22. 6. 91 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N°C 163/3 
II 
(Actos jurídicos preparatorios) 
COMISIÓN 
Proyecto de recomendación del Consejo referente a los criterios comunes relativos a los recursos 
y prestaciones suficientes de los sistemas de protección social 
(91/C 163/03) 
COM(91) 161 final 
(Presentada por la Comisión el 13 de mayo de 1991) 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado Constitutivo de la Comunidad Econó­
mica Europea y, particularmente, su artículo 235, 
Visto el proyecto de recomendación presentado por la 
Comisión, 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social, 
Considerando que el refuerzo de la cohesión social en el 
seno de la Comunidad exige fomentar la solidaridad 
para con las personas más necesitadas y desfavorecidas; 
Considerando que los procesos de marginación social y 
los riesgos de empobrecimiento han aumentado y se han 
diversificado en el curso del último decenio debido, prin­
cipalmente, a la evolución simultáneamente registrada en 
el marcado laboral con el aumento del paro de larga du­
ración y en las estructuras familiares con la multiplica­
ción de las situaciones de aislamiento; 
Considerando la necesidad de complementar las políticas 
generales de desarrollo que puedan contribuir a frenar 
las evoluciones estructurales observadas con políticas de 
integración específicas, sistemáticas y coherentes; 
Considerando que, consecuentemente, conviene conti­
nuar los esfuerzos y reforzar los logros de las políticas 
sociales y adaptar éstas al carácter multidimensional de 
la marginación social, lo cual exige asociar a las diversas formas de ayuda inmediata; que son necesarias medidas 
directamente encaminadas a conseguir la integración 
económica y social de las personas afectadas; 
Considerando que la insuficiencia, la irregularidad y la 
inseguridad de recursos impide a sus víctimas participar 
convenientemente en la vida económica y social de la co­
munidad en la que viven, y tomar parte con posibilidades 
de éxito en un proceso de integración económica y so­
cial, y que resulta importante reconocerles a los más ne­
cesitados su derecho a disponer de recursos suficientes, 
estables y seguros dentro del marco de una política glo­
bal y coherente de apoyo a su inserción; 
Considerando que el Consejo y los ministros de asuntos 
sociales, reunidos en el seno del Consejo, adoptaron el 
29 de septiembre de 1989 una resolución relativa a la lu­
cha contra la marginación social ('), que subraya que 
esta lucha debe considerarse un componente importante 
de la dimensión social del mercado interior; 
Considerando lo que la Carta comunitaria de los dere­
chos sociales fundamentales de los trabajadores reconoce 
solemnemente en su preámbulo y en sus artículos 10 y 25 
la necesidad de la lucha contra la exclusión social y ga­
rantizar a este fin los recursos y las prestaciones necesa­
rios; 
Considerando que la Comisión ha recogido este aspecto 
fundamental de la lucha contra la marginación social en 
su programa de acción relativo a la aplicación de la 
Carta comunitaria de los derechos sociales fundamenta­
les de los trabajadores, haciendo especial hincapié en el 
interés de una iniciativa comunitaria destinada, con espí­
ritu de solidaridad, a los ciudadanos menos favorecidos 
de la Comunidad, incluidas las personas de edad avan­
zada, cuya situación resulta similar con demasiada fre­
cuencia a la de aquellos que están excluidos del mercado 
de trabajo; 
O DO n° C 277 de 31. 10. 1989. 
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Considerando que la creación de una garantía de recur­
sos y de prestaciones dentro de los sistemas de protec­
ción social debe tener en cuenta la diversidad de estruc­
turas organizativas y financieras de estos sistemas, y debe 
ser considerado en relación con la estrategia de la con­
vergencia de políticas de protección social previstas para 
el programa de acción citado y apoyado por el Consejo 
de asuntos sociales del 29 de septiembre de 1989. 
Considerando que el Parlamento Europeo se pronunció 
a favor de la instauración en todos los Estados miembros 
de unos ingresos mínimos garantizados como factor de 
inserción de los ciudadanos más desfavorecidos de la so­
ciedad ('). 
Considerando que el Comité Económico y Social reco­
mendó asimismo la instauración de unas prestaciones so­
ciales mínimas concebidas a la vez como una red de se­
guridad para los más desfavorecidos y como un incentivo 
necesario para su reinserción social (2), 
Considerando que en el Tratado no se prevén otros me­
dios de acción para la consecución de estos objetivos que 
los mencionados en el artículo 235, 
RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS: 
A. Reconocer un derecho subjetivo general a una garan­
tía de recursos y prestaciones suficientes dentro del 
marco de un dispositivo global y coherente de lucha 
contra la marginación social, y adaptar su sistema de 
protección social, en la medida en que sea necesario, 
a los principios y orientaciones que a continuación se 
exponen. 
B. Estructurar el reconocimiento de este derecho en fun­
ción de los principios generales siguientes: 
1. La afirmación de un derecho subjetivo general ba­
sado en la necesidad. 
2. La adquisición de este derecho por parte de todas 
aquellas personas que residan, de conformidad con 
las disposiciones nacionales y comunitarias a este 
respecto, en el territorio del Estado miembro. 
3. La adquisición de este derecho por parte de todas 
aquellas personas que no dispongan de ingresos 
mensuales equivalentes a una determinada canti­
dad garantizada a reserva de la disponibilidad ac­
tiva para el trabajo por parte de las personas que 
hayan alcanzado la mayoría de edad y cuya edad, 
salud y situación familiar se lo permitan. 
4. La adquisición de este derecho sin límite de dura­
ción mientras se satisfagan las condiciones de ac­
ceso, bien entendido que el derecho podrá adquirirse 
por períodos limitados aunque renovables. 
5. La organización de esta medida de asistencia bajo 
la forma de un derecho auxiliar de la protección 
social general. 
6. La aplicación de las políticas complementarias de 
este derecho necesarias para la integración econó­
mica y social de las personas afectadas a su acceso 
automático a la protección de la salud y a su ac­
ceso a las derechos, servicios o prestaciones, sobre 
todo en lo que se refiere a vivienda y formación. 
C. Estructurar la aplicación de este derecho en función 
de las orientaciones prácticas siguientes: 
1. — Fijar el montante de los recursos estimados su­
ficientes para cubrir las necesidades esenciales 
más allá de la mera subsistencia, en función del 
nivel de vida y del nivel de precios del Estado 
miembro de que se trate y para los diferentes 
tipos y tamaños de unidad familiar; 
— fijar para los casos necesarios los montantes 
complementarios correspondientes a necesida­
des específicas; 
— referirse para la fijación de estos montantes a 
los indicadores apropiados, especialmente a los 
ingresos medios disponibles en el Estado 
miembro, las estadísticas sobre el consumo do­
méstico y el salario mínimo legal cuando éste 
exista; 
— establecer medidas de ajuste periódico de estos 
montantes en función de los indicadores men­
cionados de manera que se garantice la cober­
tura de las necesidades. 
2. Conceder a aquellas personas cuyos recursos, con­
siderados individual o familiarmente, sean inferio­
res a la" cantidad fijada, incrementada cuando 
fuere necesario con los montantes complementa­
rios apropiados, una ayuda financiera diferencial 
que les permita alcanzar dicha cantidad; consis­
tente en medidas como la acogida, la información 
y la ayuda judicial. 
3. Adoptar las disposiciones necesarias para que el al­
cance de la ayuda económica acordada no se vea 
limitado por la aplicación de las normas en vigor 
en los campos de la fiscalidad, las obligaciones ci­
viles y la seguridad social. 
(') DO n° C 262 de 10. 10. 1988. 
O DO n° C 221 de 28. 8. 1989. 4. Adoptar las disposiciones necesarias para ofrecer a 
las personas afectadas el apoyo social apropiado. 
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5. Establecer disposiciones que faciliten que las per­
sonas que estén en edad y condiciones de trabajar 
participen o incrementen su participación en el 
empleo o en acciones de formación preparatorias 
del inicio o reinicio de sus actividades. 
6. Adoptar las medidas necesarias para que las perso­
nas más necesitadas sean efectivamente informadas 
de este derecho; simplificar lo más posible los pro­
cedimientos administrativos y los sistemas de veri­
ficación de las situaciones y los recursos relativos a 
la adquisición de este derecho; organizar modali­
dades de recursos gratuitos, simples, rápidos y efi­
caces ante terceros de carácter independiente 
como, por ejemplo, los tribunales. 
D. Asegurar esta garantía de recursos y prestaciones 
dentro del marco de regímenes de asistencia y protec­
ción social, determinar las modalidades de financia­
ción de los costes, organizar su gestión y su aplica­
ción de conformidad con las legislaciones y prácticas 
nacionales. 
E. Aplicar las medidas previstas por la presente reco­
mendación de forma progresiva durante los cinco años siguientes a su adopción, adaptada, cuando 
fuera necesario, en función de las categorías de edad. 
F. Establecer las disposiciones apropiadas para reunir in­
formación sistemática acerca de los sistemas utiliza­
dos para acceder a la población afectada por estas 
medidas y para realizar una evaluación metódica de 
su aplicación y efectos. 
Y, A TAL FIN, SOLICITA A LA COMISIÓN: 
1. Que estimule y organice en colaboración con los Es­
tados miembros el intercambio sistemático de infor­
mación y de experiencias así como la evalución conti­
nua de las disposiciones nacionales adoptadas. 
2. Que presente ante el Consejo, el Parlamento Europeo 
y el Comité Económico y Social, por un lado y en el 
plazo de los tres años siguientes a la adopción de la 
presente recomendación, un informe que describa los 
progresos alcanzados y los obstáculos encontrados al 
aplicarse la misma, basándose en la información sumi­
nistrada por los Estados miembros por otro.