ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
VII. Las cuestiones clave de auditoría son aquellas que, según nuestro criterio profesional, revistieron mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del período corriente. Si bien examinamos estas cuestiones al auditar y formarnos una opinión sobre los estados financieros en su conjunto, no emitimos una opinión específica sobre ellas. Gastos devengados VIII. Hemos evaluado los gastos devengados presentados en las cuentas, que son objeto de un elevado grado de estimación. Al final del ejercicio 2021, la Comisión calculó que los gastos subvencionables efectuados, pero todavía no notificados por los beneficiarios, ascendían a 5 381 millones EUR (al final del ejercicio 2020: 5 452 millones EUR). IX. Examinamos el cálculo de estas estimaciones de devengo y revisamos una muestra de 30 prefinanciaciones individuales y 27 facturas en la etapa 1 para abordar el riesgo de que el devengo se declarara incorrectamente. Basándonos en el trabajo realizado, llegamos a la conclusión de que los gastos devengados reconocidos en las cuentas definitivas eran apropiados. Impacto potencial de la salida del Reino Unido de la Unión Europea en las cuentas de los FED de 2021 X. El 1 de febrero de 2020, el Reino Unido dejó de ser Estado miembro de la UE. A raíz de la celebración del acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (el «Acuerdo de Retirada») entre las dos partes, el Reino Unido se comprometió a seguir siendo parte del FED hasta el cierre del undécimo FED y de todos los FED anteriores no cerrados. El Reino Unido asumirá las mismas obligaciones que los Estados miembros en virtud del acuerdo interno por el que se estableció el undécimo FED, así como las obligaciones derivadas de los FED anteriores hasta su cierre. XI. El Acuerdo de retirada también establece que, en el caso de los importes de los proyectos en el marco del décimo FED o de FED anteriores que no se hayan comprometido o que se hayan liberado el día de entrada en vigor de dicho acuerdo, no se volverá a utilizar la parte del Reino Unido de estos importes. Lo mismo ocurre con la parte de los fondos del Reino Unido que no se haya comprometido o que se haya liberado en el marco del undécimo FED después del 31 de diciembre de 2021. XII. Por consiguiente, no existe ningún impacto financiero que notificar en las cuentas de los FED de 2021. Concluimos que las cuentas de los FED, a 31 de diciembre de 2021, reflejan correctamente el estado del proceso de retirada en dicha fecha.
39.

En términos generales, la Comisión ha efectuado visitas de control con respecto al FER I, pero no siempre ha podido garantizar unas buenas prácticas de gestión en todos los Estados miembros. En el marco del FER II (24), la Comisión debe llevar a cabo un seguimiento periódico en cooperación con los Estados miembros, que englobe la evaluación de las repercusiones de las acciones y su complementariedad con otros instrumentos comunitarios. En el Reino Unido, el Tribunal puso de manifiesto graves deficiencias (por ejemplo, una pista de auditoría inadecuada de la selección de los proyectos o un seguimiento insuficiente de estos). Antes de la fiscalización realizada por el Tribunal a principios de 2005, la Comisión había llevado a cabo una visita de control en 2002 y una auditoría ex post en 2003. Sin embargo, varias deficiencias constatadas todavía no habían sido solventadas.Como ya había sido puesto de relieve por la Comisión durante una visita de control en Austria, algunas tareas principales de la gestión de las acciones del FER habían sido delegadas por la autoridad nacional a una empresa privada. Esta práctica no es conforme a las disposiciones del Reglamento financiero en materia de delegación de tareas a terceros. Las medidas correctoras recomendadas por la Comisión se pusieron en práctica tardíamente.Italia organizó una convocatoria pública de propuestas en cuatro años. Además, esta estaba reservada a los municipios, excluyendo por tanto a otros solicitantes potenciales de la participación en el FER.
28.

La falta de progresos se debía principalmente a la débil capacidad de ejecución de las autoridades nacionales. Principalmente fue la debilidad administrativa la que motivó también la anulación de otro proyecto en el ámbito de las PYME (véase el recuadro 2). Recuadro 2El proyecto previsto en Bulgaria denominado «Certificado de la calidad de las PYME» (con un presupuesto asignado de 4,8 millones de euros) terminó por no realizarse en absoluto. Su objetivo específico era el de mejorar la competitividad y la capacidad exportadora del sector manufacturero. El control previo (véase el apartado 9) ejercido por la delegación en Sofía resultó eficaz al rechazar la documentación relativa a la primera convocatoria de propuestas debido a la falta de estructuras y procedimientos de ejecución adecuados para los regímenes de ayuda en los ministerios pertinentes. Finalmente, la delegación no aprobó el proceso de concesión de las ayudas porque la evaluación llevada a cabo por las autoridades búlgaras acerca del cumplimiento de los requisitos administrativos y del derecho de los solicitantes a las mismas no era coherente y las empresas no eran objeto de un trato igualitario. Las autoridades búlgaras, por su parte, reprocharon a la delegación que esta no les proporcionara información coherente sobre el marco jurídico comunitario que debía aplicarse.
35.

El apoyo institucional previsto en los convenios de financiación examinados está bien coordinado con los demás donantes de fondos, ya sea en el convenio de forma explícita, ya sea en el transcurso de su aplicación posterior. No obstante, no siempre están enmarcados dentro de un plan global de apoyo institucional (25) que identifique la financiación prevista por los distintos proveedores de fondos (véase el recuadro 2). Recuadro 2 — Apoyo institucional previsto en los convenios de financiación 1. En Etiopía, el convenio de financiación prevé que los 3,5 millones de euros destinados al apoyo institucional se ingresarán en fondos comunes de varios donantes, entre los que figura el fondo del «Public Service Capacity Building Programme» (26) (PSCAP), un programa de apoyo global de 400 millones USD en un plazo de cinco años, con múltiples donantes y dirigido por el Ministry of Capacity Building (MCB). 2. En Mozambique, los 5,5 millones de euros asignados al apoyo institucional sí corresponden a acciones comunes con los principales donantes. Sin embargo, no se inscriben en el marco de un programa de apoyo global, ya que éste no estaba disponible cuando se redactó la propuesta de financiación. 3. En Níger, el programa prevé destinar 1,35 millones de euros a actuaciones de asistencia técnica en el Ministerio de Economía y Finanzas. Las actuaciones previstas no pertenecen a ningún programa de apoyo global. 4. En Chad, se han reservado 3,7 millones de euros al refuerzo institucional, que queda sin precisar porque cuando se redactó la propuesta de financiación no se habían determinado aún las necesidades en este ámbito. Se prevé establecer un programa de apoyo global a finales de 2004, al término de las conclusiones del «Country Financial Accountability Assessment» (27) (CFAA). 5. En Zambia, se prevé destinar 6,75 millones de euros al apoyo institucional en el marco de un programa de apoyo global que no estaba aún preparado cuando se firmó el convenio de financiación. En diciembre de 2004, once proveedores de fondos firmaron este programa.
66.

Con todo, todavía existen incertidumbres en lo que respecta al efecto de los recursos judiciales a escala nacional y de la UE (véase el apartado 42 ). A falta de seguridad jurídica, la JUR ha mejorado su marco de control interno para el seguimiento de los asuntos nacionales. No obstante, tres de las cuatro autoridades nacionales de resolución informaron a la JUR de que no podían evaluar la probabilidad de una salida de recursos como consecuencia de los procedimientos nacionales emprendidos contra las decisiones de las autoridades nacionales de resolución relativas a las aportaciones ex ante . Pese a que tres autoridades nacionales de resolución declararon que no podían evaluar la probabilidad, la JUR no reveló ningún pasivo contingente en relación con estos asuntos (véanse los apartados 44 y 45 ).
34.

La Empresa Común ha establecido procedimientos de control ex ante basados en comprobaciones documentales financieras y operativas, y realiza auditorías ex post sobre las declaraciones de gasto de las subvenciones del programa 7PM. Estos controles constituyen instrumentos clave para evaluar la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes, incluidas las contribuciones en especie y en efectivo a la Empresa Común de los otros miembros. El porcentaje de error residual de las auditorías ex post notificado en el informe anual de actividades de 2016 de la Empresa Común fue del 1,24 % (12).
2014

Con arreglo a una decisión del director ejecutivo, los participantes de las reuniones organizadas por la Oficina se clasifican en tres categorías (A, B o C) para el reembolso de los gastos. Los pagos totales en concepto de reembolso ascendieron en 2014 a 997 506 euros. Los participantes de la categoría A, que asumen funciones específicas en las reuniones, recibieron un reembolso a tanto alzado en concepto de dietas y gastos de viaje, mientras que los participantes de la categoría B reciben este reembolso a tanto alzado solo en concepto de gastos de viaje. Los participantes de la categoría C no tienen derecho al reembolso de sus gastos. El porcentaje de participantes clasificados en la categoría A a fines de reembolso aumentó del 61 % en 2013 al 69 % en 2014. No se dispone de documentación que justifique la clasificación de participantes en las tres categorías.
12.

El Centro no ha implantado aún un plan de continuidad de actividades, por lo que no cumple aún la norma de control interno n.o 10 (9).
12.

Europol acepta las observaciones del Tribunal de Cuentas en relación con el elevado nivel de anulaciones de prórrogas del ejercicio precedente. Los proyectos informáticos retrasados guardan relación con las denominadas soluciones «llave en mano» contratadas por Europol a proveedores externos. La baja tasa de ejecución presupuestaria para estos proyectos fue sobre todo consecuencia de que los proveedores no hicieron sus entregas según el calendario acordado. Los retrasos no afectaron a las operaciones de la agencia, dado que las herramientas informáticas existentes siguieron estando en uso para los sistemas correspondientes. Hay que señalar que, en comparación con el ejercicio precedente, Europol redujo significativamente las prórrogas no utilizadas en cifras absolutas. En consecuencia, y pese al retraso en las entregas ocasionado por contratistas externos, el verdadero aumento nominal de las prórrogas no utilizadas fue de 0,9 millones EUR al finalizar 2014 (en comparación con 2013).
13.

La Empresa Común Artemis concertó acuerdos con las autoridades nacionales de financiación (ANF) dentro de los límites establecidos por el Reglamento (CE) no 74/2008/CE del Consejo (1), que encomienda a las ANF la tarea de definir los costes totales, sobre la base de los acuerdos de subvención que suscriban «de conformidad con sus normas nacionales, en particular en lo relativo a los criterios de elegibilidad y otros requisitos jurídicos». El Reglamento no atribuye a la Empresa Común competencias para definir normas destinadas a las ANF, ni le concede atribuciones para realizar comprobaciones in situ y auditorías entre las ANF. Estas carencias se han reconocido y atenuado en el Reglamento (UE) no 561/2014 del Consejo, por el que se crea la Empresa Común ECSEL y que capacita a la Empresa Común para conceder las subvenciones de la UE en estricto cumplimiento de los procedimientos de Horizonte 2020.
13.

Pese a ello se constataron insuficiencias en las operaciones de subvención auditadas. En el caso de un CTE, el verificador observó que la declaración de gastos incluía algunos no subvencionables, mientras que el ordenador había aprobado el importe declarado en su integridad. En otro caso, se había abonado la totalidad del importe declarado, aunque la mayoría de los socios seleccionados para la verificación ex ante no había facilitado los documentos necesarios a la Agencia. A ello se añade que el auditor interno había participado tanto en las verificaciones ex ante como en las ex post, pese a tratarse de funciones incompatibles. Debe tenerse en cuenta que el sistema de controles ex ante ha sido objeto de debate entre el Tribunal y la Agencia desde 2012.
2012

En 2012, el Centro concedió subvenciones a instituciones de investigación y a particulares. El gasto total dedicado a las subvenciones ascendió a 7 52 000 euros, lo cual representa el 1,4 % de los gastos operativos de 2012. Las verificaciones ex ante efectuadas por el Centro antes de reembolsar los gastos declarados por los beneficiarios consisten en un análisis documental de las declaraciones de gastos y, en parte, de los certificados de auditoría emitidos por empresas de auditoría independientes contratadas por los beneficiarios. El Centro no suele obtener de los beneficiarios ningún documento que justifique la subvencionabilidad y exactitud de los gastos declarados. A fin de reforzar los controles, el Centro adoptó una estrategia de verificación ex post cuya aplicación estaba prevista para 2012, pero sufrió un retraso de diez meses para acceder a un contrato de auditoría interinstitucional y, en el momento de la fiscalización, todavía no se han realizado verificaciones ex post de los gastos de 2012 en subvenciones. La documentación justificativa obtenida por el Centro en nombre del Tribunal proporcionaba garantías razonables de la legalidad y regularidad de las operaciones controladas por el Tribunal.
Al final de 2011, la Agencia tenía unos saldos bancarios de 55 millones de euros (frente a 49 millones de euros en 2010) en un único banco. No se estableció una política de tesorería para limitar este riesgo y obtener un rendimiento adecuado de las inversiones.

La Agencia estableció un procedimiento normalizado para las verificaciones previas. Sin embargo, no se completaron las listas de comprobación correspondientes y no siempre se disponía de documentación que justificara la validación de los gastos (1) .

2012

En 2009 se aprobó una metodología relativa a las verificaciones a posteriori. Aunque la Agencia siguió desarrollando su aplicación, es posible introducir mejoras en los ámbitos siguientes: todavía no se dispone de una planificación anual de las verificaciones, la muestra de operaciones que debe controlarse no está basada en riesgos y la metodología no abarca los procedimientos de contratación pública.
Los altos porcentajes de prórrogas y anulaciones así como la elevada cifra de once transferencias presupuestarias efectuadas en 2011, denotan dificultades en la planificación y ejecución de las actividades de la Oficina.

No se han aprobado los procedimientos para el establecimiento, aprobación y registro de excepciones y desviaciones de las políticas y procedimientos. Se registraron excepciones y desviaciones en el 7 % de los pagos correspondientes a 2011.

El sistema contable no ha sido validado en su totalidad por el contable. Todavía no se han resuelto algunos procesos clave como el cierre de las cuentas de final del ejercicio y los derechos financieros del personal.

Se observaron insuficiencias en la comprobación y el registro físicos de los activos antes y después del traslado a la nueva sede. Además, los contratos de seguros no reflejan el valor de los activos de la Oficina; mientras antes del traslado los activos netos eran objeto de un sobreseguro en torno a los 17 millones de euros, ahora están infrasegurados en 21 millones de euros aproximadamente.

El reglamento financiero de la Oficina hace referencia a normas y procedimientos establecidos detalladamente en sus normas de desarrollo aunque estas todavía no se han aprobado.

Todavía debería mejorarse la transparencia de los procedimientos de selección del personal. Las preguntas de las pruebas escritas y orales se definieron con posterioridad al examen de las solicitudes por el comité de selección, no se fijaron de antemano las puntuaciones requeridas para las pruebas escritas y orales y para la admisión en la lista de reserva, y el comité de selección no documentó todas sus reuniones y decisiones.

La Oficina realizó prórrogas por valor de 1,2 millones de euros para sufragar las obras de acondicionamiento requeridas para albergar en su sede el Centro Europeo de Ciberdelincuencia. Pese a que el acuerdo celebrado con el Estado anfitrión sobre las obras data de julio de 2012, el contrato correspondiente no se firmó hasta abril de 2013. Además la Oficina prorrogó 0,1 millones de euros debido a la introducción de un nuevo sistema de gestión de recursos humanos. El contrató concluyó al final del ejercicio y no fue prorrogado. Ninguna de las dos prórrogas se correspondía con compromisos jurídicos al final del ejercicio, por lo que ambas son irregulares.

La Oficina no solicita periódicamente información actualizada a sus agentes sobre las asignaciones por hijo recibidas de otras fuentes. En consecuencia, se detectaron casos en que las asignaciones no se redujeron en la necesaria proporción y fue preciso recuperar los importes abonados indebidamente.

2012

El examen de los procedimientos de selección de personal examinados reveló las siguientes deficiencias: as preguntas de las pruebas escritas y orales se definieron con posterioridad al examen de las solicitudes por el comité de selección, no se fijaron de antemano las puntuaciones requeridas para las pruebas escritas y orales y para la admisión en la lista de reserva, y el comité de selección no documentó todas sus reuniones y decisiones.
El presupuesto de 2011 de la Agencia (1) se elevó a 56 millones de euros, frente a los 51 millones de euros del ejercicio anterior. Los compromisos presupuestarios, por valor de 0,9 millones de euros, no se correspondían con los compromisos jurídicos contraídos. La Agencia debería haber procedido a la liberación y devolución de ese importe a la Comisión a principios de 2012, pero inició el proceso demasiado tarde. Como consecuencia de ello y de las restricciones impuestas por el sistema informático, los fondos estarán bloqueados durante un ejercicio y no se liberarán ni devolverán hasta finales de 2012.

2011

El Tribunal constató la necesidad de mejorar la gestión de los activos de la Agencia: existen divergencias no explicadas entre la amortización anual y la amortización acumulada que figuran en los registros. En lo referente a los activos inmateriales de origen interno, los procedimientos contables y la información sobre los gastos no eran fiables. No hay pruebas de que se haya llevado a cabo en el plazo fijado un inventario físico del equipo administrativo.
1.

La Agencia del Sistema Europeo Global de Navegación por Satélite o GNSS (conocida como «GSA» y denominada en lo sucesivo «la Agencia»), cuya sede fue transferida de Bruselas a Praga el 1 de septiembre de 2012 (1), se creó en virtud del Reglamento (UE) no 912/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1321/2004 del Consejo (3) y se modifica el Reglamento (CE) no 683/2008 (4), con la misión de gestionar los intereses públicos relativos a los programas europeos de radionavegación por satélite (GNSS) y ser su órgano regulador durante las fases de despliegue y explotación del programa Galileo. En virtud del Reglamento (CE) no 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, las competencias de la Agencia se vieron limitadas al control de la seguridad de los sistemas Galileo y a la preparación de su comercialización (5).
Competencias de la Agencia [Reglamento (CE) no 768/2005 del Consejo, de 26 de abril de 2005, modificado por el Reglamento (CE) no 1224/2009]

Objetivos — El Reglamento establece una Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) cuyo objetivo será organizar la coordinación operativa de las actividades de control e inspección de la pesca de los Estados miembros y auspiciar la cooperación entre ellos al objeto de cumplir las normas de la política pesquera común para garantizar que se apliquen de manera eficaz y uniforme. Funciones/Misión — coordinar las operaciones de control e inspección de los Estados miembros que tengan su origen en obligaciones de control e inspección de la Unión; — coordinar el despliegue de los medios nacionales de control e inspección mancomunados por los Estados miembros de conformidad con el presente Reglamento; — ayudar a los Estados miembros a transmitir a la Comisión y a terceros información sobre las actividades pesqueras y las actividades de control e inspección; — en el ámbito de sus competencias, ayudar a los Estados miembros a desempeñar las tareas y obligaciones que les competen en virtud de la política pesquera común; — asistir a los Estados miembros y a la Comisión en la armonización de la aplicación de la política pesquera común en toda la Unión; — contribuir a la labor de los Estados miembros y de la Comisión en materia de investigación y desarrollo de técnicas de control e inspección; — contribuir a la coordinación de la formación de inspectores y al intercambio de experiencias entre Estados miembros; — coordinar las operaciones de lucha contra la pesca ilegal, no notificada y no regulada, de conformidad con las normas de la Unión. — prestar asistencia para la implantación uniforme del régimen de control de la política pesquera común, incluyendo en particular: 1) la organización de la coordinación operativa de las actividades de control de los Estados miembros para la implantación de programas específicos de control e inspección, programas de control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y programas internacionales de control e inspección; 2) inspecciones, según se precise, para cumplir con los cometidos de la Agencia. Téngase en cuenta que, tras la modificación por el Reglamento (CE) no 1224/2009 del Consejo del Reglamento por el que se creó la Agencia, se amplían las competencias que tiene atribuidas: 1) los funcionarios de la Agencia podrán ser designados, en aguas internacionales, inspectores de la Unión; 2) la Agencia podrá adquirir, alquilar o fletar el equipo necesario para la ejecución de los planes de despliegue; 3) a notificación de la Comisión o por iniciativa propia, la Agencia creará una unidad de urgencia cuando se vislumbre un riesgo grave para la política pesquera común.
15.

Los procedimientos de contratación pública auditados no eran plenamente conformes con lo dispuesto en el Reglamento Financiero general. En cinco casos de compra de material informático (por un total de 160 117 euros), no se fijaron de antemano los criterios de adjudicación y no se firmaron contratos por escrito. En otro caso de servicios de selección del personal (55 000 euros), los criterios de adjudicación no se aplicaron correctamente. La Autoridad debería garantizar que todos los nuevos contratos se adjudiquen de plena confomidad con la normativa de la UE en la materia.