31. 3. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 84/1 
II 
(Actos jurídicos preparatorios) 
COMISIÓN 
Propuesta de segunda Directiva del Consejo para la coordinación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito 
y a su ejercicio y por la que se modifica la Directiva 77/780/CEE 
COM(87) 715 final 
(Presentada por la Comisión al Consejo el 23 de febrero de 1988) 
(88/C 84/01) 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea y, en particular, la tercera frase del apartado 2 de 
su artículo 57, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
En cooperación con el Parlamento Europeo, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social, 
Considerando que la presente Directiva debe constituir el 
instrumento esencial para la consecución del mercado 
interior decidido por el Acta Única Europea y programado 
por el Libro Blanco de la Comisión, bajo el doble aspecto de 
la libertad de establecimiento y de la libertad de prestación 
de servicios en el sector de las entidades de crédito; 
Considerando que el plan elegido consiste en la realización 
de la armonización esencial, necesaria y suficiente para 
llegar a un reconocimiento mutuo de las autorizaciones y de 
los sistemas de control, que permitan la aplicación del 
principio del control por el país de origen y la concesión de 
una autorización única, válida en toda la Comunidad; 
Considerando que, en tales condiciones, la segunda 
Directiva no puede ser aplicada más que simultáneamente 
con las armonizaciones técnicas complementarias, realiza­
das por actos comunitarios específicos en materia de 
fondos propios y de coeficiente de solvencia; 
Considerando que, además, se pretende actualmente 
conseguir la armonización de las condiciones de sanea­
miento y de liquidación de los establecimientos de crédito; 
Considerando que deberá asimismo emprenderse la 
armonización de los instrumentos necesarios para el 
control de los riesgos de liquidez, de mercado, de tipo de 
interés y de cambio, soportados por las entidades de 
crédito; Considerando que el Estado miembro de origen puede 
dictar además reglas más rigurosas que las señaladas en los 
artículos 3, 4, 9, 10 y 14 en lo que concierne a las entidades 
autorizadas por sus propias autoridades competentes; 
Considerando que la responsabilidad de la vigilancia de la 
solidez financiera de una entitad de crédito y, en particular, 
de su solvencia corresponde, en adelante, a la autoridad del 
Estado miembro de origen de aquella; que la autoridad del 
Estado miembro de acogida mantiene sus responsabilida­
des en materia de vigilancia de la liquidez y de la política 
monetaria; que la vigilancia del riesgo de mercado debe ser 
objeto de una colaboración estrecha entre las autoridades 
competentes de los países de origen y de acogida; 
Considerando que la Directiva se inscribe en la obra 
legislativa comunitaria ya realizada, en particular por la 
Directiva 77/780/CEE del Consejo i1) cuya última modifi­
cación la constituye la Directiva 86/524/CEE (2) sobre 
coordinación de las legislaciones bancarias, la Directiva 83/ 
350/CEE del Consejo (3), sobre control bancario sobre base 
consolidada y la Directiva 86/635/CEE del Consejo (4), 
sobre cuentas anuales y consolidadas de los bancos y de las 
entidades financieras; que, por otro lado, se continúa la 
necesaria armonización de determinados servicios financie­
ros y de inversión, mediante actos comunitarios específicos, 
con vistas, en particular, a asegurar la protección de los 
consumidores y de los inversores; 
Considerando que la Comisión ha adoptado las Recomen­
daciones 87/62/CEE (5), sobre grandes riesgos de las 
entidades de crédito y 87/63/CEE (6) sobre el estableci­
miento de un sistema de garantía de depósitos. 
(!) DO n° L 322 de 17. 12. 1977, pág. 30. 
(2) DO n° L 309 de 4. 11. 1986, pág. 15. 
(3) DO n° L 193 de 18. 7. 1983, pág. 18. 
(4) DO n° L 372 de 31. 12. 1986, pág. 1. 
(5) DO n° L 33 de 4. 2. 1987, pág. 10. 
(6) DO n° L 33 de 4. 2. 1987, pág. 16. 
N° C 84/2 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 3. 88 
Considerando que el enfoque adoptado consiste, gracias al 
reconocimiento mutuo, en permitir a las entidades de 
crédito autorizadas en un Estado miembro de origen, el 
ejercicio libre en toda la Comunidad del conjunto de las 
actividades señaladas en la lista aneja, sea mediante el 
establecimiento de una sucursal, sea por vía de prestación 
de servicios; 
Considerando que en consecuencia el Estado miembro de 
acogida podrá, para el ejercicio del derecho de estableci­
miento y de la libertad de prestación de servicios, imponer 
el cumplimiento de sus propias disposiciones específicas 
nacionales, legales o reglamentarias, a las entidades que no 
estén autorizadas como entidades de crédito en el Estado 
miembro de origen o a las actividades que no figuren en la 
lista, siempre que, por una parte, estas disposiciones sean 
compatibles con el Derecho comunitario y estén motivadas 
por el interés público y que, por otra parte, dichas entidades 
o actividades no estén sometidas a reglas equivalentes en 
función de la legislación o regulación del Estado miembro 
de origen; 
Considerando que conviene, sin embargo, extender el 
beneficio del reconocimiento mutuo a las actividades que 
figuran en la lista aneja, cuando sean ejercidas por una 
entidad financiera filial de una entidad de crédito, con la 
condición de que esta filial sea incluida en la vigilancia 
sobre base consolidada a la que está sujeta su empresa 
matriz y responda a condiciones estrictas; 
Considerando que el ejercicio de las actividades que no 
figuran en la lista continuará beneficiándose de las 
libertades de establecimiento y de prestación de servicios de 
acuerdo con las disposiciones generales del Tratado; 
Considerando que los Estados miembros deben velar por 
que no exista ningún obstáculo para que las actividades que 
se beneficien del reconocimiento mutuo puedan ser 
ejercidas de acuerdo con las técnicas financieras en uso en el 
Estado miembro de origen, en cuanto no se opongan a las 
disposiciones legales de interés público, en vigor en el 
Estado miembro de acogida; 
Considerando que la supresión de la autorización exigida 
para las sucursales de entidades de crédito comunitarias 
como consecuencia de las armonizaciones en curso implica 
necesariamente la supresión de los fondos de dotación y 
que el apartado 2 del artículo 5 constituye un primer paso 
transitorio en este sentido; 
Considerando que existe una vinculación necesaria entre el 
objetivo perseguido por la presente directiva y la liberaliza-
ción de los movimientos de capitales que se lleva a cabo 
mediante otros actos legislativos comunitarios; que de 
cualquier modo las medidas de liberalización de los 
servicios bancarios deben estar en armonía con las medidas de liberalización de los movimientos de capitales; que en el 
caso de que los Estados miembros puedan invocar, en 
virtud de la Directiva .../.../CEE del Consejo, cláusulas de 
salvaguardia respecto a los movimientos de capitales, 
tendrán la posibilidad de suspender la prestación de 
servicios bancarios en la medida en que sea necesario para 
la puesta en práctica de dichas cláusulas de salvaguardia; 
Considerando que los procedimientos previstos por la 
Directiva 77/780/CEE, en particular en materia de 
autorización de sucursales de entidades de crédito 
autorizadas en terceros países, continúan aplicándose a las 
mismas; que dichas sucursales no se benefician de la libre 
prestación de servicios en virtud del párrafo segundo del 
artículo 59 del Tratado; que, no obstante, las solicitudes de 
autorización de una filial o de adquisición de una 
participación por parte de una entidad de crédito regida por 
la ley de un país tercero, están sujetas a un procedimiento 
encaminado a garantizar que las entidades de crédito de la 
Comunidad reciben un régimen de reciprocidad en los 
terceros países en cuestión; 
Considerando que el funcionamiento armonioso del 
mercado interior bancario necesitará, más allá de las 
normas jurídicas, una cooperación estrecha y regular de las 
autoridades competentes de los Estados miembros; que en 
lo que concierne el examen individual de los problemas 
relativos a una entidad de crédito, el marco del Comité de 
contacto creado entre las autoridades de control de los 
bancos y contemplado en el último considerando de la 
Directiva 77/780/CEE, continúa siendo el más apropiado; 
que este Comité constituye un ámbito adecuado para la 
información recíproca prevista en los artículos 6 y 7; 
Considerando que en cualquier caso, este procedimiento no 
substituye la colaboración bilateral instituida por el 
artículo 7 de la Directiva 77/780/CEE; que en este contexto 
la autoridad competente del Estado miembro de acogida 
podrá seguir verificando, por iniciativa propia, o por 
iniciativa de la autoridad competente del Estado miembro 
de origen, que la actividad de una entidad en su territorio es 
conforme a las leyes, así como a los principios de una buena 
organización administrativa y contable y de un control 
interno adecuado; 
Considerando que es necesario, a fin de facilitar la 
realización de los objetivos perseguidos por la presente 
Directiva y de tener en cuenta la evolución rápida de las 
estructuras de los mercados nacionales e internacionales, 
establecer un procedimiento que permita la adaptación de 
los puntos técnicos tratados; que por razón de la 
importancia y del carácter sensible de esta adaptación, el 
procedimiento III, variante a), definido en el artículo 2 de la 
Decisión 87/373/CEE del Consejo (*), resulta el más 
apropiado, 
(!) DO n° L 197 de 18. 7. 1987, pág. 33. 
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
TÍTULO I 
Definiciones y ámbito de aplicación 
Artículo 1 
A los efectos de la presente directiva, se entenderá por: 
— Entidad de crédito: una entidad de crédito según se 
define en el primer guión del artículo 1 de la Directiva 
77/780/CEE, 
— Aprobación: una aprobación según se define en el 
segundo guión del artículo primero de la Directiva 77/ 
780/CEE, 
— Sucursal: una sucursal según se define en el tercer guión 
del artículo primero de la Directiva 77/780/CEE, 
— Fondos propios: los fondos propios definidos en la 
Directiva .../.../CEE, del Consejo, 
— Autoridades competentes: las autoridades competentes 
definidas en el artículo primero de la Directiva 83/350/ 
CEE, 
— Entidad financiera: una entidad financiera según se 
define en el artículo primero de la Directiva 83/350/ 
CEE, 
— Estado miembro de origen: el Estado miembro en el 
cual una entidad de crédito ha sido aprobada, de 
acuerdo con el artículo 3 de la Directiva 77/780/CEE, 
— Estado miembro de acogida: el Estado miembro en el 
cual una entidad de crédito tiene una sucursal o presta 
servicios, 
— Participación cualificada: el hecho de poseer en una 
empresa, directa o indirectamente, al menos un 10 % 
del capital o de los derechos de voto o una influencia 
notable, según se define en el artículo 33 de la Directiva 
83/349/CEE del Consejo (*), 
— Capital inicial: el capital desembolsado o los elementos 
que le son asimilables según la legislación del Estado 
miembro de origen, 
— empresa matriz: una empresa matriz según se define en 
el artículo primero de la Directiva 83/349/CEE, 
— filial: una empresa filial según se define en el artículo 
primero de la Directiva 83/349/CEE. 
Artículo 2 
1. La presente Directiva será aplicable a todas las 
entidades de crédito. 
2. Sin embargo, no se aplicará a las entidades excluidas de 
la Directiva 77/780/CEE y contempladas en el apartado 2 
del artículo 2 de la misma. 
(!) DO n° L 193 de 18. 7. 1983, pág. 1. 3. Las entidades de crédito que, de la forma definida en el 
punto a) del apartado 4 del artículo 2 de la Directiva 
77/780/CEE, estén afiliadas a un organismo central en ese 
mismo Estado miembro, podrán ser eximidas de las 
disposiciones que figuran en los artículos 3, 8 y 10 de la 
presente Directiva, siempre que, sin perjuicio de la 
aplicación de dichas disposiciones al organismo central, el 
conjunto constituido por el organismo central y las 
entidades afiliadas esté sometido a dichas disposiciones 
sobre base consolidada. 
En caso de exención, los artículos 5 y 16 a 19, se aplicarán al 
conjunto formado por el organismo central y las entidades 
afiliadas. 
TÍTULO II 
Armonización de las condiciones de aprobación 
Artículo 3 
1. Las autoridades competentes no podrán conceder la 
aprobación cuando el capital inicial sea inferior a cinco 
millones de ECUS. 
2. Los Estados miembros podrán proponer la fijación de 
un capital inicial inferior al previsto en el apartado 1 para 
las entidades cuyo ámbito de operaciones autorizadas esté 
limitado por normas legales o estatutarias. A tal efecto, 
notificarán a la Comisión las entidades afectadas y los 
montantes propuestos en un plazo de seis meses a contar 
desde la adopción de la presente Directiva. La Comisión 
fijará la lista de las categorías de entidades afectadas y los 
correspondientes capitales iniciales en el marco del 
procedimiento previsto en el artículo 20. 
Artículo 4 
Las autoridades competentes no concederán la aprobación 
que permita el acceso a la actividad de una entidad de 
crédito antes de que les haya sido comunicada la identidad 
de los accionistas o socios, directos o indirectos, personas 
físicas o jurídicas, que pasen una participación cualificada 
en la entidad y el montante de dicha participación. Las 
autoridades competentes considerarán la honorabilidad de 
dichos accionistas o socios. 
Artículo 5 
1. La aprobación prevista en el artículo 4 de la Directiva 
77/780/CEE no podrá ser exigida por los Estados 
miembros de acogida respecto a sucursales de entidades de 
crédito aprobadas en otros Estados miembros. El estableci­
miento y la vigilancia de dichas sucursales seguirán las 
prescripciones fijadas en los artículos 17 y 19 de la presente 
Directiva. 
2. Hasta la entrada en vigor de las disposiciones de 
aplicación del apartado 1, los Estados miembros de acogida 
no podrán exigir, como condición de aprobación de 
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sucursales de entidades de crédito aprobadas en otros 
Estados miembros, una dotación inicial cuyo montante sea 
superior al 50 % del capital inicial exigido por la 
regulación nacional para la aprobación de una entidad de 
crédito de la misma naturaleza. 
3. Las entidades de crédito recobrarán el libre uso de los 
fondos cuya afectación no pueda ser exigida en virtud de las 
disposiciones de los apartados 1 y 2. 
Artículo 6 
Deberán ser objeto de consulta previa con las autoridades 
competentes del Estado miembro correspondiente: 
— la aprobación de una filial de una entidad de crédito 
autorizada en otro Estado miembro, 
— la aprobación de una filial de la empresa matriz de una 
entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro, 
— la aprobación de una empresa controlada por las 
mismas personas físicas o jurídicas que una entidad de 
crédito autorizada en otro Estado miembro. 
Artículo 7 
1. Las solicitudes de aprobación de una filial o de 
adquisición de una participación definida en el apartado 3, 
de una empresa matriz que se rija por el Derecho de un país 
tercero, estarán sujetas al procedimiento previsto en el 
presente artículo. 
2. Las autoridades competentes del Estado miembro de 
que se trate informarán a las autoridades competentes de 
los demás Estados miembros y a la Comisión de la solicitud 
de aprobación. 
3. Igualmente, cuando sean informadas, de acuerdo con 
el artículo 9, de que una empresa sujeta al Derecho de un 
país tercero pretende adquirir una participación en una 
entidad de crédito, de forma que ésta pase a ser su filial, las 
autoridades competentes del Estado miembro en cuestión 
informarán a las autoridades competentes de los otros 
Estados miembros, así como a la Comisión. 
4. Las autoridades competentes del Estado miembro 
correspondiente deberán suspender su decisión en lo que se 
refiere a las solicitudes mencionadas en los apartados 2 y 3, 
hasta la terminación del procedimiento previsto en los 
apartados 5 y 6. 
5. La Comisión examinará, dentro de un plazo de tres 
meses a contar desde la recepción de las informaciones 
previstas en los apartados 2 y 3, si todas las entidades de 
crédito de la Comunidad gozan de un trato de reciprocidad, 
especialmente en lo que concierne a la creación de filiales o 
a la adquisición de participaciones en entidades de crédito, 
en el país tercero en cuestión. 6. Si la Comisión comprueba que la reciprocidad no está 
asegurada, podrá prorrogar, con arreglo al procedimiento 
previsto en el artículo 20, la suspensión de la decisión a que 
se refiere el apartado 4. 
7. La Comisión someterá al Consejo las propuestas 
adecuadas a fin de alcanzar la reciprocidad con el país 
tercero en cuestión. 
TÍTULO III 
Armonización de las condiciones del ejercicio 
de la actividad 
Artículo 8 
1. Los fondos propios de una entidad de crédito no 
podrán llegar a ser inferiores al montante del capital inicial 
exigido en el momento de su aprobación. Cuando las 
circunstancias lo justifiquen, las autoridades competentes 
podrán conceder un plazo limitado para que la entidad 
regularice su situación. 
2. Las entidades de crédito en actividad en el momento de 
la aplicación de la presente Directiva deberán disponer de 
fondos propios en un montante, como mínimo, igual al 
importe del capital inicial requerido en el artículo 3, a más 
tardar el 31 de diciembre de 1996. 
Artículo 9 
1. Los Estados miembros preverán que toda persona 
física o jurídica, que pretenda tener, directa o indirectamen­
te, en una entidad de crédito, una participación cualificada 
debe informar previamente de ello a las autoridades 
competentes y comunicar el montante de dicha participa­
ción. Dicha persona deberá también suministrar una nueva 
información previa cuando pretenda modificar el montante 
de su participación cualificada, de forma que la entidad de 
crédito pase a ser filial suya. Las autoridades competentes 
considerarán la honorabilidad de dichas personas. 
2. Las entidades de crédito comunicarán cada año a las 
autoridades competentes la identidad de los accionistas o 
socios contemplados en el apartado 1, así como los 
montantes de sus participaciones cualificadas, según 
resulten del registro de asistencias a la junta general anual 
de accionistas o socios o de las informaciones recibidas en 
virtud de las obligaciones a que están sujetas las sociedades 
que coticen en una bolsa de valores. 
3. Los Estados miembros preverán que, en caso de que la 
influencia ejercida por las personas contempladas en el 
apartado 1 pueda resultar en detrimento de una gestión 
prudente y sana de la entidad, las autoridades competentes 
tomen las medidas apropiadas para poner fin a dicha 
situación. Dichas medidas podrán comprender, entre otras, 
requisitorias, sanciones a sus dirigentes o la suspensión del 
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ejercicio del derecho de voto ligado a las acciones o cuotas 
poseídas por los accionistas o socios en cuestión. 
Artículo 10 
1. Una entidad de crédito no podrá poseer una participa­
ción cualificada cuyo montante sobrepase el diez por ciento 
de sus fondos propios en una empresa que no sea una 
entidad de crédito, una entidad financiera, o una empresa 
cuya actividad esté definida en la letra f) del apartado 2 del 
artículo 43 de la Directiva 86/635/CEE. 
2. El montante total de las participaciones cualificadas en 
empresas que no sean entidades de crédito, entidades 
financieras, o empresas cuya actividad esté definida en la 
letra f) del apartado 2 del artículo 43 de la directiva 86/635/ 
CEE, no deberá superar el 50 % de los fondos propios de la 
entidad de crédito. 
3. Las acciones o cuotas poseídas temporalmente en 
razón de una operación de asistencia financiera con vista al 
saneamiento o salvación de una empresa o en razón de la 
suscripción de una emisión de títulos, durante la duración 
normal de dicha suscripción, o en nombre propio pero por 
cuenta de terceros, no se considerarán como participacio­
nes cualificadas para el cálculo de los límites fijados en los 
apartados 1 y 2. Las acciones o cuotas que no tengan el 
carácter de inmovilizaciones financieras de acuerdo con el 
apartado del artículo 35 de la Directiva 86/635/CEE no se 
considerarán nunca en tal sentido. 
4. Los límites a que se refieren los apartados 1 y 2 sólo 
podrán sobrepasarse en circunstancias excepcionales. En 
tales casos, las autoridades competentes exigirán, no 
obstante, que la entidad de crédito aumente el volumen de 
sus fondos propios o tome otras medidas de efecto 
equivalente. 
5. El respeto a los límites fijados en los apartados 1 y 2 
será objeto de una vigilancia y de un control consolidados 
siguiendo las disposiciones de la Directiva 83/350/CEE. 
6. Los Estados miembros podrán no aplicar los límites 
fijados en los apartados 1 y 2 en el caso de que hayan 
previsto que las participaciones cualificadas señaladas 
deben ser deducidas para el cálculo de los fondos propios de 
la entidad de crédito. 
Artículo 11 
1. Las autoridades competentes del Estado miembro de 
origen velarán por que en cada entidad de crédito exista 
una buena organización administrativa y contable y 
procedimientos de control interno adecuados. 
2. Las autoridades competentes del Estado miembro de 
origen velarán asimismo por que existan tales condiciones 
en las entidades de crédito incluidas en el ámbito de 
aplicación de la vigilancia sobre base consolidada de la 
entidad de crédito en virtud de las disposiciones de la 
Directiva 83/350/CEE. Artículo 12 
1. En el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 
77/780/CEE, el final de la segunda frase se sustituirá por el 
texto siguiente: «así como todas las informaciones 
susceptibles de facilitar el control de dichas entidades, en 
particular en materia de liquidez, de solvencia y de 
limitación de grandes riesgos, de organización administra­
tiva y contable y de control interno.» 
2. El Estado miembro de acogida mantendrá la responsa­
bilidad principal respecto a la vigilancia de la liquidez de las 
entidades de crédito hasta una coordinación posterior. Sin 
perjuicio de las medidas necesarias para el fortalecimiento 
del Sistema Monetario Europeo, dicho Estado conservará 
la total responsabilidad de las medidas resultantes de la 
puesta en práctica de la política monetaria. Estas medidas 
no podrán prever un trato discriminatorio o restrictivo por 
el hecho de que la entidad de crédito haya sido aprobada en 
otro Estado miembro. 
3. Hasta una coordinación posterior de los riesgos 
derivados de las posiciones abiertas, las autoridades 
competentes de los Estados miembros de acogida podrán 
adoptar las medidas necesarias a fin de exigir a las 
entidades de crédito aprobadas en otros Estados miembros 
que tomen las disposiciones adecuadas para hacer frente a 
los riesgos que soporten como consecuencia de sus 
intervenciones en los mercados de valores mobiliarios que 
existan en su territorio. A este fin dichas autoridades 
colaborarán con las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen. 
Artículo 13 
1. Los Estados miembros de acogida preverán que, 
cuando una entidad de crédito aprobada en otro Estado 
miembro, ejerza su actividad mediante una sucursal, las 
autoridades competentes del Estado miembro de origen 
podrán, tras haber informado previamente a las autorida­
des competentes del Estado miembro de acogida, proceder, 
ellas mismas, a la verificación in situ de las informaciones 
contempladas en el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 
77/780/CEE. 
2. Las autoridades competentes del Estado miembro de 
origen podrán igualmente recurrir, para la verificación de 
las sucursales, a uno de los procedimientos establecidos en 
el apartado 4 del artículo 5 de la Directiva 83/350/CEE 
distinto del indicado en el apartado 1. 
3. El presente artículo se entiende sin perjuicio del 
derecho de las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida de proceder a la verificación in situ de 
las sucursales establecidas en su territorio, para el ejercicio 
de las responsabilidades que les incumben con arreglo a la 
presente Directiva. 
N° C 84/6 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 3. 88 
Artículo 14 
El artículo 12 de la Directiva 77/780/CEE se sustituirá por 
el texto siguiente, cuyo apartado 2 se aplicará igualmente a 
los intercambios de información entre las autoridades 
competentes, previstos por la presente Directiva: 
«Artículo 12 
1. Los Estados miembros preverán que todas las 
personas que ejerzan o hayan ejercido una actividad al 
servicio de las autoridades competentes así como los 
inspectores o expertos encargados por las autoridades 
competentes, estén obligadas por el secreto profesional. 
Este secreto implica que las informaciones confidencia­
les que reciban a título profesional no podrán ser 
divulgadas a ninguna persona o autoridad, sin perjuicio 
de los supuestos regulados por el Derecho penal. 
2. No obstante lo previsto en el apartado 1, las 
autoridades competentes de los diferentes Estados 
miembros, procederán a los intercambios de informa­
ción previstos por la presente Directiva y por la 
Directiva 83/350/CEE del Consejo (*), así como por el 
Anexo a la Recomendación 87/62/CEE de la Comi­
sión (2). Dichas informaciones estarán sujetas al secreto 
• profesional señalado en el apartado 1 del presente 
artículo. 
3. Los Estados miembros no podrán celebrar acuerdos 
de cooperación, con las autoridades competentes de 
países terceros, que prevean intercambios de informa­
ción sino en la medida en que las informaciones 
comunicadas queden protegidas por garantías de 
secreto profesional equivalentes a las contempladas en 
el presente artículo. 
4. La autoridad competente que, en virtud de los 
apartados 1 y 2, reciba informaciones confidenciales 
podrá solamente utilizarlas: 
— bien para el examen de las condiciones de acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y para facilitar 
el control, sobre base individual y sobre base 
consolidada, de las condiciones de ejercicio de la 
actividad, en particular en materia de vigilancia de la 
liquidez, de la solvencia y de los grandes riesgos, de 
la organización administrativa y contable y del 
control interno, 
— bien cuando las decisiones de la autoridad compe­
tente sean objeto de un recurso administrativo, 
— bien en el marco de procedimientos jurisdiccionales 
entablados en virtud del artículo 13. 
5. Los apartados 1 y 4 no serán obstáculo en el interior 
de un Estado miembro o entre Estados miembros para: 
— el intercambio de informaciones entre las autorida­
des competentes cuando existan varias en el mismo 
Estado miembro, — la transmisión, a los organismos encargados de la 
gestión de los sistemas de garantía de los depósitos, 
de las informaciones necesarias para el cumplimien­
to de su función, 
— el intercambio de informaciones entre las autorida­
des competentes y las autoridades investidas de la 
función pública de vigilancia de las otras institucio­
nes financieras y de las compañías de seguros, 
— el intercambio de informaciones entre las autorida­
des competentes y las personas encargadas del 
control legal de las cuentas de la entidad de crédito. 
Las autoridades y organismos a las que sean transmiti­
das estas informaciones no podrán utilizarlas más que 
para el cumplimiento de su función de vigilancia. Las 
informaciones recibidas quedarán sujetas al secreto 
profesional al que estas autoridades estarán obligadas. 
6. No obstante el apartado 1, los Estados miembros 
podrán autorizar, en virtud de disposiciones legales, la 
comunicación de ciertas informaciones a otros departa­
mentos de sus administraciones centrales cuando ello 
sea necesario por razones de control prudencial. En este 
caso, los Estados miembros deberán prever que las 
informaciones recibidas con arreglo al apartado 2 no 
podrán jamás ser objeto de una tal comunicación, salvo 
acuerdo expreso de la autoridad competente que haya 
comunicado las informaciones. 
7. Los Estados miembros deberán prever que el 
secreto profesional establecido por el presente artículo 
se aplicará a las informaciones transmitidas por las 
autoridades competentes a las personas encargadas del 
control legal de las cuentas de la entidad de crédito. 
(!) DO n° L 193 de 18. 7. 1983, pág. 18. 
(2) DO n° L 33 de 4. 2. 1987, pág. 10.» 
Artículo 25 
Sin perjuicio de los procedimientos de retirada de la 
aprobación y de las disposiciones de Derecho penal, los 
Estados miembros preverán que sus respectivas autorida­
des competentes puedan imponer a las entidades de crédito 
o a sus dirigentes responsables, por infracción de 
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en 
materia de control o del ejercicio de la actividad, sanciones 
o medidas cuya aplicación tenga por objeto poner fin a las 
infracciones constatadas o a sus causas. 
3L3 ^ diario Cecial de las Comunidades Europeas ^C^^B 
disposiciones relativas al libre establecimiento 
yala libre prestación de servicios 
1, Los Estados miembros preverán que, al menos, las 
actividades cuya lista figura en el Ane^o, puedan ser 
ejercidas en todo Estado miembro, según las disposiciones 
de los articulosl^al^,mediante el establecimiento de una 
sucursal o por via de prestación de servicios, por toda 
entidad de crédito aprobada y controlada por las 
autoridades competentes del Estado miembro de origen, de 
acuerdo con las disposiciones déla presente Uirectiva,y 
cuya aprobación no prohiba el ejercicio de tales actividad 
desD 
^. Los Estados miembros preverán igualmente que, al 
menos, las actividadescuya lista figura en el Ane^o,puedan 
ser ejercidas en cualquier Estado miembro, de acuerdo con 
los articulosl^al^, mediante el establecimiento de una 
sucursal o por via de prestación de servicios, por toda 
entidad financiera,filial de una entidad de créditoofilial 
común de varias entidades de crédito, cuyo estatuto legal 
no prohiba el ejercicio de dicbasactividadesyque cumpla 
los requisitos siguientes^ 
— la o las empresas matrices estén aprobadas como 
entidades decrédito en elmismoEstado miembro a 
cuyo Loerecho está sometida la filial, 
— laolas empresas matrices posean el ^O^omás de las 
participacionesoacciones de la filial, 
— laolas empresas matrices se bayan declarado garantes 
solidarias de las obligaciones asumidas por la filial, 
— la filial esté incluida de forma efectiva, en especial para 
las actividades en cuestión, en la vigilancia sobre base 
consolidadaala que esté sometida su empresa matrizo 
cada una de sus empresas matrices, en conformidad con 
la directiva ^3^3^0^CEE, en particular para el cálculo 
del coeficiente de solvencia, para el control de grandes 
riesgosyla limitación de las participaciones previstas en 
el articulolOde la presente Loirectiva, 
Estos requisitos deberán ser verificados por las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen, quienes 
facilitarán después una certificaciónala filial, que deberá 
ser adjuntadaalas notificaciones señaladas en los articulos 
IBytD. 
Las autoridades competentesdelEstadomiembrodeorigen 
asegurarán la vigilancia de la filial de acuerdo con las 
disposiciones de los articulos ^, apartado 1, ^, 11, 1^. 
apartador, 13,l^yl^ de la presente Loirectiva,ylas del 
apartadoidelarticulo^delatOirectiva^B^OBCEE, 
Eas disposiciones citadas en el presente apartado serán 
aplicadasalas filiales con las adaptaciones necesariasD En 
particular, ^entidad de créditos se leerán ^entidad financiera que respondealas condiciones señaladas en el 
apartado ^ del articulo 1^ y ^ aprobación^, como 
^estatuto légala,En el apartado^del articulo lB^,laletrac^ 
se leerá^c^ el importe de los fondos propios de la entidad 
financiera filialydel coeficiente de solvencia consolidado 
de la entidad de crédito que es su empresa matriz^, 
^i la entidad financiera que se beneficie de las disposiciones 
del prestentedejaradecumplirunode los requisitos fijados, 
el Estado miembro de acogida podrá poner fin al ejercicio 
de sus actividades en su territorio, de acuerdo con las 
disposiciones de la presente Lnrectiva, 
1. foda entidad de crédito que desee establecer una 
sucursal en el territorio de otro Estado miembro lo 
notificaráala autoridad competente del Estado miembro 
de origen, 
^., Los Estados miembros eligirán que la entidad de 
crédito que desee establecer una sucursal en otroEstado 
miembro acompañe a la notificación mencionada en el 
apartadollas informaciones siguientes^ 
a^ el Estado miembro en cuyo territorio se propone 
establecer una sucursal^ 
b^ unprogramadeactividadesenelqueseindique,en 
especial, el género de las operaciones previstas y la 
estructura de la organización de la entidad^ 
c^ el importe délos fondospropiosydelcoeficiente de 
solvencia de la entidad de créditos 
d^ la dirección en el Estado miembro de acogida en la que 
puedan serle requeridos los documentos^ 
e^ el nombre de los dirigentes responsables de la sucursal, 
3, ^alvo que la autoridad competente del Estado 
miembro de origen tenga razones para dudar, visto el 
proyecto en cuestión, de la adecuación de las estructuras de 
laentidad de crédito, dicha autoridad comunicará, enel 
plazo de3meses,acontar desde la notificaciónaque hace 
referencia el apartadol,las informaciones previstas en el 
apartado^ala autoridad competente del Estado miembro 
de acogida, 
Cuandola autoridad competente del Estado miembro de 
origen rehursará transmitir las informaciones mencionadas 
en el apartado ^ a la autoridad competente del Estado 
miembro de acogida, comunicará las razones de la 
denegaciónalaentidadencuestiónenelplazodelos3 
meses siguientes a la recepción de la notificación. Esta 
denegación podrá ser objetode un recurso jurisdiccional en 
el Estado miembro de origen, 
^, Antes de que la sucursal de la entidad de crédito 
comienceaejercer sus actividades, la autoridad competente 
N° C 84/8 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 3. 88 
del Estado miembro de acogida dispondrá de 3 meses, a 
contar desde la recepción de la comunicación señalada en el 
apartado 3, para organizar la vigilancia de la entidad de 
crédito conforme al artículo 19 y para pronunciarse, dado 
el caso, sobre la imposibilidad de que ésta ejerza, por 
razones de interés público, algunas de las actividades 
previstas cuyo ejercicio no esté prohibido en la aprobación 
otorgada por el país de origen y que no figuren en la lista del 
Anexo. 
5. Desde la recepción de un aviso de la autoridad 
competente del Estado miembro de acogida, o en caso de 
silencio por parte de éste, a partir del vencimiento del plazo 
previsto en el apartado 4, la sucursal podrá establecerse y 
comenzar su actividades. 
6. Toda entidad de crédito que desee modificar el 
contenido de alguna de las informaciones notificadas 
conforme al apartado 2, deberá notificar por escrito la 
modificación propuesta a las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen y del Estado miembro de 
acogida, al menos un mes antes de efectuar el cambio, a fin 
de que dichas autoridades competentes se pronuncien, en 
su caso, por razones de interés público, sobre la imposibili­
dad de llevar a cabo algunas de las nuevas actividades 
previstas cuyo ejercicio no está prohibido en la aprobación 
dada por el país de origen y que no figuren en la lista del 
Anexo. 
Artículo 18 
1. Toda entidad de crédito que desee ejercer, por primera 
vez, sus actividades en el territorio de otro Estado miembro 
en el marco de la libre prestación de servicios, notificará a la 
autoridad competente del Estado miembro de origen, qué 
actividades de las comprendidas en la lista del Anexo desea 
llevar a cabo. 
2. La autoridad competente del Estado miembro de 
origen comunicará a la autoridad competente del Estado 
miembro de acogida la notificación mencionada en el 
apartado 1, en el plazo de un mes a contar desde la 
recepción de la misma. 
Artículo 19 
1. La vigilancia de una entidad de crédito, incluidas las de 
las actividades que ejerza de acuerdo con las disposiciones 
del artículo 16, corresponderá a las autoridades competen­
tes del Estado miembro de origen. 
2. Los Estados miembros de acogida podrán exigir, sin 
embargo, a fines estadísticos, que toda entidad de crédito 
que tenga una sucursal en su territorio dirija a sus 
autoridades competentes un informe trimestral sobre las 
operaciones efectuadas en dicho territorio. 
Para el ejercicio de las responsabilidades que les incumban 
en virtud de los apartados 2 y 3 del artículo 12, los Estados miembros de acogida podrán exigir a las sucursales de 
entidades de crédito originarias de otros Estados miembros 
las mismas informaciones que exijan a este efecto a las 
entidades de crédito nacionales. 
3. Si la autoridad competente del Estado miembro de 
acogida comprobase que una entidad que tenga una 
sucursal o preste sus servicios en su territorio, no respeta las 
disposiciones legales dictadas por dicho Estado miembro 
por razones de interés público o en aplicación de las 
disposiciones de la presente Directiva concernientes a las 
competencias del Estado miembro de acogida, exigirá a 
dicha entidad que ponga fin a tal situación irregular. 
4. Si la entidad en cuestión no realiza lo necesario a tal fin, 
la autoridad competente del Estado miembro de acogida 
informará a la autoridad competente del Estado miembro 
de origen. Esta tomará, en el más breve plazo, todas la 
medidas necesarias para que la entidad de que se trata 
ponga término a su situación irregular. La naturaleza de 
estas medidas será comunicada a la autoridad competente 
del Estado miembro de acogida. 
5. Si, a pesar de las medidas tomadas por el Estado 
miembro de origen, conforme al apartado 4, o en razón del 
carácter inadecuado o de la ausencia de las mismas, la 
entidad continúa violando las disposiciones legales 
contempladas en el apartado 3, vigentes en el Estado 
miembro de acogida, éste podrá, tras informar a la 
autoridad competente del Estado miembro de origen, 
tomar las medidas apropiadas a fin de evitar nuevas 
irregularidades, y, en particular, en la medida que sea 
necesario, podrá prohibir a la entidad iniciar nuevas 
operaciones en su territorio. Los Estados miembros velarán 
por que los documentos necesarios para la adopción de 
tales medidas puedan ser notificados en sus territorios a las 
entidades de crédito. 
6. Toda medida adoptada de conformidad con los 
apartados 3, 4 y 5, que implique sanciones o restricciones a 
la prestación de servicios deberá ser debidamente motivada 
y comunicada a la entidad afectada. Cada una de dichas 
medidas podrá ser objeto de recurso jurisdiccional en el 
Estado miembro cuyas autoridades las hayan adoptado. 
7. Antes de seguir el procedimiento previsto en los 
apartados 3 a 5, la autoridad competente del Estado 
miembro de acogida podrá, en caso de urgencia, tomar las 
medidas necesarias para la protección de los intereses de los 
depositantes, inversores y otros destinatarios de los 
servicios. La Comisión y los demás Estados miembros 
deberán ser informados de tales medidas en el más breve 
plazo posible. La Comisión podrá acordar, una vez 
consultados los Estados miembros afectados, que el Estado 
miembro en cuestión modifique o anule tales medidas. 
31. 3. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 84/9 
8. En caso de retirada de la aprobación se informará de 
ello a la autoridad competente del Estado miembro de 
acogida, que tomará las medidas necesarias para impedir 
que la entidad afectada inicie nuevas operaciones en su 
territorio. 
9. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el 
número y la naturaleza de los casos en los que haya habido 
denegaciones al amparo del artículo 17 o en los que se 
hayan adoptado medidas de conformidad con lo previsto 
en el apartado 5 del presente artículo. Cada dos años, la 
Comisión dirigirá un informe sobre estos casos al Comité 
consultivo establecido por el artículo 11 de la Directiva 77/ 
780/CEE. 
TÍTULO V 
Disposiciones finales 
Artículo 20 
1. Las modificaciones de carácter técnico de la presente 
Directiva, relativas a los puntos siguientes: 
— la ampliación del contenido de la lista mencionada en el 
artículo 16 y que figura en el Anexo, 
— el montante del capital inicial requerido en el apartado 1 
del artículo 3, 
— la lista de las categorías de entidades contempladas en el 
apartado 2 del artículo 3, 
— el montante de los límites fijados en el artículo 10, 
— los ámbitos en los que las autoridades competentes 
deben intercambiar informaciones, enumerados en el 
apartado 1 del artículo 7, de la Directiva 77/780/CEE, 
serán adoptadas de acuerdo con el procedimiento previsto 
en el apartado 2. 
2. La Comisión estará asistida por un Comité formado 
por los representantes de los Estados miembros y presidido 
por el representante de la Comisión. 
El representante de la Comisión someterá al Comité un 
proyecto de las medidas a adoptar. El Comité emitirá su 
dictamen sobre este proyecto en un plazo que el presidente 
podrá fijar en función de la urgencia de la cuestión tratada. 
El dictamen será adoptado por la mayoría prevista en el 
apartado 2 del artículo 148 del Tratado para la adopción de 
los acuerdos que el Consejo está llamado a adoptar a 
propuesta de la Comisión. Para las votaciones en el seno del 
Comité, los votos de los representantes de los Estados 
miembros se ponderarán del modo previsto en el artículo 
antes citado. El presidente no participará en la votación. La Comisión adoptará las medidas previstas cuando se 
ajusten al dictamen del Comité. 
Cuando las medidas previstas no se ajusten al dictamen del 
Comité, o en ausencia de tal dictamen, la Comisión 
someterá sin tardanza al Consejo una propuesta relativa a 
las medidas a tomar. El Consejo decidirá por mayoría 
cualificada. 
Si, al final de un plazo que será fijado para cada acto que 
deba adoptar el Consejo en virtud del presente apartado, 
pero que no podrá en ningún caso superar los tres meses a 
contar desde el momento en que se haya recurrido al 
mismo, éste no ha adoptado ningún acuerdo al respecto, la 
Comisión adoptará las medidas propuestas. 
Artículo 21 
1. Se considerará que las sucursales que hayan comenza­
do su actividad, de acuerdo con las disposiciones del Estado 
miembro de acogida, antes de la entrada en vigor de las 
disposiciones de aplicación de la presente Directiva, han 
cumplido el procedimiento previsto en los apartados 1 a 5 
del artículo 17. A partir de la entrada en vigor antes 
señalada, estarán regidas por las disposiciones de los 
artículos 16, 17, apartado 6 y 19 y se beneficiarán de la 
disposición del apartado 3 del artículo 5. 
2. El artículo 18 no supondrá detrimento para los 
derechos adquiridos por las entidades de crédito que 
operaban por la vía de la prestación de servicios antes de la 
entrada en vigor de las disposiciones de aplicación de la 
presente Directiva. 
Artículo 22 
1. Con la salvedad de lo establecido en el apartado 2, los 
Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas para cumplir la presente 
directiva en la fecha posterior de las das previstas para la 
adopción de las medidas destinadas a cumplir las Directivas 
del Consejo sobre armonización de los fondos propios y 
sobre el coeficiente de solvencia de las entidades de crédito, 
y, a más tardar, el día 1 de enero de 1993. Informarán 
inmediatemente de ello a la Comisión. 
2. Los Estados tomarán las medidas necesarias para 
cumplir las disposiciones del apartado 2 del artículo 5 antes 
del 1 de Enero de 1990. 
3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el 
texto de las disposiciones esenciales de Derecho interno que 
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. 
Artículo 23 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados 
miembros. 
N°C 84/10 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 31. 3. 88 
ANEXO 
Operaciones que constituyen el núcleo esencial de la actividad bancaria y que están incluidas en el campo 
del reconocimiento mutuo 
1. Recepción de depósitos o de otros fondos reembolsables 
2. Préstamos (*) 
3. Arrendamiento financiero (leasing) 
4. Operaciones de pago 
5. Emisión y gestión de medios de pago (tarjetas de crédito, cheques de viaje, cartas de crédito) 
6. Otorgamiento de garantías y compromisos 
7. Transacciones por cuenta propia de la entidad o por cuenta de su clientela que tengan por objeto: 
(a) Instrumentos del mercado monetario (cheques, efectos, certificados de depósito...) 
(b) Mercado de cambios 
(c) Instrumentos financieros a plazo y opciones 
(d) Instrumentos sobre divisas o sobre tipos de interés 
(e) Valores mobiliarios 
8. Participación en las emisiones de títulos y prestaciones de los servicios correspondientes 
9. Intermediación en los mercados interbancarios 
10. Gestión o asesoramiento en la gestión del patrimonio 
11. Custodia de valores mobiliarios 
12. Informaciones comerciales 
13. Alquiler de cajas fuertes 
Comprenden en especial: 
— crédito al consumo, 
— crédito hipotecario, 
— factoring y descuento de facturas, 
— financiación de transacciones comerciales (incluido el forfeiting). 
Propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento 
n° 136/66/CEE por el que se establece una organización común de mercados en el sector 
de las materias grasas 
COM(88) 80 final 
(Presentada por la Comisión al Consejo el 23 de febrero de 1988) 
(88/C 84/02) 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el dictamen del Comité Económico y Social, 
Considerando que, en lo que se refiere a las semillas de 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica colza y de nabina, por una parte y a las semillas de girasol, 
. , *> \ AI por otra, resulta oportuno establecer una misma cantidad 
Europea, y, en particular, su articulo 43, v , . . K , ~ J _ • i: 
F , 7, K máxima garantizada para las tres campanas de comerciali­
zación de 1988/1989,1989/1990 y 1990/1991; que, a fin de 
Vista la propuesta de la Comisión, mejorar la precisión de las producciones estimadas, es 
conveniente, dentro del régimen de cantidades máximas 
garantizadas, efectuar las estimaciones de producción 
En cooperación con el Parlamento Europeo, después del inicio de la campaña de comercialización; que