EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó su intención de retirarse de la Unión con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Esto significa que, de no ratificarse el acuerdo de retirada, el Derecho primario y el Derecho derivado de la Unión dejarán de ser aplicables al Reino Unido a partir del 30 de marzo de 2019 («la fecha de retirada»). En ese momento, el Reino Unido pasará a ser un tercer país.

La Comunicación de la Comisión «Preparación de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea el 30 de marzo de 2019: plan de acción de contingencia», de 13 de noviembre de 2018, establece las medidas de contingencia que se prevé adoptar en el caso de que no haya entrado en vigor ningún acuerdo de retirada en la fecha de retirada. En esa Comunicación, la Comisión enumera las medidas que considera necesarias, al tiempo que recuerda que podrían requerirse medidas adicionales en una fase posterior. La Comunicación presenta asimismo los seis principios generales que deben cumplir las medidas de contingencia a todos los niveles. Entre dichos principios figuran los siguientes: las medidas no deben reproducir las ventajas de la pertenencia a la Unión ni las condiciones de cualquier período de transición, tal como se contempla en el proyecto de acuerdo de retirada; deben ser de carácter temporal y no deben, en principio, ir más allá del fin de 2019; han de ser adoptadas unilateralmente por la Unión Europea en función de sus intereses y, por lo tanto, en principio, pueden ser revocadas por la Unión Europea en cualquier momento.

El Consejo Europeo (artículo 50) reiteró su llamamiento, el 13 de diciembre de 2018, a que se intensifiquen los trabajos a fin de estar preparados a todos los niveles para las consecuencias de la retirada del Reino Unido, teniendo en cuenta cualquier posible resultado. En respuesta a ese llamamiento, la Comisión presentó el 19 de diciembre de 2018 un paquete de medidas. Los días 17 y 18 de diciembre de 2018, el Consejo de Agricultura y Pesca fijó las posibilidades de pesca para 2019. Sobre esta base, y teniendo en cuenta los contactos en curso con los Estados miembros sobre el significativo impacto que tendría en el sector pesquero la retirada desordenada del Reino Unido sin un acuerdo de retirada, y el hecho de que las partes interesadas no pueden mitigar por sí mismas estas consecuencias adversas, la Comisión ha llegado a la conclusión de que son necesarias dos medidas de contingencia para el sector pesquero. Además de una medida sobre la gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores, la Comisión propone una medida de modificación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

De conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1380/2013, Reglamento de base de la política pesquera común (PPC), los buques de pesca de la Unión gozan de igualdad de acceso a las aguas y a los recursos en todas las aguas de la Unión, sometidos a las normas de la PPC. A partir de la fecha de retirada, la PPC dejará de aplicarse al Reino Unido. Las aguas del Reino Unido (aguas territoriales y su zona económica exclusiva adyacente) dejarán de formar parte de las aguas de la Unión.

A falta de un acuerdo de retirada, las actividades pesqueras de los buques de los Estados miembros en las aguas del Reino Unido y de los buques del Reino Unido en aguas de la Unión ya no se regirán por el Reglamento de base de la PPC cuando el Reino Unido se haya retirado de la Unión.

Para garantizar la sostenibilidad de la pesca y a la luz de la importancia de la pesca para el sustento económico de muchas comunidades, es importante mantener abierta la posibilidad de que los buques de la Unión y el Reino Unido mantengan un acceso recíproco continuo a las aguas de la otra parte, durante un período de tiempo limitado, después de la fecha de retirada. El objetivo del presente Reglamento es crear el marco jurídico adecuado para dicho acceso recíproco.

Tal como se establece en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982 («UNCLOS»), y en el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, de 4 de agosto de 1995 («UNFSA»), la ordenación de determinadas poblaciones de peces compartidas, transzonales y altamente migratorias exige la cooperación de todos los países en cuyas aguas se encuentren las poblaciones de peces (Estados ribereños) y de los países cuyas flotas exploten esas poblaciones (Estados pesqueros). Esta cooperación puede establecerse en el marco de acuerdos ad hoc entre los países con intereses pesqueros.

Las posibilidades de pesca para el año 2019 se fijaron mediante un acuerdo que también suscribió el Reino Unido, siendo aún miembro de la Unión. Estos acuerdos y las posibilidades de pesca fijadas en ellos constituyen la base para la estabilidad de las actividades pesqueras y se han establecido respetando plenamente los requisitos establecidos en los artículos 61 y 62 de la UNCLOS. Su objetivo es garantizar una explotación sostenible de los recursos marinos vivos y la estabilidad en las aguas de la Unión y en las aguas del Reino Unido.

El Reglamento (UE) 2017/2403 establece las normas aplicables a las operaciones de pesca de los buques pesqueros de la Unión en aguas de terceros países y de los buques de terceros países en aguas de la Unión.

Para el primer caso, el Reglamento establece que un Estado miembro del pabellón puede conceder autorizaciones directas al operador, y establece las condiciones y procedimientos para la concesión de dichas autorizaciones. Dado el número de buques pesqueros de la Unión que actualmente faenan en aguas del Reino Unido, estas condiciones y procedimientos pueden dar lugar a retrasos considerables y a una mayor carga administrativa en caso de que el Reino Unido autorice a buques de la UE a faenar en aguas del Reino Unido. Es necesario establecer condiciones y procedimientos específicos para facilitar dicha autorización. Estas condiciones y procedimientos deben ser equivalentes a los requisitos de autorización que el Reglamento (UE) 2017/2403 establece para los buques de terceros países que faenan en aguas de la Unión.

El Reglamento de base de la PPC faculta a los Estados miembros a intercambiar entre sí la totalidad o parte de las posibilidades de pesca que les hayan sido asignadas. Cada año se realizan aproximadamente 1 000 intercambios de cuota entre el Reino Unido y los Estados miembros. Sin perjuicio de las competencias exclusivas de la Unión, es necesario un sistema flexible después de la fecha de retirada, que permita a la UE intercambiar cuotas con el Reino Unido. Por consiguiente, los Estados miembros deben poder debatir con el Reino Unido y, en su caso, establecer las posibles líneas generales de una transferencia o intercambio de cuota que se prevea. Las posibilidades de pesca recibidas del Reino Unido o transferidas al Reino Unido en el marco de la transferencia o intercambio de cuota se considerarán cuotas asignadas o deducidas de la asignación del Estado miembro de que se trate. Esa asignación no modificará la clave de distribución existente a efectos de la asignación de posibilidades de pesca entre Estados miembros de conformidad con el principio de estabilidad relativa de las actividades pesqueras.

Las disposiciones específicas de la presente propuesta deben ser de aplicación a partir del día siguiente a aquel en el cual el derecho de la Unión deje de aplicarse al Reino Unido, de conformidad con el artículo 50, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea. La concesión de autorizaciones está sujeta al principio de «reciprocidad», es decir, a la condición de que el Reino Unido amplíe los actuales derechos de acceso de los buques de la UE para faenar en aguas del Reino Unido. Por consiguiente, las autorizaciones solo se concederán en la medida en que el Reino Unido conceda autorizaciones a buques de la Unión para utilizar las posibilidades de pesca que les hayan sido asignadas de conformidad con los Reglamentos sobre las posibilidades de pesca.

•Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

No aplicable.

•Coherencia con otras políticas de la Unión

No aplicable.

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD