COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

que concluye el primer Semestre Europeo de coordinación de las políticas económicas: Orientación de las políticas nacionales en 2011-2012

CONTRIBUIR A QUE LA UE SALGA REFORZADA DE LA CRISIS

La UE afronta la peor crisis económica desde su fundación: sus Gobiernos y ciudadanos han soportado presiones sin precedentes, y se han adoptado decisiones inéditas con enorme celeridad, lo cual ha resultado muy costoso y doloroso. La crisis no se inició en Europa, y otras grandes economías han sufrido conmociones similares. En el seno de la UE, el impacto ha sido diferente según los países: algunos Estados miembros se recuperaron rápidamente de la recesión inicial, pero otros siguen enfrentándose a enormes desafíos. Las previsiones de la Comisión muestran que la recuperación económica está ganando terreno en la UE, aunque de manera desigual y sujeta a incertidumbres.

No existe una perspectiva de simple «vuelta a la normalidad»: nuestras sociedades se verán radicalmente afectadas y transformadas por las perturbaciones experimentadas en los últimos tres años, nuestro potencial de crecimiento se ha resentido, al igual que nuestras finanzas públicas y sistemas financieros, y el desempleo ha golpeado a un amplio sector de la población, y especialmente a los jóvenes. Muchas personas adivinan un horizonte difícil durante cierto tiempo, pero otras empiezan a tomar conciencia de lo que puede significar una recuperación que no genere empleo. En numerosos lugares, la reacción ha sido de cólera y frustración.

La crisis nos ha hecho comprender que nuestras economías están interconectadas y que nuestro futuro depende del de los demás. La UE es un espacio económico común, no veintisiete economías, y lo que afecta a un país repercute sobre todos. Ello es especialmente cierto para los 17 Estados miembros que comparten una moneda única en la zona del euro. Para recuperar nuestra capacidad de crecimiento y garantizar que las actuaciones de los Estados miembros se refuerzan mutuamente en lugar de obstaculizarse, necesitamos inyectar una dimensión colectiva de la Unión Europea en las políticas nacionales antes de que se adopten las decisiones internas. La necesidad de una coordinación política más intensa a nivel de la UE no se deriva solo de la crisis, ya que desde hace varios años se habían acumulado desequilibrios macroeconómicos que dejaron a numerosos Estados miembros con un margen de maniobra escaso o nulo cuando estalló la crisis. Una mayor coordinación política es también la mejor respuesta que puede dar la UE a los retos de la mundialización. Fuera de la Unión Europea, las economías emergentes han resultado menos afectadas por la crisis y actualmente gozan de tasas de crecimiento muy vigorosas: la UE necesita realizar un esfuerzo constante para impulsar su competitividad en los mercados mundiales a fin de mantener sus niveles de vida.

Una importante enseñanza de la experiencia vivida ha sido que atender sólo al criterio del déficit que se recoge en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a su inadecuada aplicación no ha impedido la aparición de problemas graves en otros ámbitos. Por esta razón, reaccionamos demasiado tarde en su momento a un conjunto de problemas cruciales. Y cuando lo hicimos, nuestra renuencia a ponernos en cuestión unos a otros de forma constructiva eliminó el sentido de la responsabilidad colectiva por los resultados. Las presiones de los mercados han dictado nuestra línea de actuación demasiado a menudo.

Enfrentada a la inmediatez de la crisis, la Unión Europea ha venido desarrollando una respuesta común, coherente y amplia, consistente en elaborar planes de recuperación, coordinar el rescate y reestructuración de los bancos y transformar por completo la supervisión de los servicios financieros, prestar ayuda macrofinanciera a varios Estados miembros[1], crear nuevos mecanismos de apoyo para proteger la estabilidad financiera de la zona del euro y establecer objetivos ambiciosos para una nueva senda que nos conduzca a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, dentro de la Estrategia Europa 2020[2].

Está naciendo un nuevo gobierno económico de la UE. Las propuestas legislativas de la Comisión y las actividades del grupo de trabajo dirigido por el Presidente del Consejo Europeo conducirán a una completa redefinición de los instrumentos de que dispone la UE para prevenir los desequilibrios macroeconómicos y reforzar el funcionamiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En la primavera de este año, los Estados participantes en la zona del euro, junto con algunos otros Estados miembros[3], acordaron realizar esfuerzos suplementarios para fomentar la competitividad, el empleo, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad financiera como parte del Pacto por el Euro Plus.

La UE ha empezado a aplicar un nuevo método de trabajo en el marco del denominado Semestre Europeo, de acuerdo con el cual las prioridades esenciales son debatidas colectivamente a nivel de la UE antes, y no después, de que se adopten las correspondientes decisiones nacionales. Los resultados de ese debate deben quedar reflejados efectivamente en los procesos nacionales de toma de decisiones, en especial en los ámbitos de los presupuestos y las reformas estructurales, de modo que los esfuerzos de los Estados miembros y de la UE se aúnen en una secuencia idónea para impulsar los avances y supervisar su realización.

Sobre la base de su evaluación de los programas presentados por los Estados miembros, la Comisión propone una serie de recomendaciones específicas para cada país, así como otras recomendaciones para el conjunto de la zona del euro. Esta orientación se circunscribe a las prioridades esenciales que deberán abordarse en los próximos 12-18 meses. Ello refleja una decisión consciente de concentrarse en los retos más acuciantes a los cuales, siendo realistas, cabe dar respuesta en dicho horizonte temporal, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada Estado miembro. En relación con los Estados miembros que están recibiendo ayuda financiera exterior, la Comisión ha decidido limitarse a una recomendación: que apliquen los compromisos de sus respectivos programas según el calendario establecido. En los documentos de apoyo se ofrece un análisis más pormenorizado en el que se destacan los aspectos de carácter estructural y se señalan las prioridades a medio plazo, en especial en cuanto al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Una vez adoptadas por el Consejo, cada uno de los Estados miembros deberá velar por que estas orientaciones se reflejen en sus decisiones nacionales y en la tramitación anual de sus presupuestos.

Recuadro 1: El primer Semestre Europeo

El Semestre Europeo se inició en enero de 2011 con la presentación de los desafíos socioeconómicos más importantes a los que se enfrenta la UE, llevada a cabo por la Comisión en su Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y el Informe conjunto sobre el empleo[4]. El Consejo Europeo de primavera refrendó y completó las orientaciones recogidas en dicho Estudio. En ese contexto se pidió a los Estados miembros que presentaran a finales de abril programas de estabilidad o de convergencia (en los que se trata la situación de las finanzas públicas) y programas nacionales de reforma (que presentan las políticas más importantes para sostener el crecimiento y el empleo y alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020)[5]. Por añadidura, la mayor parte de los miembros del Pacto por el Euro Plus han presentado sus compromisos específicos en virtud del mismo (véase a continuación).

La Comisión ha evaluado esos programas y compromisos y presenta ahora sus orientaciones por países, a fin de que el Consejo Europeo de junio pueda ultimar el primer Semestre. Aunque se admite que las reformas pueden necesitar tiempo para dar resultado, la Comisión se ha centrado en aquellos ámbitos en los cuales es preciso tomar medidas adicionales desde ahora.

A la luz de esta primera experiencia, la Comisión considera que el Semestre Europeo puede convertirse en un método de gobierno eficaz para apoyar la toma de decisiones políticas europeas y nacionales de manera integrada, transparente y oportuna, siempre que los Estados miembros decidan colectivamente sobre las orientaciones políticas esenciales que deberán aplicarse y el curso que habrá de darse a las recomendaciones del Consejo:

- La presentación simultánea de los programas de estabilidad y convergencia y los programas nacionales de reforma permite a la UE evaluar conjuntamente las estrategias presupuestarias nacionales y de crecimiento de los Estados miembros, incluidos posibles riesgos, desequilibrios o compensaciones que en otro caso pasarían desapercibidos. Por esa razón la Comisión presenta un conjunto integrado de recomendaciones para cada Estado miembro, ateniéndose a las distintas bases legales que las sustentan. Se invita al Consejo a remitir un conjunto único de recomendaciones a cada Estado miembro, que incluya el dictamen del Consejo sobre su situación presupuestaria.

- Reunir las orientaciones dadas a nivel de la UE y a los distintos Estados miembros permitirá debatir y presentar los programas nacionales en el contexto de los objetivos de la UE. Ello significa que la dimensión de la UE puede integrarse en la política nacional antes de que se tomen las decisiones. También posibilita que la UE tenga en cuenta los esfuerzos nacionales y decida sobre iniciativas complementarias que han de tomarse a nivel europeo, por ejemplo, en el marco de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020[6].

- La combinación de las orientaciones a corto plazo y los objetivos a medio plazo brinda a la UE y sus Estados miembros los medios para elaborar una secuencia de reformas y diseñar unas políticas más sólidas y mejor coordinadas en el tiempo.

EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN

La valoración general que la Comisión hace es que los programas presentados por los Estados miembros constituyen un buen punto de partida para sostener la recuperación europea, afrontar los desafíos presupuestarios e impulsar reformas nacionales más ambiciosas. Los esfuerzos nacionales se han basado en gran medida en las orientaciones del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento. La adopción de los objetivos nacionales demuestra la existencia de un notable grado de compromiso con las metas de la Estrategia Europa 2020[7].

Sin embargo, preocupa a la Comisión que la suma de estos compromisos no va a permitir a la UE cumplir sus objetivos principales en 2020. Sobre la base de los compromisos nacionales, la UE está en camino de cumplir sus objetivos en materia de reducción de emisiones, energía renovable y abandono escolar. Ahora bien, son necesarios esfuerzos adicionales para alcanzar los objetivos fijados en las áreas del empleo, la investigación y desarrollo, la eficiencia energética, la educación terciaria y la pobreza.

En 2011-2012, los Estados miembros afrontan retos de gran alcance en un contexto señaladamente difícil. El margen de maniobra presupuestario es muy limitado y cunde el descontento entre los ciudadanos de varios Estados miembros a medida que se deja sentir el impacto de la crisis. Sin embargo, bajo la presión de los acontecimientos, muchos de los cambios necesarios para remediar deficiencias estructurales, que a menudo habían sido postergados durante años, están actualmente siendo considerados o aplicados. Ello es especialmente evidente en los Estados miembros perceptores de asistencia de la UE, de otros Estados miembros o del FMI, pero también lo es en distinto grado en todos los programas nacionales.

En su evaluación, la Comisión reconoce la amplitud de las reformas ya emprendidas por los Estados miembros y reconoce que no existen varitas mágicas o soluciones universales: no todos pueden hacerlo todo al mismo tiempo. Sin embargo, dada la gravedad de la situación y las interdependencias de nuestras economías, la Comisión recomienda adoptar medidas nacionales en los siguientes ámbitos indicados en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento:

Condiciones necesarias para el crecimiento

- Con 24 Estados miembros actualmente en procedimiento de déficit excesivo y unos niveles de deuda pública que siguen siendo preocupantemente elevados, la mayoría de los Gobiernos están desplegando esfuerzos de saneamiento fiscal de gran calado, y se enfrentan a la tarea de revisar sustancialmente los niveles y estructura de sus presupuestos nacionales, en las vertientes tanto de los gastos como de los ingresos. La adopción de marcos presupuestarios reforzados en algunos Estados miembros, lo que incluye el uso de techos de gasto y «frenos al endeudamiento», constituye un paso positivo. Algunos Estados miembros están reformando también sus administraciones públicas y sus sistemas de seguridad social para controlar mejor los niveles de gasto público. La Comisión considera esencial cumplir los plazos convenidos para la corrección de los déficits excesivos y llevar a cabo rápidamente los esfuerzos de saneamiento, avanzando hacia los objetivos presupuestarios a medio plazo definidos por el Consejo. En ese proceso, la Comisión exhorta también a que se preste especial atención a la calidad del gasto público y a las estructuras tributarias, a fin de preservar o reforzar los factores más favorables al crecimiento, como las inversiones en investigación, educación y eficiencia energética[8].

- El avance en la corrección de los desequilibrios macroeconómicos aparecidos durante el último decenio ha sido lento en algunos Estados miembros; son necesarias más correcciones. En particular, los Estados miembros con grandes déficits por cuenta corriente derivados de pérdidas sostenidas de competitividad y de unas condiciones de financiación de la deuda favorables en el pasado, deben dar nuevos pasos para afrontar sus deficiencias estructurales. En algunos casos, ello puede suponer la revisión de los sistemas de fijación de salarios, en consulta con los interlocutores sociales, a fin de garantizar que los salarios sustenten la competitividad y evolucionen en línea con el crecimiento de la productividad. En otros casos, el desafío principal es avanzar en las reformas estructurales orientadas a la mejora de la productividad, por ejemplo, transfiriendo actividad económica hacia sectores de alto valor añadido o que producen bienes y servicios exportables. En los Estados miembros con superávit por cuenta corriente se pueden observar algunas tendencias compensatorias. Existe margen para fortalecer la demanda interna, que se verá favorecida principalmente por la adopción de medidas que impulsen la incorporación al mercado trabajo y la apertura de los mercados de servicios y redes.

- La capacidad del sector bancario para prestar con eficacia los servicios que la economía necesita sigue siendo motivo de preocupación en varios Estados miembros. Los resultados de las nuevas pruebas de resistencia, que se publicarán próximamente, deben ser seguidos inmediatamente por medidas que resuelvan las vulnerabilidades que persistan. Además de la actual revisión del marco reglamentario de la UE, la Comisión aboga por que se emprenda una serie de reformas sistémicas para modernizar el gobierno y funcionamiento de algunos sistemas nacionales. Algunos Estados miembros deben considerar también fortalecer el marco regulador de los préstamos hipotecarios a fin de prevenir burbujas inmobiliarias y reducir el endeudamiento excesivo de las familias.

Movilización de los mercados laborales, creación de oportunidades de empleo

- La mayor parte de los Estados miembros está reformando sus sistemas de pensiones, tanto para limitar el futuro gasto derivado del envejecimiento de la población, como para crear incentivos adicionales para la prolongación de la vida laboral. Siguen siendo prioritarios el incremento de la edad legal de jubilación y su vinculación a la esperanza de vida y, en este sentido, puede resultar eficaz la creación de relaciones automáticas o basadas en una fórmula entre la edad de jubilación y la esperanza de vida. La eliminación gradual de los planes de jubilación anticipada y el impulso a la empleabilidad de los trabajadores de más de 50 años constituyen elementos necesarios de la estrategia que se adopte. Dado el efecto de la crisis financiera sobre los fondos de pensiones privados, los Estados miembros que utilicen sistemas de dos o tres pilares deben garantizar la viabilidad de cada uno de ellos. En varios Estados miembros, la idoneidad del nivel de las pensiones para garantizar un nivel de vida adecuado en la tercera edad puede resultar un problema, ya sea actualmente o en el futuro.

- En algunos Estados miembros la crisis ha generado incrementos drásticos del desempleo, fenómeno que a veces coincide con acusadas caídas de los niveles de empleo y a menudo se ceba en las personas más vulnerables. El riesgo de que determinadas personas caigan en la inactividad o la exclusión puede materializarse si no se toman las medidas preventivas necesarias. Así, son esenciales medidas de apoyo y servicios de empleo eficaces que ayuden a los desempleados a encontrar un puesto de trabajo y a seguir desarrollando sus competencias profesionales. También precisa particular atención la situación de las personas que sufren pobreza y otros grupos especialmente vulnerables.

- Los Estados miembros deben ser más proactivos para mejorar el rendimiento educativo y el acceso al aprendizaje permanente, como maneras de mejorar la empleabilidad y fomentar el capital humano. En algunos Estados miembros es necesario un esfuerzo especial para afrontar el problema del abandono escolar, y proporcionar una oferta de aprendizaje y formación profesional. También se recomiendan medidas selectivas para solucionar los altos niveles de desempleo de los jóvenes. Numerosos Estados miembros están experimentando un rápido envejecimiento de su población trabajadora, y el retorno del crecimiento plantea la perspectiva de que se acentúen los fenómenos de desajuste de las cualificaciones: así pues, es prioritario hacer coincidir los resultados de los procesos educativos y formativos con las necesidades del mercado laboral.

- Varios Estados miembros siguen sufriendo la segmentación de sus mercados de trabajo, en los que coexisten distintos tipos de contratos, y deben avanzar más resueltamente hacia una combinación más efectiva (y justa) de flexibilidad y seguridad en sus regímenes laborales («flexiguridad»), incluido un reequilibrio de la legislación en materia de protección del empleo, a fin de estimular la creación de puestos de trabajo, la participación en el mercado laboral, la movilidad intersectorial y la acumulación de capital humano.

- Hasta ahora no se ha prestado suficiente atención a la reducción de la distorsión fiscal sobre el trabajo, especialmente en lo que respecta a los trabajadores con bajos niveles salariales y de cualificación. En un contexto de saneamiento fiscal, numerosos Estados miembros deberán reconsiderar los impuestos y los gastos en sus presupuestos nacionales. En general se recomienda desviar la presión fiscal desde el trabajo hacia el consumo y/o el apoyo a objetivos medioambientales. También son necesarias nuevas actuaciones para eliminar los obstáculos sociales y fiscales que dificultan el acceso a la actividad laboral o el mantenimiento en ella de los segundos perceptores de renta. En este contexto se recomiendan prioritariamente la revisión de los sistemas tributario y de prestaciones sociales, una mayor oferta de servicios de atención infantil y formas más flexibles de empleo.

Concentración inicial de medidas para impulsar el crecimiento

- Varios Estados miembros han sido señalados por retrasarse en la aplicación de la Directiva de servicios[9], circunstancia que está demorando innecesariamente el dinamismo de ese sector. Se recomiendan medidas concretas a fin de que dichos países puedan aprovechar el potencial que brinda el mercado único para impulsar el crecimiento y crear empleo, especialmente eliminando barreras injustificadas de entrada o abriendo en mayor medida los servicios profesionales mediante la eliminación de cuotas y la restricción de acceso, fomentando una mayor competencia en los sectores de redes y haciendo un uso más estratégico de las grandes cantidades de fondos que se invierten en la contratación pública.

- Como parte de sus estrategias de saneamiento fiscal, los Estados miembros han de considerar el modo de dar prioridad al gasto en investigación y educación, así como en las infraestructuras esenciales para sustentar el crecimiento, maximizando al mismo tiempo la calidad del gasto y la eficiencia de los servicios.

- Es necesario mejorar el acceso a la financiación de las empresas innovadoras, en particular en lo que se refiere al capital-riesgo destinado a las pymes, y facilitar las condiciones de creación de empresas, por ejemplo, simplificando los trámites de expedición de licencias y permisos, reduciendo los plazos y costes de concesión, y mejorando la protección de los inversores.

- Se hace especial hincapié en la necesidad que existe en varios Estados miembros de fomentar una mayor eficiencia energética. Ello no solamente contribuirá a la seguridad energética y a la lucha contra el cambio climático, sino que también promoverá la difusión de tecnologías innovadoras e impulsará la creación de empleo cualificado.

- Varios Estados miembros necesitan tomar medidas para reducir la carga administrativa que soportan las empresas y mejorar la capacidad y el rendimiento de las administraciones públicas y el sistema judicial. En algunos casos es urgente modernizar el entorno empresarial reduciendo la burocracia y aumentando la transparencia de la contratación pública. Se recomienda también a varios Estados miembros que hagan un mejor uso de los fondos de la UE.

Recuadro 2: El Pacto por el Euro Plus: Balance de los primeros compromisos

El Pacto por el Euro Plus fue acordado en marzo de 2011 por los Jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro, y a él se incorporaron también Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía. Su finalidad es fortalecer el pilar económico de la Unión Monetaria, dar un salto cualitativo en la coordinación de las políticas económicas y mejorar la competitividad, lo que conducirá a un mayor grado de convergencia. El Pacto se centra principalmente en ámbitos de competencia nacional que son esenciales para incrementar la competitividad y evitar desequilibrios nocivos. Está concebido para incluir un esfuerzo adicional especial, incluidos compromisos y medidas concretas más ambiciosos que los ya acordados en el marco de la UE, acompañados de un calendario de ejecución. Estos nuevos compromisos se incluirán en los planes nacionales de reforma y los planes de estabilidad y de convergencia, y quedarán sujetos al marco de supervisión periódica de la UE.

La mayoría de los 23 participantes han presentado compromisos, que abarcan más de 100 medidas en total, relativos de forma exclusiva o mayoritaria a las cuatro áreas contempladas en el Pacto: fomento de la competitividad, fomento del empleo, sostenibilidad de las finanzas públicas y fortalecimiento de la estabilidad financiera.

Sin embargo, el grado de ambición y precisión de estos compromisos no es uniforme:

- Cinco miembros del Pacto no han comunicado sus compromisos todavía[10].

- Los compromisos se refieren generalmente a la concentración en fase temprana de medidas favorecedoras del crecimiento, por ejemplo, fomentando la competitividad en los sectores de las redes y de los servicios. Muchos hacen referencia a iniciativas en materia de empleo orientadas a mejorar los resultados educativos y las cualificaciones. Otros son iniciativas de saneamiento fiscal, por ejemplo, dar carácter legislativo a la exigencia de una disciplina presupuestaria más estricta. En menor medida, los compromisos se centran en mejorar la estabilidad financiera, en particular, mediante el refuerzo de la supervisión nacional de las entidades financieras. Por otra parte, en el futuro merecerían mayor atención aquellos aspectos relacionados con la coordinación pragmática de las políticas fiscales, en forma de intercambios de mejores prácticas, evitación de usos nocivos y propuestas para luchar contra el fraude y la evasión fiscal.

- Algunos Estados miembros se han comprometido a realizar iniciativas mensurables, por ejemplo, aplicar una legislación concreta o determinados programas declarando la cuantía financiera que implican, mientras que otros han optado por compromisos más genéricos, como reducir el desempleo de los trabajadores con escaso nivel de cualificación, mantener una baja presión fiscal, mejorar el entorno empresarial reduciendo la burocracia o aplicar las directivas de la UE.

- Incluso cuando se trata de compromisos específicos, la mayoría se refiere, al parecer, a proyectos legislativos en curso, más que a planes de reforma orientados al futuro que hayan sido iniciados como respuesta al Pacto. Hasta ahora, ninguno de los compromisos parece reflejar la importancia que concede el Pacto a las mejores prácticas ni tomar como referencia a los países con mejores resultados, ya sean países europeos u otros socios estratégicos.

La evaluación que la Comisión realiza de los compromisos contraídos se refleja en sus recomendaciones. A menudo se hace una recomendación específica en áreas que se describen más generalmente en los compromisos asumidos en virtud del Pacto, por ejemplo, en los ámbitos de la reforma de pensiones, la fiscalidad del trabajo y la mejora de la cualificación profesional.

PRÓXIMOS PASOS

La Comisión invita al Consejo Europeo a que refrende sus recomendaciones en su reunión de junio de 2011, previamente a su adopción oficial por el Consejo de Ministros.

A nivel de la UE se seguirá trabajando en las actuaciones consecutivas al Semestre Europeo:

- El legislador debe adoptar el nuevo paquete legislativo sobre prevención y corrección de desequilibrios y sobre el robustecimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ello reforzará nuestros instrumentos colectivos para valorar la situación y garantizar una actuación consecutiva idónea.

- A la vista de las recomendaciones específicas dirigidas a los distintos Estados miembros, las diversas formaciones del Consejo deben examinar las políticas y resultados de los Estados miembros en sus áreas competenciales respectivas, vigilar la aplicación y llevar a cabo revisiones paritarias sobre temas específicos para estimular el aprendizaje mutuo de prácticas interesantes.

- Tras las recomendaciones específicas dirigidas a sus miembros, el Eurogrupo debe intensificar su coordinación política, centrándose especialmente en la detección y prevención de desequilibrios. También debe vigilar la aplicación de las recomendaciones.

- Como se indica en el Pacto por el Euro Plus, los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros participantes deben realizar un seguimiento de los compromisos contraídos. Dada la evaluación realizada por la Comisión sobre las primeras experiencias derivadas del Pacto, los Estados miembros participantes deben hacer que sus próximos compromisos sean más específicos, medibles y sujetos a un calendario, a fin de que se pueda realizar un seguimiento de sus progresos. Esos compromisos deben apoyarse en el desarrollo y aplicación de los programas nacionales de reforma y los programas de estabilidad o convergencia.

- Se debe dar al Parlamento Europeo la oportunidad de examinar el avance de los principales elementos de la Estrategia Europa 2000 y de dar a conocer sus puntos de vista en el próximo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento que elaborará la Comisión. A este respecto, también tienen un papel que desempeñar el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones.

- La Comisión tendrá en cuenta los progresos que se realicen en la aplicación de las recomendaciones por países, primeramente a nivel de la UE en su próximo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento previsto para enero de 2012, y en relación con cada Estado miembro en las orientaciones que se elaborarán ese mismo año. La Comisión seguirá apoyando los esfuerzos de los Estados miembros a través de una actuación a nivel de la Unión Europea encaminada a la ejecución de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 e intensificará sus esfuerzos para aprovechar el potencial del mercado único, por ejemplo, a través del Acta del Mercado Único.

La conclusión del primer Semestre Europeo marca el inicio de un «semestre nacional»: en el segundo semestre del presente año, corresponderá a los Estados miembros debatir e incorporar las orientaciones europeas en sus presupuestos y decisiones para 2012, con vistas también a la preparación de los próximos programas nacionales que deberán entregarse en la primavera del próximo año.

Aunque algunos Estados miembros pueden haber sido cautelosos en su elección de objetivos y medidas en este primer año, a la vista de las actuales dificultades, en los próximos años será necesario efectuar esfuerzos adicionales para garantizar que la UE invierte lo suficiente en un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Los Estados miembros han de hacer más para proteger el gasto en investigación y educación y la inversión en infraestructuras esenciales. Deben abrir más oportunidades en el sector de servicios, lo que incluye eliminar los obstáculos a la creación de empleo y la competencia en los sectores de las redes, y decidir rápidamente sobre las medidas propuestas en el Acta del Mercado Único. La mayoría de los Estados miembros pueden hacer más para mejorar el entorno empresarial mejorando la reglamentación, limitando la sobrerregulación y facilitando el acceso de las pymes a la financiación. Se deben tomar medidas para implantar la «flexiguridad» y adaptar las cualificaciones a las necesidades del mercado de trabajo.

En sus esfuerzos de saneamiento fiscal y reforma estructural, los Estados miembros han de buscar maneras de afrontar el impacto social de las transformaciones que actualmente están en curso. En la Estrategia Europa 2020, la UE decidió fijar un objetivo de inclusión social, con el objetivo de sacar a 20 millones de personas de una situación de pobreza y exclusión en 2020. Las tendencias que se aprecian en numerosos países ponen de manifiesto un riesgo creciente de pobreza y marginación, a menos que se tomen medidas activas para contrarrestar estos fenómenos. A la vista de las actuaciones que se describen en los programas nacionales, los Estados miembros han de hacer más para alcanzar este objetivo.

Para conferir legitimidad y eficacia al nuevo gobierno económico de la UE, los Estados miembros deben decidir la mejor forma de hacer participar a sus parlamentos nacionales, autoridades subnacionales y otras partes interesadas, en el desarrollo y seguimiento de sus programas. La Comisión está preparada para contribuir a los debates nacionales y participar en ellos, dentro de este nuevo y reforzado gobierno económico de la UE.

Debemos aprovechar el impulso del cambio desencadenado por la crisis para contribuir a que la UE emerja más fuerte y mejor preparada para el futuro, capaz de competir con éxito y confianza en los mercados mundiales. El primer Semestre Europeo es un paso fundamental hacia el logro de nuestros objetivos de la Estrategia Europa 2020, y marca un cambio cualitativo en la coordinación de las políticas económicas y en el gobierno de la UE. Redoblando la actuación nacional y trabajando juntos en la UE estaremos en mejor situación para alcanzar un crecimiento sostenible y ayudar a nuestros ciudadanos a materializar sus esperanzas para el futuro.

[1] Grecia, Irlanda, Letonia, Portugal y Rumanía.

[2] La estrategia comprende cinco objetivos principales que la UE debe alcanzar en 2020: elevar su tasa de empleo al 75 %, elevar su nivel de inversión en I+D al 3% del PIB, cumplir sus objetivos en materia de energía y cambio climático («20-20-20»), incrementar la proporción de la población de nivel educativo terciario o equivalente hasta al menos el 40 % y reducir el abandono escolar a menos del 10 %, fomentar la inclusión social sacando al menos a 20 millones de personas del riesgo de pobreza y exclusión.

[3] Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía.

[4] «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento: anticipo de la respuesta global de la UE a la crisis» -COM(2011) 11, 12.1.2011, incluido el proyecto de Informe conjunto sobre el empleo.

[5] Portugal y Grecia no han presentado oficialmente programas de estabilidad. Sus prioridades políticas se debatirán periódicamente en el marco del seguimiento de los programas de asistencia.

[6] La Comisión ha presentado una serie de iniciativas de la UE («iniciativas emblemáticas Europa 2020») para apoyar la realización de los objetivos de la Estrategia Europa 2020: «Agenda Digital», «Unión por la innovación», «Una nueva política industrial», «Juventud en movimiento», «Nuevas cualificaciones y empleos», «Plataforma europea contra la pobreza», «Una Europa que utilice eficazmente los recursos». También ha propuesto un conjunto de actuaciones esenciales para aprovechar el potencial del mercado único europeo en forma de una nueva «Acta del Mercado Único».

[7] Con excepción del Reino Unido, que ha presentado objetivos cualitativos en varios ámbitos, y Luxemburgo, que ha retirado recientemente su objetivo de pobreza.

[8] Se incluye la eliminación de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.

[9] Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

[10] Finlandia, Grecia, Letonia, Portugal y Eslovenia.