N° C 298/56 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 27. 11. 89 
Dictamen sobre la propuesta de decimotercera Directiva del Consejo relativa a las ofertas 
públicas de adquisición (') 
(89/C 298/15) 
El 9 de marzo de 1989, de conformidad con el artículo 54 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social 
sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de asuntos económicos, financieros y monetarios, encargada de preparar los 
trabajos en la materia, adoptó su dictamen el 12 de septiembre de 1989 (ponente: Sr. Drago). 
En su 269a sesión plenaria (sesión del 27 de septiembre de 1989), el Comité Económico y 
Social ha aprobado por 102 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones el siguiente 
dictamen. 
1. Observaciones generales 
1.1. La propuesta de decimotercera Directiva del 
Consejo sobre derecho de sociedades, adoptada de con­
formidad con el apartado 3, letra g del artículo 54 del 
Tratado, relativa a las ofertas públicas de adquisición 
(OPA) de títulos de sociedades por acciones o en coman­
dita por acciones, refleja, en opinión del Comité, 
exigencias reales de transparencia del mercado, de 
correcta información, de protección equivalente de las 
sociedades, de sus socios y de terceros, y de igualdad 
de trato en las diversas categorías citadas. 
Actualmente, en el contexto económico y jurídico de 
algunos Estados miembros, se observan situaciones de 
hecho y de derecho que representan obstáculos reales 
para la aplicación de la Directiva. 
No obstante, el Comité tiene noticia de que la Comisión 
está evaluando estos impedimentos reales. 
1.2. La libertad y fluidez del mercado de adquisicio­
nes, elemento vital para una economía sana, en el marco 
de la plena realización del mercado interior y de la 
integración de los mercados financieros, exigen que en 
este contexto las ofertas al público de valores mobilia­
rios o de cambio estén reguladas por normas que respe­
ten los derechos y los intereses de todas las partes 
interesadas. 
1.3. Dentro de la lógica productiva de una política 
industrial que no pretenda caer en una desconexión 
entre la esfera productiva y la esfera financiera de 
la economía, pueden ser un instrumento útil para la 
.dinamización del tejido productivo. Su disciplina debe 
considerarse, por lo tanto, dentro de un marco de 
normas oportunamente adaptables a las diversas nove­
dades. 
1.4. La constitución en el ámbito comunitario de 
grupos con capacidad para hacer frente a la competen­
cia internacional representa un elemento de confianza 
para el mercado financiero europeo y para el tejido 
económico-productivo en general. 
(!) DO n° C 64 de 14. 3. 1988, p. 8. De hecho cabe señalar que en el contexto actual ciertos 
operadores de países terceros, con alta disponibilidad 
financiera y amplia capacidad de endeudamiento, pue­
den fácilmente adquirir en Europa sociedades y sectores 
estratégicos fundamentales. 
Además, teniendo en cuenta el contexto jurídico y eco­
nómico de algunos Estados miembros, las situaciones 
de desequilibrio de hecho y de ausencia de condiciones 
análogas podrían revelarse como los principales obstá­
culos para la efectiva aplicación de la Directiva. El 
Comité espera que esas desigualdades de hecho entre 
los Estados miembros, en lo que a la Directiva sobre 
las OPA se refiere, sean objeto de un examen detallado 
y, en su caso, de las correspondientes medidas correc­
toras. 
Ciertamente no es equitativo, por otra parte, el hecho de 
que las sociedades de países extracomunitarios puedan 
realizar adquisiciones dentro del ámbito comunitario 
sin que sea posible a la inversa. 
El Comité insta a la Comisión a estudiar medidas 
concretas para suplir la ausencia de un principio de 
reciprocidad, que por otra parte estaría plenamente 
justificado en el momento actual. 
En particular, surgen dudas con respecto a la enmienda 
Exon-Florio a la Trade Act, ya que si ésta fuera aplicada 
de forma muy amplia, ello justificaría la generalización 
de medidas similares en la Comunidad. 
1.5. A la luz de las recientes evoluciones de los merca­
dos de valores mobiliarios y de las técnicas financieras 
de adquisición y de resistencia, y basándose en las 
experiencias habidas en los países en los que las OPA 
han sido reglamentadas, el Comité subraya la exigencia 
de las sociedades de disponer de un marco jurídico de 
referencia claro y preciso. 
Sin embargo, a la vista de la forma tan rápida en que 
evolucionan las tácticas y técnicas en el terreno de las 
adquisiciones, es necesario conceder a las autoridades 
encargadas de la reglamentación competencias que per­
mitan un cierto grado de flexibilidad, aunque dentro 
de unos parámetros claramente definidos. 
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1.6. El Comité lamenta también que la fallida adop­
ción de la propuesta de Directiva sobre fusiones trans-
fronterizas y sobre la sociedad europea no permita 
comparar el conjunto de las orientaciones presentes 
con las normas sobre procesos de adquisición y de 
concentración, más allá de las técnicas financieras y de 
los trámites jurídicos que constituyen sus premisas. 
1.7. El Comité estima, por último, que tal vez 
hubiera sido útil introducir un procedimiento normal 
para las OPA de inversión y de adquisición de control, 
y un procedimiento simplificado para las OPA de conso­
lidación, con el fin de reducir en la medida de lo posible 
las diligencias empresariales. 
2. Examen de los artículos de la propuesta de Directiva 
Artículo 2 
El Comité insta a la Comisión a tener en cuenta la 
condición de las acciones sin derecho de voto (acciones 
de ahorro, cédulas de inversión, etc.). 
Artículo 4 
Habida cuenta de que la autoridad supervisora está 
facultada para establecer excepciones (véase 
apartado 3), el Comité considera aceptable el límite del 
33,1/3% previsto en el apartado 1. 
No obstante, el Comité expresa ciertas reservas respecto 
de la obligación de dirigir la oferta a todos los títulos 
de la sociedad destinataria. Se propone la siguiente 
modificación de la última frase del apartado 1: 
«... deberá formular una oferta pública directa que 
ascienda como mínimo a 2/3 de la totalidad de los 
títulos.» El Comité considera indispensable que se apli­
que la norma de repartición proporcional mediante el 
sistema de prorrata. 
Motivo: Dicho porcentaje significaría ya de por sí que 
la persona que lanza la OPA invierte considerables 
recursos en la operación; al mismo tiempo, garantizaría 
la constitución de plusvalías suficientes al tiempo que 
evitaría la aparición de desequilibrios importantes en 
caso de defensa eficaz, y, por último, eliminaría el riesgo 
de limitar excesivamente las OPA y de tachar a las 
sociedades de las cotizaciones en bolsa. Por lo que 
respecta a la protección íntegra de los accionistas mino­
ritarios, ésta puede conseguirse mediante el procedi­
miento paralelo de defensa de las cotizaciones. 
Sin embargo, se puede considerar que la obligación de 
lanzar una oferta sobre la totalidad de los títulos de 
una sociedad determinada presenta la ventaja de evitar 
el lanzamiento de ofertas parciales con carácter pura­
mente especulativo. La solución consistiría en establecer 
una distinción entre las ofertas efectuadas con el 
acuerdo del órgano de administración o de dirección de la sociedad objeto de la adquisición y las ofertas 
presentadas sin dicho acuerdo. La obligación de lanzar 
una oferta sobre la totalidad de los títulos de la sociedad 
sólo se aplicaría en el caso de las ofertas efectuadas sin 
este acuerdo. 
Añadir una letra e) con el siguiente texto: las participa­
ciones potenciales con capacidad de acceso inmediato 
a títulos que comporten el derecho de voto. 
Artículo 5 
El Comité aprueba el principio de la acumulación de 
criterios y juzga adecuadas las cifras límite establecidas 
en la cuarta Directiva sobre las cuentas anuales (artí­
culos 11 y 27) que se refieren al volumen de negocios 
(12 800 000 ECU), a la situación patrimonial (6 100 000 
ECU) y al número de miembros del personal (250). 
El Comité considera que cuando se trata de OPA relati­
vas a pequeñas sociedades sin cotización en Bolsa, al 
igual que para las sociedades de menor importancia no 
contempladas en la Directiva, las normas se deben 
simplificar al máximo. 
Artículo 6 
Es necesario evitar la situación imperante en los Estados 
Unidos donde los pleitos han pasado a constituir una 
parte esencial de casi toda la oferta de adquisición 
impugnada. Esto puede constituir por sí mismo una 
barrera al apropiado ejercicio de los derechos de los 
accionistas. Se sugiere la ampliación de este artículo a 
fin de limitar la posibilidad de que las disposiciones 
de la Directiva den pie a litigios en los tribunales 
nacionales. 
Artículo 7 
El Comité considera que se debe determinar inequívoca­
mente el momento en que se lanza la OPA, y que éste 
debe coincidir con el momento en que se presentan las 
solicitudes oficiales. 
Sería inaceptable que una simple declaración de inten­
ciones pueda permitir considerar que la OPA está ya 
decidida, paralizando así el Consejo de Administración 
de la sociedad destinataria. 
Es necesario que en ello intervenga la autoridad de 
control prevista en el artículo 6, también con el fin 
de verificar oportunamente los comportamientos que 
pueden manifestar las personas en posesión de informa­
ciones reservadas (propuesta de Directiva sobre el Insi-
der Trading). 
Artículo 8 
El Comité considera correcta la limitación de los pode­
res del Consejo de Administración en el momento de 
iniciar el procedimiento de la oferta. No obstante, y 
contrariamente a lo previsto por la Comisión, considera 
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que cuando una asamblea general anterior haya deci­
dido un aumento de capital, que deberá efetuar el 
Consejo de Administración a su entera discreción, la 
posibilidad de dicho aumento debe seguir existiendo 
siempre, incluso durante una OPA, aun cuando no se 
haya indicado específicamente. 
El hecho de utilizar el capital autorizado no perjudica 
los derechos del destinatario de la oferta. 
Por consiguiente, añadir al párrafo 1, tras «accionis­
tas » : «o de una delegación específica ». 
En lo que se refiere a la letra 6), el Comité considera 
que durante una OPA la sociedad destinaria debe seguir 
siendo gestionada por un Consejo de Administración 
que pueda concluir las operaciones suficientemente 
avanzadas ya con anterioridad a la OPA, y que por otra 
parte pueda realizar todas las operaciones urgentemente 
requeridas que impliquen un enriquecimiento del patri­
monio de la sociedad y que eviten su empobrecimiento. 
Artículo 9 
Añadir al final del párrafo 1 de la siguiente frase: «El 
representante del oferente es el garante de la oferta. » 
Artículo 10 
El Comité considera que la autoridad de control pre­
vista en el artículo 6 debe poder interrogar al oferente 
sobre las condiciones de financiación de su oferta, y 
debe poder obligarle a realizar una información pública 
cuando parezca que dichas condiciones son manifiesta­
mente poco razonables. 
En relación con la letra f) del artículo 10, el Comité 
considera inútil la mención «así como la fecha y el 
precio de su adquisición». Se propone su supresión en 
el texto final. 
En lo que se refiere a la letra I) del apartado 1, resulta 
indispensable que en el documento de oferta las inten­
ciones aparezcan suficientemente explícitas. 
Hecho en Bruselas, el 27 de septiembre de 1989. Artículo 12 
El plazo de aceptación no puede ser inferior a cuatro 
semanas ni superior a seis. 
Artículo 13 
Se propone la supresión del término «oficial» de la 
letra c) del apartado 1. 
Artículo 14 
Añadir al final del apartado 1: «de los cuales tenga 
conocimiento». 
Modificar el apartado 3: « Estos informes deberán ser 
presentados... y, una vez cuenten con el certificado 
de control, publicados por los medios previstos en el 
apartado 1 del artículo 11. » 
Artículo 19 
En opinión del Comité, en caso de OPA es necesario 
proporcionar la información de relevancia a los repre­
sentantes de los trabajadores de la sociedad destinataria 
y garantizar que la información se difunda por todos 
los canales a fin de que llegue a todos los miembros del 
personal al mismo tiempo que la información suminis­
tra a los accionistas. Además, los Consejos de Adminis­
tración de las sociedades afectadas deberían presentar 
un informe actualizado sobre el desarrollo de la opera­
ción antes de la firma del acuerdo y, en caso de oferta 
hostil, debería difundirse la información incluso antes 
de iniciarse la fase pública. Todos los aspectos de las 
operaciones mencionadas deberían discutirse con los 
representantes de los trabajadores. 
Artículo 21 
El Comité considera que al Comité de contacto se le 
deben aplicar las normas previstas en la Directiva para 
la admisión de valores en Bolsa. 
El Comité considera además que el Comité deberá 
garantizar un control adecuado. 
Artículo 22 
En opinión del Comité, la ausencia de la fecha de 
entrada en vigor no debe comprometer la entrada en 
vigor de la directiva en los plazos previstos para la 
realización del mercado interior. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE 
27. 11. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 298/59 
ANEXO 
al dictamen del Comité Económico y Social 
La siguiente enmienda, que obtuvo un número de votos a favor equivalente a la cuarte parte de los sufragios 
emitidos, fue rechazada durante el debate. 
Artículo 19 
b) Suprimir la última frase: 
«Todos los aspectos... trabajadores. » 
Exposición de motivos 
La enmienda se explica por sí sola. 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 47, votos en contra: 69, abstenciones: 15. 
Dictamen sobre la contribución del sector cooperativo al desarrollo regional 
(89/C 298/16) 
El 31 de mayo de 1988, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 20 del Reglamento 
interno, la Mesa del Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre la 
contribución del sector cooperativo al desarrollo regional. 
La Sección de desarrollo regional, ordenación del territorio y urbanismo, encargada de 
preparar los trabajados del Comité en la materia, elaboró su dictamen el 29 de junio de 1989 
(ponente: Sr. Bento Goncalves). 
En su 269a sesión plenaria (sesión del 28 de septiembre de 1989), el Comité Económico y 
Social adoptó por unanimidad el siguiente dictamen. 
1. Introducción 
1.1. La realización de los objetivos del Libro Blanco 
presentado en 1985 en la Cumbre de Milán, y la aplica­
ción del procedimiento de decisión introducido por el 
Acta Única Europea, que entró en vigor en 1987, deben 
conducir a la construcción del mercado único. 
1.2. Los principios de libre circulación de mercan­
cías, personas, servicios y capitales, que son la base de 
un espacio sin fronteras, se aplican a numerosos agentes 
económicos y sociales, incluidos los del sector coopera­
tivo. 
1.3. En términos muy generales, el artículo 100 del 
Tratado CEE ofrece una base que puede ser utilizada 
para la cooperación, mientras que el párrafo del artí­
culo 58 se aplica expresamente a las cooperativas en la 
medida en que tienen una incidencia directa sobre el 
establecimiento y el funcionamiento del mercado 
común. 1.4. En este contexto, el Comité Económico y Social 
se congratula por el reconocimiento del sector coopera­
tivo por parte de la Comisión. Esta iniciativa surgió de 
las conclusiones de la conferencia europea sobre la 
economía cooperativa, mutualista y asociativa, cele­
brada los días 20 y 21 de noviembre de 1986 y organi­
zada conjuntamente por el Comité de Coordinación de 
las asociaciones cooperativas de la CE y por el Comité 
Económico y Social, y de los esfuerzos del Parlamento 
Europeo con los informes MIHR, AVGERINOS y TRI-
VELLI. 
2. Realización del mercado interior y desarrollo 
regional 
2.1. La construcción de la Europa de los ciudadanos 
y la aplicación del Acta Ünica Europea requieren la 
participación activa de los responsables de las institu­
ciones comunitarias, con objeto de crear las condiciones