EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

•Razones y objetivos de la propuesta

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó su intención de retirarse de la Unión con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Esto significa que, si el Acuerdo de retirada no se ratifica, el Derecho primario y secundario de la Unión dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir del 30 de marzo de 2019 («la fecha de retirada»). En ese momento, el Reino Unido pasará a ser un tercer país.

El transporte aéreo internacional no puede tener lugar sin el consentimiento explícito de los Estados involucrados; esto es una consecuencia de su soberanía total y exclusiva con respecto al espacio aéreo situado sobre su territorio. Es habitual que los Estados organicen el transporte aéreo entre ellos mediante acuerdos bilaterales de servicios aéreos (ASA), que establecen los derechos específicos otorgados mutuamente y las condiciones de su ejercicio. Los derechos de tráfico y los servicios directamente relacionados con su ejercicio están expresamente excluidos del ámbito de aplicación del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.

Dentro de la Unión, la libertad de las compañías aéreas de los Estados miembros (compañías aéreas de la Unión) de ofrecer servicios aéreos dentro de la UE se deriva exclusivamente del Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para el funcionamiento de los servicios aéreos en la Comunidad, que también establece las normas para la concesión de licencias a dichas compañías aéreas.

A falta de disposiciones en sentido contrario en un acuerdo de retirada, los servicios aéreos entre el Reino Unido y los Estados miembros dejarán de regirse por dicho Reglamento en el momento de la retirada. Además, determinadas compañías aéreas, debido a que poseen una licencia de explotación emitida por el Reino Unido, o que su lugar de negocios principal está ubicado en el Reino Unido, o por ser de propiedad mayoritaria o efectivamente controlada por el Reino Unido o sus ciudadanos, dejarían de cumplir las condiciones establecidas en dicho Reglamento para ser consideradas compañías aéreas de la Unión.

De ello se deduce que, a falta de disposiciones en sentido contrario en un acuerdo de retirada, a partir del 30 de marzo de 2019 no habría base jurídica para la prestación de servicios aéreos entre el Reino Unido y los Estados miembros por parte de las respectivas compañías aéreas. Las compañías aéreas, en cualquiera de las situaciones descritas anteriormente, perderían su licencia de explotación de la Unión y, como consecuencia, ya no gozarían del derecho de ofrecer servicios aéreos dentro de la Unión.

Los servicios de transporte aéreo directo entre el Reino Unido y los Estados miembros están casi por completo en manos de compañías aéreas del Reino Unido y de la Unión. Por lo tanto, la pérdida por parte de las compañías aéreas de su derecho a prestar servicios aéreos entre el Reino Unido y los Estados miembros supondría una grave perturbación. La mayoría de las rutas aéreas entre la Unión y el Reino Unido dejarían de ser atendidas, si no todas. En cambio, las rutas dentro de la Unión que dejaran de ser atendidas por las compañías aéreas del Reino Unido tras la retirada seguirían siendo totalmente accesibles para las compañías aéreas de la Unión.

En una hipótesis de ausencia de acuerdo, se espera que las consecuencias para las respectivas economías sean graves, como se describe a continuación: el tiempo y el coste del transporte aéreo aumentarían de manera considerable, ya que se buscarían rutas alternativas, como también lo haría la presión sobre la infraestructura de transporte aéreo dentro de esas rutas alternativas, mientras que la demanda de transporte aéreo disminuiría. Como resultado, no solo se vería afectado el sector del transporte aéreo, sino también otros sectores de la economía que dependen en gran medida de este. Las barreras al comercio resultantes dificultarían la actividad empresarial en mercados lejanos así como la (re)ubicación de empresas. La interrupción de la conectividad del transporte aéreo representaría la pérdida de un activo estratégico tanto para la Unión como para los Estados miembros.

En su Comunicación «Preparación de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea el 30 de marzo de 2019: plan de acción de contingencia» del 13 de noviembre de 2018, la Comisión anunció su intención de proponer medidas para garantizar que las compañías aéreas del Reino Unido sobrevolar el territorio de la Unión Europea y hacer escalas técnicas (por ejemplo, reabastecimiento de combustible sin embarque/desembarque de pasajeros), además de aterrizar en la Unión Europea y volar de regreso al Reino Unido. Estas medidas estarían sujetas a la condición de que el Reino Unido aplique medidas equivalentes a las compañías aéreas de la Unión Europea.

Por lo tanto, la presente propuesta tiene el objetivo de establecer medidas provisionales para regular el transporte aéreo entre la Unión y el Reino Unido tras la retirada de este último de la Unión (artículo 1). El objetivo de estas medidas es mantener la conectividad básica durante un corto período de transición (artículo 12).

En primer lugar (artículo 3), el Reglamento propuesto prevé la concesión unilateral, a las compañías aéreas del Reino Unido, de derechos de tráfico relativos a las libertades primera, segunda, tercera y cuarta, a fin de que puedan continuar sobrevolando y hacer escalas técnicas en el territorio de la Unión, así como servir las rutas directas entre los respectivos territorios. No se hace distinción entre operaciones de pasajeros y carga, o servicios regulares y no regulares. De conformidad con el objetivo del Reglamento propuesto de garantizar la conectividad básica, la capacidad que las compañías aéreas del Reino Unido podrán ofrecer se mantendrá en los niveles anteriores al Brexit expresados en número de vuelos («frecuencias»). No se ha previsto ninguno de los dispositivos habituales de flexibilidad operativa (como acuerdos de cooperación comercial, arrendamiento de aeronaves, cambio de capacidad operacional o coterminación) para que las compañías aéreas del Reino Unido presten servicios aéreos en virtud del Reglamento.

Los derechos otorgados a las compañías aéreas del Reino Unido están sujetos a un principio de «reciprocidad»; el Reglamento propuesto (artículo 4) establece un mecanismo para garantizar que los derechos de las compañías aéreas de la Unión en el Reino Unido permanezcan equivalentes a los otorgados a las compañías aéreas del Reino Unido en virtud del Reglamento propuesto. Si ese no es el caso, la Comisión está facultada para adoptar las medidas necesarias a fin de corregir la situación mediante actos de ejecución, incluida la limitación o la retirada de las autorizaciones de explotación de las compañías aéreas del Reino Unido. La evaluación del nivel de equivalencia y la adopción de medidas correctoras por parte de la Comisión no están vinculadas únicamente a la correspondencia estricta y formal entre los dos ordenamientos jurídicos; esto se debe a las marcadas diferencias entre los mercados respectivos y, tiene por objetivo evitar un planteamiento ciego de correspondencias, que a la larga podría resultar contrario a los intereses de la Unión.

Al igual que la Unión se esfuerza por conseguir en todos sus acuerdos de servicios aéreos, el Reglamento propuesto, aunque pretende garantizar temporalmente la conectividad básica, establece un mecanismo flexible para garantizar que las compañías aéreas de la Unión disfruten de oportunidades leales y equitativas para competir con las compañías aéreas del Reino Unido, una vez que el Reino Unido ya no esté obligado en virtud del derecho de la Unión. La igualdad de condiciones requiere que, incluso después de la retirada, el Reino Unido siga aplicando normas suficientemente exigentes en el área del transporte aéreo en lo que respecta a: la competencia leal, incluyendo la regulación de los cárteles, el abuso de posición dominante y las fusiones; la prohibición de subvenciones gubernamentales injustificadas; la protección de los trabajadores; la protección del medio ambiente; y la seguridad. Además, debe garantizarse que la compañías aéreas de la Unión no sean discriminadas en el Reino Unido, ya sea de iure o de facto. Por lo tanto, el reglamento propuesto encarga a la Comisión (artículo 5) la tarea de controlar las condiciones de competencia entre las compañías aéreas de la Unión y del Reino Unido y la faculta para adoptar las medidas necesarias por medio de actos de ejecución, a fin de garantizar que dichas condiciones se cumplan en todo momento.

Se establecen los procedimientos necesarios para permitir que los Estados miembros verifiquen que las compañías aéreas, las aeronaves y las tripulaciones que entran en sus territorios en virtud de este Reglamento son titulares de licencias o certificados del Reino Unido de conformidad con las normas de seguridad reconocidas internacionalmente, que se cumple toda la legislación nacional y de la Unión pertinente y que no se exceden los derechos permitidos (artículos 6 a 9).

Se establece una disposición explícita para recordar que los Estados miembros no deben negociar ni celebrar acuerdos bilaterales de servicios aéreos con el Reino Unido sobre asuntos pertenecientes al ámbito de aplicación del presente Reglamento y que no deben otorgar a las compañías aéreas del Reino Unido, en relación con el transporte aéreo, otros derechos que no sean los concedidos en este Reglamento (artículo 3). No obstante, las autoridades competentes respectivas podrán, por supuesto, cooperar según sea necesario para la buena aplicación del Reglamento (artículo 10), de modo que tenga lugar la menor perturbación posible en la gestión de los servicios aéreos que continuarán prestándose bajo sus auspicios tras la retirada del Reino Unido.

El 13 de diciembre de 2018, el Consejo Europeo (artículo 50) reiteró su petición de que se intensifiquen los trabajos relativos a la preparación para las consecuencias de la retirada del Reino Unido a todos los niveles, teniendo en cuenta todas las posibilidades. Este acto forma parte de un paquete de medidas que la Comisión está adoptando en respuesta a dicha petición.