Propuesta de REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO por el que se restablece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de la República Popular China y fabricado por Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd y Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd /* COM/2014/087 final - 2014/0044 (NLE) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA Motivación y objetivos de la propuesta La presente propuesta se refiere a la ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea («el Tribunal de Justicia») de 2 de febrero de 2012 en el asunto C-249/10 P Brosmann y otros, y de 15 de noviembre de 2012 en el asunto C-247/10 P Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd. Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta Reglamento (CE) nº 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea[1] («el Reglamento de base»). Reglamento (CE) nº 1472/2006 del Consejo, de 5 de octubre de 2006, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero procedentes de la República Popular China y de Vietnam[2]. Reglamento (CE) nº 388/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se amplían las medidas antidumping definitivas impuestas por el Reglamento (CE) nº 1472/2006 sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de la República Popular China a las importaciones del mismo producto procedentes de la RAE de Macao, independientemente de que el origen declarado sea o no la RAE de Macao[3]. Reglamento de Ejecución (UE) nº 1294/2009 del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de Vietnam y originario de la República Popular China, y ampliado a las importaciones del mismo producto procedentes de la RAE de Macao, independientemente de que el origen declarado sea o no la RAE de Macao, a raíz de una reconsideración por expiración, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 384/96[4]. Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión No procede. 2. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO Consulta con las partes interesadas Se brindó a las partes interesadas en el procedimiento la oportunidad de defender sus intereses durante la investigación, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de base. Obtención y utilización de asesoramiento técnico No ha sido preciso recurrir a asesoramiento externo. Evaluación de impacto La presente propuesta es el resultado de la aplicación del Reglamento de base. El Reglamento de base no contempla ninguna evaluación de impacto general, pero contiene una lista exhaustiva de condiciones que deben evaluarse. 3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA Resumen de la acción propuesta En sus sentencias de 2 de febrero de 2012 en el asunto C-249/10 P Brosmann y otros, y de 15 de noviembre de 2012 en el asunto C-247/10 P Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, el Tribunal de Justicia anuló el Reglamento (CE) nº 1472/2006 del Consejo, de 5 de octubre de 2006, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero procedentes de la República Popular China y de Vietnam («el Reglamento»). El Reglamento fue anulado por lo que respecta a Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd y Risen Footwear (HK) Co. Ltd, así como a Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd («los productores exportadores afectados»). En sus respectivas sentencias, el Tribunal de Justicia señalaba que las instituciones de la Unión deberían haber examinado las solicitudes de estatuto de economía de mercado («EEM») presentadas por los productores exportadores afectados, y haber tomado una decisión al respecto. El artículo 266 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que las instituciones de la Unión deben adoptar las medidas necesarias para la ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia. Con el fin de cumplir esta obligación, la Comisión decidió investigar el punto afectado por la ilegalidad y examinar si se daban las condiciones de economía de mercado para los productores exportadores afectados en lo relativo al período comprendido entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de marzo de 2005. La propuesta adjunta de Reglamento de Ejecución del Consejo por el que se establece un derecho antidumping definitivo a los productores exportadores afectados para el período abarcado por el Reglamento (CE) nº 1472/2006 del Consejo (del 7 de abril de 2006 al 7 de octubre de 2009) se formula una vez que se ha concedido a las partes interesadas tiempo suficiente para transmitir sus observaciones sobre el documento de divulgación final de 22 de noviembre de 2013. Se propone que el Consejo adopte la propuesta de Reglamento adjunta, que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea con la mayor brevedad. Base jurídica Reglamento (CE) nº 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, y artículo 266 del TFUE. Principio de subsidiariedad La propuesta es competencia exclusiva de la Unión. Por consiguiente, no se aplica el principio de subsidiariedad. Principio de proporcionalidad La propuesta cumple el principio de proporcionalidad, ya que la modalidad de actuación se describe en el Reglamento de base y no da opción a una decisión nacional. No son aplicables las indicaciones relativas a la forma de minimizar y adecuar al objetivo de la propuesta la carga administrativa y financiera que soportan la Unión, los gobiernos nacionales, las autoridades regionales y locales, los agentes económicos y los ciudadanos. Instrumentos elegidos Instrumento propuesto: Reglamento de Ejecución del Consejo. Otros medios no resultarían adecuados, ya que el Reglamento de base no contempla otras alternativas. 4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La propuesta no tiene incidencia alguna en el presupuesto de la Unión. 2014/0044 (NLE) Propuesta de REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO por el que se restablece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de la República Popular China y fabricado por Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd y Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), Visto el artículo 266 del TFUE, Visto el Reglamento (CE) nº 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea[5] («el Reglamento de base»), y, en particular, su artículo 9 y su artículo 14, apartado 3, Vista la propuesta presentada por la Comisión Europea («la Comisión»), previa consulta al Comité Consultivo, Considerando lo siguiente: A. PROCEDIMIENTO (1) El 23 de marzo de 2006, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) nº 553/2006, por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero («calzado») procedentes de la República Popular China y de Vietnam («el Reglamento provisional»)[6]. (2) Mediante el Reglamento (CE) nº 1472/2006 del Consejo[7], el Consejo estableció derechos antidumping definitivos de entre el 9,7 % y el 16,5 % sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero procedentes de Vietnam y de la República Popular China durante un período de dos años [«Reglamento (CE) nº 1472/2006 del Consejo» o «el Reglamento impugnado»]. (3) En virtud del Reglamento (CE) nº 388/2008[8], el Consejo amplió el derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de la República Popular China a las importaciones procedentes de la Región Administrativa Especial (RAE) de Macao, independientemente de que el origen declarado fuera o no la RAE de Macao. (4) A raíz de una reconsideración por expiración iniciada el 3 de octubre de 2008[9], el Consejo amplió las medidas antidumping durante 15 meses mediante el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1294/2009[10] del Consejo, es decir, hasta el 31 de marzo de 2011, cuando expiraron las medidas [«Reglamento de Ejecución (UE) nº 1294/2009 del Consejo»]. (5) Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd y Risen Footwear (HK) Co. Ltd, así como Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd («los productores exportadores afectados»), presentaron recursos contra el Reglamento impugnado ante el Tribunal de Primera Instancia (en la actualidad: el Tribunal General). Mediante las sentencias de 4 de marzo de 2010 en el asunto T-401/06 Brosmann Footwear (HK) y otros / Consejo (Rec. 2010, p. II- 671), y de 4 de marzo de 2010 en los asuntos acumulados T-407/06 y T-408/06, Zhejiang Aokang Shoes y Wenzhou Taima Shoes / Consejo (Rec. 2010, p. II-747) («las sentencias del Tribunal General»), el Tribunal General desestimó dichos recursos. (6) Los productores exportadores afectados interpusieron un recurso de casación contra dichas sentencias. En sus sentencias de 2 de febrero de 2012 en el asunto C-249/10 P Brosmann y otros, y de 15 de noviembre de 2012 en el asunto C-247/10 P Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd («las sentencias»), el Tribunal de Justicia anuló las sentencias del Tribunal General. El Tribunal de Justicia sostuvo que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que la Comisión no estaba obligada a examinar las solicitudes de estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado («EEM») basadas en el artículo 2, apartado 7, letras b) y c), del Reglamento de base presentadas por operadores que no formasen parte de la muestra (véase el apartado 36 de la sentencia en el asunto C-249/10 P, y los apartados 29 y 32 de la sentencia en el asunto C-247/10 P). (7) En consecuencia, el Tribunal de Justicia emitió una sentencia del siguiente tenor: «[...] la Comisión debería haber examinado las alegaciones probadas que las recurrentes le habían presentado sobre la base del artículo 2, apartado 7, letras b) y c), del Reglamento de base dirigidas a obtener el EEM en el marco del procedimiento antidumping al que se refiere el Reglamento controvertido. Debe observarse, a continuación, que no se excluye que dicho examen hubiese conducido a que se les impusiera un derecho antidumping definitivo distinto al derecho del 16,5 % que les es aplicable en virtud del artículo 1, apartado 3, del Reglamento controvertido. En efecto, de esta disposición se desprende que se impuso solo un derecho antidumping definitivo del 9,7 % al operador chino que figuraba en la muestra que obtuvo el EEM. Pues bien, como se desprende del apartado 38 de la presente sentencia, si la Comisión hubiese comprobado que las condiciones de una economía de mercado también prevalecían para las recurrentes, al no ser posible calcular un margen de dumping individual, estas también deberían haber gozado de dicho porcentaje (apartado 42 de la sentencia en el asunto C-249/10 P, y apartado 36 de la sentencia en el asunto C-247/10 P). (8) Como consecuencia de ello, el Tribunal de Justicia anuló el Reglamento impugnado, por lo que se refiere a los productores exportadores afectados. (9) El artículo 266 del TFUE establece que las instituciones de la Unión deben adoptar las medidas necesarias para la ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia. En caso de anulación de un acto adoptado por las instituciones en el marco de un procedimiento administrativo, tal como las medidas antidumping, la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia consiste en la sustitución del acto anulado por otro nuevo en el que se elimine la ilegalidad detectada por el Tribunal[11]. (10) De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el procedimiento destinado a sustituir el acto anulado puede así reanudarse en el punto exacto en el que se produjo la ilegalidad[12]. Ello significa, concretamente, que, en una situación en la que se anula un acto por el que se concluye un procedimiento administrativo, dicha anulación no afecta necesariamente a los actos preparatorios, tales como el inicio del procedimiento antidumping. En una situación en la que se anula un Reglamento que establece medidas antidumping definitivas, ello significa que, tras la anulación, el procedimiento antidumping permanece abierto, porque el acto por el que se concluye el procedimiento antidumping ha desaparecido del ordenamiento jurídico de la Unión[13], a no ser que la ilegalidad se haya producido en la fase de inicio. (11) En el caso que nos ocupa, la ilegalidad se produjo después del inicio del procedimiento. De ahí que la Comisión decidiera reanudar el presente procedimiento antidumping, que se encontraba todavía abierto, en el punto exacto en que se produjo la ilegalidad, y examinar si se daban las condiciones de economía de mercado para los productores exportadores afectados en el período comprendido entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de marzo de 2005. (12) Por consiguiente, las instituciones examinaron las solicitudes de EEM que se refieren al período comprendido entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de marzo de 2005, que es el período de investigación. (13) Se invitó a cooperar a los productores exportadores afectados. Se les dio la oportunidad de dar a conocer sus opiniones por escrito y de solicitar una audiencia en el plazo fijado en las respectivas cartas. (14) Puesto que el procedimiento antidumping que condujo a la adopción del Reglamento impugnado se llevó a cabo en 2005-2006, la Comisión no estaba segura de disponer de las señas correctas de las partes potencialmente interesadas. Por lo tanto, y mediante un anuncio publicado en el Diario Oficial[14], la Comisión invitó a todas las partes potencialmente interesadas a indicar si deseaban recibir información de conformidad con el artículo 20 del Reglamento de base. B. SUSTITUCIÓN DEL REGLAMENTO IMPUGNADO POR OTRO NUEVO CON EL FIN DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS (15) Las instituciones comunitarias tienen la posibilidad de corregir los aspectos del Reglamento impugnado que dieron lugar a su anulación, dejando al mismo tiempo inalteradas las partes de la evaluación a las que no afecta la sentencia[15]. (16) El presente Reglamento tiene por objeto corregir los aspectos del Reglamento impugnado que se consideran incoherentes con el Reglamento de base y que han dado lugar a la anulación en la medida en que afecta a los productores exportadores. (17) Todas las demás conclusiones expuestas en el Reglamento impugnado que no se habían anulado por el Tribunal General siguen siendo válidas y quedan incorporadas en el presente Reglamento. (18) Por tanto, los siguientes considerandos se limitan a la nueva evaluación necesaria para la ejecución de las sentencias. 1. Examen de las solicitudes de EEM (19) El motivo de la anulación del Reglamento impugnado en lo que se refiere a los productores exportadores afectados era que las instituciones debían haber examinado la solicitud de estatuto de economía de mercado (EEM) presentada por los productores exportadores afectados, en virtud del artículo 2, apartado 7, letras b) y c), del Reglamento de base. (20) A raíz de ello, las instituciones analizaron las solicitudes de EEM. La evaluación puso de manifiesto que la información facilitada no era suficiente para demostrar que los productores exportadores afectados operaban en condiciones de economía de mercado (véase una explicación pormenorizada más adelante, en los considerandos 23 y siguientes). (21) Es necesario subrayar que la carga de la prueba recae en el productor exportador que desea acogerse al EEM en virtud del artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento de base. A estos efectos, el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, dispone que las alegaciones presentadas por dicho productor deben demostrar adecuadamente, tal como se especifica en esa disposición, que el productor opera en condiciones de economía de mercado. A tenor de ello, no corresponde a las instituciones de la Unión probar que el productor exportador no cumple los requisitos establecidos para acogerse a dicho estatuto. Corresponde, en cambio, a estas instituciones apreciar si los elementos aportados por el productor interesado son suficientes para demostrar que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, del Reglamento de base para que se le reconozca dicho estatuto y al juez de la Unión verificar si dicha apreciación adolece de un error manifiesto (apartado 32 de la sentencia en el asunto C-249/10 P, y apartado 24 de la sentencia en el asunto C-247/10 P). (22) A pesar de que la carga de la prueba recae sobre los productores afectados, la Comisión brindó a los productores exportadores afectados la posibilidad de proporcionar información adicional. Ninguno de los exportadores afectados facilitó la información adicional solicitada, ni siquiera después de que se les hubiese recordado que lo hicieran y de que se les hubiese advertido de las consecuencias de no facilitar dicha información. (23) La investigación demostró que uno de los productores exportadores, situado en Hong Kong (empresa 1), estaba vinculado a otro productor exportador afectado (empresa 2) durante el período de investigación original. Por lo tanto, sus solicitudes de EEM se evaluaron conjuntamente. La empresa 2 no corrigió las deficiencias que había señalado la Comisión; con arreglo a la información a su disposición, la Comisión concluyó que la empresa 1 y la empresa 2 no habían demostrado que operaban en condiciones de economía de mercado —tal como establece el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base— por los motivos que se exponen a continuación. (24) En particular, por lo que se refiere al criterio 1 (las decisiones de las empresas), el documento oficial «certificado de aprobación» de la empresa se refería a una limitación cuantitativa de la producción del producto afectado y a la obligación de vender solo para las exportaciones. Los estatutos mencionaban en varios capítulos la obligación de informar a las autoridades locales, en particular en lo relativo a la determinación de los precios de venta y de las operaciones con divisas. Según el formulario de EEM, la empresa tenía préstamos a largo plazo, sin garantía, no había pagado intereses y no tenía plazos fijos para el reembolso. Además no se respetaban los criterios 2 (contabilidad) y 3 (activos y distorsiones heredadas), ya que no se habían presentado los informes de auditoría externa ni los de verificación de capital. (25) Otro productor exportador afectado asimismo con sede en Hong Kong (empresa 3) estaba vinculado a los productores del producto afectado en la República Popular China. Por tanto, se pidió a la empresa 3 que presentara formularios de solicitud de EEM por sus productores vinculados en la República Popular China; no se presentó ninguna información. Se llegó a la conclusión de que la empresa 3 no había presentado suficientes pruebas que demostraran que sus productores vinculados operaban en condiciones de economía de mercado, tal y como exige el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base. Por lo tanto, no se pudo conceder el EEM a la empresa 3. (26) La solicitud de EEM presentada por la empresa 4 contenía numerosos documentos y anexos únicamente en chino, sin traducción al inglés. Además, no facilitaba información que permitiera la evaluación de su conformidad con los criterios 1 (decisiones de las empresas), 2 (contabilidad) y 3 (activos y distorsiones heredadas), tal y como establece el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base. (27) Por lo que se refiere al criterio 1 (decisiones de las empresas), no facilitó los estatutos ni las necesarias copias de los contratos. En el caso de los criterios 2 y 3, no se facilitaron traducciones al inglés de las cuentas auditadas. Asimismo, tras habérsele solicitado, no pudo explicar por qué la empresa no había realizado ventas en el mercado interior durante el período de investigación. Tampoco se presentaron los informes de verificación del capital. Por otra parte, no se presentaron los documentos justificativos de las distintas etapas en el ámbito de la decisión y los costes de las empresas, como las negociaciones con grandes proveedores y ejemplos de los contratos de trabajo, que se habían solicitado. (28) La solicitud de EEM presentada por la empresa 5 no pudo demostrar que dicha empresa operaba en condiciones de economía de mercado, ya que no proporcionó la información necesaria para evaluar el cumplimiento de los criterios 1 (decisiones de las empresas), 2 (contabilidad) y 3 (activos y distorsiones heredadas). (29) De manera más concreta, por lo que respecta al criterio 1, la empresa 5 no presentó solicitudes de EEM por otras cinco empresas vinculadas pertenecientes al grupo y que parecen haber vendido el producto afectado. Por lo que respecta al criterio 2, la empresa 5 no facilitó cuentas auditadas correspondientes al año 2003, y los informes de auditoría correspondientes a 2002 y 2004 contenían comentarios que hacían dudar de la fiabilidad de la contabilidad financiera pertinente. Por último, la empresa 5 no pudo presentar el informe de verificación del capital ni la información acerca de cuándo y en qué condiciones había obtenido el equipo de producción. (30) El artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, dispone que las alegaciones formuladas por un productor que solicite el EEM deben demostrar adecuadamente, tal como se especifica en dicha disposición, que el productor opera en condiciones de economía de mercado. Las solicitudes de EEM no contenían pruebas capaces de demostrar ese extremo. (31) Por otra parte, y aunque no existía norma alguna que la obligara a ello, la Comisión envió a los productores exportadores afectados cartas en que se señalaban las deficiencias, pero que resultaron infructuosas. (32) Sobre esa base, la Comisión comunicó a los productores exportadores afectados su intención de denegar el EEM, y les dio la oportunidad de presentar observaciones. (33) Los productores exportadores afectados no impugnaron la evaluación de sus solicitudes de EEM por la Comisión, ni en la audiencia ni en sus observaciones por escrito. (34) Cabe concluir que ninguno de los productores exportadores en cuestión cumplía todos los criterios establecidos en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base, y que, por consiguiente, se deniega el EEM a todos ellos. (35) Es preciso recordar que el Tribunal de Justicia había sostenido que, si las instituciones constataban que se reunían las condiciones de economía de mercado para los productores exportadores afectados, debían haberse beneficiado del mismo tipo que la empresa de la muestra a la que se había concedido el EEM. (36) Sin embargo, dado que se deniega el EEM a todos los productores exportadores afectados como resultado de los hechos comprobados en la reanudación de la investigación, ninguno de los productores exportadores en cuestión debe beneficiarse del tipo de derecho individual de la empresa incluida en la muestra a la que se concedió el EEM. (37) Por lo tanto, debe imponerse el derecho antidumping residual aplicable a la República Popular China a los productores exportadores afectados para el período de aplicación del Reglamento (CE) nº 1472/2006 del Consejo. El período de aplicación de dicho Reglamento abarcaba inicialmente desde el 7 de octubre de 2006 al 7 de octubre de 2008. Tras la apertura de una reconsideración por expiración, se prorrogó el 30 de diciembre de 2009 hasta el 31 de marzo de 2011. La ilegalidad declarada en las sentencias es que las instituciones no pudieron establecer si los productos fabricados por los productores exportadores en cuestión debían quedar sujetos al derecho residual o al derecho de la empresa de la muestra a la que se concedió el EEM. (38) Sobre la base de la ilegalidad declarada por el Tribunal de Justicia, no existe fundamento jurídico para eximir completamente los productos producidos por los productores exportadores afectados del pago de algún derecho antidumping. Por consiguiente, un nuevo acto destinado a subsanar la ilegalidad declarada por el Tribunal de Justicia únicamente ha de revisar el tipo de derecho antidumping aplicable, y no las propias medidas. (39) En caso de que las instituciones se abstuvieran de restablecer los derechos al nivel adecuado, ello provocaría un enriquecimiento injusto, dado que las importaciones del producto producido por los productores exportadores afectados tuvieron lugar bajo el supuesto de que se aplicarían los derechos de aduana adecuados. Por lo tanto, a la hora de decidir sobre el precio de venta de los productos afectados, se había tenido en cuenta el derecho. (40) Al haberse concluido que debía restablecerse el derecho residual en lo relativo a los productores exportadores afectados al mismo nivel que el impuesto originalmente por el Reglamento (CE) nº 1472/2006 del Consejo, no son necesarias modificaciones del Reglamento (CE) nº 388/2008 del Consejo ni del Reglamento (UE) nº 1294/2009 del Consejo. Dichos Reglamentos siguen siendo válidos para los productores exportadores afectados. 2. Observaciones de las partes interesadas (41) En primer lugar, los productores exportadores afectados alegan que era extraordinariamente difícil, por no decir imposible, facilitar la información adicional solicitada por la Comisión que abarcara el período comprendido entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de marzo de 2005. (42) En segundo lugar, sostienen que el Tribunal de Justicia no solo anuló el Reglamento impugnado debido a que las instituciones no habían examinado sus solicitudes de EEM, sino también porque las instituciones no habían conseguido determinar la condición de EEM de las empresas incluidas y no incluidas en la muestra en el plazo de tres meses a partir de la apertura de la investigación, tal como se establece en el artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento de base. Las partes alegan que esta deficiencia ya no podía subsanarse. Consideran que, en cualquier caso, como consecuencia del incumplimiento del plazo de tres meses, todas las empresas incluidas en la muestra que habían solicitado el EEM debían ser tratadas como si se les hubiera concedido, y que, por tanto, las instituciones tenían la obligación de volver a calcular la media del margen de dumping de las empresas que habían obtenido el EEM. (43) En tercer lugar, alegan que el procedimiento antidumping se había concluido en el momento de la expiración de las medidas antidumping, el 31 de marzo de 2011, y que, por lo tanto, las instituciones no podían reanudar dicho procedimiento desde el punto en que se produjo la ilegalidad. Antes bien, consideran que las instituciones están obligadas a iniciar una nueva investigación que abarque no solo las solicitudes de EEM, sino también la existencia de dumping, el perjuicio y el interés de la Unión. (44) En cuarto lugar, alegan que el camino propuesto para cumplir las sentencias desembocaría en un establecimiento retroactivo de derechos antidumping. Ello, a su vez, iría en contra del principio de seguridad jurídica, del derecho al recurso judicial efectivo y del artículo 10, apartado 1, del Reglamento de base. (45) En quinto lugar, alegan que las instituciones no pueden limitarse a la evaluación de las solicitudes de EEM presentadas por los productores exportadores afectados. Al contrario, consideran que las instituciones han de evaluar todas las solicitudes de EEM presentadas por empresas no incluidas en la muestra. No actuar de ese modo infringiría el principio de no discriminación. (46) Por último, las partes refutan el argumento de que la falta de restablecimiento daría lugar a un enriquecimiento injusto, con el argumento de que, dado que los derechos antidumping anulados nunca habían existido para los exportadores afectados, el hecho de no imponerlos no daría lugar a un enriquecimiento injusto de los operadores afectados. 3. Análisis de las observaciones (47) En respuesta a la primera alegación, las instituciones recuerdan que, según la jurisprudencia, la carga de la prueba recae en el productor exportador que desea solicitar el EEM en virtud del artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento de base. A estos efectos, el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, dispone que las alegaciones presentadas por dicho productor deben demostrar adecuadamente, tal como se especifica en esa disposición, que el productor opera en condiciones de economía de mercado. Por lo tanto, tal como sostenía el Tribunal de Justicia en las sentencias (véase el considerando 21) no corresponde a las instituciones de la Unión probar que el productor no cumple los requisitos establecidos para que se le reconozca dicho estatuto. Corresponde, en cambio, a las instituciones apreciar si los elementos aportados por el productor interesado son suficientes para demostrar que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, de ese Reglamento para que se le reconozca el EEM. (48) Por lo tanto, las instituciones podrían haber rechazado sencillamente la solicitud de EEM sobre la base de que las solicitudes no contenían pruebas suficientes de que el productor operaba en condiciones de economía de mercado. Por consiguiente, el hecho de que las instituciones decidieran dar a los productores exportadores afectados la posibilidad de complementar sus solicitudes no puede ser objeto de crítica por producirse supuestamente con retraso. (49) Por lo que respecta a la segunda alegación de que la determinación del EEM debía haberse completado en el plazo de tres meses a partir de la fecha de la apertura de la investigación, se recuerda que, de acuerdo con la jurisprudencia, el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo segundo, del Reglamento de base no contiene indicación alguna en lo que respecta a las consecuencias de que la Comisión no haya respetado el plazo de tres meses. El Tribunal General considera, por tanto, que una decisión de EEM en una fase posterior no afecta a la validez del Reglamento por el que se establecen las medidas definitivas siempre que los solicitantes no hayan probado que, si la Comisión no hubiese rebasado el plazo de tres meses, el Consejo podría haber adoptado un Reglamento distinto más favorable a sus intereses que el Reglamento impugnado[16]. Además, el Tribunal de Justicia ha reconocido que las instituciones pueden modificar la evaluación para la concesión del EEM a la espera de la adopción de las medidas definitivas[17]. (50) Esta jurisprudencia no se ve afectada por las sentencias. En las sentencias, el Tribunal de Justicia se basa en la obligación de la Comisión de llevar a cabo la evaluación en el plazo de tres meses para demostrar que existe la obligación de efectuarla, con independencia de que la Comisión aplique el muestreo o no. El Tribunal de Justicia no se pronuncia sobre la cuestión de cuál es la consecuencia jurídica si la Comisión concluye la evaluación del EEM en una fase posterior de la investigación. El Tribunal de Justicia solo dictamina que las instituciones no podían ignorar completamente las solicitudes de EEM, sino que tenían que evaluarlas a más tardar en el momento de la imposición de medidas definitivas. (51) En el asunto que nos ocupa, los productores exportadores afectados no han demostrado que si la Comisión hubiera llevado a cabo la evaluación del EEM en los tres meses siguientes al inicio del procedimiento antidumping en 2005, el Consejo podría haber adoptado un Reglamento distinto más favorable a sus intereses que el Reglamento impugnado. Por lo tanto, se rechaza la segunda alegación. (52) Por lo que respecta a la tercera alegación, a saber, que las medidas en cuestión expiraron el 31 de marzo de 2011, las instituciones no entienden por qué la expiración de la medida tendría alguna pertinencia en lo relativo a la posibilidad de que el Consejo adoptara un nuevo acto para sustituir el acto anulado. (53) Como se ha explicado anteriormente en los considerandos 9 a 11, como consecuencia de la anulación del acto de conclusión de los procedimientos, los procedimientos antidumping aún están abiertos. Las instituciones están obligadas a concluir dichos procedimientos, ya que el Reglamento de base establece que una investigación debe concluir mediante un acto de las instituciones. . (54) Por lo que respecta a la cuarta alegación, el artículo 10, apartado 1, del Reglamento de base, que retoma el texto del artículo 10, apartado 1, del Acuerdo Antidumping de la OMC («ADA»), dispone que solo se aplicarán medidas provisionales o derechos antidumping definitivos a los productos despachados a libre práctica después de la fecha de entrada en vigor de la decisión adoptada de conformidad con el artículo 7, apartado 1, o el artículo 9, apartado 4, según sea el caso, del Reglamento de base. En el caso que nos ocupa, los derechos antidumping en cuestión solamente se aplican a los productos que hayan sido despachados a libre práctica después de la fecha de entrada en vigor del Reglamento provisional y del impugnado (definitivo), adoptados de conformidad con el artículo 7, apartado 1, y el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base. (55) Además, también cabe considerar que la imposición de los derechos antidumping no constituye una violación de los principios generales de la legislación de la UE, como la protección de la seguridad jurídica, de la confianza legítima y del derecho a un recurso judicial efectivo, por las razones que se exponen a continuación. (56) Por lo que se refiere a la protección de la seguridad jurídica y de la confianza legítima, se observa en primer lugar que, con arreglo a la jurisprudencia, los comerciantes no pueden reivindicar la protección de la seguridad jurídica y de la confianza legítima cuando han sido alertados de un cambio inminente en la política comercial de la Unión[18]. En el caso que nos ocupa, los comerciantes fueron alertados mediante la publicación del anuncio de inicio y del Reglamento provisional en el Diario Oficial —que forman ambos parte del ordenamiento jurídico de la Unión— del riesgo de que los productos fabricados por los productores exportadores afectados podían ser objeto de un derecho antidumping. Por consiguiente, los productores exportadores afectados no podían basarse en los principios generales del Derecho de la Unión de protección de la seguridad jurídica y de la confianza legítima. (57) En segundo lugar, es importante subrayar que la imposición de medidas definitivas no tiene carácter retroactivo. La jurisprudencia del Tribunal distingue a este respecto entre la aplicación de una nueva norma a una situación que se ha convertido en definitiva (también mencionada como situación jurídica existente o definitivamente constituida)[19], y una situación que comenzó antes de la entrada en vigor de la nueva norma, pero que todavía no es definitiva (también mencionada como situación o fase provisional)[20]. (58) En el caso que nos ocupa, la situación de las importaciones de los productos afectados que tuvieron lugar durante el período de aplicación del Reglamento (CE) nº 1472/2006 del Consejo todavía no ha pasado a ser definitiva, ya que el derecho antidumping aplicable a aquellas aún no se ha fijado definitivamente debido a la anulación del Reglamento impugnado. Por otra parte, se había advertido a los comerciantes de que ese derecho podía ser impuesto mediante la publicación del anuncio de inicio y en el Reglamento provisional. Es jurisprudencia reiterada de los tribunales de la Unión que los operadores no pueden albergar confianza legítima hasta que las instituciones no hayan adoptado un acto de conclusión de un procedimiento administrativo que ha pasado a ser definitivo[21]. (59) Por tanto, la imposición de derechos antidumping no tiene carácter retroactivo. (60) Además, incluso si la imposición de los derechos tuviera carácter retroactivo, quod non, las normas sustantivas del Derecho de la Unión podrían aplicarse a las situaciones existentes antes de su entrada en vigor en la medida en que se deduce claramente de su tenor, objetivos o régimen general que debe atribuírseles tal efecto a ellas[22]. En particular, en el asunto T-180/01 Euroagri/Comisión[23] se sostuvo que: si bien por lo general el principio de la seguridad de las situaciones jurídicas se opone a que la eficacia temporal de un acto comunitario comience en una fecha anterior a la de su publicación, puede ocurrir lo contrario, excepcionalmente, cuando así lo exija el objetivo perseguido y cuando se respete debidamente la confianza legítima de los interesados[24]. (61) En el caso que nos ocupa, el propósito es cumplir con la obligación de las instituciones en virtud del artículo 266 del TFUE. Dado que el Tribunal solo encontró una ilegalidad por lo que se refiere a la determinación del tipo de derecho aplicable, y no en lo que se refiere a la imposición de las propias medidas (es decir, por lo que se refiere a la existencia de dumping, perjuicio e interés de la Unión), los productores exportadores en cuestión no hubieran podido esperar legítimamente que no se establecieran medidas antidumping definitivas. Por consiguiente, dicho establecimiento, aunque hubiese tenido carácter retroactivo, quod non, no podía interpretarse como una violación de la confianza legítima. (62) Tampoco se vulnera el derecho al recurso judicial efectivo. Los productores exportadores afectados pueden impugnar la legalidad del presente Reglamento en los tribunales de la Unión. (63) Por lo que se refiere al quinto argumento, cabe señalar que los productores exportadores en cuestión se encuentran en una posición jurídica diferente que la de las demás empresas no incluidas en la muestra que han presentado una solicitud de EEM, pero que no han recurrido contra el Reglamento impugnado en el Tribunal. Respecto a estas últimas, el Reglamento impugnado ha pasado a ser definitivo. (64) Por último, si las instituciones no hubiesen propuesto medida alguna, ello conduciría a un enriquecimiento injusto, por las razones expuestas en el considerando 39. El argumento de que nunca existieron los derechos anulados puesto que la sentencia elimina el Reglamento impugnado del ordenamiento jurídico de la Unión con efecto retroactivo pasa por alto el hecho de que los comerciantes fueron advertidos de los riesgos de una imposición de derechos mediante el anuncio de inicio y el Reglamento provisional, y que las decisiones sobre precios respecto de los productos fabricados por los productores exportadores en cuestión se adoptaban en un momento en que el derecho definitivo estaba en vigor. En la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se reconoce que podrá denegarse la devolución de impuestos que hayan sido indebidamente recaudados si ello supone un enriquecimiento sin causa de los beneficiarios[25]. Por consiguiente, se rechaza esta alegación. 4. Observaciones de las partes interesadas tras la comunicación (65) Tras la divulgación de la información, algunas partes interesadas reiteraron que el Tribunal de Justicia había anulado el Reglamento en todos sus elementos por lo que se refiere a los productores exportadores afectados. En su opinión, las instituciones estaban obligadas, en virtud del artículo 266 del TFUE, a efectuar la devolución de los derechos antidumping percibidos sobre la base del Reglamento impugnado, en la medida en que afectaban a los productos fabricados por los productores exportadores afectados, y que las instituciones tenían la posibilidad, pero no la obligación, de adoptar un nuevo acto, siempre que el nuevo acto no vulnerase el Derecho de la Unión y no estuviese afectado por las mismas irregularidades que las señaladas por el Tribunal de Justicia en su sentencia. (66) Por lo que respecta al reembolso de los derechos antidumping, los servicios de la Comisión dieron instrucciones a las autoridades aduaneras nacionales mediante nota de 31 de mayo de 2012 de satisfacer las solicitudes de reembolso, si bien han informado al mismo tiempo a los importadores de que no podía descartarse que la Comisión proponga al Consejo restablecer los derechos sobre las importaciones pertinentes. Dicha información tenía la finalidad expresa de evitar la creación de confianza legítima. (67) Por lo que se refiere a la adopción de un nuevo acto que sustituya el acto anulado, cabe recordar que, en el contexto de los procedimientos administrativos como los procedimientos antidumping, las instituciones están obligadas a cerrar una investigación abierta con un acto definitivo (véanse los anteriores considerandos 9, 10 y 53). Por tanto, la adopción de un acto definitivo con el que se concluye el procedimiento abierto no es una posibilidad, sino una obligación de las instituciones. Es obvio que cualquier nuevo acto ha de ajustarse al Derecho de la Unión y subsanar la ilegalidad declarada por el Tribunal de Justicia. Por lo que se refiere a las infracciones de la legislación de la Unión, las partes interesadas alegaron, en primer lugar, que no existe fundamento jurídico para reanudar la investigación en el punto en que se produjo la ilegalidad. Señalan el hecho de que las medidas antidumping sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero natural («calzado») de los exportadores afectados habían expirado en marzo de 2011. En su opinión, es contrario tanto a la normativa de la Unión como a la de la OMC «resucitar un derecho antidumping muerto». (68) Las partes interesadas no tienen en cuenta el hecho de que, como consecuencia de la anulación, el procedimiento antidumping que había desembocado en la adopción del Reglamento impugnado sigue abierto por lo que se refiere a los productores exportadores afectados (véanse los considerandos 9 a 11 y 52 a 53). El hecho de que las medidas impuestas mediante el Reglamento (CE) nº 1294/2009 del Consejo hubieran expirado en 2011 —es decir, antes de que el Tribunal de Justicia dictara sus sentencias— carece de importancia a este respecto. En los demás casos, las medidas que han de adoptar las instituciones para ejecutar una sentencia judicial dependerán de la duración de los procedimientos ante los tribunales de la Unión. (69) En segundo lugar, alegan que los productores exportadores afectados habían impugnado ante el Tribunal de Justicia no solo el rechazo de la solicitud de EEM, sino también la conclusión de que existía dumping. Por otra parte, su interpretación de las sentencias es que el Reglamento impugnado fue anulado no porque las instituciones no hubieran podido evaluar la solicitud de EEM antes de la adopción del Reglamento impugnado, sino porque la Comisión no lo había hecho en el plazo de tres meses. En su opinión, de ello se deduce que las instituciones no habían evaluado adecuadamente las solicitudes de EEM de las empresas incluidas en la muestra, y, por lo tanto, no habían constatado el dumping válidamente. Una de las partes interesadas va incluso más lejos y sugiere que, al ejecutar la sentencia, las instituciones deberían haber evaluado también todas las solicitudes de EEM realizadas por otras empresas no incluidas en la muestra. (70) Esta interpretación de la sentencia ha sido desestimada en los anteriores considerandos 49 a 51. La referencia al plazo de tres meses en las sentencias es un argumento textual para demostrar que todas las solicitudes de EEM deben evaluarse, incluso en caso de muestreo. En ningún apartado de las sentencias se pronuncia el Tribunal contra la jurisprudencia previa sobre la falta de sanción por el incumplimiento del plazo de tres meses. El hecho de que el Tribunal de Justicia haya aplicado el principio de economía procesal, al no examinar seis de los nueve motivos contra las sentencias dictadas por el Tribunal General, significa que los productores exportadores en cuestión pueden plantear dichos motivos de nuevo en caso de que decidan iniciar un nuevo procedimiento. Al ejecutar las sentencias, la Comisión y el Consejo pueden confiar en las conclusiones del Tribunal General por las que se rechazan esos argumentos, ya que no han sido invalidados por el Tribunal. Por último, no es necesario examinar en este momento las solicitudes de concesión de EEM de otras empresas no incluidas en la muestra, puesto que el Reglamento impugnado se ha convertido en definitivo en lo que se refiere a esas otras empresas no incluidas en la muestra. (71) En tercer lugar, las partes interesadas sostuvieron que las instituciones se habían apartado de su práctica normal en cuanto a la ejecución de las sentencias por las que se anulan medidas antidumping definitivas, incluyendo la actuación de las instituciones a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Industrie des Poudres sphériques («IPS»)[26]. Señalan, en particular, que la Comisión publicó anuncios de reapertura de la investigación en el Diario Oficial y propuso al Consejo nuevas medidas para su adopción en el futuro. (72) Sin embargo, los hechos del presente caso son diferentes de anteriores anulaciones. Como se ha explicado anteriormente en los considerandos 38 y 61, la ilegalidad señalada por el Tribunal de Justicia no afecta a las conclusiones sobre el dumping, el perjuicio y el interés de la Unión, ni, por lo tanto, al principio de la imposición del derecho, sino solamente al tipo preciso de derecho. Las anteriores anulaciones invocadas por las partes interesadas, por el contrario, se referían a las conclusiones sobre el dumping, el perjuicio y el interés de la Unión. Por lo tanto, las instituciones consideraron más apropiado adoptar nuevas medidas para el futuro. (73) Una parte interesada invocó también las anulaciones en el asunto T-221/05, Huvis/Consejo, y en el asunto T-249/06, Interpipe Nikopolsky/Consejo. Dichas anulaciones habían sido parciales y habían mantenido parte del derecho antidumping en vigor. La razón era que el propio Tribunal General pudo decidir acerca de la correspondiente cuantía del derecho, ya que había sostenido que era preciso hacer el ajuste de una manera determinada. En el caso que nos ocupa, por el contrario, el Tribunal de Justicia constató que no podía pronunciarse en lugar de la Comisión y el Consejo acerca de si debía concederse el EEM a los productores exportadores en cuestión. Dicha decisión solo podía adoptarse sobre la base de una evaluación de sus solicitudes, algo que entra dentro de las competencias de la Comisión y del Consejo. El hecho de que el propio Tribunal de Justicia no se haya pronunciado sobre la cuestión de si debía concederse el EEM a los productores exportadores en cuestión también demuestra que la violación del plazo de tres meses no conduce automáticamente a la concesión de EEM, como alegan algunas partes interesadas. (74) En cuarto lugar, las partes interesadas reiteraron también que la imposición de derechos antidumping sobre las importaciones de calzado en el país exportador afectado podía tener carácter retroactivo y, en consecuencia, infringir el artículo 10 del Reglamento de base y el artículo 10 del ADA. Alegaron que la imposición supuestamente retroactiva también podría infringir la confianza legítima. Dicha confianza legítima habría sido creada por las sentencias, por el hecho de que la Comisión se hubiese apartado de la práctica seguida anteriormente al publicar una comunicación sobre la reanudación del procedimiento en el Diario Oficial no inmediatamente después de las anulaciones, sino únicamente más de un año después de que se hubiese dictado la primera sentencia. Además, sostienen que el principio general del Derecho de la Unión de la protección de la seguridad jurídica se opone a que un acto de la Unión tenga efecto a partir de una fecha anterior a la de su publicación. (75) Ya se ha explicado en los considerandos 54 a 59 que el establecimiento de derechos antidumping en el presente Reglamento no tiene carácter retroactivo. (76) Las sentencias no pueden haber creado confianza legítima, ya que ponen de manifiesto que la Comisión y el Consejo deben establecer a qué tipo ha de fijarse el derecho (véase el considerando 7). (77) En lo que respecta a la comunicación, las instituciones observan ante todo que no existe la obligación de publicar este anuncio en primer lugar, dado que las instituciones reanudan el procedimiento en el punto en que se produjo la ilegalidad, y que el anuncio de inicio sigue formando parte del ordenamiento jurídico de la Unión. En segundo lugar, la supuesta confianza legítima derivaría de un período de tiempo de silencio. Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la ausencia de una acción de las instituciones no puede crear confianza legítima[27]. En cualquier caso, la publicación supuestamente tardía en el Diario Oficial no constituía una comunicación relativa a la reanudación del procedimiento, sino una comunicación en la que se invitaba a las partes interesantes a presentarse. Se ha publicado por las razones expuestas en el considerando 14, y tampoco puede generar confianza legítima. (78) Por lo que se refiere al principio general del Derecho de la Unión de protección de la seguridad jurídica, se ha establecido anteriormente en el considerando 60 que una medida de la Unión puede surtir efecto en un momento concreto antes de su publicación, siempre que el objetivo que debe lograrse lo exija, y cuando se respete debidamente la confianza legítima de los interesados, lo que ocurre en el presente asunto. (79) En quinto lugar, las partes interesadas también reiteraron su argumento acerca del «enriquecimiento injusto de los importadores», que ha sido desestimado anteriormente en el considerando 64. (80) En sexto lugar, las partes interesadas también alegaron que la propuesta de ejecución infringiría el principio del interés de la Unión según lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de base, ya que la imposición de derechos sería una carga excesiva para los importadores de la Unión y no aportaría ningún beneficio para la industria de la Unión en su conjunto. Este argumento pasaba por alto el hecho de que el presente Reglamento se refiere a las importaciones del producto afectado que han tenido lugar durante el período de aplicación del Reglamento impugnado, y no a las importaciones futuras. Por lo que se refiere a estas importaciones durante el período de aplicación del Reglamento impugnado, las instituciones establecieron los intereses de la Unión en los considerandos 241 a 286 de aquel. Los tribunales de la Unión no han señalado ninguna ilegalidad en lo que respecta a los considerandos. (81) En séptimo lugar, las partes interesadas también alegaron que no todas ellas habían tenido la posibilidad de defender sus derechos, sino solo las que podían demostrar que habían sido registradas como tales en la investigación original. En su opinión, los derechos propuestos tendrán también una repercusión sobre las empresas no registradas como partes interesadas en la investigación original. Además, alegaron que las instituciones no habían publicado ningún anuncio inmediatamente después de la sentencia del Tribunal y que, por lo tanto, no habían sido informadas sobre el calendario de aplicación previsto. (82) Como las instituciones han reanudado el procedimiento en el momento en que se produjo la ilegalidad, es normal que las instituciones hayan dirigido la notificación a aquellas partes que son las partes interesadas en el procedimiento. Además, nada impide que otras partes interesadas se den a conocer, y así lo han hecho algunas, que fueron consideradas partes interesadas desde el momento en que se manifestó su disposición a cooperar. El hecho de que el anuncio no fuese publicado hasta más de un año después de que se dictara la primera de las dos sentencias carece de repercusión sobre la legalidad del presente Reglamento, puesto que todas las partes interesadas fueron informadas a tiempo para dar a conocer sus puntos de vista. (83) En octavo lugar, los productores exportadores en cuestión alegan que se han violado sus derechos de defensa debido a que la Comisión ha evaluado sus solicitudes de EEM solo en 2012/2013, y no en 2005/2006. Afirman que si esta evaluación hubiera tenido lugar en 2005/2006, podrían haber facilitado determinada información que ya no pueden proporcionar, porque algunos documentos han sido destruidos o porque determinadas personas se han desplazado a otros trabajos. (84) A este respecto, se recuerda que la Comisión no tiene ninguna obligación de solicitar al productor exportador que complemente su solicitud de EEM. La Comisión y el Consejo pueden basar su evaluación en la información presentada por el productor exportador (véanse los anteriores considerandos 21, 22 y 31). Por otra parte, los productores exportadores afectados no han impugnado la evaluación de sus solicitudes de EEM por la Comisión, y no han identificado en qué documentos no podían ya basarse o a qué personas no podían recurrir. Por consiguiente, esa alegación es tan abstracta que las instituciones no pueden tener en cuenta esas dificultades a la hora de llevar a cabo la evaluación de las solicitudes de EEM. Dado que este razonamiento es de base especulativa y no viene respaldado por indicaciones precisas en cuanto a qué documentos y personas ya no están disponibles, ni en cuanto a cuál es la pertinencia de dichos documentos y personas respecto a la evaluación de la solicitud de EEM, debe desestimarse ese argumento. (85) Las partes interesadas han sostenido que la ejecución propuesta infringiría el artículo II, apartado 1, letra b), del GATT de 1994, ya que las instituciones habían propuesto con carácter retroactivo un derecho antidumping sobre las importaciones de calzado de los importadores afectados para los que las medidas antidumping ya habían expirado. Además, las partes interesadas habían alegado que, puesto que no existen medidas antidumping aplicables jurídicamente sobre las importaciones en cuestión, la ejecución propuesta infringe los artículos 10, 5.1 y 5.6 del ADA. En virtud de dichos artículos, las instituciones pueden volver a imponer derechos antidumping definitivos, tras el inicio de una nueva investigación y una nueva decisión en el sentido de lo dispuesto en el artículo 9.1 del ADA. (86) Estos argumentos se basan en la consideración de que las instituciones no pudieron reanudar el procedimiento en el punto en el que se produjo la ilegalidad y que la imposición de derechos tendría carácter retroactivo. A la vista de los motivos expuestos, esta afirmación es incorrecta. Por lo tanto, no es necesario abordar con más detalle los argumentos esgrimidos acerca de una supuesta violación de las normas de la OMC. 5. Artículo 221 del Código Aduanero Comunitario (87) El artículo 221 del Reglamento (CEE) nº 2913/1992 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario[28], dispone que la comunicación del importe de los derechos no podrá efectuarse una vez que haya expirado un plazo de tres años a partir de la fecha de nacimiento de la deuda aduanera. La solicitud puede imposibilitar la ejecución de las sentencias en todos los casos en los que las autoridades aduaneras nacionales o los jueces hayan aceptado la ilegalidad de las comunicaciones nacionales de aduanas basadas en el Reglamento impugnado y se referían a productos afectados fabricados por los productores exportadores afectados. En tales situaciones, las autoridades aduaneras nacionales deben estar en condiciones de comunicar el importe de los derechos más de tres años después de la fecha de nacimiento de la deuda aduanera. (88) Contrariamente a lo que consideran las partes interesadas, el artículo 221 del Código Aduanero Comunitario no es automáticamente aplicable a la percepción de derechos antidumping. Ni el Código Aduanero Comunitario ni el Reglamento de base incluyen disposición alguna que haría aplicable el Código Aduanero Comunitario a la percepción de derechos antidumping. De conformidad con el artículo 14, apartado 1, del Reglamento de base, es el Reglamento por el que se impone el derecho el que tiene que especificar la forma, el tipo y demás criterios relativos a la percepción de los derechos. (89) Por lo tanto, el presente Reglamento no prevé la aplicabilidad del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario, sino que establece normas de prescripción independientes. Estas normas independientes están justificadas: por las razones expuestas en los considerandos 54 a 59 y 66; el restablecimiento propuesto de los derechos no tiene efecto retroactivo; y, en cualquier caso, por las razones expuestas en los considerandos 60 y 61 y 76 a 80), no va en contra de los principios generales del Derecho de la Unión de protección de la seguridad jurídica y de confianza legítima. (90) Además, en el período de tres años tuvo lugar una comunicación inicial sobre el importe del derecho. A raíz de las sentencias ha sido necesario volver a evaluar si la deuda aduanera debía reducirse a consecuencia de la evaluación de las solicitudes de EEM de los productores exportadores afectados. Toda vez que, a la espera de dicha evaluación, no existía ningún fundamento jurídico para conservar los derechos de aduana pagados, la Comisión había dado a las autoridades aduaneras nacionales instrucciones de satisfacer las solicitudes de reembolso, informando al mismo tiempo a los importadores de que no podía excluirse que la Comisión propusiera al Consejo volver a imponer los derechos sobre las importaciones pertinentes (véase el considerando 66). (91) Por esas razones, están justificadas unas normas independientes en materia de prescripción, diferentes a lo dispuesto en el artículo 221 del Código Aduanero Comunitario. (92) Sin embargo, con vistas a garantizar la seguridad jurídica y a reflejar las circunstancias específicas del caso que nos ocupa, resulta apropiado establecer que la comunicación del importe de los derechos al deudor tenga lugar a más tardar dos años después de la entrada en vigor del presente Reglamento. (93) Las partes interesadas alegaron que las instituciones no pueden establecer una excepción a lo dispuesto en el artículo 221 del Código Aduanero Comunitario, sobre la base del artículo 14, apartado 3, del Reglamento de base. Consideran que el Reglamento de base solo atribuye competencias para imponer derechos antidumping, pero no para dictar normas sobre la percepción y la recaudación de derechos antidumping. Dichas normas tendrían que estar exclusivamente reguladas por el Código Aduanero Comunitario. Las partes interesadas se basan en la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-201/04 Molenbergnatie. Además, las partes interesadas alegaron que un acto de aplicación como los Reglamentos del Consejo por los que se imponen medidas antidumping no pueden establecer excepciones a actos legislativos como el Código Aduanero Comunitario. Por último, las partes argumentaron que establecer una excepción al artículo 221 del Código Aduanero Comunitario iría en detrimento de la seguridad jurídica, ya que es jurisprudencia consolidada que, al expirar el plazo de prescripción, los derechos legalmente devengados ya no son recuperables. (94) Tal como se ha expuesto en el considerando 88, el Código Aduanero Comunitario no es automáticamente aplicable a la percepción de derechos antidumping, sino únicamente cuando y en la medida en que el Reglamento por el que se imponen los derechos prevea su aplicabilidad. El argumento debe desestimarse por infundado por ese motivo. En todo caso, el artículo 14 del Reglamento de base, que es un acto legislativo que constituye una lex specialis respecto del Código Aduanero Comunitario, otorga amplios poderes al Consejo que se apartan de lo establecido en el Código Aduanero Comunitario. De conformidad con el artículo 14, apartado 1, del Reglamento de base, los Estados miembros percibirán los derechos según la forma, el tipo y demás criterios fijados en el Reglamento que los establezca. Contrariamente a la opinión expresada por las partes interesadas, el artículo 14 del Reglamento de base abarca también la percepción de los derechos, y no solo la imposición. El artículo 14, apartado 3, del Reglamento de base establece que el Consejo podrá adoptar «disposiciones especiales»; el ejemplo de una definición común del concepto de origen es un claro indicio de que tales disposiciones especiales pueden constituir excepciones, entre otras cosas, al Código Aduanero Comunitario. En el asunto Molenbergnatie, el artículo 221 del Código Aduanero Comunitario era aplicable debido precisamente al hecho de que el Reglamento por el que se imponían derechos antidumping no establecía excepciones al mismo. Por otra parte, es evidente que toda excepción debe ser justificada por las instituciones y ha de respetar el espíritu que inspira el artículo 221 del Código Aduanero Comunitario, a saber, la seguridad jurídica, como es el caso en el presente Reglamento. Por tanto, se desestiman estos argumentos. (95) Una de las partes interesadas alegó que el plazo de dos años para la comunicación al deudor del importe de derechos que se menciona en el considerando 92, debe aplicarse en el contexto del artículo 221, apartado 3, segunda frase, del Código Aduanero Comunitario, que prevé una prórroga del período de tres años de que se trate para percibir directamente el derecho por las autoridades aduaneras en caso de un acto perseguible judicialmente. Además, la parte interesada sostuvo que debía aplicarse la misma extensión al plazo previsto de tres años para que los importadores solicitaran la devolución de derechos en aplicación del artículo 236 del Código Aduanero. Las instituciones no ven ningún motivo para acceder a esas demandas. La excepción a la regla de tres años prevista en el artículo 221, apartado 3, segunda frase, del Código Aduanero Comunitario no es suficientemente amplia para permitir la ejecución efectiva de las sentencias. No existe ninguna justificación para ampliar el plazo a aquellos importadores que importaron el producto afectado de los productores exportadores afectados y no impugnaron su deuda aduanera en el plazo establecido. 6. Conclusión (96) Habida cuenta de las observaciones y el análisis de las mismas se ha concluido que debe restablecerse el derecho antidumping residual aplicable a la República Popular China en lo que se refiere a los productores exportadores afectados para el período de aplicación del Reglamento impugnado. (97) Tal como se expone en el considerando 40 no son necesarias modificaciones del Reglamento (CE) nº 388/2008 del Consejo y del Reglamento (UE) nº 1294/2009 del Consejo, que siguen siendo válidos para los productores exportadores afectados. C. COMUNICACIÓN (98) Los productores exportadores afectados y todas las partes que se manifestaron fueron informadas de los hechos y consideraciones esenciales sobre la base de los cuales se tenía intención de recomendar la imposición del derecho antidumping definitivo a los productores exportadores afectados. Asimismo, se les concedió un período para presentar observaciones a raíz de la comunicación de la información, y algunas partes interesadas ha hecho uso de esta facultad. En ese contexto también ha tenido lugar una audiencia con el Consejero Auditor. HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Artículo 1 1. Se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de calzado con la parte superior de cuero natural o regenerado, con excepción del calzado deportivo, del calzado de tecnología especial, de las pantuflas y demás calzado de casa, y del calzado con puntera de protección, originario de la República Popular China y producido por Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd y Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (código TARIC adicional B999) y clasificado en los códigos NC: 6403 20 00, ex 6403 30 00[29], ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 y ex 6405 10 00[30] durante el período de aplicación del Reglamento (CE) nº 1472/2006 del Consejo. Los Códigos TARIC se enumeran en el anexo del presente Reglamento. 2. A los efectos del presente Reglamento, se aplicarán las siguientes definiciones: – «calzado de deporte», el calzado en el sentido de la nota de subpartida 1 del capítulo 64 del anexo I del Reglamento (CE) nº 1719/2005 de la Comisión[31]; – «calzado fabricado con tecnología especial», el calzado cuyo precio CIF por par sea igual o superior a 7,5 EUR, destinado para su uso en actividades deportivas, con suela moldeada de una o de varias capas, no inyectada, fabricada con materiales sintéticos especialmente concebidos para amortiguar los choques causados por los movimientos verticales o laterales, y con características técnicas como, por ejemplo, bolsitas herméticas rellenas de gases o de fluidos, componentes mecánicos que absorben o neutralizan los choques, o materiales como polímeros de baja densidad y clasificado en los códigos NC ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96 y ex 6403 99 98; – «calzado con puntera de protección», el calzado que incorpore una puntera protectora capaz de resistir un choque de al menos 100 julios (1) y clasificado en los códigos NC: ex 6403 30 00[32], ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 y ex 6405 10 00; – «pantuflas y demás calzado de casa», el calzado de este tipo clasificado en el código NC ex 6405 10 00. 3. El tipo del derecho antidumping definitivo aplicable, no despachado de aduana, al precio neto franco en la frontera de la Unión de los productos descritos en el apartado 1 y fabricados por Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd y Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd será del 16,5 %. 4. Se aplicarán las disposiciones vigentes en materia de derechos de aduana, con la excepción del artículo 221 del Reglamento (CEE) nº 2913/1992 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario[33]. La comunicación al deudor del importe de los derechos podrá tener lugar más de tres años después de la fecha de nacimiento de la deuda aduanera, pero no más tarde de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. Artículo 2 Se percibirán de manera definitiva los importes garantizados por el derecho antidumping provisional establecido con arreglo al Reglamento (CE) nº 553/2006 de la Comisión, de 27 de marzo de 2006. Los importes garantizados superiores al tipo definitivo de los derechos antidumping serán liberados. Artículo 3 El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Hecho en Bruselas, el Por el Consejo El Presidente [1] DO L 343 de 22.12.2009, p. 51. [2] DO L 275 de 6.10.2006, p. 1. [3] DO L 117 de 1.5.2008, p. 1. [4] DO L 352 de 30.12.2009, p. 1. [5] DO L 343 de 22.12.2009, p. 51. [6] DO L 98 de 6.4.2006, p. 3. [7] Reglamento (CE) nº 1472/2006 del Consejo, de 5 de octubre de 2006, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero procedentes de la República Popular China y de Vietnam (DO L 275 de 6.10.2006, p. 1). [8] Reglamento (CE) nº 388/2008 del Consejo, de 29 abril de 2008, por el que se amplían las medidas antidumping definitivas impuestas por el Reglamento (CE) nº 1472/2006 sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de la República Popular China a las importaciones del mismo producto procedentes de la RAE de Macao, independientemente de que el origen declarado sea o no la RAE de Macao (DO L 117 de 1.5.2008, p. 1). [9] DO C 251 de 3.10.2008, p. 21. [10] Reglamento de Ejecución (UE) nº 1294/2009 del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de Vietnam y originario de la República Popular China, y ampliado a las importaciones del mismo producto procedentes de la RAE de Macao, independientemente de que el origen declarado sea o no la RAE de Macao, a raíz de una reconsideración por expiración, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 384/96 (DO L 352, 30.12.2009, p. 1). [11] Asuntos acumulados 97, 193, 99 y 215/86, Asteris AE y otros, y República Helénica / Comisión (Rec. 1988, p. 2181), apartados 27 y 28. [12] Asunto C-415/96 España/Comisión (Rec. 1998, p. I-6993), apartado 31; asunto C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques / Consejo (Rec. 2000, p. I-8147), apartados 80 a 85; asunto T-301/01 Alitalia/Comisión (Rec. 2008, p. II-1753), apartados 99 a 142; asuntos conjuntos T-267/08 y T-279/08 Région Nord-Pas de Calais / Comisión (Rec. 2011, p. II-0000), apartado 83. [13] Asunto C-415/96 España/Comisión (Rec. 1998, p. I-6993), apartado 31; asunto C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques / Consejo (Rec. 2000, p. I-8147), apartados 80 a 85. [14] DO C 295 de 11.10.2013, p. 6. [15] Asunto C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques / Consejo (Rec. 2000, p. I-8147). [16] Asunto T-299/05, Shanghai Excell M&E Enterprise y Shanghai Adeptech Precision / Consejo [Rec. 2009, p. II- 565 («Shanghai Excell»)], apartados 116 a 146. [17] Asunto C-141/08 P, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd / Consejo, apartado 94 y siguientes. [18] Asunto 245/81 Edeka / Alemania (Rec. 1982, p. 2746), apartado 27. [19] Asunto 270/84 Licata / CES (Rec. 1986, p. 2305), apartado 31; asunto C-60/98 Butterfly Music / CEDEM (Rec. 1999, p. I-3939), apartado 24; asunto 68/69 Bundesknappschaft / Brock (Rec. 1970, p. 171), apartado 6; asunto 1/73 Westzucker GmbH / Einfuhrund Vorratsstelle für Zucker (Rec. 1973, p. 723), apartado 5; asunto 143/73 SOPAD / FORMA y otros (Rec. 1973, p. 1433), apartado 8; asunto 96/77 Bauche (Rec. 1978, p. 383), apartado 48; asunto 125/77 KoninklijkeScholten-Honig NV y otros / Floofdproduktschaap voor Akkerbouwprodukten (Rec. 1978, p. 1991), apartado 37; asunto 40/79 Ρ / Comisión (Rec. 1981, p. 361), apartado 12; asunto T-404/05 Grecia / Comisión (Rec. 2008 II-272), apartado 77; asunto C-334/07 Ρ Comisión / Freistaat Sachsen (Rec. 2008, I-9465), apartado 53. [20] Asunto T-176/01 Ferrière Nord / Comisión (Rec. 2004, II-3931), apartado 139; asunto C-334/07 Ρ Comisión / Freistaat Sachsen (Rec. 2008, I-9465), apartado 53. [21] Asunto C-169/95 España / Comisión (Rec. 1997, I-135), apartados 51 a 54; asuntos acumulados T-116/01 y T-118/01, P&O European Ferries (Vizcaya) SA (Rec. 2003, II-2957), apartado 205. [22] Asunto C-34/92 GruSa Fleisch / Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Rec. 1993, p. I-4147), apartado 22. Idéntica o similar redacción puede encontrarse, por ejemplo, en los asuntos acumulados 212 a 217/80, Meridionale Industria Salumi y otros (Rec. 1981, p. 2735), apartados 9 y 10; asunto 21/81 Bout (Rec. 1982, p. 381), apartado 13; asunto T-42/96 Eyckeler & Malt / Comisión (Rec. 1998, II-401), apartados 53 y 55 a 56; [23] Rec. 2004, II-369, apartados 36-37. [24] Véase también el asunto C-337/88, Società agricola fattoria alimentare (SAFA) (Rec. 1990, I-1), apartado 13. [25] Asunto 199/82 San Giorgio (Rec. 1983, p. 3595), apartado 13. [26] Asunto C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques / Consejo, de 3 de octubre de 2000. [27] Asuntos acumulados C-183/02 P y C-187/02 P Demesa y Territorio Histórico de Álava / Comisión (Rec. 2004, I-10609), apartado 44; asuntos acumulados T-427/04 y T-17/05 Francia/Comisión (Rec. 2009, p. II-4315), apartado 261. [28] DO L 302 de 19.10.1992, p. 1. [29] En virtud del Reglamento (CE) nº 1549/2006 de la Comisión, de 17 de octubre de 2006, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 301 de 31.10.2006, p. 1), este código NC fue sustituido el 1 de enero de 2007 por los códigos NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 y ex 6403 99 05. [30] Según se define en el Reglamento (CE) nº 1719/2005 de la Comisión, de 27 de octubre de 2005, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 286 de 28.10.2005, p. 1). La definición del producto se determina combinando la descripción del producto que figura en el artículo 1, apartado 1, y la descripción del producto de los códigos NC correspondientes. [31] DO L 286 de 28.10.2005, p. 1. [32] En virtud del Reglamento (CE) nº 1549/2006 de la Comisión, de 17 de octubre de 2006, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 301 de 31.10.2006, p. 1), este código NC fue sustituido el 1 de enero de 2007 por los códigos NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 y ex 6403 99 05. [33] DO L 302 de 19.10.1992, p. 1. ANEXO de la Propuesta de Reglamento de Ejecución del Consejo por el que se restablece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de la República Popular China y fabricado por Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd y Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd Códigos TARIC del calzado con parte superior de cuero natural o regenerado tal como se define en el artículo 1 a) A partir del 7 de octubre de 2006: 6403 30 00 39, 6403 30 00 89, 6403 51 11 90, 6403 51 15 90, 6403 51 19 90, 6403 51 91 90, 6403 51 95 90, 6403 51 99 90, 6403 59 11 90, 6403 59 31 90, 6403 59 35 90, 6403 59 39 90, 6403 59 91 90, 6403 59 95 90, 6403 59 99 90, 6403 91 11 99, 6403 91 13 99, 6403 91 16 99, 6403 91 18 99, 6403 91 91 99, 6403 91 93 99, 6403 91 96 99, 6403 91 98 99, 6403 99 11 90, 6403 99 31 90, 6403 99 33 90, 6403 99 36 90, 6403 99 38 90, 6403 99 91 99, 6403 99 93 29, 6403 99 93 99, 6403 99 96 29, 6403 99 96 99, 6403 99 98 29, 6403 99 98 99 y 6405 10 00 80. b) A partir del 1 de enero de 2007: 6403 51 05 19, 6403 51 05 99, 6403 51 11 90, 6403 51 15 90, 6403 51 19 90, 6403 51 91 90, 6403 51 95 90, 6403 51 99 90, 6403 59 05 19, 6403 59 05 99, 6403 59 11 90, 6403 59 31 90, 6403 59 35 90, 6403 59 39 90, 6403 59 91 90, 6403 59 95 90, 6403 59 99 90, 6403 91 05 19, 6403 91 05 99, 6403 91 11 99, 6403 91 13 99, 6403 91 16 99, 6403 91 18 99, 6403 91 91 99, 6403 91 93 99, 6403 91 96 99, 6403 91 98 99, 6403 99 05 19, 6403 99 05 99, 6403 99 11 90, 6403 99 31 90, 6403 99 33 90, 6403 99 36 90, 6403 99 38 90, 6403 99 91 99, 6403 99 93 29, 6403 99 93 99, 6403 99 96 29, 6403 99 96 99, 6403 99 98 29, 6403 99 98 99 y 6405 10 00 80. c) A partir del 7 de septiembre de 2007: 6403 20 00 20, 6403 20 00 80, 6403 51 05 15, 6403 51 05 18, 6403 51 05 95, 6403 51 05 98, 6403 51 11 91, 6403 51 11 99, 6403 51 15 91, 6403 51 15 99, 6403 51 19 91, 6403 51 19 99, 6403 51 91 91, 6403 51 91 99, 6403 51 95 91, 6403 51 95 99, 6403 51 99 91, 6403 51 99 99, 6403 59 05 15, 6403 59 05 18, 6403 59 05 95, 6403 59 05 98, 6403 59 11 91, 6403 59 11 99, 6403 59 31 91, 6403 59 31 99, 6403 59 35 91, 6403 59 35 99, 6403 59 39 91, 6403 59 39 99, 6403 59 91 91, 6403 59 91 99, 6403 59 95 91, 6403 59 95 99, 6403 59 99 91, 6403 59 99 99, 6403 91 05 15, 6403 91 05 18, 6403 91 05 95, 6403 91 05 98, 6403 91 11 95, 6403 91 11 98, 6403 91 13 95, 6403 91 13 98, 6403 91 16 95, 6403 91 16 98, 6403 91 18 95, 6403 91 18 98, 6403 91 91 95, 6403 91 91 98, 6403 91 93 95, 6403 91 93 98, 6403 91 96 95, 6403 91 96 98, 6403 91 98 95, 6403 91 98 98, 6403 99 05 15, 6403 99 05 18, 6403 99 05 95, 6403 99 05 98, 6403 99 11 91, 6403 99 11 99, 6403 99 31 91, 6403 99 31 99, 6403 99 33 91, 6403 99 33 99, 6403 99 36 91, 6403 99 36 99, 6403 99 38 91, 6403 99 38 99, 6403 99 91 95, 6403 99 91 98, 6403 99 93 25, 6403 99 93 28, 6403 99 93 95, 6403 99 93 98, 6403 99 96 25, 6403 99 96 28, 6403 99 96 95, 6403 99 96 98, 6403 99 98 25, 6403 99 98 28, 6403 99 98 95, 6403 99 98 98, 6405 10 00 81 y 6405 10 00 89.