Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público /* COM/2011/0779 final - 2011/0359 (COD) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA Las medidas adoptadas dentro y fuera de Europa como consecuencia directa de la crisis financiera se han centrado sobre todo en la necesidad urgente de estabilizar el sistema financiero. Si bien el papel de los bancos, los fondos de inversión libre, las agencias de calificación, los supervisores y los bancos centrales ha sido cuestionado y analizado en profundidad en diversas ocasiones, hasta ahora apenas se ha prestado atención al papel desempeñado en esta crisis por los auditores, y menos aún al papel que hubieran debido desempeñar. Teniendo en cuenta que los bancos hicieron aflorar enormes pérdidas entre 2007 y 2009 relacionadas con las posiciones que mantenían dentro y fuera de sus balances, son muchos los ciudadanos e inversores que se preguntan cómo fue posible que los auditores emitiesen en dichos ejercicios informes de auditoría limpios sobre las cuentas de sus clientes (en particular, los bancos). Es importante destacar que en una crisis en la que, entre los meses de octubre de 2008 y 2009, se comprometieron para apoyar a los bancos 4 588,900 millones de EUR del dinero de los contribuyentes, volumen de ayudas que representó el 39 % del PIB de la UE-27 en 2009[1], ningún componente del sistema financiero puede quedar al margen de las mejoras. La solidez de la auditoría es fundamental para restablecer la credibilidad y la confianza de los mercados. Contribuye a proteger al inversor, proporcionándole información fácilmente accesible, que resulte económica y fidedigna en relación con los estados financieros de las empresas. Puede asimismo reducir potencialmente el coste del capital de las empresas auditadas al garantizar una mayor transparencia y fiabilidad de sus estados financieros. También conviene destacar que los auditores tienen encomendada por ley la realización de las auditorías de los estados financieros de las sociedades de responsabilidad limitada y/o de las autorizadas para ofrecer servicios en el sector financiero. Esta delegación de tareas responde al cumplimiento de la función social de formular una opinión sobre si los estados financieros de estas sociedades presentan una imagen fiel. Las normas comunitarias han regulado parcialmente las auditorias legales desde 1984, año en que la Directiva 1984/253/CEE armonizó los procedimientos para la autorización de los auditores. La Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (denominada, en lo sucesivo, Directiva 2006/43/CE), adoptada en 2006, amplió considerablemente el ámbito de aplicación de la Directiva anterior. La crisis financiera ha puesto de manifiesto las debilidades de la auditoría legal, especialmente en lo relativo a las Entidades de Interés Público (EIP), es decir, de aquellas entidades que poseen una relevancia pública especial a causa de su actividad, tamaño o número de empleados, o bien debido a que su estructura empresarial determina que su círculo de interesados sea amplio. Por todo lo anterior, la presente propuesta define las condiciones para la realización de la auditoría de los estados financieros de las EIP. 2. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS A LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIONES DE IMPACTO La Comisión llevó a cabo una consulta desde el 13 de octubre al 8 de diciembre de 2010[2]. Se recibieron en total cerca de 700 respuestas de diversas partes interesadas, entre ellas miembros de la profesión de auditor, supervisores, inversores, estudiosos, empresas, organismos oficiales, organismos profesionales y particulares. La consulta ha revelado tanto la voluntad de cambio como la resistencia al mismo, y las partes interesadas que disfrutan actualmente en una posición firmemente asentada se muestran particularmente reacias a cambiar. Por otra parte, especialmente los auditores de tamaño pequeño y medio, al igual que los inversores, opinaban que la reciente crisis financiera había dejado al descubierto graves deficiencias. Un resumen de las contribuciones públicas recibidas está disponible en: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/audit/summary_responses_en.pdf Además de lo anterior, la Comisión organizó el 10 de febrero de 2011[3] una conferencia de alto nivel sobre auditoría que permitió un nuevo intercambio de puntos de vista. El Parlamento Europeo adoptó el 13 de septiembre de 2011 un informe de iniciativa en respuesta al Libro Verde de la Comisión, en el que insta a esta a introducir una mayor transparencia y competencia en el mercado de auditoría[4]. El Comité Económico y Social Europeo (CESE) emitió un dictamen similar el 16 de junio de 2011[5]. Estas cuestiones fueron sometidas asimismo a la consideración de los Estados miembros en la reunión del Comité de Servicios Financieros celebrada el 16 de mayo de 2011, y en la reunión del Comité de Regulación de la Auditoría que tuvo lugar el 24 de junio de 2011. En aplicación de los principios de mejora de la legislación, la evaluación de impacto ha identificado los diversos problemas que pueden requerir iniciativas reguladoras: · Existe una diferencia de expectativas entre lo que las partes interesadas esperan de una auditoría y lo que los auditores realmente hacen. · La independencia no está garantizada ni se puede demostrar en el contexto de un paradigma en el que la auditoría representa en realidad un servicio comercial más entre muchos otros. La inexistencia de licitaciones regulares de los servicios de auditoría, unida a la falta de rotación periódica de las sociedades que los realizan, ha privado a estos servicios de su atributo más característico: la actitud de escepticismo profesional. · Concentración del mercado e inexistencia de alternativas: el mercado se encuentra tan polarizado que son raras las ocasiones en que una EIP no es auditada por alguna de las «cuatro grandes». En la mayoría de los Estados miembros, dichas «cuatro grandes» auditan más del 85 % de las grandes empresas cotizadas. En la evaluación de impacto se consideraron las siguientes opciones de actuación: · Clarificar y especificar el alcance de la auditoría legal y mejorar la información que el auditor debe proporcionar a los usuarios, a las entidades auditadas, a los comités de auditoría y a los supervisores. · La prohibición de prestar servicios ajenos a la auditoría a las entidades auditadas, llegando incluso a prohibir dicha prestación en todos los casos, sería una respuesta eficaz a la necesidad de potenciar la independencia y el escepticismo profesional. Asimismo, unas normas más estrictas sobre la designación de auditores y la rotación obligatoria de las sociedades de auditoría contribuirían a una mayor calidad de las auditorías. · Para facilitar la selección imparcial del proveedor de servicios de auditoría, prohibir las cláusulas contractuales que restrinjan las opciones disponibles, mejorando la transparencia en lo que atañe a la calidad de la auditoría y a las propias sociedades de auditoría, y creando un certificado acreditativo de la calidad de la auditoría. · Al objeto de ampliar las posibilidades de elección de los proveedores de servicios de auditoría, eliminar las restricciones que afectan a la propiedad. · Fortalecer las autoridades nacionales de supervisión de las auditorías y establecer mecanismos de cooperación a escala europea en el marco de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM). El informe de evaluación de impacto correspondiente a esta propuesta puede consultarse en: http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/index_en.htm 3. ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 3.1 Fundamento jurídico La actual Directiva 2006/43/CE se basa en el artículo 50 del TFUE. Tanto los requisitos relativos al establecimiento (es decir, los que se refieren a la autorización y registro de los auditores) como las modificaciones de los mismos corresponden al ámbito de aplicación de esta Directiva[6]. Los requisitos adicionales específicos relacionados con la realización de la auditoría legal de las EIP se contemplan en el presente Reglamento basado en el artículo 114 del TFUE. 3.2. Subsidiariedad y proporcionalidad Hasta la fecha, la legislación comunitaria ha dejado un amplio margen de discreción a los Estados miembros, que a su vez han confiado básicamente en la autorregulación realizada por los propios profesionales. La crisis ha demostrado que la autorregulación no resulta apropiada con vistas al futuro. Por otro lado, los problemas destacados en la evaluación de impacto no pueden solucionarse a nivel nacional, porque surgirían importantes diferencias en el marco normativo que, a su vez, debilitarían gravemente el mercado único. Teniendo en cuenta las interrelaciones existentes entre los mercados de valores y los agentes financieros, las auditorías deben ajustarse a un marco normalizado a escala de la Unión. Resulta esencial abordar a nivel de la Unión el tratamiento de las funciones e independencia de los auditores y de la estructura del mercado, dado que las EIP europeas realizan con frecuencia actividades transfronterizas. Conviene señalar que la legislación relativa a la protección de los inversores y a las entidades financieras ya se está promulgando a nivel de la Unión. Por otra parte, un enfoque coordinado a nivel de la Unión, complementado con el respaldo internacional, reduciría también el riesgo de arbitraje regulador. La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad, ya que no excede de lo necesario para alcanzar sus objetivos. 3.3. Explicación detallada de la propuesta Actualmente, los artículos 39 a 43 de la Directiva 2006/43/CE contemplan determinados requisitos aplicables a las auditorías legales de las EIP. Dichos requisitos ya no se estipularán en dicha Directiva, pasando a integrarse (y a desarrollarse con mayor amplitud) en el presente Reglamento. El instrumento normativo más adecuado y proporcionado para garantizar la alta calidad de las auditorías de las EIP es un reglamento, dado que la aplicabilidad inmediata del mismo ofrece una mayor seguridad jurídica. Además de esto, el instrumento legislativo surtiría efecto de forma simultánea en toda la Unión, evitando con ello los problemas derivados de las demoras en su trasposición por parte de los Estados miembros[7]. Por otra parte, un reglamento ofrece el máximo nivel de armonización: las auditorías legales se llevarían a cabo, en lo esencial, con arreglo a idénticas normas en todos los Estados miembros. 3.3.1. Título I: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones El presente Reglamento se aplica a los auditores que realicen auditorías legales de las EIP y a las EIP objeto de auditoría, como es el caso, por ejemplo, de las normas aplicables al comité de auditoría que la EIP debe crear. A los efectos del presente Reglamento, serán de aplicación las mismas definiciones establecidas por la Directiva 2006/43/CE modificada. La evolución de sector financiero trae consigo la creación de nuevas categorías de entidades financieras acogidas a la legislación de la Unión, por lo que resulta apropiado que la definición de las EIP abarque igualmente a las sociedades de inversión, a las entidades de pago, a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), a las entidades de dinero electrónico y a los fondos de inversión alternativos. 3.3.2. Título II: Condiciones para la realización de la auditoría legal de las entidades de interés público Capítulo I: Independencia e inexistencia de conflictos de intereses Todos los auditores deben establecer políticas y procedimientos adecuados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el presente Reglamento en materia de independencia, sistemas internos de control de calidad y supervisión de sus empleados. No se debe permitir a los antiguos auditores, a los socios clave de auditoría ni a sus empleados que asuman cargos directivos importantes en la entidad auditada, ni participar en el comité de auditoría de la misma, ni ser nombrados miembros no ejecutivos del órgano de administración o de supervisión de dicha entidad auditada, antes de que transcurra como mínimo un plazo de dos años desde la finalización del encargo de auditoría. Los honorarios pagados a la entidad auditada por la prestación de servicios relacionados con la auditoría de cuentas no deben sobrepasar el 10 % de los honorarios de auditoría pagados por dicha entidad. Además de esto, cuando los honorarios totales en concepto de auditoría y de otros servicios relacionados con la auditoría de cuentas alcancen un porcentaje significativo de los ingresos totales percibidos por un auditor, será preciso introducir las salvaguardias apropiadas. No se debe permitir en ningún caso que el auditor legal, la sociedad de auditoría o los miembros de la red de la sociedad de auditoría presten a las entidades que auditen determinados servicios ajenos a la auditoría que son, en esencia, incompatibles con la función de interés público independiente de la auditoría, si bien por lo que atañe a otros servicios que no son esencialmente incompatibles con los servicios de auditoría, el comité de auditoría o la autoridad competente estará facultada para valorar, en función de las circunstancias concretas, si pueden o no ser prestados por la entidad auditada. Esta prohibición no incluye, sin embargo, a los servicios relacionados con la auditoría de cuentas. Se debe facultar a la Comisión para adaptar las listas de servicios autorizados y prohibidos a las condiciones estipuladas en el Título VI. Por otra parte, las sociedades de auditoría de mayor tamaño deberán concentrar su actividad profesional en la realización de auditorías legales y no estarán autorizadas para prestar servicios ajenos a la auditoría. Antes de aceptar o continuar un contrato, el auditor debe valorar todas las amenazas potenciales para su independencia, confirmando esta ante el comité de auditoría. Capítulo II: Confidencialidad y secreto profesional Los auditores no pueden acogerse a las normas de secreto profesional para eludir la aplicación de las disposiciones de la presente propuesta. El artículo 13 garantiza el intercambio de la información necesaria durante la realización de la auditoría. No obstante, estas normas no permiten que el auditor coopere con las autoridades de terceros países fuera de los canales de cooperación previstos en el capítulo XI de la Directiva 2006/43/CE. Capítulo III: Ejecución de la auditoría legal El Reglamento prevé que los auditores deberán adoptar las medidas necesarias para formarse una opinión sobre si los estados financieros presentan una imagen fiel y han sido elaborados de conformidad con el marco normativo aplicable a los informes de carácter financiero. No tiene que incluir garantía alguna respecto a la viabilidad futura de la entidad auditada ni a la eficiencia o eficacia con que la dirección o el órgano de administración de la entidad haya dirigido o vaya a dirigir los negocios de esta. Sin embargo, dicha exclusión no deberá ir en detrimento de las tareas que el auditor debe realizar para llevar a cabo convenientemente la auditoría, ni de ninguna de las obligaciones relativas a los informes. El escepticismo profesional resultará reforzado si el auditor se mantiene siempre alerta ante la posibilidad de incorrecciones de importancia relativa debidas a error o fraude, sea cual fuere su experiencia anterior con la entidad auditada. Se establecen los requisitos básicos para la ejecución de la auditoría legal. La sociedad de auditoría deberá designar al menos un socio clave de auditoría que intervendrá activamente en la realización de la auditoría legal. Se asignarán igualmente a la auditoría recursos en cantidad suficiente, debiéndose conservar los registros relativos a las cuentas de los clientes y crear un archivo de auditoría. Por otra parte, el auditor debe asegurarse de que se aplican adecuadamente todas las normas de índole organizativa. Cuando se produzca algún incidente que tenga o pueda tener consecuencias graves para la integridad de las actividades de la auditoría legal, el auditor debe adoptar las medidas apropiadas para controlar las consecuencias del incidente y evitar cualquier repetición del mismo. Cuando el auditor de un grupo de empresas no esté en condiciones de documentar el trabajo realizado por el auditor o auditores de terceros países en el marco de auditorías de los estados financieros consolidados, debe adoptar las medidas apropiadas, incluyendo la realización de trabajos de auditoría adicionales y la notificación a la autoridad competente. Antes de presentar el informe de auditoría, el auditor o la sociedad de auditoría debe proceder a revisar internamente la calidad del mismo. Esta revisión estará a cargo de un auditor que no haya intervenido en la realización de la auditoría legal cuya calidad esté siendo revisada. Capítulo IV: Informe de auditoría Se debe ampliar el contenido del informe de auditoría difundido públicamente con una descripción de la metodología utilizada, indicando en particular las partidas del balance que han sido revisadas directamente y las que han sido verificadas a través de pruebas de los sistemas y pruebas de cumplimiento, los niveles de importancia relativa aplicados en la realización de la auditoría, las principales áreas que presentan riesgos de incorrecciones de importancia relativa en los estados financieros, si la auditoría ha sido diseñada para detectar fraudes, y, en el caso de emitir un opinión de auditoría desfavorable o con salvedades, o de denegar la opinión, los motivos que justificaron esta decisión. Deberá explicar asimismo la variación en el peso atribuido respectivamente a las pruebas sustantivas y de cumplimiento, en comparación con el ejercicio precedente. Por otra parte, el auditor deberá elaborar también un informe más extenso y pormenorizado para el comité de auditoría. Dicho informe incluirá un mayor nivel de detalle sobre la auditoría realizada, sobre la situación de la empresa en cuanto tal (en relación, por ejemplo, con la continuidad de sus operaciones) y sobre los hallazgos de la auditoría, junto con las explicaciones pertinentes. Este informe adicional servirá igualmente para presentar (y justificar) al comité de auditoría el trabajo realizado. Este informe más amplio se presentará al comité de auditoría y a la dirección de la entidad auditada, aunque no al público (dado que su contenido puede incluir secretos comerciales o posible información sensible relacionada con los precios). Sin embargo, el auditor podrá entregar dicho informe a la autoridad competente cuando esta lo solicite. La mayor parte de las directivas relativas a los servicios financieros ya obligan al auditor a comunicar a las autoridades responsables de la supervisión de la EIP cualquier hecho o decisión que pueda afectar a esta última. Ahora se amplía dicha obligación a todas las EIP. Además de esto, las autoridades competentes que supervisan las entidades de crédito y empresas de seguros deberán establecer un diálogo regular con los auditores. Capítulo V: Informes de transparencia de los auditores legales y sociedades de auditoría, y mantenimiento de registros Se exige a los auditores que hagan pública su información financiera, informando en particular sobre su volumen de negocios desglosado entre los honorarios de auditoría pagados por las EIP, los satisfechos por otras entidades y los correspondientes a otros servicios. Deben hacer pública igualmente la información correspondiente a la red en la que están integrados. Los informes de transparencia de los auditores de las EIP se completarán con una declaración relativa a su propio gobierno corporativo. Entregarán asimismo a las autoridades competentes información adicional sobre los honorarios de auditoría, con el fin de facilitar las tareas de supervisión. Los auditores deben conservar determinados documentos e información durante el plazo de cinco años. 3.3.3. Título III: Designación de los auditores legales o las sociedades de auditoría por las entidades de interés público Con el fin de fortalecer la independencia y capacidad del comité de auditoría, este último debe estar formado por miembros no ejecutivos, de los cuales al menos uno deberá tener experiencia y conocimientos en materia de auditoría, y otro en materia de contabilidad y/o auditoría. La propuesta de designación del auditor a la junta de accionistas debe basarse en una recomendación presentada por el comité de auditoría. Dicha recomendación incluirá siempre una justificación de la opción propuesta. Por otra parte, salvo cuando se trate de la renovación de un encargo de auditoría, dicha recomendación contendrá como mínimo dos alternativas (excluyendo al auditor anterior), y el comité de auditoría deberá indicar cuál de ellas es su favorita, justificando debidamente su preferencia. El comité de auditoría formulará su recomendación al término del correspondiente proceso de licitación. En el caso de las entidades de crédito y empresas de seguros, el comité de auditoría deberá someter su recomendación a la autoridad de supervisión prudencial, la cual podrá vetar la opción propuesta. Se prohíben las cláusulas contractuales pactadas con terceros que restrinjan la libertad de elección de la entidad auditada. Al objeto de reducir la amenaza de familiaridad que surge cuando la empresa auditada designa una y otra vez a la misma sociedad de auditoría durante décadas, el Reglamento introduce la rotación obligatoria de las sociedades de auditoría al cabo de un plazo máximo de seis años que, en determinadas circunstancias excepcionales, podrá ampliarse a ocho años. Cuando una entidad de interés público haya designado dos o más auditores legales o sociedades de auditoría, la duración máxima del encargo será de nueve años; excepcionalmente, podrá ampliarse a doce años. Estipula igualmente un período transitorio durante el cual la sociedad de auditoría no podrá volver a auditar a la misma entidad. Con el fin de garantizar una transición sin problemas, el auditor anterior estará obligado a entregar al nuevo auditor un expediente de traspaso con la información pertinente. Por motivos justificados, el comité de auditoría, uno o varios accionistas, las autoridades competentes y las responsables de la supervisión de las EIP estarán facultados para demandar ante los tribunales nacionales el cese del auditor. 3.3.4. Título IV: Vigilancia de las actividades de los auditores y las sociedades de auditoría que realizan la auditoría legal de las entidades de interés público Capítulo I: Autoridades competentes Cada Estado miembro debe designar una autoridad competente responsable de la supervisión de los auditores y las sociedades de auditoría que prestan sus servicios a las EIP. Dichas autoridades contarán con personal suficiente y serán independientes de los auditores. Los empleados de las autoridades competentes estarán sometidos a las obligaciones del secreto profesional. Las autoridades competentes dispondrán de todas las facultades de supervisión e investigación necesarias para el ejercicio de sus funciones, pero no podrán interferir en el contenido del informe de auditoría. A nivel nacional deberán cooperar con la autoridad responsable de la autorización y registro de los auditores legales y las sociedades de auditoría (Directiva 2006/43/CE) y con las restantes autoridades de supervisión de las EIP, como por ejemplo el organismo supervisor del sector bancario o asegurador. Capítulo II: Control de calidad, investigaciones, seguimiento del mercado, planificación de contingencias y transparencia de las autoridades competentes Los cometidos de las autoridades competentes deben abarcar los siguientes aspectos: · Los controles de calidad de las auditorías legales realizadas, de forma proporcionada a la escala y dimensiones de las actividades del auditor objeto de control. · Las investigaciones dirigidas a detectar, corregir y prevenir las auditorías inadecuadas de las EIP. · El seguimiento de la evolución del mercado de servicios de auditoría legal en el ámbito de las EIP. · La vigilancia habitual de las posibles amenazas para la continuidad de las operaciones de las grandes sociedades de auditoría, incluyendo las derivadas de una excesiva concentración, exigiendo a estas sociedades que elaboren planes de contingencia con el fin de afrontar tales amenazas. · La transparencia en relación con sus actividades, incluyendo la publicación de los informes individuales sobre los controles de calidad realizados. Capítulo III: Cooperación entre las autoridades competentes y relaciones con las autoridades europeas de supervisión El presente Reglamento determina que la cooperación a nivel europeo entre las autoridades competentes debe realizarse en el marco de la AEVM, autoridad que absorbe por tanto el actual mecanismo europeo de cooperación auspiciado por el Grupo Europeo de Organismos de Supervisión de Auditores (EGAOB), un grupo de expertos encabezado por la Comisión Europea. La AEVM ya está trabajando en el ámbito de la auditoría (y contabilidad) relacionada con las EIP, y su marco normativo prevé la cooperación de la AEVM, de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) en el seno de un comité conjunto sobre auditoría. La AEVM está obligada a crear un comité interno de carácter permanente del que formarán parte, como mínimo, las autoridades competentes nacionales. Debe asimismo publicar directrices sobre diversas materias, por ejemplo sobre el contenido y presentación del informe de auditoría y del informe adicional para el comité de auditoría, sobre la función supervisora del comité de auditoría y sobre la realización de los controles de calidad. Se crea un certificado «voluntario» de calidad de la auditoría, de carácter paneuropeo, con el fin de mejorar la visibilidad, el reconocimiento y la reputación de todas las sociedades de auditoría con capacidad suficiente para llevar a cabo auditorías de las EIP con un alto nivel de calidad. La AEVM deberá publicar los requisitos para la obtención de dicho certificado, así como las implicaciones del mismo en lo relativo a trámites administrativos y tasas. Las autoridades nacionales competentes deben participar en el examen de la solicitud de certificado. En cuanto a las investigaciones e inspecciones sobre el terreno, las autoridades competentes deberán notificar a sus homólogas de otros Estados miembros cuando lleguen a la conclusión de que se realizan o se han realizado actividades contrarias a las disposiciones del presente Reglamento. Por otra parte, la autoridad competente de un Estado miembro podrá pedir a la autoridad competente de otro Estado miembro que lleve a cabo una investigación en el territorio de este último. Adicionalmente, la AEVM podrá constituir colegios de autoridades competentes, a solicitud de una o varias de ellas, con vistas a facilitar la realización de determinadas tareas. Capítulo IV: Cooperación con los auditores de terceros países y con las organizaciones y organismos internacionales Las autoridades competentes y la AEVM podrán celebrar acuerdos de cooperación que contemplen el intercambio de información con las autoridades competentes de terceros países, pero únicamente si la información revelada goza de la garantía de secreto profesional y se observan las normas relativas a la protección de los datos. 3.3.5. Título V: Medidas de supervisión y sanciones Con el objeto de promover el cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento, y conforme a la Comunicación de la Comisión de 9 de diciembre de 2010 titulada «Regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de servicios financieros»[8], se refuerzan las competencias de las autoridades competentes en materia de medidas de supervisión y facultades sancionadoras. Se contempla la imposición de sanciones pecuniarias administrativas a los auditores y las EIP por las infracciones cometidas. Las autoridades deberán actuar con transparencia en la aplicación de las sanciones y demás medidas. 3.3.6. Título VI: Informes y disposiciones transitorias y finales Se introduce un régimen transitorio para la entrada en vigor de las obligaciones relativas a la rotación de las sociedades de auditoría, al proceso de selección del auditor y a la creación de sociedades de auditoría dedicadas exclusivamente a prestar servicios de auditoría. 3.3.7. Normas técnicas de regulación y observancia del artículo 290 del TFUE Para tener en cuenta la evolución de la actividad de auditoría y del mercado de auditoría, se pide a la AEVM que presente a la Comisión normas técnicas de regulación en las que se especifiquen los requisitos técnicos sobre el contenido del expediente de traspaso que debe recibir el nuevo auditor y la creación de un certificado europeo de calidad para los auditores que llevan a cabo auditorías legales de EIP. Se faculta a la Comisión para adoptar estas normas técnicas con carácter de actos delegados. El 23 de septiembre de 2009, la Comisión adoptó las propuestas de Reglamentos por los que se crean la Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)[9]. A este respecto, la Comisión desea recordar las declaraciones que efectuó, en relación con los artículos 290 y 291 del TFUE, con motivo de la adopción de los Reglamentos por los que se crean las Autoridades Europeas de Supervisión, según las cuales: «En lo que atañe al proceso de adopción de normas reglamentarias, la Comisión subraya el carácter singular del sector de los servicios financieros, derivado de la estructura Lamfalussy y reconocido explícitamente en la Declaración 39, aneja al TFUE. No obstante, la Comisión abriga serias dudas sobre si las limitaciones de su papel en la adopción de actos delegados y medidas de ejecución se ajustan a los artículos 290 y 291 del TFUE». 4. REPERCUSIONES FINANCIERAS La propuesta de la Comisión no tiene ninguna incidencia, directa o indirecta, sobre el presupuesto de la Unión Europea. En particular, los cometidos encomendados a los organismos supervisores de la UE mencionados en la propuesta no implican ninguna financiación adicional por parte de la UE. 2011/0359 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[10], Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos[11], De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1) Los auditores legales y las sociedades de auditoría tienen encomendada por ley la realización de las auditorías legales de entidades de interés público, con la finalidad de mejorar el nivel de confianza del público en los estados financieros anuales y estados financieros consolidados de estas entidades. La función de interés público de la auditoría legal significa que un amplio grupo de personas e instituciones confían en la calidad del trabajo del auditor legal. La buena calidad de las auditorías contribuye al correcto funcionamiento de los mercados, al mejorar la integridad y la eficiencia de los estados financieros. De ahí que los auditores desempeñen una función social especialmente importante. (2) La legislación de la Unión exige que los estados financieros que reflejan las cuentas anuales o consolidadas de las entidades de crédito, empresas de seguros, emisores de valores admitidos a negociación en un mercado regulado, entidades de pago o de dinero electrónico, OICVM y fondos de inversión alternativos, sean objeto de una auditoría realizada por una o varias personas autorizadas para ello en virtud de la legislación de la Unión, a saber: el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras[12], el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 91/674/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros[13], el artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado, y por el que se modifica la Directiva 2001/34/CE[14], el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/EC y se deroga la Directiva 97/5/CE[15], el artículo 73 de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)[16], el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE[17], y el artículo 22, apartado 3 de la Directiva 2011/61/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) nº 1060/2009 y (UE) nº 1095/2010[18]. Por otra parte, el artículo 4, apartado 1, punto 1) de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo[19] , y dispone asimismo que se auditen los estados financieros anuales de las empresas de inversión en los casos en que no sea de aplicación la cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad[20] , o la séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, relativa a las cuentas consolidadas[21] . (3) Las condiciones para la autorización de las personas responsables de realizar la auditoría legal, y los requisitos mínimos para la realización de la misma han sido establecidas en la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican la Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo[22]. (4) Durante la reciente crisis financiera, los bancos hicieron aflorar enormes pérdidas entre 2007 y 2009, relacionadas con las posiciones que mantenían tanto dentro como fuera de sus balances. Este hecho no solo ha suscitado interrogantes sobre cómo fue posible que los auditores pudieran emitir informes de auditoría sin salvedades en estos ejercicios, sino también sobre la adecuación y conveniencia del actual marco legislativo. La Comisión publicó el 13 de octubre de 2010 el Libro Verde «Política de auditoría: lecciones de la crisis»[23], que puso en marcha una amplia consulta pública, dentro del contexto general de la reforma legislativa del mercado financiero, en torno a la función y el alcance de la auditoría y la forma de perfeccionar la función de auditoría para contribuir al fortalecimiento de la estabilidad financiera. De dicha consulta pública se pudo deducir que era posible mejorar sustancialmente las disposiciones de la Directiva 2006/43/CE relativas a la realización de la auditoría legal de las cuentas anuales y consolidadas de las entidades de interés público. El Parlamento Europeo emitió el 13 de septiembre de 2011 un informe de iniciativa sobre el Libre Verde, y el Comité Económico y Social Europeo emitió asimismo el correspondiente dictamen el 16 de junio de 2011. (5) Es importante establecer normas detalladas con el fin de conseguir que las auditorías legales de entidades de interés público tengan la calidad adecuada y se lleven a cabo por auditores legales y sociedades de auditoría con sujeción a requisitos estrictos. Un planteamiento regulador común permitiría mejorar la integridad, independencia, objetividad, responsabilidad, transparencia y fiabilidad de los auditores legales y las sociedades de auditoría que realizan las auditorías legales de entidades de interés público, contribuyendo a la calidad de tales auditorías a escala de la Unión y, por ende, al buen funcionamiento del mercado interior, y garantizando al propio tiempo un elevado nivel de protección de los consumidores e inversores. El desarrollo de un instrumento legislativo separado para las entidades de interés público servirá asimismo para lograr una armonización coherente y una aplicación uniforme, contribuyendo con ello a un funcionamiento más eficaz del mercado interior. (6) El sector financiero está en continua evolución, y la legislación de la Unión crea nuevas categorías de entidades financieras. Cada vez es mayor la importancia de las nuevas entidades y actividades que actúan fuera del sistema bancario corriente, y aumenta paralelamente su influencia sobre la estabilidad financiera. Por consiguiente, resulta apropiado que la definición de las entidades de interés público englobe igualmente a otras entidades financieras, como son las empresas de inversión, las entidades de pago, los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), las entidades de dinero electrónico y los fondos de inversión alternativos. (7) La auditoría de las cuentas anuales y consolidadas representa una salvaguardia jurídica para los inversores, acreedores y socios comerciales que poseen una participación o un interés económico en las entidades de interés público. Esto hace que los auditores legales y las sociedades de auditoría deban gozar de una completa independencia para la realización de las auditorías legales de tales entidades, y que sea preciso evitar todo conflicto de intereses. A efectos de determinar la independencia de los auditores y las sociedades de auditoría, conviene tener en cuenta también los casos en que operan bajo la forma de red. (8) Una adecuada organización interna de los auditores legales y las sociedades de auditoría contribuiría a prevenir las amenazas para su independencia. De este modo, los propietarios o accionistas de una sociedad de auditoría, al igual que sus directivos, no deben interferir en una auditoría legal a través de ningún tipo de intervención que pueda poner en peligro la independencia y objetividad del auditor que realiza la auditoría legal en nombre de la sociedad de auditoría. Además de esto, los auditores legales y sociedades de auditoría deben adoptar políticas y procedimientos internos apropiados en relación con sus empleados y otras personas de sus organizaciones que intervengan en la realización de las auditorías legales, con el fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones legales. En particular, estas políticas y procedimientos estarán orientados a prevenir y corregir cualquier amenaza para la independencia, y a velar por la calidad, integridad y rigurosidad de la auditoría legal. Estas políticas y procedimientos guardarán proporción con la escala y complejidad de las actividades del auditor legal o sociedad de auditoría. (9) En particular, los auditores, las sociedades de auditoría y sus empleados deben abstenerse de participar en la auditoría legal de una entidad si mantienen alguna relación comercial o financiera con la misma, y de negociar con instrumentos financieros emitidos, garantizados o respaldados de otro modo por una entidad auditada, a excepción de las participaciones en organismos de inversión colectiva diversificada. El auditor legal o sociedad de auditoría no debe intervenir en el proceso interno de adopción de decisiones de la entidad auditada. Los auditores legales y sus empleados tampoco pueden asumir funciones en la entidad auditada a nivel directivo o de consejo de administración hasta que haya transcurrido un plazo apropiado después de concluido el encargo de auditoría. (10) Asimismo, la cuantía de los honorarios recibidos de la entidad auditada o la estructura de los mismos puede amenazar la independencia del auditor legal o de la sociedad de auditoría. Por eso es importante velar por que los honorarios de auditoría no dependan de ningún tipo de contingencia y por que, cuando los percibidos de un único cliente sean significativos, se establezca un procedimiento específico para controlar la calidad de la auditoría. Cuando la dependencia de un único cliente sea excesiva, el auditor legal o sociedad de auditoría debe abstenerse de llevar a cabo la auditoría correspondiente. (11) La prestación a las entidades auditadas de otros servicios ajenos a la auditoría por parte de los auditores legales, sociedades de auditoría o miembros de su red puede comprometer la independencia de estos. En consecuencia, procede exigir que los auditores legales, sociedades de auditoría y miembros de su red no presten servicios de este tipo a las sociedades auditadas. La prestación de servicios ajenos a la auditoría a una empresa impediría que la sociedad de auditoría pudiese realizar la auditoría legal de dicha empresa, lo que conllevaría una reducción del número de sociedades de auditoría disponibles para efectuar las auditorías legales, y en particular las auditorías de las grandes entidades de interés público que concentran gran parte del mercado. Así pues, al objeto de lograr un número mínimo de sociedades de auditoría capaces de prestar servicios de auditoría a las grandes entidades de interés público, conviene requerir que las sociedades de auditoría con una dimensión importante enfoquen su actividad profesional hacia la realización de auditorías legales y no se les permita prestar otros servicios que no guarden relación con esta función, como por ejemplo de consultoría o asesoramiento. (12) Con el fin de evitar conflictos de intereses, es importante que el auditor legal o la sociedad de auditoría, antes de aceptar o prorrogar un encargo de auditoría correspondiente a una entidad de interés público, compruebe si se cumplen los requisitos de independencia, y en particular si existe algún peligro para la independencia derivado de su relación con dicha entidad. Para mantener su independencia, también es importante conservar constancia documental de todos las amenazas para la misma que puedan afectar al auditor, a sus empleados o a otras personas que participen en el proceso de auditoría legal, así como de las medidas de salvaguardia aplicadas para reducirlas. Además, cuando las amenazas para su independencia sigan siendo significativas incluso después de aplicar las salvaguardias dirigidas a su reducción, deben renunciar o abstenerse de realizar la auditoría correspondiente. El auditor legal o sociedad de auditoría deben confirmar todos los años al comité de auditoría de la entidad auditada su independencia, y discutir con el comité las posibles amenazas para la misma, así como las salvaguardias aplicadas para reducirlos. (13) La Directiva 95/46 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos[24] es el acto legal que regula el tratamiento de los datos personales realizado en los Estados miembros en el marco del presente Reglamento, bajo la supervisión de las autoridades competentes de los Estados miembros, y en particular de las autoridades públicas independientes designadas por estos. El Reglamento (UE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos[25], regula el tratamiento de los datos personales realizado por la AEVM en el marco del presente Reglamento y bajo la supervisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Cualquier intercambio o transmisión de información efectuado por las autoridades competentes debe ser conforme con las disposiciones sobre la transferencia de datos personales establecidas en la Directiva 95/46/CE, y los realizados por la AEVM deben ajustarse a las normas sobre la transferencia de datos personales del Reglamento (CE) nº 45/2001. (14) Es importante que los auditores legales y las sociedades de auditoría respeten la intimidad y los datos personales de sus clientes. Deben, por lo tanto, regirse por unas normas estrictas de confidencialidad y secreto profesional que, sin embargo, no deben impedir la aplicación adecuada del presente Reglamento ni la cooperación con el auditor del grupo durante la auditoría de los estados financieros consolidados cuando la empresa matriz esté domiciliada en un tercer país, siempre que se cumpla lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE. No obstante, estas normas no permiten que el auditor legal o la sociedad de auditoría coopere con las autoridades de terceros países fuera de los canales de cooperación previstos en el capítulo XI de la Directiva 2006/43/CE. Estas normas de confidencialidad deben aplicarse igualmente a todo auditor legal o sociedad de auditoría que deje de participar en una tarea de auditoría específica. (15) La auditoría legal concluye con una opinión sobre la medida en que los estados financieros de las entidades auditadas presentan una imagen fiel. No obstante, las partes interesadas pueden no ser conscientes de las limitaciones de una auditoría (importancia relativa, técnicas de muestreo, función del auditor en la detección del fraude y responsabilidad de la dirección), lo que puede generar un desfase entre las expectativas y la realidad. Para reducir este desfase es importante definir mejor el alcance de la auditoría. (16) Mientras que la responsabilidad principal de facilitar información financiera correcta corresponde a la dirección de las entidades auditadas, la función de los auditores consiste en someter a la dirección a un intenso escrutinio desde la perspectiva del usuario. Por consiguiente, para mejorar la calidad de la auditoría es importante potenciar la actitud de escepticismo profesional que deben ejercer los auditores frente a la entidad auditada. Los auditores deben aceptar la posibilidad de que existan incorrecciones de importancia relativa debidas a error o fraude, sea cual fuere su experiencia anterior en relación con la honradez e integridad de la dirección de la empresa auditada. El aseguramiento de la calidad de la auditoría deberá ser el principal criterio que inspire la organización del trabajo de auditoría y la asignación de los recursos necesarios a las distintas tareas. La integridad del auditor legal, de la sociedad de auditoría y de su personal es fundamental para afianzar la confianza del público en las auditorías legales y en los mercados financieros. Por consiguiente, cualquier incidente que pueda tener consecuencias graves para la integridad de las actividades de auditoría legal debe ser tratado adecuadamente. El auditor legal o sociedad de auditoría deberán documentar convenientemente el trabajo de auditoría. (17) En el caso de los estados financieros consolidados, es importante que exista una delimitación clara de responsabilidades entre los auditores legales que auditan a las distintas entidades del grupo. A tales efectos, el auditor del grupo debe tener responsabilidad plena del informe de auditoría. (18) Un buen control interno de la calidad del trabajo realizado en todas las auditorías legales contribuye a elevar el nivel de calidad de las mismas. Por lo tanto, el auditor legal o la sociedad de auditoría no deben emitir su informe de auditoría antes de que se haya realizado dicho control de calidad. (19) Los resultados de la auditoría legal se presentan a los interesados en el informe de auditoría. Al objeto de mejorar la confianza de dichos interesados en los estados financieros de la entidad auditada, es particularmente importante que el informe de auditoría esté bien fundamentado y sólidamente motivado, y que sea lo bastante extenso como para incluir información adicional específica sobre la auditoría realizada. En particular, el informe de auditoría debe incluir información suficiente acerca de la metodología aplicada en la auditoría, señalando especialmente las partes del balance que se han verificado directamente, las que han sido objeto de pruebas de sistemas y de cumplimiento, los niveles de importancia relativa aplicados en la auditoría, las principales áreas de riesgo de incorrecciones de importancia relativa en los estados financieros anuales y consolidados, si la auditoría legal ha sido diseñada para detectar fraudes y, en el caso de emitir una opinión con salvedades o desfavorable, o de denegar la opinión, los motivos en que se basa esta decisión. (20) Para la entidad auditada, el valor de la auditoría legal aumentaría notablemente si se fortaleciese la comunicación entre el auditor legal o la sociedad de auditoría y el comité de auditoría. Además de mantener un diálogo regular con el comité de auditoría durante la realización de esta, es importante que el auditor legal o la sociedad de auditoría presenten a dicho comité un informe adicional más detallado sobre los resultados de la auditoría legal. Estos informes adicionales detallados deben poder estar a disposición de los supervisores de las entidades de interés público, aunque no del público. (21) Los auditores legales o las sociedades de auditoría proporcionan ya actualmente a los supervisores de las entidades de interés público información sobre hechos o decisiones que puedan constituir una infracción de las disposiciones que regulan las actividades de la entidad auditada, o resultar perjudiciales para la continuidad de las actividades de la entidad auditada. También se facilitarían las tareas de supervisión si los supervisores de las entidades de crédito y entidades financieras estuvieran obligados a mantener un diálogo con los auditores legales o sociedades de auditoría de esas entidades. (22) Con el fin de mejorar la confianza en los auditores legales y las sociedades de auditoría, así como la responsabilidad de estos en relación con la auditoría de las entidades de interés público, es importante dotar de una mayor transparencia a los informes que emitan. Por tanto, debe exigirse a los auditores legales y las sociedades de auditoría que hagan pública información financiera auditada, indicando en particular el desglose de su volumen de negocios entre los honorarios de auditoría pagados por las entidades de interés público, los satisfechos por otras entidades y los correspondientes a otros servicios. Deben revelar igualmente información financiera correspondiente a la red en la que estén integrados. Los informes de transparencia de las sociedades de auditoría se completarán con una declaración relativa al gobierno corporativo en el que se demuestre si han adoptado medidas de buen gobierno. Entregarán asimismo a las autoridades competentes información adicional sobre los honorarios de auditoría, con el fin de facilitar las tareas de supervisión. (23) Los comités de auditoría, o bien los órganos que ejerzan una función equivalente dentro de la entidad auditada, contribuyen de forma decisiva a lograr que las auditorías alcances una calidad elevada. Resulta especialmente importante reforzar la independencia y capacidad técnica del comité de auditoría, exigiendo que la mayoría de sus miembros sean independientes, y que al menos uno de ellos posea competencias en materia de auditoría, y otro en auditoría y/o contabilidad. La Recomendación de la Comisión de 15 de febrero de 2005, relativa al papel de los administradores no ejecutivos o supervisores y al de los comités de los consejos de administración o de supervisión, aplicables a las empresas que cotizan en bolsa[26], estipula la forma en que han de establecerse y funcionar los comités de auditoría. Teniendo en cuenta, no obstante, la dimensión de los consejos de administración en las empresas con escasa capitalización de mercado y en las entidades de interés público pequeñas y medianas, parece apropiado que los cometidos atribuidos al comité de auditoría de estas entidades, o al órgano que ejerza una función equivalente, sean asumidos por el consejo de administración u órgano supervisor en su conjunto. Las entidades de interés público que sean OICVM o fondos de inversión alternativos estarán exentas de la obligación de disponer de un comité de auditoría. Esta exención tiene en cuenta el hecho de que, cuando los fondos tienen como única finalidad la gestión común de diversos activos, la intervención de un comité de auditoría no siempre resultará adecuada. Los OICVM, los fondos de inversión alternativos y sus sociedades de gestión operan en un entorno normativo estrictamente regulado y están sometidos a mecanismos específicos de gobernanza, como son los controles ejercidos por su depositario. (24) También es importante reforzar el papel del comité de auditoría en la selección de un nuevo auditor legal o sociedad de auditoría, para favorecer unas decisiones mejor informadas por parte de la junta general de accionistas o miembros de la entidad auditada. Por este motivo, al plantear su propuesta ante la junta general, el consejo de administración deberá explicar si se atiene a la recomendación del comité de auditoría y, en caso negativo, los motivos por los que no lo hace. La recomendación del comité de auditoría debe incluir como mínimo dos posibles alternativas para el encargo de auditoría, y justificar debidamente la preferencia por una de ellas, de tal modo que la junta general tenga realmente la posibilidad de elegir. Para justificar su recomendación de manera equitativa y adecuada, el comité de auditoría se basará en los resultados del proceso de selección que, bajo la responsabilidad del comité de auditoría, debe realizar obligatoriamente la entidad auditada. En dicho proceso de selección la entidad auditada invitará a auditores legales y sociedades de auditoría, incluso a los de menor tamaño, a presentar sus ofertas para la realización de la auditoría. El pliego de condiciones describirá los criterios de selección, transparentes y no discriminatorios, que se aplicarán en la evaluación de las propuestas. Considerando, sin embargo, que este proceso de selección podría suponer unos costes desproporcionados para las empresas con escasa capitalización de mercado o para las entidades de interés público pequeñas y medianas, resulta apropiado exonerar a dichas entidades de esta obligación. (25) El derecho que asiste a la junta general de accionistas o miembros de la entidad auditada para designar al auditor legal o sociedad de auditoría quedaría sin efecto si la entidad auditada suscribiese un contrato con terceros que contuviera cláusulas restrictivas de este derecho de elección. Por consiguiente, se considerará nula y sin efecto cualquier cláusula contractual pactada entre la entidad auditada y un tercero que determine la designación de un determinado auditor o sociedad de auditoría o que restrinja las opciones disponibles. (26) La designación de más de un auditor legal o sociedad de auditoría por las entidades de interés público favorece el ejercicio del escepticismo profesional y contribuye a aumentar la calidad de la auditoría. Asimismo, la presencia de sociedades de auditoría más pequeñas facilita el desarrollo de la capacidad de estas últimas y permite aumentar las alternativas de elección de auditor legal y sociedad de auditoría a disposición de las entidades de interés público. Por tal motivo, las entidades de interés público deben ser alentadas e incentivadas a designar más de un auditor legal o sociedad de auditoría que lleve a cabo su auditoría legal. (27) Al objeto de reducir la amenaza de familiaridad, reforzando con ello la independencia de los auditores y sociedades de auditoría, es importante establecer una duración máxima del encargo de auditoría que vincula a un auditor legal o sociedad de auditoría con una entidad determinada. Debe establecerse asimismo un mecanismo de rotación gradual en relación con el personal de categoría superior involucrado en la auditoría legal, incluyendo a los socios clave de auditoría que llevan a cabo la auditoría legal en nombre de la sociedad de auditoría. También es importante estipular un plazo adecuado durante el cual el auditor legal o la sociedad de auditoría no podrá efectuar nuevamente la auditoría legal de la misma entidad. Con el fin de garantizar una transición sin problemas, el auditor anterior estará obligado a entregar al nuevo auditor un expediente de traspaso con la información pertinente. (28) Para proteger la independencia del auditor es importante que su cese solo sea posible cuando existan causas justificadas, que deben notificarse a la autoridad o autoridades responsables de la supervisión pública. Si, a pesar de existir causas justificadas, la entidad auditada no adopta ninguna medida al respecto, el comité de auditoría, los accionistas, las autoridades competentes responsables de la supervisión de los auditores o sociedades de auditoría y de la supervisión de la entidad de interés público deben estar facultados para reclamar ante los tribunales nacionales el cese del auditor. (29) Con el fin de alcanzar un elevado nivel de confianza de los inversores y consumidores en el mercado interior, y de evitar los conflictos de intereses, los auditores legales y las sociedades de auditoría deben estar sujetos a la adecuada supervisión de las autoridades competentes, que han de ser independientes de la profesión de auditoría y contar con la capacidad, los conocimientos técnicos y los recursos apropiados. Las autoridades nacionales competentes deberán contar con las competencias necesarias para llevar a cabo sus tareas de supervisión, incluyendo la capacidad para acceder a los documentos, demandar información de cualquier persona y realizar inspecciones. Deben especializarse en la supervisión de los mercados financieros, en el cumplimiento de las obligaciones de información financiera y en la vigilancia de las auditorías legales. No obstante, debe permitirse que la supervisión del cumplimiento de las obligaciones impuestas a las entidades de interés público se lleve a cabo por las autoridades competentes encargadas de supervisarlas. La financiación de las autoridades competentes debe estar libre de cualquier posible influencia indebida por parte de los auditores legales y sociedades de auditoría. (30) La calidad de la supervisión mejora cuando existe una cooperación eficaz entre las autoridades encargadas de las diferentes tareas a nivel nacional. Por consiguiente, las autoridades competentes para supervisar el cumplimiento de las obligaciones que en materia de auditoría legal competen a las entidades de interés público deben cooperar con las autoridades responsables de la autorización y registro de los auditores legales y sociedades de auditoría, con las encargadas de la supervisión de las entidades de interés público y con las unidades de inteligencia financiera mencionadas en la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2006, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo[27]. (31) El control de calidad externo de las auditorías legales es fundamental para lograr que estas tengan un alto nivel de calidad. Añaden credibilidad a la información financiera publicada y ofrecen una mayor protección a los accionistas, inversores, acreedores y otras partes interesadas. Por lo tanto, los auditores legales y sociedades de auditoría deben estar sujetos a un sistema de control de calidad que, bajo la responsabilidad de las autoridades competentes, asegure la objetividad e independencia de la profesión de auditoría. Los controles de calidad se organizarán de tal manera que cada auditor legal y sociedad de auditoría que lleve a cabo auditorías de las entidades de interés público se someta a un control de calidad al menos cada tres años. La Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2008, relativa al control de calidad externo de las auditores legales y las sociedades de auditoría que verifican las cuentas de las entidades de interés público[28] proporciona información sobre la forma de realizar tales controles, que han de guardar proporción con la escala y complejidad de las actividades del auditor legal o sociedad de auditoría. (32) Las investigaciones ayudan a detectar, prevenir y corregir los casos de ejecución inapropiada de la auditoría legal de las entidades de interés público. Por tal motivo, las autoridades competentes deben estar facultadas para emprender investigaciones relacionadas con los auditores legales y las sociedades de auditoría. (33) El mercado de servicios de auditoría legal de las entidades de interés público evoluciona con el tiempo. Es preciso, por lo tanto, que las autoridades competentes se mantengan al corriente de los acontecimientos que ocurren en el mercado, especialmente en lo relativo a las posibles limitaciones de la libertad de designación del auditor derivadas de la alta concentración del mercado. (34) La desaparición de alguna sociedad de auditoría importante puede perturbar la prestación de servicios de auditoría en el mercado y traer consigo una acumulación todavía mayor de riesgo en el mercado. Por tal motivo, las autoridades competentes deben exigir a las grandes sociedades de auditoría de cada Estado miembro que elaboren planes de contingencia de carácter preventivo que contemplen los posibles acontecimientos que puedan representar una amenaza para la continuidad de las operaciones de la sociedad en cuestión. Estos planes pueden contener medidas dirigidas a preparar una quiebra ordenada de la sociedad. (35) La transparencia de las actividades de las autoridades competentes contribuirá a aumentar la confianza de los inversores y consumidores en el mercado interior. Por consiguiente, resulta oportuno que dichas autoridades informen regularmente acerca de sus actividades y publiquen informes individuales de las inspecciones realizadas. (36) La cooperación entre las autoridades nacionales de los Estados miembros puede representar una contribución importante para garantizar una calidad elevada y uniforme de las auditorías legales en toda la Unión. En consecuencia, las autoridades competentes de los Estados miembros deben cooperar entre sí, siempre que sea necesario, para la realización de sus cometidos de supervisión en relación con las auditorías legales. Al hacerlo, han de respetar el principio de aplicación de la normativa del país de origen y de supervisión por el Estado miembro en el que esté autorizado el auditor legal o sociedad de auditoría y tenga su domicilio social la entidad auditada. Esta cooperación entre las autoridades competentes se vería especialmente reforzada en caso de organizarse en el marco del Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES), presidido por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y que fue creado por el Reglamento (UE) nº 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados)[29]. La AEVM, con la asistencia de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), establecida por el Reglamento (UE) nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea)[30], y de la Autoridad Europea de Seguros de Pensiones y Jubilación (AESPJ), creada por el Reglamento (UE) nº 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación)[31], debe contribuir a esta cooperación facilitando asesoramiento y orientación a las autoridades nacionales competentes. (37) El alcance de la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros debe incluir el intercambio de información, la colaboración relativa a los controles de calidad, la ayuda en las investigaciones relacionadas con la realización de las auditorías legales de entidades de interés público, incluso en los casos en que la conducta investigada no constituya una infracción de ninguna disposición legal o reglamentaria vigente en el Estado miembro respectivo, y los planes de contingencia. Las modalidades de cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros podrá extenderse a la creación de colegios de autoridades competentes y a la delegación recíproca de tareas. En dicha cooperación se tendrán en cuenta asimismo los casos en que los auditores y sociedades de auditoría adoptan la forma de red. Las autoridades competentes y las Autoridades Europeas de Supervisión deben respetar las normas pertinentes de confidencialidad y secreto profesional. (38) El reconocimiento de la aptitud de los auditores legales y las sociedades de auditoría para llevar a cabo las auditorías legales de entidades de interés público debe facilitarles el acceso a otros clientes. Conviene, por tanto, introducir un certificado de calidad a escala europea, cuyo desarrollo corresponderá a la AEVM. Las autoridades nacionales competentes deben participar en el examen de la solicitud de certificado. (39) Las interrelaciones existentes entre los mercados de capitales exigen otorgar a las autoridades nacionales competentes y a las Autoridades Europeas de Supervisión las facultades necesarias para cooperar con las autoridades y organismos supervisores de terceros países en el ámbito del intercambio de información y de los controles de calidad. Sin embargo, cuando la cooperación con las autoridades de terceros países tenga relación con los papeles de trabajo de auditoría u otros documentos en poder de los auditores legales y sociedades de auditoría, procede aplicar los procedimientos establecidos en la Directiva 2006/43/CE. (40) En aras del buen funcionamiento de los mercados de capitales, es necesario que exista capacidad de auditoría sostenible y un mercado de servicios de auditoría legal competitivo en el que existan suficientes posibilidades de elección de sociedades de auditoría que puedan realizar la auditoría legal de las entidades de interés público. La AEVM debe informar de los cambios que el presente Reglamento ocasione en la estructura del mercado de auditoría. Al efectuar su análisis, la AEVM debe tomar en consideración los efectos de las disposiciones nacionales sobre la responsabilidad civil de los auditores legales en la citada estructura. Basándose en ese informe y en otra documentación pertinente, la Comisión debe presentar un informe sobre los efectos de esas disposiciones en la estructura del mercado de auditoría y adoptar las medidas oportunas que se deriven de sus conclusiones. (41) A fin de promover el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, y con arreglo a la Comunicación de la Comisión de 9 de diciembre de 2010 titulada «Regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de servicios financieros»[32], se deben reforzar las competencias de las autoridades competentes relativas a las medidas de supervisión y a las facultades sancionadoras. Conviene introducir sanciones administrativas de carácter pecuniario para los auditores legales, sociedades de auditoría y entidades de interés público que cometan infracciones. Las autoridades competentes deben actuar con transparencia en cuanto a las sanciones y otras medidas que apliquen. En la adopción y publicación de las sanciones han de respetarse los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular los relativos al respeto a la vida privada y familiar (artículo 7), a la protección de datos de carácter personal (artículo 8), y a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47). (42) Los denunciantes pueden hacer llegar a la atención de las autoridades competentes nueva información que les ayude a detectar y sancionar las irregularidades, incluido el fraude. Sin embargo, es posible que estas personas no se atrevan a presentar sus denuncias por miedo a las represalias o por falta de estímulos para hacerlo. Por tanto, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para animar a alertar a las autoridades competentes acerca de las posibles infracciones del presente Reglamento, y para proteger a los denunciantes de posibles represalias. Los Estados miembros han de poder asimismo introducir incentivos para los denunciantes, aunque el derecho a los mismos debe limitarse a aquellos denunciantes que saquen a la luz nueva información que no estén ya legalmente obligados a notificar, y siempre que de la misma se deriven sanciones por infracción del presente Reglamento. Los Estados miembros deben velar por que sus programas con respecto a las denuncias incluyan medidas dirigidas a garantizar la debida protección de la persona denunciada, especialmente en lo relativo al derecho a la confidencialidad de sus datos personales, a defenderse y a ser oída antes de que se adopte una decisión que le afecte, además del derecho a recurrir ante una instancia judicial contra dicha decisión. (43) Para tener en cuenta la evolución de la actividad de auditoría y del mercado de auditoría, la Comisión debe estar facultada para especificar los requisitos técnicos relativos al contenido del expediente de traspaso que el nuevo auditor legal o sociedad de auditoría debe recibir y a la creación de un certificado europeo de calidad para los auditores legales y sociedades de auditoría que lleven a cabo las auditorías legales de entidades de interés público. (44) Con objeto de tener en cuenta igualmente los avances técnicos de los mercados financieros, de la auditoría y de la profesión de auditor, y con el fin de especificar los requisitos establecidos en el presente Reglamento, debe facultase a la Comisión para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En particular, se requieren actos delegados para adaptar la lista de los servicios relacionados con la auditoría y de los servicios ajenos a la auditoría, así como para establecer la cuantía de las tasas que la AEVM podrá imponer por la emisión del certificado europeo de calidad a los auditores legales y sociedades de auditoría. Es especialmente importante que durante los trabajos de preparación la Comisión realice las consultas apropiadas, que también deberán incluir a expertos. Al preparar y redactar los actos delegados, la Comisión debe garantizar la transmisión adecuada, simultánea y oportuna de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo. (45) A fin de velar por la seguridad jurídica y la transición sin problemas al régimen establecido en el presente Reglamento, conviene introducir un período transitorio para la entrada en vigor de las obligaciones relativas a la rotación de las sociedades de auditoría, al proceso de selección para elegir la sociedad de auditoría y a la transformación de las sociedades de auditoría en sociedades dedicadas exclusivamente a prestar servicios de auditoría. (46) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, la clarificación y perfeccionamiento de la definición de la función de auditor legal de las entidades de interés público, la mejora de la información que el auditor legal o la sociedad de auditoría debe proporcionar a la entidad auditada, a los inversores y demás interesados, el reforzamiento de los canales de comunicación entre los auditores y los supervisores de las entidades de interés público, la prevención de los conflictos de intereses derivados de la prestación de servicios ajenos a la auditoría a las entidades de interés público, la reducción del riesgo de posibles conflictos de intereses provocados por el actual sistema en el que «el auditado selecciona y paga al auditor» y de la amenaza de familiaridad, la simplificación del cambio de auditor legal o sociedad de auditoría y la elección del auditor para las entidades de interés público, la mayor variedad de proveedores de auditoría a disposición de estas últimas, la mejora de la eficacia, independencia y coherencia en el ámbito de la regulación y supervisión de los auditores legales y las sociedades de auditoría que realicen las auditorías de las entidades de interés público, incluido en lo referente a la cooperación a nivel de la Unión, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros debido a su dimensión, la Unión puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos antes mencionados. (47) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar (artículo 7), a la protección de datos de carácter personal (artículo 8), a la libertad de empresa (artículo 16), a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47), a la presunción de inocencia y derecho a la defensa (artículo 48), a los principios de legalidad y proporcionalidad de los delitos y las penas (artículo 49) y a no ser acusado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito (artículo 50), debiéndose aplicar de conformidad con tales derechos y principios. HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Título I Objeto, ámbito de aplicación y definiciones Artículo 1 Objeto El presente Reglamento define los requisitos para la ejecución de las auditorías legales de los estados financieros anuales y estados financieros consolidados de las entidades de interés público, las normas para la organización y selección de los auditores legales y las sociedades de auditoría que deberán aplicar las entidades de interés público con el fin de reforzar su independencia y evitar conflictos de intereses, y las normas relativas a la supervisión del cumplimiento de estos requisitos por los auditores legales y las sociedades de auditoría. Artículo 2 Ámbito de aplicación 1. El presente Reglamento se aplicará a: a) Los auditores legales y las sociedades de auditoría que realizan auditorías de las entidades de interés público. b) Las entidades de interés público. 2. Las disposiciones de presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo estipulado en la Directiva 2006/43/CE. Artículo 3 Definiciones A los efectos del presente Reglamento se aplicarán las definiciones establecidas en el artículo 2 de la Directiva 2006/43/CE, a excepción de las relativas al «informe de auditoría» y a las «autoridades competentes». Artículo 4 Grandes entidades de interés público Para los fines del presente Reglamento, se considerarán «grandes entidades de interés público» las siguientes: a) En relación con las entidades definidas en el artículo 2, apartado 13, letra a), de la Directiva 2006/43/CE, los diez mayores emisores de acciones de cada Estado miembro en términos de capitalización de mercado, sobre la base de la cotización correspondiente al último día del año y, en cualquier caso, todos los emisores de acciones con una capitalización media en el mercado de más de 1 000 millones de EUR, calculada sobre la base de las cotizaciones de fin de año de los tres años civiles anteriores. b) En relación con las entidades definidas en el artículo 2, apartado 13, letras b) a f), de la Directiva 2006/43/CE, cualquier entidad cuya suma total del balance supere los 1 000 millones de EUR en la fecha de cierre del mismo. c) En relación con las entidades definidas en el artículo 2, apartado 13, letras g) a h), de la Directiva 2006/43/CE, cualquier entidad que gestione activos por importe superior a los 1 000 millones de EUR en la fecha de cierre del balance. Título II Condiciones para la realización de la auditoría legal de las entidades de interés público CAPÍTULO I INDEPENDENCIA E INEXISTENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Artículo 5 Independencia y objetividad Los auditores legales y las sociedades de auditoría deberán adoptar todas las medidas necesarias para que la realización de la auditoría legal de una entidad de interés público no se vea afectada por cualquier conflicto de intereses o relaciones de negocios o de otra clase, reales o potenciales, que pudieran afectar al auditor o la sociedad de auditoría o, cuando proceda, a su red, directivos, auditores, empleados, así como a las demás personas físicas cuyos servicios estén a disposición o bajo el control del auditor legal o la sociedad de auditoría, o las personas vinculadas, directa o indirectamente, al auditor legal o la sociedad de auditoría a través de una relación de control. Artículo 6 Organización interna de los auditores legales y las sociedades de auditoría 1. Los auditores legales y las sociedades de auditoría deberán observar los siguientes requisitos organizativos: a) Las sociedades de auditoría establecerán políticas y procedimientos apropiados para garantizar que sus propietarios o accionistas, así como los miembros de los órganos de administración, de gestión y de supervisión de la sociedad, o de una sociedad ligada, no puedan intervenir en la realización de una auditoría legal de ningún modo que pueda comprometer la independencia y objetividad del auditor que realice la auditoría legal en nombre de la sociedad de auditoría. b) Los auditores legales y las sociedades de auditoría dispondrán de procedimientos administrativos y contables sólidos, de mecanismos de control interno, de procedimientos de valoración del riesgo eficaces y mecanismos para el control y la protección de sus sistemas informáticos asimismo eficaces. Dichos mecanismos de control interno estarán diseñados con vistas a garantizar el cumplimiento de las decisiones y procedimientos en todos los niveles de la sociedad de auditoría o de la estructura funcional del auditor legal . Los auditores legales y las sociedades de auditoría implantarán y mantendrán procedimientos para la adopción de decisiones y estructuras organizativas que especifiquen de forma clara y documentada los canales de información y la asignación de funciones y responsabilidades. c) Los auditores legales y las sociedades de auditoría establecerán políticas y procedimientos dirigidos a que sus empleados y cualquier otra persona física cuyos servicios estén a su disposición o bajo su control, y que intervengan directamente en las actividades de auditoría legal posean los conocimientos y la experiencia necesarios para el desempeño de las funciones que les sean asignadas. d) Los auditores legales y las sociedades de auditoría establecerán políticas y procedimientos apropiados para garantizar que la externalización de funciones de auditoría importantes no se lleve a cabo de forma tal que perjudique la calidad del control interno del auditor legal o la sociedad de auditoría, o la capacidad de las autoridades competentes para supervisar el cumplimiento por parte del auditor o la sociedad de auditoría de las obligaciones derivadas del presente Reglamento. e) Los auditores legales y las sociedades de auditoría aplicarán medidas organizativas y administrativas apropiadas y eficaces destinadas a prevenir, detectar, eliminar, gestionar y hacer pública cualquier amenaza para la independencia, con arreglo al artículo 11, apartado 2. f) Los auditores legales y las sociedades de auditoría establecerán procedimientos y normas apropiados para la realización de las auditorías legales de entidades de interés público, así como para la formación, supervisión y revisión de las actividades de sus empleados y la organización del archivo de auditoría al que hace referencia el artículo 15, apartado 5. g) Los auditores legales y las sociedades de auditoría implantarán un sistema de control de calidad interno que garantice la calidad de la auditoría legal de las entidades de interés público. Este sistema de control de calidad deberá, como mínimo, incluir los procedimientos y normas mencionados en la letra f). En el caso de una sociedad de auditoría, la responsabilidad del sistema de control de calidad interno corresponderá a una persona cualificada como auditor legal. h) Los auditores legales y las sociedades de auditoría se dotarán de sistemas, recursos y procedimientos apropiados para garantizar la continuidad y regularidad de sus actividades de auditoría legal. i) Los auditores legales y las sociedades de auditoría establecerán una política dirigida a evitar cualquier implicación del auditor o de sus empleados en delitos penales u otras infracciones de la ley durante la realización de su trabajo. El auditor legal o la sociedad de auditoría deberá asimismo establecer las medidas de carácter organizativo y administrativo apropiadas para resolver y registrar los incidentes que tengan o puedan tener consecuencias graves para la integridad de sus actividades de auditoría legal. j) Los auditores legales y las sociedades de auditoría definirán políticas retributivas apropiadas que ofrezcan suficientes incentivos al rendimiento para asegurar la calidad de la auditoría. En particular, la retribución y la evaluación de los resultados de los empleados no se supeditarán a la cuantía de los ingresos que el auditor legal o la sociedad de auditoría obtenga de la entidad auditada. k) Los auditores legales y las sociedades de auditoría comprobarán y analizarán la idoneidad y eficacia de sus sistemas, mecanismos de control interno y de control interno de la calidad, y otras medidas establecidos en cumplimiento del presente Reglamento, y adoptar las medidas oportunas para corregir cualquier posible deficiencia. En particular, el auditor legal o la sociedad de auditoría realizará una evaluación anual del sistema de control de calidad interno mencionado en la letra g). Mantendrá registros de las conclusiones de dicha evaluación y de las posibles medidas propuestas para modificar el sistema sometido a evaluación. Las políticas y procedimientos a los que se refiere el párrafo primero se documentarán y comunicarán a los empleados del auditor legal o la sociedad de auditoría. La externalización de las funciones de auditoría mencionada en la letra d) no afectará a la responsabilidad asumida por el auditor legal o la sociedad de auditoría frente a la entidad auditada. 2. En el cumplimiento de los requisitos estipulados en el apartado 1 del presente artículo, el auditor legal o la sociedad de auditoría tendrá en cuenta su tamaño y la complejidad de sus actividades. Deberá estar en condiciones de demostrar a la autoridad competente mencionada en el artículo 35, apartado 1, que su nivel de cumplimiento guarda proporción con el tamaño y complejidad de sus actividades. Artículo 7 Independencia respecto a la entidad auditada 1. El auditor legal, la sociedad de auditoría o el titular de derechos de voto en una sociedad de auditoría deberá ser independiente respecto a la entidad auditada y no participará en el proceso de toma de decisiones de esta última. 2. Los auditores legales, las sociedades de auditoría y sus socios clave de auditoría, al igual que sus empleados y cualquier otra persona física cuyos servicios estén a disposición o bajo el control de dicho auditor o sociedad de auditoría que intervenga directamente en actividades de auditoría legal, así como las personas estrechamente vinculadas con ellos en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2004/72/CE[33], no adquirirán, venderán ni realizarán ningún tipo de operación relacionada con instrumentos financieros que hayan sido emitidos, garantizados o de alguna otra forma respaldados por cualquier entidad auditada que pertenezca al ámbito de sus actividades de auditoría, salvo que se trate de participaciones en organismos de inversión colectiva diversificada, incluidos los fondos gestionados, como por ejemplo fondos de pensiones y seguros de vida. 3. Las personas o sociedades a las que hace referencia el apartado 2 no podrán participar o influir de otro modo en la determinación de la auditoría legal de una determinada entidad auditada cuando: a) Posean instrumentos financieros de la entidad auditada, a excepción de las participaciones en organismos de inversión colectiva diversificada. b) Posean instrumentos financieros de cualquier entidad vinculada a una entidad auditada, cuando dicha propiedad pueda generar un conflicto de intereses o ser percibida generalmente como posible causante de un conflicto de intereses, a excepción de las participaciones en organismos de inversión colectiva diversificada. c) Hayan tenido recientemente una relación laboral, empresarial o de otra índole con la entidad auditada que pueda generar un conflicto de intereses o ser percibida generalmente como posible causante de un conflicto de intereses. 4. Ninguna de las personas o sociedades a las que hace referencia el apartado 2 solicitará o aceptará dinero, obsequios o favores de ninguna persona con la que el auditor o la sociedad de auditoría mantenga una relación contractual. 5. No serán de aplicación las normas nacionales sobre ética profesional, a tenor de los dispuesto en el artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE, que no sean compatibles con los apartados 2, 3 y 4. Artículo 8 Contratación por parte de las entidades de interés público de antiguos auditores legales o empleados de auditores legales o sociedades de auditoría 1 El auditor legal o el socio clave de auditoría que realice una auditoría legal de una entidad de interés público en nombre de una sociedad de auditoría no podrá, antes de que transcurra un plazo mínimo de dos años desde su cese como auditor legal o socio clave del encargo de auditoría: a) Asumir un cargo directivo importante en la entidad auditada. b) Ser nombrado miembro del comité de auditoría de la entidad auditada o, en caso de que no exista dicho comité, del órgano que ejerza cometidos equivalentes a los del comité de auditoría. c) Ser nombrado miembro no ejecutivo del órgano administrativo o de supervisión de la entidad auditada. 2. Los empleados de un auditor legal o una sociedad de auditoría que lleven a cabo la auditoría legal de una entidad de interés público, así como cualquier otra persona física cuyos servicios estén a disposición o bajo el control de dicho auditor o sociedad de auditoría no podrán, antes de que transcurra un plazo mínimo de un año desde que intervinieron directamente en las actividades de auditoría legal, asumir ninguna de las funciones mencionadas en las letras a), b) y c) del apartado 1, siempre que hayan sido autorizados como auditores legales a título personal. Artículo 9 Honorarios de auditoría 1. Los honorarios por la realización de las auditorías legales de entidades de interés público no podrán tener carácter contingente. A los efectos del párrafo anterior, honorarios contingentes serán los estipulados en los encargos de auditoría en los que la remuneración se calcula con arreglo a una fórmula preestablecida que tiene relación con los resultados de una transacción o del trabajo realizado. No se considerarán contingentes los honorarios establecidos por resolución judicial o de las autoridades competentes. 2. Cuando el auditor legal o la sociedad de auditoría preste a la entidad auditada los servicios relacionados con la auditoría de cuentas a los que se refiere el artículo 10, apartado 2, los honorarios percibidos por estos servicios serán como máximo el 10 % de la suma que la entidad auditada haya satisfecho por la auditoría legal. 3. Cuando los honorarios totales pagados por una entidad de interés público sujeta a auditoría legal representen más del 20 % del total de los honorarios anuales obtenidos por el auditor legal o la sociedad de auditoría, o bien más del 15 % del total de dichos honorarios durante dos años consecutivos, el auditor o la sociedad de auditoría en cuestión deberá comunicar al comité de auditoría el hecho de que el total de honorarios percibidos representa más del 20 % o del 15 %, según proceda, de los honorarios totales obtenidos por el auditor, iniciándose el proceso de examen mencionado en el artículo 11, apartado 4, letra d). El comité de auditoría deberá analizar si procede someter el encargo de auditoría a un control de calidad efectuado por otro auditor legal o sociedad de auditoría, antes de emitir el informe de auditoría. Cuando los honorarios totales recibidos de una entidad de interés público sujeta a auditoría legal representen durante dos años consecutivos el 15 % o más del total de los honorarios anuales obtenidos por el auditor legal o la sociedad de auditoría que realiza la auditoría legal, este auditor o sociedad deberá informar de ello a la autoridad competente a que se refiere el artículo 35, apartado 1. Dicha autoridad decidirá, basándose en razones objetivas esgrimidas por el auditor legal o la sociedad de auditoría de dicha entidad, si estos pueden seguir realizando la auditoría legal durante un periodo adicional que en ningún caso podrá sobrepasar los dos años. En caso de que la entidad auditada se halle exenta de la obligación de tener un comité de auditoría, deberá designar el órgano o instancia de la entidad encargado de las relaciones con el auditor legal o la sociedad de auditoría, a los efectos de las obligaciones estipuladas en el presente apartado. Artículo 10 Prohibición de prestar servicios ajenos a la auditoría 1. Un auditor legal o una sociedad de auditoría que lleve a cabo la auditoría legal de entidades de interés público podrá prestar a la entidad auditada, a su empresa matriz o a las empresas que controle servicios de auditoría legal y servicios relacionados con la auditoría de cuentas. Cuando el auditor legal forme parte de una red, los miembros de la misma podrán prestar a la entidad auditada, a su empresa matriz o a las empresas que controle dentro de la Unión servicios de auditoría legal o servicios relacionados con la auditoría de cuentas. 2. A los efectos del presente artículo, se entenderán por servicios relacionados con la auditoría de cuentas los siguientes: a) La auditoría o revisión de los estados financieros intermedios. b) La verificación de los informes sobre gobierno corporativo. c) La comprobación de los aspectos relacionados con la responsabilidad social de la empresa. d) La ratificación o certificación de los informes reglamentarios destinados a las autoridades reguladoras de las entidades financieras que exceden del ámbito de la auditoría legal y que sirven de ayuda a dichas autoridades en el ejercicio de sus funciones, como son por ejemplo los informes relativos a los requisitos de capital o a los ratios de solvencia que determinan la probabilidad de que una empresa pueda seguir cumpliendo con sus compromisos de deuda. e) La certificación de que se cumplen las obligaciones fiscales cuando la misma venga exigida por la legislación nacional. f) Cualquier otra obligación reglamentaria relacionada con el trabajo de auditoría, impuesta al auditor legal o la sociedad de auditoría por la legislación de la Unión. 3. Un auditor legal o una sociedad de auditoría que lleve a cabo la auditoría legal de entidades de interés público no podrá prestar directa o indirectamente a la entidad auditada, a su empresa matriz o a las empresas que controle otros servicios que no sean de auditoría legal. Cuando el auditor legal forme parte de una red, ningún miembro de la misma podrá prestar a la entidad auditada, a su empresa matriz o a las empresas que controle dentro de la Unión otros servicios que no sean de auditoría legal. A los efectos del presente artículo, se entenderán por servicios ajenos a la auditoría los siguientes: a) Servicios que comportan siempre conflictos de intereses: i) Servicios de expertos ajenos a la auditoría, la consultoría en materia fiscal, la gestión en general y otros servicios de asesoramiento. ii) Servicios de contabilidad y preparación de los registros contables y los estados financieros. iii) Servicios de diseño e implantación de sistemas de control interno o de procedimientos de control de riesgos relacionados con la elaboración y/o el control de la información incluida en los estados financieros, y asesoramiento en materia de riesgos. iv) Servicios de valoración, los dictámenes como experto independiente y los informes sobre aportaciones en especie. v) Servicios actuariales y jurídicos, incluida la resolución de litigios. vi) Servicios de diseño e implantación de sistemas de tecnologías de la información de tipo financiero para las entidades de interés público a que se refiere el artículo 2, apartado 13, letras b) a j), de la Directiva 2006/43/CE. vii) Participación en la auditoría interna del cliente y la prestación de servicios relacionados con la función de auditoría interna. viii) La función de agente o mediador, asesor de inversiones o servicios de banca de inversión. b) Servicios que pueden comportar conflictos de intereses: i) Los servicios de recursos humanos, incluyendo la selección de altos directivos. ii) La entrega de cartas de conformidad (comfort letters) a los inversores en el contexto de la emisión de valores de una empresa. iii) Servicios de diseño e implantación de sistemas de tecnologías de la información de tipo financiero para las entidades de interés público a que se refiere el artículo 2, apartado 13, letra a), de la Directiva 2006/43/CE. iv) Los servicios de diligencia debida prestados al vendedor o comprador en relación con posibles fusiones y adquisiciones, y de aval de la entidad auditada frente a terceros en una operación financiera o societaria. No obstante lo dispuesto en los párrafos primero y segundo, el auditor legal o la sociedad de auditoría podrán prestar los servicios mencionados en la letra b), incisos iii) y iv), siempre que la autoridad competente a que se refiere el artículo 35, apartado 1, dé su consentimiento previo. No obstante lo dispuesto en los párrafos primero y segundo, el auditor legal o la sociedad de auditoría podrán prestar los servicios mencionados en la letra b), incisos i) y ii), siempre que cuente el comité de auditoría a que se refiere el artículo 31 del presente Reglamento dé su consentimiento previo. 4. Cuando un miembro de la red a la que pertenece el auditor legal o la sociedad de auditoría responsable de la auditoría de una entidad de interés público preste servicios ajenos a la auditoría legal a una empresa constituida en un tercer país y controlada por la entidad de interés público, el auditor legal o la sociedad de auditoría en cuestión deberá evaluar si su independencia se verá comprometida por dicha prestación de servicios realizada por un miembro de la red. En caso de que su independencia se vea afectada, el auditor legal o la sociedad de auditoría aplicará salvaguardias destinadas a mitigar las amenazas derivadas de la indicada prestación de servicios en el tercer país. El auditor legal o la sociedad de auditoría únicamente podrá seguir realizando la auditoría legal de la entidad de interés público si justifica, de conformidad con el artículo 11, que dicha prestación de servicios no afectará a su criterio profesional ni al informe de auditoría. Se considerará que la participación en el proceso de toma de decisiones de la entidad auditada y la prestación de los servicios mencionados en el apartado 3, letra a), inicisos ii) y iii), afectan a su independencia en todos los casos. También se considerará que afecta a su independencia la prestación de los servicios mencionados en el apartado 3, letra a), incisos i) y iv) a viii). El auditor legal o la sociedad de auditoría podrá elevar consultas a la autoridad competente para obtener un dictamen sobre lo anterior. 5. Cuando una sociedad de auditoría perciba más de un tercio de sus ingresos anuales en concepto de auditoría de grandes entidades de interés público y pertenezca a una red cuyos miembros perciban en conjunto unos ingresos anuales en concepto de auditoría superiores a los 1 500 millones de EUR dentro de la Unión Europea, deberá cumplir las condiciones siguientes: a) No prestar a ninguna entidad de interés público, directa o indirectamente, servicios ajenos a la auditoría legal. b) No pertenecer a una red que preste servicios ajenos a la auditoría legal dentro de la Unión. c) Cualquier empresa que preste los servicios enumerados en el apartado 3 no podrá poseer, directa o indirectamente, más del 5 % del capital o de los derechos de voto de dicha sociedad de auditoría. d) Las entidades que presten los servicios enumerados en el apartado 3 no podrán poseer, directa o indirectamente, en conjunto más del 10 % del capital o de los derechos de voto de dicha sociedad de auditoría. e) La sociedad de auditoría en cuestión no podrá poseer, directa o indirectamente, más del 5 % del capital o de los derechos de voto de la empresa que preste los servicios enumerados en el apartado 3. 6. Se faculta a la Comisión para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 68, a fin de adaptar la lista de servicios relacionados con la auditoría de cuentas del apartado 2 y la lista de servicios ajenos a la auditoría del apartado 3 del presente artículo. Al ejercer dichas facultades, la Comisión tendrá presente la evolución de las actividades y la profesión de auditoría. Artículo 11 Preparación de la auditoría legal y evaluación de las amenazas a la independencia 1. Antes de aceptar o continuar un encargo de auditoría de una entidad de interés público, el auditor legal o la sociedad de auditoría deberá comprobar y documentar: – El cumplimiento de los requisitos de organización interna definidos en el artículo 6. – El cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 7, 9 y 10. – La disponibilidad de empleados competentes, y del tiempo y los recursos necesarios para realizar la auditoría en forma apropiada. – En el caso de una sociedad de auditoría, la autorización del socio clave de auditoría como auditor legal en el Estado miembro que exige la auditoría legal. – El cumplimiento de los requisitos del artículo 33. – La integridad de la entidad de interés público, sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2005/60/CE. 2. El auditor legal o la sociedad de auditoría deberá comprobar si existen amenazas a su independencia. El auditor legal o la sociedad de auditoría se abstendrá de realizar la auditoría legal cuando la entidad auditada mantenga, directa o indirectamente, alguna relación financiera, comercial, laboral o de otro tipo con el auditor legal, la sociedad o la red de auditoría, cuya naturaleza sea tal que un observador objetivo, razonable e informado pueda extraer la conclusión de que la independencia del audito