Dictamen del Comité de las Regiones sobre la "Comunicación de la Comisión 'Segundo informe intermedio sobre la cohesión económica y social'"

(2003/C 256/02)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la "Comunicación de la Comisión - Segundo informe intermedio sobre la cohesión económica y social" (COM(2003) 34 final);

vista la decisión de la Comisión, de 30 de enero de 2003, de consultar al Comité de las Regiones, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;

vista la decisión de su Mesa, de 11 de febrero de 2003, de encomendar la elaboración del correspondiente dictamen a la Comisión de Política de Cohesión Territorial;

visto su Dictamen sobre el tema "Estructura y objetivos de la política regional europea en el contexto de la ampliación y la globalización: apertura del debate" (CDR 157/2000 fin)(1);

visto su Dictamen sobre la "Comunicación de la Comisión - Segundo informe sobre la cohesión económica y social" (CDR 74/2001 fin)(2);

visto su Dictamen sobre la "Comunicación de la Comisión - Primer informe intermedio sobre la cohesión económica y social" (CDR 101/2002 fin)(3);

visto el proyecto de dictamen aprobado por la Comisión de Política de Cohesión Territorial el 30 de abril de 2003 (CDR 391/2002 rev.) (ponente: Sr. Schneider, Secretario de Estado (DE/PPE));

considerando:

1) que el Segundo informe intermedio sobre la cohesión económica y social constituye otra etapa más del proceso de elaboración de propuestas para la configuración de la política comunitaria de cohesión después de 2006, en el contexto de la ampliación de la UE;

2) que con este informe se actualizan los análisis sobre la situación y los progresos en los Estados miembros y regiones, así como los principales temas del debate sobre el futuro de la política de cohesión;

3) que a la luz de los resultados del segundo informe intermedio, el Comité de las Regiones tiene que proceder a examinar, desarrollar y adaptar las propuestas que había formulado en sus anteriores dictámenes al estado actual del debate;

4) que el objetivo recogido en el artículo 158 del Tratado CE, dirigido a reforzar la cohesión económica y social de la Comunidad, con el fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la misma, seguirá siendo el principal patrón de las evaluaciones del Comité; que la reducción de las diferencias existentes en el nivel de desarrollo de las distintas regiones y del retraso de las zonas más desfavorecidas es, además, la contribución más importante que se puede aportar para reforzar el papel de los entes locales y regionales en la Unión Europea;

5) que la Comisión Europea presenta en su segundo informe intermedio datos actualizados sobre el desarrollo socioeconómico, tanto de los actuales Estados miembros y regiones como de los países candidatos; que del análisis de los datos presentados se desprende claramente que la política regional y estructural deberá seguir siendo una tarea común de los Estados miembros, los entes regionales y locales y la Unión Europea. En consecuencia, la renacionalización de esta política debe ser rechazada como se sugiere en el segundo informe intermedio de la Comisión Europea. Es indispensable, por tanto, la continuación de la política regional europea para las regiones menos desarrolladas y prever una nueva política regional para las demás,

en su 50o Pleno celebrado los días 2 y 3 de julio de 2003 (sesión del 2 de julio) ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

El Comité de las Regiones

1. Análisis de la situación y de la evolución

1.1. Señala que el extraordinario agravamiento de las disparidades económicas dentro de la Unión Europea ocasionado por la ampliación será el principal desafío de la política comunitaria de cohesión a partir de 2006. En particular, se trata de garantizar al número creciente de ciudadanos comunitarios residentes en regiones con una renta per cápita claramente inferior a la media comunitaria que serán incluidos en la política de desarrollo de la Unión Europea en su conjunto, independientemente de que vivan en un "antiguo" o "nuevo" Estado miembro.

1.2. Señala que las desigualdades entre los Estados miembros de la UE han decrecido, aunque las diferencias regionales dentro de los Estados miembros hayan seguido aumentando. Por consiguiente, el Comité de las Regiones considera que es necesario reivindicar una amplia participación de los entes locales y regionales en la concepción y ejecución de la política de cohesión y que ésta tenga en cuenta, en particular, las recomendaciones contenidas en la "Perspectiva Europea de Ordenación Territorial" (PEOT), adoptada en Potsdam en mayo de 1999.

1.3. Concluye que es previsible que las repercusiones del escaso crecimiento registrado en el año 2000 serán desproporcionadas en las regiones más débiles de la UE. Todo ello resalta la importancia adicional que tiene la política comunitaria de cohesión para el refuerzo de la competitividad de dichas regiones, en particular en períodos económicamente difíciles, y para permitir alcanzar un desarrollo más policéntrico del espacio comunitario y el fortalecimiento de la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea.

1.4. Entiende como un éxito de la política comunitaria de cohesión el hecho de que las repercusiones en materia de empleo de la recesión económica hayan resultado restringidas gracias a las intervenciones de los Fondos Estructurales y que las disparidades regionales en las tasas de desempleo de la actual UE hayan seguido retrocediendo. No obstante, esto no debe hacer olvidar que la tasa de desempleo en muchas regiones y municipios de la UE sigue siendo injustificadamente elevada y que también en los futuros Estados miembros se deberían realizar esfuerzos adicionales para elevar la tasa de empleo y restringir las repercusiones de las inevitables reestructuraciones.

1.5. Opina, por tanto, que las conclusiones del estudio sobre el impacto de la política de cohesión confirman los puntos de vista expresados hasta ahora por el Comité de las Regiones respecto a la política comunitaria de cohesión. Esto es particularmente cierto respecto al hecho de que gracias a las intervenciones de los Fondos Estructurales, sobre todo mediante la ayuda del Objetivo 1, se lograron importantes resultados en el crecimiento y, desde 1989, la diferencia de ingresos entre las regiones del Objetivo 1 y la media de la UE disminuyó en un 3 %.

1.6. Llega a la conclusión de que, al mismo tiempo, resulta claro que precisamente aquellos factores que determinan la competitividad de las regiones adolecen de un retraso particular en las regiones más problemáticas. En consecuencia, la formación profesional, el esfuerzo innovador y la productividad, además de las urgentes y necesarias inversiones en capital físico e infraestructuras, deberán obtener mayor protagonismo en la futura configuración de la política de cohesión. Destaca la importancia de que todas las políticas sectoriales caracterizadas por un fuerte impacto regional contribuyan al logro del objetivo de cohesión.

1.7. Pide que se adopten medidas transitorias adecuadas para todas las regiones que en la actualidad son consideradas regiones con problemas estructurales y que ya no lo serán en los próximos períodos de programación, en función del futuro desarrollo de los objetivos de ayuda.

1.8. Confirma que, para ser creíble, la política regional y de cohesión debe disponer de recursos financieros suficientes, y considera en consecuencia que la hipótesis de consagrar el 0,45 % del PIB comunitario a esta política constituye una base de discusión aceptable.

2. Prioridades de la futura política

Opina que, después del estado del debate presentado por la Comisión, se pueden establecer cuatros campos de acción principales:

- intervenciones en las regiones menos desarrolladas o con problemas estructurales;

- medidas fuera de las regiones menos desarrolladas;

- fomento de la cooperación transfronteriza e interregional;

- simplificación de la administración.

2.1. Regiones menos desarrolladas

2.1.1. Señala que, según la Comisión, el fomento de las regiones menos desarrolladas obtiene un apoyo casi unánime. Al mismo tiempo, se suele proponer que se mantenga el criterio del 75 % para la clasificación de las regiones subvencionables (75 % del PIB por habitante, evaluado respecto al poder adquisitivo a nivel de NUTS II), aunque se deberían examinar las desventajas estructurales de las regiones ultraperiféricas y de las regiones con una densidad de población extremadamente baja independientemente de su PIB si se neutraliza el llamado efecto estadístico. Se deberá tener en cuenta en este contexto el límite máximo de los recursos propios del presupuesto general de las Comunidades Europeas.

2.1.2. Señala que la configuración del contenido del Objetivo 1 ofrece actualmente suficiente flexibilidad para incluir prioridades comunitarias como los procesos de Lisboa y de Gotemburgo en favor del empleo, la reforma económica, la cohesión social y el desarrollo sostenible. No obstante, se debe prestar atención a que la futura configuración del Derecho de competencia no merme dicha flexibilidad.

2.1.3. Insta expresamente, por tanto, a que se establezcan tres categorías de regiones del futuro Objetivo 1:

2.1.4. Regiones que tengan un PIB per cápita inferior al 75 % de la media comunitaria (UE-25) y regiones con dificultades específicas. A esta categoría pertenecen las regiones afectadas por el llamado efecto estadístico, las regiones con una densidad de población extremadamente baja y las regiones ultraperiféricas, independientemente de su PIB.

Regiones que superen el nivel del 75 % (UE-15) debido a su favorable desarrollo, con un período transitorio de disminución gradual de las ayudas (phasing out).

Además, se deberá garantizar una ayuda sustancial de carácter transitorio y decreciente con cargo al Fondo de cohesión a aquellos Estados que rebasen el 90 por ciento de la media comunitaria por causa del efecto estadístico.

2.1.5. Señala sin reservas que esta postura tiene en cuenta los desafíos que se derivan de la ampliación. Es necesario encontrar soluciones adecuadas tanto para los países candidatos como para los problemas subsistentes en las regiones de la actual UE. La futura configuración de la política de cohesión no debe perjudicar a las regiones menos desarrolladas actualmente en los Estados miembros. En particular, la política de cohesión en los nuevos Estados miembros no se debería financiar unilateralmente en detrimento de las actuales regiones subvencionables que no puedan hacer frente a una transformación estructural por su propio esfuerzo.

2.1.6. Señala asimismo que, según el Informe intermedio, el llamado efecto estadístico es un problema particular de las regiones menos desarrolladas. De conformidad con los últimos datos de la Comisión, de las actuales regiones del Objetivo 1 dieciocho regiones con 21 millones de habitantes dejarían de ser subvencionables a causa de dicho efecto, ya que el PIB medio de la UE disminuirá debido a la ampliación. Entre estas dieciocho regiones se encuentran regiones de Bélgica, Reino Unido, Finlandia, Italia, Austria, Portugal y España, así como casi todas las regiones del Este de Alemania del Objetivo 1. Los habitantes de las regiones afectadas podrían tener la impresión de que la ampliación se financiará a su costa.

2.1.7. Apoya a la Comisión Europea, que menciona varias veces este problema específico en su informe intermedio y se muestra partidaria de una regulación justa. Tanto por razones basadas en la legislación en materia de ayudas como por razones de igualdad de trato, se debería encontrar una solución dentro del futuro Objetivo 1 y las disposiciones correspondientes al mismo en materia de subvencionabilidad. El vigente Reglamento sobre los Fondos Estructurales ya establece actualmente un tratamiento especial, en el período de ayudas vigente, para aquellas regiones del Objetivo 1 que tengan problemas particulares. Así pues, en el Reglamento que entrará en vigor a partir de 2007 se deberá incluir una norma según la cual aquellas regiones que superen el nivel del 75 % sólo a causa del descenso de la media comunitaria deberán seguir conservando el estatus de regiones del Objetivo 1. El bienestar regional seguiría siendo el criterio para el reparto de los fondos del Objetivo 1 entre las regiones subvencionables y contribuiría, más allá de la cuantía de la ayuda por habitante, a establecer un reparto diferenciado pero justo de los fondos sin que se cuestionasen los niveles máximos establecidos por el nivel político más elevado. Así se garantizará a dichas regiones que seguirán manteniendo su estatus de región subvencionable de conformidad con la letra a) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE y, de este modo, podrán seguir beneficiándose de la misma cuantía de ayudas que las regiones mencionadas en la letra a) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE.

2.2. Medidas fuera de las regiones menos desarrolladas

2.2.1. Apoya a la Comisión, que señala que es preciso adoptar medidas fuera de las regiones menos desarrolladas. Por lo tanto, recomienda expresamente que se revisen exhaustivamente los instrumentos actuales, en particular en lo que se refiere a la efectividad y eficacia de los procedimientos administrativos y los controles financieros, para simplificar y descentralizar la ejecución de dichas medidas. Pide, en consecuencia, la puesta en marcha a partir de 2007 de un nuevo objetivo 2 para el conjunto de regiones no subvencionables en el objetivo 1.

2.2.2. Convendría tener en cuenta al mismo tiempo la situación especial de las regiones fronterizas, limítrofes con una nueva zona de objetivo 1 y que, en su caso, dejarán de ser beneficiarias en calidad de zonas de objetivos 2 y 3. Dichas regiones fronterizas deberían ser, al menos para el primer período de programación posterior a 2006, objeto de especial atención en los nuevos objetivos subvencionables o en Interreg.

2.2.3. Confirma que los principales objetivos de las intervenciones comunitarias en este ámbito son el refuerzo de la competencia de las regiones de conformidad con los objetivos políticos de la Unión Europea, tal y como se definió en las conclusiones de los Consejos Europeos de Lisboa y Gotemburgo. Sólo mediante una contribución de la Unión Europea, eficaz y dirigida a lograr un valor europeo añadido, se podrán emprender las reformas estructurales necesarias para lograr mayor competencia, innovación, flexibilidad y crecimiento, tal y como había previsto la estrategia de Lisboa.

2.2.4. Señala por razones de claridad que para la futura organización de la política estructural de la UE se debatirán en este ámbito dos opciones fundamentales:

2.2.5. Por un lado, muchos opinan que el nivel regional sigue siendo el más adecuado para concebir y administrar las intervenciones. Las ventajas de esta alternativa serían una gran continuidad de la ayuda, la toma en consideración de la dimensión territorial y la compatibilidad con la legislación comunitaria en materia de competencia y los instrumentos nacionales de política estructural.

2.2.6. Por otro lado, para ciertos factores de la competitividad, como, por ejemplo, los enlaces de transportes, la diversificación de las estructuras de producción, la sociedad del conocimiento, la innovación, investigación y desarrollo, el medio ambiente, el empleo, la integración social, el aprendizaje permanente y la formación profesional, se plantea la posibilidad de establecer ámbitos temáticos independientes de ayudas regionales en toda la Unión Europea. La ventaja sería que la Unión Europea podría reaccionar de manera flexible a los problemas socioeconómicos que se planteasen fuera de las regiones menos desarrolladas, cuando así fuese imprescindible de conformidad con el principio de subsidiariedad y redundase en beneficio del mayor valor añadido comunitario posible. Naturalmente, sería necesario aclarar previamente los problemas relativos a la legislación en materia de ayudas regionales y la coherencia con los esfuerzos en materia de política estructural de los Estados miembros. Convendría al respecto que lo que se establezca a escala de la UE se limite en lo posible a las definiciones de los objetivos, con el fin de permitir a las regiones un margen de actuación suficiente para fijar sus propias prioridades en materia de política estructural.

2.2.7. Opina, en este contexto, que un planteamiento más temático puede ser compatible con el nivel regional si desempeña un papel central en la definición de las prioridades y la puesta en marcha de los programas objetivo 2 y si estas prioridades se basan en criterios territoriales y temáticos definidos claramente a un nivel comunitario. A diferencia de las regiones del objetivo 1, las regiones del objetivo 2 no deberían seleccionarse con arreglo al criterio del PIB, sino sobre la base de otros criterios, como, por ejemplo, evolución demográfica, baja densidad de población, tasa de desempleo, nivel de educación y formación, competitividad regional (por ejemplo, el clima para la creación de empresas y de PYME), innovación, diversidad de actividades económicas y densidad del tejido industrial.

2.2.8. Pide a la Comisión Europea que analice de manera más detallada en el Tercer informe de cohesión las distintas opciones para la futura configuración de la política de cohesión fuera de las regiones menos desarrolladas. Convendría también que el nuevo Objetivo 2 dispusiera de una dotación financiera adecuada. Al respecto se debería prestar particular atención a las zonas que sufren desventajas específicas (zonas de montaña, islas, zonas rurales de difícil acceso, zonas con baja densidad de población).

2.2.9. Subraya, en este contexto, que las cuestiones urbanas son de gran importancia para la cohesión económica y social en Europa, y se remite a la referencia hecha por la Comisión, en el Segundo informe sobre la cohesión, a "la cuestión urbana, situada en el centro del cambio económico, social y territorial".

2.2.10. Espera, por tanto, que las medidas adoptadas en el ámbito urbano puedan ser financiadas con cargo a los Fondos Estructurales, incluidas las medidas adoptadas en el marco del proceso de Lisboa, las medidas destinadas a una mayor convergencia dentro de las zonas urbanas y las medidas destinadas a una mayor cohesión social.

2.2.11. Opina que es preciso realizar también esfuerzos similares en el ámbito rural, especialmente en aquellas zonas con especiales desventajas naturales, caso de las zonas de montaña, así como para mantener unas relaciones eficaces entre las zonas urbanas y las rurales, evitando procesos de insularización y marginalización de los espacios rurales frente a la presión urbana e infraestructural. Para ello es indispensable coordinar estrechamente las orientaciones futuras de la política estructural de la UE y las de un determinado número de políticas con fuerte impacto territorial (actividades agrarias y forestales, transporte, urbanismo, investigación, innovación, empleo, formación, competencia, etc.).

2.3. Cooperación transfronteriza, transnacional e interregional

2.3.1. Ha destacado en numerosos dictámenes el considerable valor añadido comunitario que tienen las medidas en el ámbito de la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional, observación que se ha visto confirmada en el segundo informe intermedio. No obstante, se debería simplificar urgentemente la gestión de los programas y proyectos en este ámbito para que no se vuelvan a producir retrasos como en el actual período de programación.

2.3.2. Respalda a la Comisión en el desarrollo de un planteamiento verdaderamente estratégico que incluya todos los aspectos de la conexión en red a nivel europeo de las regiones, municipios y empresas, con la posibilidad de ejecutar proyectos conjuntamente y aprender recíprocamente. La conexión en red a nivel europeo debería ser aplicada de manera absolutamente prioritaria.

2.3.3. Espera que se sigan adoptando iniciativas comunitarias como instrumento de objetivos específicos de importancia para la Unión Europea. No obstante, tales iniciativas deben orientarse hacia temas que no puedan incluirse en programas concretos, que puedan demostrar un alto valor añadido comunitario y que requieran un enfoque que cubra todo el territorio europeo, como, por ejemplo, Interreg, iniciativa de probada su eficacia y que, por tanto, debe beneficiarse de dotación suficiente.

3. Simplificación de la administración

3.1. Pidió, en su Dictamen de 10 de octubre de 2002 (CDR 101/2002 fin(4)), que se simplificasen los procedimientos para la concesión de ayudas regionales y se aclarase el papel respectivo que habían de desempeñar la Comisión, los Estados miembros y las regiones, en cumplimiento del principio de subsidiariedad. El Comité reitera la necesidad de integrar los diversos instrumentos de intervención que existen en la actualidad (Objetivo 2, Objetivo 3, etc.), pero siempre sobre una base regional. Además, se deberá mejorar la coordinación de las políticas comunitarias y del conjunto de instrumentos financieros con la política de cohesión económica y social. A estos efectos, el informe prospectivo sobre la simplificación de los Fondos Estructurales después de 2006 presenta propuestas concretas.

4. Otros procedimientos

4.1. Está llamado a seguir desempeñando un papel activo en el debate sobre la configuración de la política comunitaria de cohesión después de 2006. Por lo tanto, el Comité de las Regiones debería seguir organizando actividades con la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo para difundir el contenido del informe prospectivo sobre la simplificación de la gestión y el dictamen preceptivo sobre el segundo informe intermedio y, de esa manera, conseguir pronto otros aliados para las reivindicaciones regionales y municipales en dicho ámbito político fundamental.

4.2. Insta a la Comisión a que continúe organizando amplios debates sobre la futura política de cohesión, profundice en dicho tema con el Tercer informe de cohesión a finales de 2003 y presente, a más tardar a finales de 2004, propuestas concretas para la futura organización de la política de cohesión. Las negociaciones en el Consejo y en el Parlamento Europeo deberían concluirse de manera que quede tiempo suficiente en 2006 para la elaboración y aprobación de los planes y programas y que, de esta manera, al inicio del nuevo período de ayudas no se vuelvan a repetir los retrasos.

Bruselas, 2 de julio de 2003.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Albert Bore

(1) DO C 148 de 18.5.2001, p. 25.

(2) DO C 107 de 3.5.2002, p. 27.

(3) DO C 66 de 19.3.2003, p. 11.

(4) DO C 66 de 19.3.2003, p. 11.