COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 31.3.2022 COM(2022) 134 final 2022/0089(COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a las indicaciones geográficas de vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas y a los regímenes de calidad de los productos agrícolas de la Unión Europea, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, (UE) 2017/1001 y (UE) 2019/787 y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1151/2012



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta Las indicaciones geográficas (IG) identifican productos con cualidades, características o reputación debidas a factores naturales y humanos vinculados a su lugar de origen. Se trata de un derecho de propiedad intelectual e industrial (DPII) concebido para promover la competencia leal entre los productores evitando que un nombre pueda ser utilizado de mala fe y objeto de prácticas fraudulentas y engañosas. Las indicaciones geográficas garantizan la autenticidad a los consumidores y distinguen un producto en el mercado de modo que obtenga ventas y exportaciones de mayor valor. Gozan de reconocimiento internacional desde 1883 y han recibido protección de la Unión de forma gradual desde la década de 1970 (vinos) hasta 1992 (productos agrícolas y alimenticios), incluida la creación de los registros en 2020. Actualmente, el registro de la UE de indicaciones geográficas contiene casi 3 500 nombres de vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas y alimenticios. El régimen de indicaciones geográficas de la Unión es consistente, pero la evaluación de la política y el proceso de evaluación de impacto han mostrado que hay margen de mejora, en particular porque se considera que fortalecer este régimen es clave para disponer de un suministro de alimentos de alta calidad y para proteger el patrimonio cultural, gastronómico y local del conjunto de la Unión. Se trata principalmente de determinar: •Cuál es la mejor manera de hacer efectivo el derecho fundamental de los productores a que se protejan los derechos de propiedad intelectual e industrial de sus indicaciones geográficas. Los productores que poseen el activo inmaterial de una indicación geográfica tienen derecho a que se proteja y la Unión pretende hacerlo de la manera más eficiente y eficaz posible, también en una época de uso creciente de internet. •Cómo evitar la explotación de mala fe de los nombres de los productos por parte de operadores que no tienen derechos de ninguna clase sobre los productos auténticos ni están relacionados con ellos en modo alguno. También es necesario revisar la observancia del cumplimiento, en particular en internet, y la verificación del cumplimiento. •Cómo aumentar la producción sostenible de productos con indicación geográfica. Dado que se trata de un instrumento que valoriza los productos intrínsecamente vinculados a los factores naturales de una zona y a los conocimientos técnicos de los productores locales, las indicaciones geográficas están infrautilizadas para este fin. •Cómo se puede informar mejor a los consumidores acerca de los productos auténticos para evitar la asimetría de la información. El reconocimiento de los símbolos específicos de la Unión por parte de los consumidores es muy escaso, lo que apunta a dificultades de comunicación. •Cómo garantizar que los productores reciban una remuneración justa por su producto con sus cualidades vinculadas a su producción, y que puedan reforzar su posición en la cadena de suministro de alimentos. Al cabo de treinta años de existencia, el régimen de especialidades tradicionales garantizadas (ETG) no ha reportado los beneficios esperados a productores y consumidores. Para identificar y promocionar mejor los productos agrícolas tradicionales en la Unión, es preciso simplificar y aclarar dicho régimen. La propuesta contribuye a los objetivos perseguidos por la política agrícola común (PAC), especialmente mejorar la respuesta de la agricultura de la Unión a las demandas sociales de que la producción agrícola obtenga resultados en materia de sostenibilidad económica, social y medioambiental. Reforzará el actual régimen por el que las indicaciones geográficas son derechos de propiedad intelectual e industrial. La propuesta aumentará los resultados económicos, sociales y medioambientales de los productos con indicación geográfica, otorgará a los productores más facultades y responsabilidades, reducirá nuevas formas de infracción (internet), mejorará la eficacia de las medidas de observancia del cumplimiento y los controles que garanticen la autenticidad de los productos, subsanará las lagunas legislativas y hará que los procedimientos de registro sean más eficientes. Además de las indicaciones geográficas, la propuesta también aborda las normas relativas a las especialidades tradicionales garantizadas, en particular aclarando su definición. Por otra parte, la propuesta no introduce cambios en las normas relativas a los términos de calidad facultativos; esta regulación data de 2012 y los Estados miembros todavía tienen que estudiar sus posibilidades en profundidad. Por último, la propuesta no se refiere a las indicaciones geográficas no agrícolas; la intención de la Comisión es proponer un acto legislativo específico para este fin. El objetivo general de la revisión de las indicaciones geográficas es facilitar que se adopten en el conjunto de la Unión como instrumentos de propiedad intelectual accesibles a todos los agricultores y productores de productos vinculados entre sí por sus características o reputación, así como a su lugar de producción. No se propone ningún cambio en la estructura fundamental de los regímenes de indicaciones geográficas, por lo que se mantiene la función de los Estados miembros en el procedimiento de solicitud de IG y ETG, el alto nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, las especificidades de las indicaciones geográficas en los sectores del vino y de las bebidas espirituosas y la observancia del cumplimiento en el ámbito nacional en el marco del Reglamento sobre controles oficiales y de las herramientas de propiedad intelectual e industrial. Si bien la producción de productos agrícolas de calidad es una fortaleza de la agricultura europea, existen desequilibrios geográficos en lo que respecta al número de indicaciones geográficas registradas en el conjunto de la Unión, que reflejan diferentes «puntos de partida» y experiencias en la conservación del patrimonio gastronómico y cultural de los Estados miembros. La revisión de las indicaciones geográficas debe dedicarse en especial a promover su adopción en aquellos Estados miembros en los que su uso está infrautilizado. Las indicaciones geográficas recompensan a los productores por sus esfuerzos para producir una amplia gama de productos de calidad, lo que a su vez puede beneficiar a la economía rural. Así ocurre en particular en las zonas desfavorecidas, en las regiones montañosas y remotas, donde el sector agrario representa una parte significativa de la economía y donde la producción tiene importantes costes y condiciones desfavorables. Otro objetivo es aumentar el número de indicaciones geográficas registradas por cada uno de los Estados miembros que menos las utilizan hasta que alcancen la media de la Unión. The proposal therefore addresses the following general objectives: 1.garantizar una protección eficaz de los derechos sobre la propiedad intelectual e industrial en la Unión, en particular la eficiencia de los procesos de registro, a fin de que los productores se vean justamente recompensados por sus esfuerzos; 2.aumentar la adopción de las indicaciones geográficas en el conjunto de la Unión en beneficio de la economía rural. Estos dos objetivos generales se detallan en seis objetivos específicos: 1.mejorar la observancia del cumplimiento de las normas sobre indicaciones geográficas para proteger mejor los DPI y las IG en internet, en particular para evitar las inscripciones en el registro de mala fe y las prácticas y los usos fraudulentos y engañosos en el sistema de nombres de dominio, y para luchar contra la falsificación;

2.racionalizar y aclarar el marco jurídico para simplificar y armonizar los procedimientos de solicitud de registro de nuevos nombres y modificaciones de los pliegos de condiciones; 3.contribuir a que el sistema alimentario de la Unión sea más sostenible mediante la integración de criterios de sostenibilidad específicos; 4.capacitar a los productores y a las agrupaciones de productores para que gestionen mejor sus activos de indicaciones geográficas y fomentar el desarrollo de estructuras y alianzas dentro de la cadena de suministro de alimentos; 5.aumentar el número de consumidores que tienen una percepción correcta del mercado y que conocen la política de indicaciones geográficas y los símbolos de la Unión para que puedan tomar decisiones de compra con conocimiento de causa; 6.salvaguardar la protección de los nombres de los alimentos tradicionales para valorizar y preservar mejor los productos tradicionales y sus métodos de producción. •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial La legislación de la Unión contempla la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas relativas al vino desde principios de la década de 1970, de las bebidas espirituosas desde 1989 y de los productos agrícolas y alimenticios desde 1992. Permite registrar nombres de productos valiosos producidos con arreglo a un pliego de condiciones en una zona geográfica determinada por productores con conocimientos técnicos reconocidos. La propuesta es coherente con las disposiciones vigentes en el ámbito de las indicaciones geográficas. Su objetivo es mejorar las disposiciones existentes y establecer un conjunto simplificado y racionalizado de normas, reforzando al mismo tiempo determinados elementos de la protección de las indicaciones geográficas, en particular capacitando a las agrupaciones de productores y aumentando el nivel de protección en internet. Anima a las agrupaciones de productores de indicaciones geográficas a incluir requisitos de mayor sostenibilidad económica, social y medioambiental en el pliego de condiciones de forma voluntaria. Con el fin de mejorar la calidad de las inscripciones registrales y el tratamiento de las solicitudes, otorga a la Comisión la facultad de recurrir a una agencia que le preste asistencia técnica en el examen de las solicitudes, si bien la Comisión mantiene la gestión del proceso de registro de indicaciones geográficas y la responsabilidad general de la política de indicaciones geográficas. •Coherencia con otras políticas de la Unión La propuesta es coherente con el marco jurídico general establecido para la PAC y complementa a otras medidas destinadas a garantizar la calidad y diversidad de la producción agrícola y de vinos y bebidas espirituosas de la Unión, de modo que los productores se vean justamente recompensados por sus esfuerzos y se protejan sus derechos fundamentales en el ámbito de la propiedad, así como que se informe a los ciudadanos y consumidores acerca de características específicas identificables de los productos de los sectores antes mencionados, en particular las vinculadas a su origen geográfico. En la Estrategia «de la granja a la mesa», la Comisión se comprometió a contribuir a la transición hacia un sistema alimentario sostenible para reforzar el marco legislativo de las indicaciones geográficas y, en su caso, incluir criterios específicos de sostenibilidad. Las indicaciones geográficas también se mencionan en relación con la mejora de las normas para fortalecer la posición de los agricultores y las agrupaciones de productores en la cadena de valor. El Plan de acción «de la granja a la mesa» anuncia otras iniciativas que afectan a los productos con indicación geográfica, en particular una propuesta de marco legislativo para sistemas alimentarios sostenibles que se presentará en 2023. La presente iniciativa sobre indicaciones geográficas se incluyó en el programa de trabajo de la Comisión para 2021 en el marco de las iniciativas REFIT, vinculadas al Pacto Verde Europeo. Por lo que se refiere al objetivo de neutralidad climática y a los objetivos climáticos de la Unión para 2030 y 2040, la presente propuesta no afectará negativamente al clima. Además, la Comisión anunció en su Comunicación acerca de un plan de acción en materia de propiedad intelectual e industrial que reforzaría el régimen de protección de las indicaciones geográficas con el fin de hacerlo más eficaz, incluida la lucha contra las vulneraciones de los DPII. El Consejo, en sus conclusiones sobre la Estrategia «de la granja a la mesa», acogió con satisfacción una mejor integración del desarrollo sostenible en la política europea de calidad e invitó a la Comisión a reafirmar la pertinencia y la importancia de los regímenes europeos de calidad y a reforzar el marco legislativo aplicable a las indicaciones geográficas. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica La propuesta entra en el ámbito de aplicación de la política agrícola común (artículo 43 del TFUE) y los derechos de propiedad intelectual e industrial (artículo 118 del TFUE). Por lo que se refiere a la PAC, los requisitos y normas para introducir productos agrícolas, alimentos, vinos, productos vitivinícolas aromatizados y bebidas espirituosas en el mercado interior y garantizar la integridad del mercado interior son cuestiones que son fundamentalmente competencia de la Unión. •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) En virtud del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Reglamento (UE) 2019/787 y del Reglamento (UE) n.º 1151/2012, la Unión ha establecido un régimen exhaustivo de protección de los nombres de productos específicos a fin de promover sus características únicas, vinculadas a su origen geográfico, así como a sus conocimientos técnicos tradicionales en el ámbito de los productos agrícolas, el vino y las bebidas espirituosas. Por consiguiente, los Estados miembros no pueden actuar a título individual para alcanzar este objetivo político. El actual régimen de indicaciones geográficas solo puede fortalecerse mediante una acción a escala de la Unión, en concreto una revisión de estos Reglamentos. •Proporcionalidad

La propuesta incluye cambios limitados y específicos del actual marco legislativo de las indicaciones geográficas que no van más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de reforzar el régimen de IG. Mantiene las especificidades de los distintos sectores al tiempo que armoniza las normas que son comunes a todos ellos, en particular los procedimientos para registrar un nombre o modificar el pliego de condiciones, la protección de los nombres, y los controles y la observancia del cumplimiento. •Elección del instrumento La política de indicaciones geográficas requiere que sea de aplicación directa en los Estados miembros. El instrumento adecuado para revisar el régimen de indicaciones geográficas es un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, teniendo en cuenta que la legislación actualmente en vigor comprende lo siguiente: •IG para productos agrícolas y alimenticios — Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. •IG para vinos — Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007. •IG para bebidas espirituosas — Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la definición, designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la utilización de los nombres de las bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios, la protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y la utilización de alcohol etílico y destilados de origen agrícola en las bebidas alcohólicas, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 110/2008. La propuesta implicará la derogación del primero de los Reglamentos mencionados y la modificación de los dos últimos. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO •Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación existente Se llevó a cabo una evaluación de la política de la Unión en materia de protección de indicaciones geográficas y especialidades tradicionales garantizadas. Sus conclusiones se publicaron el 21 de diciembre de 2021 en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión. En total comprendía casi 3 400 IG y 64 ETG originarias de los Estados miembros. La finalidad de la evaluación era determinar en qué medida la política de IG y ETG ha alcanzado sus objetivos. La evaluación examinó la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido a escala de la Unión del marco regulador de las IG y las ETG. Las indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales garantizadas cumplen sus objetivos de manera eficaz en general. Esta política puede reportar muy diversos beneficios a las partes interesadas, como una garantía de remuneración justa y competencia leal para los productores. Sin embargo, estos beneficios no se obtienen de forma sistemática en todos los Estados miembros. Sus principales limitaciones son el escaso conocimiento y comprensión de la política por parte de los consumidores en algunos Estados miembros y ciertas deficiencias de los controles que se aplican en las fases posteriores de la cadena de valor. El resto de objetivos esenciales de esta política —garantizar el respeto de las IG como DPII y la integridad del mercado interior, y que las ETG ayuden a los productores de productos tradicionales a proteger sus métodos de producción y sus recetas— se cumplen en términos generales. Se considera que el marco regulador de las indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales garantizadas es eficiente. Las IG y las ETG reportan varios beneficios a los productores, mientras que sus costes para los organismos públicos (de la Unión y nacionales) son bajos, estimados en el 0,12 % del valor total de las ventas realizadas en virtud de este marco regulador. Sin embargo, hay margen para simplificar y reducir las cargas administrativas, especialmente en lo que se refiere a los prolongados procedimientos de registro y modificación, tanto a escala nacional como de la Unión. Se considera que la política es pertinente tanto para las partes interesadas privadas como para los poderes públicos. Los objetivos de las indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales garantizadas abordan las necesidades reales de las distintas partes interesadas. Las IG y las ETG se consideran un gran activo para los territorios rurales y una importante herramienta para promover la identidad regional. El refuerzo de las IG y las ETG a través de medidas de apoyo al desarrollo rural responde principalmente a la necesidad de mejorar la integración. Aunque la protección del medio ambiente y el bienestar animal no son los principales objetivos de la producción de IG y ETG, las agrupaciones de productores encuestadas afirman que algunos pliegos de condiciones toman en consideración esta clase de cuestiones. En lo que respecta a la coherencia, no se ha detectado ninguna incompatibilidad importante en relación con las IG y las marcas de la Unión, las IG/ETG y los regímenes nacionales o regionales, y las IG/ETG y otras políticas de la Unión. Además, existe un claro valor añadido para la Unión, ya que las IG y las ETG contribuyen de forma notable a la integridad del mercado interior y al comercio justo con terceros países. Por lo que se refiere a las lecciones aprendidas, además de las deficiencias mencionadas anteriormente en el ámbito de los controles y la observancia del cumplimiento (mercado descendente) y el escaso conocimiento y comprensión por parte de los consumidores, cabe destacar los siguientes puntos: •Las diferencias en la ejecución plantean dificultades para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial de los productores fuera del Estado miembro de producción. Además, las indicaciones geográficas abarcan una gran variedad de productos y se comercializan a través de diversos puntos de venta (incluidas las ventas en línea), lo que dificulta aún más la observancia efectiva de su cumplimiento. •Otra cuestión está estrechamente relacionada con los nuevos objetivos políticos de la Comisión, en particular el Pacto Verde Europeo y la Estrategia «de la granja a la mesa». Mientras los problemas de sostenibilidad se han acentuado en los últimos años, la producción de las indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales garantizadas no los tienen en cuenta o no sistemáticamente. •Las agrupaciones de productores desempeñan un papel fundamental en la ejecución de las indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales garantizadas. Sin embargo, la evaluación reveló que las tareas que tienen derecho a realizar presentan considerables diferencias según los sectores y los Estados miembros, ya que solo están definidas a escala de la Unión para el sector agroalimentario, pero no para los vinos y las bebidas espirituosas. •Los prolongados y complejos procedimientos de registro y modificación, tanto en el ámbito nacional como en el europeo, se consideran las principales molestias para los productores y el origen de las cargas administrativas.

•El limitado número de productos que se registran como especialidades tradicionales garantizadas, que no constituyen derechos de propiedad intelectual e industrial, apunta a la falta de interés por este régimen y a la dificultad de proteger los métodos de producción tradicionales en el conjunto de la Unión. •Consultas con las partes interesadas La estrategia de consulta elaborada para esta iniciativa abarcaba todos los aspectos de la iniciativa destinada a reforzar el régimen de indicaciones geográficas. Estaba dirigida a diversas categorías de partes interesadas: poderes públicos, organizaciones del sector agrario, organizaciones del sector de la transformación, federaciones europeas, nacionales y sectoriales y empresas privadas, organizaciones de consumidores, organizaciones del sector comercial y del sector minorista; terceros países, institutos académicos y de investigación, público en general y otros. Todas las actividades anunciadas en la estrategia de comunicación se llevaron a cabo según lo previsto: comentarios a la Hoja de ruta — Evaluación inicial de impacto, conferencia de las partes interesadas, reuniones y cuestionario del grupo de diálogo civil, reuniones y cuestionario de los Estados miembros, y consultas específicas a expertos del sector no gubernamental. Comentarios a la Hoja de ruta — Evaluación inicial de impacto En general, las partes interesadas acogieron con satisfacción las orientaciones establecidas en la Hoja de ruta — Evaluación inicial de impacto publicada para recabar sus comentarios el 28 de octubre de 2020. La hoja de ruta recibió 51 comentarios. La gran mayoría de los encuestados acogió favorablemente la iniciativa de la Comisión de reforzar el régimen de indicaciones geográficas de la Unión. Los comentarios se centraron principalmente en que los aspectos de sostenibilidad formasen parte del pliego de condiciones y en la necesidad de mejorar la protección y las aclaraciones legislativas. Quienes se pronunciaron sobre el futuro del régimen de especialidades tradicionales garantizadas consideraron que debía mantenerse, aclararse y simplificarse. Un pequeño número de encuestados mencionaron cuestiones relacionadas con la simplificación, los controles y la observancia del cumplimiento, la capacitación de las agrupaciones de productores de indicaciones geográficas y cuestiones relacionadas con el uso del símbolo de la Unión en la etiqueta. Conferencia sobre el refuerzo de las indicaciones geográficas, 25 y 26 de noviembre de 2020. La Comisión y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) organizaron conjuntamente una conferencia de alto nivel que sirvió de punto de contacto para que las partes interesadas dieran a conocer sus opiniones sobre las diversas cuestiones tratadas en el proceso de revisión de las indicaciones geográficas. El acto contó con un amplio público integrado por productores de indicaciones geográficas, partes interesadas de toda la cadena de valor de los alimentos, funcionarios de los Estados miembros, organizaciones internacionales y de la sociedad civil, funcionarios de la UE, estudiantes y público interesado. Además de las sesiones plenarias de apertura y clausura, se celebraron quince paneles para debatir distintos aspectos de la revisión de las indicaciones geográficas. En relación con la iniciativa «de la granja a la mesa», también se debatieron cuestiones de sostenibilidad y la capacitación de los productores, así como formas de aumentar el atractivo de las indicaciones geográficas y modernizarlas y mejorar la observancia de su cumplimiento en consonancia con el Plan de acción sobre propiedad intelectual e industrial. La conferencia grabada y todo su material (ppt /vídeo/audio/galería) están disponibles en la página web EUROPA hasta noviembre de 2022. Consulta pública Del 15 de enero al 9 de abril de 2021, la Comisión llevó a cabo una consulta pública abierta en todas las lenguas oficiales de la UE a través de EUSurvey. Su objetivo era recabar las opiniones de los poderes públicos, de las partes interesadas y del público en general. Se recibieron 302 contribuciones de encuestados de 21 Estados miembros. Los encuestados señalaron los principales retos que plantea la revisión de las indicaciones geográficas: •Debido a la creciente explotación de la reputación de las indicaciones geográficas en internet, es necesario prevenir el fraude y la falsificación de productos con esta protección. •Las agrupaciones de productores de indicaciones geográficas deberían tener mayores competencias y responsabilidades para gestionarlas, promocionarlas y vigilar su cumplimiento. Por el momento, no pueden adoptar decisiones vinculantes para sus miembros. •No hay suficiente conocimiento del logotipo, debido a la falta de información y publicidad sobre los beneficios de las indicaciones geográficas. Consulta al grupo de diálogo civil (GDC) sobre calidad y promoción Los miembros de los grupos de diálogo civil representan los intereses de productores, transformadores, minoristas, consumidores, ecologistas y otros. La Comisión consultó con el GDC sobre calidad y promoción en las siguientes reuniones: •5 de noviembre de 2020. Información sobre el proceso. Primer debate sobre la revisión de las indicaciones geográficas.

•9 de marzo de 2021. Debate sobre las principales necesidades de revisión de las indicaciones geográficas, centrándose en algunos elementos, como la sostenibilidad. •1 de julio de 2021. Resultados de la consulta pública y de la consulta específica con el grupo de diálogo civil. Debate sobre objetivos y opciones. •30 de noviembre de 2021. Presentación de los resultados del proceso de evaluación de impacto. Del mismo modo, como se ha explicado anteriormente, la Comisión también consultó con el GDC sobre el vino durante sus reuniones de 5 de mayo y 8 de noviembre de 2021 y con el GDC sobre bebidas espirituosas el 9 de marzo y el 29 de octubre de 2021. La Comisión también consultó a los miembros del GDC sobre calidad y promoción a través de un cuestionario escrito relativo a la sostenibilidad de las indicaciones geográficas, el etiquetado y las especialidades tradicionales garantizadas. •Obtención y uso de asesoramiento especializado La Comisión consultó a expertos de los Estados miembros en el marco del Grupo de Expertos sobre Calidad y Sostenibilidad de la Agricultura y el Desarrollo Rural, que celebró las siguientes reuniones: •23 de febrero de 2021. Contexto, retos y objetivos, y observaciones a la Hoja de ruta. •22 de abril de 2021. Resultados de la consulta pública y la consulta específica al Grupo de Expertos. Planteamiento general. •23 de septiembre de 2021. Opciones políticas. Antes de estas reuniones, la Comisión también recabó experiencia sobre la ejecución del régimen de especialidades tradicionales garantizada en la reunión del Comité de Calidad de la Política Agrícola del 19 de octubre de 2020, en particular a través de un cuestionario. Asimismo, la Comisión consultó a los miembros del Grupo de Expertos a través de un cuestionario escrito sobre la sostenibilidad de las indicaciones geográficas, la simplificación del régimen de IG orientada al proceso nacional, las relaciones con la política de desarrollo rural y el régimen de ETG. Por lo que se refiere a la sostenibilidad, la opinión preponderante era que no debería ser una imposición para los productores de indicaciones geográficas, sino que a estos se les debería animar y acompañar. Es preciso reconocer y promover las prácticas ya existentes en materia de sostenibilidad. Los expertos de los Estados miembros destacaron, en particular, la importancia de que los requisitos de sostenibilidad se vayan incorporando gradualmente. Es necesario ofrecer mayor apoyo (por ejemplo, en lo que respecta a las certificaciones de sostenibilidad y las inversiones pertinentes) y otros tipos de incentivos (por ejemplo, prioridad en la financiación), así como emprender acciones de información y promoción. Por lo que se refiere a la preocupación acerca de los alimentos nutritivos y la dieta sana, la opinión predominante es que la atención que se presta a los valores nutricionales y las necesidades dietéticas no debe restar importancia al concepto de origen en las indicaciones geográficas, es decir, la calidad que se logra por la correlación entre factores humanos y factores naturales en una zona geográfica determinada. Si bien los expertos acogieron con satisfacción los avances en la simplificación de los procedimientos y la reducción de las cargas administrativas, también señalaron que la meticulosidad y el rigor deberían ser más importantes que la rapidez en el examen de las solicitudes de indicaciones geográficas. Varios expertos abogaron por mejorar la armonización de las normas de procedimiento para todos los sectores y también por mejorar las directrices y el intercambio de información para facilitar la circulación de las mejores prácticas, junto con una aplicación informática más eficaz. Por lo que se refiere a las principales dificultades del procedimiento nacional, destacan dos elementos principales. En primer lugar, parece difícil reunir a los productores en una organización activa, debido a la escasez de tiempo y de recursos. Los productores se muestran reacios a cooperar en una fase temprana del registro de una indicación geográfica y pueden discrepar en la definición del proceso productivo en un pliego de condiciones. La redacción del pliego de condiciones es la segunda dificultad que encuentran los productores: problemas para reunir pruebas que demuestren que el producto cumple los requisitos de una indicación geográfica, descripción poco clara de las características específicas del producto, desconocimiento de la información requerida, etcétera. En lo que respecta a la relación con las intervenciones de desarrollo rural, la mayoría de los expertos indicaron que no solo deberían plantearse los objetivos de mejorar el conocimiento por parte de consumidores y promover la política de indicaciones geográficas, sino también aumentar la competitividad de los productores, animarles a solicitar la protección y mejorar la sostenibilidad. Los expertos explicaron que el procedimiento de registro de las especialidades tradicionales garantizadas se considera complejo y gravoso, por lo que podría contemplarse la aclaración de los criterios. Insistieron en el hecho de que permitir que las ETG puedan producirse libremente fuera de su país de origen hace que los productores se abstengan de participar en el régimen, ya que no ven en qué les beneficia tomarse la molestia de llevar a cabo el registro. •Evaluación de impacto El trabajo en la evaluación de impacto se llevó a cabo entre octubre de 2020 y septiembre de 2021. Durante este periodo de tiempo, se celebraron cuatro reuniones de un grupo director interservicios en el que participaron representantes de doce Direcciones Generales y servicios de la Comisión, así como de la EUIPO. El contenido del informe de evaluación de impacto se ha elaborado y mejorado con las aportaciones y observaciones de los servicios que participaron activamente en este grupo director. Tras la reunión del 30 de junio de 2021, el Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen negativo sobre el proyecto de informe de evaluación de impacto. El Comité formuló las siguientes observaciones principales:

•El informe no proporciona una justificación clara ni pruebas suficientes que respalden la necesidad de actuar en los ámbitos de la sostenibilidad, la alimentación sana, el uso de logotipos y los desequilibrios de la cadena de suministro. •El informe no expone con suficiente claridad las opciones políticas disponibles. No explora suficientemente combinaciones alternativas de medidas políticas que puedan ofrecer mejores resultados o que sean más pertinentes desde el punto de vista político. •El informe no es suficientemente claro sobre la participación de una agencia y los costes correspondientes. •El informe no distingue suficientemente las opiniones de las distintas partes interesadas sobre cuestiones clave. Durante el periodo comprendido entre el 10 y el 15 de septiembre de 2021, se consultó por escrito al grupo director interservicios sobre la versión revisada del informe de evaluación de impacto, a raíz de las observaciones del Comité de Control Reglamentario. Las observaciones se tuvieron debidamente en cuenta en la versión revisada. Las aclaraciones y aportaciones complementarias requeridas se incorporaron al informe de evaluación de impacto y sus anexos, que se volvieron a presentar al Comité el 25 de septiembre de 2021. Sobre esta base, el Comité emitió un dictamen positivo con reservas el 24 de octubre de 2021. Aun reconociendo las mejoras introducidas en el informe, el Comité solicitó aclaraciones adicionales sobre las siguientes cuestiones: •La selección del conjunto preferido de medidas políticas no es coherente con el resto del informe. El informe no contiene una definición clara ni una evaluación ni una comparación coherentes de los paquetes de medidas políticas alternativas. •El informe no justifica suficientemente la medida política preferida en relación con la participación de una agencia. •Las opiniones de las distintas categorías de partes interesadas no se reflejan suficientemente en el informe principal. Todas las observaciones del Comité se abordaron en la versión final del informe de evaluación de impacto y en su resumen ejecutivo. El proceso de evaluación de impacto puso a prueba tres opciones políticas para la revisión de las indicaciones geográficas. La primera opción —Mejorar y apoyar— tiene por objeto mejorar los instrumentos ya existentes y prestar más apoyo a los productores, a las autoridades de los Estados miembros y a otras partes interesadas. La atención se centra principalmente en las orientaciones (por ejemplo, relacionadas con la observancia del cumplimiento, la evaluación de expedientes y la interpretación o aclaración jurídica), el refuerzo de la cooperación entre los Estados miembros y las actividades de desarrollo de capacidades, en particular en cuestiones de sostenibilidad. Se mejorarán los procedimientos armonizándolos en todos los sectores. Un enfoque más flexible con respecto a los logotipos de la Unión consiste en procurar que sean más utilizados por los productores. El régimen de especialidades tradicionales garantizadas se sustituye por un reconocimiento oficial de los productos agrícolas y alimenticios tradicionales por parte de las autoridades de los Estados miembros, con una lista limitada de criterios que deberían establecerse a escala de la Unión, mientras que los Estados miembros notificarían a la Comisión los nombres de los productos tradicionales para que se hicieran públicos. La segunda opción —Definir mejor y reforzar— refuerza la protección de las indicaciones geográficas y mejora la igualdad de condiciones entre los operadores mediante un único conjunto de procedimientos de control para todos los sectores y la formulación de normas pormenorizadas sobre el respeto de las indicaciones geográficas en relación con las ventas por internet. También define el papel que pueden desempeñar las agrupaciones de productores de IG, con carácter voluntario, para contribuir a abordar las preocupaciones sociales en materia de sostenibilidad mediante la incorporación de criterios de sostenibilidad a los pliegos de condiciones, y para reforzar la gestión y la observancia del cumplimiento de sus activos de IG. Las funciones específicas de las agrupaciones de productores de IG, reconocidas por las autoridades de los Estados miembros, se extenderían a todos los sectores. No es obligatorio utilizar el logotipo en la etiqueta del producto y los productores pueden decidir en qué lugar lo colocan y con qué tamaño. La legislación mejorará con aclaraciones sobre la terminología jurídica, la flexibilidad inherente al proceso de producción y la creación de un único conjunto de normas de procedimiento simplificadas. Como parte de esta opción, las estructuras de gestión de la Unión para la evaluación de las indicaciones geográficas deben reforzarse mediante la participación de una agencia existente en el procedimiento de registro. Si bien los Estados miembros seguirían encargándose de la evaluación de ámbito nacional, una agencia prestaría asistencia técnica a la Comisión durante el examen de las solicitudes y oposiciones a escala de la UE. Si bien el informe de evaluación de impacto prevé implícitamente que también haya decisiones que sean adoptadas por una agencia, todas las decisiones legales serán adoptadas por la Comisión para mantener un firme control legislativo. La tercera opción —Armonizar y modernizar— garantiza la plena armonización mediante la creación de un único Reglamento que contenga normas unificadas de observancia del cumplimiento y control. Del mismo modo, las disposiciones relativas a la protección y las normas de procedimiento se integrarán en un único acto de base. El uso de los logotipos prescritos es obligatorio en todos los sectores. Sin embargo, la armonización no afectará a las definiciones de las indicaciones geográficas y mantendrá las especificidades de sectores concretos. Los criterios de sostenibilidad para la producción de IG se definirían en la legislación de la Unión y se harían respetar mediante su integración en el pliego de condiciones, sometiéndolos a controles oficiales. Además de las medidas previstas en la opción política anterior, unas directrices específicas sobre el funcionamiento de las agrupaciones de productores de IG reforzarán su posición en las cadenas de valor de las IG y les permitirán gestionar mejor sus activos de IG. Esta opción prevé externalizar totalmente el proceso de registro a una agencia existente y ofrece la posibilidad de recurrir ante un órgano de apelación. Permite diversos grados de participación de los Estados miembros: una evaluación inicial de ámbito nacional como en las normas actuales, una consulta a los Estados miembros o ninguna participación de los Estados miembros. Se abandonaría el régimen de especialidades tradicionales garantizadas. Los nombres de los alimentos tradicionales que pudieran cumplir los criterios de una denominación de origen protegida (DOP) o indicación geográfica protegida (IGP) podrían registrarse como tales, mientras que otros nombres tradicionales podrían registrarse como marca. La evaluación de impacto ha llegado a la conclusión de que la segunda opción es la más adecuada. Esta opción obtiene la puntuación más alta en lo que respecta a la comparación de costes y beneficios para los productores de IG. Si bien los productores se beneficiarán de una protección más rápida y mejor, los costes serían menores, en particular los relacionados con la duración del procedimiento de registro y los recursos necesarios. La inclusión voluntaria por parte de la agrupación de productores de IG de criterios de sostenibilidad en el pliego de condiciones acarrearía costes de conformidad y certificación adicionales que podrían compensarse en parte con medidas de apoyo en el marco de la política de desarrollo rural; esto respondería a las expectativas de los consumidores de una oferta de productos más ambiciosa en aspectos de sostenibilidad. •Adecuación y simplificación de la normativa

La propuesta se basa en un control de adecuación de la reglamentación y en el análisis de su potencial de simplificación. El Reglamento propuesto simplifica la administración de las indicaciones geográficas proporcionando un conjunto único de normas de procedimiento y control para todos los sectores. También armoniza las disposiciones de protección para todos los sectores. De este modo, garantiza la coherencia y hace que el régimen de indicaciones geográficas sea más comprensible para las partes interesadas. Los principales elementos de simplificación son los siguientes: •un único conjunto de normas para los procesos y controles de aplicación, con ventajas en términos de coherencia de las normas entre sectores, poniendo fin a las actuales divergencias de los procedimientos; •se introducen aclaraciones, en particular en relación con los derechos de propiedad intelectual e industrial; •se introducen conceptos más sencillos, en particular en el régimen de las especialidades tradicionales garantizadas, para mejorar su comprensión por parte de productores y consumidores. Por lo que se refiere a la reducción de las cargas administrativas, la propuesta contempla que una agencia de la UE ya existente preste asistencia técnica en el procedimiento de registro y que se aprovechen al máximo las herramientas digitales. La evaluación de impacto indica que la asistencia técnica hará que se acorten los tiempos, que mejore la calidad de las solicitudes (debido al ciclo de retroalimentación) y de las evaluaciones y que se reduzcan las cargas para los productores y los Estados miembros. De este modo harán falta menos capacidades y recursos de la administración pública y se reducirá el tiempo de registro. El nuevo sistema de información y alerta sobre nombres de dominio que establecerá la EUIPO proporcionará a los solicitantes de indicaciones geográficas una herramienta digital adicional como parte del proceso de solicitud para proteger y hacer cumplir mejor los derechos de sus IG. •Derechos fundamentales En virtud de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 17, apartado 2), la Unión está obligada a proteger la propiedad intelectual. Las medidas previstas crearán mejores condiciones para la protección de las indicaciones geográficas y reducirán el riesgo de usurpación, imitación y evocación de sus nombres, contribuyendo así a garantizar los ingresos de los productores. Una mayor armonización de las normas de procedimiento debería favorecer un proceso de registro más eficiente, con plazos de registro más cortos, menores cargas para los productores y una mayor calidad de los procesos de registro, de modo que se respete la obligación de la Comisión de tramitar las solicitudes de indicaciones geográficas de manera imparcial, justa y en un plazo razonable. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La propuesta no conlleva repercusión presupuestaria alguna. 5.OTROS ELEMENTOS •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información La ejecución de las medidas será objeto de control e información con arreglo a los indicadores básicos de seguimiento de los principales objetivos operativos, enumerados en el informe de evaluación de impacto. Para controlar la contribución de las indicaciones geográficas al desarrollo sostenible y garantizar la transparencia, GIview contiene una sección para cada indicación geográfica registrada donde las autoridades de los Estados miembros incluirán la declaración de sostenibilidad. El Acuerdo interinstitucional de 2016 sobre la mejora de la legislación establece que las tres instituciones acuerdan plantearse sistemáticamente la utilización de cláusulas de revisión y tener en cuenta el tiempo necesario para su ejecución y para recabar datos sobre sus resultados y repercusiones. De acuerdo con esto, la Comisión realizará una evaluación cuando hayan transcurrido al menos cinco años desde la fecha de aplicación del Reglamento. Dicha evaluación se llevará a cabo de conformidad con las directrices de la Comisión para la mejora de la legislación. •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta La propuesta consiste en un conjunto de normas concebidas para establecer un régimen coherente de indicaciones geográficas destinado a ayudar a los productores a comunicar mejor las cualidades, características y atributos de sus productos con indicación geográfica y garantizar una información adecuada al consumidor. Además, la propuesta aclara y mejora el régimen de especialidades tradicionales garantizadas sin introducir cambios en el régimen de términos de calidad facultativos. La propuesta incluye las siguientes disposiciones:

Título I: Disposiciones generales En las disposiciones generales se establece que el objeto son las indicaciones geográficas que protegen los nombres de vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas. También se recogen las definiciones de los términos utilizados específicamente en el Reglamento, así como las normas de protección de datos. Título II: Indicaciones geográficas Capítulo 1: Disposiciones generales En las disposiciones generales se explica que el objetivo del régimen de indicaciones geográficas es establecer un régimen unitario y exclusivo que proteja los nombres de vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas con características, atributos y reputación vinculados a su lugar de producción. [LS: Se recoge la clasificación de los productos incluidos. También se recogen las definiciones de los términos utilizados específicamente en este título.] Capítulo 2: Registro de indicaciones geográficas En este capítulo se establecen, en particular, normas uniformes de registro, tanto a escala nacional como de la Unión, incluido el procedimiento de oposición, se define al solicitante y se enumeran los requisitos que este debe cumplir, se especifica el contenido de los documentos de solicitud y se define la función del registro. Se establece la protección transitoria y las medidas transitorias. También se incluyen disposiciones sobre las modificaciones del pliego de condiciones y sobre la anulación de la indicación geográfica registrada. Capítulo 3: Protección de indicaciones geográficas En este capítulo se establece el nivel de protección de las indicaciones geográficas. También se establecen normas para las indicaciones geográficas que se utilizan como ingredientes y se aclaran los términos genéricos y el procedimiento de registro de indicaciones geográficas homónimas, así como la relación con las marcas. Se establecen normas para las agrupaciones de productores reconocidas. Se define la relación con el uso de términos en nombres de dominio de internet. Por último, este capítulo incluye las normas para el uso de símbolos, indicaciones y abreviaturas de la Unión en el etiquetado y el material publicitario del producto de que se trate. Capítulo 4: Controles y observancia del cumplimiento En este capítulo se establecen las normas sobre controles, incluida la verificación de que un producto designado por una indicación geográfica se ha elaborado de conformidad con el pliego de condiciones correspondiente, así como el seguimiento del uso de las indicaciones geográficas en el mercado. También se prescribe la asistencia mutua entre las autoridades de los Estados miembros. Por último, se exige que las autoridades responsables del cumplimiento de la normativa aporten la prueba de la certificación a petición de un productor. Capítulo 5: Elementos adicionales del procedimiento de registro En virtud de este capítulo, se establecen criterios para supervisar el funcionamiento de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que prestará asistencia técnica a la Comisión en lo que respecta al examen de las solicitudes. Capítulo 6: Indicaciones geográficas de productos agrícolas En este capítulo se establecen las definiciones de «denominación de origen protegida» e «indicación geográfica protegida» para productos agrícolas. Se establece el contenido del pliego de condiciones y del documento único de las indicaciones geográficas de los productos agrícolas. Además, se incluyen normas específicas para este sector, en particular sobre variedades vegetales y razas animales, así como la procedencia de los piensos y de las materias primas. Capítulo 7: Disposiciones de procedimiento En este capítulo se establece que la Comisión contará con la asistencia del el Comité de Indicaciones Geográficas. Capítulo 8: Disposiciones transitorias y finales (indicaciones geográficas) En este capítulo se establece que la Comisión contará con la asistencia del Comité de Indicaciones Geográficas. También se contempla la continuidad de los registros y se aclaran las normas aplicables a las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor del presente Reglamento. Título III: Regímenes de calidad

Capítulo 1: Especialidades tradicionales garantizadas En este capítulo se establecen las normas aplicables al régimen de especialidades tradicionales garantizadas. En comparación con las normas existentes, se aclaran los criterios para registrar dichas especialidades; en particular, ya no exige que deban tener un carácter específico. También se aclaran y se racionalizan las normas de procedimiento. Capítulo 2: Términos de calidad facultativos En este capítulo se establecen las normas aplicables a los términos de calidad facultativos. No se introducen cambios en la legislación vigente sobre esta materia. Capítulo 3: Disposiciones de procedimiento En este capítulo se establece que la Comisión contará con la asistencia del Comité de Calidad Agraria. Título IV: Modificaciones de los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, (UE) 2019/787 y (UE) 2017/1001 [BT: orden de los Reglamentos.] En este título se incluyen las disposiciones por las que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 y el Reglamento (UE) 2019/787, en particular debido a un nuevo conjunto armonizado de normas para la protección, el procedimiento de registro y el control y la observancia del cumplimiento, establecidas en los capítulos anteriores del presente Reglamento. Se modifica el Reglamento (UE) 2017/1001 para encomendar a la EUIPO las tareas de administración de las indicaciones geográficas. Título V: Disposiciones transitorias y finales Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados con arreglo a las condiciones establecidas en el Reglamento. En este capítulo también se aclaran las normas transitorias, en particular que las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor del presente Reglamento deben respetar las normas aplicables hasta ese momento. Se establece la entrada en vigor del Reglamento para el [...] día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 2022/0089 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a las indicaciones geográficas de vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas y a los regímenes de calidad de los productos agrícolas de la Unión Europea, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, (UE) 2017/1001 y (UE) 2019/787 y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1151/2012 EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 43, apartado 2, y su artículo 118, párrafo primero, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)El Pacto Verde Europeo incluyó el diseño de un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente («de la granja a la mesa») entre las políticas para transformar la economía de la Unión para un futuro sostenible. (2)La Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia “de la granja a la mesa” para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente», en la que se pedía una transición hacia sistemas alimentarios sostenibles, también pide que se refuerce el marco legislativo sobre las indicaciones geográficas y, cuando proceda, se incluyan criterios específicos de sostenibilidad. En dicha Comunicación, la Comisión se comprometió a reforzar la posición de los productores de productos con indicaciones geográficas, sus cooperativas y organizaciones de productores en la cadena de suministro alimentario, entre otros agentes. (3)En su Comunicación de 25 de noviembre de 2020 titulada «Aprovechar al máximo el potencial innovador de la UE: un plan de acción en materia de propiedad intelectual e industrial para apoyar la recuperación y la resiliencia de la UE», la Comisión se comprometió a estudiar maneras de fortalecer, modernizar, agilizar y hacer cumplir mejor las indicaciones geográficas de los productos agrícolas, los vinos y las bebidas espirituosas. (4)La calidad y diversidad de la producción de vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas de la Unión constituye uno de sus importantes puntos fuertes, lo que ofrece una ventaja competitiva para sus productores y contribuye de manera importante al patrimonio cultural y gastronómico vivo de la Unión. Ello se debe a las habilidades, conocimientos y determinación de los agricultores y productores de la Unión, quienes han mantenido vivas las tradiciones a la vez que han tenido en cuenta la evolución de los nuevos métodos y materiales de producción. (5)Los ciudadanos y consumidores de la Unión demandan cada vez más productos de calidad y productos tradicionales. El mantenimiento de la diversidad que ofrece la producción agrícola de la Unión es algo que les interesa y les preocupa. Esto genera una demanda de vino, bebidas espirituosas y productos agrícolas con características específicas que puedan identificarse, en especial aquellas vinculadas a su origen geográfico. (6)La protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales es un derecho fundamental. El Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo establece normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos. Las funciones de la Comisión y de los Estados miembros en relación con el tratamiento de datos personales en los procedimientos de su competencia deben definirse claramente para garantizar un elevado nivel de protección. El tratamiento de datos personales es lícito cuando es necesario para el desempeño de funciones de interés público. Los procedimientos de registro, modificación o anulación de las indicaciones geográficas y de las especialidades tradicionales garantizadas que se lleven a cabo en el marco del presente Reglamento, del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y del Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo deberán llevarse a cabo adecuadamente. La tramitación de las referencias relativas a solicitantes en un procedimiento de registro, modificación o anulación, oponentes, beneficiarios de periodos transitorios y organismos y personas físicas delegados para determinadas tareas de control oficial, en el contexto de los procedimientos de registro, modificación o anulación de indicaciones geográficas y especialidades tradicionales garantizadas, es necesaria para la correcta gestión de estos procedimientos. Además, estos procedimientos tienen carácter público. La transparencia es necesaria para hacer posible una competencia leal entre los operadores y para identificar públicamente los intereses económicos privados y públicos vinculados a estos procedimientos. Con el fin de reducir al mínimo la exposición de los datos personales, en los documentos que se presenten para su tramitación se evitará, en la medida de lo posible, exigir la presentación de datos personales. No obstante, puede que la Comisión y los Estados miembros hayan de tratar información que contenga datos personales (nombres de personas y datos de contacto, por ejemplo). En este marco, por razones de interés público y de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725, debe permitirse a la Comisión y a los Estados miembros tratar dichos datos personales y divulgarlos o hacerlos públicos cuando ello sea necesario para identificar a los solicitantes en un procedimiento de registro, modificación o anulación, a los oponentes en un procedimiento de oposición, a los beneficiarios de un periodo transitorio concedido para establecer excepciones a la protección de un nombre registrado y a los organismos delegados para llevar a cabo la verificación del cumplimiento con el pliego de condiciones. (7)A efectos de la aplicación del Reglamento (UE) 2018/1725, la Comisión es la autoridad ante la cual pueden los propietarios de datos personales ejercer los derechos correspondientes, enviando observaciones, planteando preguntas o dudas o presentando una reclamación en relación con la recogida y el uso de los datos personales. Por consiguiente, debe quedar claro que la Comisión es considerada responsable del tratamiento en el sentido del Reglamento (UE) 2018/1725 en relación con el tratamiento de datos personales en los procedimientos de los que sea responsable en virtud del presente Reglamento, del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Reglamento (UE) 2019/787 y de las disposiciones adoptadas en consecuencia. (8)El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo se aplica al tratamiento de datos personales realizado por la Comisión en el marco de los procedimientos pertinentes. A efectos de la aplicación de ese Reglamento, las autoridades competentes de los Estados miembros son las autoridades ante las cuales pueden los propietarios de datos personales ejercer los derechos correspondientes, enviando observaciones, planteando preguntas o dudas o presentando una reclamación en relación con la recogida y el uso de los datos personales. Por consiguiente, debe quedar claro que los Estados miembros son considerados responsables del tratamiento en el sentido del Reglamento (UE) 2016/679 en relación con el tratamiento de datos personales en los procedimientos de los que sean responsables en virtud del presente Reglamento, del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Reglamento (UE) 2019/787 y de las disposiciones adoptadas en consecuencia. (9)Una prioridad que solo puede alcanzarse con efectividad a escala de la Unión es la de garantizar que en todo su territorio se reconozcan y se protejan de modo uniforme los derechos de propiedad intelectual sobre los nombres que se protejan en ella. Las indicaciones geográficas que protegen los nombres de vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas con características, atributos o reputación vinculados a su lugar de producción son competencia exclusiva de la Unión. Por lo tanto, es necesario establecer un régimen unitario y exclusivo de indicaciones geográficas. Las indicaciones geográficas son un derecho colectivo de todos los productores elegibles de una zona designada que desean adherirse a un pliego de condiciones. Los productores que actúan colectivamente tienen más facultades que los productores individuales y asumen responsabilidades colectivas para gestionar sus indicaciones geográficas, incluida la respuesta a las demandas sociales de productos obtenidos mediante una producción sostenible. La explotación de indicaciones geográficas recompensa equitativamente a los productores por sus esfuerzos para producir una variada gama de productos de calidad. Al mismo tiempo, puede beneficiar a la economía rural, especialmente en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, como las zonas de montaña y las regiones más remotas, cuyo sector agrario representa una parte significativa de su economía y cuyos costes de producción son elevados. En este sentido, los regímenes de calidad pueden contribuir y servir de complemento tanto a la política de desarrollo rural como a las políticas de apoyo al mercado y de sostenimiento de la renta que se aplican en el marco de la PAC. Pueden, en particular, contribuir al progreso del sector agrario y, en especial, de las zonas desfavorecidas. La existencia de un marco que proteja las indicaciones geográficas en el ámbito de la Unión disponiendo su inscripción en un registro facilita el desarrollo del sector agrario, dado que la mayor uniformidad del enfoque resultante de dicho marco asegura una competencia leal entre los productores de los productos que llevan tales indicaciones y refuerza la credibilidad de estos a los ojos del consumidor. El régimen de indicaciones geográficas tiene por objeto hacer posible que los consumidores tomen decisiones de compra con más conocimiento de causa y, mediante el etiquetado y la publicidad, ayudarles a identificar correctamente sus productos en el mercado. Las indicaciones geográficas, que son un tipo de derecho de propiedad intelectual e industrial, ayudan a los operadores y a las empresas a valorizar sus activos inmateriales. Con el fin de evitar que se originen condiciones de competencia desleales y sostener el mercado interior, todos los productores, incluidos los productores de terceros países, deben poder utilizar un nombre registrado y productos del mercado designados como indicaciones geográficas en todo el territorio de la Unión y en el comercio electrónico, siempre que el producto de que se trate cumpla los requisitos del pliego de condiciones que le sea aplicable y que el productor se someta a un sistema de controles. En vista de la experiencia adquirida con la ejecución de los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, (UE) 2019/787 y (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, es necesario abordar determinadas cuestiones jurídicas, aclarar y simplificar algunas normas y racionalizar los procedimientos. (10)Para ajustarse a la definición de productos agrícolas en el marco internacional, es decir, la Organización Mundial del Comercio, debe contemplarse el uso de la nomenclatura combinada para las indicaciones geográficas. (11)La Unión lleva algún tiempo intentando simplificar el marco regulador de la política agrícola común. Este planteamiento debe trasladarse también a las normas que regulan las indicaciones geográficas, sin poner en cuestión las características específicas de esos productos. A fin de simplificar los prolongados procedimientos de registro y modificación, deben establecerse normas de procedimiento armonizadas para las indicaciones geográficas de vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas en un único instrumento jurídico, manteniendo al mismo tiempo las disposiciones específicas del producto establecidas en el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 en el caso del vino, en el Reglamento (UE) 2019/787 en el caso de las bebidas espirituosas y en el presente Reglamento en el caso de los productos agrícolas. Los procedimientos de registro, modificación del pliego de condiciones y anulación de inscripciones registrales de indicaciones geográficas originarias de la Unión, incluidos los procedimientos de oposición, deben ser llevados a cabo por los Estados miembros y la Comisión. Los Estados miembros y la Comisión deben ser responsables de las distintas fases de cada procedimiento. Los Estados miembros son responsables de la primera fase del procedimiento, que consiste en recibir la solicitud de la agrupación de productores, evaluarla —lo que incluye llevar a cabo el correspondiente procedimiento nacional de oposición— y —una vez obtenidos los resultados de la evaluación— presentar la solicitud a la Comisión. La Comisión debe ser responsable del examen de la solicitud en la segunda fase del procedimiento, lo que incluye llevar a cabo el correspondiente procedimiento mundial de oposición y adoptar una decisión sobre si se concede o no la protección a la indicación geográfica. Las indicaciones geográficas solo deben registrarse en el ámbito de la Unión. Sin embargo, con efectos a partir de la fecha de solicitud a la Comisión de la inscripción en el registro de la Unión, los Estados miembros deben poder conceder una protección transitoria de ámbito nacional que no afecte al mercado interior ni al comercio internacional. Las indicaciones geográficas de terceros países que cumplan los criterios correspondientes y que se encuentren protegidas en su país de origen también deben tener acceso a la protección que otorga el presente Reglamento una vez registradas. La Comisión debe llevar a cabo los procedimientos pertinentes para las indicaciones geográficas originarias de terceros países. (12)Para contribuir a la transición hacia un sistema alimentario sostenible y responder a las demandas sociales de métodos de producción sostenibles, respetuosos con el medio ambiente y el clima, que garanticen el bienestar de los animales, que sean eficientes en el uso de los recursos y social y éticamente responsables, debe animarse a los productores de indicaciones geográficas a cumplir normas de sostenibilidad más estrictas que las obligatorias y que vayan más allá de las buenas prácticas. Estos requisitos específicos podrían establecerse en el pliego de condiciones. (13)Para garantizar la coherencia en la toma de decisiones en relación con las solicitudes de protección y los recursos judiciales contra ellas, que se presenten en el procedimiento nacional, la Comisión debe ser informada de manera puntual y periódica cuando se inicien procedimientos ante los órganos jurisdiccionales nacionales u otros organismos en relación con una solicitud de registro remitida por el Estado miembro a la Comisión y de sus resultados finales. Por la misma razón, cuando un Estado miembro considere que una decisión nacional en la que se base la solicitud de protección pueda ser invalidada como consecuencia de un procedimiento judicial nacional, deberá informar a la Comisión de dicha evaluación. Si el Estado miembro solicita la suspensión del examen de una solicitud en el ámbito de la Unión, la Comisión deberá quedar exenta de la obligación de respetar el plazo en ella establecido para el examen. Con el fin de proteger al solicitante de acciones judiciales abusivas y de preservar su derecho de obtener la protección de un nombre en un periodo de tiempo razonable, la exención debe limitarse a los casos en los que la solicitud de registro haya sido invalidada en el ámbito nacional por una resolución judicial de aplicación inmediata, aunque no firme, o en los que el Estado miembro considere que el recurso de impugnación de la solicitud se basa en motivos válidos. (14)Para que los operadores cuyos intereses se vean afectados por el registro de un nombre puedan seguir utilizándolo durante un periodo de tiempo limitado, contraviniendo el régimen de protección establecido en el artículo 27, deben concederse excepciones específicas para el uso de los nombres en forma de periodos transitorios. Estos periodos pueden contemplarse para superar dificultades temporales y con el objetivo a largo plazo de garantizar que todos los productores cumplan el pliego de condiciones. (15)En aras de la transparencia y la uniformidad en todos los Estados miembros, es necesario establecer y mantener un registro electrónico de la Unión de indicaciones geográficas registradas como denominaciones de origen protegidas o indicaciones geográficas protegidas. El registro debe proporcionar información a los consumidores y a las personas que ejerzan actividades comerciales. El registro debe ser una base de datos electrónica almacenada en un sistema informático y ser accesible al público. (16)La Unión negocia con sus socios comerciales acuerdos internacionales, entre los que se cuentan los relativos a la protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Para facilitar que el público disponga de información sobre los nombres protegidos por dichos acuerdos internacionales y, en especial, para garantizar la protección de estos y el control de su uso, los nombres podrán inscribirse en el registro de la Unión de indicaciones geográficas. A menos que en esos acuerdos internacionales se identifiquen específicamente como denominaciones de origen, los nombres deben inscribirse en el registro como indicaciones geográficas protegidas. (17)De cara al funcionamiento óptimo del mercado interior, es importante que los productores y otros operadores interesados, las autoridades y los consumidores puedan acceder rápida y fácilmente a la información pertinente relativa a una denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida registrada. Esta información debe incluir, en su caso, la información sobre la identidad de la agrupación de productores reconocida a nivel nacional. (18)Con objeto de garantizar un uso leal de los nombres inscritos en el registro de la Unión de indicaciones geográficas y de evitar prácticas que puedan inducir a error a los consumidores, debe concederse una protección a tales nombres. A fin de reforzar la protección de las indicaciones geográficas y luchar más eficazmente contra la falsificación, la protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas debe aplicarse también a los nombres de dominio en internet.

(19)Para determinar si un producto es comparable a otro producto registrado como indicación geográfica, deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes, por ejemplo si los productos tienen características objetivas comunes, como el método de producción, el aspecto físico o la utilización de una misma materia prima, en qué circunstancias se utilizan los productos desde el punto de vista del público pertinente, si se distribuyen con frecuencia a través de los mismos canales y si están sujetos a normas de comercialización similares. (20)En vista de las prácticas comerciales y de la jurisprudencia de la Unión, se requiere claridad sobre el uso de una indicación geográfica en el nombre comercial de un producto transformado en cuya elaboración se utilice el producto designado por la indicación geográfica como ingrediente. Debe garantizarse que dicho uso se corresponda con prácticas comerciales leales y que no debilite, difumine o perjudique la reputación del producto que lleva la indicación geográfica. Para que dicho uso sea admisible, es necesario el consentimiento de la gran mayoría de los productores de las indicaciones geográficas afectadas. (21)Es preciso aclarar las normas que regulan el uso continuado de los nombres de carácter genérico, de modo que aquellos que sean similares a un nombre o término protegido, o que formen parte de él, conserven su estatuto genérico. (22)Debe aclararse el alcance de la protección concedida en virtud del presente Reglamento, en particular en lo que se refiere a las limitaciones al registro de nuevas marcas establecidas en la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo que entren en conflicto con la inscripción de indicaciones geográficas. Tal aclaración es necesaria también con relación a los titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial anteriores, en particular los relativos a marcas y nombres homónimos registrados como indicaciones geográficas. (23)Las agrupaciones de productores desempeñan una función esencial en el procedimiento de solicitud de registro de indicaciones geográficas, así como en la modificación de los pliegos de condiciones y en las solicitudes de anulación. Deben disponer de los medios para identificar y comercializar mejor las características específicas de sus productos. Por lo tanto, debe aclararse el papel de la agrupación de productores. (24)Dado que los productores de productos con indicaciones geográficas son principalmente pequeñas o medianas empresas, se enfrentan a la competencia de otros operadores a lo largo de la cadena de suministro alimentario, de modo que se puede originar una competencia desleal entre los productores locales y los que operan a mayor escala. En este contexto, en interés de todos los productores afectados, es necesario permitir que una única agrupación de productores lleve a cabo acciones específicas en nombre de los productores. A tal fin, debe establecerse la categoría de la agrupación de productores reconocida, junto con los criterios necesarios para ser considerada una agrupación de productores reconocida y los derechos adicionales específicos conexos, en particular con el fin de proporcionar a las agrupaciones de productores reconocidas las herramientas adecuadas para hacer cumplir mejor sus derechos de propiedad intelectual e industrial ante las prácticas desleales. (25)Debe aclararse la relación entre los nombres de dominio de internet y la protección de las indicaciones geográficas en lo que respecta al ámbito de aplicación de las medidas correctoras, el reconocimiento de las indicaciones geográficas en la resolución de litigios y el uso leal de los nombres de dominio. Las personas que tengan un interés legítimo en una indicación geográfica cuyo registro se haya solicitado antes de registrar el nombre de dominio deben tener la facultad de solicitar la revocación o la transferencia del nombre de dominio en caso de conflicto. (26)Debe aclararse la relación entre marcas e indicaciones geográficas en relación con los criterios para la denegación de solicitudes de marca, la invalidación de marcas y la coexistencia entre marcas e indicaciones geográficas. (27)Con el fin de evitar que se originen condiciones de competencia desleales, todos los productores, incluidos los productores de terceros países, deben poder utilizar una indicación geográfica registrada, siempre que el producto de que se trate cumpla los requisitos del correspondiente pliego de condiciones o documento único o equivalente a este último, es decir un resumen completo del pliego de condiciones. El régimen establecido por los Estados miembros también deberá garantizar que los productores que cumplan las normas tengan derecho a estar amparados por la verificación del cumplimiento del pliego de condiciones. (28)Los símbolos, indicaciones y abreviaturas que indiquen a una indicación geográfica registrada —y los derechos sobre ellos en el marco de la Unión— han de ser protegidos en la Unión y en los terceros países con el fin de garantizar que solo se utilicen para productos auténticos y que los consumidores no sean inducidos a error en cuanto a las cualidades de los productos. (29)El etiquetado de vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas debe cumplir las normas generales establecidas en el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo y, en particular, las disposiciones destinadas a evitar que el etiquetado pueda confundir o inducir a error a los consumidores. (30)El uso de símbolos o indicaciones de la Unión en el envasado de productos designados por una indicación geográfica debe hacerse obligatorio con el fin de lograr que los consumidores conozcan mejor esta categoría de productos y las garantías que llevan aparejadas y, por otra, hacer posible la identificación de estos productos en el mercado y, de este modo, facilitar los controles. No obstante, habida cuenta de la naturaleza específica de los productos regulados por el presente Reglamento, deben mantenerse disposiciones especiales en materia de etiquetado para el vino y las bebidas espirituosas. En el caso de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de terceros países, el uso de tales símbolos o indicaciones debe tener carácter voluntario. (31)El valor añadido de las indicaciones geográficas radica en la confianza de los consumidores. El régimen de indicaciones geográficas se basa en gran medida en el autocontrol, la diligencia debida y la responsabilidad individual de los productores, mientras que corresponde a las autoridades competentes de los Estados miembros adoptar las medidas necesarias para evitar o detener el uso de nombres de productos que incumplan las normas que regulan las indicaciones geográficas. El papel de la Comisión es intervenir en caso de inaplicación sistémica del Derecho de la Unión. Las indicaciones geográficas deben estar sujetas al sistema de controles oficiales, en consonancia con los principios establecidos en el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, que debe incluir un sistema de controles en todas las fases de la producción, la transformación y la distribución. Cada operador debe estar sujeto a un sistema de control que verifique la conformidad con el pliego de condiciones. Teniendo en cuenta que el vino está sujeto a controles específicos definidos en la legislación sectorial, el presente Reglamento únicamente debe establecer controles para las bebidas espirituosas y los productos agrícolas. (32)Con el fin de garantizar su imparcialidad y su efectividad, las autoridades competentes designadas para verificar la conformidad con el pliego de condiciones deben cumplir una serie de criterios operativos. Deben adoptarse disposiciones que permitan que algunas competencias para llevar a cabo tareas específicas de control se deleguen en organismos de certificación de productos, a fin de facilitar la tarea de las autoridades de control y conseguir que el sistema sea más eficaz. (33)La información sobre las autoridades competentes y los organismos de certificación de productos debe hacerse pública en aras de la transparencia y para que las partes interesadas puedan ponerse en contacto con ellas. (34)Las normas europeas elaboradas por el Comité Europeo de Normalización y las normas internacionales elaboradas por la Organización Internacional de Normalización deben aplicarse para la acreditación de los organismos de control, así como por dichos organismos en su funcionamiento. La acreditación de esos organismos debe efectuarse de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. (35)Es importante vigilar el cumplimiento de las indicaciones geográficas en el mercado para evitar prácticas fraudulentas y engañosas, garantizando así que los productores sean recompensados adecuadamente por el valor añadido de sus productos con indicación geográfica y que se impida que los usuarios ilegales de dichas indicaciones geográficas vendan sus productos. Los controles deben basarse en una evaluación de riesgos o en las notificaciones de los operadores, y deben adoptarse las medidas administrativas y judiciales adecuadas para evitar o detener el uso de nombres en productos o servicios que incumplan las indicaciones geográficas protegidas. (36)Ha crecido el uso de las plataformas en línea para la venta de productos, incluidos los designados como indicaciones geográficas, y en algunos casos pueden representar un espacio importante para prevenir el fraude. A este respecto, el presente Reglamento debe establecer normas que velen por el etiquetado adecuado de los productos vendidos a través de plataformas en línea y que confieran competencias a los Estados miembros para que inhabiliten el acceso a los contenidos que incumplan las normas. Dichas normas se entenderán sin perjuicio del Reglamento (UE) 2022/XX del Parlamento Europeo y del Consejo. (37)Teniendo en cuenta que un producto con indicación geográfica que se produzca en un Estado miembro puede venderse en otro Estado miembro, debe garantizarse la asistencia administrativa entre los Estados miembros para permitir controles eficaces y deben establecerse sus aspectos prácticos. (38)De cara al funcionamiento óptimo del mercado interior, es importante que los productores demuestren rápida y fácilmente y en distintas situaciones que están autorizados a utilizar el nombre protegido, ya sea durante los controles aduaneros, las inspecciones de mercado o a petición de los operadores comerciales. A tal fin, debe ponerse a disposición del productor un certificado oficial u otra prueba de certificación del derecho a producir el producto designado por una indicación geográfica.

(39)Los procedimientos de registro, modificación y anulación de las indicaciones geográficas, en particular el examen y el procedimiento de oposición, deben llevarse a cabo de la manera más eficiente. Esto puede lograrse recurriendo a la asistencia prestada por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para el examen de las solicitudes. Si bien se ha contemplado una externalización parcial a la EUIPO, la Comisión seguiría siendo la responsable de los procesos de registro, modificación y anulación, debido a que existe una estrecha relación con la política agrícola común y a que se necesitan conocimientos especializados para garantizar que se evalúan adecuadamente las especificidades de los vinos, de las bebidas espirituosas y de los productos agrícolas. (40)Deben establecerse criterios para evaluar el desempeño de la EUIPO. Estos criterios deben garantizar la calidad, la coherencia y la eficiencia de la asistencia prestada. La Comisión debe preparar un informe al Parlamento y al Consejo sobre los resultados y experiencia de realización de estas tareas por parte de la EUIPO. (41)En vista de la práctica actual, deben mantenerse los dos instrumentos diferentes para identificar el vínculo existente entre un producto y su origen geográfico, a saber, las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas. Deben aclararse las normas y definiciones aplicables a las variedades vegetales y las razas animales para comprender mejor su articulación con las indicaciones geográficas en caso de conflicto. Las normas sobre la procedencia de los piensos y las materias primas deben permanecer inalteradas. (42)Un producto que lleve una indicación geográfica debe cumplir determinadas condiciones establecidas en el pliego de condiciones. Para que dicha información sea fácilmente comprensible también para las partes interesadas, el pliego de condiciones debe resumirse en un documento único. (43)En la ejecución de las normas relativas a las indicaciones geográficas, la Comisión debe estar asistida por un comité integrado por los delegados de los Estados miembros. (44)El objetivo concreto del régimen de las especialidades tradicionales garantizadas es ayudar a los productores de productos tradicionales a comunicar a los consumidores las cualidades que añadan valor a su producto. Con el fin de evitar que se originen condiciones de competencia desleales, todos los productores, incluidos los productores de terceros países, deben poder utilizar un nombre registrado de una especialidad tradicional garantizada, siempre que el producto de que se trate cumpla los requisitos del pliego de condiciones que le sea aplicable y que el productor se someta a un sistema de controles. (45)Habida cuenta del reducido número de nombres registrados, puede decirse que el régimen actual de las especialidades tradicionales garantizadas no ha logrado desarrollar todo su potencial. Es preciso, pues, que las disposiciones actuales se mejoren, aclaren y afinen con el fin de que el régimen resulte más comprensible, operativo y atractivo para los posibles solicitantes. Para asegurar que se registren los nombres de productos tradicionales auténticos, deben adaptarse los criterios y condiciones para registrar un nombre, en particular suprimiendo la condición de que las especialidades tradicionales garantizadas tengan un carácter específico. (46)Para asegurar que las especialidades tradicionales garantizadas cumplan su pliego de condiciones y sean coherentes, deben ser los propios productores organizados en agrupaciones quienes definan el producto en un pliego de condiciones. Además, la posibilidad de registrar un nombre como especialidad tradicional garantizada debe quedar abierta a los productores de terceros países. (47)En aras de la transparencia, las especialidades tradicionales garantizadas deben inscribirse en el registro. (48)Con el fin de evitar que se originen condiciones de competencia desleales, todos los productores, incluidos los productores de terceros países, deben poder utilizar un nombre registrado de una especialidad tradicional garantizada, siempre que el producto de que se trate cumpla los requisitos del pliego de condiciones que le sea aplicable y que el productor se someta a un sistema de controles. En el caso de las especialidades tradicionales garantizadas producidas en la Unión, el símbolo de la Unión debe incluirse en el etiquetado y debe poder asociarse a la indicación «especialidad tradicional garantizada». Debe regularse el uso de los nombres, el símbolo de la Unión y la indicación para garantizar un enfoque uniforme en todo el mercado interior. (49)Las especialidades tradicionales garantizadas deben gozar de una protección eficaz en el mercado, de modo que sus productores sean adecuadamente recompensados por su valor añadido y se impida que los usuarios ilegales de especialidades tradicionales garantizadas vendan sus productos. (50)A fin de no inducir a error a los consumidores, las especialidades tradicionales garantizadas deberán protegerse contra todo uso indebido o imitación, también en relación con los productos utilizados como ingredientes, o contra cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor. Con el mismo objetivo, deben establecerse normas aplicables a los usos específicos de las especialidades tradicionales garantizadas, en particular en lo que se refiere al uso de términos genéricos en la Unión, etiquetado que contenga o comprenda la denominación de una variedad vegetal o raza animal y marcas. (51)La participación en el régimen de especialidades tradicionales garantizadas debe garantizar que todo operador que cumpla las normas de dicho régimen tenga derecho a estar amparado por la verificación del cumplimiento con el pliego de condiciones. (52)Los procedimientos de registro, modificación del pliego de condiciones y anulación de la inscripción de especialidades tradicionales garantizadas originarias de la Unión, incluidos los procedimientos de oposición, deben ser llevados a cabo por los Estados miembros y la Comisión. Los Estados miembros y la Comisión deben ser responsables de las distintas fases de cada procedimiento. Los Estados miembros son responsables de la primera fase del procedimiento, que consiste en recibir la solicitud de la agrupación de productores, evaluarla —lo que incluye llevar a cabo el correspondiente procedimiento nacional de oposición— y —una vez obtenidos los resultados de la evaluación— presentar la solicitud de la Unión a la Comisión. La Comisión debe ser responsable del examen de la solicitud, lo que incluye el correspondiente procedimiento mundial de oposición y la decisión sobre si se concede o no la protección a la especialidad tradicional garantizada. Las especialidades tradicionales garantizadas de terceros países que cumplan los criterios correspondientes y que se encuentren protegidas en su país de origen también deben tener acceso a la protección que otorga el presente Reglamento una vez registradas. La Comisión también debe llevar a cabo los procedimientos correspondientes para las especialidades tradicionales garantizadas originarias de terceros países. (53)El régimen de términos de calidad facultativos fue introducido por el Reglamento (UE) n.º 1151/2012. Se refiere a características horizontales específicas, de una o más categorías de productos, métodos de producción o atributos de transformación que se apliquen en zonas específicas. El término de calidad facultativo «producto de montaña» cumple las condiciones establecidas para los términos de calidad facultativos y fue establecido por dicho Reglamento. Ha proporcionado a los productores de montaña un instrumento efectivo para mejorar la comercialización de sus productos y reducir los riesgos reales de confusión de los consumidores en cuanto a la procedencia de montaña de los productos comercializados. Debe mantenerse la posibilidad de que los productores utilicen términos de calidad facultativos, ya que el régimen todavía no ha alcanzado plenamente su potencial en los Estados miembros dado su breve periodo de aplicación. (54)En la ejecución de las normas relativas a las especialidades tradicionales garantizadas y a los términos de calidad facultativos que se establecen en el presente Reglamento, la Comisión debe estar asistida por un comité integrado por delegados de los Estados miembros. (55)Las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, en relación con el sector vitivinícola, y del Reglamento (UE) 2019/787, en relación con el sector de las bebidas espirituosas, deben modificarse para adaptarlas a las normas comunes sobre registro, modificación, oposición, anulación, protección y control de las indicaciones geográficas que se establecen en el presente Reglamento. En particular en el caso del vino, es necesario introducir cambios adicionales en la definición de las indicaciones geográficas protegidas en consonancia con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. En aras de la coherencia con el presente Reglamento, también debe modificarse la disposición relativa a las funciones de la EUIPO establecidas en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo. (56)A fin de completar o modificar algunos elementos no esenciales del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos, con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, destinados a definir normas de sostenibilidad y adoptar criterios para el reconocimiento de las normas de sostenibilidad ya existentes; aclarar o añadir elementos que deban facilitarse como parte de la información de acompañamiento; encomendar a la EUIPO las tareas relacionadas con el examen de la oposición y el procedimiento de oposición, el funcionamiento del registro, la publicación de modificaciones normales del pliego de condiciones, la consulta en el contexto del procedimiento de anulación, el establecimiento y la gestión de un sistema de alerta que informe a los solicitantes sobre la disponibilidad de su indicación geográfica como nombre de dominio, el examen de las indicaciones geográficas de terceros países distintas de las indicaciones geográficas conforme al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, propuestas para la protección en virtud de negociaciones internacionales o acuerdos internacionales; establecer criterios adecuados para supervisar el desempeño de la EUIPO en la ejecución de las tareas que se le confían; adoptar normas adicionales sobre el uso de indicaciones geográficas para identificar los ingredientes de los productos transformados; adoptar normas complementarias que permitan determinar el carácter genérico de los términos; establecer restricciones y excepciones respecto de la procedencia de los piensos en el caso de las denominaciones de origen; establecer restricciones y excepciones respecto del sacrificio de animales vivos o de la procedencia de las materias primas; adoptar normas que determinen el uso de la denominación de una variedad vegetal o de una raza animal; adoptar normas que pongan límites a la información contenida en el pliego de condiciones de las indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales garantizadas; desarrollar los criterios de admisibilidad aplicables a las especialidades tradicionales garantizadas; adoptar normas adicionales que dispongan procedimientos adecuados de certificación y acreditación aplicables a los organismos de certificación de productos; adoptar normas adicionales para desarrollar la protección de las especialidades tradicionales garantizadas; adoptar, al respecto de las especialidades tradicionales garantizadas, normas adicionales para determinar el carácter genérico de los términos, las condiciones de uso de las denominaciones de variedades vegetales y razas animales, y la relación con los derechos de propiedad intelectual e industrial; definir normas adicionales para las solicitudes conjuntas relativas a más de un territorio nacional y complementar las normas del proceso de solicitud de especialidades tradicionales garantizadas; complementar las normas del procedimiento de oposición relativo a las especialidades tradicionales garantizadas a fin de establecer procedimientos y plazos detallados; completar las normas relativas al proceso de solicitud de modificación de especialidades tradicionales garantizadas; completar las normas relativas al proceso de anulación de especialidades tradicionales garantizadas; adoptar normas pormenorizadas relativas a los criterios aplicables a los términos de calidad facultativos; reservar un término de calidad facultativo adicional y establecer sus condiciones de uso; adoptar excepciones a la utilización del término «producto de montaña» y establecer los métodos de producción y otros criterios relativos a la aplicación de dicho término de calidad facultativo, en particular estableciendo las condiciones en las que se permita que las materias primas o los piensos procedan de fuera de las zonas de montaña. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados. (57)A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para definir la presentación técnica de la clasificación de los productos designados mediante indicaciones geográficas con arreglo a la nomenclatura combinada, así como el acceso en línea a dicha clasificación; definir una presentación armonizada de los compromisos de sostenibilidad; definir el formato y la presentación en línea de la documentación de acompañamiento y contemplar la exclusión o anonimización de los datos personales protegidos; adoptar normas pormenorizadas sobre los procedimientos, la forma y la presentación de las solicitudes de registro de la Unión, en particular en el caso de las solicitudes relativas a más de un territorio nacional; definir el formato y la presentación en línea de las oposiciones y las observaciones oficiales y contemplar la exclusión o anonimización de los datos personales protegidos; conceder un periodo transitorio para permitir el uso de un nombre registrado junto con otros nombres que de otro modo vulnerarían un nombre registrado y prorrogar dicho periodo transitorio; rechazar la solicitud; tomar una decisión sobre la inscripción de una indicación geográfica en el registro a falta de acuerdo; registrar indicaciones geográficas relativas a productos de terceros países que gocen de protección en la Unión en virtud de un acuerdo internacional del que esta sea parte contratante; definir el contenido y la presentación del registro de la Unión de indicaciones geográficas; definir el formato y la presentación en línea de extractos del registro de la Unión de indicaciones geográficas y contemplar la exclusión o anonimización de los datos personales protegidos; adoptar normas pormenorizadas sobre los procedimientos, la forma y la presentación de las solicitudes de modificación de la Unión, así como sobre los procedimientos, la forma y la comunicación a la Comisión de una modificación normal; anular el registro de una indicación geográfica; adoptar normas pormenorizadas sobre los procedimientos y la forma de anulación de una inscripción en el registro y sobre la presentación de las solicitudes de anulación; establecer los símbolos de la Unión relativos a las indicaciones geográficas, así como definir las características técnicas de dichos símbolos y las normas para su utilización en los productos comercializados al amparo de una indicación geográfica registrada, en particular las normas relativas a las versiones lingüísticas que deban utilizarse; detallar la naturaleza y el tipo de la información que deba intercambiarse y los métodos para su intercambio en el marco de la asistencia mutua a efectos de control y observancia del cumplimiento; adoptar normas relativas a la forma del pliego de condiciones de las indicaciones geográficas de productos agrícolas; definir el formato y la presentación en línea del documento único de las indicaciones geográficas de productos agrícolas y contemplar la exclusión o anonimización de los datos personales protegidos; en relación con las especialidades tradicionales garantizadas: adoptar normas sobre la forma del pliego de condiciones; adoptar normas pormenorizadas relativas a la forma y el contenido del registro de la Unión de especialidades tradicionales garantizadas; establecer el símbolo de la Unión de las especialidades tradicionales garantizadas; adoptar normas para la protección uniforme de las indicaciones, las abreviaturas y el símbolo de la Unión, normas sobre su uso y sobre las características técnicas del símbolo de la Unión; adoptar normas para la protección de las especialidades tradicionales garantizadas; adoptar normas pormenorizadas sobre los procedimientos, la forma y la presentación de las solicitudes de registro, incluidas las relativas a más de un territorio nacional, de las oposiciones, de las solicitudes de modificación del pliego de condiciones y de las solicitudes de anulación de una inscripción registral; periodos transitorios para el uso de las especialidades tradicionales garantizadas; rechazar una solicitud de registro; tomar una decisión sobre la inscripción de una especialidad tradicional garantizada en el registro a falta de acuerdo; anular la inscripción registral de una especialidad tradicional garantizada; en relación con los términos y regímenes de calidad facultativos: establecer los detalles técnicos necesarios para la notificación de los términos y regímenes de calidad facultativos; adoptar normas relativas a formularios, procedimientos u otros detalles técnicos; adoptar normas para el uso de los términos de calidad facultativos. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. (58)La Comisión debe estar facultada para adoptar actos de ejecución sin aplicar el Reglamento (UE) n.º 182/2011 en lo que respecta a: registrar un nombre si no hay oposición admisible o, en caso de oposición admisible, si se ha llegado a un acuerdo para las indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales garantizadas y, en caso necesario, modificar la información publicad