COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 30.9.2020 SWD(2020) 306 final DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN Informe sobre el Estado de Derecho en 2020

Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Irlanda que acompaña al documento COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Informe sobre el Estado de Derecho en 2020



Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea {COM(2020) 580 final} - {SWD(2020) 300 final} - {SWD(2020) 301 final} - {SWD(2020) 302 final} - {SWD(2020) 303 final} - {SWD(2020) 304 final} - {SWD(2020) 305 final} - {SWD(2020) 307 final} - {SWD(2020) 308 final} - {SWD(2020) 309 final} - {SWD(2020) 310 final} - {SWD(2020) 311 final} - {SWD(2020) 312 final} - {SWD(2020) 313 final} - {SWD(2020) 314 final} - {SWD(2020) 315 final} - {SWD(2020) 316 final} - {SWD(2020) 317 final} - {SWD(2020) 318 final} - {SWD(2020) 319 final} - {SWD(2020) 320 final} - {SWD(2020) 321 final} - {SWD(2020) 322 final} - {SWD(2020) 323 final} - {SWD(2020) 324 final} - {SWD(2020) 325 final} - {SWD(2020) 326 final}



Resumen En 2019 se llevaron a cabo varias reformas del sistema judicial o se encuentran en fase de preparación. En particular, se estableció un Consejo Judicial independiente a finales de 2019. Si bien la percepción de la independencia judicial ya es elevada, el Consejo contribuirá a seguir promoviendo la independencia judicial respecto a los poderes ejecutivo y legislativo. Su Comité de Conducta Judicial se encargará de los procedimientos disciplinarios, mientras que la decisión final sobre el cese de los jueces sigue siendo una prerrogativa del Oireachtas (Parlamento). Una reforma prevista aspira a modificar el sistema de nombramiento y promoción judiciales. Es importante que esta reforma salvaguarde la independencia judicial, teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo de Europa. Un grupo de trabajo examinará el número y el tipo de jueces necesarios para garantizar la administración eficaz de la justicia en los próximos cinco años. La revisión en curso de la justicia civil podría brindar la oportunidad de mejorar el acceso a la justicia, en particular mediante el sistema de asistencia jurídica gratuita. La digitalización y los recursos del sistema judicial, incluido el número de jueces, siguen representando un reto. Irlanda ha llevado a cabo varias reformas destinadas a reforzar la lucha contra la corrupción, en particular mediante la Ley de justicia penal (delitos de corrupción) de 2018. La Ley de justicia penal incluye varios delitos relacionados con la corrupción. No obstante, contiene una disposición sobre doble tipificación, que puede limitar el alcance del enjuiciamiento del soborno extranjero. Irlanda cuenta con un marco jurídico e institucional sobre declaraciones de patrimonio e intereses, y códigos de conducta y obligaciones de liquidación de impuestos, que actualmente es objeto de revisión. El proyecto de ley de normas para el sector público de 2015 expiró con la disolución del Dáíl (Cámara Baja del Parlamento) en enero de 2020. El programa del nuevo Gobierno recoge el compromiso de reformar y consolidar la legislación sobre la ética en la función pública. Las leyes de difamación de Irlanda suscitan preocupación en lo que respecta a la capacidad de la prensa para exponer la corrupción. Actualmente se está llevando a cabo una revisión exhaustiva del marco de lucha contra la corrupción de Irlanda y se está ultimando un examen de la legislación sobre difamación. En cuanto al pluralismo de los medios de comunicación, las garantías constitucionales y las estructuras reglamentarias sólidas funcionan dentro de una cultura política que evita la intervención en el contenido editorial de los medios de comunicación y previene los conflictos de intereses en cuanto a la propiedad de los medios. El organismo regulador de los medios de comunicación tomó medidas para actualizar y publicar anualmente información sobre la propiedad de los medios de comunicación. La libertad de expresión y el derecho de acceder a la información oficial son principios bien arraigados. El uso frecuente y los altos costes de los casos de difamación suscitan preocupación. Un plan privado independiente, establecido y financiado por los medios de comunicación impresos e integrado por el Consejo de Prensa y el Defensor del Pueblo ante la prensa, garantiza la tramitación de las reclamaciones sobre la prensa, sobre la base de un código de conducta. En lo que respecta al sistema de control y equilibrio, existe una práctica establecida de consulta sobre los proyectos de legislación por parte del Gobierno y el Parlamento, y de evaluaciones de impacto ex ante. El escrutinio de los proyectos de ley de diputados independientes que pasan por una determinada etapa del proceso legislativo se desarrolla de manera similar. La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda, de carácter independiente, está bien equipada para ejercer sus funciones. Si bien se considera en general que el espacio para las organizaciones de la sociedad civil en Irlanda es abierto, las organizaciones de la sociedad civil han expresado preocupación con respecto a las limitaciones de las acciones de la sociedad civil en relación con el impacto de la interpretación actual de la Ley electoral, que impone restricciones a las posibilidades de financiación de las organizaciones de la sociedad civil.

I. Sistema judicial Irlanda es una jurisdicción de derecho consuetudinario («common law»), cuyo poder judicial se divide en una rama civil y otra penal. El sistema judicial comprende un tribunal de última instancia (el Tribunal Supremo), un Tribunal de Apelación y tribunales de primera instancia que incluyen un Tribunal Superior con plena jurisdicción en todos los asuntos penales y civiles y tribunales de jurisdicción limitada: el Tribunal regional y el Tribunal de Distrito organizado sobre una base regional. Dos Tribunales Penales Especiales se ocupan de las causas penales relativas a la delincuencia paramilitar, subversiva y organizada. Además, varios tribunales especializados operan en diferentes áreas, incluidas las relaciones laborales . Desde diciembre de 2019, todos los titulares de cargos judiciales son miembros de un Consejo Judicial de nueva creación. Los nombramientos judiciales los realiza el Presidente de Irlanda, siguiendo el asesoramiento del Gobierno. La Junta Consultiva de Designaciones Judiciales se encarga de seleccionar a los candidatos adecuados para el nombramiento. El Ministerio Público no forma parte del poder judicial. El Director del Ministerio Público aplica el Derecho penal de manera independiente en los tribunales. La tramitación de los juicios por acusación está a cargo de los barristers (abogados especializados en asuntos litigiosos) que son nombrados por el Director en cada caso y que actúan de acuerdo con las instrucciones del Director. El Fiscal General es el asesor jurídico del Gobierno. La profesión jurídica cuenta con dos tipos de abogados: los solicitors (asesores jurídicos), representados por el Colegio de Abogados («Law Society»), y los barristers (abogados especializados en asuntos litigiosos), representados por la Abogacía de Irlanda («The Bar of Ireland»). La Autoridad Reguladora de los Servicios Jurídicos, un organismo independiente establecido en 2016, es la autoridad reguladora estatutaria nacional de Irlanda para ambas ramas de la profesión jurídica. Independencia A finales de 2019 se estableció un Consejo Judicial independiente encargado de salvaguardar la independencia judicial. Un largo proceso de reforma había llevado al establecimiento del primer consejo permanente de Irlanda para el poder judicial. Sus principales funciones en virtud de la Ley del Consejo Judicial son examinar las denuncias relacionadas con la mala conducta judicial, garantizar la educación y formación continuas de los jueces y redactar directrices sobre determinadas cuestiones, incluida la indemnización por daños personales. A estos efectos, el Consejo ha establecido varios comités, entre ellos un Comité de Conducta Judicial, un Comité de Estudios Judiciales, un Comité de Daños Personales y un Comité de Directrices para la Imposición de Penas. El Consejo está compuesto por todos los miembros del poder judicial en funciones (alrededor de 160 jueces), con una junta compuesta por once jueces: cinco miembros de oficio (el Presidente del Tribunal Supremo y cuatro presidentes de tribunal), cinco jueces elegidos por sus homólogos y un juez cooptado por los otros miembros de la junta. El establecimiento del Consejo Judicial podría contribuir a garantizar la independencia y la calidad del sistema judicial, de conformidad con las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción («GRECO») . La percepción de la independencia de los tribunales y los jueces entre el público general y las empresas es elevada. El nivel de independencia de los tribunales y los jueces es percibido como «bastante bueno o muy bueno» por el 74 % de la población general y por el 76 % de las empresas . Este alto grado de independencia judicial percibido ha permanecido estable durante los últimos años. Una reforma prevista aspira a reorganizar el sistema de nombramiento y promoción judiciales. Los debates sobre esta reforma han persistido durante varios años. En 2017, el Gobierno presentó al Parlamento un proyecto de ley sobre esta cuestión, que expiró al final de la anterior legislatura. En el sistema actual, para los nombramientos judiciales que se realizan por primera vez, la Junta Consultiva de Designaciones Judiciales (JCDJ) recomienda al Ministro de Justicia e Igualdad al menos siete candidatos para cada vacante. Los candidatos de la lista no están clasificados por orden de prioridad y el Gobierno no está obligado a seleccionarlos únicamente de la lista. La promoción de los jueces la hace el Presidente de Irlanda con el asesoramiento del Gobierno y no está sujeta al procedimiento de la JCDJ. El GRECO expresó su preocupación por la amplia discrecionalidad que se otorga al poder ejecutivo. El proyecto de ley sobre la Comisión de Designaciones Judiciales preveía la creación de una nueva comisión de designaciones judiciales que incluiría un presidente no judicial y una mayoría de miembros legos. El proyecto de ley tenía por objeto restringir el número de candidatos propuestos a un máximo de tres, clasificados por orden de preferencia de la Comisión, para cada vacante judicial. El proyecto también proponía que todos los nombramientos judiciales se sometieran a este procedimiento (a diferencia del procedimiento actual, que solo se ocupa de los nombramientos judiciales por primera vez). Estos proyectos de disposiciones podrían limitar la discrecionalidad política en los nombramientos judiciales. No obstante, la composición prevista de la nueva comisión generó inquietud, ya que preveía una mayoría de miembros legos. El programa del nuevo Gobierno irlandés formado en junio de 2020 contiene el compromiso de promulgar el proyecto de ley sobre la Comisión de Designaciones Judiciales en los primeros seis meses de su mandato. El Gobierno se ha comprometido a colaborar con las partes interesadas para introducir las enmiendas oportunas en el actual proyecto de ley, a fin de garantizar que goce de un amplio apoyo. Esas enmiendas incluirían la garantía de que el Presidente del Tribunal Supremo sea el presidente de oficio del órgano. Es importante que esta reforma tenga en cuenta las recomendaciones del Consejo de Europa relativas a la composición de la autoridad que toma decisiones sobre la selección y la carrera de los jueces y su función en el procedimiento de nombramiento. Se ha creado un nuevo órgano encargado de los procedimientos disciplinarios contra los jueces, lo que mejora la rendición de cuentas de los jueces. El Consejo Judicial ha establecido un Comité de Conducta Judicial para examinar las denuncias relacionadas con la mala conducta judicial, mediante la preparación de un proyecto de directrices sobre la conducta y la ética judiciales para su aprobación por el Consejo. Además, el Comité proporciona asesoramiento y recomendaciones sobre la conducta y la ética judiciales. El Comité está integrado por los cinco presidentes de los tribunales como miembros de oficio, tres jueces elegidos por sus homólogos y cinco miembros legos nombrados por el Gobierno entre los recomendados por el Servicio de Nombramientos de la Función Pública. Antes de esta reforma, la única sanción disciplinaria aplicable a los jueces era la destitución del cargo en virtud de resoluciones de ambas cámaras del Parlamento en casos de «mala conducta o incapacidad declarada». No obstante, esa sanción nunca se ha aplicado. La reforma del régimen de sanciones disciplinarias podría dar lugar a una mejor rendición de cuentas de los jueces; debería preservar la independencia judicial de conformidad con la legislación de la UE y teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo de Europa. La destitución de los cargos judiciales por motivos disciplinarios sigue siendo una de las posibles sanciones. Cuando se prevea una sanción de ese tipo, el Comité de Conducta Judicial se encargará de remitirse al Ministro de Justicia e Igualdad para llevar las peticiones de cese del juez a las cámaras del Parlamento. El Parlamento sigue siendo el encargado de decidir la destitución de los jueces y conserva su margen de discrecionalidad a este respecto, lo que podría suscitar preocupaciones sobre la politización del proceso. Por último, el alcance de la revisión judicial disponible en los casos de sanciones disciplinarias o de destitución del cargo se limita a la legalidad del procedimiento únicamente, sin posibilidad de impugnar su fondo. El Comité de Directrices sobre Daños Personales de nueva creación se encarga de recopilar las directrices generales con respecto al nivel de daños y perjuicios que pueden conceder los tribunales. El establecimiento de este Comité sigue una recomendación contenida en el Informe de la Comisión de Daños Personales y tiene por objeto promover la coherencia en el nivel de daños. Además, el Comité de Información y Directrices de para la Imposición de Penas se encarga de redactar las directrices para la imposición de penas. Si bien las directrices no son vinculantes, la Ley del Consejo Judicial exige que el tribunal tenga en cuenta esas directrices y exponga las razones de cualquier desviación de las mismas. Esta disposición permite evaluar en qué medida se están siguiendo las directrices y podría ser utilizada por los tribunales de apelación para determinar si las razones aducidas para la desviación están justificadas o no. En la aplicación de esas directrices debe prestarse la debida atención al respeto de la independencia judicial no solo de influencias indebidas fuera del poder judicial, sino también dentro del mismo. Calidad El presupuesto del sistema judicial y el número de jueces siguen estando por debajo de la media de la UE. Si bien el presupuesto per cápita del sistema judicial, que era de 55,7 EUR en 2018, ha aumentado constantemente en los últimos años, el presupuesto como porcentaje del PIB se ha estancado. Además, una nueva Ley de tribunales aumentó el número máximo de jueces ordinarios del Tribunal de Apelación de nueve a quince. No obstante, según los datos de 2018 el número de jueces en Irlanda era de 160, el número más bajo per cápita de la UE. El Programa de Gobierno anunciado en junio de 2020 incluye el compromiso de establecer un grupo de trabajo para examinar el número y el tipo de jueces necesarios para garantizar la administración eficiente de la justicia en los próximos cinco años. Se ha establecido un Grupo de revisión para evaluar la administración de la justicia civil, con miras, entre otras cosas, a mejorar el acceso a la justicia y reducir el coste de los litigios. El Grupo de revisión presentará un informe y formulará recomendaciones al Ministro de Justicia e Igualdad más adelante en 2020. Estas revisiones podrían abordar las preocupaciones planteadas en cuanto a los recursos disponibles para el sistema de asistencia jurídica gratuita en materia civil y en el momento necesario para que la Junta de Asistencia Jurídica Gratuita evalúe el derecho a la asistencia jurídica gratuita en materia civil. Además, se excluyen de la asistencia jurídica gratuita los procedimientos ante los tribunales (por ejemplo, para las denuncias ante la Comisión de Relaciones Laborales y el Órgano tripartito de resolución de controversias laborales y de seguridad social), excepto a efectos de los casos de asilo. La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda planteó esta cuestión como una preocupación en 2019. El Grupo de revisión también examinará posibles formas de alentar los métodos alternativos de resolución de litigios, lo que podría mejorar los incentivos para utilizar métodos alternativos de resolución de litigios para los que Irlanda tiene actualmente un rendimiento muy bajo. Sobre la base del informe del Grupo de revisión, el Programa de Gobierno incluye el compromiso de aplicar reformas a la administración de la justicia civil que abarquen cuestiones como el despliegue más eficiente y eficaz de los recursos judiciales y de los tribunales. Además, la labor de preparación de un nuevo proyecto de ley de justicia penal (asistencia jurídica gratuita) se encuentra en una fase avanzada. La finalidad de la nueva legislación es actualizar y fortalecer el sistema de concesión de asistencia jurídica gratuita en materia penal, incluida la transferencia de la responsabilidad de la administración del Plan del Departamento de Justicia e Igualdad a la Junta de Asistencia Jurídica Gratuita. La Autoridad Reguladora de los Servicios Jurídicos está adoptando medidas para hacer frente a los obstáculos persistentes en el mercado de los servicios jurídicos. Desde la aprobación de la Ley de reglamentación de los servicios jurídicos de 2015, siguen existiendo restricciones a la prestación de servicios jurídicos, lo que obstaculiza la competencia y, por consiguiente, aumenta las costas judiciales. En 2019, la Autoridad Reguladora de los Servicios Jurídicos introdujo un nuevo marco de modelo comercial para las sociedades de responsabilidad limitada. Está previsto que en 2020 se introduzca un nuevo marco para las sociedades jurídicas, que puede incluir las sociedades barrister-barrister y las sociedades barrister-solicitor. Una nueva disposición introducida en la Ley de reglamentación de los servicios jurídicos en 2019 refuerza los requisitos para que los solicitors mantengan a los clientes actualizados con información precisa con respecto a las costas judiciales. La Autoridad también revisará el tema de las prácticas multidisciplinarias (en las que participan los profesionales de la Justicia y otras profesiones) y ha abierto una consulta pública en relación con la posible unificación de las profesiones de barrister y solicitor. Existen trabajos en curso sobre la digitalización del sistema judicial. Irlanda se sitúa por debajo de la media de la UE en cuanto a la disponibilidad de medios electrónicos, tecnología de la información y de las comunicaciones para la gestión de los casos y las estadísticas de actividad de los tribunales. La Oficina Judicial ha elaborado un documento estratégico con el objetivo de lograr la digitalización y apoyar al poder judicial en el proceso. Este enfoque trata de minimizar el número de casos que debe tramitar el sistema de tribunales, exigiendo la asistencia a la audiencia solo cuando sea necesario, celebrando y gestionando digitalmente las audiencias y la información de los casos, así como adoptando un modelo digital para el archivo de los documentos judiciales. El proyecto de la Oficina Judicial en Línea (OJL) tiene por objeto ofrecer un sistema único de gestión de casos civiles que proporcione una plataforma común para los procesos civiles de todas las jurisdicciones. El nuevo sistema incorpora la posibilidad de hacer solicitudes y pagos en línea, reunir órdenes y archivar determinados documentos electrónicamente. Entre las áreas de trabajo que se benefician de la nueva plataforma figuran la insolvencia y las demandas de escasa cuantía, así como los procedimientos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal de Apelación. En 2019, la OJL se amplió aún más para facilitar la presentación electrónica de solicitudes a la Oficina del Adjudicador de costas judiciales (Legal Costs Adjudicator). En la revisión en curso del sistema judicial civil también se considera la revisión del uso de métodos electrónicos de comunicación, incluidos los litigios electrónicos, y la medida en que los escritos procesales, las presentaciones y otros documentos judiciales deben ser accesibles en línea. Se han adoptado medidas para facilitar la continuidad de las operaciones de los tribunales durante la pandemia de COVID-19. En particular, en abril de 2020 comenzó un programa para facilitar las audiencias a distancia y desde entonces el número de sesiones de audiencias virtuales ha aumentado constantemente. Además, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Apelación han hecho un amplio uso de las audiencias virtuales en los casos de apelación. En lo que se refiere a los procedimientos penales, se ha producido un aumento de las solicitudes a distancia en asuntos penales. Las audiencias a distancia se utilizan cada vez más para las audiencias de prisión preventiva, las solicitudes de libertad bajo fianza y los aplazamientos cuando el acusado está detenido. Una nueva Ley de agosto de 2020 permite un mayor uso de las audiencias a distancia en asuntos civiles y en apelaciones penales. También amplía la posibilidad de archivar y transmitir electrónicamente en asuntos civiles y la posibilidad de celebrar reuniones a distancia. Los delitos leves se siguen juzgando en el Tribunal de Distrito, aunque con una capacidad reducida en los juzgados. Se da prioridad a los casos en los que el acusado está detenido. La Oficina Judicial también ha preparado un vídeo de información pública sobre las visitas a los locales de la Oficina Judicial durante el período de restricciones de la COVID-19.

Eficiencia La revisión en curso del sistema judicial civil procura mejorar los procedimientos y las prácticas para garantizar la celebración oportuna de las audiencias. La duración media de los procedimientos en primera instancia en el Tribunal Superior y el Tribunal regional fue de alrededor de 750 días en 2018, con un aumento de unos setenta días a partir de 2017 para el Tribunal regional. La duración media de los procedimientos en el Tribunal Superior que entiende en casos comerciales en primera instancia aumentó de 287 días en 2017 a 321 en 2018, mientras que la duración de los casos de daños personales fue de alrededor de 980 días en 2018. El Gobierno también se ha comprometido a reconsiderar el número y el tipo de jueces necesarios para garantizar la celebración oportuna de las audiencias, a fin de abordar ciertos problemas de eficiencia. El procedimiento del juicio penal se encuentra en proceso de revisión. En junio de 2015 el Gobierno aprobó una revisión del esquema general del proyecto de ley de procedimiento penal, pero desde entonces la publicación del propio proyecto se ha aplazado en varias ocasiones. El objetivo principal de esta legislación sería proporcionar una mayor eficiencia e imparcialidad en el proceso judicial y reducir las demoras en el sistema judicial penal en general. En la medida de lo posible, todas las cuestiones contenciosas relativas al proceso del juicio y a las pruebas que se han de admitir se resolverían antes de iniciar el proceso ante el jurado y se reduciría la probabilidad de que se produzcan interrupciones innecesarias del juicio para la argumentación jurídica. Esto también podría beneficiar la lucha contra la corrupción. Todavía no existe un régimen de compensación para los casos de duración excesiva de los procedimientos judiciales. Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos («TEDH») exige una legislación que establezca un régimen de compensación para conceder daños y perjuicios en caso de procedimientos judiciales prolongados, pero aún no se ha presentado al Parlamento. El Gobierno aprobó el proyecto de ley que preveía un mecanismo de compensación en forma de recurso no judicial. En mayo de 2019, el Comité Mixto de Justicia e Igualdad del Parlamento acogió con satisfacción el intento de establecer el recurso, pero expresó sus dudas de que el modelo no judicial fuera el medio más eficaz para hacerlo. La ejecución de la sentencia del TEDH está bajo la supervisión reforzada del Comité de Ministros del Consejo de Europa. II.Marco de lucha contra la corrupción Las competencias y responsabilidades para la elaboración y aplicación de políticas de lucha contra la corrupción, así como para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de la corrupción se comparten entre varias autoridades. La investigación de los delitos de corrupción es responsabilidad de la Oficina Nacional de Delitos Económicos de la Garda, que ha creado una Unidad de lucha contra la corrupción especializada. El proyecto de ley de normas para el sector público de 2015 expiró con la disolución del Dáíl (Cámara Baja del Parlamento irlandés) en enero de 2020. El programa del nuevo Gobierno recoge el compromiso de reformar y consolidar la legislación sobre la ética en la función pública. La Comisión de Normas de la Función Pública (SIPO, por sus siglas en inglés) es responsable de hacer cumplir las leyes electorales, las leyes de ética y la Ley de reglamentación de las actividades de los grupos de presión. Actualmente se está llevando a cabo una revisión exhaustiva del marco de lucha contra la corrupción de Irlanda. El Gobierno anunció en su reciente programa que luchará contra la corrupción como resultado de una amplia revisión del marco de lucha contra la corrupción y aumentará la eficacia de las medidas de lucha contra la corrupción. En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2019 de Transparencia Internacional, Irlanda obtuvo una puntuación de 74/100 y ocupó el octavo lugar en la UE y el decimoctavo a nivel mundial. El 68 % de los irlandeses que respondieron a la encuesta más reciente del Eurobarómetro piensan que la corrupción está extendida en su país (media de la UE: 71 %), y el 25 % de las personas se sienten personalmente afectadas por la corrupción en su vida cotidiana (media de la UE: 28 %). En cuanto a las empresas, el 33 % considera que la corrupción está extendida (media de la UE: 63 %). El 11 % ve la corrupción como un problema cuando hace negocios (media de la UE: 37 %). El 35 % de las personas cree que el número de procesamientos en su país es suficiente para disuadir de la práctica de la corrupción (media de la UE: 36 %), mientras que el 26 % de las empresas considera que las personas y las empresas enjuiciadas por sobornar a un alto funcionario reciben penas adecuadas (media de la UE: 31 %) . El marco jurídico e institucional de la lucha contra la corrupción ha experimentado recientemente algunas modificaciones importantes. La revisión más reciente se refiere a la Ley de justicia penal (delitos de corrupción) , que se promulgó el 5 de junio de 2018 y entró en vigor el 30 de julio de 2018. La Ley derogó y reemplazó la legislación anterior de lucha contra la corrupción, a la vez que introdujo nuevos delitos y penas más elevadas para los delitos de corrupción. En cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el tribunal de investigación de Mahon, la Ley ha introducido nuevos delitos, como el de efectuar pagos a un tercero a sabiendas de que esos pagos se utilizarán para un soborno. También incluye ampliaciones de las presunciones de corrupción, que se habían incluido en la Ley de enmienda de la prevención de la corrupción de 2001. La responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha introducido en la legislación revisada en 2018, y todavía no se ha establecido un historial. Asimismo, se ha revisado la legislación sobre el procedimiento penal (véase la sección de justicia). Cabe señalar que el Gobierno anunció en junio de 2020 que se prevé una revisión de la Ley de justicia penal (delitos de corrupción) de 2018 con el fin de aumentar la eficiencia del enjuiciamiento de los delitos de guante blanco. Las competencias y responsabilidades para la elaboración y aplicación de políticas de lucha contra la corrupción, así como para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de la corrupción se comparten entre varias autoridades en Irlanda. An Garda Síochána (policía) tiene la responsabilidad de llevar a cabo todas las tareas policiales en el Estado irlandés, incluidas las investigaciones penales en la lucha contra la corrupción. An Garda Síochána también cuenta con miembros en comisión de servicios en agencias externas para apoyar y coordinar la investigación de los delitos financieros, incluida la oficina del Director de aplicación del derecho de sociedades, la Comisión de Competencia y Protección del Consumidor y el Departamento de Asuntos de Empleo y Protección Social. La investigación de los delitos de corrupción es responsabilidad del servicio nacional de policía de Irlanda, An Garda Síochána. La Oficina Nacional de Delitos Económicos de la Garda (ONDEG), ha creado una Unidad de Lucha contra la Corrupción especializada que tiene la responsabilidad exclusiva de investigar el soborno y la corrupción en el extranjero e investigar el soborno y la corrupción en el ámbito nacional. La Unidad de Lucha contra la Corrupción actúa como centro de excelencia para la investigación, la prevención y la desarticulación del soborno y la corrupción, y, a este respecto, la Unidad presta asistencia a otras dependencias nacionales y locales, cuando es necesario. La Unidad se estableció para actuar como líder organizativo en la investigación de la corrupción y el soborno. Su alcance operativo incluye la prevención, detección, desarticulación e investigación de casos de soborno y corrupción. La Unidad busca casos de manera proactiva y reúne inteligencia relacionada con el soborno y la corrupción. En relación con los recursos generales dedicados a la lucha contra la corrupción, la Unidad de Lucha contra la Corrupción de la ONDEG funciona actualmente con una capacidad limitada, ya que solo tres de los seis puestos están cubiertos. Una vez concluidas las investigaciones de corrupción de An Garda Síochána, se presenta un expediente a la oficina del Director del Ministerio Público, a menos que la investigación se haya interrumpido debido a la falta de pruebas. Las investigaciones de corrupción realizadas por la ONDEG cuentan con el apoyo de las unidades operativas nacionales pertinentes, como la Unidad de Inteligencia Financiera y, en lo que respecta a la incautación de activos considerados producto del delito, la Oficina de Activos de Origen Delictivo, que es un órgano multiinstitucional independiente. Una vez finalizadas, todas las investigaciones de corrupción realizadas por la An Garda Síochána se remiten a la oficina del Director del Ministerio Público (DMP). El DMP no tiene funciones de investigación, pero coopera regularmente con la An Garda Síochána y otros organismos de investigación en el curso de las investigaciones penales, en particular en la prestación de asesoramiento jurídico y fiscal pertinente. También hay una serie de investigaciones complejas sobre la corrupción en las que se presentará un expediente para orientación jurídica al DMP, por lo general a la Unidad Especial de Delitos Financieros antes de que se complete la investigación. En junio de 2019, la Inspección de la Garda inició un examen de la forma en que los Gardaí abordan la corrupción en sus propias filas. Se está llevando a cabo una evaluación de las estructuras y procedimientos de lucha contra la corrupción en el ámbito de la aplicación del Derecho penal. En 2018, el Ministro de Justicia e Igualdad nombró a un antiguo DMP y experto en la lucha contra la corrupción, para que presidiera la revisión de si los distintos órganos estatales que participan en las medidas de lucha contra la corrupción están cooperando eficazmente, con miras a determinar cualquier laguna o impedimento. El Grupo de revisión presentará sus conclusiones más adelante en otoño de 2020. El Gobierno anunció en su Programa adoptado en junio de 2020 para hacer frente a la corrupción y llevar a cabo un seguimiento de la revisión y aumentar la eficacia de las medidas de lucha contra la corrupción. Algunos casos de corrupción de alto nivel han sido tratados por Tribunales de Investigación. Esos procedimientos suelen ser muy largos y, en algunos casos, los tribunales consideraron que las pruebas eran inadmisibles. Los tribunales han sido calificados por Transparencia Internacional Irlanda como «un medio prolongado y costoso, pero insatisfactorio, de exponer la corrupción». Ha habido diez tribunales desde 1991. El Tribunal Moriarty para los pagos a los políticos y el Tribunal Mahon para los asuntos de planificación, funcionaron durante catorce y dieciséis años, respectivamente. Se han adoptado medidas de prevención de la corrupción y de promoción de la integridad. Estas se establecen en varias leyes, incluidas las leyes de ética y la Ley de reglamentación de las actividades de los grupos de presión de 2015. La Ley de reglamentación de las actividades de los grupos de presión ha establecido la obligatoriedad de poner a disposición del público la información sobre las actividades de los grupos de presión y la divulgación a los funcionarios públicos en un registro de actividades de los grupos de presión en línea. Como se establece en la Ley de ética, la SIPO es una autoridad de supervisión independiente con una serie de responsabilidades en la prevención de la corrupción y los conflictos de intereses. Entre otras cosas, se encarga de la aplicación de los marcos de ética del sector público y de la reglamentación de las actividades de los grupos de presión. En virtud de la Ley de reglamentación de las actividades de los grupos de presión, la SIPO puede investigar el incumplimiento y enjuiciar otras infracciones de manera sumaria, como la no presentación de una declaración en el plazo reglamentario. La parte de la Ley que prevé disposiciones de investigación y ejecución entró en vigor el 1 de enero de 2017. El Registro de actividades de los grupos de presión es supervisado por la SIPO. Las normas y procedimientos generales relativos a los conflictos de intereses se establecen en las Leyes de ética. La SIPO publica directrices sobre el cumplimiento de las disposiciones de esas leyes. Además, la SIPO se encarga de gestionar la revelación de intereses y los regímenes de liquidación de impuestos, así como para investigar e informar sobre posibles infracciones de la legislación en materia de ética. Estas funciones de la SIPO están relacionadas con los titulares de cargos (incluidos los ministros y los ministros de Estado), el Fiscal General, los asesores especiales y los titulares de cargos directivos designados y los ocupantes de puestos designados en el sector público. La Ley de protección de la difusión de información, que establece un marco jurídico global para la protección de los denunciantes y la protección contra las represalias, está en vigor desde 2014. Transparencia Internacional informa de que, si bien la promulgación de legislación sobre la denuncia de irregularidades en 2014 fue seguida por un aumento del 115 % de personas que demandan asesoramiento u orientación jurídica especializada desde 2011, siguen existiendo algunas cuestiones relativas a las medidas de seguimiento. Los resultados de una encuesta del Eurobarómetro muestran que el 32 % de los encuestados piensan que no hay protección para los que denuncian la corrupción. La investigación y la vigilancia del cumplimiento de la ética se enfrenta a algunos obstáculos legislativos y estructurales. Las leyes de ética permiten a la SIPO nombrar a un funcionario de investigación para que realice una investigación preliminar tras una denuncia, lo que puede evitar daños a la reputación cuando las acusaciones carezcan de fundamento. No obstante, cuando la SIPO inicia una investigación por iniciativa propia, no puede nombrar a un funcionario de investigación. A efectos prácticos, el umbral para iniciar una investigación a fondo por iniciativa propia es bastante elevado. Además, una audiencia de investigación a fondo solo puede llevarse a cabo cuando los seis miembros de la SIPO están presentes, mientras que el resto de la labor de la SIPO puede realizarse con un quorum de tres miembros. Los recursos también son bastante limitados en vista de la amplia competencia de la SIPO. III.Pluralismo de los medios de comunicación La Constitución irlandesa nombra al Estado como garante del ejercicio de los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y la libertad de prensa, sujeto al orden público y la moralidad. La Autoridad de radio y televisión de Irlanda fue establecida por la Ley de radio y televisión de 2009. El acceso a la información se rige por las Leyes de libertad de información de 1997, 2003 y 2014, y la protección de los denunciantes se rige por la Ley de protección de la difusión de información de 2014. A finales de 2016 se celebró una consulta sobre la revisión de la ley de difamación irlandesa, y el Gobierno que asumirá sus funciones en 2020 se ha comprometido a realizar reformas en dicho ámbito. La autoridad reguladora de los servicios de los medios de comunicación audiovisuales, la Autoridad de radio y televisión de Irlanda (ARTI), se considera eficaz, transparente e independiente. La Ley de radio y televisión de 2009 contiene una serie de disposiciones destinadas a garantizar que la ARTI sea jurídicamente distinta del Gobierno y funcionalmente independiente del Gobierno y de cualquier otro organismo. Su independencia fue evaluada como de muy bajo riesgo por el informe instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación de Irlanda en 2018-2019 (Media Pluralism Monitor, MPM 2020). La ARTI está compuesta por nueve miembros. Cinco miembros, incluido el Presidente, son nombrados por el Gobierno a raíz de la propuesta del Ministro de Comunicaciones, y cuatro miembros son nombrados por el Gobierno a raíz de la propuesta del mismo Ministro, pero teniendo en cuenta el asesoramiento de un comité parlamentario. La Ley establece un umbral elevado para la destitución de un miembro de la ARTI por el Gobierno, exigiendo que «se aprueben resoluciones de cada Cámara del Parlamento en las que se pida su destitución». En enero de 2020, el Ministro de Comunicaciones presentó un proyecto de ley de seguridad en línea y regulación de los medios de comunicación con el fin de transponer partes de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada. El programa del nuevo Gobierno prevé la promulgación del proyecto de ley. La Directiva revisada de servicios de comunicación audiovisual establece una serie de garantías específicas para la independencia y la eficacia de los reguladores nacionales de los medios de comunicación. Irlanda está actualmente en el proceso de transposición de la Directiva revisada de servicios de comunicación audiovisual. El nuevo proyecto de ley también crea la figura de Comisario de Seguridad en Línea y reconfigura la actual ARTI en una Comisión de Medios de Comunicación con la responsabilidad de todo el sector audiovisual (radio y televisión, servicios audiovisuales bajo demanda y plataformas en línea, incluidos los medios de comunicación social). El Consejo de Prensa de Irlanda (CPI) y la Oficina del Defensor del Pueblo ante la prensa (DPP) consideran las reclamaciones de la prensa. Cubren periódicos (impresos y en línea), revistas y publicaciones de noticias en línea que son miembros del Consejo de Prensa. El CPI tiene trece miembros. Siete, incluido el Presidente, son miembros independientes nombrados por concurso público. Los seis miembros restantes provienen de la industria de la prensa. El CPI nombra al DPP tras un concurso público. El DPP recibe las reclamaciones del público en general y trata de resolverlas por conciliación o mediación. Si no es posible, el DPP tomará una decisión basada en el Código de Prácticas. El CPI decide sobre las apelaciones de las decisiones del DPP y sobre las reclamaciones que le son remitidas directamente por el DPP.

En 2019 la ARTI celebró un contrato con la Universidad de Dublín para actualizar y publicar anualmente la información sobre los acuerdos de propiedad y control y sus cambios. El Derecho de sociedades irlandés no exige que ninguna empresa, relacionada con los medios de comunicación o de otro tipo, revele públicamente quién tiene el derecho de usufructo de sus acciones. En lo que respecta a los medios de comunicación de radio y televisión con licencia de la BAI, el público puede consultar —en las oficinas de la ARTI— los contratos firmados por la BAI, que incluyen información relativa a las estructuras de propiedad de las empresas de medios de comunicación. Además, la Ley de competencia y protección del consumidor de 2014 establece que en el caso de fusiones o adquisiciones de medios de comunicación, las empresas implicadas deben notificar al Ministro de Comunicaciones los detalles relacionados con la propiedad de esas empresas. La Ley también exige que la ARTI prepare y publique un informe en el que se describan las disposiciones en materia de propiedad y control de las empresas que explotan un negocio de medios de comunicación en Irlanda. Además, en el informe se exponen los cambios en los acuerdos de propiedad y control de esas empresas en los tres años anteriores y se analizan los efectos de esos cambios en el pluralismo de los medios de comunicación en Irlanda. Ya se han elaborado dos informes de este tipo: uno que abarca el período de 2012-2014 y el otro que abarca el período de 2015-2017. La Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada insta a los Estados miembros a adoptar medidas legislativas por las cuales los proveedores de servicios de comunicación adscritos a su jurisdicción deban facilitar información sobre su estructura de propiedad, incluidos sus beneficiarios efectivos. El informe del MPM 2020 para Irlanda considera que la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación corre un riesgo medio, que mejora ligeramente con respecto a las evaluaciones anteriores debido a los cambios introducidos tras la transposición de la Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales (noviembre de 2018) y la mencionada Ley de competencia y protección del consumidor. No existen normas específicas sobre la publicidad estatal en los medios de comunicación. El Informe MPM 2017 para Irlanda planteó la cuestión de la falta de normas específicas, aparte de las disposiciones estándar de contratación, relativas a la colocación de publicidad del Estado en los medios de comunicación. El marco jurídico sigue siendo el mismo. No obstante, parece que la única cuestión reseñable que se ha planteado desde entonces es la controversia sobre los periódicos locales y regionales a los que se pidió que publicasen contenidos que promoviesen el plan de desarrollo del gobierno «Irlanda 2040» de una manera que parecía difuminar la frontera entre el contenido editorial y el publicitario. El Gobierno de Irlanda ha adoptado una serie de medidas para garantizar que las investigaciones periodísticas no den lugar a intimidaciones y represalias. Si bien Irlanda no cuenta con ningún mecanismo nacional específico destinado a garantizar la seguridad de los periodistas, el marco de protección de los periodistas parece ser sólido. Por ejemplo, la Ley de protección de la difusión de información de 2014 protege a los trabajadores que denuncian las irregularidades en el lugar de trabajo. No se han publicado alertas sobre Irlanda en la plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas desde su establecimiento en 2015. El nuevo Gobierno se ha comprometido a reformar las leyes de difamación. El objetivo sería garantizar un enfoque equilibrado de la libertad de expresión, el derecho a la protección del honor y la reputación y el derecho de acceso a la justicia. Las frecuentes demandas por difamación, los altos costes de defensa y las elevadas indemnizaciones concedidas por los tribunales irlandeses se consideran un incentivo a la autocensura y una limitación a la libertad de los medios de comunicación, también en detrimento de la lucha contra la corrupción. A finales de 2016 y principios de 2017 se celebró una consulta sobre la revisión de la Ley de difamación irlandesa, que actualmente se está ultimando con la finalidad de reformar la legislación a principios de 2021 . En 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo, en el contexto de una indemnización de 1,25 millones EUR en un caso de difamación en Irlanda, que las indemnizaciones por daños y perjuicios imprevisiblemente elevadas en casos de difamación se consideran capaces, en principio, de tener un efecto paralizante en el derecho de los medios de comunicación a la libertad de expresión y, por tanto, requieren un escrutinio particularmente cuidadoso. El caso se presentó y se decidió con arreglo a la Ley de difamación de 1961. El acceso a la información está garantizado en general. Las Leyes de libertad de información de 1997, 2003 y 2014 obligan a los departamentos gubernamentales y otros organismos públicos a publicar información sobre sus actividades y a poner a disposición de los ciudadanos la información que poseen. El cumplimiento de la ley es generalmente satisfactorio. La imposición de una tarifa por solicitudes de libertad de información en 2003 disminuyó el número de solicitudes, pero la tarifa se eliminó tras la Ley de 2014. IV.Otras cuestiones institucionales en relación con el sistema de control y equilibrio Irlanda tiene un sistema parlamentario bicameral: El Parlamento (Oireachtas) comprende una Cámara Baja (Dáil Éireann) y una Cámara Alta (Seanad Éireann). Los ministros del Gobierno y los diputados tienen el derecho de iniciativa legislativa. La Constitución establece que el Gobierno debe responder ante la Cámara Baja. La revisión constitucional es llevada a cabo por el Tribunal Superior con derecho de apelación ante el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo. El Presidente puede, previa consulta con el Consejo de Estado, remitir un proyecto de ley al Tribunal Supremo para su revisión constitucional. La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda es la institución nacional de derechos humanos e igualdad de Irlanda. Existe una práctica de proceso de consulta de los proyectos de ley y de las leyes. El Parlamento no está obligado a celebrar consultas públicas cuando considera proyectos de legislación, aunque regularmente opta por hacerlo, ya sea mediante una convocatoria general de presentaciones o mediante la participación de las partes interesadas más pertinentes. Además, antes de que el Gobierno publique un proyecto de ley, suele haber un proceso de consulta. El Departamento correspondiente puede publicar un Libro Verde que exponga las ideas del Gobierno e invite a opinar a personas y organizaciones. Antes de que se finalice un proyecto de ley, puede publicarse un esquema general del mismo. El esquema general de un proyecto de ley del Gobierno se somete al escrutinio de un Comité parlamentario antes de finalizar el texto del proyecto de ley. El Comité pertinente puede invitar a las partes interesadas a participar asistiendo a reuniones para debatir el esquema general del proyecto de ley. Al final del escrutinio prelegislativo, el Comité elabora un informe y lo presenta ante las Cámaras del Parlamento. El informe hace recomendaciones sobre el proyecto de ley basadas en el escrutinio del Comité. Todos los documentos presentados ante las Cámaras del Parlamento están disponibles al público en línea. Los proyectos de ley de diputados independientes se someten a un proceso similar de escrutinio por parte de un Comité parlamentario únicamente si pasan la segunda etapa en la Cámara Baja. Las sesiones informativas sobre políticas del servicio de investigación del Parlamento incluyen una evaluación de la evaluación de impacto ex ante preparada por el Gobierno. El servicio de investigación también prepara análisis de políticas en relación con los proyectos de ley de los diputados independientes. Las medidas legislativas para hacer frente a la pandemia de COVID-19 se adoptaron mediante el procedimiento legislativo normal, con un debate centrado. Estas medidas legislativas incluyen el proyecto de ley de salud (preservación y protección y otras medidas de emergencia de interés público) de 2020 y en el proyecto de ley de medidas de emergencia de interés público (COVID-19) de 2020, que otorgan al Ministro de Sanidad amplias facultades para restringir la libertad de todas las personas a fin de evitar una mayor propagación de COVID-19 en Irlanda. Los poderes de emergencia permanecen en funcionamiento hasta el 9 de noviembre de 2020, cuando dejarán de tener efecto a menos que ambas Cámaras del Parlamento aprueben una resolución para aprobar la continuación de las medidas. El Tribunal Superior ha desestimado un recurso contra estas leyes que las consideraba desproporcionadas e inconstitucionales. Los denominados movimientos de guillotina se usaron en ambas leyes. Las guillotinas se utilizan en casos de cierta urgencia en los que las Cámaras deciden acortar el tiempo asignado para presentar enmiendas, debatir un proyecto de ley y votar en todas las etapas restantes. En 2019, se utilizaron dos cuestiones de guillotina de un total de 53 leyes/proyectos de ley promulgados ese año. Además, existen procedimientos de emergencia, pero no se han utilizado recientemente. La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda está acreditada con la categoría «A». En sus recomendaciones, la Alianza Mundial de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas alentó a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad a que abogara por una financiación adecuada, salvaguardando al mismo tiempo su independencia financiera. Irlanda tiene una sociedad civil dinámica y diversa, aunque las restricciones de financiación han suscitado algunas preocupaciones. El espacio cívico en Irlanda es abierto, pero las organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación en cuanto a las limitaciones de las acciones de la sociedad civil en relación con los efectos de la prohibición, en virtud de las Leyes electorales, de que las donaciones se realicen con fines políticos a un candidato, un partido político/unidad de contabilidad, un funcionario electo o un tercero, por una persona que no sea ciudadano irlandés, que no resida habitualmente en la isla de Irlanda, o por una persona jurídica o una asociación sin personalidad jurídica que no mantenga una oficina en la isla de Irlanda en la que se desarrolle al menos una de sus actividades principales. La prohibición se aplica independientemente de la cantidad. La SIPO ha interpretado que la legislación pertinente comprende también determinadas actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, como la labor de promoción también fuera de los períodos electorales. Esto ha suscitado preocupaciones entre las organizaciones de la sociedad civil. En enero de 2019, la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda publicó una declaración política sobre las leyes electorales y el espacio de la sociedad civil en Irlanda. En ella se exponían las preocupaciones de que la definición de los términos «fines políticos» y «tercero» en la Ley electoral es demasiado amplia e incluye una serie de organizaciones de la sociedad civil irlandesa, que por lo tanto se ven limitadas en sus funciones de promoción. La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda opinó que esas medidas reglamentarias debían evitar imponer restricciones indebidas a la actividad más amplia de la sociedad civil que participa en la promoción legítima y tiene por objeto influir en la adopción de decisiones políticas, incluso con respecto a las cuestiones de derechos humanos e igualdad. La SIPO declaró que examinará estas cuestiones en el contexto de un vínculo con las elecciones o los referéndums, por ejemplo, las donaciones a organizaciones con el fin de ejercer presión para que se celebre un referéndum. Los requisitos de la legislación de la UE y las normas del Consejo de Europa deben tenerse debidamente en relación con el acceso a la financiación de las organizaciones de la sociedad civil.



Anexo: Lista de fuentes por orden alfabético* * La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 está disponible en (sitio web de la Comisión). Amnesty International Ireland, Front Line Defenders, The Wheel, Transparency International Ireland, Uplift y el Consejo Irlandés para las Libertades Civiles (2020), Presentación al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Sr. Clément Nyaletsossi Voule. Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación (2020), Media Pluralism Monitor de 2020. https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2020 . CIVICUS, Monitor tracking civic space: Ireland. https://monitor.civicus.org/country/ireland/ . Consejo de Europa: Comité de Ministros (2019), Resolución CM/ResDH(2016)358 del Comité de Ministros sobre la excesiva duración de los procedimientos penales y civiles y la falta de recursos efectivos. Consejo de Europa: Comité de Ministros (2010), Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidad. Consejo de Europa: Comité de Ministros (2016), Recomendación CM/Rec(2016)4 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación.

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2017), Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa CM/REC(2017)14 sobre la condición jurídica de las organizaciones no gubernamentales en Europa. Consejo de Europa (2020), Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas. Consejo de Europa: Comisión de Venecia (2010), Informe sobre la independencia del sistema judicial Parte I: La Independencia de los Jueces, adoptado por la Comisión de Venecia en su 82.ª Sesión Plenaria (CDL-AD(2010)004-e). Consejo de Europa: Comisión de Venecia y Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (2014), Directrices conjuntas sobre la libertad de asociación. Council of the Bar of Ireland (2019), presentación del 25 de noviembre de 2019 al Comité Mixto de Justicia e Igualdad sobre el acceso a la justicia y las costas judiciales. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de julio de 2018, LM, C‑216/18 PPU. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de noviembre de 2019, AK, asuntos acumulados C‑585/18, C-624/18 y C‑625/18. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de junio de 2020, Comisión Europea/Hungría, C-78/18. Oficina Judicial, Long-Term Strategic Vision to 2030: Supporting Access to Justice in a modern, digital Ireland. Dirección General de Comunicación (2020), Eurobarómetro especial n.º 502, Corrupción. Dirección General de Comunicación (2019), Encuesta Flash Eurobarómetro n.º 482, Negocios y corrupción. Observatorio Europeo del Sector Audiovisual (2019), The independence of media regulatory authorities in Europe. Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación(2020), «Mapping media freedom». Comisión Europea (2020), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE. Comisión Europea (2018), Informe sobre Irlanda, SWD(2018) 206 final. Comisión Europea (2019), Informe sobre Irlanda, SWD(2019) 1006 final. Comisión Europea (2020), Informe sobre Irlanda, SWD(2020) 506 final. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 22 de diciembre de 2009, Parlov-Tkalčić/Croacia, solicitud n.º 24810/06 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 10 de septiembre de 2010, McFarlane/Ireland, solicitud n.º 31333/06. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 15 de junio de 2017, Independent Newspapers (Ireland) Limited/Irlanda, solicitud n.º 28199/15.

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de noviembre de 2018, Ramos Nunes de Carvalho e Sá/Portugal, solicitudes n.º 55391/19, 57728/13 y 74041/13. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 5 de mayo de 2020, Kövesi/Rumanía, solicitud n.º 3594/19. Red Europea de Consejos del Poder Judicial (2020), Aportación de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial a la consulta de las partes interesadas para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020. Parlamento Europeo (2016), A comparative analysis of media freedom and pluralism in the EU Member States. Servicio de Investigación del Parlamento Europeo, Better Regulation practices in national parliaments. Freedom House (2020), Freedom in the World 2020. GRECO (2014), Cuarta ronda de evaluación – Informe de evaluación de Irlanda sobre la prevención de la corrupción de los diputados, jueces y fiscales. GRECO (2018), Cuarta ronda de evaluación – Informe intermedio de cumplimiento de Irlanda sobre la prevención de la corrupción de los diputados, jueces y fiscales. Sentencia del Tribunal Superior de 13 de mayo de 2020, O'Doherty & Waters/Ministro de Sanidad y Fiscal General. Gobierno de Irlanda (2020), Aportaciones de Irlanda para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020. Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda (2019), Ireland and the Convention on the Elimination of Racial Discrimination, Submission to the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination on Ireland’s Combined 5th and 6th Report, October 2019. Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda (2019), Policy Statement on the Electoral Acts and Civil Society Space in Ireland, January 2019. Irish Law Society (2018), Contribution to the Review of the Administration of Civil Justice of February 2018. https://cadmus.eui.eu/handle/1814/61144 . Irish Times (2018), Regional newspapers reject claims about Government ‘advertorials’. https://www.irishtimes.com/news/politics/regional-newspapers-reject-claims-about-government-advertorials-1.3408081 . Comisión de Daños Personales (2018), Segundo y último informe, Departamento de Negocios, Empresa e Innovación de Irlanda, julio de 2018. Reporters without Borders, Ireland. https://rsf.org/en/ireland . Transparencia Internacional (2017), informe «Speak up». https://transparency.ie/sites/default/files/17.12.13_speak_up_report_ie_final.pdf . Transparency International, 2019 Corruption Perception Index. https://www.transparency.org/en/cpi . Transparency International Ireland (2019), Submission to the Department of Justice and Equality Review Group consultation on anti-fraud and anti-corruption structures and procedures. https://www.transparency.ie/sites/default/files/19.04.26_ti_ireland_wcc_submission_final.pdf . Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2015), Subcomité de Acreditación (SCA), Informe de acreditación – noviembre de 2015.

Visita virtual a Irlanda en el marco de la elaboración del Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.



Anexo II: Visita a Irlanda Los servicios de la Comisión celebraron reuniones virtuales en junio de 2020 con: ·Abogacía de Irlanda ·Autoridad de radio y televisión de Irlanda ·Presidente del Grupo de revisión de las estructuras y estrategias para prevenir, investigar y sancionar los delitos económicos y la corrupción y antiguo Director del Ministerio Público ·Departamento de Justicia e Igualdad ·Oficina de Delitos Económicos de la Garda ·Comisión del Defensor del Pueblo de la Garda Síochána ·Consejo de Irlanda para las Libertades Civiles ·Junta Consultiva de Designaciones Judiciales ·Consejo Judicial ·Colegio de Abogados de Irlanda ·Autoridad Reguladora de los Servicios Jurídicos ·Sindicato Nacional de Periodistas ·Oficina del Director de aplicación del derecho de sociedades (ODCE) ·Oficina del Director del Ministerio Público ·Servicio de Nombramientos de la Función Pública ·Comisión de Normas de la Función Pública (SIPO)

·Tribunal Supremo de Irlanda ·Transparencia Internacional Irlanda * La Comisión también se reunió con las siguientes organizaciones en varias reuniones transversales: ·Amnistía Internacional ·Civil Liberties Union for Europe ·Civil Society Europe ·Conference of European Churches ·EuroCommerce ·European Center for Not-for-Profit Law ·Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación ·European Civic Forum ·Free Press Unlimited ·Front Line Defenders ·ILGA-Europe ·Comisión Internacional de Juristas ·Federación internacional por los derechos humanos ·International Press Institute ·Lifelong learning Platform ·Open Society Justice Initiative/Open Society European Policy Institute