C 378/308

P7_TA(2014)0190

Información que acompaña a las transferencias de fondos ***I

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos (COM(2013)0044 — C7-0034/2013 — 2013/0024(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

(2017/C 378/44)

El Parlamento Europeo,

(1) DO C 166 de 12.6.2013, p. 2.

(2) DO C 271 de 19.9.2013, p. 31.

P7_TC1-COD(2013)0024

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 11 de marzo de 2014 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) no …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),

Considerando lo siguiente:

(1) Los flujos de dinero negro a través de transferencias de fondos pueden dañar ilícito dañan la estabilidad y reputación del sector financiero y amenazar amenazan el mercado interior y el desarrollo internacional, además de debilitar, directa o indirectamente, la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho . La financiación del terrorismo y de la delincuencia organizada sigue siendo un problema importante que debe abordarse a escala de la Unión . El terrorismo quebranta y la delincuencia organizada pueden dañar las instituciones democráticas y hacer tambalearse las bases mismas de nuestra sociedad. Las entidades que facilitan los flujos de dinero ilícito son principalmente estructuras corporativas opacas que operan en y a través de jurisdicciones que aplican el secreto fiscal, los conocidos como «paraísos fiscales». La solidez, la integridad y la estabilidad del sistema de transferencias de fondos y la confianza en el sistema financiero en su conjunto se están viendo seriamente comprometidas por los esfuerzos de los delincuentes y de sus cómplices por encubrir el origen de sus ingresos delictivos o por transferir fondos para actividades delictivas o con propósitos terroristas. [Enm. 1]

(2) Si no se adoptan A falta de la adopción de medidas de coordinación en el ámbito de la Unión e internacional , los blanqueadores de capitales y los financiadores del terrorismo podrían aprovechar aprovechan la libre circulación de capitales que trae consigo un espacio financiero integrado para facilitar sus actividades delictivas. La cooperación internacional en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la aplicación universal de sus recomendaciones persiguen prevenir el arbitraje regulatorio y la distorsión de la competencia. Por su escala, la acción de la Unión garantizará que la Recomendación 16 sobre transferencias electrónicas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sea transpuesta de manera uniforme en toda la Unión Europea y, en especial, que no haya ninguna discriminación ni discrepancias entre los pagos nacionales, en un Estado miembro, y los pagos transfronterizos entre Estados miembros. Una actuación no coordinada de los Estados miembros por sí solos en el ámbito de las transferencias transfronterizas de fondos podría afectar significativamente al buen funcionamiento de los sistemas de pagos a nivel de la UE y, por lo tanto, perjudicar al mercado interior en el ámbito de los servicios financieros. [Enm. 2]

(2 bis) La aplicación y la ejecución del presente Reglamento, incluida la Recomendación 16 del GAFI, no deben originar costes injustificados o desproporcionados a los proveedores de servicios de pago o a los ciudadanos que utilizan sus servicios, y la libre circulación de capitales legítimos debe quedar plenamente garantizada en toda la Unión. [Enm. 3]

(3) En la revisión de la Estrategia revisada de la Unión sobre la financiación del terrorismo, de 17 de julio de 2008, se indica que han de proseguir los esfuerzos dirigidos a impedir la financiación del terrorismo y el uso por las personas sospechosas de terrorismo de sus propios recursos financieros. Se reconoce que el GAFI persigue constantemente la mejora de sus Recomendaciones y se esfuerza por llegar a una interpretación común de cómo deben aplicarse. Asimismo, en la citada Estrategia revisada de la Unión se señala que la aplicación de esas Recomendaciones por los miembros del GAFI y los miembros de organismos regionales similares al GAFI se evalúa periódicamente y que, en este sentido, es importante que los Estados miembros adopten un mismo enfoque.

(4) Para prevenir la financiación del terrorismo, se han adoptado medidas dirigidas a la congelación de fondos y recursos económicos de determinadas personas, grupos y entidades, concretamente el Reglamento (CE) no 2580/2001 (4) y el Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo (5). Con ese mismo objeto, se han adoptado medidas encaminadas a proteger el sistema financiero contra la canalización de fondos y recursos económicos con fines terroristas. La Directiva …/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (6) (*1), contiene una serie de esas medidas. Sin embargo, dichas medidas no impiden del todo que los terroristas y otros delincuentes tengan acceso a los sistemas de pago para hacer circular sus fondos.

(5) Para estimular un planteamiento coherente en el contexto internacional en el ámbito de y dotar de mayor eficacia a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las nuevas medidas comunitarias deben tener en cuenta la evolución a ese respecto, más concretamente las Normas Internacionales sobre la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y la Proliferación, adoptadas en 2012, y en especial la Recomendación 16 y la nota interpretativa revisada para su aplicación. [Enm. 4]

(5 bis) Debe prestarse especial atención a las obligaciones de la Unión contempladas en el artículo 208 del TFUE con el fin de frenar la creciente tendencia a desplazar las actividades de blanqueo de capitales desde países desarrollados que cuentan con una legislación estricta a países en desarrollo en los que la legislación no es tan estricta. [Enm. 5]

(6) La capacidad de seguimiento total de las transferencias de fondos puede ser una herramienta particularmente importante y valiosa en la prevención, investigación y detección del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo. Resulta, por lo tanto, pertinente para asegurar la transmisión de la información a lo largo de la cadena de pago establecer un sistema que imponga la obligación a los proveedores de servicios de pago de acompañar las transferencias de fondos de información sobre el ordenante y el beneficiario , información que debe ser precisa y estar actualizada . A este respecto, es fundamental que las entidades financieras comuniquen una información adecuada, precisa y actualizada sobre las transferencias de fondos efectuadas en nombre de sus clientes para que la lucha de las autoridades competentes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo sea más eficaz . [Enm. 6]

(7) Las disposiciones del presente Reglamento se establecen sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación nacional de transposición de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (7). Por ejemplo, lo datos personales recogidos a efectos del cumplimiento del presente Reglamento no deben ser tratados posteriormente de forma que resulte incompatible con lo dispuesto en la citada Directiva 95/46/CE. En especial, debe estar terminantemente prohibido todo tratamiento posterior con fines comerciales. La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se reconoce como un importante motivo de interés general en todos los Estados miembros. Por consiguiente, en la aplicación del presente Reglamento, la transferencia de datos personales a un tercer país que no garantice un nivel adecuado de protección en el sentido de lo dispuesto en el artículo 25 de la Directiva 95/46/CE debe autorizarse de acuerdo con el artículo 26, letra d), de esa misma Directiva. Es importante que los prestadores de servicios de pago que operen en varios Estados con sucursales o filiales situadas fuera de la Unión no estén sujetos a impedimentos irracionales a la hora de compartir información sobre operaciones sospechosas dentro de la misma organización. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de los acuerdos internacionales celebrados entre la Unión y terceros países para luchar contra el blanqueo de capitales que incluyan salvaguardias adecuadas para los ciudadanos que garanticen un nivel de protección satisfactorio o equivalente. [Enm. 7]

(8) Las personas que se limitan a convertir documentos en soporte papel en datos electrónicos y que actúan con arreglo a un contrato celebrado con un proveedor de servicios de pago no están incluidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento; esto mismo es válido en lo que atañe a las personas físicas o jurídicas que solo proporcionan a los proveedores de servicios de pago un sistema de mensajería u otros sistemas de apoyo para la transmisión de fondos, o sistemas de compensación y liquidación.

(9) Es adecuado excluir del ámbito de aplicación del presente Reglamento las transferencias de fondos que representen un bajo riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. Estas exclusiones deben comprender las tarjetas de crédito y de débito, los teléfonos móviles u otros dispositivos digitales o de tecnología de la información, las retiradas de efectivo en cajeros automáticos, los pagos en concepto de impuestos, multas u otros gravámenes, y las transferencias de fondos en las que tanto el ordenante como el beneficiario sean proveedores de servicios de pago que actúen por cuenta propia. Además, a fin de tener en cuenta las características especiales de los sistemas de pago nacionales, los Estados miembros deben poder establecer exenciones para las transferencias electrónicas siempre que sea posible realizar un seguimiento de las transferencias de fondos hasta localizar al ordenante , así como para las transferencias de fondos realizadas mediante cheques escaneados o letras de cambio . No obstante, no debe otorgarse exención alguna cuando una tarjeta de débito o de crédito, un teléfono móvil u otro dispositivo digital o de tecnología de la información, de prepago o postpago, se utilice para efectuar una transferencia entre particulares. En vista de la dinámica evolución del progreso tecnológico, debe estudiarse la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento también al dinero electrónico y a otros nuevos métodos de pago. [Enm. 8]

(10) Los proveedores de servicios de pago deben garantizar que no falte ni esté incompleta la información sobre el ordenante y el beneficiario. Con el fin de no obstaculizar la eficiencia de los sistemas de pago, deben diferenciarse los requisitos de verificación aplicables a las transferencias de fondos efectuadas a partir de cuentas de los aplicables a las transferencias no efectuadas a partir de cuentas. Para contrarrestar el riesgo de que se realicen operaciones fuera de los cauces reglamentarios por la aplicación de unas exigencias de identificación demasiado estrictas con respecto a la potencial amenaza del uso de las pequeñas transferencias de fondos para fines terroristas, en caso de transferencias de fondos no realizadas a partir de una cuenta, la obligación de verificar que la información sobre el ordenante sea exacta debe aplicarse limitarse únicamente a las al nombre del ordenante en el caso de transferencias individuales que superen los de un importe máximo de 1 000 EUR. En el caso de las transferencias de fondos efectuadas a partir de cuentas, no debe requerirse que los proveedores de servicios de pago verifiquen la información sobre el ordenante que acompañe a cada transferencia de fondos, cuando se cumplan las obligaciones que establece la Directiva …/…/UE (*2). [Enm. 9]

(11) En el contexto de la legislación de la Unión en materia de pagos Reglamento (CE) no 924/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), Reglamento (UE) no 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) y Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10), resulta suficiente prever que las transferencias de fondos efectuadas en la Unión vayan acompañadas de información simplificada sobre el ordenante

(12) Con el fin de que las autoridades responsables de combatir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo en terceros países puedan localizar el origen de los fondos utilizados para dichos propósitos, las transferencias de fondos desde la Comunidad al exterior de la Unión deben llevar información completa sobre el ordenante y el beneficiario. Dichas autoridades deben tener acceso a información completa sobre el ordenante solo a efectos de prevenir, investigar y detectar el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

(12 bis) Las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, así como los organismos judiciales y policiales competentes de los Estados miembros, deben intensificar la cooperación entre sí y con las autoridades correspondientes de terceros países, incluidas las de los países en desarrollo, con el fin de seguir reforzando la transparencia, el intercambio de información y las mejores prácticas. La Unión debe apoyar los programas de creación de capacidades en los países en desarrollo para facilitar esta cooperación. Se deben mejorar los sistemas de recogida de pruebas y de puesta a disposición de los datos y la información relevante para la investigación de delitos, sin infringir en ningún caso los principios de subsidiariedad o proporcionalidad, ni los derechos fundamentales, en la Unión. [Enm. 10]

(12 ter) Los proveedores de servicios de pago del ordenante y del beneficiario, así como los proveedores de servicios de pago intermediarios, deben contar con las medidas técnicas y de organización adecuadas para proteger los datos personales de la pérdida accidental, la alteración y la difusión o acceso no autorizados. [Enm. 11]

(13) Para que las transferencias de fondos de un solo ordenante a varios beneficiarios se envíen de forma poco costosa en ficheros que contengan lotes de transferencias individuales desde la Unión al exterior de la Unión, estas deben poder llevar únicamente el número de cuenta del ordenante o su identificador único de operación, a condición de que el fichero correspondiente al lote de transferencias contenga información completa sobre el ordenante y el beneficiario o beneficiarios.

(14) Para comprobar si la información requerida sobre el ordenante y el beneficiario acompaña a las transferencias de fondos, y ayudar a identificar las operaciones sospechosas, el proveedor de servicios de pago del beneficiario y el proveedor de servicios de pago intermediario deben contar con procedimientos efectivos para detectar la falta de información sobre el ordenante y el beneficiario o que dicha información está incompleta, en especial si están implicados varios servicios de pago, lo que permite un mejor seguimiento de las transferencias de fondos . La comprobación efectiva de que la información está disponible y completa, en particular cuando se trata de varios proveedores de servicios de pago, puede contribuir a que los procedimientos de investigación sean menos prolongados y más efectivos, lo que, a su vez, mejora el seguimiento de las transferencias de fondos. Las autoridades competentes de los Estados miembros deben velar, por tanto, por que los prestadores de servicios de pago incluyan la información requerida sobre la transacción en la transferencia electrónica o el mensaje de acompañamiento durante toda la cadena de pago . [Enm. 12]

(15) Dada la potencial amenaza de financiación del terrorismo planteada por las transferencias anónimas, resulta oportuno exigir que los proveedores de servicios de pago soliciten información sobre el ordenante y el beneficiario. En consonancia con el enfoque basado en el riesgo desarrollado por el GAFI, resulta oportuno determinar qué ámbitos presentan mayor y menor riesgo, al objeto de responder mejor a los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. De este modo, el proveedor de servicios de pago del beneficiario y el proveedor de servicios de pago intermediario deben establecer procedimientos eficaces, basados en el riesgo, y evaluar y sopesar los riesgos de manera que los recursos puedan destinarse explícitamente a sectores en los que exista un elevado riesgo de blanqueo de dinero. Dichos procedimientos eficaces basados en el riesgo , para aquellos casos en que las transferencias de fondos no contengan la información requerida sobre el ordenante y el beneficiario, con el fin de decidir, ayudarán a los proveedores de servicios de pago a decidir con mayor eficacia si se ejecuta, se rechaza o se suspende la transferencia y qué medidas consiguientes resulta oportuno adoptar. En el caso de que el proveedor de servicios de pago del ordenante esté situado fuera del territorio de la Unión, debe reforzarse la diligencia debida con respecto al cliente, de conformidad con la Directiva …/…/UE (*3), por lo que se refiere a las relaciones transfronterizas de corresponsalía bancaria con ese proveedor de servicios de pago. [Enm. 13]

(16) El proveedor de servicios de pago del beneficiario y el proveedor de servicios de pago intermediario deben ejercer una vigilancia especial, evaluando los riesgos, cuando constaten que la información sobre el ordenante falta o está incompleta, y deben informar sobre las operaciones sospechosas a las autoridades competentes, de acuerdo con las obligaciones en materia de información establecidas en la Directiva …/…/UE (*4) y en las medidas de transposición nacionales.

(17) Las disposiciones aplicables a las transferencias de fondos en las que falte información sobre el ordenante o el beneficiario o esta sea incompleta deben aplicarse sin perjuicio de las obligaciones de los proveedores de servicios de pago y los proveedores de servicios de pago intermediarios de suspender y/o rechazar las transferencias de fondos que incumplan disposiciones de Derecho civil, administrativo o penal. La necesidad de disponer de información identificativa sobre el ordenante o el beneficiario respecto de particulares, personas jurídicas, fideicomisos, fundaciones, mutuas, holdings y otros regímenes jurídicos similares existentes o futuros es un factor clave para localizar a los delincuentes que tratan de ocultar su identidad detrás de una estructura corporativa. [Enm. 14]

(18) Hasta que se eliminen las limitaciones técnicas que pueden impedir que los proveedores de servicios de pago intermediarios cumplan la obligación de transmitir toda la información recibida sobre el ordenante, dichos proveedores de servicios de pago intermediarios deben guardar constancia de esa información. Estas limitaciones técnicas deben desaparecer tan pronto como se actualicen los sistemas de pago. Para superar las limitaciones técnicas, podría alentarse el uso del sistema de transferencia de créditos del SEPA en las transferencias interbancarias entre Estados miembros y países terceros. [Enm. 15]

(19) Dado que, en las investigaciones penales, puede no ser posible determinar los datos requeridos o los individuos implicados hasta muchos meses o incluso años después de la transferencia original de fondos, y a fin de poder tener acceso a elementos de prueba esenciales en el contexto de investigaciones, los proveedores de servicios de pago deben guardar constancia de la información sobre el ordenante para prevenir, investigar y detectar el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.. Este período debe ser limitado limitarse a cinco años y, una vez transcurrido, los datos personales deberán eliminarse salvo que la legislación nacional disponga lo contrario . Solo podrá autorizarse la conservación más allá de dicho plazo, y por un período máximo de diez años, si es necesario para prevenir, detectar o investigar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los proveedores de servicios de pago deben garantizar que la información conservada con arreglo al presente Reglamento no se use más que para los fines que en él se prevén . [Enm. 16]

(20) Para acelerar las intervenciones en el marco de la lucha contra el terrorismo, los proveedores de servicios de pago deben responder rápidamente a las peticiones de información sobre el ordenante de las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo en el Estado miembro donde estén establecidos.

(21) El número de días para responder a las solicitudes de información sobre el ordenante viene determinado por el número de días hábiles en el Estado miembro del proveedor de servicios de pago del ordenante.

(22) A fin de promover el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, y con arreglo a la Comunicación de la Comisión de 9 de diciembre de 2010 titulada «Regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de servicios financieros», se deben reforzar las facultades de las autoridades competentes para adoptar medidas de supervisión, así como sus facultades sancionadoras. Resulta oportuno prever sanciones administrativas y, dada la importancia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los Estados miembros deben establecer sanciones que resulten eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros deben notificar a la Comisión, así como a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea, «ABE»), creada por el Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (11); a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, «AESPJ»), creada por el Reglamento (UE) no 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (12); y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados, «AEVM»), creada por el Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (13).

(23) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de los artículos XXX del capítulo V del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (14). [Enm. 17]

(24) Varios países y territorios que no forman parte del territorio de la Unión comparten una unión monetaria con un Estado miembro, forman parte de la zona monetaria de un Estado miembro o han firmado un convenio monetario con la Unión representada por un Estado miembro, y tienen proveedores de servicios de pago que intervienen, directa o indirectamente, en los sistemas de pagos y liquidación de ese Estado miembro. Para evitar todo efecto negativo de importancia sobre las economías de esos países o territorios que pudiera resultar de la aplicación del presente Reglamento a transferencias de fondos entre los Estados miembros de que se trate y esos países o territorios, resulta oportuno prever la posibilidad de que esas transferencias de fondos sean tratadas como transferencias de fondos dentro de esos Estados miembros.

(25) Vistas las modificaciones que sería necesario introducir en el Reglamento (CE) no 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, relativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos (15), resulta oportuno derogarlo en aras de la claridad.

(26) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(27) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar (artículo 7), el derecho a la protección de datos de carácter personal (artículo 8) y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47), así como el principio ne bis in idem.

(28) A fin de facilitar la introducción del nuevo marco sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, procede que la fecha de aplicación del presente Reglamento coincida con el final del plazo de transposición de la Directiva …/…/UE (*5).

(28 bis) El Supervisor Europeo de Protección de Datos emitió un dictamen el 4 de julio de 2013 (16).

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

OBJETO, DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1

Objeto

El presente Reglamento establece normas sobre la información que debe acompañar a las transferencias de fondos, en lo referente a los ordenantes y beneficiarios de las mismas, a efectos de la prevención, detección e investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1) «financiación del terrorismo»: financiación del terrorismo tal y como se define en el artículo 1, apartado 4, de la Directiva …/…/UE (*6);

2) «blanqueo de capitales»: las actividades de blanqueo de capitales a que se refiere el artículo 1, apartados 2 o 3, de la Directiva …/…/UE (*6);

3) «ordenante»: toda persona física o jurídica que efectúa una transferencia de fondos desde su propia cuenta o da una orden para que se efectúe una transferencia de fondos ordenante tal como se define en el artículo 4, punto 7, de la Directiva 2007/64/CE ; [Enm. 18]

4) «beneficiario»: toda persona física o jurídica que sea el destinatario previsto de los fondos transferidos beneficiario tal como se define en el artículo 4, punto 8, de la Directiva 2007/64/CE ; [Enm. 19]

5) «proveedor de servicios de pago»: toda persona física o jurídica que preste proveedor de servicios de transferencia de fondos a título profesional pago tal como se define en el artículo 4, punto 9, de la Directiva 2007/64/CE ; [Enm. 20]

6) «proveedor de servicios de pago intermediario»: todo proveedor de servicios de pago, que no sea ni el del ordenante ni el del beneficiario, que reciba y transmita una transferencia de fondos por cuenta del proveedor de servicios de pago del ordenante o del beneficiario o de otro proveedor de servicios de pago intermediario;

7) «transferencia de fondos»: toda operación efectuada por cuenta de un ordenante, a través de un proveedor de servicios de pago y por medios electrónicos, con objeto de poner fondos a disposición de un beneficiario a través de un proveedor de servicios de pago y , en particular, «servicio de envío de dinero», y «adeudo domiciliado» en el sentido de la Directiva 2007/64/CE, , con independencia de que el ordenante y el beneficiario sean o no la misma persona. [Enm. 21]

8) «transferencia por lotes»: varias transferencias de fondos individuales que se agrupan para su transmisión;

9) «identificador único de operación»: una combinación de letras o símbolos determinada por el proveedor de servicios de pago, con arreglo a los protocolos del sistema de pago y liquidación o del sistema de mensajería utilizados para realizar la transferencia de fondos, que permite rastrear la operación hasta identificar al ordenante y al beneficiario.

10) «transferencia entre particulares»: toda operación de transferencia de fondos que tenga lugar entre dos personas físicas , quienes, como consumidores, actúan con fines distintos de sus fines comerciales, empresariales o profesionales . [Enm. 22]

Artículo 3

Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplicará a las transferencias de fondos en cualquier moneda enviadas o recibidas por un proveedor de servicios de pago establecido en la Unión.

2. El presente Reglamento no se aplicará a las transferencias de fondos efectuadas utilizando una tarjeta , o cupón, de crédito , de débito o de débito prepago o un teléfono móvil , dinero electrónico o cualquier otro dispositivo digital o de tecnología de la información definido en la Directiva 2014/…/UE [DSP] , a condición de que: [Enm. 23]

a) la tarjeta o dispositivo se utilice para el pago de bienes y servicios a una empresa dentro de su actividad profesional o comercial ; [Enm. 24]

b) el número de la tarjeta o dispositivo se indique en todas las transferencias que se deriven de la operación.

No obstante, el presente Reglamento será de aplicación cuando una tarjeta de crédito , de débito o de débito prepago o un teléfono móvil , dinero electrónico o cualquier otro dispositivo digital o de tecnología de la información (TI), se utilice para efectuar una transferencia de fondos entre particulares. [Enm. 25]

3. El presente Reglamento no se aplicará ni a las personas físicas o jurídicas cuya actividad se limite a la conversión de documentos en soporte papel en datos electrónicos y que actúen con arreglo a un contrato celebrado con un proveedor de servicios de pago, ni a aquellas cuya única actividad consista en poner a disposición de los proveedores de servicios de pago sistemas de mensajería u otros sistemas de apoyo para la transmisión de fondos, o sistemas de compensación y liquidación. [Enm. 26]

El presente Reglamento no se aplicará a las transferencias de fondos cuando:

a) la transferencia de fondos implique que el ordenante tenga que retirar efectivo de su propia cuenta;

b) los fondos se transfieran a autoridades públicas en concepto de pago de impuestos, multas u otros gravámenes dentro de un Estado miembro;

c) tanto el ordenante como el beneficiario sean proveedores de servicios de pago que actúen en nombre propio.

CAPÍTULO II

OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO

SECCIÓN 1

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE PAGO DEL ORDENANTE

Artículo 4

Información que debe acompañar a las transferencias de fondos

1. Los proveedores de servicios de pago se asegurarán de que las transferencias de fondos vayan acompañadas de la siguiente información sobre el ordenante:

a) el nombre del ordenante;

b) el número de cuenta del ordenante, cuando esta se utilice para realizar la transferencia de fondos, o un identificador único de operación cuando no se utilice tal cuenta a esos efectos;

c) la dirección del ordenante, o el número nacional de identidad, o el número de identificación de cliente, o su fecha y lugar de nacimiento. [Enm. 27]

2. Los proveedores de servicios de pago se asegurarán de que las transferencias de fondos vayan acompañadas de la siguiente información sobre el beneficiario:

a) el nombre del beneficiario; y

b) el número de cuenta del beneficiario, cuando esta cuenta se utilice para realizar la operación, o un identificador único de operación cuando no se utilice tal cuenta a esos efectos.

3. Antes de transferir los fondos, el proveedor de servicios de pago del ordenante aplicará las medidas de diligencia debida con respecto al cliente, de conformidad con la Directiva …/…/UE (*7) , y verificará la exactitud y exhaustividad de la información a que se refiere el apartado 1 por medio de documentos, datos o información obtenidos de una fuente fiable e independiente. [Enm. 28]

4. Cuando los fondos se transfieran desde la cuenta del ordenante, la verificación a que se refiere el apartado 3 se dará por efectuada siempre que:

a) la identidad del ordenante haya sido verificada con ocasión de la apertura de la cuenta, de conformidad con el artículo 11 de la Directiva …/…/UE (*8), y la información recopilada en dicha verificación se haya almacenado con arreglo a lo establecido en el artículo 39 de esa Directiva; o

b) al ordenante le sean aplicables las disposiciones del artículo 12, apartado 5, de la Directiva …/…/UE (*8).

5. No obstante, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, en el caso de transferencias de fondos no efectuadas a partir de una cuenta, el proveedor de servicios de pago del ordenante no verificará al menos el nombre del ordenante en las transferencias de fondos de un importe de hasta 1 000 EUR, y la información a que se refiere completa relativa al ordenante y al beneficiario mencionada en el apartado 1 cuando el importe no sobrepase los 1 000 EUR y no parezca relacionada con otras transferencias de fondos que, junto con la transferencia considerada, cuando la transacción se realice en varias operaciones que parezcan relacionadas o en el caso de que sobrepasen los 1 000 EUR. [Enm. 29]

Artículo 5

Transferencias de fondos dentro de la Unión

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartados 1 y 2, cuando tanto el proveedor de servicios de pago del ordenante como el proveedor de servicios de pago del beneficiario estén establecidos en la Unión, solo se exigirá que las transferencias de fondos vayan acompañadas del nombre completo y del número de cuenta del ordenante y el beneficiario o su identificador único de operación , sin perjuicio de los requisitos de información establecidos en el artículo 5, apartado 2, letra b) y artículo 3, letra b) del Reglamento (UE) no 260/2012 . [Enm. 30]

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el proveedor de servicios de pago del ordenante, en caso de detección de un riesgo mayor a efectos del artículo 16, apartado 2 o apartado 3, o del anexo III de la Directiva …/…/UE (*9) , exigirá la información completa relativa al ordenante y al beneficiario o, cuando así lo solicite el proveedor de servicios de pago del beneficiario o el proveedor de servicios de pago intermediario, el proveedor de servicios de pago del ordenante facilitará la información sobre el ordenante o el beneficiario conforme al articulo 4, en el plazo de tres días hábiles desde la recepción de esa petición. [Enm. 31]

Artículo 6

Transferencias de fondos al exterior de la Unión

1. En el caso de las transferencias por lotes procedentes de un solo ordenante en las que los proveedores de servicios de pago de los beneficiarios estén establecidos fuera de la Unión, el artículo 4, apartados 1 y 2, no será aplicable a las transferencias individuales que formen parte del lote, a condición de que el fichero correspondiente al lote contenga esa información y que las transferencias individuales lleven el número de cuenta del ordenante o su identificador único de operación.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartados 1 y 2, cuando el proveedor de servicios de pago del beneficiario esté establecido fuera de la Unión, las transferencias de fondos que no sobrepasen los 1 000 EUR irán acompañadas de lo siguiente: [Enm. 32, No afecta a la versión española]

a) el nombre del ordenante;

b) el nombre del beneficiario;

c) el número de cuenta del ordenante y del beneficiario o el identificador único de operación.

Solo se verificará la exactitud de esta información cuando existan sospechas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

SECCIÓN 2

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE PAGO DEL BENEFICIARIO

Artículo 7

Detección de la falta de información sobre el ordenante y el beneficiario

1. El proveedor de servicios de pago del beneficiario verificará, en lo que respecta a la información sobre el ordenante y el beneficiario, si los campos del sistema de mensajería o de pagos y liquidación utilizado para efectuar la transferencia de fondos han sido rellenados mediante los caracteres o entradas admisibles según los procedimientos internos basados en el riesgo establecidos para combatir los abusos, en el marco de los protocolos de dicho sistema de mensajería o de pagos y liquidación . [Enm. 33]

2. Dicho proveedor deberá contar con procedimientos efectivos para detectar la falta de la siguiente información sobre el ordenante y el beneficiario:

a) en relación con las transferencias de fondos en las que el proveedor de servicios de pago del ordenante esté establecido en la Unión, la información exigida de conformidad con el artículo 5;

b) en relación con las transferencias de fondos en las que el proveedor de servicios de pago del ordenante esté establecido fuera de la Unión, la información completa sobre el ordenante y el beneficiario mencionada en el artículo 4, apartados 1 y 2, y, si procede, la información exigida en el artículo 14; y

c) en relación con las transferencias por lotes en las que el proveedor de servicios de pago del ordenante esté establecido fuera de la Unión, la información mencionada en el artículo 4, apartados 1 y 2, sobre la transferencia por lotes.

3. En las transferencias de fondos que sobrepasen los 1 000 EUR, en las que el proveedor de servicios de pago del ordenante esté establecido fuera de la Unión, el proveedor de servicios de pago del beneficiario verificará la identidad de este último cuando dicha identidad no haya sido ya verificada.

4. En las transferencias de fondos que no sobrepasen los 1 000 EUR, en las que el proveedor de servicios de pago del ordenante esté establecido fuera de la Unión, el proveedor de servicios de pago del beneficiario no tendrá que verificar la información relativa al beneficiario, salvo cuando existan sospechas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Los Estados miembros podrán reducir o eliminar el límite cuando la evaluación de riesgos a escala nacional aconseje intensificar la supervisión de las transferencias de fondos que no se realizan desde una cuenta. Los Estados miembros que se acojan a esta excepción informarán de ello a la Comisión. [Enm. 34]

4 bis. En el caso de que el proveedor de servicios de pago del ordenante esté establecido en un país tercero que presente un mayor nivel de riesgo, se reforzará la diligencia debida con respecto al cliente, de conformidad con la Directiva …/…/UE (*10) , por lo que se refiere a las relaciones transfronterizas de corresponsalía bancaria con ese proveedor de servicios de pago. [Enm. 35]

Artículo 8

Transferencias de fondos a las que falte información o con información incompleta sobre el ordenante y el beneficiario

1. El proveedor se servicios de pago del beneficiario implantará procedimientos eficaces, basados en el riesgo los riesgos señalados en el artículo 16 , apartado 2, y en el anexo III de la Directiva …/…/UE (*11), destinados a determinar cuándo ha de ejecutarse, rechazarse o suspenderse una transferencia de fondos que no contenga toda la información requerida sobre el ordenante y el beneficiario, así como las consiguientes medidas que deban adoptarse. [Enm. 36]

En cualquier caso, el proveedor de servicios de pago del ordenante y el proveedor de servicios de pago del beneficiario cumplirán todas las disposiciones legislativas o administrativas aplicables en relación con el blanqueo de capitales y con la financiación del terrorismo, en particular el Reglamento (CE) no 2580/2001, el Reglamento (CE) no 881/2002 y la Directiva …/…/UE (*11) . [Enm. 37]

Si, al recibir transferencias de fondos, el proveedor de servicios de pago del beneficiario constata que falta la información sobre el ordenante y el beneficiario exigida en el artículo 4, apartados 1 y 2, el artículo 5, apartado 1, y el artículo 6, o de que esta es incompleta o no se ha completado mediante los caracteres o entradas admisibles en el marco de los protocolos de dicho sistema de mensajería o de pago y liquidación , deberá, o bien rechazar la transferencia, o suspenderla y pedir información completa sobre el ordenante y el beneficiario antes de ejecutar la operación de pago . [Enm. 38]

2. Cuando, de forma reiterada, un proveedor de servicios de pago no facilite toda la información requerida sobre el ordenante, el proveedor de servicios de pago del beneficiario tomará medidas que pueden ir desde, inicialmente, emitir una advertencia o fijar un plazo, antes de rechazar toda futura transferencia de fondos de dicho proveedor de servicios de pago, hasta decidir si restringe o pone fin a la relación comercial con ese proveedor de servicios de pago. [Enm. 39]

El proveedor de servicios de pago del beneficiario informará de ese hecho a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Artículo 9

Evaluación y notificación

El proveedor de servicios de pago del beneficiario , siguiendo los procedimientos de los proveedores de servicios de pago basados en el riesgo, considerará que la falta de información sobre el ordenante y el beneficiario, o el hecho de que esta sea incompleta, constituye un factor como uno de los factores para evaluar si la transferencia de fondos, o cualquier operación relacionada con ella, resulta sospechosa, y si debe informarse de ello a la Unidad de Información Financiera. El proveedor de servicios de pago también prestará atención, en sus procedimientos eficaces basados en los riesgos, a los demás factores de riesgo a que se refiere el artículo 16, apartado 3, y el anexo III de la Directiva …/…/UE (*12) , y tomará medidas apropiadas al respecto. [Enm. 40]

SECCIÓN 3

OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO INTERMEDIARIOS

Artículo 10

Conservación de la información sobre el ordenante y el beneficiario con la transferencia

Los proveedores de servicios de pago intermediarios se asegurarán de que toda la información recibida sobre el ordenante y el beneficiario que acompaña a una transferencia de fondos se conserve con la misma.

Artículo 11

Detección de la falta de información sobre el ordenante y el beneficiario

1. El proveedor de servicios de pago intermediario verificará, en lo que respecta a la información sobre el ordenante y el beneficiario, si los campos del sistema de mensajería o de pagos y liquidación utilizado para efectuar la transferencia de fondos han sido rellenados mediante los caracteres o entradas admisibles en el marco de los protocolos de dicho sistema.

2. Dicho proveedor deberá contar con procedimientos efectivos para detectar la que falta de o es incompleta la siguiente información sobre el ordenante y el beneficiario: [Enm. 41]

(a) en relación con las transferencias de fondos en las que el proveedor de servicios de pago del ordenante esté establecido en la Unión, la información exigida de conformidad con el artículo 5;

b) en relación con las transferencias de fondos en las que el proveedor de servicios de pago del ordenante esté establecido fuera de la Unión, la información completa sobre el ordenante y el beneficiario mencionada en el artículo 4, apartados 1 y 2, o, si procede, la información exigida en el artículo 14; y

c) en relación con las transferencias por lotes en las que el proveedor de servicios de pago del ordenante esté establecido fuera de la Unión, la información mencionada en el artículo 4, apartados 1 y 2, sobre la transferencia por lotes.

Artículo 12

Transferencias de fondos a las que falte información o con información incompleta sobre el ordenante y el beneficiario

1. El proveedor se servicios de pago intermediario implantará procedimientos eficaces, basados en el riesgo, destinados a determinar cuándo ha de ejecutarse, rechazarse o suspenderse una transferencia de fondos que no contenga si la información requerida recibida sobre el ordenante y el beneficiario, así como las consiguientes falta o es incompleta, y establecerá las medidas que deban adoptarse. [Enm. 42]

Si, al recibir transferencias de fondos, el proveedor de servicios de pago intermediario constata que falta la información sobre el ordenante y el beneficiario exigida por en el artículo 4, apartados 1 y 2, el artículo 5, apartado 1, y el artículo 6, o de que esta es incompleta o no se ha completado mediante los caracteres o entradas admisibles de acuerdo con los protocolos de dicho sistema de mensajería o de pago y liquidación , deberá, o bien rechazar la transferencia, o suspenderla y pedir información completa sobre el ordenante y el beneficiario antes de ejecutar la operación de pago . [Enm. 43]

2. Cuando, de forma reiterada, un proveedor de servicios de pago no facilite la información requerida sobre el ordenante, el proveedor de servicios de pago intermediario tomará medidas que pueden ir desde, inicialmente, emitir una advertencia o fijar un plazo, antes de rechazar toda futura transferencia de fondos de dicho proveedor de servicios de pago, hasta decidir si restringe o pone fin a la relación comercial con ese proveedor de servicios de pago.

El proveedor de servicios de pago intermediario informará de ese hecho a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Artículo 13

Evaluación y notificación

El proveedor de servicios de pago intermediario considerará que la falta de información sobre el ordenante y el beneficiario, o el hecho de que esta sea incompleta, constituye un factor para evaluar si la transferencia de fondos, o cualquier operación relacionada con ella, resulta sospechosa, y si debe informarse de ello a la Unidad de Información Financiera.

Artículo 14

Limitaciones técnicas

1. El presente artículo se aplicará en los casos en que el proveedor de servicios de pago del ordenante esté establecido fuera de la Unión y el proveedor de servicios de pago intermediario esté establecido en la Unión.

2. El proveedor de servicios de pago intermediario, cuando reciba una transferencia de fondos, salvo que constate que la información sobre el ordenante, necesaria con arreglo al presente Reglamento, falta o es incompleta, podrá, al enviar las transferencias de fondos al proveedor de servicios de pago del beneficiario, utilizar un sistema de pago con limitaciones técnicas que evite que la información sobre el ordenante acompañe a las transferencias de fondos.

3. El proveedor de servicios de pago intermediario, cuando reciba una transferencia de fondos, salvo que constate que la información sobre el ordenante, necesaria con arreglo al presente Reglamento, falta o es incompleta, solo utilizará un sistema de pago con limitaciones técnicas en caso de que pueda informar de este hecho al proveedor de servicios de pago del beneficiario, bien través de un sistema de mensajería o de pago que permita comunicar este hecho o mediante otro procedimiento, siempre que el modo de comunicación haya sido aceptado o acordado por ambos proveedores de servicios de pago.

4. Cuando el proveedor de servicios de pago intermediario utilice un sistema de pago con limitaciones técnicas, dicho proveedor de servicios de pago intermediario, a solicitud del proveedor de servicios de pago del beneficiario, pondrá a disposición de este toda la información que haya recibido sobre el ordenante, esté o no completa, en el plazo de tres días hábiles desde la recepción de dicha solicitud.

CAPÍTULO III

COOPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Artículo 15

Obligación de cooperar y equivalencia [Enm. 44]

1. Los proveedores de servicios de pago y los proveedores de servicios de pago intermediarios responderán plenamente y sin demora, de conformidad con los requisitos de procedimiento previstos en el Derecho nacional del Estado miembro en el que estén establecidos, exclusivamente a las indagaciones de las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo de dicho Estado miembro en lo relativo a la información exigida por el presente Reglamento. Se establecerán salvaguardias específicas para garantizar que estos intercambios de información cumplen los requisitos para la protección de datos. Ninguna otra autoridad o parte externa tendrá acceso a los datos almacenados por los proveedores de servicios de pago. [Enm. 45]

1 bis. Dado que un gran porcentaje de los flujos financieros ilícitos acaba en paraísos fiscales, la Unión debe aumentar su presión sobre esos países para que cooperen con el fin de combatir esos flujos financieros ilícitos y mejorar la transparencia. [Enm. 46]

1 ter. Los proveedores de servicios de pago establecidos en la Unión aplicarán el presente Reglamento en relación con sus filiales y sucursales que tienen actividad en terceros países que no se consideran equivalentes.

La Comisión tendrá la facultad de adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 22 bis relativo al reconocimiento del marco jurídico y de supervisión de las jurisdicciones fuera de la Unión como equivalentes a los requisitos del presente Reglamento. [Enm. 47]

Artículo 15 bis

Protección de datos

1. En relación con el tratamiento de datos de carácter personal en el marco del presente Reglamento, los proveedores de servicios de pago desempeñarán sus funciones a los efectos del presente Reglamento de conformidad con la legislación nacional por la que se adapte la Directiva 95/46/CE.

2. Los proveedores de servicios de pago garantizarán que la información conservada con arreglo al presente Reglamento no se utilice más que para los fines que en él se prevén y en ningún caso con fines comerciales.

3. Las autoridades de protección de datos tendrán la competencia, incluso mediante el acceso indirecto, para investigar, de oficio o a partir de una denuncia, todas las reclamaciones relativas a problemas con el tratamiento de los datos personales. Tal competencia deberá incluir, en particular, el acceso al expediente de datos del proveedor de servicios de pago y de las autoridades nacionales competentes. [Enm. 48]

Artículo 15 ter

Transferencia de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales

La transferencia de datos personales a un tercer país, o a una organización internacional, que no garantice un nivel adecuado de protección en el sentido del artículo 25 de la Directiva 95/46/CE, solo podrá tener lugar si:

a) se adoptan las medidas y garantías adecuadas en materia de protección de datos, y

b) la autoridad de supervisión, tras evaluar dichas medidas y garantías, concede una autorización previa para la transferencia. [Enm. 49]

Artículo 16

Conservación de la información

La información sobre el ordenante o el beneficiario no se conservará más de lo estrictamente necesario. El proveedor de servicios de pago del ordenante y el proveedor de servicios de pago del beneficiario conservarán durante un plazo máximo de cinco años la información a que se refieren los artículos 4, 5, 6 y 7. En los supuestos a que se refiere el artículo 14, apartados 2 y 3, el proveedor de servicios de pago intermediario conservará toda la información recibida durante cinco años. Una vez transcurrido ese plazo, deberán eliminarse los datos personales, salvo disposición en contrario del Derecho nacional, que deberá especificar en qué circunstancias los proveedores de servicios de pago podrán o deberán conservar datos. Los Estados miembros únicamente podrán autorizar o exigir un plazo mayor de conservación en circunstancias excepcionales, por motivos debidamente justificados, y solo si fuera necesario a efectos de la prevención, detección o investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El plazo máximo de conservación tras la realización de la transferencia de fondos no podrá exceder de diez años y el almacenamiento de datos personales cumplirá la legislación nacional por la que se adapta la Directiva 95/46/CE . [Enm. 50]

Los proveedores de servicios de pago del ordenante y del beneficiario, así como los proveedores de servicios de pago intermediarios deberán contar con las medidas técnicas y de organización adecuadas para proteger los datos personales de destrucción accidental o ilícita, pérdida accidental, alteración, difusión o acceso no autorizados. [Enm. 51]

La información sobre el ordenante o el beneficiario recogida por los proveedores de servicios de pago del ordenante y del beneficiario así como los proveedores de servicios de pago intermediarios se destruirá una vez finalizado el plazo de conservación. [Enm. 52]

Artículo 11 bis

Acceso a la información y confidencialidad

1. Los proveedores de servicios de pago garantizarán que solo tengan acceso a la información recabada a efectos del presente Reglamento personas designadas o que dicho acceso se limite a las personas estrictamente necesarias para la ejecución del riesgo asumido.

2. Los proveedores de servicios de pago garantizarán el respeto de la confidencialidad de los datos objeto de tratamiento.

3. Las personas físicas que tengan acceso a los datos personales del ordenante o del beneficiario y que traten dichos datos respetarán la confidencialidad del tratamiento de los datos y las obligaciones en materia de protección de datos.

4. Las autoridades competentes se asegurarán de que se dispensa formación específica en protección de datos a las personas que recogen o tratan regularmente datos personales. [Enm. 53]

CAPÍTULO IV

SANCIONES Y SEGUIMIENTO

Artículo 17

Sanciones

1. Los Estados miembros establecerán las normas en materia de medidas y sanciones administrativas aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones establecidas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

2. Los Estados miembros velarán por que cuando los proveedores de servicios de pago estén sujetos a obligaciones, puedan aplicarse sanciones, en caso de incumplimiento, a los miembros del órgano de dirección y a las demás personas físicas responsables de la infracción con arreglo al Derecho nacional.

3. El … (*13) a más tardar, los Estados miembros notificarán las normas a que se refiere el apartado 1 a la Comisión y al Comité Mixto de la ABE, la AESPJ y la AEVM. Notificarán a la Comisión y al Comité Mixto de la ABE, la AESPJ y la AEVM sin demora cualquier modificación ulterior de las mismas.

4. Se otorgarán a las autoridades competentes todas las facultades de investigación necesarias para el ejercicio de sus funciones. Al ejercer sus facultades sancionadoras, las autoridades competentes cooperarán estrechamente para garantizar que las sanciones o medidas ofrezcan los resultados deseados, y coordinarán su actuación en el ámbito transfronterizo .

Artículo 18

Disposiciones específicas

1. El presente artículo se aplicará en los siguientes casos:

a) la reiterada omisión de información obligatoria sobre el ordenante y el beneficiario por un proveedor de servicios de pago , en contravención de lo dispuesto en los artículos 4, 5, y 6; [Enm. 54]

b) el incumplimiento grave de los proveedores de servicios de pago a la hora de garantizar la conservación de la información conforme al artículo 16;

c) el incumplimiento del proveedor de servicios de pago en lo que atañe a la obligación de implantar políticas y procedimientos eficaces, basados en el riesgo, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 12;

c bis) el incumplimiento grave de los artículos 11 y 12 por los proveedores de servicios de pago intermediarios . [Enm. 55]

2. En los casos a que se refiere el apartado 1, entre las sanciones y medidas administrativas aplicables figurarán como mínimo las siguientes:

a) una declaración pública que indique la persona física o jurídica y la naturaleza de la infracción;

b) un requerimiento dirigido a la persona física o jurídica para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla;

c) en el caso de un proveedor de servicios de pago, retirada de la autorización;

d) la imposición de una prohibición temporal de ejercer funciones en el proveedor de servicios de pago a cualquiera de los miembros del órgano de dirección o cualquier otra persona física que se considere responsable;

e) si se trata de una persona jurídica, sanciones pecuniarias administrativas de hasta el 10 % de su volumen de negocios total anual en el ejercicio anterior; cuando la persona jurídica sea una filial de una empresa matriz, el volumen de negocios total anual pertinente será el volumen de negocios total anual resultante de las cuentas consolidadas de la empresa matriz última en el ejercicio anterior;

f) si se trata de una persona física, sanciones pecuniarias administrativas de hasta 5 000 000 EUR, o, en los Estados miembros en los que el euro no es la moneda oficial, el valor correspondiente en la moneda nacional en … (*14);

g) sanciones pecuniarias administrativas de hasta el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas gracias al incumplimiento, en caso de que puedan determinarse.

Artículo 19

Publicación de las sanciones

Las autoridades competentes publicarán sin demora injustificada sanciones y medidas administrativas impuestas en los casos a que se refiere el artículo 17 y el artículo 18, apartado 1, se publicarán sin demora injustificada, en particular información sobre el tipo y la naturaleza del incumplimiento y la identidad de las personas responsables del mismo, a menos que dicha publicación pueda comprometer gravemente la estabilidad de los mercados financieros si resulta necesario y proporcionado tras una evaluación caso por caso . [Enm. 56]

Cuando la publicación pueda causar un daño desproporcionado a las partes implicadas, las autoridades competentes publicarán las sanciones de manera anónima.

Cuando una autoridad competente de un Estado miembro imponga o aplique una sanción administrativa u otra medida de conformidad con los artículos 17 y 18, deberá notificar a la ABE esta sanción o medida y las circunstancias en las que se ha impuesto o aplicado. La ABE deberá incluir esta notificación en la base de datos central de las sanciones administrativas creada de conformidad con el artículo 69 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (17) y aplicarle el mismo procedimiento que a las demás sanciones publicadas. [Enm. 57]

Artículo 20

Aplicación de las sanciones por las autoridades competentes

A la hora de determinar el tipo de sanciones o medidas administrativas y el nivel de las sanciones pecuniarias administrativas, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las circunstancias pertinentes, entre ellas:

a) la gravedad y duración de la infracción;

b) el grado de responsabilidad de la persona física o jurídica responsable;

c) la solidez financiera de la persona física o jurídica responsable, reflejada en el volumen de negocios total de la persona jurídica responsable o en los ingresos anuales de la persona física responsable;

d) la importancia de los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas por la persona física o jurídica responsable, en la medida en que puedan determinarse;

e) las pérdidas para terceros causadas por la infracción, en la medida en que puedan determinarse;

f) el nivel de cooperación de la persona física o jurídica responsable con la autoridad competente;

g) las infracciones anteriores de la persona física o jurídica responsable.

Artículo 21

Notificación de incumplimientos

1. Los Estados miembros establecerán mecanismos eficaces para alentar la notificación del incumplimiento del presente Reglamento a las autoridades competentes. Se aplicarán medidas técnicas y de organización adecuadas para proteger los datos de destrucción accidental o ilícita, pérdida accidental, alteración o difusión no autorizada. [Enm. 58]

2. Los mecanismos contemplados en el apartado 1 incluirán, como mínimo:

a) procedimientos específicos para la recepción de informes sobre incumplimientos y su seguimiento;

b) protección adecuada de los informadores y de los denunciantes de incumplimientos potenciales o reales; [Enm. 59]

c) protección de los datos personales relativos tanto a las personas que notifican un incumplimiento como a la persona física presuntamente responsable del mismo, de conformidad con los principios establecidos en la Directiva 95/46/CE.

3. Los proveedores de servicios de pago , en cooperación con las autoridades competentes, establecerán procedimientos internos adecuados para que sus empleados puedan comunicar incumplimientos a nivel interno a través de un cauce específico seguro, independiente y anónimo . [Enm. 60]

Artículo 22

Seguimiento

1. Los Estados miembros exigirán a las autoridades competentes que supervisen de forma efectiva y tomen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento. La ABE podrá emitir directrices, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) no 1093/2010, sobre el procedimiento de aplicación del presente Reglamento, teniendo en cuenta las mejores prácticas en los Estados miembros. [Enm. 61]

1 bis. La Comisión coordinará y supervisará escrupulosamente la aplicación del presente Reglamento en lo que se refiere a los proveedores de servicios de pago establecidos fuera de la Unión, y reforzará la cooperación, cuando proceda, con las autoridades de países terceros responsables de investigar y sancionar las infracciones contempladas en el artículo 18. [Enm. 62]

1 ter. Antes del 1 de enero de 2017, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación del capítulo IV, prestando especial atención a los casos transfronterizos, a los proveedores de servicios de pago de terceros países y al ejercicio por las correspondientes autoridades nacionales competentes de sus competencias de investigación y sanción. Si existe riesgo de incumplimiento en relación con el almacenamiento de datos, la Comisión tomará medidas apropiadas y eficaces, como la presentación de una propuesta para modificar el presente Reglamento. [Enm. 63]

Artículo 22 bis

Ejercicio de la delegación

1. Los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión estarán sujetos a las condiciones establecidas en el presente artículo.

2. Se facultará a la Comisión para adoptar los actos delegados a que se refiere el artículo 15, apartado 1 bis, por un período de tiempo indeterminado a partir de … (*15).

3. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 15, apartado 1 bis, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá fin a la delegación de la competencia que en ella se especifique. Surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, o en una fecha posterior especificada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Un acto delegado adoptado de conformidad con el artículo 15, apartado 1 bis, entrará en vigor únicamente si ni el Parlamento Europeo ni el Consejo han formulado objeciones en un plazo de dos meses a partir del momento en que se les ha notificado, o si, antes de haber vencido dicho plazo, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo informan a la Comisión de que no formularán objeciones. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo. [Enm. 64]

CAPÍTULO V

PODERES DE EJECUCIÓN

Artículo 23

Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, «el Comité». Dicho comité será un comité a tenor de lo dispuesto en el Reglamento (UE) no 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) no 182/2011 , a condición de que las disposiciones de aplicación aprobadas con arreglo al procedimiento establecido en el mismo no modifiquen las disposiciones básicas del presente Reglamento . [Enm. 65]

CAPÍTULO VI

EXENCIONES

Artículo 24

Acuerdos con los territorios o países no mencionados en el artículo 355 del Tratado [Enm. 66]

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1 bis, la Comisión podrá , en los casos en que la equivalencia haya sido debidamente confirmada, autorizar a cualquier Estado miembro a celebrar acuerdos, en el marco de disposiciones nacionales, con un país o territorio que no forme parte del territorio de la Unión definido en el artículo 355 del Tratado, que prevean excepciones al presente Reglamento, con el fin de permitir que las transferencias de fondos entre ese país o territorio y el Estado miembro correspondiente sean tratadas como transferencias de fondos realizadas en ese Estado miembro. [Enm. 67]

Estos acuerdos sólo podrán autorizarse si se cumplen todas las condiciones siguientes:

a) que el país o el territorio en cuestión comparta una unión monetaria con el Estado miembro de que se trate, forme parte de la zona monetaria de ese Estado miembro o haya firmado un convenio monetario con la Unión representada por un Estado miembro;

b) que los proveedores de servicios de pago del país o territorio en cuestión participen, directa o indirectamente, en los sistemas de pago y liquidación de dicho Estado miembro, y

c) que el país o el territorio en cuestión exija que los proveedores de servicios de pago bajo su jurisdicción apliquen las mismas normas que se establecen en el presente Reglamento.

2. Todo Estado miembro que desee celebrar un acuerdo según lo mencionado en el apartado 1 enviará una petición a la Comisión y le facilitará toda la información necesaria.

Cuando la Comisión reciba una petición de un Estado miembro, las transferencias de fondos entre ese Estado miembro y el país o territorio correspondiente se tratarán provisionalmente como transferencias de fondos realizadas en ese Estado miembro hasta que se alcance una decisión de conformidad con el procedimiento establecido en el presente artículo.

Si la Comisión considera que no cuenta con toda la información necesaria, se pondrá en contacto con el Estado miembro de que se trate en el plazo de dos meses desde el momento en que reciba la petición y especificará la información adicional que necesita.

Una vez que la Comisión cuente con toda la información que considere necesaria para valorar la petición, se lo notificará debidamente al Estado miembro solicitante en el plazo de un mes y transmitirá la petición a los demás Estados miembros.

3. En el plazo de tres meses desde la notificación mencionada en apartado 2, párrafo cuarto, la Comisión decidirá, de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 23, apartado 2, si autorizar al Estado miembro correspondiente a celebrar el acuerdo mencionado en el apartado 1 del presente artículo.

En cualquier caso, la decisión a que se refiere el párrafo primero se adoptará en el plazo de dieciocho meses a contar desde el momento en que la Comisión reciba la petición.

3 bis. Se velará por la continuidad ininterrumpida de las decisiones de autorización relativas a territorios dependientes o asociados ya vigentes, a saber, la Decisión de Ejecución 2012/43/UE (18) de la Comisión, la Decisión 2010/259/UE (19) de la Comisión y la Decisión 2008/982/CE (20) de la Comisión . [Enm. 68]

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES FINALES.

Artículo 25

Derogación

Queda derogado el Reglamento (CE) no 1781/2006.

Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo.

Artículo 26

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del … (*16).

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Hecho en …, el Por el Parlamento Europeo El Presidente Por el Consejo El Presidente

(1) DO C 166 de 12.6.2013, p. 2.

(2) DO C 271 de 19.9.2013, p. 31.

(3) Posición del Parlamento Europeo de 11 de marzo de 2014.

(4) Reglamento (CE) no 2580/2001, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (DO L 344 de 28.12.2001, p. 70).

(5) Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con la red Al-Qaida (DO L 139 de 29.5.2002, p. 9).

(6) Directiva …/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L … de …, p.).

(*1) El número, la fecha y la referencia del DO de la Directiva aprobada que figura en el documento 2013/0025(COD).

(7) Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos ( DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).

(*2) El número de la Directiva aprobada que figura en el documento 2013/0025(COD).

(8) Reglamento (CE) no 924/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativo a los pagos transfronterizos en la Comunidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 2560/2001 (DO L 266 de 9.10.2009, p. 11).

(9) Reglamento (UE) no 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 924/2009 (DO L 94 de 30.3.2012, p. 22).

(10) Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE (DO L 319 de 5.12.2007, p. 1).

(*3) El número de la Directiva aprobada que figura en el documento 2013/0025(COD).

(*4) El número de la Directiva aprobada que figura en el documento 2013/0025(COD).

(11) Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión no 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12).

(12) Reglamento (UE) no 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión no 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 48).

(13) Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión no 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

(14) Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

(15) DO L 345 de 8.12.2006, p. 1.

(*5) El número de la Directiva aprobada que figura en el documento 2013/0025(COD).

(16) DO C 32 de 4.2.2014, p. 9.

(*6) El número de la Directiva aprobada que figura en el documento 2013/0025(COD).

(*7) El número de la Directiva aprobada que figura en el documento 2013/0025(COD).

(*8) El número de la Directiva aprobada que figura en el documento 2013/0025(COD).

(*9) El número de la Directiva aprobada que figura en el documento 2013/0025(COD).

(*10) El número de la Directiva aprobada que figura en el documento 2013/0025(COD).

(*11) El número de la Directiva aprobada que figura en el documento 2013/0025(COD).

(*12) El número de la Directiva aprobada que figura en el documento 2013/0025(COD).

(*13) 24 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

(*14) La fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

(17) Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).

(*15) Dos años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

(18) Decisión de Ejecución 2012/43/UE de la Comisión, de 25 de enero de 2012, por la que se autoriza al Reino de Dinamarca a celebrar acuerdos con Groenlandia y las Islas Feroe para que las transferencias de fondos entre Dinamarca y cada uno de esos territorios se traten como transferencias de fondos dentro de Dinamarca, de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 24 de 27.1.2012, p. 12).

(19) Decisión 2010/259/UE de la Comisión, de 4 de mayo de 2010, por la que se autoriza a la República Francesa a celebrar un acuerdo con el Principado de Mónaco para que las transferencias de fondos entre la República Francesa y el Principado de Mónaco se traten como transferencias de fondos dentro de la República Francesa, de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 112 de 5.5.2010, p. 23).

(20) Decisión 2008/982/CE de la Comisión, de 8 de diciembre de 2008 , por la que se autoriza al Reino Unido a celebrar un acuerdo con la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man para que las transferencias de fondos entre el Reino Unido y cada uno de estos territorios se traten como transferencias de fondos en el Reino Unido, de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 352 de 31.12.2008, p. 34).

(*16) La fecha de transposición de la Directiva aprobada que figura en el documento 2013/0025(COD).