Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema «La Unión Económica y Monetaria»

(97/C 34/01)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

Vista su Decisión de 15 de noviembre de 1995, conforme al cuarto párrafo del artículo 198 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de elaborar un Dictamen sobre el tema «La Unión Económica y Monetaria» y atribuir su preparación a la Comisión de Desarrollo Regional, Desarrollo Económico y Hacienda Local y Regional (Comisión 1);

Visto el proyecto de Dictamen aprobado el 21 de junio de 1996 por la Comisión 1 (Ponentes: Sres. Geisel y Bore) (doc. CDR 65/96 rev. 3);

Considerando el artículo B del Tratado de la Unión Europea y los artículos 109 E-M del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;

Considerando el Libro Verde de la Comisión Europea sobre las modalidades de transición a la Moneda Única (doc. COM(95) 333 final);

Considerando el documento sobre «El paso a la Moneda Única» del Instituto Monetario Europeo;

Considerando las conclusiones de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre de Madrid, celebrada el 15 y 16 de diciembre de 1995,

en su 14° Pleno celebrado el 18 y 19 de septiembre de 1996 (sesión del 18 de septiembre) ha aprobado por mayoría el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. El paso a la tercera etapa de la Unión Económica y Monetaria repercute directa e indirectamente en los entes locales y regionales europeos. Afecta especialmente a la política estructural económica, la política presupuestaria y financiera, la política de mercado laboral y la política social. Asimismo, la Unión Económica y Monetaria cambiará las condiciones marco para la competencia en el mercado interior y supondrá nuevas exigencias para la cooperación, por una parte, entre los entes locales y regionales y por otra, entre las empresas situadas en estos territorios. Además, la Unión Económica y Monetaria conlleva múltiples procesos de adaptación para la administración pública a nivel local y regional.

1.2. Por ello, ante las cuestiones sobre la Unión Monetaria y el paso a la misma, el Comité de las Regiones adopta el presente dictamen.

2. Europa y la Unión Monetaria

2.1. El Comité de las Regiones se reafirma en su apoyo a la creación de una Unión Económica y Monetaria como factor de estabilidad y de desarrollo y aboga por una mayor integración política de Europa.

2.2. La introducción de una moneda común es la continuación lógica del mercado interior, y supone un fortalecimiento de la economía europea a nivel mundial. Desaparecerían los costes de transacción y de seguros de cambio vinculados a la moneda y los riesgos de cambio en el interior de la Comunidad. Esto supone un ahorro de costes y seguridad a la hora de planificar a largo plazo las inversiones.

2.3. Debido a las fluctuaciones de los tipos de interés de las monedas de los Estados miembros, la economía de la UE no encontró la estabilidad suficiente que hubiese permitido agotar el potencial de crecimiento europeo. Este hecho ha provocado una disminución general del crecimiento, fenómeno que, en esa forma, no se habría dado con una moneda europea.

2.4. Es de esperar que una moneda europea única, funcionando dentro del sistema monetario internacional como moneda de transacción, de inversión y de reserva, tendría un papel más relevante que las monedas europeas actuales, contribuyendo de esta forma a atenuar las convulsiones monetarias en las economías nacionales y a combatir con mayor eficacia la especulación internacional sobre los tipos de cambio. Por otro lado, fomentaría también el desarrollo económico en Europa.

2.5. Gracias a un mercado de capitales más amplio, es de esperar que disminuya el nivel medio de los tipos de interés en los Estados miembros de la Unión Monetaria, aunque quizá con un ligero incremento en algunos de ellos.

2.6. El coste de los viajes en Europa disminuirá debido a la desaparición de los costes de conversión. Con ello se contribuirá a fomentar el intercambio cultural y de jóvenes a nivel europeo.

2.7. El Comité de las Regiones considera que los efectos positivos que se esperan de la Unión Monetaria sobre el desarrollo económico general de los Estados miembros, tanto en términos de empleo como de crecimiento, sólo serán posibles si la moneda común europea se revela como una moneda estable. En caso contrario existe el riesgo de un deterioro de la capacidad económica de Europa en su conjunto, con pérdidas para los consumidores y ahorradores.

2.8. El CDR aplaude la voluntad de los Jefes de Estado y de Gobierno, recogida en las conclusiones de la Cumbre de Madrid, de iniciar la tercera fase de la Unión Monetaria el 1 de enero de 1999, y considera necesario mantener los criterios de convergencia acordados en el Tratado de la UE. Esto último es válido tanto para la estabilidad de los precios, el déficit público, el endeudamiento, el nivel de los tipos de interés a largo plazo, la participación en el SME, así como para la creación de bancos centrales nacionales independientes en los Estados miembros de la Unión Monetaria. No obstante, la decisión definitiva sobre los países participantes y sobre el calendario para iniciar la tercera fase de la Unión Monetaria corresponderá a los Jefes de Estado y de Gobierno en su reunión de la primavera de 1998.

2.9. El CDR aplaude asimismo la decisión de los Jefes de Estado y de Gobierno de dar a la futura moneda europea la denominación de euro.

2.10. El CDR aplaude también la decisión adoptada durante la Cumbre de Madrid de elegir a los Estados miembros en función de datos reales del año 1997, y no de previsiones.

2.11. El CDR subraya que como requisito para el funcionamiento con éxito de la Unión Monetaria es necesario tanto una convergencia monetaria, como una convergencia económica real y un aumento equiparable de la productividad. Si estas condiciones no se cumplen, se socavará la estabilidad de la política monetaria o será necesario reforzar el mecanismo de compensación a las regiones más débiles, lo que no sería posible sin una mayor integración política de Europa y sin un apoyo de las ciudadanas y ciudadanos de los Estados miembros basado en la solidaridad.

2.12. Los esfuerzos de consolidación realizados hasta el momento por muchos Estados miembros no han respondido en los últimos años a los pronósticos originales. Más bien, los últimos meses muestran que debido al deterioro de la coyuntura se han agravado los esfuerzos de consolidación en muchos Estados miembros. Una nueva consolidación precipitada de los presupuestos públicos en la situación actual, podría incluso recargar aún más la débil coyuntura europea, además, en comparación con la evolución de la coyuntura, en algunos Estados miembros se ha llegado a tal recorte del volumen de los gastos presupuestarios que pone en peligro el consenso entre la opinión pública. Sin embargo, no debe perderse de vista el objetivo de que todos los Estados miembros cumplan los criterios de convergencia, única manera de fomentar un crecimiento y un empleo duraderos.

2.13. Si las medidas de consolidación que se consideran esenciales se vinculan públicamente con el cumplimiento de los criterios de convergencia, existe el peligro de que el euro, la futura moneda, quede ligada, a los ojos de muchas ciudadanas y ciudadanos de Europa, a la idea de un recorte de las prestaciones sociales y de desempleo. La consecuencia podría ser una nociva renacionalización de la política en los Estados miembros que resultaría contraproducente y una disminución de los partidarios de la política de integración europea.

2.14. De ese modo se perdería el necesario apoyo de amplias capas de la población a la Unión Monetaria que el CDR considera imprescindible.

Unión política y democratización

2.15. El traspaso del control en materia de política monetaria de los Estados miembros a la esfera comunitaria requiere una profundización en la unión política. En este sentido, un requisito para una convivencia solidaria en la Unión Europea es que las ciudadanas y ciudadanos se sientan más comprometidos con la Unión Europea. Una Unión Monetaria respaldada sólo por una minoría no servirá para fomentar dicha solidaridad y compromiso con Europa. A la larga, las fuerzas divergentes provocadas por una Unión Económica y Monetaria podrán únicamente controlarse a través de un sentido de interés común en una unión política más amplia.

2.16. El CDR exhorta a los Estados miembros a que, en el marco de la Conferencia Intergubernamental de 1996, decidan una clara democratización de las instituciones europeas.

Para una Unión Monetaria estable

Composición de los Estados miembros fundadores

2.17. Desde el punto de vista de la política de la competencia y en interés del buen funcionamiento del mercado interior, con el número y tamaño de las economías participantes aumenta la necesidad de una Unión Monetaria. Por ello, el CDR solicita que la introducción de una moneda única europea -sin detrimento del estricto cumplimiento de los criterios de estabilidad- se lleve a cabo con el mayor número de Estados miembros posible y con las principales economías de la Unión Europea. Si el grupo de miembros fuera más reducido, es de temer que el efecto sobre la población fuese más de rechazo que de aceptación de la integración.

2.18. Debido al significado, a efectos de identificación, que tiene el euro para la Unión Europea y sus ciudadanos, el CDR considera necesario hacer los esfuerzos correspondientes para que desde la primera fase estén reunidos en un espacio monetario común la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos europeos.

Sobre la función de la política fiscal

2.19. Para asegurar una estabilidad monetaria duradera, así como un crecimiento del empleo el CDR subraya la necesidad de una cooperación entre la política monetaria y la política fiscal con vistas a la estabilidad, particularmente en los países participantes en la Unión Monetaria. Sin embargo, el Tratado de la UE establece ante todo criterios de acceso a la Unión Monetaria. No hay ninguna indicación precisa ni sobre el modo de actuación, ni sobre los mecanismos de sanción para estimular a los Estados miembros a mantener una política financiera orientada hacia la estabilidad tras su entrada en la Unión Monetaria.

2.20. Por ello, el CDR comparte las conclusiones de la Cumbre de Madrid de establecer un pacto de estabilidad obligatorio que garantice la continuidad de la política fiscal incluso después del ingreso en la Unión Monetaria sin que tenga consecuencias deflacionistas. La política presupuestaria debe favorecer de modo duradero el empleo, el crecimiento y el bienestar. A ello contribuiría, independientemente del cumplimiento de los criterios de convergencia, una consolidación de los presupuestos públicos.

2.21. Para lograr una consolidación de los presupuestos públicos, el CDR solicita una cooperación constructiva entre los Estados miembros y los entes locales y regionales. No obstante, el saneamiento de los presupuestos públicos no debe realizarse únicamente en detrimento de los entes locales y regionales.

2.22. Una política de estabilidad común debe tener como base una cultura y una filosofía de la estabilidad comunes. El CDR advierte que la aplicación de sanciones puede provocar la aparición de riesgos y resentimientos entre los Estados miembros y afectar a las prerrogativas de los Estados miembros y de los entes locales y regionales en materia presupuestaria. Para fomentar una política presupuestaria orientada hacia la estabilidad es más apropiado utilizar estímulos que sanciones.

2.23. Debido a la creciente integración de las economías nacionales europeas, los Estados miembros se encontrarán, en el futuro, peor preparados para luchar contra las disfunciones del equilibrio macroeconómico mediante políticas presupuestarias expansionistas. Para preservar un cierto margen de acción en el seno de la UE y poder luchar contra los futuros desequilibrios macroeconómicos, se requiere una verdadera coordinación de la política financiera de los miembros de la Unión Económica y Monetaria así como del resto de los miembros de la UE para evitar el peligro de que en el futuro se necesiten transferencias financieras adicionales.

2.24. El CDR invita a los Jefes de Estado y de Gobierno a que antes de la entrada en la tercera fase de la Unión Monetaria creen los instrumentos de política económica y monetaria necesarios para garantizar una convergencia duradera de los Estados miembros y la estabilidad de la moneda única. En el caso de que fuera necesario reforzar los instrumentos de transferencia actuales, también deberá aclararse cómo se financiarían.

La Unión Monetaria y las consecuencias para los Estados que no puedan acceder a la UM

2.25. Una comunidad solidaria como la descrita en los artículos 2 y 130 del Tratado de la Comunidad Europea no debe dirigir sólo su mirada hacia los Estados miembros que pueden acceder a la Unión Monetaria. Una comunidad solidaria exige también tener en cuenta a los Estados miembros de la UE que no consigan acceder a ella. Es de prever que estos Estados tendrán que pagar tipos de interés reales más altos que los de la Unión Monetaria, dado que sus mercados tendrán un mayor índice de riesgo. Las consecuencias, que dificultarían aún más el proceso de convergencia necesario, serán unos costes de inversión más altos para el sector privado y un mayor coste del endeudamiento público.

2.26. Sin apoyo, estos Estados miembros podrían entrar en un proceso acelerado de devaluación, lo cual no es deseable, aunque sólo sea desde la perspectiva del buen funcionamiento del mercado interior. El CDR considera necesario que la Comisión, antes del inicio de la Unión Monetaria, examine si, es necesario adoptar medidas de apoyo para estabilizar las relaciones entre las diferentes monedas y, de ser así, hasta qué punto.

2.27. El CDR solicita que antes de decidirse qué Estados miembros accederán a la Unión Monetaria, se acuerde una regulación vinculante sobre un sistema modificado que regule las relaciones monetarias entre ellos y el resto de los Estados miembros de la UE, que fomente la integración en la Unión Monetaria. Para evitar que se falsee la competencia con respecto a los Estados no participantes en la Unión Monetaria es necesario lograr acuerdos monetarios adecuados para, por una parte, asegurar un alto grado de estabilidad de los tipos de cambio y, por otra parte, tener en cuenta suficientemente la eficacia de estos países. Asegurar la estabilidad monetaria dentro de la UE es sobre todo competencia de los Estados aun no participantes en la Unión Monetaria.

2.28. El CDR opina que una política monetaria europea debe tener también como objetivo asegurar el valor externo del euro. La estabilidad monetaria exterior no debe realizarse en detrimento de la estabilidad monetaria interna.

3. Consecuencias de la Unión Monetaria para los entes locales y regionales

Consecuencias económicas para los entes locales y regionales

3.1. El CDR constata que aún no se han analizado ni debatido suficientemente las consecuencias económicas de la Unión Monetaria para los entes locales y regionales. Es decir, ni las consecuencias para las regiones pertenecientes a la Unión Monetaria, ni las repercusiones para las relaciones entre las regiones dentro y fuera de la Unión Monetaria. Tampoco se conocen las consecuencias de la Unión Monetaria para las regiones periféricas y débiles económicamente ni para las regiones situadas en los Estados miembros acogidos a una cláusula de «opt-out».

3.2. El CDR manifiesta su preocupación por el hecho de que aún no se hayan analizado y debatido suficientemente las repercusiones de la Unión Monetaria para el empleo y su distribución regional.

3.3. En consecuencia, el CDR solicita a la Comisión que, antes de la entrada en vigor de la Unión Monetaria, lleve a cabo amplios estudios sobre sus consecuencias socioeconómicas para los entes locales y regionales de Europa y que le comunique los resultados. A continuación, se indican algunos de los problemas y las posibilidades que explican la necesidad de una aclaración:

a) Debido a la existencia de un espacio monetario más amplio se intensificará la competencia entre las regiones. Las regiones hasta ahora favorecidas por las fluctuaciones de los tipos de cambio no podrán en adelante beneficiarse de dichos efectos y estarán sometidas a una mayor presión competitiva y sufrirán un deterioro de sus industrias locales. Otras regiones con un comercio exterior de divisas intenso se beneficiarán especialmente de la supresión de los costes de transferencia y de los riesgos de cambio.

b) Es de esperar que entre los países miembros de la Unión Monetaria la estabilización de los precios y la supresión de los riesgos monetarios entrañe un aumento de las inversiones directas en las regiones europeas que se caractericen por factores de producción favorables.

c) Con el fin de compensar la desaparición, en el marco de la Unión Monetaria, del margen de maniobra para la política monetaria, los instrumentos de política fiscal a nivel europeo orientados a exigencias mínimas podrían cobrar nueva dimensión. Teniendo en cuenta la escasa movilidad de la mano de obra en Europa, puede aumentar el efecto de choque asimétrico que se ejerce sobre algunas regiones, lo que en el marco de una Unión Monetaria podrá igualmente acarrear daños a largo plazo para las regiones prósperas.

d) Las divergencias económicas regionales que existen en el seno de los Estados miembros podrían agudizarse. En principio, las actuales consolidaciones presupuestarias de los Estados miembros limitan ya de forma importante los márgenes de redistribución en el seno de cada país. Es de prever que esta evolución influya en el reparto de los Fondos estructurales, especialmente para paliar, en los entes locales y regionales afectados, las consecuencias económicas y sociales negativas. No obstante, los Fondos estructurales no pueden utilizarse como instrumento para cumplir los criterios de convergencia.

e) Como consecuencia de las crecientes diferencias económicas entre los entes locales y regionales, o los entes afectados pueden sentirse impulsados a adoptar modelos sociales, ecológicos y salariales de más bajas prestaciones, con el fin de poder mantener su competitividad en el ámbito de la Unión Monetaria. Este peligro amenaza sobre todo a los entes locales y regionales caracterizados por una productividad estructuralmente baja. Por ello, es necesario adoptar -en la estricta observancia del principio de subsidiariedad- una activa política de normas mínimas a nivel europeo.

f) La integración creciente del mercado interior y de la Unión Monetaria Europea abren nuevas posibilidades y necesidades para la política de empleo a nivel europeo, nacional, regional y comunal. Es necesario una coordinación europea de la política de empleo, que es responsabilidad de los Estados miembros, para aprovechar las ventajas que ofrecen el mercado único y la Unión Monetaria para luchar contra el desempleo. Este mismo planteamiento es válido para la política de los interlocutores sociales en Europa.

g) Las fronteras serán cada vez menos un obstáculo a la integración económica de las regiones. Los ciclos económicos tendrán un carácter transfronterizo más marcado. Esto también podría tener consecuencias para los flujos comerciales y financieros internos y para la cooperación regional transnacional. Sería deseable que la política económica coordinada entre los Estados miembros se completase con aspectos de política regional. Los Estados, cuyos entes locales y regionales dispongan de amplias competencias en materia presupuestaria, deben incluir de facto a estos últimos en la elaboración y ejecución de las disposiciones que regulan el funcionamiento sin problemas de la UEM.

h) A causa de la desaparición de los costes de transacción, la Unión Monetaria provocará en las regiones transfronterizas un cambio de la demanda de los consumidores. Los entes locales y regionales con bajos impuestos sobre el consumo adquirirán un atractivo especial para los consumidores cercanos a la frontera. Por el contrario, el consumo tenderá a disminuir en las zonas en que los impuestos sobre el consumo son especialmente altos.

i) La consolidación de las finanzas públicas conllevará, en virtud del traspaso de funciones, un aumento de la presión sobre el presupuesto de los entes locales y regionales, incluso en aquellos que hasta el momento no han contribuido al aumento del déficit público. Una consolidación de los presupuestos públicos en perjuicio de los entes locales y regionales conducirá a un empeoramiento de la competitividad y a la exclusión social.

j) La previsible ampliación de la Unión Europea acentuará la presión sobre los Fondos estructurales existentes. Al mismo tiempo, se espera que la Unión Monetaria suponga una nueva distribución de los Fondos estructurales. Una eventual coincidencia de la ampliación de la UE con la introducción de la Unión Monetaria podría exigir una necesidad adicional de ampliar los recursos de los Fondos estructurales.

Acciones de cara a la opinión pública

3.4. Los poderes públicos y los entes regionales y locales deberán desempeñar una importante función de ejemplo durante la introducción de la moneda única, con el fin de lograr la aceptación general del euro.

3.5. Debido a la situación de proximidad a los ciudadanos, corresponderá particularmente a los entes locales y regionales desempeñar un papel clave en el diálogo con la población sobre las ventajas e inconvenientes de la introducción de la euromoneda. Para ello debe proveerse con tiempo información completa sobre las modalidades y sobre las ventajas e inconvenientes de la Unión Monetaria. Asimismo, deberán ponerse a disposición de los entes locales y regionales los medios de fomento que la UE suministra para informar a las ciudadanas y ciudadanos sobre la moneda europea común.

3.6. Para tener debidamente en cuenta las peculiaridades regionales, los entes locales y regionales deben participar desde el principio y de modo activo en la elaboración de la información.

3.7. El CDR solicita que los entes locales y regionales nombren a delegados para la introducción del euro que actúen como interlocutores ante los ciudadanos.

4. El paso a la moneda única

4.1. El CDR aplaude que los Jefes de Estado y de Gobierno se hayan distanciado del Libro verde en lo que se refiere a las cuestiones prácticas del paso a la moneda única y hayan acordado el plan de transición del IME. En general, se ha abandonado el proyecto de introducir de forma obligatoria unas monedas paralelas. Solamente las transacciones del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) en los mercados de divisas se efectuarán y gestionarán en euros.

4.2. El CDR se muestra de acuerdo con la decisión de que los agentes económicos privados puedan seguir facturando en moneda nacional durante el período transitorio que precederá a la introducción de los billetes y monedas euro.

4.3. El CDR tiene en consideración la recomendación formulada por los Jefes de Estado y de Gobierno a los Estados miembros que accedan a la Unión Monetaria a partir del 1 de enero de 1999 de efectuar las nuevas emisiones negociables de deuda pública en euros. El CDR subraya que este requisito también vincula a los entes locales y regionales de los Estados miembros que pertenezcan a la Unión Económica y Monetaria.

4.4. El CDR subraya que la emisión de deuda pública no negociable y, por tanto, la de los entes locales y regionales podrá efectuarse en moneda nacional hasta la introducción de la nueva moneda.

4.5. El CDR lamenta que hasta el momento ni en el Libro Verde de la Comisión, ni en las declaraciones del IME, ni tampoco en las conclusiones de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada el 15 y 16 de diciembre de 1995 se haga ningún análisis del coste del paso a la moneda única. Los bancos pequeños o medianos, las entidades financieras de garantía local (Cajas de Ahorro) y las PYME se verán especialmente afectados por los costes.

4.6. Los costes de los entes locales y regionales serán también importantes, especialmente para los entes locales que debido a sus pequeñas dimensiones tienen una estructura administrativa limitada. Las repercusiones en el interior de los Estados miembros del coste del paso a la moneda única aún no se han determinado. En principio debe cuidarse de que precisamente en tiempos de tensión presupuestaria no aumente aún más la carga financiera en los entes regionales y locales.

4.7. Por estos motivos, al hacer los cambios vinculados a la introducción del euro debe renunciarse a indicar por partida doble los precios en el caso de las prestaciones públicas que no se llevan a cabo en el mercado. Para estos casos, deben hallarse soluciones menos costosas, aceptables para los entes locales y regionales y que al mismo tiempo satisfagan las necesidades de información y de consumo de las ciudadanas y ciudadanos, como por ejemplo la indicación de factores o tablas de conversión.

4.8. Para evitar las especulaciones monetarias que puedan surgir entre la decisión sobre los países que accederán a la Unión Monetaria y la fecha en que, con la fijación definitiva de los tipos de cambio, la Unión Económica y Monetaria sea una realidad, el CDR insta al Consejo de Ministros y al Instituto Monetario que examinen si se pueden fijar tipos de conversión sobre la base de una media retroactiva a medio plazo. En cualquier caso deberían adoptarse disposiciones contra la especulación monetaria que podría surgir de los tipos de cambio aún no fijados.

4.9. Las futuras negociaciones sobre las modalidades precisas de la transición a la moneda única deben orientarse según los siguientes principios:

a) La introducción de la moneda única debe resultar lo más barata posible para todos los participantes.

b) El proceso y las modalidades de la transición deben concebirse de manera que no afecten a la competencia y no supongan ventajas para ninguna categoría de empresas o de entidades financieras particulares.

c) Las disposiciones necesarias para la transición no deberán suponer ninguna restricción en relación con los empréstitos estatales que pueda limitar la libertad del suscriptor en lo que se refiere al lugar, al momento y a las condiciones de la emisión de deuda.

d) Las disposiciones necesarias para la transición deberán evitar provocar abusos o perjuicios a las instituciones europeas o a los Estados miembros que accedan a la Unión Monetaria.

e) Cada una de las etapas del paso a la moneda única deberá quedar definida de forma transparente, sencilla, descentralizada y eficaz para todos los agentes del mercado, ciudadanas y ciudadanos. Cada una de las acciones emprendidas debe concebirse de manera que refuerce la credibilidad y duración de la UEM, para que esta última sea mejor aceptada por los agentes de la vida económica y por las ciudadanas y los ciudadanos en su calidad de consumidores.

f) Conviene evitar un aumento de los precios. Durante la transición a la moneda única se necesitarán disposiciones que garanticen la aplicación de los tipos de conversión en base a normas de redondeo vinculantes. Dado que la nueva moneda europea no podrá convertirse en medio de pago legal hasta que las monedas y billetes correspondientes estén en circulación, las monedas nacionales seguirán siendo el medio de pago legal hasta ese momento.

5. Conclusiones

En relación con las anteriores consideraciones, el CDR decide lo siguiente:

El Comité de las Regiones

5.1. Reitera su apoyo a la consecución de una Unión Económica y Monetaria como factor de estabilización comunitario y defiende una mayor integración política de Europa.

5.2. Subraya que para lograr un buen funcionamiento de la Unión Monetaria se necesita tanto una convergencia monetaria, como una convergencia económica real.

5.3. Considera fundamental que una Unión Monetaria deba contribuir al crecimiento del bienestar y del empleo.

5.4. Solicita a los Estados miembros que, en el marco de la próxima conferencia intergubernamental, acuerden una clara democratización de las instituciones europeas, ya que las fuerzas divergentes provocadas por una Unión Económica y Monetaria a la larga podrán únicamente controlarse a través de un sentido de interés común en una unión política más amplia.

5.5. Insta a que la introducción de una moneda única europea -sin detrimento del estricto cumplimiento de los criterios de estabilidad- se lleve a cabo con el mayor número de Estados miembros posible y con las principales economías de la Unión Europea.

5.6. Debido al significado, a efectos de identificación, que tiene el euro para la UE y sus ciudadanos, considera necesario hacer los esfuerzos correspondientes para que desde la primera fase estén reunidos en un espacio monetario común la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos.

5.7. Considera imprescindible que la futura moneda europea cuente con amplio apoyo entre la población.

5.8. Apoya las conclusiones de la Cumbre de Madrid de establecer un pacto de estabilidad obligatorio para que Europa logre más empleo, crecimiento y bienestar, y, con vistas a la Unión Monetaria considera necesario -sin detrimento del estricto cumplimiento del principio de subsidiariedad- conseguir una estrecha cooperación entre los Estados miembros en los ámbitos de política económica, financiera, social, medioambiental y de empleo.

5.9. Invita a los Jefes de Estado y de Gobierno a que antes de la entrada en la tercera fase de la Unión Monetaria creen los instrumentos de política económica y monetaria necesarios para garantizar una convergencia duradera de los Estados miembros y la estabilidad de la moneda única en los Estados parte de la Unión Monetaria.

5.10. Insta a que tan pronto como sea posible se aclaren las relaciones entre los Estados participantes y los Estados no participantes en la Unión Monetaria; esta relación debe ser respetuosa con los principios de solidaridad y estabilidad entre los Estados miembros y servir para lograr el objetivo de integración en la Unión Monetaria.

5.11. En relación con los problemas descritos en el punto 3.3, considera esencial que antes de que se adopte la decisión sobre la entrada definitiva en la Unión Monetaria, se analicen y valoren los efectos de la Unión Monetaria en las diversas regiones de Europa, especialmente las consecuencias que tendrá para la política de cohesión de la UE y para la situación de los presupuestos públicos de los entes locales y regionales. A la luz de los conocimientos actuales, el CDR solicita que se desarrollen y apliquen los instrumentos adecuados para disminuir los efectos negativos de la Unión Europea sobre las regiones y aumentar los positivos.

5.12. Solicita una cooperación entre los Estados miembros y los entes locales y regionales y rechaza que el saneamiento de los presupuestos públicos se realice únicamente en detrimento de los entes locales y regionales.

5.13. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que aclaren sobre quién recaerá la responsabilidad del coste que supondrá el cambio a una moneda única tanto para el sector público como para el sector privado y a que, en interés del consumidor, presten mayor atención a la cuestión de la subida de los precios debido a reglas de redondeo poco equitativas.

5.14. Subraya expresamente la importancia de los entes locales y regionales para impulsar la sensibilización pública y para el debate sobre la introducción de la moneda única y por ello solicita que dichos entes participen oportuna y completamente en la elaboración de la información y que puedan tener acceso a los medios puestos a disposición por la UE para la información de los ciudadanos sobre la moneda europea común.

Bruselas, el 18 de septiembre de 1996.

El Presidente del Comité de las Regiones

Pasqual MARAGAL i MIRA