Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea"

(1999/C 258/07)

El 18 de diciembre de 1998, de conformidad con el apartado 2 del artículo 2 del Acuerdo sobre la Política Social, anexo al Protocolo sobre la Política Social anexo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 15 de junio de 1999 (ponente: Sra. Engelen-Kefer).

En su 365o Pleno de los días 7 y 8 de julio de 1999 (sesión del 7 de julio), el Comité Económico y Social ha aprobado por 99 votos a favor, 1 en contra y 10 abstenciones el presente Dictamen.

1. Observaciones generales

En el Comité Económico y Social existen posiciones divergentes con respecto a la cuestión de la competencia de la "Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea", presentada por la Comisión Europea:

Algunos miembros consideran que la propuesta no es conforme con el principio de subsidiariedad y atenta contra el principio de proporcionalidad, porque su injerencia en las reglamentaciones nacionales es excesiva. Otros miembros estiman que -pese a las correcciones que necesita, especialmente rebajar su límite máximo de aplicación y extender ésta al sector público- la propuesta de Directiva suple las insuficiencias de las normativas jurídicas nacionales, ya que crea un marco comunitario coherente que contrarresta el problema de las carencias del Derecho comunitario en materia de información y consulta y, por tanto, es una condición necesaria para el éxito de los procesos de cambio.

1.1. Sin perjuicio de estas opiniones divergentes, el Comité Económico y Social hace las observaciones siguientes:

1.2. La Carta Social Europea, y la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, de 1989, reconocen como un componente esencial del modelo social europeo, en el respeto de la diversidad de prácticas existentes en los Estados miembros de la UE(1), el derecho social fundamental de los trabajadores y de sus representantes a ser informados y consultados sobre decisiones que pudieran tener importantes consecuencias para ellos. Ello supone la comprensión del papel activo de los trabajadores y de sus representantes en el funcionamiento de la empresa. Conviene tener en cuenta en este contexto el papel desempeñado por las pequeñas empresas.

1.3. El reconocimiento y el fomento de los derechos sociales de los trabajadores y de sus representantes contribuyen decisivamente a fortalecer la dimensión social y ayudan a que las divergencias entre las prácticas nacionales no falseen la competencia. Este componente social es garante de un mejor funcionamiento del mercado interior.

1.4. El Informe Davignon(2), el Libro Verde "Cooperación para una nueva organización del trabajo" (3) y el Informe Gyllenhammar(4) han señalado que la información y la consulta pueden tener efectos positivos en la disposición de los trabajadores y de sus representantes cuando hay que abordar las reestructuraciones. El Comité suscribe explícitamente este punto de vista. La existencia de una mano de obra cualificada y motivada es uno de los requisitos fundamentales para garantizar la competitividad en el futuro. La estrategia para el empleo promovida en el Consejo Europeo de Luxemburgo destacó con razón el importante papel de los interlocutores sociales en la modernización de la organización del trabajo y la importancia de la adaptabilidad dentro de la empresa.

1.5. Los problemas planteados por la reestructuración industrial sólo se pueden abordar, garantizando simultáneamente la competitividad, si en las empresas existe una política auténtica y eficaz de previsión en materia de empleo. Pero ésta sólo se puede desarrollar con la participación indispensable de los trabajadores y de sus representantes. La información y la consulta de los trabajadores y de sus representantes -tal como están parcialmente recogidas en la actualidad en la Directiva 92/56/CE del Consejo, de 24 de junio de 1992, por la que se modifica la Directiva 75/129/CEE del Consejo, de 17 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, la Directiva 98/50/CE del Consejo, de 29 de junio de 1998, por la que se modifica la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad y la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria- son una contribución importante para la aceptación de los procesos de cambio por parte de los trabajadores y sus representantes. Así se estimula la capacidad de innovación de los trabajadores y se refuerza la competitividad de las empresas.

1.6. Un procedimiento de información y consulta puede contribuir a la realización de los objetivos de la Comunidad Europea y de los Estados miembros fijados en el artículo 136 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, a saber:

- el fomento del empleo;

- la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso;

- una protección social adecuada;

- el diálogo social;

- el desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y duradero; y

- la lucha contra las exclusiones.

2. Observaciones particulares

Con arreglo a las consideraciones anteriores, el Comité Económico y Social estima que los principios siguientes constituyen la base para un procedimiento de información y consulta de los trabajadores y sus representantes.

2.1. Reforzar el diálogo social y otras formas de consulta implica considerar -y también tratar- a los trabajadores y a sus representantes como interlocutores. Esto exige una política amplia de información y consulta y una independencia y asesoramiento suficientes de los representantes de los trabajadores.

2.2. Los niveles directivos competentes deben proporcionar una información permanente, amplia y con suficiente antelación. Ésta deberá incluir en particular todos los cambios en materia de evolución y organización del trabajo y funcionamiento general de la empresa que pudieran tener importantes consecuencias para los trabajadores, así como los efectos de las medidas previstas por la dirección de la empresa en los trabajadores y sus representantes. Además, la información y la consulta deberán incluir también los ámbitos directamente relacionados con los derechos de los trabajadores y su futuro, como las medidas relacionadas con la igualdad de oportunidades y la salud y seguridad en el puesto de trabajo.

2.3. Una información y consulta eficaces requieren que el dictamen de los representantes de los trabajadores se formule antes de adoptar una decisión definitiva y pueda tenerse en cuenta en el proceso de expresión de la voluntad.

2.4. La información deberá tener por objeto también, en un marco de aceptación de la cooperación, la evolución ulterior de la actividad de la empresa y de su situación económica y financiera. Esto implica igualmente la información sobre inversiones que revistan importancia capital para el futuro de la empresa y del empleo.

2.5. Ya que la información y la consulta deberían ser un instrumento esencial para la organización eficaz de la empresa, es necesario ofrecer a los trabajadores y a los representantes de los trabajadores la posibilidad de adoptar propuestas, particularmente en materia de salvaguardia y estructura del empleo y su previsible evolución dentro de la empresa. Cuando se trate de decisiones por parte de la empresa convendría tender también en tales casos a la búsqueda de un acuerdo previo.

2.6. Un enfoque de cooperación de esta índole es, además, condición para que la ejecución de la decisión se desarrolle en la medida de lo posible sin conflictos. Sólo así se podrá conseguir que un aspecto tan importante como el de la formación profesional y permanente adquiera su dimensión apropiada gracias a la aceptación del trabajador.

2.7. El Comité Económico y Social observa que la aplicación efectiva de un procedimiento de información y consulta reviste gran importancia para la gestión del cambio. Es objeto de prácticas diferentes en los Estados miembros de la UE.

Bruselas, el 7 de julio de 1999.

La Presidenta

del Comité Económico y Social

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

(1) Véase Dictamen del CES sobre "Los derechos sociales fundamentales comunitarios", DO C 126 de 23.5.1989, p. 4.

(2) Informe final del Grupo de expertos "European Systems of Worker Involvement", pp. 5 y ss.

(3) COM(97) 128 final, pp. 3 y ss.

(4) Informe final del Grupo de expertos de alto nivel sobre las consecuencias económicas y sociales del cambio, pp. 9 y ss., pp. 23 y ss.