Introducción

La Unión Europea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Euratom») y veintiséis Estados miembros son Partes contratantes en el Tratado sobre la Carta de la Energía (en lo sucesivo, «el TCE») . Un gran número de tribunales de arbitraje han interpretado que el artículo 26 del TCE se aplica a las controversias entre un inversor de un Estado miembro de la UE y otro Estado miembro. De este modo, rechazaron la postura contraria adoptada por la Comisión en el primer asunto de este tipo y en todos los asuntos similares hasta la fecha.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el TJUE») ha confirmado ahora de manera vinculante y autorizada que el arbitraje en el interior de la Unión con arreglo al artículo 26 del TCE es incompatible con los Tratados de la UE . Sin embargo, en la práctica coherente y casi unánime seguida por los tribunales de arbitraje en la toma de decisiones se sigue considerando que el artículo 26 del TCE sí es aplicable en el interior de la Unión . Según el TJUE, todo laudo arbitral de ese tipo debe considerarse incompatible con el Derecho de la Unión, en particular con los artículos 267 y 344 del TFUE. Por consiguiente, tal laudo no puede producir ningún efecto y, por tanto, no puede ejecutarse para pagar la indemnización que ha concedido .

El artículo 26 del TCE prevé la posibilidad de arbitraje del CIADI. Esto crea el riesgo de que terceros países reconozcan y ejecuten estos laudos arbitrales sin la posibilidad de que un tribunal de la UE los declare nulos. De hecho, el artículo 54 del CIADI establece un mecanismo simplificado de reconocimiento y ejecución . Hasta la fecha, los tribunales australianos consideran que este mecanismo no permite a un Estado miembro alegar ante ellos la falta de un convenio de arbitraje válido, una vez que el tribunal arbitral haya rechazado este argumento . Además está pendiente una solicitud de pronunciamiento a tal efecto ante los órganos jurisdiccionales estadounidenses y los tribunales del Reino Unido . Incluso en virtud de las normas de la CNUDMI o del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, los árbitros suelen decidir situar la sede del tribunal arbitral fuera de la Unión Europea , evitando así el control de los tribunales de los Estados miembros y, por extensión, del TJUE .

Por consiguiente, la interpretación realizada por algunos tribunales de arbitraje plantea un riesgo de conflicto entre los Tratados y el TCE, pues, si es confirmada por los tribunales de un tercer país, se convertiría de facto en un conflicto jurídico, ya que los laudos arbitrales que vulneran el Derecho de la Unión circularían en los ordenamientos jurídicos de terceros países.

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el riesgo de conflicto jurídico puede hacer que un acuerdo internacional sea incompatible con el Derecho de la Unión . En opinión de la Comisión, para que el TCE sea compatible con los Tratados, es necesario eliminar todo riesgo de conflicto. Además, para que tenga el efecto deseado en la práctica decisoria de los tribunales de arbitraje, es importante que el riesgo se aborde desde la perspectiva del Derecho internacional público. Por lo tanto, la Comisión considera que la respuesta adecuada es adoptar un instrumento que constituya un «acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones» en el sentido del artículo 31, apartado 3, letra a), de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT).

Contexto fáctico

El TCE es un acuerdo comercial y de inversión para el sector de la energía que reúne a cincuenta y tres Partes contratantes, entre ellas la Unión Europea, Euratom y veintiséis Estados miembros de la Unión Europea, que se firmó en 1994 y entró en vigor en 1998. Este Tratado establece normas para el comercio y el tránsito de productos energéticos, así como para la protección de las inversiones en energía.

Dado que no se había llevado a cabo ninguna actualización sustancial del TCE desde los años noventa del siglo pasado, este se fue quedando cada vez más obsoleto, y, al mismo tiempo, la Unión ha desarrollado considerablemente su enfoque con respecto a las normas sustantivas en materia de protección de las inversiones, que en acuerdos más recientes se definen de modo que se garantice que la protección de las inversiones no afecta a su derecho a regular. También se había convertido en uno de los tratados de inversión que más litigios suscitaba a nivel mundial y los Estados miembros de la Unión eran el principal objetivo de las reclamaciones de los inversores, la mayoría de los cuales tenían su sede en otros países de la Unión.

Ante el creciente descontento de las Partes contratantes y de la sociedad civil, en noviembre de 2018 se inició un proceso de modernización impulsado por la Unión y sus Estados miembros, que se centró principalmente en las normas de protección de las inversiones, así como en la limitación de la protección concedida a los combustibles fósiles y en el fomento del desarrollo sostenible.

Las negociaciones se llevaron a cabo entre 2019 y 2022. El 24 de junio de 2022 se llegó a un «acuerdo de principio» sobre un proyecto de TCE modernizado. En esa ocasión, los Estados miembros, la Unión Europea y Euratom informaron a las demás Partes contratantes en el TCE de su intención de celebrar un acuerdo ulterior sobre la interpretación de este. El 22 de noviembre de 2022, se solicitará a la Conferencia sobre la Carta de la Energía (en lo sucesivo, «la Conferencia») que apruebe formalmente las enmiendas negociadas al TCE y a sus anexos.

El TCE modernizado facilitará las inversiones sostenibles en el sector de la energía mediante la creación de un marco coherente y actualizado. Proporcionará seguridad jurídica al garantizar un elevado nivel de protección de las inversiones y, al mismo tiempo, reflejará los objetivos de transición hacia una energía limpia y contribuirá a la consecución de los objetivos del Acuerdo de París.

Ofrecerá una protección de las inversiones que refleje las normas reformadas y actualizadas elaboradas por la Unión en sus recientes acuerdos comerciales y de inversión, preservando el derecho de los gobiernos a perseguir sus objetivos de políticas públicas, también en relación con la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, y reforzará la aplicación de las políticas climáticas de la Unión. Además, permitirá a las Partes contratantes, incluidas la Unión y Euratom, excluir a las nuevas inversiones en combustibles fósiles de la protección de las inversiones y eliminar gradualmente la protección de las inversiones existentes.

Por último, el TCE modernizado incluye, para mayor seguridad, una cláusula que confirma que un inversor de una Parte contratante que sea miembro de una organización regional de integración económica, como la Unión, no puede presentar una demanda de solución de controversias entre inversores y Estados contra otra Parte contratante que sea miembro de la misma organización regional de integración económica.

Marco jurídico

En el asunto Achmea , el TJUE señaló que las cláusulas de arbitraje entre inversores y Estados en los tratados internacionales de inversión celebrados entre Estados miembros de la Unión Europea son contrarias a los Tratados de la UE y, debido a esta incompatibilidad, no pueden aplicarse después de la fecha en que la última de las Partes en un tratado bilateral de inversión en el interior de la Unión se haya convertido en Estado miembro de la Unión Europea. Aplicando los mismos principios, el TJUE indicó en la sentencia Komstroy que el artículo 26, apartado 2, letra c), del TCE debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable a las controversias entre un Estado miembro y un inversor de otro Estado miembro en relación con una inversión realizada por este en el primer Estado miembro. Es bien sabido que las sentencias del TJUE se aplican ex tunc . En el asunto PL Holdings , el TJUE rechazó una solicitud de limitación en el tiempo de los efectos de la sentencia Achmea. En el asunto Romatsa , el TJUE dictaminó que cualquier laudo arbitral en el interior de la Unión, incluido un laudo del CIADI, dictado en contra de dichas conclusiones, debe anularse y, por tanto, no puede en ningún caso ejecutarse para permitir a sus beneficiarios obtener el pago de los daños y perjuicios que les concede.

Proceso de adopción

El 22 de noviembre de 2022, durante su 33.ª reunión, la Conferencia sobre la Carta de la Energía adoptará cuatro decisiones relacionadas con la modernización del TCE. Estas decisiones se adoptarán simultáneamente y tendrán por objeto: 1) aprobar las enmiendas propuestas al texto del TCE (CC 760); 2) aprobar las modificaciones y los cambios propuestos de los anexos del TCE (CC 761); 3) aprobar los cambios propuestos de los acuerdos, declaraciones y decisiones (CC 762); y 4) aprobar la decisión relativa a la entrada en vigor y la aplicación provisional de las enmiendas al texto del TCE y los cambios / las modificaciones de sus anexos (CC 763). Estas decisiones se someterán a votación por unanimidad. Si la votación prospera, es decir, si ninguna Parte contratante plantea objeciones, las decisiones de modernización del TCE se considerarán «adoptadas» por la Conferencia sobre la Carta de la Energía. Esta adopción dará lugar a ulteriores procesos para la ratificación, la aplicación provisional y la posible entrada en vigor de los diversos elementos del paquete de reformas.

En este contexto, la Comisión presenta una propuesta de Decisión del Consejo con arreglo al artículo 218, apartado 9, del TFUE para establecer la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión en la Conferencia sobre la Carta, a fin de apoyar y aprobar las cuatro decisiones relacionadas con la modernización del TCE. Asimismo, presenta una propuesta paralela de Decisión del Consejo con arreglo al artículo 101, apartado 2, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica para establecer la misma posición en nombre de Euratom.