ES    ES  
 COMISIÓN 
EUROPEA  
Estrasburgo, 5.2.2013  
SWD(2013) 22 final 
  
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 
que acompaña al documento 
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención 
de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la 
financiación del terrorismo 
 
y 
 
Propuesta de Reglamento del Parlamento  Europeo y del Consejo relativo a la 
información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos 
{COM(2013) 44 final} 
{COM(2013) 45 final} 
{SWD (2013 ) 21 final }  
 
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 INTRODUCCIÓN – NECESIDAD DE ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO VIGENTE DE LA 
LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALE S Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO  
La UE cuenta con un marco normativo avanzado para  luchar contra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo. A lo largo de  los años, las normas han evolucionado y el 
ámbito de aplicación se ha ampliado; cada cambio ha pretendido cerrar nuevas vías 
susceptibles de ser aprovechadas por terroristas y delincuentes. 
Sin embargo, el sistema se ve constantemente  confrontado a hechos que recuerdan que, por 
muy sólido que sea, ningún marco es inmune al blanqueo de capitales. La reciente admisión 
de blanqueo de capitales por HSBC constituye solo el último ejemplo de lo que puede suceder cuando se relaja la vigilancia y los controle s no son suficientes. Las multas cada vez más 
cuantiosas impuestas por los reguladores en tales circunstancias confirman la voluntad 
internacional de garantizar la aplicación efec tiva de las normas y repr esentan una advertencia 
a otras partes interesadas sobre las posibles co nsecuencias de cualquier deficiencia en sus 
sistemas.  
Pero los reguladores y los responsables polític os no deben bajar la guardia. Los delincuentes 
buscan continuamente nuevos puntos vulnerabl es que puedan aprovechar. Es realmente 
asombroso el importe del producto  de actividades  delictivas que se inte nta introducir en el 
sistema financiero para ocultar su origen ilícito. Según estimacione s de un estudio reciente de 
las Naciones Unidas, la cuantía de los fondos que se intenta bl anquear anualmente ronda los 
1 600 billones USD, cifra equivalente al 2,7 % del PIB mundial, pero  la acción policial 
intercepta menos del 1 % del capital blanquead o y la incautación real no llega al 0,2 %. 
Por estas razones, se ha estado trabaja ndo para actualizar y reforzar las normas 
internacionales vigentes. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó en 
febrero de 2012 un nuevo conjunto de normas re visadas e iniciará a finales de 2013 la 
evaluación de la conformidad de las legislaci ones nacionales. Las nuevas normas permitirán a 
las autoridades nacionales adoptar medidas más ef icaces contra el blanque o de capitales y la 
financiación del terrorismo en t odos los niveles, desde la identificación de los clientes de las 
entidades bancarias que abren un a cuenta hasta la investigac ión, el enjuiciamiento y el 
decomiso de activos. Asimismo, mejorarán el tratamiento del blanque o del producto de los 
delitos fiscales y la corrupción y endurecerán los requisitos en las situaciones de mayor 
riesgo, además de permitir a los países aplica r un enfoque basado en mayor medida en el 
riesgo. 
En paralelo a este proceso, la Comisión Eur opea también ha llevado a cabo su propio examen 
del marco normativo de la UE y en abril publicó un informe sobr e la aplicación de la tercera 
Directiva contra el blanqueo de cap itales (en lo sucesivo, «tercera DBC»)
1. 
Según las conclusiones de este trabajo, el marco de la UE deberá evolucionar y adaptarse a los 
cambios, lo que debería traducirse en una mayor atención a la eficacia de los sistemas de 
lucha contra el blanqueo de capitales y la fi nanciación del terrorismo, una mayor claridad y 
coherencia de la normativa de los Estados mi embros y un ámbito de aplicación más amplio, a 
fin de hacer frente a nuevas amenazas y vulnerabilidades. 
                                                 
1 Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo 
de capitales y la financiación del terrorismo. 
 
3 
 1. D ETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  
El problema del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: a quién afecta y 
cómo. 
Existe un consenso general a nivel internaci onal y en todo el espectro político sobre el 
inmenso daño que podría causar una protección insu ficiente de los sistemas financieros contra 
los delitos de blanqueo de capitales o financiaci ón del terrorismo. En particular, los regímenes 
que no previenen estas actividades delictivas se exponen a  
• riesgos sociales, derivados de l retorno de fondos de orig en delictivo y terrorista a 
actividades delictivas y terroristas; 
• efectos económicos negativos, derivados de las perturbaciones de los flujos 
internacionales de capital y la disminuc ión de la inversión y del crecimiento 
económico; 
• inestabilidad de los mercados financieros, co mo consecuencia de la reticencia de otros 
intermediarios financieros a ejercer su actividad, la pérdida de reputación, el deterioro de la confianza y los riesgos prudenciales. 
Una amplia gama de interesados se ve afectada por el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo de diferentes formas: 
• las entidades obligadas  que deben garantizar la segur idad del sistema mediante la 
aplicación de comprobaciones y controles, que  tienen que asumir las consecuencias si 
sus sistemas resultan inadecuados; 
• los poderes públicos,  que deben garantizar la aplicación efectiva de las normas y 
proteger el sistema de acto s delictivos o terroristas; 
• los clientes  de las entidades obligadas, que debe n soportar la carga de los mayores 
controles y un acceso potencialmente limitado a determinados servicios; 
• la comunidad empresarial , que soporta la carga de los controles y restricciones, pero 
que se beneficia de un sistema financiero sólido y seguro; 
• los autores del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo , que tratan 
continuamente de aprovecharse de las deficiencias del sistema y a los que debe 
impedirse que lo consigan; 
• los ciudadanos y la sociedad  de la UE, que deben estar protegidos contra los actos 
terroristas, o los daños causados por un aume nto de la delincuencia propiciado por los 
productos del delito, o la pérdida de bienes tar derivada de la evasión fiscal y los 
perjuicios para la integridad del mercado o la confianza; 
• la sociedad y los gobiernos  de terceros países, si el sist ema de la UE se  utiliza para 
canalizar ganancias ilícitas resultantes de la corrupción y la delincuencia en esos 
países.  
 
El sistema preventivo de la UE 
La UE dispone de un marco normativo destinado a mantener el sistema financiero a salvo del 
blanqueo de capitales y la financ iación del terrorismo. Este marco se basa, en gran medida, en 
las normas internacionales adoptadas por el GAF I, del cual la Comisión Europea es miembro 
fundador, y consiste en normas en virtud de la s cuales las entidades financieras y otras 
 
4 
 personas y entidades deben adoptar medidas para  evitar ser utilizadas con fines de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo.  
 
Principales problemas 
Puesto que los riesgos que pue den presentar para el sistem a financiero el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo evol ucionan constantemente, el marco preventivo 
debe ser sólido y flexible y ma ntenerse actualizado. Los servicio s de la Comisión han definido 
tres ámbitos principales en los que la normativa actual debe modificarse: 
1. Las normas vigentes no son coherentes co n las normas internacionales en materia 
de blanqueo de capitales y financiación  del terrorismo revisadas recientemente. – 
Las evaluaciones mutuas de los Estados miembros (realizadas por el GAFI o Moneyval) han puesto de manifiesto algunas incoherencias entre la  tercera DBC y las 
Recomendaciones del GAFI. Además, el  GAFI ha ampliado algunas de las 
Recomendaciones existentes, lo que deja obs oletas partes del actual marco normativo. 
Por ejemplo, en los informes de evaluaci ón mutua se han criticado los requisitos 
simplificados de la tercera DBC sobre diligen cia debida con respec to al cliente por no 
ajustarse a las recomendaciones del GAFI. Es te Grupo también ha ampliado el ámbito 
de aplicación de sus Recomendaciones para incluir una categoría más extensa de 
personas del medio político. El hecho de no aj ustarse a las normas internacionales tiene 
repercusiones, en términos de reputaci ón, para los Estados miembros y la Unión 
Europea en su conjunto.  
2. Las normas vigentes de la UE se interp retan de forma diferente según el Estado 
miembro. – El proceso de revisión de la Comisión ha puesto de manifiesto varios 
ámbitos en los que las normas en vigor se  interpretan de forma diferente. Como 
ejemplos cabe citar la obligación de identificar  al titular real de una entidad jurídica y 
la coherencia de los datos estadísticos. Es ta situación plantea riesgos para el mercado 
interior y genera dificultades de cumplimie nto para las empresas  que operan a escala 
transfronteriza. 
3. Existen insuficiencias y lagunas asocia das a las normas vi gentes de la UE . - Vista 
la evolución de los riesgos de blanqueo de  capitales y financiación del terrorismo, es 
importante que el marco de la UE pueda re sponder a estos riesgos de manera firme 
pero flexible. El proceso de revisión de la Comisión reveló los problemas que plantea 
el ámbito de aplicación de la Directiva en vigor en relación con los servicios de juegos de azar y las personas que comercian con bienes  de elevado valor; se considera que las 
normas al respecto no son suficientemente sólidas. Reforzar las normas será una 
medida adecuada para abordar estos riesgos y colocará la legislación de la UE a la 
vanguardia de las normas internacionales. 
 
Escenario de referencia 
La naturaleza cambiante de los riesgos que plan tea el blanqueo de capita les y la financiación 
del terrorismo requiere una resp uesta proporcionada a tales riesgos. En caso de que no se 
tomasen medidas, las consecuencias serían las siguientes: 
 
5 
 1. El marco de la UE no sería conforme c on las normas internacionales. Habida cuenta 
del riesgo de que pudieran recibir informes de evaluación mutua negativos, los Estados 
miembros podrían verse tentados a adaptar sus propios marcos, lo que daría lugar a 
fragmentación y falta de convergencia. 
2. Persistiría la inseguridad derivada de las di ferencias en la aplicación de la normativa a 
nivel nacional, lo que socav aría el mercado interior. 
3. El hecho de no focalizar mejor los recursos en los riesgos de bla nqueo de capitales y 
financiación del terrorismo dejaría a la UE en una posic ión vulnerable ante las nuevas 
amenazas.  
2. A NÁLISIS DE LA SUBSIDIARIEDAD  
Los flujos de dinero de origen ilícito y la  financiación del terrorismo pueden dañar la 
estabilidad y la reputación del sector financie ro y poner en peligro el mercado interior. Sin 
embargo, medidas adoptadas exclusivamente a escala de los Estados miembros podrían tener 
efectos adversos sobre el mercado único de la UE y dar lugar a una respuesta fragmentada. La 
acción de la UE se justifica por la necesidad de hacer frente a los riesgos que plantea a escala 
mundial el blanqueo de capitales y la financiaci ón del terrorismo, y de mantener una situación 
de igualdad de condicion es en toda la UE.  
3. O BJETIVOS DE LA INICIATIVA DE LA UE 
El objetivo global de la revisi ón del marco normativo de la lucha contra el blanqueo de 
capitales es proteger el sistema financiero y el  mercado único de los de lincuentes que intentan 
blanquear el producto de activid ades ilícitas o de los terroristas que pretenden financiar 
actividades o grupos terror istas. La Comisión ha señalado cuatro objetivos  generales: reforzar 
el mercado interior, reduciendo la complejidad de las actuaciones tran sfronterizas, proteger 
los intereses de la sociedad contra la delincu encia y los actos terroristas, salvaguardar la 
prosperidad económica de la Unión Europea, ga rantizando un entorno empr esarial eficiente, y 
contribuir a la estabilidad financ iera, protegiendo la solidez, el  correcto funcionamiento y la 
integridad del sistema financiero. Estos objet ivos se refuerzan con objetivos específicos 
vinculados a la mejora de la ef icacia de los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo y el mantenimiento de la reputación del sist ema financiero de la 
UE. El marco en el que se examinaron las dive rsas opciones para modi ficar la legislación se 
completa con una serie de objetivos operati vos relacionados con los problemas señalados. 
4. O PCIONES DE ACTUACIÓN  
En cuanto a las opciones de actuación, la evaluación de impacto examina una serie de 
medidas/dimensiones con vi stas al logro de los tr es objetivos operativos:  
1. Con el fin de garantizar la coherencia con las normas internacionales , se han 
estudiado diferentes opciones con respecto a:  
• la inclusión de los delitos fiscales en el marco de la UE; 
• la introducción de un enfoque  basado en el riesgo; 
 
6 
 • el enfoque relativo a la equivalencia/no equivalencia de los sistemas de lucha 
contra el blanqueo de cap itales de terceros países; 
• la introducción de la supervis ión basada en el riesgo; 
• la introducción de nuevos requ isitos para las personas de l medio político de la UE 
o que trabajan en organizaciones internacionales; 
• la mejor manera de mejorar la disponibil idad de datos sobre la titularidad real; 
• la adaptación del Reglamento sobre la s transferencias de fondos a las nuevas 
normas internacionales (inclusión de inform ación sobre el titular real, exenciones 
del ámbito de aplicación).  
2. En relación con el objetivo de garantizar la coherencia entre las normas nacionales 
y, en su caso, la flexibilidad en su  aplicación, a través del refuerzo y la 
clarificación de los requisitos actuales , se han estudiado di ferentes opciones con 
respecto a:  
• la mejora de la recopilación y comu nicación de los datos estadísticos; 
• la clarificación sobre cómo aplicar el um bral del 25 % para la identificación del 
titular real; 
• la introducción de nuevas normas a fin de aclarar que las sucursales y filiales 
situadas en otros Estados mi embros distintos del de la sede central deberán aplicar 
las normas del país de acogida, y refuerzo  de las modalidades de cooperación entre 
los supervisores del país de or igen y los del país de acogida; 
• el endurecimiento de las sanciones administrativas. 
  
3. En relación con el objetivo de velar por que las normas se centren en los riesgos y se 
adapten para responder a las nuevas amenazas , se han estudiado diferentes opciones 
con respecto a: 
• la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva más allá de los casinos, para 
incluir al sector de los juegos de azar; 
• la aclaración de la interacción entre los requi sitos de la lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo y los relativos a la protección de datos; 
• los puntos vulnerables del sector de  los bienes de elevado valor; 
• el refuerzo de las competencias de las UIF y la cooperación entre las mismas. 
 
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 5. E VALUACIÓN DE IMPACTO  
No es posible proporcionar una estimación cuantitativa de las ventajas  que se derivarán de la 
existencia de normas actualizadas y conformes a nivel internacional que sean coherentes en 
todo el mercado interior. Sin embargo, el Ba nco Mundial describe así estas ventajas: «… un 
marco eficaz de antilavado de dinero (ALD) y lucha contra el financia miento del terrorismo 
(LFT) tiene beneficios importantes para un país, tanto en el plano nacional como 
internacional. Estas ventajas incluyen nivel es más bajos de delincuencia y corrupción, una 
mayor estabilidad de las instituciones y merc ados financieros, un efecto positivo en el 
desarrollo económico y en la reputación dentro  de la comunidad inte rnacional, técnicas 
mejoradas de gestión de riesgos para las in stituciones financieras del país, y una mayor 
integridad del mercado .»2 
Se espera que la adaptación del marco a normas internacionales más estrictas, junto con los 
cambios adicionales que se proponen como consecu encia del proceso de revisión de la propia 
Comisión, representen un refuer zo sustancial del marco gl obal. Gracias a los cambios 
previstos: 
• el ámbito de aplicación, ampliado, abordará otras áreas de riesgo;  
• se reforzará el cumplimiento a nivel transfronterizo;  
• aumentará la coherencia entre las normas nacionales;  
• mejorará la eficacia, al estar mejor orientadas las normas y basarse en el riesgo en 
mayor medida. 
En términos de incidencia en materia de costes , la evaluación de impacto reconoce que las 
consecuencias serán muy diferentes en funci ón de la situación de las distintas partes 
interesadas. Los factores de co ste más importantes asociados a la  adaptación de las normas en 
materia de lucha contra el blanqueo de capital es son los relacionados con los costes puntuales 
iniciales que se derivan de la introducción de nuevos sistemas, formación, asesoría, etc. Sobre 
la base de un estudio an terior de la Comisión3, queda claro que el nivel de los costes 
dependerá en gran medida del tipo de estrategia  que se adopte para garantizar el cumplimiento 
(por ejemplo, centrada en procesos automatizad os en lugar de procesos manuales). También 
dependerá del nivel de los ri esgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 
asociados a la naturaleza de cada actividad. Las actuales entidades obligadas no deberían 
verse afectadas en exceso por los cambios previs tos, puesto que ya han invertido en sistemas 
que serán relativamente fáciles de adaptar si n necesidad de proceder a nuevas y cuantiosas 
inversiones. No obstante, la situ ación es diferente en el caso de las entidades que hasta ahora 
quedaban fuera del ámbito de aplicación de este marco normativo pero que en el futuro deberán aplicar las normas en materia de lu cha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, en part icular el sector de los juegos  de azar, ya que en una serie 
de Estados miembros únicamente los casinos tr adicionales están incluidos actualmente en el 
ámbito de aplicación de las normas nacionales
4. En aquellos sectores en que se amplían las 
medidas actuales (por ejemplo, en  el caso de las personas del me dio político) se necesitarán 
recursos adicionales para efectuar los controles necesarios. Asimismo, los supervisores tendrán una mayor carga de trabajo debido a la ampliación del ámbito de aplicación.  
                                                
 
2  Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo - 
Segunda edición y suplemento sobre la Recomendación Especial IX , Banco Mundial/FMI, 2006. 
3  Europe Economics : Study on the Cost of Complian ce with Selected FSAP Measures , 5 de enero de 
2009. 
4  Este tema se estudia más a fondo en el anexo V. 
 
8 
 Dar mayor importancia al enfoque basado en el riesgo tendrá consecuencias para los 
gobiernos (que deberán organizar evaluaciones de riesgos), las autoridades competentes y las 
personas y entidades obligadas. Sin embargo, es tos costes deben compensarse con medidas 
más específicas y eficaces dirigidas a hacer fr ente a los riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo, lo que significa que no se destinará tiempo y recursos a la 
conformidad técnica que pueda no centrarse en riesgos reales. Probablemente los clientes no 
se verán directamente afectados por los ca mbios, aunque se modificará el nivel de 
información que deben facilitar (por ejemplo, si  son personas del medio político o si son 
clientes de alguna de las entidades incluidas a partir de ahora en el ámbito de aplicación). 
En cuanto a otros efectos , la evaluación de impacto exam ina de forma detallada de qué 
manera las medidas previstas pueden afectar a:  
• las partes interesadas, tanto las incluidas en el ámbito de aplicación del marco actual 
como a las que se apliquen las normas modificadas; 
• los derechos fundamentales: a este respecto es especialmente importante garantizar un 
equilibrio adecuado entre la eficacia de las medidas de lu cha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación de l terrorismo y el respeto de la protección de datos y la 
privacidad;  
• las PYME: se establece una distinción entre el impacto en las PYME incluidas en el 
ámbito de aplicación de las disposiciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y el impacto en las PYME en general; 
• el medio ambiente: no se prevén  repercusiones significativas; 
• la dimensión internacio nal: en particular, el enfoque act ual respecto al reconocimiento 
de la equivalencia de los terceros países de be adaptarse al enfoque basado en el riesgo, 
lo que significa que, en el futuro, la ubica ción geográfica será so lo un factor más en 
una evaluación más amplia de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo. 
6. C
OMPARACIÓN DE LAS OPCIONES  
En términos de opciones de actuación, la evalua ción de impacto llega a la conclusión de que 
para aplicar las normas internacionales convien e adoptar un enfoque coherente a nivel de la 
UE e introducir al mismo tiempo elementos ad icionales de armonización para mejorar la 
coherencia en el mercado interior, con flexib ilidad suficiente que permita a los Estados 
miembros responder a las nuevas amenazas que vayan apareciendo.  
Más concretamente, la evaluación de impacto examina una serie de ámbitos de actuación 
específicos que corresponden a los problemas detectados de la manera siguiente: 
1. Las normas vigentes no son coherentes co n las normas internacionales en materia 
de blanqueo de capitales y financiación  del terrorismo revisadas recientemente:  el 
objetivo de atenerse a las normas internaci onales debe satisfacerse con una respuesta 
que reconozca las especificidades del mer cado único. Teniendo esto en cuenta, la 
evaluación de impacto llega a la conclusión de  que es preciso introducir cambios en el 
marco actual para reflejar lo siguiente:  
• la necesidad de añadir los delito s fiscales como delito principal; 
• la necesidad de exigir evaluaciones nacionales de riesgos, con la posibilidad de 
introducir elementos de eval uaciones supranacionales; 
 
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 • la necesidad de revisar las normas simp lificadas y reforzadas en materia de 
diligencia debida con respecto al cl iente, a fin de cumplir las normas 
internacionales; 
• la necesidad de reexaminar la equivalencia de los sistemas de terceros países, 
para centrarse en terceros  países «no equivalentes»; 
• la necesidad de reconocer específicamente el enfoque basado en el riesgo para 
la supervisión, con la posibilidad de proporcionar orientaciones sobre una base 
sectorial; 
• la propuesta de ampliar las categorías de personas del medio político incluidas 
en el ámbito de aplicación de la Directiva; 
• la obligación de poner a disposición de  las autoridades competentes y las 
entidades obligadas información sobre la titularidad real; 
• la necesidad de modificar el Regl amento 1781/2006 en relación con las 
transferencias electrónicas de fondos para incluir los recientes cambios de la 
norma del GAFI y tener en cuenta el proceso de revisión de la Comisión.  
 
2. Las normas vigentes de la UE se interp retan de forma diferente según el Estado 
miembro. Los distintos enfoques adoptados por los Estados miembros con respecto a 
la legislación vigente de la UE ponen de manifiesto la necesidad de armonizar en 
mayor medida el marco normativo. No obs tante, la plena armonización no sería 
necesariamente la solución más pertinente pa ra hacer frente a los riesgos de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo en la UE. Dada la necesidad de disponer de cierto grado de flexibilidad para tratar los riesgos emergentes, la conclusión de la 
evaluación de impacto es que la Direc tiva debería proponer los siguientes cambios: 
 
• mejora de las modalidades de recopilaci ón de los datos estadí sticos en la UE; 
• clarificación de la defi nición de «titular real»; 
• clarificación de las responsabilidades de lo s supervisores del país de origen y de 
acogida;  
• cierto grado de armonización de las sanciones administrativas. 
 
3. Las normas vigentes no abordan de manera adecuada los nuevos riesgos de 
blanqueo de capitales y fina nciación del terrorismo: la necesidad de una respuesta 
sólida pero flexible a las nuevas amenazas que van surgiendo apunta a la introducción 
de medidas basadas en el riesgo, pero si n requisitos excesivamente detallados. La 
evaluación de impacto concluye que convien e introducir las sigui entes modificaciones 
en la legislación: 
 
• ampliación del ámbito de aplicación de la  Directiva para abarcar todos los tipos 
de juegos de azar; 
•
 clarificación de las normas de protecci ón de datos, para permitir una aplicación 
correcta de las normas en materia de luch a contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo; 
• reducción a 7 500 EUR del umbral para la inclusión del comercio de bienes en 
el ámbito de aplicación y la aplicación de los requisitos de diligencia debida 
con respecto al cliente; 
• refuerzo en la Directiva de la coop eración entre las unidades de información 
financiera. 
 
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 7. S EGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
La Comisión es la guardiana del Tratado y, por tanto, debe c ontrolar la forma en que los 
Estados miembros han aplicado las modificaciones  de la tercera DBC y el Reglamento sobre 
las transferencias de fondos. En su caso y prev ia solicitud, los servicios de la Comisión 
ofrecerán asistencia a los Esta dos miembros, durante todo el pe ríodo de incorporación, para la 
aplicación de los cambios legislativos, en forma de talleres de transposición con todos los 
Estados miembros o de reuniones bilaterales. Siempre que sea necesario, la Comisión seguirá el procedimiento establecido en  el artículo 258 del Tratado en caso de que un Estado miembro 
no cumpla con sus obligaciones en relación con la  incorporación y apli cación del Derecho de 
la UE.  
La Comisión colaborará con el Comité Mixto de  las Autoridades Europeas de Supervisión 
sobre la lucha contra el blanque o de capitales, que publica informes sobre la aplicación de la 
tercera DBC en algunos ámbitos específicos, con el fin de supervisar la aplicación del nuevo 
marco legislativo. El Comité sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo podría servir también de foro para el intercambio de información sobre cuestiones 
de aplicación. Los servicios de la Comisión podr án igualmente utilizar los resultados de 
estudios efectuados por las partes interesa das o los Estados miembros, así como las 
informaciones que reciban de las reuniones con los interesados del sector privado. Asimismo, 
se estudiará, en su caso, la conveni encia de encargar un estudio externo.  
El control de la aplicación de  la Directiva sobre blanqueo de  capitales también se realizará 
indirectamente a través de los procesos de evaluación recípro ca del GAFI (15 Estados 
miembros de la UE son miembros de este grupo ), así como de Moneyval (los otros 12 Estados 
miembros son miembros de es te organismo). Esta revisión inter pares  es un proceso riguroso 
y esencial para garantizar que los Estados miembros cumplen, de hecho y de derecho, las 
normas internacionales del GAFI, de las que se derivan la mayoría de los requisitos de la 
Directiva sobre blanqueo de cap itales. Se llevan a cabo eval uaciones aproximadamente cada 
5-7 años en cada país, que pueden complementarse con informes de seguimiento, normalmente cada dos años (o con más frecuencia si las deficiencias detectadas así lo exigen).  
 C
ONCLUSIÓN  
La Comisión considera que las opciones preferid as descritas y analizadas en la presente 
evaluación de impacto son proporcionadas a lo s objetivos. Aplicando un enfoque adaptado y 
flexible, los Estados miembros podrán adoptar  medidas y emprender actuaciones que sean 
necesarias para contrarrestar los riesgos a que  puedan verse expuestos a nivel nacional. La 
inclusión de procesos a nivel de la UE con vi stas a una mayor coordinación y el desarrollo de 
enfoques supranacionales, junto con una mayor  armonización en ámbitos específicos, debe 
garantizar el logro de los objetivos de la UE . Aunque garantizar un sistema eficaz de lucha 
contra el blanqueo de capitales y la financiaci ón del terrorismo entraña costes considerables 
para las entidades obligadas, la Comisión cons idera que las ventajas (mucho más difíciles de 
cuantificar) asociadas a la prevención de esta s actividades siguen siendo superiores a los 
costes, incluidos los costes derivados de los cambios del marco legislativo.