La Comisión ha desarrollado una serie de opciones legislativas y no legislativas basadas en todas las recomendaciones de las partes interesadas y en la revisión quinquenal de la aplicación del Reglamento actual. Tras una preselección en la que se descartaron algunas opciones, se evaluaron en detalle las siguientes opciones políticas como alternativa al marco hipotético de referencia:



·Opción n.º 1: esta opción consiste en cambios operativos que ajustan el alcance de las evaluaciones, pero mantienen la fragmentación actual del ámbito político (para abordar el problema n.º 1 y lograr el objetivo específico n.º 1), aceleran el proceso de evaluación, manteniendo al mismo tiempo los procedimientos actuales de toma de decisiones y de seguimiento (problemas n.º 2 y 3 y objetivo n.º 2), involucran mejor a los expertos de los Estados miembros y a los órganos y organismos de la UE (problemas n.º 1 y 2 y objetivo n.º 4) y refuerzan la evaluación de los derechos fundamentales (problema n.º 2 y objetivo n.º 3).

·Opción n.o 2: basándose en los cambios operativos (de conformidad con la opción n.o 1), esta opción propone cambios legislativos específicos para aumentar la seguridad jurídica. Aumenta la flexibilidad con respecto a los ámbitos y los agentes evaluados y la programación (problema n.o 1 y objetivo n.o 1). Simplifica los procedimientos y las obligaciones y crea un calendario claro para todos los agentes implicados, a la vez que mantiene el mismo equilibrio institucional (problemas n.o 2 y 3 y objetivo n.o 2). Introduce una cierta flexibilidad en el tamaño del equipo de evaluación y mejora la coordinación con los órganos y organismos de la UE (problemas n.o 1 y 2 y objetivo n.o 4). Además, aumenta la seguridad jurídica de los elementos pertinentes para la evaluación de los derechos fundamentales y destaca su protagonismo e importancia política (problema n.o 2 y objetivo n.o 3).

·Opción n.o 3: esta opción presenta cambios legislativos ambiciosos para incorporar las medidas propuestas en las opciones n.o 1 y 2, en combinación con cambios adicionales del diseño y el funcionamiento de la evaluación de Schengen. Amplía el alcance del mecanismo a ámbitos específicos más allá del acervo de Schengen, establece evaluaciones exhaustivas, no articuladas por ámbitos políticos, sino por Estado miembro, sobre la base de la evaluación de riesgos y la conciencia situacional, amplía la duración del ciclo de evaluación a siete años y crea instrumentos adicionales de evaluación y seguimiento adecuados para su propósito (problemas n.o 1 y 2 y objetivo n.o 1). Propone cambios al equilibrio institucional en el proceso de toma de decisiones (la adopción combinada de los informes de evaluación y las recomendaciones de la Comisión con el Consejo centra la adopción de las recomendaciones en casos políticos pertinentes, a saber, «deficiencias graves», «primeras evaluaciones» y «evaluaciones temáticas») y en los procedimientos de seguimiento, e introduce un procedimiento acelerado para las deficiencias graves (problema n.o 3 y objetivo n.o 2). Modifica el proceso para designar a los expertos de los Estados miembros, creando también una reserva de expertos; maximiza la coordinación con los órganos y organismos de la UE y otros mecanismos de control de calidad (problemas n.o 1 y 2 y objetivo n.o 4); e introduce evaluaciones específicas de los derechos fundamentales (problema n.o 2 y objetivo n.o 3).

·Opción n.o 4: esta opción propone un enfoque combinado de las medidas propuestas en el marco de las otras opciones (las cuales son acumulativas en lugar de alternativas), en función del ámbito de intervención y del nivel de ambición. La opción n.o 4 propone mantener el ámbito de aplicación actual, que abarca todos los aspectos del acervo de Schengen, adaptando al mismo tiempo las prioridades (ámbitos políticos) a las nuevas realidades y los nuevos agentes, con una programación más flexible (de conformidad con la opción n.o 2; para abordar el problema n.o 1 y lograr el objetivo n.o 1) y ampliando el ciclo de evaluación a siete años (de conformidad con la opción n.o 3; problema n.o 1 y objetivo n.o 1). Amplía la gama de herramientas disponibles y aclara los criterios y las condiciones para su uso (de conformidad con la opción n.o 3; problemas n.o 1 y 2 y objetivo n.o 1). Incluye medidas para acelerar la simplificación de los procedimientos (de conformidad con la opción n.o 2; problema n.o 3 y objetivo n.o 2), cambia el proceso de toma de decisiones y crea un procedimiento acelerado para las deficiencias graves (de conformidad con la opción n.o 3; problemas n.o 2 y 3 y objetivo n.o 2). Combina todas las medidas propuestas en el marco de las otras opciones para optimizar la participación de los expertos de los Estados miembros y de los órganos y organismos de la UE (problemas n.o 1 y 2 y objetivo n.o 4). La opción n.o 4 introduce cambios para aumentar la seguridad jurídica de los elementos pertinentes para los derechos fundamentales (de conformidad con la opción n.o 2; problema n.o 2 y objetivo n.o 3).

Tras realizar una evaluación detallada y una comparación del impacto de todas las opciones políticas y tener en cuenta las recomendaciones de las partes interesadas consultadas, la opción política preferida es la opción n.o 4. Los factores que condujeron a la elección de la opción n.o 4 son los siguientes: la eficacia y la eficiencia de las medidas; el potencial para simplificar y reducir la carga administrativa; la evaluación realista de las posturas del grupo de las distintas parte interesadas, teniendo en cuenta la viabilidad práctica y jurídica de las medidas propuestas. Las otras opciones políticas se excluyen debido a que solo abordan los problemas en cierta medida o son difíciles de adoptar o aplicar.