COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
COM(93)456 final 
Bruselas, 10 de noviembre 1993 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO 
EN RELACIÓN CON LOS REQUISITOS LINGÜÍSTICOS 
RELATIVOS A LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN LA COMUNIDAD 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO 
EN RELACIÓN CON LOS REQUISITOS LINGÜÍSTICOS 
RELATIVOS A LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN LA COMUNIDAD 
1. La información de los consumidores sobre la calidad y características de 
los productos y servicios ofrecidos constituye un derecho. Su aplicación 
implica que la infromación esencial sea de fácil acceso para los 
consumidores. A este respecto, es determinante la cuestión de la lengua 
elegida para difundir dicha información. 
2. Ante todo conviene señalar que la Comisión considera que las normas 
relativas a las lenguas derivan naturalmente de la competencia de los 
Estados miembros y principalmente de la aplicación del principio de 
subsidiariedad. El objeto de la presente comunicación no consiste de 
ninguna manera en programar iniciativas comunitarias que vengan a 
interferir esta competencia de los Estados. Muy al contrario, el objetivo 
es reunir una serie de disposiciones existentes y contemplar las líneas 
de reflexión que puedan permitir, una vez debatidas, el refuerzo de la 
información a los consumidores en el marco del mercado único, preservando 
la plena competencia de los Estados miembros en lo que al uso de las 
lenguas se refiere. 
3. De hecho ya existen algunas disposiciones comunitarias y nacionales que 
prevén las exigencias lingüísticas para la comercialización de los 
productos y los servicios ofrecidos a los consumidores. 
AK 
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4. Las formulaciones lingüísticas en cuestión son las que se dirigen al 
consumidor final del producto o el servicio de que se trate, es decir, 
las referidas no solo a las modalidades de etiquetado sino también a 
otros mensajes como el modo de empleo, las instrucciones para el montaje, 
las precauciones de empleo o de uso y cualquier otra advertencia 
destinada a informar al usuario final del producto o servicio. Por lo 
tanto, el presente documento no contempla los mensajes referidos a las 
relaciones entre profesionales. 
5. Como las otras instituciones, la Comisión se ha visto ante cierto número 
de casos en loa que las formulaciones lingüísticas presentaban 
dificultades de aplicación al poder, incluso, afectar sensiblemente el 
contenido de la información destinada a los consumidores. Estas 
situaciones son particularmente preocupantes, ya que ponen en juego la 
salud y la seguridad de los consumidores, debido a que éstos no están en 
situación de comprender el mensaje a ellos dirigido. 
6. En su reunión n& 1644, celebrada el 2 de marzo de 1993, el Consejo 
solicitó a la Comisión que examinara detenidamente la cuestión de la 
utilización de la lengua, en particular en lo relativo al etiquetado de 
los productos ofrecidos a los consumidores. 
7. La Comisión ha iniciado un estudio sobre el tema con los siguientes 
objetivos: 
- Recopilar el corpus legislativo comunitario relativo a los requisitos 
lingüísticos y la información, y analizar su incorporación por parte 
de los Estados miembros a través de las legislaciones, las 
jurisprudencias y las prácticas efectivas. 
Identificar otros textos en vigor en los Estados miembros que afecten 
asimismo a la información proporcionada a los consumidores. 
Elaborar un inventario de los problemas de tipo lingüístico que aún 
quedan pendientes, con arreglo a la doble perspectiva de la 
circulación de mercancías y de la información de los consumidores en 
el mercado interior. 
8. Este análisis resulta necesario para poder evaluar los obstáculos que 
pudieran existir y afectar el buen funcionamiento del mercado único y la 
protección de los consumidores. Existe una relación entre la aceleración 
de los intercambios de productos y servicios y los intentos legítimos de 
los consumidores de la Comunidad, debido a que la consolidación del Gran 
Mercado Europeo se traducirá en ventajas concretas en la vida cotidiana 
de los consumidores. 
El segundo plan de acción trienal "Poner el mercado único al servicio de 
los consumidores", recientemente adoptado por la Comisióní*) propone a 
este respecto una integración más eficaz de la política de los 
consumidores en las otras políticas comunitarias. Por otra parte, en el 
marco de la aplicación del Tratado de la Unión Europea, y en particular 
en su artículo 129 A, se señala que "la Comunidad contribuirá a que se 
alcance un alto nivel de protección de los consumidores". 
9. La presente Comunicación tiene por objeto informar a las instituciones. 
En ella se presenta, en primer lugar, una descripción de las 
legislaciones comunitarias y nacionales en vigor, para, a continuación, 
analizar las dificultades observadas en esta situación y proponer una 
serie de líneas de reflexión de cara al futuro. 
(1) Com (93) 378 final de 28 de julio de 1993. 
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I El actual sistema legislativo 
A. Situación de la legislación comunitaria 
10. Las disposiciones del derecho comunitario en vigor relativas a la 
utilización de las lenguas en las relaciones con los consumidores se 
caracterizan por una gran diversidad de fórmulas. Varias decenas de 
textos tratan ya directa o indirectamente del empleo de las lenguas de 
cara a los consumidores dado gue el legislador comunitario ha estimado 
necesario prever las modalidades de su información. Los requisitos 
lingüísticos se introducen o no en la legislación en función de las 
materias abordadas y los objetivos contemplados. 
El examen de estos textos revela que las formulaciones utilizadas no son 
uniformes, como lo desmuestra la lista de ejemplos que sigue. 
11. El legislador comunitario ha elaborado varias fórmulas: 
- disponiendo explícitamente las referencias al uso de las lenguas en 
cuyo caso, se han elegido por ejemplo. 
. una lengua oficial del Estado de origen, en el caso de los vinosa) 
. una de las lenguas de comercialización, en el caso de los 
medicamentos de uso humano^3) 
. la o las lenguas del Estado de comercialización, en el caso del 
etiquetado de los productos derivados del tabaco^4) 
(2) Reglamento 2392/89, DO CE L 232 de 9.8.1989. 
(3) Directiva 92/27, DO CE L 113 de 30.4.1992. 
(4) Directiva 92/41, DO CE L 158 de 11.06.1992. 
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Obligando a los Estados miembros a establecer normas, como es el caso 
en el etiquetado de los productos alimenticios^) y del etiquetado de 
las propiedades nutritivas de los mismos(°), que deben estar 
redactadas en una lengua "fácilmente comprensible" para ios 
compradores. 
Dejando abierta la posibilidad de que sean los propios Estados miembros 
los que impongan requisitos lingüísticos, lo que da lugar a soluciones 
muy diversas que consisten, por ejemplo, en elegir: 
. la lengua nacional del país de consumo, en el caso de las 
denominaciones textiles^7) o en el de la seguridad de los 
juguetes(8) 
. una lengua oficial del país de consumo en el caso de los preparados 
peligrosos(^) 
. la o las lenguas oficiales o nacional del país de consumo en el caso 
de los productos cosméticos(l0) 
No abordando explícitamente la cuestión de las lenguas, como en el 
caso de la publicidad engañosa( 13-í, de responsabilidad en el caso de 
los productos defectuosos(H)f ¿iei crédito al consumo(13), de los 
viajes combinados(14) o de las cláusulas abusivas^5). 
(5) Directiva 79/112, DO CE L Z2 de f,. 02.1979. 
(6) Directiva 90/496, DO CE L 276 de 6.10.1990. 
(7) Directiva 71/307, DO CE L 185 de 16.10.1971. 
(8) Directiva 88/378, DO CE L 187 de 16.07.1988. 
(9) Directiva 88/389, DO CE L 187 de 16.07.1988. 
(10) Directiva 76/768, DO CE L 262 de 27.09.1976. 
(11) Directiva 84/450, DE CE L 250 de 10.09.1984. 
(12) Directiva 8S/374, DO CE L 210 de 7.08.1985. 
(13) Directiva 87/102, DO CE L 42 de 12.02.1987. 
(14) Directiva 90/314, DO CE L 158 de 23.06.1990. 
(15) Directiva 93/13, DO CE L 95 de 21.04.1993. 
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12. En general, el análisis del tratamiento de la cuestión lingüística en la 
legislación comunitaria conduce a varios puntos: 
- desde el punto de vista del consumidor o el usuario final no parece 
existir un enfoque uniforme o sistemático para evaluar la importada 
del criterio lingüístico de cara a la difusión de la información; 
- si bien el abanico de criterios elegidos para las referencias 
lingüísticas en las directivas no se ha limitado en todos los casos en 
los que hubiera sido posible, se observa, no obstante, un esfuerzo de 
uniformización en la forma de abordar el tema en las directivas de 
armonización técnica del tipo "nuevo enfoque", en relación con algunos 
productos industriales; 
- en el caso en que se precisan las nociones o los criterios, éstos no 
van acompañados de ninguna definición, lo que ha podido dar lugar a 
dificiultades de interpretación especialmente cuando se trata de una 
"lengua fácilmente comprensible" para el consumidor. 
13. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha debido 
pronunciarse en contadas ocasiones sobre la cuestión de los requisitos 
lingüísticos para la información a los consumidores. 
- En su sentencia de 7 de marzo de 1990 -GB-INNO-BM contra la 
confederación de comercio luxemburgués(*6), el Tribunal ha tenido la 
ocasión de confirmar que la información de los consumidores es "uno de 
los principales requisitos" del derecho comunitario en materia de 
protección de los consumidores, tras haber subrayado la importancia del 
etiquetado de productos para cumplir dicho requisito. 
(16) Asunto C-362/88, 
7 -
- Asimismo, es preciso recordar tres sentencias de 26 de febero de 1991, 
Comisión contra Francia, Comisión contra Italia y Comisión contra 
Greciaí-*-7). En efecto, el Tribunal señaló en estos casos que las 
restricciones de acceso a la profesión de guía turístico podrían 
presentar para los turistas el inconveniente de no poder disponer de un 
guía familiarizado con su lengua, sus intereses y expectativas 
concretas. 
Si bien el Tribunal no ha debido pronunciarse todavía sobre la 
compatibilidad de un regimen lingüístico con las normas previstas en el 
Tratado en materia de libre circulación de servicios, si ha debido 
hacerlo en cambio en relación con los productos alimenticios. 
- En su sentencia de 18 de junio de 1991, Piageme contra Peetersí*®), el 
Tribunal interpretó la noción de "lengua de fácil comprensión para el 
consumidor" en el etiquetado de los productos alimenticios, indicando 
que la obligación de utilizar exclusivamente una lengua determinada sin 
reconocer la posibilidad de garantizar la información al consumidor por 
otras vías, es incompatible con las exigencias de la Directiva(19) y 
el artículo 30 del Tratado. 
14. A raíz de la última sentencia citada, la Comisión ha elaborado una nota 
interpretativa relativa al empleo de las lenguas para la comercialización 
de los productos alimenticios, a fin de recordar los principios jurídicos 
aplicables en la materia. 
(17) Asuntos C.154/89, C.180/89, C.198/89. 
(18) Asunto C-369/89. 
(19) En este caso la Directiva 79/112 citada en la nota (5) y en particular 
su artículo 14, 
8 -
B. Los enfoques seguidos por los Estados miembros 
15. A fin de apreciar lo mejor posible el alcance de las acciones iniciadas 
o por iniciar, es necesario que el legislador comunitario, de acuerdo con 
el principio de subsidiariedad, disponga del punto de vista de los 
Estados miembros sobre el tema. El análisis ha permitido constatar que si 
bien los puntos de vista nacionales son diversos, éstos están, sin 
embargo, bien establecidos y expresados al mismo tiempo en las políticas 
generales, en la aplicación del derecho comunitario y en la definición de 
las políticas nacionales a favor de los consumidores. 
í) Políticas generales 
16. En los Estados miembros existen numerosas disposiciones que regulan los 
requisitos lingüísticos. Tanto la comparación entre las distintas 
situaciones nacionales como el examen de la opción elegida y del interés 
manifestado por los Estados miembros en relación con este tema se 
reflejan en situaciones muy diversas. En efecto, los problemas relativos 
a la lengua no se plantean en los mismos términos en todos los Estados 
miembros. Esto se debe fundamentalmente al estatuto general de la lengua 
en cada Estado, aunque también a la importancia que se le confiere en las 
relaciones de consumo. Si bien algunos Estados miembros han recogido 
dicho estatuto en su propia Constitución, o han adoptado una legislación 
general en la materia, otros abordan el tema sólo de manera accesoria y 
limitada. 
17. Conviene subrayar que las inicitivas legislativas en materia lingüística, 
cualesquiera que sean sus motivaciones, repercuten en la legislación y 
las demás normas de la vida económica, sobre todo en lo que se refiere a 
la política en favor de los consumidores. En la práctica es indudable que 
la información se transmite de forma más precisa cuando se le hace llegar 
en su o sus lenguas. 
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2) Protección de los consumidores 
18. Por lo que se refiere concretamente al empleo de las lenguas en las 
relaciones de consumo, varios Estados miembros han adoptado una 
legislación general en la que se prevé el recurso a una lengua 
determinada: Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia y Portugal. 
19. El caso de España es singular ya que, en virtud de las competencias de 
que disponen en materia de protección de los consumidores, algunas 
Comunidades Autónomas han adoptado disposiciones relativas a los 
requisitos lingüísticos, como es el caso del País Vasco, Galicia y 
Cataluña. 
20. En todos los casos antes mencionados se observa que la jurisprudencia 
nacional es poco abundante, e incluso a veces inexistente. Por el 
contrario, en Dinamarca, la jurisprudencia del Ombudsman ha impuesto la 
lengua nacional en varios casos, basándose en la necesidad de una 
información accesible al consumidor. 
21. Así, más de la mitad de los Estados miembros han considerado necesario 
informar al consumidor en su propia lengua, de lo que se deduce que, 
independientemente de todo ejercicio de incorporación del derecho 
comunitario, las relaciones de consumo ya están sujetas a dichas normas, 
3) Aplicación de la legislación comunitaria 
22. La incorporación por los Estados miembros de las disposiciones 
comunitarias debe examinarse a la luz de los estatutos nacionales de las 
lenguas. Las legislaciones nacionales permiten responder a determinados 
requisitos que se derivan del derecho comunitario. 
23. Es evidente que el ejercicio de incorporación no reviste el mismo interés 
según el derecho comunitario haya previsto exigencias lingüisticas 
precisas (lengua nacional u oficial), haya dejado un margen de 
apreciación (lengua fácilmente comprensible) o sólo haya dejado a los 
Estados miembros la facultad de prever las menciones lingüísticas si 
ellos lo estiman útil. 
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24. A partir del momento en que los textos del derecho comunitario prevén las 
menciones precisas, la cuestión lingüística pierde su sentido. Nueve 
directivas prevén para los Estados miembros la facultad de fijar los 
requisitos lingüísticos. Es preciso señalar que la totalidad de los 
Estados miembros han recurrido a esta posibilidad sólo en el caso de los 
productos cosméticos. Únicamente España ha recurrido a los nueve textos. 
Los otros Estados miembros no han utilizado esta posibilidad de forma 
sistemática. 
25. Asimismo, se observa que no parece existir un enfoque sistemático por 
materias o temas: así, si bien los Estados que han utilizado esta 
posibilidad en el caso de los preparados peligrosos también lo han hecho 
para las substancias peligrosas, en cambio no han aplicado necesariamente 
el mismo enfoque en el caso de los detergentes. Por tanto, puede 
comprobarse que los requisitos en materia de seguridad no han tenido una 
traducción uniforme en las disposiciones nacionales. 
II. LAS DIFICULTADES 
26. Algunos casos prácticos muestran que los consumidores encuentran 
dificultades en función de las deficiencias en materia de requisitos 
lingüísticos. Estas lagunas tienen consecuencias que pueden ser graves al 
llegar a poder afectar la salud y la seguridad de las personas. En todos 
los casos relevantes se ha detectado un defecto de comprensión o de 
legibilidad de la información. 
Por lo que respecta a los productos alimenticios, las lagunas 
informativas pueden comportar graves perjuicios para los consumidores. 
Así, la presencia de azúcar en un producto cuya etiqueta sea 
incomprensible para el comprador puede tener consecuencias para la salud 
de una persona que esté a régimen o que padezca diabetes. Lo mismo ocurre 
con las alergias alimentarias que afectan a una parte significativa de 
los consumidores de la Comunidad. Asimismo, se ha observado que una 
comprensión incorrecta del modo de cocción de los alimentos puede tener 
consecuencias en términos de intoxicación. 
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Del mismo modo, la ausencia de traducción o la traducción incompleta 
puede provocar graves problemas por ejemplo en el caso de la utilización 
de aparatos de microondas o de conexiones eléctricas erróneas, casos en 
que se ven afectadas las obligaciones de los fabricantes. 
Esto afecta a todas las categorías de consumidores, incluidos los niños 
(es frecuente la alusión a los disolventes y los pegamentos), que no 
cuentan necesariamente con experiencia multilingue. Por último, otros 
problemas surgen cuando existen diferencias de contenido entre las 
diversas versiones lingüisticas. 
Sea como fuere, cuando la información es incomprensible o contradictoria 
el consumidor se ve obligado, lógicamente, a eludir el producto o el 
servicio comercializado, incluso si no hay riesgo de consecuencias 
graves. 
27. La forma en que tanto el derecho comunitario como las disposiciones 
nacionales han abordado las cuestiones lingüisticas da lugar a una gran 
variedad de situaciones. 
La falta de coherencia se debe en parte a la diversidad de materias que 
se abordan y a las características propias de cada caso, aunque se 
explica también por los límites establecidos por el Tratado CEE en lo 
relativo a la libertad de acción del legislador, comunitario o nacional, 
en la materia. Así, algunas disposiciones que contienen un requisito 
lingüístico pueden considerarse como un obstáculo a la libre circulación 
de productos o de servicios, tal como se establece en los artículos 30 y 
59 del Tratado. 
Por tanto, sería conveniente examinar, caso por caso, si se respeta el 
equilibrio entre los distintos intereses lingüísticos enfrentados, a 
saber, la salvaguardia de la libre circulación frente a la protección de 
un requisito imperativo como es el caso de la protección de la salud, la 
protección de los consumidores o la lealtad de las transacciones 
comerciales. 
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Asimismo, es necesario reflexionar sobre la forma de corregir esta 
situación y lograr que las normas comunitarias puedan conocerse y 
aplicarse mejor, reflexión que, en cualquier caso, no tiene por qué 
perjudicar los logros comunitarios ni el funcionamiento del mercado único 
a causa de que una exigencia sea considerada excesiva respecto al 
imperativo de informar satisfactoriamente a los consumidores. 
28. La diversidad de cláusulas relativas a los requisitos lingüísticos en la 
legislación comunitaria puede sin duda sugerir en un primer análisis la 
necesidad de una simplificación 
De hecho el interés que se confiere en todos los Estados miembros a la 
cuestión de los requisitos lingüísticos coincide en un punto: la 
información debe transmitirse al consumidor en su lengua, ya que es la 
que mejor comprende. 
La práctica de los agentes económicos parece haber consagrado ya esta 
solución al menos en lo que se refiere a los productos y los servicios 
corrientes. La lógica económica impone en el mercado los productos y los 
servicios atractivos, es decir, aquellos que van acompañados de la 
información necesaria para permitir a los consumidores elegir con 
conocimiento de causa. 
El estudio realizado por la Comisión confirma que los agentes económicos 
no pueden sino constatar esta evidencia. 
No obstante, es preciso tener en cuenta las diversas situaciones 
observadas. 
29. En algunos Estados miembros, como Alemania, Irlanda, Luxemburgo y el 
Reino Unido, el empleo de las lenguas en las relaciones de consumo apenas 
ha sido objeto de debate, tanto por parte de los agentes industriales y 
comerciales, como de los representantes de los consumidores. 
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30. Por el contrario, en los demás Estados miembros existe una 
sensibilización particular en relación con la cuestión lingüística: así, 
en Francia y en Portugal, las autoridades reciben frecuentemente quejas 
por parte de particulares o de asociaciones. En Bélgica y en los Países 
Bajos, las quejas provienen frecuentemente de los competidores o de 
asociaciones de promoción de la cultura lingüística nacional. En 
Dinamarca, el Ombudsman de los consumidores ha adoptado normas de 
conducta estrictas. En Italia y en España, las asociaciones son 
conscientes de los problemas que afectan a los consumidores en relación 
con la necesidad de obtener la información en una lengua que entiendan. 
En Grecia, habida cuenta de las características particulares de la lengua 
griega, son numerosos los consumidores que tienen una opinión favorable 
sobre las informaciones proporcionadas en una lengua extranjera, aunque 
desearían disponer de información en griego. A pesar de ello, los 
fabricantes extranjeros pocas veces traducen la información al griego, 
por lo que los distribuidores deben asumir su traducción. 
31. La cuestión de los costes de traducción a las diferentes lenguas en caso 
de comercialización en otro país no se refleja en los puntos de vista 
manifestados por los operadores económicos. En efecto, las asociaciones 
de productores consideran que para poder vender en un país es preciso 
informar en la lengua de dicho país. Las personas consultadas parecen 
considerar unánimemente que se trata de gastos normales. Por su parte, 
los distribuidores suelen mostrarse reticentes a asumir los gastos de 
traducción cuando ésta no ha sido realizada por el fabricante. 
Asi pues, es evidente que existe una necesidad expresa por parte de los 
agentes económicos de que existan normas claras en cuanto al etiquetado 
y, sobre todo, a las instrucciones de uso y la información dirigida al 
consumidor o usuario del producto o el servicio comercializado. 
Si la obligación de traducción puede constituir un obstáculo a los 
intercambios en razón de los gastos incurridos, dichos gastos de 
traducción no se consideran por lo general excesivos en relación con los 
nuevos mercados que se abren. 
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32 Corresponde a los Estados miembros velar por el cumplimiento de los 
requisitos lingüísticos establecidos. Esto depende esencialmente de la 
actuación de las administraciones nacionales y del control ejercido por 
las autoridades judiciales. Una sanción más estricta de estos requisitos 
podría consistir en el renocimiento de la situación de vicio de 
consentimiento por parte del consumidor cuando no se respeta la 
obligación de informar en una lengua comprensible para éste, aunque esta 
vía ha sido poco explorada hasta ahora. 
33. Lo constatado lleva lógicamente a considerar un enfoque más homogéneo del 
tema, puesto que la preocupación por la eficacia del derecho en materia 
de uso de las lenguas para informar lo mejor posible a los consumidores 
de la Comunidad afecta a la vez las Instituciones Comunitarias, los 
Estados miembros y sus autoridades de control y jurisdiccionales 
III. ORIENTACIONES PROPUESTAS 
34. El examen de los enfoques nacionales, de la opinión común de los 
operadores, así como del interés de los consumidores, revela la 
pertinencia de introducir un enfoque nuevo y equilibrado en el 
tratamiento de las cuestiones lingüísticas relacionadas con los 
consumidores a escala comunitaria. Este enfoque ha llevado a la Comisión 
a proponer algunas líneas de reflexión. 
A. Un efoque nuevo y equilibrado 
35. Toda iniciativa en materia de uso de las lenguas para la información a 
los consumidores deberá tener en cuenta necesariamente las siguientes 
exigencias: 
- las competencias de los Estados miembros en materia de definición de 
las normativas nacionales en la materia 
- las normas del Tratado de la Unión Europea y la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
- el legítimo derecho de los consumidores a recibir información lo más 
completa posible sobre los productos y los servicios que se le ofrecen. 
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En lo sucesivo deberá prestarse especial atención al régimen lingüístico 
en vigor en materia de consumo en cada Estado miembro. Por otra parte, la 
Comunidad podrá proponer cierto número de acciones encaminadas a mejorar 
la información de los consumidores en caso de que ésta se manifestara 
insuficiente y susceptible de afectar el funcionamiento del mercado 
único. 
36. Estas iniciativas deberán aportar una respuesta a determinadas 
inquietudes expresadas a este respecto: 
- los consumidores tienen derecho a la protección de su salud y su 
seguridad, y la información es esencial a este respecto; 
- el funcionamiento harmonioso del mercado único debe tomar en 
consideración las expectativas de los consumidores en cuanto a recibir 
la mejor información posible sobre los productos y los servicios que se 
le ofrecen para poder ejercer libremente una elección económica 
fundamentada; 
- los consumidores deben estar en condiciones de poder apreciar de la 
forma más precisa posible los elementos que determinan su elección. 
37. Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas, la Comisión desea 
someter cinco temas a la consideración del Consejo y el Parlamento. En 
este momento no se trata de orientaciones programáticas sino simplemente 
de elemetos destinados a suscitar un debate sobre el tema. 
B. Temas de reflexión 
Tema na 1: Favorecer la información multilingue 
38. La información multilingue puede considerarse como el mejor enfoque 
posible para promover el funcionamiento harmonioso del mercado único, ya 
que garantiza información óptima para los consumidores y mejora para las 
empresas las condiciones de comercialización de sus productos y 
servicios. 
Asimismo, todavía dentro del doble interés de los consumidores y las 
empresas, existen otros medios complementarios para informar a los 
consumidores como el uso, sobre todo para el etiquetado, de dibujos, 
signos y pictogramas. 
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Las acciones a realizar se situarán en un marco no reglamentado. Se 
procurará llegar a un acuerdo entre las partes interesadas. Este enfoque 
permitirá a los agentes de los sectores afectados responder sobre una 
base voluntaria a las expectativas de los consumidores. 
Tema na 2: Preservar la libertad de los Estados miembros para exigir la 
utilización de la lengua del país de comercialización 
39. La puesta a punto de la información multilingue no excluye la necesidad 
de una referencia al uso de las lenguas en ciertos textos al tratar la 
información a los consumidores. 
Para favorecer la adecuada información a los consumidores, es importante 
asegurar también el uso en la legislación de la lengua o las lenguas del 
país de comercialización. En este sentido, y en aplicación del principio 
de subsidiariedad, la responsabilidad de los Estados miembros es 
esencial. Asimiso, resulta importante que se respeten estrictamente las 
normas del Tratado y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 
Así, como se menciona en la nota interpretativa de la Comisión relativa a 
la comercialización de productos alimenticios (véase el punto 14), los 
Estados miembros pueden, en virtud del artículo 14 de la Directiva 
79/112/CEE, exigir la utilización de su o sus lenguas oficiales en la 
información que deba figurar obligatoriamente en las etiquetas de los 
productos alimenticios destinados a la venta en el Estado de consumo 
final, a condición de que esta exigencia no excluya el uso de otras 
lenguas o el recurso a otras medidas para informar al comprador (véanse 
los apartados 33 y 31 de la nota interpretativa mencionada). 
Tema n» 3: Mejorar la coherencia del dispositivo legislativo comunitario en 
materia de empleo de las lenguas en el ámbito del consumo 
40. En aras de la homogeneidad, toda iniciativa comunitaria que conlleve 
elementos de información del consumidor podría prever la obligación de 
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definir el estatuto lingüístico, con arreglo a lo expresado en los temas 
1 y 2, respetando el principio de subsidiariedad y en función de las 
particularidades de cada caso concreto. 
LLegado el caso, la Comisión podrá llevar a cabo un análisis de los 
textos existentes que prevén la facultad de los Estados miembros para 
imponer requisitos lingüísticos. Dicho análisis podría ampliarse a los 
textos que no abordan la cuestión directamente, a fin de determinar la 
necesidad de posibles aclaraciones. 
Tema nf 4: Mejorar la información de la Comisión, de los Estados miembros 
y de los operadores en relación con las normas lingüisticas aplicables 
41. La Comisión podrá promover los intercambios de información sobre el 
estatuto lingüístico aplicable en los Estados miembros, a fin de que los 
agentes se beneficien de ello. 
Para la puesta en marcha de este intercambio, los Estados miembros podrán 
informar a la Comisión del estatuó lingüístico aplicable a escala 
nacional (marco general, legislación horizontal aplicable a las 
relaciones con los consumidores y otras normas de carácter sectorial). 
Tema nfi 5: Responsabilizar a los agentes económicos 
42. Los textos comunitarios podrían precisar claramente la persona 
responsable de proporcionar la información al consumidor. Si se considera 
que en principio el responsable de proporcionar la información es el 
fabricante, a partir de aquí podrían determinarse los casos en que dicha 
obligación corresponde a otros operadores en el proceso de 
comercialización. Deberá realizarse un esfuerzo por fomentar la 
información multilingue entre los operadores económicos. 
CONCLUSIÓN 
43. Fomentar la información multilingue al consumidor, garantizar la libertad 
de los Estados miembros en materia lingüística, reforzar la coherencia de 
las normas comunitarias en vigor y la información recíproca y 
responsabilizar a los agentes económicos, son los cinco temas de 
reflexión que la Comisión propone en el marco de un nuevo enfoque del 
empleo de las lenguas en la información a los consumidores de la 
Comunidad. 
La Comisión somete la presente Comunicación al Consejo y al Parlamento. 
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