INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO sobre los progresos de Albania en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada y en la reforma judicial /* COM/2014/0331 final */





INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO sobre los progresos de Albania en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada y en la reforma judicial 1. Introducción El presente Informe es la respuesta a las Conclusiones del Consejo de 17 de diciembre de 2013, en las que se señalaba que: «El Consejo estudiará, basándose en un informe presentado por la Comisión, la aplicación continuada de estrategias anticorrupción y de reforma judicial, y de la legislación pertinente recientemente adoptada, así como una tendencia constante de investigaciones y persecuciones proactivas, incluso en el ámbito de la delincuencia organizada. En función de dicho informe, y con el entendimiento de que Albania siga en la senda de los avances alentadores registrados hasta el momento, el Consejo espera tomar una decisión sobre la concesión a Albania del estatuto de candidato en 2014, siempre que dicha decisión sea refrendada por el Consejo Europeo.» En consonancia con la petición del Consejo, el presente informe se centra principalmente en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, así como sobre la reforma judicial, y destaca algunos hechos esenciales adicionales en ámbitos que son importantes para la integración de Albania en la UE. El informe cubre el período desde la publicación del último informe de actividad[1], y se basa en información recopilada y analizada por la Comisión, incluidas las contribuciones del país, las revisiones inter pares y los contactos regulares con los Estados miembros y las organizaciones internacionales. Durante el período cubierto por el informe, el Gobierno albanés ha realizado actuaciones concretas y ha mostrado voluntad política en el ámbito de las reformas relacionadas con la UE, que abarcan una amplia gama de cuestiones. En noviembre, el Gobierno y la oposición unieron fuerzas para adoptar una resolución sobre la integración en la UE. Desde entonces ambos han seguido apoyando esta integración, aunque la ampliación del consenso se ha visto afectada por una creciente confrontación entre el Gobierno y la oposición, que, entre otras cosas, se retiró de las votaciones clave en algunas comisiones parlamentarias. En noviembre se inició el diálogo de alto nivel (HLD) sobre las prioridades clave, con objeto de prestar apoyo al proceso de integración de Albania en la UE, centrándose en las prioridades esenciales de la reforma. En una segunda reunión del HLD a principios de marzo, Albania presentó una hoja de ruta en la que describe sus esfuerzos a medio plazo, a fin de cumplir las prioridades clave para la apertura de las negociaciones de adhesión. En esta reunión, tanto el Gobierno como la oposición mostraron un compromiso constructivo con las reformas relacionadas con la UE. 2. Evolución reciente La nueva Ley de la función pública entró en vigor el 26 de febrero de 2014 y la legislación derivada se adoptó a tiempo para su entrada en vigor el 1 de abril. Se trata de un importante paso adelante para aumentar la profesionalidad y la meritocracia y luchar contra la politización, la ineficacia y la corrupción en una amplia gama de organismos públicos. La supervisión de la ejecución es esencial. Desde octubre, las cuestiones del despido y las degradaciones de personal, principalmente debido a medidas disciplinarias y a la reestructuración en el sector público, han creado tensiones políticas. En este contexto, el Gobierno ha congelado todas las nuevas contrataciones desde marzo hasta julio para permitir la plena operatividad de la nueva Ley de la función pública, tratando así de garantizar la aplicación de un proceso de contratación sólido y transparente. El pleno cumplimiento de la legislación aplicable es esencial. El Parlamento ha tomado medidas para reforzar su papel de supervisor de las instituciones independientes. Sin embargo, ha habido controversias en cuanto a la preparación, los procedimientos de selección y la actuación de una serie de autoridades e instituciones independientes, que son responsables ante el Parlamento. Es fundamental que la legislación vigente se aplique plenamente y la profesionalidad de estas instituciones sea reforzada. El procedimiento de elección de los cargos directivos y los consejos de estas instituciones por mayoría simple parlamentaria sigue siendo objeto de preocupación, ya que amenaza con afectar a su independencia. A diferencia de lo que sucede en el caso de la legislación sobre la Alta Inspección para la declaración de patrimonio y conflictos de intereses, el nuevo proyecto de legislación se beneficiaría de una revisión por expertos internacionales. El Gobierno albanés ha solicitado una revisión inter pares para evaluar el rendimiento, la estructura y la capacidad de instituciones independientes, a fin de potenciar su funcionamiento e independencia. El Gobierno sigue abogando por la reforma económica y por una gobernanza económica reforzada, a fin de relanzar el crecimiento y aumentar la competitividad. Se ha creado un Consejo Económico Nacional presidido por el Primer Ministro con la participación de la comunidad empresarial para ofrecer orientación y coherencia a las reformas económicas. La estabilidad macroeconómica continúa aumentando gracias a una sólida política monetaria, y la inflación se mantiene en niveles reducidos. El necesario saneamiento presupuestario se verá facilitado por el acuerdo de préstamo celebrado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que permitirá la liquidación de grandes pagos atrasados acumulados a lo largo de tres años, y fomentará reformas sustanciales relacionadas con la gestión de las finanzas públicas, la fiscalidad, el sistema de pensiones y la energía. Las reformas ya han tenido como resultado un aumento de la recaudación procedente de los impuestos y los derechos de aduana, y se han intensificado las investigaciones sobre la evasión del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y el fraude. El programa económico y fiscal de 2014-2016 establece el marco para apoyar el crecimiento y la estabilidad macroeconómica e indica las reformas estructurales necesarias en algunos ámbitos clave como la consolidación del Estado de Derecho, la mejora del entorno empresarial e inversor y los problemas del mercado laboral. Por lo que se refiere a la crisis de Ucrania y la armonización de la PESC, Albania se ha alineado con todas las declaraciones y posiciones de la UE. 3. Medidas anticorrupción Desde octubre, las autoridades albanesas han seguido reforzando el marco jurídico e institucional de la lucha contra la corrupción. En noviembre, se nombró un coordinador nacional para la lucha contra la corrupción (CNLC), encargado de coordinar las actividades de los organismos estatales e instituciones independientes, tanto a nivel central como local. Para facilitar este proceso, se ha creado una red de puntos de contacto contra la corrupción en todos los ministerios e instituciones independientes. El mandato de los puntos de contacto incluye la elaboración de informes para el CNLC, orientar a los funcionarios pertinentes y seguir la aplicación de la estrategia de lucha contra la corrupción en las respectivas instituciones y ministerios. En abril, el CNLC finalizó la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, que fue objeto de una amplia consulta con la sociedad civil y el sector privado, y que sigue pendiente de adopción. Debe verse continuada por planes generales de acción. Gracias a las enmiendas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), adoptada en marzo, las competencias respecto de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios de alto nivel se han transferido, con la excepción de los delitos de abuso de funciones, a la Fiscalía de delitos graves (FDG) y al Tribunal de delitos graves (TDG). La corrupción activa y pasiva de los jueces, fiscales, funcionarios de la administración de justicia, funcionarios públicos de alto nivel y representantes locales elegidos son ahora competencia del TDG, con objeto de sacar a la luz la corrupción de alto nivel. Aún está pendiente de introducirse en la legislación la definición de «funcionarios públicos de alto nivel» y de «representantes locales elegidos». En marzo, se hizo posible jurídicamente la incautación o confiscación de los activos ilícitos derivados de los delitos de corrupción. En mayo se presentó el proyecto de una nueva ley sobre el acceso a la información, que introduce sanciones administrativas así como procedimientos para el examen de las denuncias presentadas a la Comisión para el Derecho a la Información y la Protección de los Datos Personales. La legislación en materia de declaración de activos y conflicto de intereses, que se modificó en abril de 2014, está actualmente en proceso de adopción formal. La Ley sobre conflictos de intereses revisada extiende la prohibición de entablar relaciones contractuales con los organismos públicos para incluir a los jueces y fiscales de primera instancia y de apelación. Por otra parte, la presentación de información falsa se tipifica como delito, lo que demuestra el compromiso de abordar los conflictos de intereses. La Ley sobre la declaración de activos exige ahora que los funcionarios públicos depositen en un banco los activos que excedan de 1,5 millones ALL (alrededor de 10 700 EUR). Por lo que se refiere a la cooperación entre los organismos con funciones coercitivas en materia de lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, se firmó en diciembre un Memorando de Acuerdo entre el Fiscal General, el Ministerio del Interior y el Centro Nacional de Inteligencia, destinado a la creación de una plataforma común para reforzar las investigaciones proactivas. En general, la cooperación entre los organismos con funciones coercitivas debe reforzarse, con inclusión de un sistema seguro de intercambio de información con el fin de mejorar la eficacia de las investigaciones. En abril, el número de fiscales de lucha contra la corrupción en las oficinas regionales de la Fiscalía aumentó de 22 a 33. En lo que respecta al balance de la situación, el número de casos de corrupción remitidos a la fiscalía por la policía estatal aumentó en el período comprendido entre octubre de 2013 y marzo de 2014 un 16 % respecto al mismo período del año anterior. Las condenas en los tribunales de distrito disminuyeron un 8 % en el mismo período, mientras que las condenas en los tribunales de apelación aumentaron un 81 %. Hay en curso cinco investigaciones de casos de corrupción en el sistema judicial y ha habido una condena en el sistema judicial a nivel de tribunales de apelación. Por lo que se refiere a los altos funcionarios elegidos a nivel local y estatal, hay pendientes cinco casos con 25 acusados ante los tribunales y dos casos bajo investigación por abuso de poder y otras alegaciones. En general, el número de investigaciones y condenas sigue siendo bajo, especialmente en lo que respecta a los casos de corrupción de alto nivel. Un elevado número de investigaciones sobre delitos de corrupción no resultan en condenas firmes, lo que pone de relieve la necesidad de reforzar la independencia, la eficiencia y la responsabilidad de la judicatura, así como la necesidad de reforzar la capacidad de la policía y de los ministerios fiscales. Para abordar las deficiencias en la eficacia de las investigaciones y la cooperación entre agencias, se celebrará una serie de reuniones mensuales presididas por el Fiscal General y el Director General de la policía en el mes de mayo. Sigue existiendo una serie de obstáculos como disposiciones sobre interceptaciones y vigilancia, plazos de las investigaciones, admisibilidad de pruebas en los tribunales y, además, en general, las investigaciones siguen teniendo un carácter reactivo. Las capacidades de investigación de los organismos con funciones coercitivas deben reforzarse, en particular con vistas a abordar la delincuencia financiera y económica. El actual marco jurídico debe incluir disposiciones que permitan a la policía estatal obtener información a efectos de investigación de las instituciones públicas y las entidades privadas que presten servicios públicos, y permitir la imposición de sanciones disuasorias en caso de infracción. También se anima a Albania a que incluya, como señal positiva, el delito de enriquecimiento ilícito. Son necesarios más esfuerzos en materia de mecanismos de sanción en caso de incumplimiento de los Memorandos de Acuerdo interinstitucionales. La Inspección Superior de la Declaración de Patrimonio y Conflictos de Intereses (HIDAACI en sus siglas inglesas) tomó medidas para mejorar su rendimiento en el primer trimestre de 2014. Entre los asuntos de ocultación de activos que le ha comunicado a la Fiscalía, destacan los casos de tres jueces, un fiscal, un embajador y dos inspectores. En general, tanto la HIDAACI como los organismos de control interno deben ejercer sus competencias con más iniciativa, centrándose en los casos de enriquecimiento inexplicable mediante una mejor evaluación del riesgo y cruzando sus propios datos con las declaraciones disponibles de los activos y los conflictos de intereses. En este sentido resulta esencial que las declaraciones de patrimonio se pongan a disposición de los órganos policiales e investigadores. La publicación de las declaraciones de patrimonio, de acuerdo con lo previsto en la hoja de ruta sobre las prioridades clave, mejoraría la rendición de cuentas e intensificaría los esfuerzos encaminados a descubrir los casos de enriquecimiento inexplicable. En general, ha habido continuidad en la voluntad política de actuar de manera decisiva en la prevención y la lucha contra la corrupción. Las reformas estructurales introducidas reflejan un planteamiento general que incluye un gran abanico de instituciones. El amplio proceso de consulta para diseñar la estrategia anticorrupción muestra que el Gobierno pretende incluir a numerosas partes interesadas. Se han iniciado labores interservicios para ampliar las investigaciones proactivas, realizar análisis de riesgos sistemáticos y superar los obstáculos con intención de mejorar la eficiencia de las investigaciones. Para avanzar decididamente en el camino hacia la integración en la UE, Albania deberá centrarse en hacer cumplir la legislación en materia de declaración de activos y declaración de conflictos de intereses, aumentar las investigaciones proactivas e introducir otras medidas para mejorar la eficacia de las investigaciones, para continuar consolidando sus esfuerzos a fin de desarrollar un historial sólido de investigaciones, juicios y condenas en los casos de corrupción. Asimismo, la profunda reforma judicial prevista será esencial en la lucha contra la corrupción. 4. Lucha contra la delincuencia organizada Desde octubre se han introducido varios cambios en la organización de la policía estatal y la fiscalía y se ha preparado legislación clave para su adopción, en los ámbitos de la organización y formación de la policía y el control de las armas de fuego. En marzo se convocó una oposición para contratar nuevo personal para la policía estatal. A pesar de la difícil situación presupuestaria, los fondos asignados a los salarios de la policía se han incrementado un 10 % en 2014. Desde septiembre se ha despedido por motivos disciplinarios a 39 agentes de policía. Por lo que se refiere al terrorismo financiado a través de la delincuencia organizada, se ha creado una nueva unidad antiterrorista dentro de la policía nacional. La policía ha organizado operaciones con resultados en los ámbitos de la lucha contra los estupefacientes, el tráfico de seres humanos, el blanqueo de dinero y la incautación de explosivos dentro del país, y ha participado en operaciones similares en el extranjero. En el ámbito de la cooperación internacional en materia policial y judicial, se ratificó en enero el cuarto Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Extradición. Entre octubre de 2013 y finales de abril de 2014 Albania recibió la visita de un total de 25 comisiones rogatorias de Estados miembros de la UE. En el mismo período, se extraditó a Albania a 34 personas de los Estados miembros de la UE, mientras que las autoridades albanesas extraditaron a 49 personas de Estados miembros de la UE. La policía estatal y el Departamento de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Italia han firmado un protocolo de actuación. Albania colabora con Italia y Grecia en la creación de un centro de cooperación policial, sito en Saranda, para el control de las actividades ilícitas transfronterizas. Se celebran reuniones periódicas con los funcionarios de enlace de los países asociados, a fin de intercambiar información sobre las investigaciones relativas a los activos de origen delictivo. El 20 de marzo Albania ratificó un acuerdo de cooperación operativa con Europol, firmado el pasado mes de diciembre. Se ha facilitado el intercambio de información mediante un funcionario de enlace albanés destinado en Europol. Durante el periodo de referencia, Albania participó en una operación policial internacional, bajo los auspicios de Europol, para la detección de vehículos robados y objeto de tráfico que resultó en el procesamiento de 24 autores de delitos. Las autoridades deben emplear de manera más activa todos los instrumentos de cooperación internacional disponibles y aumentar el despliegue de equipos conjuntos de investigación. Debe reforzarse la capacidad para utilizar técnicas de investigación especiales en lo que respecta al marco legal y de procedimiento. En lo que respecta a la lucha contra la trata de seres humanos, la Oficina del Coordinador Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito (ONATC en sus siglas inglesas) ha revitalizado el mecanismo nacional de derivación, con una intensificación de las actividades en el ámbito de la prevención y la sensibilización, y está finalizando la nueva estrategia nacional y el plan de acción para el período 2014-2016. En 2014 se dotó por primera vez de presupuesto a la ONATC. Se han establecido tres unidades móviles en Tirana, Vlora y Elbasan, lo que ha resultado en un mayor número de identificaciones de víctimas y víctimas potenciales. Las reuniones de la policía regional con la unidad de persecución de delitos graves se celebran con carácter mensual. El servicio de inspección laboral ha comenzado a realizar inspecciones de locales nocturnos en cooperación con la policía de Tirana, a fin de abordar el trabajo forzoso y la trata de seres humanos a nivel nacional. En marzo se puso en funcionamiento un teléfono de ayuda especial para las víctimas de la trata y, desde noviembre de 2013, pueden obtener asistencia jurídica con una reducción del 30 % de los honorarios de abogado. Las últimas enmiendas al Código Penal en materia de trata de seres humanos deben aplicarse con especial atención; deben reforzarse las estructuras encargadas de su aplicación e intensificarse las investigaciones de casos de tráfico interno de seres humanos. El número de condenas por tráfico de seres humanos se mantuvo en niveles reducidos. Las capacidades de evaluación del riesgo y de las amenazas para la identificación de las víctimas del tráfico deben reforzarse con el fin de hacer frente a este fenómeno de manera proactiva. Por lo que se refiere a la lucha contra el blanqueo de capitales, en el período comprendido entre octubre de 2013 y mediados de abril de 2014 se ha registrado, en comparación con el período equivalente del año pasado, un ligero aumento de las remisiones a la Fiscalía por parte de la policía de delitos de blanqueo de dinero, con casi el mismo número de autores. No obstante, el número de condenas por blanqueo de dinero sigue siendo reducido. Desde octubre de 2013 hasta finales de marzo, la policía estatal remitió a la Fiscalía de Delitos Graves 45 casos para que se incoaran investigaciones de activos de origen delictivo, lo que supone un ligero aumento respecto al período equivalente del año anterior. Las investigaciones financieras deben aplicarse sistemáticamente, y las capacidades para realizarlas eficazmente deben mejorarse, lo que debe conducir a la confiscación de más activos de origen delictivo. Por lo que se refiere a los delitos económicos, se realizó una importante operación policial entre octubre y diciembre de 2013, dirigida contra los establecimientos ilegales de juegos de azar, que condujo a la investigación de 720 delitos relacionados con la delincuencia económica y a la incautación de importantes cantidades de equipos de juegos de azar por un valor total de 8,5 millones EUR. La incautación y el decomiso de activos deben realizarse sistemáticamente. La capacidad del Centro Interinstitucional de Operaciones Marítimas (IMOC en sus siglas inglesas) para realizar el seguimiento de los aspectos operativos de la lucha contra la delincuencia organizada se ha incrementado a través de la modernización de siete radares costeros, que abarcan la totalidad de las aguas territoriales del país. El Sistema de Gestión Total de la Información, una base de datos en línea para el intercambio de información de los organismos con funciones coercitivas, está en pleno funcionamiento y se han llevado a cabo sesiones conjuntas de formación en su funcionamiento para el personal de servicio. Es necesario dedicar una atención especial al análisis de riesgos de la expiración de la moratoria de lanchas motoras. En lo que respecta a la lucha contra la droga, se está aplicando el Plan Nacional contra el cultivo de drogas. De octubre de 2013 a finales de marzo de 2014, en comparación con el mismo período del año pasado, continuaron las incautaciones de droga, aumentando las incautaciones de marihuana (18,8 toneladas frente a 13,6 toneladas) y de cocaína (14,5 kg frente a 1,7 kg) y disminuyendo las de heroína (25,6 kg frente a 44,8 kg). En marzo, abril y mayo tuvieron lugar destrucciones públicas de la droga incautada. En total, el aumento de las operaciones ha dado lugar a un aumento de los procesamientos por tráfico de drogas en el mismo período. Las investigaciones en casos de drogas deben ir acompañadas sistemáticamente de investigaciones financieras paralelas. La intensificación de los controles sistemáticos en la frontera azul es necesaria para cerrar las rutas del tráfico de drogas. La cooperación internacional con Italia, Grecia, Alemania, Bélgica, EE.UU. y Kosovo[2] ha facilitado la detención de 51 sospechosos de tráfico internacional de drogas durante el mismo período, en comparación con los 31 detenidos en el mismo período del año anterior. Es necesario intensificar la lucha contra las redes de tráfico de drogas mediante una mayor cooperación internacional y el uso de técnicas especiales de investigación, basadas en la evaluación de las amenazas y realizando investigaciones financieras paralelas. Deben intensificarse las medidas concretas para erradicar las plantaciones de drogas. El plan nacional contra el cultivo de droga debe incluir indicadores de rendimiento mesurables y los resultados previstos. En general, se han introducido cambios organizativos y se ha preparado para su adopción legislación clave en los ámbitos de la organización y formación de la policía y el control de armas de fuego. La cooperación policial y judicial internacional se ha intensificado a través de la aplicación de acuerdos de extradición. El mecanismo nacional de derivación contra la trata de seres humanos se ha revitalizado gracias a una mayor cooperación entre las autoridades con funciones coercitivas. Las investigaciones han dado algunos resultados positivos en la lucha contra el tráfico de drogas, el tráfico de seres humanos y el blanqueo de dinero. Es preciso intensificar la lucha contra el cultivo de droga. Para avanzar de forma decisiva en la vía de la integración en la UE, Albania debería continuar desarrollando su historial en la lucha contra la delincuencia organizada con un aumento de la cooperación entre agencias, una mayor eficacia de las investigaciones proactivas y un uso sistemático de las investigaciones financieras, la consolidación de la cooperación internacional y regional, en particular con Europol, y la intensificación de sus esfuerzos para abordar todas las formas de delincuencia organizada. 5. Reforma del sistema judicial A fin de reforzar la eficacia del sistema judicial, en enero se anunció la introducción de medidas de reforma judicial. Albania solicitó la cooperación de la Comisión de Venecia y se desarrolló una hoja de ruta para las cinco prioridades clave, en particular la reforma del sistema judicial. Se inició el proceso de elaboración de una estrategia para el período 2014-2020. En febrero, se estableció en el Ministerio de Justicia un grupo consultivo sobre la reforma del sistema judicial. En marzo, Albania solicitó a la Comisión de Venecia que evaluara dos series de enmiendas del Código Civil y el Código Penal. Una serie de enmiendas faculta a los jueces para imponer multas a los abogados que se ausentan reiteradamente en las vistas judiciales civiles y penales, mientras que la segunda limita el tipo de recursos que pueden presentarse ante el Tribunal Supremo. Estas enmiendas tienen por objeto reducir la carga de trabajo de los tribunales y aumentar su eficiencia. Está previsto que la asistencia de la Comisión de Venecia se vaya ampliando gradualmente a toda una serie de temas. En consonancia con las disposiciones modificadas del Código Civil, la mayoría de los asuntos presentados ante el Tribunal Supremo están siendo tratados por un tribunal de tres jueces. Para que el funcionamiento del alto tribunal sea más eficiente se requieren nuevas medidas, como la armonización y publicación de la jurisprudencia, la modificación del Código Penal cambiando los procedimientos aplicados en el Tribunal Supremo en relación con la composición de los tribunales que revisan los asuntos penales, la adopción de disposiciones dirigidas a reducir el número de recursos, la finalización de la actual reorganización interna del Tribunal, así como cubrir los otros tres puestos vacantes en el Tribunal. La reciente publicación, por primera vez, de una lista exhaustiva de los jueces con indicación de su rango es un paso para aumentar la transparencia del sistema de nombramiento, promoción y traslado de los jueces. Debe continuarse la evaluación de los jueces en relación con el período 2007-2009 y los años posteriores. Se requieren medidas adicionales para garantizar que los procedimientos del Consejo Superior de Justicia en materia de nombramiento, promoción y traslado de jueces se basen exclusivamente en los méritos de los candidatos y otros criterios objetivos. El sistema electrónico de gestión unificada de los asuntos (ICMIS), que garantiza la asignación aleatoria y transparente de asuntos a los jueces y es fundamental para supervisar la acumulación de casos, aún no se aplica en todos los tribunales. Este es particularmente el caso del Tribunal de distrito de Tirana, el Tribunal de Delitos Graves, el Tribunal de Apelación de Delitos Graves y los Tribunales Administrativos de reciente creación, en los que el sistema no está operativo. Las decisiones judiciales deben ponerse a disposición de todos los profesionales y del público. Las decisiones deben publicarse en una base de datos que se pueda consultar, con sus respectivas motivaciones y dentro de un plazo razonable, y en cumplimiento de las recomendaciones del comisario responsable de la protección de datos. Las modificaciones del Código Penal por lo que se refiere a los delitos de corrupción de los funcionarios públicos de alto nivel (véase la sección 3 - Políticas anticorrupción) introducen los procedimientos que regulan la suspensión de la inmunidad. En el caso de los jueces ordinarios, se requiere la autorización del Consejo Superior de Justicia a petición de un fiscal en caso de registro personal y domiciliario, así como de cualquier forma de privación de libertad. En el caso de los jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, corresponde a la Fiscalía General solicitar al Tribunal Supremo que autorice la suspensión de la inmunidad. A diferencia de los jueces y fiscales ordinarios, los miembros del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional permanecen bajo la jurisdicción del Tribunal Supremo en cuanto a los delitos relacionados con la corrupción. El Consejo Superior de Justicia ha enviado al Fiscal General información sobre seis casos de presunta corrupción en el poder judicial. Desde octubre de 2013, el Ministerio de Justicia ha incoado procedimientos disciplinarios contra 19 jueces, que se han remitido al Consejo Superior de Justicia para su examen. Hasta la fecha, el Consejo Superior de Justicia se ha ocupado de cinco de estos casos, lo que ha resultado en la inhabilitación de un juez, el traslado de otro juez a un tribunal de un nivel inferior durante dos años y el apercibimiento de despido a tres jueces. En otro asunto, el Consejo Superior de Justicia suspendió en diciembre de 2013 a un juez del ejercicio de sus funciones a la espera de una sentencia definitiva. El Ministerio de Justicia ha incoado expedientes sancionadores contra dos fiscales. El sistema disciplinario debe reforzarse y debe revisarse el papel del Ministerio de Justicia en el procedimiento disciplinario y en el seno del Consejo Superior de Justicia; además, deben aplicarse las nuevas normas revisadas sobre la inmunidad de los jueces y establecerse un registro de sanciones. En lo que se refiere a la eficiencia, desde noviembre de 2013 se han creado los seis Tribunales Administrativos, el Tribunal Administrativo de Apelación y el Colegio Administrativo del Tribunal Supremo. El nombramiento de jueces suplentes para dichos tribunales, que, entre otros, entienden de asuntos transferidos de otros órganos jurisdiccionales, se efectuó tras un examen. Debe completarse el proceso para cubrir las nueve vacantes restantes en los cinco Tribunales Administrativos fuera de Tirana y finalizarse la provisión de letrados y de dependencias judiciales. A raíz de la resolución del Tribunal Constitucional de marzo de 2014 que declara inconstitucional la Ley de abril de 2013 sobre la gestión de la Justicia, es preciso cubrir esa laguna jurídica y adoptar disposiciones para regular el trabajo de los tribunales y su personal. De acuerdo con la sentencia, para que el Parlamento aprobara la Ley en 2013 habría sido necesaria una mayoría cualificada en lugar de una mayoría simple. En lo que se refiere al acceso a la justicia, deben aplicarse las disposiciones por las que se modifica la Ley de 2008 sobre asistencia jurídica gratuita, en lo que respecta a la exención de las tasas judiciales para determinadas categorías de ciudadanos y al establecimiento de oficinas de asistencia jurídica gratuita («clínicas jurídicas»). En general, el país ha demostrado su compromiso con la reforma judicial, especialmente colaborando con la Comisión de Venecia para mejorar la independencia, la rendición de cuentas y la profesionalidad del sistema. Se han hecho algunos esfuerzos para reducir los retrasos y la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales en general, y para aumentar la transparencia dentro del poder judicial. Se han adoptado medidas para fomentar la rendición de cuentas de jueces y fiscales mediante la adopción de procedimientos de regulación de la suspensión de su inmunidad y se ha adoptado una serie de sanciones a resultas de procedimientos disciplinarios. Para avanzar decisivamente en su camino de integración en la UE, Albania debería proseguir rigurosamente la reforma judicial, a través de la colaboración continua con la Comisión de Venecia, la adopción de disposiciones adicionales significativas dirigidas a reforzar en particular la independencia y la responsabilidad (en consonancia con la hoja de ruta para la reforma del sistema judicial) y la adecuada aplicación de las medidas adoptadas. 6. Conclusión Albania ha continuado aplicando y consolidando sus medidas de reforma relacionadas con la UE, en particular las relativas a la condición de país candidato. Se ha mantenido la voluntad política de actuar de manera decisiva en la prevención y la lucha contra la corrupción; además, las reformas estructurales dan prueba de un planteamiento general que incluye un amplio abanico de instituciones. Se han introducido importantes reformas legislativas en materia de lucha contra la delincuencia organizada y las investigaciones han dado resultados positivos en la lucha contra el tráfico de drogas y otros ámbitos de la delincuencia grave y organizada. Albania ha demostrado su compromiso con la reforma judicial, especialmente colaborando con la Comisión de Venecia para mejorar la independencia, la rendición de cuentas y la profesionalidad del sistema. Sobre la base de las conclusiones del presente informe, la Comisión confirma su Recomendación al Consejo para que conceda a Albania el estatuto de país candidato. Es importante que Albania continúe con su enfoque sistemático de reforma, ya que unos resultados sostenibles serán claves para su futura integración en la UE. El presente informe señala una serie de desafíos clave esenciales para que Albania avance con decisión en su senda de integración en la UE. En la lucha contra la corrupción, con el fin de avanzar de forma decisiva en su camino hacia la integración en la UE, Albania debe centrarse en la aplicación de la legislación relativa a las declaraciones de patrimonio y los conflictos de intereses; aumentar las investigaciones proactivas en los casos de corrupción e introducir otras medidas para aumentar la eficiencia de las investigaciones; y continuar profundizando en sus esfuerzos iniciales, con el fin de desarrollar un historial sólido de investigaciones, enjuiciamientos y condenas firmes en casos de corrupción. La profunda reforma judicial prevista también será decisiva en la lucha contra la corrupción. En la lucha contra la delincuencia organizada, con el fin de avanzar de forma decisiva en su camino hacia la integración en la UE, Albania deberá seguir desarrollando su historial a través de una mayor cooperación entre las agencias; el aumento de la eficacia de las investigaciones proactivas y el recurso sistemático a las investigaciones financieras; la consolidación de la cooperación internacional y regional, en particular con Europol; y la intensificación de sus esfuerzos en la lucha contra todas las formas de la delincuencia organizada. En la reforma del sistema judicial, con el fin de avanzar de forma decisiva en su camino hacia la integración en la UE, Albania deberá continuar rigurosamente con la reforma judicial mediante un compromiso continuo con la Comisión de Venecia, la adopción de importantes disposiciones adicionales para reforzar sobre todo la independencia y la responsabilidad (en consonancia con la hoja de ruta para la reforma del sistema judicial), así como la adecuada aplicación de las medidas adoptadas. Asimismo, resulta esencial que el proceso de reforma vaya acompañado de la reactivación y la consolidación del diálogo político entre el Gobierno y la oposición. Asimismo, es crucial para la sostenibilidad de las reformas que en el Parlamento exista una labor constructiva y basada en el compromiso; además la creación de un Consejo Nacional para la Integración en la UE, que reúna a todas las partes interesadas, constituye un elemento clave para crear consenso en la sociedad albanesa. Los principales retos identificados en el presente informe se desarrollarán en el informe de situación de la Comisión de octubre de 2014. [1] El último conjunto anual de documentos de la Comisión sobre ampliación, incluido el Informe relativo a los progresos realizados por Albania, se publicó el 16 de octubre de 2013. [2] Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la Opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.