EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

•Razones y objetivos de la propuesta

El Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo («Reglamento SURE») establece el marco legal para proporcionar ayuda financiera de la Unión a los Estados miembros que sufran, o corran el riesgo de sufrir, una perturbación económica grave provocada por el brote de COVID‐19. La ayuda concedida al amparo de SURE sirve para financiar, principalmente, regímenes de reducción del tiempo de trabajo o medidas similares destinadas a proteger a los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena, y, de este modo, reducir la incidencia del desempleo y la pérdida de ingresos, así como para financiar, de manera accesoria, algunas medidas relacionadas con la salud, en particular en el lugar de trabajo.

El 3 de agosto de 2020, España solicitó ayuda financiera de la Unión en virtud del Reglamento SURE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, del Reglamento SURE, la Comisión ha consultado a las autoridades españolas para verificar el aumento repentino y grave del gasto real y previsto, a consecuencia de la pandemia de COVID-19 y relacionado directamente con su régimen de reducción del tiempo de trabajo para los trabajadores por cuenta ajena, con regímenes similares destinados específicamente a los trabajadores por cuenta propia y a los trabajadores del sector del turismo, y con prestaciones relacionadas con la salud para trabajadores contagiados por la COVID-19. Se trata, en particular, de las siguientes medidas:

a)una compensación salarial de hasta un 70 % del salario base para los trabajadores con suspensión de contrato en virtud de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE); la compensación tiene como límite un máximo de 1 098,09 EUR por mes, que puede incrementarse a 1 254,96 EUR o a 1 411,83 EUR por mes, en función del número de hijos a cargo del beneficiario;

b)una exención total o parcial de las cotizaciones a la Seguridad Social, dependiendo del tamaño de la empresa y del mes del año, en relación con los trabajadores por cuenta ajena sujetos a un ERTE; la exención supone una pérdida de ingresos para el Gobierno, que, a efectos de la aplicación del Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo, puede considerarse equivalente a gasto público;

c)una prestación por «cese de actividad» (es decir, la suspensión, en todo o en parte, de la actividad por cuenta propia) y las exenciones de la cotización a la Seguridad Social correspondientes; la medida contempla pagos mensuales mientras las empresas estén obligadas a permanecer cerradas o, en caso de estar abiertas, si el volumen de negocios se ha reducido en más del 75 %;

d)una prestación para los trabajadores fijos discontinuos en el sector del turismo que no hayan podido reincorporarse a su actividad en las fechas previstas;

e)una exención para los empleadores del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social (hasta el 50 %) con el fin de apoyar «la preservación del empleo en el sector del turismo» durante el estado de alarma y posteriormente, al tiempo que se mantiene un nivel mínimo de protección social para varias categorías de trabajadores. la media entre el gasto mensual total y el número de personas por las cuales las empresas han recibido subvenciones arroja un gasto medio por persona y mes de aproximadamente 192 EUR;

f)prestaciones relacionadas con la salud para trabajadores que causen baja debido a la COVID-19 (tanto trabajadores en aislamiento preventivo como contagiados); la medida se asimila al régimen de accidentes laborales (es decir, las prestaciones son más generosas y son abonadas por el Fondo de la Seguridad Social a partir del primer día de baja), con un límite máximo de las prestaciones del 75 % del salario base.

España facilitó a la Comisión la información pertinente.

Habida cuenta de las pruebas aportadas, la Comisión propone al Consejo que adopte una Decisión de Ejecución para la concesión de ayuda financiera a España en virtud del Reglamento SURE en apoyo de las medidas citadas.

•Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

La presente propuesta es plenamente coherente con el Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo, en virtud del cual se formula la propuesta. La presente propuesta se añade a otro instrumento legislativo de la Unión destinado a prestar apoyo a los Estados miembros en caso de emergencia, en concreto el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) («Reglamento (CE) n.º 2012/2002»). El Reglamento (UE) 2020/461 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifica dicho instrumento para ampliar su ámbito de aplicación a las grandes emergencias de salud pública y definir qué operaciones específicas podrían financiarse, fue adoptado el 30 de marzo.

•Coherencia con otras políticas de la Unión

La propuesta se integra en una serie de medidas desarrolladas en respuesta a la actual pandemia de COVID-19, como la «Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus», y complementa otros instrumentos de apoyo al empleo, como el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE)/InvestEU. Al recurrir a operaciones de empréstito y de préstamo para apoyar a los Estados miembros en este caso concreto de la pandemia de COVID-19, la presente propuesta actúa como segunda línea de defensa para financiar los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y medidas similares, ayudando así a proteger el empleo y, por ende, a los trabajadores por cuenta propia y ajena frente al riesgo de desempleo.

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD