Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifican el Reglamento (CE) nº 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía y el Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo /* COM/2013/0794 final - 2013/0403 (COD) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. Contexto de la propuesta 1.1. Contexto general de la propuesta El Reglamento n° 861/2007 por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía se adoptó el 11 de julio de 2007[1] con el objeto de mejorar el acceso a la justicia mediante la simplificación y agilización de los litigios transfronterizos de escasa cuantía y la reducción de sus costas. Por otra parte, el Reglamento pretendía facilitar su aplicación eliminando la necesidad de procesos intermedios (exequátur) para el reconocimiento y la ejecución de las sentencias en otros Estados miembros distintos del país en que se dictaron. El Reglamento introdujo un proceso alternativo, además de los procesos previstos por la legislación de los Estados miembros, para los asuntos transfronterizos relativos a demandas de cuantía inferior a 2 000 EUR. El Reglamento se aplica en la UE (con excepción de Dinamarca) desde el 1 de enero de 2009. Es, en principio, un proceso escrito sobre la base de formularios normalizados y se rige por unos plazos estrictos. La representación por abogado no es obligatoria y se fomenta la utilización de los medios de comunicación electrónicos. Además, la parte perdedora únicamente debe soportar las costas del proceso de la parte ganadora en la medida en que resulten proporcionadas a la demanda. El proceso está abierto a los consumidores y empresas que realizan transacciones transfronterizas dentro de la UE, como medio para mejorar el acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos. El artículo 28 del Reglamento dispone que la Comisión presentará, antes del 1 de enero de 2014, al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe detallado sobre el funcionamiento del presente Reglamento, incluido, en particular, el umbral de 2 000 EUR. Dicho informe deberá ir acompañado, en su caso, de propuestas de modificación. 1.2. Necesidad de reforma del proceso europeo de escasa cuantía En un momento en que la Unión Europea se enfrenta a la mayor crisis económica de su historia, la mejora de la eficacia de la justicia en la Unión Europea se ha convertido en un factor importante de apoyo a la actividad económica[2]. Una de las medidas que promueven la eficacia de la justicia en la UE es la reforma del Reglamento por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía. El Reglamento se aprobó en respuesta a la constatación de que los problemas causados por la ineficiencia de los litigios de escasa cuantía se amplifican cuando las demandas de escasa cuantía se presentan a través de las fronteras de los Estados miembros de la UE. En esas situaciones surgen problemas adicionales, como el desconocimiento de las partes de las leyes y los procesos judiciales extranjeros, la creciente necesidad de traducción e interpretación y la necesidad de viajar al extranjero para comparecer en las vistas. Con el aumento del comercio transfronterizo en la UE en estos últimos años y el incremento previsto en los años venideros, se acentuará aún más la necesidad de establecer mecanismos de recurso eficaces en apoyo de la actividad económica. Mediante la oferta de formularios normalizados y la asistencia gratuita a las partes para su cumplimentación, el proceso permite a los órganos jurisdiccionales tramitar las demandas en su totalidad por medio de un proceso escrito, sin necesidad de viajes para la celebración de las vistas - excepto en circunstancias excepcionales en que no puede dictarse una sentencia sobre la base de pruebas escritas - ni de representación por abogado. El Reglamento también anima a los órganos jurisdiccionales a utilizar los medios de comunicación a distancia para admitir las demandas y organizar las vistas. Por último, la sentencia circula libremente entre los Estados miembros, sin necesidad de ningún proceso intermedio adicional para su reconocimiento y ejecución[3]. Sin embargo, pese a los beneficios que podría aportar en términos de reducción de las costas y de los plazos de los litigios en las demandas transfronterizas, el proceso es aún poco conocido y sigue estando infrautilizado varios años después de la entrada en vigor del Reglamento. El Parlamento Europeo afirmó en una Resolución de 2011[4] que hay que hacer más en materia de seguridad jurídica, barreras lingüísticas y transparencia de los procesos. Invitó a la Comisión a adoptar las medidas necesarias para garantizar que los consumidores y las empresas conozcan mejor y hagan uso de los instrumentos legislativos vigentes, como el proceso europeo de escasa cuantía. Consumidores y empresas han planteado también que el Reglamento debería mejorarse para que les supusiera un beneficio, especialmente para las PYME. Los Estados miembros también han señalado algunas deficiencias del Reglamento vigente que deben solucionarse. Los problemas se derivan principalmente de las deficiencias de las normas vigentes, tales como su ámbito de aplicación restringido por su bajo umbral y estrecha cobertura transfronteriza, y de un proceso que sigue siendo demasiado engorroso, oneroso y largo y que no refleja el progreso tecnológico alcanzado en los sistemas judiciales de los Estados miembros desde la adopción del Reglamento. Incluso cuando los problemas están relacionados con la mala aplicación de la normativa vigente - como ocurre, en cierta medida, con el problema de la falta de transparencia -, debe reconocerse que las disposiciones del Reglamento no siempre son claras. Con el fin de abordar el problema de la falta de conocimiento, la Comisión Europea ha puesto ya en marcha varias iniciativas, como una serie de seminarios temáticos en los Estados miembros para informar a las PYME sobre este proceso, la publicación de una guía práctica y la distribución de módulos didácticos para formar a los empresarios europeos en este tema. En el Informe sobre la ciudadanía de la UE de 2013[5], la Comisión identificó la reforma del Reglamento como una de las acciones para reforzar los derechos de los ciudadanos de la Unión, facilitando la solución de litigios sobre las compras realizadas en otro Estado miembro. La iniciativa también está incluida en la Agenda del consumidor europeo[6] como medio para mejorar el ejercicio de los derechos de los consumidores. Además, la modernización del Reglamento respalda las prioridades políticas actuales de la UE de fomentar la recuperación económica y el crecimiento sostenible, impulsando unos procesos judiciales más eficientes y simplificados y haciéndolos más accesibles a las PYME. 1.3. Necesidad de reforma del artículo 17 del Reglamento n° (CE) 1896/2006 En el contexto del proceso monitorio europeo, un escrito de oposición presentado por el demandado aboca a la continuación automática del proceso como proceso civil ordinario. Desde que existe el proceso europeo de escasa cuantía, esta restricción ya no se justifica con respecto a las demandas incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento n° 861/2007. Por consiguiente, procede precisar en el Reglamento (CE) n°1896/2006 que, cuando un litigio entra en el ámbito de aplicación del proceso europeo de escasa cuantía, este proceso debe ser también accesible a la parte que en un proceso monitorio europeo haya presentado un escrito de oposición a un requerimiento europeo de pago. 2. Resultados de las consultas con las partes interesadas y evaluaciones de impacto La Comisión ha llevado a cabo varias consultas con el fin de recabar información sobre la aplicación actual del Reglamento y los posibles elementos de su reforma. Los resultados proporcionaron indicios políticos útiles sobre las posiciones de los interesados y de los Estados miembros, que se tuvieron en cuenta durante el proceso de evaluación del impacto. En noviembre y diciembre de 2012[7] se llevó a cabo una encuesta Eurobarómetro para evaluar el conocimiento, las expectativas y las experiencias de los ciudadanos europeos por lo que se refiere a la aplicación del Reglamento. Según la encuesta, el 71 % de las demandas de los consumidores se hallan actualmente dentro del umbral de 2 000 EUR establecido por el Reglamento. El importe mínimo medio por el que los consumidores están dispuestos a litigar en otro Estado miembro es de 786 EUR. El 12 % de los encuestados tenían conocimiento de la existencia del proceso europeo de escasa cuantía, y un 1 % declaró haber hecho ya uso del proceso. El 69 % de los que ya se han servido del proceso europeo de escasa cuantía estaban satisfechos. Al 97 % de los encuestados que acudieron a los tribunales y ganaron en los dos últimos años (a escala nacional y transfronteriza) les fueron ejecutadas satisfactoriamente las sentencias. Los factores más importantes que podrían alentar a los ciudadanos a recurrir a la justicia son los siguientes: la posibilidad de tramitar el proceso por escrito sin comparecer ante el órgano jurisdiccional (33 %), la tramitación del proceso sin abogado (26 %), la tramitación del proceso en línea (20 %) y la utilización de la propia lengua (24 %). Entre el 9 de marzo y el 10 de junio de 2013 se llevó a cabo una consulta pública por Internet. La consulta recabó opiniones sobre posibles mejoras y una mayor simplificación que podría acrecentar las ventajas del proceso europeo de escasa cuantía, en particular para los consumidores y las PYME. Se recibieron 80 respuestas de una amplia gama de partes interesadas, como asociaciones de consumidores y empresariales, jueces, abogados y académicos. Los resultados de la consulta[8] indican que el 66 % de los encuestados están a favor de elevar el umbral hasta 10 000 EUR, el 63 % son partidarios de utilizar medios electrónicos en el curso del proceso y el 71 % respalda la idea de que se equipen los tribunales con sistemas de videoconferencia u otros medios de comunicación electrónica. Solo un 28 % de los encuestados piensa que los Estados miembros prestan asistencia gratuita. A principios de abril de 2013 se envió a los Estados miembros y a la Red Judicial Europea un cuestionario detallado sobre el funcionamiento y la aplicación práctica del Reglamento. Las preguntas procuraban recabar información sobre el número de asuntos para los que se utilizó el proceso europeo de escasa cuantía en los Estados miembros, el uso de medios de comunicación electrónicos en los procesos judiciales, la existencia y las modalidades de prestación de asistencia a los ciudadanos en la cumplimentación de los formularios, los plazos procesales, las vistas y pruebas, las costas procesales y la necesidad de elevar el umbral de admisión de las demandas de escasa cuantía. El plazo para las respuestas fue el 15 de mayo de 2013. En total, veinte Estados miembros remitieron sus respuestas[9]. La Red Judicial Europea ha discutido varias veces la aplicación del proceso europeo de escasa cuantía, las medidas que deben tomarse para dar a conocer su existencia y funcionamiento, así como los posibles elementos de su reforma. En su reunión de 17 de mayo de 2011, algunos Estados miembros señalaron que el proceso europeo de escasa cuantía no se utilizaba en la práctica en todo su potencial, que debían introducirse mejoras procesales y adoptarse medidas para su difusión. Se creó un grupo de trabajo con el mandato de elaborar una guía práctica del proceso europeo de escasa cuantía en apoyo de los profesionales de la justicia. En su reunión de 29 y 30 de mayo de 2013, se discutieron varios aspectos reformables, como la elevación del umbral, la utilización de medios electrónicos de comunicación entre los órganos jurisdiccionales y las partes, así como el establecimiento de normas mínimas de la UE para el desarrollo del proceso en lo que respecta a la disponibilidad de sistemas de videoconferencia para celebrar las vistas, la transparencia del cálculo y el pago de las tasas judiciales y la asistencia a los usuarios del proceso, incluida la representación legal. 3. Aspectos jurídicos de la propuesta 3.1. Principales elementos de la acción propuesta Los principales elementos de la revisión propuesta son: · Extensión del ámbito de aplicación del Reglamento a las demandas transfronterizas por importe de hasta 10 000 EUR. · Ampliación de la definición de asuntos transfronterizos. · Mejora del uso de la comunicación electrónica, incluida la notificación de determinados documentos. · Obligación de los órganos jurisdiccionales de utilizar los sistemas de videoconferencia, teleconferencia y otros medios de comunicación a distancia para la celebración de las vistas y la práctica de la prueba. · Establecimiento de unas tasas judiciales máximas para la tramitación del proceso. · Obligación de los Estados miembros de establecer medios de pago a distancia de las tasas judiciales. · Limitación del requisito de traducir el formulario D, que contiene el certificado de ejecución, exclusivamente al fondo de la sentencia. · Obligación de información de los Estados miembros en materia de tasas judiciales, medios de pago de las tasas judiciales y asistencia disponible para cumplimentar los formularios. 3.1.1. Extensión del ámbito de aplicación del Reglamento a las demandas transfronterizas por importe de hasta 10 000 EUR El umbral de 2 000 EUR limita el ámbito de aplicación del Reglamento. Aunque tiene menos importancia para los consumidores, puesto que la mayoría de sus demandas no superan los 2 000 EUR, se limita en gran medida el acceso de las PYME al proceso. Solo el 20 % de las demandas empresariales son inferiores a 2 000 EUR, mientras que las demandas entre 2 000 y 10 000 EUR representan aproximadamente el 30 % de todas las demandas empresariales transfronterizas. El 45 % de las empresas envueltas en un litigio transfronterizo no acude a la justicia porque las costas procesales no guardan proporción con la cuantía de la demanda, mientras que el 27 % no lo hace porque el proceso llevaría demasiado tiempo. Mediante la extensión del proceso simplificado a las demandas transfronterizas por importe de 2 000 a 10 000 EUR, las costas y la duración del litigio se reducirán considerablemente. En estos últimos años, varios Estados miembros ampliaron el ámbito de aplicación de sus procesos simplificados nacionales elevando los umbrales. Esta tendencia refleja la necesidad de modernizar los sistemas judiciales y de hacerlos más accesibles a los ciudadanos, ofreciendo unos procesos simplificados, económicos y rápidos para más demandas de escasa cuantía. En este contexto debe elevarse también el actual umbral de 2 000 EUR para el proceso europeo de escasa cuantía. Elevar el umbral actual permitirá a las partes someter a litigio un número mucho mayor de asuntos con arreglo al proceso europeo simplificado. Debido a la mayor simplificación, junto a la reducción de las costas y de la duración del proceso, es de esperar que se recuperen las demandas desistidas y no tramitadas. El principal beneficiario de esta solución serán las PYME, pero también los consumidores, ya que aproximadamente la quinta parte de sus demandas son superiores a 2 000 EUR. Tanto las empresas como los consumidores se beneficiarán de un mayor uso del proceso que permitirá a los jueces, secretarios judiciales y abogados conocerlo mejor y llevarlo a cabo de manera más cabal y eficiente. 3.1.2. Ampliación de la definición de asuntos transfronterizos El Reglamento solo se aplica en la actualidad a los litigios en los que al menos una de las partes está domiciliada o reside habitualmente en un Estado miembro distinto del Estado miembro del órgano jurisdiccional que conoce del asunto. Sin embargo, los litigios entre partes domiciliadas en el mismo Estado miembro con un importante componente transfronterizo y que, por lo tanto, podrían beneficiarse del proceso simplificado europeo quedan fuera del ámbito de aplicación del Reglamento. Sirvan de ejemplo los siguientes casos: · el lugar de ejecución del contrato está situado en otro Estado miembro: por ejemplo, un contrato de arrendamiento de un alojamiento de vacaciones situado en otro Estado miembro; o · el lugar en que se produce el hecho dañoso está situado en otro Estado miembro: por ejemplo cuando las partes se ven envueltas en un accidente de coche en una región fronteriza situada en otro Estado miembro; o · la ejecución de la sentencia se efectúa en otro Estado miembro: por ejemplo cuando una sentencia debe ejecutarse sobre el salario que el demandado percibe en otro Estado miembro. En particular, cuando el demandante puede elegir con arreglo a las disposiciones del Reglamento [(CE) n°44/2001]/[(UE) n°1215/2012] entre la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que el demandado y él están domiciliados y la competencia judicial del Estado miembro en el que se ejecuta el contrato o se produce el hecho dañoso, la elección del demandante en favor de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del domicilio común no debe privarle de la posibilidad de acudir al proceso europeo de escasa cuantía, que de otro modo sería accesible. Además, la limitación actual impide la presentación de demandas en el marco del proceso europeo de escasa cuantía ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE por o contra residentes de terceros países, cuando no está previsto en Europa proceso nacional alguno para los nacionales del país de que se trate o para los ciudadanos de la UE. La modificación abriría el proceso europeo de escasa cuantía a todos los asuntos con un elemento transfronterizo, incluidos aquellos en los que sean parte terceros países. Ello redundaría en una simplificación y reducción de las costas y de la duración del litigio para aquellos ciudadanos que podrían beneficiarse del proceso simplificado, por ejemplo, cuando es necesario el testimonio de peritos en el Estado miembro en el que se ejecutó el contrato o se produjo el hecho dañoso. Del mismo modo, una sentencia dictada en el proceso europeo de escasa cuantía sería más fácil de ejecutar en otro Estado miembro en el que el proceso es también conocido y se considera fiable. Dado que los órganos jurisdiccionales, de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento, son competentes para examinar si se cumplen los criterios de competencia en virtud del Reglamento, el riesgo de abuso por parte de los demandantes es mínimo. 3.1.3. Mejora del uso de los medios de comunicación electrónica, incluida la notificación de documentos Varias comunicaciones entre las partes y los órganos jurisdiccionales podrían efectuarse, en principio, por vía electrónica, lo que supondría un ahorro de tiempo y de costes del proceso en los asuntos transfronterizos, en especial cuando se trata de grandes distancias. La demanda inicial ya puede presentarse por medios electrónicos cuando los Estados miembros aceptan este método. No obstante, en aquellos casos en que deben notificarse documentos a las partes durante el proceso[10], el Reglamento determina la notificación por correo con acuse de recibo como el medio de notificación principal. Solo se recurriría a otros medios de notificación si la notificación por correo no fuera posible. No obstante, la notificación electrónica ya se utiliza en varios Estados miembros. La propuesta contempla el uso indistinto de la notificación por correo o electrónica, con el fin de que estos Estados miembros pongan estos medios electrónicos a disposición de las partes en el proceso europeo de escasa cuantía. La simplificación y el ahorro de tiempo y costes solo serían posibles para los litigios en los Estados miembros que decidan aplicar la notificación electrónica de documentos; se espera, sin embargo, que siga aumentando el número de Estados miembros que aprovechan estos avances tecnológicos. Para las comunicaciones menos importantes entre las partes y los órganos jurisdiccionales, la propuesta establece la comunicación electrónica como norma, sujeta únicamente al acuerdo entre las partes. 3.1.4. Obligación de los órganos jurisdiccionales de utilizar los sistemas de videoconferencia, teleconferencia y otros medios de comunicación a distancia para la celebración de las vistas y la práctica de la prueba El proceso europeo de escasa cuantía es esencialmente un proceso escrito. No obstante, en circunstancias excepcionales, cuando una vista o el testimonio de un perito o testigo son necesarios para dictar sentencia, el órgano jurisdiccional podrá celebrar una vista. Las vistas pueden celebrarse por videoconferencia u otros medios de comunicación a distancia. En la práctica, sin embargo, las vistas se organizan habitualmente y a menudo se requiere la presencia física de las partes, lo que se traduce en un aumento de los gastos de viaje y en retrasos para las partes. La modificación resalta, en primer lugar, el carácter excepcional de las vistas en el contexto de este proceso simplificado. En segundo lugar, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación DE hacer siempre uso de los medios de comunicación a distancia, como la videoconferencia o teleconferencia, para celebrar las vistas. Con el fin de garantizar los derechos de las partes, se establece una excepción para la parte que solicite expresamente estar presente en el juicio. Esta modificación podrá requerir que los Estados miembros equipen sus órganos jurisdiccionales con tecnologías de comunicación adecuadas cuando carezcan de ellas. Las posibilidades tecnológicas a disposición de los Estados miembros son diversas e incluyen servicios rentables de Internet. 3.1.5. Establecimiento de unas tasas judiciales máximas para la tramitación del proceso Las tasas judiciales se perciben por adelantado cuando se presenta la demanda. Se consideran desproporcionadas las tasas judiciales superiores al 10 % de la cuantía de la demanda. En tales casos, los demandantes pueden desistir de tramitar sus demandas. En muchos Estados miembros, existen también tasas mínimas para desalentar las acciones judiciales frívolas o abusivas. La tasa judicial mínima media es de 34 EUR. La disposición propuesta no armoniza las tasas judiciales en los Estados miembros. En su lugar, se establecerán unas tasas judiciales máximas para las demandas con arreglo al Reglamento, calculadas como un porcentaje de la cuantía de la demanda por encima del cual las tasas judiciales se consideran desproporcionadas con respecto a la cuantía de la demanda y, por tanto, impiden el acceso a la justicia de los demandantes con demandas de escasa cuantía. El establecimiento de unas tasas judiciales máximas para el proceso europeo de escasa cuantía reduciría los costes en los Estados miembros donde las tasas judiciales son desproporcionadas con respecto a la cuantía de las demandas, aumentando así el atractivo del proceso para los demandantes. Además, la medida permite a los Estados miembros mantener una tasa judicial mínima fija que, sin embargo, no debe impedir el acceso a la justicia de las demandas de menor cuantía. La medida es proporcional, dada la naturaleza específica de los litigios transfronterizos que, a diferencia de los litigios nacionales, habitualmente exigen al demandante incurrir en costes adicionales, como los costes de traducción y, si se celebran vistas, los gastos de viaje e interpretación. 3.1.6. Obligación de los Estados miembros de establecer medios de pago a distancia de las tasas judiciales Los medios de pago de las tasas judiciales son diferentes en cada Estado miembro. Especialmente cuando el pago en efectivo o con pólizas es el único medio de pago aceptable, las partes tienen que incurrir en gastos de viaje o contratar a un abogado en el Estado miembro del órgano jurisdiccional, lo que puede disuadirles de tramitar sus demandas. Problemas similares surgen cuando solo se acepta el pago con cheques que no son de uso general en muchos Estados miembros, o solo a través de los abogados. La propuesta pretende obligar a los Estados miembros a poner en funcionamiento medios de pago a distancia, como mínimo las transferencias bancarias y los sistemas de pago en línea con tarjetas de crédito o débito. Es probable que aumente con ello la eficiencia global del sistema judicial, ya que las partes ahorrarán tiempo y costes. 3.1.7. Limitación del requisito de traducir el formulario D, que contiene el certificado de ejecución, exclusivamente al fondo de la sentencia En la fase de ejecución de la sentencia, la parte que solicita su ejecución debe hacer traducir el certificado de ejecución del formulario D por un traductor jurado en la(s) lengua(s) del Estado miembro de ejecución. Solo unos pocos Estados miembros aceptan el formulario D en lenguas distintas de la propia. La obligación de traducir el formulario D impone unos costes innecesarios, puesto que solo debería traducirse su sección 4.3 (fondo de la sentencia), estando las demás secciones ya disponibles en todas las lenguas. Es frecuente, sin embargo, que se encargue la traducción de todo el formulario. Para la parte que desea ejecutar la sentencia, los gastos innecesarios consiguientes, sumados a otros costes, pueden desincentivar la presentación de la demanda o la solicitud de ejecución de la sentencia. La presente modificación limita la exigencia de traducción exclusivamente al fondo de la sentencia que figura en el punto 4.3 del formulario D. 3.1.8. Obligación de información de los Estados miembros en materia de tasas judiciales, medios de pago de las tasas judiciales y asistencia disponible para cumplimentar los formularios Aunque los Estados miembros están obligados a notificar a la Comisión, a efectos de poner esa información a disposición del público, los órganos jurisdiccionales competentes, los medios de comunicación aceptados, la posibilidad de recurso, las lenguas aceptadas para la ejecución y las autoridades de ejecución (artículo 25), falta actualmente información sobre las tasas judiciales y los medios de pago de dichas tasas. La obligación de cooperación entre los Estados miembros para ofrecer información al público sobre las costas (artículo 24) no ha redundado en una mayor transparencia de estos elementos. Por otra parte, la obligación de los Estados miembros de proporcionar asistencia práctica para cumplimentar los formularios (artículo 11) no se ha aplicado en muchos casos. La obligación de los Estados miembros de informar a la Comisión sobre las tasas judiciales y los medios de pago en el proceso europeo de escasa cuantía, así como sobre la asistencia práctica a disposición de las partes, y la obligación de la Comisión de poner dicha información a disposición del público mejorarían la transparencia y, en última instancia, el acceso a la justicia. 3.2. Otras modificaciones técnicas Varias disposiciones del Reglamento (CE) nº 861/2007 pueden mejorarse para tener en cuenta los últimos avances, tales como la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En primer lugar, los artículos 26 y 27 del Reglamento deben adaptarse al nuevo procedimiento de delegación establecido por el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En segundo lugar, deberá clarificarse el artículo 18 del Reglamento a fin de evitar dificultades prácticas similares a las planteadas en una reciente petición de decisión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia, en la que el Tribunal fue llamado a interpretar una disposición similar en el contexto del Reglamento (CE) nº 1896/2006[11]. El mismo derecho de solicitar la revisión se formula de forma ligeramente diferente, pero ya más clara, en el Reglamento (CE) nº 4/2009 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos. No hay motivo para que estas disposiciones sobre revisión, que persiguen exactamente el mismo objetivo, se formulen de manera diferente en los distintos reglamentos europeos. La reforma propuesta aspira a aclarar el derecho a solicitar una revisión de manera coherente con lo dispuesto en el Reglamento nº 4/2009. 3.3. Base jurídica El Reglamento (CE) nº 861/2007 se adoptó de conformidad con el artículo 61, letra c), del Tratado CE, que establece que el Consejo adoptará medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, y con en el artículo 67, apartado 1, del Tratado CE, que define el procedimiento legislativo que debe seguirse. A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, toda modificación del Reglamento (CE) nº 861/2007 se basará en el artículo 81, apartado 2, letras a), c) y f), del TFUE. 3.4. Subsidiariedad y proporcionalidad La necesidad de la actuación de la UE ya se estableció en 2007, cuando se adoptó el Reglamento (CE) nº 861/2007. La cuestión tratada presenta aspectos transnacionales que no pueden ser abordados satisfactoriamente por la acción individual de los Estados miembros. El objetivo de reforzar la confianza de los consumidores y las empresas, en particular las PYME, en el comercio transfronterizo y el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos no puede alcanzarse sin una modificación del Reglamento vigente que refleje mejor los progresos realizados desde 2007 y resuelva las deficiencias señaladas en la aplicación del Reglamento (CE) nº 861/2007. Los procesos simplificados nacionales, cuando existen, son muy diversos en lo que se refiere al umbral y a la simplificación procesal lograda. En ausencia de normas procesales uniformes para el conjunto de la UE, la complejidad y los costes inherentes adicionales de la tramitación de una demanda transfronteriza como consecuencia del desconocimiento de las partes del Derecho procesal extranjero, la necesidad de traducción e interpretación y la necesidad de viajar para comparecer en las vistas, amplificarían los costes y la duración del litigio en comparación con los litigios nacionales. Las distorsiones de la competencia en el mercado interior que generan los desequilibrios de los medios procesales de que disponen los demandantes/acreedores en los distintos Estados miembros exigen adoptar una acción de la UE que garantice la igualdad de condiciones entre acreedores y deudores en toda la UE. Por ejemplo, en ausencia de reforma, el umbral actual seguirá dejando a muchas PYME con litigios transfronterizos sin acceso a un proceso judicial simplificado y uniforme en todos los Estados miembros. Del mismo modo, en ausencia de un límite máximo de las tasas judiciales a escala de la UE y de la posibilidad de pagar en la UE las tasas judiciales con medios de pago a distancia, muchos acreedores no tendrían acceso a la justicia. Además, la acción a nivel de la UE produciría unos beneficios indudables en comparación con la actuación de los Estados miembros en términos de eficacia, al crear el Reglamento modificado unas herramientas procesales uniformes para todas las demandas transfronterizas dentro de su ámbito de aplicación, con independencia del lugar de la UE en que se halle el órgano jurisdiccional que conoce del asunto. La modificación mejorará el acceso a la justicia, en particular para un gran porcentaje de demandas de escasa cuantía de PYME que ahora se encuentran fuera del ámbito de aplicación del Reglamento, así como de los consumidores y PYME con demandas transfronterizas que no entran en la definición actual del Reglamento. Por otra parte, la modificación haría el proceso más eficaz para todas las demandas dentro de su ámbito de aplicación merced al establecimiento de normas procesales uniformes que simplifican y abaratan los litigios transfronterizos. Un mejor acceso a unos procesos judiciales eficaces de más acreedores con demandas de escasa cuantía desbloqueará los flujos de capital, lo que redundará en un aumento de la confianza en el comercio transfronterizo y un mejor funcionamiento del mercado interior. La modificación también simplificará la ejecución de las sentencias, especialmente de las demandas por una cuantía superior al umbral actual, y reforzará la confianza entre los órganos jurisdiccionales y las autoridades de ejecución, que se familiarizarían con el proceso europeo de escasa cuantía. 3.5. Derechos fundamentales Como se expone en detalle en la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta y de conformidad con la estrategia de la Unión para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, todos los elementos de la reforma respetan los derechos establecidos en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. El derecho a un juicio imparcial (artículo 47, apartado 2, de la Carta) está garantizado, ya que la modificación dará como resultado un mayor acceso a la justicia para las demandas de escasa cuantía en todos los asuntos transfronterizos. Además, se establecen garantías procesales para asegurarse de que la mayor simplificación del proceso lograda con las modificaciones propuestas no afecte negativamente a los derechos de las partes. Así pues, las notificaciones electrónicas con acuse de recibo se utilizarán solo cuando las partes así lo acuerden; se hará siempre una excepción a la obligación de celebrar las vistas por videoconferencia o teleconferencia para la parte que desee comparecer ante el órgano jurisdiccional, y en el caso de las demandas por una cuantía superior a 2 000 EUR, los órganos jurisdiccionales no podrán denegar la celebración de una vista por medios de comunicación a distancia si al menos una de las partes así lo solicita. 3.6. Implicaciones presupuestarias La única incidencia de la propuesta de Reglamento en el presupuesto de la Unión Europea consiste en los costes extraordinarios de la preparación de un informe cinco años después de la fecha de aplicación del Reglamento. 2013/0403 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifican el Reglamento (CE) nº 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía y el Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en especial su artículo 81, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[12], De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1) El Reglamento (CE) nº 861/2007 del Parlamento Europeo y el Consejo[13] estableció el proceso europeo de escasa cuantía que se aplica a las demandas civiles y mercantiles, con o sin oposición, por una cuantía no[14]superior a 2 000 EUR. También garantizó que las sentencias dictadas en este proceso son ejecutables sin ningún proceso intermedio, en particular, sin necesidad de declaración de ejecutividad en el Estado miembro de ejecución (supresión del exequátur). El objetivo general del Reglamento era mejorar el acceso a la justicia reduciendo los costes y acelerando el proceso civil para las demandas de consumidores y empresas dentro de su ámbito de aplicación. (2) El Reglamento (CE) nº 861/2007 insta a la Comisión a presentar, antes del 1 de enero de 2014, al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe detallado sobre el funcionamiento del proceso europeo de escasa cuantía, incluido el umbral de la cuantía de las demandas que pueden ejercitarse en el marco de dicho proceso. (3) El informe de la Comisión[1]4 sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 861/2007 identifica los obstáculos para la realización del pleno potencial del proceso europeo de escasa cuantía en beneficio de los consumidores y de las empresas, en especial de las pequeñas y medianas empresas. El informe señala, entre otras cosas, que el bajo umbral del Reglamento vigente impide a muchos potenciales demandantes con litigios transfronterizos hacer uso del proceso simplificado. Además, algunos elementos del proceso podrían simplificarse más con el fin de reducir los costes y la duración de los litigios. El informe concluye que estos obstáculos podrían eliminarse de forma más eficaz mediante una modificación del Reglamento. (4) Los consumidores deben poder aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el mercado único, y su confianza no debe mermarse por la falta de instrumentos jurídicos efectivos para resolver los litigios que incluyen un elemento transfronterizo. Las mejoras del proceso europeo de escasa cuantía propuestas en el presente Reglamento pretenden proporcionar a los consumidores los medios de reparación efectiva, contribuyendo así al ejercicio práctico de sus derechos. (5) Elevar el umbral hasta 10 000 EUR resultaría especialmente beneficioso para las pequeñas y medianas empresas, que actualmente se ven disuadidas de emprender acciones judiciales porque en el proceso nacional ordinario o simplificado los costes del litigio no guardan proporción con la cuantía de la demanda o los procesos judiciales son demasiado largos. Elevar el umbral podría mejorar el acceso a una solución judicial eficaz y eficiente de los litigios transfronterizos en los que son parte pequeñas y medianas empresas. Un mayor acceso a la justicia reforzaría la confianza en las transacciones transfronterizas y contribuiría a un mayor aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el mercado interior. (6) El proceso europeo de escasa cuantía se aplica a todas las demandas con un elemento transfronterizo. Incluye los casos en que ambas partes están domiciliadas en el mismo Estado miembro y solo el lugar de ejecución del contrato, el lugar en el que se produce el hecho dañoso o el lugar de ejecución de la sentencia están situados en otro Estado miembro. En particular, cuando el demandante puede elegir, en virtud del Reglamento (CE) del Consejo nº 44/2001[15] [Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo[16]], entre la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que el demandado y él están domiciliados y la competencia judicial del Estado miembro en que se ejecuta el contrato o se produjo el hecho dañoso, la elección efectiva del demandante en favor de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del domicilio común no debe privarle de la posibilidad de acudir al proceso europeo de escasa cuantía, que de otro modo sería accesible. Además, el proceso europeo de escasa cuantía debe ser también accesible para los asuntos sometidos a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE por o contra residentes de terceros países. (7) El presente Reglamento debe aplicarse exclusivamente a los litigios transfronterizos, pero nada debe impedir que los Estados miembros apliquen disposiciones idénticas también a los procesos internos relativos a las demandas de escasa cuantía. (8) El proceso europeo de escasa cuantía podría mejorarse aprovechando los avances tecnológicos en el ámbito de la justicia que eliminan las distancias geográficas y sus consecuencias en términos de elevados costes y duración de los procesos como factores que desalientan el acceso a la justicia. (9) Para reducir aún más la duración del proceso, debe fomentarse la utilización de las modernas tecnologías de la comunicación por las partes y los órganos jurisdiccionales. La presentación de una demanda en el marco del proceso europeo de escasa cuantía a través de medios electrónicos de comunicación debe ser posible si esa tecnología está ya vigente en los Estados miembros. En el caso de los documentos que deben notificarse a las partes, la notificación electrónica debería estar en igualdad de condiciones con la notificación por correo si la tecnología está implantada en los Estados miembros. Para todas las demás comunicaciones escritas entre las partes y los órganos jurisdiccionales, los medios electrónicos serían preferibles a la notificación por correo. En todos los casos, las partes deben tener la posibilidad de elegir entre medios electrónicos y medios más tradicionales para presentación de la demanda, las notificaciones o las comunicaciones. (10) El órgano jurisdiccional que dicta sentencia debe notificarla tanto al demandante como al demandado por los medios establecidos en el presente Reglamento. (11) El proceso europeo de escasa cuantía es esencialmente un proceso escrito. Sin embargo, podrán celebrarse excepcionalmente vistas cuando no sea posible dictar sentencia sobre la base de las pruebas escritas aportadas por las partes. Además, con el fin de salvaguardar los derechos procesales de las partes, debe organizarse siempre una vista a petición de al menos una de las partes cuando la cuantía de la demanda sea superior a 2 000 EUR. Por último, los órganos jurisdiccionales han de tratar de conseguir una conciliación entre las partes y, por consiguiente, cuando las partes declaren que están dispuestas a una transacción judicial, el órgano jurisdiccional debería organizar una vista a tal efecto. (12) Las vistas y la práctica de la prueba mediante la declaración de testigos, peritos o partes deben llevarse a cabo con medios de comunicación a distancia. Ello no obstará al derecho de una parte en el proceso de comparecer ante el órgano jurisdiccional en una vista. En el contexto de las vistas y la práctica de la prueba, los Estados miembros deben utilizar medios de comunicación a distancia modernos que permitan a las personas ser oídas sin necesidad de desplazarse al órgano jurisdiccional. Cuando la persona oída esté domiciliada en un Estado miembro distinto del Estado miembro en que esté situado el órgano jurisdiccional que conozca del asunto, las vistas deberán organizarse de conformidad con las normas establecidas en el Reglamento (CE) nº 1206/2001[17]. Cuando la parte oída esté domiciliada en el Estado miembro en el que el órgano jurisdiccional competente está situado o en un tercer país, podrá celebrarse una vista por videoconferencia, teleconferencia u otro tipo de tecnologías de comunicación a distancia adecuadas con arreglo al Derecho nacional. Las partes deben tener siempre derecho a comparecer ante el órgano jurisdiccional en una vista si así lo solicitan. El órgano jurisdiccional debe utilizar el medio de práctica de la prueba más sencillo y menos costoso. (13) El coste del litigio puede influir en la decisión del demandante de emprender una acción judicial. Entre otros costes, las tasas judiciales pueden disuadir a los demandantes de emprender acciones judiciales, en particular en aquellos Estados miembros en los que las tasas judiciales son desproporcionadas. Las tasas judiciales deben ser proporcionales a la cuantía de la demanda a fin de garantizar el acceso a la justicia de las demandas transfronterizas de escasa cuantía. El presente Reglamento no pretende armonizar las tasas judiciales, sino que establece un límite máximo de las tasas judiciales que haría accesible el proceso a un porcentaje significativo de demandantes, otorgando al mismo tiempo a los Estados miembros una amplia discrecionalidad en la determinación del método de cálculo y la cuantía de las tasas judiciales. (14) El pago de las tasas judiciales no debe exigir que el demandante se desplace o contrate a un abogado a tal efecto. Como mínimo, las transferencias bancarias y los sistemas de pago en línea con tarjeta de crédito o débito deben ser aceptados por todos los órganos jurisdiccionales competentes en el proceso europeo de escasa cuantía. (15) La información sobre las tasas judiciales y los medios de pago, así como acerca de las entidades u organizaciones competentes para prestar asistencia práctica en los Estados miembros deberían ser más transparentes y fácilmente accesibles en Internet. Los Estados miembros deberían proporcionar esta información a la Comisión, que a su vez debería garantizar que dicha información se pone a disposición del público y se difunde ampliamente. (16) Debe aclararse en el Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo[18] que cuando un litigio entra en el ámbito de aplicación del proceso europeo de escasa cuantía, este proceso debe ser también accesible a la parte en un proceso monitorio europeo que haya presentado un escrito de oposición a un requerimiento europeo de pago. (17) Para mejorar la protección del demandado, los formularios normalizados que figuran en los anexos I, II, III y IV del Reglamento (CE) nº 861/2007 deberán contener información sobre las consecuencias para el demandado en caso de que no se oponga a la demanda o no comparezca ante el órgano jurisdiccional, en particular la posibilidad de que pueda dictarse o ejecutarse una sentencia contra el demandado y la responsabilidad por las costas procesales. La información incluida en los anexos deberá reflejar los cambios previstos por el presente Reglamento, como por ejemplo aquellos destinados a facilitar el uso de los medios de comunicación a distancia entre los órganos jurisdiccionales y las partes. (18) En lo que respecta a la modificación de los anexos I, II, III y IV del presente Reglamento, la facultad de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea debe delegarse en la Comisión. Es especialmente importante que la Comisión celebre las consultas apropiadas durante sus trabajos de preparación, también a nivel de expertos. La Comisión, al preparar y elaborar los actos delegados, debe garantizar una transmisión simultánea, oportuna y apropiada de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo. (19) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, [el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento]/[sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 del Protocolo, el Reino Unido e Irlanda no participarán en la adopción del presente Reglamento y no estarán vinculados por el mismo ni se someterán a su aplicación]. (20) Dinamarca, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no participa en la adopción del presente Reglamento, y no está por tanto vinculada al mismo ni sujeta a su aplicación. (21) Los Reglamentos (CE) nº 861/2007 y nº 1896/2006 deben, por tanto, modificarse en consecuencia. HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Artículo 1 El Reglamento (CE) nº 861/2007 queda modificado como sigue: 1) El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 2 Ámbito de aplicación 1. El presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, cuando la cuantía de la demanda no exceda de 10 000 EUR en el momento en que el órgano jurisdiccional competente reciba el formulario de demanda, excluidos los intereses, gastos y costas. No se aplicará, en particular, a los asuntos fiscales, aduaneros o administrativos ni a la responsabilidad del Estado por actos u omisiones en el ejercicio de su autoridad (acta iure imperii). 2. El presente Reglamento no se aplicará cuando, en el momento en que el órgano jurisdiccional competente reciba el formulario de demanda, la totalidad de los siguientes elementos, en su caso, estén en un único Estado miembro: a) el domicilio o la residencia habitual de las partes; b) el lugar de ejecución del contrato; c) el lugar en que se produjeron los hechos en que se basa la demanda; d) el lugar de ejecución de la sentencia; e) el órgano jurisdiccional competente. f) El domicilio se determinará de conformidad con los [artículos 59 y 60 del Reglamento (CE) nº 44/2011]/[artículos 62 y 63 del Reglamento (UE) nº 1215/2012]. 3. El presente Reglamento no se aplicará a los asuntos relativos a: a) el estado y la capacidad jurídica de las personas físicas; b) los derechos de propiedad derivados de los regímenes matrimoniales, obligaciones de alimentos, testamentos y sucesiones; c) la quiebra, los procedimientos de liquidación de empresas o de otras personas jurídicas insolventes, los convenios judiciales y demás procedimientos análogos; d) la seguridad social; e) el arbitraje; f) el Derecho laboral; g) los arrendamientos de bienes inmuebles, excepto las acciones sobre derechos pecuniarios, o h) las violaciones del derecho a la intimidad y de los derechos de la personalidad, incluida la difamación. 4. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por "Estado miembro" cualquiera de los Estados miembros con excepción de Dinamarca.». 2) Se suprime el artículo 3. 3) El artículo 4 queda modificado como sigue: a) En el segundo párrafo del apartado 4 se añade la frase siguiente: «El órgano jurisdiccional informará al demandante de tal desestimación.». b) El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: «5. Los Estados miembros se asegurarán de que el formulario tipo A pueda consultarse en papel en todos los órganos jurisdiccionales ante los cuales el proceso europeo de escasa cuantía puede iniciarse, así como en formato electrónico en los sitios web de esos órganos jurisdiccionales o de la autoridad central competente.». 4) En el artículo 5, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: «1. El proceso europeo de escasa cuantía será un proceso escrito. El órgano jurisdiccional celebrará una vista si considera que no es posible dictar sentencia sobre la base de las pruebas escritas presentadas por las partes o si una de las partes así lo solicita. El órgano jurisdiccional podrá desestimar dicha solicitud si considera que, habida cuenta de las circunstancias del caso, la vista no es necesaria para el correcto desarrollo del proceso. La denegación se motivará por escrito y no se podrá impugnar por separado. El órgano jurisdiccional no podrá denegar una solicitud de vista cuando: a) la cuantía de la demanda exceda de 2 000 EUR, o b) si ambas partes comunican su deseo de celebrar una transacción judicial y solicitar una vista judicial a tal efecto.». 5) El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 8 Vista 1. Se celebrará una vista por videoconferencia, teleconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia apropiadas, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1206/2001, cuando la parte oída esté domiciliada en un Estado miembro distinto del Estado miembro del órgano jurisdiccional competente. 2. Las partes tendrán siempre derecho a comparecer ante el órgano jurisdiccional y ser oídas en persona si así lo solicitan.». 6) El artículo 9 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 9 Práctica de la prueba 1. El órgano jurisdiccional determinará los medios de la práctica de la prueba y las pruebas necesarias para dictar sentencia de conformidad con las normas aplicables en materia de admisibilidad de las pruebas. El órgano jurisdiccional podrá admitir la práctica de la prueba mediante declaraciones por escrito de los testigos, los peritos o las partes. Cuando la práctica de la prueba requiera que una persona sea oída, la vista se celebrará de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 8. 2. El órgano jurisdiccional podrá aceptar pruebas periciales o testimonios orales únicamente si no es posible dictar sentencia sobre la base de las pruebas presentadas por las Partes. 3. El órgano jurisdiccional optará por el medio de práctica de la prueba más sencillo y menos gravoso.». 7) El artículo 11 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 11 Asistencia a las partes 1. Los Estados miembros garantizarán que las partes reciban asistencia práctica para cumplimentar los formularios. Dicha asistencia se prestará, en particular, para determinar si podrá utilizarse el proceso para resolver el litigio en cuestión y para determinar el tribunal competente, calcular los intereses adeudados e identificar los documentos que deben adjuntarse. 2. Los Estados miembros garantizarán que la información sobre las entidades u organizaciones competentes para prestar asistencia de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 está disponible en papel en todos los órganos jurisdiccionales ante los cuales el proceso europeo de escasa cuantía puede iniciarse, así como en formato electrónico en los sitios web de esos órganos jurisdiccionales o de la autoridad central competente.». 8) El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 13 Notificación de documentos y otras comunicaciones entre las partes y el órgano jurisdiccional 1. Los documentos mencionados en el artículo 5, apartado 2, y el artículo 7, apartado 2, se notificarán por correo o por medios electrónicos con acuse de recibo en el que conste la fecha. Los documentos se notificarán electrónicamente solo a la parte que haya aceptado expresamente con anterioridad que los documentos podrán notificarse por vía electrónica. La notificación por medios electrónicos podrá acreditarse mediante un acuse de recibo automático. 2. Todas las comunicaciones escritas a que se refiere el apartado 1 entre el órgano jurisdiccional y las partes se realizarán por medios electrónicos con acuse de recibo cuando dichos medios sean aceptables en los procesos con arreglo al Derecho nacional y únicamente cuando las partes acepten dichos medios de comunicación. 3. En el caso de que la notificación de conformidad con el apartado 1 no sea posible, podrá hacerse por cualquiera de los medios establecidos en los artículos 13 o 14 del Reglamento (CE) nº 1896/2006. Si la comunicación de conformidad con el apartado 2 no fuera posible, podrá utilizarse cualquier otro medio de comunicación aceptable en virtud del Derecho nacional.». 9) Se inserta el siguiente artículo: «Artículo 15 bis Tasas judiciales y medios de pago 1. La tasa judicial cobrada para la tramitación del proceso europeo de escasa cuantía no deberá superar el 10 % de la cuantía de la demanda, excluidos los intereses, gastos y costas. Si los Estados miembros aplican una tasa judicial mínima al proceso europeo de escasa cuantía, esta tasa no podrá ser superior a 35 EUR en el momento en que el órgano jurisdiccional competente reciba el formulario de demanda. 2. Los Estados miembros garantizarán que las partes puedan pagar las tasas judiciales por medios de pago a distancia, incluida la transferencia bancaria y el sistema de pago en línea con tarjeta de crédito o débito.» 10) En el artículo 17, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: «2. Los artículos 15 bis y 16 se aplicarán a los recursos.» 11) El artículo 18 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 18 Normas mínimas para la revisión de la sentencia 1. El demandado que no haya comparecido tendrá derecho a solicitar una revisión de la sentencia dictada en el proceso europeo de escasa cuantía ante el órgano jurisdiccional competente del Estado miembro en el que se haya dictado la sentencia si a) al demandado no se le hubiere notificado el formulario de demanda en tiempo y forma suficiente para permitirle preparar su defensa; o b) si al demandado le hubiere resultado imposible contestar a la demanda por razón de fuerza mayor o debido a circunstancias extraordinarias sin negligencia por su parte, salvo que el demandado no hubiere recurrido contra dicha sentencia cuando hubiera podido hacerlo. 2. El plazo para solicitar la revisión será de 30 días. Empezará a contar desde la fecha en que el demandado tuvo efectivamente conocimiento del contenido de la sentencia y pudo reaccionar, a más tardar desde la fecha de la primera medida de ejecución que tuviere por efecto la inalienabilidad de los bienes del demandado, en su totalidad o en parte. El demandado deberá actuar con prontitud, y en todo caso en un plazo de 30 días. Dicho plazo no admitirá prórroga en razón de la distancia. 3. Si el órgano jurisdiccional rechaza la solicitud de revisión prevista en el apartado 1 debido a que no se cumple ninguno de los motivos de revisión enunciados en dicho apartado, la sentencia se considerará firme. Si el órgano jurisdiccional decide que la revisión está justificada por alguno de los motivos a que se refiere el apartado 1, la sentencia dictada en el proceso europeo de escasa cuantía será declarada nula y sin efecto. No obstante, el acreedor conservará el beneficio de la interrupción de los plazos de prescripción o caducidad.». 12) El artículo 21, apartado 2, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: «b) copia del certificado a que se refiere el artículo 20, apartado 2, y, en su caso, la traducción del fondo de la sentencia indicado en el punto 4.3 del certificado en la lengua oficial del Estado miembro de ejecución o, si existen varias lenguas oficiales en dicho Estado miembro, en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales de los procesos judiciales del lugar en que se haya solicitado la ejecución, conforme al Derecho de dicho Estado miembro, o en otra lengua que el Estado miembro de ejecución haya indicado como aceptable. Cada Estado miembro indicará la lengua o lenguas oficiales de las instituciones de la Unión Europea distintas de las propias que puede aceptar para el proceso europeo de escasa cuantía. La traducción del fondo de la sentencia indicado en el punto 4.3 del certificado será hecha por una persona cualificada para realizar traducciones en uno de los Estados miembros.». 13) El artículo 25 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 25 Información relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales, los medios de comunicación, las vías de recurso, las tasas judiciales, los medios de pago y la revisión 1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, a más tardar en el plazo de [6 meses desde la entrada en vigor del Reglamento]: a) los órganos jurisdiccionales competentes para dictar sentencia en el proceso europeo de escasa cuantía; b) los medios de comunicación aceptados a los fines del proceso europeo de escasa cuantía y disponibles en los órganos jurisdiccionales de conformidad con el artículo 4, apartado 1; c) las tasas judiciales del proceso europeo de escasa cuantía o su forma de cálculo, así como los medios de pago aceptados para el abono de las tasas judiciales de conformidad con el artículo 15 bis, d) las entidades u organizaciones competentes para prestar asistencia práctica de conformidad con el artículo 11; e) si su Derecho procesal prevé la posibilidad de recurso de conformidad con el artículo 17, el plazo en el que dicho recurso deberá presentarse y ante qué órgano jurisdiccional deberá interponerse; f) los procedimientos de solicitud de revisión previstos en el artículo 18; g) las lenguas aceptadas conforme al artículo 21, apartado 2, letra b), y h) las autoridades de ejecución competentes y las autoridades competentes a efectos de la aplicación del artículo 23. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión cualquier modificación posterior que afecte a esta información. 2. La Comisión pondrá a disposición del público la información comunicada de conformidad con el apartado 1 por todos los medios apropiados, como su publicación en Internet.» 14) El artículo 26 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 26 Modificación de los anexos 1. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, en relación con la modificación de los anexos I, II, III y IV.». 15) El artículo 27 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 27 Ejercicio de la delegación 1. Los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión estarán sujetos a las condiciones establecidas en el presente artículo. 2. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refiere el artículo 26 se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indeterminado desde [fecha de entrada en vigor]. 3. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 26 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifique. Surtirá efecto el día siguiente al de la publicación de la decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior que se precisará en dicha decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor. 4. Tan pronto como adopte un acto delegado, la Comisión lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo. 5. Un acto delegado adoptado con arreglo al artículo 26 entrará en vigor solo si el Parlamento Europeo y el Consejo no han formulado objeciones en un plazo de dos meses a partir de la notificación de dicho acto al Parlamento Europeo y al Consejo o si, antes del vencimiento de dicho período, el Parlamento Europeo y el Consejo han informado a la Comisión de que no presentarán ninguna objeción. Este plazo se prorrogará por dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.». 16) El artículo 28 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 28 Revisión A más tardar [5 años después de la fecha de aplicación], la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre el funcionamiento del presente Reglamento. El informe irá acompañado, en su caso, de propuestas legislativas. A tal efecto y antes de esa misma fecha, los Estados miembros facilitarán a la Comisión información sobre el número de demandas en el marco del proceso europeo de escasa cuantía, así como sobre el número de solicitudes de ejecución de sentencias dictadas en el proceso europeo de escasa cuantía.». Artículo 2 El artículo 17 del Reglamento (CE) nº 1896/2006 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 17 Efectos de la presentación de un escrito de oposición 1. Cuando se presente un escrito de oposición en el plazo fijado en el artículo 16, apartado 2, el proceso continuará ante los órganos jurisdiccionales competentes del Estado miembro de origen, a menos que el demandante haya solicitado expresamente que, en ese supuesto, se ponga fin al proceso. El proceso continuará con arreglo a las normas: a) de cualquier proceso simplificado, en particular el proceso establecido en el Reglamento (CE) nº 861/2007, o b) del proceso civil ordinario. En caso de que el demandante haya formulado su demanda por el proceso monitorio europeo, el Derecho nacional no perjudicará en ningún caso su posición en el proceso civil posterior. 2. El traslado al proceso civil en el sentido del apartado 1, letras a) y b), se regirá por la ley del Estado miembro de origen. 3. Se informará al demandante si el demandado ha presentado un escrito de oposición y de todo traslado al proceso civil en el sentido del apartado 1.». Artículo 3 El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Será aplicable a partir del [6 meses después de la entrada en vigor del Reglamento]. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados. Hecho en Bruselas, el Por el Parlamento Europeo Por el Consejo El Presidente El Presidente FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA 1. MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA 1.1. Denominación de la propuesta/iniciativa 1.2. Ámbito(s) político(s) afectado(s) en la estructura GPA/PPA 1.3. Naturaleza de la propuesta/iniciativa 1.4. Objetivo(s) 1.5. Justificación de la propuesta/iniciativa 1.6. Duración e incidencia financiera 1.7. Modo(s) de gestión previsto(s) 2. MEDIDAS DE GESTIÓN 2.1. Disposiciones en materia de seguimiento e informes 2.2. Sistema de gestión y de control 2.3. Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades 3. INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA 3.1. Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s) 3.2. Incidencia estimada en los gastos 3.2.1. Resumen de la incidencia estimada en los gastos 3.2.2. Incidencia estimada en los créditos de operaciones 3.2.3. Incidencia estimada en los créditos de carácter administrativo 3.2.4. Compatibilidad con el marco financiero plurianual vigente 3.2.5. Contribución de terceros 3.3. Incidencia estimada en los ingresos FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA 1. MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA 1.1. Denominación de la propuesta/iniciativa Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CE) n° 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía y Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo 1.2. Ámbito(s) político(s) afectado(s) en la estructura GPA/PPA[19] Título 3 - Justicia 1.3. Naturaleza de la propuesta/iniciativa ¨ La propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva ¨ La propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva a raíz de un proyecto piloto / una acción preparatoria[20] Ø La propuesta/iniciativa se refiere a la prolongación de una acción existente ¨ La propuesta/iniciativa se refiere a una acción reorientada hacia una nueva acción 1.4. Objetivo(s) 1.4.1. Objetivo(s) estratégico(s) plurianual(es) de la Comisión contemplado(s) en la propuesta/iniciativa Desarrollo de un área de Justicia, Justicia para el crecimiento 1.4.2. Objetivo(s) específico(s) y actividad(es) GPA/PPA afectada(s) Objetivo específico nº Cooperación judicial en materia civil y mercantil Actividad(es) GPA/PPA afectada(s) 33 03 1.4.3. Resultado(s) e incidencia esperados Especifíquense los efectos que la propuesta/iniciativa debería tener sobre los beneficiarios / la población destinataria. Mayor simplificación, reducción de costes y tiempo del proceso europeo de escasa cuantía, mejor acceso a la justicia para las demandas de escasa cuantía 1.4.4. Indicadores de resultados e incidencia Especifíquense los indicadores que permiten realizar el seguimiento de la ejecución de la propuesta/iniciativa. […] Los indicadores para medir la eficiencia y eficacia son los siguientes: - aumento del número de demandas en virtud del proceso europeo de escasa cuantía, de cuantía inferior a 2 000 EUR y entre 2 000 y 10 000 EUR – información de la RJE, Eurobarómetros, Red CEC; - reducción de los costes generales y de la duración del proceso por asunto, incluido el coste de traducción del formulario D - Eurobarómetros, Red CEC; - mejora de la transparencia de la información sobre las tasas judiciales y los medios de pago, así como sobre la asistencia práctica - Eurobarómetros, Red CEC; - reducción de la carga de trabajo de los tribunales por asunto haciendo uso del proceso europeo de escasa cuantía en lugar de los procesos ordinarios o simplificados nacionales – RJE, entrevistas con jueces de varios Estados miembros. 1.5. Justificación de la propuesta/iniciativa 1.5.1. Necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a corto o largo plazo Reforma del Reglamento (CE) n° 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía 1.5.2. Valor añadido de la intervención de la Unión Europea: necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a corto o largo plazo La necesidad de la acción de la UE ya se estableció en 2007, cuando se adoptó el Reglamento (CE) n° 861/2007. El motivo principal de esta acción consiste en reducir los costes desproporcionados de los litigios transfronterizos de escasa cuantía en el interior de la UE. Este objetivo no puede ser alcanzado por los Estados miembros porque atañe a un proceso establecedio en un Reglamento de la UE. Es necesaria la acción a nivel de la UE para mejorar y simplificar el proceso europeo y hacerlo accesible en más casos, ampliando su ámbito de aplicación y elevando el umbral, en beneficio de los consumidores y de las PYME. 1.5.3. Principales conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores […] Pese a los beneficios que puede reportar en términos de reducción de costes y tiempo de los litigios transfronterizos, el proceso es aún poco conocido y sigue estando infrautilizado varios años después de la entrada en vigor del Reglamento. El Parlamento Europeo afirmó en una Resolución de 2011[21] que es necesario hacer más en lo que respecta a la seguridad jurídica, las barreras lingüísticas y la transparencia de los procedimientos. Invitó a la Comisión a adoptar medidas para asegurarse de que los consumidores y empresas tienen conocimiento y hacen uso de los instrumentos legislativos vigentes, como el PEEC. Consumidores y empresas han señalado también que el Reglamento debe mejorarse para que resulte beneficioso, en particuñar para las PYME. Los Estados miembros también han detectado determinadas carencias del vigente Reglamento que deben solucionarse. 1.5.4. Compatibilidad y posibles sinergias con otros instrumentos adecuados: necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a corto o largo plazo El Reglamento (UE) nº 1215/2012 (Bruselas I, refundición) pretende armonizar las normas de Derecho internacional privado en materia de competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Entre otras cosas, dispone que «las resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro sean reconocidas en todos los Estados miembros sin necesidad de procedimiento especial alguno». Dichos procedimientos especiales, que serán derogados a partir del 10 de enero de 2015 para todas las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, son conocidos como procedimientos de «exequátur». El Reglamento PEEC es esencialmente un instrumento de simplificación de los procesos para la solución de litigios de escasa cuantía – presentación de la demanda mediante un formulario normalizado; tramitación del proceso, en principio, por medios escritos; vista de las partes y práctica de las pruebas; representación de las partes; costes y plazos. El Reglamento PEEC también contiene disposiciones por las que se deroga el procedimiento de exequátur para el reconocimiento de las resoluciones judiciales dictadas en este proceso simplificado (artículo 20) y, en este sentido, se solapa con la refundición Bruselas I. Sin embargo, en lo que respecta al certificado de ejecución, el Reglamento PEEC representa una simplificación en comparación con la refundición Bruselas I – el formulario D del PEEC es una versión simplificada del anexo I de la refundición Bruselas I. A partir del 10 de enero de 2015 (fecha de entrada en vigor de la refundición Bruselas I), la inmensa mayoría de las disposiciones del Reglamento PEEC relativas a la simplificación procesal, así como las relativas a la ejecución en la medida en que representan una simplificación en comparación con la refundición Bruselas I, seguirán constituyendo un valor añadido del PEEC. 1.6. Duración e incidencia financiera ¨ Propuesta/iniciativa de duración limitada – ¨ Propuesta/iniciativa en vigor desde [el] [DD.MM]AAAA hasta [el] [DD.MM]AAAA – ¨ Incidencia financiera desde AAAA hasta AAAA Ø Propuesta/iniciativa de duración ilimitada – Ejecución: fase de puesta en marcha desde AAAA hasta AAAA – y pleno funcionamiento a partir de la última fecha 1.7. Modo(s) de gestión previsto(s)[22] Ø Gestión centralizada directa a cargo de la Comisión ¨ Gestión centralizada indirecta mediante delegación de las tareas de ejecución en: – ¨ agencias ejecutivas – ¨ organismos creados por las Comunidades[23] – ¨ organismos nacionales del sector público / organismos con misión de servicio público – ¨ personas a quienes se haya encomendado la ejecución de acciones específicas de conformidad con el título V del Tratado de la Unión Europea y que estén identificadas en el acto de base pertinente a efectos de lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento Financiero ¨ Gestión compartida con los Estados miembros ¨ Gestión descentralizada con terceros países ¨ Gestión conjunta con organizaciones internacionales (especifíquense) Si se indica más de un modo de gestión, facilítense los detalles en el recuadro de observaciones. Observaciones 2. MEDIDAS DE GESTIÓN 2.1. Disposiciones en materia de seguimiento e informes Especifíquense la frecuencia y las condiciones Se presentará una revisión/informe al cabo de 5 años. Los informes deberán ir acompañados de propuestas de modificación si es necesario. 2.2. Sistema de gestión y de control 2.2.1. Riesgo(s) definido(s) No se han definido riesgos. 2.2.2. Sistema de control […] N/D 2.3. Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades Especifíquense las medidas de prevención y protección existentes o previstas. […] N/D 3. INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA 3.1. Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s) · Líneas presupuestarias existentes En el orden de las rúbricas del marco financiero plurianual y las líneas presupuestarias. Rúbrica del marco financiero plurianual || Línea presupuestaria || Tipo de gasto || Contribución Número [Rúbrica………………………………………...……….] || CD/CND[24] || de países AELC[25] || de países candidatos[26] || de terceros países || a efectos de lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1, letra aa), del Reglamento Financiero [3] || [33.03.01 [Programa «Justicia» || CD || NO || NO || NO || NO · Nuevas líneas presupuestarias solicitadas En el orden de las rúbricas del marco financiero plurianual y las líneas presupuestarias. Rúbrica del marco financiero plurianual || Línea presupuestaria || Tipo de gasto || Contribución Número [Rúbrica……………………………] || CD/CND || de países de la AELC || de países candidatos || de terceros países || a efectos de lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1, letra aa), del Reglamento Financiero [3] || [XX.YY.YY.YY] || || SÍ/NO || SÍ/NO || SÍ/NO || SÍ/NO 3.2. Incidencia estimada en los gastos 3.2.1. Resumen de la incidencia estimada en los gastos En millones EUR (al tercer decimal) Rúbrica del marco financiero plurianual || Número || [Rúbrica …3………...……………………………………………………….] DG: JUST || || || Año 2014[27] || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 || TOTAL  Créditos de operaciones || || || || || || || || Número de línea presupuestaria 33.03.01 || Compromisos || (1) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,150 || 0 || 0 || 150 000 Pagos || (2) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,150 || 0 || 0 || 150 000 Número de línea presupuestaria || Compromisos || (1a) || || || || || || || || Pagos || (2a) || || || || || || || || Créditos de carácter administrativo financiados mediante la dotación de programas específicos[28] || || || || || || || || Número de línea presupuestaria || || (3) || || || || || || || || TOTAL de los créditos para la DG JUST || Compromisos || =1+1a +3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,150 || 0 || 0 || 150 000 Pagos || =2+2a +3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,150 || 0 || 0 || 150 000  TOTAL de los créditos de operaciones || Compromisos || (4) || || || || || || || || Pagos || (5) || || || || || || || ||  TOTAL de los créditos de carácter administrativo financiados mediante la dotación de programas específicos || (6) || || || || || || || || TOTAL de los créditos para la RÚBRICA 3 del marco financiero plurianual || Compromisos || =4+ 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,150 || 0 || 0 || 150 000 Pagos || =5+ 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,150 || 0 || 0 || 150 000 Si la propuesta/iniciativa afecta a más de una rúbrica:  TOTAL de los créditos de operaciones || Compromisos || (4) || || || || || || || || Pagos || (5) || || || || || || || ||  TOTAL de los créditos de carácter administrativo financiados mediante la dotación de programas específicos || (6) || || || || || || || || TOTAL de los créditos para las RÚBRICAS 1 a 4 del marco financiero plurianual (Importe de referencia) || Compromisos || =4+ 6 || || || || || || || || Pagos || =5+ 6 || || || || || || || || Rúbrica del marco financiero plurianual || 5 || «Gastos administrativos» En millones EUR (al tercer decimal) || || || Año 2014 || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 || TOTAL DG: JUST ||  Recursos humanos || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,182  Otros gastos administrativos || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105 TOTAL para la DG JUST || Créditos || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,287 TOTAL de los créditos para la RÚBRICA 5 del marco financiero plurianual || (Total de los compromisos = total de los pagos) || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,287 En millones EUR (al tercer decimal) || || || Año 2014 || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 || TOTAL TOTAL de los créditos para las RÚBRICAS 1 a 5 del marco financiero plurianual || Compromisos || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,437 Pagos || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,437 3.2.2. Incidencia estimada en los créditos de operaciones – ¨ La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de operaciones. – Ø La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de operaciones, tal como se explica a continuación: Créditos de compromiso en millones EUR (al tercer decimal) Indíquense los objetivos y los resultados ò || || || Año 2014 || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 || TOTAL RESULTADOS Tipo[29] || Coste medio || Número || Coste || Número || Coste || Número || Coste || Número || Coste || Número || Coste || Número || Coste || Número || Coste || Número total || Coste total OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1[30]… || || || || || || || || || || || || || || || || - Resultado || || || || 0 || || 0 || || 0 || || 0 || 1 || 0,150 || || 0 || || 0 || 1 || 0,150 - Resultado || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Resultado || || || || || || || || || || || || || || || || || || Subtotal del objetivo específico nº 1 || || 0 || || 0 || || 0 || || 0 || 1 || 0,150 || || 0 || || 0 || 1 || 0,150 OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2 || || || || || || || || || || || || || || || || - Resultado || || || || || || || || || || || || || || || || || || Subtotal del objetivo específico nº 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTE TOTAL || || 0 || || 0 || || 0 || || 0 || 1 || 0,150 || || 0 || || 0 || 1 || 0,150 3.2.3. Incidencia estimada en los créditos de carácter administrativo 3.2.3.1. Resumen – La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos administrativos. – X La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos administrativos, tal como se explica a continuación:: En millones EUR (al tercer decimal) || Año 2014[31] || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 || TOTAL RÚBRICA 5 del marco financiero plurianual || || || || || || || || Recursos humanos || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,182 Otros gastos administrativos || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105 Subtotal para la RÚBRICA 5 del marco financiero plurianual || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,287 Al margen de la RÚBRICA 5[32] del marco financiero plurianual || || || || || || || || Recursos humanos || || || || || || || || Otros gastos de carácter administrativo || || || || || || || || Subtotal al margen de la RÚBRICA 5 del marco financiero plurianual || || || || || || || || TOTAL || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,287 3.2.3.2. Necesidades estimadas de recursos humanos – Ø La propuesta/iniciativa no exige la utilización de recursos humanos. – ¨ La propuesta/iniciativa exige la utilización de recursos humanos, tal como se explica a continuación: Estimación que debe expresarse en unidades de equivalente a jornada completa || Año 2014 || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020  Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal) 33 01 01 01 (Sede y Oficinas de Representación de la Comisión) || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 XX 01 01 02 (Delegaciones) || || || || || || || XX 01 05 01 (Investigación indirecta) || || || || || || || 10 01 05 01 (Investigación directa) || || || || || || ||  Personal externo (en unidades de equivalente a jornada completa, EJC) [33] XX 01 02 01 (AC, ENCS, INT de la dotación global) || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, LA, ENCS, INT y JED en las Delegaciones) || || || || || || || XX 01 04 yy [34] || - en la Sede [35] || || || || || || || - en las Delegaciones || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, ENCS, INT; investigación indirecta) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, INT, ENCS; investigación directa) || || || || || || || Otras líneas presupuestarias (especifíquense) || || || || || || || TOTAL || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 XX es el ámbito político o título presupuestario en cuestión. Las necesidades en materia de recursos humanos las cubrirá el personal de la DG ya destinado a la gestión de la acción y/o reasignado dentro de la DG, que se complementará en caso necesario con cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de los imperativos presupuestarios existentes. Descripción de las tareas que deben llevarse a cabo: Funcionarios y agentes temporales || Los funcionarios participantes supervisarán la aplicación de la legislación en los Estados miembros y prepararán medidas de ejecución como las descritas en el artículo 26, organizarán las reuniones del comité (artículo 27) y revisarán el reglamento en el año N+5 (artículo 28). Personal externo || n.d. 3.2.4. Compatibilidad con el marco financiero plurianual vigente – Ø La propuesta/iniciativa es compatible con el marco financiero plurianual vigente. – ¨ La propuesta/iniciativa implicará la reprogramación de la rúbrica correspondiente del marco financiero plurianual. Explíquese la reprogramación requerida, precisando las líneas presupuestarias afectadas y los importes correspondientes. – ¨ La propuesta/iniciativa requiere la aplicación del Instrumento de Flexibilidad o la revisión del marco financiero plurianual[36]. Explíquese la reprogramación requerida, precisando las líneas presupuestarias afectadas y los importes correspondientes. 3.2.5. Contribución de terceros Ø La propuesta/iniciativa no prevé la cofinanciación por terceros. – La propuesta/iniciativa prevé la cofinanciación que se estima a continuación: Créditos en millones EUR (al tercer decimal) || Año N || Año N+1 || Año N+2 || Año N+3 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 || Total Especifíquese el organismo de cofinanciación || || || || || || || || TOTAL de los créditos cofinanciados || || || || || || || || 3.3. Incidencia estimada en los ingresos – Ø La propuesta/iniciativa no tiene incidencia financiera en los ingresos. – ¨ La propuesta/iniciativa tiene la incidencia financiera que se indica a continuación: – ¨ en los recursos propios – ¨ en ingresos diversos En millones EUR (al tercer decimal) Línea presupuestaria de ingresos: || Créditos disponibles para el ejercicio presupuestario en curso || || Incidencia de la propuesta/iniciativa[37] Año N || Año N+1 || Año N+2 || Año N+3 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 Artículo …………. || || || || || || || || En el caso de los ingresos diversos «asignados», especifíquese la línea o líneas presupuestarias de gasto en la(s) que repercuta(n). Especifíquese el método de cálculo de la incidencia en los ingresos. [1] El Tratado de la Unión Europea establece que la Unión Europea «ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas». A fin de establecer progresivamente tal espacio, la Unión Europea debe desarrollar la cooperación judicial en asuntos civiles con implicaciones transfronterizas. [2] Marcador de Justicia de la UE, disponible en http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/scoreboard/index_en.htm. [3] Otros elementos de simplificación del Reglamento son los plazos específicos para los actos procesales de las partes y del órgano jurisdiccional y la limitación del principio «la parte perdedora paga» a unas costas razonables. [4] Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2011, sobre modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del Derecho civil, mercantil y de familia, [2011/2117 (INI)]. [5] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre el «Informe sobre la ciudadanía de la UE, los ciudadanos de la UE: Sus derechos, su futuro», COM (2013) 269 final, pp. 15-16. [6] COM (2012) 225 final. [7] Eurobarómetro especial nº395 sobre el proceso europeo de escasa cuantía, disponible en http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_395_sum_en.pdf. [8] La Comisión recibió varias respuestas por separado, en documentos independientes. Los resultados que se presentan en forma de porcentajes reflejan únicamente las respuestas codificadas en la consulta en línea. No obstante, todas las respuestas han sido tenidas en cuenta en la evaluación de impacto. [9] Austria, Bulgaria, Chipre, República Checa, Alemania, Estonia, Grecia, España, Finlandia, Francia, Italia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia y Reino Unido. [10] En tres fases del proceso se impone la obligación de utilizar la notificación por correo: la notificación de la demanda al demandado, la notificación de la sentencia al demandante y la notificación de la sentencia al demandado. No se desprende claramente del texto actual del Reglamento si las citaciones a las vistas también deben ser notificadas. Sin embargo, en la práctica, en numerosos Estados miembros todas las comunicaciones entre las partes y el órgano jurisdiccional se efectúan por correo. [11] Véase el asunto C-119/13 Eco-cosmetics GmbH & Co.KG contra Virginie Laetitia Barbara Dupuy, el asunto C-120/13 Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H. contra Tetyana Bonchyk y el asunto C-121/13 Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft contra Xceed Holding Ltd. [12] DO C … de …, p. . [13] Reglamento (CE) nº 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía (DO L 199 de 31.7.2007, p. 1). [14] DO C … de …, p. … . [15] Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12 de 16.1.2001, p. 1). [16] Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 351 de 20.12.2012, p. 1). [17] Reglamento (CE) del Consejo nº 1206/2001 de 28 de mayo de 2001 relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (DO L 174 de 27.6.2001, p. 1). [18] Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (DO L 399 de 30.12.2006, p. 1). [19] GPA: Gestión por actividades. PPA: Presupuestación por actividades. [20] Tal como se contempla en el artículo 49, apartado 6, letras a) o b), del Reglamento Financiero. [21] Resolución del Parlamento Europeo de 25 de octubre de 2011 sobre la solución alternativa de litigios en materia civil, mercantil y familiar (2011/2117 (INI). [22] Las explicaciones sobre los modos de gestión y las referencias al Reglamento Financiero pueden consultarse en el sitio BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. [23] Tal como se contemplan en el artículo 185 del Reglamento Financiero. [24] CD = créditos disociados / CND = créditos no disociados. [25] AELC: Asociación Europea de Libre Comercio. [26] Países candidatos y, en su caso, países candidatos potenciales de los Balcanes Occidentales. [27] El año N es el año de comienzo de la ejecución de la propuesta/iniciativa. [28] Asistencia técnica y/o administrativa y gastos de apoyo a la ejecución de programas y/o acciones de la UE (antiguas líneas «BA»), investigación indirecta, investigación directa. [29] Los resultados son los productos y servicios que van a suministrarse (por ejemplo, número de intercambios de estudiantes financiados, número de kilómetros de carreteras construidos, etc.). [30] Tal como se describe en el punto 1.4.2, «Objetivo(s) específico(s)». [31] El año N es el año de comienzo de la ejecución de la propuesta/iniciativa. [32] Asistencia técnica y/o administrativa y gastos de apoyo a la ejecución de programas y/o acciones de la UE (antiguas líneas «BA»), investigación indirecta, investigación directa. [33] AC = agente contractual; AL = agente local; ENCS = experto nacional en comisión de servicios; INT = personal de empresas de trabajo temporal («intérimaires»); JED= Joven experto en delegación [34] Por debajo del límite de personal externo con cargo a créditos de operaciones (antiguas líneas «BA»). [35] Esencialmente para los Fondos Estructurales, el Fondo Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo para la Pesca (FEP). [36] Véanse los puntos 19 y 24 del Acuerdo Interinstitucional (para el período 2007-2013). [37] Por lo que se refiere a los recursos propios tradicionales (derechos de aduana, cotizaciones sobre el azúcar), los importes indicados deben ser importes netos, es decir, importes brutos tras la deducción del 25 % de los gastos de recaudación.