[pic] | COMISIÓN EUROPEA |

Bruselas, 17.3.2011

COM(2011) 135 final

2006/0084 (COD)

Propuesta modificada de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (EURATOM) nº 1074/1999

SEC(2011) 343 final

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude («la Oficina») se creó en 1999. Los elementos básicos del marco legal en virtud del cual actúa son los Reglamentos (CE) n° 1073/1999[1] del Parlamento Europeo y del Consejo, y el Reglamento (Euratom) n° 1074/1999 del Consejo, de 25 de mayo de 1999[2], relativos a las investigaciones tanto internas como externas efectuadas por la OLAF, así como la Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Comisión, de 28 de abril de 1999, por la que se crea la Oficina[3].

En 2006, la Comisión presentó una propuesta legislativa de modificación del Reglamento 1073/1999[4] que pretendía esencialmente lograr una mayor eficiencia operativa y una mejor gobernanza de la Oficina mediante:

- la mejora del flujo de información entre la Oficina, las instituciones y organismos europeos, los Estados miembros y los informadores;

- la aclaración de las relaciones entre el Comité de Vigilancia, la Oficina y las instituciones y otros órganos u organismos y la introducción de un «diálogo estructurado» sobre cuestiones importantes de gobernanza en el que participen el Comité de Vigilancia, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión;

- el reforzamiento de los derechos procesales de las personas objeto de investigación (estableciendo garantías procesales que han de ser respetadas tanto en las investigaciones internas como en las externas e introduciendo un Consejero supervisor).

La propuesta de la Comisión se debatió tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo . Esta última institución adoptó el 20 de noviembre de 2008 [5] una resolución en primera lectura en el marco del procedimiento de codecisión y presentó unas cien enmiendas a la propuesta de la Comisión. Muchas enmiendas fueron acogidas favorablemente por la Comisión. A petición de la Presidencia checa del Consejo (enero – junio de 2009), en julio de 2010 la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo un Documento de reflexión sobre la reforma de la Oficina [6] en el que se recogen posibles soluciones para impulsar el actual proceso legislativo. En octubre de 2010, el Parlamento Europeo acogió favorablemente el documento de reflexión y solicitó a la Comisión que reiniciase el procedimiento legislativo. El 6 de diciembre de 2010, el Consejo adoptó sus conclusiones sobre el documento de reflexión presentado por la Comisión. El Comité de Vigilancia de la OLAF contribuyó al debate con sus opiniones a propósito del documento de reflexión y del respeto de los derechos fundamentales y las garantías procesales en las investigaciones llevadas a cabo por la OLAF[7].

La Comisión ha elaborado ahora una propuesta modificada que tiene en cuenta las posiciones expresadas hasta el momento y espera llevar a cabo esta reforma legislativa lo antes posible.

2. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LOS INTERESADOS Y EVALUACIONES DE IMPACTO

N/D

3. ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

3.1. Reforzamiento de la eficiencia de las investigaciones de la Oficina

La propuesta modificada incluye nuevas disposiciones destinadas a lograr una mayor eficiencia de las investigaciones y una cooperación reforzada con los Estados miembros con vistas a alcanzar una aceleración efectiva de los procedimientos de las investigaciones.

A tal efecto, la Comisión propone que el Comité de Vigilancia examine la duración de las investigaciones sobre la base de la información facilitada por la Oficina. En aquellos casos en los que las investigaciones no puedan concluirse transcurridos doce meses, la Oficina debe informar al Comité de Vigilancia a intervalos de seis meses de las razones que impiden finalizar la investigación. De esta forma, se garantizará un control más continuado de la duración de las investigaciones hasta su conclusión.

La propuesta modificada contribuye además a potenciar la efectividad de la Oficina al mejorar su cooperación y el intercambio de información con las demás instituciones, órganos y organismos de la UE , así como con los Estados miembros en todas las fases del proceso de investigación.

La Oficina debe informar sin retrasos injustificados a las instituciones, órganos y organismos cuyos miembros, miembros del personal o presupuesto estén implicados en una investigación. De esta forma las instituciones, órganos y organismos pueden adoptar medidas administrativas cautelares. Es su responsabilidad velar por la máxima protección de los intereses financieros de la UE y evitar toda continuación de una irregularidad o el posible incremento de pérdidas financieras. Por ello, su información es muy necesaria. Para casos excepcionales en los que no pueda garantizarse la confidencialidad de la investigación (por ejemplo, al verse afectado el grado más alto de gestión o de toma de decisiones políticas de una institución, órgano u organismo), la Oficina deberá usar los canales alternativos de información adecuados.

Por lo que se refiere al acceso de la Oficina a información que obre en poder de las instituciones, órganos y organismos , con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento 1073/1999, la Oficina sigue disponiendo de acceso, sin mediar preaviso ni plazo, a cualquier información relacionada con la materia objeto de investigación que obre en poder de las instituciones, órganos y organismos de la UE, sin perjuicio de las exclusiones contempladas en la base jurídica por la que se establece Europol[8].

La propuesta modificada confirma y sigue desarrollando el enfoque de minimis de la propuesta de 2006, sin olvidar la política de tolerancia cero ante el fraude: con relación a la apertura de las investigaciones, la Oficina debe tener en cuenta las prioridades políticas de investigación y la necesidad de utilizar de forma eficiente los recursos de la Oficina. Por lo que se refiere específicamente a las investigaciones internas, la Oficina debe considerar si lo mejor sería que las llevaran a cabo la institución, órgano u organismo afectado, o la propia Oficina. Por otra parte, en asuntos en los que, tras haber llevado a cabo una investigación interna, la Oficina considere que, habida cuenta de la naturaleza de los hechos y la magnitud del perjuicio financiero, la adopción de medidas internas permite un seguimiento más adecuado, debe remitir el asunto a la Oficina de Investigación y Disciplina de la Comisión (IDOC, en sus siglas en inglés) o a las instituciones, órganos u organismos afectados, en lugar de remitirlo a las autoridades judiciales nacionales competentes. Por consiguiente, en la propuesta modificada se ha aclarado la política de minimis (casos en los que la Oficina decide no abrir una investigación o no remitir sus conclusiones a las autoridades judiciales nacionales competentes). Al desarrollar la política de minimis , la Oficina deberá aplicar directrices precisas, como propone el Consejo en sus Conclusiones de 6 de diciembre de 2010.

Con el fin de potenciar la cooperación entre la Oficina y las autoridades competentes de los Estados miembros , cada Estado miembro debe designar una autoridad (servicio de coordinación antifraude) para que asista a la Oficina en su colaboración con las autoridades nacionales competentes. Ello no significa que se vaya a crear una nueva autoridad. La experiencia muestra que, debido a las diferentes estructuras existentes en cada Estado miembro, a la Oficina le suele resultar muy difícil dirigirse a las autoridades competentes de determinados Estados miembros.

En el caso de las investigaciones internas especial importancia reviste la supervisión periódica, con el fin de que la IDOC o entidades equivalentes de otras instituciones, órganos u organismos puedan adoptar medidas disciplinarias o de otra índole. Por tanto, se propone que, a instancias de la Oficina, los Estados miembros informen del seguimiento dado a la información que aquella les transmita. Con objeto de evitar una carga administrativa innecesaria para los Estados miembros, la propuesta modificada establece que estos informarán a la Oficina, cuando así lo solicite, de las medidas adoptadas y los avances logrados a raíz de la información facilitada por la propia Oficina.

Con vistas a fomentar la cooperación entre la Oficina y Europol y Eurojust , especialmente en el contexto de la introducción de posibles cambios en sus responsabilidades, así como con las autoridades competentes de terceros países y con organizaciones internacionales , se propone la inclusión en el Reglamento de una disposición por la que se brinde a la Oficina la posibilidad de celebrar acuerdos administrativos con estas entidades de cara a facilitar el intercambio de información. La Oficina ya dispone de un acuerdo de cooperación de estas características con Eurojust. De conformidad con la Decisión del Consejo por la que se crea Eurojust, este órgano puede acordar con la Comisión los procedimientos prácticos que sean necesarios[9]. La Oficina también cuenta con tales procedimientos con algunos terceros países. En relación con Europol, desde 2010 está en vigor una nueva Decisión Marco que establece que Europol debe celebrar acuerdos de trabajo con la Oficina. Por consiguiente, se ha de establecer una norma correspondiente para la Oficina. En consonancia con la Decisión del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (2010/427/UE), que, en su artículo 3, apartado 4, establece la cooperación entre el SEAE y la OLAF, todas las instituciones están obligadas a prestar la asistencia necesaria a los agentes de la OLAF en el cumplimiento de su misión. Las modalidades de cooperación de la OLAF con las autoridades de los terceros países deben establecerse en memorandos de acuerdo celebrados con el SEAE y los correspondientes servicios de la Comisión.

Aunque el Director General de la Oficina sigue siendo el responsable de incoar y llevar a cabo las investigaciones, debe contar con la asistencia de un órgano interno al que consultará al abrir una investigación, antes de concluirla y siempre que lo estime necesario. Con objeto de aclarar los procedimientos internos de toma de decisiones con respecto a la función del Director General de la Oficina, este también podrá delegar por escrito la ejecución directa de las investigaciones a los distintos miembros del personal de la Oficina. El mandato del Director General no deberá ser renovable con el fin de reforzar su independencia. Se mantiene el título de «Director General», que se introdujo con la propuesta de 2006 y que es necesario para reflejar el rango de la OLAF como Dirección General de la Comisión y distinguir al Director General de los miembros del equipo superior de gestión con rango de director. Para garantizar la continuidad y a la luz de la experiencia reciente, en la propuesta modificada se contemplan normas sobre suplencia.

La distinción entre investigaciones internas y externas deberá limitarse a lo estrictamente necesario. Ello facilitaría el desarrollo de las investigaciones. Como la experiencia ha puesto de relieve, las investigaciones pueden comenzar siendo externas y convertirse posteriormente en internas, y viceversa. En el marco legal actual, las personas objeto de investigaciones internas están obligadas a cooperar con la Oficina con arreglo a lo dispuesto en el Estatuto de los Funcionarios o el Protocolo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Unión Europea. Los poderes de investigación de la Oficina son también más detallados en las investigaciones internas. Se han de respetar plenamente los derechos procesales y fundamentales de las personas inmersas en un procedimiento, ya sea en una investigación interna o externa.

3.2. Gobernanza de la Oficina: equilibrio entre independencia y responsabilidad de la Oficina

El refuerzo de la gobernanza, junto con el establecimiento de un procedimiento de revisión y las disposiciones sobre los flujos de información entre la Oficina y las instituciones, órganos, y organismos interesados, contribuirán a establecer un equilibrio justo entre independencia y responsabilidad de la Oficina.

El Comité de Vigilancia de la Oficina seguirá velando por que esta ejerza su misión con total independencia. Además, se clarifica el papel del Comité de Vigilancia. Deberá ser habilitado expresamente para controlar los intercambios de información entre la Oficina y las instituciones, órganos y organismos y supervisar los cambios que se introduzcan en la aplicación de las garantías procesales. Asimismo debe supervisar de manera general y sistémica los cambios que se introduzcan en la duración de las investigaciones, sin interferir en su desarrollo. En cuanto a la designación de los miembros del Comité de Vigilancia, se prevé una renovación escalonada con el fin de mantener su competencia. Se deberá consultar al Comité de Vigilancia para el nombramiento del Director General y la designación del Director o Directores que puedan sustituirle y se le debe informar de las notificaciones y traslados a las autoridades judiciales.

En lugar de un diálogo formal estructurado entre el Comité de Vigilancia y las instituciones sobre la función investigadora de la Oficina, se propone ahora un intercambio periódico de pareceres con el fin de potenciar la gobernanza de la Oficina, al tiempo que se respeta su independencia operativa. En sus Conclusiones de 6 de diciembre de 2010, el Consejo subraya también que un diálogo formal estructurado podría debilitar la independencia de la Oficina. En esencia, el enfoque menos formal está en consonancia con la intención inicial de la Comisión, que abogaba por una mayor gobernanza, al tiempo que se garantizaba la independencia de la Oficina para llevar a cabo sus investigaciones. El intercambio de pareceres tendrá lugar entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea y contará con la participación de la Oficina y del Comité de Vigilancia. Este intercambio de pareceres debe contribuir al intercambio de información y opiniones entre los distintos actores con objeto de mejorar la eficiencia de la actividad de la Oficina. El intercambio de pareceres no debe interferir con la realización de las investigaciones y debe referirse a las prioridades estratégicas de las políticas investigadoras de la Oficina, los informes sobre las actividades del Comité de Vigilancia y del Director General de la Oficina, las relaciones entre la Oficina y las instituciones, órganos y organismos de la UE; las relaciones entre la Oficina y las autoridades competentes de los Estados miembros y la eficacia del trabajo de la Oficina con respecto a las investigaciones y la del Comité de Vigilancia. En consonancia con las opiniones manifestadas por las instituciones, el intercambio de pareceres será flexible: se llevará a cabo periódicamente o a instancias de una de las instituciones antes mencionadas, de la Oficina o del Comité de Vigilancia.

Uno de los principales objetivos de la propuesta modificada es reforzar aun más los derechos procedimentales de las personas afectadas por las investigaciones de la Oficina (artículo 7 bis ). Es conveniente hacer más claras y transparentes las garantías procesales y hacer que sean aplicables a todas las investigaciones, tanto internas como externas, realizadas por la Oficina. Estas garantías respetan los derechos fundamentales reconocidos especialmente por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En esta propuesta se establecen derechos procesales comunes tanto para las investigaciones internas como las externas (el derecho de la persona afectada por una investigación a exponer sus puntos de vista antes de que se extraigan conclusiones relativas a dicha persona en las que se mencione su nombre, el derecho a recibir un resumen de los asuntos que estén siendo investigados y a ser invitado a presentar sus observaciones al respecto; el derecho a ser asistido por una persona de su elección durante una entrevista, el derecho a usar la lengua de la UE de su elección; el principio de que toda persona afectada por una investigación tendrá derecho a no autoinculparse). La aplicación práctica de estos derechos debe reflejarse en el Manual de Procedimientos Operativos para las Investigaciones (Manual de la OLAF) adoptado por el Director General.

En la propuesta de 2006, la Comisión propuso un Consejero supervisor al que se podrán remitir asuntos para que dé su opinión independiente en relación con las garantías procesales. Con objeto de impedir el solapamiento con las tareas del Comité de Vigilancia y evitar estructuras formales adicionales, al tiempo que se garantiza la tramitación efectiva, eficiente e independiente de las distintas denuncias, la Comisión propone ahora que el Director General establezca un procedimiento de revisión en la Oficina. La persona o personas a las que se confíe el procedimiento de revisión deben actuar con total independencia. El Director General de la Oficina informará a las instituciones de las medidas adoptadas para el establecimiento del procedimiento de revisión.

En cuanto al derecho fundamental a la protección de los datos personales , reconocido en el artículo 8 de la Carta y en el artículo 16 del TFUE, la propuesta modificada prevé la aclaración y más disposiciones detalladas que desarrollen los principios del Reglamento (CE) nº 45/2001[10], especialmente la obligación de que la OLAF designe a un Responsable de la Protección de Datos.

La comunicación de la Oficina con el público habrá de preservar la confidencialidad de las investigaciones y la presunción de inocencia y debe ser siempre prudente e imparcial. El artículo 8 del Reglamento en vigor contempla obligaciones relativas a la confidencialidad y la protección de datos.

Previa consulta al Comité de Vigilancia, a la persona o personas a las que se confíe el procedimiento de revisión y al Responsable de la Protección de Datos de la Oficina, el Director General debe adoptar el Manual de Procedimientos Operativos de la OLAF anteriormente mencionado. Este Manual deberá ofrecer directrices sobre la aplicación práctica de las investigaciones administrativas por parte de la Oficina.

Dado que las competencias de EURATOM serán abarcadas en el marco del artículo 325 del TFUE en calidad de nueva base jurídica del Reglamento 1073/1999, a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Reglamento (Euratom) 1074/1999 deberá ser, por tanto, derogado.

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La ficha financiera que acompaña la propuesta muestra que no tiene incidencia en el presupuesto de la UE.

5. ELEMENTOS OPTATIVOS

N/D

2006/0084 (COD)

Propuesta modificada de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (EURATOM) nº 1074/1999

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 325, en relación con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y, en particular, su artículo 106 bis ,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas[11],

Visto el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos[12],

Actuando de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

1. Habida cuenta de la importancia de las medidas de prevención para proteger los intereses financieros de la Unión y en calidad de componentes en la lucha contra el fraude y la corrupción, es necesario precisar la función de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude («la Oficina») cuando lleva a cabo investigaciones en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1073/1999[13]. Basándose en su experiencia operativa, la Oficina también deberá contribuir al diseño y desarrollo de métodos para prevenir y luchar contra el fraude en la Unión y deberá apoyar las medidas conjuntas de lucha contra el fraude llevadas a cabo por los Estados miembros con carácter voluntario.

2. Con el fin de reforzar la eficacia de la tarea de investigación de la Oficina y a la luz de las evaluaciones de sus actividades efectuadas por las instituciones de la Unión, en particular, el Informe de Evaluación de la Comisión de abril de 2003 y el Informe Especial del Tribunal de Cuentas n° 1/2005[14] sobre la gestión de la Oficina, conviene aclarar y mejorar algunos aspectos del desarrollo de las investigaciones y determinadas medidas que puede adoptar cuando las lleve a cabo. Se ha otorgado a la Oficina la facultad para proceder a los controles y verificaciones previstos en el Reglamento (Euratom, CE) n° 2185/96[15] del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de la Unión contra los fraudes e irregularidades en el marco de investigaciones internas y en los casos de fraude vinculado a contratos relacionados con fondos de la Unión. Por consiguiente, la Oficina deberá tener acceso a la información de que dispongan las instituciones, órganos y organismos de la Unión en relación con las investigaciones externas.

3. Las iniciativas que pueda adoptar la Oficina en las investigaciones externas deberán aclararse cuando se haya detectado inseguridad jurídica en el sistema vigente y deberán reforzarse cuando solo una acción más efectiva por parte de la Oficina pueda garantizar el desarrollo de unas investigaciones externas fiables.

4. Las tareas investigadoras de la Oficina deberán ejercerse sin perjuicio de las funciones de control y auditoría de otros servicios de la Comisión, especialmente los ordenadores delegados, que se establecen en legislación sectorial específica.

5. Es necesario instaurar la obligación precisa de la Oficina de informar a las instituciones, órganos y organismos de las investigaciones de la Unión en curso cuando en los hechos investigados se trate de la implicación de un miembro o miembro del personal o cuando, con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión, proceda imponer medidas administrativas cautelares o de derecho penal.

6. Habida cuenta de las grandes ventajas de reforzar la cooperación entre la Oficina, la Oficina Europea de Policía (Europol) y Eurojust, se deberá facultar a la Oficina para que acuerde medidas administrativas con estas dos agencias. Con objeto de reforzar la cooperación entre Eurojust, la Oficina y las autoridades competentes de los Estados miembros en el caso de hechos susceptibles de persecución penal, la Oficina debe informar a Eurojust especialmente de aquellos casos de supuesta actividad ilegal que vayan en detrimento de los intereses financieros de la Unión y supongan una forma grave de delincuencia.

7. La eficiencia operativa de la Oficina depende en gran medida de la cooperación con los Estados miembros, que deberán identificar a sus autoridades competentes capaces de ofrecer a la Oficina la ayuda necesaria en el ejercicio de sus tareas. Cuando un Estado miembro no haya creado un servicio especializado a nivel nacional encargado de la tarea de coordinar la protección de los intereses financieros de la Unión y la lucha contra el fraude, se deberá designar una autoridad (servicio de coordinación antifraude) que garantice la cooperación y el intercambio de información efectivos con la Oficina.

8. Conviene establecer normas claras que, al tiempo que confirmen la competencia prioritaria de la Oficina para realizar investigaciones internas sobre cuestiones que afecten a los intereses financieros de la Unión, permita a las instituciones, órganos y organismos de la Unión hacerse cargo sin demora de la investigación de los casos en los que la Oficina decida no intervenir.

9. Con objeto de mejorar su eficiencia, la Oficina deberá conocer cómo se ha hecho el seguimiento de los resultados de sus investigaciones. Por consiguiente, se debe exigir a las autoridades competentes de los Estados miembros y a las instituciones, órganos y organismos de la Unión que informen a la Oficina, a instancias de esta, de las medidas adoptadas y de los avances logrados en respuesta a la información enviada por la Oficina.

10. En interés de la seguridad jurídica resulta necesario esclarecer qué garantías procesales serán aplicables en el marco de las investigaciones realizadas por la Oficina. La aclaración de las garantías procesales deberá tener en cuenta el carácter administrativo de las investigaciones de la Oficina.

11. Con el fin de reforzar la protección de los derechos individuales de las personas que estén siendo investigadas, no se deberán sacar conclusiones en las que se mencione por el nombre a la persona implicada, en la fase final de una investigación, sin ofrecer a dicha persona la posibilidad de manifestarse a propósito de hechos que le conciernan. En caso de que un miembro, un miembro del personal o una persona física considere que no se han observado las garantías procesales, deberá tener la posibilidad de solicitar una opinión de la persona o personas a las que se confíe un procedimiento de revisión de la forma prevista en el presente Reglamento.

12. En caso de que se constate que los hechos descubiertos en el informe final de una investigación interna pudieran dar lugar a un procedimiento penal, esta información deberá ser remitida a las autoridades judiciales nacionales de los Estados miembros de que se trate, a menos que existan medidas internas que permitan una actuación de seguimiento más adecuada, habida cuenta de la naturaleza de los hechos y de la magnitud del impacto financiero.

13. Deberá garantizarse en todo momento, en particular durante la transmisión de información sobre investigaciones en curso, el respeto de los derechos fundamentales de las personas afectadas por las investigaciones. La transmisión de información relativa a las investigaciones de la Oficina al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, tanto de forma bilateral como en el marco del intercambio de pareceres, deberá efectuarse respetando la confidencialidad de las investigaciones, los derechos legítimos de las personas afectadas y, si procede, las disposiciones nacionales aplicables a los procedimientos judiciales. La información transmitida u obtenida durante las investigaciones será tratada de conformidad con las disposiciones de la Unión en materia de protección de datos. El intercambio de información deberá regirse por los principios de proporcionalidad y de «necesidad de conocer».

14. El Director General deberá velar por que toda la información que se facilite al público respete los derechos legítimos de las personas afectadas.

15. Teniendo en cuenta la magnitud de los fondos de la Unión asignados al sector de la ayuda exterior, el número de investigaciones efectuadas por la Oficina en este sector y la existencia de cooperación internacional a efectos de investigación, se deberá facultar a la Oficina para que se procure asistencia mediante acuerdos administrativos de las autoridades competentes de terceros países y de las organizaciones internacionales en el desempeño de su misión.

16. Conviene revisar los criterios y el procedimiento utilizados para designar a los miembros del Comité de Vigilancia y especificar en mayor detalle las tareas que emanan de su mandato.

17. Con el fin de garantizar que el Comité de Vigilancia pueda desarrollar su misión eficientemente, la Oficina deberá velar por el funcionamiento independiente de la Secretaría del Comité.

18. Se debe establecer un intercambio de pareceres periódico entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Este intercambio de pareceres deberá abarcar las prioridades estratégicas de las políticas de investigación y la eficacia del trabajo de la Oficina, sin por ello interferir en modo alguno en la independencia de la Oficina en su función investigadora.

19. Para reforzar la total autonomía de la gestión de la Oficina, el Director General debe ser designado por un período de siete años no renovable.

20. A la luz de la experiencia que procura la práctica operativa, parece conveniente que el Director General de la Oficina pueda delegar el ejercicio de algunas de sus funciones en uno o en varios miembros del personal de la Oficina. Para garantizar la continuidad también se deberán establecer normas de suplencia.

21. El Director General debe estar asistido por un órgano interno, al que consultará.

22. El Director General deberá adoptar un Manual de Procedimientos en el que se establezcan directrices sobre la aplicación práctica de las investigaciones administrativas por parte de la Oficina.

23. La disposición sobre control de la legalidad debe suprimirse, ya que su contenido se ha incluido en el artículo 90 bis del Estatuto de los Funcionarios.

24. Por consiguiente, el Reglamento (CE) n° 1073/1999 debe modificarse en consecuencia.

25. A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que amplía la aplicación del artículo 325 del TFUE a la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM), las normas por las que se rigen las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina por lo que respecta a la Unión también deberán aplicarse en relación con EURATOM. Por tanto, debe derogarse el Reglamento (Euratom) nº 1074/99, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)[16].

26. El presente Reglamento respeta plenamente el principio de subsidiariedad a que se refiere el artículo 5 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

27. El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en particular, y especialmente en sus artículos 41, 47 y 48,

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

28. El Reglamento (CE) n° 1073/1999 queda modificado como sigue:

29. El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 1

Objetivos y funciones

1. A fin de intensificar la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo "la Unión" cuando el contexto así lo requiera), la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, creada por la Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Comisión (denominada en lo sucesivo "la Oficina"), desempeñará las funciones de investigación conferidas a la Comisión por:

a) la normativa de la Unión vigente en esos ámbitos y

b) los acuerdos de cooperación y asistencia mutua celebrados por la Unión con terceros países y organizaciones internacionales en esos ámbitos.

2. La Oficina ayudará a los Estados miembros a organizar una colaboración estrecha y regular entre sus autoridades competentes, con el fin de coordinar su acción dirigida a proteger contra el fraude los intereses financieros de la Unión. La Oficina contribuirá a la concepción y al desarrollo de los métodos de prevención y de lucha contra el fraude, la corrupción, y cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. La Oficina fomentará y coordinará, con y entre los Estados miembros, la puesta en común de la experiencia operativa y las mejores prácticas procedimentales en el ámbito de la protección de los intereses financieros de la Unión, así como las medidas de apoyo conjuntas de lucha contra el fraude que lleven a cabo los Estados miembros con carácter voluntario.

3. En el seno de las instituciones, órganos y organismos creados por los Tratados o sobre la base de los mismos (denominados en lo sucesivo "las instituciones, órganos y organismos"), la Oficina efectuará las investigaciones administrativas dirigidas a luchar contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. A tal efecto, investigará hechos graves ligados al desempeño de actividades profesionales potencialmente constitutivos de un incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios y agentes de la Unión, que puedan dar lugar a diligencias disciplinarias y, en su caso, penales, o de un incumplimiento de las obligaciones análogas de los miembros de las instituciones y órganos, de los directivos de los organismos o de los miembros del personal de las instituciones, órganos y organismos no sometidos al Estatuto de los Funcionarios y al Régimen aplicable a otros agentes de la Unión Europea ("los miembros o miembros del personal").

30. El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

- "investigaciones administrativas" (denominadas en lo sucesivo "las investigaciones") todos los controles, verificaciones y otras medidas adoptadas por la Oficina, de conformidad con los artículos 3 y 4, con miras a alcanzar los objetivos definidos en el artículo 1 y a determinar, en su caso, el carácter irregular de las actividades controladas. Estas investigaciones no afectarán a la competencia de los Estados miembros en materia de diligencias penales.

- "persona implicada" toda persona sospechosa de haber cometido una irregularidad o fraude y que, por tanto, esté siendo investigada por la Oficina.

- "Estatuto de los Funcionarios" el Estatuto de los Funcionarios y el Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea[17].»

- El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 3

Investigaciones externas

1. La Oficina ejercerá las competencias conferidas a la Comisión por el Reglamento (Euratom, CE) n° 2185/96 para efectuar controles y verificaciones in situ en los Estados miembros y, de conformidad con los acuerdos de cooperación vigentes, en los terceros países y en los locales de organizaciones internacionales.

En el marco de sus funciones de investigación, la Oficina efectuará los controles y verificaciones previstos por el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) n° 2988/95[18] y por las normativas sectoriales contempladas en el artículo 9, apartado 2, del citado Reglamento, en los Estados miembros y, de conformidad con los acuerdos de cooperación vigentes, en los terceros países y en los locales de organizaciones internacionales.

2. Con el fin de determinar la existencia de un fraude, de un acto de corrupción o de cualquier otra actividad ilegal contemplada en el artículo 1, relacionado con un convenio o decisión de subvención o con un contrato relativo a una financiación de la Unión, la Oficina podrá proceder, según las disposiciones establecidas por el Reglamento (Euratom, CE) n° 2185/96, a controles y verificaciones in situ de los operadores económicos afectados directa o indirectamente por tal financiación.

3. Durante las investigaciones y verificaciones in situ, el personal de la Oficina actuará con arreglo a las normas y prácticas por las que se rigen las investigaciones administrativas de los Estados miembros afectados y a las garantías procedimentales establecidas en el presente Reglamento.

A petición de la Oficina, la autoridad competente del Estado miembro afectado prestará al personal de la Oficina la asistencia necesaria para permitir la realización de su misión, tal como se especifica en la habilitación escrita prevista en el artículo 6, apartado 2.

El Estado miembro afectado velará por que el personal de la Oficina pueda tener acceso, en las mismas condiciones y en el respeto de la legislación nacional, a toda la información y documentación relativa al asunto que esté siendo investigado que sean necesarias para que los controles y verificaciones in situ se desarrollen con eficacia y eficiencia.

4. Los Estados miembros designarán un servicio que garantice la adecuada coordinación entre todas las autoridades competentes a nivel nacional (en lo sucesivo, el "servicio de coordinación antifraude"). Este servicio garantizará una cooperación y un intercambio de información efectivos con la Oficina.

5. Durante una investigación externa, y en la medida en que sea estrictamente necesario para determinar la existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión, la Oficina podrá tener acceso a la información pertinente de que dispongan las instituciones, órganos u organismos, en relación con los hechos investigados. Será de aplicación a tal efecto el artículo 4, apartados 2 y 4.

6. En caso de que, con anterioridad a una investigación, la Oficina haya de manejar información que sugiera que ha existido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión, la Oficina podrá informar al servicio de coordinación antifraude competente y a las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate y, cuando proceda, a los servicios pertinentes de la Comisión. Sin perjuicio de las normas sectoriales mencionadas en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95, las autoridades competentes velarán por que se adopten las medidas oportunas y, en caso necesario, llevarán a cabo investigaciones con arreglo a la legislación nacional en las que podrá participar la Oficina. Los Estados miembros afectados informarán a la Oficina de las medidas adoptadas y de los resultados obtenidos sobre la base de esta información.»

31. El artículo 4 queda modificado como sigue:

a) En el apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«Estas investigaciones internas se llevarán a cabo en las condiciones establecidas en el presente Reglamento y en las decisiones adoptadas por cada institución, órgano u organismo.»

b) En el apartado 2, el segundo guión se sustituye por el texto siguiente:

«La Oficina podrá solicitar información oral y escrita de los miembros o miembros del personal de las instituciones, órganos y organismos.»

c) En el apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«3. De conformidad con los procedimientos establecidos por el Reglamento (Euratom, CE) n° 2185/96, la Oficina podrá efectuar controles in situ en los locales de los operadores económicos afectados directa o indirectamente, con el fin de tener acceso a la información pertinente en relación con los hechos de la investigación interna.»

d) Los apartados 4 a 6 se sustituyen por el texto siguiente:

«4. Se informará a las instituciones, órganos y organismos cuando la Oficina efectúe una investigación en sus locales, y cuando consulte un documento o solicite información que obre en poder de los mismos. Sin perjuicio de los artículos 8 y 9 del presente Reglamento, la Oficina podrá transmitir en cualquier momento a la institución, órgano u organismo interesado la información obtenida durante las investigaciones internas.

5. Las instituciones, órganos y organismos establecerán los procedimientos apropiados y adoptarán las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de las investigaciones.

6. Cuando las investigaciones revelen que un miembro o miembro del personal podría verse implicado personalmente en una investigación interna, se informará al respecto a la institución, órgano u organismo al que pertenezca.

En casos excepcionales en los que no se pueda garantizar la confidencialidad de la investigación, la Oficina utilizará los canales alternativos de información apropiados.

7. La decisión que apruebe cada institución, órgano u organismo, con arreglo al apartado 1, incluirá en particular la obligación que incumbe a los miembros o miembros del personal de las instituciones, órganos y organismos de cooperar lealmente con la Oficina y facilitarle información.»

32. El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 5

Apertura de las investigaciones

1. La Oficina podrá abrir una investigación cuando existan sospechas suficientemente fundadas de haberse cometido actos de fraude o corrupción u otros actos ilegales que vayan en detrimento de los intereses financieros de la Unión. También podrá tenerse en cuenta la información anónima. La decisión de abrir o no una investigación tendrá en cuenta las prioridades de investigación y el plan de gestión anual de la Oficina fijados con arreglo a las disposiciones del artículo 12, apartado 4. Esta decisión tendrá en cuenta, asimismo, la utilización eficiente de los recursos de la Oficina y la proporcionalidad de los medios aplicados.

Por lo que respecta a las investigaciones internas, se tendrá especialmente en cuenta la institución, órgano u organismo que esté en mejores condiciones de llevarlas a cabo, habida cuenta especialmente de: la naturaleza de los hechos, el impacto financiero real o potencial del caso, y la perspectiva de cualquier consecuencia judicial.

2. Corresponde al Director General decidir si se abre o no una investigación.

La apertura de una investigación externa será decidida por iniciativa propia del Director General o a petición ya sea de un Estado miembro afectado, ya sea de una de las instituciones, órganos u organismos de la Unión.

La apertura de una investigación interna dependerá de la decisión por iniciativa propia del Director General o a petición de la institución, órgano u organismo en el seno del cual la investigación deba efectuarse.

3. Cuando la Oficina esté llevando a cabo una investigación interna, las instituciones, órganos y organismos afectados no procederán a ninguna investigación administrativa paralela de los mismos hechos.

4. La decisión de abrir o no una investigación deberá tomarse en el plazo de dos meses a partir del momento en que se reciba en la Oficina la solicitud a que se refiere el apartado 2. La decisión deberá comunicarse sin demora al Estado miembro, institución, órgano u organismo que haya planteado la solicitud. La decisión de no iniciar una investigación deberá justificarse.

Cuando un miembro o miembro del personal de una institución, órgano u organismo, actuando con arreglo al artículo 22 bis del Estatuto, proporcione a la Oficina información relativa a una sospecha de fraude o irregularidad, la Oficina deberá informarle de la decisión de abrir o no una investigación sobre los hechos en cuestión.

5. Si la Oficina decide no abrir una investigación interna, deberá transmitir sin demora la información disponible a la institución, órgano u organismo afectado para que este pueda adoptar las medidas adecuadas, de conformidad con las normas que le sean aplicables. En su caso, la Oficina acordará con la institución, órgano u organismo las medidas adecuadas para proteger la confidencialidad de la fuente de los elementos de información y, si fuere necesario, pedirá que se la mantenga informada de las decisiones adoptadas en este sentido.»

33. El artículo 6 queda modificado como sigue:

a) Los apartados 1 a 4 se sustituyen por el texto siguiente:

«1. El Director General dirigirá la realización de las investigaciones. Podrá facultar, mediante un acto escrito, a determinados miembros del personal de la Oficina para dirigir la realización de las investigaciones. Las investigaciones se llevarán a cabo bajo su dirección por personal por él designado.

2. El personal de la Oficina llevará a cabo sus tareas previa presentación de una habilitación escrita en la que se indicarán su identidad y la calidad en que intervienen. Dicha habilitación será otorgada por el Director General, que deberá indicar el objeto y la finalidad de la investigación, las bases jurídicas para el desarrollo de la investigación y los poderes de investigación que emanan de tales bases.

3. Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes, de conformidad con las disposiciones nacionales, presten la asistencia necesaria al personal de la Oficina para el cumplimiento de su misión. Las instituciones, órganos y organismos velarán por que sus miembros y miembros del personal presten la asistencia necesaria para que el personal de la Oficina cumpla su misión.»

b) El apartado 5 se convierte en apartado 4 y el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

«5. En caso de que las investigaciones pongan de manifiesto que podría ser oportuno adoptar medidas cautelares administrativas para proteger los intereses financieros de la Unión, la Oficina informará sin demora a la institución, órgano u organismo afectado de la investigación en curso. La información transmitida deberá incluir los siguientes elementos:

a) la identidad del miembro o miembro del personal afectado así como un resumen de los hechos;

b) cualquier información que pudiera ayudar a la institución, órgano u organismo a decidir si es oportuno adoptar medidas cautelares administrativas con el fin de proteger los intereses de la Unión;

(c) cualesquiera medidas especiales de confidencialidad recomendadas en casos específicos que impliquen el uso de medidas investigadoras bajo la competencia de una autoridad judicial nacional o, en el caso de una investigación externa, bajo la competencia de una autoridad nacional, de conformidad con las disposiciones aplicables a las investigaciones.

La institución, órgano u organismo afectado podrá adoptar en cualquier momento cualesquiera medidas cautelares administrativas e informará sin demora a la Oficina de la decisión de adoptar tales medidas.

6. Cuando todo indique que una investigación no podrá concluirse en los doce meses siguientes a su apertura, la Oficina informará de las razones al Comité de Vigilancia a intervalos de seis meses.»

34. El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 7

Obligación de informar a la Oficina

«1. Las instituciones, órganos y organismos comunicarán inmediatamente a la Oficina cualquier información relativa a posibles casos de fraude o de corrupción, o a cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión.

2. Las instituciones, órganos y organismos, y los Estados miembros, en la medida en que lo permitan sus ordenamientos jurídicos nacionales, remitirán, a petición de la Oficina o por propia iniciativa, cualquier documento o información que obre en su poder en relación con una investigación en curso de la Oficina.

3. Las instituciones, órganos y organismos, y los Estados miembros, en la medida en que lo permitan sus ordenamientos nacionales, remitirán asimismo a la Oficina cualquier documento e información que obre en su poder y que se considere pertinente en relación con la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión.

4. La Oficina, las instituciones, órganos u organismos afectados y los servicios de coordinación antifraude podrán acordar medidas administrativas en relación con el envío de información a la Oficina.»

35. Se añaden los artículos 7 bis y 7 ter siguientes:

«Artículo 7 bis

Garantías procedimentales

«1. La Oficina investiga a cargo y a descargo. Las investigaciones se llevarán a cabo de manera objetiva e imparcial, de conformidad con el principio de presunción de inocencia y las garantías procedimentales establecidas en el presente artículo.

2. La convocatoria a una entrevista, tanto de un testigo como de una persona implicada, deberá enviarse con un preaviso de diez días laborables. El plazo de aviso podrá acortarse con el consentimiento expreso de la persona convocada o por razones de urgencia de la investigación debidamente motivadas. La convocatoria deberá incluir la lista de los derechos de la persona convocada. La Oficina deberá levantar acta de la entrevista y permitir que la persona interrogada tenga acceso a ella para que pueda aprobarla o formular observaciones. Se entregará a la persona interrogada copia del acta de la entrevista. Estas normas no se aplican a la toma de declaraciones en el contexto de los controles in situ .

Cuando durante la entrevista aparezcan indicios de que la persona interrogada podría estar implicada por la investigación, se aplicarán inmediatamente las normas procedimentales previstas en los apartados 3 y 4.

3. Cuando una investigación revele la posibilidad de que un miembro o miembro del personal de una institución, órgano u organismo pueda estar implicado en un asunto, se le mantendrá informado, siempre y cuando dicha información no sea perjudicial para la realización de la investigación.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 6, y en el artículo 6, apartado 5, no se podrán extraer conclusiones en las que se mencione por el nombre a una persona implicada una vez finalizada la investigación sin que se ofrezca a dicha persona la oportunidad de presentar, por escrito o en una entrevista con personal designado por la Oficina, observaciones sobre los hechos que se le imputan y sin que se le facilite la información que establecen los artículos 11 y 12 del Reglamento 45/2001. El informe final sobre el asunto hará referencia a estas observaciones. Junto con la invitación a presentar sus observaciones deberá comunicarse un resumen de estos hechos a la persona implicada que presente sus observaciones en los plazos indicados por la Oficina con arreglo al apartado 2. En una entrevista, la persona implicada tendrá derecho a que la asesore una persona de su elección. La persona implicada tendrá derecho a expresarse en una de las lenguas oficiales de la Unión de su elección; no obstante, se podrá exigir a los funcionarios o agentes de la Unión que se expresen en una lengua oficial de la Unión que dominen. A las personas implicadas les asiste el derecho a no autoinculparse.

En aquellos casos en los que sea necesario preservar la confidencialidad de la investigación y que comporten el recurso a procedimientos de investigación que sean de la competencia de una autoridad judicial nacional, el Director General podrá decidir que se difiera el cumplimiento de la obligación de solicitar a la persona implicada que exprese su punto de vista. En el caso de una investigación interna, el Director General tomará la decisión con el acuerdo de la institución, órgano u organismo al que pertenezca la persona interesada. En caso de que en el plazo de un mes la institución, órgano u organismo no haya respondido, se considerará que da su acuerdo.

5. Las normas del presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de:

a) la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

b) el Protocolo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Unión Europea;

c) el Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo;

d) el Estatuto de los Funcionarios.

Artículo 7ter

Procedimiento de revisión

1. El Director General establecerá un procedimiento de revisión en la Oficina.

2. La persona o personas a las que se confíe el procedimiento de revisión no recibirán instrucciones de nadie en el ejercicio de sus funciones.

Si la persona o personas a las que se confíe el procedimiento de revisión consideran que una medida adoptada por el Director General pone en cuestión su independencia, informarán inmediatamente al Comité de Vigilancia.

Antes de incoar cualquier procedimiento disciplinario que afecte a la persona o personas a las que se confíe el procedimiento de revisión, se consultará al Comité de Vigilancia, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de los Funcionarios.

3. Cualquier miembro, miembro del personal o persona física implicada en una investigación podrá solicitar que la persona o personas a las que se confíe el procedimiento de revisión emitan un dictamen relacionado con las garantías procesales que se establecen en el artículo 6, apartado 4, y en el artículo 7 bis . La solicitud podrá presentarse durante la investigación o, a más tardar, un mes después de que se haya informado al miembro, al miembro del personal o a la persona física implicada de que la investigación ha finalizado.

En el plazo de un mes contado a partir de la recepción de la solicitud, la persona o personas a las que se confíe el procedimiento de revisión comunicarán su dictamen al Director General y enviarán una respuesta motivada a la persona implicada. El Director General adoptará las medidas oportunas.

4. La presentación de una solicitud con arreglo al apartado 3 no suspenderá la investigación.

5. La persona o personas a las que se confíe el procedimiento de revisión informarán regularmente de sus actividades al Comité de Vigilancia. Le presentarán con regularidad, lo mismo que a la Comisión, informes estadísticos y analíticos sobre cuestiones relacionadas con las garantías procesales. Estos informes no podrán referirse a casos concretos que se estén investigando.»

36. En el artículo 8, los apartados 2 a 4 se sustituyen por el texto siguiente:

«2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de la Unión.

3. Las instituciones, órganos u organismos implicados garantizarán el respeto de la confidencialidad de las investigaciones efectuadas por la Oficina, de los derechos legítimos de las personas afectadas y, en caso de existir procedimientos judiciales, de todas las disposiciones nacionales aplicables a dichos procedimientos.

4. La Oficina solo tratará los datos personales necesarios para desempeñar su misión conforme al presente Reglamento. Este tratamiento de los datos personales se hará de conformidad con el Reglamento (CE) nº 45/2001, incluida la facilitación de información pertinente para el interesado exigida por los artículos 11 y 12 de dicho Reglamento. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, en las instituciones de la Unión o en los Estados miembros, les corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal.

La Oficina designará un responsable de la protección de datos, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento (CE) nº 45/2001.

5. El Director General velará por que toda información al público se ofrezca de forma neutra e imparcial y respetando los principios establecidos en el presente artículo y en el artículo 7 bis .»

37. El artículo 9 queda modificado como sigue:

a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Una vez finalizada una investigación por la Oficina, se redactará un informe, bajo la autoridad del Director General, en el que se indicará la base jurídica de la investigación, las fases de procedimiento seguidas, los hechos acreditados y su calificación jurídica, el respeto de las garantías procesales de conformidad con el artículo 7 bis , el impacto en los intereses financieros de la Unión, en su caso, y las conclusiones de la investigación, sin olvidar las recomendaciones que se han de adoptar en cuanto a su seguimiento.»

b) Los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:

«3. Los informes elaborados a raíz de una investigación externa y cualquier otro documento pertinente sobre la misma se transmitirán a las autoridades competentes de los Estados miembros interesados, de conformidad con la reglamentación relativa a las investigaciones externas, y a la Comisión. A instancias de la Oficina, las autoridades competentes de los Estados miembros implicados remitirán puntualmente a la Oficina información sobre las medidas adoptadas y los avances logrados a raíz de la transmisión por parte de la Oficina de los informes de la investigación.

4. Los informes elaborados a raíz de una investigación interna y cualquier otro documento pertinente sobre la misma se transmitirán a la institución, órgano u organismo interesado. Las instituciones, órganos u organismos adoptarán, en relación con las investigaciones internas, las medidas, en particular disciplinario y judicial, que procedan en función de sus resultados, e informarán de las mismas a la Oficina en un plazo fijado en las recomendaciones del informe.

5. En caso de que el informe redactado a raíz de una investigación interna revele la existencia de hechos que pudieran dar lugar a un procedimiento penal, esta información deberá ser remitida a las autoridades judiciales nacionales de los Estados miembros de que se trate, a menos que existan medidas internas que permitan una actuación de seguimiento más adecuada, habida cuenta de la naturaleza de los hechos y de la magnitud del impacto financiero.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, segunda frase, si, al término de una investigación, no se han encontrado pruebas contra un miembro o miembro del personal de una institución, órgano u organismo o contra una persona física o jurídica, la investigación sobre dicha persona será archivada por el Director General, que, en el plazo de diez días laborables, informará a la persona implicada.»

7. Todo informador que haya transmitido a la Oficina información relativa a sospechas de fraude o irregularidad podrá, si así lo solicita, ser informado por la Oficina de que se ha cerrado una investigación, así como, en su caso, de que se ha presentado un informe final a las autoridades competentes. No obstante, la Oficina podrá desestimar la solicitud si considera que puede ser perjudicial para los derechos legítimos de las personas afectadas, la eficacia de la investigación y de ulteriores actuaciones o los requisitos de confidencialidad.»

38. El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 10

Intercambio de información entre la Oficina y las autoridades de los Estados miembros

1. Sin perjuicio de los artículos 8 y 9 del presente Reglamento y de las disposiciones del Reglamento (Euratom, CE) n° 2185/96, la Oficina podrá transmitir en cualquier momento a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados la información obtenida durante las investigaciones externas, para que puedan tomar las medidas oportunas.

2. Sin perjuicio de los artículos 8 y 9, durante las investigaciones internas el Director General transmitirá a las autoridades judiciales del Estado miembro afectado la información que la Oficina obtenga sobre hechos que exijan procedimientos de investigación que sean competencia de una autoridad judicial nacional.

No obstante, deberá informar de antemano a la institución, órgano u organismo interesado. La información transmitida incluirá la identidad de la persona implicada, el resumen de los hechos constatados, la calificación jurídica preliminar y la estimación de cualquier perjuicio financiero.

Será de aplicación el artículo 7 bis , apartado 4.

3. En la medida en que el Derecho nacional no se oponga a ello, las autoridades competentes y, en particular, las autoridades judiciales del Estado miembro afectado deberán informar a la Oficina, cuanto antes o cuando esta así lo solicite, del curso que se haya dado a la información que se les transmitió con arreglo al presente artículo.

4. La Oficina podrá facilitar elementos de prueba en procedimientos en curso ante los órganos jurisdiccionales nacionales de conformidad con el Derecho nacional y el Estatuto de los Funcionarios.»

39. Se añade el artículo 10 bis siguiente:

«Artículo 10 bis

Cooperación de la Oficina con Eurojust, Europol y otras organizaciones internacionales

1. La Oficina cooperará, cuando proceda, con Eurojust, la Oficina Europea de Policía (Europol) y otras organizaciones internacionales en el ámbito de la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión.

Cuando ello pueda apoyar y reforzar la coordinación y la cooperación entre las autoridades nacionales investigadoras y procesales, o cuando la Oficina haya remitido a las autoridades competentes de los Estados miembros información que dé pie a sospechar la existencia de fraude, corrupción y cualquier otra actividad ilegal contemplada en el artículo 1 en forma de delito grave, la Oficina remitirá la información relevante a Eurojust.

2. La Oficina podrá celebrar con Eurojust y Europol los acuerdos administrativos necesarios para facilitar esta cooperación. Estos acuerdos de colaboración podrán consistir en el intercambio de información operativa, estratégica o técnica, incluidos datos personales e información confidencial.

3. La Oficina también podrá celebrar, cuando proceda, acuerdos administrativos con los servicios competentes de los terceros países y organizaciones internacionales. La Oficina se coordinará con los servicios competentes de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior.»

40. El artículo 11 queda modificado como sigue:

a) Los apartados 1 a 4 se sustituyen por el texto siguiente:

«1. El Comité de Vigilancia reforzará la independencia de la Oficina mediante el ejercicio del control regular de la ejecución de la función de investigación.

El Comité de Vigilancia deberá, en particular:

a) supervisar el funcionamiento del intercambio de información entre la Oficina y las instituciones, órganos y organismos;

b) supervisar la evolución de la aplicación de las garantías procesales y la duración de las investigaciones, teniendo en cuenta la información facilitada por el Director General y los dictámenes e informes de investigación redactados con regularidad por la persona o personas a las que se confíe el procedimiento de revisión.

El Comité de Vigilancia remitirá dictámenes al Director General. Estos dictámenes podrán ser emitidos por propia iniciativa. También se emitirán a instancias del Director General o a petición de una institución, órgano u organismo, sin interferir empero en el desarrollo de las investigaciones en curso.

Se entregará una copia de tales dictámenes a las instituciones, órganos u organismos.

En situaciones debidamente justificadas, el Comité de Vigilancia podrá solicitar a la Oficina datos adicionales sobre las investigaciones, sin interferir, sin embargo, en su desarrollo.

2. El Comité de Vigilancia estará compuesto por cinco miembros independientes con experiencia en puestos judiciales o de investigación de importancia o puestos comparables en relación con el ámbito de actividad de la Oficina. Serán designados de común acuerdo por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, sobre la base de una lista de preselección presentada por la Comisión.

3. El mandato de los miembros tendrá una duración de cinco años y no será renovable. Cada treinta meses se procederá a una sustitución parcial. Se deberán sustituir alternativamente tres y dos miembros.

4. Al término de su mandato, los miembros seguirán en funciones hasta que se proceda a su sustitución.»

b) Los apartados 6 a 8 se sustituyen por el texto siguiente:

«6. El Comité de Vigilancia designará a su presidente. Asimismo adoptará su reglamento interno que se remitirá, antes de su adopción, al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión a efectos informativos. Las reuniones del Comité de Vigilancia se convocarán a iniciativa de su Presidente o del Director General. Celebrará, como mínimo, diez reuniones al año. El Comité de Vigilancia adoptará sus decisiones por mayoría de sus miembros. La Oficina será la encargada de realizar las tareas de secretaría.

7. Cada año el Director General remitirá al Comité de Vigilancia el plan de gestión anual de la Oficina. Mantendrá periódicamente informado al Comité de Vigilancia de las actividades de la Oficina, de la función de investigación y de las actuaciones ulteriores a que hayan dado lugar las investigaciones.

El Director General informará periódicamente al Comité de Vigilancia:

a) de los casos en los que la institución, órgano u organismo afectados o las autoridades competentes de los Estados miembros no hayan dado curso a las recomendaciones formuladas por la Oficina;

b) de los casos en que se haya transmitido información a las autoridades judiciales de los Estados miembros y de los casos en que decidió no transmitir información sobre investigaciones internas a las autoridades judiciales nacionales competentes de conformidad con el artículo 9, apartado 5;

c) de la duración de las investigaciones con arreglo al artículo 6, apartado 6.

8. El Comité de Vigilancia adoptará, por lo menos una vez al año, un informe de actividad referente, en particular, a la evaluación de la independencia de la Oficina, la aplicación de las garantías procesales y la duración de las investigaciones. Estos informes se remitirán al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas.

El Comité podrá presentar informes al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas sobre los resultados y las medidas adoptadas como consecuencia de las investigaciones efectuadas por la Oficina.»

41. Se añade el artículo 11 bis siguiente:

«Artículo 11 bis

Intercambio de pareceres con las instituciones

1. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión se reunirán periódicamente o a instancias de una de estas instituciones con la Oficina o el Comité de Vigilancia de cara a intercambiar puntos de vista a nivel político para debatir la política investigadora de la Oficina. El Director General y el Presidente del Comité de Vigilancia participarán en el intercambio de pareceres. Se podrá invitar a miembros de Europol, Eurojust y del Tribunal de Cuentas a que asistan siempre que se considere oportuno, a petición de las instituciones antes mencionadas, de la Oficina o del Comité de Vigilancia.

42. 2. El intercambio de pareceres se referirá a:

a) las prioridades estratégicas para las políticas de investigación de la Oficina;

b) los informes de actividad y los dictámenes del Comité de Vigilancia establecidos en el artículo 11, apartado 1;

c) los informes del Director General establecidos en el artículo 12, apartado 3, párrafo segundo;

d) las relaciones entre la Oficina y las instituciones, órganos y organismos;

e) las relaciones entre la Oficina y las autoridades competentes de los Estados miembros;

f) la eficacia de los trabajos de la Oficina en materia de investigación y del Comité de Vigilancia.

3. El intercambio de pareceres no deberá interferir en el desarrollo de las investigaciones.

4. La Oficina adoptará las medidas oportunas habida cuenta de las opiniones manifestadas en el intercambio de pareceres y facilitará información sobre las medidas adoptadas en los informes contemplados en el artículo 12, apartado 3, párrafo segundo.»

43. El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 12

Director General

1. La Oficina estará dirigida por un Director General. El Director General será designado por la Comisión, de conformidad con el procedimiento especificado en el apartado 2. El mandato del Director General tendrá una duración de siete años y no será renovable.

2. Con el fin de designar a un nuevo Director General, la Comisión publicará una convocatoria de candidaturas en el Diario Oficial de la Unión Europea . Esta publicación se realizará a más tardar seis meses antes de que finalice el mandato del Director General en activo. Una vez realizado el procedimiento de selección, la Comisión elaborará la lista de los candidatos que posean las cualificaciones necesarias, consultará debidamente al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité de Vigilancia a propósito de dicha lista y adoptará su decisión.

3. El Director General no solicitará ni aceptará instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna institución, órgano u organismo en el cumplimiento de sus deberes de apertura y realización de investigaciones externas e internas y de elaboración de los informes correspondientes a las mismas. Si el Director General considera que una medida adoptada por la Comisión cuestiona su independencia, informará inmediatamente al respecto al Comité de Vigilancia, con el fin de que emita su dictamen, y decidirá si emprende acciones legales contra la Comisión ante el Tribunal de Justicia.

El Director General informará periódicamente al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión de los resultados de las investigaciones efectuadas por la Oficina, de las medidas adoptadas y de los problemas encontrados, respetando la confidencialidad de las investigaciones, los derechos legítimos de las personas afectadas y, en su caso, las disposiciones nacionales aplicables a los procedimientos judiciales.

4. El Director general determinará cada año, en el contexto del plan de gestión anual, las prioridades políticas de investigación de la Oficina.

5. En virtud del artículo 5 y del artículo 6, apartado 1, mediante un acto escrito y en las condiciones y dentro de los límites que establezca, el Director General podrá delegar el ejercicio de sus funciones en uno o varios miembros del personal de la Oficina.

6. El Director General estará asistido por un órgano interno al que consultará sobre la apertura de una investigación, antes de cerrar una investigación y siempre que lo estime oportuno.

7. Previa consulta al Comité de Vigilancia, al Responsable de la Protección de Datos de la Oficina y a la persona o personas a las que se confíe el procedimiento de revisión de conformidad con el artículo 7 ter , el Director General adoptará un Manual de Procedimientos. Este Manual deberá ofrecer directrices sobre la aplicación práctica de las investigaciones administrativas por parte de la Oficina.

8. Antes de imponer una sanción disciplinaria contra el Director General, la Comisión consultará al Comité de Vigilancia.

Las sanciones disciplinarias contra el Director General deberán ser objeto de decisiones motivadas, que se comunicarán a efectos de información al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité de Vigilancia.

9. Toda referencia al "Director" de la Oficina en el Estatuto de los Funcionarios, el Reglamento Financiero[19] y cualquier otro texto legal debe entenderse como referencia al Director General.»

44. Se añade el artículo 12 bis siguiente:

«Artículo 12 bis

Directores suplentes

Serán de aplicación las normas de suplencia de la Comisión.

En casos excepcionales y previa consulta al Comité de Vigilancia, el Director General podrá designar a uno o dos directores en calidad de director o directores suplentes. Si ninguno de los directores suplentes estuviera disponible, serán de nuevo de aplicación las normas de suplencia de la Comisión.»

45. El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 13

Financiación

Los créditos de la Oficina, cuyo importe total se consignará en una línea presupuestaria específica dentro de la sección del presupuesto general de la Unión correspondiente a la Comisión, figurarán con todo detalle en un anexo de dicha sección.

La plantilla de personal de la Oficina se adjuntará a la plantilla de personal de la Comisión.»

46. El artículo 14 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 14

Informe de evaluación

A más tardar el [ fecha de adopción del presente Reglamento + cuatro años ], la Comisión remitirá al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación del presente Reglamento, acompañado de un dictamen del Comité de Vigilancia. En el informe se indicará si procede modificar el presente Reglamento.»

47. Se suprime el artículo 15.

Artículo 2

Queda derogado el Reglamento (Euratom) nº 1074/1999.

Artículo 3

1. El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea .

2. El artículo 11, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1073/1999 modificado por el presente Reglamento será aplicable al mandato de los miembros del Comité de Vigilancia en activo cuando el presente Reglamento entre en vigor. Inmediatamente después de la entrada en vigor del presente Reglamento, el Presidente del Parlamento Europeo elegirá por sorteo dos miembros cuyas funciones finalizarán, no obstante lo dispuesto en el artículo 11, apartado 3, segunda frase, del Reglamento (CE) nº 1073/1999 modificado por el presente Reglamento, una vez transcurridos los primeros treinta meses de su mandato.

3. El artículo 12, párrafo primero, segunda frase, del Reglamento (CE) nº 1073/1999 modificado por el presente Reglamento será aplicable al mandato del Director General en activo cuando el presente Reglamento entre en vigor.

4. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO

[…]

FICHA DE FINANCIACIÓN LEGISLATIVA PARA PROPUESTAS

[que debe acompañar a toda propuesta o iniciativa sujeta a la autoridad legislativa

(artículo 28 del Reglamento financiero y artículo 22 de las Normas de Desarrollo)]

1. MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

1.1. Denominación de la propuesta/iniciativa: Propuesta modificada por la que se modifica el Reglamento (CE) n° 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (EURATOM) nº 1074/1999

1.2. Ámbito(s) político(s) afectado(s) en la estructura GPA/PPA: lucha contra el fraude

1.3. Naturaleza de la propuesta/iniciativa: legislativa

1.4. Objetivo(s): potenciar la eficiencia y la gobernanza de la Oficina

1.5. Justificación de la propuesta/iniciativa: artículo 325 TFUE, artículo 106 bis EURATOM

1.6. Duración de la acción e incidencia financiera: N/D

1.7. Modo(s) de gestión previsto(s): gestión centralizada directa por la Comisión

2. MEDIDAS DE GESTIÓN

2.1. Disposiciones en materia de seguimiento y de presentación de informes: véase el artículo 14 de la propuesta modificada

2.2. Sistemas de gestión y control: N/D

2.3. Medidas de prevención del fraude e irregularidades: dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento

3. INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

3.1. Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s) 24.010600.03.01.00 Gastos procedentes del mandato de los miembros del Comité de Vigilancia

3.2. Incidencia estimada en los gastos

3.2.1. Síntesis del impacto estimado en los gastos Sin impacto

3.2.2. Impacto estimado en los créditos operativos Sin impacto

3.2.3. Incidencia estimada en los créditos de carácter administrativo Sin impacto

3.2.4. Compatibilidad con el Marco Financiero Plurianual actual Sin impacto

3.2.5. Participación de terceros en la financiación Sin impacto

3.3. Incidencia estimada en los ingresos Sin impacto

FICHA DE FINANCIACIÓN LEGISLATIVA PARA PROPUESTAS

MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

Denominación de la propuesta/iniciativa

Propuesta modificada por la que se modifica el Reglamento (CE) n° 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (EURATOM) nº 1074/1999

Ámbito(s) político(s) afectado(s) en la estructura GPA/PPA[20]

24.01. Gastos administrativos del ámbito político Lucha contra el fraude

24.02. Lucha contra el fraude

Naturaleza de la propuesta/iniciativa

( La propuesta/iniciativa se refiere a una nueva acción

( La propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva a raíz de un proyecto piloto/una acción preparatoria[21]

( La propuesta/iniciativa se refiere a la prolongación de una acción existente

( La propuesta/iniciativa se refiere a una acción reorientada hacia una nueva acción

Objetivos

Objetivo estratégico plurianual de la Comisión contemplado por la propuesta/iniciativa

Lucha contra el fraude

Objetivo(s) específico(s) y actividad(es) GPA/PPA en cuestión

Objetivo específico nº 7.1.a

Actividad(es) GPA/PPA afectada(s)

24.01. Gastos administrativos del ámbito político Lucha contra el fraude

24.02. Lucha contra el fraude

Resultado(s) e impacto(s) esperado(s)

Precísense los efectos que la propuesta/iniciativa debería tener sobre los beneficiarios/la población contemplada.

Mejora de la cooperación de la OLAF con los interesados a todos los niveles: en la UE con las instituciones, órganos y organismos; las autoridades competentes de los Estados miembros; las autoridades de terceros países y las organizaciones internacionales.

Indicadores de resultados e impactos

Precísense los indicadores que permiten hacer un seguimiento de la aplicación de la propuesta.

De conformidad con el artículo 14

Justificación de la propuesta/iniciativa

Necesidad(es) que debe(n) cubrirse a corto o largo plazo

Plena responsabilidad de la OLAF en condiciones que respeten las garantías fundamentales y su independencia.

Valor añadido de la intervención comunitaria

El artículo 325 TFUE establece la acción conjunta de la Comisión y los Estados miembros para la protección de los intereses financieros de la Unión y la lucha contra el fraude. Por tanto, dicho artículo atribuye responsabilidades específicas a la Comisión para la protección de los intereses financieros de la Unión.

Principales conclusiones extraídas de experiencias similares

-

Compatibilidad y posibles sinergias con otros instrumentos financieros

La propuesta modificada es compatible con los instrumentos legislativos relevantes de la Unión Europea.

Duración de la acción e incidencia financiera

( Propuesta/iniciativa de duración limitada

- ( Propuesta/iniciativa en vigor desde el [DD/MM]AAAA hasta el [DD/MM]AAAA

- ( Incidencia financiera desde AAAA hasta AAAA

( Propuesta/iniciativa de duración limitada

- Ejecución con una fase de progresión desde [AAAA] hasta [AAAA],

- y funcionamiento a ritmo de crucero a partir de esa fecha.

Modo(s) de gestión previsto(s)[22]

( Gestión centralizada directa por la Comisión

( Gestión centralizada indirecta mediante delegación de las tareas de ejecución a:

- ( agencias ejecutivas

- ( organismos creados por las Comunidades[23]

- ( organismos públicos nacionales/organismos con misión de servicio público

- ( personas a quienes se haya encomendado la ejecución de acciones específicas de conformidad con el título V del Tratado de la Unión Europea, definidas en el acto de base correspondiente según lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento financiero

( Gestión compartida con los Estados miembros

( Gestión descentralizada con terceros países

( Gestión conjunta con organizaciones internacionales (especifíquese)

Si se marca más de un modo de gestión, facilítense los detalles en el recuadro «Observaciones».

Observaciones

[…]

[…]

MEDIDAS DE GESTIÓN

Disposiciones en materia de seguimiento y de información

Precísense la frecuencia y las condiciones de esas disposiciones.

El Comité de Vigilancia supervisará las actividades de investigación de la OLAF de conformidad con el artículo 11.

Además de las obligaciones que no resultan afectadas por la propuesta modificada, las personas a las que se confíe el procedimiento de revisión informarán con regularidad de sus actividades al Comité de Vigilancia (artículo 7 ter ).

Sistema de gestión y control

Riesgo(s) definido(s)

N/D

Medio(s) de control previsto(s)

N/D

Medidas de prevención de fraudes e irregularidades

Precísense las medidas de prevención y protección adoptadas o previstas.

Aplicación con arreglo al Reglamento Financiero.

[…]

INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s)

- Líneas presupuestarias existentes

En el orden de rúbrica del marco financiero plurianual y línea presupuestaria.

Rúbrica del marco financiero plurianual | Línea presupuestaria | Tipo de gasto | Contribución |

Número [Descripción…] | CD/CND ([24]) | de países de la AELC[25] | de países candidatos[26] | de terceros países | según lo dispuesto en el artículo 18.1.aa), del Reglamento Financiero |

24.0106 | 24.010600.030100 Gastos procedentes del mandato de los miembros del Comité de Vigilancia | CND | NO | NO | NO | NO |

- Nuevas líneas presupuestarias cuya creación se solicita

En el orden de las rúbricas del marco financiero plurianual y línea presupuestaria.

Rúbrica del marco financiero plurianual | Línea presupuestaria | Tipo de gasto | Contribución |

Número [ Denominación…] | Disociado/no disociado. | de países de la AELC | de países candidatos | de terceros países | según lo dispuesto en el artículo 18.1.a) bis, del Reglamento Financiero |

[…] | [XX.YY.YY.YY] […] | […] | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO |

Incidencia estimada en los gastos

Resumen de la incidencia estimada en los gastos

millones EUR (al tercer decimal)

Rúbrica del marco financiero plurianual: | Número | [ Denominación…] |

millones EUR (al tercer decimal)

-

Necesidades estimadas de recursos humanos

- ( La propuesta/iniciativa no requiere la utilización de recursos humanos

- ( La propuesta/iniciativa genera la utilización de recursos humanos, tal como se explica a continuación:

Estimación que debe expresarse en valores enteros (o a lo sumo, con un decimal)

Año N | Año N+1 | Año N+2 | Año N+3 | Insértense tantos años como sea necesario para reflejar la duración del impacto (véase el punto 1.6) |

( Empleos de plantilla (puestos de funcionarios y agentes temporales) |

XX 01 01 01 (en la Sede y en las Oficinas de representación de la Comisión) | 8 |

XX 01 01 02 (Delegaciones) |

XX 01 05 01 (Investigación indirecta) |

XX 01 05 01 (Investigación directa) |

( Personal externo (en equivalente a jornada completa: FTE)[34] |

XX 01 02 0 (AC, INT, END de la «dotación global») |

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT y JED en las Delegaciones) |

10 01 05 02 (AC, END, INT – Investigación directa) |

Otras líneas presupuestarias (especifíquense) |

TOTAL | 8 |

XX es la política o título en cuestión.

Las necesidades de recursos humanos serán cubiertas por el personal de la DG ya destinado a la gestión de la acción o reorganizado internamente en la DG, completado en su caso por cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de las dificultades presupuestarias existentes.

Descripción de las tareas que deben llevarse a cabo:

Funcionarios y agentes temporales | Apoyo administrativo para los miembros del Comité de Vigilancia |

Personal externo |

Compatibilidad con el marco financiero plurianual actual

- ( La propuesta es compatible con la programación financiera existente.

- ( La propuesta requiere una reprogramación de la rúbrica del Marco Financiero Plurianual afectada.

Explíquese la reprogramación requerida, precisando las líneas presupuestarias afectadas y los importes correspondientes.

[…]

- ( La propuesta requiere el recurso al Instrumento de Flexibilidad o a la revisión del Marco Financiero Plurianual[37].

Explíquese lo que se requiere, precisando las rúbricas y líneas presupuestarias afectadas y los importes correspondientes.

[…]

Participación de terceros en la financiación

- (La propuesta no prevé la cofinanciación por terceras partes

- La propuesta prevé la cofinanciación estimada a continuación:

Créditos en millones EUR (al tercer decimal)

Año N | Año N+1 | Año N+2 | Año N+3 | Insértense tantos años como sea necesario para reflejar la duración del impacto (véase el punto 1.6) | Total |

Año N | Año N+1 | Año N+2 | Año N+3 | Insértense tantos años como sea necesario para reflejar la duración del impacto (véase el punto 1.6) |

Artículo …. | | | | | | | | | |En el caso de los ingresos varios que se verán «afectados», precísense la línea o líneas presupuestarias de gastos afectadas.

[…]

Precísese el método de cálculo de la incidencia sobre los ingresos.

[…][pic][pic][pic]

[1] DO L 136 de 31.5.1999, p. 1.

[2] DO L 136 de 31.5.1999, p. 8.

[3] DO L 136 de 31.5.1999, p. 20.

[4] COM(2006) 244.

[5] Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2008, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), P6_TA-PROV(2008) 553. Para el informe preparatorio, véase A6-0394/2008.

[6] SEC (2010)859.

[7] Dictamen nº 2/2010 de 23 de septiembre de 2010 y Dictamen nº 5/2010 de 29 de noviembre de 2010, publicado en el Informe Anual del Comité de Vigilancia de la OLAF (junio de 2009- diciembre de 2010)http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/sup_comm/2009-2010/Activity-report-2009-2010_en.pdf

[8] Decisión 2009/371/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009 (DO L 121 de 15.5.2009, p. 37).

[9] Decisión del Consejo de 28 de febrero de 2002, DO L 63 de 6.3.2002, p. 1 (artículo 11, apartado 3).

[10] Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, pp. 1-22).

[11] DO C […] de […], p. […].

[12] DO C […] de […], p. […].

[13] DO L 136 de 31.5. 1999, p. 1.

[14] Informe Especial n° 1/2005 (DO C 202 de 18.8.2005, p.1), aprobado por el Consejo en sus Conclusiones de 8 de noviembre de 2005.

[15] DO L 292 de 15.11.1996, p. 2.

[16] DO L 136 de 31.5.1999, p. 8.

[17] DO L 56 de 4.3.1968.

[18] DO L 312 de 23.12.1995, pp. 1-4.

[19] DO L 248 de 16.9.2002, pp. 1-48.

[20] GPA: Gestión por actividades – PPA: Presupuestación por actividades.

[21] Tal como se contemplan en el artículo 49, apartado 6, letras a) o b), del Reglamento Financiero.

[22] Las explicaciones sobre los modos de gestión y las referencias al Reglamento Financiero pueden consultarse en el sitio BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[23] Tal como se contemplan en el artículo 185 del Reglamento Financiero.

[24] CD = Créditos disociados / CND = Créditos no disociados.

[25] AELC: Asociación Europea de Libre Comercio.

[26] Países candidatos y, en su caso, países candidatos potenciales de los Balcanes Occidentales.

[27] El año N es el año de comienzo de la aplicación de la propuesta/iniciativa.

[28] Asistencia técnica o administrativa y gastos de apoyo a la aplicación de programas o acciones de la UE (antiguas líneas «BA»), investigación indirecta, investigación directa.

[29] El año N es el año de comienzo de la aplicación de la propuesta/iniciativa.

[30] Los resultados se refieren a los productos y servicios que se proporcionarán (p. ej.: número de intercambios de estudiantes financiados, número de km de carreteras construidas…)

[31] Según se describe en el punto 1.4.2. «Objetivo(s) específico(s)…».

[32] El año N es el año de comienzo de la aplicación de la propuesta/iniciativa.

[33] Asistencia técnica o administrativa y gastos de apoyo a la aplicación de programas o acciones de la UE (antiguas líneas «BA»), investigación indirecta, investigación directa.

[34] AC= Agente Contractual; INT= personal de agencia («Interinos»); JED= Joven Experto en Delegación; INT= Interino; END = Experto Nacional en Comisión de Servicio;

[35] Sublímite de personal externo con cargo a créditos de operaciones (antiguas líneas «BA»).

[36] Esencialmente para los Fondos Estructurales, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo de Pesca (FEP).

[37] Véanse los puntos 19 y 24 del Acuerdo Interinstitucional.

[38] Por lo que se refiere a los recursos propios tradicionales (derechos de aduana, cotizaciones sobre el azúcar), los importes indicados deben ser importes netos, es decir, importes brutos tras la deducción del 25 % por gastos de recaudación.