ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
8. 7. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 180/17 
adecuado de información de los automovilistas sobre 
la capacidad de sus vehículos para utilizar gasolinas sin 
plomo. Los consumidores deberían recibir también una 
información adecuada que llame su atención sobre las 
repercusiones de la prohibición de la gasolina normal 
con plomo en los pequeños aparatos que funcionan con 
gasolina. 
9. En este contexto, el Comité reitera su propuesta 
de que la gasolina sin plomo debería estar efectivamente 
disponible en toda la Comunidad antes de 1989, como 
exigen los términos de la Directiva 85/210/CEE. Parti­cularmente porque ya se está vendiendo en la Comuni­
dad un número cada vez mayor de coches que precisan 
gasolina sin plomo (los equipados con conversores cata­
líticos), pero también porque la Comisión ha presen­
tado una propuesta sobre la aplicación de nuevos nive­
les de emisión comunitarios para coches de más de 
2 000 ce a partir del 1 de octubre de 1988, lo que implica 
el uso de conversores catalíticos desde esta fecha. 
10. Finalmente el Comité desea insistir sobre la 
conveniencia de una completa eliminación del plomo 
de la gasolina. 
Hecho en Bruselas, el 13 de mayo de 1987. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT 
Dictamen sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la aplicación provisional 
entre la Comunidad y Suiza de las disposiciones previstas en las secciones II y III del Acuerdo 
relativo a los servicios discrecionales internacionales de viajeros por carretera, efectuados 
con autocares o autobuses (ASOR) 
(87/C 180/08) 
Con fecha 14 de abril de 1987, el Consejo decidió, según las disposiciones del artículo 75 del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, presentar al Comité Económico 
y Social una solicitud de dictamen sobre la propuesta de Decisión arriba mencionada. 
La Sección de transportes y comunicaciones, encargada de preparar los trabajos correspon­
dientes, adoptó su dictamen el 8 de mayo de 1987, según el informe del Sr. Bleser. 
En su 246a Sesión Plenaria (reunión del 13 de mayo de 1987), el Comité adoptó por mayoría, 
con una abstención, el siguiente dictamen: 
1. El Comité Económico y Social aprueba la pro­
puesta de la Comisión dirigida al cumplimiento con 
Suiza, antes de la fecha prevista, de las disposiciones 
de las secciones II y III del ASOR, tras la solicitud 
presentada por ese país. 
2. El Comité comparte la opinión de la Comisión de 
que queda justificado el adelantamiento en cuatro 
meses, especialmente debido a los inconvenientes prácti­cos y económicos que presentaría la aplicación el día 1 
de agosto, es decir en pleno centro de la temporada 
turística. 
3. Sin embargo, al no poder mantenerse la nueva 
fecha propuesta, es decir el 1 de abril de 1987, el Comité 
sugiere el 1 de junio de 1987 como fecha de aplicación, 
con el fin de permitir que el Consejo adopte su decisión 
tras consultar al Comité y al Parlamento Europeo. 
Hecho en Bruselas, el 13 de mayo de 1987. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT
30. 3. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 83/1 
II 
(Actos jurídicos preparatorios) 
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 
Dictamen sobre la propuesta de recomendación del Consejo relativa a la ratificación por parte 
de los Estados miembros del Convenio de 25 de octubre de 1980 destinado a facilitar el 
acceso internacional a la justicia 
(87/C 83/01) 
El 5 de diciembre de 1986 el Consejo decidió consultar al Comité económico y social, de 
conformidad con el artículo 198 del Tratado constituyente de la Comunidad Económica Europea, 
sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección del medio ambiente, salud pública y consumo, responsable de la preparación de los 
trabajos del Comité sobre este tema, adoptó este Dictamen el 6 de enero de 1987 a la vista del 
informe del Sr. Lancastre. 
En su 243a Sesión Plenaria (reunión del día 28 de enero de 1987) el Comité económico y social 
adoptó por unanimidad el siguiente Dictamen 
1. El Comité ve con agrado la iniciativa de la Comisión 
por la que se invita a los Estados miembros a firmar y 
ratificar el Convenio de la Haya de 1980, destinado a 
facilitar el acceso internacional a la justicia, y destaca en 
particular la importancia de esta iniciativa para la libre 
circulación de personas en el seno de la Comunidad. 
2. El Comité lamenta que solamente cuatro países hayan 
firmado el Convenio y que sólo uno haya procedido hasta 
ahora a su ratificación. 
3. El Comité pide a la Comisión realice todo tipo de 
esfuerzos con el fin de obtener que la firma y ratificación del 
Convenio por parte de los Estados miembros se efectúen en 
el menor plazo posible, y que las reservas que existan sean 
Bruselas, 28 de enero de 1987. 
El presidente 
del Comité económico y social 
Alfons MARGOT uniformes en todos los Estados miembros. La Comisión 
debe igualmente incitar a los terceros países a firmar y 
ratificar el Convenio. 
4. El Comité acoge favorablemente la propuesta de la 
Comisión para una recomendación del Consejo en esta 
materia, dado que estima que se trata de un paso en la 
dirección de la Europa de los ciudadanos. 
5. El Comité considera necesario que la Comisión 
establezca una fecha límite para la ratificación del 
Convenio por los Estados miembros, y que, en caso que 
dicha fecha no sea respetada, estudie el mecanismo jurídico 
mediante el cual sea posible realizar la aplicación de este 
Convenio.
El PE ha aprobado varias resoluciones sobre el tema y se ha posicionado como firme defensor de la participación activa en las negociaciones sobre un instrumento jurídico vinculante. También ha solicitado un estudio sobre el acceso a vías de recurso para las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas en terceros países («Access to legal remedies for victims of corporate human rights abuses in third countries» ( 9 ) ), en el que se formulan recomendaciones concretas a las instituciones de la UE para mejorar dicho acceso.
3.3.

Los modelos actuales de registro de amianto y otras sustancias nocivas en los Estados miembros no son, por lo general, adecuados para este fin. Aunque muchos Estados miembros o regiones cuentan con registros de sustancias nocivas, a menudo son incompletos, no están a disposición del público y la mayoría no están actualizados. En algunos países ni siquiera existen. Polonia es una excepción notable: el país cuenta con un ambicioso programa de reducción del amianto que goza de apoyo público y que se ve facilitado por la existencia de un registro de amianto de acceso público.
3.14.

Las necesidades de las pymes, sin embargo, no se limitan a una legislación inteligente e inclusiva, sino que se extienden al desarrollo de capacidades y la formación continua y se basan en una nueva visión de la empresa. Y es que la transformación digital de las pymes también afecta a la organización y a la cultura empresarial. Pese a todo, numerosos directivos de pymes no hacen de la transformación digital una estrategia para sus empresas. La digitalización no consiste en herramientas y procesos digitales, es una nueva forma de aportar valor añadido adaptando el modelo de negocio al contexto digital, cuya iniciativa depende del directivo correspondiente.
3.3.

El uso normal y no destructivo de internet con objeto de una causa u objetivo, se diferencia claramente de otro tipo de actividades (Denning, 2001), como el hackactivismo o desobediencia civil electrónica, no solo en los medios sino también en los fines, cuando estas tienen carácter delictivo. En el caso de activismo digital o ciberactivismo propiamente dicho, las acciones deben orientarse al bien común en general, o en particular a la resiliencia y superación de dificultades o circunstancias adversas que puedan padecer, de manera recurrente o sobrevenida, determinados grupos de población.
—

en caso de un número reducido de respuestas, no cabe duda de que la representatividad es escasa, tanto desde el punto de vista geográfico como en lo que respecta a la categoría de los consultados. Cuando hay un número significativo de respuestas, mejora la representatividad geográfica, pero sigue siendo a menudo desequilibrada por lo que se refiere a la calidad de las respuestas. No obstante, se registra una clara tendencia de predominio de respuestas de los «grandes» Estados miembros. Además, las respuestas de organizaciones con sede en Bruselas se califican como contribuciones de Bélgica, pese a que en muchos casos se trata de federaciones o asociaciones europeas que no tienen ningún vínculo con Bélgica como Estado miembro,
3.1.

En ocasiones, las islas europeas se hallan en una posición desfavorable frente a la Europa continental, como consecuencia de su aislamiento y su naturaleza periférica. No obstante, la situación geográfica aporta a la vez grandes ventajas y desventajas, y, hoy por hoy, las islas albergan también un inmenso potencial de crecimiento y desarrollo, no solo para sí mismas sino también para Europa en su conjunto. Esta es la razón por la que el CESE hace un llamamiento en favor de unas políticas inteligentes y unas iniciativas de desarrollo inteligente que tengan también presentes las especificidades de las islas. No obstante, las responsabilidades relativas a las políticas inteligentes en las islas han de ser compartidas entre todos los niveles anteriormente mencionados, en lugar de recaer exclusivamente en un sector. A la vista de esta responsabilidad compartida, aunque no únicamente por este motivo, el CESE pide que se cree un grupo de expertos sobre islas que supervise las medidas políticas, su posible aplicación y sus repercusiones en las islas. Además, el CESE recomienda la creación de una plataforma abierta para las islas, que serviría de foro de coordinación y acción entre islas en todo lo relativo a los objetivos de las islas inteligentes.
4.1

La tarea de diseñar un sistema para fomentar un mayor acceso a la financiación en toda la Unión no es sencilla. Algunos Estados miembros han desarrollado ciertas soluciones que son adecuadas para sus estructuras y regulaciones financieras. Un planteamiento «estándar» puede no ser adecuado en todos los Estados miembros. Una de las iniciativas más interesantes es el Funding for Lending Scheme (FLS) del Reino Unido, y convendría considerarla detenidamente.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 177/41

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) no 260/2012 por lo que respecta a la migración a transferencias y adeudos domiciliados comunes a toda la Unión»

[COM(2013) 937 final — 2013/0449 (COD)]

(2014/C 177/07)

El 14 de enero de 2014 de conformidad con el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) no 260/2012 por lo que respecta a la migración a transferencias y adeudos domiciliados comunes a toda la Unión

COM(2013) 937 final — 2013/0449 (COD).

Considerando que el contenido de la propuesta es plenamente satisfactorio y que, además, esta había sido examinada en su dictamen CESE 794/2011 — 2010/0373 (COD), aprobado el 5 de mayo de 2011 (1), el Comité, en su 495o pleno de los días 21 y 22 de enero de 2014 (sesión del 21 de enero), decidió por 159 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones emitir un dictamen favorable sobre la propuesta y remitirse a la posición mantenida en el documento mencionado más arriba.

Bruselas, 21 de enero de 2014. El Presidente del Comité Económico y Social Europeo Henri MALOSSE

(1) Dictamen del CESE sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen requisitos técnicos para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) no 924/2009», DO C 218 de 23 de julio de 2011, p. 74.
4.3.2

Habida cuenta de la manera como surgen y el marco de las estructuras políticas existentes, las organizaciones de la sociedad civil de China no pueden actuar como hacen otras organizaciones comparables en el ámbito de la Unión. Aunque algunas disponen de cierto grado de autonomía de facto, están sometidas a intensos controles burocráticos. En el mejor de los casos gozan de una «autonomía dependiente» (13), que en concreto significa que los derechos de las organizaciones o los agentes de la sociedad civil no son ni de lejos comparables a los de la Unión Europea y, en general, a los de los países democráticos (ello es aplicable en particular a la libertad de asociación y expresión).
3.1

No es fácil definir la agricultura social porque engloba un amplio abanico de prácticas diferentes. No obstante, es necesario disponer de una definición de la agricultura social a nivel europeo para determinar las actividades que la componen y para establecer un marco y los criterios, también sobre calidad, que deben respetar las actividades a fin de poder recibir apoyo con arreglo a las diferentes políticas. Sin embargo, esta definición no debe ser demasiado restrictiva para evitar que se bloquee una situación en evolución permanente. Al contrario, debe proponer un marco que cuente con la flexibilidad necesaria para englobar la multitud de actividades y el enfoque de abajo arriba de la agricultura social.
3.4.4

El Comité expresa su especial preocupación por el hecho de que la legislación de la UE está orientada a proteger los derechos de propiedad intelectual y derechos afines de los autores, artistas, etc., pero sin tener en cuenta los derechos de los usuarios y consumidores finales. Así como se indica que las actividades creativas, artísticas y empresariales constituyen en gran medida actividades de profesiones liberales, y como tales deben ser facilitadas y protegidas, no se sigue el mismo enfoque con respecto a los usuarios. El uso de una serie de obras de índole intelectual sólo se permite como excepción a los derechos exclusivos de los titulares de derechos, con limitaciones para los usuarios; sin embargo, las limitaciones de dicho uso no están del todo claras ni establecidas por ley, y los consumidores no saben qué prácticas están permitidas por la legislación vigente.
1.4

Antes incluso de evaluar en qué recursos económicos se basará este presupuesto y las modalidades utilizadas para obtenerlos, será necesario poner al día las políticas comunitarias, en particular las que tienen ya una larga historia y que, aunque hayan favorecido el desarrollo y el crecimiento económico, deberán adaptarse y reforzarse para responder a los nuevos desafíos. Será necesario volver a analizar con valentía y en profundidad los Fondos Estructurales, el Fondo de Cohesión, las políticas regionales, etc., para estudiar, en particular, el impacto y la eficacia en los países de reciente adhesión, teniendo en cuenta el «Cuarto informe sobre la cohesión económica y social» (COM(2007) 273 final), sobre el cual el CESE ha aprobado recientemente un dictamen (1).
3.4

En la última década, en la que se han reducido notablemente las barreras comerciales, la pobreza ha disminuido a escala mundial. No obstante, esta reducción de la pobreza se ha concentrado en China e India, aunque limitado a algunas regiones y a algunos sectores sociales. Las experiencias en países que han abierto sus economías son dispares. Países que han basado su desarrollo en la exportación textil, no han reducido significativamente la pobreza. En otros, se ha producido solamente un crecimiento de la economía informal. En Asia las diferencias salariales han disminuido entre trabajadores cualificados y no cualificados mientras que en América Latina, aumentaron (18).
2.3.3

Cabe destacar el frágil carácter de estas premisas. Efectivamente, el programa presentado por la nueva Comisión no refleja realmente ese giro. Ni siquiera hace referencia explícita a la nueva jerarquización en favor de la cultura. El programa cultura 2007-2013 presentado por la Comisión no se sometió, por definición, al dictamen del CESE. Por lo tanto, no nos corresponde comentarlo en el presente dictamen. Sólo mencionar que no se toma automáticamente en cuenta la dimensión social de la cultura y que su presupuesto está muy por debajo de lo que el Parlamento Europeo deseaba destinar a dicho programa. Pero incluso en lo que se refiere a la priorización de la cultura en el programa del CESE, sería exagerado afirmar que ya se ha llevado a la práctica de forma significativa.
1.2

El desarrollo de la sociedad y la mejora de las condiciones de vida, la creación del Estado de Derecho y el establecimiento de un entorno y de condiciones más previsibles para el funcionamiento de las empresas, así como la puesta en marcha de una economía de mercado exigen que Rusia adopte medidas decisivas. Aunque los dirigentes de la Federación de Rusia declaren formalmente que respaldan dichos objetivos, la vida cotidiana real y el grado de realización de dichos objetivos muestran que se encuentran muy lejos de las expectativas, tanto de la sociedad rusa como de la sociedad internacional. Sin embargo, a juicio del CESE, su actitud respecto de los medios económicos, los medios de comunicación, etc., no confirma la declaración de principios de las autoridades respecto al fomento de la democracia y el refuerzo de la sociedad civil. La orientación real del desarrollo en Rusia suscita inquietud, no solo entre sus ciudadanos. Rusia vulnera sistemáticamente los principios democráticos reconocidos, el gobierno controla los medios de comunicación, el ejército ruso (a pesar de los compromisos internacionales) está estacionado en Moldavia y Georgia, el sistema judicial está subordinado al poder ejecutivo. Por lo tanto, en la práctica, la construcción de una sociedad civil organizada en semejantes condiciones es sumamente difícil.
1.9

Dado que las disposiciones particulares sobre higiene de los Reglamentos no 853/2004 y 854/2004 se refieren exclusivamente a los productos de origen animal, el examen se centrará en sus repercusiones para las empresas alimentarias que elaboran productos de origen animal. Por consiguiente, en el presente dictamen no se considerarán las empresas de transformación de productos de origen vegetal (por ejemplo, panaderías, pastelerías, etc.) ni de otros productos de origen animal (por ejemplo, pescados), que también están sujetas a las nuevas disposiciones sobre higiene (Reglamento no 852/2004).
4.2.2

El Consejo Económico y Social de Turquía fue creado en 2001. Está presidido por el Primer Ministro y otros ministros del Gobierno participan en sus trabajos. Desde su creación, no fue convocado hasta que llegó al poder el actual Gobierno, hace año y medio. Se ha reunido en tres ocasiones, con arreglo a lo previsto, pero sin duda no ha funcionado de la forma recomendada en el documento del CCM UE-Turquía sobre el diálogo social y los derechos económicos y sociales, mencionado en el punto 4.1.6 supra. Parece más bien un lugar de conversación donde se leen discursos y se celebran debates poco concluyentes, en vez de un órgano influyente donde los medios económicos y sociales, consultados de manera oficial por el Gobierno, hacen serios esfuerzos para alcanzar el consenso sobre cuestiones difíciles de sus ámbitos de competencia y actividad. Sin duda, este tipo de órgano y de actividades no pueden crearse de la noche a la mañana. Pero, hasta ahora, el Gobierno no ha logrado proporcionar a las organizaciones representadas en el Consejo incentivos para negociar realmente entre sí, por ejemplo, inspirándoles confianza y demostrándoles que, si logran obtener transacciones significativas, éstas se reflejarán de manera importante en las políticas del Gobierno. El CESE desea que el Gobierno de Turquía coopere de manera seria y constructiva con el Consejo Económico y Social permitiéndole transformarse en un elemento importante del proceso de democratización en Turquía. En febrero del presente año, el Gobierno anunció que tiene intención de revisar la composición del Consejo Económico y Social, y, en particular, su propia posición dominante en el mismo.
1.3.2

El distintivo común de los espacios periurbanos es la precariedad territorial, ambiental, social, y el hecho de configurarse en las periferias de las aglomeraciones urbanas. Es precisamente la agricultura profesional que se desarrolla en estos espacios la que se conoce como «agricultura periurbana». Junto a esta agricultura profesional conviven otras actividades relacionadas con el cultivo de plantas, que tienen fines recreativos, terapéuticos, pedagógicos, etc., o fines de creación y mantenimiento de paisajes (paisajistas, jardineros, etc.). Tales actividades cobran una particular importancia en algunas zonas de los Estados miembros.
6.1

El Fondo Social Europeo fomenta y apoya las experiencias de buenas prácticas en materia de gestión de las transformaciones industriales. El Observatorio Europeo del Cambio (EMCC) de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, con sede en Dublín, se hace eco regularmente de las experiencias en la valorización de la responsabilidad social y territorial de las empresas. Asimismo, la primera parte de la consulta iniciada por la Comisión Europea «Anticipating and managing change – a dynamic approach to the social aspects of corporate restructuring» («Prever y gestionar el cambio: Un enfoque dinámico de los aspectos sociales de las reestructuraciones de empresas») también ha permitido determinar una serie de buenas prácticas en este ámbito. En general, dichas experiencias de buenas prácticas ponen de relieve: — la necesidad de anticipar y resolver en sus primeras fases las cuestiones de empleo relacionadas con las reestructuraciones; — la necesidad de estudiar el impacto directo e indirecto en la región afectada; — la intervención y movilización de los agentes sobre el terreno (empresas, sindicatos, entes públicos locales y regionales, asociaciones y sociedad civil, etc.); — la valorización de la negociación colectiva y el imperativo del diálogo social entre las empresas, los representantes de los trabajadores y los entes locales y regionales son aspectos cruciales en la búsqueda de soluciones alternativas a las decisiones estratégicas de deslocalización de las empresas; — el acompañamiento social de la transformación (reciclaje, formación, valorización de las competencias de los trabajadores y seguimiento de sus trayectorias profesionales, revitalización de las bases del empleo, desarrollo del tejido industrial, transformación de los trabajadores en empresarios, etc.); — el compromiso de las empresas de establecer relaciones de negocios con los trabajadores que abandonen la empresa, en régimen de subcontratación de servicios a través de la externalización de las actividades; — la emergencia de soluciones innovadoras a través del fomento de las iniciativas empresariales; — la información en tiempo oportuno a toda la red de pequeñas y medianas empresas subcontratadas, servicios públicos y autoridades, universidades, y asociaciones empresariales sobre las intenciones de reestructuración de las empresas instaladas en la región; esto resulta más difícil de realizar cuando se trata de empresas multinacionales cuyo centro de decisión se encuentra fuera de la región, del país o incluso de Europa.
1.7.

Con el fin de garantizar la disponibilidad de los profesionales necesarios para aplicar las medidas de apoyo a la política industrial, la Comisión propone una serie de medidas de capacitación. Sin embargo, llama la atención que el enfoque esté muy orientado a los trabajadores altamente cualificados, lo que resulta crucial para el éxito del salto tecnológico a un segmento de semiconductores de menos de 10 nm. No obstante, esto no puede llevarnos a obviar que, para mejorar el arraigo industrial del ecosistema, se deben facilitar las oportunidades de acceso, en particular, a los trabajadores que no se consideran altamente cualificados.
3.7.

Se aportan las fechas de inicio del Plan de Acción y algunas fechas de evaluación intermedia, pero no las fechas de finalización de los programas individuales. Es probable que se produzcan algunos retrasos en las fechas, mientras que la nueva PAC, con su contribución a la Visión, no estará lista hasta 2023. También es posible cierta confusión si no se hace referencia al clima global y a otras fechas objetivo.