N° C 156/8 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 27. 6. 90 
II 
(Actos jurídicos preparatorios) 
COMISIÓN 
Propuesta modificada de Directiva del Consejo relativa a la seguridad general de los productos 
COM(90) 259 final — SYN 192 
(Presentada por la Comisión el 11 de junio de 1990 en virtud del párrafo tercero del artículo 149 
del Tratado CEE) 
(90/C 156/07) 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó­
mica Europea y, en particular, su artículo 100 A, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
En cooperación con el Parlamento Europeo, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social, 
Considerando que conviene adoptar medidas destinadas 
a establecer progresivamente el mercado interior durante 
un período que termina el 31 de diciembre de 1992; que 
el mercado interior implica un espacio sin fronteras en el 
que la libre circulación de mercancías, personas, servicios 
y capitales está garantizada; 
Considerando que algunos Estados miembros han adop­
tado una legislación horizontal sobre la seguridad de los 
productos que impone, en particular, a los operadores 
económicos la obligación general de comercializar única­
mente productos seguros; que dichas legislaciones difie­
ren en cuanto al nivel de protección de las personas; que 
estas disparidades y la falta de una legislación horizontal 
en otros Estados miembros pueden crear obstáculos al 
comercio y distorsiones de la competencia dentro del 
mercado interior; 
Considerando que es, por tanto, necesario establecer, a 
nivel comunitario, un requisito general de seguridad para 
todos los productos que se comercialicen; 
Considerando que es necesario, asimismo, advertir a los 
usuarios potenciales de los demás riesgos; 
Considerando que la presente Directiva se aplicará 
cuando no existan disposiciones más específicas sobre se­
guridad relativas a los productos correspondientes; 
Considerando que, en la medida de lo posible, conviene 
remitirse a aquellos reglamentos específicos cyo cumpli­
miento permita considerar que el producto en cuestión cumple la obligación general de seguridad, y asimismo, 
cuando no existan tales reglamentos, a aquellos criterios 
de evaluación que permitan valorar la seguridad del pro­
ducto; 
Considerando que es imposible adoptar una legislación 
comunitaria para cada producto que exista o que se 
pueda crear; que es necesario un marco legislativo hori­
zontal amplio para tratar de esos productos, así como 
para colmar las lagunas de la legislación específica actual 
o futura, en particular, para asegurar un nivel de protec­
ción elevado de la salud y la seguridad de las personas, 
tal como dispone el apartado 3 del artículo 100 A del 
Tratado; 
Considerando que conviene completar la obligación de 
respetar el requisito general de seguridad con la obliga­
ción de los operadores económicos de garantizar, de ma­
nera apropiada y proporcional, un seguimiento de la se­
guridad de los productos que entren en la esfera de su 
actividad; 
Considerando que los Estados miembros deben prever 
que autoridades competentes controlen la seguridad de 
los prodctos con poderes para adoptar las medidas ade­
cuadas; 
Considerando que los Estados miembros deben velar 
porque sus autoridades competentes presten la atención 
debida a las reclamaciones motivadas sobre las caracte­
rísticas de seguridad de los productos presentadas por los 
interesados; 
Considerando que, para un control eficaz de la seguri­
dad de los productos, se requiere el establecimiento, a 
nivel nacional y comunitario, de un sistema de intercam­
bio rápido de información sobre las situaciones de ur­
gencia relacionadas con la seguridad de los productos; 
que conviene conferir a la Comisión el poder de estable­
cer las normas detalladas de este sistema comunitario de 
intercambio rápido de información; que el procedimiento 
establecido por la Decisión del Consejo relativa a un sis­
tema comunitario de intercambio rápido de informacio­
nes sobre los peligros derivados de la utilización de pro­
ductos de consumo, queda recogido y ampliado en la 
presente Directiva y que, en consecuencia, debe dero­
garse dicha Decisión; 
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Considerando que debe obligarse a los Estados miembros 
a restringir la comercialización de productos peligrosos o 
a imponer la retirada del mercado o la devolución de los 
productos peligrosos; 
Considerando que es preciso, para preservar la unidad 
del mercado, informar a la Comisión de toda medida 
que restrinja la comercialización de un producto o im­
ponga su retirada del mercado; que este tipo de medidas 
sólo pueden adoptarse de conformidad con lo dispuesto 
en el Tratado, en particular, en los artículos 30 a 36; 
Considerando que la presente Directiva no afecta a los 
procedimientos de notificación estipulados en la Direc­
tiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, 
que establece un procedimiento de información en mate­
ria de normas y reglamentaciones técnicas (*), así como 
en la Decisión 88/383/CEE de la Comisión, de 24 de 
febrero de 1988, por la que se establece la mejora de la 
información en el ámbito de la seguridad, la higiene y la 
salud en el lugar de trabajo (2); 
Considerando que es posible que los Estados miembros, 
al aplicar el requisito general de seguridad, tomen deci­
siones diferentes con respecto a un producto determi­
nado; que tales diferencias pueden ser un obstáculo al 
comercio intracomunitario y, en algunos casos, una dife­
rencia inadmisible en cuanto a la protección de usuarios 
y consumidores; 
Considerando que es necesario, por tanto, prever un me­
canismo adecuado que permita la adopción de medidas 
aplicables en toda la Comunidad para hacer frente a si­
tuaciones de urgencia que afecten particularmente a la 
Comunidad; que, por su urgencia, las medidas adoptadas 
en virtud de este procedimiento sólo deben tener un ca­
rácter temporal y deben ser tomadas por la Comisión, 
asistida por un Comité de representantes de los Estados 
miembros; que, en aras de la eficacia, conviene estable­
cer un Comité de gestión con arreglo al procedimiento II 
de la Decisión 87/373/CEE del Consejo, de 13 de julio 
de 1987 (3); 
Considerando que la Comisión continuará estudiando la 
posibilidad de crear, en el marco de sus competencias, un 
Comité consultivo sobre seguridad de productos, en el 
que estarían representadas las partes interesadas y, en 
particular, los representantes de los intereses de suminis­
tradores, usuarios y consumidores; 
Considerando que conviene garantizar la defensa de los 
intereses legítimos de los particulares cuando se pongan 
públicamente en duda las características de seguridad de 
un producto; 
Considerando que es necesario que los Estados miem­
bros prevean los remedios apropiados en los casos en que 
las autoridades nacionales hayan adoptado medidas irre­
gulares; 
(') DO n° L 109 de 26. 4. 1983, p. 8. 
O DO n° L 183 de 14. 7. 1988, p. 34. 
(3) DO n° L 197 de 18. 7. 1987, p. 33. Considerando que la presente Directiva no tiene efectos 
sobre los derechos de los perjudicados tal como se defi­
nen en la Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de 
julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposi­
ciones legales, reglamentarias y administrativas de los Es­
tados miembros en materia de responsabilidad por los da­
ños causados por productos defectuosos (4); 
Considerando que la adopción de medidas con respecto 
a los productos importados para evitar riesgos para la sa­
lud y la seguridad de las personas debe efectuarse de 
conformidad con las obligaciones internacionales, 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
TÍTULO I 
Objetivos, ámbito de aplicación y definiciones 
Artículo 1 
1. La presente Directiva tiene por objeto garantizar la 
seguridad de los productos comercializados. 
2. La presente Directiva se aplicará siempre que no 
existan dentro de la legislación comunitaria normas más 
específicas sobre la seguridad de los productos corres­
pondientes. 
Artículo 2 
A los efectos de la presente Directiva: 
a) Por producto se entenderá cualquier producto manu­
facturado, elaborado o agrícola que se suministre en 
el curso de una transacción comercial, a título one­
roso o gratuito, ya sea nuevo, usado o reacondicio-
nado. 
b) Por producto seguro se entenderá cualquier producto 
que, durante su período de uso previsible, no presente 
riesgos o presente únicamente riesgos reducidos a un 
nivel bajo, compatibles con el uso del producto y con­
siderados admisibles dentro del respeto a un nivel ele­
vado de protección de la salud y la seguridad de las 
personas: 
— por su composición, confección, embalaje, presen­
tación, etiquetado, condiciones de montaje, man­
tenimiento o eliminación, instrucciones de manejo 
y uso, así como por su efecto directo o indirecto 
sobre otros productos o su asociación con éstos; 
(4) DO n° L 210 de 7. 8. 1985, p. 29. 
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— cuando se utilice para los fines a los que está des­
tinado o de forma razonablemente previsible, te­
niendo en cuenta toda observación al respecto del 
suministrador o la persona que lo represente y, en 
particular, el comportamiento normal de los niños. 
La posibilidad de obtener niveles superiores de seguri­
dad o de disponer de otros productos que presenten 
un menor grado de riesgo no será razón suficiente 
para considerar que un producto es «inseguro» o 
«peligroso». 
c) Por producto peligroso se entenderá cualquier pro­
ducto que no responda a la definición de producto se­
guro del punto b) del presente artículo. 
d) Por suministrador se entenderá: 
— el fabricante de un producto, cuando esté estable­
cido en la Comunidad, y toda persona que se pre­
sente como fabricante poniendo en el producto su 
nombre, marca o cualquier otro signo distintivo; 
— el representante del fabricante, cuando éste no 
esté establecido en la Comunidad, o, a falta del 
representante, el importador del producto; 
— los distribuidores y otros profesionales de la ca­
dena de distribución en la medida en que sus acti­
vidades puedan afectar a las características de se­
guridad del producto comercializado; 
— el suministrador profesional de mercancías rea-
condicionadas y/o de segunda mano. 
TÍTULO II 
Obligación general de seguridad 
Artículo 3 
1. Los suministradores tendrán la obligación de co­
mercializar únicamente productos seguros. Los Estados 
miembros incorporarán a su legislación todas las medidas 
necesarias para garantizar que los suministradores cum­
plan esta obligación. 
2. Dentro de los límites de sus actividades respectivas, 
los suministradores estarán obligados a: 
— prooprocionar al usuario o consumidor potencial la 
información adecuada, de tal modo que pueda eva­
luar los riesgos que presenta un producto, cuando és­
tos, aunque aceptables en sí mismos, no sean inme­
diatamente perceptibles ni de carácter desdeñable, y a 
fin de que pueda precaverse de dichos riesgos du­
rante todo el período de utilización previsible. La 
existencia de un aviso no eximirá de la obligación ge­
neral de seguridad ni podrá utilizarse como argu­
mento defensivo si el producto resultare peligroso; — tomar medidas proporcionadas, en función de las ca­
racterísticas de los productos que suministren, de ma­
nera que puedan llevar a cabo un seguimiento de la 
seguridad de éstos, para mantenerse debidamente in­
formados de los riesgos que podrían presentar, eva­
luar la información obtenida y actuar en consecuen­
cia llegando, si es necesario, a la recogida del pro­
ducto en cuestión o a su retirada del mercado para 
evitar dichos riesgos. 
— Entre las medidas que deben adoptarse para garanti­
zar el seguimiento de los productos figurarán, siem­
pre que sea apropiado, el mercado de los productos o 
del lote de productos de forma que sea posible inden-
tificarlos posteriormente, la realización de pruebas 
aleatorias entre los productos comercializados y el 
establecimiento de procedimientos sistemáticos de 
evaluación y estudio de las reclamaciones presenta­
das. 
3. Los distribuidores y otros profesionales de la ca­
dena de producción y de comercialización que no sean 
suministradores están obligados a actuar con diligencia 
para contribuir al cumplimiento de la obligación general 
de seguridad. En particular, dentro de los límites de sus 
actividades respectivas, deberán participar en el segui­
miento de la seguridad de los productos en el mercado, 
en particular, mediante la transmisión de información so­
bre los riesgos que presenten los productos y la colabora­
ción en las actuaciones emprendidas para evitar dichos 
riesgos. 
Artículo 4 
1. Se presumirá que los suministradores cumplen la 
obligación general de seguridad cuando el producto se 
ajuste a: 
— la legislación comunitaria específica relativa a los re­
quisitos sobre salud y seguridad que debe cumplir el 
producto para poder comercializarse; 
— cuando no exista legislación comunitaria aplicable, la 
legislación nacional específica del Estado miembro en 
cuyo territorio esté en circulación el producto, que 
determine, dentro del respeto a lo dispuesto en el 
Tratado y, en particular, en los artículos 30 y 36, los 
requisitos sobre salud y seguridad que debe cumplir 
el producto para poder comercializarse. 
2. Para la evaluación de la conformidad de un pro­
ducto con la legislación mencionada en el apartado 1 se 
tendrán en cuenta, de manera complementaria, las nor­
mas nacionales no obligatorias que recojan una norma 
europea, o, si existen, las especificaciones técnicas comu­
nitarias, o, a falta de éstas, las normas correspondientes 
en materia de salud y seguridad existentes en el Estado 
miembro en el que el producto esté en circulación. 
3. A falta de normas específicas, el cumplimiento del 
requisito general de seguridad de un producto o una ca­
tegoría de productos se evaluará en función de la evolu­
ción técnica y de los conocimientos científicos y tecnoló­
gicos, teniendo en cuenta su viabilidad práctica y los có­
digos de prácticas correctas en materia de salud y seguri-
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dad del sector correspondiente, asi como la seguridad 
que los usuarios o consumidores pueden razonablemente 
esperar. 
4. La conformidad de un producto con las normas 
mencionadas en los apartados 1 y 2 no impedirá que las 
autoridades competentes de los Estados miembros pue­
dan adoptar las medidas oportunas para restringir la co­
mercialización de un producto o solicitar su retirada del 
mercado si, a pesar de dicha conformidad, resultare peli­
groso para la salud y la seguridad de los usuarios o con­
sumidores. 
TÍTULO III 
Obligaciones y atribuciones de los Estados miembros 
Artículo 5 
Los Estados miembros adoptarán las medidas reglamen­
tarias y administrativas necesarias para que los suminis­
tradores cumplan las obligaciones que les corresponden 
en virtud de la presente Directiva, y para prohibir la co­
mercialización y hacer posible la retirada o recogida de 
los productos peligrosos. 
En particular, los Estados miembros deberán: 
a) crear y/o designar los organismos encargados de con­
trolar que los productos satisfacen la obligación de 
comercializar solamente productos seguros; 
b) garantizar, al mismo tiempo, la competencia técnica e 
imparcialidad de dichos organismos basándose, en su 
caso, en las normas europeas armonizadas correspon­
dientes; 
c) poner en conocimiento de la Comisión cuáles son es­
tos organismos; la Comisión comunicará esta infor­
mación a los demás Estados miembros; 
d) comunicar al público cuáles son estos organismos; 
e) encargarse de que dichos organismos recojan y anali­
cen sistemáticamente información sobre la existencia 
o posible existencia de riesgos en productos determi­
nados, así como datos relacionados con accidentes y 
perjuicios imputables a dichos productos; 
f) velar por que los organismos mencionados atiendan 
debidamente las reclamaciones motivadas sobre las 
características de seguridad de un producto; 
g) velar por que estos organismos tengan las competen­
cias necesarias para adoptar las medidas apropiadas 
que les corresponda tomar en virtud de la presente 
Directiva; 
h) fijar, sin perjuicio de la aplicación de las pertinentes 
disposiciones de Derecho Penal común adoptadas en 
virtud de la legislación nacional, sanciones adecuadas 
en caso de incumplimiento de las obligaciones deriva­
das de la presente Directiva. Artículo 6 
1. A los fines del punto g) del artículo 5, los Estados 
miembros dispondrán de los poderes necesarios, que de­
berán ser proporcionales a la gravedad del riesgo y ejer­
cerse respetando el Tratado, en particular sus artículo 30 
y 36, para adoptar las medidas necesarias tendentes a: 
a) organizar controles de la seguridad de los productos 
a escala adecuada, incluso después de haber sido co­
mercializados como seguros, hasta la fase de uso o 
consumo final o, llegado el caso, hasta la eliminación 
del producto; 
b) exigir toda la información pertinente a las partes que 
puedan llegar a verse implicadas; 
c) pedir muestras de un producto o un grupo de produc­
tos, incautarse de productos y, si fuese necesario, en­
trar, con este fin, en los locales de los profesionales 
en cuya posesión esté el producto; 
d) velar por que se cumplan las disposiciones relativas al 
seguimiento adecuado de los productos; 
e) advertir, en la forma adecuada, de los riesgos de un 
producto, en concreto, mediante avisos públicos, di­
fundiendo advertencias entre todas las personas que 
puedan llegar a estar expuestas al riesgo de que se 
trate, y adjuntando folletos de advertencia a los pro­
ductos en cuestión para hacerlos seguros; 
f) imponer las restricciones oportunas a las condiciones 
de distribución y comercialización y, llegado el caso, 
de eliminación de un producto peligroso; 
g) exigir que un producto o una serie de productos se 
modifiquen de tal manera que pasen a ser seguros; 
h) prohibir temporal o definitivamente la fabricación o 
comercialización de un producto; 
i) organizar la retirada o recogida de un producto peli­
groso ya comercializado y, si fuera necesario, su des­
trucción en condiciones adecuadas, 
j) si hubiera indicios contundentes y convergentes de 
que un producto es peligroso y se presenta un riesgo 
de naturaleza grave e inmediata 
— embargar el producto de que se trate en cualquier 
fase de su proceso de fabricación o de su cadena 
de distribución durante el período necesario no 
superior a tres meses, para efectuar los análisis ne­
cesarios para comprobarlo; 
— adoptar una decisión que prohiba a sus destinata­
rios suministrar, ofrecer o exponer el producto de 
que se trate, a lo largo de un período que deberá 
concluir, como máximo, tres meses después de la 
decisión, y que ésta deberá precisar. 
N°C 156/12 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 17. 6. 90 
2. Las medidas que deberán adoptar los organismos 
competentes de los Estados miembros en virtud del pre­
sente artículo se dirigirán, según el caso: 
a) al suministrador; 
b) dentro de los límites de sus respectivas actividades, a 
los distribuidores y/o a los demás profesionales de la 
cadena de producción y de comercialización que no 
estén incluidos en la definición que del suministrador 
se da en el punto d) del artículo 2, sobre todo al res­
ponsable de su primera distribución en el mercado na­
cional; 
c) si fuera necesario, a los usuarios y/o consumidores 
finales, o a cualquier otra persona en posesión del 
producto, especialmente con vistas a la colaboración 
en las medidas emprendidas para evitar los riesgos 
que produzca un producto. 
TÍTULO IV 
Notificaciones e intercambio de información 
Artículo 7 
1. Cuando un Estado haya adoptado medidas, en vir­
tud de los puntos e) a j) del artículo 6, que restrinjan la 
comercialización de un producto o que requieran su reti­
rada del mercado, informará inmediatamente a la Comi­
sión sobre dicha medida, indicando las razones para su 
adopción, siempre que no exija dicha notificación una le­
gislación comunitaria específica. Esta obligación no se 
aplicará si las medidas se refieren a un incidente de 
efecto local y, en cualquier caso, limitado al territorio 
del Estado miembro en cuestión. 
La Comisión mantendrá consultas con las partes implica­
das lo antes posible. Si la Comisión comprobara, tras es­
tas consultas, que la medida está justificada, informará 
de ello inmediatamente al Estado miembro que haya to­
mado la iniciativa, así como a los demás Estados miem­
bros. Si, tras estas consultas, la Comisión comprobara 
que la medida no está justificada, informará de ello in­
mediatamente al Estado miembro que haya tomado la 
iniciativa, así como al fabricante o a su representante es­
tablecido en la Comunidad. 
2. Si un Estado miembro dispusiera de información 
acerca de la existencia o probable existencia de un riesgo 
grave e inmediato cuyos efectos se extendieran o pudie­
ran extenderse más allá de su territorio, tendrá la obliga­
ción de advertirlo inmediatamente a la Comisión, especi­
ficando qué medidas ha tomado o tiene la intención de 
tomar, siempre que ello no sea objeto de procedimientos 
de naturaleza equivalente en virtud de otros instrumentos 
comunitarios. La Comisión enviará esta información a 
los demás Estados miembros, y éstos informarán a la Co­
misión del curso dado al asunto. 
La Comisión adoptará procedimientos pormenorizados 
específicos para el intercambio rápido de estas informa­
ciones entre los Estados miembros y la Comisión si­
guiendo el procedimiento establecido en los apartados 1 
y 5 del artículo 11. TÍTULO V 
Intervenciones a nivel comunitario 
Artículo 8 
Si la Comisión, mediante información o notificación su­
ministrada por los Estados miembros, en particular, en 
virtud del artículo 7, tuviera conocimiento de la posible 
existencia de un riesgo grave e inmediato relacionado, 
directa o indirectamente, con las características de segu­
ridad de un producto, y si este riesgo: 
a) afecta o es probable que afecte gravemente, de forma 
directa o indirecta, a la salud y la seguridad de un 
número indeterminado de personas en más de un Es­
tado miembro, y 
b) es un riesgo al que no pueda hacerse frente adecuada­
mente, teniendo en cuenta especialmente la urgencia 
y/o la complejidad del problema de seguridad de un 
producto, en el marco de los procedimientos previstos 
en la legislación comunitaria específica aplicable al 
producto o categoría de productos, y 
c) es un riesgo al que sólo pueda hacerse frente de ma­
nera apropiada adoptando medidas adecuadas aplica­
bles en toda la Comunidad, a fin de garantizar la 
protección de las personas y el buen funcionamiento 
del mercado común, 
— o bien iniciará el procedimiento de consulta e investi­
gación dispuesto en el artículo 9, 
— o bien, si uno o varios Estados miembros hubieran 
decidido adoptar una de las medidas contempladas 
en los puntos e) a j) del artículo 6, 
solicitará a los Estados miembros que tomen medidas 
adecuadas de carácter temporal para evitar el riesgo, de 
conformidad con el procedimiento descrito en el artículo 
11. 
Artículo 9 
1. Dentro de los límites que dicten las circunstancias y 
la urgencia del problema de seguridad del producto de 
que se trate, la Comisión podrá decidir iniciar un proce­
dimiento de consulta y de investigación entre los Estados 
miembros, con el fin de obtener más información acerca 
de la naturaleza y extensión del riesgo, de sus causas y 
de los posibles medios de prevención para poder exami­
nar con profundidad la necesidad de adoptar medidas 
adecuadas que fueran aplicables directamente en toda la 
Comunidad. 
2. Cuando la Comisión decida abrir este procedi­
miento, informará de ello inmediatamente a los Estados 
miembros, exponiéndoles brevemente los elementos que 
obren en su poder. 
27. 6. 90 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 156/13 
3. A solicitud de la Comisión, los Estados miembros 
adoptarán las medidas adecuadas, especialmente las men­
cionadas en los puntos a) a c) del artículo 6, con vistas a 
obtener las informaciones pertinentes. 
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las 
conclusiones y los resultados de esas medidas. 
(4) La Comisión comunicará a los Estados miembros 
los resultados de la investigación. 
Artículo 10 
La Comisión estará asistida por un Comité de urgencia 
en materia de seguridad de los productos, en los sucesivo 
denominado el «Comité», compuesto por representantes 
de los Estados miembros y presidido por el representante 
de la Comisión. 
Artículo 11 
1. El representante de la Comisión someterá al Co­
mité un proyecto de las medidas que deban tomarse. El 
Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un 
plazo que el Presidente fijará en función de la urgencia 
del asunto, plazo que siempre deberá ser inferior a un 
mes. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en 
el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para la adop­
ción de aquellas decisiones que el Consejo debe tomar a 
propuesta de la Comisión. En el momento de la votación 
en el seno del Comité, los votos de los representantes de 
los Estados miembros se ponderarán en la forma prevista 
en el citado artículo. El presidente no tomará parte en la 
votación. 
La Comisión adoptará medidas, que serán de inmediata 
aplicación. No obstante, si tales medidas no se ajustan al 
dictamen emitido por el Comité, la Comisión comuni­
cará inmediatamente dichas medidas al Consejo. En este 
caso, la Comisión podrá aplazar la aplicación de las me­
didas que haya decidido durante un período de cinco 
días hábiles a partir de la fecha de dicha comunicación. 
El Consejo podrá tomar una decisión diferente, por 
mayoría cualificada, dentro del plazo previsto en el pá­
rrafo anterior. 
2. Toda medida adoptada en virtud de apartado 1 del 
presente artículo será válida durante un período máximo 
de seis meses. Podrá prorrogarse con arreglo al mismo 
procedimiento. 
3. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas 
necesarias para aplicar, en un plazo de 10 días, las deci­
siones adoptadas en virtud de este procedimiento. 
4. Las autoridades competentes de los Estados miem­
bros encargadas de aplicar las medidas adoptadas en vir­
tud de este procedimiento ofrecerán a las partes interesa­
das la oportunidad de exponer su punto de vista en el 
plazo de un mes e informarán de ello a la Comisión. 5. El período exigido para la adopción de los procedi­
mientos pormenorizados para el sistema de intercambio 
rápido de informaciones a que se refiere el apartado 2 
del artículo 7 será de un mes. 
TÍTULO VI 
Disposiciones finales 
Artículo 12 
Los Estados miembros adoptarán todas la medidas nece­
sarias para que cualquier información sobre las caracte­
rísticas de seguridad de un producto amparada por el se­
creto profesional, que haya sido revelada a las autorida­
des competentes, tenga carácter confidencial con excep­
ción de la información que, según exijan las circunstan­
cias, deba hacerse pública para proteger adecuadamente 
la salud y la seguridad de las personas. 
Artículo 13 
La presente Directiva no prejuzga la aplicación de la Di­
rectiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, 
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 
en materia de responsabilidad por los daños causados 
por productos defectuosos ('). 
Artículo 14 
1. Toda decisión adoptada en virtud de la presente 
Directiva y que restrinja la comercialización de un pro­
ducto o requiera su retirada del mercado deberá indicar 
las razones precisas en que se basa. Se notificará, con la 
mayor brevedad posible, a la parte interesada, a quien se 
informará simultáneamente de los recursos de que dis­
pone con arreglo a la legislación vigente en el Estado 
miembro de que se trate y de los plazos aplicables a di­
chos recursos. 
Siempre que ello sea factible, se ofrecerá a las partes in­
teresadas la posibilidad de exponer sus puntos de vista 
antes de que se adopte la medida. Si, debido a la urgen­
cia del asunto, ello no fuera posible, se ofrecerá esta 
oportunidad en el momento oportuno tras la aplicación 
de la medida. 
Cualquier decisión adoptada en virtud de la presente Di­
rectiva que restrinja la comercialización de un producto 
o que obligue a retirarlo del mercado no prejuzga en 
modo alguno la apreciación de la responsabilidad de la 
parte a la que vaya dirigida en virtud de las disposiciones 
del Derecho Penal nacional aplicables al caso. 
Las medidas que requieran la retirada de un producto 
incluirán disposiciones destinadas a incitar a aquellos que 
lo tengan en su poder, especialmente, a los distribuidores 
y usuarios o consumidores finales, a que contribuyan a 
su retirada. Si fuera necesario, estas medidas dispondrán 
la sustitución del producto o a su reembolso. 
(') DO n° L 210 de 7. 8. 1985, p. 29. 
N° C 156/14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 17. 6. 90 
2. Los Estados miembros dispondrán en su legislación 
que ninguna persona, física o jurídica, que ponga en 
duda públicamente las características de seguridad de un 
producto o categoría de productos con el único propó­
sito de conseguir una mayor sensibilización de la opinión 
pública con respecto a los problemas de salud y seguri­
dad sea responsable de las consecuencias económicas de 
tal debate público, siempre que esas afirmaciones se pre­
senten como verídicas, precisas y sin intención engañosa. 
3. Los Estados miembros establecerán los mecanismos 
legales y administrativos necesarios para que los suminis­
tradores de productos, cuya seguridad sea puesta en 
duda de forma diferente a la descrita en el apartado 2, 
puedan pedir la reparación por los medios apropiados. 
4. Los Estados miembros velarán por que pueda recu-
rrirse ante los tribunales contra cualquier medida que li­
mite la comercialización de un producto o que obligue a 
retirarlo del mercado. Artículo 15 
La Comisión presentará cada dos años un informe sobre 
la aplicación de la presente Directiva al Parlamento y al 
Consejo. 
Artículo 16 
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas necesarias, in­
cluidas las sanciones adecuadas, para cumplir la presente 
Directiva, a más tardar, el 1 de enero de 1991. Informa­
rán de ello inmediatamente a la Comisión. 
2. Las disposiciones adoptadas en virtud del apartado 
1 se referirán explícitamente a la presente Directiva. 
Artículo 17 
Queda derogada la Decisión .../.. ./CEE del Consejo, 
de ... de ... de ..., relativa a un sistema comunitario de 
intercambio rápido de informaciones sobre los peligros 
derivados de la utilización de productos de consumo. 
Artículo 18 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Esta­
dos miembros.