ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
3.7

Simplifica y reduce las obligaciones administrativas siguientes: a) la nueva definición de equipo radioeléctrico delimita claramente el ámbito de aplicación de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética; b) los receptores puros y los terminales fijos ya no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva, sino que lo hacen dentro de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética o de la Directiva sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión, o dependiendo de su tensión, en el de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética y la Directiva sobre seguridad general de los productos, lo que conlleva cierta reducción de las obligaciones administrativas; c) desaparece el requisito de notificación de la introducción en el mercado de equipos que utilicen bandas de frecuencias que no estén armonizadas en toda la UE; d) desaparecen las obligaciones para los productores de: — colocar un identificador de categoría de equipo en el producto; — colocar el requisito del marcado CE en las instrucciones de uso; e) desaparecen del texto de la Directiva los requisitos que apoyan la competencia en el mercado de terminales (referentes a las especificaciones relativas a la interfaz, y los motivos técnicos de la conexión de los equipos terminales de telecomunicación con las interfaces), al existir requisitos similares en la Directiva relativa a la competencia en los mercados de equipos de terminales de telecomunicaciones.
4.11

Es mejor optar por más investigación y desarrollo en lugar de un lanzamiento a gran escala precipitado y prematuro en el mercado. La distinción entre investigación, desarrollo y demostración, por un lado, y la comercialización a gran escala y apoyo, por el otro, debe ser clara para evitar, por ejemplo, situaciones de mercado que obstaculicen la innovación. El exceso de subsidios para la energía fotovoltaica (por ejemplo, en Alemania, Frondel et al.:‧Economic Impacts from the Promotion of Renewable Energy Technologies‧ [Los impactos económicos del fomento de tecnologías para las energías renovables], Energy Policy, 2010) no ha ayudado a desarrollar un sistema competitivo en la UE (Hardo Bruhns y Martin Keilhacker: ‧Energiewende – wohin führt der Weg?‧ [Transición energética: ¿hacia dónde?], Politik und Zeitgeschichte, 2011). Ahora tenemos paneles solares más baratos, pero no gracias a Europa sino a China. Por lo tanto, necesitamos centrarnos en el desarrollo de todas las opciones potencialmente viables de energía de bajo consumo de carbono, especialmente de fuentes capaces de contribuir a la capacidad de carga básica, como la energía geotérmica y la fusión nuclear. Ni en Europa ni en el resto del mundo habremos resuelto definitivamente el problema de la energía en 2050.
4.11

Se debería hacer más hincapié en estimular el desarrollo de soluciones descentralizadas, a nivel local. Estas medidas pueden y deberían verse impulsadas por los beneficios locales y abarcar diferentes tecnologías, como la biomasa (incluidos los residuos) y la energía geotérmica, además de la eólica y solar, dependiendo de las circunstancias locales. La regulación, las medidas de apoyo y el acceso a las redes deben ser claros, sencillos y fiables con el fin de facilitar la participación de pequeños (auto)productores. La creación de sistemas energéticos híbridos locales conectados por redes inteligentes y una gestión inteligente harían posible avanzar hacia la autosuficiencia energética a nivel local. No obstante, este enfoque también tiene sus limitaciones, ya que mientras no se disponga de una solución real y asequible para el almacenamiento de electricidad será necesaria una capacidad de equilibrado basada principalmente en combustibles fósiles (ref.: Friedrich Wagner, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik: Features of an electricity supply system based on variable input).
5.1.1

Pese a que el Convenio de Aarhus consagra la información de la población, al preconizar en sus tres pilares la concertación, la participación y el acceso a la justicia, es preciso señalar que, aparte de una alusión a la transparencia, el proceso de pruebas de resistencia no contempla esta cuestión. No obstante, los ciudadanos son un factor igualmente indispensable de la seguridad y de la protección nuclear. La implicación de los ciudadanos de la UE no ha estado a la altura de las circunstancias. En efecto, la intervención del público no ha sido fácil. Los plazos eran demasiado breves para poder analizar los distintos expedientes. En las reuniones públicas no siempre se dispuso de interpretación y varias asociaciones no pudieron participar por motivos económicos. No obstante, el nivel de transparencia alcanzado permitió a algunas organizaciones de la sociedad civil realizar un análisis muy detallado de los informes.
1.5

El programa «Europa con los ciudadanos» debe ajustarse a las normas democráticas contempladas en el Tratado de Lisboa y favorecerse su anclaje en Europa, en particular respecto de los mecanismos de participación y de la transparencia recogidos en los artículos 10 y 11 del Tratado de la Unión Europea (TUE). No obstante, el programa solo podrá ser plenamente operativo si las instituciones de la UE cumplen con su obligación de aplicar los referidos artículos, en particular, mediante la elaboración de libros verdes. Además, el programa no podrá, en modo alguno, reemplazar los compromisos adquiridos por las distintas direcciones generales de la Comisión Europea en relación con sus recursos propios, ni servirles para respaldar más que hasta ahora, en su propio ámbito de actuación, la participación de los ciudadanos, el diálogo y las asociaciones en los que participan estos últimos.
1.3

El CESE sugiere, asimismo, que se reduzca a 200, en lugar de los 500 propuestos, el número de despidos necesario para presentar una solicitud. También recomienda aumentar la cofinanciación de la UE hasta el 75 % para mejorar la utilización del FEAG. El CESE acoge favorablemente el hecho de que se amplíe el concepto de «trabajador» para incluir en él a los trabajadores que tengan contratos de duración determinada y a los trabajadores cedidos por agencias de trabajo temporal. El CESE está de acuerdo en que se incluya a los trabajadores por cuenta propia. Son actores con una importancia y un peso considerable en el mercado laboral y se cuentan entre los primeros en verse afectados por las consecuencias tanto de la globalización como de las crisis económicas. El FEAG no se concibió para ayudar a los empresarios, por lo que el CESE no está de acuerdo en ampliarlo para incluir a los propietarios-administradores de pymes. La DG Empresa tiene una sección dedicada a las políticas en favor de las pymes que dispone de importantes programas de apoyo. El FEAG no debería interferir en estos programas.
2.5.1

Con el objetivo de permitir una mayor flexibilidad en la frecuencia y el calendario de publicación de la información financiera periódica, en particular para los pequeños y medianos emisores, se opta por suprimir la obligación de presentar informes financieros trimestrales para todas las empresas cotizadas. Aunque el objetivo sea favorecer una simplificación para los PME, la solución encontrada pasa por no diferenciar el destinatario de la medida para no introducir una duplicidad de normas que resultaría confusa para los inversores. Se espera que la medida tenga como resultado reducir costes, así como adoptar una perspectiva a más largo plazo al desaparecer la presión de presentación trimestral de resultados. La protección del inversor no se pone en peligro ya que continúan siendo obligatorias las disposiciones de las Directivas sobre abuso del mercado y sobre los folletos: es obligatorio informar a los inversores sobre los sucesos y hechos importantes que puedan influir en el precio de los activos.
3.12

Por lo que se refiere a los requisitos de información, el CESE recomienda establecer de forma más detallada no solo los métodos, sino también el contenido y el momento de divulgación de la información durante el período transitorio. Puesto que existen dudas respecto de qué debería incluirse en los informes trimestrales e incluso en la declaración inicial, parece más adecuado permitir el ajuste a las normas de información después de la fecha del 1 de enero de 2013. Será esencial para las pequeñas y medianas empresas. En particular no deberían imponerse a las mutualidades y otras aseguradoras que no tienen acceso a la bolsa las mismas obligaciones de información que a las empresas internacionales que cotizan en bolsa y que tienen preparadas las cuentas con arreglo a las NIIF desde el principio. Tampoco debería obligárseles a trabajar con los mismos plazos tan cortos.
2.9

Aunque es razonable fijar una fecha de finalización del sistema de flexibilidad para las categorías de potencia de duración ilimitada (véase el punto 2.1) que, por tanto, no tienen fecha límite, no parece oportuno que la duración para las demás categorías de potencia no sea la misma y oscile entre un solo año y tres. Normalmente tal decisión se justifica por la reducción del impacto ambiental. De hecho, la cifra total de motores que se incluyen en un sistema de flexibilidad se establece al comenzar este en función (como porcentaje) de las ventas medias de un fabricante en los años anteriores a la presentación de la solicitud o bien se asigna una cantidad fija que no varía al hacerlo la duración del sistema. El fabricante solicitará habitualmente esta cifra, lo cual permitirá valorar el impacto ambiental de la medida. La duración del sistema de flexibilidad, por tanto, no tiene ninguna repercusión posterior en el medio ambiente, ya que el número de motores exentos se establece a priori.
1.6

Los mecanismos de aumento automático de la edad de jubilación en función del aumento de la esperanza de vida o de la evolución demográfica se consideran peligrosos para el conjunto de la sociedad y, por lo tanto, el CESE no los apoya. La mayoría de estos mecanismos aumentan automáticamente la edad de jubilación en función del aumento de la esperanza de vida y otros parámetros económicos y del mercado de trabajo. Son los parlamentos, y no los ordenadores, los que deberían adoptar decisiones tan fundamentales sobre las condiciones de vida, tras un amplio debate público en el que participen los interlocutores sociales y otras partes interesadas importantes. Además, los Estados miembros que introducen estos mecanismos deberían tener en cuenta el hecho de que, aunque reducen la presión pública contra las reformas, si no existen oportunidades reales de empleo para los trabajadores más mayores, con este sistema se podría transferir la ayuda económica a esos trabajadores hacia otros pilares de la seguridad social. Por consiguiente, aplicar este mecanismo de manera brusca a los sistemas de pensiones a fin de ofrecer unas pensiones adecuadas y sostenibles no reportaría las ventajas prometidas.
3.1

En primer lugar, esta modificación del Reglamento no 247/2006 del Consejo obedece a la necesidad de adaptarlo a las evoluciones recientes de la legislación y, en particular, a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa con la consiguiente introducción del procedimiento de codecisión en la Política Agrícola Común. Por tanto, se trata de distinguir entre las competencias que se delegan a la Comisión para la adopción de actos no legislativos (actos delegados) de alcance general que completan o modifican aspectos no esenciales de los actos legislativos, enunciadas en el artículo 290, por una parte, y, por otra, las competencias que se atribuyen a la Comisión para la adopción de actos de ejecución, enunciadas en el artículo 291.
6.1

La pobreza energética es una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles. Aunque los documentos legales presentados por la UE (1) son buenos, la reacción de los Estados miembros ha sido, hasta el momento, inadecuada. Por poner un par de ejemplos: a pesar de la obligatoriedad establecida en las Directivas del mercado común del gas y la electricidad (primero Directiva 2003/54/CE y luego Directiva 2009/72/CE), tan sólo diez de los 27 Estados miembros ofrecen tarifas sociales a los clientes vulnerables y en sólo ocho Estados miembros se utiliza normalmente el término de «cliente vulnerable» (Status Review of the definitions of vulnerable customer, default supplier and supplier of last resort / Revisión de las definiciones de cliente vulnerable, proveedor por defecto y suministrador de último recurso, ERGEG, 2009).
3.1.1.2

El CESE está a favor de limitar las capacidades por vía legislativa, e insiste en la necesidad de hacer coercitivas las medidas de gestión y de control mediante planes de adaptación cofinanciados por los Estados miembros y por la UE. Es necesario dar prioridad a una eliminación de capacidad que equilibre las posibilidades pesqueras y los criterios medioambientales y sociales. En la obtención de este equilibrio, hay que considerar prioritarios los ajustes medioambientales y sociales, tales como buques que empleen artes no selectivas o que causen daño al medio ambiente, que consuman gran cantidad de energía o que proporcionen pocos puestos de trabajo por volumen capturado. Además, es necesario considerar con precaución la idea de un fondo puntual de desguace. El desmantelamiento de buques tiene un coste social que debe ser tenido en cuenta. El desguace de buques de pesca se salda a menudo con pérdidas de empleo sin que a los pescadores asalariados se les proponga ninguna alternativa. El CESE no se opone al fondo de desguace puntual que propone la Comisión, y podría resultar apropiado siempre que beneficie no sólo a los propietarios de los barcos sino también a los pescadores asalariados cuyos empleos se ven amenazados. El fondo comunitario debería prever, en efecto, medidas sociales como ayudas para formación y reconversión profesional al objeto de evitar las pérdidas puras de empleo. Por ello, el CESE apoya la idea de que el sector debe garantizar a la larga su viabilidad económica y salir de una situación de dependencia frente a las ayudas públicas, que deben ser consideradas provisionales en tanto que no se ponga fin a las dificultades estructurales del sector.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 128/94

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 1080/2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por lo que se refiere a la subvencionabilidad de las intervenciones en materia de vivienda en favor de las comunidades marginadas»

COM(2009) 382 — 2009/0105 (COD)

(2010/C 128/16)

Ponente general: Angelo GRASSO

El 11 de septiembre de 2009, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 1080/2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por lo que se refiere a la subvencionabilidad de las intervenciones en materia de vivienda en favor de las comunidades marginadas»

COM(2009) 382 – 2009/0105 (COD).

El 29 de septiembre de 2009, la Mesa del Comité Económico y Social Europeo encargó a la Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social la preparación de los trabajos sobre este asunto.

Dada la urgencia de los trabajos, en su 457° Pleno, celebrado los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 5 de noviembre de 2009), el Comité Económico y Social Europeo ha nombrado ponente general a Angelo GRASSO y ha aprobado por 70 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención el presente Dictamen.

1. Conclusiones

1.1. El CESE toma nota de la propuesta de la Comisión de modificar el artículo 7, apartado 2, del Reglamento del FEDER (1) ya que la experiencia práctica demuestra que los requisitos de subvencionabilidad que recoge no responden plenamente a las necesidades sobre el terreno.

1.2. El CESE aprueba la propuesta.

2. Motivación y recomendaciones

2.1. El CESE confía en que las disposiciones de esta propuesta se apliquen a cualquier comunidad marginalizada y no solamente a la mencionada específicamente en los considerandos de la propuesta. Por principio, estas disposiciones deberían aplicarse igualmente a todos los Estados miembros de la Unión.

2.2. El CESE considera útil ampliar las disposiciones de dicha propuesta, que deberían aplicarse tanto a la sustitución de los alojamientos existentes por construcciones nuevas como a la renovación de los ya construidos, garantizando el ahorro de energía y la sostenibilidad.

2.3. El CESE acoge favorablemente las simplificaciones aportadas pero, con carácter general, advierte del riesgo de modificar demasiado la legislación vigente durante un mismo periodo de programación, lo cual podría desembocar en el aumento de la inseguridad administrativa para las partes interesadas al ver cambiar las normas que han de acatarse durante dicho lapso de tiempo.

Bruselas, 5 de noviembre de 2009. El Presidente del Comité Económico y Social Europeo Mario SEPI

(1) Reglamento (CE) no 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, modificado por el Reglamento (CE) no 397/2009 (DO L 210/1, de 31 de julio de 2006).
1.4

En ese momento no fue posible realizar una evaluación final, dado que no se disponía aún de información sobre los principales puntos, en concreto sobre su aplicación en la práctica en los Estados miembros, que a este respecto son los que deben actuar como fuerza motriz. La aplicación aún requiere también un examen detallado de la cuestión de qué parte de las medidas y recursos financieros propuestos en el Plan Europeo de Recuperación Económica es completamente nueva y adicional, o bien qué parte de los mismos estaba ya prevista o decidida incluso si no se hubiera diseñado un plan europeo de estas características.
3.13

Los explotadores de empresas garantizarán el cumplimiento de las normas de funcionamiento de los mataderos establecidas en el anexo III. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, se prohibirán los siguientes métodos de sujeción: a) suspender o elevar los animales por sus pies o piernas; b) apresar mecánicamente las piernas o los pies de los animales; c) fracturar las piernas, seccionar los tendones de las piernas o cegar a los animales; d) seccionar la médula espinal, por ejemplo, con una puntilla o estilete; e) utilizar corriente eléctrica que no aturda ni mate a los animales en circunstancias controladas y, en particular, cualquier aplicación de corriente eléctrica que no incluya el cerebro. No obstante, las letras a) y b) no se aplicarán a los ganchos de suspensión utilizados para las aves de corral.
3.2.1

Internet de los objetos empieza a desplegarse en un contexto tecnológico complejo, a partir de la Web2 y de otras tecnologías asociadas, en su mayoría ya existentes, y cuya fusión permite dar un gran paso hacia Internet de los objetos: — los protocolos Ipv6 (5), HTTP (6), FTP, etc. y una nueva norma HTML5 universal para leer los sitios (pendiente de elaboración); — las etiquetas RFID (7) y los lectores de radiofrecuencia que las conectan con las bases de datos; — la geolocalización (GPS y, próximamente, Galileo); — las redes interconectadas y las capacidades de almacenamiento de datos; — la inteligencia artificial, especialmente en la Web3 (red semántica cuyo lenguaje será más próximo al lenguaje natural) y para la gestión de datos entre distintos aparatos; — las nanotecnologías, en particular aplicadas a los microprocesadores; — Las etiquetas 2D (códigos de barras, Datamatrix), que siguen siendo útiles, en particular asociando un contenido denso a una dirección Internet codificada con Datamatrix, fotografiada mediante un terminal portátil que se conecta directamente con el sitio (usos varios, turísticos, publicitarios, informativos, etc.).
3.9

Se ha adoptado un planteamiento uniforme para la gestión de los efectos no deseados y los efectos no deseados graves. Los datos existentes sobre los efectos no deseados, graves o no, se incorporarán al informe sobre la seguridad del producto cosmético y se comunicarán al público. Además, se deberá informar activamente a las autoridades competentes sobre los efectos no deseados graves.
3.2.6

La supresión de la neutralidad de las presentaciones daría a las compañías de transporte aéreo la posibilidad de pagar por ocupar una posición «privilegiada» en las presentaciones de los SIR. Sin embargo, no es probable que los pequeños transportistas fueran a perder por ello una cuota importante de mercado, por las razones enunciadas más arriba: el consumidor elige siempre en función de sus necesidades de viaje, no del tipo de presentación. En este sentido se puede establecer un paralelismo con los resultados de las búsquedas en Google, donde el usuario accede gratuitamente a la información mientras que ciertos proveedores pueden pagar por la posición que ocupan en ella. La industria del transporte no tiene por qué ser diferente.
3.1

El marco jurídico actual para los LMR plantea problemas específicos: a) la disponibilidad de medicamentos veterinarios ha disminuido hasta tal punto que genera efectos nocivos para la salud pública, así como la salud y el bienestar de los animales; b) las normas internacionales suscritas por la UE no pueden integrarse en la legislación comunitaria sin que la Agencia Europea de Medicamentos lleve a cabo una nueva evaluación científica; c) los servicios de control de los Estados miembros no disponen de valores de referencia, en particular para las sustancias detectadas en los alimentos procedentes de terceros países; d) la legislación actual es difícil de comprender.
2.18

El Comité debe señalar varias lagunas importantes que debilitan singularmente el razonamiento y las perspectivas que presenta el Libro Verde. Por ello, subraya ciertos puntos que lamenta no ver más estudiados o recalcados: — preocuparse por un buen crecimiento económico no excluye la dimensión social de la construcción europea y su desarrollo, — el Derecho laboral no tiene que ver únicamente con el contrato de trabajo individual, sino también con el Derecho laboral colectivo, — no deben quedar en papel mojado el concepto de trabajo decente consagrado en los compromisos de cooperación UE-Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni los esfuerzos positivos de los Estados miembros y candidatos de la UE en junio de 2006, con la aprobación de la Recomendación 198 de la OIT, que ofrece buenas definiciones y principios operativos para acabar con las incertidumbres en cuanto a la existencia de una relación de trabajo y garantizar así una competencia leal y la protección efectiva de los trabajadores en las relaciones de trabajo (2), — los interlocutores sociales, tanto a escala nacional como europea, ya han contribuido con sus acuerdos y convenios colectivos a dar seguridad a nuevas formas de contratos, incluidos los atípicos, demostrando así su capacidad para adaptar la relación de trabajo a nuevas realidades e imaginar otras formas de flexibilidad con las garantías adecuadas, — el diálogo social es un instrumento de corregulación y conviene promocionarlo y hacerlo más efectivo y eficaz para que sea un mejor marco para la flexibilidad del contrato de trabajo, — la seguridad en la relación laboral es condición para el progreso de la productividad, puesto que la precariedad no crea nuevos empleos. La movilidad y la flexibilidad pueden aumentar la productividad y mejorar la seguridad, pero los cambios que se introduzcan en materia de Derecho laboral no pueden tener como consecuencia la multiplicación de los trabajadores pobres, — la respuesta no se encuentra en un razonamiento que enfrente a los trabajadores entre sí y les atribuya la responsabilidad de encontrar una solución al desempleo, a la inadecuación entre formación y demanda de competencias, — el nuevo modelo de contrato tipo contemplado para responder al supuesto conflicto entre trabajadores «integrados» y trabajadores «no integrados» no puede atribuirles la responsabilidad de los arbitrajes para salir de la dualidad del mercado de trabajo. Además, este contrato, si llegara a existir, no acabaría con los verdaderos obstáculos a la creación de empleo.