Por otra parte y por las mismas razones, se propone que las formas de asistencia financiera disponibles para esta intervención se especifiquen de manera mutuamente coherente en el Reglamento MCE y en el Reglamento sobre orientaciones. Aunque es probable que las subvenciones sean la forma predominante de asistencia financiera por su adecuación al objetivo de promover en las comunidades locales la conectividad inalámbrica gratuita, no deben excluirse desde el principio otras posibles formas de asistencia, con excepción de los instrumentos financieros. La exclusión de estos se debe a la carga administrativa que imponen, relativamente fuerte, y a los largos plazos que se asocian a su aplicación, lo que no se ajusta convenientemente a las características de las acciones contempladas en esta intervención.

Para asegurarse de que la medida pueda responder a una amplia variedad de situaciones y ofrecer resultados concretos lo antes posible, es esencial no limitar innecesariamente las formas de asistencia financiera de las que pueda disponerse. En este contexto, cabe garantizar un alto grado de flexibilidad si se permite que la intervención pueda hacer uso de las más diversas formas de asistencia que sean posibles y apropiadas para ella. Con este fin y en vista de las negociaciones que se están celebrando para la revisión del Reglamento Financiero, es preciso que el Reglamento MCE se modifique para aclarar que, en general, todas las acciones que contribuyan a los proyectos de interés común —incluida la presente intervención— puedan subvencionarse a través de las formas de asistencia financiera actual y previsiblemente disponibles en el marco del Reglamento Financiero.

Para garantizar los objetivos específicos de la intervención y hacer posible el máximo beneficio público, la financiación se limitará a aquellas situaciones en las que no existan puntos de acceso gratuito, público o privado, que faciliten servicios de banda ancha de muy alta velocidad. Teniendo en cuenta que el importe de la ayuda financiera de la Unión que se concederá para acciones individuales se sitúa por debajo del umbral de las subvenciones de escasa cuantía (60 000 EUR) concedidas en el marco del Reglamento Financiero, no se prevé que la intervención tenga efecto significativo alguno en la competencia. La financiación, por lo demás, se otorgará garantizando un equilibrio geográfico que contribuya a la cohesión económica, social y territorial de la Unión, prestando especial atención a las necesidades de las comunidades locales. Gracias a la aplicación conjunta de estos diversos criterios, la intervención propuesta guarda coherencia con los mercados abiertos y competitivos que exige el funcionamiento de las redes transeuropeas.

Al estimular la integración con los servicios públicos existentes, la intervención promoverá el interés de los ciudadanos en los servicios de Internet de alta capacidad y ello hará una importante contribución tanto al despliegue de los servicios de banda ancha como al desarrollo de la infraestructura pública. El hecho de que se ofrezca acceso gratuito a una conectividad inalámbrica local en lugares donde concurra mucha gente en espera de la siguiente actividad de su agenda diaria puede aportar un significativo valor añadido al convertir los tiempos de inactividad o de tránsito en experiencias productivas, relajantes o informativas. Además, esos puntos locales de acceso inalámbrico pueden proporcionar un mayor nivel de detalle o granularidad de la cobertura en los lugares de difícil acceso o allí donde el solo número de usuarios constituiría por sí solo, en otras circunstancias, un grave obstáculo para disfrutar de la conectividad inalámbrica. Al hacer posible que los usuarios se mantengan conectados estando fuera, no solo refuerzan la movilidad, la flexibilidad y el interés en el uso de los servicios ofrecidos por las entidades de servicio público, sino que pueden permitir también un mejor control del tiempo personal. Al mismo tiempo, el alcance limitado que representa individualmente cada uno de los puntos de acceso garantiza que esta oferta pública no compita con las ofertas comerciales, desempeñando, sin embargo, un importante papel al impulsar el uso de la banda ancha y fomentar la alfabetización digital. Esto, a su vez, promoverá el interés de los usuarios en la contratación de servicios comerciales de banda ancha móviles o residenciales. La intervención que aquí se propone complementa el nuevo concepto legislativo de servicio universal contenido en la propuesta de Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. En su marco, cada ciudadano de la UE tendrá derecho a estar conectado o, lo que es lo mismo, derecho a una conexión funcional a Internet (al menos en un lugar fijo) que sea asequible y haga posible la plena participación en la economía y la sociedad digitales.

Entre las medidas previstas para impulsar ese objetivo, el nuevo paquete promueve el despliege de puntos locales de acceso inalámbrico por procedimientos de planificación simplificados y con obligaciones reglamentarias menos rigurosas en los casos, por ejemplo, en que ese acceso se preste con carácter no comercial o sea accesorio a la prestación de otros servicios públicos.

Por lo que se refiere a las intervenciones en apoyo de la banda ancha, habida cuenta de la importancia fundamental que revisten sus redes para el crecimiento y el empleo y en vista de los retos —financieros y técnicos— conectados con la inversión pública en el sector, el Reglamento sobre orientaciones prevé una intervención limitada. El MCE financia una pequeña contribución para que se creen a nivel de la Unión (especialmente en cooperación con el Banco Europeo de Inversiones) instrumentos financieros que faciliten un uso eficaz de otros recursos públicos y de los recursos privados. Con ello pretende favorecer el desarrollo de proyectos innovadores de banda ancha —basados en la tecnología más avanzada y reproducibles— que le permitan alcanzar sus objetivos tanto directamente como a través de un efecto de demostración.

La medida aquí considerada viene a complementar aquellos elementos del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas que se centran en el usuario final. La ayuda para la instalación de puntos de acceso inalámbricos locales en centros de la vida pública es complementaria a otras medidas del MCE en el sector de las telecomunicaciones, así como a otras fuentes de apoyo financiero que, como el Fondo Estructural y de Inversión Europeo, impulsan el desarrollo de las redes de banda ancha. Dado que esas acciones no están cubiertas actualmente ni por el MCE ni por el Reglamento sobre orientaciones, se propone modificar esas normas en la medida de lo necesario.

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

•Base jurídica

La propuesta se basa en el artículo 172 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que regula las intervenciones de la Unión en apoyo del establecimiento y desarrollo de redes transeuropeas de infraestructuras de transportes, telecomunicaciones y energía. En sintonía con el artículo 170, apartado 1, del mismo Tratado, la iniciativa trata de garantizar que, con el despliegue de esas redes y la consiguiente creación de un espacio sin fronteras interiores, las comunidades locales puedan aprovechar todas las ventajas del mercado único digital.

•Subsidiariedad y proporcionalidad

La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad y, de conformidad con el artículo 170 del TFUE, entra en el ámbito de acción de las redes transeuropeas de telecomunicaciones.

Prestando especial atención a las necesidades de las comunidades locales en el contexto amplio de la estrategia del mercado único digital, la propuesta contribuye a la consecución de un mercado interior de las comunicaciones electrónicas y hace posible la participación en él de esas comunidades. Dado que la creación de un espacio en el que la conectividad inalámbrica de alta calidad abarque la totalidad de la Unión no puede lograrse con la sola acción de los Estados miembros, la propuesta guarda coherencia con el principio de subsidiariedad del artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Se espera que la intervención sea impulsada, entre otros, por la red europea de oficinas competentes en banda ancha y que esto contribuya a garantizar que las necesidades de las comunidades locales puedan abordarse con eficacia y que las cargas administrativas se mantengan en niveles mínimos.

Las iniciativas actuales en materia de conectividad inalámbrica local gratuita están fragmentadas, y esto produce ineficacia en los resultados. En particular, no hay hoy ninguna estrategia global que fomente el acceso en toda la Unión a una conexión inalámbrica gratuita para impulsar la participación de las comunidades locales en el mercado único digital. Teniendo en cuenta que las iniciativas individuales de creación de puntos locales de acceso inalámbrico son territorialmente limitadas, incluso dentro de las propias comunidades locales, es extraordinariamente importante lograr la coordinación de cada esfuerzo para garantizar que esos puntos se desplieguen de forma coherente en favor del interés común y de una conectividad completa a escala de la UE. Si aseguramos la coherencia en el despliegue paneuropeo de las soluciones de conectividad inalámbrica gratuita, lograremos no solo optimizar los costes de la intervención (al reducir con los efectos de escala los costes de administración de las pequeñas subvenciones y al disminuir los precios de los equipos), sino también garantizar a todos una mayor igualdad de acceso, contribuyendo así a la cohesión económica, social y territorial dentro de la Unión. La medida propuesta está diseñada para añadir un mayor valor europeo al garantizar que las infraestructuras creadas posibiliten también el acceso —a través de las infraestructuras de servicios digitales— a servicios interoperables transeuropeos de interés común (como, por ejemplo, Europeana), así como a infraestructuras de servicios de Internet más seguros y a servicios de salud electrónicos transfronterizos interoperables.

La intervención propuesta se limita a garantizar que los centros de la vida pública y los espacios al aire libre accesibles al gran público queden conectados por medio de puntos de acceso cuya cobertura sea inherentemente de carácter limitado y sus proyectos individuales, de pequeño tamaño. La intervención, por lo tanto, es proporcionada al objetivo de permitir que las comunidades locales participen en la dimensión inalámbrica del mercado único digital, pero sin causar perjuicio a las ofertas comerciales. Se espera, al mismo tiempo, que la medida propicie como positivo efecto indirecto una mayor participación general en las ofertas de conectividad a través de servicios de acceso comerciales. Se prevé también que la efectividad de la intervención se vea reforzada por la facilidad de la reproducibilidad y los posibles efectos de demostración de los casos concretos que obtengan éxito.

La administración en línea de la medida propuesta, combinada, entre otros, con el apoyo procedente de la red de oficinas locales competentes en banda ancha, garantizará que la carga administrativa derivada de la aplicación de la iniciativa y de la participación en ella se mantenga en unos niveles mínimos.

3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, LAS CONSULTAS A LAS PARTES INTERESADAS Y LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

Dado que la presente iniciativa es complementaria del nuevo paquete de telecomunicaciones —incluidas la Comunicación que establece una visión europea de la conexión a Internet de ciudadanos y empresas en el mercado único digital y la propuesta legislativa que revisa el marco reglamentario de las comunicaciones electrónicas—, se apoya fuertemente en las aportaciones de los interesados y en el amplio análisis efectuado dentro de la evaluación de impacto de esa propuesta, así como en los documentos de trabajo de los servicios que acompañan a la comunicación. Los aspectos más importantes de la medida propuesta se resumen más abajo. Globalmente, el análisis demuestra que, mientras las medidas legislativas y reglamentarias pueden eliminar obstáculos, reforzar los incentivos de competitividad, aportar a los inversores una mayor previsibilidad y reducir los costes del despliegue de las redes, la financiación pública tiene también un importante papel que desempeñar para alcanzar en Europa los objetivos de conectividad a largo plazo.

El reciente informe en el que se resumen los resultados de la consulta pública efectuada por la Comisión sobre la revisión del marco reglamentario de las comunicaciones electrónicas pone de manifiesto que, de entre quienes respondieron a la consulta, son numerosos las autoridades públicas y los particulares que apoyan el despliegue de redes wifi en establecimientos públicos, pero que desean también una reglamentación adecuada para cuestiones tales como la responsabilidad de los proveedores de acceso o la exposición a los campos electromagnéticos. Los operadores hicieron hincapié en la necesidad de que toda ayuda pública sea tecnológicamente neutra y subrayaron que el despliegue de esas redes podría facilitarse también mediante diversas formas de asociaciones público-privadas. Estas conclusiones coinciden con la evaluación ex-post del régimen actual, evaluación que acompaña a la propuesta de revisión del marco reglamentario.

Basada en esas observaciones de los interesados, la evaluación de impacto que se ha efectuado a fin de revisar el marco reglamentario propone introducir disposiciones para regular el despliegue de celdas pequeñas. El objetivo de esas disposiciones es reducir los costes que supone el despliegue de redes muy densas, así como mejorar el acceso a una conectividad inalámbrica local que permita responder a la demanda exponencial de conectividad ubicua. La medida propuesta, que viene a complementar la primera opción de desarrollar el marco reglamentario en el ámbito de la gestión del espectro, ayudará a reforzar la oferta de conectividad inalámbrica local gratuita y contribuirá así a que se haga realidad la visión europea de la conectividad a Internet de ciudadanos y empresas en el mercado único digital.

4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

Los créditos que se precisan para esta propuesta se financiarán en su totalidad dentro del marco financiero plurianual 2014-2020. De los importes programados para el sector de las telecomunicaciones del MCE 2017-2019, se reasignarán 70 millones EUR, y otros 50 millones se transferirán al paquete financiero de ese sector mediante una modificación del artículo 5, apartado 1, del Reglamento MCE. Para mantener la coherencia, ese aumento se refleja también en la propuesta de modificación del marco jurídico del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), tal y como se establece en el Reglamento (UE) n.º 2015/1017.

2016/0287 (COD)

Propuesta de