Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se establecen los criterios y modalidades prácticas para la compensación de los desequilibrios financieros resultantes de la aplicación de la Directiva del Consejo 2001/40/CE, relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de los nacionales de terceros países

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. INTRODUCCIÓN

La Directiva del Consejo 2001/40/CE, relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de los nacionales de terceros países, se adoptó el 28 de mayo de 2001 [1] para permitir el reconocimiento de una decisión de expulsión emitida por una autoridad competente de otro Estado miembro. Insiste en la necesidad de conseguir una mayor eficacia en la ejecución de las medidas de expulsión, así como una mejor cooperación entre los Estados miembros, incluido el reconocimiento mutuo de las decisiones de expulsión.

[1] DO L 149, de 2 de junio de 2001, p. 35.

La aplicación de la Directiva del Consejo 2001/40/CE puede generar desequilibrios financieros cuando las decisiones de expulsión no pueden efectuarse a expensas del nacional del tercer país interesado. Los Estados miembros, por lo tanto, deberán compensarse recíprocamente por los eventuales desequilibrios financieros que puedan resultar de este reconocimiento mutuo.

Con este propósito, el artículo 7 de la Directiva exige al Consejo que adopte los criterios y modalidades prácticas apropiados. La presente Decisión del Consejo introducirá el mecanismo necesario para la compensación bilateral de los desequilibrios financieros que puedan resultar de la aplicación de la Directiva del Consejo 2001/40/CE.

Además, el artículo 7 de la Directiva exige que tales criterios y modalidades prácticas regulen asimismo la aplicación del artículo 24 del Convenio de Schengen. Debido a que este complejo asunto podría retrasar considerablemente la plena aplicación de la Directiva del Consejo 2001/40/CE, que los Estados miembros deben transponer como muy tarde el 2 de diciembre de 2002, la presente Decisión del Consejo no introducirá un mecanismo de reparto multilateral de los costes según lo dispuesto en el artículo 24 del Convenio de Schengen sobre los desequilibrios financieros que pueden resultar de la obligación establecida en el artículo 23 de dicho Convenio. No obstante, los criterios y modalidades prácticas utilizados para el cálculo de los costes concretos de una operación de traslado por persona repatriada, tal y como aparecen definidos en la presente Decisión, deberán servir de base para el cálculo análogo del Estado ejecutor en el marco de un futuro instrumento para el artículo 24 del Convenio.

2. OBJETIVOS

El propósito de la presente Decisión es introducir criterios y modalidades prácticas apropiados para la compensación de cualquier desequilibrio financiero que pueda resultar de la aplicación de la Directiva del Consejo 2001/40/CE, relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de los nacionales de terceros países, de 28 de mayo de 2001.

El principio básico de la presente Decisión es el de que el Estado miembro que emite la decisión reembolse al Estado miembro que la ejecuta sobre la base de los costes reales. Los debates preliminares en el Consejo subrayaron la necesidad de establecer un conjunto de principios rectores tanto en relación con el gasto durante la ejecución como en relación con el procedimiento real de reembolso.

Los reembolsos serían necesarios en relación con tres tipos de costes asumidos: costes de transporte, costes administrativos y costes de alojamiento. Resulta asimismo evidente que es preciso fijar un límite máximo para cada categoría a fin de garantizar que los costes sean en todo momento razonables, comparables y equilibrados.

3. SUBSIDIARIEDAD

Con arreglo al principio de subsidiariedad, el objetivo de la acción propuesta, a saber, el reparto de los costes financieros en el marco de una cooperación entre los Estados miembros en materia de expulsión de los nacionales de terceros países, no puede alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a los efectos de la acción contemplada, puede lograrse más adecuadamente a escala comunitaria. La presente Directiva no excede de lo estrictamente necesario para alcanzar este objetivo.

4. COMENTARIO DEL ARTICULADO

Artículo 1

En este artículo se define el objetivo de la Decisión.

Artículo 2

Este artículo exige al Estado miembro emisor que compense al Estado miembro ejecutor por cualquier desequilibrio financiero que pueda resultar de la aplicación de la Directiva 2001/40/CE, y define el concepto de costes reales recuperables.

Los costes reales recuperables en virtud de la presente Decisión incluirán los costes de transporte del repatriado y de como mucho dos escoltas, los costes administrativos tales como los resultantes de la expedición de los visados y de los documentos del viaje de repatriación, los costes de la detención por un periodo máximo de tres meses y los costes de alojamiento durante el periodo de ejecución bien en una zona de tránsito de un tercer país, bien en el país de origen. En principio, estos elementos representan una lista exhaustiva de los costes recuperables a fin de definir un umbral claro de reembolso y conseguir así que los costes resulten razonables, comparables y equilibrados.

No obstante, el apartado 4 permite que los Estados miembros acuerden sobre una base bilateral reembolsar los gastos que excedan de los costes mínimos o reembolsar otros gastos adicionales. Esta cláusula permite por ejemplo que los vuelos "chárter" que sobrepasan el umbral fijado puedan ser objeto de reembolso cuando así lo acuerden los Estados miembros implicados.

Artículo 3

Este artículo describe el procedimiento que deben seguir los Estados miembros para la presentación y tramitación de las solicitudes de reembolso. Establece un procedimiento transparente capaz de garantizar la claridad y la seguridad jurídica.

Limita el reembolso a las medidas de ejecución aplicadas durante los tres años siguientes a la emisión de una decisión de expulsión, a fin de circunscribir en el tiempo la responsabilidad del Estado miembro emisor. Al objeto de garantizar que las solicitudes de reembolso se cursan con la debida rapidez, la presente Decisión permite que se rechace cualquier solicitud de reembolso presentada más de un año después de la ejecución.

Las solicitudes se canalizan a través de puntos de contacto nacionales para identificar a la autoridad competente o al organismo responsable del pago. Los puntos de contacto nacionales garantizan la transmisión ordenada de la solicitud e informan a la autoridad ejecutora sobre cuál es el organismo responsable del pago.

Tanto las notificaciones de pago como las razones que justifican su rechazo también deberán dirigirse a los puntos de contacto nacionales de forma que éstos puedan cumplir con sus obligaciones informativas, tal y como se establece en el artículo 4.

Artículo 4

Este artículo obliga a los puntos de contacto nacionales de los Estados miembros a registrar y comunicar anualmente a la Comisión el número total de repatriaciones ejecutadas, el número de medidas de ejecución aplicadas en virtud de las disposiciones de la Directiva 2001/40/CE y de las disposiciones de la presente Decisión, y el número de decisiones de expulsión que podrían ser reconocidas y ejecutadas por otros Estados miembros.

Artículo 5

Este artículo limita el reembolso a las decisiones de expulsión emitidas con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Decisión. Por otra parte, describe cómo y cuándo entrará en vigor la presente Decisión.

Artículo 6

Este artículo define a los destinatarios de la presente Decisión.

2003/0019 (CNS)

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se establecen los criterios y modalidades prácticas para la compensación de los desequilibrios financieros resultantes de la aplicación de la Directiva del Consejo 2001/40/CE, relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de los nacionales de terceros países

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 3 de su artículo 63,

Vista la propuesta de la Comisión [2],

[2] DO C [... ] [... ], p. [... ].

Visto el dictamen del Parlamento Europeo [3],

[3] DO C [... ] [... ], p. [... ].

Considerando lo siguiente:

(1) El Consejo Europeo de Tampere, de 15 y 16 de octubre de 1999, reafirmó su voluntad de establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia. Con este objetivo, es necesario que una política europea común en materia de asilo y de migración contemple paralelamente un trato equitativo para los nacionales de terceros países y una mejor gestión de los flujos migratorios. Estos objetivos fueron confirmados por el Consejo Europeo de Laeken de 14 y 15 de diciembre de 2001 y por el Consejo Europeo de Sevilla de 21 y 22 de junio de 2002. Se hizo especial hincapié en la necesidad de luchar contra la inmigración ilegal, inclusive mediante la adopción de medidas apropiadas para promover la repatriación de los residentes ilegales.

(2) La aplicación de la Directiva del Consejo 2001/40/CE, de 28 de mayo de 2001, relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de los nacionales de terceros países, puede generar desequilibrios financieros cuando las decisiones de expulsión no pueden ejecutarse a expensas del nacional del tercer país interesado. Deberían, pues, adoptarse, criterios y modalidades prácticas apropiados para la compensación bilateral de los Estados miembros.

(3) Con arreglo al principio de subsidiariedad, el objetivo de la acción propuesta, a saber, el reparto de los costes financieros en el marco de la cooperación entre los Estados miembros en materia de expulsión de los nacionales de terceros países, no puede alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a los efectos de la acción pretendida, puede lograrse mejor a escala comunitaria. La presente Directiva no excede de lo estrictamente necesario para alcanzar este objetivo.

(4) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, este país no participa en la adopción de la presente Decisión y, por consiguiente, ésta no será vinculante ni aplicable a Dinamarca. Dado que la presente Decisión va encaminada a desarrollar el acervo de Schengen según lo dispuesto en el título IV del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y de conformidad con el artículo 5 del mencionado Protocolo, Dinamarca decidirá, dentro de los seis meses siguientes a su adopción por el Consejo, si la incorpora o no a su legislación nacional.

(5) En lo que respecta a la República de Islandia y el Reino de Noruega, la presente Decisión constituye un desarrollo del acervo de Schengen conforme a lo dispuesto en el acuerdo celebrado el 18 de mayo de 1999 por el Consejo de la Unión Europea y ambos Estados. Al término de los procedimientos que prevé dicho acuerdo, los derechos y obligaciones derivados de la presente Decisión se aplicarán asimismo a ambos países y a sus relaciones con los Estados miembros de la Comunidad Europea destinatarios de la presente Decisión.

(6) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos concretamente por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en tanto que principios generales del Derecho comunitario. La presente Decisión se propone en particular garantizar el pleno respeto de la dignidad humana y la protección en caso de expulsión y traslado, promoviendo la aplicación de los artículos 1, 18 y 19 de la citada Carta.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La presente Decisión establece los criterios y modalidades prácticas apropiados para la compensación de cualquier desequilibrio financiero que pueda resultar de la aplicación de la Directiva del Consejo 2001/40/CE cuando la expulsión no puede efectuarse a expensas del o de los nacionales del tercer país interesado.

Artículo 2

(1) El Estado miembro emisor compensará al Estado miembro ejecutor por cualquier desequilibrio financiero que pueda resultar de la aplicación de la citada Directiva cuando la expulsión no pueda efectuarse a expensas del o de los nacionales del tercer país interesado.

(2) El reembolso se efectuará a petición del Estado miembro ejecutor sobre la base de los costes reales.

(3) Se considerarán costes mínimos recuperables para cada repatriado y para hasta un máximo de dos escoltas por repatriado los siguientes gastos:

- Costes de transporte: estos costes incluirán los costes reales de los billetes de avión por un importe que no exceda de la tarifa oficial de la IATA para el correspondiente trayecto en el momento de la ejecución. Los costes reales de transporte terrestre en coche o en tren podrán solicitarse sobre la base de la tarifa de un billete de tren en segunda clase para la distancia correspondiente en el momento de la ejecución.

- Gastos administrativos: estos gastos incluirán los costes reales derivados de la expedición de los visados y de los documentos del viaje de repatriación (salvoconducto).

- Alojamiento: estos gastos incluirán los costes reales de estancia del repatriado detenido en una instalación al efecto por un periodo no superior a tres meses. Durante la ejecución, estarán cubiertos los costes de alojamiento del repatriado y sus escoltas en una zona de tránsito de un tercer país y los costes derivados de la estancia mínima imprescindible de los escoltas en el país de origen.

(4) No obstante lo dispuesto en el apartado 3, los Estados miembros podrán acordar sobre una base bilateral reembolsar los gastos que excedan de los costes mínimos o reembolsar otros gastos adicionales.

Artículo 3

(1) Las solicitudes del reembolso se cursarán por escrito e irán acompañadas de los oportunos justificantes de los costes recuperables.

(2) No podrá exigirse ningún reembolso por la ejecución de las decisiones de expulsión emitidas más de tres años antes de su ejecución.

(3) Podrán rechazarse las solicitudes de reembolso presentadas más de un año después de la correspondiente ejecución.

(4) A los efectos de aplicación de la presente Decisión, se establecerán puntos de contacto nacionales. Dichos puntos de contacto aparecen enumerados en el Anexo de la presente Decisión.

(5) La autoridad competente del Estado miembro ejecutor enviará la solicitud de reembolso a través del punto de contacto nacional de dicho Estado miembro. El punto de contacto nacional del Estado miembro ejecutor transmitirá la solicitud al punto de contacto nacional del Estado miembro emisor, que remitirá la petición a la autoridad competente de ese Estado miembro. El punto de contacto nacional del Estado miembro emisor informará al punto de contacto nacional del Estado miembro ejecutor sobre cuál es la autoridad responsable del reembolso.

(6) Los pagos se abonarán a la autoridad competente del Estado miembro ejecutor dentro de los tres meses siguientes a la recepción de la solicitud por el punto de contacto nacional del Estado miembro emisor. Los Estados miembros podrán establecer acuerdos bilaterales en relación con las formas de pago.

(7) Cualquier rechazo de pago deberá establecerse por escrito, aclarando las razones que lo han motivado, y transmitirse a la autoridad competente del Estado miembro ejecutor dentro de los tres meses siguientes a la recepción de la solicitud.

(8) Deberá informarse a los puntos de contacto nacionales del Estado miembro ejecutor y del Estado miembro emisor tanto de los pagos como del rechazo de reembolso.

Artículo 4

Cada punto de contacto nacional deberá presentar a la Comisión un informe anual en el que se especifiquen los siguientes datos:

a) el número total de repatriaciones forzosas ejecutadas por el Estado miembro implicado

b) el número total de medidas de ejecución realizadas en virtud de la Directiva 2001/40/CE

c) el número total de rechazos de reembolso, junto con las razones que los justifican

d) el número total de las decisiones de expulsión adoptadas por la autoridad administrativa competente del Estado miembro implicado susceptibles de ser reconocidas y ejecutadas por otros Estados miembros.

El informe anual deberá asimismo incluir declaraciones sobre la aplicación de la presente Decisión y recomendaciones para la mejora de los criterios y modalidades prácticas de la presente Decisión.

Artículo 5

(1) Las solicitudes de reembolso sólo podrán referirse a decisiones de expulsión emitidas con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Decisión.

(2) La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 6

Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo El Presidente

[... ]

ANEXO

Lista de puntos de contacto nacionales

(a completar)