5.OTROS ELEMENTOS

•Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

A fin de garantizar una aplicación eficaz de las medidas previstas, y supervisar sus resultados, la Comisión seguirá trabajando en estrecha colaboración con las autoridades nacionales y las agencias de la UE pertinentes.

La Comisión adoptará un programa para el seguimiento de los resultados y las repercusiones del presente Reglamento, que establecerá los medios con los que se recopilarán los datos y otras pruebas necesarias, y la periodicidad de dicha recopilación. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, un año después del inicio de la aplicación, y posteriormente con una periodicidad anual, la información que se considere esencial para controlar de manera eficaz el funcionamiento del presente Reglamento. La mayor parte de esta información será recopilada por las autoridades competentes durante el ejercicio de sus funciones, por lo que no se requerirán esfuerzos adicionales de recogida de datos.

La Comisión evaluará la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido de la UE del marco jurídico resultante, cuando hayan transcurrido como mínimo 6 años desde la fecha de aplicación, con el fin de garantizar que se disponga de datos suficientes relativos a la aplicación del Reglamento. La evaluación incluirá la realización de consultas con las partes interesadas para recabar observaciones sobre los efectos de los cambios legislativos y las medidas no vinculantes aplicadas. El parámetro de referencia para medir los progresos realizados será la situación de partida cuando el acto legislativo entre en vigor.

•Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

El capítulo I (artículos 1 y 2) de la propuesta describe el objeto y el ámbito de aplicación del Reglamento. Se refiere a todos los documentos relacionados con el ejercicio de la libre circulación por parte de los ciudadanos de la UE y los miembros de sus familias, y que se mencionan en la Directiva 2004/38/CE sobre la libre circulación. Aquí se incluyen los documentos de identidad nacionales que permiten la salida y entrada en otro Estado miembro, los documentos de residencia expedidos a los ciudadanos de la UE y las tarjetas de residencia expedidas a miembros de la familia de ciudadanos de la UE.

El capítulo II detalla en su artículo 3 los requisitos generales, en particular las medidas de seguridad mínimas que deben cumplir las tarjetas nacionales de identidad. Se basan en las especificaciones del Documento 9303 de la OACI. Estas especificaciones de la OACI son comunes para los documentos de viaje de lectura mecánica y garantizan la interoperabilidad mundial cuando estos documentos se verifican mediante inspección visual y medios de lectura mecánica.

El artículo 4 describe los requisitos específicos que deben tenerse en cuenta para la recogida de datos biométricos.

El artículo 5 prevé un periodo de eliminación gradual de 5 años de los formatos anteriores, excepto en el caso de las tarjetas que no sean de lectura mecánica con arreglo a lo dispuesto en el Documento 9303 de la OACI, parte 3 (séptima edición, 2015), que deberán eliminarse progresivamente en un plazo de 2 años a partir de la fecha de aplicación del Reglamento. Estos plazos de eliminación progresiva permitirán a la UE y a sus Estados miembros cubrir las actuales lagunas de seguridad de los documentos de identidad lo antes posible, teniendo también en cuenta los requisitos de interoperabilidad si los documentos de identidad no cumplen las normas establecidas en el Documento 9303 de la OACI, parte 3, sobre legibilidad mecánica.

El capítulo III (artículo 6) versa sobre los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la UE. Estos documentos están a disposición de los ciudadanos de la UE que hayan ejercido su derecho a la libre circulación y su derecho de residencia en el Estado miembro de acogida, que concede directamente el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

También constituyen un medio de prueba de la residencia. Unas normas mínimas de seguridad en relación con el formato de dichos documentos facilitarán su verificación y autenticación por otros Estados miembros, en particular el Estado miembro de origen del ciudadano.

El capítulo IV versa sobre las tarjetas de residencia expedidas a miembros de la familia de ciudadanos de la UE que han ejercido su derecho a la libre circulación. Estas tarjetas se expiden a los miembros de la familia que no sean ciudadanos de la Unión. Afirman su derecho derivado de residencia en el Estado miembro de acogida como miembros de la familia de ciudadanos de la UE que han ejercido su derecho a la libre circulación. Además, cuando dichos miembros de la familia estén sometidos a la obligación de visado de entrada de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 539/2001 o, en su caso, con la legislación nacional, las tarjetas de residencia les eximen de la obligación de visado cuando acompañen o se reúnan con el ciudadano de la Unión.

Como documento que puede entrañar una exención de visado en dichas circunstancias, su nivel de seguridad debe reforzarse. En concreto, las características de seguridad deben ser las mismas que las previstas para los permisos de residencia expedidos a personas no residentes en la UE por los Estados miembros en virtud del Reglamento (CE) n.º 1030/2002 del Consejo por el que se establece un modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países (artículo 7), en su versión modificada. No obstante, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE, en el título del documento debe figurar una referencia a la condición de familiar de un ciudadano de la Unión. Los Estados miembros podrán utilizar un código normalizado, en particular si la referencia es demasiado larga para encajar en el campo del título.

En el artículo 8 figuran los detalles para la supresión gradual de las tarjetas de residencia no conformes. Las tarjetas que ya se han emitido con arreglo al modelo uniforme descrito en el Reglamento 1030/2002 del Consejo, modificado por el Reglamento 380/2008, pero que aún no contienen los cambios introducidos por el Reglamento (UE) 2017/1954, se suprimirán progresivamente en un plazo de 5 años a partir de la fecha de aplicación del Reglamento propuesto. Para las demás tarjetas que todavía no hayan incluido las modificaciones introducidas por el Reglamento 380/2008 y que no alcancen ese nivel de seguridad de los documentos, se ha previsto un periodo de eliminación progresiva de 2 años.

El capítulo V establece disposiciones comunes para los tres tipos de documentos.

El artículo 9 describe la obligación de los Estados miembros de designar puntos de contacto para la aplicación del Reglamento.

El artículo 10 establece el marco de protección de datos y precisa las garantías de protección de datos.

El artículo 11 determina que la Comisión establecerá un programa para el seguimiento de los resultados y las repercusiones del presente Reglamento.