Proteger la ciudadanía de la UE Los regímenes de ciudadanía para inversores («pasaporte de oro») que existen en algunos Estados miembros han suscitado gran preocupación en los últimos años. La concesión sistemática de la nacionalidad y, por ende, de la ciudadanía de la Unión, a cambio de un pago predeterminado y sin un vínculo real con un Estado miembro, vulnera el concepto de ciudadanía de la Unión y el principio de cooperación leal. Además, plantea graves riesgos en lo que respecta a la seguridad, el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y la corrupción. Para mantenerse firme en la posición de que la ciudadanía de la UE no está en venta y de que cualquier régimen de ciudadanía para inversores existente debe derogarse sin demora, la Comisión incoó procedimientos de infracción innovadores contra dos Estados miembros y, en última instancia, llevó a uno de ellos ante el Tribunal de Justicia. Además, la Comisión ha permanecido en contacto con otro Estado miembro, que entretanto ha suprimido su régimen de ciudadanía para inversores. Defensa de la igualdad y la no discriminación El respeto de la dignidad humana y la igualdad son valores fundamentales de la UE, consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Estos valores no son meras normas éticas, sino derechos fundamentales consagrados en la Carta y en los principios generales del Derecho de la Unión. La Comisión tomó medidas para proteger los derechos de las personas LGBTIQ y, en última instancia, llevó a un Estado miembro ante el Tribunal de Justicia por la legislación nacional que discrimina a las personas por su orientación sexual o su identidad de género. En cuanto a la igualdad de género, y más concretamente en relación con la seguridad social, la Comisión adoptó medidas contra un Estado miembro por su legislación en materia de pensiones, que discrimina indirectamente a las mujeres al calcular el período de cotización necesario para tener derecho a una pensión. Defensa de la libertad de los medios de comunicación Garantizar la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión es la base de una sociedad digital abierta, democrática y sostenible. Los prestadores de servicios de información deben poder acceder al mercado en condiciones no discriminatorias, proporcionadas y objetivamente justificadas, de modo que puedan trabajar con libertad e independencia en toda la Unión Europea. La Comisión llevó a un Estado miembro ante el Tribunal de Justicia por infringir las normas del mercado interior de telecomunicaciones y violar la libertad de expresión consagrada en la Carta. Apoyar la migración legal y la igualdad de trato de los nacionales de terceros países Al mismo tiempo, atraer talento de terceros países es enriquecedor para nuestra sociedad y beneficioso para nuestras economías. Las normas de la UE establecen unas condiciones comunes de entrada y residencia para determinadas categorías de nacionales de terceros países, así como la igualdad de trato con los ciudadanos de la UE en varios ámbitos. La Comisión tomó medidas contra diversos Estados miembros por introducir obstáculos injustificados para que los nacionales de terceros países accedan al empleo y ejerzan actividades por cuenta propia. La Comisión también incoó procedimientos de infracción por cargas excesivas en la tramitación de los permisos de la UE. Como consecuencia de ello, varios Estados miembros han modificado sus leyes nacionales para adaptarlas al Derecho de la Unión, haciendo que sea más fácil y atractivo para los nacionales cualificados de terceros países residir y trabajar en Europa. Lucha contra la incitación al odio y los delitos de odio racistas y xenófobos La incitación al odio y los delitos de odio no solo perjudican a las personas afectadas y a la sociedad en general, sino que también atentan contra los valores nucleares de la UE. La clave para lograr una ejecución efectiva es intensificar la aplicación de la Decisión Marco de 2008 relativa a la lucha contra la incitación al odio y los delitos de odio. La Comisión está decidida a garantizar la tipificación penal efectiva de la incitación al odio y los delitos de odio, y esta estrategia ha permitido lograr avances significativos en la aplicación en todos los Estados miembros. A este respecto, su intención de incoar procedimientos de infracción en caso necesario se confirmó de nuevo en su Plan de Acción de la UE Antirracismo. Tras una serie de procedimientos de infracción iniciados entre 2020 y 2021, varios Estados miembros han puesto en marcha procedimientos destinados a modificar su legislación o han adoptado ya nuevos cambios legislativos. Por ejemplo, las enmiendas adoptadas en un Estado miembro refuerzan la tipificación penal y el enjuiciamiento de la incitación al odio y los delitos de odio, y mejoran la protección de las minorías frente a dichos delitos. Unir fuerzas para luchar contra el terrorismo Los actos de terrorismo constituyen una de las violaciones más graves de las libertades fundamentales en las que se fundamenta la Unión. Los atentados terroristas en los Estados miembros de la UE constituyeron un claro recordatorio de que la policía y los fiscales necesitan mejores herramientas para prevenir y combatir los delitos terroristas. La Directiva de 2017 relativa a la lucha contra el terrorismo es la piedra angular de la respuesta de la justicia penal de los Estados miembros al terrorismo y un elemento clave del marco de la Unión de la Seguridad de la UE. La Comisión inició procedimientos contra varios Estados miembros para garantizar el establecimiento de las condiciones jurídicas necesarias para que las autoridades nacionales cooperen e intercambien información sobre amenazas terroristas.