formas de publicidad y promoción podrán ser objeto de disposiciones más detalladas sobre aspectos tales como el contenido, la definición tipológica del producto, la obligación de adjuntar un prospecto y los límites y garantías de la publicidad dirigida a los menores, siempre que estas normas no estén ya incluidas o puedan incluirse en otros contratos específicos;

11. Estima que se debería otorgar al deudor la posibilidad de reembolso anticipado, sin costes administrativos injustificados e innecesarios, de créditos destinados a la financiación de bienes de consumo;

12. Estima que las normas nacionales de recuperación de bienes en caso de no ejecución del contrato, así como las normas relativas a la responsabilidad solidaria de los acreedores y del vendedor deben armonizarse en la medida que resulte necesario y se respete el principio de subsidiariedad;

13. Estima que en la celebración de contratos de crédito para la financiación de bienes de consumo debe garantizarse de manera uniforme en toda la Unión el derecho de retractación dentro de un período determinado, y con unas modalidades y plazos uniformes;

14. Recuerda que prácticas como la cesión del crédito, la solicitud de títulos de garantía y el seguro sobre la deuda pendiente han de respetar los principios de libertad de los contratantes así como los de autonomía del contrato y seguridad jurídica;

15. Considera que las iniciativas comunitarias a través de la información y la educación del consumidor deberían prevenir fenómenos como el sobreendeudamiento; asimismo, debe admitirse la posibilidad de que las entidades de crédito puedan informarse sobre la solvencia del cliente siempre y cuando se respeten las normas sobre el derecho a la intimidad;

16. Apoya la decisión de la Comisión de investigar si los consumidores tienen problemas en su trato con los intermediarios en materia de créditos y hasta qué punto; señala que a la hora de hacer extensivas a los fiadores y garantes determinadas obligaciones previstas en la Directiva 87/102/CEE hay que tener en cuenta que éstos no se encuentran en la misma situación que los primeros prestatarios; subraya que las acreditaciones en relación con la entrega de una tarjeta de crédito ya figuran en el ámbito de aplicación de la Directiva 87/102/CEE a través de la letra c) del apartado 2 del artículo 1, pese a la variedad de conceptos que, según el informe de la Comisión, existen en este ámbito;

17. No estima oportuna la adopción de una normativa comunitaria de armonización del crédito hipotecario, ya que el crédito hipotecario está indisolublemente unido a los mecanismos nacionales de garantía y ejecución forzosa muy distintos entre sí. Una regulación del crédito hipotecario a escala europea exigiría armonizar al mismo tiempo las normas de garantía y ejecucion forzosa vigentes en los Estados miembros y, por consiguiente, la armonización a escala europea de los Derechos civiles nacionales;

18. Recuerda que el medio más eficaz para luchar contra la usura -fenómeno patológico de un mercado dominado por la ley de la oferta- es, además del pleno funcionamiento del mercado, una mejor información, formación y protección del consumidor, así como un control más estricto de las entidades y organismos de crédito por parte de las autoridades nacionales;

19. Subraya la importancia de los procedimientos conciliatorios y prejudiciales eficaces, dado que, al ser complementarios y aptos para prevenir procedimientos jurisdiccionales costosos, pueden desempeñar una función fundamental, especialmente en el caso de los contenciosos transfronterizos;

20. Estima que es claramente prioritario desarrollar y dar curso a todas las posibilidades de limitación de los costes para las partes;

21. Estima asimismo que la mejor forma de protección de los ciudadanos es un sistema que garantice la libertad de elección y la libre competencia;

22. Pide a la Comisión que informe con regularidad al Parlamento sobre el resultado de los estudios trabajos de investigación encargados al respecto y que le transmita cuanto antes, sin que ello obstaculice la presentación de propuestas de actos normativos, su posición sobre las consideraciones aquí aprobadas en materia de política legislativa;

23. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión y al Consejo.