ES Diario Oficial de la Unión Europea C 308/6

Comunicación de la Comisión sobre buenas prácticas para el desarrollo de los procedimientos relativos a los artículos 101 y 102 del TFUE

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2011/C 308/06

ÍNDICE

1. ALCANCE Y PROPÓSITO DE LA COMUNICACIÓN

2. FASE DE INVESTIGACIÓN

2.1. Origen de los asuntos

2.2. Evaluación inicial y asignación del asunto

2.3. Apertura del procedimiento

2.4. Lenguas

2.5. Solicitudes de información

2.5.1. Alcance de las solicitudes de información

2.5.2. Autoinculpación

2.5.3. Plazos

2.5.4. Confidencialidad

2.5.5. Reuniones y otros contactos con las partes y terceras partes

2.5.6. Poder de recabar declaraciones (entrevistas)

2.6. Inspecciones

2.7. Prerrogativa del secreto profesional

2.8. Intercambio de información entre autoridades de competencia

2.9. Reuniones de evaluación de la situación

2.9.1. Formato de las reuniones de evaluación de la situación

2.9.2. Calendario de las reuniones de evaluación de la situación

2.10. Reuniones trilaterales

2.11. Reuniones con el Comisario o con el Director General

2.12. Consulta de las alegaciones clave

2.13. Resultados posibles de la fase de investigación

3. PROCEDIMIENTOS PREVIOS A UNA DECISIÓN DE PROHIBICIÓN

3.1. Derecho a ser oídos

3.1.1. Pliego de cargos

3.1.1.1. Propósito y contenido del pliego de cargos

3.1.1.2. Posible imposición de remedios y argumentos de las partes

3.1.1.3. Posible imposición de multas y argumentos de las partes

3.1.1.4. Transparencia

3.1.2. Acceso al expediente

3.1.3. Procedimientos de facilitación del intercambio de información confidencial entre las partes del procedimiento

3.1.4. Respuesta escrita al pliego de cargos

3.1.5. Derechos de los denunciantes y terceros interesados

3.1.6. Audiencia

3.1.7. Pliego de cargos suplementario y carta de exposición de los hechos

3.2. Resultados posibles de esta fase

4. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A COMPROMISOS

4.1. Inicio de las conversaciones sobre compromisos

4.2. Análisis preliminar

4.3. Presentación de compromisos

4.4. «Prueba de mercado» y discusiones posteriores con las partes

5. PROCEDIMIENTO DE DESESTIMACIÓN DE DENUNCIAS

5.1. Motivos de desestimación

5.2. Procedimiento

6. LIMITES RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN

7. ADOPCIÓN, NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DECISIONES

8. REVISIÓN FUTURA

ANEXO 1

1. ALCANCE Y PROPÓSITO DE LA COMUNICACIÓN

1. El propósito principal de la presente Comunicación es ofrecer orientaciones prácticas sobre el desarrollo, en la Comisión Europea («Comisión»), de los procedimientos relativos a los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE») (1) de conformidad con el Reglamento (CE) no 1/2003 (2), su Reglamento de Desarrollo (3) y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A este respecto, con la Comunicación se pretende incrementar la comprensión del proceso investigador (4) llevado a cabo por la Comisión y aumentar así la eficiencia de las investigaciones y garantizar un elevado nivel de transparencia y previsibilidad en el proceso. La Comunicación abarca los principales procedimientos (5) sobre supuestas infracciones de los artículos 101 y 102 del TFUE.

2. Los procedimientos de infracción contra Estados miembros, basados en particular en el artículo 106 del TFUE leído en relación con los artículos 101 y 102 del TFUE, no entran dentro del ámbito de la presente Comunicación, que tampoco es de aplicación a efectos de los procedimientos desarrollados en virtud del Reglamento de concentraciones (6) o los procedimientos sobre ayudas estatales (7).

3. Los procedimientos relacionados con la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE (en lo sucesivo denominados generalmente «los procedimientos») están regulados, en particular, por el Reglamento (CE) no 1/2003 y el Reglamento de Desarrollo. Las Comunicaciones de la Comisión sobre el acceso a los expedientes (8) y la tramitación de las denuncias (9), así como el mandato del consejero auditor (10), son también pertinentes para el desarrollo de los procedimientos. Por lo que se refiere a la presentación de datos cuantitativos e informes elaborados por especialistas en economía, se remite al Manual de buenas prácticas de presentación de pruebas económicas (11). Así pues, esta Comunicación no debe considerarse una relación exhaustiva de todas las medidas que rigen los procedimientos en la Comisión. Debe ser leída en relación con tales instrumentos y con toda la jurisprudencia pertinente.

4. Las investigaciones relativas a cárteles, según se definen en la Comunicación sobre Clemencia (12), también pueden estar sujetas a los procedimientos específicos relativos a las solicitudes de clemencia y a las transacciones (13). La presente Comunicación no abarca tales procedimientos específicos. Además, en algunas circunstancias las características particulares de los procedimientos referidos a cárteles exigen aplicar disposiciones especiales con el fin de no interferir en las posibles solicitudes de clemencia (14) o conversaciones de transacción (15). Esas disposiciones especiales se indican oportunamente.

5. La estructura de la presente Comunicación es la siguiente. En la sección segunda se expone el procedimiento seguido durante la fase de investigación. Se trata de una sección pertinente para cualquier investigación, con independencia de que desemboque en una decisión de prohibición [artículo 7 del Reglamento (CE) no 1/2003], de compromisos [artículo 9 del Reglamento (CE) no 1/2003] o de desestimación de la denuncia (artículo 7 del Reglamento de Desarrollo). En la sección tercera se describen las principales fases procesales y los derechos de defensa en el marco de los procedimientos que desembocan en decisiones de prohibición. En la sección cuarta se describen las características específicas del procedimiento de compromisos. La sección quinta versa sobre la desestimación de las denuncias. Las secciones restantes son de aplicación general: en la sección sexta se describen los límites aplicables a la utilización de información; en la séptima se exponen las modalidades de adopción, notificación y publicación de las decisiones, y en la octava se detallan las modalidades de revisión futura.

6. Al elaborar la presente Comunicación se ha tenido en cuenta sobre todo la experiencia adquirida hasta la fecha en la aplicación del Reglamento (CE) no 1/2003 y de su Reglamento de Desarrollo. Refleja los puntos de vista de la Comisión en el momento de su presentación y se aplicará a partir de su fecha de publicación a los asuntos pendientes (16) y futuros. En función de las características especiales del caso de que se trate puede ser necesario, no obstante, adaptar las disposiciones de la presente Comunicación o apartarse de ellas, dependiendo del caso concreto.

7. Esta Comunicación no crea nuevos derechos u obligaciones ni altera los derechos o las obligaciones derivados del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), el Reglamento (CE) no 1/2003, el Reglamento de Desarrollo y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

8. La Comisión alienta la utilización de información electrónica (correos electrónicos o dispositivos digitales) en toda la correspondencia relacionada con los asuntos.

2. FASE DE INVESTIGACIÓN

2.1. Origen de los asuntos

9. Los asuntos relativos a la supuesta infracción de los artículos 101 o 102 del TFUE pueden estar basados en una denuncia formulada por empresas, por otras personas físicas o jurídicas o incluso por Estados miembros.

10. La información que aportan los ciudadanos y las empresas es importante para la apertura de investigaciones por parte de la Comisión. Así pues, esta insta a unos y otras a que le informen de cualquier supuesta infracción de las normas sobre competencia (17). Para ello pueden interponer una denuncia formal (18) o simplemente presentar a la Comisión información sobre el mercado. Cualquiera que pueda acreditar un interés legítimo como denunciante y utilice el formulario C (19) para presentar una denuncia goza de determinados derechos procesales. Los pormenores del procedimiento aplicable se detallan en el Reglamento de Desarrollo y en la Comunicación sobre la tramitación de denuncias. Aquellas personas físicas y jurídicas distintas de los denunciantes que acrediten un interés suficiente para ser oídas y que sean admitidas en el procedimiento por el consejero auditor también gozan de determinados derechos procesales en virtud del artículo 13 del Reglamento de Desarrollo.

11. La Comisión también está facultada para iniciar un asunto por iniciativa propia (ex officio). Puede hacerlo cuando se hayan puesto en su conocimiento determinados hechos, o a raíz de información obtenida en el contexto de investigaciones sectoriales, reuniones informales con la industria o labores de supervisión de los mercados, o sobre la base de información compartida en el marco de la Red Europea de Competencia («REC») o con las autoridades de competencia de terceros países. En cuanto a los cárteles, los asuntos correspondientes también pueden iniciarse a partir de una solicitud de clemencia presentada por alguno de los miembros.

2.2. Evaluación inicial y asignación del asunto

12. Todos los asuntos, con independencia de su origen, son objeto de una evaluación inicial. Durante esta fase, la Comisión analiza si el asunto merece investigación adicional (20) y, en caso afirmativo, define provisionalmente su alcance, en particular por lo que respecta a las partes, los mercados y las prácticas que serán investigadas. Durante esta fase, la Comisión puede utilizar medidas de investigación, por ejemplo formular solicitudes de información de conformidad con el artículo 18, apartado 2 del Reglamento (CE) no 1/2003.

13. En la práctica, el sistema de evaluación inicial permite descartar con suma rapidez algunos asuntos que no se consideran merecedores de investigación adicional. A este respecto, la Comisión centra sus recursos en aquellos asuntos en los que probablemente pueda detectarse una infracción, en particular en aquellos que puedan alterar en mayor medida el funcionamiento de la competencia en el mercado interior y perjudicar a los consumidores, así como en los asuntos que permitan contribuir a definir la política de competencia de la UE y/o a garantizar la aplicación coherente de los artículos 101 y 102 del TFUE (21).

14. Otro objetivo de la fase de evaluación inicial es decidir sin dilación la atribución de los asuntos en el marco de la REC. El Reglamento (CE) no 1/2003 introdujo la posibilidad de reasignar los asuntos a otros miembros de la Red cuando resulte idóneo que los tramiten. Por tanto, la Comisión puede reasignar un asunto a una autoridad nacional de competencia y viceversa (22).

15. Cuando se les remite la primera medida de investigación [normalmente una solicitud de información (23) o inspección], se informa a los destinatarios de que están siendo objeto de una investigación preliminar y se les comunica su objeto y propósito. En el contexto de las solicitudes de información, se les recuerda asimismo que, si se confirma que las prácticas investigadas han tenido lugar, ello puede constituir una infracción de los artículos 101 y/o 102 del TFUE. Las partes (24) que han recibido una solicitud de información o han sido sometidas a una inspección pueden inquirir en todo momento a la Dirección General de Competencia sobre la situación de la investigación, incluso antes de que se proceda a la apertura del procedimiento. Si alguna de ellas considera no haber sido informada adecuadamente de su situación procesal por la Dirección General de Competencia, puede remitir la cuestión al consejero auditor, tras habérsela planteado previamente a dicha Dirección General (25). El consejero auditor decidirá que la Dirección General de Competencia informe a la empresa o a la agrupación de empresas que han inquirido sobre su situación procesal. Tal decisión será comunicada a la empresa o agrupación de empresas que han formulado la solicitud de información. Si en algún momento durante la fase de evaluación inicial la Comisión decide no seguir investigando el asunto (y, por lo tanto, no iniciar el procedimiento), informará al respecto a iniciativa propia a la parte sometida a la investigación preliminar.

16. En los asuntos basados en una denuncia y en un plazo de cuatro meses desde su recepción, la Comisión debería informar a los denunciantes de las medidas que se propone adoptar en relación con ella (26). Se trata de un plazo indicativo, que dependerá de las circunstancias del caso de que se trate y de la recepción por la Dirección General de Competencia —en particular en respuesta a sus solicitudes de información— de datos suficientes facilitados por el denunciante o por terceras partes que le permitan decidir si procede profundizar la investigación emprendida.

2.3. Apertura del procedimiento

17. La Comisión emprenderá el procedimiento (27) al amparo del artículo 11, apartado 6 del Reglamento (CE) no 1/2003 cuando de la evaluación inicial se desprenda la conclusión de que el asunto merece investigación adicional y el alcance de la investigación se ha definido de manera suficiente.

18. La apertura del procedimiento determina la asignación del asunto en el marco de la REC (28) y en relación con las partes y el denunciante, en su caso. Señala asimismo el compromiso de la Comisión de profundizar en la investigación del asunto. Por tanto, la Comisión destinará recursos al mismo y procurará tramitarlo tempestivamente.

19. En la decisión de apertura de un procedimiento se identifica a las partes sometidas al mismo y se describe brevemente el alcance de la investigación. En particular, se exponen las prácticas constitutivas de la supuesta infracción de los artículos 101 y/o 102 del TFUE que abarcará la investigación y normalmente se identifican el territorio y el sector o los sectores en los que tienen lugar tales prácticas.

20. Con arreglo al artículo 2 del Reglamento de Desarrollo, la Comisión puede hacer pública la apertura de cualquier procedimiento. La política de la Comisión consiste en publicar la apertura de los procedimientos en el sitio web de la Dirección General de Competencia y difundir un comunicado de prensa, a menos que tal proceder pueda perjudicar la investigación.

21. Las partes sometidas a la investigación son informadas verbalmente o por escrito de la apertura del procedimiento. Se les informa con la antelación suficiente, antes de la publicación de dicha incoación, para que puedan preparar sus propias medidas de comunicación (en particular en relación con los accionistas, las entidades financieras y la prensa).

22. Conviene subrayar que la apertura de un procedimiento no prejuzga en modo alguno la existencia de una infracción. Meramente indica que la Comisión profundizará en el asunto. Esta aclaración importante figurará en la decisión de apertura del procedimiento (notificada a las partes) y en todas las comunicaciones públicas referidas a dicha apertura.

23. La apertura del procedimiento no limita el derecho de la Comisión a ampliar posteriormente el alcance de la investigación o sus destinatarios. En caso de se amplíe el alcance de la investigación, serán de aplicación las medidas descritas en los apartados 20 y 21.

24. En los casos relacionados con cárteles, por lo general la apertura del procedimiento tiene lugar al mismo tiempo que la adopción del pliego de cargos (vid. supra, apartado 4), aunque puede producirse antes.

2.4. Lenguas

25. De conformidad con el artículo 3 del Reglamento no 1 (29), los documentos que la Comisión envía a una empresa radicada en la Unión Europea se redactan en la lengua del Estado miembro en que está radicada dicha empresa.

26. De conformidad con el artículo 2 del mismo Reglamento, los documentos que una empresa remite a la Comisión pueden estar redactados en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea que ella escoja. La respuesta y la posterior correspondencia se redactarán en esa misma lengua.

27. Para evitar retrasos debidos a la traducción, los destinatarios de los textos pueden renunciar a su derecho a recibirlos en la lengua resultante de la norma mencionada y elegir otro idioma. Para algunos documentos concretos o para todo el procedimiento se pueden aprobar oportunamente dispensas del régimen lingüístico.

28. Por lo que respecta a las meras peticiones de información, la práctica habitual es enviar la carta de presentación en la lengua de la ubicación del destinatario o en inglés (con una referencia al artículo 3 del Reglamento no 1) y adjuntar el cuestionario en este último idioma. Asimismo, se informa claramente al destinatario, en la lengua de su ubicación, de su derecho a obtener una traducción de la carta de presentación y/o del cuestionario a la lengua de su ubicación, y de su derecho a responder en esa misma lengua. Este proceder permite agilizar la tramitación de las solicitudes de información garantizando al mismo tiempo los derechos de los destinatarios.

29. El pliego de cargos, el análisis preliminar y las decisiones adoptadas de conformidad con los artículos 7, 9 y 23, apartado 2 del Reglamento (CE) no 1/2003 se notifican en la lengua auténtica del destinatario, a menos que haya firmado la mencionada dispensa lingüística.

30. Con arreglo al artículo 2 del Reglamento no 1, la respuesta y la correspondencia posterior dirigida al denunciante se redactarán en la lengua de su denuncia.

31. Los participantes en la audiencia pueden solicitar declarar en cualquier lengua oficial de la UE distinta de la del procedimiento. En ese caso se ofrece interpretación durante la audiencia, siempre que el consejero auditor reciba esa petición con la antelación suficiente.

2.5. Solicitudes de información

32. En virtud del artículo 18 del Reglamento (CE) no 1/2003, la Comisión está facultada para solicitar a las empresas y asociaciones de empresas que le faciliten toda la información que estime necesaria. La información se puede pedir por carta («simple solicitud», artículo 18, apartado 2) o mediante decisión (artículo 18, apartado 3) (30). Conviene señalar que a menudo se envían solicitudes de información tanto a las empresas objeto de investigación como a otras empresas o asociaciones de empresas que pueden tener datos pertinentes para el asunto considerado.

2.5.1. Alcance de las solicitudes de información

33. Según el artículo 18 del Reglamento (CE) no 1/2003, la Comisión puede pedir a las empresas y asociaciones de empresas que le faciliten toda la información que estime necesaria. La información es necesaria, en particular, si puede permitir a la Comisión verificar la existencia de la supuesta infracción mencionada en la solicitud. La Comisión dispone de un margen de apreciación al respecto (31).

34. Corresponde a la Comisión definir el alcance y el formato de la solicitud de información. En caso oportuno, la Dirección General de Competencia puede, no obstante, discutir con los destinatarios uno y otro. Este proceder puede resultar especialmente útil cuando se solicitan datos cuantitativos (32).

35. Cuando, en respuesta a una solicitud de información, las empresas presentan información que carece manifiestamente de pertinencia (en particular, documentos que claramente no guardan relación con el objeto de la investigación), la Dirección General de Competencia puede, para no sobrecargar innecesariamente el expediente administrativo, con frecuencia voluminoso, devolver dicha información al destinatario de la solicitud lo antes posible tras la recepción de su respuesta. En el expediente se insertará una breve nota para dejar constancia de ello.

2.5.2. Autoinculpación

36. Cuando el destinatario de una solicitud de información formulada en virtud del artículo 18, apartado 2 del Reglamento (CE) no 1/2003 se niega a contestar alguna de las preguntas aludiendo al derecho a no autoinculparse, según se define en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (33), puede remitir la cuestión al consejero auditor, en el plazo oportuno tras la recepción de la solicitud y tras habérsela planteado a la Dirección General de Competencia antes de la expiración del plazo establecido originalmente (34). En caso oportuno, y teniendo en cuenta la necesidad de evitar demoras indebidas en el procedimiento, el consejero auditor puede formular una recomendación motivada sobre la aplicabilidad del derecho a no autoinculparse e informar al Director responsable de las conclusiones extraídas, que deberán ser tenidas en cuenta en caso de adopción posterior de alguna decisión en virtud del artículo 18, apartado 3 del Reglamento (CE) no 1/2003. El destinatario de la solicitud recibirá copia de la recomendación motivada. A los destinatarios de decisiones formuladas conforme al artículo 18, apartado 3 se les recordará el derecho a no autoinculparse, según se define en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (35).

2.5.3. Plazos

37. En la solicitud de información se especifica qué información se necesita y se fija el plazo en que debe presentarse.

38. Se ofrece a los destinatarios un plazo razonable para atender la solicitud, en función de la extensión y complejidad de la misma y teniendo en cuenta los requisitos de la investigación. En general, el plazo no será inferior a dos semanas a partir de la recepción de la solicitud. Si desde el primer momento se considera necesario un período más largo, se ampliará oportunamente el plazo de respuesta. Normalmente el plazo será menor (una semana o menos) cuando la solicitud sea de alcance limitado, por ejemplo si únicamente se pide que se aclaren datos ya proporcionados o se solicita información que el destinatario puede obtener con facilidad.

39. Si tienen dificultades para responder en el plazo establecido, los destinatarios pueden solicitar su prórroga. Para ello deben realizar o confirmar por escrito (carta o correo electrónico) una solicitud debidamente motivada antes de la expiración del plazo. Si la Comisión considera justificada la petición, se concederá una prórroga (en función de la complejidad de la información solicitada y de otros factores). Asimismo, la Comisión podrá acordar con el destinatario que algunos de los datos solicitados —de especial importancia o que el destinatario puede obtener fácilmente—, se presenten en un plazo inferior, concediéndose un período adicional para la presentación de la información restante.

40. Cuando el destinatario de una decisión de solicitud de información en virtud del artículo 18, apartado 3 del Reglamento (CE) no 1/2003 no pueda resolver sus reservas sobre el plazo establecido a través del procedimiento descrito, podrá plantear la cuestión al consejero auditor. Deberá realizar tal petición con tiempo suficiente antes de la expiración del plazo establecido originalmente (36). El consejero auditor decidirá la pertinencia de conceder una prórroga del plazo teniendo en cuenta la extensión y complejidad de la solicitud de información y los requisitos de la investigación.

2.5.4. Confidencialidad

41. En la carta de presentación de la solicitud de información se pide también al destinatario que indique si considera confidencial la información proporcionada en la respuesta. En ese caso, de conformidad con el artículo 16, apartado 3 del Reglamento de Desarrollo, el destinatario debe justificar el carácter confidencial de cada uno de los datos así considerados y facilitar una versión no confidencial de la información. Dicha versión no confidencial se presentará en el mismo formato que la información confidencial, sustituyendo los fragmentos suprimidos por los resúmenes pertinentes. Salvo que se acuerde otra fórmula, al mismo tiempo que se presenta la respuesta original se deberá facilitar una versión no confidencial. Cuando alguna empresa incumpla estas obligaciones, la Comisión podrá suponer que los documentos o las declaraciones de que se trate no incluyen información confidencial con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16, apartado 4 del Reglamento de Desarrollo.

2.5.5. Reuniones y otros contactos con las partes y terceras partes

42. Durante la fase de investigación, la Dirección General de Competencia puede celebrar reuniones (o mantener conversaciones telefónicas) con las partes sometidas al procedimiento, los denunciantes y terceras partes. En particular, celebrará reuniones de evaluación de la situación o, en su caso, reuniones trilaterales según lo expuesto más adelante en las secciones 2.9 o 2.10.

43. Cuando se celebra una reunión a petición de las partes, los denunciantes o terceros, por lo general estos deben presentar previamente una propuesta de orden del día con los temas que desean se analicen en la reunión, así como un memorando o un texto en el que se expongan las cuestiones con mayor detalle. Después de reuniones o conversaciones telefónicas sobre cuestiones de fondo, las partes, los denunciantes o terceros pueden confirmar sus afirmaciones o declaraciones escritas.

44. Toda la documentación escrita preparada por las empresas que acuden a una reunión y comunicada a la Dirección General de Competencia se incluye en el expediente. Si el asunto se sigue tramitando, una versión no confidencial de esa documentación y una breve nota redactada por la Dirección General de Competencia se pondrá a disposición de las partes sometidas a la investigación cuando accedan al expediente. Sin perjuicio de las peticiones de anonimato (37), en esa nota se mencionarán las empresas que participen en la reunión (o en las conversaciones telefónicas relacionadas con cuestiones de fondo), el momento en que haya tenido lugar y los temas abordados en ella (o en la conversación telefónica) (38). Esa nota breve también se preparará cuando la reunión tenga lugar a iniciativa de la Comisión (por ejemplo, reuniones de evaluación de la situación).

45. Después de una reunión u otro contacto informal con las partes, los denunciantes o terceros, la Comisión puede solicitar que le proporcionen información por escrito con arreglo al artículo 18 del Reglamento (CE) no 1/2003 o que procedan a realizar una declaración en virtud del artículo 19 del mismo Reglamento.

2.5.6. Poder de recabar declaraciones (entrevistas)

46. El Reglamento (CE) no 1/2003 y el Reglamento de Desarrollo establecen un procedimiento específico para tomar declaración a personas físicas o jurídicas que puedan poseer información útil sobre una supuesta infracción de los artículos 101 y 102 del TFUE [véase el artículo 19 del Reglamento (CE) no 1/2003 y el artículo 3 del Reglamento de Desarrollo] (39).

47. En el marco de ese procedimiento, la Comisión puede entrevistar mediante cualquier medio, por ejemplo telefónicamente o por videoconferencia, a cualquier persona física o jurídica que acepte ser entrevistada a efectos de la recopilación de información relacionada con el objeto de una investigación.

48. Antes de la toma de declaración, la Dirección General de Competencia informará al entrevistado de la base jurídica y del carácter voluntario de la entrevista y de su derecho a consultar a un abogado. Le comunicará también su intención de dejar constancia de la entrevista. En la práctica le proporcionará para ello un documento con una explicación del procedimiento, que habrá de firmar el entrevistado. En aras de la exactitud de las declaraciones, la persona entrevistada recibirá poco después copia de cualquier grabación realizada o acta levantada para dejar constancia de la entrevista.

49. El procedimiento de toma de declaración con arreglo al artículo 19 del Reglamento (CE) no 1/2003 y al artículo 3 del Reglamento de Desarrollo solo es de aplicación cuando el entrevistado y la Dirección General de Competencia acuerdan expresamente que la conversación quedará registrada según lo dispuesto en el artículo 19. Queda a discreción de la Comisión decidir cuándo proponer la realización de entrevistas. No obstante, cualquier parte podrá, asimismo, solicitar a la Dirección General de Competencia que su declaración quede registrada como una entrevista. Tales peticiones se aceptarán, en principio, a reserva de los requisitos y exigencias para el adecuado desarrollo de la investigación.

2.6. Inspecciones

50. En el contexto de una investigación, la Comisión está facultada para realizar inspecciones en los locales de las empresas y, en determinadas circunstancias, en otros locales, incluidos locales privados. Las prácticas de la Comisión en relación con las inspecciones llevadas a cabo en los locales de una empresa se describen en una nota explicativa disponible en el sitio web de la Dirección General de Competencia (40).

2.7. Prerrogativa del secreto profesional

51. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (41), cuyos principios fundamentales se resumen a continuación, determinadas comunicaciones entre el abogado y su cliente pueden, bajo condiciones estrictas, estar protegidas por la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado («PSP») y ser, por tanto, confidenciales por lo que respecta a la Comisión, como excepción de sus poderes de investigación y consulta de documentos (42). Las comunicaciones profesionales entre cliente y abogado están protegidas por la prerrogativa del secreto profesional siempre que se efectúen en interés y a efectos del ejercicio de los derechos de defensa del primero en el marco de procedimientos de competencia y que emanen de abogados independientes (43).

52. Corresponde a la empresa que reclama la protección de la prerrogativa del secreto profesional en relación con un determinado documento proporcionar a la Comisión la justificación oportuna y el material pertinente que corrobore su reclamación, no estando obligada a revelar el contenido de tal documento (44). Se deben remitir versiones redactadas suprimiendo los segmentos protegidos por la prerrogativa de la protección del secreto profesional. Cuando considere que no se ha proporcionado tal material, la Comisión podrá ordenar la presentación del documento en cuestión y, si procede, imponer a la empresa multas o sanciones pecuniarias por su negativa a presentar bien tal información necesaria adicional o bien el documento controvertido (45).

53. En muchos casos los agentes de la Comisión podrán confirmar la pertinencia de las razones aducidas por la empresa mediante una consulta somera —normalmente, durante una inspección— de la composición general, el membrete y el título u otras características superficiales del documento. No obstante, las empresas pueden negarse a que los agentes de la Comisión procedan siquiera a esa consulta somera siempre que ofrezcan razones adecuadas que justifiquen por qué sería imposible realizarla sin revelar el contenido del documento (46).

54. Cuando, durante una inspección, los agentes de la Comisión consideran que la empresa: i) no ha corroborado su reclamación de la prerrogativa del secreto profesional en relación con el documento considerado, ii) únicamente ha aducido razones que, según la jurisprudencia, no pueden justificar tal protección, o iii) se ha basado en afirmaciones objetivas que son manifiestamente incorrectas, dichos agentes pueden leer inmediatamente el contenido del documento y hacer una copia del mismo (sin utilizar el procedimiento del sobre lacrado). No obstante, cuando los agentes de la Comisión consideren durante una inspección que el material presentado por la empresa no es idóneo para probar que un documento está efectivamente protegido por la prerrogativa del secreto profesional según se define en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, especialmente cuando esa empresa niega a los agentes de la Comisión la consulta somera del documento, sin que pueda excluirse que dicho documento esté efectivamente protegido, los agentes podrán introducir una copia del documento de que se trate en un sobre lacrado y llevársela a la sede de la Comisión con vistas a la ulterior resolución de la discrepancia.

55. Si una empresa o asociación de empresas no ha podido resolver la cuestión con la Dirección General de Competencia, puede pedir al consejero auditor que examine sus alegaciones sobre la aplicabilidad de la prerrogativa del secreto profesional, según se precisa en la jurisprudencia, a un determinado documento solicitado por la Comisión en el ejercicio de los artículos 18, 20 o 21 del Reglamento (CE) no 1/2003 y que se le haya impedido consultar (47). La empresa que realiza tal reclamación puede remitir la cuestión al consejero auditor si acepta que éste consulte la información que supuestamente abarca la prerrogativa del secreto profesional y cualquier otro material necesario para la evaluación por parte del consejero auditor. Sin revelar el contenido potencialmente confidencial de la información, el consejero auditor comunicará su dictamen preliminar al Director responsable y a la empresa o asociación de empresas de que se trate y podrá adoptar las medidas oportunas para promover una solución aceptable para ambas partes.

56. De no llegarse a una solución, el consejero auditor podrá formular una recomendación motivada dirigida al miembro competente de la Comisión, sin revelar el contenido potencialmente confidencial del documento. La parte que realice la reclamación recibirá copia de dicha recomendación. Si este proceder no permite resolver la cuestión, la Comisión la someterá a un examen adicional y, cuando proceda, podrá decidir rechazar la reclamación.

57. Cuando la empresa haya reclamado la protección de la prerrogativa del secreto profesional y presentado razones que corroboren sus alegaciones, la Comisión [exceptuado el consejero auditor si se le ha sometido una reclamación sobre la base del artículo 4, apartado 2, letra a) de su propio mandato] deberá haber adoptado una decisión de denegación de la misma y permitido a la empresa de que se trate plantear la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de poder leer el contenido del documento. Así pues, si la sociedad interpone recurso de anulación y solicita medidas cautelares dentro del plazo establecido, la Comisión no podrá abrir el sobre lacrado ni leer los documentos hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya dictaminado sobre la solicitud de medidas cautelares (48).

58. Las empresas que realizan reclamaciones manifiestamente infundadas de protección en virtud de la prerrogativa del secreto profesional únicamente a modo de táctica dilatoria o que rechazan, sin justificación objetiva, cualquier consulta somera de los documentos durante una investigación pueden ser objeto de multas con arreglo al artículo 23, apartado 1 del Reglamento (CE) no 1/2003, si se cumplen las restantes condiciones establecidas en esa disposición. Tales acciones pueden ser tenidas en cuenta asimismo como agravantes en cualquier decisión de imposición de multas por infracción de los artículos 101 y/o 102 del TFUE (49).

2.8. Intercambio de información entre autoridades de competencia

59. En el contexto de una investigación, la Comisión puede también intercambiar información con las autoridades nacionales de competencia con arreglo al artículo 12 del Reglamento (CE) no 1/2003. La práctica de la Comisión en relación con esos intercambios se describe actualmente en la Comunicación de la Comisión sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia (50).

2.9. Reuniones de evaluación de la situación

60. A lo largo del procedimiento la Dirección General de Competencia trata, a iniciativa propia o previa petición, de ofrecer a las partes sometidas al mismo oportunidades suficientes para el amplio y franco intercambio de opiniones —teniendo en cuenta la fase de la investigación— y para la expresión de sus puntos de vista.

61. A este respecto, la Comisión organiza reuniones de evaluación de la situación en determinados momentos del procedimiento. Dichos encuentros, completamente voluntarios para las partes, pueden redundar en beneficio de la calidad y la eficiencia del proceso decisorio y contribuir a garantizar la transparencia y la comunicación entre la Dirección General de Competencia y las partes, informándoles en particular sobre el avance del procedimiento en sus momentos clave. La participación en esas reuniones de evaluación solo se propondrá a las partes investigadas, y no al denunciante [excepto cuando la Comisión haya incoado un procedimiento con arreglo al artículo 11, apartado 6 del Reglamento (CE) no 1/2003 y pretenda informar al denunciante de que rechazará su denuncia mediante carta oficial de conformidad con el artículo 7, apartado 1 del Reglamento de Desarrollo] ni a terceros. Cuando se esté investigando a varias partes, se propondrá a cada una de ellas, por separado, la participación en las correspondientes reuniones de evaluación de la situación. En los procedimientos relacionados con cárteles se propondrá una reunión de evaluación de la situación según lo dispuesto en el apartado 65.

2.9.1. Formato de las reuniones de evaluación de la situación

62. Normalmente se celebran en los locales de la Comisión, pero en su caso también pueden celebrarse por teléfono o videoconferencia. Por lo general son presididas por los altos responsables (Director General o Director General Adjunto) de la Dirección General de Competencia. No obstante, en los casos en que están involucradas múltiples partes, la reunión puede estar presidida por el Jefe de Unidad competente.

2.9.2. Calendario de las reuniones de evaluación de la situación

63. La Dirección General de Competencia convoca estas reuniones en las fases claves del procedimiento. Se trata, en principio (exceptuados normalmente los procedimientos relacionados con los cárteles), de los siguientes momentos: 1) Poco después del inicio del procedimiento: la Dirección General de Competencia informa a las partes sometidas al mismo de las cuestiones detectadas en ese momento y del alcance previsto de la investigación. La reunión permite a las partes ofrecer una primera reacción ante las cuestiones planteadas y puede también ayudar a la Dirección General de Competencia a decidir sobre el marco adecuado para la investigación ulterior. Asimismo, el encuentro puede aprovecharse para discutir con las partes cualesquiera dispensas lingüísticas que pudieran ser pertinentes para el desarrollo de la investigación. En esta fase, la Dirección General de Competencia ofrecerá normalmente un calendario indicativo para el asunto, un calendario que en su caso será modificado en las sucesivas reuniones de evaluación de la situación. 2) En una fase suficientemente avanzada de la investigación: esta reunión permite a las partes sometidas al procedimiento conocer el dictamen preliminar de la Comisión sobre el carácter del asunto tras su investigación y sobre los problemas detectados en el ámbito de la competencia. La Dirección General de Competencia y las partes pueden aprovechar también la reunión para aclarar determinados hechos y cuestiones pertinentes a efectos de la resolución del asunto.

64. Cundo se formule un pliego de cargos, se invitará asimismo a las partes a participar en una reunión de evaluación de la situación después de que hayan respondido al pliego de cargos o tras la audiencia, en caso de que se celebre. Normalmente, en esta reunión se informará a las partes del dictamen preliminar de la Comisión sobre cómo pretende seguir tramitando el asunto.

65. En el marco de los procedimientos relativos a cárteles, se propondrá la celebración de una reunión de evaluación de la situación después de la audiencia. También se convocarán sendas reuniones específicas en el contexto de los procedimientos previos a la adopción de decisiones de compromisos (vid. infra, sección 4) y cuando la Comisión haya iniciado un procedimiento con arreglo al artículo 11, apartado 6 del Reglamento (CE) no 1/2003 y tenga intención de informar al denunciante de que rechazará su denuncia mediante carta formal al amparo del artículo 7, apartado 1 del Reglamento de Desarrollo (vid. infra, sección 5).

66. La celebración de las reuniones de evaluación de la situación no excluye en modo alguno la posibilidad de que la Dirección General de Competencia y las partes, los denunciantes u otros terceros discutan oportunamente, a lo largo del procedimiento, sobre el calendario o los aspectos materiales del asunto.

2.10. Reuniones trilaterales

67. Además de las reuniones bilaterales celebradas entre la Dirección General de Competencia y cada una de las partes, por ejemplo las reuniones sobre la evolución de la situación, excepcionalmente la Comisión podrá decidir invitar a las partes sometidas al procedimiento —y quizá también al denunciante y/o a terceros— a una reunión «trilateral». Se organizará un encuentro de este tipo si la Dirección General de Competencia considera pertinente para la investigación convocar a todas las partes a una reunión conjunta con objeto de conocer sus puntos de vista sobre determinadas circunstancias objetivas o verificar su exactitud. Una reunión trilateral puede ser útil para la investigación, por ejemplo, cuando se hayan presentado como datos o pruebas clave dos o más informaciones o pareceres opuestos.

68. Normalmente, las reuniones trilaterales se celebrarán a iniciativa de la Comisión y serán voluntarias. Por lo general estarán presididas por los altos responsables (Director General o Director General Adjunto) de la Dirección General de Competencia. Ninguna audiencia formal podrá ser sustituida por una reunión trilateral.

69. Cuando se celebren, las reuniones trilaterales tendrán lugar lo antes posible durante la fase de investigación (tras la apertura del procedimiento y antes de la formulación del pliego de cargos), para que la Comisión pueda llegar a una conclusión sobre las cuestiones de fondo antes de la adopción de su decisión sobre la pertinencia de formular un pliego de cargos, aunque tampoco se excluye que, cuando proceda, tales reuniones se celebren tras la formulación del pliego de cargos. Cualquier reunión trilateral se deberá preparar sobre la base de un orden del día establecido por la Dirección General de Competencia, previa consulta de todas las partes que acepten participar en ella. La preparación de la reunión puede incluir el intercambio, entre las partes participantes, de documentación no confidencial remitida con antelación suficiente.

2.11. Reuniones con el Comisario o con el Director General

70. Si las partes así lo solicitan, es práctica habitual ofrecer a los altos cargos de las partes sometidas al procedimiento y de la entidad denunciante la oportunidad de tratar el asunto con el Director General de Competencia, con el Director General Adjunto responsable de la lucha antimonopolio o, si procede, con el Comisario de Competencia. Estos altos cargos pueden ir acompañados por sus asesores jurídicos o financieros.

2.12. Consulta de las alegaciones clave

71. En aras del intercambio franco de opiniones y salvo que se considere que tal proceder puede minar la investigación, en los casos basados en denuncias formales la Comisión dará sin dilación a las partes sometidas al procedimiento, a más tardar poco después de su apertura, la posibilidad de formular observaciones sobre una versión no confidencial de la denuncia (51). Se puede obviar este paso, no obstante, cuando la denuncia se rechace con rapidez y no sea objeto de ninguna investigación pormenorizada ulterior (por ejemplo, cuando se rechace por falta de motivos suficientes para su instrucción, o sea, por falta de interés suficiente para la Unión Europea).

72. Poder acceder sin dilación a la denuncia puede permitir a las partes proporcionar información útil en una fase inicial del procedimiento y facilitar la evaluación del asunto.

73. Con idéntico propósito, la Comisión velará por dar a las partes sometidas al procedimiento, poco después de su apertura, la posibilidad de consultar las versiones no confidenciales de las demás alegaciones clave ya remitidas a la Comisión. Se trata de las alegaciones importantes del denunciante o de terceras partes interesadas, pero no se incluyen, por ejemplo, las respuestas a las solicitudes de información. Trascurrida esta primera fase, las demás alegaciones solo se compartirán con las partes cuando resulte útil para la investigación y no amenace con demorar indebidamente la fase de investigación. La Comisión respetará las solicitudes motivadas realizadas por el denunciante o terceras partes interesadas, a efectos de la no revelación de sus alegaciones antes de la formulación del pliego de cargos, cuando estén legítimamente preocupados por la confidencialidad de la información, por ejemplo cuando teman represalias o deseen proteger sus secretos comerciales.

74. La posibilidad de consultar las alegaciones clave no se ofrecerá en el contexto de los procedimientos relativos a cárteles (vid. supra, apartado 4).

2.13. Resultados posibles de la fase de investigación

75. Una vez la Comisión ha esbozado un dictamen preliminar sobre las principales cuestiones planteadas por un asunto, cabe prever distintos itinerarios procesales: — la Comisión puede decidir proceder a la aprobación de un pliego de cargos con la perspectiva de adoptar una decisión de prohibición en relación con todas o algunas de las cuestiones detectadas al comienzo del procedimiento (vid. infra, sección 3), — las partes sometidas a la investigación pueden considerar la posibilidad de formular compromisos que atajen los problemas de competencia que revele la investigación, o mostrar al menos su voluntad de discutir tal posibilidad; en este caso, la Comisión puede decidir entablar una discusión con vistas a una decisión de compromiso (vid. infra, sección 4), — la Comisión puede decidir que no hay motivo para proseguir el procedimiento contra todas o algunas de las partes y proceder a su oportuna conclusión. Si el asunto tiene su origen en una denuncia, antes de su clausura la Comisión deberá dar al denunciante la posibilidad de manifestar su parecer (véase la sección 5, sobre la desestimación de denuncias).

76. En los procedimientos en los que se vean envueltas varias partes, cuando proceda a cerrar un asunto en relación con una o varias partes poco después de la apertura formal del procedimiento, la Comisión notificará normalmente la decisión a esas partes; además, en aquellos asuntos en los que la apertura del procedimiento ya se haya hecho pública, notificará la conclusión en su sitio web y/o publicará un comunicado de prensa. El proceder es el mismo cuando la Comisión no ha incoado formalmente un procedimiento, pero sí ha hecho pública su investigación (por ejemplo al haber confirmado la realización de inspecciones).

3. PROCEDIMIENTOS PREVIOS A UNA DECISIÓN DE PROHIBICIÓN

77. La aprobación de un pliego de cargos es una fase importante de los procedimientos que pueden desembocar en una decisión de prohibición, sin que dicho acto prejuzgue, no obstante, el resultado final de la investigación. Bien puede darse el caso de que el asunto se cierre sin la adopción de ninguna decisión de prohibición o compromisos.

3.1. Derecho a ser oídos

78. El derecho de las partes del procedimiento a ser escuchadas antes de la adopción de una decisión final lesiva para sus intereses constituye un principio fundamental de la legislación de la UE. La Comisión se ha comprometido a garantizar que el ejercicio eficaz de ese derecho se respete en sus procedimientos (52).

79. Corresponde a los consejeros auditores garantizar el ejercicio eficaz de los derechos procesales, en particular el derecho a ser oídos en los procedimientos de competencia (53). Los consejeros auditores desempeñan sus tareas con total independencia de la Dirección General de Competencia, y los conflictos que puedan surgir entre esta última y cualquiera de las partes de un procedimiento les pueden ser sometidos para su resolución.

80. El consejero auditor participa directamente en todo el procedimiento antitrust, en particular en la organización y el desarrollo de la audiencia, si se celebra. Después de la misma, y teniendo en cuenta las respuestas escritas de las partes al pliego de cargos, el consejero auditor informa sobre la audiencia y sobre las conclusiones que cabe extraer de ella al Comisario responsable de Competencia. Asimismo, antes de la adopción de la decisión final por el Colegio de Comisarios, el consejero auditor le informa acerca del respecto efectivo de la facultad de ejercer los derechos procesales a lo largo del procedimiento administrativo. El informe final se envía a las partes sometidas al procedimiento, junto con la decisión final de la Comisión, y se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea.

3.1.1. Pliego de cargos

81. Antes de adoptar una decisión lesiva para los intereses del destinatario, en particular una decisión que constate la existencia de una infracción de los artículos 101 o 102 del TFUE y ordene su cese [artículo 7 del Reglamento (CE) no 1/2003], o un decisión que imponga multas [artículo 23 del Reglamento (CE) no 1/2003], la Comisión dará a las partes sometidas al procedimiento la oportunidad de manifestar su opinión con respecto a los cargos que se les imputen (54). La Comisión aprobará a tal efecto un pliego de cargos que será notificado a cada una de las partes sometidas al procedimiento.

3.1.1.1. Propósito y contenido del pliego de cargos

82. En el pliego de cargos, la Comisión expone su dictamen preliminar sobre la supuesta vulneración de los artículos 101 y/o 102 del TFUE, tras una investigación pormenorizada. Su propósito es informar a las partes interesadas de los cargos que se les imputan, para que puedan ejercer sus derechos de defensa verbalmente (en la audiencia) y por escrito. Así pues, constituye una salvaguarda procesal esencial, que garantiza el respeto del derecho a ser oído. Las partes concernidas recibirán toda la información necesaria a para que puedan defenderse eficazmente y formular observaciones sobre las acusaciones realizadas contra ellas.

3.1.1.2. Posible imposición de remedios y argumentos de las partes

83. Si la Comisión pretende imponer remedios a las partes, de conformidad con el artículo 7, apartado 1 del Reglamento (CE) no 1/2003, en el pliego de condiciones se indicarán los remedios que puedan ser necesarios para poner fin a la supuesta infracción. La información proporcionada será lo suficientemente detallada para que las partes puedan defenderse en cuanto a la necesidad y la proporcionalidad de los remedios previstos. Si, con arreglo al artículo 7, apartado 1 del Reglamento (CE) no 1/2003, se contemplan remedios estructurales, en el pliego de cargos se expondrá por qué no existen remedios de comportamiento de eficacia equivalente o por qué la Comisión considera que un remedio de comportamiento de eficacia equivalente sería más oneroso para la empresa en cuestión que el remedio estructural.

3.1.1.3. Posible imposición de multas y argumentos de las partes

84. En el pliego de cargos se indicará claramente si la Comisión pretende imponer multas a las empresas, en caso de que se mantengan los cargos [artículo 23 del Reglamento (CE) no 1/2003]. En tales casos se hará referencia en él a los principios pertinentes establecidos en las Directrices sobre el cálculo de multas (55). La Comisión expondrá en el pliego de cargos los elementos esenciales, de hecho y de Derecho, que pueden justificar la imposición de una multa, como la duración y la gravedad de la infracción y el hecho de que ésta se haya cometido intencionadamente o por negligencia. En el pliego de cargos se mencionará también, con la precisión suficiente, que determinados hechos pueden dar lugar a circunstancias agravantes o, en su caso, atenuantes.

85. Aunque no existe ninguna obligación jurídica al respecto, en aras de la transparencia la Comisión velará por incluir en el pliego de cargos (utilizando la información disponible) los demás elementos pertinentes para cualquier cálculo posterior de las multas, incluidas las cifras de ventas que se habrían de tener en cuenta y el año o los años que se considerarían para cuantificar su valor. Dicha información también se podrá proporcionar a las partes tras la formulación del pliego de cargos. En ambos casos, se dará a las partes la oportunidad de formular observaciones.

86. Si la Comisión pretende apartarse en su decisión final de los elementos de hecho o de Derecho expuestos en el pliego de cargos en perjuicio de una o varias partes, o si pretende tener en cuenta otras pruebas inculpatorias, siempre se dará a la parte o las partes de que se trate la oportunidad de expresar oportunamente su posición al respecto.

87. En el pliego de cargos la Comisión indicará también a las partes que en casos excepcionales podrá, previa petición, tomar en consideración la insolvencia de la empresa de que se trate y reducir o cancelar la multa que de otro modo se impondría si no pusiera irremediablemente en peligro su viabilidad económica, con arreglo al punto 35 de las Directrices sobre el cálculo de multas (56).

88. Las empresas que realicen una solicitud de ese tipo deben poder proporcionar información financiera actualizada y detallada que la justifique. Normalmente, la Dirección General de Competencia se pondrá en contacto con las partes para recabar información adicional y/o aclarar los datos obtenidos, lo que les permitirá poner en conocimiento de la Comisión otra información pertinente. Al evaluar las alegaciones de insolvencia de una empresa, la Comisión presta especial atención a los estados financieros de los últimos ejercicios y a las previsiones del ejercicio en curso y los ejercicios futuros; a los coeficientes que miden la solidez financiera, la rentabilidad, la solvencia y la liquidez; y a las relaciones de la empresa con los accionistas e interlocutores financieros externos. La Comisión examina también el contexto económico y social específico de cada empresa y evalúa si la multa podría provocar un deterioro significativo del valor de sus activos (57).

89. La evaluación de la situación financiera de las empresas que han presentado una solicitud de insolvencia se lleva a cabo cerca de la fecha de adopción de la decisión y sobre la base de información actualizada, independientemente del momento en que se haya formulado la solicitud.

90. Las partes pueden también presentar en la audiencia (58) sus alegaciones sobre los elementos que pueden ser relevantes para la posible imposición de multas.

3.1.1.4. Transparencia

91. Por lo general y en aras de la transparencia del procedimiento, la Comisión publicará un comunicado de prensa en el que expondrá los elementos esenciales del pliego de cargos poco antes de que lo reciban sus destinatarios. En dicho comunicado se señalará expresamente que el pliego de cargos no predetermina el resultado final del procedimiento una vez hayan sido oídas las partes.

3.1.2. Acceso al expediente

92. Los destinatarios del pliego de cargos tendrán acceso al expediente de la Comisión, de conformidad con el artículo 27, apartado 2 del Reglamento (CE) no 1/2003 y con los artículos 15 y 16 del Reglamento de Desarrollo, de modo que puedan expresar efectivamente su parecer sobre las conclusiones preliminares expuestas por la Comisión en el pliego de cargos.

93. Los aspectos prácticos del acceso al expediente, así como indicaciones detalladas sobre el tipo de documentos accesibles y los requisitos de confidencialidad, se exponen en una Comunicación independiente sobre acceso al expediente (59). La concesión de acceso al expediente de la Comisión compete fundamentalmente a la Dirección General de Competencia. Los consejeros auditores resolverán las diferencias que puedan existir entre las partes, los informadores y la Dirección General de Competencia en relación con el acceso a la información incluida en el expediente de la Comisión de conformidad con la Comunicación sobre acceso al expediente, los reglamentos aplicables y los principios establecidos en la jurisprudencia pertinente. Por último, normas especiales rigen el acceso a las declaraciones de las empresas en los casos de cártel y en los procedimientos de transacción (60).

94. La eficiencia del acceso al expediente depende en gran medida de la cooperación que exista entre las partes y las demás empresas que hayan proporcionado la información en él incluida. Como se señala en el apartado 41, los informadores deben, de conformidad con el artículo 16, apartado 3 del Reglamento de Desarrollo, motivar sus solicitudes de confidencialidad y proporcionar una versión no confidencial de la información de que se trate. Dicha versión no confidencial se presentará en el mismo formato que la información confidencial, sustituyendo los fragmentos suprimidos por resúmenes de los mismos. Salvo acuerdo en sentido contrario, se deberá presentar una versión no confidencial al mismo tiempo que se presenta la versión original. Si no se presenta una versión no confidencial, podrá suponerse que los documentos no contienen datos confidenciales (61).

3.1.3. Procedimientos de facilitación del intercambio de información confidencial entre las partes del procedimiento

95. Junto a las posibilidades contempladas en la Comunicación sobre acceso al expediente, cabe usar otros dos procedimientos para hacer menos engorrosa la elaboración de versiones no confidenciales de la documentación remitida: la revelación negociada a un restringido círculo de personas y el procedimiento del centro de datos.

96. En primer lugar, la Dirección General de Competencia puede aceptar en determinados casos, especialmente en aquellos cuyo expediente es muy voluminoso, que las partes acuerden voluntariamente aplicar un procedimiento de revelación negociada. En este marco, la parte facultada para acceder al expediente acuerda bilateralmente con los informadores que solicitan confidencialidad recibir todos o algunos de los datos que estos últimos han proporcionado a la Comisión, incluidos los confidenciales. La parte a la que se ha concedido acceso al expediente limita el acceso a la información a un círculo reducido de personas (cuya composición decidirán las partes caso por caso, si lo solicitan bajo la supervisión de la Dirección General de Competencia). En la medida en que dicho acceso negociado equivalga a restringir el derecho de alguna parte a acceder al expediente de la investigación, dicha parte debe renunciar a su derecho de acceso al expediente frente a la Comisión. Normalmente, la parte recibiría directamente del informador la información sujeta al procedimiento de revelación negociada. No obstante, si excepcionalmente la información sujeta a tal acuerdo fuese suministrada al círculo restringido de personas por la Comisión, los informadores deberían renunciar a sus derechos de confidencialidad respecto a la Comisión.

97. En segundo lugar, la Dirección General de Competencia puede organizar el denominado procedimiento del «centro de datos», utilizado habitualmente para la revelación de datos cuantitativos pertinentes para el análisis econométrico. En el marco de este procedimiento, una parte del expediente, incluida información confidencial, se deposita en una sala de los locales de la Comisión («el centro de datos»). Solo se permite acceder a ese centro a un restringido grupo de personas, a saber, a los asesores financieros y/o a los asesores jurídicos externos de la parte de que se trate (denominados en conjunto «los asesores»), bajo la supervisión de un agente de la Comisión. Los asesores pueden utilizar la información que se encuentra en el centro de datos para la defensa de su cliente, pero no pueden revelarle ningún dato confidencial. En el centro de datos hay varios ordenadores personales equipados con los programas necesarios (y si, procede, se pueden consultar también las series de datos necesarias y una relación de las regresiones utilizadas para sustentar los argumentos de la Comisión). Los ordenadores no están conectados a la red y no se permite la comunicación con el exterior. Los asesores pueden permanecer en el centro de datos durante el horario de trabajo habitual y, en casos justificados, pueden recibir permiso para acceder a él durante varios días. Los asesores tienen rigurosamente prohibido tomar notas o hacer copias o resúmenes de los documentos, y solo pueden sacar del centro de datos un informe final que será verificado por el equipo responsable del asunto para cerciorarse de que no contenga información confidencial. Cada asesor firmará un acuerdo de confidencialidad y deberá conocer las condiciones de acceso especial al centro de datos antes de entrar en él. En la medida en que la utilización de tal procedimiento del centro de datos restrinja el derecho de alguna parte a tener pleno acceso al expediente de investigación, serán de aplicación las garantías procesales previstas en el artículo 8 del mandato del consejero auditor.

98. El consejero auditor puede decidir, de conformidad con el artículo 8, apartado 4 de su mandato, que el procedimiento del centro de datos se utilice en aquellos contados casos en los que el acceso a determinada información confidencial sea indispensable para el ejercicio de los derechos de defensa de alguna parte y en los que considere que, sopesados todos los factores, el conflicto entre el respeto de la confidencialidad y los derechos de defensa se resuelve así de manera óptima. El consejero auditor no tomará tales decisiones cuando considere que el centro de datos no es apropiado y que el acceso a la información debe garantizarse de otro modo (por ejemplo, a través de una versión no confidencial).

3.1.4. Respuesta escrita al pliego de cargos

99. De conformidad con el artículo 27, apartado 1 del Reglamento (CE) no 1/2003, la Comisión ofrecerá a los destinatarios del pliego de cargos la oportunidad de ser oídos con respecto a los cargos que se les imputen. Mediante su respuesta escrita, las partes sometidas al procedimiento pueden expresar su punto de vista con respecto a los cargos formulados por la Comisión.

100. Al determinar el plazo de respuesta al pliego de cargos se tendrá en cuenta tanto el tiempo necesario para la preparación de la documentación a remitir como la urgencia del asunto (62). Los destinatarios del pliego de cargos tienen derecho a un período mínimo de cuatro semanas para responder por escrito (63). Un período más largo (normalmente, un período de dos meses, aunque puede ser más largo o más breve en función de las circunstancias del asunto) será concedido por la Dirección General de Competencia teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes elementos: — el tamaño y la complejidad del expediente (por ejemplo, el número de infracciones, su supuesta duración, la extensión y el número de documentos y/o la extensión y la complejidad de los estudios de expertos), y/o — si el destinatario del pliego de cargos que formula la solicitud ha tenido o no acceso previo a la información (por ejemplo, alegaciones clave, solicitudes de clemencia), y/o — cualesquiera otros obstáculos objetivos que pudiera afrontar el destinatario del pliego de cargos que formula la solicitud a la hora de presentar sus observaciones.

101. Cualquier destinatario de un pliego de cargos puede, al menos 10 días hábiles antes de la expiración del plazo original de respuesta, solicitar su prórroga remitiendo una solicitud motivada a la Dirección General de Competencia. Si tal solicitud es desestimada o el destinatario del pliego de cargos está en desacuerdo con la duración de la prórroga concedida, puede someter la cuestión al consejero auditor, para que la examine antes de la expiración del plazo original.

102. El plazo comenzará a transcurrir a partir de la fecha en que se haya concedido acceso a los principales documentos del expediente (64). En particular, los plazos no comenzarán a computarse hasta que se haya dado acceso al destinatario del pliego de cargos a los documentos que solo se pueden consultar en los locales de la Comisión, por ejemplo las declaraciones de las empresas. El que no se haya concedido acceso a todo el expediente no conlleva necesariamente que un plazo no haya comenzado a transcurrir (65).

103. Cuando así lo exige el derecho de defensa (66) o cuando, a juicio de la Comisión, puede contribuir a aclarar en mayor medida los elementos de hecho y de Derecho pertinentes para un asunto, la Comisión puede entregar a las partes una copia de la versión no confidencial (o partes concretas de ella) de las respuestas escritas de otras partes al pliego de cargos. Normalmente ello se hará antes de la audiencia, para que durante ésta las partes puedan formular sus observaciones sobre tales respuestas. La Comisión puede también decidir proceder del mismo modo en los asuntos oportunos, en relación con denunciantes y terceros admitidos. Si se da acceso a las respuestas de otras partes porque así lo exige el derecho de defensa, las partes tienen también derecho a disponer de tiempo adicional suficiente para formular observaciones sobre dichas respuestas.

3.1.5. Derechos de los denunciantes y terceros interesados

104. Los denunciantes están estrechamente vinculados al procedimiento. Con arreglo al artículo 6, apartado 1 del Reglamento de Desarrollo, tienen derecho a recibir una versión no confidencial del pliego de cargos, y la Comisión fijará un plazo para que formulen sus observaciones por escrito. Pueden reclamar la prórroga del plazo original remitiendo una solicitud motivada a la Comisión con antelación suficiente a la expiración de dicho plazo. Si su solicitud es desestimada o si la Dirección General de Competencia y el denunciante discrepan sobre la prórroga solicitada, éste puede remitir la cuestión al consejero auditor mediante solicitud motivada (67).

105. Previa solicitud, la Comisión podrá asimismo escuchar a otras personas físicas o jurídicas que puedan acreditar un interés suficiente en el resultado del procedimiento de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de Desarrollo. Compete al consejero auditor decidir si procede admitir a esas terceras personas en el procedimiento. Las personas admitidas deberán ser informadas por escrito acerca de la naturaleza y el objeto del procedimiento, y la Comisión fijará un plazo para que puedan formular sus observaciones por escrito. Se podrá reclamar una prórroga del plazo original remitiendo una solicitud motivada a la Dirección General de Competencia con antelación suficiente a la expiración de dicho plazo. Si la solicitud es desestimada o si la Dirección General de Competencia y la tercera persona admitida en el procedimiento discrepan sobre la prórroga solicitada, esta puede remitir la cuestión al consejero auditor mediante solicitud motivada (68).

3.1.6. Audiencia

106. Cada una de las partes a las que se haya dirigido un pliego de cargos tiene derecho a una audiencia. Las partes pueden solicitarla dentro del plazo establecido para el envío de su respuesta escrita al pliego de cargos.

107. La audiencia permite a las partes desarrollar verbalmente los argumentos presentados por escrito y completar oportunamente las pruebas escritas, o informar a la Comisión de cualquier otro elemento pertinente. Les permite asimismo exponer sus argumentos sobre los aspectos que puedan ser importantes para la posible imposición de multas. No es pública, de modo que todos los participantes pueden expresarse libremente. Toda información revelada durante una audiencia solo se puede utilizar a efectos del procedimiento judicial y/o administrativo para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE. Ninguno de los participantes puede utilizarla o revelarla con otro propósito. Esta restricción se aplica también a las grabaciones de la audiencia y a cualquier presentación visual. En caso de que información revelada durante una audiencia se utilice en algún momento, con la participación de un letrado externo, con fines distintos a los del procedimiento judicial y/o administrativo para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE, la Comisión podrá denunciar el incidente al Colegio de Abogados de dicho letrado, con vistas a una acción disciplinaria.

108. Dada la importancia de la audiencia, por lo general la Dirección General de Competencia garantiza la presencia constante de alguno de sus altos cargos (Director o Director General Adjunto) durante su desarrollo, junto con el equipo de agentes de la Comisión responsable de la investigación correspondiente. El consejero auditor también invita a participar en ella a las autoridades de competencia de los Estados miembros, al equipo del Economista Jefe y a los servicios relacionados de la Comisión (69), incluido el Servicio Jurídico.

3.1.7. Pliego de cargos suplementario y carta de exposición de los hechos

109. Si una vez formulado el pliego de cargos se descubren nuevas pruebas que tiene la intención de utilizar la Comisión, o si ésta se dispone a cambiar su valoración jurídica en perjuicio de algunas empresas, las empresas de que se trate deberán tener la oportunidad de presentar sus observaciones sobre los nuevos aspectos.

110. Si se formulan cargos adicionales o se modifica la naturaleza intrínseca de la infracción atribuida a una empresa (70), la Comisión se lo notificará a las partes mediante un pliego de cargos suplementario. Normalmente, antes de hacerlo se les ofrecerá la posibilidad de participar en una reunión de evaluación de la situación. En este contexto se aplican las normas sobre los plazos de respuesta a un pliego de cargos (vid. supra), aunque por lo general se establecerá un plazo más breve.

111. No obstante, si las nuevas pruebas en las que se basará la Comisión únicamente corroboran los cargos ya formulados contra las empresas en el pliego de cargos correspondiente, la Comisión se lo comunicará a las partes interesadas mediante un simple escrito («carta de exposición de hechos») (71). En la carta de exposición de hechos se ofrece a las empresas la posibilidad de presentar por escrito sus observaciones en un plazo determinado, cuya prórroga se puede pedir a la Comisión mediante solicitud motivada. Si la Dirección General de Competencia y el destinatario de la carta no se ponen de acuerdo sobre la prórroga reclamada, el destinatario puede remitir la cuestión al consejero auditor mediante solicitud motivada.

112. Los derechos procesales que activa el envío del pliego de cargos son de aplicación, mutatis mutandis, cuando se formula un pliego de cargos suplementario, incluido el derecho de las partes a solicitar una audiencia. También se dará acceso a todas las pruebas recopiladas entre el pliego de cargos inicial y el pliego de cargos suplementario. Si se expide una carta de exposición de hechos, en general se dará acceso a las pruebas reunidas tras la formulación del pliego de cargos hasta la fecha de esa carta. No obstante, cuando la Comisión solo piense basarse en pruebas concretas que conciernan a una o a unas pocas partes y/o a cuestiones aisladas (en particular, las relativas a la determinación del importe de la multa o cuestiones de responsabilidad como empresa matriz), solo se dará acceso a las pruebas relacionadas con las cuestiones de que se trate y únicamente a partes directamente afectadas.

3.2. Resultados posibles de esta fase

113. Si teniendo en cuenta las respuestas proporcionadas por las partes, por escrito y/o en la audiencia, y basándose en un análisis pormenorizado de toda la información obtenida hasta este punto, los cargos se confirman, la Comisión procederá a la adopción de una decisión de determinación de una infracción de las normas de competencia pertinentes. La Comisión también puede decidir retirar determinados cargos y proceder a adoptar una decisión de determinación de una infracción por la parte restante.

114. Ahora bien, la Comisión cerrará el asunto si los cargos no se confirman en este punto. En tales circunstancias también se aplicarían las medidas descritas en el apartado 76.

4. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A COMPROMISOS

115. El artículo 9 del Reglamento (CE) no 1/2003 prevé la posibilidad de que las empresas propongan compromisos que respondan a los problemas de competencia detectados por la Comisión. Si la Comisión acepta estos compromisos, podrá adoptar una decisión que los haga vinculantes para las partes sometidas al procedimiento. Queda a discreción de la Comisión aceptar o no los compromisos. Apoyándose en el principio de proporcionalidad, la Comisión debe verificar que los compromisos ofrecidos abordan los problemas de competencia detectados y no exceden manifiestamente de lo necesario para atajarlos. Al llevar a cabo ese análisis, la Comisión tendrá en cuenta los intereses de las terceras partes. No obstante, no está obligada a comparar esos compromisos voluntarios con las medidas que podría imponer con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 1/2003 ni a considerar desproporcionados aquellos compromisos que vayan más allá de tales medidas (72).

116. Las decisiones relativas a compromisos no proceden cuando la Comisión considera que la naturaleza de la infracción exige la imposición de una multa (73). Por consiguiente, la Comisión no aplica el procedimiento del artículo 9 para desmantelar cárteles inscritos en el ámbito de la Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel.

117. La principal diferencia entre una decisión de prohibición con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 1/2003 y una decisión de compromisos a tenor del artículo 9 del Reglamento (CE) no 1/2003 es que la primera incluye la determinación de una infracción, mientras que la segunda hace vinculantes los compromisos sin concluir si ha habido o sigue habiendo una infracción. Una decisión de compromisos concluye que ya no hay razones para que actúe la Comisión. Además, los compromisos son ofrecidos de manera voluntaria por las empresas. A la inversa, mediante una decisión en virtud del artículo 7, la Comisión puede imponer a las empresas los remedios (y/o multas) que sean necesarios para poner fin a la infracción.

4.1. Inicio de las conversaciones sobre compromisos

118. Las empresas pueden ponerse en contacto en cualquier momento con la Dirección General de Competencia para explorar la disposición de la Comisión a proseguir el asunto con el propósito de llegar a una decisión de compromisos. La Comisión anima a las empresas a señalar lo antes posible su interés en negociar compromisos.

119. En este punto se invitará a las partes a participar en una reunión de evaluación de la situación. La Dirección General de Competencia indicará a la empresa el marco temporal en el que deberían concluirse las conversaciones sobre los posibles compromisos y le presentará los principales problemas de competencia que se desprenden de la investigación de manera preliminar.

120. Para evitar los retrasos debidos a la traducción, la reunión y las siguientes fases del procedimiento pueden llevarse a cabo en una lengua acordada sobre la base de una «dispensa lingüística» debidamente presentada, en virtud de la cual las partes aceptan recibir y presentar documentación en una lengua distinta a la del Estado miembro en el que están radicadas (vid. supra, sección 2.4).

4.2. Análisis preliminar

121. Una vez la Comisión esté convencida de la voluntad genuina de la empresa de proponer compromisos que atajen efectivamente los problemas de competencia, se formulará un análisis preliminar. Con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE) no 1/2003, en el análisis preliminar se resumen los principales hechos del asunto e identifican los problemas de competencia que justificarían una decisión que ordene la cesación de la infracción. Antes de la formulación del análisis preliminar, se invitará a las partes a participar en una reunión de evaluación de la situación.

122. El análisis preliminar servirá de base para que las partes formulen las observaciones oportunas en relación con los problemas de competencia anunciados por la Comisión, o para definir mejor compromisos discutidos previamente.

123. Aunque ya se haya enviado un pliego de cargos a las partes, cuando proceda todavía se podrán aceptar compromisos. En estas circunstancias, un pliego de cargos cumple los requisitos de un análisis preliminar, puesto que contiene un resumen de los hechos principales y una evaluación de los problemas de competencia detectados.

124. Las partes del procedimiento que ofrecen compromisos para atajar los problemas que les haya comunicado la Comisión en su análisis preliminar pueden dirigirse al consejero auditor en relación con el ejercicio efectivo de sus derechos procesales (74) en cualquier momento del procedimiento seguido en el marco del artículo 9.

125. La Comisión o la empresa o empresas interesadas pueden decidir interrumpir sus discusiones en cualquier momento del procedimiento de compromisos. La Comisión puede entonces proseguir normalmente el procedimiento formal con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 1/2003 (75).

4.3. Presentación de compromisos

126. Tras la recepción del análisis preliminar, las partes dispondrán normalmente de un plazo de un mes para presentar formalmente sus compromisos. Si deciden presentar compromisos tras haber recibido un pliego de cargos, por lo general no se extenderá el plazo de respuesta al mismo. La presentación de compromisos no implica necesariamente que las partes estén de acuerdo con el análisis preliminar de la Comisión.

127. Las partes pueden ofrecer compromisos estructurales o de comportamiento que aborden adecuadamente los problemas detectados en relación con la competencia. La Comisión no aceptará los compromisos que no solventen de manera adecuada tales problemas.

128. Los compromisos deben ser inequívocos y tener eficacia directa (76). En su caso se podrá nombrar a un administrador que ayude a la Comisión en su aplicación (administrador de supervisión y/o cesión). Asimismo, cuando algunos compromisos no puedan aplicarse sin el acuerdo de terceras partes (por ejemplo, cuando un tercero que no sería un comprador idóneo con arreglo a los compromisos sea titular de un derecho preferente), la empresa debe probar el acuerdo de la tercera parte de que se trate.

4.4. «Prueba de mercado» y discusiones posteriores con las partes

129. De conformidad con el artículo 27, apartado 4 del Reglamento (CE) no 1/2003, la Comisión debe someter los compromisos a una prueba de mercado antes de declararlos vinculantes mediante decisión. La Comisión solo realizará una prueba de mercado si considera que los compromisos ofrecidos solventan a primera vista los problemas detectados en lo que hace a la competencia. La Comisión debe publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea una comunicación («comunicación de prueba de mercado») en la que, respetando los deberes del secreto profesional (77), resuma brevemente el asunto y el contenido principal de los compromisos. También publicará, en el sitio web de la Dirección General de Competencia, el texto íntegro de los mismos (78) en la lengua auténtica (79). En aras de la transparencia del proceso, la Comisión publicará también un comunicado de prensa en el que expondrá los principales elementos del asunto y los compromisos propuestos. Si el asunto está basado en una denuncia, llegado este punto, la Comisión informará también al denunciante acerca de la prueba de mercado y le invitará a presentar observaciones. Igualmente, las terceras partes admitidas en el procedimiento serán informadas e invitadas a presentar observaciones. A discreción de la Comisión se podrán celebrar reuniones trilaterales con las partes y el denunciante y/o las terceras partes admitidas.

130. Las terceras partes interesadas serán invitadas a presentar sus observaciones en un plazo no inferior a un mes de conformidad con el artículo 27, apartado 4 del Reglamento (CE) no 1/2003.

131. La Comisión puede enviar la documentación de la prueba de mercado a otras partes que puedan estar concernidas por el desenlace del asunto (por ejemplo, asociaciones de consumidores).

132. Tras la recepción de las respuestas a la prueba de mercado, se organizará con las partes una reunión de evaluación de la situación. La Comisión les informará verbalmente o por escrito de lo esencial de las respuestas.

133. Cuando la Comisión considere, basándose en los resultados de la prueba de mercado (y de cualquier otra información disponible) que los problemas de competencia detectados no han sido abordados o que es necesario modificar el texto de los compromisos en aras de su eficacia, ello se pondrá en conocimiento de las empresas que propongan los compromisos. Si éstas aceptan abordar los problemas señalados por la Comisión, deberán enviar una versión modificada de los compromisos. Si dicha versión altera la propia esencia o el alcance de los compromisos se deberá proceder a una nueva prueba de mercado. Cuando las empresas no accedan a presentar una versión modificada de los compromisos, cuando así lo exija el análisis de la Comisión de los resultados de la prueba de mercado, la Comisión podrá retomar el procedimiento del artículo 7.

5. PROCEDIMIENTO DE DESESTIMACIÓN DE DENUNCIAS

134. Las denuncias formales constituyen un instrumento importante en la aplicación de las normas sobre competencia, por lo que son examinadas atentamente por la Comisión. No obstante, tras el adecuado análisis de las circunstancias de hecho y de Derecho del asunto de que se trate, la Comisión puede desestimar una denuncia basándose en los motivos y siguiendo el procedimiento expuestos a continuación (80).

5.1. Motivos de desestimación

135. Las denuncias se pueden desestimar si se considera que no hay motivos suficientes para instruirlas (lo que también se conoce por «falta de interés suficiente para la Unión Europea»), que se carece de competencias o que no se dispone de pruebas que permitan establecer la existencia de una infracción.

136. Las desestimaciones basadas en la ausencia de motivos suficientes (81) se refieren en particular a las denuncias en relación con las que, teniendo en cuenta la pequeña probabilidad de poder demostrar las supuestas infracciones y los cuantiosos recursos que la Comisión tendría que invertir para verificar su existencia, destinar los recursos necesarios para seguir investigando el asunto resultaría desproporcionado a la luz de lo limitado de su prevista incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior y/o de la posibilidad del denunciante de recurrir a otros medios (82).

137. La Comisión puede también rechazar las denuncias por falta de pruebas (cuando el denunciante ni siquiera presenta los indicios razonables necesarios para confirmar una infracción de los artículos 101 y/o 102 del TFUE) o por razones de fondo (inexistencia de infracción).

138. Si una autoridad nacional de competencia está tramitando o ya ha tramitado el mismo asunto (83), la Comisión deberá informar oportunamente al denunciante. En tal situación, éste puede retirar la denuncia. Si el denunciante mantiene la denuncia, la Comisión puede desestimarla en virtud del artículo 13 del Reglamento (CE) no 1/2003 y de conformidad con el artículo 9 del Reglamento de Desarrollo (84). Si un órgano jurisdiccional nacional está tramitando o ya ha tramitado el mismo asunto, la Comisión puede desestimar la denuncia basándose en la ausencia de motivos suficientes para instruirla (85).

5.2. Procedimiento

139. Si la Comisión, tras analizar pormenorizadamente el asunto, llega a la conclusión preliminar de que no debería darle curso por alguna de las razones expuestas anteriormente, informará en primer lugar al denunciante, por teléfono o en una reunión, de su dictamen preliminar, a saber, que el asunto se podría desestimar. Una vez informado, el denunciante puede decidir retirar la denuncia. Si no lo hace, la Comisión le informará mediante carta formal, de conformidad con el artículo 7, apartado 1 del Reglamento de Desarrollo, de su conclusión preliminar de que no existen motivos suficientes para instruir el asunto y fijará un plazo para que presente sus observaciones escritas (86). En este contexto, el denunciante tiene derecho a solicitar acceso a los documentos sobre los que la Comisión haya basado su análisis provisional (87). Si, durante su examen de la denuncia, la Comisión ha incoado un procedimiento con arreglo al artículo 11, apartado 6 del Reglamento (CE) no 1/2003, se ofrecerá al denunciante la celebración de una reunión de evaluación de la situación antes del envío de dicha carta formal. El plazo establecido en la carta formal no será inferior a cuatro semanas (88) y comenzará a contar desde el día en que se conceda acceso a los documentos principales utilizados para sustentar el análisis. El plazo podrá prorrogarse cuando proceda y previa solicitud motivada remitida a la Dirección General de Competencia antes de la expiración del plazo original (89). Si se rechaza tal solicitud o si la Dirección General de Competencia y el denunciante discrepan sobre la prórroga solicitada, el interesado puede remitir la cuestión al consejero auditor, mediante solicitud motivada (90).

140. Si el denunciante no responde a la citada carta de la Comisión en el plazo oportuno, se considerará retirada la denuncia de conformidad con el artículo 7, apartado 3 del Reglamento de Desarrollo. El denunciante será informado oportunamente del cierre administrativo del asunto.

141. Si las alegaciones presentadas por el denunciante en respuesta a la citada carta de la Comisión no propician que ésta modifique su análisis de la denuncia, la Comisión desestimará la denuncia mediante decisión formal con arreglo al artículo 7, apartado 2 del Reglamento de Desarrollo. Si las alegaciones presentadas por el denunciante alteran la evaluación de la denuncia, la Comisión proseguirá su investigación.

6. LIMITES RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN

142. La información intercambiada durante estos procedimientos, en particular en el contexto del acceso al expediente y la revisión de las alegaciones principales, sólo se utilizará a efectos de procedimientos judiciales o administrativos para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE (91).

143. Durante todas las fases del procedimiento, la Comisión respetará las solicitudes genuinas y justificadas de los denunciantes o informantes por lo que respecta al carácter confidencial de sus alegaciones o contactos con la Comisión, incluida, en su caso, su identidad, con el fin de proteger sus intereses legítimos (en particular cuando puedan existir represalias) y disipar su reticencia a presentarse a la Comisión (92).

144. Los funcionarios de la Comisión y los miembros del Comité Consultivo deben respetar la obligación del secreto profesional según lo expuesto en el artículo 28 del Reglamento (CE) no 1/2003. Así pues, tienen prohibido revelar cualquier información del tipo abarcado por dicha obligación que hayan adquirido o intercambiado en el contexto tanto de la investigación como de la preparación y las deliberaciones de las reuniones del Comité Consultivo. Por lo que respecta a este último, sus miembros tampoco pueden revelar ningún dictamen del Comité Consultivo antes de su publicación, ni ninguna información sobre las deliberaciones previas a la formulación de cualquier dictamen.

7. ADOPCIÓN, NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DECISIONES

145. Todas las decisiones aprobadas en virtud de los artículos 7, 9, 23 y 24 del Reglamento (CE) no 1/2003 son adoptadas por la Comisión a propuesta del Comisario responsable de Competencia.

146. Los destinatarios serán informados de la decisión inmediatamente después de su adopción. La Dirección General de Competencia velará por enviar una copia de cortesía a las partes. Posteriormente se hace llegar a los destinatarios, por servicio de correo urgente, una copia certificada del texto íntegro de la decisión y una copia del informe final del consejero auditor.

147. Tras la adopción de la decisión por la Comisión, se publica un comunicado de prensa en el que se describe el alcance del asunto y la naturaleza de la infracción. Se indica también (si procede) el importe de las multas impuestas a cada una de las empresas concernidas y los remedios establecidos. En el caso de las decisiones en virtud del artículo 9 del Reglamento (CE) no 1/2003, se indican los compromisos declarados vinculantes.

148. El resumen de la decisión, el informe final del consejero auditor y el dictamen del Comité Consultivo se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea en todas las lenguas oficiales (93) poco después de la adopción de la decisión.

149. Además de respetar los requisitos expuestos en el artículo 30, apartado 1 del Reglamento (CE) no 1/2003, la Dirección General de Competencia vela por publicar en su sitio web, en el menor plazo posible, una versión no confidencial de la decisión en las lenguas auténticas y, si se dispone de ella, en otras lenguas. También se envía al denunciante una versión no confidencial de la decisión. Normalmente, se solicita a los destinatarios de la decisión que presenten a la Comisión, en un plazo de dos semanas, una versión no confidencial de la decisión y que aprueben el resumen. De surgir discrepancias sobre la eliminación de secretos comerciales, una versión provisional de la decisión, expurgada de toda la información cuya confidencialidad se haya reclamado, se publicará en el sitio web de la Dirección General de Competencia en cualquiera de las lenguas oficiales a la espera de una versión final tras la resolución de las discrepancias.

150. En aras de la transparencia, la Comisión se propone hacer públicas en su sitio web las decisiones de desestimación de denuncias (en virtud del artículo 7 del Reglamento de Desarrollo) o un resumen de ellas. En la versión publicada de la decisión no se identificará al denunciante cuando así lo exija la protección de sus intereses legítimos. Las decisiones adoptadas en virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1/2003 o por las que se modifiquen compromisos que se hayan hecho vinculantes en virtud del artículo 9 de ese Reglamento también se publicarán en el sitio web. Cuando proceda, también podrán publicarse otros tipos de decisiones.

8. REVISIÓN FUTURA

151. El presente documento puede ser modificado para tener en cuenta los cambios en la legislación aplicable, la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o la experiencia adicional que se adquiera en la aplicación de las normas de competencia. La Comisión tiene previsto mantener un diálogo regular con la comunidad jurídica y empresarial y con otras partes interesadas sobre la experiencia adquirida en el marco de la aplicación de la presente Comunicación, el Reglamento (CE) no 1/2003, el Reglamento de Desarrollo y sus diversas directrices y comunicaciones.

(1) Con efectos a partir del 1 de diciembre de 2009, los artículos 81 y 82 del Tratado CE se convirtieron en los artículos 101 y 102, respectivamente, del TFUE. Ambas series de disposiciones son esencialmente idénticas. A los fines del presente documento, cuando proceda se entenderá que las referencias a los artículos 101 y 102 del TFUE se refieren a los artículos 81 y 82 del Tratado CE.

(2) Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1 de 4.1.2003, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 411/2004 del Consejo, de 26 de febrero de 2004, por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 3975/87 y se modifican el Reglamento (CEE) no 3976/87 y el Reglamento (CE) no 1/2003, en lo que respecta al transporte aéreo entre la Comunidad y terceros países (DO L 68 de 6.3.2004, p. 1) y el Reglamento (CE) no 1419/2006 del Consejo, de 25 de septiembre de 2006, que deroga el Reglamento (CEE) no 4056/86 por el que se determinan las modalidades de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado a los transportes marítimos y se modifica el Reglamento (CE) no 1/2003 ampliando su alcance con objeto de incluir el cabotaje y los servicios internacionales de tramp (DO L 269 de 28.9.2006, p. 1).

(3) Reglamento (CE) no 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE (DO L 123 de 27.4.2004, p. 18), modificado por el Reglamento (CE) no 622/2008 de la Comisión, de 30 de junio de 2008, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 773/2004 en lo que respecta al desarrollo de los procedimientos de transacción en casos de cártel (DO L 171 de 1.7.2008, p. 3).

(4) La presente Comunicación se refiere exclusivamente a los procedimientos desarrollados por la Comisión para garantizar el cumplimiento de los artículos 101 y 102 del TFUE. No afecta a las autoridades nacionales de competencia cuando aplican tales disposiciones.

(5) La presente Comunicación no aborda procedimientos específicos, por ejemplo los relativos a la imposición de multas a empresas que hayan proporcionado información engañosa, rechazado someterse a inspección o roto los precintos colocados por agentes [véase el artículo 23, apartado 1 del Reglamento (CE) no 1/2003]. Tampoco abarca las decisiones sobre medidas provisionales con arreglo al artículo 8 del Reglamento (CE) no 1/2003 ni las decisiones de declaración de inaplicabilidad de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1/2003.

(6) Véase el Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO L 24 de 29.1.2004, p. 1). Véase, al respecto, el Manual de buenas prácticas para el desarrollo de los procedimientos de control de concentraciones, publicado el 20 de enero de 2004 por la Dirección General de Competencia, disponible en su sitio web: http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/proceedings.pdf

(7) Véase el Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 (en la actualidad, artículo 108 del TFUE) (DO L 83 de 27.3.1999, p. 1). Véase, al respecto, la Comunicación de la Comisión sobre un Código de buenas prácticas para el desarrollo de los procedimientos de control de las ayudas estatales, DO C 136 de 16.6.2009, p. 13.

(8) Comunicación de la Comisión relativa a las normas de acceso al expediente de la Comisión en los supuestos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE, artículos 53, 54 y 57 del Acuerdo EEE, y Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (DO C 325 de 22.12.2005, p. 7).

(9) Comunicación de la Comisión sobre la tramitación de denuncias por parte de la Comisión al amparo de los artículos 81 y 82 del Tratado CE (DO C 101 de 27.4.2004, p. 65).

(10) Decisión C(2011) 5742 del Presidente de la Comisión Europea, 13 de octubre 2011, relativa de a la función y el mandato del consejero auditor en determinados procedimientos de competencia.

(11) Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre las buenas prácticas de presentación de pruebas económicas y recopilación de datos en los asuntos relacionados con la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE y en los asuntos de concentraciones, http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(12) Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO C 298 de 8.12.2006, p. 17) («Comunicación sobre Clemencia»), es decir, «acuerdos o prácticas concertadas entre dos o más competidores cuyo objetivo consiste en coordinar su comportamiento competitivo en el mercado o influir en los parámetros de la competencia mediante prácticas tales como la fijación de precios de compra o de venta u otras condiciones comerciales, la asignación de cuotas de producción o de venta, el reparto de mercados, incluidas las colusiones en licitaciones, las restricciones de las importaciones o exportaciones o las medidas anticompetitivas contra otros competidores. Tales prácticas figuran entre los casos más graves de violación del artículo 101 del TFUE».

(13) Reglamento (CE) no 622/2008 de la Comisión, de 30 de junio de 2008, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 773/2004 en lo que respecta al desarrollo de los procedimientos de transacción en casos de cártel (DO L 171 de 1.7.2008, p. 3); Comunicación de la Comisión de sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción con vistas a la adopción de decisiones con arreglo a los artículos 7 y 23 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo en casos de cártel (DO C 167 de 2.7.2008, p. 1).

(14) Cabe señalar que la Comisión puede desestimar cualquier solicitud de dispensa del pago de multas alegando que su presentación es posterior a la expedición del pliego de cargos (véanse los apartados 14 y 23 de la Comunicación sobre Clemencia).

(15) Según la Comunicación sobre Clemencia, la Comisión puede desestimar cualquier solicitud de dispensa del pago de multas o de reducción de su importe alegando que su presentación es posterior a la expiración del plazo establecido para que las partes comuniquen por escrito su intención de participar en conversaciones encaminadas a una transacción (véase el apartado 13 de la Comunicación sobre Transacción).

(16) Por lo que respecta a los asuntos pendientes en la fecha de publicación, las disposiciones del presente documento serán aplicables a todas las actuaciones procesales que todavía tengan que llevarse a cabo tras su publicación.

(17) O, en su caso, a las autoridades competentes nacionales en materia de competencia.

(18) Al amparo del artículo 7, apartado 2 del Reglamento (CE) no 1/2003. A tenor de los artículos 5 a 9 del Reglamento de Desarrollo, las denuncias formales deben cumplir determinados requisitos. No obstante, la información comunicada sin respetar tales requisitos puede ser tenida en cuenta como información sobre el mercado.

(19) Véase el artículo 5, apartado 1 del Reglamento de Desarrollo.

(20) Como ha reconocido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión puede atribuir distintos grados de prioridad a las denuncias que recibe. Se trata de jurisprudencia reiterada desde el asunto T-24/90, Automec/Comisión (en lo sucesivo, «Automec I»), Rec. 1992, p. II-2223, apartado 85.

(21) La Comisión ha publicado una lista no exhaustiva de los criterios que utiliza para valorar si una denuncia ofrece suficiente interés para la Unión Europea. Los criterios se publicaron en el Informe Anual sobre la Política de Competencia (2005), adoptado en junio de 2006. Véase también el apartado 44 de la Comunicación sobre la tramitación de denuncias.

(22) Véanse los apartados 5 a 15 de la Comunicación de la Comisión sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia (DO C 101 de 27.4.2004, p. 43).

(23) Véase el asunto T-99/04 AC Treuhand/Comisión, Rec. 2008, p. II-1501, apartado 56.

(24) En la presente Comunicación se entiende por «partes» las sometidas a investigación. Salvo mención explícita, las «partes» no incluyen ni a los denunciantes ni a otros terceros admitidos.

(25) Artículo 4, apartado 2, letra d) del mandato del consejero auditor.

(26) Comunicación sobre la tramitación de denuncias, apartado 61.

(27) Según el artículo 2 del Reglamento de Desarrollo, la Comisión puede decidir incoar un procedimiento con vistas a la adopción de una decisión (por ejemplo una decisión de determinación de infracción o una decisión de compromisos) en cualquier momento, pero nunca después de haber enviado un pliego de cargos, formulado un análisis preliminar [en el sentido del artículo 9, apartado 1 del Reglamento (CE) no 1/2003] o publicado una comunicación conforme al artículo 27, apartado 4 del Reglamento (CE) no 1/2003, según lo que se produzca antes.

(28) La apertura de un procedimiento priva a las autoridades nacionales de competencia de sus facultades de aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE, véase el artículo 11, apartado 6 del Reglamento (CE) no 1/2003.

(29) Reglamento no 1 por el que se fija el régimen lingüístico de l