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Bruselas, 10.11.2010

COM(2010) 651 final

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

relativo a la aplicación del Reglamento (CE) nº 734/2008 del Consejo, sobre la protección de los ecosistemas marinos vulnerables de alta mar frente a los efectos adversos de la utilización de artes de fondo

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

relativo a la aplicación del Reglamento (CE) nº 734/2008 del Consejo, sobre la protección de los ecosistemas marinos vulnerables de alta mar frente a los efectos adversos de la utilización de artes de fondo

En virtud del artículo 13 del Reglamento (CE) nº 734/2008 del Consejo, la Comisión debía presentar al Parlamento Europeo y al Consejo, antes del 30 de junio de 2010, un informe sobre la aplicación de dicho Reglamento acompañado, si se consideraba necesario, de propuestas de modificación.

1. Contexto

2. Características de los ecosistemas marinos vulnerables

Algunos accidentes del fondo marino, como los montes submarinos, los arrecifes de coral y las fuentes hidrotermales, actúan como focos de biodiversidad y, además, atraen a muchos peces. Esos ecosistemas son extremadamente vulnerables, por ejemplo debido al bajo ritmo de crecimiento que caracteriza a la vida a grandes profundidades, así como a causa de la fragilidad de organismos tales como los corales y las esponjas, que son el soporte estructural de los hábitats. Aunque en los últimos años se ha intensificado la investigación científica sobre esos organismos y ecosistemas, por ejemplo por medio de algunos proyectos financiados por la UE como Hermes, Hermione y Coralfish, sigue necesitándose más información sobre su biología y localización, así como sobre las pesquerías asociadas. Esos ecosistemas vulnerables están amenazados por causas naturales tales como el cambio climático y la acidificación de los océanos, así como por toda una serie de actividades antropogénicas, como la pesca de fondo, la minería submarina, la bioprospección y el turismo pelágico. Esas actividades generan beneficios económicos, pero, por otra parte, contribuyen a la destrucción de esos hábitats, lo que conduce a una pérdida constante de biodiversidad marina.

3. Actuación en la UE y el mundo

El impacto de prácticas pesqueras destructivas (como la pesca con redes de arrastre de fondo) sobre ecosistemas marinos vulnerables en alta mar lleva preocupando desde hace tiempo a la comunidad internacional. En 2004 empezó a debatirse este problema en la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU). Ese proceso culminó en 2006 con la adopción de la Resolución 61/105 de la AGNU, a la que contribuyó de forma decisiva la Comunidad Europea.

En respuesta a esa Resolución, la UE adoptó el Reglamento (CE) nº 734/2008, sobre la protección de los ecosistemas marinos vulnerables de alta mar frente a los efectos adversos de la utilización de artes de fondo. Ese Reglamento incorporó a la legislación de la Unión las medidas establecidas en la Resolución 61/105 de la AGNU, pero, en algunos aspectos, es más ambicioso. La UE fue la primera organización regional o Estado en adoptar, a este respecto, medidas aplicables a buques con pabellones de sus Estados miembros, a zonas de alta mar donde no se hubiera establecido ninguna organización regional de ordenación pesquera (OROP) o en las que no se aplicaran medidas provisionales durante las negociaciones para el establecimiento de una OROP. El Reglamento se consideró necesario porque la UE cuenta con una presencia considerable de arrastreros de fondo en zonas donde no se ha establecido ninguna OROP, en particular en el Atlántico suroccidental.

La propuesta de Reglamento del Consejo iba acompañada de una evaluación de impacto en la que se proponían tres opciones: dejar sin transponer la Resolución 61/105 de la AGNU, imponer una prohibición aplicable unilateralmente a la pesca de fondo por buques de la UE o aplicar la Resolución mediante un reglamento del Consejo. La opción elegida fue la tercera, ya que con ella se garantizaría tanto el mantenimiento de la pesca de fondo, si es respetuosa con el medio ambiente, como la protección de ecosistemas marinos vulnerables, lo que se ajusta a los compromisos adquiridos por la UE en las Naciones Unidas.

Entre tanto, en el ámbito internacional, la Unión Europea ha insistido en que se adopten medidas similares en el contexto de las OROP pertinentes, a pesar de la oposición de otras Partes contratantes. Por esa razón, no siempre ha conseguido que se adoptaran como se propusieron todas las medidas en materia de, por ejemplo, cierre de zonas y umbrales.

4. Elementos principales de la Resolución 61/105 de la AGNU

Los apartados 80 a 91 de la Resolución 61/105 de la AGNU establecen lo siguiente:

a) Los Estados y las OROP deben ordenar de forma sostenible las poblaciones de peces de aguas profundas y proteger los ecosistemas marinos vulnerables de las prácticas pesqueras destructivas, de acuerdo con el criterio de precaución y el enfoque basado en los ecosistemas.

b) Las OROP y los Estados del pabellón, en las zonas no sujetas a ninguna jurisdicción nacional que no pertenezcan a ninguna organización ni acuerdo regional de ordenación pesquera (OROP/AROP) competente para regular la pesca de fondo y donde no estén vigentes medidas provisionales, debían evaluar, antes del 31 de diciembre de 2008, el impacto en alta mar de todas las actividades de pesca de fondo y asegurar que o bien se ordenan para impedir ese impacto negativo en los ecosistemas marinos vulnerables o bien no se autorizan.

c) Las OROP y los Estados del pabellón, en las zonas no sujetas a ninguna jurisdicción nacional que no pertenezcan a ninguna OROP/AROP competente para regular la pesca en los fondos marinos y donde no estén vigentes medidas provisionales, debían prohibir todas las actividades de pesca de fondo en zonas donde se sabe que existen o hay muchas probabilidades de que existan ecosistemas marinos vulnerables, a menos que se hayan establecido medidas de conservación y ordenación para impedir los efectos negativos considerables en los ecosistemas marinos vulnerables o hasta la adopción de tales medidas.

5. Evolución reciente

i) Directrices de la FAO

Las Directrices Internacionales de la FAO para la Ordenación de las Pesquerías de Aguas Profundas en Alta Mar se elaboraron a solicitud del Comité de Pesca de la FAO con la finalidad de ayudar a los Estados y las OROP/AROP a aplicar la Resolución 61/105 de la AGNU en lo que se refiere a la protección de ecosistemas marinos vulnerables y a la ordenación a largo plazo de las pesquerías de aguas profundas en alta mar. Esas Directrices se adoptaron en septiembre de 2008.

Se trata de unas directrices voluntarias que orientan sobre todas las medidas necesarias para una ordenación correcta de las pesquerías de aguas profundas, en relación con el marco reglamentario adecuado, la recogida de datos, la notificación y la evaluación, la identificación de ecosistemas marinos vulnerables y la evaluación de los impactos negativos significativos, la ejecución y el cumplimiento y las medidas necesarias para asegurar la conservación de las especies que son objeto de pesca y las que no lo son, así como de los hábitats afectados.

ii) Resolución de 2009 de la AGNU sobre pesca sostenible (Resolución 64/72)

En el período de sesiones de 2009 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tuvo lugar un examen de la aplicación de las medidas adoptadas por los Estados y las OROP/AROP en respuesta a lo solicitado en los apartados 83 a 90 de la Resolución 61/105 de la AGNU, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 91 de esa Resolución.

El texto definitivo de la Resolución de 2009 reflejaba las inquietudes expresadas por la UE y algunas otras Partes en cuanto a que la aplicación de las medidas previstas en la Resolución 61/105 de la AGNU sobre la protección de ecosistemas marinos vulnerables había sido insuficiente, especialmente en el caso de las relativas a la realización de evaluaciones previas a la autorización de actividades de pesca de fondo y a la protección de poblaciones de peces de aguas profundas.

La nueva Resolución 64/72 de la AGNU exhortaba a las OROP/AROP, a los Estados participantes en negociaciones para establecer OROP/AROP y a los Estados del pabellón a adoptar y aplicar urgentemente medidas sobre:

a) la evaluación previa de las actividades de pesca de fondo antes de su autorización;

b) el establecimiento, sobre la base de la mejor información científica disponible, de protocolos en relación con el encuentro con ecosistemas marinos vulnerables;

c) la adopción de medidas de conservación y ordenación de las poblaciones en aguas profundas para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

La Resolución establecía, además, que en 2011 debía realizarse un nuevo examen de la aplicación de esas medidas.

Por otra parte, se hacía un llamamiento a los Estados para que aplicaran las Directrices de la FAO sobre pesquerías de aguas profundas y garantizaran que la aplicación de las medidas previstas en la Resolución fuera coherente con esas Directrices.

6. Informes de los Estados miembros

Según lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 734/2008 del Consejo, los Estados miembros deben remitir a la Comisión, con respecto a cada semestre de un año civil y dentro de los tres meses siguientes a la expiración del semestre en cuestión, un informe acerca de los elementos siguientes:

a) Capturas.

b) Cumplimiento por los buques pesqueros.

c) Medidas adoptadas para corregir e imponer sanciones con respecto a los casos de incumplimiento y de infracciones graves.

d) Aplicación del cierre de zonas.

Los Estados miembros estaban obligados también a presentar todas las evaluaciones de impacto efectuadas antes de expedir los permisos de pesca especiales con arreglo al artículo 4, apartado 2.

Menos de la mitad de los Estados miembros respondieron en el plazo establecido (10 en relación con el período comprendido entre enero y junio de 2009, y 11 con el comprendido entre julio y diciembre de 2009). No obstante, tras repetidos recordatorios de la Comisión, finalmente se facilitó la información exigida. De la información recibida se desprende que solo entran en el ámbito de aplicación del Reglamento los buques de un Estado miembro.

7. Análisis de la aplicación de las medidas previstas en el Reglamento (CE) nº 734/2008

8. Información recibida

La aplicación de esas medidas se analiza sobre la base de la información suministrada por las autoridades de ese único Estado miembro en consonancia con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento.

a) Los buques estaban obligados a cumplir las normas establecidas en el Reglamento (CE) nº 734/2008 del Consejo y a estar en posesión de un permiso de pesca especial, como exige el Reglamento, durante la ejecución de sus actividades.

b) El permiso de pesca especial tenía una validez limitada y especificaba las zonas donde podía llevarse a cabo la pesca de fondo, las especies autorizadas, el tipo de artes y la profundidad a la que iban a calarse.

c) El Estado miembro en cuestión restringió el área donde sus buques podían llevar a cabo actividades de pesca de fondo a dos zonas concretas del Atlántico suroccidental, donde tales actividades se habían llevado a cabo al menos durante dos años.

d) Como la actividad pesquera estaba restringida a zonas donde se había pescado en los fondos marinos durante al menos dos años, ese Estado miembro no realizó ninguna evaluación de impacto específica porque consideraba improbable que esas zonas contuvieran ecosistemas bénticos vulnerables que pudieran resultar dañados por aparejos de arrastre de fondo.

e) No se registró ningún caso de incumplimiento de los planes de pesca.

f) Los buques pesqueros no estuvieron autorizados a llevar a cabo actividades de pesca de fondo en zonas no evaluadas.

g) No se registró actividad pesquera en las zonas cerradas.

h) Los indicadores utilizados para señalar encuentros fortuitos con ecosistemas marinos vulnerables fueron los establecidos por NEAFC, es decir 100 kilogramos de coral vivo y 1 000 kilogramos de esponja viva por lance de pesca.

i) No se registraron encuentros fortuitos con ecosistemas marinos vulnerables y, por esa razón, no fue necesario adoptar medidas para remediarlos.

j) No se produjeron infracciones graves y, por consiguiente, no se adoptó ninguna sanción.

k) Todos los buques estuvieron sujetos a un programa de observación obligatorio.

9. Argumentación

El artículo 4, apartado 1, del Reglamento especifica que los armadores, cuando soliciten un permiso de pesca especial, deben presentar un plan de pesca detallado en el que se especifique la localización prevista de las actividades. La introducción de ese requisito en el Reglamento respondía a la necesidad de aplicar el principio de realizar evaluaciones de impacto previas para poder determinar ex ante el impacto potencial de esas pesquerías, como exige la Resolución 61/105 de la AGNU. El Estado miembro considerado no ha aplicado ese requisito.

En vez de ello, ese Estado miembro utilizó un sistema en el que los buques pesqueros autorizados solo podían faenar en las zonas de pesca determinadas por las autoridades competentes, restringiendo así sus actividades de pesca de fondo en el Atlántico suroccidental a zonas donde ya se había pescado anteriormente. Se actuó así basándose en la hipótesis de que era improbable que esas zonas contuvieran ecosistemas bénticos vulnerables que pudieran resultar dañados por aparejos de arrastre de fondo y, de ese modo, solo se realizó una evaluación de impacto muy limitada. No se hizo, sin embargo, ninguna distinción entre zonas con una actividad de pesca de fondo arraigada y zonas donde esa actividad se llevara realizando durante un período más corto. El artículo 4, apartado 4, del Reglamento y el apartado 48 de las Directrices de la FAO obligan a hacer esa distinción, ya que las zonas donde la pesca de arrastre ha sido menos intensa pueden seguir conteniendo ecosistemas marinos vulnerables que, si se protegieran, aun estando dañados, podrían recuperarse o regenerarse. El criterio de precaución debería haberse aplicado con más rigor. La Comisión va a seguir celebrando consultas con el Estado miembro en cuestión para remediar esta situación y garantizar el cumplimiento de la obligación que tienen sus buques de facilitar un plan de pesca cuando soliciten el permiso, para que sea posible realizar correctamente una evaluación ex ante del impacto de esas pesquerías.

Ese Estado miembro realizó un ejercicio completo de cartografiado de las aguas internacionales del Atlántico suroccidental a menos de 1 500 metros de profundidad, con objeto de establecer la localización de ecosistemas marinos vulnerables en esas zonas, como exigen las resoluciones de la AGNU. En junio de 2010, sin embargo, todavía no se disponía de los resultados de ese ejercicio de cartografiado. La Comisión anima a que se publiquen los resultados de tales estudios, ya que así podrán obtenerse los mayores beneficios posibles porque ello conducirá a la adopción de mejores medidas de ordenación para proteger los ecosistemas marinos vulnerables.

En conclusión, la Comisión considera que el Reglamento (CE) nº 734/2008 debe aplicarse con más rigor y precisión para que los buques que enarbolan pabellón de los Estados miembros de la UE y cuyas actividades pesqueras estén reguladas por ese Reglamento ejecuten totalmente las medidas previstas en las Resoluciones 61/105 y 64/72 de la AGNU.

10. Próximas etapas

A la luz de la evolución de la situación desde que se adoptó el Reglamento, en particular las Directrices de 2008 de la FAO para la Ordenación de las Pesquerías de Aguas Profundas en Alta Mar y la Resolución 64/72 de la AGNU sobre pesca sostenible, así como el dictamen del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) en relación con la ordenación de esas pesquerías, conviene considerar las siguientes modificaciones del Reglamento:

11. Ámbito de aplicación

En la actualidad, el Reglamento no se aplica a zonas bajo la responsabilidad de una OROP o en las que los participantes en las negociaciones sobre una OROP nueva hayan establecido medidas provisionales.

Se ha reprochado a algunas OROP el hecho de no haber aplicado medidas adecuadas para proteger los ecosistemas marinos vulnerables, en contra de los dictámenes científicos y del criterio de precaución. En algunos casos, otras Partes en la organización han rechazado la adopción de medidas solicitadas por la Unión Europea (por ejemplo, el establecimiento de umbrales más bajos en relación con especies indicadoras).

Por consiguiente, el ámbito de aplicación del Reglamento podría ampliarse para permitir la adopción de medidas unilaterales aplicables a los buques pesqueros de la UE que faenan en zonas de regulación de OROP, más ambiciosas que las adoptadas por la OROP, en los casos en que la UE considere que las medidas adoptadas por una OROP no aplican totalmente las medidas previstas en las Resoluciones de las Naciones Unidas. Con esa modificación, la UE podría cumplir en mayor medida los compromisos contraídos en el marco de las Resoluciones 61/105 y 64/72 de la AGNU. Aunque esto podría percibirse como una desigualdad de trato entre los buques de la UE y los de terceros países que faenan en la misma zona, de ese modo podrían garantizarse unas condiciones equitativas para los buques de la UE que realizan actividades de pesca de fondo en diferentes zonas. Además, cuando la UE considere que una OROP debería adoptar ciertas medidas y, por tanto, haga una propuesta en ese sentido, pero las demás Partes la rechacen, la adopción unilateral de medidas demostraría que la UE actúa con coherencia. Por otra parte, ello permitiría a la UE seguir liderando con el ejemplo, como ya lo hizo en el pasado con la adopción del Reglamento vigente.

12. Limitación de la capacidad o el esfuerzo

Para no transferir la capacidad o el esfuerzo a pesquerías de aguas profundas, cubiertas por el Reglamento, desde otras pesquerías, convendría incluir una disposición que limitara la capacidad o el esfuerzo en la pesca de aguas profundas al nivel medio establecido para un período determinado en distintas zonas.

13. Evaluaciones de impacto

La realización de evaluaciones de impacto antes de autorizar actividades de pesca de fondo fue una de las principales cuestiones que se debatieron durante las negociaciones sobre la revisión de las medidas previstas en la Resolución 61/105 de la AGNU, y se consideró, en ese momento, un principio radicalmente innovador en la ordenación pesquera. No obstante, la información publicada antes de las negociaciones en torno a la Resolución de 2009 de la AGNU puso de manifiesto que se habían llevado a cabo muy pocas evaluaciones de esas características y que la calidad de las que se habían realizado no era satisfactoria.

Las Directrices de la FAO, en particular en sus apartados 17 a 20, 42, 47 y 48, establecieron criterios claros sobre la utilización de evaluaciones de impacto. El apartado 119 de la Resolución 64/72 de la AGNU exhorta a los Estados del pabellón y a las OROP a llevar a cabo las evaluaciones de impacto previas a la autorización de actividades de pesca de fondo de conformidad con esas Directrices. En el Reglamento podría hacerse una referencia específica a esos apartados de las Directrices, y podría incorporarse al mismo el texto completo del apartado 47 de esas Directrices (que se reproduce más abajo) para garantizar la mejora de la calidad de las evaluaciones de impacto realizadas por los Estados miembros.

47. Los Estados del pabellón y las OROP/los AROP deberían realizar evaluaciones para establecer si es probable que las actividades pesqueras en aguas profundas produzcan efectos perjudiciales importantes en una determinada zona. Tal evaluación de los efectos debería contemplar, entre otros aspectos, los siguientes:

i. el tipo o tipos de pesca que se realizan o se prevé realizar, incluidos los buques y los tipos de artes de pesca, las zonas de pesca, las especies objetivo de captura y de captura incidental potencial, los niveles del esfuerzo pesquero y la duración de la pesca (plan de capturas);

ii. la información científica y técnica más fidedigna disponible sobre la situación actual de los recursos pesqueros, así como la información básica sobre los ecosistemas, los hábitats y las comunidades en la zona de pesca, con la que tienen que contrastarse los futuros cambios;

iii. la identificación, la descripción y la cartografía de los EMV conocidos o que puedan darse en la zona pesquera;

iv. los datos y métodos utilizados para identificar, describir y evaluar los efectos de la actividad, la identificación de lagunas en los conocimientos y una valoración de la incertidumbre de la información que interviene en la evaluación;

v. la identificación, la descripción y la evaluación de la frecuencia, amplitud y duración de los posibles efectos, incluidos los efectos acumulativos de las actividades contempladas en la evaluación de los EMV y los recursos pesqueros de baja productividad de la zona pesquera;

vi. evaluación del riesgo de los posibles efectos de las operaciones de pesca con el fin de determinar los posibles efectos perjudiciales que puedan revestir importancia, en particular los efectos sobre los EMV y los recursos pesqueros de baja productividad;

vii. las medidas de ordenación y mitigación propuestas que deben utilizarse para evitar los efectos perjudiciales importantes sobre los EMV y garantizar la conservación a largo plazo y el uso sostenible de los recursos pesqueros de baja productividad, así como las medidas que deben utilizarse para hacer un seguimiento de los efectos de las operaciones de pesca.

El Reglamento vigente sobre recopilación de datos (Reglamento (CE) nº 199/2008[1]), así como la Decisión 2008/949/CE[2] de la Comisión, por la que se adopta un programa comunitario plurianual en virtud del Reglamento (CE) nº 199/2008 del Consejo, relativo al establecimiento de un marco comunitario para la recopilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento científico en relación con la política pesquera común, establecen las obligaciones de recogida de datos relativos a los indicadores de los efectos del sector pesquero en el ecosistema marino. Esos datos deberían, por tanto, ser una parte sustancial de las evaluaciones de impacto.

14. Encuentros fortuitos con ecosistemas marinos vulnerables

En el Reglamento actual no se da ninguna definición de «encuentro con ecosistemas marinos vulnerables». Eso ha permitido al Estado miembro considerado utilizar umbrales muy altos en relación con especies indicadoras de ecosistemas marinos vulnerables (100 kilogramos de coral vivo y 1 000 kilogramos de esponja viva por lance de pesca). Esos umbrales son similares a los utilizados anteriormente por algunas OROP, en particular NEAFC y NAFO, para determinar un encuentro con ecosistemas marinos vulnerables, y fueron criticados por el CIEM por ser demasiado altos.

La retención de una especie en una red depende de su tamaño y fragilidad; de ese modo, una especie de pequeño tamaño o que puede fragmentarse con facilidad en piezas pequeñas tiene menos probabilidades de quedar atrapada que una especie grande y resistente. Aún no se conoce la eficiencia de retención de corales y esponjas por las redes de la pesca de fondo. Si aplicamos las directrices actuales y una eficiencia hipotética de retención del 10 %, para alcanzar los umbrales que determinan un encuentro deberían verse afectados por lo menos 1 000 kilogramos de corales (o 10 000 kilogramos de esponjas).

En el dictamen dirigido a la NEAFC de 2009, el CIEM declaraba que no era probable que un umbral único fuera adecuado para todas las especies como indicador de la presencia de un ecosistema marino vulnerable, ya que ello supondría partir de la base de que todas las especies que indican la presencia de un ecosistema de esas características tienen las mismas posibilidades de quedar retenidas en una red de pesca. No obstante, el CIEM afirmó, asimismo, que los umbrales actuales podían ser demasiado altos en relación con especies frágiles y raras de coral o esponja, y que deberían utilizarse umbrales más prudentes.

Así pues, aunque la inclusión de una definición de encuentro con un ecosistema marino vulnerable basada en los conocimientos científicos más avanzados podría aumentar la eficacia del Reglamento para proteger esos ecosistemas, habría que velar por que los umbrales pudieran modificarse con periodicidad para tener en cuenta los conocimientos científicos más recientes. Además, en aras de una mayor exactitud, deberían utilizarse más de dos taxones de muestra como indicadores de ecosistemas marinos vulnerables.

Por otra parte, si se alcanzan los umbrales correspondientes a especies indicadoras de ecosistemas marinos vulnerables, y después de comunicar el encuentro a las autoridades como exige el artículo 7, apartado 3, debería procederse inmediatamente (y por lo menos temporalmente) al cierre del emplazamiento para poder realizar una evaluación de la zona. Si la zona no se cierra inmediatamente, los subsiguientes arrastres de las redes podrían provocar la destrucción del ecosistema marino vulnerable.

15. Regla de traslado

El artículo 7 del Reglamento establece que, si un buque encuentra un ecosistema marino vulnerable, debe desplazarse como mínimo a una distancia de cinco millas náuticas del lugar donde se haya producido el encuentro. En las zonas de regulación del NEAFC y la NAFO, la distancia exigida es de solo dos millas náuticas, porque se consideró que en ellas esa distancia era la más adecuada.

Debido a la falta de información esencial (tamaño de las colonias de corales y esponjas y distancia de arrastre de la red), el CIEM no ha podido determinar la conveniencia desde el punto de vista científico de esas disposiciones que se aplican en la zona de regulación del NEAFC. No obstante, si tomamos un tiempo de arrastre medio de cuatro horas y una velocidad de arrastre media de 3,5 nudos, la distancia cubierta por la red de arrastre es superior a nueve millas náuticas. Eso imposibilita determinar si se ha producido o no un encuentro con un ecosistema marino vulnerable, ya que tal encuentro podría haber tenido lugar en cualquier lugar a lo largo del arrastre de la red, y tampoco se puede establecer a partir de qué punto debería calcularse la distancia de cinco millas náuticas.

Según el CIEM, una alternativa aceptable podría ser determinar todas las zonas donde ya se han realizado actividades pesqueras (o donde se han realizado actividades pesqueras en el período sobre el que existen registros). De ese modo puede considerarse que todas las demás zonas siguen conteniendo ecosistemas marinos vulnerables y, así, la prohibición o restricción de actividades pesqueras en esas zonas serviría para proteger esos ecosistemas. La regla de traslado se limitaría a las zonas donde ya se han realizado actividades pesqueras, especialmente en las áreas en las que esas actividades han sido menos intensas, aunque, en este caso, habría que bajar los umbrales para determinar un encuentro con ecosistemas marinos vulnerables y aumentar la distancia a la que deben trasladarse los buques. Para aplicar mejor esa regla habrá que obtener la información necesaria para poder modelizar distancias adecuadas en relación con las disposiciones relativas a ese traslado, por ejemplo, datos sobre la distancia de arrastre.

16. Presencia de observadores a bordo

El artículo 11 del Reglamento (CE) nº 734/2008 prevé una presencia al 100 % de observadores en todos los buques, así como una revisión de esa cobertura para el 30 de julio de 2009. No obstante, esa revisión se aplazó para poder obtener información sobre la experiencia de los Estados miembros con el régimen, en el contexto de los informes que deben presentar con arreglo al Reglamento.

Entre el 5 y el 7 de noviembre de 2007, se celebró en Roma (Italia) un taller sobre conocimientos y datos relacionados con la pesca en aguas profundas en alta mar para debatir el estado de los conocimientos en esas pesquerías. Una de las recomendaciones de ese taller fue que en esas pesquerías debería exigirse una cobertura de observadores del 100 %. Además, el apartado 55 de las Directrices de la FAO señala que se precisaban mayores niveles de cobertura en las pesquerías que se realizaban fuera de la zona de regulación de una OROP/AROP. Además, la SPRFMO ha establecido, en sus medidas provisionales, que debe darse una cobertura del 100 % de las pesquerías de fondo por observadores formados. Esa disposición se consideró necesaria para poder aplicar correctamente las reglas de traslado que requieren activación, ya que permite la observación en tiempo real de las capturas cobradas en cada arrastre. Se está aplicando en Nueva Zelanda.

A la vista de todo lo expuesto y habida cuenta de que aún no se han realizado evaluaciones de impacto previas que cumplan los criterios establecidos en el apartado 47 de las Directrices de la FAO, debe seguir imponiéndose por ahora una cobertura de observadores del 100 % en las pesquerías de aguas profundas a las que se aplica el Reglamento. Este requisito podría revisarse cada tres años.

17. Conclusiones

En los últimos años, la UE ha estado a la vanguardia de la lucha por garantizar la protección a nivel mundial de los ecosistemas marinos vulnerables y las pesquerías de fondo asociadas. El Reglamento (CE) nº 734/2008, que transpone las medidas previstas en la Resolución 61/105 de 2006 la AGNU, se adoptó para garantizar la adecuada protección de los ecosistemas marinos vulnerables frente a la pesca con redes de arrastre de fondo. A la vista de las nuevas recomendaciones de la Resolución 64/72 de 2009 de la AGNU y de su revisión, prevista para noviembre de 2011, de las Directrices de la FAO para la Ordenación de las Pesquerías de Aguas Profundas en Alta Mar y de los conocimientos científicos más recientes, la Comisión considera necesario modificar el Reglamento, y tiene la intención de hacerlo, probablemente a más tardar a comienzos de 2012, para adaptarlo a estos avances, de manera que puedan aplicarse mejores medidas para proteger esos ecosistemas, basadas en los conocimientos científicos más actualizados.

[1] Reglamento (CE) nº 199/2008 del Consejo, de 25 de febrero de 2008, relativo al establecimiento de un marco comunitario para la recopilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento científico en relación con la política pesquera común.

[2] 2008/949/CE: Decisión de la Comisión, de 6 de noviembre de 2008, por la que se adopta un programa comunitario plurianual en virtud del Reglamento (CE) nº 199/2008 del Consejo, relativo al establecimiento de un marco comunitario para la recopilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento científico en relación con la política pesquera común.