***** COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 09.06.1997 
COM(97) 259 final 
2° INFORME 
SOBRE 
EL ESTADO DE LA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS 
TRADICIONALES 
PROCEDENTES DE LOS CASOS DE FRAUDE E IRREGULARIDADES 
(Muestra B 94) 
(presentado por la Comisión) 

INTRODUCCIÓN 
METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS 
1.1 Método de selección de la muestra 
1.2 Datos sobre el estado de la recaudación 
1.3 Caracterización de los casos 
2. PRESENTACIÓN DE LOS CASOS SELECCIONADOS Y ESTADO DE LA 
RECAUDACIÓN POR CASOS 
2.1 Los expedientes de fraude propiamente dicho 
2. 1. / Bovinos, ovinos y carnes del Este 
2.1.2 Leche en polvo 
2.1.3 Mantequilla germano-neerlandesa 
2.2 Los expedientes de irregularidades 
2.2.1 A tún de Seychelles 
2.2.2 Gambas de las Islas Feroe 
2.2.3 Televisores en color de Turquía 
3. SÍNTESIS DEL ESTADO DE LA RECAUDACIÓN POR LOS ESTADOS MIEMBROS 
3.1 Balance general del seguimiento 
3.2 Inventario de las disfunciones en la recaudación 
4. CONCLUSIONES 
INTRODUCCIÓN 
El presente informe presenta el estado de la recaudación de los recursos propios tradicionales 
en seis expedientes de fraude y de irregularidades considerados especialmente importantes 
sobre la base de criterios de selección que se explican posteriormente. Estos expedientes se 
refieren a una cuantía de recursos propios de cerca de 124 millones de ecus. 
La percepción de los recursos propios tradicionales (en lo sucesivo denominados RPT) es 
responsabilidad de los Estados miembros1. En particular2, corresponde a los Estados 
miembros constatar los derechos, realizar la recaudación así como su control y poner a 
disposición de las Comunidades los recursos propios. Los Estados miembros llevan una 
contabilidad separada de los derechos no recaudados o impugnados y transmiten cada 
trimestre una relación a la Comisión. 
La Comisión controla la aplicación de las disposiciones comunitarias por los Estados 
miembros y sigue su acción de percepción, de recaudación y de puesta a disposición sobre la 
base de las informaciones que le envían. Estas informaciones se refieren al mismo tiempo a la 
contabilidad separada de los derechos no recaudados, los casos de fraude señalados de 
conformidad con la asistencia mutua en virtud del Reglamento 1468/81 y los casos de 
admisión en pérdida mencionados en el marco del informe anual sobre la actividad de 
recaudación de los Estados miembros.3 
Dado el elevado número de casos (más 2.000 al año) que se comunican por medio de las 
fichas de fraudes y de las fichas de asistencia mutua, la Comisión ha establecido una 
metodología de seguimiento basada en muestras. 
Se han definido dos tipos de muestras para seleccionar los casos que son objeto de un 
seguimiento más detallado hasta su liquidación definitiva. La muestra MA" se establece 
sobre la base de las fichas de fraudes e irregularidades, seleccionando los casos donde el 
importe de los derechos pendientes es superior a 0,5 millones de ecus. La muestra "B" se 
construye a partir de las comunicaciones realizadas en el marco de la asistencia mutua (fichas 
AM) o a partir de otras fuentes, seleccionando los casos en que el importe es superior a 1 
millón de ecus. Las dos muestras presentan diferencias de importancia y de utilización. En 
efecto, 
- la muestra A, más amplia (alrededor de 100 casos), se presta a un análisis de tipo 
fundamental mente estadístico; 
- la muestra B es mucho más reducida (6 casos) y permite un seguimiento más específico de 
casos especialmente importantes. 
En virtud del articulo 8 de la Decisión del Consejo n° 94/728/CE, EURATOM. 
Sobre la base del Reglamento (CEE, EURATOM) n° 1552/89 del Consejo, en lo sucesivo denominado Reglamento n° 1552/89, y en 
particular, el apartado b) del articulo 6 2. 
Previsto por el Reglamento n° 1552/89, artículo 17.2. 
Las muestras A y B representan respectivamente alrededor de un 70% y un 30% de l¿s 
importes eludidos que corresponden a los casos de fraude e irregularidades comunicados a la 
Comisión entre el primer semestre de 1989 y el primer semestre de 1993 inclusive. 
La primera muestra de tipo A (muestra A94) ha sido objeto de un informe que la Comisión 
presentó a la autoridad presupuestaria el 6 de septiembre de 1995 (doc. COM (95) 398 final). 
En cambio, el presente informe es el primero que cubre una muestra de tipo "B" (muestra 
B94). Describe el estado a 31 de diciembre de 1996 de seis expedientes elegidos según 
criterios de selección expuestos en el apartado 1.1. 
Habida cuenta de la complejidad de los casos seleccionados, representativa de las dificultades 
que entraña el sistema de recaudación de los RPT, el informe únicamente puede describir un 
porcentaje de recaudación minúsculo en relación con los importes pendientes. La Comisión 
continúa el seguimiento de los casos mencionados hasta su liquidación definitiva. La 
actualización de esta muestra será objeto de una información futura. 
1. METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y CARACTERIZACIÓN DE LOS 
CASOS 
1.1 Método de selección de la muestra B94 
Desde 1994, la Comisión (DG XIX) establece anualmente una lista de los casos de fraude o 
de irregularidades en cuanto tiene conocimiento de su detección mediante una comunicación 
de informaciones realizada en virtud de la asistencia mutua o de otra forma. 
Esta lista se actualiza permanentemente. En esta lista, los casos que se seguirán en el marco 
de la muestra "B" se seleccionan anualmente con arreglo a los siguientes criterios: 
1. Perjuicio muy importante causado al presupuesto comunitario, es decir, superior a 
1 millón de ecus; 
2. Investigaciones iniciadas por un servicio de la Comisión (UCLAF, DG VI, XIV, XIX, 
XX o XXI); 
3. Responsabilidad de la recaudación compartida por varios Estados miembros; 
4. Plazo cercano de prescripción de la recaudación para el deudor; 
5. Interés mostrado por las autoridades de control presupuestario en determinados casos 
de fraude o de irregularidad. 
Se consideran en la muestra los casos que cumplen al menos los dos primeros criterios y al 
menos uno de los tres restantes. 
Entre los 89 casos contabilizados de 1989 a 1993, se eligieron en primer lugar seis casos 
según los criterios mencionados y se seleccionaron los siguientes expedientes para su 
seguimiento hasta la liquidación definitiva: 
Caso n° 1 : Sustracción fraudulenta al régimen del tránsito de bovinos, ovinos y carnes 
originarios de los distintos países del Este ; 
Caso n° 2: Sustracción fraudulenta al régimen de tránsito de leche en polvo originaria de 
países del Este; 
Caso n° 3 : Reimportación en la RFA de mantequilla neerlandesa exportada con 
restituciones hacia la antigua RDA; 
Caso n° 4: Atribución del régimen preferencial a conservas de atún importadas de 
Seychelles sobre la base de certificados EUR 1 expedidos irregularmente; 
Caso n°5: Atribución del régimen preferencial a gambas importadas de las Islas Feroe 
sobre la base de certificados EUR 1 expedidos irregularmente; 
Caso n° 6: Atribución del régimen de libre práctica a televisores importados de 
Turquía en virtud de certificados ATR expedidos irregularmente. 
Las justificaciones de esta elección se resumen en el siguiente cuadro: 
Cuadro n° I 
Elección de los casos de la Ia muestra 
1. 
2 
i 
4. 
5 
6 Bovinos, ovinos y 
carnes del Este 
Leche en polvo 
Mantequilla 
germano 
-neerlandesa 
Atún de Seychelles 
Gambas Feroes 
TV turcos Fichas AM 
46 • 47/90 
54/91.56/91 
7/92, 13/92 
38/92, 65/92 
19/93 
-
10/92 
2/90 
33/88 Régimen 
aduanero en 
cuestión 
Tránsito 
Tránsito 
Despacho a libre 
practica 
Despacho a libre 
práctica 
Despacho a libre 
práctico 
Despicho a libre 
pi¡ íctica Criterio 1 
Importes 
considerados 
50 Miónos de 
ecus 
6,4 mitones 
de ecus 
7 Millones de 
ecus 
1,5 mitones 
de ecus 
10 Millones de 
ecus 
45 mitones do 
ecus Cnterio 2 
Control 
Comisión 
X 
X 
X 
X 
X 
X Criterio 3 
Recaudación compartida 
B, D, F, 1, NL 
B.E.F 
D, NL 
B, F, IRL, NL, UK 
B, DK, F, NL. UK 
Todos excepto IRL y L Criterio 4 
Plazo de 
prescripción 
X 
X 
X Criterio 5 
Tribunal de 
Cuentas 
(en parte) 
Tribunal de 
Cuentas 
Tribunal de 
Cuentas 
Tribunal de 
Cuentas 
La muestra de seis casos así elegidos representaba, según el primer cálculo efectuado a partir 
de las fichas AM, antes de la interrogación de los Estados miembros, un importe de RPT de 
cerca de 121 millones de ecus. 
Este importe debe compararse con el resultante de la interrogación de los Estados miembros 
sobre el estado de la recaudación para estos 6 casos, que ha resultado ser de 124 millones de 
ecus. v 
1.2 Datos sobre el estado de la recaudación 
Los datos sobre el estado de la recaudación efectuada por las Administraciones nacionales a 
los deudores han podido reunirse gracias a la interrogación de los servicios nacionales 
interesados por parte de la Comisión (DG XDQ. Estas interrogaciones se realizaron para 
todos los expedientes, excepto el relativo a la mantequilla germanoneerlandesa, a partir de los 
documentos de tránsito o los certificados preferenciales impugnados.4 
Por lo tanto, estos datos exactos comunicados por los servicios nacionales sobre los casos 
objeto de seguimiento sustituyen a los datos de que disponía la Comisión hasta entonces, 
basados en cálculos efectuados por ella misma o por los servicios nacionales de investigación. 
Los datos aproximados establecidos por correlación entre los casos AM y un gran número de 
casos de fraude comunicados a la Comisión de conformidad con el Reglamento n° 1552/89 se 
han desglosado entre la contabilidad A (importes ya puestos a disposición) y la contabilidad B 
(importes en espera de recaudación). Cuando las cifras estaban disponibles, se indicaron los 
importes prescritos. Este desglose se presenta por Estado miembro en un cuadro para cada 
caso objeto de seguimiento. 
La Comisión recoge los datos proporcionados por los Estados miembros mientras no exista 
prueba en contra, en particular después del control. 
1.3 Caracterización de los casos 
Entre los 6 casos seleccionados conviene distinguir inmediatamente dos categorías de 
expedientes que corresponden a situaciones contenciosas diferentes. 
- Para tres casos, bovinos y carnes, leche en polvo y mantequilla germanoneerlandesa, 
se trata de infracciones deliberadas a normativas existentes cometidas por agentes 
económicos, cuya buena fe debe ponerse en duda. 
Para el caso de los "bovinos, ovejas y carnes del Este", la administración alemana estableció una ficha cuestionario tipo y las respuestas 
de las aduanas a esta ficha se enviaron a la Comisión para más de 1300 documentos T1. Esta primera serie de fichas ya fue objeto de una 
actualización por parte de las autoridades alemanas. 
Se trata pues de casos de fraude probado o de utilización abusiva de una laguna en la 
normativa aduanera. 
- Para los otros tres casos, atún de Seychelles, gambas de las Islas Feroes y televisores 
en color turcos, los importadores, durante el despacho de aduana de sus importaciones, 
pidieron el beneficio de un trato arancelario preferencial sobre la base de certificados que, 
tras los controles comunitarios, resultaron haber sido expedidos erróneamente por las 
autoridades de los terceros países exportadores. Por lo tanto, estos importadores se 
encuentran en situación irregular, lo que supone para ellos el nacimiento de una deuda 
aduanera y la recaudación a posteriori de esta deuda suplementaria. 
La distinción entre expedientes de fraude propiamente dicho y expedientes de irregularidades 
tiene un doble interés desde el punto de vista de la prescripción y desde el punto de vista 
procesal. Por una parte, esta distinción permite aplicar, en caso de irregularidades, la 
prescripción normal de tres años prevista por el Código Aduanero o bien la prescripción 
nacional en los casos de fraude susceptibles de verse sometidos a procedimientos represivos 
ante los Tribunales. 
Por otra parte, esta distinción es esencial desde el punto de vista de la acción que los servicios 
nacionales deben realizar para garantizar la recaudación de los RPT. 
- En caso de fraude probado, la acción clásica de los servicios de investigación tiene por 
objeto determinar los participantes en el fraude y su responsabilidad penal y financiera. 
Pero las pruebas de esta actividad fraudulenta se encuentran en general en>el territorio 
nacional o en los territorios de otros Estados miembros. Las misiones en los terceros 
países proveedores se realizan sobre todo con un objetivo de prevención para el futuro. 
- En el caso de las situaciones irregulares que se derivan del descubrimiento a posteriori 
del carácter inaplicable de los certificados que dan derecho a un trato arancelario 
preferencial, las pruebas de la no aplicabilidad de los certificados únicamente pueden 
aportarse mediante una investigación realizada en las empresas productoras en el país 
tercero de exportación. 
Las misiones de investigación comunitarias están previstas en el Reglamento de asistencia 
mutua y los informes por los que se demuestra la inaplicabilidad de los certificados expedidos 
tras estas misiones, son la base de las recaudaciones a posteriori. 
En los tres casos de irregularidades de la presente muestra, tales misiones se efectuaron y 
permitieron mostrar que los certificados expedidos para las importaciones en cuestión eran 
inaplicables. 
2. PRESENTACIÓN DE LOS CASOS SELECCIONADOS Y ESTADO DE LA RECAUDACIÓN 
2.1 Los expedientes de fraude propiamente dicho (fraude probado o asimilado) 
2.1.1 Sustracciones al régimen de tránsito de bovinos, ovinos y carnes originarias de 
distintos países del Este 
Antecedentes 
De 1990 a 1993, se importaron bovinos, ovinos y carnes de distintos países del Este (Polonia, 
Hungría, Checoslovaquia y Rumania) a Alemania para ponerse allí bajo el régimen de 
tránsito comunitario externo con presunto destino a distintos terceros países (el Magreb, 
Niger, etc.). 
Las operaciones de tránsito en cuestión se liquidaron falsamente con ayuda de sellos 
falsificados o no se liquidaron en absoluto, con la consecuencia de la introducción irregular 
en el territorio aduanero de la Comunidad de decenas de millares de cabezas de ganado. 
Los servicios nacionales de investigación identificaron estas corrientes de fraude sin 
precedentes reguladas por organizaciones criminales. En efecto, este tráfico fraudulento, con 
origen en Alemania, tuvo también consecuencias para Bélgica, Francia, Países Bajos e Italia. 
Además, algunos envíos llegaron al Reino Unido. 
La Comisión informó al conjunto de los Estados miembros por medio de fichas AM3, sobre 
la base de las cuales los servicios de investigación nacionales de los Estados miembros 
interesados elaboraron actas, establecieron informes, notificaron, en su caso, el importe de la 
deuda aduanera a los deudores (constatación según lo dispuesto en el Reglamento 
n° 1552/89) y en su caso, realizaron embargos. Algunos de los acusados fueron llevados a los 
tribunales y condenados. Algunas investigaciones de los servicios nacionales siguen en curso. 
Paralelamente a esta acción de los servicios nacionales represores tendente a frenar el fraude 
en este sector, la Comisión reforzó las disposiciones reglamentarias relativas al régimen de 
tránsito, que se habían revelado insuficientes: 
- la posibilidad de prohibir el recurso a la garantía global para las mercancías de mayor 
riesgo; 
- la posibilidad de una ruta obligatoria en caso de suspenderse el recurso a la garantía global 
y de prohibir el cambio de la aduana de destino; 
- la fijación del importe de la garantía global al 100 % de los derechos y otras imposiciones 
exigibles excepto en algunos casos concretos; 
Se trata de las 8 fichas AM siguientes: AM 46-47/90, 54-56/91, 7-13-38-65/92. 
- el refuerzo de las condiciones de recurso a la garantía global y de las condiciones de 
utilización; 
- la exclusión de un operador que haya cometido infracciones graves en detrimento del 
régimen TIR; 
- la instauración de otras medidas particulares de control respecto a las mercancías que 
presentan un mayor riesgo de fraude. 
Una primera estimación del impacto económico y financiero de estas importaciones 
fraudulentas, calculada a partir de los documentos de tránsito correspondientes de que tratan 
las fichas AM que responden a los criterios del seguimiento, establece el perjuicio para las 
finanzas comunitarias en los siguientes importes6: 
Animales vivos 148.635 cabezas 20 millones de ecus 
Carnes 6.400 toneladas 30 millones de ecus 
50 Millones de ecus 
Resultados de la acción de recaudación 
En materia de recaudación, el avance depende de dos condiciones previas: 
- Deben terminarse las investigaciones, para que los deudores estén determinados, las 
deudas establecidas jurídicamente y se comuniquen estas deudas a los deudores. 
Un gran número de tales investigaciones no estaban finalizadas en Alemania en el 
momento de la interrogación de los Estados miembros por la Comisión. Para una parte de 
estas investigaciones, las autoridades alemanas pidieron, en virtud del Reglamento 
1468/81, la asistencia de las autoridades neerlandesas que tenían indicios de que se habían 
producido llegadas fraudulentas de ganado o carnes a los Países Bajos. Hasta ahora, las 
autoridades neerlandesas no han respondido a estas peticiones. 
- En caso de flagrante delito o de apercibimiento del acusado basándose en pruebas, los 
casos se llevan a los tribunales, que se pronuncian sobre la condición de deudor del 
defraudador. Algunos Estados miembros han adoptado medidas preventivas (garantías 
mobiliarias o inmobiliarias), a la espera del final del procedimiento. 
A causa de estas condiciones, un gran número de operaciones de tránsito no había sido 
solucionado en el momento en que las autoridades alemanas establecieron notificaciones 
mediante formularios de tránsito, que transmitieron a la Comisión. 
El seguimiento de la recaudación no ha afectado a todos los casos de fichas AM del período 1990/94, y el impacto financiero total asciende 
de hecho a 
Animales vivos 155 655 cabe?as 25 millones de ecus 
7 260 toneladas 33,4 millones de ecus 
58,4 millones de ecus. 
Basándose en conclusiones comunes de los servicios de investigación alemanes y 
neerlandeses, incluidas en un informe del servicio de investigación neerlandés (FIOD), las 
autoridades alemanas escribieron en octubre de 1994 a las autoridades neerlandesas, belgas y 
francesas en cuyo territorio había tenido lugar presuntamente la introducción fraudulenta de 
animales y carnes en el territorio comunitario. 
Las autoridades belgas impugnaron esta atribución unilateral de responsabilidad. Por su parte, 
las autoridades neerlandesas contradijeron más tarde las conclusiones contenidas en el 
informe de su propio servicio. En este último país, no obstante, 3 empresas implicadas en el 
tránsito como transportistas fueron objeto de condenas pecuniarias o a penas de prisión sin 
que se haya puesto a la Comisión al corriente de las consecuencias de estas condenas para la 
recuperación de los RPT. 
Por lo que se refiere a la responsabilidad general del obligado principal y de su fianza 
prevista por el Código Aduanero en caso de no liquidación del procedimiento del tránsito, es 
necesario observar que las autoridades alemanas no aplicaron las disposiciones en la materia, 
puesto que habían constatado las primeras infracciones (ejemplares TI falsificados o no 
devueltos) después del plazo de 14 meses. 
Posteriormente, las grandes sociedades de agentes de aduanas afectadas por las deudas se 
declararon en quiebra. 
Habida cuenta de la posición de estos Estados miembros, la recaudación efectiva es 
siempre muy escasa, como se deduce de los cuadros n° Il-a y b que figuran a continuación. 
Por lo que se refiere a los importes constatados pero aún no recaudados o impugnados, para 
las mismas operaciones, a veces han sido anotados en la contabilidad B por varios Estados 
miembros: por una parte, por el Estado miembro donde está establecido el obligado principal 
del título de tránsito, pero también, por otra parte, por aquél dónde se ha descubierto el 
fraude. 
Para determinadas operaciones no liquidadas, ningún Estado miembro ha adoptado medidas. 
Habida cuenta del hecho de que, para determinadas operaciones no liquidadas, los Estados 
miembros interesados impugnan su responsabilidad en materia de recaudación, algunos 
importes aún no han sido objeto de contabilización. En otros casos, mientras que los importes 
se han constatado y recogido en la contabilidad B, aún no se ha llevado a cabo ninguna acción 
concreta de recaudación. 
El problema más grande se refiere, en efecto, a los importes que no han sido objeto de 
constatación y para los cuales intervienen los plazos de prescripción. Incluso cuando juega la 
prescripción nacional, la Comisión opina que es necesario proceder cuanto antes, en cualquier 
caso a una constatación. La Comisión comunicará su posición a los Estados miembros para 
recordarles sus obligaciones: a falta de identificación del defraudador, deberán comprobar 
documento por documento de acuerdo con la normativa comunitaria. 
La Comisión está realizando actualmente un examen de las condiciones de aplicación de la 
reglamentación comunitaria por los Estados miembros afectados. Estará obligada a resolver, 
en particular en caso de falta de acuerdo, sobre la diligencia de las Administraciones 
nacionales en la recaudación de los recursos propios. Del mismo modo, en el caso de que 
importes no sean objeto de una constatación en las condiciones reglamentarias y que 
intervenga la prescripción para estos importes, será necesario actuar en el plano de la 
responsabilidad de los Estados miembros. A nivel contable, la Comisión ha establecido 
previsiones de créditos contra Bélgica, Alemania, Francia y los Países Bajos. 
Cuadro n° II -1 A 
Acción ganado, bovinos y corderos del Este - Responsabilidades de la recaudación 
Referencia 
Fichas AM 
n°66/91 y 
n°56/91 (S1) 
92 (Sector n° 
B-1) 
Ficha AM 
n° 54/91 
(Sector n" 
B-2) 
Fichas AM 
n°36792y 
n° 38/92(S1) 
92 (Sector 
n° B -3) 
Ficha AM 
n°13/92 
(Sector 
n° B -4) 
Fichas AM 
n° 46/90 y 
n" 47/90 
(Sector 
n° B -5) 
TOTAL N°de 
T/1 
153 
20 
131 
(60+71) 
+8(TIR) 
8 
673 
985 + 
8(TIR) Oficina 
emisora 
Frankfurt/ 
Oder 
Frankfurt/ 
Oder 
Waidhaus 
Distintas 
ciudades 
fronterizas 
D Estados 
miembros 
afectados 
Alemania 
Italia 
Alemania 
Bélgica (1) 
Alemania 
Países 
Bajos 
Bélgica 
Francia(1) 
Países 
Bajos 
Alemania 
Bélgica 
Alemania 
Países 
Bajos 
Bélgica (1) 
Francia Responsab. 
reconocida 
(n° de T1) 
152 
20 
(20) 
104 
26 
(2) 
8 
5 
3 
421 
739 Responsab. 
asignada 
(n° de T1) 
3 
3 Responsabilidad 
que debe 
asignarse 
(n°deT1) 
1T/1 
503 T/1 Importes contabilizados 
Cont."A"Cont."B" 
(Ecus) 
41.500 
100.000 
340.000 
180.000 
183.500 
845.000 3.658.000 
672.650 
(582.300) 
1.970.000 
(115.700) 
271.780 
14.000.000 
(35.500) 
20.572.430 Evaluación de 
los importes en 
ecus que deben 
asignarse 
16.303.000 
16.303.000 
(1) Casos e importes objeto de doble contabilización 
10 
Cuadro nil - b 
Acción carne del Este - Responsabilidades de la recaudación 
Referencia 
A.M. 
Ficha AM 
n°7/92 
(Sector n° 
V-1) 
Ficha AM 
n°65/92 
(Sector n° 
V-2) 
curso ficha 
AMn"65/92 
(Sector n* 
V-2A) 
Total N* de T/1 
Interes­
ados 
20 
267 • 
3 TIR 
(84 H • 
87S + 
78 R + 
21 De C) 
11 T/1 
298 * 3 Oficina 
emisora 
Rotterdam Estados 
miembros 
Bélgica 
Países 
Bajos 
Francia 
(según NL) 
Alemania 
Bélgica 
(1) 
Países 
Bajos 
Francia(1) 
Alemania 
Países 
Bajos 
Bélgica 
Francia 
Portugal Responsabi­
lidad 
reconocida 
(n° de T1) 
2 
75 
235 
(6 T/1) 
(4 T/1) 
322 Responsabi­
lidad 
asignada 
(n'deTI) 
18 
18 Responsabilidad 
que debe 
asignarse 
18 T/1 
2 T/1 
CO) Importes 
contabilizados 
Cont.'B" 
(Ecus) 
3.200 
7.169.214 
11.600.000 
(432.957) 
(369.162) 
18.772.414 Evaluación de 
los importes en 
ecus que deben 
asignarse 
280.000 
280.000 
(1) Caso e importes objeto de doble contabilización 
2. /. 2 Sustracción de leche en polvo al régimen de tránsito 
Antecedentes 
De junio de 1991 a octubre de 1992, la leche en polvo procedente de Polonia se puso bajo el 
régimen de tránsito comunitario externo en Amberes para transportarse hacia España. 
En el mes de agosto de 1992, cuatro documentos TI (ejemplares de devolución n° 5 
establecidos para envíos de leche en polvo) llegaron directamente a Amberes, por correo, 
procedentes de Irún (España). Dado que normalmente, los títulos TI liquidados en España se 
devuelven por medio de oficinas centralizadoras designadas (Madrid, Barcelona), este envió 
directo de Irún llevó a las autoridades belgas a solicitar a los servicios españoles un control a 
posteriori de estos documentos, sobre la base del Reglamento de asistencia mutua 1468/81. 
Las autoridades españolas respondieron en el mes de noviembre de 1992 que estos cuatro 
documentos no habían sido liquidados ni enviados por la aduana de Irún. 
Mientras tanto, los servicios belgas habían recogido otros documentos TI con las mismas 
características. Las autoridades españolas comprobaron todos estos documentos más tarde y 
se estableció que todos estos títulos habían sido falsamente liquidados. 
Hasta ahora, se han identificado 229 envíos. Todos estos envíos, con excepción de cinco 
cuyo transportista no ha sido identificado, fueron expedidos en camiones matriculados en 
Francia y en España. 
11 
Las investigaciones llevadas a cabo por los servicios franceses, a raíz de las solicitudes de 
asistencia de los servicios belgas y de la solicitud de información de la Comisión, han 
permitido reconstruir, a partir de los documentos incautados al transportista (cartas de porte, 
facturas, actas de los conductores donde se menciona el kilometraje recorrido) los 154 
transportes efectuados por un transportista francés con destino a España. Los documentos 
incautados permiten establecer que las mercancías se descargaron en España. Las infracciones 
comprobadas por la administración francesa acaban de comunicarse al transportista francés en 
cuestión. 
Los servicios belgas han aportado mientras tanto otros elementos de prueba de una descarga 
de determinados envíos en España. En este sentido, dirigieron de nuevo el 16 de agosto de 
1995, una solicitud de asistencia mutua a las autoridades españolas. En efecto, además de los 
154 envíos transportados por vehículos franceses y descargados en España, los 74 envíos 
transportados por camiones españoles, o por medios de transporte no identificados, también 
se habrían descargado en España, sin que ello pueda probarse para la totalidad de los envíos. 
El importe de los derechos eludidos se elevaba, en la ficha AM 19/93 divulgada por la 
Comisión respecto a estas operaciones fraudulentas de tránsito a 6,4 millones de ecus para 
alrededor de 190 envíos que representaban alrededor de 4000 T de leche en polvo. Más 
tarde, la ficha de fraude 94/6-28 establecida por la administración belga de conformidad con 
el Reglamento 1552/89 indicó la puesta bajo tránsito de 5700 T de leche en polvo por un 
importe de derechos eludidos de 8,9 millones de ecus (229 envíos). 
La Comisión envió cartas de recordatorio a las autoridades nacionales interesadas y los 
servicios de investigaciones belgas y franceses aportaron pruebas de que en España se habían 
descargado determinadas cantidades. A pesar de ello, las autoridades españolas tardaron en 
comenzar las investigaciones, que continúan actualmente. 
Basándose en los documentos enviados respecto a las descargas fraudulentas por la aduana 
francesa a la aduana española, de que ha tenido conocimiento la Comisión, dos misiones 
comunitarias, la última el 25 de enero de 1996, examinaron con las autoridades españolas las 
medidas que deben adoptarse para conseguir un tratamiento eficaz de este expediente. 
Resultados de la acción de recaudación 
Las autoridades belgas han manifestado en sucesivas ocasiones a la Comisión la insuficiencia 
de la garantía impuesta al obligado principal, un organismo de aduanas, para cubrir la 
totalidad de los RPT en cuestión. Según estas autoridades, el mantenimiento de la 
recaudación sobre el principal obligado, lo que implicaría su quiebra, no les parece equitativo. 
Como Estado miembro de origen, las autoridades belgas pretenden que no deberían proceder 
a la recaudación y al registro contable más que para las entregas para las cuales no haya sido 
posible encontrar el menor rastro, habida cuenta de las pruebas ya reunidas por los servicios 
de investigación que demuestran envío por envío, para la parte principal de estos envíos, su 
descarga fraudulenta en España. 
Dado que los Estados miembros interesados no han obtenido las conclusiones de las 
investigaciones con toda la diligencia necesaria, y que aún no se ha realizado, después de 
cuatro años, el apercibimiento definitivo de la empresa francesa de transporte y las empresas 
12 
españolas destinatarias, la Comisión solicitó a España, mediante carta de 23 de abril de 1996 
y a Francia mediante carta de 20 de marzo de 1996 que llevase estos asuntos a juicio. Por 
decisión de la Dirección General de Aduanas francesa de 22 de junio de 1996, se depositó 
una demanda inicial el 30 de julio de 1996 ante el Tribunal de Grande Instance de Bayona. 
La Comisión dirigió a Francia el 23 de diciembre de 1996 una petición de información 
complementaria sobre la acción iniciada contra el transportista. En la misma fecha, solicitó a 
España información sobre el avance de la investigación y de las diligencias contra los 
defraudadores. Por lo que se refiere a la solicitud de las autoridades belgas de exonerar 
al principal obligado de sus responsabilidades respecto de los envíos que resulten haber sido 
transportados en Francia y descargados en España, la Comisión no comparte la opinión de 
Bélgica y su interpretación de las disposiciones reglamentarias de entonces sustituidas por el 
artículo 379 de las DACD. En efecto, en materia de tránsito, el principal obligado y su fianza 
son responsables de la no liquidación de los títulos de tránsito en las condiciones fijadas por 
los artículos 360 a 369 y 379 de las disposiciones de aplicación del Código Aduanero, 
permaneciendo el principal obligado totalmente obligado al pago de los derechos mientras un 
deudor designado, defraudador o transportista acusado, no haya satisfecho la deuda. La 
Comisión se puso en contacto con Bélgica mediante carta de 23 de diciembre de 1996 para 
que este Estado miembro le comunicase los elementos de prueba y demostrase que éstos se 
presentaron en los plazos reglamentarios. Según la respuesta de Bélgica, la Comisión decidirá 
el curso que debe darse. 
Cuadro n" II - 2 
Lecheen polvo n"l 
Estado miembro 
Bélgica 
España 
Francia Contabilidad A 
Nada 
Nada 
Nada Contabilidad B 
• Nada 
Nada 
Nada Procedimiento judicial 
X 
2.1.3 Mantequilla germanoneerlandesa 
Antecedentes 
El 15 de agosto de 1990, se expidió una carga de 2000 T de mantequilla, por vía marítima, de 
los Países Bajos a la antigua RDA, después de haberse beneficiado de un importe de cerca de 
4 millones de ecus de restituciones a la exportación. 
El 17 de agosto del mismo año, esta carga se descargó y despachó de aduana en Wismar, en 
la antigua RDA, pero la mantequilla fue inmediatamente transferida a depósitos públicos 
frigoríficos de la RFA, sin percepción de exacción alguna. 
Los servicios de investigación neerlandeses fueron avisados respecto a este asunto por sus 
homólogos alemanes. Las autoridades neerlandesas intervinieron entonces desde el punto de 
vista de las restituciones recibidas erróneamente por el exportador, puesto que la mantequilla 
había sido reintroducida finalmente en el territorio comunitario. Este aspecto "restituciones" 
del expediente ya ha sido objeto de un seguimiento administrativo y judicial. No obstante, los 
recursos de la empresa exportadora contra la decisión del organismo neerlandés de productos 
13 
lácteos, que solicitó la devolución de la restitución, acaban de ser rechazados el 28 de agosto 
de 1996 por una sentencia del "College van Beroep voor het bedrijfsleven". A raíz de esta 
sentencia, la administración neerlandesa confiscó la garantía bancaria (2,3 millones de ecus), y 
respecto del saldo, se ha incoado un procedimiento civil. 
El aspecto de recuperación de las restituciones afecta a la reglamentación agrícola y se trata, 
como ya se ha dicho, en el marco de esta normativa. Por el contrario la propia 
reimportación en el territorio de la Comunidad sin pago de la exacción de la 
mantequilla exportada con restitución constituye en sí una infracción que supone el origen 
de una deuda aduanera. 
La recaudación de esta deuda es objeto de la acción de la Comisión, destinada a cuestionar la 
acción de las autoridades alemanas que pretenden que la ausencia de adopción de medidas 
administrativas en aplicación de la normativa comunitaria frente al deudor impidió el 
nacimiento de esta deuda. El importe de RPT en cuestión asciende a 6.856.665 ecus. 
Resultados de la acción de recaudación 
La Comisión no admitió los argumentos de las autoridades alemanas según los cuales el 
importador en la RFA de la mantequilla exportada anteriormente con restituciones de los 
Países Bajos hacia la RDA durante el breve periodo de unión aduanera entre la RFA y la 
RDA no tenía que realizar formalidades de despacho de aduana. 
Por el contrario, los representantes de la RFA se habían comprometido en julio de 1990 en 
los Comités agrícolas correspondientes a adoptar las medidas de aplicación de los 
Reglamentos comunitarios 2252/90 y 2060/90, con el fin, entre otras cosas, de impedir que la 
mantequilla beneficiaría de restituciones a la exportación se reintrodujera en el territorio 
comunitario con motivo del proceso de reunificación alemana. 
En consecuencia, la Comisión solicitó a Alemania, mediante carta de 22 de junio de 1994, 
que pusiera a disposición de la Comisión el importe de la exacción en cuestión, es decir, un 
importe de 6.856.665 ecus (12.684.800 DM) y estableció el 16 de agosto de 1994 una orden 
de recaudación por dicho importe. 
En efecto, la Comisión juzgó que se debía a una falta de las autoridades alemanas el que el 
importador de la mantequilla en cuestión hubiera podido introducirla en el territorio 
comunitario sin pagar exacciones. 
Tras la negativa de las autoridades alemanas y debido a que las razones alegadas por ellas en 
apoyo de su denegación en su carta del 3 de febrero de 1995 no pudieron ser tenidas en 
cuenta por la Comisión, esta última les envió un requerimiento, con fecha del 13 de 
septiembre de 1995, con un plazo de dos meses para la respuesta. La respuesta no llegó hasta 
el 11 de enero de 1996, y no aportó nuevos elementos a la postura ya conocida de las 
autoridades alemanas. La ('omisión emitió un dictamen motivado el 30 octubre de 1996. 
14 
Cuadro n" II - 3 
Mantequilla germanoneerlandesa 
Estado miembro 
Alemania Contabilidad A 
Nada Contabilidad B 
Nada Orden de ingreso 
6.856.665 Ecus del 
16.08.94 fase del procedimiento 
Carta de requerimiento de 
13.9.95. 
Dictamen motivado de 30.10.96 
2.2 Los expedientes de irregularidades (certificados preferenciales inaplicables) 
2.2.1 A tún de Seychelles 
Antecedentes 
En el marco de sus actividades de lucha contra el fraude, la Comisión inició a finales de 1991 
unos estudios sobre las importaciones de conservas de pescado procedentes de distintos 
terceros países, ACP o no, basándose en sospechas comunicadas por los medios 
profesionales interesados de la Comunidad. 
Por lo que se refiere a Seychelles, estos trabajos pusieron de manifiesto que las descargas de 
atunes por barcos comunitarios o ACP no eran suficientes para la producción de las 
conservas exportadas por este país hacia la Comunidad. En este país, con una capacidad 
pesquera limitada según los años (o incluso nula hasta la entrada en funcionamiento de dos 
barcos en 1991 ), y en ausencia de los buques comunitarios con los que se contaba para pescar 
en las aguas de Seychelles, la industria local no podía garantizar la totalidad de sus entregas 
de conservas a no ser que comprara pescado a terceros países. 
Con el fin de aclarar esta situación que incumplía las normas de origen fijadas en el 
protocolo n" 1 del Convenio de Lomé, se organizó una misión comunitaria in situ a 
Seychelles del 7 al 19 de diciembre de 1992, en cooperación con las autoridades locales 
competentes. A falta de registros adecuados de las distintas autoridades de Seychelles 
susceptibles de proporcionar las informaciones necesarias para poder resolver sobre la 
regularidad de los certificados preferenciales cuyo control solicitaba la Comunidad, las 
verificaciones debieron efectuarse exclusivamente en la sede de la empresa exportadora. 
De estas investigaciones, resultó que, durante los últimos años, se habían utilizado 
importantes cantidades de materias primas (5368 toneladas) capturadas por barcos terceros 
(en particular, japoneses, rusos, panameños y malteses) en parte para la fabricación de 
conservas de atún exportadas posteriormente hacia la Comunidad al amparo de 
certificados EUR 1 (2000 toneladas). 
15 
Un total de 214 certificados EUR 1, expedidos por las autoridades de Seychelles en el 
período del 9 de enero de 1990 al 2 de diciembre de 1992 y para los cuales se disponía de 
todos los elementos que permitían una determinación precisa de su validez, frieron objeto de 
examen. Cada uno de estos certificados se refería generalmente a varios contenedores (en 
algunos casos, más de 20). 
El resultado de este examen fue el siguiente: 
De estos 214 certificados, 54 se referían a envíos de conservas de atún que cumplían 
todos los criterios de las reglas de origen del Convenio de Lomé, y podían así 
beneficiarse del tratamiento preferencial ACP a su importación en la Comunidad. 
Respecto de un certificado, las mercancías cubiertas eran exclusivamente productos 
terceros (no originarios); por lo tanto, este certificado era inaplicable a efectos del trato 
arancelario preferencial. 
Los otros 159 certificados se expidieron para envíos "mixtos", que incluían a la vez 
productos originarios y productos no originarios con arreglo al protocolo n° 1 del 
Convenio de Lomé. 
Basándose en la documentación comercial disponible, fue posible identificar para cada 
contenedor y cada certificado el número de cajas que contenían conservas de atún 
"originarias" y el número de cajas no originarias. Esta distinción era jurídicamente 
indispensable para la aplicación de los procedimientos de recaudación de los derechos de 
aduana sobre los productos de origen tercero. 
La lista de estos certificados donde figuraba detalladamente respecto de cada contenedor y 
cada certificado el número de cajas de mercancías originarias y no originarias en 
aplicación de los criterios del Convenio de Lomé se envió con fecha 19 de julio de 1993 a 
los Estados miembros interesados, es decir Bélgica, Francia, Irlanda, Países Bajos y el Reino 
Unido, a efectos de la recaudación de los derechos eludidos. 
Habida cuenta del carácter "mixto" de los envíos, la deuda aduanera no se basó en las 
cuantías totales de los certificados, sino en la cantidad de productos no originarios 
determinados separadamente para cada uno de estos certificados. Los servicios de 
investigación estimaron en un primer momento los importes pendientes de recaudación a 
posteriori en 1,5 millones de ecus. 
Resultados de la acción de recaudación 
El importe total de los RPT en cuestión resultantes de la contabilización de los Estados 
miembros asciende de hecho a 1,84 millones de ecus, frente a los 1,5 millones de ecus 
resultantes del primer cálculo (ficha AM 10/92). 
16 
Tras aceptar inicialmente las conclusiones de la misión comunitaria, las autoridades de 
Seychelles intentaron más tarde evitar las consecuencias de la inaplicabilidad de los 
certificados EUR1. Entre noviembre de 1993 y marzo de 1995, intervinieron repetidas veces 
ante la Comisión, con el fin de lograr el abandono de estas recaudaciones a posteriori. 
En efecto, los importadores comunitarios, a quienes se dirigieron las recaudaciones a 
posteriori correspondientes, aplicaron las cláusulas de salvaguardia previstas en los 
contratos comerciales y se volvieron contra los exportadores de Seychelles, en este caso el 
consorcio de la industria conservera, la principal industria de las islas, interrumpiendo los 
pagos a los proveedores de Seychelles. 
En el Reino Unido más concretamente, los importadores británicos habían obtenido que el 
consorcio de la industria conservera de Seychelles los sustituyera en los pagos, y las 
autoridades aduaneras habían concedido a este consorcio unos plazos de pago. Sin embargo, 
pretextando erróneamente que únicamente los importadores británicos se veían obligados 
pagar los derechos, el consorcio solicitóva finales de agosto 1995 a las autoridades británicas 
una prórroga por el importe que quedaba aún por pagar, alrededor de un tercio de la deuda al 
Reino Unido, petición que repercutió la administración británica a la Comisión. 
Estas intervenciones recibieron por parte de los miembros de la Comisión la misma respuesta, 
indicando la imposibilidad de cancelar una deuda aduanera sin fundamento jurídico. 
Basándose en estas respuestas de la Comisión, la administración británica reanudó la 
recaudación mediante pagos escalonados. Se recuperaron las deudas originadas en los Países 
Bajos y en Irlanda, de importes minúsculos. 
Los importadores impugnan las importantes deudas originadas en Francia, de más de la mitad 
del importe total. Si bien estos casos se han sometido al Consejo ACP / CEE, que ha 
ratificado la posición del Comité de cooperación aduanera de comprobar el cálculo de la 
deuda, estos asuntos se han llevado a pesar de todo ante un órgano de jurisdicción voluntaria, 
la Comisión de Conciliación y Peritaje Aduanero. Esta última, al cabo de dos años, constató 
en abril de 1996 que entre el atún importado podía haber atún de Seychelles. 
Ahora bien, las normas previstas en el protocolo del Convenio de Lomé III prevén un 
tratamiento separado de los productos de orígenes diferentes, con el fin de conceder a los 
productos del país en cuestión el beneficio de la preferencia. Este tratamiento separado no 
estaba garantizado a las Seychelles. Las autoridades francesas prevén llevar este caso ante la 
justicia. 
17 
Cuadro n° II - 4 
Atún de Seychelles 
País 
B 
F 
IRL 
NL 
UK 
Totales EUR1 
reconocidos 
5 
75 
4 
5 
69 
165 Fichas de fraude 
BE/94/06/39 
BE/94/06/40 
FR/94/11 
FR/94/12 
IR/93/12/05 
NL/93/12/107 
EN/93/12/176,177, 178 y 
179; EN/94/06/40 
11 fichas Importes en cont. A7 
18.092 Ecus 
73.148 Ecus 
353.916 Ecusa 
^45 156 Ecus Importes en cont. B 
59.335 Ecus 
1.075.530 Ecus 
294.827 Ecus 
1429.692 Ecus Importes prescritos 
3.723 Ecus 
3.723 Ecus Procedimiento judicial 
sí 
previsto 
2.2.2 Gambas de las Islas Feroe 
Antecedentes 
A raíz de las investigaciones realizadas en varios Estados miembros que dieron lugar al 
establecimiento de la ficha AM 2/90, una investigación comunitaria efectuada en las Islas 
Feroe estableció la inaplicabilidad de alrededor 600 certificados EUR 1 emitidos por las 
autoridades feroesas con destino a Bélgica, Dinamarca, Francia, Países Bajos y Reino 
Unido. 
Estos certificados EUR 1 permitían conceder erróneamente el beneficio de los derechos 
reducidos previstos a favor de los productos originarios de las Islas Feroe, a gambas pescadas 
por barcos canadienses, o por barcos feroeses que no cumplían las condiciones de armamento 
previstas en materia de trato arancelario preferencial, y a gambas de terceros países 
simplemente peladas en las Islas Feroe. Las normas de origen aplicables en la materia a todos 
los productos pesqueros, adoptadas en 1974 y prorrogadas en el acuerdo comercial celebrado 
después con las Islas Feroe, son normas estándar que se basan en consideraciones económicas 
y no deberían presentar ninguna dificultad particular de aplicación para los operadores del 
comercio internacional. 
Las autoridades feroesas, en un primer momento reconocieron los hechos, y posteriormente 
se retractaron. En efecto, pretendieron haber ignorado algunas de las disposiciones en materia 
de origen preferencial, lo que se ve contradicho por las instrucciones dadas a las empresas por 
estas mismas autoridades, pero cuya aplicación no controlaron ellas. Pretendieron también 
que la existencia del régimen bilateral con Dinamarca, paralelamente al régimen preferencial 
comunitario, era fuente de errores. 
j-vv, iicwuu, catui pian peueuameme evitaoies mediante la aplicación de medidas de control 
adecuadas, las cuales, de todos modos, no se referían más que a un número limitado de 
operadores. 
7 Ciífas adoptadas el 31,10.96. 
* 14.903,71 UKL o 18 048 m;% oor io qu*» s« ?*We 
18 
La condonación de los derechos no puede otorgarse, según la normativa comunitaria 
aplicable, sólo por que se hayan presentado, incluso de buena fe, para la concesión de un 
trato arancelario preferencial en favor de mercancías declaradas para la libre práctica, 
documentos que hayan resultado posteriormente ser falsos, estar falsificados o no ser válidos. 
En este caso particular, para efectuar esta recaudación, los Estados miembros debían basar su 
acción en la retirada por parte de las autoridades feroesas de los certificados objeto de litigio, 
así como en las comprobaciones efectivas que figuran en el informe de la misión comunitaria 
de investigación de 15 de octubre de 1991 en la que participaron algunos de sus funcionarios. 
Más tarde se puso el informe en conocimiento de todos los Estados miembros, de acuerdo 
con la normativa adoptada por el Consejo. 
Los importes pendientes de recaudación a posteriori se estimaron en un primer momento 
en 10 millones de ecus. 
Resultado de la acción de recaudación 
La comprobación de la no aplicabilidad de los certificados EUR 1 expedidos por las 
autoridades feroesas, por distintas razones, no ha redundado en la recaudación total de los 
RPT en cuestión. 
Esto se debe en parte al régimen bilateral existente entre Dinamarca y las Islas Feroe que 
preveía entre otras cosas la franquicia para todas las importaciones de productos feroeses en 
Dinamarca. Este régimen preferencial finalizó a partir del 1.1.1992 con el acuerdo comercial 
firmado entre la Comunidad y las Islas Feroe y consagrado por el artículo 20 de la ley 
aduanera nacional. Las autoridades danesas interpretaron que el protocolo relativo a las Islas 
Feroe adjunto al Acta de adhesión de Dinamarca seguía siendo de aplicación, en ausencia de 
posición contraria adoptada por el Consejo. 
En estas condiciones, las importaciones de gambas destinadas al consumo en Dinamarca o a 
la reexportación hacia terceros países, en particular después del pelado, que no podían 
beneficiarse de la preferencia de conformidad con los EUR 1 impugnados fueron objeto de la 
franquicia en aplicación del artículo 20 de la ley aduanera danesa. La aplicación de esta 
franquicia afectó a unos 11 millones de ecus, reduciéndose así las recaudaciones que la 
administración danesa debe efectuar a aproximadamente 1/10° de los importes (véase el 
cuadro n° 11-5: 962.950 ecus). 
En cambio, las importaciones en Dinamarca de gambas beneficiarías de esta franquicia no se 
encontraban en libre circulación y cualquier reexpedición hacia otros Estados miembros debía 
ser objeto de un impuesto o de un envío en tránsito externo (TI). El hecho de que Dinamarca 
no haya adoptado medidas de vigilancia sobre estas reexportaciones, aparte de un aviso a los 
importadores interesados, plantea determinados problemas respecto de los cuales la 
Comisión deberá adoptar posición cuanto antes. 
19 
Otra circunstancia particular de este expediente se debe a que Dinamarca, Irlanda y el Reino 
Unido aplicaron hasta el año 1992 a estas importaciones tarifas nacionales preferenciales. 
Por otra parte, un juez belga se ha pronunciado en favor de un deudor belga a quien la 
administración de aduanas belga había llevado a juicio. Esta administración ha recurrido la 
sentencia. Por ello, los importadores belgas y los importadores británicos, que son 
mayoritarios y para los cuales se trataba de flujos tradicionales de importación, se creyeron 
con más derecho a oponerse a la recaudación a posteriori y se han opuesto por vía judicial. 
Del mismo modo, el High Court of Justice planteó dos cuestiones prejudiciales el 14 de abril 
de 1994 al Tribunal de Justicia europeo por la casi totalidad de los importes de los RPT 
constatados en el Reino Unido y anotados en contabilidad B por este Estado miembro. En 
respuesta a la cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia dictó sentencia el 14 de mayo de 
1996, que debe aún ser interpretada por la jurisdicción británica9 . 
Por el contrario, un importe de 295.232 ecus fue puesto a disposición por la administración 
neerlandesa. 
Por último, con exclusión de los importes prescritos, ha transcurrido un plazo relativamente 
largo entre el momento de la comunicación a los Estados miembros del resultado de la misión 
comunitaria que demostraba la inaplicabilidad de los certificados EUR 1 y aquél en que las 
Administraciones nacionales han adoptado las medidas necesarias para la defensa de los 
intereses financieros comunitarios. 
Los servicios de la Comisión pudieron constatar que la administración danesa no había 
enviado a su debido tiempo las órdenes de recaudación, provocando así la prescripción de 
cierto número de importes. 
La recaudación de los importes pendientes, al igual que la confirmación de las recaudaciones 
ya efectuadas y toda acción contra los Estados miembros por causa de la prescripción en las 
condiciones anteriormente contempladas, depende no obstante de la interpretación que 
hagan las jurisdicciones nacionales de la sentencia del Tribunal de Justicia y la 
Comisión solicitará información a los Estados miembros acerca de las decisiones de los 
tribunales nacionales y de sus consecuencias en la recaudación de los RPT. 
» Sentencia de 14.5.1996, Islas Feroe Seafood, c-153/94 y 204/94, aun no publicado 
20 
Cuadro nil - 5 
Gambas de las Islas Feroe 
Pals 
B 
DK 
F 
NL 
UK 
Totales EUR1 
5 
266 
21 
12 
185 
599 Ficha de fraude 
BE 92/06/06 
FR 92/06/09 -
FR 92/06/10 
10 fichas de fraude 
Total en ecus Cont. A 
importes en ecus 
962.960 
295.232 
1.258.182 Cont. B 
importes en ecus 
67.958 
29.883 
1.804.238 
1.902.079 Prescripción 
0 
Franquicia (ecus) 
11.000.000 
29/4/89 
1.018.646 
12.018.646 Juez 
Sí 
Sí 
Sí 
2.2.3 Televisores en color de 7urquía 
Antecedentes 
Distintas informaciones llegadas a la Comisión a partir de i988 sobre los bajos precios 
aplicados por los exportadores turcos de televisores revelaron que las autoridades turcas 
expedían ATR para productos que no podían beneficiarse del trato arancelario preferencial. 
En efecto, los componentes originarios de terceros países utilizados en Turquía en la 
fabricación de los televisores exportados hacia la Comunidad se importaban bien en 
Suspensión de los derechos de aduana (sin percepción de la exacción compensadora), bien 
en el marco de un régimen de reembolso ("drawback"). 
Al no estar sometidos a los impuestos turcos, los televisores fabricados con estos 
componentes no podían reexportarse hacia la Comunidad en libre circulación, bajo ATR, sin 
la percepción de una exacción compensadora en el momento de la reexportación. 
Sobre la base de estas informaciones, la Comisión advirtió a los Estados miembros (ficha AM 
33/88), quienes iniciaron una comprobación de la situación de las exportaciones en cuestión 
procedentes de Turquía. En primer lugar, solicitaron a las autoridades turcas, sin resultado, la 
comprobación de esta situación in situ Al cabo de dos años de retrasos, las autoridades 
turcas finalmente aceptaron la organización de una misión comunitaria del 18 de octubre al 9 
de noviembre de 1993. 
Esta misión confirmó el carácter irregular de las exportaciones turcas de televisores y de la 
emisión de los certificados de circulación correspondientes respecto a las exigencias del 
acuerdo CEE-Turquía. 
A la vista de los resultados de la misión, no impugnados por las sociedades exportadoras y las 
autoridades turcas, se comunicó a las Administraciones nacionales una lista de los certificados 
sin valor, elaborada sobre la base de las comprobaciones efectuadas por la misión. La 
Comisión consideró que el valor de la base imponible que debe considerarse para el cálculo 
21 
de los derechos exigibles debido a la inaplicabilidad de los certificados ATRl era el valor de 
los televisores para los cuales se había solicitado la exención de derechos prevista por el 
Acuerdo, y ello, al tipo del 14% aplicable a estas mercancías. 
El impacto financiero de la inaplicabilidad de los certificados ATRl para los RPT se evaluó 
inicialmente 45 en millones de ecus, de los cuales 5 millones constituían derechos 
antidumping. 
Resultados de la acción de recaudación 
En este expediente, las dificultades de recaudación a que se enfrentaron las administraciones 
de los Estados miembros adoptaron las formas más complejas. 
Por una parte, las autoridades turcas mantuvieron el mayor tiempo posible la duda sobre el 
estatuto real de las exportaciones hacia la Comunidad. Fue necesario esperar a enero de 1995 
para que las autoridades turcas anunciaran medidas que supuestamente solucionarían el 
problema para el futuro. Sin embargo, estas medidas tardías que afectaban a los exportadores 
turcos no podían afectar a las importaciones en la Comunidad y no podían permitir la 
anulación con efecto retroactivo de las deudas originadas por las importaciones ya 
efectuadas no afectadas por la prescripción de tres años, y las consiguientes recaudaciones a 
posteriori. 
Con respecto a los importes debidos correspondientes al pasado, las autoridades turcas se 
comprometieron a establecer una exacción compensadora a percibir en los tres próximos años 
y que supuestamente darían una validez retroactiva a los ATR expedidos erróneamente, lo 
que no podía considerarse ni en el marco del Código Aduanero, ni en el del Acuerdo de 
Asociación CEE-Turquía. 
Estos argumentos fueron recogidos por los importadores y por las autoridades nacionales de 
los Estados miembros, listas autoridades nacionales se dirigieron en sucesivas ocasiones al 
más alto nivel a los miembros de la Comisión para pedir una exención de las recaudaciones a 
posteriori, y los delegados nacionales de la mayoría de los Estados miembros interesados 
presentaron las mismas solicitudes en los Comités aduaneros de normativa, basándose en los 
mismos argumentos 
Las delegaciones francesa y neerlandesa transmitieron a la Comisión peticiones de 
modificación del Código Aduanero con respecto a la protección de la buena fe de los 
importadores, con el objeto de obtener la dispensa de recaudación para las deudas 
originadas en el pasado con motivo de las importaciones de televisores turcos, o bien para 
eximir en el futuro a los importadores de las consecuencias financieras de la anulación de 
certificados preferenciales indebidamente expedidos por terceros países y reconocidos a 
posteriori como inaplicables. 
22 
Estas solicitudes estaban destinadas a poner las situaciones de no recaudación de deudas 
aduaneras a cargo de las finanzas comunitarias. La Comisión no pudo dar curso a estas 
solicitudes que cuestionaban la normativa existente y la propia base del sistema de tratamiento 
preferencial que gestiona el conjunto de los intercambios con los terceros países. 
La Comisión, por otra parte, había pedido repetidas veces a lo largo de 199410 a las 
Administraciones nacionales que procedieran a la recaudación o a la garantía de los RPT en 
cuestión, concediendo al mismo tiempo a los deudores facilidades de pago compatibles con 
las disposiciones del Código Aduanero. 
La posición de la Comisión se ha mantenido, aunque los Estados miembros no han 
respondido adecuadamente. En efecto, la Comisión considera que al menos a partir del 1 de 
abril de 1994, fecha a partir de la cual la situación de las relaciones con Turquía había sido 
objeto de las aclaraciones necesarias, los Estados miembros habrían debido adoptar las 
medidas necesarias para defender los intereses financieros de los RPT, respetando al mismo 
tiempo, por supuesto, los derechos de recurso de los deudores. Actualmente, solamente 
Dinamarca ha recuperado el importe relativo a las escasas importaciones de televisores de 
color turcos que le concernían. 
De los demás Estados miembros interesados, solamente el Reino Unido ha proporcionado 
una relación detallada de la situación de los créditos que le corresponden, con una parte en la 
contabilidad B y una parte prescrita. Los Países Bajos han puesto a disposición la parte no 
prescrita, aplicando la prescripción a partir de julio de 1992. Algunos Estados miembros (B, 
D, F, E y P) inscribieron los importes debidos en la contabilidad B e informaron a la 
Comisión, sin proporcionar sin embargo los detalles solicitados. Los demás Estados 
miembros (EL, I) no atendieron a la petición de información de la Comisión. 
La inscripción de determinados importes en la contabilidad B no ha ido seguida de 
auténticas acciones de recaudación. Parece que los Estados miembros afectados esperan 
para actuar la decisión de la Comisión sobre las solicitudes de devolución, presentadas por los 
deudores alemanes por unos 5 millones de ecus de conformidad con la normativa de 
entonces, recogida ahora en los artículos 235 a 242 del Código Aduanero . 
Recientemente se han añadido nuevos elementos a este expediente. En efecto, mediante 
decisión de 28 de mayo de 1996 (n \ el Consejo invitó a la Comisión a que realizara un 
estudio con el fin de encontrar una solución al problema de la recaudación a posteriori de los 
derechos de aduana, por lo que respecta a las pruebas documentales del estatuto preferencial, 
en particular, en el contexto de la protección de la buena fe, evitando toda discriminación 
entre los operadores comunitarios. A este respecto, en su sentencia Seafood (véase nota a pie 
de página, sección 2.2.2), el Tribunal de Justicia proporciona elementos susceptibles de tener 
Carlas DG XIX n° 1720 de 2 3 1994. n° 3141 de 21.4.1994 y n° 8957 de 25 11.1994 a los representantes permanentes los Estados 
miembros interesados y carta DG XIX n° 15885 de 6.10.1994 a los Directores Generales de Aduanas 
DOC170de14de|uniode1996 
23 
también consecuencias en el seguimiento de la recaudación de este expediente. La Comisión 
prepara actualmente una comunicación sobre el tema, que se enviará al Consejo 
próximamente. 
Cuadro n° II - 6 
Televisores en color de Turquía 
ESTADO 
MIEMBRO 
B 
DK 
D 
EL (4) 
E 
F 
1 
NL 
P 
UK 
Total Número 
de ATR 
16 
503 
302 
384 
216 
119 
53 
314 
1907 Fichas 
de fraude 
5 
12 
17 Número de TVC 
Declarados 
28366 
938 
397 687 
426.991 Estimados 
31.236 
738 
674.370 
4.974 
399.407 
368.936 
191.473 
223.463 
79.443 
584.121 
2.558.161 Impacto 
financiero Contabilidad A Contabilidad B 
Cantidad en Ecus 
845.000 
12500 
14.000 000 
84 500 
8.600.000 
7.850.000 
4000.000 
5.580.000 
1700 000 
13000 000 
55.672.000 25.500 
994 481 
7132 
1.027.113 (1) 558.000 
10.500.000 
3.093.000 
(1) 10.000.000 
1.154.289 
(1)3.886 225 
29.191.514 Estimación de 
las 
prescripciones 
(2) 
9.821.000 
1.567.400 
2722.000 
14.110.400 Fecha de 
prescripción 
aplicada 
30.05.91 
(3) 
1.1.92 
1.6.92 
1.1.91 
1.7.92 
1.2.92 
18.10.91 
(1) El importe fue objeto de una notificación para interrumpir la prescripción, pero aún no se ha iniciado la recaudación. 
(2) Aún por determinar en función de un examen detallado del expediente 
(3) En examen 
(4) Las autoridades griegas no han iniciado ninguna acción 
24 
3. SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR LOS 
ESTADOS MIEMBROS 
3.1 Balance general 
3.1.1 Ejecución del seguimiento 
La Comisión considera conveniente observar de antemano que, gracias a la cooperación 
de los Estados miembros, dispone de una imagen relativamente completa de la forma en 
que los Estados miembros asumen sus responsabilidades en materia de recaudación en 
situaciones a veces difíciles, como es el caso de los expedientes que son objeto de la 
presente muestra. 
Los casos tratados en el marco del presente documento muestran que se justifica un 
seguimiento sistemático de la situación de la recaudación a nivel nacional. A este 
respecto, la Comisión es consciente de la carga administrativa suplementaria que 
implican sus intervenciones. No obstante, se realizan con el fin de salvaguardar los 
intereses financieros de la Unión y a veces han sido justificadas por las lagunas o 
debilidades constatadas en la ejecución de la recaudación. 
3.1.2 Situación global de la recaudación correspondiente a la muestra B/94 (cuadro 
n°II-7). 
El cuadro n° II-7 presenta, por Estado miembro y para cada caso de la muestra, la 
situación de la recaudación desglosada según las posiciones constatadas a 31 de octubre 
de 1996, es decir: 
- Pagos efectuados anotados en contabilidad A; 
- Recaudaciones pendientes inscritas en contabilidad B; 
- Importes pendientes de recaudación a propósito de los cuales la Comisión impugna la 
acción de los Estados miembros. 
La muestra, cuyo importe de RPT pendiente (124 millones de ecus) representa un 
porcentaje del 27% de| saldo de la contabilidad "B" a 31 de diciembre de 1993, es 
representativa de las dificultades más preocupantes encontradas por las Administraciones 
nacionales, es decir los certificados inaplicables en materia de preferencia y las 
sustracciones al tránsito comunitario . 
25 
Cuadro n" 11-7 - Balance general 
Situación de la recaudación para la muestra B94 
Millones de ecus 
(1) 
Expedientes 
por 
Estado miembro 
B n°1 
n"2 
n°3 
n°4 
n°5 
n°6 
DK n°5 
n°6 
0 n°1 
n"2 
n°3 
n°5 
n°6 
E n°2 
n°6 
F n"1 
n"2 
n°4 
n°5 
n"6 
IRL n°4 
NL n°1 
n°4 
n°5 
n°6 
P n°6 
UK n°4 
n°5 
n°6 
TOTALES: (2) 
Total 
por 
Estado 
miembro 
22,55 
11,99 
45,16 
3,01 
11,58 
0,018 
18.493 
1,157 
10,04 
124,038 (3) 
Inscnpción en 
Cont A 
Pagos 
efectuados 
0,03 
0,32 
0,018 
0,52 
0,073 
0.3 
1 
0,007 
0,35 
2,618 (4) 
Inscripción en contabilidad B 
(4a) 
Recaudación 
pendiente 
12,9 
0,06 
0,56 
27,46 
10,50 
3,01 
0,48 
0,03 
10,00 
1,15 
0,29 
0,2 
3,9 
70,54 (4b) 
Casos transmitidos a 
bs órganos judiciales 
0,07 
0,96 
1,07 
1.6 
3,7 (5) 
Prescripción 
0 
franquicia 
11,00 
1 
2,7 
14,72 (6) 
No inscritos 
Importes (6A) 
PC 
8,96 
PC 
PC 
PC 
16,60 
25,56 Expedientes de 
infracción 
(6B) 
6,9 
6,9 
3.1.3 Comentarios 
Recaudaciones efectivas (columna 1) 
Las únicas recaudaciones que se han producido lo han sido casi exclusivamente en los 
expedientes de irregularidades correspondientes a intercambios preferenciales. La recaudación 
para casos de fraude afecta especialmente al tránsito externo, donde las solicitudes de pago 
han suscitado recursos administrativos o judiciales respecto de la casi totalidad de los 
importes pendientes. Por estas razones, el tipo de liquidación definitivo de los expedientes es 
aún muy escaso (menos del 0,5%) 
Contabilidad B: Recaudaciones pendientes (columna 4a) 
En esta posición, figura la indicación de importe aun no recaudado. Se podría esperar que se 
encontrara allí la mayor parte de los recursos en cuestión. No obstante, el importe anotado en 
contabilidad B es claramente inferior por dos razones principales. 
26 
1. En determinados casos, porque el plazo de prescripción se produjo antes de que la deuda 
fuera objeto de una orden de pago al deudor (columna 3); 
2. Para otros casos, si bien los importes aún no han prescrito (plazo correspondiente a los 
casos de fraude), algunos Estados miembros no han hecho aún lo necesario para 
garantizar la inscripción en la contabilidad B. 
Casos transmitidos a los órnanos judiciales (columna 4b) 
Estas situaciones se refieren a expedientes de recaudación a posteriori respecto de los cuales 
los deudores han recurrido contra las órdenes de pago. Se trata, en particular, de la cuestión 
de los certificados inaplicables, donde los importadores alegan su buena fe para negarse a 
pagar las recaudaciones a posteriori. 
Importes pendientes de recaudación no contabilizados / constatados por los Estados 
miembros (columna 6) 
Esta situación de no contabilización de los RPT que deben recaudarse se refiere a un importe 
relativamente elevado, la cuarta parte de la muestra. Puede ser provisional o definitiva. 
En el caso de las importaciones de mantequilla germanoneerlandesa, las autoridades alemanas 
se negaron definitivamente a tener en cuenta las observaciones de la Comisión sobre la 
existencia de una deuda que habría debido recuperarse. La importancia de la controversia 
sobre el alcance de las obligaciones del Estado miembro en cuestión justificó la introducción 
de un procedimiento de infracción. 
3.1.4 Finalización de la liquidación de los casos de la muestra 
Uno de los temas que preocupa a la Comisión es el escaso porcentaje actual de liquidación de 
la muestra. 
En efecto, las recaudaciones efectivas son insignificantes y el recurso a los tribunales, que 
pone hasta cierto punto un término a la acción administrativa, sólo afecta asimismo a un 
importe relativamente escaso. 
Por el contrario, los casos no cerrados representan la casi totalidad de la muestra y en esta 
categoría, es necesario observar que más de la mitad está constituida por expedientes sobre 
los cuales la Comisión está en conflicto con los Estados miembros (declaración de infracción 
e importes pendientes de recaudación no anotados en la contabilidad). 
Esta situación facilita hasta cierto punto las maniobras irregulares o fraudulentas. 
27 
3.2 Inventario de errores 
El seguimiento de la muestra B 94 confirma cierto número de errores en la recaudación de los 
RPTa nivel nacional. 
3.2.1 Plazos de investigación en los Estados miembros 
Los asuntos de carácter delictivo (animales vivos, leche en polvo) se caracterizan 
generalmente por plazos muy largos de investigación por parte de los servicios de 
investigación nacionales. Estos plazos se deben a la falta de agilidad de las investigaciones y a 
la sobrecarga de los servicios nacionales. También se ven prolongados por las dificultades de 
algunos Estados miembros para obtener la asistencia mutua de otros Estados miembros, 
necesaria para terminar la investigación nacional (véase a continuación). 
Además, una vez terminadas las investigaciones, la explotación por parte de los servicios 
financieros y la decisión administrativa sobre la situación de los deudores no son siempre 
inmediatas. 
La transferencia de un expediente a la autoridad judicial implica una nueva investigación y 
plazos aún más largos. Para cuando los servicios interesados disponen de títulos de 
recaudación operativos, los defraudadores están a menudo fuera de todo alcance. 
3.2.2 Retrasos debidos a las distintas posibilidades de recurso nacionales 
A nivel nacional existen distintos métodos de impugnación, administrativos o voluntarios, de 
las órdenes de recaudación, cuyo principal efecto es suspender la recaudación más allá de 
plazos de pago previstos por el Código Aduanero. Así, por ejemplo: 
- Los deudores británicos pueden, sin formalidades especiales, impugnar la validez de las 
órdenes de recaudación ante su administración. Este procedimiento de negociación no ha 
ido siempre acompañado de una constatación correcta y cuestiona la constatación de 
origen, sin que pueda saberse si se trata de una nueva constatación con arreglo al artículo 
2 del Reglamento 1552/89 o de una rebaja de parte de la deuda. 
- En Alemania, los deudores pueden impugnar la orden de recaudación, cuya ejecución se 
suspende tras la decisión de la administración, por un período indeterminado. 
- En Francia, las impugnaciones sobre el origen, el valor o la especie de la mercancía 
declarada se realizan ante una Comisión de conciliación y de peritaje aduanero que no 
emite dictamen inmediatamente, lo que tiene como efecto suspender la recaudación por un 
plazo indeterminado, en función del ritmo de trabajo de esta comisión. Por ello, la 
Comisión va a examinar este tipo de recursos voluntarios que no parecen organizar de 
manera equivalente el derecho de recurso del título VII del Código Aduanero Comunitario 
y que, a pesar de su escasa eficacia, tienen como efecto cuestionar las decisiones. 
28 
En el caso del atún de Seychelles, la misión comunitaria demostró de manera definitiva la 
imposibilidad de un origen de Seychelles, lo que se inscribió en el informe de esta última, que 
se envió a la administración francesa. Asimismo, el Consejo de Ministros ACP-CEE se 
pronunció 18 y 19 de mayo de 1994 al respecto. 
3.2.3 Retrasos y fallos en la aplicación de las normas sobre la recaudación a posteriori en 
casos de no liquidación de operaciones de tránsito 
Se ha constatado que las normas en materia de recaudación a posteriori de las deudas 
aduaneras a raíz de la no liquidación de operaciones de tránsito no se aplican 
satisfactoriamente, tal como observó la Comisión sobre la base de los controles in situ 
(1994-1995) donde se observaron retrasos sistemáticos en todos los Estados miembros. Los 
expedientes de tránsito objeto de la presente muestra ilustran esta situación. 
En efecto, los plazos previstos por la normativa para embargar a los responsables se han 
superado en la mayoría de los casos, a falta de una intervención de las administraciones 
competentes o como consecuencia de una intervención tardía de estas últimas. 
Estas situaciones causaron pérdidas definitivas de recursos, al declararse en quiebra las 
empresas amenazadas con la recaudación (obligados principales) y no tener ya que asumir 
obligaciones legales debido al rebasamiento de los plazos de embargo. 
3.2.4 Retrasos y fallos en la aplicación de las normas sobre la recaudación a posteriori en 
los casos de certificados preferenciales inaplicables 
Los servicios de la Comisión han observado que, para las recaudaciones a posteriori 
resultantes de la inaplicabilidad de certificados preferenciales, los resultados de la misión 
comunitaria de control en los terceros países interesados frieron insuficientemente explotados 
o no explotados en absoluto por las Administraciones nacionales interesadas. 
Esta situación ha supuesto la prescripción en determinados casos de irregularidades. Se 
plantea la cuestión de saber si la reticencia de algunos Estados miembros en sacar las 
conclusiones adecuadas respecto a la recaudación no se justifica parcialmente por un deseo de 
protección de los importadores comunitarios que corren el riesgo enfrentarse a la quiebra 
mientras que la situación de los productores comunitarios de mercancías equivalentes a las 
mercancías importadas no parece tenerse siempre en cuenta (quiebra de los productores de 
TV - casos TV turcos). 
Por parte de los Estados miembros, se ha destacado que al no dar la normativa actual valor 
probatorio al informe de la misión comunitaria, previsto no obstante por el Reglamento de 
asistencia mutua, no es posible, según determinadas Administraciones nacionales, utilizarlo 
ante los tribunales como prueba de la invalidez de los certificados ni fijar su fecha de 
comunicación por la Comisión con el fin de crear una obligación de constatación en virtud del 
29 
artículo 78 del código. No obstante, esta situación ya ha mejorado a raíz de la sentencia 
Seafood, donde el Tribunal ha puesto de relieve la ^importancia de las conclusiones de una 
misión de investigación comunitaria y las consecuencias que pueden derivarse. La cuestión 
debería resolverse definitivamente aplicando el reglamento sobre controles y verificaciones "in 
situ" que realiza la Comisión. (*) 
De todos modos, es necesario constatar que los Estados miembros no han aplicado 
satisfactoriamente las disposiciones del Código Aduanero en materia de contracción, ni las del 
Reglamento n° 1552/89 en materia de constatación. En efecto, no enviaron órdenes de 
recaudación ni procedieron a la constatación de los RPT, si bien conocían el deudor y el 
importe de la deuda. 
3.2.5 Debilidad de la cooperación entre Estados miembros en el marco de la asistencia 
mutua 
- En determinados casos de fraude probado, algunos Estados miembros solicitaron sin éxito 
la asistencia mutua de otros Estados miembros (Alemania se dirigió a los Países Bajos para 
numerosos casos de vacuno y Bélgica pidió sin éxito ayuda a España en el asunto de la 
leche en polvo). En otros casos, cuando se prestó asistencia, se hizo transcurrido un largo 
plazo. 
- La desaparición de las fronteras interiores de la Unión y las facilidades de circulación que 
crea exigen una intensificación de las relaciones entre las Administraciones nacionales de 
los Estados miembros. 
Respecto de algunos expedientes de la presente muestra que habrían exigido en 
determinados casos una atribución de la responsabilidad de la recaudación a los Estados 
miembros y a continuación una posible asistencia de conformidad con la asistencia a la 
recaudación (Directiva 76/308/CEE), parece que los Estados miembros afectados, en la 
mayoría de los casos, no han adoptado ninguna iniciativa. 
3.2.6 El recurso, a veces abusivo, al argumento de la buenaje del importador 
En numerosos casos de importaciones con certificados preferenciales inaplicables, en 
particular, en el caso de los televisores en color turcos, los importadores alegaron su buena fe 
para ser eximidos del pago a posteriori de los derechos y gravámenes debidos, argumentos 
que determinadas Administraciones nacionales consideraron al menos temporalmente 
admisibles y presentaron ante los órganos comunitarios. 
(*) Considerando n° 1 de la sentencia Seafood y párrafo 5 del articulo 8 del Reglamento 2185/96 del Consejo de 11 de 
Noviembre de 1996 (JOCE L 292 de 15.11.96) 
30 
Por una parte, la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia en la materia ha adoptado 
hasta ahora posición sobre este punto, estableciendo que la buena fe no puede disculpar en 
absoluto la presentación de un certificado inaplicable. Por otra parte, el artículo 904 c) de las 
disposiciones de aplicación del Código, que excluye la condonación o la devolución de los 
derechos de importación en base únicamente a la buena fe, sigue constituyendo la esencia de 
la legislación aplicable en materia de acuerdos preferenciales. 
Sobre la cuestión de la buena fe, conviene recordar que la aplicación de este concepto en el 
contexto de los regímenes preferenciales es objeto de una comunicación de la Comisión 
actualmente en proceso de elaboración. Esta comunicación tendrá en cuenta también las 
consecuencias de la reciente sentencia "Islas Feroe Seafood". 
3.2.7 1M tolerancia de que dan prueba las Administraciones nacionales. 
En el Código Aduanero Comunitario existen disposiciones concretas y vinculantes en cuanto 
a los plazos que deben imponerse a los deudores para el pago de los RPT. Sin embargo, en la 
práctica las condiciones de recaudación en los Estados miembros no son siempre homogéneas 
para los mismos casos de fraude o de irregularidades. 
Algunos deudores se han negado a pagar a sus administraciones nacionales sus deudas 
aduaneras so pretexto de que, en otros Estados miembros, la recaudación a posteriori no se 
requería en casos similares. De hecho, los procedimientos de recaudación habían comenzado, 
pero eran objeto en los demás Estados miembros de un procedimiento de recurso a diferentes 
niveles, administrativo o judicial, dando a los operadores la impresión de que no se exigía la 
recaudación. 
4. CONCLUSIONES 
4.1 El presente informe da cuenta del seguimiento detallado de 6 casos de fraude e 
irregularidades seleccionados por la Comisión sobre la base de criterios objetivos. 
Teniendo en cuenta que estos seis casos son especialmente complejos, los tipos de 
dificultades que destacan son representativos de la mayoría de los expedientes en 
materia de recaudación de los RPT. 
Así, las distintas acciones de recaudación realizadas por los Estados miembros se ven 
obstaculizadas por la lentitud de los procedimientos de recurso administrativo y 
judicial y los problemas prácticos a que se enfrentan sus administraciones en la 
aplicación de las decisiones administrativas o judiciales relativas a la recaudación 
efectiva de la deuda ante los deudores. A estos problemas se añaden las dificultades 
correspondientes a medidas de carácter transfronterizo. 
31 
Estas dificultades objetivas se ven agravadas por las deficiencias observadas en la 
aplicación de la normativa aduanera, en particular por lo que se refiere a la definición 
de la deuda aduanera, la constatación y la contabilización de los RPT. 
4.2 En los Estados miembros, el aumento de los casos de fraude e irregularidades, en 
particular desde principios de los años 90, puso de manifiesto los límites de la 
capacidad de control de las administraciones aduaneras. Esto se debe 
fundamentalmente al creciente volumen de las transacciones, a la naturaleza cada vez 
más sofisticada de los productos, a la complejidad de las normas aplicables y al 
número de regímenes aduaneros y acuerdos preferenciales a que recurren los 
operadores. 
Cada vez más, estas administraciones se enfrentan a un fraude organizado por redes 
criminales internacionales a menudo establecidas en terceros países, que se ocultan 
tras sociedades pantalla o que se sirven de empresas conocidas en el mercado pero 
ignorantes de la auténtica naturaleza de sus socios. Esta situación ha llevado al 
Consejo y al Parlamento Europeo12 a hacer hincapié en la necesidad absoluta de que 
los Estados miembros garanticen una protección adecuada de los ingresos 
comunitarios con vistas a un enfoque global de la lucha contra el derroche y el desvío 
de los fondos comunitarios. 
La magnitud de las dificultades no permite esperar soluciones milagrosas, y los 
esfuerzos de los Estados miembros deben concentrarse en primer lugar en los 
sectores donde se puede esperar un progreso, es decir, en la aplicación estricta de las 
disposiciones comunitarias, en particular, en materia de nacimiento de la deuda, de 
garantía, de constatación y de contabilización de los RPT. Por otra parte, además del 
refuerzo de las acciones represivas respecto a los defraudadores, cada Estado 
miembro podría prever modificaciones de sus procedimientos judiciales con el fin de 
acortar el tratamiento de estos expedientes. 
A nivel más general, podemos preguntarnos si muchos casos de irregularidades no se 
deben a disposiciones comunitarias e internacionales complejas, que a veces 
contemplan varios objetivos simultáneamente. La aplicación de determinados 
acuerdos internacionales da en efecto lugar a irregularidades que resultan 
generalmente de una interpretación errónea de las normas comunitarias o del 
incumplimiento de estas normas por uno de los eslabones de la cadena, mientras otros 
asumen las consecuencias (financieras). 
12 Véase el informe del Sr. Hardong, Ponente del COCOBU y las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo 
de Madrid y del Consejo l'COPIN de 27/11/95. 
32 
Un caso especialmente importante se refiere a los regímenes preferenciales, sector 
donde se impone claramente una reflexión. Una normativa más transparente que no 
plantease más problemas de aplicación práctica ni para nuestros socios internacionales 
ni para los operadores económicos interesados, tendría como consecuencia una 
disminución de estos casos. 
4.3 La Comisión se comprometió a adoptar una serie de medidas concretas para 
rectificar los factores que más frecuentemente intervienen impidiendo el cobro de 
los derechos por parte de los Estados miembros. 
Procedimientos de recaudación 
Con respecto a los medios de que disponen los Estados miembros, la Comisión 
lanzó a finales de 1994 un estudio sobre las disposiciones nacionales de 
recaudación (forzosa) por medio de cuestionarios enviados a los Estados miembros 
y de seminarios. Los resultados pusieron de manifiesto algunas insuficiencias, 
como diferencias de trato en las legislaciones nacionales, en particular respecto de 
la aplicación de la prescripción, la constitución de las garantías y las vías de 
recurso. En consecuencia, y de acuerdo con las conclusiones del Consejo ECOFIN 
de 27 de noviembre de 1995, la Comisión está realizando una reflexión, en 
colaboración con los representantes de los Estados miembros en el CCRP, para 
incitar a las Administraciones nacionales a reforzar los procedimientos de cobro de 
los importes defraudados. 
Trcinsito comunitario exterior 
En materia de tránsito, y sobre la base de un informe provisional presentado en 
octubre de 1996, la ('omisión, en amplia consulta con los Estados miembros y los 
operadores, está elaborando una estrategia para la reforma de los regímenes de 
tránsito y definiendo las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento sin 
riesgos de los distintos regímenes Los ejes principales de esta reflexión se refieren 
al control del acceso al régimen de tránsito comunitario y común, la protección de 
los intereses financieros, la instauración de un sistema de recogida e intercambio de 
estadísticas y de información, y la articulación y la coherencia de los distintos 
sistemas de tránsito. 
También en relación con el tránsito, la Comisión llevó a cabo una serie de controles 
durante los años 1994 y 1995, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 
y ?> del artículo 18 del Reglamento 1552/89. En casi todos los Estados miembros se 
habían observado retrasos, en algunos casos de larga duración, en el cobro, por lo 
que se solicitó a los listados miembros que rectificaran la situación en todas 
aquellas operaciones de tránsito que no estuvieran liquidadas una vez transcurrido 
el plazo legal. La Comisión controla las acciones llevadas a cabo en respuesta a 
esta solicitud. 
33 
Acuerdos preferencia/es arancelarios 
Los problemas puestos de manifiesto en relación con deudas existentes en el 
contexto de los aranceles preferenciales dieron lugar a unas misiones de inspección 
de la Comisión en los Estados miembros (de conformidad con lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3 del artículo 18 del Reglamento 1552/89), que confirmaron que los 
acuerdos preferenciales no funcionan de manera satisfactoria, en particular, en lo 
relativo a la expedición de certificados de preferencia y a las medidas de control a 
posteriori adoptadas in situ. 
Estas observaciones llevaron a la Comisión a reforzar la legislación sobre 
cooperación administrativa entre, por un lado, los países beneficiarios del Sistema 
de Preferencias Generalizado (SPG) y de acuerdos comunitarios autónomos y, por 
otro, la Comunidad como otorgadora de preferencias(13) . Las nuevas 
disposiciones, que entraron en vigor el 1 de enero de 1997, clarifican los acuerdos 
de manera que la Comisión pueda participar en investigaciones llevadas a cabo por 
las autoridades competentes de los países beneficiarios con la finalidad de verificar 
el verdadero origen de los productos exportados en virtud de un certificado de 
origen. 
En la práctica, la Comisión ha establecido un sistema informático para transmitir a 
las autoridades aduaneras de los Estados miembros los sellos utilizados para 
autentificar los certificados de origen. Esta transmisión electrónica, que permite 
una mayor rapidez en la circulación de la información y unos modelos de sellos 
más legibles, constituye un factor importante de mejora de la eficacia de los 
controles de los certificados de origen y la circulación de mercancías. 
Sobre la base de los resultados de las actividades de control y de los análisis 
descritos más arriba, y de acuerdo con la petición del Consejo formulada en su 
Decisión de 28 de mayo de 1996(14), la Comisión está en la actualidad preparando 
una comunicación sobre el tema de los acuerdos preferenciales, en la que se 
indicarán los pasos que han de darse inmediatamente, y a largo plazo, para 
solucionar los problemas derivados de la aplicación de dichos acuerdos. 
Mejora de la calidad de la información sobre la recaudación 
En la modificación del Reglamento del Consejo (CEE, EURATOM) 
n° 1552/89(15) , se incluía, por primera vez en relación con los recursos propios 
comunitarios, la exigencia de que los Estados miembros han de actualizar 
continuamente la información a la Comisión en materia de cobro de los recursos 
U Ki'(|l;iiiHMilt) del U)iv..i'|o (CI ) n" VIW de 18 de diciembre ik: 1996 (IH) I. n° 9 de 13 1 1997) por el que se modifica el reglamento (CEE) n° 
/M!><1/93(dispo'ôinuiK!'ô de aplicación), y en pelicular su;; aitlculos 93,93a y 94 
14 l)e¡:i:;iónn"9()/C/1/0/01,|)ubli(:ad,uMiellK)C 170 de 14.6 1996, p 1. 
1!) Relímenlo del Coiv.;e|o n" 13ÍMKÍ <k« 8 / 1996 (DO L 175 de 13.7.1996, p. 3 
34 
propios en casos de fraudes e irregularidades. Para facilitar la transmisión de los 
datos se ha creado un programa informático (OWNRES), que estará operativo 
antes del verano de 1997. 
En el futuro, la Comisión contará con información actualizada sobre el cobro de 
los recursos evadidos en este tipo de casos y estará en condiciones de proponer las 
medidas adecuadas, que considere necesarias para mitigar las deficiencias en la 
actuación llevada a cabo al nivel nacional. Además, la Comisión va a proponer 
algunas modificaciones al Reglamento del Consejo (CEE, EURATOM) n° 1552/89 
para clarificar las disposiciones relativas a la responsabilidad de los Estados 
miembros por la falta de cobro de los derechos. 
Procedimiento por incumplimiento 
En un caso ("Mantequilla alemana/holandesa"), y como consecuencia de las 
deficiencias demostradas por las autoridades nacionales en la protección de los 
intereses financieros de la Comunidad, además de la negativa de dichas autoridades 
a rectificar la situación en relación con unas importaciones irregulares procedentes 
de terceros países, la Comisión ha decidido emitir un dictamen motivado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Tratado. 
4.4 Los resultados del seguimiento realizado por la Comisión de la recaudación de la 
presente muestra darán lugar a una comunicación sobre la recaudación de los 
recursos propios tradicionales en casos de fraudes e irregularidades. 
3-T 
ISSN 0257-9545 
COM(97) 259 final 
DOCUMENTOS 
ES 09 01 
N° de catálogo : CB-CO-97-247-ES-C 
ISBN 92-78-20600-8 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
L-2985 Luxemburgo