ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
1.6

A juicio de la Comisión, en un mercado que funciona correctamente, cuando la demanda crece pero la oferta no, los precios aumentan. En teoría, los consumidores reaccionan al aumento de los precios reduciendo el consumo, pero en los mercados de la electricidad se sabe que por diversos motivos los precios muestran poca elasticidad. Con un determinado nivel de precios, la inversión en más oferta es ventajosa y de este modo se frena el continuo aumento de los precios. Si no se hacen inversiones suficientes, los precios siguen aumentando y dan lugar, al menos a corto y medio plazo, a graves problemas para los consumidores y la competitividad de la industria y, con ello, para toda la economía. Un problema específico de las inversiones en generación de electricidad es que no existe la posibilidad de reaccionar con rapidez a las señales del mercado, dado que los proyectos de inversión, desde la fase de planificación hasta la de construcción, pasando por la de autorización, tardan mucho tiempo en realizarse. Aunque en algunos casos los mercados a plazo fijo y los mercados de futuro pueden mitigar este problema en cierta medida, se trata de prácticas demasiado recientes como para poder garantizar su viabilidad.
3.6

El CESE no comparte la afirmación de la Comisión «el único enfoque coherente para abordar el problema de los residentes ilegales es garantizar su vuelta al país de origen» (8). No es un enfoque realista, pues los sistemas y los instrumentos para la repatriación no son adecuados para abordar la situación en que se encuentran millones de personas. En el Dictamen (9) sobre el Libro Verde relativo a una política comunitaria de retorno de los residentes ilegales, y en el Dictamen (10) sobre el método abierto de coordinación, el CESE ya manifestó su posición: «El CESE considera que es un error considerar que el retorno obligatorio puede ser la respuesta principal de la UE a los residentes sin papeles que hoy se encuentran entre nosotros. Se requiere una política global que incluya tanto actuaciones de retorno como de regularización» (11). «Si la política de retorno no viene acompañada de medidas de regularización, el resultado será que se seguirá manteniendo la dimensión actual de la población que se encuentra en situación irregular, con lo que supone de fomento de la economía sumergida, la explotación laboral y la exclusión social» (12). El CESE desea que la política comunitaria promueva programas de retorno voluntario y considere el retorno forzoso para situaciones debidamente justificadas, tal como el CESE ha indicado en el mencionado Dictamen sobre el Libro Verde relativo a una política de retorno (13).
8.5

En cuanto al sistema de gestión, el CESE está de acuerdo con el mantenimiento de los cuatro principios (programación, asociación, concentración y adicionalidad) y con la simplificación basada en una mayor descentralización. No obstante, el CESE opina que esta mayor descentralización no debe cuestionar la necesidad de que la Comisión mantenga un estrecho acompañamiento de la ejecución de los programas, garantizando la coherencia de la política regional a escala de la Unión y evitando desviaciones que desvirtúen los objetivos respectivos. El control por parte de la Comisión debe ser, por consiguiente, muy estrecho, no sólo en lo relativo a la correcta aplicación de los fondos –a fin de garantizar la inexistencia de desvíos–, sino también en lo relativo a los proyectos financiados, y a si éstos cumplen o no las funciones para las que se crearon.
1.8

Estas inquietudes y críticas no pueden tomarse a la ligera. No atacan principios ni políticas. Reflejan la convicción de que existe un conflicto entre, por una parte, las exigencias del crecimiento económico, la creación de empleos y las prácticas actuales y, por otra parte, las preocupaciones medioambientales llevadas a la práctica mediante una normativa excesiva que no tiene en cuenta la realidad de la competencia económica. Los problemas parecen derivarse de una subestimación y de una gestión errónea de los instrumentos, procedimientos y estrategias de aplicación.
5.4

La debilidad de la sociedad civil organizada. Para avanzar hacia el desarrollo económico y la cohesión social no basta con establecer instituciones democráticas y una economía de mercado. Es necesario transformar las sociedades, acabar con la pobreza extrema y la exclusión, establecer las condiciones para que se produzca la igualdad de oportunidades, facilitar el acceso a servicios esenciales como la salud y la educación. Ese proceso no puede otorgarse desde el interior de cada país ni dictarse desde el exterior. Requiere que cada país asuma sus propias responsabilidades. Lo que no será posible si no se produce la participación permanente en las decisiones por parte de la sociedad, a través de sus distintas expresiones: partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos, organizaciones sociales. Un reparto más justo y equitativo de la riqueza –base primera de la cohesión social– implica siempre un reparto del poder, que no es posible sin el fortalecimiento de la sociedad civil organizada. La productividad misma del sistema económico se resiente de esta carencia, en tanto que las situaciones de descohesión cuestionan de modo permanente las bases de estabilidad jurídica y política que toda institución económica requiere para su buen funcionamiento.
3.12.1

El Comité está de acuerdo en que incumbe al prestador de servicios de pago la responsabilidad de ejecutar adecuadamente las órdenes de pago y demostrar que la operación se ha registrado, ejecutado y abonado correctamente en la cuenta del beneficiario. Es responsable de la parte del sistema de pagos (en un sentido técnico) que está bajo su control. Por otra parte, resulta evidente que el prestador de servicios de pago no puede ser considerado responsable más allá de su responsabilidad civil y, por supuesto, no puede serlo si no ha incurrido en negligencia ni en caso de fuerza mayor. Por lo tanto, el prestador del servicio deberá demostrar que la operación de pago se registró, ejecutó y contabilizó de forma correcta y de acuerdo con los términos en que fue ordenada, y esta obligación no podrá ser limitada ni soslayada por vía contractual.
2.3.3

Además, esta norma no es vinculante: si un Estado miembro decide no aplicarla, en particular cuando el servicio de que se trate no figura en la lista citada más arriba, los servicios «exportados» por las empresas europeas deberán estar sujetos al IVA (en el lugar del prestador de servicios) mientras que los servicios «importados» no lo estarán, lo que rompe la neutralidad del impuesto y representa un agravio comparativo para las empresas establecidas en el territorio de la Unión Europea.
7.4

A juicio del CESE, todo lo que sucedió en las negociaciones de la OMC en Cancún con respecto al sector del algodón no debe influir en el desarrollo de las negociaciones sobre este sector en el Consejo de Ministros. Con el 1,5 % de las superficies de cultivo a nivel mundial y el 2,5 % de la producción mundial, la UE desempeña un papel menor en el mercado internacional del algodón y no influye en los precios mundiales. En esta línea, en opinión del CESE, no se ayuda en absoluto a los países en desarrollo y lo único que se hace es poner en duda e invalidar el modelo agrícola europeo. Considera, pues, que el sector del algodón no puede ser tratado como tal sector en las negociaciones de la OMC, sino que debe incluirse en el capítulo de dichas negociaciones relativo a la agricultura.
3.1

En su Dictamen anterior sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se reestructura el marco comunitario de imposición de los productos energéticos» (CESE 1194/1997), el CESE repitió insistentemente que las tasas e impuestos ecológicos no deben conllevar un aumento de los niveles de imposición. Para lograr el objetivo de la neutralidad fiscal es preciso disminuir en la misma medida las exacciones sobre el trabajo. Las tasas e impuestos ecológicos no deben comprometer la competitividad de las empresas europeas ni destruir empleo. No ha de agravarse aún más la situación de los grupos de población de bajo nivel de renta particularmente afectados. Los Estados adherentes comparten estos puntos de vista.
5.3.

La norma, expuesta en el Reglamento, sobre la competencia desleal (artículo 5) se basa en el criterio tradicionalmente aplicado a este ámbito, a saber, que la ley aplicable es la del país en la que el acto de competencia desleal afecta a los perjudicados de manera directa y esencial (el lugar en el que se produce el perjuicio efectivo a la competencia). Esta norma garantiza la igualdad de trato de competidores nacionales y extranjeros en relación con las normas sobre igualdad de oportunidades en la competencia que se les exige cumplir. Sin embargo, este mismo aspecto se aborda de modo diferente en el artículo 4.1 de la propuesta de Directiva sobre las prácticas comerciales desleales (14), en la que para determinar la ley aplicable se elige el Estado miembro en el que se halle establecido el comerciante. Aunque en las exposiciones de motivos de estos dos instrumentos jurídicos no se menciona esta diferencia, una posible solución de esta disparidad, con arreglo a los principios generales del Derecho comunitario y del mercado interior, sería la siguiente: el artículo 5 del Reglamento se refiere al Derecho comunitario en las relaciones exteriores con los Estados no miembros de la UE (por ejemplo, en áreas no cubiertas por la Directiva), mientras que el artículo 4.1 de la Directiva trata de las relaciones intracomunitarias en el mercado interior entre los Estados miembros. No obstante, si esta es la intención, la Comisión haría bien en señalarlo claramente en la exposición de motivos de los dos instrumentos jurídicos. Ahora bien, sigue dándose la situación difícilmente sostenible de que en un Estado miembro rija una misma norma para competidores procedentes de Estados miembros y Estados no miembros de la UE, mientras que no regiría la misma norma si procedieran de diferentes Estados miembros de la UE (esto último, no obstante, es un problema de grado de armonización del derecho material sobre competencia en la Directiva). La restricción de la norma general que prevé el artículo 5.1 del Reglamento pretende abordar un caso que en la práctica raras veces se da, a saber, que el acto de competencia desleal afecte exclusivamente a intereses individuales, no generales. Se justifica así la subordinación a las normas generales sobre hechos derivados de un delito. El Comité propone que se examine la conveniencia de modificar el epígrafe de esta disposición dándole la siguiente redacción: «Competencia y prácticas comerciales desleales», al objeto de expresar con mayor claridad que la reglamentación pretende cubrir ampliamente todas las vulneraciones de las normas sobre competencia.
4.5.

Otro aspecto determinante para el éxito del plan a favor de las tecnologías ambientales es el acceso al mercado y las condiciones del mercado. Es inútil esperar que se produzca un desarrollo real de las tecnologías ambientales si éstas no pueden encontrar un mercado estable y competitivo. Ahora bien, a menudo las tecnologías ambientales efectivas no pueden producirse todavía de manera tan rentable como otras tecnologías menos respetuosas con el medio ambiente y en parte subvencionadas, no sólo porque los costes medioambientales no están integrados, sino también porque no han logrado un desarrollo y una difusión que permitan ahorros de escala suficientes para disminuir los costes. Todo el problema, pues, consiste en definir métodos de incitación al desarrollo de procedimientos deseables y probados en el ámbito de la política medioambiental de las tecnologías ambientales correspondientes (préstamos, subvenciones, incentivos fiscales) que estimulen y faciliten el acceso al mercado, e incluso la creación de un mercado. El CESE subraya que para asegurar la coherencia y la buena utilización de los métodos de incitación es preciso crear una forma de clasificación o de jerarquización: el capital riesgo en el momento de la puesta en marcha, los préstamos «clásicos» en la fase de desarrollo, las incitaciones fiscales para consolidar el mercado y, en su caso, gravámenes correspondientes a la internalización de los costes ecológicos para técnicas respetuosas del medio ambiente.
0.2.2.3.

Como excepción al artículo 0.2.2.1, y siempre que no sean frecuentes ni provengan de la misma fuente, se aceptarán las siguientes ventajas: a) muestras de hospitalidad del sector privado con un valor de hasta 50 EUR, si se ofrecen en un contexto relacionado con el trabajo. Esta excepción no se aplicará a las muestras de hospitalidad ofrecidas por proveedores actuales o potenciales o por entidades de crédito en el contexto de inspecciones o auditorias in situ realizadas por el BCE, que no podrán aceptarse en ningún caso; b) ventajas ofrecidas por otros bancos centrales, organismos públicos nacionales u organizaciones europeas o internacionales, que no excedan de lo usual y considerado apropiado; c) ventajas ofrecidas en circunstancias específicas en las que su rechazo podría haber causado una ofensa o haber puesto la relación profesional en grave riesgo.
Recomendación del Banco Central Europeo

de 5 de octubre de 2000

sobre los auditores externos de los bancos centrales nacionales

(BCE/2000/10)

(2000/612/CE)

EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo y, en particular, el apartado 1 de su artículo 27,

Considerando lo siguiente:

(1) Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y las de los bancos centrales nacionales (BCN) serán controladas por asesores externos independientes, recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

(2) De acuerdo con lo dispuesto en la Decisión 2000/427/CE del Consejo, de 19 de junio de 2000, de conformidad con el apartado 2 del artículo 122 del Tratado sobre la adopción por Grecia de la moneda única el 1 de enero de 2001(1), Grecia cumple en la actualidad las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única, y que la excepción en favor de Grecia establecida en el considerando 4 de la Decisión 98/317/CE del Consejo(2), con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 109 J del Tratado; se suprimirá con efectos a partir del 1 de enero de 2001.

(3) Los auditores externos recomendados en la Recomendación BCE/1998/5, de 12 de noviembre de 1998, sobre los auditores externos de los bancos centrales nacionales(3), reflejan las designaciones actuales efectuadas por cada uno de los BCN participantes.

(4) Debe recomendarse un auditor externo del Bank of Greece para el control de las cuentas anuales a partir del ejercicio 2001.

(5) Resulta necesario recomendar una modificación de la Decisión 1999/70/CE del Consejo, de 25 de enero de 1999, relativa a los auditores externos de los bancos centrales nacionales(4), modificada por la Decisión 2000/223/CE(5), a fin de tener en cuenta a los Estados miembros acogidos a una excepción que haya sido suprimida posteriormente.

RECOMIENDA:

- a Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors SA y a D. Charalambos Stathakis, registrado como censor jurado de cuentas, como auditores externos del Bank of Greece para el control de las cuentas anuales a partir del ejercicio 2001,

- que el Consejo de la Unión Europea modifique su Decisión 1999/70/CE a fin de adaptarla a lo establecido en la presente Recomendación.

La presente Recomendación se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

La presente Recomendación se dirige al Consejo de la Unión Europea.

Hecho en Francfort del Meno, el 5 de octubre de 2000.

El Presidente del BCE

Willem F. Duisenberg

(1) DO L 167 de 7.7.2000, p. 19.

(2) DO L 139 de 11.5.1998, p. 30.

(3) DO C 411 de 31.12.1998, p. 11.

(4) DO L 22 de 29.1.1999, p. 69.

(5) DO L 71 de 18.3.2000, p. 24.
2.3.1

Son notables los beneficios asociados a permitir al sector público acceder a los datos de titularidad privada y utilizarlos para distintos fines de interés público determinados. En particular, en el desempeño de sus funciones de política monetaria, el Eurosistema hace un amplio uso de las estadísticas oficiales elaboradas por el BCE, de los miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del Sistema Estadístico Europeo (SEE), así como de fuentes de datos no oficiales y no tradicionales. Las fuentes de datos no tradicionales pueden comprender indicadores de movilidad de la población de alta frecuencia basados en los datos de los operadores de redes móviles, que pueden utilizarse, por ejemplo, para verificar los efectos de: restricciones a la movilidad en el contexto de una pandemia o una guerra; índices de precios al consumo basados en datos de escáner de los principales minoristas; y estadísticas sobre el consumo de los hogares o las cuentas nacionales respaldadas por datos de operaciones financieras, como órdenes de compra, facturas, gastos de tarjeta y anotaciones en registros. Además, en los últimos años, la digitalización y la gestión de crisis han aumentado la necesidad de que los órganos rectores del BCE utilicen datos no normalizados en la toma de decisiones, en particular: (1) en situaciones de emergencia y de crisis al llevar a cabo sus tareas de política monetaria, y (2) con fines estadísticos, para comprobar la calidad de los datos no normalizados antes de adoptar o modificar actos jurídicos relativos a la obtención de información estadística o su facilidad de utilización ante situaciones de emergencia o crisis.
3.5.

Consecuentemente, el BCE recomienda que, en lugar de introducir un nuevo marco de control de calidad a través del reglamento propuesto, se apliquen los mecanismos de control de calidad ya existentes del SEE y del SEBC a los datos estadísticos del PDM. Los principios de pertinencia de los datos, rentabilidad y minimización de la carga informadora, tal y como se establecen en el Reglamento (CE) no 223/2009 y Reglamento (CE) no 2533/98, apoyan este planteamiento.
En muchos contratos de préstamo y contratos marco se estipulan supuestos de incumplimiento que permiten a las partes rescindir el contrato o la operación efectuada en virtud del contrato marco. La revocación de la autorización es un supuesto de incumplimiento estándar. A fin de que la revocación de la autorización de un GFIA no origine un proceso de rescisión desordenado, que bien puede además tener diversos efectos en distintos Estados miembros, convendría especificar que los efectos prácticos de la revocación son los mismos en toda la UE, en particular por lo que respecta a cuándo y a quién se anuncia la revocación y cuándo tiene efecto. El BCE propone que la Comisión adopte medidas de aplicación por el procedimiento de comitología a fin de especificar cuándo y a quién debe anunciarse la revocación de la autorización.

Los Principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos no se recogen en la legislación de ese país, y lo mismo puede suceder en otros países. Por tanto, puede no ser posible aplicar el apartado 3 del artículo 16 en su actual redacción.
2.1.

La extensión propuesta del alcance del título del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1338/2001, de 28 de junio de 2001, por el que se definen las medidas necesarias para la protección del euro contra la falsificación (5), de manera que se imponga la obligación de entregar billetes falsos de clases nuevas o ya establecidas, para fines distintos de la identificación, sigue en parte la recomendación del BCE. Sin embargo, la modificación propuesta del apartado 2 del artículo 4 no impide la utilización o conservación de billetes presuntamente falsos en causas penales, conforme al apartado 3 del artículo 4, con lo que contradice la extensión del alcance del título de dicho artículo y compromete la efectividad de la disposición modificada. En efecto, la aplicación de esta disposición sigue supeditándose enteramente al Derecho penal interno y al criterio de los jueces o fiscales. Cabe imaginar que, fruto de una incautación aislada, se descubran en un país muestras de falsificaciones nuevas o especialmente peligrosas y que los jueces o fiscales de ese país se nieguen a entregar, o no puedan hacerlo en virtud del Derecho penal interno, alguna de esas muestras a efectos de su comprobación, frustrando así el espíritu de la nueva disposición. Como dice en el apartado 2 de su recomendación, el BCE no desea menoscabar los derechos de los sospechosos o acusados en causas penales. No obstante, en este punto, la balanza de intereses que establece el Reglamento (CE) no 1338/2001 y que mantiene el reglamento propuesto no se inclina hacia la protección del euro contra la falsificación. Para asegurar dicha protección, el BCE y los BCN deben, como regla general, poder recibir muestras de billetes utilizados o conservados como prueba en causas penales salvo, como única excepción, cuando ello sea imposible habida cuenta de la cantidad y el tipo de los billetes falsos aprehendidos.
5.

La propuesta de reglamento contribuirá al objetivo global de elaborar un sistema coherente de cuentas trimestrales del sector público de la Unión Europea y de la zona del euro. La propuesta de reglamento complementará los actuales conjuntos de datos trimestrales del sector público que se especifican en el Reglamento (CE) no 264/2000 de la Comisión, de 3 de febrero de 2000, sobre la aplicación del Reglamento (CE) no 2223/96 del Consejo en lo relativo a las estadísticas a corto plazo sobre finanzas públicas (2), el Reglamento (CE) no 1221/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, sobre cuentas no financieras trimestrales de las administraciones públicas (3), y el Reglamento (CE) no 501/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo a las cuentas financieras trimestrales de las administraciones públicas (4).
Corrección de errores

Corrección de errores del Informe especial n° 22/2000 del Tribunal de Cuentas sobre la evaluación del procedimiento reformado de liquidación de cuentas, acompañado de las respuestas de la Comisión

("Diario Oficial de las Comunidades Europeas" C 69 de 2 de marzo de 2001)

(2001/C 84/02)

En la página 5, en el cuadro 1, en la sexta columna, denominada "DO", en la primera línea:

en lugar de: "C 338 de 11.11.1996",

léase: "C 10 de 15.1.1996".
32.

La Empresa Común ha establecido procedimientos de control ex ante eficaces, basados en comprobaciones documentales financieras y operativas, y realiza auditorías ex post a las declaraciones de gasto de las subvenciones del programa 7PM. Estos controles constituyen instrumentos clave para evaluar la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes, incluidas las contribuciones en especie y en efectivo a la Empresa Común de los otros miembros. El porcentaje de error residual de las auditorías ex post notificado en el informe anual de actividad de 2016 de la Empresa Común fue del 1,67 % (10).
19.

La mayoría de las prórrogas relativas al capítulo 1 6 corresponde a las visitas de fiscalización de los agentes y asciende a 542 473 euros. En 2015 se realizaron varias visitas de fiscalización de las que no se habían recibido declaraciones de gastos, o se recibieron pero no habían sido totalmente tramitadas al final del ejercicio. Otros importes que han contribuido a las prórrogas del capítulo 1 6, con respecto a los cuales existían compromisos jurídicos pero no se recibieron las facturas correspondientes en 2015, son los correspondientes al Perfeccionamiento profesional (358 534 euros) y al Centro infantil polivalente (159 620 euros).