N° C 41/14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 2. 91 
Dictamen sobre la comunicación de la Comisión sobre la Comunidad y la unificación alemana 
(91/C 41/07) 
El 3 de septiembre de 1990, el Consejo de las Comunidades Europeas decidió consultar al 
Comité Económico y Social sobre el conjunto de propuestas legislativas que comprende las 
adaptaciones técnicas y las medidas transitorias necesarias para la integración del territorio 
de la República Democrática Alemana (RDA) en la Comunidad. 
La mesa del Comité encargó a un grupo de estudio de la Sección de relaciones exteriores, 
política comercial y desarrollo la preparación de los trabajos en la materia y nombró ponente 
general al Sr. Petersen. 
En su 281° pleno (sesión del 20 de noviembre de 1990), el Comité Económico y Social ha 
aprobado por unanimidad el siguiente dictamen. 
1. Introducción 
1.1. Desde la apertura de las fronteras el 9 de noviem­
bre de 1989, el proceso de la unificación alemana se ha 
desarrollado con un dinamismo que ni los más optimis­
tas creían posible hace tan sólo un año. La población 
de la RDA pedía cada vez con mayor impaciencia la 
rápida unificación de los dos Estados alemanes. El 
flujo intenso y creciente de alemanes orientales hacia la 
República Federal de Alemania (RFA) echó por tierra 
en poquísimo tiempo el proyecto político de una fusión 
progresiva y a largo plazo de ambos Estados. Cualquier 
aplazamiento habría desencadenado nuevas emigracio­
nes y habría servido para desangrar aún más la eco­
nomía de la RDA('). 
La fuerza impulsora de esta revolución pacífica ha sido 
el ansia de libertad política y económica. El individuo 
pasó a ser más importante que la colectividad, la liber­
tad más que el poder y la persona humana más que el 
Estado. Democracia en libertad y economía social de 
mercado se convirtieron en palabras claves, y no es 
casualidad que se reivindicasen paralelamente, ya que 
en la RDA se fue extendiendo progresivamente la idea 
de que el orden social y el orden económico dependen 
uno de otro y están íntimamente entrelazados. 
El Comité Económico y Social acoge con satisfacción 
la unificación de los dos Estados alemanes, llevada a 
cabo por voluntad de los ciudadanos, y espera que 
contribuya a seguir intensificando y garantizado en 
Europa los elementos básicos de la sociedad libre: 
libertad personal, justicia social y solidaridad en el seno 
de la sociedad. El Comité considera además que la 
unidad alemana acelerará el proceso de integración en 
la Comunidad Europea tanto en lo político como en lo 
económico. 
Naturalmente, siguen existiendo temores y preocupa­
ciones, no sólo por parte de los ciudadanos de otros 
(*) El Comité, en su documento informativo CES n° 492/90 fin 
sobre los Estados de la Europa Central y del Este, elaborado 
por la Sección de relaciones exteriores, política comercial y 
desarrollo, ya ha tratado en profundidad la evolución política 
tras la apertura de las fronteras, así como la cuestión econó­
mica en la RDA. Estados miembros de la Comunidad Europea, sino tam­
bién en la antigua RDA. Los vecinos europeos muestran 
preocupación sobre todo por las posibles repercusiones 
negativas en las zonas periféricas de la Comunidad, y 
también por el aumento de las cargas económicas, que 
no pueden soportar los Estados miembros más pobres. 
En la parte de Alemania recién adherida la inseguridad 
resulta ante todo del desempleo, que por ahora sigue 
aumentando, y de los consiguientes problemas existen-
ciales. 
A este respecto el Comité se remite a su dictamen sobre 
el informe Delors relativo a la Unión Económica y 
Monetaria (2). El Comité manifestaba allí su preocupa­
ción por las grandes diferencias de bienestar en la 
Comunidad y hacía hincapié en que las adaptaciones 
estructurales que aún son necesarias en determinados 
Estados miembros antes de la realización de la Unión 
Económica y Monetaria no deberían ir en detrimento 
de los socialmente débiles ni de las regiones menos 
favorecidas de la Comunidad. Por consiguiente, lamen­
taba que no se hubieran previsto medidas de acompaña­
miento para amortiguar económica y socialmente las 
posibles asperezas. Con el trasfondo de la unificación 
alemana, esas declaraciones adquieren especial rele­
vancia. 
1.2. La supresión de las fronteras y el reforzamiento 
de las estructuras democráticas son con seguridad 
aspectos esenciales y primordiales también para la 
intensificación de la cooperación económica con los 
Estados vecinos de la Europa central y oriental. Resulta 
alentador observar cómo cada vez más Estados del Este 
europeo, con economías centralizadas y dirigidas, se 
disponen a desarrollar estructuras democráticas y a 
construir sistemas basados en la economía de mercado. 
El tema de una más estrecha cooperación de toda 
Europa en el ámbito económico se convierte así en 
el objetivo a la vista, en desafío para la Comunidad 
Europea. 
No cabe duda de que los esfuerzos para potenciar la 
cohesión económica en la Comunidad, completar el 
mercado interior antes de finales de 1992 y aspirar a 
una cooperación más estrecha con los Estados de la 
Europa del Este entrañan tanto oportunidades como 
(2) Doc. CES n° 1135/89 (DO n° C 329 de 30. 12. 1989). 
tD.^1 diario Cecial de las Comunidades Europeas l^C^l^ 
riesgos para losEstadosde Afnca,del Caribe vdel 
Pacífico ^ACPl En opinión del Comité, es sumamente 
importante que la Comunidad Europea cumpla las pro^ 
mesas efectuadas en el marco del nuevo Convenio de 
Lomé. La Comunidad deberá garantizar que tampoco 
en el futuro se obstaculizará el acceso de ningún Estado 
ACPasus mercados tradicionales en Europa. 
L^. La Comunidad Europea ha reaccionado rápida 
vconstructivamenteantela revoluciónpacíficadela 
RL^A vel procesode unificaciondelosdosEstados 
alemanes, dando los pasos necesarios para la rápida 
integración de la RL^AenlaComunidad.^aell^de 
enero del^O]acquesUelors, Presidente de la ComiD 
sion, declaraba ante el Parlamento Europeo que la 
AlemaniaonentalteníasulugarenlaComunidad,si 
asi lo deseaba, pero con la condición de que el proceso 
se desarrollara por decisión libre v propia, por vía 
pacifica v democrática, respetando los principios del 
Acta Piñal de Idelsinl^i, en el marco del diálogo Este 
COestevtemendo presente la perspectiva de la integrad 
cion europea, ^o cabeduda dequelos dos Estados 
alemanes han realzado la unificación justamente en ese 
sentido. 
Como reacción al proceso de unificación alemana que se 
iba dibujando, la Comisión de la Comunidad Europea 
elaboro enseguida un plan de tres etapas para la incor 
poracion de la RlOA a la Comunidad comopartede 
una Alemania unida. El Consejo Europeo, en su cumbre 
de Uublín delude abril de l^^u, aprobó este plan 
mcondicionalmente.^egúnlasconclusionesfinalesde 
la presidencia, el Consejo Europeo apocaba sin reservas 
la unificación de Alemania, ^ la Comunidad estaba 
segura de que esta unificación —como resultado del 
deseo libremente expresado por el pueblo alemán— 
habría de ser un factor positivo en la evolución de 
Europa en generalven el de la Comunidad en especial 
El plan de tres etapas de la Comisión de la Comunidad 
Europea parte en primer lugar de un ^período inteD 
rmosque comento con la unión interalemana enmaten 
na monetaria, económica v social después de esta 
etapa viene una^fase de transición^, que comienza con 
la unidad política de Alemamavdesemboca por último 
en la ^fase fináis, en la cual seaphcará plenamente 
todo el conjunto del derecho comunitario. 
L^. En la cumbre de foublm se decidió que la Comí 
sión, en el marco de un informe global, debería presen 
tar al Consejo, con la mavor prontitud posible, las 
propuestas para la adopción de las medidas que se 
consideraran necesarias en tanto que disposiciones 
transitorias, vsobrelas cuales elConse^o decidiría de 
inmediato. 
LacomunicacionpresentadaentretantoporlaComi 
sion de la Comunidad Europea sóbrela Comunidad 
^ la unificación alemanas constituye una propuesta 
adecuada para la rápida transposicionvadaptación del 
Oerecho comunitario tras la integración de la RlOA en 
la Comunidad Europea. 
El Comité considera el amplio documento de la Comí 
sion, elaborado en condiciones de premura e^cepciona 
^n^eo^^^ú^tVD^t^ttt les, como unaimportanteeimprescindiblecontribución 
a la integración de los cinco nuevos L^^^federalesa 
la Comunidad Europea. El Comitéaprueba en gran 
medidalasdisposicionestransitonasvde adaptación 
propuestas en el documento para el territorio de la 
antigua RToA. Las propuestas de modificación, así como 
las adiciones v algunas observaciones críticas del 
Comité, figuran en el te^to que sigue, donde se tratan 
las distintas partes del paquete de propuestas. 
^. derecho comunitariovunificación alemana 
^.i. La integración oficial de la RfOA en la Comuna 
dad Europea tuvo lugar el^de octubre de l^^u, fecha 
de su adhesiónala República Eederal de Alemania.Las 
propuestaspresentadaspor la Comisión se limitan a 
las repercusiones directas de la unificación alemana en 
las competencias de la Comunidad v en el derecho 
derivado comunitario. 
^. La integración mrídica de la antigua RL^A en la 
Comunidad se ha realizado progresivamente. 
ConelprimerTratadodeEstado^^^^rrr^deli^ 
de mavode i^^sobre la instauración de la Unión 
monetaria, económicavsocial entre la República EedeD 
ral de Alemamavla antigua RL^A, elide mlio de 1^0 
empezaron vaaaphcarse algunas partes centrales del 
derecho de la REA en el territorio adherido. L^ado 
que estos ámbitos jurídicos son conformes al derecho 
comunitario, se dio así un paso esencial hacia la integrad 
ción en los ámbitos monetario, económico v social 
incluso antesde la ampliación de las fronterase^tenores 
comunitarias que tuvo lugar el^de octubre de i^^v 
péscala persistencia aún de dos Estados diferentes. 
CraciasalTratado deUnión ^E^^^^rrr^cele 
brado entre ambosEstados el ^ide agosto dei^^, 
con la entrada en vigor de la adhesión el^de octubre 
de i^^ entra en vigortambién todo el derecho comuna 
taño en el territorio de la antigua RL^A. ^e trata, 
como estipula el articulo itl del E^^^^^^rrr^, de los 
Tratados de las Comunidades Europeas uinto con sus 
modificaciones^adiciones, asi como de los actos ^urídi 
eos aprobados sobre la base de loslratadoscomunita 
nos. 
Al mismo tiempo, con el ^^^^^^rr^ se han modi 
ficado muchas de las leves de la REApara su aplicación 
en el territorio de los nuevos M^^r federales. En 
algunos casos, estas modificaciones deberán ser ratifica 
das por el Parlamento de la Alemania unida. 
^L La aplicación automática del L^erechocomumta 
no al territorio de la antigua RloA como consecuencia 
de la unificación alemana se produce sin modificación 
alguna de los gratados u otros actos mrídicos que 
forman parte del POerecho primario. 
En su mavor parte, el fOerecho derivado puede aplicarse 
de forma inmediata, lo cual significa que hov día tiene 
N° C 41/16 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 2. 91 
ya vigencia en el territorio de la antigua RDA el 80 % 
del Derecho comunitario primario y derivado, en parti­
cular el Derecho aduanero y comercial, la mayoría de 
las directivas sobre barreras técnicas a los intercambios, 
circulación de capitales, libertad de establecimiento, 
circulación de servicios, derecho de sociedades y de 
competencia, fiscalidad indirecta y contratos públicos. 
En algunos sectores, que representan aproximadamente 
el 20% del Derecho comunitario, son necesarias por el 
contrario una serie de medidas transitorias en atención 
a las particularidades tanto económicas como jurídicas 
de la antigua RDA y para garantizar la incorporación 
organizada y socialmente compatible de los cinco nue­
vos Lander federales a la Comunidad Europea. Las 
disposiciones transitorias se establecieron para cada 
ámbito y sector en particular y pueden adoptarse con 
los mismos fundamentos jurídicos que las disposiciones 
correspondientes del Derecho derivado. Dichas disposi­
ciones transitorias se limitan a lo estrictamente necesa­
rio, para permitir que el proceso de adaptación de la 
RDA se desarrolle lo más rápidamente posible y acele­
rar la integración en el Mercado Común. 
2.4. Las disposiciones transitorias previstas por la 
Comisión incluyen especialmente las armonizaciones 
técnicas y los regímenes transitorios de excepción, que 
tendrán una vigencia limitada a partir de la fecha de la 
unificación formal. 
El Comité coincide con la Comisión en que en estos 
casos habrán de tenerse en cuenta los siguientes princi­
pios: 
— es imprescindible que la incorporación del acervo 
comunitario constituya tanto el punto de partida 
como el objetivo final, 
— las disposiciones transitorias podrán admitirse úni­
camente cuando exista un necesidad objetiva, 
— las disposiciones transitorias habrán de tener un 
carácter temporal y deberá evitarse en la medida de 
lo posible que obstaculicen el funcionamiento del 
mercado común. 
Esas disposiciones transitorias parten del actual estado 
de integración de la Comunidad Europea en los diferen­
tes ámbitos y sectores. Por lo general, corresponden a 
las exigencias temporales que plantea la aplicación de 
las políticas comunitarias, de forma que los regímenes 
de excepción relativos al mercado interior tendrán 
vigencia hasta 1992/1993, y las correspondientes a la 
política de medio ambiente estarán en vigor hasta 1995. 
Junto a las medidas transitorias, se propone una serie 
de disposiciones nuevas y complementarias que tengan 
en cuenta el incremento de la capacidad de producción 
derivado de la unificación, por ejemplo en el sentido de 
aumentar las cuotas de azúcar de la Alemania unificada. 2.5. En un principio, se trabajó con la idea de que 
las medidas transitorias y de armonización se traslada­
rían al Derecho alemán y tendrían vigencia inmediata 
en el territorio de la antigua RDA justo antes de la 
unificación oficial. 
Sin embargo, la precoz adhesión de la RDA el 3 de 
octubre de 1990 hizo necesario establecer un procedi­
miento suplementario relativo a las medidas provisiona­
les, con el fin de impedir que se produjeran violaciones 
del Derecho comunitario hasta la aprobación de las 
disposiciones transitorias definitivas. Por decisión del 
Consejo del 17 de septiembre de 1990 y tras la aproba­
ción del Parlamento Europeo, se autorizó a la Comisión 
para que adoptara medidas provisionales para la nueva 
parte de Alemania, por ejemplo el mantenimiento 
transitorio en dicho territorio de determinadas dispos­
iciones no conformes con el Derecho comunitario. 
Al Comité Económico y Social le resultó objetivamente 
imposible emitir en el plazo de diez días concedido por 
el Consejo un dictamen sobre las medidas provisionales 
que entraron en vigor el 29 de septiembre de 1990. 
Con todo, considerando los imperativos políticos y 
temporales, el Comité estimaba que la aprobación de 
dichas medidas era absolutamente necesaria. Sólo así 
podría impedirse que se produjera un vacío jurídico 
hasta la decisión del Consejo sobre las medidas transito­
rias definitivas. El Comité aprueba a posteriort el pro­
ceso interino. 
2.6. El 27 de septiembre de 1990, la Comisión, 
mediante una delegación de poderes legislativos en dos 
etapas, autorizó a la República Federal de Alemania la 
aplicación de las medidas transitorias. Por otra parte, 
de conformidad con el apartado 1 del artículo 4 de la 
ley de aprobación del Tratado de Unificación (Eini-
gungsvertrag), el Gobierno federal de Alemania está 
autorizado para posponer o armonizar la aplicación y 
ejecución del Derecho comunitario actualmente en 
vigor así como del Derecho federal alemán elaborado 
sobre la base del Derecho comunitario. 
En ejercicio de los poderes así conferidos, el Gobierno 
federal promulgó el 20 de septiembre de 1990, con 
la aprobación del Bundestag, el Reglamento sobre la 
trasposición del Derecho de las Comunidades Europeas 
al territorio mencionado en el artículo 3 del Tratado 
de unión (Reglamento sobre trasposición del Derecho 
comunitario). Dicho Reglamento recoge las disposicio­
nes de derogación propuestas por la Comisión de la 
Comunidad Europea como medidas transitorias defini­
tivas. Otras disposiciones de derogación, que se corres­
ponden con las propuestas de la Comisión, figuran ya 
en los anexos del Tratado de Unión y están legitimadas, 
desde el punto de vista del Derecho comunitario, por 
los actos jurídicos de la Comunidad Europea. 
Gracias a esta solución interina, las disposiciones transi­
torias y de armonización propuestas por la Comisión 
constituyen ya actos jurídicos en gran medida vigentes. 
El Consejo deberá decidir sobre su vigencia más allá 
18. 2. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 41/17 
del 31 de diciembre de 1990. Las medidas provisionales 
no prejuzgan en modo alguno su decisión. 
2.7. Más allá de estas medidas provisionales, se habi­
litó también a la Comisión para que adoptara otras 
complementarias destinadas a evitar problemas tanto 
en Alemania como en otros Estados miembros y a 
resolver otros detalles por la vía de un comité de regla­
mentación conforme a la Decisión del Consejo de 13 
de julio de 1987 por la que se establecen las modalidades 
del ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas 
a la Comisión. Con arreglo a esa Decisión, la Comisión 
puede adoptar propuestas cuando el Consejo no se 
pronuncie en breve plazo. Para el sector agrario, las 
eventuales disposiciones de ejecución se adoptarán por 
el procedimiento del comité de gestión. 
El Comité considera necesaria esta cláusula de flexibili­
dad que, al igual que las medidas provisionales que ya 
han entrado en vigor, tendrá vigencia solamente hasta 
el 31 de diciembre de 1990. En interés también de 
los otros Estados miembros, deberán poderse adoptar 
rápidamente eventuales medidas de salvaguardia. 
2.8 En lo relativo a la producción e importación 
de determinadas mercancías que no responden a las 
exigencias de las disposiciones comunitarias, las 
disposiciones transitorias de la Comisión estipulan que 
dichas mercancías deberán permanecer en territorio de 
la antigua RDA. Con el fin de garantizar el cumpli­
miento estricto de dicha disposición, se han previsto 
controles del destino final. A este respecto, la Comisión, 
en colaboración con el Gobierno federal alemán, ha 
hecho pública una comunicación en la que se examinan 
minuciosamente las medidas de control y vigilancia 
previstas. Dichas medidas afectan principalmente a las 
mercancías producidas en el territorio de la antigua 
RDA, a las mercancías importadas de determinados 
terceros países a dicho territorio en régimen de franqui­
cia y a los productos agrícolas de la antigua RDA(J). 
Los controles podrán ser realizados tanto por las autori­
dades alemanas como por las autoridades competentes 
de la Comisión y —como hasta ahora— en otros Esta­
dos miembros. Las infracciones contra las disposiciones 
transitorias adoptadas serán objeto de sanciones (mul­
tas aduaneras, requisiciones, anulación de permisos a la 
importación y multas de hasta 10 000 marcos alemanes). 
Igualmente, los Estados miembros podrán exigir a la 
Comisión que, en caso de importantes perturbaciones 
del mercado, suspenda la exención aduanera e intro­
duzca de nuevo el derecho normal para la mercancía 
de que se trate. 
Aunque el paquete de medidas de la Comisión consti­
tuye un sistema completo de control, subsisten algunas 
reservas. En concreto, el Comité señala el peligro fun­
dado de que las disposiciones transitorias se infrinjan 
(') Doc. CES(90) 1983 final. precisamente en la antigua región fronteriza entre la 
RDA y la RFA. El Comité pide tanto al Gobierno 
federal como a la Comisión que hagan uso adecuado 
de todas las posibilidades de control, entre otras cosas 
para prevenir a tiempo posibles demandas en el sentido 
de que estas mercancías lleven un etiquetado especial. 
3. Efectos macroeconómicos de la unificación alemana 
3.1. En opinión de la Comisión, la unificación de 
los dos Estados alemanes incidirá positivamente en el 
conjunto de la economía. En la demanda global influirá 
positivamente no sólo la creciente demanda de bienes 
de consumo «occidentales», sino la enorme necesidad 
de máquinas e instalaciones de producción, ya sea para 
la renovación de instalaciones anticuadas o para la 
creación de nuevas empresas. De este crecimiento de la 
demanda se beneficiarán tanto la industria y el sector 
de la construcción como también el de los servicios, en 
concreto el comercio, los bancos y los seguros. Además, 
las considerables ayudas económicas públicas con el 
fin de potenciar la economía y superar los problemas 
sociales transitorios en los cinco nuevos Lánder federa­
les servirán para aumentar fuertemente los empréstitos 
del Estado, con lo cual la política financiera también 
impartirá impulsos expansivos importantes. 
3.2. Mucho se ha especulado en los últimos meses 
sobre los efectos macroeconómicos de la unificación 
alemana en otros Estados miembros de la Comunidad 
Europea. Lo que es cierto es que la previsible activación 
de la demanda y del crecimiento también redundará en 
beneficio de los socios comerciales de Occidente y, en 
primera línea, de los socios de la Comunidad. Las 
consecuencias del aumento de las importaciones (con 
una expansión mantenida de la demanda exterior) se 
dejan ya sentir: el elevado excedente de la balanza de 
mercancías y servicios alemana (en 1989 era todavía 
de 104 000 millones de marcos) empieza a disminuir, 
mientras que los saldos de la balanza de mercancías y 
servicios de otros Estados miembros están mejorando. 
Este cambio favorece el proceso internacional de adap­
tación y refuerza la convergencia de los Estados miem­
bros de la Comunidad en las contribuciones exteriores. 
Teniendo en cuenta la gran cantidad de capital que 
necesita la antigua RDA para poder renovar y moderni­
zar su economía, las exportaciones netas de capital de 
la RFA, que estuvieron en constante aumento en los 
años 80, van a disminuir progresiva y persistentemente. 
En esta evolución se basa a menudo la preocupación 
de que la inversión de la economía alemana en los cinco 
nuevos Lánder federales alemanes se convierta en una 
carga para otros Estados de la Comunidad, como 
España, Portugal o Irlanda. A este respecto, la Comisión 
espera que —independientemente de los fuertes flujos 
económicos hacia los nuevos Lánder— las empresas 
alemanas sigan invirtiendo en los Estados miembros 
de la Comunidad. Las inversiones reconocidas como 
buenas desde el punto de vista económico seguirán 
realizándose con seguridad también en el futuro. 
N° C 41/18 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 2. 91 
3.3. Si se hace un balance provisional, no puede 
negarse que la realidad macroeconómica en el territorio 
adherido dista mucho de las expectativas. La base 
industrial de la antigua RDA se contrae bajo la presión 
de la competencia internacional y el desempleo aumenta 
continuamente cada mes. La necesaria transformación 
va ligada a enormes dificultades, tal y como ha quedado 
reflejado en los primeros análisis económicos de los 
principales institutos alemanes de investigación econó­
mica. En realidad, se había contado con dificultades, 
pero no con la acritud con la que están aflorando. 
Según las estimaciones de los institutos de investigación, 
la reconversión de la economía de la antigua RDA 
exigirá mucho tiempo. Textualmente se dice: las priva­
tizaciones, la definición de la estructura de la propiedad, 
el desmantelamiento de las empresas monopolistas y la 
construcción de un sector público competente consti­
tuyen de por sí tareas prolijas. Más imposible aún de 
realizar en breve tiempo son la modernización de la 
infraestructura, la construcción de una economía 
moderna basada en la división del trabajo, el desarrollo 
de una estructura de salarios diferenciada y la elimina­
ción de la contaminación del medio ambiente í1). No es 
posible prever aún la duración de la fase de reconver­
sión. En cualquier caso, el proceso de contracción se 
prolongará, según los institutos, hasta mediados del 
año próximo, tras lo cual se espera —aunque sea a un 
nivel muy bajo— un proceso paulatino de recuperación 
económica. Los institutos calculan para 1991 aproxima­
damente 1,7 millones de parados en el punto crítico, 
y para el segundo semestre del año próximo prevén 
2 millones de trabajadores en paro parcial. 
3.4. Habida cuenta de la fuerte discrepancia entre 
las estimaciones de la Comisión de la Comunidad Euro­
pea y de los institutos de investigación económica ale­
manes, hay que preguntarse si una de las dos no carecerá 
totalmente de realismo. El Comité opina que no. Al 
contrario, los efectos macroecbnómicos positivos que 
señala la Comisión es muy probable que lleguen a darse 
a medio plazo. El problema cardinal de las afirmaciones 
de la Comisión estriba únicamente en que ignoran el 
factor tiempo y omiten ocuparse de la fase transitoria, 
con sus profundas fricciones. Los juicios generales sobre 
los efectos económicos, por muy certeros que sean, 
apenas sirven de nada a la hora de tomar decisiones de 
política económica. Hay que esperar que los difíciles 
procesos de adaptación de la economía oriental no 
repercutan demasiado en las disposiciones de adapta­
ción y transición propuestas por la Comisión. En cual­
quier caso, no es de excluir que algunos de los ambicio­
sos plazos de transición—por ejemplo en el sector del 
medio ambiente—se revelen muy pronto ilusorios por 
falta de capacidad de inversión de las empresas de 
Alemania oriental. 
0) La situación de la economía mundial y la economía alemana 
en otoño de 1990. 4. Aspectos económicos exteriores 
4.1. En principio, desde el 3 de octubre de 1990 la 
política comercial común de la Comunidad Europea es 
válida igualmente para las empresas de la antigua RDA. 
De hecho, este principio ya se venía aplicando desde la 
entrada en vigor el 1 de julio de 1990 del primer Tratado 
de Estado; desde entonces rige en los nuevos Lánder la 
misma legislación en materia de aduanas, economía 
exterior y fiscalidad que la de la RFA. Dicho de otro 
modo, ya antes de la unificación oficial de los dos 
Estados, la Comunidad Europea llevó a cabo una unión 
aduanera de fado con la antigua RDA, que fue comple­
tada el 1 de agosto de 1990 con una unión agraria de 
fado. A partir de ese momento, el comercio de produc­
tos agrícolas, ya sea con la Comunidad o con terceros 
países, queda regulado por las disposiciones correspon­
dientes del Derecho comunitario. 
4.2. No se puede negar que la unificación alemana 
ha planteado a la Comunidad una serie de cuestiones 
abiertas en materia de comercio exterior. Por una parte 
está la cuestión de hasta qué punto la Comunidad 
Europea puede (o debe) responder de los derechos y 
obligaciones internacionales contraídos por la antigua 
RDA; por otra, se plantea la cuestión de la aplicación 
en el nuevo territorio comunitario de los contratos 
celebrados por la Comunidad. 
No hay que olvidar tampoco las implicaciones económi­
cas que la unificación alemana tendrá para los Estados 
vecinos y para los socios comerciales más importantes 
de la antigua RDA. Y por último, está también la 
cuestión de las relaciones comerciales entre los Estados 
del Consejo de asistencia económica mutua (CAEM) y 
las empresas en el territorio adherido. 
Tanto a los Estados del CAEM como a la Comunidad, 
les interesa mantener y, posteriormente, intensificar, 
las relaciones comerciales existentes con dichos países. 
Además, la RFA y la antigua RDA han asegurado a los 
socios comerciales del CAEM que no han de temer 
perjuicios graves derivados de la unificación de Alema­
nia, como consecuencia, por ejemplo, de una repentina 
anulación de las obligaciones contractuales existentes. 
Esa protección de la confianza legítima (Vertrauens-
scbutz) no sólo está estipulada en el Tratado de Estado, 
sino que también se encuentra en el Tratado de Unión 
y ha sido reiteradamente confirmada en diferentes 
declaraciones del Gobierno federal alemán, en especial 
en lo que a la Unión Soviética se refiere, que es el 
principal socio comercial de la antigua RDA. 
4.3. Para el Comité Económico y Social la protección 
de la confianza legítima reviste una importancia primor­
dial en la división internacional del trabajo. En el 
contexto de la unificación alemana adquiere una impor­
tancia particular. En un momento en el que en el Este 
de Europa está teniendo lugar un proceso de reestructu­
ración y renovación de primer orden para implantar 
18. 2. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 41/19 
estructuras y sistemas sociales democráticos y de econo­
mía de mercado, en el que los países del CAEM están 
realizando grandes esfuerzos para liberalizar su comer­
cio exterior y albergan el deseo, perfectamente justifi­
cado, de participar más de lleno en el comercio mundial, 
es un deber, en opinión del Comité, garantizar a estos 
Estados la protección de la confianza legítima. 
4.4. El Comité acoge con satisfacción el apoyo que 
la Comunidad, de múltiples maneras, está ofreciendo 
al proceso de reforma en los países de la Europa central 
y del Este ya sea mediante la celebración de acuerdos 
comerciales y de cooperación o mediante el programa 
de apoyo multilateral del « Grupo de los 24 », que desde 
mediados de 1989 coordina la Comisión por encargo 
de la cumbre económica de París. Asimismo, hay que 
valorar positivamente el que la Comunidad quiera auto­
rizar según durante un período transitorio exenciones 
aduaneras, limitadas, en valor o cantidad, para determi­
nadas importaciones de mercancías industriales [inclui­
dos los productos de la Comunidad Europea del carbón 
y del acero (CECA)] y agrícolas que intervienen en el 
marco de acuerdos interestatales celebrados entre la 
antigua RDA y países del CAEM y Yugoslavia, siempre 
y cuando la mercancía permanezca en el territorio de 
la antigua RDA. Convendría replantear la cuestión de 
si el plazo transitorio deberá ser solamente de un año, 
como ha propuesto la Comisión (con la posibilidad de 
prolongarlo por otro año más). Quizá se ahorraría 
tiempo y se producirían menos fricciones si de entrada 
se previera un plazo transitorio de dos años. 
4.5. Por lo demás, hace falta paciencia. Una mala 
gestión económica, dirigida y centralizada, no es algo 
que se pueda extirpar en poco tiempo. Los objetivos 
cuantitativos de producción, las orientaciones fijadas 
por los planes y el uso del dinero como unidad de 
cuenta solamente —todo ello a la orden del día en el 
comercio intra-CAEM— son factores que tampoco se 
pueden escamotear de la noche a la mañana. Además 
hay que considerar y tener en cuenta lo siguiente: la 
intensificación de la circulación de servicios y mercan­
cías con los Estados del CAEM no debe ser interpretada 
como una vía de sentido único. Naturalmente, la necesi­
dad urgente de modernización y de ampliación del 
potencial de producción y de la infraestructura van 
a desencadenar un fuerte flujo de importaciones. No 
obstante, el intercambio de mercancías con los países 
de la Europa central y del Este sólo podrá establecerse 
sobre una base sólida y duradera si también dichos 
Estados encuentran acceso a los mercados occidentales, 
de modo que puedan contar con sus propias fuentes de 
divisas. 
4.6. La participación de la antigua RDA en la divi­
sión internacional del trabajo deberá regirse por los 
principios de libertad (y lealtad) del comercio mundial, 
tal y como estipula el Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT). Con la adhesión de la 
RDA a la RFA, la zona de vigencia del GATT se amplió automáticamente, al unírsele indirectamente y sin pro­
cedimiento de adhesión un país no miembro. 
En principio —como sé dijo al comienzo— la política 
comercial comunitaria tiene también vigencia en la 
antigua RDA a partir del día de la unión formal de 
ambos Estados. Sin embargo, por razones jurídicas, 
económicas y políticas son imprescindibles las ya men­
cionadas medidas transitorias y de adaptación de vigen­
cia limitada, entre otras razones para evitar discontinui­
dades. Por ese motivo, el Comité coincide con la Comi­
sión en que ésta deberá informar al GATT sobre las 
medidas propuestas. Sin embargo, cabe preguntarse si 
basta con transmitir la información. En opinión del 
Comité, en este caso no sólo debería tratarse de pura 
información, sino más bien de pedir a las partes contra­
tantes del GATT que aprueben una medida de excep­
ción limitada a un plazo determinado {waiver). Ello 
exige sin embargo negociaciones con el GATT. Ante 
todo es preciso que las partes contratantes del GATT 
estén convencidas de que las medidas transitorias y de 
armonización proyectadas por la Comunidad para el 
ámbito de la política comercial no representarán a la 
larga discriminación alguna para ninguna de las partes. 
5. Mercado interior 
5.1. En lo que se refiere a los ámbitos más importan­
tes del ordenamiento jurídico comunitario relativo al 
mercado interior y a su plena realización, la integración 
de los cinco nuevos Lander en la Comunidad Europea 
podrá llevarse a cabo sin necesidad de adoptar medidas 
de excepción. Esto es válido para los ámbitos siguientes: 
— unión aduanera, 
— contratos públicos, 
— propiedad industrial e intelectual, 
— libre circulación de las personas, 
— servicios financieros, derecho de sociedades y fiscali-
dad, y 
— fiscalidad indirecta. 
5.2. En el ámbito del derecho comercial, la mayor 
parte de las Directivas es aplicable sin necesidad de 
recurrir a un régimen de derogaciones comunitarias. 
Serán necesarios períodos transitorios (hasta el 31 de 
diciembre de 1992) para la aplicación de Directivas 
sobre productos cosméticos, máquinas, electrodomésti­
cos, productos textiles, envases y cristal. En lo que 
se refiere a las disposiciones jurídicas relativas a los 
medicamentos para uso humano y uso veterinario, el 
plazo de adaptación se prolongará hasta el 31 de diciem­
bre de 1995. 
El Comité aprueba los plazos transitorios propuestos 
para los ámbitos de producción indicados y los consi-
N° C 41/20 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 2. 91 
dera adecuados para solucionar los problemas de adap­
tación existentes. En este contexto, el Comité vuelve a 
remitirse a la disposición que estipula que los productos 
de la RDA, así como las mercancías importadas de 
Estados del CAEM que no correspondan a las Directi­
vas comunitarias, no podrán ser puestos en circulación 
en otras zonas de la Comunidad, sino que deberán 
permanecer en el territorio de la antigua RDA. Para 
garantizar que así sea, Alemania deberá adoptar todas 
las medidas necesarias, las cuales deberán ser compati­
bles con el Tratado CEE, en particular con los objetivos 
del artículo 8 A, y no deben dar lugar a controles y 
formalidades en las fronteras entre los Estados miem­
bros. A su vez, el Comité pide a la Comisión que vele 
por que ningún Estado miembro de la Comunidad 
se vea en la necesidad de intensificar sus controles o 
formalidades. Sería una fatalidad que se frustrara el 
ambicioso proyecto de realizar un espacio sin fronteras 
interiores de aquí a finales de 1992. Sería bueno que las 
empresas de la antigua RDA pudieran ya dirigir el año 
que viene todo su esfuerzo a impulsar rápidamente la 
necesaria adaptación a las normas y exigencias de cali­
dad comunitarias. 
5.3. En él ámbito de las profesiones liberales, podrán 
aplicarse inmediatamente, tras algunas modificaciones 
técnicas, las directivas que determinan el reconoci­
miento de títulos sobre la base de la definición comuni­
taria de formación mínima. Asimismo, hay que añadir 
a la normativa general para el reconocimiento de los 
títulos las disposiciones específicas para médicos, enfer­
meros, veterinarios, matronas, arquitectos y farmacéu­
ticos. Sólo será necesario un plazo de adaptación de 
dieciocho meses para la aplicación de directivas armoni-
zadoras relativas a la formación de médicos espe­
cialistas. 
El Comité aprueba la propuesta de Directiva de adapta­
ción del Consejo; al mismo tiempo supone que para 
profesiones reglamentadas cuyo ejercicio exige un certi­
ficado de capacitación profesional, el reconocimiento 
de éste por los Estados miembros se realizará previo 
examen minucioso de la documentación presentada. A 
este respecto debe desempeñar un papel no sólo la 
aptitud técnica sino también el telón de fondo político 
de los certificados de aptitud. 
5.4. En el ámbito del derecho de competencia, y en 
lo que se refiere a la aplicación de los artículos 85 y 86 
del Tratado CEE y del Derecho derivado comunitario 
(Reglamento n° 17, reglamentos sobre control de fusio­
nes, reglamentos relativos a las exenciones por catego­
rías) no es necesario recurrir a un régimen derogatorio. 
La Comisión garantiza su aplicación sobre una base no 
discriminatoria. 
Respecto del control de las ayudas de Estado no es 
tampoco necesario aplicar disposiciones formales de 
adaptación. Caso de surgir problemas importantes en 
un sector u otro, la Comisión debería reaccionar con 
flexibilidad en la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado CEE. Un caso especial es el sector de la 
construcción naval (propuesta de modificación de la 
sexta Directiva y de la séptima Directiva, esta última 
no aprobada todavía). Las propuestas, posiblemente sin 
intención, difieren ligeramente entre sí en el texto de la 
versión alemana; no obstante, todas coinciden en que 
las ayudas de explotación para la construcción y 
reconstrucción naval en la antigua RDA pueden consi­
derarse compatibles con el Mercado Común, siempre 
que: 
— la industria de la construcción naval lleve a cabo 
un programa sistemático de reconversión, con un 
objetivo preciso. Dicho programa deberá incluir la 
reducción de las capacidades y deberá poner a esa 
rama de la industria en situación de operar competi­
tivamente de aquí a finales de 1992, y 
— las ayudas se vayan reduciendo paulatinamente. 
El Comité declara su conformidad con estas propuestas; 
no obstante, no considera suficiente el plazo transitorio 
concedido por dos años. Es necesaria una adaptación 
considerable de los astilleros de la antigua RDA, los 
cuales deberán enfrentarse urgentemente a una reorga­
nización estructural y a un aumento de la productivi­
dad. Ya se han puesto en marcha las medidas correspon­
dientes. Además actualmente se están realizando algu­
nas investigaciones cuyos resultados podrán presentarse 
en parte en 1991. Ni siquiera aplicando rápidamente 
las medidas de reconversión que deberán aprobarse, 
cuyo objetivo es bien preciso, podrá esperarse que los 
astilleros logren su completa competitividad en el mar­
gen de tiempo que les quede aún. 
En este contexto, el Comité remite a su dictamen del 
19 de septiembre de 1990 (doc. CES n° 1057/90) sobre 
la propuesta de la séptima Directiva del Consejo sobre 
las ayudas a la construcción naval (*). Dada la reducción 
progresiva de las ayudas y teniendo en cuenta que su 
validez es de dos años de duración, el Comité no consi­
dera enteramente satisfactoria esta propuesta de la 
Comisión. 
6. Política agrícola común (PAC) 
6.1. La integración del sector agrario de la antigua 
RDA en la política agrícola común de la Comunidad 
Europea constituye un problema de especial importan­
cia, debido a la disparidad de las condiciones institucio­
nales y económicas. En los sectores centrales de la 
política agraria, la intención de la Comisión es estable­
cer un número lo más reducido posible de excepciones 
y limitarlas estrictamente en el tiempo. En opinión 
del Comité, la Comisión debería garantizar al mismo 
tiempo que las excepciones propuestas no perjudiquen 
en modo alguno a ninguna región de la Comunidad 
para la que la política agrícola común sea de importan­
cia vital. 
6.2. Conforme al artículo 15 del primer Staatsvertrag 
entre los dos Estados alemanes, la antigua RDA se 
(>) Doc. COM(90) 248 final. 
18. 2. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 41/21 
compromete a introducir un sistema de apoyo de pre­
cios y otro de protección exterior en consonancia con la 
organización de los mercados agrarios de la Comunidad 
Europea. El objetivo era adaptar lo más rápidamente 
posible los precios de producción nacionales al nivel de 
precios agrarios comunitario. Con ese paso, la RDA 
realizó —ya antes de su adhesión a la República Federal 
de Alemania— lo que seguramente es el cambio más 
importante en su política agraria, dado que los precios 
constituyen el principal instrumento de control en las 
economías de mercado. 
6.3. Un hecho que llama la atención son las enormes 
diferencias de producción entre las dos partes de Alema­
nia. Pese a que la calidad del suelo es equiparable, 
los rendimientos medios por hectárea en el territorio 
adherido son de un 20 a un 30 % más bajos que los de 
la República Federal de Alemania, siendo especialmente 
notable el retraso en la producción de remolacha azuca­
rera. Con técnicas de producción modernas, mejores 
semillas y una gestión dinámica podrán aumentarse de 
modo notable, en un tiempo relativamente breve, los 
rendimientos de la producción vegetal. 
Esto, sin duda, agravará la situación del mercado agra­
rio comunitario, que lucha desde hace años con exce­
dentes estructurales. Quiere decirse que también en el 
nuevo territorio adherido es imprescindible establecer 
medidas encaminadas a descongestionar el mercado, so 
pena de poner en peligro las reformas de la PAC. Es 
conveniente que se respeten los principios de la política 
agrícola común. Y esto es válido, entre otras cosas, 
para las cantidades de intervención y las cuotas de 
producción. 
— Como cuota en el sector azucarero la Comisión de 
la Comunidad Europea propone una cantidad de 
base de 870 000 toneladas de azúcar blanco. El 
Comité considera imprescindible recortar de modo 
apreciable esa cantidad. 
— En la propuesta de la Comisión se establecen tam­
bién recortes en la producción de leche. Aunque la 
organización del mercado de la leche de la antigua 
RDA seguirá en vigor hasta finales de la presente 
campaña, a partir del 1 de abril de 1991 la reglamen­
tación de cuotas entrará también en vigor en el 
territorio adherido. En lugar de los 8 millones de 
toneladas de promedio anual de 1986-1988, la canti­
dad global de garantía que regirá para la campaña 
láctea de 1991/1992 será de sólo 6,6 millones de 
toneladas. 
6.4. La drástica reducción de la producción de leche 
en la antigua RDA determina una notable reducción de 
la cabana de vacas de ordeño estimada grosso modo en 
el 20 %. Para garantizar que las montañas de carne que 
se produzcan no disloquen el de por sí muy sensible 
mercado comunitario de productos cárnicos, el Comité 
sugiere exportar la carne a los países de la Europa 
oriental. La Unión Soviética y sin duda alguna también 
otros países seguirán seguramente teniendo gran interés, 
en el futuro previsible, en la importación de productos 
agrarios. La escasez de divisas podría ser naturalmente un impedimento. Por eso, el Comité propone conceder 
a estos países, en casos de especial urgencia, una ayuda 
alimenticia. 
Sin embargo, si los esfuerzos de reforma de los países 
de la Europa oriental se hacen extensivos, a la corta o 
a la larga, a la agricultura, dichos países harán todo lo 
posible para convertirse ellos mismos en exportadores 
de productos agrarios. Es una reflexión que viene con­
firmada de modo impresionante por los pronósticos 
del Departamento de Agricultura norteamericano. Los 
americanos consideran que de aquí al año 2000 los 
Estados de la Europa oriental pasarán a ser exportado­
res de productos agrícolas en sectores importantes. 
6.5. En el sector de las normas de calidad para la 
producción vegetal y animal y en el de la transformación 
y comercialización se observan grandes retrasos de de­
sarrollo. Faltan mataderos, cámaras frigoríficas e insta­
laciones para la transformación de la carne, por no 
mencionar más que algunos ejemplos. Por consiguiente, 
la industria de transformación de la antigua RDA no 
está en condiciones —al menos en el futuro inmediato— 
de cumplir todas las disposiciones de la Comunidad 
Europea. La Comisión propone por ello reglamentacio­
nes transitorias hasta el 31 de diciembre de 1992, lo 
cual conlleva la prohibición de comercializar en el terri­
torio de la antigua RDA aquellos productos que no 
cumplan las normas comunitarias en materia de cali­
dad, las normas comunitarias en materia de sanidad y 
otras normas (ej. legislación sobre epizootias, legisla­
ción en materia de protección de los animales). El 
Comité insta expresamente a la Comisión a que garan­
tice, mediante controles eficientes, el cumplimiento 
estricto de este precepto. 
6.6. La estructura organizativa de la agricultura de la 
antigua RDA difiere radicalmente de la de la República 
Federal de Alemania y otros países miembros de la 
Comunidad Europea. Aquélla es el resultado de una 
política que desde hace decenios se ha guiado por el 
modelo de la industrialización de la agricultura. Las 
expropiaciones y la colectivización fueron los principa­
les instrumentos para lograr ese objetivo: un complejo 
agroindustrial totalmente organizado. Es cierto que en 
el territorio adherido existen diversas formas de explo­
tación, pero lo que predomina son las «unidades de 
producción agraria », creadas en la fase de colectiviza­
ción de 1952 a 1960 y desarrolladas después. El año 
pasado, un 85 % de la superficie agrícola útil fue traba­
jada por estas unidades, que en ningún caso son equipa­
rables a las formas cooperativistas en los Estados miem­
bros de la Comunidad Europea. 
La tarea sin duda más importante (pero al mismo 
tiempo la más difícil) de la futura política agraria en la 
antigua RDA consiste en desmantelar las estructuras 
creadas con arreglo a disposiciones vinculantes. 
6.7. En la antigua RDA no es posible implantar, con 
cierta garantía de éxito, las vigentes medidas de ayuda 
estructural comunitarias. La Comisión de la Comuni-
N° C 41/22 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 2. 91 
dad Europea considera que en algunos casos podrían 
traer incluso más perjuicios que beneficios. De ahí que 
la Comisión haya adaptado las medidas estructurales 
existentes a las condiciones que prevalecen en el territo­
rio adherido. El criterio que ha presidido estas adapta­
ciones ha sido el de tener en cuenta las necesidades de 
las grandes unidades de producción pero al mismo 
tiempo ofrecer a las explotaciones familiares tradiciona­
les una ayuda eficaz en la reconstrucción y moderniza­
ción de las explotaciones. 
6.8. El Comité Económico y Social ha examinado a 
fondo el paquete de medidas. Considera que parte de 
ellas responden perfectamente a la situación, mientras 
que otras necesitarían modificación. Queda abierta la 
pregunta de si los plazos establecidos en cada caso son 
o no realistas. Esto reza no sólo para las disposiciones 
especiales del Reglamento (CEE) n° 797/85, sino tam­
bién para la propuesta de adaptación del Reglamento 
(CEE) n° 866/90. De conformidad con el artículo 13 de 
este Reglamento, queda excluida la ayuda a proyectos 
de inversión cuyos trabajos comenzaron más de seis 
meses antes de la entrada de la solicitud de participación 
en la Comisión. El Comité quiere destacar que se trata 
de un plazo probablemente insuficiente si se tiene en 
cuenta el difícil período de transición en el que se halla 
la antigua RDA. El plazo de seis meses convendría 
ampliarlo a nueve, sobre todo porque aún no está clara 
la estructura de las autoridades territoriales competen­
tes para autorizar y transmitir las correspondientes 
solicitudes de inversión. 
6.9. El Comité se congratula expresamente de que la 
Comisión haya propuesto una reglamentación sobre 
retirada de tierras y extensificación con el fin de estabili­
zar la producción en la Comunidad y mejorar el medio 
ambiente rural. Hay que destacar que se han incluido 
los terrenos de cultivo de patatas. El Comité considera 
que sería conveniente ampliar aún más la reglamenta­
ción sobre retirada de tierras; esto reza en especial para 
los suelos fuertemente contaminados, que es preciso 
excluir de la superficie cultivable por no servir ya para 
la obtención de productos alimenticios. 
6.10. Para facilitar la reconversión de las unidades 
de producción agraria, la Comisión de la Comunidad 
Europea propone aumentar la cuantía máxima de las 
inversiones con derecho a ayuda e incrementar también 
el número de cerdos y vacas lecheras que da derecho a 
ayudas a la inversión. El Comité está de acuerdo con 
la Comisión respecto a la exigencia de favorecer la 
reestructuración de las cooperativas agrícolas, a condi­
ción de que no aumente el número de cerdos y de que 
se tenga en cuenta la reducción del número de vacas 
lecheras que deberá llevarse a cabo en el territorio de 
la antigua RDA. 
Ni a las unidades de producción ni a las explotaciones 
agrícolas familiares del territorio adherido les interesa 
obtener ayudas económicas para medidas que a la corta o a la larga podrían revelarse no rentables. Habida 
cuenta de los excedentes del mercado agrícola común, 
las explotaciones de la antigua RDA no deberían pasar 
por esa fase de intensificación que en los Estados miem­
bros de la Comunidad ha demostrado ser, desde hace 
mucho, económicamente absurda y ecológicamente 
equivocada. 
El Comité propone a la Comisión destinar los medios 
disponibles a objetivos específicos, para medidas desti­
nadas a reducir costes sin aumentar la producción. En 
concreto, debería hacerse todo lo posible por crear en 
el territorio adherido un sistema de transformación y 
comercialización competente, flexible y estrechamente 
ligado a la agricultura. 
7. Transportes y telecomunicaciones 
7.1. En el territorio de la antigua RDA la estructura 
de transportes y telecomunicaciones es insuficiente, está 
sobrecargada, anticuada y es propensa a averías. La 
política dirigista de infraestructuras seguida en el 
pasado exigió demasiado al ferrocarril, demoró mucho 
la expansión de las vías de comunicación y descuidó 
las telecomunicaciones. Será necesario llevar a cabo un 
enorme esfuerzo financiero para consolidar la red viaria 
disponible, impulsar la expansión de la misma y optimi­
zar la calidad de las infraestructuras. 
7.2. En opinión de la Comisión de la Comunidad 
Europea, sólo será necesario adoptar algunas medidas 
transitorias para integrar en la Comunidad el sistema 
de transportes de la antigua RDA. Las normas transito­
rias se han adaptado temporalmente de manera que el 
mercado europeo integrado del transporte pueda estar 
completado antes de finales de 1992. 
El Comité aprueba en general las normas transitorias 
y de adaptación. Sin embargo, se pregunta si en el caso 
del transporte marítimo es realmente conveniente una 
normativa transitoria de cuatro años para los acuerdos 
de transporte marítimo concluidos por la antigua RDA. 
Los Estados signatarios del Código de Conducta de las 
Conferencias Marítimas de las Naciones Unidas se han 
comprometido a no concluir entre ellos ningún acuerdo 
bilateral sobre reparto de cargamentos. Por su parte, 
los Estados miembros de la Comunidad han asegurado 
que dejarán que todos los tratados de esas característi­
cas con países no signatarios del Código expiren a 
finales de 1992. No se comprende bien por qué es 
imprescindible otro plazo de dos años para el territorio 
adherido. Según el Comité, la Comisión debería procu­
rar que también los Tratados al respecto firmados por 
la antigua RDA expiren antes del 1 de enero de 1995. 
En el sector del transporte por carretera se trata princi­
palmente de plazos para la instalación de tacógrafos 
destinados a controlar los períodos de conducción y 
descanso de los conductores. La Comisión establece un 
18. 2. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 41/23 
plazo transitorio de tres años y aduce como justificación 
la insuficiente capacidad de los talleres de la antigua 
RDA. Si bien el Comité reconoce que esta circunstancia 
puede justificar un plazo transitorio más largo, está 
convencido de que habría que reducir dicho plazo a un 
máximo de dos años. Une parte de los vehículos en 
cuestión ya dispone de aparatos de control de la Comu­
nidad Europea, por lo que prácticamente no hay que 
temer una sobrecarga de los talleres. El segundo argu­
mento de la Comisión, en el sentido de dar a las 
pequeñas empresas de transporte la oportunidad de 
renovar, antes de una costosa reorganización, su parque 
automovilístico, que en la mayoría de los casos tiene de 
veinte a veintiocho años, quiere apuntar en la dirección 
correcta pero tampoco resulta convincente. No debería 
olvidarse que el tacógrafo contribuye esencialmente a 
mejorar las condiciones laborales (períodos de conduc­
ción y descanso) y aumentar la seguridad varia. Por 
otra parte, el Comité se pregunta qué posibilidades 
de control existen verdaderamente durante el período 
transitorio; en el documento de la Comisión nó se 
encuentra la más mínima referencia a ese respecto. 
7.3. Las necesidades financieras para renovar sustan-
cialmente la infraestructura de los cinco nuevos estados 
federados alemanes se están revisando constantemente 
al alza. La última estimación del Ministerio alemán de 
Transportes prevé, sólo para la red de transportes, una 
inversión superior a los 125 000 millones de marcos. 
Este montante deberá servir para adaptar, en un primer 
momento, la red viaria de la antigua RDA al nivel 
occidental; de esta suma corresponden unos 50 000 
millones escasos de marcos a la red ferroviaria, alrede­
dor de 60 000 millones de marcos a las vías interurbanas 
federales, las carreteras comarcales y las carreteras loca­
les, y 8 000 millones de marcos para las vías fluviales. 
Estas cifras no incluyen la expansión de las capacidades, 
el necesario cierre de las lagunas existentes en la red ni 
las necesidades normales de conservación y manteni­
miento. 
Ante las considerables necesidades financieras y la nece­
sidad de realizar los proyectos más urgentes en un plazo 
razonable, el presupuesto público resulta claramente 
insuficiente. Por consiguiente, habrá que pensar en nue­
vas formas de financiación de las infraestructuras. Ante 
todo se impone movilizar el capital privado. Ejemplos 
como el túnel del Canal de la Mancha, la conexión 
escandinava y el tren magnético Transrapid muestran 
que la financiación privada puede constituir una vía 
totalmente realista. 
7.4. No cabe ninguna duda de que, por su situación 
geográfica, la Alemania unificada pasará a ser la plata­
forma giratoria del transporte en Europa entre el Este 
y el Oeste, y entre el Norte y el Sur. La demanda de 
los servicios del transporte registrará un incremento, 
especialmente tras la realización del mercado interior 
europeo. Si bien en la actualidad aún existen trabas y 
limitaciones internacionales, en el futuro no tendrá 
importancia que el transporte haya de efectuarse en el 
proprio país o a través de Europa. Para ello será necesa­rio que en lo sucesivo las inversiones en infraestructuras 
se consideren y juzguen cada vez más a escala europea; a 
ese respecto, el ferrocarril desempeña un papel especial 
desde el punto de vista de la política de transportes, de 
la ordenación del territorio y del medio ambiente. El 
camino hacia una planificación de infraestructuras de 
ámbito europeo comienza a perfilarse. En ese contexto 
el Comité acoge favorablemente el propósito de la 
Comisión de la Comunidad Europea de centrar en el 
futuro su atención en el desarrollo de las infraestructu­
ras en el eje Este-Oeste, a fin de que la fusión de los 
espacios económicos europeos no se vea obstaculizada 
y de que el consiguiente intercambio de bienes no se 
vea dificultado por cuellos de botella en el sistema de 
transportes. 
7.5. En el mercado europeo de los transportes regirán 
cada vez en mayor medida las normas del mercado. 
Ello significa una competencia más intensa también en 
el sector de los transportes. Se trata de igualdad de 
oportunidades iniciales, de liberalización y armoniza­
ción. En consecuencia, el Comité insta a la Comisión a 
que procure que las normas de los diferentes Estados 
miembros para la organización del mercado del trans­
porte no vayan a la zaga de las disposiciones de liberali­
zación. Los transportes y la infraestructura son la base 
natural de un gran mercado europeo, al tiempo que 
sientan las bases para un mayor crecimiento económico 
y un mayor progreso social. 
7.6. El desarrollo en la antigua RDA y la apertura 
de los mercados del Este de Europa plantean también 
nuevas tareas a las telecomunicaciones. En los nuevos 
estados federados alemanes las telecomunicaciones se 
encuentran en un estado sumamente desolador. La red 
telefónica es de los años veinte; al parecer, más del 
90% de las líneas telefónicas se encuentran cerradas, 
y sólo el 17% de la población dispone de conexión 
telefónica. Los servicios de telecomunicaciones como el 
telefax, el teletexto y el videotexto son en gran parte 
desconocidos. Según las más recientes informaciones, 
habría que invertir hasta el año 1997 un total de 55 000 
millones de marcos para la modernización y desarrollo 
de la infraestructura de telecomunicaciones en el territo­
rio adherido. 
Según la Comisión, es posible aplicar de inmediato los 
principales instrumentos jurídicos de la Comunidad en 
el sector de las telecomunicaciones. Sólo habrá que 
adaptar dos directivas comunitarias (liberalización del 
mercado de terminales/Frecuencias de radio móvil). 
8. Política estructural 
8.1. La economía de la antigua RDA se encuentra 
ante una difícil fase de reestructuración. La transforma­
ción del sistema, la transición de una economía de 
gestión centralizada a una economía social de mercado 
lleva necesariamente a un cambio estructural profundo. 
En amplios sectores, las empresas carecen de competiti-
vidad. Su producción, en gran medida, no cumple las 
habituales normas de calidad internacionales; la pro­
ductividad, sujeta a oscilaciones considerables, sólo 
llega al 30, a lo sumo al 50% del nivel de la RFA; el 
N° C 41/24 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 2. 91 
elevado coeficiente de capital, el consumo de energía 
per cápita por encima de la media y la preocupante 
magnitud de los daños contra el medio ambiente fomen­
tan el derroche sistemático de capital humano, energía 
y medio ambiente. 
8.2. Con este terrible balance como telón de fondo 
—según la Comisión— se necesita también la ayuda 
comunitaria, en la que los Fondos Estructurales deberán 
desempeñar un papel importante. El Comité comprende 
la propuesta de la Comisión de incluir los cinco nuevos 
Lander en los Fondos Estructurales como zonas de 
ayuda. De ese modo se subraya al mismo tiempo la 
integración del nuevo territorio en la Comunidad 
Europea. 
La Comisión propone un programa especial para el 
desarrollo estructural del territorio de la antigua RDA, 
dotado con un total de 3 000 millones de ECU para el 
período comprendido entre 1991 y 1993. Estos fondos 
están financiados con cargo a una ampliación de los 
Fondos Estructurales, de modo que no constituirán 
carga alguna para otros Estados de la Comunidad. En 
opinión del Comité, a finales de 1993 se deberá revisar 
dichas ayudas y reducirlas en la medida en que se hayan 
producido mejorías globales de la situación económica 
de los nuevos Lander. A este respecto, el Comité, da 
por sentado que en el futuro se seguirá haciendo todo 
lo posible por evitar conflictos entre las regiones pobres 
y periféricas de la Comunidad y la Alemania unida a 
propósito del reparto de fondos. El gobierno federal 
alemán ya renunció formalmente en la cumbre extraor­
dinaria de Dublín, celebrada el 28 de abril de 1990, a 
la participación de la Comunidad en la financiación de 
la reunificación alemana. 
8.3. La Comisión escribe, acertadamente, que la rees­
tructuración de la economía de la RDA debe realizarse 
rápidamente. Por ese motivo, ha propuesto un procedi­
miento simplificado para los planes de desarrollo. Para 
los cinco nuevos Lander hay un solo plan, y éste puede 
que sea menos detallado de lo habitual. Actualmente, el 
gobierno federal está elaborando este plan de desarrollo 
que deberá presentarse en Bruselas antes del 31 de enero 
de 1991. Tras lo cual, a más tardar en marzo de 1991, 
deberá elaborarse a partir de ahí un plan de fomento 
comunitario que regule la aplicación de los Fondos 
Estructurales, la utilización de los fondos disponibles y 
la cofinanciación alemana. 
8.4. A la hora de evaluar este procedimiento simplifi­
cado deberá tenerse en cuenta que las bases de datos 
estadísticos de la antigua RDA son extraordinariamente 
malas: los datos están tergiversados y presentan muchas 
lagunas. Por otro lado, hoy por hoy, no parece factible 
planificar con dos años de antelación el proceso de 
profunda adaptación y la aplicación de los Fondos Estructurales. Actualmente, es objetivamente imposible 
determinar las zonas de la antigua RDA que según los 
criterios de la Comunidad Europea presentan retrasos 
o están amenazadas de retroceso industrial o tienen 
problemas de adaptación en lo que a la agricultura se 
refiere. Aquí hay que actuar con flexibilidad. Por tanto, 
es lógico que la Comisión renuncie de momento a 
definir las regiones de los objetivos 1, 2 y 5b. Además, 
las ayudas económicas deberían concederse como ayu­
das globales, cuya utilización deberían aprobar conjun­
tamente el Estado Federal y los nuevos Lander ale­
manes. 
8.5. Tras la unificación de los dos Estados alemanes, 
cabe preguntarse qué va a suceder con las ayudas a 
las zonas limítrofes y a Berlín. Ambos programas de 
fomento tenían por finalidad equilibrar las desventajas 
derivadas de la división de Alemania. En adelante, ya 
no habrá más razón para la concesión de ayudas; por 
tanto, el gobierno federal quiere introducir antes de 
finales de 1990 una ley que estipule que los programas 
de ayuda que fueron creados en función de la separación 
de las dos Alemanias desaparezcan en un plazo de siete 
años. El Comité considera que dicho plazo transitorio es 
demasiado largo y que debería reducirse sensiblemente. 
9. Energía 
9.1. El sistema de abastecimiento de energía de la 
antigua RDA es deficiente; los daños al medio ambiente 
representan un peligro para la salud. El sistema se 
centra principalmente en el lignito de producción local, 
mientras que la participación de los aceites minerales, el 
gas natural, la energía nuclear y la hulla es relativamente 
reducida. Este sistema se caracteriza por un bajo grado 
de eficiencia de las instalaciones existentes en el con­
sumo y transformación de energía, en especial en el 
suministro de energía eléctrica. La situación se ve agudi­
zada por las elevadas pérdidas que se producen en la 
distribución y transporte de las redes de electricidad y 
gas. 
El lignito cubre en la antigua RDA casi el 70% de 
la demanda total de energía primaria. Al ritmo de 
extracción actual, las reservas alcanzan para 60 ó 
70 años aproximadamente, es decir, no hay peligro 
de que se produzcan cuellos de botella. Los factores 
problemáticos son por el contrario la disponibilidad, la 
calidad, la falta de rentabilidad y la contaminación de 
este tipo de energía. Debido a la elevada proporción de 
azufre contenido en el lignito, la antigua RDA, con sus 
más de 5 millones de toneladas anuales de emisiones, 
es uno de los países que expulsan mayor cantidad de 
S02 a la atmósfera, ya que no existen instalaciones de 
depuración. Además la cantidad de escombros origina­
dos por la extracción va en aumento, el nivel de las 
aguas freáticas disminuye y el consumo de tierra crece. 
18. 2. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 41/25 
El 80 % de los 23 000 MW de producción de las centra­
les eléctricas se basa en el lignito. La tecnología utilizada 
es completamente obsoleta. Otro tanto cabe decir de 
las plantas de destilación lenta y de las coquerías de 
altas temperaturas, donde se refina el lignito para la 
obtención de carburantes y materias primas químicas. 
La anticuada tecnología utilizada en las centrales pro­
duce una contaminación del medio ambiente considera­
ble. Ninguna de las centrales de la antigua RDA dispone 
de instalaciones de desulfuración o de eliminación de 
óxidos de nitrógeno. Los filtros de polvo —cuando los 
hay— no son utilizados permanentemente. 
Además, el sistema de abastecimiento de energía está 
muy subvencionado. Dejará de ser así, pero hasta que 
llegue ese momento, seguirán faltando los incentivos 
para una gestión racional de la energía. La consecuencia 
lógica de dichas subvenciones es un consumo de energía 
primaria per cápita por encima de la media; en compa­
ración con la RFA, dicho consumo es un 20% superior. 
9.2. El resultado del balance muestra que la situación 
del abastecimiento de energía en la antigua RDA puede 
ser calificada de extraordinariamente crítica. Resulta 
imperativo reorganizar la industria energética, para lo 
cual serán elementos clave el ahorro continuo de energía 
y la eficiencia en el abastecimiento. Es preciso moderni­
zar radicalmente las instalaciones del sector y convertir­
las en instalaciones tecnológicamente seguras, rentables 
y compatibles con el clima y el medio ambiente. Se 
necesita una mezcla de energías diferente y equilibrada 
en la que no sólo quepan los combustibles fósiles y las 
energías renovables sino también la energía nuclear, 
cuya seguridad deberá ser exigida al más alto nivel. En 
el sector de los aceites minerales deberán abandonarse 
las estructuras monopolistas y dar paso a la competen­
cia siempre que sea posible. 
9.3. En el documento de la Comisión se establecen 
muy pocas excepciones para el sector de la energía. 
Únicamente para la información y la consulta de los 
precios del petróleo crudo y de los productos petrolífe­
ros así como para la comunicación de la importación 
y exportación de hidrocarburos se propone un período 
de transición de doce meses. El Comité aprueba este 
reglamento de excepción, si bien parecen necesarias dos 
advertencias complementarias, relativas a las explica­
ciones de la Comisión sobre la reestructuración del 
sector energético. Por una parte, la constatación de 
que las importaciones de gas de la Unión Soviética al 
territorio de la antigua RDA aumentarán de 8 000 
millones de m3 a 16 000 millones de m3 en el año 
2000. El Comité considera dicho cálculo demasiado 
optimista; en todo caso no existen informaciones fiables 
que respalden ese supuesto incremento. Por otra parte, 
en el apartado relativo al abastecimiento de elementos 
combustibles para los reactores que se encuentren en 
funcionamiento no basta con indicar que en la antigua 
RDA se produce uranio natural. Hay que decir también 
que la empresa Wismuth SA, dedicada a la extracción de uranio, es propiedad de la Unión Soviética en un 
95 %. Si bien dicha empresa prevé paralizar sus activida­
des a fines de 1990, será probablemente necesario nego­
ciar con la Unión Soviética. Ello es particularmente 
válido si se tiene presente que Euratom se convertirá 
en propietario de todas las sustancias especiales fisiona-
bles en la antigua República Democrática de Alemania. 
9.4. La política energética, tanto a nivel nacional 
como internacional, está sujeta a los objetivos económi­
cos globales, por lo que debe realizar todos los esfuerzos 
necesarios para seguir siendo o volver a ser operativa 
en los correspondientes niveles. Los problemas energéti­
cos ya no pueden solucionarse a corto plazo por medio 
de iniciativas nacionales aisladas. La política energética 
es una empresa a largo plazo que precisa de una estrecha 
cooperación y concertación internacional. Es necesaria 
aquí la cooperación a nivel europeo. La idea no es 
nueva, pero hasta ahora no se ha obrado en consecuen­
cia. Las Comunidades Europeas no han encontrado 
aún el vigor necesario para desarrollar una política 
energética comunitaria, a pesar de que las tareas urgen­
tes, como la reducción del consumo energético, la susti­
tución de los productos petroleros, el desarrollo acele­
rado de modernas tecnologías energéticas y una mayor 
investigación en el terreno de la energía, hubieran reque­
rido desde hace tiempo una actitud concertada por 
parte de los Estados miembros de la Comunidad. 
Por ello, el Comité acoge y apoya expresamente la 
iniciativa del Primer Ministro de los Países Bajos, Señor 
Lubbers, quien, en la reunión del Consejo Europeo 
celebrada el 25 de junio de 1990, postuló la creación de 
una Comunidad Europea de la Energía. 
10. Aspectos sociales, educación y formación 
10.1. Considerando la rápida integración política y 
jurídica de la antigua RDA en el territorio de la RFA, 
es necesario también un gran esfuerzo para lograr la 
integración social. El Comité concede una importancia 
capital a los aspectos sociales del proceso de unificación 
alemana. En este contexto, el Comité Económico y 
Social recuerda los numerosos dictámenes en los que 
los grupos sociales representados en su seno se han 
manifestado reiteradamente a favor del principio básico 
de la realización de la cohesión social y económica. En 
su dictamen sobre la situación social de la Comunidad 
en 1989 (*), el Comité calificó la economía social de 
mercado y el espíritu de la Europa de los ciudadanos 
de elementos centrales del progreso político y social 
hacia una Unión Europea. El Comité tiene el convenci­
miento de que dichos elementos son motivos determi­
nantes de la fuerza de atracción que ejerce la Comuni­
dad Europea sobre las jóvenes democracias de la Europa 
del Este. 
(') DO n° C 225 de 10. 9. 1990. 
N° C 41/26 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 2. 91 
10.2. El Comité aprueba en gran medida las escasas 
normas transitorias y de adaptación que la Comisión 
considera necesarias para el ámbito social. A continua­
ción se exponen algunas sugerencias y observaciones 
complementarias relativas a cada una de las propuestas: 
— El Comité se felicita de que con la unificación ale­
mana se haya logrado la libre circulación de los 
trabajadores sin necesidad de medidas transitorias. 
Tras la abolición de las fronteras interalemanas 
habria sido injustificable e insostenible en la práctica 
un tratamiento diferencial de la población activa 
alemana. En este contexto, el Comité recuerda el 
caso de los trabajadores españoles y portugueses, 
para los cuales la libertad de circulación está limi­
tada todavía hasta 1993. 
— En lo que respecta a la seguridad social de los 
trabajadores migrantes, las disposiciones comunita­
rias se han venido aplicando directamente después 
de cada nueva adhesión. Sin embargo, la Comisión 
señala que muchos puntos de los correspondientes 
Reglamento (CEE) n° 1408/71 y Reglamento (CEE) 
n° 574/72 deberán adaptarse como consecuencia de 
la unificación alemana. Pero esa adaptación, según 
ella, sólo se podrá llevar a cabo cuando quede claro 
el modo en que se desarrollará el Derecho social 
de la antigua RDA. El Comité difícilmente podría 
aceptar tal argumento, porque al fin y al cabo la 
Comisión sabe desde hace tiempo que le Derecho 
social y de trabajo de la RFA iba a ser aplicado 
directamente en el territorio recién adherido. Por 
tanto, el Comité pide a la Comisión que presente 
rápidamente las disposiciones de adaptación que 
crea necesarias, para que el Consejo las apruebe con 
la mayor celeridad. 
— En el ámbito de la igualdad de trato entre hombres 
y mujeres, así como en el del Derecho de trabajo, 
no resulta necesaria adaptación alguna. Las dispo­
siciones correspondientes rigen ya desde la fecha de 
la unión económica, monetaria y social. 
— Para la protección de los trabajadores en el lugar 
de trabajo se han elaborado hasta ahora quince 
Directivas y propuestas de Directivas comunitarias 
que —tan pronto como sean aprobadas por el Con­
sejo— deberán ser integradas en el ordenamiento 
jurídico de los Estados miembros antes del 31 de 
diciembre de 1992. Para la puesta en práctica de 
las directivas sobre protección de los trabajadores 
contra los riesgos vinculados con la exposición a 
agentes químicos, físicos y biológicos durante el 
trabajo, la Comisión propone un período transitorio 
hasta el 31 de diciembre de 1992. Parece ser que las 
difíciles circunstancias en las que se encuentra la 
antigua RDA, debido a lo anticuado de las instala­
ciones industriales y a problemas de tipo administra­
tivo, técnico y de perfeccionamiento, no permiten aplicar un plazo transitorio más corto ni poner en 
práctica inmediatamente dichas Directivas. 
— La cualificación de los trabajadores desempeña una 
función clave en el proceso de transformación de la 
economía de la Alemania del Este. El cambio de la 
economía central y dirigida a la economía social de 
mercado es preciso apoyarlo mediante una amplia 
ofensiva de cualificación, concebida como una 
inversión importante para un futuro mejor. 
La cualificación oficial de los trabajadores en la antigua 
RDA es verdaderamente buena. Alrededor del 80 % de 
la población activa tienen un diploma profesional. Con 
todos, los perfiles de cualificación de una economía 
socialista difieren considerablemente de lo que exige 
una economía de mercado orientada por las reglas de 
la competencia. Faltan sobre todo conocimientos y 
experiencia en el manejo de las técnicas modernas de 
producción, información y comunicación, una laguna 
que habrá que remediar antes de nada. Paralelamente, 
existen carencias considerables en el ámbito no estricta­
mente técnico: independencia, iniciativa y creatividad 
son elementos que no se exigían en la economía planifi­
cada. Por lo tanto son urgentes las acciones de readapta­
ción y perfeccionamiento profesional a todos los nive­
les, en lo cual hay que incluir igualmente la participa­
ción de los trabajadores en todos los programas de 
educación y formación de la Comunidad Europea y en 
pie de igualdad con los demás. El Comité se felicita de 
que, a este respecto, no se necesite ninguna medida de 
adaptación de las disposiciones legales. No obstante 
sugiere que la Comisión se tome además la iniciativa 
de informar lo más rápida y ampliamente a los ciudada­
nos de los cinco nuevos Lander federales sobre los 
numerosos programas comunitarios, lo cual deberá 
tener lugar con el pleno consentimiento de las autorida­
des alemanas competentes. 
10.3. En lo que concierne a la información de la 
población del territorio adherido, imprescindible para 
una protección eficaz del consumidor, es necesario ele­
varla lo antes posible a los niveles comunitarios. A 
esta tarea deben contribuir no sólo las autoridades y 
organizaciones de consumidores de la República Fede­
ral de Alemania sino también la Comunidad Europea 
con campañas de información. 
El Comité se pregunta si no sería conveniente integrar 
esa información a los consumidores en los programas 
generales de formación y perfeccionamiento de la 
Comunidad. 
10.4. Para construir estructuras democráticas y 
mejorar las condiciones de vida y de trabajo en la 
antigua RDA es necesario igualmente una gestión social 
autónoma que funcione. Las condiciones de trabajo 
deberán reorganizarse y reestructurarse por la vía de 
un equilibrio de intereses autónomo. La Comisión 
apoya las organizaciones de empresarios y trabajadores 
18. 2. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 41/27 
que han vuelto a aparecer por primera vez desde 1933 
y sobre las que recae una responsabilidad especial de 
cara a la delicada fase de transformación económica y 
la cifra creciente de desempleo en la parte oriental de 
Alemania. Dichas organizaciones deberán hallar fuerzas 
para ponerse de acuerdo sobre objetivos comunes y 
prioridades y deberán servir para equilibrar los intereses 
y mediar entre el ciudadano y el Estado. 
11. Medio ambiente y seguridad nuclear 
11.1. En muchas zonas de la antigua RDA la atmós­
fera, el agua y el suelo están considerablemente degra­
dados por la contaminación. Aunque existía una amplia 
legislación en la materia y desde 1972 un precepto 
constitucional para la protección del medio ambiente, 
en la práctica política los intereses de este sector de­
sempeñaban un papel muy secundario. Con todo, a 
falta de una infraestructura eficaz para la protección 
del medio ambiente no hubiesen podido cumplirse de 
todos modos las normas de protección. 
Las causas del fuerte deterioro ambiental provienen, en 
múltiples aspectos, estructuras de producción técnica­
mente desfasadas, de aumentar el empleo de lignito y 
de dirigir la producción industrial hacia sectores de 
intenso consumo energético contribuyó en gran medida 
a la degradación del medio ambiente. Faltaban por 
completo incentivos para el ahorro en la utilización de 
materias primas y de energía. 
11.2. El problema ambiental más acuciante es el 
elevado índice de contaminación atmosférica. Anual­
mente se vierten a la atmosfera más de 5 millones de 
toneladas de S02. La antigua RDA es con ello uno de 
los mayores emisores de S02 de Europa. El problema 
radica sobre todo en el sistema de abastecimiento ener­
gético, que depende casi en un 70% del empleo de 
lignito como energía primaria. 
Los altos niveles de emisión, unidos a una relativa 
escasez de agua, determinan asimismo un alto grado de 
contaminación de las aguas y, con ello, estrangulamien-
tos en el abastecimiento de agua. Aproximadamente 
sólo el 20% del agua disponible tiene calidad de agua 
potable. La causa de dicha degradación es la deficiencia 
técnica o la ausencia de centrales de tratamiento y 
depuración de las aguas, a nivel municipal e industrial. 
A causa de esto, por ejemplo, se vierten grandes cantida­
des de cadmio, mercurio y plomo en el Elba y, por 
consiguiente, al mar abierto. 
En cuanto a la degradación del suelo, la situación no 
es mucho mejor. La explotación forzada de lignito 
requiere tres grandes superficies, que, una vez extraído 
el carbón, quedan desertizadas. Se necesitarán décadas 
para poder convertirlas de nuevo en tierras cultivables. 
La gestión de los residuos actúa como agravante. 
Debido a la falta de materias primas, se logran elevados 
índices de reciclaje, pero la evacuación adecuada de los 
residuos restantes sólo se lleva a cabo en contados 
casos. Los vertederos están sobrecargados, y algunos pueden representar una amenaza para las aguas 
freáticas. 
11.3. El balance arroja un cuadro más bien sombrío 
de la situación ambiental en el territorio de la antigua 
RDA. Desde la entrada en vigor del primer Tratado 
de Estado, la normativa federal en materia de medio 
ambiente también es aplicable a dicho territorio. En la 
medida en que la legislación de Alemania Federal cum­
ple la normativa comunitaria sobre medio ambiente, la 
legislación de la RDA es desde el 1 de julio de 1990, 
conformemente a la normativa comunitaria desde el 
punto de vista formal. Aquí se incluyen, entre otros 
aspectos, la protección contra las inmisiones, la seguri­
dad nuclear, la protección contra las radiaciones, el 
tratamiento de las aguas y residuos, la normativa sobre 
sustancias químicas; así pues, se trata fundamental­
mente del establecimiento y explotación de instalacio­
nes y de la normativa en la materia. Con la adhesión 
de la antigua RDA a la República Federal de Alemania, 
también se ha efectuado la transposición de las normas 
comunitarias relativas a productos y sustancias (por 
ejemplo, el Reglamento sobre el agua potable) así como 
de las normas sobre calidad ambiental. 
11.4. En conjunto, la Comisión de la Comunidad 
Europea ha examinado unas 200 Directivas y Regla­
mentos sobre medio ambiente para examinar la necesi­
dad de adoptar medidas transitorias. La Comisión ha 
propuesto medidas transitorias en aquellos casos en que 
las condiciones del medio ambiente impedían, en el 
momento de la reunificación, el cumplimiento de las 
normas comunitarias. En concreto, este es el caso de 
las aguas, la atmósfera y los residuos. 
El Comité está de acuerdo con la Comisión en que la 
transposición de la normativa comunitaria debe llevarse 
a cabo con la mayor celeridad posible. No obstante, 
teniendo en cuenta la difícil situación económica, el 
necesario proceso de adaptación estructural y el pano­
rama, aún no del todo claro, sobre el alcance real de 
la contaminación ambiental, el Comité considera que 
sería razonable introducir una cláusula de flexibilidad 
en relación con los períodos transitorios propuestos. 
Con dicha cláusula la Comisión podría por ejemplo 
conceder de modo rápido y sencillo prórrogas a dichos 
períodos, o adoptar medias adicionales en el caso de 
que se plantearan otras circunstancias. No obstante, 
dicha cláusula de flexibilidad debería aplicarse única­
mente a las normas relativas a las instalaciones y no a 
la naturaleza de las mercancías o la calidad de los 
productos. 
11.5. Contrariamente a lo acordado en el ámbito del 
medio ambiente, en el ámbito de la seguridad nuclear 
no se han propuesto disposiciones transitorias. La adhe­
sión de la RDA a la República Federal de Alemania 
implica que el Tratado Euratom también ha entrado 
en vigor en dicho territorio, y que, por tanto, también 
son aplicables los artículos 33, 35, 36 y 37. En conse­
cuencia, es posible proceder al cierre inmediato de 
centrales que no se ajusten a las normas de protección 
comunitarias. El Comité aprueba sin reservas esta pos­
tura inequívoca para la Comisión. 
12. CECA 
12.1. La inclusión de la industria del acero de Alema­
nia oriental en la ordenación comunitaria lleva apareja-
N° C 41/28 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 2. 91 
dos una serie de problemas de orden industrial, social 
y regional de difícil solución. Tal y como están configu­
radas en la actualidad ninguna de las empresas, en un 
total de quince establecimientos, parece tener asegurada 
la viabilidad. Debe procederse a la modernización, rees­
tructuración y racionalización de las empresas. El 
Comité hace suyo este análisis y subraya la conclusión 
de la Comisión de que, la consecuencia inevitable será 
una pérdida sustancial de puestos de trabajo. 
12.2. Ante el difícil y lento proceso de reestructura­
ción, el Comité considera que las propuestas de la 
Comisión no son lo bastante globales ni abordan sufi­
cientemente los problemas. La Comisión está dispuesta 
a contribuir a la esperada reconversión de la industria 
del acero de Alemania oriental con los instrumentos 
que le otorga el tratado CECA, proporcionando ayudas 
a la reestructuración en forma de préstamos de los 
Fondos Estructurales. No obstante, se propone aplicar 
con una interpretación muy estricta la normativa rela­
tiva a las ayudas otorgadas a la industria siderúrgica 
en virtud de la Decisión 322/89/CECA, que sólo en 
determinadas circunstancias autoriza la concesión para 
abandono de actividad, investigación, protección 
ambiental e inversiones para desarrollo regional. Ello 
no cubre las pérdidas de empresas, las ayudas a las 
empresas—ni siquiera para su reconstrucción—ni las 
ayudas a la inversión. A pesar de estas observaciones 
suplementarias, el Comité observa con satisfacción que 
la Comisión ya ha transformado rápidamente los instru­
mentos del Tratado CEE en medidas prácticas. 
12.3. El planteamiento de la Comisión, en el sentido 
de que las empresas siderúrgicas de los cinco nuevos 
Estados federados alemanes deben dejar de percibir lo 
más rápidamente posible subvenciones, probablemente 
es acertado. No obstante, teniendo en cuenta el largo 
y costoso proceso de saneamiento, se puede pedir un 
mayor nivel de flexibilidad. En otros países que han 
realizado su adhesión—especialmente España—se han 
establecido medidas transitorias. Para hacer frente a los 
problemas que plantea la reestructuración, la Comisión 
debería establecer, también en este caso, disposiciones 
transitorias que contribuirán sin duda de modo palpa­
ble al proceso de recuperación de las empresas siderúr­
gicas. 
y 
13. Aspectos financieros de la unificación alemana 
13.1. Desde hace meses, los políticos, investigadores 
en materia de economía, así como la opinión pública 
en general vienen ocupándose de una cuestión can­
dente: qué cargas traerá consigo la unificación de 
ambos Estados alemanes y cómo deberán ser financia­
das. En el resto de los países miembros de la Comunidad 
Europea crece la inquietud ante la posibilidad de que 
la financiación de la unidad alemana incida desfavora­
blemente en los mercados de dinero y de capital y en 
el nivel de los precios de esos Estados. No en vano son cientos de miles de millones de marcos lo que habrá 
que allegar a medio plazo para modernizar y desarrollar 
infraestructuras (transportes, telecomunicaciones, 
municipios), subsanar los devastadores daños al medio 
ambiente y sanear los suelos contaminados (según esti­
maciones serían de 20 000 a 30 000 las zonas que se 
suponen arrastran cargas del pasado). No hay que 
olvidar tampoco los enormes medios financieros que 
necesitan las inversiones privadas y los grandes gastos 
que representa la construcción de viviendas. 
13.2. Respecto del impacto económico que tendrá 
la unidad alemana en el presupuesto comunitario, la 
Comisión ha ofrecido los primeros datos en el tercer 
volumen de su documento de trabajo. La Comisión 
subraya, con razón, que se trata de cifras provisionales, 
para cuyo cálculo ha tenido que apoyarse forzosamente 
en bases de datos cuestionables y deficientes. En el 
capítulo de gastos destacan en especial los correspon­
dientes al sector agrario, que la Comisión calcula en 
700 a 1 250 millones de ECU para 1991 (once meses, 
respetando los plazos administrativos). Este importante 
margen refleja las dificultades a la hora de evaluar las 
futuras estructuras de consumo y la evolución de la 
producción de la antigua RDA. A esto hay que añadir 
la suma de 1 000 millones de ECU para 1991 del 
programa especial para el desarrollo estructural del 
territorio adherido. La Comisión calcula otros 150 
millones de ECU para gastos suplementarios en otros 
sectores. Frente a estos gastos suplementarios se hallan 
ingresos suplementarios por valor de 1 500 millones de 
ECU con los que se supone que la antigua RDA deberá 
contribuir a los ingresos propios de la Comunidad. 
Considerando las numerosas incertidumbres que entra­
ñan necesariamente estos cálculos, el Comité valora 
este ejercicio numérico como una orientación general 
que, pese a ser muy meritoria, difícilmente resistiría un 
análisis objetivo. 
13.3. El 7 de noviembre de 1990 tuvo lugar ante 
la Comisión de Asuntos presupuestarios del Budestag 
alemán una audiencia sobre las cargas ocasionadas por 
la unificación alemana y su financiación. La comisión 
parlamentaria afirmó que le habría gustado oír a un 
representante de la Comisión de la Comunidad Europea 
para tener así una opinión sobre estas cuestiones desde 
la perspectiva comunitaria. La República Federal de 
Alemania, por su integración en la Comunidad Euro­
pea, ha asumido tanto política como económicamente 
una responsabilidad especial. Y ello exige también, en 
opinión de la comisión parlamentaria, ocuparse a fondo 
de las posibles repercusiones económicas de la reunifica­
ción alemana en otros Estados miembros de la Comuni­
dad y tenerlas en cuenta a la hora de formular la futura 
política económica, financiera y social alemana. 
En lo que respecta a la realización del mercado interior 
y el progreso hacia la segunda fase de la planeada unión 
económica y monetaria, el Comité recuerda que en 
18. 2. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 41/29 
repetidas ocasiones se ha pronunciado a favor de un 
grado más alto de convergencia en el desarrollo econó­
mico y a favor de una mayor coordinación de las 
políticas económicas. El Comité considera que estas 
exigencias son ahora más actuales que nunca. El Comité 
apela de nuevo al gobierno de la República Federal de 
Alemania para que vuelva a dar un primer paso y 
exponga en el Consejo Europeo las decisiones económi-
1. Observaciones generales 
1.1. El Comité puede respaldar la propuesta, que 
adecuadamente vincula la protección de la salud y de 
la seguridad de la mujer embarazada, o que haya dado 
a luz recientemente, con el mantenimiento del empleo 
y del derecho a remuneración. Además se acoge favora­
blemente la propuesta porque introduce medidas para 
facilitar la maternidad que pueden contribuir a corregir 
el desequilibrio demográfico, incluso en lo relativo al 
envejecimiento de la población, que afecta a la mayor 
parte de los Estados miembros de la Comunidad. cas para la financiación de las cargas derivadas de la 
unificación alemana, así como las repercusiones ma-
croeconómicas para los demás Estados miembros. Este 
paso disiparía sin duda algunos temores y contribuiría 
esencialmente a seguir cultivando, también en el terreno 
económico, el espíritu de confianza que preside la 
cooperación entre los miembros de la Comunidad 
Europea. 
1.2. En concordancia con los derechos y medidas 
previstos en la Carta Social y en el Programa de Acción 
Social que la acompaña, la propuesta está también en 
conformidad con las opiniones formuladas en impor­
tantes dictámenes del Comité relativos a: 
— los derechos sociales fundamentales comunita­
rios (2), en el que se hizo hincapié en «el derecho 
del niño, la madre y la familia a una protección 
legal y económica», 
— la carga de la prueba (3), en el que se afirmó que las 
buenas prácticas de empleo y las técnicas de perso­
nas modernas tienen que evitar cualquier posible 
discriminación por razones de sexo; Hecho en Bruselas, el 20 de noviembre de 1990. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Fran^ois STAEDELIN 
Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a h protección en el trabajo 
de la mujer embarazada o que haya dado a luz recientemente (*) 
(91/C 41/08) 
El 22 de octubre de 1990, de conformidad con las disposiciones del artículo 118 A del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité 
Económico y Social sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de asuntos sociales, familia, educación y cultura, encargada de preparar los 
trabajos en la materia, adoptó su dictamen el 15 de noviembre de 1990 (ponente: Sra. Rangoni 
Machiavelli). 
En su 281° pleno (sesión del 20 de noviembre de 1990), el Comité Económico y Social ha 
aprobado por unanimidad, con 5 abstenciones el siguiente dictamen. 
(>) DO n° C 281 de 9. 11. 1990, p. 3. (2) DO n° C 126 de 23. 5. 1989, apartado III A/1. 
(3) DO n° C 337 de 31. 12. 1988, apartado 1.3.d.