A4-0355/96

Resolución sobre la Comunicación de la Comisión «Plan de Acción sobre el acceso de los consumidores a la justicia y la solución de litigios en materia de consumo en el mercado interior» (COM(96)0013 - C4-0195/96)

El Parlamento Europeo,

- Vista la Comunicación de la Comisión (COM(96)0013 - C4-0195/96),

- Vistos los Tratados constitutivos, modificados por el Tratado de la Unión Europea y, en particular, los artículos 6 y 129 A del Tratado CE,

- Visto el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil ((DO C 189 del 28.7.1990, pág. 1.)),

- Vista la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa ((DO L 250 del 19.9.1984, pág. 17.)),

- Vista la Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales ((DO L 372 del 31.12.1985, pág. 31.)),

- Vista su Resolución de 13 de marzo de 1987 sobre la compensación a los consumidores ((DO C 99 del 13.4.1987, pág. 203.)),

- Visto el Convenio de Roma del 19 de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales ((DO L 266 del 9.10.1980, pág. 1.)),

- Vista la Directiva 93/13/CEE del 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores ((DO L 95 del 21.4.1993, pág. 29.)),

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor (A4-0355/96),

A. Considerando que la realización del mercado interior y la gran movilidad de los consumidores comunitarios en toda la Unión Europea han supuesto el derecho a efectuar compras en otro Estado miembro y, para los agentes económicos, el derecho de vender a distancia bienes y servicios y en especial el incremento de las operaciones comerciales transfronterizas,

B. Considerando, sin embargo, que estas posibilidades y el ejercicio de estos derechos de los consumidores y de los agentes económicos provocan numerosos litigios transfronterizos en materia de consumo,

C. Considerando que estos litigios, por su propia naturaleza, conllevan una serie de problemas, como la dificultad de incoar un procedimiento ante el juez del lugar de residencia del demandado, las dificultades inherentes a los documentos de prueba necesarios para la instrucción, las dificultades relativas a las notificaciones en el extranjero, la ejecución de la sentencia en un país que no sea el del juez que ha emitido la sentencia y todo lo relativo al procedimiento que se debe seguir, y que estas dificultades acaban disuadiendo al consumidor de hacer valer efectivamente sus derechos,

D. Considerando que un documento uniforme diseñado para la formalización de las reclamaciones transfronterizas de pequeña cuantía podría ser un instrumento adecuado para suministrar al consumidor toda la información relevante sobre la ley aplicable al fondo, la ley del foro, las acciones que el Derecho le ampara, así como los procedimientos extrajudiciales de solución de controversias disponibles,

E. Considerando que a estos problemas se añade la característica principal de las controversias en materia de consumo, esto es, la desproporción entre el valor económico del contencioso y los gastos que supone interponer un recurso,

F. Considerando que es necesario ofrecer al ciudadano europeo en general los instrumentos adecuados para resolver los litigios transfronterizos en materia de consumo, incluso las pequeñas, a un costo accesible y con las debidas garantías,

G. Considerando que el mejor método para solucionar los litigios transfronterizos que afectan a los consumidores es crear documentos uniformes orientados a la solución de dichas controversias,

H. Considerando que el acceso a la justicia es al mismo tiempo un derecho humano fundamental y una condición necesaria de garantía para la certeza del Derecho, tanto nacional como comunitario,

I. Comprobando que casi todos los Estados miembros prevén la posibilidad de que el consumidor, además de los procedimientos judiciales, tenga acceso, con carácter voluntario, a numerosas acciones extrajudiciales en materia de consumo,

J. Señalando que es necesario que dichos procedimientos satisfagan unos criterios mínimos que garanticen la imparcialidad del órgano judicial, la eficacia del procedimiento, y la publicidad y la transparencia de la actuación,

K. Recordando que se debe garantizar al consumidor la posibilidad, una vez agotados sin resultado todos los procedimientos extrajudiciales de conciliación, de recurrir a las vías judiciales ordinarias, en el respeto del principio de eficacia y de la certeza del Derecho,

L. Comprobando, además, que en casi todos los Estados miembros se han modificado los procedimientos judiciales existentes, mediante la creación de procedimientos especiales y simplificados a disposición de los consumidores,

M. Considerando favorablemente el «Plan de Acción» de la Comisión,

N. Considerando que el fundamento jurídico de las iniciativas contempladas en el «Plan de Acción sobre el acceso de los consumidores a la justicia y la solución de litigios en materia de consumo en el mercado interior» solamente puede constituirlo el artículo 129 A del Tratado CE,

O. Considerando que el Tratado CE, modificado por el Tratado de la Unión Europea, establece en el artículo 6 el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, lo que implica la obligación de garantizar el acceso a la justicia a todos los consumidores en igualdad de condiciones,

P. Considerando que los Estados miembros de la Unión Europea deben favorecer la cooperación judicial en la Unión Europea, aprovechando al máximo las posibilidades que ofrece el artículo K.1 del TUE,

Q. Considerando que las acciones previstas en el Plan de Acción pueden considerarse complementarias a la propuesta de directiva relativa a las acciones inhibitorias en materia de protección de los intereses de los consumidores y que pueden completar los proyectos piloto encaminados a favorecer el acceso de los consumidores a la justicia ((DO C 107 de 13.4.1996, pág. 3)),

R. Considerando que la importancia del problema del acceso de los consumidores a la justicia justifica una acción comunitaria, ya que dicho objetivo no podrá alcanzarse de manera adecuada mediante acciones individuales de los Estados miembros,

S. Considerando que es necesario elaborar un marco operativo coherente que haga efectivo el acceso de los consumidores a la justicia,

1. Pide a la Comisión que tenga en cuenta las observaciones generales incluidas en la presente resolución;

2. Concuerda con la Comisión en que es necesario crear un formulario europeo simplificado para las controversias intracomunitarias de valor inferior a un cierto importe, con objeto de facilitar el acceso a los procedimientos jurisdiccionales y extrajudiciales y pide a la Comisión que elabore un formulario europeo en función de las etapas señaladas en el Plan de Acción;

3. Pide a la Comisión que elabore otras propuestas para mejorar el acceso de los ciudadanos europeos no residentes a los procedimientos jurisdiccionales nacionales;

4. Pide a la Comisión que reduzca el período experimental de acceso a los procedimientos judiciales y extrajudiciales recogidos en el Anexo 1, «Calendario indicativo referente a las medidas que se deberían adoptar para la aplicación de las iniciativas previstas» de la Comunicación de la Comisión;

5. Acoge con satisfacción la publicación por parte de la Comisión de la «Guía a la asistencia judicial en el Espacio Económico Europeo» disponible en todas las lenguas comunitarias y divulgada gratuitamente a todos los interesados;

6. Exhorta a la Comisión a que continúe con los proyectos piloto encaminados a promover y favorecer la cooperación entre las organizaciones de consumidores;

7. Considera, por lo que respecta a los comportamientos comerciales ilícitos, que los Estados miembros deben fomentar la actuación de las asociaciones de consumidores, de profesionales y fabricantes como mandatarias de los titulares individuales en las acciones de reclamación, además de reconocer a dichas asociaciones la legitimación activa para el ejercicio de acción de interés colectivo frente a determinados comportamientos comerciales ilícitos ya contemplados en los ordenamientos jurídicos nacionales, previendo, además, la posibilidad de que éstas sean consultadas sobre la eventual acumulación de procedimientos con la misma parte contraria y sobre el mismo objeto;

8. Exhorta a la Comisión a que informe al Parlamento Europeo sobre el curso de los trabajos de aplicación de las diferentes etapas previstas en el Plan de Acción;

9. Exhorta a los Estados miembros a que fomenten, mediante medidas legales o administrativas, que las empresas de los Estados miembros de la Unión Europea, que vendan productos o que presten servicios en su territorio, cuenten con un apoderado permanente (por ejemplo, una sucursal propia, una filial, otra empresa, una asociación o una organización independiente)- que, en nombre de la empresa, y por cuenta de ésta, pueda alcanzar soluciones extrajudiciales a las reclamaciones de los consumidores que puedan surgir en el marco de las operaciones comerciales transfronterizas concluidas por dichas empresas;

10. Exhorta a los Estados miembros a que favorezcan al máximo la creación de procedimientos no jurisdiccionales para la solución de controversias en materia de consumo y que simplifiquen aún más los trámites para acceder a dichos procedimientos, en el respeto de los principios de independencia e imparcialidad del órgano decisorio, así como de la eficacia y la transparencia del procedimiento; el funcionamiento y creación de los mismos deberán ser el producto de una concertación con las organizaciones de consumidores y comerciales sometidas a un control administrativo;

11. Reconoce la importancia de los instrumentos de conciliación existentes en la materia, entre ellos los Convenios de Bruselas y de Roma citados, pero señala que dichos instrumentos ya no son suficientes para resolver las controversias transfronterizas en materia de consumo y, en particular, los problemas que se plantean;

12. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión y, para información, al Consejo y a los Parlamentos de los Estados miembros.