(7)Se prevé que la orientación de la política fiscal de la zona del euro, medida como la variación del gasto primario neto en relación con el crecimiento potencial medio, sea expansionista en 2022 y globalmente neutra en 2023, supeditada al desmantelamiento previsto de las medidas relacionadas con la energía. En 2023, la política fiscal debería evitar amplificar los efectos inflacionistas de las actuales perturbaciones de la oferta y, tanto a escala nacional como para la zona del euro en su conjunto, no está justificado un impulso fiscal generalizado a la economía. El reto es especialmente complicado para los Estados miembros que sufren una elevada inflación subyacente, también a la luz de las graves dificultades económicas y sociales provocadas por la erosión del poder adquisitivo de los asalariados, en particular en el caso de los trabajadores con salarios bajos. Además, la política fiscal debe seguir siendo prudente y combinar una mayor inversión con el control del crecimiento de los gastos primarios netos corrientes. En este contexto, el aumento previsto de la absorción del MRR y de las inversiones financiadas a escala nacional en todos los Estados miembros es coherente con la necesidad de ampliar la inversión pública para las transiciones ecológica y digital y para la seguridad energética. Al mismo tiempo, la agilidad de la política fiscal ayudaría a responder a la elevada incertidumbre y a los fuertes riesgos a la baja para las perspectivas económicas, sin socavar los incentivos para la transición energética. La pandemia de COVID-19 ha dejado un legado de deuda récord en la zona del euro y se espera que la deuda pública se mantenga muy por encima de los niveles anteriores a la pandemia en la mayoría de los Estados miembros de la zona del euro. Si bien los riesgos para la sostenibilidad a corto plazo han disminuido en gran medida, los riesgos a medio y largo plazo siguen siendo elevados en varios Estados miembros y los aumentos de los tipos de interés se traducirán, en última instancia, en un mayor coste de la deuda.

(3)Garantizar una respuesta política adecuada ante el deterioro de las perspectivas económicas y la elevada inflación exige que las políticas monetaria y fiscal se calibren adecuadamente y sean coherentes. La normalización de la política monetaria tiene que hacer frente a una inflación elevada y divergente y, al mismo tiempo, abordar los posibles riesgos de una evolución desordenada e injustificada del mercado que suponen una grave amenaza para la transmisión de la política monetaria en toda la zona del euro. En el contexto actual, una expansión fiscal generalizada para favorecer la demanda alimentaría aún más la presión inflacionista, en un momento en que la deuda pública es elevada en varios Estados miembros de la zona del euro. Esto requiere políticas fiscales debidamente diferenciadas entre los Estados miembros en función de la situación económica y fiscal, tal como recomendó el Consejo en julio de 2022. También exige que estén preparados para ajustar el gasto corriente a la evolución de la situación. Al mismo tiempo, se necesitan medidas fiscales específicas y temporales para apoyar a las personas y empresas vulnerables, también con vistas a mantener los empleos y el capital humano, a la vez que se preservan las señales de precios y se ofrecen incentivos para reducir el consumo de energía. Sigue siendo esencial una estrecha coordinación de las respuestas políticas entre los Estados miembros. Las políticas sociales y del mercado laboral también son fundamentales para hacer frente a las repercusiones sociales de la elevada inflación. Los salarios medios no se ajustan a la inflación en 2022. De cara al futuro, la evolución de los salarios debe equilibrarse con prudencia para proteger el poder adquisitivo de los asalariados, con especial atención a los trabajadores con salarios bajos, y evitar al mismo tiempo el riesgo de que los salarios alimenten la inflación y agraven los diferenciales de competitividad emergentes dentro de la zona del euro y en todo el mundo. La participación activa de los interlocutores sociales ayuda a identificar los retos, también en relación con los retos específicos de la unión monetaria, mejora las soluciones políticas y garantiza una mayor apropiación de la agenda política económica y social. Las políticas de incentivos a la oferta también pueden contribuir a reducir la inflación al acelerar la creación de fuentes de energía alternativas, potenciar la competencia, mejorar la asignación de recursos y fomentar el crecimiento de la productividad. Los riesgos para la estabilidad financiera también requieren un seguimiento continuo.

(1)La recuperación económica de la zona del euro tras la COVID-19 se ha visto interrumpida por una serie de perturbaciones externas. Gracias, en particular, a una respuesta decisiva de la política económica, tanto a escala nacional como de la UE, y al levantamiento de las medidas de contención, la zona del euro registró un sólido crecimiento del PIB en 2021 y 2022, del 5,3 % y del 3,2 %, respectivamente. El mercado laboral también ha demostrado su resiliencia y se prevé que la tasa de desempleo alcance un mínimo histórico del 6,8 % en 2022. Sin embargo, el aumento de los precios mundiales de la energía, la mayor incertidumbre y las perturbaciones de la cadena de suministro causadas por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania han dado lugar a una clara desaceleración de la actividad económica en el segundo semestre de 2022, y la crisis energética ha producido una reevaluación a la baja de las previsiones para 2023. En general, se prevé que el crecimiento del PIB de la zona del euro disminuya hasta solo el 0,3 % en 2023, antes de volver a registrar un crecimiento del 1,5 % en 2024. El mercado de la energía y otros mercados de materias primas han alimentado la inflación, que con el tiempo se ha propagado a otros artículos, hasta llegar al 8,5 % en 2022. Se espera que la inflación siga siendo elevada en los próximos meses, manteniéndose en el 6,1 % en 2023 antes de disminuir en 2024. Se espera que los mercados laborales mantengan su solidez, ya que la demanda de mano de obra sigue siendo elevada. Con una gran proporción de empresas que siguen declarando escasez de mano de obra, se prevé que el desempleo solo aumente moderadamente el próximo año, antes de volver a disminuir en 2024. Al mismo tiempo, se espera que el crecimiento de los salarios nominales aumente en 2023, pero que se mantenga por debajo de la inflación, lo que dará lugar a una caída del poder adquisitivo de los hogares. En este contexto, el superávit de la balanza por cuenta corriente de la zona del euro ha disminuido, en consonancia con el fuerte deterioro del balance energético, y, de cara al futuro, es probable que la depreciación nominal del euro frente al dólar estadounidense y a algunas otras monedas desde el segundo semestre de 2021 solo dé un ligero impulso a la competitividad, habida cuenta de los elevados costes de la energía.

Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y en particular su artículo 6, apartado 1,

Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas, y en particular su artículo 5, apartado 2,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 136, apartado 1, en relación con su artículo 121, apartado 2,

(8)Para responder al aumento de los precios de la energía, los Estados miembros de la zona del euro han adoptado medidas que, según las estimaciones, representan un 1 ¼ % del PIB en 2022 y hasta el 1 % en 2023, y la disminución prevista depende de la evolución del precio de la energía y del desmantelamiento previsto de las medidas conexas. Las medidas adoptadas hasta la fecha tienen como objetivo principal mitigar los aumentos de precios y solo el 20 % son medidas específicas en materia de ingresos. Es necesario limitar el coste fiscal de estas medidas de apoyo, teniendo en cuenta al mismo tiempo su impacto distributivo entre tramos de renta, su impacto en la demanda de energía, las posibles distorsiones del mercado único y las externalidades negativas entre países. A tal fin, es importante acordar un enfoque común. Un modelo de precios de la energía a dos niveles, en el que los consumidores vulnerables se beneficien de precios regulados hasta un determinado nivel de consumo, puede ser útil en este contexto. Además de las medidas energéticas temporales, la inversión pública puede contribuir a reforzar la seguridad energética y la transición ecológica. Desde la crisis financiera mundial, la zona del euro ha sufrido bajos niveles de inversión tanto privada como pública. Las medidas adoptadas en respuesta a la crisis de la COVID-19, con el apoyo excepcional de NextGenerationEU, han contribuido a mantener el nivel de inversión pública, con un impacto positivo en el crecimiento potencial, especialmente en los Estados miembros con la mayor carga de deuda pública. Una mayor inversión pública, en particular mediante la ejecución de los planes de recuperación y resiliencia, de los programas de la política de cohesión y de los planes nacionales de energía y clima que los Estados miembros deben actualizar a más tardar en junio de 2023, es fundamental para un crecimiento sostenible y cohesivo y para lograr las transiciones ecológica y digital.

(9)El 9 de noviembre de 2022, la Comisión publicó la Comunicación sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE con el fin de mejorar la eficacia de la supervisión económica y la coordinación de las políticas en la Unión. La Comunicación tiene por objeto definir una arquitectura más sencilla e integrada para la supervisión macrofiscal a fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda y promover un crecimiento sostenible e integrador. Los elementos clave de la propuesta tienen por objeto simplificar el marco, mejorar la apropiación nacional y reforzar la aplicación. La Comunicación propone que las trayectorias fiscales se basen en planes de política fiscal estructurales a medio plazo propuestos por los Estados miembros, dentro de un marco común transparente de la UE. Estos planes aunarían compromisos fiscales, de reforma y de inversión que fomentarían la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento sostenible y reflejarían las prioridades nacionales y de la UE. Los compromisos de reforma e inversión, que serían adoptados por el Consejo, permitirían un período de ajuste de la política fiscal más largo. Al tiempo que se mantienen los valores de referencia del Tratado (3 % del PIB para el déficit y 60 % del PIB para la deuda), el marco se basaría en una supervisión más fundamentada en el riesgo y centrada en la sostenibilidad de la deuda. Por lo que se refiere al procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM), la Comunicación propone un marco más prospectivo para poder identificar los riesgos emergentes a medida que se desarrollan. La evaluación de la existencia de desequilibrios seguiría basándose en los tres criterios de gravedad, evolución y respuesta política. No obstante, los criterios de evolución y la respuesta política del Estado miembro de que se trate tendrían más peso en la evaluación.

(10)El mercado laboral de la zona del euro ha mostrado una notable resiliencia gracias al apoyo político durante la crisis de la COVID-19. En el primer trimestre de 2022, el total de horas trabajadas superó los niveles anteriores a la pandemia y el empleo siguió creciendo durante el primer semestre de 2022 hasta niveles históricamente elevados en el segundo trimestre de 2022, lo que disminuyó la tasa de desempleo hasta el 6,8 %, su nivel más bajo desde la creación del euro. Con todo, aún hay margen de mejora en lo que respecta a la integración en el mercado laboral de las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad y los grupos vulnerables. De cara al futuro, se espera que la desaceleración prevista de la actividad económica afecte a las perspectivas de empleo, con un ligero aumento de la tasa de desempleo en 2023 y 2024. No hay apenas pruebas de que la crisis de la COVID-19 haya conducido a un deterioro estructural de los problemas de adecuación entre la oferta y la demanda de empleo. Sin embargo, existen diferencias significativas en el mercado laboral entre los distintos Estados miembros y sectores. Desde 2019, la creación de empleo ha sido máxima en los sectores de las tecnologías de la información y los servicios profesionales, mientras que el transporte, el alojamiento y la alimentación han registrado pérdidas de puestos de trabajo. Es probable que el cambio demográfico también contribuya a tensar los mercados laborales de la zona del euro. Una inversión suficiente y eficaz en educación y formación de calidad a todas las edades será clave para mitigar la escasez actual y futura de capacidades. El crecimiento salarial aumentó ligeramente en 2022, lo que dio lugar a un incremento agregado de los costes laborales unitarios. Sin embargo, en general se mantuvo moderado y se prevé que se mantenga muy por debajo de la inflación. Se vaticina que la remuneración real por empleado se reducirá en un 2,8 % en 2022 y en un 0,9 % adicional en 2023, antes de que se recupere parte de la pérdida en 2024. Unas expectativas de inflación afianzadas desempeñan un papel clave a la hora de mitigar los riesgos de que el rápido aumento de las reivindicaciones salariales aumente aún más la inflación.

(11)Las reformas estructurales, incluidas las llevadas a cabo en el marco del Pacto Verde Europeo o respaldadas por el MRR y el plan REPowerEU, son fundamentales para reforzar el mercado único y la resiliencia de las economías de la zona del euro. Seguir mejorando el entorno empresarial, en particular mediante la reducción de los obstáculos a la inversión y la reasignación de capital, la modernización de las administraciones públicas, la eliminación de los marcos reglamentarios restrictivos y la agilización de la concesión de permisos, puede aumentar la productividad y el crecimiento. Las reformas, junto con la inversión, son fundamentales para llevar a buen término las transiciones ecológica y digital, en particular para mejorar la eficiencia energética, apoyar la descarbonización, aumentar el suministro y el uso de tecnologías de energía renovable y energía limpia, y prestar apoyo al perfeccionamiento y el reciclaje profesional. El rápido y persistente aumento de los precios de la energía ha sometido a presión a los modelos de negocio de las industrias de gran consumo de energía y de las pequeñas y medianas empresas, generando repercusiones en el empleo y el capital humano. Unos regímenes de insolvencia eficientes pueden favorecer la transición y facilitar la reasignación de recursos. Los regímenes de insolvencia siguen siendo muy diferentes en la zona del euro y el aumento de su eficacia y armonización favorecería el ajuste económico y el mercado único de capitales.

(12)Hasta la fecha, el sector bancario ha mostrado una resiliencia general en 2022. Aunque el sector bancario de la zona del euro en su conjunto está bien capitalizado y ha experimentado una mejora de la rentabilidad desde 2021, un acusado deterioro de las perspectivas macroeconómicas, junto con el aumento de los tipos de interés, puede traducirse en una menor calidad de los activos. En el contexto de un acceso más complicado al crédito, el seguimiento oportuno de los riesgos, el compromiso proactivo con los deudores y la gestión activa de los préstamos dudosos son importantes para mantener la capacidad de los bancos de financiar la economía. La resiliencia de las entidades de crédito puede verse obstaculizada por factores estructurales, entre ellos el exceso de capacidad y la competencia de los nuevos proveedores de servicios financieros. También pueden surgir otros riesgos en los mercados financieros. En particular, el aumento de las primas de riesgo y el endurecimiento de las condiciones de liquidez pueden dar lugar a una caída de los precios de los activos. Debido a los ajustes de márgenes de garantía, esto puede generar nuevas presiones más allá de la tensión de liquidez ya experimentada por algunas empresas energéticas. El modo en que los mercados inmobiliarios residenciales y comerciales reaccionan a las subidas de los tipos de interés también requiere un estrecho seguimiento, ya que el aumento de los tipos hipotecarios y el deterioro de la capacidad de servicio de la deuda pueden ejercer presiones a la baja sobre los precios de la vivienda y dar lugar a riesgos cíclicos. Además, el aumento de los riesgos cibernéticos requiere una mayor atención y el Reglamento sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero, recientemente acordado, reforzará la resiliencia de las empresas financieras frente a los riesgos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. En septiembre de 2022, la Junta Europea de Riesgo Sistémico emitió una advertencia en la que pedía a las entidades del sector privado, a los participantes en el mercado y a las autoridades pertinentes que siguieran preparándose para escenarios de riesgo extremo.

(13)En junio de 2022, el Eurogrupo acordó que los trabajos sobre el futuro de la unión bancaria debían centrarse en reforzar el marco común para la gestión de crisis bancarias y el sistema nacional de garantía de depósitos, a fin de disponer de un marco adaptado a todos los tipos de bancos. El Eurogrupo se ha comprometido a revisar el estado de la unión bancaria y a identificar de manera consensuada nuevas medidas en relación con los demás elementos pendientes para reforzar y completar la unión bancaria. La Comisión ha anunciado su intención de presentar una propuesta legislativa sobre gestión de crisis bancarias y garantía de depósitos a principios de 2023. Las modificaciones del marco de gestión de crisis bancarias y garantía de depósitos pueden contribuir a aumentar la resiliencia del sector bancario de la zona del euro. La Comisión también ha anunciado que, en el primer semestre de 2023, pondrá sobre la mesa una propuesta legislativa para establecer el euro digital y regular sus aspectos fundamentales, con una posible introducción del euro digital por parte del BCE en 2026. El euro digital, que sería complementario al efectivo, podría generar varios beneficios para la economía de la zona del euro. Fomentaría, en particular, la digitalización de la economía y la innovación en los pagos minoristas. Aunque el papel internacional del euro se ha mantenido prácticamente estable en los últimos años, podría reforzarse. El desarrollo de un euro digital podría, también en el contexto de la actual situación geopolítica, aumentar la autonomía económica y financiera de la zona del euro y de la Unión y mejorar la estabilidad financiera mundial.

RECOMIENDA:

que, en 2023-2024, los Estados miembros de la zona del euro adopten medidas, a título individual, mediante la aplicación de sus planes de recuperación y resiliencia, y a título colectivo dentro del Eurogrupo, con el fin de:

1.Seguir coordinando las políticas fiscales en todos los Estados miembros para favorecer el retorno oportuno de la inflación al objetivo a medio plazo del BCE del 2 %. Abstenerse de prestar un apoyo generalizado a la demanda agregada en 2023, al tiempo que se orientan las medidas fiscales para hacer frente al impacto de los elevados precios de la energía en los hogares y las empresas vulnerables. Acordar un enfoque común y, en particular, sustituir las medidas de precios generalizadas por una tarificación de la energía rentable a dos niveles que garantice incentivos para el ahorro de energía. Definir estrategias de política fiscal a medio plazo debidamente diferenciadas para garantizar la sostenibilidad de la deuda y aumentar el potencial de crecimiento de manera sostenible, mediante una consolidación gradual para alcanzar situaciones fiscales prudentes a medio plazo, así como mediante inversiones y reformas.

2.Mantener el elevado nivel de inversión pública necesario para impulsar la resiliencia económica y social y favorecer las transiciones ecológica y digital, en particular para una mayor eficiencia energética y la transición a fuentes de energía renovables. Aplicar los programas de la política de cohesión y los planes de recuperación y resiliencia, garantizando la ejecución oportuna de las reformas e inversiones, y velar por que las actualizaciones de los planes sean específicas y no reduzcan la ambición general. Adoptar nuevas medidas, en particular a través del plan REPowerEU, para acelerar la transición hacia una energía limpia y aumentar la independencia energética de la Unión.

3.De conformidad con las prácticas nacionales y respetando el papel de los interlocutores sociales, fomentar una evolución salarial que mitigue la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados, en particular para los trabajadores con bajos ingresos, reflejando al mismo tiempo la evolución de la productividad a medio plazo y limitando los efectos secundarios sobre la inflación. Desarrollar y adaptar, cuando sea necesario, sistemas de apoyo social para ayudar a los hogares vulnerables a hacer frente a la perturbación energética y a las transiciones ecológica y digital, abordando el aumento del riesgo de pobreza. Seguir mejorando las políticas activas del mercado laboral y adoptar medidas para hacer frente a la escasez de personal cualificado. Garantizar la participación efectiva de los interlocutores sociales en la elaboración de políticas y reforzar el diálogo social.

4.Garantizar que el apoyo a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas empresas que se vean sometidas a presión financiera debido a la crisis energética, sea rentable, temporal y esté dirigido a empresas viables. El apoyo prestado debe mantener los incentivos para la eficiencia energética y preservar la igualdad de condiciones y la integridad del mercado único, en particular a través del marco temporal de crisis relativo a las ayudas estatales. Aumentar la eficiencia de los marcos de insolvencia garantizando que aborden de manera eficaz y oportuna la quiebra y la reestructuración empresarial. Contribuir a avanzar hacia la unión de los mercados de capitales.

5.Preservar la estabilidad macrofinanciera, mantener los canales de crédito a la economía y seguir fomentando la integración financiera. Hacer un seguimiento de los riesgos relacionados, en particular, con las tensiones en el sector de la energía, el aumento de los tipos de interés, los activos no productivos y la evolución de los mercados inmobiliarios. Seguir participando activamente en los trabajos preparatorios para la introducción de un euro digital.

Las nuevas medidas para profundizar en la unión económica y monetaria (UEM) deben tener en cuenta las lecciones aprendidas del diseño y la aplicación de la respuesta global de la política económica de la Unión a la crisis de la COVID-19, lo que incluye el MRR y la revisión de la gobernanza económica. Los avances en la profundización de la UEM deben continuar, con pleno respeto al mercado único de la Unión y de manera abierta y transparente hacia los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro.

Hecho en Estrasburgo, el