Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Antecedentes

1. La Comisión aprobó, el 23 de mayo de 2001, una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (COM(2001) 257 final).

Dicha propuesta se propone reemplazar y completar los diferentes instrumentos legislativos vigentes en materia de libre circulación de ciudadanos de la Unión. Se inscribe en el entorno jurídico y político creado por la instauración de la ciudadanía de la Unión, fijando las modalidades de ejercicio del derecho fundamental de libre circulación y residencia que se confiere directamente por el Tratado a cada ciudadano de la Unión y que, por este concepto, se ha recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión.

A este respecto, la propuesta representa un importante paso en la definición de un contenido sólido de ciudadanía de la Unión, como demuestra el concepto de base de la propuesta, según el cual la circulación y el cambio de residencia de los ciudadanos de la Unión entre los Estados miembros deberían efectuarse, mutatis mutandis, en condiciones similares a las de los ciudadanos de un Estado miembro que circulan y cambian de residencia dentro de su propio país.

El principal objetivo de la propuesta es favorecer el ejercicio del derecho de libre circulación y residencia, reduciendo a lo estrictamente necesario las formalidades administrativas, definiendo de la mejor manera posible el estatuto de los miembro de la familia, creando un derecho de residencia permanente, que se adquiere después de cuatro años de residencia legal continuada en un EM, y limitando la posibilidad de que los Estados miembros denieguen o pongan fin al derecho de residencia por razones de orden público.

2. La propuesta se remitió al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de Regiones el 29 de junio de 2001. El Comité de Regiones emitió su dictamen el 13 de marzo de 2002 [1]. El Comité Económico y Social Europeo aprobó su dictamen el 24 de diciembre de 2002 [2].

[1] DO C 192 de 12.8.2002, p. 17.

[2] DO C 149 de 21.6.2002, p. 46.

El Parlamento Europeo confió el examen de la propuesta a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. La propuesta se remitió, para opinión, a las Comisiones de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, de Cultura, de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y de Peticiones.

La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, previa recepción y examen de las opiniones de las restantes comisiones consultadas, aprobó su informe el 23 de enero de 2003.

Reunido en sesión plenaria el 11 de febrero de 2003, el Parlamento aprobó la resolución legislativa por la que se aprueba la propuesta de la Comisión, sin perjuicio de las modificaciones aportadas, e invita a la Comisión a modificar su propuesta en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE.

2. Base jurídica y procedimiento

La presente propuesta de Directiva se basa conjuntamente en los artículos 12, apartado 2 del artículo 18, 40, 44 y 52 del Tratado CE. Tras la entrada en vigor del Tratado de Niza el primero de febrero de 2003, no cabe proceder a ninguna revisión de la base jurídica de la propuesta.

Por el contrario, por lo que respecta al procedimiento de adopción de la presente propuesta, el Consejo deberá decidir por mayoría cualificada, de conformidad con la nueva redacción del apartado 2 del artículo 18.

3. Propuesta modificada

1. El Parlamento Europeo comparte el enfoque general y las principales orientaciones de la propuesta de la Comisión, en particular en los puntos importantes, como la supresión de la tarjeta de residencia y su sustitución por un registro facultativo, la introducción de un sistema de declaración en lugar de la exigencia de probar el cumplimiento de las condiciones de residencia, el establecimiento de un derecho de residencia permanente sin condiciones o la protección absoluta contra la expulsión de los menores y las personas que hayan adquirido un derecho de residencia permanente.

Son 82 las enmiendas adoptadas. La Comisión puede aceptar, total o parcialmente, la mayoría de dichas enmiendas, que, en efecto, se inscriben plenamente en el marco del enfoque de la Comisión, constituyendo complementos que enriquecen, precisan y clarifican el texto de la Comisión.

Sin embargo, algunas enmiendas no pueden aceptarse en la presente propuesta modificada.

Se trata, en primer lugar, de las enmiendas dirigidas a modificar el artículo 2, relativo a la definición de los miembros de la familia, en particular, por lo que se refiere a la noción de cónyuge y de pareja. Las enmiendas del Parlamento se proponen reconocer, como miembros de la familia, al cónyuge del mismo sexo a semejanza del cónyuge de distinto sexo, la pareja inscrita sobre la base de la legislación del Estado miembro de origen y las parejas no casadas sobre la base de la legislación o la práctica del Estado miembro de origen o de acogida.

A este respecto, la Comisión considera que de la armonización de las condiciones de residencia de los ciudadanos de la Unión en Estados miembros de los que no sean nacionales no puede derivarse imponer a determinados Estados miembros modificaciones legislativas que afecten al Derecho de familia, materia en la que la Comunidad carece de competencia legislativa.

La Comisión opina que la propuesta modificada representa una solución equitativa a estas cuestiones: por un lado, respeta el principio de no discriminación, al imponer al Estado miembro tratar a las parejas procedentes de otros Estados miembros de la misma manera que a sus propios ciudadanos, y, por otro, este texto permite una posible evolución de su interpretación, a la luz de la evolución del Derecho de familia en los Estados miembros.

2. La segunda categoría de enmiendas que no pueden aceptarse abarca las que se proponen alterar sustancialmente la estructura de la directiva o cuestionan el enfoque propuesto por la Comisión, que, sin embargo, el Parlamento ha declarado apoyar.

3. Por último, la Comisión no ha aceptado aquellas enmiendas cuyo contenido no era coherente con el texto de la propuesta.

3.1. Modificaciones aceptadas total o parcialmente, o introducidas para garantizar la coherencia del texto

Las modificaciones aportadas a la propuesta inicial de directiva figuran en el texto en negrita. Para facilitar la lectura respecto del texto original, se mantiene la antigua numeración de los artículos y considerandos.

3.1.1. Considerandos

Considerando 4 (enmienda 2): el considerando se ha modificado para señalar que la movilidad de los trabajadores asalariados o no asalariados es asimismo una de las prioridades política de la Unión.

Considerando 5 (enmienda 3): se ha modificado ligeramente la enmienda a este considerando respecto del texto propuesto por el Parlamento con objeto de clarificar que es preciso reconsiderar el enfoque sectorial del derecho de libre circulación mediante la presentación de un texto legislativo único, que reemplace los textos legislativos existentes, procediendo, al mismo tiempo, a una reconsideración de sus disposiciones.

Considerando 7 (enmienda 5): la modificación se propone clarificar que las disposiciones de la directiva relativas a las formalidades de entrada y residencia no afectan a las disposiciones existentes en materia de control en las fronteras. Esta precisión es útil, habida cuenta de que, en este ámbito, los procedimientos aplicables a los controles en las fronteras pueden variar, según las disposiciones jurídicas aplicables.

Considerando 7 bis (enmienda 6) : se ha clarificado el texto del considerando y es coherente con el nuevo texto del apartado 2 del artículo 6.

Considerando 8 (enmienda 7): la modificación del texto precisa explícitamente que la estancia que no supere los seis meses no está sometida a ninguna condición.

Considerando 9 (enmienda 8): la modificación se propone precisar que la formación profesional está incluida en la noción general de enseñanza. Este considerando se ha completado con una referencia al seguro de enfermedad coherentemente con la modificación introducida en la letra c) del apartado 1 del artículo 7.

Considerando 10 (enmienda 9): el texto precisa que el derecho de libre circulación se confiere a los ciudadanos de la Unión directamente por el Tratado.

Considerando 17 (enmienda 10): la enmienda precisa que la igualdad de trato debe producirse en el ámbito de aplicación del Tratado, lo que se ajusta a la redacción del artículo 12 del Tratado.

Considerando 19 (enmienda 11): esta enmienda, que no se propuso por el Parlamento, es, sin embargo, necesaria para guardar la coherencia entre este considerando y el nuevo texto del apartado 2 del artículo 21.

Considerando 22 (enmienda 12): esta enmienda aporta precisiones al texto, explicitando algunos elementos que deben ser tenidos en cuenta antes de tomar una decisión de expulsión. La Comisión ha modificado ligeramente el texto del Parlamento, manteniendo su espíritu, para hacer este considerando coherente con el artículo 26.

Considerando 27 (enmienda 13): esta enmienda añade una referencia a las libertades fundamentales.

3.1.2. Artículos

Artículo 3, apartado 2 (enmienda 20): la modificación se propone facilitar la entrada y la residencia de cualquier otro miembro de la familia no contemplado en el artículo 2, cuando subsistan motivos graves de salud o motivos humanitarios. La Comisión considera que se trata de una exigencia equitativa para aquellos miembros de la familia que, por motivos imperativos, necesiten estar al lado del ciudadano de la Unión.

Artículo 4 (enmienda 21): la modificación precisa el alcance de la prohibición de discriminación y añade una referencia a la discriminación sobre la base de la identidad de género, de modo que la definición resulta más completa.

Artículo 6, apartado 2 (enmienda 24): La primera modificación, que añade una referencia a la legislación nacional, es pertinente ya que permite abarcar la situación de aquellos Estados que no aplican el Reglamento 539/2001. La segunda modificación se propone dotar al texto de mayor corrección desde el punto de vista jurídico. En efecto, el objetivo de esta disposición es eximir a los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro y que ya hayan obtenido un documento de residencia de la obligación de obtener un visado de entrada, y no reconocer una equivalencia entre el documento de residencia y el visado de entrada. La modificación del segundo párrafo especifica los plazos en los que se deben expedir los visados: el Parlamento ha propuesto un plazo de una semana, que según la Comisión, corresponde a un plazo de cinco días laborables. Este plazo debe de ser ampliamente suficiente para los Estados miembros, habida cuenta de que nos estamos refiriendo a miembros de la familia de un ciudadano de la Unión respecto de los que no hay que proceder a consultas previas a la concesión del visado.

Artículo 6, apartado 4 (enmienda 25): la modificación se propone precisar que el plazo en el que el interesado puede obtener los documentos en cuestión debe ser razonable. El plazo, que no se precisa, deberá apreciarse en función de las circunstancias individuales.

Artículo 6, apartado 5 (enmienda 8): el nuevo texto especifica explícitamente que la residencia por un período no superior a seis meses no estará sometida a ninguna condición ni formalidad distinta de la posesión de un documento de identidad. Esta enmienda no ha sido propuesta por el Parlamento, pero resulta necesaria en aras de la coherencia con el texto del considerando 9.

Artículo 7, apartado 1, letra a) (enmienda 27): se mencionan expresamente los destinatarios de servicios. En el texto original, no estaba claro qué disposición contemplaba esta categoría de personas. Esta precisión evita cualquier confusión y colma un vacío de la directiva.

Artículo 7, apartado 1, letra c) (enmienda 28): la nueva redacción es más clara y se ajusta al texto de la Directiva 93/96 relativa al derecho de residencia de los estudiantes: suprime la palabra «estudiante», que puede resultar restrictiva, reintroduciendo, como condición de residencia, la matrícula en un centro reconocido y disponer de seguro de enfermedad. Esta enmienda se ajusta asimismo a lo solicitado por el Comité Económico y Social Europeo.

Artículo 7, apartado 2 bis (enmienda 30): esta enmienda no introduce modificación en el texto, sino que se propone desplazar el apartado 7 del artículo 8. En efecto, se trata de una disposición relativa a la condición de trabajador y no de un trámite administrativo: por lo tanto, es preferible que esta disposición se sitúe en el artículo 7.

Artículo 8, apartado 1 (enmienda 32): la Comisión no ha aceptado la primera parte de la enmienda propuesta por el Parlamento por considerar que no se puede comparar los trámites administrativos que un Estado miembro prevé para sus propios nacionales con los destinados a los nacionales de otros Estados miembros y prefiere, consecuentemente, dejar a los Estados miembros la facultad de exigir el registro aun cuando el mismo trámite no se imponga a sus propios nacionales. En cambio, la Comisión considera que es útil prever la posibilidad de que cualquier ciudadano de la Unión pueda obtener el registro si así lo solicita, incluso en aquellos Estados que no imponen esta obligación.

Artículo 8, apartado 2 (enmienda 33): el cambio en el texto sirve para clarificar que el certificado de registro no se destina a constatar el derecho de residencia, sino que es un simple trámite administrativo, lo que se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Se precisa igualmente que las sanciones son administrativas (se ha introducido esta precisión en todos los artículos relativos a las sanciones).

Artículo 8, apartado 4 (enmienda 34): la modificación sirve para especificar que la formación profesional es una noción que está incluida en la noción más general de la enseñanza.

Artículo 8, apartado 6, letra b) (enmienda 35): tratándose de miembros de la familia que son, ellos mismos, ciudadanos de la Unión, la sustitución de un documento por una declaración que garantice el parentesco resulta coherente con la filosofía de la propuesta y la redacción de los apartados precedentes.

Artículo 8, apartado 6, letra e) (enmienda 20): esta modificación, que no se ha solicitado por el Parlamento, es consecuencia lógica de la nueva redacción del artículo 3.

Artículo 9, apartado 2 bis (enmienda 38): la modificación se propone introducir en el texto elementos recogidos de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-459/99 MRAX de 25 de julio de 2002. El Parlamento ha solicitado que no se deniegue la tarjeta de residencia únicamente por el hecho de que el visado de entrada haya expirado; la Comisión ha completado esta enmienda añadiendo las situaciones de falta de visado, ajustándola de esta manera plenamente a la jurisprudencia anteriormente mencionada.

Artículo 10, apartado 1 (enmienda 39): el plazo de seis meses parece más realista para permitir a los Estados miembros proceder a las verificaciones necesarias y expedir la tarjeta de residencia. Se especifica, además, en el resguardo que la solicitud de la tarjeta de residencia se ha formulado en calidad de miembro de la familia, ya que no es posible constatar esta calidad sin una verificación previa de los documentos.

Artículo 10, apartado 2 (enmienda 40): esta enmienda explicita los documentos que pueden exigirse a los miembros de la familia que no tienen la nacionalidad de un Estado miembro. Esto es necesario porque, a raíz de la modificación introducida en el apartado 6 del artículo 8, no es posible aceptar una simple declaración que garantice el parentesco por los miembros de la familia que no tienen la nacionalidad de un Estado miembro.

Artículo 11, 1 bis (enmienda 41): esta modificación dota de mayor claridad al texto e impone un límite temporal a las ausencias, lo que parece equitativo.

Artículo 12, apartado 3 (enmienda 99): la modificación introducida sirve para hacer coherente el texto de este apartado con la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 2002 en el asunto C-413/99, Baumbast y R, que contempla el derecho del progenitor que tiene la custodia de los hijos de disfrutar del derecho de residencia en el Estado miembro de acogida. Esta enmienda se ajusta igualmente a lo solicitado por el Comité Económico y Social Europeo.

Artículo 13, apartado 1 y apartado 2, letras a) y b) (enmiendas 47, 49, 50, 51): se trata de introducir en estas disposiciones una referencia a la disolución de las parejas a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 2, lo que parece lógico para tener en cuenta la situación de dichas personas. Además, en la letra a), la duración previa del matrimonio o de la pareja se ha reducido a dos años.

Artículo 13, apartado 2, letra c) (enmienda 52): este texto se propone pormenorizar algunas situaciones difíciles, que justificarían el mantenimiento del derecho de residencia después del divorcio, la anulación del matrimonio o la disolución de la pareja. Esta enmienda tendrá repercusiones positivas en la situación de mujeres que no tienen la nacionalidad de un Estado miembro y pueden verse obligadas a sufrir violencias por temor a perder su derecho de residencia si piden el divorcio o la separación. Esta enmienda se ajusta igualmente a lo solicitado por el Comité Económico y Social Europeo.

Artículo 13 bis (enmienda 54): este nuevo artículo recoge el texto del antiguo artículo 24 (que se ha suprimido). Parece más lógico introducir este artículo al final del capítulo III, ya que la expulsión deja de ser posible una vez que la persona en cuestión ha adquirido el derecho de residencia permanente. Además, se ha añadido un primer apartado para precisar que el derecho de residencia se mantiene mientras se respetan las condiciones de residencia, lo que añade claridad al texto.

Artículo 14 (enmienda 55): el nuevo apartado 1bis recoge y precisa el texto de la segunda frase del artículo 18, que se ha suprimido. Es más correcto situar este texto en el artículo relativo a las normas de adquisición del derecho de residencia permanente.

Artículo 15, apartado 2 (enmienda 59): se ha añadido una referencia a la pareja, lo que es una consecuencia lógica de la letra b) del apartado 2 del artículo 2.

Artículo 16 (enmienda 61): el texto de este artículo se ajusta a la redacción del artículo 14.

Artículo 17, apartado 1 (enmienda 62): el que la tarjeta de residencia tenga una duración ilimitada y sea renovable cada diez años parecía contradictorio, por lo que esta enmienda ha suprimido la última frase del apartado referente a la renovación.

Artículo 17, apartado 3 (enmienda 64): este nuevo texto precisa que, para que afecte a la validez de la tarjeta, la interrupción de estancia debe ser superior a cuatro años consecutivos.

Artículo 18, apartado 1 (enmienda 55): se suprime la segunda frase, que se recoge en el artículo 14.

Artículo 21, apartado 2 (enmienda 108): esta enmienda se propone suprimir la exclusión de la asistencia social de las personas inactivas antes de la adquisición del derecho de residencia permanente. Esta restricción no figura en las directivas relativas al derecho de residencia de las personas inactivas y podría interpretarse como un retroceso respecto del acervo actual, especialmente a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Mediante sentencia de 20 de septiembre de 2001, en el asunto C-184/99, Grzelczyk, [3] el Tribunal de Justicia ha reiterado que el ciudadano de la Unión puede invocar el artículo 12 del Tratado en todas las situaciones comprendidas en el ámbito de aplicación ratione materiae del Derecho comunitario, que incluyen las relativas al ejercicio de la libertad de circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros. El Tribunal de Justicia declaró que las personas inactivas, ciudadanos de la Unión, que residan legalmente en otro Estado miembro disfrutan, por su condición de ciudadanos de la Unión, de la igualdad de trato con los nacionales.

[3] Recopilación 2001, p. I-6193.

Artículo 22 (enmienda 68): esta modificación dota al texto de mayor claridad y precisa que el interesado puede probar su calidad de beneficiario de los derechos por cualquier otro medio.

Artículo 25, apartado 1 (enmienda 71): la modificación se propone introducir una referencia más general a cualquier tipo de decisiones que limitan la libre circulación. Esta nueva redacción es preferible porque abarca cualquier tipo de medida, ya se trate de una expulsión, de una denegación de entrada o de una denegación de salida del territorio.

Artículo 25, apartado 2 (enmienda 72): el objetivo de la primera modificación es introducir una referencia explícita al principio de proporcionalidad, principio general del Derecho comunitario, que siempre debe respetarse cuando se adopta una medida limitativa de la libertad de circulación. La segunda modificación añade una referencia a la realidad de la amenaza al orden público, lo que se ajusta a las indicaciones del Tribunal de Justicia en la sentencia de 27 de octubre de 1977, en el asunto 30/77, Boucherau. [4]

[4] Recopilación 1977, p.1999, apartado 35.

Artículo 25, apartado 4 (enmienda 74): la inclusión de una referencia a un plazo de seis meses sirve para contemplar la situación de aquellos Estados miembros que no introduzcan la obligación de registro.

Artículo 25, apartado 5 bis (enmienda 76): este nuevo apartado añade la obligación de los Estados miembros de notificar a la Comisión toda decisión de expulsión que adopten respecto de un ciudadano de la Unión o de un miembro de su familia. Al tratarse de decisiones que deben tener un carácter excepcional, puede considerarse esta obligación equitativa.

Artículo 27, apartado 1 (enmienda 77): en este apartado se han introducido varias modificaciones. La supresión de la referencia a las infirmités [término no incluido en la versión española de la propuesta de directiva] es lógica ya que solo las enfermedades pueden justificar una medida restrictiva de la libertad de circulación. La cláusula de mantenimiento del statu quo prevista en la última frase se ha suprimido porque no era pertinente. Finalmente, otra modificación es la consecuencia lógica de la nueva redacción del apartado 1 del artículo 25.

Artículo 27, apartado 2 (enmienda 78): la referencia a un plazo de seis meses en lugar de la fecha de registro o de la de la expedición de la tarjeta de residencia es más coherente con la estructura de la Directiva y permite abarcar asimismo la situación de los Estados miembros que no introduzcan la obligación de registro. La referencia a la denegación de la tarjeta de residencia permanente se ha eliminado ya que no es posible denegar esta tarjeta por razones de salud pública.

Artículo 27, apartado 3 (enmienda 79): con la referencia a un plazo de seis meses se pretende limitar el plazo durante el que los Estados miembros pueden someter a las personas a un examen médico, lo que es coherente con el texto del apartado precedente.

Artículo 28, apartados 1 y 2 (enmienda 80): las palabras «por escrito» se recogen en el apartado 1 y se suprimen del apartado 2, para aclarar que la notificación debe realizarse siempre por escrito, mientras que los motivos precisos de la decisión pueden no ser comunicados al interesado, si la seguridad del Estado se viera por ello comprometida.

Artículo 28, apartado 3 (enmienda 82): introduce un plazo único para abandonar el territorio correspondiente a treinta días a partir de la fecha de la notificación.

Artículo 29, apartado 1 (enmienda 83): la modificación se propone aclarar que debe haber siempre un recurso jurisdiccional y que es igualmente posible un recurso administrativo si está previsto por el Estado miembro de acogida (por ejemplo, antes de poder interponer un recurso jurisdiccional).

Artículo 29, apartado 2 (enmienda 84): La supresión de la primera parte de la frase se propone garantizar que el control previo de la autoridad independiente es obligatorio respecto de cualquier decisión, y no solamente cuando se prevé un recurso administrativo.

Artículo 29, apartado 3 (enmienda 113): la Comisión ha recogido parcialmente la enmienda propuesta por el Parlamento y encaminada a atribuir carácter suspensivo automático a los recursos jurisdiccionales, lo que se ajusta al principio general del Derecho comunitario de la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. No obstante, la Comisión ha precisado la enmienda, previendo una suspensión automática de la ejecución de una medida de expulsión en tanto que el juez no se haya pronunciado sobre el efecto suspensivo del recurso. Esta enmienda presenta varias ventajas. Los Estados están obligados a reconocer a sus órganos jurisdiccionales competencia para admitir una solicitud de suspensión de una medida de expulsión: por consiguiente debe ser posible un procedimiento sumario. Los Estados deberán organizar un procedimiento sumario eficaz y rápido puesto que la ejecución de la orden de abandonar el territorio se suspende a la espera de la resolución del juez sobre la solicitud de suspensión. Esta fórmula, en cambio, no impone a los Estados que garanticen un efecto suspensivo al recurso hasta la resolución en cuanto al fondo sobre la legalidad de la medida de expulsión. No impone, por lo tanto, obligaciones desproporcionadas a los Estados. Esta fórmula respeta perfectamente las exigencias que impone el artículo 13 de la Convención europea de los derechos humanos en materia de expulsión.

Artículo 29, apartado 4 (enmienda 85): esta pequeña modificación sirve efectivamente para destacar que los elementos enumerados el artículo 26 son una referencia para evaluar que la decisión no es desproporcionada.

Artículo 30, apartado 2 (enmienda 86): las modificaciones introducidas en el primer párrafo dotan de mayor claridad al texto. El plazo de seis meses que sustituye el de tres meses en el párrafo 2 es más realista.

Artículo 31 bis (enmienda 88): este nuevo artículo recoge el contenido del antiguo apartado 2 del artículo 31. En efecto, es más lógico que este texto figure en un artículo separado.

Artículo 32 (enmienda 89): el objeto de la modificación es explicitar de qué manera debe efectuarse la difusión de información.

Artículo 33 (enmienda 90): la modificación se propone utilizar como únicos elementos de referencia para las sanciones los principios de eficacia y de proporcionalidad, lo que parece equitativo.

Artículos 35, 36 y 37 (enmiendas 91, 92 y 93): se trata en estos caso de una modificación de la fecha de entrada en vigor de la Directiva. El Parlamento ha propuesto julio de 2004, pero, en función del estado de las negociaciones, este plazo no parece realista. La Comisión considera que la nueva directiva se adoptará en el transcurso del primer semestre de 2004. Por consiguiente, propone un plazo de hasta julio de 2005.

3.2. Modificaciones que no pueden ser aceptadas

Enmienda 4

Por las razones explicadas más abajo en las enmiendas 14, 15 y 16, la Comisión no puede aceptar esta enmienda al considerando 6. Ésta guarda relación con las enmiendas propuestas en el artículo 2 de la propuesta y se propone el reconocimiento mutuo y el respeto de la diversidad de relaciones familiares, ya se trate de matrimonios, parejas inscritas o parejas de hecho, por razones de igualdad y del derecho fundamental a la vida familiar.

Enmienda 11

La Comisión no puede aceptar la enmienda al considerando 19. Relacionada con el apartado 2 del artículo 21, se propone excluir a las personas inactivas del beneficio de la asistencia social durante los seis primeros meses de estancia. Este texto no es coherente con la enmienda propuesta por el Parlamento al apartado 2 del artículo 21 y aceptada por la Comisión.

Enmiendas 14, 15, 16

Estas enmiendas se proponen reconocer, como miembros de la familia, al cónyuge y a la pareja inscrita, independientemente de su sexo, conforme a la correspondiente legislación nacional, así como a la pareja de hecho, independientemente de su sexo, con la que el ciudadano de la Unión tiene una relación duradera, si la legislación o la práctica del Estado miembro de acogida y/o del Estado del que es nacional concede el mismo trato a las parejas no casadas y a los matrimonios y respetando las condiciones previstas por dicha legislación. No pueden aceptarse.

En efecto, en lo relativo al matrimonio, la Comisión desea no optar por una definición del término cónyuge que introduzca una referencia explícita al cónyuge de mismo sexo. Por el momento, sólo dos Estados miembros contemplan en su legislación el matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, el Tribunal de Justicia ha establecido en su jurisprudencia [5] que el término matrimonio, según la definición admitida en general por los Estados miembros, designa una unión entre dos personas de distinto sexo, El Tribunal ha declarado igualmente que una interpretación de conceptos jurídicos basada en la evolución de la sociedad y que produce consecuencias en todos los Estados miembros debe hacerse mediante un examen de la situación en el conjunto de la Comunidad. [6] La Comisión, por consiguiente, prefiere limitar la propuesta a una noción de cónyuge entendida, en principio, como cónyuge de distinto sexo, salvo evolución futura.

[5] Sentencia de 31 de mayo de 2001, asuntos acumulados C-122/99 y C-125/99, D y Reino de Suecia/ Consejo, Recopilación 2001, p. I-4319, apartado 34.

[6] Sentencia de 17 de julio de 1986, asunto C-59/85, Reed, Rec. 1986, p. 1 283, apartado 13.

Por lo que se refiere a las parejas, ya se trate de parejas inscritas o parejas de hecho, la Comisión considera igualmente que el reconocimiento de estas situaciones debe llevarse a cabo por referencia exclusivamente a la legislación del Estado miembro de acogida. El reconocimiento, a los efectos de la residencia, de parejas de hecho según la legislación de otros Estados miembros podría plantear poblemos a Estados miembros cuyo Derecho de familia no reconoce esta posibilidad. El reconocimiento de derechos, que no se reconocen a sus propios nacionales, a parejas procedentes de otro Estado miembro podría efectivamente crear situaciones de discriminación à la inversa, que es propósito de la Comisión evitar.

La Comisión tiene, por el contrario, en cuenta el deseo del Parlamento Europeo de mencionar explícitamente a las parejas inscritas en su nueva letra b) del apartado 2 del artículo 2.

Enmiendas 17 y 18

Estas enmiendas, que introducen en las letras c) y d) del punto 2 del artículo 2 una referencia específica a los descendientes y ascendientes de las parejas inscritas de modo coherente con la enmienda 15, que propone une referencia separada a la pareja inscrita en una nueva letra a) bis del punto 2, no pueden aceptarse. Por el contrario, la Comisión ha adaptado la nueva redacción de la letra b) del punto 2 del mismo artículo para introducir en ella una referencia explícita a la pareja inscrita y la noción de relación duradera.

Enmienda 19

Esta enmienda se propone introducir en el punto 3 del artículo 2 una definición del Estado miembro de origen y criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de determinar si existe una relación duradera. La referencia a la legislación del Estado miembro de origen no es aceptable para la definición del cónyuge o de las parejas. Por lo demás, la definición de relación duradera no es necesaria puesto que la que determina los elementos a tener en cuenta es la legislación del Estado miembro de acogida.

Enmiendas 26, 32 (parcialmente), 42, 43, 44

No pueden aceptarse estas enmiendas porque se proponen alterar de manera sustancial la estructura de la Directiva o cuestionarían el enfoque propuesto por la Comisión.

Enmiendas 22, 23, 31, 45, 53, 56, 57, 58, 60, 63, 66 y 69

No se han aceptado estas enmiendas por no ser coherentes con la propuesta de la Comisión

2001/0111 (COD)

Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO Y DEL CONSEJO relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros

(Texto pertinente a los fines del EEE).

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 12, 18, 40, 44 y 52,

Vista la propuesta de la Comisión [7],

[7] DO C 270 de 25.9.2001, p. 150.

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo [8],

[8] DO C 149 de 21.6.2002, p. 46.

Visto el dictamen del Comité de las Regiones [9],

[9] DO C 192 de 12.8.2002, p. 17.

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado

Considerando lo siguiente:

(1) En las disposiciones comunes del Título I del Tratado de la Unión Europea se fija ésta como objetivo, entre otros, «reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de sus Estados miembros mediante la creación de una ciudadanía de la Unión».

(2) La libre circulación de personas constituye una de las libertades fundamentales en el mercado interior que, en virtud del apartado 2 del artículo 14 del Tratado CE, constituye un espacio sin fronteras interiores en el que esta libertad esté garantizada con arreglo a las disposiciones del Tratado.

(3) Los artículos 17 y 18 del Tratado CE han instituido la ciudadanía europea y conferido a cada ciudadano de la Unión un derecho primario e individual a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.

(4) El desarrollo de la movilidad de los trabajadores asalariados y no asalariados, estudiantes, investigadores, personas en formación, voluntarios, profesores y formadores ha sido reconocido como una prioridad política de la Unión Europea.

(5) En este sentido, para rebasar el enfoque sectorial y fragmentario del derecho de libre circulación y residencia, y con el fin de facilitar el ejercicio de este derecho, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 del Tratado, conviene elaborar un instrumento jurídico único encaminado a reemplazar y completar los siguientes textos legislativos: el Reglamento 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad [10], la Directiva 68/360/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, sobre supresión de restricciones a la circulación y a la estancia de los trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad, [11] la Directiva 73/148/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1973, relativa a la supresión de las restricciones a la circulación y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los nacionales de los Estados miembros en materia de establecimiento y de prestación de servicios [12], la Directiva 90/364 del Consejo, de 28 de junio de 1990 , relativa al derecho de residencia [13], la Directiva 90/365/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de residencia de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que hayan dejado de ejercer su actividad profesional [14] y la Directiva 93/96/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa al derecho de residencia de los estudiantes [15].

[10] DO L 257 de 19.10.1968, p. 2. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) nº 2434/92 (DO L 245 de 26.8.1992, p. 1).

[11] DO L 257 de 19.10.1 968, p. 13. Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia.

[12] DO L 172 de 28.6.1973, p. 14.

[13] DO L 180 de 13.7.1990, p. 26.

[14] DO L 180 de 13.7.1990, p. 28.

[15] DO L 317 de 18.12.1993, p. 59.

(6) El derecho de cada ciudadano de la Unión a circular libremente y residir en el territorio de los Estados miembros exige, para que pueda ejercerse en condiciones objetivas de libertad y dignidad, que se conceda a los miembros de la familia cualquiera que sea su nacionalidad. La definición de miembro de la familia debe ampliarse y unificarse para todos los beneficiarios del derecho de residencia.

(7) Conviene definir claramente la naturaleza de los trámites relativos a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión en el territorio de los Estados miembros, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones relativas al control en las fronteras.

(7bis) Con objeto de facilitar su libre circulación, los miembros de la familia que no sean nacionales de un Estado miembro, que ya sean titulares de un documento de residencia, están exentos de la obligación de visado de entrada con arreglo al Reglamento (CE) nº 539/2001 [16] o, si procede, a la legislación nacional aplicable.

[16] Reglamento (CE) n° 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación, DO L 81 de 21.3.2001, p.1.

(8) Para responder mejor a las nuevas formas de movilidad geográfica y de trabajo , conviene prever que las estancias del ciudadano de la Unión que no superen los seis meses no estén sometidas a ninguna condición ni a ninguna formalidad distinta de la posesión de un carné de identidad o un pasaporte válidos.

(9) Conviene, sin embargo, evitar que los beneficiarios del derecho de libre circulación se conviertan en una carga desrazonable para la Hacienda Pública del Estado miembro de acogida durante un primer período de estancia. Por ello, es necesario prever el mantenimiento de un régimen por el cual el ejercicio del derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión, para períodos superiores a seis meses, siga estando sometido a la condición de ejercer una actividad económica o, para quienes no ejerzan actividad económica, a las condiciones de disponer, , de recursos suficientes o de estar matriculado en un centro reconocido para cursar estudios, incluida la formación profesional, y de disponer de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado de acogida, o bien a la condición de poseer la calidad de miembro de la familia del ciudadano de la Unión que cumpla una de estas condiciones.

(10) El derecho fundamental y personal a residir en otro Estado miembro se confiere directamente a los ciudadanos por el Tratado y no depende de la expedición de un documento de residencia. Conviene, por lo tanto, limitar la obligación de poseer dicho documento a situaciones debidamente justificadas, en particular para los miembros de la familia del ciudadano de la Unión que no tienen la nacionalidad de un Estado miembro y para estancias que superan los seis meses.

(11) Para estancias superiores a seis meses, el registro del ciudadano de la Unión ante las autoridades competentes del lugar de residencia, probado por un certificado a tal efecto en combinación con la posesión del carné de identidad del Estado miembro de origen o de un pasaporte válido, es una medida suficiente y proporcionada y responde al interés del Estado miembro de acogida de conocer los movimientos de población en su territorio.

(12) Los justificantes requeridos por la Administración para la expedición de un certificado de registro o de una tarjeta de residencia deben precisarse de manera exhaustiva con el fin de evitar que prácticas administrativas o interpretaciones divergentes constituyan un obstáculo desproporcionado al ejercicio del derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión o los miembros de su familia.

(13) Conviene, por otro lado, ofrecer una protección jurídica a los miembros de la familia, en caso de fallecimiento del ciudadano de la Unión, de disolución del matrimonio o de disolución de la pareja. Resulta, pues, necesario adoptar medidas para establecer el mantenimiento del derecho de residencia en tales hipótesis, respetando la vida familiar y la dignidad humana y bajo algunas condiciones para evitar abusos.

(14) La garantía de una residencia permanente para los ciudadanos de la Unión que eligieron instalarse duraderamente en un Estado miembro refuerza el sentimiento de pertenencia a una ciudadanía común y es un elemento clave para promover la cohesión social, objetivo fundamental de la Comunidad. Conviene por lo tanto establecer un derecho de residencia permanente para todos los ciudadanos de la Unión, sobre la base de un criterio de duración de residencia continua de cuatro años.

(15) No obstante, conviene mantener algunas ventajas específicas consustanciales a los ciudadanos de la Unión que ejercen una actividad asalariada o no asalariada, que constituyen derechos adquiridos conferidos por el Reglamento 1251/70 de la Comisión, de 29 de junio de 1970, relativo al derecho de los trabajadores a permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo [17] , y por la Directiva 75/34/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1974, relativa al derecho de los nacionales de un Estado miembro a permanecer en el territorio de otro Estado miembro después haber ejercido en él una actividad por cuenta propia [18].

[17] DO L 142 de 30.6.1970, p. 24.

[18] DO L 14 de 20.1.1975, p. 10.

(16) El ejercicio del derecho de residencia permanente de los ciudadanos de la Unión implica que este derecho se extienda a los miembros de la familia. En caso de fallecimiento del ciudadano que ejerció una actividad asalariada o no asalariada durante su vida profesional antes de haber adquirido el derecho de residencia permanente, la adquisición del derecho de residencia permanente de los miembros de la familia debe también reconocerse y ser objeto de condiciones particulares.

(17) Con el fin de constituir un verdadero instrumento de integración en la sociedad del Estado miembro de acogida donde el ciudadano de la Unión reside, el derecho de residencia permanente no estará sometido a condiciones y garantizará, en el ámbito de aplicación del Tratado, una igualdad de trato completa con los nacionales, así como una protección máxima contra las expulsiones.

(18) Por lo tanto la adquisición del derecho de residencia permanente implica, para el ciudadano de la Unión y los miembros de la familia, derechos suplementarios y una mayor protección. Conviene, por ello, reconocer este derecho por la expedición de una tarjeta de residencia de duración ilimitada.

(19) En virtud del principio de no discriminación, cada ciudadano de la Unión y los miembros de la familia deben beneficiarse de la igualdad de trato con los nacionales en el ámbito de aplicación del Tratado. No obstante, antes de la adquisición del derecho de residencia permanente corresponde al Estado miembro de acogida determinar si se propone conceder becas de subsistencia a los ciudadanos de la Unión que llegan a su territorio para estudiar.

(20) Algunas limitaciones al ejercicio del derecho de libre circulación por razones de orden público, seguridad pública o salud pública están previstas por el Tratado en el apartado 3 del artículo 39, apartado 1 del artículo 46, y 55. La Directiva 64/221/CEE del Consejo [19] ha previsto la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas por razones de orden público, seguridad y salud pública.

[19] DO L 56 de 4.4.1964, p.850-64. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 75/35/CEE (DO L 14 de 20.1.1975, p. 14).

(21) Habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del derecho fundamental de libre circulación, conviene precisar las condiciones y garantías procesales con arreglo a las cuales puede adoptarse la decisión de denegación de entrada o de expulsión de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia.

(22) La expulsión de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia por razones de orden público o seguridad pública constituye una medida radical que puede perjudicar seriamente a las personas que, haciendo uso de los derechos y libertades conferidas por el Tratado, verdaderamente se integraron en el Estado miembro de acogida; conviene por lo tanto limitar el alcance de estas medidas con arreglo al principio de proporcionalidad y en función del grado de integración de la persona en cuestión, de la duración de su residencia en el Estado miembro de acogida, su edad, su estado de salud, su situación familiar y económica y del alcance de los vínculos con el país de origen y prohibir la expulsión de un ciudadano de la Unión o de un miembro de su familia titulares de un derecho de residencia permanente o de un miembro de la familia que sea menor.

(23) Conviene también precisar las normas de procedimiento administrativo para garantizar un elevado nivel de protección de los derechos del ciudadano de la Unión y los miembros de su familia en caso de denegación de entrada o residencia en otro Estado miembro y la observancia del principio de motivación suficiente de los actos de la Administración.

(24) En cualquier caso, un recurso jurisdiccional debe ofrecerse al ciudadano de la Unión y a los miembros de su familia en caso de denegación del derecho de entrada y residencia en otro Estado miembro, sin discriminación con relación a los nacionales en cuanto a las condiciones relativas a la introducción del recurso y al desarrollo del procedimiento.

(25) Como prolongación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, conviene confirmar el derecho del ciudadano de la Unión o de un miembro de su familia que hayan sido objeto de una medida prohibición de entrada en el territorio a presentar una nueva solicitud después de un plazo razonable y, en cualquier caso, después de dos años a partir de la notificación de la decisión definitiva de prohibición de entrada en el territorio.

(26) Debido a las nuevas condiciones establecidas por la presente Directiva para el ejercicio del derecho de libre circulación, conviene derogar o suprimir las disposiciones en vigor que sean contrarias a la presente Directiva, permitiendo al mismo tiempo la aplicación de las disposiciones nacionales que sean más favorables.

(27) La presente Directiva respeta los derechos y las libertades fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 1 Objeto

La presente Directiva establece:

a) las condiciones de ejercicio del derecho de libre circulación y residencia en los Estados miembros de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia;

b) el derecho de residencia permanente en los Estados miembros de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia;

c) las limitaciones a estos derechos por razones de orden público, seguridad pública y salud pública.

Artículo 2 Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1) Ciudadano de la Unión: toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro.

2) Miembro de la familia:

a) el cónyuge;

b) la pareja a la que el ciudadano esté vinculado como pareja inscrita o mediante una relación duradera, debidamente certificada , si la legislación del Estado miembro de acogida reconoce la situación de las parejas no casadas y respetando las condiciones previstas por dicha legislación;

c) los descendientes directos y los del cónyuge o pareja contemplada en la letra b);

d) los ascendientes directos y los del cónyuge o pareja contemplada en la letra b);

3) Estado miembro de acogida: el Estado miembro al que se traslada el ciudadano de la Unión para ejercer su derecho de libre circulación o de residencia.

Artículo 3 Beneficiarios

1. La presente Directiva se aplicará a cualquier ciudadano de la Unión que se traslade o resida en un Estado miembro de la Unión distinto del Estado del que tenga la nacionalidad, así como a los miembros de su familia, tal como se definen en el punto 2 del artículo 2, independientemente de su nacionalidad, que le acompañen o se reúnan con él posteriormente.

2. Sin perjuicio del derecho personal de los interesados a la libre circulación y a la residencia, los Estados miembros facilitarán la entrada y la residencia de cualquier otro miembro de la familia no definido en el punto 2 del artículo 2 pero que esté a cargo o viva, en el país de procedencia, bajo el techo del ciudadano de la Unión beneficiario del derecho de residencia con carácter principal, o si así lo justifican motivos graves de salud o motivos humanitarios .

Artículo 4 Cláusula de no discriminación

Los Estados miembros aplicarán las disposiciones previstas en la presente Directiva sin aplicar discriminaciones entre los beneficiarios de la misma basándose, entre otros factores, en el sexo, la identidad de género, la raza, el color, o el origen étnico o social, las características genéticas, la lengua, la religión o las convicciones, las opiniones políticas o de otro tipo, la pertenencia a una minoría nacional, la riqueza, el nacimiento, una minusvalía, la edad o la orientación sexual.

Capítulo II Derecho de circulación y de residencia de hasta seis meses

Artículo 5 Derecho de salida

1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a salir del territorio de un Estado miembro para trasladarse a otro Estado miembro, provisto de un carné de identidad o de un pasaporte válidos.

Este derecho se aplicará igualmente a todos los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro y que acompañen al ciudadano de la Unión o se reúnan posteriormente con él.

2. No podrá imponerse a las personas contempladas en el apartado 1 la obligación de ningún visado de salida ni obligación equivalente.

3. Los Estados miembros expedirán o renovarán a sus ciudadanos un carné de identidad o un pasaporte en el que conste, en particular, su nacionalidad.

4. El pasaporte deberá ser válido al menos para todos los Estados miembros de la Unión y para los países de tránsito directo entre éstos. En caso de que la legislación de un Estado miembro no prevea la expedición de un carné de identidad, la validez del pasaporte, desde el momento de su expedición o renovación no podrá ser inferior a cinco años.

Artículo 6 Derecho de entrada y de residencia de hasta seis meses

1. Los Estados miembros admitirán en su territorio al ciudadano de la Unión y a los miembros de su familia, cualquiera que sea nacionalidad, siempre que estén provistos de un carné de identidad o de un pasaporte válidos.

No podrá imponerse al ciudadano de la Unión la obligación de ningún visado de entrada ni obligación equivalente.

2. Los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro sólo podrán estar sometidos a la obligación de un visado de entrada de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 539/2001 o, si procede, con la legislación nacional. A efectos de la presente Directiva, la posesión de un documento de residencia válido expedido por un Estado miembro exime de la obligación de solicitar un visado.

Los Estados miembros concederán a estas personas todas las facilidades para obtener los visados que precisen. Estos visados se expedirán a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. Estos visados serán gratuitos.

3. El Estado miembro de acogida no pondrá un sello de entrada o de salida en el pasaporte de un miembro de la familia que no tenga la nacionalidad de un Estado miembro a partir del momento en que el interesado esté en posesión de un documento de residencia.

4. Cuando el ciudadano de la Unión o el miembro de su familia no dispongan de los documentos de viaje necesarios o, en su caso, de los visados necesarios, el Estado miembro afectado dará a estas personas todas las facilidades para permitirles obtener en un plazo razonable, los documentos necesarios o para que se confirme o pruebe por otros medios su calidad de beneficiarios del derecho de libre circulación, antes de proceder a la denegación de entrada.

5. El derecho de entrada del ciudadano de la Unión en el territorio de un Estado miembro incluye el derecho de residencia por un período inferior o igual a seis meses sin ninguna otra condición ni ninguna otra formalida un carné de identidad o pasaporte válidos. El Estado miembro sólo podrá imponer al interesado señalar su presencia en su territorio en un plazo que no podrá ser inferior a quince días. El no respeto de esta obligación podrá ser objeto de sanciones administrativas no discriminatorias y proporcionadas.

6. Las disposiciones del apartado 5 se aplicarán asimismo a los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro y que acompañen al ciudadano de la Unión o se reúnan posteriormente con él. Sin embargo, en caso de que dichos miembros estén sometidos a la obligación de visado, deberán presentar una solicitud de tarjeta de residencia, de conformidad con el artículo 9, antes de que expire la validez de dicho visado.

Capítulo III Derecho de residencia de duración superior a seis meses

Artículo 7 Condiciones de ejercicio

1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a permanecer en el territorio de otro Estado miembro por un período superior a seis meses:

a) si ejerce una actividad económica como trabajador asalariado o no asalariado o si recibe una prestación de servicios, o

b) si dispone, para él y para los miembros de su familia, de recursos suficientes con el fin de no convertirse durante la estancia en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida y de un seguro de enfermedad que cubra el conjunto de los riesgos en el Estado miembro de acogida, o

c) si está matriculado en un centro reconocido para cursar estudios, e incluida la formación profesional, a título principal, y dispone de un seguro de enfermedad que cubra el conjunto de los riesgos en el Estado miembro de acogida, o

d) si es miembro de la familia de un ciudadano de la Unión que cumpla las condiciones previstas en las letras a), b) o c).

2. El derecho de residencia se ampliará a los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro cuando acompañen o se reúnan, en el Estado miembro de acogida, con el ciudadano de la Unión, siempre que éste cumpla las condiciones previstas en las letras a), b) o c) del apartado 1.

2 bis. A efectos de la letra a) del apartado 1, se mantiene la condición de trabajador al ciudadano de la Unión que haya dejado de ejercer una actividad asalariada o no asalariada:

a) si el interesado sufre de incapacidad laboral temporal resultante de una enfermedad o accidente;

b) si el interesado, que está en paro involuntario debidamente comprobado, se pone a disposición del servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo;

c) si el interesado, en paro involuntario como consecuencia de la finalización de un contrato de trabajo de duración determinada inferior a un año, se pone a disposición del servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo; en este caso, la calidad de trabajador se mantendrá durante un período que no podrá ser inferior a seis meses; si el interesado ha adquirido el derecho a prestaciones de desempleo, esta calidad se mantendrá hasta que expire este derecho;

d) si el interesado cursa estudios de formación profesional; a menos que el interesado se encuentre en situación de desempleo involuntario, el mantenimiento de la calidad de trabajador supone que existe una relación entre la actividad profesional previa y la formación en cuestión.

Artículo 8 Trámites administrativos para los ciudadanos de la Unión

1. Para estancias superiores a seis meses el Estado miembro de acogida podrá imponer a los ciudadanos de la Unión la obligación de registrarse ante las autoridades competentes. En cualquier caso, el Estado miembro autorizará el registro del ciudadano de la Unión que lo solicite.

2. El plazo fijado para el registro no podrá ser inferior a seis meses desde la llegada. Se expedirá de inmediato un certificado de registro . En dicho certificado figurará la indicación precisa del nombre y dirección de la persona registrada y la fecha de registro. El incumplimiento de la obligación de registro podrá ser objeto de sanciones administrativas no discriminatorias y proporcionadas.

3. Para la expedición del certificado de registro los Estados miembros sólo podrán exigir al ciudadano de la Unión contemplado en las letras a) o b) del apartado 1 del artículo 7 presentar un carné de identidad o un pasaporte válidos y garantizar, mediante una declaración o por cualquier otro medio, a elección del interesado y al menos equivalente, que cumple las condiciones previstas en las letras a) o b) del apartado 1 del artículo 7.

4. Para la expedición del certificado de registro los Estados miembros sólo podrán exigir al ciudadano de la Unión contemplado en la letra c) del apartado 1 del artículo 7 que presente un carné de identidad o un pasaporte válidos, su inscripción en un establecimiento reconocido con el fin de cursar a título principal estudios, incluida la formación profesional y garantizar mediante una declaración o cualquier otro medio que considere adecuado y que sea al menos equivalente, que dispone, para él mismo y para los miembros de su familia, de recursos suficientes con el fin de evitar convertirse durante su estancia en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida, y de un seguro de enfermedad que cubra el conjunto de los riesgos en el Estado miembro de acogida.

5. Los Estados miembros no podrán fijar el importe de los recursos que consideran como suficientes.

6. Para la expedición del certificado de registro a los miembros de la familia del ciudadano de la Unión que tengan la nacionalidad de un Estado miembro, los Estados miembros podrán exigir la presentación de los documentos siguientes:

a) un carné de identidad o un pasaporte válidos;

b) una declaración que garantice el parentesco;

c) el certificado de registro del ciudadano de la Unión al que acompañen o con el que se reúnan posteriormente;

d) en los casos contemplados en la letra b) del apartado 2 del artículo 2, la prueba de que se cumplen las condiciones previstas por dicha disposición;

e) en los casos contemplados en el apartado 2 del artículo 3, un documento expedido por la autoridad competente del país de origen o procedencia que certifique que están a cargo del ciudadano de la Unión o que vivían bajo su techo en ese país o bien cualquier prueba sobre la existencia de motivos graves de salud o motivos humanitarios.

Artículo 9 Trámites administrativos para los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro

1. Los Estados miembros expedirán a los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro una tarjeta de residencia cuando la estancia prevista sea superior a seis meses.

2. El plazo para presentar la solicitud de expedición de una tarjeta de residencia no podrá ser inferior a seis meses a partir de la llegada. Sin embargo, los miembros de la familia sujetos a la obligación de visado deberán presentar esta solicitud antes de la expiración de la validez del visado.

2 bis. No se denegará la tarjeta de residencia por el único motivo de que el interesado carece de visado o su visado haya caducado antes de la presentación de la solicitud de tarjeta de residencia.

3. El incumplimiento de la obligación de solicitar la tarjeta de residencia podrá ser objeto de sanciones administrativas no discriminatorias y proporcionadas.

Artículo 10 Expedición de la tarjeta de residencia

1. El derecho de residencia de los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro será reconocido por la expedición de un documento denominado «tarjeta de residencia de miembro de la familia de un ciudadano de la Unión» a más tardar en los tres meses que siguen a la presentación de la solicitud. Se entregará inmediatamente un resguardo de la presentación de la solicitud de tarjeta de residencia de miembro de la familia de un ciudadano de la Unión ..

2. Para la expedición de la tarjeta de residencia los Estados miembros pedirán la presentación de los documentos. siguientes:

a) un carné de identidad o un pasaporte válidos;

b) un documento que pruebe el parentesco;

c) el certificado de registro del ciudadano de la Unión al que acompañen o con el que se reúnan posteriormente;

d) en los casos contemplados en la letra b) del apartado 2 del artículo 2, la prueba de que se cumplen las condiciones previstas por dicha disposición;

e) en los casos contemplados en el apartado 2 del artículo 3, un documento expedido por la autoridad competente del país de origen o procedencia que certifique que están a cargo del ciudadano de la Unión o que vivían bajo su techo en ese país o bien cualquier prueba sobre la existencia de motivos graves de salud o motivos humanitarios.

Artículo 11 Validez de la tarjeta de residencia

1. La tarjeta de residencia prevista en el apartado 1 del artículo 10 tendrá una validez de al menos cinco años desde el momento de su expedición.

1 bis. . Las ausencias temporales que no superen seis meses consecutivos ni las ausencias de más larga duración para el cumplimiento de obligaciones militares o por causa de embarazo y alumbramiento ni la ausencia continuada de un año, como máximo, por razones importantes derivadas de una enfermedad grave, o de la realización de estudios o de una formación profesional o del traslado por razones de trabajo al territorio de otro Estado miembro o a un tercer país no afectarán a la validez de la tarjeta de residencia.

Artículo 12 Mantenimiento del derecho de residencia de los miembros de la familia en caso de fallecimiento o partida del ciudadano de la Unión

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo, el fallecimiento del ciudadano de la Unión o su partida del territorio del Estado miembro de acogida no afectará al derecho de residencia de los miembros de su familia que tengan la nacionalidad de un Estado miembro.

Antes de la adquisición del derecho de residencia permanente, los propios interesados deberán cumplir las condiciones previstas en las letras a), b), c) o d) del apartado 1 del artículo 7.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo, el fallecimiento del ciudadano de la Unión del que dependen no supondrá la pérdida del derecho de residencia de los miembros de su familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro.

Antes de adquirir el derecho de residencia permanente, el derecho de residencia de los interesados seguirá estando sujeto a la condición de ejercer una actividad económica como trabajadores asalariados o no asalariados, o de disponer, para sí y para los miembros de la familia, de recursos suficientes para no pasar a ser durante la estancia una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida, y de un seguro de enfermedad que cubra el conjunto de los riesgos en el Estado miembro de acogida, o bien ser miembro de la familia, ya constituida en el Estado miembro de acogida, de un interesado que cumpla estas condiciones.

Dichos recursos se considerarán suficientes cuando sean al menos iguales al nivel de los recursos por debajo del cual una asistencia social puede ser concedida por el Estado miembro de acogida a sus nacionales. Cuando no pueda aplicarse tal criterio, los recursos del solicitante se considerarán suficientes cuando al menos sean iguales al nivel de la pensión mínima de seguridad social pagada por el Estado miembro de acogida.

3. La partida del ciudadano de la Unión no supondrá la pérdida del derecho de residencia de sus hijos ni del progenitor que tenga efectivamente la custodia de dichos hijos, con independencia de su nacionalidad , siempre que estos hijos residan en el Estado miembro de acogida y estén inscritos en un establecimiento escolar para cursar estudios, y ello hasta el final de dichos estudios.

Artículo 13 Mantenimiento del derecho de residencia de los miembros de la familia en caso de divorcio, anulación del matrimonio o disolución de la pareja

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo, el divorcio, la anulación del matrimonio o la disolución de la pareja a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 2 no afectará al derecho de residencia de los miembros de la familia del ciudadano de la Unión que tengan la nacionalidad de un Estado miembro.

Antes de la adquisición del derecho de residencia permanente los interesados deberán cumplir las condiciones previstas en las letras a), b), c) o d) del apartado 1 del artículo 7.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo, el divorcio, la anulación del matrimonio o la disolución de la pareja a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 2 no supondrán la pérdida del derecho de residencia de los miembros de la familia del ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro:

a) cuando el matrimonio o la pareja a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 2 haya durado, hasta el inicio del procedimiento judicial de divorcio o de anulación o hasta la disolución de la pareja a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 2, debidamente certificada, al menos dos años, de los cuales uno al menos en el Estado miembro de acogida, o

b) cuando la custodia de los hijos del ciudadano de la Unión hubiere sido confiada al cónyuge o a la pareja a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 2 que no tenga la nacionalidad de un Estado miembro por acuerdo entre los esposos o los miembros de la pareja o por decisión judicial, o

c) cuando así lo justifiquen situaciones especialmente difíciles, por ejemplo, de violencia doméstica de naturaleza física o moral, o por razones humanitarias.

Antes de la adquisición del derecho de residencia permanente, el derecho de residencia del interesado seguirá estando sujeto a la condición de ejercer una actividad económica como trabajador asalariado o no asalariado, o de disponer para sí y para los miembros de la familia, de recursos suficientes con el fin de evitar convertirse durante la estancia una carga para el Estado miembro de acogida, y de un seguro de enfermedad que cubra el conjunto de los riesgos en el Estado miembro de acogida o bien ser miembro de la familia, ya constituida en el Estado miembro de acogida, de un interesado que responde a estas condiciones.

Los recursos suficientes contemplados en el párrafo primero serán los previstos en el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 12.

Artículo 13 bis

Garantías procesales en caso de expulsión por razones administrativas

1. El derecho de residencia subsistirá mientras los beneficiarios reúnan las condiciones establecidas en los artículos 7, 12 y 13.

2. Los procedimientos previstos en los artículos 28 y 29 se aplicarán, mutatis mutandis, a toda decisión de expulsión adoptada por el Estado miembro de acogida contra el ciudadano de la Unión o los miembros de su familia por motivos distintos de orden público, seguridad pública o salud pública.

3. El Estado miembro de acogida no podrá acompañar la decisión de expulsión, contemplada en el apartado 2, de una prohibición de entrada en el territorio.

Capítulo IV Derecho de residencia permanente

Sección I Adquisición

Artículo 14 Norma general para los ciudadanos de la Unión y los miembros de la familia

1 Todo ciudadano de la Unión que haya residido legalmente y de forma continuada durante cuatro años en el territorio del Estado miembro de acogida tendrá un derecho de residencia permanente en su territorio. Este derecho no estará sometido a las condiciones previstas en el capítulo III.

1bis. Las ausencias temporales que no sobrepasen en total seis meses al año, ni las ausencias de mayor duración que no sobrepasen doce meses consecutivos debidas a razones importantes como el cumplimiento de obligaciones militares, una enfermedad grave, un embarazo y alumbramiento, la realización de estudios o de una formación profesional o el traslado por razones de trabajo al territorio de otro Estado miembro o a un tercer país no afectarán a la continuidad de la residencia.

2. El apartado 1 será asimismo aplicable a los miembros de la familia, que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro, que hayan residido cuatro años con el ciudadano de la Unión en el Estado miembro de acogida.

3. Una vez adquirido, el derecho de residencia permanente sólo se perderá por causa de ausencias del Estado miembro de acogida de una duración superior a cuatro años consecutivos.

Artículo 15 Derogaciones para los trabajadores que cesen su actividad en el Estado miembro de acogida y para los miembros de su familia

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 14, tendrá derecho de residencia permanente en el territorio del Estado miembro de acogida antes de que finalicen los cuatro años de residencia continua:

a) El trabajador asalariado o no asalariado que en el momento en que cese su actividad haya alcanzado la edad prevista por la legislación de este Estado miembro para hacer valer sus derechos a una pensión de vejez o que deje de ocupar una actividad asalariada tras una jubilación anticipada, cuando haya ejercido en el mismo su actividad durante al menos los últimos doce meses y haya residido en el mismo de forma continua desde hace más de tres años.

En caso de que la legislación de este Estado miembro no reconozca el derecho a pensión de vejez a determinadas categorías de trabajadores no asalariados, la condición de edad se dará por cumplida cuando el beneficiario alcance los 60 años.

b) El trabajador asalariado o no asalariado que, residiendo de forma continua en el territorio de este Estado desde más de dos años, deje de ejercer su actividad tras una incapacidad laboral permanente.

Si esta incapacidad resulta de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional que dé derecho a una prestación total o parcialmente a cargo de una institución de este Estado, no se requerirá ninguna condición de duración de residencia.

c) El trabajador asalariado o no asalariado que, después de tres años de actividad y residencia continuos en el territorio de este Estado miembro ejerza una actividad asalariada o no asalariada en el territorio de otro Estado miembro, pero guardando al mismo tiempo su residencia en el territorio del primer Estado al que regresa, en principio, cada día o al menos una vez por semana.

A efectos de adquisición de los derechos previstos en las letras a) y b) del párrafo primero, los períodos de actividad así realizados en el territorio del otro Estado miembro se considerarán como realizados en el territorio del Estado miembro de residencia.

Los períodos de desempleo involuntario, debidamente justificados por el servicio de empleo competente, o los períodos de suspensión de la actividad independientes de la voluntad del interesado y la ausencia del puesto de trabajo o la baja por enfermedad o accidente se considerará como períodos de empleo.

2. Las condiciones de duración de residencia y actividad previstas en la letra a) del apartado 1 y la condición de duración de residencia prevista en la letra b) del apartado 1 no se requerirán si el cónyuge o la pareja a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 2 del trabajador es ciudadano del Estado miembro de acogida o si el cónyuge perdió la nacionalidad de este Estado tras su matrimonio con el interesado.

3. Los miembros de la familia, cualquiera que sea su nacionalidad, del trabajador asalariado o no asalariado que haya adquirido el derecho de residencia permanente sobre la base del apartado 1, tendrán también derecho de residencia permanente en el Estado miembro de acogida.

4. En caso de que el trabajador falleciese durante su vida profesional antes de haber adquirido el derecho de residencia permanente en el territorio del Estado miembro de acogida sobre la base del apartado 1, los miembros de la familia, independientemente de su nacionalidad, tendrán un derecho de residencia permanente en el territorio de dicho Estado, a condición de que:

a) el trabajador asalariado o no asalariado hubiera residido en la fecha de su fallecimiento de forma ininterrumpida en el territorio de este Estado miembro durante un año, o

b) su fallecimiento sea consecuencia de un accidente laboral o de una enfermedad profesional, o

c) el cónyuge supérstite hubiera perdido la nacionalidad de este Estado como consecuencia de su matrimonio con dicho trabajador.

Artículo 16 Adquisición del derecho de residencia permanente por determinados miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, contemplados en el apartado 2 del artículo 12 y en el apartado 2 del artículo 13, que cumplan las condiciones previstas en dichas disposiciones adquirirán un derecho de residencia permanente tras haber residido legalmente y de manera continuada durante cuatro años en el Estado miembro de acogida.

Sección II

Trámites administrativos

Artículo 17 Tarjeta de residencia permanente

1. Los Estados miembros expedirán a los beneficiarios del derecho de residencia permanente una tarjeta de residencia permanente en un plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud. La tarjeta de residencia permanente tendrá una duración ilimitada .

2. El plazo para presentar la solicitud de tarjeta de residencia permanente no podrá ser inferior a dos años a partir de la adquisición del derecho. Sin embargo, los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro deberán presentar esta solicitud antes de que expire la primera tarjeta de residencia.

El no respeto de la obligación de solicitar la tarjeta de residencia podrá ser objeto de sanciones administrativas no discriminatorias y proporcionadas.

3. Las interrupciones de estancia de duración inferior o igual a cuatro años consecutivos no afectarán a la validez de la tarjeta de residencia permanente.

Artículo 18 Continuidad de la residencia

1. La continuidad de la residencia podrá ser certificada por todo medio de prueba usado en el Estado miembro de acogida. .

2. La continuidad de la residencia será interrumpida por toda decisión de expulsión válidamente tomada contra el interesado, salvo si se suspende la ejecución de esta medida.

CAPÍTULO V Disposiciones comunes al derecho de residencia y al derecho de residencia permanente

Artículo 19 Extensión territorial

El derecho de residencia y el derecho de residencia permanente se extenderán a todo el territorio del Estado miembro. Los Estados miembros sólo podrán establecer limitaciones territoriales al derecho de residencia o al derecho de residencia permanente siempre que estén previstas también para sus propios nacionales.

Artículo 20 Derechos derivados

Los miembros de la familia del ciudadano de la Unión, independientemente de su nacionalidad, beneficiarios del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente en un Estado miembro, tendrán derecho a ejercer una actividad económica como asalariados o no asalariados.

Artículo 21 Igualdad de trato

1. El ciudadano de la Unión que resida en el territorio del Estado miembro de acogida, se beneficiará de la igualdad de trato con los nacionales en el ámbito de aplicación del Tratado.

El beneficio de este derecho se extenderá a los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro, beneficiarios del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, antes de la adquisición del derecho de residencia permanente, el Estado miembro de acogida no estará obligado a conceder el derecho a becas de subsistencia a los beneficiarios del derecho de residencia que se hubieran trasladado a su territorio para estudiar.

Artículo 22 Disposiciones generales relativas a los documentos de residencia

1. No se podrán denegar al interesado el ejercicio de una actividad económica, la concesión de una prestación o ventaja, o la realización de gestione administrativas por no disponer, según los casos, de un certificado de registro, de un resguardo de presentación de la solicitud de tarjeta de residencia, de una tarjeta de residencia de miembro de la familia o de una tarjeta de residencia permanente, si la calidad de beneficiario de los derechos que se derivan de la presente Directiva puede quedar demostrada por cualquier otro tipo de prueba.

2. Los documentos mencionados en el apartado 1 se expedirán con carácter gratuito o mediante el abono de una suma que no rebasará el importe de los derechos y tasas exigidas para la expedición de documentos similares a los nacionales.

Artículo 23 Controles de las autoridades competentes

Los Estados miembros podrán efectuar controles para verificar el respeto de la obligación que podría derivarse del Derecho nacional de estar siempre en condiciones de presentar el certificado de registro o la tarjeta de residencia, a condición de imponer la misma obligación a sus propios nacionales por lo que se refiere al carné de identidad.

En caso de incumplimiento de esta obligación podrán imponerse las mismas sanciones que las aplicadas a sus propios nacionales en caso de omisión de la obligación de estar provistos de un carné de identidad

Artículo 24

Garantías procesales

Capítulo VI Limitaciones del derecho de entrada y residencia por razones de orden público, seguridad pública o salud pública.

Artículo 25 Principios generales

1. Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a cualquier decisión restrictiva de la libre circulación adoptada frente a un ciudadano de la Unión o de un miembro de su familia, independientemente de su nacionalidad, por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Estas razones no podrán alegarse con fines económicos.

2. Las medidas de orden público o seguridad pública deberán respetar el principio de proporcionalidad y basarse exclusivamente en el comportamiento personal del individuo afectado. La existencia de condenas penales no podrá por sí sola justificar automáticamente estas medidas.

El comportamiento personal deberá representar una amenaza actual, real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. No podrán argumentarse justificaciones que no tengan nada que ver con el caso individual o que se refieran a razones de prevención general.

El comportamiento personal no podrá ser considerado como una amenaza suficientemente grave si el Estado miembro afectado no adopta medidas represivas severas contra el mismo comportamiento cuando los autores del mismo sean sus propios nacionales.

3. La caducidad del pasaporte o carné de identidad que permitió la entrada en el Estado miembro de acogida y la expedición del certificado de registro o de la tarjeta de residencia no podrá justificar la expulsión del territorio.

4. En el momento de la expedición del certificado de registro o de la tarjeta de residencia, y, a más tardar, en el plazo de seis meses siguientes a la entrada en su territorio, el Estado miembro de acogida podrá, cuando lo juzgue indispensable, pedir eventualmente al Estado miembro de origen y a los otros Estados miembros información sobre los antecedentes judiciales de un ciudadano de la Unión o de un miembro de su familia. Esta consulta no podrá tener un carácter sistemático. El Estado miembro consultado deberá hacer llegar su respuesta en el plazo de dos meses.

5. El Estado miembro que haya expedido el pasaporte o carné de identidad recibirá sin formalidades en su territorio al titular de dicho documento, aunque éste hubiera expirado o se contestase la nacionalidad del titular.

5 bis. Los Estados miembros notificarán a la Comisión toda decisión de expulsión de un ciudadano de la Unión o de un miembro de su familia.

Artículo 26 Protección contra la expulsión

1. Antes de tomar una decisión de expulsión del territorio por razones de orden público o seguridad pública, el Estado miembro de acogida deberá tener en cuenta, en particular, la duración de la residencia del interesado en su territorio, su edad, su estado de salud, su situación familiar y económica, su integración social y cultural en el Estado miembro de acogida y la importancia de los vínculos con su país de origen.

2. El Estado miembro de acogida no podrá tomar una decisión de expulsión del territorio por razones de orden público o seguridad pública contra el ciudadano de la Unión o el miembro de su familia, independientemente de su nacionalidad, que hubiera adquirido un derecho de residencia permanente en su territorio o el miembro de la familia que sea menor.

Artículo 27 Salud pública

1. Las únicas enfermedades que podrán justificar medidas restrictivas de la libre circulación en el territorio de un Estado miembro serán las enfermedades de cuarentena contempladas en el Reglamento sanitario internacional n° 2, de 25 de mayo de 1951, de la Organización Mundial de la Salud, así como otras enfermedades infecciosas o parásitas contagiosas siempre que sean, en el país de acogida, objeto de disposiciones de protección para los nacionales. .

2. El acaecimiento de enfermedades después del plazo de seis meses siguientes a la entrada en el territorio no podrá justificar la la expulsión del territorio.

3. Si existen indicios graves que lo justifiquen, en el plazo de seis meses siguientes a la entrada en el territorio un Estado miembro podrá someter a un examen médico gratuito a los beneficiarios del derecho de residencia, para que se certifique que no sufren las enfermedades mencionadas en el apartado 1. Estos exámenes médicos no podrán tener un carácter sistemático.

Artículo 28 Notificación de las decisiones

1. Cualquier decisión a que se refiere el apartado 1 del artículo 25 deberá notificarse por escrito al interesado en condiciones tales que le permitan entender el contenido y su efecto.

2. Los motivos precisos y completos de orden público, seguridad pública o salud pública en los que se base una decisión que le afecte se comunicarán al interesado, a menos que a ello se opongan razones de seguridad del Estado.

3. La notificación incluirá la indicación de la jurisdicción ante la cual el interesado puede interponer recurso así como el plazo establecido al efecto y, cuando proceda, el plazo concedido para abandonar el territorio. Excepto en casos urgentes debidamente justificados este plazo no podrá ser inferior a treinta días a partir de la fecha de la notificación.

Artículo 29 Garantías procesales

1. En caso de que se adopte una decisión en su contra por razones de orden público, seguridad pública o salud pública, el interesado tendrá acceso a las vías de recurso jurisdiccionales y, si procede, administrativas, del Estado miembro de acogida.

2. , La autoridad sólo adoptará esta decisión administrativa, a menos que se trate de un caso urgente, previo dictamen de una autoridad competente del Estado miembro de acogida, diferente de la competente para tomar la decisión a que se refiere el apartado 1, ante la cual el interesado, a petición suya, debe poder hacer valer en persona su defensa, a menos que a ello se oponga razones de seguridad del Estado, o hacerse asistir o representar en las condiciones procesales previstas por la legislación nacional.

3. Cuando el recurso interpuesto contra una decisión de expulsión del territorio se acompañe de una solicitud de suspensión de esta decisión, no tendrá lugar la expulsión efectiva del territorio mientras no se haya decidido sobre esta solicitud.

4. El control del juez competente se referirá a la legalidad de la decisión así como a los hechos y circunstancias que justifican la medida considerada. El juez que conoce el asunto controlará también si la decisión no es desproporcionada, en particular, con relación a las exigencias impuestas por el artículo 26.

5. Los Estados miembros podrán rechazar la presencia del interesado en su territorio hasta que se celebre el juicio pero no podrán prohibir su comparecencia personal ante el juez nacional.

Artículo 30 Efectos en el tiempo de una prohibición de entrada en el territorio

1. Los Estados miembros no podrán tomar contra los beneficiarios de la presente Directiva una medida de prohibición de entrada en el territorio de por vida.

2. La persona que haya sido objeto de una decisión de prohibición de entrada en el territorio por razones de orden público, seguridad pública o salud pública podrá presentar una solicitud de levantamiento de esta prohibición tras un plazo razonable en función de las circunstancias y, en cualquier caso, dos años después de la notificación de la decisión definitiva de de prohibición de entrada válidamente tomada a efectos del Derecho comunitario, alegando motivos que puedan establecer un cambio material de las circunstancias que justificaron la decisión de prohibición de entrada en el territorio.

El Estado miembro afectado deberá pronunciarse sobre esta solicitud en un plazo de seis meses a partir de su presentación.

3. La persona citada en el apartado 2 no tendrá ningún derecho de acceso a ese territorio durante el examen de su solicitud.

Artículo 31 Expulsión como pena o medida accesoria

El Estado miembro de acogida sólo podrá ordenar válidamente una medida de expulsión del territorio como pena o medida accesoria a una pena de detención si se respetan las condiciones recogidas en los artículos 25, 26, 27 y en el apartado 1 del artículo 30.

Artículo 31 bis Comprobación previa a la expulsión

Antes de proceder a la ejecución de una medida de expulsión el Estado miembro deberá comprobar la actualidad y realidad de la amenaza para el orden público o la seguridad pública que representa el interesado y evaluar el posible cambio de circunstancias que podría haberse producido desde el momento en que se tomó la decisión inicial de expulsión.

Capítulo VII Disposiciones finales

Artículo 32 Publicidad

Los Estados miembros difundirán información sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia en las materias reguladas por la presente Directiva, en particular mediante campañas de sensibilización a través de los medios de información y comunicación nacionales y locales.

Artículo 33 Sanciones

Los Estados miembros determinarán el régimen de las sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones previstas deberán ser efectivas y proporcionadas . Los Estados miembros notificarán estas disposiciones a la Comisión a más tardar en la fecha mencionada en el artículo 37 y, posteriormente, cuanto antes cualquier modificación que pueda producirse..

Artículo 34 Disposiciones nacionales más favorables

Las disposiciones de la presente Directiva no afectarán a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de un Estado miembro que sean más favorables a los beneficiarios de la presente Directiva.

Artículo 35 Derogación

1. Se suprimirán, con efectos a partir del 1 de julio de 2005, los artículos 10 y 11 del Reglamento (CEE) nº 1612/68.

2. Quedan derogadas, con efectos a partir del 1 de julio de 2005, las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE.

Artículo 36 Informe

A más tardar el 1 de julio del 2008 la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva así como, cuando proceda, toda propuesta necesaria. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión los elementos necesarios para la elaboración de dicho informe.

Artículo 37 Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva antes del 1 de julio de2005. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Los Estados miembros aplicarán estas disposiciones a partir del 1 de julio de 2005.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 38 Entrada en vigor:

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 39 Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente