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B4-0889, 0907 y 0923/95

Resolución sobre la pena de muerte en los Estados Unidos y el caso de Abu-Jamal

El Parlamento Europeo,

- Vistas sus anteriores resoluciones en las que condena la aplicación de la pena de muerte y, en particular, la Resolución de 16 de marzo de 1995 sobre el restablecimiento de la pena de muerte en el Estado de Nueva York ((DO C 89 de 10.4.1995, pág. 154)),

A. Considerando la condena a muerte del Sr. Mumia Abu-Jamal, pronunciada en diciembre de 1982,

B. Considerando que el Gobernador del Estado de Pensilvania, ha firmado la orden de ejecución del Sr. Abu-Jamal para el 17 de agosto de 1995,

C. Teniendo en cuenta los llamamientos lanzados por numerosas personalidades, asociaciones de defensa de los derechos humanos, sindicatos y otras organizaciones de todo el mundo que están luchando por salvar la vida del Sr. Abu-Jamal,

D. Considerando que las autoridades del Estado de Pensilvania deben decidir en los próximos días sobre el aplazamiento de la ejecución del Sr. Abu- Jamal,

1. Pide al Gobernador de Pensilvania que aplace la ejecución del Sr. Abu-Jamal y que ordene que se inicie un procedimiento de revisión de su proceso;

2. Reafirma su oposición total a la pena de muerte y lamenta que siga siendo aplicable en numerosos países del mundo y que en los últimos meses esté aumentando el número de ejecuciones capitales en el mundo;

3. Invita, una vez más, a todos los Estados de los Estados Unidos en los que exista la pena de muerte a que renuncien a su aplicación;

4. Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que hagan lo que esté en su poder por que la Asamblea General de las Naciones Unidas propugne durante su 50º período de sesiones el establecimiento de una moratoria universal de ejecuciones capitales como primer paso hacia su supresión total y definitiva;

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Secretario General de las Naciones Unidas, a los Gobiernos de los Estados miembros, al Senado y al Presidente de los Estados Unidos, así como al Gobernador del Estado de Pensilvania.
B4-0749/95

Resolución sobre la integración escolar de los niños disminuidos en la Escuela Europea de Bruselas I

El Parlamento Europeo,

- Vista la Declaración de las Naciones Unidas de 1993 relativa a la igualdad de oportunidades de las personas disminuidas, que establece que la educación de los niños disminuidos forma parte integrante del sistema educativo,

- Vistas las conclusiones del Consejo de Ministros de la Educación, de 14 de mayo de 1987, respecto a la cooperación europea en materia de integración escolar de los niños disminuidos ((DO C 211 de 8.8.1987, pág. 1)),

- Considerando la Decisión 88/231/CEE del Consejo, de 18 de abril de 1988, que establece el segundo Programa de acción de la Comunidad en favor de los minusválidos Helios ((DO L 104 de 23.4.1988, pág. 38)),

- Considerando la Resolución del Consejo de Ministros de la Educación, de 31 de mayo de 1990, relativa a la integración de los niños y jóvenes afectados de una minusvalía en los sistemas de enseñanza ordinarios ((DO C 162, de 3.7.1990, pág. 2)),

- Visto el Convenio por el que se define el Estatuto de las Escuelas Europeas ((DO L 212 de 17.8.1994, pág. 3)) y en especial el apartado 7 de su artículo 4, que consagra el principio de la adopción de medidas oportunas para facilitar la integración de los niños con necesidades educativas específicas,

A. Considerando el derecho a la educación consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos,

B. Recordando la importante contribución que aporta la Unión Europea al presupuesto de las Escuelas Europeas,

1. Lamenta que, contrariamente a las estructuras puestas en marcha en los Estados miembros, la Escuela Europea de Bruselas I no haya desarrollado todavía criterios uniformes para la admisión, evaluación, promoción, así como el paso de curso de niños disminuidos;

2. Deplora la situación de desamparo en la que se encuentra un alumno afectado de una minusvalía física a pesar de sus esfuerzos, de los satisfactorios resultados obtenidos en sus estudios anteriores, así como del apoyo constante de sus profesores, lo que no parece corresponderse con la actitud de la Dirección del Centro;

3. Pide igualmente al Consejo de Ministros y a los Estados miembros que insten a sus representantes ante el Consejo Superior de las Escuelas Europeas a que establezcan un sistema de coordinación de carácter continuo entre los profesores y los logopedas, así como una coordinación periódica entre todos los profesores;

4. Pide a la Comisión Europea que su representante ante el Consejo Superior de las Escuelas Europeas intervenga con urgencia para que las adaptaciones curriculares sean llevadas a cabo sin más tardar tanto para el alumno en cuestión como para todos los alumnos en el mismo caso;

5. Pide al Consejo Superior de las Escuelas Europeas que ponga en marcha y utilice todos los medios informáticos disponibles que permitan preparar a este tipo de alumnos;

6. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los Ministros de Educación de los Estados miembros, al Consejo Superior de las Escuelas europeas y al Director de la Escuela Europea de Bruselas I.
B4-0416, 0436, 0444, 0451, 0465 y 0476/95

Resolución sobre la situación en Guinea Ecuatorial

El Parlamento Europeo.

- Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación en Guinea Ecuatorial y, en particular, su Resolución de 27 de octubre de 1994 ((DO C 323 de 21.11.1994, pág 169)) y la aprobada por la última Asamblea Paritaria ACP-UE en Dakar en febrero de 1995,

A. Seriamente preocupado por la marcha del proceso de transición democrática en Guinea Ecuatorial,

B. Considerando que Guinea Ecuatorial ha firmado el IV Convenio de Lomé y, en consecuencia, su artículo 5 sobre el respecto de los derechos humanos y de la democracia,

C. Preocupado al constatar que el Gobierno de Malabo continúa obstaculizando el proceso democratizador,

D. Preocupado por la detención, el procesamiento y la condena del Presidente del Partido del Progreso (PP), D. Severo Moto, y del Secretario de Finanzas del mismo partido, D. Tomás Elo Aka,

E. Considerando que, a pesar de la eventual corrección procesal del juicio contra D. Severo Moto y D. Tomás Elo Aka, su condena supone la paralización del diálogo político con la oposición y, consiguientemente, del proceso de democratización,

1. Condena rotundamente la suspensión de los derechos civiles activos y pasivos de los Sres. Moto y Elo Aka ;

2. Condena rotundamente su inhabilitación para ejercer cargos públicos ;

3. Hace un llamamiento a las autoridades de Guinea Ecuatorial para que respeten estrictamente los derechos humanos y aceleren el establecimiento de instituciones democráticas y de derecho ;

4. Exige el cese de la represión contra los dirigentes y militantes de los partidos de la oposición democrática ;

5. Exige el cumplimiento de las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas ;

6. Exige el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Mesa de Donantes celebrada con la oposición y los países en cuestión en junio de 1994 ;

7. Solicita al Consejo y a la Comisión que insten al Gobierno de Guinea Ecuatorial en ese sentido y que se apliquen sobre la cooperación con Guinea Ecuatorial cuantas cautelas sean necesarias en tanto no haya garantías sobre el respeto de los derechos humanos y la democratización política ;

8. Exige que se apliquen sus precedentes resoluciones sobre Guinea Ecuatorial;

9. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Plataforma de Oposición Conjunta de Guinea Ecuatorial, al Gobierno de Guinea Ecuatorial y a los Estados firmantes del Convenio de Lomé.
B4-0035, 0040, 0087, 0088, 0098 y 0107/95

Resolución sobre el asesinato legal en Texas

El Parlamento Europeo,

A. Consternado porque el 4 de enero de 1995, en la prisión de Huntsville (Texas), se ejecutó a Jesse Dewayne Jacobs, pese a su inocencia, por un asesinato del que se había reconocido culpable a su hermana,

B. Manifestando el firme convencimiento de que entre los derechos humanos resulta fundamental el derecho a la vida y básico el de confiar en una justicia ecuánime, y no pudiendo abstenerse de emitir un duro juicio por la ejecución de la pena capital en el Estado americano de Texas en el caso de Jesse Jacobs,

C. Considerando la oleada de protestas internacionales contra la pena capital que ha provocado este caso,

D. Consternado y desolado por el hecho de que el Tribunal Supremo de los EE.UU. se negara -por seis votos contra tres- a intervenir en el caso, alegando que se había atenido a la letra de la ley,

El Parlamento Europeo,

1. Insiste en que, cualquiera que sea la opinión acerca de la pena capital, la ejecución de alguien por un delito que no ha cometido repugna a todos aquellos que se preocupan por los más elementales conceptos de la justicia;

2. Lamenta profundamente que el Tribunal Supremo de los EE.UU. no haya mantenido en este caso su propia honrosa tradición en defensa de los derechos de los ciudadanos de los EE.UU;

3. Encarga a su Presidente que remita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Presidente de los EE.UU., al Presidente del Tribunal Supremo, al Presidente de la Cámara de Representantes, al Presidente de la Comisión Judicial del Senado y al Gobernador del Estado de Texas.
B4-0750/95

Resolución sobre la erupción volcánica en la Ilha do Fogo en la República de Cabo Verde

El Parlamento Europeo,

A. Considerando que, a principios de abril de 1995, se ha registrado una erupción volcánica en la Ilha do Fogo de la República de Cabo Verde, cosa que no ocurría desde 1951,

B. Considerando que, por efecto de la actividad volcánica, algunos poblados han quedado sepultados por la lava, ha habido que evacuar a grandes masas de población, algunas infraestructuras han resultado completamente destruidas y se han registrado grandes daños materiales y morales,

C. Considerando que la vida económica o familiar de al menos 150 familias ha quedado destruida o desorganizada,

D. Considerando que, según las primeras estimaciones, incluidas en el documento «La erupción volcánica de 1995 y sus consecuencias. Medidas que deben tomarse con vistas a aliviar la situación de las personas siniestradas», las necesidades más urgentes en los campos de reinserción de desplazados son la salud, la vivienda, el sistema de prevención y alerta y la reconstrucción de infraestructuras,

E. Considerando que la erupción no se puede considerar extinta y que hay efectos ulteriores que se empiezan a manifestar,

F. Considerando la incapacidad de los municipios de Ilha do Fogo y de las autoridades nacionales para restablecer completamente la situación después de la catástrofe, en todas sus dimensiones y aspectos,

El Parlamento Europeo,

1. Pide a la Comisión que, ante la gravedad de la situación y su posible empeoramiento desde los puntos de vista económico y social, facilite medios de aplicación inmediata para la ayuda de emergencia;

2. Hace hincapié en que esa ayuda de emergencia, en el marco de la cooperación, se concrete en formas activas de colaboración con el Gobierno de la República de Cabo Verde y con las autoridades locales, particularmente a nivel municipal;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión y al Gobierno de la República de Cabo Verde.
B4-0751 y 0764/95

Resolución sobre la situación catastrófica y las heladas en Portugal

El Parlamento Europeo,

A. Considerando las excepcionales condiciones climáticas que se vienen observando en los últimos cuatro meses en Portugal, con ausencia total de lluvias, normales para esa época, en algunas regiones y heladas en otras,

B. Considerando que los perjuicios registrados se producen en un período de crisis general de la agricultura, agravada por la sequía y los incendios forestales, que desde hace algunos años vienen afectando a la Europa meridional,

C. Considerando que esas situaciones, en particular en el Alentejo por falta de agua y destrucción de viñas, debida a las heladas, y en la Beira Interior y Alto Douro (y aún más concretamente en Castelo Branco y Moimenta da Beira) donde las heladas han destruido frutales y viñas, deben ser calificadas de auténticas situaciones de catástrofe,

D. Teniendo en cuenta que estos perjuicios ascienden a varios miles de millones de escudos y que, en la mayoría de los casos, no existen en Portugal mecanismos de prevención a los que puedan recurrir los agricultores, en particular un seguro agrícola solvente,

E. Considerando las diversas medidas comunitarias ya adoptadas, así como las diferentes resoluciones del Parlamento Europeo, en particular la del 16 de marzo de 1995 sobre la sequía al sur de Europa ((Acta de esa fecha, Parte II, punto 13.)),

El Parlamento Europeo,

1. Expresa su solidaridad con las poblaciones afectadas;

2. Considera que las dimensiones de los daños ya comprobados y previstos exige que se pongan urgentemente a disposición 30.000 millones de escudos, como mínimo;

3. Pide a la Comisión y al Consejo que, dada la enorme gravedad de la situación, ponga a disposición recursos para la ayuda de emergencia, de aplicación inmediata, en cooperación con las autoridades nacionales y locales, simplificando en la mayor medida posible los trámites burocráticos;

4. Propone que la Unión Europea tenga en consideración las diversas calamidades, tales como la sequía y las heladas, que vienen afectando a la agricultura y se están consolidando como estructuras, especialmente en los países del Sur; pide que la Unión Europea adopte medidas de apoyo para un auténtico seguro de cosecha e insiste en que se cree en el presupuesto comunitario una línea específica para situaciones de emergencia;

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité de las Regiones, al Gobierno y a la Asamblea de la República portuguesa y a los ayuntamientos de las zonas damnificadas.
25.

Observa que la pandemia de COVID-19 dominó las actividades de la Agencia en 2020, lo que dio lugar a la asignación de recursos sustanciales para responder a la crisis de salud pública; observa que, en consecuencia, hubo que reducir el alcance del programa de trabajo de la Agencia para 2020, lo que supuso el aplazamiento o la suspensión de importantes actividades de salud pública, en consonancia con el plan de continuidad de las actividades, como la publicación de datos clínicos para productos no relacionados con la COVID-19 y la elaboración de directrices para grupos de trabajo científicos y la prestación de apoyo a dichos grupos; toma nota con preocupación de las palabras del antiguo director ejecutivo de la Agencia, que declaró estar muy preocupado por la reorganización del personal de la Agencia, haciendo hincapié en que la presión bajo la que operaba su personal no podía durar para siempre; toma nota de que la concesión de 40 puestos de agente temporal por parte de la autoridad presupuestaria ayudó a la Agencia a responder a la excepcional carga de trabajo; toma nota asimismo de la declaración de la Agencia de que estos puestos no se concedieron hasta noviembre de 2020, cuando era demasiado tarde desde un punto de vista operativo para mitigar significativamente la carga de trabajo del año relacionada con la COVID-19;
55.

Reitera su petición de más mejoras con respecto a las actividades externas de los miembros del Comité a raíz de la recomendación del Defensor del Pueblo en su informe «Revolving doors - Implementation of Article 16 of the EU Staff Regulations in a range of EU institutions, bodies and agencies» (Puertas giratorias - Aplicación del artículo 16 del Estatuto de los funcionarios en diversas instituciones, organismos y agencias de la Unión) (SI/2/2017/NF); toma nota de la decisión del Comité de llevar a cabo un análisis pormenorizado para evaluar el grado de aplicación de las distintas recomendaciones del Defensor del Pueblo contenidas en dicho informe; invita al Comité a que acelere la decisión relativa a la revisión del marco actual sobre los grupos de presión y la incidencia política, también al objeto de reforzar su sistema para evitar posibles conflictos de intereses;
19.

Lamenta que, según el informe del Tribunal, la Fundación no respetara el principio n.o 12 de su marco de control interno, en virtud del cual las excepciones y los casos de incumplimiento deben consignarse en el registro de excepciones; observa que, en particular, el Tribunal detectó varias desviaciones de los procedimientos establecidos, como el uso de firmas electrónicas para documentos que exigían firmas tradicionales; constata que el Tribunal concluyó que esto resta transparencia y eficacia a los sistemas de control interno de la Fundación; pide a la Fundación que aumente la transparencia introduciendo todas las excepciones en el registro, distinguiendo entre excepciones ex ante y casos de incumplimiento ex post, y que informe a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria;
5.

Observa que a finales de 2020 se habían comprometido 94,1 millones EUR (92,7 %) del total de créditos y se habían pagado 83,6 millones EUR (82,4 %); observa, asimismo, que a finales de 2020 había 7,4 millones EUR no comprometidos, los cuales, por tanto, se devolvieron al presupuesto de la Unión, lo que representa una cantidad considerablemente superior a la de 2019, cuando no se comprometieron 0,4 millones EUR (menos del 0,5 %); reconoce que los créditos no comprometidos se deben principalmente a la pandemia de la COVID-19 y anima al Comité a reforzar el seguimiento y la gestión de los créditos disponibles;
33.

Acoge con satisfacción el hecho de que la Agencia haya creado un equipo específico para supervisar los registros de seguridad y responder a posibles incidentes de ciberseguridad, que la Agencia haya llevado a cabo una evaluación de riesgos de todas las nuevas soluciones informáticas, tanto alojadas in situ como en el exterior, y que se hayan realizado pruebas de penetración para todos los nuevos sistemas (in situ) expuestos a internet; toma nota de que la Agencia dispone de un conjunto de normas específicas, en consonancia con la Decisión 2013/488/UE (6), así como de una serie de políticas y procedimientos adicionales para la protección de la información no clasificada y de los dispositivos que tratan dicha información; acoge con satisfacción las medidas adoptadas por la Agencia en relación con su ciberseguridad, especialmente a la luz de la información sensible que trata la Agencia, y pide a la Agencia que mantenga su protección contra las ciberamenazas en un nivel adecuado, teniendo en cuenta los riesgos detectados;
12.

Lamenta también la falta de información sobre las medidas del Consejo destinadas a mejorar la cultura ética, y señala que no se ha notificado ninguna iniciativa a este respecto al Parlamento; subraya la importancia de adoptar medidas concretas para aplicar buenas practicas, por ejemplo cursos de formación específicos, disposiciones en la materia dentro de códigos de conducta o directrices internas sobre integridad y valores éticos, un sitio web específico o una lista preguntas frecuentes sobre cuestiones éticas, o procedimientos para la protección de los denunciantes; recuerda la afirmación del Tribunal de Cuentas recogida en su Informe Especial n.o 13/2019, de 19 de julio de 2019, titulado «Marcos éticos de las instituciones de la UE auditadas: se pueden mejorar», en el sentido de que «la conducta ética contribuye a mejorar la gestión financiera y reforzar la confianza del público, lo cual resulta indispensable para garantizar el éxito de las políticas públicas», y, en particular, en el sentido de que «el comportamiento poco ético del personal y de los miembros de las instituciones y organismos de la Unión Europea (UE) suscita un gran interés público y reduce la confianza en la UE»;
15.

Lamenta que la Agencia no haya establecido objetivos de reducción de CO 2 ; acoge favorablemente, no obstante, los esfuerzos realizados por la Agencia para crear un entorno de trabajo que respete el medio ambiente y todas las medidas que ha adoptado para reducir su huella de carbono y su consumo de energía y para desarrollar un flujo de trabajo sin papel;
2.

Observa en el informe del Tribunal que en 2019 la Agencia mantuvo convenios de financiación con países colaboradores para actividades operativas que representaban el 55 % del presupuesto de la Agencia; constata que la Agencia ha tomado medidas para mejorar las verificaciones ex ante y ha vuelto a introducir las verificaciones ex post de los reembolsos en 2019; expresa su preocupación por que el Tribunal destaque que el reembolso del gasto relacionado con los equipos se sigue basando en los gastos reales, y lamenta que el proyecto para pasar también a reembolsos basados en costes unitarios siga siendo infructuoso; destaca que el procedimiento no se ha completado a pesar de tratarse de una situación recurrente que se había planteado en el anterior procedimiento de aprobación de la gestión; observa con gran preocupación que, según el informe del Tribunal, los países colaboradores no siempre habían presentado solicitudes de gastos documentadas con facturas u otras pruebas que justificaran debidamente los costes reales incurridos en las operaciones y que se produjeron retrasos en la presentación de documentos justificativos; al mismo tiempo, el Tribunal subraya que la obligación de presentar pruebas justificativas exactas y oportunas junto con las declaraciones de gasto recae en los países colaboradores; toma nota de la respuesta de la Agencia de que, durante el control ex post , la Agencia comprobó los gastos cuestionados con extractos bancarios y se notificó al beneficiario que no se aceptarían las facturas proforma como documentos justificativos, aun cuando dichas facturas respetaran el marco reglamentario nacional aplicable; además, los retrasos en la presentación de documentos justificativos estaban relacionados con la aplicación de un régimen simplificado de subvenciones para el despliegue de funcionarios y, por tanto, el procedimiento de pago final en 2019 se amplió mucho para garantizar una buena gestión financiera; expresa su profunda insatisfacción por la falta de compromiso por parte de los dirigentes de la Agencia para abordar esta situación; pide a la Agencia que ponga fin a todos los reembolsos restantes por declaraciones de gastos que no estén respaldadas por facturas; insta a la Agencia a que finalice inmediatamente la transición a los reembolsos basados en costes unitarios y a que aplique plenamente todos los principios de buena gestión financiera;