[pic] | COMISIÓN EUROPEA |

Bruselas, 3.1.2011

COM(2010) 748 final/2

2010/0383 (COD)

CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2010) 748 final du 14.12.2010Concerne DA, ES, FI, IT, NL, PT, SV, BG, CS, ET, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SK, SL

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil

(Versión refundida)

{SEC(2010) 1547 final}{SEC(2010) 1548 final}

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CONTEXTO DE LA PROPUESTA

Contexto general

La presente propuesta es una refundición del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, «Bruselas I»).

El Reglamento Bruselas I es la piedra angular de la cooperación judicial en materia civil en la Unión Europea. Aborda una gran variedad de materias, no solamente en el ámbito contractual, sino también en lo que respecta a la responsabilidad delictual y los derechos de propiedad. Determina cuál es la jurisdicción más apropiada para resolver un litigio transfronterizo y asegura el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas en otro Estado miembro. El Reglamento sustituyó al Convenio de Bruselas de 1968, que había sido suscrito por los Estados miembros de entonces y modificado en varias ocasiones a raíz de las sucesivas ampliaciones de la Unión. Se aplica a todos los Estados miembros, inclusive, en virtud de un acuerdo internacional suscrito por separado, a Dinamarca, que tiene un régimen especial para la cooperación judicial en el marco del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El Reglamento entró en vigor en marzo de 2002. Ocho años más tarde, la Comisión ha reexaminado su funcionamiento en la práctica y ha considerado necesario introducir una serie de modificaciones.

Motivación y objetivos de la propuesta

Si bien se considera que, en conjunto, la aplicación del Reglamento es satisfactoria, la consulta a los interesados y varios estudios jurídicos y empíricos encargados por la Comisión han puesto de manifiesto una serie de lagunas en su funcionamiento que convendría subsanar. Los principales puntos débiles constatados son cuatro:

- El procedimiento de reconocimiento y ejecución de las resoluciones dictadas en otro Estado miembro («exequátur») sigue constituyendo un obstáculo a la libre circulación de resoluciones judiciales que entraña costes inútiles y retrasos para las partes interesadas y tiene, para empresas y ciudadanos, un efecto disuasorio a la hora de hacer pleno uso del mercado interior.

- El acceso a la justicia en la UE es en conjunto insatisfactorio cuando en los litigios intervienen demandados con domicilio en terceros países. En efecto, salvo contadas excepciones, el Reglamento actual solo es aplicable si el demandado está domiciliado en la UE. En caso contrario, la competencia judicial se rige por el Derecho nacional. Ahora bien, dada la diversidad de los ordenamientos jurídicos nacionales, las empresas de la UE que hacen negocios con socios de terceros países tienen un acceso a la justicia desigual: algunas pueden ejercitar fácilmente una acción en la UE, mientras que otras no pueden hacerlo, ni siquiera en los casos en que no es competente ningún otro órgano jurisdiccional que garantice un juicio justo. A ello hay que añadir el hecho de que cuando el Derecho nacional no permite el acceso a la justicia en los litigios en que intervienen partes domiciliadas en terceros países, no queda garantizada la ejecución de la legislación vinculante de la UE que protege, por ejemplo, a los consumidores, los trabajadores o los agentes comerciales.

- Ha de mejorarse la eficiencia de los acuerdos de elección de foro. Actualmente, el Reglamento obliga al órgano designado por las partes en un acuerdo de elección de foro a suspender el procedimiento si primero se somete el asunto a otro tribunal. Esta regla permite a los litigantes que actúan de mala fe retrasar la resolución del litigio en el foro designado sometiendo primero el asunto a un tribunal no competente. Esta posibilidad genera costes y retrasos adicionales y socava la seguridad jurídica y la previsibilidad en la solución de conflictos que se supone deberían favorecen los acuerdos de elección de foro.

- Conviene mejorar la articulación entre el arbitraje y la vía judicial. El arbitraje está excluido del ámbito de aplicación del Reglamento. Sin embargo, al impugnar un convenio de arbitraje ante un tribunal, una parte puede desvirtuar efectivamente dicho convenio y crear un procedimiento judicial paralelo e ineficiente, que podría culminar en soluciones inconciliables. Ello genera costes y retrasos adicionales, socava la previsibilidad en la solución de conflictos y propicia las tácticas judiciales abusivas.

En la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta puede encontrarse un análisis detallado de los problemas de que adolece el sistema actual, así como de los efectos que tendrían las distintas opciones que se barajan para subsanarlos.

El objetivo global de la revisión es seguir desarrollando el espacio europeo de justicia suprimiendo los obstáculos que subsisten a la libre circulación de resoluciones judiciales, en consonancia con el principio de reconocimiento mutuo. La importancia de este objetivo fue puesta de relieve por el Consejo Europeo en su Programa de Estocolmo de 2009[1]. Más en concreto, la propuesta tiene por objeto facilitar la litigación transfronteriza y la libre circulación de resoluciones judiciales en la Unión Europea. La revisión debería contribuir igualmente a crear un entorno jurídico que favorezca la recuperación de la economía europea.

CONSULTA Y EVALUACIÓN DE IMPACTO

Esta propuesta ha sido precedida por una amplia campaña de consulta a los interesados, los Estados miembros, otras instituciones y expertos sobre los problemas que plantea el sistema actual y sobre posibles soluciones. El 21 de abril de 2009, la Comisión adoptó un informe sobre la aplicación del Reglamento y un Libro Verde con sugerencias para su revisión, en relación con los cuales se recibió un total de ciento treinta respuestas. La Comisión tuvo en cuenta los resultados de varios estudios sobre diversos aspectos de la revisión, sobre todo un estudio de 2007 sobre la aplicación práctica del Reglamento[2] y otro, de 2006, sobre la competencia residual[3]. Los datos empíricos sobre el impacto de las diferentes opciones que se barajan en relación con la reforma fueron recopilados por dos estudios externos posteriores[4]. La Comisión coorganizó dos conferencias sobre la revisión en 2009[5] y 2010[6]. En julio de 2010 se celebró una reunión con expertos nacionales. Se constituyó un grupo de expertos específico sobre la cuestión del arbitraje y se celebraron tres reuniones en julio, septiembre y octubre de 2010.

Del proceso de consulta se desprende que los pareceres de los interesados sobre los principales elementos de la reforma son los siguientes. En lo tocante a la supresión del exequátur, la gran mayoría de los interesados y la totalidad de los Estados miembros apoyaron el objetivo consistente en la libre circulación de resoluciones judiciales dentro de la Unión Europea. Concitó asimismo un respaldo generalizado la supresión del procedimiento de exequátur como medio para alcanzar ese objetivo. Una mayoría muy amplia de los interesados opinó que la supresión del exequátur debería ir acompañada de salvaguardas, en particular a fin de proteger los derechos de la defensa de la parte contra la cual se solicita la ejecución. Hubo disparidad de opiniones acerca del alcance de dichas salvaguardas y del lugar en que deberían estar disponibles (Estado miembro de ejecución o Estado miembro de origen). Se expresaron reservas específicas en cuanto a la supresión del exequátur en casos de difamación y en las acciones indemnizatorias colectivas. Por lo que hace al funcionamiento del Reglamento en el ordenamiento jurídico internacional, la opinión generalizada era que el marco más apropiado para la regulación pasa por negociaciones multilaterales a nivel internacional. En ausencia de dicho marco, los puntos de vista divergían sobre el rumbo a seguir. Mientras que varios interesados y varios Estados miembros se mostraron partidarios de la ampliación de las normas sobre competencia judicial a los demandados de terceros Estados, particularmente al objeto de asegurar el acceso a la justicia ante los tribunales en Europa, la mayoría de los interesados opinaban que el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas en terceros Estados debían inscribirse en un marco multilateral que asegure la reciprocidad a nivel internacional. En cuanto a los acuerdos de elección de foro, se registró un amplio apoyo de los interesados y de los Estados miembros a la mejora de la eficacia de tales acuerdos. Entre las distintas formas de lograr ese objetivo, la opción preferida era la de dar prioridad al tribunal elegido para decidir sobre su competencia. Dicho mecanismo sería acorde en gran medida con el sistema establecido en el Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro de 2005 y aseguraría un enfoque coherente dentro de la Unión y a nivel internacional si la Unión decidiera suscribir el Convenio de 2005 en el futuro. En cuanto a la articulación entre el Reglamento y el arbitraje, mientras que muchos interesados reconocieron el problema y mostraron su apoyo a futuras actuaciones, varias asociaciones de árbitros expresaron su preocupación por el impacto que tendría la reglamentación sobre el liderazgo de los centros de arbitraje europeos a nivel internacional. Hubo opiniones discrepantes en cuanto al rumbo a seguir, es decir, promover activamente los convenios de arbitraje, evitando así procedimientos paralelos y tácticas litigiosas abusivas, o excluir el arbitraje de forma más amplia del ámbito del Reglamento. En cualquier caso, la mayoría de los interesados se mostraron satisfechos en general con el funcionamiento de la Convención de Nueva York de 1958, que no debería verse socavado por una acción de la Unión en la materia.

La Comisión analizó los costes y beneficios de los principales aspectos de la reforma propuesta en la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta.

ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

3.1. Resumen de la acción propuesta

Los elementos propuestos de la reforma son los siguientes:

- supresión del procedimiento intermedio para el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales (exequátur) salvo en los casos de difamación y en las acciones indemnizatorias colectivas;

- ampliación de las normas sobre competencia judicial del Reglamento a los litigios en que estén involucrados demandados de terceros países, incluida la regulación de los casos en que un mismo asunto esté pendiente ante tribunales dentro y fuera de la UE;

- eficacia reforzada de los acuerdos de elección de foro;

- mejor articulación entre el Reglamento y el arbitraje;

- mejor coordinación de los procedimientos ante los tribunales de los Estados miembros;

- mejor acceso a la justicia para ciertos litigios específicos; y

- clarificación de las condiciones en que pueden circular en la UE las medidas provisionales y cautelares.

Supresión del exequátur

La cooperación judicial en materia civil se ha venido desarrollando a la par de la creación de un mercado interior europeo sobre la base del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. Dicho reconocimiento mutuo ha mejorado progresivamente con la reducción de los controles sobre las resoluciones extranjeras en la Unión. Hoy en día, la cooperación judicial y el nivel de confianza entre los Estados miembros ha alcanzado un grado de madurez que permite dar el paso a un sistema de circulación de las resoluciones judiciales más simple, menos costoso y más automático, gracias a la supresión de las formalidades existentes entre los Estados miembros. La propuesta suprime, por tanto, el procedimiento de exequátur para todas las resoluciones judiciales que entran dentro del ámbito del Reglamento, salvo en los casos de difamación y de acciones indemnizatorias colectivas. La supresión del exequátur irá acompañada de salvaguardas procesales que aseguren la debida protección del derecho del demandado a un juez imparcial y sus derechos de la defensa consagrados en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. El demandado tendría a su disposición tres posibilidades para evitar, en circunstancias excepcionales, que una resolución dictada en un Estado miembro surta efecto en otro: en primer lugar, podría impugnar la resolución en el Estado miembro de origen si no hubiera sido debidamente informado de la acción ejercitada en dicho Estado. En segundo lugar, la propuesta crearía una solución extraordinaria en el Estado miembro de ejecución que permitiría al demandado impugnar otras deficiencias procesales que pudieran haber surgido durante el procedimiento ante el tribunal de origen y que pudieran atentar contra su derecho a un juicio justo. Una tercera solución permitiría al demandado suspender la ejecución de la resolución en caso de que esta fuera inconciliable con otra resolución dictada en el Estado miembro de ejecución o —si se cumplen ciertas condiciones— en otro país. Estas salvaguardas se refieren a casos que ya abordan algunos de los motivos de denegación existentes, en particular para garantizar la protección de los derechos de la defensa, con la diferencia esencial de que se suprime el control relativo al orden público sustantivo. De esta forma, se ahorrarán el tiempo y los costes que entrañaba el procedimiento de exequátur, al tiempo que se sigue asegurando la necesaria protección de los demandados.

La propuesta contiene igualmente una serie de formularios normalizados al objeto de facilitar el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones extranjeras en ausencia del procedimiento de exequátur, así como la solicitud de revisión en el marco del procedimiento que salvaguarda los derechos de la defensa antes descrito. Estos formularios facilitarán la ejecución de la resolución por parte de las autoridades competentes, especialmente cuando haya que calcular costas e intereses. También reducen la necesidad de traducir la resolución y facilitan la solicitud de revisión de la misma por el demandado que ha de actuar en otro Estado miembro.

La propuesta mantiene el procedimiento de exequátur para las resoluciones dictadas en casos de difamación, en que un individuo reivindica sus derechos relativos a la personalidad o la vida privada por considerar que han sido violados por los medios de comunicación. Estos asuntos son particularmente sensibles y los Estados miembros han adoptado distintas fórmulas para asegurar el respeto de los diversos derechos fundamentales en cuestión, por ejemplo la dignidad humana, el respeto de la vida privada y familiar, la protección de los datos personales o la libertad de expresión e información. Estas discrepancias, junto con la ausencia de una norma en caso de conflicto de leyes armonizada a escala de la Unión [véase el artículo 1, apartado 2, letra g), del Reglamento (CE) nº 864/2007 («Roma II»)[7]], hacen que aún sea prematuro suponer que ya existe el nivel de confianza necesario entre los distintos ordenamientos jurídicos para superar el statu quo en esta cuestión. Parece pues preferible mantener temporalmente el procedimiento de exequátur para las resoluciones dictadas en asuntos de difamación, a la espera de una mayor clarificación de las normas sustantivas y/o de conflicto de leyes en este campo.

El exequátur se mantiene igualmente para las resoluciones en acciones ejercitadas por un grupo de demandantes, una entidad representativa o un organismo que actúa en interés público y referentes a la indemnización por daños ocasionados por prácticas comerciales ilegales a una grupo de demandantes («acción colectiva»). Los mecanismos existentes para indemnizar a un grupo de víctimas afectadas por este tipo de prácticas varían considerablemente en la UE. En esencia, cada sistema nacional de indemnización colectiva es único, sin que existan dos sistemas nacionales semejantes en este campo. Algunos de los procedimientos solo se aplican en sectores muy específicos (p. ej. la recuperación de las pérdidas por inversión de capitales en Alemania o de los daños ocasionados por prácticas anticompetitivas en el Reino Unido); otros tienen un alcance más amplio (p. ej. las acciones indemnizatorias colectivas). Una segunda diferencia atañe a la capacidad legal para ejercitar este tipo de acciones: algunos Estados miembros han conferido a las autoridades públicas el poder de incoar acciones en determinados ámbitos (p. ej. el Defensor del Pueblo en Finlandia), otros conceden subvenciones a entidades privadas, como las asociaciones de consumidores (p. ej. Bulgaria), o a individuos que actúan en nombre de un grupo (p. ej. Portugal). Muchos Estados miembros disponen de una combinación de normas en esta materia. Otra diferencia se refiere a las categorías de afectados que pueden hacer uso de las acciones indemnizatorias colectivas. La mayoría de los sistemas nacionales antes mencionados permiten la indemnización colectiva para los consumidores, pero solo unos pocos para otros afectados, por ejemplo las pequeñas empresas. También existen diferencias en relación con los efectos de la resolución judicial en los miembros del grupo afectado: en la mayoría de los Estados miembros, la decisión solo vincula a aquellas personas que dieron su consentimiento para ejercitar la acción («opción de participación», p. ej. Suecia o Italia). En algunos de ellos, la decisión es vinculante para todos los miembros del grupo a menos que hubieran optado por no participar (Portugal, Dinamarca, Países Bajos). Además, existen diferencias entre los Estados miembros en cuanto al momento en que deben identificarse individualmente quienes tienen derecho a reclamar; en algunos Estados miembros, la identificación debe tener lugar en el momento en que se ejercita la acción representativa (p. ej. el Reino Unido), mientras que en otros puede tener lugar posteriormente (p. ej. Polonia y España). Se registran también notables diferencias en lo tocante a la financiación de las acciones indemnizatorias colectivas, la distribución de las indemnizaciones y el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Habida cuenta de estas importantes diferencias, el nivel de confianza requerido no puede darse por supuesta por el momento. Por esta razón, la Comisión va a llevar a cabo una consulta pública acerca de un planteamiento coherente en materia de acciones indemnizatorias colectivas, a fin de decidir las formas de acción colectiva que podrían ser compatibles con el sistema jurídico de la UE y con los ordenamientos jurídicos de los veintisiete Estados miembros. La consulta pública servirá, entre otras cosas, para medir la eficacia de las normas de Derecho civil y procesal europeo de cara a la incoación de acciones colectivas y a la ejecución de las resoluciones en todo el territorio de la UE. A la espera de los resultados de esta consulta, es prematuro pensar en la posibilidad de superar el statu quo en asuntos referentes a las acciones indemnizatorias colectivas suprimiendo el procedimiento de exequátur para las resoluciones dictadas en procedimientos colectivos. Si la consulta culmina en la adopción de medidas de armonización o de aproximación en este ámbito, las disposiciones de la presente propuesta de Reglamento relativas a la supresión del exequátur deberían ampliarse de forma coherente a esos procedimientos. Esta ampliación no debería privar a la Comisión de la posibilidad de proponer la supresión de las medidas intermedias para las acciones indemnizatorias colectivas, incluso en ausencia de las referidas medidas de armonización o de aproximación, sobre la base de elementos que demuestren la eficacia y la admisibilidad de una evolución de esa índole en el ordenamiento jurídico europeo.

Mejora del funcionamiento del Reglamento en el ordenamiento jurídico internacional

Se proponen varias modificaciones al objeto de mejorar el funcionamiento del Reglamento en el ordenamiento jurídico internacional.

- La propuesta amplía las normas sobre competencia judicial del Reglamento a los demandados de terceros países. En general, esta modificación ampliará las posibilidades de las empresas y los ciudadanos a la hora de actuar contra demandados de terceros país en la UE, ya que en estos casos existen normas especiales de competencia que establecen, por ejemplo, la competencia en el lugar de ejecución del contrato. Más en concreto, la modificación garantizará que las normas de competencia protectora disponibles para los consumidores, los trabajadores y los asegurados también se apliquen si el demandado tiene su domicilio fuera de la UE.

- La propuesta armoniza aún más las normas de competencia subsidiaria y crea dos foros adicionales para los conflictos en que estén involucrados demandados domiciliados fuera de la UE. En primer lugar, la propuesta dispone que se puede actuar contra un demandado con domicilio en un tercer país en el lugar en que estén sitos sus bienes muebles, siempre que su valor no sea desproporcionado en relación con la cuantía de la demanda, y que el litigio tenga una vinculación suficiente con el Estado miembro del tribunal al que se somete el asunto. Además, los tribunales de un Estado miembro podrán ejercer su competencia si no existe ningún otro foro que garantice el derecho a un juicio justo y si el conflicto tiene una vinculación suficiente con el Estado miembro concernido (forum necessitatis) . La armonización de la competencia subsidiaria garantiza que los ciudadanos y las empresas tengan igualdad de acceso a un tribunal en la Unión y que haya condiciones equitativas para las empresas en el mercado interior a este respecto. Las normas armonizadas compensan la supresión de las normas nacionales existentes. En primer lugar, el foro del territorio en que estén sitos los bienes equilibra la ausencia del demandado en la Unión. Esta norma existe en un número importante de Estados miembros y tiene la ventaja de garantizar que una resolución pueda ejecutarse en el Estado en que se dictó. En segundo lugar, el foro de necesidad garantiza a los demandantes de la UE el derecho a un juicio imparcial, un aspecto que reviste particular importancia para las empresas de la UE que invierten en países con ordenamientos jurídicos poco maduros.

- La propuesta introduce una regla de litispendencia discrecional para litigios con el mismo objeto y entre las mismas partes pendientes ante tribunales en la UE y en un tercer país. Un tribunal de un Estado miembro puede excepcionalmente suspender el procedimiento si el asunto se sometió primero a un tribunal de fuera de la UE y si se espera que este se pronuncie en un tiempo razonable y la resolución pueda ser reconocida y ejecutada en ese Estado miembro. Esta modificación tiene por objeto evitar procedimientos paralelos dentro y fuera de la UE.

Eficacia reforzada de los acuerdos de elección de foro

La propuesta incluye dos modificaciones destinadas a mejorar la eficacia de los acuerdos de elección de foro:

Cuando las partes han designado uno o varios tribunales para resolver el litigio, la propuesta da prioridad al tribunal designado para decidir sobre su competencia, independientemente de si se le ha sometido el asunto en primer o en segundo lugar. Cualquier otro tribunal debe suspender el procedimiento hasta que el tribunal designado se haya declarado competente o —en caso de que el acuerdo sea inválido— se haya inhibido. Esta modificación reforzará la eficacia de los acuerdos de elección de foro y tendrá un efecto disuasorio a la hora de ejercitar acciones abusivas ante tribunales no competentes.

Por otra parte, la propuesta introduce una regla armonizada de conflicto de leyes en materia de validez sustantiva de los acuerdos de elección de foro, garantizando así un resultado similar en esta cuestión sea cual sea el tribunal al que se somete el asunto.

Ambas modificaciones corresponden a las soluciones establecidas en el Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro de 2005, lo que facilitará la eventual adhesión de la Unión Europea a dicho Convenio.

Mejor articulación entre el Reglamento y el arbitraje

La propuesta incluye una disposición específica sobre la relación entre el arbitraje y la vía judicial. Obliga a un tribunal al que se ha sometido un asunto a suspender el procedimiento si se impugna su competencia en virtud de un convenio de arbitraje y se ha sometido el asunto a un tribunal arbitral o si se ha ejercitado una acción judicial relativa al convenio de arbitraje en el Estado miembro sede del arbitraje. Esta modificación mejorará la eficacia de los convenios de arbitraje en Europa, evitará los procedimientos judiciales y arbitrales paralelos y eliminará los incentivos para emprender tácticas judiciales abusivas.

Mejor coordinación de los procedimientos ante los tribunales de los Estados miembros

Otra serie de modificaciones tiene por objeto mejorar la coordinación de los procedimientos judiciales en los Estados miembros. Se trata de las siguientes:

- La propuesta busca mejorar la regla general de litispendencia fijando un plazo en el cual el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda debe pronunciarse sobre su competencia. La modificación establece, además, un intercambio de información entre los tribunales que conocen de un mismo asunto.

- La propuesta facilita la acumulación de demandas conexas, eliminando la condición de que el Derecho interno permita dicha acumulación.

- Con respecto a las medidas provisionales, en particular las medidas cautelares, la propuesta establece la libre circulación de las medidas concedidas por un tribunal competente sobre el fondo del asunto, y especialmente —en determinadas condiciones— las medidas concedidas ex parte . En cambio, la propuesta prohíbe la circulación de las medidas provisionales ordenadas por un tribunal que no sea el que es competente sobre el fondo. Dada la gran divergencia de los Derechos internos sobre esta cuestión, el efecto de estas medidas debería limitarse al territorio del Estado miembro en que se concedieron, lo que reduciría el riesgo de búsqueda abusiva del foro más favorable. Por último, si está pendiente un procedimiento sobre el fondo en un tribunal y se solicita a otro que ordene una medida provisional, la propuesta requiere que los dos tribunales cooperen para garantizar que se tengan en cuenta todas las circunstancias del asunto si se concede una medida provisional.

Un mejor acceso a la justicia

Una última serie de modificaciones mejoran la aplicación de las normas de competencia en la práctica. Cabe destacar las siguientes:

- la creación de un foro para litigios sobre derechos reales en el lugar en que se encuentran los bienes muebles;

- la posibilidad de que los trabajadores interpongan acciones contra varios demandados en el ámbito laboral, de conformidad con el artículo 6, apartado 1. Esta posibilidad existía de conformidad con el Convenio de Bruselas de 1968. Su reintegración en el Reglamento beneficiará a los trabajadores que desean ejercitar una acción contra sus coempleadores establecidos en Estados miembros diferentes (véase la situación evocada en el asunto C-462/06). El restablecimiento de la posibilidad de acumular acciones contra varios demandados en este contexto beneficiará principalmente a los trabajadores. La situación inversa, es decir, que un empleador acumule acciones contra varios trabajadores, no parece darse en la práctica cuando se trata de contratos de trabajo individuales;

- la posibilidad de concluir un acuerdo de elección de foro para los litigios referentes al alquiler de locales para uso profesional, y

- la obligación de informar a un demandado, en el momento de su comparecencia de las consecuencias jurídicas a las que se expone si no impugna la competencia del tribunal.

3.2. Base jurídica

La propuesta modifica el Reglamento (CE) nº 44/2001, que se basaba en el artículo 61, letra c), y en el artículo 67, apartado 1, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la base jurídica correspondiente es el artículo 81, apartado 2, letras a), c) y e), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El título V de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no es aplicable a Dinamarca en virtud del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo a los Tratados. Sin embargo, las disposiciones del Reglamento (CE) nº 44/2001 se han ampliado a Dinamarca en virtud del Acuerdo concluido el 19 de octubre de 2005 entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil. Dicho Acuerdo contiene asimismo un mecanismo que permita a Dinamarca aplicar cualquier instrumento por el que se modifique el Reglamento (CE) nº 44/2001.

El título V tampoco es aplicable al Reino Unido ni a Irlanda, a menos que esos dos países decidan lo contrario, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Protocolo sobre su posición respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia.

3.3. Principios de subsidiariedad y proporcionalidad

Los diferentes elementos de la revisión descrita más arriba cumplen los requisitos en materia de subsidiariedad y proporcionalidad. En lo que respecta a la subsidiariedad, el exequátur no puede ser suprimido por los Estados miembros porque el procedimiento ha sido armonizado por el Reglamento Bruselas I, por lo que solo puede ser modificado por un reglamento. El mismo razonamiento se aplica a la mejora de las disposiciones en vigor en materia de competencia y a la coordinación de los procedimientos entre los Estados miembros. Por lo que se refiere a la propuesta de armonizar la competencia residual en los Estados miembros, las discrepancias existentes actualmente entre las normas nacionales crea condiciones de mercado desiguales para las empresas que hacen negocios con partes de terceros países. Solo una legislación a nivel europeo puede crear condiciones de competencia equitativas. Por último, en lo tocante a la articulación con el arbitraje, los Estados miembros no puede garantizar por sí mismos la buena coordinación entre los procedimientos de arbitraje emprendidos en su territorio y las acciones judiciales ejercitadas en otro Estado miembro, ya que el efecto de la legislación nacional está limitado por el principio de territorialidad. Una actuación a nivel de de la UE está pues justificada.

La evaluación de impacto adjunta a la propuesta demuestra que las ventajas de cada una de las modificaciones propuestas sobrepasan sus costes y que las medidas propuestas son por tanto proporcionadas.

3.4. Impacto sobre los derechos fundamentales

Como se explica en detalle en la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta y conforme a la estrategia de la Unión para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea[8], todos los elementos de la reforma respetan los derechos enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales y, en particular, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial consagrado en su artículo 47. Mejoran igualmente el nivel de protección de los consumidores, contemplado en el artículo 38. La supresión del exequátur irá acompañada de la creación de procedimientos especiales de revisión, destinados a garantizar que el demandado dispone de una tutela judicial efectiva y que ninguna resolución que no respete su derecho a un juicio justo o los derechos de la defensa surtirá efecto en su contra. Los cambios previstos en el ordenamiento jurídico internacional mejorarán el acceso a la justicia en la Unión Europea para los ciudadanos, en particular los más débiles, y las empresas. En efecto, al eliminar la posibilidad de eludir un acuerdo de elección de foro o un convenio de arbitraje se reduce el riesgo de que se incoen procedimientos paralelos, lo que refuerza la eficiencia general de la justicia y la libertad de empresa reconocida en el artículo 16 de la Carta. Finalmente, ninguna disposición del Reglamento afecta al derecho fundamental de los trabajadores y de los empresarios, o sus organizaciones respectivas, a negociar y celebrar convenios colectivos y a emprender, en caso de conflicto de intereses, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga, según se dispone en el artículo 28 de la Carta.

⎢ 44/2001

2010/0383 (COD)

Propuesta de

REGLAMENTO (CE) No44/2001 DEL CONSEJO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 22 de diciembre de 2000

relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil

(Versión refundida)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

⎢ 44/2001 (adaptado)

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea √ de Funcionamiento de la Unión Europea ∏ y, en particular, la letra c) de su artículo 61 y el apartado 1 de su artículo 67 √ su artículo 67, apartado 4, y su artículo 81, apartado 2, letras a), c) y e) ∏ ,

⎢ 44/2001

Vista la propuesta de la Comisión Europea[9],

Previa transmisión de la propuesta a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo[10],

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[11],

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

∫ nuevo

(1) El Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil[12] ha sido modificado en varias ocasiones[13]. Debiéndose llevar a cabo nuevas modificaciones, conviene, en aras de una mayor claridad, proceder a su refundición.

⎢ 44/2001 considerando 1 (adaptado)

(2) La Comunidad √ Unión ∏ se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, de seguridad y de justicia en el que esté garantizada la libre circulación de personas √ que facilite el acceso a la justicia, en particular gracias al principio de mutuo reconocimiento de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil ∏ . A fin de establecer progresivamente tal espacio, la Comunidad √ Unión ∏ adopta, entre otras cosas, las medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil que son √ , particularmente cuando son ∏ necesarias para el buen funcionamiento del mercado interior.

⎢ 44/2001 considerando 2

? nuevo

(3) Ciertas diferencias en las normas nacionales sobre competencia judicial y reconocimiento de las resoluciones judiciales hacen más difícil el buen funcionamiento del mercado interior. Son indispensables, por consiguiente, disposiciones mediante las que se unifiquen las normas sobre conflictos de jurisdicción en materia civil y mercantil, simplificándose los trámites para ? asegurándose ⎪ un reconocimiento y una ejecución rápidos y simples de las resoluciones judiciales de los Estados miembros obligados por el presente Reglamento.

⎢ 44/2001 considerando 3 (adaptado)

(4) Esta materia se encuentra dentro del ámbito de la cooperación judicial en materia civil a efectos del artículo 65 √ 81 ∏ del Tratado √ de Funcionamiento de la Unión Europea ∏ .

⎢ 44/2001 considerando 6 (adaptado)

(5) Para alcanzar el objetivo de la libre circulación de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, es necesario y oportuno que las reglas relativas a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones se determinen por un instrumento jurídico comunitario √ de la Unión ∏ vinculante y directamente aplicable.

⎢ 44/2001 considerando 4 (adaptado)

(6) √Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas ∏ de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. √ De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos. ∏

⎢ 44/2001 considerando 5 (adaptado)

(7) Los Estados miembros celebraron el 27 de septiembre de 1968, en el marco del cuarto guión del artículo 293 del Tratado √ constitutivo de la Comunidad Europea ∏ , el Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en la versión modificada por los Convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros a dicho Convenio[14] (denominado en lo sucesivo «el Convenio de Bruselas»). El 16 de septiembre de 1988, los Estados miembros y los Estados de la AELC celebraron el Convenio de Lugano, relativo a la competencia judicial y al reconocimiento de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, paralelo al Convenio de Bruselas de 1968.

∫ nuevo

(8) El 22 de diciembre de 2000, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) nº 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que sustituyó al Convenio de Bruselas en la medida en que afecte al territorio de la Unión entre todos los Estados miembros, excepto Dinamarca. Mediante la Decisión 2006/325/CE del Consejo, de 27 de abril de 2006, la Unión celebró un acuerdo con Dinamarca por el que se asegura la aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 44/2001 en Dinamarca. El Convenio de Lugano de 1988 fue revisado por el Convenio de Lugano relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, concluido el 30 de octubre de 2007 por la Unión, Dinamarca y los Estados de la AELC[15]. Procede garantizar la continuidad en la interpretación de dichos Convenios y del presente Reglamento.

(9) El 21 de abril de 2009, la Comisión adoptó un informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 44/2001[16]. En dicho informe se concluía que, en general, la aplicación del Reglamento es satisfactoria, pero que es deseable mejorar la aplicación de algunas de sus disposiciones, facilitar la libre circulación de las resoluciones judiciales y mejorar el acceso a la justicia.

⎢ 44/2001 considerando 7 (adaptado)

(10) El ámbito de aplicación material del presente Reglamento debe abarcar lo esencial de las materias civil y mercantil, salvo determinadas materias claramente determinadas. Ö A la vista de la adopción del Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, esta materia debe quedar excluida del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Õ

∫ nuevo

(11) El presente Reglamento no es aplicable al arbitraje, salvo en los pocos casos en que disponga lo contrario. En concreto, no se aplica a la forma, la existencia, la validez o los efectos de los convenios de arbitraje, a las competencias de los árbitros, al procedimiento ante los tribunales arbitrales, ni a la validez, la anulación, el reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales.

⎢ 44/2001 considerando 8

Los litigios a los que se aplica el presente Reglamento deben presentar un nexo con el territorio de los Estados miembros sujetos a dicho Reglamento. Por consiguiente, las reglas comunes sobre competencia judicial se aplicarán, en principio, cuando el demandado esté domiciliado en uno de dichos Estados miembros.

⎢ 44/2001 considerando 9

Los demandados no domiciliados en un Estado miembro estarán generalmente sujetos a las reglas nacionales de competencia aplicables en el territorio del Estado miembro del tribunal ante el que se presente la demanda y los demandados domiciliados en un Estado miembro no sujeto al presente Reglamento deberán seguir estando sujetos al Convenio de Bruselas.

⎢ 44/2001 considerando 10

A los efectos de la libre circulación de las resoluciones judiciales, las dictadas en un Estado miembro obligado por el presente Reglamento deberán reconocerse y ejecutarse en otro Estado miembro obligado por el presente Reglamento, aun cuando el deudor condenado esté domiciliado en un tercer Estado.

⎢ 44/2001 considerando 11

(12) Las reglas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado y esta competencia debe regir siempre, excepto en algunos casos muy concretos en los que la materia en litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de vinculación. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las reglas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción.

⎢ 44/2001 considerando 12

? nuevo

(13) El foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros alternativos a causa del estrecho nexo existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia. ? La existencia de un nexo estrecho debe garantizar la seguridad jurídica evitando que una persona sea demandada ante un tribunal de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente. Este aspecto reviste particular importancia en relación con los litigios relativos a obligaciones no contractuales derivadas de violaciones de la vida privada y de los derechos relativos a la personalidad, en particular la difamación. ⎪

⎢ 44/2001 considerando 13

(14) En cuanto a los contratos de seguros, de los celebrados por los consumidores o de trabajo, es oportuno proteger a la parte más débil mediante reglas de competencia más favorables a sus intereses de lo que disponen las reglas generales.

⎢ 44/2001 considerando 14

(15) Debe respetarse la autonomía de las partes de un contrato, que no sea de seguros, de los celebrados por los consumidores o de trabajo, en los que sólo se prevé una autonomía limitada en cuanto a la elección del órgano jurisdiccional competente, sin perjuicio de los criterios de competencia exclusiva establecidos en el presente Reglamento.

∫ nuevo

(16) A fin de defender los intereses de los demandantes y los demandados y de favorecer una buena administración de la justicia en la Unión Europea, el hecho de que un demandado tenga su domicilio en un tercer Estado no debe excluir la aplicación de ciertas normas de la Unión sobre la competencia judicial y ya no debe haber remisión al Derecho nacional.

(17) Por consiguiente, el presente Reglamento debe establecer un corpus completo de normas en materia de competencia internacional de los tribunales de los Estados miembros. Las normas actuales en materia de competencia aseguran un estrecho nexo entre los procedimientos a los que se aplica el presente Reglamento y el territorio de los Estados miembros, lo que justifica su ampliación a los demandados con independencia de dónde estén domiciliados. Por otra parte, el presente Reglamento debe determinar los casos en que un tribunal de un Estado miembro puede ejercer una competencia subsidiaria.

⎢ 44/2001 considerando 15

(18) El funcionamiento armonioso de la justicia exige reducir al máximo la posibilidad de procedimientos paralelos y evitar que se dicten en dos Estados miembros resoluciones inconciliables. Es conveniente prever un mecanismo claro y eficaz con objeto de resolver los casos de litispendencia y conexidad y de obviar los problemas derivados de las divergencias nacionales sobre la fecha en la que un asunto se considera pendiente. A efectos del presente Reglamento, es oportuno definir esta fecha de manera autónoma.

∫ nuevo

(19) Procede mejorar la eficacia de los acuerdos de elección de foro a fin de dar pleno efecto a la voluntad de las partes y de evitar las tácticas litigiosas abusivas. Conviene pues que el presente Reglamento dé prioridad al tribunal designado en el acuerdo para decidir sobre su competencia, independientemente de si se le somete el asunto en primer o en segundo lugar.

(20) También debe mejorarse la eficacia de los convenios de arbitraje a fin de dar pleno efecto a la voluntad de las partes. Así debería suceder, en particular, cuando la sede convenida o designada de un arbitraje se encuentre en un Estado miembro. El presente Reglamento debe incluir por tanto normas especiales destinadas a evitar los procedimientos paralelos y las tácticas litigiosas abusivas en esas circunstancias. La sede del arbitraje debe ser la sede elegida por las partes o a la sede designada por un tribunal arbitral, por una institución de arbitraje o por cualquier otra autoridad directa o indirectamente elegida por las partes.

(21) Conviene que exista un mecanismo flexible que permita a los tribunales de los Estados miembros tener en cuenta los procedimientos pendientes ante los tribunales de terceros Estados, tomando especialmente en consideración la buena administración de la justicia y si es posible o no que una resolución de un tercer Estado sea reconocida y ejecutada en ese Estado miembro.

(22) Debe clarificarse la noción de medidas provisionales y cautelares. Estas deben incluir, en particular, las providencias precautorias destinadas a obtener información o a conservar pruebas, y abarcar pues las órdenes de búsqueda e incautación a que se refieren los artículos 6 y 7 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual[17]. No deben incluir medidas que no sean de naturaleza cautelar, como las medidas por las que se ordena la audiencia de un testigo para permitir al demandante sopesar la conveniencia de ejercitar una acción ante la justicia.

⎢ 44/2001 considerando 16

La confianza recíproca en la justicia dentro de la Comunidad legitima que las resoluciones dictadas en un Estado miembro sean reconocidas de pleno Derecho, sin que sea necesario, excepto en caso de oposición, recurrir a ningún otro procedimiento.

⎢ 44/2001 considerando 17

Esta misma confianza recíproca justifica que sea eficaz y rápido el procedimiento para hacer ejecutoria, en un Estado miembro, una resolución dictada en otro Estado miembro. A tal efecto, el otorgamiento de la ejecución de una resolución debería producirse de manera casi automática, previo mero control formal de los documentos aportados, sin que el tribunal pueda invocar de oficio ninguno de los motivos de denegación de la ejecución previstos en el presente Reglamento.

⎢ 44/2001 considerando 18

El respeto del derecho de defensa impone, no obstante, que el demandado pueda, llegado el caso, interponer un recurso que se examine con arreglo al principio de contradicción contra el otorgamiento de ejecución, si considera que se da alguno de los motivos para su denegación. Asimismo, debe reconocerse al demandante el derecho a recurrir si se deniega el otorgamiento de la ejecución.

∫ nuevo

(23) La confianza recíproca en la justicia dentro de la Unión y la voluntad de reducir la duración y los costes de los litigios transfronterizos justifican la supresión de las medidas intermedias que han de tomarse actualmente antes de la ejecución en el Estado miembro en que esta se solicita. Como consecuencia de ello, cualquier resolución dictada por un tribunal de un Estado miembro debe ser tratada, a efectos de su ejecución, como si se hubiera dictado en el Estado miembro en que se solicita la ejecución. Sin embargo, habida cuenta de las discrepancias entre los sistemas de los Estados miembros y de la naturaleza particularmente sensible de los asuntos relativos a la difamación y las indemnizaciones obtenidas en el marco de acciones colectivas, el procedimiento actual de reconocimiento y ejecución debe mantenerse por el momento en lo que concierne a las resoluciones dictadas sobre estos asuntos, a la espera de cómo vaya evolucionando el Derecho en este campo. El alcance de la disposición específica relativa a la difamación debe corresponder al de la exclusión de esta materia del Reglamento (CE) nº 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) y debe interpretarse de la misma manera. Las disposiciones que suprimen las medidas de ejecución intermedias deberían ampliarse a las resoluciones que ordenan una indemnización en el marco de acciones colectivas, si es que se adoptan medidas de armonización o de aproximación de las normas procesales aplicables a esos procedimientos. Esta ampliación no debería privar a la Comisión de la posibilidad de proponer la supresión de las medidas intermedias para las acciones indemnizatorias colectivas, incluso en ausencia de las referidas medidas de armonización o de aproximación, sobre la base de elementos que demuestren la eficacia y la admisibilidad de una evolución de esa índole en el ordenamiento jurídico europeo.

(24) La supresión de las medidas intermedias debe ir acompañada de las salvaguardas necesarias para asegurar, en particular, el pleno respeto de los derechos de la defensa y del derecho a un juez imparcial, conforme al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Para ello es necesario establecer, en la fase de ejecución, vías de recurso extraordinarias a favor de los demandados que no hubieran comparecido por falta de notificación o que se hubieran visto afectados por un vicio de forma en el marco del procedimiento ante el tribunal de origen que puedan constituir una infracción del artículo 47 de la Carta.

(25) La supresión de las medidas intermedias requiere una adaptación de la libre circulación de las medidas provisionales y cautelares. Cuando tales medidas son ordenadas por un tribunal competente en cuanto al fondo del asunto, debe garantizarse su libre circulación. En cambio, cuando tales medidas son adoptadas por un tribunal que no es competente en cuanto al fondo, su efecto debe circunscribirse al territorio del Estado miembro de que se trate. Además, debe permitirse la libre circulación de las medidas solicitadas ex parte , si van acompañadas de las salvaguardas apropiadas.

⎢ 44/2001 considerando 19 (adaptado)

(26) Procede garantizar la continuidad entre el Convenio de Bruselas y el presente Reglamento y, a tal efecto, es oportuno establecer disposiciones transitorias. La misma continuidad debe aplicarse por lo que respecta a la interpretación de las disposiciones del Convenio de Bruselas √ y del Reglamento que lo sustituye ∏ por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas √ de la Unión Europea ∏ , por lo que el Protocolo de 1971[18] deberá seguir aplicándose también a los procedimientos que ya estuvieran pendientes en la fecha de entrada en vigor del Reglamento.

∫ nuevo

(27) El presente Reglamento debe asegurar el pleno respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho a una tutela judicial efectiva y el derecho a un juez imparcial consagrados en su artículo 47. Ninguna disposición del presente Reglamento debe afectar a la libertad de expresión y de información (artículo 11), al derecho a la vida privada y familiar (artículo 7), ni al derecho de los trabajadores y de los empresarios, o sus organizaciones respectivas, de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales, a negociar y celebrar convenios colectivos, en los niveles apropiados, y a emprender, en caso de conflicto de intereses, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga (artículo 28).

⎢ 44/2001 considerando 20 (adaptado)

? nuevo

(28) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda √ respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia ∏ que figura en anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, estos Estados han comunicado su deseo de participar √ participaron ∏ en la adopción y en la aplicación del presente Reglamento (CE) nº 44/2001. ? De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, [el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la adopción y en la aplicación del presente Reglamento]/[sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de dicho Protocolo, el Reino Unido e Irlanda no participan en la adopción del presente Reglamento y no quedan vinculados por él ni sujetos a su aplicación] ⎪.

⎢ 44/2001 considerando 21 (adaptado)

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(29) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca que figura en anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea √ de Funcionamiento de la Unión Europea ∏ , Dinamarca no participa en la aprobación del presente Reglamento, por lo que no está sujeta al presente Reglamento ni le es aplicable ð sin perjuicio de la posibilidad de que aplique las modificaciones introducidas en el Reglamento (CE) nº 44/2001, en virtud del artículo 3 del Acuerdo de 19 de octubre de 2005 entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil[19] ï .

⎢ 44/2001 considerando 22

Habida cuenta de que está en vigor el Convenio de Bruselas en las relaciones entre Dinamarca y los Estados miembros sujetos al presente Reglamento, tanto el Convenio de Bruselas como el Protocolo de 1971 siguen aplicándose entre Dinamarca y los Estados miembros sujetos al presente Reglamento.

⎢ 44/2001 considerando 23 (adaptado)

(30) El Convenio de Bruselas sigue también aplicándose en lo que respecta a los territorios de los Estados miembros que entran en su ámbito de aplicación territorial y que están excluidos del presente Reglamento en virtud del artículo 229 √ 355 ∏ del Tratado √ de Funcionamiento de la Unión Europea ∏ .

⎢ 44/2001 considerando 24 (adaptado)

(31) Un mismo afán de coherencia explica que el presente Reglamento no afecte a las reglas sobre la competencia judicial y el reconocimiento de las resoluciones judiciales contenidas en instrumentos comunitarios √ de la Unión ∏ específicos.

⎢ 44/2001 considerando 25

(32) El respeto de los compromisos internacionales contraídos por los Estados miembros justifican que el presente Reglamento no afecte a los convenios en los que son parte los Estados miembros y se refieren a materias especiales.

⎢ 44/2001 considerando 26

Debe introducirse en las reglas de principio previstas por el presente Reglamento la flexibilidad necesaria para tener en cuenta las particularidades procesales de determinados Estados miembros. A tal efecto conviene incluir en el presente Reglamento algunas disposiciones previstas en el Protocolo anexo al Convenio de Bruselas.

⎢ 44/2001 considerando 27

Para permitir una transición armoniosa en determinados ámbitos sobre los que existían disposiciones particulares en el Protocolo anexo al Convenio de Bruselas, el presente Reglamento establece, durante un período transitorio, disposiciones que tienen en cuenta la situación específica en determinados Estados miembros.

⎢ 44/2001 considerando 28 (adaptado)

A más tardar cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión presentará un informe sobre su aplicación y, en su caso, propondrá las modificaciones necesarias.

⎢ 44/2001 considerando 29

La Comisión deberá modificar los anexos I a IV relativos a las reglas de competencia nacionales, a los tribunales y autoridades competentes y a los recursos basándose en las modificaciones transmitidas por el Estado miembro de que se trate. Las modificaciones de los anexos V y VI deberán adoptarse de acuerdo con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión[20].

∫ nuevo

(33) Debe facultarse a la Comisión para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a efectos de la adaptación de los anexos I, II, V, VI y VII.

⎢ 44/2001 (adaptado)

HAS HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN √ Y DEFINICIONES ∏

⎢ 44/2001

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Artículo 1

1. El presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No incluirá, en particular, las materias fiscal, aduanera y administrativa.

2. Se excluirá del ámbito de aplicación del presente Reglamento:

a) el estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales, los testamentos y las sucesiones;

b) la quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores y demás procedimientos análogos;

c) la seguridad social;

d) el arbitraje ? , salvo lo dispuesto en el artículo 29, apartado 4, y en el artículo 33, apartado 3 ⎪.

∫ nuevo

e) las obligaciones de alimentos derivadas de relaciones de familia, de parentesco, de matrimonio o de afinidad.

⎢ 44/2001

3. En el presente Reglamento por la expresión «Estado miembro» se entenderá cualquier Estado miembro excepto Dinamarca.

Artículo 322

Se entenderá por «resolución», a A los efectos del presente Reglamento:

⎢ 44/2001 (adaptado)

√ a) por «resolución», se entenderá ∏ cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro con independencia de la denominación que recibiere, tal como auto, sentencia, providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el secretario judicial liquidare las costas del proceso.

∫ nuevo

A los efectos del capítulo III, el término «resolución» engloba las medidas provisionales o las medidas cautelares ordenadas por un tribunal competente, en virtud del presente Reglamento, para conocer sobre el fondo del asunto. Incluye asimismo las medidas ordenadas sin que el demandado fuere citado a comparecer y que estuvieren destinadas a ser ejecutadas sin necesidad de notificación previa al demandado, siempre que este tuviere derecho a impugnar posteriormente la medida en virtud del Derecho nacional del Estado miembro de origen;

b) «medidas provisionales y cautelares» engloban las providencias precautorias destinadas a la obtención de información y pruebas;

c) «tribunal» engloba cualquier autoridad designada por un Estado miembro como competente en los asuntos que entren dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento;

d) por «transacción judicial» se entenderá un pacto aprobado por un tribunal o concluido ante un tribunal en el curso del procedimiento;

e) por «instrumento público con fuerza ejecutiva» se entenderá un documento redactado o registrado oficialmente como acto auténtico en el Estado miembro del origen y cuya autenticidad:

i) atañere a la firma y al contenido del instrumento, y

ii) hubiere sido establecida por un poder público u otra autoridad habilitada al efecto.

f) por «Estado miembro de origen» se entenderá el Estado miembro en que se hubiere dictado la resolución, se hubiere aprobado o concluido la transacción judicial, o se hubiere otorgado el documento público con fuerza ejecutiva, según el caso;

g) por «Estado miembro de ejecución» se entenderá el Estado miembro en el que se solicitare la ejecución de la resolución, la transacción judicial o el documento público con fuerza ejecutiva;

h) por «tribunal de origen» se entenderá el órgano jurisdiccional que hubiere dictado la resolución que fuere a reconocerse y ejecutarse.

⎢ 44/2001

CAPÍTULO II

COMPETENCIA

SECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 23

1. Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.

2. A las personas que no tuvieren la nacionalidad del Estado miembro en que estén domiciliadas les serán de aplicación las reglas de competencia judicial que se aplicaren a los nacionales.

Artículo 34

1. Las personas domiciliadas en un Estado miembro sólo podrán ser demandadas ante los tribunales de otro Estado miembro en virtud de las reglas establecidas en las secciones 2 a 7 del presente capítulo.

2. No podrán invocarse frente a ellas, en particular, las reglas de competencia nacionales que figuran en el anexo I.

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2. Las personas no domiciliadas en ninguno de los Estados miembros solo podrán ser demandadas ante los tribunales de un Estado miembro en virtud de las reglas establecidas en las secciones 2 a 8 del presente capítulo.

⎢ 44/2001

Artículo 4

1. Si el demandado no estuviere domiciliado en un Estado miembro, la competencia judicial se regirá, en cada Estado miembro, por la ley de este Estado miembro, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 22 y 23.

2. Toda persona, sea cual fuere su nacionalidad, domiciliada en el territorio de un Estado miembro, podrá invocar contra dicho demandado, del mismo modo que los nacionales de este Estado, las reglas de competencia judicial vigentes en el mismo y, en particular, las previstas en el anexo I.

SECCIÓN 2

COMPETENCIAS ESPECIALES

Artículo 5

⎢ 44/2001 (adaptado)

Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro √ Serán competentes los siguientes tribunales ∏ :

1. a) en materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda;

⎢ 44/2001

b) a efectos de la presente disposición, y salvo pacto en contrario, dicho lugar será:

- cuando se tratare de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas las mercaderías;

- cuando se tratare de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser prestados los servicios;

c) cuando la letra b) no fuere aplicable, se aplicará la letra a).

2. En materia de alimentos, ante el tribunal del lugar del domicilio o de la residencia habitual del acreedor de alimentos o, si se tratare de una demanda incidental a una acción relativa al estado de las personas, ante el tribunal competente según la ley del foro para conocer de ésta, salvo que tal competencia se fundamentare exclusivamente en la nacionalidad de una de las partes.

⎢ 44/2001 (adaptado)

32. En materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o hubiere podido producirse el hecho dañoso.

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3. Por lo que se refiere a los derechos reales o a la posesión de bienes muebles, el tribunal del lugar en que estuviere situado el bien.

⎢ 44/2001 (adaptado)

4. Si se tratare de acciones por daños y perjuicios o de acciones de restitución fundamentadas en un acto que diere lugar a un procedimiento penal, ante el tribunal que conociere de dicho proceso, en la medida en que, de conformidad con su ley, dicho tribunal pudiere conocer de la acción civil.

5. Si se tratare de litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, ante el tribunal en que se hallaren sitos.

6. En su condición de fundador, trustee o beneficiario de un trust constituido ya en aplicación de la ley, ya por escrito o por un acuerdo verbal confirmado por escrito, ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio estuviere domiciliado el trust .

7. Si se tratare de un litigio relativo al pago de la remuneración reclamada en razón del auxilio o el salvamento de los que se hubiere beneficiado un cargamento o un flete, ante el tribunal en cuya jurisdicción dicho cargamento o flete:

⎢ 44/2001

a) hubiere sido embargado para garantizar dicho pago; o

b) hubiere podido ser embargado a tal fin, pero se haya prestado una caución o cualquier otra garantía.

Esta disposición solo se aplicará cuando se pretendiere que el demandado tiene un derecho sobre el cargamento o el flete o que tenía tal derecho en el momento de dicho auxilio o salvamento.

Artículo 6

⎢ 44/2001 (adaptado)

Las personas a las que se refiere el artículo anterior Una persona también podrán podrá ser demandada demandadas:

1. si √ estuviere domiciliada en un Estado miembro y ∏ hubiere varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estuvieren vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente,

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2. si se tratare de una demanda sobre obligaciones de garantía o para la intervención de terceros en el proceso, ante el tribunal que estuviere conociendo de la demanda principal, salvo que ésta se hubiere formulado con el único objeto de provocar la intervención de un tribunal distinto del correspondiente al demandado,

3. si se tratare de una reconvención derivada del contrato o hecho en que se fundamentare la demanda inicial, ante el tribunal que estuviere conociendo de esta última,

4. en materia contractual, si la acción pudiere acumularse con otra en materia de derechos reales inmobiliarios dirigida contra el mismo demandado, ante el tribunal del Estado miembro en el que estuviere sito el inmueble.

Artículo 7

Cuando, en virtud del presente Reglamento, un tribunal de un Estado miembro fuere competente para conocer de acciones de responsabilidad derivadas de la utilización o la explotación de un buque, dicho tribunal o cualquier otro que le sustituyere en virtud de la ley interna de dicho Estado miembro conocerá también de la demanda relativa a la limitación de esta responsabilidad.

SECCIÓN 3

COMPETENCIA EN MATERIA DE SEGUROS

Artículo 8

En materia de seguros, se determinará la competencia con arreglo a las disposiciones de la presente sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y en el punto 5 del artículo 5, apartado 5.

Artículo 9

⎢ 44/2001 (adaptado)

1. El asegurador domiciliado en un Estado miembro podrá ser demandado:

⎢ 44/2001 (adaptado)

a) ante los tribunales del Estado miembro donde tuviere su domicilio; o

b) en otro Estado miembro, cuando se trate de acciones entabladas por el tomador del seguro, el asegurado o un beneficiario, ante el tribunal del lugar donde tuviere su domicilio el demandante; o

c) si se tratare de un coasegurador, ante los tribunales del Estado miembro que entendieren de la acción entablada contra el primer firmante del coaseguro.

2. Cuando el asegurador no estuviere domiciliado en un Estado miembro pero tuviere sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro se le considerará, para los litigios relativos a su explotación, domiciliado en dicho Estado miembro.

Artículo 10

El asegurador podrá, además, ser demandado ante el tribunal del lugar en que se hubiere producido el hecho dañoso cuando se tratare de seguros de responsabilidad o de seguros relativos a inmuebles. La misma regla será de aplicación cuando se tratare de seguros que se refieren a inmuebles y a bienes muebles cubiertos por una misma póliza y afectados por el mismo siniestro.

Artículo 11

1. En materia de seguros de responsabilidad civil, el asegurador podrá ser demandado igualmente ante el tribunal que conociere de la acción de la persona perjudicada contra el asegurado, cuando la ley de este tribunal lo permitiere.

2. Las disposiciones de los artículos 8, 9 y 10 serán aplicables en los casos de acción directa entablada por la persona perjudicada contra el asegurador cuando la acción directa fuere posible.

3. El mismo tribunal será competente cuando la ley reguladora de esta acción directa previere la posibilidad de demandar al tomador del seguro o al asegurado.

Artículo 12

1. Salvo lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11, apartado 3, la acción del asegurador sólo podrá ser ejercitada ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio estuviere domiciliado el demandado, ya sea tomador del seguro, asegurado o beneficiario.

2. Lo dispuesto en la presente sección no afectará al derecho de presentar una reconvención ante el tribunal que entendiere de una demanda principal de conformidad con la presente sección.

Artículo 13

Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los acuerdos atributivos de competencia:

1. posteriores al nacimiento del litigio, o

2. que permitieren al tomador del seguro, al asegurado o al beneficiario formular demandas ante tribunales distintos de los indicados en la presente sección, o

3. que, habiéndose celebrado entre un tomador de seguro y un asegurador, domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado miembro en el momento de la celebración del contrato, atribuyeren, aunque el hecho dañoso se hubiere producido en el extranjero, competencia a los tribunales de dicho Estado, a no ser que la ley de éste prohibiere tales acuerdos, o

4. celebrados con un tomador de seguro que no estuviere domiciliado en un Estado miembro, a no ser que se tratare de un seguro obligatorio o se refiriere a un inmueble sito en un Estado miembro, o

5. que se refirieren a un contrato de seguro que cubriere uno o varios de los riesgos enumerados en el artículo 14.

Artículo 14

Los riesgos contemplados en el punto 5 del artículo 13, apartado 5, son los siguientes:

1. todo daño a:

a) buques de navegación marítima, instalaciones costeras y en alta mar o aeronaves, causado por hechos sobrevenidos en relación con su utilización para fines comerciales;

b) mercancías distintas de los equipajes de los pasajeros, durante un transporte realizado por dichos buques o aeronaves, bien en su totalidad o bien en combinación con otros modos de transporte,

2. toda responsabilidad, con excepción de la derivada de los daños corporales a los pasajeros o de los daños a sus equipajes

a) resultante de la utilización o la explotación de los buques, instalaciones o aeronaves, de conformidad con la letra a) del punto 1 del presente artículo el apartado 1, letra a), cuando la ley del Estado miembro en el que estuviere matriculada la aeronave no prohibiere los acuerdos atributivos de competencia en el aseguramiento de tales riesgos;

b) por las mercancías durante uno de los transportes contemplados en la letra b) del punto 1 el apartado 1, letra b),

3. toda pérdida pecuniaria ligada a la utilización o a la explotación de buques, instalaciones o aeronaves de conformidad con la letra a) del punto 1 el apartado 1, letra a), en particular la del flete o el beneficio del fletamento;

4. todo riesgo accesorio a cualquiera de los contemplados en los puntos apartados 1 a 3;

⎢ 44/2001 (adaptado)

5. no obstante lo dispuesto en los anteriores puntos apartados 1 a 4, todos los «grandes riesgos» industriales y comerciales, tal como se enumeran en la Directiva 73/239/CEE del Consejo[21] Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[22] modificada por las Directivas 88/357/CEE[23] y 90/618/CEE[24], en su última versión en vigor.

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SECCIÓN 4

COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTRATOS CELEBRADOS POR LOS CONSUMIDORES

Artículo 15

1. En materia de contratos celebrados por una persona, el consumidor, para un uso que pudiere considerarse ajeno a su actividad profesional, la competencia quedará determinada por la presente sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y en el punto 5 del artículo 5, apartado 5:

a) cuando se tratare de una venta a plazos de mercaderías;

b) cuando se tratare de un préstamo a plazos o de otra operación de crédito vinculada a la financiación de la venta de tales bienes;

c) en todos los demás casos, cuando la otra parte contratante ejerciere actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro del domicilio del consumidor o, por cualquier medio, dirigiere tales actividades a dicho Estado miembro o a varios Estados miembros, incluido este último, y el contrato estuviere comprendido en el marco de dichas actividades.

2. Cuando el cocontratante del consumidor no estuviere domiciliado en un Estado miembro, pero poseyere una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro, se considerará para todos los litigios relativos a su explotación que está domiciliado en dicho Estado.

3. La presente sección no se aplicará al contrato de transporte, salvo el caso de los que, por un precio global, ofrecen una combinación de viaje y alojamiento.

Artículo 16

1. La acción entablada por un consumidor contra la otra parte contratante podrá interponerse ante los tribunales del Estado miembro en que estuviere domiciliada dicha parte o ante el tribunal del lugar en que estuviere domiciliado el consumidor.

2. La acción entablada contra el consumidor por la otra parte contratante sólo podrá interponerse ante los tribunales del Estado miembro en que estuviere domiciliado el consumidor.

3. El presente artículo no afectará al derecho de presentar una reconvención ante el tribunal que entendiere de una demanda principal de conformidad con la presente sección.

Artículo 17

Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los acuerdos atributivos de competencia:

1. posteriores al nacimiento del litigio; o

2. que permitieren al consumidor formular demandas ante tribunales distintos de los indicados en la presente sección; o

3. que habiéndose celebrado entre un consumidor y su cocontratante, domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado miembro en el momento de la celebración del contrato, atribuyeren competencia a los tribunales de dicho Estado miembro, a no ser que la ley de éste prohibiere tales acuerdos.

SECCIÓN 5

COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO

Artículo 18

1. En materia de contratos individuales de trabajo, la competencia quedará determinada por la presente sección, sin perjuicio del artículo 4 y del punto 5 del artículo 5, apartado 5, ? y del artículo 6, apartado 1 ⎪ .

2. Cuando un trabajador celebrare un contrato individual de trabajo con un empresario que no tuviere su domicilio en un Estado miembro, pero poseyere una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro, se considerará, para todos los litigios derivados de la explotación de la sucursal, agencia o establecimiento, que tiene su domicilio en dicho Estado miembro.

Artículo 19

⎢ 44/2001 (adaptado)

Los empresarios domiciliados en un Estado miembro podrán ser demandados

⎢ 44/2001

1. ante los tribunales del Estado en que estuvieren domiciliados, o

2. en otro Estado miembro:

⎢ 44/2001 (adaptado)

a) ante el tribunal del lugar en el que √ o desde el que ∏ el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo o ante el tribunal del último lugar en que lo hubiere desempeñado; o

⎢ 44/2001

b) si el trabajador no desempeñare o no hubiere desempeñado habitualmente su trabajo en un único Estado, ante el tribunal del lugar en que estuviere o hubiere estado situado el establecimiento que hubiere empleado al trabajador.

Artículo 20

1. Los empresarios sólo podrán demandar a los trabajadores ante el tribunal del Estado miembro en el que estos últimos tuvieren su domicilio.

2. Lo dispuesto en la presente sección no afectará al derecho de presentar una reconvención ante el tribunal que entendiere de una demanda principal de conformidad con la presente sección.

Artículo 21

Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los acuerdos atributivos de competencia:

1. posteriores al nacimiento del litigio; o

2. que permitieren al consumidor formular demandas ante tribunales distintos de los indicados en la presente sección.

SECCIÓN 6

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS

Artículo 22

⎢ 44/2001 (adaptado)

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Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio:

1. en materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, los tribunales del Estado miembro donde el inmueble se hallare sito. √ No obstante: ∏

a) No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados para un uso particular durante un plazo máximo de seis meses consecutivos, serán igualmente competentes los tribunales del Estado miembro donde estuviere domiciliado el demandado, siempre que el arrendatario fuere una persona física y que propietario y arrendatario estuvieren domiciliados en el mismo Estado miembro ? , bien en el momento de la celebración del acuerdo, bien en el momento de la incoación del procedimiento ⎪ ,

∫ nuevo

b) en materia de acuerdos referentes al arrendamiento de locales para uso profesional, las partes podrán convenir que un tribunal o los tribunales de un Estado miembro sean competentes de conformidad con el artículo 23,

⎢ 44/2001

2. en materia de validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas, así como en materia de validez de las decisiones de sus órganos, los tribunales del Estado miembro en que la sociedad o persona jurídica estuviere domiciliada; para determinar dicho domicilio, el tribunal aplicará sus reglas de Derecho internacional privado,

3. en materia de validez de las inscripciones en los registros públicos, los tribunales del Estado miembro en que se encontrare el registro,

⎢ 44/2001 (adaptado)

4. en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, √ independientemente de que la cuestión se hubiere suscitado por vía de acción o por vía de excepción[25], ∏ los tribunales del Estado en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento comunitario √ de la Unión ∏ o en algún convenio internacional.

⎢ 44/2001

Sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes según el Convenio sobre la patente europea, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973, los tribunales de cada Estado miembro serán los únicos competentes, sin consideración del domicilio, en materia de registro o validez de una patente europea expedida para dicho Estado,

5. en materia de ejecución de las resoluciones judiciales, los tribunales del Estado miembro del lugar de ejecución.

SECCIÓN 7

PRÓRROGA DE LA COMPETENCIA

Artículo 23

⎢ 44/2001 (adaptado)

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1. Si las partes, cuando al menos una de ellas tuviere su domicilio en un Estado miembro, hubieren acordado que un tribunal o los tribunales de un Estado miembro fueren competentes para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiere surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán competentes ? , a menos que el acuerdo fuere nulo y sin efecto jurídico en cuanto al fondo según el Derecho de dicho Estado miembro ⎪ . Esta competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes. Tal acuerdo atributivo de competencia deberá celebrarse:

⎢ 44/2001

a) por escrito o verbalmente con confirmación escrita; o

b) en una forma que se ajustare a los hábitos que las partes tuvieren establecido entre ellas; o

c) en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las partes conocieren o debieren conocer y que, en dicho comercio, fueren ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado.

2. Se considerará hecha por escrito toda transmisión efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo.

3. Cuando ninguna de las partes que hubieren celebrado un acuerdo de este tipo estuviere domiciliada en un Estado miembro, los tribunales de los demás Estados miembros sólo podrán conocer del litigio cuando el tribunal o los tribunales designados hubieren declinado su competencia.

3. El tribunal o los tribunales de un Estado miembro a los que el documento constitutivo de un trust hubiere atribuido competencia serán exclusivamente competentes para conocer de una acción contra el fundador, el trustee o el beneficiario de un trust si se tratare de relaciones entre estas personas o de sus derechos u obligaciones en el marco del trust .

4. No surtirán efecto los acuerdos atributivos de competencia ni las estipulaciones similares de documentos constitutivos de un trust si fueren contrarios a las disposiciones de los artículos 13, 17 y 21 o si excluyeren la competencia de tribunales exclusivamente competentes en virtud del artículo 22.

Artículo 24

1. Con independencia de los casos en los que su competencia resultare de otras disposiciones del presente Reglamento, será competente el tribunal de un Estado miembro ante el que compareciere el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tuviere por objeto impugnar la competencia o si existiere otra jurisdicción exclusivamente competente en virtud del artículo 22.

∫ nuevo

2. En los materias contempladas en las secciones 3, 4 y 5 del presente capítulo, el escrito de demanda o documento equivalente deberá contener información para el demandado sobre su derecho a impugnar la competencia del tribunal y las consecuencias de su comparecencia. Antes de asumir la competencia en virtud del presente artículo, el tribunal se asegurará de que se facilitó dicha información al demandado.

SECCIÓN 8

COMPETENCIA SUBSIDIARIA Y FORUM NECESSITATIS

Artículo 25

Cuando ningún tribunal de un Estado miembro fuere competente con arreglo a los artículos 2 a 24, la competencia recaerá en los tribunales del Estado miembro en que estuvieren sitos los bienes pertenecientes al demandado, siempre que

a) el valor de los bienes no fuere desproporcionado en relación con la cuantía de la demanda; y

b) el litigio guarde una conexión suficiente con el Estado miembro del tribunal que vaya a conocer sobre él.

Artículo 26

Cuando ningún tribunal de un Estado miembro fuere competente con arreglo al presente Reglamento, los tribunales de un Estado miembro podrán conocer excepcionalmente del litigio si el derecho a un juez imparcial o el derecho a una tutela judicial efectiva así lo requirieren, en particular:

a) si no pudiere razonablemente incoarse o desarrollarse a cabo una acción o resultare imposible en un tercer Estado con el cual el litigo guarda estrecha conexión; o

b) si una resolución dictada sobre la demanda en un tercer Estado no pudiere ser objeto de reconocimiento y ejecución en el Estado miembro del tribunal al que se hubiere interpuesto la demanda conforme a la ley de ese Estado y dicho reconocimiento y dicha ejecución fueren necesarios para garantizar el respeto de los derechos del demandante;

y el litigio guardare una conexión suficiente con el Estado miembro del tribunal que vaya a conocer sobre él.

⎢ 44/2001

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SECCIÓN 89

COMPROBACIÓN DE LA COMPETENCIA JUDICIAL Y DE LA ADMISIBILIDAD

Artículo 2527

El tribunal de un Estado miembro, que conociere a título principal de un litigio para el que los tribunales de otro Estado miembro fueren exclusivamente competentes en virtud del artículo 22 ? no fuere competente con arreglo al presente Reglamento ⎪ , se declarará de oficio incompetente.

⎢ 44/2001 (adaptado)

Artículo 2628

1. Cuando una persona domiciliada en un Estado miembro fuere demandada ante un tribunal de otro √ un ∏ Estado miembro y no compareciere, dicho tribunal se declarará de oficio incompetente si su competencia no estuviere fundamentada en las disposiciones del presente Reglamento.

2. Este tribunal estará obligado a suspender el procedimiento en tanto no se acreditare que el demandado ha podido recibir el escrito de demanda o documento equivalente con tiempo suficiente para defenderse o que se ha tomado toda diligencia a tal fin.

⎢ 44/2001

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32. El artículo 19, apartados 1, 2 y 3 del Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo, de 29 de marzo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil[26] Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo[27] será de aplicación en lugar de lo dispuesto en el apartado 2 si el escrito de demanda o documento equivalente hubiere de ser remitido de un Estado miembro a otro en virtud de dicho Reglamento.

43. Cuando no sea de aplicación lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1348/2000 1393/2007 será aplicable el artículo 15 del Convenio de la Haya, de 15 de noviembre de 1965, relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial si el escrito de demanda o documento equivalente hubiere de ser remitido en virtud de dicho Convenio.

SECCIÓN 910

LITISPENDENCIA Y CONEXIDAD

Artículo 2729

1. ? Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32, apartado 2, ⎪ Ccuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante tribunales de Estados miembros distintos, el tribunal ante el que se formulare la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declare competente el tribunal ante el que se interpuso la primera.

∫ nuevo

2. En los casos contemplados en el apartado 1, el tribunal ante el que se formulare la primera demanda se declarará competente en el plazo de seis meses, salvo que, por circunstancias excepcionales, ello fuere imposible. A instancia de cualquier otro tribunal ante el que se hubiere sometido el asunto, el tribunal ante el que se formulare la primera demanda informará a aquel de la fecha en que se interpuso la demanda y de si se ha declarado competente sobre el litigio, o, en caso contrario, del tiempo estimado necesario para declararse competente.

⎢ 44/2001

23. Cuando el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda se declarare competente, el tribunal ante el que se interpuso la segunda se inhibirá en favor de aquel.

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4. Cuando la sede acordada o designada de un arbitraje estuviere situada en un Estado miembro, los tribunales de otro Estado miembro cuya competencia hubiere sido impugnada en virtud de un convenio de arbitraje suspenderán el procedimiento a partir del momento en que se someta a los tribunales del Estado miembro en el que esté situada la sede del arbitraje o al tribunal arbitral una acción para determinar, a título principal o como cuestión incidental, la existencia, la validez o los efectos de dicho convenio de arbitraje.

El presente apartado no es óbice para que el tribunal cuya competencia hubiere sido impugnada se inhiba en el caso al que se ha hecho referencia más arriba si su Derecho nacional así lo prescribe.

Cuando se estableciere la existencia, la validez o los efectos del convenio de arbitraje, el tribunal ante el que se interpuso la demanda se inhibirá.

El presente apartado no es aplicable a los litigios referentes a las materias contempladas en las secciones 3, 4 y 5 del capítulo II.

⎢ 44/2001

Artículo 2830

1. Cuando demandas conexas estuvieren pendientes ante tribunales de Estados miembros diferentes, el tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior podrá suspender el procedimiento.

⎢ 44/2001 (adaptado)

2. Cuando tales demandas conexas √ la demanda presentada en primer lugar ∏ estuvieren pendientes en primera instancia, cualquier otro tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior podrá de igual modo inhibirse, a instancia de una de las partes, a condición de que el tribunal ante el que se hubiere presentado la primera demanda fuere competente para conocer de las demandas de que se trate y de que su ley permita su acumulación.

⎢ 44/2001

3. Se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente.

∫ nuevo

Artículo 31

Si estuviere pendiente ante un tribunal de un Estado miembro una acción en cuanto al fondo y se sometiere a los tribunales de otro Estado miembro una solicitud de medidas provisionales y cautelares, los tribunales de que se trate cooperarán para asegurar la adecuada coordinación entre el procedimiento en cuanto al fondo y la tutela provisional.

En particular, el tribunal al que se sometiere una solicitud de medidas provisionales y cautelares recabará información del otro tribunal sobre todas las circunstancias pertinentes del asunto, como, por ejemplo, la urgencia de la medida solicitada o cualquier denegación de una medida similar por parte del tribunal que conociere sobre el fondo.

⎢ 44/2001

Artículo 2932

1. Cuando en demandas sobre un mismo asunto los tribunales de varios Estados miembros se declararen exclusivamente competentes, el desistimiento se llevará a cabo en favor del tribunal ante el que se hubiere presentado la primera demanda.

∫ nuevo

2. Con excepción de los acuerdos que se rigen por las secciones 3, 4 y 5 del presente capítulo, cuando un acuerdo contemplado en el artículo 23 confiriere competencia exclusiva a un tribunal o a los tribunales de un Estado miembro, los tribunales de otros Estados miembros no tendrán competencia alguna sobre el litigio hasta que el tribunal o los tribunales designados en el acuerdo se declaren incompetentes.

⎢ 44/2001

Artículo 3033

1. A efectos de la presente Ssección, se considerará que un tribunal conoce de un litigio:

1.a) desde el momento en que se le hubiere presentado el escrito de demanda o documento equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no hubiere dejado de tomar todas las medidas que se le exigieren para que se entregare al demandado la cédula de emplazamiento, o

2.b) si dicho documento hubiere de notificarse al demandado antes de su presentación al tribunal, en el momento en que lo recibiere la autoridad encargada de la notificación, a condición de que posteriormente el demandante no hubiere dejado de tomar todas las medidas que se le exigieren para presentar el documento al tribunal.

∫ nuevo

La autoridad encargada de la notificación a que se refiere la letra b) será la primera autoridad que hubiere recibido los documentos que fueren a notificarse.

2. Los tribunales y las autoridades encargadas de la notificación a que se refiere el apartado 1 consignarán, según proceda, la fecha y la hora de presentación del escrito de demanda o de recepción de los documentos que fueren a notificarse.

3. A efectos de la presente sección, se considerará que un tribunal arbitral conoce del asunto cuando una parte hubiere nombrado a un árbitro o hubiere solicitado el apoyo de una institución, autoridad o tribunal para la constitución del tribunal.

Artículo 34

1. No obstante las normas contenidas en los artículos 3 a 7, si en el momento en que se sometiere el asunto a un tribunal en un Estado miembro estuviere pendiente ante los tribunales de un tercer Estado una acción con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes, aquel podrá suspender el procedimiento si:

a) el asunto hubiere sido sometido primero al tribunal del tercer Estado;

b) cupiere esperar que el tribunal del tercer Estado dictará, dentro de un tiempo razonable, una resolución susceptible de ser reconocida y, en caso pertinente, ejecutada en ese Estado miembro; y

c) el tribunal considerare necesario la suspensión del procedimiento en aras de la buena administración de la justicia.

2. Mientras dure la suspensión, la parte que hubiere sometido el asunto al tribunal del Estado miembro no perderá los beneficios resultantes de la interrupción de los plazos de prescripción o caducidad previstos en el Derecho de dicho Estado miembro.

3. El tribunal podrá revocar la suspensión en cualquier momento, a instancia de una de las partes o de oficio, si se diere algunas de las condiciones siguientes:

a) la acción ante el tribunal del tercer Estado hubiere sido objeto de suspensión o inhibición;

b) el tribunal estimare poco probable que la acción ante el tribunal del tercer Estado pudiera concluirse en un tiempo razonable;

c) la revocación de la suspensión fuere indispensable para la buena administración de la justicia.

4. El tribunal desestimará la acción a instancia de cualquiera de las partes o de oficio, si la acción ante el tribunal del tercer Estado hubiere concluido y hubiere culminado en una resolución ejecutoria en dicho Estado, o susceptible de reconocimiento y, en su caso, de ejecución en el Estado miembro.

⎢ 44/2001

SECCIÓN 1011

MEDIDAS PROVISIONALES Y CAUTELARES

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Artículo 35

Cuando los tribunales de un Estado miembro fueren competentes en cuanto al fondo del asunto, serán competentes para otorgar las medidas provisionales y cautelares previstas por la ley de dicho Estado.

⎢ 44/2001 (adaptado)

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Artículo 3136

Podrán solicitarse medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un Estado miembro a las autoridades judiciales de dicho Estado, incluso si, en virtud del presente Reglamento, un tribunal de otro Estado miembro ? o un tribunal arbitral ⎪ fuere competente para conocer sobre el fondo.

⎢ 44/2001 (adaptado)

CAPÍTULO III

RECONOCIMIENTO √ , FUERZA EJECUTIVA ∏ Y EJECUCIÓN

Artículo 32

Se entenderá por «resolución», a los efectos del presente Reglamento, cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro con independencia de la denominación que recibiere, tal como auto, sentencia, providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el secretario judicial liquidare las costas del proceso.

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Artículo 37

1. El presente capítulo regula el reconocimiento, la fuerza ejecutiva y la ejecución de las resoluciones que entran dentro del ámbito del presente Reglamento.

2. La sección 1 será aplicable a todas las resoluciones con excepción de aquellas contempladas en el apartado 3.

3. La sección 2 será aplicable a las resoluciones dictadas en otro Estado miembro

a) relativas a las obligaciones extracontractuales que se derivaren de la violación de la vida privada y de los derechos relacionados con la personalidad, en particular la difamación, y

b) en los procedimientos que se refirieren a la indemnización de los daños ocasionados por prácticas comerciales ilegales a múltiples partes damnificadas y que fueren incoados por

i. un organismo estatal,

ii. una organización sin ánimo de lucro cuyo propósito y actividad principales fueren representar y defender los intereses de grupos de personas físicas o jurídicas, siempre que no sea, sobre una base comercial, prestándoles asesoramiento jurídico o representándolos ante los tribunales, o

iii. un grupo de más de doce demandantes.

4. Sin perjucio de la competencia de la Comisión para proponer en cualquier momento la ampliación de las reglas enunciadas en la sección 1 a las resoluciones que entren dentro del ámbito de aplicación del apartado 3, letra b), a la vista del grado de convergencia de la legislaciones nacionales y del desarrollo del Derecho de la Unión, tres años después de la entrada en vigor del presente Reglamento o en una fecha anterior si propone profundizar en la armonización, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe en el que se examinará la necesidad de mantener el procedimiento de reconocimiento y ejecución de las resoluciones dictadas en relación con las materias contempladas en el apartado 3, letra b).

SECCIÓN 1

RESOLUCIONES PARA LAS QUE NO SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE LA EJECUCIÓN

SUBSECCIÓN 1

SUPRESIÓN DEL EXEQUÁTUR

Artículo 38

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente capítulo, las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin que sea necesario recurrir a procedimiento especial alguno y sin posibilidad alguna de impugnar su reconocimiento.

2. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro que fueren ejecutivas en ese Estado gozarán de fuerza ejecutiva en los demás Estados miembros sin necesidad de otorgamiento de la ejecución.

Artículo 39

1. La parte que deseare invocar en otro Estado miembro una resolución reconocida en virtud del artículo 38, apartado 1, deberá presentar una copia de la resolución que reúna las condiciones necesarias para establecer su autenticidad.

2. Si hubiere lugar, el tribunal ante el que se invocare la resolución reconocida podrá pedir a la parte que deseare invocarla que presente un certificado expedido por el tribunal de origen utilizando el formulario cuyo modelo figura en el anexo I y que facilite una transcripción o una traducción del contenido del formulario de conformidad con el artículo 69.

El tribunal de origen expedirá este certificado igualmente a instancia de cualquier parte interesada.

3. El tribunal ante el cual se invocare la resolución reconocida podrá suspender el procedimiento, en todo o en parte, si se impugnare la resolución en el Estado miembro de origen o si se solicitare una revisión de conformidad con los artículos 45 o 46.

SUBSECCIÓN 2

EJECUCIÓN

Artículo 40

Toda resolución ejecutiva implicará por ministerio de la ley la autorización para poner en marcha las medidas cautelares previstas en la legislación del Estado miembro de ejecución.

Artículo 41

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente capítulo, el procedimiento de ejecución de las resoluciones dictadas en otro Estado miembro se regirá por el Derecho del Estado miembro de ejecución. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro de ejecución serán ejecutadas en este en las mismas condiciones que si se hubieren dictado en dicho Estado miembro.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los motivos de denegación o suspensión de la ejecución con arreglo a la ley del Estado miembro de ejecución no serán aplicables en la medida en que atañan a los casos contemplados en los artículos 43 a 46.

Artículo 42

1. A efectos de la ejecución en otro Estado miembro de una resolución distinta de las contempladas en el apartado 2, el solicitante facilitará a las autoridades encargadas de la ejecución competentes:

a) una copia de la resolución que cumpla las condiciones necesarias para establecer su autenticidad y

b) el certificado establecido según el modelo de formulario que figura en el anexo I, expedido por el tribunal de origen, que acredite que la resolución es ejecutiva y que contenga, en su caso, un extracto de la resolución, así como información pertinente sobre las costas recuperables del procedimiento y el cálculo de los intereses.

2. A efectos de la ejecución en otro Estado miembro de una resolución que ordenare una medida provisional o cautelar, el solicitante facilitará a las autoridades encargadas de la aplicación competentes

a) una copia de la resolución que cumpla las condiciones necesarias de autenticidad; y

b) el certificado establecido según el modelo de formulario que figura en el anexo I expedido por el tribunal de origen, con una descripción de la medida y que acredite

i) que el tribunal es competente en cuanto al fondo del asunto; y

ii) en caso de que la medida fuere ordenada sin que se cite al demandado a comparecer y debiere ser ejecutada sin notificación previa a este, que el demandado tiene derecho a impugnar la medida en virtud de la ley del Estado miembro de origen.

3. Si ha lugar, la autoridad competente podrá solicitar una transcripción o una traducción del contenido del formulario contemplado en la letra b) de los apartados 1 y 2 de conformidad con el artículo 69.

4. Las autoridades competentes no podrán exigir al solicitante que presente una traducción de la resolución. No obstante, podrá exigirse una traducción si se considerare ne