A4-0365/96

Resolución sobre el proyecto de acto del Consejo por el que se establece el Convenio relativo a la lucha contra los actos de cohecho en los que estén involucrados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea (7751/96 - C4-0564/96 - 96/0911(CNS)

El Parlamento Europeo,

- Vista la propuesta del Consejo (7751/96 - 96/0911(CNS)),

- Consultado por el Consejo, de conformidad con el párrafo segundo del artículo K.6 del Tratado de la UE (C4-0564/96),

- Visto el artículo 93 de su Reglamento,

- Visto su dictamen de 22 de mayo de 1996 sobre el proyecto de acto del Consejo por el que se establece el Protocolo del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de la Comunidades Europeas y el proyecto de Protocolo, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, al Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (funcionarios y diputados) ((DO C 166 de 10.6.1996, pág. 92.)),

- Visto el informe de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores (A4-0365/96),

1. Opina que la existencia de distintos actos prácticamente idénticos (primer Protocolo adicional al Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de la Comunidades Europeas, por una parte, y el Convenio relativo a la lucha contra los actos de cohecho, por otra, contribuyen a crear confusión y dificultan la consecución del objetivo de descubrir los actos de cohecho en la Unión Europea y de perseguirlos penalmente;

2. Lamenta, por lo tanto, que el Consejo no haya hecho suya la propuesta, que figura en el apartado 8 de la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 1996 sobre el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas ((Acta de esa fecha, parte II, punto 17 c))) de reunir en un único instrumento jurídico el primer Protocolo adicional y el Convenio sobre la lucha contra la corrupción;

3. Lamenta, además, que el Consejo apenas haya tenido en cuenta el dictamen precitado del Parlamento Europeo sobre el (primer) Protocolo adicional;

4. Apoya firmemente, teniendo en cuenta, ante todo, la estrecha vinculación entre cohecho y delincuencia organizada, el objetivo fundamental del proyecto de luchar de forma más eficaz que hasta ahora contra el cohecho en la Unión Europea, mediante la inclusión de normas generales mínimas en materia de Derecho penal en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, así como mediante la intensificación de la cooperación entre los Estados;

5. Aprueba el proyecto de acto del Consejo, sin perjuicio de las siguientes modificaciones:

a) la inclusión de la ampliación, al texto del artículo 1, del concepto de «funcionario comunitario» que figura en el Anexo; además, en aras de la claridad, deberían enumerarse las instituciones en cuestión (o sea, Banco Europeo de Inversiones, Sistema Europeo de Bancos Centrales, Instituto Monetario Europeo, Fondo Europeo de Inversiones, etc.);

b) la ampliación del contenido reglamentario del último párrafo del artículo 1 al cohecho (activo) (solamente está regulado el cohecho pasivo -del funcionario de otro Estado miembro);

c) la introducción de la tipificación como delito del cohecho activo o pasivo organizados, repetidos o cometidos a gran escala, y el consecuente endurecimiento de las consecuencias jurídicas;

d) la introducción de una referencia expresa a que la complicidad, la inducción, así como el intento de cohecho son equivalentes a cohecho activo o pasivo;

e) la inclusión, en el apartado 1 del artículo 4, del Defensor del Pueblo en el círculo de personas con capacidad de decisión a las que se debe tratar de la misma forma;

f) la extensión del principio «non bis in idem» del artículo 10 al caso (frecuente) en el que se ha impuesto una pena (el resto de) cuyo cumplimiento se ha suspendido y sustituido por un período de libertad a prueba (sólo están regulados los casos en los que la pena se ha cumplido ya o ya no puede ejecutarse o está en vías de ejecución);

g) la fijación de la competencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para las cuestiones prejudiciales (además de la competencia, contemplada en el texto, para la interpretación y aplicación del presente Convenio); en general, los Estados miembros no implicados en el litigio así como la Comisión deben tener derecho a presentar observaciones;

h) la introducción de un control de la transposición tres años después de la firma del Convenio, a fin de poder comprobar su eficacia en la práctica jurídica de los Estados miembros;

6. Encarga a su Presidente que tansmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión.