Europa está realizando progresos en la puesta en práctica del pilar europeo de derechos sociales. Según el cuadro de indicadores sociales que acompaña al pilar, el mercado laboral y las tendencias sociales en la UE siguen siendo positivos en 9 de los 14 indicadores principales. Los otros 5 se mantuvieron estables o registraron, de media, una ligera evolución negativa en comparación con el año anterior (abandono prematuro de la educación o la formación, brecha de género en el empleo, impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza, ratio de distribución de la renta por quintiles y necesidades de cuidados médicos no satisfechas declaradas). Se observó, en diferente medida, una convergencia entre los Estados miembros en más de la mitad de los indicadores principales. Todos los Estados miembros, excepto los Países Bajos, tienen al menos uno de los indicadores significativamente por debajo de la media (o con una importante tendencia negativa).

no tienen baño ni ducha en su vivienda

El trabajo en plataformas digitales es una forma de empleo emergente en los mercados laborales europeos. El análisis del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, basado en la encuesta COLLEEM II y que abarca a más de la mitad de los Estados miembros, indica que el 1,4 % de los trabajadores de esos países prestaron servicios laborales a través de plataformas como trabajo principal en 2018. Se estima que un tercio del trabajo en plataformas digitales de la UE es transfronterizo. Las condiciones laborales de los trabajadores de las plataformas varían considerablemente, dependiendo, por ejemplo, de su condición jurídica (empleado o trabajador autónomo), el tipo de tareas que realizan y el modelo de negocio de su empresa matriz. El auge del trabajo en plataformas digitales abre nuevas oportunidades de empleo y permite que se desarrollen modelos de negocio innovadores, pero también pone en entredicho las prácticas y los marcos jurídicos del mercado laboral (por ejemplo, en lo que se refiere a la protección de las condiciones laborales, el acceso a la negociación colectiva y a los sistemas de protección social), que a menudo no están totalmente adaptados a las nuevas tendencias. Además, plantea nuevas cuestiones en torno al uso de datos personales y de la gestión algorítmica.

Los contratos temporales a menudo no son un «trampolín»

La educación, la formación y las capacidades influyen considerablemente en las perspectivas de empleo de las personas. La tasa de empleo media en la UE es del 56,1 % para las personas que no han completado el segundo ciclo de enseñanza secundaria, del 73,4 % para las personas con un nivel medio de cualificaciones y del 84,5 % para las personas con estudios superiores. Adaptarse a las transformaciones de la economía y del mercado laboral, así como a la transición medioambiental, exige una mejora de las capacidades y un reciclaje profesional continuos. A pesar del reconocimiento cada vez mayor del problema y de una serie de iniciativas que se están llevando a cabo en los Estados miembros, la participación de los adultos en actividades de aprendizaje ha aumentado solo de forma limitada en la última década, y solo unos pocos Estados miembros han logrado una mejora más significativa. Sigue siendo especialmente baja (por debajo del 5 %) en el caso de los adultos poco cualificados.

9,2 p.p. impacto de la parentalidad en el empleo (tasas de empleo más bajas para las mujeres con hijos pequeños que para las que no tienen hijos)

El número de personas que se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social siguió disminuyendo por sexto año consecutivo en 2018. Solo en ese año, alrededor de 2,7 millones de personas menos que en el año anterior se encontraron en riesgo de pobreza o exclusión social. En particular, la privación material grave siguió disminuyendo considerablemente, al igual que, en menor medida, el porcentaje de personas que viven en hogares con una intensidad laboral muy baja, debido a los buenos resultados del mercado laboral. Sin embargo, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza (un indicador de pobreza relativa) permaneció globalmente estable respecto a 2017. Si la tendencia general continúa al ritmo actual, la UE podría registrar en 2020 un descenso de unos 13 millones en el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social desde 2008 (frente al objetivo de 20 millones de Europa 2020). Algunos grupos, en particular los niños y las personas con discapacidad, se enfrentan a un riesgo considerablemente mayor de pobreza o exclusión social.

El indicador compuesto incluye todos los sectores (véase Labour Market and Wage Developments in Europe 2019).

El fortalecimiento de la economía social de mercado es indisociable de la mejora de la calidad del diálogo social. En las orientaciones para el empleo se reconoce la participación de los interlocutores sociales en la concepción y la aplicación de las políticas y las reformas de empleo y sociales. En general, la calidad de la participación a nivel nacional y regional se ha mantenido estable en la mayoría de los Estados miembros, aunque siguen existiendo diferencias entre países. Además, aunque la participación general de los interlocutores sociales en el Semestre Europeo ha avanzado lentamente, hay margen para un mayor desarrollo. En particular, esto requeriría en algunos Estados miembros intercambios más previsibles y significativos en torno a la preparación de los programas nacionales de reforma, incluidos los plazos asignados.

de la población declara tener necesidades de cuidados médicos no satisfechas

Los cambios demográficos hacen claramente necesaria la adaptación de los sistemas actuales de pensiones, de asistencia sanitaria y de cuidados de larga duración. La población en edad de trabajar ya está disminuyendo por término medio en la UE y se prevé que lo siga haciendo. En 11 Estados miembros descenderá más del 3 % en los próximos 5 años. Al mismo tiempo, se prevé un fuerte aumento de la tasa de dependencia de la tercera edad, lo que incita a los Estados miembros a tomar medidas para modernizar sus sistemas de pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración, a fin de preservar su adecuación y sostenibilidad, garantizando al mismo tiempo el acceso a unos servicios de calidad. A pesar de que la capacidad de sustitución de los ingresos y de prevención de la pobreza de las pensiones varía considerablemente entre los distintos Estados miembros, garantizar la adecuación de las pensiones está adquiriendo importancia en el debate político. Al mismo tiempo, es especialmente difícil promover el acceso a los sistemas de cuidados de larga duración y la sostenibilidad de estos, ya que en la actualidad muchos Estados miembros dependen en gran medida de los cuidados no profesionales. En consecuencia, algunos de ellos han iniciado reformas destinadas a aumentar la reserva de cuidadores y mejorar la situación de los cuidadores no profesionales (la mayoría de los cuales son mujeres).

los trabajadores autónomos no tienen acceso a la protección por desempleo

Se están modernizando los sistemas de protección social, y varios Estados miembros están ampliando su cobertura y mejorando su adecuación. Existen, sin embargo, algunas dificultades a las que se enfrentan varios grupos (en particular los trabajadores autónomos y los no convencionales), que sufren una mayor incertidumbre económica y tienen un acceso limitado a la protección social. De media, el impacto de las transferencias sociales (sin contar las pensiones) en la reducción de la pobreza se redujo en 2018. Además, el riesgo y el nivel de pobreza de las personas que viven en hogares en los que (casi) todos sus miembros están desempleados ha seguido aumentando. Por término medio, solo alrededor de un tercio de los desempleados de corta duración están cubiertos por prestaciones de desempleo. Aunque en la actualidad existen sistemas de renta mínima en todos los Estados miembros, su adecuación sigue variando considerablemente.

La mayoría de los puestos de trabajo adicionales creados en 2018 son indefinidos y a tiempo completo, pero el porcentaje de trabajadores temporales sigue siendo considerable. De los 2,7 millones de empleados adicionales (15-64) registrados en 2018, casi todos tuvieron contratos indefinidos; el número de empleados temporales aumentó solo en 55 000 en el mismo período (frente a 0,8 millones el año anterior). No obstante, el aumento de los contratos indefinidos no fue suficiente para reducir el porcentaje de empleados temporales en el total de empleados, que disminuyó solo en 0,1 puntos porcentuales, hasta el 14,2 %, en 2018. El número de trabajadores autónomos (15-64) se redujo en 160 000, continuando la lenta disminución registrada en años anteriores, por lo que representan el 13,5 % del total de trabajadores (frente al 13,7 % en 2017 y al 14,4 % en 2013). Por último, la mayoría de los puestos de trabajo adicionales (+ 2,4 millones) eran a tiempo completo, mientras que el número de trabajadores a tiempo parcial se mantuvo prácticamente constante. En consecuencia, el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial (de 15 a 64 años) disminuyó ligeramente por tercer año consecutivo (0,2 puntos porcentuales, hasta situarse en el 19,2 % en 2018), aunque se mantuvo casi 2 puntos porcentuales por encima del nivel de 2008. En el lado positivo, el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial involuntario del total de trabajadores a tiempo parcial ha seguido disminuyendo (pasando de un máximo del 29,6 % en 2014 al 24,6 % en 2018), aunque sigue siendo considerable.

Las personas altamente cualificadas constituyen una proporción cada vez mayor de la mano de obra. Esto forma parte de una tendencia a largo plazo, ya que el empleo que depende de tareas altamente cualificadas está aumentando, al tiempo que la mano de obra de los Estados miembros está cada vez más cualificada, lo que refleja la demanda y la oferta crecientes de trabajadores altamente cualificados en la economía. El número de personas empleadas (grupo de edad 25-64) con educación superior aumentó un 3,1 % en 2018, lo que dio lugar a una tasa de empleo del 85,8 % dentro de este grupo. Solo se registró un ligero aumento del 0,2 % entre los trabajadores con cualificaciones medias (es decir, los que han completado el segundo ciclo de enseñanza secundaria), que alcanzaron una tasa de empleo del 76,4 %. Por el contrario, el número de trabajadores con cualificación baja (esto es, con educación secundaria de primer ciclo o inferior) siguió disminuyendo, un 0,8 % (tras un 0,3 % en 2017). Sin embargo, dado que la población total de trabajadores con baja cualificación de entre 25 y 64 se está reduciendo (solo en 2018 sufrió una disminución de 1,7 millones, o un 2,7 %) como parte de una tendencia que refleja el envejecimiento de la población y el nivel educativo más alto de las generaciones más jóvenes, la tasa de empleo de este grupo aumentó en realidad, pasando del 55,6 % en 2016 al 56,8 % en 2018. La brecha entre las tasas de empleo de los trabajadores con cualificaciones bajas y altas sigue disminuyendo (partiendo de un máximo de 31,4 puntos porcentuales en 2013), pero se sitúa en 29 puntos porcentuales, un nivel muy elevado que indica la necesidad de actuar para aumentar la empleabilidad de las personas con bajos niveles educativos, en particular mediante el aumento de la capacitación y el reciclaje profesional.

El empleo sigue aumentando algo más rápido en el caso de las mujeres que en el de los hombres, pero la brecha de género en el empleo sigue siendo grande. En 2018, el crecimiento del empleo fue 0,2 puntos porcentuales más rápido para las mujeres que para los hombres (mismo valor que en 2017). Sin embargo, esta pequeña diferencia no ha sido suficiente para reducir la brecha de género en el empleo (es decir, la diferencia en las tasas de empleo por sexo), que se mantuvo estable en 11,5 puntos porcentuales. Tras un importante descenso durante la crisis (ascendía a 15 puntos porcentuales en 2008) que reflejaba un mayor impacto de la recesión en el empleo masculino, este indicador se ha mantenido prácticamente sin cambios desde 2014. Esta brecha es especialmente elevada para las mujeres de entre 30 y 34 años, de 14,5 puntos porcentuales (relacionada principalmente con la procreación), para las mujeres de entre 55 y 64 años, de 13,7 puntos porcentuales, y para las mujeres con baja cualificación, de 21,1 puntos porcentuales (frente a los 10,9 y los 6,8 puntos porcentuales para las mujeres con cualificación media y alta, respectivamente).

Los trabajadores de más edad siguen siendo el principal motor del crecimiento del empleo. Como en años anteriores, en 2018 los trabajadores de más edad (de 55 a 64 años) experimentaron el mayor aumento en el empleo en comparación con otros grupos de edad (gráfico 3): el número de personas empleadas de este grupo aumentó un 4,1 % en 2018 (un índice de crecimiento similar al de 2017, cuando alcanzó el 4,3 %). La tasa de empleo de los trabajadores de más edad aumentó en consecuencia 1,6 puntos porcentuales hasta situarse en el 58,7 % en 2018, el nivel más alto alcanzado (más de 13 puntos porcentuales por encima de 2008). El empleo también creció entre otros grupos de edad, aunque a un ritmo más lento. En particular, el número de jóvenes (de 15 a 24 años) ocupados aumentó a un ritmo comparable al de 2017 (un 1,5 % frente a un 1,6 %), lo que dio lugar a un aumento de la tasa de empleo juvenil de 0,8 puntos porcentuales, hasta el 35,4 % (sin embargo, este porcentaje sigue estando 1,9 puntos porcentuales por debajo del nivel de 2008). El empleo de los adultos en edad de máximo rendimiento (25-54) aumentó un 0,4 %, lo que dio como resultado una tasa de empleo del 80,4 % en 2018.

El desempleo de larga duración y el juvenil también siguen disminuyendo. La mejora continua de las condiciones del mercado laboral se tradujo en una reducción del número de desempleados de larga duración (es decir, las personas desempleadas durante más de un año). El número de personas en esta situación ascendió a 6,2 millones en el segundo trimestre de 2019, es decir, 1,1 millones (o el 15 %) menos que en el mismo trimestre de 2018. El desempleo de larga duración se sitúa en el 2,5 % de la población activa, por lo que ha alcanzado el nivel mínimo anterior a la crisis, del tercer trimestre de 2008 (mientras que en la zona del euro todavía está por encima, en el 3,3 % frente al 2,8 %). También se observa una notable mejora en la situación de los jóvenes demandantes de empleo. La tasa de desempleo juvenil experimentó una bajada de 1 punto porcentual en la UE, hasta situarse en el 14,4 % en el tercer trimestre de 2019, y de 0,9 puntos en la zona del euro, hasta situarse en el 15,8 % (no obstante, en España, Italia y Grecia aún se registran tasas superiores al 30 %). En total, 3,2 millones de personas de entre 15 y 24 años están desempleadas en la UE, y esta cifra se eleva a 5,5 millones cuando se tienen en cuenta los que ni estudian ni trabajan (ninis). Sin embargo, la tasa de ninis mejoró en el último año, pasando en el primer trimestre de 2019 del 10,6 % al 10,2 % en la UE, y del 10,8 % al 10,3 % en la zona del euro. Estos índices son los más bajos registrados hasta la fecha.

El porcentaje de la renta obtenido por el 40 % de la población con las rentas más bajas (S40) se mantuvo estable tras un aumento en 2017. En muchos países, este grupo, que se compone de trabajadores con ingresos bajos y de los beneficiarios de prestaciones sociales, ha visto empeorar o estancarse su porcentaje de la renta, incluso antes de la crisis económica. No obstante, se requerirán nuevas mejoras en el S40 para invertir las tendencias anteriores de la última década.

La renta familiar agregada sigue creciendo. La renta bruta disponible de los hogares (RBDH) aumentó por quinto año consecutivo en 2018. El aumento anual estuvo en consonancia con las mejora general del PIB real per cápita (que aumentó en torno al 1,8 %), lo que indica que el reciente crecimiento está beneficiando a los hogares.

Las tendencias en el grado de pobreza indican que en algunos países el crecimiento económico no beneficia a todos. El diferencial relativo mediano de pobreza de ingresos, que mide a qué distancia del umbral de pobreza se encuentran las personas en riesgo de pobreza (es decir, cuán de pobres son los pobres), aumentó medio punto hasta situarse en el 24,6 % en 2018. Esto refleja las distintas tendencias entre los Estados miembros, que en conjunto indican que las repercusiones positivas del crecimiento económico no siempre llegan a las personas más pobres.

Se aconseja realizar una lectura cuidadosa y no mecánica del cuadro. Para ello, se facilita en el capítulo 3 un análisis detallado de los catorce indicadores, incluidas las tendencias a largo plazo y los indicadores adicionales, según proceda. Además, los próximos informes de país aportarán un análisis en profundidad de todas las «situaciones críticas» y el trasfondo socioeconómico adicional con el que calificar mejor los retos específicos de cada país en el contexto del Semestre Europeo. Junto con un análisis adicional que se incluirá en el indicador de resultados en materia de empleo y en el indicador de rendimiento de la protección social, esto facilitará una base analítica para las posteriores propuestas de la Comisión de Recomendaciones específicas por país, cuando proceda.

Los indicadores principales se analizan utilizando una metodología común que ha sido acordada por el Comité de Empleo y el Comité de Protección Social (véanse los detalles en el anexo 3). Dicha metodología evalúa la situación y los progresos de los Estados miembros analizando los niveles y las variaciones anuales de cada uno de los indicadores principales incluidos en el cuadro de indicadores sociales. Los niveles y las variaciones se clasifican según su distancia a las correspondientes medias (no ponderadas) de la UE. Los resultados de los Estados miembros con respecto a los niveles y las variaciones se combinan a continuación (utilizando una matriz predefinida) de forma que cada Estado miembro se asigna a una de las siete categorías («países con los mejores resultados», «mejores que la media», «buenos pero requieren vigilancia», «en la media / neutro», «débiles pero en mejoría», «en observación» y «situaciones críticas»). Partiendo de esta base, en el cuadro 1 se ofrece un resumen de los valores del cuadro de indicadores según las últimas cifras disponibles para cada indicador.

§Necesidades de cuidados médicos no satisfechas declaradas

§Renta bruta disponible de los hogares en términos reales, per cápita

El cuadro de indicadores sociales es una herramienta fundamental para realizar el seguimiento de los ámbitos social y del empleo, y la convergencia hacia unas mejores condiciones de vida y de trabajo. En particular, contribuye a la supervisión de la situación de los Estados miembros en las dimensiones mensurables del pilar, complementando las herramientas de seguimiento existentes, en particular el indicador de resultados en materia de empleo y el indicador de rendimiento de la protección social. Incluye catorce indicadores principales que evalúan las tendencias sociales y en materia de empleo de forma general:

Por lo que se refiere a la asistencia pública y la protección e inclusión social, la situación ha mejorado el último año en lo relativo a la disponibilidad de servicios de guardería y capacidades digitales. Sin embargo, ha empeorado ligeramente en cuanto al impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza y a las necesidades de cuidados médicos no satisfechas declaradas. Si el análisis se realiza por indicador:

·el crecimiento de la RBDH per cápita se considera una «situación crítica» en Grecia, Chipre, e Italia, en comparación con Bulgaria, Polonia y Rumanía, los «países con los mejores resultados»;

·Italia obtiene resultados críticos en la tasa de desempleo de larga duración (no se han detectado «países con los mejores resultados» mediante esta metodología, aunque 15 países son «mejores que la media»);

Por lo que se refiere a los mercados de trabajo dinámicos y condiciones de trabajo justas en la UE, por término medio, la situación ha mejorado este último año en todos los indicadores, en particular en cuanto a las tasas de empleo y de desempleo (tanto general como a largo plazo), la renta bruta disponible de los hogares (RBDH) per cápita y los ingresos netos de un trabajador a tiempo completo soltero y sin hijos con un salario medio. Si el análisis se realiza por indicador:

Como en años anteriores, la situación de los Estados miembros y la gravedad de sus dificultades varían mucho. Grecia, Italia, Rumanía y España presentan evaluaciones «críticas», «en observación» o «débiles pero en mejoría» en diez indicadores o más (véase el cuadro 1). De estos países, Italia presenta el mayor número de «situaciones críticas» (8), seguida de Rumanía (7), Grecia (4) y España (2). Sin embargo, Grecia, Rumanía y España también cuentan con algunas evaluaciones positivas cada una: Grecia es uno de los «países con los mejores resultados» en el abandono escolar prematuro y «mejor que la media» en la desigualdad de renta y la inscripción en guarderías; Rumanía es uno de los «países con los mejores resultados» en el crecimiento de la renta bruta disponible de los hogares per cápita y «mejor que la media» en la tasa de desempleo; España está entre los «países con los mejores resultados» en el indicador sobre inscripción en guarderías y «mejor que la media» en las necesidades de cuidados médicos no satisfechas declaradas. Por lo que se refiere al número total de dificultades, estos países van seguidos de Bulgaria y Croacia (8 dificultades), Estonia y Croacia (6 dificultades). Por el contrario, Suecia se encuentra entre los «países con los mejores resultados» o «mejores que la media» en 11 indicadores principales, seguida por Chequia (9 indicadores), Alemania, Dinamarca, Malta y los Países Bajos (8 indicadores cada uno).

Casi todos los Estados miembros encuentran dificultades en, al menos, un indicador principal. Si se consideran las tres clasificaciones más problemáticas (esto es, «situación crítica», «en observación» y «débil pero en mejoría»), todos los Estados miembros se clasifican en alguna de estas categorías al menos una vez, con la excepción de los Países Bajos. Si se consideran las «situaciones críticas» únicamente (es decir, los indicadores cuyo nivel es mucho peor que la media, y que no están mejorando suficientemente rápido o están empeorando), se han marcado 14 Estados miembros, el mismo número que en el Informe Conjunto sobre el Empleo de 2019. Estonia y Malta se han unido a este grupo de países (o han vuelto a él, tras haberlo abandonado en el año anterior), mientras que Hungría y Portugal lo han abandonado. El cómputo de las dificultades apunta a cierto empeoramiento generalizado. En los 14 ámbitos evaluados, se han detectado 121 casos en total de «situación crítica», «en observación» o «débil pero en mejoría», esto es, alrededor de un 31 % del número total de evaluaciones (el mismo número que en el Informe Conjunto sobre el Empleo de 2019). De estos, 40 son «situaciones críticas» (lo que equivale al 10,3 % del total de las evaluaciones), frente a 41 en el Informe Conjunto sobre el Empleo de 2019 (equivalente al 10,6 % del total de evaluaciones).

El análisis del cuadro de indicadores apunta a que continúan las tendencias sociales y del mercado laboral positivas en la UE, aunque no todos los indicadores están mejorando. Si se comparan los valores medios de la UE, 9 de los 14 indicadores principales registraron una mejora durante el último año disponible (es decir, 2018 o 2017, dependiendo de la disponibilidad de los datos). En términos comparativos, las tasas de desempleo (general y de larga duración) registraron los progresos más significativos, como reflejo de la evolución positiva del mercado laboral. Como ya sucedió en 2017, las tasas de desempleo disminuyeron en todos los Estados miembros en 2018. Sin embargo, algunos de los otros indicadores se mantuvieron estables respecto al año anterior o empeoraron ligeramente (es decir, abandono prematuro de la educación o la formación, brecha de género en el empleo, ratio de distribución de la renta por quintiles, impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza y necesidades de cuidados médicos no satisfechas declaradas). Como se indica en los respectivos diagramas de dispersión del capítulo 3, más de la mitad de los indicadores principales mostraron, en diferente medida, la convergencia entre Estados miembros durante el último período observado (las excepciones notables son la relación de distribución de la renta por quintiles, las necesidades de cuidados médicos no satisfechas y el porcentaje de personas con capacidades digitales básicas o superiores a las básicas).

Por primera vez, el Informe Conjunto sobre el Empleo de 2020 incorpora una dimensión regional al cuadro de indicadores sociales. En los últimos años, el cuadro de indicadores sociales se utilizó para analizar los resultados de los países a nivel nacional. Sin embargo, la evolución de los indicadores a nivel nacional puede ocultar importantes diferencias a nivel regional (ya que, en muchos Estados miembros, una serie de políticas y financiaciones a menudo se deciden a este nivel). Por lo tanto, la dimensión regional de la situación social y de la convergencia está cobrando importancia, especialmente en el marco del Semestre Europeo. En este contexto, la presente edición del informe presenta datos sobre la situación regional, sobre la base del cuadro de indicadores sociales. En particular, en el anexo 3 se presentan una serie de mapas que muestran los desgloses regionales por Estado miembro relativos a algunos indicadores principales del cuadro de indicadores sociales. Además, el análisis del capítulo 3 expone, cuando procede, los resultados a nivel regional de los Estados miembros en los que existen grandes disparidades entre regiones NUTS 2. Los datos y los resultados permiten comprender mejor los resultados de las diferentes regiones de un país en lo que respecta a algunas dimensiones clave del pilar, y contribuyen a supervisar la convergencia dentro de los países, a evaluar el impacto de las políticas regionales y a determinar la elaboración de políticas regionales.

Fuente: Eurostat, EPA. Período: niveles de 2018 y variaciones anuales respecto a 2017. Nota: los ejes están centrados en la media no ponderada de la UE. La leyenda se presenta en el anexo.

A pesar de la ralentización del crecimiento económico, el desempleo siguió disminuyendo en todos los Estados miembros en 2018 por segundo año consecutivo. Como consecuencia de ello, en 2018 se situó por debajo del 5 % en 10 Estados miembros. En la mayoría de los países con una tasa de desempleo elevada, la disminución fue más rápida que la media, lo que confirma la tendencia de convergencia hacia unos niveles de desempleo más bajos observada en los últimos años. En particular, España, Grecia, Portugal, Croacia y Chipre experimentaron una reducción de al menos 2 puntos porcentuales. Las excepciones parciales son Francia e Italia, donde el descenso, aunque constante, fue más lento. A pesar de la mejora general, las disparidades en las tasas de desempleo siguen siendo considerables, con tasas que van del 2,1 % en Chequia (clasificada entre los «países con los mejores resultados») al 19,2 % en Grecia (véase el gráfico 5, en el que se examinan conjuntamente los niveles y las variaciones con arreglo a la metodología acordada para evaluar los indicadores principales del cuadro de indicadores sociales). También sigue habiendo grandes disparidades a nivel regional (véase el anexo 3) con algunas regiones de Grecia, Italia y España que siguen registrando tasas de desempleo superiores al 20 %. En 2018, el desempleo se había situado en niveles inferiores a los del período anterior a la crisis en la mayoría de los Estados miembros (véase el gráfico 6). Entre las excepciones notables se encuentran Francia, Italia y España. En 2018, más de la mitad de los desempleados de la UE se concentraron en estos tres países.

Este apartado ofrece una visión general de los últimos indicadores clave en materia social y de empleo y las medidas tomadas por los Estados miembros en áreas prioritarias identificadas por las orientaciones para las políticas de empleo de la UE, adoptadas por el Consejo en 2019. Para cada orientación, se presenta la evolución reciente de una selección de indicadores clave, así como las medidas de regulación adoptadas por los Estados miembros. En lo que respecta a estas últimas, el apartado se basa en los programas nacionales de reforma de 2019 de los Estados miembros y en fuentes de la Comisión Europea. Salvo indicación en contrario, el informe solo presenta las políticas aplicadas después de junio de 2018. Se puede encontrar un análisis en profundidad de la evolución reciente del mercado laboral en el informe Labour Market and Wage Developments 2019 [«Evolución del mercado laboral y los salarios 2019», documento en inglés] y en Employment and Social Developments in Europe Review 2019 [«Estudio sobre la evolución social y del empleo en Europa 2019», documento en inglés].

Actualmente, se está trabajando en marcos adicionales de evaluación comparativa para su posible uso en futuros ciclos del Semestre, en particular en el Comité de Empleo sobre los salarios mínimos y la situación de la negociación colectiva, así como en el Comité de Protección Social sobre la adecuación de las pensiones y los cuidados infantiles y apoyo a la infancia.

Desde entonces, se han desarrollado y debatido marcos de evaluación comparativa con los Estados miembros en varios ámbitos, en consonancia con el enfoque común acordado por el Comité de Empleo y el Comité de Protección Social, centrándose en la identificación de instrumentos políticos, que están acompañados de principios generales de orientación política y, cuando estén disponibles, de indicadores específicos. En esta fase, todavía no se han establecido los valores de referencia para los instrumentos políticos, ya que el objetivo es permitir la comparación entre Estados miembros y la enseñanza mutua para incentivar las reformas necesarias.

Nota: actualizado el 2 de diciembre de 2019. No están disponibles los datos de crecimiento de la RBDH per cápita de HR y MT. No están disponibles los ingresos netos de un trabajador a tiempo completo soltero y sin hijos con un salario medio de CY. No está disponible el nivel de capacidades digitales de los ciudadanos de IT. En los anexos 1 y 2 se informa sobre las interrupciones en las series y otras clasificaciones estadísticas.

·Estonia y Letonia se encuentra en «situación crítica» por lo que respecta a necesidades de cuidados médicos no satisfechas declaradas (no se detectaron «países con los mejores resultados» mediante esta metodología, aunque 9 países son «mejores que la media»);

Fuente: Eurostat. AGRI: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (NACE A). MANUF: industria manufacturera (NACE C). CONST: construcción (NACE F). COMER: comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas (NACE G). TRAHO: transporte y almacenamiento; hostelería (NACE H e I). Sectores no tradicionales: todas las demás actividades de la NACE, en su mayoría servicios.

Gráfico 9: La composición del trabajo autónomo se está desplazando hacia los sectores de los servicios y los no tradicionales

El número de trabajadores autónomos se mantuvo en general sin cambios en 2018, pero siguió disminuyendo a medio plazo como porcentaje del empleo. A largo plazo, el número total de trabajadores autónomos se ha mantenido prácticamente estable desde 2008, mientras que la proporción de trabajadores autónomos en el empleo total ha disminuido lentamente, del 14,3 % en 2008 al 13,5 % en 2018. Sin embargo, a pesar de esta estabilidad relativa, la composición del trabajo autónomo se ha ido desplazando constantemente desde las actividades tradicionales hacia sectores de mayor valor añadido. Este cambio es especialmente marcado en el caso de los trabajadores por cuenta propia (autónomos sin empleados), que representan más del 70 % del trabajo autónomo. Desde 2008, el número de trabajadores por cuenta propia ha disminuido un 25 % en la agricultura, un 14 % en el comercio y un 5 % en el transporte. Durante el mismo período, ha crecido más del 30 % en las actividades de información y comunicación, profesionales, científicas y técnicas, y un 40 %, en actividades sanitarias y de servicios sociales. El porcentaje de sectores no tradicionales entre los trabajadores por cuenta propia aumentó del 36 % en 2008 al 45 % en 2018, con grandes diferencias entre los Estados miembros. El aumento fue más rápido en economías de rápido crecimiento como Estonia, Letonia y Lituania, mientras que fue más lento en los países donde ya se había generalizado el trabajo autónomo en sectores no tradicionales (por ejemplo, Dinamarca, Alemania e Italia). En el gráfico 9 puede observarse el cambio en la composición sectorial del trabajo autónomo a nivel de la UE.

Fuente: Eurostat, EPA. Período: niveles de 2018 y variaciones anuales en relación con 2017. Nota: los ejes están centrados en la media no ponderada de la UE. La leyenda se presenta en el anexo.

En 2018, los salarios reales crecieron más rápidamente que la productividad en la mayoría de los Estados miembros, en particular en Europa Central y Oriental. Se espera una tendencia similar en 2019. A medio plazo (2013-2018), la productividad real y los salarios reales han crecido lentamente, con un crecimiento de los salarios reales que va a la zaga, especialmente en los primeros años de la recuperación. Como se muestra en el gráfico 13, durante ese período, la productividad laboral real por persona empleada aumentó en la UE en un 4,4 %, superando ligeramente el crecimiento de los salarios reales (+ 3,1 %). Como consecuencia de la moderación prolongada, en 2018 los salarios siguieron por debajo de los niveles de 2013 en 8 Estados miembros (Italia, España, Chipre, Grecia, Finlandia, Croacia, Portugal y Bélgica). En algunos países, a saber, los Estados bálticos, Rumanía, Bulgaria y Eslovaquia, el crecimiento de los salarios superó en gran medida el crecimiento de la productividad. Esto es coherente con las bajas tasas de desempleo y la incipiente escasez de mano de obra y de capacidades, y contribuye al proceso de aproximación económica. Al mismo tiempo, puede tener consecuencias negativas para la competitividad de costes si se prolonga el desajuste con la evolución de la productividad.

Las desigualdades salariales se han mantenido globalmente estables a medio plazo. El crecimiento de los salarios, especialmente en el extremo inferior de la escala salarial, desempeña un papel importante para sostener la demanda y reducir las desigualdades de ingresos y el riesgo de pobreza de los ocupados. La dispersión de los ingresos brutos, medida como la ratio entre el quinto y el primer decil (D5/D1), osciló en 2017 entre 1,33 en Suecia y 2,02 en Irlanda (información basada en datos de la OCDE). Las instituciones de negociación de los salarios pueden tener una repercusión en la dispersión salarial. En particular, una negociación colectiva más fuerte tiende a asociarse con una menor desigualdad de los ingresos (Comisión Europea, 2018). El alcance de la negociación colectiva varía notablemente de unos lugares a otros de Europa, reflejando las diferentes tradiciones e instituciones nacionales. En 2016, el porcentaje de empleados cubiertos por cualquier forma de convenio colectivo salarial, calculado por la OCDE, osciló entre el 98 % de Austria y el 7,1 % de Lituania.

Fuente: base de datos sobre fiscalidad y prestaciones (cálculos propios). Período: niveles de 2018 (media de 3 años) y variaciones medias anuales 2015-2018. Nota: los ejes están centrados en la media no ponderada de la UE. La leyenda se presenta en el anexo. Se marcan con un asterisco aquellos Estados miembros donde los costes laborales unitarios nominales (CLUn) superaron el umbral establecido por el procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM). El indicador PDM del cuadro de indicadores sociales es la variación porcentual de los CLUn a lo largo de un período de tres años. El umbral se sitúa en el 9 % para los países de la zona del euro y en el 12 % para los países no pertenecientes a la zona del euro. Datos de Chipre no disponibles.

En 2019, los salarios mínimos aumentaron en casi todos los Estados miembros que cuentan con niveles legales nacionales. En el cuadro 2 figura un resumen de las actualizaciones realizadas en 2019. Por ejemplo, en Estonia, el salario mínimo bruto pasó de 500 EUR en 2018 a 540 EUR en enero de 2019. Los interlocutores sociales acordaron que, hasta 2022, los aumentos del salario mínimo se calcularían anualmente sobre la base de la productividad laboral y el crecimiento económico. En Grecia, el Gobierno aumentó el salario mínimo legal en un 10,9 % y suprimió el salario inferior al salario mínimo para los menores de 25 años. Este es el primer aumento desde 2012. En España, el salario mínimo legal aumentó hasta los 12 600 EUR al año, como resultado de un acuerdo político (sin los interlocutores sociales). Paralelamente, el Gobierno anunció el aumento de los salarios públicos en al menos un 2,25 % en 2019, que se incrementará en un máximo de 0,5 puntos porcentuales, en función del crecimiento del PIB. En Croacia, el salario mínimo bruto aumentó de 3 440 KN a 3 750 KN (aproximadamente de 460 EUR a 505 EUR), el mayor incremento desde 2008. En Lituania, el salario mínimo se incrementó de 400 a 430 EUR mensuales, aunque tras la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, este asciende a 555 EUR. El salario mínimo de Eslovaquia aumentó de 480 a 520 EUR. En Letonia, aunque no se aumentó el salario mínimo nacional, se actualizaron al alza los salarios mínimos en los sectores de la construcción y la enseñanza. En Polonia, el Gobierno anunció aumentos importantes del salario mínimo, que casi duplicará en términos nominales a lo largo de los próximos cinco años (de 2 250 PLN en 2019 a 4 000 en 2024, es decir, de 525 EUR a 930 EUR, aproximadamente). Por último, Italia y Chipre están debatiendo propuestas para introducir por ley un salario mínimo obligatorio. En Italia, un proyecto de ley propone la introducción de un salario mínimo bruto por hora de 9 EUR. En Chipre, el Gobierno anunció su intención de introducir un salario mínimo fijo cuando la economía llegue a una fase de pleno empleo, con una tasa de desempleo del 5 %. Según las previsiones, esto se espera para 2020-2021.

Varios Estados miembros están tomando medidas para mejorar la solidez y la transparencia de los marcos de fijación de salarios y de negociación colectiva. En Grecia se han restablecido el principio de extensión de los convenios colectivos y el principio de favor (es decir, la posibilidad de apartarse de los convenios solo en favor del trabajador). Esto ha dado lugar, hasta la fecha, a la extensión de quince convenios colectivos, que cubren a más de 220 000 trabajadores. En Croacia, se está debatiendo la legislación para armonizar mejor la fijación de salarios en toda la administración estatal mediante la introducción de tablas salariales comunes y coeficientes de complejidad del empleo. La nueva legislación cubriría también los ámbitos de las relaciones laborales de los funcionarios, que se negocian actualmente mediante negociación colectiva, a condición de que se implante un nuevo sistema de evaluación del rendimiento. Letonia modificó su legislación laboral para facilitar la celebración de acuerdos sectoriales bipartitos, permitiéndoles establecer excepciones, bajo determinadas condiciones, al complemento del 100 % por horas extraordinarias. En Lituania, un proyecto de ley tiene por objeto aclarar el marco jurídico para el diálogo social y la negociación colectiva a nivel nacional, sectorial o administrativo. Además, con el fin de reforzar la capacidad financiera de los interlocutores sociales, los contribuyentes tendrán la posibilidad de destinar el 1 % de su impuesto sobre la renta de las personas físicas a los sindicatos. En Eslovaquia, tras una modificación del código laboral, se permite ahora a los empleados compartir públicamente sus niveles salariales, que no pueden ocultarse por contrato.

Algunos Estados miembros estimularon los ingresos laborales y del empleo mediante la reducción de la cuña fiscal. En algunos casos, las medidas políticas también pueden incluir modificaciones en las cotizaciones a la seguridad social. En España, se adoptaron varias reducciones fiscales en 2018, incluida una exención fiscal total de las prestaciones por maternidad y paternidad, una deducción de los gastos de educación y cuidados de la primera infancia y deducciones para los contribuyentes que vivan con un cónyuge a cargo. En Francia, el antiguo CICE (crédito fiscal para el empleo y la competitividad) se transformó en una reducción directa de las cotizaciones a la seguridad social de 6 puntos porcentuales en los salarios que sean como máximo 2,5 veces el salario mínimo. Además, se aplicará una disminución de 3,9 puntos porcentuales a las cotizaciones patronales a la seguridad social de los salarios bajos. En Italia se introdujo un impuesto de tipo único del 15 % para las pequeñas empresas, los profesionales y los artesanos que declaren ingresos por un importe de hasta 65 000 EUR. En Lituania, en el marco de una gran reforma que ha introducido un impuesto sobre la renta de las personas físicas progresivo, la cuña fiscal sobre los ingresos bajos y medios se reducirá a lo largo de un período de 3 años. El sistema de fiscalidad del trabajo también se está simplificando, con una exención de las cotizaciones a la seguridad social para los trabajadores con salarios bajos, incluido el principal régimen de pensiones, junto con un aumento de la contribución general a la seguridad social. En Hungría, las cotizaciones patronales a la seguridad social pasaron del 19,5 % al 17,5 % en 2019. Además, no se tienen que pagar cotizaciones sobre la renta del trabajo de los pensionistas, con el fin de promover su participación en el mercado laboral. Polonia aprobó una reducción fiscal para jóvenes menores de 26 años. En Malta, como parte de la iniciativa «Hacer que el trabajo pague», el presupuesto de 2019 confirmó un cheque de 40 a 68 EUR para todas las personas ocupadas con ingresos inferiores a 60 000 EUR. La contribución mínima de los trabajadores autónomos se incrementó en un 1,9 % en 2019 para financiar un aumento de la protección, tanto en la cobertura como en la duración. En Eslovenia, la paga de vacaciones se eximió del impuesto sobre la renta y de las cotizaciones a la seguridad social hasta el importe del salario medio.

A medida que las condiciones del mercado laboral mejoran, las bonificaciones a la contratación tienden a reducirse. No obstante, en muchos Estados miembros, se mantienen incentivos financieros para promover la integración en el mercado laboral de grupos específicos. Por ejemplo, en Bélgica, en determinadas circunstancias, los empleadores de trabajadores jóvenes (menores de 21 años) pueden reducir el salario bruto de estos, y el Gobierno compensa la diferencia pagando una prima al empleado. En Flandes (Bélgica), el Gobierno reforzó las medidas específicas para los trabajadores de más edad, los jóvenes con bajo nivel educativo y las personas con discapacidad. En Francia, las subvenciones experimentales para empresas que contraten a residentes de las zonas urbanas más desfavorecidas se están ampliando gradualmente, también en las regiones ultraperiféricas. En Alemania, en el marco del programa Teilhbechancgesetz, en caso de contratación de desempleados de larga duración, el Estado paga el 75 % de su salario durante el primer año y el 50 % durante el segundo. En Chipre, en el marco del programa de formación de aprendices para nuevos titulados, los abogados, arquitectos e ingenieros en prácticas recibirán una asignación de formación mensual de 650 EUR. También se ofrecen incentivos para el empleo de las personas con discapacidad. En Portugal, como parte del «Programa de acción para hacer frente a la precariedad y fomentar la negociación colectiva», se ofrecen ayudas a las empresas que contraten simultáneamente a un joven desempleado (o que busque un primer empleo) y a una persona mayor desempleada de larga duración, mediante un contrato indefinido. Las ayudas incluyen las exenciones parciales o totales de las cotizaciones a la seguridad social. También se conceden subvenciones si los períodos de prácticas profesionales se convierten en contratos permanentes para jóvenes y desempleados de larga duración (en 2019 se introdujeron cambios para racionalizar el proceso de solicitud). En Rumanía, los empleadores que contratan a titulados con un contrato indefinido reciben por cada empleado una cantidad mensual de 2 2250 RON (unos 475 EUR) durante un período de 12 meses (18 meses si se trata de titulados con discapacidad). La misma cantidad se concede para la contratación de desempleados mayores de 45 años, padres y madres solteros desempleados, desempleados de larga duración o jóvenes ninis. Por último, se puede conceder la misma cantidad (del presupuesto del seguro de desempleo) a los empleadores que formalicen un contrato de aprendizaje o de prácticas. En Suecia, se está debatiendo una nueva medida destinada a los inmigrantes recién llegados desempleados y a los desempleados de larga duración, mediante la que el Estado subvencionaría algo más de la mitad del coste salarial. Para más información sobre las medidas dirigidas a grupos específicos, véase el apartado 3.2.

La presión fiscal sobre el trabajo sigue una tendencia a la baja gradual general. En 2018, las reducciones en la cuña fiscal para los trabajadores solteros con un salario medio fueron más significativas en Rumanía (– 4,7 puntos porcentuales), Estonia (- 2,5 puntos porcentuales) y Hungría (– 1,1 puntos porcentuales). La cuña fiscal aumentó en más de la mitad de los Estados miembros de la UE pero, en general, de forma muy limitada: los aumentos más elevados se registraron en Bulgaria (0,6 puntos porcentuales) y Malta (0,4 puntos porcentuales). En conjunto, las diferencias entre países siguen siendo considerables (véase el gráfico 19). La cuña fiscal oscila entre menos del 30 % en Chipre y Malta y alrededor del 50 % en Bélgica, Alemania, Italia, Francia y Austria. Se observa una dispersión similar en los trabajadores con salarios bajos (definidos como aquellos que perciben un 67 % del salario medio), aunque la progresividad de los tipos impositivos sigue distintas pautas según los países. La tendencia a largo plazo en la reducción de la cuña fiscal es especialmente marcada en el caso de las personas con bajos ingresos. Entre 2013 y 2018, la cuña fiscal media no ponderada experimentó un descenso medio en la UE de 1,7 puntos porcentuales (y de 2,0 puntos porcentuales en el caso de los trabajadores con bajos salarios), con amplias reducciones para ambos grupos de renta en Rumanía, Hungría, Estonia y Bélgica. Se registraron reducciones sustanciales para los trabajadores con rentas bajas en Italia y Francia, así como en Lituania y Letonia. En estos dos últimos países, esta reducción es producto de la introducción de un impuesto sobre la renta de las personas físicas progresivo. A largo plazo, puede observarse cierta convergencia en los tipos impositivos, aunque la cuña fiscal haya aumentado en algunos países en los que era comparativamente elevada (por ejemplo, Alemania, Eslovenia y Chequia), mientras que se ha reducido en algunos países donde era relativamente baja (por ejemplo, Irlanda y el Reino Unido). En septiembre de 2015, el Eurogrupo acordó una evaluación comparativa de la presión fiscal sobre el trabajo de los Estados miembros de la zona del euro en comparación con la media ponderada del PIB. El objetivo es seguir informando y prestando apoyo a las reformas en el ámbito de la fiscalidad del trabajo. Como parte de este ejercicio, el Eurogrupo examina la cuña fiscal sobre el trabajo para un trabajador soltero con un salario medio y un trabajador soltero con un salario bajo.

Fuente: base de datos sobre fiscalidad y prestaciones, Comisión Europea / OCDE. Nota: los datos corresponden a trabajadores solteros sin hijos. Datos actualizados el 17 de junio de 2019. UE 28 es una media no ponderada.

Fuente: Eurofound, Minimum wages in 2019: Annual review

Fuente: OCDE. Notas: AT, CY, DK, FI, IT y SE no tienen salario mínimo legal nacional. La OCDE no facilita la información de BG, HR y MT.

Más de uno de cada cinco alumnos no tiene las competencias básicas mínimas exigidas a su edad, lo que pone de manifiesto la urgente necesidad de mejorar los sistemas educativos. El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de 2018 de la OCDE muestra que, de media, los resultados de la UE han seguido disminuyendo en todos los ámbitos desde 2015 . En 2018, el 21,7 % de los estudiantes europeos tenían un bajo rendimiento en lectura, un 22,4 % lo tenían en matemáticas y un 21,6 %, en ciencias. No obstante, existen diferencias notables entre Estados miembros. Mientras que en Estonia, Irlanda, Finlandia y Polonia menos del 15 % de los alumnos presentaron resultados bajos en lectura, Bulgaria, Chipre, Rumanía, Malta, Eslovaquia y Grecia tenían dificultades con más de un 30 % de sus alumnos, que no alcanzaron los niveles de competencias básicas en lectura. Los resultados educativos siguen estando muy influidos por la situación socioeconómica y el origen migrante de los estudiantes, lo que indica que la educación no funciona lo suficiente como motor de movilidad social. Los alumnos con un nivel socioeconómico más bajo o de origen migrante están sobrerrepresentados en el grupo de los alumnos con bajo rendimiento, y tienen dificultades para alcanzar los niveles básicos de competencia en los tres ámbitos. En todos los Estados miembros, los estudiantes que se encuentran en la categoría socioeconómica inferior tienen menos probabilidades de alcanzar el nivel mínimo de competencias de lectura que los estudiantes que se encuentran en la categoría socioeconómica más alta. Bulgaria, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Luxemburgo muestran las mayores diferencias entre estos dos grupos, mientras que el entorno socioeconómico de los alumnos afecta menos a los resultados de los estudiantes en Estonia, Finlandia e Irlanda.

Nota: Todos los países: interrupción en la serie cronológica en 2014 (paso de CINE 1997 a CINE 2011); el cambio de CINE no tiene ninguna repercusión en la comparabilidad a lo largo del tiempo de este indicador en ningún Estado miembro, excepto Estonia.

Gráfico 21: A pesar de los considerables progresos realizados, aún no se ha alcanzado el objetivo de Europa 2020 relativo al abandono escolar prematuro

Fuente: Eurostat. Período: niveles de 2018 y variaciones anuales respecto a 2017. Nota: los ejes están centrados en la media no ponderada de la UE. La leyenda se presenta en el anexo. Interrupciones en las series de BE, DK, IE y MT.

Tras un largo período de progreso ininterrumpido, el porcentaje de personas que abandonan prematuramente la educación y la formación se ha estancado en los dos últimos años. La reducción de la tasa de abandono escolar prematuro forma parte de los objetivos principales en materia de educación de la Estrategia Europa 2020. Los Estados miembros acordaron reducir la tasa media de abandono escolar prematuro de la UE hasta menos del 10 % en 2020, partiendo del 14,7 % en 2008. Este porcentaje disminuyó constantemente hasta 2016, cuando alcanzó el 10,7 %. Desde entonces, no se han registrado mejoras importantes, y este indicador se mantuvo estable en el 10,6 % tanto en 2017 como en 2018. Como muestra el gráfico 20, la situación se ha mantenido prácticamente sin cambios en aproximadamente la mitad de los Estados miembros, con fluctuaciones anuales que oscilan entre + 0,2 y – 0,2 puntos porcentuales. Sin embargo, se registraron importantes mejoras en Rumanía (– 1,7 puntos porcentuales), Grecia (– 1,3 puntos porcentuales) y Luxemburgo (– 1 punto porcentual), mientras que en Suecia y Dinamarca el porcentaje de abandono escolar prematuro aumentó 1,6 y 1,4 puntos porcentuales, respectivamente. Si se examina la evolución en los Estados miembros marcados como «críticos» (según la clasificación del cuadro de indicadores sociales), es decir, Malta, España e Italia, surgen dos imágenes diferentes. Mientras que los dos primeros países muestran una tendencia positiva entre 2017 y 2018, con una reducción de su tasa de abandono escolar prematuro de – 0,3 y – 0,4 puntos porcentuales, respectivamente, el porcentaje de abandono prematuro en Italia ha seguido aumentando hasta alcanzar el 14,5 % (+ 0,5 puntos porcentuales). En 2018, 17 Estados miembros registraron tasas de abandono escolar prematuro inferiores al 10 %. El porcentaje fue todavía mucho mayor que el objetivo de la UE (y por encima de los objetivos nacionales respectivos) en España (17,9 %), Malta (17,4 %) y Rumanía (16,4 %), mientras que fue igual o inferior al 5 % en Irlanda, Polonia, Grecia, Lituania, Eslovenia y Croacia. A lo largo de una década (gráfico 21), la tasa de abandono escolar prematuro ha disminuido principalmente en Portugal, España, Grecia, Irlanda y Malta, mientras que ha aumentado considerablemente en Eslovaquia y Suecia, aunque en estos dos países permanece por debajo del valor de referencia de Europa 2020. Varios Estados miembros presentan grandes disparidades regionales en las tasas de abandono escolar prematuro (véase el anexo 3).

Si bien los trabajadores con una cualificación media siguen representando el mayor porcentaje del empleo total, el porcentaje del empleo en puestos de trabajo de nivel medio está disminuyendo. Los adultos con una cualificación media ocuparon la mayor parte de los puestos de trabajo en todos los grupos ocupacionales, excepto directores y gerentes, profesionales científicos e intelectuales y puestos de trabajo en ocupaciones elementales (gráfico 25). Sin embargo, el porcentaje del empleo en las ocupaciones de nivel medio está disminuyendo en el marco de una tendencia a largo plazo en la composición ocupacional del mercado laboral. En particular, entre 2002 y 2018, por término medio, el porcentaje de puestos de trabajo de nivel medio disminuyó en la UE en aproximadamente 13 puntos porcentuales, mientras que los porcentajes de empleo de alto y bajo nivel aumentaron en 5 y 7 puntos porcentuales, respectivamente (Comisión Europea, LMWD, 2019). Además de los cambios en la demanda de capacidades, un proceso de aumento de la capacitación también está cambiando la oferta de capacidades. En particular, se produjo un importante aumento de titulados de enseñanza superior entre la población adulta empleada, incrementándose así el número de adultos con ese nivel de cualificación en casi 23 millones (un aumento de casi el 41 %). Como consecuencia de ello, existe una clara tendencia hacia el trabajo altamente cualificado en los puestos de trabajo de todos los niveles, mientras que los trabajadores que solo tienen educación de bajo nivel obtienen menos trabajo disponible, no solo en ocupaciones de alto nivel, sino también en ocupaciones de nivel medio y (especialmente) de bajo nivel (Comisión Europea, ESDE, 2018). La rápida evolución de la demanda de mano de obra para capacidades más complejas está contribuyendo a una mayor inadecuación de las capacidades en muchos Estados miembros (Comisión Europea, LMWD, 2019).

Las necesidades de inversión en educación y formación son significativas, mientras que el gasto en educación se ha mantenido estable en los últimos años. Garantizar el acceso a una educación infantil y unos cuidados de calidad para todos los niños, renovar las escuelas para que encajen con las nuevas pedagogías y tecnologías digitales, o atraer a los mejores profesores con salarios y oportunidades de desarrollo profesional adecuados requiere una inversión adecuada en los sistemas educativos y de formación. Sin embargo, a pesar del aumento de las necesidades de inversión, el gasto en educación se ha estancado o incluso ha disminuido en la última década. En 2017, se asignó a la educación y la formación el 4,6 % del PIB de media en la UE. Este porcentaje ha ido disminuyendo desde el 5,2 % alcanzado en 2009. Además, existen diferencias considerables entre los Estados miembros. Mientras que Suecia, Dinamarca y Bélgica gastan más del 6 % de su PIB en educación, Rumanía no llega al 3 %. Además, Irlanda, Bulgaria, Eslovaquia, Grecia, Italia y España gastan entre el 3 % y el 4 % del PIB. Cuando se mide como porcentaje del gasto público total, el gasto en educación de la UE en 2017 representó el 10,2 %, cifra que se ha mantenido estable desde 2012, tras caer casi medio punto porcentual desde el máximo alcanzado antes de la crisis (10,6 % en 2008). Solo cuando se examina la evolución interanual real de los gastos de educación, se registra una tendencia ligeramente positiva a nivel de la UE (+ 0,5 % entre 2016 y 2017). Teniendo en cuenta que se prevé que el déficit de inversiones en materia de infraestructuras educativas se sitúe en torno a los 500 000 millones de euros en 2040, este estancamiento del gasto en educación representa un problema importante. Determinar las necesidades de inversión en infraestructuras y servicios educativos a nivel de los Estados miembros, teniendo en cuenta las especificidades nacionales, puede ayudar a diseñar estrategias de inversión inteligentes y con visión de futuro.

Fuente: Eurostat, EPA, código de datos en línea: [edat_lfse_03]. Los indicadores cubren la proporción de la población total de entre 30 y 34 años que ha concluido satisfactoriamente estudios superiores (CINE 5 a 8). En 2014 se produjo una interrupción de la serie debido a la introducción de la nueva clasificación CINE; los datos de LU correspondientes a 2017 no son fiables, debido al pequeño tamaño de la muestra.

La UE en su conjunto ha alcanzado su objetivo principal de lograr un 40 % de educación superior dos años antes del plazo. En 2018, el porcentaje de la población de 30 a 34 años que completó con éxito estudios superiores o equivalentes fue del 40,7 % (gráfico 24). Si bien todos los Estados miembros han mejorado en la última década, diez de ellos aún tenían en 2018 tasas de titulados superiores por debajo del objetivo de Europa 2020. Rumanía e Italia, los dos Estados miembros con menor porcentaje de titulados superiores (24,6 % y 27,8 %, respectivamente), registraron un progreso del 53 % y el 45 %, respectivamente, desde 2008, frente a un índice global de progreso del 31 % a nivel de la UE durante el mismo período. En Eslovaquia y en Chequia, las tasas de titulados en educación terciaria han aumentado más del doble desde 2008. Además, en países como Suecia, Luxemburgo, Irlanda, Chipre y Lituania, más del 50 % de la población de entre 30 y 34 años tiene estudios superiores. Estos datos son alentadores, ya que los jóvenes titulados recientes de educación superior tienden a tener una tasa de empleo considerablemente superior a la de los jóvenes con niveles de cualificación más bajos. No obstante, persisten disparidades en la UE considerables en cuanto a la obtención de un título superior entre hombres y mujeres (35,7 % frente al 45,8 % en 2018), y la diferencia ha ido aumentando continuamente durante la última década. A pesar de las mejoras, en 2018 el país de nacimiento todavía influye en el número de titulados de la educación superior, ya que las personas nacidas fuera de la UE presentan aproximadamente 5 puntos porcentuales menos de tasa media de titulados superiores (35,8 %) que las personas nacidas en la UE.

A menudo, la profesión docente no es especialmente atractiva. Los profesores ganan con frecuencia bastante menos que la media de los trabajadores con educación superior (gráfico 23). En particular, en Chequia, Eslovaquia, Italia y Hungría, los profesores en todos los niveles de educación ganan por término medio menos del 80 % que los demás trabajadores con educación superior. Solo en Luxemburgo, Portugal y Grecia, los salarios de los profesores en todos los niveles de la educación son superiores a los de otros titulados superiores, mientras que en Letonia, Finlandia y Alemania esto ocurre exclusivamente en el segundo ciclo de enseñanza secundaria. Un número considerable de miembros del personal educativo también tiene condiciones laborales difíciles. Según una clasificación basada en la sexta Encuesta europea sobre las condiciones de trabajo,, uno de cada cinco de ellos (19 %) está incluido en el perfil de calidad del empleo «bajo presión», y el 4 % entra en la categoría de «calidad deficiente». Además, la profesión docente es aparentemente poco atractiva para los hombres. En Europa, los profesores son fundamentalmente mujeres: estas representan el 95,7 % del profesorado de preescolar, el 85,5 % del de enseñanza primaria y el 64,7 % del de secundaria. Por último, podrían mejorarse los programas de iniciación y de tutoría en las primeras etapas de la carrera del profesorado, así como las oportunidades de desarrollo profesional continuo para aumentar el atractivo de la profesión docente. Si bien, según el estudio TALIS 2018 de la OCDE, más del 92 % de los profesores de toda la UE participan regularmente en el desarrollo profesional continuo, estos también señalan que la incompatibilidad con el calendario laboral, la falta de incentivos, el coste de la formación o el desajuste entre la oferta y las necesidades reales representan obstáculos importantes para su participación activa en este tipo de actividades.

Fuente: OCDE: Education at a Glance 2018 [«Panorama de la educación 2018], 2018. *El año de referencia para Chequia y Finlandia es 2015; 2014 para Francia, Italia, Lituania y los Países Bajos. No se dispone de datos de BE, BG, CY, IE, ES, MT, HR y RO.

Varios Estados miembros carecen de un número adecuado de profesores altamente cualificados y el personal docente está envejeciendo. En 2017, había alrededor de 8,8 millones de profesores y personal académico en todos los niveles educativos de la UE. Según el Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS) de 2018 de la OCDE, el 34 % de los profesores de primer ciclo de secundaria trabajan en escuelas con al menos el 10 % de estudiantes con necesidades especiales; el 19 %, en escuelas con más del 30 % de estudiantes procedentes de hogares desfavorecidos desde el punto de vista socioeconómico; y el 32 % en escuelas con al menos el 1 % de estudiantes refugiados. No obstante, el 23,5 % de los directores de centros de enseñanza señala una carencia de profesores con competencias en la enseñanza en un entorno multicultural o multilingüe, y el 37,8 % señala una escasez de profesores con competencias en la enseñanza de estudiantes con necesidades especiales. Además, la falta de profesores altamente cualificados en cada asignatura y el envejecimiento del personal docente representan retos importantes en muchos Estados miembros. Por término medio, el 32,8 % de los profesores de enseñanza primaria y el 39 % de los profesores de secundaria tenían al menos 50 años. Cuando se examina específicamente la enseñanza secundaria, Italia, Grecia, Estonia, Lituania y Letonia son los países más afectados por el envejecimiento, y tendrán que sustituir en torno a la mitad de su personal docente en la próxima década aproximadamente (gráfico 22).

La inclusión de los gitanos en la educación sigue siendo un reto, debido a varios factores, incluida la segregación escolar, la enseñanza no inclusiva y los obstáculos inducidos por la pobreza extrema o la segregación en la vivienda. A pesar de los esfuerzos por aumentar las tasas de participación y reducir el abandono escolar, menos de uno de cada cinco niños gitanos pasan a niveles de educación más altos. Los índices de absentismo y de abandono escolar prematuro de los gitanos son del 70 %, significativamente más elevados que los de las otras categorías de alumnos y que el objetivo del 10 % de abandono escolar prematuro de Europa 2020.

Fuente: Eurostat, EPA, código de datos en línea [ edat_lfs_9914 ]. Nota explicativa: los datos de 2009 se basan en un módulo ad hoc de la EPA para los jóvenes en el mercado laboral. Las definiciones de FP de 2009 y 2018 podrían no ser plenamente comparables, pero ambas fuentes abarcan únicamente la FP de nivel medio (es decir, secundaria de segundo ciclo o postsecundaria no superior). Los datos de 2009 fueron facilitados por Eurostat como extracción especial para la DG EMPL.

Gráfico 27: Más de una cuarta parte de los adultos jóvenes no alcanzan un nivel de cualificación demandado en el mercado laboral

Más de una cuarta parte de los adultos jóvenes no poseen un nivel de cualificación demandado en el mercado laboral. Como se ha indicado en el apartado anterior, la obtención de un título de enseñanza superior o una cualificación profesional de grado medio se correlaciona con una mejor tasa de empleo. No obstante, el 10,3 % de las personas del grupo de edad de 30 a 34 años (cuando la mayoría de los jóvenes han completado su educación y formación iniciales) ha obtenido una cualificación de nivel medio de orientación general y el 16,4 %, una cualificación inferior a un título de segundo ciclo de enseñanza secundaria (es decir, baja cualificación). Estas cifras indican que más de una cuarta parte de los adultos jóvenes de la UE no poseen una cualificación con una pertinencia directa en el mercado laboral. No obstante, existen diferencias significativas entre países. Por ejemplo, en Chequia o Croacia este porcentaje es inferior al 10 %, mientras que en Malta y Portugal es superior al 50 % (gráfico 27).

Fuente: Eurostat (EPA de la UE, 2018, código de datos en línea [ edat_lfse_24 ]. Nota explicativa: los datos sobre la tasa de desempleo de los titulados con cualificaciones bajas incluyen a todos los adultos jóvenes de entre 20 y 34 años no inscritos en estudios ni formación, independientemente de cuánto tiempo haya pasado desde que terminaran sus estudios. Los datos sobre los titulados con cualificaciones medias y altas solo incluyen a las personas que se han graduado entre 1 y 3 años antes de la encuesta. Los datos excluyen a las que aún están inscritas en estudios o formación.

La educación superior y las cualificaciones profesionales de nivel medio están correlacionadas con unas tasas de empleo más elevadas. Los adultos poco cualificados a menudo se encuentran en una situación de desventaja en el mercado laboral respecto a otros adultos que han permanecido más tiempo en el sistema educativo. En la UE, el coeficiente entre los adultos poco cualificados y el número de puestos de trabajo que requieren bajos niveles de cualificación es de tres/uno de media (ICE, 2019). Dicho de otro modo, hay tres veces más adultos poco cualificados que trabajos que solo requieren un bajo nivel de cualificación. Esto puede conllevar para el personal poco cualificado una vinculación más débil con el mercado laboral, una mayor incidencia de trabajo precario y el riesgo de apartarse por completo del mercado laboral. De media, solo el 57 % de las personas de entre 20 y 34 años con un bajo nivel de estudios (y que ya no siguen estudios ni formación) estaban empleadas en 2018. Al mismo tiempo, la tasa de empleo de los titulados recientes con una cualificación general de grado medio fue del 66,3 %, la de aquellos con una cualificación profesional de grado medio fue del 79,5 %, y la de aquellos con cualificación superior fue del 85,5 %. Las diferencias relacionadas con la educación en las tasas de empleo difieren considerablemente entre los Estados miembros y, por lo general, estas diferencias son mayores cuando se comparan las personas con un nivel educativo bajo y medio (véase el gráfico 26). En aproximadamente la mitad de los Estados miembros, la tasa de empleo de las personas con bajo nivel educativo es más de 20 puntos porcentuales inferior a la de las personas con un nivel de estudios medio.

Una gran porcentaje de trabajadores no parecen estar preparados para responder a la creciente demanda de capacidades digitales. Según un estudio reciente del JRC, alrededor de uno de cada siete empleadores de la UE (el 15 %) considera que parte de su personal no domina completamente la realización de las tareas que utilizan tecnologías digitales en el trabajo y, por lo tanto, señala carencias de capacidades digitales en su mano de obra. Esto es problemático dada la creciente digitalización de los distintos ámbitos de la vida y el trabajo, y la automatización esperada de una serie de tareas relacionadas con el trabajo. De hecho, alrededor del 90 % de las profesiones requieren hoy en día capacidades digitales. Las capacidades digitales pueden compensar la falta de cualificaciones formales más elevadas, pero no al contrario, y la falta de alfabetización digital puede perjudicar gravemente las perspectivas salariales. Como se ilustra en el gráfico 32, los empleadores más grandes tienen más posibilidades de señalar carencias de capacidades digitales que los empleadores más pequeños. Al mismo tiempo, los empleadores grandes tienen más posibilidades de contar con recursos financieros para invertir en nuevas tecnologías digitales que los empleadores pequeños, lo que se traduce directamente en una mayor demanda de trabajadores con capacidades digitales.

Fuente: Eurostat. Período: niveles de 2017 y variaciones anuales respecto a 2016. Nota: los ejes están centrados en la media no ponderada de la UE. La leyenda se presenta en el anexo. No se dispone de datos para IT.

El nivel de capacidades digitales crece lentamente y sigue habiendo grandes diferencias entre países. En la UE, de media, el 57 % de la población de entre 16 y 74 años tenía al menos capacidades digitales básicas en 2017 (1 punto porcentual más que en 2016). Unas capacidades digitales bajas pueden tener un impacto en la productividad y el potencial de crecimiento, pero también en la exclusión social para una parte importante de la población, a la luz de los cambios en las modalidades para la satisfacción de servicios y la repercusión de la tecnología en el mundo del trabajo. El nivel es especialmente bajo en Bulgaria, Rumanía y Croacia («situaciones críticas»). En otros seis países (Grecia, Polonia, Portugal, Letonia, Irlanda y Hungría, todos marcados «en observación») es comparativamente superior (alrededor del 50 %), pero sigue siendo bajo en comparación con la media. Los mejores resultados se dan en Luxemburgo, los Países Bajos, Suecia y Finlandia, con tasas superiores al 75 %. Aparte de las capacidades digitales básicas, aproximadamente la mitad de la población de la UE no tiene un nivel razonable de capacidades como usuario de Internet, y solo una de cada cinco personas tiene competencias en un nivel avanzado. Los usuarios de Internet superan el 70 % de la población en tres países (Finlandia, Suecia y Luxemburgo). En un Estado miembro de cada cuatro (Polonia, Portugal, Chipre, Grecia, Italia, Rumanía y Bulgaria), el porcentaje de población con capacidades de usuario de internet sigue siendo inferior al 40 %. Una de cada tres personas con capacidad para utilizar internet no practica ninguna manipulación activa de los contenidos, como el tratamiento básico de textos.

Existe un importante margen para mejorar el acceso y estimular el aprendizaje entre la población adulta. El Consejo estableció un índice de referencia en el marco de la Estrategia de Educación y Formación 2020, con el objetivo de garantizar que al menos el 15 % de la población adulta (de 25 a 64 años) haya cursado estudios o realizado una formación en las cuatro semanas anteriores a la encuesta. Entre 2008 y 2018 hubo pocos avances en este indicador en la UE: la participación en la educación de adultos aumentó solo en 1,7 puntos porcentuales, pasando del 9,4 % al 11,1 %, lo que queda por debajo del objetivo de la Estrategia de Educación y Formación 2020 (gráfico 30). Estas cifras pueden representar un obstáculo importante para la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo (véase también el apartado 3.3). Los índices de educación de adultos más bajos se registran en Rumanía, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Grecia y Polonia (menos del 5 % de la población adulta), mientras que los índices más altos se observan en Suecia, Finlandia y Dinamarca (más del 20 %). Nueve Estados miembros (como el Reino Unido y, en menor medida, Eslovenia y Dinamarca) registraron un deterioro en este ámbito durante la última década, mientras que los países con las mejoras más destacadas incluyeron Francia, Suecia, Estonia, Luxemburgo, Irlanda y Portugal (con un aumento superior a 5 puntos porcentuales.). Un estudio reciente del Centro Común de Investigación muestra que las innovaciones en materia de educación en línea, como los cursos masivos abiertos en línea (MOOC), se utilizan cada vez más como una herramienta de aprendizaje permanente para mejorar y aumentar las capacidades. Los datos procedentes de los proveedores mundiales de MOOC afirman que, en 2018, 20 millones de nuevos estudiantes se inscribieron como mínimo en un curso de educación en línea y que el número total de alumnos superó los 100 millones. Los trabajadores consideran los MOOC una herramienta útil para adquirir nuevas competencias necesarias en el mercado laboral y mantenerse actualizados en su ámbito. Sin embargo, no todas las personas poseen las capacidades digitales necesarias para participar en cursos masivos abiertos en línea. De hecho, los alumnos de MOOC suelen estar bien formados y tener ya un buen nivel de capacidades digitales.

Fuente: Eurostat, módulo ad hoc de la EPA sobre los jóvenes en el mercado laboral, 2016, código de datos en línea [ lfso_16fedc ]. Nota explicativa: la FP de nivel medio incluye la educación y la formación secundaria de segundo ciclo o postsecundaria no superior.

Fuente: Eurostat, Encuesta sobre la formación profesional permanente, 2015, extracción de datos especial para DG EMPL. Nota explicativa: los datos muestran el porcentaje de empresas con diez o más empleados que declaran haber recibido ayuda financiera pública para el suministro de formación durante el año de referencia (2015). No se dispone de los datos de IE.

La orientación sobre oportunidades de aprendizaje puede fomentar eficazmente la demanda de aprendizaje a nivel individual y la participación en el aprendizaje. El marco de evaluación comparativa sobre capacidades y educación de adultos ha mostrado que proporcionar orientación sobre oportunidades de aprendizaje es un estímulo estratégico clave para promover la participación de los adultos en la enseñanza. Según los últimos datos (2016) sobre acceso a servicios de orientación para el aprendizaje, proporcionados por la Encuesta sobre la educación de adultos , existe una fuerte correlación positiva entre la proporción de adultos (de entre 25 y 64 años) que reciben orientación y la proporción de aquellos que finalmente participan en la enseñanza . Si bien los servicios públicos de orientación representan un instrumento político común en la mayoría de los Estados miembros, su cobertura en cuanto al alcance varía considerablemente de un país a otro. En particular, como muestra el gráfico 35, en 2016 la proporción de adultos que habían recibido información o asesoramiento gratuitos sobre oportunidades de aprendizaje de parte de instituciones u organizaciones en los últimos doce meses osciló entre el 1,5 % de Rumanía y casi el 56 % de Suecia (media de la UE: 24,3 %). Por último, en la mayoría de los países, solo una pequeña minoría de empresas (principalmente grandes empresas) reciben incentivos públicos para impartir formación a sus empleados (véase el gráfico 36). Las únicas excepciones son España, Francia y Bélgica, donde al menos un tercio de todas las empresas reciben los incentivos (véase también el ICE 2019).

Fuente: Eurostat, Encuesta sobre la educación de adultos, 2016, extracción de datos especial para DG EMPL. Nota explicativa: no se dispone de los datos de IE.

Fuente: Eurostat, EPA, 2018, código de datos en línea [ trng_lfse_03 ]. Nota explicativa: no se dispone de los datos de RO.

Las medidas de formación para implicar a las personas desfavorecidas son especialmente relevantes. Pueden adoptar diversas formas, como la formación profesional formal o no formal o los programas de desarrollo de capacidades básicas . Los adultos poco cualificados y los desempleados se enfrentan a dificultades particulares en el acceso al aprendizaje. Según los datos de la EPA, en 2018, la proporción de adultos desempleados que habían participado en algún tipo de actividad de formación durante las cuatro semanas inmediatamente anteriores a la encuesta (como proporción de todos los adultos desempleados) oscilaba entre casi el 1,5 % en Eslovaquia y más del 45 % en Suecia (media de la UE: 10,7 %) (gráfico 33). Aparte de Eslovaquia, en países como Bulgaria, Hungría, Lituania, Grecia, Polonia, Italia, Chequia, Chipre, Malta, Letonia y Alemania, menos del 10 % de los adultos desempleados participan en la enseñanza. Por otro lado, en Luxemburgo, Dinamarca, Finlandia y Estonia la tasa de participantes ronda o supera el 20 %. Al observar el porcentaje de adultos poco cualificados que habían participado en alguna actividad de formación durante las cuatro semanas inmediatamente anteriores a la encuesta (como proporción de todos los adultos poco cualificados), surgen también importantes diferencias entre los Estados miembros (gráfico 34). Menos del 1 % de los adultos poco cualificados participan en la enseñanza en Chipre, Grecia y Croacia, mientras que más del 10 % lo hacen en Suecia, Finlandia y Dinamarca (media de la UE: 4,3 %). Por lo que se refiere a las personas nacidas fuera de la UE (de 25 a 64 años), tenían, de media en la UE, una probabilidad ligeramente mayor de haber participado en la educación y la formación (en las últimas 4 semanas) (12,0 %) en 2018 que las nacidas en la UE (11,1 %). Sin embargo, la situación varía de un país a otro. Por ejemplo, en Francia, Italia, Grecia y Austria las personas nacidas en la UE tienen muchas más posibilidades de tener acceso a la educación de adultos que las nacidas fuera de la UE. Además, la Encuesta sobre la educación de adultos (2016), más específica, mostró una tendencia diferente: los adultos migrantes tenían algo menos de probabilidad de participar en educación y formación formales e informales que los adultos autóctonos (42 % a nivel de la UE frente al 45 %). Los migrantes, en cualquier caso, carecen con mayor frecuencia de orientación y asesoramiento sobre las oportunidades de aprendizaje, ya que en toda la UE solo una cuarta parte de los nacidos en el extranjero disfrutan de este apoyo, frente a un tercio de los nativos.

Fuente: Eurostat, EPA, 2018, código de datos en línea [ trng_lfse_02 ]. Nota explicativa: datos de HR y RO no disponibles. Los datos de BG son de 2017.

Fuente: Encuesta europea sobre capacidades digitales (valores ponderados), extraída de Curtarelli et al. (2017).

En 2018, la tasa de empleo de las mujeres continuó su aumento constante, pero se ha ralentizado el progreso en la reducción de la brecha de género en el empleo. En comparación con 2017, la tasa de empleo de las mujeres (de entre 20 y 64 años) aumentó 0,9 puntos porcentuales hasta situarse en el 67,4 %, y aumentó en todos los Estados miembros. Se registraron aumentos notables de más de 2 puntos porcentuales en Chipre, Portugal, Finlandia y Eslovenia (en orden descendente). Italia (53,1 %), Grecia (49 %), Croacia (60,1 %) y Rumanía (60,6 %) también registraron mejoras, pero sus tasas de empleo femenino siguen siendo bajas. Por el contrario, Suecia, Lituania, Alemania y Estonia siguen presentando los mejores resultados, con una tasa de empleo femenino superior al 75 %. En todos los Estados miembros, la proporción de hombres que trabajan es superior a la proporción de mujeres. En 2018, la brecha de género en el empleo media de la UE se situó en 11,6 puntos porcentuales, prácticamente sin cambios desde 2013 (11,7 puntos porcentuales). La brecha de género en el empleo medida en equivalentes de tiempo completo (ETC) es considerablemente superior (18 puntos porcentuales), lo que refleja una mayor incidencia del trabajo a tiempo parcial entre las mujeres (véase más abajo). Las brechas de género en el empleo más bajas pueden encontrarse en Lituania (2,3 puntos porcentuales), Finlandia (3,7 puntos porcentuales), Letonia (4,2 puntos porcentuales) y Suecia (4,3 puntos porcentuales). En el extremo opuesto se encuentran Malta (21,9 puntos porcentuales), Grecia (21 puntos porcentuales), Italia (19 puntos porcentuales) y Rumanía (18,3 puntos porcentuales). Todos estos últimos países se consideran «situaciones críticas», con la excepción de Malta, que es «débil pero en mejoría», gracias a una fuerte disminución de 2,2 puntos porcentuales en el último año. Del gráfico 41 se desprende que no se está produciendo la convergencia en este indicador, ya que varios Estados miembros con brechas de género en el empleo elevadas o cercanas a la media registraron un deterioro en 2018.

Los jóvenes de origen migrante tenían más probabilidades de no estar «trabajando, estudiando ni formándose». La tasa de ninis entre los jóvenes no nacidos en la UE (entre 18 y 24 años) fue del 20,6 % en 2018, frente a un 13,1 % entre los nativos. La diferencia fue superior a 10 puntos porcentuales en varios Estados miembros, como Grecia, Malta, Eslovenia, Alemania, Italia y España. Por otra parte, la situación fue por término medio más desfavorable para las jóvenes migrantes (tasa de ninis del 23,8 %, 10,3 puntos porcentuales más que entre las jóvenes autóctonas). Además de las personas nacidas fuera de la UE, las personas autóctonas de origen migrante también pueden verse afectadas: en la mayoría de los Estados miembros de la UE, tenían más probabilidades de no estar «trabajando, educándose ni formándose» que las de padres autóctonos. La diferencia fue especialmente grande (tasa más de 8 puntos porcentuales superior) en Eslovenia, Francia, Bélgica, Chequia y Luxemburgo. Los jóvenes que combinaban el origen migrante y un bajo nivel de educación estuvieron especialmente expuestos al riesgo.

Fuente: Eurostat. Período: niveles de 2018 y variaciones anuales respecto a 2017. Nota: los ejes están centrados en la media no ponderada de la UE. La leyenda se presenta en el anexo.

Aparte de los jóvenes que trabajan o buscan trabajo, una parte considerable de los jóvenes de 15 a 24 años permanecen económicamente inactivos. En 2018, un total de 5,5 millones de personas de 15 a 24 años no estudiaban, ni trabajaban ni seguían formación alguna (ninis) en la UE. Esto equivalía al 10,4 % de la población en ese grupo de edad, reduciéndose desde un máximo del 13,2 % en 2012 y bajo el nivel de 2008 (10,9 %), pero todavía considerable. Esta reducción se debió principalmente a los ninis desempleados que encontraron un puesto de trabajo. Como se muestra en el gráfico 38, todavía se registran tasas de ninis superiores al 14 % en varios países (Italia, Bulgaria, Rumanía y Grecia, todos «situaciones críticas»). Los porcentajes de ninis han aumentado, aunque siguen siendo muy bajos, en Austria, los Países Bajos y Eslovenia. De manera más preocupante, las tasas han aumentado en Estonia y en el Reino Unido («en observación»). En un tono más positivo, se están observando importantes reducciones en Chipre y Croacia («débiles pero en mejoría»), que parten de niveles elevados. La convergencia se produce hasta cierto punto, como indica la pendiente ligeramente negativa de la línea de regresión.

La situación de los jóvenes en el mercado laboral continúa mejorando, en consonancia con el fortalecimiento del entorno macroeconómico. En la UE, la tasa de desempleo juvenil se redujo desde el máximo del 23,8 % en 2013 al 15,2 % en 2018. Esta cifra es inferior en 0,7 puntos porcentuales al nivel anterior a la crisis de 2008, pero sigue siendo en torno al doble de la tasa global de desempleo (6,8 % en 2018). La dispersión en las tasas de desempleo juvenil, a pesar de estar disminuyendo, sigue siendo elevada (véase el gráfico 37) y el desempleo juvenil sigue estando por encima del 30 % en algunos Estados miembros (Italia, España y Grecia). En el extremo opuesto, se han conseguido importantes reducciones en Bulgaria, Letonia, Polonia, Austria, Malta y Chequia, que se encontraban muy por debajo de la media de la UE en 2018. Los jóvenes y las jóvenes presentan niveles y tendencias similares en cuanto a las tasas de desempleo (un 14,5 % para las mujeres y un 15,7 % para los hombres en 2018), con una ligera diferencia a favor de las mujeres que ha sido más o menos constante en los últimos ocho años (la brecha de género se invierte en los intervalos de edad más elevados). La recuperación del empleo no siempre conduce a una creación de empleo de calidad para los jóvenes, ya que el 12,8 % de los empleados de entre 15 y 24 años trabajaron involuntariamente con contratos temporales en 2018 (frente al 6,8 % de los trabajadores de 25 a 64 años); la proporción era de más de 1 de cada 3 en España, Portugal, Croacia e Italia.

La falta de acceso a servicios de cuidado de niños y cuidados de larga duración de calidad y asequibles representa a menudo un obstáculo para el empleo femenino. El indicador principal del cuadro de indicadores sociales sobre cuidados infantiles muestra que la inscripción de niños menores de 3 años en las guarderías oficiales fue del 35,1 % a nivel de la UE en 2018, superando así el objetivo de Barcelona sobre inscripción en guarderías que debía alcanzarse para este grupo de edad (el 33 %). Sin embargo, persisten diferencias entre los países y aproximadamente la mitad de los Estados miembros aún no han alcanzado el objetivo de Barcelona. El índice de inscripción en guarderías oficiales entre los menores de 3 años supera el 60 % en Dinamarca y Luxemburgo, mientras que en Polonia y Chequia se sitúa en torno al 10 % o menos, y en Eslovaquia es del 1,4 %, un índice extremadamente bajo (véase el gráfico 44). En estos Estados miembros, la falta de servicios formales de cuidados de la infancia va acompañada de resultados inferiores en el mercado de trabajo para las mujeres y, en la mayoría de los casos, de un efecto negativo de la parentalidad por encima de la media de la UE.

La brecha de género en el empleo aumenta entre los trabajadores de más edad, y asciende a 13 puntos porcentuales entre los trabajadores de 55 a 64 años. Esto se debe a que las mujeres son las más perjudicadas por las responsabilidades de cuidados, a las jubilaciones anticipadas y, en parte, a los bajos niveles de cualificación en ese grupo de edad. El porcentaje de mujeres (entre 55 y 64 años) que no estaban en activo debido a responsabilidades familiares o de cuidados era del 7,5 % a nivel de la UE en 2018, frente al 1 % solamente de los hombres en este grupo de edad. La tasa de empleo de las mujeres de más edad con baja cualificación (nivel 0-2 de la CINE) es del 36,5 %, frente al 53 % de los hombres (y del 69,3 % en el caso de las mujeres de más edad con estudios superiores). A pesar de que, en general, las mujeres (20-64 años) tienen mayores niveles de educación superior y un número menor de mujeres están poco cualificadas en comparación con los hombres, en este grupo de edad más avanzada sucede lo contrario. Es más, el 31,3 % de las mujeres de más edad están poco cualificadas, frente a un 27,5 % entre los hombres. Todo ello contribuye a que los ingresos por hora de las que trabajan y las cotizaciones a la seguridad en general sean más bajos.

Fuente: Eurostat, EPA. Período: niveles de 2018 y variaciones anuales respecto a 2017. Nota: los ejes están centrados en la media no ponderada de la UE. La leyenda se presenta en el anexo.

Fuente: Eurostat, EU-SILC. Período: niveles de 2018 y variaciones anuales respecto a 2016. Nota: los ejes están centrados en la media no ponderada de la UE. La leyenda se presenta en el anexo.

Entre los Estados miembros siguen existiendo diferencias significativas en lo relativo a la calidad, accesibilidad y asequibilidad de los servicios de educación infantil y atención a la infancia. En muchos países de la UE aún no se dispone de una educación infantil y atención a la infancia de alta calidad, con un contenido didáctico claro impartido por personal cualificado, en particular para los niños menores de 3 años. Además, en los primeros años de vida de un niño, la disponibilidad gratuita de servicios de educación infantil y atención a la infancia es bastante limitada. En la UE, Dinamarca, Alemania, Estonia, Eslovenia, Finlandia y Suecia son los únicos países que garantizan el acceso a servicios de educación infantil y atención a la infancia financiados con fondos públicos para los niños de 6 a 18 meses. La accesibilidad mejora con la edad, ya que casi la mitad de los Estados miembros pueden proporcionar una plaza en servicios de educación infantil y atención a la infancia a partir de los 3 años. Por último, los niños en riesgo de pobreza o exclusión social muestran índices de inscripción mucho más bajos que los niños de familias no desfavorecidas. En 2016, había una diferencia de 11 puntos porcentuales en el grupo de edad de 3 años o más, y casi 15 puntos porcentuales en los niños de 0 a 2 años. Además, la utilización de los servicios de cuidados infantiles difiere entre los subgrupos de la población. En la UE, el 77 % de los niños (de entre 2 y 5 años) de los hogares migrantes están inscritos en algún tipo de educación infantil y atención a la infancia, frente al 81 % en el caso de los niños de hogares nativos. Las diferencias son mucho mayores en Croacia, Francia, Eslovenia y el Reino Unido, donde los hijos de los inmigrantes tienen una probabilidad 10 puntos inferior de asistir a los servicios de educación de la primera infancia. Esto es un problema, ya que para los hijos de los inmigrantes resulta más beneficioso que la media el asistir a guarderías oficiales y servicios preescolares (según el análisis basado en la puntuación del informe PISA de los alumnos de 15 años con padres inmigrantes).

Los desincentivos financieros agravan las barreras para que las mujeres trabajen o trabajen más. Esto ocurre por una serie de motivos. Por ejemplo, los miembros de la pareja que no trabajan y las segundas fuentes de ingresos son a menudo las mujeres, y se enfrentan a desincentivos financieros del mercado laboral en particular cuando también existen responsabilidades de cuidados de hijos o familiares. Además, si el impuesto sobre la renta se recauda sobre la renta de los hogares y no sobre la renta individual, puede crear un desincentivo para la segunda fuente de ingresos. Los dispositivos onerosos de cuidados también aumentan las trampas de la inactividad para las segundas fuentes de ingresos y las familias con ingresos bajos. Otros aspectos del sistema fiscal y de prestaciones, como las deducciones basadas en la familia, por cónyuge dependiente y transferibles, también pueden desalentar la oferta de mano de obra. En 2017, la mayor trampa de inactividad para la segunda fuente de ingresos se observó en Dinamarca, Alemania, Bélgica y Francia. La trampa relativa a los salarios bajos fue elevada en Bélgica, Alemania, Italia y los Países Bajos .

A pesar de algunas mejoras, las personas nacidas fuera de la UE siguen enfrentándose a dificultades en el mercado laboral. Esto se produce en un contexto en el que su porcentaje en la población total en edad de trabajar (20-64 años) ha aumentado, pasando del 6,6 % en 2014 al 9,4 % en 2018. En 2018, el 64,5 % de las personas nacidas fuera de la UE en edad de trabajar (20-64 años) estaba ocupada, una tasa 3,2 puntos porcentuales superior que la de dos años antes (2016). Sin embargo, sigue siendo 9,4 puntos porcentuales más baja que las tasas de empleo de las personas autóctonas (73,8 %). En algunos Estados miembros (Suecia, Países Bajos, Bélgica, Finlandia, Dinamarca, Alemania y Francia), la diferencia superaba los 15 puntos porcentuales en 2018. Por otra parte, la situación sigue siendo más desfavorable para las mujeres nacidas fuera de la UE, con una tasa de empleo de alrededor del 55,3 % en 2018, 13,3 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado entre las mujeres autóctonas (68,6 %). La diferencia entre los hombres nacidos fuera de la UE y los hombres autóctonos fue inferior (4,8 puntos porcentuales en 2018) y se ha ido acortando más rápidamente durante los últimos años. La ligera mejora registrada en los últimos años se debe, en particular, a unas tasas de empleo más elevadas entre el subgrupo de «recién llegados» (personas nacidas fuera de la UE que residen en ella desde hace menos de 5 años). Aunque su tasa de empleo sigue siendo inferior a la de los establecidos desde hace mucho tiempo, ha aumentado en 3,1 puntos porcentuales en un año (pasando del 46,4 % en 2017 al 49,5 % en 2018), debido en particular a rápidas mejoras (aumento de más de 5 puntos porcentuales) en Bélgica, Austria, Alemania y Francia. A pesar de que la diferencia entre las tasas de empleo de los autóctonos y de los nacidos fuera de la UE ha aumentado entre 2008 y 2018 en la mayoría de los Estados miembros (20 de los 28), principalmente a causa del impacto de la recesión económica y sus repercusiones en el mercado laboral, dicha diferencia se ha reducido recientemente (desde 2016 en adelante) en 17 Estados miembros. Este fue el caso, en particular, de los principales países de acogida de inmigrantes procedentes de terceros países (véase el gráfico 45).

Gráfico 45: Las personas nacidas fuera de la UE siguen enfrentándose a dificultades de empleabilidad

Tasa de empleo por país de nacimiento, de 20 a 64 años, 2018 y variación desde 2008 y 2016

Fuente: Eurostat [lfsa_ergacob]. Nota: ningún valor para la variación anual de DE debido a la falta de datos sobre la tasa de empleo de las personas nacidas fuera de la UE durante los años de referencia anteriores a 2017.

La tasa de empleo global de las personas nacidas fuera de la UE refleja diversos factores. En particular, el hecho de que el porcentaje de personas con un bajo nivel de estudios sea mayor entre las personas nacidas fuera de la UE que entre los autóctonos (respectivamente, un 35,7 % y un 20,3 % a nivel de la UE entre las personas de 25 a 64 años) explica en parte que la tasa de empleo de los inmigrantes sea más baja. Sin embargo, incluso los inmigrantes con un alto nivel educativo no alcanzan el mismo nivel que los autóctonos (como pone de manifiesto la gran brecha en el empleo y la tasa superior de sobrecualificación), y sigue habiendo una importante infrautilización de las capacidades y cualificaciones de los migrantes. Esto se ve confirmado por los datos de la Encuesta europea sobre las condiciones de trabajo (EWCS), que muestran que es más probable que los trabajadores migrantes de primera generación se encuentren en empleos menos cualificados, incluso cuando tengan estudios superiores. Entre las causas probables de la mala correspondencia entre el capital humano y las ocupaciones se encuentran las barreras lingüísticas y la falta de reconocimiento de las capacidades y las certificaciones.

Además de las personas nacidas fuera de la UE, también es probable que las personas autóctonas de padres nacidos fuera de la UE se enfrenten a dificultades en el empleo. En 2017 (último año disponible), la tasa de empleo de estos trabajadores de entre 15 y 34 años fue del 68,5 % en la UE, 5,7 puntos porcentuales por debajo del nivel de los trabajadores con padres nativos. Además, la brecha fue de unos 15 puntos porcentuales o más en Austria, Grecia, Francia, España, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, los Países Bajos e Italia. A lo largo de la última década, el mayor deterioro para los hijos de migrantes se observó en los países más afectados por la crisis económica, como Grecia e Italia, así como en Francia y los Países Bajos. Por el contrario, Suecia, Chequia y Bélgica han registrado aumentos significativos de las tasas de empleo de los jóvenes (15-34) de origen migrante.

Las bajas tasas de empleo y de actividad de las personas con discapacidad indican un potencial sin explotar en la utilización de su talento. En 2017, la tasa de empleo de las personas con discapacidad en la UE era del 50,6 %, frente a un 74,8 % en el caso de las personas sin discapacidad. No obstante, ha aumentado ligeramente en comparación con 2016 (48,1 %). La diferencia varía sustancialmente entre los Estados miembros, pasando de 13,7 puntos porcentuales en Italia a 42,1 puntos porcentuales en Irlanda. Además, solo el 61 % de las personas con discapacidad en la UE eran económicamente activas, frente al 82,3 % de las que no tienen discapacidad, lo que indica que las personas con discapacidad se enfrentan a importantes obstáculos para acceder al mercado laboral. Los países con tasas de actividad similares para las personas sin discapacidad pueden tener tasas de actividad muy diferentes para las personas con discapacidad. En cuestión de género, la tasa de empleo de las mujeres con discapacidad (48,3 %) fue solo ligeramente inferior a la de los hombres con discapacidad (53,3 %). La calidad del empleo es también una cuestión importante: en 2018, las personas con discapacidad tenían más probabilidades de enfrentarse al riesgo de pobreza de los ocupados que las personas sin discapacidad (un 11 % frente a al 9 % de media en la UE). Un estudio de Eurofound confirma la importancia crucial del empleo como factor principal de integración. Dicho estudio muestra que el grado en el que las personas con discapacidad se sienten excluidas de la sociedad varía considerablemente en función de si tienen empleo o no. Las personas que tienen trabajo afirman sentirse excluidas de la sociedad con mucha menos frecuencia que, por ejemplo, las personas desempleadas de larga duración o aquellas que no pueden trabajar debido a su discapacidad.

El elevado nivel de abandono escolar prematuro y el bajo nivel de titulaciones de educación superior de las personas con discapacidad afectan negativamente a su empleo. En la UE en 2017, el abandono escolar prematuro de los jóvenes (grupo de edad de 18 a 24 años) con discapacidad era del 19,6 %, frente al 9,5 % de las personas sin discapacidad (lo que supone una diferencia de aproximadamente 10,1 puntos porcentuales). Esta diferencia fue menor en Eslovenia (1,8 puntos porcentuales) y relativamente elevada en Chequia (25,5 puntos porcentuales), Rumanía (23,5 puntos porcentuales), Bulgaria (21,9 puntos porcentuales) y Alemania (21,1 puntos porcentuales). Por lo que se refiere a la educación superior, el 32,4 % de las personas con discapacidad completaron una educación superior o equivalente, frente al 42,5 % de las personas sin discapacidad (lo que supone una diferencia de aproximadamente 10,2 puntos porcentuales).

3.2.2. Respuestas políticas

Los enfoques integrados adaptados a las necesidades de los alumnos son los más eficaces para reducir el abandono escolar prematuro. Desde septiembre de 2018, muchos Estados miembros han introducido medidas en este ámbito. Por ejemplo, en Luxemburgo, el Gobierno ha creado un «Servicio de mediación escolar» para luchar mejor contra el abandono escolar prematuro prestando un apoyo específico a los alumnos que se encuentren particularmente en riesgo de abandono escolar. En España, el «Programa de orientación y refuerzo para el avance y apoyo en la educación» ayuda a las regiones españolas a reducir el abandono prematuro de la educación y la formación, en particular prestando apoyo a los centros educativos situados en zonas vulnerables y a los estudiantes c