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disminución de la producción, un aumento del riesgo 
de desertización de estas regiones y de desequilibrio 
hidrogeológico de los terrenos. 
3. La presente propuesta de la Comisión constituye 
únicamente, a juicio del Comité, uno de los medios 
para intentar una aplicación eficaz y equilibrada del 
mecanismo. 
4. Aun aprobando esta propuesta, el Comité señala 
que una de las principales razones de la insuficiente aplicación de la retirada de tierras es la no utilización, 
por parte de algunos Estados miembros a los que se 
dirigía fundamentalmente la medida, del entero importe 
de las ayudas concedidas. Ello no permite una compen­
sación total de los agricultores, y por tanto, el recurso 
a la medida. 
5. Por consiguiente, el Comité insta a la Comisión a 
utilizar los instrumentos a su disposición para solicitar 
a los Estados miembros que fijen el importe de las 
ayudas a un nivel efectivamente adecuado a las exigen­
cias agronómicas y económicas de cada región. 
Hecho en Bruselas, el 19 de octubre de 1989. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE 
Dictamen sobre el informe sobre la Unión económica y monetaria (UEM) en la Comunidad 
Europea (Informe Delors) 
(89/C 329/16) 
El 30 de mayo de 1989, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 20 del 
Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre el 
informe mencionado arriba. 
La Sección de asuntos económicos, financieros y monetarios, encargada de preparar los 
trabajos en la materia, adoptó su dictamen el 10 de octubre de 1989 (ponente: Sr. Meyer-
Horn). 
El Comité Económico y Social, en su 270a sesión plenaria (sesión del 19 de octubre de 1989), 
ha aprobado por 111 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones el siguiente dictamen. 
1. Origen, condiciones y utilidad de una UEM 
1.1. Con el Informe encargado por el Consejo Euro­
peo (27 y 28 de junio de 1988) en Hanover al comité 
de gobernadores de los bancos emisores y expertos 
dirigido por el Presidente de la Comisión de las Comuni­
dades Europeas, Jacques Delors, y presentado el 12 de 
abril de 1989, la UEM se convieFte en un objetivo 
realista. 
1.2. Las condiciones para la consecución de la UEM 
son más favorables que en la época del plan Werner 
(Decisión del Consejo del 22 de marzo de 1971) y que 
en el momento de la creación del sistema monetario 
europeo (SME) (Decisión del Consejo del 13 de marzo 
de 1979), cuya transición a la segunda etapa nunca llegó 
a consumarse: La UEM completa el mercado interior que, con­
forme al Acta Única Europea, deberá realizarse 
antes del 1 de enero de 1993. Las ventajas de dicho 
mercado se harán también patentes en el ámbito 
monetario, sobre el cual ejercerán un efecto benefi­
cioso; la unión monetaria es incluso, en el fondo, 
característica esencial de un mercado interior euro­
peo plenamente realizado. 
Un espacio monetario único sería también conse­
cuente con la liberalización de los movimientos de 
capitales para el 1 de julio de 1990 (no obstante las 
medidas transitorias para Irlanda y Grecia hasta 
1993 y para Portugal y España hasta 1992) y con la 
completa liberalización de las operaciones y servi­
cios bancarios impuesta por la segunda Directiva 
de coordinación de las legislaciones bancarias. 
30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 329/45 
— Las condiciones para la creación de una UEM han 
mejorado gracias a que se han reducido los diferen­
ciales de las tasas de inflación y a que se ha logrado, 
mediante una cooperación mejor y más estrecha 
entre los presidentes de los bancos de emisión y 
los ministros de Economía y Hacienda, una mayor 
convergencia en las políticas económicas. 
1.3. Suscribiendo los argumentos del capítulo 1 del 
Informe Delors (especialmente los apartados 9, 12 y 14) 
y la vista de los objetivos mencionados en el artículo 2 
del Tratado CEE, parece oportuno y realista poner 
rumbo a una UEM. Para ello se pueden aprovechar 
las experiencias positivas recogidas en el marco de la 
cooperación dentro del SME. Se suscribe asismiso el 
juicio emitido sobre el éxito del SME (apartado 5), que 
ha conseguido crear una zona de relativa estabilidad 
del nivel de precios y de los tipos de cambio, sin 
pasar por alto que dicho éxito se debe también a las 
condiciones conyunturales y monetarias especialmente 
favorables que ha habido en los últimos años. 
1.4. La voluntad política y la voluntad de adoptar las 
disposiciones institucionales necesarias serán decisivas 
para progresar en la vía hacia la UEM. La decisión 
tomada el 27 de junio en Madrid por los Jefes de Estado 
y de gobierno de iniciar la primera etapa de la UEM el 
1 de julio de 1990 (como se propone en el apartado 43) 
no es interpretado evidentemente aún por todos los 
Estados miembros como un claro compromiso político 
hacia la verdadera unión monetaria, es decir, con aque­
llo que en el apartado 39 del Informe Delors se inter­
preta como « el compromiso de seguir el proceso hasta 
el final». Por otro lado, gracias a la realización del 
mercado interior se están logrando ya algunos avances 
en el terreno monetario, con la liberalización de la 
circulación de capitales, la libre circulación de servicios 
financieros y la coordinación del control bancario. 
No obstante, el amplio consenso político que requiere 
la UEM depende decisivamente del juicio emitido sobre 
la transferencia de competencias monetarias y económi­
cas al plano europeo. Este juicio se ve dificultado por 
el hecho de que en los órganos comunitarios no se 
ha analizado aún en qué medida los tipos de cambio 
irrevocablemente fijos o incluso una única moneda 
comunitaria exigen la transferencia de competencias y 
decisiones al plano europeo. El alcance de la transferen­
cia de competencias en beneficio de decisiones comunes 
adoptadas en los órganos comunitarios [como el Con­
sejo de Ministros y el Sistema Europeo de Bancos 
Centrales (SEBC)] reviste importancia decisiva para 
la aprobación política de la UEM. Por consiguiente, 
convendría que el acuerdo sobre dicho alcance se 
lograra antes de decidir con carácter vinculante sobre 
la fase final de la UEM. En las deliberaciones sobre la 
materia no debería dejarse de examinar también las 
alternativas al Informe Delors anunciados entretanto 
públicamente, sobre los cuales el Comité no se pronun­
ciará, sin embargo, en el presente dictamen. 1.4.1. La transferencia de competencias descrita en 
el Informe Delors rebasa con mucho lo acordado en el 
Acta Ünica Europea para el mercado interior. Resulta 
comprensible, pues, la preocupación política por la 
cesión de competencias en aras de decisiones europeas 
comunes. Los condicionamientos politicoeconómicos 
no garantizan de suyo la formación de la necesaria 
voluntad política. Es cierto que la interdependencia 
creciente de los mercados financieros y de las economías 
de los Estados miembros reduce constantemente el mar­
gen de maniobra para políticas monetarias y económi­
cas autónomas, como señala el Informe en sus aparta­
dos 10 y 12. Pero existía y sigue existiendo la posibilidad 
de protegerse hasta cierto punto mediante modificacio­
nes de las paridades de cambio. Esta posibilidad no ha 
sido utilizada deliberadamente en el SME durante los 
últimos dos años y medio. En la fase de preparación 
para la UEM sería decisivo que la posibilidad de modifi­
car las paridades de cambio (apartado 12) —en el marco 
del procedimiento comunitario— representase una 
oportunidad real, es decir bajo las exigencias crecientes 
de un mercado interior con libre circulación de capitales 
y libre prestación de servicios bancarios, especialmente 
cuando todos los Estados miembros participen de lleno 
en la UEM. La comprensión política de que las modifi­
caciones de las paridades pueden facilitar los necesarios 
reajustes estructurales en la transición es una impor­
tante premisa para la aprobación política de la transfe­
rencia de decisiones a los órganos comunitarios euro­
peos, tal como lo exigen unos tipos de cambio irrevoca­
blemente fijos. Por otro lado, restringiendo la posibili­
dad de tomar todas las decisiones de política económica 
y monetaria en el marco de la soberanía nacional en 
aras de una política común se incrementa seguramente 
el margen de maniobra de la política económica y 
monetaria para todos los Estados miembros en su con­
junto. 
1.4.2. La voluntad de los responsables políticos a 
todos los niveles de inclinarse ante las exigencias econó­
micas y aceptar las transferencias de soberanía que 
requiere una UEM es difícil que se acomode a un plan 
en tres fases, aún cuando las etapas no tengan fecha. 
La fijación de un horizonte, como por ejemplo el año 
2000, podría favorecer la formación de una voluntad 
política y aligerar el procedimiento decisorio, como lo 
demuestra la experiencia positiva del año 1992 como 
fecha tope para la plena realización del mercado inte­
rior. Por otra parte, convendría ampliar el debate, hasta 
ahora predominantemente académico, y fomentar con 
carácter general la voluntad política a favor de una 
UEM, explicando a la opinión pública su necesidad, 
sus ventajas y sus consecuencias. 
1.4.3. La decisión tomada por los Jefes de Estado y 
de Gobierno el 26 de junio en Madrid, de convocar, 
como se proponía en el Informe Delors, una conferencia 
de los países de la CE para elaborar un tratado sobre 
la UEM, habría que llevarla a efecto cuanto antes, a 
poder ser en el segundo semestre de 1990. Las negocia-
N° C 329/46 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89 
ciones de la conferencia no convendría llevarlas a cabo 
en total aislamiento hasta el final. Antes bien, se debería 
informar adecuadamente a los parlamentos, tanto al 
Europeo como a los nacionales y regionales. En este 
proceso de información y debate deberían participar 
también los sectores económicos y sociales representa­
dos en el Comité Económico y Social, que debería ser 
consultado periódicamente sobre la ulterior evolución. 
La UEM sobrepasa con mucho el marco del mercado 
interior y tiene amplias repercusiones para la economía, 
para la sociedad y por tanto para todos los ciudadanos. 
La votación final sobre la UEM debe tener lugar por 
tanto con el conocimiento general de sus implicaciones, 
ya que su significado equivale prácticamente a un refe­
rendum europeo. Debido a esa transcendencia, es 
urgente reforzar las competencias del Parlamento Euro­
peo para que pueda desempeñar el papel que le corres­
ponde en una UEM, a saber, de formación de voluntad, 
decisión y control democráticos a escala comunitaria. 
Una colaboración más estrecha entre el Parlamento 
Europeo y los parlamentos nacionales y regionales faci­
litaría el paso hacia la UEM. 
1.5. El amplio consenso político que debería tener la 
UEM parece requerir además cuanto antes un acuerdo 
sobre sus efectos y la adopción de todas las decisiones 
esenciales para su estado final sobre la base de un 
tratado único. A modo de complemento, se podría 
apoyar el proceso propuesto por el Informe Delors para 
alcanzar el objetivo final de una UEM por medio de un 
programa de acción (derechos sociales fundamentales, 
armonización fiscal, política regional) propuesto por la 
Comisión, como ya lo hiciera en el Libro Blanco de 
1985 para la realización del mercado interior. 
1.5.1. En cuanto a las medidas derivadas de ese pro­
grama de acción, su imputación a una de las fases 
descritas en el Informe Delors importaría menos que 
la necesidad de tener en cuenta las reacciones a las 
experiencias recogidas en la realización del mercado 
interior, particularmente después de la liberalización 
del movimiento de capitales, la realización de la libre 
prestación de servicios bancarios y financieros, la parti­
cipación de todas las monedas de la Comunidad Euro­
pea en el mecanismo de cambio del SME y los cambios 
fiscales. Dado que para muchos países miembros se van 
a modificar profundamente las condiciones-marco y 
que por ello se pueden acentuar aún más las diferencias 
de desarrollo ya existentes, parece oportuno implantar 
medidas de acompañamiento comunitarias (véase apar­
tado 2.8 y siguientes). 
1.5.2. En los cuatro casos apuntados —liberalización 
de capitales, libre prestación de servicios financieros, 
mecanismo de cambios fiscales— la UEM podría verse 
sometida a pruebas de madurez que requerirán correc­
ciones de los tipos de cambio. A diferencia del SME, 
que en los últimos dos años y medio renunció a modifi­
caciones de los tipos de cambio, es preciso que en esa 
fase de reajuste se aproveche en el momento oportuno, con la amplitud necesaria y previo consenso comunita­
rio la posibilidad de corregir las paridades. Tales modi­
ficaciones no pondrían en peligro el progreso hacia la 
UEM, sino que, por el contrario, crearían una situación 
de partida favorable. 
1.6. Es por consiguiente importante que, en aras de 
buena disposición política y de la necesaria com­
prensión de la opinión pública, especialmente en los 
círculos económicos y sociales, en las asociaciones pro­
fesionales y entre los interlocutores sociales, se descri­
ban y expliquen las consecuencias de la UEM con más 
precisión que en el Informe Delors. Y es necesario 
explicar tanto la utilidad real de la UEM, un punto que 
apenas se menciona en el Informe Delors (apartado 14: 
notable incremento del bienestar) como también las 
obligaciones que conllevaría. 
1.6.1. Para la UEM no existen, hasta ahora, cálculos 
como los que se efectuaron en el Informe Cecchini sobre 
los costes de la «No Europa » en el caso del mercado 
interior. Sin embargo serían útiles algunas indicaciones 
sobre el orden de magnitud de las economías, como las 
anunciadas por el Presidente de la Comisión Delors en 
septiembre de 1989 en el Parlamento Europeo. Las 
ventajas de la UEM radican en su utilidad para la 
economía en general, tal como se describe en los aparta­
dos 2.9 y siguientes. La mayor identificación de los 
ciudadanos con Europa que conllevaría la unión mone­
taria, sobre todo si existe una única moneda comunita­
ria, sería difícil de cuantificar pero tendría gran valor 
desde el punto de vista de la integración política. La 
supresión de los riesgos del cambio y de sus costes (en 
el supuesto de una moneda única), la simplificación de 
los procedimientos de pago y la mayor transparencia 
de los precios (factor importante para la competencia) 
supondrían también economías concretas para los 
hogares y las medianas empresas. 
1.6.2. Por otro lado, las obligaciones que se impone 
una UEM no se deberían ocultar a la opinión pública. 
En el Informe Delors se alude a ellas con los términos 
de paralelismo, subsidariedad, pluralidad y solidaridad, 
pero sin profundizar. Es algo que convendría discutir 
con absoluta franqueza, especialmente en lo que se 
refiere al fundamento de la estabilidad del nivel de 
precios, al abandono de toda financiación inflacionista 
de los defícitos presupuestarios mediante créditos ilimi­
tados del banco de emisión y a la garantía de las 
transferencias de los fondos regionales y estructurales. 
La eliminación o reducción de las diferencias (en parte 
considerables) que aún existen en la estructura tributa­
ria, en los saldos presupuestarios y en el volumen de 
los costes de la seguridad social y su financiación antes 
de la entrada en la UEM requiere, junto a las medidas 
económicas, las correspondientes correcciones en los 
tipos de cambio. 
1.7. En las observaciones siguientes, relativas a la 
fase final de la UEM (capítulo II) y a los pasos que 
llevan hasta ella (capítulo III), el Comité Económico y 
Social quisiera hacer hincapié en las múltiples conse­
cuencias de los reajustes y cambios estructurales necesa­
rios. El Comité Económico y Social opina que en el 
Informe Delors no se analiza con suficiente amplitud los 
30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 329/47 
diversos aspectos sociales de esos reajustes y cambios 
estructurales y manifiesta su deseo de que en los futuros 
preparativos para la UEM se examine atentamente su 
dimensión social. Ese ejercicio no debería consistir en 
influir en la autonomía de los interlocutores sociales 
(apartado 30 del Informe Delors) ni en fijar directrices 
europeas para la política salarial más allá de nuevas 
orientaciones, como podrían ser indicaciones de aumen­
tos reales de la productividad. Una política de aumento 
de los salarios reales basada en el aumento de la produc­
tividad real contribuiría sin duda mucho, a garantizar 
la estabilidad de precios en la UEM. Además, una 
política salarial de ese tipo beneficiaría precisamente a 
las partes de la Comunidad económicamente menos 
desarrolladas, donde existen reservas de productividad 
considerables; en comparación con la anterior política 
salarial en condiciones inflacionistas, esas regiones ten­
drían más oportunidades de recuperarse en lo que a 
ingresos se refiere y de progresar en el terreno social. 
En opinión del Comité Económico y Social, es esencial 
que en todos los países de la Comunidad el desarrollo 
económico y social discurra paralelo a la integración 
económica y monetaria y que los trabajadores tengan 
confianza en Europa. El Comité Económico y Social 
vuelve por tanto a subrayar que no concibe una UEM 
sin un alto grado de convergencia económica y, a la 
vez, social. 
2. La etapa final de la UEM 
2.1. La vieja discusión entre « monetaristas » y « eco-
nomistas« en torno a la cuestión de si una unión mone­
taria puede forzar una unión económica o si aquélla 
sólo puede ser el resultado de ésta, no queda del todo 
resuelta en el Informe Delors. El Informe se pronuncia 
(apartado 21) a favor de la instauración paralela de la 
UEM; pero al mismo tiempo afirma, con razón (apar­
tado 42), que las desviaciones esporádicas respecto del 
paralelismo constituyen un fenómeno inevitable que 
forma incluso parte del proceso dinámico de desarrollo 
de la Comunidad. En cualquier caso, el Comité, en 
concordancia con el Informe Delors, ve el paralelismo 
de la manera siguiente: las reglementaciones y obliga­
ciones monetarias acordadas influyen en las caraterísti-
cas principales de una unión económica, pero, por otra 
parte, una unión monetaria sólo es concebible si va 
acompañada de un alto grado de convergencia econó­
mica. 
2.1.1. La integración monetaria puede y debe desem­
peñar un papel regulador siempre que se cree un SEBC 
(apartado 32) con el mandato de aplicar una política 
monetaria común (apartado 24). Por otro lado, cada 
país miembro seguiría disponiendo de un cierto grado 
de autonomía en sus decisiones económicas. Este grado 
de autonomía, cuya amplitud habrá que fijar de común 
acuerdo, haría justicia al principio de subsidariedad y 
garantizaría al mismo tiempo la conveniente diversidad —económica, social, cultural y política (apar­
tado 17)— de las distintas naciones. En el fondo lo 
que importa no es tanto crear lo antes posible nuevas 
instituciones como potenciar la voluntad política de 
actuar en común. 
2.1.2. A diferencia del ámbito monetario, no se cre­
aría para las nuevas decisiones económicas un nuevo 
marco institucional europeo y las competencias se 
repartirían según «el principio de subsidariedad » (apar­
tado 20). El Consejo de Ministros trazaría las grandes 
líneas de política económica (apartado 33), mientras 
que todas las funciones que pudieran desempeñarse 
a escala nacional, regional y local, sin repercusiones 
negativas en la cohesión y el funcionamiento de la unión 
económica y monetaria, seguirían siendo competencia 
de los países miembros. Para llevar a la práctica ese 
principio —en todos los sectores económicos y socia­
les— es necesario lograr antes entre los Estados miem­
bros un acuerdo detallado y jurídicamente garantizado, 
la experiencia demuestra que incluso en un Estado 
federal como los EE.UU. el notable margen de maniobra 
con que cuentan las decisiones políticas no ejerce ningún 
efecto desintegrador en el ámbito económico y mone­
tario. 
2.1.3. El paralelismo de la política monetaria común 
y de la política económica convergente se verá dificul­
tado mientras los órganos competentes no tengan, por 
su composición, un mandato exclusivamente europeo. 
Esto podría provocar tensiones entre la política moneta­
ria por un lado y la política económica y financiera 
por otro, que son señal de falta de paralelismo. Otra 
circunstancia que dificulta el paralelismo es que la 
regulación de las competencias y responsabilidades en 
materia de política monetaria y de política económica 
y financiera difiere de un país a otro. En el plano 
comunitario, el paralelismo se vería facilitado en la 
medida en que la política económica estuviera en conso­
nancia con el objetivo de la estabilidad de precios. 
2.2. Lo fundamental de una política monetaria 
común, como la que exigen unos tipos de cambio irrevo­
cablemente fijos y, en último término, una moneda 
única (apartado 16), es su mandato. En el Informe 
Delors (apartado 32) se indica en primer lugar para el 
mandato la obligación de ajustarse al objetivo de la 
estabilidad de precios y el respaldo de la política econó­
mica general fijada a nivel comunitario. La política 
económica y financiera europea y nacional deberá estar 
en concordancia con el objetivo de la estabilidad del 
nivel de precios. 
Lo que importa, en la política monetaria, es el control 
del volumen total de dinero y de crédito y la garantía 
de un sistema de pagos y finanzas eficiente, con inclu­
sión de sistemas electrónicos de pago. Frente a ello, la 
emisión y circulación de billetes y monedas sólo tiene ya 
una importancia secundaria. En contra de determinadas 
especulaciones que circulan en la opinión pública, el 
Informe Delors no ha pecado por omisión al no presen­
tar proposiciones para futuros billetes y monedas euro­
peos. 
N° C 329/48 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89 
2.2.1. En consonancia con las propuestas del Informe 
Delors (apartado 32), convendría que el papel clave de 
la estabilidad del nivel de precios quedara establecido 
en los estatutos del SEBC. La importancia de la estabili­
dad del nivel de precios se basa en varios motivos: 
— la estabilidad del valor monetario es una buena 
condición previa —aun cuando no la única— del 
crecimiento económico y de un alto nivel de empleo, 
— una vez garantizada uniformemente en todos los 
países de la Comunidad la estabilidad del nivel 
de precios, dejará de existir uno de los incentivos 
importantes para los movimientos de capitales que 
especulan con devaluaciones y revaluaciones, y 
— por último, una situación estable en Europa contri­
buiría de modo esencial a que la Comunidad se 
convirtiera en un mercado de capitales atractivo a 
escala mundial. 
La obligación de mantener la estabilidad del nivel de 
precios representa además una gran ventaja sociopolí-
tica, porque protege a los socialmente más débiles con­
tra pérdidas inflacionistas de sus ahorros y la pérdida 
de poder adquisitivo de sus sueldos y salarios; por 
tanto, dentro de la UEM contribuiría a esa dimensión 
social que muchos echan aún de menos en el mercado 
interior. 
2.2.2. En la medida en que se consiga reducir la 
devaluación monetaria a un mínimo, desaparecerán las 
pérdidas de poder adquisitivo —socialmente cuestiona­
bles— de las personas de poder adquisitivo vulnerable, 
especialmente de los pequeños ahorradores y percepto­
res de subsidios de la seguridad social. Pero además se 
facilitará la política de negociación salarial entre los 
interlocutores sociales, al no tener que preocuparse ya 
de la « compensación de la inflación » en sus negaciones. 
Por último, todos los países miembros de la Comunidad 
serían lugares igualmente interesantes para los capitales 
en busca de colocaciones rentables. Una UEM compro­
metida con la estabilidad del nivel de precios ayudaría 
también a la Comunidad a obtener los recursos interna­
cionales necesarios para financiar proyectos de desarro­
llo estructurales y regionales. Asimismo, le ayudaría a 
reafirmarse en el sistema monetario internacional frente 
a las monedas hasta ahora dominantes, especialmente 
el dólar de los EE.UU., y a protegerse contra la inflación 
(cf. 2.9A y 2.9.2), aun cuando, como es lógico, la unión 
monetaria europea no ofrecería una protección total 
contra todas las perturbaciones que pudieran derivarse 
del sistema monetario internacional. 
2.2.3. La experiencia positiva del SME habla en favor 
de la aceptación política de una « Comunidad de estabi­
lidad». De hecho, y tal como lo subraya el Informe 
Delors, en el marco del SME se dio cada vez más 
preferencia a la estabilidad monetaria, al tiempo que el 
sistema se beneficiaba del marco alemán en su papel de 
«ancla» de la política monetaria de los países que 
participan en el mecanismo de cambio. En el SME se 
ha ido formando un gran núcleo de países con tasa de 
inflación baja. Las críticas contra la asimetría de los 
ajustes de los tipos de cambio y la predominancia del 
DM han remitido, toda vez que el DM se halla también 
íntimamente engranado en la estructura monetaria 
mundial. Una unión monetaria ofrece la oportunidad de seguir progresando por ese camino, haciendo que la 
responsabilidad y la formación de voluntad —que hasta 
ahora se regían a menudo por las decisiones del Deut­
sche Bundesbank— descansen sobre una base comuni­
taria. La experiencia del SME facilitará la resolución, 
a nivel europeo, de las situaciones conflictivas que 
pueden surgir al tratar de respaldar una política econó­
mica que debe preservar la estabilidad del nivel de 
precios y orientarse al mismo tiempo hacia un creci­
miento equilibrado, la convergencia de los niveles de 
vida, un elevado nivel de empleo y de equilibrio exterior 
(apartado 16). Para ello no sólo será preciso ponerse 
de acuerdo a nivel europeo sobre esa lista de objetivos 
político-económicos, sino también sobre las prioridades 
comunes. La decisión deberá tomarse en base a los 
análisis de situación efectuados por los organismos de 
política económica. En concreto habrá que cuidar de 
que los sectores de política económica y financiera 
que competan aún a los países miembros respeten las 
prioridades comunitarias. 
2.2.4. Hay quien piensa que el respaldo de la política 
monetaria a la política económica es el punto débil, el 
talón de Aquiles del estatuto de todos los modernos 
bancos centrales. Eso es especialmente válido respecto a 
la política de intervención en los mercados de cambios, 
instaurada para asegurar el equilibrio exterior. El 
Informe Delors no define con claridad la competencia 
en materia de política de intervención, la cual, aún en 
los Estados con estatuto «moderno», no recae exclusi­
vamente en el banco central. Se habla, por una parte 
(apartado 32), de la competencia del SEBC en la gestión 
de la política de tipos de cambio (apartado 33); por otra 
parte, de la elaboración de dicha política en cooperación 
con el consejo del SEBC (apartado 33) y, por último, 
de intervenciones en el mercado de cambios (apartado 
60) bajo la responsabilidad única del consejo del SEBC, 
conforme a la política de tipos de cambios de la Comu­
nidad. Sin embargo, debido a sus consecuencias econó­
micas y especialmente a sus efectos estructurales, las 
modificaciones de los tipos de cambio no pueden depen­
der exclusivamente de una legitimación monetaria. 
2.2.5. Por consiguiente, en las negociaciones intergu­
bernamentales sobre el tratado que instituya la UEM y 
sobre el estatuto del SEBC debería designarse sin ningún 
género de ambigüedad el órgano encargado de la polí­
tica de intervención de la Comunidad respecto a países 
terceros —por ejemplo, el Consejo de Ministros de 
Economía y Hacienda— y definirse el modo de coopera­
ción con el SEBC en este ámbito. Debe quedar clara­
mente establecido que toda decisión relativa a modifica­
ciones de los tipos de cambio con respecto a países 
terceros ha de respetar la política de estabilidad moneta­
ria del SEBC. En una UEM con tipos de cambios 
irrevocablemente establecidos o con una moneda única, 
la medida en que la política de tipos de cambio con 
respeto a países terceros podrá venir determinada por 
influjos del mercado y factores fundamentales, como 
por ejemplo mayores diferenciales de productividad, 
será mucho mayor que hasta ahora en los países de la 
CE, donde la política de tipos de cambio ha servido 
—sobre todo en los primeros años del SME, para com­
pensar los diferenciales de rentas de crecimiento y de 
inflación. 
30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 329/49 
2.2.6. El SEBC debería participar en la tarea de coor­
dinar la política de vigilancia bancaria, en lugar de 
crear para ello un organismo especial. Pero dentro del 
SEBG se debería hacer una separación funcional entre 
la misión de coordinación de la política de vigilancia 
bancaria y la misión de la política monetaria. El SEBC 
no debería desempeñar la función de control bancario 
central para la Comunidad, como es el caso del Bank 
of England en el Reino Unido. En efecto, a dicha 
atribución se opone el control que, en virtud del princi­
pio de subsidariedad, seguirán ejerciendo las autorida­
des nacionales conforme al principio de competencia 
del país de la sede sobre la actividad ejercida por las 
entidades de crédito acreditadas cerca de dicho país en 
todo el territorio comunitario. El principio de reconoci­
miento recíproco en materia de control bancario, con­
firmado por la armonización mínima contenida en la 
2a Directiva bancaria, permite por lo demás liberar el 
SEBC de cualquier tarea de vigilancia bancaria directa 
a nivel europeo y encomendarle únicamente tareas de 
coordinación. 
2.3. El estatuto del SEBC deberá ajustarse al man­
dato, especialmente difícil y sin precedentes, de una 
política monetaria común de, en la actualidad, doce 
Estados y deberá elaborarse en colaboración con el 
Parlamento Europeo. Las disposiciones de mayor 
importancia serán las relativas a la estructura federal y 
a la autonomía del SEBC (apartado 32). 
2.3.1. La elección de una estructura federal para el 
SEBC se deduce de la consideración (correcta, dada la 
pluralidad de la Comunidad) según la cual los bancos 
centrales nacionales no deberían fusionarse en una insti­
tución europea, sino que deberían conservar su indepen­
dencia jurídica. La estructura federal consistiría en un 
Consejo del SEBC integrado por los gobernadores de 
los bancos centrales de cada país y los miembros del 
Consejo ejecutivo designados por el Consejo Europeo. 
Con respeto a las decisiones monetarias comunes y su 
aplicación a través del SEBC, la estructura federal no 
representaría en realidad obstáculo alguno. 
2.3.2. Puesto que la política monetaria no puede 
diferenciarse regionalmente y acordarse de modo fede­
rado, la toma de decisiones y su transposición a un solo 
nivel en el SEBC. Con ello se seguiría el ejemplo de 
los bancos centrales de estructura federal como el US 
Federal Reserve System. En los Estados Unidos, los 
doce Federal Reserve Bank regionales, con competen­
cias sobre los 52 estados federados americanos, carecen 
de autonomía en materia de política bancaria, sino que 
ejecutan la política común acordada por el Federal 
Reserve Board. De modo similar, los bancos centrales 
de cada país miembro de la Comunidad constituirían 
órganos del SEBC. El Consejo del SEBC podría transfe­
rir tareas importantes a algunos de sus bancos centrales 
o incluso a todos, como por ejemplo intervenciones en 
el mercado monetario y de cambio. Sin embargo, el 
estatuto debería establecer que en la etapa final de 
la UEM las instrucciones del SEBC tendrán siempre 
carácter vinculante para los bancos centrales de cada 
país. 2.4. En aras de una política encaminada a la estabili­
dad, el SEBC no deberá depender, en el ejercicio de sus 
funciones, de instrucciones de los gobiernos nacionales 
ni de las autoridades comunitarias (apartado 32). La 
autonomía se refiere al deber de preservar la estabilidad 
del nivel de precios en el marco de la competencia 
exclusiva del SEBC en materia de política monetaria 
común prevista para la UEM. Dicha autonomía está 
limitada en la medida en que —al igual que el Deutsche 
Bundesbank en virtud del artículo 12 de su estatuto— 
el SEBC deberá respaldar la política económica general 
de la Comunidad —no todas y cada una de sus accio­
nes— siempre que aquélla no se oponga al objetivo en 
materia de estabilidad monetaria. La necesaria coopera­
ción para el respaldo de la política económica dentro 
de esos límites podrá requerir un «engranaje» en la 
forma de una participación recíproca (sin derecho de 
voto) en las deliberaciones del Consejo del SEBC y del 
Consejo de Ministros de Economía y Hacienda y de la 
Comisión (apartado 34). 
2.4.1. Además de esta autonomía funcional, el esta­
tuto debería garantizar la independencia jurídica y 
financiera del SEBC. La independencia política personal 
del Consejo del SEBC se garantizará mediante un man­
dato personal de duración suficientemente larga —el 
doble que el de la Comisión CE, por ejemplo— para 
los miembros del Consejo ejecutivo y el presidente 
(apartado 32). El nombramiento debería realizarlo el 
Consejo de Ministros a propuesta de la Comisión y 
previa consulta del Parlamento Europeo. La duración 
del mandato de los gobernadores de los bancos centrales 
y su inclusión en el Consejo del SEBC deberían regirse 
por los usos de cada Estado. 
2.4.2. Habida cuenta de la acumulación de poder 
—en sí intencionada— que ostentaría una futura instan­
cia monetaria europea, parece conveniente que el SEBC 
cargue con las responsabilidades que son usuales en un 
régimen democrático. El SEBC debería rendir cuentas 
no sólo ante el Consejo de Ministros sino también —al 
menos una vez al año— ante el Parlamento Europeo e 
informar al Comité Económico y Social. Esta rendición 
de cuentas no debería dar lugar a intervenciones en la 
gestión diaria del Consejo y sí brindar la posibilidad de 
ejercer una vigilancia democrática. En caso de conflicto 
cabría apelar al Tribunal Europeo de Justicia. 
2.4.3. Como es lógico, a los bancos centrales de los 
países integrantes del SEBC y a sus órganos ejecutivos 
(apartado 52) debería concedérseles la misma auto­
nomía que a éste. 
2.4.4. La toma de decisiones en el Consejo del SEBC 
no debería ser por unanimidad sino por mayoría. Para 
el sistema de votación cabría pensar en alguno distinto 
de una ponderación de votos basada en criterios exclusi­
vamente políticos —más bien esquemáticos— como en 
el Consejo de Ministros o como para el reparto de 
escaños por países en el Parlamento Europeo y en el 
Comité Económico y Social. En la ponderación se 
podrían incluir también criterios relevantes desde el 
punto de vista monetario y económico. 
N° C 329/50 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89 
2.5. A diferencia de la unión monetaria, cuya política 
quedaría en manos del órgano europeo SEBC, la unión 
económica no dispone de ningún órgano similar para 
definir las directrices de una política común, debido 
a la ausencia de una responsabilidad gubernamental 
europea con legitimidad democrática. 
2.5.1. Como solución provisional parece defendible 
otorgar al Consejo de Ministros de Economía y 
Hacienda, con carácter provisorio y al amparo de los 
artículos 102 A, 104 y 105 del Tratado CEE, competen­
cias en materia de política económica, sin detrimento 
del papel de la Comisión de las CE y la espera de una 
ampliación de la competencias del Parlamento Europeo. 
Las competencias del Consejo de Ministros tendrían 
que ser más amplias que las contempladas en la Deci­
sión del 18 de febrero de 1974 sobre la convergencia 
de la política económica; habría pues que completar 
considerablemente dicha Decisión, como ha propuesto 
la Comisión de las CE el 20 de septiembre. Sería por 
ejemplo conveniente que el Consejo de Ministros de 
Economía y Hacienda llegara a un acuerdo sobre los 
principales parámetros de la política económica, basa­
dos en un análisis del desarrollo económico (informe 
económico anual) y en una protección a plazo medio 
sobre los objetivos de la política presupuestaria. Hay 
que tener en cuenta que el Consejo, debido a su estruc­
tura, no podría satisfacer las actuales necesidades de 
acción económica de la Comunidad. La experiencia de 
la Decisión de convergencia de 1974 ha demostrado que 
el trabajo de un órgano europeo en el que se tienen que 
adoptar constantemente decisiones fundamentales de 
índole económica sobrepasa a unos ministros que 
soportan ya el peso de las tareas gubernamentales nacio­
nales. 
2.5.2. Las directrices de la política económica y 
monetaria deberían regirse —en mayor medida que 
ahora— por criterios europeos supraordinados siempre 
que ello fuese compatible con el principio de subsidarie-
dad. El objetivo no es sólo que la política monetaria 
adquiera carácter comunitario sino que la política eco­
nómica vaya cobrando progresivamente cierta auto­
nomía. Así parecen exigirlo la consecución de una 
mayor convergencia y la evitación de nuevos desequili­
brios, por ejemplo en el caso de una crisis conyuntural. 
La Comisión de las Comunidades Europeas debería por 
tanto estudiar la manera de dar también a la política 
económica cierta autonomía dentro de la UEM. 
2.5.3. No parece conveniente, sin embargo, ejercer 
una influencia directa sobre sectores concretos de la 
política económica y social nacional; y ello tanto en lo 
que se refiere al volumen de intervención de los poderes 
públicos, por ejemplo en la construcción de viviendas 
o el sector social, como en lo relativo al reparto de 
la financiación de los presupuestos públicos y de los 
institutos públicos de seguridad social y de pensiones 
entre impuestos directos e indirectos por una parte y 
cuotas de la seguridad social por otra. No obstante, hay 
que garantizar que los sectores de la política económica, 
social y financiera que sigan siendo competencia de cada 
país no estén en conflicto con el marco macroeconómico establecido en el plano comunitario, a fin de salvaguar­
dar la convergencia de la política económica en su 
conjunto. 
2.6. Sin embargo, dentro de esa renuncia a ejercer 
influencias directas en la política económica y financiera 
de los distintos Estados debería hacerse una excepción 
en materia de política presupuestaría. A fin de no 
socavar la política monetaria común orientada a la 
estabilidad, habría que evitar que los déficit presupues­
tarios se financien de manera inflacionista. Por consi­
guiente, hay que garantizar la exclusión de toda finan­
ciación inflacionista de los déficit presupuestarios —ya 
sean locales, regionales, nacionales o europeos— 
mediante el recurso ilimitado, directo o indirecto, a 
créditos del banco central. Las consideraciones expues­
tas en ese sentido en el Informe Delors (apartado 33) 
merecen la aprobación del Comité Económico y Social. 
Una coordinación europea ex ante en forma de disposi­
ciones vinculantes para fijar un tope a los déficit presu­
puestarios y establecer saldos presupuestarios globales 
parece innecesaria. Semejantes disposiciones ex ante del 
Consejo de Ministros de la CEE contravendrían el 
principio de subsidariedad y los derechos constituciona­
les democráticos de los parlamentos de cada país en 
materia presupuestaria. Los presupuestos del Estado y 
de la seguridad social tienen sin embargo una influencia 
decisiva en la política económica y social de los Estados 
miembros. Afectan a centenares de miles de puestos de 
trabajo en Europa e influyen en la política salarial de 
los distintos países. Por otra parte, determinan el nivel 
y la calidad de multitud de servicios colectivos. Todo 
ello implica una auténtica cooperación en el ámbito de 
la políticas presupuestarias, con el fin de impedir que 
se acentúen los desequilibrios sobre la base de las condi­
ciones existentes. 
2.6.1. La renuncia a intervenciones presupuestarias 
directas no excluye que, en la concertación general de 
la política económica y financiera (véase punto 2.5.2), 
se trate de lograr una estructura presupuestaria que se 
ajuste al objetivo de estabilidad monetaria. Por otra 
parte, en lo que concierne a la política presupuestaria 
de los países miembros en el marco de la UEM, cabe 
confiar en que obedezca ante todo a las exigencias de 
una política monetaria común de estabilidad y de la 
imposibilidad de financiar el déficit a través del banco 
central. 
2.7. Tras la realización de la UEM, los cambios en 
las ventajas económicas brindadas por la ubicación y 
en las diferencias de competitividad entre los Estados 
miembros no podrán compensarse ya mediante ajustes 
de los tipos de cambio. Las diferencias de nivel de 
bienestar que, en proporción de 1 a 6, existen aún en 
la Comunidad entre las regiones « más pobres y más 
ricas» (por renta per cápita) se harán todoavía más 
visibles en un espacio monetario único, porque entonces 
podrán compararse salarios y sueldos, precios y poder 
adquisitivo en los doce países y en la misma moneda. 
2.7.1. Hasta ahora, los saldos de las balanzas de 
pago se atribuían por una parte a políticas económicas 
30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 329/51 
y monetarias más o menos acertadas y por otra a la 
eficiencia económica. Pero de ello no deben sacarse 
conclusiones erróneas para una futura UEM. No se 
puede contar con que la UEM vaya a corregir las 
divergencias nacionales y regionales en materia de ren­
tas: una moneda común no implicaría de por sí la 
obligación de reducir unas diferencias de niveles de 
bienestar que serían aún más visibles, ni tampoco la 
de sustituir íntegramente los anteriores saldos de las 
balanzas de pago por un sistema de compensación 
financiado con fondos del presupuesto comunitario. 
2.7.2. En una UEM, las diferencias competitivas y 
los diferenciales de bienestar sólo podrían reducirse 
mediante reajustes estructurales, con las correspondien­
tes consecuencias para el empleo y el crecimiento. Con 
arreglo al artículo 130 A del tratado CEE, la Comunidad 
está obligada a reforzar su cohesión económica y social, 
en particular con vistas a reducir las divergencias regio­
nales. A ese respecto, y en base a una decisión del 
Consejo Europeo de febrero de 1988, se va a duplicar 
la dotación de los fondos estructurales de aquí a 1993; 
la prioridad concedida a la financiación de proyectos, 
pasa a la financiación de programas y se instaura una 
forma de asociación entre la Comunidad y las regiones 
menos desarrolladas. Según el Informe Delors 
(apartado 29), el objetivo principal de las políticas 
regionales no debería ser subvencionar la renta y limi­
tarse a compensar las divergencias de nivel de vida, sino 
impedir, por ejemplo, mediante programas de inversión 
destinados a mejorar las infraestructuras, que los movi­
mientos de mano de obra a gran escala se conviertan 
en el factor principal de ajuste. El Comité suscribe ese 
enfoque. 
2.7.3. El Informe Delors (apartado 59) considera por 
otro lado necesario reforzar la política estructural y 
regional de la Comunidad, adaptada aquélla a las nece­
sidades de la UEM, e incrementar las transferencias 
estructurales a los países miembros. Estas «necesidades 
de la UEM » se plasman sobre todo en las dificultades 
de ajuste que al principio puedan derivarse del reajuste 
de la política económica y presupuestaria, cuando ésta 
ya no pueda ser financiada de forma inflacionista y las 
consecuencias respecto a los países vecinos ya no pue­
dan compensarse mediante devaluaciones monetarias. 
2.7.4. La renuncia a una política económica y finan­
ciera inflacionista, exigida por la unión monetaria, no 
cabe « recompensarla » mediante pagos compensatorios 
de la Comunidad. La Comunidad Europea, que aun 
como UEM distaría mucho de un Estado federal, se 
vería abrumada por semejante operación de compensa­
ción financiera entre Estados, con pagos sin destino 
específico: 
— a nivel financiero, semejante perecuación entre doce 
Estados sobrepasaría con mucho el orden de magni­
tud del presupuesto comunitario, y — a nivel político, una perecuación supranacional 
resultaría impracticable mientras coexistan, políti­
cas presupuestarias y financieras nacionales. 
Las discusiones en torno a dichas transferencias sin 
destino específico sólo servirían para agobiar a la 
Comunidad (y quizá de forma permanente), mucho más 
que en su día las negociaciones sobre la reforma de la 
política agrícola común y las relativas al incremento de 
los recursos propios. 
2.8. Los grandes problemas de reajuste estructural 
que se van a plantear requieren soluciones que no 
pueden consistir simplemente en transferencias sin asig­
nar o en una especie de perecuación financiera entre 
Estados, como queda dicho en el apartado 2.7.4. Dado 
el alcance del reajuste, es de suma importancia facili­
tarlo de manera conveniente y controlada. Lo que en 
ningún caso se debe permitir es que se realice a costa 
de los grupos sociales y regiones más débiles. Es de 
lamentar que en el Informe Delors no se diga nada 
acerca de las medidas de apoyo que son necesarias para 
atenuar las repercusiones del reajuste para las regiones 
y grupos sociales más débiles. 
2.8.1. Con miras a la UEM a partir de 1993, habrá 
que ampliar considerablemente los recursos financieros 
de los fondos estructurales de la CE, sin que lleguen a 
adquirir el carácter de pagos de compensación. Dichos 
recursos deberían asignarse en el marco de una política 
estructural y regional de concepción europea, a ser 
posible en condiciones (apartado 29) que inciten a los 
beneficiarios a instensificar sus esfuerzos de ajuste. 
Estos esfuerzos de ajuste deberán corresponderse con 
los objetivos europeos establecidos en común y contri­
buirán así a la cohesión económica y social en la Comu­
nidad. 
2.8.2. Especialmente urgentes son la consolidación 
de la infraestructura y las medidas encaminadas a mejo­
rar la cualificación profesional, con listas a las necesa­
rias correcciones del tipo de cambio que aún serán 
posibles durante el período transitorio. Sin una cierta 
aproximación de las condiciones locales, la política de 
negociación salarial y social no podría conseguir la 
participación de los trabajadores y de los grupos social-
mente débiles en el crecimiento económico. En este 
contexto habrá que garantizar también un nivel social 
mínimo en todos los países comunitarios. Es de lamen­
tar que en el Informe Delors no se haga referencia a las 
repercusiones de la UEM para los sistemas de seguridad 
social. 
2.8.3. Merecen aprobación las alusiones que se hacen 
en el Informe a la política de negociación colectiva 
en la medida en que confirman la autonomía de los 
interlocutores sociales. El ajuste de la política salarial 
al aumento de la productividad, recomendado en el 
Informe (apartado 30), se entiende como una ayuda 
facultativa de orientación. Una orientación de ese tipo, 
hacia el incremento —real— de la productividad, bene­
ficiaría al objetivo de estabilidad del nivel de precios 
de la UEM, lo que no excluye intereses especiales en 
materia de política salarial y distributiva. Por otra parte, 
N° C 329/52 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89 
no obstante la asignación de recursos de los fondos 
europeos, habría que dejar suficiente margen de acción 
a las políticas estructurales y regionales de cada país, sin 
perjuicio de las normas comunitarias de competencia, y 
especialmente de la prohibición de ayudas selectivas. 
2.8.4. Por otra parte, el mercado de capitales de una 
UEM podría mejorar en cierto modo las condiciones 
de las regiones estructuralmente desfavorecidas y eco­
nómicamente retrasadas. La solidaridad monetaria y la 
supresión de las restricciones a los movimientos de 
capitales ofrecerán a todos los países de la CEE el 
mismo acceso al « espacio financiero europeo » y elimi­
narán una de las causas importantes de la desventaja 
de los países con moneda considerada débil según las 
normas de rating internacional. Mediante el acceso a 
un mercado de capitales en el cual las condiciones de 
tipos de interés seguirían quizás difiriendo de una región 
a otra, las regiones desfavorecidas se tornarían más 
atractivas para los inversores privados, de modo que 
se podría aprovechar mejor sus ventajas relativas en 
materia de costes y sus diferenciales de poder adquisi­
tivo. Con ello surge la posibilidad de una mayor utiliza­
ción de recursos de los fondos de la CE en forma 
de subvenciones en capital e intereses, especialmente 
mediante la cointervención de las entidades regionales 
de crédito, con lo cual se podrá movilizar una mayor 
cantidad de capitales para proyectos que contribuyan 
al desarrollo de dichas regiones. 
2.9. La unión monetaria hará que dentro de la 
Comunidad mejoren las oportunidades para las regio­
nes desfavorecidas en su conjunto, aunque no de 
manera uniforme para todas ellas ni tampoco de un 
modo automático. Y desde luego beneficiará internacio-
nalmente a la Comunidad en bloque. Un mercado de 
dimensiones casi continentales, en el que no habrá 
trabas a la prestación de servicios bancarios y financie­
ros y donde los movimientos de capitales no estarán 
sujetos a restricción alguna constituirá un espacio finan­
ciero atractivo para los inversores de países terceros. Y 
dicho espacio no sólo atraerá más capitales procedentes 
del resto del mundo sino que hará que el ahorro comuni­
tario se reinvierta más que en la actualidad dentro de 
la propia Comunidad. 
2.9.1. La UEM reforzaría el peso internacional de 
la Comunidad. La moneda europea ECU tendría más 
posibilidades de competir con el dólar o el yen como 
moneda de inversión y reserva que cualquiera de las 
monedas nacionales hoy día. Una Comunidad que se 
expresase con una sola voz podría desempeñar en el 
sistema monetario mundial, en organismos internacio­
nales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional e incluso en otras agrupaciones como el 
«G 7» (o quizá un futuro «G 4») el papel relevante 
que en realidad le corresponde a Europa. 
2.9.2. El ECU se impondría internacionalmente cada 
vez más como moneda de facturación, lo cual consoli­
daría la posición de la CE en el comercio mundial. 
Las cotizaciones y los contratos de petróleo, materias 
primas y todos los productos de alta tecnología no seguirían realizándose exclusivamente en dólares. Las 
fluctuaciones a veces frenéticas de dichos precios, 
amplificadas aún más por las fluctuaciones del cambio 
del dólar, han tenido efectos muy negativos durante los 
dos últimos decenios en la economía europea, sobre 
todo en los sectores de la energía, de la política agraria 
y de la industria aeronáutica. 
2.9.3. El papel desempeñado por el ECU en dicha 
evolución reportaría a la Comunidad un beneficio eco­
nómico cuya amplitud resulta difícil de valorar. La 
cuestión de la utilidad de la UEM encontraría aquí 
una respuesta que supera con mucho las economías 
mencionadas anterioramente en conexión con los costes 
de cambio y de pago. Por otra parte, tampoco cabe 
infravalorar los riesgos que conlleva un volume al fin 
y al cabo importante de ECU. Las posibles perturbacio­
nes se han hecho notar en el mercado de eurodólares. 
2.9.4. El peso de la Comunidad a nivel mundial, y 
con ello su responsabilidad aumentarían no sólo en el 
terreno monetario sino también en el económico. El 
papel internacional de la Comunidad, un punto poco 
desarrollado en el Informe Delors (apartados 35 a 38), 
ganaría mucho en importancia. La concepción de la 
política comunitaria debe orientarse oportunamente en 
función de ese papel. Y es preciso ocuparse de que la 
opinión pública, especialmente los medios económicos 
y sociales, cobren conciencia de las nuevas posibilidades 
derivadas de la responsabilidad mundial de la Comuni­
dad {cf. apartados 1.4.2, 1.4.3 y 3.3.4). Esto vale en 
primer lugar para el comercio exterior, cuya responsabi­
lidad incumbe a la Comunidad en virtud del Tratado 
de Roma, mientras que su portavoz, la Comisión, repre­
senta a los países miembros en las negociaciones multi­
laterales del Acuerdo general sobre las tarifas aduaneras 
y el comercio (GATT). Y cabe pensar también en la 
posibilidad que se le ofrece a la Comunidad de mejorar 
las relaciones entre los países industrializados y en vía 
de desarrollo y contribuir con el peso de su mercado 
interior y de su sistema de comercio libre a avanzar 
hacia un régimen comercial liberal a escala mundial. 
3. Las etapas hacia la UEM 
3.1. La UEM requiere una minuciosa preparación, 
pues la realización del mercado interior en los campos 
de la circulación de capitales, de los servicios bancarios 
y financieros y de cambios fiscales podría ejercer aún 
efectos considerables en las relaciones monetarias, que 
habían permanecido relativamente estables en los últi­
mos años: 
— En un régimen de libre circulación de capital (apar­
tados 12 y 24), la liberalización en toda la CE de los 
servicios bancarios y financieros hará desaparecer la 
amplia coincidencia territorial que habitualmente 
existe entre la zona de jurisdicción de los bancos 
centrales nacionales y la zona en la que se utiliza su 
moneda y en la que opera su sistema bancario. 
— Con la supresión de las restricciones de cambio para 
los movimientos de capitales (apartados 12 y 14) 
desaparecerá una protección que en algunos países 
miembros ha contribuido a poder defender durante 
30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 329/53 
períodos relativamente prolongados el tipo de cam­
bio de sus monedas, incluso contra tasas de inflación 
muy elevadas. 
— La eliminación de los obstáculos fiscales con vistas 
a la armonización o aproximación de los sistemas 
fiscales establece nuevos datos para la competencia, 
datos que conducen a una reorientación de los flujos 
de capitales y de mercancías y a presiones sobre la 
estructura de los tipos de cambio. 
— Las repercusiones de la UEM para los sistemas 
de seguridad social, cuyo volumen y financiación 
requieren una revisión a fondo, representan a su vez 
nuevos datos que hay que tener en cuenta. 
La experiencia adquirida con éstos y otros cambios de 
datos condicionados por la integración constituye una 
importante base para la adopción de medidas adiciona­
les de acompañamiento en la fase preparatoria de la 
unión monetaria. En este contexto el tipo de cambio 
desempeña —todavía— una importante función de 
equilibrio. Resulta pues comprensible que algunos Esta­
dos de la CE manifestaran reservas a la hora de some­
terse al mecanismo de cambio del SME. Cabe mencio­
nar en ese punto las vacilaciones de la libra británica, 
que, como moneda mundial, sigue sometida a cargas 
especiales, así como el margen especial de 6% mante­
nido para las fluctuaciones de cambio de la lira y de la 
peseta —tras la valiente decisión de introducir esta 
última en el SME. 
3.1.1. Las negociaciones sobre la participación en 
idénticas condiciones de todas las monedas de la Comu­
nidad en el mecanismo del SME y el tratamiento dado 
a las propuestas de Directivas de la Comisión Europea 
en materia fiscal ponen de manifiesto que aún no existen 
algunas de las condiciones fundamentales para una 
unión económica y monetaria, especialmente para la 
renuncia —posteriormente irrevocable— a la modifica­
ción de los tipos de cambio. 
3.1.2. En estas circunstancias, la progresión hacia la 
UEM no debe realizarse con precipitación y según un 
calendario arbitrario minuciosamente esquemático, 
sino que debe llevarse a cabo en etapas bien pensadas. 
Parece poco conveniente encajar de antemano todo el 
proceso en un esquema en tres etapas como el del 
Informe Delors (apartados 40 y siguientes). Sería más 
sencillo llegar antes a un acuerdo político sobre las 
condiciones del estado final de una UEM, siempre que 
no conllevara ningún calendario obligatorio para la 
transferencia de competencias de alcance aún imprevisi­
ble a las Comunidades Europeas. La experiencia del 
Plan Werner de 1971 demuestra que el hecho de fijar 
etapas y anunciarlas públicamente para luego posponer­
las entorpecería la preparación, tan compleja como 
delicada, de una unión monetaria. 
3.1.3. Sería por tanto más realista hablar de un perí­
odo de preparación cuya duración tras la realización 
del mercado interior podría cifrarse sin duda en más 
de tres o cuatro años. Tras un breve período de rodaje, 
necesario para los acuerdos contractuales, seguiría luego directamente el verdadero proceso de integración 
de la UEM. Los pasos previstos en el Informe Delors 
para la segunda fase se cubrirían así en el período 
preparatorio. Con ello se evitarían los problemas men­
cionados en el apartado 3.3.2 en relación con un SEBC 
desprovisto al principio de competencias. 
3.2. La fase preparatoria quedaría definida por la 
realización del mercado interior, que generará numero­
sos ajustes y reestructuraciones tanto en el ámbito eco­
nómico como en el social y que podrá conducir a 
importantes reorientaciones del flujo de capitales. Estos 
procesos no se pueden encasillar en un esquema de 
etapas. 
3.2.1. La coordinación de las políticas económicas y 
monetarias (apartado 50) deberá por tanto intensifi­
carse durante la fase preparatoria sobre la base de 
Directivas, cuyo alcance habrá de ir mucho más allá de 
lo establecido por la decisión de convergencia de 1974 
y la decisión sobre el mandato del Comité de Goberna­
dores de los bancos centrales de 1964. [Cf. los dictáme­
nes del Comité sobre las propuestas de la Comisión del 
13 de octubre de 1989 relativas a Decisiones del Consejo 
sobre la convergencia de los resultados económicos en 
la primera fase de la UEM [doc. COM(89)] y sobre la 
cooperación entre los bancos centrales de los Estados 
miembros [doc. COM(89).]] 
3.2.2. Se apoyan las ideas expuestas en el Informe 
Delors (apartado 51), en virtud de las cuales el Consejo 
de Ministros de Economía y Hacienda debería valorar 
el desarrollo económico en la Comunidad en base a 
indicadores y estudios nacionales concertados y ponerse 
de acuerdo sobre las principales magnitudes de referen­
cia que permitan una proyección de objetivos para la 
política económica. Para la política financiera de los 
países miembros deberían establecerse recomendacio­
nes precisas, en relación con la financiación de los 
déficit públicos. 
3.2.3. La función del Comité de gobernadores de los 
bancos centrales no debería limitarse a la consulta sobre 
las decisiones nacionales en materia monetaria y a la 
presentación de un informe sobre la situación monetaria 
de la Comunidad ante el Parlamento Europeo y el 
Consejo. Más bien debería proceder a proponer direc­
trices de política monetaria (apartado 57). Entre ellas 
podría figurar, por ejemplo, la fijación de un objetivo 
común de masa monetaria que admita al principio un 
margen relativamente ancho. En base de una « política 
interpretativa de la masa monetaria » y de una revisión 
semestral del objetivo apuntado, cabría reducir paulati­
namente dicho margen. 
3.2.4. Por otra parte, dicho Comité podría empezar 
a elaborar una política monetaria común que tuviese en 
cuenta el mayor grado de integración de los mercados 
monetarios y financieros (apartado 57), la influencia de 
las innovaciones financieras y el desarrollo de los cen­
tros bancarios. Simultáneamente podría iniciarse la 
armonización de los instrumentos monetarios, especial­
mente de las reservas mínimas y de las políticas de 
descuento y de open-market. 
N° C 329/54 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 30. 12. 89 
3.2.5. El Comité de gobernadores de los bancos cen­
trales podría disponer —con sujeción a directrices acor­
dadas en común en materia de intervenciones en los 
mercados de cambio, sobre todo frente a monedas 
terceras— de una parte de las reservas de divisas de los 
países miembros (un 10%, por ejemplo), en la forma, 
pongamos por caso, de la concesión recíproca de dere­
chos de giro. Con ello se evitarían los inconvenientes 
—mencionados en el punto 3.3.1— de un Fondo Euro­
peo de Reserva establecido. 
3.2.6. Para garantizar el carácter obligatorio de las 
decisiones del Comité de gobernadores de los bancos 
centrales, debería aspirarse a brindar a los bancos de 
emisión nacionales la misma autonomía de que goza el 
SEBC. Asimismo, debería estipularse jurídicamente a 
nivel nacional —al igual que posteriormente a nivel del 
SEBC— la prohibición de financiar de manera inflacio-
nista los déficit presupuestarios mediante créditos del 
banco central. 
3.2.7. La participación de todas las monedas de la 
Comunidad en el mecanismo de cambio del SME es un 
elemento indispensable de los preparativos de la UEM. 
Durante esta fase preparatoria debería mantenerse la 
posibilidad de revisar los tipos de cambio en el SME e 
incluso aprovecharla para responder a las exigencias de 
ajuste impuestas por la realización del mercado interior, 
sin dramatizar el recurso a tales operaciones como si 
fueran «extraordinarias». En cualquier caso, en una 
situación de libertad de movimientos de capitales, 
dichas exigencias no permitirán aferrarse a paridades de 
cambio ficticias que llevarían a nuevos desequilibrios. 
3.3. No parece conveniente crear, más allá de las 
intervenciones conjuntas en le mercado de cambio a las 
que se aludió en el punto 3.2.5, un Fondo Europeo de 
Reserva autónomo (apartado 53) dotado de un comité 
ejecutivo y de una plantilla permanente. 
3.3.1. Semejante Fondo de Reserva comunitario 
autónomo constituiría una anticipación del SEBC y 
haría necesaria una revisión del Tratado de Roma. Una 
política coordinada de intervención a cargo del comité 
de gobernadores de los bancos centrales parece por otro 
lado más adecuada (apartado 54) que la creación de 
un «campo de prueba» para una nueva institución 
precursora del SEBC. 
3.3.2. Los motivos que desaconsejan la creación anti­
cipada de un Fondo Europeo de Reserva se oponen con 
tanta más fuerza a la instauración prematura del SEBC 
(apartado 57). Parece erróneo instituir el SEBC para 
una especie de proceso de aprendizaje antes de que 
exista la unión monetaria. El SEBC ocuparía en seme­
jante caso una posición ambigua: 
— Por una parte, existiría de facto y de jure con el 
marco institucional previsto, que incluirá el Comité 
de gobernadores de los bancos centrales, sus subco-
mités y sus respectivas plantillas, y 
— Por otra, las decisiones monetarias seguirían siendo 
adoptadas, transpuestas y asumidas a escala nacio­nal, aunque públicamente se las creyera confiadas 
al SEBC. 
Un SEBC sin verdaderas competencias propias sería 
considerado como una pseudo-institución al no reunirse 
todavía los requisitos materiales para un trabajo fructí­
fero. Ello perjudicaría la imagen de un organismo tan 
esencial para la unión monetaria y de la política mone­
taria común que estaría encargada de adoptar y de 
asumir bajo su responsabilidad. El proceso de aprendi­
zaje, que constituye la segunda etapa (intermedia) del 
Informe Delors, debería llevarse a cabo durante el pe­
ríodo preparatorio, o sea, en una primera fase, más 
larga, y exclusivamente en el marco de las instituciones 
existentes, por ejemplo, el Comité de gobernadores de 
los bancos centrales, previa ampliación de sus man­
datos. 
3.3.3. La conveniencia de evitar etapas intermedias 
se refiere no sólo a posibles precursores de un SEBC 
sino también a la creación de una moneda paralela. A 
ese respecto se suscriben las reservas formuladas por el 
Informe Delors, (apartado 47) acerca de una nueva 
moneda europea « autónoma » emitida paralelamente a 
las monedas comunitarias existentes y compitiendo con 
ellas de alguna manera. En la decisiva « fase de aprendi­
zaje », la existencia de una moneda paralela complicaría 
enormemente la tarea de coordinar las políticas moneta­
rias de los distintos países y exigiría disposiciones jurídi­
cas suplementarias que entorpecerían la preparación de 
la unión monetaria. 
— La existencia de una moneda paralela, aunque pro­
cediera en gran parte de la venta o congelación de 
monedas nacionales, daría lugar a cierta creación 
de moneda y de crédito susceptible de desbaratar los 
esfuerzos encaminados a la estabilidad monetaria. 
— Dichos riesgos y peligros superan con mucho las 
posibles ventajas que cabría esperar de una accelera-
ción del desarrollo hacia la unión monetaria. 
— El prestigio del que debería gozar una ulterior 
moneda común ECU no lo fomentaría en modo 
alguno una moneda paralela, que, de resultar mejor 
en su desarrollo, se vería desplazada por la moneda 
nacional, y en caso de resultar peor vería aumentada 
su circulación (Gresham). 
3.3.4. Por otro lado, no sólo haría falta oponerse a 
cualquier discriminación en contra del uso privado del 
ECU (en su forma actual de cesta de monedas) (apar­
tado 49), sino que convendría promover —e incluso 
potenciar— aún más su uso. En particular, la utilización 
del ECU no debería limitarse a los pagos de la Comuni­
dad, sino que debería extenderse también —junto con 
el empleo de la moneda nacional— a las licitaciones 
públicas a nivel comunitario, a la liquidación de impu­
estos y contribuciones, y a los balances y rendición de 
cuentas de las empresas. El uso del ECU en las cuentas 
anuales, las estadísticas, las tarifas —especialmente de 
30. 12. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 329/55 
las agencias de viaje, compañías aéreas, ferrocarriles, 
etc.— en yuxtaposición con los precios en moneda 
nacional, contribuiría al conocimiento del ECU y al 
reconocimiento de sus ventajas. Como occure ya hoy 
en muchas zonas fronterizas, los ciudadanos de la 
Comunidad tendrían la posibilidad de comparar precios 
y se familiarizarían con una «moneda europea». La 
ulterior adaptación en la unión monetaria se vería así 
facilitada, especialmente en los países en los que las 
mentalidades están acostumbradas a usar billetes deno­
minados en centenares o millares de unidades. 
3.4. La UEM instaurada por un nuevo tratado asu­
miría en un solo paso las tareas descritas en el capítulo 
II sobre la etapa final. El SEBC, en concreto, asumiría 
inmediatamente desde su creación, todas las competen­
cias asignadas, especialmente las correspondientes a la 
política monetaria común y a la gestión de reservas de 
divisas puestas en común. El SEBC prepararía además el 
paso a la moneda europea única ECU para las monedas 
participantes, las cuales, por definición, están relaciona­
das por paridades establecidas de modo irrevocable. 
3.4.1. Es posible que el paso a la UEM no puedan 
llevarlo a cabo al mismo tiempo todos los países de la 
Hecho en Bruselas, el 19 de octubre de 1989. CE, puesto que algunos no podrían excluir la eventuali­
dad de un cambio de paridad. 
3.4.2. La fecha de puesta en marcha de la UEM no 
debería establecerse según el «principio de la cara­
vana», o sea en función del desarrollo monetario del 
país comparativamente más lento. Aquellos países de 
la CE que —como ocurre ya hoy día para algunos en 
el seno del SME— hubieran llegado a un nivel de 
convergencia que excluya razonablemente a toda modi­
ficación de los tipos de cambio deberían poder tener la 
libertad, como bloque monetario estable, de iniciar la 
UEM entre sí y transferirle los derechos soberanos 
acordados. 
3.4.3. Hasta su ulterior adhesión, la no participación 
de uno u otro país de la CE en la UEM planteará, no 
cabe duda, ciertos problemas institucionales, especial­
mente en relación con instituciones comunitarias como 
el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo. Den­
tro del SEBC podría contemplarse la creación de un 
estatuto de observador pasivo, es decir, con derecho 
limitado de voto. 
Sin embargo sería preferible —e incluso es realista 
esperarlo siempre que se cuente con una preparación 
más intensiva— que todos los Estados de la Comunidad 
formasen la unión económica y monetaria conjunta y 
simultáneamente. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE