Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Comunicación de la Comisión - El futuro de la protección social: marco para un debate europeo»

(97/C 66/17)

El 8 de noviembre de 1995, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la comunicación mencionada.

La Sección de Asuntos Sociales, Familia, Educación y Cultura, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 15 de noviembre de 1996 (Ponente: Sr. Laur, Coponentes: Sr. Meriano y Sra. van den Burg).

En su 340° Pleno (sesión del 28 de noviembre de 1996), el Comité Económico y Social ha aprobado por 67 votos a favor, 41 en contra y 15 abstenciones el presente Dictamen.

El presente dictamen del Comité Económico y Social sobre el futuro de la protección social tiene el doble objetivo siguiente:

- por una parte, es necesario hoy en día obrar por una mayor compatibilidad entre las normas y las prácticas de los Estados miembros en el ámbito de la protección social;

- por otra parte, este objetivo debe realizarse teniendo en cuenta la cultura de cada Estado miembro y respetando el principio de subsidiariedad. A tal fin, corresponderá especialmente a los Estados miembros hacerse cargo de la gestión de los gastos que suponga la protección social.

1. Introducción

1.1. En la Comunicación COM(95) 466 de 31 de octubre de 1995 la Comisión Europea presentó la iniciativa de un debate europeo sobre el futuro de la protección social. El debate tiene por objeto que las instituciones comunitarias y los Estados miembros reflexionen en común a este respecto con vistas a un «adecuado seguimiento» a finales de 1996.

1.2. La iniciativa se basa en el objetivo fundamental de la cohesión social y la solidaridad a fin de mantener o alcanzar un alto nivel de protección social, tarea a la que hace referencia el artículo 2 del Tratado CE. Dicho objetivo fundamental unido al papel y el interés de la Unión en el ámbito de la libertad de circulación llevó a la estrategia de convergencia, formulada en dos Recomendaciones: 92/441/CEE de 24 de junio de 1992 y 92/442/CEE de 27 de julio de 1992. En estas Recomendaciones, los Estados miembros se han puesto de acuerdo sobre la necesidad de mantener, adaptar y desarrollar sus sistemas de protección social y han establecido objetivos comunes.

1.3. La Comunicación expone motivos específicos relacionados con los recientes esfuerzos políticos y el nuevo debate sobre la posibilidad de hacer que los sistemas de protección social sean más eficaces y más favorables al empleo por medio de la reducción de los costes laborales indirectos o mediante los efectos combinados de planes impositivos y planes de ayuda.

1.4. La Comunicación esboza algunas de las principales características de los recientes y futuros desarrollos previstos y menciona siete cuestiones específicas para ulterior análisis y reflexión común. En particular, la última de ellas («reflexión sobre el futuro de la protección social a largo plazo») puede incluir diversas tendencias y problemas que se han debatido en otros dictámenes del Comité, como los cambios en los modelos laborales y en los ciclos vitales/modelos familiares. Como señala el punto 2.3 de la Comunicación, las tendencias demográficas no sólo se pueden atribuir al envejecimiento de la población; también se menciona aquí la progresiva transformación de las estructuras familiares, que plantea la necesidad de desplazar su centro de atención del único miembro de la familia que percibe un salario para abarcar al conjunto de los trabajadores individuales, incluyendo las «nuevas» formas o pautas de trabajo. También debería prestarse atención al hecho de que dichos modelos cambian durante la vida activa de un individuo ().

2. La protección social en Europa

2.1. En su dictamen de noviembre de 1991 sobre la propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la convergencia de objetivos y políticas en el ámbito de la Protección Social, el Comité Económico y Social hacía referencia a la Protección Social (incluida la seguridad social) tomando como punto de partida sobre todo el principio de solidaridad. El dictamen afirma que:

«La seguridad social en sentido amplio debe entenderse como "cobertura social" basada en la solidaridad y dirigida a proteger a toda persona con residencia legal en la Comunidad, cuando se encuentre en una situación de necesidad y precise ser protegida contra determinados riesgos (...). Dicha protección, que se produce en casos de enfermedad o accidente, maternidad, desempleo, (...) vejez y dificultades familiares, garantiza los medios idóneos para el mantenimiento de un nivel de vida suficiente de modo que se evite la exclusión social de las personas afectadas (...). Los riesgos antes enumerados constituyen, pues, el objeto de la protección social, a cuya identificación han contribuido también convenios y dictámenes elaborados a escala internacional y comunitaria (1).

(1) DO n° C 40 de 17. 2. 1992; puntos 1.4, 1.5 y 1.6.»Si se añade a esta enumeración el permiso parental para formación, la descripción engloba, pues, todas las formas de protección social que conjugan la seguridad frente a los riesgos en beneficio de la cohesión social.

2.2. La Comunicación de la Comisión (punto 1.1) define la protección social como «todos los sistemas de transferencia colectiva concebidos para proteger a la gente contra los riesgos sociales».

2.3. La protección social es un componente fundamental del modelo europeo de sociedad. Es un vector de confianza que contribuye a la cohesión social y al sentido de comunidad de los ciudadanos europeos.

2.4. La razón fundamental de los sistemas de protección social de toda la Comunidad es la solidaridad entre individuos. La solidaridad encuentra su expresión en la tradición del Estado del bienestar y en los mecanismos de seguridad mutua.

2.5. Los sistemas de protección social de la Unión se caracterizan por su gran diversidad. Como señalan determinados estudios (), las diferencias se encuentran en la cobertura de los riesgos, en las normas sobre las condiciones para tener derecho a los beneficios, en la estructura de los beneficios, en el nivel y fuentes de los recursos financieros implicados, en los socios para la toma de decisiones y en la gestión de los sistemas.

2.6. La diversidad existente es, sin lugar a dudas, el resultado de las circunstancias particulares de los distintos Estados miembros, que han tomado y combinado a su manera diversos elementos de los sistemas de Beveridge o Bismarck.

2.7. Sin embargo, existe un amplio consenso en lo que se refiere a los objetivos, los riesgos que se han de cubrir y las normas mínimas que se han de garantizar, no sólo en el marco de la Unión Europea, sino también en otros contextos internacionales. Un gran número de instrumentos internacionales contiene cláusulas normativas mínimas adoptadas por la mayoría de los Estados miembros de la UE. El convenio n° 102 de la OIT de 1952 ha sido ratificado por 13 Estados miembros (), y el mismo número de países ha ratificado el Código de Seguridad Social Europeo del Consejo de Europa de 1964 (). La revisión del Código de la seguridad social del Consejo de Europa llevada a cabo en 1990 fue firmada por 10 Estados miembros de la Unión Europea ().

2.8. El informe de la Comisión sobre Protección Social en Europa () también señala que desde una perspectiva comparativa más amplia los sistemas de protección social europeos presentan diferencias pero también muchas semejanzas con respecto a los de otras partes del mundo como, por ejemplo, el Japón y los Estados Unidos. Este informe ofrece una visión global.

2.9. También existe un amplio consenso sobre la idea de que la realización del mercado interior y de la Unión Económica y Monetaria (UEM) no debería llevarse a cabo a costa de una devaluación social. Según varias encuestas () se desprende claramente que los ciudadanos de la UE están seriamente preocupados por los efectos de la UEM en la protección social, la pobreza y la exclusión.

3. Objetivos e instrumentos de la protección social a nivel europeo

3.1. El objetivo de fomentar «un alto nivel de empleo y de protección social» constituye un elemento fundamental de la Unión Europea. El artículo 2 del Tratado es bien claro al respecto.

3.2. Cuando se elaboró el Tratado de Roma se entabló un intenso debate sobre la necesidad de armonización en el ámbito de la protección social a fin de evitar que la seguridad social se convirtiese en un elemento distorsionador de la competencia entre los Estados miembros. La armonización implica la unificación de la legislación tanto en lo que se refiere a los sistemas como a los riesgos que cubre y los niveles (mínimos) de protección requeridos, y podría implicar asimismo la creación de unas garantías comunitarias o unos fondos de cohesión. Este proyecto a favor de la armonización ya ha sido abandonado. De forma alternativa, las acciones de la Comunidad Europea se han concentrado en la coordinación de los sistemas de seguridad social. El término «coordinación» se refiere al establecimiento de conexiones jurídicas, técnicas y administrativas entre los sistemas de protección social, a fin de garantizar la misma protección a los migrantes en los Estados miembros. Los mecanismos de coordinación no modifican, pues, las características específicas de los distintos sistemas. Tales mecanismos de coordinación figuran en los reglamentos (CEE) nos 1408/71 y 574/72. Es evidente que la coordinación de los diversos sistemas no resulta fácil, sobre todo si se tiene en cuenta que los sistemas de seguridad social han sufrido cierta evolución y una serie de importantes cambios en los últimos años.

3.3. Al final de los años ochenta las iniciativas de la Comisión dieron un nuevo enfoque comunitario a la convergencia de la protección social. En la Recomendación de 1992, se definía el objetivo de la estrategia de convergencia como la determinación de objetivos comunes capaces de orientar las políticas de los Estados miembros a fin de permitir la coexistencia de distintos sistemas nacionales y hacer posible que se desarrollen entre sí en armonía teniendo en cuenta los objetivos fundamentales de la Comunidad (). No obstante, se afirma explícitamente () que, a causa de la variedad de sistemas y su implantación en las culturas nacionales, corresponde a los Estados miembros determinar cómo se deberían financiar y organizar. El único requisito es que los Estados miembros presentaran informes de evaluación y reflexiones regulares sobre el desarrollo de sus políticas (). La actitud del Consejo tras las dos Recomendaciones ha sido restrictiva.

3.4. En su dictamen de noviembre de 1991, el Comité Económico y Social ya señaló la diferencia entre el principio de objetivos comunes que apoyaba y la falta de instrumentos prácticos. El Comité insistió en la importancia de reducir las diferencias entre los Estados miembros y la necesidad de una visión realista pero sobre todo dinámica de la protección social ().

3.5. En el ámbito de la protección social, los Estados miembros se han empeñado siempre en defender su soberanía nacional, insistiendo en el respeto del principio de subsidiariedad incorporado en el artículo 3 B del Tratado CE ().

3.6. El principio de subsidiariedad es especialmente pertinente en el sector de la protección social. La Comisión tiene por misión fomentar una colaboración estrecha entre los Estados miembros, de conformidad con el artículo 118. Para conseguir los objetivos contemplados en el artículo 117 reviste gran importancia la cooperación con las asociaciones de solidaridad y las fundaciones, como instituciones responsables de establecimientos de beneficencia y de servicios sociales.

3.7. El artículo 3 B hace referencia a los casos en los que los objetivos, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, puedan lograrse mejor a nivel comunitario. Ello plantea la cuestión de cómo evaluar la suficiencia y la eficacia, y sobre todo la cuestión de la aplicación de criterios sociales y económicos que se desprenden de otras disposiciones del Tratado en general, y de los objetivos de cohesión y solidaridad sociales en particular (artículo 2 del Tratado CE) ().

3.8. Si se aplica un «test de subsidiariedad» al ámbito de la protección social, se desprenden dos razones bien claras a favor de una mejor coordinación de los esfuerzos de convergencia de los objetivos y políticas de la Unión Europea, tal como se definió en la Recomendación del Consejo de 1992 ().

1) Las debilidades de la política de coordinación de los regímenes de protección social y de la fiscalidad relativa a dichos regímenes, debido sobre todo a la diversidad de los sistemas existentes en la Unión Europea, traen como consecuencia obstaculizar profundamente la libre circulación de trabajadores.

2) Los efectos de la competencia social y fiscal entre los miembros, con el resultado de una tendencia al desmantelamiento o la convergencia «hacia abajo» de la protección social.

3.9. La realización del mercado interior y de la Unión Económica y Monetaria (UEM) no son empresas neutras con respecto a las políticas nacionales en materia de protección social y no debería realizarse a costa de un empobrecimiento social y una degradación fiscal. Las tendencias de la competencia social y fiscal entre los Estados miembros han tomado una dirección que se aleja cada vez más del principio de solidaridad y del objetivo de fomento de un alto nivel de empleo y protección social.

3.10. Existe una paradoja en la concepción de la soberanía nacional y de la subsidiariedad en el ámbito de la protección social semejante a la paradoja recientemente descrita por la Comisión en el documento de reflexión sobre la fiscalidad en la Unión Europea (): «la defensa aparente de la soberanía nacional en materia fiscal ha llevado a una progresiva y verdadera pérdida de soberanía fiscal de los Estados miembros de la que se aprovechan los mercados».

3.11. El reconocimiento de esta paradoja y la evaluación de las tendencias reales existentes en el ámbito de la protección social que afectan (indirectamente) al mercado interior y a la política de Unión Económica y Monetaria (UEM) deberían dar lugar a una estrategia de convergencia más activa, en el sentido que establece el artículo 3 B del Tratado. El artículo 2 del Protocolo social ya contempla la votación por mayoría cualificada en el ámbito social en lo referente a la integración de las personas excluidas del mercado de trabajo.

3.12. La respuesta del Comité a los problemas planteados por la Comisión debería ser, como en 1992, que existen poderosas razones para que la Unión Europea desarrolle una estrategia de convergencia más dinámica en materia de protección social de conformidad, por supuesto, con las culturas y prácticas nacionales. Dicha convergencia debería empezar por los objetivos fundamentales propuestos tanto en el Tratado como en el tradicional Estado del bienestar de los Estados miembros, apoyados por las normas internacionales que han aceptado. Debería apoyar y mejorar la cohesión social, y evitar las políticas regresivas centradas en el mínimo común denominador.

4. ¿Cuál es el futuro de la protección social en Europa?

4.1. A fin de preservar la legitimidad de un debate de esta índole en el seno de un organismo europeo, los puntos tratados aquí serán generales e incluirán los enumerados en el punto 3.4 de la Comunicación de la Comisión.

4.2. Abordaremos, pues, el futuro de la protección social bajo los distintos aspectos siguientes: su impacto en el empleo, su financiación, los efectos del envejecimiento de la población, la organización de una protección social adaptada al mercado único, los sistemas de asistencia sanitaria y la lucha contra la exclusión.

4.3. A - Adaptar la protección social a la situación del empleo

4.3.1. El empleo se encuentra en el centro del debate sobre la protección social, y el desarrollo de esta última debe privilegiar la búsqueda de efectos favorables al empleo.

4.3.2. En efecto, la Comisión señala que las consecuencias del envejecimiento de la población podrían verse reequilibradas por un aumento de la tasa de empleo que facilitaría la financiación de la protección social.

4.3.3. Con el aumento de la esperanza de vida, las prestaciones se pagan durante más tiempo sin que su aumento relativo se vea compensado por una evolución correspondiente de las cotizaciones, ya que, en determinados Estados miembros al menos, los pensionistas no cotizan. En cambio, si el desempleo disminuyera, el número de activos que cotizara aumentaría y vendría entonces a compensar el número creciente de pensionistas que no cotizan y que reciben prestaciones.

4.3.4. Pero también se han de tener en cuenta otros elementos.

4.3.5. Por un lado, el nivel actualmente elevado de cargas indirectas podría desanimar las inversiones capaces de crear nuevos empleos. En este sentido, sería muy útil un estudio sobre la relación entre los costes indirectos y la creación de empleo, entre el nivel de cotizaciones y los costes totales de la mano de obra y entre el coste de la mano de obra y la demanda de mano de obra. Ello permitiría precisar mejor las orientaciones necesarias a favor del empleo. Además, tal como afirmaron el Consejo y la Comisión sobre el empleo en un informe conjunto aprobado por el Consejo Europeo de Madrid, sería conveniente evaluar la incidencia en el empleo de una reducción diferenciada de las cotizaciones sociales, así como de otras fuentes de financiación.

4.3.6. Sin embargo, los subsidios de desempleo también son esenciales para la economía, ya que permiten a los desempleados continuar consumiendo y tienden a preservarles los mecanismos psicológicos necesarios para buscar trabajo.

4.3.7. Para favorecer la adaptación de la protección social a la situación del empleo, se podrían tener en cuenta diversos elementos de actuación.

4.3.7.1. Aligerar el peso de las cargas sociales en los salarios bajos

4.3.7.1.1. Tal como afirma Jacques Delors en su Libro Blanco, en Europa la mano de obra poco cualificada es la que sufre la competencia internacional más dura en materia de empleo. En la situación actual del mercado de trabajo sería conveniente tomar medidas sobre esta categoría de mano de obra para disminuir el coste no salarial del trabajo mediante una reducción de las cargas sociales. La prioridad más importante a largo plazo debe ser fomentar que la mano de obra poco cualificada aumente su nivel de competitividad.

4.3.7.1.2. En este sentido, los Estados miembros podrían instaurar un sistema de exoneración parcial en el que los sueldos sólo tendrían obligación de pagar cotizaciones sociales sobre la fracción que superase un determinado nivel. Todos los asalariados estarían incluidos en el sistema y dicha medida se aplicaría a todos los salarios. Pero sólo aquellos que superasen el umbral fijado estarían sometidos al pago de cotizaciones sociales, proporcionalmente a la cantidad superada.

4.3.7.1.3. Así, con este sistema, el empresario tendría una exoneración parcial sobre todos los salarios, independientemente de su nivel, contrariamente al Libro Blanco, que sólo preconiza la exoneración para los salarios bajos.

4.3.7.2. Acompañar la evolución de los modos de trabajo

4.3.7.2.1. La evolución del mercado laboral y el trabajo cada vez más frecuente de las mujeres, son elementos que han introducido cambios en los modos de trabajo. Así han aparecido o se han desarrollado el trabajo flexible, el trabajo atípico (trabajo temporal, a tiempo parcial, etc.) y el acceso a prestaciones tales como permiso parental para formación.

4.3.7.2.2. Las pautas de trabajo individuales presentan cada vez más diferencias, están estrechamente relacionadas con otras actividades y responsabilidades de la esfera privada, y evolucionan a lo largo de la vida. Los regímenes de seguridad social y de jubilación deberían adaptarse a fin de tener en cuenta estas nuevas pautas de trabajo y ofrecer una protección adecuada. En este sentido, el Convenio y la Recomendación de 1994 de la OIT sobre trabajo a tiempo parcial proponen medidas útiles. El Convenio pide que los regímenes públicos de seguridad social basados en las actividades profesionales se adapten a fin de que los trabajadores a tiempo parcial disfruten de condiciones proporcionalmente equivalentes a las que tienen los trabajadores a tiempo completo con empleos comparables.

Los umbrales por debajo de los cuales los trabajadores a tiempo parcial pueden ser excluidos de los regímenes de seguridad social deben ser revisados periódicamente y reducidos progresivamente. Los debates sobre el trabajo temporal y los distintos tipos de contratos (atípicos) con horarios variables se encuentran aún en una fase inicial. Uno de los elementos importantes para este debate (además de la igualdad de acceso) parece ser la necesidad de períodos de referencia más largos u horarios mejor adaptados a los individuos a fin de garantizar una mejor protección social.

4.3.7.2.3. Estos nuevos elementos han de tenerse en cuenta a la hora de organizar la protección social. Así, deberían fomentarse ciertos modelos de tiempo de trabajo como el trabajo a tiempo parcial o los permisos parentales para formación, en la medida en que contribuyen de alguna forma a la creación de puestos de trabajo.

4.3.7.2.4. La inadaptación de la protección social no debe desanimar el recurso a estas formas de empleo. Se trata de introducir flexibilidad en la organización de los regímenes de protección social a fin de tener en cuenta la evolución de los individuos en su vida profesional. Al mismo tiempo debe evitarse que los trabajadores que desempeñen trabajos atípicos o flexibles reciban una protección social de bajo nivel o la pierdan por completo.

4.3.7.3. Fomentar el mercado de trabajo

4.3.7.3.1. La realización de un mercado de trabajo verdaderamente europeo y la libre circulación de trabajadores son objetivos fundamentales de la Unión que también contribuyen positivamente a luchar contra el desempleo.

4.3.7.3.2. A fin de garantizar esta libertad, el artículo 51 atribuye competencias a la Comunidad para coordinar la seguridad social de los trabajadores migrantes, y de este modo eliminar las posibles fuentes de discriminación entre trabajadores nacionales y trabajadores «migrantes». Así pues, el mecanismo de coordinación debería cubrir la totalidad del estatuto de los trabajadores en materia de seguridad social.

4.3.7.3.3. Los regímenes de protección social complementarios cobran cada vez más importancia como elemento esencial de la protección social de los trabajadores. Los mecanismos de coordinación deberían adaptarse para incluir los derechos a una protección social complementaria a fin de garantizar su validez en el conjunto de la Unión.

4.3.7.4. Fomentar la evolución de la formación continua

4.3.7.4.1. En el futuro, los períodos de formación se escalonarán a lo largo de la vida activa. Por ello, si se quiere una protección social favorable al empleo, es necesario que los sistemas de protección social favorezcan el apoyo a la formación incluyendo la financiada por las empresas; sería necesario que la protección social sea compatible con los nuevos modos de formación, en la medida en que se considera que la formación favorece el empleo, y que la protección social debe abrirse, pues, a acciones a favor del empleo. Deben desarrollarse incentivos, incluso dentro del sistema fiscal, para que la gente esté dispuesta, aún financiándolo personalmente, a mejorar sus cualificaciones, arriesgarse a cambiar de trabajo y desplazarse geográficamente. Se debería considerar la posibilidad debatida en algunos Estados miembros de introducir «un fondo de capacitación profesional».

4.3.7.4.2. Así, el recurso a la formación continua se vería facilitado si se consideraran sistemáticamente estos períodos como períodos de trabajo ordinario, que dan, pues, derecho a una cobertura social completa.

4.3.7.4.3. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas para que la formación continua se corresponda con la demanda de mano de obra, para que sea verdaderamente útil y no tenga como único objetivo conseguir una cualificación suplementaria sin verdaderas salidas. La cualificación profesional debería adaptarse a las necesidades de la economía o la empresa, incluso permitir una promoción social o profesional, y la protección social debería contribuir a ello.

4.3.7.4.4. Al mismo tiempo, se observan en todo el mundo distorsiones de la pirámide de población que se explican tanto por la prolongación de la edad escolar y los períodos de formación como por el aumento de la edad media. La escuela no debía ser únicamente un amortiguador social para los jóvenes. También se podría utilizar la experiencia y capacitación de las personas de edad avanzada en beneficio de los más jóvenes. Ello también beneficiaría a las personas de edad avanzada que, de este modo, se mantendrían activas más tiempo.

4.3.7.5. Transformar los gastos de desempleo pasivos en gastos activos

4.3.7.5.1. En esta perspectiva, se trataría, por ejemplo, de fomentar la utilización productiva de la mano de obra en paro que disfrute de una protección social, y podría orientarse hacia trabajos que no gozan de la suficiente solvencia. El objetivo debe dirigirse hacia la creación de verdaderos empleos.

4.3.7.5.2. Pero se trataría también de fomentar determinados sectores de empleo que, contrariamente a ciertos prejuicios, no están destinados a los desempleados porque no se venden bien. En efecto, las ofertas de empleo de servicios (cuidadores y ayudas a domicilio, etc.) no siempre se cubren por falta de empleados. Las necesidades quedan a menudo muy por debajo de su saturación. Los Estados miembros deberían, pues, favorecer la creación de empresas privadas, asociaciones, incluso servicios públicos que desarrollasen este tipo de actividades, y permitiesen que ya no se las considere como una transición hacia un verdadero oficio sino como actividades completamente normales. La UE debería contribuir de manera activa, apoyando en mayor medida que hasta la fecha que los Estados miembros fomenten también aquellos sectores en los que se prestan servicios sociales comercializables siempre que ello contribuya a la incorporación de los desempleados al mercado de trabajo.

4.3.7.5.3. Así, los sistemas de protección social podrían contribuir a la financiación de la formación, mediante estructuras adecuadas y una participación en la medida de lo posible más directa de los interlocutores sociales, y a la instauración de una relación más estrecha entre cobertura social del desempleo y cualificación de la mano de obra desempleada.

4.3.7.5.4. Por último, es necesario considerar otras acciones que fomenten el empleo consistentes, por ejemplo, en compensar las jubilaciones con la contratación de mano de obra joven, o tomar medidas a favor de la reinserción de los parados de larga duración.

4.3.7.5.5. En cualquier caso, dichas medidas deberían acompañarse de un compromiso firme por parte de los empleadores de respetar su obligación legal de contratación, en virtud de lo acordado por los interlocutores sociales.

4.3.7.5.6. Siempre con el objetivo de transformar el desempleo pasivo en política activa de empleo, el Comité considera necesario la adaptación de los regímenes de la seguridad social así como la gestión diferenciada y más flexible del tiempo de trabajo a fin de hacer más accesible el mercado de trabajo a los padres jóvenes. Ello podría acompañarse con el fomento de las bajas parentales y la mejora de los sistemas de acogida y atención a los niños.

4.3.7.5.7. Siguiendo esta orientación, los Estados miembros contribuirían a transformar los gastos pasivos en gastos activos. El subsidio de desempleo no debe ser únicamente una prestación social, sino que debe formar parte de una política de empleo dinámica.

5. B - ¿Qué medidas adoptar para la financiación de la protección social?

5.1. El empleo y la financiación de la protección social son dos temas estrechamente relacionados. Como afirma Jacques Delors en su Libro blanco, es obvio que si el coste de la protección social pesa demasiado en el empleo, ello puede suponer un freno a las decisiones en favor de las inversiones que pueden fomentar la creación de empleo.

5.2. Así, es frecuente que las acciones realizadas en materia de empleo influyan en la financiación de la protección social y viceversa.

5.3. Si, por un lado, se quiere adoptar una política favorable al empleo, y por otro, garantizar el equilibrio financiero de la protección social, habría que establecer nuevas normas para financiar la protección social y mecanismos que no repercutan negativamente en el coste de la mano de obra y, por consiguiente, en el nivel de empleo.

5.4. Los Estados miembros han seguido diversas orientaciones.

5.4.1. Conviene tener presente que el futuro de la protección social se verá también afectado por el debate entablado actualmente y por las medidas ya adoptadas en la mayoría de los Estados miembros para encontrar el equilibrio de las cuentas sociales. Las prestaciones de la protección social que se brindan en interés de toda la población deberían financiarse en mayor medida mediante impuestos y no tanto mediante cotizaciones, ya que de este modo todos los contribuyentes participarían en el conjunto de los ingresos.

5.4.1.1. Ésta es, por otra parte, la idea desarrollada en el documento orientativo elaborado para la reunión informal de Ministros ECOFIN, «La fiscalidad en la Unión Europea», celebrada el 20 de marzo de 1996. En este sentido, se puede aligerar el peso de la protección social sobre el trabajo creando más recursos de origen fiscal o parafiscal. Pero entonces hay que convenir en que una mayor fiscalidad debe ir acompañada de una mayor coordinación entre los Estados miembros en materia fiscal. Si se amplía la protección social financiada mediante impuestos, deberían establecerse mecanismos que permitan garantizar las prestaciones no sólo en función de los márgenes de maniobra de financiación a corto plazo de que disponen los ministros de Hacienda.

5.4.1.2. Además, un esfuerzo tal debería ir acompañado de una redefinición común para todos los Estados miembros de lo que corresponde a la solidaridad nacional, a la solidaridad profesional o al esfuerzo personal. Estas tres nociones constituyen los tres pilares de la protección social. Se podría considerar, por ejemplo, que la solidaridad nacional tiene como objetivo garantizar una protección universal, sin relación con el ejercicio de una actividad profesional, y que podría financiarse con los impuestos. La solidaridad profesional, en cambio, está sujeta al ejercicio de una actividad profesional y tiene como misión hacer frente a los períodos de inactividad. Podría financiarse con las cotizaciones de origen salarial o patronal.

5.4.1.3. Así, al mismo tiempo que se preserva el principio de solidaridad, los Estados miembros podrían orientarse hacia un sistema que instaure una participación universal en la financiación de la protección social, en el que todo individuo y empresa deba participar proporcionalmente a sus capacidades.

5.4.1.4. La base de la financiación se ampliaría al conjunto de las rentas del trabajo, pero también a las rentas del capital, al valor añadido de las empresas, a la energía, etc.

5.4.1.5. En cuanto al valor añadido, por ejemplo, se sabe que la mecanización del trabajo implica una necesidad menor de mano de obra y con frecuencia un mayor valor añadido. Así, ciertas empresas participan poco en la financiación de la protección social a través de las cotizaciones salariales aunque creen riquezas a menudo importantes.

5.4.1.6. Asimismo, la carga del coste de la protección social se extendería, en los Estados en que ello fuera posible, a una población más amplia: jubilados, desempleados, etc., cuya participación se adaptaría en función de sus medios.

5.4.1.7. En cualquier caso, el conjunto de la financiación, tanto de origen fiscal como contributivo, debe integrarse en un sistema de gestión que no cuestione los modos de gestión elegidos por los Estados ni los sistemas de protección social paritarios y mutualistas basados en la solidaridad.

5.4.2. ¿Qué prestaciones financiar mediante la solidaridad?

5.4.2.1. Ya se han adoptado orientaciones sobre este tema a nivel comunitario. Así, en el marco de la propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la convergencia de los objetivos y políticas de protección social, se trata de una protección que garantice recursos adecuados para el mantenimiento de un nivel de vida suficiente.

5.4.2.2. Por esta razón, los ingresos fiscales deberían utilizarse sobre todo para las prestaciones que redundan en interés del conjunto de la población, privilegiando las poblaciones más expuestas al riesgo de exclusión social.

5.4.3. ¿Cuáles son las modalidades para una financiación mediante la solidaridad profesional?

5.4.3.1. Entre los mecanismos de financiación previsibles, parece que la capitalización no se adapta al ámbito de la protección social cuando ésta es universal o se encarga de garantizar un mínimo. En efecto, es cierto que toda punción financiera suplementaria a favor de la protección social va en detrimento del salario neto de la población activa y provoca tensiones políticas cada vez menos soportables, al tiempo que los sistemas basados en la capitalización son muy sensibles a las variaciones demográficas y económicas.

5.4.3.2. Sin embargo, en la actualidad las evoluciones demográficas generan desequilibrios cuyas consecuencias son difícilmente amortizadas y, por consiguiente, particularmente peligrosas cuando se pretende alcanzar un objetivo de protección social.

5.4.4. Favorecer la política familiar

5.4.4.1. Parece oportuno destacar la importancia creciente de las prestaciones familiares. Los esfuerzos llevados a cabo en este ámbito han de considerarse como inversiones a largo plazo. En efecto, la familia puede reequilibrar la estructura futura del sistema de protección social. En este sentido, podría incluso ser considerada como uno de los recursos dentro de este ámbito.

5.4.4.2. Asimismo, en el marco de un reequilibrio de la estructura de la pirámide demográfica en Europa, sería oportuno tener en cuenta las corrientes migratorias permanentes en Europa, en la medida en que se trate, por supuesto, de inmigración legal.

6. C - ¿Cuáles son las adaptaciones frente al envejecimiento de la población?

6.1. Desde hace algunos años se constata en Europa un envejecimiento de la población debido a la conjunción de dos fenómenos: el descenso de la natalidad y el aumento de la población de edad avanzada debido a una mayor esperanza de vida.

6.2. Así pues, la población menor de 20 años pasó de representar el 31,8 % de la población europea en 1960 al 30,1 % en 1980, para llegar al 24,2 % en 1995. En cuanto a la población mayor de 60 años, ha pasado del 15,4 % en 1960 al 17,9 % en 1980 y al 20,4 % en 1995.

6.3. La caída reciente de la natalidad en Italia, Grecia, Portugal e Irlanda, países en los que era tradicionalmente elevada, va a acelerar aún más el proceso de envejecimiento.

6.4. Por consiguiente, la población activa total disminuye, lo cual, en un plazo más o menos largo, planteará, por un lado, verdaderos problemas de financiación de los sistemas de pensiones y pondrá en peligro el equilibrio de los presupuestos de protección social y, por otro, requerirá la adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de dependencia de las personas de edad avanzada.

6.4.1. El problema de las jubilaciones frente al envejecimiento de la población

6.4.1.1. Ya se observan en los Estados miembros las reformas llevadas a cabo en los sistemas de pensiones para hacer frente a esta situación.

6.4.1.2. Los Estados miembros deberían definir orientaciones comunes de tal modo que los que cotizan hoy para su jubilación tengan garantías de percibir el beneficio en el futuro.

6.4.1.3. La edad de jubilación no es uniforme en Europa. En la mayoría de los países, los trabajadores se jubilan a los 65 años, excepto en Francia e Italia (60 años) y en Dinamarca (67 años). Además, en determinados países (Italia, Portugal, Austria, Reino Unido, Grecia y Bélgica), las mujeres abandonan su actividad profesional antes.

6.4.1.4. Intercambiando sus experiencias mutuas, los Estados miembros podrían llegar a determinar una edad óptima para la jubilación que permitiese conjugar mejor todos los parámetros, y que pudiese evolucionar al mismo tiempo que los factores que la determinan. Las legislaciones de todos los Estados miembros podrían aproximarse eventualmente en función de dicha edad.

6.4.1.5. Además, a fin de compensar la pérdida de una parte de la población activa total existe la tentación de retrasar la edad de jubilación. Una disposición de esta índole permite aumentar la duración de la recaudación de las cotizaciones al tiempo que disminuye el período de pago de las prestaciones por jubilación. De forma paralela, ello permite a las empresas aprovechar durante más tiempo la experiencia de los más mayores, experiencia cuyo valor ha sido demostrado.

6.4.1.6. Pero esta orientación tiene escaso seguimiento ya que, naturalmente, aumenta el número de personas que se encuentran en el mercado de trabajo y disminuye, pues, el número de puestos libres para los jóvenes, cuyo índice de paro es cada vez más preocupante.

6.4.1.7. Podría hallarse una solución intermedia o alternativa con un método de jubilación progresiva: los individuos reducirían progresivamente su tiempo de trabajo (transición hacia un tiempo de trabajo cada vez más parcial), pero al mismo tiempo alargarían su período de vida activa (retraso progresivo de la edad de jubilación). Sin embargo, sería necesario adaptar este mecanismo según los sectores de actividad correspondientes. En efecto, en determinados sectores afectados por una crisis estructural, sería necesario anticipar el riesgo de que la aplicación de dicho mecanismo aumente la carga de los subsidios de desempleo.

6.4.1.8. Este mecanismo, que se asemeja a una tutoría, presentaría además una ventaja social nada desdeñable ya que permitiría a las personas de edad avanzada abandonar la vida activa de forma progresiva, y paralelamente haría posible la introducción gradual de los jóvenes en la vida activa mediante formaciones tales como el aprendizaje, la formación alternada, etc. Pero ello debería hacerse en un marco organizativo bien definido y organizarse en forma de acuerdos colectivos que impliquen compromisos de las distintas partes interesadas.

6.4.1.9. A este respecto, debe subrayarse que la edad de la jubilación real para mucha gente es muy inferior a la edad formal. Ello se debe en gran parte a jubilaciones anticipadas causadas por un entorno de trabajo que resulte nocivo. Para reducir el coste del sistema de seguros y aumentar la calidad de vida de las personas afectadas es indispensable una mejor rehabilitación y una mejora de las malas condiciones de trabajo. Sería conveniente desarrollar un intercambio de información ambicioso en el seno de la UE.

6.4.2. El riesgo de la dependencia frente al envejecimiento de la población

6.4.2.1. En el conjunto de los países europeos, además del riesgo de la dependencia, debido al envejecimiento de la población, existe un segundo factor. Se observa, en efecto, desde hace algunas décadas que el núcleo familiar se reduce cada vez más y no permite que las personas de edad avanzada estén junto a sus hijos.

6.4.2.2. Parece, pues, que corresponde a la sociedad hacerse cargo de estas personas y tomar el relevo a fin de crear mecanismos de solidaridad entre las generaciones. Por ejemplo, se podría instaurar una contribución fiscal que permitiese financiar estructuras, ayudas y planes destinados a las personas de edad avanzada a fin de reducir las situaciones de dependencia. En cualquier caso, una contribución de este tipo habría de tener una base universal, ya que su destino nos afecta a todos.

7. D - ¿Qué organización para una protección social que se adapte al mercado único?

7.1. Uno de los objetivos fundamentales de la construcción europea es permitir la libre circulación de personas, mercancías y servicios en el seno del mercado común.

7.2. En la actualidad, el ejercicio de estas libertades forma parte de la realidad cotidiana económica e individual de Europa.

7.2.1. Protección social y libre circulación de personas

7.2.1.1. En cuanto a la libre circulación de personas, se pueden constatar dos cosas:

- un aumento del flujo de migración intraeuropea. Los ciudadanos europeos recurren cada vez más a esta posibilidad, y por motivos muy diversos: estudios, formación, búsqueda de empleo, jubilación, etc.;

- paralelamente, se observa que las prestaciones sociales son muy diferentes en cuanto a contenido y costes en los distintos Estados miembros.

7.2.1.2. Ante esta situación, los individuos que ejercen su derecho a la libre circulación no tienen una cobertura social equivalente en todos sus destinos. Ello constituye, pues, un obstáculo para la aplicación de una verdadera libertad de circulación de las personas. Los ciudadanos europeos podrían llegar a subordinar la elección de su destino a la calidad y coste de las prestaciones sociales ofrecidas. Y se correría el riesgo de que se produzcan fenómenos tales como el turismo de prestaciones. Éste, por ejemplo, se justifica con frecuencia por la desigualdad de nivel de eficacia existente entre los servicios sanitarios de los distintos Estados miembros.

7.2.1.3. Al tratarse de un problema europeo, parece lógico que se halle una solución a nivel europeo.

7.2.1.4. Sabiendo, además, que la mayoría de los Estados miembros han emprendido reformas en sus sistemas de protección social, resulta, pues, prioritario fomentar cierta coordinación entre los Estados miembros a fin de que dichas reformas sean llevadas a cabo con una lógica europea.

7.2.1.5. Además, dado que los Estados miembros afrontan preocupaciones del mismo tipo, estas reformas deberían orientarse en una misma dirección. Se trata, pues, de desarrollar cierta convergencia que debería centrarse en:

- La naturaleza y nivel de las prestaciones garantizadas a los ciudadanos: todo ciudadano establecido en Europa debería tener derecho a unas prestaciones mínimas determinadas por cada Estado miembro en cuanto a naturaleza y nivel.

La convergencia de las disposiciones en materia de ingresos mínimos vigentes para el conjunto de residentes de la UE podría basarse en los criterios establecidos por los convenios de la OIT sobre la seguridad social; los criterios de acceso a las prestaciones por parte de los miembros de la pareja/familias deberían tener en cuenta las condiciones modernas de vida y de trabajo a fin de no desanimar su participación en el mercado de trabajo;

- Las condiciones de acceso a dichas prestaciones: los Estados miembros deberían concertarse a fin de determinar si dichas condiciones han de estar relacionadas con el lugar de residencia, el ejercicio de una actividad profesional, el nivel de recursos del individuo, etc.

7.2.2. Protección social y libre prestación de servicios

7.2.2.1. La libre prestación de servicios, promovida y reconocida en el marco de la construcción europea, también tiene sus consecuencias en el futuro de la protección social. En efecto, plantea principalmente el problema del reparto de las funciones entre los distintos organismos que gestionan la protección social y que compiten en el interior de la Comunidad.

7.2.2.2. Sin embargo, es preciso señalar que la noción de competencia en materia de protección social no presenta las mismas características que en los demás ámbitos. Las normas no son las mismas que para las actividades de índole más puramente comercial.

7.2.2.3. Existe una variedad de organismos que tienen por misión o actividad garantizar la protección de los ciudadanos europeos contra las enfermedades, la vejez, el paro, la invalidez, etc. Dichos organismos pueden tener un estatuto público o privado, obligatorio o facultativo.

7.2.2.4. Así pues, una posibilidad parece presentarse a los Estados miembros, que consistiría en fijar juntos el marco de competencias de estos organismos.

7.2.2.5. Las competencias de estos organismos deberían ser estudiadas a dos niveles: el territorio en el que dichos organismos pueden actuar y los ámbitos de actividad de cuyas prestaciones se hacen cargo.

7.2.3. Protección social y libre circulación de mercancías

7.2.3.1. Este tercer principio tiene una incidencia en la competitividad europea y, por consiguiente, en el coste del trabajo.

7.2.3.2. Hoy en día, se observa que el coste de la mano de obra es cada vez más importante a la hora de calcular el precio de coste de muchas mercancías. Naturalmente, este coste varía según la política social de los Estados miembros. Ello nos remite al problema ya abordado de la financiación.

7.2.3.3. De todos modos, es esencial que Europa conserve su competitividad internacional y que, por supuesto, el coste de su mano de obra siga siendo competitivo. Así pues, los Estados miembros deberían buscar los modos de financiación más neutros posibles para el coste del trabajo que permitan mantener en la medida de lo posible un alto grado de protección social.

7.2.3.4. Ya se han acometido numerosas reformas en este sentido. Sería preferible tratar de coordinar estas reformas. Podría seguirse una orientación común, que distinguiese las prestaciones y su modo de financiación, según se pudieran englobar dentro de la solidaridad nacional, la solidaridad profesional o el esfuerzo individual. Esta orientación común debería tener en cuenta las fuentes de financiación alternativa.

8. E - Los sistemas de asistencia sanitaria en Europa

8.1. Aunque los sistemas sanitarios de cada país se basan en modelos diferentes, todos los Estados miembros se preocupan en la actualidad por el aumento de sus gastos sanitarios. Por ello, la experiencia que se pueda obtener de las reformas llevadas a cabo por cualquiera de ellos podría sin duda beneficiar a los demás. Así, las acciones que se lleven a cabo en algunos países de la Unión tendrán más o menos efecto según que estén concertadas o no con los demás Estados miembros.

8.2. Cabe preguntarse si los sistemas de asistencia sanitaria podrían ser el primer ámbito de aplicación de los principios de convergencia.

8.3. Sería, pues, útil organizar un sistema de intercambio de informaciones y opiniones entre los responsables de los Estados miembros.

8.4. Por ejemplo, en cuanto al aumento de los gastos sanitarios, ya se han emprendido numerosas reformas. Los agentes interesados pueden recurrir a diferentes métodos para controlar los gastos sanitarios: cuantías globales, controles médicos o contables, convenios con los profesionales sanitarios, etc. Los interlocutores europeos podrían aclarar su elección de las diversas modalidades y los resultados que cabe esperar. Y ello es cierto en numerosos ámbitos, como la gestión de los centros médicos, la farmacia, la prevención médica, etc.

8.5. Al aprobar la Recomendación de 1992 relativa a la convergencia de los objetivos y políticas de protección social, los Estados miembros de la UE dieron su apoyo al objetivo de garantizar a todas las personas residentes legalmente en el territorio de un Estado miembro el acceso a la atención médica necesaria, así como al mantenimiento y desarrollo de un sistema sanitario de calidad. El afán de limitar los gastos sanitarios debe modularse a fin de preservar el objetivo de igualdad de acceso a la atención médica de calidad para todos. La introducción de medidas que permitan la selección de los riesgos «entresaca» pondría en peligro la solidaridad y la prestación de una atención eficaz.

8.6. En cuanto a la gestión de los sistemas de asistencia sanitaria que, como ya hemos señalado, son muy distintos de un país europeo a otro, no se trata, al menos en un futuro relativamente próximo, de uniformarlos. En cambio, se debería hacer lo posible para que estos sistemas diferentes tengan características comunes, sobre todo con el fin de permitir que todos los ciudadanos europeos tengan prestaciones equivalentes, particularmente en lo que se refiere a los regímenes de seguro de enfermedad que funcionan en el mercado interior y sustituyen en parte o en su totalidad a un sistema público.

9. F - ¿Cuál es el papel de los Estados miembros contra la exclusión en un marco europeo?

9.1. En los países ricos y, por consiguiente, en Europa, la exclusión, sobre todo en el caso de los jóvenes, se ha intensificado en los últimos veinte años. No se pueden determinar las causas precisas de la indigencia pero se han identificado las fuentes mayores. Se trata, por un lado, del aumento del paro -particularmente del paro de larga duración- y, por otro, de un debilitamiento de las relaciones sociofamiliares como consecuencia de la desintegración del núcleo familiar y de una ética de vida cada vez más individualista.

9.2. Paralelamente, numerosos sistemas europeos de protección social están concebidos de tal forma que, en la mayoría de los casos, un individuo privado de actividad profesional también se ve privado de prestaciones sociales. Si el paro aumenta, también aumenta el número de excluidos de la sociedad.

9.3. Ante esta situación cuya evolución preocupa al conjunto de los Estados miembros, sería necesario tener en cuenta que el problema de la exclusión no es ajeno al ámbito de la protección social. Ciertos Estados miembros incluyen además en sus garantías sociales la posibilidad de luchar contra la exclusión mediante los mínimos sociales. Se debería luchar contra la exclusión social a escala europea mediante la protección social. Tanto los Estados miembros como la UE deberían prestar mucha más atención a las disposiciones sociales internacionales.

9.4. Un mecanismo común para todos los organismos de protección social y los países europeos para luchar contra la exclusión sería mucho más eficaz y tendría un mayor alcance ().

9.5. Ya se pueden citar algunas pistas de acción.

9.5.1. A fin de reducir el número de personas que no disponen de unas mínimas garantías sociales y orientarse hacia una protección social universal, se podría instaurar una renta mínima en todos los Estados miembros junto a una protección médica mínima (atención médica gratuita sin tener que pagar por adelantado, desarrollo de la acogida social en el hospital, etc.). Además, los doce Estados miembros llegaron a un acuerdo unánime en el marco de una recomendación sobre la renta mínima aprobada el 24 de junio de 1992.

9.5.2. La inserción profesional también es un elemento central de la lucha contra la exclusión y el paro de larga duración. Una iniciativa europea a favor de la colocación efectiva de excluidos en empresas podría mejorar sus oportunidades de inserción en el mercado de trabajo regular.

9.5.3. Se podría crear un observatorio europeo de la pobreza y la exclusión que trabajaría en colaboración con los observatorios nacionales situados en cada Estado miembro y tendría como objetivo conocer exactamente las fuentes de pobreza y exclusión a fin de orientar con la mayor eficacia las acciones que se lleven a cabo.

9.5.4. Tanto en la lucha contra la exclusión como en el tema del desempleo, es importante que las acciones que se realicen a favor de los excluidos no se conviertan en una asistencia permanente, sino que inciten a una verdadera reinserción.

9.5.5. Convendría confirmar y fomentar la cooperación organizada por las asociaciones de solidaridad, sobre todo los colaboradores voluntarios que trabajan en todos los Estados miembros y en la Unión Europea para luchar contra la exclusión social.

Bruselas, el 28 de noviembre de 1996.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() Véase el dictamen del CES sobre el tiempo de trabajo; DO n° C 18 de 22. 1. 1996.

() Véase, por ejemplo, Danny Pieters, Introducción a los sistemas de seguridad social de los Estados miembros de la Comunidad Europea, 1993, Bruselas, así como el capítulo 1 del informe elaborado por la Comisión Europea sobre la Protección Social en Europa (COM(95) 457 final).

() Los ocho riesgos que recoge el Convenio n° 102 de la OIT son: II parte: asistencia médica; III parte: prestaciones por enfermedad; IV parte: subsidio de desempleo; V parte: prestaciones por jubilación; VI parte: prestaciones por accidente laboral; VII parte: ayudas familiares; VIII parte: prestaciones por maternidad; IX parte: prestaciones por invalidez; X parte: prestaciones a los derechohabientes. La ratificación por parte de los países de la UE es la siguiente: Alemania: del II al X; Austria: II, IV, V, VII y VIII; Bélgica: del II al X; Dinamarca: II, IV, V, VI y IX; España: II-IV y VI; Francia: II y IV-IX; Grecia: II-VI y VIII-X; Irlanda: III, IV y X; Italia: III-VI; Luxemburgo: II-X; Países Bajos: II-X; Reino Unido: II-V, VII y X; Suecia: II-IV y VI-VIII.

() Los trece países de la UE que ratificaron el Código Europeo de la Seguridad Social de 1964 fueron: Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido.

() La situación de las firmas del Código revisado y actualizado el 17 de julio de 1995 es la siguiente: Alemania, Bélgica, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia.

() Protección Social en Europa 1995, informe de la Comisión, 31 de octubre de 1995, capítulo 1.

() Eurobarómetro, primavera de 1992, sobre la Protección Social.

() Recomendación del Consejo de 27 de julio de 1992 relativa a la convergencia de los objetivos y de las políticas de protección social, Considerandos 6, 7 y 8 (DO n° L 245 de 26. 8. 1992).

() Op. cit., Considerando 9.

() Op. cit., párrafos finales.

() Dictamen del CES de noviembre de 1991, DO n° C 40 de 17. 2. 1992.

() Artículo 3 B: «La Comunidad actuará dentro de los límites de las competencias que le atribuye el presente Tratado y de los objetivos que éste le asigna. En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá, conforme al principio de subsidiariedad, sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario. Ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente Tratado.»

() Véase, por ejemplo, el artículo de Brian Bercusson, «The Dynamic of European Labour Law after Maastricht» (La dinámica del derecho laboral europeo después de Maastricht), en Industrial Law Journal, vol. 23, n° 1, marzo de 1994, p. 14.

() Recomendación del Consejo, de 27 de julio de 1992, relativa a la convergencia de los objetivos y de las políticas de protección social, DO n° L 245 (92/442/CEE). Recomendación del Consejo, de 24 de junio de 1992, sobre los criterios comunes relativos a recursos y prestaciones suficientes en los sistemas de protección social, DO n° L 245 (92/441/CEE).

() Op. cit., doc. SEC(96) 487 final de 20. 3. 1996.

() El Comité está elaborando un dictamen de iniciativa sobre el coste de la pobreza y de la exclusión social.

ANEXO al dictamen del Comité Económico y Social

Las siguientes propuestas de enmienda, que obtuvieron más de un cuarto de los votos emitidos, fueron rechazadas en el transcurso de los debates.

Suprímanse los puntos 3.8 a 3.11, ambos inclusive

Exposición de motivos

Estos puntos tienden a demostrar -por cierto, de forma un tanto abstracta- que en el ámbito de la protección social la subsidiariedad quizás no sea la mejor solución. De esta forma, no sólo contradicen los puntos anteriores, sino también el espíritu del proyecto de dictamen.

La supresión de estos puntos y el paso directo al punto 3.12, que formula clara e inequívocamente la posición del Comité, supondría aligerar considerablemente el texto, desde el punto de vista tanto intelectual como formal.

Resultado de la votación

Votos a favor: 55, votos en contra: 71, abstenciones: 3.

Punto 4.3.7.1.1, segunda frase

Modifíquese la segunda parte de esta frase del modo siguiente:

«... para reducir el coste del trabajo mediante subvenciones públicas a los costes salariales directos e indirectos».

Exposición de motivos

En la versión alemana se habla de reducción de los costes de la mano de obra, en lugar de costes salariales indirectos. La reducción de los costes salariales no es, sin embargo, un medio apropiado para reintegrar la mano de obra poco cualificada en el mercado de trabajo y afectaría a la autonomía de la negociación colectiva. En cambio, sí habría que tomar medidas mediante un fomento activo del trabajo y con una política de cualificación para esta categoría de trabajadores.

Resultado de la votación

Votos a favor: 35, votos en contra: 78, abstenciones: 11.

Punto 4.3.7.1.2

Suprímase este punto.

Exposición de motivos

Debido a la diversidad de regímenes de la seguridad social existentes en los Estados miembros de la UE, se tendrían que estudiar detenidamente en primer lugar las diversas repercusiones.

Resultado de la votación

Votos a favor: 57, votos en contra: 66, abstenciones: 7.

Punto 5.4.1.4

Suprímase este punto.

Exposición de motivos

Esta cuestión procede debatirla a nivel nacional.

Resultado de la votación

Votos a favor: 51, votos en contra: 66, abstenciones: 4.