La dimensión parlamentaria del AEA no está funcionando correctamente. La Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación se creó en noviembre de 2015 como parte de los órganos del AEA, pero la insistencia de determinados delegados de Bosnia y Herzegovina para incluir disposiciones étnicas en materia de votación que no son acordes con las normas europeas impidió que se adoptara su reglamento interno. A pesar de ello, el Parlamento Europeo debate y adopta con regularidad resoluciones sobre la situación y la evolución de Bosnia y Herzegovina en el camino hacia la adhesión a la UE.

Es preciso hacer grandes esfuerzos para asegurar que la legislación se ajuste a los principios de la reforma de la administración pública y sea objeto de una aplicación efectiva. Las autoridades de todos los niveles deben conceder apoyo político a la estructura de coordinación de la reforma de la administración pública y asignar los recursos financieros suficientes para promover su reforma. La existencia de una función pública profesional exige que la legislación incorpore el principio de mérito al nombramiento, la promoción y el despido de los funcionarios y que su aplicación en la práctica esté libre de interferencias políticas. El marco regulador y la metodología de desarrollo, supervisión y presupuestación de las políticas centrales y sectoriales a todos los niveles siguen sin armonizar. Esa armonización es imprescindible para la eficacia de la elaboración de políticas a escala nacional. La legislación y los procedimientos no están armonizados y los sistemas de firma electrónica no son aún interoperables en todo el país, requisitos ambos necesarios para una prestación efectiva de servicios.

Es necesario revisar la Ley del ACJF para regular mejor los procedimientos de nombramiento, evaluación y disciplina de los miembros del poder judicial y establecer las vías de recurso oportunas frente a las resoluciones firmes del ACJF. Es preciso, asimismo, adoptar una Ley de órganos jurisdiccionales de Bosnia y Herzegovina para prevenir conflictos de competencias y garantizar la seguridad jurídica necesaria en materia penal.

No hay en Bosnia y Herzegovina un tribunal supremo de rango estatal. La coherencia de la jurisprudencia de los distintos órdenes jurídicos del país se facilita merced a comités de armonización voluntarios compuestos por miembros de las más altas instancias judiciales. En último término, Bosnia y Herzegovina debe crear un órgano judicial que asegure la interpretación coherente de la ley y la armonización de la jurisprudencia, garantizando plenamente al mismo tiempo el principio de independencia de los jueces.

La lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada se ve entorpecida por la falta de armonización de la legislación dentro del país y por la debilidad de la cooperación y la coordinación institucionales. La corrupción está sumamente extendida y todos los niveles de la administración muestran signos de un clientelismo político que afecta directamente a los ciudadanos en su vida cotidiana, especialmente en aspectos como la sanidad, la educación, el empleo y la contratación pública. El marco administrativo, institucional y jurídico de lucha contra la corrupción está fragmentado y presenta importantes lagunas. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley también están fragmentados y son vulnerables a interferencias políticas indebidas. Los fiscales carecen de la proactividad necesaria. Las investigaciones financieras y el embargo de activos son, en su mayor parte, ineficaces. Es preciso intensificar la lucha contra el blanqueo de capitales. Las condenas firmes en los casos de corrupción de alto nivel son excepcionales y las sanciones no son lo suficientemente disuasorias. Es preciso endurecer las políticas y medidas de prevención del extremismo violento y lucha contra el terrorismo. La coordinación de las medidas relacionadas con la migración entre las instituciones competentes de todos los niveles de la administración es deficiente. Las personas en busca de protección internacional no pueden acceder, de hecho, a los procedimientos de asilo.

En particular, Bosnia y Herzegovina debe promulgar y aplicar legislación en materia de conflicto de intereses y protección de los alertadores, asegurar el efectivo funcionamiento y la coordinación de los organismos anticorrupción y reforzar las capacidades de contratación pública, velar por una cooperación efectiva entre los organismos responsables del cumplimiento de la ley y con la Fiscalía, demostrar que se va creando una trayectoria de investigaciones proactivas, procesamientos confirmados, enjuiciamientos y condenas firmes en los casos de delincuencia organizada y corrupción, incluso de alto nivel, y despolitizar y reestructurar las empresas públicas, asegurando la transparencia de todo proceso de privatización.

La legislación y las instituciones de defensa de los derechos fundamentales están, en su mayor parte, en pie. Corresponde ahora hacerlas plenamente operativas e introducir en ellas importantes mejoras, para lo que es preciso, entre otras medidas, armonizar la legislación dentro del país y con las normas europeas, reforzar la capacidad administrativa y aportar los recursos necesarios para una verdadera observancia de los derechos fundamentales. El país carece de estrategias nacionales de defensa de los derechos humanos y lucha contra la discriminación. La igualdad de todos los ciudadanos no está garantizada. Existen leyes contra la discriminación y en favor de la igualdad de género, pero su aplicación es insuficiente, incluso cuando se trata de violencia de género. La Constitución de la Republika Srpska contempla la pena capital, lo que vulnera las normas europeas. Además, el país no ha designado ningún mecanismo preventivo nacional contra la tortura y los malos tratos. La violencia, las amenazas y las presiones políticas que sufren los periodistas son causa de honda preocupación; su protección y las investigaciones y actuaciones judiciales posteriores a las amenazas y los atentados contra ellos, insuficientes. Los organismos públicos de radiodifusión están sujetos a influencias políticas; su sostenibilidad financiera es precaria. Aún no se ha creado un entorno propicio para la expansión de la sociedad civil que incluya la libertad de reunión y asociación. Las autoridades han de abrir vías de cooperación y consulta permanente con las organizaciones de la sociedad civil. La protección y la inclusión de los grupos vulnerables, en particular las personas con discapacidad, los niños, los miembros del colectivo LGTBI, los gitanos, las personas detenidas, los migrantes y los solicitantes de asilo siguen siendo insuficientes. Es asimismo necesario crear un sistema educativo inclusivo, de calidad y universal que permita abandonar la práctica de «dos escuelas bajo un mismo techo» y acatar las sentencias de los tribunales en esta materia.

El ambiente político no es aún favorable a la reconciliación ni a dejar atrás el lastre del pasado. Es frecuente que dirigentes políticos de alto nivel refuten datos fehacientes sobre los acontecimientos de la guerra y siembren dudas sobre la independencia y la imparcialidad de los tribunales internacionales. Todas las autoridades de Bosnia y Herzegovina tienen que demostrar su plena cooperación con los tribunales internacionales reconociendo y acatando sus resoluciones. El revisionismo y la negación del genocidio son contrarios a los valores europeos más fundamentales.

El enjuiciamiento de los crímenes de guerra sufre retrasos provocados por el número de expedientes acumulados y la estrategia nacional revisada contra los crímenes de guerra sigue pendiente de adopción. Bosnia y Herzegovina ha de mejorar considerablemente el sistema de indemnización de las víctimas civiles de la guerra. Siguen desaparecidas unas 8 000 personas, cuyo destino debe esclarecer el país en un ejercicio de responsabilidad. Bosnia y Herzegovina ha de adoptar soluciones estables de alojamiento y medidas de integración para los cerca de 100 000 refugiados y desplazados internos del conflicto de la década de los noventa, finalizar el proceso de retorno y permitir la conclusión del anexo VII del Acuerdo de Paz de Dayton. Bosnia y Herzegovina participa en el Programa regional de vivienda, cuyo objetivo es proporcionar soluciones de alojamiento estable a unos 74 000 refugiados y desplazados.

Bosnia y Herzegovina se ajusta, en grandes líneas, al Proceso de Estabilización y Asociación, lo que se refleja concretamente en su actividad en las iniciativas de cooperación regional y en sus esfuerzos generales por mantener buenas relaciones de vecindad. Las relaciones bilaterales con otros países de la ampliación son, globalmente, buenas. Dicho esto, Bosnia y Herzegovina no reconoce a Kosovo y mantiene un estricto régimen de visados en virtud del cual solo expide visados individuales para estancias de corta duración a los ciudadanos kosovares que disponen de una invitación de una misión diplomática extranjera o una organización internacional acreditada en Bosnia, o por razones humanitarias. Está pendiente una modificación del procedimiento de visado que normalice su expedición a todos los ciudadanos de Kosovo. Además, el país mantiene un acuerdo bilateral de inmunidad con los Estados Unidos de América que exime a los ciudadanos estadounidenses de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Con ese acuerdo, Bosnia y Herzegovina incumple las posiciones comunes de la UE sobre la integridad del Estatuto de Roma y con el correspondiente principio rector de la UE sobre los acuerdos bilaterales de inmunidad. El país debe alinearse con la posición de la UE.

2. Criterios económicos

Esta evaluación se lleva a cabo con referencia a los criterios de Copenhague sobre la existencia de una economía de mercado operativa, así como a la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión. Bosnia y Herzegovina está aún en una fase temprana del establecimiento de una economía de mercado operativa y competitiva dentro del mercado común.

La gobernanza económica se ve impedida por un alto grado de politización y por la falta de cooperación entre los principales actores. Ello desemboca a menudo en situaciones de impasse político y provoca largas demoras en el proceso de toma de decisiones. Es preciso por lo tanto reforzar la función de coordinación de alto nivel del Consejo Fiscal. Además, se está otorgando prioridad en la gobernanza económica al mantenimiento del statu quo, lo que retrasa aún más la formulación y la ejecución de reformas estructurales pendientes desde hace ya tiempo. Consiguientemente, el papel del Estado sigue siendo desproporcionado y absorbe sustanciosos recursos que van a parar a la generosa oferta de empleo público, a unas empresas públicas ineficientes y a un sistema de seguridad social poco eficaz. Los frecuentes bloqueos políticos y la consiguiente falta de previsibilidad para los inversores influyen de forma negativa en el entorno empresarial. Esta situación se ve agravada por las deficiencias en el Estado de Derecho, el considerable nivel de burocracia, la corrupción y la extensión y complejidad de los procedimientos administrativos, que resultan parcialmente del alto grado de fragmentación del mercado interior del país. Como consecuencia del apático clima empresarial y de las carencias del sistema educativo del país, el desempleo estructural se sitúa en niveles preocupantemente elevados, especialmente entre los jóvenes y los grupos vulnerables. Además, la economía informal sigue teniendo una importancia considerable, generando competencia desleal e imponiendo una carga fiscal superior a la necesaria.

La calidad de la enseñanza es deficiente; el gasto en investigación y desarrollo, bajo. La calidad del capital físico del país sufre de una infrainversión crónica y una ejecución ineficiente. La infraestructura de transporte y energía está insuficientemente desarrollada. El ritmo del ajuste estructural es bajo, lo que refleja en parte las dificultades y las complejidades que supone crear y mantener nuevas empresas en una economía enormemente fragmentada y politizada, a pesar del reciente atisbo de diversificación de la estructura comercial regional del país.

La «agenda de reforma» compuesta por medidas socioeconómicas y de reforma de la administración pública y el Estado de Derecho aplicada por Bosnia y Herzegovina desde 2015 ha permitido, entre otras cosas, crear un mercado de trabajo más flexible y armonizar la reglamentación del sector financiero con las normas internacionales. El aumento del crecimiento económico, unido a la mayor eficiencia de la recaudación tributaria, ha permitido equilibrar en gran medida las finanzas públicas, lo que en principio supone una gran oportunidad para invertir en la infraestructura del país, largo tiempo desatendida, o para empezar a rebajar la elevada fiscalidad del trabajo a fin de fomentar la creación de empleo. Desde 2015, la economía ha crecido a un ritmo del 3 %, porcentaje que con una política económica propicia podría alcanzar el 4 % en los próximos años. No obstante, el crecimiento económico del país se mantiene por debajo de su potencial y la mayoría de la población aún no ha notado la repercusión de las mejoras macroeconómicas. Uno de los problemas más acuciantes es la emigración de los jóvenes y de la población en edad activa.

Las orientaciones aprobadas al mismo tiempo que el Programa de Reforma Económica pretenden consolidar la estabilidad macropresupuestaria y despejar los obstáculos estructurales al crecimiento. No obstante, como consecuencia de una cooperación insuficiente entre los ministerios y los organismos interesados a distintos niveles del país, la calidad del programa elaborado por Bosnia y Herzegovina es baja, y las orientaciones adoptadas conjuntamente, que constituyen una pieza central del proceso, se han aplicado en una medida muy limitada. Tras la expiración de la «agenda de reforma» 2015-2018, las administraciones del país a todos los niveles deben acordar y aplicar un nuevo conjunto de reformas socioeconómicas que se ajusten plenamente a las orientaciones que se exponen en las conclusiones conjuntas del diálogo económico y financiero con arreglo al Programa de Reforma Económica de Bosnia y Herzegovina.

3. Capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión

La capacidad de Bosnia y Herzegovina para asumir las obligaciones de la adhesión se ha evaluado con arreglo a los indicadores siguientes:

- las obligaciones fijadas en el Acuerdo de Estabilización y Asociación;

- los avances realizados en la adopción, la aplicación y el cumplimiento del acervo de la UE.

De forma general, Bosnia y Herzegovina ha emprendido una trayectoria inicial de cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del Acuerdo de Estabilización y Asociación. Al mismo tiempo, ha incumplido una serie de obligaciones derivadas de ese mismo Acuerdo que debe atender de forma prioritaria. Se incluye entre ellas el correcto funcionamiento de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación.

Bosnia y Herzegovina no tiene ningún programa nacional para la adopción del acervo de la UE. Ese programa es una obligación legal con arreglo al AEA, además de una herramienta clave para planificar y racionalizar el proceso de aproximación legislativa a la UE en todo el país. La capacidad administrativa es escasa y carece de estructuras de coordinación efectivas para la gestión de las catorce administraciones del país. Esta situación hace que Bosnia y Herzegovina tenga frente a sí importantes retos a la hora de aplicar la legislación correspondiente a sus objetivos de integración en la UE y velar por su cumplimiento. El país deberá realizar importantes y sostenidos esfuerzos para asumir las obligaciones que conlleva la pertenencia a la UE.