ES Diario Oficial de la Unión Europea C 32/2

AYUDA DE ESTADO — ITALIA

Ayuda de Estado C 1/2004 — Ley Regional no 9/98 — Corrección y ampliación del Procedimiento C 1/2004 de conformidad con el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2007/C 32/02)

Por carta de 22 de noviembre de 2006, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de corregir y ampliar el ámbito del procedimiento pendiente C 1/2004 de conformidad con el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE en relación con la medida antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la medida respecto de la cual la Comisión corrige y amplía el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea Dirección General de Competencia Registro de Ayudas Estatales B-1049 Bruselas Fax no: (32-2) 296 12 42

Dichas observaciones se comunicarán a Italia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

TEXTO DEL RESUMEN

PROCEDIMIENTO Y ANTECEDENTES

El régimen de ayudas N272/98 se aprobó en 1998 y concede subvenciones para inversiones iniciales en la industria hotelera en Italia — Región de Cerdeña.

Tras su aprobación las autoridades italianas adoptaron reglamentos de aplicación con diferentes decisiones administrativas, en particular, el decreto no 285/99, la deliberazione no 33/4 de 27/7/2000 y la deliberazione no 33/6 de 27/07/2000 coexisten con el no 33/4. El decreto no 285/99 y la deliberazione no 33/6 no pusieron en conocimiento de la Comisión.

De conformidad con las decisiones administrativas no 285/99 y no 33/6, pueden concederse ayudas a inversiones iniciadas antes de la fecha de solicitud de la ayuda.

Respondiendo a una denuncia que indicaba que, infringiendo las disposiciones sobre ayudas de estado de finalidad regional, se había concedido ayuda a inversiones para las que no se había presentado solicitud de ayuda antes de que se iniciaran los trabajos sobre el proyecto, la Comisión decidió, el 3 de febrero de 2004, incoar el procedimiento de investigación formal «Utilización abusiva de ayuda N 272/98 — Decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE» (Asunto C 1/2004).

RAZONES PARA CORREGIR Y AMPLIAR EL PROCEDIMIENTO

En su consideración de la ayuda, la Comisión ha concentrado su análisis en el hecho de que dos de los citados reglamentos de aplicación nunca se pusieron en conocimiento de la Comisión. Un reglamento de aplicación clave, la deliberazione no 33/6, ni siquiera se menciona en la decisión de incoación.

Vale la pena señalar que 28 casos, como mínimo, en los que presuntamente se concedió ayuda infringiendo el principio de necesidad deben atribuirse a la deliberazione no 33/6 y no a la deliberazione no 33/4, como se indicó erróneamente en la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal. La deliberazione no 33/6, «Normas transitorias para el primer bando», establece que excepcionalmente en el caso de la primera invitación a presentar solicitudes, los gastos para las tareas realizadas tras el 05/04/98 (fecha de entrada en vigor de la ley regional no 9/98) pueden recibir ayudas.

Además, la decisión por la que se incoa el procedimiento de investigación formal hace referencia a una aplicación abusiva de un régimen de ayuda aprobado, en el sentido del artículo 16 del Reglamento de procedimiento. Sin embargo, el artículo 16 se entiende normalmente referido a situaciones en las que el beneficiario de una ayuda aprobada utiliza la ayuda en forma distinta a la establecida en las condiciones de la decisión individual de concesión de la ayuda o contrato de ayuda, y no está previsto para cubrir situaciones en las que un Estado miembro, modificando un régimen de ayuda existente, crea una nueva ayuda ilegal (artículos 1, apartados c) y f) del reglamento de procedimiento).

EVALUACIÓN

Las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional (1) («Directrices») exigen que los regímenes de ayuda establezcan que las solicitudes de ayuda se presenten antes de que se empiece a trabajar en los proyectos.

Esta obligación aparece también en la decisión de 1998 de la Comisión por la que se aprueba el régimen, que establece que los beneficiarios deben haber presentado una solicitud de ayuda antes de que se hayan iniciado las tareas del proyecto.

Las citadas decisiones administrativas permitieron la concesión de ayudas a proyectos de inversión iniciados antes de la fecha de solicitud de la ayuda. Por esta razón se considera que las autoridades italianas no se han atenido a la decisión de 1998 de la Comisión, ni a los requisitos fijados en las Directrices.

La Comisión considera que el efecto incentivador de la ayuda puede haberse visto socavado al no existir una solicitud de ayuda antes de que comenzaran efectivamente los trabajos sobre el proyecto. La Comisión considera que dicha ayuda, concedida al margen de cualquier régimen de ayuda existente y sin notificación previa a la Comisión, debería haberse considerado ayuda ilegal en el sentido del artículo 1, letra f), del Reglamento no 659/99, y duda de la compatibilidad de la ayuda concedida a proyectos de inversión iniciados antes de la fecha de aplicación de la ayuda.

Además, a falta de cualquier efecto incentivador, esta ayuda debería considerarse como ayuda de funcionamiento que sirve sólo para aliviar a las empresas de sus costes empresariales normales. Según el punto 4.15 de las Directrices, este tipo de ayuda está normalmente prohibido. Excepcionalmente, sin embargo, puede concederse en regiones a las que se pueda aplicar la excepción contemplada en el artículo 87, apartado 3, letra a), lo que es el caso de Cerdeña en la actualidad, siempre y cuando i) así lo justifiquen su aportación al desarrollo regional y su naturaleza y ii) su importe guarde proporción con las desventajas que se pretenda paliar. Sin embargo, en esta fase del procedimiento, las autoridades italianas no han podido demostrar la existencia de cualquiera de estas desventajas o medir su importancia.

Por consiguiente, en esta fase del procedimiento, la Comisión duda de que la ayuda pueda considerarse compatible con el mercado común.

TEXTO DE LA CARTA

«La Commissione La informa che ha deciso, dopo ulteriori indagini, di rettificare ed estendere l'ambito del procedimento in corso C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE. 1. PROCEDIMENTO E ANTEFATTI 1. Il 21 febbraio 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia (lettera A/31409, registrata come CP 15/2003) riguardante l'applicazione abusiva di un regime di aiuti a finalità regionale in favore dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna), approvato dalla Commissione nel 1998 (N 272/98) (2). 2. Con lettera del 26 febbraio 2003 (D/51355), la Commissione ha richiesto chiarimenti alle autorità italiane. Con lettera del 28 marzo 2003 la Commissione ha accettato di prorogare il termine per la comunicazione delle informazioni. Con lettera del 22 aprile 2003 (A/33012 del 28 aprile 2003), le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste. 3. Secondo l'autore della denuncia, nell'ambito del suddetto regime di aiuti sono state concesse agevolazioni a investimenti per i quali non era stata presentata domanda di aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto, in violazione delle norme sugli aiuti di Stato a finalità regionale. 4. Il regime di aiuti N 272/98 prevedeva sovvenzioni da destinare a investimenti iniziali nell'ambito dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna). Tale regime era stato approvato nel 1998 essendo stato giudicato dalla Commissione compatibile con il mercato comune in base alla deroga di cui all'articolo 87, lettera 3, paragrafo a). 5. Dopo l'adozione della decisione con cui la Commissione ha approvato la misura N 272/98, le autorità italiane hanno adottato i regolamenti d'attuazione del regime tramite diverse decisioni amministrative, in particolare il decreto n. 285/99 (3), la deliberazione n. 33/4 del 27.7.2000 e la deliberazione n. 33/6 del 27.7.2000 coesistente con la n. 33/4. Il Decreto n. 285/99 e la deliberazione n. 33/6 non sono stati portati a conoscenza della Commissione. 6. In base a due delle decisioni amministrative citate, la n. 285/99 e la n. 33/6, l'aiuto può essere concesso, eccezionalmente e soltanto per il primo bando, agli investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto. 7. In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, risulta che nel 2002 sono stati concessi aiuti a beneficio di almeno 28 progetti di investimento avviati prima della data della domanda di aiuto, per un importo complessivo d'aiuto tra gli 8 e i 16 milioni di EUR. 8. Il 3 febbraio 2004 la Commissione ha adottato la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale (4)“Applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98 — Decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE”. 9. Il 26 aprile 2004 una terza parte ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Il 30 aprile 2004 e il 30 giugno 2005 le autorità italiane hanno formulato i propri commenti in merito alla stessa decisione. 2. MOTIVI PER LA RETTIFICA E L'ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO 10. Nel valutare l'aiuto, la Commissione ha concentrato la sua analisi sul fatto che due dei regolamenti d'attuazione sopra citati non sono mai stati portati alla sua conoscenza. Inoltre, la deliberazione n. 33/6 non è affatto menzionata nella decisione di avvio del procedimento d'indagine formale. 11. È opportuno sottolineare che almeno 28 casi di concessione di aiuti in violazione del principio di necessità sono da attribuirsi alla deliberazione n. 33/6 e non alla deliberazione n. 33/4, erroneamente menzionata nella decisione del 3.2.2004. La deliberazione n. 33/6, “Norma transitoria riferita al 1o bando”, indica che eccezionalmente, per il primo invito a presentare domanda, sono ammissibili agli aiuti i costi per i lavori sostenuti dopo il 5 aprile 1998, la data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/98 (5). 12. Inoltre, la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale considera che si configuri un caso di attuazione abusiva di un regime di aiuti approvato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di procedura (6). L'articolo 16 viene generalmente inteso come riferito a situazioni in cui il beneficiario di un aiuto approvato attua gli aiuti in modo contrario alle condizioni della decisione di concessione dell'aiuto individuale o al contratto relativo agli aiuti, e non è inteso come riguardante situazioni in cui uno Stato membro, modificando un regime di aiuti esistente, crea nuovi aiuti illegali (articolo 1, lettere c) e f) del Regolamento di procedura). 3. BREVE SINTESI DELLE RISPOSTE ITALIANE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO 13. La parte terza afferma che il principio dell'effetto incentivante sarebbe rispettato perché i lavori sono cominciati dopo aver presentato la prima domanda di aiuti, nonostante il fatto che tale domanda sia stata introdotta sulla base di un altro regime esistente. 14. Le autorità italiane si richiamano al regolamento d'attuazione (decreto n. 285/99) che considera come costi ammissibili le spese sostenute dopo la data d'entrata in vigore della legge (quindi dopo il 5.4.1998). La misura avrebbe quindi generato una legittima aspettativa nei beneficiari. 15. Nelle loro dichiarazioni, infatti, le autorità italiane sostengono che il sistema di concessione degli aiuti previsto dal decreto n. 285/99 (“a sportello”) aveva portato i possibili beneficiari ad avere legittime aspettative quanto all'ammissibilità agli aiuti anche in situazioni in cui i progetti erano già cominciati. 16. Le autorità italiane indicano che l'attuazione concreta del regime, dopo l'entrata in vigore delle deliberazioni n. 33/4 e 33/6 del 27.7.2000, ha richiesto per la prima volta il ricorso a una procedura “a bando”; pertanto, il passaggio da una procedura “a sportello” a una procedura “a bando” ha indotto l'amministrazione regionale a includere nel regolamento d'attuazione una clausola che stabiliva che le domande di aiuto presentate prima della pubblicazione del primo bando dovevano essere introdotte di nuovo secondo le forme prescritte. L'amministrazione regionale, in tale contesto, ha accettato domande di aiuti anche per progetti già avviati. 17. Infine, le autorità italiane sottolineano che la deliberazione n. 33/4, vagliata dai servizi della Commissione, prevede che 'le misure ai sensi dell'articolo 9 debbano essere applicate in osservanza del “de minimis”'. 4. VALUTAZIONE 18. Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (7) prevedono che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti (punto 4.2). 19. Tale obbligo è inoltre contenuto nella decisione della Commissione del 1998 (8) di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti a finalità regionale a favore dell'industria alberghiera italiana — Regione Sardegna (N 272/1998). La decisione della Commissione stabilisce che i beneficiari devono aver presentato la domanda di aiuto prima che inizi l'esecuzione del progetto. 20. Le autorità italiane hanno confermato esplicitamente (9) che tale obbligo era soddisfatto, nell'ambito dell'esercizio delle opportune misure che ha fatto seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. 21. Tuttavia, con la decisione amministrativa n. 33/6, le autorità italiane hanno autorizzato la concessione di agevolazioni a progetti di investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto. Sotto questo profilo, pare che le autorità italiane non abbiano rispettato le condizioni previste nella decisione della Commissione che autorizzava il regime degli aiuti, né i requisiti fissati dagli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale. 22. Di conseguenza, la Commissione considera che l'effetto d'incentivo dell'aiuto possa risultare compromesso per la mancanza di una domanda di aiuto precedente l'avvio effettivo dell'esecuzione del progetto. 23. Tale aiuto, concesso al di fuori di ogni regime di aiuto esistente, e senza la notifica preventiva alla Commissione, dovrebbe essere considerato come aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera e) del regolamento n. 659/99. 24. Inoltre, in mancanza di un effetto d'incentivo, tale aiuto va considerato come aiuto al funzionamento volto solo a sollevare le imprese dai loro normali costi d'esercizio. Conformemente al punto 4.15 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, questi tipi di aiuti sono di norma vietati. In via eccezionale, però, essi possono essere concessi nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) — che è attualmente il caso della Sardegna — purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. In questa fase del procedimento, tuttavia, le autorità italiane non hanno dimostrato l'esistenza di tali svantaggi né ne hanno quantificato l'importanza. 25. Per quanto riguarda i commenti ricevuti, la Commissione al presente considera che: (a) Non è possibile trasferire l'effetto di incentivo da un regime all'altro. Poiché i parametri di ogni regime sono diversi, l'effetto di incentivo è legato ad un regime in particolare e quindi la scelta, per le imprese, nell'applicare un regime o un altro non può essere accettata come una valida ragione che dia ai beneficiari il diritto di affermare di aver rispettato il principio dell'effetto incentivante. (b) La Commissione ha approvato le disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale n. 9/98, secondo cui possono essere accettate come ammissibili spese già sostenute, ma questo limitatamente alla conformità con la regola del “de minimis”. Tuttavia l'Italia, per individuare i costi rientranti nella regola del “de minimis”, ha proceduto suddividendo i progetti, distinguendo così le spese ammissibili sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto da quelle sostenute dopo. Nel caso in cui i costi sostenuti prima della domanda di aiuto siano al di sotto della soglia “de minimis”, l'Italia sostiene la conformità con la regola del “de minimis”. Come già ricordato, il punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale dispone che la domanda di aiuto debba essere presentata prima che inizi l'esecuzione del progetto. Ne deriva che non è possibile considerare come ammissibili le spese sostenute dopo la domanda di aiuto se il progetto, preso nella sua totalità, è cominciato prima. 26. Di conseguenza, in questa fase del procedimento, la Commissione nutre dubbi sul fatto che gli aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune. 5. CONCLUSIONE 27. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. In particolare, la Commissione chiede all'Italia di spiegare il motivo per cui la deliberazione n. 33/6 non le sia stata presentata insieme alla deliberazione 33/4. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto. 28. La Commissione desidera ricordare all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare l'eventuale aiuto illegale dal beneficiario. 29. Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA, firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.»

(1) DO C 74 de 10.3.98.

(2) Legge regionale n. 9/98

(3) Annullato per vizi il 27.7.2000 con decisione del Governo regionale.

(4) Pubblicata sulla GU C 79/2004.

(5) Solo la deliberazione n. 33/4 è stata trasmessa, il 2.11.2000, ai servizi della Commissione nel contesto della procedura relativa alle opportune misure in seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 1998.

(6) Regolamento n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [ora art. 88], GU L 83 del 27.3.1999.

(7) GU C 74 del 10.3.1998.

(8) La decisione della Commissione è stata comunicata alle autorità italiane con lettera del 12.11.98, SG(98) D/9547.

(9) Con lettera in data 25.4.2001 n. 5368 (registrata come A/33473). In quell'occasione, la Commissione ha invitato l'Italia ad accettare le opportune misure conformemente all'articolo 88, paragrafo 1 del trattato e a rendere il regime compatibile con gli orientamenti. Rispondendo a tale esercizio di opportune misure, l'Italia ha presentato solo la deliberazione n. 33/4 e non la deliberazione n. 33/6. Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità italiane, la Commissione ha riconosciuto che l'Italia aveva accolto la proposta di opportune misure e che il regime era compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.