COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL TRIBUNAL DE CUENTAS Síntesis de los resultados de la gestión de la Comisión en 2010 /* COM/2011/0323 final */





COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL TRIBUNAL DE CUENTAS Síntesis de los resultados de la gestión de la Comisión en 2010 1. Introducción De conformidad con el artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Comisión Europea ejecuta el presupuesto bajo su propia responsabilidad y dentro del límites de los créditos autorizados, con arreglo al principio de buena gestión financiera. Al adoptar este Informe de Síntesis, la Comisión asume una responsabilidad política general respecto de la gestión realizada por sus Directores Generales y Jefes de Servicio, sobre la base de las garantías y las reservas formuladas por estos en sus informes anuales de actividad (IAA). En el Informe de Síntesis, la Comisión identifica también los problemas de gestión esenciales que se han de abordar de forma prioritaria y las medidas a adoptar para subsanar las deficiencias detectadas. En 2009, por tercer año consecutivo, el Tribunal emitió un dictamen positivo sin reservas sobre las cuentas consolidadas. Continúa la tendencia positiva a la reducción del índice de error global. Por primera vez, el Tribunal estimó que el índice de error más probable en el presupuesto se situaba entre el 2 % y el 5 %. La evaluación de la calidad de los IAA hecha por el Tribunal[1] también ha mejorado. Informar sobre los logros de la gestión de la Comisión es más que informar sobre los índices de error. El contexto económico actual ha hecho que los gastos de gran calidad y con valor añadido adquieran una gran importancia para los ciudadanos. En la primera parte de sus informes anuales de actividad, los ordenadores delegados explican cómo utilizan los recursos financieros y humanos para lograr los objetivos políticos fijados por el Colegio, conforme a los principios de buena gestión financiera, mostrando al lector la manera en que las políticas de la UE han generado un valor añadido para la sociedad. Al ultimar sus propuestas para el próximo Marco Financiero Plurianual, la Comisión propondrá mejoras, especialmente en la gestión compartida, mediante la cual los Estados miembros ejecutan alrededor del 80% del presupuesto. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ha incrementado la responsabilidad de los Estados miembros, que deben cooperar con la Comisión para ejecutar el presupuesto, destacando sus obligaciones de control y auditoría[2]. 2. Fortalecer las bases de la fiabilidad El Colegio delega la ejecución operativa en los Directores Generales y Jefes de Servicio que, como «ordenadores delegados» (AOD), son responsables de una buena y eficiente gestión financiera de los recursos y de garantizar unos sistemas de control adecuados y eficaces en sus servicios. Los Directores Generales y Jefes de Servicio informan sobre el ejercicio de sus funciones en los IAA[3], que contienen una declaración de fiabilidad firmada que avala la legalidad y regularidad de las transacciones financieras. La fiabilidad es un examen objetivo de las pruebas con el fin de proporcionar una evaluación independiente de la eficacia de la gestión de los riesgos, el control y los procesos de gobernanza. Este examen es llevado a cabo por la dirección, que supervisa el funcionamiento de los sistemas de control internos de forma continuada, así como por los auditores internos y externos. Los resultados se presentan en cada IAA, que es el instrumento principal para que los Directores Generales documenten su responsabilidad ante el Colegio. 2.1. Impacto de las reorganizaciones internas sobre la fiabilidad En el año 2010 se procedió a una serie de cambios importantes y se llevaron a cabo reorganizaciones. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, creó la figura[4] del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión, y especificó que el Alto Representante estará asistido por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Los preparativos para crear el SEAE tuvieron lugar durante todo el año 2010 y el servicio se creó el 1 de enero de 2011. Determinadas disposiciones del Reglamento financiero han sido modificadas[5]. La Comisión sigue siendo responsable de la ejecución del presupuesto, incluidos los créditos operativos ejecutados por los Jefes de Delegación, que son los ordenadores subdelegados de la Comisión. Tras el nombramiento del nuevo Colegio y el reparto de carteras, se han reestructurado[6] una serie de Direcciones Generales. En este sentido se han creado nuevas Direcciones Generales de Justicia, Interior, Acción por el Clima, Energía y Movilidad y Transportes, además de transferirse una serie de direcciones entre las diferentes Direcciones Generales. En consonancia con la política de la Comisión de no solicitar nuevos puestos a las autoridades presupuestarias, se crearon Direcciones con recursos compartidos y con estructuras de auditoría interna comunes (SIAC), permitiendo la puesta en común de la experiencia profesional y generando economías de escala. La Comisión ha llevado a cabo estos cambios sin contratiempos. Los servicios centrales han ayudado a la actualización de la circular[7] sobre cómo proceder con los IAA en estas circunstancias. Los nuevos Directores Generales recibieron de sus predecesores notas de transmisión. El Servicio de Auditoría Interna ha examinado varios aspectos de estas reorganizaciones, contribuyendo así a la mejora de la administración y la gobernanza. 2.2. Diálogo entre los Directores Generales y el Colegio de Comisarios Cada[8] IAA confirma explícitamente que el Comisario / los Comisarios han sido informados de los principales aspectos de los IAA, incluidas todas las reservas previstas antes de la firma final de la declaración de fiabilidad. Los IAA constituyen el principal instrumento por medio del cual los ordenadores delegados documentan su responsabilidad ante el Colegio y como fuente de pruebas para la DAS. La Comisión ha dado instrucción a la Secretaría General y a la Dirección General de Presupuestos para que continúen estableciendo directrices para las Direcciones Generales y los servicios por medio de la revisión periódica de las instrucciones aplicables, notas explicativas, acciones de formación y reuniones de revisión interpares. Todos los Directores Generales y Jefes de Servicio son invitados a prestar su apoyo activo a todas las medidas promovidas por los servicios centrales con vistas a mejorar la calidad de las herramientas. 2.3. Auditoría interna El Comité de Seguimiento de las Auditorías (CSA) centró su trabajo en los principales riesgos identificados por el encargo de auditoría y mejoró el flujo de información al Colegio sobre cuestiones de auditoría, incluidas cuestiones de dimensión institucional e incluida información cualitativa sobre de qué manera los planes de acción mejoran el marco general de control. En su informe anual y notas de información, el CSA informó al Colegio de que se habían registrado avances en la ejecución de las recomendaciones de auditoría aceptadas aún pendientes que se consideraban «críticas» o «muy importantes», tal y como se solicitaba en el Informe de Síntesis de 2009. En 2010, seis meses después de su fecha de vencimiento, quedaban pendientes 26 recomendaciones «muy importantes» y ninguna «crítica». 97 recomendaciones «muy importantes» fueron aceptadas, pero están pendientes desde hace menos de seis meses. Sobre la base de la información presentada por el CSA, la Comisión tomó nota de los progresos realizados en la ejecución de las recomendaciones de auditoría y encargó a los servicios que continuaran este trabajo. Los Directores Generales y los Jefes de Servicio deberán garantizar que las recomendaciones reciben la debida atención. En marzo de 2011, el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión presentó el Informe de Auditoría Interna Anual 2010 para el año 2010 tal como se establece en el artículo 86, apartado 3, del Reglamento financiero. En mayo de 2011, el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión emitió su primer dictamen general. Se basa en trabajos realizados por las estructuras de auditoría interna y el servicio de auditoría interna durante el período 2008 a 2010, como parte del plan estratégico de auditoría coordinada. El dictamen se centra en la gestión financiera. El Auditor interno de la Comisión considera que, en 2010, la Comisión ha puesto en marcha procedimientos de gobernanza, gestión de riesgos y control interno adecuados para ofrecer garantías razonables en la consecución de sus objetivos financieros, con excepción de los ámbitos de la gestión financiera sobre los cuales los Directores Generales han manifestado reservas en sus declaraciones de fiabilidad y son objeto de observaciones sobre la gestión de los riesgos relacionadas con los errores en las operaciones subyacentes. El presente dictamen no abarca el programa del Sistema Mundial de Navegación por Satélite cuya auditoría no había concluido antes de que finalizara el año 2010. En particular, tiene en cuenta que la dirección ha adoptado planes que el SAI considera que son adecuados para paliar los riesgos residuales identificados por los auditores durante los últimos tres años y para aplicar las recomendaciones, y que la aplicación de estos planes se supervisará a través de los informes de gestión y de las auditorías de seguimiento. La Comisión ha tomado nota de estos informes, que inspiran confianza al Colegio sobre el desarrollo de los controles internos y la gobernanza existentes en sus servicios y ofrece una garantía razonable sobre su capacidad para alcanzar sus objetivos. 2.4. Mejorar la claridad y la coherencia de los informes anuales de actividad Los IAA constituyen una de las principales fuentes de información para el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y las autoridades responsables de la aprobación de la gestión presupuestaria. Según el Tribunal, la calidad de estos informes ha mejorado en los últimos años. En su Informe Anual para 2009, el TCE otorgó a todos los IAA de las Direcciones Generales y servicios de la Comisión la clasificación «A» y «B»[9]. Las instrucciones permanentes aplicables a los IAA se han afinado para mejorar la calidad de la información presentada en apoyo de las garantías y la legibilidad de los informes. Los servicios centrales siguieron interviniendo en una fase temprana del proceso de redacción de los IAA, debatiendo elementos centrales con las Direcciones Generales y los servicios, y prestando la orientación necesaria para mejorar la calidad de los textos finales. De nuevo, las (pre)revisiones interpares han demostrado ser una plataforma efectiva para los diferentes servicios, en tanto que homólogos, para compartir su opinión sobre cómo formular una serie de cuestiones transversales en los IAA, cómo garantizar la coherencia del enfoque y abordar adecuadamente las deficiencias constatadas. Durante el proceso de revisión interpares, se ha identificado una serie de aspectos con el fin de mejorar la presentación, en particular el conjunto de argumentos en apoyo de la fiabilidad y la descripción de la contribución de cada uno de los elementos constitutivos. Entre ellos cabe citar: a) el razonamiento que se debe utilizar cuando sólo se disponga de una muestra de control basada en el riesgo; b) la descripción de la metodología de muestreo utilizada y c) los métodos matemáticos aplicados para extrapolar los resultados de la muestra de auditoría a toda la población. La Comisión se ha comprometido a mejorar continuamente la legibilidad y la comparabilidad de los informes de actividad anuales. 3. Fiabilidad fundamentada en los informes anuales de actividad y reservas formuladas por los directores generales Habiendo examinado los IAA, y, en particular, la declaración firmada por cada Director General, la Comisión toma nota de que todos ellos ofrecen garantías razonables respecto a la utilización de los recursos para el propósito previsto, el respeto de los principios de buena gestión financiera y el hecho de que los procedimientos de control utilizados ofrecen las garantías necesarias sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. Algunos Directores Generales señalaron deficiencias residuales y formularon reservas en sus IAA sin poner en entredicho el nivel general de fiabilidad otorgado. Doce Directores Generales y un Director de una Agencia ejecutiva publicaron un total de diecisiete reservas en sus IAA de 2010. Estas incluyen 15 de las 21 reservas[10] ya presentadas en 2009 y sobre las que se estaba trabajando a finales de 2010, más dos nuevas reservas. Los problemas más comunes se derivan de las complejas normas en materia de subvencionabilidad para los beneficiarios de subvenciones (un asunto que afecta a los fondos sujetos a una gestión centralizada directa) y a la aplicación de las normas de contratación pública (causa frecuente de errores en la política de cohesión). Cada Director General y Jefe de servicios expone las razones principales para sus reservas y presenta medidas correctoras para resolverlas. Después de una evaluación de los resultados del control, se retiraron seis reservas prorrogadas de ejercicios anteriores. Para retirar una reserva, se pidió a los ordenadores delegados que presentaran las medidas puestas en práctica para abordar las deficiencias identificadas, que las medidas fueran eficaces y que las deficiencias se hubieran subsanado efectivamente. En la mayoría de los casos, esto implica pruebas de auditoría de que los índices de error han disminuido a un nivel aceptable o que los sistemas se han reforzado y están funcionando adecuadamente. 3.1. Agricultura y recursos naturales Por lo que se refiere a la agricultura y los recursos naturales, un pequeño aumento en el índice de error ligeramente por encima del 2 % condujo al Tribunal, en su Informe Anual de 2009, a concluir que este capítulo se ha visto afectado por errores materiales. El Tribunal reiteró que se requieren más esfuerzos para simplificar las normas y las condiciones en el ámbito del desarrollo rural. El Director General de Agricultura y Desarrollo Rural introdujo una reserva en el IAA de 2010. Dada la importancia del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) para la gestión y control de los gastos agrícolas, y las graves deficiencias constatadas en el SIGC en Bulgaria, Portugal y Rumanía, se presentó una reserva por razones de reputación, aun cuando la incidencia financiera de las deficiencias no superaba el umbral de materialidad. Esta Dirección General retiró la reserva para gastos destinados a medidas de desarrollo rural en el marco del Eje 2 (mejora del medio ambiente y entorno rural), existente desde 2007. En 2010, gracias a la labor de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural que ha investigado los informes de los Estados miembros sobre errores en el caso de medidas del Eje 2 y ha aportado orientaciones detalladas para tales informes, la calidad y la fiabilidad de las estadísticas de control de los Estados miembros y el grado de cuantificación de los errores constatados y comunicados han mejorado significativamente. Estas mejoras han permitido a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural calcular el índice de error residual de manera más precisa que en años anteriores en que no contaba con las garantías necesarias de que los Estados miembros recopilaban sus estadísticas con el rigor necesario. Sobre la base de los datos comunicados por los Estados miembros, el índice de error residual estimado en 2010 asciende al 1,84 % y se sitúa, por lo tanto, por debajo del umbral de materialidad del 2 % que utiliza el Tribunal de Cuentas. También el índice de error residual para el desarrollo rural en su conjunto es, con un 1,13 % (2,1 % en 2009), inferior al umbral de materialidad. Además, el Plan de Acción establecido en la reserva de los años anteriores ya ha finalizado. Cualquier nueva reducción de los errores solo podría lograrse aumentando el nivel de los controles sobre el terreno, lo cual no sería rentable. El año pasado, el Director General de Asuntos Marítimos y Pesca formuló una reserva en relación con los diferentes programas operativos y las medidas relacionadas con el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP). Se ha elaborado un Plan de Acción que se está aplicando con buenos resultados. Como consecuencia de ello, pudo retirarse la reserva de todos los gastos a excepción de un programa en Alemania, para el cual se consideraron necesarios, y se están llevando a cabo, nuevas evaluaciones y controles. Los resultados de un estudio adicional sobre el marco jurídico y los argumentos aducidos por los Estados miembros sobre las normas en materia de subvencionabilidad de los pagos realizados a favor de los Estados miembros para compensar los costes adicionales de la comercialización de determinados productos pesqueros de las regiones ultraperiféricas, mostraron que esta reserva puede retirarse. La Dirección General de Medio Ambiente ha aplicado con éxito el Plan de Acción adoptado el año pasado tras efectuar una reserva sobre la subvencionabilidad del gasto declarado por los beneficiarios de una subvención. Por lo tanto, la reserva ha sido retirada. El Director General de Acción por el Clima formuló una reserva como consecuencia de los perjuicios a la reputación de la Comisión resultantes de una violación importante de la seguridad en los registros nacionales del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE). La Comisión recuerda la necesidad de una adecuada aplicación del SIGC en Bulgaria, Rumanía y Portugal. Se insta a las autoridades portuguesas a reforzar su Plan de Acción. La puntual aplicación del Plan búlgaro será supervisada de cerca. Rumanía ya ha finalizado su Plan de Acción, y será objeto de un estrecho seguimiento a fin de garantizar la aplicación correcta de los nuevos elementos en la tramitación de las solicitudes de 2011. 3.2. Cohesión La política de cohesión se aplica sobre la base de una gestión compartida y ha tenido durante muchos años un nivel de error estimado considerablemente más alto que el de otros grupos de políticas. En 2009 se produjo una disminución significativa en la estimación por el Tribunal del índice de error más probable. La Comisión considera[11] que esta mejora refleja en parte la mejora de las disposiciones de control recogidas en el marco regulador de la cohesión para 2007-2013, así como el impacto del Plan de Acción de la Comisión de 2008 que esta ha ejecutado con el fin de reforzar su papel de supervisión. Sin embargo, las variaciones anuales en los índices de error detectados también están influidas por la etapa correspondiente en el ciclo de ejecución plurianual. El año 2010 fue el primer año en el que la mayoría de los programas del marco regulador vigente estaban plenamente en funcionamiento, y la mayoría de las autoridades nacionales ejecutaron proyectos y declararon los gastos, incrementando así el riesgo inherente de errores. Por lo tanto, la Comisión ha propuesto, con ocasión de la revisión del Reglamento financiero, que las autoridades nacionales ofrezcan una declaración anual de la gestión para todos los programas en gestión compartida. Esta es la mejor manera de proporcionar una garantía creíble y fiable de que el presupuesto de la UE en su conjunto se utiliza y se controla adecuadamente. No obstante, la política de cohesión sigue siendo el ámbito de gasto con el mayor índice de error en la DAS 2009 y es la única política en la que el Tribunal considera que el índice de error probable es superior al 5 %. La Comisión considera que es necesario aumentar los esfuerzos para reducir este índice de error. El Director General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, ha realizado dos reservas: una se refiere a los sistemas de gestión y control para los programas operativos identificados del FSE 2000-2006 (en Alemania, Francia, Italia y España) y la otra del FSE 2007-2013 (en Austria, Bélgica, Bulgaria, Alemania, Irlanda, Italia, Eslovaquia, España y el Reino Unido). La primera reserva se cifra en un 0,14 % de los pagos intermedios realizados para el período 2000-2006; la segunda se cifra en el 1,13 % de los pagos intermedios para el período 2007-2013. Ambas reservas se formularon por motivos de reputación, vistas las deficiencias importantes en los aspectos clave de los sistemas de gestión y control de los programas operativos. El Director General de Política Regional formuló dos reservas: una sobre los sistemas de gestión y control en el marco del FEDER/Fondo de Cohesión en el periodo 2000-2006 (en Bulgaria, Alemania, Hungría, Italia, Letonia, los Países Bajos y con respecto a 9 programas Interreg) y otra sobre los sistemas de gestión y control del FEDER/Fondo de Cohesión para el período 2007-2013 (en Bulgaria, la República Checa, Alemania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Rumanía, España, Reino Unido, 13 programas de cooperación territorial europea y 6 programas en el marco del IPA / cooperación transfronteriza). En términos generales, la estimación del importe que presenta un riesgo respecto a los programas operativos que han comunicado para la política de cohesión corresponde a entre el 0,8 % y el 1,5 % de los pagos de 2010 para la política de cohesión en su conjunto. Esta media estimada se indica sin perjuicio de las grandes variaciones en los índices de error subyacentes entre los Estados miembros y, en algunos casos, entre los programas operativos y las regiones en un único Estado miembro. Aunque el riesgo de irregularidades en una serie de programas se puede considerar gestionable con carácter plurianual, puede ser mucho más alto que los promedios estimados para un número de programas y Estados miembros si se mide anualmente. La Comisión seguirá ejerciendo rigurosamente su función de supervisión presionando a los Estados miembros para que resuelvan las deficiencias detectadas en sus sistemas de gestión y control, y también mediante la aplicación de interrupciones y suspensiones de los pagos, así como correcciones financieras cuando se estime necesario. La Comisión centrará sus esfuerzos en estos sistemas, en particular mediante acciones preventivas y correctivas concertadas. Los importes que presentan un riesgo difieren del índice de error calculado por el Tribunal de Cuentas Europeo para la DAS en su Informe Anual. La diferencia entre la garantía razonable ofrecida por los ordenadores delegados y la evaluación del Tribunal de los sistemas de control se deriva de diversos factores. Estos incluyen el hecho de que la Comisión aplica, en una serie de políticas, unas estrategias de control plurianuales y, por lo tanto, los ordenadores delegados evalúan el funcionamiento de los sistemas de control sobre esa misma base, mientras que el Tribunal está obligado a emitir un dictamen anual. El importe que presenta un riesgo mencionado en los IAA por los servicios de la Comisión para las acciones estructurales tiene en cuenta las distintas acciones de mitigación y corrección en virtud de los sistemas de control y de gestión plurianuales (que permiten efectuar correcciones algunos años después del desembolso de los fondos por el Estado miembro a los beneficiarios y por la Comisión al Estado miembro) y el análisis trata sobre la situación específica de cada programa. Por lo tanto, el índice de error de acuerdo con la DAS del Tribunal será probablemente superior dado que incluye errores que pueden corregirse en años posteriores una vez que han intervenido todos los agentes en la cadena de control. Otro factor de diferencia es el hecho de que el índice de error comunicado anualmente por el Tribunal se calcula sobre la base de los errores identificados en el año en una muestra de programas y extrapolados a todos los gastos incluidos en la política de cohesión. Esto puede explicarse por el hecho de que la mayoría de los programas y autoridades ya han ejecutado los proyectos sobre el terreno y declarado los gastos, lo que incrementa el riesgo intrínseco de errores. Las reservas para el período de programación 2007-2013 formuladas por el Director General de Política Regional tienen un ámbito de aplicación más amplio que en años anteriores, relativo a varios programas operativos en varios Estados miembros y con mayores importes estimados en riesgo. Las reservas para el período de programación 2007-2013 formuladas por el Director General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión se refieren a menos programas operativos que en 2009, pero en más Estados miembros, con un menor índice global estimado de importes en riesgo. Además, 2010 fue el primer año en el que las autoridades nacionales de auditoría debieron informar sobre el índice de error constatado de acuerdo con las auditorías de muestras representativas de las operaciones. A partir de este año, el Director General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, se ha basado en esos índices para el cálculo de la incidencia financiera de la reserva, más que en los niveles de error estimado predefinidos[12], cuando se consideraba que la calidad de estas cifras era la adecuada. El planteamiento para el futuro se basa, en la medida de lo posible, en los índices de error comunicados por las autoridades nacionales de auditoría, en caso de que se consideren que poseen la calidad adecuada. Los IAA especifican claramente la naturaleza de los problemas que se han planteado y presentan unos planes de acción sólidos. Los siguientes ámbitos de acción son ejemplos destacables: – Utilización de los procedimientos de interrupción y suspensión y de las correcciones financieras (véase el apartado 4.2.1). – Los servicios seguirán proporcionando orientaciones adicionales y apoyo a las autoridades nacionales de auditoría, especialmente sobre la cobertura y la calidad de las auditorías y sobre la elaboración de informes de control y opiniones de auditoría anuales para maximizar el valor añadido de éstos. – Los servicios concentrarán los esfuerzos de control, y también las orientaciones y actividades de desarrollo de la capacidad administrativa, en la suvencionabilidad de los costes y en la aplicación de las normas de contratación pública, ámbitos en los que se han producido la mayoría de los errores estimados en 2008 y 2009. La Comisión está tomando iniciativas para simplificar más los procedimientos de contratación pública (véase el apartado 4.4.2). – Los servicios seguirán llevando a cabo o, en su caso, incrementando las auditorías in situ de las operaciones y sistemas que utilicen un enfoque basado en el riesgo, en el marco de sus estrategias de auditoría. La Comisión también está preocupada por la eficacia de los fondos de la UE gastados por las regiones/los Estados miembros para reembolsar los proyectos que ya se han completado y pagado con cargo a los presupuestos nacionales antes de la fecha de inicio de la subvencionabilidad y fuera del marco de las normas aplicables a la selección del proyecto («proyectos retrospectivos»). La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, aportará mayor claridad a las normas de subvencionabilidad y a las condiciones y los requisitos previos para la inclusión de proyectos retrospectivos legales y regulares en los programas cofinanciados y así lo propondrá mediante nuevas normas sobre este tema en su paquete para los Fondos Estructurales después de 2013. La Comisión propuso, en el contexto de la revisión del Reglamento financiero, introducir las declaraciones anuales de garantía de la gestión por los organismos acreditados para todos los programas ejecutados en el marco de la gestión compartida. La Comisión solicita a los Estados miembros que muestren ya su compromiso con la mejora de la rendición de cuentas mediante el refuerzo, cuando sea necesario, de las medidas de control, en particular por lo que se refiere a los controles de la gestión de primer nivel, antes de la certificación de los gastos ante la Comisión y siguiendo sus orientaciones sobre los resúmenes anuales a fin de hacer de ellos una valiosa fuente adicional de garantía. Aun cuando la base jurídica para los resúmenes anuales no exige una declaración de fiabilidad general, la Comisión anima a todos los Estados miembros a seguir el ejemplo de los once que en 2010 incluyeron declaraciones de fiabilidad, así como a adoptar otras medidas para demostrar su compromiso con la buena gestión de los fondos de la UE. La Comisión ha encargado a las Direcciones Generales responsables de la política de cohesión que garanticen un alto nivel de transparencia respecto a su evaluación de los sistemas de control en cada Estado miembro, así como información sobre las interrupciones, las suspensiones de los pagos y las correcciones financieras, informando de forma sistemática al respecto en sus IAA. Además, la Comisión también ha dado instrucciones para continuar de manera sistemática y oportuna las interrupciones y los procedimientos de suspensión cuando se constaten graves deficiencias o irregularidades en los controles. 3.3. Investigación, energía y transporte La estrategia de auditoría común de la Dirección General de Investigación para el Sexto Programa Marco (VI PM) (2007-2010) ha demostrado ser un éxito en términos de cobertura de la auditoría y de resultados alcanzados. Al final del período, el índice de error residual plurianual[13] se redujo sustancialmente, y en el caso de algunas Direcciones Generales, a un nivel muy cercano al objetivo del 2 %. No se han retirado las reservas recurrentes del VI PM, con excepción de la del Director General de la Sociedad de la Información y los Medios de Comunicación, que decidió no calificar su declaración de fiabilidad, a pesar de haber constatado un índice de error residual ligeramente por encima del umbral del 2 %. El Director General explicó en su IAA por qué espera que el índice de error plurianual (es decir, para el conjunto del VI PM) caiga por debajo del objetivo en el transcurso de 2011. El Séptimo Programa Marco de Investigación (VII PM) está cobrando impulso. Como resultado, el importe de la prefinanciación será inferior al importe de los pagos correspondientes a las declaraciones de gastos. Estas últimas se considera que representan un mayor riesgo inherente (y, por lo tanto, unos índices de errores potenciales mayores). La muestra de auditoría que se ha realizado hasta ahora no es suficientemente representativa para poder calcular con precisión el índice de error residual y extraer conclusiones sobre la fiabilidad en esta fase. Se espera que, a partir de 2011, la muestra auditada será suficiente para que los ordenadores delegados puedan basarse también en el criterio del índice de error residual y para decidir si es necesaria una reserva para este Programa Marco. Los índices de error provisionales (entre el 4 % y el 5 %) en las auditorías realizadas hasta el momento indican que el índice de error para la totalidad de la población podría superar el umbral del 2 %. Las disposiciones sobre los costes que pueden optar a la financiación son complejas y las auditorías reflejaban que eran las diferencias de interpretación de estas disposiciones las que causaban la mayoría de los errores detectados en el capítulo «Investigación, energía y transporte». En 2010, un grupo operativo de alto nivel examinó los asuntos de gestión y organización en el ámbito de la investigación y emitió recomendaciones que incluían medidas para mejorar la gobernanza de las auditorías y el control en este ámbito. Entretanto, se han introducido nuevas medidas correctivas para el VII PM, proporcionando un marco común para que los auditores externos emitan certificados de auditoría, incluida la definición de un conjunto de procedimientos obligatorios. Además, se espera que las medidas de simplificación[14] introducidas el 24 de enero de 2011 reduzcan aún más la tasa de error. Se espera que la decisión de permitir a los beneficiarios aplicar sus métodos contables legales cuando se solicite el reembolso de los costes medios de personal y la posibilidad de reembolsar a los propietarios de las PYME (y otras personas físicas que no reciben un sueldo) a través de pagos a tanto alzado tenga un efecto positivo en los índices de error. A pesar de los efectos positivos de las medidas de simplificación, la situación se revisará de nuevo una vez que el importe de los pagos contrastados con las declaraciones de gastos sea superior y la muestra de auditoría suficientemente amplia en términos estadísticos. En su Comunicación de 2010 «Simplificar la ejecución de los Programas Marco de Investigación»[15], la Comisión presentó medidas y opciones para simplificar la financiación de la investigación por parte de la UE e instó a las demás instituciones europeas a contribuir al debate y dar información sobre las distintas opciones. 3.4. Ayuda exterior, desarrollo y ampliación Globalmente, la situación de control interno relativa a las acciones exteriores ha sido satisfactoria en 2010. Para justificar mejor la fiabilidad en el ámbito de la ayuda exterior, la DG EuropeAid está desarrollando un indicador del impacto estimado de los errores residuales, con el compromiso de poner en marcha una metodología a este efecto en 2011. El Director General de Relaciones Exteriores retiró la reserva formulada por motivos de reputación sobre la gestión de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y el Instrumento de Estabilidad tras las mejoras en la metodología y la capacidad para la ejecución de los controles a posteriori. La Comisión ha creado el Servicio de Instrumentos de Política Exterior responsable de garantizar el control financiero de los instrumentos, incluido el presupuesto PESC y el Instrumento de Estabilidad. Este servicio de la Comisión dependerá directamente del Vicepresidente y del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. La Comisión ha dado instrucciones al Jefe del Servicio de Instrumentos de Política Exterior para supervisar estrechamente la continuación de la ejecución del Plan de Acción iniciado anteriormente por el Director General de Relaciones Exteriores. 3.5. Educación y ciudadanía El Director General de Comunicación mantuvo la reserva de 2008 respecto de la posible falta de conformidad con la legislación aplicable en materia de derechos de propiedad intelectual por los servicios de la Comisión, por motivos de reputación. La mayoría de las medidas correctoras detalladas en el Plan de Acción ya se han adoptado, en particular en materia de formación, sensibilización y coordinación internacional. El Director General de Comunicación ha anunciado que esta reserva se levantará en cuanto se alcancen los acuerdos en materia de derechos de autor relativos a la preparación de una revista de prensa diaria elaborada por esta Dirección General. El Director General de Educación y Cultura mantuvo la reserva sobre el índice de error en la gestión directa centralizada, dada la frecuencia considerable de errores en las operaciones subyacentes detectados en los controles a posteriori. Esta reserva se amplía con una reserva formulada por el Director de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural. El índice de error en las DG de tutela fue del 3,4 %, mientras que el índice de error de dos de los siete principales programas gestionados por la Agencia Ejecutiva, el programa Cultura y el programa Juventud, fue del 4,28 % y del 7,38 %, respectivamente. Los errores observados se referían sobre todo a la incapacidad de los beneficiarios para presentar justificantes o documentos con la calidad necesaria. La DG de tutela y la Agencia disponen de un Plan de Acción coordinado para mejorar la información a los beneficiarios y las estrategias de control documental sobre la base de una evaluación del riesgo. El Director General de Asuntos de Interior introdujo dos reservas en el IAA de 2010, ambas relativas al daño en la reputación causado por los retrasos en la implantación a gran escala de sistemas de tecnologías de la información. Se ha avanzado notablemente en 2010 de cara a su despliegue en buenas condiciones. El Plan de Acción detallado fue ejecutado en su totalidad, pero nuevos acontecimientos provocaron retrasos adicionales tales como la falta de preparación en algunos Estados miembros y la situación política en el Norte de África, lo que ha tenido un impacto en el desarrollo del VIS. El Director General de Justicia pudo retirar la reserva sobre el riesgo financiero correspondiente al índice de error residual estimado en 2,15 % del conjunto de subvenciones no auditadas en el marco de la actividad PA 1804 - Derechos fundamentales y ciudadanía. La Comisión está satisfecha con el trabajo emprendido para abordar la posible infracción de los derechos de propiedad intelectual por sus servicios. La Comisión lamenta que los controles ex post en la Dirección General de Educación y Cultura muestren un aumento de los índices de error y que la reserva haya sido ampliada a dos programas gestionados por la agencia ejecutiva, a pesar del trabajo realizado para informar mejor a los beneficiarios sobre los requisitos. Invita a sus servicios a intensificar sus esfuerzos. La Comisión reconoce que el desarrollo y la gestión de los sistemas de tecnologías de la información de gran alcance como SIS II y VIS presentan desafíos especiales. Proseguirá sus esfuerzos para mejorar la gobernanza y la cooperación con las partes interesadas en relación con el SIS II, y para hacer un seguimiento de la situación política en los Estados miembros y en el Norte de África para reducir el riesgo de retraso en el VIS. 3.6. Asuntos económicos y financieros También para 2010, el Director General de Empresa e Industria formuló una reserva relativa a la fiabilidad de los informes financieros por un organismo delegado. Las acciones relacionadas con la mejora del marco de seguimiento y control así como las deficiencias en los procedimientos de contratación han sido abordadas como se anunció en 2009. Pero las pruebas de auditoría sobre las cuentas anuales de 2009 indicaban otras deficiencias de los sistemas de control interno del organismo delegado y ponían de manifiesto cierta preocupación sobre la fiabilidad de los informes financieros para 2010. No es posible cuantificar el impacto, en el caso de haber alguno, puesto que solo se conocerá después de la auditorías de los informes financieros de 2010, previstas para 2011. La gestión compartida presenta unos desafíos particulares en materia de gestión de los fondos de la UE. La Comisión ha dado instrucción a la Secretaría General y a la Dirección General de Presupuestos para que acometan, junto con los servicios responsables, una revisión de los problemas que se encuentran con mayor frecuencia y propongan, cuando se considere adecuado, posibles mejoras en el ámbito de la gestión compartida. 4. Aspectos transversales y soluciones 4.1. La rentabilidad del control El gasto público exige controles efectivos, eficientes y proporcionados que aporten garantías a los ciudadanos y a sus representantes. Sin embargo, existe un nivel de control más allá del cual los controles adicionales entrarían en conflicto con el objetivo de la eficacia del programa (si el resultado es que los posibles solicitantes elijan no solicitar la ayuda de la UE) y/o los objetivos de buena gestión financiera. En 2010, la Comisión adoptó una Comunicación en la que se propone un riesgo de error aceptable (REA) específico para las políticas de investigación, energía y transporte, y desarrollo rural[16]. La Iniciativa REA partió de la necesidad de proporcionar una comprensión clara y compartida del correcto equilibrio entre riesgos y controles, teniendo en cuenta el valor añadido a escala de la UE de invertir en determinados ámbitos, manteniendo los sistemas de control dentro de un nivel aceptable de coste. Se están celebrando debates interinstitucionales sobre este concepto. Entretanto, las Direcciones Generales sobre cuyo ámbito de actuación política ya ha publicado la Comisión una propuesta, están ofreciendo más información sobre la rentabilidad de los controles en los IAA. Su análisis compara los costes de los posibles controles adicionales con sus beneficios, es decir, el valor de los errores susceptibles de ser detectados y corregidos. Este análisis no cambia el nivel de materialidad del 2 % actualmente aplicable respecto de la legalidad y la regularidad, pero proporciona información valiosa a los ordenadores delegados sobre si los controles adicionales están justificados a la vista de los riesgos, teniendo en cuenta los principios de buena gestión financiera. La Comisión insta a los servicios centrales a que ayuden a otros servicios en el desarrollo posterior de sus análisis y en la presentación de informes sobre la rentabilidad de los controles en los próximos informes anuales de actividad y a ampliar este análisis a otras políticas. La Comisión solicita a los ordenadores delegados que adapten los sistemas de control a los riesgos identificados y la rentabilidad de los controles, en consonancia con los nuevos requisitos propuestos en el Reglamento financiero revisado[17], que debe entrar en vigor a partir de 2012. La Comisión continuará trabajando con las autoridades competentes de los Estados miembros para optimizar la rentabilidad de los sistemas de control. 4.2. Mejora de la información en materia de gestión compartida en caso de suspensión de los pagos, recuperaciones y correcciones financieras 4.2.1. Información sobre los procedimientos de interrupción y suspensión de los pagos La Comisión animó a sus servicios a interrumpir los procedimientos de pago, y a proponer, en caso necesario y tan pronto como se hayan cumplido las condiciones jurídicas, los procedimientos de suspensión. Por lo que se refiere a la gestión compartida, la Comisión ha aumentado el número de procedimientos de interrupción o suspensión de los pagos, desde el momento en que existen indicios de deficiencias significativas en los sistemas de gestión y control de conformidad con los artículos 91 y 92 del Reglamento (CE) nº 1083/2006. Los servicios que realizan transacciones en modo de gestión compartida han informado en sus IAA sobre todas las decisiones de interrupción/suspensión. Esta información incluye los programas operativos de que se trate, los Estados miembros afectados, el tipo de deficiencias, los principales hechos que han dado lugar a la decisión y la incidencia presupuestaria de la decisión. Esta información constituye un aspecto importante de la garantía razonable. A raíz de la introducción del nuevo instrumento de interrupción para el periodo de programación 2007-2013, en 2010, los Directores Generales que operan mediante gestión compartida tomaron la decisión formal de interrumpir los pagos por un importe total de 2 600 millones EUR. El Colegio adoptó asimismo seis decisiones de suspensión de los pagos. La Comisión confirma que los ordenadores delegados deben interrumpir sistemáticamente los procedimientos de pago y proponer al Colegio suspender los procedimientos cuando se cumplan las condiciones aplicables y hasta que las medidas correctoras necesarias hayan sido ejecutadas por las autoridades nacionales competentes. 4.2.2. Información procedente de los Estados miembros sobre correcciones financieras y las recuperaciones realizadas a su nivel La corrección de los importes abonados indebidamente es un aspecto importante de la buena gestión financiera. En 2010, se han hecho esfuerzos continuados para imponer correcciones financieras en caso necesario, mejorar la calidad de los datos de los Estados miembros sobre las correcciones y recuperaciones financieras, y fomentar el uso de las mejores prácticas, para garantizar así un mejor mecanismo de recuperación a nivel de los Estados miembros y de la UE. Por lo que se refiere a la gestión compartida, los IAA proporcionan información detallada sobre las correcciones financieras aplicadas y comunicadas por el Estado miembro a la Comisión y una evaluación de los sistemas de control nacionales (véase el apartado 4.2.4). Esta información adicional responde a las peticiones formuladas por el ponente responsable de la aprobación de la gestión presupuestaria durante el debate sobre la resolución relativa a dicha aprobación para 2009. En el ámbito de la política de cohesión, los Estados miembros aplican correcciones financieras derivadas de sus propias actividades de auditoría y de las auditorías de la UE. Se informa sobre ellas con un retraso de un año, por lo que en el 2010 se informó sobre las correcciones de 2009. Por lo que se refiere a la política regional, los Estados miembros han informado de que, a finales de 2009, se habían efectuado correcciones financieras acumuladas por un importe de 3 600 millones EUR en los programas del periodo 2000-2006 (incluidos ingresos por valor de 1 700 millones EUR y retiradas por un importe de 1 900 millones EUR). Por lo que se refiere al empleo, los Estados miembros han comunicado que aplicaron correcciones financieras acumuladas para el período 2000-2009 por un valor de 1 200 millones EUR (de los cuales, las recuperaciones ascendieron a 200 millones EUR y, las retiradas, a 1 000 millones EUR). 4.2.3. Correcciones financieras impuestas por la Comisión a los Estados miembros Las demás correcciones financieras de las que se ha informado fueron las impuestas por la Comisión a los Estados miembros. La Dirección General de Política Regional ha informado sobre correcciones financieras acumuladas resultantes de las auditorías de la UE en el período 2000-2010 por valor de 6 700 millones EUR. Más de la mitad del total de las correcciones se realizaron en los últimos tres años de este período (3 900 millones EUR en 2008-2010). La Dirección General de Empelo, Asuntos Sociales e Inclusión ha informado sobre correcciones financieras acumuladas resultantes de las auditorías de la UE por valor de 1 500 millones EUR. En el ejercicio financiero de 2010, la DG AGRI introdujo correcciones financieras derivadas de las auditorías de la UE por valor de 834 millones EUR. El 97 % de las correcciones financieras acordadas/decididas para los programas en el marco de la política de cohesión en su conjunto ya han sido introducidas a finales de 2010 (a través de órdenes de recuperación o retiradas por los Estados miembros a partir de las subsiguientes reclamaciones de créditos). Desde 2009, las notas a la contabilidad anual de la Unión Europea contienen mayor información sobre las correcciones financieras decididas por la Comisión y su aplicación a lo largo del año, así como sobre las recuperaciones. Esta información se ampliará en las notas que acompañan a las cuentas de 2010. 4.2.4. Evaluación de los sistemas de control en los Estados miembros Por primera vez, los IAA de 2010 mostraban la evaluación de la Comisión de cada sistema de control de los Estados miembros a la luz de los distintos niveles de fiabilidad por programa en cada Estado miembro. El número de Estados miembros en los que la evaluación dio como resultado una reserva, ha variado según las políticas: doce Estados miembros más varios programas transfronterizos para la política de ayudas regionales, en contraste con diez Estados miembros para la política de empleo, cuatro Estados miembros para la aplicación de la política pesquera y tres Estados miembros en el caso de la agricultura. Se proporciona también información sobre cómo la evaluación de los sistemas de control permite a los Directores Generales la cuantificación del importe total en reserva. 4.3. Añadir valor a las declaraciones de las autoridades públicas competentes El año 2010 fue el primer año de plena aplicación del sistema de auditoría única en la política de cohesión para el período de programación 2007-2013. Como para todos los sistemas nuevos, se produjeron algunos problemas iniciales en lo que se refiere a la fiabilidad de la información facilitada por las autoridades de auditoría de los Estados miembros. Los informes anuales de control presentados a finales de 2010 cubrían los resultados de las auditorías llevadas a cabo durante el período de 12 meses previo, concluido el 30 de junio de 2010. De las 460 opiniones de auditoría nacionales que se debían presentar, 14 incluían una abstención (207 en 2009), 265 fueron sin reservas (108 en 2009), 175 fueron con reservas (93 en 2009), 5 fueron desfavorables (2 en 2009)[18], y 1 no fue recibida. La Comisión analizó atentamente las opiniones de auditoría comunicadas y añadió sus propias evaluaciones cuando lo estimó oportuno. En ejercicios futuros, todas las partes habrán adquirido mayor experiencia y se espera que mejore la fiabilidad de los índices de error comunicados. La mayor responsabilidad de los Estados miembros en la ejecución de los fondos en gestión compartida fue propuesta también en la revisión trienal del Reglamento financiero, introduciendo la obligación de que todas las entidades a las que se ha confiado la gestión de los fondos de la UE en gestión compartida[19] presenten declaraciones de garantía de gestión. En cuanto a la política de desarrollo agrícola y rural, los 82 organismos facilitaron una declaración de fiabilidad anual que incluye la integralidad, exactitud y veracidad de las cuentas, así como una declaración de que existe un sistema que ofrece suficientes garantías sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. Además, los Estados miembros con más de un organismo pagador (excepto Rumanía) presentaron un resumen anual de conformidad con los requisitos legales. El alcance de las reservas para estas declaraciones y resúmenes se presenta en el IAA correspondiente y no es importante en general. La Comisión puso en marcha una evaluación externa de los resúmenes anuales de los Estados miembros, que se ha puesto recientemente a disposición de las otras instituciones. Este estudio concluye que el resumen anual, en su forma actual, ha supuesto poco valor añadido. La Comisión continuará organizando reuniones anuales tales como reuniones del «grupo de homólogos»[20], así como reuniones de coordinación de control bilaterales y reuniones de gestión anual, además de medidas de formación. Para reforzar la responsabilidad de los Estados miembros con arreglo al artículo 317 del TFUE, la Comisión ha incluido en su propuesta para la revisión trienal del Reglamento financiero la exigencia de que los organismos responsables acreditados en los Estados miembros faciliten una declaración de gestión anual que abarque todos los fondos sujetos a gestión compartida. Aunque no es un requisito jurídico formal, cuatro[21] Estados miembros también han elaborado declaraciones nacionales a un alto nivel. Estas declaraciones son valiosas para hacer más transparentes las estructuras de control y rendición de cuentas. No pretenden facilitar información adicional a la incluida en los informes existentes. 4.4. Simplificar y reducir la carga administrativa La complejidad de las normas que establecen los costes que pueden optar a la financiación, incluida la obligación de reembolsar los gastos efectivamente realizados, ha sido un motivo frecuente de las reservas formuladas por los ordenadores delegados. Ha sido la causa de las reservas recurrentes en el capítulo «Investigación, energía y transporte» desde hace varios años, y ha afectado a algunos ámbitos de los gastos en los capítulos «Política de cohesión» y «Educación y ciudadanía». 4.4.1. Revisión del Reglamento financiero y de sus normas de desarrollo En 2010, la Comisión utilizó la revisión trienal del Reglamento financiero para adaptar las normas financieras con tres objetivos: simplificar las normas y, en particular, la gestión de las subvenciones mediante la ampliación del uso de cantidades fijas únicas, financiación a tipo fijo y baremos de costes unitarios; aumentar el efecto multiplicador de los fondos de la UE permitiendo la utilización de los fondos fiduciarios de la UE, los instrumentos financieros y las asociaciones de los sectores público y privado y aumentar la responsabilidad de la Comisión y de los socios en la ejecución mediante la armonización de los actuales modos de gestión y el refuerzo de sus disposiciones. El siguiente paso es aprovechar esta oportunidad para modificar la legislación sectorial siguiendo líneas similares. Se ha creado un grupo interservicios con el mandato de garantizar la coherencia entre las disposiciones del Reglamento financiero y la legislación sectorial. El producto final de este ejercicio debe cumplir tres criterios: a) reducir el riesgo de errores, b) reducir la carga administrativa para los beneficiarios (en particular las PYME) y otras partes interesadas (como organismos de ejecución y contratistas), y c), reducir el coste operativo de los controles. La Comisión invita a las demás instituciones a responder positivamente a su propuesta para la revisión trienal del Reglamento financiero. 4.4.2. Normas sobre subvenciones y contratos públicos Los errores en la aplicación de las normas que gobiernan la contratación pública constituyen una causa importante de errores subyacentes en el capítulo «Cohesión». La Comisión presentó un Libro Verde[22] sobre la actualización de las normas de contratación pública de la UE con el objetivo de garantizar que el dinero de los contratos se gaste de la mejor manera posible. Junto con los resultados de la evaluación económica de la eficacia de las disposiciones en vigor, los resultados de la consulta sobre el Libro Verde alimentarán la reflexión sobre cómo puede mejorarse exactamente las normas de contratación pública de la UE. En el Acta del Mercado Único se anunciaba una propuesta legislativa para finales de 2011. La política regional se ha visto especialmente afectada por las irregularidades vinculadas a una aplicación incorrecta de las normas de contratación pública, así como por las deficiencias en las verificaciones de la gestión para detectar estas irregularidades. Se han previsto acciones para abordar esta particular fuente de errores, en especial a través de un análisis en profundidad y de conversaciones posteriores con las autoridades de gestión de los Estados miembros interesados. Se han previsto acciones concretas adicionales de orientación y formación para las autoridades públicas y los beneficiarios con el fin de aumentar la capacidad administrativa cuando se estime necesario. 4.5. Estrategia institucional para los sistemas de información de la gestión El trabajo de auditoría realizado por el servicio de auditoría interna en los últimos años sobre los grandes sistemas tecnología de la información y los sistemas de tecnología de la información institucional, confirmó la necesidad de mejorar la toma de decisiones estratégicas en materia de tecnología de la información, los procesos de contratación y la gestión de los proyectos a nivel tanto de la DG como de la Comisión, con el fin de garantizar que los proyectos están en consonancia con los objetivos de la Comisión, están mejor coordinados y suponen una adecuada relación calidad-precio además de ejecutarse con éxito y en el momento oportuno. En 2010, se creó un grupo de trabajo interservicios con un mandato para estudiar la situación actual de la tecnología de la información en la Comisión. Sus conclusiones fueron aprobadas oficialmente en una Comunicación a la Comisión[23]. De resultas de ello, se ha puesto en marcha una nueva gobernanza en materia tecnología de la información. El nuevo Comité Director[24] ABM+IT propondrá una estrategia empresarial de tecnología de la información para la Comisión, supervisará la racionalización y armonización de los proyectos y fijará objetivos para aumentar la eficiencia y la seguridad en las tecnologías de la información. Con el fin de mejorar la preparación y permitir una respuesta coordinada frente a los ciberataques contra la Comisión, la Dirección General de Recursos Humanos y Seguridad, en cooperación con la Dirección General de Informática, ha creado un Equipo de Respuesta frente a los Ataques Informáticos (CART). 4.6. Recursos humanos Desde 2008, la Comisión ha supervisado regularmente la contratación de personal mediante el establecimiento de objetivos por Dirección General y por grupo de función y aprobando un sistema de seguimiento destinado a reorganizar el equilibrio geográfico después de la ampliación de 2004 y a obtener un reparto equilibrado entre los diferentes servicios. El período transitorio para la contratación de los nacionales de la EU-10 finalizó el 31 de diciembre de 2010. El objetivo de la contratación de EU-10 ya se había superado en términos totales en 2008, aunque sigue habiendo una proporción relativamente elevada de agentes temporales. En 2010, la proporción de agentes temporales disminuyó de manera constante, como consecuencia de la contratación de los candidatos EU-10 aprobados en los concursos internos y abiertos. Por analogía con la EU-10, se fijaron los objetivos de contratación para las contrataciones EU-2, y se introdujo un sistema de seguimiento en 2009, que debe mantenerse hasta el final del período de transición de la EU-2 (finales de 2011). En un clima de crecimiento cero, deben alcanzarse nuevas prioridades políticas mediante una asignación óptima del personal y la redistribución interna de los puestos. Como resultado de las medidas concretas en estos ámbitos, el «informe de control» anual de 2009 y las actualizaciones de 2010 pusieron de manifiesto un descenso continuo del porcentaje del personal de la Comisión dedicado a funciones administrativas y de apoyo. La Comisión reitera su compromiso de reducir los gastos generales y reasignar los ahorros a actividades prioritarias. Resumen – La Comisión constata que los ordenadores delegados lograron corregir las deficiencias en el 25 % de las reservas formuladas el año pasado. Estas mejoras incluyen un mayor cumplimiento de las normas de subvencionabilidad de los gastos declarados por los beneficiarios de las subvenciones. – Aún existe margen para la mejora, en particular en ciertos ámbitos de la gestión compartida. La Comisión proseguirá su trabajo con los Estados miembros dadas las mayores responsabilidades de estos con arreglo al artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Se les invita a que prosigan reforzando los sistemas de gestión y control y, en especial, el primer nivel de control de la gestión, antes de que los gastos sean certificados a la Comisión. Continuará ejerciendo rigurosamente su papel de supervisión solicitando a los Estados miembros que aborden los puntos más débiles de sus sistemas de gestión y control, y mediante la aplicación, de manera sistemática y a tiempo, de las correspondientes interrupciones y suspensiones de los pagos así como de las oportunas correcciones financieras. La Comisión invita a las demás instituciones a apoyar su propuesta sobre las declaraciones de gestión anuales para todos los gastos sujetos a gestión indirecta o compartida en el marco de la revisión del Reglamento financiero, e invita a los Estados miembros a prepararse para la entrada en vigor de estas disposiciones. – La Comisión reconoce las dificultades que plantean las normas complejas que afectan a los beneficiarios de subvenciones. Ya ha presentado propuestas para simplificar las normas relativas a los regímenes de subvenciones en el contexto de la revisión trienal del Reglamento financiero y está trabajando ahora para aplicar estas simplificaciones en la legislación sectorial. – Las normas de contratación pública de la UE deben modernizarse. Se ha presentado un Libro Verde[25] sobre la actualización de las normas de contratación pública de la UE que cubre una amplia gama de posibles aspectos de la futura reforma legislativa. La Comisión ha anunciado la adopción de una propuesta legislativa para la revisión de las Directivas sobre contratación pública a finales de 2011. – La Comisión invita a las demás instituciones y a los Estados miembros a que utilicen los debates sobre el próximo Marco Financiero Plurianual para mejorar la concepción de los regímenes de financiación, así como sus mecanismos de ejecución, gestión y control, a fin de aumentar su eficacia y garantizar que el control del gasto de la UE sea eficiente, proporcional y rentable. – La Comisión observa que, en el caso de la política de cohesión, la mayor parte de los programas y autoridades ya han ejecutado los proyectos sobre el terreno y han declarado los gastos. Aunque los programas en el marco de la cohesión son plurianuales por naturaleza, este incremento en las transacciones incrementa también el riesgo inherente de error en 2010. Por lo que se refiere al conjunto de la política de cohesión como un todo, durante el año de referencia del informe se ha registrado un importante incremento del índice de error y del volumen de pagos erróneos. Las reservas hechas por la Dirección General de Política Regional en 2010 cubren más programas operativos en más Estados miembros que en años anteriores. Por lo que se refiere al Empleo y Asuntos sociales, las reservas formuladas afectan a menos programas operativos que en 2009, pero en más Estados miembros (43 programas estaban en reserva en 2010, correspondientes a los períodos de programación 2000-2006 y 2007-2013 en diez Estados miembros, frente a los 59 programas en siete Estados miembros de 2009). Además, en 2010, la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión se basó en los índices de error comunicados por las autoridades de auditoría de los Estados miembros siempre que estas cifras se consideraban de calidad adecuada. Esta diferencia de método explica en parte la diferencia de los índices notificados por el Tribunal de Cuentas Europeo. – La Comisión se congratula de la iniciativa tomada por Dinamarca, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido de facilitar voluntariamente las declaraciones nacionales. En 2010, la Comisión publicó un documento de trabajo de sus servicios[26] que examinaba en detalle el alcance y el contenido de las declaraciones nacionales voluntarias. En el mismo documento, la Comisión ofreció orientación técnica para las autoridades públicas a la hora de añadir valor a las declaraciones y aumentar la garantía de ejecución en el marco de la gestión compartida. El documento se envió al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea el 23 de febrero de 2011. Las orientaciones concluyen que la propuesta de Reglamento financiero de la Comisión en cuanto a las declaraciones de gestión anuales firmadas por los organismos acreditados, constituiría sin embargo un primer paso más útil y práctico. Esta afirmación se ve reforzada por la reciente evaluación externa de los resúmenes anuales que concluye que estos documentos, en su forma actual, ofrecen un escaso valor añadido al proceso de la Comisión relativo a la fiabilidad. [1] DO C 303 de 9.11.2010, apartados 1.27-1.31. [2] Artículo 317 del TFUE. [3] Artículo 60 del Reglamento financiero. [4] La Decisión por la que se establece el SEAE fue presentada al Consejo el 22 de abril. Posteriormente dio lugar a varias modificaciones en el Reglamento financiero y el Estatuto de los funcionarios así como a la adopción de un presupuesto rectificativo. [5] Reglamento (CE) nº 1081/2010 de 24 de noviembre de 2010. [6] El anuncio de las decisiones sobre las carteras fue hecho por el Presidente electo, el 27 de noviembre de 2009. [7] La Circular SEC(2002) 657 fue sustituida por la SEC(2010) 1333, sección 3, «Cambio de los Directores Generales y Jefes de Servicio/AOD, y transmisión/distribución de actividades entre los servicios». [8] Los Directores Generales de Recursos Humanos y Seguridad y el Director de la Oficina Europea de Selección de Personal no lo indicaron en sus IAA, pero confirmaron este extremo en consecuencia en una nota dirigida a los servicios centrales. [9] Una calificación «A» significa que el informe anual de actividad y la declaración del Director General presentan una valoración correcta de la gestión financiera por lo que respecta a la regularidad, la calificación «B» significa que el informe anual de actividad y la declaración del Director General presentan una valoración parcialmente correcta de la gestión financiera por lo que respecta a la regularidad, la «C» significa que el informe anual de actividad y la declaración del Director General presentan una valoración incorrecta de la gestión financiera por lo que respecta a la regularidad (DO C 303 de 9.11.2010, p. 88.). [10] Este número incluye un ajuste para reflejar la creación de las Direcciones Generales de Movilidad y Transportes y de Energía. El año pasado, la reserva formulada por la Dirección General de Energía y Transportes fue contabilizada como una única reserva en el Informe de Síntesis de 2009. [11] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas - «Impacto del plan de acción para reforzar la función supervisora de la Comisión en el marco de la gestión compartida de las acciones estructurales» COM(2010)52 de 18.2.2010. [12] Los llamados «importes a tanto alzado para las correcciones financieras». [13] El índice de error residual plurianual refleja la incidencia real de un error sobre el presupuesto de la UE teniendo en cuenta las correcciones y recuperaciones, incluidas las efectuadas en años posteriores. [14] C(2011) 174 final de 24.1.2011, Decisión de la Comisión de 24 de enero de 2011 relativa a tres medidas para simplificar la aplicación de la Decisión n° 1982/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión n° 2006/970/Euratom del Consejo y por la que se modifican las Decisiones C (2007) 1509 y C (2007) 1625. [15] COM(2010) 187 de 29.4.2010. [16] COM(2010) 261, 26.5.2010. [17] COM(2010) 815, y artículo 63, apartado 2. [18] También hubo cuatro «casos no aplicables» en los que la evaluación de conformidad aún no se había aprobado. [19] Los gastos en gestión compartida afectan principalmente a gastos estructurales y agrícolas. [20] Grupo de contacto para la cooperación con las autoridades de auditoría de los Estados miembros, la Comisión y el Tribunal de Cuentas. [21] Las declaraciones nacionales (gubernamentales) han sido firmadas por el Ministro de Hacienda de los Países Bajos y de Suecia, el Secretario Permanente del Reino Unido, y la Intervención General en Dinamarca. [22] Examen de la aplicación de las actuales Directivas de la UE (2004/18/CE y 2004/17/CE). [23] SEC(2010) 1182, 7.10.2010, «Obtener lo mejor de las tecnologías de la información de la Comisión». [24] Grupo Director de la gestión basada en las actividades para las tecnologías de la información presidido por el Secretario General. [25] Libro Verde sobre la futura modernización de las Directivas de la UE sobre contratación pública (2004/18/CE y 2004/17/CE). [26] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: «Añadir valor a las declaraciones: aumentar la garantía de la ejecución en el ámbito de la gestión compartida», SEC(2011) 250 de 23.2.2011.