ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1.7.

Si bien hay que reconocer que el sector de la gestión del tránsito aéreo puede contribuir a la reducción global de las emisiones de CO 2 , un uso eficaz y sostenible de la tecnología podría ayudar a mitigar las emisiones de CO 2 en el sector de la aviación. Habría que tener en cuenta este planteamiento como medio para reducir aún más la huella del sector de la aviación. Sabemos que tecnologías como los combustibles de aviación sostenibles pueden reducir considerablemente las emisiones de CO 2 , mucho más de lo que se puede conseguir con esta propuesta.
1.5

El CESE subraya que, para permitir que el hidrógeno limpio pueda prosperar, los fondos europeos no deberían subvencionar las energías fósiles y pide a la Comisión que aplique el principio de «no ocasionar daños» ( Do no harm ) a toda la financiación pública otorgada a través del MFP +, InvestEU, el Fondo de Recuperación de la UE y las ayudas estatales.
4.7.

Las empresas no deben estar expuestas a una litigiosidad abusiva o a una responsabilidad absoluta, ya que pueden remitirse a sus procesos de diligencia debida para ilustrar su participación y acciones para mitigar y prevenir las consecuencias adversas. Cuando una empresa no ha causado o contribuido a un daño o no podía haber tenido conocimiento de ello, a pesar de haber realizado una diligencia debida significativa, no se puede imputar ninguna responsabilidad. Un proceso de diligencia debida debería abordar el problema a menudo citado del «velo corporativo», por el que las víctimas no suelen disponer de los recursos o la posibilidad de ilustrar la cadena de responsabilidad específica en una cadena de valor mundial.
2.7.

El CESE lamenta profundamente la opción de no continuar con las consultas a las partes interesadas externas en esta versión modificada del Reglamento. El argumento de la urgencia no es lo suficientemente sólido como para justificar la falta de respeto del principio fundamental de la consulta a las partes interesadas sobre la modificación de un Reglamento tan importante. No obstante, el CESE acoge con satisfacción el anuncio de que se están realizando consultas a los Estados miembros y al Parlamento Europeo, lo que es probable que se traduzca en mejoras significativas en algunos aspectos de la propuesta.
1.17.

El CESE considera que tanto el sector público como el privado deben utilizar las mismas normas, no solo en cuanto a taxonomía, sino también respecto de la divulgación de información no financiera. El CESE acoge con satisfacción la próxima revisión de la Directiva relativa a la divulgación de información no financiera, que deberá tener el calado suficiente para animar a las empresas a afrontar la comprensión de su verdadero impacto. Ello debería vincularse a la aplicación de cláusulas medioambientales y sociales normalizadas en la contratación pública.
4.10.

La pesca y la acuicultura proporcionan alimentos nutritivos y generan unos ingresos muy necesarios, al tiempo que respaldan el desarrollo rural y también tienen el potencial de proteger el medio ambiente. Actualmente, el pescado supone en torno al 17 % del suministro de proteína animal a nivel mundial y el 6,5 % de toda la proteína destinada al consumo humano. Para cientos de millones de personas, el pescado es la principal fuente de proteínas y nutrientes esenciales. Muchas poblaciones de peces aún son objeto de sobreexplotación y requieren una mejora de la gestión. En numerosas regiones del mundo, unas subvenciones cuantiosas aún mantienen la grave sobrecapacidad de las flotas pesqueras. Los océanos, mares y aguas continentales han de aprovecharse de forma mucho más sostenible que en la actualidad. La inversión en la acuicultura, la pesca y el procesado del pescado, así como en el desarrollo de nuevos productos a partir de residuos y flujos laterales, es esencial para aumentar la producción sostenible de alimentos y contribuir a mantener la seguridad alimentaria. En particular, la balanza comercial de la UE arroja un saldo negativo importante por lo que respecta al pescado y los productos de la pesca: en torno a un 60 % del pescado y marisco que se come en la UE es importado, y estas importaciones no siempre se adecuan a los criterios de la UE en materia de producción sostenible y seguridad alimentaria.
1.2.

No obstante, el Comité estima que la propuesta presentada no establece un mecanismo ágil de transposición de las normas adoptadas en la NAFO y no solventa la necesidad de actualizar anualmente las mismas.
4.10.

El artículo 14 prevé la creación de puntos de contacto tanto por los prestadores de servicios de alojamiento de datos como por los Estados miembros, con el fin de facilitar la comunicación entre ellos, en particular en lo relativo a los requerimientos y las órdenes de retirada. En aras de la seguridad de los derechos humanos que están en juego, el CESE entiende que estos puntos de contacto deben incluir jueces especializados para identificar problemas y con formación, no solo en identificaciones de actitudes, comportamiento o acciones de carácter terrorista, sino también aptitudes tecnológicas. Dichas cualidades deben ser exigidas tanto a los prestadores de servicios de alojamiento de datos como a los designados por los Estados miembros, con el fin de facilitar la comunicación entre ellos, en particular en lo relativo a los requerimientos y las órdenes de retirada.
3.12.

En caso de que un determinado país, sea o no miembro de la Unión, no acredite su adecuación en las actuaciones de sus fuerzas y cuerpos de seguridad, no se avenga a recibir la debida formación o a ser sometido a mecanismos de control de sus actuaciones en este capítulo, no debe recibir financiación del Fondo y será excluido del mismo. El cumplimiento de unos estándares mínimos de respeto de los derechos humanos debe ser conditio sine qua non para poder recibir el apoyo del resto de miembros de la UE, sea a través de este fondo de seguridad o de cualquier otro mecanismo de solidaridad.
2.3.

En junio de 2018, la Comisión Europea anunció su intención de asignar 30 600 millones EUR a la financiación del Mecanismo «Conectar Europa» mediante el marco financiero plurianual 2021-2027. En valores nominales, esta cifra representa un aumento del 47 % en comparación con el período 2014-2020. No obstante, el compromiso y la importante contribución de la UE a la realización de la RTE-T no bastan si los Estados miembros no se implican seriamente. Son ellos quienes deben encontrar soluciones alternativas para garantizar la cofinanciación o la financiación integral de los proyectos de infraestructura de transporte.
2.14.

La UE fue pionera en el desarrollo de procedimientos reglamentarios para la aprobación de biosimilares: la Agencia Europea de Medicamentos autorizó el primer biosimilar en 2006, mientras que la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) no lo hizo hasta 2015. Existen, no obstante, claros indicios de que Europa está perdiendo su ventaja competitiva y sus socios comerciales están recuperando terreno. Por lo tanto, es urgente que la UE recupere la competitividad de los fabricantes de genéricos y biosimilares establecidos en la UE. No hacer nada o posponer una iniciativa solo debilitaría aún más la industria de la UE y diluiría la ventaja competitiva obtenida por la UE, en particular en el sector de los biosimilares, por haber sido pionera en su momento.
3.2.

Los Estados miembros siguen enfoques distintos. Algunos de ellos han definido valores límite de exposición profesional vinculantes para un gran número de sustancias químicas carcinógenas, mutágenas y reprotóxicas (CMR); otros únicamente para algunos. En la presente propuesta se mencionan cinco sustancias; no existe un valor límite de exposición profesional (OEL) de la UE para ninguna de ellas. Doce de los Estados miembros (BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, HU, LT, LV, NL, SE) no tienen OEL para una de las cinco sustancias. Tres Estados miembros no tienen OEL para ninguna de las cinco (IT, LU, MT). El nivel de estos valores límite de exposición vinculantes puede diferir de un país a otro. Por consiguiente, el CESE acoge con satisfacción la propuesta de modificación de la Directiva 2004/37/CE, que establece valores límite de exposición profesional vinculantes a nivel europeo y que, cuando entre en vigor, garantizará la igualdad de condiciones de trabajo para todos los trabajadores que estén expuestos a estas sustancias nocivas en cualquiera de los Estados miembros.
2.2.9.

Por último, la Comisión reconoce, aunque sin entrar en detalles, que todavía hay espacio para medidas no vinculantes destinadas a reforzar la confianza en el mercado único y previstas en la propia Comunicación de base, como es el recurso a los mecanismos existentes SOLVIT o la adopción de una «cláusula relativa al mercado único» clara y no ambigua, programas de formación de formadores sobre el reconocimiento mutuo, el intercambio de funcionarios, etc. (anexo de la Comunicación indicada).
1.3.

El CESE toma nota de que la designación del registro se lleva a cabo mediante licitación pública, pero subraya que debe hacerse todo lo posible para que el funcionamiento del nombre de dominio «.eu» no sufra ningún tipo de interrupción. Una licitación pública podría tener un efecto negativo en la estabilidad del personal implicado, en las relaciones estables con los numerosos registradores y en la confianza en el nombre de dominio y su reputación. Por lo tanto, todos los criterios de selección deberán determinarse claramente con suficiente antelación. En particular, deberá precisarse si el registro puede o no ser una sociedad mercantil. En cualquier caso, pide que el proceso sea totalmente transparente de principio a fin.
3.5

Con fines ilustrativos, se recomienda ordenar los supuestos de contenidos ilícitos de forma que, en la medida de lo posible, puedan contribuir a una conceptualización común en los distintos Estados miembros, facilitando su priorización y acotación. Al respecto, a continuación se proponen, entre otros, los relativos a los siguientes ítems: — seguridad nacional (terrorismo, corrupción, narcotráfico, tráfico de armas, evasión fiscal y blanqueo de capitales); — protección de menores (pornografía, violencia, etc.); — trata de personas, prostitución y violencia de género, incluida la publicidad sexista; — protección de la dignidad humana (incitación al odio o a la discriminación racial, de género o ideológica, respecto de la orientación sexual); — seguridad económica (fraudes y estafas, piratería y falsificación, etc.); — seguridad de la información (intrusismo informático delictivo, aprovisionamiento con fines comerciales, elusión competitiva, manipulación informativa, etc.); — protección de la intimidad (acoso electrónico, filtración y utilización de datos personales, intervención de comunicaciones personales, intervención de la geolocalización personal, etc.); — protección de la reputación (difamación, publicidad comparativa ilegítima, etc.); — propiedad intelectual.
2.4.

De las cuatro medidas propuestas en la Comunicación, una es una propuesta legislativa. Las tres restantes son directrices con carácter jurídico no vinculante. En conjunto, son las siguientes: — nueva propuesta de Reglamento sobre la defensa de la competencia en el transporte aéreo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 868/2004; — directrices interpretativas sobre las normas en materia de propiedad y control de las compañías aéreas de la UE incluidas en el Reglamento (CE) n.o 1008/2008; — directrices interpretativas sobre las normas en materia de obligación de servicio público incluidas en el Reglamento (CE) n.o 1008/2008, y — documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Practices Favouring Air Traffic Management Service Continuity» (13) («Prácticas favorables a la continuidad del servicio de gestión del tráfico aéreo»).
3.6.

Muchos miembros del BIC han tenido dificultades con respecto al modo de pago. Consideran que resulta inviable desde el punto de vista comercial efectuar una contribución financiera a nivel de programa, dado que esta modalidad no ofrece ningún tipo de beneficio garantizado a cambio (en particular con respecto a los resultados de los proyectos y los derechos de propiedad intelectual e industrial conexos) y que contribuir a nivel de programa podría desembocar en que un miembro del BIC aporte dicha contribución a sus propios competidores. Se propone una modalidad alternativa, el pago de la contribución financiera a nivel de proyecto, donde se benefician de los resultados del proyecto los participantes que contribuyen financieramente. Esta modalidad no afecta a los intereses de la Unión. Se desea mantener los intereses de las cadenas de valor bioeconómico, incluidas las pymes, los centros de investigación y de tecnología, así como las universidades.
1.9.

El CESE destaca que es necesario permitir de manera armonizada la posibilidad de conducir vehículos ya durante el período de formación previo a la obtención de la cualificación inicial. Hay que seguir garantizando en el futuro a los estudiantes este derecho necesario, por ejemplo, en las períodos de prácticas laborales que se llevan a cabo, bajo supervisión y orientación, en las empresas, también cuando se trata de conducir vehículos destinados al transporte comercial, así como el hecho de que aprobar este ejercicio ha de formar parte de la formación para obtener su cualificación profesional. No se debe eliminar este punto en la revisión de la Directiva. No obstante, es necesario garantizar igualmente que el derecho a combinar la formación con el transporte comercial no genera competencia desleal en el sector del transporte ni menoscaba la posición de sus trabajadores.
1.1.

Tras consultar a las organizaciones representantes de las partes interesadas, el CESE llega a la conclusión de que cabe apoyar la propuesta de Reglamento de la Comisión por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 1101/89 (régimen temporal de desguace de las flotas de navegación interior) y los Reglamentos (CE) n.o 2888/2000 (distribución de permisos para los vehículos de transporte pesado de mercancías que circulen por Suiza) y (CE) n.o 685/2001 (autorizaciones para el transporte de mercancías en Bulgaria y Rumanía antes de su adhesión a la UE).
3.2.7.

En cuanto a las consecuencias presupuestarias o administrativas para los Estados miembros, aunque la propuesta prevé prolongar el período de aplicación no supondrá costes adicionales, puesto que los Estados miembros ya han implantado medidas y estructuras adecuadas. Los costes asociados a los sistemas de obligaciones de eficiencia energética repercutirán en los clientes finales. Estos últimos se beneficiarán, no obstante, de facturas energéticas reducidas, gracias a la disminución de su consumo de energía. La propuesta no tiene incidencia alguna en el presupuesto de la UE.
3.1.2.

El compromiso con la educación de calidad requiere medidas concretas, como las siguientes: — mejorar el apoyo a la educación en las primeras etapas de la infancia (decisiva para la adquisición del lenguaje, la socialización, la adaptación a la educación primaria y posterior) y al aprendizaje a lo largo de la vida (decisivo para una integración con éxito en la sociedad y en el mundo laboral); — asegurarse de que la educación responda a los retos de la globalización, la digitalización y los cambios en el mundo laboral; — crear posibilidades de formación para los jóvenes que abandonen los estudios, los trabajadores poco cualificados y los trabajadores migrantes, sin olvidar las herramientas digitales; — velar por que la capacidad de seleccionar la información se adquiera como parte del proceso educativo; — reconocer los resultados de la educación no formal e informal; — promover alianzas entre las diversas partes interesadas en la educación que involucren a la comunidad educativa en su conjunto; — mejorar la formación inicial y continua del profesorado y el personal educativo e invertir en ella; — revalorizar la profesión docente y proporcionar mejores condiciones laborales y salariales; — garantizar que las políticas fijadas para afrontar la crisis económica y de la deuda soberana no pongan en peligro la calidad de la educación y la formación; — invertir en mejores infraestructuras y herramientas educativas, como las TIC; — mejorar la inversión pública en educación, investigación y formación profesional de calidad, y seguir apoyando y financiando el programa Erasmus +; — hacer mejor uso de los fondos europeos, especialmente el Fondo Social Europeo (FSE), y del programa Horizonte 2020 para financiar la educación y la formación de alta calidad, la investigación y la innovación; — reforzar las posibilidades de movilidad de toda la UE para los estudiantes, profesores, formadores e investigadores, que deberían poder disfrutar de estancias temporales en otro Estado miembro: esto debería aplicarse no solo a la educación formal sino también a los sistemas no formales, la formación profesional y los aprendizajes; — procurar mayores sinergias y estrategias concertadas a escala de la UE en el ámbito de la educación; — promover la cooperación y el diálogo entre las empresas, los sistemas de educación y formación y los proveedores de servicios en este ámbito con vistas a determinar las competencias que se necesitan y fomentar el empleo.
2.6.

El Comité acogió con satisfacción el Plan de Inversiones para Europa y valoró positivamente «el cambio de enfoque, que se separa de la austeridad y la consolidación presupuestaria». Destacó que el «Plan de Inversión supone un paso en la dirección correcta, pero suscita una serie de interrogantes importantes en lo que respecta a su alcance, comparado con las enormes necesidades de inversión de Europa, al elevado efecto de palanca que se espera, al flujo potencial de proyectos de inversión adecuados, a la participación de las pymes —en particular, las microempresas y pequeñas empresas— y al calendario del Plan» (2). Sin embargo, el CESE lamenta que el FEIE no garantice que los fondos se inviertan en los países con mayores necesidades, pues los Estados miembros que están siguiendo un procedimiento de déficit excesivo en el marco del componente corrector del Pacto de estabilidad no pueden beneficiarse de ninguna posible flexibilidad (Ecofin 2012 y Ecofin 2014).
5.2.4.

Al CESE le cuesta entender estos razonamientos. Teniendo en cuenta que la Directiva no se aplica al 96 % de la flota de buques pequeños puesto que se fabrican con materiales distintos del acero o equivalentes o son buques utilizados exclusivamente en zonas portuarias, etc., la exención de los buques de menos de 24 metros no resulta favorable para los mismos. Sin embargo, ¿qué sucede con el 4 % restante?
4.3.

El proyecto del PINC de 2016 anuncia un cambio significativo en el planteamiento de la Comisión. Los anteriores PINC situaron la revisión en el contexto de los retos energéticos a los que se enfrentaban la Unión y la comunidad mundial. Por ejemplo, el PINC de 2007 incluía secciones que no aparecen en el PINC de 2016 y que brindaban una visión estratégica clara. Estas secciones deberían añadirse a la propuesta presentada e incluir los temas siguientes: — Competitividad. ¿Cuáles son los factores actuales y futuros que afectan a la competitividad de la energía nuclear? Por ejemplo, el papel de la ayuda estatal, en particular la ayuda financiera y fiscal, los cambios en las perspectivas sobre los costes de construcción, los costes de capital, la eliminación de residuos, los procedimientos de concesión de licencias, la prolongación de la vida útil de las centrales y los costes relativos de otras fuentes de energía. — Aspectos económicos. La estructura del mercado de la energía sigue siendo poco clara, lo que desincentiva la inversión a largo plazo. Los riesgos económicos de la energía nuclear son importantes en un período de incertidumbre económica y política. — Seguridad del suministro. La demanda de energía en el mundo sigue aumentando continuamente pese a haberse estabilizado o reducido en Europa y es preciso prestar más atención a las repercusiones de este aumento así como a sus vertientes políticas y a los aspectos de política exterior. En concreto, la seguridad del suministro de energía es un ámbito al que la energía nuclear puede contribuir (y ya lo hace) con fuentes de suministro de combustible (uranio) que ahora son a todas luces más seguras que el petróleo o el gas (3). — Cambio climático. La energía nuclear produce en la Unión la mitad de la electricidad con bajas emisiones de carbono. — Aceptación pública. Las grandes diferencias en la actitud de la opinión pública hacia la energía nuclear que existen en toda la UE constituyen una realidad que no suele entenderse bien pero que tiene repercusiones importantes sobre el nivel de aceptación política. Todas estas cuestiones han adquirido mayor importancia en los últimos nueve años, pero el enfoque en la seguridad y el ciclo del combustible dominan el PINC, que no profundiza en esos otros aspectos ni en la Comunicación ni en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión. Tampoco perfila la naturaleza del debate sobre estas cuestiones, muchas de las cuales son objeto de discusión y controversia (por ejemplo, mantener niveles elevados en el trabajo subcontratado), ni ofrece un conjunto de orientaciones o un enfoque estratégico para debatir la energía nuclear en el conjunto de la combinación energética. Esto refleja el enfoque del paquete para la Unión de la Energía, donde hay una reticencia similar a poner de manifiesto las implicaciones de una estrategia energética europea para los debates nacionales sobre el futuro del papel de la energía nuclear (si es que lo tiene) en la combinación energética.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 303/148

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que fija para el año civil 2016 el porcentaje de ajuste de los pagos directos previsto en el Reglamento (UE) n.o 1306/2013

[COM(2016) 159 final — 2015/0086 (COD)]

(2016/C 303/22)

El 11 de abril de 2016, de conformidad con el artículo 43, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la:

propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que fija para el año civil 2016 el porcentaje de ajuste de los pagos directos previsto en el Reglamento (UE) n.o 1306/2013

[COM(2016) 159 final — 2016/0086 (COD)].

Considerando que el Comité ya se pronunció sobre el contenido de la propuesta objeto de examen en sus dictámenes CES2942-2013_00_00_TRA_AC, aprobado el 22 de mayo de 2013 (*), EESC-2014-02897-00-00-AC, aprobado el 5 de junio de 2014 (**) y EESC-2015-02052-00-00-AC, aprobado el 22 de abril de 2015 (***), el Comité, en su 517.o pleno de los días 25 y 26 de mayo de 2016 (sesión del 25 de mayo), decidió por 161 votos a favor, 2 en contra y 8 abstenciones no elaborar un nuevo dictamen sobre el asunto y remitirse a la posición mantenida en los documentos mencionados más arriba.

Bruselas, 25 de mayo de 2016. El Presidente del Comité Económico y Social Europeo Georges DASSIS

(*) Dictamen del CESE NAT/602 sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que fija para el año civil 2013 un porcentaje de ajuste de los pagos directos previsto en el Reglamento (CE) n.o 73/2009 (DO C 271 de 19.9.2013, p. 143).

(**) Dictamen del CESE NAT/646 sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que fija para el año civil 2014 un porcentaje de ajuste de los pagos directos previsto en el Reglamento (CE) n.o 73/2009 (DO C 424 de 26.11.2014, p. 73).

(***) Dictamen del CESE NAT/668 sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que fija para el año civil 2015 el porcentaje de ajuste de los pagos directos previsto en el Reglamento (UE) n.o1306/2013 (DO C 291 de 4.9.2015, p. 60).