A4-0335/96

Resolución sobre la reestructuración y la deslocalización industrial en la Unión Europea

El Parlamento Europeo,

- Vistas las deliberaciones de su audiencia conjunta con la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo celebrada sobre este asunto el 29 de mayo de 1996,

- Vista su Resolución de 15 de diciembre de 1994 sobre la conclusión de la Ronda Uruguay y la futura actividad de la OMC ((DO C 18 de 23.1.1995, pág. 165)),

- Vistas sus Resoluciones sobre el traslado de empresas en la UE de 17 de febrero de 1995, 13 de julio de 1995 y 21 de septiembre de 1995 ((DO C 56 de 6.3.1995, pág. 197, DO C 249 de 25.9.1995, pág. 152 y DO C 269 de 16.10.1995, pág. 172)),

- Vista su Resolución de 14 de diciembre de 1995 sobre la Comunicación de la Comisión relativa a un marco regulador para la inversión directa a escala mundial ((DO C 17 de 22.1.1996, pág. 175)),

- Vista su Resolución de 9 de mayo de 1996 sobre el Informe Económico Anual de la Comisión para 1996 ((DO C 152 de 27.5.1996, pág. 68)),

- Vista su Resolución de 24 de mayo de 1996 sobre las negociaciones en el marco de la OMC sobre comercio y medio ambiente ((DO C 166 de 10.6.1996, pág. 260)),

- Vistos los artículos 5, 7, 11, 17, 18 y 19 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores,

- Vista la Directiva 94/45/CEE del Consejo de 22 de septiembre de 1994 sobre la constitución de un comité de empresa europeo ((DO L 254 de 30.9.1994, pág. 64)),

- Vista la Directiva 75/129/CEE ((DO L 48 de 22.2.1975, pág. 29)), modificada por la Directiva 92/56/CEE ((DO L 245 de 26.8.1992, pág. 3)) relativa a los despidos colectivos, y la Directiva 77/187/CEE ((DO L 61 de 5.3.1977, pág. 26)) sobre el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas,

- Visto el Libro Blanco sobre el Crecimiento, la Competitividad y el Empleo, el Libro Blanco sobre Política Social Europea y el Pacto de Confianza por el Empleo,

- Vistas las conclusiones de los Consejos Europeos de Essen, Cannes, Madrid y Florencia,

- Vista la opinión del Comité de las Regiones sobre la deslocalización de empresas internacionales (CdR 228/95) y su informe (CdR 279/94),

- Vistos los artículos 2 y 3, el apartado 1 del artículo 3 A, los artículos 102 A, 118 y 130 del Tratado de la CE,

- Vista la propuesta de Resolución presentada por el Sr. Caudron sobre la reconversión industrial y la deslocalización en la Unión Europea (B4-0178/94),

- Visto el artículo 148 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y las opiniones de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo y de la Comisión de Política Regional (A4-0235/96),

A. Considerando que el traslado y la reestructuración de las industrias no son nuevas, pero que sus dimensiones y contextos han variado significativamente en el proceso de hacer realidad la economía mundial,

B. Considerando que el traslado de empresas puede adoptar muchas formas, tanto desde el punto de vista de los factores que influyen en la misma como de su impacto económico en las regiones o los países a los que afecta,

C. Considerando que el traslado de empresas puede darse dentro de la Comunidad así como entre la Comunidad y países terceros,

D. Considerando que los traslados forman parte de un proceso global de racionalización económica y de recorte de los costes, de modernización industrial e incremento de escala, adaptación y reestructuración,

E. Considerando que el ritmo de los traslados de empresas y de la mundialización se ve reflejado en el crecimiento espectacular de la inversión exterior directa (que se ha triplicado en los últimos diez años), y en un fuerte crecimiento del comercio internacional, que creció dos veces más que la producción mundial en el mismo período,

F. Considerando que las empresas transnacionales son los principales protagonistas del juego de los traslados y de la reestructuración, representando unos dos tercios de todo el comercio mundial y realizando un tercio de éste como comercio en el seno de la empresa,

G. Considerando que los traslados de empresas ya no es una cuestión de movimiento físico de una instalación, que desarrolla la misma tarea en un emplazamiento diferente, sino que tiene lugar en una variedad de formas más amplia, incluida la subcontratación, las alianzas estratégicas entre empresas, las inversiones de cartera y similares,

H. Considerando que los traslados de empresas no sólo afecta a las industrias «tradicionales», es decir, con gran intensidad de mano de obra, como la industria textil, del calzado o del juguete, sino también a industrias que emplean intensivamente capital, como el acero, la construcción naval, máquinas herramientas, aeronaves y equipos electrónicos, así como a importantes ámbitos del sector de los servicios como el desarrollo de programas informáticos y los servicios financieros, de información y logísticos,

I. Considerando que los motivos de las empresas para efectuar su traslado son múltiples, incluida la búsqueda del acceso a los mercados emergentes, la superación de cláusulas de contenido local, la competencia salarial, la competencia por subsidios, las oportunidades de infraestructura gratuita y el eludir los impuestos,

J. Considerando que la estabilidad en los mercados de divisas es de vital importancia si no se quiere distorsionar las decisiones relativas a la deslocalización o hacerlas contraproducentes,

K. Considerando que una moneda común en la UE contribuirá a un entorno estable para generar unos efectos constructivos de la deslocalización y la reestructuración sobre la economía, si ésta está basada en la convergencia de las economías nominales y en una coordinación macroeconómica eficaz,

L. Considerando que, por una parte, los traslados de empresas pueden tener efectos positivos si crean empleo en regiones con un alto porcentaje de desempleo y pobreza y si ofrecen a las empresas una base en nuevos mercados, pero, por otra parte, tienen efectos negativos al eliminar puestos de trabajo en las regiones que (todavía) no tienen otra alternativa,

M. Considerando que la especial coincidencia del desarrollo incoherente del mercado interior, los requisitos de convergencia para la moneda única, la introducción acelerada de nuevas tecnologías y de nuevos sistemas de métodos de organización que ahorran mano de obra, hacen que ahora la deslocalización y la reestructuración sean un reto único y particular para la política, al sumarse a las ya muy numerosas dificultades a las que se enfrenta la UE para abordar los problemas del desempleo y el desarrollo económico,

N. Considerando que al ser la UE el protagonista más importante a nivel mundial, ésta tiene obligaciones, a través de su política comercial y de mercado interior, de garantizar a nivel mundial una conducta responsable en interés de sus ciudadanos y de otros participantes en la economía mundial,

O. Considerando que los traslados de empresas hacia el exterior pueden asociarse con una serie de problemas socioeconómicos en las regiones, como por ejemplo, niveles cada vez mayores de desempleo de larga duración, inadecuación de las cualificaciones, disminución del poder adquisitivo y pérdida de mercados clave para los productores locales,

P. Considerando que el traslado de empresas en el interior no soluciona necesariamente los problemas locales cuando los inversores entrantes se dedican a atraer la mano de obra cualificada de las empresas locales con el considerable perjuicio para la economía existente,

Q. Considerando que los cambios recientes de los Fondos estructurales implican que la capacidad presupuestaria de las regiones y no la necesidad puede dictar el acceso al gasto, polarizando y penalizando así a las regiones menos favorecidas,

R. Considerando que la aceptación de unos niveles sociales mínimos pondría un límite mínimo en el mercado de trabajo, obligaría a una mejora de la mano de obra a través de la inversión en cualificación, fomentaría la autoestima personal en el trabajo,

S. Considerando que el nivel de desempleo en la UE es demasiado alto y persistente y que, por el contrario, debería perseguirse el objetivo del pleno empleo,

T. Considerando que la falta de datos relativos a los traslados impide una evaluación correcta de la amplitud del fenómeno,

U. Considerando que el papel de los PECO continúa siendo modesto pero que se incrementará fuertemente en un futuro próximo y que deberá prestarse una atención especial a los aspectos relativos a la deslocalización y la reestructuración del proceso de ampliación,

1. Considera que existe una necesidad urgente de trasladar la base del marco para la actuación internacional en materia de comercio y desarrollo desde un enfoque relativamente estrecho basado en el crecimiento y en la preservación de la libertad de comercio y de inversión, hacia el objetivo más complejo de un desarrollo sostenible, que significa integrar la eficacia económica, la estabilidad macroeconómica, la justicia social y la sostenibilidad del medio ambiente;

2. Hace hincapié en que la especulación monetaria internacional constituye una fuente importante de inestabilidad monetaria, que distorsiona las decisiones en la economía real, por ejemplo, las relativas a los traslados de empresas, e insta a la Comisión a que elabore propuestas para frenar la especulación en los activos financieros derivados; destaca asimismo, en este sentido, que una puesta en práctica satisfactoria de la unión económica y monetaria constituirá un paso importante a la hora de solucionar los problemas mencionados;

3. Observa que el punto de vista de la Comisión expresado en el documento «La fiscalidad en la Unión Europea» (SEC(96)0487), consistente en que una baja fiscalidad sobre factores de producción geográficamente móviles socava los fundamentos fiscales nacionales, forzando el traslado de la carga impositiva a los factores menos móviles como la mano de obra, constituye el mayor desafío político pendiente y requiere una actuación urgente;

4. Observa la velocidad a la que se ejecutó la libre circulación de capitales dentro de la Unión Europea y lamenta que a la movilidad de la mano de obra y de las pensiones, así como al reconocimiento de títulos no se les haya dado la misma prioridad; pide a la Comisión que examine las consecuencias de una mayor libertad de circulación de los trabajadores y de sus derechos de pensión en las deslocalizaciones dentro de la Unión Europea;

5. Pide a la Comisión que tome las iniciativas necesarias con vistas a eliminar los obstáculos que impiden que todos los trabajadores y ciudadanos aprovechen totalmente las oportunidades de redistribuir el éxito del mercado interior, entre los que figuran la falta de un enfoque europeo del régimen fiscal de los trabajadores transfronterizos, la falta de una armonización fiscal, a consecuencia de lo cual la presión fiscal sobre los sujetos imponibles móviles disminuyó un 10% entre 1980 y 1993, mientras que la presión fiscal sobre el trabajo;

6. Destaca que la competencia en materia de legislación social desempeña con frecuencia un papel importante en los traslados de empresas y que, cuando se inicie la tercera fase de la UEM, la seguridad social y las condiciones laborales, medioambientales y la política fiscal serán los últimos ámbitos en los que los Estados miembros podrán competir; que, por ello, continúa siendo urgente la elaboración de un marco de legislación social europea, y debe acelerarse mediante la toma de decisión por mayoría cualificada;

7. Pide a la Comisión y al Consejo que tomen posición respecto de la internacionalización de la industria de la UE y pide asimismo a la Comisión que informe si existe una estrategia coherente respecto de las consecuencias de la reestructuración en el empleo;

8. Confía en que la Comisión explique de qué forma toma en cuenta los efectos de la creciente racionalización de las empresas transnacionales de la UE y sus decisiones de producción y traslado en sus evaluaciones del empleo en la UE a corto y medio plazo, y si dichas repercusiones se toman en consideración en la elaboración y aplicación de sus propuestas de medidas relativas al empleo;

9. Confirma la necesidad de reequilibrar la arquitectura del Tratado con la inclusión en el mismo del trabajo y de los intereses del mercado de trabajo, como parte del pacto de confianza para el empleo, en tanto que base, aunque sea mínima, para restablecer la confianza;

10. Pide a la Comisión que evalúe los Fondos estructurales con relación a la distorsión de la competencia y a la práctica de la negociación de subvenciones e informe sobre los resultados al Parlamento Europeo;

11. Propone que el apoyo proporcionado por la UE a las empresas a través de los Fondos estructurales esté condicionado a un compromiso a largo plazo sobre el empleo y el desarrollo local; señala, por consiguiente, la necesidad de que las autoridades locales y regionales desempeñen un papel a la hora de solicitar de la inversión entrante un valor añadido y unos vínculos autosostenibles con la economía existente, garantizando que la relocalización resulte menos vulnerable a un fácil traslado de empresas en el futuro;

12. Insta a la Comisión a que se comprometa firmemente a invertir en educación y cualificación, factores que ayudan a lograr la adaptabilidad necesaria en caso de traslados de empresas;

13. Hace un llamamiento para que la CIG acabe con la «carrera hacia abajo» de los sistemas sociales en la competencia por la inversión mediante la creación de un marco homogéneo en materia de protección social y eliminando toda disposición que contemple excepciones en este aspecto;

14. Señala la importancia de la creación de Comités de Empresa Europeos que garanticen la transparencia de los traslados y de las decisiones relativas a la reestructuración;

15. Insta a que se modifiquen los estatutos de la OMC, que consagran la supremacía absoluta del libre comercio sobre todo tipo de consideraciones ecológicas o sociales y ponen en peligro el objetivo del desarrollo sostenible adoptado en Río en 1992;

16. Insta a la Comisión a que presente propuestas relativas a niveles mínimos en materia de medio ambiente para que se introduzcan en los Acuerdos preferenciales de la UE y en los acuerdos comerciales multinacionales;

17. Considera que los aspectos externos de la tarificación del transporte, si se toman en cuenta adecuadamente, podrían poner en tela de juicio de manera significativa las decisiones actuales de la inversión directa en el exterior a escala mundial y señala que debe realizarse una corrección de la tarificación del transporte;

18. Pide a la Comisión que aclare cuáles son las políticas industriales existentes o previstas y por qué no se toman en consideración opciones alternativas; pide a la Comisión que aclare si confía la política industrial a la política de competencia y, en este caso, cuál es el papel de su Dirección General de Industria en la elaboración de ambas políticas, industrial y de competencia; pide a la Comisión que formule una política industrial explícita para la UE;

19. Pide a la Comisión que utilice las posibilidades que le ofrece el artículo 101 del Tratado para luchar contra las distorsiones que se derivan de la inexistencia de una política fiscal común;

20. Insta a la Comisión y a los ministros que se reunirán en la Cumbre de la OMC en Singapur a que busquen la adopción de cláusulas sociales en los acuerdos relativos a la inversión y al comercio internacional basadas en las normas básicas de la OIT que abarquen derechos fundamentales como, por ejemplo, la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva, una edad mínima para trabajar, la no discriminación y la prohibición del trabajo forzado;

21. Considera que la Cumbre de la OMC que se celebrará en Singapur en diciembre debería intentar revisar sus estatutos para lograr: a) una nueva definición del artículo XX relativo a «excepciones generales» a las normas del libre comercio y a la igualdad de trato de la inversión;

b) declaraciones conjuntas que garanticen

i) que el desarrollo sostenible, los convenios multilaterales sobre medio ambiente y derechos humanos prevalezcan sobre el libre comercio;

ii) que se confirme el derecho de los países menos desarrollados a fomentar el desarrollo de sus propias industrias con las medidas adecuadas;

22. Pide al Consejo de la UE que encargue a la Comisión la defensa de la transparencia y la responsabilidad de la OMC y que busque activamente instrumentos para lograrlo y garantice la plena participación de las ONG y de sus expertos;

23. Considera que la UE y, especialmente, la Comisión deben hacer los posible para luchar contra la competencia desleal y fomentar el papel de la OMC y la OIT a la hora de hacer frente a cuestiones como la relación entre las normas laborales y la inversión, la apertura de mercados de terceros países a la UE, la creación de bases de datos sobre los obstáculos comerciales, la lucha contra la piratería sobre la propiedad intelectual y, más importante aún, la coordinación de las posiciones de los Estados miembros en el seno de la OMC y de la OCDE;

24. Pide a la Comisión que se ocupe de la incorporación de las cláusulas sociales en los tratados internacionales sobre la base de los cinco convenios que la OIT califica como prioritarios: el derecho de asociación, el derecho a las negociaciones libres, la prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzado y la prohibición de la discriminación; pide a la Comisión que tome iniciativas para que todos los Estados miembros ratifiquen esos convenios; pide que la puesta en práctica de las cláusulas sociales vaya acompañada de medidas positivas y de incentivos con respecto a los países y empresas que cumplan dichas cláusulas; pide a la Comisión y al Consejo que hagan todo lo posible para que se dé prioridad a estas cuestiones en la Conferencia Ministerial de la OMC en Singapur y que preconicen y apoyen activamente ante la Conferencia Ministerial de la OMC de Singapur la creación de una comisión de comercio y derechos humanos, que se ocuparía especialmente de las cuestiones relacionadas con los derechos humanos en el mundo laboral;

25. Pide a la Comisión que el establecimiento de una plataforma equitativa sea el objetivo principal de sus negociaciones con otros bloques comerciales y países, y que establezca un sistema de evaluación transparente para verificar el respeto del mencionado objetivo y para garantizar una competencia leal así como la difusión de normas laborales adecuadas;

26. Pide a la Comisión que le proporcione cifras detalladas sobre las dimensiones y la estructura de las deslocalizaciones internas y externas de la UE tomando en consideración los efectos sociales y medioambientales, incluido el examen de nuevos indicadores;

27. Hace hincapié en la repercusión que podrá tener la profundización de los acuerdos TRIM en el ámbito de la OMC en lo relativo al fenómeno de las deslocalizaciones y pide que en la Conferencia Ministerial de la OMC de Singapur se enmarque el Acuerdo TRIM en la perspectiva de las repercusiones económicas y sociales derivadas de las deslocalizaciones y de la liberalización del IDE;

28. Repite su posición consistente en que el Parlamento Europeo debería participar plenamente en todos los acuerdos internacionales de la UE sobre comercio e inversión;

29. Considera que, al tener debidamente en cuenta la complejidad del fenómeno de la deslocalización industrial, las políticas gubernamentales deberían aspirar a fomentar los efectos beneficiosos de la deslocalización industrial y a mitigar sus potenciales efectos negativos;

30. Opina, por consiguiente, que a la hora de formular las políticas gubernamentales en materia de desplazamiento de industrias deberían tenerse en cuenta los siguientes objetivos:

- un alto grado de empleo;

- la cohesión social y económica;

- la competitividad de la industria comunitaria;

- el desarrollo sostenible;

- una distribución más equitativa de los beneficios derivados de la libertad de comercio;

31. Observa que algunos estudios recientes indican la creciente importancia de los PECO por lo que se refiere a los traslados;

32. Critica la ausencia de normas sociales adecuadas y la existencia de un dumping social legalizado, que perturba el mercado interior de la UE;

33. Destaca la necesidad de reorientar las ayudas de PHARE hacia el desarrollo de unas normas sociales más amplias y estrictas en los PECO para transponer las mejores prácticas de la política social de la UE a los sistemas de dichos países;

34. Pide a la Comisión que proceda a una evaluación de los acuerdos de asociación y de adhesión así como del programa PHARE, especialmente de la aplicación de las cláusulas sociales contenidas en dichos acuerdos, con vistas a reforzar el apoyo necesario para la elaboración de un modelo eficaz de consulta social, de una reglamentación salarial y de una protección social;

35. Pide a la Comisión que tenga presente la repercusión de la evolución de las sociedades transnacionales en los países de la Europa central y oriental al estudiar la recomposición de los fondos estructurales y de cohesión en el contexto de la ampliación, en el marco general del objetivo de la cohesión económica y social, teniendo especialmente en cuenta la situación de los países que se benefician actualmente de los fondos estructurales y de cohesión;

36. Pide a la Comisión que vigile estrictamente el traslado de la industria de la UE y considere la posibilidad de crear un observatorio permanente sobre estos problemas; pide, en este sentido, a la Comisión que, sobre la base del trabajo realizado por este observatorio, desarrolle orientaciones para la política comunitaria, las cuales, teniendo en cuenta la complejidad del fenómeno de los traslados, se propongan fomentar sus efectos beneficiosos y mitigar sus efectos negativos; dichas orientaciones deberán formularse en relación con los cinco objetivos de las políticas gubernamentales mencionados más arriba, y deberán presentarse al Parlamento Europeo y al Consejo;

37. Subraya que las políticas comunitarias existentes, por ejemplo en materia de competencia, industria, comercio y mercado interior, inciden en el fenómeno del desplazamiento industrial, tanto dentro como fuera de la Comunidad, y manifiesta su preocupación ante la insuficiente coordinación de estas políticas; deplora en este sentido que el fenómeno de la deslocalización y sus efectos no se tengan en cuenta expresamente en la formulación y la evaluación de estas políticas;

38. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, a la Asamblea Paritaria ACP-UE y a los representantes de los agentes sociales a nivel europeo.