El Gobierno también ha realizado importantes progresos en otras reformas, que no están específicamente relacionadas con los compromisos asumidos ante el Eurogrupo, pero que se espera que tengan un efecto significativo en el entorno empresarial y la confianza del mercado. Esto incluye una ambiciosa reforma de la formación profesional y avances en materia de gobernanza digital. Está previsto que una nueva estrategia de crecimiento, que debería verse finalizada en breve, presente un conjunto de ambiciosas medidas de apoyo a la recuperación económica y al crecimiento sostenible en el futuro. Además, las autoridades han empezado a poner en práctica las medidas acordadas para acelerar la aplicación de inversiones públicas, lo que contribuirá también a favorecer una rápida utilización de los fondos de la UE que estarán disponibles en el contexto del nuevo marco financiero plurianual y el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea. En particular, la importante asignación de fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que Grecia espera recibir destaca la importancia de proceder rápidamente con reformas habilitadoras fundamentales, entre ellas, la reserva de proyectos estratégicos y el mecanismo de preparación de proyectos, la reforma de la contratación pública y un mayor fortalecimiento del marco de lucha contra la corrupción.

A pesar de las circunstancias adversas generadas por la pandemia, Grecia ha realizado avances significativos en una serie de reformas principales durante los últimos meses, particularmente en la finalización de la tan esperada propuesta legislativa para revisar completamente la legislación sobre insolvencia. Las autoridades han introducido también un nuevo régimen temporal de reducción del tiempo de trabajo más amplio, que proporciona flexibilidad a las empresas para ajustar los horarios de trabajo y las compensaciones a los trabajadores por las horas que no trabajan. La Comisión, en nombre de la UE, apoyará esta y otras medidas de emergencia en el marco del nuevo Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE) (), por un importe total de 2 700 millones EUR. Todos estos pasos resultan oportunos, ya que el brote de coronavirus implica nuevos desafíos, tanto para el sector financiero como para el mercado laboral, que hacen que el papel de los mecanismos eficientes de ajuste resulte crucial

La pandemia ha afectado al cobro de la deuda pública de momento hasta cierto punto. Con respecto al cobro de la deuda tributaria, los resultados del segundo semestre han de publicarse aún, pero, habida cuenta de los resultados mensuales preliminares para el período comprendido entre enero y mayo de 2020, parece que la cultura de pago en general no se ha interrumpido de forma significativa. A diferencia de los períodos anteriores, el Centro Unificado para el Cobro de Deudas de la Seguridad Social no cumplió sus objetivos, que fueron establecidos con antelación a la pandemia de coronavirus.

Los rendimientos de los bonos del Estado griegos y los diferenciales de rendimiento disminuyeron hasta cerca de los mínimos de después de la crisis. Los diferenciales de rendimiento con respecto a los bonos a largo plazo del Estado alemán han disminuido alrededor de 250 puntos básicos desde principios de mayo de 2020 y se estabilizaron por debajo de 1 punto porcentual en agosto para la tenencia a cinco años. Aprovechando las condiciones financieras favorables y respaldada por la compra de deuda soberana griega por parte del Eurosistema, la Agencia de Gestión de la Deuda Pública emitió un bono a diez años en junio de 2020. La subasta de este bono se reabrió con éxito en septiembre de 2020.

Las condiciones financieras favorables y las amplias reservas de efectivo proporcionan un colchón para absorber los riesgos financieros, que siguen siendo considerables. Las necesidades de financiación del presupuesto han aumentado notablemente desde el último informe, a causa del deterioro de la situación macroeconómica, las medidas adoptadas para contener el coste económico de la pandemia, así como el pago de compensaciones a los pensionistas (véase a continuación). Las reservas de efectivo de la administración pública continúan siendo considerables, situándose por encima de los 31 000 millones EUR a finales de junio. Conservar una reserva de efectivo suficiente, junto con el desarrollo de una estrategia de crecimiento, será fundamental para fomentar la confianza del mercado.

BIENESTAR SOCIAL

Las autoridades están avanzando para finalizar la configuración del Fondo Único de Seguridad Social (EFKA), un compromiso específico para mediados de 2020. Entre otras cosas, la ejecución de la transformación digital del Fondo (e-EFKA) está prevista para finales de 2020. La primera fase de fusión de las funciones de las pensiones complementarias y del sector público ya se ha ejecutado y el traslado físico de los empleados, demorado inicialmente debido a la pandemia, debería completarse para finales de año. Por consiguiente, el compromiso se ha reprogramado para finales de 2020. Las etapas de seguimiento, incluido el establecimiento de determinadas oficinas regionales, deberían completarse para mediados de 2021. El procesamiento digital de las solicitudes de pensión se encuentra actualmente en fase piloto, pero las autoridades confían en que se haya logrado el objetivo de que el 30 % de las solicitudes de pensión principal se haya tramitado de forma digital para finales de junio de 2020.

La reciente resolución del Consejo de Estado concede a aquellos pensionistas que hubieran presentado una reclamación derecho a una compensación por los recortes de las pensiones de 2012 para el período comprendido entre junio de 2015 y mayo de 2016. Aunque la publicación de la resolución judicial con todos los detalles puede tardar varias semanas, se ha anunciado que la compensación cubre un período de once meses a partir del momento de publicación de la resolución anterior del Consejo de Estado, en junio de 2015, y hasta la aplicación de la reforma de 2016, en mayo de 2016. El Gobierno ha decidido anticiparse a los posibles desafíos jurídicos futuros y compensar a todos los pensionistas del sector privado por los recortes en sus pensiones principales, independientemente de que hubieran presentado o no una reclamación, con un coste equivalente al 0,5 % del PIB. El Gobierno también se ha comprometido a compensar a los pensionistas del sector público una vez que se complete la vista de un caso paralelo ante el Tribunal de Cuentas, que aumentaría el coste total de la compensación al 0,8 % del PIB. La necesidad de cubrir también los recortes del pasado en las pensiones complementarias y las bonificaciones estacionales se aclarará tras la publicación de la resolución detallada del Tribunal. Las compensaciones son pagos únicos y no afectan al funcionamiento actual del sistema de pensiones ni a los gastos futuros en materia de pensiones. Con respecto a otra sentencia reciente del Tribunal de Cuentas que concede derechos de jubilación anticipada a funcionarios varones con hijos pequeños, las autoridades prevén que los efectos de esta sentencia serán escasos.

Para responder al brote de coronavirus en la primavera de 2020, las autoridades han reforzado sustancialmente el sistema de atención sanitaria con el fin de hacer frente a la pandemia, incluso a través del uso más amplio de herramientas digitales. Esto incluyó aumentar el número de camas disponibles para cuidados intensivos y la contratación de aproximadamente cinco mil miembros adicionales del personal, tanto médicos como enfermeros, y avances en telemedicina. Gracias a la pronta aplicación de estas medidas, Grecia logró contener con éxito la propagación del virus durante la primera ola. Grecia también desplegó una serie de herramientas digitales, que podrían utilizarse también después del fin de la pandemia.

El rediseño del sistema de atención sanitaria primaria, un compromiso específico para mediados de 2020, tardará más tiempo en aplicarse, para reflejar los cambios en la ejecución de algunos de sus elementos principales y debido a las demoras inevitables ocasionadas por la necesidad de gestionar la respuesta a la pandemia. Las modificaciones legislativas se encuentran aún en fase de proyecto, pero su adopción se prevé para la primavera de 2021. La reforma, que comenzó en 2018, tiene como objetivo establecer un sistema integral de atención sanitaria primaria con un registro obligatorio de toda la población con un médico de familia, que sería el primer punto de contacto para el paciente y aplicaría el filtrado obligatorio. Sobre la base de la información disponible, se prevé que la mayoría de los elementos de la reforma sean rediseñados, y el despliegue del sistema se ha suspendido hasta que se defina un nuevo modelo de ejecución. Se insta a las autoridades a acelerar la aplicación del registro y filtrado obligatorios, que, según lo acordado, seguirían siendo los elementos centrales del nuevo sistema, ya que constituyen la clave para establecer con éxito un sistema de atención sanitaria primaria sólido y que funcione correctamente. Ayudan a garantizar la igualdad de acceso y a proteger a la población de la demanda inducida por la oferta y su inevitable carga financiera, que constituye una fuente de preocupación creciente en el sistema actual. Las autoridades no planean reiniciar el despliegue de la red de atención sanitaria primaria antes de la primavera de 2021, habida cuenta de la necesidad a corto plazo de centrar los esfuerzos en la respuesta al desafío actual para aumentar el número de médicos de familia disponibles contratados por el Fondo de Salud Pública. La reforma se hizo aún más pertinente a la luz de la crisis del coronavirus, habida cuenta del papel fundamental de las unidades de atención primaria, incluidas las unidades móviles nuevas y de rápido despliegue, para apoyar la respuesta a la pandemia hasta ahora.

La contratación pública centralizada, un compromiso específico para mediados de 2020, ya está siendo aplicada de forma parcial y el establecimiento general de la Autoridad Sanitaria Nacional para las Contrataciones Públicas relacionadas con la Salud está avanzando, aunque aún no se ha completado debido también a las demoras ocasionadas por la pandemia. Actualmente, las licitaciones centralizadas se realizan en su mayor parte a nivel regional; algunas se están ultimando también a nivel central, aunque, en gran parte, esto se refiere a aquellas que se iniciaron en el marco del sistema anterior. Se ha concluido el proyecto legislativo que define el nuevo marco jurídico para la Autoridad y su adopción se prevé para finales de año. Las autoridades también anunciaron un plan operativo para contrataciones públicas que se pondrá en marcha en 2020, conforme al cual el objetivo de que el 40 % del gasto hospitalario total sea contratado de forma central, un compromiso específico para mediados de 2022, continúa siendo viable, y el objetivo de las autoridades es alcanzar el 30 % en el primer trimestre de 2021. Las instituciones europeas instaron a las autoridades a impulsar la reforma mediante la reactivación, a partir de enero de 2021, del Observatorio de Precios, una herramienta de vigilancia cuya finalidad es aumentar la transparencia y la eficacia. En la actualidad, la contratación de las competencias que la Autoridad necesita continúa siendo difícil, pero el nuevo marco jurídico que va a legislarse en los próximos meses podría facilitar esta labor.

En cuanto al gasto sanitario, los crecientes importes de las restituciones y los retrasos en su cobro son motivo de preocupación. El fortalecimiento y la aplicación coherente de las medidas estructurales adoptadas anteriormente propiciarían la eficiencia y el acceso a una atención sanitaria de calidad. A título ilustrativo, las restituciones de productos farmacéuticos en 2019 fueron un 36 % superiores a 2018 y casi un 65 % superiores a 2017. Para los proveedores de servicios sanitarios privados, está previsto que el cobro de las restituciones de 2018 y 2019 comience en noviembre de 2020. Las instituciones europeas instan a las autoridades a adoptar la legislación necesaria para finalizar los procedimientos legislativos y administrativos necesarios para el inicio del cobro en octubre de 2020 —con el fin de preservar la credibilidad presupuestaria de las restituciones— y a revisar la definición actual de la restitución con vistas a introducir un componente de reparto de riesgos y mejorar los incentivos para evitar la creación de nuevas restituciones y frenar la demanda inducida por la oferta, reduciendo así los pagos directos elevados.

El diseño del pilar de «reinserción en el mercado de trabajo» del régimen de renta de solidaridad social (tercer pilar) está siendo adaptado en vista de la crisis del coronavirus y la aplicación a escala nacional del nuevo marco, un compromiso específico para finales de 2019, está programada para otoño de 2020, en función de los avances relacionados con la salud. Durante 2019, se ejecutó un proyecto piloto para garantizar la prestación de servicios de asistencia social y de activación del mercado de trabajo en treinta y dos municipios de todo el país. Se han evaluado los resultados del proyecto piloto con vistas a su ejecución a escala nacional en 2020. No obstante, debido al brote de coronavirus, se hizo necesario adaptar los procesos empresariales del servicio de empleo público (OAED) a la nueva situación y, a su vez, ajustar las condiciones de la implantación a escala nacional del nuevo marco. La implantación debería iniciarse en otoño de 2020.

En lo que respecta a la revisión del sistema de subvenciones para el transporte público local, un compromiso específico para mediados de 2020, la legislación primaria revisada para el nuevo sistema se adoptó en julio de 2020. La legislación secundaria, que se adoptará en septiembre de 2020, está en fase de preparación y permitirá un reembolso regular y con base objetiva de los billetes de transporte público subvencionados a los operadores en Atenas y Salónica.

La reforma del marco de las prestaciones por discapacidad está avanzando conforme a su rediseño acordado anteriormente, un compromiso específico para mediados de 2019 que tardará más en completarse. En septiembre de 2020 se espera un documento político acordado y, a principios de 2021, debería iniciarse un proyecto piloto. El sistema electrónico para tramitar las solicitudes está ya disponible en tres regiones, pero el funcionamiento de los centros de evaluación de la discapacidad se ha visto afectado por la pandemia.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR FINANCIERO

El sector financiero ha soportado las primeras repercusiones de la pandemia de coronavirus relativamente bien, gracias a los esfuerzos de las autoridades y de toda la UE por mantener el acceso a la financiación de las empresas afectadas. La liquidez en los mercados financieros, así como la provisión de fondos a la economía, se han mantenido y los bancos han podido mantener un coste de la financiación manejable a pesar del aumento del coste de la financiación a largo plazo no garantizada. Esto se ha visto facilitado por el alivio de las condiciones de las operaciones de financiación a plazo más largo con un objetivo específico del Eurosistema y a la relajación temporal de los requisitos de garantía para las operaciones de crédito del Eurosistema, en particular la dispensa para aceptar instrumentos de deuda soberana griega como garantía real. Los datos de julio de 2020 muestran que la recuperación relativa al crédito bancario a sociedades no financieras ha incluso acelerado su ritmo, mientras que el de las pequeñas empresas no constituidas en sociedad también ha comenzado a volverse rápidamente positivo, moderando la continua contracción del crédito bancario a los hogares. Esto refleja tanto los esfuerzos de las empresas para acumular reservas de liquidez como el inicio de desembolsos de medidas de apoyo de emergencia. Las empresas griegas se beneficiaron de dos sistemas aplicados por el Banco Griego de Desarrollo, a saber, un sistema de garantías y un programa de subvención de intereses para nuevos préstamos a empresas, que atrajeron una fuerte demanda. Además, las empresas viables, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, se han beneficiado de bonificaciones directas de intereses a préstamos productivos existentes. Se espera que estos sistemas proporcionen ayuda para el crecimiento de los préstamos a empresas en los próximos meses.

Las medidas de moratoria de los préstamos puestas en marcha, unidas a la flexibilidad anunciada por la autoridad de control, implican que la repercusión de la pandemia en la calidad de las carteras de préstamos bancarios será limitada este año. Más del 10 % de la cartera total de préstamos de los bancos se ha beneficiado de las moratorias, que están actualmente en vigor hasta el 31 de diciembre. Los cuatro bancos sistémicos han aumentado significativamente los deterioros registrados en sus resultados del primer trimestre de 2020, pero el alcance total de las necesidades de aprovisionamiento solo será evidente tras el vencimiento de la moratoria, lo que puede implicar riesgos a la baja para 2021. El aumento del aprovisionamiento puede ejercer presión sobre el ya débil pronóstico de rentabilidad de los bancos griegos.

La baja rentabilidad, unida al coste de las próximas titulizaciones, puede plantear desafíos para la situación de capital de los bancos en un futuro próximo. El ratio de capital ordinario de nivel 1 medio de los bancos cayó del 15,9 % a finales de 2019 al 14,6 % en el primer trimestre de 2020, pero se mantuvo en línea con los requisitos de capital. El descenso se debió principalmente a la aplicación de las normas transitorias cautelares que tiene lugar durante el primer trimestre de cada año. En el futuro, la situación de capital de los bancos deberá dar cabida a nuevos cambios reglamentarios previstos y a las próximas titulizaciones de préstamos dudosos a medio plazo. La calidad del capital de los bancos sigue siendo baja debido al elevado importe de créditos fiscales diferidos, mientras que la vinculación entre los bancos y la deuda soberana puede seguir aumentado durante los próximos meses.

A pesar de que el volumen de préstamos dudosos siguió cayendo a principios de 2020, el posible efecto negativo de la crisis del coronavirus sobre la calidad de los activos solo empezará a ser evidente tras el vencimiento de las moratorias. El volumen de préstamos dudosos de los bancos griegos ha continuado su trayectoria descendente durante el primer trimestre de 2020, cayendo su ratio hasta el 39,6 % en marzo de 2020 y con previsiones de caer aún más durante el segundo trimestre, una vez que surta efecto formalmente el impacto positivo de la primera titulización en el marco del programa Hércules (). No obstante, las estrategias de reducción de los préstamos dudosos de los bancos se han visto afectadas por la pandemia y la capacidad interna de los bancos de reestructurar préstamos de manera viable sigue siendo reducida

Las actuaciones que se indican a continuación forman parte de un compromiso continuo en el ámbito de la política financiera y, como tales, son objeto de seguimiento y evaluación:

·Las autoridades pretenden presentar en breve un proyecto de ley ante el Parlamento que dará lugar a una revisión general del marco de insolvencia. El nuevo código de insolvencia integra los regímenes de insolvencia empresarial y personal y transpone la legislación de la UE sobre marcos de reestructuración preventiva. Su objetivo general es acelerar la exoneración de deudas, permitir un reembolso más rápido a los acreedores y preservar las empresas viables mediante marcos de reestructuración preventiva. Inspirado en las mejores prácticas internacionales, se prevé que aumente la eficacia de la reestructuración a través de la simplificación de los requisitos de procedimiento y el uso de una plataforma electrónica. El código entrará en vigor el 1 de enero de 2021 y requerirá la adopción de un volumen significativo de Derecho derivado, que determinará algunos aspectos de esta reforma, y la conclusión de la plataforma informática, ambos en curso.

·Al mismo tiempo, las autoridades permitieron la expiración del régimen de protección de la residencia principal y del régimen de resolución extrajudicial, al tiempo que establecían programas alternativos de protección social para deudores vulnerables. Los programas en cuestión expiraron debidamente el 31 de julio de 2020 y el 30 de abril de 2020, respectivamente. Paralelamente a la revisión del marco de insolvencia, el Gobierno también está introduciendo nuevas herramientas de política social para ayudar a los deudores vulnerables. En el contexto de los procedimientos preconcursales, los deudores vulnerables que tienen un préstamo vinculado con su vivienda principal y han sufrido una pérdida repentina de ingresos podrán optar a un subsidio temporal que ayudaría además a reducir los préstamos dudosos y a evitar la acumulación de otros nuevos. Para abordar cuestiones de riesgo moral, el subsidio estará disponible para los deudores vulnerables con préstamos tanto productivos como dudosos, con arreglo a las condiciones establecidas en la ley, con la excepción de aquellos deudores dudosos con préstamos denunciados durante más de un año. Además, el código introduce un régimen especial de venta con arrendamiento posterior que permite a los deudores en dificultades admisibles permanecer en su residencia principal como inquilinos, los cuales pueden además beneficiarse de un subsidio para facilitar el pago del alquiler. Este acuerdo amplía el subsidio para el alquiler existente y se aplicará a través de una entidad del sector privado. La agencia del sector privado puede beneficiarse de una garantía del Estado para apoyar su acceso a la financiación, si lo considera necesario.