[pic] | COMISIÓN EUROPEA |

Bruselas, 26.4.2010

COM(2010)181 final

2010/0096 (NLE)

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

relativa a la conclusión del procedimiento de consulta con la República de Madagascar en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Asociación ACP-CE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A raíz del forzoso traspaso de poderes en Madagascar, el 17 de marzo de 2009, el Sr. Andry Rajoelina fue declarado Presidente de la Alta Autoridad de Transición.

Considerando que este forzoso traspaso de poderes constituye una violación obvia de los elementos esenciales recogidos en el artículo 9 del Acuerdo de Asociación ACP-CEE, en lo sucesivo denominado «Acuerdo de Cotonú», el 9 de junio de 2009 el Consejo y la Comisión enviaron una carta por la que se invitaba a consultas a la Alta Autoridad de Transición de Madagascar en aplicación del artículo 96 de dicho Acuerdo.

Durante la reunión inicial de dichas consultas, que se celebró en Bruselas el 6 de julio de 2009, la Unión Europea no observó que la Parte malgache presentase propuestas satisfactorias.

Con un espíritu de apertura al diálogo y pleno conocimiento del carácter complejo de la situación política en Madagascar, la Unión Europea propuso que el procedimiento de consulta permaneciera abierto con el fin de alentar a la Alta Autoridad de Transición de Madagascar a proseguir las negociaciones con los movimientos políticos del país, bajo los auspicios del Equipo conjunto de mediación en el que participan la Unión Africana (UA), la Comunidad para el desarrollo del África Meridional, la Organización internacional de la francofonía (OIF) y la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de alcanzar un acuerdo consensuado que permitiera el restablecimiento del orden constitucional.

En el marco del mandato de dicho Equipo conjunto de mediación para Madagascar y, en particular, tras el nombramiento del Presidente Chissano en la Cumbre de la Comunidad para el desarrollo del África Meridional en junio de 2009, los cuatro responsables de los movimientos políticos firmaron en Maputo, el 9 de agosto de 2009, el «Acuerdo Político de Maputo» y la «Carta de la Transición», así como otros acuerdos, por todos los cuales se establecía, en particular, la instauración de instituciones destinadas a administrar el proceso de transición y organizar, en un plazo de quince meses, elecciones presidenciales y legislativas. Dichos acuerdos, que debían aplicarse en un plazo de 30 días con el nombramiento consensuado de los puestos clave de las instituciones de la transición, se completaron con el «Acta Adicional a la Carta de la Transición Malgache», firmada por los cuatro responsables de los movimientos políticos el 6 de noviembre de 2009 en Addis-Abeba.

A pesar de los múltiples esfuerzos realizados a lo largo de los últimos meses por parte del Equipo conjunto de mediación, con el apoyo de la comunidad internacional, y de la última iniciativa ad hoc del Presidente de la Comisión de la Unión Africana, los movimientos políticos no se pusieron de acuerdo sobre la aplicación del proceso de transición que ellos mismos habían acordado en Maputo y Addis-Abeba. El Sr. Rajoelina, en cambio, ha iniciado un proceso unilateral de transición que incluye el nombramiento de un Primer Ministro y un Gobierno, y la organización de elecciones en mayo de 2010, lo que cuestiona radicalmente el espíritu y la letra de los Acuerdos de Maputo y de la Carta de Addis-Abeba.

La Unión Europea considera que no puede sumarse a este plan unilateral de transición que, además, no está en condiciones de aportar a la crisis actual una solución sostenible que permita el restablecimiento del orden constitucional en Madagascar.

Sobre esta base, se propone:

- decidir dar por concluido el procedimiento de consulta con la Alta Autoridad de Transición de Madagascar, en virtud de los artículos 9 y 96 del Acuerdo de Cotonú, y comunicar a las autoridades de dicho país una serie de medidas adecuadas sobre la ayuda comunitaria a la cooperación con Madagascar; dichas medidas no deberán menoscabar las acciones que pudieran llevarse a cabo con el fin de facilitar el restablecimiento de la legalidad constitucional ni las acciones humanitarias o de asistencia directa a la población, y deberán respetar la seguridad jurídica de los contratos de ejecución de las acciones ya iniciadas;

- en caso de que se vislumbre una situación positiva en el horizonte que implique un acuerdo consensuado e incluyente entre todas las partes de Madagascar sobre un proceso de transición, la Unión Europea se reserva el derecho a adoptar medidas complementarias de apoyo a dicho proceso.

2010/0096 (NLE)

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

relativa a la conclusión del procedimiento de consulta con la República de Madagascar en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Asociación ACP-CE

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 218, apartado 2,

Visto el Acuerdo de Asociación ACP-CE firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000[1] y revisado en Luxemburgo el 25 de junio de 2005[2], en lo sucesivo denominado «Acuerdo de Cotonú», y, en particular, su artículo 96,

Visto el Acuerdo interno entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a las medidas y los procedimientos que deben adoptarse para la aplicación del Acuerdo de Cotonú[3] y, en particular, su artículo 3,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando lo siguiente:

1. Los elementos esenciales del Acuerdo de Cotonú, recogidos en su artículo 9, han sido vulnerados.

2. En virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, el 6 de julio de 2009 se iniciaron consultas con la República de Madagascar con asistencia de los representantes del grupo de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico, en el transcurso de las cuales los representantes de la Alta Autoridad de Transición en el poder no presentaron propuestas ni compromisos satisfactorios.

3. La Unión Europea propuso que el procedimiento de consulta siguiera abierto con el fin de alentar a la Alta Autoridad de la Transición de Madagascar a proseguir las negociaciones con los movimientos políticos malgaches, bajo los auspicios del Equipo conjunto de mediación, con el fin de alcanzar un acuerdo consensuado.

4. Bajo los auspicios del equipo conjunto de mediación que dirige el Presidente Chissano, los cuatro movimientos políticos de Madagascar firmaron, el 9 de agosto de 2009 en Maputo, los acuerdos por los que se establecía, en particular, la instauración de las instituciones de la transición destinadas a administrar el proceso de transición y la organización, en un plazo de quince meses, de elecciones presidenciales y legislativas. Estos acuerdos se completaron con el «Acta Adicional a la Carta de la Transición de Madagascar», que se firmó en Addis Abeba el 6 de noviembre de 2009.

5. Desde esa fecha no ha sido posible alcanzar ningún compromiso entre los cuatro movimientos políticos para la aplicación efectiva de dichos acuerdos. La Alta Autoridad de Transición actualmente en el poder, en cambio, ha iniciado un proceso unilateral de transición que incluye el nombramiento de un Primer Ministro y un Gobierno y la organización de elecciones en mayo de 2010, lo que cuestiona radicalmente el espíritu y la letra de los Acuerdos de Maputo y la Carta de Addis Abeba.

6. Por consiguiente, conviene dar por concluido el procedimiento de consulta abierto en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, y adoptar las medidas adecuadas,

DECIDE:

Artículo 1

Se da por concluido el procedimiento de consulta abierto con la República de Madagascar en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú.

Artículo 2

Se adoptan como medidas pertinentes a las que se refiere el artículo 96, apartado 2, letra c), del Acuerdo de Cotonú las medidas que recoge la nota que figura en el anexo.

Artículo 3

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción. Se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea .

Permanecerá en vigor durante un período de 12 meses. Será objeto de revisión periódica.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

El Presidente

ANEXO

Proyecto de Nota

Sr. Presidente de la Alta Autoridad de Transición:

La Unión Europea concede una gran importancia a los elementos fundamentales enumerados en el artículo 9 del Acuerdo de Asociación ACP-CE, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y revisado en Luxemburgo el 25 de junio de 2005, denominado en lo sucesivo «Acuerdo de Cotonú», sobre el respeto de los derechos humanos, de los principios democráticos y del Estado de Derecho, en los que se basa la asociación ACP-CE.

Con este espíritu, tras el traspaso forzoso del poder en Madagascar el 17 de marzo de 2009, la Unión Europea reaccionó inmediatamente y consideró que dicho traspaso del poder constituía una obvia vulneración de los elementos esenciales contemplados en el artículo 9 del Acuerdo de Cotonú.

En virtud del artículo 96 de dicho Acuerdo, la Unión Europea abrió un diálogo político con el poder establecido que condujo a la apertura de un procedimiento de consulta con el fin de examinar la situación y las posibles soluciones para facilitar un rápido restablecimiento del orden constitucional. Durante la reunión inicial de dicho procedimiento de consulta, que se celebró en Bruselas el 6 de julio de 2009, la Unión Europea no observó que la Parte malgache presentase propuestas satisfactorias.

Con un espíritu de apertura al diálogo y pleno conocimiento del carácter complejo de la situación política en Madagascar, la Unión Europea propuso que el procedimiento de consulta permaneciera abierto con el fin de alentar a la Alta Autoridad de Transición de Madagascar a proseguir las negociaciones con los movimientos políticos del país, bajo los auspicios del Equipo conjunto de mediación en el que participan la Unión Africana (UA), la Comunidad para el desarrollo del África Meridional, la Organización internacional de la francofonía (OIF) y la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de alcanzar un acuerdo consensuado que permitiera el restablecimiento del orden constitucional.

En el marco del mandato de dicho Equipo conjunto de mediación para Madagascar y, en particular, tras el nombramiento del Presidente Chissano en la Cumbre de la Comunidad para el desarrollo del África Meridional en junio de 2009, los cuatro responsables de los movimientos políticos firmaron en Maputo, el 9 de agosto de 2009, el «Acuerdo Político de Maputo» y la «Carta de la Transición», así como otros acuerdos, por todos los cuales se establecía, en particular, la instauración de instituciones destinadas a administrar el proceso de transición y organizar, en un plazo de quince meses, elecciones presidenciales y legislativas. Esos acuerdos, que debían aplicarse en un plazo de 30 días con el nombramiento consensuado de los puestos clave de las instituciones de la transición, se completaron con el «Acta Adicional a la Carta de la Transición de Madagascar», firmada por los cuatro responsables de los movimientos políticos el 6 de noviembre de 2009 en Addis-Abeba.

A pesar de los múltiples esfuerzos a lo largo de los últimos meses por parte del Equipo conjunto de mediación, con el apoyo de la comunidad internacional, y de la última iniciativa ad hoc del Presidente de la Comisión de la Unión Africana, los movimientos políticos no se pusieron acuerdo sobre la aplicación del proceso de transición que ellos mismos habían acordado en Maputo y Addis-Abeba. El Sr. Rajoelina, en cambio, ha iniciado un proceso unilateral de transición que incluye el nombramiento de un Primer Ministro y un Gobierno, y la organización de elecciones en mayo de 2010, lo que cuestiona radicalmente el espíritu y la letra de los Acuerdos de Maputo y la Carta de Addis-Abeba.

Por todo lo anterior, la Unión Europea ha decidido poner fin al procedimiento de consulta y adoptar, en virtud del artículo 96, apartado 2, letra c), del Acuerdo de Cotonú, las medidas adecuadas que se describen a continuación:

- la ayuda humanitaria y de urgencia no se verá afectada;

- se suspende el apoyo presupuestario previsto en los programas indicativos nacionales (PIN) de los 9º y 10º FED;

- los proyectos y programas del 9º FED en curso seguirán realizándose, excepto las acciones y pagos que impliquen directamente al Gobierno y a sus agencias; las modificaciones y cláusulas adicionales de los contratos en curso se examinarán individualmente; se suspenden los nuevos contratos;

- se suspende la ejecución del Programa Indicativo Nacional (PIN) - 10º FED;

- la Comisión Europea podrá ejecutar determinados proyectos y programas que beneficien directamente a la población;

- los proyectos regionales se evaluarán individualmente;

- la Comisión Europea se reserva el derecho retomar inmediatamente a su cargo, completa o parcialmente, las funciones de Ordenador Nacional del FED;

- la Unión Europea seguirá observando atentamente la evolución de la situación en Madagascar y, eventualmente, podría apoyar la instauración de una solución política consensuada a la crisis;

- se mantendrá el diálogo político previsto en el marco del artículo 8 del Acuerdo de Cotonú y, en la medida de lo posible, se llevará a cabo de forma coordinada con el Grupo de Contacto Internacional sobre Madagascar; dicho diálogo podrá intensificarse en cuanto se acepte una solución consensuada con vistas al restablecimiento del orden constitucional; la Unión Europea seguirá observando atentamente la evolución de la situación en Madagascar y, eventualmente, podría apoyar la instauración de una solución política consensuada a la crisis;

Estas medidas adecuadas se adoptan por un período inicial de doce meses.

La Unión Europea se reserva el derecho a examinar y revisar las medidas anteriormente mencionadas con el fin de tener en cuenta posibles desarrollos, positivos o negativos, de la situación a Madagascar.

Reciba el testimonio de mi más alta consideración.

En nombre de la Unión Europea

Por la Comisión José Manuel BARROSO | Por el Consejo |

[1] DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.

[2] DO L 287 de 28.10.2005, p. 4.

[3] DO L 317 de 15.12.2000, p. 376. Versión modificada en el DO L 247 de 9.9.2006, p. 48.