Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre el derecho de acceso a un abogado en los procesos penales y el derecho de comunicación en el momento de la detención /* COM/2011/0326 final - 2011/0154 (COD) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. Introducción 1. La presente propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo tiene el objetivo de fijar una serie de normas mínimas comunes sobre el derecho de los sospechosos y los acusados en los procesos penales de toda la Unión Europea a tener acceso a un abogado y a comunicarse en el momento de la detención con un tercero como, por ejemplo, un familiar, un empleador o una autoridad consular. Esta propuesta constituye el siguiente eslabón en la cadena de medidas que determina la Resolución del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre un plan de trabajo para reforzar los derechos penales de los sospechosos o los acusados en los procesos penales, adjunta al Programa de Estocolmo aprobado por el Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre de 2010. En ese plan de trabajo se invita a la Comisión a que presente sus propuestas de forma gradual. Por lo tanto, la presente propuesta debe considerarse parte de un paquete legislativo completo que se irá presentando a lo largo de los próximos años y que garantizará una serie de derechos procesales mínimos en los procesos penales de la Unión Europea. La cuestión de la asistencia jurídica gratuita que, en el plan de trabajo, aparecía ligada a la del acceso a un abogado, merece una propuesta separada debido a su especificidad y complejidad. 2. El primer paso lo constituye la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales[1]. 3. El segundo paso lo representará una Directiva –cuya propuesta de la Comisión[2] se halla actualmente en fase de negociación– relativa al derecho de información en los procesos penales, que fijará las normas mínimas que configuran el derecho de los acusados a recibir información sobre los derechos que les asisten y sobre la acusación que pesa sobre ellos, así como a acceder a su expediente. 4. La presente propuesta, al igual que las dos medidas recién citadas, pretende ampliar los derechos de los sospechosos y los acusados. La existencia de unas normas comunes mínimas que gobiernen esos derechos deberá reforzar la confianza recíproca entre autoridades judiciales y, de ese modo, facilitar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. La existencia de cierto nivel de compatibilidad entre las legislaciones de los distintos Estados miembros es un factor crucial para mejorar la cooperación judicial en la UE. 5. La presente propuesta se basa en el artículo 82, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Según establece ese artículo, «en la medida en que sea necesario para facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales y la cooperación policial y judicial en asuntos penales con dimensión transfronteriza, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer normas mínimas mediante directivas adoptadas con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Estas normas mínimas tendrán en cuenta las diferencias entre las tradiciones y los sistemas jurídicos de los Estados miembros. Estas normas se referirán a: a) la admisibilidad mutua de pruebas entre los Estados miembros; b) los derechos de las personas durante el procedimiento penal; c) los derechos de las víctimas de los delitos; d )[…].» 6. El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la Carta) establece el derecho a un juez imparcial. El artículo 48 garantiza los derechos de la defensa y tiene el mismo sentido y alcance que los derechos garantizados por el artículo 6, apartado 3, del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (también denominado Convenio Europeo de Derechos Humanos, CEDH)[3]. Según el artículo 6, apartado 3, letra b) del CEDH, todo acusado de un delito tiene derecho a «disponer del tiempo y las facilidades necesarias para la preparación de su defensa», mientras que el artículo 6, apartado 3, letra c), de dicho Convenio consagra el derecho a «defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección». El artículo 14, apartado 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)[4] contiene disposiciones muy similares. Tanto el derecho de acceso a un abogado como el derecho de comunicación en el momento de la detención ofrecen garantías formales contra los tratos degradantes y, por lo tanto, suponen una salvaguardia respecto de la posible infracción del artículo 3 del CEDH (prohibición de la tortura). El derecho a la comunicación en el momento de la detención promueve el derecho al respeto de la vida privada y familiar que consagra el artículo 8 del CEDH. Por su parte, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (CVRC) de 1963[5] establece que, tras su arresto o detención, los extranjeros tienen derecho a solicitar que su consulado sea informado de tal detención y a recibir visitas de los funcionarios consulares. 7. La Comisión ha llevado a cabo una evaluación de impacto en la que se sustenta su propuesta. El informe correspondiente puede consultarse en http://ec.europa.eu/governance.... 2. Antecedentes 8. El artículo 6, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece que los derechos fundamentales, según se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y según dimanan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, constituyen principios generales del Derecho de la UE. El artículo 6, apartado 1, del TUE dispone que la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000, adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo[6], que presenta el mismo valor jurídico que el TFEU y el TUE. La Carta puede hacerse valer ante los Estados miembros y las instituciones de la UE cuando aplican la legislación de la UE, por ejemplo, en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal en la Unión Europea. 9. En 2004, la Comisión presentó una propuesta global de legislación[7] que recogía los derechos más importantes de los acusados en los procesos penales. La propuesta no fue adoptada por el Consejo. 10. El 30 de noviembre de 2009, el Consejo de Justicia adoptó un plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de los sospechosos o acusados en los procesos penales[8] en el que se pedía la adopción, con arreglo a un planteamiento «gradual», de una serie de medidas relativas a los derechos procesales más básicos, y se invitaba a la Comisión a que presentase las propuestas necesarias con tal fin. En su documento, la Comisión reconocía que hasta la fecha no se había trabajado lo suficiente a escala europea para proteger los derechos fundamentales de las personas en los procesos penales. La utilidad de la legislación de la UE no se percibirá plenamente en tanto no se hayan incorporado todas las medidas en un instrumento legislativo. La tercera y la cuarta medida del plan de trabajo tienen por objeto el derecho de acceso a un abogado y el derecho de comunicación con un tercero, como un familiar, un empleador o una autoridad consular. 11. El Programa de Estocolmo, adoptado por el Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre de 2009[9], reafirma la importancia de los derechos de la persona en los procesos penales como valor fundamental de la Unión Europea y como componente esencial de la confianza recíproca entre los Estados miembros y de la confianza pública en la UE. La protección de los derechos fundamentales de las personas eliminará asimismo algunas de las trabas que obstaculizan su libre circulación. El Programa de Estocolmo hace referencia al plan de trabajo como parte integrante del programa plurianual e invita a la Comisión a que presente las propuestas oportunas para su rápida aplicación. 3. El derecho de acceso a un abogado establecido por la carta y el CEDH 12. El artículo 6 de la Carta (derecho a la libertad y a la seguridad) dispone lo siguiente: «Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad». El artículo 47 de la Carta (derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial) dispone lo siguiente: «[…] Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar […]» El artículo 48 de la Carta (presunción de inocencia y derechos de la defensa) dispone lo siguiente: «2. Se garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de la defensa.» Dentro de su ámbito de aplicación, la Carta garantiza y refleja los derechos correspondientes consagrados en el CEDH. El artículo 6 –Derecho a un proceso equitativo– establece lo siguiente: «3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: b) a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa c) a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección […]». 13. En una serie de sentencias recientes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha aclarado el alcance de estas disposiciones. El Tribunal ha sostenido reiteradamente que el artículo 6 se aplica a la fase de instrucción de los procesos penales[10] y que debe ofrecerse a todo sospechoso la asistencia de un abogado en las fases iniciales de los interrogatorios policiales[11] y en el momento en que se vea privado de libertad, con independencia de todo interrogatorio[12]. En su sentencia, el Tribunal determinó además que esas garantías debían aplicarse a los testigos que, en realidad, puedan ser sospechosos de algún delito, habida cuenta de que la calificación formal de la persona es irrelevante[13]. En el asunto Panovits[14], el TEDH comprobó la existencia de un quebrantamiento del artículo 6, en la medida en que las declaraciones efectuadas por el sospechoso en ausencia de su abogado se utilizaron para obtener su condena, a pesar de que no constituían la única prueba disponible. El Tribunal consideró que la falta de asistencia jurídica gratuita durante el interrogatorio de un acusado constituía una restricción de sus derechos de defensa en ausencia de razones imperiosas que no prejuzgasen de la imparcialidad general del proceso[15]. El número de denuncias sobre el derecho de acceso a un abogado ha aumentado constantemente durante los últimos años. Sin una aplicación adecuada de la jurisprudencia del TEDH, es probable que los Estados miembros tengan que pagar costes importantes derivados de las indemnizaciones concedidas por el Tribunal a los demandantes que ganen el pleito[16]. 14. En consonancia con el mandato recogido en el plan de trabajo sobre los derechos procesales, la presente Directiva establece una serie de requisitos mínimos al nivel de la UE que amparan el derecho de los sospechosos y acusados a tener acceso a un abogado. Propicia así la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales y, en particular, de sus artículos 6, 47 y 48, partiendo del artículo 6 del CEDH según la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 4. Derecho a la comunicación en el momento de la detención 15. Todo sospechoso o acusado a quien se prive de libertad deberá tener derecho a comunicarse en el momento de la detención al menos con una persona designada por él, como por ejemplo un miembro de su familia o un empleador. Los Estados miembros deberán asimismo asegurarse de que los representantes legales de un menor sospechoso o acusado de un delito sean informados lo antes posible de la detención de ese menor y de los motivos de la misma, salvo que ello vaya en detrimento de los intereses del menor. Ese derecho solo puede ser objeto de excepciones en circunstancias muy restringidas. 16. Cuando la persona detenida no sea nacional, procederá informar a las autoridades consulares de su Estado de origen. Los sospechosos e inculpados extranjeros son un grupo vulnerable fácilmente identificable y a veces necesitado de protección suplementaria, como la ofrecida por la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963 según la cual todo extranjero arrestado o detenido tiene derecho a que se informe a su consulado de su detención y a recibir visitas de funcionarios consulares. 5 Disposiciones específicas Artículo 1 — Objetivo 17. El objetivo de la Directiva es establecer disposiciones que regulen los derechos de los sospechosos y los acusados y las personas sujetas a una orden de detención europea a acceder a un abogado en los procesos penales en su contra, así como los derechos de los sospechosos y los acusados que se vean privados de libertad a comunicarse en el momento de la detención con un tercero. Artículo 2 — Ámbito de aplicación 18. La Directiva se aplica desde el momento en que las autoridades competentes de un Estado miembro comunican a una persona, mediante notificación oficial u otro medio, que es sospechosa o está acusada de haber cometido una infracción penal y hasta la conclusión del proceso (incluido cualquier recurso). 19. Los procedimientos de ejecución de la orden de detención europea (ODE)[17] se hallan explícitamente incluidos en el ámbito de aplicación del presente artículo. La Directiva dispone que las garantías procesales contempladas en los artículos 47 y 48 de la Carta y en los artículos 5 y 6 del CEDH se aplican a los procedimientos de entrega basados en una orden de detención europea. Artículo 3 — Derecho de acceso a un abogado en los procesos penales 20. Ese artículo sienta el principio general según el cual todos los sospechosos y acusados en un proceso penal deben poder acceder a un abogado lo antes posible, dentro de unos plazos y en unas condiciones que les permitan ejercer sus derechos de defensa. El acceso a un abogado debe concederse, a más tardar, en el momento de la privación de libertad, tan pronto como sea posible a la luz de las circunstancias de cada caso. Independientemente de la privación de libertad, el acceso a un abogado debe concederse en el momento del interrogatorio. También debe concederse cuando se celebre algún acto de procedimiento o de recogida de pruebas que exija o permita la presencia del sospechoso o del acusado, excepto cuando la prueba que deba ser recogida pueda ser alterada, eliminada o destruida como consecuencia del lapso de tiempo necesario para que llegue el abogado. Tales disposiciones reflejan la jurisprudencia del TEDH, según la cual debe brindarse a los sospechosos la asistencia de un abogado ya en las fases iniciales de los interrogatorios policiales y en el momento en que se vean privados de libertad, con independencia de todo interrogatorio. Artículo 4 — Contenido del derecho de acceso a un abogado 21. Este artículo detalla las actividades que todo abogado que represente a un acusado o sospechoso está facultado para realizar con objeto de asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de defensa, incluida la celebración con el sospechoso o el acusado de reuniones que presenten la duración y la frecuencia adecuadas para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de defensa; la asistencia a interrogatorios o audiencias; sin perjuicio de la excepción establecida arriba cuando una demora pueda afectar a la disponibilidad de pruebas, la asistencia a actos de investigación o de recogida de pruebas en los que la legislación nacional aplicable requiera o permita expresamente la presencia del sospechoso o el acusado; y el acceso al lugar de detención para comprobar las condiciones de detención. Las disposiciones del presente artículo reflejan la jurisprudencia reiterada del TEDH, que hace hincapié en la necesidad de que el ejercicio de los derechos de defensa sea efectivo, y determinan las actividades[18] que los abogados que representan a los sospechosos o los acusados están autorizados para llevar a cabo. Artículo 5 — Derecho a la comunicación en el momento de la detención 22. Este artículo establece el derecho de las personas privadas de libertad en el contexto de procesos penales a comunicarse lo antes posible en el momento de la detención al menos con una persona de su designación, que, en la mayor parte de los casos, será un familiar o empleador, a efectos de informarle de la detención. Asimismo, deberá notificarse lo antes posible a los representantes legales de los menores privados de libertad la detención de esos menores y los motivos de la misma, salvo cuando esa notificación vaya en detrimento de los intereses del menor. Cuando no le sea posible al detenido comunicarse con la persona designada o efectuarle esa notificación, a pesar de haberse hecho todo lo posible con tal fin (por, ejemplo, si la persona designada no coge el teléfono), el detenido deberá ser informado de que la notificación no se ha producido. Las consecuencias serán las que determine la legislación nacional. Cualquier excepción a este derecho se considera solo posible en las circunstancias limitadas que determina el artículo 8. Las disposiciones de este artículo reflejan el llamamiento de la Comisión Europea a que se implante un sistema de justicia más protector de los menores en Europa[19], la reiterada identificación por parte del Comité de Prevención de la Tortura del derecho a la notificación de la detención como salvaguardia importante contra los malos tratos y las Directrices del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la justicia adaptada a los menores[20]. Artículo 6 — Derecho a entrar en comunicación con las autoridades consulares o diplomáticas 23. Este artículo confirma el derecho a entrar en comunicación con las autoridades consulares. Exige a los Estados miembros que garanticen que se informa de la detención de todos los detenidos extranjeros que así lo deseen a las autoridades consulares de su Estado de nacionalidad. Sólo pueden admitirse excepciones al ejercicio de este derecho en las limitadas circunstancias que se indican en el artículo 8. Artículo 7 — Confidencialidad 24. Los derechos de defensa quedan salvaguardados por la obligación de asegurar que todas las comunicaciones –con independencia de la forma que adopten– entre un sospechoso o un acusado y su abogado sean totalmente confidenciales, sin excepción posible. Según ha determinado el TEDH, uno de los factores esenciales para la representación efectiva de los intereses de un cliente por parte de su abogado es el principio de protección de la confidencialidad de la información intercambiada entre ambos. Por ello, el TEDH sostiene que la comunicación confidencial con el abogado es merecedora de su protección en tanto que importante salvaguardia del derecho de defensa[21]. Artículo 8 — Excepciones 25. La importancia primordial de los derechos consagrados en la presente Directiva indica que, en principio, no deben caber excepciones para los Estados miembros. La jurisprudencia del TEDH, no obstante, abre un restringido margen de excepción a lo dispuesto en el artículo 3, en el artículo 4, apartados 1 a 3, en el artículo 5 y el en artículo 6 en lo que se refiere a las fases iniciales de los procesos penales. El TEDH ha establecido que, si bien el derecho del acusado de una infracción penal a una defensa efectiva por parte de un abogado no es absoluto, toda excepción al ejercicio de este derecho debe circunscribirse claramente y limitarse estrictamente en el tiempo[22], sin privar al acusado, dentro del proceso considerado globalmente, de la posibilidad de ser oído en condiciones de imparcialidad[23]. La presente disposición se nutre de esa jurisprudencia y solo permite a los Estados miembros establecer excepciones al derecho de acceso a un abogado en circunstancias excepcionales plenamente justificadas y con las salvaguardias procesales necesarias. Toda excepción debe justificarse por razones imperiosas relacionadas con la urgente necesidad de evitar un peligro para vida o la integridad física de una o más personas. Además, toda excepción debe ajustarse al principio de proporcionalidad, según el cual la autoridad competente debe inclinarse siempre por la alternativa que menos restrinja el derecho de acceso a un abogado y debe limitar la duración de esa restricción al mínimo posible. De conformidad con la jurisprudencia del TEDH, ninguna excepción debe basarse exclusivamente en el tipo o en la gravedad del delito y la concesión de cualquier excepción requiere la evaluación individual del caso concreto por parte de la autoridad competente. De cualquier manera, ninguna excepción puede poner en peligro la imparcialidad del proceso y las declaraciones efectuadas por el interesado en ausencia de su abogado nunca pueden utilizarse como pruebas en su contra. Por último, esta disposición exige que las excepciones sólo puedan autorizarse mediante decisión motivada de una autoridad judicial, es decir, que no puede hacerlo la policía u otras autoridades con funciones coercitivas que no sean consideradas como autoridades judiciales con arreglo al Derecho nacional y el CEDH. Idénticos principio y limitaciones se aplican a las excepciones al derecho de comunicación con un tercero en el momento de la detención. Artículo 9 — Renuncia 26. El TEDH sostiene que, para que una renuncia sea efectiva a efectos del CEDH, debe ser voluntaria, haber sido otorgada de manera inequívoca y sustentarse en unas salvaguardias mínimas acordes con su importancia[24]. Esta jurisprudencia se plasma en el artículo 9, en virtud del cual toda renuncia (la cual debe registrarse junto con sus circunstancias) debe ser voluntaria e inequívoca y otorgarse con pleno conocimiento de sus consecuencias, de las que se habrá tomado conocimiento mediante asesoramiento jurídico o por otras vías. Además, el interesado debe ser capaz de comprender esas consecuencias. Artículo 10 — Personas distintas de los sospechosos y los acusados 27. Este artículo dispensa protección y ofrece vías de recurso a personas como los testigos que, durante un interrogatorio o una audiencia, reciben la calificación de sospechosos o de acusados. El artículo se apoya en la jurisprudencia del TEDH según la cual la garantía de un juicio imparcial, incluido el acceso a un abogado, debe aplicarse a los testigos cuando sean en realidad sospechosos de algún delito, habida cuenta de que la calificación formal de la persona es irrelevante[25]. Artículo 11 — Derecho a la asistencia a un abogado en los procesos relacionados con la orden de detención europea 28. Este artículo plasma el mandato que se recoge en el artículo 82, apartado 2, del Tratado, a saber, el establecimiento de normas mínimas mediante directivas «en la medida necesaria para facilitar el reconocimiento de las sentencias y resoluciones judiciales y la cooperación policial y judicial en asuntos penales de dimensión transfronteriza». La mejora del sistema de la ODE es un principio esencial del Tercer Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Decisión Marco del Consejo sobre la ODE[26]. Este artículo desarrolla el artículo 11 de la Decisión Marco 2002/584/JAI[27] sobre la orden de detención europea, en virtud del cual toda persona que sea detenida a efectos de la ejecución de una ODE tiene derecho a contar con la asistencia de un abogado, de conformidad con el Derecho interno del Estado miembro de ejecución. Esa disposición no tendrá la consecuencia de comprometer el reconocimiento mutuo; en esa fase, el abogado del Estado miembro emisor no se pronunciará sobre el fondo del asunto, puesto que su papel se limitará a permitir que el requerido ejercite los derechos que le otorga la Decisión Marco. Con ese fin, la función del abogado en el Estado miembro emisor será facilitar asistencia e información al abogado del Estado miembro de ejecución. El fomento de la confianza recíproca que resulta esencial para el reconocimiento mutuo se obtiene disponiendo que se comunique la detención de toda persona en virtud de una ODE al Estado miembro emisor, y que los intereses de ese detenido puedan ser defendidos por un abogado del Estado miembro emisor que asista al abogado del Estado miembro de ejecución, de forma que el detenido pueda ejercitar sus derechos con una eficacia máxima en el Estado miembro de ejecución, según establece la Directiva Marco 2002/584/JAI del Consejo. Esa asistencia puede facilitar el ejercicio efectivo en el Estado miembro de ejecución de los derechos que amparan a las personas en virtud de la Decisión Marco, en particular la posibilidad de invocar algunos de los motivos de no ejecución de la ODE con arreglo a los artículos 3 y 4, por ejemplo: la asistencia de un abogado en el Estado miembro emisor puede resultar importante a la hora de intentar demostrar la existencia de una sentencia anterior, que daría lugar a la aplicación del principio non bis in idem invocado por el artículo 3, apartado 2. Los procedimientos de ejecución de la ODE no sufrirían demora alguna, dado que las disposiciones de este artículo se entienden sin perjuicio de los plazos fijados en la Decisión Marco. Antes al contrario, la intervención de un abogado en el Estado miembro emisor dará lugar a la obtención de un consentimiento más rápido, puesto que la persona buscada recibirá una información más completa del procedimiento en el Estado miembro emisor y de las consecuencias de su consentimiento. Artículo 12 — Asistencia jurídica gratuita 29. Según establece el artículo 47, apartado 3, de la Carta: «Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia». El artículo 6, apartado 3, del CEDH establece que todo acusado de un delito tiene derecho a ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio «si no tiene medios para pagarlo, […]cuando los intereses de la justicia lo exijan». Si bien la finalidad de la presente Directiva no es regular la cuestión de la asistencia jurídica gratuita, sí contiene una disposición en la que se exige a los Estados miembros que sigan aplicando sus regímenes nacionales de asistencia jurídica gratuita. Esos regímenes deben ajustarse a lo dispuesto en la Carta y en el CEDH. Además, los Estados miembros no pueden aplicar condiciones de asistencia jurídica gratuita más desfavorables cuando se conceda acceso a un abogado en virtud de la presente Directiva que cuando el acceso a un abogado esté ya garantizado por el Derecho nacional. Artículo 13 — Recursos en caso de vulneración del derecho de acceso a un abogado 30. Este artículo refleja la jurisprudencia del TEDH en virtud de la cual la forma más apropiada de resarcimiento frente a la vulneración del derecho a un proceso equitativo, consagrado en el CEDH, es garantizar que se devuelve a los sospechosos o los acusados, en la mayor medida posible, a la posición en la que se habrían encontrado de no haberse producido esa vulneración de sus derechos[28]. El TEDH ha dictaminado que, incluso cuando concurran motivos imperiosos que puedan justificar excepcionalmente la denegación del acceso a un abogado, tal restricción —con independencia de su justificación— no debe menoscabar indebidamente los derechos que el artículo 6 del CEDH confiere a los acusados, derechos que en principio se verán irrevocablemente lesionados si se utilizan para la obtención de una condena declaraciones inculpatorias efectuadas durante los interrogatorios policiales sin posibilidad de acceso a un abogado[29]. En consecuencia, este artículo prohíbe, en principio, el uso de pruebas obtenidas tras la denegación del acceso a un abogado, excepto en los casos excepcionales en los que el uso de dichas pruebas no perjudique los derechos de la defensa. Artículo 14 - Cláusula de no regresión 31. Con este artículo se pretende garantizar que el establecimiento de normas mínimas comunes en virtud de la presente Directiva no tenga como consecuencia reducir el nivel de exigencia en determinados Estados miembros y que se mantengan los principios consagrados en la Carta y en el CEDH. Habida cuenta de que, conforme a lo dispuesto en el artículo 82 del TFUE, la presente Directiva establece normas mínimas, los Estados miembros gozan de total libertad para fijar normas más estrictas que las acordadas en la presente Directiva. Artículo 15 — Incorporación 32. Este artículo requiere que los Estados miembros den aplicación a la Directiva antes del xx/xx/20xx y que, no más tarde de esa misma fecha, remitan a la Comisión el texto de las disposiciones por las que se incorpora en el ordenamiento jurídico nacional. Artículo 16 —Entrada en vigor 33. Este artículo establece que la Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 6. Principio de subsidiariedad 34. Por sí solos, los Estados miembros no pueden alcanzar adecuadamente el objetivo de la propuesta, ya que todavía persisten significativas variaciones en lo que respecta a las modalidades y los plazos precisos del derecho de acceso a un abogado en los procesos penales dentro de la UE. Dado que el objetivo de la propuesta es fomentar la confianza recíproca, solo la adopción de medidas por parte de la Unión Europea permitirá establecer normas mínimas comunes y coherentes aplicables en toda la Unión Europea. La propuesta aproximará las normas de procedimiento de los Estados miembros en lo que respecta a las modalidades y los plazos de acceso a un abogado por parte de los sospechosos y los acusados y las personas sujetas a una ODE, con el objetivo de propiciar la confianza recíproca. La propuesta cumple por lo tanto el principio de subsidiariedad. 7. Principio de proporcionalidad 35. La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad en el sentido de que no va más allá de lo imprescindible para alcanzar el objetivo fijado a escala europea, ni lo necesario a tal efecto. 2011/0154 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre el derecho de acceso a un abogado en los procesos penales y el derecho de comunicación en el momento de la detención EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 82, apartado 2, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[30], Visto el dictamen del Comité de las Regiones[31], De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1) El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo denominada «la Carta»), el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo denominado «el CEDH») y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en lo sucesivo denominado «el PIDCP») consagran el derecho a un juicio imparcial. El artículo 48 de la Carta garantiza el respeto de los derechos de la defensa. (2) El principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales es la piedra angular de la cooperación judicial en asuntos penales en la Unión. (3) El reconocimiento mutuo solo puede existir en presencia de una confianza recíproca, lo que exige normas detalladas sobre la protección de las garantías y los derechos procesales que se derivan de la Carta, del CEDH y del PIDCP. Las normas mínimas comunes deben aumentar la confianza en los sistemas judiciales penales de todos los Estados miembros, lo que a su vez debe propiciar una cooperación judicial más eficiente en un clima de confianza recíproca y el fomento de una cultura de derechos fundamentales en la Unión. También deberán eliminar las trabas que obstaculizan la libre circulación de ciudadanos. Esas normas mínimas comunes deben tener por objeto el derecho de acceso a un abogado y el derecho de notificación de la detención. (4) Aunque los Estados miembros son partes en el CEDH y en el PIDCP, la experiencia ha puesto de manifiesto que, por sí sola, esa circunstancia no siempre aporta el grado de confianza suficiente en los sistemas judiciales penales de los demás Estados miembros. (5) El 30 de noviembre de 2009, el Consejo adoptó el plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos y acusados en los procesos penales (el «plan de trabajo»)[32]. El Consejo Europeo acogió con satisfacción ese plan de trabajo y lo incluyó en el Programa de Estocolmo (punto 2.4) adoptado el 11 de diciembre de 2009[33]. Mediante un enfoque gradual, dicho plan reclama la adopción de medidas relativas al derecho a la traducción y la interpretación[34], a la información sobre los derechos y las acusaciones[35], a la asistencia letrada y la asistencia jurídica gratuita y a la comunicación con familiares, empleadores y autoridades consulares, así como de salvaguardias especiales para los acusados y sospechosos que sean vulnerables. En el plan de trabajo se subraya que el orden en el que se mencionan los derechos es indicativo, por lo que puede modificarse en función de las prioridades. Está concebido para funcionar como un todo indisociable, de manera que solo cuando todos sus componentes se hayan puesto en práctica se percibirán plenamente sus beneficios. (6) La presente Directiva fija las normas mínimas que regulan el derecho de acceso a un abogado y el derecho de comunicación con un tercero en el momento de la detención en los procesos penales –con exclusión de los procedimientos administrativos que den lugar a sanciones, como los procedimientos de competencia y los procedimientos fiscales– y en los procedimientos de ejecución de una orden de detención europea. De ese modo, propicia la aplicación de la Carta y, en particular, de sus artículos 4, 6, 47 y 48, desarrollando lo establecido en los artículos 3, 5, 6 y 8 del CEDH conforme a la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (7) El derecho de acceso a un abogado se consagra en el artículo 6 del CEDH y en el artículo 14, apartado 2, del PIDCP. El derecho de comunicación con un tercero es una de las grandes salvaguardias contra los tratos degradantes prohibidos por el artículo 3 del CEDH, y el derecho de que se informe al consulado de la detención de uno de sus nacionales se arraiga en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. La presente Directiva facilitará la aplicación de esos derechos en la práctica, con objeto de salvaguardar el derecho a un proceso justo. (8) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene sistemáticamente que los sospechosos o acusados deben tener acceso a un abogado en las fases iniciales de los interrogatorios policiales y, en cualquier caso, desde el momento mismo de su detención, con el fin de salvaguardar el derecho a un juicio imparcial y, sobre todo, el derecho a no declarar contra sí mismo, además de evitar los malos tratos. (9) Similar derecho a la presencia de un abogado debe concederse cada vez que la legislación nacional permita o requiera la presencia del sospechoso o el acusado en alguna fase del proceso o en algún acto de recogida de pruebas, como un registro; en esos casos, de hecho, la presencia del abogado puede reforzar los derechos de la defensa sin que ello afecte a la necesidad de preservar la confidencialidad de determinados actos de investigación, dado que la presencia del interesado desvirtúa la naturaleza confidencial de los actos en cuestión; este derecho no deberá ir en perjuicio de la necesidad de obtener pruebas, que por su propia naturaleza son susceptibles de ser alteradas, eliminadas o destruídas si la autoridad competente tuviera que aguardar hasta que llegara un abogado. (10) Para ser efectivo, el acceso a un abogado debe entrañar la posibilidad de que ese abogado ejerza toda la gama de actividades propias de la asistencia jurídica, según sostiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ello debe incluir la participación activa en cualquier interrogatorio o audiencia, la celebración de reuniones con el cliente para examinar el caso y preparar la defensa, la búsqueda de pruebas exculpatorias, el apoyo a los clientes en dificultades y el control de las condiciones de detención. (11) La duración y la frecuencia de las reuniones entre el sospechoso o el acusado y su abogado dependerá de las circunstancias de cada proceso y, en particular, de la complejidad del caso y de las fases procesales aplicables. Por lo tanto, deberá evitarse toda limitación de carácter general capaz de entorpecer el ejercicio efectivo de los derechos de defensa. (12) Los sospechosos o los acusados a quienes se prive de libertad deberán tener derecho a comunicarse sin demora en el momento de su detención con una persona de su elección, como un miembro de su familia o un empleador, para informarles de su detención. (13) Los sospechosos o acusados privados de libertad deberán tener el derecho a comunicarse con las autoridades consulares o diplomáticas pertinentes. El derecho a la asistencia consular está consagrado en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que confiere a los Estados el derecho de acceso a sus nacionales. La presente Directiva traslada ese derecho a los detenidos que deseen ejercerlo. (14) Habida cuenta de que la confidencialidad de la comunicación entre un sospechoso y un acusado y su abogado es un factor esencial para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de defensa, deberá exigirse a los Estados miembros que protejan y salvaguarden la confidencialidad de las reuniones y cualesquiera otras formas de comunicación permitidas por la legislación nacional entre el abogado y su cliente. La confidencialidad no deberá estar sujeta a ningún tipo de excepción. (15) Las excepciones al derecho de acceso a un abogado y al derecho de comunicación en el momento de la detención solo deberán concederse en situaciones excepcionales, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en las que se aprecien razones imperiosas derivadas de la necesidad urgente de evitar consecuencias graves para la vida o la integridad física de otra persona, y cuando no se disponga de medios menos restrictivos para alcanzar el mismo resultado, como por ejemplo, en caso de riesgo de colusión, la sustitución del abogado escogido por el sospechoso o el acusado o la designación de otro tercero para comunicarse con él. (16) La aplicación de ese tipo de excepción deberá desembocar únicamente en el aplazamiento, lo más limitado posible, del acceso inicial a un abogado, sin afectar al contenido de ese derecho. Deberá ser objeto de un examen individual por parte de la autoridad judicial competente, que deberá motivar su decisión. (17) Toda excepción se entiende sin perjuicio del derecho a un juicio imparcial y, en particular, no deberá conducir a la prestación de declaraciones por parte del sospechoso o el acusado en ausencia de su abogado que puedan utilizarse para obtener su condena. (18) El sospechoso o acusado deberá tener la posibilidad de renunciar al derecho de acceso a un abogado, siempre que sea plenamente consciente de las consecuencias de tal renuncia –particularmente por haber consultado a un abogado antes de adoptar esa decisión–, que tenga la capacidad necesaria para comprender esa decisión, y que esa renuncia se otorgue de manera libre e inequívoca. El sospechoso o el acusado deberá poder revocar esa renuncia en cualquier momento del proceso. (19) Toda persona oída por la autoridad competente en calidad distinta de la de sospechoso o acusado, por ejemplo, como testigo, deberá recibir acceso inmediato a un abogado si la autoridad considera que se ha convertido en sospechoso durante el transcurso del interrogatorio, y ninguna declaración que haya efectuado antes de convertirse en sospechoso o en acusado podrá utilizarse en su contra. (20) Para mejorar el funcionamiento de la cooperación judicial en la Unión Europea, los derechos contemplados en la presente Directiva deberán aplicarse también, mutatis mutandis, a los procedimientos de ejecución de una orden de detención europea con arreglo a la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros[36]. (21) Para poder ejercer efectivamente los derechos que le amparan en virtud de la Directiva Marco 2002/584/JAI del Consejo, toda persona sujeta a una orden de detención europea deberá tener derecho de acceso a un abogado en el Estado miembro de ejecución. (22) Además, esa persona deberá tener la posibilidad de acceder en el Estado miembro emisor a un abogado que asista al abogado del Estado miembro de ejecución en casos específicos durante el procedimiento de entrega, sin perjuicio de los plazos fijados en la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo; el primer abogado deberá poder asistir al abogado del Estado miembro de ejecución en la defensa de los derechos que asisten a las personas con arreglo a la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo en el Estado de ejecución, especialmente en lo que respecta a los motivos de denegación de sus artículos 3 y 4; habida cuenta de que la orden de detención europea se apoya en el principio de reconocimiento mutuo, esta disposición no debe entrañar derecho alguno a debatir el fondo del asunto en el Estado miembro de ejecución, ya que los derechos de defensa y el reconocimiento mutuo no son incompatibles. En efecto, la defensa del derecho a un proceso justo tanto en el Estado miembro emisor como en el de ejecución propiciará la confianza recíproca. (23) Para garantizar la efectividad del derecho de acceso a un abogado en el Estado miembro emisor, la autoridad judicial de ejecución deberá notificar sin demora a la autoridad judicial emisora la detención de la persona y su petición de acceder a un abogado en el Estado miembro emisor. (24) En espera de la adopción de un instrumento legislativo de la UE sobre asistencia jurídica gratuita, los Estados miembros deberán seguir aplicando sus disposiciones internas en la materia, que deberán ajustarse a la Carta, al CEDH y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Siempre que disposiciones nacionales de nueva adopción, promulgadas en aplicación de la presente Directiva, garanticen a un abogado un derecho de acceso más amplio que el anteriormente concedido por la legislación nacional, las normas en materia de asistencia jurídica actualmente vigentes se aplicarán sin distinción entre ambas situaciones. (25) El principio de eficacia del Derecho de la UE exige que los Estados miembros implanten vías adecuadas y eficaces de recurso en caso de vulneración de un derecho otorgado a las personas por el Derecho de la Unión. (26) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene sistemáticamente que toda consecuencia adversa derivada de la vulneración del derecho de acceso a un abogado debe subsanarse colocando al afectado en la posición que hubiera ocupado de no haberse producido ese quebrantamiento. Ello puede exigir la celebración de un nuevo juicio o la adopción de medidas equivalentes si se ha dictado una sentencia condenatoria tras la vulneración del derecho de acceso a un abogado. (27) Habida cuenta de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que el uso de una declaración inculpatoria efectuada por un sospechoso o un acusado privado de acceso a un abogado puede vulnerar irremediablemente los derechos de defensa, debe requerirse en principio a los Estados miembros que prohíban la utilización como prueba contra el sospechoso o el acusado de toda declaración efectuada en quebrantamiento del derecho de acceso a un abogado, a no ser que el uso de esa prueba no perjudique los derechos de la defensa. Esa disposición debe entenderse sin perjuicio de la utilización de las declaraciones con los demás fines permitidos por el Derecho nacional, como la necesidad de llevar a cabo actos de investigación urgentes o de evitar la perpetración de otros delitos o el acaecimiento de consecuencias gravemente perjudiciales para cualquier persona. (28) La presente Directiva establece normas mínimas. Los Estados miembros podrán ampliar los derechos en ella establecidos con el fin de dispensar un mayor nivel de protección en las situaciones que no se hallan explícitamente contempladas en ella. El nivel de protección nunca debe ser inferior al dispensado por la Carta y el CEDH, según la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (29) La presente Directiva promueve los derechos y principios fundamentales reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluidos la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad y a la seguridad, el respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la integridad de la persona, los derechos del menor, la integración de las personas discapacitadas, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la presunción de inocencia y los derechos de defensa. La presente Directiva deberá aplicarse de conformidad con estos derechos y principios. (30) La presente Directiva promueve los derechos del menor, para lo que tiene en cuenta las Directrices del Consejo de Europa sobre una justicia adaptada a los menores y, en particular, sus disposiciones en materia de información y asesoramiento. La Directiva garantiza que los menores no puedan renunciar a los derechos que en ella se les confieren cuando carezcan de la capacidad para comprender las consecuencias de tal renuncia. En toda circunstancia, los representantes legales de un menor sospechoso o acusado deberán recibir lo antes posible la notificación de su detención y ser informados de los motivos de la misma, salvo cuando ello atente contra los intereses del menor. (31) Los Estados miembros deberán asegurarse de que las disposiciones de la presente Directiva, cuando correspondan a derechos garantizados por el CEDH, se apliquen de manera coherente con las disposiciones de ese Convenio y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (32) Puesto que el objetivo de fijar unas normas mínimas comunes no puede alcanzarse mediante la acción unilateral de los Estados miembros a nivel nacional, regional ni local, y solamente puede lograrse al nivel de la Unión, el Parlamento Europeo y el Consejo pueden adoptar medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad contemplado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el citado artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo. (33) [De conformidad con los artículos 1, 2, 3 y 4 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda con respecto al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, estos Estados miembros han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva] O [Sin perjuicio del artículo 4 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda con respecto al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, estos Estados miembros no participan en la adopción de la presente Directiva, y no están vinculados por ella ni sujetos a su aplicación][37]. (34) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participará en la adopción de la presente Directiva, por lo que no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación. HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 1 Objeto La presente Directiva establece las disposiciones por las que se rige el derecho de los sospechosos y los acusados en procesos penales y en los procedimientos contemplados en la Decisión Marco 2002/58/JAI del Consejo a tener acceso a un abogado y a comunicarse con un tercero en el momento de su detención. Artículo 2 Ámbito de aplicación 1. La presente Directiva se aplica desde el momento en que las autoridades competentes de un Estado miembro ponen en conocimiento de una persona, mediante notificación oficial u otro medio, que es sospechosa o que se le acusa de haber cometido una infracción penal, hasta la conclusión del proceso, es decir, hasta la decisión definitiva que determina si el sospechoso o el acusado ha cometido o no la infracción, incluidas, cuando proceda, la imposición de la condena y la resolución de cualquier recurso. 2. La presente Directiva se aplica a las personas sujetas a los procedimientos contemplados en la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo a partir del momento de su detención en el Estado de ejecución. Artículo 3 Derecho de acceso a un abogado en los procesos penales 1. Los Estados miembros se asegurarán de que los sospechosos y los acusados tengan acceso a un abogado lo antes posible y, en cualquier caso: a) antes del comienzo de cualquier interrogatorio por parte de la policía u otras autoridades con funciones coercitivas; b) en el momento de la realización de cualquier acto de procedimiento o de recogida de pruebas en el que el Derecho nacional requiera o permita la presencia de la persona, a no ser que ello perjudique la obtención de pruebas; c) desde que se produzca la privación de libertad. 2. El acceso al abogado se concederá dentro de unos plazos y en unas condiciones que permitan al sospechoso o al acusado el ejercicio efectivo de su derecho de defensa. Artículo 4 Contenido del derecho de acceso a un abogado 1. El sospechoso o el acusado tendrá derecho a reunirse con el abogado que le represente. 2. El abogado tendrá derecho a estar presente en cualquier interrogatorio o audiencia. Tendrá derecho a formular preguntas, solicitar aclaraciones y efectuar declaraciones, que constarán en acta conforme a lo dispuesto en la legislación nacional. 3. El abogado tendrá derecho a estar presente en cualquier otro acto de investigación o de recogida de pruebas en el que el Derecho nacional requiera o permita la presencia del sospechoso o del acusado, a no ser que ello perjudique la obtención de pruebas. 4. El abogado tendrá derecho a comprobar las condiciones de detención del sospechoso o del acusado, para lo que se le otorgará acceso al lugar de detención. 5. La duración y la frecuencia de las reuniones entre el sospechoso o el acusado y su abogado no sufrirán ninguna limitación que pueda menoscabar el ejercicio de su derecho de defensa. Artículo 5 Derecho a la comunicación en el momento de la detención 1. Los Estados miembros se asegurarán de que toda persona contemplada en el artículo 2 que se vea privada de libertad tenga derecho a comunicarse lo antes posible con al menos otra persona por ella designada. 2. Cuando se trate de un menor, los Estados miembros se asegurarán de que el representante legal del menor, u otro adulto –teniendo siempre en cuenta los intereses del menor–, sea informado lo antes posible de su privación de libertad y de los motivos de tal situación, salvo que ello resulte contrario a los intereses del menor, en cuyo caso se informará a otro adulto que se considere adecuado. Artículo 6 Derecho a comunicarse con las autoridades consulares o diplomáticas Los Estados miembros se asegurarán de que las personas contempladas en el artículo 2 que se vean privadas de libertad y no sean nacionales tengan derecho a que se informe lo antes posible de su detención a las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de nacionalidad y a comunicarse con esas autoridades consulares o diplomáticas. Artículo 7 Confidencialidad Los Estados miembros se asegurarán de que se garantiza la confidencialidad de las reuniones entre el sospechoso o el acusado y su abogado. Garantizarán además la confidencialidad de la correspondencia, las conversaciones telefónicas y demás formas de comunicación entre el sospechoso o el acusado y su abogado permitidas por la legislación nacional. Artículo 8 Excepciones Los Estados miembros no podrán establecer excepciones a ninguna de las disposiciones de la presente Directiva, salvo, cuando concurran circunstancias excepcionales, a las recogidas en el artículo 3, el artículo 4, apartados 1 a 3, el artículo 5 y el artículo 6. Cuando se concedan esas excepciones: a) deberán estar justificadas por razones imperiosas derivadas de la necesidad urgente de evitar consecuencias graves para la vida o la integridad física de una persona; b) no podrán basarse exclusivamente en el tipo o la gravedad del presunto delito; c) deberán limitarse a lo estrictamente necesario; d) deberán limitarse al máximo en el tiempo y, en cualquier caso, no extenderse a la etapa del juicio propiamente dicho; e) no podrán menoscabar la imparcialidad del proceso. Las excepciones solo podrán autorizarse previa adopción de una resolución motivada e individual por una autoridad judicial. Artículo 9 Renuncia 1. Sin perjuicio de las disposiciones de Derecho interno que exijan la presencia o la asistencia obligatoria de un abogado, toda renuncia al derecho de acceso a un abogado que establece la presente Directiva estará sujeta a las condiciones siguientes: a) que el sospechoso o el acusado haya obtenido asesoramiento jurídico previo acerca de las consecuencias de esa renuncia o haya obtenido, de otras fuentes, pleno conocimiento de tales consecuencias; b) que tenga la capacidad necesaria para comprender esas consecuencias, y que c) otorgue la renuncia de forma voluntaria e inequívoca. 2. La renuncia y las circunstancias de su otorgamiento constarán en acta con arreglo a las disposiciones legales del Estado miembro correspondiente. 3. Los Estados miembros garantizarán que toda renuncia pueda ser posteriormente revocada en cualquier fase del proceso. Artículo 10 Personas distintas de los sospechosos y los acusados 1. Los Estados miembros se asegurarán de que toda persona distinta de un sospechoso o un acusado que sea oída por la policía en el contexto de un proceso penal tenga acceso a un abogado si, durante el transcurso de una entrevista, un interrogatorio o una audiencia se convierte en sospechoso o acusado de una infracción penal. 2 Los Estados miembros se asegurarán de que no se utiliza en contra de esa persona ninguna declaración efectuada por ella antes de que sea consciente de que es un sospechoso o un acusado. Artículo 11 Derecho de acceso a un abogado en los procedimientos de ejecución de una orden de detención europea 1. Los Estados miembros se asegurarán de que toda persona sujeta a un procedimiento contemplado en la Decisión 2002/584/JAI del Consejo tenga derecho de acceso a un abogado en cuanto se produzca su detención con arreglo a una orden de detención europea en el Estado miembro de ejecución. 2. En cuanto al contenido del derecho de acceso a un abogado, esa persona gozará en el Estado miembro de ejecución de los derechos siguientes: – derecho de acceso a un abogado dentro de unos plazos y en unas condiciones que le permitan el ejercicio efectivo de sus derechos; – derecho a reunirse con el abogado que la represente; – derecho a que su abogado esté presente en cualquier interrogatorio y audiencia, con derecho a formular preguntas, solicitar aclaraciones y efectuar declaraciones, que constarán en acta conforme a la legislación nacional; – derecho a que su abogado tenga acceso a su lugar de detención con el fin de comprobar las condiciones de la misma. La duración y la frecuencia de las reuniones entre esa persona y su abogado no sufrirán ninguna limitación que pueda menoscabar el ejercicio de los derechos que le amparan en virtud de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo. 3. Los Estados miembros se asegurarán de que toda persona sujeta a un procedimiento contemplado en la Decisión 2002/584/JAI del Consejo que así lo solicite tenga también derecho de acceso, en cuanto se produzca su detención con arreglo a una orden de detención europea, a un abogado en el Estado miembro emisor, que asistirá al abogado en el Estado miembro de ejecución. Se informará debidamente a esa persona de ese derecho. 4. El abogado de esa persona en el Estado miembro emisor tendrá derecho a realizar unas actividades que se limitarán a las necesarias para asistir al abogado del Estado miembro de ejecución, con miras a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de esa persona en el Estado miembro de ejecución conforme a la Directiva Marco del Consejo y, en particular, de sus artículos 3 y 4. 5. En cuanto se produzca la detención en ejecución de una orden de detención europea, la autoridad judicial de ejecución notificará a la autoridad judicial emisora la detención y la solicitud de acceso a un abogado también en el Estado miembro emisor. Artículo 12 Asistencia jurídica gratuita 1. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las disposiciones nacionales en materia de asistencia jurídica gratuita aplicables de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 2. Los Estados miembros no aplicarán disposiciones en materia de asistencia jurídica gratuita menos favorables que las de acceso a un abogado establecidas por la presente Directiva. Artículo 13 Vías de recurso 1. Los Estados miembros se asegurarán de que toda persona contemplada en el artículo 2 tenga vías de recurso efectivas siempre que se haya vulnerado su derecho de acceso a un abogado. 2. Esas vías de recurso tendrán el efecto de colocar al sospechoso o acusado en la posición que hubiera ocupado de no haberse producido ese quebrantamiento. 3. Los Estados miembros se asegurarán de que las declaraciones efectuadas por el sospechoso o el acusado o las pruebas obtenidas en quebrantamiento de su derecho a un abogado o cuando se haya obtenido una excepción al ejercicio de ese derecho con arreglo al artículo 8 no se utilicen como pruebas en su contra en ninguna fase del proceso, a no ser que el uso de dichas pruebas no perjudique los derechos de la defensa. Artículo 14 Cláusula de no regresión Ninguna disposición de la presente Directiva se interpretará como una limitación o una excepción respecto de cualquiera de los derechos o garantías procesales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, otras disposiciones pertinentes del Derecho internacional o el ordenamiento jurídico de cualquier Estado miembro que dispensen un nivel de protección más elevado. Artículo 15 Transposición 1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el [veinticuatro meses después de su publicación en el Diario Oficial]. 2. Comunicarán a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva. 3. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. Artículo 16 Entrada en vigor La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Artículo 17 Destinatarios Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros de conformidad con los Tratados. Hecho en Bruselas, el Por el Parlamento Europeo Por el Consejo El Presidente El Presidente [1] DO L 280 de 26.10.2010, p. 1. [2] COM(2010) 392 final de 20.7.2010. [3] DO C 303 de 14.12.2007, p. 30. Explicaciones sobre la Carta de Derechos Fundamentales. [4] STNU, 999, 171. El PIDCP es un convenio internacional sobre derechos civiles y políticos abierto a la firma en virtud de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 16 de diciembre de 1966. Ya ha sido ratificado por todos los Estados miembros de la UE, de modo que es vinculante en Derecho internacional para todos ellos. [5] Serie de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 596, p. 261. [6] DO C 303 de 14.12.2007, p. 1. [7] COM(2004) 328 final, de 28.4.2004. [8] DO C 295 de 4.12.2009, p. 1. [9] DO C 115, de 4.5.2010. [10] Sentencia de 27 de noviembre de 2008 en el asunto Salduz / Turquía, petición nº 36391/02, apartado 50. [11] Ibídem, apartado 52. [12] Sentencia de 13 enero de 2010 en el asunto Danayan / Turquía, petición nº 7377/03, apartado 32. [13] Sentencia de 14 de octubre de 2010 en el asunto Brusco / Francia , petición n° 1466/07, apartado 47. [14] Sentencia de 11 de diciembre de 2008 en el asunto Panovits / Chipre, petición n° 4268/04, apartados 73-76. [15] Ibídem, apartado 66. [16] Cf. Evaluación del impacto que acompaña a esta propuesta, mencionado en el apartado 7, p. 12. [17] Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (2002/584/JAI) (DO L 190 de 18.7.2002, p. 1). [18] Sentencia de 13 enero de 2010 en el asunto Danayan / Turquía, petición nº 7377/03, apartado 32. [19] Comunicación de la Comisión sobre una Agenda de la UE en pro de los Derechos del Niño — COM(2011)6 de 15.2.2011. [20] Directrices del Consejo de Europa sobre la justicia adaptada a los menores de 17.10.2010. [21] Sentencia de 13 de marzo de 2007 en el asunto Castravet / Moldova, petición nº 23393/05, apartado 49; sentencia de 27 de marzo de 2007 en el asunto Istratti y otros / Moldova, peticiones nº 8721/05, 8705/05 y 8742/05, apartado 89. [22] Sentencia de 27 de noviembre de 2008 en el asunto Salduz / Turquía, petición nº 36391/02, apartado 55. [23] Ibídem, apartado 52. [24] Sentencia de 27 de noviembre de 2008 en el asunto Salduz / Turquía, petición nº 36391/02, apartado 59, sentencia de 11 de diciembre de 2008 en el asunto Panovits / Chipre, petición nº 4268/04, apartado 68, sentencia de 23 de febrero de 2010 en el asunto Yoldaş / Turquía, petición nº 27503/04, apartado 52. [25] Sentencia de 14 de octubre de 2010 en el asunto Brusco / Francia , petición n° 1466/07, apartado 47. [26] Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación desde 2007 de la Decisión Marco del Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, COM (2011) 175 final de 11.4.2011. [27] DO L 190 de 18.7.2002, p. 1.. [28] Sentencia de 27 de noviembre de 2008 en el asunto Salduz / Turquía, petición nº 36391/02, apartado 72. [29] Sentencia de 27 de noviembre de 2008 en el asunto Salduz / Turquía, petición nº 36391/02, apartado 55. [30] DO C … de …, p. … . [31] DO C … de …, p. … . [32] DO C 295 de 4.12.2009, p. 1. [33] DO C 115 de 4.5.2010. [34] Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa a los derechos a la interpretación y la traducción en los procesos penales (DO L 280 de 26.10.2010, p. 1). [35] Directiva 2011/XXX/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho a la información en los procesos penales. [36] DO L 190 de 18.7.2002, p. 1. [37] El texto final de este considerando de la Directiva dependerá de la posición que el Reino Unido e Irlanda adopten de conformidad con las disposiciones del Protocolo nº 21.