COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 20.7.2021 SWD(2021) 726 final DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN Informe sobre el Estado de Derecho en 2021











Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Eslovenia que acompaña al documento COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Informe sobre el Estado de Derecho en 2021



Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea {COM(2021) 700 final} - {SWD(2021) 701 final} - {SWD(2021) 702 final} - {SWD(2021) 703 final} - {SWD(2021) 704 final} - {SWD(2021) 705 final} - {SWD(2021) 706 final} - {SWD(2021) 707 final} - {SWD(2021) 708 final} - {SWD(2021) 709 final} - {SWD(2021) 710 final} - {SWD(2021) 711 final} - {SWD(2021) 712 final} - {SWD(2021) 713 final} - {SWD(2021) 714 final} - {SWD(2021) 715 final} - {SWD(2021) 716 final} - {SWD(2021) 717 final} - {SWD(2021) 718 final} - {SWD(2021) 719 final} - {SWD(2021) 720 final} - {SWD(2021) 721 final} - {SWD(2021) 722 final} - {SWD(2021) 723 final} - {SWD(2021) 724 final} - {SWD(2021) 725 final} - {SWD(2021) 727 final}



Resumen El sistema judicial esloveno ha experimentado algunos avances positivos, especialmente sobre cuestiones planteadas en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020. En particular, la sentencia del Tribunal Constitucional por la que se declaran inconstitucionales las normas que rigen las investigaciones parlamentarias por falta de garantías en materia de independencia judicial proporciona una protección importante a los jueces. El poder judicial inició un debate sobre la mejora del marco de los procedimientos disciplinarios relativos a los jueces. Los nombramientos de fiscales del Estado se retrasan injustificadamente y la ausencia de nombramientos de fiscales europeos delegados suscita preocupación. Siguen existiendo problemas en los procedimientos relativos a los delitos económicos y financieros. La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la necesidad de acelerar las mejoras de las herramientas de comunicación electrónica. El acceso a los documentos judiciales y de la fiscalía se ha convertido en una cuestión delicada que ha dado lugar a una sentencia del Tribunal Supremo y a una modificación legislativa. El marco jurídico e institucional para prevenir y combatir la corrupción sigue mejorando. Las modificaciones legislativas han mejorado la independencia, la organización y el funcionamiento de la Comisión para la Prevención de la Corrupción, aunque sus recursos humanos siguen siendo limitados. Esas mismas modificaciones han reforzado también el marco jurídico que regula las actividades de los grupos de presión, la protección de los denunciantes y las declaraciones patrimoniales. No obstante, persiste la preocupación por el cumplimiento efectivo de las normas anticorrupción, por ejemplo, en relación con los conflictos de intereses y los denunciantes de irregularidades. Además, la estrategia anterior se ha aplicado en gran medida, pero algunas acciones siguen pendientes y no se ha adoptado ningún nuevo plan. Aunque el número de enjuiciamientos ha aumentado, continúan existiendo dificultades, especialmente en lo que se refiere a la capacidad para llevar a cabo investigaciones eficaces y al bajo número de condenas por casos de corrupción, especialmente en las instancias superiores. El Gobierno puso en marcha una serie de evaluaciones de riesgos durante la pandemia de COVID-19, en particular en relación con el riesgo de corrupción en la contratación pública. En lo que concierne a la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, la situación se ha deteriorado. La independencia del organismo regulador de los medios de comunicación está garantizada por ley, pero los recursos de los que dispone para la amplia variedad de tareas que debe llevar a cabo y para cumplir con su compromiso de seguir reforzando su independencia siguen siendo escasos. Todavía está pendiente una revisión de la legislación sobre medios de comunicación y servicios audiovisuales. Estos proyectos siguen siendo motivo de preocupación, pero algunas de las enmiendas que propuestas a la Ley de medios de comunicación en 2020 podrían mejorar la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación. La asignación de publicidad estatal no está regulada y a menudo no es transparente, sobre todo en el caso de los medios de comunicación locales. El acceso a la información pública continúa siendo lento para el público y los periodistas. El acoso en línea y las amenazas contra periodistas son una fuente de preocupación cada vez mayor, y se ha informado de varias demandas interpuestas contra periodistas con efectos intimidatorios. Las partes interesadas nacionales e internacionales han manifestado su preocupación a raíz de la negativa de las autoridades a financiar la agencia de prensa eslovena en 2021. No se han adoptado medidas específicas para el sector de los medios de comunicación en relación con la pandemia de COVID-19; no obstante, los periodistas pudieron acceder a las medidas de ayuda de carácter general. Eslovenia no ha declarado el estado de emergencia durante la pandemia de COVID-19. La Ley de enfermedades transmisibles, modificada cuatro veces desde el inicio de la pandemia, ha servido de base para la adopción de medidas restrictivas. El Parlamento siguió funcionando tras una rápida modificación de su Reglamento con el fin de permitir la celebración de sesiones en línea. La independencia financiera de determinados organismos independientes está protegida por una sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional mejoró su eficiencia, como se planteaba en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, y desempeñó un papel activo en la revisión de las medidas contra la COVID-19. Para debatir sobre el Estado de Derecho, el presidente de la República convocó una primera reunión de los tres poderes del Gobierno. La sociedad civil tuvo que enfrentarse a diversos desafíos que afectaban al entorno propicio para las organizaciones no gubernamentales. I.Sistema judicial El sistema judicial esloveno consta de tres niveles, con tribunales locales y territoriales (que se ocupan de los asuntos civiles, mercantiles y penales), Tribunales de lo Laboral y un Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en primera instancia, cinco Tribunales Superiores de segunda instancia (que se encargan de los recursos contra las resoluciones de los tribunales de primera instancia) y un Tribunal Supremo de tercera instancia (que se ocupa de los recursos contra determinadas sentencias de los Tribunales Superiores y del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo). La Constitución establece un Consejo de la Magistratura un organismo sui generis externo a los tres poderes del Gobierno, que se encarga de proteger la independencia, así como de promover y garantizar la rendición de cuentas, la eficiencia y la calidad del trabajo del poder judicial . Los candidatos a jueces son seleccionados por el Consejo de la Magistratura y posteriormente propuestos para su nombramiento por la Asamblea Nacional (Državni zbor, la primera Cámara del Parlamento) . Si el Consejo de la Magistratura selecciona a un candidato que ya ha sido elegido para desempeñar un cargo judicial, el mismo Consejo puede ascenderle al nuevo cargo judicial. La Fiscalía General del Estado es una autoridad independiente, pero también forma parte del poder ejecutivo, mientras que las principales competencias en relación con la carrera de los fiscales del Estado y su funcionamiento corresponden al Consejo de la Fiscalía General del Estado y al Fiscal General. El Consejo del Ministerio Fiscal es un órgano estatal independiente que realiza las tareas de autogobierno del Ministerio Fiscal y desempeña un papel a la hora de garantizar la uniformidad del enjuiciamiento de delitos y salvaguardar la independencia de los fiscales del Estado. El Colegio de Abogados de Eslovenia es un organismo autónomo e independiente. Es responsable de supervisar las actividades profesionales de los abogados y de decidir las medidas disciplinarias relativas a sus miembros. Eslovenia participa en la Fiscalía Europea. Independencia La percepción de la independencia judicial ha mejorado continuamente. La percepción de la independencia judicial ha seguido mejorando; en la actualidad su nivel es medio entre el público en general (el 47 % opina que es bastante o muy bueno) y, en 2021, también aumentó entre el sector empresarial hasta alcanzar un nivel medio (43 %), mostrando una tendencia positiva por tercer año consecutivo, después de haber seguido una tendencia poco clara en 2016 y 2017 . Los nombramientos de fiscales del Estado se retrasan injustificadamente y la ausencia de nombramientos de fiscales europeos delegados suscita preocupación. El Gobierno se encarga de nombrar un nuevo fiscal del Estado a propuesta del ministro de Justicia, tras la publicación de una vacante y la selección del candidato por parte del Consejo del Ministerio Fiscal, un órgano independiente. El Gobierno está obligado por ley a adoptar una decisión sobre el nombramiento o no de todos los candidatos admisibles que hayan solicitado un nombramiento o promoción. Los candidatos no seleccionados tienen derecho a solicitar la revisión judicial ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, que debe pronunciarse en un plazo de 30 días. Desde finales de julio de 2020, el Consejo del Ministerio Fiscal ha presentado los nombres de veintinueve candidatos al ministro de Justicia, que los ha propuesto al Gobierno para su primer nombramiento o promoción. Hasta junio de 2021, solamente catorce candidaturas concluyeron en nombramiento o promoción y no se aprecian razones claras que justifiquen la ausencia de decisiones sobre los quince candidatos restantes. También se ha retrasado el nombramiento de los fiscales europeos delegados de la Fiscalía Europea, lo que suscita preocupación por el hecho de que no se haya seguido adecuadamente el procedimiento nacional. En diciembre de 2020, el Consejo del Ministerio Fiscal presentó los nombres de los dos candidatos al ministro de Justicia, y el Gobierno no incluyó este punto en el orden del día de sus sesiones, a pesar de que su única obligación legal es tomar nota y comunicar los nombres a la Fiscalía Europea. El 27 de mayo de 2021, el Gobierno declaró desierto el procedimiento de selección y ordenó al ministro de Justicia que publicara una nueva vacante, que se comunicó el 9 de julio. Según las recomendaciones del Consejo de Europa, la contratación de fiscales debe llevarse a cabo con arreglo a procedimientos justos e imparciales que incluyan salvaguardias contra cualquier enfoque que represente intereses de grupos específicos, y que sus promociones se rijan por criterios conocidos y objetivos, como la competencia y la experiencia . El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las normas que rigen las investigaciones parlamentarias por falta de garantías en materia de independencia judicial. Como se indica en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, una comisión de investigación parlamentaria abrió una investigación en 2019 para examinar las acciones de fiscales y jueces en asuntos penales concretos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional suspendió posteriormente la aplicación de la Ley de investigaciones parlamentarias, en la que se basaba la investigación, debido a un riesgo para la independencia de jueces y fiscales . En enero de 2021, el Tribunal Constitucional consideró inconstitucionales la Ley de investigaciones parlamentarias y el Reglamento sobre investigaciones parlamentarias, en la medida en que no ofrecían garantías procesales para asegurar la independencia de los jueces a la hora de establecer una investigación parlamentaria. El Tribunal declaró que el poder judicial no está completamente exento del control parlamentario ejercido a través de investigaciones parlamentarias, ya que el Parlamento puede examinar, por ejemplo, tendencias en la judicatura o acontecimientos históricos que también son objeto de procedimientos judiciales. Sin embargo, el Tribunal subrayó que el Parlamento no puede obstaculizar los procedimientos judiciales ni influir de ningún modo en los jueces en procedimientos concretos, incluso a través de un debate a posteriori sobre la legalidad o idoneidad de sentencias individuales. Además, no se puede citar a los jueces como testigos o sospechosos en el marco de una investigación parlamentaria sobre estas cuestiones en relación con un asunto judicial abierto o cerrado, ya que ello vulneraría la independencia judicial. El Tribunal Constitucional concedió al Parlamento un año para eliminar los elementos inconstitucionales de la Ley de investigaciones parlamentarias. Hasta que se eliminen los elementos insconstitucionales, el Consejo de la Magistratura puede solicitar al Tribunal Constitucional que compruebe si una nueva investigación parlamentaria respeta la independencia judicial. Todavía no se ha presentado ninguna propuesta legislativa para abordar la inconstitucionalidad establecida. El poder judicial inició un debate sobre la mejora del marco de los procedimientos disciplinarios relativos a los jueces. En marzo de 2021, el Consejo de la Magistratura preparó un análisis del marco jurídico de los procedimientos disciplinarios en relación con los jueces y su aplicación, y propuso cambios. Desde 2018, el procedimiento disciplinario es competencia de un Tribunal Disciplinario. Entre 2018 y marzo de 2021, los procedimientos disciplinarios duraron 194 días de media. El Consejo de la Magistratura identificó una serie de cuestiones que requerían mejoras, tales como: establecer un procedimiento disciplinario especial en lugar de recurrir a un procedimiento penal, actualizar la lista de infracciones disciplinarias, revisar el derecho del Consejo de la Magistratura a incoar procedimientos disciplinarios, revisar las sanciones disciplinarias para permitir una mayor proporcionalidad y aclarar los límites de la duración de la suspensión de un juez. El Tribunal Supremo apoya la iniciativa del Consejo de la Magistratura de modificar la legislación para aumentar la eficiencia de los procedimientos disciplinarios. Es importante que cualquier posible reforma de los procedimientos disciplinarios esté en consonancia con el Derecho de la UE y tenga en cuenta las recomendaciones del Consejo de Europa. Calidad La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la necesidad de acelerar las mejoras necesarias de las herramientas de comunicación electrónica en el sistema judicial. En el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020 se afirmaba que, pese a que se cuenta con tecnologías de la información y la comunicación avanzadas para la gestión de asuntos, el nivel de desarrollo de la comunicación electrónica entre los tribunales y las partes no es tan elevado. En los últimos años, ha habido algunos avances en la expansión de la comunicación electrónica. En algunos ámbitos, los documentos deben presentarse únicamente en formato electrónico, por ejemplo, por notarios públicos y administradores concursales (en el registro de la propiedad, asuntos de la secretaría judicial y asuntos de insolvencia), y por los deudores (en el cobro de deudas no impugnadas). Desde febrero de 2021, los centros de trabajo social deben presentar las demandas judiciales en materia de Derecho de familia por vía electrónica, y se ha puesto en marcha el sistema de subasta electrónica independientemente del método de venta para todos los bienes inmuebles, bienes muebles y derechos que se vendan en procedimientos de ejecución, procedimientos de insolvencia, procedimientos de liquidación forzosa, procedimientos de jurisdicción voluntaria y procedimientos penales y de delitos menores. Sin embargo, en los asuntos contenciosos penales, contencioso-administrativos, civiles y mercantiles, se están realizando esfuerzos para mejorar el sistema de gestión de asuntos antes de finales de 2023 para permitir la comunicación electrónica. Las soluciones digitales para llevar a cabo y seguir los procedimientos judiciales siguen siendo limitadas, especialmente en los asuntos penales. No existen tecnologías digitales para trabajar a distancia en condiciones de seguridad, en particular en la Fiscalía del Estado, y la falta de digitalización por parte de la policía está contribuyendo a causar retrasos, especialmente en los asuntos complejos en los que las denuncias penales solo llegan en papel. Considerando que los tribunales se ocuparon casi en exclusiva de los asuntos urgentes durante un período de más de cuatro meses a partir de marzo de 2020, el poder judicial y el Ministerio de Justicia cooperaron intensamente para suministrar equipos adicionales de videoconferencia y lograron triplicar las capacidades actuales en 2020, previendo compras adicionales en 2021. El Tribunal Supremo ha informado al Ministerio de Justicia de la necesidad de modificar las leyes procesales para establecer claramente las condiciones para determinar la fiabilidad de las pruebas en los procedimientos que se llevan a cabo por videoconferencia (como el interrogatorio de un testigo). El acceso a los documentos judiciales y de la fiscalía fue objeto de una sentencia del Tribunal Supremo y de una enmienda legislativa. El Informe sobre el Estado de Derecho de 2020 señalaba que la publicación de las sentencias de los tribunales de primera instancia sigue siendo limitada, especialmente en los asuntos civiles y mercantiles, y que la legibilidad electrónica de las sentencias publicadas es relativamente baja . El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021 no muestra ninguna mejora en estos dos ámbitos. En mayo de 2020, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que sentó precedente en un asunto relativo al derecho de acceso a la información de un expediente penal . El Tribunal sostuvo que la Ley de Enjuiciamiento Penal limita el derecho a consultar un expediente a las personas que tengan un interés jurídico (por ejemplo, acusados y víctimas), y que las disposiciones de la Ley de acceso a la información pública no se aplican a los documentos judiciales y de la fiscalía. El Parlamento respondió adoptando una enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Penal que establecía explícitamente que es de aplicación el régimen general de acceso a los documentos en virtud de la Ley de acceso a la información pública . En consonancia con esta enmienda, una persona cuya solicitud de acceso a documentos judiciales o de la fiscalía (sea en el marco de un asunto abierto o cerrado) sea denegada por un juez o un fiscal, respectivamente, puede recurrir dicha decisión ante el comisario de Información. Según el Tribunal Supremo, esta enmienda ha suscitado preocupación acerca del mantenimiento de un equilibrio adecuado entre el derecho a la información pública, por una parte, y el respeto de la presunción de inocencia de los acusados y el derecho a la intimidad de las personas implicadas en procesos penales, por otra. El Ministerio de Administraciones Públicas ha creado un grupo de trabajo interministerial para examinar la cuestión del acceso a los documentos judiciales y judiciales y elaborar propuestas para regular el asunto en la Ley de acceso a la información pública. Los recursos con los que cuentan el Consejo de la Magistratura y el Consejo del Ministerio Fiscal han aumentado ligeramente, pero continúan siendo escasos. El Informe sobre el Estado de Derecho de 2020 descubrió que la asignación de recursos adecuados al Consejo de la Magistratura y al Consejo del Ministerio Fiscal es una condición importante para el funcionamiento independiente y eficaz de estos órganos de autogobierno. La escasa capacidad administrativa de estos Consejos influye también en la calidad del proceso de selección de jueces y fiscales, en particular en lo que se refiere a la motivación de las decisiones y dictámenes emitidos y a la exhaustividad de las entrevistas. A partir de 2022, el Consejo de la Magistratura podrá contratar a dos empleados adicionales, lo que supone un mínimo incremento de los recursos disponibles. Sin embargo, no está previsto personal adicional para el Consejo del Ministerio Fiscal. El presupuesto disponible del Consejo de la Magistratura está aumentando, mientras que el presupuesto del Consejo del Ministerio Fiscal se ha estancado. Cabe señalar que el presupuesto global del sistema judicial lleva varios años creciendo. Eficiencia La eficiencia del sistema judicial ha disminuido ligeramente, y persisten los retos en los casos de delitos económicos y financieros identificados en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020. En 2020, todos los órganos jurisdiccionales recibieron un 11 % menos de asuntos y resolvieron un 13 % menos de asuntos en comparación con 2019. La acumulación total de asuntos pendientes a finales de 2020 aumentó un 5 % con respecto a 2019. La duración media de los procedimientos en los tribunales de primera instancia aumentó a unos veinte meses en los asuntos civiles contenciosos y se estancó en once meses en los asuntos mercantiles contenciosos. En fase de apelación, debido principalmente a los procedimientos escritos, estos tipos de asuntos se resolvieron con mayor rapidez, a saber, en torno a 2,4 meses en asuntos civiles y 3,4 meses en asuntos mercantiles, por término medio. En el caso de delitos de blanqueo de capitales más complejos, la duración de los juicios en los tribunales de primera instancia se redujo a 876 días en 2019 (frente a 1 132 días en 2018), por término medio, y sigue siendo una de las más elevadas de la UE . En 2020, la duración media de los asuntos contencioso-administrativos en primera instancia aumentó a 13,7 meses . II.Marco de lucha contra la corrupción

La principal ley por la que se establece el marco institucional y legislativo para prevenir y combatir la corrupción en Eslovenia es la Ley de integridad y prevención de la corrupción. Dicha Ley fue modificada en noviembre de 2020 mediante la introducción de nuevas disposiciones sobre la organización y el funcionamiento de la Comisión para la Prevención de la Corrupción, así como de normas reguladoras de la actividad de los grupos de presión y sobre la protección de los denunciantes, entre otras. Esas mismas enmiendas actualizaron también las normas sobre conflictos de intereses, declaración del patrimonio, actividades de los grupos de presión y «puertas giratorias». La Comisión para la Prevención de la Corrupción es un organismo estatal autónomo e independiente responsable de la lucha contra la corrupción. La Comisión coopera regularmente con la policía y la fiscalía especial, pero conserva competencias de supervisión y de investigación administrativa y es responsable de supervisar la aplicación de las disposiciones en materia de conflictos de intereses, integridad, declaraciones patrimoniales, donaciones y puertas giratorias. La Oficina Nacional de Investigación es una unidad especializada de investigación penal para la detección e investigación de delitos graves, en particular la corrupción, así como la delincuencia económica, financiera y organizada. Los expertos y los directivos de empresas perciben que el nivel de corrupción en el sector público se mantiene relativamente bajo. En el Índice de percepción de la corrupción de 2020 que elabora Transparencia Internacional, Eslovenia obtiene una puntuación de 60/100 y ocupa el puesto 11 en la Unión Europea y el puesto 35 del mundo. Esta percepción se ha mantenido relativamente estable en los últimos cinco años. Recientemente se ha reforzado la Ley de integridad y prevención de la Corrupción. La Ley fue modificada en noviembre de 2020 mediante la introducción de disposiciones relativas al nombramiento de los comisarios jefe y adjuntos de la Comisión para la Prevención de la Corrupción. Las modificaciones también definen con mayor claridad los distintos procedimientos administrativos de investigación ante la Comisión y las normas que le son aplicables al llevarlos a cabo, así como los procedimientos acelerados de infracción menor y otros procedimientos de Derecho público, incluidos los derechos procesales de las personas investigadas, y la posibilidad de recurrir sus decisiones. Estos derechos procesales se han introducido con el fin de dar respuesta a las sentencias del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y del Tribunal Supremo, que pusieron de manifiesto deficiencias relativas a los derechos de las personas que son objeto de procedimientos contencioso-administrativos ante la Comisión. También se han incluido disposiciones en materia de integridad relacionadas con las donaciones, las actividades de los grupos de presión y la supervisión de las declaraciones del patrimonio . En el momento de su finalización, la estrategia nacional de lucha contra la corrupción se ha aplicado en gran medida, aunque siguen pendientes algunas acciones y hasta la fecha no se ha adoptado ningún nuevo plan. El informe de aplicación de la tercera estrategia nacional de lucha contra la corrupción (2017-2019) , adoptado en abril de 2020, indica que, si bien se ha ejecutado una gran parte de las acciones, otras siguen pendientes, en particular en ámbitos relacionados con el desarrollo de herramientas de integridad en sectores específicos (como la propiedad estatal, los asuntos exteriores, la ciencia, la educación y el deporte) . El Ministerio de Administraciones Públicas, responsable del seguimiento de la aplicación de la estrategia, informó de que está trabajando en la ejecución de las acciones pendientes, junto con otras instituciones públicas (como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Sanidad y la Comisión para la Prevención de la Corrupción). Todavía no se ha propuesto una nueva estrategia contra la corrupción para después de 2019. Se ha reforzado la Comisión para la Prevención de la Corrupción, incluida su independencia, aunque todavía no es plenamente eficaz. La Comisión sigue siendo el organismo estatal autónomo para la prevención de la corrupción. A raíz de las enmiendas a la Ley de integridad y prevención de la corrupción, la Comisión ha reforzado su independencia mediante el nuevo procedimiento de nombramiento de sus líderes: el comisario jefe y sus dos adjuntos. Las enmiendas establecen nuevos criterios para mejorar la transparencia del procedimiento de nombramiento de los dirigentes. Prevén la creación de un comité de nombramientos (en lugar del comité de selección), que se ocupará de nominar a los candidatos y excluir a aquellos que tengan antecedentes políticos. Además, el comité de nombramientos lleva a cabo una evaluación de la idoneidad personal de los candidatos. En la actualidad, el presidente de la República nombra a los dirigentes basándose en una lista de candidatos presentada por el comité de nombramientos . En cuanto al procedimiento de investigación administrativa, la Ley de integridad y prevención de la corrupción, en su versión enmendada, ha aclarado y reforzado los derechos de las personas examinadas por la Comisión, incluida la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por esta. Por lo que se refiere a los recursos de los que dispone, la Comisión contaba en abril de 2021 con una plantilla de cuarenta funcionarios (el comisario jefe, dos adjuntos y 37 funcionarios públicos). Sin embargo, la plantilla está todavía incompleta . La Comisión tiene previsto contratar a cinco funcionarios adicionales al año en 2021 y 2022 . Esto es posible debido a un aumento de los recursos financieros de alrededor de 200 000 EUR anuales desde 2019. No obstante, debido a restricciones generales del gasto público, hasta mayo de 2021 no se permitió a la Comisión contratar personal adicional ni redistribuir recursos a pesar de que se le había asignado el presupuesto necesario . A pesar de estas mejoras, la Comisión sigue experimentando algunos problemas relacionados con las capacidades y los recursos técnicos (análisis de datos). Siguen existiendo desafíos en lo que respecta a la investigación de los delitos económicos y financieros y a la dirección de la Oficina Nacional de Investigación. Los recursos de los que dispone la policía (número, antigüedad y especialización de los agentes de policía) siguen siendo un reto que, según las autoridades, afecta a la calidad y duración de las investigaciones, en particular en los asuntos relacionados con delitos económicos y financieros. La falta de recursos en algunos distritos policiales también da lugar a retrasos en las solicitudes de los fiscales para investigaciones de seguimiento. Existen informes sobre acusaciones de injerencia política en la investigación y el enjuiciamiento de las autoridades, en particular en relación con la Oficina Nacional de Investigación , que es una unidad especializada de investigación penal creada en 2009 para la detección e investigación de delitos graves, en particular la corrupción, así como la delincuencia económica, financiera y organizada. En octubre de 2020, a raíz de una sentencia del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo sobre la ilegalidad de la destitución del antiguo director, y a la espera de un procedimiento de recurso, el Gobierno convocó un concurso público para cubrir el puesto de director. En junio de 2021 seguía habiendo un director en funciones. La rotación de cuatro directores diferentes en los últimos catorce meses parece haber retrasado el funcionamiento de la Oficina Nacional de Investigación. Por el momento, las investigaciones de la Oficina sobre casos de corrupción de alto nivel no han arrojado resultados concretos. Aunque el número de enjuiciamientos ha aumentado, la resolución de los asuntos ante los tribunales sigue siendo baja, especialmente en lo que respecta a la corrupción de alto nivel. En 2020, el número de enjuiciamientos de casos de corrupción aumentó en comparación con el año anterior (298 en 2020 frente a 185 en 2019, es decir, un aumento de alrededor del 62 %) . Por lo que se refiere a los tribunales, en 2020 solamente se dictaron quince sentencias en asuntos de corrupción (con dos personas condenadas a penas de prisión) , ninguno de los cuales se refería a casos de alto nivel . Esto representa una nueva disminución del número de asuntos de corrupción resueltos. En algunos asuntos de alto nivel, los tribunales no han celebrado audiencia durante más de un año y medio. La Fiscalía Especializada del Estado es competente para enjuiciar delitos relacionados con la corrupción en los sectores público y privado. Dicha Fiscalía dirige el trabajo de la Oficina Nacional de Investigación, la Dirección General de Policía y los Sectores de Policía Criminal de las administraciones policiales regionales. La Fiscalía Especializada del Estado se apoya en veintiocho fiscales del Estado dedicados a tramitar diversas causas penales. La falta de recursos humanos cualificados (en particular, fiscales) afecta a la priorización de los asuntos de alto nivel. La Fiscalía del Estado también ha señalado una falta de conocimientos especializados en materia de análisis financiero y de datos. El examen de los datos financieros se delega en la policía o en la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (unidad de investigación financiera, UIF). Sin embargo, debido a la falta de recursos humanos y técnicos que, como se ha mencionado anteriormente, sufre la policía, los retrasos en la finalización de las investigaciones representan un reto para la Fiscalía Especializada del Estado. Otros retos señalados por la Fiscalía Especializada del Estado están relacionados con la fragmentación institucional (con la asignación de funciones similares a diferentes entidades), la detección tardía de delitos financieros, la falta de especialización de los jueces y las deficiencias en la comunicación electrónica con la policía . Además de la falta de conocimientos especializados y recursos, surgen retos en el enjuiciamiento de la corrupción debido al régimen de prescripción. Aparte de las deficiencias en relación con los conocimientos especializados y los recursos en la Fiscalía General del Estado, según las autoridades, el régimen de prescripción supone un reto adicional para el enjuiciamiento de la corrupción. El Estatuto de prescripción para los delitos de corrupción suele ser de diez años. No hay planes para modificar esta limitación legal . Además, mediante decisión del presidente del Tribunal Supremo, durante la pandemia de COVID-19 se suspendió el enjuiciamiento de todos los asuntos (incluidos los de corrupción), a menos que existiera el riesgo de que el presunto delito prescribiera en los seis meses siguientes . La declaración del patrimonio se amplió a categorías adicionales de funcionarios, pero su publicación sigue suponiendo un reto. La Ley de integridad y prevención de la corrupción ha ampliado la lista de personas que deben presentar su declaración del patrimonio, con el fin de incluir a los consejeros y supervisores nacionales de empresas estatales, además de cargos de alto nivel, sean electos o designados . La Comisión para la Prevención de la Corrupción es responsable del seguimiento de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, y recientemente ha colaborado con el Ministerio de Administraciones Públicas para poner en marcha una nueva plataforma de declaración electrónica. Debido a las limitaciones de recursos humanos que padece la Comisión para la Prevención de la Corrupción, y a la luz del número de declaraciones recibidas (alrededor de 4 500 declaraciones y otras 4 300 presentaciones de información relacionadas con ellas cada año), se llevan a cabo verificaciones sobre una muestra aleatoria de las declaraciones. Estos exámenes indican que la inexactitud de las declaraciones (incompletas o erróneas) es limitada y trivial, sin que sea necesario presentar denuncia a la Fiscalía General del Estado . En 2020, tan solo tres funcionarios de la Comisión se ocuparon de la verificación de las declaraciones del patrimonio de 18 470 funcionarios obligados a presentarlas; los funcionarios de la Comisión llevaron a cabo 16 supervisiones relativas a 923 personas físicas y 67 tribunales. Si bien la Ley de integridad y prevención de la corrupción modificada ha ampliado la lista de funcionarios que están obligados a declarar su patrimonio, también ha reducido la lista de funcionarios cuyas declaraciones se harán públicas. A pesar de que la Comisión para la Prevención de la Corrupción ha comenzado a mejorar su sistema informático y su plataforma en línea para ajustarse a los requisitos de publicación previstos en la ley, todavía no se han publicado declaraciones del patrimonio de funcionarios públicos. Se han reforzado las disposiciones sobre prevención y gestión de los conflictos de intereses, aunque su aplicación efectiva continúa siendo problemática. En virtud de la Ley de integridad y prevención de la corrupción, todo funcionario público que, antes de asumir el cargo, haya ejercido una actividad o un cargo incompatible con su cargo actual, deberá cesar en su actividad en un plazo máximo de treinta días a partir de la fecha de su elección, nombramiento o aprobación de su mandato. La Ley de integridad y prevención de la corrupción enmendada ha ampliado las restricciones posteriores al empleo para los funcionarios públicos que ocupan cargos en el sector privado. La Comisión para la Prevención de la Corrupción puede iniciar un procedimiento de evaluación de la incompatibilidad del cargo si considera que el ejercicio de dicha actividad puede suponer un riesgo desproporcionado para el desempeño objetivo e imparcial de las funciones de la oficina o poner en peligro su integridad. En mayo de 2021, la Comisión envió una iniciativa al Gobierno para unificar la regulación de los conflictos de intereses y la violación de la integridad de todos los funcionarios, lo que, según la CPC, mejoraría la supervisión y la igualdad de trato de los funcionarios, y permitía llevar a cabo procedimientos relativos a la integridad de los exfuncionarios. En la actualidad, la CPC está tramitando asuntos de gran repercusión relacionados con presuntos conflictos de intereses. Las disposiciones relativas a los grupos de presión sobre cargos públicos y electos continúan mejorando. Los funcionarios y empleados públicos a nivel nacional y local deben informar de los contactos que mantienen con grupos de interés, tanto al organismo para el que trabajen como a la Comisión para la Prevención de la Corrupción. La Comisión trata y publica los datos relativos a los grupos de presión en su página web (denominada Erar) , junto con la información contenida en el registro de grupos de presión. De conformidad con la Ley de integridad y prevención de la corrupción modificada, los grupos de presión (que en la actualidad incluyen grupos de interés, además de personas individuales) también deben publicar un informe anual. Los datos públicos siguen siendo transparentes, especialmente en lo que respecta al gasto público. La página web Erar también se utiliza para publicar datos, distintos de los relacionados con los grupos de presión, sobre la Administración Pública, incluidas las transacciones y la información sobre contratos públicos. Actualmente se calcula que Erar contiene datos sobre aproximadamente 200 millones de transacciones financieras a partir del año 2003, realizadas tanto por la Administración nacional como por agencias locales. Skrinja (Cofre) es otra plataforma administrativa en línea que permite a los usuarios obtener datos e informes sobre los salarios en el sector público . En 2020, el Tribunal de Cuentas auditó las operaciones financieras de trece partidos políticos (realizadas en 2018 o 2019) y emitió seis dictámenes favorables y siete dictámenes con reservas, que incluían recomendaciones sobre la mejora de las operaciones financieras y el aumento de la transparencia (por ejemplo, en relación con los préstamos y las aportaciones dinerarias). En 2020 se adoptaron normas deontológicas para los diputados al Parlamento. El Consejo del Presidente del Parlamento es responsable de supervisar la aplicación del código deontológico y, en caso de conducta indebida, está facultado para imponer sanciones . Desde la adopción del código deontológico, se ha impuesto una sanción por infracción leve a un diputado. A pesar de las disposiciones legales vigentes para la protección de los denunciantes, la aplicación efectiva sigue pendiente de cumplimiento. La Ley de integridad y prevención de la corrupción incluye un capítulo dedicado exclusivamente a la protección de los denunciantes. Sin embargo, el número de denuncias de irregularidades y solicitudes de protección en virtud de la Ley sigue siendo bajo . Además, aunque la Ley indica la posibilidad de nombrar a personas para que reciban denuncias de conducta poco ética o ilegal en las instituciones públicas, parece que en la práctica no se designa este tipo de funcionarios o no ejercen plenamente dichas funciones . No obstante, durante la pandemia se incoó al menos un asunto de gran repercusión a raíz de la información presentada por un denunciante . Según la Fiscalía General del Estado, las disposiciones vigentes en la Ley de Enjuiciamiento Penal relativas a testigos protegidos no pueden aplicarse a los denunciantes si estos también se consideran sospechosos (por ejemplo, en un asunto de corrupción). Durante la pandemia de COVID-19 se han llevado a cabo diversas acciones destinadas a evaluar, prevenir y evitar el riesgo de corrupción, especialmente en la contratación pública. Durante la pandemia de COVID-19, la Comisión para la Prevención de la Corrupción publicó una serie de directrices para detectar y prevenir el riesgo de corrupción, en particular en relación con los procedimientos de contratación pública. A petición del Parlamento, el Tribunal de Cuentas ha concluido un informe de auditoría a escala nacional sobre la contratación pública de productos sanitarios contra la COVID-19, que se publicó en febrero de 2021. Los resultados revelaron trece casos de presunta corrupción, que posteriormente se transmitieron a la fiscalía. En 2020, la Comisión Nacional de Revisión de Contratos Públicos informó de algunos casos de incumplimiento de los procedimientos de contratación pública, lo que dio lugar a la apertura de nuevos expedientes. Desde enero de 2021 existe la posibilidad de presentar en línea solicitudes de revisión de los procedimientos de contratación pública, cuyas decisiones también se publican en línea . En este contexto, el Ministerio de Administraciones Públicas inició un proceso de consulta pública sobre la modificación de la Ley de contratación pública, y el Ministerio de Sanidad creó un grupo de trabajo para la elaboración de recomendaciones para modificar la legislación en materia de contratación pública para una contratación más eficaz de equipos médicos . III.Libertad y pluralismo de los medios de comunicación En Eslovenia, el marco jurídico de la libertad de expresión e información se establece en la Constitución, mientras que la pluralidad de los medios de comunicación se garantiza a través de normas específicas de rango legislativo y reglamentario. El organismo regulador de los medios de comunicación, la Agencia de Redes y Servicios de Comunicación (AKOS), es una autoridad independiente, jurídica y funcionalmente distinta del Gobierno. Las normas sobre la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación exigen que las empresas declaren a las autoridades competentes la propiedad o la influencia en la gestión por encima de un determinado umbral. Un cambio considerable de propiedad requiere, además, el acuerdo del ministerio competente. La legislación para transponer la Directiva de servicios de comunicación audiovisual está pendiente . La independencia de la Agencia de Redes y Servicios de Comunicación está garantizada por ley, pero continúan existiendo desafíos en relación con sus recursos y su compromiso de reforzar su independencia. Se concedieron recursos adicionales a la Agencia de Redes y Servicios de Comunicación (AKOS) para cumplir sus nuevas tareas a raíz de la próxima transposición de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual. Sin embargo, no está claro si los recursos adicionales son suficientes para que la Agencia pueda desempeñar plenamente la amplia variedad de tareas que se le han encomendado . La falta de salvaguardias contra las injerencias políticas también sigue siendo motivo de preocupación . El Media Pluralism Monitor (en lo sucesivo, «el MPM 2021») califica de «medio» el riesgo al que están expuestas la independencia y la eficacia del organismo regulador de los medios de comunicación . El estatuto de la AKOS está garantizado por la Ley de comunicaciones electrónicas , y las competencias de ejecución de la Agencia en el ámbito de los medios audiovisuales emana de la Ley de medios de comunicación y de la Ley de servicios de comunicación audiovisual . En 2020, el Gobierno propuso una revisión de la Ley de medios de comunicación, cuya conclusión estaba prevista para finales de 2021. La revisión de la Ley de servicios de comunicación audiovisual, que incluye la transposición de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, aún está en curso, y el Gobierno tiene previsto ultimarla para finales de 2021 . En junio de 2020 se puso en marcha una consulta pública sobre la revisión de la Ley de servicios de comunicación audiovisual, que incluía una disposición explícita sobre la independencia de la Agencia. Sin embargo, la versión actual del proyecto de ley, que el Gobierno presentó al Parlamento en marzo de 2021, no contiene tal disposición. Por lo tanto, sigue siendo dudoso que el compromiso de las autoridades de reforzar la independencia de la Agencia logre realmente este resultado. En octubre de 2020, el Gobierno propuso una ley para fusionar ocho organismos reguladores, entre ellos la AKOS , en dos agencias. Esta propuesta suscitaba preocupación acerca de la independencia del organismo regulador . En abril de 2021, la ley propuesta no recibió el apoyo del Parlamento y, por lo tanto, concluyó su tramitación parlamentaria. Eslovenia cuenta con disposiciones específicas sobre la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, pero persisten las dudas en cuanto a la identificación efectiva de las estructuras de propiedad. La obligación de informar alcanza a los editores u organismos de radiodifusión siempre que la propiedad individual o la participación en la gestión de la empresa alcancen o superen el 5 %. La información sobre la propiedad de los medios de comunicación se publica en el Registro de medios de comunicación, que está a disposición del público en el sitio web del Ministerio de Cultura. En julio de 2020, el Gobierno publicó el proyecto de enmienda de la Ley de medios de comunicación, que reforzaría el régimen de transparencia de la propiedad de los medios de comunicación suprimiendo el umbral mínimo del 5 %, salvo en el caso de las sociedades constituidas como sociedades de responsabilidad limitada por acciones. Esta enmienda, en caso de aprobarse, mejoraría la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación. Sin embargo, como señala el MPM 2021, los titulares reales finales no siempre son identificables en el Registro. La conclusión sobre la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación en Eslovenia es, por lo tanto, de riesgo medio. Un estudio realizado por periodistas de investigación a lo largo de dos años ha identificado estructuras de propiedad integradas opacas, especialmente en el caso de múltiples propietarios en cascada, lo que dificulta la determinación del propietario final o de la persona que ejerce la influencia en el medio de comunicación . Por lo que se refiere a la concentración de los medios de comunicación, la Ley de medios de comunicación de masas tiene un umbral de participación en la propiedad de más del 20 % para limitar la concentración entre medios, aunque el MPM 2021 señala la falta de datos y la ausencia de un análisis periódico para poder evaluar la situación. Se han notificado casos de injerencia política en los medios de comunicación. El MPM 2021 consideró que la independencia política de los medios de comunicación en Eslovenia presentaba un alto riesgo. Las partes interesadas han expresado preocupación sobre los posibles cambios relacionados con la financiación del organismo de radiodifusión público nacional, como contemplaban las enmiendas a la Ley de Medios de Comunicación, y la gestión de la agencia nacional de prensa nacional, que se consideraba que respondían a motivos políticos . En particular, a raíz de algunos retrasos en el pago de la financiación de 2020 a la Agencia de Prensa de Eslovenia (STA), la Oficina de Comunicación del Gobierno (UKOM) no pagó la financiación de la Agencia para 2021. A petición de las autoridades eslovenas, el 29 de abril de 2021, la Comisión Europea declaró que la financiación de 2,5 millones EUR concedida por Eslovenia a la Agencia de Prensa de Eslovenia para cumplir su misión de servicio público se ajusta plenamente al Derecho de la UE. Sin embargo, estos fondos no se han desembolsado aún. Las distintas partes interesadas han expresado su preocupación por la situación general del pluralismo de los medios de comunicación en Eslovenia.

No se han observado avances en relación con la gobernanza de la publicidad estatal. Como se indicaba en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, no existe un conjunto claro y transparente de principios en la distribución de la publicidad entre los medios de comunicación por parte de los gobiernos nacionales, regionales y locales . Según una investigación reciente y otras fuentes , esta situación no es especialmente transparente en el caso de los medios de comunicación municipales. La publicidad de las empresas en las que el Estado posee una participación mayoritaria o del 100 % también resulta poco transparente, ya que a menudo se niegan a compartir dicha información invocando disposiciones legales que protegen los secretos comerciales . En 2020, el Gobierno publicó una serie de recomendaciones para la realización de campañas publicitarias por parte de los ministerios y los servicios gubernamentales, en las que sugería distribuir los fondos entre los medios de comunicación de manera uniforme, con independencia de su rendimiento en los mercados de medios de comunicación (MPM 2021). La distribución de fondos de apoyo para el pluralismo de los medios de comunicación se considera transparente. La concesión de los fondos es competencia de una comisión designada por el Ministerio de Cultura, y la información sobre la financiación asignada se publica en los sitios web de los beneficiarios . Las condiciones económicas de los medios de comunicación han empeorado durante la pandemia de COVID-19. La incertidumbre económica se ha incrementado en el sector de los medios de comunicación, un problema en el que también ha influido la suspensión temporal en 2020, por parte del Ministerio de Cultura, de los pagos de la licitación anual para la cofinanciación de contenidos mediáticos, aunque los fondos fueron abonados completamente más tarde . Algunas partes interesadas expresaron su preocupación por las condiciones económicas de los periodistas, en particular los que trabajan por cuenta propia . No se han adoptado medidas específicas para aliviar la repercusión de la pandemia de COVID-19 en los medios de comunicación. Sin embargo, los periodistas pudieron acceder a las medidas generales de apoyo que proporcionó el Gobierno . En 2020, el Ministerio de Cultura liberó los fondos anuales correspondientes a ese año por un importe de 2,7 millones EUR con el objetivo de apoyar el pluralismo y la diversidad de los contenidos de los medios de comunicación; sin embargo, las partes interesadas expresaron cierta preocupación por los posibles riesgos de influencia política en la distribución de dichos fondos. Los periodistas siguen enfrentándose a obstáculos para acceder a la información y los documentos públicos, especialmente debido a la lentitud de los procedimientos. El derecho a la información está consagrado en la Constitución y regulado por la Ley de acceso a la información pública. Sin embargo, el proceso de obtención de información pública suele ser largo teniendo en cuenta la participación de todas las autoridades pertinentes que participan en el proceso. Pese a que el comisario de Información interviene periódicamente cuando la Administración Pública impide a los periodistas acceder a información y documentos públicos , este uso frecuente del sistema de recurso aumenta considerablemente la carga de trabajo del comisario . Además, los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, que revisan las decisiones del comisario de Información, en la práctica no dan prioridad a estos asuntos, a pesar de que tienen la obligación legal de hacerlo. Esto ha dado lugar a retrasos en los procedimientos de revisión judicial, que son comparables a los de los asuntos ordinarios . El MPM 2021 atribuyó un riesgo medio a la protección del derecho a la información, en comparación con el bajo riesgo del MPM 2020, debido al frecuente uso indebido de las excepciones al derecho a la información y a la lentitud de los procedimientos. El acoso en línea y las demandas contra periodistas siguen aumentando, pero las agresiones físicas son poco frecuentes . Las libertades de expresión e información están consagradas en la Constitución, y existen los mecanismos judiciales pertinentes para protegerlas. Sin embargo, el MPM 2021 consideró que la protección de la libertad de expresión presentaba un riesgo medio . Entre octubre y noviembre de 2020, así como en febrero de 2021, se denunciaron algunas agresiones físicas a periodistas, principalmente en el contexto de protestas: se identificó a los autores de las agresiones y están siendo investigados . La Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas publicó doce alertas relativas a Eslovenia desde octubre de 2020. Las alertas se refieren principalmente al acoso a periodistas y a demandas incoadas contra periodistas . En el último año se registraron varios casos de demandas contra periodistas y medios de comunicación con efectos intimidatorios. El acoso y las amenazas en línea contra periodistas continúan siendo numerosos, incluso por parte de algunos políticos, y van dirigidos especialmente contra mujeres periodistas . Además, muchos autores de ataques en línea siguen siendo anónimos y los periodistas tienden a denunciar el acoso en línea con menos frecuencia que las amenazas físicas . A modo de avance positivo cabe citar que, a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado modificó su dictamen jurídico sobre la interpretación del artículo 297 del Código Penal, permitiendo enjuiciar delitos cometidos contra periodistas también con arreglo a esta disposición.



IV.Otras cuestiones institucionales relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales Eslovenia tiene un sistema de gobierno parlamentario con una estructura bicameral imperfecta, en el que la adopción de las leyes corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional (la primera Cámara del Parlamento), y no al Consejo Nacional (la segunda Cámara del Parlamento) . El Gobierno, cualquier miembro del Parlamento o al menos 5 000 «votantes» pueden presentar proyectos de ley. El Tribunal Constitucional lleva a cabo un control de constitucionalidad ex post, incluso en casos concretos motivados por un recurso de inconstitucionalidad. Además del sistema judicial y de otros organismos, el Defensor de los Derechos Humanos y el Defensor del Principio de Igualdad también se encargan de proteger los derechos individuales. El Parlamento siguió funcionando durante la pandemia de COVID-19. En abril de 2020, una enmienda al Reglamento del Parlamento eliminó los obstáculos para la celebración de sesiones en línea de las comisiones parlamentarias y del Pleno. Debido también a estas enmiendas, el Parlamento trabajó con normalidad a lo largo de 2020 y adoptó 78 leyes, una cifra comparable a la de años anteriores. Tal como se exponía en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, las leyes pueden adoptarse mediante un procedimiento abreviado o de urgencia; la decisión corresponde al Colegio del Presidente del Parlamento. En 2020, el 31 % de las leyes se adoptó con arreglo al procedimiento ordinario (30 % en 2019), el 32 % con arreglo al procedimiento de urgencia (18 % en 2019) y el 27 % con arreglo al procedimiento legislativo abreviado (31 % en 2019). Estos datos muestran que la proporción combinada del procedimiento legislativo urgente y abreviado no ha cambiado de manera sustancial. Se observan algunos problemas en relación con la consulta a la sociedad civil por parte del Gobierno sobre los proyectos de ley. En particular, en ocasiones no se celebran consultas públicas, estas son demasiado breves o carecen de un plazo específico para formular observaciones. La Ley de enfermedades transmisibles, modificada en cuatro ocasiones desde el inicio de la pandemia de COVID-19, ha servido de base para la aplicación de medidas restrictivas, ya que no se ha declarado ningún estado de emergencia. En el período comprendido entre marzo de 2020 y febrero de 2021 se adoptaron numerosas medidas, principalmente sobre la base de la Ley de enfermedades transmisibles, que impuso restricciones temporales o prohibiciones de circulación, reuniones públicas, de la utilización de determinados servicios (ciertas actividades empresariales), servicios públicos (educación, justicia, servicios administrativos), el uso de equipos de protección, cuarentenas y servicios públicos de transporte de pasajeros. Las medidas se adoptaron principalmente en forma de ordenanzas y órdenes, y también, con menor frecuencia, en forma de decisiones y actos. Estas medidas suelen ser adoptadas por el poder ejecutivo, en la mayoría de los casos por el Gobierno, y rara vez por ministros individuales. El 3 de junio de 2021, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo 39 de la Ley de enfermedades transmisibles, que facultaba al Gobierno para limitar o prohibir la libertad de circulación o de asociación. La mayoría de las medidas se publicaron en el Diario Oficial; aquellas que no se hicieron públicas fueron evaluadas por el Tribunal Constitucional desde el punto de vista de las disposiciones constitucionales sobre la necesidad de su publicación. Los municipios también adoptaron medidas en función de las competencias que tienen legalmente asignadas, pero solamente en el ámbito de su jurisdicción. La independencia financiera de determinados organismos independientes ha quedado garantizada en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional. En diciembre de 2020, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunas secciones de la Ley de finanzas públicas, en la medida en que prescribían el procedimiento para definir el presupuesto del Consejo Nacional (la segunda Cámara del Parlamento), el Tribunal Constitucional, el Defensor de los Derechos Humanos y el Tribunal de Cuentas . Esta sentencia puso de relieve la autonomía financiera y la independencia de las cuatro instituciones independientes mencionadas, establecidas por la Constitución. Anteriormente, estos organismos presentaron sus propuestas de presupuesto (no vinculantes) al Ministerio de Hacienda. En la actualidad el Gobierno y el Parlamento tienen la obligación de garantizar el presupuesto de estas instituciones sin influir en su importe. El Tribunal Constitucional mejoró su eficiencia y desempeñó un papel activo en la revisión de las medidas contra la pandemia de COVID-19. El Informe sobre el Estado de Derecho de 2020 constató que, debido al aumento de los recursos de inconstitucionalidad, los retrasos y la duración de los procedimientos siguieron aumentando en el Tribunal Constitucional. En 2020, a pesar del notable aumento de las iniciativas y solicitudes de revisión constitucional recibidas (55 % más que en 2019) y de la disminución de los recursos de inconstitucionalidad recibidos (-26 % en comparación con 2019), el Tribunal resolvió un 26 % más de asuntos que en 2019. Por primera vez desde 2015, el Tribunal pudo tramitar casi todos los asuntos recibidos. Sin embargo, dado que se centró en asuntos más antiguos, la duración media de los procedimientos aumentó a 530 días en los asuntos de revisión constitucional (casi 500 días en 2019) y a 571 días en el caso de los recursos de inconstitucionalidad (420 días en 2019). Desde marzo de 2020 hasta junio de 2021, el Tribunal Constitucional ha recibido 188 asuntos relacionados con medidas contra la pandemia de COVID-19, entre ellos 185 iniciativas y solicitudes de revisión de constitucionalidad y tres recursos de inconstitucionalidad, y ya ha podido resolver 123 iniciativas y solicitudes y tres recursos de inconstitucionalidad, dictando cuatro sentencias (una de ellas parcial). En marzo de 2021, el Parlamento planteó la cuestión de la imparcialidad de los magistrados del Tribunal Constitucional e invitó al presidente de dicho órgano jurisdiccional a debatir este asunto. El presidente del Tribunal Constitucional respondió que sería contrario a la Constitución que el Parlamento debatiera asuntos que se estén sustanciando en el Tribunal Constitucional o esperase que el presidente defendiera al Tribunal Constitucional o a sí mismo en relación con las sentencias dictadas. El Defensor de los Derechos Humanos obtuvo la acreditación de categoría A y ha participado activamente en el seguimiento de las medidas restrictivas relacionadas con la pandemia de COVID-19. En enero de 2021, el Defensor de los Derechos Humanos se convirtió en una institución nacional de derechos humanos con categoría «A», de conformidad con los Principios de París, tras los esfuerzos realizados desde 2015 para obtener dicha categoría. El Subcomité de Acreditaciones de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) recomendó la formalización y aplicación adecuadas de un proceso de nombramiento de los diputados, así como otras mejoras en la legislación . El Defensor de los Derechos Humanos desempeñó un papel activo en el seguimiento de las medidas contra la pandemia de COVID-19, mediante la recopilación de todas las normas restrictivas en vigor y su presentación de forma consolidada y comprensible en su sitio web. Además, se puso en contacto con el poder ejecutivo en varias ocasiones y participó en la formulación de las medidas contra la pandemia de COVID-19, con el fin específico de garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Con el fin de debatir sobre el Estado de Derecho, el presidente de la República convocó una primera reunión de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En octubre de 2020, el presidente de la República reunió por primera vez a los máximos representantes de las tres ramas del Gobierno para debatir sobre el Estado de Derecho y la división de poderes. Asistieron a la reunión el presidente de la Asamblea Nacional, el primer ministro, el presidente del Consejo Nacional, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Supremo, el Ministro de Justicia y el Fiscal General. Esta iniciativa podría contribuir a fomentar una cultura de diálogo y cooperación leal entre las instituciones estatales. Se ha puesto en tela de juicio el espacio de la sociedad civil. En diciembre de 2020, el espacio cívico de Eslovenia empeoró su calificación y pasó a considerarse «reducido» debido, entre otros factores, a las restricciones adoptadas para hacer frente a la pandemia, que tuvo un impacto en el entorno propicio para la sociedad civil. Se ha denunciado la existencia de campañas de difamación contra organizaciones no gubernamentales, especialmente en las redes sociales . Durante la pandemia de COVID-19, el Defensor de los Derechos Humanos constató casos de leyes, medidas y prácticas que podrían afectar negativamente al espacio cívico y reducir las actividades de los defensores de los derechos humanos. Se han observado ataques a la viabilidad económica y financiera de las organizaciones cívicas, en particular mediante la reducción de fondos . Parece que esta situación afecta de manera especial a las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de los migrantes, la alfabetización mediática y la trata de seres humanos . Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético* * La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021 está disponible en https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation_es . Centro para el Pluralismo y la Libertad de los Medios de Comunicación (2021), Informe del Media Pluralism Monitor de 2021.

Comisión Europea, Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020-2021.

Anexo II: Visita a Eslovenia Los servicios de la Comisión celebraron reuniones virtuales en abril de 2021 con: ·el Ministerio de Justicia ·el Ministerio de Administraciones Públicas, ·el Ministerio de Cultura ·la Dirección General de Policía (División de Delincuencia Económica) y la Oficina Nacional de Investigación ·el Tribunal Constitucional ·el Tribunal Supremo ·el Consejo del Poder Judicial ·Tribunal de Cuentas ·el Consejo de la Fiscalía del Estado ·la Fiscalía del Estado (Fiscal General, Fiscalía Suprema del Estado, Fiscalía Especializada del Estado) ·la Comisión para la Prevención de la Corrupción ·la Comisión Nacional de Revisión

·la Agencia de Redes y Servicios de Comunicación (AKOS) ·el Defensor de los Derechos Humanos ·la Secretaría del Parlamento ·Asociación de Periodistas y Publicistas (Irena Zagajšek) ·la Asociación de Periodistas ·la Facultad de Medios de Comunicación (Prof. Dr. Matevž Tomšič, Prof. Dr. Borut Rončević), ·el Sindicato de Periodistas Eslovenos, ·Pod črto ·Transparency International Eslovenia ·Peace Institute ·la red nacional de coordinación de ONG (CNVOS) ·la Asociación de Jueces ·Colegio de Abogados * Además, la Comisión mantuvo reuniones horizontales con las siguientes organizaciones: ·Amnistía Internacional ·Centro de Derechos Reproductivos ·CIVICUS ·Unión por las Libertades Civiles en Europa ·Sociedad Civil Europa

·Conferencia de Iglesias Europeas ·EuroCommerce ·European Center for Not-for-Profit Law ·Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación ·Foro Cívico Europeo ·Federación Europea de Periodistas ·European Partnership for Democracy ·Foro Europeo de la Juventud ·Front Line Defenders ·Human Rights House Foundation ·Human Rights Watch ·ILGA-Europe ·Comisión Internacional de Juristas ·Federación Internacional por los Derechos Humanos ·Red Europea de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF EN) ·Instituto Internacional de la Prensa ·Netherlands Helsinki Committee ·Open Society European Policy Institute ·Philanthropy Advocacy ·Protection International