ES Diario Oficial de la Unión Europea C 180/13

Informe final del Consejero Auditor (1)

COMP/38.511 — DRAM

2011/C 180/08

El presente caso se refiere a un cártel entre diez empresas que producen chips de memoria (2). Se afirma que las empresas han coordinado y supervisado los precios de los DRAM (memoria dinámica de acceso aleatorio) y los RDRAM (memoria dinámica de acceso aleatorio Rambus) vendidos a los principales fabricantes de equipo original (OEM) de PC y servidores. La infracción global del cártel dio comienzo el 1 de julio de 1998 y duró hasta el 15 de junio de 2002 (3).

Se trata del primer caso en que la Comisión adopta una decisión de infracción con arreglo al procedimiento de transacción (4).

Antecedentes

El caso se inició a raíz de una solicitud de dispensa de pago presentada en agosto de 2002 por Micron Technology Inc., a la que el 16 de diciembre de 2002 se concedió una dispensa condicional de pago. Posteriormente, entre diciembre de 2003 y febrero de 2006, Infineon, Hynix, Samsung, Elpida y NEC solicitaron indulgencia. No se llevaron a cabo inspecciones.

La Comisión incoó procedimientos contra Micron, Infineon, Hynix, Samsung, Elpida, NEC, Hitachi, Mitsubishi, Toshiba y Nanya el 10 de febrero de 2009 con arreglo al artículo 11, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1/2003 (5). Posteriormente, el 13 de febrero de 2009, se invitó a las partes a que indicaran por escrito si estaban dispuestas a iniciar conversaciones con vistas a presentar solicitudes de transacción (6). Todas las partes aceptaron la invitación y se iniciaron conversaciones bilaterales con la Dirección General de Competencia con vistas a una transacción.

Procedimiento de transacción

Las conversaciones con vistas a una transacción se organizaron a lo largo de tres fases principales entre abril y noviembre de 2009, período durante el cual se celebraron tres rondas de reuniones bilaterales formales entre la Comisión y cada una de las partes. Generalmente, la Comisión fue representada en estas reuniones por el equipo encargado del caso, dirigido por un funcionario superior y un Consejero Auditor, así como un miembro del servicio jurídico.

Durante la primera ronda de reuniones, las partes fueron informadas verbalmente de las objeciones que la Comisión preveía formular en su contra, así como de los elementos probatorios en apoyo de dichas objeciones. También se informó a las partes sobre la identidad de las otras partes, sobre si esas partes habían o no solicitado indulgencia y sobre el hecho de que también participaban en las conversaciones con vistas a una transacción. Tras esta primera reunión, se permitió a las partes acceder a los elementos probatorios y declaraciones verbales pertinentes en los locales de la Dirección General de Competencia. También se permitió a las partes acceder a la lista de todos los documentos del expediente de la Comisión para que pudieran solicitar el acceso a los mismos en caso de que consideraran necesario poder determinar, en particular, su posición respectiva en lo relativo a un período de tiempo o cualquier otro aspecto del cártel. Dos partes solicitaron tener nuevamente acceso al expediente de la Comisión, lo cual se consideró justificado y les fue concedido. No obstante, en esta fase no se permitió sacar ningún elemento probatorio de los locales de la Comisión.

Se organizó entonces una segunda ronda en la que volvieron a debatirse las objeciones proyectadas a la luz de los elementos probatorios a los que se les había permitido acceder. El propósito de la segunda fase de reuniones fue llegar a un entendimiento común entre la Comisión y las partes, particularmente respecto del alcance y la duración del supuesto cártel. Al final de esta segunda ronda de reuniones todas las partes afectadas consideraron que existía un entendimiento común relativo al alcance y la duración potenciales del cártel, suficiente para continuar las conversaciones con vistas a una transacción. Se suministró a las partes un CD-Rom que contenía los elementos probatorios pertinentes para analizarlos, así como la lista de todos los documentos del archivo de investigación de la Comisión.

Durante la tercera ronda, las partes fueron informadas sobre el abanico de multas potenciales que podría imponer la Comisión en el marco del procedimiento de transacción. Más particularmente, cada parte fue informada, en términos generales, sobre la aplicación práctica de las directrices para la imposición de multas en este caso. Por otra parte, se concedió a las partes un plazo perentorio para presentar sus solicitudes de transacción.

Posteriormente, todas las partes presentaron solicitudes formales de transacción en las que reconocían de manera clara e inequívoca su responsabilidad respectiva por una infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE. En las solicitudes de transacción las partes también confirmaron que: i) habían sido suficientemente informadas sobre las objeciones que la Comisión preveía formular en su contra y había tenido suficientes oportunidades para dar a conocer su opinión al respecto, ii) no preveían solicitar el acceso al expediente o ser oídas en una audiencia, siempre que el pliego de cargos y la decisión final reflejaran sus solicitudes de transacción, y iii) aceptaban recibir el pliego de cargos y la decisión final en inglés.

El 4 de febrero de 2010, la Comisión adoptó un pliego de cargos que reflejaba las solicitudes de transacción de las partes, y que les fue notificado en los locales de la Dirección General de Competencia. Posteriormente, y debido a un error de anotación, se notificó a las partes que una corrección del pliego de cargos había sido adoptada el 16 de febrero de 2010.

Todas las partes confirmaron en su respuesta que el pliego de cargos reflejaba el contenido de sus solicitudes de transacción y que mantenían su compromiso con el procedimiento de transacción. Por ello, la Comisión pudo proceder directamente a elaborar una decisión con arreglo a los artículos 7 y 13 del Reglamento (CE) no 1/2003.

Proyecto de decisión

El proyecto de decisión mantiene las objeciones planteadas en el pliego de cargos, por lo que también refleja las respectivas solicitudes de transacción de las partes. En consecuencia, el proyecto de decisión solo se refiere a las objeciones respecto de las cuales se ha concedido a las partes la oportunidad de dar a conocer su opinión.

Visto lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que las partes no me han enviado a mí ni al Consejero Auditor que asiste a las reuniones de transacción ninguna declaración relativa al acceso al expediente o a su derecho a defenderse, considero que en este caso se ha respetado el derecho de ser oídos que tienen todos los participantes en los procedimientos.

Bruselas, 10 de mayo de 2010. Michael ALBERS

(1) Con arreglo a los artículos 15 y 16 de la Decisión (2001/462/CE, CECA) de la Comisión, de 23 de mayo de 2001, relativa al mandato de los Consejeros Auditores en determinados procedimientos de competencia (DO L 162 de 19.6.2001, p. 21).

(2) Elpida, Hitachi, Hynix, Infineon, Micron, Mitsubishi, Nanya, NEC, Samsung y Toshiba (cada empresa forma un grupo de sociedades).

(3) Por lo que respecta a los RDRAM, el cártel dio comienzo el 9 de abril de 2001.

(4) Reglamento (CE) no 622/2008 de la Comisión, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 773/2004 en lo que respecta al desarrollo de los procedimientos de transacción en casos de cártel (DO L 171 de 1.7.2008, p. 3), y Comunicación de la Comisión sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción con vistas a la adopción de decisiones con arreglo a los artículos 7 y 23 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo en casos de cártel (DO C 167 de 2.7.2008, p. 1).

(5) El 8 de abril de 2009 también se incoó formalmente un procedimiento contra las correspondientes filiales de las empresas afectadas.

(6) Artículo 10 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) no 773/2004 (DO L 123 de 27.4.2004, p. 18).