A4-0301/96

Resolución sobre la política rural europea y la creación de una Carta Rural Europea

El Parlamento Europeo,

- Vista la propuesta de resolución del Sr. Hyland sobre la política rural europea y sobre la creación de una Carta Rural Europea (B4-0019/94),

- Vista la propuesta de resolución del Sr. Happart sobre la aplicación de una política integrada de desarrollo del mundo rural (B4-0055/95),

- Visto el artículo 45 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las opiniones de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, de la Comisión de Política Regional, de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación y de la Comisión de Derechos de la Mujer (A4-0301/96),

A. Considerando que la Unión Europea tiene como misión promover un desarrollo duradero y armonioso de las actividades socioeconómicas en el mundo rural en el conjunto del territorio de la Comunidad,

B. Considerando que el Artículo 130 A del Tratado menciona expresamente la necesidad de reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, incluidas las zonas rurales; que, por lo tanto, la política rural es parte integrante de la política de cohesión económica y social,

C. Considerando que, si bien la agricultura sigue siendo la actividad principal de las zonas rurales, es necesario hacer hincapié en la interdependencia y en la necesidad de un desarrollo armónico del conjunto de los sectores de la economía rural,

D. Considerando la precariedad del empleo, agravada en los últimos años,

E. Considerando sus resoluciones sobre la Conferencia Intergubernamental en las que se subraya la necesidad de una política rural integrada,

F. Considerando que la función del Parlamento Europeo es indicar las grandes líneas directrices y la de la Comisión proponer las medidas necesarias de puesta en marcha de una política rural europea eficaz y democrática,

G. Considerando que son numerosas las mujeres que participan en el desarrollo del mundo rural, desempeñan una función activa e impulsan nuevas dinámicas; que, por lo general, las mujeres se encuentran en desventaja, ya que las posibilidades de empleo son insuficientes,

H. Considerando que la agricultura continuará constituyendo la actividad central de la mayoría de las zonas rurales, pero que deberá fomentarse el crecimiento de otras actividades en estas zonas con la finalidad de crear empleo, sin por ello olvidar el carácter sostenible de los procesos económicos,

I. Considerando que, con objeto de llevar a cabo una política de desarrollo integrado en la Unión Europea, conviene asentar el desarrollo rural, centrado tanto en las actividades agrícolas como en las no agrícolas, en un espíritu de actividades plurales,

J. Considerando que la Unión Europea necesita desarrollar los diversos aspectos de su política en materia rural para alcanzar una política rural integrada que debería constituir un marco que abarque y complemente las políticas nacionales, regionales y la de la Unión; que esta política de desarrollo integrado debe ser coherente con un enfoque de ordenación del territorio de la Unión y no podrá en ningún caso limitarse a acompañar las políticas seguidas en cada uno de los Estados miembros o regiones; que la Unión Europea debe desempeñar una función impulsora y definir orientaciones que puedan tener en cuenta al mismo tiempo la diversidad del espacio rural y el conjunto de las políticas sectoriales comunitarias, que tienen repercusión en el desarrollo rural,

K. Considerando que esta política de desarrollo rural debería definir prioridades comunitarias tanto en territorios específicos (zonas de montaña, zonas de la periferia urbana, zonas húmedas, zonas litorales, zonas secas, zonas insulares, etc.) como en los temas comunes a todas las zonas (por ejemplo: formación, problemas de reconversión económica, etc.),

L. Considerando que, de acuerdo con estas prioridades, los Estados o regiones presentarían programas elaborados por el conjunto de los interlocutores y estructuras locales, debiéndose llevar a cabo todo ello en un marco de cooperación, con reglas de juego claras que permitan a los diferentes intereses expresarse y decidir democráticamente,

M. Considerando que la adhesión de los tres nuevos Estados miembros a la Unión Europea ha acentuado la importancia de las zonas rurales, siendo aproximadamente una cuarta parte de la población de la Unión ciudadanos que habitan en municipios rurales, que representan casi un 85% de la superficie total de la Unión; que esta proporción aumentará con la ampliación de la UE a los países de la Europa central y oriental; que la política rural de la UE debería servir de modelo para los PECO en el período previo a la adhesión,

N. Considerando que el Parlamento Europeo reconoce que, si se aplicaran las políticas de la UE sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo los beneficios para la población en zonas rurales serían importantes,

O. Considerando que la Unión Europea debe revisar la lista de medidas elegibles con arreglo al Objetivo 5b, dado que, al estar limitadas estas medidas a una parte del territorio, no responden a la idea de contemplar un desarrollo rural integrado del conjunto de la Unión Europea y no permiten aplicar determinadas iniciativas comunitarias,

P. Recordando su Resolución de 9 de julio de 1987 sobre la contribución de las cooperativas al desarrollo regional ((DO C 246 de 14.9.1987, pág. 94)), el dictamen del Comité Económico y Social sobre la contribución de las cooperativas al desarrollo regional ((DO C 298 de 27.11.1989, pág. 59)) y el documento de trabajo de la Comisión (SEC(95)0564) titulado «Iniciativas locales de desarrollo y empleo», que examina la idea de que las economías europeas esconden «nuevos yacimientos de empleo» que responden a necesidades aún no satisfechas en el sector de los servicios,

Q. Considerando que el desarrollo rural integrado debe venir acompañado de una política de ordenación del territorio, de investigación y de divulgación,

R. Considerando que la integración de un turismo rural y social constituye un instrumento nada desdeñable de desarrollo económico, social y cultural de las zonas rurales,

S. Considerando que el espacio rural constituye en la actualidad una oportunidad frente a las cada vez mayores dificultades de las concentraciones urbanas, para la mejora de la movilidad de las personas y de la información, la reducción del tiempo de trabajo, la prolongación de la duración de la vida y las nuevas aspiraciones de la sociedad tanto en términos de calidad como de identidad,

1. Pide a la Comisión que fomente un marco coherente que cree empleo dentro y fuera de la agricultura en ámbitos como la conservación de los recursos naturales del medio ambiente;

2. Estima que es importante establecer una definición única del concepto «rural», sobre la base de la densidad de población y de la predominancia de las fuentes de ingresos rurales, así como del carácter periférico, con objeto de tener en cuenta las características particulares de las zonas rurales próximas a las ciudades, las zonas rurales que ocupan una posición central y las zonas rurales alejadas, y tomando en consideración la fortaleza económica regional, el uso de la tierra y los modelos de asentamiento, y pide a la Comisión que presente propuestas aceptables a nivel de toda Europa;

3. Destaca la diversidad de las zonas rurales, que poseen una amplia variedad de valores, como los recursos naturales, la autosuficiencia y el patrimonio cultural y arquitectónico; considera que el concepto de desarrollo rural integrado debe luchar contra el desempleo y el éxodo rural mediante la creación de medidas que inciten a la mejora de las condiciones de vida de la población rural y la implicación de todos los agentes locales económicos, sociales y culturales que puedan crear modelos organizativos innovadores de integración;

4. Señala especialmente a la atención el «mundo rural profundo», que se caracteriza por una densidad de población muy baja, un alejamiento de los centros urbanos, un envejecimiento de la población, el gran declive de la agricultura y la falta de derechos para producir;

5. Considera que el proceso de desarrollo rural debe sacar partido de sus puntos fuertes mediante una política voluntarista a partir de instrumentos comunitarios adecuados (reserva especial de derechos para producir para los agricultores, cofinanciación comunitaria de la inversión en la propiedad rural mediante la revisión del artículo 7 del Reglamento (CEE) nº 2328/91 ((DO L 218 de 6.8.1981, pág. 1)));

6. Subraya que el objetivo global de la política rural consiste en desarrollar y mantener comunidades rurales permanentemente viables; considera que las políticas deben tener por finalidad la regeneración de comunidades afectadas por los problemas de la despoblación, el envejecimiento (bien sea como consecuencia de la emigración de los jóvenes o del establecimiento de jubilados en el medio rural) o el incremento del número de propietarios de segundas viviendas;

7. Subraya la importancia particular de las zonas montañosas en el entorno rural, zonas que son para toda Europa un lugar central de ocio, descanso y tránsito y que poseen las reservas de agua potable más importantes, pero que presentan una especial sensibilidad ecológica, y considera que para preservar este entorno vital, económico y natural único y asegurar los recursos existentes (en particular, bosques de montaña y aguas) es necesario que las zonas montañosas sean tenidas particularmente en cuenta en el marco de los Fondos estructurales de la UE;

8. Subraya la gravedad del problema del desempleo y de los bajos salarios y del aislamiento social en muchas zonas rurales, que afecta especialmente a los jóvenes y a las mujeres, a las familias en situaciones difíciles, a las personas con contratos de trabajo a tiempo parcial y, de manera más general, a las personas aisladas y a los minusválidos;

9. Señala el coste social de las zonas rurales no desarrolladas y la saturación no planificada y continuada de las ciudades, que conduce a un elevado incremento de los problemas medioambientales (concentración de aguas residuales, tráfico, etc.), de la delincuencia y de otros problemas en las zonas urbanas, así como al aislamiento y a los sentimientos de exclusión en las zonas rurales; en este sentido, debería fomentarse una nueva solidaridad con respecto a las familias (encargarse de los niños no escolarizados, etc.), para las que podría llevarse a cabo una acción especial, concretamente la oferta de viviendas para los jóvenes de 18 a 25 años, el desarrollo de las estructuras de acogida y de alojamiento para las personas de edad no autónomas y la creación de núcleos con varios servicios públicos y privados (correos, seguros, bancos, etc.);

10. Piensa que el desarrollo y la diversificación económica de las áreas rurales necesita de un esfuerzo tendente a la descentralización de las actividades económicas y que un elemento central de esa estrategia es el fomento de centros urbanos medianos capaces de dinamizar el tejido económico de las zonas circundantes y de asumir nuevos sectores de actividad;

11. Considera prioritaria la potenciación de las ciudades en zonas rurales en el marco de una futura política urbana de la Unión; estima necesario que los Fondos estructurales aborden la financiación de proyectos de cooperación entre municipios en torno a dichos centros urbanos, para ofrecer en común servicios e infraestructuras; recuerda, en ese sentido, que el Parlamento se ha pronunciado en favor de una aplicación más flexible de los criterios de elegibilidad del programa de iniciativa comunitaria URBAN, aconsejando su aplicación en ciudades de dimensiones más modestas que las inicialmente previstas;

12. Hace hincapié en la importancia de las iniciativas de la Comunidad, que pueden tener repercusiones muy positivas, aunque cuentan con medios muy insuficientes; opina que el enfoque en el que se cuenta con la participación de la población local, especialmente los agentes socioprofesionales y sus representantes y los agentes del mundo asociativo en una cooperación real con participación en los procesos de toma de decisiones, constituye una manera eficaz de llevar a buen término el desarrollo rural;

13. Reconoce que el mundo rural representa para muchos países las raíces de su cultura y que de su existencia dependen la independencia alimentaria de Europa y las políticas de ordenación del territorio, de defensa del medio ambiente y de diversificación paisajística;

14. Considera que no debe contemplarse la agricultura de la Unión Europea únicamente en su función productiva, sino también asociándola a un contexto rural caracterizado por sus regiones y que la política rural debe combinar elementos de las políticas agrícola, social, regional, de transporte, energética y medioambiental, sobre la base de los principios de concentración de esfuerzos, cooperación clara y democrática, programación y adicionalidad, respetando siempre el principio de subsidiariedad; insiste en el hecho de que las poblaciones interesadas han de ser ampliamente consultadas y estrechamente asociadas a la formulación de nuevas políticas;

15. Considera que una nueva reforma de la Política Agrícola Común constituye una condición previa elemental para una política rural orientada al futuro, y opina que para ello deben reestructurarse los recursos a disposición del FEOGA, con objeto de que cada vez se financien menos medidas reguladoras del mercado y se utilicen los recursos así liberados para fomentar el desarrollo económico de las zonas rurales y una agricultura respetuosa del medio ambiente;

16. Considera que una nueva reforma de la PAC debe tener como objetivos:

a) el establecimiento de una actividad agrícola basada en la producción de calidad controlada, que defienda la salud pública, la sanidad y el bienestar de los animales y el medio ambiente,

b) la continuación del proceso de adaptación de la agricultura a las necesidades del mercado, con particular énfasis en la mejora de la calidad, e invirtiendo en sectores como la silvicultura planificada, la biomasa o los cultivos de productos vegetales no alimenticios para fines industriales y energéticos,

c) un aumento de la población rural, mediante un sistema de ayudas financieras basadas en las ayudas directas a la renta y en las indemnizaciones compensatorias,

d) la distribución de las ayudas financieras en función del control de la calidad, de la producción, de la sanidad y del bienestar de los animales, de la defensa del medio ambiente y de la dimensión de las explotaciones,

e) la preservación de la estructura social mediante ayudas especiales a las comunidades:

- que viven en zonas menos favorecidas, en zonas montañosas, en zonas de inviernos fríos cuyos suelos se congelan, así como en regiones periféricas y con baja densidad de población e islas,

- que se enfrentan a problemas especiales por el tamaño y el tipo de empresa, especialmente fomentando cooperaciones a un nivel superior al de las empresas y cooperativas,

- que se encuentran en proceso de diversificación su actividad mediante otras fuentes de ingresos que permiten conservar una comunidad rural necesaria para una ordenación armoniosa del territorio;

- que creen empleo duradero,

- que utilicen métodos sostenibles desde el punto de vista medioambiental,

f) la reinstalación del agricultor en su papel de guardián de los recursos naturales, reconociendo al mismo tiempo económicamente estos servicios prestados en interés de las generaciones futuras, y apoyando una explotación ecológica con programas especiales financiados por la UE y los Estados miembros para fomentar una agricultura adaptada al medio ambiente, así como reconociendo la importancia de ayudar financieramente a pequeñas explotaciones agrícolas a fin de que puedan desarrollarse positivamente y contribuir a una sana gestión del medio ambiente y a su conservación;

17. Señala la necesidad de establecer una mejor comunicación entre los agricultores y los consumidores, dando a aquéllos condiciones para producir y a éstos ayudas para controlar la calidad de lo que consumen;

18. Señala la necesidad de imponer a los productos importados las mismas normas de control que se imponen a los agricultores de la Unión;

19. Considera que ha de diversificarse la cadena alimentaria mediante el apoyo con programas específicos a las producciones regionales de calidad;

20. Manifiesta su preocupación por el número creciente de agricultores que cesan su actividad y aconseja encarecidamente que se facilite la rehabilitación de las construcciones agrícolas existentes, tanto desde el punto de vista del hábitat como desde el punto de vista profesional y funcional;

21. Señala la importancia de un sistema de salarios mínimos para proteger a los trabajadores más vulnerables en comunidades aisladas del mundo rural y destaca la necesidad de que se desarrollen proyectos nuevos alternativos para mejora de la agricultura y de los productos agrícolas y para la creación de empleo fuera de este ámbito; considera que estas actividades, incluidos el turismo, el teletrabajo y la industria nueva de alta tecnología, deben fomentarse mediante incentivos especiales tanto a nivel de la UE como de sus Estados miembros, incluidos un tratamiento fiscal especial y un estatuto especial en el marco de los Fondos estructurales;

22. Insiste en la necesidad de desarrollar recursos e iniciativas para la población rural afectada, tanto desde el punto de vista de los recursos humanos como del futuro desarrollo de la ordenación del territorio y de la contención del éxodo rural, especialmente en lo relativo a las infraestructuras y a los servicios, así como para la salvaguardia de los equilibrios regionales y ecológicos;

23. Señala la función tradicional del movimiento cooperativo en el desarrollo del mundo rural y regional y en la incentivación del empleo, haciendo especial hincapié en las nuevas formas de cooperación social para la prestación de servicios sociales (asistencia a domicilio a ancianos y discapacitados) y el desarrollo de actividades productivas encaminadas a la inserción laboral de personas desfavorecidas, que pueden constituir uno de los instrumentos de promoción social, económica y ocupacional para las zonas rurales;

24. Subraya la importancia de las PYME en la creación de empleo rural y acoge positivamente la propuesta de la Comisión de fomentar diferentes tamaños de PYMES;

25. Destaca que el fomento de la empresa privada en zonas rurales requerirá inversiones en infraestructuras y servicios comunales, así como un mejor acceso a los servicios públicos y ayudas para el mantenimiento de comercios y otros servicios rurales amenazados de cierre;

26. Pide a la Comisión que promueva redes europeas de asociaciones y de comités de acción rural que trabajen en favor del desarrollo rural; asimismo opina que los pequeños grupos de acción social pueden participar también en las licitaciones;

27. Destaca la necesidad de un mejor acceso en las zonas rurales a los servicios públicos, tales como la prevención y la sanidad, el abastecimiento de agua, las telecomunicaciones y servicios afines y servicios culturales; subraya el importante papel que desempeña a este respecto la relación entre la ciudad y el pueblo en el interior rural y la necesidad de realizar inversiones en el transporte público;

28. Señala la función extremadamente positiva del ámbito del turismo rural, pero considera que las acciones se han concentrado fundamentalmente en las infraestructuras, descuidando la creación de actividades económicas y productivas generadoras de empleo; reconoce especialmente la función social y económica desempeñada por la participación de las mujeres en la creación y gestión de esta actividad e insiste para que se les asocie plenamente;

29. Considera necesario promover la mejora de la participación de la mujer en la vida política, económica y social, proceder a la eliminación de todo tipo de discriminación de carácter jurídico en la sociedad y en la familia, así como garantizar la igualdad económica de las mujeres reconociéndoles derechos propios, y no sólo derechos derivados;

30. Considera que debe tenerse en cuenta en los proyectos de desarrollo rural la igualdad de oportunidades para las mujeres en el medio rural, tanto desde el punto de vista de su participación en la elaboración de los proyectos como en la toma de decisiones;

31. Destaca que la ausencia de empleo alternativo en las comunidades rurales afecta particularmente a las mujeres, tanto más cuanto que la inexistencia de estructuras que ofrezcan un abanico completo de servicios, por ejemplo para la acogida de los niños y de las personas de edad avanzada, así como de establecimientos escolares y de medios de transporte cómodos, hace que sea extremadamente difícil la vida en una sociedad rural;

32. Considera que la educación, la formación y la reconversión de mano de obra son primordiales para la política rural y pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen con carácter urgente medidas eficaces;

33. Considera indispensable el establecimiento de programas de formación en determinados ámbitos, con objeto de adaptarse a los cambios en ciernes, a saber, gestión de los pueblos turísticos, educación en métodos respetuosos con el medio ambiente, comercialización y calidad de los productos, tecnología en materia de desarrollo rural y potenciación de los ecosistemas;

34. Subraya que las medidas medioambientales adecuadas deben ser parte integrante del proceso de desarrollo y destaca la función de protección del entorno rural ante los aludes, las avalanchas y las inundaciones;

35. Desea que se produzca una adaptación social y medioambiental de los productos y de los servicios con el apoyo de un «marketing» social, garantizando un «código de buena conducta» tanto desde el punto de vista del productor como del consumidor;

36. Señala la importancia de la preservación y el desarrollo de oportunidades de expresión cultural y la creación y el mantenimiento de la identidad local a través, entre otros medios, del desarrollo de las artes locales;

37. Se muestra convencido de que las funciones sociales y culturales están relacionadas y pueden convertirse en una fuente de actividades; considera que la riqueza del patrimonio rural se inscribe en una identidad cultural y regional que debe potenciarse, por ejemplo, a través de medidas específicas destinadas a preservar y fomentar la utilización de lenguas minoritarias y de tradiciones culturales y artísticas autóctonas;

38. Señala la necesidad de que los Estados miembros tengan también en cuenta en sus políticas de vivienda las necesidades rurales; considera que debe lograrse una mayor oferta de alojamiento mediante una combinación de empresas públicas y privadas, con subvenciones e incentivos para modernizar y mejorar la oferta de alojamiento y poniendo a disposición viviendas de bajo coste para atender las necesidades locales; destaca que la Unión Europea puede contribuir a la regeneración de los pueblos;

39. Reitera que al desarrollar las políticas de la Unión Europea la Comisión debe tener en cuenta la integración adecuada de la utilización de la tierra para la agricultura, la silvicultura, el ocio, el turismo, el uso industrial y la vivienda;

40. Señala la contradicción existente en la actitud de la Comisión que, por una parte, tiene voluntad de llevar a cabo una política dinámica y resuelta en las zonas rurales y, por otra, no propone una plasmación presupuestaria significativa;

41. Subraya que los recursos de los Fondos estructurales que hasta ahora fluyen hacia el entorno rural han de coordinarse mejor entre sí mediante el establecimiento de un fondo de estabilización de las zonas rurales dentro del presupuesto, con cargo al cual se pueda prestar apoyo a la agricultura de las zonas con mayores dificultades; pide a la Comisión que los programas de mercado interior, como, por ejemplo, los programas de investigación, se orienten de manera que tengan un mejor aprovechamiento también en las zonas rurales; pide asimismo a la Conferencia Intergubernamental que adopte esta propuesta con vistas a su aplicación, a más tardar en 1999;

42. Pide a la Comisión que presente un documento innovador de conjunto sobre el desarrollo rural, que se base en propuestas encaminadas al establecimiento de un modelo económico, social y local integrado a largo plazo y autónomo, evitando formular normas de aplicación demasiado rígidas y velando por la simplificación de la burocracia;

43. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión y al Consejo.