COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 26.2.2020 SWD(2020) 508 final DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN Informe sobre España 2020 que acompaña al documento COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO Y AL EUROGRUPO Semestre Europeo 2020: Evaluación de los avances en lo que respecta a las reformas estructurales y la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y resultados de los exámenes exhaustivos conforme al Reglamento (UE) n.º 1176/2011 {COM(2020) 150 final}



Índice Resumen 1.Situación y perspectivas económicas 2.Avances en la aplicación de las recomendaciones específicas por país 3.Síntesis de los principales resultados del examen exhaustivo realizado en el marco del procedimiento de desequilibrio macroeconómico 3.1.Introducción22 3.2.Desequilibrios y gravedad de los mismos22 3.3.Evolución, perspectivas y medidas adoptadas23 3.4.Evaluación general30 4.Prioridades de reforma33 4.1.Hacienda pública y fiscalidad33 4.2.Sector financiero44 4.3.Políticas del mercado de trabajo, políticas de educación y políticas sociales59 4.4.Competitividad, reformas e inversión87 4.5.Sostenibilidad medioambiental108 Anexo A: Cuadro general113 Anexo B: Análisis de la Comisión de la sostenibilidad de la deuda y de los riesgos presupuestarios124 Anexo C: Cuadros normalizados125 Anexo D: Orientaciones de inversión sobre el Fondo de Transición Justa 2021-2027 para España 132

Anexo E: Avances hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)134 Referencias140



LISTA DE Cuadros Cuadro 1.1:Indicadores económicos y financieros clave: España Cuadro 2.1:Evaluación general de los avances en la aplicación de los REP de 2019 * Cuadro 3.1:Mapa de calor de los efectos indirectos producidos por España en el exterior Cuadro 3.1 a:Efectos indirectos en España de un programa de inversión pública de 10 años Cuadro 3.2:Análisis de sensibilidad (balanza por cuenta corriente y posición de inversión internacional neta) Cuadro 3.3:Matriz del PDM Cuadro 4.2.1:Indicadores de solvencia financiera (todos los bancos de España) Cuadro 4.4.1:Barreras a la inversión Cuadro C.1:Indicadores del mercado financiero Cuadro C.2:Principales indicadores del cuadro de indicadores sociales Cuadro C.3:Indicadores del mercado de trabajo e indicadores educativos Cuadro C.4:Indicadores de inclusión social y sanitarios Cuadro C.5:Indicadores de resultados y de regulación del mercado de productos 129 Cuadro C.6:Crecimiento ecológico LISTA DE Gráficos

Gráfico 1.1: Composición del crecimiento del PIB Gráfico 1.2: Contribuciones al potencial de crecimiento Gráfico 1.3: Tasa de inversión, a precios del año 2015 Gráfico 1.4: Intensidad de capital y productividad del capital Gráfico 1.5: Capacidad o necesidad neta de financiación por sector Gráfico 1.6: Niveles de empleo y PIB comparados con 2008 Gráfico 1.7: Análisis de los costes laborales unitarios Gráfico 1.8: Disparidades regionales en una selección de indicadores Gráfico 2.1: Aplicación plurianual general de las REP 2011-2019 hasta febrero de 2020 Gráfico 3.1: Balanza por cuenta corriente y posición de inversión internacional neta Gráfico 3.2: Análisis de la tasa de variación de la posición de inversión internacional neta Gráfico 3.3: Deuda exterior bruta por sector-tipo de activos financieros Gráfico 4.1.1: Deuda en % del PIB - ES Gráfico 4.2.1: Préstamos al sector privado Gráfico 4.2.2: Diferencias de sobrevaloración basadas en variables relativas a precios/ingresos, precios/alquileres e indicadores fundamentales del mercado de la vivienda Gráfico 4.2.3: Fuentes de financiación de la economía española (2018) Gráfico 4.2.4: Apoyo público a las pymes Gráfico 4.2.5: Desglose de la deuda por sectores Gráfico 4.2.6: Hogares: Desglose de las variaciones interanuales de la ratio deuda/PIB Gráfico 4.2.7: Sociedades no financieras: Desglose de las variaciones interanuales de la ratio deuda/PIB

Gráfico 4.2.8: Diferencias de la deuda de los hogares y de la deuda de las SNF respecto del valor de referencia basado en los principales indicadores económicos y respecto del valor de referencia prudencial Gráfico 4.2.9.a: PIB per cápita y subida de los precios de la vivienda Gráfico 4.2.9.b: Variación de la proporción de hogares que viven en una vivienda arrendada Gráfico 4.2.10: Población cuyos costes de alojamiento supera el 40 % de sus ingresos. Gráfico 4.3.1: Principales indicadores del mercado de trabajo Gráfico 4.3.2.a: Tasas de empleo de titulados (20-34 años) más de tres años después de la obtención del título, y diferencia respecto de la media por nivel de enseñanza (2018) Graáfico 4.3.2.b: Alumnos matriculados en formación profesional dual (en porcentaje del total de alumnos en formación profesional de enseñanza secundaria superior, 2017) Gráfico 4.3.3: Nivel educativo de la población (25-64) Gráfico 4.3.4: Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social y sus componentes Gráfico 4.3.5: Tasa de pobreza de los ocupados Gráfico 4.3.6: Ratio de cobertura estimada de los regímenes autonómicos de renta mínima, 2018 Gráfico 4.3.7.a: Prestaciones familiares medias por hijo (EPA/mes) – 2019 Gráfico 4.3.7.b: Ayudas para los menores en 2019 procedentes de impuestos y prestaciones (EPA/mes) - desglose por deciles Gráfico 4.4.1: Evolución de la balanza corriente y sus factores Gráfico 4.4.2: Balanza comercial por tipo de producto (ene-sep) Gráfico 4.4.3: Balanza comercial de servicios Gráfico 4.4.4: Proporción de las exportaciones de alta tecnología Gráfico 4.4.5.a: Gasto de los turistas internacionales, 2018 Gráfico 4.4.5.b: Demanda de turismo, empleo y PIB; crecimiento anual Gráfico 4.4.6: Crecimiento del PIB real y sus determinantes del lado de la oferta

Gráfico 4.4.7: Descomposición de la brecha de productividad española con respecto a la media de la UE Gráfico 4.4.8: Crecimiento de la PTF, indicador de las prácticas de gestión y nivel educativo de los empresarios Gráfico 4.4.9: Evolución de la intensidad de la I+D de los sectores empresarial y público, 2000-2017 Gráfico 4.4.10: Índice de competitividad regional, 2019 Gráfico 4.4.11: PIB per cápita (en EPA) en España, 2017 Gráfico 4.4.12: PIB per cápita por región NUTS2: nivel en 2010 y tasa de crecimiento 2010-2017 Gráfico 4.4.13: Tasa de desempleo y población con educación terciaria, 2018, regiones NUTS2 de España LISTA DE Recuadros Recuadro 2.1: Fondos y programas de la UE para afrontar las dificultades estructurales y fomentar el crecimiento y la competitividad en España Recuadro 3.1: Inversión pública y posibles efectos indirectos Recuadro 4.1.1: Deuda de las administraciones públicas Recuadro 4.1.2: Análisis de gastos Recuadro 4.2.1: Asequibilidad de la vivienda durante la recuperación económica Recuadro 4.3.1: Seguimiento de los resultados a la luz del Pilar europeo de derechos sociales Recuadro 4.3.2: Contribución de la formación profesional a abordar las necesidades en materia de capacidades Recuadro 4.3.3: Pobreza infantil en España Recuadro 4.4.1: Sector turístico Recuadro 4.4.2: Prácticas de gestión y productividad Recuadro 4.4.3: Retos y barreras a la inversión en España

Resumen Ante los desafíos que ya había y los que van surgiendo, España debe mantener un crecimiento y una creación de empleo continuados( ). Durante seis años, España ha disfrutado de un fuerte crecimiento económico acompañado de una creación dinámica de empleo; entre 2013 y 2019, el PIB real creció un 16,5 % y el empleo un 14 %, muy por encima de la media de la zona del euro. Sin embargo, todavía no se han superado completamente algunas de las deficiencias estructurales y las consecuencias heredadas de la crisis. La aún elevada deuda externa e interna, tanto privada como pública, sigue suponiendo una fuente de vulnerabilidad. Pese a haber disminuido el desempleo, sigue habiendo demasiadas personas sin empleo o con dificultades para vivir dignamente de su salario. La eficiencia económica, medida por la productividad total de los factores, sigue siendo moderada debido a la escasa innovación en muchas empresas y comunidades autónomas, la fragmentación de la reglamentación, las barreras de mercado, la segmentación del mercado laboral y las carencias en materia de capacidades profesionales. España es, además, uno de los países europeos más expuestos al cambio climático, que plantea importantes retos en materia de gestión del agua y los residuos, eficiencia energética y de los recursos, emisiones y energías renovables. La economía española está en una senda de moderación del crecimiento. Se estima que el crecimiento del PIB real se ha desacelerado, pasando de un 2,4 % en 2018 a un 2,0 % en 2019. Se prevé que la actividad económica siga moderándose hasta el 1,6 % en 2020 y el 1,5 % en 2021, aún por encima de la media de la zona del euro. Se prevé que continúe, aunque a ritmo más lento, la creación de empleo registrada desde 2014. El desempleo bajará al 12,8 % en 2021, aún por encima del nivel anterior a la crisis económica y financiera y muy por encima del 7,3 % previsto para la zona del euro. Apoyar el crecimiento, la productividad y la transformación ecológica a través de la inversión pública tendría efectos indirectos positivos en otros Estados miembros. Las simulaciones indican que un programa de inversión neutral desde el punto de vista presupuestario, centrado en fomentar las capacidades, la investigación y la innovación y que aborde los retos de la energía, la gestión del agua, las emisiones de carbono y el cambio climático, contribuiría al crecimiento de España y aumentaría la productividad a la vez que facilitaría la transición ecológica. Además, tendría un impacto reducido, pero positivo en el resto de la zona del euro. España ha realizado avances limitados en el seguimiento de las recomendaciones específicas por país (REP)( ) de 2019: Se han registrado algunos avances en los siguientes ámbitos: ·Se están aplicando medidas de ámbito central y autonómico para modernizar y aumentar la capacidad de los servicios públicos de empleo y para mejorar su cooperación con los servicios sociales. En algunas comunidades autónomas persisten las debilidades. Se han registrado avances limitados en los siguientes ámbitos: ·No se ha reforzado el marco institucional que rige la gestión de las finanzas públicas. Las recomendaciones derivadas de los análisis de gastos por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), si se aplican, podrían dar mayor eficiencia y eficacia al gasto público en varios ámbitos. ·Aún no ha entrado plenamente en funcionamiento la estructura de gobernanza para la contratación pública recientemente creada. Se ha retrasado la adopción de la estrategia nacional de contratación pública prevista para todo el ámbito nacional en 2018. ·Los esfuerzos por reducir el recurso a contratos temporales en el sector privado están teniendo un éxito limitado. Las medidas se han centrado en luchar contra los abusos, y no en las causas profundas de la generalización de los contratos temporales. El actual estudio de la eficacia de los incentivos a la contratación podría indicar posibles vías de reforma. ·El Gobierno aún no ha tomado medidas para simplificar el sistema nacional de asistencia por desempleo. En muchas comunidades autónomas sigue siendo escasa la cobertura y la adecuación de los regímenes autonómicos de renta mínima. Son positivas las medidas tomadas en 2019 para mejorar el apoyo a las familias, aunque solo puedan tener un impacto muy limitado en cuanto a reducción de la pobreza. ·La nueva estrategia para la educación y la formación profesionales contempla medidas para mejorar el atractivo y la calidad de la formación profesional de grado medio cuya aplicación podría contribuir a reducir el abandono escolar prematuro y a paliar la falta de capacidades técnicas en el mercado laboral. ·Ha habido avances limitados en cuanto a fomento de la innovación, eficiencia energética y en el uso de recursos y desarrollo de infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías. Han sido modestas las mejoras en la financiación y gobernanza del sistema de investigación e innovación. En relación con las interconexiones de electricidad con los países vecinos, se está trabajando, pero hay que seguir avanzando. ·La Ley de garantía de la unidad de mercado sigue siendo un instrumento importante para fomentar la mejora de la legislación y subsanar la fragmentación del mercado, pero su aplicación avanza con lentitud. El cuadro de indicadores sociales que sustenta el pilar europeo de derechos sociales indica que existen una serie de retos. Aunque está mejorando, sigue siendo baja la tasa de empleo, incluido el femenino. Muchos jóvenes abandonan la escuela prematuramente, o ni trabajan ni cursan estudios o formación. Las transferencias sociales (distintas de las pensiones) tienen un impacto limitado en la reducción de la pobreza, sobre todo entre los niños. Ha habido algunos avances hacia la consecución de las metas nacionales de la Estrategia Europa 2020. España lleva camino de alcanzar su meta de educación terciaria. Se observa cierta reducción del alto porcentaje de personas en riesgo de pobreza. Aunque ambas han mejorado, sigue habiendo importantes carencias en lo que se refiere a la tasa de empleo y la tasa de abandono escolar prematuro. España lleva camino de alcanzar sus metas en materia de energías renovables, aunque serán necesarias nuevas inversiones, pero aún no está en vías de cumplir sus metas de eficiencia energética y e inversión continuada, sobre todo en los edificios. Han sido escasos los avances hacia el cumplimiento de las metas de inversión en I+D. España avanza hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los más evidentes corresponden al ODS 3 «Salud y bienestar». También se han registrado mejoras moderadas en otros muchos ODS. Con todo, algunos de los indicadores subyacentes son considerablemente inferiores a la media de la UE (porcentajes de abandono escolar prematuro, personas en riesgo de pobreza, investigación e innovación, percepción de la corrupción, reciclaje de residuos municipales, degradación del suelo, agua, etc.). () Las principales conclusiones del examen exhaustivo contenido en el presente informe y los retos que de ellas se derivan son los siguientes:

·Los pasivos exteriores netos de España disminuyeron aún más. Gracias a un fuerte crecimiento del PIB y al mantenimiento del superávit de la balanza por cuenta corriente, los pasivos exteriores netos de España han seguido disminuyendo a un ritmo constante, aunque siguen representando algo menos del 80 % del PIB en T2-2019. ·Aunque sigue siendo elevada, ha seguido reduciéndose la deuda privada. Se estima que la deuda privada total bajó al 132 % del PIB en T2-2019. Sin embargo, se ha ralentizado el ritmo de reducción de la deuda tanto de las sociedades no financieras como de los hogares. ·La ratio deuda pública/PIB ha seguido disminuyendo lentamente, aunque todavía es muy alta. Se espera que la deuda pública bruta disminuya ligeramente, pasando del 96,7 % del PIB en 2019 al 96,0 % en 2021, debido principalmente al impulso del crecimiento del PIB. El déficit público de España se mantiene en valores persistentemente elevados, ya que el nivel de imposición es bajo en relación con los gastos. Los riesgos para la sostenibilidad presupuestaria global siguen siendo significativos a medio y largo plazo. En particular, el Gobierno tiene previsto volver a vincular de forma permanente las pensiones al índice de precios al consumo y disociar los niveles iniciales de las pensiones de los cambios en la esperanza de vida; a falta de medidas compensatorias adecuadas, la medida aumentaría significativamente el gasto en pensiones a medio y largo plazo y empeoraría la equidad intergeneracional. Esto ocurre en un contexto en el que se espera que la futura adecuación de las pensiones sea, por término medio, superior a la de la UE, y en el que la pobreza afecta principalmente a los grupos de menor edad, incluidos los niños. ·Pese a su rápida disminución en años recientes, sigue siendo muy alto el nivel de desempleo. La Comisión prevé que la tasa de desempleo siga disminuyendo, hasta el 12,8 % en 2021. Hay mucho desempleo sobre todo entre los jóvenes y los trabajadores poco cualificados. Los nuevos planes de acción para mejorar el apoyo a los desempleados jóvenes y de larga duración se centran en reforzar la capacidad de los servicios públicos de empleo. El aumento del 22,3 % del salario mínimo en 2019 ha elevado los costes laborales, sobre todo en determinados sectores y comunidades autónomas. Aún no se ha cuantificado su impacto en el empleo ni en la pobreza laboral. Entretanto, se ha acordado un nuevo aumento en 2020 y se han anunciado nuevos aumentos hasta 2023. El nuevo Gobierno también ha anunciado su intención de revisar ciertos aspectos de la reforma del mercado laboral de 2012, la cual es sabido que favoreció una fuerte creación de empleo durante la recuperación. ·El amplio recurso a la contratación temporal es una rémora para el crecimiento de la productividad y contribuye a la desigualdad y la pobreza laboral. La proporción de trabajadores con contrato temporal es la más alta de la UE, en torno al 26 %. Esto tiene un impacto negativo en la formación de capital humano, lo que impide un crecimiento más rápido de la productividad laboral. Los contratos temporales, cada vez más cortos, son habituales incluso en sectores de escasa estacionalidad. Los subsidios al empleo no son eficaces para fomentar un empleo estable. ·El crecimiento de la productividad laboral ha sido relativamente escaso en los últimos años. En 2018 y 2019 llegó a disminuir ligeramente. Sin embargo, en líneas generales, la productividad total de los factores aumentó de forma similar a la media de la UE. Otras cuestiones estructurales clave analizadas en el presente informe, que apuntan a desafíos concretos a los que se enfrenta la economía española, son las siguientes: ·En todas las comunidades autónomas, los resultados de España en materia de innovación están por debajo de la media de la UE La innovación adolece de una falta de inversión pública y privada en I+D, y sigue planteando dificultades la coordinación de las políticas de investigación e innovación en los distintos niveles de la administración. La falta de cooperación entre el mundo académico y las empresas dificulta la difusión de los conocimientos. La innovación empresarial se ve lastrada por la baja capacidad de absorción de las pequeñas empresas. La fragmentación de la reglamentación entre las comunidades autónomas también hace más difícil la expansión de las empresas. Las barreras normativas siguen restringiendo la competencia en determinados servicios profesionales y en el sector detallista. Una aplicación más eficaz de la Ley de garantía de la unidad de mercado favorecería la competencia y la mejora de la legislación y reduciría la fragmentación normativa. ·El bajo rendimiento de la economía en materia de innovación también tiene que ver con la escasez de capacidades técnicas. Las elevadas tasas de abandono escolar prematuro perjudican a la igualdad de oportunidades y contribuyen a la alta proporción de trabajadores poco cualificados entre la población. El escaso atractivo de la educación y la formación profesionales aumenta la escasez de capacidades técnicas de niveles medio a alto. Sigue siendo difícil la transición de la escuela al trabajo, ya que las oportunidades de empleo son limitadas y a menudo de baja calidad. Al mismo tiempo, la economía no crea suficientes empleos altamente cualificados, lo que refleja su escasa dinámica de innovación. ·España está mejorando en materia de digitalización, pero el escaso número de especialistas en tecnologías de la información y la comunicación y la lenta adopción de las tecnologías digitales por parte de las pequeñas y medianas empresas impiden aprovechar plenamente su potencial. Las microempresas, que representan una gran proporción de las empresas españolas, no pueden aprovechar las ventajas de la digitalización tan fácilmente como las entidades más grandes. Las pequeñas y medianas empresas a menudo mencionan la escasez de especialistas en tecnologías de la información y la comunicación como impedimentos a la hora de aprovechar mejor la tendencia a la digitalización. Hay margen para seguir mejorando los muy buenos resultados de España en cuanto a prestación de servicios públicos digitales. ·El porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, pese a seguir disminuyendo, es aún elevado, sobre todo en el caso de los niños. Los retos del mercado laboral y los escasos efectos de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza figuran entre los principales riesgos de pobreza o exclusión social para los niños en la UE. La debilidad de los regímenes de garantía de ingresos y de las prestaciones familiares limita el efecto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza. En todo el país, se estima que los regímenes autonómicos de renta mínima solo llegan al 20 % de sus beneficiarios potenciales, y con fuertes disparidades entre comunidades autónomas. Aunque las tasas de fecundidad están muy por debajo del umbral de renovación generacional, las prestaciones familiares en España siguen siendo las más bajas de la UE, y solo llegan a la mitad de los niños en riesgo de pobreza o exclusión, ya que los estrictos umbrales de control de recursos para las prestaciones por hijos dan lugar a un bajo nivel de cobertura, y las deducciones fiscales aportan limitados beneficios a las familias con bajos ingresos. ·Al estar incompletas las conexiones para el transporte de energía y mercancías por ferrocarril, España no puede aprovechar plenamente el mercado único de la UE. Los avances en las interconexiones eléctricas con sus vecinos europeos ayudarían a España a alcanzar la meta de interconexión para 2030 (lo que permitiría transportar a través de las fronteras al menos el 15 % de la electricidad producida por sus centrales eléctricas a los países vecinos). También debe invertirse para que puedan transportarse más mercancías por ferrocarril. En particular, hace falta apoyo para avanzar en las conexiones con Francia y Portugal y con los puertos y centros logísticos. ·España es uno de los Estados miembros más expuestos al cambio climático. Se requieren inversiones en adaptación al cambio climático, prevención de riesgos y resiliencia ante las catástrofes. Hay diferencias entre territorios en materia de infraestructuras de gestión del agua y los residuos que suponen importantes retos medioambientales. En algunas zonas urbanas, también hay problemas de calidad del aire. Al mismo tiempo, en España los ingresos procedentes de los impuestos medioambientales siguen estando entre los más bajos de la UE. ·Nuevas medidas podrían acelerar la transición hacia una movilidad limpia y sostenible, la descarbonización de la energía y el aumento de la eficiencia energética, sobre todo a nivel de edificios y distritos. Si no aplica las ambiciosas políticas esbozadas en el proyecto de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, España incumplirá inevitablemente sus metas de emisiones de CO2 para 2030. El sector en el que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo más es el del transporte. Para reducir la actual dependencia del transporte de mercancías por carretera, las inversiones deben centrarse en un mejor uso del sistema ferroviario. ·La propuesta de la Comisión de un Mecanismo para la Transición Justa en el próximo marco financiero plurianual para el período 2021-2027 contempla un Fondo de Transición Justa, un régimen específico de transición justa englobado en InvestEU y un nuevo instrumento de préstamos al sector público creado en asociación con el BEI. Al ayudar a las regiones más afectadas de España a abordar las consecuencias sociales y económicas de la transición, su objetivo es garantizar que la transición hacia la neutralidad climática de la UE sea justa. En el anexo D se enumeran las prioridades clave a las que debe destinarse el apoyo del Fondo de Transición Justa, basadas en el análisis de los retos de transición descritos en el presente informe. ·Persisten los retos en materia de cohesión territorial. Existen disparidades entre las comunidades autónomas en materia de empleo, resultados educativos, índices de abandono escolar prematuro, pobreza y desigualdad. Pese a una mejora significativa de la infraestructura digital, persiste la brecha entre zonas urbanas y rurales. Al mismo tiempo, España se enfrenta a problemas de envejecimiento y despoblación en las zonas rurales, así como a presiones demográficas en las grandes zonas urbanas. ·Una coordinación reforzada y sostenida entre las administraciones nacionales, autonómicas y locales permitiría aplicar las políticas con mayor eficacia. Es clave la coordinación entre los distintos niveles de la administración, lo que sigue planteando dificultades en ámbitos en los que tanto la administración nacional como las administraciones autonómicas están involucradas en las reformas. Se trata, por ejemplo, de la mejora de la legislación y la aplicación de las normas del mercado interior, así como las políticas activas del mercado de trabajo, la educación, la atención sanitaria y los servicios sociales. 1. Situación y perspectivas económicas Perspectivas económicas

La economía española está ahora en una senda de moderación. Tras una expansión del 2,4 % en 2018, el crecimiento del PIB se desaceleró hasta el 2,0 % en 2019, aún muy por encima de la zona del euro (véase gráfico 1.1). ( ) En 2019, la composición del crecimiento presentada trimestralmente ha sido muy volátil, pero, en conjunto, la demanda interna disminuyó en comparación con el año anterior al haber disminuido el consumo privado y la inversión, mientras que la contribución de las exportaciones netas al crecimiento fue positiva. El menor crecimiento del consumo privado se ha debido en parte a la escasa demanda de bienes duraderos, posiblemente relacionada con la incertidumbre tecnológica en el sector del automóvil, y a un aumento del ahorro por precaución de los hogares. Pese a un ligero repunte del consumo, se prevé que la actividad económica siga desacelerándose, hasta el 1,6 % en 2020 y el 1,5 % en 2021. Esto se debe principalmente a una menguante contribución de las exportaciones netas al crecimiento. Se espera que el crecimiento del consumo privado aumente ligeramente y a continuación se estabilice a medida que mejore la situación financiera de los hogares y se disipen gradualmente algunos de los factores temporales que limitan las compras de automóviles. Aun así, se prevé que durante el período de previsión el consumo crezca a un ritmo más bajo que la renta disponible, lo que dará lugar a incrementos adicionales de la tasa de ahorro de los hogares. Las exportaciones netas se moderarán, pero seguirán favoreciendo el crecimiento. Desde mediados de 2018, debido al inusualmente bajo crecimiento de las importaciones, la contribución de las exportaciones netas al crecimiento ha sido positiva, lo que en parte refleja la debilidad de la demanda de bienes duraderos y de inversión. Se espera que la intensidad de la demanda final vuelva a su media histórica al recuperarse la demanda de bienes duraderos y de inversión, lo que impulsará el crecimiento de las importaciones. Se prevé que el crecimiento de las exportaciones se mantenga a un nivel moderado en un contexto de tensiones comerciales y débil crecimiento mundial. De ahí que se prevea que en 2020 disminuya la contribución de las exportaciones netas al crecimiento y que en 2021 sea en general neutra. Gráfico 1.1:Composición del crecimiento del PIB Fuente: Previsiones intermedias de la Comisión Europea del invierno de 2020, Los riesgos para las perspectivas se dan principalmente a la baja y guardan relación con la evolución exterior; por ejemplo, la adopción de medidas adicionales de restricción del comercio, una ralentización del crecimiento del PIB mundial más prolongada de lo previsto, las tensiones geopolíticas y la retirada del Reino Unido de la UE. Por el lado positivo, las tensiones comerciales podrían resolverse con mayor rapidez de lo previsto y dar lugar a una recuperación más clara del comercio exterior. Los riesgos internos obedecen al impacto de la incertidumbre, que podría pesar más de lo previsto en las decisiones de inversión y consumo. Se estima que seguirá aumentando el crecimiento potencial. El crecimiento potencial de la producción cayó en picado durante la crisis, hasta el -0,5 % en 2012. Desde entonces ha seguido aumentando, y se estima que en 2021 alcanzará el 1,5 %, convergiendo con la media de la zona del euro (véase gráfico 1.2). Unos dos tercios de este incremento proceden del factor trabajo. La contribución del capital y la productividad total de los factores (PTF) a la producción potencial está actualmente en consonancia con la media de la zona del euro, tras haber aumentado desde la crisis. Gráfico 1.2:Contribuciones al potencial de crecimiento Fuente: Comisión Europea. Inversión Se prevé que durante el período de previsión, la inversión, tras mostrarse débil al final de 2019, se recupere ligeramente. Es de prever que el crecimiento de la inversión en bienes de equipo, afectado negativamente por la debilidad del sector manufacturero, se recupere ligeramente, en consonancia con la demanda final. A medida que el ciclo madure, se prevé una mayor desaceleración de la inversión residencial, mientras que se espera que la inversión en el sector de la construcción se recupere un tanto después de contraerse en 2019. En porcentaje del PIB, el nivel de las inversiones en sectores distintos de la construcción ha alcanzado el máximo registrado antes de la crisis, pero sigue estando por debajo de la media de la zona del euro (véase el gráfico 1.3). En 2019, la tasa de inversión se situó en el 18,9 %, por encima del mínimo del 17 % registrado en 2013, pero aún 2 puntos porcentuales por debajo de la media de la zona del euro. Actualmente, la inversión en sectores distintos de la construcción se sitúa en el 9,9 % del PIB, similar al nivel máximo previo a la crisis, pero por debajo de la media de la zona del euro (11,2 % del PIB). Sin embargo, desde 2013 el peso de la inversión en la construcción apenas ha aumentado respecto del PIB: en 2019 se situó en el 9,1 % del PIB, lejos de su nivel máximo antes de la crisis (más del 16 %), y también por debajo de la media de la UE (10 % del PIB). Gráfico 1.3:Tasa de inversión, a precios del año 2015 Fuente: Previsiones del otoño de 2019 de la Comisión Europea. Tanto la intensidad como la productividad del capital en España se sitúan por debajo de la media de la zona del euro, aunque ha mejorado la asignación de capital. En el período anterior a la crisis, la inversión fluyó hacia los sectores de bienes no exportables y, en particular, hacia la construcción, que en aquel momento tenía una elevada rentabilidad, pero una productividad reducida. Esto dio lugar a una elevada intensidad de capital, pero con baja productividad del capital (véase gráfico 1.4). La tendencia se invirtió durante la recuperación, ya que la formación neta de capital no siguió el ritmo de la fuerte creación de empleo. Esto hizo disminuir la intensidad de capital, pero aumentó la productividad del capital en relación con la zona del euro, lo que hace pensar que ha mejorado la asignación de capital. La productividad total de los factores también mejoró ligeramente en relación con la zona del euro, lo que también sugiere una mejora estructural de la calidad de la inversión. Gráfico 1.4:Intensidad de capital y productividad del capital Fuente: Previsiones del otoño de 2019 de la Comisión Europea. Posición exterior Es de prever que hasta 2021 el superávit por cuenta corriente aumente tanto en términos nominales como en términos ajustados en función del ciclo. Las cuentas nacionales revisadas ponen también de manifiesto que, en los últimos años, el superávit por cuenta corriente de España ha sido aproximadamente un 1 % del PIB superior a lo estimado anteriormente. Tras disminuir en 2018, se espera que el superávit por cuenta corriente aumente en 2019, para mejorar posteriormente en 2020 y 2021 debido a una reducción del déficit del comercio de mercancías. En términos ajustados en función del ciclo, también se espera que aumente este año el superávit de la balanza por cuenta corriente y que siga aumentando a lo largo del período de previsión, hasta alcanzar un máximo histórico del 3,4 % del PIB en 2021. Los persistentes superávits por cuenta corriente se están traduciendo en una reducción de los pasivos exteriores netos, no obstante aún elevados. A pesar de los superávits de la balanza por cuenta corriente registrados desde 2013, los efectos de valoración negativos (que reflejan en parte la mejora de la confianza y el aumento de valor de los activos españoles) han limitado las mejoras en la posición de inversión internacional neta (PIIN). Aun así, la PIIN ha disminuido en más de 17 puntos porcentuales del PIB desde su nivel máximo, aunque en T3-2019 seguía siendo considerable (-79,6 % del PIB). El mantenimiento de los superávits por cuenta corriente y el fuerte crecimiento del PIB nominal previsto hasta 2021 facilitarán una nueva mejora de la posición de inversión internacional neta (véase la sección 3). Por sectores, la capacidad neta de financiación del sector privado desde 2009 (en gran medida debida al sector empresarial) se ha visto en parte contrarrestada por las necesidades de financiación de las administraciones públicas (véase gráfico 1.5). Gráfico 1.5:Capacidad o necesidad neta de financiación por sector Fuente: Previsiones del otoño de 2019 de la Comisión Europea. Deuda privada y pública El nivel de deuda privada ha seguido disminuyendo, aunque persiste la necesidad de desapalancamiento. Pese a la considerable reducción de la deuda tanto de los hogares como de las empresas (en términos consolidados), la deuda del sector privado se mantiene alta: el 130,6 % del PIB en 2019-T3. Esto supone una reducción de más de 70 puntos porcentuales desde su nivel máximo (de los cuales 45 puntos porcentuales corresponden a las sociedades no financieras y 25 puntos porcentuales a los hogares). Desde 2017, la disminución se debe a un fuerte crecimiento del PIB nominal que compensa con creces los flujos de crédito netos positivos. Se prevé que la ratio deuda privada/PIB se mantenga por encima de su umbral prudencial y del parámetro basado en fundamentos, lo que revela necesidades de desapalancamiento de las sociedades no financieras y, sobre todo, de los hogares (véanse las secciones 3 y 4.2).

El mercado de la vivienda, tanto desde el punto de vista de la actividad como de los precios, se recupera, pero se está ralentizando. En los últimos años, la actividad en el mercado de la vivienda, tanto en términos de operaciones como de nuevas construcciones, se ha recuperado bastante, pero sigue muy lejos de sus niveles anteriores a la crisis, y en 2019 empezó a ralentizarse. También empezó a moderarse el crecimiento de los precios de la vivienda, aunque varía mucho según la comunidad autónoma; los mayores aumentos se dan en las principales ciudades y zonas costeras. En términos agregados para todo el país, la brecha de valoración se está cerrando. En las grandes ciudades, la mayor propensión al alquiler surgida tras la crisis generó una presión al alza sobre los precios de los alquileres (véase la sección 4.2). Es de prever que la elevada ratio de deuda pública siga disminuyendo lentamente. En un escenario de mantenimiento de la política económica, se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas disminuya ligeramente, pasando del 97,6 % en 2018 al 96,0 % del PIB en 2021. El descenso vendrá impulsado por el crecimiento del PIB nominal y la disminución del gasto por intereses. Tras un descenso de 0,5 puntos porcentuales, hasta el 2,5 % del PIB en 2018, se prevé que el déficit de las administraciones públicas se reduzca hasta el 2,3 % del PIB en 2019 En este escenario de mantenimiento de la política económica, se prevé que el déficit disminuya aún más, hasta el 2,2 % del PIB en 2020 y el 2,1 % en 2021. Es probable que el saldo primario se mantenga prácticamente inalterado en torno a cero, mientras que el coste medio de la deuda seguirá disminuyendo, a condición de que el coste de emisión se mantenga por debajo del coste medio de la deuda. Inflación Se prevé que la inflación global siga en un nivel moderado, pero que aumente gradualmente a medida que lo haga la inflación subyacente. La inflación IPCA cayó del 1,7 % en 2018 al 0,8 % en 2019, principalmente debido a la bajada de los precios del petróleo. Después, en 2021, se prevé que aumente hasta el 1,3 %, cuando nuevos descensos de los precios del petróleo compensen en parte el repunte gradual de la inflación subyacente. Se prevé que el aumento de la inflación subyacente se vea impulsado por el aumento de los salarios, de gran peso en el componente de servicios del IPCA. Se espera que el diferencial de inflación con respecto a la zona del euro siga siendo ligeramente negativo en 2020 y 2021. Mercado de trabajo Se espera que el crecimiento del empleo se modere en 2020 y 2021, en consonancia con la ralentización cíclica. Desde T1-2014, España ha recuperado 2,5 millones de puestos de trabajo, es decir, dos tercios del empleo destruido por la crisis (véase gráfico 1.6). Sin embargo, la tasa de empleo sigue estando 6,0 puntos porcentuales por debajo de la media de la UE (67,8 % en T3-2019). El mercado laboral empezó a perder fuerza en el segundo semestre de 2019, y se prevé que siga disminuyendo la creación de empleo, sobre todo en 2020 y 2021. La tasa de desempleo seguirá disminuyendo hasta quedar por debajo del 13 % en 2021, aún muy por encima de la media de la zona del euro. Pese a la tendencia positiva desde 2014, sigue habiendo problemas para integrar en el mercado laboral a los jóvenes y los desempleados de larga duración (véase la sección 4.3.1). Gráfico 1.6:Niveles de empleo y PIB comparados con 2008 Fuente: Eurostat [namq_10_pe, namq_10_gdp] Persiste la segmentación del mercado de trabajo y los déficits de capacidades profesionales, que impiden aumentar la productividad. Con un [26,1 % en T3-2019], España es el país de la UE con el mayor porcentaje de trabajadores con contratos temporales (frente al 13,4 % de media en la UE). Esto impide la acumulación de capital humano y, en última instancia, el crecimiento de la productividad. Además, los trabajadores temporales presentan una alta tasa de pobreza laboral (el 21,3 % en 2018, 14 puntos porcentuales más que los trabajadores fijos, una de las mayores brechas de la UE). Otros factores del mercado de trabajo que impiden que aumente la productividad guardan relación con las carencias y desajustes en materia de capacidades profesionales (véase la sección 4.3). Se estima que el crecimiento de los salarios tocó techo en 2019 y que superará la inflación en 2020 y 2021. Después de crecer un 1 % en 2018, la remuneración por empleado aumentó al 2,1 % en 2019, dando lugar al primer incremento de los salarios reales desde 2015. Ello se debe tanto al aumento del salario mínimo adoptado a principios de 2019 como al incremento de los salarios negociados en los convenios colectivos. Se espera que el crecimiento de los salarios se desacelere ligeramente, pero siga creciendo por encima de la inflación en 2020 y 2021. Dado que el crecimiento de la productividad fue negativo en 2019, los costes laborales unitarios alcanzaron un máximo del 2,4 %. En 2020 y 2021 aumentarán más lentamente, aunque a ritmo más rápido que la media de la zona del euro (véase el gráfico 1.7). Gráfico 1.7:Análisis de los costes laborales unitarios Fuente: Previsiones del otoño de 2019 de la Comisión Europea. Pobreza, desigualdad e inclusión social Gracias al descenso del desempleo, los indicadores sociales siguen mejorando, pero la pobreza infantil sigue figurando entre las más altas de la UE. En 2018 (encuesta EU-SILC, ejercicio de 2017), el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social (ERPE) bajó ligeramente hasta el 26,1 % (3,1 puntos porcentuales por debajo del máximo alcanzado en 2014), aunque se mantiene muy por encima de la media de la UE, del 21,9 %. Aunque las cifras van mejorando, los niños (0-17 años) siguen siendo el grupo de edad más afectado; con un 29,5 %, la tasa se sitúa en 5,5 puntos porcentuales por encima de la media de la UE y entre las más altas de la UE. Los efectos de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza infantil son los más bajos de la UE (véase el recuadro 4.3.3). Las desigualdades de renta, pese a seguir disminuyendo, siguen entre las más elevadas de la UE. En 2018 (ejercicio de 2017), los ingresos del 20 % más rico fueron 6,0 veces los del 20% más pobre, frente a un 6,6 en 2017 (ejercicio de 2016). Las estimaciones preliminares ( ) apuntan a una nueva mejora en 2019. También descendió ligeramente el coeficiente de Gini ( ), de 34,1 en 2017 a 33,2 en 2018. No obstante, ambos indicadores siguen muy por encima de la media de la UE (de 5,2 y 30,9, respectivamente) y de sus niveles anteriores a la crisis (véase la sección 4.3). Disparidades regionales En España persisten considerables disparidades socioeconómicas entre comunidades autónomas. A lo largo de la recuperación, la evolución del PIB per cápita entre las comunidades autónomas ha ido estrechamente ligada a la evolución del mercado de trabajo y, en particular, a la tasa de empleo (véase la sección 4.3). También muestran grandes disparidades entre comunidades autónomas los indicadores educativos, con una tasa de abandono escolar de entre el 7 % y el 24 % en 2018. Y en otros indicadores socioeconómicos también se observan disparidades territoriales significativas a nivel subnacional, por ejemplo, en cuanto a gasto en I+D, pobreza y competitividad (véase gráfico 1.8). Gráfico 1.8:Disparidades regionales en una selección de indicadores Fuente: Comisión Europea. ]] Objetivos de Desarrollo Sostenible Existe un consenso político en España en torno al apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030. Prueba de este compromiso es la creación en el nuevo Gobierno de las Vicepresidencias de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de Cambio Climático y Reto Demográfico. Sin embargo, para dar respuesta al reto de la sostenibilidad, será necesaria una estrecha colaboración entre los distintos niveles de administración (Comisión Europea, 2019g). Otros retos importantes dentro de la aplicación de la Agenda 2030 en España serán la coordinación con otros ministerios para garantizar la coherencia de las políticas, la adaptación del presupuesto y la definición de indicadores para un seguimiento y una rendición de cuentas adecuados. España avanza hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Si atendemos a las tendencias de los indicadores de Eurostat durante los últimos cinco años, el área en la que los progresos han sido más evidentes es la del ODS 3 «Salud y bienestar», donde todos los indicadores subyacentes indican una mejora de los resultados generales, a pesar de algunas variaciones entre comunidades autónomas en el acceso a determinados tipos de atención sanitaria. Además, se observan mejoras moderadas en una amplia variedad de ODS como, por ejemplo, el ODS 1 «Fin de la pobreza», el ODS 2 «Hambre cero», el ODS 4 «Educación de calidad», el ODS 8 «Trabajo decente y crecimiento económico», el ODS 9 «Industria, innovación e infraestructura», el ODS 10 «Reducción de las desigualdades», el ODS 11 «Ciudades y comunidades sostenibles», el ODS 13 «Acción por el clima», el ODS 16 «Paz, justicia e instituciones sólidas», y el ODS 17 «Alianzas para lograr objetivos». A pesar de las mejoras, el nivel actual de varios de los indicadores subyacentes concretos es considerablemente inferior a la media de la UE; así sucede, por ejemplo, en el caso de los porcentajes de abandono escolar prematuro y personas en riesgo de pobreza, de la investigación y la innovación, de la percepción de la corrupción, del reciclaje de residuos municipales, de la degradación del suelo y del agua.

Cuadro 1.1:Indicadores económicos y financieros clave: España Fuente: Eurostat y BCE, con los datos disponibles a 4 de febrero de 2020; Comisión Europea para cifras de las previsiones (previsiones de invierno de 2020 para el PIB real y el IPCA, previsión para otoño de 2019 para los demás datos). 2. Avances en la aplicación de las recomendaciones específicas por país Desde el inicio del Semestre Europeo en 2011, se han registrado al menos «algunos avances» respecto del XX % de las recomendaciones dirigidas a España ( ). Respecto del 24 % de las recomendaciones, se registran «avances limitados» o «ningún avance» (gráfico 2.1). Las reformas llevadas a cabo durante la crisis económica y financiera y en los años posteriores han contribuido hasta ahora al buen comportamiento y la creación de empleo de la economía española. Sin embargo, a partir de 2014 se ralentizaron los avances de las reformas. Ha habido algunos retrocesos en las reformas de las pensiones, y el nuevo Gobierno ha anunciado una marcha atrás en la reforma del mercado laboral introducida en 2012. Es fundamental la coordinación entre los gobiernos nacionales y autonómicos, que sigue planteando dificultades en varios campos contemplados en las REP. Se han seguido las recomendaciones anteriores sobre el sector financiero. Tras la estabilización macrofinanciera, el sector bancario español presenta una alta liquidez y una adecuada capitalización. La rentabilidad está sometida a presión debido a los bajos tipos de interés, aunque en su conjunto se haya restablecido la confianza en el sector bancario español. En materia de gobernanza presupuestaria ha habido pocos avances. Casi dos años después entrar en vigor la ley sobre contratación pública, aún no está plenamente en funcionamiento la nueva estructura de gobernanza en este ámbito. Se ha retrasado la elaboración de la estrategia nacional de contratación pública programada para 2018 No se han tomado otras medidas para reforzar el marco presupuestario. Se han completado siete revisiones de gastos en áreas específicas, y para el primer semestre de 2020 se esperan los resultados de cuatro revisiones en marcha. Por último, si las desviaciones con respecto a la reforma de las pensiones de 2013 pasan a ser permanentes y no van acompañadas de otras medidas compensatorias, aumentará significativamente el gasto en pensiones y empeorará la equidad intergeneracional. Gráfico 2.1:Aplicación plurianual general de las REP 2011-2019 hasta febrero de 2020 Fuente: Comisión Europea. También ha habido ciertas mejoras en la aplicación de las políticas del mercado de trabajo, aunque siguen siendo de una eficacia modesta, y persiste la segmentación del mercado de trabajo. La proporción de los contratos temporales en el empleo total sigue siendo alta, por encima del 26 % en T3-2019. En el sector público, y pese al objetivo de reducirla, en 2019 siguió aumentando el recurso a la contratación temporal. Las medidas para reducir los contratos temporales se han centrado en combatir los abusos. Prosiguen los esfuerzos para mejorar los servicios públicos de empleo de algunas comunidades autónomas. Se está aplicando el nuevo plan de acción contra el desempleo juvenil y el plan «ReincorporaT» de integración de los desempleados de larga duración, pero las subvenciones a la contratación siguen absorbiendo alrededor del 40 % del presupuesto para políticas activas del mercado de trabajo, y no parecen ser muy eficaces. Están en marcha iniciativas para reducir la inadecuación de capacidades y el abandono escolar prematuro. Hay escasez de conocimientos técnicos de medio a alto nivel y, en particular, de especialistas en TIC. El nuevo Plan Estratégico de Formación Profesional puede contribuir a reducir la inadecuación de las capacidades y el abandono escolar prematuro, una vez que se aplique plenamente. Se está reforzando el papel del sector empresarial en el diseño de las cualificaciones y se trabaja en una Estrategia Nacional de Capacidades Digitales. Se ha avanzado poco a la hora de aumentar el apoyo a las familias y la eficacia de la asistencia social. El aumento en 2019 del importe de las prestaciones por hijos con control de recursos solo puede tener un impacto muy limitado en la reducción de la pobreza. Los sistemas nacionales de ayuda al desempleo siguen fragmentados, y en muchas comunidades la cobertura de los regímenes autonómicos de garantía de ingresos sigue siendo muy limitada: en promedio el número de beneficiarios no llega al 20 % de los beneficiarios potenciales en el país. Ha habido avances limitados en cuanto a inversión en fomento de la innovación, eficiencia energética y en el uso de los recursos y a la hora de completar las infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías y las interconexiones eléctricas. El proyecto de plan nacional de clima y energía es ambicioso en cuanto a su alcance, pero depende mucho de una movilización de la inversión privada que no se ha materializado hasta la fecha. Ha habido algunos avances en el desarrollo de las interconexiones de electricidad con Francia y Portugal. Se han tomado algunas medidas de apoyo a la movilidad sostenible, pero en general se ha avanzado poco a la hora de impulsar la eficiencia en el uso de los recursos. En 2019 no aumentó la inversión en infraestructuras ferroviarias de transporte de mercancías. El gasto en I & D sigue siendo bajo en comparación con otros Estados miembros. Sigue habiendo dificultades de coordinación entre las políticas de investigación e innovación de los distintos niveles de la administración, y la evaluación de los programas y políticas de investigación no es sistemática. La evaluación de estas REP no tiene en cuenta la contribución de los fondos de la política de cohesión de la UE para el período 2021-2027. () En materia de mejora de la legislación, los avances han sido escasos. Pese a algunas medidas tomadas para la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado, sería clave un mayor compromiso por parte de las comunidades autónomas y las administraciones locales para superar la fragmentación excesiva del mercado y fomentar una mejor reglamentación en España. En general, en materia de políticas, los avances han sido muy modestos y dejan sin respuesta las deficiencias estructurales que aún existen en España. Para aumentar la productividad, el crecimiento potencial, la inclusión social y la transformación ecológica, sigue siendo clave una aplicación más decidida de las reformas y nuevas iniciativas políticas en una serie de áreas. A través del programa de apoyo a las reformas estructurales, la Comisión puede facilitar un asesoramiento personalizado para ayudar a diseñar y aplicar reformas que impulsen el crecimiento. Desde 2018, se ha brindado asistencia a España para unos 20 proyectos. En 2019 se llevaron a cabo varios proyectos sobre el terreno. Por ejemplo, la Comisión apoyó a la administración en la revisión del gasto público en el reembolso de medicamentos dispensados con receta y en el impulso a la justicia en red. La Comisión también ha ayudado al Ministerio de Transición Ecológica español a elaborar estrategias de protección costera de las provincias andaluzas de Cádiz, Málaga y Almería a fin de hacer frente a los efectos del cambio climático. En 2019 se empezó a trabajar en nuevos proyectos (a saber, mejora de la aplicación de la EFP dual en España, ayuda al servicio público de empleo español a aplicar los planes de acción para el empleo juvenil y el desempleo de larga duración y reforma de los marcos de insolvencia y preinsolvencia). Recuadro 2.1: Fondos y programas de la UE para afrontar las dificultades estructurales y fomentar el crecimiento y la competitividad en España España es uno de los países que más ayudas reciben de la UE. La asignación financiera de los fondos de la política de cohesión de la UE ( I ) para España asciende a 42 500 millones EUR en el actual marco financiero plurianual, equivalentes a aproximadamente el 0,5 % de su PIB. A finales de 2019, se asignaron 31 700 millones EUR (aproximadamente el 75 % de la cantidad total prevista) a proyectos específicos, mientras que solo se notificó el gasto de 12 900 millones EUR en los proyectos seleccionados ( II ), lo que supone un nivel de ejecución muy inferior a la media de la UE y requiere medidas inmediatas para acelerar la ejecución de los programas.

Al tiempo que se logra un desarrollo más armonioso mediante la reducción de las disparidades económicas, sociales y territoriales, la financiación de la política de cohesión por parte de la UE también apoya en gran medida los desafíos estructurales en España. Los programas de la política de cohesión para España han asignado 10 000 millones EUR a crecimiento inteligente, 8 500 millones EUR a crecimiento sostenible y transporte sostenible y 11 000 millones EUR a crecimiento integrador. En 2019, tras un examen de rendimiento ( III ) se pusieron a disposición de España 1 700 millones EUR dentro de las prioridades de ejecución.



La financiación de la política de cohesión de la UE contribuye a la transformación que experimenta la economía española al fomentar el crecimiento y el empleo mediante inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, competitividad de las empresas, transporte sostenible, empleo y movilidad laboral, etc. En 2019 las inversiones impulsadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) habían mejorado la accesibilidad gracias a la construcción o mejora de más de 200 km de carreteras; apoyado la investigación, ya que más de 11 000 investigadores trabajan en infraestructuras de investigación mejoradas, promovido la eficiencia energética, añadiendo más de 40 MW de capacidad de producción de energía renovable, facilitado a 1 400 000 nuevos hogares el acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps, mejoraron las escuelas de 200 000 alumnos y redujeron las emisiones de gases de efecto invernadero en 250 000 toneladas equivalentes de CO2. El Fondo Social Europeo (FSE) y la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), de los que España es el mayor beneficiario, apoyan en particular la implantación de la reforma educativa de 2014 y la introducción de políticas de juventud firmemente implantadas en los servicios públicos de empleo y basadas en sólidas asociaciones. Gracias a más de 4 millones de medidas, incluidos talleres, actividades de formación y campañas de divulgación, se han obtenido 1,8 millones de cualificaciones y creado 884 970 puestos de trabajo hasta la fecha. 200 000 jóvenes (50 %) seguían trabajando o recibiendo en formación o educación tras completar un programa de garantía juvenil.

Los fondos agrícolas y pesqueros y otros programas de la UE también contribuyen a atender a las necesidades de inversión. El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) conceden ayudas por valor de 12 300 millones EUR y 1 600 millones EUR respectivamente. España también es beneficiaria de otros programas de la UE, tales como el Mecanismo «Conectar Europa», que asignó 1 000 millones EUR a proyectos sobre redes estratégicas de transporte, Horizonte 2020, que asignó una financiación de la UE por valor de 4 200 millones EUR (entre otros destinatarios, a 1 800 pymes), y COSME que desbloqueó 4 100 millones EUR de préstamos a 98 913 pymes.

La financiación de la UE contribuye a movilizar una inversión privada importante. A finales de 2018, los programas financiados por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE ) ( IV ) movilizaban sí solos capital adicional al comprometer unos 2 300 millones EUR en forma de préstamos, garantías y capital ( V ) que representan el 7 % del total de dotaciones decididas de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE).

Los fondos de la UE ya invierten cantidades considerables en medidas acordes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En España, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos apoyan 13 de los 17 ODS y hasta el 96 % del gasto contribuye a avanzar en pos de estos objetivos.



Cuadro 2.1:Evaluación general de los avances en la aplicación de los REP de 2019 * Fuente: Comisión Europea. * La evaluación de esta REP no tiene en cuenta la contribución de los fondos de la política de cohesión de la UE para el período 2021-2027. Los colegisladores aún no han adoptado el marco reglamentario que sustenta la programación de los fondos de la política de cohesión de la UE para 2021-2027, a la espera, entre otras cosas, de un acuerdo sobre el marco financiero plurianual (MFP).

3. Síntesis de los principales resultados del examen exhaustivo realizado en el marco del procedimiento de desequilibrio macroeconómico 3.1. Introducción En la primavera de 2019, se determinó que España sufría desequilibrios macroeconómicos (Comisión Europea, 2019k). Grandes volúmenes de deuda externa e interna, tanto pública como privada, siguen constituyendo puntos vulnerables en un contexto de desempleo aún elevado y tienen relevancia transfronteriza. Además, el bajo crecimiento potencial amplifica los riesgos relacionados con los desequilibrios macroeconómicos de España y dificulta su corrección. El Informe sobre el Mecanismo de Alerta de 2020 concluyó que debía llevarse a cabo un nuevo examen exhaustivo en relación con España para evaluar si los desequilibrios se habían corregido (Comisión Europea, 2019b). En este capítulo se resumen las conclusiones de los análisis correspondientes al examen exhaustivo llevado a cabo en el contexto del procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM) que se incluye en varias secciones del presente informe ( ). 3.2. Desequilibrios y gravedad de los mismos Cuadro 3.1:Mapa de calor de los efectos indirectos producidos por España en el exterior Fuente: FMI, OCDE, TiVa, BPI y Comisión Europea. La posición de inversión internacional neta (PIIN) de España sigue siendo muy negativa. Pese a disminuir poco a poco, el volumen de pasivos exteriores netos (79,6 % del PIB en T3-2019) sigue siendo importante y supera los valores de referencia prudenciales y basados en fundamentos. No obstante, la composición de los pasivos exteriores reduce hasta cierto punto las vulnerabilidades. Las necesidades de desapalancamiento del sector privado siguen siendo considerables, a pesar de una reducción significativa del endeudamiento. La deuda del sector privado, en términos consolidados, alcanzó el 130,6 % del PIB en T3-2019 (la deuda de los hogares supuso un 57,4 % del PIB, y la deuda no financiera, el 73,2 % del PIB). La cifra es ligeramente inferior al umbral del 133 % del cuadro de indicadores del PDM, pero está muy por encima de los parámetros prudenciales y basados en fundamentos para los hogares y las empresas. Se estima que la ratio de deuda de las administraciones disminuyó ligeramente en 2019, aunque se mantiene elevada. Las previsiones del otoño de 2019 de la Comisión prevén una disminución de 1,6 puntos porcentuales de aquí a 2021, hasta el 96,0 % del PIB. Pese a la tendencia a la baja, el volumen de deuda pública sigue siendo demasiado elevado, lo que supone un riesgo significativo para la sostenibilidad presupuestaria a medio y largo plazo. Pese a una rápida disminución, el desempleo sigue en niveles muy altos. En el cuarto trimestre de 2019, el desempleo de las personas de 15 a 74 años se situaba en el 13,8 % tras una reducción de 12 puntos porcentuales desde su nivel máximo, en 2013. Aun así, se trata de la segunda tasa más alta de la UE. El desempleo de larga duración y, sobre todo, el desempleo juvenil también cayeron rápidamente durante este período, pero más del 30 % de la población activa menor de 25 años seguía sin trabajo en el tercer trimestre de 2019. Por otra parte, en los últimos tres años no ha disminuido la proporción de contratos temporales (el 26,1 % en T3-2019), lo que tiene un impacto negativo en el crecimiento potencial, la productividad y la cohesión social. A su vez, la baja productividad y el potencial de crecimiento hacen difícil corregir los desequilibrios. La economía española podría ser fuente de efectos indirectos significativos en el resto de la UE. Esto se debe a su tamaño relativamente grande y a su nivel de integración con otros Estados miembros, especialmente aquellos con los que España tiene vínculos comerciales significativos, tales como Portugal, y vínculos financieros o bancarios (véase el cuadro 3.1). El recuadro 3.1 incluye una simulación que ilustra cómo un programa de inversión pública amplio e íntegramente financiado podría impulsar el crecimiento económico en España, lo que podría tener efectos indirectos en otros Estados miembros. 3.3. Evolución, perspectivas y medidas adoptadas Sostenibilidad exterior Gráfico 3.1:Balanza por cuenta corriente y posición de inversión internacional neta Fuente: Eurostat y cálculos propios. El superávit de la balanza por cuenta corriente de España está por encima del nivel que se puede explicar por los indicadores económicos fundamentales. El superávit de la balanza por cuenta corriente es el resultado de un superávit comercial en el ámbito de los servicios, que compensa con creces el déficit comercial en concepto de bienes (sección 4.4.1). El déficit comercial en concepto de bienes, que se debe esencialmente a un gran déficit de productos energéticos, se ha mantenido contenido a pesar del cierre de la brecha de producción, al contrario de lo que ha sucedido en anteriores ciclos de expansión. Además, las exportaciones han evolucionado positivamente, a pesar de las tensiones comerciales mundiales. En consecuencia, se espera que el saldo de la balanza por cuenta corriente ajustado en función del ciclo se amplíe en 2019 hasta el 3,0 %, y siga aumentando este año y en 2021, cuando se espera que alcance una cifra récord del 3,4 % del PIB (véase el gráfico 3.1). Este dato también supera la norma de la balanza por cuenta corriente que se puede explicar por los indicadores económicos fundamentales, que se estima registra un superávit de aproximadamente el 1 % del PIB en 2018 ( ). Los superávits persistentes de la balanza por cuenta corriente están dando lugar a una lenta reducción de la posición deudora neta frente al exterior de España. El elevado crecimiento del PIB nominal y el mantenimiento de los superávits externos han impulsado una reducción lenta pero constante de la PIIN de España (véase el gráfico 3.2) hasta el 79,6 % del PIB en 3T-2019. Sin embargo, la revisión de las cuentas financieras revela una reducción de la PIIN negativa de España más lenta de lo previsto anteriormente, debido a unos efectos de valoración más negativos en los últimos años, y especialmente en 2017 y 2018. De cara al futuro, se espera que los continuos superávits de la balanza por cuenta corriente y el crecimiento persistente del PIB nominal que se prevén hasta 2021 den lugar a mejoras adicionales de la PIIN. Gráfico 3.2:Análisis de la tasa de variación de la posición de inversión internacional neta Fuente: Eurostat. Recuadro 3.1: Inversión pública y posibles efectos indirectos El modelo QUEST de la Comisión Europea ( VI ) se aplicó para simular el impacto de un paquete de inversión pública por un total de 130 000 millones EUR a lo largo de 10 años. La inversión pública adicional asumida equivale al 1 % del PIB a su nivel de 2019, cada año a lo largo de una década. Esta simulación sigue las recomendaciones específicas por país de 2019 en materia de política económica relacionada con la inversión. Por consiguiente, se supone que el paquete de inversión pública incluirá el gasto destinado a potenciar el crecimiento y la productividad en investigación e innovación, capacidades, y transformación ecológica en los ámbitos del transporte, la energía, las emisiones de carbono, la gestión hídrica, el reciclado y los daños medioambientales derivados de fenómenos meteorológicos extremos. En aras de la simplicidad, la simulación parte de la base de que se aplican medidas fiscales neutralizantes en forma de incremento de los impuestos indirectos. Se supone que la elasticidad de la producción con respecto al volumen de capital público es de 0,12, lo que constituye una estimación intermedia (Arslamp et al., 2010). Se parte del supuesto de que la política monetaria conservará su orientación acomodaticia en el límite inferior cero durante los dos primeros años y se normalizará gradualmente con posterioridad. Un incremento sostenido de la inversión pública tendría efectos indirectos positivos tanto a nivel nacional como transfronterizo. El efecto sobre la demanda (una mayor demanda de exportación de bienes y servicios extranjeros) da lugar a efectos indirectos positivos, pero las inversiones también tienen como consecuencia una profundización del capital y una mayor eficiencia, lo que mejora la competitividad frente a los socios comerciales. El hecho de que el efecto indirecto total sea positivo o negativo depende de la fortaleza relativa de los dos efectos. Como figura en el Cuadro 3.1.a, en el marco de las hipótesis establecidas, el aumento de la tasa de inversión pública en España impulsa la producción y la productividad (producción por hora), así como la balanza comercial y la deuda pública, con lo que se reducen los desequilibrios macroeconómicos actuales. También pone de relieve que, a pesar de una relativa pérdida de competitividad del resto de la zona del euro en comparación con España, el efecto sobre la demanda de un programa español de inversión pública podría no obstante generar un pequeño efecto indirecto positivo en el resto de la zona del euro. En este ejercicio de simulación, la consecución de importantes efectos indirectos positivos depende de una política monetaria expansiva ( VII ). Partir del supuesto de que se prolongue la orientación acomodaticia más allá de dos años podría tener una mayor incidencia en el PIB del resto de la zona del euro. Ello está relacionado con los efectos sobre la demanda de exportación derivados de una depreciación más fuerte del euro y con un mayor descenso del tipo de interés real. Por el contrario, una contracción monetaria neutralizaría los efectos indirectos en el resto de la zona del euro o haría que fueran negativos. Cuadro 3.1 a:Efectos indirectos en España de un programa de inversión pública de 10 años Fuente: Simulación siguiendo el modelo de los servicios de la Comisión Europea Esta simulación complementa otras simulaciones anteriores de QUEST que modelizan un estímulo de la demanda o reformas estructurales. En simulaciones anteriores se incluye un aumento de la inversión pública y una reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas (Comisión Europea, 2017a), aumentos del gasto en I+D y educación (Comisión Europea, 2018a), y la aplicación de reformas estructurales para subsanar las carencias en materia de resultados (Comisión Europea, 2019a).





La composición de los pasivos exteriores de España en términos de instrumentos y vencimiento mitiga algunas de las vulnerabilidades. La posición de inversión internacional neta, excluidos los instrumentos sin riesgo de impago (NENDI, por sus siglas en inglés), que son el tipo de pasivos exteriores de mayor riesgo ( ), se situó en el -54 % en 2018, por debajo del umbral prudencial (-60 %). La reducción de los NENDI desde 2011 (20 puntos porcentuales del PIB) ha sido más rápida que la de la PIIN (una disminución de 9 puntos porcentuales). Esto refleja una mejora de la posición neta de inversión extranjera directa (IED) debido a una gran afluencia de inversión extranjera, y reduce un tanto las vulnerabilidades. Por otro lado, una parte no despreciable de la deuda externa la constituye el pasivo del banco central derivado de las operaciones monetarias del Eurosistema (véase el gráfico 3.3), que conllevan menos riesgos de refinanciación que las del sector privado. Además, la mayor parte de la deuda exterior tiene vencimientos a un año o más (aproximadamente el 76 % de la deuda exterior de las administraciones públicas y del sector privado, excluidos los préstamos entre empresas) y el vencimiento medio ha venido aumentando en los últimos años, lo cual ha reducido aún más los riesgos. Cuadro 3.2:Análisis de sensibilidad (balanza por cuenta corriente y posición de inversión internacional neta) Fuente: cálculos propios. Reducir drásticamente el gran volumen de pasivos exteriores de España requeriría el mantenimiento de amplios superávits de la balanza por cuenta corriente durante períodos de tiempo prolongados. La posición de inversión internacional neta de España está aún muy lejos de un nivel que podría considerarse prudencial ( -61 % del PIB en 2019) o en consonancia con los indicadores económicos fundamentales (-23 % del PIB) (véase el gráfico 3.1) ( ). Aunque en la actualidad el superávit de la balanza por cuenta corriente supera el nivel implícito en los indicadores económicos fundamentales (véase la nota a pie de página 12), puede que lograr reducciones adicionales de la posición de inversión internacional neta resulte más complicado en escenarios de crecimiento menos favorables (véase el cuadro 3.2). Hasta ahora, las medidas adoptadas para aumentar la competitividad no relacionada con los costes mediante inversiones en investigación e innovación, y para mejorar las capacidades laborales, han sido poco ambiciosas (véanse las secciones 4.3 y 4.4). Gráfico 3.3:Deuda exterior bruta por sector-tipo de activos financieros Fuente: Banco de España Endeudamiento privado y desapalancamiento Si bien el desapalancamiento del sector privado ha avanzado, su principal motor es ahora un fuerte crecimiento del PIB nominal. En 3T-2019, la deuda consolidada del sector privado se situó en el 130,6 % del PIB, 73,6 puntos porcentuales por debajo de su nivel máximo en 2009. De esta reducción, el mayor descenso se atribuye a la deuda de las empresas (46 puntos porcentuales del PIB), aunque el desapalancamiento de los hogares (27,6 puntos porcentuales del PIB) también ha sido significativo. Desde el punto de vista de las empresas, a partir de 2018 se ha producido un parón en la reducción del volumen total de la deuda como consecuencia de la concesión de nuevos créditos y las grandes empresas han seguido endeudándose mediante la emisión de valores y el apoyo a la inversión. El volumen total de deuda de los hogares también se ha mantenido inalterado desde 2018, debido a un crecimiento significativo de la concesión de nuevos créditos para financiar el gasto de los consumidores en bienes duraderos y la adquisición de vivienda, junto a la reducción del reembolso de las hipotecas. Esto último debe considerarse, sin embargo, en relación con la reducción de la deuda total para la adquisición de vivienda. Aun así, a pesar de la estabilización del volumen de deuda nominal, la ratio deuda/PIB para los hogares y las empresas ha seguido disminuyendo, impulsada por un fuerte crecimiento del PIB nominal. En conjunto, la ratio de deuda privada disminuyó 6 puntos porcentuales en 2018 (4 p. p. para las sociedades no financieras y 2 p. p. para los hogares). Se espera que el ritmo de desapalancamiento se ralentice en 2019, pues se prevé que la ratio de deuda disminuya en 4 puntos porcentuales (3 p. p. para las sociedades no financieras y 1 p. p. para los hogares). Sigue habiendo necesidades de desapalancamiento tanto para las empresas como para los hogares. La situación financiera de los hogares españoles se ha reforzado gracias a las mejoras introducidas en el mercado laboral y su carga financiera se ha visto reducida por los bajos tipos de interés. Sin embargo, el crecimiento del crédito al consumo puede hacer que los hogares, especialmente los sobreendeudados, sean más vulnerables a las perturbaciones adversas (Banco de España, 2019d). Aunque se espera que la ratio deuda/PIB se sitúe por debajo del umbral del PDM (133 %) en 2019, seguirá siendo muy superior a los niveles prudenciales y a los parámetros basados en los indicadores fundamentales para los hogares y las sociedades no financieras, lo que indica que las necesidades de desapalancamiento persisten para ambos segmentos (véase la sección 4.2.3). En particular, se espera que la deuda de las sociedades no financieras alcance el 72 % del PIB en 2019, frente a un umbral prudencial del 58 % y un parámetro basado en los indicadores fundamentales del 60 %. Se prevé que la deuda de los hogares caiga hasta el 58 % este año, también por encima de los niveles prudenciales y basados en los indicadores fundamentales del 41 % y el 43 %, respectivamente. El mercado de la vivienda se sigue recuperando, pero la actividad se ha ralentizado en 2019. Los precios de la vivienda, tras aumentar durante los últimos seis años, están empezando a experimentar una desaceleración. A pesar de ello, aumentaron en torno al 5 % interanual hasta el T2-2019. Aunque la brecha de valoración está disminuyendo en todo el país (véase la sección 4.2.1), se constata una considerable heterogeneidad entre las distintas regiones, lo que en parte refleja un gran número de viviendas sin vender en algunas zonas y un boyante mercado de viviendas de alquiler en otras. La recuperación de los precios de la vivienda no parece implicar una dinámica potencialmente perjudicial, pero se ha de prestar atención a la evolución de los precios en algunas regiones, lo que suscita preocupación en cuanto a la asequibilidad (véase la sección 4.2 y el recuadro 4.2.1). La inversión en construcción de viviendas, por su parte, ha ido en aumento desde el último trimestre de 2015, pero se mantiene por debajo de los niveles anteriores a la crisis (5 % del PIB en 2018, frente a aproximadamente el 12 % del PIB en 2006). Deuda pública La deuda del sector público sigue siendo muy elevada y se espera que su ritmo de reducción disminuya. Tras haber descendido 3,1 puntos porcentuales del PIB entre 2014 y 2018, se estima que la deuda pública seguirá disminuyendo ligeramente en 1,6 puntos porcentuales de aquí a 2021. Se espera que esta caída venga provocada por el crecimiento del PIB nominal y el descenso de los gastos en concepto de intereses, mientras que es probable que el saldo primario se mantenga prácticamente inalterado en torno a cero. Tras un descenso de 0,5 puntos porcentuales, hasta el 2,5 % del PIB en 2018, se espera que la reducción del déficit de las administraciones públicas se ralentice, reduciéndose hasta el 2,3 % del PIB en 2019. En ausencia de una ley de presupuestos generales para 2020, se prevé que el déficit disminuya aún más, hasta el 2,2 % del PIB en 2020, y, siempre que se mantenga la política económica, hasta el 2,1 % en 2021. Se espera que el coste medio de la deuda continúe disminuyendo, siempre que el coste de emisión se mantenga por debajo del coste medio de la deuda pendiente. Aunque no parece que haya un riesgo inmediato de tensiones presupuestarias, los riesgos para la sostenibilidad presupuestaria siguen siendo importantes a medio y largo plazo (véase la sección 4.1.1). Si se consideran las desviaciones anunciadas con respecto a la reforma de las pensiones de 2013 de forma aislada, se corre el riesgo de que estas incrementen los costes a largo plazo del envejecimiento de la población. A menos que se adopten medidas compensatorias, los riesgos de sostenibilidad aumentarían significativamente. Se espera que se reanuden las negociaciones sobre estas cuestiones en el marco del Pacto de Toledo (la comisión parlamentaria consagrada a las cuestiones relativas a las pensiones). Se han logrado escasos avances en la mejora de la gobernanza presupuestaria. Sigue pendiente la aplicación de planes destinados a reforzar el marco de los contratos del sector público y de la contratación pública. Desempleo Se prevé que el desempleo siga disminuyendo, a pesar de la ralentización prevista en la creación de empleo. Se espera que el crecimiento del empleo se ralentice en 2020 y 2021, en consonancia con la ralentización cíclica. No obstante, se prevé que la tasa de desempleo siga disminuyendo hasta el 13 % en 2021, considerablemente por encima de la media de la UE. No se ha producido ninguna reducción de la segmentación del mercado de trabajo, pese al aumento de la proporción de contratos indefinidos entre los nuevos puestos de trabajo. El elevado nivel de segmentación del mercado de trabajo, el desempleo de larga duración y el envejecimiento de la población siguen suponiendo dificultades para aumentar la productividad y el potencial de crecimiento (véase la sección 4.3). Además, la tasa de actividad ha empezado a disminuir, ya que los jóvenes permanecen más tiempo en el ciclo educativo. Se espera que el crecimiento de los salarios alcance su máximo nivel en 2019 y se mantenga por encima de la inflación en 2020 y 2021. Después de crecer un 1 % en 2018, se aceleró hasta el 2,1 % en 2019, lo que ha dado lugar al primer incremento de los salarios reales desde 2015. Ello se debe tanto al aumento del salario mínimo adoptado a principios de 2019 como al incremento de los salarios negociados en los convenios colectivos. Aunque se espera una ligera desaceleración del crecimiento de los salarios, se prevé que sigan creciendo a un ritmo superior al de la inflación en 2020 y 2021. Tras alcanzar su nivel máximo en 2019, los costes laborales unitarios deben aumentar más lentamente en 2020 y 2021 a medida que el crecimiento de la productividad pase a ser positivo, pero aún deben crecer más rápidamente que la media de la zona del euro. Por consiguiente, se espera que en 2019 y 2020 España registre pequeñas pérdidas de competitividad frente a la zona del euro, que deberían ser globalmente neutras en 2021. Sin embargo, no se espera que se reviertan los incrementos de competitividad de costes acumulados en los últimos años, y se espera que las cuotas de mercado de las exportaciones evolucionen favorablemente. El salario mínimo seguirá aumentando en 2020, aunque todavía no se ha cuantificado el impacto que ha tenido en el empleo la subida de 2019. Cuando el aumento del salario mínimo entró en vigor, en enero de 2019, el empleo seguía creciendo con fuerza. Desde entonces se ha ralentizado el crecimiento del empleo, si bien, sobre la base de la información disponible, es difícil evaluar en este momento la parte de la ralentización que puede atribuirse al incremento del salario mínimo. Sin embargo, los datos de la afiliación a la Seguridad Social indican que es probable que se haya visto afectado el empleo de algunos grupos en sectores específicos (por ejemplo, los trabajadores domésticos, la agricultura). En enero de 2020, el Gobierno, tras pactar con los interlocutores sociales, volvió a incrementar el salario mínimo en un 5,6 % (hasta 950 EUR en 14 pagas). Se calcula que ello supone que el salario mínimo alcanzará aproximadamente el 60 % de la mediana de los ingresos mensuales brutos de un trabajador a tiempo completo en 2020. En 2018, solo tres Estados miembros, todos con tasas de desempleo mucho más bajas, tenían un salario mínimo por encima de este umbral. 3.4. Evaluación general Aunque se han seguido reduciendo los desequilibrios macroeconómicos de España, persisten las vulnerabilidades. Ha seguido avanzando la reducción de la deuda del sector privado, impulsada por un elevado crecimiento del PIB nominal, aunque sigue siendo necesario avanzar en el desapalancamiento. Se espera que el ritmo de reducción de la deuda se ralentice a medida que aumenten los nuevos flujos de crédito. La deuda del sector público se ha reducido ligeramente desde su punto álgido, un proceso que se espera que continúe a pesar de los déficits de las administraciones públicas previstos. Se espera que el superávit de la balanza por cuenta corriente aumente este año, sustentado en las mejoras estructurales constatadas en los resultados comerciales, y en la actualidad se sitúa por encima de los niveles prudenciales y basados en los indicadores fundamentales. A pesar de que los superávits exteriores persistentes se están traduciendo lentamente en una reducción de los pasivos exteriores, estos siguen siendo muy elevados. En particular, el nivel de la deuda exterior, aunque se ha reducido, sigue siendo elevado. Se prevé que el desempleo siga disminuyendo aunque, a pesar de la desaceleración de la creación de empleo, se mantenga elevado. Es fundamental reducir el desempleo juvenil y de larga duración y la proporción de trabajadores con contratos temporales a fin de aumentar el potencial de crecimiento de la economía española. Además, el bajo crecimiento potencial amplifica los riesgos relacionados con los desequilibrios macroeconómicos de España, y dificulta su corrección. En general, no han sido muchas las medidas adoptadas de cara a reducir el conjunto de desequilibrios o sus posibles implicaciones en la mayoría de los ámbitos de actuación (véase el cuadro 3.3). Las elecciones generales de 2019 y los retrasos en la formación de un nuevo Gobierno han obstaculizado la aplicación de reformas de gran alcance. Las medidas destinadas a reducir la segmentación del mercado laboral se han centrado en la lucha contra el abuso de los contratos temporales. Se ha avanzado poco en la gobernanza presupuestaria, especialmente en lo que se refiere a la aplicación de planes para reforzar el marco de los contratos del sector público y de la contratación pública. Las desviaciones con respecto a la reforma de las pensiones de 2013 aumentarán el coste a largo plazo del envejecimiento, a menos que sean compensadas por otras medidas. Han sufrido retrasos las reformas destinadas a reducir los desajustes de capacidades, fomentar la investigación y la innovación y mejorar el entorno empresarial.





Cuadro 3.3:Matriz del PDM (continúa en la página siguiente) Cuadro (continuación) Fuente: Comisión Europea. 4. Prioridades de reforma 4.1.Hacienda pública y fiscalidad 4.1.1.Sostenibilidad de la deuda y riesgos presupuestarios* La ratio de deuda de las administraciones públicas solo se está ralentizando y sigue siendo elevada. Tras alcanzar un nivel máximo del 100,7 % del PIB en 2014, descendió aproximadamente 3 puntos porcentuales, hasta el 97,6 % del PIB a finales de 2018. Las previsiones del otoño de 2019 de la Comisión anuncian una ligera disminución adicional hasta el 96,0 % del PIB para 2021. El descenso se deriva en su totalidad de un diferencial que sigue siendo favorable entre los tipos de interés y la tasa de crecimiento, parcialmente compensado por los efectos del crecimiento de la deuda derivados del saldo primario y los ajustes flujos-fondos. Dado que la ratio de deuda del sector privado ha disminuido más rápidamente que la de deuda pública, la deuda de las administraciones públicas representa en la actualidad una proporción mucho mayor del endeudamiento total de la economía. Al situarse en torno al 44 % en el primer semestre de 2019, el porcentaje se ha duplicado con creces desde 2010, año en el que la deuda del sector privado alcanzó su nivel máximo. Los tipos de interés más bajos de los últimos años han permitido al Tesoro español ampliar los plazos de vencimiento. El plazo medio de vencimiento de la deuda pendiente aumentó considerablemente, pasando de un mínimo de 6,2 años en 2013 a unos 7,5 años en 2018. En 2019, el ritmo se ralentizó, pues el plazo medio de vencimiento subió solo ligeramente hasta 7,6 años en el mes de noviembre. Después de caer drásticamente desde un máximo de alrededor del 4 % en 2011, el coste en el momento de la emisión se mantuvo estable en torno al 0,6 % en 2015-2018, antes de seguir disminuyendo hasta situarse en torno al 0,3 % en noviembre de 2019. El bajo coste en el momento de la emisión ha seguido ejerciendo una presión a la baja sobre el coste de la deuda pendiente, que se situó ligeramente por debajo del 2,4 % en noviembre de 2019, frente al 4,0 % en 2011. Es probable que la refinanciación de la deuda próxima al vencimiento y la cobertura de nuevas necesidades de financiación a tipos de interés bajos den lugar a nuevos descensos del coste de la deuda pendiente en un futuro próximo. Tras alcanzar un nivel máximo del 3,5 % del PIB en 2013, los gastos por intereses se redujeron gradualmente hasta el 2,4 % del PIB en 2018. España no parece enfrentarse a riesgos inmediatos de «tensiones presupuestarias», pero los riesgos para la sostenibilidad son elevados a medio plazo y medios a largo plazo ( ). El valor del indicador de detección temprana de las tensiones presupuestarias, el indicador S0, se sitúa por debajo de su umbral crítico. Sin embargo, algunas variables presupuestarias apuntan a posibles dificultades a corto plazo, especialmente si cambiase rápidamente la percepción de los mercados financieros. Entre las variables cuyo valor es superior a su umbral crítico se encuentran las necesidades brutas de financiación, el déficit ajustado en función del ciclo y la deuda pública neta. La percepción por parte de los mercados financieros del riesgo soberano de España se mantuvo bastante estable en 2019, y la mayoría de las principales agencias de calificación crediticia mantuvieron su calificación; S&P llegó incluso a mejorarla en un grado en septiembre de 2019 (Moody’s: Baa1, S&P: Au, Fitch: A-, todas con una perspectiva estable). El diferencial con respecto a los bonos soberanos alemanes a 10 años se ha reducido ligeramente en comparación con la situación de 2018. Según las previsiones del otoño de 2019 de la Comisión, se prevé que España presente un déficit público estructural de al menos el 3 % tanto en 2020 como en 2021, lo que refleja un nivel impositivo relativamente bajo en relación con el gasto. Esto sigue distando del objetivo a medio plazo de alcanzar un saldo estructural cero. España afronta altos riesgos en lo que se refiere a la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. Esta conclusión se deriva tanto del indicador de la brecha de sostenibilidad (S1) como del análisis de la sostenibilidad de la deuda. El indicador señala que el saldo primario estructural de la economía española debería mejorar, en términos acumulados, un 3,8 % del PIB durante el período de cinco años que finaliza en 2026 respecto del escenario de referencia basado en el mantenimiento de la política fiscal, con el fin de alcanzar el valor referencia del 60 % para la ratio deuda/PIB de aquí a 2034. Esto requeriría un ambicioso saldo primario estructural según los estándares europeos ( ). Aproximadamente tres cuartas partes del valor del indicador S1, muy significativo, se deben a la distancia que separa la ratio de deuda del valor de referencia del 60 % y, en menor medida, a la desfavorable situación presupuestaria inicial, pero solo de forma limitada al gasto público previsto en relación con el envejecimiento de la población. Sin embargo, estas cifras se basan en las mismas hipótesis en cuanto a las políticas que subyacen al Informe sobre el envejecimiento de 2018 (Comisión Europea, 2018d). El reciente debate sobre la política de pensiones indica que el mecanismo por el cual se revalorizan las pensiones puede sufrir cambios en un futuro próximo. En particular, los servicios de la Comisión estiman que la vinculación de las pensiones a la inflación anunciada por el nuevo Gobierno de coalición en su programa podría dar lugar a un aumento del gasto en pensiones de aproximadamente el 4 % del PIB para 2050. Esta estimación se acerca a las proyecciones realizadas por el Banco de España, el FMI y el grupo de reflexión FEDEA, pero se sitúa por encima del 2 % del PIB previsto por la AIReF (véase el recuadro 4.1.1 de la Comisión Europea, 2019a). El nuevo Gobierno también ha anunciado su intención de eliminar el mecanismo de sostenibilidad incluido en la reforma de 2013 destinada a ajustar el nivel inicial de las pensiones a los cambios en la esperanza de vida. Según las estimaciones preliminares de los servicios de la Comisión, esto añadiría al menos un 0,7 % del PIB al gasto en pensiones a largo plazo( ). Con la eliminación de estos dos elementos de la reforma de 2013 se corre el riesgo de beneficiar a los pensionistas de hoy en día a expensas de las generaciones futuras, a menos que se apliquen medidas compensatorias. Incluso con la plena aplicación de la reforma de 2013, se espera que los pensionistas españoles disfruten a largo plazo de tasas de sustitución por encima de la media de la UE. Un análisis de la sostenibilidad de la deuda muestra que se espera que la deuda de las administraciones públicas españolas disminuya ligeramente hasta el 95,7 % del PIB en 2030 (último año de previsión). Esta proyección, que parte de la base de unas condiciones económicas normales y un saldo primario estructural constante después del último año de previsión de la Comisión (2021), se ve influida por un empeoramiento gradual del déficit primario, que solo se ve parcialmente compensado por un diferencial favorable y decreciente entre los tipos de interés y la tasa de crecimiento en 2021-2024, y por un déficit primario constante compensado con creces por los efectos de bola de nieve favorables. El análisis también pone de manifiesto que el nivel de la ratio de deuda es muy sensible a las perturbaciones (véase el recuadro 4.1.1). A largo plazo, se considera que España presenta un riesgo medio en lo que se refiere a la sostenibilidad presupuestaria. Esta conclusión se deriva de combinar el indicador de la brecha de sostenibilidad (S2) con el análisis de la sostenibilidad de la deuda que se describe anteriormente. El primer indicador presenta una brecha del 1,8 % del PIB que debe cerrarse para estabilizar la deuda a largo plazo. Dicha brecha se debe principalmente a la desfavorable situación presupuestaria inicial, aunque también en cierta medida a los costes previstos relacionados con el envejecimiento de la población. Al igual que el indicador S1, el indicador S2 se basa también en hipótesis en lo que se refiere al gasto en pensiones que pueden resultar demasiado bajas si se revocan, según lo anunciado, algunas de las reformas en materia de pensiones. En el escenario de riesgo más adverso del Grupo de trabajo sobre el envejecimiento de la población (según el cual los costes de la asistencia sanitaria y de la asistencia de larga duración serían superiores a los esperados teniendo en cuenta factores puramente demográficos, como consecuencia de factores no demográficos, como los cambios tecnológicos y los efectos de recuperación), el indicador S2 se duplicaría, hasta alcanzar el 4,0 % del PIB. 4.1.2.Marco presupuestario Se han adoptado medidas limitadas para mejorar la contratación pública y el marco presupuestario. La Ley de Contratos del Sector Público entró en vigor en marzo de 2018. Aunque se concibió para establecer un marco de contratación pública más coherente, los órganos de gobierno contemplados en la Ley aún no se han establecido plenamente o no son totalmente operativos, y se ha retrasado la adopción de la estrategia de contratación pública a escala nacional. La eficacia de la nueva Ley dependerá fundamentalmente de los recursos que se consagren a su ejecución y del grado de responsabilización en todos los niveles de la administración (véase la sección 4.4.2). El 4 de febrero de 2020, el Consejo de Ministros adoptó un Real Decreto-ley sobre la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, que, una vez convalidado por el Parlamento, tiene por objeto completar la transposición de las Directivas sobre contratación pública de 2014. No se han tomado otras medidas para reforzar el marco presupuestario, como el recurso a los mecanismos para prevenir y corregir desviaciones de las metas presupuestarias y reforzar la contribución al saneamiento presupuestario de la norma de gasto nacional (véase Comisión Europea 2018a, p. 28, y Comisión Europea, 2018b).



Para mejorar la eficiencia del gasto público, los principales ámbitos de actuación están siendo objeto de análisis exhaustivos. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) concluyó siete análisis de gastos en 2019 y está elaborando cuatro nuevos análisis que podrían dar lugar a mejoras en la eficiencia y la eficacia del gasto público (véase el recuadro 4.1.2). Se ha iniciado la aplicación de las recomendaciones basadas en los análisis realizados, pero será tarea principalmente del nuevo Gobierno llevar a buen término los resultados de dichos análisis. Recuadro 4.1.1: Deuda de las administraciones públicas Se ha simulado la trayectoria de la deuda pública en diferentes escenarios. En el escenario de referencia, se prevé que la deuda de las administraciones públicas disminuya ligeramente hasta 2021, que posteriormente vuelva a aumentar hasta el 96,9 % del PIB para 2024, antes de volver a disminuir hasta el final del período de previsión en 2030, cuando alcanzará aproximadamente el 95,7 % del PIB. Este escenario de referencia, obtenido a partir de las previsiones del otoño de 2019 de la Comisión, está en consonancia con las previsiones de tipo de interés implícito y la proporción de la deuda pública a corto plazo y a largo plazo. En él se formulan diversas hipótesis técnicas. En primer lugar, en el período posterior al período de previsión, al saldo primario estructural (antes de considerar los costes del envejecimiento de la población) se le atribuye un valor constante igual al previsto para 2021, del -1,0 % del PIB, suponiendo que no se realizan más ajustes estructurales. El componente cíclico del saldo primario se calcula utilizando la sensibilidad del saldo presupuestario (específica de cada país) durante el período que va hasta el momento en que se estima que se cerrará la brecha de producción (2024). En segundo lugar, se supone que los tipos de interés nominales sobre deuda nueva y refinanciada convergen linealmente con los tipos a plazo basados en el mercado (en particular, se supone que los tipos de interés a largo y a corto plazo convergen al 1,7 % y al 0,4 %, respectivamente) al final del período de proyección de 10 años. ( VIII ) En tercer lugar, se parte de que el deflactor del PIB cambiará linealmente hasta llegar al 1,9 % en 2024, y que se mantendrá constante a partir de entonces. En cuarto lugar, se considera que el ajuste de flujos-fondos es igual a cero a partir de 2021. Por último, las previsiones de crecimiento del PIB real a medio plazo se basan en la metodología T+10 acordada con el Comité de Política Económica. Esto implica suponer que el crecimiento del PIB real a medio plazo será del 1,0 % por término medio tanto en 2019-2024 como en 2025-2030. Gráfico 4.1.1:Deuda en % del PIB - ES Fuente: Comisión Europea. Si se partiese de hipótesis más favorables en lo que respecta al crecimiento real, la ratio de deuda seguiría una senda de valores más bajos hasta alcanzar el 90,5 % del PIB en 2030. En cambio, con hipótesis más desfavorables sobre el crecimiento del PIB y los tipos de interés, la ratio de deuda aumentaría hasta el 106,3 % del PIB en 2030. 4.1.3.Fiscalidad España tiene una ratio impuestos/PIB reducida en comparación con otros Estados miembros de la UE. En 2018, los ingresos tributarios ascendieron al 34,7 % del PIB, frente a medias de la UE y la zona del euro del 39,2 % y el 40,6 %,

respectivamente. La proporción de impuestos sobre el consumo sigue siendo relativamente baja, equivalente al 9,4 % del PIB, lo que se refleja también en un tipo impositivo implícito sobre el consumo relativamente bajo del 13,8 %, por debajo de la media de la UE y de la zona del euro, donde se sitúa en el 16,9 % y el 16,8 %, respectivamente. Con un nivel equivalente al 16,8 % del PIB, la proporción de los impuestos sobre el trabajo se mantuvo también por debajo de la media de la UE, del 19,6 % del PIB, con un tipo impositivo implícito del 34,2 % en 2018. Recuadro 4.1.2: Análisis de gastos Desde la crisis financiera los Estados miembros han recurrido de manera creciente a los análisis de gastos, habida cuenta de la necesidad de saneamiento presupuestario y de mejorar la calidad del gasto público. En 2017, el Consejo recomendó a España que realizara un análisis global del gasto con el fin de identificar posibles ámbitos de mejora de su eficiencia en el gasto (Consejo de la Unión Europea, 2017). En respuesta a esta recomendación, el Gobierno encargó a la AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de España, llevar a cabo en los tres próximos años una serie de análisis de gasto específicos, principalmente en el sector de la administración central (con la cooperación de las administraciones autonómicas), con el fin de identificar posibles ahorros o mejoras en la eficiencia. Los análisis de 2018 comprenden siete evaluaciones que se centran en determinados programas de subvenciones en los siguientes ámbitos: los medicamentos con receta ( IX ), las políticas activas del mercado de trabajo, las becas de educación universitaria, la promoción del talento y la empleabilidad en I+D e innovación (programas de ayuda pre- y posdoctoral), el programa de reindustrialización y competitividad industrial, el servicio nacional de correos y, por último, una evaluación general de la estrategia y los procedimientos para la concesión de subvenciones. El método empleado por la AIReF ha consistido en evaluar la eficiencia, la eficacia y la adecuación e idoneidad de los instrumentos utilizados y del marco general. La revisión del gasto sanitario en medicamentos dispensados mediante receta, excluidos los gastos hospitalarios, abarcó alrededor de 10 000 millones EUR del gasto público total. Ello representó alrededor del 14 % del gasto público sanitario o el 0,9 % del PIB en 2017. Tras un análisis en profundidad, se propusieron 18 medidas para mejorar la gobernanza; procedimientos relativos a la fijación de precios, la selección y compra de medicamentos; así como medidas de eficiencia y equidad (véase también la sección 4.3.4). No todos los ahorros potenciales son fáciles de cuantificar, pero, si en los próximos años se aplicaran las recomendaciones, la AIReF estima que podrían suponer un ahorro de al menos 2 000 millones EUR (AIReF, 2019a). El principal objetivo de los otros seis análisis de gastos era detectar políticas, procedimientos o requisitos ineficientes, sin tener metas de ahorro específicas. En primer lugar, el análisis de las políticas activas del mercado de trabajo, que supusieron unos 6 500 millones EUR de gasto público en 2017, hizo hincapié 27 propuestas de mejora. Se han detectado graves carencias y deficiencias, que ponen en tela de juicio la calidad del gasto público (o la mejor relación calidad/precio) en este ámbito. Esto pone de manifiesto la necesidad de propiciar un amplio debate sobre cómo funciona el sistema nacional de empleo. En particular, la evaluación del programa PREPARA ha puesto en evidencia su ineficacia (véase también la sección 4.3.1). Los cursos de formación impartidos a los desempleados no se han evaluado suficientemente, y faltan información y datos en general para mejorar el seguimiento de los resultados (AIReF, 2019b). En segundo lugar, el sistema de becas universitarias supuso 812 millones EUR de gasto público en el curso académico 2016-2017, lo que representa alrededor del 25 % del presupuesto del Ministerio de Educación y Formación Profesional (puesto que la mayoría de los fondos asignados a la educación se desembolsan a nivel autonómico). Este sistema de becas es la piedra angular de la política educativa, pues está concebido para garantizar la igualdad de oportunidades. La AIReF presentó 13 propuestas, entre otras cosas para adelantar el calendario y mejorar los procedimientos para que las becas se concedan con la suficiente antelación y los importes puestos a disposición se asignen de forma proporcional a las necesidades individuales de los estudiantes (AIReF, 2019c). En tercer lugar, la AIReF emi