Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 2011/96/UE relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes /* COM/2013/0814 final - 2013/0400 (CNS) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA El problema de la erosión de la base tributaria de las sociedades figura entre las prioridades políticas máximas de varios países, tanto dentro como fuera de la UE, y ha sido tratado en reuniones recientes del G-20 y del G-8[1]; la labor de la OCDE en materia de erosión de la base tributaria y transferencia de beneficios («BEPS») está siendo muy bien acogida[2]. La doble no imposición es uno de los principales ámbitos de la UE en los que se requiere una actuación urgente y coordinada: forma parte del esfuerzo en curso por mejorar el buen funcionamiento del mercado interior, mediante la eliminación de las lagunas tributarias que genera el aprovechamiento de las diferencias en los regímenes fiscales nacionales. La doble no imposición priva a los Estados miembros de importantes ingresos y da lugar a una competencia desleal entre empresas en el mercado único. En 2009, el Grupo del Código de Conducta sobre la fiscalidad de las empresas puso de manifiesto un ejemplo específico de doble no imposición[3], aludiendo a las asimetrías de determinados mecanismos financieros híbridos. En las respuestas a la consulta pública de la Comisión de 2012 sobre la doble no imposición[4] se admitió, en general, que tales prácticas no son deseables. Los mecanismos de préstamo híbrido son instrumentos financieros que presentan características tanto de deuda como de capital. Debido a las diferentes consideraciones fiscales otorgadas por los Estados miembros a los préstamos híbridos (capital o deuda), los pagos en concepto de préstamo híbrido transfronterizo se tratan como un gasto deducible fiscalmente en un Estado miembro (el Estado miembro del pagador) y como distribución de beneficios exenta de impuestos en el otro Estado miembro (el Estado miembro del beneficiario), provocando así una doble no imposición no deliberada. Para resolver este problema, el Grupo del Código de Conducta acordó unas directrices según las cuales el Estado miembro de destino debe atenerse a la consideración fiscal que otorga el Estado miembro de origen a los pagos en concepto de préstamos híbridos (es decir, que no debe concederse una exención fiscal en relación con los pagos en concepto de préstamo híbrido deducibles en el Estado miembro de origen)[5]. Ahora bien, la solución acordada por el Grupo del Código de Conducta no puede aplicarse sin problemas en virtud de la Directiva 2011/96/UE[6], modificada con motivo de la adhesión de la República de Croacia[7], relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (Directiva sobre sociedades matrices y filiales). En virtud de esa Directiva, siempre que se cumplan varias condiciones de elegibilidad, se obliga a los Estados miembros a aplicar una exención fiscal (o a otorgar el derecho a deducción de la imposición que se haya producido en el extranjero) en relación con las distribuciones de beneficios recibidas por sociedades matrices de las filiales de otro Estado miembro. Así es incluso si la distribución de beneficios se ha considerado un pago deducible fiscalmente en el Estado miembro de residencia de la filial que efectúa el pago. Tanto el Consejo Europeo, en sus conclusiones de marzo de 2012, como el Parlamento Europeo, en su resolución del 19 de abril de 2012, resaltaron la necesidad de desarrollar métodos concretos para mejorar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal. El Parlamento Europeo solicitó una revisión de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales, a fin de atajar la evasión en la UE mediante instrumentos financieros híbridos. El Plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal, adoptado por la Comisión el 6 de diciembre de 2012[8], menciona la lucha contra las asimetrías entre los sistemas fiscales como una de las acciones que han de realizarse a corto plazo (en 2013). A este respecto, el Plan de acción indica que «una serie de debates exhaustivos con los Estados miembros ha puesto de relieve que, en un caso específico, sin una modificación legislativa de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales no puede lograrse una solución consensuada. El objetivo será garantizar que la aplicación de la Directiva no impida involuntariamente llevar a cabo una acción eficaz contra la doble no imposición en el ámbito de las estructuras de préstamos híbridos.». El Plan de acción también anunció un reexamen de las disposiciones contra las prácticas abusivas contempladas en las Directivas en materia de impuesto de sociedades, incluida la Directiva sobre sociedades matrices y filiales, a fin de aplicar los principios en que se basa su Recomendación sobre la planificación fiscal agresiva[9]. En la Recomendación se pide a los Estados miembros que adopten una norma general contra las prácticas abusivas («GAAR», por sus siglas en inglés) a fin de contrarrestar las prácticas de planificación fiscal agresiva. Aunque la Directiva sobre sociedades matrices y filiales vigente contiene una cláusula contra las prácticas abusivas, esta carece de claridad y puede ser fuente de confusión. La inclusión de una norma general contra las prácticas abusivas que sea más completa, y se adapte a las características de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales, según los principios indicados en la Recomendación sobre la planificación fiscal agresiva, eliminaría esas dificultades y mejoraría la eficiencia de las medidas adoptadas a escala nacional para luchar contra la elusión fiscal internacional, al tiempo que reforzaría las acciones coordinadas por los Estados miembros y garantizaría el cumplimiento de las libertades del Tratado, según la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo «el TJUE»). El 21 de mayo de 2013, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución[10] en la que instaba a los Estados miembros a adoptar el Plan de acción de la Comisión y a aplicar plenamente la Recomendación sobre la planificación fiscal agresiva. El Parlamento Europeo también pidió a la Comisión que abordara específicamente el problema de las asimetrías en los mecanismos híbridos que aprovechan las diferencias entre los regímenes fiscales aplicados por los Estados miembros, y presentara en 2013 una propuesta de revisión de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales, a fin de revisar la cláusula contra las prácticas abusivas y eliminar la doble no imposición en la UE que se ve facilitada por los mecanismos híbridos. En sus conclusiones de 22 de mayo de 2013, el Consejo Europeo tomó nota de la intención de la Comisión de presentar una propuesta antes del final del año para la revisión de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales. 2. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO Además de la labor de consulta realizada en el contexto del Grupo del Código de Conducta y de la consulta pública iniciada por la Comisión en 2012 sobre la doble no imposición (véase el punto 1), la Comisión mantuvo reuniones técnicas con los Estados miembros y con las partes interesadas en abril de 2013. Evaluación de impacto Se ha realizado una evaluación de impacto respecto de la modificación de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales. La evaluación de impacto contempla varias opciones de modificación de la Directiva y las compara con la opción de no intervenir (statu quo). Se ha observado que luchar contra la doble no imposición que se deriva de mecanismos financieros híbridos y contra la planificación fiscal agresiva tendrá un impacto positivo sobre los ingresos fiscales de los Estados miembros que, de lo contrario, se verían afectados por la reducción general de los impuestos abonados por las partes implicadas y por las deducciones fiscales adicionales de los costes de planificación fiscal y de los mecanismos correspondientes. No fue posible, en la evaluación de impacto, cuantificar los beneficios de las modificaciones preferidas. Ahora bien, esas cifras no son lo más importante en la decisión de luchar contra los mecanismos financieros híbridos y contra el fraude fiscal; los motivos relacionados con la competencia, la eficiencia económica, la transparencia y la equidad (características de las que se beneficiaría de forma considerable el mercado interior) desempeñan un papel determinante a este respecto. Asimetrías en los préstamos híbridos En la evaluación de impacto, se llegó a la conclusión de que la mejor opción es denegar la exención fiscal prevista en la Directiva sobre sociedades matrices y filiales en relación con los pagos relacionados con una distribución de beneficios que son deducibles en el Estado miembro de origen. Así pues, el Estado miembro de la sociedad beneficiaria (sociedad matriz o establecimiento permanente de la sociedad matriz) gravará la parte de los pagos relacionados con una distribución de beneficios que sea deducible en el Estado miembro de la filial que efectúa el pago. Se consideró que esta opción era la más eficaz en la lucha contra los mecanismos financieros híbridos, ya que garantizará un tratamiento coherente en toda la UE. Esta opción permitirá alcanzar el propósito fundamental de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales, a saber, crear condiciones de igualdad entre grupos de sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes y grupos de sociedades matrices y filiales de un mismo Estado miembro. El efecto deseado es que todas las empresas estén sujetas a impuesto por los beneficios obtenidos en el Estado miembro de la UE de que se trate y que ninguna sociedad pueda eludir la imposición merced a las lagunas creadas por la financiación híbrida en situaciones transfronterizas. Se trata de poner fin a una práctica inaceptable que permite a las empresas eludir la imposición adecuada. Disposición contra las prácticas abusivas En la evaluación de impacto se llegó a la conclusión de que la opción más eficaz sería actualizar las disposiciones vigentes contra las prácticas abusivas de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales, a la luz de las normas generales antifraude propuestas en la Recomendación sobre la planificación fiscal agresiva a partir de diciembre de 2012, y obligar a los Estados miembros a adoptar la norma común contra las prácticas abusivas. Esta opción sería la más eficaz para alcanzar una norma común en materia de disposiciones contra las prácticas abusivas que evite una utilización abusiva de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales. Una disposición común de estas características en todos los Estados miembros garantizará la claridad y seguridad a todos los contribuyentes y administraciones tributarias. Las medidas vigentes en los Estados miembros contra las prácticas abusivas abarcan una amplia variedad de formas y objetivos, ya que han sido diseñadas en un contexto nacional para atender a las preocupaciones específicas de los Estados miembros y a las características de sus regímenes fiscales. Esta opción aportará la ventaja de su claridad, ya que se indicará explícitamente la norma que los Estados miembros deberán adoptar contra las prácticas abusivas a efectos de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales. Por lo tanto, garantizará que las medidas contra las prácticas abusivas adoptadas y aplicadas por los Estados miembros de la UE no generen ningún problema de conformidad a escala de la UE. Además, se garantizará una aplicación uniforme de la Directiva de la UE sin posibilidades de escoger el entorno donde su aplicación sea más favorable (es decir, para evitar que las sociedades inviertan mediante intermediarios en los Estados miembros en los que la disposición contra las prácticas abusivas es menos estricta o en los que no hay ninguna norma). 3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA Se trata de atajar las asimetrías de los mecanismos financieros híbridos en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales y de introducir una norma general contra las prácticas abusivas para proteger el funcionamiento de esa Directiva. Estos objetivos requieren una modificación de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales y, por tanto, la única opción posible es presentar una propuesta de Directiva de la Comisión. En el ámbito de la fiscalidad directa, la base jurídica pertinente es el artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en virtud del cual la Comisión puede adoptar directivas para la aproximación de las disposiciones de los Estados miembros que afectan directamente al funcionamiento del mercado interior. Los objetivos de la iniciativa no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros de forma unilateral. Son precisamente las diferencias en la legislación nacional sobre el tratamiento fiscal de los mecanismos de financiación híbridos las que permiten a los contribuyentes, en particular a los grupos de sociedades, acogerse a estrategias transfronterizas de planificación fiscal que dan lugar a distorsiones en los movimientos de capitales y a un falseamiento de la competencia en el mercado interior. Además, y en un sentido más general, las diferencias considerables en los enfoques de los Estados miembros contra los comportamientos abusivos generan inseguridad jurídica y socavan el objetivo mismo de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales, a saber, la supresión de los obstáculos fiscales a la agrupación transfronteriza de sociedades de Estados miembros diferentes. La actuación a escala de la UE es necesaria para alcanzar mejor el objetivo de la iniciativa. Las modificaciones propuestas cumplen por tanto el principio de subsidiariedad. Las modificaciones propuestas cumplen asimismo el principio de proporcionalidad, ya que no van más allá de lo necesario para abordar los problemas planteados y, por tanto, para alcanzar los objetivos de los Tratados, en particular el funcionamiento adecuado y eficaz del mercado interior. Principio de subsidiariedad Asimetrías en los mecanismos de financiación híbridos La reacción por separado de cada Estado miembro no resolverá eficazmente el problema, ya que este se deriva de la interacción entre los distintos regímenes fiscales nacionales. Es más: las iniciativas individuales y descoordinadas pueden generar más asimetrías o crear nuevos obstáculos fiscales en el mercado interior. Modificar los convenios de doble imposición entre Estados miembros no sería un método adecuado para abordar esta cuestión, ya que cada pareja de países puede llegar a una solución diferente. Otras iniciativas internacionales, como las emprendidas por la OCDE sobre la erosión de la base tributaria de las sociedades, no conseguirían dar respuesta a las preocupaciones de la UE, ya que estas requieren una modificación de su legislación vigente. Por último, el acuerdo alcanzado en el Grupo del Código de Conducta para que los Estados miembros adopten un enfoque coordinado solo podrá aplicarse tras una modificación de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales, que los Estados miembros no pueden realizar sin una propuesta de la Comisión. Disposición contra las prácticas abusivas La Directiva sobre sociedades matrices y filiales actual permite a los Estados miembros aplicar las disposiciones nacionales o convencionales que sean necesarias para evitar fraudes o abusos. No obstante, esta disposición debe entenderse como ha sido interpretada por el TJUE. La jurisprudencia del TJUE establece el principio de que los Estados miembros no pueden ir más allá del principio general del Derecho comunitario en su lucha contra los comportamientos abusivos. Además, la aplicación de medidas contra las prácticas abusivas no deberá dar lugar a resultados incompatibles con las libertades fundamentales consagradas en el Tratado. Por otra parte, las medidas vigentes en los Estados miembros contra las prácticas abusivas abarcan una amplia variedad de formas y objetivos, ya que han sido diseñadas en un contexto nacional para atender a las preocupaciones específicas de los Estados miembros y a las características de sus regímenes fiscales. La situación actual puede dar lugar a una falta de claridad tanto para los contribuyentes como para las administraciones fiscales. Habida cuenta de todos estos factores, la actuación por separado de los Estados miembros no sería tan eficaz como la actuación de la UE. Principio de proporcionalidad La obligación de tributar se limita solo a la parte de los pagos efectuados en el marco de mecanismos de financiación híbridos que es deducible en el Estado miembro de origen. La norma general propuesta en materia de lucha contra el fraude se ajusta a los límites de proporcionalidad previstos por la jurisprudencia del TJUE. Por consiguiente, las modificaciones propuestas cumplen el principio de proporcionalidad, ya que no van más allá de lo que es necesario para resolver los problemas en cuestión. Comentario del articulado El objetivo de la propuesta es modificar los considerandos y los artículos 1 y 4, así como actualizar el anexo I, parte A, de la Directiva vigente sobre sociedades matrices y filiales. Las modificaciones y la actualización figuran en el artículo 1 de la propuesta. Considerandos Con la modificación propuesta, los considerandos explican que, para evitar que los grupos transfronterizos de sociedades matrices y filiales se beneficien de ventajas no deliberadas en comparación con los grupos nacionales, debe denegarse la exención fiscal en relación con las distribuciones de beneficios que sean deducibles en el Estado miembro de origen. El propósito fundamental de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales es crear condiciones de igualdad entre grupos de sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes y grupos de sociedades matrices y filiales de un mismo Estado miembro. Cuando se adoptó la Directiva sobre sociedades matrices y filiales, los grupos transfronterizos solían hallarse en una situación de desventaja con respecto a los grupos nacionales por la doble imposición que se aplicaba a la distribución de beneficios; por otra parte, los convenios bilaterales sobre doble imposición resultaban insuficientes para crear, dentro de la UE, condiciones análogas a las de un mercado interior. Para alcanzar la neutralidad deseada, la Directiva sobre sociedades matrices y filiales dispuso: i) la supresión de las retenciones sobre las distribuciones de beneficios y ii) la prevención de la doble imposición económica de los beneficios distribuidos mediante exención o crédito fiscal en los Estados miembros de las sociedades matrices. Desde entonces la situación ha evolucionado, con mayor rapidez en la última década. El aumento de las inversiones transfronterizas ha ofrecido a los grupos transfronterizos la posibilidad de utilizar instrumentos financieros híbridos, lo cual les ha permitido obtener ventajas indebidas aprovechando las asimetrías entre los distintos regímenes fiscales nacionales y las normas internacionales para evitar la doble imposición. Esto provoca, dentro de la UE, un falseamiento de la competencia entre los grupos transfronterizos y los grupos nacionales, en contradicción con el objetivo de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales. Artículo 1 La Directiva propuesta permitiría a los Estados miembros adoptar medidas para prevenir el fraude y la evasión fiscales. A este respecto, los servicios de la Comisión han recordado que el fraude fiscal es una forma de evasión de impuestos deliberada que, en general, es sancionable penalmente y que la evasión fiscal incluye, en general, planes ilegales para ocultar o ignorar la obligación de tributar[11]. Además, para luchar contra el riesgo de abusos, se propone sustituir la disposición vigente contra las prácticas abusivas por una norma común contra las prácticas abusivas, sobre la base de la cláusula similar incluida en la Recomendación sobre la planificación fiscal agresiva. Artículo 4 Con la modificación propuesta, el Estado miembro de la sociedad matriz y el Estado miembro de su establecimiento permanente denegarán la exención fiscal en relación con las distribuciones de beneficios que sean deducibles por la filial de la sociedad matriz. Por consiguiente, en la letra a) del apartado de referencia, se especifica que el Estado miembro de la sociedad beneficiaria (sociedad matriz o su establecimiento permanente) solo se abstendrá de gravar las distribuciones de beneficios en la medida en que estas no sean deducibles en el Estado miembro de origen (es decir, en el Estado miembro de la filial que los distribuya). Así pues, el Estado miembro de la sociedad beneficiaria gravará la parte de los beneficios que sea deducible en el Estado miembro de origen. No se impondrá ninguna retención en origen a los beneficios distribuidos por la sociedad filial, ya que el pago en el Estado miembro de la filial se considerará un pago de intereses con arreglo a la Directiva relativa a los pagos de intereses y cánones. El Consejo está examinando una propuesta para adaptar el umbral de participación actual del 25 % que figura en la Directiva relativa a los pagos de intereses y cánones al umbral del 10 % de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales[12]. Por otra parte, los mecanismos financieros híbridos suelen crearse en los Estados miembros que no aplican ninguna retención sobre los pagos de intereses en virtud de disposiciones nacionales o de los convenios de doble imposición. Anexo I, parte A Con las modificaciones propuestas, quedarán incluidas las empresas admisibles que se han introducido en el Derecho de sociedades de los Estados miembros tras la refundición de la Directiva. La Comisión ha recibido una solicitud de actualización de Rumanía. Así pues, en la letra w) se añaden los dos tipos de empresas siguientes: «societăți în nume colectiv», «societăți în comandită simplă». 4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La presente propuesta no tiene ninguna repercusión presupuestaria para la UE. 2013/0400 (CNS) Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 2011/96/UE relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 115, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Parlamento Europeo[13], Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[14], De conformidad con un procedimiento legislativo especial, Considerando lo siguiente: (1) La Directiva 2011/96/UE del Consejo exime de retención en origen los dividendos y otros beneficios distribuidos por filiales a sus sociedades matrices y elimina la doble imposición de esos ingresos en la sociedad matriz. (2) Las ventajas que se derivan de la Directiva 2011/96/UE no deben dar lugar a situaciones de doble no imposición y, por lo tanto, generar ventajas fiscales no deliberadas para grupos de sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, en comparación con grupos de sociedades de un mismo Estado miembro. (3) Con el fin de evitar situaciones de doble no imposición derivadas de asimetrías en el tratamiento fiscal de la distribución de beneficios entre Estados miembros, resulta oportuno que el Estado miembro de la sociedad matriz y el Estado miembro de su establecimiento permanente impidan a esas empresas acogerse a la exención fiscal aplicada a los beneficios distribuidos que hayan recibido, en la medida en que dichos beneficios sean deducibles por la filial de la sociedad matriz. (4) Para prevenir el fraude y la evasión fiscales mediante mecanismos artificiales, procede incluir una disposición común contra las prácticas abusivas, adaptada a la finalidad y los objetivos de la Directiva 2011/96/UE. (5) Es necesario garantizar que la presente Directiva no sea obstáculo para la aplicación de disposiciones nacionales o convencionales que sean necesarias a fin de evitar la evasión fiscal. (6) Conviene actualizar el anexo I, parte A, de dicha Directiva para incluir otras formas de sociedades que han sido introducidas en el Derecho de sociedades de Rumanía. (7) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2011/96/UE en consecuencia. HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 1 La Directiva 2011/96/UE queda modificada como sigue: 1. En el artículo 1, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: «2. La presente Directiva no será obstáculo para la aplicación de las disposiciones nacionales o convencionales que sean necesarias a fin de evitar la evasión fiscal.». 2. Se inserta el artículo 1 bis siguiente: «Artículo 1 bis 1. Los Estados miembros deberán retirar el beneficio de lo dispuesto en la presente Directiva en caso de mecanismo artificial o serie de mecanismos artificiales introducidos con el objetivo fundamental de obtener una ventaja fiscal indebida en virtud de la presente Directiva, que anule el objeto, el espíritu y la finalidad de las disposiciones tributarias alegadas. 2. Se entenderá por mecanismo artificial o serie de mecanismos artificiales toda transacción, régimen, medida, operación, acuerdo, entendimiento, promesa o compromiso que no corresponda a la realidad económica. Para determinar si un mecanismo o una serie de mecanismos son artificiales, los Estados miembros deberán cerciorarse, en particular, de si concurren una o varias de las circunstancias siguientes: a) la caracterización jurídica de las diferentes fases de las que consta un mecanismo es incompatible con la naturaleza jurídica del mecanismo en su conjunto; b) el mecanismo se ejecuta de una manera que no sería la habitual atendiendo a un comportamiento comercial razonable; c) el mecanismo incluye elementos que tienen por efecto compensarse o anularse entre sí; d) las operaciones realizadas son de naturaleza circular; e) el mecanismo da lugar a una importante ventaja impositiva, aunque esto no se refleja en los riesgos empresariales asumidos por el contribuyente ni en sus flujos de caja. 3. En el artículo 4, apartado 1, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: «a) o bien se abstendrán de gravar dichos beneficios en la medida en que dichos beneficios no sean deducibles por la filial de la sociedad matriz;» 4. En el anexo I, parte A, la letra w) se sustituye por el texto siguiente: «w) las sociedades de Derecho rumano denominadas: "societăți pe acțiuni", "societăți în comandită pe acțiuni", "societăți cu răspundere limitată", "societăți în nume colectiv", "societăți în comandită simplă";». Artículo 2 5. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2014. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 6. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. Artículo 3 La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Artículo 4 Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. Hecho en Bruselas, el Por el Consejo El Presidente [1] Declaraciones finales de la reunión de los dirigentes del G-20 de 18 y 19 de junio de 2012; Comunicado de la reunión de los Ministros de Hacienda y Gobernadores de Bancos Centrales del G-20 de 5 y 6 de noviembre de 2012, de 15 y 16 de febrero de 2013 y de 18 y 19 de abril de 2013; Declaración conjunta de los Ministros de Hacienda del Reino Unido y de Alemania al margen de la reunión del G-20 de noviembre de 2012; Comunicado de la cumbre de los dirigentes del G-8 de 17 y 18 de junio de 2013. [2] «Addressing Base Erosion and Profit Shifting», informe de la OCDE de 2013. [3] El Código de Conducta sobre la fiscalidad de las empresas fue presentado en las conclusiones del Consejo de Ministros de Economía y Hacienda (ECOFIN) de 1 de diciembre de 1997. [4] El 29 de febrero de 2012, la Comisión inició un procedimiento de consulta e investigación sobre la doble no imposición y su posible incidencia en el mercado interior. [5] «En la medida en que los pagos en el marco de un mecanismo de préstamo híbrido se califican de gasto deducible fiscalmente para el deudor del préstamo, los Estados miembros no podrán eximir dichos pagos como distribución de beneficios en virtud de una exención por participación» (informe del Grupo «Código de Conducta» de 25 de mayo de 2010 [doc. 10033/10, FISC 47], apartado 31). [6] Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (refundición) (DO L 345 de 29.12.2011, p. 8). [7] Directiva 2013/13/UE del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por la que se adaptan determinadas Directivas en el ámbito de la fiscalidad, con motivo de la adhesión de la República de Croacia (DO L 141 de 28.5.2013, p. 30). [8] COM(2012) 722. [9] C(2012) 8806. [10] Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de mayo de 2013, sobre la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los paraísos fiscales [2013/2060(INI)]. [11] SWD(2012) 403, p. 9. [12] Propuesta de Directiva del Consejo relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros (refundición) COM(2011) 714. [13] DO C … de …, p … . [14] DO C … de …, p … .