Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los contaminantes orgánicos persistentes y que modifica las Directivas 79/117/CE y 96/59/CE

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Contexto

Los contaminantes orgánicos persistentes son sustancias químicas que permanecen en el medio ambiente, se bioacumulan a través de la cadena trófica y presentan el riesgo de provocar efectos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente. Esos contaminantes cruzan las fronteras internacionales lejos de su lugar de origen, y llegan incluso a regiones en las que nunca se utilizan o producen. Los ecosistemas árticos y sus pueblos indígenas están particularmente amenazados por la propagación a larga distancia en el medio ambiente de esas sustancias y su biomagnificación. Los contaminantes orgánicos persistentes, por tanto, suponen una amenaza para el medio ambiente y la salud humana en todo el planeta. La comunidad internacional ha insistido en la necesidad de adoptar medidas para reducir y suprimir su producción, utilización y liberación.

La Comunidad Europea y sus Estados miembros firmaron en junio de 1998 el Protocolo sobre contaminantes orgánicos persistentes del Convenio regional sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia (CLRTAP) de la CEPE de las Naciones Unidas y, en mayo de 2001, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, de alcance mundial. La mayoría de los países candidatos y de los de próxima adhesión han firmado también el Protocolo y el Convenio. Ahora es preciso establecer a escala comunitaria la legislación adecuada para aplicar esos acuerdos internacionales. Tales propuestas deben presentarse con carácter de urgencia por las razones siguientes:

- El Convenio de Estocolmo entrará en vigor el nonagésimo día contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación. En enero de 2003 lo habían ratificado ya 26 países.

- El Protocolo de la CEPE sobre contaminantes orgánicos persistentes entrará en vigor el nonagésimo día desde la fecha en que se haya depositado el decimosexto instrumento de ratificación. En enero de 2003, lo habían ratificado 14 Partes en el CLRTAP.

- El compromiso de ratificar sin demora el Convenio de Estocolmo se reafirmó, entre otras cosas, en el VI Programa de Medio Ambiente (Decisión nº 1600/2002/CE [1]) y, más recientemente, en la declaración política de la Cumbre Mundial de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible.

[1] DO L 242 de 10.9.2002, p. 1.

La presente propuesta de Reglamento tiene por objeto llevar a efecto las principales disposiciones del Convenio y del Protocolo que no están cubiertas suficientemente por la legislación comunitaria. Junto con la presente, se presentan otras propuestas de decisión del Consejo en relación con la celebración a nivel comunitario de esos dos acuerdos internacionales.

2. El Protocolo de la CEPE

El Órgano Ejecutivo del CLRTAP adoptó el Protocolo sobre contaminantes orgánicos persistentes el 24 de junio de 1998 en Aarhus (Dinamarca). Ese Protocolo incluye una lista de 16 sustancias: once plaguicidas, dos productos químicos industriales y tres subproductos accidentales. En última instancia, el objetivo consiste en suprimir todo vertido, emisión y fuga de contaminantes orgánicos persistentes. El Protocolo prohibe totalmente la producción y el uso de algunos productos: aldrina, clordano, clordecona, dieldrina, endrina, hexabromobifenilo, mirex y toxafeno. La eliminación de otras sustancias está prevista para una fase posterior: DDT, heptacloro, hexaclorobenceno y policlorobifenilos (PCB). Por último, restringe en gran medida el uso de DDT, HCH (lindano incluido) y PCB. El Protocolo prevé una serie de medidas sobre el tratamiento de los residuos de los productos que van a quedar prohibidos. Además, obliga a las Partes a reducir sus emisiones de dioxinas, furanos, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y hexaclorobenceno (HCB) por debajo de los niveles registrados en 1990 (o en otro año entre 1985 y 1995). Fija valores límite específicos respecto a la incineración de residuos municipales, peligrosos y médicos.

El Protocolo sobre contaminantes orgánicos persistentes de la CEPE lo firmaron 36 de las 48 Partes en el CLRTAP, incluidos todos los Estados miembros actuales y todos los países candidatos, excepto tres: Estonia, Malta y Turquía. En marzo de 2003, lo habían ratificado 14 Partes, incluidos 7 Estados miembros y 2 países candidatos. Para que pueda entrar en vigor se necesitan 16 ratificaciones.

3. El Convenio de Estocolmo

El Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes lo adoptaron con carácter oficial 127 Gobiernos y lo firmaron 91 países y la Comunidad Europea los días 22 y 23 de mayo de 2001 en Estocolmo, tras tres años de negociaciones mantenidas en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Gracias a esas negociaciones pudo establecerse un régimen internacional sólido para favorecer una acción mundial respecto a un primer grupo de doce contaminantes orgánicos persistentes, que figuran también en el Protocolo de la CEPE. El objetivo general del Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente de los contaminantes orgánicos persistentes. Se hace una referencia específica al criterio de precaución a que se refiere el Principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Más importante aún: ese principio se pone en práctica en el artículo 8, que establece las normas para la inclusión en el Convenio de otros productos químicos. La producción y el uso de las nueve sustancias químicas producidas de forma deliberada y que ya figuran en el Anexo A del Convenio (aldrina, clordano, dieldrina, endrina, hexaclorobenceno, heptacloro, mirex, toxafeno y PCB) están prohibidos, salvo cuando existen exenciones genéricas o específicas. Por otro lado, se restringe mucho la producción y el uso de DDT, un plaguicida que aún se sigue utilizando en varios países en desarrollo para combatir la malaria y otros vectores de enfermedades, como se establece en el Anexo B del Convenio.

Las exenciones genéricas se refieren a las cantidades de un producto químico destinado a ser utilizado para investigaciones a escala de laboratorio o como patrón de referencia, así como a las cantidades de un producto químico presentes como contaminantes en trazas no intencionales en productos y artículos. Los artículos en uso que contienen contaminantes orgánicos persistentes disfrutan también de una exención a condición de que las Partes presenten a la Secretaría del Convenio información sobre sus usos y un plan nacional para gestionar los residuos de tales artículos.

El Convenio restringe enormemente la importación y exportación de los diez contaminantes orgánicos persistentes producidos intencionalmente. Cuando expiren todas las exenciones específicas de que disfrutan algunas sustancias, sólo se autorizará la exportación e importación con vistas a una eliminación respetuosa del medio ambiente en condiciones restringidas.

El Convenio prevé que las Partes que dispongan de sistemas de reglamentación y evaluación deben revisar los productos químicos existentes para determinar si poseen las características de contaminantes orgánicos persistentes, así como adoptar medidas para reglamentar, con el fin de prevenirlos, el desarrollo, la producción y la comercialización de nuevas sustancias que posean tales características.

Se prevén medidas para reducir al mínimo, de forma constante, las liberaciones derivadas de la producción no intencional de los subproductos incluidos en el Anexo C (dioxinas, furanos, PCB y HCB) con objeto de, en los casos en que sea viable, eliminarlas definitivamente. Los principales instrumentos para conseguirlo son los planes nacionales de acción, que deberán incluir inventarios de fuentes y estimaciones de las liberaciones, así como planes para reducirlas. La disposición más estricta en relación con el control de subproductos obliga a las Partes a promover y, de conformidad con sus planes de acción, requerir el empleo de las mejores técnicas disponibles con respecto a las nuevas fuentes dentro de las categorías de fuentes principales.

El Convenio prevé asimismo que deben determinarse las existencias que contengan o consistan en contaminantes orgánicos persistentes, y que estas deben gestionarse de manera segura. Los residuos que contengan contaminantes orgánicos persistentes, consistan en tales contaminantes o estén contaminados por ellos deben eliminarse de un modo tal que el contenido del contaminante se destruya o se transforme en forma irreversible de manera que no presenten las características de contaminante orgánico persistente. Cuando esto no represente la opción preferible desde el punto de vista del medio ambiente o si el contenido en contaminante orgánico persistente es bajo, los residuos deberán eliminarse de otro modo que sea ambientalmente racional. Las operaciones de eliminación que puedan dar lugar a la recuperación o reutilización de esos contaminantes están explícitamente prohibidas. Por lo que se refiere al transporte de residuos, deben tenerse en cuenta las reglas, normas y directrices internacionales, como el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.

Además de las medidas de control, el Convenio incluye una serie de obligaciones generales. Cada Parte está obligada a elaborar y ejecutar un plan de acción nacional, a facilitar o llevar a cabo el intercambio de información y a promover y facilitar la sensibilización de la población y el acceso público a información sobre contaminantes orgánicos persistentes. Asimismo, las Partes deben alentar o efectuar las actividades de investigación, desarrollo, vigilancia y cooperación adecuadas respecto de esos contaminantes y, cuando proceda, respecto de sus alternativas y de los contaminantes orgánicos persistentes potenciales. Deben también comunicar con periodicidad a la Conferencia de las Partes las medidas adoptadas para aplicar las disposiciones del Convenio.

Se reconocen las necesidades especiales de países en desarrollo y países con economías en transición y, por tanto, entre las obligaciones generales se incluyen disposiciones específicas sobre asistencia técnica y recursos y mecanismos financieros.

En total, han firmado el Convenio de Estocolmo 150 países y la Comunidad en el plazo establecido para los signatarios. En marzo de 2003, lo habían ratificado 30 países. Entrará en vigor tras la quincuagésima ratificación. Lo han firmado todos los Estados miembros de la Unión Europea y todos los países candidatos, salvo dos (Chipre y Estonia); por el momento lo han ratificado seis Estados miembros y dos países candidatos.

4. Normativa comunitaria vigente

La legislación comunitaria en vigor limita la comercialización y el uso de la mayoría de las sustancias producidas intencionalmente que están reguladas por el Convenio y el Protocolo. No existe, sin embargo, ninguna reglamentación comunitaria sobre mirex, clordecona ni hexabromobifenilo. Las restricciones actuales están establecidas, principalmente, en el marco de la Directiva 79/117/CE del Consejo [2] relativa a la prohibición de salida al mercado y de utilización de productos fitosanitarios que contengan determinadas sustancias activas. Las limitaciones de uso de PCB figuran en la Directiva 76/769/CEE del Consejo [3] relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos.

[2] DO L 33 de 8.2.1979, p. 36. Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia.

[3] DO L 262 de 27.9.1976, p. 201. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/11/CE de la Comisión (DO L 42 de 15.2.2003, p. 45).

La principal laguna de la legislación comunitaria vigente es el hecho de que no hay ninguna norma que prohiba la producción de ninguna de las sustancias químicas que figuran en las listas de los acuerdos internacionales ni existe ningún marco para prohibir la producción de los contaminantes orgánicos persistentes nuevos que se añadan en el futuro a esos acuerdos. Otra deficiencia importante es que la mayoría de las prohibiciones impuestas por la legislación comunitaria respecto a la comercialización y el uso de contaminantes orgánicos persistentes específicos no son completas, puesto que la Directiva 79/117/CE se refiere sólo al uso de sustancias como productos fitosanitarios y no, por ejemplo, como biocidas o para usos industriales. Además, la comercialización y el uso de sustancias químicas presentes como constituyentes de artículos no están prohibidos en todos los casos, y las exenciones previstas en esas dos Directivas tienen un alcance más amplio que el de las establecidas en el Convenio.

La mayoría de los contaminantes orgánicos persistentes regulados por esos acuerdos internacionales figuran ya en el Reglamento (CEE) nº 2455/92 del Consejo relativo a la exportación e importación de determinados productos químicos peligrosos [4] y, por consiguiente, esas actividades están sujetas al procedimiento de consentimiento fundamentado previo. Recientemente, ese Reglamento ha sido sustituido por el Reglamento (CE) nº 304/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo [5], que se refiere al cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Convenio de Rotterdam respecto a la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo (PIC) a una serie de plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. El Reglamento (CE) n° 304/2003, además, prohibe la exportación de los 10 contaminantes orgánicos persistentes incluidos actualmente en la lista del Convenio de Estocolmo según las disposiciones previstas en este último.

[4] DO L 251 de 29.8.1992, p. 13. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 2247/98 de la Comisión (DO L 282 de 20.10.1998, p. 12).

[5] DO L 63 de 6.3.2003, p. 1.

La obligación de impedir la comercialización y el uso de nuevas sustancias químicas de características similares a los contaminantes orgánicos persistentes puede aplicarse ya en los sistemas de evaluación previstos respecto a las sustancias nuevas (en el marco de la Directiva 67/548/CEE del Consejo [6]), los productos fitosanitarios (Directiva 91/414/CEE del Consejo [7]) y los biocidas (Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [8]). La producción de nuevas sustancias con las características de contaminantes orgánicos persistentes, sin embargo, no puede impedirse con arreglo a ninguna de esas Directivas. Ese aspecto debe regularse mediante el futuro sistema REACH propuesto en el Libro Blanco sobre la estrategia para la futura política en materia de sustancias y preparados químicos (Comunicación de la Comisión COM(2001) 88 final).

[6] DO P 196 de 16.8.1967, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/59/CE de la Comisión (DO L 225 de 21.8.2001, p. 1).

[7] DO L 242 de 19.8.1991, p.1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/5/CE de la Comisión (DO L 8 de 14.1.2003, p. 7).

[8] DO L 123 de 24.4.1998, p. 1.

Por lo que se refiere a la producción no deliberada de contaminantes orgánicos persistentes, la legislación comunitaria ofrece varios instrumentos que tendrán repercusiones sobre la reducción de las liberaciones de esas sustancias. Las principales medidas de control de emisiones figuran en la Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (Directiva IPPC [9]), que cubre las principales fuentes fijas (fuentes industriales, industria energética y gestión de residuos) que emiten contaminantes orgánicos persistentes en forma de subproductos. El Inventario Europeo de Emisiones Contaminantes (EPER), un registro a escala comunitaria de las principales emisiones y fuentes, se creó en virtud de la Decisión 2000/479/CE de la Comisión [10] y recoge ya todos los contaminantes orgánicos persistentes producidos de forma accidental, excepto los PCB. La lista de los contaminantes que deben incluirse en el inventario se ampliará para cumplir otras obligaciones internacionales, y también se incorporarán los PCB.

[9] DO L 257 de 10.10.1996, p. 26.

[10] DO L 192 de 28.7.2000, p. 36.

La Directiva relativa a la incineración de residuos (Directiva 2000/76/CE [11]), que regula todas las instalaciones de incineración, se refiere a una importante fuente de contaminantes orgánicos persistentes en forma de subproductos. Además, la Directiva sobre grandes instalaciones de combustión (Directiva 2001/80/CE [12]) puede aplicarse también a las emisiones de esos contaminantes. La Directiva 2000/53/CE [13] relativa a los vehículos al final de su vida útil prevé la retirada de los elementos peligrosos de un vehículo antes de su fragmentación, así como la eliminación adecuada de los residuos de ese proceso de fragmentación. Esta disposición contribuirá a reducir las emisiones de contaminantes orgánicos persistentes procedentes de las instalaciones donde se realiza ese proceso, que se consideran fuente de tales contaminantes. La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva 2002/96/CE [14]) y la Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva 2002/95/CE [15]), recientemente adoptadas, prevén la extracción obligatoria de los componentes que contienen PCB para que puedan eliminarse sin riesgos y se restrinja el uso de algunas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Todas estas Directivas contribuirán a la reducción de emisiones al medio ambiente de contaminantes orgánicos persistentes.

[11] DO L 332 de 28.12.2000, p. 91.

[12] DO L 309 de 27.11.2001, p. 1.

[13] DO L 269 de 21.10.2000, p. 34. Directiva cuya última modificación la constituye la Decisión 2002/525/CE de la Comisión (DO L 170 de 29.6.2002, p. 81).

[14] DO L 37 de 13.2.2003, p. 24.

[15] DO L 37 de 13.2.2003, p. 19.

La Directiva 96/82/CE del Consejo [16] relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, conocida como Directiva Seveso II, es un acto jurídico comunitario que reviste gran importancia respecto a la prevención de la liberación accidental de sustancias peligrosas.

[16] DO L 10 de 14.1.1997, p. 13. Directiva cuya última modificación la constituye la Decisión 98/433/CE de la Comisión (DO L 192 de 8.7.1998, p. 19).

La Directiva 76/464/CEE del Consejo [17] relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad puede aplicarse en alguna medida al vertido al agua de contaminantes orgánicos persistentes. No obstante, sólo se han fijado valores límite de emisión respecto de los HCB (en la Directiva 88/347/CEE del Consejo [18]), pero no específicamente respecto a los demás contaminantes de este tipo. La Directiva 76/464/CEE ha quedado integrada ahora en la Directiva marco sobre el agua (Directiva 2000/60/CE [19]), cuya lista de sustancias prioritarias recoge algunos de los contaminantes orgánicos persistentes que figuran en las listas de los mencionados acuerdos internacionales.

[17] DO L 129 de 18.5.1976, p. 23. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).

[18] DO L 158 de 25.6.1988, p. 35.

[19] DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.

La conclusión general en relación con esas medidas de control de emisiones, puede decirse, en general, que la legislación comunitaria cumple los requisitos establecidos en esos acuerdos. A nivel comunitario, sin embargo, no se han fijado objetivos de reducción de emisiones como tales, y los actuales inventarios no recogen todas las fuentes de contaminantes orgánicos persistentes. La legislación comunitaria vigente relativa a los HAP es muy limitada, pero la Comisión está preparando una propuesta de directiva de desarrollo de la Directiva marco 96/62/CE sobre la calidad del aire ambiente, que establecerá un objetivo de calidad del aire respecto al benzo(a)pireno como marcador de esos hidrocarburos.

En 2001, la Comisión adoptó una comunicación relativa a una estrategia comunitaria sobre las dioxinas, los furanos y los policlorobifenilos (COM(2001) 593 final). Esa estrategia tiene por objeto evaluar la situación actual del medio ambiente y el ecosistema, disminuir la exposición humana a las dioxinas y PCB a corto plazo, mantener la exposición humana a niveles seguros a medio y largo plazo, y disminuir los efectos medioambientales de las dioxinas y los PCB. No propone ningún cambio legislativo, pero sí toda una serie de medidas tales como el cumplimiento correcto de la legislación comunitaria vigente (en particular la Directiva sobre eliminación de PCB y la Directiva IPPC). La estrategia en sí podría constituir un plan de acción a escala comunitaria para reducir y eliminar las emisiones de esos contaminantes orgánicos persistentes.

La gestión de las existencias, antes de que se conviertan en residuos, está regulada por la legislación vigente en materia de productos químicos y, por lo que se refiere a la seguridad de las instalaciones y al almacenamiento de cantidades más importantes, por la Directiva Seveso II. Varias de las disposiciones aplicables a la gestión de residuos que se establecen en el Protocolo de la CEPE y en el Convenio ya figuran en normas comunitarias, en particular la Directiva 75/442/CEE [20] relativa a los residuos, que constituye el marco jurídico para la política comunitaria de gestión de residuos. La Directiva 91/689/CEE [21] impone obligaciones adicionales respecto a la gestión y el control de residuos peligrosos, y la Directiva 96/59/CE del Consejo prevé disposiciones especiales en materia de eliminación de PCB. En la actualidad, sin embargo, la legislación comunitaria no impone ninguna restricción a la recuperación de residuos que contengan contaminantes orgánicos persistentes, como exige el Convenio, excepto en el caso de PCB.

[20] DO L 194 de 25.7.1975, p. 39. Directiva cuya última modificación la constituye la Decisión 96/350/CE de la Comisión (DO L 135 de 6.6.1996, p. 32).

[21] DO L 377 de 31.12.1991, p. 20. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 94/31/CE del Consejo (DO L 168 de 2.7.1994, p. 28).

El transporte transfronterizo de residuos está regulado por el Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea [22], que es el principal instrumento de incorporación del Convenio de Basilea a la legislación comunitaria. El Reglamento se aplica también a los residuos que contengan, o estén constituidos o contaminados por un contaminante orgánico persistente. En la actualidad, los traslados intracomunitarios de ese tipo de residuos están sujetos a un procedimiento basado en la notificación y el consentimiento previos por escrito. El Reglamento prohibe totalmente las exportaciones fuera de la Comunidad de residuos destinados a la eliminación y sólo autoriza las exportaciones con fines de valorización dirigidas a países de la OCDE [23]. Las importaciones en la Comunidad se autorizan si proceden de países de la AELC o de países que son Parte en el Convenio de Basilea o, si los residuos se destinan a valorización, también de otros países de la OCDE. El Reglamento está ahora sujeto a revisión. La propuesta de la Comisión prevé que los traslados de residuos que contengan, o estén constituidos o contaminados por sustancias incluidas en el Convenio de Estocolmo deben estar sujetos a las mismas disposiciones que regulan los traslados de residuos destinados a eliminación. En otras palabras, todos los traslados intracomunitarios van a seguir estando sujetos al requisito de notificación y consentimiento previos por escrito, y van a estar prohibidas todas las exportaciones fuera de la Comunidad. Las importaciones en la Comunidad sólo estarán autorizadas si proceden de países de la AELC o de Partes en el Convenio de Basilea.

[22] DO L 30 de 6.2.1993, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 2557/2001 de la Comisión (DO L 349 de 31.12.2001, p. 1).

[23] La expresión utilizada es la siguiente: 'Países a los que se aplique la Decisión de la OCDE'. Esa Decisión es la Decisión del Consejo de la OCDE, de 30 de marzo de 1992, sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos destinados a operaciones de valorización, en su versión modificada.

5. Estrategia de aplicación

La Comunidad y los Estados miembros se han comprometido firmemente a conseguir una ratificación rápida y una aplicación efectiva de los dos acuerdos internacionales sobre contaminantes orgánicos persistentes. A la vista de cómo se está desarrollando el proceso de ratificación, la Comunidad debe atenerse a un calendario estricto si pretende estar segura de ser Parte antes de la primera Conferencia de las Partes, que probablemente se celebre en 2004.

La mayoría de los países candidatos y de los de próxima adhesión han firmado también los acuerdos internacionales sobre contaminantes orgánicos persistentes. En una encuesta reciente, los 10 países que pronto van a adherirse a la Unión confirmaron su intención de aplicar esas obligaciones internacionales. La situación en relación con la aplicación práctica de las disposiciones propuestas en los países candidatos y en los de próxima adhesión se espera va a ser muy similar a la de los Estados miembros actuales pero, a falta de detalles precisos, la Comisión no pudo analizar esta cuestión de una forma exhaustiva y completa antes de adoptar la presente propuesta. En las primeras fases del proceso decisorio, pues, la Comisión va a reunir más información científica sobre la situación en esos países, por ejemplo mediante consultas con esos estados, para averiguar si en ellos el impacto va a ser mayor que en los Estados miembros actuales. Tras ese estudio, la Comisión, si procede, adoptará las medidas oportunas en el marco de los Tratados de Adhesión, incluida la posibilidad de introducir modificaciones en la propuesta adjunta.

El campo de aplicación de los acuerdos internacionales relativos a los contaminantes orgánicos persistentes es muy amplio puesto que las medidas de control se refieren a todo el ciclo de vida de esas sustancias, desde que se producen hasta que se eliminan. No todas esas medidas están cubiertas por el Derecho derivado comunitario.

Aunque la mayoría de los contaminantes orgánicos persistentes incluidos en esos acuerdos ha dejado de producirse o de utilizarse en la Comunidad, la legislación vigente sobre productos químicos no incluye ninguna disposición para evitar y detener la comercialización de los contaminantes de este tipo producidos intencionalmente. Por otra parte, la legislación comunitaria sobre residuos no incluye todas las medidas previstas en el Convenio de Estocolmo.

En paralelo a la presente propuesta, la Comisión está preparando una reforma exhaustiva de la legislación sobre productos químicos en respuesta al Libro Blanco sobre una estrategia para la futura política en materia de sustancias y preparados químicos. Esta nueva legislación va a ser el instrumento más adecuado para aplicar las medidas necesarias de control en el campo de la producción, comercialización y uso de los contaminantes orgánicos persistentes producidos de forma intencional. Habida cuenta, sin embargo, de la magnitud y complejidad de la propuesta sobre esa nueva legislación, la adopción definitiva de las nuevas normas llevará tiempo. Por esa razón, y para facilitar la ratificación rápida de los dos acuerdos internacionales, las medidas de aplicación relativas a la producción, comercialización y uso de los contaminantes orgánicos persistentes regulados en la actualidad por los dos instrumentos internacionales se han incluido en la presente propuesta como medida temporal. A medio plazo, esas medidas formarán parte posteriormente de la nueva legislación sobre productos químicos, de manera que la propuesta correspondiente incluirá una serie de medidas para transferir esas disposiciones desde el Reglamento sobre contaminantes orgánicos persistentes.

Algunas de las disposiciones de control que figuran en los dos acuerdos sobre contaminantes orgánicos persistentes son más aspiraciones que obligaciones jurídicamente vinculantes. Además, mientras que en algunos casos la competencia comunitaria es clara, en otros se trata de competencia compartida con los Estados miembros, o de competencia exclusiva de estos. Por consiguiente, no todas las disposiciones de esos acuerdos requieren la adopción de normas nuevas a escala comunitaria. En general, la Comunidad ha ejercido sus competencias en el campo de todas las medidas de control y, además, en relación, entre otras cosas, con la investigación y el seguimiento. No obstante, aunque seguirá siendo preciso armonizar completamente las medidas de control aplicables a las sustancias químicas producidas intencionalmente con objeto de evitar distorsiones en el mercado interior, las medidas adicionales de control de las emisiones de subproductos, las disposiciones relativas a la contaminación del suelo y algunas obligaciones generales del Convenio podrían aplicarse de acuerdo con el principio de subsidiariedad.

En este contexto, la mejor manera de poner en práctica las principales disposiciones de control del Convenio y del Protocolo de la CEPE en unos plazos razonables podría consistir en utilizar un instrumento jurídico horizontal único. Posteriormente, las medidas sobre producción, comercialización y uso de los contaminantes orgánicos persistentes regulados por esos acuerdos internacionales y las referentes a la prevención de la producción y utilización de sustancias que presentan las características de esos contaminantes deberán introducirse dentro de la nueva legislación sobre sustancias y preparados químicos. En el futuro, a medida que se desarrollen la legislación comunitaria y esos acuerdos, podrá resultar necesario establecer otras normas comunitarias.

La presente propuesta es un reglamento porque así podrá aplicarse directamente y con rapidez en toda la Comunidad, incluidos los nuevos Estados miembros. Un reglamento, además, permite que no haya lagunas ni incoherencias legislativas entre textos distintos a nivel comunitario y nacional, y que la aplicación práctica sea más congruente.

El objetivo principal del Reglamento es proteger la salud humana y el medio ambiente y, por tanto, su fundamento jurídico es el apartado 1 del artículo 175 del Tratado. No obstante, las prohibiciones y restricciones aplicables a la producción, comercialización y uso de contaminantes orgánicos persistentes guardan relación con el funcionamiento del mercado interior, y su fundamento jurídico, pues, lo constituye el apartado 1 del artículo 95 del Tratado.

6. Las nuevas normas propuestas

La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo tiene por objeto llevar a efecto las principales disposiciones del Convenio de Estocolmo y del Protocolo de la CEPE relativas a los contaminantes orgánicos persistentes producidos de forma intencional, y prohibir la producción, el uso y la comercialización de las sustancias incluidas en esos acuerdos internacionales. Para garantizar un nivel elevado de protección de la salud y el medio ambiente, el nuevo Reglamento propuesto no va a prever la posibilidad que brindan los acuerdos de seguir produciendo, comercializando y utilizando algunas de esas sustancias para usos limitados.

La presente propuesta de Reglamento contiene, asimismo, una serie de disposiciones aplicables a las existencias de residuos que, en alguna medida, van más allá de las recogidas en el Convenio. Dado que, en lo fundamental, la legislación necesaria para regular los subproductos regulados por esos acuerdos ya está en vigor, se propone incluir en el Reglamento únicamente las disposiciones relativas a los inventarios de emisiones y al desarrollo y aplicación de los planes nacionales de acción.

Además de las medidas de control, el Reglamento impondrá una serie de obligaciones generales basadas en el Convenio y el Protocolo.

La inclusión de nuevos contaminantes orgánicos persistentes es un aspecto fundamental del Reglamento propuesto, y, con toda probabilidad, van a añadirse relativamente pronto nuevas sustancias químicas a las listas de ambos acuerdos. Cuando se adopte una decisión en relación con la inclusión de una sustancia con arreglo a alguno de esos dos instrumentos internacionales, jurídicamente vinculantes, se modificará el Reglamento, como convenga, mediante el procedimiento de comité de reglamentación. Esa medida es suficiente porque todos los Estados miembros y el Consejo habrán abordado ya en negociaciones internacionales la inclusión de nuevas sustancias. El procedimiento, además, ofrece al Parlamento Europeo la posibilidad de responder a las propuestas de la Comisión y a las decisiones adoptadas y permite a la Comunidad decidir sobre la inclusión de una sustancia en el plazo del año en curso.

En aras de la claridad jurídica, se propone derogar las limitaciones que impone la Directiva 79/117/CEE del Consejo a la comercialización y utilización de ocho plaguicidas, que han quedado obsoletas. Además, se propone modificar ligeramente la Directiva sobre eliminación de PCB (96/59/CE). No obstante, se mantienen las restricciones vigentes respecto a los PCB.

7. Contenido del Reglamento

Artículo 1

En este artículo se describen el objeto y el campo de aplicación del Reglamento insistiendo en el tipo de medidas de control que deben adoptarse. Se hace hincapié, asimismo, en que el Reglamento está subordinado a los instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes. En el segundo apartado, además, se especifica que las medidas de control relativas a la producción, comercialización y uso previstas en los artículos 3 y 4 no se aplican a los residuos.

Artículo 2

Se ha considerado que, a los fines del Reglamento, son necesarias pocas definiciones. Las que figuran en este artículo se basan bien en el Convenio bien en la legislación comunitaria vigente, excepto la correspondiente a 'artículo'. Respecto a las definiciones de 'sustancia', 'residuos' y 'recuperación', se remite a la normativa comunitaria pertinente.

Artículo 3

El artículo 3 establece las prohibiciones y restricciones aplicables a la producción, comercialización y uso de contaminantes orgánicos persistentes producidos intencionalmente. En el primer apartado se hace una referencia al Anexo I, en el que se enumeran las diez sustancias de esas características que en la actualidad figuran en el Convenio, y dos de las tres sustancias adicionales incluidas en el Protocolo de la CEPE. No existen casos conocidos de producción o utilización de esas sustancias en los Estados miembros actuales (salvo el uso de aparatos existentes que contienen PCB), y ni la Comunidad ni los Estados miembros solicitaron exenciones específicas en el marco del Convenio. Según la información disponible, la mayoría de los países candidatos ha prohibido la importación y el uso de las sustancias reguladas por los acuerdos internacionales, que tampoco se producen. No obstante, dos países candidatos han solicitado una exención provisional respecto al uso de HCB como producto intermediario. De acuerdo con el objetivo de eliminación, se propone, de todas formas, prohibir totalmente la producción y el uso de esas sustancias, aun cuando los acuerdos internacionales permitan la producción y el uso de algunas de ellas.

En el segundo apartado se hace una referencia al Anexo II, que establece una lista de las sustancias sujetas a restricciones a la producción, comercialización y uso. Por el momento sólo se ha incluido en ese Anexo el HCH (lindano). El Protocolo limita la producción y el uso de esa sustancia, pero siguen estando autorizados varios usos principales. En la Comunidad, el lindano dejó de comercializarse y utilizarse para fines fitosanitarios en julio de 2002, como dispone la Decisión 2000/801/CE de la Comisión. No obstante, según la información disponible, en algunos Estados miembros, y posiblemente también en algunos países candidatos, se mantienen algunos usos biocidas y farmacéuticos de menor importancia. No se considera posible, pues, una prohibición total de su producción, comercialización y uso y, por consiguiente, el lindano se ha incluido en el Anexo II con una mención de los usos autorizados. Tales usos son conformes con las obligaciones internacionales impuestas en la actualidad.

En el Convenio, por 'uso' se entiende no sólo uso de una sustancia como tal y en preparados químicos sino también como constituyente de artículos manufacturados (por ejemplo, madera protegida con productos químicos). En el artículo 3 del Reglamento se hace hincapié en esto.

Artículo 4

Este artículo establece una serie de exenciones generales a las disposiciones sobre producción, comercialización y uso. Tales exenciones son muy parecidas a las que figuran en el apartado 5 del artículo 3 y los Anexos A y B del Convenio, de alcance muy limitado. En aras de la claridad y la coherencia, esas mismas exenciones limitadas se aplicarán también a las tres sustancias adicionales que figuran en el Protocolo aunque, en principio, este permite exenciones mucho más amplias (por ejemplo, en situaciones de emergencia para la salud pública y para las denominadas aplicaciones de menor importancia).

Las exenciones generales se aplicarán a cantidades de una sustancia destinada a ser utilizada para investigaciones a escala de laboratorio o como patrón de referencia, o que estén presentes como contaminantes en trazas no intencionales en productos y artículos. Las sustancias utilizadas como constituyentes de artículos manufacturados o que ya estaban en uso antes de la entrada en vigor de la prohibición correspondiente estarán autorizadas siempre y cuando la Comunidad haya notificado a la Secretaría que un determinado tipo de artículo sigue estando en uso. No obstante, esa obligación de notificación afecta sólo a las sustancias incluidas en el Convenio y, por tanto, se incluye una referencia a la Parte A de los Anexos I y II. Dado que la exención puede referirse no sólo al uso sino también a la comercialización de artículos (por ejemplo, en caso de que se hayan fabricado o importando artículos pero no se hayan vendido antes de la entrada en vigor de la prohibición), debe aplicarse en toda la Comunidad y, por tanto, la Comisión debe notificarla a la Secretaría. En general, corresponde al Estado miembro que quiera aplicar la exención la iniciativa de notificarla. Hay que señalar que ese procedimiento no va a aplicarse a los aparatos existentes que contienen PCB, puesto que el Convenio y el Anexo I del Reglamento prevén una exención especial para esa sustancia. En la Comunidad no se conoce ningún caso de comercialización o uso de artículos tratados con alguna de las demás sustancias reguladas actualmente por el Convenio. En los países candidatos y en los próximos a la adhesión, sin embargo, la situación puede ser distinta, pero si tales eventuales artículos restantes se notifican, su uso puede mantenerse.

El Convenio autoriza, en determinadas condiciones, el uso de DDT y HCB como intermediarios en un sistema cerrado y limitado a un emplazamiento. De acuerdo con el objetivo que se pretende conseguir, no se han incorporado al Reglamento esas exenciones específicas respecto a determinadas sustancias. No obstante, en el tercer apartado se ha introducido el concepto en sí con vistas a que pueda aplicarse a posibles futuras sustancias. Por lo que respecta a las sustancias incluidas en el Convenio y, por tanto, en la Parte A de los Anexos I o II del Reglamento, han de notificarse a la Secretaría los usos como intermediarios. Habida cuenta de que, por definición, la comercialización no puede tener lugar, esa obligación de notificación incumbirá a los Estados miembros. No obstante, deberá informarse a la Comisión y a los demás Estados miembros de tales notificaciones.

Artículo 5

El artículo 5 recoge las disposiciones previstas en el artículo 6 del Convenio, e incluye una serie de medidas para determinar las existencias de contaminantes orgánicos persistentes producidos intencionalmente y gestionarlos de forma ambientalmente racional. No obstante, las disposiciones del Reglamento son más precisas que las del Convenio, porque se han dado casos de existencias de contaminantes orgánicos persistentes obsoletas o almacenadas con negligencia que han presentado riesgos graves para la salud humana y el medio ambiente.

En el primer apartado se prevé que las posibles existencias restantes que consistan en contaminantes orgánicos persistentes o los contengan, y que están totalmente prohibidas, deben tratarse como residuos. Tales residuos van a estar sujetos a la legislación comunitaria correspondiente y al artículo 7 del Reglamento. Se parte de la base de que en los Estados miembros no quedan tales existencias de productos químicos incluidos, hoy por hoy, en el Anexo I. La situación no es la misma en algunos países candidatos y próximos a la adhesión que tienen grandes cantidades de plaguicidas obsoletos. Recientemente, la Comisión ha realizado un estudio [24] para conocer el estado de las existencias en los 10 estados próximos a la adhesión. Según ese estudio, hay grandes cantidades de existencias de plaguicidas obsoletos en Polonia y los países bálticos, que podrían contener hasta 27.000 toneladas de contaminantes orgánicos persistentes. Para eliminar esas existencias sin riesgos, esos países pueden necesitar asistencia técnica y económica de la Unión Europea procedente de los instrumentos financieros existentes, por ejemplo para apoyar el desarrollo de las capacidades respecto a la planificación de la gestión de residuos o a la construcción de instalaciones de eliminación segura.

[24] Obsolete Pesticides Status in Candidate Countries. Informe final, Septiembre de 2002. Comisión Europea, Dirección General de Medio Ambiente.

En el segundo apartado se establecen disposiciones sobre existencias de contaminantes orgánicos persistentes, que sólo están sujetas a restricciones. Los poseedores de existencias de más de 100 kg deberán notificar a la autoridad competente del Estado miembro la naturaleza y cantidad de tales existencias en los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la restricción correspondiente y, a continuación, cada año, hasta que expire el período respecto al cual se haya establecido la restricción. Los Estados miembros deberán comprobar que las existencias se almacenan, manipulan y gestionan de una manera adecuada.

Además, según el artículo 12 del Reglamento, los Estados miembros deberán presentar cada tres años a la Comisión un informe de síntesis sobre las existencias que les hayan sido comunicadas. Gracias a esa información, la Comisión podrá garantizar un seguimiento y evaluar la necesidad de adoptar medidas adicionales a escala comunitaria para que se cumplan los objetivos del Reglamento.

Artículo 6

Para que queden recogidas todas las principales medidas de control y todas las sustancias incluidas en el Convenio y el Protocolo, el Reglamento prevé una serie de disposiciones generales en relación con la reducción de emisiones. El artículo 8 obliga a los Estados miembros a elaborar y actualizar inventarios de emisiones de dioxinas, furanos y otros contaminantes orgánicos persistentes en forma de subproductos incluidos en los dos acuerdos internacionales y enumerados en el Anexo III del Reglamento. Además, los Estados miembros deberán desarrollar y ejecutar planes nacionales de acción para determinar, caracterizar y reducir las liberaciones de esas sustancias, como exige el Convenio. Se considera que tanto los inventarios de emisiones como los planes nacionales de acción son instrumentos fundamentales para reducir de forma rentable y constante los contaminantes orgánicos persistentes liberados en forma de subproductos.

Artículo 7

La legislación comunitaria sobre residuos regula ya todos los desechos que contienen contaminantes orgánicos persistentes. Habida cuenta, sin embargo, de que la letra d) del apartado 1 del artículo 6 del Convenio prevé una serie de disposiciones específicas aún no cubiertas por la normativa de la Comunidad, se ha incluido en el Reglamento un artículo sobre esas medidas especiales de gestión de residuos.

El artículo 7 establece las normas generales aplicables a los residuos que contienen sustancias incluidas bien en el Convenio bien en el Protocolo. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), sin embargo, no figuran en la lista del Convenio. Dado que resultaría muy difícil aplicar esas normas específicas a residuos que contienen HAP, ese grupo de sustancias se ha excluido del campo de aplicación de este artículo. Por razones de claridad jurídica, se ha introducido un Anexo IV a los fines de las disposiciones aplicables a los residuos.

Por regla general, los residuos que contienen cualquiera de los contaminantes orgánicos persistentes regulados por los acuerdos internacionales deben eliminarse sin retrasos injustificados de un modo tal que el contenido del contaminante orgánico persistente se destruya o se transforme en forma irreversible. El Convenio reconoce, sin embargo, que no siempre es conveniente o posible eliminar totalmente ese contenido. Por esa razón, el segundo apartado prevé que los residuos pueden eliminarse de otro modo con arreglo al artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE cuando el contenido de las sustancias reguladas sea inferior a los límites de concentración fijados en el Anexo IV del Reglamento. En su versión actual, el Anexo IV no prevé ningún valor límite; se están elaborando ahora y se introducirán posteriormente mediante el procedimiento de comité de reglamentación.

El Convenio autoriza además una exención respecto a la obligación básica en casos en los que la destrucción no represente la opción preferible desde el punto de vista del medio ambiente. No se propone incorporar esta exención a la legislación comunitaria porque la destrucción de contaminantes orgánicos persistentes se considera el único modo ambientalmente sostenible de tratar los residuos con altas concentraciones de esas sustancias. Según esta consideración, quedaría obsoleta la disposición recogida en la Directiva 96/59/CE relativa a la eliminación de PCB/PCT por la que se autoriza el depósito subterráneo permanente en minas de sal como método de eliminación independientemente de la concentración de contaminantes orgánicos persistentes. Para eliminar esta posibilidad de eliminación y por razones de claridad jurídica, se propone modificar esa Directiva 96/59/CE en consonancia con el artículo 18.

Los apartados 3 y 4 de este artículo sólo autorizan, tal como dispone el Convenio, la reutilización y la recuperación de residuos que contienen contaminantes orgánicos persistentes si el contenido de esas sustancias puede aislarse o destruirse en el proceso de recuperación para eliminarse después sin riesgos para el medio ambiente. La recuperación de los residuos que contienen PCB, sin embargo, ya está completamente prohibida en virtud de la Directiva 96/59/CE. Se supone que esta disposición más estricta debe prevalecer y, por tanto, en el apartado 4 se hace una referencia específica a esa Directiva.

Artículo 8

En este artículo se impone la obligación de elaborar un plan de aplicación, como prevé el artículo 7 del Convenio. Como Parte en el Convenio, la Comunidad tiene también la obligación de elaborar un plan de esas características. No obstante, los planes de aplicación deben reflejar el hecho de que los asuntos regulados por el Convenio son competencia compartida entre la Comunidad y los Estados miembros.

A continuación, los planes deben aplicarse y, llegado el caso, actualizarse y renovarse. Para facilitar la cooperación y el intercambio de información dentro de la Comunidad, esos planes deben comunicarse a la Comisión y los demás Estados miembros.

Artículo 9

El artículo 9 obliga a la Comisión y los Estados miembros a establecer, en estrecha cooperación, programas y mecanismos adecuados para efectuar un seguimiento de la presencia en el medio ambiente de tres de las sustancias reguladas: dioxinas, furanos y PCB. Esta obligación es más estricta que las previstas en los acuerdos internacionales, pero se basa en la comunicación de la Comisión relativa a la estrategia comunitaria sobre las dioxinas, los furanos y los policlorobifenilos. Habida cuenta de la falta actual de datos sobre las tendencias y niveles medioambientales de dioxinas, furanos y PCB, así como de la necesidad de evaluar la eficacia de las medidas de vigilancia, se ha considerado necesario incluir una disposición específica sobre seguimiento. No obstante, es preciso disponer de instrumentos de medición y control que permitan que tales actividades se desarrollen en condiciones adecuadas. Cabe esperar que herramientas de este tipo estén totalmente disponibles dentro de 10 a 15 años.

No se estima necesario imponer obligaciones similares respecto a otros contaminantes orgánicos persistentes; se considera suficiente, por ahora, la exhortación general del Convenio a que se realice un seguimiento.

Artículo 10

El artículo 10 del Reglamento recoge las disposiciones sobre intercambio de información previstas en el artículo 9 del Convenio. La incorporación de tales disposiciones se considera necesaria porque el intercambio de información entre países, la sensibilización pública y el acceso a la información son aspectos fundamentales en la lucha contra la contaminación provocada por contaminantes orgánicos persistentes. En este artículo se incluyen también medidas relativas a la información de carácter confidencial, como establece el Convenio.

Artículo 11

Este artículo se basa en el artículo 12 del Convenio y establece las obligaciones generales de la Comisión y los Estados miembros respecto a la asistencia técnica que deben brindar a países en desarrollo y países con economías en transición. La asistencia técnica debe tener por objeto fortalecer las capacidades de esos países y encontrar soluciones a problemas tales como el uso que aún se hace del DDT en algunos países en desarrollo. El Convenio sigue autorizando la producción y el uso de DDT para el control de los vectores de enfermedades en países donde no existan alternativas seguras, eficaces y asequibles. Para eliminar de forma gradual el uso de DDT y de acuerdo con la comunicación de la Comisión (COM(2003) 93 final) [25], debe fomentarse la investigación, el desarrollo y la introducción de sustitutivos del DDT.

[25] Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. "Datos recientes sobre el programa de acción comunitario - Aceleración de la lucha contra el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis en el contexto de la reducción de la pobreza". 26.2.2003.

En el contexto de la asistencia técnica, la Comisión y los Estados miembros deben considerar, además, la posibilidad de prestar ayuda a organizaciones no gubernamentales, que pueden desempeñar un papel muy importante.

Artículo 12

El primer apartado del artículo 12 se refiere a la notificación de información dentro de la Comunidad. A partir de la información obtenida de los Estados miembros y del seguimiento que ella misma realiza, la Comisión puede evaluar el funcionamiento global del Reglamento.

El segundo apartado impone una obligación específica de notificación respecto a la producción y comercialización de sustancias incluidas en el Anexo I o II, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Convenio. Puesto que los asuntos que afectan al mercado interior son competencia de la Comunidad, la Comisión va a compilar en un documento la información proporcionada por los Estados miembros, y presentará tal documento conjunto a la Secretaría. Esto se establece así en el cuarto apartado.

El tercer apartado se refiere a dos obligaciones de notificación específicas para los Estados miembros. Cada tres años, deberán presentar informes de síntesis sobre las existencias y los inventarios de emisiones. Esos informes permitirán a la Comisión evaluar el funcionamiento de las medidas de seguimiento a nivel comunitario y, llegado el caso, proponer las modificaciones convenientes.

Excepto en el caso de estas obligaciones particulares de notificación, el Reglamento no incluye las disposiciones sobre presentación de informes previstas en el Convenio y el Protocolo sino que deja esa cuestión en manos de los Estados miembros.

Artículo 13

Este artículo es la disposición habitual relativa a las sanciones aplicables en caso de infracción.

Artículo 14

Este artículo establece, junto con el artículo 16, los procedimientos que deben seguirse para modificar y actualizar los anexos del Reglamento. Cuando se adopte una decisión a nivel internacional sobre la inclusión de una sustancia en el Convenio o en el Protocolo de la CEPE, la Comisión debe preparar una propuesta de modificación de los anexos correspondientes. La decisión debe adoptarse según el procedimiento de comité de reglamentación. Según el artículo 22 del Convenio, las enmiendas a los Anexos A, B o C entrarán en vigor al cumplirse el plazo de un año contado a partir de la fecha de comunicación de la decisión sobre la enmienda, salvo en el caso de que una Parte haya notificado que no puede aceptar la enmienda o haya formulado una declaración específica junto con su instrumento de ratificación, de acuerdo con el apartado 4 del artículo 25 del Convenio, en el que no entrará en vigor en esa fecha para esa Parte.

La Comisión debe revisar periódicamente las condiciones y posibles exenciones respecto a la prohibición y restricción de sustancias incluidas en los Anexos. En particular, antes del 31 de diciembre de 2007, la Comisión debe examinar la inscripción que figura en la parte B del Anexo II relativa al hexacloriclohexano HCH, incluido el lindano, a la luz de los resultados de las evaluaciones de los riesgos y de la evolución del conocimiento y de la técnica en cuanto se refiere a los productos de substitución del HCH. En función de la evolución que se registre en la Comunidad y en el marco del Convenio y el Protocolo, se introducirán las modificaciones pertinentes.

Artículo 15

Ni el Convenio ni el Protocolo exigen a las Partes que designen autoridades competentes. No obstante, dado que el Reglamento impone a los Estados miembros una serie de obligaciones, se considera conveniente nombrar autoridades específicamente encargadas de ejecutar las funciones administrativas que exige el Reglamento.

Artículo 16

En este artículo se describen los procedimientos de comité que van a seguirse. No se propone crear un comité nuevo sino recurrir al comité establecido con arreglo a la Directiva 67/548/CEE.

Artículos 17 y 18

Estos artículos establecen la derogación de algunas disposiciones vigentes. Las restricciones previstas en la Directiva 79/117/CEE respecto a ocho plaguicidas son obsoletas y la buena técnica legislativa aconseja anularlas. Además, se propone modificar de acuerdo con las normas del Convenio y el Reglamento propuesto la disposición prevista en la Directiva 96/59/CE del Consejo relativa a la eliminación de PCB/PCT por la que se autoriza el almacenamiento permanente de residuos de PCB. Se mantienen las demás limitaciones específicas aplicables a los PCB con arreglo a esa Directiva.

Artículo 19

Se trata del artículo habitual relativo a la entrada en vigor y aplicación del nuevo Reglamento propuesto. Puesto que el Reglamento aplica disposiciones de dos acuerdos internacionales autónomos, no procede vincular la fecha de aplicación a la entrada en vigor de esos acuerdos. En vez de eso se propone una fecha fija.

Anexos

Los Anexos contienen las listas de contaminantes orgánicos persistentes sujetos a las distintas disposiciones con arreglo a los dos acuerdos internacionales y, por consiguiente, con arreglo a este Reglamento. Se añadirán nuevas sustancias a uno o varios Anexos cuando en el marco de cualquiera de esos acuerdos internacionales se adopte la decisión correspondiente. Por otra parte, los Anexos pueden modificarse de acuerdo con el artículo 14. Debido a las diferencias en las listas de contaminantes orgánicos persistentes y en las disposiciones de ambos acuerdos, ha sido necesario incluir varios Anexos en el Reglamento para especificar claramente el ámbito de aplicación de cada medida de control.

El Anexo I incluye la lista de 10 sustancias producidas intencionalmente que figuran tanto en el Convenio como en el Protocolo (Parte A) y la lista de 2 sustancias adicionales reguladas únicamente por el Protocolo. Sobre esas sustancias pesan prohibiciones totales de acuerdo con el apartado 1 del artículo 4. En este Anexo sólo se prevé una exención específica para una sustancia, y es la relativa a los aparatos existentes que contienen PCB. Respecto a las sustancias que se añadan posteriormente, sin embargo, podrían autorizarse algunos usos (por ejemplo, como intermediarios) si son conformes con los acuerdos internacionales.

El Anexo II es la lista de las sustancias cuya producción, comercialización y uso están sujetos a restricciones con arreglo al apartado 2 del artículo 3. Al igual que el Anexo I, este Anexo está dividido en dos partes en función de la categoría a la que pertenecen las sustancias en esos dos instrumentos internacionales. En la Parte B sólo figura, por ahora, una sustancia, el HCH (lindano), respecto a la cual todavía se autorizan algunos usos limitados, dos de ellos con carácter sólo temporal y otros no. No obstante, la Comisión debe revisar los usos restantes a finales de 2007, y en el apartado 2 del artículo 14 se prevé una disposición específica con esa finalidad.

El Anexo III es la lista de las sustancias producidas de forma no intencional, que están todas sujetas a las medidas sobre inventarios de emisión y reducción de emisiones con arreglo al artículo 6.

En el Anexo IV se enumeran las sustancias que están sujetas a las disposiciones específicas sobre gestión de residuos del artículo 7. En ese Anexo, además, se establecen los límites de concentración a que se refiere el apartado 2 de ese artículo. En el marco de los Convenios de Estocolmo y Basilea no se han determinado aún completamente tales límites, y la Comisión está realizando sus propios estudios sobre esta cuestión; por esas razones, aún no se han incluido valores límite en este Anexo.

8. Costes

Se considera que las repercusiones económicas de la presente propuesta van a ser mínimas en los Estados miembros actuales. En algunos estados candidatos y próximos a la adhesión hay grandes cantidades de existencias obsoletas de contaminantes orgánicos persistentes, y su eliminación sin riesgos puede tener repercusiones económicas considerables. No obstante, pueden recibir asistencia técnica y económica de la Unión Europea procedente de los instrumentos financieros existentes para, entre otras cosas, apoyar el desarrollo de la capacidad respecto a la planificación de la gestión de residuos y a la construcción de instalaciones de eliminación segura.

En general, el Reglamento no va a acarrear más costes de los que ya impone la legislación comunitaria vigente. Para la Comisión, no se requerirán recursos suplementarios a los ya artibuidos para las tareas relativas a los POPs. La carga administrativa que pesa sobre los Estados miembros será ligeramente mayor debido a algunas obligaciones en materia de notificación y comunicación de información.

Estos costes deben sopesarse en comparación con los beneficios. Sus disposiciones contribuyen a la eliminación de las sustancias más perjudiciales que suscitan inquietud en todo el mundo. Además, el Reglamento va a incorporar obligaciones internacionales para con las que ya se han comprometido la Comunidad, los Estados miembros y la mayoría de los países candidatos y próximos a la adhesión.

2003/0119 (COD)

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los contaminantes orgánicos persistentes y que modifica las Directivas 79/117/CE y 96/59/CE

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 1 de su artículo 95 y el apartado 1 de su artículo 175,

Vista la propuesta de la Comisión [26],

[26] DO C de , p.

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo [27],

[27] DO C de , p.

Visto el dictamen del Comité de las Regiones [28],

[28] DO C de , p.

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado [29],

[29] DO C de , p.

Considerando lo siguiente:

(1) El presente Reglamento se refiere ante todo a la protección del medio ambiente y, por consiguiente, su fundamento jurídico es el apartado 1 del artículo 175 del Tratado. No obstante, en la medida en que las prohibiciones y restricciones de producción, comercialización y uso de contaminantes orgánicos persistentes guardan relación con el funcionamiento del mercado interior, el presente Reglamento se basa asimismo en el apartado 1 del artículo 95 del Tratado.

(2) La Comunidad está muy preocupada por la liberación constante de contaminantes orgánicos persistentes en el medio ambiente. Esas sustancias químicas cruzan las fronteras internacionales lejos de su lugar de origen y permanecen en el medio ambiente, se bioacumulan a través de la cadena trófica y suponen un riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Por consiguiente, deben tomarse medidas adicionales para proteger la salud humana y el medio ambiente de esos contaminantes.

(3) Habida cuenta de su responsabilidad respecto a la protección del medio ambiente, la Comunidad Europea firmó, el 24 de junio de 1998, el Protocolo sobre contaminantes orgánicos persistentes del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia, en lo sucesivo denominado 'el Protocolo' y, el 22 de mayo de 2001, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, en lo sucesivo denominado 'el Convenio'.

(4) Para garantizar la aplicación coherente y eficaz de las obligaciones comunitarias contraídas con arreglo al Protocolo y el Convenio, es necesario establecer un marco jurídico común en el que se tomen medidas destinadas, en particular, a eliminar la producción, comercialización y uso de contaminantes orgánicos persistentes producidos de forma deliberada.

(5) Además, teniendo en cuenta el principio de precaución y el objetivo fundamental de eliminar las emisiones de contaminantes orgánicos persistentes al medio ambiente, conviene prever, en ciertos casos, medidas de control más estrictas que las del Protocolo y el Convenio.

(6) El instrumento más adecuado para aplicar las medidas de control necesarias de la producción, comercialización y uso de las sustancias reguladas por los citados acuerdos internacionales sería la legislación prevista para aplicar el Libro Blanco de la Comisión 'Estrategia para la futura política en materia de sustancias y preparados químicos' [30]. No obstante, dada su magnitud y complejidad, cabe esperar que la adopción de esa legislación requiera cierto tiempo y, ya que es importante ratificar el Convenio y el Protocolo lo antes posible, el presente Reglamento debe aplicar temporalmente tales medidas.

[30] COM(2001) 88 final.

(7) En la Comunidad, la comercialización y uso de la mayor parte de los contaminantes orgánicos persistentes incluidos en el Protocolo o el Convenio han ido eliminándose como resultado de las prohibiciones establecidas en la Directiva 79/117/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1978, relativa a la prohibición de salida al mercado y de utilización de productos fitosanitarios que contengan determinadas sustancias activas [31] y en la Directiva 76/769/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos [32]. No obstante, para cumplir las obligaciones impuestas a la Comunidad por el Protocolo y el Convenio y reducir al mínimo posible las emisiones de contaminantes orgánicos persistentes es necesario y conveniente prohibir asimismo la producción de tales sustancias y limitar al máximo posible cualquier exención.

[31] DO L 33 de 8.2.1979, p. 36. Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia.

[32] DO L 262 de 27.9.1976, p. 201. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/11/CE de la Comisión (DO L 42 de 15.2.2003, p. 45).

(8) La producción y uso de hexaclorociclohexano (HCH), incluido el lindano, están sujetos a restricciones en virtud del Protocolo, pero no a una prohibición total. Dicha sustancia sigue usándose aún en algunos Estados miembros y, por tanto, no conviene todavía prohibir todos los usos. No obstante, dadas las propiedades nocivas del HCH y los eventuales riesgos relacionados con su liberación al medio ambiente, deben limitarse al máximo la producción y uso y, en última instancia, eliminarse.

(9) Las existencias de contaminantes orgánicos persistentes obsoletas y almacenadas con negligencia pueden constituir un peligro grave para el medio ambiente y la salud humana a través, por ejemplo, de la contaminación del suelo y aguas subterráneas. Por consiguiente, conviene adoptar disposiciones que vayan más allá de las previstas en el Convenio. Las existencias de sustancias prohibidas deben tratarse como residuos, mientras que las existencias de sustancias cuya producción o uso todavía están permitidos deben notificarse a las autoridades y vigilarse de forma adecuada.

(10) De acuerdo con la Comunicación de la Comisión relativa a una estrategia comunitaria sobre las dioxinas, los furanos y los policlorobifenilos (PCB) [33], el Protocolo y el Convenio, deben determinarse y reducirse las emisiones de contaminantes orgánicos persistentes que son subproductos accidentales de procesos industriales con vistas, en última instancia, a eliminarlas. Deben elaborarse y aplicarse planes nacionales de acción adecuados, que incluyan todas las fuentes, así como medidas, como las previstas en la normativa comunitaria vigente, con objeto de reducir las emisiones de forma continuada y rentable.

[33] DO C 322 de 17.11.2001, p. 2.

(11) De acuerdo con la citada comunicación, deben establecerse programas y mecanismos adecuados para proporcionar datos de control adecuados sobre la presencia de dioxinas, furanos y policlorobifenilos (PCB) en el medio ambiente. No obstante, debe garantizarse la disponibilidad de instrumentos apropiados y su utilización en condiciones económica y técnicamente viables.

(12) En virtud del Convenio, el contenido de contaminante orgánico persistente en los residuos debe destruirse o transformarse en forma irreversible en sustancias que no presenten características similares. Dado que la actual legislación comunitaria relativa a los residuos no incluye normas específicas sobre tales sustancias, tales normas deben introducirse en el presente Reglamento. Para garantizar un nivel de protección elevado y la viabilidad de los requisitos, deben establecerse a continuación valores límite que definan un contenido bajo de las sustancias en los residuos.

(13) El Convenio dispone que cada Parte debe elaborar un plan para el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Convenio. Dado que la Comunidad y los Estados miembros comparten competencias a este respecto, los planes de aplicación deben elaborarse tanto a escala nacional como comunitaria. Debe promoverse la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades de los Estados miembros y la Comisión.

(14) Según el Convenio y el Protocolo, debe facilitarse a las demás Partes información sobre contaminantes orgánicos persistentes. Debe fomentarse asimismo el intercambio de información con terceros países que no sean Partes en los acuerdos.

(15) Para alcanzar los objetivos del Convenio, es necesario en su caso proporcionar asistencia técnica a los países en desarrollo y países con economías en transición. Por consiguiente, la Comisión y los Estados miembros deben brindar una asistencia técnica adecuada y oportuna, especialmente dirigida a aumentar la capacidad de tales países para aplicar el Convenio, por ejemplo respecto al uso restante de DDT en el control de vectores de enfermedades, así como al desarrollo y aplicación de métodos, estrategias y productos alternativos adecuados.

(16) Conviene evaluar de forma periódica la eficacia de las medidas adoptadas para reducir las emisiones de contaminantes orgánicos persistentes. A tal fin, los Estados miembros deben presentar informes periódicos a la Comisión, en particular sobre inventarios de emisiones, existencias notificadas, y producción y comercialización de sustancias sujetas a restricciones.

(17) El Convenio y el Protocolo prevén que las Partes pueden proponer otras sustancias con vistas a una actuación internacional y, por tanto, pueden incluirse otras sustancias en las listas de tales acuerdos, en cuyo caso debe modificarse el presente Reglamento en consecuencia. Además, deben poder modificarse las inscripciones existentes en los Anexos del presente Reglamento, en particular, para adaptarlos al progreso científico y técnico.

(18) Las medidas necesarias para aplicar el presente Reglamento son medidas de carácter general con arreglo al artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión [34], conviene que dichas medidas sean adoptadas mediante el procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 5 de la citada Decisión.

[34] DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(19) Los Estados miembros deben adoptar normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones a lo dispuesto en el presente Reglamento y velar por su ejecución. Esas sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

(20) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, proteger el medio ambiente y la salud humana de los contaminantes orgánicos persistentes, no pueden alcanzarse de forma suficiente mediante una acción unilateral de los Estados miembros debido a los efectos transfronterizos de tales contaminantes y que, por tanto, pueden lograrse mejor a escala comunitaria, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, establecido en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad previsto en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos.

(21) A la luz de lo anterior, deben modificarse la Directiva 79/117/CEE y la Directiva 96/59/CE del Consejo relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT) [35].

[35] DO L 243 de 24.9.1996, p. 31.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se refiere a la producción, comercialización, uso, liberación y eliminación de sustancias sujetas a prohibiciones o restricciones con arreglo al Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, en lo sucesivo denominado 'el Convenio', o al Protocolo de 1998 sobre contaminantes orgánicos persistentes del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia, en lo sucesivo denominado 'el Protocolo'.

Esas sustancias figuran en los Anexos I a IV del presente Reglamento.

2. Los artículo 3 y 4 no se aplicarán a los residuos que contengan, o estén constituidos o contaminados por una sustancia incluida en los Anexos I o II.

Artículo 2 Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) 'Comercialización', el suministro o puesta a disposición, previo pago o a título gratuito.

b) 'Artículo', un objeto compuesto por una o varias sustancias y/o uno o varios preparados al que, durante su producción, se confiere una forma, superficie o diseño específicos que determinan su función de uso final en mayor medida que su composición química.

c) 'Sustancia', lo definido en el artículo 2 de la Directiva 67/548/CEE del Consejo [36].

[36] DO P 196 de 16.8.1967, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/59/CE de la Comisión (DO L 225 de 21.8.2001, p. 1).

d) 'Residuo', lo definido en la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo [37].

[37] DO L 194 de 25.7.1975, p. 39. Directiva cuya última modificación la constituye la Decisión 96/350/CE de la Comisión (DO L 135 de 6.6.1996, p. 32).

e) 'Recuperación', la definición que de valorización se da en la letra f) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE.

A efectos del presente Reglamento, la importación en el territorio aduanero de la Comunidad se considerará una comercialización.

Artículo 3 Control de la producción, comercialización y uso

1. Quedan prohibidas la producción, comercialización y uso de las sustancias incluidas en el Anexo I, solas, en preparados o como constituyentes de artículos.

2. Se limitará la producción, comercialización y uso de las sustancias incluidas en el Anexo II, solas, en preparados o como constituyentes de artículos, de conformidad con las condiciones previstas en ese Anexo.

Artículo 4 Exenciones respecto a las medidas de control

1. El artículo 3 no se aplicará en el caso de:

a) una sustancia utilizada para investigaciones a escala de laboratorio o como patrón de referencia;

b) una sustancia presente como contaminante en trazas no intencionales en sustancias, preparados o artículos.

2. El artículo 3 no se aplicará en el caso de una sustancia presente como constituyente de artículos elaborados o que ya estaban en uso antes o en la fecha de entrada en vigor de la disposición del presente Reglamento.

No obstante, inmediatamente después de haber tenido conocimiento de la existencia de artículos como los mencionados en el primer párrafo, los Estados miembros informarán de ello a la Comisión.

Siempre que la Comisión sea informada o tenga conocimiento de otra manera de la existencia de tales artículos, remitirá sin demora, cuando proceda, la notificación correspondiente a la Secretaría del Convenio.

3. Cuando una sustancia figure en la Parte A del Anexo I o en la Parte A del Anexo II, los Estados miembros que quieran autorizar, hasta el plazo límite establecido en el Anexo correspondiente, la producción y el uso de esa sustancia como intermediaria en un sistema cerrado y limitado a un emplazamiento remitirá la notificación correspondiente a la Secretaría del Convenio.

Tal notificación, sin embargo, puede hacerse únicamente si se cumplen las condiciones siguientes:

a) se ha introducido en el Anexo correspondiente una inscripción con la finalidad expresa de posibilitar la autorización de ese tipo de producción y uso de la sustancia;

b) el proceso de fabricación va a transformar la sustancia en otra u otras sustancias que no presentan las características de contaminante orgánico persistente;

c) no es de esperar que los seres humanos o el medio ambiente se expongan a cantidades significativas de la sustancia durante su producción y uso.

La notificación se comunicará asimismo a los demás Estados miembros y a la Comisión, e incluirá información real o estimada sobre la producción y uso totales de la sustancia de que se trate y sobre la naturaleza del proceso de sistema cerrado y limitado a un emplazamiento, especificando la magnitud de cualquier contaminación no intencional de trazas no transformadas del material inicial de contaminantes orgánicos persistentes en el producto final.

Los plazos contemplados en el primer párrafo podrán modificarse en los casos en que, tras presentar el Estado miembro de que se trate una nueva notificación a la Secretaría del Convenio, obtenga el consentimiento expreso o tácito con arreglo al Convenio para seguir produciendo y utilizando la sustancia durante otro período.

Artículo 5 Existencias

1. El poseedor de existencias que consistan en sustancias incluidas en el Anexo I o que contengan esas sustancias eliminará esas existencias de residuos de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.

2. El poseedor de existencias que superen los 100 kg y que consistan en cualquier sustancia incluida en el Anexo II, o que contengan tal sustancia, proporcionará a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentren tales existencias información sobre su naturaleza y dimensiones. Esa información se comunicará en el plazo de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la disposición pertinente del presente Reglamento y, a continuación, cada año hasta que finalice el período establecido en el Anexo II en relación con el uso restringido.

El poseedor gestionará las existencias de manera segura, eficaz y racional desde un punto de vista de la conservación del medio ambiente.

3. Los Estados miembros controlarán el uso y gestión que se haga de las existencias notificadas.

Artículo 6 Reducción de emisiones

En el plazo de los dos años siguientes a la entrada en vigor del presente Reglamento, los Estados miembros elaborarán y mantendrán inventarios de emisiones respecto a las sustancias incluidas en el Anexo III.

Durante ese mismo período, los Estados miembros confeccionarán asimismo un plan de acción nacional destinado a determinar, caracterizar y reducir las emisiones totales derivadas de fuentes antropogénicas de cada una de las sustancias incluidas en el Anexo III.

Los Estados miembros ejecutarán sus planes de acción nacionales como parte del plan nacional de aplicación que establezcan conforme a lo dispuesto en el artículo 8.

Artículo 7 Gestión de residuos

1. Los residuos que consistan en cualquier sustancia incluida en el Anexo IV, que contengan tal sustancia o estén contaminados con ella, se eliminarán sin retrasos injustificados y de tal modo que se garantice que el contenido del contaminante orgánico persistente se destruye o se transforma en forma irreversible de manera que los residuos y emisiones restantes no presenten las características de contaminante orgánico persistente.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los residuos que consistan en cualquier sustancia incluida en el Anexo IV, que contengan esa sustancia o estén contaminados con ella podrán eliminarse de otra modo de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE siempre y cuando el contenido de esas sustancias en los residuos sea inferior a los límites de concentración especificados en el Anexo IV del presente Reglamento.

3. Queda prohibida la reutilización o recuperación de residuos que consistan en cualquiera de las sustancias incluidas en el Anexo IV, que contengan tal sustancia o estén contaminados con ella.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, se autorizará la recuperación de residuos que consistan en cualquier sustancia incluida en el Anexo IV, que contengan tal sustancias o estén contaminados con ella, siempre que el operador demuestre que el contenido de contaminante orgánico persistente que contienen, se destruye durante la operación de recuperación, se transforma en forma irreversible durante la operación de recuperación, o se aísla del residuo y a continuación se elimina de conformidad con el apartado 1.

El primer párrafo se aplicará sin perjuicio de la Directiva 96/59/CE.

Artículo 8 Planes de aplicación

1. Cada Estado miembro elaborará, en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, un plan de aplicación de las obligaciones que le incumben en virtud del Convenio.

En cuanto un Estado miembro haya adoptado su plan de aplicación nacional, lo comunicará tanto a la Comisión como a los demás Estados miembros.

Cada Estado miembro aplicará su plan y lo revisará y actualizará, según convenga.

2. La Comisión elaborará, en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, un plan de aplicación de las obligaciones que incumben a la Comunidad en virtud del Convenio.

En cuanto la Comisión haya adoptado el plan comunitario de aplicación, lo comunicará a los Estados miembros.

La Comisión revisará y actualizará el plan de aplicación comunitario, según convenga.

Artículo 9 Vigilancia

La Comisión y los Estados miembros establecerán, en estrecha cooperación, programas y mecanismos adecuados, consecuentes con el estado de la técnica, que permitan ofrecer de forma constante datos de vigilancia comparables sobre la presencia de dioxinas, furanos y PCB en el medio ambiente. Cuando se elaboren tales programas y mecanismos, se tendrá debidamente en cuenta la evolución que se registre con arreglo al Protocolo y el Convenio.

Artículo 10 Intercambio de información

1. La Comisión y los Estados miembros facilitarán y llevarán a cabo el intercambio de información en la Comunidad y con terceros países en relación con la reducción o la eliminación de la producción, uso y liberación de contaminantes orgánicos persistentes y con las alternativas a esas sustancias, especificando los riesgos y costes económicos y sociales vinculados a tales alternativas.

2. La Comisión y los Estados miembros promoverán y facilitarán la sensibilización y la comunicación al público de información sobre contaminantes orgánicos persistentes y sobre la reducción o eliminación de su producción, uso y emisiones.

3. La Comisión y los Estados miembros protegerán toda información confidencial recibida de un tercer país con arreglo a los acuerdos celebrados con dichos países terceros. Sin prejuicio de la Directiva 90/313/CEE del Consejo [38], la información sobre la salud y la seguridad humanas y sobre el medio ambiente no se considerará confidencial.

[38] DO L 158 de 23.6.1990, p. 56.

Artículo 11 Asistencia técnica

La Comisión y los Estados miembros cooperarán para prestar asistencia técnica oportuna y adecuada, incluyendo formación o apoyo a las organizaciones no gubernamentales, a países en desarrollo y a países con economías en transición para ayudarlos, teniendo en cuenta sus especiales necesidades, a desarrollar y fortalecer su capacidad para cumplir las obligaciones establecidas en el Convenio.

Artículo 12 Presentación de informes

1. Los Estados miembros remitirán cada tres años a la Comisión información sobre la aplicación del presente Reglamento.

2. Los Estados miembros proporcionarán cada año a la Comisión datos estadísticos sobre la comercialización y producción totales, estimados o reales, de cualquier sustancia incluida en el Anexo I o II.

3. En el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento y, a continuación, cada tres años, los Estados miembros proporcionarán a la Comisión

a) información resumida sobre las existencias recabada de las notificaciones recibidas con arreglo al apartado 2 del artículo 5;

b) información resumida recabada de los inventarios de emisiones elaborados con arreglo al apartado 1 del artículo 6;

c) información resumida sobre la presencia de dioxinas, furanos y PCB en el medio ambiente, recabada con arreglo al artículo 9.

4. Por lo que se refiere a las sustancias reguladas por el Convenio, la Comisión compilará, con la periodicidad que decida la Conferencia de las Partes en el Convenio, un informe basado en la información facilitada por los Estados miembros de conformidad con el apartado 2, y lo comunicará a la Secretaría del Convenio.

5. La Comisión compilará de forma periódica un informe sobre la aplicación del presente Reglamento y lo integrará con la información proporcionada por los Estados miembros con arreglo a los apartados 1, 2 y 3 para constituir un informe de síntesis. Remitirá un resumen del informe de síntesis al Parlamento Europeo y al Consejo.

Artículo 13 Sanciones

Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. Tales sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros comunicarán esas disposiciones a la Comisión a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Reglamento y le notificarán sin demora cualquier modificación de aquellas.

Artículo 14 Modificación de los Anexos

1. Siempre que una sustancia se incluya en las listas del Convenio o del Protocolo, la Comisión modificará, en su caso, los Anexos del presente Reglamento en consecuencia, de acuerdo con el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 16.

2. Las modificaciones de las inscripciones existentes en los Anexos, en particular, su adaptación al progreso científico y técnico, serán adoptadas por la Comisión con arreglo al procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 16.

En particular, antes del 31 de diciembre de 2007, la Comisión examinará la inscripción que figura en la parte B del Anexo II relativa al hexacloriclohexano HCH, incluido el lindano, a la luz de los resultados de las evaluaciones de los riesgos y de la evolución del conocimiento y de la técnica en cuanto se refiere a los productos de substitución del HCH.

Artículo 15 Autoridades competentes

Cada Estado miembro designará la autoridad o autoridades competentes responsables de las tareas administrativas requeridas por el presente Reglamento. Informará a la Comisión de tal designación a más tardar tres meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento.

Artículo 16 Comité y procedimientos

1. La Comisión estará asistida por el Comité establecido por el artículo 29 de la Directiva 67/548/CEE.

2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarán los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, teniendo en cuenta lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo a que se refiere el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE será de tres meses.

3. El Comité adoptará su reglamento interno.

Artículo 17 Modificación de la Directiva 79/117/CEE

En la Parte B del Anexo de la Directiva 79/117/CEE, 'Compuestos organoclorados persistentes', se suprimen los puntos 1 a 8.

Artículo 18 Modificación de la Directiva 96/59/CE

En el artículo 2 de la Directiva 96/59/CE, la letra f) se sustituye por lo siguiente:

"f) "eliminación": las operaciones D 8, D 9, D 10 y D 15 previstas en el Anexo II de la Directiva 75/442/CEE."

Artículo 19 Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO I

LISTA DE SUSTANCIAS SUJETAS A PROHIBICIONES

Parte A - Sustancias incluidas en el Convenio y el Protocolo

>SITIO PARA UN CUADRO>

Parte B - Sustancias incluidas únicamente en el Protocolo

>SITIO PARA UN CUADRO>

ANEXO II

LISTA DE SUSTANCIAS SUJETAS A RESTRICCIONES

Parte A - Sustancias incluidas en el Convenio y el Protocolo

>SITIO PARA UN CUADRO>

Parte B - Sustancias incluidas únicamente en el Protocolo

>SITIO PARA UN CUADRO>

ANEXO III

LISTA DE SUSTANCIAS SUJETAS A DISPOSICIONES DE REDUCCIÓN DE EMISIONES

SUSTANCIA (Nº CAS)

Dibenzo-p-dioxinas policloradas y dibenzofuranos (PCDD/PCDF)

Hexaclorobenceno (HCB) (Nº CAS: 118-74-1)

Policlorobifenilos (PCB)

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)

ANEXO IV

LISTA DE SUSTANCIAS SUJETAS A LAS DISPOSICIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 7

>SITIO PARA UN CUADRO>

FICHA DE IMPACTO IMPACTO DE LA PROPUESTA SOBRE LAS EMPRESAS, ESPECIALMENTE SOBRE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME)

Título de la propuesta

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los contaminantes orgánicos persistentes y que modifica las Directivas 79/117/CEE y 96/59/CE.

Número de referencia del documento

-

Propuesta

1. Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, expóngase la necesidad de una normativa comunitaria en este campo, y cuáles son sus principales objetivos

El Reglamento establece los requisitos comunitarios para la aplicación del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y el Protocolo de la CEPE sobre contaminantes orgánicos persistentes, de conformidad con las competencias compartidas entre los Estados miembros y la Comunidad. El objetivo fundamental de tales acuerdos internacionales es proteger la salud humana y el medio ambiente de los contaminantes orgánicos persistentes.

El Reglamento tiene por objeto facilitar una aplicación rápida y eficaz de los dos acuerdos. Pretende asimismo evitar lagunas e incoherencias legislativas entre los diferentes textos comunitarios y nacionales, y permitir una aplicación práctica más coherente. Este enfoque deberá contribuir asimismo al funcionamiento eficaz del mercado interior.

Impacto sobre las empresas

2. Precísese qué empresas resultarán afectadas por la propuesta

En principio, afecta a todas las empresas relacionadas con la producción, comercialización, uso, emisiones y eliminación de los contaminantes orgánicos persistentes regulados. Cabe señalar, sin embargo, que apenas hay casos de producción de esas sustancias reguladas en la Comunidad o en los países candidatos y los de próxima adhesión y, por tanto, su impacto directo se considera bajo.

La propuesta va a tener repercusiones similares en todo el territorio comunitario y en los países candidatos y los de próxima adhesión, ya que no se destina a una región concreta.

3. Especifíquese qué tendrán que hacer las empresas para cumplir la propuesta

Dado que no hay ningún caso conocido de producción o existencias de esas sustancias reguladas en la Comunidad, no existe actualmente ninguna obligación directa para las empresas en los Estados miembros actuales. En algunos países candidatos y de próxima adhesión, hay grandes cantidades de existencias obsoletas de contaminantes orgánicos persistentes, pero la mayoría de ellas están en poder del Gobierno, no de las empresas. Cuando se incluyan otras sustancias en el Reglamento, y si se siguen produciendo, utilizando y exportando, las empresas afectadas deberán garantizar el cumplimiento de las normas y condiciones establecidas, e informar periódicamente sobre la producción, importación, exportación y existencias.

Por lo que respecta a la prevención y control de emisiones de contaminantes orgánicos persistentes regulados y a su seguimiento, no existen otras disposiciones directas para las empresas. Las industrias que liberan las cantidades más elevadas de tales sustancias ya están sujetas a las obligaciones de prevención, control y vigilancia establecidas en la legislación comunitaria.

Deben eliminarse sin demora los residuos que contengan contaminantes orgánicos persistentes regulados, de conformidad con los requisitos específicos. Esto puede dar lugar a cambios en las prácticas de gestión de residuos de algunas empresas.

4. Efectos económicos probables de la propuesta

Resulta difícil realizar una evaluación precisa del impacto económico de la propuesta. El Reglamento propuesto va más allá de los requisitos de los acuerdos internacionales en ciertos aspectos. No obstante, en muchos casos esos requisitos adicionales no tendrán repercusiones, ya que las sustancias reguladas actualmente ya han dejado de producirse y utilizarse en la Comunidad. Por consiguiente, se considera que la propuesta no tendrá efectos importantes sobre el empleo, las inversiones o la creación de nuevas empresas ni sobre su competitividad.

5. Señálese si la propuesta contiene medidas especialmente diseñadas para las pequeñas y medianas empresas (obligaciones menores o diferentes, etc.)

El alcance de la propuesta es horizontal y sus disposiciones son genéricas. Por consiguiente, no contiene medidas destinadas de forma específica o adaptadas a las pequeñas y medianas empresas.

Consultas

6. Cítense los organismos que han sido consultados sobre la propuesta y expóngase la opinión que han dado sobre ella

No se han mantenido consultas externas sobre la propuesta, ya que se basa en los resultados de negociaciones internacionales amplias, seguidas muy de cerca por las asociaciones de industrias químicas, organizaciones de medio ambiente y consumidores y otras partes interesadas. Las posiciones comunes de la Comunidad y los Estados miembros se prepararon en reuniones de coordinación, y la información en ellas recabada se ha utilizado para preparar las propuestas de aplicación.

Durante las conferencias de negociación se organizaron reuniones paralelas para intercambiar opiniones con los países candidatos y próximos a la adhesión. Una vez cerradas las negociaciones, se debatió en una serie de reuniones bilaterales y regionales con varios de esos países la aplicación en la Comunidad y la situación y los planes en esos estados en relación con esas obligaciones internacionales. Además, se realizó un estudio especial sobre plaguicidas con contaminantes orgánicos persistentes obsoletos en 10 países próximos a la adhesión con objeto, entre otras cosas, de obtener información de la situación para la preparación de las propuestas de la Comisión.