ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
14.

el CDR señala que el punto 20 de las Directrices sobre las ayudas estatales para promover las inversiones de financiación de riesgo (2) establece que «las medidas de ayuda de financiación de riesgo se han de desarrollar a través de intermediarios financieros o de plataformas de negociación alternativas, salvo en el caso de los incentivos fiscales relativos a las inversiones directas en empresas subvencionables. Por consiguiente, las medidas por las que un Estado miembro o una entidad pública realiza inversiones directas en empresas sin la intervención de tales vehículos intermediarios no se encuadran en el ámbito de aplicación de las normas de ayudas estatales de financiación de riesgo del Reglamento general de exención por categorías ni de las presentes Directrices». Por consiguiente, cuando una autoridad de gestión efectúa, en el caso de un paquete financiero, la concesión directa de una ayuda a una pyme, la ayuda en cuestión solo puede constituir una ayuda estatal compatible con el Tratado si su importe es inferior a los importes fijados en el Reglamento de minimis o si esta ayuda se concede en el marco de otras normas horizontales sobre ayudas (por ejemplo, en materia de pymes, cohesión regional, I+D, etc.). Pide por ello a la Comisión que verifique si este dispositivo no conduce a una fragmentación de los proyectos financiados por instrumentos financieros y si dichas directrices no son contrarias al artículo 38 del Reglamento (UE) no 1303/2013 por el que se establecen disposiciones comunes para los Fondos Estructurales en lo que respecta a la ejecución de los instrumentos financieros;
26.

valora positivamente que las directrices de negociación de la UE afirmen que «la elevada calidad de los servicios públicos de la UE debe conservarse con arreglo al TFUE y en particular el Protocolo no 26 sobre Servicios de Interés General, y teniendo en cuenta el compromiso de la UE en esta materia, incluido el AGCS»; no obstante, a este respecto se remite a las disposiciones comunes del Tratado de la Unión Europea (TUE), de conformidad con las cuales «la Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente en las estructuras fundamentales políticas y constitucionales, también en lo referente a la autonomía local y regional» (artículo 4, apartado 2, del TUE);
18.

considera que el requisito de cofinanciación impide la participación de determinadas partes interesadas tanto en los Estados miembros de la UE como en los países socios. En el caso de los países socios, la falta de recursos financieros puede impedir la implicación de los agentes locales, mientras que en algunos Estados miembros como Suecia, los gobiernos locales y regionales no pueden participar en programas en calidad de interlocutores no estatales y autoridades locales porque tienen prohibido recurrir a impuestos locales para financiar la cooperación internacional para el desarrollo. Dados los objetivos específicos del programa y las diferentes experiencias de los países europeos (bienestar, descentralización, sanidad, etc.), esto no parece redundar en interés de la UE y su programa de cooperación exterior. A fin de evitar esta situación, el Comité de las Regiones insta a la Comisión a que adopte las normas de financiación íntegra (Normas de Desarrollo del Reglamento Financiero) «cuando sea interesante para la Comunidad ser el único donante de una acción» (artículo 253, apartado 1, letra e);
19.

Recomienda un control preventivo de la eficacia de las diversas medidas ya puestas en práctica (medidas previas a la emigración y medidas aplicadas en el país de acogida). Sobre la base de este primer examen, recomienda no obstante evitar medidas previas a la emigración que no sean viables para los familiares del reagrupante a causa del analfabetismo, costes materiales, lejanía de los centros urbanos u otros motivos que les priven, en la práctica, del derecho a la reagrupación. Además, se considera oportuno que, cuando se exija tras la llegada al país de acogida la asistencia a cursos de lengua (y/o de educación cívica y/o de conocimiento de la historia y de la cultura de la sociedad de acogida), tales cursos se ofrezcan gratuitamente para evitar discriminaciones basadas en la renta y se lleven a cabo recurriendo, en particular, a los módulos europeos de integración.
1.2.4

desea que, al tener en cuenta a los agentes activos en materia de desarrollo distintos de los gobiernos, se establezca un mejor equilibrio entre las distintas formas de organización de la sociedad civil designadas como agentes no estatales y los entes territoriales. Ello no es contrario en absoluto a las asociaciones que suelen establecer los entes con agentes no estatales para realizar su cooperación descentralizada.
i) dispondrá de la experiencia, el equipamiento y la infraestructura necesarios para ejercer las funciones de control oficial que hayan sido delegadas en él ; ii) contará con personal suficiente con la cualificación y la experiencia adecuadas; iii) será imparcial y no tendrá ningún conflicto de intereses, y en particular no estará en situación que pueda afectar, directa o indirectamente, a la imparcialidad de su conducta profesional en lo que respecta al ejercicio de aquellas funciones de control oficial que hayan sido delegadas en él , y iv) dispondrá de competencias suficientes para ejercer las funciones de control oficial que hayan sido delegadas en él , y

i) dispondrán de la experiencia, el equipamiento y la infraestructura necesarios para ejercer las funciones de control oficial que hayan sido delegadas en ellos, también en lo que se refiere a la contabilidad de sociedades ; ii) contarán con personal suficiente con la cualificación y la experiencia adecuadas; iii) serán imparciales y no tendrán ningún conflicto de intereses, y en particular no estarán en situación que pueda afectar, directa o indirectamente, a la imparcialidad de su conducta profesional en lo que respecta al ejercicio de aquellas funciones de control oficial que hayan sido delegadas en ellos , y iv) dispondrán de competencias suficientes para ejercer las funciones de control oficial que hayan sido delegadas en ellos ;
A fin de alcanzar el objetivo de garantizar un entorno en línea seguro, predecible y confiable, para los efectos del presente Reglamento, el concepto de «contenido ilícito» debe definirse de forma genérica y comprende además información relacionada con contenidos, productos, servicios y actividades de carácter ilícito. En particular, debe entenderse que dicho concepto se refiere a información, sea cual sea su forma, que sea de por sí ilícita en virtud de la legislación aplicable, como los delitos de incitación al odio o los contenidos terroristas y los contenidos discriminatorios ilícitos, o que tengan relación con actividades ilícitas, como el intercambio de imágenes que representen abusos sexuales de menores, la publicación ilícita no consentida de imágenes privadas, el acoso en línea, la venta de productos no conformes o falsificados, el uso no autorizado de material protegido por derechos de autor o actividades que conlleven infracciones de la legislación de protección de los consumidores. En este sentido, es irrelevante si la ilicitud de la información o actividad tiene su origen en el Derecho de la Unión o en legislación nacional coherente con el Derecho de la Unión y cuál es la naturaleza o materia precisa de la legislación en cuestión.

A fin de alcanzar el objetivo de garantizar un entorno en línea seguro, predecible y confiable, para los efectos del presente Reglamento, el concepto de «contenido ilícito» debe definirse de forma genérica y comprende además información relacionada con contenidos, productos, servicios y actividades de carácter ilícito. En particular, debe entenderse que dicho concepto se refiere a información, sea cual sea su forma, que sea de por sí ilícita en virtud de la legislación aplicable, como los delitos de incitación al odio o los contenidos terroristas y los contenidos discriminatorios ilícitos, o que tengan relación con actividades ilícitas, como la prestación de servicios ilícitos como los de alojamiento de alquiler de corta duración, ofrecidos en plataformas en línea, que no son conformes con el Derecho de la Unión o la legislación nacional, incluidas las normas regionales y locales, el intercambio de imágenes que representen abusos sexuales de menores, la publicación ilícita no consentida de imágenes privadas, el acoso en línea, la venta de productos no conformes o falsificados, la venta de productos o la prestación de servicios no conformes con la legislación de protección de los consumidores, el uso no autorizado de material protegido por derechos de autor o actividades que conlleven infracciones de la legislación de protección de los consumidores o la prestación de servicios que infrinjan la legislación sobre comunicaciones audiovisuales y puedan perjudicar gravemente el desarrollo físico, mental o moral de los menores . En este sentido, es irrelevante si la ilicitud de la información o actividad tiene su origen en el Derecho de la Unión o en legislación nacional coherente con el Derecho de la Unión y cuál es la naturaleza o materia precisa de la legislación en cuestión.
La Comisión propondrá al Consejo la suspensión parcial o total de los compromisos o los pagos correspondientes a uno o varios de los programas de un Estado miembro en los siguientes supuestos: a) cuando el Consejo decida, de conformidad con el artículo 126, apartados 8 u 11, del TFUE, que un Estado miembro no ha adoptado medidas eficaces para corregir su déficit excesivo; b) cuando el Consejo adopte dos recomendaciones sucesivas en el marco del mismo procedimiento de desequilibrio, de conformidad con el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, basándose en que el Estado miembro ha presentado un plan de medidas correctoras insuficiente; c) cuando el Consejo adopte dos decisiones sucesivas en el marco del mismo procedimiento de desequilibrio, de conformidad con el artículo 10, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, en las que constate el incumplimiento del Estado miembro basándose en que este no ha tomado las medidas correctoras recomendadas; d) cuando la Comisión llegue a la conclusión de que el Estado miembro no ha tomado medidas con arreglo al Reglamento (CE) n.o 332/2002 del Consejo y, en consecuencia, decida no autorizar el desembolso de la asistencia financiera concedida a ese Estado miembro; e) cuando el Consejo decida que un Estado miembro no cumple el programa de ajuste macroeconómico a que se refiere el artículo 7 del Reglamento (UE) n.o 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, o las medidas requeridas por una decisión del Consejo adoptada de conformidad con el artículo 136, apartado 1, del TFUE. Se dará prioridad a la suspensión de los compromisos; los pagos se suspenderán únicamente cuando se precise actuar de forma inmediata y en caso de un incumplimiento significativo. La suspensión de los pagos se aplicará a las solicitudes de pago presentadas para los programas afectados después de la fecha en que se haya decidido la suspensión. Por motivos relacionados con circunstancias económicas excepcionales o a raíz de una petición motivada del Estado miembro de que se trate dirigida a la Comisión en el plazo de diez días a partir de la fecha en que se adopte la decisión o recomendación contempladas en el párrafo anterior, la Comisión recomendará al Consejo que cancele la suspensión contemplada en el mismo párrafo.
En el ámbito de la educación y la formación, el programa respaldará las siguientes acciones dentro de la acción clave 2: a) asociaciones para la cooperación e intercambios de prácticas, en particular las asociaciones a pequeña escala con objeto de promover un acceso mayor y más inclusivo al programa; b) asociaciones de excelencia, en particular universidades europeas, centros de excelencia en formación profesional y titulaciones conjuntas de máster; c) asociaciones para la innovación con el objeto de reforzar la capacidad de innovación de Europa; d) plataformas en línea y herramientas de cooperación virtual, incluidos los servicios de apoyo a la red de profesores eTwinning y a la plataforma electrónica de la enseñanza de adultos en Europa.

En el ámbito de la educación y la formación, el programa respaldará las siguientes acciones dentro de la acción clave 2: a) asociaciones para la cooperación e intercambios de prácticas, en particular las asociaciones a pequeña escala en el plano regional con objeto de promover un acceso mayor y más inclusivo al programa; b) asociaciones de excelencia, en particular universidades europeas, centros de excelencia en formación profesional, que no deberán estar exclusivamente en las grandes ciudades europeas y que deberán respaldar a las partes interesadas con la participación regional en sus esfuerzos de cooperación y desarrollar titulaciones conjuntas de máster; c) asociaciones para la innovación con el objeto de reforzar la capacidad de innovación de Europa, y la creación de un galardón «empresa europea»destinado a aquellas empresas especialmente comprometidas con la cualificación europea de sus aprendices ; d) plataformas en línea y herramientas de cooperación virtual, incluidos los servicios de apoyo a la red de profesores eTwinning y a la plataforma electrónica de la enseñanza de adultos en Europa.
11.

se congratula, a este respecto, de la adopción del Pacto de Ámsterdam con vistas a la aplicación concreta de la Agenda Urbana de la UE, habida cuenta de que el aspecto de «legislar mejor» desempeña un papel importante en las asociaciones temáticas. En este contexto se ha elaborado también el estudio «Bridge! Better EU regulation for local and regional authorities» (Bridge! Una mejor legislación de la UE para los entes locales y regionales), que presenta ejemplos de situaciones concretas en las que la práctica local y regional encuentra dificultades con la legislación europea.
«7. El importe total del presupuesto asignado a los instrumentos financieros para las redes de banda ancha no deberá superar el mínimo necesario para acometer intervenciones rentables, mínimo que se determinará basándose en las evaluaciones ex ante previstas en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1316/2013.

«7. El importe total del presupuesto asignado a los instrumentos financieros para las redes de banda ancha no deberá superar el mínimo necesario para acometer intervenciones rentables, mínimo que se determinará basándose en las evaluaciones ex ante previstas en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1316/2013.
55.

Observa que las repercusiones en la legislación deben examinarse no solo en el momento de la propuesta de la Comisión, sino también después de que los colegisladores hayan introducido cambios significativos. Señala, no obstante, que no puede ponerse en tela de juicio la legitimidad democrática del proceso legislativo y que las evaluaciones de impacto no deben llevar a restringir el margen de maniobra del que disponen los colegisladores; por lo tanto, no apoya la idea de llevar a cabo evaluaciones de impacto adicionales en el período comprendido entre la conclusión de las negociaciones y la votación final;
11.

La Comisión Europea constata que la Directiva sobre la calidad del aire no se cumple en grado suficiente. La mayoría de los Estados miembros no ha cumplido las normas en los plazos impartidos, y se han incoado procedimientos por infracción contra diecisiete de ellos. Por tanto, la Comisión no tiene previsto revisar esta Directiva a corto plazo. Su objetivo es lograr que se aplique mejor para que las normas vigentes se cumplan de manera generalizada de aquí a 2020. No obstante, formalmente no cambia nada: no se plantea aplazar la exigencia (legal) de cumplir los valores límite actualmente en vigor.
a) permitirá el tratamiento y el intercambio informatizados de la información, datos y documentación necesarios para la realización de los controles oficiales, que se deriven de la realización de los controles oficiales, o del registro de la realización o de los resultados de los controles oficiales en todos los casos en que las normas contempladas en el artículo 1, apartado 2, y los actos delegados previstos en los artículos 15 a 24 establezcan el intercambio de dicha información, datos y documentación entre las autoridades competentes, entre las autoridades competentes y la Comisión, y, en su caso, con otras autoridades y los operadores; b) proporcionará un mecanismo para el intercambio de datos e información de conformidad con lo dispuesto en el título IV; c) proporcionará una herramienta para recoger y gestionar los informes sobre los controles oficiales facilitados por los Estados miembros a la Comisión; d) permitirá la producción, el manejo y la transmisión, incluso en forma electrónica, del cuaderno de a bordo u hoja de ruta a que se refiere el artículo 5, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1/2005, de los registros obtenidos con los sistemas de navegación a que se refiere el artículo 6, apartado 9, del Reglamento (CE) no 1/2005, de los certificados oficiales y del documento sanitario común de entrada a que se refiere el artículo 54 del presente Reglamento.

a) permitirá el tratamiento y el intercambio informatizados de la información, datos y documentación necesarios para la realización de los controles oficiales, que se deriven de la realización de los controles oficiales, o del registro de la realización o de los resultados de los controles oficiales en todos los casos en que las normas contempladas en el artículo 1, apartado 2, y los actos delegados previstos en los artículos 15 a 24 establezcan el intercambio de dicha información, datos y documentación entre las autoridades competentes, entre las autoridades competentes y la Comisión, y, en su caso, con otras autoridades y los operadores; b) proporcionará un mecanismo para el intercambio de datos e información de conformidad con lo dispuesto en el título IV; c) proporcionará una herramienta para recoger y gestionar los informes sobre los controles oficiales facilitados por los Estados miembros a la Comisión; d) permitirá la producción, el manejo y la transmisión, incluso en forma electrónica, del cuaderno de a bordo u hoja de ruta a que se refiere el artículo 5, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1/2005, de los registros obtenidos con los sistemas de navegación a que se refiere el artículo 6, apartado 9, del Reglamento (CE) no 1/2005, de los certificados oficiales y del documento sanitario común de entrada a que se refiere el artículo 54 del presente Reglamento. e) contendrá un mecanismo de protección de datos de conformidad con las normas aplicables, concretamente la Directiva 95/46/CE, y con la propuesta de Reglamento COM(2012) 11 final y la propuesta de Directiva COM(2012) 10 final.
7.

Está de acuerdo con la Estrategia sobre Aptitudes publicada por la OCDE el 21 de mayo de 2012, que considera que las aptitudes han pasado a constituir la moneda global del siglo XXI. El valor de esa «moneda» se determina en función de su ámbito de uso y de su potencial de desarrollo. Sin una inversión apropiada en aptitudes, los individuos languidecen al margen de la sociedad, el progreso tecnológico no se traduce en crecimiento económico y los países ya no pueden competir en una sociedad global cada vez más basada en el conocimiento. Pero el valor se deprecia a medida que evolucionan los mercados de trabajo y los individuos pierden las aptitudes que no utilizan o no consiguen adquirir otras nuevas en el marco de un proceso de aprendizaje permanente.
18.

constata que Rusia aprobó en 2011 una estrategia de ámbito federal para la región del noroeste del país, que linda con el mar Báltico (Strategy on social and economic development of the North-West Federal District until 2020). En esta estrategia se establecen los objetivos para esta región en los campos económico, logístico y de infraestructuras. Con ella se pretende fomentar una cooperación estratégica más estrecha entre la región del Mar Báltico de la UE y Rusia, especialmente en el ámbito del medio ambiente, la economía, el transporte, la energía, el turismo y la protección civil;
a.

por lo que se refiere a la subrúbrica 1b y a los Fondos del Marco Estratégico Común, su apoyo a: la propuesta de crear una nueva categoría de «regiones de transición», así como a la necesidad de tener en cuenta la situación específica y única de las regiones ultraperiféricas en el acceso a los fondos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 349 del TFUE (punto 25 del marco de negociación); una distancia máxima de 300 kilómetros para la cooperación territorial europea, con la excepción de las regiones ultraperiféricas a las que no se aplica el criterio de la distancia (punto 27, ibídem); el establecimiento de una «red de seguridad» para que las regiones que ya no estén cubiertas por el objetivo de convergencia reciban una asignación equivalente, como mínimo, a dos tercios de su asignación para el período 2007-2013 (punto 44, ibídem); las propuestas de la Comisión Europea sobre tasas de cofinanciación, además de su aumento hasta el 85 % para los programas correspondientes al objetivo «cooperación territorial europea», al tiempo que apoya que la tasa de cofinanciación aplicada a la cooperación interregional en las regiones ultraperiféricas pase del 50 % al 85 % (punto 46, ibídem); el mantenimiento del programa de ayuda alimentaria a las personas necesitadas en la rúbrica 2 del MFP en lugar de incluirlo en el ámbito de acción del Fondo Social Europeo en la rúbrica 1 (punto 48, ibídem); la posibilidad de incrementar en 10 puntos porcentuales la tasa de cofinanciación aplicable a los Estados miembros con dificultades presupuestarias temporales (punto 47, opción a), ibídem); la creación de un Marco Estratégico Común para los tres Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, el FEADER y el FEAMP (punto 65, ibídem); unas tasas de prefinanciación iguales a 2 % en 2014, 3 % en 2015 y 3 % en 2016 (punto 75, ibídem); así como a la subvencionabilidad del IVA no recuperable a efectos del cálculo de la contribución de los Fondos del MEC (punto 78, opción c), ibídem);
Artículo 2 Alcance del apoyo del Fondo de Cohesión 1. El Fondo de Cohesión, garantizando un equilibrio adecuado y con arreglo a las necesidades de inversión y de infraestructuras específicas para cada Estado miembro, apoyará: a) las inversiones en medio ambiente, incluidos los ámbitos relacionados con el desarrollo sostenible y la energía que presenten beneficios para el medio ambiente; b) las redes transeuropeas en el ámbito de la infraestructura de transporte, de conformidad con las orientaciones adoptadas mediante la Decisión no 661/2010/UE; c) la asistencia técnica. 2. El Fondo de Cohesión no apoyará: d) el desmantelamiento de centrales nucleares; e) la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en instalaciones que entran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE; f) la vivienda.

Artículo 2 Alcance del apoyo del Fondo de Cohesión 1. El Fondo de Cohesión, garantizando un equilibrio adecuado y con arreglo a las necesidades de inversión y de infraestructuras específicas para cada Estado miembro, apoyará: a) las inversiones en medio ambiente, incluidos los ámbitos relacionados con el desarrollo sostenible y la energía que presenten beneficios para el medio ambiente; b) las redes transeuropeas en el ámbito de la infraestructura de transporte, de conformidad con las orientaciones adoptadas mediante la Decisión no 661/2010/UE; c) la asistencia técnica. 2. El Fondo de Cohesión no apoyará: d) el desmantelamiento de centrales nucleares; e) la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en instalaciones que entran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE