Estas iniciativas se refuerzan mutuamente. El mecanismo legal de protección prudencial garantiza que, en el futuro, las pérdidas crediticias sobre préstamos dudosos estén suficientemente cubiertas, haciendo que la resolución o venta de estos sea más fácil. El Proyecto sobre SGA ayuda a los Estados miembros que así lo deseen en la reestructuración de sus bancos mediante la constitución de sociedades de gestión de activos que se encarguen de los préstamos dudosos. Estos efectos se ven complementados por el impulso para seguir desarrollando los mercados secundarios para los préstamos dudosos, lo que incrementaría la competencia en la demanda de préstamos dudosos y aumentaría su valor de mercado. Por otra parte, la aceleración de la ejecución de garantías reales como mecanismo rápido para la recuperación de valor reduce los costes de resolución de los préstamos dudosos. Al mismo tiempo, la propuesta no afecta a las numerosas salvaguardas para los prestatarios que proporcionan la legislación nacional y de la UE. Introduce una serie de salvaguardas adicionales, con el fin de limitar los riesgos potenciales de la venta de créditos al consumo y créditos no dudosos.

En segundo lugar, la propuesta fomentará el desarrollo de mercados secundarios para los préstamos dudosos. En determinadas circunstancias, los bancos pueden no ser capaces de gestionar sus préstamos dudosos de manera eficaz o eficiente. En estos casos, los bancos recuperarán menos valor de sus préstamos de lo que sería posible en otras circunstancias. Esta situación puede producirse, por ejemplo, cuando los bancos se enfrenten a una gran acumulación de préstamos dudosos y carecen de personal o cualificación para administrar adecuadamente sus préstamos dudosos. Los bancos pueden tener dificultades también para gestionar una cartera de préstamos dudosos cuando se trate de préstamos cuyas características no se correspondan con la cualificación fundamental de ese banco en materia de recuperación de préstamos. En estos casos, la mejor opción puede ser externalizar la administración de estos préstamos a un administrador de créditos especializado o vender el contrato de crédito a un comprador que tenga la propensión al riesgo y la cualificación necesaria para gestionarlo. Por estas razones, la presente propuesta elimina los obstáculos indebidos a la administración de créditos por terceros y a la cesión de créditos, con el fin de desarrollar más los mercados secundarios para los préstamos dudosos. La diversidad del marco legislativo aplicado actualmente a los préstamos dudosos en los Estados miembros ha obstaculizado la aparición de un mercado secundario efectivo para dichos préstamos. La propuesta crea un conjunto de normas comunes que los terceros administradores de créditos deben cumplir para operar dentro de la Unión. Establece normas comunes para garantizar su correcto comportamiento y supervisión en toda la Unión, permitiendo al mismo tiempo una mayor competencia entre los administradores al armonizar el acceso al mercado en todos los Estados miembros. Esto disminuirá el coste de entrada para los potenciales compradores de préstamos al aumentar la accesibilidad y reducir los costes de la administración de créditos. La presencia de más compradores en el mercado, manteniéndose iguales las demás circunstancias, debería allanar el camino hacia un mercado más competitivo con un mayor número de compradores, lo que conduciría a una mayor demanda y a unos precios de transacción más elevados.

En primer lugar, la propuesta ayudará a los bancos a gestionar mejor los préstamos dudosos al incrementar la eficiencia de los procedimientos de cobro de deudas mediante la disponibilidad de un procedimiento extrajudicial común acelerado específico de ejecución de garantías reales. En la mayoría de los casos, los bancos se ocupan de sus propios préstamos dudosos y tratan de recuperar valor a través de la reestructuración. Una gran parte de los préstamos que se convierten en dudosos son préstamos garantizados mediante garantías reales. Aunque los bancos pueden ejecutar las garantías reales con arreglo a los marcos nacionales que regulan la insolvencia y el cobro de deudas, el proceso a menudo puede resultar lento e imprevisible. Mientras tanto, los préstamos dudosos continúan en los balances de los bancos, manteniéndolos expuestos a una prolongada incertidumbre e inmovilizando sus recursos. Esto impide que el banco se centre en conceder nuevos préstamos a clientes viables. Por tanto, la propuesta pone a disposición de los bancos y otras entidades autorizadas para conceder préstamos garantizados métodos más eficientes para recuperar extrajudicialmente el importe de esos préstamos otorgados a prestatarios empresariales. Este procedimiento extrajudicial más eficiente podría utilizarse cuando lo acordaran previamente tanto el prestamista como el prestatario, en el contrato de préstamo. No será aplicable a los créditos al consumo y está concebido de tal manera que no afecte a los procedimientos de reestructuración preventiva o de insolvencia y no modifique la jerarquía de los acreedores en caso de insolvencia. Los procedimientos de reestructuración e insolvencia prevalecen sobre el procedimiento extrajudicial acelerado de ejecución de garantías reales que establece la presente propuesta.

Para hacer frente a los niveles elevados de préstamos dudosos es necesario un planteamiento global. Aunque los principales responsables de hacer frente a unos niveles elevados de préstamos dudosos siguen siendo los bancos y los Estados miembros, la reducción de los actuales volúmenes de préstamos dudosos tiene también una clara dimensión europea, al igual que evitar una excesiva acumulación de préstamos dudosos en el futuro, habida cuenta de la interconexión del sistema bancario de la UE y, en particular, del de la zona del euro. Existen, en particular, importantes efectos potenciales de contagio desde los Estados miembros con altos niveles de préstamos dudosos a la economía de la UE en su conjunto, que afectan tanto al a la estabilidad financiera como al crecimiento económico.

Unos mercados secundarios bien desarrollados de préstamos dudosos figuran también entre los elementos básicos de una UMC que funcione correctamente. Uno de los principales objetivos de la creación de la UMC, prioritaria para la Comisión, es proporcionar nuevas fuentes de financiación, en particular, a las empresas, las pymes y las empresas innovadoras con elevado potencial de crecimiento de la UE. Si bien el proyecto de la UMC se centra en facilitar el acceso de las empresas de la UE a la financiación no bancaria, y en diversificar esta financiación, reconoce también el importante papel que desempeñan los bancos en la financiación de la economía de la UE. Por eso una de las líneas de trabajo de la UMC tiene por objeto mejorar la capacidad de los bancos para conceder préstamos a las empresas, en particular reforzando su capacidad para recuperar valor de las garantías reales constituidas a favor de los créditos.

Los compradores no bancarios de créditos concedidos por entidades de crédito no están regulados en algunos Estados miembros, mientras que, en otros, pueden estar sujetos a diversos requisitos, que en ocasiones equivalen a licencias bancarias plenas. En la práctica, esto ha llevado a una situación en la que los compradores pueden operar legalmente en un Estado miembro pero se enfrenten a obstáculos considerables para comprar créditos en otros. Esta es una de las razones por las que los compradores operan casi siempre en un número limitado de Estados miembros, lo que ha dado lugar a una competencia en general limitada en el mercado interior, al seguir siendo bastante reducido el número de compradores interesados, lo que reduce el alcance y el tamaño potencial de un mercado de préstamos dudosos eficiente y competitivo. Los mercados de préstamos dudosos, en particular, tienden a caracterizarse por volúmenes de operaciones comparativamente pequeños y una fuerte concentración en cuatro países, de los cuales solo uno es un Estado miembro más pequeño (Italia, Irlanda, España y el Reino Unido). Estos mercados tienden también a estar dominados por grandes compradores, lo que puede explicarse en cierta medida por los importantes obstáculos existentes que impiden la entrada y falsean la competencia.

El artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) confiere al Parlamento Europeo y al Consejo competencias para adoptar medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Dicho artículo permite a la UE adoptar medidas, no solo para eliminar los obstáculos que actualmente dificultan el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior, sino también para hacer frente a los obstáculos que disuaden a los agentes económicos de aprovechar plenamente las ventajas de ese mercado, en particular invirtiendo en otros Estados miembros. Por otra parte, el artículo 53 del TFUE confiere al Parlamento Europeo y al Consejo competencias para adoptar directivas para la coordinación de las disposiciones nacionales relativas a las actividades económicas.

Esta iniciativa no va en perjuicio de las salvaguardas ya existentes para los consumidores, en concreto en el caso de que el acreedor original sea sustituido por una entidad no crediticia. La legislación de la UE incluye ya una serie de medidas en materia de protección de los consumidores. La propuesta establece que tanto los compradores de créditos como los administradores de créditos tendrán que cumplir con el Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores aplicable al contrato de crédito inicial. Del mismo modo, todas las normas de protección de los consumidores que estén en vigor en el Estado miembro del consumidor, ya se deriven directamente del contrato de crédito inicial o de otras normas aplicables a los créditos concedidos a consumidores o relacionadas con las normas generales de protección del consumidor vigentes en el Estado miembro de este, seguirán siendo de aplicación.

Afrontar los riesgos que aún afectan al sector bancario europeo es de gran importancia para su funcionamiento y estabilidad y, con ello, para la economía en general. En particular, existen importantes efectos potenciales de contagio desde los Estados miembros con altos niveles de préstamos dudosos a otras economías de la UE y a la UE en general, que afectan tanto al crecimiento económico como a la estabilidad financiera. Unos mercados de préstamos dudosos segmentados por las fronteras nacionales en razón de la existencia de grandes diferencias en los regímenes de autorización no sería coherente con el objetivo de la Unión de los Mercados de Capitales.

La presente propuesta es coherente también con la Directiva sobre acuerdos de garantía financiera , que introdujo un régimen europeo para la prestación y ejecución de las garantías reales en forma de valores, efectivo y derechos de crédito. El procedimiento extrajudicial acelerado de ejecución de garantías reales establecido en la presente propuesta no interferiría con la regulación de las garantías reales con arreglo a la citada Directiva, ya que regularía la ejecución de otros tipos de garantías reales distintas de las incluidas en el ámbito de aplicación de esa Directiva. En concreto, la presente propuesta establecería procedimientos extrajudiciales efectivos para la ejecución de garantías reales en forma de bienes muebles e inmuebles aportados por empresas y empresarios para obtener préstamos, pero no afectaría a las cuestiones reguladas por la Directiva sobre acuerdos de garantía financiera.

La presente propuesta no excede de lo necesario para fomentar la entrada en el mercado y el desarrollo transfronterizo, ya que no afecta a las disposiciones legales nacionales sobre la cesión efectiva de los derechos del acreedor, ni a ninguna de las normas aplicables en materia de reestructuración preventiva y de insolvencia.

Asimismo, los Estados miembros que ya han establecido procedimientos extrajudiciales de ejecución han adoptado normas nacionales basadas en motivos relacionados principalmente con consideraciones nacionales. Algunos de estos procedimientos extrajudiciales de ejecución de garantías reales llevan establecidos desde hace mucho tiempo y no necesariamente incentivan las operaciones transfronterizas. Habida cuenta de las diferencias en la eficiencia de los procedimientos nacionales existentes y de que algunos Estados miembros carecen de ellos, el objetivo es implantar sistemas eficaces de este tipo en toda la UE y garantizar que los bancos u otras empresas autorizadas para conceder crédito en todos los Estados miembros puedan utilizarlos. Puesto que existen vínculos inherentes entre la ejecución de garantías reales y la legislación de los Estados miembros en materia civil, mercantil, de propiedad, de preinsolvencia y de insolvencia, así como de Derecho público, las normas previstas en relación con este mecanismo común específico extrajudicial de ejecución de garantías reales tendrían que poder aplicarse de manera coherente con esa legislación de los Estados miembros. Por consiguiente, las disposiciones que figuran a continuación establecen un mecanismo común suplementario que no exige que los Estados miembros interfieran con sus sistemas nacionales extrajudiciales de ejecución, en los casos en que estos existen para el tipo de garantía real contemplado en la propuesta. El procedimiento extrajudicial acelerado de ejecución de garantías reales está concebido como un mecanismo específico destinado a garantizar que el acreedor y el prestatario empresarial puedan acordar contractualmente un mecanismo extrajudicial de ejecución en relación con los bienes muebles e inmuebles aportados como garantía real.

Los servicios de la Comisión han realizado un seguimiento del mercado durante una serie de años y han constatado que el aumento de las divergencias y la amplificación de los problemas justifican una intervención a escala de la UE. Los datos recopilados mediante estudios y consultas públicas han demostrado que la recuperación del crecimiento económico no ha sido suficiente para reducir los volúmenes de préstamos dudosos ya que estos lastran la solidez de los bancos, su capacidad para conceder crédito y, en general, las perspectivas de crecimiento económico. Hasta ahora los Estados miembros no han emprendido un esfuerzo coordinado en relación con las normas aplicables a los compradores y administradores de crédito bancario. Las medidas tomadas por los Estados miembros solo pueden remediar las condiciones de su respectivo mercado nacional, lo que no sería suficiente para reducir los efectos negativos sobre el funcionamiento del mercado único.

Aun cuando los Estados miembros hayan reconocido la gravedad del problema de los préstamos dudosos, la mayoría no ha tomado hasta el momento medidas efectivas orientadas al lado de la «demanda» de las cesiones de préstamos dudosos. Aquellos que sí han regulado las actividades de compra y administración de créditos lo han hecho sin disponer medidas para las situaciones transfronterizas. Esto ha dado lugar a una competencia insuficiente en el mercado. Los diversos enfoques adoptados por los Estados miembros y sus diferentes interpretaciones, en particular de las actividades de administración de créditos, han ido fragmentando estos mercados. Por consiguiente, los objetivos no pueden alcanzarse mediante la actuación individual de los Estados miembros.

Con el fin de recuperar valor a partir de la garantía real aportada por un prestatario en otro Estado miembro, el acreedor tiene que atenerse a unas normas que son diferentes de las del Estado miembro de origen del acreedor y cuya eficiencia este desconoce. En la actualidad, el acreedor no tiene la opción de acordar con el prestatario un procedimiento común para todos los Estados miembros. Esto genera costes de asesoramiento jurídico y puede hacer que los procedimientos de recuperación sean más largos y los porcentajes de recuperación, más bajos. La perspectiva de recuperar menos, o, en el peor de los casos, nada, de un préstamo garantizado en caso de impago del deudor puede disuadir a los prestamistas de conceder préstamos transfronterizos, en primer lugar, o puede aumentar el precio de la concesión de préstamos para las empresas. Esto, a su vez, constituye un elemento que disuade a los prestatarios de dirigirse a prestamistas en distintos Estados miembros, lo que obstaculiza la libre circulación de capitales y tiene un efecto directo en el funcionamiento del mercado único. Aún no se ha aprovechado todo el potencial que ofrece la UMC en lo que respecta a poner financiación a disposición de las empresas, en particular las pymes, que dependen en gran medida de los préstamos bancarios.

Además, los obstáculos que impiden que los administradores de créditos operen fuera de sus fronteras nacionales afectan indirectamente a los compradores potenciales, que podrían no estar en condiciones de entrar en un mercado nacional y comprar créditos a las entidades de crédito, si no pueden después externalizar la administración a otras entidades que no sean el banco al que adquirieron el contrato de crédito ni utilizar los servicios de administradores de créditos de otros Estados miembros de la UE.

Por otra parte, si bien no afecta a las normas vigentes de protección de los consumidores, la propuesta tiene en cuenta la necesidad de incrementar las salvaguardas en lo que respecta a los créditos al consumo. Reconociendo estas preocupaciones legítimas, la propuesta introduce la obligación de que los compradores de terceros países de préstamos al consumo utilicen los servicios de administradores de créditos autorizados, sujetos a los requisitos de la presente Directiva y a la supervisión de las autoridades nacionales competentes en la UE. Asimismo, el mecanismo extrajudicial acelerado de ejecución de garantías reales que se prevé tiene por objeto equilibrar los intereses del acreedor y los del prestatario empresarial. No es aplicable a la ejecución de préstamos concedidos a los consumidores, e incluso en el caso de los empresarios, no podría aplicarse para ejecutar garantías reales constituidas por la primera residencia del prestatario empresarial. Cuando el prestatario empresarial haya pagado ya la mayor parte (el 85 %) del saldo vivo con arreglo al contrato de crédito, habría que darle un tiempo adicional para que efectúe el pago antes de poder ejecutar la garantía real.

La presente Directiva se aplica a los compradores y administradores de créditos inicialmente concedidos por una entidad de crédito o sus filiales, independientemente del tipo de prestatario de que se trate. La presente Directiva no se aplicará a la adquisición y la administración de contratos de crédito por entidades de crédito y sus filiales en la UE ni a la adquisición y administración de contratos de crédito otorgados por otros tipos de acreedores que no sean entidades de crédito y sus filiales.

(8)Si bien en el debate público se emplean comúnmente los términos «préstamo» y «banco», en lo sucesivo se utilizarán los términos jurídicos más precisos de «crédito» o «contrato de crédito» y de «entidad de crédito». Por otra parte, salvo indicación en contrario, los términos «banco» y «entidad de crédito» engloban también sus filiales.

(9)La presente Directiva debe propiciar el desarrollo de mercados secundarios para los préstamos dudosos en la Unión mediante la eliminación de los obstáculos a la cesión de tales préstamos por las entidades de crédito a entidades no crediticias, preservando al mismo tiempo los derechos de los consumidores. Cualquier medida que se proponga debe también simplificar y armonizar los requisitos de autorización de los administradores de créditos. Por consiguiente, la presente Directiva debe establecer un marco a escala de la Unión por el que se rijan los compradores y los administradores de los contratos de crédito celebrados por entidades de crédito.

(10)En la actualidad, no obstante, los compradores de créditos y los administradores de créditos no pueden aprovechar las ventajas del mercado interior debido a los obstáculos que suponen legislaciones nacionales divergentes, en ausencia de un régimen de regulación y de supervisión específico y coherente. Los Estados miembros cuentan con normas muy diferentes para determinar de qué modo las entidades no crediticias pueden adquirir contratos de crédito a entidades de crédito. En algunos Estados miembros, las entidades no crediticias que compran créditos concedidos por entidades de crédito no están reguladas, mientras que en otros están sujetas a diversos requisitos, que, en ocasiones, equivalen a la obligación de obtener autorización como entidad de crédito. Estas diferencias en los requisitos reglamentarios han dado lugar a considerables obstáculos a la hora de poder adquirir legalmente créditos a escala transfronteriza en la Unión, principalmente debido al aumento de los costes de cumplimiento de la normativa al intentar adquirir carteras de créditos. Como consecuencia de ello, los compradores de créditos operan en un número limitado de Estados miembros, lo que ha originado una escasa competencia en el mercado interior, dado que el número de compradores de créditos interesados sigue siendo reducido. Se ha creado así un mercado secundario para los préstamos dudosos ineficiente. Además, los mercados de préstamos dudosos, esencialmente nacionales, tienden a ser de pequeño volumen.

(11)La limitada participación de las entidades no crediticias da lugar a una demanda reducida, una escasa competencia y bajos precios compradores para las carteras de contratos de crédito en los mercados secundarios, lo cual desincentiva la venta de contratos de crédito dudosos por parte de las entidades de crédito. Por consiguiente, existe una clara dimensión a escala de la Unión en el desarrollo de mercados para los créditos concedidos por entidades de crédito y vendidos a entidades no crediticias. Por una parte, las entidades de crédito han de tener la posibilidad de vender contratos de crédito dudosos, e incluso no dudosos, a escala de la Unión en mercados secundarios eficientes, competitivos y transparentes. Por otra parte, la plena realización de la Unión Bancaria y de la Unión de los Mercados de Capitales obligan a actuar para impedir la acumulación de contratos de crédito dudosos en los balances de las entidades de crédito, de modo que puedan seguir desempeñando su papel en la financiación de la economía.

(12)Los acreedores han de poder ejecutar un contrato de crédito y recuperar los importes adeudados por sí mismos o encomendar dicha recuperación a terceros que presten tales servicios con carácter profesional, a saber, los administradores de créditos. Asimismo, los compradores de créditos concedidos por las entidades de crédito suelen recurrir a los servicios de administradores de créditos a fin de recuperar los importes vencidos, pese a lo cual las actividades de administración de créditos aún no están sujetas a un marco de la Unión.

(13)Ciertos Estados miembros regulan las actividades de administración de créditos, pero en diversos grados. En primer lugar, solo algunos Estados miembros las regulan y aquellos que lo hacen las definen de manera muy diferente entre sí. Los costes más elevados de cumplimiento de la normativa suponen un obstáculo a la hora de definir estrategias de expansión a través de un establecimiento secundario o la prestación de servicios transfronterizos. En segundo lugar, un número considerable de Estados miembros exige autorizaciones para algunas de las actividades que estos administradores de créditos llevan a cabo. Esas autorizaciones imponen requisitos diferentes y no ofrecen posibilidades de ampliación transfronteriza, lo que dificulta una vez más la prestación de servicios transfronterizos. Por último, en algunos casos, la legislación exige el establecimiento a nivel local, lo que impide la libre prestación de servicios transfronterizos.

(14)Si bien los administradores de créditos pueden prestar sus servicios a entidades de crédito y compradores de créditos que no sean entidades de crédito, la existencia de un mercado integrado y competitivo para dichos administradores está ligada al desarrollo de un mercado integrado y competitivo para los compradores de créditos. Dado que estos carecen a menudo de la capacidad de administrar los créditos por sí mismos, es posible que no adquieran créditos de las entidades de crédito si no pueden externalizar su administración a otras entidades.

(15)La falta de presión competitiva en el mercado de compra de créditos y en el mercado de actividades de administración de créditos lleva a las empresas que desarrollan estas actividades a facturar elevados precios por sus servicios a los compradores de créditos y mantiene los precios bajos en los mercados secundarios de créditos. Las entidades de crédito ven así reducidos los incentivos para deshacerse de sus existencias de préstamos dudosos.

(16)Por consiguiente, la actuación a nivel de la Unión es necesaria para regular la situación de los compradores y los administradores de créditos en relación con créditos inicialmente otorgados por las entidades de crédito. De momento no se propone abarcar los créditos inicialmente concedidos por entidades no crediticias o el cobro de deudas en general, puesto que no hay pruebas de que esa ampliación del ámbito de aplicación se justifique en términos de pertinencia macroeconómica, inadecuación de incentivos o mal funcionamiento de los mercados.

(17)Si bien la finalidad de la presente Directiva consiste en reforzar la capacidad de las entidades de crédito para hacer frente a los créditos que se han convertido o corren el riesgo de convertirse en dudosos, el mercado secundario de créditos engloba tanto los dudosos como los no dudosos. Las ventas reales del mercado corresponden a carteras de créditos, consistentes en una combinación de créditos dudosos, créditos cuasi dudosos y créditos no dudosos. Las carteras incluyen créditos tanto garantizados como no garantizados y cuyos beneficiarios son tanto consumidores como empresas. Si las normas para la ejecución del crédito fueran distintas en función de cada tipo de crédito o prestatario, la agrupación de esas carteras de créditos para la venta acarrearía costes adicionales. Las disposiciones de la presente Directiva orientadas al desarrollo del mercado secundario abarcan los créditos dudosos y no dudosos, a fin de evitar crear una situación en la que estos costes adicionales desincentiven la participación de los inversores y fragmenten ese mercado emergente. Las entidades de crédito se beneficiarán de la existencia de una base de inversores más amplia y administradores de créditos más eficientes. Similares ventajas tendrán las sociedades de gestión de activos, que son fundamentales en algunos Estados miembros para la comercialización de créditos dudosos y no dudosos procedentes de entidades de crédito que han sido objeto de resolución o reestructuración o que, de algún otro modo, han eliminado tales créditos de sus balances.

(18)La importancia atribuida por el legislador de la Unión a la protección de los consumidores en la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 93/13/CEE del Consejo implica que la cesión a un comprador de créditos de los derechos del acreedor derivados de un contrato de crédito o del propio contrato de crédito no debe afectar en modo alguno al nivel de protección otorgado por el Derecho de la Unión a los consumidores. Los compradores y los administradores de créditos deben, por tanto, atenerse a la legislación de la Unión aplicable al contrato de crédito inicial y el consumidor debe seguir disfrutando del nivel de protección previsto por el Derecho de la Unión o determinado por las normas sobre conflicto de leyes nacionales o de la Unión, con independencia de la legislación aplicable al comprador o al administrador de créditos.

(19)La presente Directiva no debe afectar a los actos del Derecho de la Unión relativos a la cooperación judicial en materia civil y, en particular, a las disposiciones sobre la legislación aplicable a las obligaciones contractuales y sobre la competencia judicial, incluida la aplicación de dichos actos y disposiciones en casos concretos, en virtud del Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. Todos los acreedores y las personas que los representen están obligados a respetar dichos actos del Derecho de la Unión en sus relaciones con el consumidor y las autoridades nacionales para garantizar la protección de los derechos de los consumidores.

(20)A fin de garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores, la legislación nacional y de la Unión prevén una serie de derechos y salvaguardas en relación con los contratos de crédito prometidos o concedidos a un consumidor. Esos derechos y salvaguardas se aplican, en particular, a la negociación y la celebración del contrato de crédito y a su cumplimiento o incumplimiento. Este es el caso, en particular, de los contratos de crédito a largo plazo celebrados con consumidores y que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/17/UE, por lo que se refiere al derecho del consumidor a liquidar total o parcialmente las obligaciones derivadas del contrato de crédito antes de la fecha de expiración de este, o a ser informado por medio de la Ficha Europea de Información Normalizada, en su caso, sobre la posible cesión del contrato de crédito a un comprador de créditos. Los derechos del prestatario tampoco deben verse alterados si la cesión del contrato de crédito entre la entidad de crédito y el comprador consiste en una novación del contrato.

(21)Además, la presente Directiva no reduce el ámbito de aplicación de las normas de protección de los consumidores de la Unión y, en la medida en que los compradores de créditos pueden considerarse prestamistas en virtud de lo dispuesto en la Directiva 2014/17/UE y la Directiva 2008/48/CE, deben estar sujetos a las obligaciones específicas establecidas en el artículo 35 de la Directiva 2014/17/UE o el artículo 20 de la Directiva 2008/48/CE, respectivamente.

(22)Las entidades de crédito de la Unión y sus filiales realizan actividades de administración de créditos en el marco de su actividad normal. Tienen idénticas obligaciones con respecto a los créditos que ellas mismas hayan concedido y los créditos que hayan comprado a otra entidad de crédito. Dado que dichas entidades ya están sujetas a regulación y supervisión, la aplicación de la presente Directiva a las actividades de administración o compra de créditos que realizan supondría una duplicación innecesaria de los costes de autorización y cumplimiento de la normativa, por lo que no están cubiertas por la presente Directiva.

(23)A fin de permitir a los compradores y administradores de créditos existentes adaptarse a los requisitos de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva y, en particular, permitir a los administradores de créditos obtener autorización, la presente Directiva solo debe aplicarse a las cesiones de contratos de crédito que tengan lugar una vez transcurridos seis meses desde la fecha límite de transposición.

(24)La autorización de un administrador de créditos para realizar actividades de administración de créditos en toda la Unión debe supeditarse a un conjunto uniforme y armonizado de condiciones que las autoridades competentes deben aplicar de manera proporcionada. A fin de evitar que se reduzca la protección del deudor o prestatario y con objeto de fomentar la confianza, las condiciones para la concesión y el mantenimiento de la autorización de los administradores de créditos deben garantizar que estos y las personas que posean una participación cualificada en ellos o que formen parte de su dirección estén libres de antecedentes penales por delitos graves contra la propiedad o contra la integridad física o en relación con actividades financieras y gocen de honorabilidad. Asimismo, estas personas, al igual que el administrador de créditos, no deben hallarse incursas en un procedimiento de insolvencia ni haber sido declaradas en quiebra con anterioridad salvo que, de conformidad con lo previsto en el Derecho nacional, hayan sido rehabilitadas. Por último, para asegurar el cumplimiento de las normas de protección del deudor, así como de protección de los datos personales, es preciso exigir el establecimiento, y la posterior supervisión, de sistemas de gobernanza y mecanismos de control interno adecuados y el registro y la tramitación de las reclamaciones. Por otra parte, los administradores de crédito deben estar obligados a actuar con lealtad y teniendo debidamente en cuenta la situación financiera de los prestatarios. Cuando se disponga a nivel nacional de servicios de asesoramiento en materia de endeudamiento que faciliten el reembolso de deudas, los administradores de crédito deben examinar la conveniencia de remitir a los prestatarios a dichos servicios.

(25)Con objeto de evitar incertidumbres y largos procedimientos, es necesario regular la información que los solicitantes deben presentar, así como los plazos razonables para la emisión de una autorización y las circunstancias para su revocación. Cuando las autoridades revoquen la autorización de un administrador de créditos que realice actividades de administración de créditos en otros Estados miembros, conviene que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida sean informadas. Del mismo modo, resulta oportuno que se establezca en cada Estado miembro un registro público en línea actualizado, en aras de la transparencia por lo que se refiere al número y la identidad de los administradores de créditos autorizados.

(26)Procede asignar a los administradores de créditos la responsabilidad de asegurarse de que, cuando externalicen sus actividades a proveedores de servicios de administración de créditos, ello no dé lugar a un riesgo operativo indebido o al incumplimiento por parte del proveedor de servicios de algún requisito legal nacional o de la Unión, ni restrinja la capacidad de un supervisor reglamentario para desempeñar su cometido y preservar los derechos del prestatario.

(27)Habida cuenta de que, cuando un acreedor confía la gestión y ejecución de un contrato de crédito, delega en el administrador de créditos sus derechos y deberes frente al prestatario, así como su contacto directo con el mismo, pese a seguir siendo responsable en última instancia, la relación entre el acreedor y el administrador de créditos debe quedar claramente establecida por escrito, y las autoridades competentes han de tener la posibilidad de verificar cómo se determina dicha relación.