OPINIÓN 7. El Tribunal ha fiscalizado: a) las cuentas de la Empresa Común, que comprenden los estados financieros (5) y los estados sobre la ejecución presupuestaria (6) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; b) la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas, de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 8. En opinión del Tribunal, las cuentas de la Empresa Común correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Empresa Común a 31 de diciembre de 2017 (los resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio finalizado a dicha fecha) conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión. Estas últimas están basadas en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 9. En opinión del Tribunal, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares. Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 10. En opinión del Tribunal, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares. Párrafo de énfasis 11. Sin cuestionar las opiniones expresadas en el apartado precedente, el Tribunal desea llamar la atención sobre el asunto siguiente. En sus conclusiones adoptadas el 7 de julio de 2010 ( 7 ) , el Consejo de la UE aprobó 6 600 millones de euros (con valor de 2008) para la contribución de la Empresa Común a la fase de construcción del proyecto del ITER inicialmente prevista para 2020. En esta cuantía no se incluían los 663 millones de euros propuestos en 2010 por la Comisión Europea para cubrir las posibles contingencias ( 8 ) 12. ad referendum En el mes de noviembre de 2016, el Consejo ITER ( 9 ) aprobó unas bases nuevas del proyecto (ámbito de aplicación, calendario y coste). Todos los miembros del ITER aprobaron ( 10 ) el calendario general del proyecto, cuyo coste general fue aprobado ( 11 ) , lo que significa que cada miembro tuvo que obtener la aprobación de los costes del proyecto conforme a sus respectivos procedimientos aplicados a los presupuestos públicos. 13. El nuevo calendario refrendado por el Consejo del ITER disponía de cuatro fases y se fijaba el mes de diciembre de 2025 como plazo para la consecución del primer hito estratégico de la fase de construcción («Primer Plasma») y diciembre de 2035 sería la fecha estimada para la finalización de toda la fase de construcción, lo que supone un retraso de 15 años con respecto a las bases iniciales del proyecto. El objetivo del nuevo calendario dividido por fases es adaptar mejor la ejecución del proyecto a las prioridades y limitaciones de todos los miembros del OI ITER. 14. Después de aprobarse las nuevas bases del proyecto ITER, la Empresa Común fijó el nuevo horario y volvió a calcular el correspondiente coste al término del proyecto ( estimate at completion ) de la aportación correspondiente a la fase de construcción del proyecto de la Empresa Común. 15. Los resultados, que se presentaron ante el consejo de administración de la Empresa Común en diciembre de 2016, indicaban que sería necesaria una financiación adicional prevista para la fase de construcción posterior a 2020 de 5 400 millones de euros aproximadamente, que representa un incremento del 82 % con respecto al presupuesto anterior aprobado de 6 600 millones de euros (ambos importes con valor de 2008). El importe de 6 600 millones de euros (con valor de 2008) aprobado por el Consejo de la UE en 2010 constituye actualmente el límite máximo de gastos de la Empresa Común hasta 2020. 16. Es preciso observar que, además de la fase de construcción, la Empresa Común también efectuará sus contribuciones en la fase operativa de ITER después de 2035 ( 12 ) y sus posteriores fases de desactivación y clausura. Todavía no se ha estimado la contribución a la fase operativa después del año 2035. La OI ITER estimó en 95,54 millones de euros y en 180,2 millones de euros (valores ambos de 2001) ( 13 ) las contribuciones de la Empresa Común a las fases de desactivación y clausura, respectivamente. 17. A pesar de que las previsiones de la Empresa Común para el Primer Plasma son compatibles con el horario del OI ITER para el proyecto, se entiende que el calendario refleja los plazos mínimos técnicamente viables ( 14 ) 18. En junio de 2017, la Comisión emitió un comunicado sobre la aportación de la UE a la versión reformada del proyecto ITER ( 15 ) , en la que solicitaba el apoyo del Parlamento Europeo y obtener un mandato del Consejo de la UE para aprobar las nuevas bases ( 16 ) en nombre de Euratom. 19. Incluso si las nuevas bases no contemplan una contingencia, la Comisión sugiere en su comunicado que sería adecuada una de hasta 24 meses en cuanto al calendario y del 10 al 20 por ciento en lo relativo al presupuesto ( 17 ) . Por otro lado, las acciones emprendidas para respetar el presupuesto máximo de 6 600 millones de euros, comprendían, entre otras, el aplazamiento de la contratación pública y de la instalación de todos los componentes no críticos para el Primer Plasma. Si bien se han dado pasos en la buena dirección para mejorar la gestión y el control de la fase de construcción de ITER, todavía persisten los riesgos de que aumenten los costes y los retrasos en la ejecución del proyecto, en contraste con las nuevas bases propuestas. 20. El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo su decisión de abandonar la Unión Europea y Euratom. A partir de entonces, se negociará un acuerdo en el que se establezcan las condiciones de su retirada. Este fenómeno puede tener un impacto sustancial en las actividades futuras de la Empresa Común y el proyecto ITER. Responsabilidades de la dirección y de los encargados de la gobernanza 21. De conformidad con los artículos 310-325 del TFUE y con el reglamento financiero de la Empresa Común, la dirección es responsable de la preparación y presentación de las cuentas basadas en las normas contables aceptadas internacionalmente para el sector público, así como de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. Esta responsabilidad consiste en crear, aplicar y mantener un sistema de controles internos apropiado para la preparación y presentación de unos estados financieros libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error. La dirección también es la responsable de garantizar que las actividades, las operaciones financieras y la información reflejada en los estados financieros se ajustan a las normas que las rigen. La dirección de la Empresa Común es responsable en última instancia de la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas. 22. Durante la preparación de las cuentas, la dirección debe evaluar la viabilidad comercial de la Empresa Común, lo que incluye presentar, según proceda, las cuestiones relacionadas con la continuidad de las actividades, además de seguir el principio contable de empresa en funcionamiento. 23. Los encargados de la gobernanza, por su parte, deben supervisar el proceso de elaboración de los informes financieros de la entidad. Responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes 24. Los objetivos del Tribunal son, por un lado, obtener garantías razonables de que las cuentas de la Empresa Común están exentas de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes son legales y regulares y, por otro, presentar al Parlamento Europeo y al Consejo, o a las autoridades responsables de la aprobación de la gestión, en su caso, en función de la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad, así como la regularidad de las operaciones subyacentes. Aunque las garantías razonables ofrecen un elevado nivel de fiabilidad, ello no significa que las auditorías vayan a detectar siempre las incorrecciones materiales o el incumplimiento de las normas. Las incorrecciones pueden ser consecuencia de fraude o error, y reciben la consideración de materiales cuando, ya sea de forma individual o conjunta, puedan influir en las decisiones económicas de los usuarios, fundadas en estas cuentas. 25. Una auditoría supone la aplicación de procedimientos destinados a obtener pruebas de auditoría sobre los importes y los datos presentados en las cuentas, y sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. La selección de estos procedimientos depende del criterio profesional del auditor, que se basa en una valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones materiales en las cuentas o de que las operaciones subyacentes incumplan gravemente las obligaciones previstas en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los riesgos, se tienen en cuenta los controles internos que inciden en la preparación y la presentación fiel de las cuentas, así como la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes, con el fin de concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias, pero no de expresar una opinión sobre la eficacia de los controles internos. Una auditoría implica asimismo, entre otros aspectos, la evaluación de la idoneidad de las políticas contables utilizadas y el carácter razonable de las estimaciones contables efectuadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación general de las cuentas. 26. En cuanto a los ingresos, el Tribunal examina las subvenciones procedentes de la Comisión y evalúa los procedimientos de la Empresa Común para recaudar tasas y otro tipo de ingresos. 27. En el caso de los gastos, el Tribunal examina las operaciones de pago cuando los gastos se han efectuado, registrado y aceptado. El examen abarca todas las categorías de pagos (incluidos los de adquisición de activos), con exclusión de los anticipos, en el momento en que se efectúan. Los pagos de anticipos se examinan cuando el receptor de los fondos justifica que su utilización es adecuada y la Empresa Común acepta dicha justificación liquidando el pago del anticipo, ya sea en el mismo ejercicio o posteriormente. 28. Al elaborar el presente informe y la opinión, el Tribunal tuvo en cuenta el trabajo de auditoría llevada a cabo por el auditor externo independiente sobre las cuentas de la Empresa Común conforme a lo previsto en el artículo 208, apartado 4, del Reglamento Financiero de la UE ( 18 )