ES Diario Oficial de la Unión Europea C 170/40

Exposición de motivos del Consejo: Posición (EU) n.o 9/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair

(2016/C 170/02)

I. INTRODUCCIÓN

El 25 de marzo de 2013, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva relativa a los requisitos de entrada y residencia con fines de investigación, estudios, intercambio de alumnos, prácticas remuneradas y no remuneradas, servicios de voluntariado y colocación au pair.

El Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones adoptaron sus dictámenes sobre la propuesta el 18 de septiembre de 2013 y los días 28 y 29 de noviembre de 2013, respectivamente.

Los órganos pertinentes del Consejo empezaron a debatir la propuesta en abril de 2013. El 25 de febrero de 2014 el Parlamento Europeo aprobó su posición en primera lectura. El Consejo no estaba en condiciones de aceptar el resultado de la primera lectura del Parlamento Europeo y, el 10 de diciembre de 2014, el Comité de Representantes Permanentes refrendó el mandato que autorizaba al Consejo a comenzar las negociaciones con el Parlamento Europeo.

Después de seis diálogos tripartitos informales entre el Consejo y el Parlamento Europeo, los días 3 y 31 de marzo, 26 de mayo, 16 de julio, 29 de octubre y 17 de noviembre de 2015, los dos colegisladores, asistidos por la Comisión, alcanzaron un acuerdo sobre el texto. En su reunión del 26 de noviembre, el Comité de Representantes Permanentes refrendó el texto negociado con el Parlamento Europeo. El Consejo adoptó su acuerdo político sobre el texto en su sesión del 4 de diciembre de 2015. Anteriormente, la Presidencia de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo había indicado al Presidente del Coreper, mediante carta de 1 de diciembre de 2015, que, de transmitirse el texto transaccional al Parlamento como posición del Consejo en primera lectura, recomendaría a los miembros de la mencionada comisión, y posteriormente al Pleno, que se aceptase la posición del Consejo sin enmiendas en la segunda lectura del Parlamento, a reserva de su verificación por los juristas-lingüistas de ambas instituciones.

El Parlamento Europeo y la Comisión hicieron una declaración que se hará constar en el acta del Consejo.

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dichos Estados miembros no participan en la adopción de la presente Directiva y no quedan vinculados por ella ni sujetos a su aplicación.

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.

El Consejo adoptó su posición en primera lectura el 10 de marzo de 2016, de conformidad con el artículo 294 del Tratado.

II. OBJETIVO

La propuesta modifica y refunde la Directiva 2004/114/CE relativa a los requisitos de admisión de los nacionales de terceros países a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no remuneradas o servicios de voluntariado y la Directiva 2005/71/CE relativa a un procedimiento específico de admisión de nacionales de terceros países a efectos de investigación científica. El objetivo de esta propuesta es mejorar el marco jurídico aplicable a las categorías de nacionales de terceros países cubiertas por las dos Directivas mencionadas, así como ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva a categorías nuevas de nacionales de terceros países (prácticas remuneradas y colocación au pair).

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO EN PRIMERA LECTURA

Generalidades

Las negociaciones se llevaron a cabo en el contexto de actuación determinado por la Comunicación de la Comisión de marzo de 2014, titulada: «Una Europa abierta y segura: ha llegado la hora de hacerla realidad (1)», y las orientaciones estratégicas del Consejo Europeo de junio de 2014 para un mayor desarrollo del espacio de libertad, seguridad y justicia (2). El Consejo Europeo destacó que, ante las tendencias demográficas europeas y mundiales, Europa tiene que seguir siendo un destino atractivo para las personas con talento y capacidad. A tal fin, Europa debe elaborar estrategias para aprovechar al máximo las oportunidades de la migración legal mediante normas coherentes y eficaces. Asimismo, la inmigración como cantera de profesionales altamente cualificados sigue siendo un aspecto importante en el contexto de Europa 2020: nueva estrategia europea para el empleo y el crecimiento.

La última fase de las negociaciones en 2015 coincidió con la crisis migratoria y de refugiados. En un contexto así era importante finalizar las negociaciones sobre la presente Directiva y crear de este modo más oportunidades para que los nacionales de terceros países entren en la UE legalmente. La Comunicación de la Comisión de mayo de 2015 «Una Agenda Europea de Migración» (3) solicitaba una adopción rápida de la Directiva que proporcionara a los estudiantes e investigadores (considerados grupos estratégicamente importantes) nuevas oportunidades de movilidad y de búsqueda de trabajo en la UE.

Cuestiones principales

En consonancia con las disposiciones de la Declaración común sobre las modalidades prácticas del procedimiento de codecisión (4), los representantes del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión mantuvieron contactos para llegar a un acuerdo sobre dicha propuesta. Con vistas a conciliar la posición de ambas instituciones y teniendo en cuenta el acuerdo alcanzado en dichos contactos, el Consejo adopta su posición en primera lectura sobre una Directiva relativa a los requisitos de entrada y de residencia de los nacionales de terceros países con fines de investigación, estudios, intercambio de alumnos, prácticas remuneradas y no remuneradas, servicios de voluntariado y colocación au pair e introduce las siguientes modificaciones fundamentales a la propuesta de la Comisión:

Ámbito de aplicación (artículo 2)

Si bien la Comisión consideró obligatorias todas las categorías de su propuesta, en la posición del Consejo únicamente figuran como categorías obligatorias las categorías de investigadores, estudiantes, personas en prácticas y voluntarios del Servicio Voluntario Europeo. Las categorías de alumnos, otros voluntarios y colocación au pair son optativas en la posición del Consejo. Ello se debe al planteamiento del Consejo de que el objetivo principal de la Directiva es atraer a la UE a nacionales de terceros países altamente cualificados.

Con respecto a las personas en prácticas, el Consejo decidió eliminar la distinción entre prácticas remuneradas y no remuneradas, que no se consideró pertinente a los efectos de la presente Directiva, y hacer referencia, en su lugar, a la categoría general de personas en prácticas. Por otro lado, la categoría de voluntarios se ha dividido en aquellos voluntarios que participan en el Servicio Voluntario Europeo y otros. Es importante contar con normas armonizadas en toda la UE para garantizar el acceso al Servicio Voluntario Europeo, que forma parte del programa Erasmus+ de la UE y tiene una dimensión internacional. La importancia de este planteamiento resulta menos obvia en el caso de otros voluntarios. Por consiguiente, dicha categoría es optativa en la posición del Consejo.

Disposiciones más favorables (artículo 4)

El Consejo añade algunas disposiciones sobre las que los Estados miembros pueden adoptar o mantener disposiciones más favorables. Concretamente, el Consejo ofrece a los Estados miembros la posibilidad de no exigir que el convenio de acogida contenga el título o el objeto de la actividad de investigación o del ámbito de investigación (artículo 10, apartado 2, letra a)). También se ofrece a los Estados miembros la posibilidad de expedir autorizaciones de mayor duración que la contemplada el artículo 18. La referencia al artículo 35 sobre transparencia y acceso a la información permite a los Estados miembros poner más información a disposición de los solicitantes, si se considera oportuno. Por tanto, el Consejo solo aceptó parcialmente la enmienda n.o 25 del Parlamento Europeo puesto que el objetivo de la Directiva es armonizar las normas aplicadas en los Estados miembros, especialmente en lo relativo a sus disposiciones esenciales.

Principios (artículo 5)

El Consejo introduce un principio adicional que permite a los Estados miembros exigir al solicitante que presente los documentos justificativos requeridos conforme a la presente Directiva a efectos de admisión, ya sea en una lengua oficial del Estado miembro de que se trate o en cualquier lengua oficial de la UE que determine el Estado miembro correspondiente. Se trata de un principio importante para los Estados miembros, ya que facilita la labor de sus administraciones y ayuda a acelerar el tratamiento de las solicitudes.

Volúmenes de admisión (artículo 6)

El Consejo reitera el principio establecido en el artículo 79, apartado 5, del TFUE, relativo al derecho de los Estados miembros a establecer volúmenes de admisión de nacionales de terceros países que se dirijan a su territorio con el fin de trabajar. El Consejo aclara que este principio solo puede aplicarse si se considera que la categoría específica de los nacionales de terceros países se encuentra en una relación laboral en el Estado miembro de que se trate. Asimismo, menciona explícitamente que los volúmenes de admisión nunca pueden aplicarse a los estudiantes, aun cuando se les permita trabajar al tiempo que realizan sus estudios, puesto que, por definición, solicitan ser admitidos con el fin de estudiar. En las Directivas 2014/66/UE (5) (Directiva TIC) y 2014/36/UE (6) (Directiva sobre los trabajadores temporeros) se incluye un artículo similar sobre los volúmenes de admisión.

Requisitos generales para la admisión (artículo 7)

Por motivos de claridad, el Consejo considera necesario enumerar en el artículo 7, apartado 1, letra a), además del documento de viaje válido, todos los documentos posibles que puedan exigirse para la entrada, en función del sistema nacional específico o de la situación específica del nacional de un tercer país.

El Consejo armoniza el apartado 1, letra e), con las disposiciones correspondientes de la Directiva TIC (artículo 5, apartado 5) y con la Directiva sobre los trabajadores temporeros (artículo 5, apartado 3), añadiendo la frase «sin tener que recurrir al sistema de asistencia social del Estado miembro». Asimismo, por motivos de claridad, el Consejo introduce una lista abierta de fuentes de las que se pueden obtener recursos suficientes. Teniendo en cuenta el amplio abanico de categorías que abarca la Directiva, dicha lista resulta útil para orientar a los Estados miembros a la hora de evaluar los «recursos suficientes». El Consejo también introduce una nueva disposición en este artículo (apartado 3), por la que se permite a los Estados miembros indicar un importe de referencia que consideren que constituye unos «recursos suficientes». En el artículo 35, relativo a la transparencia y el acceso a la información, el Consejo impone la obligación a los Estados miembros de facilitar a los solicitantes el acceso a la información sobre el nivel de recursos mensuales suficientes. Ello aportará información clara a los solicitantes y a otras personas interesadas en relación con los requisitos relativos a los «recursos suficientes» en distintos Estados miembros.

El Consejo introduce un apartado 2 nuevo que permite a los Estados miembros exigir al solicitante que facilite la dirección en su territorio del nacional de un tercer país de que se trate. Dicho requisito ya está establecido en la práctica en una serie de Estados miembros y los datos de la dirección son necesarios para fines como el de comunicarse con el solicitante o asignar competencia administrativa en el Estado miembro correspondiente. El Consejo también especifica que, cuando se exija dar una dirección en el momento de la solicitud y el nacional del tercer país todavía no conozca su futura dirección, los Estados miembros aceptarán una dirección temporal. El requisito de que el solicitante presente la dirección se incluye también en la Directiva TIC.

El Consejo introduce los apartados 4 y 5 para especificar dónde pueden enviarse las solicitudes de autorización y quién puede hacerlo. En la propuesta de la Comisión las disposiciones correspondientes aparecían en el artículo sobre los requisitos específicos para los investigadores. El Consejo los traslada al artículo sobre requisitos generales, lo que hace que sean aplicables a todas las categorías que cubre la Directiva. En cuanto al fondo, la propuesta de la Comisión dispone que las solicitudes se tomarán en consideración y se examinarán cuando el nacional del tercer país de que se trate resida fuera del territorio del Estado miembro en el que desea ser admitido. El Consejo acordó, teniendo en cuenta la enmienda n.o 28 del Parlamento Europeo, que las solicitudes también se tomarán en consideración y se examinarán cuando el nacional del tercer país ya esté residiendo en dicho Estado miembro como titular de un permiso de residencia válido o de un visado para estancias de larga duración.

El Consejo introduce un apartado 6 nuevo que establece que, conforme a la presente Directiva, se denegará la admisión a los nacionales de terceros países que se consideren una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública. En la propuesta de la Comisión hay una disposición similar en el apartado 1 de dicho artículo sobre las pruebas que debe presentar el solicitante como parte de la solicitud. El Consejo considera que esta disposición debería aparecer más bien como razón de inadmisibilidad y que la carga de prueba debería recaer en los Estados miembros. Se utiliza un planteamiento similar en la Directiva TIC (artículo 5, apartado 8) y en la Directiva sobre los trabajadores temporeros (artículo 6, apartado 4).

Aprobación de las entidades de acogida (artículos 9 y 15)

Mientras que la propuesta de la Comisión establecía un procedimiento obligatorio de aprobación para los organismos de investigación y un procedimiento sin necesidad de aprobación para las entidades de acogida que recibían a otras categorías, el Consejo decidió aplicar el mismo planteamiento a todas las entidades de acogida. El Consejo conviene en que los Estados miembros tienen libertad para decidir si exigirán que la admisión con arreglo a la presente Directiva se lleve o no a cabo a través de entidades de acogida.

En el caso de los organismos de investigación, por ejemplo, los Estados miembros tienen libertad para exigir la aprobación de organismos de investigación públicos o privados o pueden decidir que no se exija dicha aprobación. Ello aporta flexibilidad suficiente a los Estados miembros para que adopten el mejor planteamiento en función de sus sistemas jurídicos.

Como parte de este planteamiento, la posición del Consejo establece que los Estados miembros aplicarán un procedimiento facilitado para todos los nacionales de terceros países que soliciten ser admitidos a través de entidades de acogida aprobadas (artículo 8, apartado 3, y artículo 11, apartado 3). Dichos solicitantes estarán exentos de presentar algunos de los documentos o pruebas exigidos de conformidad con la presente Directiva. Otro factor de facilitación es que la decisión sobre una solicitud presentada a través de entidades de acogida aprobadas debe adoptarse como máximo en un plazo de 60 días (artículo 34, apartado 2), mientras que el plazo normal es de 90 días. Al establecer dicho procedimiento, el Consejo tuvo en consideración la esencia de la enmienda n.o 57 del Parlamento Europeo relativa a un procedimiento acelerado.

La categoría de los investigadores (artículos 3, 8, 9 y 10)

El Consejo amplía la definición de investigador del artículo 3 añadiendo que, además de ser titular de una cualificación que le permita acceder a programas de doctorado, también puede ser titular de un doctorado.

En el artículo 8, en relación con los requisitos específicos de admisión para investigadores, el Consejo añade la aclaración de que la responsabilidad financiera del organismo de investigación se limita hasta la fecha de comienzo de la autorización para la búsqueda de empleo o para la creación de una empresa que se haya expedido de conformidad con el artículo 25 (apartado 2). A partir del momento en que se expida dicha autorización, el nacional del tercer país de que se trate no volverá a considerarse investigador de conformidad con la presente Directiva.

En el artículo 10, relativo a los convenios de acogida, el Consejo modifica la posición de la Comisión y establece que los Estados miembros podrán determinar que los contratos se consideren como equivalentes a los convenidos de acogida a la hora de aplicar esta Directiva siempre que contengan los mismos elementos que los convenios de acogida (apartado 1). Esta modificación se deriva de la práctica habitual en algunos Estados miembros.

En lo que al contenido de los convenios de acogida se refiere, el Consejo convierte algunas de las disposiciones obligatorias en optativas. Son los Estados miembros quienes deciden si precisarán o no parte de la información que se incluirá en el convenido de acogida [apartado 3, letras a) y b)]. El Consejo considera que es importante reducir la carga administrativa que recae en los organismos de investigación.

El Consejo también añade un requisito para que el convenio de acogida contenga información sobre la movilidad prevista en segundos Estados miembros en caso de que esta se conozca en el momento de la solicitud en el primer Estado miembro [apartado 2, letra e)]. Dicha información se considera importante en el contexto del régimen de movilidad concebido para los investigadores con arreglo a la presente Directiva (artículos 28 y 29).

La categoría de los estudiantes (artículos 3, 11 y 24)

En la definición de estudiante del artículo 3, el Consejo añade una especificación referente a que el programa de estudios a tiempo completo en la UE, en el que se haya admitido al alumno, también puede incluir unas prácticas de formación como parte de dichos estudios. En el artículo 11, sobre los requisitos específicos de admisión para estudiantes, el Consejo añade el requisito de que, si así lo exige el Estado miembro, el solicitante aporte pruebas de que el nacional del tercer país dispondrá de recursos suficientes para cubrir los costes de los estudios. Este requisito se considera necesario puesto que los costes de los estudios hacen referencia a libros, material de estudio, etc. que no cubren ni el requisito de recursos suficientes del artículo 7 (que cubre los costes de manutención y de viaje) ni los derechos de matrícula exigidos por la institución de educación superior a que hace referencia el artículo 11, apartado 1, letra b).

Para permitir que los estudiantes cubran parte del coste de sus estudios, tendrán derecho, de conformidad con el artículo 24, a acceder al mercado laboral del Estado miembro en que cursen sus estudios. El Consejo modifica la propuesta de la Comisión y fija en 15 el número mínimo de horas semanales que se permiten a los estudiantes para trabajar, lo que supone un acuerdo equilibrado en el que se tienen en cuenta las diferentes prácticas nacionales. El Consejo mantiene el principio de que los Estados miembros deberían poder tener en cuenta la situación de sus mercados laborales (apartado 3) sin el añadido recomendado por el Parlamento Europeo en la enmienda n.o 46. La prueba sobre el mercado de trabajo siempre afecta a un trabajo específico y, por tanto, no puede hacerse de forma sistemática. No obstante, a fin de responder a las inquietudes del Parlamento Europeo, en el considerando 52 de la posición del Consejo se explica que el acceso de los estudiantes al mercado laboral debe ser la norma general y que los Estados miembros deben poder tener en cuenta la situación de sus mercados de trabajo solo en circunstancias excepcionales.

La categoría de los alumnos (artículos 3 y 12)

Se trata de una categoría optativa en la posición del Consejo. En la definición de alumno del artículo 3, el Consejo añade más detalles a fin de dar cabida a diferentes sistemas nacionales. Por consiguiente, un programa de educación secundaria puede o no reconocerse a escala estatal o regional y puede corresponder al primer ciclo o al segundo ciclo de la educación secundaria. El Consejo amplía la definición añadiendo que también puede admitirse a los alumnos en proyectos educativos además de en programas de intercambio, tal como propone la Comisión. En el primer caso no se precisa intercambio de alumnos. En el artículo 12, apartado 1, letra e), sobre los requisitos específicos de admisión para alumnos, el Consejo añade la posibilidad de que los alumnos puedan alojarse, además de con una familia, en un alojamiento especial dependiente del centro de enseñanza o en cualquier otra instalación que cumpla las condiciones exigidas.

La categoría de las personas en prácticas (artículos 3 y 13)

En cuanto a la definición de persona en prácticas, el Consejo la limita añadiendo el requisito de que una persona en prácticas debe poseer un título de educación superior o estar estudiando para obtener un título de educación superior. Ello está en consonancia con el planteamiento del Consejo de que el objetivo principal de la Directiva es dirigirse a nacionales de terceros países altamente cualificados. Al mismo tiempo, el Consejo elimina la distinción entre personas en prácticas remuneradas y no remuneradas y opta por una categoría general de personas en prácticas. En los requisitos específicos de admisión para personas en prácticas del artículo 13, el Consejo añade una serie de requisitos que debe cumplir el nacional del tercer país de que se trate. El propósito del Consejo es poner en marcha suficientes garantías para velar por que no se cometan abusos al admitir a esta categoría de nacionales de terceros países en el territorio de la UE. Los Estados miembros consideran que existe el riesgo de que se utilice a las personas en prácticas para sustituir a trabajadores y en peores condiciones de empleo.

Por consiguiente, el Consejo añade en el apartado 1, letra a), que el convenio de prácticas tiene que contemplar una formación teórica y práctica, y que los Estados miembros podrán exigir que los términos del convenio cumplan los requisitos del Derecho nacional, los convenios colectivos o las prácticas.

En consonancia con los cambios realizados en la definición del término persona en prácticas, el Consejo añade en el artículo 13 el requisito de aportar pruebas de que el nacional del tercer país ha obtenido un título de educación superior en los dos años anteriores a la fecha de solicitud de las prácticas o de que está realizando estudios que conducen a la obtención de un título de educación superior [(apartado 1, letra b)]. Asimismo, los Estados miembros podrán exigir que las prácticas se efectúen en el mismo campo académico y al mismo nivel de cualificación que el título de educación superior o el programa de estudios que está realizando (apartado 2). Este requisito contradice la intención del Parlamento Europeo, que eliminó dicha condición con su enmienda n.o 32.

El Consejo también añade que el solicitante deberá aportar pruebas, si así lo exige el Estado miembro, de que el nacional de un tercer país dispone de recursos suficientes para cubrir los costes de las prácticas, de que la entidad de acogida se hace responsable de la persona en prácticas durante toda su estancia y de que el alojamiento cumple las condiciones exigidas si la persona en prácticas es alojada por la entidad de acogida. El Consejo añade una posibilidad, similar a la establecida en el caso de los investigadores, para que los Estados miembros exijan a la entidad de acogida que asuma la responsabilidad financiera de la persona en prácticas, en caso de que permanezca ilegalmente en el territorio del Estado miembro de que se trate (apartado 4). Si bien la propuesta de la Comisión establece que los Estados miembros podrán exigir a la entidad de acogida que declare que el nacional del tercer país no está cubriendo un puesto de trabajo, el Consejo va un poco más lejos y permite que el Estado miembro exija a la entidad de acogida que acredite que la persona en prácticas no está ocupando ningún puesto de trabajo (apartado 3).

La categoría de los voluntarios (artículo 14)

En la posición del Consejo, los voluntarios que participan en el Servicio Voluntario Europeo figuran como una categoría obligatoria mientras que otros voluntarios forman parte de una categoría optativa. En cuanto a las condiciones de admisión de voluntarios, el Consejo acepta en esencia la enmienda n.o 33 del Parlamento Europeo relativa al contenido del convenio con la entidad de acogida que debe presentarse [artículo 14, apartado 1, letra a)]. Asimismo, el Consejo considera necesario introducir, como en el caso de los alumnos y las personas en prácticas, la posibilidad de que los Estados miembros exijan pruebas de que el alojamiento cumple las condiciones fijadas por el Estado miembro en cuestión si el nacional del tercer país es alojado por la entidad de acogida [apartado 1, letra b)]. Puesto que esta práctica ya existe en varios Estados miembros, el Consejo añade la posibilidad de que los Estados miembros fijen una edad mínima y otra máxima para los nacionales de terceros países que soliciten su admisión en programas de voluntariado (apartado 2). Ello se entenderá, no obstante, sin perjuicio de las normas del Servicio Voluntario Europeo. A fin de garantizar la compatibilidad con las exigencias del régimen del Servicio Voluntario Europeo, el Consejo determina que se eximirá a los solicitantes de dicho Servicio de la necesidad de presentar las pruebas mencionadas en algunas disposiciones de la presente Directiva (apartado 3).

La categoría de los au pair (artículo 16)

Se trata de una categoría optativa en la posición del Consejo. En el artículo 16, sobre los requisitos específicos de admisión para au pairs, el Consejo acepta plenamente el contenido de las enmiendas 34 y 35 del Parlamento Europeo relativas a los derechos y obligaciones de los au pair. En este sentido, el Consejo va incluso más allá y especifica que el número máximo de horas de dedicación a las tareas como au pair no superará las 25 horas semanales (artículo 16, apartado 5). Sin embargo, el Consejo modifica ligeramente la edad mínima para ser au pair, ya que en la propuesta de la Comisión se había fijado en 17 años y en la posición del Consejo, se fija en 18. Esta modificación sigue la práctica actual de varios Estados miembros.

El Consejo también añade varios requisitos para la admisión de au pairs. Concretamente, los Estados miembros tienen libertad para solicitar al nacional de un tercer país que aporte pruebas de poseer un conocimiento básico de la lengua del país de acogida, o un título de estudios secundarios o cualificaciones profesionales (apartado 2). Como reflejo de las prácticas actuales en algunos Estados miembros, el Consejo dispone que los Estados miembros pueden decidir que la colocación au pair se lleve a cabo exclusivamente por organizaciones mediadoras en la misma (apartado 3). El Consejo también añade la posibilidad de que los Estados miembros exijan que los miembros de la familia de acogida tengan una nacionalidad diferente a la del nacional del tercer país que se coloca como au pair y que no tengan ningún vínculo familiar con este (apartado 4). Los Estados miembros también tienen libertad para fijar una cantidad de dinero mínima que deberá abonarse al au pair en concepto de dinero de bolsillo (apartado 6).

Autorizaciones que se conceden con arreglo a la presente Directiva (artículos 17, 18 y 19)

En el artículo 17, el Consejo añade más detalles a la propuesta inicial de la Comisión en relación con los distintos términos que deben introducirse en las autorizaciones. En este sentido, el Consejo adopta un planteamiento similar al utilizado en la Directiva sobre los trabajadores temporeros.

El Consejo mantiene el planteamiento de la Comisión cuando se trata de la duración de las autorizaciones expedidas para investigadores, estudiantes, alumnos, au pairs y voluntarios (artículo 18) y rechaza, por tanto, la enmienda n.o 37 del Parlamento Europeo. El Consejo complementa la propuesta de la Comisión estableciendo explícitamente que los Estados miembros podrán conceder la renovación de las autorizaciones de alumnos y au pairs en determinadas condiciones. Asimismo, la posición del Consejo establece que la duración de la autorización para investigadores y estudiantes cubiertos por programas de la Unión o multilaterales que incluyan medidas de movilidad será de al menos dos años, o igual a la duración del convenio de acogida o de los estudios en caso de ser esta inferior (siempre que se cumplan determinadas condiciones). Se añadió esta disposición a fin de facilitar más la estancia de este grupo de nacionales de terceros países en la UE.

En cuanto a las personas en prácticas, el Consejo modifica la propuesta de la Comisión estableciendo que la duración de la autorización será de un período máximo de seis meses. Sin embargo, los Estados miembros podrán establecer una duración superior que corresponda a la duración del convenio de prácticas, de acuerdo con el Derecho nacional. Esto se relaciona con la posición del Consejo acerca de que son necesarias garantías adicionales para esta categoría de nacionales de terceros países.

En el artículo 19, sobre información adicional, el Consejo añade referencias a datos que pueden indicarse como información adicional en un permiso de residencia o en un visado para estancias de larga duración. En este contexto, el Consejo rechaza la formulación recomendada en la enmienda n.o 39 del Parlamento Europeo por considerarla superflua.

Motivos de denegación y motivos de retirada o no renovación de una autorización (artículos 20 y 21)

Por lo que respecta a los motivos de denegación, la posición del Consejo sigue la esencia de la enmienda n.o 40 del Parlamento Europeo y convierte en optativos una serie de motivos obligatorios de denegación [artículo 20, apartado 2, letras a), c) y d)]. No obstante, la formulación de algunas de estas disposiciones se ha armonizado con la de las disposiciones correspondientes de la Directiva TIC y la Directiva sobre los trabajadores temporeros.

Asimismo, el Consejo añade un nuevo motivo obligatorio que se relaciona con el procedimiento de aprobación concebido para las entidades de acogida en esta Directiva [apartado 1, letra c)]. El Consejo también introduce varios motivos nuevos optativos de denegación. Considera importante que los Estados miembros puedan denegar una solicitud si la entidad de acogida o la familia de acogida no cumple las condiciones de empleo establecidas en la legislación aplicable, los convenios colectivos o las prácticas de los Estados miembros de que se trate [apartado 2, letra b)]. Esta disposición tiene por objeto proteger a los nacionales de terceros países contra la explotación y evitar el dumping social. El apartado 2, letra e), relativo a una situación en la que la entidad de acogida ha cesado su actividad, procede de la Directiva TIC. El Consejo también introduce un motivo que permite al Estado miembro denegar una solicitud cuando determine que el nacional del tercer país residiría con fines distintos de aquellos para los que solicita la admisión [apartado 2, letra f)]. El objetivo de este motivo es permitir que los Estados miembros luchen contra el abuso y el uso indebido de los procedimientos establecidos en la presente Directiva. El Consejo también añade la posibilidad de que los Estados miembros denieguen una solicitud tras haber realizado una prueba de mercado laboral, puesto que es importante que los Estados miembros sean capaces de gestionar sus mercados de trabajo (apartado 3).

Como garantía para los solicitantes, y con el debido respeto a las opiniones del Parlamento Europeo, el Consejo añade que cualquier decisión de denegar una solicitud tendrá en cuenta las circunstancias específicas del caso y respetará el principio de proporcionalidad (apartado 4).

Los motivos de retirada o no renovación de una autorización (artículo 21) reproducen en gran medida los motivos de denegación con algunas diferencias. El motivo que hace referencia a una situación en la que un nacional de un tercer país resida con fines distintos de aquellos para los que se le haya autorizado a residir [apartado 1, letra d)] sigue siendo un motivo obligatorio en la posición del Consejo, mientras que en su posición, el Parlamento Europeo la había incluido como una disposición optativa. Por otra parte, el Consejo acepta las ideas del Parlamento Europeo y añade que, cuando se contemple retirar la autorización de un estudiante por falta de progresos en los estudios, el Estado miembro de que se trate podrá consultar a la entidad de acogida sobre este asunto (apartado 3). El Consejo también acepta la enmienda del Parlamento según la cual se permitirá a un estudiante presentar una solicitud de acogida en una institución de enseñanza superior diferente que le permita terminar sus estudios cuando se le vaya a retirar o no renovar la autorización por motivos ajenos al estudiante (apartado 6). En cuanto a la posibilidad de denegar la renovación como resultado de la prueba de mercado laboral (apartado 5), el Consejo tomó en consideración las preocupaciones expresadas por el Parlamento Europeo y excluyó a los investigadores que continúen su relación laboral con la misma entidad de acogida. El Consejo no aceptó la enmienda del Parlamento relativa a los motivos de orden público y seguridad pública (apartado 4). La formulación del considerando 36 se consideró suficiente en este contexto.

Derecho a la igualdad de trato (artículo 22)

En referencia a la igualdad de trato con respecto a los nacionales del Estado miembro de acogida, la posición del Consejo modifica la propuesta de la Comisión y se ajusta en gran medida al artículo 12 (Derecho a la igualdad de trato) de la Directiva 2011/98/UE (Directiva del permiso único), puesto que esta Directiva cubre a todos los nacionales de terceros países con residencia legal en un Estado miembro que estén trabajando o tengan permiso para trabajar en el mismo.

Según la posición del Consejo, básicamente los derechos establecidos en el artículo 12 de la Directiva del permiso único y las posibles restricciones contempladas en ella se aplican a los investigadores y estudiantes, así como a las personas en prácticas, voluntarios y au pairs cuando se considere que mantienen una relación laboral en el Estado miembro de que se trate. En este contexto, siempre se considera que los investigadores son trabajadores y titulares de los derechos relacionados establecidos en la Directiva del permiso único. El Consejo rechaza la enmienda n.o 43 del Parlamento Europeo según la cual las restricciones establecidas en la Directiva del permiso único relativas a la educación y la formación profesional así como a ciertas ramas de la seguridad social no deberían aplicarse a los investigadores y estudiantes.

Con respecto a los derechos de las personas en prácticas, voluntarios y au pairs, cuando no se considere que han establecido una relación laboral en el Estado miembro de que se trate, la posición del Consejo trasciende lo dispuesto en la enmienda n.o 44 del Parlamento Europeo y establece que, además de la igualdad de trato en relación con el acceso a bienes y servicios, también tienen derecho a la igualdad de trato en relación con el reconocimiento de diplomas, certificados y otras cualificaciones profesionales.

Estancia con fines de búsqueda de empleo o empresariales para investigadores y estudiantes (artículo 25)

La posición del Consejo establece la posibilidad de que los investigadores y estudiantes permanezcan en el territorio del Estado miembro que haya expedido una autorización de conformidad con la presente Directiva, a fin de buscar un empleo o crear una empresa durante un período de al menos nueve meses. Por tanto, el Consejo rechaza la enmienda del Parlamento Europeo para esta disposición. El período de nueve meses se considera suficiente para encontrar un trabajo o crear una empresa. El período después del cual el Estado miembro de que se trate puede exigir a los nacionales de terceros países que demuestren que tienen posibilidades reales de ser contratados o de crear una empresa es de un mínimo de tres meses en la posición del Consejo, lo que difiere de la enmienda del Parlamento Europeo. El Consejo añade la posibilidad de que los Estados miembros exijan que el empleo que esté buscando el nacional de un tercer país o la empresa que esté intentando crear correspondan al nivel de investigación o de estudios finalizados.

El Consejo también permite a los Estados miembros establecer un nivel mínimo de estudios (que no podrá ser superior al nivel de máster o equivalente) que deben haber alcanzado los estudiantes para acogerse a este derecho. Según la posición del Consejo, los Estados miembros pueden exigir que la entidad de acogida aporte una confirmación de la finalización de una actividad de investigación o una prueba de que se ha obtenido un título de educación superior. Si dichas pruebas no están disponibles antes de que se extinga la vigencia de la autorización expedida con fines de investigación o estudios, se permitirá al nacional del tercer país que permanezca en el territorio del Estado miembro de que se trate a fin de presentar dichas pruebas dentro de un plazo razonable.

El Consejo también establece motivos de denegación de una solicitud presentada así como motivos de retirada del permiso de residencia expedido de conformidad con el presente artículo (apartados 4 y 8).

Movilidad dentro de la Unión (artículos 27, 28, 29, 30 y 31)

En la posición del Consejo solo se permite la movilidad dentro de la Unión a investigadores y estudiantes. Esta posición difiere de la enmienda del Parlamento Europeo. Por motivos de coherencia, se tomó como ejemplo el régimen de movilidad de la Directiva TIC a la hora de concebir los detalles de la movilidad dentro de la Unión para estas dos categorías.

El Consejo divide la movilidad de los investigadores en movilidad de corta duración y movilidad de larga duración. En el marco de la movilidad de corta duración, los investigadores que posean una autorización válida expedida a tales efectos por el primer Estado miembro tienen derecho a quedarse, a fin de realizar parte de su actividad de investigación en cualquier organismo de investigación en uno o varios segundos Estados miembros durante un período de hasta 180 días dentro de cualquier período de 360 días, sobre la base de dicha autorización y de un documento de viaje válido en las condiciones que establece la presente Directiva. El segundo Estado miembro podrá exigir que se le comunique la movilidad de corta duración del investigador de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 28. El segundo Estado miembro podrá exigir que la comunicación comprenda los documentos y la información que figuran en dicho artículo o podrá decidir no exigirlos. Existe la posibilidad de que el segundo Estado miembro presente objeciones a la comunicación. En respuesta a las preocupaciones prácticas expresadas por varios Estados miembros en relación con el procedimiento de comunicación, la posición del Consejo incluye la posibilidad de que el segundo Estado miembro expida un documento al investigador que certifique que este está autorizado a permanecer en su territorio.

Con respecto a la movilidad de larga duración de los investigadores (durante más de 180 días por Estado miembro), el segundo Estado miembro podrá decidir aplicar el procedimiento de comunicación concebido para la movilidad de corta duración, que permite al investigador permanecer en su territorio sobre la base de la autorización expedida por el primer Estado miembro, o exigir que se presente una solicitud de movilidad de larga duración, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 29. Como resultado de dicha solicitud, el segundo Estado miembro expide una autorización al investigador si se cumplen todas las condiciones exigidas. El procedimiento de solicitud de movilidad de larga duración es más sencillo en comparación con el procedimiento para la solicitud inicial en el primer Estado miembro. Los miembros de la familia del investigador tienen derecho a acompañar al investigador en uno o varios segundos Estados miembros y el régimen de movilidad concebido para ellos reproduce el establecido para los investigadores (artículo 30).

En cuando a la movilidad de los estudiantes, el Consejo distingue entre los estudiantes cubiertos por un programa de la Unión o multilateral que incluya medidas de movilidad o por un acuerdo entre dos o más instituciones de enseñanza superior, y los denominados estudiantes particulares, que no están cubiertos por ningún programa o acuerdo. Los primeros tienen derecho a entrar y quedarse a fin de realizar parte de sus estudios en una institución de enseñanza superior de uno o varios segundos Estados miembros durante un período de hasta 360 días por Estado miembro bajo las condiciones establecidas en el artículo 31. Su régimen de movilidad es similar al concebido para la movilidad de corta duración de los investigadores, es decir, incluye la posibilidad de que el segundo Estado miembro exija una comunicación. Los estudiantes particulares, por otra parte, tienen que presentar una solicitud de autorización para entrar y permanecer en un segundo Estado miembro con fines de estudios. El procedimiento de solicitud en este caso es exactamente el mismo que el requerido para presentar las solicitudes iniciales en el primer Estado miembro.

Siguiendo el ejemplo de la Directiva TIC, el Consejo introduce un nuevo artículo 32 sobre garantías y sanciones en los casos de movilidad que establece más detalles sobre las pruebas que deben aportarse en algunos casos relacionados con la movilidad (por ejemplo, cuando un estudiante o un investigador tenga que atravesar una frontera Schengen en el marco de la movilidad o cuando ya no cumplan las condiciones para la movilidad).

Tasas (artículo 36)

La posición del Consejo añade que los Estados miembros podrán exigir tasas por la tramitación de las comunicaciones además de por la tramitación de las solicitudes. Los Estados miembros consideran que la tramitación de las comunicaciones en el contexto del procedimiento de movilidad dentro de la Unión también conlleva determinados gastos administrativos. Asimismo, los Estados miembros podrán expedir documentos a nacionales de terceros países como resultado de dicho procedimiento.

IV. CONCLUSIÓN

La posición del Consejo en primera lectura refleja el acuerdo transaccional alcanzado, con ayuda de la Comisión, en las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo. La adopción de la Directiva relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de terceros países con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair será de gran importancia a fin de aumentar el atractivo de la UE para las personas con talento y capacidad.

(1) COM(2014) 154 final.

(2) EUCO 79/14.

(3) COM(2015) 240 final.

(4) DO C 148 de 28.5.1999, p. 1.

(5) DO L 157 de 27.5.2014, p. 1.

(6) DO L 94 de 28.3.2014, p. 375.