Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo (refundición) /* COM/2014/0167 final - 2014/0091 (COD) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. Contexto de la propuesta La sociedad europea está envejeciendo. Los sistemas de pensiones de la Unión Europea (UE) deben adaptarse a fin de garantizar unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles. No es una tarea sencilla. Para afrontar eficazmente estos retos, es necesaria una actuación estrechamente coordinada de los Estados miembros. La propuesta de revisión de la Directiva 2003/41/CE, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo[1], mejorará la gobernanza y la transparencia de estos fondos e impulsará su actividad transfronteriza, con lo que se reforzará el mercado interior. En una serie de aspectos, la revisión de la Directiva debería haberse llevado a cabo hace tiempo. En primer lugar, tras la crisis económica y financiera se necesitan normas de gobernanza más estrictas que reflejen las mejores prácticas a nivel nacional, a fin de proteger a los partícipes y beneficiarios de los planes de pensiones y de facilitar una prestación transfronteriza segura. Algunos fondos de pensiones de empleo son grandes entidades financieras y su quiebra podría repercutir en la estabilidad financiera y tener importantes consecuencias sociales. Esto reviste especial importancia, ya que cada vez son más las pensiones de jubilación que consisten en planes de aportación definida. Las pensiones de los partícipes de estos planes están en peligro en caso de una gobernanza insuficiente o una mala gestión de los riesgos[2]. En segundo lugar, deben reducirse las divergencias en la regulación y el solapamiento de requisitos, y aligerarse unos procedimientos excesivamente gravosos. Las consultas de la Comisión han puesto de manifiesto que estos son algunos de los obstáculos para el desarrollo de los mercados transfronterizos de pensiones de jubilación; suavizar estos obstáculos ayudaría a las empresas, incluidas las PYME y las multinacionales, a organizar de manera más eficiente su actividad de previsión para la jubilación a escala europea[3]. Hoy en día, los fondos de pensiones de empleo transfronterizos, por ejemplo el fondo de pensiones paneuropeo para los investigadores móviles[4] o el plan de pensiones transfronterizo previsto para los empleadores austriacos[5], son limitados. Sin embargo, es probable que la creciente presión sobre el sector de las pensiones ocupacionales aumente considerablemente, teniendo en cuenta que los sistemas públicos de pensiones son cada vez más limitados; los fondos de pensiones de empleo transfronterizos tienen potencial para representar un porcentaje cada vez mayor de la prestación de pensiones de jubilación. De hecho, varios Estados miembros han introducido nueva legislación para posicionarse como lugares privilegiados para los fondos de pensiones de empleo transfronterizos[6]. En tercer lugar, hay datos que apuntan a importantes carencias en el nivel de la información facilitada a los partícipes y beneficiarios en la UE. Muchos partícipes de planes de pensiones no son conscientes de que sus derechos de pensión no están garantizados o de que, aunque devengados, podrían ser recortados por los fondos de pensiones de empleo, al contrario de lo que ocurre con otros contratos financieros[7]. Además, con frecuencia tampoco saben que los gastos tienen un impacto significativo en los derechos de pensión. La presente propuesta se basa en una serie de iniciativas que se han puesto en marcha en los últimos años, como el Libro Blanco sobre las pensiones[8] y el Libro Verde sobre la financiación a largo plazo de la economía europea[9]. En consonancia con este último documento, la revisión de la Directiva también pretende reforzar la capacidad de los fondos de pensiones de empleo para invertir en activos con un perfil económico a largo plazo y apoyar la financiación de un crecimiento sostenible de la economía real. El sector de los fondos de pensiones de empleo se está desarrollando en muchos Estados miembros en los que las pensiones profesionales desempeñaban hasta ahora un papel limitado, inclusive mediante el establecimiento de marcos reguladores. Si no se ofrece un marco regulador actualizado a escala de la UE, se corre el riesgo de que los Estados miembros sigan desarrollando soluciones divergentes, incrementando así la fragmentación de la normativa. Por otro lado, las mejoras en el rendimiento de las pensiones profesionales tardan mucho tiempo en materializarse. No actuar ahora supondría una pérdida de oportunidades en términos de ahorro de costes y rentabilidad de las inversiones, y una inadecuada planificación financiera por parte de millones de europeos. Aumentaría desproporcionadamente la carga para las jóvenes generaciones y se socavaría la solidaridad intergeneracional. La presente propuesta no contempla la introducción de nuevas normas de solvencia, que, en cualquier caso, no resultan pertinentes para los sistemas de aportación definida. Además, un estudio de impacto cuantitativo[10] realizado por la Autoridad de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) en 2013 indicó que se precisaban datos más completos sobre los aspectos relacionados con la solvencia antes de poder adoptar una decisión a este respecto. 1.1. Objetivos de la propuesta El objetivo general de la presente propuesta es propiciar el desarrollo de planes ocupacionales de ahorro para jubilación. Unas pensiones de empleo más seguras y eficientes contribuirán a la adecuación y la sostenibilidad de las pensiones, reforzando la aportación de los planes de pensiones complementarios a los ingresos por jubilación. Asimismo, fortalecerá el papel de los fondos de pensiones de empleo como inversores institucionales en la economía real de la UE y mejorará la capacidad de la economía europea de canalizar el ahorro a largo plazo hacia inversiones impulsoras del crecimiento. La presente propuesta persigue cuatro objetivos específicos: 1) eliminar los obstáculos prudenciales que persisten para los fondos de pensiones de empleo transfronterizos, en particular exigiendo que las normas relativas a la inversión y la comunicación de información a los partícipes y beneficiarios sean las del Estado miembro de origen, aclarando los procedimientos para las actividades transfronterizas y definiendo claramente el ámbito de actuación del Estado miembro de origen y del Estado miembro de acogida; 2) garantizar la buena gobernanza y la gestión de riesgos; 3) facilitar información clara y pertinente a los partícipes y beneficiarios; y 4) velar por que las autoridades de supervisión dispongan de los instrumentos necesarios para supervisar eficazmente los fondos de pensiones de empleo. 1.2. Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión Los objetivos de la presente propuesta son coherentes con las políticas y los objetivos de la Unión. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prevé actuaciones dirigidas a garantizar la creación y el funcionamiento del mercado interior, con un elevado nivel de protección de los consumidores, así como la libre prestación de servicios. La presente propuesta está en consonancia con el Libro Blanco sobre las pensiones. Al mismo tiempo, es coherente con la Estrategia Europa 2020, en la que se pide que el saneamiento presupuestario y la viabilidad financiera a largo plazo vayan acompañados de reformas estructurales de los sistemas de pensiones en los Estados miembros[11]. Por último, la presente propuesta es coherente con otras iniciativas en el sector de los servicios financieros, como las Directivas Solvencia II[12], GFIA[13] y MiFID II[14]. Como tal, se inscribe perfectamente en el ámbito de la agenda de la Comisión en pos de un sector financiero más fuerte que propicie el crecimiento[15]. Al proteger las pensiones, la propuesta promueve los derechos humanos. Se ajusta a lo establecido en el artículo 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que aboga por el reconocimiento y el respeto de los derechos de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente. Las acciones propuestas tendrían un impacto positivo en la protección de los consumidores, con arreglo al artículo 38, y la libertad de empresa, con arreglo al artículo 16, en particular garantizando un mayor nivel de transparencia de los regímenes de pensiones y una planificación personal financiera y de la jubilación con conocimiento de causa, y facilitando la actividad transfronteriza de los fondos de pensiones de empleo y sus empresas promotoras. El objetivo general de la propuesta, a saber: garantizar la integridad y la estabilidad del mercado, justifica la imposición de ciertas limitaciones a la libertad de empresa (artículo 16). 2. Resultados de las consultas de las partes interesadas y de la evaluación de impacto La presente propuesta se basa en múltiples consultas públicas en relación con los requisitos sobre los aspectos cuantitativos, la gobernanza y la información que debe comunicarse. Dada la naturaleza específica de las actividades de los fondos de pensiones de empleo, en las consultas participaron sistemáticamente los interlocutores sociales (patronal y sindicatos). En julio de 2010, la Comisión celebró una consulta sobre su Libro Verde sobre las pensiones, en el que presentaba algunas de sus ideas respecto a la presente revisión[16]. Se recibieron casi 1 700 respuestas de toda la UE, de las cuales 350 procedentes de los Estados miembros, los parlamentos nacionales, organizaciones patronales y sindicales, la sociedad civil y los representantes del sector[17]. Teniendo en cuenta las respuestas al Libro Verde sobre las pensiones, en abril de 2011 los servicios de la Comisión pidieron asesoramiento técnico a la AESPJ sobre la forma de modificar la Directiva. La AESPJ recomendó que, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, el marco de gobernanza establecido en la Directiva Solvencia II debía aplicarse a los fondos de pensiones de empleo. Tras la publicación del proyecto de dictamen[18], se celebraron amplias consultas[19]. La AESPJ emitió su dictamen definitivo en febrero de 2012 y, basándose en el mismo, la Dirección General de Mercado Interior y Servicios organizó un intercambio de puntos de vista entre las partes interesadas en una audiencia pública que tuvo lugar el 1 de marzo de 2012. Posteriormente, los servicios de la Comisión realizaron un estudio de impacto cuantitativo sobre los requisitos cuantitativos, así como un estudio sobre las cargas administrativas en relación con la gobernanza y la comunicación de información. Ambos estudios se inspiraron en las contribuciones de las empresas del sector y los interlocutores sociales. La presente propuesta va acompañada de un informe de la evaluación de impacto que analiza una serie de opciones y subopciones de actuación. Este informe se presentó por primera vez al Comité de Evaluación de Impacto el 4 de septiembre de 2013. El Comité solicitó la presentación de información complementaria sobre los puntos de vista de los diferentes grupos interesados, la definición del problema, aspectos relacionados con la subsidiariedad y la proporcionalidad, las opciones y las repercusiones previstas. El informe fue revisado en consecuencia y los principales cambios consistieron en lo siguiente: i) una descripción más amplia de los puntos de vista de los Estados miembros y de las diferentes categorías de partes interesadas; ii) una explicación más detallada de los problemas abordados por la acción propuesta; iii) en lo que respecta a la subsidiariedad, una descripción más pormenorizada de la justificación de la actuación de la UE; iv) una clarificación de que no se propone una mayor armonización de la información a efectos de supervisión; v) una nueva sección sobre el impacto de la iniciativa en las pequeñas y medianas empresas; y vi) una descripción más detallada de las hipótesis utilizadas para el cálculo de los beneficios y los costes esperados de las diferentes opciones. La evaluación de impacto volvió a presentarse el 16 de octubre de 2013. El 6 de noviembre, el Comité declaró que no podía emitir un dictamen favorable y solicitó nuevas modificaciones. 3. Aspectos jurídicos de la propuesta 3.1. Base jurídica La presente propuesta es una refundición de la Directiva 2003/41/CE. Procede simultáneamente a codificar sus disposiciones no modificadas y a modificarla. Las bases jurídicas de la Directiva 2003/41/CE son el artículo 47, apartado 2, y los artículos 55 y 95 del Tratado CE (en la actualidad, artículos 53 y 62 y artículo 114, apartado 1, del TFUE). La propuesta mantiene las bases jurídicas de la Directiva. Su objetivo es el establecimiento del mercado interior por medio de la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento al regular el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio y al establecer un elevado nivel de protección de los consumidores. La Directiva 2003/41/CE regula ámbitos tales como las condiciones de funcionamiento de los fondos de pensiones de empleo, incluido un enfoque común para su registro o autorización, las normas y procedimientos que deben seguirse cuando estos fondos deseen ofrecer sus servicios en otros Estados miembros, las normas cuantitativas de solvencia, las normas de inversión, basadas en el principio de prudencia, los requisitos relativos a las personas que asumen la dirección efectiva, incluidos los requisitos en materia de competencia y honorabilidad, la utilización de la auditoría interna y los servicios actuariales, los requisitos en materia de gestión de riesgos, la utilización de depositarios, la información que debe facilitarse a los partícipes y beneficiarios, las competencias de supervisión y las obligaciones de información. La presente propuesta complementa los citados elementos. En lo que respecta a la información que debe comunicar el fondo de pensiones de empleo, introduce, por ejemplo, una declaración de las prestaciones de pensión a escala de la UE. En cuanto a la dirección efectiva de los fondos de pensiones de empleo, establece normas más precisas sobre competencia y honorabilidad y sobre las funciones clave, en particular la gestión de riesgos. La propuesta pretende también facilitar la actividad transfronteriza. Se mantienen los dos objetivos de la Directiva 2003/41/CE. Ninguno de ellos es secundario o indirecto con respecto al otro. Por ejemplo, la profesionalización de la gestión de los fondos de pensiones de empleo, mediante la definición de las tareas y responsabilidades del personal clave de la dirección y la introducción de una autoevaluación prospectiva del riesgo, refuerza la protección de los consumidores. Y, a la inversa, al estar mejor informados gracias a la declaración de las prestaciones de pensión, los partícipes y beneficiarios están más capacitados para pedir cuentas a quienes dirigen los fondos. Un nivel más elevado de armonización de esos requisitos facilita la actividad transfronteriza al reducir los costes de transacción y estimular la innovación del mercado. 3.2. Subsidiariedad y proporcionalidad En este ámbito, una actuación a nivel de la UE aporta un valor añadido, ya que los Estados miembros por sí solos no podrían: i) eliminar los obstáculos para las actividades transfronterizas de los fondos de pensiones de empleo; ii) garantizar un nivel mínimo más elevado de protección de los consumidores en toda la UE; iii) conseguir las economías de escala, la diversificación de riesgos y la innovación inherentes a la actividad transfronteriza; iv) evitar el arbitraje regulador entre los sectores de los servicios financieros; v) evitar el arbitraje regulador entre los Estados miembros; y vi) tener en cuenta los intereses de los trabajadores transfronterizos. En el marco de la acción propuesta, los Estados miembros conservan la plena responsabilidad de la organización de sus sistemas de pensiones. La revisión no cuestiona esta prerrogativa. Tampoco aborda cuestiones relativas a la legislación nacional en materia social y laboral, fiscal o de contratos. La propuesta se atiene al principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea (TUE). Las opciones de actuación seleccionadas tratan de encontrar un equilibrio entre el interés público, la protección de los partícipes y beneficiarios, y los costes soportados por los fondos, las empresas promotoras y las autoridades de supervisión. Las opciones se han estudiado cuidadosamente, se han concebido como normas mínimas y se han adaptado para tener en cuenta los distintos modelos de negocio. Esta es la razón por la que, en general, la propuesta fomentará la previsión ocupacional para la jubilación. 3.3. Referencias a otras directivas La presente propuesta constituye una refundición y se refiere a las Directivas 2003/41/CE, 2009/138/CE, 2010/78/UE[20], 2011/61/UE y 2013/14/UE[21]. La Directiva 2003/41/CE quedará derogada por la presente Directiva. 3.4. Explicación detallada de la propuesta Dado que se trata de una refundición de la Directiva 2003/41/CE, la explicación detallada se centra exclusivamente en las nuevas disposiciones o en las disposiciones que se pretende modificar. Título I – DISPOSICIONES GENERALES El artículo 6 incluye ahora nuevas definiciones y/o definiciones más claras de «empresa promotora», «Estado miembro de origen», «Estado miembro de acogida», «institución transferente» e «institución receptora», «mercado regulado», «sistema de negociación multilateral», «sistema organizado de negociación», «soporte duradero» y «funciones clave». El artículo 9, leído en relación con el artículo 10, ya no enumera las condiciones de funcionamiento por separado, sino que atribuye a los Estados miembros la responsabilidad de velar por que cada fondo de pensiones de empleo sea registrado o autorizado y que disponga de normas adecuadas en relación con el plan de pensiones. Se modifica el artículo 12 de las tres formas siguientes. En primer lugar, se especifica que un fondo de pensiones de empleo lleva a cabo una actividad transfronteriza cuando instrumenta un plan de pensiones que está sujeto a la legislación social y laboral de otro Estado miembro, incluso en situaciones en las que el fondo y la empresa promotora estén situados en el mismo Estado miembro[22]. En segundo lugar, en virtud del apartado 4, una autoridad competente del Estado miembro de origen que prohíba la actividad transfronteriza debe motivar su decisión. Por otra parte, cuando la autoridad competente del Estado miembro de origen se niegue a comunicar a la autoridad competente del Estado miembro de acogida la información correspondiente, deberá indicar sus razones. En tercer lugar, el Estado miembro de acogida ya no puede imponer requisitos de información adicionales a los fondos de pensiones de empleo que lleven a cabo actividades transfronterizas, ya que la propuesta introduce un modelo de declaración de las prestaciones de pensión (véanse los artículos 40 a 54). El artículo 13 establece nuevas normas para la transferencia transfronteriza de planes de pensiones, que necesitará la autorización previa de una autoridad competente del Estado miembro de origen de la institución receptora. Salvo disposición en contrario de la legislación social o laboral nacional aplicable a la organización de los sistemas de pensiones, la transferencia y sus condiciones estarán sujetas a la aprobación previa de los partícipes y beneficiarios afectados, o, si procede, de sus representantes. El artículo 13 también incluye normas sobre el intercambio de información relativa a la legislación social y laboral con arreglo a la cual se instrumentará el plan de pensiones. En caso de que, tras la transferencia, la institución receptora lleve a cabo una actividad transfronteriza, será de aplicación el artículo 12, apartados 8 y 9. La institución instrumentará el plan de pensiones de conformidad con la legislación social y laboral del Estado miembro de acogida[23], no modificándose de ese modo el nivel de protección de los partícipes y beneficiarios afectados por la transferencia. Título II – REQUISITOS CUANTITATIVOS El artículo 20, relativo a las normas de inversión, es objeto de tres modificaciones. En primer lugar, el Estado miembro de acogida ya no puede imponer requisitos de inversión adicionales a los fondos de pensiones de empleo que lleven a cabo actividades transfronterizas. De esta forma, se facilita la organización de la gestión de la inversión, especialmente en el caso de los regímenes de aportación definida. Esta medida no socava la protección de los partícipes y beneficiarios, ya que va acompañada de normas de supervisión y gobernanza reforzadas. En segundo lugar, el artículo 20, apartado 6, letra a), se ha actualizado para reflejar la terminología utilizada en el Reglamento (UE) nº.../... [MiFIR]. En tercer lugar, se sustituye el término ambiguo «mercados de capital riesgo» [artículo 20, apartado 6, letra c)] por terminología que refleja mejor el sentido original de esta disposición, a saber: que los Estados miembros no podrán restringir la libertad de los fondos de pensiones de empleo de invertir en instrumentos a largo plazo que no se negocien en mercados regulados. Además, las normas de inversión no deben limitar las inversiones en activos no cotizados que financien proyectos de infraestructura con bajas emisiones de carbono y adaptada al cambio climático. No se propone una mayor armonización de las normas relativas a la solvencia financiera de los fondos de pensiones de empleo. Título III – CONDICIONES APLICABLES A LAS ACTIVIDADES Para los fondos de pensiones de empleo de reducida dimensión, la propuesta mantiene la posibilidad de que los Estados miembros excluyan a aquellos que instrumenten planes que cuenten con menos de 100 partícipes en total. Para otros fondos de pensiones de empleo, se garantiza mediante medidas específicas, por ejemplo las relativas a las funciones clave y a la evaluación de riesgos, que los requisitos en materia de gobernanza sean proporcionados. CAPÍTULO 1 – Sistema de gobernanza A excepción de los artículos 31 y 32 (antiguos artículos 10 y 12), este título es nuevo en la Directiva y establece nuevos requisitos detallados en materia de gobernanza aplicables a los fondos de pensiones de empleo. El artículo 21 dispone que el órgano de administración, de dirección o de supervisión del fondo de pensiones de empleo es el responsable último del cumplimiento por parte del fondo de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas adoptadas de conformidad con la Directiva. Las normas relativas a la gobernanza de los fondos de pensiones de empleo se entienden sin perjuicio del papel de los interlocutores sociales en su gestión. El artículo 22 establece que los fondos de pensiones de empleo deben disponer de un sistema eficaz de gobernanza que garantice una gestión adecuada y prudente de sus actividades. Este sistema deberá ser proporcionado a la naturaleza, escala y complejidad de las actividades del fondo, a fin de garantizar que los requisitos de gobernanza no sean excesivamente gravosos, por ejemplo, para los pequeños fondos de pensiones de empleo. El artículo 23 dispone que los fondos de pensiones de empleo deben velar por que todas las personas que los dirijan de manera efectiva o que desempeñen otras funciones clave posean las cualificaciones, conocimientos y experiencia profesionales adecuados que permitan una gestión adecuada y prudente del fondo o ejercer correctamente sus funciones clave (competencia) y que sean personas íntegras y de buena reputación (honorabilidad). El artículo 24 establece que los fondos de pensiones de empleo han de tener una política de remuneración adecuada y que esta política se hará pública. El artículo también propone otorgar a la Comisión los poderes para adoptar un acto delegado. El artículo 25 expone los principios generales en relación con las funciones clave. Los fondos de pensiones de empleo podrán permitir que una sola persona o unidad orgánica desempeñe varias funciones clave, pero deben asignar en todo momento la función de gestión de riesgos a una persona o unidad orgánica distinta de la que desempeñe la función de auditoría interna. El artículo 26 dispone que los fondos de pensiones de empleo deben contar con un sistema eficaz de gestión de riesgos, necesario para detectar, controlar, gestionar y comunicar, de forma permanente, todos los riesgos, incluidos los relacionados con las actividades externalizadas o reexternalizadas subsiguientemente, a los que estén o puedan estar expuestos, así como sus interdependencias. La gestión de riesgos debe guardar proporción con el tamaño, la organización interna y la naturaleza, el alcance y la complejidad de las actividades del fondo. El artículo 27 prevé una función de auditoría interna eficaz que evalúe la adecuación y eficacia del sistema de control interno y de otros elementos de su sistema de gobernanza, incluidas las actividades externalizadas o reexternalizadas subsiguientemente. La función de auditoría interna ha de ser asumida por, al menos, una persona independiente, dentro o fuera del fondo de pensiones. El artículo 28 exige una función actuarial eficaz para coordinar y supervisar el cálculo de las provisiones técnicas, y para evaluar la idoneidad de los métodos y modelos subyacentes, en los casos en que los partícipes y beneficiarios no asuman todos los riesgos. El artículo 29 establece que los fondos de pensiones de empleo deben presentar una evaluación de los riesgos para las pensiones periódicamente, y sin demora después de cualquier cambio significativo del perfil de riesgo del fondo. La evaluación debe demostrar la compatibilidad de una serie de elementos, de acuerdo con los requisitos nacionales, e incluir los riesgos nuevos o emergentes, como los relacionados con el cambio climático, la utilización de los recursos y el medio ambiente. La evaluación de riesgos para las pensiones debe guardar proporción con el tamaño, la organización interna y la naturaleza, el alcance y la complejidad de las actividades del fondo. El artículo 30 propone que se otorguen a la Comisión los poderes para adoptar un acto delegado en lo que respecta a la evaluación de los riesgos para las pensiones. CAPÍTULO 2 – Externalización y gestión de las inversiones El artículo 33 expone las normas aplicables a la subcontratación con terceros (externalización), incluidas las actividades reexternalizadas. CAPÍTULO 3 – Depositario Los artículos 35 a 37 establecen que los fondos de pensiones de empleo deben designar a un depositario único para la custodia de los activos y con funciones de vigilancia en caso de que los partícipes y beneficiarios asuman íntegramente el riesgo de la inversión. Título IV – INFORMACIÓN QUE DEBE FACILITARSE A LOS PARTÍCIPES POTENCIALES, A LOS PARTÍCIPES Y A LOS BENEFICIARIOS CAPÍTULO 1 – Disposiciones generales Este capítulo detalla la información que debe facilitarse a los partícipes, a los partícipes potenciales y, después de su jubilación, a los beneficiarios, y se basa en el antiguo artículo 11. El artículo 38 establece los principios generales de la comunicación de información. El artículo 39 precisa el tipo de información que los partícipes (y los beneficiarios) deben recibir, como la relativa a los derechos y obligaciones de las partes, los riesgos y las opciones de inversión y si se trata o no de opciones por defecto. Las condiciones del plan de pensiones de que se trate deberán ser publicadas en un sitio web por el fondo correspondiente. El artículo 40 obliga a los fondos de pensiones de empleo a presentar, cada doce meses, una declaración de las prestaciones de pensión, destinada al interesado, que ha de ser lo más clara posible, y que también puede servir de base para alimentar un posible servicio de rastreo de pensiones, tal como se describe en el Libro Blanco sobre las pensiones[24]. Cuando los Estados miembros ya prevean una información exhaustiva a los particulares que afecte a uno o varios de los pilares de pensiones, conservarán la flexibilidad necesaria para diseñar sus sistemas de información sobre las pensiones, siempre que se ajusten a los requisitos de la presente propuesta. CAPÍTULO 2 – Declaración de las prestaciones de pensión Los artículos 40 a 44 establecen disposiciones generales en relación con la declaración de las prestaciones de pensión destinada a los partícipes activos del plan de pensiones. La idea de la declaración de las prestaciones de pensión se basa en el asesoramiento de la AESPJ a la Comisión Europea sobre la revisión de la Directiva relativa a los fondos de pensiones de empleo y se inspira en las mejores prácticas nacionales de varios Estados miembros y en la labor internacional desarrollada por la OCDE[25]. La declaración de las prestaciones de pensión garantiza la comparabilidad con la información exigida por la legislación en otros sectores financieros, como el documento de datos fundamentales de los fondos de inversión abiertos (OICVM), teniendo en cuenta al mismo tiempo las características propias del sector de las pensiones de empleo. Por otra parte, la declaración deja margen suficiente a los Estados miembros para introducir requisitos más específicos y sistemas integrados que permitan la comparabilidad entre los diferentes pilares del régimen de pensiones. La normalización de la declaración de las prestaciones de pensión debe permitir la automatización de su elaboración periódica y su potencial externalización, limitando de esta forma los costes, en particular en el caso de los fondos de reducida dimensión. Los artículos 46 a 53, que deben leerse en relación con el artículo 45, detallan los componentes de esta declaración, que son los siguientes: · datos personales del partícipe; · identificación del fondo de pensiones de empleo; · garantías; · saldo, aportaciones y costes; · previsiones de pensión; · perfil de inversión; · rendimientos históricos; e · información adicional. El artículo 54 prevé que se otorguen a la Comisión los poderes para adoptar un acto delegado en lo que respecta a la declaración de las prestaciones de pensión. CAPÍTULO 3 – Otras informaciones y documentos que deben facilitarse Este capítulo se refiere a las informaciones que deben facilitar los fondos de pensiones de empleo a sus partícipes y beneficiarios en diferentes momentos: inmediatamente antes de afiliarse, inmediatamente antes de la jubilación o durante la fase de percepción de la pensión. El artículo 55 fija normas específicas en relación con la información que deben facilitar los fondos de pensiones de empleo a partícipes potenciales antes de su afiliación a su plan de pensiones. El artículo 56 precisa la información que debe comunicarse a los partícipes antes de su jubilación. Esta información debe facilitarse además de la declaración de las prestaciones de pensión, como mínimo dos años antes de la jubilación, con independencia de que esté o no definida de antemano. El artículo 57 detalla la información que se ha de proporcionar a los beneficiarios durante la fase de percepción de la pensión. Esta información debe sustituir a la declaración de las prestaciones de pensión. El artículo 58 establece la información adicional que debe facilitarse a los partícipes y beneficiarios previa solicitud. Título V – SUPERVISIÓN PRUDENCIAL CAPÍTULO 1 – Normas generales relativas a la supervisión prudencial El artículo 59 señala la protección de los partícipes y beneficiarios del plan como el principal objetivo de la supervisión prudencial. El artículo 60 define los ámbitos que deben considerarse incluidos en la supervisión prudencial en el contexto de la presente Directiva. Este artículo elimina la inseguridad jurídica para los fondos de pensiones de empleo que generaban las diferencias existentes en el ámbito de aplicación de la normativa prudencial de los Estados miembros. El artículo 61 expone los principios generales de la supervisión prudencial. Dispone, por ejemplo, que la autoridad competente del Estado miembro de origen tiene la responsabilidad exclusiva de la supervisión prudencial de todos los fondos de pensiones de empleo autorizados o registrados en su territorio. El artículo establece además el principio de que la supervisión de los fondos de pensiones de empleo debe ser prospectiva y basada en el riesgo, además de oportuna y proporcionada. El artículo 63 introduce el proceso de revisión supervisora, cuyo objetivo es identificar los fondos de pensiones de empleo con características financieras, organizativas o de otro tipo susceptibles de generar un perfil de mayor riesgo. El artículo 64 garantiza que todos los nuevos requisitos introducidos por la presente propuesta se reflejen en la competencia atribuida a las autoridades competentes en relación con el suministro de información. El artículo 65 establece que las autoridades competentes deben desempeñar sus funciones de forma transparente y responsable. CAPÍTULO 2 – Secreto profesional e intercambio de información Los artículos 66 a 71 establecen disposiciones y condiciones con respecto a los intercambios de información entre las autoridades competentes y las autoridades y organismos que contribuyen a reforzar la estabilidad del sistema financiero. TÍTULO VI – DISPOSICIONES FINALES Los artículos 73 a 81 establecen las obligaciones de cooperación e información y las condiciones aplicables al tratamiento de los datos personales. Se refieren a la evaluación y la revisión de la Directiva, la modificación de la Directiva 2009/138/CE (Solvencia II), el plazo de transposición de la Directiva, las derogaciones y los destinatarios. 4. Repercusiones presupuestarias Las repercusiones presupuestarias específicas se evalúan en la ficha financiera legislativa y se refieren a las tareas asignadas a la AESPJ. ê 2003/41/CE 2014/0091 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo (refundición) (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europeade Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, el apartado 2 de su artículo 5347, elsu artículo 6255 y el apartado 1 del su artículo 11495, apartado 1, Vista la propuesta de la Comisión Europea, ò nuevo Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, ê 2003/41/CE Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, ò nuevo Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos, ê 2003/41/CE De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario establecido en el artículo 251 del Tratado, Considerando lo siguiente: ò nuevo (1) La Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[26] ha sido modificada en diversas ocasiones y de forma sustancial[27]. Debiéndose llevar a cabo nuevas modificaciones, conviene, en aras de una mayor claridad, proceder a su refundición. ê 2003/41/CE Considerando 1 Un verdadero mercado interior de los servicios financieros es vital para el crecimiento económico y la creación de empleo en la Comunidad. ê 2003/41/CE Considerando 2 (adaptado) ð nuevo (2) Se han obtenido ya logros importantes hacia el establecimiento de Eleste mercado interior, permitiendo ð debe permitir a los fondos de pensiones ï a las entidades financieras operar en otros Estados miembros y garantizargarantizando un elevado nivel de protección a ð los partícipes de regímenes profesionales de jubilación ï los consumidores de servicios financieros. ê 2003/41/CE Considerando 3 (adaptado) La Comunicación de la Comisión «Desarrollo del marco para los mercados financieros: plan de acción» define una serie de acciones que son necesarias para realizar el mercado interior de servicios financieros, y el Consejo Europeo, en su reunión celebrada en Lisboa los días 23 y 24 de marzo de 2000, aprobó la necesidad de consecución del mismo antes de finales de 2005. ê 2003/41/CE Considerando 4 (adaptado) El plan de acción en materia de servicios financieros señala como prioridad urgente la necesidad de elaborar una Directiva acerca de la supervisión prudencial de los fondos de pensiones de empleo ya que dichas instituciones son entidades financieras importantes, que desempeñan un papel clave en la integración, eficiencia y liquidez de los mercados financieros, pero que no están sujetas a un marco legal comunitario coherente que les permita beneficiarse plenamente de las ventajas del mercado interior. ò nuevo (3) La Directiva 2003/41/CE representó el primer paso legislativo en el camino hacia un mercado interior de la previsión ocupacional para la jubilación organizada a escala europea. Un auténtico mercado interior de la previsión ocupacional para la jubilación sigue siendo crucial para el crecimiento económico y la creación de empleo en la Unión Europea y para hacer frente al reto del envejecimiento de la sociedad europea. La Directiva, que data de 2003, no ha sido objeto de modificaciones sustanciales para introducir un sistema de gobernanza moderno basado en el riesgo, también para los fondos de pensiones de empleo. ê 2003/41/CE Considerando 5 (adaptado) ð nuevo (4) ð Es preciso actuar para desarrollar en mayor medida los planes de ahorro privados complementarios de jubilación, como las pensiones ocupacionales, sobre todo teniendo en cuenta que los regímenes de seguridad social están sometidos a una presión cada vez mayor, lo que significa que los ciudadanos recurrirán cada vez más a planes de pensiones de empleo como complemento en el futuro. ï Habida cuenta de que los regímenes de seguridad social están sometidos a una presión cada vez mayor, las pensiones ocupacionales se considerarán, en el futuro, cada vez en mayor medida como un complemento. Es necesario, por tanto, desarrollar estas pensiones sin que ello signifique poner en duda la importancia del régimen de pensiones de la seguridad social en términos de protección social segura, duradera y efectiva, que debe garantizar un nivel de vida decente en la vejez, por lo que debe constituir el núcleo del objetivo de reforzar el modelo social europeo. ò nuevo (5) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, concretamente el derecho a la protección de los datos personales, el derecho de empresa y el derecho a un nivel elevado de protección de los consumidores, al garantizar un mayor nivel de transparencia de las pensiones y una planificación personal financiera y de la jubilación con conocimiento de causa, y al facilitar la actividad transfronteriza de los fondos de pensiones de empleo y las empresas. La presente Directiva debe aplicarse de conformidad con esos derechos y principios. (6) A pesar de la entrada en vigor de la Directiva 2003/41/CE, persisten obstáculos prudenciales importantes que hacen que resulte más oneroso para las instituciones instrumentar planes de pensiones a nivel transfronterizo. Por otra parte, debe aumentarse el nivel mínimo actual de protección de los partícipes y beneficiarios. Este aspecto resulta sumamente importante, ya que se ha incrementado considerablemente el número de europeos que recurren a regímenes que hacen recaer en los particulares los riesgos de longevidad y de mercado de la institución o la empresa que ofrece el sistema de previsión para la jubilación («empresa promotora»). Además, debe aumentarse el nivel mínimo actual de información facilitada a los partícipes y beneficiarios. Por todo ello, es necesario modificar la Directiva. ê 2003/41/CE Considerando 7 (adaptado) (7) Las normas prudenciales fijadas en la presente Directiva pretenden, en igual medida, garantizar un elevado grado de seguridad para los futuros pensionistas mediante la imposición de normas de supervisión estrictas y hacer posible una gestión eficaz de los sistemas complementarios de pensiones de empleo. ê 2003/41/CE Considerando 8 (8) Las instituciones que están completamente separadas de las empresas promotoras y que operan de acuerdo con el sistema de capitalización con el único objetivo de proporcionar prestaciones de jubilación deben gozar de la libertad de prestación de servicios y de la libertad de inversión, sujetas únicamente a unas normas prudenciales coordinadas, con independencia de que tengan o no personalidad jurídica. ê 2003/41/CE Considerando 9 (9) De conformidad con el principio de subsidiariedad, los Estados miembros deben conservar la plena responsabilidad de la organización de sus sistemas de pensiones, así como del papel reservado a cada uno de los «tres pilares» del sistema de pensiones en cada Estado miembro. En el contexto del segundo pilar, también deben ser plenamente responsables del papel y las funciones de las diversas instituciones que llevan a cabo actividades de prestaciones ocupacionales de jubilación, tales como los fondos de pensiones de empleo, sectoriales o promovidos por las empresas y las empresas de seguros de vida. La presente Directiva no tiene por objetivo cuestionar tales prerrogativas. ê 2003/41/CE Considerando 10 (10) Las normas nacionales relativas a la participación de los trabajadores por cuenta propia en los fondos de pensiones de empleo difieren. En algunos Estados miembros, los fondos de pensiones de empleo bien pueden bien operar mediante acuerdos con sectores o asociaciones profesionales cuyos miembros desarrollan una actividad por cuenta propia, o bien nutrirse directamente tanto de trabajadores por cuenta ajena como por cuenta propia. En algunos Estados miembros, un trabajador por cuenta propia que actúa como empresario o presta sus servicios profesionales a una empresa puede adherirse a una institución. En algunos Estados miembros, los trabajadores por cuenta propia no pueden afiliarse a un fondo de pensiones de empleo a no ser que cumplan determinadas disposiciones, incluidas las que impone la legislación social y laboral. ê 2003/41/CE Considerando 11 (11) Deben excluirse del ámbito de aplicación de la presente Directiva las instituciones que gestionen sistemas de seguridad social, que estén ya coordinados en el ámbito comunitario de la Unión. No obstante, es necesario tener en cuenta la especificidad de las instituciones que, en un único Estado miembro, gestionen a la vez sistemas de seguridad social y planes ocupacionales de jubilación. ê 2003/41/CE Considerando 12 (12) Las entidades financieras que ya se beneficien de un marco legal comunitariode la Unión están, en general, excluidas del ámbito de aplicación de la presente Directiva. No obstante, en la medida en que estas entidades desarrollan, en algunos casos, actividades de pensiones ocupacionales, es importante asegurarse de que la presente Directiva no provoque distorsiones de competencia. Estas distorsiones podrían evitarse aplicando a las actividades de pensiones ocupacionales que lleven a cabo las empresas de seguros de vida los requisitos prudenciales de la presente Directiva. Asimismo, la Comisión debe examinar de cerca la situación en el mercado de las pensiones ocupacionales y estudiar la posibilidad de ampliar la aplicación opcional de la presente Directiva a otras entidades financieras reguladas. ê 2003/41/CE Considerando 13 (13) Cuando tengan por objetivo garantizar la seguridad financiera en la jubilación, las prestaciones de los fondos de pensiones de empleo deben prever, por regla general, el pago de una pensión vitalicia. También debe ser posible efectuar pagos de carácter temporal o el pago de una cantidad global. ê 2003/41/CE Considerando 14 (14) Es importante garantizar que las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad no queden expuestas a la pobreza y puedan disfrutar de un nivel de vida decente. Una cobertura adecuada de los riesgos biométricos en el marco de las pensiones ocupacionales es un aspecto importante de la lucha contra la pobreza y la inseguridad entre las personas mayores. Cuando se cree un régimen de pensiones, los empleadores y los trabajadores, o sus respectivos representantes, deben estudiar la posibilidad de que el régimen de pensiones incluya disposiciones para la cobertura del riesgo de vejez y de invalidez profesional, así como prestaciones para los supérstites dependientes. ê 2003/41/CE Considerando 15 (15) Dar a los Estados miembros la posibilidad de excluir del ámbito de las disposiciones nacionales de aplicación a las instituciones que instrumenten planes que cuenten con menos de 100 partícipes en total puede facilitar la supervisión en algunos de los Estados miembros sin poner en riesgo el funcionamiento correcto del mercado interior en este ámbito. Ello no debe, empero, menoscabar el derecho de dichas instituciones a nombrar, para la gestión de su cartera y la custodia de sus activos, a gestores y depositarios de inversiones establecidos en otro Estado miembro y debidamente autorizados. ê 2003/41/CE Considerando 16 (16) Deben excluirse del ámbito de aplicación de la presente Directiva instituciones tales como las «Unterstützungskassen» en Alemania, en las que los partícipes no tienen legalmente derecho a prestaciones de un determinado importe y en las que sus intereses se hallan protegidos por un seguro obligatorio para casos de insolvencia. ê 2003/41/CE Considerando 17 (17) A fin de proteger a los partícipes y beneficiarios los fondos de pensiones de empleo deben limitar sus actividades a las contempladas en la presente Directiva y a las derivadas de aquellas. ê 2003/41/CE Considerando 18 (18) En caso de quiebra de una empresa promotora, el partícipe puede perder su empleo y sus derechos de pensión adquiridos. Ello hace necesario garantizar que exista una separación clara entre dicha empresa y la institución y que se establezcan normas prudenciales mínimas para proteger a los partícipes. ê 2003/41/CE Considerando 19 (19) Tanto el funcionamiento como los métodos de supervisión de los fondos de pensiones de empleo difieren considerablemente entre los Estados miembros. En algunos Estados miembros, la supervisión puede ejercerse no solo sobre el propio fondo, sino también sobre las entidades o empresas autorizadas para gestionar tales fondos. Los Estados miembros deben poder tener en cuenta esta especificidad en la medida en que se cumplan efectivamente todos los requisitos establecidos en la presente Directiva. Los Estados miembros también deben poder permitir que las entidades de seguros y otras entidades financieras gestionen fondos de pensiones de empleo. ê 2003/41/CE Considerando 20 (20) Los fondos de pensiones de empleo son proveedores de servicios financieros que asumen una responsabilidad considerable en relación con el pago de las prestaciones de las pensiones ocupacionales y, por consiguiente, deben cumplir determinados requisitos prudenciales mínimos con respecto a sus actividades y condiciones de funcionamiento. ê 2003/41/CE Considerando 21 (21) El número de instituciones existentes, enorme en determinados Estados miembros, indica que es necesaria una solución pragmática respecto de la autorización previa de las instituciones No obstante, si una institución desea gestionar un plan de otro Estado miembro, debe contar con la autorización previa de la autoridad competente del Estado miembro de origen. ê 2003/41/CE Considerando 36 (adaptado) ð nuevo (22) Sin perjuicio de la legislación laboral y social nacional relativa a la organización de los sistemas de pensiones, incluidos la afiliación obligatoria y los resultados de acuerdos de negociación colectiva, los fondos de pensiones de empleo deben tener la posibilidad de prestar sus servicios en otros Estados miembros ð una vez recibida la autorización de la autoridad competente de su Estado miembro de origen ï. Debe permitírseles que puedan actuar como fondos de pensiones de empleo que integren planes de pensiones cuyas empresas promotoras estén situadas en ð cualquier ï otros Estados miembros y que integren planes de pensiones con partícipes de más de un Estado miembro. Todo ello puede generar importantes economías de escala, mejorar la competitividad de la actividad de las pensiones ocupacionales en el ámbito comunitario industria de la Unión y fomentar la movilidad laboral. Para ello se debe llegar al reconocimiento mutuo de las normas prudenciales. A no ser que se indique lo contrario, el correcto cumplimiento de estas normas prudenciales debe ser supervisado por la autoridad competente del Estado miembro de origen. ê 2003/41/CE Considerando 37 ð nuevo (23) La facultad de un plan fondo de pensiones de empleo de un Estado miembro a de gestionar un plan de pensiones establecido en otro Estado miembro debe ejercerse respetando plenamente las disposiciones del Derecho social y laboral vigente en el Estado miembro de acogida en la medida en que afecte a las pensiones de jubilación, como, por ejemplo, en lo relativo a la determinación y el pago de las pensiones de jubilación y a las condiciones para movilizar los derechos consolidados. ð Conviene clarificar el ámbito de las normas prudenciales, a fin de garantizar la seguridad jurídica de las actividades transfronterizas de las instituciones. ï ò nuevo (24) Las instituciones deben poder transferir planes de pensiones a otras instituciones a través de las fronteras dentro de la Unión, con objeto de facilitar la organización de la previsión ocupacional para la jubilación a escala de la Unión, con sujeción únicamente a la autorización de la autoridad competente del Estado miembro de origen de la institución destinataria del plan de pensiones (la «institución receptora»). Salvo que la legislación social y laboral nacional relativa a los sistemas de pensiones disponga lo contrario, la transferencia y sus condiciones deben estar sujetas a la aprobación previa de los partícipes y beneficiarios afectados o, si procede, de sus representantes. ê 2003/41/CE Considerando 26 (25) Un cálculo prudente de las provisiones técnicas constituye una condición esencial para asegurar que pueden cumplirse los compromisos de pago de las prestaciones de jubilación. El cálculo de las provisiones técnicas debe efectuarse utilizando métodos actuariales reconocidos y debe ser certificado por personas cualificadas. Los tipos máximos de interés deben ser prudentes de conformidad con la normativa nacional pertinente. El volumen de las provisiones técnicas debe ser suficiente para satisfacer las prestaciones en curso de pago a los beneficiarios y para reflejar los compromisos por pensiones devengados a favor de los partícipes. ê 2003/41/CE Considerando 27 (26) Los riesgos cubiertos por las instituciones difieren significativamente entre los Estados miembros. Por consiguiente, los Estados miembros de origen deben tener la posibilidad de efectuar el cálculo de las provisiones técnicas con arreglo a normas adicionales y más detalladas que las establecidas en la presente Directiva. ê 2003/41/CE Considerando 28 (27) Las provisiones técnicas deben ser objeto de cobertura por activos suficientes y adecuados para proteger los intereses de los partícipes y beneficiarios del plan en caso de insolvencia de la empresa promotora. En particular, en el caso de actividades transfronterizas, el reconocimiento mutuo de los principios de supervisión aplicados en los Estados miembros exige que las provisiones técnicas estén íntegramente financiadas en todo momento. ê 2003/41/CE Considerando 29 (28) Si la institución no lleva a cabo actividades transfronterizas, los Estados miembros deben poder admitir un déficit de financiación siempre que se disponga de un plan adecuado para restablecer la financiación íntegra, y sin perjuicio de los requisitos establecidos por la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario[28]. ê 2003/41/CE Considerando 30 (29) En algunosmuchos casos, podría ser la empresa promotora y no el fondo de pensiones quien cubre los riesgos biométricos de este plan o garantiza ciertas prestaciones. No obstante, en otros casos esta garantía o cobertura corre a cargo del propio fondo limitándose el compromiso del promotor al pago de las aportaciones correspondientes. En estas circunstancias, son similares los productos ofertados tanto por las aseguradoras de vida como por los fondos de pensiones de empleo y, por lo tanto, unas y otros deben contar con las mismas exigencias de recursos propios adicionales. ê 2003/41/CE Considerando 31 (30) Los fondos de pensiones de empleo son inversores a muy largo plazo. En general, la materialización de los activos no puede efectuarse con una finalidad distinta de la de proporcionar prestaciones de jubilación. Además, con objeto de proteger adecuadamente los derechos de los partícipes y beneficiarios, los fondos de pensiones de empleo han de optar por una estructura patrimonial coherente con las características concretas y la duración de sus compromisos. Estas peculiaridades requieren de una supervisión eficaz y del establecimiento de normas de inversión, que doten a los fondos de pensiones de empleo de la suficiente flexibilidad para decidir la política de inversión más segura. Por lo tanto, el respeto de la «regla de la persona prudente» exige una política de inversión adaptada a la estructura del personal afiliado de cada fondo de pensiones de empleo. ê 2003/41/CE Considerando 6 (adaptado) (31) La presente Directiva es por tanto el primer paso en el camino hacia un mercado interior de la previsión ocupacional para la jubilación organizada a escala europea. Con el establecimiento de la «regla de la persona prudente» como principio sustentador en materia de inversiones de capital y el hecho de que las instituciones lleven a cabo actividades transfronterizas se potenciará el ahorro hacia el sector de la previsión ocupacional para la jubilación, contribuyéndose así al progreso económico y social. ê 2003/41/CE considerando 32 (32) Los métodos y prácticas de supervisión difieren según los Estados miembros. Por ello, los Estados miembros deben gozar de cierta discrecionalidad a la hora de aplicar las normas de supervisión de las inversiones respecto de los fondos de pensiones de empleo domiciliados en su territorio. No obstante, estas normas no deben restringir la libre circulación de capitales, a menos que ello esté justificado por motivos prudenciales. ê 2003/41/CE Considerando 33 (adaptado) ð nuevo (33) Dado el carácter de inversores a muy largo plazo con bajo riesgo de falta de liquidez, los fondos de pensiones de empleo se encuentran en situación idónea para invertir dentro de unos límites prudenciales prudentes en activos poco líquidos como los mercados de Ö las Õ acciones o ð en instrumentos que tengan un perfil económico a largo plazo y que no se negocien en mercados regulados, en sistemas de negociación multilateral o en sistemas organizados de negociación ï los mercados de capital de riesgo. Pueden igualmente beneficiarse de las ventajas de la diversificación internacional de las inversiones. Por consiguiente, no deben restringirse, salvo por motivos prudenciales, las inversiones en acciones, en mercados de capital de riesgo y en divisas distintas de aquellas en las que figuran nominados los compromisos ð y en instrumentos que tengan un perfil económico a largo plazo y que no se negocien en mercados regulados, sistemas de negociación multilateral o sistemas organizados de negociación. ï ò nuevo (34) La interpretación de lo que constituyen instrumentos con un perfil económico a largo plazo es amplia. Estos instrumentos son valores no negociables y, por tanto, no tienen acceso a la liquidez de los mercados secundarios. Con frecuencia requieren compromisos de duración determinada que restringen su capacidad para ser comercializados. Debe entenderse que estos instrumentos incluyen las participaciones, los instrumentos de deuda en empresas no cotizadas y los préstamos otorgados a estas. Las empresas no cotizadas incluyen proyectos de infraestructura, empresas no cotizadas que aspiran a expandirse y bienes inmuebles u otros activos reales que podrían ser adecuados a efectos de inversión a largo plazo. Los proyectos de infraestructura con bajas emisiones de carbono y adaptada al cambio climático constituyen a menudo activos no cotizados que recurren a créditos a largo plazo para su financiación. ê 2003/41/CE Considerando 34 (adaptado) No obstante, si el fondo de pensiones de empleo lleva a cabo actividades transfronterizas, la autoridad competente del Estado miembro de acogida podrá requerir la aplicación de límites a la inversión en acciones y activos similares no admitidos a cotización en mercados regulados, así como en acciones y otros instrumentos emitidos por la misma empresa o en activos en divisas no congruentes, siempre y cuando dichas normas prudenciales se apliquen también a los fondos de pensiones de empleo situados en el Estado miembro de acogida. ê 2003/41/CE Considerando 35 (adaptado) Las restricciones a la libre elección de gestores y depositarios de activos autorizados por parte de los fondos de pensiones de empleo limitan la competencia en el mercado interior y deben, por tanto, suprimirse. ò nuevo (35) Debe autorizarse a los fondos de pensiones de empleo a invertir en otros Estados miembros de conformidad con las normas de su Estado miembro de origen, con el fin de reducir el coste de la actividad transfronteriza. Por consiguiente, los Estados miembros de acogida no deben poder imponer requisitos de inversión adicionales a los fondos de pensiones de empleo domiciliados en otros Estados miembros. (36) Algunos riesgos no pueden reducirse mediante requisitos cuantitativos recogidos en las provisiones técnicas y los requisitos de financiación, sino que solo pueden abordarse debidamente a través de obligaciones en materia de gobernanza. Garantizar un sistema eficaz de gobernanza es, por tanto, esencial para gestionar correctamente los riesgos. Ese sistema debe guardar proporción con la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades. (37) Las políticas de remuneración que alientan comportamientos temerarios pueden ir en detrimento de una gestión adecuada y eficaz de los riesgos de los fondos de pensiones de empleo. Los principios y los requisitos de información en relación con las políticas de remuneración aplicables a otros tipos de entidades financieras de la Unión deben hacerse extensivos a los fondos de pensiones de empleo, teniendo presente, sin embargo, su peculiar estructura de gobernanza en comparación con otros tipos de entidades financieras y la necesidad de tomar en consideración la dimensión, la naturaleza, el alcance y la complejidad de sus actividades. (38) Una función clave es la capacidad interna para llevar a cabo determinadas tareas de gobernanza. Los fondos de pensiones de empleo deben tener capacidad suficiente para contar con una función de gestión de riesgos, una función de auditoría interna y, en su caso, una función actuarial. La identificación de una determinada función clave no impide a las instituciones decidir libremente la forma de organizar esa función en la práctica, salvo disposición en contrario de la presente Directiva. Ello no debe traducirse en requisitos excesivamente onerosos, puesto que deben tenerse en cuenta la naturaleza, el alcance y la complejidad de las actividades. (39) Todas las personas que desempeñen funciones clave deben satisfacer los criterios de competencia y honorabilidad. No obstante, únicamente los titulares de funciones clave deben estar sometidos a los requisitos de notificación a la autoridad competente. (40) Además, con la excepción de la función de auditoría interna, en las instituciones más pequeñas y menos complejas debe existir la posibilidad de que una sola persona o unidad orgánica desempeñe varias funciones clave. Sin embargo, la persona o unidad orgánica que desempeñe una función clave debe ser diferente de la que desempeñe una función clave similar en la empresa promotora, aunque debe autorizarse a la autoridad competente a conceder excepciones, habida cuenta de la dimensión, la naturaleza, el alcance y la complejidad de las actividades de las instituciones. (41) Es esencial que los fondos de pensiones de empleo mejoren su gestión de los riesgos, de forma que las posibles vulnerabilidades en relación con la sostenibilidad del plan de pensiones puedan comprenderse adecuadamente y debatirse con las autoridades competentes. En el marco de su sistema de gestión de riesgos, deben efectuar una evaluación de los riesgos de sus actividades relativas a las pensiones. Esa evaluación debe ponerse igualmente a disposición de las autoridades competentes. En ella, los fondos de pensiones de empleo deben describir cualitativamente los principales elementos que determinen su posición de financiación de conformidad con el Derecho nacional, la eficacia de su sistema de gestión de riesgos y su capacidad de cumplir los requisitos relativos a las provisiones técnicas. La evaluación debe tener en cuenta los riesgos nuevos o emergentes, como los relacionados con el cambio climático, la utilización de los recursos o el medio ambiente. ê 2003/41/CE Considerando 22 (42) Cada Estado miembro debe exigir que todo fondo de pensiones de empleo establecido en su territorio elabore cuentas anuales e informes anuales de gestión que tomen en consideración cada uno de los planes de pensiones adscritos a dicho fondo y, en su caso, cuentas anuales e informes anuales de gestión para cada plan. Las cuentas anuales y los informes anuales de gestión, que deben ofrecer una imagen fiel de los activos, compromisos y situación financiera del fondo, tomando en consideración cada uno de los planes de pensiones instrumentados y debiendo estar debidamente aprobado por una persona autorizada, constituyen una fuente esencial de información para los partícipes y beneficiarios del plan y para las autoridades competentes. Permiten, en particular, a las autoridades competentes comprobar la solvencia financiera del fondo y estimar si dicho fondo está en condiciones de cumplir todas sus obligaciones contractuales. ê 2003/41/CE Considerando 24 (43) La política de inversión de un fondo de pensiones de empleo constituye un factor decisivo para la seguridad y efectividad de los planes de pensiones. Por este motivo las instituciones deben fijar y, al menos cada tres años revisar, las directrices de su política de inversión. Esta debe ponerse a disposición de la autoridad competente y, previa solicitud, ponerse igualmente a disposición de los partícipes y beneficiarios de cada plan. ò nuevo (44) Conviene permitir a los fondos de pensiones de empleo confiar su gestión, en su totalidad o en parte, a otras entidades que actúen en su nombre. Los fondos de pensiones de empleo deben seguir siendo plenamente responsables del cumplimiento de todas las obligaciones que les incumban en virtud de la presente Directiva cuando externalicen funciones clave o cualquier otro tipo de actividades. (45) Las obligaciones de custodia y supervisión relacionadas con los activos de los fondos de pensiones de empleo deben reforzarse mediante una aclaración de las funciones y obligaciones del depositario. Solo las instituciones que gestionen regímenes en los que los partícipes y beneficiarios asuman todos los riesgos deben estar obligadas a nombrar a un depositario. ê 2003/41/CE Considerando 23 (adaptado) Es fundamental que los partícipes y beneficiarios de un plan de pensiones dispongan de una información adecuada. Ello reviste una especial importancia en las solicitudes de información relativa a la solvencia financiera de la institución, a las normas contractuales, a las prestaciones y financiación real de los derechos devengados de la prestación, a la política de inversión y a la gestión de riesgos y costes. ò nuevo (46) Los fondos de pensiones de empleo deben ofrecer información clara y adecuada a los partícipes potenciales, a los partícipes y a los beneficiarios para fundamentar las decisiones que adopten sobre su jubilación y garantizar un elevado nivel de transparencia a lo largo de las distintas fases de un plan, a saber: la fase previa a la afiliación, la fase de cotización (incluida la fase previa a la jubilación) y la fase posterior a la jubilación. En particular, debe proporcionarse información sobre los derechos de pensión devengados, el nivel previsto de las prestaciones de jubilación, los riesgos y garantías, y los costes. Cuando los partícipes asuman un riesgo de inversión, es fundamental facilitar también información adicional sobre el perfil de la inversión, las opciones disponibles y los rendimientos históricos. (47) Antes de afiliarse a un plan de pensiones, los partícipes potenciales deben recibir toda la información necesaria, por ejemplo las posibilidades de darse de baja, las aportaciones y los costes, y las opciones de inversión, cuando proceda, para poder decidir con conocimiento de causa. (48) Para los partícipes que todavía no se hayan jubilado, los fondos de pensiones de empleo deben elaborar una declaración normalizada de las prestaciones de pensión que contenga información general y personal importante sobre el plan de pensiones. Esta declaración debe tener un formato normalizado para facilitar la comprensión de los derechos de pensión a lo largo del tiempo y la comparación entre los distintos planes y para favorecer la movilidad laboral. (49) Los fondos de pensiones de empleo deben informar a los partícipes con suficiente antelación antes de la jubilación sobre sus opciones de percepción de la pensión. Cuando las prestaciones de jubilación no se paguen como renta vitalicia, los partícipes que estén próximos a la jubilación deben recibir información sobre los productos de pago de la prestación disponibles, con objeto de facilitarles la planificación financiera de cara a su jubilación. (50) Durante la fase de percepción de las prestaciones de jubilación, los beneficiarios deben seguir recibiendo información sobre sus prestaciones y las opciones de pago correspondientes. Esto es especialmente importante cuando los beneficiarios asumen un nivel significativo del riesgo de inversión en esta fase. (51) La autoridad competente debe ejercer sus competencias teniendo como objetivo principal la protección de los partícipes y beneficiarios. (52) El ámbito de la supervisión prudencial varía de un Estado miembro a otro. Esta situación puede causar problemas si un fondo de pensiones de empleo debe cumplir la normativa prudencial de su Estado miembro de origen y, al mismo tiempo, la legislación social y laboral del Estado miembro de acogida. Aclarar los ámbitos que se consideran parte de la supervisión prudencial a efectos de la presente Directiva reduce la inseguridad jurídica y los correspondientes costes de transacción. (53) Un mercado interior de los fondos de pensiones de empleo requiere el reconocimiento mutuo de las normas prudenciales. El respeto de dichas normas por las instituciones debe ser supervisado por las autoridades competentes del Estado miembro de origen. Los Estados miembros deben otorgar a las autoridades competentes las facultades necesarias para aplicar medidas preventivas o correctoras en caso de incumplimiento de alguno de los requisitos de la presente Directiva. ê 2003/41/CE Considerando 25 (adaptado) A fin de dar cumplimiento a las funciones legalmente establecidas, las autoridades competentes deben disponer de las pertinentes facultades de solicitud de información y de intervención con respecto a los fondos de pensiones y a las personas encargadas de su gestión efectiva. Cuando un fondo de pensiones de empleo haya encomendado a terceros outsourcing funciones relevantes tales como la gestión de las inversiones, los procesos informáticos o la llevanza de la contabilidad deben extenderse a dichos terceros las facultades de solicitud de información e intervención, a fin de comprobar si las actividades se desarrollan de conformidad con las normas de supervisión. ò nuevo (54) Con el fin de garantizar una supervisión eficaz de las actividades externalizadas, incluidas todas las actividades que se reexternalicen subsiguientemente, es esencial que las autoridades competentes tengan acceso a todos los datos pertinentes que obren en poder de los prestadores de servicios a los que se hayan externalizado las actividades, con independencia de que se trate de una entidad regulada o no regulada, y que tengan derecho a realizar inspecciones in situ. Con vistas a tener en cuenta la evolución del mercado y velar por el continuo cumplimiento de las condiciones para la externalización, los fondos de pensiones de empleo deben informar a las autoridades competentes, antes de la externalización, de las actividades críticas o importantes. (55) Conviene prever el intercambio de información entre las autoridades competentes, otras autoridades y los organismos a los que se encomiende la tarea de reforzar la estabilidad del sistema financiero y la terminación de los planes de pensiones. Es, por tanto, necesario especificar las condiciones en las que podrá procederse a tales intercambios de información. Por otra parte, cuando solo sea posible divulgar información con el consentimiento expreso de las autoridades competentes, debe permitirse a estas supeditar, cuando proceda, su consentimiento al cumplimiento de condiciones estrictas. (56) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[29] regula el tratamiento de datos personales por los Estados miembros en el contexto de la presente Directiva y bajo la supervisión de las autoridades competentes. El Reglamento (UE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo[30] regula el tratamiento de datos personales por las Autoridades Europeas de Supervisión con arreglo a la presente Directiva y bajo la supervisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Todo tratamiento de datos personales realizado en el marco de la presente Directiva, por ejemplo el intercambio o la transmisión de datos personales por las autoridades competentes, debe atenerse a lo dispuesto en las normas nacionales de aplicación de la Directiva 95/46/CE, y todo intercambio o transmisión de información por las Autoridades Europeas de Supervisión debe atenerse a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 45/2001. (57) Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior de la previsión ocupacional para la jubilación organizada a escala europea, la Comisión, tras consultar a la AESPJ, debe revisar la aplicación de la presente Directiva y elaborar un informe al respecto; debe remitir ese informe al Parlamento Europeo y al Consejo cuatro años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. En la revisión debe evaluarse, en particular, la aplicación de las normas relativas al cálculo de las provisiones técnicas, la financiación de las provisiones técnicas, los fondos propios reglamentarios, los márgenes de solvencia, las normas de inversión y cualquier otro aspecto relativo a la situación de solvencia financiera del fondo de pensiones de empleo. (58) Con el fin de garantizar una competencia leal entre los fondos de pensiones de empleo, el período transitorio que permite a las empresas de seguros sujetas a la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[31] gestionar sus actividades de previsión ocupacional de jubilación con arreglo a las normas contempladas en el artículo 4 de la Directiva 2009/138/CE debe prorrogarse hasta el 31 de diciembre de 2022. Procede, por tanto, modificar la Directiva 2009/138/CE en consecuencia. (59) Con el fin de especificar los requisitos establecidos en la presente Directiva, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la clarificación de la política de remuneración, la evaluación de los riesgos para las pensiones y la declaración de las prestaciones de pensión. Es especialmente importante que durante los trabajos de preparación la Comisión realice las consultas apropiadas, incluidas consultas con expertos. Al preparar y redactar los actos delegados, la Comisión debe garantizar una transmisión simultánea, oportuna y apropiada de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo. ê 2003/41/CE Considerando 38 (adaptado) Cuando se trate de un plan que funcione con una separación estricta del resto, las disposiciones de la presente Directiva se deben aplicar a dicho plan por separado. ê 2003/41/CE Considerando 39 (adaptado) Es importante prever la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros, con fines de supervisión, y entre estas autoridades y la Comisión, para otros fines. Con vistas a cumplir sus obligaciones y contribuir a una aplicación coherente y oportuna de la presente Directiva, las autoridades competentes deben intercambiarse la información necesaria para aplicar las disposiciones de esta Directiva. La Comisión ha dado a conocer su intención de crear un comité de supervisores con vistas a impulsar la cooperación, la coordinación y el intercambio de puntos de vista entre las autoridades nacionales competentes y fomentar la aplicación coherente de la presente Directiva. ê 2003/41/CE Considerando 40 (60) Dado que el objetivo de la acción pretendida, es decir, la creación de un marco legal de la Unióncomunitario que regule los fondos de pensiones de empleo, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor, debido a la dimensión y los efectos de la acción, a nivel de la Unióncomunitario, estaComunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. ò nuevo (61) De conformidad con la Declaración política conjunta de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos[32], los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada. (62) La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyan una modificación de fondo respecto de las Directivas anteriores. La obligación de transponer las disposiciones inalteradas se deriva de las Directivas anteriores. (63) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho nacional y de aplicación de las Directivas, que figuran en el anexo I, parte B. ê 2003/41/CE HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: ò nuevo Título I DISPOSICIONES GENERALES ê 2003/41/CE Artículo 1 Objeto La presente Directiva establece normas relativas al acceso y al ejercicio de las actividades realizadas por los fondos de pensiones de empleo. Artículo 2 Ámbito de aplicación 1. La presente Directiva se aplicará a los fondos de pensiones de empleo. Cuando, de acuerdo con la legislación nacional los fondos de pensiones de empleo carezcan de personalidad jurídica, los Estados miembros aplicarán la presente Directiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, a dichas instituciones o a las entidades autorizadas responsables de gestionarlas y de actuar en su nombre. 2. La presente Directiva no se aplicará a: ê 2003/41/CE (adaptado) a) instituciones que gestionen sistemas de seguridad social regulados por el los Reglamentos (CEE) nº 1408/71[33]883/2004[34] y el Reglamento (CEE) nº 574/72[35]987/2009 Ö del Parlamento Europeo y del Consejo Õ[36]; ê 2011/61/UE Art. 62.1 b) instituciones reglamentadas por las Directivas 73/239/CEE[37], Directiva 85/611/CEE[38], Directiva 93/22/CEE[39], Directiva 2000/12/CE[40] y Directiva 2002/83/CE[41] 2004/39/CE[42], 2009/65/CE[43], 2009/138/CE, 2011/61/UE[44] y 2013/36/UE[45]; ê 2003/41/CE c) instituciones que actúan mediante un sistema de reparto; d) instituciones en las que los empleados de las empresas promotoras no tienen derechos legales a prestaciones y en las que las empresas promotoras pueden rescatar en cualquier momento los activos y no necesariamente cumplir sus obligaciones de pago de las prestaciones de jubilación; e) empresas que utilizan un sistema de fondos internos para pagar prestaciones de jubilación a sus empleados. Artículo 3 Aplicación a instituciones gestoras de esquemas sistemas de la seguridad social Los fondos de pensiones de empleo que también gestionen esquemas sistemas obligatorios de pensiones dependientes del empleo vinculados a la seguridad social, y que estén regulados por los Reglamentos (CEE) nº 1408/71 883/2004 y (CEE) nº 574/72 987/2009 estarán regulados por la presente Directiva en relación a con sus actividades de previsión ocupacional para la jubilación que no tengan carácter obligatorio. En este caso, tanto las obligaciones como los recursos afectos a los sistemas voluntarios estarán claramente delimitados y no podrán ser transferidos a los sistemas de pensiones obligatorios considerados como sistemas de la seguridad social y viceversa. Artículo 4 Aplicación facultativa a instituciones reguladas por la Directiva 2002/83/CE 2009/138/CE ê 2003/41/CE (adaptado) Los Estados miembros de origen podrán optar por aplicar lo dispuesto en los artículos 9 a 16 y 18 a 20 Ö 9 a 15 y 20 a 24, apartado 2, y en los artículos 25 a 29, 31 a 53 y 55 a 71 Õ de la presente Directiva a las actividades de previsión prestaciones ocupacionales de jubilación desarrolladas por las entidades reguladas por la Directiva 2002/83/CE 2009/138/CE. En este caso, todos los activos y pasivos correspondientes a dichas actividades estarán claramente delimitados y serán gestionados y organizados independientemente dal resto de actividades desarrolladas por las entidades de seguros Ö de vida Õ y sin que, en ningún caso, sea posible la transferencia de derechos y obligaciones entre las distintas actividades. En tal caso, y únicamente por lo que respecta a sus actividades de previsión ocupacional para la jubilación, la empresa de seguros Ö de vida Õ no estará sujeta a los artículos 20 a 26, 31 y 36 Ö 76 a 86, al artículo 132, al artículo 134, apartado 2, al artículo 173, al artículo 185, apartado 5, al artículo 185, apartados 7 y 8, y al artículo 209 Õ de la Directiva 2002/83/CE 2009/138/CE. El Estado miembro de origen velará por que las autoridades competentes, o las autoridades responsables de la supervisión de las entidades de seguros Ö de vida Õ sometidas a la Directiva 2002/83/CE 2009/138/CE en el marco de sus actividades de supervisión, verifiquen la separación estricta de las actividades de previsión ocupacional para la jubilación correspondientes. Artículo 5 Fondos de pensiones de empleo de reducida dimensión y fondos de pensiones obligatorios por mandato legal. Con excepción de lo establecido en el artículo 19 Ö los artículos 34 a 37 Õ , los Estados miembros podrán optar por no aplicar la presente Directiva, total o parcialmente, a los fondos de pensiones domiciliados en su territorio que gestionen planes de pensiones que en su conjunto cuenten con menos de 100 partícipes. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, a dichas instituciones se les dará la posibilidad de aplicar la Directiva con carácter voluntario. El artículo 20 12 solo podrá aplicarse sin embargo, si se aplican todas las demás disposiciones de la presente Directiva. Los Estados miembros podrán optar por no aplicar los artículos 9 a 17 Ö 1 a 8, el artículo 12, el artículo 20 y los artículos 34 a 37 Õ a las instituciones gestoras en las que la previsión ocupacional para la jubilación se efectúe con carácter obligatorio o estatutario, de conformidad con la legislación, y esté garantizada por una autoridad pública. El artículo 20 12 solo podrá aplicarse, sin embargo, si se aplican todas las demás disposiciones de la presente Directiva. ê 2003/41/CE Artículo 6 Definiciones A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: a) «fondo de pensiones de empleo» o «institución»: toda institución con independencia de su forma jurídica, que opere mediante sistemas de capitalización, sea jurídicamente independiente de la empresa promotora o sector y cuya actividad consista en proporcionar prestaciones de jubilación en el contexto de una actividad laboral sobre la base de un acuerdo o contrato de trabajo suscrito: – individual o colectivamente entre el empleador o empleadores y el empleado o empleados o sus representantes respectivos, o – con trabajadores por cuenta propia, cuando así lo establezca simultáneamente la legislación del Estado miembro de origen y del Estado miembro de acogida y que dicho acuerdo tenga su origen en la precitada relación laboral; b) «plan de pensiones»: todo acuerdo que revista la forma de contrato, acto constitutivo o normativa que defina prestaciones de jubilación, así como las condiciones para su obtención; ê 2003/41/CE (adaptado) ð nuevo c) «empresa promotora»: toda empresa o entidad, con independencia de que incluya una o más personas físicas o jurídicas, que actuando en calidad de empresarios o de trabajadores por cuenta propia o combinación de ambas, realicen contribuciones a un fondo de pensiones de empleo ð que, con arreglo a la legislación nacional, esté legalmente obligada o se comprometa voluntariamente a ofrecer un plan de pensiones; ï ê 2003/41/CE d) «prestación de jubilación»: toda prestación que se abone en referencia al hecho o la contingencia de jubilación, o que, si tiene carácter complementario respecto de estas prestaciones y se abona con carácter accesorio, revista la forma de pagos en caso de fallecimiento, invalidez o desempleo, o en forma de ayudas o servicios en caso de enfermedad, indigencia o fallecimiento. Con el fin de favorecer la seguridad financiera durante la jubilación, estas prestaciones adoptan normalmente la forma de pagos vitalicios; no obstante, podrán revestir también la forma de pagos temporales o globales; e) «partícipes»: las personas cuyas actividades laborales les dan o darán derecho a recibir prestaciones de jubilación de conformidad con lo dispuesto en un plan de pensiones; f) «beneficiarios»: las personas físicas titulares del derecho a las que reciben prestaciones de jubilación; g) «autoridades competentes»: las autoridades nacionales designadas para desempeñar las funciones previstas en la presente Directiva; h) «riesgos biométricos»: los riesgos que recaen sobre las personas relacionados con el fallecimiento, la invalidez, y la supervivencia; ê 2003/41/CE (adaptado) ð nuevo i) «Estado miembro de origen»: el Estado miembro ð donde el fondo de pensiones de empleo haya sido autorizado o esté registrado y donde tenga su administración principal, por «administración principal» se entiende el lugar donde se toman las principales decisiones estratégicas del órgano decisorio de la institución; ï donde el fondo de pensiones de empleo tenga su domicilio social que coincidirá con su administración principal o bien, si no tiene domicilio social, donde tenga su administración principal; ê 2003/41/CE (adaptado) ð nuevo j) «Estado miembro de acogida»: el Estado miembro cuya legislación social y laboral en el ámbito de los regímenes de pensiones ocupacionales de jubilación sea aplicable a la relación entre la empresa promotora y los trabajadorespartícipes ð o beneficiarios ï ;. ò nuevo k) «institución transferente»: una institución que transfiera la totalidad o una parte de un plan de pensiones a una institución de otro Estado miembro; l) «institución receptora»: una institución que reciba la totalidad o una parte de un plan de pensiones de una institución de otro Estado miembro; m) «mercado regulado»: todo sistema multilateral de la Unión a tenor de lo establecido en el artículo 2, apartado 1, punto 5, del Reglamento (UE) nº .../... [MiFIR]; n) «sistema de negociación multilateral»: todo sistema multilateral de la Unión a tenor de lo establecido en el artículo 2, apartado 1, punto 6, del Reglamento (UE) nº .../... [MiFIR]; o) «sistema organizado de negociación»: todo sistema o plataforma de la Unión a tenor de lo establecido en el artículo 2, apartado 1, punto 7, del Reglamento (UE) nº .../... [MiFIR]; p) «soporte duradero»: todo instrumento que permita al partícipe o beneficiario almacenar la información dirigida a él personalmente, de modo que pueda acceder a ella posteriormente para consulta durante un período de tiempo adecuado para los fines a los que la información esté destinada y que permita la reproducción sin cambios de la información almacenada; q) «función clave»: dentro de un sistema de gobernanza, la capacidad interna para llevar a cabo tareas concretas; un sistema de gobernanza incluye la función de gestión de riesgos, la función de auditoría interna y, cuando la institución contraiga compromisos financieros o establezca provisiones técnicas, también la función actuarial. ê 2003/41/CE (adaptado) ð nuevo Artículo 7 Actividades de los fondos de pensiones de empleo Los Estados miembros exigirán a los fondos de pensiones de empleo domiciliados en su territorio que limiten sus actividades a las operaciones relacionadas con las prestaciones de jubilación y a las actividades derivadas de las mismas. Cuando una entidad de seguros Ö de vida Õ, de conformidad con el artículo 4, desarrolle actividades de previsión ocupacional para la jubilación delimitando claramente el conjunto de sus activos y pasivos, dicho conjunto delimitado se restringirá a las operaciones relacionadas con las prestaciones de jubilación y a las actividades derivadas de las mismas. Artículo 8 Separación jurídica de la empresa promotora y del fondo de pensiones de empleo Los Estados miembros adoptarán las medidas legales necesarias para garantizar que exista una separación jurídica entre la empresa promotora y el fondo de pensiones de empleo, con objeto de que, en caso de quiebra de la empresa promotora los activos del fondo de pensiones estén protegidos en interés de los partícipes y beneficiarios. Artículo 9 Condiciones de ejercicio ð Registro o autorización ï 1. Cada Los Estados miembros, con respecto a todas las instituciones domiciliadas en su territorio, velarán por que: ê 2010/78/UE Art. 4.1(a) (adaptado) (a) la institución haya sido registrada en un registro nacional por la autoridad de supervisión competente o esté autorizada Ö por esta Õ; en caso de actividades transfronterizas en el sentido del artículo 1220, en el registro también quedará constancia de los Estados miembros en los que la institución desarrolle su actividad y se comunicará esa información a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (en lo sucesivo, «la AESPJ»), creada por el Reglamento (UE) nº 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo[46], que la publicará en su sitio web;. ê 2003/41/CE (adaptado) b) la institución esté efectivamente dirigida por personas honorables que posean la cualificación y experiencia profesional adecuada, y que los asesores que utilice cuenten también con la cualificación o la experiencia profesional adecuada; ò nuevo Artículo 10 Normas del plan de pensiones ê 2003/41/CE c) Los Estados miembros, con respecto a todas las instituciones domiciliadas en su territorio, velarán por que se apliquen las normas para el correcto funcionamiento de la institución, y que permitan a los partícipes estar suficientemente informados acerca de estas normas;. ê 2003/41/CE (adaptado) d) el cálculo de las provisiones técnicas sea efectuado por un actuario o, en su defecto, de conformidad con la legislación nacional por otra persona experta en la materia, o por un auditor, sobre la base de métodos actuariales admitidos por las autoridades competentes del Estado miembro de origen; ò nuevo Artículo 11 Compromiso de financiación periódica y prestaciones adicionales ê 2003/41/CE e)1. Los Estados miembros, con respecto a todas las instituciones domiciliadas en su territorio, velarán por que si la empresa promotora garantiza el pago de las prestaciones de jubilación, se haya comprometido a una financiación periódica;. ê 2003/41/CE (adaptado) f) los partícipes estén suficientemente informados sobre las características del plan de pensiones, en especial acerca de: i) los derechos y obligaciones de las partes implicadas en el plan de pensiones, ii) los riesgos financieros, técnicos y de otro tipo vinculados a las prestaciones cubiertas por el plan de pensiones, iii) la naturaleza y distribución de dichos riesgos. ê 2003/41/CE 2. Los Estados miembros, de conformidad con el principio de subsidiariedad y teniendo debidamente en cuenta la naturaleza de las prestaciones de los regímenes de seguridad social, podrán establecer que, si los empleadores y los empleados, o sus representantes respectivos, así lo acuerdan, se ofrezca a los partícipes la opción de la cobertura por vejez y por discapacidad y prestaciones para los supérstites dependientes, así como una garantía de rescate de las cotizaciones pagadas, como prestaciones adicionales. ê 2003/41/CE (adaptado) 3. Cada Estado miembro podrá establecer requisitos adicionales para el acceso y ejercicio a la actividad de los fondos de pensiones de empleo domiciliados en su territorio, con objeto de velar por que los intereses de los partícipes y beneficiarios estén adecuadamente protegidos. ê 2010/78/UE Art. 4.1(a) (adaptado) 5. En caso de desarrollo de las actividades transfronterizas mencionadas en el artículo 20, las condiciones de funcionamiento de la institución estarán sujetas a la autorización previa de las autoridades competentes del Estado miembro de origen. Al conceder dicha autorización, los Estados miembros informarán inmediatamente a la AESPJ. ê 2003/41/CE (adaptado) ð nuevo Artículo 2012 Actividades transfronterizas ð procedimientos ï 1. Sin perjuicio de la legislación social y laboral de cada Estado relativa a la organización de los sistemas de pensiones, inclusive en materia de la afiliación obligatoria y las disposiciones resultantes de la negociación colectiva, los Estados miembros permitirán a las empresas domiciliadas en su territorio ser promotoras de fondos de pensiones de empleo ð que se propongan llevar a cabo o lleven a cabo una actividad transfronteriza ï de fondos de pensiones de empleo autorizados por los Estados miembros. Permitirán también a los fondos de pensiones de empleo autorizados en su territorio ð llevar a cabo una actividad transfronteriza ï aceptar Ö aceptando Õ la promoción de empresas domiciliadas en el territorio de otros ð cualquier ï Estados miembros. 2. Aquella institución que Ö se proponga Õ desee ð llevar a cabo una actividad transfronteriza yï desee ser patrocinada por Ö aceptar la promoción de Õ una empresa promotora situada en el territorio de otro Estado miembro estará sujeta a autorización previa de las autoridades competentes de su Estado miembro de origen, según se menciona en el apartado 5 del artículo 9. Notificará su propósito de aceptar el patrocinio Ö la promoción Õ de una empresa domiciliada en el territorio de otro Estado miembro a las autoridades competentes del Estado miembro de origen en el que reciba la autorización. 3. Los Estados miembros exigirán a las instituciones ð autorizadas o registradas ï domiciliadas en su territorio que pretendan ser patrocinadas Ö aceptar la promoción Õ por una empresa domiciliada en el territorio de otro Estado miembro que proporcionen la siguiente información al efectuar la notificación en virtud del apartado 2: a) el Estado miembro de acogida; b) el nombre de la empresa promotora ð y el domicilio de su administración ï ; c) las principales características del plan de pensiones para la empresa promotora. ê 2003/41/CE ð nuevo 4. Cuando las autoridades competentes del Estado miembro de origen reciban la notificación estipulada en el apartado 2, y a menos que tengan razones para poner en duda ð hayan emitido una resolución que determine ï que la estructura administrativa, la situación financiera de la institución o la buena reputación y las cualificaciones profesionales o experiencia de las personas que dirigen la institución ð no ï son compatibles con las operaciones propuestas en el Estado miembro de acogida, en el plazo de tres meses tras la recepción de toda la información mencionada en el apartado 3 comunicarán dicha información a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida e informarán a la institución en consecuencia. ò nuevo La resolución a que se refiere el párrafo primero deberá motivarse. Si la autoridad competente del Estado miembro de origen se niega a comunicar la información contemplada en el párrafo primero a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, deberá explicar los motivos de su negativa a la institución de que se trate en el plazo de tres meses tras la recepción de toda la información a que se refiere el apartado 3. Esta negativa o la falta de respuesta podrán dar lugar a un recurso ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen. ê 2003/41/CE (adaptado) 5. Antes de que la institución empiece a instrumentar Ö llevar a cabo actividades transfronterizas Õ un plan de pensiones de una empresa promotora en otro Estado miembro, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, dentro del los dos meses siguientes a la recepción de la información mencionada en el apartado 3, informarán a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, si procede, acerca de las disposiciones de la legislación social y laboral pertinente en el ámbito de las pensiones ocupacionales con arreglo a loas cuales debe gestionarse el plan de pensiones patrocinado promovido por una empresa promotora en el Estado miembro de acogida, así como de cualesquiera normas que habrían de aplicarse de conformidad con el apartado 7 del artículo 18 y con el apartado 7 del presente artículo. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen comunicarán dicha información a la institución. 6. A partir del momento en que se reciba la comunicación mencionada en el apartado 5, o bien, si no se ha recibido comunicación alguna de las autoridades competentes del Estado miembro de origen, en la fecha de vencimiento del plazo previsto en el apartado 5, la institución podrá comenzar a Ö operar a nivel transfronterizo Õ instrumentar el plan de pensiones patrocinado por una empresa promotora en el Estado miembro de acogida de conformidad con las disposiciones de la legislación social y laboral de dicho Estado pertinentes en el ámbito de las pensiones ocupacionales, y con cualesquiera normas que hayan de aplicarse de conformidad con el apartado 7 del artículo 18 y con el apartado 7 del presente artículo. ê 2003/41/CE (adaptado) 7. En particular, las instituciones patrocinadas por una empresa promotora domiciliada en otro Estado miembro también estarán sujetas, respecto de los partícipes correspondientes, a cualesquiera obligaciones en materia de información impuestas por las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida a las instituciones domiciliadas en ese Estado miembro, de conformidad con el artículo 11. ê 2003/41/CE ð nuevo 87. Las autoridades competentes del Estado miembro de acogida informarán a las autoridades competentes del Estado miembro de origen acerca de cualquier cambio significativo en las disposiciones de la legislación laboral y social del Estado miembro de acogida pertinentes en el ámbito de los planes de pensiones de empleo que pueda afectar a las características del plan de pensiones, en la medida en que afecte a ð la actividad transfronteriza ï la gestión del plan de pensiones patrocinado por una empresa promotora en el Estado miembro de acogida, así como de los cambios en cualesquiera normas que hayan de aplicarse de conformidad con el apartado 7 del artículo 18 y con el apartado 7 del presente artículo. 98. La institución estará sujeta a la constante supervisión de las autoridades competentes del Estado miembro de acogida en lo que se refiere al cumplimiento, en sus actividades, de las disposiciones de la legislación social y laboral del Estado miembro de acogida pertinentes en el ámbito de los planes de pensiones de empleo, mencionadas en el apartado 5. así como de las obligaciones en materia de información mencionadas en el apartado 7. En caso de que dicha supervisión pusiera de manifiesto irregularidades, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida informarán inmediatamente a las autoridades competentes del Estado miembro de origen. Estas tomarán, en coordinación con aquellas, las medidas necesarias para cerciorarse de que la institución ponga fin al incumplimiento de la legislación laboral y social detectado. ê 2003/41/CE 109. Si, a pesar de las medidas adoptadas por las autoridades competentes del Estado miembro de origen, o debido a la ausencia en este de medidas adecuadas, la institución persiste en incumplir las disposiciones de la legislación social y laboral del Estado miembro de acogida pertinentes en el ámbito de los planes de pensiones de empleo, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, tras informar a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, podrán adoptar las medidas apropiadas para impedir o penalizar futuras irregularidades, incluida, en la medida en que resulte estrictamente necesario, la posibilidad de impedir a dicha institución que trabaje para la empresa promotora en el Estado miembro de acogida. ò nuevo 10. Los Estados miembros velarán por que las instituciones que operen a nivel transfronterizo no estén sujetas a ningún requisito en materia de información de los partícipes y beneficiarios impuesto por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, en lo que respecta a los partícipes a los que afecte la actividad transfronteriza. Artículo 13 Transferencias transfronterizas de planes de pensiones 1. Los Estados miembros permitirán a las instituciones autorizadas o registradas en sus territorios transferir la totalidad o una parte de sus planes de pensiones a las instituciones receptoras autorizadas o registradas en otros Estados miembros. 2. La transferencia de la totalidad o una parte de un plan de pensiones entre una institución transferente y una institución receptora autorizadas o registradas en diferentes Estados miembros deberá ser autorizada previamente por la autoridad competente del Estado miembro de origen de la institución receptora. La solicitud de autorización de transferencia deberá presentarla la institución receptora. 3. Salvo que la legislación social y laboral nacional aplicable a la organización de los sistemas de pensiones disponga lo contrario, la transferencia y sus condiciones se supeditarán a la aprobación previa de los partícipes y beneficiarios afectados, o, si procede, de sus representantes. En cualquier caso, la información sobre las condiciones de la transferencia se pondrá a disposición de los partícipes y beneficiarios afectados o, si procede, de sus representantes, como mínimo cuatro meses antes de presentar la solicitud contemplada en el apartado 2. 4. La solicitud contemplada en el apartado 2 deberá contener la información siguiente: a) el acuerdo escrito entre las instituciones transferente y receptora exponiendo las condiciones de la transferencia, incluidas las principales características del plan de pensiones y la descripción de los activos transferidos y, en su caso, los pasivos correspondientes; b) el nombre y la sede de la institución transferente; c) el domicilio de la administración y el nombre de la empresa