El estado de la conectividad de banda ancha en Europa y las tendencias actuales de su modernización no se ajustarán a las necesidades crecientes de una conexión a Internet más rápida y mejor, posibles mediante redes de muy alta capacidad. Estas son necesarias para que los ciudadanos y las empresas puedan desarrollar, entregar y disfrutar los bienes, aplicaciones y servicios que se comercializan en línea en toda Europa. El éxito del comercio electrónico, la fiabilidad de las aplicaciones de salud electrónica, la experiencia del usuario de los contenidos de audio y vídeo en juegos y retransmisiones en directo dependen de la calidad de las redes.

Si bien las conexiones de banda ancha básicas están disponibles para todos los europeos, principalmente gracias a las infraestructuras clásicas, esto ya no es suficiente para la transformación digital. Alrededor de la mitad de los europeos poseen un teléfono inteligente, pero no puede utilizar todo su potencial debido a que existen importantes lagunas en lo que se refiere a la cobertura y la calidad de datos móviles.

A mediados de 2015, las redes fijas, que ofrecen 30 Mbps como mínimo, estaban disponibles para el 71 % de los hogares de toda la UE, frente al 48 % de 2011. Casi la mitad de los hogares europeos disponían de una cobertura de redes capaz de ofrecer velocidades de bajada de 100 Mbps. Las conexiones a más de 100 Mbps están aumentando considerablemente, teniendo un nivel bajo como punto de partida: El 11 % de los hogares disponía de este tipo de conexiones a mediados de 2015. Esta es una tendencia de crecimiento más pronunciada en los Estados miembros con el mayor porcentaje de conexiones de 100 Mbps, lo que sugiere un círculo virtuoso de adaptación. No obstante, siguen existiendo diferencias sustanciales entre los Estados miembros y entre las zonas urbanas y rurales, tanto en lo que se refiere a la cobertura como a la conexión.

Además, se han introducido importantes cambios en el sector de las comunicaciones electrónicas desde que el marco regulador de las telecomunicaciones de la UE se revisara por última vez en 2009. Las necesidades y los hábitos de consumo están cambiando radicalmente, los servicios de telefonía vocal cada vez están siendo más remplazados por los servicios de acceso fijo y móvil a Internet, que se ofrecen a través de una serie de dispositivos conectados (teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, televisión, etc.) y permiten acceder a una gama de servicios digitales cada vez mayor que responden a la demanda creciente que existe en las redes en que estos se prestan. Y esto es algo que se necesitará todavía más durante los años venideros, a medida que se desarrollan y evolucionan los servicios y las aplicaciones basadas en la Internet de los objetos, la computación en nube y la realidad virtual y aumentada.

Durante la última década, la política de comunicaciones electrónicas de la Unión Europea ha tenido éxito a la hora de lograr una mayor competencia, precios más bajos y mayores posibilidades de elección para las empresas y los consumidores. No obstante, consumidores y empresas todavía se enfrentan a la fragmentación de los mercados de comunicaciones electrónicas en las fronteras nacionales, y el marco regulador actual no ha favorecido sistemáticamente la implantación por todos los agentes del mercado de redes de muy alta capacidad.

Los objetivos fijados en la Agenda Digital para Europa muestran los beneficios de establecer objetivos a largo plazo, pues se han convertido progresivamente en una referencia para las políticas públicas, por ejemplo, para las normas y directrices en relación con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) y las ayudas estatales a la banda ancha. Aunque no son vinculantes, casi todos los planes nacionales de banda ancha de los Estados miembros ya han incluido estos objetivos. Los planes de inversión del sector privado y los esfuerzos de investigación e innovación a menudo también están en consonancia con estos objetivos.

Aunque se haga énfasis en el despliegue y la adopción de la conectividad de alta capacidad, nadie debería verse excluido del acceso a una conectividad básica. Mientras que otros instrumentos políticos son más idóneos para promover el despliegue de la red en áreas excluidas, se debería utilizar un servicio universal para garantizar que los miembros de los grupos sociales vulnerables puedan obtener acceso a precios asequibles a los servicios básicos si el mercado no los ofrece.

Los modelos de negocio basados en la venta al por mayor de acceso a la red a los operadores minoristas pueden reducir los riesgos de competencia, atraer capital «paciente», algo que sirve para apoyar las inversiones a largo plazo en las redes de muy alta capacidad y, por lo tanto, trazar una línea divisoria entre actividades comerciales y no comerciales de las zonas de despliegue. Este modelo empresarial relativamente nuevo, pero en crecimiento, merece un tratamiento regulador más claro y sencillo en los casos en que dichos operadores tengan un peso significativo en el mercado.

En zonas en las que sea posible que la competencia basada en infraestructuras no sea realista, la coinversión por parte de las compañías rivales permitirá la puesta en común de los costes, la reducción de riesgos, que los operadores más pequeños puedan superar las mayores limitaciones y una competencia al por menor sostenible a largo plazo, siendo así menos dependiente de la regulación. Los operadores con un peso significativo en el mercado que estén abiertos a esta coinversión en redes de muy alta capacidad deben, por lo tanto, poder diferenciarse de sus competidores no inversores; esto también puede ofrecer un incentivo para todos los actores mantengan el capital necesario.

La competencia basada en las infraestructuras es una de las maneras más eficaces de lograr nuevas o mejores conectividades a Internet en las zonas en las que la densidad de población (o empresas) puedan respaldar la existencia de más de una red. La inversión en nuevas redes de muy alta capacidad también repercute en la dinámica competitiva mediante el aumento de las posibilidades de diferenciación. El acceso efectivo a las infraestructuras civiles, tales como conductos y postes que posean las empresas con un peso significativo en el mercado, impulsa la competitividad y el potencial de inversión y deben ser la primera solución que se tenga en cuenta para superar los factores limitantes. La necesidad de otras medidas que se destinen a las prestaciones al por mayor para permitir una competencia eficaz basada en el acceso debe ponderarse a la luz de los acuerdos comerciales existentes entre operadores y teniendo en cuenta las opciones al por menor disponibles de forma efectiva para los usuarios finales. Por consiguiente, no se le debe dar más importancia de la necesaria a la intervención reguladora sobre las decisiones de inversión de los operadores, al mismo tiempo que se garantizan unos resultados competitivos.

El Código propuesto garantiza que los usuarios finales tengan derecho a un contrato de conectividad asequible.

Normas adaptadas a los nuevos servicios de comunicación y al mercado interior

La conectividad de Internet ha hecho posibles nuevas formas de servicios de comunicación en línea, con importantes ventajas para los usuarios finales. Las normas sectoriales no deben alterar la competencia entre los operadores tradicionales y las nuevas plataformas de comunicaciones, pero deben abordar las restantes cuestiones relativas a los usuarios finales de una forma proporcionada y no discriminatoria, en base a las características pertinentes de los servicios de que se trate. Los proveedores de servicios y los usuarios finales deben beneficiarse en condiciones de igualdad de un verdadero mercado interior de los servicios, con una protección adecuada en ámbitos tales como la seguridad. Las condiciones de igualdad también deben velar para que los operadores de las redes no estén en desventaja cuando también presten servicios de comunicaciones.

El Código propuesto garantiza un mercado interior justo mediante una la máxima armonización de las normas sectoriales para los usuarios finales, aplicándose de la manera apropiada a las distintas categorías de servicios.

Un modelo de gobernanza que garantice la estabilidad y la coherencia reguladora

Un sistema de gobernanza eficaz se basa en la cooperación de los reguladores nacionales fuertes e independientes con las competencias adecuadas, trabajando conjuntamente con la Comisión en una estructura institucional reforzada (ORECE) con las tareas correspondientes, y unos recursos más estructurados a conocimientos prácticos estratégicos en lo relativo a la política del espectro (a través del GPER). El objetivo común debe ser garantizar que, aprovechando la experiencia y los conocimientos específicos desarrollados por los reguladores nacionales y el ORECE, así como la aplicación del marco actual, el nuevo Código se aplique de forma coherente, predecible y con visión de futuro para los intereses a largo plazo de los usuarios finales, en un mercado interior competitivo.

El Código propone establecer un sistema más eficaz de reguladores de las comunicaciones electrónicas de la UE que garantice la implementación coherente del marco regulador a fin de desarrollar el mercado interior.

4.2.Plan de Acción 5G

Asimismo, la Comisión propone un Plan de Acción de 5G para fomentar un enfoque coordinado para la implantación de infraestructuras de 5G que desempeñará un importante papel en el futuro de la conectividad a Internet de Europa. Gracias a esta acción, se abrirán oportunidades de innovación totalmente nuevas, y no solo en el sector de las comunicaciones, sino también para toda la economía y la sociedad. Establecer la nueva infraestructura 5G exige un grado de coordinación adecuado entre los Estados miembros y los distintos sectores para estimular las inversiones. El Plan de Acción tiene por objeto lograr dicha coordinación basándose en una serie de acciones específicas que son en gran medida de carácter voluntario. Junto con el Código propuesto, es necesario dotar a Europa de los medios para liderar la implantación 5G con el fin de propiciar su competitividad internacional.

La Comisión insta a los Estados miembros a que apoyen el Plan de Acción 5G y trabajará con todas las partes interesadas para garantizar su aplicación efectiva.

4.3.Apoyo público para las inversiones

Las acciones legislativas y reguladoras pueden eliminar barreras, reforzar los incentivos a la competencia, proporcionar una mayor previsibilidad para los inversores y reducir los costes de despliegue de la red. Los objetivos de conectividad a Internet para 2025 se establecen a un nivel destinado a ponerlos ampliamente al alcance de los operadores comerciales. Sin embargo, será necesaria financiación pública para las zonas más difíciles con el fin de mejorar la rentabilidad comercial para los promotores privados.

Hasta la fecha, la financiación mediante los Fondos EIE para la inversión en banda ancha se ha realizado en gran medida en forma de subvenciones; El marco regulador de los Fondos EIE para el período 2014-2020 introdujo una nueva posibilidad para utilizar instrumentos financieros en este ámbito, tal y como se destaca en la Comunicación sobre el Plan de Inversiones para Europa, que aboga por una duplicación en el uso de instrumentos financieros en el marco de estos fondos. El Mecanismo «Conectar Europa» y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas proporcionan instrumentos financieros adaptados a los grandes y pequeños proyectos de banda ancha, respectivamente, o se pueden combinar para apoyar a las plataformas y fondos específicos. Se puede proporcionar asistencia técnica a través del Centro Europeo de Asesoramiento para la inversión.

A menudo es necesario conceder financiación para implantar la banda ancha en las zonas más remotas, algo que de otro modo podría no ser rentable. Sin embargo, una contribución pública en forma de instrumentos financieros puede atraer más inversión privada a largo plazo, al reducir los riesgos a corto plazo para el despliegue en las zonas donde el modelo de negocio puede ser positivo a largo plazo. Mediante la combinación —por ejemplo, combinando ambas formas de financiación pública en zonas con potencial general comercial para redes de muy alta capacidad— las subvenciones pueden limitarse al mínimo necesario para constituir un modelo de negocio rentable en las subzonas, maximizando al mismo tiempo la participación del sector privado en zonas mucho mayores.

Para aprovechar al máximo el efecto multiplicador de la financiación pública de las inversiones en las redes de muy alta capacidad en toda Europa, los Estados miembros deben utilizar un modelo de financiación para las subvenciones y los instrumentos financieros y acciones complementarias entre diversos programas de financiación nacionales y de la UE.

El Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) es el instrumento de la UE dedicado específicamente a apoyar las redes transeuropeas. No obstante, el presupuesto actual solo puede apoyar una subsección limitada de proyectos de banda ancha, es decir, proyectos innovadores basados en la tecnología más avanzada y con potencial de replicabilidad, y únicamente mediante instrumentos financieros. La financiación existente y futura de la UE a todos los niveles debe simplificarse y hacerse más flexible para permitir la combinación de instrumentos financieros y subvenciones. En el contexto de la revisión intermedia del marco financiero plurianual , la Comisión propone medidas que puedan facilitar la combinación de los Fondos EIE con el FEIE en todos los ámbitos, incluida la banda ancha.

En la elaboración de la programación financiera para el período posterior a 2020, la Comisión ponderará la futura financiación necesaria en el marco de los distintos programas de inversión de la UE a la luz de los objetivos para 2025.