ES Diario Oficial de la Unión Europea C 299/39

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «El papel de la sociedad civil en el Acuerdo Comercial Multipartes (ACM) entre la UE, Colombia y Perú»

2012/C 299/08

Ponente: Giuseppe IULIANO

El 19 de enero de 2012, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema

«El papel de la sociedad civil en el Acuerdo Comercial Multipartes (ACM) entre la UE, Colombia y Perú».

La Sección Especializada de Relaciones Exteriores, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 28 de junio de 2012.

En su 482o Pleno de los días 11 y 12 de julio de 2012 (sesión del 11 de julio de 2012), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 139 votos a favor, 4 votos en contra y 8 abstenciones el presente dictamen.

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1 No habiendo sido posible culminar las negociaciones de un Acuerdo de Asociación con la totalidad de los países que forman la Región Andina, a solicitud de Colombia y Perú, la UE optó por avanzar en la construcción de nuevas relaciones comerciales con ambos países. La negociación terminó en mayo de 2010, el Acuerdo Comercial Multipartes (ACM) fue rubricado por las tres Partes el 24 de marzo de 2011 y oficialmente refrendado el 13 de abril de 2011. Actualmente, se encuentra ante el Parlamento Europeo que deberá decidir su aprobación o su rechazo, sin la posibilidad de introducir enmiendas. En esta fase el CESE expresa su evaluación y una serie de orientaciones dirigidas a todos los actores involucrados para ser tenidas en cuenta en caso de aprobación y ratificación del Acuerdo (1).

1.2 El Comité Económico y Social Europeo considera que un ACM de la UE, con Colombia y Perú puede resultar un instrumento positivo tanto para Europa como para todos los países andinos involucrados. Ecuador y Bolivia estarían eventualmente dispuestos a volver a la negociación. El ACM puede contribuir a generar crecimiento, competitividad, y trabajo decente, ya que el comercio es un mecanismo importante para apoyar el desarrollo y el alivio de la pobreza. No obstante, sus repercusiones económicas, sociales y medioambientales deben ser cuidadosamente evaluadas, con transparencia y de manera global en interés de todas las Partes. En ese sentido, la sociedad civil puede y debe desempeñar un papel fundamental.

1.3 En el proceso de negociación de este ACM, se ha señalado la existencia de un diálogo insuficiente con la sociedad civil organizada de las Partes. Para paliar, a posteriori, ese vacío y para implicar de una manera institucionalizada a la sociedad civil en el mismo, el CESE, después de haber debatido, durante su reciente misión a Perú y Colombia, con interlocutores institucionales y de la sociedad civil organizada de ambos países, propone el establecimiento de un Comité consultivo mixto (CCM) compuesto por representantes de la sociedad civil europea, peruana y colombiana, con funciones consultivas en temas que afectan a los derechos humanos, al desarrollo sostenible y a la evaluación de los impactos sectoriales del ACM. El CCM elaborará un conjunto de materias para su seguimiento (2), podrá ser consultado sobre las mismas a instancia de las Partes signatarias o bien emitir opiniones, recomendaciones o estudios al respecto por propia iniciativa. El CCM mantendrá con el organismo representante de las Partes del Acuerdo una reunión anual, salvo que, de común acuerdo, se determine otra cosa. El CCM será compatible con la reunión abierta al conjunto de la sociedad civil y de la ciudadanía que está prevista en el artículo 282 del Acuerdo. El CCM podrá negociar con las Partes la posibilidad de establecer indicadores sobre el impacto sectorial de la implementación del Acuerdo.

Los mecanismos ya aprobados en anteriores Acuerdos de la UE con otros países y regiones del mundo pueden servir de referencia para la puesta en marcha de un espacio consultivo de estas características.

1.4 El CESE considera importante el fortalecimiento de la colaboración entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos colombiano y peruano y saluda la Resolución aprobada por el Parlamento Europeo, que podría desembocar en la puesta en marcha de mecanismos parlamentarios de seguimiento simultáneo de los compromisos asumidos. En particular, los referidos a la situación de los derechos humanos, la agenda de trabajo decente de la OIT sobre condiciones laborales y sindicales, la igualdad entre hombres y mujeres, la inmigración legal y con garantías, los acuerdos sobre protección medioambiental y la posible implementación, al respecto de vías de recurso, a la Comisión de controversias.

1.5 El CESE estima que un órgano consultivo de esta naturaleza permitirá incorporar la participación de la sociedad civil al ACM, institucionalizar las consultas, influir en su desarrollo, encarar los desafíos que entraña, garantizar una comunicación fluida y directa con los responsables de la implementación del Acuerdo y formular recomendaciones específicas sobre las consecuencias positivas o negativas de su aplicación.

1.6 En mayo de 2012 una delegación del CESE visitó Colombia y Perú. El saldo de la misión fue positivo, por el número y nivel de las partes entrevistadas y el interés de la información recabada, que contribuyeron a que quedaran reflejadas en el dictamen las posiciones de la sociedad civil de ambos países y a formular la propuesta de creación de un Comité Consultivo Mixto de la sociedad civil para el seguimiento del ACM. El dictamen analiza las mayores problemáticas presentes en Colombia y Perú, que deberán ser objeto de monitoreo por las OSC.

2. Observaciones generales

2.1 La Unión Europea mantiene con la Región Andina y, en particular con Colombia y Perú, relaciones económicas y comerciales en ascenso. Hoy es el segundo socio comercial de los países andinos, después de los Estados Unidos. El comercio entre la UE y los países andinos revela un crecimiento significativo a lo largo de la última década: los flujos bilaterales se vieron incrementados desde los 9 100 millones de euros en 2000 hasta los 15 800 millones de euros en 2007, con una tasa de crecimiento anual medio del 8,25 % (3). En 2010, el comercio bilateral de mercancías entre la UE, Colombia y Perú representó unos 16 000 millones de euros.

2.2 Las Partes involucradas en el Acuerdo Comercial han construido lazos que trascienden lo económico y abarcan áreas tales como el diálogo político, la cultura, la educación y la ciencia, entre otras. La UE ha acompañado los procesos de transición democrática y contribuido a la defensa de derechos fundamentales, asumiendo compromisos de solidaridad que el CESE celebra y comparte.

2.3 Son antecedentes del presente ACM el «Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus países miembros por otra parte» suscrito en el 2003 y los respectivos derechos y obligaciones que han asumido las Partes como miembros de la Organización Mundial del Comercio (4).

2.4 El ACM permitirá la entrada de bienes y productos de las Partes a los respectivos mercados nacionales con una sensible reducción de aranceles. El sector industrial de Colombia y Perú verá flexibilizados los criterios de ingreso para muchos de sus productos que tienen normas más restrictivas bajo el SGP+ (5). Entre otros sectores, se negociaron cambios en petroquímica, plásticos, textiles y confección, productos pesqueros, banano, azúcar y café. Asimismo, será importante el monitoreo de las consecuencias de la aplicación de ACM para los sectores agrícolas de las Partes, en temas tales como denominaciones de origen, cláusulas de salvaguarda, mecanismos de estabilización sectoriales, que deberán ser objeto de seguimiento y evaluación. El Comité valora las referencias a la importancia del comercio para un desarrollo sostenible y a la promoción de un comercio justo y equitativo (6).

2.5 La economía informal alcanza niveles importantes tanto en Perú como en Colombia, uno de sus efectos más graves es el alto índice de trabajo informal que se registra en los países andinos, lo que lleva al Comité a expresar su preocupación por los estándares laborales en Colombia y en Perú. La situación de jóvenes y mujeres es particularmente difícil puesto que, para ellos, el desempleo y las condiciones de contratación y de trabajo son más adversas. Las evaluaciones de impacto deben incluir una perspectiva de género y prestar atención a la condición laboral de la juventud, puesto que mujeres y jóvenes enfrentan desafíos específicos (7). Asimismo, el CESE reitera la necesidad de que se decidan y pongan en marcha acciones concretas y eficaces para la eliminación progresiva del trabajo infantil, inquietante fenómeno presente en ambos países.

2.6 La situación de los derechos humanos, incluidos los laborales y sindicales, en Colombia y Perú es un motivo de grave inquietud para los pueblos colombiano y peruano y para la sociedad civil europea. El CESE se congratula de que en el artículo 1o del ACM se diga claramente que las violaciones a los principios democráticos y los derechos fundamentales pueden acarrear la suspensión temporal o definitiva del Acuerdo. El CESE saluda, asimismo, los compromisos asumidos por las Partes con los Convenios fundamentales de la OIT en el artículo 269.3 del documento (8) y formula votos para que durante la aplicación del Acuerdo se garantice el respeto y cabal cumplimiento de los mismos.

2.7 El CESE ha manifestado en numerosas ocasiones su visión sobre cómo aspira a que se desarrollen las negociaciones de los acuerdos comerciales. En su opinión, los acuerdos bilaterales deben ser compatibles con el multilateralismo (9). El CESE estima que las negociaciones bilaterales no deben conducir a la UE a disminuir sus exigencias en materia social, laboral y medioambiental. Estas dimensiones deben ser tenidas muy en cuenta, al igual que la dimensión económica, y se deben buscar mecanismos para armonizarlas durante la aplicación de los acuerdos.

2.8 Por otra parte, el Comité considera que la experiencia tiende ha demostrar fehacientemente que un papel activo de la sociedad civil durante la aplicación de los acuerdos permite identificar a socios potenciales relevantes en los países involucrados, establecer relaciones beneficiosas para todas las Partes y facilita la resolución de eventuales controversias. La demanda de una dimensión social en los Acuerdos negociados o en vías de negociación de la UE, es una posición ya establecida por el Comité y ha sido parte de anteriores dictámenes del CESE (10).

2.9 El CESE ya ha valorado positivamente en anteriores opiniones la decisión de la UE, de establecer las Evaluaciones de Impacto sobre la Sostenibilidad (EIS), que permiten la presentación de propuestas y establecer medidas correctivas que maximicen los efectos positivos y minimicen los posibles efectos negativos de un acuerdo comercial. El CESE reitera su solicitud de que las EIS se hagan con plena participación de la sociedad civil, de modo que se garanticen los compromisos contraídos, se minimicen los riesgos y se potencien las oportunidades de una apertura comercial (11).

2.10 El CESE no puede dejar de mencionar que la negociación del Acuerdo con Colombia y Perú ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por parte de organizaciones sociales y del movimiento sindical (12) de las Partes. El CESE comparte en particular la preocupación por la escasa interlocución mantenida con la sociedad civil durante el proceso de negociación. De ahí que salude la adopción de una Resolución por el Parlamento Europeo que subraya la importancia de establecer claros mecanismos de monitoreo y seguimiento con participación de representantes de la sociedad civil durante la aplicación del ACM (13).

2.11 Desde el punto de vista de la sociedad civil, el Comité considera que los acuerdos comerciales deben facilitar la puesta en marcha de cambios que, entre otros aspectos, favorezcan el desarrollo de la responsabilidad social de las empresas, exijan que las empresas europeas se rijan por las prácticas laborales que tienen en sus países de origen, creen puestos de trabajo de calidad y con garantías, favorezcan el desarrollo de la negociación colectiva, permitan que se vigile de cerca la explotación de los recursos naturales, contribuyan a que se reduzca la economía y el trabajo informal. Asimismo, que contribuyan a eliminar violaciones a los derechos humanos, ayuden a luchar contra la pobreza y la desigualdad social y permitan mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones, en particular de aquellas menos favorecidas.

2.12 El CESE considera que en el ACM se establecen artículos –como el 1o, referido a los derechos humanos, el 282, dedicado a la participación de las organizaciones de la sociedad civil o el 286 sobre las evaluaciones de impacto– que permiten articular, tanto una participación institucionalizada, representativa y autónoma, de composición reducida, de las organizaciones de la sociedad civil de ambas partes (14), mediante la creación de un Comité consultivo mixto, como un foro abierto al conjunto de la sociedad civil peruana, colombiana y europea.

2.13 El CESE espera que este ACM ayude a las Partes que lo integran a hacer frente a los problemas socioeconómicos más urgentes, como la pobreza, la desigualdad social y la violencia, y permita mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones, en particular de aquellas menos favorecidas, para lo cual considera indispensable que las sociedades civiles de las tres Partes puedan participar activamente en la aplicación del mismo y en la evaluación de sus efectos.

2.14 En el mes de mayo de 2012 una delegación del CESE visitó Colombia y Perú. El saldo de la misión se reveló positivo, por el número y nivel de las partes entrevistadas y el interés de la información recabada, que contribuyeron a que quedaran reflejadas en el dictamen las posiciones respecto al ACM de la sociedad civil de ambos países y a formular la propuesta de creación de un Comité Consultivo Mixto de la sociedad civil para el seguimiento del Acuerdo. La misión permitió comprobar el estado actual de los problemas sociales, laborales y económicos de ambos países y la desconfianza de las OSC, (con la sola excepción de las organizaciones empresariales que apoyan el acuerdo en ambos países), hacia la capacidad tanto de sus propios Gobiernos como del Acuerdo para contribuir a resolverlos. La misión puso en evidencia la distancia que separa a la visión de los gobiernos, que afirman haber desplegado amplias consultas y actividades de información, y la percepción que tienen las OSC de las mismas (15).

2.15 El dictamen destaca algunas de las mayores problemáticas de los dos países objeto del Acuerdo que deberán ser monitoreadas por las OSC de las Partes involucradas. En Colombia se subraya la cuestión de los DD HH con aspectos positivos y negativos, las violaciones de los derechos sindicales, el estado de la aplicación de la Ley de indemnización a las victimas y para la restitución de tierras, el problema de la impunidad. En Perú se analiza la situación socio laboral, sobre todo en las minas, la cuestión del trabajo infantil, la emigración hacia Europa y los derechos de los pueblos indígenas.

2.16 El CESE pide a las partes involucradas que establezcan, en consulta con la sociedad civil, idealmente a través del CCM, un plan de acción complementario al ACM, vinculante y transparente, sobre los derechos humanos, medioambientales y laborales. Este plan de acción debería fijar unos objetivos claros, con plazo y con fijación de resultados en cada uno de los ámbitos mencionados. El CESE comparte, en este sentido, las demandas del punto 15 de la resolución del Parlamento Europeo del 13 de junio de 2012.

3. Colombia

3.1 Los derechos humanos: luces y sombras

3.1.1 En agosto de 2010 asumió el poder un nuevo gobierno. Lo encabeza el presidente Santos quien ha adoptado un cambio de tono en los temas relacionados con derechos humanos. El vicepresidente es A. Garzón, ex-Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores y exministro de trabajo, que en coherencia con su trayectoria, está impulsando una política de fortalecimiento del diálogo social nacional. La posición del presidente Santos respecto a los derechos humanos difiere de la que mantuvo la administración de su antecesor, A. Uribe. En lugar de utilizar una retórica dura que puso a los defensores de los derechos humanos en un peligro real, el gobierno ha bajado el tono y realizado gestos que tienden a promover el diálogo. Por primera vez ha reconocido la existencia de un conflicto armado interno y parece emprender la vía de una resolución definitiva del mismo.

3.1.2 Colombia sufre las consecuencias de un grave conflicto interno que ha sacudido al país por más de 60 años. Un conflicto armado en el que diversos actores son a la vez fuente y protagonistas de la violencia. Y a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno, como lo reconoce Amnistía Internacional, la situación sigue siendo muy compleja (16).

3.1.3 En Colombia sigue actuando el grupo guerrillero más antiguo del continente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tanto estas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguen reclutando niños y niñas que son utilizados en el conflicto armado, y han sembrado en numerosas zonas minas antipersonales, además de obtener financiamiento gracias a las relaciones establecidas con el narcotráfico. Colombia es, después de la República Democrática del Congo, el país que cuenta con el mayor número de niños soldado (17).

3.1.4 Entre 1,5 y 3 millones de personas se encuentran desplazadas de sus lugares habituales de residencia y trabajo. Las FARC anunciaron en febrero de 2012 que suspendían la práctica de los secuestros y liberaron a 10 rehenes militares. Sin embargo, todavía mantienen retenidos a un número indeterminado de civiles (18).

3.1.5 Durante años, en particular desde la década de los 70, han sido sacrificados miles de campesinos, trabajadores, sindicalistas, maestros, defensores de los derechos humanos, dirigentes de organizaciones sociales a nivel barrial, comunal y rural, entre otros. Según la Escuela Nacional Sindical, ONG reconocida por su trabajo en defensa de los derechos humanos y sindicales, el total de sindicalistas asesinados desde 1986 supera los 2 900. El narcotráfico sigue siendo una actividad ilegal frecuente, con redes que abarcan el espacio nacional y tienen ramificaciones internacionales. Los intentos de erradicación del fenómeno manu militari han contribuido no pocas veces a acelerar la espiral de la violencia. Numerosos miembros de las fuerzas armadas y de seguridad han sido acusados por organismos de DD. HH nacionales e internacionales de asesinar a personas supuestamente integrantes de la guerrilla, el llamado caso de «los falsos positivos» (19).

3.1.6 En el contexto actual de la sociedad colombiana las mujeres siguen viviendo desigualdades y discriminación. La desigualdad entre mujeres y hombres se desarrolla en el ámbito familiar, con niveles importantes de violencia de género; en la esfera económica con una alta tasa de desempleo, crece la población de mujeres en la informalidad (57 %) y persiste la brecha salarial de género; en el ámbito político por la baja representación femenina en los niveles de mayor poder de decisión.

3.1.7 Según informes de las centrales sindicales del país (CUT, CTC, CGT) el diálogo social, fuertemente afectado durante anteriores gobiernos, todavía no ha registrado cambios suficientes que marquen una tendencia positiva. Las confederaciones sostienen que la falta de diálogo social ha contribuido a un descenso de la tasa de sindicalización del 14 % al 4 %. Conviene recordar que la situación de los derechos sindicales en Colombia ha estado bajo estrecha observación de la OIT (20) durante los últimos años; esta organización ha realizado numerosas misiones de investigación y mantiene una Unidad permanente en el país para dar seguimiento a las violaciones de los derechos humanos, laborales y sindicales. En 2011, 29 dirigentes y activistas sindicales fueron asesinados. En muchos casos, los responsables son paramilitares «desmovilizados». Diez sindicalistas más fueron objeto de intentos de asesinato. D. Aguirre, Secretario General del Sindicato Nacional de Corteros de Caña, fue asesinado el 27 de abril de 2012, lo que eleva a 7 el número de sindicalistas asesinados en este año.

3.1.8 Cabe mencionar, como elemento positivo, el aumento del personal de la Fiscalía General de la Nación (FGN) asignado al esclarecimiento de estos crímenes y delitos. También que, por iniciativa de la FGN, el Congreso Nacional aprobó una reforma al artículo 200 del Código Penal mediante la cual se amplían las penas de prisión y las multas para quien impida o perturbe una reunión o el ejercicio de los derechos laborales, o que tome represalias con motivo de huelga, reunión o asociación legítimas (21). En enero de 2012, la FGN y la Escuela Nacional Sindical lograron un acuerdo para intercambiar información y avanzar hacia una metodología unificada para definir, identificar y documentar crímenes contra miembros de organizaciones sindicales.

3.1.9 Pero, a pesar de que el clima de violencia en el país ha disminuido, se siguen cometiendo actos de terrorismo: el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con los EE.UU., el 15 de mayo de 2012, fue perpetrado un atentado contra el ex ministro Hoyos, que costó la vida a sus dos escoltas y dejó 49 personas heridas.

3.1.10 La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Esta ley, aprobada en 2011, reconoce la existencia de un conflicto armado y los derechos de las víctimas. Prevé una reparación para supervivientes de violaciones de los derechos humanos, incluidos los perpetrados por agentes del Estado. Su aplicación hasta ahora ha sido irregular e incompleta pero representa un cambio importante para las víctimas a las que hasta ahora no se les reconocía derecho alguno. Durante la misión realizada por el CESE, organizaciones de la sociedad civil denunciaron amenazas que están siendo recibidas por personas o comunidades a las que se les han restituido sus tierras. La delegación del CESE fue informada por el Ministerio de Agricultura sobre la formación de magistrados para la restitución de las tierras adjudicadas mediante reclamaciones judiciales abusivas. Estas facilitaron la propiedad legal a quienes compraron los terrenos a bajísimos precios tras el desplazamiento forzoso de los campesinos que las poseían, tierras que fueron destinadas en muchos casos al cultivo ilícito de drogas. Asimismo, están ofreciendo medidas de protección a las familias que repoblaron los terrenos incautados bajo presión de la guerrilla, que buscaba controlar así los territorios.

3.1.11 La impunidad, un problema endémico en Colombia. Se han producido ciertos avances en investigaciones clave sobre derechos humanos, incluidas las vinculadas al escándalo de la «parapolítica», que reveló los vínculos ilegales entre legisladores y grupos paramilitares. Más de 120 antiguos miembros del Parlamento fueron investigados y aproximadamente 40 fueron declarados culpables (22). Pero, en febrero de 2012 fue anulada la elección de la Fiscal General de la Nación (23), a cuyo cargo estaban los principales casos de corrupción y contra paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros, misma que había demostrado un fuerte compromiso para terminar con la impunidad. Las investigaciones realizadas revelaron los vínculos que habían mantenido el DAS y los paramilitares y su responsabilidad directa en muchos casos de amenazas y asesinatos de defensores de los derechos humanos, magistrados, periodistas, sindicalistas y abogados (24). En octubre de 2011 el gobierno anunció la disolución del DAS y la creación de una nueva Central de Inteligencia.

3.1.12 El gobierno ha propuesto una controvertida reforma del artículo 221 de la Constitución que otorgaría a la justicia penal militar el control inicial de las investigaciones sobre eventuales violaciones a los DD.HH. cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad. La reforma establecería la presunción de que todos los delitos cometidos por integrantes de la fuerza pública durante operaciones y/o procedimientos tendrían «relación con el servicio» y en ese sentido estarían sujetos, al menos en primera instancia, a la jurisdicción militar. En varias ocasiones la Comisión Interamericana de DD.HH. y las Naciones Unidas han señalado la falta de imparcialidad e independencia de la justicia militar, lo que resta credibilidad a sus dictámenes (25). Las fuerzas armadas y de seguridad colombianas han sido reiteradas veces acusadas de ejecuciones extrajudiciales y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DD.HH. en Colombia estima que más de 3 000 personas han sido víctimas de estos asesinatos a manos de agentes del Estado entre 2004 y 2008. Desde entonces ha habido una considerable reducción de los casos, pero la práctica no ha desaparecido (26). Diversas organizaciones nacionales e internacionales han solicitado al presidente Santos que retire la enmienda propuesta (27).

3.1.13 En contraste con las opiniones anteriores, de las entrevistas realizadas con el sector empresarial, se desprende que este sector opina que el Acuerdo favorecerá la economía legal, la formalización laboral, los derechos humanos y el medio ambiente y ayudará a disminuir los indicadores de violencia.

4. Perú

4.1 En la última década se ha reducido la pobreza, pero todavía el 15 % de la población, según datos del Banco Mundial (28), vive con menos de dos dólares diarios. Las diferencias entre las regiones urbanas y rurales siguen siendo importantes. Por lo tanto, el crecimiento se ha traducido hasta ahora en una distribución muy irregular de los ingresos. Los ingresos medios (y por lo tanto el consumo privado) han crecido pero no lo suficiente, y en 2010 equivalían a 404 USD.

4.2 Situación laboral y sindical. En 2009 casi el 73 % de los asalariados no tenía contratos de trabajo, el 7 % tenía contratos permanentes y el 20 % contratos temporales (29). La OIT señaló en 2011 el crecimiento de la informalidad y el subempleo, la caída del salario mínimo real y unos niveles altísimos de trabajo infantil (42 %). Perú vive un boom agroexportador que todavía no redunda en beneficio de los trabajadores del sector. En el 2008, antes del estallido de la crisis internacional, se llegó a contratar poco más de 200 mil trabajadores. Durante el primer semestre del 2011 se apreciaba una consolidación de la recuperación; el nivel de empleo asalariado se encontraba en sus máximos niveles históricos. Pero en este sector la jornada puede ser acumulativa, la remuneración es menor al salario mínimo habitual (30), se paga menos por las horas extraordinarias y predomina la contratación temporal (31).

4.3 El CESE considera positivos los compromisos asumidos con el cumplimiento de los Convenios fundamentales de la OIT y la Agenda de Trabajo Decente, pero reitera la conveniencia de que la sociedad civil organizada peruana y europea puedan participar en el monitoreo de su aplicación. Una condición clave en el concepto del trabajo decente es la dimensión de diálogo social: es decir la participación de las organizaciones empresariales y los sindicatos, en el marco de la negociación colectiva. Esta última es muy relevante en tanto complementa a la legislación para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Compartir las experiencias relacionadas con el diálogo social, es otra tarea que el CESE recomienda formalizar.

4.4 El trabajo infantil en Perú es una preocupación de larga data para la sociedad civil peruana. En particular es notable en la minería, que incluye la presencia de niñas. Las cifras solo pueden ser tomadas de manera referencial puesto que las estadísticas oficiales no suelen reflejar enteramente la amplitud del fenómeno, pero según datos de IPEC-OIT (32) en dos de cada tres familias mineras los menores de 18 años trabajan en algún segmento de la extracción, procesamiento y transporte del material. Las niñas, aunque no suelen trabajar en las profundidades de la mina, están cada vez más involucradas en actividades en el interior y se ocupan de las comunicaciones entre el exterior y la mina. La OIT subraya que la eliminación del trabajo infantil en las minas contribuye a impulsar cambios tecnológicos, a mejorar la protección social y a ampliar las oportunidades educativas de los menores involucrados. La participación de la sociedad civil es fundamental en ese proceso progresivo. La UE ha asumido compromisos concretos en materia de abolición del trabajo infantil con sus socios comerciales y las empresas de la UE que operan en otros continentes. Las cuestiones relacionadas con la responsabilidad social de las empresas y los derechos laborales y humanos no se detienen en las fronteras europeas. Durante la aplicación del ACM estos compromisos deberán ser renovados y deberá evaluarse su impacto sobre la situación actual del trabajo infantil.

4.5 Inmigración hacia la UE. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (33), se calcula que en el período de 1990 a 2009 el número de peruanos en el exterior alcanzó la cifra de 2 038 107 personas. Después de España (con alrededor de 200 000 residentes peruanos), Italia es uno de los países que mayor cantidad de peruanos ha recibido en los últimos años (34). Para el CESE, la inmigración legal y con garantías es un elemento positivo y enriquecedor. La observación y vigilancia de la situación de los derechos humanos de los inmigrantes y la prevención del tráfico ilegal deberá ser tomada en cuenta por el mecanismo de seguimiento que, se establezca en el ACM, con participación de la sociedad civil.

4.6 Derechos de los pueblos indígenas. El CESE toma nota de la entrada en vigor de la Ley de Consulta Previa aprobada en 2011 (35). La ley representa un reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, puede contribuir a la inclusión social y hacer que los beneficios de la democracia sean por fin compartidos por los pobladores originarios. Es el resultado del esfuerzo de muchos actores sociales pero en particular de las propias poblaciones indígenas, que reclamaron de manera permanente una legislación que asegure de forma efectiva la vigencia real de la consulta. La plena aplicación de la ley será una muestra del cumplimiento de las obligaciones que Perú ha adquirido en el marco del Convenio no 169 de la OIT.

4.7 El gobierno de Ollanta Humala, entró en funciones en 2011, con notables desafíos ante sí y despertando no pocas expectativas. La firma de un ACM con la UE puede contribuir a resolver favorablemente los desafíos y convertir las expectativas en certezas de cambio positivo, pero a condición de que no se considere que la mera firma del mismo producirá los cambios deseados. El CESE expresa a través de este dictamen su intención de contribuir a un futuro mejor de las relaciones entre la UE y Perú, a través de la participación junto a la sociedad civil peruana en los mecanismos de seguimiento y evaluación de impacto que se decidan. El CESE ha sostenido y reitera aquí la importancia de que estas estructuras de participación de la sociedad civil sean representativas e independientes del poder ejecutivo.

Bruselas, 11 de julio de 2012. El Presidente del Comité Económico y Social Europeo Staffan NILSSON

(1) El ACM deberá ser ratificado por los 27 Parlamentos de la Unión y los Parlamentos de Colombia y Perú.

(2) Como se ha establecido, por ejemplo, en el Plan de Acción sobre Derechos Laborales incluido en el Acuerdo entre Colombia y EE.UU. y en el SPG+.

(3) Evaluación del Impacto sobre la sostenibilidad del Comercio elaborada a petición de la Comisión Europea, por Development Solutions, el Centro de Investigación de Política Económica y la Universidad de Manchester, 2009.

(4) Asimismo, los objetivos del Protocolo sobre DD.HH., UE-Colombia, (2009) ratificados en la VI Reunión Ordinaria del Mecanismo de Diálogo en Derechos Humanos, celebrada en Bogotá el 30.1.2012.

(5) Sistema Generalizado de Preferencias Plus.

(6) Artículos 271 y 324 del ACM.

(7) Dictamen del CESE «Nuevas negociaciones en materia de acuerdos comerciales: posición del CESE», ponentes: J. Peel y E. Pichenot (DO C 211, de 19.8.2008, p. 82).

(8) «Cada Parte se compromete con la promoción y aplicación efectiva en sus leyes y prácticas en todo su territorio de las Normas fundamentales del trabajo reconocidas a nivel internacional, tal como se encuentran contenidos en los Convenios Fundamentales de la OIT» artículo 269.3 del ACM.

(9) DO C 211, de 19.8.2008, p. 82.

(10) «El CESE considera imprescindible la inclusión (…) de una dimensión social, en coherencia con un AA que va más allá de sus aspectos comerciales y que tiene por objetivo global el incremento de la cohesión social», ponente J. M. Zufiaur, (DO C 248, de 25.8.2011, p. 55).

(11) Dictamen del CESE «Evaluaciones de impacto sobre la sostenibilidad (EIS) y política comercial de la Unión Europea», ponente: E. Pichenot (DO C 218, de 23.7.2011, p. 14).

(12) Mensaje al Parlamento Europeo de la Confederación Europea de Sindicatos, Confederación Sindical Internacional, Confederación Sindical de las Américas, y Consejo de los Sindicatos Globales de febrero de 2012. Posición frente al Acuerdo Comercial UE-Colombia de la CGT colombiana, febrero 2012.

(13) Resolución del Parlamento Europeo sobre el ACM Unión Europea, Colombia, Perú, aprobada el 13 de junio de 2012.

(14) El CESE por la parte europea.

(15) En el Anexo B se encuentran el informe y programa de la misión.

(16) Declaración de Amnistía Internacional ante la 19a Sesión del Consejo de DD.HH. de la ONU, 2012, Ginebra.

(17) Informe 2012 del «Tribunal internacional sobre la infancia afectada por la guerra y la pobreza» http://www.tribunalinternacionalinfancia.org.

(18) El 28.4.2012, contradiciendo su promesa retuvieron al periodista francés R. Laglois, para liberarlo semanas después.

(19) Según el Derecho colombiano se trata de homicidios de personas protegidas.

(20) Fuente: sucesivos informes de la Comisión de aplicación de Normas, Conferencias Internacionales del Trabajo, OIT.

(21) Informe recibido de la Embajada de Colombia en Bruselas sobre las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, marzo de 2012.

(22) En febrero de 2011 el ex-senador Mario Uribe, ex Presidente del Congreso y primo del presidente Álvaro Uribe, fue encontrado culpable de relaciones con los paramilitares.

(23) La Dra. V. Morales vió anulada su elección por presuntos vicios de forma en su nominación.

(24) En septiembre de 2011, J. N. Cotes, que dirigió el DAS de 2002 a 2005, fue declarado culpable de haber puesto a la agencia de inteligencia al servicio de los grupos paramilitares, y por el asesinato en 2004 de un profesor de la Universidad.

(25) Informe sobre Colombia, Comisión Interamericana de DD HH.

(26) Informe Mundial de DD. HH., 2012, Human Rights Watch.

(27) Carta al presidente Santos, Human Rights Watch, 9.2.2012.

(28) World Development Indicators, Banco Mundial.2011.

(29) Datos el Ministerio de Trabajo del Perú.

(30) La remuneración diaria es de entre USD 8,84 y USD 10, la Remuneración Mínima Vital es de USD 259,61 mensuales.

(31) Un claro ejemplo que revela el inadecuado uso de la contratación intermitente se da en el sector de la palma aceitera.

(32) Programa de la OIT para la erradicación del trabajo infantil. www.ilo.org.

(33) Perú: Estadísticas de la Emigración Internacional de Peruanos e Inmigración de Extranjeros, 1990 – 2009, Lima: 2010.

(34) Desde 2011, la UE financia el proyecto «Perú Migrante».

(35) Ley no 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la OIT.