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ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración común del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los posibles mecanismos para garantizar el atractivo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas

Se espera que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas tenga dificultades en los próximos años para responder a necesidades excepcionales a la hora de contratar, formar y retener a personal cualificado procedente del espectro geográfico más amplio posible. Teniendo en cuenta el mandato de la Agencia y el importante número de personal en plantilla, resulta fundamental analizar mecanismos para garantizar que la Agencia sea un empleador atractivo mediante la adaptación de la remuneración del personal de la Agencia en Varsovia, de conformidad con la legislación aplicable de la Unión.

Por tanto, el Parlamento Europeo y el Consejo piden a la Comisión que evalúe la base y las modalidades para un mecanismo adecuado de tales características, en particular cuando presente propuestas de revisión del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, establecido por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68 del Consejo (1). Cualquier mecanismo de este tipo guardará proporción con la importancia de los objetivos perseguidos y no dará lugar a un trato desigual entre el personal de las instituciones, agencias y otros organismos de la Unión en caso de enfrentarse a una situación similar.

(1) DO L 56 de 4.3.1968, p. 1.
(24 bis)

De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (15) , el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2988/95 del Consejo (16) , el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo (17) y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo (18) , los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades y fraudes, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede llevar a cabo investigaciones administrativas, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer la posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar y perseguir el fraude y otras actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (19) . De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y garantizar que las terceras partes implicadas en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.
(50)

De conformidad con el Reglamento Financiero (15), el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (16), el Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo (17), el Reglamento (CE, Euratom) n.o 2185/96 (18) del Consejo y el Reglamento (UE) n.o 2017/1939 del Consejo (19), los intereses financieros de la Unión deben ser protegidos mediante medidas proporcionadas, incluidas la prevención, detección, corrección e investigación de las irregularidades y el fraude, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas o penales . En particular, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede llevar a cabo investigaciones administrativas, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer la posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar y ejercitar la acción penal en relación con el fraude y otras actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (20). De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, la OLAF y el Tribunal de Cuentas Europeo y garantizar que las terceras partes implicadas en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes. Los Estados miembros deben cooperar plenamente y prestar toda la ayuda necesaria a las instituciones, órganos y organismos de la Unión para la protección de los intereses financieros de esta última. Los resultados de las investigaciones sobre irregularidades o fraude relacionados con el Fondo deben ponerse a disposición del Parlamento Europeo. [Enm. 55]
(1)

El Reglamento (UE) n.o 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) establece un marco común para la creación de redes interoperables de vanguardia con una estructura de doble nivel en la Unión, al servicio de los ciudadanos para el desarrollo del mercado interior y para la cohesión social, económica y territorial de la Unión . Las redes transeuropeas de transporte (RTE-T) tienen una estructura de doble nivel: la red básica comprende aquellos elementos de la red que son de la máxima importancia estratégica para la Unión, mientras que la red global garantiza la conectividad de todas las regiones de la Unión, mientras que la red básica comprende únicamente aquellos elementos de la red que son de la máxima importancia estratégica para la Unión. La red básica debe servir de acelerador transfronterizo y multimodal para un espacio único europeo de transporte y movilidad. El Reglamento (UE) n.o 1315/2013 define objetivos obligatorios relativos a la finalización: finalizar la red básica a más tardar en 2030 y la red global a más tardar en 2050. Además, el Reglamento (UE) n.o 1315/2013 se centra en las conexiones transfronterizas que mejorarán la interoperabilidad entre los distintos modos de transporte y contribuirán a la integración multimodal del transporte de la Unión, y también debe tener en cuenta la dinámica de evolución del sector del transporte y de las nuevas tecnologías en el futuro. [Enm. 1]
(3)

Las actividades previstas en el presente Reglamento deben cumplir la normativa de la Unión y nacional aplicable. La clausura de la central nuclear objeto del presente Reglamento debe llevarse a cabo conforme a la normativa sobre seguridad nuclear, a saber, la Directiva 2009/71/Euratom del Consejo (1), y sobre gestión de residuos, a saber, la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo (2)). La responsabilidad final de la seguridad nuclear y de la seguridad de la gestión del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos recae en Lituania. No obstante, la Directiva 2011/70/Euratom prevé que la Unión pueda contribuir a una amplia gama de proyectos de clausura, incluido el almacenamiento temporal y definitivo de combustible nuclear gastado y de residuos radiactivos. Si bien la Directiva 2011/70/Euratom establece que el coste de la gestión del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos será soportado por quienes hayan generado dichos materiales, dicha disposición no se puede aplicar con efectos retroactivos a Lituania, que cerró la central nuclear de Ignalina antes de la adopción de dicha Directiva y no estaba por tanto en condiciones de acumular suficientes fondos para el almacenamiento temporal y definitivo del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos.
(42)

Los órganos que ejecuten el presente programa deben cumplir las disposiciones aplicables a las instituciones de la Unión, así como la legislación nacional en materia de tratamiento de la información, en particular la información sensible no clasificada y la información clasificada de la UE .
Los Estados miembros pondrán en vigor, a más tardar el XXXX [Please insert the date 24 months following the date of entry into force], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Los Estados miembros pondrán en vigor, a más tardar el XXXX [Please insert the date 18 months following the date of entry into force], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
(8)

El artículo 22 de los Estatutos del SEBC se encuentra en el capítulo IV, «Funciones monetarias y operaciones del SEBC». Por consiguiente, las facultades que confiere solo deben ejercerse con fines de política monetaria. En relación con los sistemas de compensación para instrumentos financieros, los requisitos que pueden aplicarse en base a dicho artículo deberán incluir los requisitos de información o los impuestos al sistema para cooperar con el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales en su evaluación de la resiliencia del sistema frente a una evolución de mercado adversa. Dichos requisitos deberán incluir también la apertura por el sistema de una cuenta de depósitos de un día en el SEBC con arreglo a los criterios y requisitos de acceso pertinentes del mismo. Además, deberán incluir los requisitos necesarios para afrontar situaciones en las que un sistema de compensación para instrumentos financieros plantee un riesgo inminente de perjuicio grave a los mercados o las instituciones financieras de la Unión o de alguno de sus Estados miembros, como por ejemplo los relativos a los controles del riesgo de liquidez, los mecanismos de liquidación, los márgenes y los acuerdos en materia de garantías o interoperabilidad. Por lo que respecta a los sistemas de compensación de países terceros para instrumentos financieros de importancia sistémica, el Reglamento (UE) n.o …/… [Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) n.o 1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) y el Reglamento (UE) n.o 648/2012 en lo que respecta a los procedimientos de autorización de las ECC, las autoridades que participan en la misma y los requisitos para el reconocimiento de las ECC de terceros países] prevé la posibilidad de que el BCE proponga requisitos adicionales para dichos sistemas.
ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DECLARACIÓN COMÚN DEL PARLAMENTO, EL CONSEJO Y LA COMISIÓN

El Parlamento, el Consejo y la Comisión subrayan que una condición previa para la concesión de ayuda macrofinanciera es que el país beneficiario respete los mecanismos democráticos efectivos, en particular un sistema parlamentario pluripartidista y el Estado de Derecho, y garantice el respeto de los derechos humanos.

La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior controlarán el cumplimiento de esta condición previa a lo largo de todo el período de vigencia de la ayuda macrofinanciera de la Unión.

A la luz de las condiciones no cumplidas en materia de lucha contra la corrupción y la correspondiente cancelación del tercer tramo del anterior programa de ayuda macrofinanciera en virtud de la Decisión (UE) 2015/601, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión subrayan que la concesión de ayuda macrofinanciera adicional estará supeditada a que se avance en la lucha contra la corrupción en Ucrania. A tal efecto, la política económica y las condiciones financieras del memorando de entendimiento acordado entre la Unión Europea y Ucrania deberán incluir, entre otras, la obligación de reforzar la gobernanza, las capacidades administrativas y la estructura institucional, en particular, en la lucha contra la corrupción en Ucrania, en especial en lo que respecta a un sistema de verificación de las declaraciones de patrimonio, la verificación de los datos relativos a los titulares reales de las empresas y el buen funcionamiento de un tribunal especializado en la lucha contra la corrupción, de conformidad con las recomendaciones de la Comisión de Venecia. También se tendrán en cuenta las condiciones relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. En consonancia con el artículo 4, apartado 4, en caso que no se cumplan las condiciones, la Comisión suspenderá temporalmente o cancelará el desembolso de la ayuda macrofinanciera.

Además de informar con regularidad al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la evolución de la ayuda y facilitarles los documentos pertinentes, la Comisión, en el momento de cada desembolso, deberá informar públicamente sobre el cumplimiento de todas las condiciones financieras y de política económica vinculadas a este pago, en particular las relativas a la lucha contra la corrupción.

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión recuerdan que esta ayuda macrofinanciera a Ucrania contribuirá a los valores compartidos con la Unión Europea, incluido un desarrollo sostenible y responsable desde el punto de vista social que conduzca a la creación de empleo y la reducción de la pobreza, y su compromiso con una sociedad civil fuerte. La Comisión adjuntará al proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se aprueba el memorando de entendimiento un análisis del impacto social esperado de la ayuda macrofinanciera. De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011, este análisis se presentará al comité de los Estados miembros y se pondrá a disposición del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el registro de las deliberaciones del comité.
(4)

Habida cuenta de la necesidad de actuar con rapidez a fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior haciéndolo más favorable al comercio y la inversión y dotándolo de mayor resiliencia frente a las prácticas de elusión fiscal, es muy importante garantizar que la Directiva relativa a una base imponible común del impuesto sobre sociedades y la Directiva relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades entren en vigor de manera simultánea . Debido al importante paso hacia la realización del mercado interior que tal cambio de régimen representa, se necesita flexibilidad para garantizar su correcta ejecución desde su inicio y en adelante. Por tanto, comoquiera que el mercado interior incluye a todos los Estados miembros, debería introducirse en todos ellos una BICCIS. Si el Consejo no adopta una decisión unánime de crear una BICCIS, la Comisión debería presentar una nueva propuesta basada en el artículo 116 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en virtud del cual el Parlamento y el Consejo pueden adoptar la legislación que resulte necesaria con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Como último recurso, debe iniciarse una cooperación reforzada que debería estar abierta permanentemente a cualquier Estado miembro que no participe, de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es de lamentar, no obstante, que no se haya llevado a cabo una evaluación suficientemente detallada en relación con las propuestas de BICIS o BICCIS en cuanto a los efectos para los ingresos procedentes del impuesto de sociedades de los Estados miembros, país por país.
(4) Como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las competencias conferidas a la Comisión en virtud del Reglamento (CE) n.o 726/2004 deben adaptarse a los artículos 290 y 291 del TFUE. A fin de completar o modificar determinados elementos no esenciales del Reglamento (CE) n.o 726/2004, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado por lo que respecta a la adaptación del anexo al progreso técnico y científico, la determinación de las situaciones en las que puedan exigirse estudios de eficacia posautorización, la adopción de disposiciones y requisitos para la concesión de autorizaciones de comercialización en función de determinadas obligaciones específicas, el establecimiento de procedimientos para el examen de las solicitudes de modificación de los términos de las autorizaciones de comercialización y de las solicitudes de transferencia de autorizaciones de comercialización y el establecimiento del procedimiento de investigación de infracciones e imposición de multas o multas coercitivas a los titulares de autorizaciones de comercialización concedidas en virtud del presente Reglamento, además de la fijación de los importes máximos de tales sanciones y las condiciones y modalidades de su cobro.

(4) Como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las competencias conferidas a la Comisión en virtud del Reglamento (CE) n.o 726/2004 deben adaptarse a los artículos 290 y 291 del TFUE. A fin de completar o modificar determinados elementos no esenciales del Reglamento (CE) n.o 726/2004, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado por lo que respecta a la adaptación del anexo al progreso técnico y científico , con miras a facilitar la introducción en el mercado de los nuevos medicamentos , la determinación de las situaciones en las que puedan exigirse estudios de eficacia posautorización, la adopción de disposiciones y requisitos para la concesión de autorizaciones de comercialización en función de determinadas obligaciones específicas, el establecimiento de procedimientos para el examen de las solicitudes de modificación de los términos de las autorizaciones de comercialización y de las solicitudes de transferencia de autorizaciones de comercialización y el establecimiento del procedimiento de investigación de infracciones e imposición de multas o multas coercitivas a los titulares de autorizaciones de comercialización concedidas en virtud del presente Reglamento, además de la fijación de los importes máximos de tales sanciones y las condiciones y modalidades de su cobro.
(11 bis)

Disposiciones equivalente a las de la Directiva 2003/48/CE se aplican en la actualidad mediante acuerdos bilaterales separados entre la Unión y cincos países europeos que no son Estados miembros de la Unión (la Confederación Suiza, el Principado de Liechtenstein, la República de San Marino, el Principado de Mónaco y el Principado de Andorra), así como entre cada uno de los Estados miembros y doce territorios dependientes o asociados (las Islas del Canal, la Isla de Man y los territorios dependientes o asociados situados en el Caribe). Es importante que todos esos acuerdos bilaterales se adapten a la nueva norma internacional de la OCDE y a la Directiva 2014/107/UE. Es también fundamental que no se creen lagunas u otras deficiencias en los procesos de transición de la norma existente a la nueva. Al tiempo que cuenta con un claro mandato para la negociación de los cambios en los acuerdos con esos cinco países europeos que no son Estados miembros de la Unión, la Comisión debe asumir, en el marco de sus competencias, un papel activo facilitando y promoviendo la revisión de los acuerdos entre los Estados miembros y los doce territorios dependientes o asociados. En aras de la facilidad y la eficiencia, la Comisión debe hacerse cargo de esas negociaciones, si procede y si cuenta con el consentimiento explícito del Estado miembro.
C 355/166

P8_TA(2015)0380

Nuevos alimentos ***I

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de octubre de 2015, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los nuevos alimentos (COM(2013)0894 — C7-0487/2013 — 2013/0435(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

(2017/C 355/26)

El Parlamento Europeo,

Vistos los dictámenes motivados presentados, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.o 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, por la Asamblea Nacional francesa y el Senado francés, en los que se afirma que el proyecto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

(1) DO C 311 de 12.9.2014, p. 73.

P8_TC1-COD(2013)0435

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 28 de octubre de 2015 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2015/… del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los nuevos alimentos, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) n.o 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1852/2001 de la Comisión

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) 2015/2283.)
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 346/142

P8_TA(2015)0105

Obligación de desembarque ***I

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2015, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 850/98, (CE) no 2187/2005, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 254/2002, (CE) no 2347/2002 y (CE) no 1224/2009, y se deroga el Reglamento (CE) no 1434/98 del Consejo en lo concerniente a la obligación de desembarque (COM(2013)0889 — C7-0465/2013 — 2013/0436(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

(2016/C 346/28)

El Parlamento Europeo,

— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0889),

— Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 43, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0465/2013),

— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

— Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 29 de abril de 2014 (1),

— Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 20 de Febrero de 2015, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

— Visto el artículo 59 de su Reglamento,

— Visto el informe de la Comisión de Pesca (A8-0060/2014),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

(1) DO C 311 de 12.9.2014, p. 68.
«accidente»: todo suceso no previsto, incluidos los errores de funcionamiento, los fallos del equipo, los acontecimientos desencadenantes, los precursores de accidentes, los accidentes que han estado a punto de producirse y otros contratiempos y actos no autorizados, dolosos o no dolosos, cuyas consecuencias reales o potenciales no son despreciables desde el punto de vista de la protección o la seguridad;