COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 14.9.2022 COM(2022) 453 final 2022/0269(COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se prohíben en el mercado de la Unión los productos realizados con trabajo forzoso (Texto pertinente a efectos del EEE)



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta La comunidad internacional se ha comprometido a erradicar el trabajo forzoso de aquí a 2030 (Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas n.º 8.7). Sin embargo, su uso sigue estando muy extendido. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cifra mundial de personas en situación de trabajo forzoso es de 27,6 millones. La UE, en consonancia con sus Tratados, promueve el respeto de los derechos humanos en todo el mundo, incluidos los derechos laborales conexos, por ejemplo en el marco de su compromiso de promover el trabajo digno. En este contexto, la lucha contra el trabajo forzoso y la promoción de las normas de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad son prioridades de la agenda de la UE en materia de derechos humanos. El objetivo de la presente propuesta es prohibir eficazmente la introducción y comercialización en el mercado de la UE y la exportación desde la UE de productos realizados con trabajo forzoso, incluido el trabajo forzoso infantil. La prohibición incluye los productos de producción nacional y los importados. La propuesta se basa en normas internacionales y complementa iniciativas horizontales y sectoriales existentes de la UE, en particular las obligaciones de información y de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y de transparencia, y establece así una prohibición respaldada por un marco de garantía de cumplimiento sólido y basado en el riesgo. La presidenta Von der Leyen anunció la iniciativa por primera vez en su discurso sobre el estado de la Unión del 15 de septiembre de 2021. Los aspectos generales de esta propuesta se establecieron el 23 de febrero de 2022 en la Comunicación de la Comisión sobre el trabajo digno en todo el mundo y en la propuesta de Directiva de la Comisión sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial Tanto en la Comunicación sobre el trabajo digno en todo el mundo como en la propuesta de Directiva de la Comisión sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad se anunciaba que la Comisión estaba preparando una nueva iniciativa legislativa que prohibiría eficazmente la introducción y comercialización en el mercado de la UE de productos realizados con trabajo forzoso. Las repercusiones del trabajo forzoso se tratan en la propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. En particular, en el anexo de la propuesta de Directiva se enumera el trabajo forzoso entre las violaciones de derechos y prohibiciones, tal como figura en los acuerdos internacionales pertinentes, como el Convenio n.º 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso, el Protocolo de 2014 del Convenio sobre el trabajo forzoso y el Convenio n.º 105 de la OIT sobre la abolición del trabajo forzoso. La propuesta de Directiva de la Comisión sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad se ocupa del comportamiento empresarial y de los procesos de diligencia debida de las empresas que entran en su ámbito de aplicación y no prevé medidas destinadas específicamente a impedir la introducción y la comercialización en el mercado de la UE de productos realizados con trabajo forzoso. La propuesta se centra en establecer un sistema en el marco del Derecho de sociedades y del buen gobierno de la empresa para abordar las violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente en las operaciones de las propias empresas, las operaciones de sus filiales y sus cadenas de valor. Las empresas están obligadas a colaborar con los socios comerciales de sus cadenas de valor para poner remedio a las infracciones. La desvinculación queda como el último recurso cuando los efectos adversos no pueden mitigarse. Aunque incluye sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones de diligencia debida, no exige a los Estados miembros o a las empresas que prohíban la introducción en el mercado o la comercialización de ningún producto. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, en su artículo 5, apartado 2, prohíbe explícitamente el trabajo forzado. Esta prohibición está firmemente consagrada en la legislación vigente de la UE y en futuras iniciativas legislativas, y se aborda en iniciativas internacionales y europeas. En julio de 2021, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior publicaron unas orientaciones para ayudar a las empresas de la UE a adoptar medidas adecuadas a fin de hacer frente al riesgo de trabajo forzoso en sus operaciones y cadenas de suministro, basadas en normas internacionales. Este documento hizo de puente para la legislación en materia de trabajo forzoso. La presente propuesta está en consonancia con el enfoque de esas orientaciones, que se tendrá en cuenta a la hora de abordar las medidas de los operadores económicos. El trabajo forzoso es una forma de explotación laboral sancionable en virtud de la Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas. Además, esa Directiva establece la responsabilidad de las personas jurídicas, junto con sanciones administrativas y penales, por las formas de explotación a las que se refiere dicha Directiva, cuando hayan sido cometidas en su beneficio por cualquier persona que ocupe un cargo de responsabilidad en el seno de la persona jurídica o cuando la infracción haya sido posible debido a la falta de supervisión o control. La presente propuesta complementará esa Directiva y no impedirá que las autoridades competentes, incluidas las fuerzas y cuerpos de seguridad, tomen medidas dentro de sus competencias, en relación con un presunto delito o con un delito confirmado de trata de seres humanos relacionado con el trabajo forzoso y la explotación laboral. La Directiva sobre sanciones a los empleadores prohíbe el empleo de nacionales de terceros países en situación irregular, incluidas las víctimas de trata de seres humanos. La presente propuesta también complementará esa Directiva. El hecho de que siga existiendo trabajo forzoso pone de manifiesto que se necesitan medidas adicionales, que se dirijan también a los productos, para impedir la introducción en el mercado y la comercialización de productos realizados recurriendo al trabajo forzoso. •Coherencia con otras políticas de la UE El Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2020-2024 incluye como prioridad para la UE y los Estados miembros promover la erradicación del trabajo forzoso e implementar normas internacionales sobre conducta empresarial responsable, como los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas y las Líneas directrices para empresas multinacionales y la Guía de debida diligencia de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). La presente propuesta está en consonancia con las prioridades de dicho plan de acción. También complementa la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño, por la que, en consonancia con el artículo 32 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la UE se compromete a adoptar un enfoque de tolerancia cero contra el trabajo infantil y a garantizar que no haya trabajo infantil en las cadenas de suministro de las empresas de la UE. La presente propuesta no afecta a la aplicación de otros requisitos en materia de derechos humanos. También complementará el marco regulador de la UE, que actualmente no incluye la prohibición de introducir y comercializar productos realizados con trabajo forzoso en el mercado de la UE. La cooperación internacional con las autoridades de países no pertenecientes a la UE se llevará a cabo de manera estructurada en el marco de las estructuras de diálogo existentes, por ejemplo los Diálogos sobre Derechos Humanos con terceros países o, en caso necesario, de estructuras específicas que se crearán sobre una base ad hoc. El Alto Representante, en sus funciones como Vicepresidente de la Comisión, garantizará la coherencia con los distintos ámbitos de la acción exterior dentro de la Comisión.

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica La presente propuesta se basa en los artículos 114 y 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El artículo 114 del TFUE establece que el Parlamento y el Consejo deben adoptar las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. El objetivo del Reglamento es evitar los obstáculos a la libre circulación de mercancías y eliminar las distorsiones de la competencia en el mercado interior que se derivarían de las divergencias entre las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales relativas a la introducción y la comercialización en el mercado de la Unión de productos realizados con trabajo forzoso. Cada vez se presta más atención a la persistencia del problema del trabajo forzoso y a la necesidad de evitar la disponibilidad de productos realizados con trabajo forzoso. Varios parlamentos y gobiernos de los Estados miembros han anunciado la necesidad de adoptar legislación para garantizar que los productos realizados con trabajo forzoso no terminen en sus mercados. En este contexto, existe un riesgo concreto de que los Estados miembros adopten leyes nacionales que prohíban la introducción y la disponibilidad de mercancías realizadas con trabajo forzoso en su territorio. Es probable que esas leyes sean divergentes y que esa divergencia dé lugar a prácticas de elusión que afectarían a la circulación de mercancías dentro del mercado interior. Por tanto, una divergencia entre las leyes de los Estados miembros en relación con la introducción y la comercialización de productos realizados con trabajo forzoso en su mercado nacional podría crear distorsiones en el mercado interior y obstáculos injustificados a la libre circulación de mercancías. En virtud del artículo 207 del TFUE, la política comercial común debe basarse en principios uniformes, por ejemplo, en lo que respecta a la política de exportación. Dado que esta propuesta tendrá efectos directos e inmediatos en el comercio, en forma de una prohibición de la exportación de productos realizados con trabajo forzoso y de una prohibición de entrada en el mercado de la UE de productos que se demuestre que han sido realizados con trabajo forzoso, el artículo 207 debe constituir una base jurídica. •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) La puesta en ejecución de esta propuesta, en particular las investigaciones y las decisiones para prohibir los productos realizados con trabajo forzoso, será competencia de las autoridades nacionales de los Estados miembros. Las autoridades aduaneras actuarán, basándose principalmente en las decisiones emitidas por las autoridades competentes de los Estados miembros, en las fronteras exteriores de la UE para detectar e interceptar los productos realizados con trabajo forzoso que entren en el mercado de la UE o salgan de él. Sin embargo, es probable que la legislación de los Estados miembros en este ámbito por sí sola no sea suficiente ni eficaz, y los objetivos de la propuesta no pueden alcanzarse adecuadamente mediante una legislación únicamente a nivel de los Estados miembros. Se necesita una legislación y una coordinación de la garantía de cumplimiento a nivel de la UE por las siguientes razones: –El funcionamiento del mercado de la UE exige disposiciones comunes en este ámbito. Las divergencias entre las leyes de los Estados miembros podrían crear distorsiones en el mercado interior y obstáculos injustificados a la libre circulación de mercancías. –El esfuerzo para garantizar su cumplimiento debe ser uniforme en toda la UE. Si la garantía de cumplimiento es menos estricta en algunas partes de la UE, se crean zonas débiles, que pueden poner en peligro el interés público y generar condiciones comerciales injustas. –Los riesgos relacionados con el trabajo forzoso en las cadenas de valor de las empresas suelen tener efectos transfronterizos que afectan a varios Estados miembros de la UE o a países no pertenecientes a la UE. Esto pone de relieve la necesidad de un enfoque a escala de la UE, que ofrezca seguridad jurídica e igualdad de condiciones a las empresas que operan en todo el mercado interior y fuera de él. Por lo tanto, la propuesta es necesaria para ofrecer una garantía de cumplimiento firme y uniforme en este ámbito, evitar distorsiones en el funcionamiento del mercado interior, preservar los intereses públicos defendidos en este contexto y garantizar la igualdad de condiciones para las empresas establecidas dentro y fuera de la UE. •Proporcionalidad Dado que la presente propuesta se refiere a productos realizados con trabajo forzoso de cualquier tipo y procedencia, todos los operadores económicos que introducen y comercializan dichos productos en el mercado de la UE entrarían en su ámbito de aplicación. No obstante, para garantizar el cumplimiento de forma eficaz, las autoridades competentes deberán centran sus esfuerzos allí donde haya mayor prevalencia del riesgo de trabajo forzoso y allí donde probablemente tengan mayor impacto. Por tanto, es probable que se ponga mayor atención en los operadores económicos más grandes de las primeras fases de la cadena de valor de la UE (por ejemplo, importadores, fabricantes, productores o proveedores de productos). La propuesta establece un conjunto de poderes común para todas las autoridades competentes de los Estados miembros, lo que debería contribuir a reforzar la garantía de cumplimiento. Los poderes para garantizar del cumplimiento recaerán en los Estados miembros. Puede que algunos Estados miembros tengan que adaptar sus leyes de procedimiento nacionales para que sus autoridades responsables de garantizar el cumplimiento puedan ejercer eficazmente sus poderes en un contexto transfronterizo, a fin de cooperar y luchar contra los productos no conformes dentro de la UE. El nivel de armonización elegido es necesario para que existan una cooperación y un intercambio de pruebas fluidos entre las autoridades competentes. La propuesta mejorará la cooperación y la coherencia en materia de garantía de cumplimiento mediante el establecimiento de una red de autoridades pertinentes, sin que suponga una carga desproporcionada o excesiva para las autoridades de los Estados miembros. Por consiguiente, la propuesta no excede de lo necesario para alcanzar sus objetivos. •Elección del instrumento Se necesita un reglamento para alcanzar los objetivos de cumplimiento y de garantía de cumplimiento efectiva. Una directiva no alcanzaría los objetivos, puesto que pueden persistir discrepancias jurisdiccionales tras su transposición, lo que pondría en peligro la garantía de cumplimiento armonizada. La Comisión publicará directrices para ayudar a las autoridades de los Estados miembros responsables de garantizar el cumplimiento y a las empresas, facilitando información general y de referencia con asesoramiento sobre cómo aplicar y cumplir la propuesta.

3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO •Consultas con las partes interesadas La consulta incluyó la publicación de la convocatoria de datos, la consulta específica y otras actividades de divulgación, así como observaciones ad hoc. El objetivo de la estrategia de consulta era recibir aportaciones de las partes interesadas pertinentes tanto de la UE como de países no pertenecientes a la UE. Entre las principales partes interesadas consultadas figuran las siguientes: ·empresas, incluidas las microempresas y las pequeñas y medianas empresas41 (pymes), y sus organizaciones representativas, y otros operadores de las cadenas de suministro que puedan verse afectados por el trabajo forzoso; ·organizaciones sindicales; ·los Estados miembros de la UE y países no pertenecientes a la UE; ·organizaciones internacionales (en particular, la OIT y la OCDE); ·organizaciones de la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales (ONG). La consulta específica se desarrolló desde el 19 de mayo hasta el 23 de junio de 2022. La consulta se basó en las aportaciones de las autoridades de los Estados miembros y las partes interesadas pertinentes durante las reuniones de plataformas y redes existentes. La iniciativa prevista se presentó en catorce de esas reuniones, entre ellas la Red Europea sobre Conformidad de los Productos, el Diálogo con la Sociedad Civil de la Dirección General de Comercio, el Grupo de Expertos de la Comisión sobre Comercio y Desarrollo Sostenible y el intercambio de puntos de vista con las organizaciones europeas de interlocutores sociales. En la consulta específica participaron representantes de los Estados miembros y más de 450 partes interesadas. En general, todas las partes interesadas coincidieron en que el trabajo forzoso es una cuestión compleja y que es necesario abordarlo y ponerle fin. Sin embargo, algunas de ellas indicaron que en la UE esto debería hacerse a través del Derecho penal nacional de los Estados miembros. Tanto los representantes de los Estados miembros como otras partes interesadas subrayaron que el instrumento de la UE previsto debe ser compatible con la OMC y basarse en normas internacionales, como la definición de trabajo forzoso de la OIT. Todas las partes interesadas cuestionaron la ausencia de una evaluación de impacto específica. La mayoría de las partes interesadas también subrayó que el nuevo instrumento debe ser compatible y estar interrelacionado con la propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, pero no debe duplicarla, especialmente en lo que se refiere a la ejecución y a la garantía de cumplimiento de ambos instrumentos. Muchas partes interesadas alegaron que debe hacerse mayor hincapié en la proporcionalidad, e indicaron que debe evitarse la imposición de una carga adicional a las empresas, en particular a las pymes. Las partes interesadas también solicitaron orientación, en particular para ayudarles en la identificación de riesgos. Algunas partes interesadas plantearon la cuestión de cómo evitar diferencias en la ejecución del nuevo instrumento en los distintos Estados miembros. La convocatoria de datos para la propuesta se publicó en el portal del programa para la mejora de la legislación (también conocido como «Díganos lo que piensa») para dar a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre la necesidad de actuar y la iniciativa prevista, así como para aportar información sobre cualquier otra cuestión que deba tenerse en cuenta a la hora de desarrollar este ámbito político. El público destinatario estaba formado por expertos y representantes de partes interesadas, como asociaciones empresariales, importadores y fabricantes, consumidores, ONG, sindicatos, empresas minoristas y representantes nacionales, incluidas las autoridades nacionales responsables de garantizar el cumplimiento de las normas pertinentes. La convocatoria de datos estuvo abierta a observaciones y comentarios públicos desde el 23 de mayo hasta el 20 de junio de 2022. Se recibieron 107 respuestas en total, de las cuales 76 tenían información adicional o un documento de posición adjunto. Los encuestados fueron principalmente asociaciones empresariales (33 %), representantes de ONG (31 %) y empresas u organizaciones empresariales (15 %), seguidas de sindicatos, ciudadanos, autoridades públicas e instituciones académicas o de investigación. Se recibieron observaciones de partes interesadas de veintidós países de cinco continentes. La mayoría de las respuestas procedían de partes interesadas con sede en Bélgica (33; se incluyen también aquellas que proporcionaron sus comentarios a través de su representación en Bélgica), Alemania (19) y los Estados Unidos (12). En cuanto al ámbito de aplicación del instrumento, el principal punto de desacuerdo fue si debería limitarse a cada envío específico considerado individualmente, o si también debería permitir un mayor control de determinados productos, industrias, centros de producción, regiones y países. Las partes interesadas coincidieron en gran medida en utilizar la definición de trabajo forzoso de la OIT establecida en el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (n.º 29) y los once indicadores de trabajo forzoso de la OIT. Las partes interesadas también se refirieron con frecuencia a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y a la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para una Conducta Empresarial Responsable, así como a los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas. A menudo señalaron que ya se habían adherido a estas directrices y solicitaban que la propuesta se ajustase a ellas. Hubo discrepancias en cuanto a las pruebas que necesitan las autoridades para retener una partida en el punto de entrada. Las partes interesadas de la sociedad civil expresaron el deseo de que se introdujese una presunción refutable para determinados productos, industrias, centros de producción, regiones y países que tienen una incidencia significativa de trabajo forzoso. Las autoridades nacionales también deberían poder iniciar investigaciones si tienen sospechas razonables de que los productos contienen elementos de trabajo forzoso en la cadena de valor. Además, debería establecerse un mecanismo de denuncias a fin de permitir a la sociedad civil y a los sindicatos presentar denuncias y que estas sean investigadas. El sector privado preferiría una visión que fuese independiente de los países y los productos, en la que las investigaciones se iniciaran sobre la base de sospechas razonables. Las observaciones también eran divergentes en referencia a la carga de la prueba, es decir, si debe corresponde al importador demostrar que sus mercancías no contienen rastros de trabajo forzoso, o si es responsabilidad de la autoridad aduanera demostrar que se ha utilizado trabajo forzoso en el proceso de producción del envío investigado. En cualquier caso, la mayoría de las partes interesadas están de acuerdo en que deben establecerse procesos concretos y normas de investigación para garantizar la previsibilidad y la uniformidad. En cuanto a la garantía de cumplimiento, la mayoría de las partes interesadas coincidieron en que deben establecerse las mismas normas para todos los Estados miembros y en que debe evitarse el riesgo de fragmentación. Por lo tanto, es necesario proporcionar a las autoridades nacionales responsables de garantizar el cumplimiento directrices claras y los recursos necesarios para supervisar y hacer cumplir eficazmente el Reglamento propuesto (en particular, por lo que se refiere a formación y a que las autoridades nacionales dispongan de suficiente personal), y que la UE desempeñe un papel de coordinación.

Los encuestados del sector privado mencionaron a menudo la coherencia con las normativas nacionales y de la UE existentes, con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos por parte de las empresas y el aumento de la burocracia. Otras observaciones consideran más bien que esta iniciativa complementa las lagunas de otros reglamentos, como, por ejemplo, la exención de las pymes de la propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. En cuanto a la cuestión de las pymes, las opiniones también son divergentes. Los representantes de la sociedad civil subrayaron que las pymes no deben beneficiarse de exclusiones o de disposiciones especiales, como fue el caso en la propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Dado que las pymes constituyen la mayoría de las empresas de la UE, su plena inclusión es crucial para que el nuevo instrumento tenga un impacto significativo. Por otra parte, un número importante de representantes de asociaciones empresariales o de empresas u organizaciones empresariales abogó por un trato especial para las pymes, por medio de directrices detalladas, disposiciones específicas o incluso exclusiones del instrumento. El principal argumento a este respecto fue que las empresas más pequeñas disponen de menos recursos para llevar a cabo una diligencia debida en profundidad y que tienen menos poder de mercado para presionar a los proveedores para que realicen esfuerzos adicionales o faciliten el acceso a sus centros de producción y empleados. La nueva propuesta tendría que garantizar que los productos que se demuestre que han sido producidos con trabajo forzoso no solo se prohíban en el mercado único de la UE, sino que tampoco puedan redirigirse a países donde no haya una prohibición o países que no tengan la capacidad de investigar o de garantizar el cumplimiento. Por lo tanto, es fundamental aumentar la cooperación con las autoridades de países no pertenecientes a la UE para garantizar que los productos a los que se prohíbe la entrada en su mercado no acaben en el mercado único de la UE y viceversa. En las observaciones recibidas también se destacó el valor añadido de una base de datos. Las partes interesadas sugirieron que las autoridades públicas proporcionaran un registro de entidades y productos sancionados y prohibidos, lo cual ayudaría a las empresas, especialmente a las pymes, a evitar proveedores problemáticos. Varias partes interesadas también solicitaron que las autoridades aduaneras divulgaran sus datos por razones de transparencia. Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil pidieron que se exigiera a los importadores que localicen en un mapa a todos sus proveedores y faciliten sus datos. Muchas partes interesadas presentaron las iniciativas empresariales o sectoriales específicas que han puesto en marcha para hacer frente al trabajo forzoso en sus cadenas de valor y los resultados obtenidos. •Evaluación de impacto La cuestión que debe abordarse — el trabajo forzoso — se opone directamente al respeto de la dignidad humana y a la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, tal como se establece en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, así como en el artículo 5, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En este contexto, el trabajo forzoso requiere medidas urgentes, lo cual no permite una evaluación de impacto. Sin embargo, las pruebas recogidas en las evaluaciones de impacto de otras iniciativas, como la propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y la Iniciativa sobre Productos Sostenibles, han proporcionado datos para la elaboración de la presente propuesta. Por este motivo, y dada la importancia y la urgencia de la iniciativa, se concedió una excepción en virtud de las Directrices para la mejora de la legislación de la Comisión. Aun así, el análisis y las pruebas justificativas se presentarán en un documento de trabajo de los servicios de la Comisión en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la presente propuesta. En términos de costes, la propuesta implicará principalmente costes para garantizar su cumplimiento que soportarán las autoridades públicas y costes de cumplimiento que soportarán los operadores económicos. La Comisión también incurrirá en costes limitados. Los costes de cumplimiento son costes a los que se enfrentarán las empresas para garantizar que no introducen ni comercializan en el mercado de la UE productos realizados con trabajo forzoso. Sus costes dependerán de si ya están sujetos o no a disposiciones de diligencia debida (por ejemplo, la propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad) o de si ya han llevado a cabo la diligencia debida de forma voluntaria. Por lo que se refiere a los costes para los Estados miembros que ejecutarán la propuesta, esto dependerá de la estructura administrativa existente a nivel nacional (es decir, si las autoridades ya están llevando a cabo tareas similares o no), de la legislación nacional ya en vigor para cuestiones conexas y de la posible actualización de los sistemas aduaneros. •Adecuación regulatoria y simplificación Es necesario abarcar a todos los operadores económicos que comercializan productos en el mercado de la UE o que exportan desde él, lo cual es fundamental para prohibir eficazmente la comercialización de productos realizados con trabajo forzoso en el mercado de la UE. Puede que las pymes dispongan de recursos y conocimientos especializados limitados para implementar sistemas eficaces de diligencia debida. La retirada de bienes del mercado también podría suponer una mayor carga para las pymes en comparación con una gran empresa. Por lo tanto, serán necesarios varios ajustes en el caso de las pymes. Una forma de satisfacer las necesidades y limitaciones particulares de las pymes podría ser, en teoría, eximir a dichas empresas del ámbito de aplicación de la presente propuesta. Sin embargo, esta opción no es viable, ya que la propuesta deberá centrarse en los productos sospechosos de haber sido realizados con trabajo forzoso, independientemente del tamaño de los operadores económicos implicados. No puede excluirse de antemano que las entidades a las que las autoridades puedan dirigirse cuando inicien investigaciones sobre el trabajo forzoso sean, en algunos casos, pymes. Por lo tanto, la exención de las pymes afectaría a la eficacia de la propuesta y crearía incertidumbre. Además, es importante tener en cuenta que, dado que las pymes suelen formar parte de cadenas de valor, las políticas dirigidas a las grandes empresas de esas cadenas de suministro también afectan a las pymes, que necesitan contar con procedimientos de diligencia debida para acceder a la financiación y satisfacer las demandas de los compradores/proveedores más grandes que ejercen la diligencia debida. Como se señala en las recomendaciones de la Comisión del Informe anual sobre las pymes europeas 2021/202242, puede resultar más adecuado que la legislación contemple instrumentos voluntarios simplificados y medidas de mitigación que permitan a las pymes demostrar sus compromisos en materia de sostenibilidad. La Comisión evaluó las ventajas de introducir un umbral en relación con el volumen o el valor de los productos, por debajo del cual las autoridades no iniciarían investigaciones sobre trabajo forzoso en virtud de la presente propuesta. Dado que es más probable que las pymes comercialicen cantidades más pequeñas, una cláusula de minimis de ese tipo podría, en principio, servir para tener en cuenta su situación y eximirlas en gran medida de las investigaciones. Sin embargo, el establecimiento de umbrales de minimis distorsionaría la igualdad de condiciones en el mercado interior, creando lagunas. Tampoco se podría garantizar que las pymes quedasen siempre fuera del ámbito de aplicación de la presente propuesta, ya que algunos operadores económicos más pequeños podrían sin duda comercializar volúmenes considerables de productos, dependiendo del sector. Por lo tanto, en lugar de una exención clara para las pymes o un umbral de minimis, su situación debe abordarse mediante el diseño de la medida, especialmente de la garantía de cumplimiento basada en el riesgo y de las herramientas de apoyo. Esto incluirá, por ejemplo: Diseño de la medida: A la hora de decidir los plazos para la presentación de información, las autoridades competentes tendrán en cuenta el tamaño y los recursos de los operadores económicos afectados, siendo conscientes de que las empresas más pequeñas no disponen de tantos recursos como las empresas más grandes para realizar un análisis general o una localización en los mapas de la cadena de valor. Garantía de cumplimiento basada en el riesgo: Las autoridades competentes deben centrar los esfuerzos para garantizar el cumplimiento allí donde sea probable que tengan el mejor efecto posible, es decir, en los operadores económicos que participan en las fases de la cadena de valor más cercanas a donde es probable que se produzca el riesgo de trabajo forzoso. También deben tener en cuenta el tamaño y los recursos económicos de los operadores económicos, la cantidad de productos afectados y la magnitud del presunto trabajo forzoso. Herramientas de apoyo: Dado que la experiencia ha demostrado que las pymes se benefician de herramientas de apoyo como directrices o plantillas que requieren costes más bajos, la Comisión publicará orientaciones que tendrán en cuenta el tamaño y los recursos económicos de los operadores económicos.

4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La ficha de financiación legislativa adjunta a la presente propuesta establece las repercusiones en términos de recursos presupuestarios, humanos y administrativos. 5.OTROS ELEMENTOS •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información La Comisión supervisará activamente la ejecución del Reglamento propuesto y velará por que alcance sus objetivos. La supervisión se centrará, en particular, en prevenir eficazmente la comercialización en el mercado de la UE o la exportación desde la UE de productos realizados con trabajo forzoso y en garantizar una cooperación eficaz entre las autoridades competentes. También tendrá en cuenta el impacto en las empresas y, en particular, en las pymes. •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta El capítulo I contiene las disposiciones generales: el objeto (artículo 1), las definiciones (artículo 2) y la prohibición de productos realizados con trabajo forzoso, es decir, su comercialización en el mercado de la UE y su exportación (artículo 3). El capítulo II detalla las investigaciones y las decisiones de las autoridades competentes. Los Estados miembros deberán designar una o varias autoridades competentes responsables del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente propuesta de Reglamento (artículo 12). En la fase preliminar de las investigaciones, las autoridades competentes deberán seguir un enfoque basado en el riesgo y, en particular, evaluar el riesgo de infracción de la mencionada prohibición (artículo 4). Si la autoridad competente determina que existe una preocupación fundada de infracción, deberá investigar los productos y a los operadores económicos afectados (artículo 5). El capítulo también especifica las decisiones de las autoridades competentes (artículo 6), su contenido (artículo 7), revisión (artículo 8) y reconocimiento (artículo 14). Las autoridades competentes tendrán la obligación de informar a la Comisión y a las autoridades competentes de los demás Estados miembros (artículo 9) y tendrán obligaciones en materia de cooperación administrativa y comunicación recíproca (artículo 13). El capítulo también contiene disposiciones relativas a la presentación de información sobre presuntas infracciones (artículo 10) y a la base de datos de zonas o productos que presenten riesgo de trabajo forzoso (artículo 11). El capítulo III se refiere a las disposiciones relativas a los productos que entran en el mercado de la UE o salen de él. Se necesitan disposiciones específicas para los controles aduaneros, ya que el Reglamento (UE) 2019/1020 no es adecuado en este caso, y las autoridades aduaneras no pueden actuar como primera línea de defensa, como suelen hacer en virtud del Reglamento (UE) 2019/1020. Por lo tanto, deberán basarse en las decisiones de las autoridades competentes. Además, las autoridades aduaneras deben disponer de información específica sobre las personas físicas y jurídicas que intervengan en el proceso de fabricación, así como sobre el propio producto, para poder interceptar de manera eficaz los productos realizados con trabajo forzoso que entren en el mercado de la UE o salgan de él, de acuerdo con las decisiones de las autoridades competentes. Por lo tanto, el capítulo III incluye disposiciones relativas a los controles aduaneros (artículo 15), la información que el operador económico debe poner a disposición de las autoridades aduaneras (artículo 16), la suspensión del despacho a libre práctica o la exportación de productos que puedan estar infringiendo la prohibición (artículo 17), su despacho a libre práctica o exportación en caso de no existir ninguna infracción (artículo 18), la denegación de su despacho a libre práctica o exportación (artículo 19) y la obligación de deshacerse de los productos rechazados para su despacho a libre práctica o exportación (artículo 20), así como disposiciones sobre el intercambio de información y la cooperación entre las autoridades competentes y las autoridades aduaneras (artículo 21). El capítulo IV contiene disposiciones sobre los sistemas de información (artículo 22), sobre las directrices que la Comisión tendrá que publicar para ayudar a las autoridades competentes a ejecutar el Reglamento propuesto y a los operadores económicos a cumplirlo, así como disposiciones para garantizar la claridad de las tareas y la coherencia de las medidas de las autoridades competentes (artículo 23) y sobre la creación, la composición y las tareas de la Red de la UE contra los productos del trabajo forzoso, que servirá de plataforma para una coordinación y una cooperación estructuradas entre las autoridades competentes y la Comisión (artículo 24). En el capítulo V se establecen las disposiciones finales: en materia de confidencialidad (artículo 25), cooperación internacional (artículo 26), actos delegados (artículo 27), el procedimiento de urgencia (artículo 28), el procedimiento de comité (artículo 29), las sanciones (artículo 30) y la entrada en vigor y la fecha de aplicación de la presente propuesta de Reglamento (artículo 31). 2022/0269 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se prohíben en el mercado de la Unión los productos realizados con trabajo forzoso (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 114 y 207, Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)Como se reconoce en el preámbulo del Protocolo de 2014 del Convenio n.º 29 sobre el trabajo forzoso («Convenio n.º 29 de la OIT») de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo forzoso (también denominado «trabajo forzado») constituye una violación grave de la dignidad humana y de los derechos humanos fundamentales. La OIT declaró la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio como un principio relativo a los derechos fundamentales. La OIT clasifica su Convenio n.º 29, el Protocolo de 2014 de su Convenio n.º 29 y su Convenio n.º 105 sobre la abolición del trabajo forzoso («Convenio n.º 105 de la OIT») como convenios fundamentales de la OIT. El trabajo forzoso abarca una amplia variedad de prácticas laborales coercitivas en las que se exige a un individuo un trabajo o servicio para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. (2)El uso del trabajo forzoso está muy extendido en el mundo. Se calcula que alrededor de 27,6 millones de personas se encontraban en situación de trabajo forzoso en 2021. Los grupos vulnerables y marginados de una sociedad son especialmente susceptibles de ser presionados para que realicen trabajos forzosos. Incluso cuando no está impuesto por el Estado, el trabajo forzoso es a menudo consecuencia de la falta de buena gobernanza de determinados operadores económicos. (3)La erradicación del trabajo forzoso es una prioridad para la Unión. El respeto de la dignidad humana y la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos están firmemente consagrados en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea. El artículo 5, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establecen que nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha interpretado en reiteradas ocasiones el artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el sentido de que obliga a los Estados miembros a sancionar y perseguir eficazmente cualquier acto que mantenga a una persona en las situaciones descritas en el artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. (4)Todos los Estados miembros han ratificado los convenios fundamentales de la OIT sobre el trabajo forzoso y el trabajo infantil. Por lo tanto, están legalmente obligados a prevenir y eliminar el uso del trabajo forzoso y a informar periódicamente a la OIT. (5)A través de sus políticas e iniciativas legislativas, la Unión pretende erradicar el uso del trabajo forzoso. La Unión promueve la diligencia debida de conformidad con las directrices y principios internacionales establecidos por organizaciones internacionales, como la OIT, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y las Naciones Unidas, con el fin de asegurarse de que el trabajo forzoso no encuentre lugar en las cadenas de valor de las empresas establecidas en la Unión. (6)La política comercial de la Unión apoya la lucha contra el trabajo forzoso en las relaciones comerciales tanto unilaterales como bilaterales. Los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible de los acuerdos comerciales de la Unión incluyen el compromiso de ratificar e implementar eficazmente los convenios fundamentales de la OIT, entre ellos, el Convenio n.º 29 y el Convenio n.º 105 de la OIT. Además, en caso de violaciones graves y sistemáticas del Convenio n.º 29 o el Convenio n.º 105 de la OIT, podrían retirarse las preferencias comerciales unilaterales en el marco del sistema de preferencias generales de la Unión. (7)La Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva de lucha contra la trata») armoniza la definición de trata de seres humanos, para que incluya el trabajo o los servicios forzados, y establece penas mínimas. Cualquier norma establecida relativa a la prohibición de introducir y comercializar en el mercado de la Unión productos nacionales o importados realizados con trabajo forzoso, o de exportar dichos productos, y la obligación de garantizar que dichos productos se retiren del mercado de la Unión («la prohibición»), debe entenderse sin perjuicio de dicha Directiva y, en particular, de la competencia de las autoridades policiales y judiciales para investigar y enjuiciar los delitos de trata de seres humanos, incluida la explotación laboral. (8)[En particular, la Directiva 20XX/XX/UE sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad establece obligaciones horizontales de diligencia debida a fin de detectar, prevenir, mitigar y tener en cuenta los efectos adversos reales y potenciales sobre los derechos humanos, incluido el trabajo forzoso, y el medio ambiente de las operaciones de la propia empresa, sus filiales y sus cadenas de valor, de conformidad con las normas internacionales sobre derechos humanos y laborales y los convenios medioambientales. Estas obligaciones se aplican a las grandes empresas que superen un determinado umbral en términos de número de empleados y volumen de negocios neto, y a las empresas más pequeñas de sectores de gran impacto que superen un determinado umbral en términos de número de empleados y volumen de negocios neto.] (9)Además, el Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo exige a los importadores de minerales de la Unión incluidos en su ámbito de aplicación que lleven a cabo obligaciones en materia de diligencia debida de conformidad con el anexo II de la Guía de diligencia debida de la OCDE para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo, y con las recomendaciones en materia de diligencia debida que allí se establecen. [El Reglamento (UE) n.º XX/20XX, relativo a las pilas y baterías y sus residuos, contiene obligaciones para que los operadores económicos lleven a cabo la diligencia debida en sus cadenas de suministro, también en lo que respecta a los derechos laborales.] [El Reglamento (UE) XX/20XX, relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos derivados asociados a la deforestación y la degradación forestal, requiere que se lleve a cabo la diligencia debida en relación con la legalidad y la no contribución a la deforestación de los productos y materias primas incluidos en su ámbito de aplicación, también en lo que se refiere a los derechos humanos.] (10)Con arreglo a los artículos [XX] de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, los Estados miembros deben garantizar que determinados operadores económicos publiquen anualmente estados no financieros en los que informen sobre el impacto de su actividad en cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos, también en relación con el trabajo forzoso, y a la lucha contra la corrupción y el soborno. [Además, la Directiva 20XX/XX/UE sobre información corporativa en materia de sostenibilidad presenta requisitos detallados de información para las empresas que allí se especifican en relación con el respeto de los derechos humanos, incluso en las cadenas de suministro mundiales. La información que las empresas divulguen sobre los derechos humanos debe incluir, cuando proceda, información sobre el trabajo forzoso en sus cadenas de valor.] (11)En julio de 2021, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior publicaron unas orientaciones para ayudar a las empresas de la Unión a adoptar medidas adecuadas a fin de hacer frente al riesgo de trabajo forzoso en sus operaciones y cadenas de suministro. (12)Como se reconoce en la Comunicación de la Comisión sobre el trabajo digno en todo el mundo, pese a las políticas y el marco legislativo actuales, se necesitan nuevas medidas para alcanzar el objetivo de eliminar los productos del trabajo forzoso del mercado de la Unión y, de este modo, seguir contribuyendo a la lucha contra el trabajo forzoso en todo el mundo. (13)El Parlamento Europeo, en sus resoluciones, ha condenado firmemente el trabajo forzoso y ha pedido la prohibición de los productos realizados con trabajo forzoso. Por lo tanto, la cuestión de que los productos realizados con trabajo forzoso puedan estar disponibles en el mercado de la Unión o exportarse a terceros países, sin un mecanismo eficaz para prohibir o retirar dichos productos, es una preocupación moral de interés público. (14)Para completar el marco legislativo y de actuación de la Unión en materia de trabajo forzoso, debe prohibirse la introducción y la comercialización en el mercado de la Unión de productos realizados con trabajo forzoso o la exportación de productos fabricados en el mercado nacional o importados que hayan sido realizados con trabajo forzoso, y debe garantizarse que dichos productos se retiren del mercado de la Unión. (15)En la actualidad no existe legislación de la Unión que faculte a las autoridades de los Estados miembros para retener, incautar u ordenar la retirada de un producto directamente basándose en la constatación de que se ha realizado, en su totalidad o en parte, con trabajo forzoso. (16)A fin de que la prohibición sea eficaz, debe aplicarse a los productos para los que se haya utilizado trabajo forzoso en cualquier fase de su producción, fabricación, cosecha o extracción, lo que incluye las operaciones de elaboración o de transformación relacionadas con los productos. Además, debe aplicarse a todos los productos, de cualquier tipo, incluidos sus componentes, y debe aplicarse a los productos independientemente del sector, del origen, de que sean nacionales o importados, o de que se introduzcan o se comercialicen en el mercado de la Unión o se exporten.

(17)La prohibición debe contribuir a los esfuerzos internacionales por abolir el trabajo forzoso. Por lo tanto, la definición de «trabajo forzoso» debe armonizarse con la definición establecida en el Convenio n.º 29 de la OIT. La definición de «trabajo forzoso aplicado por las autoridades estatales» debe armonizarse con el Convenio n.º 105 de la OIT, que prohíbe específicamente el uso del trabajo forzoso como castigo por la expresión de opiniones políticas, con fines de desarrollo económico, como medida de disciplina laboral, como castigo por la participación en huelgas o como medida de discriminación racial, religiosa o de otro tipo. (18)Es posible que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes) tengan recursos y capacidades limitados para garantizar que los productos que introducen o comercializan en el mercado de la Unión estén libres de trabajo forzoso. Por consiguiente, la Comisión debe publicar directrices en materia de diligencia debida en relación con el trabajo forzoso, que deben tener en cuenta, entre otras cosas, el tamaño y los recursos económicos de los operadores económicos. Además, la Comisión debe publicar directrices sobre indicadores de riesgo de trabajo forzoso y sobre la información públicamente disponible con el fin de ayudar a las pymes, y también a otros operadores económicos, a cumplir los requisitos de la prohibición. (19)Las autoridades competentes de los Estados miembros deben supervisar el mercado para detectar infracciones de la prohibición. Los Estados miembros, al designar a las autoridades competentes, deben velar por que estas dispongan de recursos suficientes y por que su personal tenga las competencias y los conocimientos necesarios, especialmente en materia de derechos humanos, gestión de cadenas de valor y procesos de diligencia debida. Las autoridades competentes deben coordinarse estrechamente con las inspecciones de trabajo nacionales y las autoridades judiciales y policiales, incluidas las responsables de la lucha contra la trata de seres humanos, de manera que no se pongan en peligro las investigaciones llevadas a cabo por dichas autoridades. (20)A fin de aumentar la eficacia de la prohibición, las autoridades competentes deben conceder a los operadores económicos un plazo razonable para detectar, mitigar, prevenir y poner fin al riesgo de que exista trabajo forzoso. (21)Cuando las autoridades competentes detecten posibles infracciones de la prohibición, deben seguir un enfoque basado en el riesgo y evaluar toda la información de que dispongan. Las autoridades competentes deben iniciar una investigación cuando, sobre la base de su evaluación de toda la información disponible, determinen que existe una preocupación fundada de infracción de la prohibición. (22)Antes de iniciar una investigación, las autoridades competentes deben solicitar a los operadores económicos sometidos a evaluación información sobre las medidas adoptadas para mitigar, prevenir o poner fin al riesgo de que exista trabajo forzoso en sus operaciones y cadenas de valor con respecto a los productos sometidos a evaluación. Al operador económico, llevar a cabo esta diligencia debida en relación con el trabajo forzoso debería ayudarle a correr un menor riesgo de tener trabajo forzoso en sus operaciones y cadenas de valor. Una diligencia debida apropiada significa que las cuestiones relacionadas con el trabajo forzoso en la cadena de valor se han detectado y abordado de conformidad con la legislación de la Unión y las normas internacionales pertinentes. Esto implica que no debería iniciarse ninguna investigación si la autoridad competente considera que no existe una preocupación fundada de infracción de la prohibición, como en el caso de que, por ejemplo, la legislación aplicable, las directrices, las recomendaciones o cualquier otra diligencia debida en relación con el trabajo forzoso se aplique de manera que mitigue, prevenga y ponga fin al riesgo de que exista trabajo forzoso. (23)A fin de garantizar la cooperación entre las autoridades competentes designadas en virtud de esta y otra legislación pertinente, así como la coherencia de sus medidas y decisiones, las autoridades competentes designadas en virtud del presente Reglamento deben solicitar información a otras autoridades pertinentes, cuando proceda, sobre si los operadores económicos sometidos a evaluación están sujetos a la diligencia debida en relación con el trabajo forzoso y la llevan a cabo, de conformidad con la legislación aplicable de la Unión o de los Estados miembros por la que se establecen requisitos en materia de diligencia debida y de transparencia con respecto al trabajo forzoso. (24)Durante la fase preliminar de investigación, las autoridades competentes deben centrarse en los operadores económicos que participen en las fases de la cadena de valor en las que exista un mayor riesgo de trabajo forzoso con respecto a los productos sometidos a investigación, teniendo además en cuenta el tamaño y los recursos económicos de dichos operadores económicos, la cantidad de productos afectados y la magnitud del presunto trabajo forzoso. (25)Cuando las autoridades competentes soliciten información durante la investigación, deben dar prioridad, en la medida de lo posible y dentro de lo que permita el desarrollo eficaz de la investigación, a los operadores económicos sometidos a investigación que participen en las fases de la cadena de valor más cercanas a donde exista un riesgo probable de trabajo forzoso, y deben tener en cuenta el tamaño y los recursos económicos de los operadores económicos, la cantidad de productos afectados y la magnitud del presunto trabajo forzoso. (26)Las autoridades competentes deben asumir la carga de determinar que se ha utilizado trabajo forzoso en cualquier fase de la producción, fabricación, cosecha o extracción de un producto, lo que incluye las operaciones de elaboración o de transformación relacionadas con el producto, basándose en toda la información y las pruebas reunidas durante la investigación, incluida su fase preliminar. Para garantizar su derecho a un proceso justo, los operadores económicos deben tener la oportunidad de aportar información en su defensa a las autoridades competentes a lo largo de toda la investigación. (27)Las autoridades competentes que determinen que los operadores económicos han infringido la prohibición deben prohibir sin demora la introducción y comercialización de los productos en cuestión en el mercado de la Unión y su exportación desde la Unión, y exigir a los operadores económicos investigados que retiren del mercado de la Unión los productos en cuestión que ya se hayan comercializado y que los destruyan, los dejen inutilizables o se deshagan de ellos de otro modo de conformidad con el Derecho nacional acorde con el Derecho de la Unión, incluida la legislación de la Unión sobre gestión de residuos. (28)En su decisión, las autoridades competentes deben reflejar las conclusiones de la investigación y la información en que se basan, y fijar un plazo razonable para que los operadores económicos cumplan lo dispuesto en la decisión, y también deben incluir información que permita identificar el producto al que se aplica la decisión. La Comisión debe estar facultada para adoptar los actos de ejecución necesarios a efectos de especificar la información que deben contener dichas decisiones. (29)Al fijar un plazo razonable para cumplir la orden, las autoridades competentes deben tener en cuenta el tamaño y los recursos económicos de los operadores económicos afectados. (30)Si los operadores económicos no cumplen la decisión de las autoridades competentes antes de que finalice el plazo establecido, las autoridades competentes deben garantizar que se prohíba la introducción o la comercialización de los productos en cuestión en el mercado de la Unión y su exportación, que se retiren esos productos del mercado de la Unión, y que cualquiera de esos productos que permanezca en poder de los operadores económicos pertinentes sea destruido, inutilizado o que estos se deshagan de él de otro modo de conformidad con el Derecho nacional acorde con el Derecho de la Unión, incluida la legislación de la Unión sobre gestión de residuos, a costa de los operadores económicos. (31)Los operadores económicos deben tener la posibilidad de solicitar que las autoridades competentes lleven a cabo una revisión de las decisiones, si han aportado nueva información que demuestre que no puede concluirse que los productos en cuestión se han realizado con trabajo forzoso. Las autoridades competentes deben revocar su decisión cuando determinen, sobre la base de esa nueva información, que no puede establecerse que los productos se han realizado con trabajo forzoso. (32)Cualquier persona, ya sea una persona física o jurídica, o cualquier asociación que carezca de personalidad jurídica, debe poder presentar información a las autoridades competentes cuando considere que en el mercado de la Unión se introducen y comercializan productos realizados con trabajo forzoso, y debe ser informada del resultado de la evaluación de la información presentada. (33)La Comisión debe publicar directrices para facilitar la ejecución de la prohibición por parte de los operadores económicos y las autoridades competentes. Dichas directrices deben incluir orientaciones en materia de diligencia debida en relación con el trabajo forzoso e información complementaria para que las autoridades competentes ejecuten la prohibición. Las orientaciones en materia de diligencia debida en relación con el trabajo forzoso deben basarse en el «Documento de orientación sobre la diligencia debida para que las empresas de la UE hagan frente al riesgo de trabajo forzoso en sus operaciones y cadenas de suministro», publicado por la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior en julio de 2021. Las directrices deben ser coherentes con otras directrices de la Comisión a este respecto y con otras directrices pertinentes de organizaciones internacionales. A la hora de definir indicadores de riesgo, deben tenerse en cuenta los informes de organizaciones internacionales, en particular la OIT, así como otras fuentes de información independientes y verificables. (34)Las decisiones de las autoridades competentes por las que se establezcan infracciones de la prohibición deben comunicarse a las autoridades aduaneras, que deben tratar de detectar el producto afectado entre los productos declarados para su despacho a libre práctica o exportación. Las autoridades competentes deben ser responsables de garantizar el cumplimiento global de la prohibición con respecto al mercado interior y también a los productos que entran en el mercado de la Unión o que salen de él. Dado que el trabajo forzoso forma parte del proceso de fabricación y no deja rastro alguno en el producto, y que el Reglamento (UE) 2019/1020 solo abarca los productos fabricados y su ámbito de aplicación se limita al despacho a libre práctica, las autoridades aduaneras no podrían actuar de manera autónoma en virtud del Reglamento (UE) 2019/1020 por lo que se refiere a la aplicación y la garantía de cumplimiento de la prohibición. La organización específica de los controles de cada Estado miembro debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y sus disposiciones generales sobre las competencias de control y supervisión de las autoridades aduaneras. (35)La información que los operadores económicos ponen actualmente a disposición de las autoridades aduaneras incluye únicamente información general sobre los productos, pero no contiene información acerca del fabricante o el productor ni de los proveedores de los productos, ni tampoco información específica sobre dichos productos. Para que las autoridades aduaneras sean capaces de detectar productos que entren en el mercado de la Unión o salgan de él y que puedan infringir el Reglamento, y que, en consecuencia, deban ser interceptados en las fronteras exteriores de la UE, los operadores económicos deben presentar a las autoridades aduaneras información que permita relacionar las decisiones de las autoridades competentes con los productos afectados. Dicha información debe incluir información acerca del fabricante o el productor y de los proveedores del producto, así como cualquier otra información sobre el propio producto. A tal fin, la Comisión debe estar facultada para adoptar actos delegados en los que se definan los productos respecto a los cuales debe facilitarse dicha información utilizando, entre otras cosas, la base de datos creada en virtud del presente Reglamento, así como la información y las decisiones de las autoridades competentes codificadas en el sistema de información y comunicación establecido en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2019/1020 («ICSMS»). Además, la Comisión debe estar facultada para adoptar los actos de ejecución necesarios a efectos de especificar los datos que los operadores económicos deben facilitar a las aduanas. Esta información debe incluir la descripción, el nombre o la marca del producto, los requisitos específicos en virtud de la legislación de la Unión para identificar el producto (como el tipo, la referencia, el modelo, el lote o el número de serie colocado en el producto, o indicado en su envase o en un documento que lo acompañe, o el identificador único del pasaporte digital de productos), así como datos del fabricante o el productor y de los proveedores del producto, incluidos, para cada uno de ellos, su nombre, su nombre comercial o su marca registrada, sus datos de contacto, su número de identificación único en el país en el que estén establecidos y, en su caso, su número del Registro e Identificación de los Operadores Económicos (EORI). Al reexaminar el código aduanero de la Unión se estudiará la posibilidad de introducir en la legislación aduanera la información que los operadores económicos deben poner a disposición de las aduanas para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento y, de manera más general, para reforzar la transparencia de la cadena de suministro. (36)Las autoridades aduaneras que detecten un producto que pueda estar incluido en una decisión comunicada por las autoridades competentes por la que se establezca una infracción de la prohibición deben suspender el despacho de dicho producto y notificarlo inmediatamente a las autoridades competentes. Las autoridades competentes deben llegar a una conclusión sobre el caso que les hayan notificado las autoridades aduaneras en un plazo de tiempo razonable, ya sea confirmando o rechazando que el producto esté incluido en la decisión. En caso necesario, las autoridades competentes deben estar autorizadas para exigir que se mantenga la suspensión de su despacho. A falta de una conclusión por parte de las autoridades competentes en el plazo especificado, las autoridades aduaneras deben despachar los productos si se cumplen todos los demás requisitos y formalidades aplicables. En general, el despacho a libre práctica o la exportación no debe considerarse una prueba del cumplimiento del Derecho de la Unión, dado que dicho despacho no incluye necesariamente un control completo del cumplimiento.

(37)Cuando las autoridades competentes lleguen a la conclusión de que un producto corresponde a una decisión por la que se establece una infracción de la prohibición, deben informar inmediatamente de ello a las autoridades aduaneras, las cuales deben denegar su despacho a libre práctica o su exportación. El producto debe ser destruido, inutilizado o habrá que deshacerse de él de otro modo de conformidad con el Derecho nacional acorde con el Derecho de la Unión, incluida la legislación sobre gestión de residuos, lo que excluye la reexportación en el caso de mercancías no pertenecientes a la Unión. (38)Las condiciones aplicables a los productos durante la suspensión de su despacho a libre práctica o su exportación, incluido su almacenamiento o destrucción y la obligación de deshacerse de ellos en caso de denegación del despacho a libre práctica, deben ser determinadas por las autoridades aduaneras, cuando proceda, con arreglo al Reglamento (UE) n.º 952/2013. En caso de que los productos que entren en el mercado de la Unión requieran una transformación ulterior, deben incluirse en el régimen aduanero adecuado que permita dicha transformación de conformidad con los artículos 220, 254, 256, 257 y 258 del Reglamento (UE) n.º 952/2013. (39)Solo puede lograrse una garantía de cumplimiento uniforme del presente Reglamento en lo que respecta a los productos que entran en el mercado de la Unión o salen de él mediante el intercambio sistemático de información y la cooperación entre las autoridades competentes, las autoridades aduaneras y la Comisión. (40)Las autoridades competentes deben utilizar el ICSMS para la recogida, el tratamiento y el almacenamiento de información, de forma estructurada, sobre cuestiones relacionadas con la garantía de cumplimiento de la prohibición. La Comisión, las autoridades competentes y las autoridades aduaneras deben tener acceso a dicho sistema para desempeñar sus funciones respectivas en virtud del presente Reglamento. (41)A fin de optimizar y aliviar el proceso de control de los productos que entran en el mercado de la Unión o salen de él, es necesario permitir una transferencia automatizada de datos entre el ICSMS y los sistemas aduaneros. Deben distinguirse tres transferencias de datos diferentes en función de la finalidad de cada una. En primer lugar, las decisiones por las que se establezca una infracción de la prohibición deben comunicarse desde el ICSMS al sistema electrónico de gestión de riesgos aduaneros a que se refiere el artículo 36 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, sin perjuicio de cualquier evolución futura del entorno de gestión de riesgos aduaneros, a fin de permitir a las autoridades aduaneras utilizarlas para detectar productos que puedan corresponder a tales decisiones. Las interfaces disponibles del entorno aduanero deben utilizarse para esas primeras transferencias de datos. En segundo lugar, cuando las autoridades aduaneras detecten alguno de esos productos, será necesario un sistema de gestión de casos, entre otras cosas, para transferir la notificación de la suspensión, la conclusión de las autoridades competentes y el resultado de las medidas adoptadas por las aduanas. El entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas debe permitir estas segundas transferencias de datos entre el ICSMS y los sistemas aduaneros nacionales. En tercer lugar, los sistemas aduaneros contienen información sobre productos que entran en el mercado de la Unión y salen de él que sería pertinente para las autoridades competentes en el desempeño de sus funciones, pero a la que no tienen acceso. Por lo tanto, la información pertinente debe extraerse y transmitirse al ICSMS. Las tres interconexiones deben estar muy automatizadas y ser fáciles de utilizar, a fin de limitar cualquier carga adicional para las autoridades aduaneras. La Comisión debe estar facultada para adoptar, en cooperación con las autoridades aduaneras y las autoridades competentes, los actos de ejecución necesarios para determinar las normas de procedimiento, las disposiciones prácticas y los elementos de datos que deben transferirse entre el ICSMS y los sistemas aduaneros, así como cualquier otro requisito complementario. (42)Con objeto de permitir una garantía de cumplimiento eficaz, las decisiones adoptadas por una autoridad competente de un Estado miembro deben ser reconocidas por las autoridades competentes de los demás Estados miembros, que deben garantizar su cumplimiento, en lo que respecta a productos con la misma identificación y procedentes de la misma cadena de suministro que aquellos en los que se haya detectado trabajo forzoso. (43)Cuando sea necesario proceder al tratamiento de datos personales en relación con la prohibición, este debe realizarse de conformidad con el Derecho de la Unión en materia de protección de datos personales. Todo tratamiento de datos personales en el marco de la prohibición debe estar sujeto al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y al Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo. (44)Con objeto de permitir una garantía de cumplimiento eficaz de la prohibición, es necesario crear una red para contribuir a la coordinación y la cooperación estructuradas entre las autoridades competentes de los Estados miembros y, en su caso, los expertos de las autoridades aduaneras, y la Comisión. Esta red también debe procurar la racionalización de las prácticas de las autoridades competentes dentro de la Unión con el objetivo de que sea más fácil para los Estados miembros implementar actividades conjuntas para garantizar el cumplimiento, incluidas investigaciones conjuntas. Esta estructura administrativa de apoyo debe permitir la puesta en común de recursos y debe mantener un sistema de comunicación e información entre los Estados miembros y la Comisión, ayudando así a reforzar la garantía de cumplimiento de la prohibición. (45)Dado que el trabajo forzoso es un problema mundial y habida cuenta de las interrelaciones de las cadenas de valor mundiales, es necesario promover la cooperación internacional contra el trabajo forzoso, lo que también mejoraría la eficiencia a la hora de aplicar y hacer cumplir la prohibición. La Comisión debe cooperar, cuando proceda, con las autoridades de terceros países y las organizaciones internacionales e intercambiar información con ellas para mejorar la ejecución efectiva de la prohibición. La cooperación internacional con las autoridades de países no pertenecientes a la UE debe llevarse a cabo de manera estructurada en el marco de las estructuras de diálogo existentes, por ejemplo los Diálogos sobre Derechos Humanos con terceros países o, en caso necesario, de estructuras específicas que se crearán sobre una base ad hoc. (46)A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. (47)A fin de completar o modificar determinados aspectos no esenciales del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada. (48)A fin de garantizar que se facilita a las autoridades aduaneras toda la información necesaria sobre el producto para actuar de manera eficaz, incluida información que permita identificar el producto en cuestión, información sobre el fabricante o el productor e información sobre los proveedores del producto, con respecto a productos que entran en el mercado de la Unión o salen de él, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE. Las autoridades aduaneras deben poder obtener rápidamente información sobre productos específicos, definidos en las decisiones de las autoridades competentes, con objeto de emprender acciones y medidas de manera eficaz y rápida. En tales casos, los actos delegados deben adoptarse mediante un procedimiento de urgencia. (49)Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la prohibición, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y sus efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. (50)A fin de permitir la rápida aplicación de las medidas establecidas en el presente Reglamento, su entrada en vigor debe tener lugar el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Capítulo I Disposiciones generales Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación 1.El presente Reglamento establece normas por las que se prohíbe a los operadores económicos introducir y comercializar en el mercado de la Unión o exportar desde dicho mercado productos realizados con trabajo forzoso.

2.El presente Reglamento no abordará la retirada de productos que hayan llegado a los usuarios finales del mercado de la Unión. Artículo 2 Definiciones A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: a)«trabajo forzoso» o «trabajo forzado»: trabajo forzoso u obligatorio tal como se define en el artículo 2 del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (n.º 29) de la Organización Internacional del Trabajo, incluido el trabajo forzoso infantil; b)«trabajo forzoso impuesto por las autoridades estatales»: el uso del trabajo forzoso tal como se describe en el artículo 1 del Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (n.º 105) de la Organización Internacional del Trabajo; c)«diligencia debida en relación con el trabajo forzoso»: los esfuerzos realizados por los operadores económicos para implementar requisitos obligatorios, directrices voluntarias, recomendaciones o prácticas con el fin de detectar, prevenir, mitigar o poner fin al uso del trabajo forzoso con respecto a productos que vayan a comercializarse en el mercado de la Unión o que vayan a exportarse; d)«comercialización»: todo suministro, remunerado o gratuito, de un producto para su distribución, consumo o utilización en el mercado de la Unión en el transcurso de una actividad comercial y, en el caso de que el producto se ofrezca a la venta en línea o a través de otros medios de venta a distancia, se entiende que hay comercialización cuando la oferta de venta se dirige a usuarios de la Unión; e)«introducción en el mercado»: la primera comercialización de un producto en el mercado de la Unión; f)«producto»: todo producto que pueda valorarse en dinero y que, como tal, pueda ser objeto de transacciones comerciales, ya sea extraído, cosechado, producido o fabricado, lo que incluye las operaciones de elaboración o de transformación relacionadas con un producto en cualquier fase de su cadena de suministro; g)«producto realizado con trabajo forzoso»: producto para el que se ha utilizado, total o parcialmente, trabajo forzoso en cualquier fase de su extracción, cosecha, producción o fabricación, lo que incluye las operaciones de elaboración o de transformación relacionadas con un producto en cualquier fase de su cadena de suministro; h)«operador económico»: toda persona física o jurídica o toda asociación de personas que introduce o comercializa productos en el mercado de la Unión o que exporta productos; i)«fabricante»: el fabricante del producto con arreglo a la legislación de la Unión aplicable a dicho producto; j)«productor»: el productor de los productos agrícolas a que se refiere el artículo 38, apartado 1, del TFUE o de materias primas; k)«proveedor del producto»: toda persona física o jurídica o toda asociación de personas de la cadena de suministro que extrae, cosecha, produce o fabrica un producto en su totalidad o en parte, o que interviene en las operaciones de elaboración o de transformación relacionadas con un producto en cualquier fase de su cadena de suministro, ya sea como fabricante o en cualquier otra circunstancia; l)«importador»: toda persona física o jurídica o toda asociación de personas establecida en la Unión que introduce un producto de un tercer país en el mercado de la Unión; m)«exportador»: el exportador según se define en el artículo 1, punto 19, del Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión; n)«preocupación fundada»: motivo con fundamento, basado en información objetiva y verificable, por el que las autoridades competentes sospechan que es probable que los productos se hayan realizado con trabajo forzoso; o)«autoridades aduaneras»: autoridades aduaneras según se definen en el artículo 5, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 952/2013; p)«productos que entran en el mercado de la Unión»: productos procedentes de terceros países destinados a ser introducidos en el mercado de la Unión o a un uso o consumo privados dentro del territorio aduanero de la Unión, y que se someten al régimen aduanero de «despacho a libre práctica»;

q)«productos que salen del mercado de la Unión»: productos sometidos al régimen aduanero de «exportación»; r)«despacho a libre práctica»: el procedimiento establecido en el artículo 201 del Reglamento (UE) n.º 952/2013; s)«exportación»: el procedimiento establecido en el artículo 269 del Reglamento (UE) n.º 952/2013; t)«sistema de intercambio de certificados de la ventanilla única aduanera de la UE» o (EU CSW-CERTEX): el sistema creado por el artículo 4 del [Reglamento (UE) XX/20XX por el que se crea el entorno de ventanilla única de la Unión Europea para las aduanas y se modifica el Reglamento (UE) n.º 952/2013, COM(2020) 673 final]; u)«entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas»: los entornos de ventanilla única nacionales para las aduanas tal como se definen en el artículo 2, punto 9, del [Reglamento (UE) XX/20XX del Parlamento Europeo y del Consejo. Artículo 3 Prohibición de productos realizados con trabajo forzoso Los operadores económicos no introducirán ni comercializarán en el mercado de la Unión productos realizados con trabajo forzoso, ni tampoco exportarán dichos productos. Capítulo II Investigaciones y decisiones de las autoridades competentes Artículo 4 Fase preliminar de las investigaciones 1.Las autoridades competentes seguirán un enfoque basado en el riesgo a la hora de evaluar la probabilidad de que los operadores económicos hayan infringido el artículo 3. Dicha evaluación se basará en toda la información pertinente de que dispongan, incluida la siguiente información: a)información presentada por personas físicas o jurídicas o por cualquier asociación que carezca de personalidad jurídica, con arreglo al artículo 10; b)los indicadores de riesgo y otras informaciones, con arreglo al artículo 23, letras b) y c); c)la base de datos a que se refiere el artículo 11; d)la información y las decisiones codificadas en el sistema de información y comunicación a que se refiere el artículo 22, apartado 1, en particular cualquier caso anterior de cumplimiento o incumplimiento del artículo 3 por parte de un operador económico; e)la información solicitada por la autoridad competente a otras autoridades pertinentes, cuando proceda, sobre si los operadores económicos sometidos a evaluación están sujetos a la diligencia debida en relación con el trabajo forzoso y la llevan a cabo, de conformidad con la legislación aplicable de la Unión o de los Estados miembros por la que se establecen requisitos en materia de diligencia debida y de transparencia con respecto al trabajo forzoso. 2.En su evaluación acerca de la probabilidad de que los operadores económicos hayan infringido el artículo 3, las autoridades competentes deberán centrarse en los operadores económicos que participen en las fases de la cadena de valor más cercanas a donde es probable que se produzca el riesgo de trabajo forzoso, y tendrán en cuenta el tamaño y los recursos económicos de los operadores económicos, la cantidad de productos afectados y la magnitud del presunto trabajo forzoso.

3.Antes de iniciar una investigación de conformidad con el artículo 5, apartado 1, la autoridad competente solicitará a los operadores económicos sometidos a evaluación información sobre las medidas adoptadas para detectar, prevenir, mitigar o poner fin al riesgo de que exista trabajo forzoso en sus operaciones y cadenas de valor con respecto a los productos sometidos a evaluación, basándose, entre otros, en cualquiera de los siguientes elementos: a)la legislación aplicable de la Unión o de los Estados miembros por la que se establecen requisitos en materia de diligencia debida y de transparencia con respecto al trabajo forzoso; b)las directrices publicadas por la Comisión con arreglo al artículo 23, letra a); c)las directrices o las recomendaciones en materia de diligencia debida de las Naciones Unidas, la OIT, la OCDE u otras organizaciones internacionales pertinentes; d)cualquier otra diligencia debida en relación con el trabajo forzoso. 4.Los operadores económicos responderán a la solicitud de la autoridad competente a que se refiere el apartado 3 en un plazo de quince días hábiles a partir de la fecha en que hayan recibido dicha solicitud. Los operadores económicos podrán facilitar a las autoridades competentes cualquier otra información que consideren útil a efectos del presente artículo. 5.En el plazo de treinta días hábiles a partir de la fecha de recepción de la información presentada por los operadores económicos con arreglo al apartado 4, las autoridades competentes deberán concluir la fase preliminar de su investigación y determinar si, sobre la base de la evaluación a que se refiere el apartado 1 y de la información presentada por los operadores económicos con arreglo al apartado 4, existe una preocupación fundada de infracción del artículo 3. 6.Cuando un operador económico demuestre que lleva a cabo la diligencia debida basándose en el impacto que tiene el trabajo forzoso detectado en su cadena de suministro y que adopta y aplica medidas adecuadas y eficaces para poner fin al trabajo forzoso en un breve período de tiempo, la autoridad competente lo tendrá debidamente en cuenta. 7.Las autoridades competentes no iniciarán una investigación con arreglo al artículo 5, y así se lo harán saber a los operadores económicos sometidos a evaluación, cuando, sobre la base de la evaluación a que se refiere el apartado 1 y de la información presentada por los operadores económicos con arreglo al apartado 4, dichas autoridades competentes consideren que no existe una preocupación fundada de infracción del artículo 3, como en el caso de que, por ejemplo, la legislación aplicable, las directrices, las recomendaciones o cualquier otra diligencia debida en relación con el trabajo forzoso a que se refiere el apartado 3 se aplique de manera que mitigue, prevenga y ponga fin al riesgo de que exista trabajo forzoso. Artículo 5 Investigaciones 1.Las autoridades competentes que, con arreglo al artículo 4, apartado 5, determinen que existe una preocupación fundada de infracción del artículo 3, tomarán la decisión de iniciar una investigación sobre los productos y los operadores económicos afectados. 2.Las autoridades competentes que inicien una investigación con arreglo al apartado 1 informarán a los operadores económicos objeto de la investigación, en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha de la decisión de iniciar dicha investigación, de lo siguiente: a)el inicio de la investigación y sus posibles consecuencias; b)los productos objeto de la investigación; c)las razones por las que se inicia la investigación, a menos que ello ponga en peligro el resultado de esta; d)la posibilidad que tienen los operadores económicos de presentar cualquier otro documento o información a la autoridad competente, y la fecha límite en que ha de presentarse dicha información. 3.Cuando así lo soliciten las autoridades competentes, los operadores económicos sometidos a investigación presentarán a dichas autoridades cualquier información que sea pertinente y necesaria para la investigación, en particular información que permita identificar los productos sometidos a investigación, al fabricante o el productor de esos productos y a los proveedores de estos. Al solicitar esa información, las autoridades competentes deberán, en la medida de lo posible: a)dar prioridad a los operadores económicos sometidos a investigación que participen en las fases de la cadena de valor más cercanas a donde existe un riesgo probable de trabajo forzoso, y b)tener en cuenta el tamaño y los recursos económicos de los operadores económicos, la cantidad de productos afectados y la magnitud del presunto trabajo forzoso.

4.Los operadores económicos presentarán la información en un plazo de quince días hábiles a partir de la solicitud a que se refiere el apartado 3 o presentarán una solicitud justificada de prórroga de dicho plazo. 5.A la hora de decidir los plazos a que los que se hace referencia en el presente artículo, las autoridades competentes tendrán en cuenta el tamaño y los recursos económicos de los operadores económicos afectados. 6.Las autoridades competentes podrán llevar a cabo todos los controles e inspecciones necesarios, incluidas investigaciones en terceros países, siempre que los operadores económicos afectados den su consentimiento y que el gobierno del Estado miembro o del tercer país en el que vayan a tener lugar las inspecciones haya sido notificado oficialmente y no formule objeciones. Artículo 6 Decisiones de las autoridades competentes 1.Las autoridades competentes evaluarán toda la información y las pruebas reunidas con arreglo a los artículos 4 y 5 y, sobre esa base, determinarán si se ha infringido el artículo 3, en un plazo razonable a partir de la fecha en que iniciaron la investigación con arreglo al artículo 5, apartado 1. 2.No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades competentes podrán determinar que se ha infringido el artículo 3 sobre la base de cualquier otro dato disponible cuando no haya sido posible reunir información y pruebas con arreglo al artículo 5, apartados 3 o 6. 3.Si las autoridades competentes no pueden determinar que se ha infringido el artículo 3, tomarán la decisión de cerrar la investigación e informarán de ello al operador económico. 4.Si las autoridades competentes determinan que se ha infringido el artículo 3, adoptarán sin demora una decisión que contenga: a)la prohibición de introducir o comercializar los productos afectados en el mercado de la Unión y de exportarlos; b)una orden para que los operadores económicos que hayan sido objeto de la investigación retiren del mercado de la Unión los productos en cuestión que ya se hayan introducido en el mercado o comercializado; c)una orden para que los operadores económicos que hayan sido objeto de la investigación se deshagan de los productos en cuestión de conformidad con el Derecho nacional acorde con el Derecho de la Unión. 5.Si un operador económico incumple la decisión a que se refiere el apartado 4, las autoridades competentes garantizarán todo lo siguiente: a)que se prohíba introducir en el mercado o comercializar los productos afectados; b)que se retiren del mercado de la Unión los productos ya introducidos en el mercado o comercializados; c)que el operador económico afectado se deshaga, a su costa, de cualquier producto que permanezca en su poder de conformidad con el Derecho nacional acorde con el Derecho de la Unión. 6.Si los operadores económicos aportan pruebas a las autoridades competentes de que han cumplido la decisión a que se refiere el apartado 4 y de que han eliminado el trabajo forzoso de sus operaciones o de su cadena de suministro con respecto a los productos afectados, las autoridades competentes revocarán su decisión para el futuro e informarán de ello a los operadores económicos. Artículo 7 Contenido de la decisión 1.La decisión a que se refiere el artículo 6, apartado 4, contendrá todo lo siguiente:

a)las conclusiones de la investigación y la información en que se basan; b)un plazo razonable para que los operadores económicos cumplan la orden, que no será inferior a treinta días hábiles ni superior al tiempo necesario para retirar los productos en cuestión; al fijar dicho plazo, la autoridad competente tendrá en cuenta el tamaño y los recursos económicos del operador económico; c)cualquier información pertinente y, en particular, los datos que permitan identificar el producto al que se aplica la decisión, incluidos los datos del fabricante o el productor y de los proveedores del producto; d)cuando esté disponible y proceda, la información requerida conforme a la legislación aduanera según se define en el artículo 5, punto 2, del Reglamento (UE) n.º 952/2013. 2.La Comisión adoptará actos de ejecución que especifiquen más concretamente los datos que deben contener las decisiones, entre los que se incluirán, como mínimo, los datos que deberán ponerse a disposición de las autoridades aduaneras de conformidad con el artículo 16, apartado 3. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen con arreglo al artículo 29. Artículo 8 Revisión de las decisiones 1.Las autoridades competentes ofrecerán a los operadores económicos afectados por una decisión adoptada con arreglo al artículo 6, apartado 4, la posibilidad de solicitar una revisión de dicha decisión en el plazo de quince días hábiles a partir de la fecha de recepción de esta. Cuando se trate de mercancías perecederas, de animales o de plantas, dicho plazo será de cinco días hábiles. La solicitud de revisión contendrá información que demuestre que los productos se introducen en el mercado o se comercializan o que van a exportarse cumpliendo lo dispuesto en el artículo 3. 2.Toda solicitud de revisión de una decisión adoptada con arreglo al artículo 6, apartado 4, deberá contener nueva información que no se hubiera puesto en conocimiento de la autoridad competente durante la investigación. La solicitud de revisión retrasará la obligación de hacer cumplir la decisión adoptada con arreglo al artículo 6, apartado 4, hasta que la autoridad competente tome una decisión al respecto. 3.La autoridad competente tomará una decisión sobre la solicitud de revisión en un plazo de quince días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud. Cuando se trate de mercancías perecederas, de animales o de plantas, dicho plazo será de cinco días hábiles. 4.Si una autoridad competente considera que, tras tener en cuenta la nueva información facilitada por el operador económico de conformidad con el apartado 1, no puede determinar que los productos se han introducido en el mercado, se han comercializado o se están exportando infringiendo lo dispuesto en el artículo 3, revocará la decisión adoptada con arreglo al artículo 6, apartado 4. 5.Los operadores económicos afectados por una decisión de una autoridad competente con arreglo al presente Reglamento tendrán acceso a un órgano jurisdiccional a fin de controlar la legalidad procesal y sustantiva de la decisión. 6.El apartado 5 se entenderá sin perjuicio de cualquier disposición del Derecho nacional que exija que se agoten los procedimientos administrativos de revisión antes de recurrir a la vía judicial. 7.Las decisiones adoptadas por las autoridades competentes con arreglo al artículo 6 y al presente artículo se entenderán sin perjuicio de las decisiones de carácter judicial adoptadas por los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros con respecto a los mismos operadores económicos o los mismos productos. Artículo 9 Obligaciones de información de las autoridades competentes 1.La autoridad competente informará sin demora a la Comisión y a las autoridades competentes de los demás Estados miembros por medio del sistema de información y comunicación a que se refiere el artículo 22, apartado 1, acerca de lo siguiente: a)de toda decisión de no iniciar una investigación tras la fase preliminar de investigación, a que se refiere el artículo 4, apartado 7; b)de toda decisión de iniciar una investigación, a que se refiere el artículo 5, apartado 1; c)de toda decisión de prohibir la introducción en el mercado y la comercialización de los productos y su exportación, y por la que se dé la orden de retirar los productos ya introducidos en el mercado o comercializados y de deshacerse de ellos, a que se refiere el artículo 6, apartado 4;

d)de toda decisión de cerrar la investigación, a que se refiere el artículo 6, apartado 3; e)de toda revocación de la decisión, a que se refiere el artículo 6, apartado 6; f)de toda solicitud de revisión presentada por un operador económico, a que se refiere el artículo 8, apartado 1; g)de todo resultado de la revisión, a que se refiere el artículo 8, apartado 4. 2.La Comisión publicará las decisiones y las revocaciones a que se refiere el apartado 1, letras c), d), e) y g), en un sitio web específico. Artículo 10 Presentación de información relativa a infracciones del artículo 3 1.La información presentada por cualquier persona física o jurídica o por cualquier asociación que carezca de personalidad jurídica a las autoridades competentes sobre presuntas infracciones del artículo 3 contendrá información sobre los operadores económicos o los productos afectados y expondrá los motivos en los que se basa la alegación. 2.La autoridad competente informará lo antes posible a la persona o la asociación a que se refiere el apartado 1 del resultado de la evaluación de la información presentada. 3.La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo se aplicará a la información sobre cualquier infracción del presente Reglamento y a la protección de las personas que informen sobre tales infracciones. Artículo 11 Base de datos de zonas o productos que presenten riesgo de trabajo forzoso 1.La Comisión solicitará asesoramiento externo para proveer una base de datos indicativa, no exhaustiva, verificable y que se actualice periódicamente del riesgo de que exista trabajo forzoso en zonas geográficas específicas o con respecto a productos específicos, también en relación con el trabajo forzoso impuesto por las autoridades estatales. La base de datos se basará en las directrices a que se refiere el artículo 23, letras a), b) y c), y en fuentes de información pertinentes de procedencia externa como, por ejemplo, organizaciones internacionales y autoridades de terceros países. 2.La Comisión velará por que los asesores externos pongan a disposición del público la base de datos a más tardar veinticuatro meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento. 3.A los operadores económicos que introduzcan o comercialicen en el mercado de la Unión, o que exporten, productos no mencionados en la base de datos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, o productos procedentes de zonas no mencionadas en dicha base de datos, también se les exigirá que cumplan lo dispuesto en el artículo 3. Artículo 12 Autoridades competentes 1.Los Estados miembros designarán una o varias autoridades competentes responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento. Las autoridades competentes designadas por los Estados miembros serán responsables de garantizar la puesta en ejecución eficaz y uniforme del presente Reglamento en toda la Unión. 2.Cuando los Estados miembros hayan designado más de una autoridad competente, delimitarán claramente sus funciones respectivas y establecerán mecanismos de comunicación y coordinación que permitan a dichas autoridades colaborar estrechamente y ejercer sus funciones de manera eficaz. 3.A más tardar tres meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, los Estados miembros facilitarán a la Comisión y a los demás Estados miembros, a través del sistema de información y comunicación a que se refiere el artículo 22, apartado 1, la siguiente información:

a)los nombres, direcciones y datos de contacto de la autoridad o autoridades competentes designadas; b)los ámbitos de competencia de la autoridad o autoridades competentes designadas. Los Estados miembros actualizarán periódicamente la información definida en las letras a) y b) del párrafo primero del presente apartado. 4.La Comisión publicará en su sitio web la lista de las autoridades competentes designadas y la actualizará periódicamente, sobre la base de las actualizaciones que reciba de los Estados miembros. 5.Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes designadas ejerzan sus facultades de manera imparcial, transparente y con el debido respeto de las obligaciones de secreto profesional. Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes dispongan de las facultades y los recursos necesarios para llevar a cabo las investigaciones, en particular de suficientes recursos presupuestarios o de otro tipo, y que se coordinen estrechamente con las inspecciones de trabajo nacionales y las autoridades judiciales y policiales, incluidas las responsables de la lucha contra la trata de seres humanos. 6.Los Estados miembros conferirán a sus autoridades competentes la facultad de imponer sanciones de conformidad con el artículo 30. Artículo 13 Cooperación administrativa y comunicación entre autoridades competentes 1.La Comisión garantizará una cooperación eficaz entre las autoridades competentes de los Estados miembros facilitando y coordinando el intercambio y la recogida de información y mejores prácticas en relación con la aplicación del presente Reglamento. 2.Las autoridades competentes participarán activamente en la Red a que se refiere el artículo 24. Artículo 14 Reconocimiento de las decisiones 1.Las decisiones adoptadas por la autoridad competente de un Estado miembro serán reconocidas por las autoridades competentes de los demás Estados miembros, que garantizarán su cumplimiento, en la medida en que se refieran a productos con la misma identificación y procedentes de la misma cadena de suministro que aquellos en los que se haya detectado trabajo forzoso. 2.Una autoridad competente que haya recibido, a través del sistema de información y comunicación a que se refiere el artículo 22, apartado 1, una solicitud de información de una autoridad competente de otro Estado miembro para verificar cualquier prueba aportada por un operador económico facilitará dicha información en el plazo de quince días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud. 3.Cuando dos o más autoridades competentes inicien investigaciones relativas a los mismos productos o a los mismos operadores económicos, la autoridad principal será aquella que haya informado en primer lugar a la Comisión y a las autoridades competentes de los demás Estados miembros de la decisión de iniciar una investigación de conformidad con el artículo 9, apartado 1, letra b). 4.Antes de iniciar una investigación de conformidad con el artículo 5, la autoridad competente verificará en el sistema de información y comunicación a que se refiere el artículo 22, apartado 1, si existe una autoridad principal con arreglo al apartado 3 que esté investigando el mismo producto y al mismo operador económico. 5.Cuando exista una autoridad principal con arreglo al apartado 3, las autoridades competentes compartirán todas las pruebas y la información en su poder con dicha autoridad principal para facilitar la investigación y no iniciarán una investigación aparte. 6.La autoridad principal llevará a cabo la investigación y adoptará una decisión de conformidad con el artículo 6 sobre la base de la evaluación de todas las pruebas que se le presenten. Capítulo III Productos que entran en el mercado de la Unión o que salen de él

Artículo 15 Controles 1.Los productos que entren en el mercado de la Unión o que salgan de él estarán sujetos a los controles y las medidas es