POSICIÓN COMÚN (CE) N° 41/2002

adoptada por el Consejo el 25 de abril de 2002

con miras a la adopción de una Directiva 2002/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, y por la que se modifican con respecto a la participación del público y al acceso a la justicia las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo

(2002/C 170 E/02)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 1 de su artículo 175,

Vista la propuesta de la Comisión(1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(3),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(4),

Considerando lo siguiente:

(1) La legislación comunitaria en el ámbito del medio ambiente pretende contribuir a la conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente y a la protección de la salud de las personas.

(2) La legislación medioambiental comunitaria contiene disposiciones que permiten a las autoridades públicas y a otros organismos tomar decisiones que pueden tener un efecto significativo sobre el medio ambiente, así como sobre la salud y el bienestar de las personas.

(3) La participación real del público en la adopción de esas decisiones le permite expresar opiniones e inquietudes que pueden ser pertinentes y que las autoridades decisorias pueden tener en cuenta, favoreciendo de esta manera la responsabilidad y la transparencia del proceso decisorio y contribuyendo a la toma de conciencia por parte de los ciudadanos sobre los problemas medioambientales.

(4) Por consiguiente, debe fomentarse la participación pública, incluida la de asociaciones, organizaciones y grupos y, en particular, la de organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de la protección del medio ambiente.

(5) El 25 de junio de 1998, la Comunidad firmó el Convenio de la CEPE de la ONU sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente ("Convenio de Aarhus"). La legislación comunitaria debe ajustarse en consecuencia a ese Convenio con vistas a su ratificación por la Comunidad.

(6) Entre los objetivos del Convenio está el de garantizar los derechos de la participación del público en determinados tipos de toma de decisiones en materia de medio ambiente para contribuir a la protección del derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para la salud y el bienestar de las personas.

(7) El artículo 6 del Convenio de Aarhus establece disposiciones en relación con la participación del público en las decisiones sobre las actividades específicas enumeradas en su Anexo I y sobre las actividades no enumeradas que puedan tener un efecto significativo sobre el medio ambiente.

(8) El artículo 7 del Convenio de Aarhus establece disposiciones en relación con la participación del público en los planes y programas relacionados con el medio ambiente.

(9) Los apartados 2 y 4 del artículo 9 del Convenio de Aarhus establecen disposiciones en relación con la posibilidad de entablar procedimientos judiciales o de otro tipo para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de decisiones, acciones u omisiones que caigan dentro del ámbito de las disposiciones relativas a la participación del público del artículo 6 del Convenio.

(10) Deben adoptarse disposiciones en relación con determinadas directivas sobre medio ambiente que obligan a los Estados miembros a elaborar planes y programas medioambientales pero que no contienen suficientes disposiciones relacionadas con la participación del público, para velar por la participación del público en consonancia con las disposiciones del Convenio de Aarhus y, en particular, con su artículo 7.

(11) La Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(5), y la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación(6), deben modificarse para asegurar su plena compatibilidad con las disposiciones del Convenio de Aarhus y, en particular, con su artículo 6 y con los apartados 2 y 4 de su artículo 9.

(12) Dado que el objetivo de la acción pretendida, a saber, contribuir a la aplicación de las obligaciones derivadas del Convenio de Aarhus, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión y a los efectos de la acción, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Objetivo

El objetivo de la presente Directiva es contribuir a la aplicación de las obligaciones resultantes del Convenio de Aarhus, en particular:

a) disponiendo la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas medioambientales;

b) mejorando la participación del público e incluyendo disposiciones sobre acceso a la justicia en las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo.

Artículo 2

Participación del público en los planes y programas

1. A efectos del presente artículo, por "el público" se entenderá una o varias personas físicas o jurídicas y, de conformidad con el derecho o la práctica nacional, sus asociaciones, organizaciones o grupos.

2. Los Estados miembros garantizarán que el público tenga posibilidades reales de participar desde el principio en la preparación y en la modificación o revisión de los planes o de los programas que sea necesario elaborar de conformidad con las disposiciones del Anexo I.

A tal fin, los Estados miembros velarán por que:

a) se informe al público, mediante avisos públicos u otros medios apropiados, como los electrónicos, cuando se disponga de ellos, sobre cualesquiera propuestas de planes o programas, o de modificación o revisión de los mismos, y por que la información pertinente sobre dichas propuestas se ponga a disposición del público, incluida entre otras cosas la información sobre el derecho a la participación en los procesos decisorios y en relación con la autoridad competente a la que se puedan presentar comentarios o formular preguntas;

b) el público tenga derecho a expresar observaciones y opiniones, cuando estén abiertas todas las posibilidades, antes de que se adopten decisiones sobre planes y programas;

c) al adoptar esas decisiones sean debidamente tenidos en cuenta los resultados de la participación pública;

d) la autoridad competente haga esfuerzos razonables para informar al público de las decisiones adoptadas y de los motivos y consideraciones en los que se basen dichas decisiones.

3. Los Estados miembros determinarán el público que tenga derecho a participar a efectos del apartado 2, incluidas las organizaciones no gubernamentales pertinentes que cumplan los requisitos impuestos por el Derecho nacional, tales como las que trabajan en favor de la protección del medio ambiente.

Los Estados miembros determinarán las modalidades de participación del público con arreglo al presente artículo de forma que se le permita prepararse y participar eficazmente.

Se establecerán calendarios razonables que permitan plazos suficientes para cada una de las diferentes fases de participación del público mencionadas en el presente artículo.

4. El presente artículo no se aplicará a los planes y programas cuyo único objeto sea la defensa nacional o que se adopten en casos de emergencias civiles.

5. El presente artículo no se aplicará a los planes y programas enumerados en el Anexo I para los que se pone en práctica un procedimiento de participación del público con arreglo a la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente(7) o con arreglo a la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas(8).

Artículo 3

Modificación de la Directiva 85/337/CEE

La Directiva 85/337/CEE queda modificada de la siguiente manera:

1) En el apartado 2 del artículo 1 se añaden las siguientes definiciones: "'el público': una o varias personas físicas o jurídicas y, de conformidad con el derecho o la práctica nacional, sus asociaciones, organizaciones o grupos.

'el público interesado': el público afectado, o que pueda verse afectado, por procedimientos de toma de decisiones medioambientales contemplados en el apartado 2 del artículo 2, o que tenga un interés en el mismo; a efectos de la presente definición, se considerará que tienen un interés las organizaciones no gubernamentales que trabajen en favor de la protección del medio ambiente y que cumplan los requisitos pertinentes previstos por la legislación nacional.".

2) Los apartados 2 y 3 del artículo 6 se sustituyen por los apartados siguientes: "2. Se informará al público, mediante avisos públicos u otros medios apropiados, como los electrónicos cuando se disponga de ellos, de los siguientes asuntos desde una fase temprana de los procedimientos de toma de decisiones medioambientales contemplados en el apartado 2 del artículo 2 y, como muy tarde, en cuanto sea razonablemente posible facilitar información:

a) la solicitud de autorización del proyecto;

b) la circunstancia de que el proyecto está sujeto a un procedimiento de evaluación del impacto ambiental y, llegado el caso, de que es de aplicación el artículo 7;

c) datos sobre las autoridades competentes responsables de tomar la decisión, de las que pueda obtenerse información pertinente, de aquéllas a las que puedan presentarse observaciones o formularse preguntas, y de los plazos para la transmisión de tales observaciones o preguntas;

d) la naturaleza de las decisiones posibles o, en su caso, del proyecto de decisión;

e) una indicación de la disponibilidad de la información recogida con arreglo al artículo 5;

f) una indicación de las fechas y los lugares en los que se facilitará la información pertinente, así como los medios empleados para ello;

g) las modalidades de participación pública definidas con arreglo al apartado 5 del presente artículo.

3. Los Estados miembros garantizarán que, dentro de unos plazos razonables, se pongan a disposición del público interesado los siguientes elementos:

a) toda información recogida en virtud del artículo 5;

b) de conformidad con el Derecho nacional, los principales informes y dictámenes remitidos a la autoridad o a las autoridades competentes en el momento en el que el público interesado esté informado de conformidad con el apartado 2 del presente artículo;

c) de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2002/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., relativa al acceso del público a la información en materia de medio ambiente(9), la información distinta de la contemplada en el apartado 2 del presente artículo que sea pertinente para la decisión de conformidad con el artículo 8 y que sólo pueda obtenerse una vez expirado el período de información al público interesado de conformidad con el apartado 2 del presente artículo.

4. El público interesado tendrá la posibilidad real de participar desde una fase temprana en los procedimientos de toma de decisiones medioambientales contemplados en el apartado 2 del artículo 2 y, a tal efecto, tendrá derecho a expresar observaciones y opiniones, cuando estén abiertas todas las opciones, a la autoridad o a las autoridades competentes antes de que se adopte una decisión sobre la solicitud de autorización del proyecto.

5. Las modalidades de información al público (por ejemplo, mediante la colocación de carteles en un radio determinado, o la publicación de avisos en la prensa local) y de consulta al público interesado (por ejemplo, mediante el envío de notificaciones escritas o mediante una encuesta pública) serán determinadas por los Estados miembros.

6. Se establecerán calendarios razonables que permitan plazos suficientes para cada una de las diferentes fases previstas en el presente artículo.".

3) El artículo 7 queda modificado de la siguiente manera

a) los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: "1. En caso de que un Estado miembro constate que un proyecto puede tener efectos significativos en el medio ambiente en otro Estado miembro, o cuando un Estado miembro que pueda verse afectado significativamente lo solicite, el Estado miembro en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo el proyecto enviará al Estado miembro afectado, tan pronto como sea posible y no después de informar a sus propios ciudadanos, entre otras cosas, lo siguiente:

a) una descripción del proyecto, junto con toda la información disponible sobre sus posibles efectos transfronterizos;

b) información sobre la índole de la decisión que pueda tomarse,

y deberá conceder al otro Estado miembro un plazo razonable para que indique si desea participar en los procedimientos de toma de decisiones medioambientales contemplados en el apartado 2 del artículo 2, y podrá incluir la información mencionada en el apartado 2 del presente artículo.

2. Si un Estado miembro que haya recibido información con arreglo al apartado 1 indicase que tiene la intención de participar en los procedimientos de toma de decisiones medioambientales contemplados en el apartado 2 del artículo 2, el Estado miembro en cuyo territorio vaya a llevarse a cabo el proyecto enviará, si no lo ha hecho ya, al Estado miembro afectado la información que esté obligado a facilitar con arreglo al apartado 2 del artículo 6 y a poner a disposición con arreglo a las letras a) y b) del apartado 3 del artículo 6.".

b) El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: "5. Los Estados miembros interesados podrán determinar las modalidades de aplicación del presente artículo que deberán permitir que el público interesado del Estado miembro afectado pueda participar efectivamente en los procedimientos de toma de decisiones medioambientales contemplados en el apartado 2 del artículo 2 con respecto al proyecto.".

4) El apartado 2 del artículo 9 se sustituye por el texto siguiente: "2. La autoridad o las autoridades competentes informarán a todo Estado miembro que haya sido consultado con arreglo al artículo 7, remitiéndole la información referida en el apartado 1 del presente artículo.

Los Estados miembros consultados garantizarán que esa información se ponga adecuadamente a disposición del público interesado en sus propios territorios.".

5) Se añade el artículo siguiente: "Artículo 10 bis

Los Estados miembros garantizarán que, de conformidad con su Derecho interno, los miembros del público interesado:

a) que tengan un interés suficiente, o subsidiariamente,

b) que sostengan el menoscabo de un derecho, cuando la legislación en materia de procedimiento administrativo de un Estado miembro lo imponga como requisito previo,

tengan la posibilidad de presentar un recurso ante un tribunal de justicia o ante otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de decisiones, acciones u omisiones que caigan dentro del ámbito de las disposiciones relativas a la participación del público de la presente Directiva.

Los Estados miembros determinarán la fase en la que pueden impugnarse tales decisiones, acciones u omisiones.

Los Estados miembros determinarán, de manera coherente con el objetivo de facilitar al público interesado un amplio acceso a la justicia, lo que constituya el interés suficiente y el menoscabo de un derecho. Se considerará que toda organización no gubernamental que cumple los requisitos contemplados en el apartado 2 del artículo 1 tiene siempre el interés suficiente a efectos de la letra a) del presente artículo o acredita el menoscabo de un derecho a efectos de la letra b).

Las disposiciones del presente artículo no excluirán la posibilidad de un procedimiento de recurso previo ante una autoridad administrativa y no afectarán al requisito de agotamiento de los recursos administrativos previos al recurso a la vía judicial, cuando exista dicho requisito con arreglo a la legislación nacional.

Todos y cada uno de los procedimientos de recurso anteriormente enunciados serán justos y equitativos, estarán sometidos al criterio de celeridad y no serán excesivamente onerosos.

Para aumentar la eficacia de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados miembros garantizarán que se ponga a disposición del público la información relativa a los procedimientos de recurso tanto administrativos como judiciales.".

6) En el Anexo I se añade el punto siguiente: "22. Cualquier modificación o extensión de un proyecto consignado en el presente Anexo, cuando dicha modificación o extensión cumple, por sí sola, los posibles umbrales establecidos en el presente Anexo.".

7) Al final del primer guión del punto 13 del Anexo II se añade lo siguiente: "(modificación o extensión no recogidas en el Anexo I)".

Artículo 4

Modificación de la Directiva 96/61/CE

La Directiva 96/61/CE queda modificada de la siguiente manera:

1) El artículo 2 queda modificado de la siguiente manera:

a) en la letra b) del punto 10 se añade la siguiente frase: "A efectos de la presente definición, cualquier modificación o extensión de una explotación se considerará sustancial si la modificación o la extensión cumple, por sí sola, los posibles umbrales establecidos en el Anexo I.".

b) se añaden los siguientes puntos: "13. 'el público': una o varias personas físicas o jurídicas y, de conformidad con el derecho o la práctica nacional, sus asociaciones, organizaciones o grupos;

14. 'el público interesado': el público afectado o que pueda verse afectado por la toma de una decisión sobre la concesión o actualización de un permiso o de las condiciones de un permiso, o que tenga un interés en esa decisión; a efectos de la presente definición, se considerará que tienen un interés las organizaciones no gubernamentales que trabajen en favor de la protección del medio ambiente y que cumplan los requisitos pertinentes previstos por la legislación nacional.".

2) En el párrafo primero del apartado 1 del artículo 6 se añade el siguiente guión: "- un breve resumen de las principales alternativas estudiadas por el solicitante, si las hubiere".

3) El artículo 15 queda modificado de la siguiente manera:

a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: "1. Los Estados miembros garantizarán que el público interesado tenga posibilidades reales de participar en una fase temprana del procedimiento

- para la concesión de un permiso de nuevas instalaciones,

- para la concesión de un permiso relativo a cualquier cambio sustancial en la explotación de una instalación,

- para la actualización de un permiso o de las condiciones del permiso de una instalación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, cuando su impacto medioambiental sea tan relevante que resulte necesario modificar considerablemente los valores límite de emisión del permiso.

A efectos de dicha participación se aplicará el procedimiento establecido en el Anexo V.".

b) Se añade el siguiente apartado: "5. Una vez adoptada una decisión, la autoridad competente informará al público mediante los procedimientos apropiados y pondrá a su disposición la siguiente información:

a) el contenido de la decisión, incluidas una copia del permiso y de cualesquiera condiciones y actualizaciones posteriores; y

b) las razones y consideraciones sobre las que se basa la decisión.".

4) Se añade el siguiente artículo: "Artículo 15 bis

Acceso a la justicia

Los Estados miembros garantizarán que, de conformidad con su Derecho interno, los miembros del público interesado:

a) que tengan un interés suficiente, o subsidiariamente,

b) que sostengan el menoscabo de un derecho, cuando la legislación en materia de procedimiento administrativo de un Estado miembro lo imponga como requisito previo,

tengan la posibilidad de presentar un recurso ante un tribunal de justicia o ante otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de decisiones, acciones u omisiones que caigan dentro del ámbito de las disposiciones relativas a la participación del público de la presente Directiva.

Los Estados miembros determinarán la fase en la que pueden impugnarse tales decisiones, acciones u omisiones.

Los Estados miembros determinarán, de manera coherente con el objetivo de facilitar al público interesado un amplio acceso a la justicia, lo que constituya el interés suficiente y el menoscabo de un derecho. Se considerará que toda organización no gubernamental que cumple los requisitos contemplados en el apartado 14 del artículo 2 tiene siempre el interés suficiente a efectos de la letra a) del presente artículo o acredita el menoscabo de un derecho a efectos de la letra b).

Las disposiciones del presente artículo no excluirán la posibilidad de un procedimiento de recurso previo ante una autoridad administrativa y no afectarán al requisito de agotamiento de los recursos administrativos previos al recurso a la vía judicial, cuando exista dicho requisito con arreglo a la legislación nacional.

Todos y cada uno de los procedimientos de recurso anteriormente enunciados serán justos y equitativos, estarán sometidos al criterio de celeridad y no serán excesivamente onerosos.

Para aumentar la eficacia de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados miembros garantizarán que se ponga a disposición del público la información relativa a los procedimientos de recurso tanto administrativos como judiciales.".

5) El artículo 17 queda modificado de la siguiente manera:

a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: "1. En caso de que un Estado miembro constate que la explotación de una instalación puede tener efectos negativos significativos en el medio ambiente en otro Estado miembro, o cuando un Estado miembro que pueda verse afectado significativamente lo solicite, el Estado miembro en cuyo territorio se haya presentado la solicitud de autorización con arreglo al artículo 4 o al apartado 2 del artículo 12 remitirá al otro Estado miembro, al mismo tiempo que a sus propios nacionales, cualquier información que deba facilitar o poner a disposición con arreglo al Anexo V. Estos datos servirán de base para las consultas que resulten necesarias en el marco de las relaciones bilaterales entre ambos Estados sobre una base de reciprocidad e igualdad de trato."

b) Se añaden los apartados siguientes: "3. Los resultados de cualesquiera consultas realizadas con arreglo a los apartados 1 y 2 deberán ser tenidos en consideración por la autoridad competente a la hora de tomar una decisión sobre la solicitud.

4. La autoridad competente informará a todo Estado miembro que haya sido consultado con arreglo al apartado 1 de la decisión alcanzada sobre la solicitud y le remitirá la información mencionada en el apartado 5 del artículo 15. El Estado miembro interesado tomará las medidas necesarias para garantizar que esa información se ponga adecuadamente a disposición del público interesado en su propio territorio.".

6) Se añade un Anexo V que figura en el Anexo II de la presente Directiva.

Artículo 5

Aplicación

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el ...(10). Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 6

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 7

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en ...

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

Por el Consejo

El Presidente

(1) DO C 154 E de 29.5.2001, p. 123.

(2) DO C 221 de 7.8.2001, p. 65.

(3) DO C 357 de 14.12.2001, p. 58.

(4) Dictamen del Parlamento Europeo de 23 de octubre de 2001 (DO C 112 E de 9.5.2002, p. 125), Posición Común del Consejo de 25 de abril de 2002 y Decisión del Parlamento Europeo de ... (no publicada aún en el Diario Oficial).

(5) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40. Directiva modificada por la Directiva 97/11/CE (DO L 73 de 14.3.1997, p. 5).

(6) DO L 257 de 10.10.1996, p. 26.

(7) DO L 197 de 21.7.2001, p. 30.

(8) DO L 327 de 22.12.2000, p. 1. Directiva modificada por la Decisión n° 2455/2001/CE (DO L 331 de 15.12.2001, p. 1).

(9) DO ...

(10) 2 años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

ANEXO I

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS PLANES Y PROGRAMAS REFERIDOS EN EL ARTÍCULO 2

a) Apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos(1).

b) Artículo 6 de la Directiva 91/157/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas(2).

c) Apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura(3).

d) Apartado 1 del artículo 6 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos(4).

e) Artículo 14 de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases(5).

f) Apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente(6).

(1) DO L 194 de 25.7.1975, p. 39. Directiva cuya última modificación la constituye la Decisión 96/350/CE de la Comisión (DO L 135 de 6.6.1996, p. 32).

(2) DO L 78 de 26.3.1991, p. 38, Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 98/101/CE de la Comisión (DO L 1 de 5.1.1999, p. 1).

(3) DO L 375 de 31.12.1991, p. 1.

(4) DO L 377 de 31.12.1991, p. 20. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 94/31/CE (DO L 168 de 2.7.1994, p. 28).

(5) DO L 365 de 31.12.1994, p. 10.

(6) DO L 296 de 21.11.1996, p. 55.

ANEXO II

En la Directiva 96/61/CE se añade el Anexo siguiente:

"ANEXO V

PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO EN LA TOMA DE DECISIONES

1) Se informará al público (mediante avisos públicos u otros medios apropiados, como los electrónicos cuando se disponga de ellos) de los siguientes asuntos en una fase temprana del procedimiento previo a la toma de una decisión o, como muy tarde, en cuanto sea razonablemente posible facilitar la información:

a) la solicitud de un permiso o, llegado el caso, de la propuesta de actualización de un permiso o de las condiciones de un permiso de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 15, incluida la descripción de los elementos enumerados en el apartado 1 del artículo 6;

b) cuando proceda, la circunstancia de que una decisión está sujeta a una evaluación, nacional o transfronteriza, del impacto ambiental, o a consultas entre los Estados miembros de conformidad con el artículo 17;

c) datos sobre las autoridades competentes responsables de tomar la decisión, de las que pueda obtenerse información pertinente, a las que puedan presentarse observaciones o formularse preguntas, y detalles sobre el plazo previsto para la presentación de observaciones o la formulación de preguntas;

d) la naturaleza de las decisiones posibles o, en su caso, del proyecto de decisión;

e) si procede, los detalles de una propuesta de actualización de un permiso o de las condiciones de un permiso;

f) una indicación de las fechas y los lugares en los que se facilitará la información pertinente, así como los medios empleados para ello;

g) las modalidades de participación del público y consulta al público definidas con arreglo al punto 5.

2) Los Estados miembros velarán por que, dentro de plazos adecuados, se pongan a disposición del público interesado los siguientes elementos:

a) de conformidad con la legislación nacional, los principales informes y dictámenes remitidos a la autoridad o autoridades competentes en el momento en que deba informarse al público interesado conforme al punto 1;

b) de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2002/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., relativa al acceso del público a la información en materia de medio ambiente(1), toda información distinta a la referida en el punto 1 que resulte pertinente para la decisión de conformidad con el artículo 8 y que sólo pueda obtenerse una vez expirado el período de información al público interesado conforme al punto 1.

3) El público interesado tendrá derecho a poner de manifiesto observaciones y opiniones a la autoridad o a las autoridades competentes antes de que se adopte una decisión.

4) Los resultados de las consultas celebradas con arreglo al presente Anexo deberán ser tenidos en cuenta debidamente a la hora de adoptar una decisión.

5) Las modalidades de información al público (por ejemplo, mediante la colocación de carteles en un radio determinado, o la publicación de avisos en la prensa local) y de consulta al público interesado (por ejemplo, mediante el envío de notificaciones escritas o mediante una encuesta pública) las determinarán los Estados miembros. Se establecerán calendarios razonables que permitan plazos suficientes para cada una de las diferentes fases previstas en el presente Anexo.

(1) DO ...".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I. INTRODUCCIÓN

1. El 19 de enero de 2001, la Comisión transmitió al Consejo una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, y por la que se modifican las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo(1) basada en el apartado 1 del artículo 175 del Tratado CE (procedimiento de codecisión).

2. El Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura el 23 de octubre de 2001(2). El Comité Económico y Social emitió el suyo el 30 de mayo de 2001(3). El Comité de la Regiones emitió su dictamen el 14 de junio de 2001(4).

3. Como consecuencia de dichos dictámenes, la Comisión transmitió su propuesta modificada al Consejo el 13 de diciembre de 2001(5).

4. El 25 de abril de 2002, el Consejo adoptó su Posición común con arreglo al apartado 2 del artículo 251 del Tratado.

II. OBJETIVO

5. El objetivo de la propuesta es contribuir a aplicar las obligaciones que se desprenden de la segunda parte, relativa a la participación del público, del Convenio ONU/CEPE sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente ("el Convenio Aarhus"). Dicho Convenio fue firmado por todos los Estados miembros y por la Comunidad, entró en vigor el 30 de octubre de 2001 y ya ha sido ratificado por Dinamarca e Italia.

Con arreglo al Convenio Aarhus, debe permitirse al público participar en la toma de decisiones relativas a determinadas actividades que tengan un impacto importante sobre el medio ambiente y en el establecimiento de planes, programas y proyectos relativos al medio ambiente. Dicha participación consta de las siguientes etapas:

- se informa al público acerca de los planes, programas y proyectos previstos en una primera fase;

- se ofrece al público la posibilidad de presentar sus comentarios y puntos de vista;

- las autoridades toman debidamente en consideración esos comentarios al adoptar las decisiones;

- se informa al público de las decisiones;

- se ofrece al público la posibilidad de impugnar la legalidad de las decisiones, actos y omisiones a las que se apliquen las disposiciones relativas a la participación del público, y que se refieran a proyectos.

6. El objetivo del proyecto de Directiva es introducir o mejorar este tipo de participación del público en relación a:

- determinados planes y programas en el ámbito del medio ambiente considerados en el Anexo I del proyecto de Directiva,

- los proyectos a los que se refiere la Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (la "Directiva EIA")(6),

- los permisos relativos a actividades industriales importantes, regulados por la Directiva del Consejo 96/61/CE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (la "Directiva PCIC")(7).

Las dos últimas Directivas son asimismo objeto de disposiciones sobre el acceso a la justicia.

7. Se espera que esta participación del público contribuya a la protección del derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para la salud personal y el bienestar mediante el incremento de la responsabilidad y la transparencia en el proceso de adopción de decisiones.

8. La propuesta de la Comisión constituye una nueva etapa que se suma al proyecto de Directiva sobre acceso del público a la información medioambiental y la anulación de la Directiva del Consejo 90/313/CEE, que se refiere a la parte "información" del Convenio Aarhus. El Parlamento recibió la posición común del consejo el 6 de febrero de 2002(8).

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

9. La posición común del Consejo mantiene el enfoque propuesto por la Comisión, a la vez que aclara sus disposiciones o las hace más practicables. Muchas de las modificaciones tienen como objetivo restablecer el texto original del Convenio Aarhus.

10. El artículo 1, que fue incluido por el Consejo, describe el objetivo global de la Directiva.

11. El artículo 2 prevé la participación del público en el establecimiento de los planes y programas en el ámbito del medio ambiente, que resulten necesarios de conformidad con las Directivas relativas a la gestión de residuos, a las pilas y a los acumuladores, a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos y a la gestión de la calidad del aire, enumerados en el Anexo I. El Consejo incluyó un nuevo apartado 5 que dispone la exención de la aplicación de la Directiva cuando se lleve a cabo un procedimiento de participación del público con arreglo a la Directiva 2001/42/CEE relativa a la evaluación de los planes y programas o con arreglo a la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, ya que dichas Directivas ya contienen procedimientos que se ajustan a las exigencias del Convenio Aarhus.

12. El artículo 3 tiene como objetivo complementar la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (EIA), que ya contiene algunas disposiciones sobre participación del público en relación con la concesión de autorizaciones para el desarrollo de grandes obras y modificación del paisaje; en especial, el proyecto incluye una definición de "el público interesado" que incluye a las organizaciones no gubernamentales que trabajen en favor de la protección del medio ambiente. El nuevo artículo 6 sobre la información y consulta de las autoridades y del público especifica determinadas materias que en la antigua directiva se dejaban a discreción de las autoridades nacionales, como puede ser el tipo de información que ha de suministrarse y los acuerdos básicos de procedimiento para la información y consulta del público. El nuevo artículo 7 modificado adapta los procedimientos relativos a las consultas transfronterizas a los requerimientos del Convenio Aarhus con el fin de que los Estados miembros afectados puedan participar no sólo en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental, sino también en los propios procedimientos de toma de decisiones en materia de medio ambiente indicados en el apartado 2 del artículo 2. El artículo 8 sobre la toma en consideración de los resultados de las consultas no necesitaba modificaciones. El artículo 9 sobre la información del público acerca de las decisiones adoptadas fue modificado para informar al público en un Estado miembro afectado por un proyecto con repercusiones transfronterizas. Un nuevo artículo 10 bis introduce la posibilidad de impugnar decisiones, acciones u omisiones sujetos a la participación del público. Por lo que se refiere al Anexo I de la Directiva 85/337/CEE, que enumera las actividades cubiertas por la Directiva, un nuevo apartado 22 amplía el alcance de la Directiva con objeto de cubrir los cambios o ampliaciones de las instalaciones existentes que se ajusten a su vez a los umbrales que se fijan en otras partes de dicho Anexo.

13. El artículo 4 tiene como objetivo complementar la Directiva 96/61/CE (PCIC) relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación de grandes actividades industriales. Una enmienda al apartado 10 del artículo 2 aclara las modificaciones o extensiones de las explotaciones existentes cuando dichas modificaciones o extensiones cumplan, por sí solas, los umbrales, si existen, se consideran "sustanciales". Se ha introducido una definición del "público interesado". El artículo 15, que consideraba una información resumida del público, se modifica y completa mediante el Anexo V, que establece una información detallada y la consulta del público. Un nuevo artículo 15 bis introduce una posibilidad de recurso ante decisiones, actos u omisiones sujetos a la participación del público. El artículo 17 relativo a actividades que tengan efectos transfronterizos se sustituye por un nuevo texto que exige que el Estado miembro en que tengan lugar las actividades suministre la información indicada en el Anexo V al Estado miembro afectado, para que el público de este último interesado en ellas, pueda expresar sus comentarios.

14. La Directiva tan sólo se refiere a directivas existentes. La Comisión tiene intención de incluir disposiciones sobre la participación del público en la adopción de decisiones en materia de medio ambiente en todas sus futuras propuestas sobre planes y programas medioambientales.

15. En una declaración pública que constará en el acta, el Consejo y la Comisión se comprometen en hacer lo necesario para aplicar la segunda parte del Convenio Aarhus asimismo en el interior de las instituciones comunitarias.

IV. ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO ACEPTADAS POR EL CONSEJO

16. El Consejo aceptó, en forma ligeramente distinta ("como pueden ser los medios de comunicación electrónica, cuando se disponga de ellos"), la propuesta del Parlamento de que se informe al público "mediante medios de comunicación electrónica", contenida en la enmienda 9/10/33 relativa a la letra a) del apartado 2 del artículo 1 (letra a) del apartado 2 del artículo 2 de la Posición Común - PC - ), en las enmiendas 34/15/16 relativas al nuevo apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 85/337/CEE (apartado 2 del artículo 6 de la PC) y en la enmienda 27/28/29 relativa al nuevo Anexo V/1 de la Directiva 96/61/CE; la Comisión aceptó asimismo estas enmiendas en una forma diferente.

17. El Consejo incluyó en el final de la letra a) del artículo 2, la parte de la enmienda 9/10/33 en que se especifica que el público deberá recibir por ejemplo, información sobre el derecho a participar en la toma de decisiones y sobre la autoridad competente, que tan sólo fue aceptada por la Comisión.

18. Como consecuencia de una sugerencia de la Comisión, el Consejo aceptó, aunque mediante una fórmula extraída del Convenio Aarhus ["cuando estén abiertas todas las posibilidades", la idea de que el público tenga derecho a expresar observaciones y opiniones "sin perjuicio de cualesquiera opciones" que figura en la enmienda 9/10/33 relativa a la letra b) del apartado 2 del artículo 1 (letra b) del apartado 2 del artículo 2 de la PC] y en la enmienda 34/15/16 relativa al nuevo apartado 4 del artículo 6 de la Directiva 85/337/CEE.

19. Como la Comisión, el Consejo aceptó en principio la enmienda 9/10/33, añadiendo un nuevo párrafo 3 bis del artículo 1, con arreglo al cual la autoridad competente llevará a cabo las acciones necesarias para responder al público individual o colectivamente: esta idea llevó al Consejo a incluir una nueva letra d) del apartado 2 del artículo 2 con arreglo a la cual la autoridad competente deberá hacer esfuerzos razonables para informar al público de las decisiones adoptadas y de los motivos y consideraciones en los que se basen dichas decisiones.

La enmienda 34/15/16 propone incluir una disposición similar en un nuevo apartado 5 bis del artículo 6 de la Directiva 85/337/CEE y la enmienda 35 propone lo mismo en relación con un nuevo apartado 4 bis del artículo 15 de la Directiva 96/61/CE; la Comisión y el Consejo opinaron que estas enmiendas no eran necesarias, ya que las ideas que expresan ya figuran en el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 85/337/CEE y en la letra b) del apartado 5 del artículo 15 de la Directiva 96/61/CE.

20. Una parte de la enmienda 14 relativa a una nueva parte final de la letra b) del apartado 3 del artículo 2 de la Directiva 85/337/CEE, así como en la enmienda 20/21 sobre la propuesta de un nuevo artículo 9 bis de la Directiva 85/337/CEE, proponen que los Estados miembros establezcan directrices prácticas con miras a la presentación de recursos ante un tribunal de justicia con arreglo a los nuevos artículos 10 bis y 15 bis; dichas enmiendas llevaron al Consejo a introducir, al final del artículo 10 bis de la Directiva 85/337/CEE y al final del artículo 15 bis de la Directiva 96/61/CE, una frase extraída del apartado 5 del artículo 9 del Convenio Aarhus, que obliga a los Estados miembros a garantizar que se ponga a disposición del público la información relativa a los procedimientos de recurso tanto administrativos como judiciales.

21. El Consejo aceptó las enmiendas 31 y 32/23 relativas al recurso ante un tribunal de justicia que figura en el nuevo artículo 10 bis de la Directiva 85/337/CEE y en el nuevo artículo 15 bis de la Directiva 96/61/CE. Al mismo tiempo el Consejo incluyó en los párrafos 3, 4 y 6 de los nuevos artículos 10 bis y 15 bis otras partes del artículo 9 del Convenio Aarhus con objeto, entre otras cosas, de clarificar la posición de las ONG.

V. ENMIENDAS DEL PARLAMENTO NO ACEPTADAS POR EL CONSEJO

22. El Consejo y la Comisión no estuvieron de acuerdo con la enmienda 1, la segunda parte de la enmienda 2 y la última parte de la enmienda 5 cuyo objetivo es clarificar, en los considerandos 1, 2 y 6, que la Comunidad tiene como objetivo proteger "la salud y el bienestar individuales y públicos" en vez de "la salud humana" o "la salud y el bienestar de las personas": la expresión sugerida se desconoce en la terminología comunitaria y el texto del Consejo es conforme al artículo 174 del Tratado y al Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, que se refieren a "salud humana".

23. El Consejo y la Comisión no aceptaron la primera parte de la enmienda 2 sobre el considerando 2, la enmienda 3 que introduce un nuevo considerando 2 bis, la primera parte de la enmienda 5 relativa al considerando 6, la enmienda 8 relativa al considerando 10 y la enmienda 26 que introduce una nueva letra a) bis en el Anexo I, cuyo objetivo es ampliar la participación del público a los actos legislativos, planes y programas comunitarios que no se refieran directamente al medio ambiente, pero que tengan una repercusión importante en el medio ambiente, la salud y el bienestar ya que: la legislación comunitaria no está sujeta a dicha Directiva, la ampliación de los planes y programas proporcionarían un alcance demasiado grande a la Directiva y no está bien definida la "repercusión importante".

24. La enmienda 4 al considerando 3, relativa a la sustitución de las palabras "la sensibilización pública de la problemática medioambiental" por "el respaldo público de las decisiones adoptadas" fue aceptada por la Comisión en tanto que añadido, pero el Consejo la rechazó ya que "sensibilización" aparece en el considerando 9 del Convenio Aarhus y que la participación del público no garantiza necesariamente el apoyo del público.

25. El Consejo y la Comisión rechazaron:

- las enmiendas 6 y 7 que motivan la Directiva mediante una referencia al artículo 8 del Convenio Aarhus, que fomenta la participación del público en la elaboración de las disposiciones reglamentarias y de otras normas jurídicamente obligatorias e, implícitamente, al artículo 7 del Convenio Aarhus, que incita a las partes a fomentar la participación del público en la preparación de medidas relacionadas con el medio ambiente;

- la enmienda 9/10/39 relativa al título y a las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 2, (artículo 1 de la propuesta de la Comisión), y la enmienda 25 relativa al título del Anexo I que proponen que la Directiva cubra asimismo las políticas establecidas con arreglo a la legislación comunitaria.

Con arreglo a la última frase del artículo 7 y a la primera frase del artículo 8 del Convenio Aarhus, la participación del público en la preparación de actos legislativos y políticas tan sólo está sujeta a una cláusula del máximo esfuerzo, que se aplica solamente cuando resulta apropiado. Las políticas están sujetas de todos modos al control democrático de los organismos representativos, como pueden ser los parlamentos, ayuntamientos, etc. Por esta misma razón el Consejo suprimió la palabra "políticas" en el considerando 8 de la propuesta de la Comisión.

26. El Parlamento propuso, en la enmienda 9/10/33 relativa al apartado 2 del artículo 1 (apartado 2 del artículo 2 de la Posición Común), en la enmienda 34/15/16 relativa al nuevo apartado 4 del artículo 6 de la Directiva 85/337/CEE (apartado 6 del artículo 6 de la PC) y en la enmienda 35 relativa al nuevo apartado 1 del artículo 15 de la Directiva 96/61/CE establecer la participación del público en "las distintas etapas" de la adopción de decisiones.

El Consejo y la Comisión no aceptaron esta enmienda ya que el apartado 2 del artículo 2 de la Posición común, el nuevo apartado 4 del artículo 6 (frase introductoria) de la Directiva 85/337/CEE, el nuevo apartado 1 del artículo 15 de la Directiva 96/61/CE y el apartado 4 del artículo 6 del Convenio Aarhus ya establecen una participación "real" y "desde el principio" del público. El Convenio Aarhus no prevé añadir una participación del público en todas las etapas del proceso de adopción de decisiones, lo que por otra parte haría que la adopción de decisiones resultara muy larga y penosa.

27. El Consejo y la Comisión no aceptaron la penúltima parte de la enmienda 9/10/33 cuyo objetivo es incluir en el apartado 3 del artículo 1 (apartado 3 del artículo 2 de la PC) un nuevo párrafo inspirado en el apartado 3 del artículo 3 del Convenio Aarhus, y establecer que los acuerdos relativos a la participación del público puedan incluir educar al público acerca de dicha adopción de decisiones: el Consejo cree que la presente Directiva sobre participación del público no es el lugar adecuado para establecer acciones de educación; además, el texto sugerido es muy vago y no explica qué se pide exactamente a los Estados miembros.

28. En la enmienda 30, sobre un nuevo apartado 3 ter del artículo 1, se propone prever un recurso ante un órgano judicial similar al que se contempla en el artículo 10 bis de la Directiva 84/337/CEE y en el artículo 15 bis de la Directiva 96/61/CE, en relación con los planes y programas cubiertos por el artículo 1 (artículo 2 de la PC) y por el Anexo I.

El Consejo y la Comisión no aceptaron esta enmienda, ya que el apartado 2 del artículo 9 del Convenio Aarhus impone solamente el acceso a la justicia en relación con los proyectos concretos a que se refieren el artículo 6 y el Anexo I de dicho Convenio y no en relación con los planes, programas y políticas considerados en los artículos 7 y 8.

29. El Consejo no aceptó la enmienda 13 que tiene como objetivo modificar el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 85/337/CEE - "Proyectos que respondan a las necesidades de la defensa nacional y no estén cubiertos por dicha Directiva" - con miras a hacer que dicha disposición sea opcional (enmienda aceptada por la Comisión).

30. El Consejo tampoco vio ninguna razón de ser en lo que respecta a la enmienda 14, cuyo objetivo es añadir en la letra a) del apartado 3 del artículo 2 de la Directiva 85/337/CEE (que establece que los Estados miembros que exceptúen proyectos específicos de la evaluación relativa al impacto medioambiental estarán obligados a poner a disposición del público la información relativa a la exención y las razones por las que la han concedido) que los Estados miembros deberían asimismo difundir la información relativa a la consideración de la pertinencia de otras formas de evaluación. La Comisión aceptó esta parte siempre que se lleven a cabo algunas modificaciones en la redacción.

31. La parte de la enmienda 34/15/16 relativa a la modificación de la frase introductoria y la letra a) del apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 85/337/CEE (apartado 2 del artículo 6 de la PC) con miras a ampliar la participación del público a la revisión del desarrollo del procedimiento de autorización, pareció innecesaria, ya que cualquier cambio en una instalación existente que requiera una evaluación del impacto sobre el medio ambiente no implica ningún desarrollo de la autorización con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 de la Directiva 85/337/CEE y en consecuencia está sujeto a la participación del público.

32. El Consejo y la Comisión no aceptan la enmienda 34/15/16, cuyo objetivo es incluir, al final del apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 85/337/CEE (apartado 4 del artículo 6 de la PC), una frase que indique que se deberán tener debidamente en cuenta los resultados de la participación del público, ya que el artículo 8 ya considera este particular.

33. La parte de la enmienda 34/15/16 relativa al final del apartado 5 del artículo 6 de la Directiva 85/337/CEE y la parte de la enmienda 27/28/29 sobre el Anexo V, apartado 4 (apartado 5 de la PC), cuyo objetivo es especificar que deberán permitirse plazos suficientes para informar al público y para que éste se prepare y participe (aceptada por la Comisión) pareció que ya estaba cubierta por la expresión "que permitan plazos suficientes para cada una de las diferentes fases".

34. Al final de la enmienda 20/21 relativa al apartado 2 del artículo 9 de la Directiva 85/337/CEE y en la enmienda 24 relativa al apartado 4 del artículo 17 de la Directiva 96/61/CE, el Parlamento proponía que, en caso de participación del público en otro Estado miembro, el Estado miembro consultado garantice que esa información se ponga a disposición del público interesado del Estado miembro que realice la consulta en su propia lengua; el Consejo y la Comisión no desean imponer dicha carga teniendo en cuenta su enorme coste, el esfuerzo y el tiempo que pueda requerir el traducir toda la documentación (la traducción se deja a cargo del Estado miembro con arreglo al principio de subsidiariedad).

Sin embargo el Consejo incluyó en el texto los términos "de manera adecuada" propuestos en estas enmiendas.

35. El Consejo y la Comisión no aceptaron la propuesta que figura en la enmienda 32/23 de que, al final del nuevo artículo 15 bis de la Directiva 96/61/CE, se establezca que los procedimientos de interposición de recursos deban ser "gratuitos o poco onerosos" en vez de "no podrán ser prohibitivamente onerosos", ya que esta última expresión figura en el Convenio Aarhus. Asimismo el Consejo sustituyó la totalidad de la frase propuesta por la Comisión por el apartado 4 del artículo 9 del Convenio Aarhus.

36. El Consejo y la Comisión no aceptaron la parte de la enmienda 27/28/29 destinada a ampliar, mediante una modificación de la letra a) del apartado 1 del Anexo V de la Directiva 96/61/CE, la información al público de las propuestas de revisión de los permisos, dado que normalmente la revisión es una acción administrativa interna sin consecuencias para el permiso. En caso de que implicara cambios, la revisión correspondería a una "actualización" y podría admitir la participación del público.

La propuesta destinada a especificar, en el apartado 2 del Anexo V, que el público tendrá derecho a presentar observaciones y opiniones por escrito o en una audiencia pública (aprobada por la Comisión) fue rechazada por el Consejo, puesto que limitaría la libertad de los Estados miembros de optar por otros medios más adecuados para consultar al público. Sin embargo, las dos formas de observaciones sugeridas por el Parlamento se citaron en el apartado 5 de la Posición Común como ejemplos de modalidades de información al público.

El Consejo aceptó también la propuesta del Parlamento sobre la introducción del término "debidamente" en el apartado 3, utilizando al mismo tiempo la expresión "de manera debida" para reflejar el apartado 8 del artículo 6 del Convenio Aarhus.

VI. OTRAS ENMIENDAS PRESENTADAS POR EL CONSEJO

Ad título y preámbulo

37. El Consejo realizó algunos cambios en el título y en el considerando 10 y volvió a redactar el considerando 12 sobre subsidiariedad y proporcionalidad utilizando la fórmula habitual.

Ad artículo 1 sobre los objetivos

38. El artículo 1 fue insertado por el Consejo y resume la Directiva.

Ad artículo 2 sobre los planes y los programas

39. El Consejo añadió al apartado 2, a la primera frase y a la letra a) las palabras "modificación o" que figuran también en la Directiva 2001/42/CE sobre los planes y los programas (EAE). Introdujo en el apartado 3 los términos "que cumplan los requisitos impuestos por el Derecho nacional" y modificó el objetivo del mismo apartado para incluir los términos del apartado 3 del artículo 6 del Convenio Aarhus "para que el público se prepare y participe efectivamente". El apartado 4 por el que se eximen los proyectos que responden a necesidades de la defensa nacional o a emergencias civiles es nuevo y se inspira en el apartado 8 del artículo 3 de la Directiva 2001/42/CE sobre los planes y los programas citados en el apartado 5. El apartado 5 también es nuevo (véase punto 11).

Ad artículo 3 sobre la Directiva 85/337/CEE

40. El Consejo sustituyó la expresión "procedimiento de autorización de proyectos" por "procedimientos de toma de decisiones medioambientales contemplados en el apartado 2 del artículo 2" para tener en cuenta las diversas maneras en que los Estados miembros pueden organizar la participación del público con arreglo a la Directiva 85/337/CEE.

41. El Consejo suprimió de la propuesta de la Comisión el nuevo apartado 2 del artículo 6 sobre la participación temprana y efectiva y transfirió su contenido al apartado 4 de la Posición Común, más adecuado desde el punto de vista de la cronología.

42. En lo que respecta al nuevo apartado 2 (apartado 3 de la propuesta de la Comisión) del artículo 6 modificado, el Consejo añadió el término "razonablemente" en la frase de introducción y modificó la letra c) para aclarar que el público debe ser informado de los detalles referentes a cada una de las tres autoridades citadas.

El Consejo tomó nota de que el apartado 2 se refiere fundamentalmente a la información disponible en el momento de la solicitud inicial de autorización del proyecto. Elaboró un nuevo apartado 3, relativo a la información que se pone a disposición del público tras la solicitud inicial, y transfirió a dicho apartado las letras e) y f) del apartado 2 de la propuesta de la Comisión. Esto refleja el orden en los apartados 2 y 6 del artículo 6 del Convenio Aarhus.

Lo mismo hizo con el nuevo Anexo V de la Directiva 96/61/CE, donde la letra f) del apartado 1 de la propuesta de la Comisión se trasladó a un nuevo apartado 2.

43. La última frase del apartado 5 del texto de la Comisión se convirtió en un nuevo apartado 6 para generalizar el requisito de los plazos razonables.

44. En lo que respecta al apartado 1 del artículo 7, el Consejo insertó el conjunto del apartado 1 de la Directiva de base e introdujo una versión modificada de la enmienda propuesta por la Comisión.

45. La parte final del apartado 2 del artículo 7 se adaptó a la división del apartado 3 del artículo 6 de la propuesta de la Comisión (véase punto 42).

46. El apartado 6 del artículo 3 de la Directiva referente al Anexo I/22 incluye el Anexo II de la propuesta de la Comisión. Se suprimieron las palabras "los criterios apropiados" pues no añadían nada al término "umbrales", que cubre todos los puntos pertinentes.

47. El apartado 7 del artículo 3 contiene una aclaración del Anexo II de la Directiva 85/337/CEE y repite una expresión utilizada en dicho Anexo.

Ad artículo 4 referente a la Directiva 96/61/CE

48. El Consejo suprimió del añadido a la letra b) del apartado 10 del artículo 2 los términos "criterios apropiados o" por las mismas razones que las expuestas en el punto 46.

49. El Consejo modificó la propuesta de apartado 1) el artículo 15 para aclarar que el público debe ser consultado cuando se conceda un permiso para nuevas instalaciones o se produzca un cambio sustancial según lo definido en la letra b) del apartado 10 del artículo 2.

El tercer guión también prevé la participación del público en la actualización de un permiso de conformidad con el artículo 13 de la Directiva 96/61/CE en los casos en que resulte necesario modificar considerablemente los valores límite de emisión del permiso. La Comisión discrepó de esta restricción, que excluye importantes categorías de actualizaciones mencionadas en el artículo 13, tales como la actualización para introducir nuevas técnicas, para mejorar la seguridad operativa y para aplicar la nueva legislación, por considerar que el apartado 10 del artículo 6 del Convenio de Aarhus requiere, como principio, la participación del público en cualquier actualización de los permisos. Sin embargo, el Consejo considera que no es necesaria la participación del público para aumentos poco importantes de los valores límite de emisión, ni para hacer más estrictas las normas de funcionamiento de una instalación y observa que el Convenio de Aarhus únicamente requiere cubrir las actualizaciones "si procede".

50. En lo que respecta a la enmienda del apartado 1 del artículo 17, el Consejo añadió al final del apartado la segunda frase actual sin modificar.

51. En lo que respecta al artículo 5 de la Directiva, el Consejo modificó la fecha de su aplicación.

52. En la letra f) del Anexo I, el Consejo tuvo que decidir entre citar todas las directivas de desarrollo adoptadas sobre la base de la Directiva 96/62/CE o de ninguna de ellas, y eligió la última opción. Se suprimió la letra g) ya que el artículo 14 de la Directiva 1999/31/CE sobre vertidos establece requisitos y procedimientos pormenorizados para las entidades explotadoras que presentan un plan de acondicionamiento de un vertedero existente, y deja poco espacio para la participación del público. La creación de un nuevo vertedero está sometida a planes de gestión de residuos y a la participación del público previstos en la Directiva 75/442/CEE sobre residuos mencionada en la letra a) del Anexo I.

VII. CONCLUSIÓN

53. La posición común tiene como objetivo proporcionar al público el acceso más amplio posible a decisiones en materia de medio ambiente, con la suficiente flexibilidad para permitir acuerdos prácticos a escala de los Estados miembros y para integrar gradualmente los requisitos de la participación del público en la práctica administrativa diaria. La posición común también remite en muchos casos a la redacción del Convenio de Aarhus, excluyendo al mismo tiempo sus partes no obligatorias.

La Comisión aceptó la posición común a excepción de la parte mencionada en el punto 49.

(1) DO C 154 E de 29.5.2001, p. 123.

(2) DO C 112 E de 9.5.2002, p. 125.

(3) DO C 221 de 7.8.2001, p. 65.

(4) DO C 357 de 14.12.2001, p. 58.

(5) DO C ...

(6) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40. Directiva modificada por la Directiva 97/11/CE (DO L 73 de 14.3.1997, p. 5).

(7) DO L 257 de 10.10.1996, p. 26.

(8) 11878/1/01 ENV 441 INF 114 CODEC 882 REV 2 + ADD 1 REV 1.