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Bruselas, 10.3.2011

COM(2011) 105 final

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

de conformidad con el artículo 7 de la Decisión 2006/500/CE (Tratado de la Comunidad de la Energía)

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

de conformidad con el artículo 7 de la Decisión 2006/500/CE (Tratado de la Comunidad de la Energía))

El presente informe se elabora de conformidad con la Decisión 2006/500/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2006, sobre la celebración por la Comunidad Europea del Tratado de la Comunidad de la Energía, que dispone que «Tres años después de la entrada en vigor de la presente Decisión, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la experiencia adquirida en la aplicación de la presente Decisión, en su caso junto con una propuesta de medidas adicionales». El presente informe pasa revista a los logros de la Comunidad de la Energía y a los principales desafíos del futuro.

1. Introducción: de la desintegración a la cooperación

La Comunidad de la Energía se basa en el Tratado firmado entre, por un lado, la Unión Europea[1] y, por otro, las nueve Partes contratantes siguientes: Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Ucrania y UNMIK[2]. Además, catorce Estados miembros de la Unión Europea mantienen un vínculo especial con esta organización que se refleja en su rango de «participantes» en el proceso (Austria, Bulgaria, Chipre, la República Checa, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, los Países Bajos, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y el Reino Unido). Hasta la fecha, Georgia, Noruega y Turquía tienen rango de observadores.

La Comunidad de la Energía se ocupa no solo de las inversiones, el desarrollo económico, la seguridad del suministro energético y la estabilidad social, sino también de la solidaridad, la confianza mutua y la paz. La existencia de la Comunidad de la Energía, tan solo diez años después del final del conflicto de los Balcanes, es un éxito en sí mismo, ya que supone el primer proyecto institucional común emprendido por los países del sudeste de Europa que no pertenecen a la Unión Europea.

Los objetivos de la Comunidad de la Energía se distribuyen en tres niveles: nacional, regional y paneuropeo. A corto plazo, esta Comunidad se propone crear mercados energéticos nacionales abiertos y transparentes basados en marcos reguladores y comerciales estables capaces de atraer inversiones en producción de electricidad y redes (la seguridad del suministro energético es fundamental para el desarrollo económico y la estabilidad social); a medio plazo, debe poder contarse en la región con un mercado energético integrado que permita el comercio energético transfronterizo, garantice el suministro de energía y tenga en cuenta los aspectos climáticos y sociales; a largo plazo, el mercado regional debe estar plenamente integrado en el mercado interior de la energía de la Unión Europea.

Para alcanzar estos objetivos, el Tratado de la Comunidad de la Energía prevé que las Partes contratantes adopten medidas apropiadas, bien unilateralmente, bien conjuntamente con algunos Estados miembros de la UE o con la Unión Europea en su conjunto. Al adherirse a la Comunidad de la Energía, las Partes contratantes se han comprometido a aplicar la normativa de la UE pertinente en materia de energía, medio ambiente y competencia; además, el Tratado prevé los instrumentos para la adopción de un marco reglamentario ad hoc que facilite el funcionamiento transfronterizo de los mercados de la energía en la región y para la creación de un mercado único de la energía.

La Comunidad de la Energía posee su propio marco institucional. En estrecha cooperación con los servicios de la Comisión, la Secretaría de la Comunidad de la Energía, que tiene su sede en Viena, representa el actor administrativo principal; garantiza la coordinación necesaria y respalda el trabajo de las demás instituciones: el grupo permanente de alto nivel, el Consejo Ministerial, el Consejo regulador de la Comunidad de la Energía y los foros[3]. La Secretaría se ocupa también de examinar la correcta aplicación por las Partes contratantes de las obligaciones que les competen en virtud del Tratado y presenta anualmente informes de situación al Consejo Ministerial. En este sentido, la Secretaría actúa como « guardián del Tratado de la Comunidad de la Energía»; por su parte, la Comisión Europea desempeña, con arreglo al mismo Tratado, una función de coordinación general.

El presupuesto de la Comunidad de la Energía para 2011 asciende a 3 380 000 EUR y lo financia la Unión Europea en un 98 % (3 312 400 EUR). Desde 2009, la contribución de la Unión Europea procede de un Programa Regional IPA ad hoc. Este presupuesto sirve fundamentalmente para financiar: 1) el funcionamiento de la Secretaría; 2) la organización de unas sesenta reuniones y acontecimientos institucionales anuales y la participación de las Partes contratantes y los observadores en esos acontecimientos; y 3) los estudios. En 2011 se debería fijar y adoptar el presupuesto bienal (2012-2013) de la Comunidad de la Energía ampliada.

La Comunidad de la Energía se creó para un periodo de diez años, que expira en julio de 2016, y puede prorrogarse mediante decisión unánime del Consejo Ministerial.

Aunque el Tratado está vigente desde julio de 2006, lo cierto es que la Comunidad de la Energía no comenzó a ser plenamente operativa hasta 2007, cuando se creó la Secretaría. Si bien la Comunidad de la Energía se concibió inicialmente como un instrumento de preadhesión de la Unión Europea, su afiliación se ha abierto, mientras tanto, a los países del ámbito de la política europea de vecindad (la primera adhesión fue la de Moldova, el 1 de mayo de 2010; Ucrania se ha adherido con efecto desde el 1 de febrero de 2011) y a otros países (Armenia ha solicitado el rango de observador). Desde el momento de la firma del Tratado de la Comunidad de la Energía, la importancia de intensificar la dimensión exterior del mercado energético de la UE se ha vuelto cada vez más evidente, empezando por la Segunda revisión estratégica del sector de la energía efectuada en 2008 por la Comisión. En la Comunicación «Energía 2020: Estrategia para una energía competitiva, sostenible y segura», recientemente publicada, se señala que el concepto de comunidad de la energía es un componente clave para lograr una cooperación internacional fuerte con los vecinos de la UE.

2. Éxito de la Comunidad de la Energía

Al cabo de cuatro años de existencia, la Comunidad de la Energía se ha convertido en una organización madura que ofrece un marco institucional sólido para la cooperación, la ayuda mutua y el intercambio de experiencias y que, por consiguiente, sirve como modelo de la cooperación regional en cuestiones energéticas.

Al firmar el Tratado de la Comunidad de la Energía, las Partes contratantes se comprometieron con un ambicioso proyecto que exigía un enorme esfuerzo no solo de trabajo legislativo, capacidad administrativa y recursos, sino también de percepción política y social. Este compromiso se renueva en cada reunión de las instituciones de la Comunidad de la Energía y se refleja, además, en el trabajo técnico realizado a diario por los diferentes grupos de trabajo y comisiones especiales.

El Tratado de la Comunidad de la Energía señaló un conjunto de disposiciones de la UE que las Partes contratantes se comprometieron a aplicar en un plazo determinado y que básicamente tienen por objeto el segundo paquete de normas comunes para el mercado interior del gas y la electricidad, una serie de directivas seleccionadas sobre la protección medioambiental y las principales normas antitrust y sobre ayudas estatales. Las Partes contratantes se comprometieron, además, a establecer planes de aplicación de las directivas sobre la promoción de energías procedentes de fuentes renovables.

En 2007, el «acervo de la Comunidad de la Energía» se amplió a las directivas de la UE sobre la seguridad del suministro de gas y electricidad.

Desde 2010, el citado acervo abarca también la legislación principal de la UE sobre la eficiencia energética, en concreto las Directivas sobre la eficiencia energética de los edificios, sobre el etiquetado energético y sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos. Esta legislación la deberán aplicar en general las Partes contratantes antes de finales de 2011.

Las Partes contratantes han acordado, además, comenzar a aplicar con carácter voluntario determinadas partes de la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, y el «tercer paquete de medidas» sobre el mercado interior del gas y la electricidad, como un primer paso, según las recomendaciones del Consejo Ministerial.

Las actividades de la Comunidad de la Energía se han ido ampliando cada vez más hacia otros ámbitos. Basándose en el Memorándum de Acuerdo sobre cuestiones sociales , todas las Partes contratantes —salvo Moldova y Ucrania en tanto que nuevos miembros— han preparado planes de actuación social y comenzado a adoptar medidas para abordar los efectos sociales vinculados a la aplicación del Tratado. Aun cuando se han logrado avances en este ámbito, el proceso parece ser más bien lento y desigual debido a la naturaleza no vinculante del Memorándum y al escaso compromiso con las cuestiones sociales. Se espera que Moldova y Ucrania firmen el Memorándum sin tardanza.

En lo tocante a la « Dimensión del petróleo », se están realizando trabajos preparatorios con vistas a una adopción oportuna de la Directiva de 2009 relativa a las reservas de petróleo.

Asimismo, se están haciendo esfuerzos para ayudar a las Partes contratantes a armonizar sus estadísticas energéticas con la metodología y los requisitos sobre notificación aplicados por Eurostat, de acuerdo con una detallada hoja de ruta elaborada para el periodo 2010 - 2012.

La ampliación de las actividades de la Comunidad de la Energía hacia otros ámbitos pone de manifiesto no solo el compromiso de las Partes contratantes de adaptarse a las normas de la UE, sino también el enfoque dinámico de esta organización y la flexibilidad de sus mecanismos de toma de decisiones.

La evolución del marco legislativo de la Comunidad de la Energía se refleja en el Informe anual de aplicación de 2010, preparado por la Secretaría de esa Comunidad, que aborda la aplicación del acervo conforme al Tratado por el que se establece la Comunidad de la Energía, describe los avances realizados por cada Parte Contratante y evalúa la situación general. El Informe de la Secretaría[4] confirma el esfuerzo legislativo efectuado por las Partes contratantes, que han logrado adaptar sus marcos normativos energéticos en un espacio de tiempo relativamente corto (algunas de ellas comenzaron desde cero); el informe advierte asimismo del desfase cada vez mayor entre la adopción formal de las normas y su verdadera aplicación y señala los obstáculos conocidos que impiden la apertura real de los mercados energéticos y ralentizan las inversiones.

El interés por la Comunidad de la Energía es cada vez mayor en toda la región. La primera ampliación de aquella se llevó a cabo en 2010, con la adhesión de la República de Moldova; con la adhesión de Ucrania, el tamaño del posible mercado regional casi se ha triplicado (de aproximadamente 26 millones de habitantes a cerca de 73 millones). En septiembre de 2009 se entablaron negociaciones con Turquía; Georgia está pensando en solicitar la incorporación y Armenia ha solicitado el rango de observador. El centro de gravedad de este proyecto —que tuvo inicialmente un gran componente de preadhesión a la UE— ha comenzado, pues, a orientarse hacia el Este.

3. Retos principales

Aun reconociendo los ímprobos esfuerzos realizados hasta ahora por la Comunidad de la Energía, especialmente desde la perspectiva institucional, la Comisión es consciente de que hay margen para mejorar dos ámbitos clave.

a) De la teoría a la práctica . Pese al intensivo trabajo legislativo, no se ha alcanzado aún el primer nivel de objetivos —la existencia de mercados energéticos nacionales abiertos, transparentes y competitivos en todas las Partes contratantes—; con respecto a la consecución de un mercado regional, la falta de avances en la creación de una oficina de subastas coordinada para la electricidad en la octava región (Europa sudoriental) —a pesar de los importantes recursos financieros y humanos empleados en este proyecto— es un ejemplo de las dificultades sistémicas encontradas; las iniciativas regionales se ven bloqueadas con frecuencia, debido a unas posiciones de principio irreconciliables derivadas de discrepancias políticas, étnicas y religiosas que son la herencia del pasado. Especialmente perjudiciales son las continuas obstrucciones que ejercen diversas partes contra la plena participación de Kosovo[5] en los mecanismos regionales. En estas circunstancias, la meta final —la integración en el mercado interior energético de la UE— parece de momento un objetivo a largo plazo.

El problema principal sigue siendo salvar la distancia existente entre la teoría (los compromisos políticos) y la práctica (la plena aplicación del acervo de la Comunidad de la Energía y la observancia de las normas adoptadas), y la cuestión clave es cómo incitar a las Partes contratantes de la región para que apliquen y observen las normas.

La fijación de objetivos y plazos realistas ayudará a evitar los incumplimientos; también contribuirá a este fin contar con disposiciones de acompañamiento apropiadas que tengan debidamente en cuenta el perfil y las necesidades de las Partes contratantes, como estipula explícitamente el artículo 24 del Tratado.

La transposición formal del acervo de la Comunidad de la Energía no puede ser un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar los objetivos de las normas. Lo que se busca es crear un auténtico mercado de la energía, empezando por la reforma del actual sistema de precios regulados y subvenciones generales. Así pues, no se logrará una verdadera apertura de los mercados nacionales de la energía, y menos aún la integración del mercado regional, mientras sigan existiendo unos mercados obsoletos que obstaculicen la competencia y la inversión y que se basen en proveedores públicos vinculados a productores nacionales titulares que apliquen precios regulados que no estén claramente definidos y no sean transitorios, transparentes, no discriminatorios (incluso entre proveedores) y verificables, y que no falseen la competencia, tal como exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea[6]. Adoptar una legislación nacional que se limite a «traducir» las normas de la UE a leyes nacionales no es suficiente si no va acompañada de las necesarias disposiciones secundarias, de capacidad administrativa y de mecanismos de supervisión y aplicación. Se necesitan unas autoridades reguladoras fuertes en materia de energía, con competencias, recursos e independencia suficientes para cumplir sus obligaciones y capaces de garantizar la no discriminación, una competencia efectiva y un funcionamiento eficiente del mercado de la energía.

El mecanismo de resolución de litigios previsto en el Tratado ha demostrado su eficacia en los casos en que las partes estaban dispuestas a negociar una solución amistosa. La experiencia ha puesto de manifiesto, sin embargo, que la resolución final de un litigio puede rebasar la estricta interpretación del acervo de la Comunidad de la Energía y referirse a cuestiones complejas del Derecho Internacional Público. Habida cuenta del limitado número de casos incoados hasta ahora (únicamente seis, inducidos principalmente por los denunciantes) y la inexistencia de un planteamiento sistemático que aborde simultáneamente infracciones similares en varias Partes contratantes, es prematuro en esta fase extraer conclusiones apropiadas sobre la eficiencia del procedimiento aplicable a las infracciones que establece el Tratado. La Comisión considera que todas las partes tienen que redoblar sus esfuerzos para garantizar el cumplimiento.

b) ¿ Cómo se puede fomentar la inversión ? La Comunidad de la Energía se enfrenta a problemas de inversión que son bien conocidos[7], como los derivados de la modernización de las redes de transmisión y distribución de electricidad y los interconectores, de los requisitos y medidas de la UE relativos a la eficiencia energética o de la aplicación de la Directiva sobre grandes instalaciones de combustión, de la Directiva sobre el contenido de azufre en los combustibles y de las normas sobre emisiones de la Unión Europea, que requieren la rehabilitación de las instalaciones de producción existentes o el cierre definitivo y la posible sustitución de varias de ellas antes de diciembre de 2017.

La Comunidad de la Energía ha logrado señalar diversos proyectos prioritarios de importancia estratégica para la región, que el Consejo Ministerial respaldó en 2010, en los que se da prioridad a los proyectos que facilitan los intercambios transfronterizos; la capacidad de interconexión actual, que es insuficiente, supone de hecho un obstáculo al desarrollo de los mercados regionales. Fomentar los intercambios y los sistemas energéticos regionales ayudará no solo a la región, sino también a la seguridad de suministro de la UE. Hasta ahora se han dado algunos pasos basándose en el concepto de «anillo del gas», tal como se desarrolla en el estudio «South East Europe: Gasification Study» (patrocinado por el Banco Mundial y Kreditanstalt für Wiederaufbau [KfW] y publicado con el título «The future of the natural gas market in Southeast Europe»)[8] y se han realizado grandes esfuerzos a escala institucional para apoyar y promover los proyectos prioritarios señalados.

Además, la Comunidad de la Energía ha ayudado a las Partes contratantes a atraer una cuantiosa financiación pública, ya sea de donantes bilaterales (KfW o USAid) o de instituciones financieras internacionales (BEI, Banco Mundial o BERD).

A pesar de la considerable financiación procedente de instituciones financieras internacionales que recibe la región, el nivel de las inversiones privadas sigue siendo relativamente bajo. Ello está motivado, entre otras cosas, por la poco fiable aplicación del marco regulador (las normas no se aplican o no se aplican correctamente) y por el exiguo tamaño de los mercados nacionales (las mismas razones que originaron el concepto de comunidad de la energía en 2005).

Con todo, el principal problema sigue siendo, al parecer, la incapacidad de los gobiernos para reestructurar las tarifas reguladas para los usuarios finales y las subvenciones implícitas y explícitas asociadas de todos los mercados energéticos. Estas subvenciones, que se aplican de manera indiscriminada, mantienen, en particular, los precios de la electricidad al por mayor por debajo del nivel de sustitución del capital y dificultan el ahorro energético y las inversiones en eficiencia energética. Ello da como resultado el empleo continuo de un capital envejecido, ineficiente y perjudicial para el medio ambiente, que es incapaz de proporcionar la seguridad energética que merece la población de las Partes contratantes de la Comunidad de la Energía. Este resultado excluye las inversiones de todo tipo: públicas, privadas o de instituciones financieras internacionales.

La Comisión considera que la mejora de las condiciones de inversión debe convertirse en una de las próximas medidas prioritarias de la Comunidad de la Energía y colaborará con la Secretaría y la comunidad de donantes para cumplir este compromiso.

4. ¿Qué futuro para la Comunidad de la Energía?

De acuerdo con las conclusiones anteriores, la Comisión considera que la evolución futura de esta organización internacional debe esbozarse teniendo en cuenta tres objetivos principales: la Comunidad de la Energía necesita centrarse en la observancia de las normas y tiene que adoptar el tercer paquete de medidas sobre el mercado interior y la Directiva sobre las energías renovables; además, es preciso elaborar un estrategia de inversión coordinada. Por otro lado, debe pensarse en la ampliación del acervo, principalmente para fomentar la descarbonización del sector de la energía.

1) Centrarse en la aplicación

A diferencia de otras iniciativas regionales existentes, la Comunidad de la Energía se basa en un tratado internacional que crea un marco de normas legalmente aplicables:

- Al adherirse a la Comunidad de la Energía, las Partes contratantes han asumido el compromiso legal no solo de adoptar formalmente las normas de la UE pertinentes, sino también de aplicarlas y hacerlas cumplir en la práctica.

- Las instituciones de la Comunidad de la Energía garantizan un seguimiento permanente e independiente de los mercados pertinentes por parte de la Secretaría, que ayuda a las Partes contratantes a aplicar las normas y controla el cumplimiento formal de las normas nacionales de transposición (incluso antes de su adopción) y su aplicación en la práctica, mediante visitas a los países, entre otras medidas.

- El Tratado de la Comunidad de la Energía contempla un mecanismo de resolución de litigios que permite detectar y abordar las infracciones de las normas pertinentes, bien a raíz de una denuncia o por propia iniciativa de la Secretaría; el mecanismo, sin embargo, no se ha aplicado de manera sistemática hasta ahora.

No obstante, el hecho de que en la práctica no se hayan producido avances en la reforma y apertura de los mercados de la energía indica que la aplicación del acervo sobre la energía ha sido insuficiente. Con el fin de mejorar la observancia, las Partes contratantes deben seguir estableciendo organismos reguladores del sector energético y de la competencia sólidos e independientes, que estén plenamente facultados y equipados para controlar el cumplimiento e imponer sanciones efectivas en caso de infracción. Asimismo, los tribunales nacionales y los de inversiones tienen una importante función que cumplir aplicando las normas adoptadas y efectuando las reparaciones apropiadas en caso de vulneración. Por último, la Secretaría debe desempeñar plenamente su función de guardián del Tratado de la Comunidad de la Energía, recurriendo a su independencia y sus conocimientos especializados.

La Comisión se ha comprometido a fomentar la aplicación y la observancia activa de las normas de la Comunidad de la Energía del modo siguiente:

a) En el caso de las Partes contratantes que hayan alcanzado el rango de candidatas o posibles candidatas a la UE, el nivel de aplicación y observancia nacional del acervo pertinente de la Comunidad de la Energía se considerará decisivo en las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. La falta de observancia se evaluará de manera negativa en los informes de situación de la Comisión y podría dar lugar a la reapertura del capítulo energético de las negociaciones de adhesión. Lo contrario también es cierto: los países candidatos deben contar con la agilización del examen del capítulo energético dentro de las negociaciones de adhesión, como contrapartida a su aplicación del acervo del Tratado de la Comunidad de la Energía.

b) Basándose en normas y procedimientos transparentes, y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, la Comisión Europea examinará el modo de vincular mejor la ayuda financiera bilateral con el respeto de los compromisos asumidos de conformidad con el Tratado de la Comunidad de la Energía, especialmente en caso de infracción persistente por una Parte Contratante, con arreglo a la recomendación que el Parlamento Europeo hace en su Resolución «Hacia una nueva estrategia energética para Europa 2011-2020», adoptada el 25 de noviembre de 2010. En opinión de la Comisión, el cumplimiento del acervo por las Partes contratantes debe evaluarse no solo en función de la incorporación de aquel en su ordenamiento jurídico nacional, sino también sobre la base de la aplicación y la observancia efectivas, que, a su vez, deben desempeñar una función positiva a la hora de asignar ayuda financiera adicional.

En cuanto coordinadora de la comunidad de donantes, la Comisión pensará, además, en la posibilidad de instar a otras instituciones financieras internacionales y donantes bilaterales a seguir la misma política y a condicionar la financiación a la aplicación y observancia de las normas.

c) Además, la existencia de unos mecanismos de aplicación más fuertes será asimismo una condición que las Partes contratantes habrán de cumplir para poder acogerse a las disposiciones sobre cooperación de la Directiva sobre energías renovables y, en particular, a las relativas a las transferencias de datos estadísticos con los Estados miembros.

d) La Comisión apoyará medidas encaminadas a facilitar la aplicación y a evitar los incumplimientos, aumentando la cooperación y la asociación administrativas. Asimismo, fomentará una intervención más estrecha de los participantes de los Estados miembros de la UE en las reuniones técnicas de la Comunidad de la Energía, de modo que las Partes contratantes puedan aprovechar su experiencia y mejores prácticas.

e) La Comisión promoverá el recurso sistemático al mecanismo de resolución de litigios, que respeta debidamente la igualdad de trato de las Partes contratantes, y apoyará la incoación de los procedimientos pertinentes por propia iniciativa de la Secretaría. En caso de infracción grave o reiterada de las normas, la Comisión cree que la Unión Europea debe ejercer el derecho que le asiste en virtud del artículo 90 del Tratado y pensar en la posibilidad de someter el asunto directamente al Consejo Ministerial.

f) Según la Comisión, la adhesión a la Comunidad de la Energía debe estar abierta únicamente a aquellos países que demuestren la voluntad y la capacidad de incorporar a su ordenamiento jurídico el acervo pertinente de la Comunidad de la Energía en un plazo razonable antes de la adhesión y con arreglo a la credibilidad exigida por las otras Partes contratantes.

2) Aplicación del tercer paquete de medidas sobre el mercado interior y de las Directivas sobre energías renovables y eficiencia energética, como medio para acelerar la integración de la región en el mercado único europeo de la energía

La Comisión considera que la aplicación efectiva de las normas acordadas es una condición fundamental para la adopción y aplicación futuras del tercer paquete de medidas sobre el mercado interior de la energía y para la participación de las Partes contratantes en la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía o en las Redes Europeas de Gestores de Redes de Transporte de energía.

La Comisión promoverá la ampliación del acervo de la Comunidad de la Energía a las directivas y reglamentos en el «tercer paquete de medidas sobre el mercado interior de la energía». La adopción y aplicación del tercer paquete de medidas permitirá a las Partes contratantes reformar sus mercados de la energía más deprisa y más a fondo, preparando así el camino para la plena integración en los mercados de la UE y posibilitando a las empresas y a los consumidores de las Partes contratantes obtener los beneficios derivados del buen funcionamiento de los mercados.

Para cerciorarse de que la aplicación de la legislación se complementa con auténticas reformas del mercado, la Comisión, en coordinación con la Secretaría de la Comunidad de la Energía, tiene la intención de ofrecer asesoramiento específico a las Partes contratantes, en forma de programas de aplicación, prioridades y posiblemente la adopción gradual del acervo. Evidentemente, ello formará parte del asesoramiento sobre la reforma del mercado que sienta las bases del fomento de la inversión.

La Comisión también promoverá la adopción de la Directiva sobre energías renovables por la Comunidad de la Energía. Las Partes contratantes poseen un potencial de energía renovable sin explotar que les permitiría contribuir a la lucha contra el cambio climático, aumentar la seguridad energética en Europa y abordar problemas de ámbito local relacionados con el medio ambiente y la salud.

En el campo de la eficiencia energética, la aplicación efectiva de la legislación pertinente de la UE en las Partes contratantes será importante para garantizar que contribuyen cuanto antes a la consecución de los objetivos de ahorro y eficiencia energéticos y a la descarbonización del sector de la energía. Algunas de las grandes ventajas que se derivan de ello son el ahorro en las facturas energéticas de los nacionales de las Partes contratantes y las oportunidades de creación de nuevos puestos de trabajo. En un informe publicado recientemente por el Banco Mundial[9] se analiza la posibilidad de conseguir importantes ahorros como consecuencia de una mayor eficiencia energética en la región.

Estas normas son ya el punto de referencia de las negociaciones bilaterales entre la Unión Europea y las Partes contratantes de la Comunidad de la Energía (bien para la adhesión a la Unión Europea o en el marco de la política europea de vecindad).

La Comisión fomentará, pues, la adopción de las directivas y reglamentos pertinentes por la Comunidad de la Energía a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta el marco institucional de la Comunidad de la Energía y la situación específica de las Partes contratantes.

3) Estrategia de inversión coordinada

La Comunidad de la Energía necesita crear un entorno de inversión atractivo basado en una estrategia de inversión coordinada. Las Partes contratantes ofrecen una buena base geográfica con la que poder acceder a un mercado energético europeo más amplio y la posibilidad de convertir sus ventajas objetivas, como unos abundantes recursos hidroeléctricos renovables, en oportunidades de exportación. Cierto es que hay problemas, como los obstáculos al comercio transfronterizo, los sistemas de planificación inestables y unos objetivos muy limitados.

La condición principal para lograr nuevas inversiones es llevar a cabo una reforma de los precios y las subvenciones. Los niveles actuales de precios y tarifas, con frecuencia inferiores a la amortización de costes, distorsionan el mercado y dificultan que las políticas fomenten la gestión de la demanda y la eficiencia energética. Ello, unido a unos bajos niveles de facturación de electricidad y de recaudación de ingresos, hace peligrar la viabilidad financiera de algunas de las instalaciones de producción de energía, contratiempo que en la actualidad se soluciona mediante costosas subvenciones públicas. Es preciso, pues, realizar esfuerzos especiales para reformar los precios y las tarifas, prestando la debida atención a la protección de los consumidores vulnerables, a la supresión de las cargas administrativas y al establecimiento de un organismo regulador independiente que garantice la transparencia del mercado y un trato no discriminatorio a quienes participen en él. La Comisión reconoce que no es razonable esperar una reforma sin ofrecer un plan alternativo de inversión, de reestructuración de precios y de protección selectiva de los consumidores vulnerables, de ahí que tenga la intención de tomar la iniciativa en este ámbito y ofrecer asesoramiento concreto sobre la reforma estructural.

Se hará hincapié en los efectos sociales de la reforma. Las Partes contratantes tienen que crear sistemas eficientes de bienestar energético y planes de subvenciones selectivas. Lo más eficiente es aumentar las tasas de cobro (es decir, reducir la proporción de personas a las que se suministra energía pero que no pagan). Otras facetas de la eficiencia que deben tenerse presentes son la supresión de las subvenciones generales y la concesión selectiva de subvenciones para las personas pobres y vulnerables. Las Partes contratantes tienen que ser conscientes del coste que entraña no llevar a cabo la reforma: mayor intensidad energética, pérdida de bienestar y de crecimiento económico, un medio ambiente degradado y efectos sobre la salud[10].

Una condición secundaria es que las Partes contratantes deben mirar más allá de sus fronteras y realizar las economías de escala que ofrecen los planes regionales de inversión. Ello requiere la voluntad política de confiar en los vecinos y, para conseguirlo, la Unión Europea debe interesarse mucho y de manera directa en la Comunidad de la Energía en cualquier oportunidad.

En tercer lugar, la Comisión dará más importancia a los criterios ambientales y climáticos en el debate sobre la energía de las Partes contratantes. La necesidad de invertir en nueva capacidad de producción para sustituir a las centrales eléctricas anticuadas, ineficientes y contaminantes es aún más urgente cuando se tiene en cuenta la legislación medioambiental de la UE. La capacidad de las Partes contratantes para aplicar los requisitos de la Directiva 85/337/CEE, sobre la evaluación del impacto ambiental, tal como ha sido modificada, y las disposiciones del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres, también merecerá una atención específica por parte de la Comisión.

Se debe preservar el valor añadido de la Comunidad de la Energía y evitar duplicar el trabajo realizado en el ámbito de la energía en otras iniciativas regionales (Política Europea de Vecindad y Asociación Oriental, Consejo de Cooperación Regional, Estrategia europea para el Danubio e Iniciativa de Bakú). Es fundamental coordinar todas estas iniciativas para evitar el solapamiento de actuaciones y la doble financiación.

En cumplimiento de su función general como coordinadora de las actividades de la Comunidad de la Energía y aprovechando su relación privilegiada con los donantes, la Comisión Europea tiene la intención de tomar la iniciativa en la creación del entorno de inversión.

Basándose en la Estrategia energética de la Unión Europea para 2020, los proyectos de infraestructuras que contribuyan a potenciar la seguridad de suministro en la Unión Europea, por ejemplo, mediante nuevos interconectores en las fronteras, deben ser objeto de la misma atención y las mismas políticas que los proyectos realizados dentro de la UE. La Comunicación «Las prioridades de la infraestructura energética a partir de 2020 – Esquema para una red de energía europea integrada», adoptada por la Comisión el 17 de noviembre de 2010, señala las conexiones de electricidad en Europa Central y Oriental y Europa Sudoriental, junto con el corredor del gas Norte-Sur de Europa Central y Oriental y Europa Sudoriental, como dos de los corredores prioritarios. Estos corredores se han concebido teniendo presente la necesidad de integrar la Comunidad de la Energía. Siempre que las Partes contratantes se pongan de acuerdo en proyectos comunes de inversión, estos podrían calificarse de «proyectos de interés europeo».

Además, debe darse prioridad a la conclusión de proyectos regionales, como la creación de la oficina de coordinación de subastas para la electricidad, la construcción del « anillo del gas » con sus gasoductos y, posiblemente, el establecimiento de una entidad central de almacenamiento de petróleo para la región, que están llamados a convertirse en las puntas de lanza de la Comunidad de la Energía.

La Comisión se cerciorará de que la financiación de la UE disponible para proyectos energéticos de la Comunidad de la Energía se optimiza y, en su caso, se aumenta, si así lo justifica la naturaleza regional de los proyectos.

5. Hacia el futuro

La Comisión considera que los avances logrados hasta ahora y la naturaleza dinámica del trabajo realizado —que sigue estrechamente la evolución del sector de la energía en la Unión Europea— indican que la Comunidad de la Energía está llamada a prorrogar su existencia más allá de 2016.

La Comunidad de la Energía ha subrayado las ventajas que supone para las Partes contratantes seguir un planteamiento regional, en comparación con las relaciones bilaterales tradicionales con la Unión Europea. Asimismo, ha demostrado que, independientemente de la perspectiva de una futura adhesión a la Unión Europea, las Partes contratantes ya pueden beneficiarse a corto plazo de las ventajas del mercado interior de la energía de la UE.

El modelo de la Comunidad de la Energía ha demostrado ser un marco eficiente para la cooperación en el ámbito de la energía con los vecinos de la UE, que posiblemente podría hacerse extensivo a otros países y zonas geográficas.

La cooperación regional es fundamental y la plena integración de la Comunidad de la Energía en el mercado energético paneuropeo dependerá del compromiso político de cada una de las Partes contratantes y de su capacidad para contribuir al establecimiento de un mercado regional en la Comunidad de la Energía y lograr que sea un éxito.

Basándose en el contenido del presente informe, la Comisión tiene la intención de contribuir a la consecución de los objetivos de la Comunidad de la Energía del modo siguiente:

- Promoverá cambios en los métodos de trabajo de las instituciones y los órganos de la Comunidad de la Energía, incluida la organización de reuniones ad hoc a nivel ministerial sobre prioridades específicas vinculadas con la consecución de los objetivos de la Comunidad de la Energía.

- Fomentará la aplicación y observancia efectiva de las normas con la debida antelación.

- Promoverá la aplicación del tercer paquete de medidas sobre el mercado interior de la energía y de las Directivas sobre energías renovables y eficiencia energética como medio para acelerar la plena integración de la Comunidad de la Energía en el mercado único europeo de la energía y pensará en la posibilidad de incluir un nuevo acervo, sobre todo para promover la descarbonización del sector de la energía.

- Fomentará inversiones apropiadas en la región, adoptando una estrategia de inversión coherente que tenga en cuenta las necesidades de infraestructura del sector energético, la necesidad de descarbonizar el suministro de energía, los efectos del ahorro energético y el potencial para desarrollar fuentes de energía renovable.

- Promoverá la aplicación del Memorándum de Acuerdo sobre cuestiones sociales.

[1] Firmado inicialmente por la Comunidad Europea, que pasó a convertirse entre tanto en la Unión Europea.

[2] Esta lista refleja las Partes contratantes actuales, tras la ampliación de la Unión Europea de 2007 y la evolución reciente de esta organización.

[3] Cuatro foros, dedicados a la electricidad, el gas, el petróleo y los aspectos sociales, reúnen a todas las partes interesadas de la industria, los reguladores, los grupos representativos de la industria y los consumidores.

[4] El texto completo del informe puede consultarse en http://www.energy-community.org/pls/portal/docs/722178.PDF .

[5] Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1244/99.

[6] Véase la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 20 de abril de 2010, Federutility y otros y Autorità per l'energia elettrica e il gas, Asunto C-265/08 (Recopilación de Jurisprudencia 2010, página 00000). En el informe publicado por el Banco Mundial en junio de 2010 «South East Europe Wholesale Market Opening», http://www.energy-community.org/pls/portal/docs/594181.PDF, se analizan desfases importantes.

[7] Véase, por ejemplo, el informe preparado por el Banco Mundial «Lights out?: the outlook for energy in Eastern Europe and the former Soviet Union», http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/258598-1268240913359/Full_report.pdf.

[8] Véase el informe en http://go.worldbank.org/ZM7XE8RM10.

[9] «Status of Energy Efficiency in the Western Balkans: A Stocktaking Report», disponible en http://www.energy-community.org/pls/portal/docs/664179.PDF.

[10] La importancia de cumplir los criterios medioambientales debe desempeñar un papel central en la estrategia. La combinación actual de combustibles en la región, sobre todo utilización de lignito en las centrales eléctricas y empleo de combustibles sólidos nacionales (lignito, madera y carbón), infravalora el medio ambiente y los costes sociales afines, tal como lo documentó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ya en 2004 (véase http://www.undp.org/energy/docs/Stuck_in_the_Past.pdf).