Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO sobre la celebración por la Comunidad Europea del Protocolo de 2002 al Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 1974

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. INTRODUCCIÓN

La revisión del Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 1974, abordó algunas deficiencias significativas de que adolecía la reglamentación sobre la responsabilidad de los transportistas marítimos de pasajeros a nivel internacional. Los trabajos culminaron con la aprobación del Protocolo de 2002 al Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 1974 (el "Protocolo de Atenas").

El Protocolo de Atenas es importante para la Comunidad en dos sentidos distintos. En primer lugar, parte de sus disposiciones son competencia comunitaria, lo que obliga a que la Comunidad se convierta en Parte Contratante antes de que los Estados miembros puedan hacerlo a su vez. En segundo lugar, Protocolo versa sobre la adecuada indemnización de los pasajeros marítimos, lo que constituye un objetivo clave de la política de seguridad marítima de la Comunidad.

2. COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA COMUNIDAD

Los artículos 10 y 11 de Protocolo de Atenas regulan la jurisdicción, así como el reconocimiento y ejecución de los fallos judiciales dictados en virtud del mismo. Sobre estas materias la Comunidad ha adquirido competencia exclusiva tras la adopción del Reglamento 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil el 22 de diciembre de 2000 [1]. El Reglamento es obligatorio para todos los Estados miembros de la UE salvo Dinamarca [2]. Puesto que los artículos 10 y 11 del Protocolo de Atenas, que sustituyen o modifican los artículos 17 y 17 bis del Convenio de Atenas, afectan a lo dispuesto en el Reglamento 44/2001, los Estados miembros no pueden asumir obligaciones con terceros países en estas materias fuera del marco de las instituciones comunitarias.

[1] DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.

[2] De conformidad con el Protocolo sobre la Posición de Dinamarca, anexo al Tratado de la Unión Europea, Dinamarca no participó en la adopción del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo y no está vinculada ni sujeta a su aplicación. Las relaciones entre Dinamarca y los demás Estados miembros de la UE están regidas por el Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Para una versión consolidada de dicho texto, véase DO C 27 de 26.11.1998, p.1.

El 8 de octubre de 2001 la Comisión recibió del Consejo el mandato de negociar en nombre de la Comunidad determinadas partes del Protocolo de Atenas. El mandato se centraba específicamente en la necesidad de que el nuevo Protocolo permitiera a la Comunidad convertirse en Parte Contratante. En segundo lugar, el Consejo expresó su deseo de que se eliminase del texto un párrafo que consagraba la jurisdicción de los tribunales del Estado en el que se encuentren el domicilio o la residencia habitual del demandante si el demandado presta servicio con origen o destino en dicho Estado y está sujeto a su jurisdicción (la denominada "Quinta" jurisdicción), al considerarlo incompatible con el régimen del Reglamento 44/2001. En tercer lugar, el mandato de negociación indicaba que debería contemplarse la posibilidad de seguir aplicando la normativa comunitaria en materia de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales entre los Estados miembros de la UE.

Las negociaciones se desarrollaron en una serie de reuniones del Comité Jurídico de la OMI, así como en otras reuniones informativas de carácter más informal, algunas organizadas por la Comisión y otras por la propia Conferencia diplomática. El Protocolo final incluye en su artículo 19 la posibilidad de que las "organizaciones regionales de integración económica" se conviertan en Partes Contratantes, lo que sucede por primera vez en un instrumento de la OMI. Además, el Protocolo no contiene la "Quinta" jurisdicción, y permite a las Partes aplicar entre ellas otras reglas para el reconocimiento y ejecución de fallos, siempre que su efecto sea asegurar que los fallos se reconocen y ejecutan al menos en la misma medida en que se haría de conformidad con lo dispuesto en el Convenio (párrafo 3 del artículo 11). Así pues, la Comisión ha culminado con éxito las negociaciones objeto del mandato del Consejo.

El Protocolo de Atenas regula asuntos de gran importancia para la Comunidad. Es un acuerdo "mixto" que contiene elementos de exclusiva competencia comunitaria, y otros que son competencia de los Estados miembros. En tales situaciones existe una interdependencia entre la celebración del acuerdo por parte de la Comunidad y de sus Estados miembros. En concreto, los Estados miembros no pueden celebrar tal acuerdo hasta que lo haga la Comunidad. Por este motivo, y dada la obvia importancia de no retrasar la regulación de una adecuada protección de los pasajeros marítimos, se considera de la mayor prioridad que la Comunidad celebre el Protocolo lo antes posible.

3. RESPONSABILIDAD DE LOS TRANSPORTISTAS MARÍTIMOS DE PASAJEROS

La adecuada protección de los pasajeros que viajan a bordo de buques interesa seriamente a la Comisión. En la actualidad, la responsabilidad de los transportistas marítimos de pasajeros no está sujeta a normas plenamente armonizadas, ni internacionalmente ni a nivel europeo. No existe legislación comunitaria en la materia y la protección de los pasajeros difiere según los Estados miembros, dependiendo de los convenios internacionales y enmiendas a los mismos ratificados por el Estado en que se resuelva la demanda. En consecuencia, las indemnizaciones máximas por muerte o lesiones de los pasajeros varían en gran medida entre los Estados miembros de la UE. Por añadidura, ninguno de los convenios o protocolos aplicables estipula una responsabilidad objetiva del transportista o la obligación que incumbe a éste de contratar pólizas de seguros para hacer frente a las demandas de sus pasajeros.

Por estos motivos, en su Comunicación sobre el refuerzo de la seguridad de los buques de pasaje en la Comunidad (COM(2002)158 final de 25.3.2002), la Comisión presentaba sus tesis en relación con una serie de elementos esenciales que deberían formar parte de un régimen viable de responsabilidad respecto de los pasajeros del transporte marítimo, añadiendo que dicho régimen debería implantarse en la UE en un futuro próximo. La Comunicación coincidió con la revisión de la normativa internacional sobre responsabilidad de los transportistas marítimos de pasajeros. La Comunicación señalaba una serie de cuestiones de fondo (incluida la naturaleza y grado de la responsabilidad del transportista y los requisitos mínimos en materia de seguros) que, en opinión de la Comisión, estaban insuficientemente regulados en la versión precedente del Convenio de Atenas.

Se consideró que si el nuevo régimen internacional satisfacía todos los elementos clave enumerados por la Comisión, o cuando menos no impedía su aplicación, sería preferible encuadrar el régimen de la UE en el contexto del régimen internacional de responsabilidad. El Protocolo de 2002 al Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 1974, aprobado el 1 de noviembre de 2002, satisface todos los requisitos formulados por la Comisión.

En consecuencia, se propone que la Comunidad se convierta en Parte Contratante en el Protocolo de Atenas en el plazo más breve posible, y que los Estados miembros hagan lo propio antes de que finalice 2005. Esto significaría un progreso significativo en la política comunitaria de seguridad marítima de los pasajeros.

4. ACTUACIONES FUTURAS

Para alcanzar un régimen uniforme y adecuado de responsabilidad con respecto a los pasajeros en la Comunidad, la celebración por parte de la Comunidad del Protocolo de Atenas debe complementarse en un futuro próximo con un reglamento que incorpore sus disposiciones al Derecho comunitario. Ello haría las prescripciones del Protocolo plenamente aplicables en virtud de la legislación comunitaria, y por otra parte, coincidiría con los mecanismos introducidos en el sector del transporte aéreo, donde la Comunidad, mediante el Reglamento (CE) nº 2027/97 sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, ha instaurado ya un régimen de responsabilidad de amplio alcance.

Así pues, la Comisión propondrá en una segunda fase, no más tarde de 2004, un reglamento de aplicación de las prescripciones del Protocolo de Atenas en materia de responsabilidad por muerte y lesiones de los pasajeros. El futuro reglamento garantizará una aplicación y cumplimiento armonizados de las normas de responsabilidad en este ámbito en la Comunidad.

2003/0132 (AVC)

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO sobre la celebración por la Comunidad Europea del Protocolo de 2002 al Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 1974

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 65 en conjunción con la primera frase del párrafo primero del apartado 2 del artículo 300 y la primera frase del párrafo segundo del apartado 3 del artículo 300,

Vista la propuesta de la Comisión [3],

[3] DO C [...] de [...], p. [...].

Visto el dictamen conforme del Parlamento Europeo [4],

[4] DO C [...], [...], p. [...].

Considerando lo siguiente:

(1) El Protocolo de 2002 al Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 1974 (el 'Protocolo de Atenas') supone una mejora importante del régimen que regula la responsabilidad de los transportistas marítimos y la indemnización a sus pasajeros. En particular, prescribe la responsabilidad objetiva del transportista y la obligación que incumbe a éste de disponer de un seguro, y contempla la reclamación directa al asegurador, hasta un límite especificado. En consecuencia, el Protocolo concuerda con el objetivo comunitario de mejorar el régimen jurídico en relación con la responsabilidad de los transportistas.

(2) El Protocolo de Atenas enmienda el Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 1974, y dispone, en su artículo 15, que los dos instrumentos serán leídos e interpretados como constitutivos de un instrumento único por las Partes en el Protocolo.

(3) Los artículos 10 y 11 del Protocolo regulan asuntos que afectan a normas comunitarias, a saber, las prescritas en el Reglamento 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [5]. Por ello los Estados miembros no pueden asumir obligaciones con terceros países en relación con dichos asuntos al margen de las instituciones de la Comunidad.

[5] DO L 12 de 16.1.2001, p. 1. El Reglamento es obligatorio para todos los Estados miembros de la UE salvo Dinamarca.

(4) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la Posición de Dinamarca, anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participó en la adopción de esta Decisión.

(5) El Protocolo está abierto a la firma de las Partes Contratantes entre el 1 de mayo de 2003 y el 30 de abril de 2004.

(6) El Protocolo de Atenas está abierto a la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión tanto de los Estados como de las organizaciones regionales de integración económica constituidas por Estados soberanos que les han transferido su competencia en ciertos asuntos que dicho Protocolo rige.

(7) Con arreglo a lo dispuesto en la letra a) del párrafo 2) del artículo 17 del Protocolo, los Estados podrán manifestar su consentimiento en obligarse por el Protocolo mediante firma sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación o aprobación. La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se efectuarán mediante el depósito del pertinente instrumento ante el Secretario General de la Organización Marítima Internacional.

(8) De conformidad con lo estipulado en el artículo 19 del Protocolo de Atenas, las organizaciones regionales de integración económica deberán declarar en su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el alcance de sus competencias en los asuntos regidos por el Protocolo.

(9) En consecuencia, la Comunidad puede aprobar el Protocolo de Atenas.

DECIDE:

Artículo 1

Queda aprobado, en nombre de la Comunidad, el Protocolo de 2002 al Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 1974 (El "Protocolo de Atenas").

El texto del Protocolo se reproduce en el Anexo 1 de la presente Decisión.

Artículo 2

Se autoriza al Presidente del Consejo a que designe a la persona o personas facultadas para firmar el Protocolo de Atenas sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación o aprobación, de conformidad con la letra a) del párrafo 2) del artículo 17 y el artículo 19 de dicho Protocolo.

En el momento de la firma, la Comunidad efectuará la declaración de competencias que figura en el Anexo 2 de la presente Decisión, de conformidad con lo estipulado en el artículo 19 del Protocolo de Atenas.

Artículo 3

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para convertirse en Partes Contratantes en el Protocolo de Atenas lo antes posible, y en todo caso, no más tarde del 31 de diciembre de 2005.

Hecho en

Por el Consejo

El Presidente

ANEXO 1 PROTOCOLO DE 2002 AL CONVENIO DE ATENAS RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, 1974

Los Estados Partes en el presente Protocolo,

CONSIDERANDO que es deseable revisar el Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, hecho en Atenas el 13 de diciembre de 1974, con objeto de incrementar las cuantías de indemnización, introducir un régimen de responsabilidad objetiva, establecer un procedimiento simplificado para la actualización de las cuantías de limitación y garantizar un seguro obligatorio en beneficio de los pasajeros,

RECORDANDO que en el Protocolo de 1976 correspondiente al Convenio se introduce el Derecho Especial de Giro como unidad de cuenta en lugar del franco oro,

HABIENDO OBSERVADO que el Protocolo de 1990 que enmienda el Convenio, en el que se estipula el incremento de las cuantías de indemnización y el establecimiento de un procedimiento simplificado para actualizar las cuantías de limitación, no ha entrado en vigor,

CONVIENEN:

ARTÍCULO 1

A los efectos del presente Protocolo:

1 "Convenio" es el texto del Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 1974.

2 "Organización" es la Organización Marítima Internacional.

3 "Secretario General" es el Secretario General de la Organización.

ARTÍCULO 2

El párrafo 1 del artículo 1 del Convenio se sustituye por el texto siguiente:

1

a) "transportista" es toda persona que concierta, o en cuyo nombre se concierta, un contrato de transporte, tanto si el transporte es efectuado por dicha persona como por un transportista ejecutor;

b) "transportista ejecutor" es una persona distinta del transportista que, ya siendo el propietario, el fletador o la empresa explotadora del buque, efectúa de hecho la totalidad o parte del transporte;

c) "transportista que efectúa de hecho la totalidad o parte del transporte" es el transportista ejecutor o, en la medida en que efectúe de hecho el transporte, el transportista.

ARTÍCULO 3

1 El párrafo 10 del artículo 1 del Convenio se sustituye por el texto siguiente:

10 "Organización" es la Organización Marítima Internacional.

2 Se agrega el texto siguiente al artículo 1 del Convenio como párrafo 11:

11 "Secretario General" es el Secretario General de la Organización.

ARTÍCULO 4

El artículo 3 del Convenio se sustituye por el texto siguiente:

Artículo 3 Responsabilidad del transportista

1 El transportista será responsable de las pérdidas originadas por la muerte o las lesiones de un pasajero causadas por un suceso relacionado con la navegación, en la medida en que tales pérdidas no excedan de 250 000 unidades de cuenta por dicho pasajero en cada caso concreto, a menos que el transportista demuestre que el suceso:

a) resultó de un acto de guerra, hostilidades, guerra civil, insurrección o un fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable e irresistible

b) fue totalmente causado por una acción u omisión intencionada de un tercero para causarlo.

Si tales pérdidas exceden de ese límite, y en la medida en que lo hagan, el transportista será también responsable, a menos que demuestre que el suceso que originó las pérdidas no es imputable a su culpa o negligencia.

2 El transportista será responsable de las pérdidas originadas por la muerte o las lesiones de un pasajero causadas por un suceso no relacionado con la navegación, si el suceso que originó la pérdida es imputable a la culpa o negligencia del transportista. La carga de la prueba de tal culpa o negligencia recae en el demandante.

3 El transportista será responsable de las pérdidas originadas por la pérdida o daños sufridos por el equipaje de camarote si el suceso que originó las pérdidas es imputable a su culpa o negligencia. Se presumirá la culpa o negligencia del transportista cuando las pérdidas hayan sido resultado de un suceso relacionado con la navegación.

4 El transportista será responsable de las pérdidas originadas por la pérdida o daños sufridos por el equipaje que no sea de camarote, a menos que demuestre que el suceso que originó las pérdidas no es imputable a su culpa o negligencia.

5 A los efectos del presente artículo:

a) por "suceso relacionado con la navegación" se entiende naufragio, zozobra, abordaje, varada, explosión, incendio o deficiencia del buque

b) por "culpa o negligencia del transportista" se entiende también la de sus empleados o agentes, si éstos actuaron en el desempeño de sus funciones

c) por "deficiencia del buque" se entiende cualquier funcionamiento defectuoso, fallo o incumplimiento de las reglas de seguridad aplicables con respecto a cualquier parte del buque o de su equipo que se utilice para el escape, la evacuación, el embarco y el desembarco de los pasajeros; o que se utilice para la propulsión, el gobierno, la seguridad de la navegación, el amarre, el fondeo, la llegada o la salida de un puesto de atraque o fondeadero, o la contención de la avería después de inundación; o que se utilice para la puesta a flote de los dispositivos de salvamento

d) por "pérdidas" no se entenderán los daños punitivos o ejemplares.

6 La responsabilidad del transportista en virtud del presente artículo se extiende solamente a las pérdidas originadas por sucesos acaecidos durante el transporte. La carga de la prueba de que el suceso causante de las pérdidas ocurrió durante el transporte, y de la magnitud de las pérdidas, recae en el demandante.

7 Nada de lo dispuesto en el presente Convenio irá en perjuicio de los derechos del transportista de presentar un recurso contra terceros ni de alegar negligencia concurrente en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del presente Convenio. Nada de lo dispuesto en el presente artículo irá en perjuicio de los derechos de limitación de la responsabilidad contemplados en los artículos 7 y 8 del presente Convenio.

8 Ni la presunción de la culpa o negligencia de una parte ni el hecho de que la carga de la prueba recaiga en una parte impedirán que se presenten pruebas a favor de dicha parte.

ARTÍCULO 5

Se agrega el texto siguiente como artículo 4bis del Convenio:

Artículo 4bis Seguro obligatorio

1 Cuando los pasajeros viajen a bordo de un buque matriculado en un Estado Parte que esté autorizado a transportar más de doce pasajeros, y el presente Convenio sea aplicable, cualquier transportista que efectúe de hecho la totalidad o parte del transporte habrá de mantener un seguro u otra garantía financiera, tal como una garantía bancaria o de entidad financiera similar, que cubra su responsabilidad en virtud del presente Convenio con respecto a la muerte y lesiones de los pasajeros. El límite del seguro obligatorio u otra garantía financiera no será inferior a 250.000 unidades de cuenta por pasajero en cada caso concreto.

2 A cada buque se le expedirá un certificado que atestigüe que el seguro u otra garantía financiera está en vigor de conformidad con lo dispuesto en el presente Convenio, una vez que la autoridad competente de un Estado Parte haya establecido que se ha dado cumplimiento a lo prescrito en el párrafo 1. Por lo que respecta a un buque que esté matriculado en un Estado Parte, expedirá el certificado o lo refrendará la autoridad competente del Estado de matrícula del buque; en el caso de un buque que no esté matriculado en un Estado Parte lo podrá expedir o refrendar la autoridad competente de cualquier Estado Parte. El certificado se ajustará al modelo que figura en el anexo del presente Convenio y contendrá los pormenores siguientes:

a) nombre del buque, número o letras distintivos y puerto de matrícula

b) nombre y establecimiento principal del transportista que efectúe de hecho la totalidad o parte del transporte

c) número IMO de identificación del buque

d) tipo de garantía y duración de la misma

e) nombre y establecimiento principal del asegurador o de la otra persona que provea la garantía financiera y, cuando proceda, el lugar en que se haya establecido el seguro u otra garantía financiera

f) periodo de validez del certificado, que no será mayor que el periodo de validez del seguro u otra garantía financiera.

3 a) Todo Estado Parte podrá autorizar a una institución o a una organización reconocida por él a que expida el certificado. Tal institución u organización informará a este Estado de la expedición de cada certificado. En todos los casos, los Estados Partes garantizarán plenamente la integridad y exactitud del certificado así expedido y se comprometerán a garantizar los medios necesarios para cumplir esa obligación.

b) Todo Estado Parte comunicará al Secretario General:

i) las responsabilidades y las condiciones concretas de la autorización concedida a una institución u organización reconocida por él

ii) la revocación de tal autorización

iii) la fecha a partir de la cual dicha autorización o revocación de autorización surtirá efecto.

La autorización concedida no surtirá efecto antes de que hayan transcurrido tres meses desde la fecha en que dicha autorización se haya comunicado al Secretario General.

c) La institución u organización autorizada para expedir certificados de conformidad con lo dispuesto en el presente párrafo estará, como mínimo, facultada para retirar los certificados si las condiciones que se impusieron al expedirlos no se cumplen. En todos los casos, la institución u organización informará al Estado en cuyo nombre se haya expedido el certificado de la retirada de éste.

4 El certificado será extendido en el idioma o los idiomas oficiales del Estado que lo expida. Si el idioma utilizado no es el español, ni el francés, ni el inglés, el texto irá acompañado de una traducción a uno de estos idiomas y, cuando el Estado así lo decida, se podrá omitir el idioma oficial de éste.

5 El certificado se llevará a bordo del buque, y se depositará una copia ante las autoridades encargadas del registro de matrícula del buque o, si el buque no está matriculado en un Estado Parte, ante las autoridades del Estado que haya expedido o refrendado el certificado.

6 El seguro u otra garantía financiera no satisfarán lo prescrito en el presente artículo si, por razones que no sean la expiración del periodo de validez del seguro o de la garantía especificado en el certificado, pudieran dejar de tener vigencia antes de que hayan transcurrido tres meses desde la fecha en que se haya dado aviso de su terminación a las autoridades mencionadas en el párrafo 5 del presente artículo, a menos que se haya entregado el certificado a dichas autoridades o se haya expedido uno nuevo dentro del citado periodo. Las disposiciones precedentes serán igualmente aplicables a cualquier modificación que tenga por resultado que el seguro u otra garantía financiera dejen de satisfacer lo prescrito en el presente artículo.

7 El Estado de matrícula del buque determinará, a reserva de lo dispuesto en el presente artículo, las condiciones de expedición y validez del certificado.

8 Nada de lo dispuesto en el presente Convenio se interpretará como un impedimento para que un Estado Parte confíe en la información obtenida de otros Estados, la Organización u otras organizaciones internacionales en relación con la solvencia de los proveedores del seguro u otra garantía financiera a los efectos del presente Convenio. En tales casos, el Estado Parte que confía en dicha información no se libera de su responsabilidad en tanto que Estado expedidor del certificado.

9 Los certificados expedidos o refrendados con la autorización de un Estado Parte serán aceptados por los otros Estados Partes a los efectos del presente Convenio y serán considerados por los demás Estados Partes como dotados de la misma validez que los certificados expedidos o refrendados por ellos, incluso si han sido expedidos o refrendados respecto de un buque no matriculado en un Estado Parte. Un Estado Parte podrá solicitar en cualquier momento consultar con el Estado que haya expedido o refrendado el certificado si estima que el asegurador o el fiador que se citan en el certificado no tienen solvencia financiera suficiente para cumplir las obligaciones que impone el presente Convenio.

10 Podrá promoverse una reclamación de indemnización, cubierta por un seguro u otra garantía financiera de conformidad con el presente artículo, directamente contra el asegurador u otra persona proveedora de la garantía financiera. En tal caso, la cuantía que figura en el párrafo 1 es aplicable como límite de la responsabilidad del asegurador u otra persona proveedora de garantía financiera, aun cuando el transportista o el transportista ejecutor no tengan derecho a limitar su responsabilidad. El demandado podrá valerse también de los medios de defensa (que no sean los de quiebra o liquidación de bienes) que el transportista al que se hace referencia en el párrafo 1 hubiese tenido derecho a invocar de conformidad con el presente Convenio. Además, el demandado podrá hacer valer como defensa que los daños resultaron de la conducta dolosa del asegurado, pero no podrá valerse de ningún otro de los medios de defensa que le hubiera sido posible invocar en una demanda incoada por el asegurado contra él. El demandado tendrá en todo caso el derecho de exigir al transportista y al transportista ejecutor que concurran con él en el procedimiento.

11 Cualesquiera sumas que puedan proporcionar el seguro o la otra garantía financiera mantenidos de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 se destinarán exclusivamente a satisfacer las reclamaciones promovidas en virtud del presente Convenio, y todo pago que se efectúe de dichas sumas descargará de cualquier responsabilidad que se derive del presente Convenio en la medida de las cuantías abonadas.

12 Un Estado Parte no permitirá que ningún buque que enarbole su pabellón y que esté sujeto a lo dispuesto en el presente artículo opere en absoluto, a menos que se le haya expedido un certificado de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 ó 15.

13 A reserva de lo dispuesto en el presente artículo, cada Estado Parte se asegurará de que, de conformidad con su legislación nacional, todo buque autorizado a transportar más de doce pasajeros, dondequiera que esté matriculado, que entre en un puerto situado en su territorio o salga de él, está cubierto por un seguro u otra garantía financiera en la cuantía establecida en el párrafo 1, en la medida en que el presente Convenio sea aplicable.

14 No obstante lo dispuesto en el párrafo 5, todo Estado Parte podrá comunicar al Secretario General que, a efectos de lo dispuesto en el párrafo 13, los buques no estarán obligados a llevar a bordo o a presentar el certificado prescrito en el párrafo 2 del presente artículo cuando entren en un puerto situado en su territorio o salgan de él, siempre y cuando el Estado Parte que expida el certificado haya comunicado al Secretario General que mantiene un registro en formato electrónico al que pueden acceder todos los Estados Partes y que atestigua la existencia del certificado y permite a los Estados Partes cumplir las obligaciones que les impone el párrafo 13.

15 Si no se mantiene un seguro u otra garantía financiera respecto de un buque que sea propiedad de un Estado Parte, las disposiciones pertinentes del presente artículo no serán de aplicación a dicho buque, pero éste habrá de llevar a bordo un certificado expedido por las autoridades competentes de su Estado de matrícula en el que se haga constar que el buque es propiedad de dicho Estado y que la responsabilidad del buque está cubierta con arreglo a la cuantía establecida en el párrafo 1. Dicho certificado se ajustará en la mayor medida posible al modelo prescrito en el párrafo 2.

ARTÍCULO 6

El artículo 7 del Convenio se sustituye por el texto siguiente:

Artículo 7 Límite de responsabilidad respecto de muertes y lesiones

1 La responsabilidad del transportista por la muerte o las lesiones de un pasajero en virtud del artículo 3 no excederá en ningún caso de 400 000 unidades de cuenta por pasajero en cada caso concreto. Si, conforme a la ley del tribunal que entienda en el asunto, se adjudica una indemnización en forma de renta, el importe del capital constitutivo de la renta no excederá de dicho límite.

2 Los Estados Partes pueden fijar el límite de responsabilidad prescrito en el párrafo 1 mediante disposiciones específicas de su legislación nacional, siempre que el límite nacional de responsabilidad, de haberlo, no sea inferior al prescrito en el párrafo 1. Los Estados Partes que utilicen la opción prevista en este párrafo informarán al Secretario General de los límites de responsabilidad adoptados o del hecho de que no los haya.

ARTÍCULO 7

El artículo 8 del Convenio se sustituye por el texto siguiente:

Artículo 8 Límite de responsabilidad respecto de pérdida o daños sufridos por el equipaje y vehículos

1 La responsabilidad del transportista por la pérdida o daños sufridos por el equipaje de camarote no excederá en ningún caso de 2 250 unidades de cuenta por pasajero y transporte.

2 La responsabilidad del transportista por la pérdida o daños sufridos por vehículos, incluidos los equipajes transportados en el interior de éstos o sobre ellos, no excederá en ningún caso de 12 700 unidades de cuenta por vehículo y transporte.

3 La responsabilidad del transportista por la pérdida o daños sufridos por equipajes que no sean los mencionados en los párrafos 1 y 2 del presente artículo no excederá en ningún caso de 3 375 unidades de cuenta por pasajero y transporte.

4 El transportista y el pasajero podrán acordar que la responsabilidad del transportista esté sujeta a una franquicia deducible no superior a 330 unidades de cuenta en caso de daños sufridos por un vehículo, y no superior a 149 unidades de cuenta por pasajero en caso de pérdida o daños sufridos por otros artículos de equipaje. Esta suma será deducida del importe a que asciendan la pérdida o daños sufridos.

ARTÍCULO 8

El artículo 9 del Convenio se sustituye por el texto siguiente:

Artículo 9 Unidad de cuenta y conversión

1 La unidad de cuenta a que se hace referencia en el presente Convenio es el Derecho Especial de Giro, tal como ha sido definido por el Fondo Monetario Internacional. Las cuantías a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 3, el párrafo 1 del artículo 4bis, el párrafo 1 del artículo 7, y el artículo 8, se convertirán en moneda nacional del Estado a que pertenezca el tribunal que entienda en el asunto, utilizando como base el valor que tenga dicha moneda en relación con el Derecho Especial de Giro en la fecha del fallo o en la fecha que hayan convenido las partes. Con respecto al Derecho Especial de Giro, el valor de la moneda nacional de un Estado Parte que sea miembro del Fondo Monetario Internacional se calculará por el método de evaluación efectivamente aplicado por el Fondo Monetario Internacional a sus operaciones y transacciones en la fecha de que se trate. Con respecto al Derecho Especial de Giro, el valor de la moneda nacional de un Estado Parte que no sea miembro del Fondo Monetario Internacional se calculará del modo que determine dicho Estado Parte.

2 No obstante, un Estado que no sea miembro del Fondo Monetario Internacional y cuya ley no permita aplicar las disposiciones del párrafo 1 podrá, cuando se produzca la ratificación, aceptación o aprobación del presente Convenio o la adhesión al mismo, o en cualquier momento posterior, declarar que la unidad de cuenta a que se hace referencia en el párrafo 1 será igual a 15 francos oro. El franco oro a que se hace referencia en el presente párrafo corresponde a 65 miligramos y medio de oro de 900 milésimas. La conversión de estas cuantías a la moneda nacional se efectuará de acuerdo con la legislación del Estado interesado.

3 El cálculo a que se hace referencia en la última frase del párrafo 1 y la conversión mencionada en el párrafo 2 se efectuarán de modo que, en la medida de lo posible, expresen en la moneda nacional de los Estados Partes las cuantías a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 3, el párrafo 1 del artículo 4bis, el párrafo 1 del artículo 7, y el artículo 8, dándoles el mismo valor real que resultaría de la aplicación de las tres primeras frases del párrafo 1. Los Estados comunicarán al Secretario General el método de cálculo seguido de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 o el resultado de la conversión que se indica en el párrafo 2, según sea el caso, al depositar el instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del presente Convenio, o de adhesión a éste, y cuando se produzca un cambio en cualquiera de aquéllos.

ARTÍCULO 9

El párrafo 3 del artículo 16 del Convenio se sustituye por el texto siguiente:

3 Para determinar los motivos de suspensión y de interrupción de los plazos de prescripción regirá la ley del tribunal que entienda en el asunto, pero en ningún caso se podrá entablar una acción en virtud del presente Convenio una vez expirado uno de los siguientes plazos:

a) un plazo de cinco años contados a partir del día de desembarco del pasajero o del día en que debería haberse efectuado el desembarco, si esta fecha fuera posterior; o, si es anterior,

b) un plazo de tres años contados a partir del momento en que el demandante tuvo o es razonable suponer que tuviera conocimiento de la lesión, pérdida o daños causados por el suceso.

ARTÍCULO 10

El artículo 17 del Convenio se sustituye por el texto siguiente:

Artículo 17 Jurisdicción competente

1 Las acciones que puedan incoarse en virtud de los artículos 3 y 4 del presente Convenio serán entabladas, a elección del demandante, ante uno de los tribunales citados a continuación, a condición de que el tribunal se encuentre en un Estado Parte en el presente Convenio y sujeto a la legislación interna del Estado Parte mediante la que se regule la jurisdicción debida en los Estados con posibles jurisdicciones múltiples:

a) el tribunal del Estado de residencia habitual o del establecimiento principal del demandado

b) el tribunal del Estado de partida o del de destino señalados en el contrato de transporte

c) el tribunal del Estado en que se encuentren el domicilio o la residencia habitual del demandante si el demandado tiene un establecimiento en ese Estado y está sujeto a su jurisdicción

d) el tribunal del Estado en que se concertó el contrato de transporte si el demandado tiene un establecimiento en ese Estado y está sujeto a su jurisdicción.

2 Las acciones que puedan incoarse en virtud del artículo 4bis del presente Convenio serán entabladas, a elección del demandante, ante uno de los tribunales competentes para entender en acciones interpuestas contra el transportista o el transportista ejecutor, según lo dispuesto en el párrafo 1.

3 Después de ocurrido el suceso causante del daño, las partes podrán acordar que el litigio sea sometido a la jurisdicción de cualquier tribunal o a arbitraje.

ARTÍCULO 11

Se agrega el texto siguiente como artículo 17bis del Convenio:

Artículo 17bis Reconocimiento y ejecución

1 Todo fallo dictado por un tribunal con jurisdicción conforme a lo dispuesto en el artículo 17, que sea de cumplimiento obligatorio en el Estado de origen y en el cual ya no esté sometido a procedimientos ordinarios de revisión, será reconocido en cualquier Estado Parte, salvo que:

a) se haya obtenido fraudulentamente

b) no se haya informado al demandado con antelación suficiente, privándolo de la oportunidad de presentar su defensa.

2 Los fallos reconocidos en virtud del párrafo 1 serán de cumplimiento obligatorio en cada Estado Parte tan pronto como se hayan satisfecho las formalidades exigidas en ese Estado. Esas formalidades no permitirán que se revise el fondo del litigio.

3 Un Estado Parte en el presente Protocolo podrá aplicar otras reglas para el reconocimiento y ejecución de fallos, siempre que su efecto sea asegurar que los fallos se reconocen y ejecutan al menos en la misma medida en que se haría de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 y 2.

ARTÍCULO 12

El artículo 18 del Convenio se sustituye por el texto siguiente:

Artículo 18 Nulidad de estipulaciones contractuales

A reserva de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 8, se tendrá por nula y sin efecto toda estipulación contractual que, convenida antes de ocurrir el hecho causante de la muerte o lesión de un pasajero o de la pérdida o daños sufridos por el equipaje del pasajero, tenga por objeto eximir a cualquier persona responsable en virtud del presente Convenio de su responsabilidad con respecto al pasajero o establecer un límite de responsabilidad inferior al fijado por el presente Convenio, y cualquier estipulación cuyo objeto sea desplazar la carga de la prueba que recae en el transportista o en el transportista ejecutor, o limitar la posibilidad de elección mencionada en los párrafos 1 ó 2 del artículo 17, si bien la nulidad de tales estipulaciones no dejará sin efecto el propio contrato de transporte, que seguirá sujeto a las disposiciones del presente Convenio.

ARTÍCULO 13

El artículo 20 del Convenio se sustituye por el texto siguiente:

Artículo 20 Daños de carácter nuclear

Los daños ocasionados por un suceso de carácter nuclear no originarán responsabilidad alguna en virtud del presente Convenio:

a) si la empresa explotadora de una instalación nuclear está obligada a responder de tales daños de conformidad con el Convenio de París de 29 de julio de 1960 acerca de la responsabilidad civil en materia de energía nuclear, enmendado por el Protocolo adicional de 28 de enero de 1964, o con la Convención de Viena de 21 de mayo de 1963 sobre responsabilidad civil por daños nucleares, o con cualquier enmienda o protocolo al respecto que estén en vigor

b) si la empresa explotadora de una instalación nuclear está obligada a responder de tales daños en virtud de una ley nacional que rija la responsabilidad derivada de ellos, siempre y cuando esa ley sea en todos los aspectos tan favorable para las personas que puedan sufrirlos como el Convenio de París o la Convención de Viena, o cualquier enmienda o protocolo al respecto que estén en vigor.

ARTÍCULO 14 Modelo de certificado

1 El modelo de certificado que figura en el anexo del presente Protocolo se incorporará como un anexo del Convenio.

2 Se agrega el texto siguiente como artículo 1bis del Convenio:

Artículo 1bis Anexo

El anexo del presente Convenio será parte integrante del Convenio.

ARTÍCULO 15 Interpretación y aplicación

1 Las Partes en el presente Protocolo leerán e interpretarán el Convenio y el presente Protocolo como constitutivos de un instrumento único.

2 El Convenio revisado por el presente Protocolo se aplicará solamente a las reclamaciones debidas a sucesos que tengan lugar después de la entrada en vigor para cada Estado del presente Protocolo.

3 Los artículos 1 a 22 del Convenio revisado por el presente Protocolo, así como los artículos 17 a 25 y el anexo del presente Protocolo constituirán lo que se designará el Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 2002.

ARTÍCULO 16

Se agrega el texto siguiente como artículo 22bis del Convenio:

Artículo 22bis Cláusulas finales del Convenio

Los artículos 17 a 25 del Protocolo de 2002 al Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 1974, constituirán las cláusulas finales del presente Convenio. Las referencias que en el presente Convenio se hagan a los Estados Partes se entenderán como referencias a los Estados Partes en dicho Protocolo.

CLÁUSULAS FINALES

ARTÍCULO 17

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1 El presente Protocolo estará abierto a la firma en la sede de la Organización desde el 1 de mayo de 2003 hasta el 30 de abril de 2004, y posteriormente seguirá abierto a la adhesión.

2 Todo Estado podrá manifestar su consentimiento en obligarse por el presente Protocolo mediante:

a) firma sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación o aprobación

b) firma a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, seguida de ratificación, aceptación o aprobación

c) adhesión.

3 La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se efectuará mediante el depósito del pertinente instrumento ante el Secretario General.

4 Cuando se deposite un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión después de haber entrado en vigor una enmienda al presente Protocolo que sea aplicable a todos los Estados Partes existentes, o después de cumplidas todas las medidas requeridas para la entrada en vigor de la enmienda respecto de esos Estados Partes, se entenderá que dicho instrumento se aplica al presente Protocolo modificado por esa enmienda.

5 Un Estado no podrá manifestar su consentimiento en obligarse por el presente Protocolo a menos que denuncie los siguientes instrumentos, si es Parte en ellos:

a) el Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, hecho en Atenas el 13 de diciembre de 1974

b) el Protocolo correspondiente al Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, hecho en Londres el 19 de noviembre de 1976

c) el Protocolo de 1990 que enmienda el Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, hecho en Londres el 29 de marzo de 1990 con efecto a partir del momento en que el presente Protocolo entre en vigor para ese Estado de conformidad con el artículo 20.

ARTÍCULO 18 Estados con más de un régimen jurídico

1 Todo Estado integrado por dos o más unidades territoriales a las que sea aplicable un régimen jurídico distinto en relación con las materias objeto del presente Protocolo podrá declarar en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión que el presente Protocolo será aplicable a todas sus unidades territoriales, o sólo a una o varias de ellas, y podrá en cualquier momento sustituir por otra su declaración original.

2 Esta declaración se comunicará al Secretario General y en ella se hará constar expresamente a qué unidades territoriales será aplicable el presente Protocolo.

3 En relación con un Estado Parte que haya hecho tal declaración:

a) las referencias al Estado de matrícula del buque y, por lo que respecta al certificado de seguro obligatorio, al Estado que lo expide o lo refrenda, se entenderán como referencias a la unidad territorial en que está matriculado el buque y que expide o refrenda el certificado, respectivamente

b) las referencias a las disposiciones de la legislación nacional, a los límites nacionales de la responsabilidad y a la moneda nacional se entenderán, respectivamente, como referencias a las disposiciones de la legislación, a los límites de la responsabilidad y a la moneda de la unidad territorial de que se trate

c) las referencias a los tribunales y a los fallos que serán reconocidos en los Estados Partes se entenderán, respectivamente, como referencias a los tribunales y a los fallos que serán reconocidos en la unidad territorial de que se trate.

ARTÍCULO 19 Organizaciones regionales de integración económica

1 Una organización regional de integración económica, constituida por Estados soberanos que le han transferido su competencia en ciertos asuntos regidos por el presente Protocolo, podrá firmar, ratificar, aceptar y aprobar el presente Protocolo o adherirse a él. Una organización regional de integración económica que sea Parte en el presente Protocolo tendrá los mismos derechos y obligaciones que un Estado Parte en la medida en que tenga competencia en asuntos regidos por el presente Protocolo.

2 Cuando una organización regional de integración económica ejerza su derecho de voto en asuntos de su competencia, tendrá un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo y que le hayan transferido su competencia en el asunto de que se trate. Una organización regional de integración económica no ejercerá su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo propio y viceversa.

3 Cuando el número de Estados Partes sea decisivo para dar efecto a lo dispuesto en el presente Protocolo, incluidos los artículos 20 y 23 del presente Protocolo pero sin limitarse a ellos, la organización regional de integración económica no contará como Estado Parte además de sus Estados miembros que sean Estados Partes.

4 En el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la organización regional de integración económica hará una declaración al Secretario General especificando los asuntos regidos por el presente Protocolo respecto de los cuales sus Estados miembros que sean signatarios del presente Protocolo o Partes en él le hayan transferido su competencia, así como cualquier otra restricción relativa al alcance de dicha competencia. La organización regional de integración económica comunicará sin demora al Secretario General cualquier cambio en la distribución de competencias, incluidas las nuevas transferencias de competencia, especificada en la declaración efectuada según lo establecido en este párrafo. El Secretario General informará sobre cualesquiera de dichas declaraciones de conformidad con lo estipulado en el artículo 24 del presente Protocolo.

5 Se supondrá que los Estados Partes que sean Estados miembros de una organización regional de integración económica que sea Parte en el presente Protocolo tendrán competencia en todos los asuntos regidos por el presente Protocolo respecto de los cuales las transferencias de competencia a dicha organización no se hayan declarado o comunicado específicamente en virtud de lo dispuesto en el párrafo 4.

ARTÍCULO 20 Entrada en vigor

1 El presente Protocolo entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 10 Estados lo hayan firmado sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación o aprobación, o bien hayan depositado instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión ante el Secretario General.

2 Para todo Estado que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo, o se adhiera a él, una vez cumplidas las condiciones relativas a la entrada en vigor que establece el párrafo 1, el presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en que tal Estado deposite el instrumento pertinente, pero no antes de que el presente Protocolo haya entrado en vigor de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1.

ARTÍCULO 21 Denuncia

1 El presente Protocolo podrá ser denunciado por cualquier Estado Parte en cualquier momento posterior a la fecha de entrada en vigor para dicho Estado.

2 La denuncia se efectuará depositando un instrumento a tal efecto ante el Secretario General.

3 La denuncia surtirá efecto doce meses después de la fecha en que se haya depositado ante el Secretario General el instrumento de denuncia, o transcurrido cualquier otro plazo más largo que se especifique en dicho instrumento.

4 Entre los Estados Partes en el presente Protocolo, la denuncia del Convenio por cualquiera de ellos de conformidad con el artículo 25 de éste, no se interpretará en modo alguno como denuncia del Convenio revisado por el presente Protocolo.

ARTÍCULO 22 Revisión y enmienda

1 La Organización podrá convocar una conferencia para revisar o enmendar el presente Protocolo.

2 La Organización convocará una conferencia de los Estados Partes en el presente Protocolo con objeto de revisar o enmendar el presente Protocolo, a petición de no menos de un tercio de los Estados Partes.

ARTÍCULO 23 Enmienda de los límites

1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22, el procedimiento especial establecido en el presente artículo se aplicará únicamente a los efectos de enmendar los límites que figuran en el párrafo 1 del artículo 3, el párrafo 1 del artículo 4 bis, el párrafo 1 del artículo 7 y el artículo 8 del Convenio revisado por el presente Protocolo.

2 A petición de por lo menos la mitad, pero en ningún caso menos de seis, de los Estados Partes en el presente Protocolo, el Secretario General distribuirá a todos los Miembros de la Organización y a todos los Estados Partes toda propuesta destinada a enmendar los límites, incluidas las franquicias deducibles, establecidos en el párrafo 1 del artículo 3, el párrafo 1 del artículo 4 bis, el párrafo 1 del artículo 7 y el artículo 8 del Convenio revisado por el presente Protocolo.

3 Toda enmienda propuesta y distribuida como acaba de indicarse será sometida a la consideración del Comité Jurídico de la Organización (en adelante "el Comité Jurídico") al menos seis meses después de la fecha de su distribución.

4 Todos los Estados Partes en el Convenio revisado por el presente Protocolo, sean o no Miembros de la Organización, tendrán derecho a participar en las deliberaciones del Comité Jurídico cuyo objeto sea examinar y adoptar enmiendas.

5 Las enmiendas se adoptarán por mayoría de dos tercios de los Estados Partes en el Convenio revisado por el presente Protocolo presentes y votantes en el Comité Jurídico ampliado tal como se dispone en el párrafo 4, a condición de que al menos la mitad de los Estados Partes en el Convenio revisado por el presente Protocolo, estén presentes en el momento de la votación.

6 En su decisión relativa a una propuesta destinada a enmendar los límites, el Comité Jurídico tendrá en cuenta la experiencia que se tenga de los sucesos y especialmente la cuantía de los daños que de ellos se deriven, la fluctuación registrada en el valor de la moneda y el efecto de la enmienda propuesta en el coste del seguro.

7 a) Ninguna enmienda relativa a los límites que se proponga en virtud del presente artículo se podrá examinar antes de transcurridos cinco años contados a partir de la fecha en que el presente Protocolo quede abierto a la firma, ni antes de transcurridos cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigor de una enmienda anterior introducida en virtud del presente artículo.

b) No se podrá aumentar ningún límite de modo que exceda de la cuantía correspondiente al límite establecido en el Convenio revisado por el presente Protocolo, incrementado en un seis por ciento anual, calculado como interés compuesto, a partir de la fecha en que el presente Protocolo quede abierto a la firma.

c) No se podrá aumentar ningún límite de modo que exceda de la cuantía correspondiente al límite establecido en el Convenio revisado por el presente Protocolo multiplicado por tres.

8 La Organización notificará a todos los Estados Partes toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 5. Se entenderá que la enmienda ha sido aceptada al final de un periodo de dieciocho meses contados a partir de la fecha de notificación, a menos que en ese periodo no menos de un cuarto de los Estados que eran Estados Partes en el momento de la adopción de la enmienda hayan comunicado al Secretario General que no aceptan dicha enmienda, en cuyo caso la enmienda se considerará rechazada y no surtirá efecto alguno.

9 Una enmienda que se considere aceptada de conformidad con el párrafo 8 entrará en vigor dieciocho meses después de su aceptación.

10 Todos los Estados Partes estarán obligados por la enmienda, salvo que denuncien el presente Protocolo de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 21 al menos seis meses antes de que la enmienda entre en vigor. Tal denuncia surtirá efecto cuando la enmienda entre en vigor.

11 Cuando una enmienda haya sido adoptada pero el periodo de dieciocho meses necesario para su aceptación no haya transcurrido aún, todo Estado que se constituya en Estado Parte durante ese periodo estará obligado por la enmienda si ésta entra en vigor. Todo Estado que se constituya en Estado Parte después de ese periodo estará obligado por toda enmienda que haya sido aceptada de conformidad con el párrafo 8. En los casos a que se hace referencia en el presente párrafo, el Estado empezará a estar obligado por una enmienda cuando ésta entre en vigor o cuando el presente Protocolo entre en vigor respecto de ese Estado, si la fecha en que ocurra esto último es posterior.

ARTÍCULO 24 Depositario

1 El presente Protocolo y toda enmienda adoptada en virtud del artículo 23 serán depositados ante el Secretario General.

2 El Secretario General:

a) informará a todos los Estados que hayan firmado el presente Protocolo o se hayan adherido al mismo de:

i) toda nueva firma o depósito de un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, así como de la fecha en que se produzca

ii) toda declaración y comunicación en virtud de los párrafos 2 y 3 del artículo 9, del párrafo 1 del artículo 18 y del párrafo 4 del artículo 19 del Convenio revisado por el presente Protocolo

iii) la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo

iv) toda propuesta destinada a enmendar los límites que se haya presentado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 23 del presente Protocolo

v) toda enmienda que haya sido adoptada de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 23 del presente Protocolo

vi) toda enmienda que se considere aceptada con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 23 del presente Protocolo, así como de la fecha en que tal enmienda entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 8 y 9 de dicho artículo

vii) todo depósito de un instrumento de denuncia del presente Protocolo, así como de la fecha del depósito y la fecha en que surtirá efecto

viii) toda comunicación exigida por cualquier artículo del presente Protocolo

b) remitirá copias auténticas certificadas del presente Protocolo a todos los Estados que hayan firmado el presente Protocolo o se hayan adherido al mismo.

3 Tan pronto como el presente Protocolo entre en vigor, el Secretario General remitirá el texto a la Secretaría de las Naciones Unidas a efectos de registro y publicación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

ARTÍCULO 25 Idiomas

El presente Protocolo está redactado en un solo ejemplar original en los idiomas árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, siendo cada texto igualmente auténtico.

HECHO EN LONDRES el día uno de noviembre de dos mil dos.

EN FE DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos al efecto, firman el presente Protocolo.

ANEXO

CERTIFICADO DE SEGURO O DE OTRA GARANTÍA FINANCIERA CON RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD POR MUERTE O LESIONES DE LOS PASAJEROS

Expedido en virtud de lo dispuesto en el artículo 4bis del Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 2002.

Nombre del buque..............................................................................

Número o letras distintivos ...............................................................

Nº IMO de identificación del buque .........................................................

Puerto de matrícula ...........................................................................

Nombre y dirección completa del establecimiento principal del transportista que efectúa de hecho el transporte ......................................................................................

Se certifica que el buque arriba mencionado está cubierto por una póliza de seguro u otra garantía financiera que satisface lo prescrito en el artículo 4bis del Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 2002.

Tipo de garantía........................................................................................................................

Duración de la garantía ............................................................................................................

Nombre y dirección del asegurador (de los aseguradores) y (o) del fiador (de los fiadores)

Nombre ......................................................................................................................................

Dirección ..................................................................................................................................

Este certificado es válido hasta ..............................................................................................

Expedido o refrendado por el Gobierno de .............................................................................

..............................................................................................................................................

(Nombre completo del Estado)

O

La siguiente fórmula se utilizará cuando un Estado Parte se acoja a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4bis:

Este certificado ha sido expedido con la autorización del Gobierno de.......................................................................... (nombre completo del Estado) por............................................................................. (nombre de la institución u organización)

En ................................... a ...........................

(Lugar) (Fecha)

........................................................................................

(Firma y título del funcionario que expide o refrenda el certificado)

Notas explicativas:

1 Opcionalmente, al designar el Estado se puede mencionar la autoridad pública competente del país en que se expide el certificado.

2 Si el importe total de la garantía procede de varias fuentes, se indicará la cuantía consignada por cada una de ellas.

3 Si la garantía se consigna en diversas formas, enumérense éstas.

4 En el epígrafe "Duración de la garantía", indíquese la fecha en que empieza a surtir efecto tal garantía.

5 En el epígrafe "Dirección" del asegurador (de los aseguradores) y (o) del fiador (de los fiadores), deberá indicarse el establecimiento principal del asegurador (de los aseguradores) y (o) del fiador (de los fiadores). Si procede, se indicará el establecimiento en el que se haya establecido el seguro u otra garantía.

ANEXO 2 DECLARACIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA CONFORME AL ARTÍCULO 19 DEL PROTOCOLO DE 2002 AL CONVENIO DE ATENAS RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, 1974

"La Comunidad Europea declara que, de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular con sus artículos 65 y 300, es competente para celebrar acuerdos internacionales y para hacer cumplir las obligaciones derivadas de los mismos que contribuyan a alcanzar los siguientes objetivos:

-- el reconocimiento y la ejecución de las sentencias;

-- la jurisdicción competente;

Por otra parte, la Comunidad Europea declara que ya adoptado instrumentos jurídicos, vinculantes para sus Estados miembros, que abarcan todos los aspectos regulados por el presente Protocolo. La Comunidad presentará y actualizará, según proceda, una lista de dichos instrumentos jurídicos al Secretario General de la Organización Marítima Internacional, de conformidad con el artículo 19 del Protocolo. Actualmente, el único de tales instrumentos es el Reglamento (CE) nº 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [6], que es obligatorio para todos los Estados miembros excepto Dinamarca.

[6] Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 12 de 16.1.2001, p. 1.

La Comunidad Europea es responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio que están reguladas por la normativa comunitaria en vigor".