COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Seguimiento de la Decisión 2011/734/UE del Consejo, de 12 de julio de 2011, dirigida a Grecia, con objeto de reforzar y profundizar la supervisión presupuestaria y de formular una advertencia a Grecia a fin de que adopte las medidas para la reducción del déficit, considerada necesaria para poner remedio a la situación de déficit excesivo (marzo de 2012) /* COM/2012/0117 final */





COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Seguimiento de la Decisión 2011/734/UE del Consejo, de 12 de julio de 2011, dirigida a Grecia, con objeto de reforzar y profundizar la supervisión presupuestaria y de formular una advertencia a Grecia a fin de que adopte las medidas para la reducción del déficit, considerada necesaria para poner remedio a la situación de déficit excesivo (marzo de 2012) 1. Introducción Esta Comunicación trimestral evalúa las medidas aplicadas y programadas por Grecia para dar cumplimiento a la Decisión 2011/734/UE del Consejo, de 12 de julio de 2011[1]. Las medidas tomadas hasta el final de junio de 2011 se evaluaron en la Comunicación de 26 de octubre de 2011[2]. Junto con el informe sobre el cumplimiento elaborado por los servicios de la Comisión en coordinación con el BCE[3], la Comunicación también contribuye a la evaluación del cumplimiento del MPEF y del Protocolo de Acuerdo[4], en el contexto del acuerdo de préstamo celebrado entre Grecia y los otros Estados miembros de la zona del euro. La presente evaluación se basa en la inspección efectuada por los servicios de la Comisión Europea conjuntamente con los del FMI y el BCE del 18 de enero al 10 de febrero de 2012 en el contexto del programa de ajuste económico y en el informe trimestral presentado por el Ministerio de Finanzas de Grecia el 2 de marzo de 2012. 2. Decisión del Consejo de 12 de julio de 2011 El 12 de julio de 2011, el Consejo, de conformidad con el artículo 126, apartado 9, y el artículo 136 del TFUE, adoptó una Decisión dirigida a Grecia, con objeto de reforzar y profundizar la supervisión presupuestaria y de formular una advertencia a Grecia a fin de que este país adoptara las medidas para la reducción del déficit que se consideraba necesaria para poner remedio a la situación de déficit excesivo a más tardar en 2014. Esta Decisión es una refundición de la Decisión de mayo de 2010[5], que se había modificado varias veces. La Decisión imponía a Grecia la adopción de una serie de medidas específicas encaminadas a mantener dicho déficit por debajo de los siguientes límites máximos: · 17 065 millones de euros (7,9 % del PIB sobre la base de las actuales estimaciones del PIB) en 2011; · 14 916 millones de euros (7,3% del PIB sobre la base de las estimaciones más recientes del PIB) en 2012; · 11 399 millones de euros (5,6% del PIB) en 2013; y · 6 385 millones de euros (3,1% del PIB) en 2014[6], [7]. La Decisión fue modificada el 8 de noviembre de 2011[8]. Sin embargo, se mantuvieron invariados los anteriores límites máximos nominales para el déficit de las administraciones públicas. 3. Ejecución presupuestaria hasta diciembre de 2011 En el contexto del programa de ajuste económico, Grecia se comprometió a cumplir los límites trimestrales para los gastos primarios estatales, el saldo de las administraciones públicas según la contabilidad de caja, el nivel de deuda de la Administración central y los ingresos procedentes de privatizaciones, así como un límite indicativo para la acumulación de pagos atrasados con los proveedores[9]. Los resultados a finales de septiembre de 2011 eran desiguales. Se cumplieron los límites máximos establecidos para el gasto primario estatal (dato registrado: 42 000 millones de euros; límite máximo: 44 500 millones de euros) y la deuda de la Administración central (dato registrado: 360 400 millones de euros; límite máximo: 394 000 millones de euros). Sin embargo, el objetivo de saldo primario de las administraciones públicas no se cumplió por un pequeño margen (dato registrado: –5 200 millones de euros; límite máximo: –5 000 millones de euros), ya que la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales fue inferior a la prevista. No se cumplió el objetivo de ingresos procedentes de privatizaciones (dato registrado: 390 millones de euros; objetivo: 1 700 millones de euros). El criterio indicativo relativo a la acumulación de atrasos en el pago tampoco se cumplió, ya que los atrasos del 1 de enero de 2011 a finales de septiembre de 2011 ascendieron a 1 100 millones de euros. Los datos disponibles para finales de diciembre de 2011 muestran que se cumplieron los objetivos para el saldo primario de las administraciones públicas según la contabilidad de caja (dato registrado: –4 800 millones de euros; límite máximo: –5 100 millones de euros), el gasto primario de la Administración central (dato registrado: 58 900 millones de euros; límite máximo: 60 800 millones de euros) y el nivel de deuda pública estatal (dato registrado: 378 100 millones de euros; límite máximo: 394 000 millones de euros). A pesar de los significativos factores adversos derivados de una contracción de la economía más acusada de lo previsto y de la inestabilidad política y social, los objetivos se alcanzaron mediante recortes de los gastos de capital y de otros gastos discrecionales, que contrarrestaron con creces los menores ingresos procedentes de los impuestos y las cotizaciones sociales y los excesos en los gastos farmacéuticos. Los ingresos procedentes de fondos estructurales, incluidos los derivados del aumento de la tasa de cofinanciación del 75% al 85%y del mecanismo de pago adicional (10%)[10], también contribuyeron a mantener el saldo según la contabilidad de caja dentro de este límite máximo, aunque a costa de un estancamiento de la actividad de inversión pública. El objetivo revisado de ingresos procedentes de privatizaciones para finales de 2011 (dato registrado: 1 600 millones de euros; objetivo: 1 700 millones de euros) se incumplió por un margen más pequeño que en septiembre, gracias a la prórroga de las licencias en los sectores del juego y de la telefonía móvil. El nivel de atrasos en los pagos internos se mantuvo muy elevado (atrasos acumulados de enero de 2011 a diciembre de 2011: 220 millones de euros, con un nivel acumulado de atrasos de 5 600 millones de euros al final del año), pero el Gobierno consiguió, no obstante, reducir los atrasos en 900 millones de euros en el último trimestre de 2011. El déficit de las administraciones públicas en 2011, según el SEC, se estima actualmente en 20 200 millones de euros (9,4% del PIB), lo que rebasa el límite máximo de 17 100 millones de euros (7,9% del PIB), establecido en la Decisión del Consejo, como ya se preveía en la anterior Comunicación. La estimación de déficit para 2011 ahora solo se sitúa ligeramente por encima de las previsiones anteriores, a pesar del significativo deterioro del marco macroeconómico. El cuadro 1 presenta información detallada sobre la ejecución del presupuesto en enero-diciembre de 2011 para la Administración central y para las administraciones públicas, según la contabilidad de caja, y una comparación con las previsiones de los servicios de la Comisión de junio y octubre de 2011. El cuadro muestra que la reducción de los gastos ordinarios de la Administración central en los últimos meses contrarrestó sobradamente los menores ingresos. Sin embargo, las cuentas de la seguridad social registraron un importante desvío respecto de lo previsto. Cuadro 1: Ejecución del presupuesto en enero-septiembre y enero-diciembre de 2011 (contabilidad de caja) 4. Perspectivas para 2012 y 2013-2014 Las perspectivas presupuestarias para 2012 han empeorado considerablemente desde la publicación de la anterior Comunicación. El deterioro presupuestario se deriva de un punto de partida menos favorable (la situación contable de 2011) y de un deterioro de la situación económica peor de lo previsto: actualmente se prevé que en 2012 el PIB real disminuirá un 4,7%, frente al 2,8% que se preveía anteriormente. También se han observado continuos desvíos en la aplicación de las medidas en 2011, lo cual repercute en las cuentas de 2012. Por otra parte, la aplicación de un ambicioso paquete de reformas del mercado laboral, tales como recortes en los salarios mínimos del sector privado con el objetivo de restablecer la competitividad (para más detalles, véase el informe sobre el cumplimiento), tiene efectos negativos a corto plazo sobre la demanda interna y sobre la hacienda pública en 2012. Al mismo tiempo, los gastos de intereses en 2012 se revisarán significativamente a la baja, gracias a la operación de canje de deuda realizada por Grecia, conforme a las conclusiones de la Cumbre de la zona del euro de 26 de octubre de 2011 y a la declaración del Eurogrupo de 21 de febrero de 2012. A la luz de estas consideraciones, la Comisión recomienda al Consejo modificar el objetivo para la hacienda pública de Grecia en el periodo 2012-2014, que deberá definirse sobre la base del saldo primario nominal. En virtud de la Recomendación de la Comisión de Decisión del Consejo que modifica la Decisión 2011/734/UE (COM(2010) 116), Grecia deberá registrar en 2012 un déficit primario no superior a 2 037 millones de euros (1,0% del PIB), y un superávit primario de 3 652 millones de euros (1,8% del PIB) y 9 356 millones de euros (4,5% del PIB) en 2013 y 2014, respectivamente. Los objetivos correspondientes para el déficit público global son: 14 811 millones de euros (7,3% del PIB) en 2012, 9 462 millones de euros (4,7% del PIB) en 2013 y 4 499 millones de euros (2,2% del PIB) en 2014. El nuevo objetivo para el superávit primario en 2014 es compatible con una corrección del déficit excesivo en dicho año, de conformidad con la Decisión del Consejo. Los servicios de la Comisión, en colaboración con el BCE y el FMI, han estimado que, si no se toman medidas adicionales, en 2012 el déficit primario equivaldría al 2,5% del PIB, frente a un pequeño superávit primario previsto cuando se publicó la anterior Comunicación. Por consiguiente, para estar en condiciones de alcanzar el objetivo revisado, Grecia debía adoptar medidas de un importe de 3 000 millones de euros (1,5% del PIB). Las medidas anunciadas por Grecia fueron las siguientes: · Reducción de los gastos farmacéuticos en como mínimo 1 076 millones de euros, reduciendo los precios de los medicamentos (medicamentos genéricos, no patentados y de marca), optimizando el copago, reduciendo los márgenes comerciales de los farmacéuticos y mayoristas, imponiendo el establecimiento de las prescripciones en línea sobre la base de la sustancia activa y aplicando protocolos, actualizando la lista de medicamentos reembolsados y aplicando un mecanismo de descuentos trimestrales (reembolso automático) que deberá financiar la industria farmacéutica. · Reducción del pago de horas extraordinarias a los médicos de los hospitales en al menos 50 millones de euros. · Reducción de las compras de material militar en 300 millones de euros (efectivo y suministros). · Reducción de los gastos de funcionamiento de la Administración central, y de los gastos electorales, en al menos 370 millones de euros (con respecto al presupuesto para 2012), de los cuales al menos 100 millones en gastos de funcionamiento del sector militar, y como mínimo 70 millones de euros en gastos electorales. · Reducción de los gastos de funcionamiento de las administraciones locales, con el objetivo de ahorrar como mínimo 50 millones de euros. · Concentrar al principio del periodo de saneamiento los recortes de los subsidios en favor de los residentes en zonas remotas y los recortes de las subvenciones concedidas a diversas entidades supervisadas por varios ministerios, con objeto de reducir el gasto en 2012 en como mínimo 190 millones de euros. · Reducción del presupuesto para inversión pública en 400 millones de euros: este recorte se aplicará mediante una disminución de las subvenciones a la inversión privada y a los proyectos de inversión financiados a nivel interno. La reducción del presupuesto para inversión pública no afectará a los proyectos cofinanciados por fondos estructurales (proyectos no finalizados financiados por programas operativos 2000-2006, proyectos del Fondo de Cohesión 2000-2006, programas operativos 2007-2013 y gastos no subvencionables relacionados con los proyectos mencionados, incluidos los proyectos de redes transeuropeas de transporte). · Modificaciones de los fondos de pensión complementarios y de los fondos de pensión con pensiones medias elevadas o que reciben elevadas subvenciones del presupuesto y recortes en otras pensiones elevadas, con el objetivo de ahorrar como mínimo 450 millones de euros (en términos netos, tras tener en cuenta los impuestos y las cotizaciones sociales). · Recortes de las asignaciones familiares para las familias con elevados ingresos, con objeto de ahorrar 43 millones de euros; · Una reducción media del 12% en los denominados «salarios especiales» del sector público, a los que no se aplica la nueva tabla salarial. Esta medida se aplicará a partir del 1 de junio de 2012 y deberá proporcionar ahorros de como mínimo 205 millones de euros (en términos netos, tras considerar los impuestos y las cotizaciones sociales). Ninguna de estas medidas es de carácter tributario. Todas ellas están relacionadas con el gasto, lo que fomenta su naturaleza favorable al crecimiento y minimiza las posibles repercusiones sociales. Si estas medidas se aplican plenamente, Grecia, según las actuales previsiones macroeconómicas, estará en buen camino para cumplir el objetivo de déficit primario del 1,0% del PIB en 2012. No obstante, es elevado el riesgo asociado a la aplicación de las medidas previstas y a un nuevo deterioro de las condiciones económicas. Por otra parte, las previsiones actuales para 2013 y 2014 revelan un amplio desvío presupuestario respecto de los objetivos revisados para estos años (véase cuadro 2). Por lo tanto, Grecia tendrá que anunciar y adoptar importantes medidas presupuestarias adicionales en los próximos meses, particularmente cuando actualice su presupuesto a medio plazo (estrategia presupuestaria a medio plazo) en mayo de 2012. Con objeto de preparar estas medidas, el Gobierno ha iniciado una revisión de los programas de gasto público. La revisión se lleva a cabo recurriendo a asistencia técnica externa y se centra en las pensiones y transferencias sociales (conservando la protección social básica), en los gastos de defensa sin causar perjuicio a la capacidad defensiva del país y en la reestructuración de la Administración central y de las administraciones locales. En los próximos meses, también se especificará una racionalización adicional de los gastos farmacéuticos y de funcionamiento de los hospitales, y de las prestaciones pecuniarias de asistencia social. 5. Administración tributaria y control del gasto Además de medidas encaminadas a aumentar los tipos impositivos, ampliar las bases imponibles o reducir el gasto, el saneamiento fiscal requiere mejoras en la administración tributaria y la lucha contra la evasión fiscal y en el control del gasto. Aunque se han logrado ciertos avances en estos ámbitos, en la mayoría de los casos estos han sido mucho más lentos de lo previsto. Desde el inicio del programa en 2010, las reformas de la administración tributaria se han centrado principalmente en la mejora de la legislación, con el fin de aumentar la eficiencia de la administración tributaria y los controles tributarios, en el establecimiento de una gestión eficaz de proyectos y en el diseño de una estrategia contra la evasión fiscal encaminada a restaurar la disciplina tributaria y mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Ahora la atención ha pasado a centrarse en la aplicación. El Gobierno está llevando a cabo la contratación de nuevos auditores. También se esperan mejoras en la cantidad y calidad de las auditorías fiscales. Se requiere asimismo el reforzamiento de las estructuras de incentivos en la administración tributaria y de las funciones centrales. El Gobierno también ha emprendido el proceso de fusión de agencias tributarias locales, que deberá concluirse para finales de 2012. También están en marcha reformas encaminadas a reforzar la gestión del gasto público. El suministro puntual de datos fiscales se ha mejorado con la utilización de portales electrónicos para la transmisión de la información en los ministerios, administraciones locales y entidades jurídicas. Sin embargo, todavía se requieren progresos para hacer extensivo el sistema a los organismos de la seguridad social y al presupuesto para inversión pública. También ha mejorado el control del gasto con la adopción de registros de compromisos en los ministerios y otras entidades. No obstante, los registros de compromisos todavía no son eficaces en el control de los compromisos excesivos y de los atrasos en relación con el presupuesto ordinario y el sistema aún debe hacerse extensivo al presupuesto para inversión. La Oficina General de Contabilidad del Ministerio de Hacienda ha creado un comité de coordinación con la misión de supervisar y reforzar la aplicación de los controles de los compromisos, a fin de evitar una mayor acumulación de atrasos. 6. Privatización El fondo de privatización griego (Fondo Helénico para el Desarrollo de Activos, HRADF) está plenamente operativo desde principios del otoño de 2011. Dicho Fondo ha contratado a asesores financieros, legales y técnicos para la mayoría de las transacciones previstas en 2012-2014 y ha establecido una estrategia global de realización del plan de privatización. Sin embargo, debido a las negativas condiciones actuales del mercado y a los largos preparativos técnicos, los ingresos hasta la fecha han sido inferiores a los previstos (véase cuadro). Entretanto, se ha visto claramente que el objetivo de ingresar 50 000 millones de euros procedentes de las privatizaciones no se alcanzará de aquí a 2015, sino a lo largo de un periodo más amplio. Como consecuencia de ello, se han revisado los objetivos de ingresos mínimos anuales: 5 200 millones de euros en 2012, 9 200 millones de euros en 2013 y 14 000 millones de euros en 2014. Cuadro 4: Plan de privatización: transacciones realizadas hasta ahora Activos || Fecha de la operación || Participación vendida || Participaciones restantes en poder del Gobierno griego || Ingresos (efectivo, en millones de euros) || Ingresos acumulados en el año (en millones de euros) || Pagos atrasados OTE || Julio 2011 || 10% || 4% || 392 || 392 || - OPAP 1 (ampliación de la licencia 2020-2030) || Octubre 2011 || - || - || 375 || 767 || 85 (hasta el cuarto trimestre de 2013) OPAP 2 (venta de una nueva licencia para terminales de lotería por vídeo) || Octubre 2011 || - || - || 475 || 1,242 || 85 (hasta el cuarto trimestre de 2013) Telefonía móvil (subasta de las frecuencias) || Diciembre 2011 || - || - || 380 || 1,622 || - 7. Conclusión Como se esperaba cuando se adoptó la anterior Comunicación, se ha rebasado el límite máximo de déficit público para 2011 (sobre la base del SEC-95) establecido en la Decisión del Consejo. Se estima que Grecia ha registrado un déficit público de 20 200 millones de euros (9,4% del PIB), frente a un objetivo de 17 065 millones de euros (7,9% del PIB). La Comisión recomienda al Consejo revisar los objetivos presupuestarios que Grecia deberá cumplir en 2012-2014. Estos objetivos habrán de definirse sobre la base del déficit o superávit primario en términos nominales: para 2012, el déficit primario no deberá rebasar 2 037 millones de euros (1% del PIB) y para 2013 y 2014 deberá obtenerse un superávit primario de como mínimo 3 652 millones de euros (1,8% del PIB) y 9 356 millones de euros (4,5% del PIB), respectivamente. Estos objetivos son compatibles con la corrección del déficit excesivo de aquí a 2014, de conformidad con la Decisión, ya que los objetivos correspondientes para el déficit público global serán del 7,3% del PIB en 2012, el 4,7% del PIB en 2013 y el 2,2% del PIB en 2014. Aunque las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno griego son compatibles con el logro del objetivo para 2012, los riesgos que conlleva su aplicación son muy elevados. Por otra parte, en 2013-2014 habrá que aplicar nuevas medidas de saneamiento fiscal significativas para corregir la situación de déficit excesivo de aquí a 2014, de conformidad con la Decisión del Consejo. ANEXO: MEDIDAS EXIGIDAS EN LA DECISIÓN DEL CONSEJO Artículo 1, apartado 2: «La senda del ajuste presupuestario para la corrección del déficit excesivo tendrá como objetivo impedir que el déficit de las administraciones públicas sobrepase la cifra de (…) 17 065 millones de euros (7,6% del PIB) en 2011 (…)». || No aplicada Artículo 1, apartado 3: «La senda de ajuste a que se refiere el apartado 2 exige que la variación anual de la deuda bruta consolidada de las administraciones públicas no sobrepase la cifra de 34 058 millones EUR en 2010, 17 365 millones EUR en 2011(…)». || No aplicada Artículo 2, apartado 6 bis: «Grecia adoptará y aplicará sin dilación las medidas siguientes: a) reducción de las exenciones fiscales, en particular del mínimo exento del impuesto sobre la renta, con el fin de aumentar los ingresos en al menos 2831 millones EUR en 2012; || Aplicadas Aplicadas b) aplicación de un impuesto permanente sobre el capital inmobiliario, recaudado por medio de las facturas de electricidad, con el fin de ingresar al menos 1667 millones EUR en 2011, y 1750 millones EUR anuales a partir de 2012; c) aplicación inmediata de la tabla salarial revisada de los funcionarios, lo que contribuirá a reducir el gasto en al menos 101 millones EUR en 2011, acompañada de una prórroga de al menos 552 millones EUR para 2012, que se añadirían a los ahorros previstos en la EPMP, que abarca hasta 2015. Esta reforma englobará a todos los empleados públicos, salvo aquellos a los que se aplican regímenes salariales especiales. Estos ahorros netos tienen en cuenta el efecto de esta medida en la recaudación del impuesto sobre la renta y las cotizaciones sociales, así como las bonificaciones que deben pagarse a determinadas categorías de trabajadores; d) recorte de las pensiones principales y complementarias, así como de los importes a tanto alzado que se abonan en el momento de la jubilación, con el objetivo de ahorrar al menos 219 millones EUR en 2011, con una prórroga de 446 millones EUR en 2012, que se añadirían a los ahorros previstos en la EPMP; e) limitación del gasto del Fondo Verde al 5 % de sus depósitos con el objetivo de ahorrar 360 millones EUR en 2012; f) decisiones o circulares ministeriales sobre medidas relacionadas con los impuestos especiales aplicables al gas natural, con los combustibles para calefacción y con el impuesto sobre los vehículos, previstas en la EPMP; g) decisiones ministeriales sobre la regulación uniforme de las prestaciones sanitarias de los organismos de la seguridad social; h) normas sobre la recaudación de la sobretasa de solidaridad mediante retenciones de impuestos; i) decisiones ministeriales que pongan en marcha la liquidación, fusión o reducción importante del tamaño de las entidades siguientes: KED, ETA, ODDY, Instituto Nacional de la Juventud, EOMEX, IGME, OSK, DEPANOM, THEMIS, ETHYAGE, ERT y otras 35 entidades menores; j) una decisión ministerial que especifique los criterios aplicables para la atribución de las pensiones de invalidez, que sean coherentes con los objetivos de ahorro de la EPMP; k) una ley para congelar la indexación de las pensiones principales y complementarias hasta 2015; l) finalización de la lista de productos farmacéuticos que fija los precios que se cobran a los organismos de la seguridad social; m) transferencia al fondo de privatización "Fondo Helénico para el Desarrollo de Activos" (HRADF) de los activos siguientes: Alpha Bank (0,619 % de las acciones); Banco Nacional de Grecia (1,234 % de las acciones); Piraeus Bank (1,308 % de las acciones); Autoridad Portuaria del Pireo (23,1 % de las acciones); Autoridad Portuaria de Salónica (23,3 % de las acciones); autoridades portuarias de Elefsina, Lavrio, Igoumenitsa, Alexandroupolis, Volos, Kavala, Corfú, Patras, Rafina y Heraclión (100 %); Compañía de Aguas y Saneamiento de Atenas (27,3 %); Compañía de Aguas y Saneamiento de Salónica (40 %); aeropuertos estatales regionales (transferencia de derechos de concesión); instalación marina de almacenamiento de gas natural de "Kavala Meridional" (transferencia de derechos de concesiones actuales y futuras); autopistas helénicas (transferencia de derechos de concesiones actuales y futuras); Egnatia Odos (100 %); Servicio de Correos Griego (90 %); OPAP, SA (29 %) y cuatro edificios estatales; n) nombramiento de los asesores legales, técnicos y financieros como mínimo para catorce de las privatizaciones que están previstas hasta finales de 2012; o) basándose en el diálogo con los agentes sociales y habida cuenta del objetivo de crear y conservar puestos de trabajo y mejorar la competitividad de las empresas, adopción de nuevas medidas que permitan la adaptación de los salarios a las condiciones económicas. En concreto, se suspenderá la prórroga de los convenios colectivos profesionales y sectoriales y el denominado "principio de causa más favorable" durante el período de aplicación de la EPMP, de tal modo que los convenios de ámbito empresarial tengan prioridad sobre los sectoriales y profesionales; además, los contratos colectivos de ámbito empresarial podrán firmarlos los sindicatos o, en caso de que una empresa carezca de ellos, los comités de empresa u otros órganos de representación de los trabajadores, independientemente del tamaño de la empresa». Artículo 2, apartado 7: «Grecia deberá adoptar las siguientes medidas para finales de diciembre de 2011: a) un presupuesto para 2012 que se ajuste a la EPMP y al déficit máximo fijado en la presente Decisión; actualizar y publicar información sobre las medidas previstas en la EPMP; y adoptar los actos legislativos en materia de impuestos y gastos necesarios para la aplicación del presupuesto al mismo tiempo que se adopta el presupuesto; || Aplicadas b) un refuerzo de la capacidad de gestión de todas las autoridades de gestión y los organismos intermedios de los programas operativos, en el contexto del marco estratégico nacional de referencia 2007-2013 y su certificación ISO 9001:2008 (gestión de la calidad); || Aplicada en gran parte c) un sistema de cálculo de costes de cada hospital, que habrá de utilizarse a efectos presupuestarios a partir de 2013; || En curso Partiendo de la base de datos ESY.net actualmente se compila una serie básica de indicadores financieros y de actividad para todos los hospitales del Servicio Nacional de Sanidad. El primer informe deberá publicarse para marzo de 2012. d) Evaluación de los resultados de la primera fase de la revisión funcional independiente de la Administración central, que se traducirá en un plan de actuación para la aplicación de las recomendaciones políticas operativas. Estas recomendaciones determinarán el modo de lograr un servicio público más racional y eficiente, definir con claridad responsabilidades y líneas de mando en los departamentos ministeriales, eliminando competencias coincidentes, y mejorar la movilidad entre servicios y dentro de ellos; conclusión de la revisión funcional de los programas sociales vigentes que se está llevando a cabo; || En curso En diciembre de 2011 se publicó un informe de la OCDE sobre la reforma de la Administración central. Las recomendaciones de este informe están siendo tomadas en consideración por el Gobierno. Se ha establecido una hoja de ruta para aplicar estas reformas durante 2012. Se está elaborando un proyecto de ley. Un equipo conjunto OCDE-FMI de asistencia técnica ha recogido datos sobre programas sociales de todos los ministerios competentes. Se espera que el informe final esté terminado para finales de marzo. La segunda fase se fusionará con la revisión funcional y se espera que el informe final esté finalizado para finales de marzo de 2012. e) el inicio de las actividades de la autoridad única de contratación pública, que dispondrá de los recursos necesarios para cumplir su mandato y sus objetivos y será dotada de las competencias y facultades definidas en el Plan de acción; || No aplicada f) revisión de los servicios médicos subcontratados al sector privado con el fin de reducir los costes correspondientes en al menos un 15 % en 2011 y un 15 % adicional en 2012; || En curso, con retraso. Se ha observado cierta reducción del precio de los servicios contratados con prestadores de servicios privados. g) medidas para simplificar el sistema tributario, ampliar las bases imponibles y reducir los tipos impositivos de una forma fiscalmente neutra en el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre beneficios de sociedades y el IVA; || Para garantizar una reforma de alta calidad, este plazo debe ampliarse de acuerdo con la Comisión. h) nuevas medidas para garantizar que al menos un 50 % del volumen de medicamentos consumidos por los hospitales públicos consista en medicamentos genéricos con un precio inferior al de los productos de marca o productos que han pasado al dominio público equivalentes, por ejemplo, obligación de que los hospitales públicos se abastezcan de productos farmacéuticos partiendo de la sustancia activa. || En curso Aproximadamente el 30% del gasto en productos farmacéuticos en hospitales corresponde a medicamentos genéricos y este porcentaje puede seguir aumentando. i) nombramiento de asesores para las demás operaciones de privatización programadas para 2012 y que no se incluyen en el apartado 6 bis), letra n); aceleración del registro de la propiedad de tierras estatales y de la adopción de legislación secundaria sobre viviendas para turistas y sobre la utilización del suelo; creación y puesta en funcionamiento de una nueva secretaría general de propiedades públicas que colabore con el organismo de reciente fusión KED/ETA (instituciones de gestión inmobiliaria y de propiedades inmobiliarias para turistas, respectivamente), que han de preparar bienes inmobiliarios para la privatización de activos comerciales y negociables. El objetivo es mejorar la gestión de los activos inmobiliarios, liberarlos de cargas y prepararlos para la privatización; creación de seis carteras inmobiliarias por parte del HRDAF; adopción del acto legal sobre la transferencia al Estado de los activos muebles e inmuebles de las entidades que se liquiden; || Parcialmente aplicadasEl organismo de reciente fusión KED/ETA (denominado ahora ETAD) todavía debe designar a su consejo de administración, previa consulta con el HRADF. j) reforma de la administración tributaria mediante la activación de una unidad de grandes contribuyentes; supresión de barreras para lograr una administración fiscal eficiente poniendo en práctica las reformas fundamentales de la nueva ley tributaria, como la sustitución de aquellos administradores que no cumplan los objetivos de rendimiento y la reevaluación de las cualificaciones de los inspectores de Hacienda; puesta en funcionamiento del órgano de resolución rápida de litigios administrativos, de reciente creación, para que resuelva con rapidez (en un plazo de 90 días) conflictos de gran envergadura; centralización de las funciones de al menos 31 agencias tributarias y fusión de estas; || Parcialmente aplicadas Varias medidas están en curso, aunque con retraso. Varias agencias tributarias pequeñas e ineficientes se han cerrado o fusionado (con dificultades pendientes de resolución en lo referente a los aspectos operativos de la fusión) y se están consolidando las funciones esenciales. Se han aprobado contratos con auditores basados en resultados y se está llevando a cabo la reevaluación de las cualificaciones de los auditores fiscales. Se ha creado la unidad de grandes contribuyentes, pero no dispone aún de todos sus efectivos y todavía no funciona de conformidad con las mejores prácticas internacionales. k) racionalizar el control del gasto mediante el nombramiento de interventores financieros permanentes en todos los ministerios; || Aplicada l) publicación de un programa de recursos humanos a medio plazo hasta 2015, con arreglo a la norma de una contratación por cada cinco jubilaciones o despidos que se aplica a las administraciones públicas en su conjunto sin excepciones sectoriales; transferencia a la reserva laboral de unos 15000 empleados que actualmente trabajan en varias entidades públicas, y jubilación anticipada de 15000 empleados. El personal en la reserva laboral y los prejubilados cobrarán el 60 % de su salario básico (excluidas las horas extras y otras pagas extras) durante un máximo de doce meses. Este período de doce meses podrá prorrogarse hasta veinticuatro meses en el caso del personal que esté próximo a la jubilación. Los pagos efectuados al personal mientras se encuentre en reserva laboral se considerarán parte de la indemnización por despido; || No aplicadas Aún no se han publicado los programas de recursos humanos a medio plazo con una indicación de las necesidades de contratación de cada ministerio. Aproximadamente 10 000 empleados han abandonado el sector público acogiéndose a un plan de prejubilación. Como consecuencia de las fusiones y cierres, 630 empleados han pasado a integrar la reserva laboral. m) revisión de la lista de oficios duros y penosos y reducción de su cobertura a menos del 10 % de la población activa. Revisión a fondo del funcionamiento de los regímenes públicos de pensiones secundarios o complementarios, incluidos los fondos de asistencia social y las prestaciones de pago único con el objetivo de estabilizar el gasto de las pensiones, asegurar la neutralidad presupuestaria de estos regímenes y garantizar la viabilidad a medio y largo plazo del sistema. La revisión deberá permitir alcanzar los objetivos siguientes: una reducción adicional del número de regímenes existentes; la eliminación de desequilibrios en los fondos deficitarios; la estabilización de los gastos corrientes a un nivel sostenible gracias a la realización de los ajustes necesarios a partir del 1 de enero de 2012; y la sostenibilidad a largo plazo de los regímenes secundarios merced a una vinculación estricta entre cotizaciones y prestaciones. || Aplicadas [1] DO L 296 de 15.11.2011, p. 38. [2] COM(2011) 705 final. [3] «The Economic Adjustment Programme for Greece – Fifth Review», European Economy–Occasional Paper. Véase este artículo para una evaluación más detallada de la evolución macroeconómica, financiera, fiscal y en materia de reforma estructural. [4] Memorando de Política Económica y Financiera y Protocolo de Acuerdo sobre Condiciones Específicas de Política Económica de 31 de octubre de 2011. [5] Decisión 2010/320/UE del Consejo (DO L 145 de 11.6.2010). [6] Los ratios con respecto al PIB son indicativos. En la Decisión del Consejo, de 12 de julio de 2012, tales ratios hacen referencia a las cifras del PIB nominal disponibles en julio de 2011: el 7,6 %, el 6,5 %, el 4,8 % y el 2,6 % del PIB para 2011, 2012, 2013 y 2014, respectivamente. [7] La Decisión establece asimismo que el aumento anual de la deuda bruta consolidada de las administraciones públicas no debe exceder de 17 365 millones de euros en 2011, 15 016 millones de euros en 2012, 11 599 millones de euros en 2013, y 7 885 millones de euros en 2014. [8] Decisión 2011/791/UE del Consejo (DO L 320 de 11.6.2010, p. 8). [9] También existen límites máximos para las garantías concedidas por la Administración central, la deuda de la Administración central y los atrasos en el pago de la deuda externa. Dichos límites no se debaten en la presente Comunicación. Véase el Informe sobre el cumplimiento mencionado anteriormente. [10] Reglamento (UE) n° 1311/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo en lo que se refiere a una serie de disposiciones relativas a la gestión financiera para determinados Estados miembros que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en relación con su estabilidad financiera (DO L 337 de 20.12.2011, p. 5)