22. 7. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 191/41 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 34, votos en contra: 45, abstenciones: 19. 
Página 9, apartado 3.6 b) 
Modifiqúese la segunda frase del siguiente modo: 
«Por consiguiente, el Comité solicita a la Comisión que vele por la inmediata aplicación de la primera 
Directiva sobre etiquetado.» 
Exposición de motivos 
Tenemos una Directiva que fue aprobada en su día; por tanto, es preciso aplicarla. Las tácticas dilatorias 
sugeridas en el dictamen son inaceptables cuando hay Estados miembros que no cumplen las leyes comunita­
rias. 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 37, votos en contra: 42, abstenciones: 16. 
Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo sobre coordinación de los procedimien­
tos de adjudicación de contratos públicos de servicios i}) 
(91/C 191/16) 
El 4 de enero de 1991, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social 
sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de industria, comercio, artesanía y servicios, encargada de preparar los trabajos 
en este asunto, aprobó su dictamen el 3 de mayo de 1991 (ponente: Sr. Salmón). 
En su 287° pleno (sesión del 29 de mayo de 1991), el Comité Económico y Social ha aprobado 
por mayoría con dos abstenciones el siguiente dictamen. 
1. Introducción 
1.1. Con esta propuesta de la Comisión se pretende 
cubrir las adquisiciones de servicios por parte de las 
autoridades públicas centrales, regionales y locales, 
para las cuales estos contratos son suficientemente 
importantes como para que las operaciones transfronte-
rizas resulten interesantes. Se excluyen del ámbito de 
aplicación de esta Directiva las adquisiciones de servi­
cios por entidades que operan en los sectores del agua, 
la energía, los transportes y las telecomunicaciones, que 
se tratarán por separado en otra Directiva. 
1.2. La clasificación de los servicios en aquellos a los 
que se aplica plenamente la Directiva (Anexo I A) y 
aquellos a los que se aplican requisitos mínimos (Anexo 
I B) se ha establecido de acuerdo con una serie de 
criterios. La definición de las categorías de servicios se 
inspira en la Clasificación Central de Productos (CCP) 
de Naciones Unidas. 
(!) DOn°C23de31. 1. 1991, p. 1. 1.3. Se prevén diversas excepciones: contratos de 
bienes inmuebles, servicios audiovisuales, arbitrajes y 
conciliaciones, emisión de bonos del Estado, gestión de 
la deuda pública y una parte de las telecomunicaciones 
(las que no se contemplan en la Directiva 90/388/ 
CEE sobre «competencia en el mercado de servicios de 
telecomunicaciones »). 
1.4. Determinados umbrales establecen los valores 
mínimos contractuales que deberán tenerse en cuenta 
en la adjudicación de estos contratos, así como el 
importe de las primas y pagos en caso de apertura de 
concurso. 
1.5. Los concursos estarán abiertos a los nacionales 
de la Comunidad cuando el importe total de las primas 
y pagos a los participantes sea igual o superior a 200 000 
ecus. De conformidad con determinadas normativas 
nacionales, la prestación de algunos servicios podrá 
reservarse a determinadas profesiones. En la Directiva 
se regula también la cuestión de las certificaciones y las 
garantías de calidad. 
N° C 191/42 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 22. 7. 91 
1.6. La propuesta de Directiva sigue el esquema clá­
sico de las Directivas existentes (contratos públicos de 
obras y suministros). Se establecen tres procedimientos 
de adjudicación: 
— procedimiento abierto, 
— procedimiento restringido, 
— procedimiento negociado. 
2. Observaciones generales 
2.1. Es lamentable que la Comisión, para cumplir 
en un período de tiempo limitado los compromisos 
contenidos en el Libro Blanco, ha debido recurrir como 
único medio a una Directiva general para regular unos 
ámbitos de actividad económica y profesional muy 
diferentes entre sí. 
2.2. El principio adoptado por la Comisión, de que­
rer tratar conjuntamente los procedimientos de adjudi­
cación de contratos públicos de todos los « servicios », 
hará que la aplicación de la Directiva sea muy difícil. 
En efecto, las situaciones y los estatutos de ejercicio son 
totalmente diferentes. 
2.3. Debe señalarse que el sistema establecido por 
esta Directiva puede resultar perjudicial para determi­
nados prestadores de servicios, principalmente los que 
dependen de un ejercicio liberal. 
En determinados casos, este sistema, al basarse sola­
mente en criterios económicos, eliminará la relación de 
confianza que existe entre un cliente y su asesor, pri­
vando al contratista principal de su responsabilidad 
para elegir al prestador de servicios. 
2.4. El término « proveedor» no puede designar a 
alguien que presta un servicio intelectual; se trata en 
efecto de transmitir un saber, una ciencia, una experien­
cia de forma específica en cada prestación. 
La concepción comercial de productos y mercancías no 
puede aplicarse al servicio intelectual. Determinadas 
leyes y normas deontológicas prohiben a los profesiona­
les participar en contratos públicos o privados que 
pretendan hacerles competir en función del precio de 
sus prestaciones. 
2.5. Debe señalarse que la adjudicación de un con­
trato realizada exclusivamente según el criterio del pre­
cio más bajo podría afectar negativamente a la calidad 
de los servicios, sobre todo en los servicios públicos. 
Además, en estos servicios hay aspectos como su fre­
cuencia, su modo de suministro y la facilidad de acceso 
para los ciudadanos que son claramente más importan­tes que el hecho de que su precio sea más bajo. Los 
contratos no deben adjudicarse a las ofertas más desven­
tajosas a la larga. 
En los Estados miembros en los que las estructuras 
públicas garantizan la mayor parte de los servicios 
públicos, la adjudicación de los contratos según el crite­
rio del precio más bajo puede parecer una forma disfra­
zada de privatizarlos. 
2.6. Sin embargo, la adjudicación a la oferta más 
ventajosa desde el punto de vista económico es más 
realista, en el sentido de que abarca diferentes criterios 
significativos indicados en el pliego de condiciones, 
como la calidad, el valor técnico, el carácter estético y 
funcional, el servicio postventa y la asistencia técnica, 
la fecha de entrega y la fecha de ejecución, y el precio. 
2.7. Aun así, es necesario que el poder adjudicador, 
en el marco de la Directiva (artículos 32 y 33) esté 
obligado a comprobar en todos los casos que los licita-
dores han tenido en cuenta en el establecimiento de su 
oferta las disposiciones relativas a la protección del 
empleo y a los derechos sociales, así como los convenios 
colectivos y las condiciones de trabajo vigentes en el 
país de que se trate, sobre todo en lo que se refiere a 
las cargas sociales. 
3. Observaciones particulares 
3.1. Las diversas definiciones incluidas en la exposi­
ción de motivos deben ser coherentes con los conside­
randos y el texto de la Directiva, y especificar entre 
otras cosas la diferenciación entre los prestadores de 
servicios intelectuales y los proveedores de otras presta­
ciones de servicios. Para conseguir una coherencia gene­
ral habría que procurar establecer una concordancia 
perfecta de los términos en el conjunto de la propuesta 
(exposición de motivos, considerandos, artículos y 
Anexos). 
3.2. Título I — Artículo 1 
3.2.1. En la definición de los contratistas es necesario 
incluir los términos «prestador o proveedor», como se 
ha indicado más arriba, y esta distinción debe introdu­
cirse en todos los pasajes correspondientes del texto de 
la Directiva. 
3.2.2. En estos procedimientos de contratos públicos 
de servicios no se debería excluir el arrendamiento con 
opción de compra ni el arrendamiento. 
3.2.3. Los «concursos» de prestaciones intelectuales 
de servicios, teniendo en cuenta la importancia de su 
coste para los prestadores, deberían hacerse con adjudi­
cación de primas. 
3.2.4. La «concesión de servicios públicos» debería 
obedecer a las normas generales de la Directiva, 
teniendo en cuenta las observaciones generales formula­
das más arriba (apartados 2.5, 2.6 y 2.7). 
3.2.5. En caso de una «concesión de servicios públi­
cos » que corresponde a una obra que ya ha sido objeto 
de una convocatoria de ofertas « contratos públicos de 
22. 7. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 191/43 
obras», esta concesión ya incluida en dicha convocato­
ria no debería volver a ser objeto de una nueva licita­
ción. 
3.2.6. Para evitar toda manipulación en la adjudica­
ción de una concesión de servicios públicos habría que 
precisar que el poder adjudicador encargará directa­
mente la ejecución de una actividad que le compete a 
otra entidad elegida por él. 
3.3. Artículo 2 
Habrá que velar por que los Estados miembros adopten 
todas las medidas necesarias para que los poderes adju­
dicadores actúen de conformidad con la presente Direc­
tiva. 
3.4. Artículo 3 
Teniendo en cuenta que las normas de publicidad son 
diferentes de las que se establecen en las Directivas 
«contratos de obras» y «contratos de suministros», su 
aplicación será difícil, sobre todo en lo que se refiere a 
la distinción entre las concesiones de servicios incluidas 
o no incluidas en las concesiones de obras. 
3.5. Artículo 8 
3.5.1. Apartado 2 
3.5.1.1. (Versión francesa) El término «planifica-
tion » no se usa en los contratos de servicios de presta­
ciones intelectuales; sería preferible el término 
« maítrise d'oeuvre » o « de projet». 
3.5.1.2. En lo que se refiere a los umbrales, habría 
que utilizar un concepto que cubra directamente el valor 
de la prestación intelectual del mercado de servicio y 
no el coste global de la obra. 
3.6. Título III — Artículo 13 
En caso de una convocatoria de ofertas relativa a un 
contrato que agrupe la proyección y la ejecución, habría 
que especificar cuál sería la Directiva que debe apli­
carse. 
3.6.1. Apartado 2 
Para ser coherentes con las observaciones generales, se 
debería añadir el siguiente párrafo: 
« d) cuando convoquen ofertas de prestaciones inte­
lectuales que suponen un alto grado de competencia, 
los poderes adjudicadores podrán recurrir al proce­
dimiento negociado.» 3.6.2. Apartado 2 
También habría que añadir: 
« e) cuando se trate de servicios realizados a título 
de investigación, ensayo, experimentación o puesta 
a punto.» 
3.7. Artículo 14 
En este y en otros artículos del proyecto de Directiva 
se mencionan las informaciones, los anuncios, la publi­
cidad relativa a las convocatorias de ofertas, las decisio­
nes y las exclusiones sin definir claramente las modali­
dades, los plazos y el apoyo previstos. Para evitar los 
abusos o los olvidos voluntarios o involuntarios, el 
Comité considera que la Comisión debe establecer y 
explicitar normas sobre este asunto. 
3.8. Artículo 15 
Debería añadirse un apartado 6 en el que se indique 
que el poder adjudicador puede adquirir la propiedad 
del plan o del proyecto mediante pago de un canon a 
su autor. 
3.9. Artículo 17 
En aquellos casos en que es importante salvaguardar 
el carácter confidencial (por ejemplo: operaciones de 
Bolsa; auditorías técnicas, económicas o sociales; estu­
dios de viabilidad por empresas de servicios públicos; 
investigaciones sobre la posible privatización de deter­
minados sectores de los servicios públicos; pruebas, 
experimentación o investigación), es necesario contar 
con un procedimiento que lo garantice totalmente. 
Dicho carácter confidencial evitará que se produzcan, 
con anterioridad a la adjudicación de los contratos, 
movimientos sospechosos, innecesarios o especulativos 
en las áreas de que se trate. Por consiguiente, es necesa­
rio que la Comisión añada un quinto apartado al artí­
culo 17. 
3.10. Artículo 23 
3.10.1. En el apartado 2, debe substituirse la palabra 
«ejecución» por «ejercicio». 
3.10.2. En el apartado 3 sería mejor indicar que los 
prestadores de servicios, ya sean personas físicas o 
jurídicas, deberán respetar únicamente las disposiciones 
nacionales que en su país de establecimiento fijen condi­
ciones sobre su situación y que sean compatibles con 
el Tratado. 
3.11. Artículo 25 
El poder adjudicador debe indicar la autoridad capaz 
de facilitar las informaciones pertinentes en materia 
social. 
N° C 191/44 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 22. 7. 91 
3.12. Artículo 27, apartado 3 
Todo candidato deberá estar obligado a acreditar, 
según la forma de ejercicio de su profesión, su inscrip­
ción en el registro de la empresa o de su profesión 
(comercio u oficios) y su pertenencia a un organismo 
profesional liberal (colegios u oficinas de cualificación), 
conforme a las normas y costumbres de su país de 
origen. 
3.13. Artículo 28 
Los criterios utilizados en el primer apartado parecen 
discriminatorios para los jóvenes profesionales, por lo 
que deberían revisarse. 
Para ser coherentes con la letra d) del apartado 2 del 
artículo 13 (nuevo) habría que añadir un apartado 4 
redactado como sigue: 
« Si se trata de ofertas contempladas en la letra d) del 
apartado 2 del artículo 13, el prestador de servicios 
deberá presentar únicamente un justificante del 
seguro de indemnización por riesgos profesionales. » 
3.14. Artículo 29 
Por las mismas razones anteriormente mencionadas, es 
necesario añadir un apartado 5 redactado como sigue: 
« Si se trata de ofertas de prestaciones intelectuales 
procedentes de personas que ejercen de forma inde­
pendiente una profesión liberal, la justificación de 
la capacidad podrá hacerse, sin perjuicio de la obli­
gación de respetar el secreto profesional, mediante 
la presentación de referencias relativas a los diplo­
mas, los títulos de estudios, los títulos profesionales, 
las realizaciones anteriores importantes, la organi­
zación profesional y especialmente los recursos 
humanos y materiales de que dispone la empresa. » 
3.15. Artículo 33 
Con respecto a este artículo, es necesario subrayar que 
existe una incoherencia entre los criterios de orden 
económico y los de orden estético, diferentes por natu­
raleza. Esto resulta inaceptable para el contratista prin­
cipal, que no es ya responsable de su elección. 
Debe suprimirse la letra b) del apartado 2 del 
artículo 33. 
También aquí es necesario añadir un apartado 4 redac­
tado como sigue: 
« Las disposiciones del apartado 1 tampoco se apli­
carán cuando las ofertas que compitan estén sujetas 
conforme a la letra d) del apartado 2 del artículo 
13 (nuevo) al régimen del procedimiento negociado. 
En ese caso el contrato deberá adjudicarse a la 
oferta que se considere más ventajosa de acuerdo 
con determinados criterios de adjudicación fijados 
de antemano pero no subordinados al criterio eco­
nómico. » 3.16. Artículo 34 
3.16.1. En el apartado 1, al final de la primera frase y 
antes de « averiguará... », habría que añadir lo siguiente: 
« Sin perjuicio de posibles disposiciones nacionales 
que limiten la participación en la licitación de los 
poderes adjudicadores, averiguará...» 
3.16.2. En el apartado 2, redáctese como sigue el 
comienzo de la frase: 
«En caso de toda oferta que haya sido presentada 
por una asociación formada por los poderes adjudi­
cadores o por una empresa pública, el poder adjudi­
cador averiguará, en particular, si la oferta queda 
afectada por la asignación de fondos públicos 
para...» 
3.17. Artículo 39 
Para tener en cuenta las especificidades, sería convenie­
nte crear en el seno del Comité Consultivo un sector 
« Arquitectura-Ingeniería ». 
3.18. Artículo 40 
En lo que se refiere a terceros países, los procedimientos 
propuestos deberían estar en conformidad con los esta­
blecidos en las Directivas anteriores, sobre todo en la 
Directiva sobre «recursos». 
3.19. Artículo 43 
El plazo establecido para la puesta en vigor en los 
Estados miembros de las disposiciones necesarias 
(1 de marzo de 1992) parece demasiado corto. 
3.20. Anexos 
3.20.1. Parece conveniente agrupar en el Anexo I A 
los servicios financieros y bancarios incluidos en el 
Anexo I B (21). 
3.20.2. Habría que precisar qué es lo que se prevé 
explícitamente para los servicios indicados con los 
números 25, 26 y 27. 
4. Conclusiones 
4.1. Si se quiere reconocer como es debido que los 
prestadores de servicios han desempeñado un papel 
importante en el desarrollo de las economías de los 
Estados miembros durante estos últimos años, es nece­
sario aplicarles diferentes normas de prestación corres­
pondientes a su ejercicio. 
4.2. Si se quiere que sigan desempeñando dicho papel 
y que contribuyan al desarrollo del empleo, es necesario 
que las normas establecidas tengan un carácter competí-
22. 7. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 191/45 
tivo y sean idénticas para todos, pero adaptadas a cada 
uno y que se respete la igualdad de oportunidades. 
4.3. Es necesario que el sector público y el sector 
privado compitan en igualdad de oportunidades y sin 
competencia desleal. 
4.4. Es necesario evitar todo dumping social resul­
tante de las convocatorias de ofertas que exijan despla­
zamientos de la fuerza laboral. Por lo tanto, es necesario 
que todos apliquen la legislación social de manera con­
forme y que el adjudicador pueda comprobarlo. 
Hecho en Bruselas, el 29 de mayo de 1991. 
El Comité aprueba en principio las propuestas de la 
Comisión, si bien solicita que se tengan en cuenta las 
siguientes observaciones: 
1. Respecto a la propuesta por la que se modifica el 
Reglamento (CEE) n° 823/87 
El Comité habría deseado que la excepción prevista por 
el Reglamento (CEE) para permitir la adición de vinos 
procedentes de diferentes regiones sin sobrepasar un 
determinado porcentaje venciese antes del 31 de diciem-4.5. Es necesario tener cuidado de que las ofertas 
tomen en cuenta la seguridad de las personas durante 
y después de los trabajos en los contratos del servicio 
«Construcción». 
4.6. Finalmente, es necesario que la calidad de los 
servicios, públicos o privados, durante o después de las 
prestaciones, haga que el proyecto elegido sea el mejor 
para el usuario y el contratista principal. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Fran?ois STAEDELIN 
bre de 1994. Sin embargo, puede aceptar el plazo pro­
puesto siempre y cuando se trate de una fecha definitiva 
tras la cual no deberán concederse nuevas excepciones. 
2. Respecto a la propuesta por la que se modifica el 
Reglamento (CEE) n° 358/79 
El Comité aprueba la propuesta de la Comisión que 
pretende sustancialmente que las normas para la elabo­
ración de los vinos espumosos efectúen una distinción 
entre los vinos espumosos de calidad de tipo aromático Dictamen sobre 
— la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento 
(CEE) n° 823/87 por el que se establecen disposiciones específicas relativas a los vinos de 
calidad producidos en regiones determinadas, y 
— la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento 
(CEE) n° 358/79 del Consejo relativo a los vinos espumosos producidos en la Comunidad 
(91/C 191/17) 
El 20 de marzo de 1991, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social 
sobre las propuestas mencionadas arriba. 
La Sección de agricultura y pesca, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó 
su dictamen el 2 de mayo de 1991 (ponente: Sr. Schnieders). 
En su 287° pleno (sesión del 30 de mayo de 1991), el Comité Económico y Social ha aprobado 
por unanimidad el siguiente dictamen.