[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 16.5.2006

SEC(2006) 596

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN

RUMANÍA Informe de seguimiento - mayo 2006

{COM(2006) 214 final}

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN

RUMANÍA Informe de seguimiento - mayo 2006

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 4

2. CRITERIOS POLÍTICOS 5

2.1. Evaluación general 13

3. CRITERIOS ECONÓMICOS 14

3.1. Evaluación general 18

4. COMPROMISOS Y EXIGENCIAS RESULTANTES DE LAS NEGOCIACIONES DE ADHESIÓN 18

4.1. Capítulos del acervo 19

4.1.1. Capítulo 1: Libre circulación de mercancías 19

4.1.2. Capítulo 2: Libre circulación de personas 20

4.1.3. Capítulo 3: Libre prestación de servicios 21

4.1.4. Capítulo 4: Libre circulación de capitales 22

4.1.5. Capítulo 5: Derecho de sociedades 22

4.1.6. Capítulo 6: Política de competencia 23

4.1.7. Capítulo 7: Agricultura 24

4.1.8. Capítulo 8: Pesca 28

4.1.9. Capítulo 10: Fiscalidad 29

4.1.10. Capítulo 13: Política social y empleo 30

4.1.11. Capítulo 15: Política industrial 32

4.1.12. Capítulo 18: Educación y formación 33

4.1.13. Capítulo 20: Cultura y política audiovisual 33

4.1.14. Capítulo 21: Política regional y coordinación de los instrumentos estructurales 33

4.1.15. Capítulo 22: Medio ambiente 35

4.1.16. Capítulo 24: Cooperación en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior 36

4.1.17. Capítulo 25: Unión aduanera 40

4.1.18. Capítulo 28: Control financiero 41

4.2. Traducción del acervo al rumano 42

4.3. Evaluación general 43

1. INTRODUCCIÓN

En diciembre de 2004 culminaron con éxito las negociaciones de adhesión con Rumanía. El Tratado de Adhesión se firmó en abril de 2005 y ya ha sido ratificado por Rumanía y 14 Estados miembros. El Tratado prevé la adhesión para el 1 de enero de 2007, a no ser que el Consejo, previa recomendación de la Comisión, decida posponerla hasta el 1 de enero de 2008.

A raíz de la celebración de las negociaciones, la Unión Europea decidió que seguiría supervisando atentamente los preparativos y avances de Rumanía y que, a tal efecto, la Comisión seguiría presentando informes anuales, así como recomendaciones, en su caso, sobre los progresos del país hacia la adhesión.

La Comisión presentó su primer informe en octubre de 2005, de conformidad con el cual Rumanía estaba ya muy adelantada en los preparativos para la adhesión. En el informe se identificaban también algunos sectores en los que había que realizar esfuerzos con objeto de completar esos preparativos. La Comisión decidió multiplicar sus actividades de seguimiento y volver a elaborar un informe en la primavera de 2006.

Este informe revisa los preparativos de Rumanía para la adhesión, centrándose en los sectores que todavía necesitan mejoras a la luz de los tres criterios de adhesión de Copenhague. En consecuencia, el informe está compuesto de tres partes principales:

- En la primera parte se evalúan las cuestiones políticas que se determinó necesitaban mejoras.

- En la segunda parte se evalúan las cuestiones económicas que se determinó necesitaban mejoras.

- En la tercera parte se evalúa la posición en la que se encuentra el país respecto de la aplicación de los compromisos y las exigencias derivadas de las negociaciones de adhesión.

En el informe se identifican los logros conseguidos desde octubre de 2005 y las carencias todavía existentes en materia política, legislativa y de aplicación aún sin abordar. Sobre esta base, la Comisión examina, en una Comunicación presentada junto a este informe, si debe o no recomendar el aplazamiento de la fecha de adhesión.

El informe refleja la situación a fines de abril de 2006. Se basa en numerosas fuentes. Se pidió a Rumanía que facilitara datos sobre su grado de preparación. También se ha utilizado información facilitada en el marco del Acuerdo de Asociación y en evaluaciones inter pares[1] realizadas para evaluar la capacidad administrativa del país en sectores específicos. Se han tenido en cuenta deliberaciones del Consejo e informes del Parlamento Europeo[2]. En su caso, la Comisión también se ha basado en informes elaborados por algunas organizaciones internacionales, instituciones financieras internacionales y organizaciones no gubernamentales.

2. CRITERIOS POLÍTICOS

Introducción

La Comisión considera que Rumanía cumple los criterios políticos para su adhesión a la UE y que los cumple ininterrumpidamente desde 1997.

Este informe tiene por objeto hacer una evaluación de determinados sectores que en el informe de seguimiento de octubre se consideraba necesitaban mejoras. Estos sectores son nueve: la reforma de la Administración pública, la aplicación efectiva de la reforma de la justicia, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la trata de seres humanos, la lucha contra los malos tratos a los detenidos y las condiciones carcelarias, la protección de la infancia, los cuidados a personas con discapacidades físicas y psíquicas, la restitución de bienes efectiva y la protección e integración de las minorías.

En este apartado se evalúa la evolución, en cada uno de estos sectores principales, registrada desde el informe de octubre de 2005 y la preparación de Rumanía para la adhesión.

Administración pública

Desde el informe de octubre de 2005 se han realizado progresos en los sectores siguientes.

El Gobierno ha seguido adoptando medidas para mejorar la capacidad de elaboración y coordinación de las políticas. Se ha publicado un manual de preparación de las propuestas políticas que prevé un procedimiento de análisis de impacto. Asimismo, se han tomado medidas para mejorar la coordinación entre los servicios gubernamentales.

El proceso de descentralización avanza: en mayo de 2006, el Parlamento aprobó dos leyes que promueven la descentralización de determinados poderes, recursos presupuestarios y gastos. A fines de 2005, mediante un Decreto gubernamental de emergencia, el Gobierno adoptó la reforma de la institución de prefecto. Actualmente este cargo debe ejercerlo un alto funcionario y no un responsable político. El titular no puede al mismo tiempo ejercer un cargo en un partido político.

En mayo, el Estatuto de los funcionarios públicos no había sido aprobado por el Parlamento. Especifica las condiciones, los derechos y las obligaciones de los funcionarios, y descentraliza los procedimientos de contratación repartiéndolos entre las autoridades locales y los distintos ministerios. Contribuye también a la despolitización de la función pública instituyendo un grupo de expertos responsable del nombramiento de los altos funcionarios. Se ha creado una unidad especializada en el Ministerio de Hacienda con objeto de mejorar la coordinación de las actividades de formación para la gestión de los Fondos Estructurales de la UE.

No obstante, todavía quedan por abordar cuestiones importantes.

Por lo que se refiere a la elaboración de las políticas, la legislación se sigue transmitiendo al Parlamento sin una evaluación de todas las implicaciones ni de la capacidad administrativa necesaria para su aplicación. En cuanto al proceso legislativo, el Gobierno siguió haciendo uso de «ordenanzas de emergencia» para la aprobación de leyes. Entre el 30 de septiembre y el 15 de marzo se adoptaron noventa ordenanzas de este tipo. Se refuerzan así los poderes gubernamentales en detrimento del Parlamento y se reduce la transparencia del proceso legislativo. La revisión en curso de las escalas salariales del sector público y las estructuras de carrera constituye una cuestión especialmente importante en materia de ética profesional. La coordinación de la formación general es deficiente.

En general, se han realizado algunos progresos por lo que se refiere a la reforma de la Administración pública, pero debe acelerarse el ritmo de esta reforma.

Sistema judicial

Desde el informe de octubre de 2005 se han realizado progresos en los sectores siguientes.

Siguieron aplicándose la estrategia y el plan de acción de la reforma judicial y en octubre de 2005 se adoptaron nuevas disposiciones relativas a la organización y el funcionamiento de secciones y grupos judiciales especializados. En diciembre de 2005 se aprobaron leyes para facilitar el recurso de las personas con bajos ingresos a funcionarios públicos en los casos de ejecución judicial. Está en curso una reforma importante del sistema de asistencia jurídica. El número de casos pendientes en la Sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia descendió de 8 569 en septiembre de 2005 a 6 126 a fines de febrero de 2006.

La asignación de casos a los jueces al azar ha seguido utilizándose en todo el país. Ha contribuido a luchar contra la corrupción y a aumentar la imparcialidad de los jueces y de las sentencias.

Con objeto de garantizar una interpretación más uniforme de las leyes y la seguridad jurídica, los tribunales de apelación pueden actualmente remitir los recursos civiles al Tribunal Superior de Justicia. Todos los tribunales de apelación, el ministerio público y las fiscalías, así como todos los tribunales de primera instancia tiene actualmente acceso a la legislación por medios electrónicos. Desde marzo de 2006, la mayoría de los tribunales tiene acceso a la versión informatizada del Diario Oficial. En enero de 2006 se suprimió la Dirección General de Protección y Anticorrupción, el servicio de seguridad del Ministerio de Justicia parcialmente militarizado.

El Consejo Superior de la Magistratura es responsable de garantizar la independencia y el funcionamiento efectivo de los tribunales. Cuenta con un total de 234 puestos, de los que en la actualidad están cubiertos 183, y en 2006 su presupuesto se ha incrementado a más del doble, ascendiendo a 7 900 000 euros. Desde el nombramiento del Presidente y Vicepresidente actuales, en enero de 2006, ha mejorado la cooperación entre la magistratura y el Ministerio de Justicia. El Departamento de Inspección del Consejo Superior de la Magistratura cuenta con 50 puestos, 18 de ellos están actualmente cubiertos, y se han acordado los criterios de selección de los inspectores. El Consejo ha establecido un sistema, que asigna un número de registro especial a cada caso, con objeto de elaborar estadísticas fiables y asignar los recursos de manera efectiva. Se trata de un proyecto piloto instaurado en algunos tribunales de Bucarest y que entrará plenamente en funcionamiento en todo el país a finales de 2006.

El presupuesto de Justicia ha seguido aumentando. En noviembre de 2005, el presupuesto anual inicial se incrementó un 18 %, hasta alcanzar 362 millones de euros. En 2006, el presupuesto volvió a incrementarse hasta alcanzar 403 millones de euros. En noviembre de 2005 se liquidaron íntegramente los atrasos de los salarios de los jueces, los fiscales y los oficiales de la administración de justicia. Respecto a la formación, en 2006 los presupuestos del Instituto Nacional de Magistrados y de la Escuela Nacional de Oficiales de Justicia aumentaron en alrededor del 35 %. Se han convocado oposiciones para candidatos con experiencia jurídica importante y el Instituto Nacional de Magistrados ha elaborado un programa de 2 años que se prevé como el principal acceso a las carreras de juez y fiscal. Se impiden así los nombramientos políticos. También se han realizado progresos en cuanto a la ocupación de los puestos vacantes en los tribunales y en la actualidad existen 380 vacantes para jueces en lugar de las 439 existentes en octubre de 2005, y para personal administrativo alrededor de 220 en lugar de 326. En enero de 2006, el Gobierno aprobó los fondos para la creación de 200 puestos adicionales de personal administrativo en los tribunales, así como otros 500 en las fiscalías. Todas las vacantes de gestor económico en los tribunales de apelación han sido cubiertas.

Las condiciones generales de trabajo en los tribunales han mejorado. Se está llevando a cabo un programa de renovación de nueve tribunales y en enero 2006 se firmó un contrato para renovar otros veinticinco antes de 2010. En enero de 2006 se firmó el contrato de entrega, al sistema judicial, de más de 15 000 ordenadores y los equipos informáticos correspondientes, todo lo cual se instaló en marzo de 2006 y para julio de 2006 está programada su conexión a una red segura.

No obstante, todavía quedan por abordar cuestiones importantes.

De los 14 miembros electos del Consejo Superior de la Magistratura, ocho continúan trabajando sólo a tiempo parcial, a pesar de que representan a todos los jueces y fiscales rumanos. Seis de ellos se enfrentan a posibles conflictos de intereses en cuestiones disciplinarias, debido a que desempeñan cargos importantes en los tribunales y fiscalías. Se debe reforzar la función del Consejo Superior de la Magistratura para modernizar la gestión de los tribunales y las fiscalías, aplicar los regímenes disciplinarios, y controlar la calidad de las sentencias y la completa observancia de criterios objetivos para el nombramiento de los magistrados y el personal del Consejo. Hay que llevar a cabo la reforma del sistema de ayuda jurídica. Es necesario llegar a una mayor racionalización de los códigos de enjuiciamiento penal. Debe también generalizarse el uso de los mecanismos de solución de diferencias. Debe mejorar la gestión de los recursos humanos y económicos de los tribunales y fiscalías. En las fiscalías existen todavía alrededor de 600 vacantes de las 588 existentes en octubre de 2005. Las necesidades de formación, en particular de jueces, fiscales y funcionarios ya en ejercicio, siguen siendo importantes. Todavía no se ha logrado generalizar una interpretación coherente de las leyes en todo el país.

En general, la reforma del sistema judicial está muy avanzada, en particular ha mejorado la capacidad administrativa. Se debe mantener el ritmo actual de aplicación de reformas judiciales con objeto de obtener más resultados tangibles. (Véase también el Capítulo 24 – Justicia e Interior)

Medidas de lucha contra la corrupción

Desde el informe de octubre de 2005 se han realizado progresos en los sectores siguientes.

En diciembre de 2005 se eliminó la inmunidad penal de los funcionarios responsables de las ejecuciones judiciales. Ese mismo mes se adoptó la ley relativa a la concesión de financiación de contratos no reembolsables con cargo a fondos públicos. El Gobierno ha presentado modificaciones del Código Penal que prevén disposiciones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En marzo de 2006, el Parlamento aprobó una ley para transformar la Fiscalía Nacional Anticorrupción, principal agencia de lucha contra la corrupción, en la Dirección Nacional de Anticorrupción, con poder para investigar todos los casos de corrupción a alto nivel, incluidas las denuncias de parlamentarios. En abril de 2006 el Gobierno propuso una Ley destinada a modificar las normas actuales sobre la financiación de los partidos políticos, con objeto de imponer la publicación de todas las fuentes de financiación en la Gaceta Oficial. A partir de octubre de 2005 la Dirección Nacional de Lucha contra la Corrupción dejó de ocuparse de los casos de la denominada pequeña corrupción para centrarse en los casos de corrupción a nivel medio y alto. Desde que ocupa el cargo, el nuevo Director ha realizado una evaluación de los resultados de la actuación de los fiscales y los oficiales de la policía judicial, a resultas de la cual 30 personas abandonaron la institución. Para reemplazarlas, se ha contratado a 15 fiscales y existen todavía 32 vacantes de un total de los 345 puestos cubiertos. El presupuesto de la Dirección General (2006) se ha incrementado en un 14 %.

Han aumentado sustancialmente, en relación con el período anterior, la cantidad y la calidad de las investigaciones no partidistas de las denuncias de corrupción de alto nivel. Desde octubre de 2005, la citada Dirección General ha investigado a catorce personalidades políticas, de partidos de la oposición y del Gobierno, que forman o han formado parte de los Gabinetes ministeriales o son parlamentarios. Hasta el momento se han llevado a cabo dos procesos judiciales. Algunas de estas investigaciones se iniciaron a partir de las declaraciones de patrimonio que deben presentar anualmente alrededor de 100 000 funcionarios públicos y que son de acceso público.

Desde octubre de 2005, la Dirección Nacional de Lucha contra la Corrupción ha procesado a 89 personas más, entre las que figuran jueces, abogados, policías, funcionarios públicos con puestos ejecutivos en las administraciones nacional y regionales, así como directores de empresas privadas. Durante ese período, los tribunales, basándose en las investigaciones del antiguo Fiscal Anticorrupción, han dictado 77 sentencias condenatorias y otras 102 sentencias definitivas. Asimismo, es evidente una mejora cualitativa de las investigaciones de la Dirección Nacional de Lucha contra la Corrupción, habiéndose vuelto a abrir investigaciones cerradas por el equipo de gestión previo por razones oscuras. La Dirección Nacional de Anticorrupción cuenta con personal, recursos económicos y formación para realizar investigaciones efectivas de corrupción a alto nivel. También ha firmado protocolos de cooperación con varias agencias responsables de la lucha contra la corrupción.

En octubre de 2005, entró en funcionamiento la Dirección General de Anticorrupción del Ministerio de Administración e Interior, que en la actualidad tiene competencia exclusiva para elaborar y realizar pruebas de integridad al personal del ministerio. Hasta ahora se han llevado a cabo 754 investigaciones entre 1859 personas y 74 entre el personal del ministerio trasladado a la Dirección General, lo cual representa un incremento del 185 % en comparación con el año anterior. Se están creando oficinas regionales de la Dirección de Anticorrupción y, en caso necesario, trabajan en estrecha colaboración con las oficinas regionales de la Dirección Nacional.

No obstante, todavía quedan por abordar cuestiones importantes.

En el sector legislativo, ha habido retrasos en la aplicación de 3 de las 47 acciones previstas en la estrategia y el plan de acción en curso, ya que está pendiente la adopción por el Parlamento de algunas leyes importantes. Todavía no se ha aprobado la legislación relativa a la creación de una agencia independiente encargada de verificar las declaraciones de patrimonio. Las modificaciones del Código de Procedimiento Penal que introducen la responsabilidad civil para las personas jurídicas están todavía pendientes en el Parlamento.

El Parlamento, mediante voto secreto, rechazó la solicitud de registro domiciliario de un parlamentario presentada por la Dirección Nacional de Anticorrupción. En febrero de 2006, el Senado también trató de impedir que la Dirección Nacional de Anticorrupción investigara al Parlamento. En el Senado ha habido intentos de cambiar el procedimiento de nombramiento y la destitución de los fiscales jefes, lo cual impediría la responsabilidad del sistema y disminuiría la capacidad operativa de la Dirección Nacional de Anticorrupción.

Debe garantizarse que todos los jueces tengan conocimientos especializados suficientes para conocer y juzgar casos relativos a cuestiones económicas y comerciales complejas, basados en recientes investigaciones de fraude en materia de privatización y contratación pública realizadas por la Dirección Nacional de Anticorrupción. Todavía deben llevarse a cabo incriminaciones, procesos penales, condenas y sentencias disuasorias. Las corruptelas siguen suscitando preocupación en sectores como la salud y la educación. (Véase el Capítulo 24 – Justicia e Interior) .

En general, la lucha contra la corrupción ha seguido avanzando. Las reformas encabezadas por el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de Anticorrupción han de continuar ahora con esfuerzos renovados de todos los demás organismos ejecutivos, del poder legislativo y del conjunto del sistema judicial, de manera que los progresos se conviertan en irreversibles. El país debe continuar los esfuerzos con vistas a consolidar y reforzar los progresos logrados en la lucha contra la corrupción.

Tráfico de seres humanos

Desde el informe de octubre de 2005 se han realizado progresos en los sectores siguientes.

Desde octubre de 2005, se han desarticulado 10 redes, se han registrado 567 delitos de este tipo y se han llevado a cabo 94 arrestos. Se ha identificado a 310 víctimas del tráfico de seres humanos.

En enero de 2006 se estableció la «Agencia Nacional de Prevención del Tráfico de Seres Humanos y de Control de la Asistencia ofrecida a las Víctimas», con objeto de coordinar y evaluar las actividades preventivas y de gestionar la asistencia ofrecida a las víctimas. Esta Agencia sustituye a la antigua Oficina Nacional. Se han aprobado la estrategia nacional y el plan de acción de lucha y prevención de dicho tráfico.

No obstante, todavía quedan por abordar cuestiones importantes.

Rumanía sigue siendo un país de tránsito del tráfico de seres humanos y, en menor medida, un país de origen y de destino de ese tráfico. Se debe consolidar la Agencia Nacional, que debe mejorar significativamente sus recursos humanos y financieros e instalar un sistema informático para registrar a las víctimas que regresan a Rumanía y poder prestarles asistencia inmediata. Persisten los fallos de coordinación entre los organismos responsables de la lucha contra el tráfico de seres humanos. Si las estadísticas nacionales fueran más fiables y coherentes, mejoraría la planificación estratégica de los órganos ejecutivos. Se debe combatir el tráfico de óvulos humanos para dar cumplimiento al principio de la donación voluntaria y no remunerada de células y tejidos humanos. Es necesario completar las investigaciones en el caso de tráfico de óvulos humanos.

En general, se han registrado algunos progresos en la lucha contra el tráfico de seres humanos, aunque la capacidad administrativa y operativa continúa siendo escasa.

Malos tratos en casos de detención preventiva y condiciones carcelarias

Desde el informe de octubre de 2005 se han realizado progresos en los sectores siguientes.

Durante el período objeto del informe se cerraron seis centros de detención temporal que no reunían condiciones adecuadas y se tomaron medidas para separar a los prisioneros que cumplen condena de quienes se encuentran en detención preventiva. En enero de 2006 el Ministerio de Administración e Interior decretó el traslado de las personas en detención preventiva de las celdas de las comisarías a lugares más adecuados. Se están tomando medidas a fin de minimizar la exposición de los prisioneros a enfermedades infecciosas y de contratar a personal cualificado.

No obstante, todavía quedan por abordar cuestiones importantes.

Los repetidos retrasos en la aprobación del nuevo Código Penal y el nuevo Código de Procedimiento Penal impiden la aplicación de las reformas del sistema penitenciario previstas. Los casos de malos tratos a los detenidos por parte del personal de las instituciones penitenciarias, incluido el uso excesivo de la fuerza, siguen siendo frecuentes. La revisión judicial de tales denuncias es rara y en muy pocos casos se llega a imponer sanciones.

La estructura del sistema penitenciario no ha cambiado. Algunas cárceles siguen padeciendo hacinamiento y no reúnen condiciones de vida y sanitarias adecuadas. Los centros encargados de supervisar la reintegración de los condenados que gozan de libertad probatoria no disponen de recursos suficientes para llevar a cabo esta tarea.

En general, no se han registrado progresos en materia de malos tratos en casos de detención preventiva y de condiciones carcelarias.

Protección de la infancia

Desde el informe de octubre de 2005 se han realizado progresos en los sectores siguientes.

Se ha aplicado el plan de acción para la introducción de nueva legislación y se ha facilitado la formación necesaria a tal efecto. Prosigue sin problemas la aplicación las medidas legislativas relativas a la protección de la infancia y el número de los niños internados en instituciones disminuye progresivamente. En la actualidad, el número de solicitudes nacionales de adopción sobrepasa al número de los niños que podrían ser adoptados.

Los «casos pendientes» de solicitudes internacionales de adopción presentadas antes de entrar en vigor la nueva ley fueron examinadas por un grupo de expertos en materia de protección infantil, que terminó sus tareas a fines de marzo de 2006. El examen se ha realizado de conformidad con la nueva legislación, que se ajusta a las prácticas de la UE. Las solicitudes aprobadas mediante un memorándum del Gobierno con anterioridad a febrero de 2004 también se examinaron caso por caso y se transmitieron a los tribunales, que suscribieron 1003 adopciones internacionales llevadas a cabo con anterioridad a enero de 2005. También con anterioridad a febrero de 2004, el Gobierno rechazó otras 1399 adopciones mediante memorándum; se examinaron asimismo caso por caso y el informe recogía las razones por las que no se habían aprobado. En ambos casos, cada solicitante recibió una comunicación individual sobre el resultado de la decisión en su caso concreto. Ha descendido el número de niños internados en residencias[3] y a su vez ha aumentado considerablemente el número de niños acogidos por familias[4] o adoptados[5], así como el número de «madres de acogida»[6].

No obstante, todavía queda por abordar una cuestión importante.

No existen aún suficientes servicios de asistencia social para las madres en situaciones difíciles durante el embarazo, que tampoco tienen acceso adecuado a las maternidades.

En conjunto, Rumanía ha conseguido logros importantes en el campo de la protección de la infancia y la situación general ha mejorado perceptiblemente.

Cuidados a personas con discapacidades físicas o psíquicas

Desde el informe de octubre de 2005 se han realizado progresos en los sectores siguientes.

En octubre de 2005 el Gobierno adoptó la estrategia nacional, para el período 2006–2013, en materia de protección social, integración e inclusión de las personas con discapacidades. Se ha elaborado un plan de acción relativo a la aplicación de la reforma del sistema psiquiátrico. En abril de 2006 se adoptó la normativa para la aplicación de la Ley relativa a la salud mental. En el Ministerio de Sanidad se ha creado una unidad estratégica especializada, el Centro Nacional de Salud Mental. En enero de 2006 se estableció un Comité intersectorial de coordinación de salud mental del que forman parte organismos oficiales y la sociedad civil.

Entre septiembre de 2005 y febrero de 2006 re realizaron inspecciones en 35 instituciones de acogida de personas con discapacidades, como resultado de las cuales se presentaron propuestas de destituir, o mejorar la gestión, de algunos directores de instituciones.

Se está llevando a cabo la reestructuración de 36 residencias de personas con discapacidades con vistas a la creación de 84 nuevos centros comunitarios como alternativa, y se está haciendo hincapié en la institución de servicios de salud mental comunitarios. Los recursos financieros del sector se han incrementado. También las asignaciones alimentarias han aumentado y en algunas instituciones psiquiátricas se han reparado los sistemas de calefacción. Se han implantado nuevos planes de estudios de psiquiatría y ha aumentado el número de psiquiatras.

No obstante, todavía quedan por abordar cuestiones importantes.

Las condiciones existentes en algunas instituciones psiquiátricas siguen siendo precarias: los pacientes comparten cama, los tratamientos y las actividades son deficientes, y las instalaciones sanitarias mínimas. Las exigencias formales respecto de los historiales clínicos, el tratamiento, el diagnóstico, los ingresos y las altas son escasos. Los casos de violencia y malos tratos no son raros. Los servicios disponibles para los personas con discapacidades siguen siendo deficientes y la calidad de los centros de acogida deja que desear.

No hay todavía recursos financieros ni humanos suficientes para garantizar la aplicación de la nueva estrategia nacional para los personas con discapacidades. Se debe impartir formación a los profesionales del sector para iniciar un verdadero programa de recuperación y rehabilitación de los discapacitados en cada institución o servicio. Por lo que se refiere a los cuidados psiquiátricos, falla con frecuencia la comprensión de los conceptos de rehabilitación, psicoterapia y terapia ocupacional.

En general, en el ámbito de la discapacidad se han registrado avances, y está en marcha la reforma del sector. En el campo de la psiquiatría, se deben intensificar las medidas tomadas y hacer mayor hincapié en la aplicación de las decisiones adoptadas. Hay que implantar medidas urgentes para mejorar los servicios sanitarios, reducir la institucionalización, establecer servicios comunitarios y mejorar el acceso a los productos farmacéuticos. A corto plazo, se deberían mejorar las condiciones de vida y los cuidados en las instituciones existentes y crear unas condiciones aceptables. En particular, debe erradicarse el hacinamiento en las instituciones.

Restitución de bienes

Desde el informe de octubre de 2005 se han realizado progresos en los sectores siguientes.

El plazo de presentación de las solicitudes de restitución de bienes expiró en enero de 2006, habiéndose recibido 600 000 solicitudes, 3 000 de ellas de compensación económica. De éstas, fueron rechazadas 300 000, consideras infundadas, y se tramitaron 60 000. La Comisión central para la determinación de las compensaciones es actualmente operativa.

Sin embargo, sigue pendiente una cuestión importante.

No están claros los criterios para determinar cuándo se considera imposible realizar una restitución en especie y para definir en qué casos puede concederse únicamente una compensación. El Fondo de la Propiedad todavía no es capaz de tramitar las reclamaciones de compensación económica en plazos razonables.

En general, se han logrado avances prometedores con respecto a la mejora de la capacidad administrativa y el establecimiento del marco legal de la restitución de bienes, pero el ritmo de tramitación de las solicitudes sigue siendo lento.

Protección e integración de las minorías

Desde el informe de octubre de 2005 se han realizado progresos en los sectores siguientes.

Se ha constituido un fondo fiduciario para los romaníes en el marco del Decenio de la Inclusión de los Romaníes. Ha mejorado la relación entre la Agencia Nacional de los Romaníes y las ONG que trabajan en este ámbito; la discriminación institucional y la violencia contra esta minoría disminuyen.

No obstante, todavía quedan por abordar cuestiones importantes.

Se ha instituido el marco administrativo, pero los logros no se materializan. La capacidad de coordinación de la Agencia Nacional de los Romaníes es escasa. Las labores para garantizar la aplicación efectiva de la estrategia de mejora de las condiciones de los romaníes son insuficientes. Se siguen denunciando cargas policiales contra ellos, que en ocasiones han sido expulsados de las casas que ocupaban, posteriormente demolidas, sin que se les ofreciera alojamiento alternativo. No se garantiza la aplicación de la legislación encaminada a combatir tales actos. Sigue siendo problemático el acceso de los romaníes al documento de identidad, la asistencia sanitaria, la enseñanza, el mercado de trabajo y la formación profesional. Se deberían emprender campañas con objeto de aumentar el porcentaje de romaníes en posesión de documentos de identidad.

Se está debatiendo en el Parlamento el proyecto de ley relativa a las minorías nacionales, que debe seguirse de cerca.

En general, los progresos logrados recientemente respecto a la protección y la integración de la minoría romaní son escasos. Debe mejorar la coordinación y la capacidad administrativa de las instituciones romaníes, así como las condiciones de vida de esta minoría. Hay que hacer esfuerzos suplementarios para combatir el racismo, la discriminación de todas las minorías, la xenofobia y demás formas de intolerancia.

2.1. Evaluación general

Rumanía cumple los criterios políticos de adhesión a la UE.

Desde el informe de octubre de 2005, se han realizados progresos en varios sectores. Se han dado pasos importantes por lo que se refiere a la reforma del sistema judicial. A raíz de la reforma de la Justicia en 2005, se adoptaron medidas de aplicación respecto a las secciones y grupos judiciales especializados. El sistema de asignación de casos a los jueces al azar sigue aplicándose en todo el país. Ha mejorado la imparcialidad del sistema de justicia. Se ha suprimido la Dirección General de Protección y Anticorrupción, el servicio de seguridad del Ministerio de Justicia que estaba parcialmente militarizado. Se han incrementado los recursos del sistema judicial, incluidos los del Consejo Superior de la Magistratura. Han mejorado las condiciones de trabajo en los tribunales.

Rumanía ha avanzado en la lucha contra la corrupción: ha establecido estructuras y abierto investigaciones en numerosos casos de corrupción a alto nivel. Como resultado de estas investigaciones se ha procesado a dos altos cargos.

En relación con la reforma de la administración pública, se ha revisado el estatuto de los funcionarios y se ha adoptado legislación relativa a la descentralización. Se han realizado algunos progresos en la lucha contra el tráfico de seres humanos, así como en la reforma del régimen de asistencia a personas con discapacidades físicas o psíquicas. Rumanía ha logrado avances significativos en el ámbito de la protección de la infancia, área en la cual la situación general ha mejorado enormemente. Se han realizado progresos en materia de restitución de bienes.

Sin embargo, todavía no se han tratado algunas cuestiones importantes. Por lo que se refiere al sistema judicial, debe profundizarse la racionalización de los códigos de procedimiento. El Consejo Superior de la Magistratura debe intensificar las actividades con objeto de promover la interpretación uniforme de las leyes y controlar la calidad de las sentencias. Los tribunales y las fiscalías deben aprovechar mejor los recursos disponibles.

Respecto a la lucha contra la corrupción de alto nivel, Rumanía debe continuar los esfuerzos con vistas a consolidar y reforzar los progresos realizados en este campo. Las reformas encabezadas por el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de Anticorrupción deben apoyarse con esfuerzos continuados de todas las demás instituciones públicas para que los logros se conviertan en irreversibles.

En el área de la administración pública, el Gobierno siguió haciendo uso de ordenanzas de emergencia, lo cual va en detrimento del Parlamento. La revisión de las escalas salariales del sector público continúa siendo una cuestión de gran importancia para la ética profesional del servicio público. Rumanía sigue siendo un país de tránsito y, en menor medida, un país de origen y destino del tráfico de seres humanos. El seguimiento en caso de malos tratos a los detenidos sigue siendo raro y en algunas prisiones son comunes el hacinamiento y las malas condiciones de vida y sanitarias. Deben mejorar las condiciones de vida en las instituciones psiquiátricas. Debe aplicarse la estrategia nacional para las personas con discapacidades físicas o psíquicas. Deben realizarse labores importantes con objeto de integrar a la minoría romaní. También deben realizarse esfuerzos adicionales para luchar contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y todas las formas de intolerancia.

3. CRITERIOS ECONÓMICOS

Introducción

En su informe de 2005, la Comisión llega a la conclusión de que Rumanía continúa cumpliendo el criterio de ser una economía de mercado y de que la aplicación decidida de su programa de reforma estructural debería permitirle hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión. En general, Rumanía ha seguido manteniendo la estabilidad macroeconómica, a pesar de que la combinación de políticas ha sido menos prudente y plantea dudas sobre la sostenibilidad de los logros recientes en materia de estabilización. Rumanía sigue aplicando su programa de reforma estructural, aunque no en todos los ámbitos con decisión.

En 2005, el PIB real creció un 4,1 %, frente al 8,4 % en 2004. Esta ralentización del crecimiento se debió al descenso de la producción agrícola en alrededor de un 14 % a consecuencia de las inundaciones, así como al descenso de la producción industrial a consecuencia de la pérdida de competitividad. La demanda interior siguió siendo alta, y persistió el importante desequilibrio de la balanza exterior debido a que las exportaciones netas tuvieron efectos negativos, del 5 %, en el crecimiento del PIB. En la segunda mitad de 2005 aumentaron de nuevo las exportaciones y las inversiones. El déficit comercial y el déficit de la balanza por cuenta corriente se ampliaron hasta alcanzar el 9,9 % y el 8,7 % del PIB, respectivamente. Las entradas netas de inversiones extranjeras directas se mantuvieron altas y representaron un 6,6 % del PIB. Las mejoras del mercado de trabajo fueron escasas y el desempleo de los jóvenes y el desempleo de larga duración aumentaron.

En este punto se examinan, en cada sector principal, la evolución registrada desde el informe de octubre de 2005 y la preparación de Rumanía para la adhesión.

Estabilidad macroeconómica y combinación de políticas

El informe de 2005 llega a la conclusión de que se debe dar prioridad al restablecimiento de políticas fiscales prudentes y de una política salarial del sector público cautelosa. Desde el informe de octubre de 2005, se han realizado progresos en los sectores siguientes.

En 2006 volvió a acelerarse el ritmo de desinflación. El Banco Central intensificó las actividades de esterilización y subió en un 1 % los tipos de interés, lo cual contribuyó a endurecer las condiciones monetarias y dio una señal sobre la prioridad de la desinflación. En 2005 el déficit público general descendió al 0,8 % del PIB debido al descenso de los pagos de intereses, el aumento de los ingresos procedentes de los impuestos indirectos y la restricción de gastos de capital. Rumanía logró realizar reparaciones importantes de los daños causados por las inundaciones sin provocar un aumento del déficit. Debido a la posposición de proyectos de inversión pública, en 2005 la política fiscal general no volvió a ser procíclica. El presupuesto de 2006 refleja un interés renovado en una política fiscal algo más prudente y una política de mayores restricciones salariales en el sector público. El salario mínimo registró un aumento moderado del 6,5 %.

No obstante, todavía quedan por abordar cuestiones importantes.

Tras una relajación de la política monetaria a fines de 2005, se excedió ligeramente el objetivo de inflación del 8,6 % marcado para ese año. El Banco Central prevé el incumplimiento del objetivo de inflación para 2006 a causa de la subida de los precios regulados, las consecuencias de las inundaciones en el precio de los alimentos y la boyante demanda nacional. El mantenimiento de las exigencias de reserva al mínimo necesario, las medidas administrativas y las medidas prudenciales no lograron impedir la reaceleración del incremento de los créditos. Los tipos de interés de los saldos monetarios reales siguieron siendo negativos, ya que ante el riesgo de que continuara la entrada de capitales el Banco Central fue reacio a hacer pleno uso de este instrumento. Por consiguiente, la política monetaria debería mantener el firme compromiso de alcanzar los objetivos de inflación previstos.

La reforma fiscal de 2005 tuvo un marcado efecto procíclico en la economía y provocó una pérdida de ingresos fiscales directos del 1 % del PIB. En 2005 el descenso de los salarios, las subvenciones y las transferencias tuvo efectos negativos, de alrededor del 1 %, sobre el PIB. Los salarios reales netos del sector público subieron aproximadamente un 20 % en 2005, y otras subidas en 2006 no han sido presupuestadas. El gasto de alrededor del 1,9 % del PIB en diciembre de 2005 menoscabó la consolidación fiscal. Los riesgos fiscales siguen siendo importantes, ya que se prevé aumentar el gasto en educación, las inversiones en infraestructuras y más reparaciones de los daños a consecuencia de las inundaciones. Por consiguiente, la política fiscal y salarial pública se debería aplicar de conformidad con el objetivo de déficit previsto y se debería dar prioridad al un aumento de los ingresos permanente. A pesar de que en 2005 el crecimiento de la productividad descendió y de que se perdió competitividad, en 2006 el convenio colectivo nacional contempla un incremento salarial mínimo del 12,1 % para el sector privado, lo cual acentúa la necesidad del consenso tripartito en materia de política salarial.

En general, tras la posición acomodaticia seguida a fines de 2005, en 2006 se llevó a cabo un ajuste de la combinación de políticas y las autoridades se dieron cuenta de que debían ser prudentes a fin de combatir los desequilibrios macroeconómicos.

Reforma del gasto y normativa fiscal

En el informe de 2005 se llegaba a la conclusión de que había que dar prioridad a una estrategia de gasto a medio plazo clara a fin de reforzar el potencial de crecimiento y preparar la adhesión a la UE. Desde el informe de octubre de 2005, se ha avanzado en las áreas siguientes.

El presupuesto de 2006 tiene un objetivo más claro: apoyar la convergencia económica real y mejorar la capacidad de absorción de los fondos de la UE mediante la reestructuración del gasto. Prosiguió la preparación de la reforma del sistema de pensiones. Se dieron pasos en la reforma del sistema sanitario. Los ingresos fiscales de 2005 resultaron adecuados a los planes presupuestarios. El gran crecimiento del consumo, las importaciones y los salarios favorecieron la recaudación del IVA, de los derechos de aduana y de las contribuciones de la seguridad social. Durante 2005 siguieron descendiendo los impagos al Gobierno y en el segundo semestre del año se registró un descenso de los atrasos tributarios. Dieron fruto la simplificación de los procedimientos de ejecución forzosa, el tratamiento centralizado de los grandes contribuyentes y un uso más restringido del aplazamiento de deudas.

No obstante, todavía quedan por abordar cuestiones importantes.

En 2005 la calidad de las finanzas públicas sufrió un revés, ya que el gasto de inversión pública se redujo en un 1,7 % del PIB con respecto al contemplado en el presupuesto, para compensar parcialmente el incremento de los salarios del sector público, el alza de los subsidios y la reparación de los daños causados por las inundaciones. Rumanía todavía no ha establecido un marco transparente de gastos a medio plazo para apoyar la reasignación del gasto público e invertir en capital humano, infraestructura y capacidad administrativa. Este marco es necesario a fin de prever espacio fiscal para los gastos relacionados con la adhesión. El total de los atrasos fiscales, alrededor del 8 % del PIB, continúa siendo importante y la mejora de la recaudación de impuestos y el respeto de las obligaciones fiscales son necesarios para lograr la viabilidad fiscal. La reforma de las pensiones aún no ha sido adoptada por el Parlamento.

En general, no se perciben avances especiales en cuanto a la reforma del gasto; no obstante, el Gobierno prevé su reestructuración con objeto de aumentar el potencial de crecimiento. Se registraron progresos en materia de cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Privatización y reestructuración industrial

En el Informe de 2005 se llega a la conclusión de que se debía aplicar el programa de privatización, así como el desmantelamiento activo de las empresas no viables. Desde el informe de octubre de 2005, se ha avanzado en los sectores siguientes.

Se dio un importante paso adelante con la firma del contrato de privatización del mayor banco comercial (BCR), realizados de conformidad con un procedimiento justo y transparente. Continuó lentamente el proceso de privatización del sector energético; se privatizaron dos empresas de distribución de electricidad. Desde octubre de 2005, se han privatizado o liquidado 18 empresas de propiedad estatal mayoritaria de la cartera de AVAS. Se cumplió el objetivo de reducir el empleo de las empresas estatales y de proceder a la cesión de algunas empresas más pequeñas. Las autoridades fiscales continuaron el control y aplicación de las obligaciones fiscales de las empresas y en general se ha soslayado el reescalonamiento de deudas nuevas.

Por lo que se refiere el sector energético, prosiguieron los ajustes al alza. Empezó a dar fruto la competitividad del mercado energético y aumentó la transparencia de las transacciones energéticas con el establecimiento del intercambio de energía eléctrica a gran escala. En el sector minero prosiguieron los ajustes de empleo y el cierre de minas. En el sector de los ferrocarriles, la empresa nacional de transportes e infraestructuras mejoró los resultados financieros gracias a su reestructuración y el control de las subidas salariales. La reestructuración de la compañía aérea nacional llevó a la obtención de beneficios en 2005.

No obstante, todavía quedan por abordar cuestiones importantes.

No se ha llevado a cabo la privatización prevista a finales de 2005 del último gran banco de propiedad estatal. Todavía no se han cumplido plenamente los objetivos de privatización establecidos para la distribución de electricidad, la generación de electricidad y la extracción de gas. Se han registrado escasos avances en la privatización de empresas del sector de la defensa. El total de las empresas con participación estatal pasó de 1180 a mediados de 2005 a 1233 a principios de 2006. Este retroceso se debió a que muchas empresas volvieron a ser de propiedad estatal debido a los conflictos surgidos en relación con los contratos de privatización. No se cumplió el objetivo de privatizar cinco grandes entidades antes de fines de marzo de 2006. Se redujo enormemente el número de las participaciones minoritarias de AVAS. Más de la mitad de las empresas que permanecen en la cartera de AVAS no se consideran aptas para su privatización. Ante este panorama, el procedimiento de liquidación y quiebra sigue siendo el último recurso de AVAS. Rumanía decidió cambiar la fecha prevista para finalizar el procedimiento de privatización de fines de 2006 a fines de 2007. Para poder alcanzar este objetivo revisado deben intensificarse las actividades de liquidación y privatización.

A fin de reforzar la competitividad en el mercado interior, se han de acortar las diferencias entre los precios del gas en el mercado internacional y los precios nacionales. Prosiguió lentamente la reestructuración del sector de la energía térmica, que sigue adoleciendo de instalaciones de producción de alto coste, redes de distribución en declive y falta de pago endémico. Debe avanzar la reestructuración del sector con objeto de cumplir el compromiso de ajustar en 2007 los precios al consumidor y los de generación de calefacción. Los ajustes estructurales del sector minero deberían hacer frente a la escasez de rentabilidad del sector y la acumulación de atrasos. Por lo que respecta al transporte por ferrocarril, se deben tomar medidas para mejorar el estado de precariedad financiera en que se encuentra la compañía de transporte de pasajeros. Se debería abandonar, tanto en las minas como los ferrocarriles, la continua cancelación de deudas con cargo al presupuesto público.

En general, el procedimiento de privatización avanzó con lentitud y no se cumplieron los objetivos fijados por el Gobierno. Se registraron pequeños avances respecto de la reestructuración de los sectores energético, minero y de transporte. Se deben intensificar a fin de eliminar las pérdidas continuas y la dependencia de gran parte de estos sectores de las subvenciones directas o indirectas.

Entorno empresarial

El Informe de 2005 llega a la conclusión de que debía reforzarse la disciplina financiera y mejorar sustancialmente el funcionamiento del poder judicial. Desde el informe de octubre de 2005 se han registrado avances en los sectores siguientes.

Continuaron realizándose esfuerzos para limitar las acumulaciones de nuevos atrasos fiscales y sociales, y se reforzó la disciplina financiera, no habiéndose efectuado nuevas reprogramaciones ni cancelaciones de deudas, lo cual contribuye a crear condiciones de competencia equitativas para las transacciones empresariales. El funcionamiento del poder judicial mejoró sustancialmente ( véase también el capítulo 24 – Justicia e Interior ). También se registraron progresos dignos de mención por lo que se refiere a la utilización del procedimiento de liquidación y quiebra para fomentar las salidas al mercado. En 2005 volvió a aumentar el porcentaje de los casos de quiebra solventados mediante liquidación. Asimismo, el número de casos resueltos aumentó moderadamente. La cantidad de liquidaciones completadas ascendió significativamente y el número de casos resueltos en un tiempo comprendido entre seis meses y dos años tras su inicio aumentó ligeramente. En abril de 2006 se modificó el código de quiebra con objeto de simplificar los procedimientos y mejorar la protección de los acreedores.

No obstante, todavía quedan por abordar cuestiones importantes.

Debe seguir mejorando la disciplina financiera. El grupo de grandes empresas estatales controlado sigue acumulando nuevos atrasos. Persisten las deficiencias del sistema de quiebras y la protección de los acreedores sigue siendo escasa, sobre todo debido a que el plazo de resolución de estos asuntos es relativamente largo y la tasa de recuperación en caso de quiebra es baja. Todo ello refuerza la importancia de la aplicación cabal de la reciente enmienda del sistema de quiebra.

En general, se siguió profundizando la mejora de la disciplina financiera y se observan grandes progresos por lo que se refiere al procedimiento de quiebra, a pesar de que siguieron acumulándose nuevos atrasos y de que persisten los fallos del sistema. Los mercados de trabajo mejoraron ligeramente y la tasa de empleo permanece relativamente estable (7,7 % en 2005), aunque tanto el desempleo de los jóvenes (23,8 % en 2005) como el desempleo de larga duración (4,4 % en 2005) siguen siendo elevados y van en aumento.

3.1. Evaluación general

Rumanía es una economía de mercado. La aplicación decidida de su programa de reforma estructural debería permitirle cumplir plenamente los criterios económicos en un futuro próximo. En conjunto, el país ha seguido manteniendo la estabilidad macroeconómica y han avanzado las reformas estructurales.

Desde el informe de octubre de 2005 se han registrado progresos. Se han adoptado políticas fiscales, monetarias y salariales más adecuadas. Ha mejorado el cumplimiento de las normas fiscales, ha mejorado la imposición de la disciplina financiera de las empresas y ha avanzado la aplicación del programa de privatización. Continuó la reestructuración de los sectores energético, minero y de transporte.

No obstante, debe acelerarse la reforma del gasto público y deben aumentar los ingresos tributarios. La profundización de las reformas estructurales exige en especial la continuación de la reestructuración de los sectores energético, minero y de transporte, y la intensificación de la aplicación del programa de privatización. Todavía se siguen acumulando atrasos y existen deficiencias en el sistema de quiebra.

4. COMPROMISOS Y EXIGENCIAS RESULTANTES DE LAS NEGOCIACIONES DE ADHESIÓN

Introducción

En el informe elaborado en octubre de 2005, la Comisión concluye que Rumanía ya había logrado un grado importante de cumplimiento del acervo comunitario.

En la mayoría de los capítulos del acervo, Rumanía, o bien ya estaba preparada, o bien los preparativos en marcha resolverían los principales asuntos pendientes antes de la adhesión. Respecto a los capítulos de transporte, energía, estadísticas, unión económica y monetaria, pequeñas y medianas empresas, ciencia e investigación, educación y formación, telecomunicaciones, protección de los consumidores, relaciones exteriores, política exterior y de seguridad común y disposiciones presupuestarias de la UE, el país ya cumplía globalmente los compromisos. Se consideraba que, en todos estos capítulos, Rumanía había logrado una preparación suficiente para que su integración en la UE resultase armoniosa. Estas conclusiones siguen teniendo validez. Además, se ha progresado en cuestiones como las relaciones exteriores y el desarrollo. Por consiguiente, no se analizan esos capítulos, con excepción de la educación y la formación, en el cual se deben intensificar los preparativos.

Respecto de los demás capítulos, algunos asuntos exigían esfuerzos por parte de Rumanía y, en muy pocos casos, debían emprenderse acciones inmediatas y drásticas con objeto de que el país estuviera preparado para la adhesión. Estas cuestiones se vuelven a examinar en los capítulos correspondientes.

En esta parte, por consiguiente, se resumen todos los asuntos pendientes que Rumanía debe abordar con objeto de que el país esté plenamente preparado para la aplicación del acervo en el momento de la adhesión.

4.1. Capítulos del acervo

4.1.1. Capítulo 1: Libre circulación de mercancías

Respecto a las medidas horizontales y procedimentales , ASRO, el organismo nacional de normalización, es ya miembro de pleno derecho del organismo de normalización europeo, CEN, y del Comité Europeo de Normalización Electrotécnica CENELEC. En octubre de 2005, RENAR, el organismo de acreditación rumano, volvió a ser aceptado como signatario del Acuerdo Multilateral de la Organización de Cooperación Europea en el campo de la acreditación de laboratorios de análisis.

RENAR no ha recuperado todavía el derecho a participar en el sistema de gestión de calidad ni en los organismos de certificación de productos. Su capacidad administrativa debe todavía mejorar significativamente con objeto de que su acreditación cumpla los parámetros de la UE. Deben acelerarse los preparativos en este campo.

Por lo que respecta a la legislación de enfoque antiguo , se ha intensificado la aplicación del acervo en materia de buenas prácticas de laboratorios. Continúan los preparativos para revisar la autorización de comercialización de los medicamentos para uso humano antes de fines de 2006.

Sigue suscitando preocupación la legislación en materia de seguridad alimentaria y el cultivo de OGM. La legislación relativa a los productos alimenticios no se ajusta plenamente al acervo en materias importantes como aditivos, aromas, materiales en contacto con los alimentos, suplementos alimentarios, alimentos con usos nutricionales concretos, controles oficiales, radiaciones, aguas minerales y OGM.

No se llevan a cabo controles oficiales de OGM en los productos alimenticios procedentes de cultivos propios e importados. No se cumplen plenamente los requisitos sobre el etiquetado y la trazabilidad, deben mejorar los procedimientos de muestreo y los métodos de análisis y se deben acreditar los laboratorios. Aún no se ha designado una autoridad de control de las buenas prácticas de laboratorios. Está pendiente la plena armonización en el área de los cosméticos y los fertilizantes. Se debe adoptar y aplicar un plan de acción con medidas específicas para que tras la adhesión los agricultores no vuelvan a utilizar semillas genéticamente modificadas. Deben acelerarse los preparativos a fin de garantizar que los productos alimenticios transformados que contengan OGM, sean plenamente trazables, etiquetados y controlados a partir de la adhesión.

En el contexto de la reforma legislativa del sistema de contratación pública , en abril de 2006 se adoptó una Ley de Contratación Pública sencilla y global, de conformidad con las normas de la UE, para su entrada en vigor en junio de 2006. El derecho derivado está en preparación. Se han registrado avances importantes en el ámbito de la contratación electrónica. El nuevo Organismo Nacional de Contratación Pública funciona correctamente y cuenta con personal preparado adecuadamente. El sistema de recurso ha mejorado, aunque todavía no se sabe cuál será el funcionamiento del Consejo de Revisión en la práctica.

Debe aplicarse el Derecho derivado. Deben promoverse actividades de sensibilización respecto al nuevo marco legal. No existe aún un historial del sistema de control a priori de los contratos públicos. En general, los preparativos en este ámbito van por buen camino.

Conclusión

Se han realizado importantes progresos en el área de la contratación pública y, en general, Rumanía está cumpliendo los compromisos y exigencias resultantes de las negociaciones de adhesión en este campo. Los preparativos están en marcha y, si se mantiene el ritmo actual, las cuestiones pendientes se resolverán antes de la adhesión.

Se han profundizado las medidas horizontales y procedimentales y sobre la legislación de enfoque antiguo . Sin embargo, hay que redoblar esfuerzos y hay que adoptar medidas inmediatas en esos ámbitos con objeto de colmar las persistentes lagunas existentes antes de la adhesión. En particular, debe mejorar significativamente la capacidad administrativa, en especial en el campo de la acreditación. Se deben tomar medidas urgentes con objeto de completar la transposición de la legislación sobre productos alimenticios y mejorar la capacidad administrativa para controlar el cultivo, la producción y la comercialización de OGM, que suscita preocupación. En particular, debe aplicarse un plan de acción con medidas correctivas específicas para poder asegurar que en el momento de la adhesión Rumanía esté preparada en este ámbito.

4.1.2. Capítulo 2: Libre circulación de personas

En el área de los derechos de los ciudadanos no se han registrado cambios especiales.

Debe completarse todavía la transposición del nuevo acervo con respecto al derecho de los ciudadanos de la Unión y sus familias a desplazarse y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Tampoco se ha llevado a cabo la transposición del acervo relativo a los derechos electorales. Debe modificarse la legislación para garantizar que todos los ciudadanos de la UE reciban el mismo trato que los rumanos por lo que se refiere al acceso a la educación y los gastos de matriculación. Se deben acelerar los preparativos en este ámbito.

Conclusión

Hay que realizar esfuerzos suplementarios y tomar medidas inmediatas en el área de los derechos de los ciudadanos, para poder armonizar la legislación relativa a los derechos electorales y el acceso a la educación.

4.1.3. Capítulo 3: Libre prestación de servicios

Se han modificado algunas leyes y decisiones a nivel nacional y local para suprimir las restricciones al establecimiento y la libre prestación de servicios . Se están suprimiendo las restricciones jurídicas y administrativas.

Se esperan adaptaciones suplementarias de los procedimientos de concesión de licencias y de autorizaciones aplicables a toda persona física y jurídica involucrada en profesiones temporales, independientemente del sector. Deben soslayarse las leyes y procedimientos administrativos con restricciones injustificadas, por ejemplo sobre la apertura de farmacias. Se deben acelerar los preparativos en este sector.

La situación del sector bancario es fuente de preocupación, ya que no se ha completado la transposición de la nueva Directiva, más estricta, sobre los requisitos de capital de los bancos. Hay que conceder un periodo de tiempo suficiente antes de su aplicación, de manera que tanto los bancos como las empresas de inversión puedan introducir las adaptaciones necesarias. Las labores de transposición deben ser coherentes por parte del Banco Nacional y de la Comisión Nacional de Valores con objeto de que la supervisión de los bancos y de las empresas de inversión pueda también ser coherente. Deben acelerarse los preparativos.

Por lo que respecta al sector de los seguros , la Comisión de Supervisión de Seguros ha aprobado algunos actos legislativos encaminados a reforzar y mejorar la supervisión de las aseguradoras. Se ha adoptado un nuevo plan de acción que contempla medidas concretas para luchar contra la conducción sin seguro. El Centro de Información cuenta ya con equipos informáticos. Las bases de datos se ponen al día y modifican con regularidad para poder controlar el problema de la conducción sin seguro. Se han realizado campañas de sensibilización y cada vez se realizan más controles policiales.

No obstante, el plan de acción sobre los seguros de automóvil todavía no se ha aplicado, la mayor parte de las instituciones necesarias aún no funcionan y el Organismo de Indemnizaciones no cuenta con locales ni recursos económicos. El Centro de Información carece de personal suficiente para atender las consultas. Se debe reforzar la capacidad financiera del Fondo de Garantía. Hay que asegurar la independencia financiera de la Oficina Nacional de Seguros de Automóvil. La aplicación de las normas relativas a los seguros de automóvil es escasa y existe el riesgo de que Rumanía no pueda firmar el acuerdo multilateral con tiempo suficiente para que la Comisión pueda tomar la decisión relativa a la supresión de los controles fronterizos de los certificados de seguros en diciembre de 2006. Las estructuras administrativas aún no funcionan adecuadamente y es necesario reforzarlas. Se deben acelerar sustancialmente los preparativos en este sector.

Ha mejorado la aplicación de las normas de protección de datos personales y se han reforzado las estructuras administrativas considerablemente. (Véase el Capítulo 24 – Justicia e Interior).

Conclusión

Se han logrado avances importantes en materia de protección de datos personales . En general, en este campo, Rumanía está cumpliendo los compromisos y exigencias resultantes de las negociaciones de adhesión.

La situación del sector bancario es motivo de preocupación, ya que se debe proceder a la transposición de las nuevas exigencias en materia de requisitos de capital y asegurar la aplicación uniforme de tales requisitos y la supervisión coherente de los bancos y de las empresas de inversión.

Se ha avanzado con respecto al derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios no financieros y al sector de los seguros . Sin embargo, son necesarios esfuerzos suplementarios y acciones urgentes en estos campos para resolver las deficiencias antes de la adhesión. En especial, hay que eliminar las restricciones al establecimiento y la libre prestación de servicios. La aplicación de las normas sobre los seguros de automóvil requiere medidas suplementarias. Con objeto de completar los preparativos para la adhesión, se deben crear urgentemente, o deben ser plenamente operativas, las instituciones necesarias.

4.1.4. Capítulo 4: Libre circulación de capitales

Por lo que respecta a la lucha contra el blanqueo de capitales , mejoró la sensibilización de las entidades que informan y se lograron ciertos avances respecto a la comunicación de transacciones sospechosas. Se está aplicando un régimen más estricto a las entidades que tienen obligación de comunicar estas transacciones, como los casinos y los bureaux de cambio.

En algunos casos está todavía pendiente la adopción de la legislación de aplicación de la ley contra el blanqueo de capitales, por ejemplo las entidades de notificación sin órgano regulador. Quedan pendientes de armonización las recomendaciones revisadas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) relativas al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La notificación por parte de entidades privadas, especialmente de los sectores no bancarios ni de valores, como el sector inmobiliario y los casinos, que son particularmente sensibles al blanqueo de capitales todavía es inadecuada. Persisten los malentendidos básicos entre algunas entidades de notificación, como los notarios. La supervisión, a cargo de los servicios de información financiera, de las entidades que informan se ha limitado a unos pocos sectores. Además, estos servicios se enfrentan a problemas administrativos y de gestión que inciden en su funcionamiento. La Unidad de Información Financiera necesita recursos y expertos adicionales, en especial analistas financieros. Se debe reforzar la cooperación efectiva entre los organismos encargados de la aplicación de la normativa y con otros países.

La eficacia de las normas relativas al blanqueo de capitales se ve obstaculizada por problemas relativos a la ejecución de la ley ( Véase el capítulo 24 – Justicia e Interior ).

Conclusión

Se han registrado algunos progresos en el ámbito del blanqueo de capitales . No obstante, los resultados de las actividades de supervisión son todavía insuficientes respecto de la aplicación y ejecución efectivas, sobre todo en materia de sensibilización e información sobre transacciones sospechosas y de las actividades de supervisión. Para poder superar las deficiencias antes de la adhesión, son necesarios esfuerzos suplementarios y acciones inmediatas en este sector.

4.1.5. Capítulo 5: Derecho de sociedades

Se están aplicando la estrategia nacional sobre protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial (PDI) y el plan de acción correspondiente adoptados en septiembre de 2005, cuyo objetivo es mejorar la estructura administrativa y la aplicación de las normas. La nueva legislación permite que un departamento especializado de la Oficina del Fiscal General realice investigaciones de oficio y lleve a cabo procedimientos relativos a los delitos relacionados con la propiedad intelectual. Se han reforzado la función de dicha Oficina como organismo de coordinación central. Ha mejorado el intercambio de información, la coordinación y la cooperación entre las instituciones y las autoridades responsables de aplicar la ley. Se han tomado medidas adecuadas para sensibilizar al público e impulsar la formación continuada del personal administrativo. Se han dado pasos importantes para mejorar la comunicación entre las instituciones.

Sin embargo, no se ha completado la armonización en el campo de las patentes de biotecnología. También ha de avanzar la preparación necesaria para el tratamiento, en el momento de la adhesión, de las solicitudes de certificados complementarios de protección. Las medidas de sensibilización necesitan mayor difusión y hay que mantener las labores de comunicación. Debe desarrollarse la comunicación entre las instituciones y las organizaciones de los titulares de derechos. Los delitos relacionados con la propiedad intelectual siguen representando una amenaza y un verdadero reto. No existe un historial de resultados concretos y tangibles. Se requieren precisiones respecto a las sociedades de gestión. Se deben acelerar los preparativos generales, así como la aplicación de la ley, en el campo de la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Conclusión

Se han obtenido buenos resultados en el campo de la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial . No obstante, es necesario aumentar los esfuerzos y tomar medidas inmediatas en este sector con objeto de solucionar las deficiencias antes de la adhesión.

4.1.6. Capítulo 6: Política de competencia

Respecto al nivel de ejecución de las ayudas públicas , la calidad de evaluación y los análisis de las medidas de ayuda por el Consejo de Competencia han mejorado notablemente. Se han dado pasos importantes tanto respecto al control demostrado por los proveedores de ayudas públicas como respecto a los controles del Consejo de Competencia, el cual abrió dos investigaciones de oficio y continuó haciendo esfuerzos para garantizar un mayor respeto de la obligación de notificación a priori. Se trata, en particular, de casos de ayudas de reestructuración y salvamento vinculadas a la privatización de empresas.

El mecanismo de consulta previa (de conformidad con el cual la Comisión ofrece asesoramiento técnico informal sobre proyectos de decisión antes de su adopción) ha constituido un éxito. Un grupo de trabajo interministerial sobre asuntos relacionados con las ayudas públicas y una comisión interministerial de alto nivel apoyan las tareas del Consejo de Competencia, y garantizan la notificación de los planes de ayudas públicas de todos los ministerios. El Consejo ha comenzado también a ejecutar las decisiones para recuperar las ayudas ilegales.

Por lo que se refiere a la ayuda pública al sector siderúrgico, las autoridades rumanas siguen cooperando estrechamente con la Comisión en la aplicación del Programa Nacional de Reestructuración de la Siderurgia. Desde octubre de 2005, el organismo de competencia rumano no ha autorizado ayuda alguna para las acerías incluidas en el citado Programa. No obstante, se debe acelerar la aplicación de las condiciones y obligaciones de reestructuración, así como la recuperación de las ayudas incompatibles concedidas a las acerías al margen del Programa de Reestructuración ( Véase también el capítulo 15 – Política industrial ).

La notificación a priori de toda nueva medida relacionada con casos de reestructuración, el aplazamiento de pagos y las medidas relativas a las privatizaciones todavía no se aplican de conformidad con las normas exigidas. Se deben tomar medidas adicionales para aumentar la disciplina de los concesores de ayudas públicas. La cooperación entre concesores de ayuda como el Ministerio de Hacienda y la agencia de privatización AVAS con el Consejo de Competencia debe mejorar. Además, en algunos casos se ha permitido el desarrollo de problemas graves, hasta el punto de que las empresas no podían mantener la capacidad de producción y la mano de obra sin recibir nuevas inyecciones de ayuda.

Conclusión

Los logros respecto al nivel de ejecución de la ayuda pública han sido importantes. Sin embargo, se deben intensificar los esfuerzos y las acciones en este ámbito con objeto de solucionar las deficiencias antes de la adhesión. En especial, deben continuar los esfuerzos para terminar la evaluación de las principales ayudas existentes a tiempo. Los concesores de ayudas públicas deben asegurar el control a priori de los programas de ayudas públicas por el Consejo de Competencia.

Las «medidas transitorias» sobre ayudas públicas prevén que las medidas relativas a las ayudas de un país adherente, que continúen aplicándose después de la adhesión, se puedan considerar ayudas existentes a efectos del artículo 88, apartado 1. Respecto a este mecanismo, el Anexo V del Acta de Adhesión estipula que «Por lo que se refiere a Rumanía, la letra c) del apartado 1 se aplicará únicamente a las medidas de ayuda evaluadas por la autoridad rumana de control de las ayudas públicas a partir de la fecha decidida por la Comisión sobre la base de una supervisión permanente de los compromisos contraídos por Rumanía en el contexto de las negociaciones de adhesión, en que el nivel de ejecución de las ayudas públicas alcanzado en el período previo a la adhesión haya sido satisfactorio». El control de la Comisión y los esfuerzos realizados por las autoridades rumanas demuestran que ya se ha alcanzado ese nivel y, por consiguiente, a partir de mayo de 2006 la Comisión aplicará el apartado 1, letra c) del anexo V del Acta de Adhesión.

4.1.7. Capítulo 7: Agricultura

Cuestiones horizontales

Ya se ha establecido el marco institucional general de los dos organismos pagadores y se ha reforzado la capacidad administrativa global: se contrató a 3 600 personas a finales de marzo, se pagan sueldos más altos al personal que gestiona los fondos de desarrollo rural de la UE y se han comprado locales de oficinas en las que actualmente se están instalando equipos informáticos. La función y el mandato de los organismos se han definido en gran parte.

Las deficiencias aún existentes siguen siendo importantes: las instalaciones de las oficinas, el equipamiento, los procedimientos y los sistemas informáticos no son adecuados. Además, Rumanía piensa contratar a 1400 personas. Hay que formar al personal adecuadamente antes de la adhesión para que pueda desempeñar sus tareas apropiadamente. La capacidad administrativa general y las infraestructuras siguen siendo suscitando preocupación y deberían mejorarse con urgencia.

Se ha puesto al día el plan director del sistema integrado de gestión y control (SIGC ) para mostrar los retrasos en su aplicación. Se ha determinado el presupuesto, y la contratación de personal avanza. Se está llevando a cabo la elaboración del registro de explotaciones y existe la correspondiente base de datos, que recoge información de alrededor del 75 % de las explotaciones registradas.

No se ha completado todavía el sistema de identificación de parcelas (SIP). A pesar de que están disponibles todas las fotografías aéreas, faltan ortofotografías que puedan utilizarse de 36 % del país y se ha completado la digitalización de sólo el 40 % de la ortofotografías. Las tareas para el establecimiento de un vínculo entre los agricultores y las secciones del SIP han comenzado recientemente. El vínculo es necesario para facilitar a los agricultores material gráfico con indicación de los límites de las parcelas de referencia, él número de identificación y la zona. Se trata de un trabajo considerable, en especial teniendo en cuenta el elevado número de beneficiarios potenciales. Muchos manuales y procedimientos no se han elaborado todavía, incluida la observancia de las condiciones agrarias y ambientales adecuadas y la definición de las zonas desfavorecidas. Es urgente acelerar la compra de equipos informáticos y el desarrollo del software del SIGC. El ritmo de avance actual no permitiría la plena operatividad del sistema SIGC/SIP en el momento de la adhesión.

Ha continuado armonizándose la legislación sobre mecanismos comerciales . Se ha introducido una versión simplificada de los certificados de exportación e importación, así como el sistema de garantías para la importación y la exportación de determinados productos agrícolas. Se ha creado un organismo, y se está llevando a cabo la contratación de personal. En marzo de 2006 el organismo pagador se hizo cargo de la expedición de los certificados de exportación e importación. Se ha firmado un protocolo de cooperación con la Autoridad Nacional de Sanidad Veterinaria y Seguridad Alimentaria.

Sin embargo, la cooperación en materia de mecanismos comerciales entre los agentes principales sigue siendo escasa. Es así no sólo en el caso de los organismos responsables de los certificados de importación y exportación, sino también de los encargados de pagar las restituciones, los servicios aduaneros, el organismo a cargo de los controles administrativos a posteriori y de la Autoridad Nacional de Sanidad Veterinaria y Seguridad Alimentaria. El organismo pagador todavía no se ha hecho cargo oficialmente de los mecanismos comerciales. Deben acelerarse los preparativos en el ámbito de los mecanismos comerciales.

No se han notificado cambios significativos respecto de la política de calidad . Deben acelerarse los preparativos en este sector.

Organizaciones comunes de mercado (OCM)

Respecto de las OCM, se han realizado algunos progresos en la mayoría de los sectores, aunque todavía no se ha establecido un sistema administrativo efectivo para la aplicación de estas organizaciones de mercado. Además, hay que contratar a personal adicional, así como ofrecer la formación apropiada y definir los procedimientos detallados a las distintas instituciones involucradas en sectores de mercados.

Se ha creado un departamento en el organismo pagador encargado de las intervenciones en el mercado de cultivos herbáceos, pero no cuenta con personal suficiente. Se ha elaborado un sistema de comunicación de los precios que se está estableciendo actualmente.

No se han registrado cambios especiales en el sector del azúcar; en el organismo pagador no hay personal suficiente encargado de esta cuestión.

En el sector de las frutas y hortalizas, se ha avanzado respecto de la aplicación del control de calidad de las frutas y hortalizas frescas y de las normas de comercialización. También se han conseguido logros con respecto a la organización administrativa para el reconocimiento de los productores.

Ha mejorado el registro de los operadores mercantiles; la base de datos correspondiente se actualiza mensualmente y han empezado a recogerse los precios de las ventas directas en las explotaciones agrícolas. La autoridad de supervisión sigue adoleciendo de carencia de personal, se debe mejorar el equipo de inspección y el análisis de riesgo de los sistemas de inspección está en fase inicial.

Se ha adoptado nueva legislación con objeto de introducir mecanismos de intervención del mercado para el vino y los productos derivados del vino. El registro vitícola todavía no es compatible con el SIGC.

En general, se ha adoptado el marco legislativo del sector lácteo y se ha establecido la estructura institucional para gestionar el sistema de cuotas mediante la creación de un departamento, siete oficinas regionales y el Consejo nacional lácteo como órgano asesor.

Sin embargo, estas estructuras del sector lácteo no están operativas todavía. Se deben intensificar los esfuerzos en materia de personal, equipos y una distribución de las tareas explícita entre esas entidades y el organismo pagador para garantizar que el sistema esté operativo en el momento de la adhesión. Hay que poner en práctica la autorización de centrales lecheras (compradores) y centros de recogida de leche. No se han registrado progresos respecto de la asignación individual de cuotas lecheras, en particular las cuotas de ventas directas, así como respecto al establecimiento del plan para el laboratorio nacional de referencia.

Por lo que se refiere a los sectores de la carne de vacuno, de ovino y porcino , ha proseguido la armonización de la legislación con el acervo. Se ha creado la capacidad administrativa para la introducción de sistemas de clasificación de canales y de registro de los precios, aunque todavía no están operativos. Debe facilitarse formación para la acreditación de los inspectores y clasificadores.

Existen y se aplican normas de comercialización para la clasificación por categorías de peso y el etiquetado de los huevos y aves de corral . La capacidad administrativa del departamento del organismo pagador correspondiente es escasa.

En general, deberían acelerarse considerablemente los preparativos en el campo de las organizaciones comunes de mercado, en particular por lo que respecta a la capacidad administrativa.

Cuestiones veterinarias

No hay nada nuevo especial que destacar en lo que se refiere a las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) y los subproductos de origen animal.

La aplicación de la prohibición de piensos de empresas que cuentan con instalaciones de transformación propias no está garantizada (las existencias de carne vacuna y carne deshuesada todavía no se han destruido). No se dispone aún de instalaciones adecuadas de extracción y tratamiento de materiales de alto riesgo. De conformidad con la estrategia de 2005 relativa a la reestructuración y el desarrollo de un sistema nacional de subproductos de origen animal, se han publicado licitaciones que cubren todo el territorio nacional. Las empresas seleccionadas deberán estar en posesión de un certificado y tendrán la obligación de establecer un sistema de extracción de materiales de alto riesgo, así como de construir y equipar centros de extracción para que entren en funcionamiento antes de fines de 2006; su funcionamiento a tiempo suscita graves preocupaciones. Las existencias de carne y carne deshuesada deben ser destruidas e incineradas.

Respecto al establecimiento de un sistema de control veterinario en el mercado interior, ha avanzado algo la identificación y el registro de animales y de sus movimientos y se ha completado la base de datos. En cuanto a los controles veterinarios de las importaciones de terceros países y las normas de importación, se han concluido las licitaciones para los ocho puestos de inspección fronterizos y ya han comenzado las obras de construcción.

Las relaciones entre el operador y el Organismo Nacional de Sanidad Veterinaria y Seguridad Alimentaria no están suficientemente determinadas para garantizar que dicho Organismo, en calidad de autoridad competente, pueda garantizar la gestión efectiva del sistema. Por consiguiente, se debe reforzar considerablemente la capacidad administrativa del departamento de identificación animal, ya que sólo están ocupados siete puestos en la actualidad. Las instalaciones de los puestos de inspección fronterizos deben completarse con cierta antelación a la adhesión para que el personal siga cursos de formación y se familiarice con el uso de las instalaciones y los procedimientos. Es necesario acelerar los preparativos en este sector.

Respecto al control de las enfermedades de los animales , se ha llevado a cabo la transposición del acervo, cuya aplicación está en curso. Se ha adoptado una estrategia nacional, que está siendo objeto de revisión, para la erradicación de la peste porcina clásica, que prohíbe la vacunación a partir de enero 2006. También se ha adoptado un plan nacional para el control de la enfermedad. Se han determinado fondos para compensar a los agricultores.

El plan debe ampliarse para cubrir la vacunación de los jabalíes y la vacunación urgente de determinado porcino doméstico con vacuna marcadora e incluir planes de imprevistos y de vigilancia. Todavía no se llevan a cabo controles estrictos de la prohibición de vacunación. Deben acelerarse los preparativos en este sector.

Se realizan algunos controles sobre las exportaciones de équidos en el comercio de animales vivos y de productos de origen animal . No obstante, es necesario intensificar los preparativos en este sector.

Por lo que se refiere a la sanidad pública , se está llevando a cabo la aplicación de un programa de mejora de los establecimientos de agroalimentación. Se ha reducido considerablemente el número de establecimientos clasificados como «establecimientos que no cumplen la normativa a menos que se aplique un plan de mejoras». Es señal de que se han realizado grandes progresos y de que debe mantenerse el ritmo actual de mejoras. Deben acelerarse los preparativos para mejorar la gestión, la recogida y el tratamiento de la leche cruda que no cumple los requisitos exigidos. Debe completarse la legislación relativa a la venta directa.

El Organismo Nacional de Sanidad Veterinaria y Seguridad Alimentaria ha dado pasos importantes para introducir todo lo necesario para la creación de un sistema de control del bienestar de los animales. Se está llevando a cabo la aplicación del acervo.

Ha mejorado la capacidad administrativa del Organismo Nacional para la Mejora de la Reproducción en zootecnia . Deben acelerarse los preparativos en este sector.

El sistema de control de alimentación animal necesita mejoras suplementarias para cumplir los requisitos de seguridad de los alimentos. Deben acelerarse los preparativos en este sector.

Conclusión

Se han realizado progresos en el área del bienestar de los animales. En general, Rumanía está cumpliendo actualmente las exigencias resultantes de las negociaciones de adhesión en este sector.

Se ha avanzado en los sectores siguientes: mecanismos comerciales, organizaciones comunes de mercado , comercio de animales vivos y de productos de origen animal, zootecnia y alimentación animal. Gracias a la mejora de los establecimientos se han logrado progresos significativos con respecto a la identificación y el registro de los movimientos de los animales en el campo, el sistema de control veterinario en el mercado interior, el control de las enfermedades de los animales y la salud pública. No se han registrado avances por lo que se refiere a la política de calidad . Son sectores que ahora exigen esfuerzos renovados y acciones inmediatas para poder resolver las deficiencias existentes a tiempo para la adhesión.

En los últimos meses se han logrado progresos en los sectores siguientes: organismos pagadores y sistema integrado de gestión y control (SIGC) , aunque la cuestión relativa a la operatividad los organismos pagadores y el SIGC/SIP para la fecha de adhesión sigue suscitando gran preocupación. Los progresos son limitados en el campo las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) y los subproductos animales, sectores que también suscitan preocupación. Rumanía debería tomar inmediatamente medidas drásticas para estar preparada en la fecha de la adhesión.

4.1.8. Capítulo 8: Pesca

En cuanto a la gestión de la flota y los recursos , así como la inspección y el control , se ha reforzado la capacidad administrativa de la Agencia Nacional de Pesca y Acuicultura (ANPA). El sistema operativo de los buques pesqueros es operativo desde febrero de 2006 y se han instalado los equipos de control necesarios. Rumanía ha creado el registro de la flota pesquera, en el que figuran todos los buques pesqueros y está operativa la base de datos correspondiente.

Se han transmitido los datos de prueba al registro comunitario de la flota pesquera, aunque no en el formato exigido. Esto es también aplicable al sistema de registro de capturas, ya que los datos de los cuadernos diarios de pesca, las declaraciones de desembarque y la información de las notas de venta actualmente no se registran en soporte informático legible y, en consecuencia, no se pueden llevar a cabo chequeos contrastados. En general, por lo que se refiere a la gestión de la flota y los recursos, la inspección y el control, los preparativos van por buen camino.

Se ha reforzado la capacidad operativa y administrativa de gestión de las acciones estructurales de ANPA. Deben clarificarse algunas responsabilidades para la gestión de los fondos estructurales, en especial para excluir que la Empresa Nacional de Gestión de los Recursos de la Pesca desempeñe una función en la gestión de los fondos comunitarios como organismo intermediario. Se deben acelerar los preparativos.

Respecto a la política de mercado , hasta el momento NAFA ha autorizado 44 organizaciones de productores. Se han establecido puntos de desembarque, así como centros de primeras ventas, tanto de pesca marítima como interior. Deben continuar los preparativos sobre todo respecto de la transmisión e informatización de los datos.

Conclusión

Se ha avanzado enormemente en los sectores de gestión de la flota y los recursos, la inspección y el control, así como en política de mercado . En general, Rumanía está cumpliendo los compromisos y exigencias resultantes de las negociaciones de adhesión. Se están llevando a cabo los preparativos y, si se mantiene el ritmo actual, los asuntos pendientes, como los sistemas de registro de las capturas, deberían estar resueltos en el momento de la adhesión.

Se han realizado progresos en el ámbito de acciones estructurales . No obstante, hay que profundizar los esfuerzos para impedir la intervención de la Empresa Nacional de Gestión de los Recursos de la Pesca en la gestión de los Fondos Estructurales de la Comunidad.

4.1.9. Capítulo 10: Fiscalidad

En el á mbito del IVA y la imposición directa , debe adoptarse legislación en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio e impuestos de sociedades, así como en materia de IVA. Deben acelerarse los preparativos en este sector.

En el área de la cooperación administrativa y la asistencia mutua, ha mejorado ligeramente la capacidad administrativa general, en especial en materia de IVA. Se han tomado algunas medidas para mejorar la percepción de impuestos, que aunque con lentitud va en aumento.

En general, el nivel de percepción de impuestos en Rumanía es excesivamente bajo y es necesario realizar mejoras urgentes a este respecto. La capacidad de control de la administración sigue siendo escasa, en especial de los productos alcohólicos. El país debe llevar a cabo una reforma fiscal general con vistas a garantizar la integridad, prevenir los conflictos de intereses y hacer frente a la falta de recursos. Son necesarias mejoras urgentes para asegurar el cumplimiento de las normas fiscales por parte de los contribuyentes y la percepción de impuestos.

Los avances de los preparativos de Rumanía en este campo son limitados para que el intercambio de información con los Estados miembros de la UE sea efectivo a partir de la adhesión. Por lo que se refiere a los preparativos para el sistema de intercambio de información sobre el IVA, el IVA de los servicios electrónicos y la base de datos del sistema de intercambio electrónico de datos, ha habido retrasos importantes en la creación de ambos sistemas, debido principalmente a la falta de preparación por parte de la administración fiscal. Dado que las labores se iniciaron a principios de marzo de 2006, a menos que se tomen medidas urgentes para superar los retrasos, es improbable que esos sistemas estén realmente operativos en el momento de la adhesión.

Conclusión

En el ámbito del IVA y la imposición directa , se deben intensificar los esfuerzos en materia de legislación y percepción.

Los progresos realizados en relación con la cooperación administrativa y la asistencia mutua fueron escasos, en un campo que ya requería acciones urgentes en octubre de 2005, sobre todo con objeto de acelerar el ritmo de la aplicación de los sistemas informatizados de interoperabilidad fiscal. Sigue siendo un área que suscita gran preocupación, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido antes de que se hayan empezado a realizar progresos. Rumanía debería tomar medidas drásticas de inmediato, y garantizar un compromiso fuerte y continuado, para estar preparada en la fecha de la adhesión. Debería también incrementar los esfuerzos a fin de reforzar la capacidad de control y de percepción de impuestos de la Administración Fiscal, en particular respecto de los impuestos especiales y la imposición directa.

4.1.10. Capítulo 13: Política social y empleo

En materia de Derecho laboral , en marzo de 2006 se adoptó legislación encaminada a la transposición del acervo relativo al traspaso de empresas.

Todavía no se han tomado medidas para transponer el acervo más reciente sobre el Estatuto de sociedad europea, el Estatuto de la sociedad cooperativa europea, así como sobre información y consulta. Es preciso solucionar algunas deficiencias por lo que respecta, en especial, a los despidos colectivos, el trabajo a tiempo parcial, el trabajo de duración determinada y los comités de empresa europeos. La transposición debe completarse también en áreas que no están aún cubiertas en el Código del Trabajo (como la insolvencia del empleador, el desplazamiento de trabajadores y las normas sectoriales sobre la jornada laboral). Debe continuar la mejora de la capacidad administrativa de la Inspección de Trabajo con objeto de garantizar la aplicación cabal del acervo sobre el terreno. Deben aumentar los preparativos a fin de ajustar y aplicar el acervo.

Respecto a la igualdad de trato entre mujeres y hombres , se está retrasando la armonización de la legislación. No se ha llevado a cabo la transposición del acervo respecto de la igualdad de trato en el ámbito de los regímenes profesionales de seguridad social. Hay que tratar también deficiencias por lo que respecta a la transposición plena y correcta de, en particular, directivas relativas a la igualdad de retribución, la igualdad de trato en el empleo, permisos parentales y protección del embarazo. Quedan por verificar cuestiones como si es necesario igualar la edad de la jubilación de los funcionarios de conformidad con el principio de la igualdad de retribución establecido en el Tratado de la UE y los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia Europeo. La Agencia Nacional de Igualdad de Oportunidades no cuenta con medios suficientes, no es plenamente operativa y hay que garantizar su independencia. Deben acelerarse los preparativos.

En cuanto a la salud y seguridad en el trabajo , debe completarse la armonización en el cambo de las industrias extractivas. La armonización jurídica de las normas generales de protección en el trabajo concretada en decisiones gubernamentales es incompleta. Ha habido retrasos importantes en la transposición de algunas partes del acervo, que deberían corregirse mediante la adopción de una nueva Ley de salud y seguridad en el trabajo. Debe mejorar la capacidad administrativa de la Inspección de Trabajo y hay que fomentar la sensibilización, así como la formación, en materia de requisitos de salud y seguridad en el trabajo entre los empleadores, en especial en las PYME. Se ha completado la transposición del acervo en materia de vibraciones, amianto, ruido y obras de construcción temporales o móviles. En general, deben mejorar los preparativos en esta área.

Se ha facilitado formación sobre diálogo social al Ministerio de Trabajo, Solidaridad Social y Familia, así como a los organismos sociales correspondientes y al Consejo Social, con objeto de promover el diálogo social bipartito. Se han completado las negociaciones sobre el convenio colectivo nacional de 2006.

Sin embargo, la debilidad del diálogo social bipartito, en particular en sucursales e industrias, así como la capacidad de los agentes sociales de celebrar y negociar acuerdos válidos, no han experimentado cambios importantes. Las organizaciones de representantes de los interlocutores sociales siguen fragmentadas y carecen de capacidad y representatividad. El mecanismo de consulta con el Consejo Económico y Social no garantiza la función del Consejo como interlocutor del Gobierno. Se debe desarrollar las capacidades de los interlocutores sociales y fomentar su participación en el diálogo social a nivel europeo.

Se ha adoptado la legislación sobre salud pública con objeto de llevar a cabo la transposición del acervo en materia de sangre y componentes sanguíneos, y tejidos y células. En el campo de las enfermedades transmisibles, se han registrado avances en relación con el VIH/SIDA y la utilización de preservativos entre los grupos vulnerables.

Se debe profundizar la aplicación de la normativa relativa a la sangre, los tejidos y las células. Hay que garantizar medidas de buena gestión en todos los centros de donación de sangre. Hay que reforzar la Agencia Nacional de Transplantes. Las cuestiones relativas a los trasplantes no se consultan suficientemente al comité ético. Las investigaciones sobre el comercio de óvulos humanos no están completas ( véase también el capítulo político) . Debe completarse también la transposición del acervo en el ámbito del tabaco. Es necesario seguir reforzando las estructuras administrativas y hay que asegurar la inclusión de los grupos minoritarios como parte de la vigilancia y prevención de las enfermedades en general. Se debe garantizar una mayor participación de las instituciones rumanas en las redes de vigilancia de la UE. Hay que redoblar esfuerzos para mejorar la situación sanitaria de la población y su acceso a la sanidad y los servicios sanitarios, en especial a nivel regional y entre los grupos y minorías más pobres. La ley relativa a la reforma del sector sanitario adoptada en abril de 2006 puede aportar una contribución en este ámbito. Por lo que respecta a la salud mental, se deben tomar medidas urgentes para gestionar el exceso de ocupación de los centros y mejorar las condiciones de vida ( véase también el capítulo político ). Los preparativos deben mejorar considerablemente.

Respecto al Fondo Social Europeo (FSE) , se ha reforzado la capacidad administrativa en el ámbito de la contratación formación de personal en todos los niveles.

Sin embargo, todavía es necesario prestar atención a la Agencia Nacional de Empleo, un organismo intermediario. Se han establecido los mecanismos de coordinación regional e interministerial, pero hay que profundizar los cambios con objeto de garantizar un funcionamiento eficiente y continuo. Se han iniciado las actividades de definición de los proyectos y el plan de formación nacional para el personal del FSE incluye también formación para los beneficiarios finales. En adelante, los esfuerzos deben centrarse en la formación y la creación de una cartera de proyectos. Se han realizado progresos en materia administrativa pero se deben acelerar los preparativos para la gestión del FSE (véase también el capítulo 21 – Política regional y coordinación de los instrumentos estructurales).

En el campo de la inclusión social , en diciembre de 2005 se aprobó el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y Promoción de la Inclusión Social para 2006–2008. En abril de 2006 se creó el Comité de seguimiento y aplicación del memorándum conjunto de integración.

Es necesario implantar un mecanismo claro de coordinación entre los ministerios correspondientes y demás partes interesadas. De conformidad con los indicadores de la UE sobre inclusión social, deberían proseguir las tareas analíticas y la recogida de estadísticas sociales sobre pobreza y exclusión social. Debe continuar el empeño de mejorar la situación de los grupos vulnerables, incluidos los gitanos, y promover su plena integración en la sociedad. Es necesario mejorar el acceso de los discapacitados a las zonas públicas, los edificios y el transporte, así como a la educación y el mercado de trabajo. Hay que redoblar los esfuerzos para poder cerrar o proceder a la reestructuración de grandes residencias para discapacitados desarrollando servicios comunitarios alternativos, concediendo ayudas a las familias y construyendo residencias más pequeñas.

Conclusión

En el ámbito de la política social y de empleo se han realizado progresos moderados solamente. Se ha deteriorado la situación por lo que respecta a la igualdad de trato entre mujeres y hombres y no se ha avanzado en materia de salud y seguridad en el trabajo. Son necesarios esfuerzos renovados y acciones inmediatas a fin de resolver las deficiencias existentes a tiempo para la adhesión. Hay que armonizar la normativa en las áreas siguientes: Derecho laboral , igualdad de trato entre mujeres y hombres, salud y seguridad en el trabajo y salud publica . Debe mejorar el diálogo social . Se debería hacer hincapié en garantizar el acceso a los servicios de atención sanitaria primaria, así como aumentar la protección a la salud, los servicios y la transparencia del sistema sanitario. Se deben redoblar los preparativos para la gestión del Fondo Social Europeo y la inclusión social de todos los grupos sociales vulnerables, incluida la minoría gitana. En general, hay que intensificar las tareas para reforzar la capacidad administrativa con objeto de asegurar la aplicación del acervo en materia de política social.

4.1.11. Capítulo 15: Política industrial

En el ámbito de la privatización y reestructuración, se han logrado progresos moderados.

Debe garantizarse la plena transparencia del proceso de privatización. No ha avanzado especialmente la reestructuración global o la liquidación de empresas que no son viables en su estado actual. Deben resolverse los problemas relativos a las obligaciones tras la privatización que figuran en los contratos de privatización y los litigios resultantes, ya que, entre otras cosas, estos problemas han llevado a un estancamiento de las privatizaciones y a fluctuaciones de la cartera de privatizaciones ( véase también el capítulo económico ).

Se han registrado retrasos en la aplicación del programa de reestructuración de las acerías, lo cual ha llevado a Rumanía a proponer cambios del Programa Nacional de Reestructuración y de planes comerciales individuales, que han de examinarse, en especial respecto a su compatibilidad con las normas relativas a las ayudas públicas. También hay que asegurar la reestructuración eficiente y a tiempo del sector siderúrgico, así como la aplicación plena de los plane