ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1.

Recuerda a la Agencia que debe respetar las disposiciones establecidas en los artículos 109 y 110 del Reglamento (UE) n. o 1271/2013 y que debe cumplir las obligaciones que le corresponden en el procedimiento de aprobación de la gestión, en particular respondiendo al cuestionario enviado por los diputados al Parlamento Europeo y a las preguntas formuladas durante el procedimiento de aprobación de la gestión 2015, el denominado «ejercicio de seguimiento»; considera que en 2016 la Agencia no cumplió sus obligaciones, al no enviar a tiempo sus respuestas, infringiendo de este modo las normas e incumpliendo sus obligaciones; opina que este retraso podría considerarse un motivo de carácter formal para aplazar la decisión de aprobación de la gestión; opina que tal retraso no debe repetirse;
24.

Se remite con preocupación al Informe del Tribunal, según el cual en 2014 la Comisión firmó, en nombre de más de cincuenta instituciones y órganos de la Unión (la Agencia incluida), un contrato marco con una empresa para la compra de software y licencias y para la provisión de servicios de mantenimiento y de consultoría informáticos; toma nota de que la empresa contratista funciona como intermediaria entre la Agencia y los proveedores y, por estos servicios, tiene derecho a incrementos del dos al nueve por ciento sobre los precios de los proveedores; toma nota, además, de que el contrato marco estipula explícitamente que no confiere ningún derecho exclusivo al contratista; observa que, en 2016, la Agencia recurrió a este contrato para adquirir licencias de software por un importe total de 442 754 EUR; señala que la mayoría de estas adquisiciones fueron de productos pertenecientes a una categoría específica que debía usarse de forma excepcional únicamente y cuyos precios no se establecían en la licitación ni en el propio contrato; toma nota de que, de acuerdo con el Informe del Tribunal, este procedimiento no garantiza una competencia suficiente ni la aplicación de la solución más económica; toma nota, además, de que no se comprobaron adecuadamente los incrementos cobrados por el contratista; constata que el mayor pedido consistió en la renovación de las licencias de software proporcionadas por un revendedor escandinavo exclusivo (112 248 EUR); manifiesta su preocupación ante este uso no justificado del contrato marco, que conllevó un aumento de costes innecesario; toma nota de la respuesta de la Agencia al comentario del Tribunal;
6.

Celebra el papel que desempeña el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) en la reducción del déficit inversor en la Unión y entre los territorios de la Unión y en la ayuda a la aplicación de inversiones estratégicas que aportan un nivel elevado de valor añadido a la economía, el medio ambiente y la sociedad; apoya, por tanto, su prórroga hasta el año 2020; destaca la rápida asimilación de fondos en la ventanilla pymes del FEIE y acoge con satisfacción la intención de ampliarla; Lamenta, no obstante, la ausencia de un enfoque holístico para la financiación de las pymes que propiciase una visión general clara del total de fondos disponibles; destaca su posición en las actuales negociaciones legislativas en el sentido de que no deben efectuarse nuevos recortes en los programas existentes de la Unión para financiar dicha prórroga; considera que el FEIE, cuyo fondo de garantía está financiado principalmente por el presupuesto de la Unión no debería apoyar entidades establecidas o constituidas en jurisdicciones incluidas en las listas de la Unión sobre jurisdicciones no colaboradoras o que no cumplan las normas fiscales de la Unión o internacionales sobre transparencia e intercambio de información;
—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (1), y en particular su artículo 41,
12.

Constata que, según la información facilitada por la Autoridad, esta realizó veintiséis campañas de contratación en 2015, cubriendo el 95,6 % de los puestos de su organigrama al final del ejercicio, es decir, por debajo de su objetivo del 100 %; observa que este objetivo no se cumplió principalmente por factores como un elevado índice de renovación, campañas de selección de personal no coronadas por el éxito y la no aceptación de las ofertas contractuales por algunos de los candidatos seleccionados;
6.

Observa que las prórrogas a menudo pueden justificarse parcial o totalmente por el carácter plurianual de los programas operativos de las agencias, no implican necesariamente debilidades en la planificación y en la ejecución del presupuesto y no siempre son contradictorias con el principio de anualidad del presupuesto, en particular si la Agencia las planifica con anticipación y lo comunica al Tribunal;
—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (1), y, en particular, su artículo 41,
17.

Toma nota de que, pese a la movilización de importantes recursos presupuestarios distribuidos a lo largo de 2015 y 2016 para hacer frente a la crisis migratoria y de los refugiados, todavía no se ha hallado una solución ni en el interior de la Unión ni en el exterior, en los países de origen de los refugiados; subraya, no obstante, que los medios presupuestarios son insuficientes y que se necesitan considerables recursos financieros adicionales para hacer frente a esta crisis, dado que el aumento del número de refugiados y migrantes no puede considerarse un fenómeno temporal; destaca que deben buscarse soluciones a más largo plazo, no solo en el procedimiento presupuestario anual, sino también en la próxima revisión intermedia del MFP; insta a la Comisión a que presente un plan político y financiero a medio y largo plazo, para hacer frente a la crisis migratoria y su repercusión en el presupuesto 2017; señala que todas las medidas financiadas por la Unión deben considerarse una inversión para hacer frente a las dificultades relacionadas con los refugiados y la migración; destaca la necesidad de que se atajen las causas profundas del fenómeno migratorio mejorando las condiciones de vida en los países de origen de los migrantes o los primeros países en los que estos busquen refugio, en particular mediante mejores servicios educativos y médicos y un mayor apoyo a las inversiones en infraestructuras; destaca que la financiación destinada a la crisis migratoria y de los refugiados no debe socavar ni obstaculizar la aplicación de otras políticas importantes de la Unión; subraya, en este contexto, que la solidaridad es un principio subyacente del presupuesto de la Unión; expresa su preocupación por que, en el caso de la crisis de los refugiados, la solidaridad se está manifestando de modo desigual entre los Estados miembros; reitera su petición a la Comisión para que presente una propuesta sobre la forma en que el presupuesto de la Unión puede alentar a los Estados miembros a adoptar un enfoque más equilibrado en materia de solidaridad;
1.

Toma nota, en el Informe del Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «el Tribunal») sobre las cuentas anuales de la Agencia para el ejercicio 2014 (en lo sucesivo, «el Informe del Tribunal»), de que se constataron mejoras considerables en las verificaciones ex ante y ex post de los gastos reclamados por los países colaboradores en el marco de acuerdos de subvención; observa que la Agencia introdujo en junio de 2013 un sistema más completo de controles ex ante, basado en los riesgos, que incluye el requisito de presentar determinados documentos justificativos junto con la solicitud de pago final; toma nota, además, de que el sistema de controles ex ante se complementa con controles ex post llevados a cabo en los locales de los beneficiarios o en forma de exámenes documentales, y de que los pagos que no están sujetos a controles ex ante lo están a controles ex post;
6.

Toma nota de que, según el Informe del Tribunal, el nivel global de créditos comprometidos fue elevado, el 99 %; observa, no obstante, que el porcentaje de prórrogas en el título III fue elevado, situándose en el 35 %, lo que representa un incremento del 2 % en comparación con el ejercicio 2013; constata que el elevado nivel de prórrogas se debió principalmente al déficit presupuestario temporal —que no permitió la contracción de compromisos hasta bien avanzado el año— y a los proyectos de subvención a los ECI en los últimos meses de 2014, cuyos pagos no debían realizarse hasta 2015;
—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (1), y en particular su artículo 41,
—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (1), y, en particular, su artículo 36,
6.

Recuerda que la aprobación de este proyecto de presupuesto rectificativo permitirá reducir la necesidad de recursos propios adicionales para el presupuesto de la Unión en 2 433 millones EUR y, por lo tanto, junto con una reducción de las cuotas de la contribución de la RNB de los Estados miembros al presupuesto de la Unión resultante de los proyectos de presupuesto rectificativos no 3/2014, no 6/2014 y no 8/2014, compensará plenamente las necesidades adicionales de pago solicitadas en el proyecto de presupuesto rectificativo no 3/2014, tal como se establece en las conclusiones conjuntas de 8 de diciembre de 2014;
10.

Lamenta profundamente que la Comisión no haya analizado debidamente la eficacia en el uso del criterio de «excepción de crisis», teniendo en cuenta, en especial, que este tipo de casos no se evaluaron debidamente en la revisión del marco del FEAG; deplora, no obstante, que los resultados llegarán demasiado tarde para integrarlos en el debate del nuevo Reglamento del FEAG para el período 2014-2020, en especial en lo que atañe a la eficacia del uso del criterio de excepción de crisis; sigue creyendo que se trata de algo que habría que tener en cuenta en la futura evaluación del FEAG; pide a los colegisladores que examinen la reintroducción de esta medida sin demora, en especial a la vista de las situaciones de emergencia social en varios Estados miembros;
6.

Señala, asimismo, que la Empresa Común realizó en 2012 una revisión limitada de las declaraciones de gastos, que utilizó como base para llegar a la conclusión de que el porcentaje de error del programa era inferior al 2 %; toma nota de que la opinión del Tribunal de Cuentas no incluía ninguna auditoría ni garantizaba la regularidad de las declaraciones de gastos examinadas; reitera que la Empresa Común debe reforzar sin demora la calidad de sus controles ex post y ex ante; solicita que la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sea informada sobre los resultados de los próximos procedimientos de auditoria ex post;
A.

Considerando que todavía no se ha alcanzado un acuerdo sobre el nuevo marco financiero plurianual (MFP) para el período comprendido entre 2014 y 2020 y que, por lo tanto, todavía no se ha fijado el límite superior de la rúbrica 5 del presupuesto de la UE para el ejercicio 2014; que ese límite superior es, para el ejercicio 2013, de 9 181 millones EUR en precios corrientes (4), y que, tras el ajuste técnico anual (5), de no alcanzarse en tiempo oportuno un acuerdo sobre el nuevo MFP, se prorrogará al ejercicio 2014;
Artículo 4 bis Normas contra la elusión fiscal 1. A efectos del cálculo del impuesto complementario, los Estados miembros no tendrán en cuenta los arreglos o serie de arreglos que, por haberse establecido teniendo como propósito esencial la obtención de una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la presente Directiva, resulten ser engañosos una vez analizados todos los datos y circunstancias pertinentes. Un arreglo puede comprender más de una fase o parte. 2. A efectos del apartado 1, un arreglo o una serie de arreglos se considerarán engañosos cuando no se hayan establecido por razones comerciales válidas que reflejen las actividades económicas reales. 3. Los arreglos o serie de arreglos que no se tengan en cuenta de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 serán tratados, a efectos de cálculo de la base imponible, por referencia a su contenido económico. 4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 52 a fin de establecer normas más detalladas contra la elusión fiscal, en particular para tener en cuenta futuras modificaciones de las normas tipo GloBE.
ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LOS ACTOS DELEGADOS EN LA DIRECTIVA SOBRE EL AGUA POTABLE

La Comisión lamenta que los colegisladores hayan decidido limitar al anexo III sus competencias para modificar los anexos de la versión revisada de la Directiva sobre el agua potable, dado que, en su propuesta original (1), había solicitado la facultad para modificar los anexos I a IV.

La Comisión lamenta en concreto que los colegisladores no hayan alcanzado un acuerdo para facultarla a modificar el anexo II, cuestión especialmente necesaria habida cuenta de la necesidad de actualizar los requisitos de control establecidos en dicho anexo para adaptarlos a los avances científicos y técnicos.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN DE ACTOS DE EJECUCIÓN

La Comisión subraya que es contrario a la letra y al espíritu del Reglamento (UE) n.o 182/2011 (2) invocar el artículo 5, apartado 4, párrafo segundo, letra b), sin la debida justificación. El recurso a esta disposición debe responder a una necesidad concreta de apartarse de la regla principal, que dispone que la Comisión puede adoptar un proyecto de acto de ejecución cuando no se haya emitido ningún dictamen. Dado que constituye una excepción a la norma general establecida por el artículo 5, apartado 4, no puede verse simplemente como una «facultad discrecional» del legislador, sino que ha de interpretarse de manera restrictiva y, por tanto, ha de justificarse.

(1) COM(2017)0753.

(2) DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
37)

Reglamento (UE) n.o 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) n.o 924/2009 (DO L 94 de 30.3.2012, p. 22).
(6)

Dado que la finalidad de este Reglamento es únicamente facilitar y fomentar la transmisión de información entre los operadores económicos y los órganos administrativos , concretamente por medios electrónicos, no debe afectar a las disposiciones del Derecho de la Unión o nacional que determinen el contenido de la información reglamentaria y, en particular, no debe imponer requisitos reglamentarios de información adicionales. Si bien Dado que este Reglamento tiene como objetivo permitir el cumplimiento de los requisitos reglamentarios de información a través de medios electrónicos en lugar de mediante documentos en papel, debe permitir el desarrollo de plataformas europeas con el fin de intercambiar y compartir fácilmente la información. No debe afectar en modo alguno a las disposiciones pertinentes de la Unión sobre los requisitos relativos a los documentos que deben usarse para la presentación estructurada de la información en cuestión. Del mismo modo, las disposiciones de la legislación de la Unión en materia de traslados de residuos que contengan requisitos de procedimiento para los traslados tampoco deben verse afectadas por el presente Reglamento. El presente Reglamento también debe entenderse sin perjuicio de las disposiciones sobre las obligaciones de información establecidas en el Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) o en actos de ejecución o delegados en virtud del mismo. No obstante, la Comisión debe evaluar si es necesario adaptar las disposiciones relativas a los requisitos del contenido de información reglamentaria relativos al transporte de mercancías en el territorio de la Unión a fin de mejorar las capacidades de ejecución de las autoridades competentes. [Enm. 8]
(8)

La aplicación del presente Reglamento deberá basarse en una consulta, cuando proceda, con las autoridades competentes de la Unión y de los Estados miembros , como el Grupo Europeo de Reguladores de Seguridad Nuclear, y dialogando con los países socios. Dicha consulta tendrá lugar, en particular, en el curso del desarrollo de programas indicativos plurianuales y antes de su adopción. Cuando ese diálogo no permita disipar las preocupaciones de la Unión sobre la seguridad nuclear, no debe concederse la financiación exterior en virtud del presente Reglamento.
(5) Sin embargo, las normas no deben aplicarse a las entidades que sean residentes fiscales en una jurisdicción no perteneciente a la Unión con la cual el Estado miembro de la presencia digital significativa tenga un convenio de doble imposición en vigor, a menos que el Convenio incluya disposiciones sobre una presencia digital significativa que creen derechos y obligaciones similares en relación con la jurisdicción no perteneciente a la Unión como los que crea la presente Directiva. Lo que se pretende es evitar cualquier conflicto con los convenios de doble imposición con jurisdicciones no pertenecientes a la Unión, dado que dichas jurisdicciones generalmente no están sometidas al Derecho de la Unión.

(5) Sin embargo, las normas no deben aplicarse a las entidades que sean residentes fiscales en una jurisdicción no perteneciente a la Unión con la cual el Estado miembro de la presencia digital significativa tenga un convenio de doble imposición en vigor, a menos que el Convenio incluya disposiciones sobre una presencia digital significativa que creen derechos y obligaciones similares en relación con la jurisdicción no perteneciente a la Unión como los que crea la presente Directiva. Lo que se pretende es evitar cualquier conflicto con los convenios de doble imposición con jurisdicciones no pertenecientes a la Unión, dado que dichas jurisdicciones generalmente no están sometidas al Derecho de la Unión. No obstante, para que las disposiciones contenidas en la presente Directiva sean plenamente eficaces, debe instarse a los Estados miembros a que adapten, en caso necesario, sus convenios sobre doble imposición actualmente en vigor, a fin de incluir disposiciones sobre una presencia digital significativa que creen derechos y obligaciones en relación con la jurisdicción no perteneciente a la Unión similares a los creados por la presente Directiva. La Comisión podrá presentar una propuesta para la creación de un modelo de la Unión de convenio tributario modificado que se utilice para adaptar los miles de convenios bilaterales celebrados por cada Estado miembro.
C 346/236

P8_TA(2017)0363

Medidas de gestión, conservación y control aplicables en la zona del Convenio de la CICAA ***I

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 3 de octubre de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las medidas de gestión, conservación y control aplicables en la zona del Convenio de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1936/2001, (CE) n.o 1984/2003 y (CE) n.o 520/2007 del Consejo (COM(2016)0401 — C8-0224/2016 — 2016/0187(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

(2018/C 346/31)

El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0401),

— Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 43, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0224/2016),

— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

— Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 19 de octubre de 2016 (1),

— Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 14 de junio de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

— Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

— Vistos el informe de la Comisión de Pesca y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0173/2017),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Aprueba su declaración, que se adjunta a la presente Resolución;

3. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

4. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

(1) DO C 34 de 2.2.2017, p. 142.
(9) El enfoque de los límites nacionales anuales vinculantes adoptado en la Decisión n.o 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (19) debe mantenerse de 2021 a 2030, según una trayectoria que comienza con el cálculo en 2020 de la media de las emisiones de gases de efecto invernadero en el periodo comprendido entre 2016 y 2018 y concluye con el límite de 2030 para cada Estado miembro. Se ofrece un ajuste de la asignación de 2021 a los Estados miembros, con un límite positivo conforme a la Decisión n.o 406/2009/CE y un aumento de las asignaciones anuales de emisiones entre 2017 y 2020, determinado con arreglo a las Decisiones 2013/162/UE y 2013/634/UE, con objeto de reflejar la capacidad de aumento de las emisiones en esos años. El Consejo Europeo concluyó que la disponibilidad y la utilización de los instrumentos de flexibilidad existentes en los sectores no sujetos al RCDE deben mejorarse considerablemente para garantizar la rentabilidad del esfuerzo colectivo de la UE y la convergencia de las emisiones per cápita para 2030.

(9) El enfoque de los límites nacionales anuales vinculantes adoptado en la Decisión n.o 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (19) debe mantenerse de 2021 a 2030, según una trayectoria que comienza con el cálculo en 2018 de la media de las emisiones de gases de efecto invernadero en el periodo comprendido entre 2016 y 2018 o el valor de la asignación anual de emisiones para 2020, utilizándose el valor que sea inferior, y concluye con el límite de 2030 para cada Estado miembro. Para recompensar las medidas tempranas y apoyar a los Estados miembros con menor capacidad de inversión, los Estados miembros con un PIB per cápita inferior a la media de la Unión que en el periodo de 2013 a 2020 tengan unas emisiones inferiores a sus asignaciones anuales de emisiones para dicho periodo establecidas en virtud de la Decisión 406/2009/CE, podrán, con arreglo a determinadas condiciones, solicitar asignaciones adicionales procedentes de una reserva. Se ofrece un ajuste adicional de la asignación de 2021 a los Estados miembros, con un límite positivo conforme a la Decisión n.o 406/2009/CE y un aumento de las asignaciones anuales de emisiones entre 2017 y 2020, determinado con arreglo a las Decisiones 2013/162/UE y 2013/634/UE, con objeto de reflejar la capacidad de aumento de las emisiones en esos años. El Consejo Europeo concluyó que la disponibilidad y la utilización de los instrumentos de flexibilidad existentes en los sectores no sujetos al RCDE deben mejorarse considerablemente para garantizar la rentabilidad del esfuerzo colectivo de la UE y la convergencia de las emisiones per cápita para 2030.