Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo»

(97/C 133/12)

El 17 de octubre de 1996, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el apartado 2 del artículo 2 del Protocolo n° 14, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Asuntos Sociales, Familia, Educación y Cultura, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su Dictamen el 13 de febrero de 1997 (Ponente: Sra. Sigmund).

En su 343° Pleno (sesión del 26 de febrero de 1997), el Comité Económico y Social ha aprobado por 103 votos a favor, 13 en contra y 26 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. Desde hace 20 años la Comunidad ejerce una función importante en la promoción de la igualdad de la mujer en la sociedad. Basándose en el artículo 119 del Tratado (en este artículo se recoge el principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos para un mismo trabajo) fijó en primer lugar el principio jurídico de la igualdad de trato en la vida profesional y en amplios sectores de la seguridad social. Asimismo, el Consejo adoptó seis Directivas, dos Recomendaciones y diez Resoluciones en el ámbito de la igualdad de oportunidades y de trato de los hombres y las mujeres.

1.2. A pesar de este amplio marco jurídico, la igualdad de trato y el acceso a la igualdad de oportunidades todavía no están plenamente garantizados. Los problemas de procedimiento con que se enfrentan las personas que han sido objeto de discriminaciones, así como el desconocimiento de sus derechos, restan a menudo eficacia a las garantías fundamentales previstas en la normativa comunitaria.

1.3. El 27 de mayo de 1988 la Comisión presentó una «Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la carga de la prueba en el ámbito de la igualdad de retribución y trato entre hombres y mujeres» ().

En su Dictamen de 27 de octubre de 1988, el Comité apoyaba la Propuesta de la Comisión y recalcaba la actualidad de las exigencias ya recogidas en el programa de acción para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1986-1990) de 24 de abril de 1986.

Entre 1988 y 1994, el Consejo debatió en varias ocasiones la propuesta de la Comisión, que tuvo que modificarse en varias ocasiones hasta alcanzar una aprobación mayoritaria. En la reunión del Consejo de 23 de noviembre de 1993 se logró un consenso entre once de los entonces doce Estados miembros sobre un proyecto de Directiva muy modificado; sin embargo, no se alcanzó la unanimidad requerida con arreglo a los artículos 100 y 235 del Tratado de la CE.

En su Resolución de enero de 1994 relativa al Libro Blanco sobre la política social europea, el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión que presentara un nuevo proyecto de directiva en este ámbito. El 5 de julio de 1995, la Comisión aprobó la apertura de consultas con los interlocutores sociales sobre la base de un texto que contenía un resumen de las medidas y propuestas de la Comisión en relación con el tema de la carga de la prueba.

En las dos consultas realizadas, las organizaciones implicadas coincidieron unánimemente en que es de extrema importancia aplicar correctamente la normativa comunitaria en el ámbito de la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.

No obstante, los interlocutores sociales no manifestaron el deseo de establecer una relación convencional, tal como se dispone en el artículo 4 del Acuerdo sobre la política social.

El 17 de julio de 1996, la Comisión presentó una «Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo» ().

2. Observaciones generales

2.1. En principio, el Comité acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión plasmada en esta Propuesta de Directiva. Asimismo comparte su punto de vista de que para garantizar mejor la salvaguardia y aplicación del principio de igualdad de trato es necesario actuar a nivel comunitario.

2.2. El Comité opina que la igualdad de trato de hombres y mujeres, como principio de justicia básico, debe ser aplicable en la práctica. Por ello, el Comité apoya la adopción de todas las medidas que sirvan para resolver las dificultades a las que deben enfrentarse los demandantes.

2.3. No obstante, el Comité no comparte el punto de vista de la Comisión, expresado en la exposición de motivos, de que la norma propuesta no impondrá obligaciones administrativas que puedan obstaculizar la creación y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

A menudo, la demanda se interpone mucho después de producirse los hechos. Precisamente para las pequeñas y medianas empresas comerciales, el artesanado, las profesiones liberales y las explotaciones agrícolas podría resultar en algunos casos difícil o incluso imposible presentar el material probatorio correspondiente. Debido a sus reducidas estructuras, no es absolutamente necesario que este tipo de empresas lleven a cabo un registro sistemático de los datos relativos a la organización y al trabajo, que en cualquier caso son fácilmente verificables. Pero imponer a estas empresas la obligación de llevar un registro documental representaría en algunos casos un gasto administrativo y financiero adicional excesivo.

No obstante, el Comité señala que, pese a estas reservas, no cabe ninguna duda de que la Directiva -que el Comité suscribe en sus líneas generales- vale también sin restricción alguna para las PYME.

Asimismo, el Comité confía en que la Comisión, en el marco de su programa de creación, mantenimiento y fomento de las PYME, tenga en cuenta este hecho y adopte las medidas correspondientes. Por motivos de seguridad jurídica, tales consideraciones no pueden tenerse en cuenta en la futura Directiva.

2.4. La Directiva se aplica a todas las situaciones ya reguladas por actos jurídicos comunitarios en relación con discriminaciones por razón de sexo y que no excluyan expresamente la aplicación de esta Directiva. Siempre que los Estados miembros no dispongan lo contrario, la Directiva no afecta a los procedimientos penales.

2.5. En la Propuesta de Directiva se tratan los tres temas siguientes:

- Definición de discriminación indirecta (artículo 2);

- La carga de la prueba (artículo 4);

- Procedimiento (artículo 5).

3. Observaciones particulares

3.1. Discriminación indirecta (artículo 2)

3.1.1. No existe hasta el momento ninguna definición del concepto de «discriminación indirecta» en el derecho comunitario. Las directivas correspondientes utilizan esta expresión sin definirla. Actualmente sólo existe una definición legal en Irlanda, Italia y el Reino Unido.

3.1.2. En los últimos años, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha elaborado una jurisprudencia bastante unívoca y clara al respecto. Según el Tribunal existe una discriminación indirecta cuando se aplica un criterio aparentemente neutral que afecte a un número considerablemente mayor de personas de un sexo.

3.1.3. La Comisión sigue esta jurisprudencia. El Comité acoge favorablemente la introducción en la Directiva de la definición de discriminación indirecta de conformidad con los criterios establecidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y opina que esta medida redunda en beneficio de la seguridad jurídica. Con ello se resalta además la significación de este término y su importancia. Esta definición debería además facilitar a las autoridades nacionales decidir, caso por caso, si se produce una discriminación indirecta.

3.1.4. El Comité considera que la referencia a la situación matrimonial o familiar debe entenderse como un ejemplo; sin embargo, la expresión «en particular» utilizada en el texto de la Directiva podría conducir en determinadas circunstancias a interpretaciones erróneas. Por ello, el Comité propone sustituir «en particular» por «por ejemplo».

3.2. Carga de la prueba (artículo 4)

3.2.1. Aunque en la exposición de motivos la Comisión expresa claramente que en el apartado 1 del artículo 4 no desea invertir la carga de la prueba, esta idea no se desprende claramente de la formulación del texto de la Propuesta de Directiva.

3.2.2. El Comité considera necesario -habida cuenta de los distintos aspectos del problema de la carga de la prueba- simplificar, aclarar y delimitar el artículo 4.

Para ello parece adecuado imponer al empresario demandado la obligación de colaboración e información y, por otra parte, elaborar una normativa que recoja los requisitos que pueden exigirse para probar la discriminación.

3.2.3. A fin de lograr una verdadera aplicación jurídica del principio de igualdad de trato, el Comité propone que se establezca claramente que la carga de la prueba recaiga en principio sobre la parte demandante, pero que para establecer los hechos que constituyen una discriminación por razón de sexo baste con que la parte pruebe su credibilidad. Esto significa que, al contrario de lo que ocurre en algunos ordenamientos nacionales, no es necesario que el tribunal esté convencido, con una seguridad rayana en la certeza, de la existencia de un perjuicio por razón de sexo (motivo por el que el procedimiento jurídico en materia de discriminación es extraordinariamente difícil en la práctica); basta con que, considerando todas las circunstancias, exista una gran probabilidad. Esto significa que, para que haya una discriminación por razón de sexo, basta con que exista una apariencia fundada de desigualdad de trato. Esto descarga a la parte demandante de tener que convencer plenamente al tribunal de la existencia de una discriminación.

Corresponde en cada caso a los tribunales nacionales, de acuerdo con la normativa nacional, enjuiciar los hechos.

El Comité estima que esta norma es equilibrada ya que facilita a la parte demandante la tarea de aportar la prueba, al mismo tiempo que concede al empresario demandado la posibilidad de demostrar que no se trata de una discriminación por razón de sexo.

3.2.4. En la exposición de motivos, la Comisión también afirma que no desea establecer una inversión de la carga de la prueba. En opinión del Comité, las explicaciones recogidas en el punto 27 no se corresponden con la formulación del apartado 1 del artículo 4.

3.2.5. En aras de una mayor claridad el Comité propone por lo tanto lo siguiente:

3.2.5.1. El título del artículo 4 debería sustituirse por el siguiente:

«Prueba de discriminación por razón de sexo.»

3.2.5.2. El primer apartado del artículo 4 debería redactarse como sigue:

«Los Estados miembros garantizarán, con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales, lo siguiente:

a) Cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación con respecto a ella del principio de igualdad de trato presente ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente la prueba de un hecho que permita presumir con fundamento la existencia de una discriminación, la carga de la prueba recaerá sobre la parte demandada, que deberá probar que no se ha producido ninguna violación del principio de igualdad de trato. Cualquier duda que pudiera subsistir en relación con la constatación de los hechos beneficiará a la parte demandante que ha señalado la presunción de discriminación.

b) Cuando la parte demandada aplique un sistema o tome una decisión no transparente, recaerá sobre ésta la carga de la prueba de que la apariencia de discriminación se debe a factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo.

c) La parte demandante no tendrá que probar la existencia de una falta de la parte demandada para demostrar la violación de la prohibición de cualquier discriminación por razón de sexo.»

3.3. Procedimiento (artículo 5)

3.3.1. Este artículo prevé que, en caso de demanda por discriminación, los órganos jurisdiccionales y otros órganos competentes puedan «ordenar cualquier medida necesaria» para garantizar su «instrucción efectiva». También establece la obligación de informar a las partes afectadas, aunque esto sólo se autorice en determinadas circunstancias.

3.3.2. El Comité alberga serias dudas acerca de que esta materia se pueda reglamentar en el derecho comunitario, y se pregunta si no sería conveniente, conforme al principio de subsidiariedad, dejar que cada Estado miembro establezca su ordenamiento en la materia. El Comité insta a la Comisión a que estudie detenidamente la cuestión.

Si dicha reglamentación resultase efectivamente inadmisible a nivel europeo, el Comité propone que se suprima el artículo 5.

Bruselas, el 26 de febrero de 1997.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() DO n° C 176 de 5. 7. 1988.

() Doc. COM(96) 340 final.

ANEXO al Dictamen del Comité Económico y Social

La siguiente enmienda, que obtuvo más de una cuarta parte de votos a favor, fue rechazada durante las deliberaciones.

Punto 3.3.2

Sustitúyanse los dos párrafos de este punto por el párrafo siguiente:

«El Comité considera necesario adoptar tales medidas para que la directiva pueda aplicarse en la práctica. Sin embargo, el Comité quiere señalar que el artículo 5 indica que los Estados miembros han de garantizar la existencia de determinados procedimientos, pero no precisa exactamente de qué manera debe llevarse a cabo.»

Exposición de motivos

Sin el artículo 5, la directiva se vería privada de su sustancia. Dado que el artículo 5 no define el modo en que los países miembros deben establecer sus reglamentos en lo que se refiere a las acciones entabladas ante las instancias jurídicas, no hay ninguna razón para que se cuestionen las normas propuestas desde el punto de vista de la subsidiariedad.

Resultado de la votación

Votos a favor: 45, votos en contra: 77, abstenciones: 9.