ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 351/23

Martes 6 de julio de 2010

Informe anual de la Comisión de Peticiones sobre 2009

P7_TA(2010)0261

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2010, sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2009 (2009/2139(INI))

2011/C 351 E/04

El Parlamento Europeo,

Vistas sus anteriores resoluciones sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones,

Vistos los artículos 24 y 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Vistos los artículos 10 y 11 del Tratado de la Unión Europea,

Vistos el artículo 48 y el artículo 202, apartado 8, de su Reglamento,

Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A7-0186/2010),

A. Considerando que la actividad de la Comisión de Peticiones estuvo marcada en 2009 por el paso de la sexta a la séptima legislatura y que se operó un importante cambio en la composición de la comisión puesto que dos tercios de sus miembros formaron parte de la misma por primera vez,

B. Considerando que 2009 marcó el final del mandato del Defensor del Pueblo Europeo y que la Comisión de Peticiones participó directamente en las comparecencias de los candidatos a dicho cargo,

C. Considerando que el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, ha establecido las bases necesarias para aumentar la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea con vistas a reforzar su legitimidad y responsabilidad,

D. Considerando que los ciudadanos de la UE están directamente representados por el Parlamento y que el derecho de petición, previsto en el Tratado, les brinda la posibilidad de dirigirse a sus representantes siempre que consideren que sus derechos han sido violados,

E. Considerando que la aplicación de la legislación europea tiene un impacto directo sobre los ciudadanos, quienes se encuentran en la posición más idónea para valorar su eficacia y sus carencias, así como para señalar las lagunas que aún deben colmarse a fin de garantizar la consecución de los objetivos de la Unión,

F. Considerando que los ciudadanos europeos, tanto a título individual como colectivamente, recurren al Parlamento en busca de soluciones en caso de violación de la legislación europea,

G. Considerando que el Parlamento, a través de su Comisión de Peticiones, tiene la obligación de investigar estas cuestiones y hacer todo lo que esté en su mano para acabar con dichas violaciones; que, a fin de ofrecer a los ciudadanos las mejores soluciones a la mayor brevedad, la Comisión de Peticiones ha seguido reforzando su cooperación con la Comisión Europea, otras comisiones parlamentarias y organismos, agencias y redes europeos, así como con los Estados miembros,

H. Considerando que el número de peticiones recibidas por el Parlamento en 2009 fue ligeramente superior al registrado en 2008 (1924 peticiones frente a 1849) y que siguió creciendo el número de peticiones presentadas electrónicamente (aproximadamente un 65 % de las peticiones se enviaron de este modo frente a un 60 % en 2008),

I. Considerando que, en vista del número de peticiones declaradas improcedentes en 2009, han de redoblarse los esfuerzos destinados a informar mejor a los ciudadanos acerca de las competencias de la Unión y de las funciones de sus diferentes instituciones,

J. Considerando que, en muchos casos, los ciudadanos presentan peticiones al Parlamento en relación con decisiones adoptadas por las autoridades administrativas o judiciales competentes de sus Estados miembros y que, por consiguiente, los ciudadanos necesitan mecanismos que les permitan recurrir a las autoridades nacionales para que los representen tanto en el proceso legislativo europeo como en el marco de la aplicación de la legislación,

K. Considerando que los ciudadanos deben saber en concreto que, tal como reconoció el Defensor del Pueblo Europeo en su Decisión, de diciembre de 2009, relativa a la reclamación 822/2009/BU contra la Comisión Europea, los procedimientos judiciales nacionales se enmarcan en el proceso de aplicación de la legislación europea en los Estados miembros y que la Comisión de Peticiones no puede tratar cuestiones que sean objeto de procedimientos judiciales nacionales ni reexaminar el resultado de dichos procedimientos,

L. Considerando que el elevado coste de los procedimientos judiciales, en particular en algunos Estados miembros, puede suponer un obstáculo para los ciudadanos y, de hecho, les puede disuadir de acudir ante los tribunales nacionales competentes cuando consideren que las autoridades de su país no han respetado los derechos que les corresponden en el marco del Derecho de la Unión,

M. Considerando que, cuando el Parlamento recibe peticiones relativas a supuestos incumplimientos por parte de las autoridades judiciales nacionales, le resulta particularmente difícil recurrir con carácter prejudicial al Tribunal de Justicia, a pesar de lo dispuesto en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular en los casos en que la Comisión Europea no ejerce las competencias conferidas por el artículo 258 que le permiten interponer un recurso contra el Estado miembro de que se trate,

N. Considerando que el procedimiento de petición —dados sus mecanismos de funcionamiento y puesto que el Tratado otorga el derecho de petición a todos los ciudadanos y residentes de la UE— difiere de otros instrumentos europeos a disposición de los ciudadanos, como la posibilidad de presentar reclamaciones al Defensor del Pueblo Europeo o a la Comisión,

O. Considerando que los ciudadanos tienen derecho a una reparación rápida y centrada en proponer soluciones, y a un alto nivel de transparencia y claridad por parte de todas las instituciones europeas, y que el Parlamento ha pedido en repetidas ocasiones a la Comisión que se sirva de sus prerrogativas como guardián del Tratado para responder a las violaciones de la legislación europea denunciadas por los peticionarios, especialmente cuando la violación se deriva de la transposición de la legislación de la UE a escala nacional,

P. Considerando que son muchas las peticiones en las que se pone de manifiesto la inquietud que suscita la transposición y aplicación de la legislación europea en materia de mercado interior y medio ambiente y que la Comisión de Peticiones ya ha solicitado a la Comisión en anteriores ocasiones que refuerce y haga más eficaz el control en este ámbito,

Q. Considerando que, aunque la Comisión solo puede supervisar plenamente el cumplimiento de la legislación europea una vez que las autoridades nacionales han adoptado una decisión definitiva, conviene comprobar lo antes posible, en particular respecto de las cuestiones medioambientales y en todos los casos en que reviste especial importancia el aspecto temporal, que las autoridades locales, regionales y nacionales aplican correctamente todos los requisitos de procedimiento pertinentes previstos en la normativa de la Unión Europea y, en caso necesario, llevar a cabo estudios pormenorizados sobre la aplicación y el impacto de la legislación en vigor con objeto de recabar toda la información necesaria,

R. Considerando la importancia de prevenir nuevas pérdidas irreparables en la biodiversidad, especialmente en las zonas designadas en el marco de Natura 2000, así como el compromiso de los Estados miembros de garantizar la protección de las zonas especiales de conservación previstas por la Directiva Hábitat (92/43/CEE) y la Directiva Aves (79/409/CEE),

S. Considerando que las peticiones revelan el impacto de la legislación europea en la vida cotidiana de los ciudadanos de la UE y reconociendo la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para afianzar los logros alcanzados en la consolidación de los derechos de los ciudadanos europeos,

T. Considerando que, en su anterior informe de actividades y en su opinión sobre el informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario, la Comisión de Peticiones solicitaba que se le facilite información periódica sobre las fases en las que se encuentran los procedimientos de infracción también relacionados con peticiones,

U. Considerando que los Estados miembros son los principales responsables de la correcta transposición y aplicación de la legislación europea y reconociendo que en 2009 muchos de ellos incrementaron su participación en los trabajos de la Comisión de Peticiones,

1. Se felicita por que la transición a la nueva legislatura se desarrollara con éxito y señala que una gran parte del trabajo de la Comisión de Peticiones, a diferencia de lo sucedido en otras comisiones parlamentarias, se transfirió a la nueva legislatura puesto que no se había completado el examen de un importante número de peticiones;

2. Se congratula por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y confía en que el Parlamento participará activamente en el desarrollo de la nueva iniciativa ciudadana, para que pueda alcanzarse plenamente el objetivo perseguido con este instrumento y se garantice una mayor transparencia y responsabilidad en el proceso de toma de decisiones de la UE, ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de sugerir mejoras o adiciones en la legislación de la Unión;

3. Acoge con satisfacción el Libro Verde sobre una Iniciativa Ciudadana Europea (1), publicado por la Comisión a finales de 2009, como un primer paso en la aplicación práctica de este concepto;

4. Señala que el Parlamento ha recibido peticiones asociadas a campañas con más de un millón de firmas e insiste en la necesidad de que los ciudadanos distingan claramente este tipo de peticiones de la iniciativa ciudadana;

5. Recuerda su Resolución sobre la iniciativa ciudadana (2), a la que la Comisión de Peticiones contribuyó con una opinión; insta a la Comisión a que establezca normas de desarrollo comprensibles en las que se identifiquen claramente las funciones y obligaciones de las instituciones implicadas en los procesos de examen y de toma de decisiones;

6. Acoge con satisfacción el carácter jurídicamente vinculante que la Carta de los Derechos Fundamentales ha adquirido con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y subraya la importancia de la Carta a la hora de reforzar la comprensión y el conocimiento de los derechos fundamentales por parte de todos los ciudadanos;

7. Considera que tanto la Unión como sus Estados miembros tienen la obligación de velar por el pleno respeto de los derechos fundamentales previstos en la Carta y espera que la Carta contribuya a desarrollar el concepto de ciudadanía de la Unión;

8. Confía en que se tomarán todas las medidas procedimentales necesarias para garantizar una rápida identificación de los aspectos institucionales de la adhesión de la UE al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y toma nota de la intención de la Comisión de Peticiones de contribuir a la labor del Parlamento en esta materia;

9. Recuerda su anterior petición en la que solicitaba a los servicios competentes del Parlamento y la Comisión la realización de una completa revisión de los procedimientos de recurso que se encuentran a disposición de los ciudadanos de la UE y subraya la importancia de proseguir las negociaciones sobre el acuerdo marco revisado entre el Parlamento Europeo y la Comisión con objeto de tener plenamente en cuenta los derechos crecientes de los nacionales de la UE, en especial con respecto a la iniciativa ciudadana europea;

10. Se congratula por las medidas adoptadas por la Comisión para simplificar los servicios de atención al público destinados a informar a los ciudadanos de sus derechos a escala europea y de los medios de reclamación que tienen a su disposición en caso de infracción, agrupando las diferentes páginas web pertinentes (como las de SOLVIT o ECC-Net) en la sección «Sus derechos en la UE» del sitio web principal de la UE;

11. Señala que el Parlamento ha solicitado en repetidas ocasiones a la Comisión que desarrolle un sistema que indique claramente los diferentes mecanismos de reclamación de que disponen los ciudadanos y considera que es necesario adoptar nuevas medidas que permitan alcanzar el objetivo final de convertir la página web «Sus derechos en la UE» en una «ventanilla única» de información en línea fácil de utilizar; espera con interés las evaluaciones iniciales de la aplicación del Plan de acción de 2008 (3), previstas en 2010;

12. Recuerda su Resolución sobre las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2008 e insta al recientemente reelegido Defensor del Pueblo a que siga trabajando para reforzar la apertura y responsabilidad de la administración europea y garantizar que las decisiones se toman de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible;

13. Reafirma su intención de apoyar los esfuerzos desplegados por la Oficina del Defensor del Pueblo para aumentar el conocimiento público de su trabajo, así como para identificar y resolver los casos de mala administración de las instituciones europeas; considera que el Defensor del Pueblo constituye una valiosa fuente de información en la tarea global de mejora de la administración europea;

14. Señala que las peticiones recibidas en 2009, de las que casi un 40 % fueron declaradas improcedentes, siguieron centrándose en el medio ambiente, los derechos fundamentales, la justicia y el mercado interior; indica que, en términos geográficos, la mayor parte de las peticiones se referían a la Unión en su conjunto —seguida de Alemania, España, Italia y Rumanía—, lo que demuestra que los ciudadanos siguen de cerca la labor de la Unión y recurren a ella para pedirle que actúe;

15. Reconoce la importancia que reviste la labor llevada a cabo por los peticionarios y por la Comisión de Peticiones para la protección del medio ambiente de la Unión; acoge con satisfacción la iniciativa de la comisión de encargar un estudio sobre la aplicación de la Directiva Hábitat en el contexto del Año Internacional de la Biodiversidad y considera que es una herramienta útil para evaluar la estrategia de la Unión en el ámbito de la biodiversidad hasta la fecha y desarrollar una nueva estrategia;

16. Observa que cada vez son más las peticiones que denuncian problemas a los que los ciudadanos han tenido que hacer frente al ejercer su derecho a la libre circulación; dichas peticiones hacen referencia a la tardanza de los Estados miembros de acogida en entregar los permisos de residencia a los familiares procedentes de terceros países, así como a las dificultades encontradas a la hora de ejercer el derecho al voto u obtener el reconocimiento de un título;

17. Pide de nuevo a la Comisión que presente propuestas concretas que permitan extender las medidas de protección de los consumidores frente a las prácticas comerciales desleales a las pequeñas empresas, tal como solicitó en su Resolución sobre las prácticas engañosas de empresas dedicadas a la elaboración de directorios (4), ya que la Comisión de Peticiones sigue recibiendo peticiones de víctimas de estafas de este tipo de empresas;

18. Reconoce el papel central que la Comisión desempeña en el trabajo de la Comisión de Peticiones, que sigue necesitando de sus conocimientos especializados para evaluar las peticiones, identificar las violaciones de la legislación europea y encontrar una solución, y reconoce los esfuerzos desplegados por la Comisión para reducir el tiempo de respuesta global a las solicitudes de investigación presentadas por la Comisión de Peticiones de modo que las situaciones denunciadas por los ciudadanos puedan resolverse en el plazo más corto posible;

19. Insta a la Comisión a que, cuando haya peticiones que indiquen posibles daños a zonas de protección especial, intervenga en una etapa temprana, recordando a las autoridades nacionales de que se trate sus compromisos de garantizar la integridad de las áreas catalogadas como lugares Natura 2000 con arreglo a la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitat) y, si procede, adoptando medidas preventivas para garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE;

20. Acoge con satisfacción a los recién elegidos Comisarios, especialmente al Comisario de Relaciones Interinstitucionales y Administración, y no duda de que colaborarán con la Comisión de Peticiones lo más estrecha y eficazmente posible, y de que la tendrán en cuenta como uno de los canales de comunicación más importantes entre los ciudadanos y las instituciones de la UE;

21. Lamenta que la Comisión todavía no haya satisfecho los reiterados llamamientos de la Comisión de Peticiones para que se realicen actualizaciones oficiales y periódicas sobre el avance de los procedimientos de infracción relativos a peticiones abiertas; señala que la publicación mensual de las decisiones de la Comisión sobre los procedimientos de infracción —de conformidad con los artículos 258 y 260 del Tratado—, aunque digna de elogio en términos de transparencia, no constituye una respuesta adecuada a dichos llamamientos;

22. Considera que el seguimiento de los procedimientos de infracción a través de los comunicados de prensa de la Comisión y el establecimiento de un vínculo entre dichos procedimientos y determinadas peticiones equivaldría a malgastar inútilmente el tiempo y los recursos de la Comisión de Peticiones, especialmente en el caso de las infracciones horizontales y pide que la Comisión informe a la Comisión de Peticiones de cualquier procedimiento de infracción pertinente;

23. Reitera su convicción de que los ciudadanos de la UE deben beneficiarse del mismo nivel de transparencia por parte de la Comisión tanto si efectúan una reclamación oficial como si presentan una petición al Parlamento, y pide una vez más a la Comisión que vele por que el procedimiento de peticiones goce de un mayor reconocimiento, así como el papel que desempeña sacando a la luz las violaciones de la legislación europea, que ulteriormente serán objeto de un procedimiento de infracción;

24. Recuerda que, en muchos casos, las peticiones desvelan problemas relacionados con la transposición y aplicación de la legislación europea y reconoce que la puesta en marcha de un procedimiento de infracción no ofrece necesariamente a los ciudadanos una solución inmediata a sus problemas, dada la duración media de dichos procedimientos;

25. Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión por desarrollar medios alternativos para fomentar una mejor aplicación de la legislación europea, así como la positiva actitud de algunos Estados miembros, que adoptan las medidas necesarias para corregir las infracciones desde las primeras fases del proceso de aplicación;

26. Se felicita por la creciente participación de los Estados miembros en las actividades de la Comisión de Peticiones, así como por la presencia de sus representantes en las reuniones; considera que ha de reforzarse dicha cooperación ya que las autoridades nacionales son las principales responsables del cumplimiento de la legislación europea una vez que esta ha sido transpuesta en su ordenamiento jurídico;

27. Hace hincapié en que, para el trabajo de la Comisión de Peticiones, reviste extrema importancia el establecimiento de una cooperación más estrecha con los Estados miembros; opina que para conseguirlo se podría, entre otras cosas, intensificar la cooperación con los Parlamentos nacionales, especialmente en el contexto del Tratado de Lisboa;

28. Alienta a los Estados miembros a que se preparen a desempeñar un papel más transparente y proactivo en la respuesta a las peticiones relacionadas con la aplicación y el cumplimiento de la legislación europea;

29. Considera que, a la luz del Tratado de Lisboa, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debe establecer relaciones de trabajo más estrechas con las comisiones homólogas de los Parlamentos regionales y nacionales de los Estados miembros, con objeto de promover la comprensión mutua de las peticiones relativas a temas europeos y de garantizar una pronta respuesta a los ciudadanos al nivel más adecuado;

30. Recuerda las conclusiones de su Resolución sobre el impacto de la urbanización extensiva en España y pide a las autoridades españolas que continúen presentando las evaluaciones de las medidas adoptadas, como lo vienen haciendo hasta el momento;

31. Toma nota del creciente número de peticionarios que se dirigen al Parlamento en busca de soluciones en relación con cuestiones que no son competencia de la UE, como, por ejemplo, el cálculo de las pensiones, el cumplimiento de las sentencias dictadas por tribunales nacionales o la pasividad de las administraciones nacionales; la Comisión de Peticiones hace todo lo que está en su mano para remitir dichas reclamaciones a las autoridades nacionales competentes;

32. Considera que debe fomentarse el uso generalizado de Internet, ya que facilita la comunicación con los ciudadanos, pero, al mismo tiempo, ha de encontrarse un modo de evitar que la comisión se vea invadida por «no peticiones»; considera que una posible solución podría consistir en la revisión del proceso de registro en el Parlamento e invita al personal responsable a que remita los archivos correspondientes a la Unidad de Correo del Ciudadano en vez de a la Comisión de Peticiones;

33. Hace hincapié en la necesidad de seguir trabajando en aras de la transparencia del proceso de gestión de las peticiones: de forma interna, mediante la actualización constante de la aplicación e-Petition —que ofrece a los diputados un acceso directo a los archivos de peticiones—, y de forma externa, a través de la creación de un portal de peticiones interactivo y fácil de usar que permita al Parlamento entablar un contacto más eficaz con los ciudadanos y a estos últimos comprender mejor los procedimientos de voto y las funciones de la Comisión de Peticiones;

34. Aboga por la creación de un portal que ofrezca un modelo interactivo de petición con múltiples etapas, que podría informar a los ciudadanos sobre la misión del Parlamento y acerca de lo que pueden conseguir al presentar una petición a dicha Institución, así como incluir enlaces a otros medios alternativos de reparación tanto a escala europea como nacional; pide una descripción lo más detallada posible de las competencias de la Unión Europea en diferentes ámbitos con objeto de obviar la confusión entre las competencias de la Unión y las competencias nacionales;

35. Reconoce que la puesta en marcha de esta iniciativa no resultaría gratuita; pese a ello, insta a los servicios administrativos competentes a que trabajen con la Comisión de Peticiones para dar con las soluciones más adecuadas, ya que un portal de estas características no solo contribuiría notablemente a mejorar la comunicación entre el Parlamento y los ciudadanos de la UE, sino también a reducir el número de peticiones declaradas improcedentes;

36. Hace hincapié en que, hasta que no se resuelva de forma satisfactoria la cuestión de los recursos, es necesario mejorar inmediatamente el actual sitio web;

37. Acoge con satisfacción la adopción del nuevo Reglamento del Parlamento y la revisión de las disposiciones relativas a la gestión de las peticiones; invita a la Secretaría y a los representantes de los grupos políticos a que trabajen en la elaboración de una guía revisada, dirigida a los diputados, relativa a las normas y los procedimientos internos de la Comisión de Peticiones, ya que dicho documento no solo ayudará a los diputados en su trabajo, sino que también aumentará la transparencia del procedimiento de peticiones;

38. Pide de nuevo a los servicios administrativos competentes que adopten las medidas necesarias para crear un registro electrónico mediante el cual los ciudadanos puedan asociarse o retirar su apoyo a una petición de conformidad con el artículo 202 del Reglamento;

39. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y el informe de la Comisión de Peticiones al Consejo, a la Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo y a los Gobiernos de los Estados miembros, así como a sus comisiones de peticiones y a sus defensores del pueblo u otros órganos competentes análogos.

(1) COM(2009)0622, de 11.11.2009.

(2) Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de mayo de 2009, por la que se solicita a la Comisión que presente una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la aplicación de la iniciativa ciudadana (Textos Aprobados de 7.5.2009, P6_TA(2009)0389).

(3) Action Plan on an integrated approach for providing Single Market Assistance Services to citizens and business (Plan de acción sobre un planteamiento integrado para proporcionar servicios de ayuda en el mercado único a los ciudadanos y a las empresas) - Documento de trabajo de la Comisión SEC(2008)1882.

(4) Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2008, sobre las prácticas engañosas de empresas dedicadas a la elaboración de directorios, (DO C 45 E de 23.2.2010, p. 17).