Ayudas estatales - Italia

Ayuda C 57/03 (ex NN 58/03) - Prórroga de la Ley Tremonti-bis

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

(2004/C 42/03)

Por carta de 17 de septiembre de 2003, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a: Comisión Europea Dirección General de Competencia

Registro de Ayudas Estatales y Dirección de Ayudas Estatales I - Unidad G1

Rue Joseph II/Joseph II-straat 70 B - 1049 Bruselas Fax (32-2) 296 12 42

Dichas observaciones serán comunicadas a Italia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

I. PROCEDIMIENTO

El 6 de marzo de 2003 y el 29 de marzo de 2003, la Comisión recibió dos denuncias relativas a la prórroga de la Ley n° 383 de 18 de octobre de 2001 (Ley Tremonti-bis) en algunos municipios de Italia afectados por desastres naturales en 2002.

El 20 de marzo de 2003, la Comisión pidió información sobre esta prórroga a las autoridades italianas. Tras solicitar, el 2 y el 21 de mayo de 2003 dos ampliaciones de los plazos de respuesta, las autoridades italianas transmitieron una nota a la Comisión el 10 de junio de 2003. Una segunda nota de las autoridades italianas llegó a la Comisión el 4 de julio de 2003.

II. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA RESPECTO DE LA CUAL SE INCOA EL PROCEDIMIENTO

El artículo 5 sexies del Decreto Ley n° 282/2002, convertido por la Ley n° 27 de 21 de febrero de 2003, prorroga la Ley Tremonti-bis (ley n° 383 de 18 de octobre de 2001) en favor de las empresas que realicen inversiones en los municipios afectados por los desastres naturales del año 2002. Los municipios afectados por dichos desastres naturales, a los que se significaron sendas resoluciones de evacuación o de prohibición de circular por las principales vías de acceso al territorio municipal, están situados en las zonas definidas por sucesivos Decretos del Presidente del Consejo de Ministros.

El régimen responde al objetivo de fomentar la inversión en zonas afectadas por desastres naturales. Pueden beneficiarse de la medida las empresas de cualquier sector que realicen inversiones en municipios afectados por dichos desastres naturales.

La medida en cuestión permite prorrogar las disposiciones de la Ley Tremont-bis hasta el segundo período de imposición fiscal siguiente al vigente el 25 de octobre de 2001 y limitativamente a las inversiones realizadas hasta el 31 de julio de 2003. Estas disposiciones permiten deducir fiscalmente la parte de las inversiones realizadas desde el 1 de julio de 2001 que corresponda al 50 % de las inversiones superiores a la media de las inversiones realizadas durante los 5 años anteriores. Se excluyen del cálculo de la media las inversiones del año cuyo importe fue más elevado. En el caso de las inversiones inmobiliarias la prórroga se refiere a las inversiones realizadas antes del 31 de julio de 2004.

El régimen tiene por objeto las inversiones destinadas a: crear nuevos establecimientos, ampliar, reactivar y modernizar establecimientos existentes, terminar obras en suspenso y adquisición de nuevos equipos.

III. EVALUACIÓN DE LA MEDIDA

La medida constituye una ayuda con arreglo al apartado 1 del artículo 87 del Tratado.

Análisis de la ayuda en concepto de ayuda destinada a reparar los perjuicios causados por desastres naturales

Por tratarse de ayudas destinadas a fomentar la inversión en zonas afectadas por desastres naturales, la Comisión examina si pueden acogerse a la excepción de la letra b) del apartado 2 del artículo 87 del Tratado.

Los Decretos del Presidente del Consejo de Ministros que indican las zonas seleccionables para la ayuda hacen referencia a tres tipos de desastres naturales:

- erupciones volcánicas,

- terremotos,

- inundaciones.

Según una práctica constante y con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 87 del Tratado, la Comisión considera que las erupciones volcánicas, los terremotos y las inundaciones son desastres naturales.

No obstante, en el régimen en cuestión no figura ninguna definición de perjuicio (material o inmaterial) y no se establece ningún vínculo entre la ayuda y los daños ocasionados por los desastres naturales anteriormente mencionados. Por consiguiente, en esta fase, la Comisión alberga dudas en cuanto al hecho de que las ayudas se limiten a reparar exclusivamente los daños causados por dichos desastres y quede excluida cualquier compensación excesiva en concepto de dichos daños a un beneficiario individual.

En vista de lo que antecede, en esta fase la Comisión considera que la información suministrada por las autoridades italianas no permite llegar a la conclusión de que, tanto por su naturaleza como en razón de sus mecanismos, la medida en examen está destinada a reparar los perjuicios causados por desastres naturales. En efecto, en la situación actual y a partir del mecanismo de funcionamiento de la medida en cuestión, la Comisión no puede decidir que:

- el beneficiario de la ayuda es una empresa que ha sufrido algún tipo de perjuicio;

- que dicho perjuicio ha sido causado exclusivamente por las catástrofes naturales a que se refiere uno de los decretos del anteriormente mencionado Consejo de Ministros;

- que la ayuda en favor de dicha empresa se limita a reparar exclusivamente los daños ocasionados por dichos desastres naturales y excluye cualquier tipo de compensación excesiva en concepto de dichos daños a favor del beneficiario individual. La inexistencia de vínculos entre la ayuda y los daños sufridos por la empresa puede demostrarse asimismo por el hecho de que, visto el mecanismo de funcionamiento del régimen en cuestión, una empresa que haya sufrido efectivamente daños ocasionados por los anteriormente mencionados desastres naturales no necesariamente puede acogerse a dicho régimen. En efecto, una empresa que realice una inversión exclusivamente destinada a reparar los daños ocasionados por los desastres naturales en cuestión pudiera no beneficiarse de la ayuda si el valor de su inversión es inferior al promedio de las inversiones realizadas durante los 5 años anteriores. Además, una empresa que realice una inversión destinada exclusivamente a reparar los daños sufridos en razón de dichos desastres naturales, pero que hubiere registrado pérdidas de ejercicio en el año en curso, tampoco podría acogerse al régimen en cuestión el mismo año.

Por último, la Comisión duda que exista un mecanismo adecuado destinado a controlar la acumulación de las ayudas de este régimen con otros regímenes, capaz de excluir cualquier tipo de compensación excesiva de los daños sufridos por los beneficiarios individuales debidos a los desastres naturales en cuestión.

Análisis de la ayuda en concepto de ayuda a la inversión

En el caso de las ayudas a la inversión en las zonas afectadas por desastres naturales, la Comisión examina también si pueden acogerse a las excepciones con arreglo a las letras a) ó c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado, en virtud de las Directrices sobre las ayudas de estado de finalidad, del Reglamento (CE) n° 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (PYME), para el sector agrícola, de las normas que figuran en las Directrices de la Comunidad relativas a las ayudas estatales en el sector agrícola y, para el sector pesquero y de la acuicultura, de las normas que figuran en las Directrices para el examen de las ayudas estatales al sector pesquero y a la acuicultura.

En esta fase, la Comisión alberga dudas en cuanto al hecho de que las ayudas previstas por el régimen se concedan exclusivamente en las zonas seleccionables para las ayudas de finalidad regional en virtud del mapa italiano de ayudas regionales para el período 2000-2006. En efecto, no todos los municipios en los que deberían realizarse las inversiones seleccionables para las ayudas parecen ser seleccionables para las ayudas de finalidad regional en virtud de la excepción de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado.

En la fase actual, la Comisión alberga también dudas en cuanto al hecho de que el concepto de inversión a que se refiere el régimen sea el establecido en el punto 4.4 de las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional y de la letra c) del artículo 2 del Reglamento (CE) n° 70/2001.

También alberga dudas en esta fase referentes a que la intensidad de las ayudas del régimen, que debería calcularse en relación con el conjunto de los gastos incluidos en la base uniforme, tal como se define en el punto 4.5 de las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional y en el apartado 5 del artículo 4 del Reglamento 70/2001, respete los límites máximos establecidos en el mapa regional de ayudas de finalidad regional para el período 2000-2006 o las intensidades de ayuda establecidas en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento 70/2001 para las PYME.

Además, la Comisión alberga dudas en esta fase en cuanto al respeto de las normas de acumulación establecidas en los puntos 4.18-4.21 de las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional y en el artículo 7 del Reglamento (CE) n° 70/2001.

Además, en esta fase la Comisión no puede concluir que se haya respetado el principio de la necesidad de la ayuda a que se refieren el punto 4.2 de las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional y el artículo 7 del Reglamento (CE) n° 70/2001.

La Comisión también alberga dudas, en esta fase, en cuanto al hecho de que, para garantizar que las inversiones productivas subvencionadas sean viables y saneadas, la aportación del beneficiario destinada a financiarlas alcance como mínimo el 25 %, con arreglo al punto 4.2 de las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional y al apartado 3 del artículo 4 del Reglamento (CE) n° 70/2001.

TEXTO DE LA CARTA

"Con la presente la Commissione si pregia informare l'Italia che dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito all'aiuto in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

I. PROCEDIMENTO

Il 6 marzo 2003 e il 29 marzo 2003 la Commissione ha ricevuto due denunce concernenti la proroga della legge n. 383 del 18.10.2001 (legge Tremonti - bis) in alcuni comuni italiani colpiti da eventi calamitosi nel 2002.

Il 20 marzo 2003 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane informazioni in merito a tale proroga. Dopo avere richiesto il 2 maggio 2003 e il 21 maggio 2003 due proroghe dei termini stabiliti per la risposta, le autorità italiane hanno inviato una nota alla Commissione in data 10 giugno 2003. Una seconda nota delle autorità italiane è pervenuta alla Commissione il 4 luglio 2003.

Poiché l'entrata in vigore del regime in causa non è subordinata all'approvazione preliminare della Commissione ai sensi degli articoli 87 e seguenti del trattato, il regime è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati con il numero NN 58/03.

II. DESCRIZIONE

Base giuridica

L'articolo 5 sexies del decreto legge 24.12.2002, n. 282/2002, convertito con legge 21.2.2003, n. 27, proroga la legge Tremonti-bis (legge 18.10.2001 n. 383) a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002. L'articolo 5 sexies del decreto legge 24.12.2002, n. 282/2002 è stato oggetto di chiarimenti tramite la circolare dell'agenzia delle Entrate n. 43/E del 31.7.2003. I comuni interessati sono situati nelle zone individuate con:

- il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29.10.2002 che reca disposizioni relative alla dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania,

- il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 31.10.2002 che reca disposizioni relative alla dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31.10.2002 nel territorio della provincia di Campobasso,

- il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8.11.2002 che reca disposizioni relative alla dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31.10.2002 nelle province di Campobasso e Foggia,

- il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29.11.2002 che reca disposizioni relative alle dichiarazioni dello stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici (inondazioni) verificatisi nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna.

Inoltre, è necessario che nei comuni in questione sia stata emessa una ordinanza di sgombero o di interdizione al traffico delle principali vie d'accesso al comune.

La Commissione ha appreso da articoli di stampa che un elenco dei comuni è stato stabilito con ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri del 28.5.2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 3.6.2003.

La misura concernente la proroga della legge Tremonti-bis è entrata in vigore il 23.2.2003, ossia il giorno successivo alla pubblicazione della legge n. 27 del 21.2.2003 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 29/L del 22.2.2003.

Obiettivo

Il regime risponde ad obiettivi di rilancio degli investimenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi citati dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente punto 4.

Beneficiari

Possono beneficiare della misura tutte le imprese di qualsiasi settore che abbiano realizzato investimenti nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi suddetti. La circolare dell'agenzia delle Entrate n. 43/E del 31.07.2003 indica che la ratio della misura è quella di incentivare gli investimenti delle imprese che, a causa delle gravi difficoltà recate dagli eventi atmosferici nei comuni in cui sono ubicati, hanno subito, direttamente o indirettamente, un danno economico. Al riguardo, tale danno può ritenersi verificato per la generalità delle imprese di un determinato comune solo se:

- le ordinanze di sgombero abbiano interessato un consistente numero di fabbricati, tale da influenzare negativamente l'economia dell'intero territorio comunale,

- in esecuzione di ordinanze sindacali, siano state chiuse al traffico tutte le principali vie di accesso al comune.

Secondo la citata circolare, in caso contrario l'agevolazione spetterà alle sole imprese che hanno sedi operative ubicate nelle vie ovvero nei fabbricati interessati dalle predette ordinanze sindacali.

Forma e intensità dell'aiuto

La misura in questione permette di prorogare le disposizioni della legge Tremonti-bis fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25.10.2001 e limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31.7.2003. Tali disposizioni permettono la detassazione della parte degli investimenti realizzati a partire dal 1° luglio 2001, corrispondente al 50 % degli investimenti in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 5 anni precedenti. Dal calcolo della media sono esclusi gli investimenti dell'anno in cui l'ammontare è stato maggiore. Per gli investimenti immobiliari la proroga concerne gli investimenti realizzati prima del 31.7.2004.

Oggetto del regime

Il regime ha per oggetto gli investimenti volti alla creazione di nuovi stabilimenti, all'ampliamento, riattivazione e modernizzazione di stabilimenti esistenti, alla conclusione dei lavori in sospeso e all'acquisto di nuovi impianti.

III. VALUTAZIONE

III.1. Valutazione del carattere di aiuto delle misure in questione

Per valutare se le misure disposte dal regime costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, occorre determinare se procurino un vantaggio ai beneficiari, se il vantaggio sia di origine statale, se le misure in questione incidano sulla concorrenza e se siano atte ad alterare gli scambi intracomunitari.

Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1, è la possibilità che la misura procuri un vantaggio a taluni beneficiari specifici. Si tratta pertanto di determinare, da un lato, se le imprese beneficiarie ricevano un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato oppure se evitino di sostenere costi che normalmente dovrebbero gravare sulle risorse proprie delle imprese e, dall'altro lato, se tale vantaggio sia concesso a una determinata categoria di imprese. La possibilità di detassare una parte degli investimenti realizzati comporta un vantaggio economico per i beneficiari giacché il loro reddito imponibile e di conseguenza l'ammontare delle imposte su tale reddito è ridotto rispetto a quello che le imprese avrebbero di norma dovuto versare. Inoltre le misure avvantaggiano talune imprese che operano in determinate zone del territorio italiano e le favoriscono giacché non sono accordate alle imprese situate al di fuori di tali zone.

In base alla seconda condizione di applicazione dell'articolo 87, gli aiuti devono essere accordati dallo Stato mediante risorse statali. Nella fattispecie l'esistenza di una risorsa di Stato assume forma negativa trattandosi di un mancato guadagno per i poteri pubblici: la riduzione dell'imposta sul reddito riduce il gettito fiscale dello Stato.

In base alla terza e quarta condizione di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, l'aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere o essere di natura tale da incidere sugli scambi intracomunitari. Nella fattispecie le misure minacciano di falsare la concorrenza dato che rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne fruiscono. Se tale effetto si produce nell'ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi risentono delle misure in questione. In particolare dette misure falsano la concorrenza ed incidono sugli scambi intracomunitari qualora le imprese beneficiarie esportino una parte della loro produzione in altri Stati membri; analogamente, se le imprese beneficiarie non esportano, la produzione nazionale è avvantaggiata dal fatto che le possibilità delle imprese, situate in vari Stati membri, di esportare i loro prodotti sul mercato italiano ne risultano diminuite(1).

Per i motivi suddetti le misure in esame sono in linea di principio vietate dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e possono essere considerate compatibili con il mercato comune unicamente se sono ammesse a beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato medesimo.

III.2. Illegittimità del regime

Trattandosi di misure che sono già entrate in vigore la Commissione deplora che le autorità italiane non abbiano soddisfatto gli obblighi di notifica ad esse incombenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

III.3. Valutazione della compatibilità delle misure con il mercato comune

Dopo aver determinato che le misure in esame costituiscono aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, la Commissione deve esaminarne la compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato.

Quanto all'applicabilità delle deroghe previste dal trattato, la Commissione ritiene che gli aiuti in questione non possano beneficiare delle deroghe dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) del trattato dato che non si tratta di aiuti a carattere sociale né di aiuti che rientrano nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c). Per ovvie ragioni non sono neppure applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d).

La Commissione esamina, in primo luogo, se gli aiuti in questione possano beneficiare di deroga in virtù dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) a titolo di aiuti destinati ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali.

In secondo luogo, poiché si tratta di aiuti agli investimenti in zone colpite da eventi calamitosi, la Commissione esamina se possano beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e/o c) del trattato, in virtù degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(2), del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12.1.2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese(3), per il settore agricolo, delle regole contenute negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo(4) e, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, delle regole di cui alle linee direttrici per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura(5).

Analisi dell'aiuto a titolo di aiuto destinato a ovviare ai danni causati da calamità naturali

Trattandosi di aiuti destinati a rilanciare gli investimenti in zone colpite da eventi calamitosi, la Commissione esamina se possano beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato.

I decreti del presidente del Consiglio dei ministri indicanti le zone ammissibili ad aiuto riguardano tre tipi di catastrofi naturali:

- le eruzioni vulcaniche,

- i terremoti,

- le inondazioni.

La Commissione, secondo prassi costante, considera che le eruzioni vulcaniche, i terremoti e le inondazioni costituiscano calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato.

Tuttavia il regime in questione non prevede alcuna definizione di danno a livello dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e non stabilisce alcun nesso tra l'aiuto e il danno subito dalla stessa impresa a causa delle calamità naturali succitate. Inoltre, l'interpretazione restrittiva delle imprese eligibili risultante dalla circolare amministrativa del 31.7.2003 non sembra trovare un riscontro esplicito nel testo delle disposizioni in questione. La Commissione di conseguenza dubita, in questa fase, che gli aiuti si limitino ad ovviare esclusivamente ai danni causati da dette calamità naturali, escludendo qualsiasi sovracompensazione di detti danni a livello del singolo beneficiario.

Le autorità italiane non quantificano i danni materiali diretti causati dagli eventi calamitosi precitati. Esse indicano che il regime di aiuti prevede una nozione di danno indiretto, inteso in chiave macroeconomica, che si giustificherebbe dall'impossibilità di effettuare una stima dei danni con riguardo alle singole imprese, se non a pena della perdita di efficacia e di tempestività della misura. Il danno indiretto, invece di coincidere con la realtà fisica della singola impresa, coinciderebbe con quello subito da un'intera area di mercato e si stimerebbe in funzione dell'impatto negativo degli eventi calamitosi sul valore aggiunto dell'industria in senso stretto delle regioni interessate (172.5 milioni di euro) e sul PIL (625.12 milioni di euro). Tale stima si effettuerebbe in funzione dell'evoluzione delle aspettative delle imprese circa l'andamento della loro produzione del loro portafoglio ordini nel corso del mese di novembre 2002. In tale contesto, secondo le autorità italiane, la sovracompensazione del danno subito dalle aree di mercato interessate dagli eventi calamitosi sarebbe esclusa visto che il danno stesso è decisamente superiore alla dotazione finanziaria del regime in oggetto (50 milioni di euro).

In base a quanto precede, la Commissione considera, in questa fase, che le informazioni fornite dalle autorità italiane non permettono di concludere che il regime in oggetto sia volto, per sua natura e per il suo funzionamento, a rimediare i danni causati dalle calamità naturali. In effetti, visto il meccanismo di funzionamento del regime in oggetto, la Commissione non può concludere in questa fase che

- il beneficiario dell'aiuto sia un'impresa che ha subito effettivamente un danno,

- che tale danno sia causato esclusivamente dalle calamità naturali indicate da uno dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri citato al punto 4 precedente,

- che l'aiuto a favore di tale impresa si limiti esclusivamente ad ovviare al danno causato dalle calamità naturali succitate, escludendo qualsiasi sovracompensazione a livello del beneficiario individuale dell'aiuto. La non esistenza di un nesso tra aiuto e danno subito è altresì dimostrata dal fatto che, visto il meccanismo di funzionamento del regime in questione, un'impresa che abbia effettivamente subito un danno a causa delle calamità naturali succitate non necessariamente beneficia di detto regime. Infatti un'impresa che realizzi un investimento volto esclusivamente ad ovviare al danno subito dalle calamità naturali in questione potrebbe non beneficiare dell'aiuto in quanto il valore di tale investimento è inferiore alla media degli investimenti realizzati nei 5 anni precedenti. Inoltre non potrebbe neppure beneficiare, nello stesso anno, del regime in causa un'impresa che realizzi un investimento volto esclusivamente ad ovviare al danno subito a causa di dette calamità naturali ma che, nell'esercizio in corso, registri una perdita di esercizio.

La Commissione dubita inoltre dell'esistenza di un meccanismo appropriato di controllo del cumulo degli aiuti disposti dal regime in questione con altro regime che escluda qualsiasi sovracompensazione dei danni subiti dai singoli beneficiari a causa delle calamità naturali in causa.

Infine, i rimborsi effettuati dalle compagnie d'assicurazione potrebbero anche ridurre l'ammontare dei danni subiti. Le misure in questione non sembrano tuttavia tenere conto di questa eventualità prevedendo una riduzione corrispondente degli aiuti.

Analisi dell'aiuto a titolo di aiuto agli investimenti

Trattandosi di aiuti agli investimenti, il regime è esaminato in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12.1.2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE aiuti di Stato a favore delle PMI, per il settore agricolo, delle regole di cui agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, delle regole di cui alle linee direttrici per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

La Commissione in questa fase dubita che gli aiuti disposti dal regime siano concessi esclusivamente in zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale in base alla carta italiana degli aiuti regionali per il periodo 2000-2006(6). Infatti non sembra che tutti i comuni, in cui gli investimenti ammissibili agli aiuti dovrebbero essere realizzati, possano beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c).

Inoltre in questa fase, la Commissione dubita che la nozione di investimento prevista dal regime sia identica a quella di cui al punto 4.4 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 70/2001.

Peraltro, la Commissione in questa fase dubita che l'intensità degli aiuti del regime, che dovrebbe essere calcolata rispetto all'insieme delle spese figuranti nella base tipo, quale definita al punto 4.5 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all'articolo 4.5 del regolamento 70/2001, rispetti i massimali regionali previsti dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 oppure le intensità di aiuto previste all'articolo 4.2 del regolamento 70/2001 per le PMI.

Inoltre, la Commissione, in questa fase, dubita del rispetto delle regole sul cumulo di cui ai punti 4.18-4.21 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 70/2001.

La Commissione non è neppure in grado di concludere, in questa fase, che sia rispettato il principio della necessità dell'aiuto, di cui al punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 70/2001.

La Commissione, del pari, in questa fase dubita anche del fatto che per garantire che gli investimenti produttivi sovvenzionati siano sani e redditizi, l'apporto del beneficiario destinato al loro finanziamento ammonti come minimo al 25 %, conformemente al punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all'articolo 4.3 del regolamento (CE) n. 70/2001.

Infine, la Commissione in questa fase non dispone di elementi per valutare se gli aiuti agli investimenti siano compatibili, nel settore agricolo, con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con le disposizioni di cui alle linee direttrici per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

IV. CONCLUSIONI

Tenuto conto delle considerazioni di cui sopra la Commissione:

- invita l'Italia, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE a presentare le proprie osservazioni ed a fornire qualsiasi informazione utile ai fini della valutazione del regime nel termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione della presente. Essa invita le autorità italiane a trasmettere immediatamente copia della presente ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

La Commissione richiama l'attenzione dell'Italia sull'effetto sospensivo dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE e ribadisce che l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio prevede che qualsiasi aiuto illegittimo potrà formare oggetto di recupero presso il beneficiario.

Con la presente la Commissione avverte l'Italia che informerà gli interessati mediante pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della medesima nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE mediante pubblicazione di una comunicazione nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale nonché l'Autorità di vigilanza EFTA mediante invio di copia della presente. Gli interessati suddetti saranno invitati a presentare le loro osservazioni entro il termine di un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione."

(1) Sentenza del 13.7.1988 nella causa 102/87 (SEB), Racc. 1988, pag. 4067.

(2) GU C 74 del 10.3.1998.

(3) GU L 10 del 13.1.2001.

(4) GU C 28 del 1.2.2000.

(5) GU C 19 del 20.1.2001.

(6) GU C 175 del 24.6.2000 e GU L 105 del 24.4.2002.