Dictamen sobre el Crecimiento económico y medio ambiente : Implicaciones para la política económica (Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo)

(95/C 155/01)

El 15 de noviembre de 1994, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre el Crecimiento económico y medio ambiente : Implicaciones para la política económica.

La Sección de Medio Ambiente, Sanidad y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 4 de abril de 1995 (Ponente : Sr. Colombo; Coponente : Sr. Boiserrée).

En su 325o Pleno (sesión del 27 de abril de 1995), el Comité Económico y Social ha aprobado por unanimidad el siguiente dictamen.

1. Observaciones generales

1.1.

Contenido y finalidad de la Comunicación

1.1.1. El Comité acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión, que pretende suscitar un amplio debate sobre las implicaciones que para las políticas económicas europeas representa la asunción del principio de un crecimiento sostenible que respete el medio ambiente, sancionado en el artículo 2 del Tratado de Maastricht, y del principio de la integración de la protección del medio ambiente en todas las políticas comunitarias.

1.1.2. Dicho documento plantea algunas cuestiones fundamentales sobre la relación entre crecimiento económico y calidad global del medio ambiente y entre la conservación de los recursos y el bienestar, no sólo material, de los ciudadanos.

1.1.3. El Comité, que ya ha tenido varias ocasiones de pronunciarse al respecto, no puede sino compartir la opinión de que el crecimiento económico y un desarrollo ecológicamente sostenible no sólo no se excluyen entre sí, sino que, a la larga, la sostenibilidad del desarrollo desde un punto de vista medioambiental se convierte en una condición esencial para el aumento de la prosperidad económica.

1.1.4. Considera, además, que se debe destacar la afirmación contenida en el apartado 2 del punto 1 de la Comunicación, según la cual el paso del actual modelo económico a la conjunción de medio ambiente y desarrollo sostenible no se consigue automáticamente y sólo podrá producirse en presencia de un contexto político apropiado, es decir, de estrategias y programas de acción para la protección del medio ambiente.

1.1.5. De acuerdo con este planteamiento, el Comité considera también que, al objeto de alcanzar una mayor integración de las consideraciones medioambientales en las demás políticas, es necesaria y oportuna una mayor utilización de los instrumentos basados en el mercado (apartado 3 del punto 1).

1.2.

Riesgos de un planteamiento demasiado genérico y abstracto

1.2.1. No obstante, se debe destacar al respecto que el documento de la Comisión es demasiado genérico dado que su planteamiento es excesivamente global y abstracto y no ahonda, salvo en lo que se refiere a los impuestos ecológicos, en el análisis de las consecuencias medioambientales y sociales de la utilización de los diferentes instrumentos del mercado y de una política integrada basada en la combinación de normas e instrumentos económicos. El razonamiento se limita al nivel macroeconómico sin abordar en absoluto la dinámica de las empresas. Además, la Comunicación ni siquiera aborda un tema fundamental como el de la influencia de los diversos instrumentos de política medioambiental en las inversiones.

1.2.2. En particular, el Comité destaca que en las instituciones comunitarias, en ocasiones precedentes, el debate sobre los instrumentos económicos de la política medioambiental se ha centrado en aspectos operativos relacionados con la adopción de medidas y recomendaciones específicas. Como ejemplo cabe señalar el debate sobre las intervenciones medioambientales con efectos en el empleo, el informe del Grupo operativo sobre la relación entre medio ambiente y mercado interior, los trabajos preparatorios para el Consejo Europeo de Dublín, el Libro verde sobre el medio ambiente urbano y, más recientemente, con ocasión del 5o Programa medioambiental, el impuesto sobre la energía/CO2 y el Libro blanco « Crecimiento, competitividad, empleo ».

1.2.3. El Comité considera necesario evitar el riesgo de que, al volver a proponer un debate sobre los mismos temas, pero esta vez a un nivel más genérico y abstracto, se produzca un retroceso en el debate, como si las dificultades prácticas halladas a la hora de aplicar algunas medidas, y en particular el callejón sin salida al que se llegó con ocasión del debate en torno al impuesto sobre la energía/CO2, obligasen a revisar orientaciones que ya no deberían ponerse en entredicho. En este sentido, el Comité desea que se aproveche la ocasión que brinda el actual debate para fijar una política comunitaria clara y definida que contribuya a superar, al menos en principio, los obstáculos que retrasan la adopción de instrumentos fiscales y económicos en materia de política de medio ambiente.

1.3.

Riesgos de un hincapié unilateral en la contaminación industrial y los impuestos

1.3.1. Globalmente, la Comunicación de la Comisión se centra de manera particular en aspectos relativos a la contaminación provocada por actividades industriales, para los que el instrumento fiscal puede constituir, al menos parcialmente, una línea eficaz de intervención.

1.3.2. En cambio, se infravaloran las consecuencias medioambientales de otras actividades económicas, como el sector de los servicios, que causa problemas medioambientales a través del tráfico de los vehículos de motor, el consumo de energía, etc. Por otra parte, se descuidan aspectos como la producción de residuos, la contaminación provocada por las aguas residuales, la excesiva explotación y contaminación de las aguas potables, el impacto de los sistemas de transporte y de la actividad agraria, el comportamiento de los consumidores y la producción, transporte y uso de sustancias peligrosas. El Comité considera de hecho que, precisamente en estos sectores, el empleo de instrumentos fiscales y, en general, de los instrumentos de mercado puede ser de gran utilidad y eficacia.

1.3.3. Desde este punto de vista, la Comunicación resulta poco concordante con las líneas de acción concretas de la Comunidad en materia de medio ambiente y hasta con las medidas ya adoptadas o en curso de adopción en el ámbito de la Unión Europea, que en algunos casos ya contemplan la utilización de instrumentos de mercado. Valgan como ejemplos la política para la gestión de los residuos y el fomento de la recuperación y el reciclaje, la Directiva sobre los envases y los residuos de envases, el sistema de « ecoaudit » (auditoría ecológica) y de gestión medioambiental de las empresas, el etiquetado ecológico, la responsabilidad civil por los daños causados, etc.

1.3.4. Ante este amplio abanico de cuestiones, el Comité considera que, en ciertos casos, el uso de instrumentos fiscales no permite prescindir de legislación en la materia ni de otros instrumentos económicos.

1.3.5. En efecto, el Comité ha señalado en varias ocasiones () que una política medioambiental avanzada, de conformidad con las exigencias de los Tratados, debe funcionar sobre la base de una combinación de instrumentos normativos y de la economía de mercado, y que no cabe sino excluir, ahora y en el futuro, que las medidas de carácter normativo puedan ser totalmente sustituidas por instrumentos propios de la economía de mercado. En este sentido, se remite a numerosas tomas de posición anteriores, y en particular a los puntos 7 y 8 del Dictamen sobre la « Política de medio ambiente y mercado interior europeo » ().

1.4.

Sostenibilidad a nivel mundial

1.4.1. Cabe señalar que las valoraciones generales expresadas en la Comunicación sobre la relación entre crecimiento económico y reducción de la contaminación son sustancialmente correctas cuando se refieren a los países industrializados con una economía bien asentada, en los que el propio desarrollo de la economía y de los sistemas de producción hace que tanto desde un punto de vista financiero como tecnológico sea posible distinguir entre el crecimiento del bienestar económico y el aumento de las diversas formas de contaminación y degradación medioambiental.

1.4.2. En cambio, estas consideraciones resultan excesivamente optimistas cuando se refieren a países en vías de desarrollo, en los que la necesidad de incrementar los componentes materiales del bienestar económico todavía van a poder producir aumentos notables de la degradación medioambiental, a no ser que el desarrollo se vea acompañado de medidas apropiadas de regulación.

1.4.3. Por consiguiente, a la Unión Europea no le interesa -ni debe- limitar su atención a los fenómenos que se producen dentro de su territorio sino que, de acuerdo con los compromisos contraídos en la Conferencia de Río de 1992, sus consideraciones deben extenderse a los problemas relativos al agotamiento de los recursos a escala planetaria, la conservación de la biodiversidad y el cambio climático global.

1.4.4. En este sentido, se considera necesario que la óptica de la integración de la política medioambiental en las demás políticas se amplíe también a la esfera del comercio internacional, al objeto de emprender acciones comunitarias de ayuda y cooperación, incluida la transferencia de tecnologías adecuadas, que permitan a los países en vías de desarrollo evitar la etapa de desarrollo más « insostenible » desde un punto de vista medioambiental, contribuyendo así a frenar la degradación del medio ambiente global.

1.4.5. En previsión de la inminente publicación del Libro verde de la Comisión sobre Comercio y Medio Ambiente, el Comité desea que en dicho documento se establezcan objetivos claros para la actuación de la UE y se describa la forma en que los países miembros pueden seguir una política comercial orientada con arreglo a los principios de la sostenibilidad ecológica, de conformidad también con los acuerdos y compromisos que hayan de contraerse en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio.

2. Consideraciones específicas

2.1.

Instrumentos estadísticos

2.1.1. En cuanto al problema de la integración de las políticas medioambientales en las económicas, se considera fundamental la advertencia efectuada en la Comunicación sobre la necesidad de disponer de instrumentos estadísticos más adecuados al objeto de integrar la contabilidad medioambiental en las cuentas económicas tradicionales. El Comité se congratula de la Comunicación recientemente publicada por la Comisión al respecto ().

2.1.2. Habida cuenta de las dificultades con que tropieza la elaboración de sistemas fiables de contabilidad integrada de economía y medioambiente, se comparte el punto de vista de la Comisión (punto 3, p. 9) sobre la necesidad de adoptar inmediatamente para la fase transitoria una serie de contabilidades medioambientales complementarias que acompañen a la contabilidad económica y que pongan así en evidencia los costes medioambientales del crecimiento.

2.1.3. No obstante, es preciso que se dé un fuerte impulso a estos procedimientos al objeto de que los Estados miembros se doten rápidamente de contabilidades medioambientales complementarias, poniendo fin a la fase experimental y espontánea para llegar a un sistema generalizado de contabilidad que abarque a todos los países de la Unión.

2.2.

Internacionalización de los costes medioambientales

2.2.1. El documento de la Comisión destaca la importancia del recurso a los instrumentos de mercado para llevar a cabo la internacionalización de los costes medioambientales y sociales del crecimiento económico en los costes de producción de bienes y servicios (punto 3, p. 11). En este sentido, la Comisión sostiene que la elección entre los diferentes instrumentos de internacionalización (la imposición de límites y normas, los instrumentos de mercado, los acuerdos voluntarios, las normas sobre responsabilidad civil, etc.) debe basarse en el criterio de la eficacia económica y que los instrumentos de mercado, a igualdad de eficacia, imponen a las empresas y a la sociedad costes de adaptación globalmente inferiores.

2.2.2. El Comité considera que existen buenas razones para considerar que entre la amplia gama de instrumentos de mercado, los impuestos y gravámenes ecológicos y, en general, un sistema fiscal orientado ecológicamente, podrían ser un medio eficaz, en un gran número de casos, para conseguir índices significativos de reducción de la contaminación y del consumo de recursos.

2.2.3. No obstante, si se tiene en cuenta el amplio abanico de problemas medioambientales que es preciso afrontar y las diferentes repercusiones de las tasas ecológicas en la fiscalidad directa e indirecta de los Estados miembros, también hay buenas razones para considerar que otros instrumentos de mercado (sistemas de devolución de depósitos, intercambio de « permisos negociables de utilización », incentivos fiscales y financieros, acuerdos voluntarios y responsabilidad civil por daños ecológicos) pueden ser particularmente eficaces para alcanzar objetivos específicos de la política de medio ambiente.

2.2.4. En este sentido, se considera necesario que la Comisión lleve a cabo también, junto a la valoración de las implicaciones de la fiscalidad ecológica en la economía y en el empleo, de manera general y en los diferentes Estados miembros, una valoración detallada de las implicaciones y de los beneficios que se puedan obtener con la utilización de otros instrumentos.

2.2.5. En particular, se deberían examinar en mayor medida, en términos del análisis de la relación costes/beneficios (incluyendo los costes administrativos de aplicación y vigilancia), las implicaciones de los sistemas siguientes :

a)

sistema de devolución de depósitos para fomentar la reutilización y el reciclaje de determinados materiales de envasado y objetos de consumo (la Directiva sobre envases y residuos de envases ya prevé en el artículo 15 la utilización de instrumentos de mercado para alcanzar sus objetivos);

b)

sistemas de intercambio de « permisos negociables de utilización », que se podrían utilizar para frenar o reducir las emisiones de los productos contaminantes más extendidos en el sector industrial, teniendo también en cuenta una estimación de los costes de aplicación y vigilancia;

c)

utilización de incentivos fiscales y financieros para respaldar inversiones en el sector de la investigación de tecnologías compatibles con el medio ambiente e inversiones destinadas a introducir tecnologías más limpias y desarrollar productos de consumo ecológicos;

d)

participación voluntaria de las empresas en los sistemas ECOLABEL y ECOAUDIT para el desarrollo de productos y procesos de producción que respeten el medio ambiente, con especial hincapié en el fomento de la participación de las PYME;

e)

acuerdos voluntarios para reducir las emisiones, incrementar el reciclaje de los residuos y alcanzar determinados objetivos de calidad medioambiental;

f)

responsabilidad civil por daños causados al medio ambiente y creación de eventuales fondos de compensación sectorial ().

2.3.

Efectos de los impuestos ecológicos en el crecimiento y el empleo

2.3.1. En lo que se refiere a las consecuencias y efectos de los impuestos ecológicos en el crecimiento y el empleo, el Comité considera que, partiendo del principio de la neutralidad fiscal de los impuestos ecológicos, su introducción permitiría reformar los sistemas tributarios vigentes en los Estados miembros.

2.3.2. Es más, el Comité considera que la introducción de los nuevos impuestos ecológicos debe representar la ocasión para llevar a cabo un atento examen de los sistemas fiscales existentes y de las distorsiones que infligen al medio ambiente, así como una importante oportunidad para volver a modular y orientar de una forma ecológicamente sostenible los objetivos de la política fiscal en su conjunto, sin dejar de considerar debidamente las exigencias de salvaguardia de la competitividad internacional.

2.3.3. El Comité está de acuerdo con la necesidad de que la imposición de nuevos gravámenes sobre la utilización de los recursos y de la energía vaya acompañada de una reducción equivalente y simultánea de la presión fiscal sobre el trabajo, al objeto también de obtener beneficios directos para el desarrollo del empleo.

2.3.4. Sin embargo, considera que las medidas de política medioambiental en general, y las basadas en los impuestos en particular, no garantizan automáticamente la aparición de efectos positivos en el empleo. De hecho, si no se respaldan de manera adecuada con medidas de acompañamiento, aquéllas pueden traducirse simplemente en estrategias empresariales para optimizar los procesos productivos, que reduzcan el consumo de recursos y la contaminación y aumenten la competitividad, pero no favorezcan, de manera significativa, la creación de empleo.

2.3.5. Si bien existen numerosos estudios e investigaciones que documentan las posibles consecuencias favorables sobre el empleo de las medidas de fiscalidad medioambiental (), combinadas con una reducción de la fiscalidad del trabajo, no existe una suficiente demostración experimental de que la reducción de la fiscalidad del trabajo tenga efectos directos y automáticos en el empleo. Dichos estudios se basan generalmente en modelos econométricos y valoraciones macroeconómicas que demuestran la posibilidad de crear, con los instrumentos de la política medioambiental, las condiciones idóneas para generar nuevas oportunidades de empleo, condiciones que precisan no obstante de políticas y medidas de intervención concretas para poder realizarse.

2.3.6. A la luz de todo lo anterior, se considera necesario que exista una estrecha unión entre política de medio ambiente y política de apoyo al empleo -sin olvidar que sus objetivos son distintos- que debería realizarse principalmente a través de medidas que incentiven la reconversión ecológica de las producciones industriales y de los servicios y la financiación de acciones y programas de saneamiento del medio ambiente.

2.3.7. En particular, el Comité considera que el objetivo del doble dividendo, es decir, de la mejora medioambiental y de la reactivación del empleo, requiere también la adopción de intervenciones de apoyo financiero en los sectores siguientes :

a)

la investigación y desarrollo de productos y tecnologías compatibles con el medio ambiente, sobre todo en aquellos sectores industriales en que la reconversión ecológica supone costes excesivamente elevados;

b)

la reconversión y racionalización de los sistemas de transporte público, con particular atención al sector de los transportes urbanos; la integración de las consideraciones medioambientales en el contexto de la ampliación de las redes nacionales y transeuropeas;

c)

intervenciones de saneamiento del medio ambiente, rehabilitación de zonas degradadas, conservación de la naturaleza, etc., que comportan, en muchos casos, una considerable cantidad de trabajo;

d)

intervenciones para mejorar las prestaciones medioambientales de las empresas a través, entre otras cosas, de incentivos a los sistemas de gestión interna y ayudas a la formación profesional del personal, procurando favorecer especialmente el espíritu de iniciativa en las PYME a través también de acciones de cooperación.

2.4.

Consenso social y equidad distributiva

2.4.1. En lo que se refiere a los problemas de equidad distributiva, dinámica inflacionista y modificación de los regímenes de previsión social que la aplicación del impuesto ecológico puede comportar, el Comité pone de relieve que el documento de la Comisión parece inspirarse en una visión simplista de los problemas encontrados para lograr el consenso social.

2.4.2. De los llamamientos para que todas las clases sociales asuman sus responsabilidades y para contener las reivindicaciones salariales que podrían surgir al modificar los sistemas de fiscalidad del trabajo y de la renta parece traslucirse una cierta ingenuidad.

2.4.3. Dada la complejidad y el carácter ineluctable de los conflictos que estas reformas pueden acarrear, se considera necesario ahondar más en el análisis. En el debate, e incluso en las diferentes etapas de aplicación de las políticas fiscales a distintos niveles, deberían participar los medios sociales y todos los interlocutores interesados.

2.4.4. Es necesario en particular que las medidas comunitarias y nacionales de política medioambiental basadas en la utilización de los instrumentos de mercado y de los impuestos se integren en un marco de negociación y mediación en el que participen los diferentes niveles de gobierno, los medios sociales y todos los interlocutores interesados.

2.4.5. Entre los criterios de equidad no se puede omitir la dimensión regional, teniendo en cuenta los problemas de reconversión de la economía de las regiones menos favorecidas.

2.5.

Conducir la transición hacia un desarrollo sostenible

2.5.1. El Comité, consciente de que la transición hacia un desarrollo sostenible no es automática, destaca la importancia de adoptar una estrategia coherente a largo plazo poniéndola en práctica gradualmente y a un ritmo previsto con antelación, al objeto de limitar los costes de los reajustes correspondientes y dar a los agentes económicos tiempo suficiente para adaptarse (véase punto 4, página 15, de la Comunicación). Cabe señalar que es éste precisamente el planteamiento del Comité en su dictamen relativo al gravamen sobre las emisiones de dióxido de carbono y la energía, recogido en particular en el punto 1.2.3. ()

2.5.2. Si bien es preciso simplificar las reglamentaciones, el Comité vuelve a señalar su perplejidad ante la utilización de instrumentos económicos en el ámbito del medio ambiente como factor de desreglamentación, en la medida en que la aplicación de los instrumentos de mercado también requiere un marco de reglas y normas de control y vigilancia y, además, porque en algunos ámbitos de la política de medio ambiente como, por ejemplo, los de la reducción de la producción y del uso de determinadas sustancias peligrosas y la protección de la salud humana, será siempre necesario prever la imposición de límites y normas.

2.5.3. No cabe duda de que los impuestos que gravan determinadas emisiones, residuos o tipos de materiales nocivos para el medio ambiente acarrearán reconversiones económicas en determinados sectores que probablemente tengan efectos negativos inmediatos en términos de empleo. Al mismo tiempo, podrán desarrollarse nuevos sectores de actividad, en particular los relacionados con el desarrollo de las tecnologías medioambientales, y podrán surgir nuevos perfiles profesionales, aunque, evidentemente, en períodos de tiempo y con intensidad diferentes según las regiones.

2.5.4. Todo ello impone medidas y políticas de acompañamiento, como se destacaba en el dictamen sobre envases y residuos de envases, en el que se abogaba por una previsión precisa de las tendencias, para incentivar a su debido tiempo diferentes formas de reconversión y fomentar la formación profesional necesaria para adecuarse a las nuevas exigencias (), en particular en lo que se refiere a las PYME y a la promoción de las nuevas tecnologías medioambientales.

2.5.5. Por consiguiente, el reparto adecuado de los costes de la reconversión no puede dejarse únicamente en manos de los mecanismos del mercado, y exige participación, diálogo y la definición de políticas apropiadas.

2.5.6. El « doble dividendo » al que se refiere el documento de la Comisión, en el sentido de efectos positivos para la calidad del medio ambiente y el empleo, es, pues, un objetivo estratégico global a largo plazo que no tiene por qué perseguirse caso por caso ni medida por medida.

2.5.7. Ya en 1983, en el dictamen relativo a las intervenciones sobre el medio ambiente con efectos en el empleo (), el Comité invitaba a evitar que la política medioambiental se subordinase a la política de empleo o viceversa, dado que cada una persigue sus propios objetivos.

2.5.8. En la etapa actual, tanto el desarrollo sostenible como el crecimiento del empleo constituyen objetivos irrenunciables que deben conjugarse a través de una iniciativa política sólida y la participación responsable de todos los interlocutores. En este sentido, el Comité destaca el papel positivo que pueden desempeñar las nuevas tecnologías del medio ambiente y las industrias de este sector en lo que se refiere al crecimiento económico y al desarrollo del empleo.

3. Síntesis de las anteriores tomas de posición del CES sobre el crecimiento económico y el medio ambiente

3.1. Al objeto de no sobrecargar el dictamen con referencias a tomas de posición ya expresadas, el Comité resume a continuación las líneas directrices esenciales por él elaboradas sobre los asuntos abordados en el documento de la Comisión, por considerar que siguen revistiendo gran actualidad para el debate que dicho documento desea suscitar.

3.1.1.

La participación de los actores socioeconómicos

El Comité, en cuyo seno confluyen diferentes intereses y puntos de vista para llegar a un planteamiento común, ha manifestado hace tiempo su deseo de que los medios económicos y sociales participen en la realización de la política medioambiental.

En 1987, en su Dictamen sobre el Cuarto programa de acción en materia de medio ambiente (), el Comité recomendaba en el punto 1.5 :

« Dada la importancia que este programa sobre el medio ambiente reviste para la política económica y social, así como para el empleo, el Comité recomienda que la Comisión incluya en la realización del programa a las organizaciones patronales y sindicales, así como a las asociaciones de consumidores y movimientos ecologistas representativos. Convendría establecer a nivel comunitario ciertas condiciones marco que garanticen la correspondiente cooperación a nivel nacional, regional y local. »

Este planteamiento ha sido tomado en consideración en el Quinto programa, en el que se hace hincapié en la participación y la cooperación partiendo del principio de que ninguna política de « desarrollo sostenible » puede llevarse a cabo sin la participación -lo más amplia y democrática posible- de los ciudadanos de la Unión Europea.

3.1.2.

Mercado único y medio ambiente

La aproximación de la fecha de entrada en vigor del mercado único y la creciente importancia de la protección del medio ambiente en las disposiciones de armonización (apartado 3 del artículo 100 A introducido en los Tratados por el Acta Única) intensificaron la actividad del Comité Económico y Social en dicho ámbito.

La necesidad de proceder a una reflexión más profunda sobre la relación entre medio ambiente y desarrollo económico y social, al objeto de utilizar la entrada en vigor del mercado único como oportunidad para el desarrollo de una política de protección medioambiental de alto nivel, motivó la decisión de elaborar un dictamen de iniciativa sobre « La política de protección del medio ambiente, variable fundamental del desarrollo económico y social » ().

En opinión del Comité, la toma de conciencia sobre los límites del actual modelo de desarrollo y de consumo iba siendo cada vez mayor, al tiempo que se consolidaba la convicción de que, en lugar de defender el modelo existente, precisamente la reconversión ecológica de la producción podía estimular una nueva fase de crecimiento.

La gravedad del deterioro de las condiciones reales del bienestar, puesta de manifiesto por el coste económico de la « falta de una política en materia de medio ambiente », imponía la exigencia de concebir y poner en práctica una política de productividad diferida, capaz de conciliar la eficacia económica y la compatibilidad ambiental.

En el punto 4 de dicho dictamen, el Comité destacaba la necesidad de reorientar los Fondos estructurales para asegurar la compatibilidad ambiental de las acciones emprendidas, y la institución de una dotación presupuestaria para favorecer las inversiones en el sector del medio ambiente sin limitaciones de carácter regional.

Sobre la base de dicho dictamen de iniciativa, el Comité volvió a abordar los mismos temas en 1990 y 1991, analizando los informes del Grupo operativo sobre la política de medio ambiente y el mercado interior europeo () y sobre el Libro verde sobre el medio ambiente urbano ().

En 1994, en un análisis del funcionamiento del mercado interior, el Comité manifestó su preocupación por las disparidades existentes en las disposiciones medioambientales sobre los productos y recomendó un mayor equilibrio entre las normas medioambientales y el funcionamiento del mercado interior ().

3.1.3.

Utilización de los instrumentos económicos y desarrollo de una política de investigación a la altura de los desafíos medioambientales

En dichos dictámenes, el Comité prestaba una particular atención al empleo de los instrumentos económicos para activar un proceso de renovación estructural y garantizar un crecimiento ecológica y socialmente sostenible.

Según el Comité, las exacciones y tasas ecológicas pueden ser instrumentos eficaces para inducir a consumidores y productores a adoptar comportamientos más respetuosos con el medio ambiente.

Dichos instrumentos deben respaldarse con medidas de acompañamiento al objeto de evitar que las categorías económicamente más débiles de la población resulten perjudicadas.

Las exacciones y tasas ecológicas no se prestan a acciones inmediatas, sino que deben enmarcarse en una estrategia a largo plazo, debido también a la necesidad de prever decisiones a largo plazo sobre inversiones.

En cuanto a los programas de investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito del medio ambiente, en su dictamen de 4 de septiembre de 1990 (), el Comité celebraba la introducción de un nuevo sector de investigación sobre los « aspectos económicos y sociales de los problemas medioambientales » (punto 3.3) y destacaba, en el punto 4.11, la actualidad de asuntos como la incorporación de parámetros medioambientales a la metodología económica, el análisis de costes/riesgos/beneficios y la definición del concepto de desarrollo sostenible para la definición de una política medioambiental plenamente integrada.

3.1.4.

1992, año de la Conferencia de Río y del Quinto programa para el medio ambiente : el debate con vistas a Maastricht y la inserción del « crecimiento sostenible » en el Tratado

En el año 1992 se registró un giro en materia de concienciación a nivel global sobre el problema de la protección del medio ambiente; los convenios adoptados a escala mundial crearon un nuevo marco de referencia para la cooperación entre los pueblos. Para la Comunidad Europea en particular, fue el año de la elaboración del nuevo programa para el medio ambiente basado en un nuevo enfoque integrado, que requiere la participación de los medios económicos y sociales; también fue el año de la inserción, en el Tratado de la Unión Europea, del concepto de « crecimiento sostenible ».

La nueva estrategia, respaldada por el Comité en su dictamen de 1 de julio de 1992 (), se basa en la observación de que la normativa no es suficiente : además de la participación, la responsabilidad y el diálogo, prevé la aplicación de instrumentos económicos y fiscales, así como incentivos e impuestos, para reorientar la economía de manera que sea compatible con el medio ambiente.

En adelante se pretenderá garantizar el control de los productos desde el punto de vista medioambiental « desde la cuna hasta la sepultura », es decir, desde la primera fase del ciclo de producción, pasando por el producto destinado al consumidor, hasta el momento en que dicho producto se transforma en desecho. Entre las diferentes medidas previstas, cabe citar la « etiqueta ecológica », que debe concederse a los productos más compatibles con el medio ambiente, el reglamento sobre la « auditoría » ecológica, un sistema de contabilidad del comportamiento medioambiental de las empresas al que éstas se pueden someter voluntariamente, así como el paquete de directivas sobre gestión de los residuos, en particular la referente a los residuos de envases.

En el dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a envases y residuos de envases (), el Comité examinó nuevamente la relación entre las medidas medioambientales, la competitividad y el desarrollo del empleo.

Al tiempo que examinaba un problema concreto y tomaba en consideración los puntos de vista de todas las partes interesadas, continuando así su propia tradición de diálogo, el Comité hizo hincapié, en el punto 2.5, en la necesidad de analizar las consecuencias de la reorganización del sector del empleo, tanto en términos de pérdidas de puestos de trabajo como de desarrollo de nuevos sectores y perfiles profesionales que permitan la creación de nuevos puestos de trabajo.

Según el Comité, una previsión precisa de las tendencias puede permitir incentivar oportunamente determinadas formas de reconversión y fomentar la formación profesional necesaria para adecuarse a las nuevas exigencias.

Además, destacaba el hecho de que en la fase de dificultades que atraviesa la economía europea, la reactivación no puede desligarse del « desarrollo sostenible », ya que éste incluso podría estimularla.

Por consiguiente acogió favorablemente la Resolución del Consejo relativa a « la relación entre la competitividad industrial y la protección del medio ambiente » () y en particular el hecho de que aquél invitase a la Comisión a fomentar el desarrollo de tecnologías medioambientales, incluidas las tecnologías más limpias, añadiendo que la innovación tecnológica para la mejora del medio ambiente puede constituir un factor de competitividad y desarrollo con repercusiones positivas sobre el empleo.

3.1.5.

Capítulo 10 del Libro blanco : ¿hacia un modelo de desarrollo sostenible ?

El Libro blanco sobre « Crecimiento, competitividad, empleo » () ha sido objeto de varios dictámenes del Comité, dedicados a los diferentes aspectos de su contenido, y en particular al modelo de « desarrollo sostenible » esbozado en el capítulo 10.

En su dictamen sobre los aspectos económicos y financieros (), en los puntos 3.2.7 y 3.2.8, el Comité se declara en principio dispuesto a examinar con actitud favorable la hipótesis de que un impuesto ecológico y energético podría aligerar el peso de las exacciones obligatorias no salariales que gravan el coste del trabajo, al tiempo que permitiría crear nuevos puestos de trabajo en el sector de la protección del medio ambiente y de las tecnologías limpias.

El Comité señala la necesidad de un profundo análisis para examinar las repercusiones de las diversas hipótesis sometidas a debate, así como las experiencias que ya se están realizando en algunos países comunitarios.

En el dictamen sobre los aspectos industriales () se afirma, en el punto 3.3.5.6, que un desarrollo industrial dinámico sólo tendrá perspectivas de futuro si está en consonancia con el planteamiento estratégico de un « desarrollo sostenible ». En este sentido, las inversiones en el ámbito del medio ambiente, ya sean privadas o públicas, contribuirían a salvaguardar la competitividad, el crecimiento y el empleo.

Entre los proyectos de inversión a los que cabría dar prioridad se citaban :

- el desplazamiento de una parte de la investigación básica hacia sectores respetuosos del medio ambiente;

- el apoyo al desarrollo de nuevas tecnologías limpias que satisfagan especialmente los siguientes criterios :

mayor aprovechamiento de la energía

menor utilización de materias primas

mayor duración de la utilización de los productos

mejores procedimientos

- la puesta en práctica de proyectos de inversión en los campos de acción prioritarios, como los transportes, la energía y la gestión de residuos.

Además, en el punto 3.3.5.6.2, se afirma que los criterios de actuación en política de medio ambiente deben considerarse como parte integrante de la ampliación de las redes transeuropeas, propuesta en el Libro blanco.

A continuación, se señalan varios proyectos de política de medio ambiente e infraestructuras, como el aumento de la capacidad de los sistemas de transporte público, las instalaciones de reciclado, la renovación de los sistemas de abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales y la puesta en práctica de los planes de ahorro de energía en el sector de la vivienda y de la producción.

Por último, a fin de superar el actual desequilibrio entre la escasez de recursos naturales y la utilización de los mismos, se proponen nuevos incentivos y mecanismos fiscales, de manera que en los precios de mercado se reflejen también los costes reales del consumo de los recursos y de los daños causados al medio ambiente.

Habida cuenta del alcance de los desafíos planteados, se destaca en el punto 3.4 la importancia del diálogo a todos los niveles de la vida económica y social, en el que deben participar no sólo los interlocutores sociales « tradicionales », sino también los representantes de las PYME, de la agricultura, de las asociaciones de consumidores, de los ecologistas y del mundo científico.

Hecho en Bruselas, el 27 de abril de 1995.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Carlos FERRER

() Véase a este respecto la síntesis de sus puntos de vista en el punto 3 del presente documento.

() DO no C 332 de 31. 12. 1990, p. 107 y siguientes. Publicado en folleto por el Comité Económico y Social bajo el título « Medio ambiente y mercado interior » (CES 91-016).

() Doc. COM(94) 670 final.

() DO no C 133 de 16. 5.1994.

() Véase, por ejemplo, el documento de la Fundación de Dublín para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, de octubre de 1994, titulado « The potential for employment opportunities from pursuing sustainable development » y el estudio « Potential Benefits of integration of Environmental and Economic Policies » preparado para la DG XI por DRI en colaboración con DHV, TME, IVM, ERM, ECOTEC, Travers Morgan y M+R en 1994.

() DO no C 108 de 19. 4. 1993.

() DO no C 129 de 10. 5. 1993.

() DO no C 341 de 19. 12. 1983, p. 43.

() DO no C 180 de 8. 7. 1987, p. 26.

() DO no C 56 de 7. 3. 1990.

() DO no C 332 de 31. 12. 1990.

() DO no C 269 de 14. 11. 1991.

() DO no C 393 de 31. 12. 1994, punto 7.6.

() DO no C 332 de 31. 12. 1990.

() DO no C 287 de 4. 11. 1992.

() DO no C 129 de 10. 5. 1993.

() DO no C 331 de 16. 12. 1992.

() DO no C 295 de 22. 10. 1994.