Además de las amplias consultas con los Estados miembros y otras partes interesadas en 2015, del 1 de abril al 27 de mayo de 2016 se desarrolló una consulta pública en línea para ofrecer a los ciudadanos la oportunidad de dar su opinión. El 94 % de los encuestados estaba de acuerdo en que un sector de la seguridad eficaz, legítimo y responsable en los países socios podría contribuir a la paz, a la seguridad de las personas y al desarrollo sostenible. De forma similar, el 85 % de los encuestados estaba de acuerdo en que el reforzamiento de la gobernanza de los actores militares, particularmente en los países vulnerables, podría llevar a la estabilidad y al logro de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Así, a pesar de que no es representativa, la consulta pública indica que los consultados coincidían en la necesidad de actuar. En un documento oficioso, de 15 de abril de 2016, diez Estados miembros de la UE subrayaron que, a corto plazo, el IEP constituye el instrumento más apropiado en el ámbito del RCSD.

Los efectos negativos de no abordar el problema se traducen en una falta de eficacia de las acciones de la Unión y de su capacidad de contribuir a la estabilidad y al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en los países vulnerables. Por consiguiente, la solución pasa por la presentación de una propuesta que aborde la necesidad de proporcionar una amplia ayuda financiera a todos los actores en el ámbito de la seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas, siempre que se pueda demostrar que el objetivo y el contenido del tipo de actividades previstas contribuirían claramente a los objetivos de la política de desarrollo.

garantizar que la ayuda al desarrollo de la UE en favor de países en desarrollo vulnerables no se vea minada por situaciones de inestabilidad y conflicto, permitiendo a todos los actores en el ámbito de la seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas, garantizar la estabilidad, la paz y el orden público;

La estabilidad y la seguridad son esenciales para que prosperen los esfuerzos en el sector del desarrollo; en realidad, forman parte de unas estrategias de desarrollo globales, tendentes en particular a favorecer la aparición de condiciones propicias a la paz y la seguridad de las personas. Las lagunas detectadas en el RCSD dificultan la capacidad de la UE para alcanzar los objetivos de su acción exterior, y particularmente el fomento de condiciones propicias a la paz, la seguridad de las personas y el desarrollo sostenible.

Las conclusiones del Consejo Europeo de 19 y 20 de diciembre de 2013 pusieron de relieve la importancia de apoyar a los países y organizaciones regionales socios, proporcionándoles, en su caso, acciones de formación, asesoramiento, bienes de equipo y recursos, a fin de que puedan mejorar progresivamente su capacidad de prevenir o gestionar las crisis por sí mismos . En abril de 2015, la Comisión Europea y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad adoptaron una Comunicación conjunta relativa al «reforzamiento de las capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo» (RCSD). Esta Comunicación detectó lagunas en la capacidad de la UE para reforzar las capacidades de sus socios en el sector de la seguridad, concluyendo que «en la actualidad no existe ningún instrumento del presupuesto de la UE concebido para proporcionar una financiación global al desarrollo de capacidades de seguridad en los países asociados, en particular su componente militar» . Esto es problemático, dado que «El conflicto, la inseguridad y la inestabilidad […] ocasionan sufrimiento humano, desplazamientos forzosos y alarmantes resultados en materia de desarrollo, tal como se reconoce […] en la Resolución de las Naciones Unidas «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», incluyendo el objetivo 16», relativo a la paz y la estabilidad.

C.IMPACTO DE LA OPCIÓN PREFERIDA

La revisión del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz es la opción preferida a la luz de su calendario de aplicación, de su cobertura geográfica y de la flexibilidad de su aplicación como instrumento de crisis. El IEP está encaminado a responder a situaciones de urgencia, de crisis o de crisis incipiente a fin de prevenir conflictos, pero también, más a largo plazo, a ayudar a la prevención de conflictos, a la consolidación de la paz y a la preparación frente a situaciones de crisis, así como a hacer frente a amenazas mundiales y transregionales. El IEP interviene a escala mundial y se centra en la respuesta a las crisis en terceros países. De esta forma, una posible revisión del IEP se limitaría a añadir un elemento que le permita abordar las lagunas actuales en la prestación de ayuda a todos los actores de la seguridad (incluidas las Fuerzas Armadas), permitiendo particularmente el suministro de formación y material para abordar necesidades urgentes a corto plazo a fin de lograr el desarrollo sostenible.

Seguiría siendo excepcional el apoyo a las Fuerzas Armadas de terceros países con instrumentos de la UE sirviéndose del artículo 209 del TFUE como base jurídica. Únicamente sería aplicable en determinados países socios y en situaciones claramente definidas cuando el reforzamiento de la capacidad militar persiga un objetivo de desarrollo.

Sería apropiada una asignación presupuestaria de 100 millones EUR para el período 2017-2020. La iniciativa se financiaría mediante una redistribución en la rúbrica IV («Europa global») del presupuesto general de la Unión. No se movilizarán recursos financieros adicionales. La ejecución se regiría por el Reglamento (UE) n.º 236/2014 por el que se establecen normas y procedimientos de ejecución comunes de los instrumentos de la Unión para la financiación de la acción exterior.

No se prevén efectos adicionales sobre los presupuestos nacionales de los Estados miembros de la UE; la iniciativa no es aplicable a las administraciones públicas de los Estados miembros de la UE, y no se requieren medidas de incorporación. Las administraciones públicas de terceros países pueden esperar efectos beneficiosos de la mayor coherencia que introduciría la iniciativa propuesta.

Para los países afectados serán considerables las repercusiones a largo plazo de esta iniciativa sobre su economía y su nivel de desarrollo; teniendo en cuenta los limitados importes implicados y la dificultad de determinar una relación de causalidad, no se realiza una estimación ex ante del impacto. Las distintas acciones también se deberán medir a la luz de indicadores específicos de los proyectos. Unas sociedades más estables y seguras son una condición previa para un desarrollo sostenible y el aumento del bienestar, lo que llevaría a una reducción de las presiones derivadas de la vulnerabilidad y de los conflictos.

D.SEGUIMIENTO

El Reglamento IEP revisado se aplicaría hasta el 31 de diciembre de 2020. El seguimiento de la presente iniciativa se consideraría en el marco de los debates relativos al marco financiero plurianual (MFP) posterior a 2020.