COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
COM(93)191 final 
Bruselas, 5 de mayo de 1993 
EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LOS DOCUMENTOS DE LAS INSTITUCIONES 
COMUNICACIÓN 
AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 
-î "3-
EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LOS DOCUMENTOS DE LAS INSTITUCIONES 
INTRODUCCIÓN 
Con motivo de la aprobación del Tratado de la Unión Europea en 
Maastricht el 15 de diciembre de 1991, se firmó una declaración sobre la 
mejora del acceso de los ciudadanos a la información, cuyo texto es el 
siguiente: 
"La Conferencia estima que la transparencia del proceso de decisión 
refuerza el carácter democrático de las Instituciones, así como la 
confianza del público en la administración. La Conferencia 
recomienda, por consiguiente, que la Comisión presente al Consejo, a 
más tardar en 1993, un informe sobre medidas destinadas a mejorar el 
acceso del público a la información de que disponen las 
Instituciones." 
Posteriormente, el Consejo Europeo de Birmingham declaró que la 
Comunidad debe demostrar a sus ciudadanos los beneficios derivados de la 
Comunidad y del Tratado de Maastricht y que el Consejo, la Comisión y el 
Parlamento han de esforzarse más por ponerlos de relieve. Por otra 
parte, en Birmingham se solicitó a la Comisión que concluyese a 
principios de 1993 sus trabajos sobre la mejora del acceso de los 
ciudadanos a la información de que disponen las instituciones 
comunitarias. 
El Consejo Europeo de Edimburgo prosiguió el trabajo en pro de una 
Comunidad más abierta y transparente. Se adoptaron medidas concretas 
para iniciar el proceso de apertura de las labores del Consejo. Antes de 
Edimburgo, la Comisión ya había adoptado un paquete de medidas para 
aumentar la transparencia. 
Entre dichas medidas figuraban las siguientes: elaborar el programa 
anual de trabajo en el mes de octubre; suscitar un debate más amplio, 
inclusive en los parlamentos nacionales; intensificar las consultas 
previas a la presentación de las propuestas recurriendo, entre otras 
cosas, a libros verdes; publicar con mayor celeridad los documentos de 
la Comunidad en todas las lenguas oficiales; y conceder mayor 
importancia a la consolidación y codificación de los textos legales. Al 
adoptar estas medidas, la Comisión ha sido consciente de contar con un 
historial de apertura nada desdeñable, especialmente en comparación con 
las prácticas habituales en las administraciones nacionales. Su 
tradicional apertura a la contribución de los ciudadanos obedece a la 
convicción de que ésta es fundamental para la elaboración de medidas 
acertadas y factibles. 
El Consejo Europeo de Edimburgo acogió favorablemente estas iniciativas 
y reiteró a la Comisión su solicitud —ya formulada en Birmingham de 
que a principios del año siguiente estuvieran concluidos sus trabajos 
sobre la Declaración del Tratado de Maastricht referente a la mejora del 
acceso a la información. 
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RESPUESTA 
La Comisión considera dicha Declaración un elemento importante de la 
política comunitaria de transparencia de las instituciones. La mejora 
del acceso a la información será un medio de acercar las instituciones 
comunitarias a los ciudadanos y de suscitar un debate más activo y con 
mayor conocimiento de causa sobre los asuntos comunitarios. Además, 
servirá para aumentar la confianza de los ciudadanos en la Comunidad. 
Con el fin de llevar a la práctica la Declaración de Maastricht, la 
Comisión ha elaborado un estudio comparativo sobre las actuales 
políticas en materia de acceso a la información en los Estados miembros 
y en algunos países terceros. El anexo adjunto presenta los resultados 
de este estudio en forma de síntesis, según se solicitó en Maastricht. 
El estudio factual ha puesto de relieve las distintas experiencias en 
cuanto a la mejora del acceso a la información. Este concepto consta de 
dos elementos principales. 
En primer lugar, el acceso a la información comprende una serie de 
medidas adoptadas por las propias autoridades públicas con el fin de 
informar a la ciudadanía sobre sus actuaciones. A este respecto, la 
Comisión ha observado que —desde la creación de la Comunidad— tanto 
las instituciones comunitarias como los Estados miembros han acometido 
numerosas iniciativas encaminadas a informar a los ciudadanos y a 
sensibilizarlos sobre los asuntos comunitarios. 
En segundo lugar, el mismo concepto también incluye el suministro de 
información a petición de los ciudadanos. Algunos países han 
desarrollado a este respecto una tradición relativamente prolongada, que 
ha ido evolucionando con los años. De acuerdo con esta política, el 
acceso a la información se concede por principio, aunque al mismo tiempo 
se protegen los intereses públicos y privados, y se preserva el correcto 
funcionamiento del poder público de que se trate. 
En algunos países, se concede a los ciudadanos acceso a ciertas 
categorías específicas de información; en otros casos, este tipo de 
normas particulares coexisten con la legislación en materia de acceso 
general a la información. La Directiva 90/313/CEE relativa al acceso a 
la información ambiental es un ejemplo de iniciativa comunitaria sobre 
acceso a un ámbito concreto de información. 
NUEVAS MEDIDAS 
A la luz del estudio comparativo sobre la situación en los Estados 
miembros y en determinados países terceros, parece deseable que se 
desarrolle en mayor medida el acceso a los documentos en el nivel 
comunit. rio. 
Por consiguiente, la Comisión está dispuesta a adoptar nuevas medidas 
para crear un mecanismo que garantice el acceso general a los 
documentos. Ello implicará algunos ajustes en sus métodos de trabajo, 
pero la Comisión considera que, en cualquier caso, el acceso general es 
un instrumento especialmente importante para acercar la Comunidad a sus 
ciudadanos. 
La Comisión opina que tanto las demás instituciones como los Estados 
miembros deberían sumarse al principio de acceso a la información 
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disponible. Por lo tanto, invita a las demás instituciones a cooperar en 
el desarrollo de este principio, definiendo al menos una serie de normas 
elementales y de requisitos mínimos. Como primer paso, esta labor podría 
adoptar la forma de acuerdo interinstitucional. Es menester prestar 
especial atención a la función concreta que desempeña cada institución 
dentro del actual marco interinstitucional. 
Para contribuir a este enfoque común, la Comisión, por su parte, sugiere 
que los trabajos se basen en los siguientes principios, que ella tiene 
intención de desarrollar: 
Se concede acceso a la información plasmada en documentos; será 
necesario definir con precisión el concepto de "documento". 
El acceso a tales documentos se concederá previa petición 
suficientemente concreta por parte de cualquier ciudadano. 
El solicitante no estará obligado a indicar las razones por las 
que desea el documento. 
Las solicitudes de información se responderán lo antes posible. 
Se podrá denegar el acceso a un documento solicitado con el fin de 
salvaguardar: 
la intimidad personal 
la confidencialidad industrial y financiera 
la seguridad pública, inclusive las relaciones internacionales y 
la estabilidad monetaria 
la información que las instituciones hayan obtenido con carácter 
confidencial. 
En caso de denegación de una solicitud, las instituciones habrán de 
motivar tal decisión por escrito. 
De aquí al Consejo Europeo de Copenhague (finales de junio), la Comisión 
preparará un nuevo documento sobre la política de acceso general a la 
información. Su intención es presentarlo a las demás instituciones en 
relación con una segunda comunicación sobre la transparencia, que se 
centrará en el desarrollo de un marco general y de medidas concretas 
para aumentar la transparencia de la Comunidad. 
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ANEXO 
EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LA INFORMACIÓN 
(Estudio comparativo) 
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EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LA INFORMACIÓN 
(Estudio comparativo) 
INDICE 
1. Panorama histórico 
2. Acceso a la información: estudio comparativo 
2.1 Aspectos generales 
2.2 Estados miembros y países terceros 
2.3 Análisis cuantitativo 
2.4 Instituciones comunitarias 
Cuadro: Relación de leyes sobre acceso general a la información 
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1. PANORAMA HISTÓRICO 
En tiempos pasados, el trabajo de las administraciones públicas de 
muchos países se basaba en un conjunto de leyes de confidencialidad 
concebidas para la salvaguardia de los intereses nacionales 
fundamentales (defensa, asuntos exteriores, etc.) Con tal fin, se 
adoptaban normas de seguridad para garantizar la protección de la 
información que no hubiera de hacerse pública. 
También solían presentar considerable importancia las leyes para la 
protección de los propios ciudadanos en terrenos tales como los datos 
médicos y fiscales. 
Así pues, puede apreciarse que la restricción del acceso a la 
información sobre la administración pública obedecía a una doble 
motivación: la protección de los intereses tanto públicos como privados. 
Tradicionalmente, las administraciones nacionales informan a los 
ciudadanos de sus decisiones mediante una publicación oficial (boletín, 
gaceta, diario, etc.) otros mecanismos de información a los ciudadanos 
son las comparecencias de los ministros en el Parlamento —ante el que 
son responsables—, el control de organismos externos como los 
Tribunales de Cuentas e instancias judiciales, el acceso público a los 
plenos del Parlamento y a las sesiones de sus comisiones especializadas 
y, por último, el derecho de petición reconocido en la legislación. 
Punto de inflexión 
En los años 60, como consecuencia del anhelo de una forma más robusta de 
democracia (o, lo que es lo mismo, de una forma más democrática de 
gobierno), se fue abriendo paso la idea de que este tipo de relación 
entre los gobernantes y los gobernados debía completarse mediante un 
enfoque más abierto. Pasó a considerarse que la administración pública 
—y, más concretamente, en lo que se refiere a los asuntos que afectan a 
los ciudadanos— debía ejercerse con mayor apertura. Otro factor 
importante fue el hecho de que, a medida que las administraciones 
asumían cada vez más funciones, el control parlamentario se revelaba más 
inoperante. 
Asimismo, se pensaba que un enfoque más abierto suscitaría un debate con 
mayor conocimiento de causa acerca de los asuntos públicos y facilitaría 
un mejor control del trabajo de la administración. 
Medidas adoptadas 
De este modo, varios Estados miembros y países terceros fueron adoptando 
una sei^e de medidas en pro de la apertura y mejora de la administración 
pública. 
Entre ellas figuraban mecanismos para incrementar la participación 
ciudadana en los procesos administrativos de decisión, mecanismos que 
van desde la obligación de consultas previas a los ciudadanos (por 
ejemplo, mediante la elaboración de "libros verdes" y "libros blancos"), 
hasta el derecho de éstos a proponer medidas legislativas que la 
autoridad pública competente está obligada a estudiar y, en su caso, 
aprobar, pasando por el derecho de solicitar audiencias públicas. 
9 -
Estas medidas también incluían disposiciones para lograr mejoras en la 
explicación y motivación de las decisiones de cara a los ciudadanos y en 
la publicación de la versión final de aquéllas, así como para aumentar 
las posibilidades de recurso frente a las decisiones administrativas. En 
algunos casos, se crearon nuevas vías de recurso, tales como la figura 
del Defensor del Pueblo u ombudsman. 
Por último, varios países hicieron suyo el principio de que, como norma 
general, la información que obra en poder de las autoridades públicas 
está abierta a los ciudadanos, a no ser que el acceso a la misma caiga 
dentro de alguna de las excepciones establecidas; éstas han de ser 
concretas, limitadas en número y estar formuladas explícitamente. 
2. ACCESO A LA INFORMACIÓN: ESTUDIO COMPARATIVO 
2.1 Aspectos generales 
Pueden delimitarse tres grandes tendencias con respecto a la 
consolidación del acceso a la información que obra en poder de las 
autoridades públicas. 
La consulta de expedientes administrativos por las personas que 
son parte en un proceso judicial. El derecho de acceso a estos 
documentos se concedió por razones basadas en el derecho general 
de defensa. En varios casos, esta forma de acceso se concede 
independientemente de que la persona que lo ejerce esté o no 
implicada en un proceso judicial en primera o segunda instancia. 
Ello dio lugar a la definición de una serie de normas de acceso 
específicas para cada parcela de información. 
- La consulta de expedientes que contienen datos personales por 
parte del propio interesado. En esta categoría entran los 
expedientes del sector público sobre nombramientos, pero también 
algunos del sector privado (por ejemplo, en materia de seguros). 
Al igual que en el caso anterior, ello dio lugar a la definición 
de una serie de normas de acceso específicas para cada parcela 
de información. 
El acceso general a la información de que disponen los poderes 
públicos, independientemente de que la persona física o jurídica 
de que se trate tenga un interés específico o esté implicada en 
un proceso judicial. Ello dio lugar a una serie de leyes sobre 
el acceso general a la información. 
No obstante, el análisis factual llevado a cabo demuestra que el 
desarrollo de las tendencias recién enumeradas ha hecho que la situación 
difiera de unos países a otros. En algunos sólo se ha concedido a los 
ciudadanos acceso a un tipo específico de información, mientras que en 
otros han entrado en vigor normas de acceso general a la información. En 
un tercer grupo de países se han adoptado normas de ambas clases. 
Difusión activa y pasiva de la información 
El estudio ha puesto de relieve que el acceso a la información puede 
ejercerse fundamentalmente de dos maneras. En primer lugar, mediante un 
sistema activo: imponiendo legalmente a los organismos gubernamentales 
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la obligación general de divulgar motu proprio toda la información 
oportuna: circulares, declaraciones políticas, organigramas 
ministeriales, etc. 
En segundo lugar, mediante un sistema más pasivo, con arreglo al cual, 
legalmente, dichos organismos sólo han de facilitar la información a 
petición de una persona física o jurídica. En esta categoría entra la 
información que sirve de base a las decisiones gubernamentales: 
informes, estudios, actas, notas, circulares, órdenes, dictámenes, 
previsiones, requerimientos, registros, índices y demás formas de 
información disponibles en soporte escrito, informático o audiovisual. 
Objeto 
El estudio comparativo se centró en las normas que regulan el acceso a 
la información disponible previa solicitud (difusión pasiva), 
desarrollando la legislación en materia de acceso general a la 
información. No se abordaron, en cambio, las leyes específicas de acceso 
a una categoría determinada de información ni la difusión activa de la 
misma por parte de las autoridades públicas. El primero de estos 
aspectos fue abordado pormenorizadámente en otro estudio encargado por 
la Comisión {Publaw 1, 1991). Teniendo presente este estudio, la 
Comisión ha efectuado ciertas propuestas en este terreno (véase más 
adelante) 
2.2 Estados miembros y países terceros 
Dentro de la Comunidad, Dinamarca, Francia, Grecia, y los Países Bajos 
disponen de leyes que otorgan a los ciudadanos un derecho general de 
acceso a la información gubernamental. En Bélgica, actualmente están 
debatiéndose en las instancias federales y regionales propuestas de ley 
para garantizar el derecho de acceso a la información. Portugal, España 
y los Países Bajos cuentan —al igual que muchos otros países— con 
disposiciones constitucionales que otorgan un derecho general de acceso 
a la información, si bien los dos países citados en primer lugar no han 
desarrollado aún este principio mediante leyes específicas. 
Fuera de la Comunidad, se han estudiado las leyes que otorgan derecho de 
acceso a la información en los Estados Unidos, Canadá, Noruega y Suecia. 
En el último de los países citados, este derecho está garantizado desde 
hace más de doscientos años. 
Todas estas leyes (véase el cuadro adjunto) tienen un aspecto en común: 
conceden a los ciudadanos derecho de acceso a la información previa 
solicitud, aunque al mismo tiempo establecen determinadas excepciones a 
la norma de la divulgación obligatoria, con el fin de salvaguardar los 
interés;à públicos y privados. 
Características principales 
Objetivo de la legislación 
Suele considerarse que la aprobación de leyes reguladoras del 
derecho de acceso de los ciudadanos a la información constituye un 
elemento esencial para el correcto funcionamiento de una sociedad 
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libre, toda vez que amplía los dominios de la democracia dentro del 
procedimiento administrativo. Por consiguiente, se trata de un 
derecho político fundamental, que regula las relaciones entre una 
administración y los ciudadanos a los que ésta sirve; en tales casos 
se habla de "derechos humanos de tercera generación". No en vano el 
Consejo de Europa aprobó una recomendación sobre el derecho de 
acceso a la información de que disponen los poderes públicos, que 
invitaba a sus Estados miembros a introducir un derecho sistemático 
de acceso a la misma. 
Además, suelen mencionarse otras ventajas derivadas de la aprobación 
de este tipo de leyes: a través de ellas, se crea un mecanismo 
interactivo que permite supervisar y controlar la actuación de los 
poderes públicos; se mejora la gestión administrativa; se 
distribuyen los recursos de forma más adecuada; se alienta una 
participación ciudadana consciente en las tareas de gobierno; y se 
suscita interés sobre la res publica, dando lugar a un debate con 
mayor conocimiento de causa. 
Tema sobre el que trata la información solicitada 
Las disposiciones legales examinadas en el estudio otorgan, en 
principio, el derecho público de acceso a todo tipo de información 
de que disponga una autoridad pública y que esté recogida en algún 
documento existente. El término "documento" se define en sentido 
amplio, con el fin de que abarque no sólo los formatos tradicionales 
(papel y fotografías), sino también otros soportes más modernos de 
la información (microfilms, discos informáticos, cintas magnéticas 
sonoras o de vídeo, etc.) Otro principio básico es que sólo se da 
curso a las peticiones que no requieran la creación de información 
inexistente (por ejemplo, la recopilación y síntesis de datos 
procedentes de distintas fuentes). 
No obstante, es difícil mantener este último principio en el ámbito 
del tratamiento automático de datos. En Suecia, por ejemplo, se ha 
asentado la norma de que una determinada selección o fusión de datos 
debe tener la consideración de documento previamente existente si es 
posible elaborarla mediante operaciones automatizadas. 
Autoridades obligadas a conceder acceso a la información 
Las autoridades públicas sujetas a la legislación en materia do 
derecho de acceso a la información varían de unos países a otros en 
función de la forma de gobierno. En términos generales, en los 
sistemas federales, las autoridades centrales (inclusive los 
organismos de arbitraje independientes) están sujetas a dicha 
legislación; además, paralelamente suelen existir en cada uno de los 
Estados federados leyes que conceden acceso a la información que 
obra en poder de éstos. En Bélgica, por ejemplo, se están 
emprendiendo iniciativas para facilitar el acceso a la información 
en los niveles federal y regional. 
En otros sistemas de gobierno, la legislación en materia de acceso a 
la información suele aplicarse a todas las autoridades y organismos 
públicos. 
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Algunas leyes contienen asimismo disposiciones específicas sobre el 
derecho de acceso a la información y dictámenes procedentes de los 
organismos consultivos independientes que asesoran a los poderes 
públicos sobre una materia determinada. 
Personas que pueden solicitar la información 
La mayoría de las leyes de acceso general a la información 
examinadas contienen disposiciones según las cuales el derecho de 
ejercer el acceso a la información asiste a todos los individuos, 
independientemente de su nacionalidad. En prácticamente la totalidad 
de los casos, el solicitante no está obligado a indicar los motivos 
de su petición. 
Forma de obtención de la información 
Básicamente, el solicitante puede obtener la información de una de 
las cuatro formas siguientes: ejemplar íntegro, resumen, extracto o 
consulta directa. Al optar por una de estas cuatro posibilidades, 
los poderes públicos han de tener presentes las preferencias del 
solicitante. 
Excepciones al derecho de acceso a la información 
El estudio ha puesto de relieve que las excepciones al derecho de 
acceso a la información obedecen a consideraciones que varían 
sensiblemente de unos países a otros. Según los casos, las 
excepciones pueden ser obligatorias o discrecionales. 
En todos los países examinados, las respectivas legislaciones 
contemplan excepciones, éstas pueden dividirse en dos grandes 
categorías : 
- Excepciones relacionadas con la protección del interés público 
general. No se facilitará la información cuya revelación pueda 
atentar contra las relaciones internacionales, la seguridad del 
Estado, la defensa nacional, los intereses económicos y 
financieros, la investigación de delitos, la persecución de 
delincuentes, las actividades de inspección, etc. 
- Excepciones relacionadas con la protección de la intimidad 
personal. No se facilitará a terceras personas datos 
relacionados específicamente con un individuo si con ello puede 
causarse un perjuicio desproporcionado a su intimidad personal. 
En rlgunos países, los documentos de trabajo de carácter interno en 
los que se vierten opiniones personales sobre la actuación pública 
también se sustraen a la legislación analizada. 
Plazos habituales de respuesta al público 
El plazo varía de 10 días a 2 meses. En algunos casos, las 
autoridades se comprometen simplemente a responder "lo antes 
posible". La mayoría de las leyes establecen la posibilidad de 
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prorrogar el plazo durante un número determinado de días hábiles en 
circunstancias excepcionales. 
Coste de la información 
En la inmensa mayoría de los casos, los documentos solicitados 
pueden obtenerse a precio de coste, sin embargo, para el cálculo de 
esta cifra no se tienen en cuenta los costes de personal. 
Vías de recurso en caso de denegación de una solicitud de 
información 
En todos los casos estudiados existe la posibilidad de recurrir ante 
una instancia independiente (tribunal administrativo, Consejo de 
Estado, Defensor del Pueblo o delegado de información). 
2.3 Análisis cuantitativo 
Ha resultado difícil hallar datos que permitiesen cuantificar el grado 
en que efectivamente se recurre a estas leyes. Aparentemente no existen 
registros centrales en los que se archiven las solicitudes cursadas. Sin 
embargo, algunos documentos consultados afirman que quienes ejercen en 
mayor medida el derecho de acceso a la información gubernamental son los 
individuos o empresas que no se mueven por intereses exclusivamente 
cívicos, sino también económicos. 
En Francia, si una solicitud de información se deniega o no recibe 
respuesta en un plazo determinado, el solicitante puede dirigirse a la 
Comisión de Acceso a los Documentos Administrativos para que ésta emita 
dictamen. El número de dictámenes emitidos viene aumentando 
considerablemente: de 470 en 1979/80 a 2.098 en 1989, año en que se 
emitió el dictamen nQ 10.000. 
En Canadá, 48.493 personas ejercieron su derecho de solicitar documentos 
gubernamentales en el año 1983-91. La información solicitada se facilitó 
totalmente en el 31% de los casos, parcialmente en el 37% e 
informalmente en el 8%. En total, no se facilitó el 4% y no fue posible 
dar curso al 20% de las solicitudes. Las excepciones más frecuentemente 
aplicadas fueron las referentes a la información sobre terceras partes y 
a la información personal. El coste total de estas operaciones fue de 
39,5 millones de dólares, es decir, 817 dólares por solicitud. Se 
recaudó un total de 586.961 dólares en concepto de pago, lo que supone 
algo más de 12 dólares por solicitud. Durante el período 1990-1991, el 
54% de las solicitudes cursadas con arreglo a Ley de Acceso a la 
Información procedían del sector empresarial, y el 2 8% de particulares. 
En Australia, se presentaron 25.000 solicitudes basadas en la libertad 
de información durante el período 1990-1991. 
2.4 Instituciones comunitarias 
Situación actual 
El Tratado CEE contiene varias disposiciones sobre transparencia 
administrativa relacionadas con esta cuestión. Cabe destacar a este 
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respecto la prohibición de que la Comunidad revele información amparada 
por el deber de secreto profesional (artículo 214 CEE), la imposibilidad 
de obligar a los Estados miembros a revelar información que consideren 
esencial para sus intereses de seguridad (artículo 223 CEE), la 
obligación de publicar los actos jurídicos de la Comunidad (artículo 191 
CEE), la obligación de motivar dichos actos (artículo 190 CEE), la 
definición de normas que obligan a la Comisión a ofrecer a las partes 
interesadas la oportunidad de expresar sus puntos de vista —por 
ejemplo, en el ámbito de los reglamentos comunitarios en materia de 
competencia aplicables a las empresas (artículos 85-90 CEE)— y la 
publicación anual obligatoria de un Informe General sobre las 
actividades de las Comunidades Europeas (artículo 18 del Tratado de 
Fusión). 
Muchas de las disposiciones pertinentes del Tratado CEE han sido 
desarrolladas mediante normas específicas, por ejemplo: el Estatuto de 
los Funcionarios de las Comunidades Europeas; el Reglamento na 3 del 
Consejo (Euratom), por el que se desarrolla el artículo 24 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO L 406, de 
6.10.58, pág. 63); el Reglamento del Consejo de 1 de febrero de 1983 
sobre la apertura al público de los archivos históricos de la CEE y la 
CEEA, que dispone el acceso a dichos archivos tras un período de 30 años 
(DO L 43, de 15.02.83, pág. 1); la Decisión de la Comisión de 7 de julio 
de 19 86 sobre los documentos clasificados y las medidas de seguridad 
aplicables a los mismos (SEC(86)1132 final), que implica, por ejemplo, 
que la información comercial confidencial obtenida dentro de la política 
de competencia ha de obtener la clasificación de seguridad adecuada, y 
que además contiene normas sobre clasificación y desclasificación de 
documentos y sobre el tratamiento de la información recibida de los 
Estados miembros; y el Reglamento del Consejo de 11 de junio de 1990 
sobre los datos comunicados a la Oficina Estadística de las comunidades 
Europeas sujetos a la confidencialidad estadística (DO L 151, de 
15.06.90, pág. 1), que se aplica a la transmisión a la Oficina 
Estadística de las Comunidades Europeas de datos que caen dentro del 
ámbito de competencias de los institutos nacionales de estadística y 
están amparados por la confidencialidad estadística. Además, se han 
aprobado distintos reglamentos internos que rigen el funcionamiento de 
cada institución. 
A lo largo de los años, el Tribunal de Justicia ha ido desarrollando su 
jurisprudencia sobre esta cuestión (véase, por ejemplo, el auto dictado 
el 13.07.1990 sobre el asunto Zwartveld contra Comisión, interpuesto en 
febrero de 1988). 
En el nivel comunitario, no existe una legislación específica en materia 
de derecho de acceso a la información, si bien la Comisión sí ha 
adoptado ciertas normas concretas que permiten ejercerlo en el ámbito de 
la política de competencia (véase el XII Informe Anual sobre la política 
de compatencia, correspondiente al año 1982, págs. 42-43). Una empresa 
implicada en un procedimiento está autorizada a tener acceso a un 
expediente sobre el asunto de que se trate. No obstante, el alcance de 
tal acceso está limitado por la obligación de la Comisión de abstenerse 
de comentar secretos comerciales con terceras empresas y por la 
necesidad de preservar el carácter confidencial de los documentos 
internos o de trabajo de la Comisión. 
Cabe destacar, además, el artículo 47 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que dispone que la Comisión no 
- 15 -
puede revelar información amparada por la obligación de secreto 
profesional. 
En 1990, el Consejo de Ministros aprobó la directiva 90/313/CEE, que 
establece la posibilidad de que cualquier persona física o jurídica de 
la Comunidad acceda a la información en materia de medio ambiente que 
obre en poder de los poderes públicos (DO L 158, de 23.06.90, pág. 56). 
En determinados casos concretos, dicha información puede denegarse. Esta 
directiva entró en vigor el 1 de enero de 1993. 
Las normas de dicha directiva se aplican a la información ambiental de 
que dispongan las autoridades competentes de los Estados miembros, pero 
no las autoridades comunitarias. No obstante, en la exposición de 
motivos adjunta a la propuesta de directiva, la Comisión indicó que 
acometería iniciativas para aplicar a los organismos comunitarios el 
principio de acceso a la información ambiental (COM(88) 484 final, de 28 
de noviembre de 1988). 
La Comisión ha propuesto recientemente normas específicas para la 
protección de datos de carácter personal y la libre circulación de datos 
(COM(92)422 final). Con esta propuesta se pretende facilitar la libertad 
de circulación de los datos en la Comunidad, garantizando al mismo 
tiempo un alto nivel de protección del individuo en lo que se refiere al 
tratamiento de los datos de carácter personal. Se incluyen disposiciones 
sobre el derecho de acceso de cada ciudadano a los datos que le 
conciernen personalmente y se enumeran de forma exhaustiva las 
excepciones al derecho de acceso a los documentos del sector público 
establecidas para salvaguardar intereses tales como la seguridad 
nacional, la defensa, los procedimientos penales, etc. La propuesta de 
directiva iba acompañada de una declaración de la Comisión sobre la 
aplicación de los principios en materia de protección de datos a los 
datos personales de que disponen la Comisión y las demás instituciones 
comunitarias. En la actualidad se está trabajando para llevar a la 
práctica estos principios. 
- 16 
CUADRO 
RELACIÓN DE LEYES SOBRE ACCESO GENERAL A LA INFORMACIÓN 
Introducción 
Por "leyes sobre acceso general" se entiende aquí las normas que 
conceden acceso general a los documentos administrativos. Se trata, 
pues, del acceso no restringido a un ámbito específico ni dependiente de 
la participación directa de quien solicita la información. Otras 
categorías de normas sobre acceso se limitan a determinadas personas o 
exigen que el solicitante acredite un interés legal o, al menos, 
legítimo, en la cuestión de que se trate. Tales normas —que existen en 
la mayoría de los Estados miembros— regulan, por ejemplo, los registros 
de empresas, los registros civiles y la información sobre riesgos 
crediticios. 
En lo que al acceso general se refiere, la situación en la comunidad y 
en ciertos países terceros es la siguiente: 
Alemania 
No existe una ley sobre acceso general a la información en Alemania. La 
normativa más cercana a ella es la Ley de Procedimiento Administrativo. 
No obstante, está garantizado el acceso a la información en ámbitos 
concretos, principalmente en lo que se refiere a los registros públicos. 
Bélgica 
Actualmente están debatiéndose en distintos niveles de gobierno varios 
proyectos de propuesta sobre acceso general a la información. 
Dinamarca 
Ley ne 572, de 19 de diciembre de 1985, sobre el acceso a los documentos 
de la administración pública. 
España 
Disposición constitucional sobre el derecho general de acceso a la 
información. Además, existe el acceso a la información en ámbitos 
concretos. 
Francia 
Ley ne 78-753 de 17 de julio de 1978 (Título I: "De la liberté d'accès 
aux documents administratifs") y Ley ne 79-587, de 11 de julio de 1979, 
"relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration 
des relations entre l'administration et le publique". 
- 17 -
Grecia 
Ley ne 1599/1986 sobre la relación entre el Estado y los ciudadanos, el 
establecimiento de un nuevo modelo de carné de identidad y otras 
disposiciones (artículo 16). 
Irlanda 
No existe legislación sobre acceso general, aunque sí sobre acceso a la 
información en ámbitos concretos. 
Italia 
No existe una ley sobre acceso general a la información en Italia. La 
norma más cercana a ella es la Ley no 241, de 7 de agosto de 1990, sobre 
el acceso a los documentos administrativos. Tienen derecho de acceso 
quienes puedan acreditar interés legal. 
Luxemburgo 
No existe una ley sobre acceso general a la información. El acceso a los 
documentos administrativos se regula en el marco del procedimiento 
administrativo no contencioso. 
Países Bajos 
Ley de 31 de Octubre de 1991 (Stbl. 703) sobre el acceso de los 
ciudadanos a la información de la administración. 
Portugal 
Disposición constitucional sobre el derecho general de acceso a la 
información. Además, existe el acceso a la información en ámbitos 
concretos. 
Reino Unido 
No existe legislación sobre derecho general de acceso a la información 
Canadá 
"Access to Information Act" de 1983. 
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Estados Unidos de América 
Freedom of Information Act de 1982 (5 USC Section 552), incluida en 
"Public Information, Agency Rules, Opinions, Orders, Records and 
Proceedings (5 USC Section 551-559)". 
Noruega 
Ley ne 69, de 19 de junio de 1970, sobre el acceso de los ciudadanos a 
los documentos de la administración pública, posteriormente modificada 
por la Ley ne 47, de 11 de junio de 1982, y por la Ley no 86, de 17 de 
diciembre de 1982. 
Suecia 
Ley de 1976 sobre la libertad de prensa, capítulo 2 ("Del carácter 
público de los documentos oficiales"). 

ISSN 0257-9545 
COM (93) 191 final 
DOCUMENTOS 
ES 16 oí 
N° de catálogo : CB-CO-93-228-ES-C 
ISBN 92-77-55697-8 
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Lr29S5 Luxemburgo