Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza a Austria y Malta a adherirse al Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, en interés de la Unión Europea /* COM/2013/0338 final - 2013/0177 (NLE) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA 1.1. Objeto de la propuesta El Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial (denominado en lo sucesivo «Convenio de La Haya sobre la notificación») establece los canales de transmisión que deberán utilizarse en el caso de que un documento judicial o extrajudicial tenga que transmitirse de un Estado contratante del Convenio a otro Estado contratante para su notificación o traslado en este último. El Convenio de La Haya sobre la notificación simplifica el método de transmisión de los documentos judiciales y extrajudiciales. El principal canal de transmisión, en lugar de los canales diplomáticos y consulares, será una autoridad central que notificará los documentos o se encargará de que sean notificados. Asimismo, el Convenio prevé varios métodos alternativos de transmisión (p. ej. canales postales). También tiene como objetivo establecer un sistema que, en la medida de lo posible, comunique efectivamente el documento que debe notificarse al destinatario con la antelación suficiente para que este pueda defenderse. Además, el Convenio prevé la prueba de que el servicio se ha realizado en el extranjero, mediante una certificación conforme a un modelo. El Convenio de La Haya sobre la notificación entra dentro de la competencia exterior exclusiva de la Unión Europea tras la adopción de las normas internas de la Unión sobre notificación y traslado de documentos en el Reglamento del Consejo (CE) nº 1348/2000, derogado por el Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo[1]. Por lo tanto, los Estados miembros no pueden celebrar el Convenio de La Haya sobre la notificación sin haber sido autorizados a hacerlo. Antes de la adopción de la normativa interna de la UE, veinticuatro Estados miembros ya se habían adherido al Convenio de La Haya sobre la notificación. Los Estados miembros restantes que deben ser autorizados a adherirse al Convenio son Austria y Malta[2]. Por consiguiente, la Comisión propone que el Consejo, en interés de la Unión Europea, autorice a Austria y Malta a adherirse al Convenio de La Haya sobre la notificación. El Convenio no incluye ninguna cláusula que permita la adhesión de la propia UE. 1.2. Importancia de la adhesión al Convenio de La Haya sobre la notificación El Convenio de La Haya sobre la notificación, por el que se mejora la transmisión de los documentos judiciales y extrajudiciales en el extranjero, es especialmente importante para la Unión Europea y sus Estados miembros porque facilita la cooperación judicial en el ámbito de los litigios transfronterizos surgidos en las relaciones con los terceros Estados que son partes del Convenio. El Convenio ha sido ratificado ampliamente y actualmente cuenta con 67 Estados contratantes. Austria y Malta han manifestado su intención de adherirse al Convenio de La Haya sobre la notificación. Su adhesión al Convenio se correspondería con el compromiso político de adherirse a los instrumentos de la Conferencia de La Haya sobre Derecho internacional privado, cuando exista un interés de la UE, contraído por la UE al convertirse en miembro de la Conferencia de La Haya en 2007. Además, la UE ha fomentado en sus relaciones exteriores la adhesión de terceros países al Convenio de La Haya sobre la notificación como sistema eficiente y fiable de notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales. Sería coherente con este enfoque que todos los Estados miembros de la UE fueran partes contratantes del Convenio. 2. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIONES DE IMPACTO En el Grupo de trabajo competente del Consejo, Austria y Malta han confirmado su interés en adherirse al Convenio de La Haya sobre la notificación. La Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya sobre Derecho internacional privado ha transmitido el interés manifestado por los terceros países partes del Convenio en extenderlo a todos los Estados miembros de la UE. 3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 3.1. Competencia de la UE con respecto al Convenio de La Haya sobre la notificación De conformidad con el artículo 3, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la jurisprudencia[3] del Tribunal de Justicia de la UE, la notificación y el traslado de documentos judiciales y extrajudiciales es una materia de competencia exterior exclusiva de la Unión Europea, ya que el Reglamento (CE) nº 1393/2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, permite adoptar normas internas de la Unión. Por consiguiente, los Estados miembros ya no tienen la facultad de contraer con terceros países obligaciones contractuales que afecten a estas normas. En particular, el artículo 3, apartado 2, del TFUE, establece que la Unión dispone de competencia exclusiva para la celebración de un acuerdo internacional en la medida en que pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas. En virtud de esta norma, según la jurisprudencia, un acuerdo entra dentro de la competencia exclusiva de la UE cuando pueda demostrarse que el objeto del acuerdo entra en el ámbito de aplicación de las normas internas comunes, o dentro de un ámbito ya regulado en gran medida por dichas normas, o cuando se hayan adoptado normas en ámbitos que no correspondan a las políticas comunes y, en particular, en ámbitos en los que existan medidas de armonización, independientemente de que exista o no una contradicción entre dichas normas comunes y el acuerdo. El Reglamento (CE) no 1393/2007 se aplica en el ámbito civil y mercantil cuando es necesario transmitir documentos judiciales o extrajudiciales para su notificación de un Estado miembro a otro. Los organismos designados por los Estados miembros son responsables de la transmisión y recepción de documentos. El Reglamento prevé un sistema que refleja el establecido en el Convenio de La Haya sobre la notificación, por lo que es evidente que el objeto de este Convenio entra en el ámbito de aplicación de la legislación interna de la UE. En consecuencia, la Unión Europea dispone de competencia exclusiva en lo que respecta al Convenio de La Haya sobre la notificación. Además, la Unión ya ha ejercido su competencia exterior en materia de notificación y traslado de documentos al celebrar un acuerdo internacional con Dinamarca sobre la notificación de documentos[4]. 3.2. Autorización de los Estados miembros Dado que el Convenio de La Haya sobre la notificación no contiene ninguna cláusula sobre organizaciones económicas regionales, es imposible que la Unión Europea sea parte contratante del Convenio. Es necesario, por tanto, que la Unión ejerza sus facultades a través de sus Estados miembros y autorice a los Estados miembros de que se trate a adherirse al Convenio en interés de la Unión. Hay varios precedentes en el ámbito de la justicia civil, el más reciente lo constituye la Decisión 2008/431/CE del Consejo por la que se autoriza a algunos Estados miembros a ratificar o adherirse, en interés de la Comunidad Europea, al Convenio de La Haya de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de los niños, y por la que se autoriza a algunos Estados miembros a formular una declaración sobre la aplicación de las normas internas correspondientes del Derecho comunitario[5]. El Convenio de La Haya sobre la notificación prevé la posibilidad de que los Estados contratantes formulen declaraciones sobre algunas de sus disposiciones como, por ejemplo, el artículo 8, apartado 2, el artículo 10, el artículo 15, apartado 2 y el artículo 16, apartado 3. Los Estados miembros de la UE que son partes contratantes del Convenio han formulado diversas declaraciones. La situación no es uniforme. Así por ejemplo, algunos Estados miembros formularon una declaración sobre el artículo 8, apartado 2, que reconoce a los agentes diplomáticos y consulares la facultad de notificar documentos únicamente a sus propios nacionales, mientras que otros se limitaron a oponerse a los métodos de transmisión previstos en el artículo 10. Las declaraciones relativas al artículo 16, apartado 3, sobre la demanda de exención de la preclusión, difieren, por ejemplo, en cuanto al plazo límite de presentación de la demanda. En estas circunstancias, no es razonable exigir a los Estados miembros interesados que formulen una o más declaraciones uniformes, en el caso de que formulen alguna. En conclusión, los Estados miembros interesados, en el momento de su adhesión al Convenio, formularán las declaraciones adecuadas previstas en el mismo que consideren necesarias. El texto de dichas declaraciones se adjuntará a la decisión del Consejo. 2013/0177 (NLE) Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza a Austria y Malta a adherirse al Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, en interés de la Unión Europea EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 81, apartado 2 y su artículo 218, apartado 6, letra a) Vista la propuesta de la Comisión Europea, Vista la aprobación del Parlamento Europeo[6], Considerando lo siguiente: (1) El Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial (denominado en lo sucesivo el «Convenio de La Haya sobre la notificación») simplifica los métodos de transmisión de documentos judiciales y extrajudiciales entre los Estados contratantes. De esta manera, se facilita la cooperación judicial en los litigios transfronterizos en materia civil y mercantil. El Convenio de La Haya sobre la notificación ha sido ratificado ampliamente en el ámbito internacional. Fomentar la adhesión de terceros Estados al Convenio de La Haya forma parte de la política exterior de la UE en el ámbito de la justicia civil. (2) La Unión Europea tiene competencia exterior exclusiva en lo que respecta al Convenio de La Haya sobre la notificación, en la medida en que las disposiciones de este afectan a las normas establecidas en el Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo[7]. (3) El Convenio de La Haya sobre la notificación no está abierto a la participación de organizaciones regionales. En consecuencia, la Unión Europea no puede adherirse al Convenio. (4) Dado que el Convenio de La Haya sobre la notificación es importante para los intereses de la Unión Europea, el Consejo debe autorizar a los Estados miembros que no hayan celebrado dicho Convenio antes de la adopción de las medidas de la Unión a adherirse al mismo en interés de la Unión Europea, sin perjuicio de las condiciones establecidas en la presente Decisión. Los Estados miembros destinatarios de la presente Decisión son Austria y Malta. (5) El Convenio de La Haya sobre la notificación prevé la posibilidad de que los Estados contratantes formulen declaraciones sobre algunas de sus disposiciones. Por consiguiente, Austria y Malta deberían formular, en el momento de su adhesión al Convenio, las declaraciones previstas en este que consideren necesarias. El texto de dichas declaraciones debe figurar adjunto a la presente Decisión. (6) El Reino Unido e Irlanda están vinculados por el Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1348/2000[8], por lo que ambos participan en la adopción de la presente Decisión. (7) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo nº 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación. HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: Artículo 1 1. Sin perjuicio de las competencias de la Unión Europea, Austria y Malta se adherirán al Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, en interés de la Unión Europea. 2. El texto del Convenio figura en el anexo 1 de la presente Decisión. Artículo 2 1. En el momento de su adhesión al Convenio de la Haya sobre la notificación, Austria y Malta formularán las declaraciones previstas en las disposiciones del Convenio. 2. El texto de las declaraciones figura en el anexo II de la presente Decisión. Artículo 3 1. Los Estados miembros interesados adoptarán las medidas necesarias para depositar sus instrumentos de adhesión al Convenio de La Haya sobre la notificación en un plazo razonable y, a ser posible, antes del 31 de diciembre de 2014. 2. Los Estados miembros interesados informarán al Consejo y la Comisión, antes del 1 de julio de 2014, de la fecha prevista para la conclusión de sus procedimientos de adhesión. Artículo 4 La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Artículo 5 Al adherirse al Convenio de La Haya sobre la notificación, Austria y Malta informarán por escrito a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya sobre Derecho internacional privado de que la adhesión se ha llevado a cabo de conformidad con la presente Decisión. Artículo 6 Los destinatarios de la presente Decisión serán Austria y Malta de conformidad con los Tratados. Hecho en Bruselas, el Por el Consejo El Presidente ANEXO I CONVENIO RELATIVO A LA NOTIFICACIÓN O TRASLADO EN EL EXTRANJERO DE DOCUMENTOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL (celebrado el 15 de noviembre de 1965) Los Estados signatarios del presente Convenio, Deseando crear los medios necesarios para que los documentos judiciales y extrajudiciales que deben ser objeto de notificación o traslado en el extranjero sean conocidos por sus destinatarios en tiempo oportuno, Interesados en mejorar a tal fin la asistencia judicial, simplificando y acelerando el procedimiento, Han resuelto celebrar un convenio a tal efecto y han acordado las disposiciones siguientes: Artículo 1 El presente Convenio se aplica, en materias civil o comercial, en todos los casos en que un documento judicial o extrajudicial deba ser remitido al extranjero para su notificación o traslado. El presente Convenio no se aplicará cuando el domicilio del destinatario del documento sea desconocido. CAPÍTULO I — DOCUMENTOS JUDICIALES Artículo 2 Cada Estado contratante designará una autoridad central que asuma, conforme a los artículos 3º a 6º la función de recibir las peticiones de notificación o traslado procedentes de otro Estado contratante y de darles curso ulterior. Cada Estado organizará la autoridad central de conformidad a su propia ley. Artículo 3 La autoridad o el funcionario ministerial o judicial competente según las leyes del Estado de origen dirigirá a la autoridad central del Estado requerido una petición conforme a la fórmula modelo anexa al presente Convenio, sin que sea necesaria la legalización de los documentos ni otra formalidad análoga. La petición deberá acompañarse del documento judicial o de su copia, todo en doble ejemplar. Artículo 4 Si la autoridad central estima que las disposiciones del Convenio no han sido respetadas, informará inmediatamente al requirente precisando sus objeciones contra la petición. Artículo 5 La autoridad central del Estado requerido procederá u ordenará proceder a la notificación o traslado del documento: a) Ya según las formas prescritas por la legislación del Estado requerido para la notificación o traslado de los documentos otorgados en este país y que se destinen a personas que se encuentren en su territorio, b) Ya según la forma particular solicitada por el requirente, siempre que no resulte incompatible con la ley del Estado requerido. Salvo en el caso previsto en el párrafo primero, letra b), el documento podrá entregarse siempre al destinatario que lo acepte voluntariamente. Si el documento debe ser objeto de notificación o traslado conforme al párrafo primero, la autoridad central podrá solicitar que el documento sea redactado o traducido en la lengua o en una de las lenguas oficiales de su país. La parte de la petición que, conforme a la fórmula modelo anexo al presente Convenio, contiene los elementos esenciales del documento se remitirá al destinatario. Artículo 6 La autoridad central del Estado requerido o cualquier autoridad que se haya designado a este fin expedirá una certificación conforme a la fórmula modelo anexa al presente Convenio. La certificación describirá el cumplimiento de la petición: indicará la forma, el lugar y la fecha del cumplimiento así como la persona a la que el documento haya sido remitido. En su caso, precisará el hecho que haya impedido el cumplimiento. El requirente podrá solicitar que la certificación que no esté expedida por la autoridad central o por una autoridad judicial sea visada por una de estas autoridades. La certificación se dirigirá directamente al requirente. Artículo 7 Las versiones impresas en la fórmula modelo anexa al presente Convenio estarán obligatoriamente redactadas ya en lengua francesa, ya en lengua inglesa. Podrán redactarse además en la lengua o en una de las lenguas oficiales del Estado de origen. Los espacios en blanco correspondientes a tales menciones se cumplimentarán en la lengua del Estado requerido, en lengua francesa o en lengua inglesa. Artículo 8 Cada Estado contratante tiene la facultad de realizar directamente, por medio de sus agentes diplomáticos o consulares, sin coacción alguna, las notificaciones o traslados de documentos judiciales a las personas que se encuentren en el extranjero. Todo Estado podrá declarar que se opone a la utilización de esta facultad dentro de su territorio, salvo que el documento deba ser notificado, o dar traslado del mismo a un nacional del Estado de origen. Artículo 9 Cada Estado contratante tiene además la facultad de utilizar la vía consular para remitir, a los fines de notificación o traslado, los documentos judiciales a las autoridades de otro Estado contratante que éste haya designado. Si así lo exigen circunstancias excepcionales, cada Estado contratante tiene la facultad de utilizar, a los mismos fines, la vía diplomática. Artículo 10 Salvo que el Estado de destino declare oponerse a ello, el presente Convenio no impide: a) La facultad de remitir directamente, por vía postal, los documentos judiciales a las personas que se encuentren en el extranjero, b) La facultad, respecto de funcionarios ministeriales o judiciales u otras personas competentes del Estado de origen, de proceder a las notificaciones o traslados de documentos judiciales directamente a través de funcionarios ministeriales o judiciales u otras personas competentes del Estado de destino, c) La facultad, respecto de cualquier persona interesada en un procedimiento judicial, de proceder a las notificaciones o traslados de documentos judiciales directamente a través de funcionarios ministeriales o judiciales u otras personas competentes del Estado de destino. Artículo 11 El presente Convenio no se opone a que los Estados contratantes acuerden admitir, a los fines de notificación o traslado de documentos judiciales, otras vías de remisión distintas a las previstas en los artículos que preceden y, en particular, la comunicación directa entre sus autoridades respectivas. Artículo 12 Las notificaciones o traslados de documentos judiciales provenientes de un Estado contratante no podrán dar lugar al pago o reembolso de tasas o gastos por los servicios del Estado requerido. El requirente está obligado a pagar o reembolsar los gastos ocasionados por: a) La intervención de un funcionario judicial o ministerial o de una persona competente según la Ley del Estado de destino. b) La utilización de una forma particular. Artículo 13 El cumplimiento de una petición de notificación o traslado conforme a las disposiciones del presente Convenio no podrá ser rehusado más que si el Estado requerido juzga que este cumplimiento es de tal naturaleza que implica un atentado a su soberanía o a su seguridad. El cumplimiento no podrá rehusarse por el solo motivo de que el Estado requerido reivindique competencia judicial exclusiva para el procedimiento en cuestión o de que su derecho interno no admita la acción a que se refiere la petición. En caso de denegación, la autoridad central informará inmediatamente al requirente e indicará los motivos. Artículo 14 Las dificultades que surgieren con ocasión de la remisión, a los fines de notificación o traslado de documentos judiciales, serán resueltas por vía diplomática. Artículo 15 Cuando un escrito de demanda o un documento equivalente haya sido remitido a otro Estado miembro a efectos de notificación o traslado, según las disposiciones del presente Convenio, y el demandado no comparece, el Juez aguardará para proveer hasta que se establezca que: a) El documento ha sido notificado o se ha dado traslado del mismo según las formas prescritas por la legislación del Estado requerido para la notificación o traslado de los documentos otorgados en este país y que están destinados a las personas que se encuentran en su territorio, o bien b) Que el documento ha sido efectivamente entregado al demandado o a su residencia según otro procedimiento previsto por el presente Convenio, y que, en cualquiera de estos casos, sea notificación o traslado, sea entrega, la misma haya tenido lugar en tiempo oportuno para que el demandado haya podido defenderse. Cada Estado contratante tiene la facultad de declarar que sus jueces, no obstante las disposiciones del párrafo primero, podrán proveer a pesar de no haberse recibido comunicación alguna acreditativa, bien de la notificación o traslado, bien de la entrega, si se dan los siguientes requisitos: a) El documento ha sido remitido según alguno de los modos previstos por el presente Convenio; b) Ha transcurrido, desde la fecha de envío del documento, un plazo que el Juez apreciará en cada caso particular y que será, al menos de seis meses, y c) No obstante las diligencias oportunas ante las autoridades competentes del Estado requerido, no ha podido obtener certificación alguna. El presente artículo no impide que, en caso de urgencia, el Juez ordene cualesquiera medidas provisionales o cautelares. Artículo 16 Cuando un escrito de demanda o un documento equivalente debió remitirse a otro Estado miembro a efectos de notificación o traslado según las disposiciones del presente Convenio y se ha dictado resolución contra el demandado que no haya comparecido, el Juez tendrá la facultad de eximir a dicho demandado de la preclusión resultante de la expiración de los plazos del recurso, si se reúnen las condiciones siguientes: a) El demandado, sin mediar culpa de su parte, no tuvo conocimiento en tiempo oportuno de dicho documento para defenderse o de la resolución para interponer recurso. b) Las alegaciones del demandado aparecen provistas, en principio, de algún fundamento. La demanda tendente a la exención de la preclusión solo será admisible si se formula dentro de un plazo razonable a partir del momento en que el demandado tuvo conocimiento de la decisión. Cada Estado contratante tendrá la facultad de declarar que tal demanda no será admisible si se formula después de la expiración de un plazo de tiempo que habrá de precisar en su declaración, siempre que dicho plazo no sea inferior a un año, a computar desde la fecha de la decisión. El presente apartado no se aplicará a las decisiones relativas al estado o condición de las personas. CAPÍTULO II — DOCUMENTOS EXTRAJUDICIALES Artículo 17 Los documentos extrajudiciales que emanen de autoridades o funcionarios ministeriales o judiciales de un Estado contratante podrán ser remitidos a efectos de notificación o traslado en otro Estado contratante según las modalidades y condiciones previstas por el presente Convenio. CAPÍTULO III — DISPOSICIONES GENERALES Artículo 18 Todo Estado contratante podrá designar, además de la autoridad central, otras autoridades, determinando el alcance de sus competencias. Sin embargo, el requirente tendrá siempre derecho a dirigirse a la autoridad central directamente. Los Estados federales tendrán la facultad de designar varias autoridades centrales. Artículo 19 El presente Convenio no se opone a que la ley interna de un Estado contratante permita otras formas de remisión no previstas en los artículos precedentes, a efectos de notificación o traslado dentro de su territorio de documentos procedentes del extranjero. Artículo 20 El presente Convenio no se opone a la adopción de acuerdos entre los Estados contratantes para derogar a) El artículo 31, párrafo segundo, en lo relativo a la exigencia de doble ejemplar para los documentos remitidos. b) El artículo 51, párrafo tercero, y el artículo 71, en lo relativo a la utilización de los idiomas. c) El artículo 51, párrafo cuarto. d) El artículo 51, párrafo segundo. Artículo 21 Cada Estado contratante notificará al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, bien en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, bien ulteriormente: a) La designación de autoridades previstas en los artículos 2º y 18. b) La designación de la autoridad competente para expedir la certificación prevista en el artículo 6º. c) La designación de la autoridad competente para recibir los documentos remitidos por vía consular conforme al artículo noveno. En su caso y en las mismas condiciones, notificará: a) Su oposición al uso de las vías de remisión previstas en los artículos 8/ y 10. b) Las declaraciones previstas en los artículos 15, párrafo segundo, y 16, párrafo tercero. c) Cualquier modificación de las designaciones, oposición y declaraciones antes mencionadas. Artículo 22 El presente Convenio reemplazará en las relaciones entre los Estados que lo hayan ratificado los artículos 1 a 17 de los Convenios relativos al procedimiento civil, respectivamente firmados en La Haya el 17 de julio de 1905 y el 1 de marzo de 1954, en la medida en que dichos Estados sean partes en uno u otro de estos Convenios. Artículo 23 El presente Convenio no impide la aplicación del artículo 23 del Convenio relativo al procedimiento civil firmado en La Haya el 17 de julio de 1905, ni del artículo 24 del firmado en La Haya el 1 de marzo de 1954. Sin embargo, estos artículos no serán aplicables más que si se hace uso de sistemas de comunicación idénticos a los previstos por dichos Convenios. Artículo 24 Los acuerdos adicionales a dichos Convenios de 1905 y 1954, concluidos por los Estados contratantes, se considerarán como igualmente aplicables al presente Convenio, salvo que los Estados interesados convengan otra cosa. Artículo 25 Sin perjuicio de la aplicación de los artículos 22 y 24, el presente convenio no deroga los Convenios en que los Estados contratantes sean o puedan llegar a ser partes y que contengan disposiciones sobre las materias reguladas por el presente Convenio. Artículo 26 El presente Convenio está abierto a la firma de los Estados representados en la décima sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado. Será ratificado, y los instrumentos de ratificación serán depositados en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. Artículo 27 La presente Convención entrará en vigor el sexagésimo día siguiente al depósito del tercer instrumento de ratificación previsto por el artículo 26, párrafo segundo. El Convenio entrará en vigor, para cada Estado signatario que lo ratifique posteriormente, el sexagésimo día siguiente al depósito de su instrumento de ratificación. Artículo 28 Todo Estado no representado en la décima sesión de la conferencia de La Haya de Derecho internacional privado podrá adherirse al presente Convenio después de su entrada en vigor, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 27. El instrumento de adhesión será depositado en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. El Convenio entrará en vigor para tal Estado sólo si no hay oposición por parte de un Estado que hubiera ratificado el Convenio antes de dicho depósito, notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos en el plazo de seis meses a partir de la fecha en la que dicho Ministerio hubiera notificado esa adhesión. Si no hubiera oposición, el Convenio entrará en vigor para el Estado adherido el primer día del mes que siga a la expiración del último de los plazos mencionados en el párrafo precedente. Artículo 29 Todo Estado, en el momento de la firma, la ratificación o adhesión, podrá declarar que el presente Convenio se extenderá al conjunto de los territorios que represente en el plano internacional o a uno o varios de esos territorios. Esta declaración surtirá efecto en el momento de la entrada en vigor del Convenio para dicho Estado. Posteriormente, toda extensión de esa naturaleza será notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. El Convenio entrará en vigor para los territorios mencionados en dicha extensión el sexagésimo día siguiente a la notificación mencionada en el párrafo precedente. Artículo 30 El presente Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor conforme a las disposiciones del párrafo primero del artículo 27, incluso para los Estados que lo hubieran ratificado o se hubieran adherido a él posteriormente. El Convenio será renovado tácitamente cada cinco años, salvo denuncia. Toda denuncia será notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, por lo menos seis meses antes de la expiración del plazo de cinco años. Podrá limitarse a algunos de los territorios a los que se aplique el Convenio. La denuncia surtirá efecto sólo respecto del Estado que la hubiera notificado. El Convenio permanecerá en vigor para los demás Estados contratantes. Artículo 31 El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos notificará a los Estados a que hace referencia el artículo 26 y a los Estados que se hubieran adherido conforme a lo dispuesto en el artículo 28: a) Las firmas y ratificaciones previstas en el artículo 26. b) La fecha en que el presente Convenio entrará en vigor conforme a las disposiciones del artículo 27, párrafo primero. c) Las adhesiones previstas en el artículo 28 y la fecha en que surtirán efecto. d) Las extensiones previstas en el artículo 29 y la fecha en que surtirán efecto. e) Las designaciones, oposiciones y declaraciones mencionadas en el artículo 21. f) Las denuncias previstas en el artículo 30, párrafo tercero. En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente Protocolo. Hecho en La Haya, el 19 de noviembre de 1965, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos del Gobierno del Reino de los Países Bajos y del que una copia certificada conforme será remitida, por vía diplomática, a cada uno de los Estados representados en la décima sesión de la conferencia de La Haya de Derecho internacional privado. ANEXO II Declaraciones de los Estados miembros Austria formula las siguientes declaraciones: ( … ) y Malta formula las siguientes declaraciones: Con arreglo al artículo 8 del Convenio, el Gobierno de Malta declara que se opone a la notificación o traslado de documentos en el territorio de Malta efectuados directamente por agentes diplomáticos o consulares de otros Estados contratantes, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero de dicho artículo 8, cuando el destinatario no sea un nacional del Estado contratante que preste tal servicio. Con arreglo al artículo 10 del Convenio, el Gobierno de Malta declara que se opone a la utilización por otros Estados contratantes de cualquiera de los métodos de notificación o traslado de documentos previstos en el citado artículo 10 en su territorio. [1] Reglamento (CE) n° 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1348/2000 del Consejo (DO L 324 de 10.12.2007, p. 79). [2] Malta ya ha depositado su instrumento de adhesión sin haber recibido la autorización y la Comisión ha adoptado las medidas necesarias. Tras la adhesión, el 1 de agosto de 2012, Malta emitió la siguiente declaración: «Malta declara que su adhesión al Convenio no surtirá efecto hasta el momento de la conclusión de los procedimientos internos relativos a dicha adhesión a la Unión Europea y, en particular, de la adopción de una decisión del Consejo por la que se autorice a Malta a adherirse al Convenio. Una vez adoptada esta decisión, Malta notificará al depositario la fecha en que dicho Convenio será aplicable en Malta» (Declaración publicada en el sitio web de la Conferencia de La Haya sobre Derecho internacional privado http://www.hcch.net/index_en.php?act=status.comment&csid=1101&disp=eif). [3] Dictamen 1/03 del Tribunal de Justicia, de 7 de febrero de 2006, sobre la competencia de la Comunidad para celebrar el nuevo Convenio de Lugano relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, informes del Tribunal de Justicia 2006, página I-01145. [4] Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil, DO L 299 de 16.11.2005, p. 62. [5] DO L 151 de 11.6.2008, p.36. [6] DO C…, de …, p. … . [7] DO L 324 de 10.12.2007, p. 79. [8] DO L 324 de 10.12.2007, p. 79.