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Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de octubre de 2020, titulada «Un Plan Económico y de Inversión para los Balcanes Occidentales» (COM(2020)0641), y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Guidelines for the Implementation of the Green Agenda for the Western Balkans» (Directrices para la aplicación de la Agenda Verde para los Balcanes Occidentales) (SWD(2020)0223),
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Vistos el estudio de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), de septiembre de 2020, titulado «Border Procedures for Asylum Applications in EU + Countries» (Procedimientos fronterizos para las solicitudes de asilo en los países UE+) y la publicación de la EASO, de septiembre de 2019, titulada «Guidance on asylum procedure: operational standards and indicators» (Directrices sobre el procedimiento de asilo: normas operativas e indicadores),
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Vistas sus anteriores resoluciones sobre Camboya, en particular las de 14 de septiembre de 2017 sobre Camboya, en particular sobre el caso de Kem Sokha (1), 14 de diciembre de 2017 sobre Camboya, en particular sobre la disolución del Partido de Salvación Nacional de Camboya (PSNC) (2) y 13 de septiembre de 2018 sobre Camboya, en particular sobre el caso de Kem Sokha (3),
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Vista la labor realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), en particular sus informes titulados «Rights in practice: access to a lawyer and procedural rights in criminal and European arrest warrant proceedings» (Los derechos en la práctica: asistencia de letrado y derechos procesales en los procesos penales y los procedimientos de la orden de detención europea), de 13 de septiembre de 2019; «Criminal detention conditions in the European Union: rules and reality» (Condiciones de privación de libertad penal en la Unión Europea: normas y realidad), de 11 de diciembre de 2019; y «Criminal detention and alternatives: fundamental rights aspects in EU cross-border transfers» (Privación de libertad penal y sus alternativas: los derechos fundamentales en los traslados entre Estados miembros), 9 de noviembre de 2016; así como la base de datos sobre condiciones de privación de libertad, puesta en funcionamiento en diciembre de 2019,
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Visto el Occasional Paper n.o 247 del Grupo de Trabajo del BCE sobre Criptoactivos, publicado en septiembre de 2020, titulado «Stablecoins: Implications for monetary policy, financial stability, market infrastructure and payments, and banking supervision in the euro area» (Criptomonedas estables: Implicaciones para la política monetaria, la estabilidad financiera, la infraestructura del mercado y pagos, y la supervisión bancaria en la zona del euro),
2.

Deplora y rechaza las elecciones parlamentarias ilegales e ilegítimas resultantes del proceso electoral fraudulento organizado el 6 de diciembre de 2020 y reitera que el proceso electoral no respetó las condiciones y normas aceptadas internacionalmente, ni las leyes venezolanas, ni fue libre y justo, ni tampoco representó la voluntad del pueblo venezolano; no reconoce ni la legitimidad ni la legalidad de la Asamblea Nacional establecida el 5 de enero de 2021 sobre la base de estas elecciones no democráticas;
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Vistas las decisiones y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular en el asunto T-646/13 (Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe contra Comisión Europea) (7) y en el asunto T-391/17 (Rumanía contra Comisión Europea) (8),
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Visto el informe del Grupo de Sabios de Alto Nivel sobre la Arquitectura Financiera Europea para el Desarrollo titulado «Europe in the World — The future of the European financial architecture for development» (7) (Europa en el mundo: futuro de la arquitectura financiera europea para el desarrollo),
17.

Recuerda que las medidas adoptadas por los Gobiernos en respuesta a la pandemia deben proteger y no debilitar los derechos humanos de los ciudadanos; hace hincapié en que estas medidas deben ser necesarias, proporcionadas y no discriminatorias, deben respetar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y la legislación nacional, deben mantenerse en vigor únicamente en la medida en que sean estrictamente necesarias y no deben usarse como excusa para limitar el espacio democrático y cívico, las libertades fundamentales y el respeto del Estado de Derecho;
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Visto el artículo 31, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1954/2003 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2371/2002 y (CE) n.o 639/2004 y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (política pesquera común) (1),
6.

Acoge con satisfacción el compromiso de la presidenta de la Comisión y de la comisaria de Igualdad de presentar propuestas para la introducción de medidas de transparencia salarial vinculantes en los primeros cien días del mandato de la Comisión; considera que la futura Directiva debe incluir políticas estrictas en materia de aplicación para las personas que no cumplan, y que debe aplicarse tanto a los sectores público y privado, teniendo debidamente en cuenta las especificidades de las pequeñas y medianas empresas (pymes), como a todos los elementos de la remuneración, y tener un amplio ámbito de aplicación; pide a la Comisión que considere la posibilidad de adoptar medidas concretas basadas en su Recomendación de 2014; como a) la definición clara de criterios para evaluar el valor del trabajo, b) sistemas no sexistas de evaluación y clasificación de empleos, c) auditorías e informes sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres para garantizar la igualdad salarial, d) el derecho de los trabajadores a solicitar información completa sobre el salario y el derecho a una reparación, y e) unos objetivos claros para el rendimiento de las empresas en materia de igualdad; cree firmemente que estas medidas son necesarias para identificar casos de discriminación salarial de manera que los trabajadores puedan tomar decisiones con conocimiento de causa y adoptar medidas en su caso; pide a la Comisión que en la futura legislación sobre transparencia salarial promueva el papel de los interlocutores sociales y de la negociación colectiva a todos los niveles (nacional, sectorial, local y empresarial);
7.

Pide una Unión Europea más fuerte, unida, eficaz, proactiva y más estratégica, especialmente porque acaba de comenzar un nuevo ciclo político europeo y porque la política exterior y de seguridad de la Unión está sujeta a cambios; cree que ningún Estado miembro puede dar por sí solo una respuesta eficaz a los desafíos mundiales actuales; destaca que la cooperación europea es necesaria para tener influencia en la escena mundial, lo que requiere un planteamiento unificado y no sería posible de estar dividida la UE; pide a la Unión que redoble sus esfuerzos para proteger los intereses y valores, actuando al mismo tiempo como un socio internacional fiable; considera que es importante impulsar la eficacia y las facultades coercitivas propias de la Unión a nivel internacional y pide unas instituciones de la Unión centradas en el ciudadano que actúen en el interés de la población; hace hincapié en que la UE debe comunicar los objetivos políticos, establecer prioridades y objetivos que impliquen a los ciudadanos, centrarse en las personas y no en los procesos, ofrecer resultados tangibles y no generar una mayor burocracia; pide a la Unión que mejore el diálogo con los agentes gubernamentales y no gubernamentales de terceros países al elaborar propuestas políticas con una dimensión internacional con el fin de permitir a la Unión hablar con una sola voz;
3.

Lamenta que las audiencias no hayan dado lugar aún a avances significativos de los dos Estados miembros en cuestión para revertir el riesgo claro de violación grave de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE; observa con preocupación que los informes y declaraciones de la Comisión y de los organismos internacionales, como las Naciones Unidas, la OSCE y el Consejo de Europa, indican que la situación en Polonia y en Hungría se ha deteriorado desde la activación del artículo 7, apartado 1, del TUE; señala que el hecho de que el Consejo no haya hecho un uso eficaz del artículo 7 del TUE sigue mermando la integridad de los valores europeos comunes, la confianza mutua y la credibilidad de la Unión en su conjunto; reitera su posición sobre la decisión de la Comisión de activar el artículo 7, apartado 1, del TUE en lo que atañe a la situación en Polonia y sobre su propia propuesta en la que solicita al Consejo que, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del TUE, constate la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de Hungría de los valores en los que se fundamenta la Unión; pide al Consejo, por consiguiente, que vele por que en las audiencias previstas en el artículo 7, apartado 1, del TUE también se aborden los cambios en la situación y se evalúen los riesgos de vulneración de la independencia del poder judicial, la libertad de expresión, incluida la libertad de los medios de comunicación, la libertad de las artes y las ciencias, la libertad de asociación y el derecho a la igualdad de trato; pide a la Comisión que haga pleno uso de los instrumentos a su disposición para abordar un riesgo claro de violación grave por parte de Polonia y Hungría de los valores en los que se fundamenta la Unión, en particular los procedimientos acelerados y las demandas de medidas provisionales ante el Tribunal de Justicia;
o

Observa que el acuerdo no afecta a los niveles actuales de acceso de la carne de vacuno al mercado de la Unión y que no se debe incrementar el contingente global de acceso al mercado de la Unión de carne de vacuno no tratada con hormonas; reconoce que el acuerdo no debería afectar a las características técnicas del contingente, tal como se definen en el anexo 2 del Reglamento (UE) n.481/2012 ( 11 ) , incluidas la calidad y la trazabilidad de los productos, a fin de garantizar el nivel más elevado posible de protección de los consumidores de la Unión; observa que el acuerdo no afecta a la prohibición de la Unión de importar carne de vacuno procedente de animales tratados con determinadas hormonas de crecimiento;
L.

Considerando que tanto en la exposición de motivos de su propuesta legislativa presentada el 22 de abril de 2015 por la que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 en lo que respecta a la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el uso de alimentos y piensos modificados genéticamente en su territorio, como en la exposición de motivos de la propuesta legislativa presentada el 14 de febrero de 2017 por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 182/2011, la Comisión lamentaba que, desde la entrada en vigor del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, las decisiones de autorización hayan sido adoptadas por la Comisión sin el apoyo del dictamen del comité del Estado miembro, y que la devolución del expediente a la Comisión para la adopción de la decisión final, que verdaderamente constituyó una excepción en el marco del procedimiento en su conjunto, se haya convertido en la norma a la hora de adoptar decisiones sobre autorizaciones de alimentos y piensos modificados genéticamente; que el presidente Juncker ha deplorado en diversas ocasiones esa práctica y la ha calificado de no democrática (8);
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Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (cuarta Directiva antiblanqueo), y en particular sus artículos 9, apartado 2, y 64, apartado 5 (1), y modificada por la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE (quinta Directiva antiblanqueo), en particular el artículo 1, apartado 5 (2),
y)

que eliminen progresivamente los mandatos de los REUE ya existentes para países específicos, siendo conscientes de la importancia que reviste que no aumente considerablemente el número de REUE para no socavar su carácter especial, y se planteen el nombramiento de REUE regionales en espera del reparto general de responsabilidades en la próxima Comisión y en el SEAE; que estudien la posibilidad de nombrar REUE para la coordinación internacional en materia de lucha contra el cambio climático, para el Derecho internacional humanitario y la justicia internacional, y para la no proliferación y el desarme, asumiendo este último las funciones del actual enviado especial de la Unión en este ámbito;
9.

Celebra la firma del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes (AMAC) por Singapur el 21 de junio de 2017, encaminado a la aplicación de la norma mundial de intercambio automático de información con fines fiscales, y su notificación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 30 de junio de 2017, por la que informaba de su intención de poner en marcha intercambios automáticos, en virtud de dicho acuerdo, con todos los Estados miembros que no fueran parte en ningún acuerdo bilateral en vigor con el mismo propósito; señala que Singapur no está ni en la lista negra ni en la lista de alerta rápida del Grupo «Código de Conducta» de la Unión relativa a jurisdicciones fiscales no cooperadoras, aunque ha sido criticada por algunas ONG por ofrecer incentivos fiscales a las empresas;
2.

Considera esencial que el Acuerdo asegure un elevado nivel de protección de las inversiones, de transparencia y de rendición de cuentas, al tiempo que preserva el derecho de ambas Partes a legislar a todos los niveles de gobierno y a perseguir objetivos legítimos en materia de políticas públicas, como la protección de la salud pública y del medio ambiente; hace hincapié en que, si una Parte regula de una manera que afecta negativamente a una inversión o interfiere en las expectativas de beneficios de un inversor, ello no supone en sí mismo una infracción de las normas de protección de las inversiones y, por tanto, no requiere compensación alguna; hace hincapié en que el Acuerdo no debe restringir en modo alguno la autonomía de los interlocutores sociales y los derechos sindicales;
I.

Considerando que los Tratados prevén la posibilidad de que los Estados miembros adopten diferentes vías de integración, en particular mediante una cooperación reforzada (artículo 20 del Tratado de la Unión Europea (TUE)) y una cooperación estructurada permanente (artículo 46 del TUE), sin incluir, no obstante, disposiciones relativas a la flexibilidad permanente o la integración diferenciada como objetivo o principio a largo plazo de la integración europea; que estas distintas vías de integración solo deben aplicarse a un número limitado de políticas, deben ser inclusivas, para permitir la participación de todos los Estados miembros, y no deben socavar el proceso creador de una Unión cada vez más estrecha, tal como establece el artículo 1 del TUE; que, además, la cooperación reforzada en el ámbito de la política común de seguridad y defensa es actualmente una realidad y contribuye a la construcción de una verdadera Unión Europea de Defensa;
5.

Subraya que el BCE es responsable de la política monetaria de la zona del euro en su conjunto; recuerda que las normas del BCE establecen que los miembros del Comité Ejecutivo no representan a su Estado miembro, no tienen derecho de veto y no deben aceptar instrucciones de ninguna institución, gobierno u órgano, lo que le permite actuar con decisión;
Q.

Considerando que el Defensor del Pueblo investigó reclamaciones sobre la gestión por parte de la Comisión de las actividades laborales de antiguos comisarios una vez finalizados sus mandatos; que el Defensor del Pueblo ya había constatado que la no adopción por parte de la Comisión de una decisión específica en el caso del antiguo presidente Barroso constituía un caso de mala administración; y que, en el caso Barroso, el Comité de Ética llegó a la conclusión de que no había elementos suficientes para establecer una violación de las obligaciones legales, teniendo en cuenta la declaración escrita del antiguo presidente según la cual no le habían contratado para ejercer actividades de presión en nombre de Goldman Sachs y no tenía intención de hacerlo;
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incluir en su ámbito de aplicación a los nacionales de terceros países que deben estar en posesión de un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 539/2001 del Consejo (6), y cuando las alegaciones de estar expuestos a persecución o de correr el riesgo de sufrir persecución conforme a la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (7) sean manifiestamente fundadas, pero no sean todavía objeto de un proceso de reasentamiento, tal y como se define en los regímenes nacionales de reasentamiento o en el Reglamento propuesto por el que se establece un Marco de Reasentamiento de la Unión y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) o la Directiva 2001/55/CE del Consejo (9);
12.

Condena el hecho de que, en los casos de visitas supervisadas de los progenitores, el hecho de que los progenitores no alemanes no cumplieran con el procedimiento de los funcionarios del Jugendamt adoptando el alemán como lengua durante las conversaciones con sus hijos haya dado lugar a la interrupción de las conversaciones y a la prohibición del contacto entre los progenitores no alemanes y sus hijos; considera que este procedimiento adoptado por los funcionarios del Jugendamt constituye una clara discriminación basada en el origen y la lengua contra los progenitores no alemanes;
37.

Destaca la importancia de disponer de unas normas para ensayos armonizadas, que sean claramente definidas y adecuadas, y hace hincapié en que se deben desarrollar protocolos de prueba que se ajusten lo más posible a las condiciones reales; hace hincapié en que los métodos de ensayo han de ser sólidos y diseñarse y ejecutarse de manera que se excluya la manipulación o la mejora intencional o no de los resultados; considera que las pruebas no deben dar lugar a una carga excesiva para las empresas, en particular para las pymes, teniendo en cuenta que no tienen la misma capacidad que sus competidores de mayor dimensión; acoge con satisfacción el Reglamento (UE) 2016/2282 de la Comisión sobre el uso de las tolerancias en los procedimientos de verificación;
Q.

Considerando que la tecnología de impresión 3D debería tener un efecto positivo en la creación de un mayor número de nuevos empleos cualificados, menos exigentes y menos peligrosos en algunos casos (técnicos de mantenimiento, ingenieros, diseñadores, etc.), lo que, con la creación de nuevos puestos técnicos (por ejemplo, operadores de impresoras 3D) daría origen a nuevas responsabilidades y requeriría que el sector de la impresión 3D ofreciese la formación adecuada con el fin de que los técnicos alcancen el mismo nivel que sus homólogos del sector manufacturero tradicional; que la tecnología de impresión 3D reducirá también los costes de producción y de almacenamiento (fabricación de bajo volumen y personalizada, etc.); que, no obstante, la reducción de puestos de trabajo en el sector de la fabricación afectará considerablemente a la economía de los países que cuentan con un gran número de empleos de baja cualificación;
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Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.o 1074/1999 del Consejo (2) y la evaluación intermedia de la Comisión de 2 de octubre de 2017sobre ese Reglamento (COM(2017)0589 y SWD(2017)0332),
48.

Confirma su pleno compromiso con un ciberespacio abierto, libre, estable y seguro, que respete los valores fundamentales de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, y en el que las controversias internacionales se resuelvan por medios pacíficos, sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios del Derecho internacional; pide a los Estados miembros que fomenten una mayor aplicación del enfoque común y global de la Unión en materia de ciberdiplomacia y de las normas existentes en relación con el ciberespacio, y que elaboren, junto con la OTAN, criterios y definiciones a escala de la Unión de lo que constituye un ciberataque, a fin de aumentar la capacidad de la Unión para adoptar rápidamente una posición común tras un acto ilícito de alcance internacional en forma de ciberataque; apoya firmemente la aplicación de las normas voluntarias y no vinculantes sobre la conducta responsable de los Estados en el ciberespacio recogidas en el informe del UNGGE de 2015, que comprenden el respeto de la intimidad y de los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como la adopción de medidas regionales de fomento de la confianza; apoya, en este contexto, la labor de la Comisión Mundial sobre la Estabilidad en el Ciberespacio en el desarrollo de propuestas de normas y políticas que mejoren la seguridad y la estabilidad internacionales y guíen la conducta responsable en el ciberespacio tanto de los Estados como de actores no estatales; respalda la propuesta de que los actores estatales y no estatales no deben realizar ni permitir deliberadamente aquellas actividades que perjudiquen intencionada y sustancialmente la disponibilidad o integridad general del núcleo público de internet y, por consiguiente, la estabilidad del ciberespacio;
—

Visto el estudio encargado por su Subcomisión de Derechos Humanos titulado «Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights»(Aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos) (24),
—

Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente de diciembre de 2016, titulado «Environmental indicator report 2016 – In support to the monitoring of the 7th Environment Action Programme»(Informe de indicadores medioambientales 2016 – En apoyo al seguimiento del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente),
29.

Recuerda que las empresas de la Unión se enfrentan a un número creciente de medidas restrictivas de acceso a los mercados en la RPC debido a las obligaciones impuestas a las empresas conjuntas en varios sectores industriales y a un mayor número de disposiciones y requisitos técnicos discriminatorios para los empresarios extranjeros, como la localización obligatoria de datos y la divulgación de códigos fuente; acoge con satisfacción, a este respecto, el documento «Notice on Several Measures on Promoting Further Openness and Active Utilisation of Foreign Investment» (comunicación sobre varias medidas para la promoción de una mayor apertura y una utilización activa de las inversiones extranjeras), emitido por el Consejo de Estado de la RPC en 2017, pero lamenta la falta de un calendario para lograr sus objetivos; pide por tanto a las autoridades chinas que materialicen con prontitud estos compromisos;
H.

Considerando que el trabajo de las mujeres rurales a menudo está peor remunerado que el de los hombres a igualdad de rendimiento, que con frecuencia no está reconocido formalmente —como, por ejemplo, en el caso de los cuidados no remunerados—, y que no queda reflejado en el número de mujeres que son titulares de explotaciones agrarias; considerando, no obstante, que las mujeres son agentes clave para lograr los cambios transformadores de índole económica, ambiental y social que son necesarios para el desarrollo sostenible;