DICTAMEN DE LA COMISIÓN sobre la solicitud de modificación del artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia, presentada por el Tribunal de Justicia en respuesta a la Declaración n°12 al Tratado de Niza, relativa al artículo 225 del Tratado CE, modificado por el Tratado de Niza

2002/0226 (CNS)

DICTAMEN DE LA COMISIÓN sobre la solicitud de modificación del artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia, presentada por el Tribunal de Justicia en respuesta a la Declaración n°12 al Tratado de Niza, relativa al artículo 225 del Tratado CE, modificado por el Tratado de Niza [1]

[1] «La Conferencia invita al Tribunal de Justicia y a la Comisión a efectuar cuanto antes un estudio global del reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia, en particular, en materia de recursos directos y a presentar propuestas adecuadas, con objeto de que las instancias competentes puedan examinarlas en cuanto entre en vigor el presente Tratado».

Propuesta del Tribunal de Justicia

El Tribunal de Justicia propone modificar el artículo 51 del Estatuto de la siguiente manera [2]:

[2] Doc. n° 10790 - JUR. 232- del Consejo de 1.10.2001.

«Como excepción a lo dispuesto en la norma enunciada en el apartado 1 del artículo 225 del Tratado CE y en el apartado 1 del artículo 140 A del Tratado CEEA, se reservarán al Tribunal de Justicia los recursos contemplados en los artículos 230 y 232 del Tratado CE y en los artículos 146 y 148 del Tratado CEEA que se hayan interpuesto por un Estado Miembro, o una institución de las Comunidades o por el Banco Central Europeo y estén dirigidos contra un acto o una falta de actuación del Parlamento Europeo o del Consejo o de ambas instituciones conjuntamente.

Se reservarán igualmente al Tribunal de Justicia los recursos contemplados en los mismos artículos que se hayan interpuesto por una institución de las Comunidades o por el BCE contra un acto o una falta de actuación de la Comisión, así como por una institución de las Comunidades contra un acto o una falta de actuación del BCE».

Del texto normativo así propuesto se desprende que

* el Tribunal de Justicia se reservaría para su competencia exclusiva [3] los recursos de anulación y por omisión

[3] además de los recursos por incumplimiento - no contemplados por la propuesta del Tribunal de Justicia (cuya transferencia es previsible sobre la base de la frase segunda del párrafo primero del apartado 1 del artículo 225) - y de las competencias prejudiciales y la competencia de dictamen.

- interpuestos contra el Consejo y el PE, o ambos conjuntamente, por los Estados miembros, las instituciones y el BCE,

- y contra la Comisión y el BCE, únicamente si el recurso se interpone por otra institución o por el BCE;

* el Tribunal de Justicia de Primera Instancia (en lo sucesivo TPI) añadiría a sus competencias actuales los recursos de anulación y por omisión interpuestos por los Estados miembros contra la Comisión y el BCE.

La propuesta del Tribunal de Justicia se basa en «un examen estadístico y material de los recursos presentados por instituciones y Estados miembros durante los cinco últimos años (1996-2000)» [4] (Doc. n°10790, nota explicativa, página. 4, penúltimo párrafo)..

[4] ver Doc. n° 5604/02 - JUR. 26 - del Consejo de 24.01.2002.

Valoración de la propuesta del Tribunal de Justicia

Observaciones preliminares

a) La propuesta del Tribunal de Justicia no aborda el examen de una posible transferencia de competencias prejudiciales hacia el TPI, en el sentido del apartado 3 del artículo 225 del Tratado de Niza.

La Comisión comparte este enfoque ya que la primera innovación del Tratado de Niza consiste en convertir al TPI en el Tribunal de Derecho común en materia de recursos directos y sólo prevé la transferencia de competencias prejudiciales en materias específicas, que efectivamente habrá que determinar en una segunda fase, en el marco, en su caso, de una reflexión más global vinculada a la instauración de salas jurisdiccionales especializadas, en el sentido del apartado 2 del artículo 225 del Tratado de Niza.

b) La propuesta contempla la aplicación del aspecto de la reforma previsto en la primera frase del apartado 1 del artículo 225, al considerar el Tribunal de Justicia que «no procede aprovechar en este estadio las posibilidades abiertas por la última frase del párrafo primero del apartado 1 del artículo 225 del Tratado» (nota explicativa, página 4, párrafo 4).

La Comisión comparte también este enfoque puesto que la transferencia al Tribunal de Primera Instancia de recursos distintos de los contemplados en la primera frase, es decir, los recursos por incumplimiento, no es una prioridad en el presente estadio.

c) De la nota explicativa que acompaña su propuesta, se desprende que el Tribunal de Justicia ha intentado definir una línea de reparto simple y carente de ambigüedades, para que la arquitectura del sistema siga siendo legible y los conceptos utilizados no se presten a interpretaciones divergentes (página. 4 párrafo 1).

Este objetivo, que efectivamente es esencial, debe, no obstante, ir acompañado de una reestructuración de las competencias conforme a los términos y al espíritu del Tratado de Niza.

d) El Tribunal de Justicia declara a este respecto que en el marco del Tratado de Niza «las hipótesis en las que conservará una competencia exclusiva deben responder a una justificación particular».

Añade que «el hilo conductor» de su propuesta consiste »en confirmar el papel cuasi constitucional (que se le ha) atribuido» y que, «con este espíritu, debería seguir siendo (de su exclusiva) competencia el control de la actividad normativa de base y la solución de los conflictos interinstitucionales» (página 3 in fine).

La Comisión suscribe plenamente este análisis . El objetivo del Tratado de Niza es, en efecto, reservar al Tribunal de Justicia los contenciosos de importancia para que, en el futuro, pueda concentrarse en su triple papel de Tribunal Constitucional (competencia de dictamen, incumplimientos, recursos directos de importancia), Tribunal de Casación de las sentencias dictadas en primera instancia por el Tribunal de Primera Instancia, y Juez Supremo de interpretación por la vía de las cuestiones prejudiciales y del procedimiento de reexamen de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia [5].

[5] instaurado por los apartados 2 y 3 (últimos párrafos) del artículo 225 del Tratado de Niza.

Entre los recursos directos de importancia figuran indudablemente tanto los recursos interinstitucionales como los recursos contra actos normativos de base interpuestos por los Estados miembros o las instituciones.

Estos contenciosos inciden directamente en el funcionamiento de la Comunidad, en cuanto al equilibrio de competencias y poderes previstos por los Tratados entre instituciones y Estados miembros, por una parte, y entre instituciones, por otra. Como tales, estos recursos deben, en efecto, reservarse a la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia, en el sentido del Tratado de Niza.

e) La Comisión observa, sin embargo, que:

i ] respecto de los recursos interinstitucionales, la propuesta del Tribunal de Justicia solo contempla los interpuestos entre Parlamento Europeo, Consejo, Comisión y BCE. En opinión de la Comisión, la competencia del Tribunal de Justicia debe ampliarse a cualquier litigio de orden interinstitucional y abarcar, por lo tanto, también

* los recursos interpuestos entre las instituciones y organismos [6] que, según el tenor del apartado 1 del artículo 286 del Tratado CE hayan sido «establecidos por el presente Tratado o sobre la base del mismo » [7],

[6] Véase el apartado 3 del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude - (OLAF - (DO L 136, p.1).

[7] ej.: C-15/00, Comisión/BEI; órganos creados por el Tratado (CER, CES) o por el Derecho derivado, como la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (Reglamento nº 2309/93, de 22. 07.1993) o la Agencia Europea de Reconstrucción (Reglamento nº 2454/1999, de 15.11.1999).

* así como cualquier litigio que impugne los reglamentos internos o las disposiciones que regulan el funcionamiento de una institución o un organismo de la Comunidad . Así ocurre, por ejemplo, con los recursos interpuestos por los parlamentarios europeos contra disposiciones del reglamento interno de su institución o decisiones por las que se aprueban acuerdos-marco concluidos entre las instituciones (véase infra, bajo II B).

ii ] la Comisión considera asimismo que el criterio de reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia y el TPI propuesto por el Tribunal de Justicia- es decir, la condición de demandado que vendría a añadirse a la de demandante en la definición de la nueva línea de reparto de competencias -no responde exactamente al objetivo perseguido por el Tratado de Niza, en la medida en que este criterio conduce efectivamente a

* conservar dentro de la competencia del Tribunal de Justicia y reservar a la misma contenciosos cuyo mantenimiento bajo la competencia exclusiva del mismo ya no se justifica en el sentido del Tratado de Niza,

* y transferir a la competencia del TPI y mantener en la misma el control de actos que deben corresponder a la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia.

I. El criterio del demandado -en el caso que nos ocupa, cuando se trata del Consejo -conduce a reservar al Tribunal de Justicia contenciosos que deberían en la actualidad transferirse a la competencia del TPI

Al proponer reservarse el control de cualquier acto del Consejo y del PE, el Tribunal de Justicia, como él mismo, por otro lado, así lo precisa (nota explicativa [8], página.5, párrafo 3), se está refiriendo a las disposiciones aprobadas en codecisión y a los actos que se producen en el marco de los poderes propios de cada una de estas dos instituciones.

[8] Doc. n° 10790 , mencionado en la nota a pie de página 1.

Ahora bien, en el marco de sus poderes propios, el Consejo adopta numerosos actos, no todos los cuales pueden «reservarse» al control del Tribunal de Justicia, en el sentido del Tratado de Niza .

A. Decisiones en materia de ayudas estatales adoptadas por el Consejo en virtud del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE.

En la lógica del Tratado de Niza, no se debería atribuir este tipo de contenciosos al Tribunal de Justicia, llamado, tal y como el propio Tribunal de Justicia así lo reconoce, a centrarse en su papel cuasi constitucional.

Conviene recordar que, en su propuesta de 1998, el Tribunal de Justicia había propuesto la transferencia de estos contenciosos a la competencia del TPI, con el fin precisamente de poner remedio al «fraccionamiento de competencias, que puede afectar a este contencioso en un número de casos potencialmente muy elevado, respecto de recursos contra un mismo acto en función de la condición del demandante» [9].

[9] Doc. n° 5713/99 - JUR. 54- del Consejo, de 25.02.1999 (Exposición de motivos, p.4).

Los contenciosos de las ayudas estatales debería, en su conjunto, corresponder ahora a la competencia del TPI, cualesquiera que sean la parte demandante y la demandada, a excepción de los Reglamentos adoptados por el Consejo en virtud del artículo 89 (ex 94), habida cuenta de su naturaleza de acto normativo de base (véase infra).

B. Medidas de defensa comercial, en particular, los Reglamentos por los que el Consejo impone derechos antidumping o compensatorios definitivos [10].

[10] Reglamentos adoptados en virtud de una disposición de un acto de base, como el artículo 12 del Reglamento n° 2423/88 del Consejo, de 11.7.1988, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la CE (DO 1988 L 209), previa intervención del Reglamento de la Comisión por el que se establece un derecho antidumping o compensatorio provisional (art.11).

Por idénticas razones a las anteriormente indicadas, los recursos interpuestos por los Estados miembros contra este tipo de medidas deberían transferirse a la competencia del TPI, como el Tribunal de Justicia, por otra parte, había propuesto también en 1998.

C. Medidas de ejecución de un acto normativo de base adoptado en virtud de una disposición del Tratado

En la nota explicativa que acompaña su propuesta, el Tribunal de Justicia declara (página. 5):

«En cuanto a los 30 recursos presentados contra el Consejo (durante el período de referencia 1996-2000 elegido por el Tribunal de Justicia), resulta que, respecto de una mayoría de los mismos, la balanza se inclina hacia una atribución exclusiva al Tribunal de Justicia. » El número de asuntos que no se prestaban a esta valoración parece demasiado reducido para que se piense en introducir un subcriterio que sería una fuente de confusión no justificada por una auténtica ventaja estadística... »

Según la nota de análisis de los recursos interpuestos ante al Tribunal de Justicia durante el período de referencia (Doc. n ° 5604, páginas. 11-15, en lo sucesivo la »nota »), los 30 recursos contra el Consejo se articulan del siguiente modo:

«4 se refieren a la actividad normativa de base del Consejo...

3 recursos se inscriben en el marco de la gestión de una organización común de los mercados y no parece, a priori, que deban ser competencia del Tribunal de Justicia

Respecto de los 13 recursos restantes, la atribución puede suscitar dudas. Se trata de 4 recursos que se refieren a medidas adoptadas en el marco de la política comercial común y de 9 recursos que se refieren a medidas adoptadas en el marco de la política pesquera común.»

Conviene destacar las dudas que el propio Tribunal de Justicia formula en este documento sobre el mantenimiento de estos contenciosos bajo su competencia.

En efecto, en opinión de la Comisión, el examen de las distintas medidas impugnadas en el marco de estos 30 recursos induce a considerar que el criterio del demandado propuesto no debe, como tal, servir de norma de reparto de las competencias entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia, en el sentido del Tratado de Niza.

Del examen de estos 30 recursos se desprende efectivamente que sólo 13 de ellos se refieren a actos normativos de base, adoptados en virtud de una disposición del Tratado.

Se trata

- de 12 asuntos mencionados (nota, páginas 11 a 13) en la primera serie de 14 asuntos, que se refieren, en efecto, a actos normativos de base (litigios de bases jurídicas, con excepción de los asuntos C-93/00 y C-445/00),

- y de uno de los cuatro asuntos de política comercial común, mencionados en la nota (página.14), es decir el asunto C-149/96 [11] referido a una decisión del Consejo adoptada en virtud del artículo 113 y el apartado 2 del artículo 228 del Tratado CE.

[11] Recopilación 1999, p. I-8427.

Los 17 asuntos restantes no se refieren a una actividad normativa de base, sino a medidas adoptadas por el Consejo previa habilitación de un acto adoptado en virtud del Tratado .

Véase, a título de ejemplo, los 2 asuntos mencionados (nota, página.13) en la primera serie de 14 asuntos, es decir

- el asunto C-445/00, Austria/Consejo, que se refiere a un acto del Consejo adoptado al término de un procedimiento comitología de reglamentación, establecido por el artículo 16 del Protocolo n° 9 del Acta de adhesión de Austria, Finlandia y Suecia,

- y el asunto C-93/00, Parlamento/Consejo, que se refiere al Reglamento n° 2772/1999 por el que se aprueban las normas generales de un sistema obligatorio de etiquetado de la carne de vacuno, adoptado por el Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, de conformidad con el apartado 6 del artículo 19 del Reglamento n° 820/97 [12].

[12] Reglamento n° 820/97 del Consejo, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno (DO 1997 L 117, p.1). Según los términos del apartado 6 del artículo 19 «A más tardar el 1 de enero de 2000, el Consejo decidirá, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, si resulta posible y deseable establecer indicaciones obligatorias de datos distintos de los previstos en el apartado 2 y ampliar el ámbito de aplicación del presente Reglamento a productos distintos de los contemplados en el primer guión del artículo 13».

1. Caso de medidas adoptadas en el marco de los procedimientos de comitología [13],

[13] definidas inicialmente en la Decisión n° 87/373 del Consejo, de 13.07.1987, (DO 1987 L 197, p.33), sustituida por la Decisión 1999/468 del Consejo (DO 1999 L 184, p.23).

conviene recordar que estos procedimientos prevén la intervención del Consejo en caso de dictamen negativo del Comité de representantes de los Estados miembros, a veces a falta del mismo, [14] o, en el marco del procedimiento de comitología de salvaguardia, cuando un Estado miembro somete la decisión de la Comisión al Consejo [15] y, al final del procedimiento, la medida en cuestión se adopta bien por el Consejo, bien por la Comisión cuando el Consejo no ha adoptado una decisión en el plazo previsto.

[14] como se resalta, por otra parte, en los apartados 16, 23 y 24 del auto del Tribunal de Justicia del 23.2.2001, dictado en el asunto C-445/00, Austria/Consejo, (Rec. 2001, p. I - 1464); véase también C-352/96, repertoriado por el Tribunal de Justicia en los asuntos de política comercial y referido al reglamento n° 1552/96 (DO 1996 L 190, p.1: sumisión al Consejo después del dictamen negativo del comité de gestión).

[15] Véanse otros asuntos de política comercial repertoriados por el Tribunal de Justicia: C-110/97 relativo al Reglamento n°304/97 (DO 1997 L 51, p.1: acto de la Comisión sometido al Consejo por UK); C-301/97 referido al Reglamento. n° 1036/97 (DO 1997 L 151, p.8: acto de la Comisión sometido al Consejo por ESP y UK).

De lo anteriormente dicho se desprende que, tanto desde el punto de vista del fondo, del ámbito de aplicación, como de sus efectos, las medidas adoptadas al término de un procedimiento de comitología presentan, cualquiera que sea el autor, la misma naturaleza [16].

[16] comparación útil, en particular, con el asunto C-89/96, Portugal/Comisión, relativo al Reglamento. n° 3053/95 adoptado por la Comisión en virtud de los artículos 17 y 19 del Reglamento nº 3030/93 del Consejo, previo dictamen favorable del Comité textil (DO 1995 L 323, p.1) o con los asuntos C-159/96, Portugal/Comisión, C-289/96, Dinamarca/Comisión, C-293/96, Alemania/Comisión, C-299 Francia/Comisión, mencionados por el Tribunal de Justicia en la lista de recursos contra la Comisión.

Parece, por lo tanto, artificial distinguir entre medidas del Consejo y de la Comisión para someterlas al control del Tribunal de Justicia o al del TPI según que el acto impugnado haya sido adoptado por el Consejo o por la Comisión.

2. Las restantes medidas adoptadas por el Consejo previa habilitación de un acto legislativo de base

En virtud del artículo 202 (ex 145) del Tratado, el Consejo puede, en efecto, reservarse, en casos específicos, el ejercicio directo de las competencias de ejecución .

Estos casos, más bien raros si se considera el conjunto de las medidas de ejecución adoptadas en Derecho comunitario [17], se producen esencialmente en sectores como, por ejemplo, la PAC y la política pesquera común, en los que se requieren numerosas medidas técnicas para aplicar la legislación de base.

[17] en virtud del artículo 1 de la Decisión 1999/468, las competencias de ejecución corresponden en principio a la Comisión, «salvo en los casos específicos debidamente motivados en que el acto de base reserve al Consejo el ejercicio directo de determinadas competencias de ejecución ».

Durante el período de referencia elegido por el Tribunal de Justicia, las medidas técnicas así adoptadas por el Consejo quedan reflejadas en el asunto C-93/00 [18], ya mencionado, los 3 asuntos sobre organizaciones comunes de mercado y en los 9 asuntos relativos a la política pesquera común.

[18] véase nota a pie de página 6.

Dos series de argumentos llevan a considerar que el conjunto de estas medidas deberían someterse al control del TPI :

a) su tecnicidad

El Reglamento n°2772/1999 [19], objeto del asunto C-93/00, Parlamento/Consejo, prevé - mediante un artículo único, que, por otra parte, se limita a remitir a las disposiciones del Reglamento de base n°820/97 -, normas generales de un sistema obligatorio de etiquetado de la carne de vacuno.

[19] DO 1999 L 334, p.1.

Los Reglamentos del Consejo a que se refieren los 3 asuntos relativos a organizaciones de mercado (p.13) tienen, todos, por objeto fijar el precio de intervención de determinados productos agrícolas que deben aplicarse durante las campañas de comercialización.

Los Reglamentos de que tratan los 9 asuntos relativos a la política pesquera común (páginas.14 y 15) tienen por objeto fijar medidas técnicas, tales como, por ejemplo, los totales admisibles de capturas (TAC) de determinadas poblaciones de peces [20].

[20] en particular, el Reglamento. n° 3074/95 (DO 1995 L 330, p.1).

Habida cuenta del papel asignado al Tribunal de Justicia por el Tratado de Niza, el control de tales medidas no debería »reservársele » en primera y última instancia .

b) su contexto

Todos los Reglamentos del Consejo a que se refieren los 13 recursos anteriormente mencionados se han adoptado según el mismo procedimiento [21], de conformidad con la disposición prevista a tal efecto por el acto legislativo de base.

[21] el Consejo decide por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión.

Conviene sin embargo señalar que todos los actos legislativos de base en cuestión, que han establecido este procedimiento, prevén además procedimientos de comitología y prescriben, por otra parte, la remisión a los procedimientos del Tratado para la adopción de algunas medidas complementarias .

Así por ejemplo, para el ámbito pesquero, el Reglamento n° 3760/92 del Consejo [22] prevé al mismo tiempo

[22] DO 1992, L 389, p.1.

- en el apartado 4 de su artículo 8, el procedimiento por el que el Consejo adoptó los distintos actos impugnado en los 9 asuntos anteriormente citados (por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión),

- en su art.15, un procedimiento que supone una delegación de poderes a la Comisión (sin intervención de un Comité), y al Consejo que puede tomar una decisión diferente en el plazo de un mes a partir de que se le someta la petición por un Estado miembro,

- y en sus artículos 17 y 18 un procedimiento de comitología clásica de gestión [23]

[23] lo mismo ocurre con el Reglamento n° 1785/81 relativo a la 0CM del azúcar (DO 1981 L 177, p.4, modificado en el DO 1996 L 206, p 43), que fue la base de los actos a que se refieren los asuntos C-340/98 y C-357/99 y que se adoptaron según el procedimiento previamente mencionado, previsto por el apartado 5 del artículo 3, el apartado 5 del artículo 5 y el apartado 4 del artículo 8 de dicho Reglamento.

i) ahora bien, las medidas adoptadas por el Consejo en solitario, previa habilitación de un acto de base, no pueden distinguirse, por orden de importancia, de aquellas que el mismo o la Comisión adoptan en el marco de los procedimientos de comitología establecidos por el propio acto de base.

Conviene, en efecto, señalar que, en virtud del artículo 2 de la Decisión 1999/468 del Consejo [24], la Comisión y el Consejo han de adoptar

[24] antes citada, nota a pie de página 11.

«a) medidas relativas a la aplicación de la política agrícola común y la política pesquera común o a la ejecución de programas con implicaciones presupuestarias importantes»,

así como

«b) medidas de alcance general por las que se desarrollen los elementos esenciales de un acto de base, incluidas las medidas (delicadas) relativas a la protección de la salud de las personas, los animales.»

o asimismo

«han de adaptar y actualizar» los actos normativos de base adoptados en virtud del Tratado.

Las medidas adoptadas por la Comisión y por el Consejo se producen así

* en todos los ámbitos, que pueden ser complejos e implicar opciones políticas delicadas .

Véanse, por ejemplo, las distintas decisiones de la Comisión y el Consejo relativas a determinadas medidas urgentes en materia de protección contra la encefalopatía espongiforme bovina, enumeradas en el auto. C-514/99 del Tribunal de Justicia de 21.6.2000 [25](asunto citado en la nota del Tribunal de Justicia, página.9);

[25] C-514/99, Francia/Comisión, Rec. 2000, p I-4706; véase también C-180/96, Reino Unido/Comisión, nota del Tribunal de Justicia, página 6.

* y según modalidades que pueden, como el Tribunal de Justicia señala respecto del Reglamento 2772/1999 del Consejo, a que se refiere el asunto C-93/00, superar la simple ejecución o que pueden asimilarse a actos cuasilegislativos [26] .

[26] véase la nota de análisis del Tribunal de Justicia, página.11, asuntos mencionados bajo «Adaptación de normas aprobadas por el Consejo».

Véase por ejemplo

- apartados 6 y 19 de la sentencia 25/70, Köster, por la que el Tribunal de Justicia admitió que la Comisión podía estar habilitada para completar las medidas fragmentarias contenidas en un acto de base (Rec.1970, p.1161, spec. p 1172-1175),

- apartado 41 de la sentencia 240/90, Alemania/Comisión, en cuyos términos «cuando el Consejo ha fijado en su Reglamento de base las normas esenciales de la materia regulada, puede delegar a la Comisión la facultad general de adoptar las modalidades de aplicación, sin que deba precisar los elementos esenciales de las competencias delegadas y que, para ello, una disposición redactada en términos generales proporciona una base de habilitación suficiente»(Rec. 1992, p.5434) »

De lo anteriormente dicho se desprende que las medidas de ejecución de un acto de base no pueden diferenciarse según su autor o su procedimiento de adopción: forman un conjunto destinado a la aplicación de dicho acto, por lo que sería artificial disociarlas .

ii) Esta constatación se encuentra confirmada, en el caso que nos ocupa, por los términos de los reglamentos de base examinados, todos los cuales contemplan junto a los distintos procedimientos anteriormente mencionados la remisión al procedimiento legislativo previsto por el Tratado [27] para la adopción de algunas medidas complementarias expresamente definidas .

[27] De este modo, el Reglamento n° 3760/92 remite al procedimiento del artículo 43 del Tratado para la aprobación de las medidas contempladas en el apartado 1 de su artículo 4, el apartado 1 de su artículo 5 y el apartado 3 de su artículo 8.

Es decir, en el marco de los actos de base en cuestión, el propio legislador ya ha hecho la distinción entre las distintas medidas que deben adoptarse al nivel ejecutivo y las que deben ser adoptadas al nivel legislativo para completar el sistema establecido.

iii) conviene resaltar, por último, que esta constatación no se limita a los sectores aquí mencionados.

A título de ejemplo, se citarán a continuación

* las medidas de vigilancia adoptadas por el Consejo, por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión [28], que aveces corren paralelas a las medidas de salvaguardia adoptadas por la Comisión o el Consejo según un procedimiento de comitología [29], medidas cuya transferencia al control del TPI había, por otra parte, propuesto el Tribunal de Justicia en 1998;

[28] ej.: artículo 17 del Reglamento n° 3285/94 del Consejo, de 22.12.1994, sobre el régimen común aplicable a las importaciones y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 518/94 (DO L 349 de 31.12.1994, p.53).

[29] artículo 16 del Reglamento 3285/94, antes citado.

* las medidas de política comercial adoptadas por el Consejo o por la Comisión en el marco del procedimiento de comitología de salvaguardia instituido por el artículo 14 del Reglamento n° 3286/94 [30] o adoptadas por el Consejo en virtud del apartado 3 del artículo 13 de dicho Reglamento, de acuerdo con cuyos términos el Consejo decide por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión, de conformidad con el artículo 113 del Tratado.

[30] Reglamento n° 3286/94 del Consejo, de 22.12.1994, por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, particularmente las establecidas bajo los auspicios de la organización Mundial del Comercio (DO L 349 de 31.12.1994, p.71).

c) De las consideraciones que preceden se desprende que, en opinión de la Comisión

i) Las medidas de ejecución de un acto legislativo adoptado sobre la base de una disposición del Tratado deberían someterse al control de un mismo juez, en este caso, el TPI.

ii) Deberían, en cambio, reservarse al Tribunal de Justicia los recursos de anulación y por omisión interpuestos por los Estados miembros, las instituciones y el BCE en contra de los actos adoptados o la falta de actuación en virtud de una disposición del Tratado, excepto las decisiones en materia de competencia y ayudas estatales (véase infra).

La solución así propuesta responde al doble objetivo del Tribunal de Justicia, que pretende al mismo tiempo conservar dentro de su competencia el «control de la actividad normativa de base de las instituciones» (nota explicativa, página 4 in fine) y «realizar transferencias cuantitativamente significativas» en dirección del TPI (nota explicativa, página 4, penúltimo párrafo).

A este respecto, se hace hincapié en que, en términos cuantitativos, con relación a la propuesta del Tribunal de Justicia, la presente solución equivaldría a transferir 17 recursos suplementarios [31] a la competencia del TPI, teniendo, no obstante, en cuenta que determinados recursos interpuestos contra la Comisión se mantendrían, en cambio, dentro de la competencia del Tribunal de Justicia, a saber, los 4 asuntos referentes a las directivas aprobadas en virtud del apartado 3 del artículo 86 (ex 90 3) del Tratado CE (nota del Tribunal de Justicia, páginas10-11).

[31] Si bien 13 asuntos de los 30 recursos presentados contra el Consejo durante el período de referencia -es decir, los 9 asuntos de política pesquera, los 3 asuntos de política comercial y el C-93/00 - deben reservarse a la competencia del Tribunal de Justicia.

II. La propuesta del Tribunal de Justicia conduce a transferir a la competencia del TPI y mantener dentro de la misma el control de actos que deben ser de la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia

A. Actos cuyo control no puede transferirse a la competencia del TPI

1. Actos normativos adoptados por instituciones distintas del Consejo y del Parlamento

Conviene mencionar, en particular,

- las directivas adoptadas por la Comisión en virtud del apartado 3 del artículo 86 (ex90 3) del Tratado CE,

- así como los Reglamentos adoptados por el BCE en virtud del apartado 1 del artículo 110 del Tratado, cuya calidad de acto normativo de base no puede ponerse en duda.

Basta, en efecto, con referirse al apartado 2 del artículo 110 que reproduce en términos casi idénticos el artículo 249 (ex189) del Tratado.

Tales actos corresponden a la actividad legislativa tal como se define por el Consejo en el artículo 7 de su Reglamento interno [32]. Según esta disposición,

[32] DO L 149 de 23.06.2000, p.21.

«El Consejo actúa en su capacidad legislativa según lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 207 del Tratado CE cuando adopta normas jurídicamente vinculantes en o para los Estados miembros, mediante reglamentos, directivas, decisiones marco o decisiones, con arreglo a las disposiciones correspondientes de los Tratados».

2. Actos no normativos, por su propia naturaleza de la competencia del Tribunal de Justicia

Así sucede, por ejemplo, con las decisiones adoptadas por la Comisión en virtud de los apartados 2 y 3 del artículo 11 del Tratado CE, en materia de cooperaciones reforzadas, que deberán reservarse al control del Tribunal de Justicia, con el fin de mantener la coherencia del control de las decisiones adoptadas a este respecto por la Comisión y el Consejo.

Tal como se ha indicado más arriba, el control de los actos normativos y los actos no normativos adoptados sobre la base de una disposición del Tratado debe reservarse al control exclusivo del Tribunal de Justicia [33].

[33] Serían de la competencia del Tribunal de Justicia recursos como el interpuesto en el asunto C-100/99, Italia/Consejo y Comisión, (DOC. n° 5604/02, p.15) referido, a la vez, a una disposición adoptada en virtud de una disposición del Tratado, en este caso, el Reglamento n° 2800/98 del Consejo sobre las medidas transitorias para la introducción del euro en la política agrícola común, adoptado en virtud de los artículos 42 y 43 del Tratado CE y a un Reglamento de ejecución adoptado por la Comisión sobre la base del artículo 9 (procedimiento de comitología) del Reglamento n° 2799/98 del Consejo, en este caso, el Reglamento n° 2808/98. por el que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen agromonetario del euro en el sector agrario.

No se trata, sin embargo, de volver de nuevo sobre la transferencia ya efectuada en dirección del TPI de los recursos interpuestos en materia de competencia y ayudas estatales. Las decisiones tomadas a este respecto tanto por la Comisión como por el Consejo sobre la base de las disposiciones del Tratado deberán someterse al control del TPI, constituyendo, por lo tanto, una excepción a la norma de reparto de competencias así propuesta.

B. Recursos cuyo control ya no debería mantenerse dentro de la competencia del TPI

Habida cuenta de que el Tratado de Niza tiende a una redistribución global de las competencias entre el Tribunal de Justicia y el TPI, la Comisión opina que el conjunto de recursos encaminados a la anulación de disposiciones de un reglamento interno de una institución o de decisiones por las que se regule el funcionamiento interno de una institución debería reservarse a la competencia del Tribunal de Justicia.

La Comisión observa a este respecto que, según la propuesta del Tribunal de Justicia, las resoluciones y decisiones internas del Parlamento solo se someterán a su control si el recurso se interpone por un Estado miembro [34]. Ahora bien, cualquier recurso de anulación o por omisión en esta materia afecta al funcionamiento del sistema institucional y debe, en opinión de la Comisión, reservarse a la competencia exclusiva de aquél.

[34] ej.: el asunto C - 267/96, Francia/PE, mencionado en la nota p.15 in fine, sobre la anulación de una deliberación del PE por la que se fijaba el calendario de las sesiones, que se habría adoptado en violación de la decisión sobre la sede del PE adoptada de común acuerdo entre los Estados Miembros en Edimburgo en 1992.

En el caso del Parlamento Europeo, conviene citar, en particular, los asuntos

- T-222/99, Martínez-De Gaulle/PE, T-327/99 Front National/PE y T-329/99, Bonino e.a/PE,: recurso de anulación de la decisión del PE de 14.9.99 relativa a la interpretación del apartado 1 del artículo 29 del Reglamento interno del PE que suponía la disolución del Grupo técnico de diputados independientes (sentencia de 2.10.2001).

- T-236, Stauner e.a./PE, sobre la anulación del acuerdo marco aprobado por el PE el 5.7.00, en cuanto lesiona el derecho de los parlamentarios de formular preguntas a la Comisión en virtud del apartado 3 del artículo 197 del Tratado CE (auto de 17.01.2002).

- T-17/00, Rotley/PE, sobre la anulación de una decisión del PE por la que se modifica su R. interno a raíz del acuerdo interinstitucional de 25.051999 entre el PE, el Consejo y la Comisión, relativo a las investigaciones internas efectuadas por la OLAF; esta decisión violaría, por una parte, el procedimiento legislativo, su inmunidad como parlamentarios y la independencia de su mandato (sentencia de 26.02.2002).

* * *

Habida cuenta del conjunto de consideraciones que preceden, la Comisión propone modificar el artículo 51 del Estatuto, tal como se indica en el anexo

Anexo

Propuesta de modificación del proyecto del Tribunal de Justicia

(las modificaciones respecto del texto del Tribunal de Justicia figuran en negrita)

Artículo 51

Como excepción a lo dispuesto en la norma enunciada en el apartado 1 del artículo 225 del Tratado CE y en el apartado 1 del artículo 140 A del Tratado CEEA, se reservarán al Tribunal de Justicia los recursos contemplados en los artículos 230 y 232 del Tratado CE y en los artículos 146 y 148 del Tratado CEEA, que se hayan interpuesto por un Estado Miembro, una institución de las Comunidades o por el BCE contra un acto basado en una disposición del Tratado CE o del Tratado CEEA o contra una falta de actuación en virtud del Tratado CE o del Tratado CEEA, con exclusión de

- las decisiones adoptadas por la Comisión o por el Consejo en virtud del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE,

- y las decisiones adoptadas por la Comisión en virtud del artículo 38, del apartado 2 del artículo 76, de los artículos 81, 82, 85, del apartado 3 del artículo 86 y del artículo 134 del Tratado CE.

Se reservarán igualmente al Tribunal de Justicia los recursos contemplados en los mismos artículos

i) que se hayan interpuesto entre [35] las instituciones, el BCE, las instituciones y organismos establecidos por el Tratado CE o sobre la base del mismo [36]

[35] recursos interinstitucionales

[36] formulación recogida del apartado 1 del artículo 286 del Tratado CE.

ii) así como los interpuestos [37] contra un acto por el que se regula el funcionamiento de una institución, del BCE, o de una institución u organismo comunitario.