Dictamen del Comité de las Regiones sobre:

- la "Comunicación de la Comisión sobre la violencia ejercida contra los niños, los adolescentes y las mujeres", y

- la "Propuesta modificada de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueba un programa de acción comunitario -Programa Daphne (2000-2004)- sobre medidas destinadas a prevenir la violencia ejercida contra los niños, los adolescentes y las mujeres"

(1999/C 198/12)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la "Comunicación de la Comisión sobre la violencia ejercida contra los niños, los adolescentes y las mujeres" y la "Propuesta modificada de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueba un programa de acción comunitario -Programa Daphne (2000-2004)- sobre medidas destinadas a prevenir la violencia ejercida contra los niños, los adolescentes y las mujeres" [COM(1998) 335 final - 98/0192 (CNS) y COM(1998) 82 final - 98/0192 (COD)](1);

vista la decisión de la Comisión Europea del 18 de febrero de 1999 de consultar al Comité de las Regiones sobre este asunto, de conformidad con el primer párrafo del artículo 129 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;

vista la decisión de su Mesa de 16 de septiembre de 1998 de encargar la elaboración del correspondiente dictamen a la Comisión de Educación, Formación Profesional, Cultura, Juventud, Deporte y Derechos de las Ciudadanos (Comisión 7);

visto el proyecto de dictamen (CDR 300/98 rev. 1) aprobado por la Comisión 7 el 10 de marzo de 1999 (ponentes: Sras. Onkelinx y Van Den Brink);

vistas las recomendaciones de que los entes regionales y locales realicen acciones en toda la UE destinadas a combatir la violencia ejercida contra los niños, adoptadas en el seminario de cooperación regional y local para la protección de la infancia, de 4 de diciembre de 1998, organizado por la Comisión 7 en cooperación con la National Society for the Prevention of Cruelty to Children (Reino Unido) y la Irish Society for Prevention of Cruelty to Children (con el apoyo del programa Daphne),

ha aprobado por unanimidad el presente dictamen en su 28o Pleno de los días 10 y 11 de marzo de 1999 (reunión del 11 de marzo).

1. Introducción

1.1. La violencia ejercida contra niños y niñas y adolescentes

1.1.1. La violencia contra niños y niñas y adolescentes es un problema social real que, desgraciadamente, se encuentra muy arraigado en todas las clases sociales, con independencia de su nivel de desarrollo socioeconómico y cultural.

1.1.2. Por maltrato infantil se entiende cualquier acto por acción y omisión realizado por individuos, por instituciones o por la sociedad en su conjunto y todos los estados derivados de estos actos o de su ausencia que priven a los niños y niñas de su libertad o de sus derechos correspondientes o que dificulten su óptimo desarrollo.

1.1.3. No obstante, es evidente que el bajo nivel de las condiciones socioeconómicas y de la posición social, la desintegración de la familia o la ausencia de inserción social, así como los problemas vinculados a las toxicomanías y al alcoholismo, son factores que aumentan considerablemente los riesgos de que surja la violencia y, en consecuencia, también la vulnerabilidad del menor. Dicha violencia puede comportar, al mismo tiempo, maltratos físicos, sexuales o psicológicos, además de diversas formas de explotación del menor o de abandono de menores o incluso de recién nacidos. Este fenómeno se da a escala mundial y, por tanto, también en Europa. Además, el CDR destaca en particular la importancia de incrementar los estudios sobre el impacto de las toxicomanías y el alcoholismo sobre el entorno familiar.

1.1.4. Cuando se habla de la violencia ejercida contra los niños y niñas no puede ignorarse el grave problema de las redes que utilizan Internet para difundir pornografía infantil. En este sentido, no cabe duda de que Internet se presta a la creación y el desarrollo de esas redes debido a su estructura descentralizada y a su alcance mundial.

1.1.5. Como contrapartida, el carácter abierto de Internet puede ayudar también a la localización y detención de las personas implicadas en dichas redes, como ha demostrado recientemente la vasta operación internacional que ha llevado al desmantelamiento de la red "Wonderland". Sea como fuere, y sin dejar de tener presente la gravedad de los actos cometidos por las redes de pedofilia en Internet, conviene no centrarse exclusivamente en este problema, en la medida en que, por una parte, no constituye más que uno de los múltiples aspectos de la violencia ejercida contra niños y niñas y, por otra, los comportamientos delictivos a través de las redes no representan más que una pequeña parte del tráfico de Internet.

1.1.6. Si bien los casos de explotación sexual infantil, así como la violencia urbana -especialmente en la escuela-, llaman más la atención de la opinión pública, no debe olvidarse que la mayoría de los actos violentos, abandonos y maltratos suelen producirse en el entorno familiar. En el marco de sus competencias, determinados entes territoriales, locales y regionales pueden verse obligados a adoptar medidas específicas de protección de los niños: ponerlos al cuidado de familias de acogida o de establecimientos especializados, realizar el seguimiento de familias en dificultades, asignar ayudas financieras, etc.

1.1.7. La experiencia demuestra que los niños y las niñas que han sido objeto de abusos y malos tratos tienen gran probabilidad de convertirse a su vez en agresores o agresoras.

1.1.8. Todo acto de violencia tiene repercusiones no sólo para la víctima, sino también para la familia y la sociedad en su conjunto. Los actos de violencia contra los niños y las niñas u otros actos de violencia que presencie en su entorno familiar, así como los que le llegan a través de los medios de comunicación, pueden perjudicar la salud física, emocional y mental del niño y hacen necesaria una asistencia médica, psicológica y social.

1.1.9. Todas estas consideraciones merecen una atención particular. Asimismo, las acciones y medidas que la Unión Europea ha de emprender deben ser objeto de una reorientación.

1.1.10. Es imposible evaluar el coste real que la violencia supone para la sociedad. Sin embargo, es evidente que los Estados miembros de la Unión Europea consagran una parte considerable del presupuesto al tratamiento médico, al apoyo psicológico y social, y a las consecuencias judiciales de este azote social.

1.1.11. Aunque el aspecto financiero es importante, el factor humano debe seguir siendo la prioridad de todos y, en este sentido, deberá apoyarse toda acción dirigida a reducir los riesgos y a prevenir los actos de maltrato, abandono y violencia contra niños y niñas. Es preciso destacar aquí el importante papel que desempeñan determinados entes territoriales, locales y regionales en los ámbitos de la asistencia maternal e infantil y de los servicios de apoyo a la infancia. En efecto, estos entes territoriales, locales y regionales asumen responsabilidades específicas en materia de prevención médico-social, en particular en lo relativo al maltrato infantil.

1.1.12. A este respecto, el CDR hace hincapié en la utilidad de las campañas educativas sobre la seguridad de los niños y las niñas, no sólo en las escuelas sino también en las actividades extraescolares.

1.2. Contexto internacional y europeo

1.2.1. La necesidad de una acción concertada a escala mundial para defender los derechos humanos y poner fin a la violencia se reconoce desde hace tiempo a distintos niveles y de distintas maneras.

1.2.2. A escala mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 -que en su artículo 19 establece el derecho de los menores de 18 años a la protección contra toda forma de malos tratos o de explotación, incluida la violencia sexual-, la Cumbre Mundial del Niño de 1990, la Declaración de Estocolmo de 1996 y el Programa de Acción adoptado por el Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños representan un hito y constituyen hoy una base para la acción nacional e internacional en este ámbito.

1.2.3. A nivel europeo, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales reconoce el derecho de todas las personas, incluidas las mujeres, los niños y las niñas, a no sufrir tratos inhumanos o degradantes.

1.2.4. Por otra parte, la Cumbre de los Estados del Mar Báltico, celebrada en Riga en 1998, exhorta a los Estados miembros a participar en las acciones comunes de la Unión Europea dirigidas a combatir la trata de seres humanos y la explotación infantil de toda índole.

1.3. Reacción de la Unión Europea

1.3.1. La Unión, sus Estados miembros e instituciones tienen un papel esencial que desempeñar en la lucha contra la violencia.

1.3.2. Es indispensable reforzar y desarrollar la acción comunitaria en este campo, sin dejar de respetar el principio de subsidiariedad y de complementariedad.

1.3.3. El Consejo y la Comisión han adoptado ya, a petición del Parlamento Europeo, una serie de medidas, especialmente en las áreas de la educación, los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías. El Consejo Europeo aprobó, así, en mayo de 1998 una recomendación sobre la protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios audiovisuales e informativos. Actualmente se encuentra en vías de aprobación un plan de acción encaminado a fomentar una utilización segura de Internet.

1.4. La violencia contra la mujer

1.4.1. A las puertas del año 2000, la violencia contra la mujer continúa siendo un fenómeno de alcance mundial. Una de cada dos mujeres es víctima de la violencia sexual al menos una vez a lo largo de su vida, violencia que, como se indica a continuación, adopta diversas formas. Resulta desalentador que siga siendo necesaria la puesta en práctica de programas contra la violencia sexual -cuya importancia resulta indiscutible-, a pesar de toda la atención y actividad que se ha consagrado a este fenómeno.

1.4.2. Por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia que contra ella se ejerza, basándose en la diferencia entre los sexos.

1.4.3. La definición de violencia sexual es la siguiente(2): toda interacción en la que se obliga a una persona a soportar, bajo coacción, acosos de carácter sexual, o a realizar o ser objeto de actos sexuales, incluyendo también en esta definición la prostitución forzada y la trata de mujeres con fines de explotación sexual.

1.4.4. Asimismo, la violencia familiar pertenece también al ámbito de la violencia sexual según la siguiente definición: amenaza por parte del miembro masculino de una pareja de utilizar de forma efectiva la violencia física y psicológica en el hogar contra el (ex) miembro femenino(3).

1.4.5. El Comité suscribe la opinión de que los grupos de mujeres más vulnerables, como las discapacitadas, las pertenecientes a minorías, las inmigrantes y las presas, corren un riesgo aún mayor de ser víctimas de la violencia.

1.4.6. La violencia sexual contra la mujer provoca daños y lesiones personales. Además, este tipo de violencia es un fenómeno enormemente costoso para la sociedad. Según un estudio realizado en los Países Bajos, los costes derivados de los actos de violencia familiar de carácter grave y muy grave, ejercida contra cerca de 50000 mujeres, alcanzaron los 332,6 millones de florines anuales. Esta cifra incluye los costes judiciales y policiales, los costes médicos y de asistencia psicosocial, así como los correspondientes a las prestaciones sociales(4). Se puede y se debe prevenir y señalar desde sus primeras manifestaciones los actos de violencia contra las mujeres, las niñas y los niños, para lo cual se requiere la creación de un centro ad hoc que esté al alcance de todos. Se debe garantizar el acceso al mismo por parte de las mujeres, independientemente de su etnia, cultura o nacionalidad, sea o no comunitaria.

1.4.7. Otro requisito es que los funcionarios que trabajen en contacto frecuente con los habitantes (por ejemplo, las unidades de los servicios sociales de base) estén capacitados para detectar a tiempo indicios de violencia en el entorno doméstico o más inmediato.

1.4.8. Recientemente se han llevado a cabo estudios en Inglaterra y los Países Bajos, entre otros países, sobre la forma de los actos de violencia ejercidos contra las mujeres y la frecuencia con la que se producen. Una de las conclusiones de estos estudios es que una gran parte de los mismos corresponde a actos violentos encubiertos(5). En la mayor parte de los casos, la violencia contra la mujer se produce en el ámbito doméstico y, por lo tanto, los hechos no suelen trascender. Los autores de los actos violentos son a menudo personas conocidas por la víctima, lo que condiciona la disposición de ésta a la hora de denunciar los hechos. Los estudios sobre las víctimas muestran que los actos violentos contra las mujeres y los niños y las niñas son proporcionalmente los delitos más frecuentes. Dichos delitos no se ven reflejados en las estadísticas sobre delincuencia.

1.5. Contexto internacional y europeo

1.5.1. Además de las declaraciones y convenios ya mencionados, que constituyen los antecedentes del programa Daphne, existen dos acuerdos internacionales que tratan explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres. Por una parte, el Convenio Internacional de la ONU contra la discriminación de la mujer trata ampliamente la violencia sexual. En dicho Convenio se hacen recomendaciones para la adopción de medidas legislativas y políticas adecuadas con el fin de combatir las costumbres que siguen dando lugar a la violencia contra la mujer. Asimismo, es necesario que existan infraestructuras de acogida para las víctimas y que las medidas no estén dirigidas únicamente a las autoridades, sino también a las organizaciones de ciudadanos y las empresas(6).

1.5.2. Por otra, en el Tratado de Amsterdam se estipula que la igualdad entre hombres y mujeres constituye un principio fundamental de la Comunidad Europea(7).

1.5.3. Con esa afirmación, el Tratado se declara implícitamente en contra de las consecuencias de la discriminación y, por tanto, en contra de la violencia contra la mujer, derivada de las diferencias entre los sexos. Lo que se pretende es que la aplicación del Tratado tenga lugar no sólo por medio de medidas legislativas, sino también mediante programas de acción. El programa Daphne tiene su origen en un programa de acción para erradicar la violencia contra niños y niñas, adolescentes de ambos sexos y mujeres. El contenido del programa guarda relación con las disposiciones del convenio de la ONU y con la igualdad entre hombres y mujeres expresada en el Tratado de Amsterdam.

1.6. Respuesta de la Unión Europea

1.6.1. En el pasado, el Parlamento Europeo ha tomado posición en repetidas ocasiones con respecto a las cuestiones relativas a la violencia sexual. A la hora de influir en la legislación nacional y en la fijación de prioridades para la política judicial de investigación, el Comité de las Regiones considera que el Consejo y la Comisión pueden aplicar una política activa y visible por la cual la eliminación de la violencia sexual vaya unida al refuerzo de la seguridad de la mujer. En este orden de ideas, la iniciativa del programa Daphne constituye un instrumento eficaz para combatir la violencia sexual. Con respecto al apoyo de las políticas regionales y locales en materia de violencia contra la mujer, nuestras observaciones deben tenerse en cuenta a la hora de fijar los objetivos y elaborar el programa.

2. Comentarios específicos

Creación del programa Daphne

2.1. Objetivos del programa

2.1.1. La iniciativa Daphne se incluyó en el presupuesto del Parlamento Europeo para 1997 con vistas a financiar acciones destinadas a combatir la violencia ejercida contra los niños y las niñas, los adolescentes de ambos sexos y las mujeres, entre otros.

2.1.2. El Comité de las Regiones estima que la lucha contra la violencia ejercida contra los niños, las niñas, los adolescentes de ambos sexos y las mujeres precisa ante todo de un trabajo sobre el terreno y de respuestas adaptadas a la diversidad sociocultural de cada país de la Unión Europea. Dado su conocimiento de la realidad local, los entes regionales y locales participan activamente en esta misión tanto en el medio rural como en el urbano.

2.1.3. A este respecto, no cabe duda de que, en un principio, las acciones deberán llevarse a cabo en los niveles regionales y locales. El valor añadido que puede aportar la Unión Europea se sitúa en el nivel de coordinación, la cooperación y el intercambio de información entre las diferentes acciones, de forma que los agentes que actúan en este ámbito y los poderes públicos puedan sacar provecho de las diversas experiencias adquiridas sin dejar de perseguir el objetivo común del programa. Es preciso que los entes regionales y locales, que tienen una experiencia cotidiana en el ámbito de la protección infantil, estén asociados a las acciones que se adopten en el marco del programa Daphne.

2.1.4. El Comité de las Regiones destaca también la necesidad de que las acciones del programa Daphne se fomenten y realicen en colaboración con los entes regionales y locales. Estas instituciones son las más cercanas al ciudadano y además promueven ya, en gran medida, acciones y servicios de prevención destinados a las familias en dificultades y a los miembros más desprotegidos de la población.

2.1.5. El programa se inscribe en esta misma óptica y su objetivo primordial es asistir y estimular a las ONG y a las organizaciones benéficas activas en la lucha contra la violencia. El Comité considera, en efecto, que la experiencia adquirida por dichas organizaciones en este terreno hace de ellas un eslabón fundamental e indispensable.

2.1.6. El Comité se manifiesta, pues, favorable a que el programa incluya líneas de acción dirigidas a fomentar la creación de redes, el intercambio de información, la coordinación y la cooperación a nivel comunitario. A modo de ejemplo, determinados entes han creado servicios de permanencia telefónica que permiten una asistencia más rápida a las víctimas de maltrato. En la medida en que cada caso requiere una acción específica, el Comité de las Regiones considera que la difusión de las experiencias realizadas en los diferentes Estados miembros podrá ser de utilidad en el trabajo cotidiano de los agentes concernidos.

2.1.7. Las organizaciones de profesionales y voluntarios que trabajan en el ámbito de la prevención y la lucha contra la violencia ejercida contra la mujer actúan a menudo a nivel regional y local. En muchos casos estas organizaciones han buscado la colaboración de las autoridades regionales y locales. Esta colaboración puede dar buenos resultados, por lo que el CDR solicita que se estimulen y apoyen los proyectos que favorezcan dicha cooperación, sea en materia de gestión política o de ayuda financiera. Las organizaciones citadas están a menudo a cargo de determinados servicios y actividades promovidos por los entes regionales y locales. En este sentido, es fundamental la existencia de una oficina municipal permanente de atención a la mujer y al menor, que constituyan las unidades de servicios sociales de base.

2.1.8. El Comité apoya el objetivo del programa Daphne de fomentar el intercambio de información y la colaboración, así como de estimular la difusión y el intercambio de prácticas eficaces, y considera, asimismo, que es necesario acometer directamente el problema de la violencia familiar.

2.1.9. La experiencia parece demostrar que en los niveles regional y local se opta por un enfoque preventivo y proactivo para combatir la violencia que se ejerce contra las mujeres. Asimismo, la protección de las víctimas suele tener lugar a escala regional y local. El intercambio de información deberá por tanto concentrarse en las relaciones de colaboración regionales y locales, así como en actividades desarrolladas a escala regional y local.

2.1.10. En opinión del Comité, el programa Daphne debe hacer hincapié en el intercambio de proyectos y actividades eficaces para combatir la violencia contra la mujer, así como en la creación y el apoyo de redes de personas afectadas.

2.1.11. Es de gran importancia disponer de información actualizada procedente de los estudios sobre el tipo de violencia sexual, las formas en que se manifiesta y sus consecuencias, a la hora de acometer el problema de forma eficaz. No obstante, si se concede demasiada importancia a la investigación, las iniciativas de ayuda a proyectos contra la violencia orientados a un fin concreto podrían verse perjudicadas.

2.1.12. Las campañas de sensibilización realizadas a escala nacional y europea son las más adecuadas por su gran alcance, y su función primordial es la de definir los diferentes aspectos de un asunto. Ahora bien, dada la experiencia de anteriores campañas de concienciación sobre la violencia sexual, no debe esperarse demasiado en cuanto a su poder de información y concienciación.

2.1.13. El Comité de las Regiones considera importante el hecho de que el programa conceda también atención al desarrollo de la capacitación, en materia de violencia contra la mujer, de intermediarios y asesores que trabajen, por ejemplo, en cooperativas de construcción y servicios sociales, que ejerzan de médicos o que sean agentes policiales. La existencia de conocimientos en la materia puede propiciar una detección precoz del problema.

2.1.14. La violencia ejercida contra la mujer es consecuencia, entre otros factores, de la posición desigual que la mujer ocupa en la sociedad con respecto al hombre. Por esta razón, es importante desarrollar programas de prevención y curación que hagan hincapié en los motivos de los posibles autores (potenciales) de actos violentos contra las mujeres.

2.2. Presupuesto del programa (artículo 3)

2.2.1. El Comité de las Regiones subraya el hecho de que las disposiciones presupuestarias del programa deberían definirse más claramente y solicita un desglose presupuestario que describa con más detalle los requisitos de financiación de las acciones que se pretenden emprender.

2.2.2. De la lectura de la Comunicación, el Comité de las Regiones concluye que la elaboración del programa responde a grandes expectativas por parte del sector de las ONG activas en el ámbito de la lucha contra la violencia y los malos tratos. En efecto, en 1997 se presentaron 428 proyectos correspondientes a peticiones de subvención que ascienden a 35 millones de ecus en el marco de la línea presupuestaria ad hoc.

2.2.3. El Comité de las Regiones lamenta, por tanto, que la financiación del programa se limite a 25 millones de ecus para un período de cinco años, tanto más cuanto que dicho programa abarcará, además de los quince Estados miembros actuales, los once países candidatos.

Estructura del programa

2.3. Aplicación (artículo 2)

2.3.1. El Comité de las Regiones se complace en constatar que la aplicación de las acciones previstas por el programa tendrá lugar en estrecha colaboración tanto con los Estados miembros como con las instituciones y organizaciones activas en este campo. Ello es, por otra parte, perfectamente coherente con la filosofía de las líneas de acción recogidas en el artículo 1 del programa.

2.3.2. En este sentido, el Comité de las Regiones desea recordar la importancia del papel que pueden desempeñar las regiones en este ámbito habida cuenta, por una parte, de las competencias institucionales en la materia de algunas de ellas y, por otra, de su mayor proximidad a la realidad vivida sobre el terreno, gracias a sus actividades en los ámbitos de la prevención, la orientación y la asistencia a los menores y los familiares en situación de riesgo. Las regiones podrían tener funciones destacadas de colaboración con la Comisión, a través del comité consultivo mencionado en el punto 2.5 del presente Dictamen, en distintas fases de la ejecución:

- Solicitud, por ejemplo, acreditando a las entidades que poseen una trayectoria pública y notoria de compromiso con el respeto a los derechos humanos de los menores y las mujeres.

- Valoración de las solicitudes, informando los programas que mejor responden a la realidad social del lugar en que han de aplicarse.

- Seguimiento de la ejecución de los proyectos aprobados.

- Evaluación de los proyectos ejecutados.

2.3.3. El Comité de las Regiones acoge con agrado la referencia que se hace en el noveno considerando de la propuesta modificada de Decisión (17.2.1999) a la necesidad de fomentar la cooperación entre las ONG y las entidades regionales y locales en este ámbito, tal como propuso el Parlamento Europeo en su proyecto de informe sobre este asunto. No obstante, el Comité de las Regiones lamenta que esta referencia no se recoja en el artículo 2 de la propuesta de Decisión.

2.4. Coherencia y complementariedad (artículo 4)

2.4.1. El Comité de las Regiones quiere poner de relieve la necesidad de una buena coordinación y complementariedad tanto en la puesta en práctica de las diferentes acciones del programa como en las acciones de los otros programas y medidas comunitarias pertinentes. Nos referimos principalmente a las acciones que puedan emprenderse en el marco del plan de acción de fomento de un uso seguro de Internet, y más concretamente a la línea de acción para la creación de una red europea de líneas directas de asistencia (hot lines).

2.5. Comité consultivo (artículos 5 y 6)

2.5.1. El Comité de las Regiones considera que la participación de los Estados miembros en el proceso de selección, financiación, control y evaluación del programa es la concreción lógica de la filosofía del artículo 2.1 de la propuesta de Decisión.

2.5.2. Si bien existen otros mecanismos que garantizan una mayor implicación de los Estados miembros en el proceso de aplicación del programa, el Comité de las Regiones puede admitir que se recurra a un comité de carácter puramente consultivo en la medida en que el programa pretende ante todo prestar apoyo a las acciones que se estén realizando en los Estados miembros.

2.6. Cooperación internacional (artículo 7)

2.6.1. El Comité de las Regiones acoge favorablemente la intención de la Comisión de fortalecer la cooperación con terceros países y organizaciones internacionales competentes en materia de salud pública. Asimismo, apoya la iniciativa de que el programa se aplique también a los países asociados de Europa Central y Oriental, Chipre, y los países de la AELC, aunque reitera su preocupación acerca de la necesaria financiación que permita esta apertura, tal y como se indica en el punto 2.2.

2.6.2. El CDR subraya, sobre todo, la necesidad de un enfoque internacional en el tema de la trata de blancas.

2.7. Control y evaluación (artículo 8)

2.7.1. El Comité de las Regiones subraya la importancia de un control y una aplicación eficaces del programa y hace hincapié en la necesidad de que en el proceso de evaluación participen todos los agentes efectivos, incluidas las autoridades regionales y locales, cuyos servicios competentes se ocuparán de la ejecución de las líneas de acción.

3. Observaciones específicas

3.1. Medidas específicas destinadas a reforzar la protección del niño frente a la violencia

3.1.1. El Comité de las Regiones apoya la propuesta de confiar a Eurostat la tarea de recoger y analizar todas las estadísticas no confidenciales relativas a la explotación sexual, el abuso y el abandono infantil y a la violencia sexual contra niños y niñas en los Estados miembros y en los once países candidatos a la adhesión, destinatarios también del programa Daphne, así como la propuesta de instar a los Estados miembros a que aprovechen al máximo los recursos de Europol tanto para la localización de niños y niñas que han desaparecido como para la ejecución de acciones judiciales contra los autores de los delitos o las redes delictivas.

3.1.2. Estas propuestas apuntan a una mayor cooperación judicial y policial, tal y como debe preverse en el marco del "tercer pilar".

3.1.3. No obstante, las medidas que conciernen prioritariamente a los niños y niñas que han desaparecido o sufrido explotación sexual no deben restar importancia al hecho de que la mayor parte de los malos tratos se producen en el entorno familiar.

3.1.4. Sin duda este fenómeno recibe menos atención por parte de la Prensa, pero es mucho más frecuente en nuestra sociedad.

3.1.5. Hasta hace poco el conjunto de la sociedad civil y política no había tomado conciencia del problema.

3.1.6. El Comité de las Regiones propone que se apoyen acciones concretas en materia de prevención de los malos tratos en el entorno familiar y que se tenga en cuenta la experiencia de toda una serie de organizaciones benéficas activas en este ámbito de manera anónima desde hace años.

3.2. Medidas específicas con respecto a la mujer

Recomendaciones

3.2.1. Dada la naturaleza de la violencia contra la mujer (a menudo ejercida por personas conocidas y en el ámbito doméstico), se recomienda que las tareas de detección, prevención y protección tengan lugar en los barrios y municipios. En su política de investigación de delitos, la policía debería prestar mayor atención a los autores de los actos violentos contra mujeres, niñas y niños. La fiscalía del Estado debe dar instrucciones para esta política de represión. Asimismo, deberán elaborarse proyectos independientes de asistencia destinados a los autores de delitos de violencia contra las mujeres.

Por todo ello, el Comité de las Regiones recomienda:

1. incrementar el análisis de la eficacia de las medidas, en particular, en los proyectos regionales y locales;

2. buscar en las políticas e instituciones ya existentes las posibilidades que permitan acometer de la mejor forma posible el problema de la violencia contra la mujer a través de una campaña de sensibilización en los medios de comunicación;

3. concentrar los esfuerzos del programa sobre todo en la creación de proyectos innovadores y de éxito, en lugar de hacerlo en la investigación;

4. prestar atención, además de a las víctimas, a los autores de actos violentos contra las mujeres. A este respecto sería conveniente destacar lo apuntado en el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo sobre "la necesidad de realizar en toda la Unión Europea una campaña sobre tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres". En este sentido también es preciso considerar que la Comisión sugiere la organización de campañas de información y programas de educación y formación a los niños sobre los efectos de la violencia;

5. evaluar los costes derivados de la violencia ejercida contra las mujeres en los distintos países europeos.

3.2.2. Para ilustrar las recomendaciones, incluimos algunos ejemplos(8) de iniciativas regionales y locales:

La política local de seguridad ofrece un punto de referencia para una actuación de prevención y detección en casos de violencia sexual. La violencia contra la mujer no es solamente una cuestión de asistencia social. En una determinada localidad, las autoridades municipales han puesto en marcha un grupo de trabajo sobre la violencia en la familia. Entre otros, participan la oficina municipal de seguridad, una fundación de asistencia a la mujer y el Ministerio nacional correspondiente. El grupo de trabajo ha elaborado un plan de acción en el que se contemplan cuatro objetivos: la mejora del registro de casos, de la asistencia, de la detección y de la actuación judicial. En este momento, se están aplicando los planes previstos.

3.2.3. En una región, ocho municipios han decidido la creación de redes locales en torno al tema de la violencia contra la mujer. Estas redes funcionan como grupos multidisciplinares y permiten emprender las acciones oportunas, con rapidez y eficacia, en los casos de violencia sexual contra la mujer.

3.2.4. Los empleados de un cuerpo policial de ámbito local han creado, por propia iniciativa, una red de afectados por la violencia familiar formada por agentes y asistentes sociales. El objetivo de la red es el intercambio de experiencias, el desarrollo de los conocimientos en la materia y la mejora de la actuación policial.

4. Conclusiones

4.1. El Comité de las Regiones acoge con satisfacción la respuesta política que aporta la Comunicación de la Comisión y la propuesta de Decisión del Consejo para la puesta en práctica de un programa comunitario de acción en el ámbito de la violencia contra niñas y niños, adolescentes y mujeres, en la medida en que se trata de un problema particularmente grave y frecuente en nuestra sociedad, y que constituye una grave violación de los derechos humanos fundamentales.

4.2. El Comité de las Regiones considera que, en la medida en que la lucha contra la violencia ejercida contra niñas y niños, adolescentes de uno u otro sexo y mujeres requiere sobre todo un trabajo sobre el terreno y respuestas locales y regionales, el programa aportará un valor añadido europeo por medio de la creación y el refuerzo de acciones de cooperación, de coordinación e intercambio de información acerca de las diferentes experiencias concretas.

4.3. El Comité de las Regiones constata que el programa responde a una fuerte demanda procedente de las ONG que actúan en el ámbito de los malos tratos. Por esta razón, lamenta que la financiación del programa se limite a 25 millones de ecus para un período de cinco años.

4.4. El Comité de las Regiones acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión por ejecutar las acciones del programa en estrecha colaboración con los Estados miembros, los países candidatos a la adhesión y con las instituciones y organizaciones activas en este campo. En este sentido, llama la atención sobre la importancia del papel institucional que los entes regionales y locales pueden desempeñar en este marco.

4.5. El Comité de las Regiones apoya la propuesta de encomendar a Eurostat la recopilación y el análisis de todas las estadísticas no confidenciales relativas a la explotación sexual infantil y a la violencia sexual contra el niño en los Estados miembros, así como la propuesta de instar a los Estados miembros a que saquen el mayor provecho de los recursos de Europol.

4.6. Por otra parte, el Comité de las Regiones propone no dejar de lado la cuestión de los malos tratos ejercidos en el entorno familiar, cuestión considerada tabú durante demasiado tiempo, en detrimento del bienestar del niño. En este sentido, el Comité considera necesario también que se apoyen todas las acciones de asistencia y prevención de los fenómenos de malos tratos a menores en el entorno familiar.

4.7. El Comité de las Regiones toma nota de la reciente decisión de la Comisión Europea de modificar la base jurídica de la propuesta de Decisión, del artículo 235 al artículo 129 (salud pública). En este sentido, solicita a la Comisión Europea que haga mención explícita en los considerandos de la propuesta de Decisión de que la definición de salud pública es objeto de una interpretación amplia, a la luz de las nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam. Por esta razón, toda forma de violencia ejercida contra las mujeres, los niños y los adolescentes que pueda afectar a su salud física, emocional o mental queda cubierta por el programa.

4.8. Por consiguiente, en opinión del Comité de las Regiones, deberá establecerse con claridad que el Programa Daphne pretende incluir la prevención de la violencia -física, sexual y psicológica- y que las acciones relativas a la prevención del acoso, la explotación y el tráfico sexuales y el abandono de niños no quedan en absoluto al margen del ámbito del Programa.

Bruselas, el 11 de marzo de 1999.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Manfred DAMMEYER

(1) DO C 259 de 18.8.1998, p. 2; DO C 89 de 30.4.1998, p. 42.

(2) Cf. Bolan, 1988.

(3) J. Korf et al., Economische kosten van thuisgeweld tegen vrouwen, Stichting Vrouwenopvang, Utrecht, 1997.

(4) J. Korf et al., Economische kosten van thuisgeweld tegen vrouwen, Stichting Vrouwenopvang, Utrecht, 1997, p. 71 et sq.

(5) T. van Dijk et al., Huiselijk geweld, aard, omvang en hulpverlening, Ministerie van Justitie, 1997.

(6) Het Vrouwenverdrag in Nederland anno 1997, Verslag van de commissie Groenman, VUGA, La Haya, 1997, p. 125.

(7) R. Keith, EU equality policies post-Amsterdam, European Information Service, n° 191, julio de 1998.

(8) Por falta de tiempo disponemos únicamente hasta ahora del ejemplo de los Países Bajos.