INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

sobre los avances de Bulgaria en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación

1. Introducción

El Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV)[1] se creó en el momento de la adhesión de Bulgaria a la UE con el fin de ayudar a Bulgaria a implantar un sistema judicial y administrativo imparcial, independiente y eficaz. Cambiar el sistema jurídico y judicial para adecuarlo todavía más al de los restantes Estados miembros es una tarea nacional que requiere una preparación por parte del Gobierno y la presentación de leyes marco clave, su aprobación por el parlamento y el cambio de los procedimientos y prácticas de la judicatura para su adecuada aplicación. Desde 2007, el MCV ha desarrollado un papel de apoyo a Bulgaria para establecer las estructuras de un sistema judicial moderno. En determinados momentos, el MCV ha sido puesto en tela de juicio y criticado por uno u otro de los elementos que componen este necesario consenso nacional, pero hoy existe un acuerdo generalizado en el sentido de que ha contribuido a promover los cambios en una buena dirección. El Gobierno búlgaro ha mostrado determinación y compromiso en la conducción del proceso de reforma. En cinco años, el énfasis ha pasado de la preparación y adopción de leyes a su aplicación. Los elementos del marco jurídico necesarios para la reforma ya existen, aunque todavía no estén completos. Tal como se explica en el presente informe, los siguientes pasos necesarios en este proceso deberían centrarse en la aplicación por los jueces y la policía de las nuevas leyes.

El presente es el quinto informe anual desde que se creó el MCV[2]. En el verano de 2012, cinco años después de su creación, la Comisión realizará una evaluación general de los avances de Bulgaria en el marco del MCV desde la adhesión y presentará las propuestas oportunas derivadas de dicha evaluación. El presente informe contiene una serie de recomendaciones específicas con objeto de que Bulgaria pueda prepararse con vistas a esa evaluación.

2. Estado del proceso de reformas en Bulgaria

Logros y retos

Desde el último informe de la Comisión, de julio de 2010, Bulgaria ha consolidado el Consejo Judicial Supremo, ha perfeccionado las normas sobre nombramientos, formación profesional, evaluaciones y promociones de jueces y ha tomado medidas para mejorar la protección en caso de conflictos de interés. Se ha iniciado una reforma de las investigaciones policiales y se ha decidido crear un tribunal especial para casos de delincuencia organizada. Una nueva ley sobre decomiso de productos de delitos se presentó ante el Parlamento, pero fue rechazada el 8 de julio. Se han preparado enmiendas a la Ley sobre contratación pública. Los primeros resultados de las modificaciones del Código de procedimiento penal comenzaron a verse en la primavera de 2011, junto con los efectos del seguimiento de casos importantes por el Consejo Judicial Supremo. Varios casos de delincuencia organizada y corrupción han sido objeto de sentencias en los tribunales. Al mismo tiempo, se registra un mayor número de procesamientos en casos relacionados con la delincuencia organizada y el fraude en detrimento de los fondos de la UE.

No obstante, la evaluación de la Comisión señala también la existencia de importantes retos. Desde el pasado verano, un cierto número de sentencias absolutorias dictadas en una serie de casos de corrupción de alto nivel, fraude y delincuencia organizada han puesto de manifiesto deficiencias graves en la práctica judicial en Bulgaria. Estas deficiencias no han sido analizadas adecuadamente ni han sido objeto de un seguimiento por la más alta instancia del sistema judicial, el Consejo Judicial Supremo, ni por el Fiscal General o el Presidente del Tribunal Supremo de Casación. Aunque la versión revisada de la Ley del Sistema Judicial adoptada en diciembre refuerza la responsabilización del poder judicial, la legislación todavía no se ha aplicado adecuadamente. Se ha puesto en cuestión la calidad y transparencia de varios cargos judiciales importantes nombrados desde principios de este año y ello ha derivado en protestas públicas sin precedentes y en un debate sobre posibles modificaciones constitucionales. Además, las acusaciones sobre corrupción en el poder judicial todavía no son objeto de una investigación sistemática, tal como recomendó la Comisión.

En general, la Comisión considera que el Gobierno búlgaro ha mostrado un compromiso político continuo en su estrategia de reforma. Este compromiso tendrá que mantenerse en todos los ámbitos en los que se han mejorado las leyes y se han creado nuevas estructuras. Una mayor participación de las asociaciones profesionales de magistrados y de la sociedad civil también se ve apoyada por el incremento de la presión pública para un proceso de reformas irreversible. Pero los altos cargos del poder judicial todavía deben demostrar un compromiso real en pro de una reforma judicial exhaustiva, pues un avance lento no es solo consecuencia de deficiencias en la práctica judicial y en el Código penal.

Reforma de la judicatura

Mediante las modificaciones de la Ley del Sistema Judicial introducidas en diciembre, Bulgaria sentó la base jurídica para importantes mejoras estructurales en el sistema judicial. Las enmiendas agilizan los procedimientos de nombramiento, formación y evaluación y refuerzan la integridad. Estas mejoras deben ser consideradas como un paso importante para alcanzar dos de los objetivos a largo plazo de la estrategia de reforma de la justicia búlgara: mejorar la responsabilización y reforzar la profesionalidad del poder judicial. Será necesario un esfuerzo considerable en el siguiente período para aplicar estas nuevas disposiciones. Se necesita una formación más especializada, centrada en particular en mejorar las capacidades de investigación necesarias para abordar eficazmente la corrupción y la delincuencia organizada, especialmente en lo que se refiere a investigaciones financieras y económicas complejas. Globalmente, el Consejo Judicial Supremo deberá demostrar un compromiso decidido en favor de las reformas traduciendo la nueva ley en la práctica en aras de un refuerzo eficaz de la gestión de los organismos judiciales, especialmente en lo que se refiere a la asignación de asuntos, en estrecha colaboración con el Ministerio de Justicia, las asociaciones profesionales y la sociedad civil.

En materia de nombramientos judiciales todavía falta el nivel necesario de transparencia y credibilidad. Un importante nombramiento por el Consejo Judicial Supremo en noviembre de 2010 planteó dudas sobre la falta de transparencia y de competencia. Desgraciadamente, la entrada en vigor en enero de 2011 de las nuevas disposiciones modificadas de la Ley del sistema judicial aún no ha mejorado la situación en lo relativo al nombramiento de altos cargos, que todavía se realizan con arreglo a las antiguas normas y carecen de una verdadera evaluación de las cualificaciones profesionales, las capacidades de gestión y la integridad personal de los candidatos. Además, un reciente nombramiento fue seguido por alegaciones de conflicto de intereses e irregularidades procesales en un juicio en curso presidido por el candidato seleccionado. En señal de protesta, dos miembros del Consejo Judicial Supremo presentaron su dimisión y criticaron el nombramiento, afirmando que la decisión ya había sido tomada de antemano. La consiguiente movilización de las asociaciones profesionales de magistrados y de la sociedad civil en favor de una reforma del Consejo Judicial Supremo es un acicate importante para la reforma judicial. Las recomendaciones hechas por la sociedad civil para mantener debates públicos y anunciar previamente los nombres de los candidatos son laudables. El nombramiento de magistrados muy competentes, motivados y de incuestionable integridad a través de procedimientos transparentes, en particular para el nuevo tribunal especializado en delincuencia organizada, es imprescindible para aplicar con éxito la reforma judicial.

La responsabilización del poder judicial sigue siendo motivo de gran preocupación . Desde la última evaluación anual de la Comisión se han incoado varios nuevos expedientes disciplinarios y dos magistrados han sido excluidos de la judicatura. Pero, al mismo tiempo, las acusaciones contra los jueces no siempre son investigadas sistemáticamente por la inspección judicial y algunas sanciones disciplinarias parecen clementes. La fiscalía todavía sigue sin promover sistemáticamente investigaciones penales contra los jueces cuando se producen acusaciones de corrupción. La decisión del Consejo Judicial Supremo en junio de incorporar a un juez con un historial de expedientes disciplinarios al grupo encargado del nombramiento de personal para el nuevo tribunal penal especializado plantea serias preocupaciones. En general, falta una práctica disciplinaria coherente. Este problema sigue siendo un importante factor que mina la confianza de la población en el sistema judicial.

La mejora de la práctica judicial sigue siendo el principal reto del sistema judicial búlgaro. Los cambios en el Código de procedimiento penal de la primavera de 2010 y una supervisión estricta de casos importantes por el Consejo Judicial Supremo han dado algunos resultados positivos. En el último período de presentación de informes, nueve de los casos estudiados por la Comisión fueron objeto de una resolución judicial, incluidos cuatro con sentencias firmes.

Sin embargo, a pesar de algunas medidas individuales, el poder judicial no se ha embarcado en un esfuerzo serio para materializar las recomendaciones de la Comisión en este ámbito. Las deficiencias en la práctica judicial no se han analizado y tratado sistemáticamente y no se han puesto en marcha programas de formación y sistemas de tutoría. La actitud generalmente pasiva de los altos cargos de la judicatura, el Consejo Judicial Supremo, el Fiscal General y el Presidente del Tribunal Supremo de Casación con respecto a graves carencias en la práctica judicial plantea serias dudas. Es necesario mejorar la práctica judicial y reformar las estructuras de gestión y la cooperación entre el poder judicial y otras instancias de investigación, incluida la policía. Los jueces y el Gobierno, en asociación con la sociedad civil, deberían cooperar para determinar y subsanar las deficiencias existentes y los obstáculos, siempre respetando plenamente la independencia de la judicatura.

Lucha contra la delincuencia organizada

Desde el último informe anual de la Comisión, Bulgaria ha impulsado la reforma de la policía . La reorganización de diversos servicios de policía dio lugar a una integración de la actividad policial de investigación y operativa y a un considerable aumento del número de policías dedicados a investigar. Bulgaria debe continuar sus esfuerzos de reforma de la policía y ligarlos a una reforma más amplia de la instrucción judicial. Ello requerirá una cooperación operativa eficaz con la fiscalía y otras autoridades, la aplicación del principio de equipos conjuntos a todos los delitos graves y la inversión en equipos y formación especializada.

A pesar de continuas acciones de la policía para luchar contra la delincuencia organizada, los resultados deben mejorar significativamente. Aunque el equipo conjunto para la delincuencia organizada logró varios procesamientos relacionados con importantes bandas de delincuentes y se obtuvieron algunas condenas, desde el último informe anual de la Comisión se dictaron varias sentencias absolutorias en otros casos emblemáticos. En apelación, se han pronunciado duras condenas a penas de cárcel, pero todavía no han sido ejecutadas en un caso destacado de delincuencia organizada. Existen fallos en la recopilación de pruebas, la protección de testigos, las estrategias de investigación financiera y la inmovilización de activos. El Fiscal General debería analizar sistemáticamente las razones de las sentencias absolutorias dictadas en casos importantes, formular recomendaciones para la futura gestión de casos cuando se hayan detectado deficiencias en el procedimiento y recurrir las sentencias absolutorias cuando parezca que los tribunales no hubieren apreciado adecuadamente las pruebas aportadas.

Desde que la Comisión adoptó su último informe anual, Bulgaria decidió reformar las estructuras judiciales para hacer frente a casos de delincuencia organizada. Se establecerá un tribunal penal y una fiscalía especiales antes de enero de 2012. Como preparación a tal efecto, será importante garantizar su eficacia e independencia. En particular, la atribución de asuntos a esta instancia deberá estar equilibrada con su plantilla para que se pueda lograr una rápida y efectiva investigación, enjuiciamiento y condena en casos de delincuencia organizada. Este órgano deberá contar con personal experimentado de indiscutible integridad y buen expediente profesional. El concepto de equipos conjuntos deberá conservarse al nivel de la fiscalía.

Desde que la Comisión adoptó su último informe anual, las autoridades búlgaras han continuado con sus planes para reforzar el decomiso de productos de delitos a raíz de las recomendaciones formuladas por la Comisión. Se preparó un nuevo acto legislativo en cooperación con el Consejo de Europa, pero fue rechazado por el parlamento. La propuesta establece el decomiso con independencia de que exista o no condena penal. También establece la verificación de oficio de los bienes de altos funcionarios y políticos. Bulgaria debe adoptar urgentemente esta legislación sobre decomiso a pesar de los últimos reveses en el parlamento. Además, todavía deben solucionarse otras deficiencias en la materia, como la identificación y custodia de los productos del delito desde las primeras etapas de las investigaciones, antes de que puedan ser ocultados o sustraídos. A tal efecto, debe entablarse una cooperación eficaz entre la comisión encargada de los decomisos, las instituciones financieras, las autoridades administrativas y la fiscalía, incluyendo a los equipos conjuntos.

Lucha contra la corrupción

La lucha contra la corrupción de alto nivel todavía no ha dado resultados convincentes. Se han registrado pocas resoluciones finales ejecutadas en este ámbito y no hay indicios de una política activa de lucha contra la corrupción.

Desde el verano pasado, se pronunció la suspensión de dos penas en casos de fraude y corrupción de alto nivel, y dos asuntos en los que estaban encausados antiguos ministros finalizaron con una absolución. Otros dos casos con implicación de un exministro y un alto funcionario sufrieron dificultades y retrasos en los tribunales[3]. Sendos recursos en dos casos destacados de fraude de fondos de la UE y blanqueo de dinero, ya citados el año pasado, siguen pendientes en los tribunales y no hay grandes novedades al respecto. Una serie de casos relativos a fondos de la UE fueron archivados por la fiscalía a pesar de la existencia de indicios de fraude facilitados por la OLAF y por las autoridades judiciales de otro Estado miembro. Desde el informe de la Comisión del año pasado, Bulgaria registró una serie de sentencias absolutorias en destacados casos de fraude y corrupción. Un parlamentario fue absuelto en un caso de conflicto de intereses y el antiguo director de un organismo pagador de fondos de la UE también lo fue de la acusación de abuso de poder y celebración de contratos desfavorables en tres casos separados. Las razones de estas absoluciones deberían ser analizadas cuidadosamente por el Fiscal General y adoptarse las medidas correctoras necesarias, si fuere pertinente. Esto debería incluir recomendaciones para la gestión de futuros casos cuando se hayan detectado deficiencias en el procedimiento o la posibilidad de presentar un recurso cuando se compruebe que los órganos jurisdiccionales no evaluaron correctamente las pruebas facilitadas por la fiscalía.

El análisis de algunos de estos casos por la Comisión y por expertos independientes ha puesto de manifiesto las graves deficiencias de la práctica judicial y de investigación , referidas principalmente a la recogida de pruebas, la protección de testigos y la carencia generalizada de estrategias de investigación, de investigaciones financieras generales y de decomiso de productos de delitos. Debería mejorarse la coordinación en el seno de la fiscalía y entre la policía y la fiscalía. Estas deficiencias se ven agravadas por un Código penal obsoleto. Las prácticas judiciales son permisivas y excesivamente prudentes, atentas sobremanera a los procedimientos en detrimento de la administración de justicia. Aunque la revisión del Código penal sigue avanzando, deberían considerarse medidas correctoras inmediatas, como el uso de sentencias interpretativas por el Tribunal Supremo de Casación o modificaciones legislativas, dado que no se espera que el nuevo Código penal entre en vigor antes de finales de 2013.

Bulgaria aprobó en noviembre de 2010 un refuerzo de la legislación sobre conflictos de intereses . Los retrasos en el nombramiento de los miembros de la comisión especial creada por la ley y en el establecimiento de su administración han dado lugar a una interrupción en el seguimiento de los indicios de conflictos de intereses desde el primer trimestre de 2011. Como consecuencia de ello, en junio determinadas alegaciones de conflictos de intereses no fueron objeto de seguimiento en un importante asunto en el que aparecía implicado un alto magistrado. La comisión encargada de los conflictos de intereses fue creada en junio de 2011, pero todavía debe encontrar locales y personal y desarrollar sus normas de procedimiento. Todavía se carece de un mecanismo para proteger la identidad de los ciudadanos que presenten datos sobre conflictos de intereses. En este contexto, debe plantearse la preocupación que suscitan las deficiencias de las declaraciones de bienes y verificaciones de políticos, magistrados y altos funcionarios. Actualmente, las declaraciones falsas no se sancionan de forma efectiva y las discrepancias no son objeto de seguimiento. Tras las recientes modificaciones de la legislación sobre el registro de comercio, que tiene por objetivo reforzar la protección de datos, deberían aplicarse nuevos procedimientos para preservar la transparencia de la información sobre empresas.

Bulgaria sigue aplicando una estrategia integrada para prevenir y sancionar la corrupción y la delincuencia organizada y ha adoptado una serie de medidas en dicho marco. Al mismo tiempo, el Plan de Acción 2010, centrado en hacer frente a la delincuencia organizada, no ha sido aplicado completamente ni actualizado en 2011, lo que dificulta la ejecución y coordinación. Un proyecto global de análisis y diseño de las medidas de lucha contra la corrupción en todos los sectores de la administración puesto en marcha a principios de 2010 todavía no ha dado resultados tangibles ni cuenta con un calendario de ejecución. Bulgaria debería considerar el establecimiento de una serie de objetivos concretos para luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada en las diferentes instituciones implicadas en la ejecución de la estrategia integrada y debería asimismo contar con expertos externos y con la sociedad civil para evaluar los resultados de dicha estrategia.

Como respuesta a las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa sobre transparencia en la financiación de los partidos políticos, Bulgaria incluyó 11 de las 16 recomendaciones en la nueva ley electoral adoptada en enero de 2011. La primera prueba de la aplicación de esta ley se producirá con motivo de las próximas elecciones presidenciales y locales.

Desde que la Comisión adoptó su último informe anual, Bulgaria ha preparado una serie de cambios en la Ley de Contratación Pública que, entre otros fines, pretenden simplificar y acelerar los procedimientos de contratación. Bulgaria también tiene intención de modificar la Ley sobre la Agencia de Inspección de las Finanzas Públicas con el fin de permitir un control de oficio de las licitaciones públicas y de efectuar controles basados en la evaluación de riesgos. Estas mejoras legales son bienvenidas. Sin embargo, el reto principal en el ámbito de la contratación pública sigue siendo una mejora sustancial de la capacidad administrativa y de la calidad de la acción administrativa.

3. Conclusiones

Desde la última evaluación de la Comisión, en julio de 2010, el Gobierno de Bulgaria ha continuado mostrando determinación y compromiso en la conducción del proceso de reforma. Ha seguido adoptando medidas para una reforma del sistema judicial, el refuerzo de la legislación sobre conflictos de intereses y el inicio de una reforma estructural de la policía y del sistema judicial penal. Se precisará un compromiso continuo a lo largo del próximo período para ejecutar estas reformas y para lograr mejoras en materia de nombramientos, evaluaciones y cualificaciones en el sistema judicial y para crear estructuras eficientes que se encarguen de los casos de delincuencia organizada. La adopción de la nueva legislación sobre decomiso de productos de delitos será un elemento importante para mejorar la protección contra la delincuencia organizada y la corrupción.

Son necesarias urgentemente mejoras considerables en la responsabilización y la práctica profesional en la judicatura y las autoridades encargadas de las investigaciones para obtener resultados satisfactorios en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Como prioridad nacional, Bulgaria debe proseguir urgentemente su estrategia de reforma judicial y adoptar nuevas medidas para una reforma profunda del sistema judicial.

4. Recomendaciones

La Comisión invita a Bulgaria a tomar medidas en los siguientes ámbitos a la luz de su evaluación de los logros obtenidos desde julio de 2010. Estas recomendaciones deberían permitir al país centrar sus esfuerzos en prepararse para la evaluación general de sus avances, que la Comisión realizará en el marco del MCV en el verano de 2012.

1. Reforma del sistema judicial

2. Presentar propuestas para una reforma del Consejo Judicial Supremo, el Tribunal Supremo de Casación y la Fiscalía General en materia de estructuras, atribuciones legales, composición, nombramientos y organización interna.

3. Aplicar estas propuestas mediante medidas administrativas y modificaciones legislativas.

4. Transparencia y responsabilización del poder judicial

5. Demostrar una trayectoria de nombramientos judiciales y evaluaciones, incluidos los nombramientos al Consejo Judicial Supremo, que respeten plenamente los principios de transparencia, independencia, integridad y mérito profesional.

6. Demostrar una trayectoria de seguimiento disciplinario y penal de la corrupción y las malas prácticas en el seno del poder judicial.

7. Garantizar un completo acceso electrónico a las resoluciones y motivaciones judiciales y una aplicación estricta del principio de atribución aleatoria de los asuntos judiciales.

8. Práctica judicial en asuntos penales

9. En cooperación con expertos internacionales, analizar las estructuras organizativas y la práctica de las autoridades de investigación, la fiscalía (incluidos los equipos conjuntos) y los tribunales con el fin de reforzar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de casos destacados; mejorar la cooperación de las autoridades judiciales con los organismos administrativos pertinentes.

10. Adoptar y aplicar un plan de acción detallado para corregir deficiencias de estructuras, gestión, dotación de personal, formación, cooperación y prácticas profesionales en cooperación con expertos internacionales y con la sociedad civil, y crear un grupo conjunto para supervisar su aplicación.

11. Solicitar sistemáticamente sentencias interpretativas al Tribunal Supremo de Casación en ámbitos donde la jurisprudencia sea incoherente, y mejorar las prácticas de los tribunales en este ámbito.

12. Lucha contra la delincuencia organizada

13. Asignar personal y recursos apropiados y definir adecuadamente el alcance y la organización interna del tribunal penal y la fiscalía especiales de lucha contra la delincuencia organizada a fin de garantizar un tratamiento eficaz de los asuntos más importantes.

14. Proseguir la reforma de la policía, mediante la mejora de la capacidad, las cualificaciones y el equipamiento de los investigadores y abordar las deficiencias en materia de integridad e independencia de la acción policial, recogida de pruebas y protección de testigos.

15. Mejorar la coordinación general de las actividades de lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción mediante la aplicación de planes de acción detallados y de un mecanismo de vigilancia en ambos campos en colaboración con la sociedad civil.

16. Decomiso del producto de delitos

17. Adoptar legislación que establezca el decomiso sin sentencia previa y la verificación de oficio de bienes personales de altos funcionarios, magistrados y políticos y demostrar una trayectoria en este ámbito.

18. Establecer una cooperación eficaz entre la comisión responsable del decomiso del producto de delitos, las instituciones financieras, las autoridades administrativas y la fiscalía, incluidos equipos conjuntos y el desarrollo de medidas de aseguramiento en el momento de la apertura de las investigaciones.

19. Lucha contra la corrupción

20. Instituir y formar redes de investigadores y fiscales especializados en delincuencia económica y financiera en cooperación con expertos extranjeros y hacerlas participar sistemáticamente en todos los casos de delincuencia económica y financiera, corrupción, fraude y blanqueo de dinero y garantizar, mediante formación y seminarios conjuntos, que estos fiscales tienen una idéntica comprensión de las pruebas relativas a estos hechos que los jueces.

21. Garantizar la aplicación de estrategias de investigación generales y activas por la fiscalía, la vinculación entre casos similares y una investigación financiera sistemática.

22. Modificar el Código penal para facilitar el seguimiento jurídico de la delincuencia económica y financiera y del abuso de poder.

23. Demostrar una trayectoria convincente de sanciones en virtud de la Ley sobre conflictos de intereses revisada.

24. Prevención de la corrupción

25. Mostrar resultados concretos en la aplicación de un proyecto general («Borkor») destinado a analizar y diseñar medidas de lucha contra la corrupción.

26. Revisar el sistema de declaración y verificación de activos y convertirlo en una herramienta eficaz para detectar el enriquecimiento ilícito.

27. Aplicar el conjunto de recomendaciones del GRECO con respecto a la transparencia de la financiación de los partidos políticos.

28. Reforzar la capacidad administrativa de las autoridades competentes en el ámbito de la contratación pública para asesorar a las autoridades contratantes y verificar las licitaciones públicas, previamente y a posteriori, con arreglo a evaluaciones de riesgos.

29. Aplicar normas idénticas para los conflictos de intereses y las incompatibilidades a todos los empleados públicos, con independencia de si se trata de funcionarios o de si han sido empleados en el marco de contratos de servicios individuales.

[1] Decisión 2006/929/CE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2006, por la que se establece un mecanismo de cooperación y verificación de los avances logrados por Bulgaria para cumplir indicadores concretos en materia de reforma judicial, lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada (DO L 354 de 14.12.2006, p. 58).

[2] El informe se basa en las contribuciones periódicas recibidas de las autoridades búlgaras, especialmente en respuesta a los cuestionarios detallados remitidos por la Comisión. La Comisión ha estado asistida en su trabajo por expertos independientes y se ha basado en documentación e información facilitada por diversas fuentes. En el documento complementario que lo acompaña, la Comisión expone su evaluación detallada sobre los avances realizados en cada uno de los criterios establecidos por la Decisión sobre el MCV.

[3] Un caso en el que estaba implicado un antiguo director de un organismo estatal fue devuelto a la fiscalía en junio de 2010 y reabierto después del nombramiento de un nuevo juez para el caso. En otro asunto con implicación de un exministro se retiraron declaraciones de testigos.