COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
COM(94) 538 final 
Bruselas, 21.12.1994 
COMUNICACIÓN pp JA COMISIÓN) 
sobre la revisión intermedia 
de la asociación de los Países y Territorios de Ultramar (PTU) 
a la Comunidad 

SUMARIO 
Páginas 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I. Situación general de los PTU 8 
II. Resumen del contenido de la decisión de asociación 9 
A. Asociación 10 
B. Régimen de establecimiento y de prestación de servicios 10 
C. Centro para el Desarrollo Industrial 11 
D. Régimen comercial 11 
III. Principios de la revisión intermedia 12 
A. Dotación quinquenal del FED 12 
B. Memorándum de los Estados miembros 12 
C. Experiencia de la Comisión 13 
PROPUESTAS DE LA COMISIÓN 15 
I. La Mancomunidad Comisión/Estado miembro/PTU 15 
II. Estrategia de cooperación, mayor coherencia y mayor eficacia 16 
A. Fomento de iniciativas locales, cooperación descentralizada 16 
B. Fortalecimiento del diálogo y de la estrategia de cooperación 
de la Comunidad 17 
1. Programación de la ayuda comunitaria 
2. Apoyo al desarrollo económico 
C Mayor coherencia y mayor eficacia de los instrumentos y 
procedimientos de ejecución de la cooperación 20 
1. STABEX 
2. Rehabilitación 
3. Procedimientos 
4. Contratos*de suministros 
III. Salud, Droga 22 
IV. Medio ambiente 23 
V. Régimen comercial 23 
i/t/Vu/^/e 
A. Régimen general 
1. Resumen de los textos en vigor 
2. Hechos nuevos 
3. Modificación propuesta 
B. Ron 
C. Modificación técnica sobre acumulación 
VI. Las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea 
A. Constatación 
B. Modificación propuesta 
VIL Acceso de los ciudadanos de los PTU a determinados programas 
comunitarios 
A. Constatación 
B. Modificación propuesta 
VIII. Régimen aplicable al establecimiento y a los servicios 
A. Régimen actual 
B. Demandas formuladas y modificaciones propuestas 
1. Bancos, compañías de seguro, OICVM 
2. Cualificaciones profesionales 
3. Cabotaje marítimo Páginas 
23 
25 
26 
26 
26 
27 
27 
27 
28 
30 
30 
30 
ANEXOS 
Anexo 1 Situación general de los PTU 
I. Características socioeconómicas 
II. Observación de orden estadístico 
III.Estatuto de los PTU respecto de los Estados miembros 
interesados 
IV.Consecuencias sobre el derecho comunitario 
Indicadores económicos - Cuadros A, B, C, D 
Anexo 2 La Mancomunidad Comisión/Estado miembro/PTU 
(artículos 234 a 236) Páginas 
1 
1 
2 
3 
X 
10 a, b, c, d 
11 
Anexo 3 Centro para el Desarrollo Industrial (artículos 48 a 48 ter) 
Anexo 4 Salud y nutrición (artículo 88 bis), 
Medio ambiente (artículo 16 punto 2 bis) 13 
16 
Anexo 5 Régimen comercial 
Anexo 6 Régimen aplicable al establecimiento y a los servicios 18 
21 
Revisión intermedia 
de la Decisión 91/482/CEE del Consejo, 
de 25 de julio de 1991, 
relativa a la asociación de los PTU a la CEE 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 25 de julio de 1991, el Consejo aprobó la Decisión 91/482/CEE relativa a la asociación de los 
Países y Territorios de Ultramar (PTU) a la CEE1. 
Al igual que el Convenio de Lomé IV con los Estados ACP, esta decisión se aprobó para 10 años 
a partir del 1 de marzo de 1990, con cláusula de revisión antes del 1 de marzo de 1995. Esta revisión 
constituye el objeto de la presente comunicación. 
Antes de la propuesta de modificaciones formuladas por la Comisión (parte II), la exposición de 
motivos (parte I) comprende: 
una breve presentación de los PTU en cuanto a sus características socioeconómicas y su 
estatuto, tanto en relación con los Estados miembros interesados como en relación con el 
derecho comunitario; 
un recordatorio del contenido de la decisión de asociación; 
el enunciado de los principios de la revisión intermedia. 
I. - SITUACIÓN GENERAL DE LOS PTU 
Los PTU son veinte (cf. Anexo 1, Cuadros A a D) : 
11 PTU del Reino Unido (Cuadro A) 
6 PTU de la República francesa (Cuadro B) 
2 PTU del Reino de los Países Bajos (Cuadro C) 
1 PTU región autónoma del Reino de Dinamarca (Cuadro D). 
A. Sus características socioeconómicas revelan la existencia de una extrema diversidad. 
Diversidad que se observa, aparte los aspectos culturales y lingüísticos, como es obvio, en 
su localización, su superficie, su demografía y su grado de desarrollo (cf. Anexo 1, parte I). 
A este respecto, conviene observar que se impone la máxima reserva en la explotación de 
los datos estadísticos relativos a los PTU (cf. Anexo 1, parte II). 
DO L263 de 19.09.1991. p. 1 a 153. 
B En cuanto a su estatuto en relación con los Estados miembros, su característica común se 
basa en la existencia de vínculos constitucionales específicos con determinados Estados 
miembros de la Unión Europea. Pero estos vínculos son diferentes según los Estados 
miembros, y a veces son incluso diferentes entre ellos respecto de un mismo Estado 
miembro (cf. Anexo 1, parte III). 
Su análisis permite captar las razones de orden constitucional, jurídico o politico que dan 
fundamento a determinadas demandas de adaptación de la decisión de asociación formuladas 
este año por las autoridades de los PTU con motivo de la culminación del mercado interior 
o ante las diversas facetas de la construcción comunitaria. 
C. En lo que se refiere al estatuto de los PTU respecto del derecho comunitario, entran, en 
virtud del artículo 227. 3 del Tratado CE, en un régimen especial definido por sus artículos 
131 a 136 bis, actualmente aplicado mediante la Decisión 91/482/CEE del Consejo, que 
constituye el marco jurídico exclusivo de las relaciones comunitarias con los PTU. 
La situación puede resumirse como sigue: 
- a los PTU se aplica exclusivamente el régimen de la decisión de asociación, y no las 
disposiciones generales del Tratado ni el derecho derivado basado en estas 
disposiciones; 
- no obstante, en cuanto individuos, los ciudadanos de los PTU poseen la ciudadanía 
de los Estados miembros de la Unión (con algunas excepciones en parte de los PTU 
británicos), por lo que son ciudadanos de la Unión; por tanto, es comprensible que 
deseen, y en ello estriba uno de los elementos nuevos de esta revisión, que se 
mencionen en la decisión de asociación sus derechos correspondientes a esta 
ciudadanía. 
II RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA DECISION DE ASOCIACIÓN 
La Decisión 91/482/CEE comprende, además de las disposiciones generales y de las 
disposiciones finales, cuatro partes: 
ámbitos de cooperación; 
instrumentos de cooperación; 
régimen aplicable al establecimiento y a los servicios; 
mancomunidad Comisión/Estado miembro/PTU. 
Pueden resumirse en la concesión de un régimen comercial extraordinariamente abierto (cf. 
más adelante) y de dotaciones del FED y del BEL cuya gestión es similar a la de los Estados ACP. 
Por otra parte, hay varios elementos, entre ellos el régimen aplicable al establecimiento y a los 
servicios, que se distinguen desde hace cuatro años del tradicional paralelismo entre las decisiones 
de asociación y los convenios de Lomé para tener en cuenta el hecho de que los PTU dependen de 
Estados miembros. 
Esta decisión, aprobada a finales de julio de 1991, tras prolongados debates en el Consejo, 
respondía a la propuesta de la Comisión aprobada el 19 de septiembre de 19902. 
Incluía elementos nuevos procedentes del Convenio de Lomé IV: 
prolongación de la vigencia de 5 a 10 años (con excepción de los aspectos financieros, 
previstos para 5 años); 
mejora de las condiciones de financiación (todos los proyectos cuentan con subvenciones); 
apertura a la cooperación descentralizada en favor de las colectividades locales; 
acento en el respeto del medio ambiente, la consideración del papel de la mujer, la 
promoción de las empresas y servicios, la mejora de los mecanismos del Stabex y del 
Sysmin; 
insistencia en la cooperación regional entre los Estados ACP y los PTU de las mismas zonas 
geográficas. 
En cambio, algunas innovaciones correspondían a la situación estatutaria propia de los PTU. 
con lo que se ponía fin al paralelismo tradicional entre los PTU y los Estados ACP. Estas 
innovaciones, algunas de las cuales habían sido propuestas por la Comisión, resultando otras de la 
insistencia de algunas delegaciones en el Consejo, fueron las siguientes: 
A. La decisión de asociación estableció, por primera vez, el principio de una mancomunidad 
Comisión/Estado miembro/Autoridades territoriales (art. 234 a 236). 
Con la propuesta de establecimiento de este principio, la Comisión corregía una falta 
evidente de diálogo democrático en las seis decisiones de asociación aprobadas desde 1957. 
Da la palabra a las autoridades locales, y constituye una opción política por la democracia 
y el diálogo que satisface profundamente a las autoridades territoriales de Ultramar. 
Así, en 1992, por primera vez, se firmaron in situ los programas indicativos del FED de cada 
territorio, por parte de las autoridades territoriales, del representante del Estado y de un 
representante de la Comisión. Y también se celebraron numerosas reuniones tripartitas en los 
muy diversos ámbitos de aplicación de la asociación. 
B. El régimen aplicable en materia de establecimiento v prestación de servicios a los PTU por 
parte de ciudadanos, sociedades y empresas de los Estados miembros (art. 232 a 233) fue 
modificado para fomentar o apoyar el empleo local: desde 1991 las autoridades locales de 
los PTU pueden, previo acuerdo de la Comisión, adoptar medidas de protección en materia 
de establecimiento y de servicios en favor de sus habitantes y de las actividades locales, en 
sectores sensibles para la economía de los PTU. 
C. En lo que se refiere al desarrollo industrial, los PTU pueden, al igual que en el período 
anterior, gozar de los servicios del "Centro para el Desarrollo Industrial" (CDI) definido en 
el Convenio de Lomé IV, o bien, aspecto nuevo desde 1991, de los "Centros Euro-Info" 
COM(90) 3X7 de 02.08.1990. 
11 
establecidos en el marco de la política comunitaria en favor de las empresas (art. 48). Una 
vez más, al poner a disposición de los PTU estos dos instrumentos, se los sitúa en la frontera 
entre los Estados ACP y las regiones de la Comunidad. 
El Consejo estableció que el recurso a estos organismos supone una contribución financiera 
a cuenta de los recursos del FED concedidos a los PTU en el marco del "programa 
indicativo" del territorio de que se trate. 
D El régimen comercial fue objeto de muy amplias innovaciones, tanto respecto del anterior 
como en relación con otras asociaciones o convenios: la Decisión 91/482/CEE concede el 
libre acceso (sin derechos de aduana, ni tasas, ni contingentes) a todos los productos 
originarios de los PTU (artículo 101). Antes de esta decisión de asociación, los productos 
agrícolas gozaban de un régimen preferencial idéntico al de los Estados ACP. 
Esta apertura, totalmente innovadora, se plasma en concesiones más amplias que las jamás 
concedidas por la Comunidad en los numerosos acuerdos negociados con países terceros. 
Las innovaciones del régimen comercial comprenden: 
la abolición sin límites cuantitativos (con excepción del ron) de los derechos a la 
importación que antes se aplicaban a los PTU y que siguen aplicándose a los Estados 
ACP (fin del paralelismo ACP/PTU); 
las modificaciones de las reglas de origen introducidas en el Convenio de Lomé IV; 
además, modificaciones específicas de las reglas de origen PTU; 
la introducción de un sistema de trasbordo ("transhipment") que confiere incluso el libre 
acceso a productos de países terceros que transitan por un PTU (con la excepción de los 
productos de la PAC y de algunos casos), siempre que a la entrada en el PTU se hayan 
percibido derechos de aduana o tasas al menos equivalentes a la protección comunitaria. 
Se ha creado un nuevo certificado en este sentido para acompañar la mercancía. 
12 
Ill PRINCIPIOS DE LA REVISION INTERMEDIA 
La decisión de asociación (art. 240 punto 3) establece el plazo del 1 de marzo de 1995 para cubrir 
tres tipos de objetivos^ : 
fijación de la dotación del FED VIII para el período del 1 de marzo de 1995 al 29 de febrero 
del año 2000; 
modificaciones eventuales producto de notificaciones recibidas de las autoridades 
competentes de los PTU; 
modificaciones eventuales propuestas por la propia Comisión. 
A. El volumen quinquenal del FED concedido a los PTU se negocia simultáneamente con el de 
los Estados ACP. Por tanto, es muy prematuro abordar este problema, ya que la dotación del 
FED VIII, que se define tradicional m ente con motivo de los últimos trabajos de la 
negociación ACP, no se decidirá hasta dentro de varios meses. El propio Consejo declaró, 
en el marco de las directrices de negociación para la revisión intermedia del Convenio de 
Lomé IV, establecidas el 7 de febrero de 19944, que "aún no es posible en este período 
pronunciarse sobre la dotación financiera del FED VIH". 
B. Alrededor del 1 de mayo de 1994 (es decir, diez meses antes del 1 de marzo de 1995), la 
Comisión recibió los dictámenes y demandas de las autoridades competentes de los PTU, 
amparadas por los tres Estados miembros interesados5. 
Apartado 3 del artículo 240 "Antes de la expiración del primer período de cinco años, el Consejo, por unanimidad y 
a propuesta de la Comisión, adoptará, además de las ayudas financieras mencionadas en el apartado 1 del artículo 154: 
¡i) en su caso, las posibles modificaciones que haya que efectuar en las disposiciones que hubieran sido objeto de 
notificación a la Comisión por las autoridades competentes del PTU a más tardar diez meses antes de la expiración de 
dicho período quinquenal: 
b) en su caso, las modificaciones que pueda proponer la Comisión sobre la base de su propia experiencia o del vínculo con 
modificaciones en curso de negociación entre la Comunidad y los Estados ACP: 
4 Documento del Consejo 4750/94 ACP1K/EIN 40 de 09.02.1994. p. 20. 
lisios documentos son los siguientes: 
I'rancia: nota a la Comisión de las Comunidades Europeas, de 5 de mayo de 1994 (carta de S.E. M. P. de Uoissicu. 
Representante Permanente, al Vicepresidente Marín, de 9 de mayo de 1994). 
Países Bajos: 
memorándum de las Antillas neerlandesas, del Ministro-Presidente M.A. Pourier. de 29 de abril de 1994 (carta 
del Dr. R.S.J. Martha. Ministro plenipotenciario de las Antillas neerlandesas, a la Representación Permanente 
de los Países Ha jos. de 2 de mayo de 1994). 
memorándum presentado por Aruba en virtud del artículo 240 punto 3a de la Decisión del Consejo relativa a la 
asociación de los PTU a la CEE (carta del Dr. R.S.J. Martha, de 16 de junio de 1994): 
carta del Sr. Lubbers. Ministro de Asuntos Exteriores de los Países Hajos. al Presidente Delors, de 27 de julio 
de 1994 (carta de S.E. B.R. Hot. Representante Permanente, de I I de agosto de 1994). 
Reino Unido: ñola "UK proposed amendments", en carta de la Baronesa Chalker of Wallasey. Ministro de Desarrollo 
de Ultramar, al Vicepresidente Marín, de 30 de abril de 1994. 
13 
Seguidamente se desarrollaron reuniones explicativas, a veces en el marco de la 
mancomunidad Comisión/Estado miembro/PTU, a alto nivel, en presencia de las principales 
autoridades locales. 
El análisis de los memorándums y de las reuniones celebradas revela la utilidad de precisar 
algunas de las reglas en vigor e introducir en el texto de decisión revisada algunos elementos 
nuevos. Estos elementos se relacionan con la propia esencia de los PTU frente a la Unión 
Europea es decir, de nuevo: 
los PTU no forman parte del mercado interior y el derecho derivado no se les aplica 
directamente; 
los PTU dependen de Estados miembros de la Unión, son a veces incluso parte 
integrante de los mismos, y en numerosos casos, como resultado de las constituciones 
de los Estados miembros, sus ciudadanos son ciudadanos europeos. 
Ahora bien, como se expone de forma más precisa en el Anexo 1, la ciudadanía de la Unión 
les confiere derechos y obligaciones que no se tienen en cuenta en el actual texto de la 
decisión de asociación. Es cierto que ya en el pasado se plantearon algunas cuestiones en 
este sentido; así, distintos elementos de la Decisión 91/482/CEE ya se habían distanciado, 
como hemos visto, del Convenio de Lomé. Y así también, la Decisión 91/482/CEE incluía 
un Anexo VIII, "Declaración del Gobierno del Reino de los Países Bajos", al que se hace 
referencia en la correspondencia intercambiada en el marco del proceso de revisión. 
Después de 1991 se firmó y ratificó el Tratado de la Unión Europea, cuyo artículo 8 señala 
que "Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado 
miembro". Basándose en esta afirmación, los representantes de los PTU de que se trata 
(todos salvo, en parte, el Reino Unido, cf. Anexo 1) aspiran a que se introduzca en la 
decisión de asociación textos más precisos y más completos sobre la aplicación a sus 
ciudadanos de determinadas políticas comunes que se aplican a los individuos en cuanto 
tales. 
Sobre esta base, en las peticiones que se han formulado aparece una nueva evolución hacia 
el reconocimiento de un estatuto de PTU más próximo a la Unión que a los países terceros. 
Surgen así dos nuevos temas que se abordan en la presente comunicación: 
- el acceso de los ciudadanos de los PTU al beneficio de determinados programas 
comunitarios propios de las personas, de los ciudadanos de la Unión; 
- disposiciones más precisas, más abiertas y más recíprocas en lo que se refiere al 
establecimiento y la prestación de servicios en determinados ámbitos del derecho 
comunitario: títulos, bancos, seguros, organismos de inversión colectiva en valores 
mobiliarios (OICVM). 
C. En cuanto a la Comisión, su propia experiencia, en particular en la gestión del FED, la 
mueve a proponer la modificación de determinados aspectos de la decisión actual. 
14 
En este sentido, su experiencia en el ámbito de la cooperación financiera es a menudo 
similar para los Estados ACP y para los PTU: las observaciones formuladas por la Comisión 
en septiembre de 1993 en la exposición de motivos de su "Propuesta de decisión del Consejo 
y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del 
Consejo relativa a la apertura de negociaciones con los Estados partes del IV Convenio ACP-
CEE de Lomé con vistas a la revisión del Convenio"6 y las consecuencias que de ellas 
extraía, valen también, en lo sustancial, para los PTU. Para obtener una mayor coherencia 
y una mayor eficacia de los instrumentos y procedimientos diseñados para la cooperación 
CEE/PTU, es perfectamente pertinente aplicar a los PTU los cambios previstos para los 
Estados ACP en el mandato del Consejo de 7 de febrero de 1994. 
En cambio, los elementos relativos al diálogo con los Estados ACP o al ajuste estructural 
constituyen capítulos que ni jurídica ni políticamente es oportuno abordar, ya que los PTU 
dependen de los Estados miembros; por el mismo motivo, estos temas no figuraban en la 
Decisión 91/482/CEE, y sí, en cambio, en el Convenio de Lomé IV 
SEC (93) 1157 final del 21.09.1993. 
15 
PROPUESTAS DE LA COMISIÓN 
La presente comunicación incluve conceptos, y no propuestas formales de textos, debido 
principalmente a que. en los temas vinculados con la negociación actualmente en curso para la 
revisión intermedia de Lome 1Y. sera necesario inspirarse en los textos finales resultantes de la 
negociación. 
Para los temas no ligados a la negociación ACP, se presenta en Anexo una redacción del articulado 
que hace mas clara la expresión del concepto propuesto. 
Cada tema abordado comprende dos partes: la experiencia o los motivos, y a continuación las 
correspondientes modificaciones propuestas. Así actuó ya la Comisión en su propuesta al Consejo 
para la revisión de Lomé IV. 
Posteriormente será necesario efectuar la redacción para remitir al Consejo una propuesta formal de 
la Comisión; esta propuesta podría, después del 1 de marzo de 1995, ir unida a las propuestas de 
desglose de los recursos del FED VIII concedidos a los PTU, como ya se ha dicho en el punto III.A. 
1 MANCOMUNIDAD 
A. Constatación 
La "mancomunidad Comisión/Estado miembro/PTU" fue propuesta por la Comisión y establecida 
por la Decision 91/482/CEE (art. 234 a 236), como se dijo en la exposición de motivos. 
Ha sido altamente valorada por los representantes de los PTU en las reuniones, regionales en 
ocasiones, celebradas in situ o en la sede de la Comisión. 
Son varios los memorándums recibidos que abordan este tema expresando su satisfacción y pidiendo 
su fortalecimiento Este fortalecimiento es un corolario de la práctica institucional llevada a cabo 
con otros socios: por un lado, las numerosas instituciones paritarias ACP/UE, y, por otro lado, la 
asociación establecida con las propias regiones de la Comunidad desde la reforma de los fondos 
estructurales de 1989, así como en la aplicación de las opciones específicas en favor de las regiones 
ultraperiféricas (DOM, Cananas, Azores y Madeira), aprobadas con las denominaciones 
POSEIDOM7. POSEICAN v POSEIMA. 
B. Modificación propuesta 
Conviene eliminar de los artículos 234 a 236 las expresiones que dan carácter facultativo a la 
aplicación de la mancomunidad (cf. Anexo 2). 
Division X9 6X7 CTI del Consejo, de 22.12.19X9. por la que se establece un programa de acciones especificas por 
alejamiento y la insularidad de los ])<>.\í. DO !. 399 de 30.12.19X9. p. 39 
II ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN. MAYOR COHERENCIA Y MAYOR EFICACIA 
Como se indica en la exposición de motivos, la experiencia adquirida por la Comisión en la 
aplicación del FED es similar para los Estados ACP y los PTU. 
Es cierto que son numerosos los elementos de las observaciones formuladas por la Comisión en su 
comunicación de septiembre de 1993 para las directrices de negociación ACP/UE, reiteradas después 
en el mandato del Consejo de 7 de febrero de 1994, que no se aplican a los PTU: tanto por razones 
institucionales (los PTU dependen de Estados miembros) como por análisis de la realidad (en estos 
países se respetan los derechos humanos, los valores democráticos y el Estado de derecho), se 
propone no aplicar a los PTU la parte A del mandato del Consejo con excepción de la cooperación 
descentralizada. 
En cambio, se propone aplicar a los PTU, mutatis mutandis, todo aquello que en el mandato 
contribuye 
a fortalecer el diálogo y a realzar el* valor de la estrategia de cooperación de la Comunidad 
(parte B) 
a una mayor coherencia y a una mayor eficacia de los instrumentos y procedimientos de 
ejecución (parte C), sin aplicar a los PTU los aspectos relativos al ajuste estructural. 
A FOMENTO DE LAS INICIATIVAS LOCALES. COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 
1 La Comisión observa que la ejecución de la cooperación descentralizada no ha registrado los 
resultados esperados, y estima que deben introducirse modificaciones en los procedimientos 
de decisión, que actualmente no permiten que este instrumento se desarrolle en la medida 
deseada. 
Sobre la base de las experiencias del pasado parece oportuno establecer procedimientos más ligeros 
que, respetando la exigencia de la participación del PTU en las diferentes fases de la decisión, de 
a los beneficiarios finales de las operaciones de cooperación descentralizada un mayor poder den 
iniciativa y un acceso más directo a la financiación. 
2. Para obtener una mayor coherencia entre las operaciones propias de la cooperación 
descentralizada y el programa indicativo, en el establecimiento de éste el PTU indicará la 
suma que desea destinar a las operaciones de cooperación descentralizada así como los 
principios y condiciones que regirán la liberación de los fondos y las categorías de 
beneficiarios posibles. 
Una vez firmado un convenio de financiación entre el PTU, el Estado miembro y la ('omisión, 
fijando el marco de las acciones de cooperación descentralizada, los beneficiarios podrán presentar 
directamente a la Comisión sus demandas de financiación. La Comisión las examinará sobre la base 
de los criterios acordados de común acuerdo con las autoridades competentes del PTU, y, una vez 
constatada la conformidad de estos criterios y la viabilidad de la operación, informará al ordenador 
del PTU de las conclusiones de la instrucción. Salvo oposición de éste en plazos a establecer, 
procederá directamente a la financiación de la operación y a su gestión financiera. 
17 
Este dispositivo debería figurar en el artículo 9 de la decisión de asociación. 
3. Para permitir el acceso directo a los procedimientos de financiación por parte de los agentes 
de la cooperación descentralizada, será necesario que éstos aparezcan como beneficiarios 
elegibles en relación con el artículo 285. Para ello, será necesario introducirlos en la lista de 
beneficiarios elegibles establecida en el artículo 191. 
4 Por otra parte, y dado que se prevén medidas específicas para las empresas que actúan en 
el mercado, no procede mantener en el artículo 7 a las empresas entre los posibles 
beneficiarios de las acciones de cooperación descentralizada. 
B FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO Y DE LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN DE 
LA COMUNIDAD 
I. Programación de la ayuda comunitaria 
La Comisión propone que la Comunidad reafirme la importancia primordial que atribuye a la 
programación en calidad de instrumento de diálogo sobre las políticas, llamando al mismo tiempo 
la atención de las autoridades competentes de los PTU sobre la rigidez del sistema actual, que lleva 
a veces a la no utilización de los recursos que les han sido concedidos. 
Se propone la siguiente adaptación del sistema actual: 
a) Antes del establecimiento del programa indicativo, la Comisión y el Estado miembro darán 
al PTU una indicación sobre la dotación financiera global que podría ponerse a su 
disposición para el plazo de la última fase de la decisión de asociación. Este importe, que 
tendrá carácter indicativo, deberá considerarse como un objetivo a alcanzar por ambas partes. 
Pero no creará la obligación jurídica de conceder automáticamente los créditos 
correspondientes. Simplemente, permitirá a las autoridades competentes de los PTU planificar 
su desarrollo sobre una base previsible. 
b) En el momento de la fijación del programa indicativo, la Comisión y el Estado miembro de 
que se trate indicarán la dotación financiera de que podrá disponer el PTU para la ejecución 
de un primer tramo del programa indicativo. El importe de este primer tramo será sustancial, 
y, en cualquier caso, suficiente para permitir la puesta en marcha del programa indicativo 
durante un período de tres años según el calendario de ejecución de los compromisos 
previsto en el artículo 188.2.c) 
c) El segundo tramo del programa indicativo será concedido con motivo de la revisión de este 
programa, que se producirá como máximo a los tres años de su firma, en el marco de la 
mancomunidad contemplada en el artículo 235.1). Al término de este proceso de 
mancomunidad, se decidirá el importe del segundo tramo manteniendo el objetivo indicativo 
quinquenal y teniendo en cuenta la ejecución de los proyectos y programas en concepto del 
primer tramo así como la naturaleza de los proyectos y programas a financiar. Se tendrá en 
cuenta igualmente la situación específica de cada PTU y los factores internos que influyen 
en la realización de su programa indicativo. 
Los procedimientos de concesión del segundo tramo se establecerán en el marco del acuerdo 
interno. 
Por consiguiente, procede modificar los artículos 187, 188 y 190 de la decisión de 
asociación. 
d) Además, en vista de las grandes diferencias en la utilización de los recursos del FED 
concedidos para los proyectos regionales a cada uno de los tres grupos del PTU (británicos, 
franceses, neerlandeses), podría aplicarse a estos recursos el mismo mecanismo de tramos. 
2. Apoyo al desarrollo económico 
La Comisión propone que la Comunidad destaque la importancia del fomento del sector privado, 
cuyo papel en el proceso de desarrollo de los PTU debe reforzarse. 
a) Centro para el desarrollo industrial (CDI) 
Desde hace diez años, dos decisiones de asociación1* establecieron que los PTU pueden utilizar los 
servicios del CDI, financiando los costes de sus intervenciones en concepto de su programa 
indicativo FED. 
En efecto, la economía de gran parte de los PTU justifica el recurso a este tipo de instrumento: 
algunos PTU consagran una parte importante de su programa indicativo al desarrollo del 
comercio, de los servicios y de la empresa (Antillas neerlandesas: Business Development 
scheme - FED VI y VII; Nueva Caledonia: formación de aprendices, formación de dirigentes 
empresariales, etc); 
muchas de las acciones regionales desarrolladas por el CDI para los ACP podrían haber 
incluido a los PTU. 
Por otra parte, el contexto reglamentario es el siguiente: 
el CDI es un órgano paritario ACP/CEE, y su financiación, que se refiere a las operaciones 
y a los gastos de funcionamiento, está reservada dentro del FED; 
para que no se pueda acusar a los PTU de utilizar recursos de los ACP, el Consejo previo 
expresamente que "los costes eventuales de las intervenciones del CDI en provecho de los 
PTU que los utilicen serán financiados mediante recursos previstos para cada una de las tres 
zonas a que corresponden los PTU". 
Decisión 86/283/Œ1: del Consejo, de 30.06.1986. art. 29 (DO L 175 de 01.07.1986) 
Decisión 91/482/CEK del Consejo, de 25.07.1991. art. 48 (DO L 263 de 19.09.1991). 
19 
Ahora bien, nunca se ha presentado una solicitud. Puede tratarse de falta de información de las 
autoridades locales, o explicarse por el hecho de que la limitada cuantía de los programas 
indicativos se utiliza en su totalidad para otras acciones. 
Es preciso, pues, para que los potenciales beneficiarios tengan total información, procurar que el 
texto sea suficientemente explícito en cuanto a los objetivos, actividades y medios del CDI (ya que 
el texto actual de la decisión de asociación se limita a hacer referencia a los artículos ad hoc del 
Convenio de Lomé IV). 
Para ello, inspirándose en los artículos 87 a 95 del Convenio de Lomé IV, se propone modificar el 
artículo 48 de la decisión y añadir artículos explicativos a continuación (cf. artículos 48 y siguientes 
en Anexo 3). 
b) Intervención del BEI 
Se propone que la Comunidad introduzca una mayor flexibilidad en las condiciones de las 
operaciones con capital riesgo (supresión del límite obligatorio de los tipos de interés para las 
operaciones de semicapital que afecten directamente al sector privado) y en la concesión de las 
bonificaciones de interés automático y global para los préstamos con recursos propios. 
20 
C. MAYOR COHERENCIA Y MAYOR EFICACIA DE LOS INSTRUMENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LA COOPERACIÓN 
I STABEX 
a) Reducción eventual de las bases de transferencia en caso de "cambios importantes" (artículo 
129 de la decisión de asociación). 
Se propone: 
precisar que una transferencia será reducida en todos aquellos casos en que aparezca 
un cambio importante en la producción comercializada o exportada en el año de 
aplicación respecto del período de referencia ( a menos que se ofrezca una 
explicación satisfactoria de dicho cambio); de este modo, se suprimiría la referencia 
que se hace en el artículo 129 a la "demanda de la Comunidad"; 
eximir a los PTU menos desarrollados de estas reducciones, en la medida en que sus 
bases de transferencia son inferiores a 1 millón de ecus. 
b) La realización de los marcos de obligaciones mutuas (MOM) relativos a la utilización de las 
transferencias (artículo 135 de la decisión de asociación). 
Reasignar a los recursos del sistema las sumas ingresadas en cuentas bloqueadas en el caso 
de que: 
un PTU no presente el proyecto MOM a la Comisión en los doce meses siguientes 
a una decisión de transferencia; 
una parte significativa del MOM no se ejecute en un plazo de doce meses tras la 
expiración del plazo fijado por el calendario de desembolso previsto en el MOM. 
2. Rehabilitación 
Se propone ampliar a las operaciones de rehabilitación contempladas en el artículo 167 de la 
decisión de asociación (acciones posteriores a la fase de emergencia) el recurso a los procedimientos 
previstos en el artículo 206 (contratos de ayuda de emergencia). 
Las autoridades competentes de los PTU podrá pedir el recurso a los procedimientos del artículo 
206, que deberán autorizar las instancias competentes caso por caso. 
Se modificará en consecuencia el artículo 206 de la decisión de asociación. 
3. Procedimientos 
Se proponen las siguientes modificaciones: 
21 
a) En lo que se refiere a la preparación, instrucción y evaluación de los proyectos y programas 
las autoridades competentes de los PTU seguirán estableciendo, en contacto con los servicios 
de la Comisión, los términos de referencia de la ejecución de la cooperación previstos en la 
decisión de asociación. Sobre esta base, la Comisión se encargará de proponer el contratista 
del estudio, y, previo acuerdo de las autoridades competentes del PTU, establecer y gestionar 
el contrato de estudio en cuestión. Las autoridades competentes del PTU aprobarán los 
resultados del estudio o pedirán su modificación. 
Con este fin, la Comunidad introducirá las modificaciones necesarias en los artículos 
145.2c), 145.3c) (reparto de las competencias), 192, 193 (papel de las autoridades 
competentes del PTU y de la Comisión,) 217 y 219 (función del ordenador principal y del 
ordenador del PTU), y 226 (aplicación de estos procedimientos a la evaluación. 
b) En cuanto a la gestión y ejecución de los proyectos y programas, las autoridades competentes 
de los PTU tendrán la posibilidad de crear una unidad técnica de gestión. Ésta se creará si 
se hace necesario a la vista de la naturaleza específica y de la dimensión del proyecto o 
programa, previa solicitud de la Comisión al ordenador del PTU. La unidad será dirigida por 
un responsable procedente de la administración territorial, designado por el ordenador del 
PTU, que le delegará formalmente los poderes de gestión previstos en el artículo 219.2. 
Si fuera necesario apoyar la unidad de gestión, la Comisión le proporcionaría el personal de 
asistencia técnica adecuado. 
En consecuencia, deberán introducirse modificaciones en los artículos 217 (ordenador 
principal) y 219 (ordenador nacional). 
c) Con el fin de permitir una ejecución directa de las acciones arriba descritas, la Comunidad 
establecerá la reserva de un importe específico con este objeto dentro de cada programa 
indicativo. Este importe, que será administrado de conformidad con las normas que se 
establecerán en los artículos a que se refieren los apartados a) y b) se fijará en función de 
las necesidades estimadas sobre la base del programa indicativo y se pondrá en conocimiento 
de las autoridades competentes del PTU en el momento de comunicarles las dotaciones 
financieras previstas para la ejecución del primero y segundo tramo del programa indicativo. 
El artículo 187 (programación) deberá modificarse en este sentido. 
1. Contratos de suministros 
Con el fin de paliar una laguna de la decisión 91/282/CEE, parece necesario precisar las reglas de 
origen de los suministros elegibles para contratos del FED, de forma similar a las reglas aplicables 
a estos contratos en el caso de los suministros en los Estados ACP. 
22 
Así, se propone completar el artículo 200 b) con la frase siguiente ", de conformidad con las 
disposiciones del Reglamento (CEE) 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se 
establece el código aduanero comunitario9". 
III SALUD. DROGAS 
A. Constatación 
En los últimos años, la lucha contra el tráfico de drogas en los niveles nacional e internacional, ha 
sido una necesidad cada vez más prioritaria. 
Por ello, la Comunidad prevé una ayuda a los PTU en este esfuerzo, citando este objetivo en el 
campo de aplicación de la política regional (artículo 93 j) de la Decisión 91/482/CEE, idéntico al 
artículo 159.k) de Lomé IV). 
Sin embargo, la enumeración de los tipos de acciones elegibles en el sector de la salud (tal como 
figura en el artículo 154 de Lomé IV) no figura en la decisión de asociación, que se limita, en el 
Título XI, "Cooperación cultural y social" (artículo 88), a citar a este sector entre los sectores de 
cooperación. Ante la amplitud del problema, conviene precisar los tipos de acciones que podrán 
apoyarse. 
B Modificación propuesta 
Conviene introducir un artículo "Salud y nutrición" inspirado en el artículo 154 de Lomé IV (cf. 
artículo 88 bis en Anexo 4). 
IV MEDIO AMBIENTE 
En el estado actual del texto, la decisión de asociación trata únicamente de la exportación 
de residuos peligrosos de la Comunidad a los PTU: quedan prohibidos, aunque se permite que un 
Estado miembro reexporte hacia un PTU residuos tratados después de su importación del mismo PTU. 
Es el mismo régimen que para los Estados ACP en el Convenio de Lomé IV. 
Pero el régimen de importación a la Comunidad no queda precisado y está excluida la 
aplicación mutatis mutandis a los residuos de los PTU de las reglas "internas" aprobadas en 1993, 
en tanto el Consejo no lo haya acordado sobre la base del artículo 136 del Tratado (decisión de 
asociación). Por tanto, es preciso colmar esta laguna de la legislación comunitaria haciendo aplicable 
a estos intercambios el Reglamento CEE n° 259/93 (cf. artículo 16.2 bis, en Anexo 4). 
DO 1.302 de 19.10.1992. p. 1. 
23 
V REGIMEN COMERCIAL 
A Régimen general 
1. Recordatorio de los textos en vigor 
Mediante la Decisión 91/482/CEE, el Consejo otorgó concesiones más amplias que las jamás 
concedidas por la Comunidad en los numerosos acuerdos negociados con países terceros. 
el libre acceso (sin derechos de aduana, ni tasas, ni contingentes) a todos los productos 
originarios de los PTU; 
facilidades particulares en cuanto a las reglas de origen; 
introducción de un sistema de trasbordo. 
Con ello, el Consejo mantiene, sin embargo, el principio de la acumulación entre productos ACP 
y productos PTU, que permite que productos ACP obtengan el origen del PTU cuando sean objeto 
de transformaciones, incluso sencillas, en éste. Es importante observar que se trata del primero y 
único caso de aplicación de la regla de la acumulación entre dos regímenes preferenciales que no 
son idénticos. 
Consciente de la novedad de esta situación, el Consejo pidió a la Comisión un informe antes de 
finales de 1993 sobre la aplicación de estos mecanismos del régimen comercial para poder, en su 
caso, revisarlos (artículo 240.2). 
2. Nuevos hechos 
Estas concesiones, combinadas con el mantenimiento de la regla de la acumulación, crearon 
perturbaciones en un sector agrícola de la Comunidad en 1992-93; por ello, la Comisión se vio 
obligada a aprobar en 1993 medidas de salvaguardia, que luego fueron suavizadas y por último 
derogadas10. 
En noviembre de 1993 la Comisión envió el informe al Consejo, acompañado de una propuesta de 
modificación del artículo 101 de la Decisión 91/482/CEE11. Esta propuesta, que debe aprobarse por 
unanimidad (artículo 136 del Tratado CEE), no ha recibido aún el acuerdo de los Estados miembros. 
No será occioso recordar, con motivo de la revisión intermedia de la Decisión, las dos grandes 
consideraciones que figuran en las conclusiones del informe de la Comisión, y que la llevaron a 
formular su propuesta de modificación; la Comisión consideraba (punto 55 del informe) : 
"que el régimen comercial adoptado a mediados de 1991 debe mantenerse, con el fin de 
permitir que sigan poniéndose en práctica los nuevos mecanismos aún recientes y responder 
así al objetivo de desarrollo deseado por la asociación de los PTU a la CEE; 
Decisión 93/127/CF.E. DO L 50 de 02.03.1993, p. 27. 
Decision 93/21 1/Ci'K. DO 1. 90 de 14.04.1993. p. 36. 
Decisión 93/356/(T,l',. DO 1. 147 de 1X06.1993 p. 2X 
COM (93) 555 linal de 25.11.1993. 
24 
que existe un conflicto de fondo entre dos políticas comunitarias debido al libre acceso 
concedido a productos originarios de los PTU sujetos, en la Comunidad, a organización 
común de los mercados". 
Para solventar este conflicto entre dos políticas comunes (el desarrollo de los PTU y el respeto de 
las garantías dadas a los productores por las OCM), la Comisión contemplaba distintos 
planteamientos (punto 35 del informe): la supresión de la acumulación ACP/PTU, la aplicación 
íntegra de la exacción, la aplicación de una exacción reducida, la instauración de un mecanismo que 
permitiera a la Comisión fijar precios de referencia a la importación para evitar la aplicación de 
medidas de salvaguardia. En su propuesta, retenía esta última solución. 
3. Modificación propuesta 
La Comisión mantiene su doble propósito de "respetar tanto los objetivos de la política agrícola 
común, garantizando en particular el equilibrio de los precios en el mercado, como los objetivos de 
la política de desarrollo, dando a los exportadores de los PTU condiciones estables, previsibles y 
ventajosas de acceso al mercado" (punto 35 del informe). 
Por tanto, mantiene su propuesta formulada en noviembre de 1993 (cf. modificación del artículo 101 
en Anexo 5). 
Después que la Comisión formulara esta propuesta, se observó poco a poco que otros productos 
ACP muy sensibles para la producción comunitaria son objeto de iniciativas de transformación en 
los PTU, por ejemplo el azúcar y la carne de vacuno. Por ello, la Comisión se reserva la posibilidad 
de completar el mecanismo propuesto mediante una adaptación adecuada, en su caso, de las reglas 
de origen PTU en lo que se refiere a la acumulación ACP/PTU y las elaboraciones mínimas que 
permiten obtener el origen PTU. 
B El ron 
El Anexo 5 de la Decisión 91/482/CEE relativo al ron fija para el período hasta el 31 de diciembre 
de 1995 las cantidades de ron originario de los PTU que pueden importarse sin derechos de aduana. 
El artículo 2 b) del mismo Anexo establece que "en lo que se refiere al régimen aplicable a partir 
de 1996, la Comisión determinará antes del 1 de febrero de 1995, sobre la base de un informe que 
la Comisión transmitirá al Consejo antes del 1 de febrero de 1994, las modalidades de la supresión, 
va contemplada, del contingente arancelario comunitario, teniendo en cuenta la situación y las 
perspectivas del mercado comunitario del ron y las exportaciones de los PTU y de los Estados 
ACP" 
La Comisión ha transmitido recientemente este informe al Consejo proponiendo, en conclusión, 
"suprimir este contingente a partir del 1 de enero de 1996, sin perjuicio de que la Comunidad revise 
este régimen en el curso del segundo período de aplicación de la Decisión 91/482/CEE en el caso 
de que el aumento de las importaciones de ron originario de los PTU pueda perjudicar a la 
producción de ron comunitario, en particular ron tradicional". 
25 
Así, la revisión intermedia ofrece, por tanto, la oportunidad de reformular en este sentido el Anexo 
V de la Decisión (cf. Anexo 5). 
C Modificación técnica sobre la acumulación 
Aprovechando la revisión intermedia y sin modificar en cuanto al fondo el principio de la 
acumulación ACP/PTU, la Comisión propone aclarar sus reglas mediante una modificación del 
artículo 6 del Anexo II de la decisión de asociación (cf. Anexo 5). 
VI LAS REGIONES ULTRAPERIFERICAS DE LA UNION EUROPEA 
A. Constatación 
En la decisión de asociación de los PTU 91/482/CEE, así como en el Convenio de Lomé, la 
Comisión destacó la necesidad de una mayor cooperación regional. 
En el mismo espíritu, y en sentido inverso, estas orientaciones figuran en los textos relativos a los 
DOM desde la Decisión 89/687/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1989, que estableció el 
POSEIDOM12 
Posteriormente, el Consejo, inspirándose en el reconocimiento de las especificidades de los DOM 
en el seno de la Unión, ha formulado opciones similares para las Islas Canarias y Azores y Madeira, 
regiones insulares alejadas desde entonces denominadas "regiones ultraperiféricas". Así, en junio 
de 1991 aprobó la Decisión 91/314/CEE que establece un programa de opciones específicas a la 
lejanía e insularidad de las Islas Canarias (POSEICAN)13, el Reglamento (CEE) 1911/91 relativo 
a la aplicación del derecho comunitario a las Islas Canarias14 y la Decisión 91/315/CEE que 
establece un programa de opciones específicas a la lejanía e insularidad de Madeira y las Azores 
(POSEIMA)15. 
Al igual que el Convenio de Lomé IV (artículo 156.4), la decisión de asociación de los PTU 
(artículo 90.4) establece que "la cooperación regional podrá transcender las nociones de pertenencia 
geográfica": esta relación temática, aunque no geográfica": esta relación temática, aunque no 
geográfica, puede aplicarse perfectamente a la cooperación entre los PTU, los DOM, Canarias, 
Azores y Maldiva. 
DO L 399 de 30.12.19X9. p. 39. 
DO I. 171 de 29.06.1991. p. 5. 
DO I. 171 de 29.06.1991. p.l (modilicado por el Reglamento (CKI'i) 2X4/92. 
DO i, ÎI4 de 07.02.1992. p. 6). 
DO I, 171 de 29.06.1991. p. 10. 
26 
B. Modificación propuesta 
Se propone: 
mencionar las Islas Canarias, las Azores y Madeira al lado de los DOM en los artículos: 
90.4, párrafo segundo (cooperación regional), 91.1, guión tercero (agentes de la cooperación 
regional), 92.1, párrafo d (diversificación económica) y 92.1, párrafo h (ampliación de los 
mercados); 
modificar el Anexo II de la decisión relativo a las reglas de origen para incluir a las Islas 
Canarias en el territorio aduanero comunitario (cf. Anexo 5, "régimen comercial"). 
VIL ACCESO DE LOS CIUDADANOS DE LOS PTU A DETERMINADOS PROGRAMAS 
COMUNITARIOS 
a. Constatación 
Se ha reiterado claramente (cf. Anexo 1, "Consecuencias sobre el derecho comunitario") que el 
derecho derivado no se aplica a los PTU a no ser que sea objeto de una referencia específica en los 
textos del Consejo adoptados en aplicación de la IV parte del Tratado CEE (decisión de asociación). 
Ahora bien, los ciudadanos de los PTU tienen la nacionalidad de los Estados miembros de los que 
dependen (con un matiz para los PTU británicos, excepto las Falkland), y por ello las consultas 
llevadas a cabo por la Comisión han servido para que los representantes de los PTU expresen su 
extrañeza por el actual silencio de la decisión de asociación en cuanto a las consecuencias de esta 
nacionalidad. 
A la luz, en particular, del artículo 8 del Tratado sobre la Unión Europea, es preciso interrogarse 
sobre la falta de referencias en el texto actual a un cierto número de acciones comunitarias, acciones 
relativas a los individuos, que en principio conciernen a la totalidad de los ciudadanos comunitarios. 
El ejemplo más sobresaliente es el del acceso al programa ERASMUS16, ¿acaso una estudiante de 
la nacionalidad de un Estado miembro, por ejemplo francesa o neerlandesa, no tiene derecho, tras 
haber iniciado sus estudios en Papeete o en Curaçao, a beneficiarse del programa Erasmus en el 
Reino Unido o en Alemania? 
Aunque esta terminología aparece en adelante en el contexto, más amplio, de SÓCRATES (cf. Anexo 6). 
27 
Una respuesta positiva a este planteamiento supone jurídicamente la inscripción de esta posibilidad 
en el texto de la decisión de asociación. 
B. Modificación propuesta 
Confrontados a esta problemática, los servicios de la Comisión efectuaron un inventario exhaustivo 
de los programas comunitarios en los que la Unión Europea ha puesto en marcha un conjunto de 
medidas que contribuyen al desarrollo humano, técnico y económico y a una mayor movilidad y 
comunicación de los ciudadanos. 
Hay actualmente cerca de 300 programas. Entre ellos, 
hay que excluir, sin duda, los programas financiados por los fondos estructurales (FEDER, 
FSE, FEOGA) que, por definición, no se aplican a los PTU (pues su equivalente es el FED); 
tampoco es oportuno retener los programas que corresponden a las acciones cubiertas por 
el FED en sus distintos ámbitos de cooperación, como pueden ser los numerosos programas 
del sector de la energía (ALTENER, SAVE, THERMIE) o de medio ambiente (LIFE). 
En cambio, se propone hacer aplicables a los ciudadanos de los PTU que gozan de la plena 
nacionalidad de Estados miembros de la Unión aquellos programas que 
se aplican a los ciudadanos comunitarios en tanto que individuos (ejemplo de ERASMUS) 
se aplican a las PYME y a las empresas artesanales. Cabe observar que algunos de los 
programas aplicables a las PYME son ya aplicables a las PYME de algunos países terceros 
(AELC, Europa Central y Oriental), por lo que las PYME de PTU de Estados miembros no 
comprenderían que no se apliquen, a fortiori, a ellas. 
Los programas comunitarios que responden a estos criterios (SOCRATES, LEONARDO, ILE, 
LEDA, PAUVRETE III, ERGO II, HELIOS II, BC-Net, Euromanagement, Europartenariat, 
Euroleaders, Inerprise, Seed capital, Venture consort, COST, IMPACT 2, SPRINT, TIDE, 
KALEIDOSCOPE, MEDIA, FESTIVALS, H.R.T.P., KAROLUS) figuran en el Anexo 7. 
Se propone además, para el futuro, que los nuevos programas creados según los mismos criterios 
se apliquen igualmente a los ciudadanos de los PTU. 
Este añadido al texto actual constituiría un paso político evidente, defendible y bien valorado en 
favor del reconocimiento de las opciones democráticas de los ciudadanos de los PTU: 
Estas propuestas se producirían añadiendo a la decisión de asociación artículos que se sitúen antes 
del régimen aplicable al establecimiento y a la prestación de servicios (artículo 232) y anexos 
descriptivos de los programas de que se trate. 
Estos programas pueden distinguirse en varias categorías. 
A. Los programas Educación-Formación: SOCRATES, LEONARDO. 
28 
B Los programas Empleo-Asuntos sociales: ILE (iniciativas locales para el empleo de las 
mujeres), LEDA (Local Employment Development Action Programme), PAUVRETE III, 
ERGO II (Programa de acción comunitaria para los desempleados de larga duración), 
HELIOS II (Handicaped people in the European Community Living Independently in an 
Open Society). 
C Los programas PYME. BC-Net (Businees Cooperation Network), Euromanagement, 
Europartenariat, Euroleaders, Interprise, Seed Capital, Venture Consort, así como las 
específicas en favor de las pequeñas empresas y las empresas artesanales. 
D Los programas Investigación-Desarrollo-Innovación: COST (cooperación europea en el 
ámbito de la investigación científica y técnica) IMPACT 2 (Information Market Policy 
Action), SPRINT (Strategic Programme for Innovationand Technology Transfert), TIDE 
(Techonolgy Initiative for Disabled and Elderly people). 
E Los programas Cultura-Audiovisual: KALEIDOSCOPE, MEDIA, FESTIVALS FILMS 
F El programa HRTP Japan: (Human Resources Training Programme in Japan), del que son 
usuarios potenciales evidentes los ciudadanos europeos del Pacífico. 
VIM REGIMEN APLICABLE AL ESTABLECIMIENTO Y A LOS SERVICIOS 
En la misma línea que en el punto anterior, se plantea el problema de acuerdos más precisos 
sobre las condiciones en las que se ejerce el derecho de libre establecimiento y de prestación de 
servicios en las relaciones entre la Comunidad y los PTU. 
A. Régimen actual 
El régimen en vigor se funda en el artículo 132 punto 5 del Tratado CEE, que establece que este 
derecho se ejerce sobre una base no discriminatoria, de conformidad con las disposiciones del 
Tratado relativas al derecho de establecimiento, sin perjuicio de las disposiciones particulares 
adoptadas en virtud del artículo 136 (decisión de asociación). La decisión 91/482/CEE, por su parte, 
no regula sino aquellos casos en los que los ciudadanos, sociedades o empresas de un Estado 
miembro desean establecerse en un PTU: se afirma allí el principio de no discriminación entre 
listados miembros, y los PTU, previa autorización de la Comisión, pueden hacer excepciones en 
favor de sus habitantes y de sus actividades locales a las reglas normalmente aplicables (artículo 232 
a)). 
Por otra parte, las autoridades de los PTU no están obligadas a conceder este trato no 
discriminatorio si "para una actividad determinada, un Estado miembro no está obligado a conceder, 
en virtud del derecho comunitario, o, en su defecto, del derecho nacional, un trato no discriminatorio 
a habitantes de un PTU ciudadanos de un Estado miembro" (artículo 232 b)). 
Esta reglamentación, fruto de sucesivas modificaciones quinquenales deja un gran margen de 
incertidumbre. 
29 
B. Demandas formuladas y modificaciones propuestas 
La necesidad de clarificación ha sido expuesta en todos los memorándums recibidos. Se trata, en 
particular, de precisar mejor que el tratamiento no discriminatorio se aplica en ambos sentidos; y 
también de procurar que, en el marco de las negociaciones del GATS (General Agreement on Trade 
in Services), los PTU gocen como mínimo de las mismas ventajas que se conceden a los países 
terceros. 
Se propone incluir en la decisión de asociación un artículo adicional con el fin de ampliar a los PTU 
el beneficio de la oferta comunitaria en el GATS, como contrapartida de un compromiso de no 
discriminación de su parte (cf. artículo 233 bis, en Anexo 6). 
Por otra parte, las Antillas neerlandesas han formulada demandas concretas para determinados 
sectores. 
1. Bancos, compañías de seguros. OPCVM 
Esta demanda se refiere, en particular, a la ampliación del régimen comunitario en el sentido de los 
bancos y compañías de seguros establecidas en los PTU puedan establecerse y prestar servicios en 
el seno de la Comunidad en las mismas condiciones que las aplicables a las instituciones 
comunitarias. 
La extensión de los beneficios del régimen comunitario a los PTU no puede contemplarse sin 
aplicación simultánea del acervo comunitario a las instituciones financieras establecidas en esos 
territorios. Instituciones financieras no obligadas a respetar las mismas disposiciones que las 
entidades comunitarias, y que sin embargo gozarían de las ventajas considerables del mercado 
interior, implicarían importantes riesgos para el buen funcionamiento del mercado interior dada la 
aplicación de reglas con estándares mínimos diferentes, en particular en lo que se refiere a las 
condiciones de establecimiento. Podría crearse una grave distorsión de competencia. Además, estaría 
en peligro la supervisión tal como se efectúa en el seno del mercado interior, así como la protección 
del consumidor. 
Sería preciso saber si algunos PTU estarían dispuestos a aplicar la legislación comunitaria en el 
ámbito de los servicios financieros o la totalidad del acervo comunitario a las instituciones 
financieras establecidas en sus territorios que desean operar en el seno de la Comunidad, pero 
conviene destacar que el mercado interior constituye un todo que comprende un enfoque común en 
distintos ámbitos, cuyas políticas son a menudo interdependientes. Así, por ejemplo, los servicios 
financieros están estrechamente vinculados con el derecho de sociedades y con las disposiciones 
relativas a la supervisión del sistema financiero. Resulta, por tanto, difícil admitir un régimen "a la 
carta", que abriría la puerta a una participación parcial en el mercado interior de parte de algunos 
PTU. Además, el régimen comunitario está ampliamente basado en el reconocimiento mutuo de la 
supervisión efectuada por las autoridades de control del Estado miembro en el que tiene su sede la 
institución financiera. Para ello, es indispensable una estrecha cooperación entre administraciones 
nacionales, y el establecimiento de un clima de confianza mutua. En la situación actual, parece 
difícil concebir el establecimiento de una cooperación similar entre las autoridades de los Estados 
miembros y las de los PTU. Así pues, no cabe pretender que las autoridades de cada PTU garanticen 
el respeto de los mismos estándares. 
30 
2. Cualificaciones profesionales 
Esta demanda pretende el reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas en los PTU 
o en un país tercero al término de una formación que responda al nivel mínimo fijado por la 
Comunidad. 
a) En cuanto a las cualificaciones profesionales que pueden adquirirse en los PTU,estas son, 
en suma muy limitadas; algunos PTU no poseen ninguna. Por otra parte, en general no se 
plantean problemas graves a raíz de la ausencia de reconocimiento de estas cualificaciones. 
Por ello, no es necesario adoptar medidas específicas en este sector en el momento actual. 
No obstante, podría plantearse el inicio de trabajos preparatorios para establecer una lista de las 
cualificaciones profesionales adquiridas en los PTU por sus ciudadanos que gozarían del 
reconocimiento en los Estados miembros siempre que cumplan el nivel de formación fijado por la 
Comunidad (cf. artículo 233 ter, en Anexo 6). 
b) En cuanto al reconocimiento de las cualificaciones adquiridas en un país tercero, no se 
aplican las directivas comunitarias específicas para una profesión. Los Estados miembros 
mantienen la facultad de reconocer o no estas formaciones, y el hecho de que un Estado 
miembro las reconozca no obliga a los otros a reconocerlas automáticamente. Introducir una 
excepción en este sistema únicamente para los ciudadanos de los PTU rompería su equilibrio 
y su esencia, por lo que es imposible. 
c) En lo que se refiere a las profesiones para cuya ejercicio la Comunidad no ha determinado 
el nivel mínimo de cualificación necesaria, los Estados miembros mantienen la facultad de 
fijar dicho nivel. Las posibilidades de reconocimiento de las cualificaciones adquiridas en 
los países terceros previstas en las Directivas 89/48/CEE suponen un sistema de colaboración 
entre los Estados miembros que sería muy difícil aplicar con los PTU. En estas condiciones, 
no es posible adoptar medidas en este ámbito. 
3 Cabotaje marítimo 
Por último, se pide que se aplique a los buques de los PTU el "reglamento (CEE) 3577/92 del 
Consejo, del 7 de diciembre de 1992, relativo a la aplicación del principio de libre prestación de 
servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo)"17. 
La Comisión ve problemas para aplicar a los PTU este reglamento, que fue largamente discutido 
antes de su aprobación. En efecto, los beneficiarios del reglamento sobre el cabotaje son los 
armadores comunitarios que explotan buques "matriculados en un Estado miembro y con pabellón 
de este Estado miembro", sin perjuicio de que estos buques reúnan todas las condiciones requeridas 
para ser admitidos al cabotaje en dicho Estado miembro. Esta última condición (suspendida hasta 
l()()7) ha sido introducida expresamente para limitar la participación de los buques del segundo 
registro de determinados Estados miembros, pues tienen costes de operación netamente inferiores 
DO I, 364 de 12.12.1992. p. 7. 
31 
a los de los otros registros de los Estados miembros y podrían, por ello, operar una distorsión de 
la competencia en el mercado del cabotaje europeo. 
Así, el reglamento sobre el cabotaje ha quedado fuera del acervo ampliado a los países de la AELC 
en el marco del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; al término de las recientes 
negociaciones de adhesión, este reglamento será ampliado a estos países, pero no podrán 
beneficiarse los buques del segundo registro noruego. 
El análisis jurídico de la demanda de las Antillas se centró tanto sobre los buques registrados en las 
Islas Kerguelen (PTU francés) como en los de las Antillas neerlandesas (PTU neerlandés), en 
relación con las diversas propuestas de reglamento en la materia (EUROS, cabotaje, community 
shipowner): el resultado es que el "registro de un Estado miembro" sólo se refiere a los registros 
que se sitúan en el territorio del Estado miembro al que se aplica el Tratado, con sus derechos y 
obligaciones. Ahora bien, no es el caso de los PTU, en los que además están en vigor otras normas 
de tripulación distintas de las aplicadas en el territorio de los Estados miembros. 
En consecuencia, la Comisión no propone, por el momento, modificaciones al respecto. 
32 
ANEXO I 
SITUACIÓN GENERAL DE LOS PTU 
I. - CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 
A. La insularidad es la única característica que une a los veinte PTU ya que, 
exceptuando a Groenlandia y los Territorios Antarticos (británico y francés), todos 
ellos son islas y, en muchos casos, archipiélagos. 
No obstante, conviene distinguir entre: 
las islas de las regiones tropicales (PTU franceses del Pacífico, PTU 
neerlandeses e islas británicas del Caribe) y 
algunos territorios del extremo septentrional (Groenlandia y San Pedro 
y Miquelón) o del meridional (Islas Falkland y Tierras australes 
antarticas). 
B. Todos los PTU tienen una superficie muy limitada, salvo Groenlandia (2.175.600 
km2, mayor extensión que la Unión Europea), Nueva Caledonia (19.000 km2), las 
Islas Falkland (12.000 km2) y la Polinesia francesa (4.200 km2). 
C. Su localización varía considerablemente: 
los once territorios británicos están muy dispersos: cinco de ellos se 
encuentran en la región del Caribe, tres de los cuales en el sistema 
montañoso antillés (Anguila, Montserrat, y las Islas Vírgenes 
británicas) y dos cerca de Florida y Cuba (Islas Caimán y Turcas y 
Caicos). Varias islas se encuentran al sur del Océano Atlántico, unas 
en la latitud de Tierra de Fuego (Falkland y Sandwich), y otras más 
próximas a África, en la latitud de Angola (Santa Elena). Pitcairn se 
encuentra aislada en el Océano Pacífico y los territorios británicos del 
Océano índico están situados al sur del subcontinente indio. 
los seis territorios franceses también están muy dispersos, en el 
Océano Pacífico (Polinesia francesa, Nueva Caledonia y Wall is y 
Futuna), en el Océano Indico (Mayotte y tierras australes) y a la altura 
de Terranova (San Pedro y Miquelón); 
los territorios neerlandeses, en cambio, se encuentran todos en el 
Caribe, con tres islas a la altura de la costa venezolana (Aruba, 
Bonaire y Curazao) y otras tres al norte de las Pequeñas Antillas 
(Saba, San Eustaquio y San Martín); 
por último, Groenlandia se extiende en un amplio territorio desde el 
11 
Océano Atlántico hasta el Mar de Labrador. 
D. La población suma aproximadamente 900.000 habitantes repartidos como sigue: 
85.000 en los PTU británicos 
483.000 en los PTU franceses 
262.000 en los PTU neerlandeses y 
55.000 en el PTU danés 
De estos grupos, solamente tres PTU superan los 150.000 habitantes (Antillas 
neerlandesas, Polinesia francesa y Nueva Caledonia), mientras que la mayor parte 
cuenta con una población muy reducida, inferior incluso a los 10.000 habitantes 
(Anguila, Santa Elena y las Islas Falkland entre los PTU británicos, o San Pedro y 
Miquelón en los PTU franceses). 
E. Estas características plantean inevitablemente un importante problema de orden 
económico: cualquier esfuerzo de inversión se enfrenta al problema del coste derivado 
de las distancias y la exigüidad del territorio; los costes de producción son 
relativamente más altos que en la Comunidad, y el peso de las inversiones y las 
amortizaciones se reparte entre un número muy reducido de contribuyentes. 
Los PIB per capita varían considerablemente: 
seis PTU destacan claramente sobre los demás por su nivel de 
desarrollo (no obstante las observaciones de orden estadístico expuestas 
en el apartado II a continuación): 
Islas Caimán (30.511 USD/hab), Groenlandia (16.679 USD/hab), 
Aruba (15.866 USD/hab), Polinesia francesa (15.270 USD/hab), 
Nueva Caledonia (13.400 USD/hab) y las Islas Vírgenes británicas 
(10.882 USD/hab); 
el PIB per capita de los demás PTU oscila entre 1.500 y 7.000 
USD/hab. 
F. La balanza comercial es sistemáticamente deficitaria (con un saldo negativo muy 
importante en algunos casos). De hecho, el comercio de los PTU depende 
estrechamente de la Comunidad y, pese a la apertura del mercado comunitario 
derivada de las sucesivas decisiones de asociación, los flujos comerciales apenas se 
han diversificado con respecto a los Estados miembros de los que dependen. 
II. OBSERVACIÓN DE ORDEN ESTADÍSTICO 
El análisis de las estadísticas relativas a los PTU debe hacerse con suma cautela. 
Por lo que se refiere a los datos básicos, se observa en primer lugar la falta de datos 
detallados y recientes, así como su falta de coherencia técnica (y, por tanto, de 
comparabilidad): habida cuenta de que los Estados miembros no disponían de datos 
suficientes ni coherentes, la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas tuvo que 
recurrir a diversas fuentes (Banco Mundial, Caribbean Development Bank, etc.) para lograr 
una relación de datos básicos lo más precisa posible que refleja no obstante de forma sintética 
1U 
los principales indicadores económicos de los PTU (Anexo 1, cuadros A a D). 
Por otra parte, en la mayoría de los casos, la exigüidad o el bajo nivel de población 
de los PTU (en muchos casos del orden de los 10.000 habitantes) hacen muy discutible 
cualquier análisis económico, ya sea del PIB per capita o de la balanza comercial. En este 
último caso, un elemento puntual en las importaciones o exportaciones puede dar una idea 
equivocada sobre la balanza de un año. Por otra parte, dado que la economía está basada 
muchas veces en los servicios, deberían aparecer las transacciones, cosa que no reflejan con 
los datos comerciales disponibles. 
III. - ESTATUTO DE LOS PTU CON RESPECTO A LOS ESTADOS MIEMBROS 
RESPECTIVOS 
Por lo general, y pese a la particularidad de cada constitución o acto legislativo 
adoptado en los Estados miembros, las autoridades de los PTU gozan de una amplia 
autonomía, salvo en lo relacionado con los asuntos exteriores, la defensa, las cuestiones 
monetarias y, a veces, la justicia. 
Su estatuto es el resultado cíe una elección democráticamente expresada, en muchos 
casos, por sufragio universal (referéndum). En cada uno de los Gobiernos de los Estados 
miembros, existe una cartera ministerial dedicada a la relación con los territorios de ultramar 
que le corresponden. 
Los estatutos constitucionales son muy variados y, según veremos a continuación, 
pueden traer consigo consecuencias muy diversas respecto al derecho comunitario. 
A. PTU británicos 
Los PTU británicos están bajo la jurisdicción de la Corona y su jefe de Estado es 
S.M. la Reina Elizabeth II. Optaron libremente por mantener su dependencia respecto 
al Reino Unido sin alcanzar la plena autonomía de gobierno. 
1. La administración local se rige por un sistema mixto de representantes elegidos y 
funcionarios designados. Gozan de un amplio nivel de autonomía, si bien algunos 
poderes están reservados a los gobernadores nombrados por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Por lo general, se trata de competencias en materia de asuntos exteriores 
y defensa, así como de seguridad, interior y justicia. Algunos gobernadores son 
asimismo responsables de la administración del personal y, en el Caribe, de las 
finanzas "off-shore". Las demás funciones incumben a los Ministros elegidos en el 
territorio. 
El órgano clave del Gobierno es el Consejo Ejecutivo, generalmente presidido por el 
Gobernador e integrado por Ministros elegidos y altos funcionarios designados, como 
el Attorney-General. 
La mayor parte de los territorios disponen de una Asamblea única que adopta la 
legislación territorial, de conformidad con la del Reino Unido y la legislación 
internacional. 
^S 
Los PTU disponen de recursos propios presupuestarios, pero el Gobierno de su 
Majestad (Reino Unido) sigue proporcionándoles, en la mayoría de los casos, 
asistencia al desarrollo y cooperación técnica. 
2. Cabe señalar que el grado de ciudadanía de la población de estos PTU (elemento que 
puede traer consecuencias en el contexto de la normativa comunitaria) varía según los 
casos. 
El Reino Unido definió en dos ocasiones lo que entiende por "nationals" con respecto 
al derecho comunitario: primero, con motivo de la adhesión del Reino Unido a la 
CEE y, más tarde, cuando fue adoptada la British Nationality Act en 1981. Así pues, 
en la mayoría de los casos, se trata de "British subjects" (y no de "British 
citizens") que tienen derecho a residir en el Reino Unido; 
pero los habitantes de las Islas Falkland son "British Dependent Territories 
citizens", de la misma forma que los habitantes de Gibraltar, a los que se 
sumaron en virtud de la Falkland Islands Act de 1983. 
B. PTU franceses 
Los PTU franceses se dividen en dos categorías: los cuatro Territorios de Ultramar 
de la República francesa (TOM) y las dos Colectividades territoriales de la República 
francesa. 
1. Los TOM (Nueva Caledonia y sus dependencias, Polinesia francesa, Tierras australes 
y antarticas francesas e Islas Wallis y Futuna) están regulados cada uno de ellos por 
una ley orgánica que especifica las instituciones y delega poderes a las autoridades 
territoriales, si bien con grados muy variables. 
La Polinesia francesa goza del estatuto de "autonomía interna" más avanzado, pues 
se trata de una autonomía legislativa encomendada al Gobierno del Territorio y a la 
Asamblea territorial. Un Alto Comisario de la República representa al Estado y 
promulga las leyes votadas por el Gobierno del Territorio, previa deliberación en la 
Asamblea territorial. 
Desde el referendum nacional de noviembre de 1988 celebrado a raíz de los 
"Acuerdos de Matignon", Nueva Caledonia vive bajo el régimen de la ley sobre el 
referéndum, que le será aplicable hasta la celebración de un referendum territorial de 
autodeterminación en 1998. Dicha ley institucionaliza el Congreso compuesto por las 
Asambleas de las tres Provincias (Norte, Sur e Islas) y otorga el papel ejecutivo al 
Alto Comisario delegado de la República. ? 
En las Islas Wallis y Futuna, las funciones de Jefe territorial corresponden al 
administrador superior nombrado por el Estado, asistido por un Consejo territorial y 
que actúa previo dictamen de la Asamblea territorial. 
Las T.A.A.F. (Isla San Pablo, Isla de Amsterdam, Archipiélago Gozet, Archipiélago 
1C 
Kerguelen y Tierra Adelia) se encuentran bajo la autoridad de un Administrador 
superior nombrado por el Estado y asistido por un Consejo consultivo. 
2. Las dos Colectividades territoriales (Mayotte y San Pedro y Miquelón) disponen de 
un estatuto mucho más próximo al de un departamento, aunque existe una ley 
orgánica para cada una de ellas. El Gobierno francés nombra un a representante con 
rango de prefecto y la Colectividad territorial dispone de un Consejo General elegido 
por sufragio universal directo. 
3. Por lo que se refiere a la ciudadanía de la población de los PTU franceses, se observa 
que, independientemente de cualquiera de los estatutos aludidos, todos gozan de la 
ciudadanía francesa plena, razón por la que todos disponen de un pasaporte europeo 
como los demás ciudadanos franceses. 
Son electores y pueden ser elegidos en la Asamblea nacional (uno o varios diputados 
por PTU), el Senado (uno o varios senadores por PTU) y en las elecciones 
presidenciales. Gozan asimismo de ese derecho (caso único entre todos los PTU) para 
las elecciones del Parlamento Europeo (en las recientes legislaturas, hubo un 
parlamentario polinesio y otro parlamentario caledonio). 
C. PTU neerlandeses 
La Carta del Reino de los Países Bajos de 22 de octubre de 1954 establece un reino 
tripartito, en el que el Soberano de los Países Bajos es el Jefe de Estado, esto es, "un 
nuevo orden constitucional" en el que los Países Bajos, las Antillas neerlandesas y 
Surinam (que luego accedió a la independencia) tratan sus asuntos interiores de forma 
autónoma y los asuntos de interés común en pie de igualdad. De esta forma, las 
Antillas neerlandesas están asociadas a los Países Bajos sobre una base de igualdad 
de derechos. 
Este texto fundamental es el que regula las relaciones entre los Países Bajos y las 
Antillas neerlandesas, en las que se incluía hasta el 1 de enero de 1986 Aruba. La 
enmienda de 22 de julio de 1985 introducida en la Carta concedió a Aruba un "estatus 
aparte" a partir del 1 de enero de 1986, poniéndola en pie de igualdad con las Antillas 
neerlandesas (las cinco islas de Curazao, Bonaire, Saba, San Eustaquio y San Martín) 
con respecto a los Países Bajos. 
1. Cada uno de los dos países de ultramar (Antillas neerlandesas y Aruba) disponen de 
constitución propia y de autonomía interna con su gobierno y su parlamento. 
La Carta parte de dos principios esenciales: 
asociación de los dos "países de ultramar" a todas las cuestiones de Estado (la 
Carta utiliza el término "reino" para todo lo referente a los "asuntos comunes"). 
- autonomía interna para la administración de los asuntos interiores. 
La Carta prevé un sistema de representación recíproca de los Países Bajos y los países 
^y 
de ultramar en los órganos administrativos y políticos que desempeña un papel es muy 
importante. 
Los "países" miembros de la Corona están asociados a los asuntos del Reino que se 
administran "en cooperación". Los ministros plenipotenciarios de los países asociados 
asisten al Consejo de ministros del Reino, participan en las deliberaciones del Consejo 
de ministros y en todas las reuniones especiales del Consejo para tratar asuntos 
comunes con incidencias en su país. Además de estar representado el país de ultramar 
en La Haya, el Soberano neerlandés está representado en el país por un Gobernador 
que ejerce el poder ejecutivo junto con el Consejo de ministros del país y está asistido 
de un Consejo consultivo. 
En cuanto a la organización constitucional y legislativa, el artículo 41 de la Carta 
sienta el principio de autonomía de cada uno de los componentes del Reino en la 
administración de los asuntos interiores. No obstante se establecen algunas 
restricciones para aquellos asuntos del Reino que se consideran: "temas de interés 
común". 
La lista no es exhaustiva y puede completarse, llegado el caso, con el consentimiento 
mutuo de las partes interesadas. En consecuencia, cualquier asunto que no esté 
explícitamente declarado como asunto común, se considera "asunto interior". 
2. Por lo que se refiere al grado de ciudadanía de los habitantes de los dos PTU 
neerlandeses, se observará que gozan plenamente de la nacionalidad neerlandesa. Así, 
como en el caso de todos los PTU franceses, poseen el mismo pasaporte europeo, ya 
sean ciudadanos de La Haya como de Curazao o de Aruba. 
Los ciudadanos de cada una de las tres partes del Reino son todos pueden ser elegidos 
y elegibles en su propio parlamento. 
Por último, en las elecciones del Parlamento Europeo, son electores y pueden ser 
elegidos los ciudadanos de las Antillas neerlandesas o de Aruba residentes en los 
Países Bajos, así como los residentes en el extranjero (Estados Unidos, España, etc.), 
pero no aquellos que residen en uno de los dos PTU. 
D. Groenlandia 
A raíz de la revisión de la constitución danesa de 1953, Groenlandia pasó de ser 
colonia danesa a ser parte integrante del Reino. 
Así, cuando Dinamarca entró en la CE en 1973, y contrariamente a las Islas Feroe 
que accedieron a la "Home Rule" desde 1948, Groenlandia se convirtió en parte de 
la CE, de la misma forma que la "metrópoli" danesa. Pero la pertenecencia de 
Groenlandia a la Comunidad fue una cuestión muy controvertida, ya que el 70% de 
los groenlandeses votaron en contra de la entrada en la Comunidad en el referéndum 
danés de 1972 sobre la adhesión. 
El 1 de mayo de 1979, Groenlandia adquirió el estatuto de "comunidad distinta dentro 
#"tf 
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del Reino de Dinamarca", que corresponde al principio de "Home Rule" establecido 
en 1948 para las Islas Feroe. Dicho estatuto fue confirmado in situ por el referendum 
celebrado en febrero de 1982. 
El sistema de la "Home Rule" se basa en la preservación de la unidad del Reino de 
Dinamarca y especifica que el estatuto constitucional de la "Home Rule Authority" 
está contemplado en la legislación danesa por la que el Parlamento nacional delega 
parte de su autoridad a Groenlandia. 
De esta forma, la gestión de los problemas locales compete a las autoridades de 
Groenlandia, mientras que los representantes del Reino o las autoridades centrales 
danesas se ocupan de las cuestiones más generales: 
la protección del medio ambiente fue transferida la "Home Rule" el 1 de enero 
de 1989, mientras que lo referente a las relaciones internacionales, la defensa, las 
finanzas y el derecho privado no pueden ser transferidas; 
la explotación de los recursos mineros es propiedad común de Dinamarca y 
Groenlandia; 
las relaciones internacionales competen a las autoridades danesas previa consulta 
de Groenlandia sobre las cuestiones que la afectan. 
En virtud de la "Home Rule", Groenlandia elige dos miembros en el Parlamento 
danés. 
IV. -CONSECUENCIAS PARA EL DERECHO COMUNITARIO 
Dependiendo de si los PTU forman parte integrante o no del Estado miembro del que 
dependen, la situación de sus ciudadanos varía en cuanto al ámbito de aplicación personal del 
derecho comunitario. 
Según hemos visto, solamente un acto del Consejo (decisión de asociación adoptada 
en virtud del artículo 136 del Tratado CEE) puede imponerles la aplicación de una parte 
determinada del Tratado y del derecho derivado (lo cual supone una distinción fundamental 
respecto a los DOM). No obstante, es lógico que los ciudadanos de los PTU que forman 
parte integrante de algunos de los Estados miembros (Dinamarca, Francia y Países Bajos) se 
hagan algunas preguntas... De hecho, sus representantes se dirigieron a la Comisión en el 
marco de las consultas previas realizadas de conformidad con el apartado 3 del artículo 240 
de la Decisión 91/482/CEE. 
Para ilustrar sus preguntas y, en este caso, sus derechos, citaremos aquí las 
reflexiones que las conclusiones del asunto Kaeffer y Procci ante el Tribunal de Justicia1 
inspiraron al Profesor Jacques Ziller, una eminencia mundial en derecho comunitario. 
extracto de "Champ d'application du droit communautaire". ProfesseurJ. Ziller in Editions Techniques Juris-Chasseurs. fascicule 
470. 1991-11. 
#?=) 
Cita 
Los PTU franceses y neerlandeses, así como Groenlandia, forman parte integrante 
respectivamente de la República Francesa, el Reino de los Países Bajos y el Reino de 
Dinamarca, con importantes variaciones en su grado de autonomía interna (ninguna 
autonomía para Wallis y Futuna y para el territorio de las Tierras australes y antarticas 
francesas, misma autonomía jurídica que la de los Países Bajos en Europa para Aruba y las 
Antillas neerlandesas). El derecho de ciudadanía de estos países no distingue entre ciudadanos 
de la metrópoli y ciudadanos de ultramar, lo cual tiene importantes implicaciones respecto 
al ámbito de aplicación personal del derecho comunitario. 
I .os PTU británicos, en cambio, no forman parte integrante del Reino Unido de Gran Bretaña 
y de Irlanda del Norte. Ya sean "colonia", "Estado asociado" o "territorio", y cualesquiera 
que sea su grado de autonomía interna, deben considerarse territorios "cuyas relaciones 
exteriores competen al Reino Unido". El derecho de ciudadanía británico distingue entre los 
ciudadanos del Reino Unido y los ciudadanos de ultramar, lo que tiene importantes 
implicaciones respecto al ámbito de aplicación personal del derecho comunitario. 
Las consecuencias de esa diversidad de estatutos quedan ilustradas en los asuntos conjuntos 
Kaeffer y Procacci2 . 
Según el Reino Unido, que intervino en el caso, el tribunal administrativo de Papeete, autor 
de las cuestiones prejudiciales presentadas al Tribunal en este asunto, no es una "jurisdicción 
de uno de los Estados miembros", con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE. La primera 
cuestión que se planteaba para responder a esta aseveración consistía en determinar si el 
Tribunal, cuyo carácter jurisdiccional no se cuestionaba, era o no jurisdicción de uno de los 
Estados miembros. No es de extrañar que fuera el Gobierno del Reino Unido el que planteara 
la pregunta ya que, según el estatuto constitucional de estos territorios, los tribunales de los 
PTU "que dependen del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte" no son 
tribunales de ese Estado, aunque están sometidos en segunda instancia al Comité judicial del 
Consejo privado (Judicial Committee of the Privy Council), órgano que no tiene función 
judicial alguna en los asuntos internos del Reino Unido. 
El caso de los "Países de ultramar que dependen del Reino de los Países Bajos" es más 
complejo. En efecto, éstos forman parte integrante del Reino de los Países Bajos, Estado 
tripartito fundado en 1953 y compuesto (desde 1986) por Aruba, las Antillas neerlandesas 
y los Países Bajos. Aruba y las Antillas neerlandesas disponen de tribunales propios, pero 
éstos administran la justicia en nombre del Rey3 y, sobre todo - y ésto es mucho más 
determinante - dependen del Consejo Superior de los Países Bajos por la vía del recurso de 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (12 de diciembre de 1990, P. Kaefer y A. Procacci contra el Estado francés, 
asunto C-100/89 y C-l 01/89: Rec. I p. 4647 s. 
Artículo 97 del Reglamento de Estado en las Antillas neerlandesas (Staats-regeling van de nederlandse Antillen. Staalsblad. 
1955.136) y artículo VI. 1 del Reglamento de Estado de Aruba (Staatsregeling van Aruba. Afkondigingsblad van Aruba. 
1985.26). 
U° 
casación4 , que constituye el Tribunal Supremo del ordenamiento judicial para las tres partes 
del Reino. Por consiguiente, llegado el caso, cabría deducir de ello que los tribunales 
de Aruba y las Antillas neerlandesas son jurisdicciones de un Estado miembro, de la misma 
forma que las jurisdicciones de los Países Bajos propiamente dichos. 
Por lo que respecta a Groenlandia, el estatuto de autonomía interna obtenido el 1 de mayo 
de 1979 convierte este territorio en "comunidad distinta dentro del Reino de Dinamarca", si 
bien las cuestiones relacionadas con la justicia siguen siendo competencia de las autoridades 
centrales del Reino. De la misma forma, cabe considerar por tanto que las jurisdicciones de 
Groenlandia son "jurisdicciones de un Estado miembro". 
Podría suponerse que el problema del tribunal administrativo de Papeete no fue el objeto 
fundamentalmente de la intervención del Reino Unido sino, más bien, la situación de los 
tribunales de los PTU británicos. Desde este punto de vista, la solución de la sentencia debió 
ser de su agrado, ya que el tribunal se limitó a observar que no se pone en tela de juicio el 
que el tribunal administrativo de Papeete sea una jurisdicción francesa, tras las conclusiones 
del abogado general en las que se especifica las bases de dicho estatuto, refiriéndose a los 
artículos 2, 72 y 74 de la Constitución y a la ley de 6 de septiembre de 1984 por la que se 
establece el estatuto del Territorio de la Polinesia francesa. Por consiguiente, queda claro 
que la noción de tribunal de un Estado miembro debe entenderse sobre la base del derecho 
interno de dicho Estado y que la competencia ratione materiae de dicho tribunal debe 
definirse con respecto al derecho comunitario. 
Final de la cita. 
Hoye Raad der Nederlanden. artículo 23 del Estatuto del Reino de los Países Bajos (Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden). 
M 
PTU BRITÁNICOS ANEXO I Cuadro A 
C* 
r^ Territorios 
Anguila 
Islas Caimán 
Islas Falkland 
Islas Sandwich 
del Sur 
Islas Vírgenes 
británicas 
Montserrat 
Pitcairn 
Santa Elena y 
sus dependencias 
Territorio antartico 
británico 
Territorio brit. del 
Océano Indico 
Islas Turcas y 
Caicos 
TOTAL Población 
Hab. 
1992 
9.000 
30.000 
2.000 
-
13.000 
12.000 
(1993) 55 
7.000 
-
-
12.000 
85.000 Superficie 
Km2 
1992 
91 
264 
12.173 
-
150 
102 
(1993) 35,5 
308 
-
-
417 
13.540,5 Densidad 
Hab/km2 
1992 
98,9 
113,64 
86,96 
-
86,67 
117,65 
1,54 
22,73 
-
-
28,78 PIB 
Mió USD 
1992 
66,3 
836,0 
n/a 
-
185,0 
63,3 
-
15,3 
-
-
78,8 PIB per 
Capita 
USD 
1992 
6.834 
30.511 
n/a 
-
10.882 
5.976 
-
2.804 
-
-
6.252 Importaciones 
Mío USD 
1991 
32,6 
271,0 
(1989) 
13.867 
-
135,0 
35,2 
-
10,2 
-
-
45,0 Exportaciones 
Mió USD 
1991 
0,4 
3,0 
(1989) 
17.692 
-
3,3 
1,0 
-
0,2 
-
-
4,0 Balanza 
Comercial 
Mió USD 
1991 
- 32,2 
- 268,0 
(1989) 
3.825 
-
- 131,7 
- 34,2 
-
- 10 
-
-
- 41,0 
Fuente: 
Nota: UN Population and Vital Statistics Report, April 1994 
Caribbean Development Bank Annual Report 1993 
St. Helena and Dependencies Yearbook 
Datos del PIB únicamente disponibles para las Islas Vírgenes (164,9m USD en 1989) y 
Santa Elena y sus dependencias (9,67m UKL en 1990/91). 
Base EUROSTAT A 5 
ANEXO I Cuadro B 
PTU FRANCESES 
^ 
^ Territorios 
Mayotte 
Nueva Caledonia 
Polinesia francesa 
San Pedro y 
Miquelón 
Tierras Australes y 
Antárticas 
Wallis y Futuna 
TOTAL Población 
Hab. 
1991 
94.410 
(1990) 
169.900 
199.031 
(1990) 
6.392 
-
(1990) 
13.705 
483.438 Superficie 
Km2 
1991 
374 
19.103 
4.167 
242 
-
274 
24.160 Densidad 
Hab/km2 
1991 
252 
8,89 
47,76 
26,4 
-
50 PIB 
Mió USD 
1991 
476 
(1989) 
2.223 
(1990) 
3.007 
-
-
-PIB per 
Capita 
USD 
1991 
5,041 
(1989) 
13.400 
(1990) 
15.270 
3.200 
-
(1986) 
1.500 Importaciones 
Mío USD 
1992 
(1990) 
38,55 
(1988) 
839,89 
(1990) 
882 
47,5 
-
(1985) 
13,04 Exportaciones 
Mió USD 
1992 
(1990) 
4.42 
(1990) 
424,45 
(1990) 
106 
15,77 
-
(1985) 
0,002 Balanza 
Comercial 
Mió USD 
1992 
(1990) 
- 34,13 
(1990) 
- 414,45 
(1990) 
- 776 
- 31.73 
-
(1985) 
- 13,038 
Fuente: 
Mayotte: Préfecmre Dzadudi 
Nueva Caledonia: Instinit Territorial de la Statistique et des Etudes Economiques, Numea 
Polinesia francesa: Institut Territorial de la Statistique, Papeete 
San Pedro y Miquelón: Préfecture place du Lieutenant, St. Pierre 
Wallis y Futuna: Europa World Yearbook 1994 
FAO Production Yearbook 1992 
Base EUROSTAT A 5 
ANEXO I Cuadro C 
PTU NEERLANDESES 
País 
Aruba 
Antillas 
neerlandesas 
TOTAL Población 
Hab. 
1992 
71.233 
191.311 
262.544 Superficie 
Km2 
1992 
193 
800 
993 Densidad 
Hab/km2 
1992 
369 
239 PIB 
Mió USD 
1992 
1.130,16 
(1988) 
1.407 PIB per 
Capita 
USD 
1992 
15.866 
(1988) 
7.395 Importaciones 
Mió USD 
1992 
387,3 
(1990) 
2.093 Exportaciones 
Mió USD 
1992 
22,8 
(1990) 
1.776 Balanza 
Comercial 
Mió USD 
1992 
- 364,5 
(1990) 
- 317 
Fuente: Centraal Bureau Voor de Statistique, Curacuo 
Bank Van de Netherlandse Antilles, Curazao 
Central Bank Van Aruba 
Base EUROSTAT A 5 
'\S\ ANEXO I Cuadro D 
GROENLANDIA 
Territorios 
Groenlandia Población 
Hab. 
1993 
55.117 Superficie 
Km2 
1993 
2.175.600 Densidad 
Hab/km2 
1993 
0,025 PIB 
MÍO USD 
1991 
919.32 PIB per 
Capita 
USD 
1991 
16.679 Importaciones 
MÍO USD 
1992 
415,37 Exportaciones 
Mío USD 
1992 
304,82 Balanza 
Comercial 
Mío USD 
1992 
- 110,55 
Fuente. Greenland Bureau of Statistics 
Europa World Yearbook 1994 
BaseEUROSTAT A 5 
ANEXO 2 
LA MANCOMUNIDAD COMISIÓN/ESTADO MIEMBRO PTU 
Suprimir las palabras entre corchetes: 
Artículo 234 
La actuación comunitaria se apoyará [en la medida de lo posible] en una estrecha 
concertación entre la Comisión, el Estado miembro del que dependa un PTU y las 
autoridades locales competentes de los PTU. 
Esta concertación se denominará en lo sucesivo "mancomunidad". 
Artículo 235 
1. La mancomunidad se referirá a la programación, la preparación, la financiación, 
el seguimiento y la evaluación de las acciones llevadas a cabo por la Comunidad en el 
marco de la presente Decisión, así como a todo problema que se plantee en las relaciones 
entre los PTU y la Comunidad. 
2. A este fin, [podrán crearse] se crearán grupos de trabajo de asociación de los 
PTU, de carácter consultivo y compuestos por los tres interlocutores mencionados en el 
artículo 234, bien por zonas geográficas de los PTU, bien por grupos de los PTU que 
dependan de un mismo Estado miembro, particularmente a instancia de los PTU 
interesados. Estos grupos se constituirán: 
bien sobre una base ad hoc para tratar problemas específicos; 
bien sobre una base permanente, para el período que quede por transcurrir en el 
marco de la decisión asociación; [en este caso, se reunirán por lo menos una vez 
al año, para hacer balance sobre la ejecución de la presente Decisión o para tratar 
las demás cuestiones mencionadas en el apartado 1.] 
3. La Comisión se hará cargo de la presidencia de los grupos de trabajo. Un 
representante del Banco asistirá a sus reuniones cuando figuren en el orden del día 
cuestiones relativas a los ámbitos de interés para el mismo. 
La financiación de los gastos generales de sus reuniones y de la participación de los 
representantes de los PTU correrá a cargo de las autoridades competentes de los PTU. 
(¿ 
Artículo 236 
1. Las recomendaciones procedentes de un grupo de trabajo serán comunicadas por 
la Comisión a los demás PTU. 
2. Los dictámenes de los grupos de trabajo serán debidamente tenidos en cuenta por 
la Comisión, teniendo particularmente en cuenta sus competencias de gestor del FED. Por 
otra parte, serán objeto, en su caso, de propuestas de la Comisión al Consejo para aplicar, 
sobre la base del artículo 136 del Tratado, nuevos elementos de aplicación de la 
asociación de los PTU a la CEE, particularmente por lo que respecta a las consecuencias 
de la plena realización del mercado interior respecto de los PTU. 
GV 
ANEXO 3 
CENTRO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL 
Artículo 48 
A petición de las autoridades competentes de los PTU, éstos podran beneficiarse de los 
servicios del Centro para el desarrollo industrial (CDI), seguin los artículos 87 a 96 de 
la Convención de Lomé IV, y cuyos objectivos y actividades se enumeran mas adelante, 
o de los euroinfocentros creados en el marco de la política comunitaria en favor de las 
empresas. 
Los costes eventuales de las intervenciones del Centro en favor de los PTU que los 
utilicen, se financiarán mediante los recursos previstos en el artículo 154 para aquélla de 
las tres zonas de la que dependan dichos PTU. 
Artículo 48 bis 
El CDI contribuirá a crear y a reforzar las empresas industriales de los PTU, estimulando, 
en particular, las iniciativas conjuntas de los agentes económicos de la Comunidad y de 
los PTU. 
Por motivos de eficacia, el CDI concentrará sus actividades en los PTU que hayan 
definido en sus Programas Indicativos el apyo al desarrollo industrial o al sectorprivado 
en general como sectores de concentración de la ayuda comunitaria. 
En estos PTU, el CDI integrará sus actividades en el marco de los programas de apoyo 
al desarrollo industrial o al sector privado, establecidos para la ejecución de los 
Programas Indicativos, y orientará sus actividades hacia las pequeñas y medianas 
empresas industriales. 
El CDI ejercerá las funciones mencionadas con una orientación selectiva, destacando 
especialmente las posibilidades de empresas comunes y de sub contratación. 
Artículo 48 ter 
1. El CDI ejercerá las funciones mencionadas en el artículo 48 bis concediendo 
prioridad a los proyectos que ofrezcan un potencial seguro. Sus actividades consistirán 
en particular en: 
a) determinar los proyectos industriales económicamente viables en los PTU, 
examinarlos, evaluarlos, promoverlos y contribuir a su ejecución; 
b) realizar estudios y evaluaciones dirigidos a poner de manifiesto las posibilidades 
concretas de cooperación industrial con la Comunidad, a fin de promover el 
desarrollo industrial de los PTU y facilitar la realización de acciones apropiadas; 
c) facilitar información, prestar servicios de asesoramiento y aportar competencias 
técnicas específicas, incluidos estudios de viabilidad, con objeto de acelerar la 
creación y/o la renovación de empresas industriales; 
d) determinar a los posibles socios de los PTU y de la Comunidad con vistas a la 
realización de inversiones conjuntas y prestar asistencia para su ejecución y 
seguimiento; 
e) localizar y facilitar información sobre las fuentes de financiación posibles, aportar 
su asistencia para la presentación con vistas a obtener financiación y, en caso 
necesario, prestar asistencia para la movilización de fondos procedentes de las 
mismas con destino a proyectos industriales en los PTU; 
f) localizar, reunir, evaluar y facilitar información y asesoramiento sobre la 
adquisición, adaptación y desarrollo de las tecnologías industriales adecuadas para 
proyectos concretos y, si fuera necesario,prestar asistencia para la ejecución de 
acciones experimentales o de demostración. 
2. Con el fin de facilitar la realización de sus objetivos, el CDI, además de sus 
actividades principales, podrá: 
a) realizar estudios, estudios de mercado y evaluaciones y reunir y difundir todas las 
informaciones oportunas sobre las condiciones y posibilidades de cooperación 
industrial y en particular sobre el entorno económico, el trato que puedan esperar 
los inversores potenciales y las posibilidades de proyectos industriales viables; 
b) contribuir, en los casos adecuados, a promover la comercialización in situ y en los 
mercados de los otros Estados ACP y de la Comunidad de productos 
manufacturados ACP, con objeto de favorecer la utilización óptima de la 
capacidad industrial ya instalada o que vaya a crearse; 
c) determinar quiénes son los responsables de las decisiones en materia de política 
industrial, los promotores y los agentes económicos y financieros de la 
Comunidad y de los PTU y organizar y facilitar cualquier forma de contacto y de 
encuentro entre ellos; 
d) determinar, basándose en las necesidades, comunicadas por los PTU, las 
posibilidades en materia de formación industrial, principalmente en el lugar de 
trabajo, a fin de satisfacer las necesidades de las empresas industriales, existentes 
y en proyecto, de los PTU y, si fuere necesario, ayudar a la realización de 
acciones apropiadas; 
e) reunir y difundir todas las informaciones útiles referentes al potencial industrial 
de los PTU y a la evolución de los sectores industriales en la Comunidad y en los 
PTU; 
U°i 
f) promover la subcontratación y la expansión y consolidación de los proyectos 
industriales regionales. 
<¿> 
ANEXO 4 
SALUD Y NUTRICIÓN 
Artículo 88 bis 
1. La Comunidad reconoce la importancia del sector de la salud para un desarrollo 
duradero y autosostenido de los PTU. La cooperación irá encaminada a facilitar el 
derecho del mayor número posible de personas a acceder a una asistencia sanitaria 
satisfactoria y, por lo tanto, a fomentar la equidad y la justicia social, aliviar los 
sufrimientos, aliviar la carga económica de la enfermedad y de la mortalidad y fomentar 
la participación efectiva de la colectividad en las acciones de promoción de la salud y del 
bienestar de los pueblos. 
La realización de estos objetivos supone: 
una acción sistemática a largo plazo para la mejora y el fortalecimiento del sector 
de la salud; 
la elaboración de orientaciones y de programas globales nacionales en materia de 
salud; 
una mejor gestión y utilización de los recursos humanos, financieros y materiales 
existentes. 
2. A tal fin, la cooperación en este sector irá encaminada a apoyar servicios 
sanitarios funcionales y viables que puedan sufragarse y que sean aceptables en el plano 
cultural, geográficamente accesibles y competentes desde el punto de vista técnico. La 
cooperación se esforzará por fomentar una acción integrada para la creación de servicios 
sanitarios basados en la ampliación de la asistencia sanitaria preventiva, la mejora de la 
asistencia sanitaria curativa y la complementan edad de los servicios hospitalarios y los 
servicios básicos, de conformidad con la política de asistencia sanitaria primaria. 
3. La cooperación en el sector de la salud podrá apoyar: 
la mejora y ampliación de los servicios básicos de salud, el reforzamiento de los 
hospitales y el mantenimiento de los equipos que se reconozcan como esenciales 
para el buen funcionamiento de todo el sistema sanitario; 
la planificación y la gestión del sector de la salud, incluidos el reforzamiento de 
los servicios estadísticos y la elaboración de estrategias de financiación del sector 
sanitario a nivel nacional, regional y de distrito; éste último es el nivel más 
indicado para desarrollar la coordinación de los servicios básicos, ofrecer los 
primeros servicios especializados y llevar a cabo los programas de erradicación 
de las enfermedades generalizadas; 
<* <kl 
acciones de integración de la medicina tradicional con la asistencia sanitaria 
moderna; 
programas y estrategias para el suministro de medicamentos esenciales, incluidas 
unidades de producción locales de medicamentos y de productos de consumo, 
teniendo en cuenta la farmacopea tradicional, en particular en el campo de la 
utilización de las plantas medicinales, que deberá estudiarse y desarrollarse; 
la formación del personal en el marco de un programa global, incluidos los 
planificadores de la salud pública, el personal de dirección, los gestores y los 
especialistas, hasta el personal que trabaje in situ, en función de las tareas reales 
que deban realizarse a cada nivel; 
el apoyo a los programas y campañas de formación e información sobre la 
erradicación de enfermedades endémicas, la mejora de la higiene del medio y la 
lucha contra el uso de la droga, las enfermedades transmisibles y los demás males 
que afecten a la salud de la población en el marco de los sistemas de salud 
integrados; 
el reforzamiento en los PTU, de los institutos de investigación, las facultades 
universitarias y las escuelas especializadas, en particular en el ámbito de la salud 
pública. 
MEDIO AMBIENTE 
Artículo 16, apartado 2 bis 
En cuanto a la importación en la Comunidad de residuos peligrosos procedentes de los 
PTU, se aplicará el Reglamento CEE n° 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, 
relativo a la vigilancia y control de las transferencias de residuos a la entrada y la salida 
de la Comunidad Europea5. 
DO \. 30 de 6.2.1993. p. I t S¿ 
ANEXO 5 
REGIMEN COMERCIAL 
El apartado 1 del artículo 101 se sustituye por el siguiente texto: 
"Los productos originarios de los PTU serán admitidos a la importación en la 
Comunidad con exención de derechos de importación". 
En el artículo 101 se añadirá el siguiente apartado 3a: 
"Si, para los productos sometidos a un régimen de precios institucionales en el 
marco de la Política Agrícola Común, se constatasen riesgos de perturbaciones de 
los mercados derivados de su comercio entre los PTU y la Comunidad, la 
comisión podrá, previa consulta a las autoridades competentes en el marco del 
procedimiento de asociación previsto en el artículo 235, establecer un precio de 
referencia para el producto en cuestión. 
El precio de referencia se fijará, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo 
económico y social de los PTU, en un nivel que no sobrepase el estrictamente 
necesario para el respeto de los objetivos del artículo 39 del Tratado y que 
garantice a los productos originarios de los PTU condiciones más favorables que 
las aplicables a la importación del mismo producto originario de un país tercero 
que goce de un trato preferencia! en su comercio con la Comunidad. 
El sistema de precios de referencia y las medidas necesarias para garantizar su 
respeto se establecerán con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 38 del 
Reglamento (CEE) n° 136/666 o, en función de los casos, a los correspondientes 
artículos de otros reglamentos relativos a la organización común de los mercados 
agrícolas.". 
Reglamento por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las materias grasas: DO n" L 172 
de 30.9.1966. p. I. + *>% 
MODIFICACIÓN TÉCNICA SOBRE LA ACUMULACIÓN 
(Anexo II de la Decisión 91/482/CEE) 
En el artículo 6.4 se añade el término "no obstante" y la totalidad del antiguo artículo 7. 
Se suprime el artículo 7. El nuevo artículo 6 queda como sigue: 
"Artículo 6 
Acumulación 
1. A efectos de la aplicación del presente título, los PTU se considerarán como un 
solo territorio. 
2. Cuando un producto totalmente obtenido en la Comunidad o en los PTU sea 
objeto de elaboración o transformación en los PTU se considerará que ha sido totalmente 
obtenido en los PTU. 
3. Se considerará que las elaboraciones o transformaciones efectuadas en la 
Comunidad o en los PTU han sido efectuadas en los PTU cuando las materias obtenidas 
sean posteriormente elaboradas o transformadas en los PTU. 
4 Los apartados 2 y 3 se aplicarán a cualquier elaboración o transformación 
efectuada en los PTU, incluidas las operaciones enumeradas en el apartado 3 del artículo 
3. No obstante, los productos originarios fabricados con materias totalmente obtenidas o 
suficientemente transformadas en dos o más PTU o en dos o más Estados ACP y en uno 
o más PTU se considerarán como productos originarios del PTU o del Estado ACP en 
el que se haya efectuado la última elaboración o transformación, siempre y cuando dicha 
elaboración o transformación vaya más allá de las operaciones insuficientes mencionadas 
en el apartado 3 del artículo 3 o de la combinación de varias de ellas." 
ISLAS CANARIAS 
(Anexo II de la Decisión 91/482/CEE) 
En el título IV del Anexo II, "Islas Canarias, Ceuta y Melilla", y en el artículo 31 de 
dicho título, se suprimen los términos "Islas Canarias". 
f^U 
RON 
(Anexo V de la Decisión 91/482/CEE) 
A partir del 1 de enero de 1996, el Anexo V se sustituye por el siguiente texto: 
" I. El régimen aplicable a las importaciones de los productos de los códigos NC 2208 
40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 y 2208 90 19 originarios de los PTU podrá 
revisarse en el caso de que el aumento de las importaciones de estos productos 
sea de tal naturaleza que perjudique a la producción de ron comunitario, en 
particular de ron tradicional. 
2. El Consejo, actuando por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión, 
establécela, en su caso, las disposiciones de aplicación necesarias para la puesta 
en practica del apartado I." 
/* 
ANEXO 6 
REGIMEN APLICABLE AL ESTABLECIMIENTO Y A LOS SERVICIOS 
Artículo 232 
(el texto subrayado corresponde a las modificaciones propuestas) 
Por lo que respecta al régimen en materia de establecimiento y de prestación de servicios, 
de conformidad con el artículo 132.5 del Tratado, y sin perjuicio de los apartados 1 y 2 
siguientes' 
los Estados miembros tratarán sobre una base no discriminatoria a los nacionales. 
sociedades y empresas de los PTU 
las autoridades competentes de los PTU tratarán sobre una base no discriminatoria 
a los nacionales, sociedades y empresas de los Estados miembros. 
No obstante, las autoridades competentes de un PTU podrán establecer normativas 
que constituyan excepciones, en favor de sus habitantes y de las actividades 
locales, a las normas habitualmente aplicables a los nacionales, sociedades y 
empresas de todos los Estados miembros, siempre que estas excepciones se 
limiten a sectores sensibles de la economía del PTU de que se trate y tengan 
como objetivo promover o apoyar al empleo local. 
a) La Comisión podrá conceder dichas excepciones, a petición de las 
autoridades competentes del PTU de que se trate y tras una concertación 
en el marco del procedimiento de mancomunidad a que hacen referencia 
los artículos 234 a 236. 
b) Esta solicitud deberá motivarse haciendo especial referencia a los sectores 
de que se trate, así como a la duración y a otras modalidades previstas 
Dicha solicitud se notificará a la Comisión que, a su vez. informara a los 
Estados miembros, y adoptará una decisión al respecto en un plazo de tres 
meses. De no pronunciarse la Comisión en dicho plazo, la excepción se 
considerará aprobada. 
c) Dichas excepciones deberán publicarse en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas. 
No obstante, cuando, para una actividad determinada, un Estado miembro no esté 
obligado, en virtud del derecho comunitario o, en su ausencia, del derecho 
nacional, a garantizar un trato no discriminatorio a los habitantes de un PTU que 
sean nacionales de un listado miembro o que disfruten de un estatuto jurídico 
S6 
propio de un PTU, así como a sociedades o empresas establecidas en un PTU, tal 
y como se definen en el artículo 233, las autoridades competentes de dicho PTU 
no estarán obligadas a conceder tal trato. 
Artículo 233 bis 
La Comisión y sus Estados miembros extenderán a los PTU el beneficio de los 
compromisos comunitarios adoptados sobre la base de la cláusula de la nación 
más favorecida en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de los 
Servicios (GATS). 
En lo que se refiere al régimen aplicable al comercio de servicios, los PTU 
tratarán a los nacionales, sociedades y empresas de los Estados miembros de 
manera no menos favorable que a los nacionales, sociedades y empresas de un 
país tercero. 
Artículo 233 ter 
(\^n el fin de llegar, en definitiva al reconocimiento de las cualificaciones profesionales 
adquiridas en los PTU, la Comisión emprenderá junto con los Estados miembros 
afectados los trabajos preparatorios para establecer, en su caso, una lista de las 
cualificaciones profesionales adquiridas en los PTU por sus nacionales que gozarían de 
reconocimiento en los Estados miembros, siempre que estas cualificaciones cumplieran 
el nivel mínimo de formación establecido por la Comunidad. 
+ <¿\ 

ISSN 0257-9545 
COM(94) 538 final 
DOCUMENTOS 
ES 01 
N° de catálogo : CB-CO-94-565-ES-C 
ISBN 92-77-82895-1 
Ofídna de Publications Oficiales de las Comunidades Europeas 
L-2985 Luxemburgo 
S^