Bruselas, 29.4.2005

COM(2005) 180 final

2005/0068 (CNS)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se imponen medidas restrictivas específicas en contra de determinadas personas que obstaculizan el proceso de paz y vulneran el Derecho internacional en el conflicto de la región de Darfur en Sudán

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. En vista de la evolución registrada recientemente en Sudán, y en particular de las continuas violaciones del Acuerdo de alto el fuego de Yamena, de 8 de abril de 2004, y de los Protocolos de Abuja de 9 de noviembre de 2004 suscritos por todas las partes en el conflicto de Darfur, y habida cuenta de que el Gobierno de Sudán y las fuerzas rebeldes, así como todos los demás grupos armados presentes en Darfur, no se habían atenido a sus compromisos ni a las exigencias del Consejo de Seguridad, el 29 de marzo de 2005, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió ampliar el alcance de las medidas restrictivas vigentes en contra de Sudán.

2. Las medidas restrictivas ampliadas aprobadas por el Consejo de Seguridad en su Resolución 1591 (2005) incluyen, entre otras disposiciones, el bloqueo a partir del 28 de abril de 2005 de los fondos y recursos económicos de las personas que, según el dictamen de las Naciones Unidas, obstaculizan el proceso de paz, constituyen una amenaza para la estabilidad en Darfur y en la región, cometen violaciones del Derecho internacional humanitario o las normas relativas a los derechos humanos u otras atrocidades, infringen el embargo sobre las armas o son responsables de ciertos vuelos militares de carácter ofensivo.

3. El bloqueo de los fondos y recursos económicos de las personas designadas entra en el ámbito de aplicación del Tratado. Citando dos ejemplos entre otros, las medidas propuestas son similares a las impuestas a través del Reglamento (CE) nº 881/2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes, y a través del Reglamento (CE) nº 1763/2004, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas en apoyo de la aplicación efectiva del mandato del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY).

4. Dado que el bloqueo de los fondos y recursos económicos contribuye al objetivo de promover la paz y la seguridad internacionales, el Consejo debe adoptar una posición común en la que abogue por una acción de la Comunidad, y que se base en el artículo 15 del Tratado de la Unión Europea (PESC) a fin de que el reglamento se ajuste a lo previsto en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

2005/0068 (CNS)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se imponen medidas restrictivas específicas en contra de determinadas personas que obstaculizan el proceso de paz y vulneran el Derecho internacional en el conflicto de la región de Darfur en Sudán

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular sus artículos 60, 301 y 308,

Vista la Posición Común 2005/XXX/PESC del Consejo, de xx de abril de 2005, sobre las medidas restrictivas en contra de Sudán[1],

Vista la propuesta de la Comisión[2],

Visto el dictamen del Parlamento Europeo[3],

Considerando lo siguiente:

(1) En su Resolución 1591 (2005) de 29 de marzo de 2005, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, amparándose en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, y deplorando profundamente que el Gobierno de Sudán y las fuerzas rebeldes, así como todos los demás grupos armados en Darfur, no se hubieran atenido a sus compromisos y a las exigencias del Consejo de Seguridad, decidió imponer una serie de medidas restrictivas adicionales en relación con Sudán.

(2) La Posición Común 2005/XXX/PESC prevé, entre otras medidas, que se haga efectivo el bloqueo de los fondos y recursos económicos de aquellas personas, designadas por el Comité de Sanciones de las Naciones Unidas competente, que obstaculizan el proceso de paz, constituyen una amenaza para la estabilidad en Darfur y en la región, cometen violaciones del Derecho internacional humanitario o las normas relativas a los derechos humanos u otras atrocidades, infringen el embargo sobre las armas o son responsables de determinados vuelos militares ofensivos. Estas medidas entran en el ámbito de aplicación del Tratado, por lo que, a fin de evitar distorsiones de la competencia, su aplicación en la Comunidad requiere la adopción de legislación comunitaria.

(3) A efectos del presente Reglamento, se entiende por territorio de la Comunidad el que abarca los territorios de los Estados miembros a los cuales es aplicable el Tratado, y en las condiciones fijadas en él.

(4) A fin de velar por la eficacia de las medidas establecidas en el presente Reglamento, éste debe entrar en vigor el día de su publicación.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

A los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

1. «Comité de Sanciones»: el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creado en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 de la RCSNU 1591 (2005).

2. «Fondos»: los activos o beneficios financieros de cualquier naturaleza, incluidos en la siguiente relación no exhaustiva:

(a) efectivo, cheques, derechos dinerarios, efectos, giros y otros instrumentos de pago;

(b) depósitos en instituciones financieras u otras entidades, saldos en cuentas, deudas y obligaciones de deuda;

(c) valores negociables e instrumentos de deuda públicos y privados, tales como acciones y participaciones, certificados de valores, bonos, pagarés, warrants , obligaciones y contratos sobre derivados;

(d) intereses, dividendos u otros ingresos devengados o generados por activos;

(e) créditos, derechos de compensación, garantías, garantías de pago u otros compromisos financieros;

(f) cartas de crédito, conocimientos de embarque y comprobantes de venta;

(g) documentos que atestigüen un interés en fondos o recursos financieros;

(h) cualesquiera otros instrumentos de financiación de la exportación.

3. «Bloqueo de fondos»: el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, negociación de fondos o acceso a éstos cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, control, propiedad, naturaleza o destino de esos fondos, o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos fondos, incluida la gestión de cartera.

4. «Recursos económicos»: los activos de todo tipo, tangibles o intangibles, mobiliarios o inmobiliarios, que no sean fondos, pero que puedan utilizarse para obtener fondos, bienes o servicios.

5. «Bloqueo de recursos económicos»: el hecho de impedir todo uso de esos recursos con fines de obtención de fondos, bienes o servicios, en particular, aunque no exclusivamente, la venta, el alquiler o la hipoteca.

Artículo 2

1. Se bloquearán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a las personas físicas o jurídicas, las entidades o los organismos enumerados en el anexo I.

2. No se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas o de las entidades enumeradas en el anexo I ni se utilizará en beneficio de las mismas ningún tipo de fondos o recursos económicos.

3. Queda prohibida la participación consciente y deliberada en actividades cuyo objeto o efecto sea la elusión directa o indirecta de las medidas mencionadas en los apartados 1 y 2.

Artículo 3

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, y siempre que hayan notificado su intención de autorizar el acceso a los fondos y recursos económicos considerados al Comité de Sanciones y no hayan recibido de éste una decisión negativa en el plazo de dos días a contar desde dicha notificación, las autoridades competentes de los Estados miembros enumeradas en el anexo II podrán autorizar la liberación o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos bloqueados, en las condiciones que consideren oportunas, tras haberse cerciorado de que dichos fondos o recursos económicos:

(a) son necesarios para sufragar gastos básicos, tales como el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros o servicios públicos;

(b) se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables o al reembolso de gastos asociados con la prestación de servicios jurídicos;

(c) se destinan exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de fondos o recursos económicos bloqueados.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, y siempre que hayan notificado su resolución al Comité de Sanciones y éste la haya aprobado, las autoridades competentes de los Estados miembros enumeradas en el anexo II podrán autorizar la liberación o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos bloqueados, tras haberse cerciorado de que dichos fondos o recursos económicos son necesarios para sufragar gastos extraordinarios.

Artículo 4

No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las autoridades competentes de los Estados miembros enumeradas en el anexo II podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos bloqueados, cuando concurran las siguientes condiciones:

(a) que los fondos o recursos económicos estén sujetos a embargo judicial, administrativo o arbitral establecido antes del 29 de marzo de 2005 o a una resolución judicial, administrativa o arbitral pronunciada antes de esa fecha;

(b) que los fondos o recursos económicos vayan a utilizarse exclusivamente para satisfacer las obligaciones garantizadas por tales embargos o reconocidas como válidas en tales resoluciones, en los límites establecidos por las normas aplicables a los derechos de los acreedores;

(c) que el embargo o la resolución no beneficie a una persona, entidad u organismo que figure en el anexo I;

(d) que el reconocimiento del embargo o de la resolución no sea contrario al orden público en el Estado miembro de que se trate;

(e) que las autoridades competentes hayan notificado el embargo o la resolución al Comité de Sanciones.

Artículo 5

1. El artículo 2, apartado 2, no se aplicará al abono en las cuentas bloqueadas de:

(a) intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas, o

(b) pagos en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones contraídas antes de la fecha en que dichas cuentas hayan quedado sujetas a las disposiciones del presente Reglamento,

siempre y cuando tales intereses, beneficios y pagos queden bloqueados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1.

2. El artículo 2, apartado 2, no impedirá que las instituciones financieras que reciban fondos transferidos por terceros los abonen en las cuentas bloqueadas de las personas o entidades enumeradas, siempre y cuando todo nuevo aporte de este tipo a esas cuentas sea también bloqueado. Las instituciones financieras informarán sin demora a las autoridades competentes de dichas transacciones.

Artículo 7

1. Sin perjuicio de las normas aplicables en materia de comunicación de información, confidencialidad y secreto profesional, y de lo dispuesto en el artículo 284 del Tratado, las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos:

(a) proporcionarán inmediatamente cualquier información que facilite el cumplimiento del presente Reglamento, como las cuentas y los importes bloqueados de conformidad con el artículo 2, a las autoridades competentes, enumeradas en el anexo II, de los Estados miembros en que sean residentes o estén situados, y remitirán esa información, directamente o a través de dichas autoridades competentes, a la Comisión;

(b) colaborarán con las autoridades competentes enumeradas en el anexo II en toda verificación de esa información.

2. Toda información adicional recibida directamente por la Comisión se comunicará a las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate.

3. Toda información facilitada o recibida de conformidad con los apartados 1 y 2 se utilizará exclusivamente a los fines para los cuales se haya facilitado o recibido.

Artículo 8

El bloqueo de los fondos y recursos económicos o la negativa a facilitarlos, siempre que dichos actos se lleven a cabo de buena fe con la convicción de que se atienen al presente Reglamento, no darán origen a ningún tipo de responsabilidad por parte de la persona física o jurídica o entidad que los ejecute, ni de sus directores o empleados, a menos que se pruebe que los fondos o recursos económicos han sido bloqueados por negligencia.

Artículo 9

La Comisión y los Estados miembros se informarán mutuamente sin demora de las medidas adoptadas en aplicación del presente Reglamento y se comunicarán toda la información pertinente de que dispongan en relación con éste, en particular por lo que atañe a los problemas de contravención y aplicación del presente Reglamento, y a las sentencias dictadas por los tribunales nacionales.

Artículo 10

1. La Comisión estará facultada para:

(a) modificar el anexo I, atendiendo a las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o del Comité de Sanciones; y

(b) modificar el anexo II, atendiendo a la información facilitada por los Estados miembros.

2. Sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los Estados miembros conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Comisión mantendrá todos los contactos necesarios con el Comité de Sanciones con vistas a la aplicación efectiva del presente Reglamento.

Artículo 11

Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de lo dispuesto en el presente Reglamento, y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar su aplicación. Las sanciones establecidas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Los Estados miembros notificarán sin demora dicho régimen a la Comisión tras la entrada en vigor del presente Reglamento, así como cualquier modificación posterior.

Artículo 12

El presente Reglamento será de aplicación:

(a) en el territorio de la Comunidad, incluido su espacio aéreo, o a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de un Estado miembro;

(b) a toda persona, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Comunidad, que sea nacional de un Estado miembro;

(c) a toda persona jurídica, entidad o grupo registrado o constituido con arreglo a la legislación de un Estado miembro;

(d) a toda persona jurídica, entidad o grupo que mantenga relaciones comerciales en la Comunidad.

Artículo 13

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea .

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, .

Por el Consejo

El Presidente

ANEXO I

Lista de las personas físicas y jurídicas o las entidades a las que se refiere el artículo 2

ANEXO II

Lista de las autoridades competentes a las que se refieren los artículos 3, 4, 5, 6 y 7

(que deberán elaborar los Estados miembros)

BÉLGICA

REPÚBLICA CHECA

DINAMARCA

ALEMANIA

ESTONIA

GRECIA

ESPAÑA

FRANCIA

IRLANDA

ITALIA

CHIPRE

LETONIA

LITUANIA

LUXEMBURGO

HUNGRÍA

MALTA

PAÍSES BAJOS

AUSTRIA

POLONIA

PORTUGAL

ESLOVENIA

ESLOVAQUIA

FINLANDIA

SUECIA

REINO UNIDO

COMUNIDAD EUROPEA

Comisión de las Comunidades Europeas

Dirección General de Relaciones Exteriores

Dirección PESC

Unidad A.2: Asuntos jurídicos e institucionales, acciones comunes PESC, sanciones, proceso de Kimberley

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel.: (32-2) 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

Correo electrónico: Relex-Sanctions@cec.eu.int

[1] DO L

[2] DO C […] de […], p. […].

[3] DO C […] de […], p. […].