Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones y los países candidatos de Europa Central y Oriental sobre las estrategias de adhesión en materia de medio ambiente: Aceptar el reto de la ampliación a los países candidatos de Europa Central y Oriental»

(1999/C 51/06)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones y a los países candidatos a la adhesión de Europa Central y Oriental sobre «Las estrategias de adhesión en materia de medio ambiente: Aceptar el reto de la ampliación a los países candidatos de Europa Central y Oriental» (COM(1998) 294 final);

vista la Decisión de la Comisión de 20 de mayo de 1998 de consultar al Comité de las Regiones en esta materia, de conformidad con el primer párrafo del artículo 198 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;

vista la decisión de la Mesa del Comité de las Regiones de 15 de julio de 1998 de encargar la preparación del dictamen a la Comisión de Ordenación del Territorio, Política Urbana, Energía y Medio Ambiente (Comisión 4);

visto el dictamen de la Comisión con fecha 16 de julio de 1997 sobre las solicitudes de adhesión, presentado en la Agenda 2000;

visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre «Los efectos de la ampliación a los países candidatos de Europa central y oriental sobre las políticas de la Unión Europea» (CDR 280/97 fin) ();

visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre «La PAC y la ampliación hacia el Este» (CDR 239/96 fin) ();

visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre la Comunicación de la Comisión «La aplicación del Derecho comunitario de medio ambiente» (CDR 437/96 fin) ();

visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas» (CDR 171/97 fin) ();

visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre «La política del medio ambiente en las ciudades y municipios» (CDR 393/97 fin) ();

visto el informe «Coste del cumplimiento de la aproximación de la legislación ambiental de la UE en los PECO» (EDC Consultants);

visto el Tratado de Amsterdam;

visto el informe Dobris (Agencia Europea del Medio Ambiente) sobre el estado del medio ambiente en Europa (1998);

visto el proyecto de dictamen (CDR 267/98 rev.) aprobado por la Comisión 4 el 2 de octubre de 1998 (ponente: Sr. Hannu Penttilä),

en su 26° Pleno de los días 18 y 19 de noviembre de 1998 (sesión del 19 de noviembre) ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. El 20 de mayo de 1998, en el marco de la ampliación de la UE, la Comisión Europea presentó al Consejo y al Parlamento Europeo una Comunicación sobre las estrategias de adhesión en el ámbito del medio ambiente.

1.2. La dimensión medioambiental de la próxima ampliación de la Unión Europea planteará mayores desafíos que en las adhesiones anteriores. Los países candidatos afrontan graves problemas ecológicos, y entre ellos y la UE existe una verdadera zanja en lo que se refiere al nivel de protección del medio ambiente. Eso no significa que la UE y sus Estados miembros hayan resuelto sus problemas medioambientales; también ellos deben tomar medidas en favor del medio ambiente. Por otra parte, los países candidatos poseen regiones extensas de naturaleza casi enteramente preservada, que contribuyen de forma significativa a la diversidad biológica de toda Europa. El gran reto para el futuro será conservar este patrimonio y elaborar y administrar simultáneamente un marco sostenible a nivel económico y ambiental.

1.3. En su documento sobre las estrategias de adhesión en el ámbito del medio ambiente, la Comisión concluye que, a pesar de los esfuerzos de aproximación en el ámbito de la protección del medio ambiente realizados en todos los países candidatos, será necesaria aún una labor sustancial para garantizar una adaptación total al acervo medioambiental de la Comunidad. Esta labor adicional es de carácter legislativo, administrativo y financiero y requerirá considerables recursos humanos.

1.4. Es preciso no sólo invertir en el sector del medio ambiente, sino también consolidar las instituciones encargadas de este sector y elaborar una planificación estratégica cuidadosa. Las medidas preventivas, mediante la integración de consideraciones ambientales y de desarrollo sostenible en las políticas sectoriales, como el transporte, la energía y la agricultura, requieren la debida atención. Es necesaria, asimismo, una estrategia financiera global con el fin de garantizar la coordinación de las actividades en los distintos sectores.

1.5. La Comisión incrementará sus esfuerzos para proporcionar información, asesoramiento y asistencia técnica a los países candidatos para la aplicación del acervo en materia de medio ambiente, especialmente mediante mecanismos de constitución de redes. La investigación científica llevada a cabo a través de proyectos conjuntos o acciones concertadas constituye un objetivo clave y una fuente de conocimiento para la gestión sostenible de los recursos naturales. El proceso de ampliación debería organizarse de manera que el objetivo de un desarrollo genuinamente sostenible esté cada vez más próximo.

2. Observaciones generales

2.1. El CDR considera que la Comunicación sobre la ampliación y el medio ambiente llega en un momento oportuno y responde a una verdadera necesidad.

2.2. Según el CDR, las cuestiones medioambientales constituyen la piedra angular de las negociaciones relativas a la ampliación. Eso debería reflejarse en las negociaciones actuales. En efecto, la transposición completa del acervo medioambiental por parte de los países candidatos es una condición obligatoria de la adhesión. Dichos países deben elaborar una legislación detallada, prever las medidas de aplicación de esta legislación y definir una estrategia financiera. La aplicación de tal legislación exigirá la creación y el refuerzo a nivel local y regional de una administración medioambiental eficaz.

2.3. Los países candidatos deben realizar importantes inversiones, no sólo técnicas sino también administrativas, en favor del medio ambiente. En efecto, hacen falta fondos para el refuerzo de los sistemas de gestión de datos y de seguimiento, la formación del personal y la compra de tierras. En la Agenda 2000, la Comisión prometió conceder ayuda a los países candidatos para el cumplimiento de los criterios de adhesión. En ese contexto, es necesario velar por que todas las inversiones realizadas en los países candidatos se ajusten a la legislación comunitaria de medio ambiente. La transposición del acervo medioambiental exige una financiación de origen privado, nacional e internacional. A este respecto, existen proyectos bilaterales de financiación en el ámbito del medio ambiente entre un gran número de países candidatos y los Estados miembros.

2.4. Una de las ventajas del proceso de adhesión será el refuerzo de la cooperación entre las distintas regiones de Europa. En ese proyecto deben participar las organizaciones no gubernamentales, los organismos económicos y las empresas. Desde hace tiempo existe en el ámbito de la gestión medioambiental una cooperación dinámica entre un gran número de países candidatos y los Estados miembros. Queda aún por fomentar la constitución de redes y el intercambio de conocimientos a nivel local y regional.

2.5. Es necesario considerar el proceso de adhesión como una ocasión única de mejorar la situación del medio ambiente en Europa y en el mundo entero. En los países candidatos, la aplicación de la legislación comunitaria de medio ambiente no debe constituir un fin en sí mismo. En efecto, uno de los objetivos de la política medioambiental de la UE es el desarrollo sostenible tal como se definió en 1997 en el Tratado de Amsterdam. Deben definirse prioridades medioambientales en todos los sectores, ya se trate de los transportes, de la producción de energía o de la agricultura. Esta recomendación vale también para el conjunto de los Estados miembros actuales.

3. Observaciones específicas

3.1. Estado general del medio ambiente en los países candidatos

Los países candidatos afrontan graves problemas de medio ambiente. A lo largo de los años 90 desarrollaron la legislación medioambiental de ámbito nacional y mejoraron sus sistemas de gestión de residuos. A este respecto, conviene señalar que algunas contaminaciones tienen un carácter transfronterizo y pueden tener un impacto considerable en el estado del medio ambiente en grandes zonas.

3.2. Atmósfera

3.2.1. A partir de finales de los años 80, muchas regiones industriales tuvieron que hacer frente al problema del alto contenido en azufre y de las emisiones de partículas. Especialmente en el «Triángulo negro», que incluye el este de Alemania, el norte de la República Checa y el sur de Polonia, la utilización del lignito dio lugar a la acidificación y la destrucción de los bosques. En los años 90, después de haber disminuido sensiblemente, aumentaron de nuevo las emisiones, superando en varias regiones el nivel crítico y reavivando el fenómeno de la acidificación. Las emisiones se caracterizan por recorrer enormes distancias y causar problemas lejos de su fuente. Los problemas de contaminación atmosférica se deben sobre todo a la industria, a la producción de energía y a los transportes. Las decisiones tomadas en estos ámbitos deben tener en cuenta el medio ambiente y las ventajas a largo plazo.

3.2.2. A principios de los años 90, casi la mitad de las grandes ciudades de Europa oriental superaron los límites fijados por la OMS en materia de calidad de la atmósfera. Aunque la situación ha mejorado considerablemente en estos últimos años, la calidad de la atmósfera en las ciudades de Europa oriental sigue siendo inferior a la de las ciudades de Europa occidental. Se considera que el 40 % de las inversiones en favor del medio ambiente exigidas por la adhesión a la UE tendrá que ir destinado a la lucha contra la contaminación atmosférica. Los países afectados son Bulgaria y Rumania, pero también Estonia (utilización de esquistos bituminosos para la producción de energía), Polonia (centrales de carbón), la República Checa (contaminación atmosférica debida a la industria) y Eslovaquia. Algunos países han elaborado planes de acción para las regiones afectadas por la contaminación, pero el cierre de las instalaciones contaminantes se anuncia difícil.

3.2.3. Varios países candidatos se enfrentan con problemas financieros para modernizar sus refinerías con el fin de respetar las normas de calidad de la UE actuales y futuras en materia de combustibles. En Letonia, Lituania, Eslovaquia y Hungría, los transportes constituyen ya una fuente de contaminación atmosférica no desdeñable, mientras que en numerosos Estados miembros representan la principal amenaza para la calidad de la atmósfera. Sería necesario tener en cuenta los problemas que podría generar este tipo de contaminación y hacer especial hincapié en la modernización de los transportes públicos y el desarrollo de la red ferroviaria en vez de insistir en la construcción de nuevas autopistas.

3.3. Agua

3.3.1. En muchos de los países candidatos y, en particular, Lituania, Polonia, Rumania y Hungría, la contaminación de las aguas constituye el principal problema medioambiental. Las aguas residuales urbanas no purificadas o parcialmente tratadas contribuyen a la contaminación de los cursos de agua y a la eutrofización de los mares, en particular del Báltico y el mar del Norte. Desde los años 80, el contenido en fósforo de los cursos de agua ha disminuido en Europa occidental y aumentado en Europa oriental. Un problema concreto a ese respecto será el establecimiento y aplicación de un enfoque integrado para la gestión de las cuencas hidrográficas por parte de los Estados ribereños de ríos internacionales como el Danubio y el Oder.

3.3.2. En los veinte o cuarenta últimos años, Europa ha tenido que hacer frente al problema del aumento del contenido en nitrógeno del medio acuático. Por lo que se refiere a la aplicación de la Directiva sobre nitratos, ninguno de los países candidatos parece haber hecho grandes progresos. No obstante, el uso de abonos ha disminuido, debido a la disminución de la producción agrícola como consecuencia de la recesión.

3.3.3. Es importante establecer en los países candidatos las estructuras de gestión adecuadas para limitar la contaminación por nitratos de fuentes difusas. Los Estados miembros actuales deben también proceder a algunas mejoras a ese respecto. Durante el proceso de integración es necesario establecer en todos los países de la UE una nueva legislación destinada a limitar la contaminación difusa. La evolución futura del sector agrario tendrá un considerable impacto por lo que se refiere a la protección de las aguas y la diversidad biológica. En el contexto de la ampliación, la agricultura europea debería reorganizarse de acuerdo con el principio del desarrollo sostenible.

3.3.4. En los países candidatos, la adaptación de la gestión de las aguas residuales y aguas no contaminadas a las exigencias de la UE absorberá como mínimo un tercio de las inversiones en favor del medio ambiente exigidas por la adhesión. Actualmente, la calidad del agua potable plantea problemas, en particular, en Bulgaria, Eslovenia, Rumania, Hungría y Estonia. Y existe el temor de que los pesticidas pongan en peligro la calidad del agua potable en Lituania. La calidad de las aguas subterráneas también está en peligro en numerosos Estados miembros, en particular en Europa central y occidental, debido sobre todo a la utilización frecuente de abonos. En los países bálticos y en otros países candidatos se están aplicando o elaborando extensos programas de inversión para mejorar la calidad del agua potable y la gestión de las aguas residuales.

3.4. Residuos

3.4.1. El problema del volumen creciente de residuos urbanos afecta a toda Europa. Hasta ahora, los PECO han venido produciendo una cantidad de residuos por habitante algo menor que los Estados miembros; pero parece que, a medida que va aumentando la prosperidad, aumenta también la cantidad de residuos. Actualmente, son sobre todo los residuos de embalajes los que marcan la diferencia entre los Estados miembros y los países candidatos. La gestión de los residuos se basa en gran parte en las recogidas municipales, no sometidas a ningún control en un gran número de países candidatos. En Bulgaria y Lituania, las instalaciones de incineración no responden a las normas de la UE.

3.4.2. Los residuos tóxicos, la contaminación del suelo y la infiltración de sustancias peligrosas en el suelo y en las capas freáticas crean problemas en la mayoría de los países candidatos. Polonia produce enormes cantidades de residuos industriales, y las antiguas regiones industriales checas están especialmente afectadas por la contaminación. La adaptación de la gestión de las aguas a las exigencias comunitarias movilizará alrededor del 20 % de las inversiones en favor del medio ambiente. El principal objetivo de la UE en relación con la gestión de residuos y la reducción del volumen de residuos no se ha alcanzado aún, ni siquiera en los Estados miembros actuales. Además, los países candidatos tienen aún mucho que hacer para garantizar la aplicación de la Directiva «Seveso».

3.5. Seguridad nuclear y protección contra las radiaciones

3.5.1. Todos los PECO adoptaron recientemente una ley fundamental sobre seguridad nuclear y protección contra las radiaciones. Bulgaria (1993) y Lituania (1994) deben respetar sus compromisos de cerrar las centrales no seguras de conformidad con el Acuerdo sobre Seguridad Nuclear firmado con el BERD. Aunque no ha firmado ningún compromiso internacional al respecto, Eslovaquia afronta un problema similar de cierre de dos reactores. En Estonia, la gestión de los asuntos de protección contra las radiaciones deja que desear. Es preciso seguir legislando en este terreno, teniendo además muy en cuenta que la mayor parte de la legislación en la materia es de aplicación incluso en los países no productores de energía nuclear.

3.6. Naturaleza

3.6.1. Los países candidatos poseen regiones extensas de naturaleza preservada que contribuyen de forma significativa a la diversidad biológica de toda Europa. Todos los países candidatos poseen un patrimonio natural notable: los Cárpatos y el delta del Danubio en Rumania, una fauna y una flora muy diversificada en Eslovenia, extensos parajes protegidos en Bulgaria, pantanos, bosques, prados y zonas costeras en los países bálticos y en Polonia. Aunque la Comisión se declare bastante satisfecha con la forma en que los países candidatos administran la protección de la naturaleza, es importante recordar la necesidad de preservar el medio natural también en el futuro. Dado que la definición de las zonas protegidas varía de un país al otro, son los objetivos, el tipo de gestión y los problemas lo que permite definir los verdaderos intereses de las diferentes regiones. El Comité invita a la Comisión a promover la homogeneización legislativa de los Estados miembros y de los países candidatos en lo relativo a dicha definición.

3.6.2. La creación de zonas protegidas no es suficiente para mantener la diversidad biológica de los Estados -y a fortiori de toda la Unión-, en el nivel actual. Es importante que todos los sectores económicos presten enorme atención a la protección de la diversidad biológica. En los países candidatos, una agricultura y una silvicultura poco desarrolladas permitieron preservar la diversidad del medio natural. El patrimonio natural de numerosas regiones se ve amenazado por la intensificación de la agricultura y la silvicultura, así como por otros factores como la construcción de carreteras. Los países candidatos ya disponen de ayuda comunitaria para numerosos proyectos cuyo impacto en la diversidad biológica sigue siendo difuso en la mayoría de los casos. La concesión de los fondos debería siempre supeditarse al respeto de normas medioambientales que concedan tanta importancia a la diversidad del medio natural como a cualquier otro aspecto de la protección del medio ambiente.

3.6.3. El proceso de privatización al que se ha lanzado un gran número de países candidatos representa una amenaza para los parajes protegidos. Sería necesario, por lo tanto, fijar previamente normas relativas a las zonas que deben protegerse y a las compensaciones financieras. Por otra parte, la gestión de las zonas protegidas no tiene necesariamente en cuenta las directivas sobre aves y hábitats. Así, la aplicación de la red de espacios protegidos Natura 2000 planteó problemas en varios Estados miembros, por falta de claridad en lo que se refiere a las compensaciones financieras. Los países candidatos deberían volver a poner al día su legislación en materia de protección del medio ambiente y garantizar la transposición de las directivas sobre aves y hábitats, como se ha hecho en Lituania.

3.6.4. Por lo que se refiere a la protección de la naturaleza, los países candidatos deben reforzar sus infraestructuras administrativas y de investigación y poner a punto mecanismos de información y seguimiento, con el fin de evitar la desaparición de especies o espacios naturales de gran valor. Algunos Estados miembros actuales no disponen aún de tales mecanismos. Generalmente, los países de Europa conocen relativamente bien las especies presentes en su territorio. Los conocimientos relativos al hábitat natural son, en cambio, menos completos, aunque la República Checa ha publicado un Libro Rojo de los hábitats naturales.

3.6.5. Muchos de los hábitats naturales no podrán preservarse sin una verdadera gestión, un seguimiento constante y una financiación anual. En los países candidatos, los fondos disponibles de conformidad con LIFE permitieron financiar la creación de estructuras destinadas a sensibilizar al público acerca del patrimonio natural.

3.6.6. Los países candidatos deben esforzarse en reforzar su legislación en materia de protección de la naturaleza y en tener en cuenta la diversidad biológica en los distintos sectores de actividad. La valorización de los espacios naturales constituye una riqueza para los países candidatos y un ejemplo para el resto de la Unión, y permitirá la interacción entre los Estados miembros y los países candidatos.

3.7. Estado de la legislación y necesidades en materia de medio ambiente en los países candidatos

3.7.1. Todos los países candidatos disponen de una ley general sobre el medio ambiente (cuyo contenido diverge, no obstante, considerablemente) y han comenzado a transponer la legislación comunitaria de medio ambiente en su propia legislación. Polonia, Lituania, Letonia y Hungría ya han adoptado buena parte del acervo comunitario. En cambio, queda aún mucho por hacer en Bulgaria, Rumania, Eslovenia y la República Checa. A título de ejemplo, ningún país candidato ha transpuesto hasta ahora la Directiva sobre la prevención y la reducción integrada de la contaminación (IPPC).

3.7.2. Los países candidatos deben elaborar una estrategia y un calendario realistas para la transposición del acervo. Los programas nacionales para la adopción del acervo recogen las prioridades y las lagunas legislativas y administrativas, definidas sobre la base del estado del medio ambiente de cada país. El documento de la Comisión titulado «Guía para la aproximación a la legislación medioambiental de la Unión Europea» proporciona instrucciones complementarias en este ámbito. Además de legislaciones marco en materia de medio ambiente, los países candidatos deben poner a punto procedimientos básicos eficaces de la administración medioambiental. La aplicación de la legislación requiere a menudo considerables inversiones, así como instituciones nuevas o modificadas.

3.7.3. El Libro blanco publicado por la Comisión en 1995 bajo el título «Libro blanco - Preparación de los países asociados de Europa Central y Oriental para su integración en el mercado interior de la Unión» presenta una legislación que tiene repercusiones directas sobre el funcionamiento del mercado interior (es decir, una legislación medioambiental vinculada a los productos). Hasta ahora, Hungría es el único país candidato que ha asimilado el conjunto de la legislación. La aproximación legislativa está ya muy avanzada en Estonia, Letonia, Lituania y la República Checa.

3.7.4. El fondo específico para la aproximación en materia de medio ambiente (DISAE) y TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Office) se desarrollaron con el fin de transponer el Derecho comunitario en las legislaciones nacionales. Además, el Instrumento de Infraestructura en Gran Escala (LSI) del programa PHARE podrá ofrecer asistencia técnica en materia de inversiones para la preparación de los proyectos.

3.8. Necesidades institucionales y perspectivas en el ámbito del medio ambiente

3.8.1. Los dictámenes de la Comisión pusieron de relieve la necesidad de reforzar, en los diez países candidatos, la estructura administrativa indispensable para la gestión medioambiental, con mayor o menor intensidad según los Estados y los distintos niveles administrativos. Las principales tareas de las autoridades medioambientales serán elaborar y aplicar la legislación medioambiental, garantizar el seguimiento del estado del medio ambiente y fomentar un desarrollo sostenible.

3.8.2. Los ministerios de medio ambiente tienen como misión elaborar la legislación necesaria y prever todas las medidas de aplicación de esta legislación. La aplicación de la legislación corresponde a menudo a las autoridades regionales o locales, que se encargan del seguimiento, de la expedición de permisos y de la inspección. En muchos casos, la nueva legislación exige una modificación radical del marco administrativo y una mejor formación del personal. Es necesario prever fondos para el establecimiento y el refuerzo de la infraestructura administrativa en materia de medio ambiente, así como para los proyectos de inversión más tradicionales. La creación de las administraciones regionales y locales del medio ambiente exigirá una atención especial en todos los países candidatos.

3.8.3. La cooperación y los intercambios de experiencia entre los entes locales y regionales de los quince Estados miembros, que disponen desde hace muchos años de experiencia y competencias en materia de medio ambiente, y los entes locales y regionales de los países candidatos a la adhesión, en los que estas competencias están en vías de elaboración, aportan una valiosa contribución a este proceso.

3.8.4. Dado que los gobiernos locales están asumiendo responsabilidades cada vez mayores en lo que se refiere a la aplicación de la legislación medioambiental comunitaria, la Comisión se propone ayudar a las ciudades de los países candidatos para que participen en la campaña sobre municipios europeos sostenibles. Esta red permitirá equipar mejor a las ciudades para elaborar planes integrados y de menor coste con el fin de aplicar la nueva legislación. En ella deberían integrarse la dimensión del desarrollo sostenible y las prácticas de todos los sectores de actividad, como el comercio y la industria. También es importante tener en cuenta esta dimensión en los diferentes niveles administrativos. Para ello será necesario garantizar la formación del personal, realizar acciones de información y reforzar la participación de los ciudadanos.

3.8.5. A la vista de la creciente participación en la campaña sobre municipios europeos sostenibles, en favor de las autoridades locales de Europa Central y Oriental, el Comité solicita a la Comisión que garantice un apoyo financiero a largo plazo a las actividades de dicha campaña y con este fin propone la creación de un Fondo de municipios sostenibles.

3.8.6. La ayuda ambiental y las medidas de creación de instituciones se intensificarán a través de los programas nacionales de PHARE. La Comisión se propone también ayudar a las autoridades de los países candidatos mediante otros documentos de orientación. La red informal para la aplicación y ejecución del Derecho comunitario en materia de medio ambiente (IMPEL) se creó en 1992 con el objetivo principal de dar el impulso necesario para avanzar en el cumplimiento eficaz de la legislación medioambiental. La Comisión ha iniciado la creación de una red paralela para los países candidatos, estrechamente relacionada con IMPEL, y utilizará su experiencia para resolver los problemas de aplicación y control del cumplimiento de la legislación comunitaria de medio ambiente.

3.8.7. Los programas de la UE de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (IDT) desempeñan un papel cada vez más importante en la ampliación de la participación de los PECO. La colaboración de los países candidatos en el establecimiento de redes para actividades de IDT facilitará y acelerará la cooperación ambiental transfronteriza e intersectorial. Además, las actividades ambientales previstas en el programa de investigación sobre la sociedad de la información (Quinto Programa Marco) fomentarán la cooperación entre las autoridades nacionales y las locales, las organizaciones de investigación y la industria, así como entre la UE y los PECO. Este dispositivo se completará con la integración de los países candidatos en las actividades de la Agencia Europea de Medio Ambiente, con especial atención a los informes sobre el estado del medio ambiente en Europa y a la aplicación de la legislación medioambiental de la Unión Europea.

3.9. Afrontar el desafío financiero

3.9.1. La inversión total para ajustarse al acervo medioambiental podría alcanzar aproximadamente unos 100 000 o 120 000 millones de ecus para los diez países candidatos. Es probable que la mayor parte de la inversión se destine a infraestructuras necesarias para la reducción de la contaminación atmosférica, para la gestión del agua y las aguas residuales y para la gestión de los residuos. Además, será también necesario un volumen grande de recursos para la creación y la consolidación de estructuras de gestión ambiental que se ocupen de la aplicación eficaz, el seguimiento y el cumplimiento de la legislación en este campo.

3.9.2. En su documento, la Comisión no prevé fondos para la protección de la naturaleza en los países candidatos. Convendría que la Comisión revisara el reparto de las inversiones y tuviera en cuenta el coste de las medidas de protección de la naturaleza. En Irlanda, el coste de la aplicación de la Directiva sobre hábitats y de los mecanismos de seguimiento se estima en 100 millones de libras irlandesas, que representan una parte importante -alrededor del 10 %- del total del gasto medioambiental exigido por la adhesión.

3.9.3. Para conseguir mejorar simultáneamente la situación del medio ambiente y la situación económica y competitiva general es imprescindible la integración total de las consideraciones ambientales en las decisiones de inversión y de política del sector. La integración puede conseguirse en la práctica mediante procedimientos globales de evaluación del impacto medioambiental, la aplicación del «principio de cautela» y del principio de «quien contamina paga» y mediante evaluaciones científicas sólidas de todas las decisiones importantes de inversión y de actuación política que puedan tener incidencia en el medio ambiente. El simple respeto de las exigencias legislativas no basta; es necesario, además, elaborar un enfoque prospectivo que tenga en cuenta el rendimiento energético, las tecnologías más limpias, la reducción de los residuos, los transportes colectivos y las limitaciones impuestas por el medio ambiente. Los países candidatos deben estudiar la manera de mantener las ventajas medioambientales resultantes del declive económico, al tiempo que crece la economía.

3.9.4. En el marco del programa PHARE, la UE proporciona a los países candidatos ayuda financiera destinada a su integración (1 500 millones de ecus/año). Sería necesario dedicar aún más fondos a las inversiones en infraestructuras necesarias para el cumplimiento de la legislación de medio ambiente, a los proyectos de cooperación regional destinados a fijar objetivos para la aplicación de las principales directivas marco relativas a la calidad del agua y el aire, así como a los proyectos de desarrollo de la administración. Los países candidatos ya han tenido ocasión de participar en el programa LIFE y de recibir ayuda por este concepto. Por lo que respecta, en particular, al desarrollo de las administraciones encargadas del medio ambiente, es importante desarrollar las posibilidades que ofrecen los instrumentos financieros de preadhesión, como la parte «Reforzamiento de las instituciones» del programa PHARE, en el marco de una mayor cooperación que asocie conocimiento y experiencia a un nivel descentralizado.

3.9.5. Las inversiones destinadas a la protección del agua son importantes, pero sería necesario desarrollar más las técnicas de tratamiento de las aguas residuales a nivel local en vez de construir grandes instalaciones depuradoras, aunque éstas sean sin duda alguna necesarias para solucionar el problema de las aguas residuales en las grandes ciudades. Sería necesario poner a punto tecnologías compatibles con un desarrollo sostenible, por ejemplo, el aprovechamiento de los lodos residuales con el fin de no enviarlos directamente a los colectores, o la utilización, en las nuevas construcciones, de nuevas técnicas basadas en la circulación del agua o en un sistema de doble circulación.

3.9.6. Con cargo a los recursos del FEOGA destinados a las medidas de preadhesión, la Comisión concedió para el período 2000-2006 alrededor de 500 millones de ecus/año en favor de la agricultura y el desarrollo rural. Debe prestarse una atención especial al desarrollo sostenible de la agricultura, con el fin de evitar que los países candidatos adopten el modelo americano de una agricultura de tipo intensivo. En efecto, dichos países han mantenido una agricultura de tipo más bien extensivo y utilizan poco los abonos químicos. Tiene que ser posible desarrollar la agricultura y evitar al mismo tiempo la intensificación o la utilización en masa de abonos químicos.

3.9.7. El Instrumento de Política Estructural de Preadhesión (ISPA), dotado con mil millones de ecus anuales, está destinado a mejorar las infraestructuras de transporte y a las inversiones para la mejora del medio ambiente (para el período 2000-2006). Los países candidatos deben prestar especial atención a la promoción de políticas sostenibles para los transportes y la energía. En el sector del transporte, esto implica el desarrollo de modos y servicios de transporte ambientalmente sostenibles como el ferrocarril, el transporte marítimo y fluvial y el transporte público, así como la integración de varios modos de transporte (intermodalidad). La realización de estos objetivos debe ser financiada en primer lugar por los bancos europeos relacionados con el desarrollo (BEI y BERD). En el marco del programa PHARE de asistencia en el ámbito del transporte se acaba de poner en marcha un proyecto destinado a reducir los problemas medioambientales vinculados a los transportes a través de un enfoque regional. Por otro lado, conviene también reforzar la coordinación entre INTERREG y PHARE.

3.9.8. El CDR opina que es importante brindar a los entes locales y regionales de los países candidatos a la adhesión la oportunidad de desempeñar un papel activo en la aplicación de la financiación con cargo al Instrumento de Política Estructural de Preadhesión (ISPA). Por un lado, interviniendo o poniendo en marcha ellos mismos proyectos concretos y, por otro, mediante una representación permanente en los comités encargados de controlar y evaluar la intervención.

3.9.9. Los países candidatos deberían establecer una estrategia financiera global, así como modalidades operativas. La financiación comunitaria actuará como catalizador y debe siempre combinarse con recursos nacionales y, preferiblemente, con otros fondos como, por ejemplo, los de las instituciones financieras internacionales.

4. Conclusiones

4.1. El CDR opina que las cuestiones medioambientales constituyen la piedra angular de las negociaciones relativas a la ampliación y considera el proceso de adhesión como una ocasión única para mejorar la situación del medio ambiente en Europa. El objetivo es llegar a un desarrollo sostenible aplicando la legislación medioambiental y definiendo prioridades medioambientales en todos los sectores, ya se trate de los transportes, de la producción de energía o de la agricultura. La asimilación del acervo medioambiental no es, pues, un fin en sí mismo, sino una etapa intermedia en el camino hacia un desarrollo sostenible en Europa.

4.2. El CDR considera que es extremadamente importante reforzar la administración medioambiental en los países candidatos y difundir los conocimientos en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible.

4.3. El CDR destaca la importancia fundamental que revisten el seguimiento del estado del medio ambiente y la publicación de los resultados obtenidos, que permitirán sensibilizar aún más al ciudadano a los problemas medioambientales y aplicar en todos los niveles de la sociedad el principio del desarrollo sostenible.

4.4. El CDR aprueba la posición de la Comisión según la cual la creación de las administraciones regionales y locales del medio ambiente exigirá una atención específica en todos los países candidatos. La estrategia de adhesión reviste una importancia capital a nivel local y regional. En efecto, si bien la legislación medioambiental se elabora a nivel nacional, es a nivel local donde se aplica, a menudo por las autoridades regionales o locales encargadas del seguimiento, la expedición de permisos y la inspección. En muchos casos, la nueva legislación exige una modificación radical del marco administrativo y una mejor formación del personal. Es necesario prever fondos para el establecimiento y el refuerzo de la infraestructura administrativa en materia de medio ambiente, así como para los proyectos de inversión más tradicionales.

4.5. Por tanto, el CDR solicita un esfuerzo particular para reforzar la cooperación y los intercambios de experiencia entre los entes locales y regionales de los países candidatos a la adhesión y las de los Estados miembros para reforzar la capacidad administrativa en la aplicación y gestión de la legislación medioambiental. Asimismo, el CDR insta a la Comisión a que garantice que los entes locales y regionales desempeñen lo antes posible una función activa en todas las fases de elaboración y aplicación de las estrategias de adhesión en materia de medio ambiente.

4.6. El CDR considera que la mejora de la calidad de la atmósfera es uno de los principales retos medioambientales a los que tienen que hacer frente en el futuro los países candidatos, en particular, actuando en los sectores de la industria, los transportes y la producción de energía. A este respecto, es necesario aplicar la Directiva sobre la prevención y la reducción integrada de la contaminación (IPPC).

4.7. El CDR observa que en los países candidatos la adaptación de la gestión de las aguas residuales y aguas no contaminadas a las exigencias de la UE requiere importantes inversiones. Considera que deben hallarse soluciones duraderas al problema de la construcción de nuevas instalaciones.

4.8. Según el CDR, la ampliación constituye una ocasión única de mejorar el estado de las aguas subterráneas y de superficie en todo el territorio de la UE. Para ello sería necesario, por una parte, reforzar la legislación, en particular a través de la Directiva sobre nitratos o mediante la elaboración de una legislación relativa a la gestión de las cuencas hidrográficas y a la contaminación difusa, y por otra parte, poner en marcha nuevos proyectos innovadores.

4.9. El CDR manifiesta su especial preocupación por el volumen de residuos producidos en Europa. Insta a poner todos los medios para evitar que el proceso de adhesión implique un aumento de la cantidad de residuos en los países candidatos y a reducir el volumen en los Estados miembros actuales. Es preciso aplicar los mecanismos financieros con mayor firmeza aún con el fin de solucionar este problema. Igualmente se señala la necesidad de garantizar que no se produzcan distorsiones contrarias a la libre circulación de mercancías y al principio de libre competencia bajo un mismo marco legislativo común durante el proceso de adaptación de los países candidatos.

4.10. El CDR considera que la radiación y la seguridad nuclear constituyen problemas delicados, y que es absolutamente necesario cerrar, en los países candidatos, las instalaciones no seguras.

4.11. Según el CDR, es necesario hacer claro hincapié en los objetivos de protección de la naturaleza y conservación de la diversidad biológica. Aunque los países candidatos disponen actualmente de una red relativamente desarrollada de zonas protegidas, nada garantiza que se mantenga automáticamente el nivel actual de protección de la naturaleza. Es preciso prever los posibles cambios que se pueden producir en la propiedad de la tierra. Por otra parte, la conservación de la diversidad biológica debe en la medida de lo posible figurar entre las prioridades del conjunto de las actividades económicas. Es indispensable garantizar un elevado nivel de protección de los hábitats naturales y de las especies. Muchos de los hábitats naturales no podrán preservarse sin una verdadera gestión y una financiación anual. Finalmente, es necesario prever recursos suficientes con el fin de realizar las inversiones en favor de la protección de la naturaleza (por término medio, 10 % del conjunto de los fondos reservados a las inversiones en el ámbito del medio ambiente).

4.12. El CDR considera que es necesario efectuar un análisis más detallado del impacto económico de la adhesión y de las necesidades en materia de inversiones, aprovechando los conocimientos locales y proponiendo distintas opciones financieras compatibles con el principio del desarrollo sostenible. En la planificación será necesario prever soluciones en favor del empleo que respeten dicho principio. Por otra parte, es necesario aumentar la parte de las inversiones reservadas a la planificación y al desarrollo con el fin de evaluar la justificación de los proyectos antes de aplicarlos. También es necesario prever fondos para la evaluación y el control de las incidencias del proyecto, y poner a punto un sistema que permita evitar errores y sacar conclusiones de los cometidos en el pasado.

4.13. Según el CDR, sería necesario evaluar el impacto medioambiental de la ampliación desde el punto de vista del desarrollo sostenible. Los países candidatos no deben imitar el modelo europeo en lo que se refiere al desarrollo y la gestión de las cuestiones medioambientales. Al contrario, deberían explorar otras vías para ir aún más lejos. En muchos casos, ello no exigiría más recursos humanos y financieros que la imitación pura y simple de los Estados miembros. No hay que olvidar que los Estados miembros tienen planteados graves problemas medioambientales que la legislación parece, en parte, incapaz de solucionar.

4.14. En general, los países candidatos disponen de una red de transportes públicos relativamente buena. El CDR propone por tanto preservar y desarrollar el sistema, con el fin, en particular, de luchar contra el aumento desenfrenado del número de coches, que comienza desgraciadamente a crecer vertiginosamente en los países candidatos. Una combinación equilibrada de todos los modos de transporte (ferrocarril, agua, aire y carretera) contribuirá al establecimiento de una estrategia de transportes sostenible en los países candidatos a la adhesión.

4.15. El CDR considera que los países candidatos deben prestar especial atención a la creación de una agricultura conforme con el principio de desarrollo sostenible, con el fin de evitar la trampa de la agricultura intensiva.

4.16. El CDR destaca que es necesario apoyar la constitución de redes de las regiones y municipios de Europa. Debe desarrollarse una verdadera cooperación en y entre los distintos sectores de actividad.

4.17. Según el CDR, la estrategia de ampliación en el ámbito del medio ambiente debería basarse en un enfoque integrado. En su Comunicación, la Comisión hace hincapié en la importancia de los aspectos legislativos y financieros. Es especialmente importante establecer una legislación medioambiental. Por lo que se refiere a la financiación, sería necesario garantizar el respeto del principio del desarrollo sostenible.

4.18. El CDR observa que la formación es un factor decisivo para la mejora del estado del medio ambiente en los países candidatos y para la mayor sensibilización de los ciudadanos a las cuestiones medioambientales.

Bruselas, el 19 de noviembre de 1998.

El Presidente del Comité de las Regiones

Manfred DAMMEYER

() DO C 64 de 27.2.1998, p. 48.

() DO C 116 de 14.4.1997, p. 39.

() DO C 244 de 11.8.1997, p. 43.

() DO C 180 de 11.6.1998, p. 38.

() DO C 180 de 11.6.1998, p. 22.