ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
5.

Destaca la importancia de la iniciativa ciudadana europea, ya que es la única herramienta de participación a escala de la Unión con la capacidad de conducir a la adopción de nueva legislación; pide que se refuerce la respuesta que se da a esta herramienta mediante la adopción de una resolución parlamentaria por cada iniciativa ciudadana europea que prospere; observa que la Comisión debe cumplir plenamente con su obligación legal de indicar suficientes motivos de su acción o inacción respecto de una iniciativa ciudadana europea, y considera que debe hacerlo de un modo más exhaustivo para garantizar que los ciudadanos dispongan de una imagen precisa de lo que pueden esperar de la iniciación de una iniciativa ciudadana europea o su participación en ella; lamenta que las iniciativas ciudadanas europeas que han prosperado no hayan ido objeto de seguimiento por parte de la Comisión a través de medidas legislativas; considera que, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) 2019/788, en caso de que la Comisión, en los plazos establecidos, no haya publicado sus intenciones o haya indicado en una comunicación que no tiene intención de adoptar medidas en relación con una iniciativa ciudadana europea que cumpla los requisitos de procedimiento y sea conforme con los Tratados, en particular con los valores fundamentales de la Unión consagrados en el artículo 2 del TUE, el Parlamento, en consonancia con el artículo 222 de su Reglamento interno, podría decidir hacer un seguimiento de la iniciativa ciudadana mediante un informe de iniciativa legislativa (INL); insta a la Comisión a que se comprometa a presentar una propuesta legislativa tras la adopción por el Parlamento de dicho informe; propone modificar a tal fin el actual acuerdo marco entre el Parlamento y la Comisión; pide que se modifique el Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea para incentivar a la Comisión a presentar una propuesta legislativa cuando la iniciativa ciudadana europea presentada cumpla los requisitos pertinentes;
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Visto el informe conjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la BINUH, de 18 de enero de 2021, titulado «Unrest in Haiti: Their impact on Human Rights and the State’s obligation to protect all citizens» (Disturbios en Haití: su impacto en los derechos humanos y la obligación del Estado de proteger a todos los ciudadanos),
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Visto el estudio de la Comisión, de 2015, titulado «Wage setting systems and minimum rates of pay applicable to posted workers in accordance with Directive 96/71/EC in a selected number of Member States and sectors» (Sistemas de establecimiento de salarios e índices de salario mínimo aplicables a los trabajadores desplazados de acuerdo con la Directiva 96/71/CE en un número seleccionado de Estados miembros y de sectores),
10.

Lamenta que el Instrumento Next Generation EU no incluya financiación directa para el sector turístico y pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que incluyan los sectores del turismo y de los viajes en sus planes de recuperación y en la iniciativa REACT-UE, dentro del respeto de las normativas ambientales y sociales; subraya que, si bien es importante que las actuaciones en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia sean admisibles retroactivamente para apoyar al sector y prevenir las quiebras, no bastan por sí mismas; pide a la Comisión que adopte medidas específicas en relación con las regiones europeas en las que el turismo representa una parte más importante de su PIB, así como con las islas y las regiones ultraperiféricas; subraya, en ese contexto, que el apoyo financiero de los fondos de la Unión distribuidos en los Estados miembros en relación con la pandemia de COVID-19 no siempre llega a los operadores turísticos que necesitan urgentemente financiación directa para proseguir y mantener sus actividades económicas;
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Vistos los convenios y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular el Convenio sobre las horas de trabajo (industria) de 1919 (n.o 1), el Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas) de 1930 (n.o 30), la Recomendación sobre la negociación colectiva de 1981 (n.o 163), el Convenio de 1981 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares (n.o 156) y su Recomendación adjunta (n.o 165), así como la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo de 2019,
E.

Considerando que «[a] fin de asegurar la participación adecuada del Parlamento Europeo y del Consejo en la segunda fase de aplicación del mecanismo de reciprocidad, habida cuenta de la naturaleza política particularmente sensible de la suspensión de la exención de la obligación de visado para todos los nacionales de terceros países afectados enumerados en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 539/2001 y de sus implicaciones horizontales para los Estados miembros, los países asociados de Schengen y la propia Unión, en particular para sus relaciones exteriores y para el funcionamiento general del espacio Schengen, [se delegaron] en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con determinados elementos del mecanismo de reciprocidad», incluida la suspensión de la exención de la obligación de visado para todos los nacionales del tercer país de que se trate;
AF.

Considerando que las autoridades bielorrusas negaron que la COVID-19 se hubiera propagado en el país —desperdiciando así un tiempo precioso que podría haberse utilizado para preparar y proteger a la población del país y, en particular, a su personal médico—, y no anuló eventos de masas, —en especial el desfile militar del 9 de mayo de 2020 con miles de participantes y el día anual del trabajo comunitario al que asistió un cuarto de la población bielorrusa—, sino que se atrevió a intimidar a periodistas, a blogueros, a la oposición democrática, a organizaciones de la sociedad civil y a personas de a pie que compartieron información crucial sobre la pandemia y las medidas de precaución necesarias, con la consecuencia de que Bielorrusia tiene uno de los índices de infección por COVID-19 per cápita más altos de Europa y representa una amenaza sanitaria para la región; que el Gobierno y el presidente de Bielorrusia no aportaron dato alguno sobre la pandemia ni reaccionaron a tiempo ante ella, sino que, en su lugar, difundieron activamente información falsa que puso en peligro la salud de sus ciudadanos;
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Visto el dictamen del Servicio Jurídico de la Comisión, de 19 de noviembre de 2018, titulado «Impact of Article 61 of the new Financial Regulation (conflict of interests) on payments from the European Structural and Investment (ESI) Funds» (Impacto del artículo 61 del nuevo Reglamento Financiero (conflictos de intereses) en los pagos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE)),
—

Visto el informe de 2013 del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) sobre «Female genital mutilation in the European Union and Croatia» (La mutilación genital femenina en la Unión Europea y Croacia), así como los dos informes posteriores titulados «Estimation of girls at risk of female genital mutilation in the European Union» (Estimación del número de niñas en riesgo de mutilación genital femenina en la Unión Europea) respectivamente de 2015 para Irlanda, Portugal y Suecia, y de 2018 para Bélgica, Grecia Francia, Italia, Chipre y Malta,
8.

Considera que, para proteger la integridad de la lista de terceros países de alto riesgo, el proceso de selección y de toma de decisiones no debe estar influenciado por consideraciones que vayan más allá del ámbito de las deficiencias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; subraya que la actividad de los grupos de interés y la presión diplomática no deben socavar la capacidad de las instituciones de la Unión de luchar de manera efectiva y autónoma contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo vinculada a la Unión; pide a la Comisión que continúe evaluando la posibilidad de elaborar una «lista gris» de terceros países de alto riesgo potenciales siguiendo un enfoque análogo al aplicado por la Unión al elaborar la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales; teme que la duración de doce meses del proceso por el que se establece la evaluación definitiva para identificar a los terceros países con deficiencias estratégicas conlleve retrasos innecesarios para una actuación eficaz en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;
15.

Recuerda que, según el Tribunal de Cuentas, la Comisión era conocedora de los retrasos pero optó por excluir este dato de sus informes oficiales, lo que impidió que las partes interesadas (como el Parlamento Europeo, las demás instituciones de la Unión no representadas en la estructura de gobierno de Aduana 2020, y las empresas y los ciudadanos interesados) fueran plenamente informadas del riesgo de retrasos en tiempo real; pide, por lo tanto, a la Comisión que informe de manera regular y transparente sobre la ejecución del plan estratégico plurianual y sobre la puesta en marcha de los sistemas electrónicos aduaneros, para no repetir los errores de la programación anterior, e informar sobre posibles nuevas prórrogas período transitorio para no hacerlo sin previo aviso o sin acciones correctoras adecuadas;
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Visto el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (4),
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Visto el informe del BEI de 2018 titulado «The EIB outside the European Union — 2017: Financing with global impact» (El BEI fuera de la Unión Europea en 2017: financiación de impacto mundial),
J.

Considerando que los tribunales iraníes no garantizan procesos ni las garantías procesales y ni el derecho a un juicio justo, deniegan el acceso a la asistencia de un abogado, en particular durante el período de investigación, y que no permiten visitas consulares, de las Naciones Unidas o de organizaciones humanitarias; y que las condenas impuestas por el poder judicial iraní con frecuencia se basan en acusaciones vagas e imprecisas de espionaje y relacionadas con la seguridad;
3.

Considera que los efectos del importante, y seguramente irreversible, aumento de 2 o C de las temperaturas mundiales se podría evitar si se fijara el objetivo más ambicioso de 1,5 o C, aunque esto exigiría reducir a cero el crecimiento de las emisiones mundiales netas de GEI en 2050 a más tardar; subraya que las soluciones tecnológicas necesarias están disponibles y son cada vez más competitivas en cuanto al coste, y que todas las políticas de la Unión deberían ajustarse perfectamente a los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París y revisarse periódicamente para mantenerlas en línea con esos objetivos; aguarda con interés, por lo tanto, las conclusiones del informe especial del IPCC de 2018 sobre las repercusiones de un calentamiento global de 1,5 o C por encima de los niveles preindustriales;
7.

Lamenta que no se llegara a un acuerdo en la reunión de ministros de la OMC en Buenos Aires; destaca la primordial importancia política y económica del sistema multilateral y reitera su apoyo al sistema; pide a la Unión que sea fuente de propuestas para la definición de normas multilaterales actualizadas, que tengan en cuenta los nuevos desafíos que plantean las cadenas mundiales de valor, y que fomente el papel central de la OMC dentro del sistema comercial mundial; celebra la entrada en vigor del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio; acoge con satisfacción la prórroga hasta 2033 de la exención de la OMC relativa a los productos farmacéuticos para los países menos avanzados; lamenta que no se respeten determinados acuerdos multilaterales y pide a la Comisión que intensifique su labor en el seno de la OMC en pos de la aplicación efectiva de las normas y acuerdos multilaterales; recuerda su anterior demanda a la Comisión para que participe en la formulación de la agenda de la OMC, en particular con respecto a la responsabilidad social de las empresas y el comercio y al desarrollo sostenibles; reitera su preocupación por el bloqueo estadounidense de nuevos nombramientos para el órgano de apelación de la OMC y subraya la importancia de que el sistema de solución de diferencias de la OMC funcione correctamente; pide a la Comisión que refuerce la cooperación con nuestros principales socios para hacer frente a la competencia desleal y a las prácticas proteccionistas de los terceros países;
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Vistas las Comunicaciones Conjuntas de la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) sobre la Política Europea de Vecindad (PEV), en particular el informe de 18 de mayo de 2017 sobre la aplicación de la revisión de la Política Europea de Vecindad (JOIN(2017)0018) y el documento de trabajo conjunto de 9 de junio de 2017 titulado «Eastern Partnership — 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results» (Asociación Oriental — 20 objetivos para 2020: Centrarse en las prioridades clave y los resultados tangibles) (SWD(2017)0300), así como la Comunicación de 2016 sobre la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea,
33.

Reitera que las iniciativas de la Unión destinadas a reforzar la seguridad y la defensa europeas también deben contribuir a garantizar que sus Estados miembros que son miembros de la OTAN cumplan con los compromisos de la OTAN; considera que la doble condición de miembro de la Unión y de la OTAN no debe perjudicar a ningún Estado; hace hincapié, asimismo, en que la no pertenencia a la OTAN de algunos Estados miembros de la Unión significa que tienen unas obligaciones diferentes en el contexto de la Unión Europea de Defensa; destaca que los Estados miembros de la Unión deben ser capaces de emprender misiones militares autónomas también en los casos en los que la OTAN no esté dispuesta a actuar o cuando la acción de la Unión sea más apropiada;
31.

Pide que se intensifiquen las estrategias de especialización inteligente como una nueva vía para perseguir la inversión en el potencial de crecimiento a largo plazo en el contexto de una evolución tecnológica rápida y de la globalización; reconoce la utilidad de las condiciones ex ante , si bien subraya que en algunos casos han constituido un factor de complejidad y de retraso en la elaboración y el inicio de la programación; toma nota de las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre las condiciones ex ante en su Informe Especial 15/2017; pide a la Comisión que estudie la posibilidad, en su caso, de reducir su número y que refuerce, en este ámbito, los principios de proporcionalidad y subsidiariedad aprovechando al máximo los documentos estratégicos existentes que puedan cumplir las condiciones ex ante en el futuro; destaca que las condiciones ex ante deben estar estrechamente relacionadas con la utilización efectiva de las inversiones, velando al mismo tiempo por la igualdad de trato de todos los Estados miembros;
—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 2847/93, (CE) n.o 1936/2001 y (CE) n.o 601/2004, y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 1093/94 y (CE) n.o 1447/1999 (3) («Reglamento sobre la pesca INDNR»), y en particular su artículo 8, apartado 8,
G.

Considerando que a mediados de febrero de 2018 el Gobierno sudanés anunció la liberación de 80 detenidos, entre los que se encontraban Rawa Jaafar Bakhit, Nahid Jabrallah, Amel Habani, Hanan Hassan Khalifa y Mohamed Abdalla Aldoma, a raíz de malos tratos sufridos en prisión; que el jefe de los Servicios Nacionales de Inteligencia y Seguridad supeditó la liberación de otros detenidos a su promesa de dejar de organizar protestas; que estas declaraciones son contrarias a los compromisos internacionales de Sudán en relación con los derechos humanos; que, no obstante, siguen en prisión varios destacados defensores de los derechos humanos y activistas de la oposición, como Osman Salih y Amjeed Fareed, defensor de los derechos humanos que está detenido en Jartum desde el 18 de enero de 2018; que estos detenidos no están acusados de ningún delito y no han sido puestos a la disposición de los tribunales;
—

Visto el informe de Transparency International titulado «Two sides of the same coin? Independence and accountability of the European Central Bank» (¿Dos caras de una misma moneda? Independencia y rendición de cuentas del Banco Central Europeo),
4.

Destaca que, en el Este, continúa la guerra de Rusia contra Ucrania, no se han aplicado los acuerdos de Minsk —sin los cuales no puede haber una solución al conflicto—, y continúa la anexión ilegal y la militarización de Crimea, así como la imposición de sistemas antiacceso y de negación de área; constata con enorme preocupación que las excesivas maniobras y actividades militares desarrolladas por Rusia sin observación internacional, las tácticas híbridas —como el ciberterrorismo, las noticias falsas y las campañas de desinformación— y el chantaje económico y energético están desestabilizando los países de la Asociación Oriental y de los Balcanes Occidentales, además de tener a las democracias occidentales en el punto de mira y contribuir a avivar las tensiones entre ellas; expresa su preocupación por la gran volatilidad que caracterizará al entorno de seguridad que rodea a la Unión en los próximos años; insiste en la importancia estratégica que revisten los Balcanes Occidentales para la seguridad y la estabilidad de la Unión, así como en la necesidad de centrar y reforzar el compromiso político de la Unión para con la región, en particular reforzando el mandato de nuestras misiones en el marco de la PCSD; está firmemente convencido de que para superar la vulnerabilidad de la Unión se necesita una mayor integración y coordinación;
17.

Pide una mayor transparencia en la toma de decisiones financieras y económicas de la Unión, en particular en el ámbito de la supervisión bancaria llevada a cabo por el Banco Central Europeo; apoya, además, las recomendaciones del Defensor del Pueblo de incrementar la transparencia del BEI y del Eurogrupo y de reforzar sus normas éticas internas, a la vez que reconoce sus esfuerzos recientes a este respecto y el hecho de que el Reglamento (CE) n. o 1049/2001 no se aplica al Eurogrupo, ya que no es una institución u órgano en el sentido de los Tratados; pide que se cumplan las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre la revisión del Mecanismo de Reclamaciones del Banco Europeo de Inversiones (MR-BEI) y destaca la importancia de un mecanismo de reclamaciones independiente; invita al Defensor del Pueblo Europeo a desempeñar una labor más activa a la hora de garantizar que el nuevo Mecanismo de Reclamaciones del BEI siga siendo fiable y eficiente, respetando los principios de independencia operativa, transparencia, accesibilidad, pertinencia y recursos adecuados;
23.

Toma nota de que, según los informes anuales, el criterio 7 motivó 117 denegaciones en 2014 y 149 en 2015; manifiesta su preocupación, entre otras cosas, por los supuestos desvíos de exportaciones de armas ligeras y de pequeño calibre desde países europeos a determinados destinos desde los que se desviaron estas exportaciones para abastecer a agentes no estatales y a otros usuarios finales que no cumplen la Posición Común en países como Siria, Irak, Yemen y Sudán del Sur; señala la urgente necesidad de que las evaluaciones del riesgo de desvío se basen en algo más que una simple aceptación de los compromisos que contrae el Estado destinatario en una certificación de usuario final; subraya, asimismo, la necesidad de establecer mecanismos efectivos de verificación posterior al envío para garantizar que las armas no se reexporten a usuarios finales no autorizados; pone de relieve que el SEAE podría desempeñar un potencial papel de apoyo a los esfuerzos de los Estados miembros en este ámbito;
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Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 1 de junio de 2016, titulado «Analysis of the implementation of the Regulation (EU) No 1025/2012 from 2013 to 2015 and factsheets» (Análisis de la aplicación del Reglamento (UE) n.o 1025/2012 de 2013 a 2015 y fichas informativas) (SWD(2016)0126),
B.

Considerando que, con una población de 100 millones de habitantes, Etiopía figura entre las economías de más rápido crecimiento en África; que atrae importantes inversiones extranjeras, en particular en los sectores de la agricultura, la construcción, la industria transformadora y los proyectos de desarrollo a gran escala, como la construcción de presas hidroeléctricas, las plantaciones y el arrendamiento de tierras, a menudo a empresas extranjeras; que su tasa media de crecimiento en la última década ha sido del 10 %; que, no obstante, sigue siendo una de las economías más pobres, con una RNB per cápita de 632 dólares estadounidenses, y que ocupa el puesto 173 entre los 187 países que figuran en el índice de desarrollo humano correspondiente a 2014;
—

Vista la Resolución 2162 (2017) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 27 de abril de 2017, titulada «Alarming developments in Hungary: draft NGO law restricting civil society and possible closure of the European Central University» (Acontecimientos inquietantes en Hungría: el proyecto de ley sobre las ONG que impone limitaciones a la sociedad civil, y posible cierre de la Universidad Centroeuropea),
13.

Destaca que un sistema de tarificación coherente, justo, transparente, no discriminatorio y no burocrático aplicado en la UE y proporcional al uso de la carretera y a los costes externos generados por camiones, autobuses y turismos (principios de «quien utiliza paga» y de «quien contamina paga») tendría un efecto positivo en la lucha contra el deterioro de las infraestructuras viarias, la congestión y la contaminación; pide a la Comisión que cree un marco que garantice la no discriminación y que evite la fragmentación de los sistemas de tarificación para turismos en la UE;
94.

Toma nota de que las normas actuales en materia de acceso a información clasificada y otra información confidencial facilitada por el Consejo, la Comisión o los Estados miembros al Parlamento en el contexto de una investigación no son plenamente claras desde el punto de vista jurídico, pero en general se interpreta que excluyen a los asistentes parlamentarios acreditados de la consulta y el análisis de «otra información confidencial» no clasificada en una sala de lectura segura; señala que un grupo de diputados han señalado que esta norma obstaculiza la consulta exhaustiva y eficaz de tales documentos en el escaso tiempo de que disponen las comisiones de investigación, y que la Comisión TAX2 (Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares), durante la cual se concedió acceso temporal y excepcional a los APA, permitió que se utilizasen estos recursos de manera más exhaustiva y efectiva; solicita, por lo tanto, la introducción de una disposición con una redacción clara que garantice el derecho de acceso a documentos para los APA sobre la base del principio «necesidad de conocer», como parte de su papel de apoyo a los diputados, en un Acuerdo Interinstitucional renegociado; insta a los organismos relevantes a acelerar la renegociación de este punto para no obstaculizar la efectividad y la eficiencia de investigaciones parlamentarias actuales y futuras;