ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1.15

El problema fundamental del Protocolo de Kioto reside en que los Estados Unidos que, en términos absolutos, constituye el mayor productor de gas de efecto invernadero, con un 25 % del volumen total mundial, no firmó el Protocolo, y que para el periodo de referencia 2008-2012 aún no se ha fijado objetivo alguno de reducción en los países para los que se prevé un mayor aumento de emisiones de gases de efecto invernadero (India, China y otros en los que desde 1990 las emisiones aumentaron más del 20 %). Aunque, a comienzos de las negociaciones, en 1990, la proporción de los países en desarrollo en el total de las emisiones mundiales fue de alrededor del 35 %, ya en 2000 se elevó aproximadamente a un 40 % y será, con arreglo a las previsiones, del 50 % hacia 2010 e incluso podría llegar al 75 % en 2025. Esto supone una seria amenaza para los objetivos de esta iniciativa. No obstante, si por medio de las negociaciones políticas no se alcanza un acuerdo global sobre el enfoque que se ha de adoptar frente al cambio climático, los esfuerzos aislados de los países europeos (UE) no podrán aportar el impacto positivo deseable y, en cambio, se corre el riesgo de que provoquen un grave desequilibrio en el desarrollo económico.
1.3.1.

Entre sus conclusiones más relevantes, el estudio elaborado por la consultora KPMG con el título «Business Impact Case Study» (3) apunta que: — no está suficientemente demostrado que las sustancias producidas o importadas en mayor volumen estén expuestas a una posible retirada como consecuencia de las exigencias de registro impuestas por el sistema REACH. Las sustancias producidas en cantidades más reducidas (inferiores a las 100 toneladas) son las más vulnerables a que se reduzca o desaparezca su rentabilidad a raíz de los requisitos de REACH. De las 152 sustancias evaluadas en detalle, se ha constatado que únicamente diez están expuestas a una posible retirada del mercado al reducirse o desaparecer su rentabilidad; — no está suficientemente demostrado que se retirarán del mercado sustancias de la máxima importancia técnica para los usuarios intermedios. Estas sustancias se registrarán, en ocasiones incluso a pesar de su vulnerabilidad comercial; — en algunos casos, los costes excepcionales de registro en que incurran los suministradores de productos químicos podrán ser significativos, lo que podría traducirse a su vez en una racionalización de su cartera de productos. Esta consecuencia afectaría principalmente a sustancias que, en opinión de los suministradores de productos químicos, no revisten para sus clientes una importancia crítica desde el punto de vista técnico; — si tuviera lugar una considerable retirada de sustancias, también podrían ser considerables el alcance y los costes de la reformulación y replanificación (entre otros motivos por la necesidad de llevar a cabo estudios, ensayos y validaciones entre los usuarios); — los costes incurridos serán, por lo general, absorbidos o desviados, aunque esto puede ser más difícil en el caso de las PYME; — existe incertidumbre sobre el impacto de REACH en la innovación. Los casos que se han examinado en el estudio no demuestran que vaya a producirse un desvío automático de recursos destinados a investigación y desarrollo (I+D) como consecuencia de REACH, del mismo modo que tampoco se espera un incremento de dichos recursos; — las empresas han reconocido que REACH reportará algunas ventajas comerciales como, por ejemplo, una mejor información acerca de las propiedades de las sustancias y los componentes peligrosos de los preparados, una mayor facilidad en la gestión del riesgo y una racionalización en la cartera de producción de las sustancias; — existe inquietud acerca de los problemas específicos de viabilidad y confidencialidad. Algunos formuladores y los usuarios intermedios han manifestado su preocupación por la posibilidad de que los fabricantes de productos químicos no quieran incluir determinados usos en sus expedientes de registro; — Los usuarios de sustancias inorgánicas (y, en especial, de materias primas) necesitan mayor claridad en las disposiciones relativas al registro de REACH.
6.3.1

De tipo no formal: los agentes implicados se constituyen, como grupo no formalizado, en alianzas estratégicas, comisión de trabajo, foro o similar, pero sin relación jurídica alguna. Las decisiones se toman por mayoría pero no suelen ser vinculantes ni representan obligaciones para los integrantes, salvo las voluntariamente asumidas.
2.7

Sin embargo, el CESE señala que si los Estados miembros no actúan con rapidez, no asumen compromisos firmes y no toman medidas concretas —en particular adoptando un enfoque común de la UE para comprender y abordar la pobreza energética que pueda llevar a una definición común, dejando no obstante que cada Estado miembro encuentre soluciones específicas—, las iniciativas presentadas hasta ahora por la Comisión no serán suficientes para hacer frente a la crisis actual, que afecta cada vez a más consumidores.
C 323/134

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 223/2014 en lo que atañe al aumento de la prefinanciación procedente de los recursos REACT-UE

[COM(2022) 145 final — 2022/0096 (COD)]

y sobre la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 223/2014 en lo que atañe al aumento de la prefinanciación procedente de los recursos REACT-UE

[COM(2022) 162 final — 2022/0096 (COD)]

(2022/C 323/24)

Consulta Consejo de la Unión Europea, 25.3.2022 y 4.4.2022 Parlamento Europeo, 4.4.2022 Base jurídica Artículo 175, apartado 3, y artículos 177 y 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Sección competente unión económica y monetaria y Cohesión Económica y Social Aprobación en el pleno 18.5.2022 Pleno n.o 569 Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones) 179/0/4

Considerando que el contenido de las dos propuestas de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 y el Reglamento (UE) n.o 223/2014 en lo que atañe al aumento de la prefinanciación procedente de los recursos REACT-UE es satisfactorio y no es objeto de ninguna observación por su parte, el Comité, en su 569.o pleno, celebrado los días 18 y 19 de mayo de 2022 (sesión del 18 de mayo), decidió por 179 votos a favor y 4 abstenciones emitir un dictamen favorable sobre la propuesta.
3.10.

El Fondo prevé el pago de compensaciones sociales, por una parte, e incentivos para vehículos eléctricos e inversiones en infraestructuras de recarga y descarbonización de edificios, por otra. No obstante, deben tenerse en cuenta las necesidades de los hogares con rentas bajas. Además, las medidas relacionadas con la electrificación de la movilidad deben ser globales y prospectivas, lo que permitirá a tales hogares hacer uso de la movilidad urbana electrónica o de los nuevos modelos de negocio, como el uso compartido de coches. El CESE señala que el fomento de la movilidad de nulas o bajas emisiones debe centrarse no solo en la electromovilidad, sino que también han de fomentarse, cuando proceda, otros combustibles alternativos y de bajo coste, como los biocarburantes. Asimismo, el CESE señala la necesidad de promover soluciones de bajas emisiones cuando, por razones financieras o técnicas, no sean posibles alternativas de nulas emisiones. En este contexto, el CESE señala que los hogares con rentas bajas deberían, con carácter prioritario, sustituir sus vehículos antiguos y contaminantes por vehículos que tengan un consumo más eficiente, lo que requiere una regulación nueva y exhaustiva del mercado europeo del automóvil usado. Es importante que los Estados miembros, al elaborar sus planes sociales en materia de clima, tengan en cuenta estos aspectos de una transición justa y que la Comisión no los pierda de vista durante sus evaluaciones.
1.3.

Es necesario reforzar el vínculo entre esta Estrategia y las importantes inversiones que se realizarán en virtud del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). También debería garantizarse y maximizarse el vínculo con la aplicación y el seguimiento del Plan de Acción para la Aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales y, en particular, del principio 17 del pilar. El CESE aboga por una agenda más clara y rotunda de la Comisión Europea sobre cómo promover el uso del MRR a escala nacional para ayudar a las personas con discapacidad a recuperarse de la pandemia. La Comisión debe dirigirse a aquellos Estados miembros que no hayan mostrado transparencia sobre sus planes o no hayan seguido las directrices de la Comisión para garantizar una consulta significativa a la sociedad civil. La Comisión también debe mostrarse decidida a la hora de oponerse a planes que propongan inversiones contrarias a la CDPD, como inversiones en centros de asistencia institucional.
3.6

El Comité se congratula de que la Estrategia ponga de relieve la situación de las mujeres en el sector del transporte y señala que «incorporará convenientemente la perspectiva de igualdad en sus iniciativas políticas relacionadas con el transporte», pero lamenta que no se prevean actuaciones en consonancia con la ambición formulada. El «intercambio de buenas prácticas» y una red de embajadores en favor de la diversidad no son suficientes para integrar en las políticas de transporte de la UE un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género. En la guía temática titulada Addressing Gender Equity and Vulnerable Groups in SUMPs (Abordar la equidad de género y los colectivos vulnerables en los planes de movilidad urbana sostenible) figuran buenos ejemplos relativos a los puntos de actuación.
5.18.

No basta con tener acceso a las materias primas si la UE no dispone de instalaciones de transformación de alta tecnología. El comisario Breton precisó que «en el caso de las materias primas fundamentales, el objetivo es que la capacidad europea de minería y refino se encuentre operativa para el inicio de la próxima década». Este objetivo no es lo suficientemente ambicioso. En este sentido, el CESE recomienda que la UE promueva la inversión inmediata y unos incentivos regulados comunes para los inversores. Para acelerar la «autonomía estratégica» de Europa en relación con las materias primas fundamentales, debe sopesarse la posibilidad de crear una asociación europea (Horizonte Europa) o un proyecto importante de interés común europeo (PIICE). Dicho PIICE debería abarcar toda la cadena de suministro de materias primas fundamentales: evaluación de las fuentes de minerales nacionales, actividades mineras, fundición, transformación, reciclado y reutilización para otros fines. De hecho, al igual que en el caso de las baterías, el establecimiento a escala nacional de una cadena de valor de las tierras raras plenamente integrada será de vital importancia para alcanzar la doble transición digital y ecológica.
3.4.2

Sin embargo, la propia Comisión carece de coraje político, como demuestra la Comunicación. En efecto, la afirmación de que, en el contexto del previsible aumento significativo de la cuota de electricidad en el consumo de energía final, una cuota de energías renovables en la combinación de electricidad de entre 55 y 60 % será suficiente hasta 2030 y una cuota del 84 % será suficiente hasta 2050, deja muchas preguntas sin responder. La más importante es: ¿cómo lograr una seguridad del suministro estable? El biogás, los biocombustibles, incluidos los producidos sintéticamente, como el hidrógeno, y, en determinadas circunstancias, la energía hidráulica pueden utilizarse para compensar las fluctuaciones de la energía eólica y solar. Además, existen dos opciones tecnológicas que podrían cubrir el 16 % restante y que podrían denominarse «libres de CO 2 » o «bajas en CO 2 »: la energía nuclear y las centrales de gas o de carbón con captura y almacenamiento de CO 2 (CCS, por sus siglas en inglés). Sin embargo, estas se enfrentan a grandes retos económicos, ambientales y sociales. Aunque la definición exacta de la combinación de generación de energía es competencia de los Estados miembros, resulta incomprensible que la Comisión no explique cómo piensa lograr una seguridad del suministro libre de CO 2 .
3.10

La incertidumbre jurídica y las repercusiones económicas negativas que podrían derivarse si se presentan dificultades en la capacidad para hacer cumplir las obligaciones contractuales actuales supondrán un riesgo para la estabilidad financiera de la Unión. — Por su parte, los consumidores, las pequeñas, medianas y grandes empresas y los inversores podrán asegurarse una mayor protección, y la presente propuesta introduce diversos instrumentos para garantizar que la supresión gradual de un tipo de interés interbancario ampliamente utilizado no afecte de forma indebida a la capacidad del sector bancario de proporcionar financiación a las empresas de la UE y no ponga, así, en peligro un objetivo clave de la UMC; — a este respecto, el CESE considera que, en relación con la propuesta de la Comisión, también deberían analizarse los siguientes aspectos: i) los considerandos y la exposición de motivos parecen referirse a un amplio abanico de contratos que utilizan índices de referencia financieros, que abarcan los contratos de crédito (o mecanismos de préstamo análogos) celebrados con personas jurídicas o de otro tipo (y no únicamente con consumidores): en relación con esta cuestión procede remitirse a la sección relativa al «Ámbito de aplicación del tipo sustitutivo legal»; ii) el texto de la propuesta de la Comisión que establece la sustitución automática —a saber, el artículo 23 bis, apartado 2— hace referencia al concepto de «contratos financieros», cuya definición en el Reglamento sobre los índices de referencia (artículo 3, apartado 1, punto 18) alude únicamente a los contratos de crédito celebrados con personas físicas (consumidores), teniendo en cuenta las referencias hechas a las Directivas 2014/17/UE y 2008/48/CE; iii) para garantizar la coherencia entre la voluntad expresada en la exposición de motivos y el texto de la propuesta, el CESE considera útil analizar el ámbito de referencia y la definición de «contratos financieros» de modo que no solo abarque los contratos de crédito celebrados con consumidores, sino que también garantice un mecanismo eficaz de sustitución automática en el caso de los celebrados con otros participantes en el mercado; — el CESE considera que las competencias de sustitución deberían ampliarse a todos los contratos sujetos a la legislación de un Estado miembro de la UE, así como a los contratos celebrados entre entidades establecidas en la UE que se rigen por la legislación de un tercer país, cuando dicha legislación no prevea un tipo sustitutivo legal para un tipo de referencia abandonado; — las medidas propuestas deben considerarse como un apoyo a «una economía de la UE al servicio de las personas» (programa de trabajo de la Comisión para 2020). Esta iniciativa favorece los préstamos bancarios a clientes minoristas indexados a los tipos IBOR, que constituyen un elemento importante de una economía al servicio de las necesidades de la población.
La Comunicación «de la granja a la mesa» y la Estrategia de biodiversidad incluye medidas cruciales para reconstruir y proteger el suelo y los agroecosistemas, en particular los objetivos de superficie agraria con elementos paisajísticos de gran diversidad (10 %) y suelo con agricultura ecológica (25 %). No obstante, debe considerarse la posición de partida de cada Estado miembro. La Comunicación «de la granja a la mesa» no habla de la gestión sostenible del suelo ni del acceso al suelo. Esta es una importante omisión dado que representa uno de los principales obstáculos para la renovación generacional de la población agrícola, sin la cual se perderá la base europea de una agricultura productiva y sostenible. El CESE ha propuesto un marco europeo destinado a proteger el suelo agrícola de los Estados miembros que sea útil para la producción de alimentos ( 28 ) . Sin embargo, estos propósitos encomiables requerirían un apoyo financiero adecuado que no prevén las actuales propuestas presupuestarias. Asimismo, la Comunicación no proporciona orientaciones sobre cómo seguir fomentando la demanda de productos ecológicos. La consecución del objetivo relativo a los elementos paisajísticos resultará muy costosa para algunos agricultores. El CESE pide que se realice una evaluación de impacto sobre el cumplimiento de este objetivo.
1.8.

El CESE comparte la propuesta de la Comisión en relación con la adecuación de las disposiciones transitorias que permiten a las entidades de crédito aliviar el impacto sobre los fondos propios de las provisiones y ajustes de las pérdidas crediticias esperadas con arreglo a la NIIF 9. No obstante, el CESE considera que esta propuesta solo representa una primera aproximación al objetivo de mitigación de las repercusiones de la recesión, pero no es eficaz ni adecuada para mantener unas condiciones de competencia equitativas entre los intermediarios europeos. Por esta razón, estima que la propuesta puede completarse con las siguientes medidas: — ampliación del «nuevo» componente dinámico medido a 1 de enero de 2020 al crédito deteriorado a partir del 1 de enero de 2020 (u otra fecha posterior que se considere útil y acorde con el comienzo de la pandemia); — no sustitución del factor de escala con la ponderación única del 100 %, intervención destinada a la financiación a clientes particulares. Una intervención de ese tipo no reconocería el distinto nivel de riesgo inherente a las categorías de prestatarios típicos de la mayoría de bancos comerciales y, más en especial, de los bancos locales. Se refiere en concreto a las familias y las pymes. Las exposiciones asociadas a esta categoría de prestatarios gozan de un tratamiento prudencial específico por lo que se refiere a los requisitos de capital. Por otra parte, la sustitución del factor de escala por la ponderación única del 100 % plantearía problemas de aplicación importantes, cuando no insuperables, a los bancos que utilizan el método estándar y el procedimiento protocolario de información. Como alternativa a la disposición propuesta por la Comisión, se podría estudiar, como medida efectiva de simplificación operativa, una intervención sobre el tratamiento de la fiscalidad asociada, tal como se contempla en la letra a) del mismo apartado 7, en lugar de la supresión de la letra b); — la ampliación del período transitorio aplicable al componente estático medido a 1 de enero de 2018, con la introducción del nuevo principio contable NIIF 9, que obliga a los bancos a prestar una atención particular al impacto en el contexto de la adopción por primera vez (FTA), repercute en las modalidades de evaluación en un «escenario de venta» también de las posiciones dudosas y que representan hoy el componente más importante de todo el importe puesto en reserva FTA.
1.3.1.

El CESE acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión destinados a impulsar la participación de las partes interesadas en los trabajos de normalización, en particular a través del programa Horizonte 2020. No obstante, el Comité recomienda que se refuerce el mecanismo actual y se facilite más información sobre las posibilidades existentes. Esto permitirá a las pequeñas y medianas empresas participar no solo en la creación de normas sino también en su aplicación.
3.6.

La cifra que se menciona en la exposición de motivos, de un flujo financiero de 6600 millones de euros (2017) de devoluciones de los Estados miembros a la UE, no puede, por su volumen, ser fruto exclusivo de un exceso de prefinanciación sino también de la no ejecución, o la mala ejecución, de los programas, o de la deficiente planificación de las acreditaciones de lo gastado. Por otro lado, la mención, que en la exposición de motivos se hace, a que la disminución del porcentaje de prefinanciación se verá compensada por que el porcentaje se aplicará también, a partir de 2019, a la «reserva de rendimiento» no es correcta. Dicha reserva es solo del 6 % del importe del programa y el porcentaje de la nueva prefinanciación que se propone será de solo un tercio del previsto. Pero es que, además, dicha «reserva de rendimiento» está ya contabilizada en los presupuestos de cada Estado miembro y lo único que puede sucederles es que pierdan dicho 6 %, en todo o parte, si no se cumplen satisfactoriamente los criterios de ejecución.
1.2.

El CESE no propone aportar modificaciones a la propuesta, pero pide que se refuerce el seguimiento de las actividades relativas a determinados aspectos en los que hace hincapié el dictamen, en particular: — un enfoque orientado al desarrollo sostenible en la elección de las fuentes de energía; — la consideración correcta de la situación específica de Lituania en particular, pero también de otros países afectados, dadas sus circunstancias socioeconómicas; — la difusión en toda la UE de los conocimientos adquiridos en materia de desmantelamiento y el reto de la formación de los trabajadores; — la gestión segura y sostenible de los residuos nucleares generados de esta manera; — el refuerzo de los indicadores de rendimiento, incluyendo los resultados en materia de protección radiológica de los trabajadores.
1.8.

El CESE observa, asimismo, que algunos de los puertos que podrían cobrar protagonismo en las nuevas circunstancias no son puertos principales, por lo que no cumplen un criterio básico para formar parte de un corredor de la red básica, y que no está prevista una revisión del Reglamento sobre las orientaciones para la RTE-T hasta 2023.
4.6.2.

Lo mismo se aplica al enfoque innovador que se desarrolló en la ciudad de Lapy, Podlasie, y que no obstante no puede implementarse, pues sencillamente no se logró encontrar la financiación necesaria para llevar a cabo las investigaciones exhaustivas pertinentes. Al igual que muchos otros municipios de los Estados de Europa Central y Oriental, la ciudad sufre de altos niveles de emisiones ocasionados por los sistemas de calefacción de carbón centrales. Los cálculos realizados han demostrado que sustituir el carbón por fuentes de energías renovables (por ejemplo, la biomasa) o fuentes de energía de bajas emisiones, como el gas, llevaría a un incremento de los precios de consumo, lo cual no sería viable para la sociedad. Es probable que construir y operar una central eólica municipal a fin de emplear la electricidad generada para el funcionamiento de bombas de calor llevase a una reducción de los precios relacionados con la calefacción. No obstante, los municipios carecen de los medios para llevar a cabo las investigaciones previas técnicas y jurídicas que son necesarias urgentemente para la realización de un proyecto modelo así y, hasta ahora, no cuentan con ningún apoyo externo.
4.9.

economía de los datos es un elemento crucial del mercado digital. El CESE considera, en particular, que la propiedad de los datos no puede relegarse únicamente a un acuerdo contractual entre dos sujetos. Además, la transparencia informativa prevista por la propuesta en examen no resuelve la cuestión crucial del uso que se puede hacer de dichos datos una vez que obren en poder de una entidad privada. Por estas razones, el CESE recomienda a la Comisión que aborde urgentemente este tema y lo regule, en el interés principal de los usuarios y del concepto mismo de economía de los datos ( 13 ). Laes un elemento crucial del mercado digital. El CESE considera, en particular, que lano puede relegarse únicamente a un acuerdo contractual entre dos sujetos. Además, la transparencia informativa prevista por la propuesta en examen no resuelve la cuestión crucial del uso que se puede hacer de dichos datos una vez que obren en poder de una entidad privada. Por estas razones, el CESE recomienda a la Comisión que aborde urgentemente este tema y lo regule, en el interés principal de los usuarios y del concepto mismo de