Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: el servicio universal de telecomunicaciones ante la perspectiva de un entorno plenamente liberalizado - Un elemento fundamental de la sociedad de la información»

(97/C 116/04)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: el servicio universal de telecomunicaciones ante la perspectiva de un entorno plenamente liberalizado - Un elemento fundamental de la sociedad de la información» (doc. COM(96) 73 final);

vista la decisión de la Comisión de 13 de marzo de 1996 de consultar al Comité de las Regiones sobre este tema, de conformidad con el artículo 198 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;

vista su decisión de 8 de marzo de 1996 de encargar la elaboración del dictamen a la Subcomisión de Telecomunicaciones (Subcomisión 3);

visto el proyecto de Dictamen (CDR 371/96 rev.) aprobado por la Subcomisión de Telecomunicaciones (Subcomisión 3) el 11 de diciembre de 1996 (Ponente: Sr. Nash),

ha aprobado por unanimidad en su 16° Pleno de los días 15 y 16 de enero de 1997 (sesión del 15 de enero) el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. Esta comunicación trata sobre la política de la UE de liberalizar plenamente los mercados de telecomunicaciones a partir del 1 de enero de 1998. Las instituciones de la UE han reconocido que esta liberalización debería realizarse al mismo tiempo que el establecimiento de un marco regulador que garantice la oferta de un servicio universal.

1.2. La política de la Comisión Europea en favor de la sociedad de la información ha integrado desde sus principios la necesidad de evitar «una sociedad a dos velocidades», que se dividiría entre los que disponen de un acceso a las nuevas posibilidades ofrecidas y se sienten a gusto utilizándolas y los que no pueden beneficiarse plenamente de ellas.

1.3. A la luz de los acuerdos políticos de 1993 y 1994, que se derivaron del informe sobre la situación de las telecomunicaciones publicado por la Comisión en 1992, en favor de la plena liberalización del sector, el Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones () han reconocido que la liberalización va pareja con la instauración de un marco regulador que garantice la prestación de un servicio universal.

1.4. Los objetivos de la presente Comunicación, en vista de los dictámenes antes mencionados, son de tres clases:

- en primer lugar, describir el concepto actual de servicio universal en el sector de las telecomunicaciones, en términos tanto de marco regulador como de nivel actualmente ofrecido en los Estados miembros;

- en segundo lugar, abordar determinadas cuestiones concretas y proponer soluciones y medidas para el desarrollo futuro del servicio universal;

- en tercer lugar, situar el servicio universal de las telecomunicaciones en el contexto más amplio de la sociedad de la información.

2. Comienza a cobrar cuerpo en la Comunidad Europea la necesidad de un concepto de servicio universal a nivel europeo

2.1. Sobre este particular en la Comunicación se plantean los siguientes aspectos:

- En el pasado no ha habido armonización a escala europea del concepto de servicio universal en el sector de las telecomunicaciones. Se fijaron así distintas prioridades a nivel nacional, lo que arrojó resultados muy variables.

- El objetivo de reforzar la cohesión económica y social enunciado en el Tratado se vería seriamente amenazado si se prolonga la coexistencia de niveles de desarrollo muy diferentes.

- La existencia de un conjunto mínimo de servicios es fundamental para el desarrollo del mercado interior.

- Con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, la Comunidad está obligada a mantener un elevado nivel de protección al consumidor. A este respecto, el CDR cree que las fuerzas competitivas que van a ser estimuladas por la liberalización desempeñarán un papel principal en la mejora de las opciones ofrecidas a los consumidores y de la calidad del servicio.

2.2. El Comité de las Regiones acoge favorablemente el concepto de un servicio universal, especialmente el objetivo de ofrecer un conjunto mínimo de servicios a todos los usuarios, pero insta a que la protección del consumidor sea un aspecto de máxima prioridad en el mercado liberalizado.

2.3. El Comité de las Regiones acoge favorablemente la decisión de la Comisión de que los proveedores de servicios de telecomunicaciones cumplan una serie de obligaciones al objeto de garantizar la prestación universal de un nivel de servicio definido.

3. Alcance de las propuestas

3.1. El alcance de las propuestas se basa en la Directiva sobre telefonía vocal (95/62/CE) () y cubre la prestación de un servicio de telefonía vocal por medio de una conexión fija que permita también la utilización de un telefax y de un módem, la asistencia de un operador, los servicios de urgencia, los servicios de información (incluida una guía de abonados) y, por último, los teléfonos públicos.

3.2. Se da además a los usuarios acceso no sólo al servicio de telefonía vocal definido sino también a todos los servicios que pueden prestarse mediante las redes de telecomunicaciones actuales.

3.3. El Comité de las Regiones acoge favorablemente estas obligaciones y la garantía de que los usuarios puedan también tener acceso a información sobre los costes, los precios y la calidad de los servicios y si se alcanzan los indicadores de calidad.

3.4. Asimismo, coincide con lo expresado en la Comunicación de que los usuarios deben beneficiarse de un servicio eficaz y seguro a un precio asequible y a niveles de servicios definidos (y supervisados) por lo que respecta al tiempo requerido para obtener una conexión telefónica, la calidad de la transmisión y de la recepción de las llamadas y los plazos de reparación en caso de avería.

3.5. Sin embargo, el Comité de las Regiones, dado el ritmo del desarrollo del sector de las telecomunicaciones, considera que debería adoptarse cuanto antes una definición más amplia de servicio universal. Asimismo, el Comité, aunque comprende la necesidad de establecer un equilibrio entre la adopción de un servicio universal y la necesidad de captar inversiones para el mercado liberalizado, considera que cuanto más amplio sea el concepto de servicio universal menos disparidades regionales podrán producirse.

3.6. Existe el peligro de que los proveedores privados de estos servicios, en sus prisas por posicionarse en el mercado liberalizado, concentren la implantación de los servicios de telecomunicaciones avanzadas en los núcleos de población y riqueza más importantes y que en las regiones menos pobladas y prósperas ofrezcan únicamente los servicios mínimos.

3.7. Aun cuando en fecha posterior se pueda ofrecer bajo la denominación de servicio universal un mayor número de servicios, puede suceder que ya sea demasiado tarde y que las regiones menos prósperas no puedan recuperar el retraso ni encontrar su lugar en el mercado. Si no se actúa a una escala más amplia de la actualmente prevista, se pueden acentuar las disparidades económicas -ya de por sí muy importantes en la actualidad- que se observan entre las regiones de la Unión.

3.8. Así pues, el Comité de las Regiones, en vista de todo lo anteriormente expuesto, insta a la Comisión a que amplíe, cuando resulte oportuno, los requisitos de servicio universal para que se puedan arrendar líneas o dar acceso a la RDSI (red digital de servicios integrados). Además, el concepto de servicio universal en ningún caso deberá excluir la posibilidad de garantizar medidas compensatorias al prestatario de servicios en zona rural, igualmente allende del servicio universal mínimo.

4. Asequibilidad: costes para el consumidor

4.1. Sobre la cuestión de la asequibilidad, la Comisión señala que, aunque se han reducido considerablemente para los operadores, la reducción de costes no se ha visto reflejada en ninguna reunión de tarifas para los usuarios.

4.2. Así, por ejemplo, los costes de instalación en Dinamarca se elevan a 212 ecus, mientras que en Luxemburgo se elevan a 65 ecus. También en estos dos países el coste bimensual del canon de conexión se eleva respectivamente a 27 ecus en Dinamarca y sólo 11 ecus en Luxemburgo. Diferencias similares son observables entre la mayoría de los Estados miembros de la Unión.

4.3. En este sentido, en el informe se expresa lo preocupante de estas y otras diferencias y se advierte que resulta fundamental garantizar que los necesarios reajustes progresivos no perjudiquen a los usuarios, especialmente a los particulares.

4.4. El Comité de las Regiones comparte esta preocupación e insta a la Comisión a que como mínimo imponga explícitamente una serie de condiciones de asequibilidad de precios que deberán cumplir obligatoriamente los prestatarios de estos servicios.

4.5. Asimismo, el Comité de las Regiones coincide con la Comisión en que por lo que respecta a los grupos de usuarios más vulnerables, y en general a los usurarios particulares, las autoridades nacionales de reglamentación deberían adoptar, cuando proceda, baremos de tarifas especiales, sistemas de control de tarifas (price caps) y otros mecanismos, con el fin de moderar los efectos del proceso de reequilibrio sobre la cuota de conexión y del abono mensual, así como sobre las tarifas de los servicios. Esto es, como se afirma en la Comunicación, especialmente importante para los usuarios establecidos en las regiones menos favorecidas o pobladas de la Comunidad.

4.6. Además de lo mencionado anteriormente, el Comité de las Regiones insta a la Comisión a que llegado el caso intervenga antes de la publicación el 1 de enero de 1998 del informe de seguimiento, siempre que se observen diferencias importantes en la asequibilidad de los servicios. Ello resulta vital para prevenir cualquier incremento injustificado de las tarifas de aquí al 1 de enero de 1998.

4.7. En opinión del Comité de las Regiones es vital que los operadores que presten el servicio universal deban ofrecer obligatoriamente a todos los usuarios facturas detalladas, así como fórmulas flexibles de pago, como el pago en plazos de los gastos de conexión.

5. Precios nacionales uniformes

5.1. Muy acertadamente se señala en la Comunicación que una de las responsabilidades fundamentales de las autoridades nacionales de reglamentación será la de garantizar la asequibilidad del servicio universal a todos los tipos de usuarios, además de que «en un entorno liberalizado, toda fijación de precios uniforme debe garantizar y mejorar la asequibilidad».

5.2. Es de temer que a medida que se implante la competencia, en particular en las ciudades, los nuevos actores correrán el riesgo de concentrarse en los usurarios establecidos en estas regiones y de ofrecer precios inferiores a los de los operadores existentes.

5.3. El Comité de las Regiones se siente muy preocupado por la posibilidad de que el actual operador se vea obligado a gestionar un sistema doble, esto es, por una parte, tarifas bajas en las ciudades, y por otra, precios más elevados en las regiones rurales y menos pobladas.

5.4. Al examinar este problema la Comisión señala que «el alcance y la asequibilidad del servicio universal y de los servicios de telecomunicaciones en general son aspectos cruciales para las regiones menos favorecidas de la Comunidad». Además, la Comisión manifiesta su voluntad de continuar trabajando para garantizar que los efectos combinados de la liberalización y de la aplicación de las nuevas tecnologías reduzcan y no aumenten las actuales diferencias que existen entre las regiones de la Comunidad Europea.

5.5. La Comisión, por su parte, admite la dificultad de evaluar el impacto total que la liberalización tendrá en las regiones menos favorecidas de la Unión y afirma que mantendrá una actitud vigilante ante el peligro de que los territorios de la Comunidad se doten a ritmos diferentes de los equipos necesarios para la incipiente sociedad de la información, lo que puede provocar un desfase temporal y además aumentar las diferencias económicas y sociales entre las regiones de Europa.

5.6. El Comité de las Regiones comparte esta preocupación de la Comisión, pero considera que debe aplicarse un planteamiento más pragmático para evitar que se produzca un desfase temporal en las regiones menos desarrolladas.

5.7. El recurso a los Fondos estructurales y a otras iniciativas sería un medio para mejorar la calidad del servicio de telecomunicaciones en Irlanda, Grecia, Portugal, España y el sur de Italia, y en este sentido el Comité de las Regiones acoge favorablemente que se recurra a ellos en este proceso de mejora.

5.8. Sin embargo, el Comité de las Regiones considera que programas similares tal vez resulten necesarios en otras regiones de la Unión.

5.9. A tal fin, solicita a la Comisión que elabore lo antes posible un informe para descubrir otras regiones de la Comunidad donde la modernización de las infraestructuras de telecomunicaciones pueda sufrir retrasos y, llegado el caso, que les facilite financiación para que puedan acometer la mejora de la calidad de estos servicios.

5.10. Asimismo, el Comité de las Regiones considera que el sector privado puede desempeñar un papel importante en el proceso de liberalización y a la hora de garantizar que las inversiones sean equitativas y adecuadas y que se encaucen hacia las regiones menos pobladas y menos favorecidas de la Unión, incluso por la vía legislativa si es necesario.

6. Usuarios discapacitados y con necesidades especiales

6.1. Aquellas personas que sufren algún tipo de discapacidad y que requieren necesidades especiales forman un grupo especial en nuestra sociedad y sus necesidades y aspiraciones deben ser satisfechas.

6.2. Por ello el Comité de las Regiones acoge favorablemente la intención de la Comisión de que estos usuarios disfruten de un nivel de servicio a un precio asequible y que sea equivalente al ofrecido a los usuarios que no padecen discapacidad alguna o no tienen necesidades especiales.

6.3. Sin embargo, el Comité de las Regiones considera que se podría mejorar la prestación de estos servicios si se garantizasen algunos servicios básicos. A modo de ejemplo se podrían citar los teléfonos con texto (textphone) para los sordos tanto en el domicilio como en lugares públicos; otros ejemplos que se pueden citar son la oferta de alquiler gratuito de equipos y tarifas reducidas para las personas mayores, los parados y los jubilados. Asimismo se podría ofrecer unas líneas telefónicas especiales y gratuitas a los grupos de beneficencia de carácter voluntario como Samaritans, centros con una función social como los de auxilio a las personas violadas, etc.

Sistemas de tarifas reducidas para los usuarios

6.4. Asimismo, el Comité de las Regiones reconoce que para algunas personas, especialmente los ancianos, las que sufren algún tipo de discapacidad o tienen necesidades especiales, resulta esencial disponer del servicio telefónico, aun cuando no lo utilicen con mucha frecuencia, e insta a la Comisión a que garantice que se extienda a todos los Estados de la Unión la oferta de sistemas de tarifas reducidas a los usuarios como los actualmente vigentes en algunos países.

7. Nivel de calidad del servicio

7.1. El Comité de las Regiones está de acuerdo con los niveles fijados ya en la Directiva sobre telefonía vocal, así como con que los indicadores sobre los niveles de calidad del servicio del operador se publiquen regularmente.

7.2. Además, hace suya totalmente la idea de la Comisión de que se impongan sanciones a los operadores que regularmente no cumplan con los objetivos marcados, inclusive la posible retirada de las licencias.

7.3. Además, el Comité de las Regiones está de acuerdo en que se definan objetivos a escala de la Comunidad Europea para que con ellos se fijen los objetivos a escala nacional.

8. El papel del usuario en el seguimiento de los niveles del servicio, de los precios y de su asequibilidad

8.1. En el contexto general del seguimiento de los niveles de servicio, precios y asequibilidad, el Comité de las Regiones considera que las entidades locales y regionales, junto con las asociaciones de consumidores, pueden desempeñar un papel importante en el proceso de seguimiento. El hecho de que estas autoridades sean las más próximas al ciudadano las coloca en una situación privilegiada para observar la evolución del servicio tanto a escala local como en el día a día.

8.2. Por ello el Comité de las Regiones solicita a la Comisión que las entidades locales y regionales puedan participar en el sistema de seguimiento de los operadores en el nuevo entorno liberalizado de las telecomunicaciones.

8.3. Por último, el Comité de las Regiones acoge favorablemente la propuesta y solicita la constitución de un comité europeo de seguimiento en el que estén representados los consumidores, así como que participen también en él representantes de los entes locales y regionales.

9. La evolución del servicio universal y de los servicios avanzados

9.1. El Comité de las Regiones manifiesta su acuerdo con que se reconozca que el servicio universal es un elemento fundamental de la sociedades de la información global y hace suya la declaración de los Ministros del Grupo de los 7 de que garantizar la oferta universal y el acceso a los servicios es uno de los ocho principios fundamentales que sustentan la realización de su idea común de la sociedad de la información.

9.2. Al determinar la evolución del servicio universal de las telecomunicaciones en la sociedad de la información, en esta fase la Comisión, antes que ofrecer respuestas, plantea una serie de preguntas como las siguientes:

9.3. ¿Es preciso que el servicio universal sea siempre financiado únicamente por las empresas del sector o se deberían contemplar otros medios de financiación (como, por ejemplo, una mayor financiación a cargo del Estado o incentivar la asociación del sector público y el privado)?

9.4. ¿Debería el marco que se está implantado para toda la Comunidad simplemente prever una respuesta para el riesgo de que las fuerzas del mercado por sí solas no sean capaces de ofrecer plenas garantías de que cada ciudadano pueda utilizar el servicio a un precio asequible o debería contemplarse algún instrumento para intentar dirigir o desarrollar la evolución de los mercados y de las tecnologías?

9.5. En respuesta a dos preguntas tan importantes como éstas, el Comité de las Regiones considera, y en esto coincide plenamente con la Comisión, que la demanda de los usuarios y la evolución tecnológica deben ser los principales factores determinantes de la evolución futura del servicio universal; sin embargo, manifiesta además que para proteger los intereses de las regiones menos favorecidas deben utilizarse en caso necesario fondos públicos de la Comunidad, del Estado o de las regiones. Para volver a un aspecto mencionado anteriormente, si no cesase de crecer el desfase temporal desde el punto de vista del desarrollo tecnológico en las regiones menos favorecidas, los efectos serían muy negativos para las mismas, que tendrían muchas dificultadas para recuperar este retraso.

9.6. Entretanto, el Comité de las Regiones manifiesta su apoyo al marco concebido por la Comisión y por el que se exigirá a los Estados miembros que fijen una serie de objetivos para la implantación a escala de la Comunidad de determinados servicios telefónicos que en la actualidad no figuran en el servicio universal.

10. Promover la sociedad de la información

10.1. El Comité de las Regiones acoge favorablemente la decisión de la Comisión de promover la sociedad de la información. En concreto, acoge favorablemente que se haga hincapié en la educación y la formación en la sociedad de la información, especialmente como forma de capacitar a la población activa de cara a la era de la informática y como medio para propiciar la creación de empleo y la competitividad general.

10.2. En el campo de la educación, el Comité de las Regiones insta a la Comisión a que propicie la adopción de tarifas reducidas destinadas a aquellos que utilicen servicios de telecomunicaciones actuales y avanzados.

10.3. La financiación de esta reducción de tarifas correría cargo principalmente del Estado en cuanto parte integrante de una conjunto de medidas educativas de carácter general. Así pues, el Comité de las Regiones considera que el desarrollo de las prioridades educativas debería ser la labor de las administraciones centrales, regionales y locales y que deberían ser ellas quienes financiaran estas medidas innovadoras.

10.4. Sin perjuicio de lo afirmado anteriormente, el Comité de las Regiones hace suyas las prioridades fijadas en la Comunicación Hacia la sociedad de la información () (COM(95) 244 final) y está de acuerdo en que el papel de la Comunidad se ciña a estimular los proyectos a través del suministro de información y el incremento de la divulgación de las iniciativas relacionadas con la sociedad de la información.

10.5. Además, el Comité de las Regiones apoya plenamente que la Comunidad otorgue ayudas financieras a aquellos proyectos que, o bien ofrezcan las necesarias infraestructuras, o estimulen la necesaria investigación y desarrollo que resulten en nuevos conceptos fundamentales para el progreso de la sociedad de la información.

11. Acceso público a los servicios de la sociedad de la información

11.1. El Comité de las Regiones se felicita de que la Comisión se haya comprometido a contemplar el acceso público a la sociedad de la información. En concreto, el Comité considera muy positiva la idea de interconectar en la sociedad de la información a los centros educativos, centros universitarios, hospitales, dependencias públicas, bibliotecas y otros puntos de acceso público.

11.2. Sobre este particular, el Comité de las Regiones coincide con la Comisión en que el acceso público y «comunitario local» sería muy importante para las regiones menos favorecidas si el desarrollo de la sociedad de la información se deja únicamente en las manos de las fuerzas del mercado. Así pues, en este sentido apoya la idea de la Comisión de realizar un seguimiento del acceso a la sociedad de la información del sector público y de las asociaciones sin ánimo de lucro y de voluntarios.

11.3. El Comité de las Regiones respalda plenamente a la Comisión en su voluntad de mantener sujeto a un control público constante el acceso a la sociedad de la información, especialmente en las regiones menos favorecidas de la Comunidad.

12. Cuestiones sobre la futura evolución

12.1. El Comité de las Regiones coincide con las ideas expresadas por la Comisión de determinar las cuestiones sobre la futura evolución y, en particular, coincide con la idea de que el acceso público debe trascender la mera promoción de las conexiones físicas para contemplar una formación, un apoyo y unas inversiones en equipos adecuadas.

12.2. Sobre la cuestión de las tarifas reducidas, el Comité de las Regiones coincide con la Comisión en que resultan fundamentales para la expansión de la información en línea y de los servicios y, además, cree que tal vez sea necesaria la vía legislativa para garantizar el respeto de estas tarifas.

13. Conclusiones

13.1. El Comité de las Regiones acoge favorablemente y apoya la Comunicación de la Comisión. En concreto, valora muy positivamente el hincapié que hace la Comisión en el papel de las regiones de la Unión en la incipiente revolución de las telecomunicaciones y el interés por garantizar que las regiones menos prósperas no se queden tecnológicamente rezagadas.

13.2. Sobre la Comunicación en general, el Comité resumiría su dictamen en los puntos siguientes:

13.2.1. En lo que se refiere al servicio universal, el Comité de las Regiones insta a que se conceda la máxima prioridad a la cuestión de la protección de los consumidores.

13.2.2. Como primer paso y a fin de ayudar a las regiones menos desarrolladas, el Comité de las Regiones insta a que la oferta de las líneas arrendadas o de la RDSI forme parte obligatoriamente del servicio universal siempre que ello resulte adecuado.

13.2.3. El Comité de las Regiones está convencido de que la Comisión debería establecer explícitamente una serie de condiciones de obligado cumplimiento para que se presten los servicios a precios asequibles.

13.2.4. Además, el Comité de las Regiones coincide y hace suya la solicitud de la Comisión de que las autoridades nacionales de reglamentación, por lo que se refiere a los grupos más vulnerables y a los particulares en general, adopten, llegado el caso, una serie de baremos de tarifas especiales, sistemas de control de tarifas y otros mecanismos con el fin de moderar los efectos del proceso de reajuste del canon de conexión, del alquiler mensual y de las tarifas.

13.2.5. El Comité de las Regiones insta a la Comisión a que intervenga, llegado el caso, de aquí a la publicación del informe de seguimiento el 1 de enero de 1998, cuando se produzcan diferencias en cuanto a la asequibilidad de los servicios.

13.2.6. El Comité de las Regiones, aunque reconoce la valiosa contribución de los Fondos estructurales para mejorar la calidad de las redes de telecomunicaciones en algunos países, solicita a la Comisión que elabore un informe donde se determine si existen otras zonas de la Comunidad con infraestructuras de telecomunicaciones obsoletas y, llegado el caso, que ponga a disposición de estas regiones los fondos necesarios para mejorar los servicios.

13.2.7. Asimismo, el Comité de las Regiones considera que la Comisión está obligada a garantizar que en lo casos en que resulte necesario se encaucen equitativamente fondos hacia las regiones menos pobladas y menos favorecidas de la Unión.

13.2.8. Por lo que se refiere a las personas discapacitadas o con necesidades especiales, el Comité de las Regiones considera que deberían ofrecerse a estos grupos, entre otras prestaciones, una serie de servicios especiales como el teléfono con texto para personas con discapacidades auditivas y planes de tarifas reducidas.

13.2.9. En cuanto a los grupos de seguimiento, el Comité de las Regiones considera que, además de los grupos de consumidores, deberían participar en este proceso los entes regionales y locales.

13.3. Por último, el Comité de las Regiones valora positivamente el debate actualmente entablado sobre la sociedad de la información en la Comunidad, considera que la implantación del servicio universal es un primer paso importante en pos de la equidad y la armonía en la Unión, y expresa su deseo de participar en el debate sobre la evolución de la sociedad de la información.

Bruselas, el 15 de enero de 1997.

El Presidente del Comité de las Regiones

Pasqual MARAGALL i MIRA

() Un plan de acción (doc. COM(94) 347 final), DO n° C 210 de 14. 8. 1995, p. 109.

() DO n° L 321 de 30. 12. 1995, p. 6; DO n° L 108 de 1. 5. 1996, p. 62.

() COM(95) 244 final.