Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema "El papel de las regiones en la construcción europea"

(2003/C 73/15)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

visto el documento de trabajo de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo sobre "El papel de las regiones en la construcción europea" (PE 313.402);

vista la decisión del Parlamento Europeo de 3 de septiembre de 2002 de consultarle sobre este asunto, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;

vista la decisión de su Mesa de 2 de julio de 2002 de encargar a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Gobernanza Europea la elaboración de un dictamen sobre este asunto;

vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Laeken celebrado los días 14 y 15 de diciembre de 2001 y, en particular, la Declaración de Laeken sobre el futuro de la Unión;

visto el Libro Blanco de la Comisión Europea sobre la gobernanza europea (COM(2001) 428 final);

visto el informe del Parlamento Europeo sobre la delimitación de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros (A5-0133/2002);

visto el proyecto de conclusiones de 29 de julio de 2002 del Grupo de trabajo de la Convención europea sobre el principio de subsidiariedad (WD09-WG1);

vista su contribución preliminar a la Convención de 4 de julio de 2002 (CDR 127/2002 fin);

visto su Dictamen de 13 de marzo de 2002 sobre "La gobernanza europea - Un Libro Blanco" (CDR 103/2001 fin)(1);

visto su Dictamen de 13 de marzo de 2002 sobre el "Proyecto de informe del Parlamento Europeo sobre la delimitación de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros" (CDR 466/2001 fin)(2);

vista su Resolución de 14 de noviembre de 2001 sobre "La preparación del Consejo Europeo de Laeken y el desarrollo de la Unión Europea en el marco de la próxima Conferencia Intergubernamental de 2004" (CDR 104/2001 fin)(3);

visto su Dictamen de 14 de noviembre de 2001 sobre la "La participación de representantes de los gobiernos regionales en los trabajos del Consejo de la Unión Europea y del Comité de las Regiones en los Consejos informales" (CDR 431/2000 fin)(4);

visto su Informe de 20 de septiembre de 2001 sobre la proximidad (CDR 436/2000 fin);

vista su Resolución de 4 de abril de 2001 sobre los "Resultados de la Conferencia Intergubernamental de 2000 y el debate sobre el futuro de la Unión Europea" (CDR 430/2000 fin)(5);

visto su Dictamen de 11 de marzo de 1999 sobre el tema "Hacia una verdadera cultura de la subsidiariedad: un llamamiento del Comité de las Regiones" (CDR 302/98 fin)(6);

visto el documento de posición sobre la Convención adoptado en junio de 2002 por el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE);

visto su proyecto de dictamen (CDR 237/2002 rev.) aprobado el 11 de octubre de 2002 por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Gobernanza Europea (ponente: Lord Tope (UK-ELDR), Miembro de la Greater London Authority y Consejero del London Borough of Sutton;

considerando que el Presidente de la Comisión Europea ha afirmado recientemente que "es vital para las regiones y los entes locales desempeñar un papel más activo ... Debe existir una mayor participación desde abajo en el proceso de decisión de la UE hasta la fase de concepción. Los Estados miembros ... deben hacer que las regiones y entes locales participen en la elaboración de las posiciones nacionales en el seno del Consejo. La Comisión desea un diálogo más organizado con los protagonistas regionales, urbanos y locales."(7),

ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen en su 47o Pleno, celebrado los días 20 y 21 de noviembre de 2002 (sesión del 21 de noviembre).

1. Puntos de vista del Comité de las Regiones sobre el documento de trabajo del PE

Consideraciones generales

El Comité de las Regiones

1.1. acoge favorablemente la iniciativa del Parlamento Europeo de elaborar un informe sobre el papel de los entes regionales y locales en la construcción europea, como un paso adelante en el contexto del debate sobre la futura arquitectura de Europa, que el CDR desearía desarrollar y fortalecer en mayor medida;

1.2. señala que el debate trata sobre el papel y los derechos de todas las esferas subestatales de gobierno de los Estados miembros, como los entes locales y regionales, que reflejan la amplitud y la diversidad de las disposiciones adoptadas a lo largo y ancho de los Estados miembros, así como de sus órganos representativos y asociaciones;

1.3. asimismo, muestra su sorpresa por la poca sensibilidad de este documento de trabajo hacia el hecho regional, en contraposición a anteriores documentos del propio Parlamento Europeo, y a la tendencia iniciada con el Libro Blanco sobre la gobernanza de la Comisión Europea y plasmada en la Declaración de Laeken, donde los jefes de Estado y de gobierno se refirieron a la necesidad de otorgar una atención especial a la dimensión regional con vistas a una mejor distribución y delimitación de competencias en la UE;

1.4. comparte el punto de vista del ponente del PE consistente en que el proceso de integración debería llevarse adelante, y no debilitarse, en una Europea ampliada y en que el método comunitario debe reforzarse, y no ponerse en peligro; destaca que una mayor participación de todas las esferas de gobernanza implicadas en el desarrollo de las políticas y la legislación comunitarias es, por lo tanto, una contribución positiva y necesaria a este objetivo, y potenciará la legitimidad democrática de la Unión. Además, la consulta de estos intereses legítimos servirá para detectar y, posiblemente, resolver problemas en una fase temprana y, por consiguiente, facilitará la adopción de decisiones más eficaces y la aplicación de las políticas y la legislación de la UE;

1.5. reitera su solicitud de que los principios de autonomía regional y local se añadan a los principios comunes de la Unión, dentro del respeto a los ordenamientos constitucionales internos de los Estados miembros;

1.6. comparte, por lo tanto, el punto de vista del ponente del PE consistente en que el principio de subsidiariedad no debería regir exclusivamente las relaciones entre la Unión y los gobiernos de sus Estados miembros, sino también otras esferas de gobernanza y se remite a la Declaración de Alemania, Austria y Bélgica sobre la subsidiariedad, de la que se tomó nota en la Conferencia Intergubernamental de Amsterdam;

1.7. considera, por consiguiente, que reforzar la legitimidad democrática de la Unión Europea exige inexcusablemente potenciar la participación de los entes locales y regionales en los procesos decisorios y aumentar su participación en la preparación y aplicación de las políticas europeas. Al contrario de lo que se señala en el documento de trabajo del PE, no cree que esto necesariamente complique o sobrecargue el proceso decisorio. Todo aumento de la complejidad se vería ampliamente compensado por una mayor legitimidad y aceptación por parte del ciudadano y eficacia en la aplicación (ya que se habrán detectado y resuelto los obstáculos técnicos);

1.8. acoge favorablemente, por lo tanto, las propuestas de la Comisión Europea relativas a una mayor participación de las entidades locales y regionales. Sin embargo, el CDR subraya que esta mayor participación debe revestir dos formas: por una parte, la consulta sistemática a los entes locales y regionales y sus asociaciones en el período prelegislativo y, por otra, mediante el refuerzo del papel del Comité de las Regiones en el proceso de toma de decisiones políticas;

Subsidiariedad

El Comité de las Regiones

1.9. reitera su opinión de que el principio de subsidiariedad es un principio político con valor constitucional, y que su inclusión en los Tratados obliga a los Estados miembros y a las instituciones pertinentes a buscar la máxima eficacia y proporcionalidad en la elección del nivel de decisión más eficaz y conveniente. Ésta es la razón por la que la aplicación del principio de subsidiariedad debe garantizar tanto las prerrogativas regionales como la autonomía local, dentro del respeto de los ordenamientos jurídicos de cada Estado miembro, dado que en muchos Estados miembros las entidades locales también comparten responsabilidad administrativa en asuntos comunitarios. Se trata de que la Comunidad sólo intervenga en la medida en que los Estados miembros o las esferas de gobernanza que los constituyen no puedan realizar satisfactoriamente los objetivos de las acciones previstas y que, debido a la dimensión y a los efectos de dichas acciones, su realización sea más factible a nivel comunitario;

1.10. considera que la utilización de directivas y normas marco como instrumentos jurídicos más idóneos deberá prevalecer sobre reglamentaciones más detalladas, que deberán reservarse para cuando sea estrictamente necesario para la consecución del objetivo;

1.11. considera que la legislación no es el único medio de actuar en el ámbito público, ni siempre el más importante, por lo que en muchos de los asuntos de la Unión Europea los entes locales y regionales tienen un papel importante que desempeñar, con independencia de su participación limitada en la toma de decisiones legislativas;

1.12. considera que, a pesar de los avances políticos y jurídicos que se han logrado desde que el principio de subsidiariedad se recogió en el Tratado de Maastricht, y se desarrolló en el "Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad" anexo al Tratado de Amsterdam, dicho principio no se ha aplicado aún plenamente y no tiene la repercusión esperada en el funcionamiento de la Unión ni en la garantía de las prerrogativas y responsabilidades de los Estados miembros, regiones y entes locales;

1.13. considera que las principales disposiciones del Protocolo vigentes en materia de subsidiariedad deberían figurar explícitamente en todo nuevo Tratado, incluyendo no sólo la referencia a los Estados miembros, sino también a sus entes locales y regionales, con arreglo a las competencias a ellos reservadas;

1.14. considera que las conclusiones de la Convención sobre el principio de subsidiariedad deberían examinar el papel y las responsabilidades de las esferas de gobernanza locales y regionales;

1.15. apoya la propuesta de que la Convención constituya un grupo de trabajo específico sobre el papel de los entes locales y regionales de los Estados miembros;

1.16. considera conveniente que el CDR, como órgano de la UE que representa a las instancias de gobierno más cercanas a los ciudadanos, desempeñe un papel específico en velar por el respeto de este principio, y ha solicitado reiteradamente que en los Tratados se le asigne de manera específica el cometido de controlar la aplicación del principio de subsidiariedad;

1.17. pide que los entes locales y regionales obtengan el derecho de recurso ante el TJCE cuando se vean perjudicados en sus competencias por los órganos de la UE;

1.18. expresa, por lo tanto, sus dudas sobre si es necesario crear un nuevo organismo de supervisión a este efecto; no obstante, si se crease este organismo, consideraría importante que estuviesen representados el gobierno local y regional;

1.19. considera que en cada Estado miembro debería existir un mecanismo para supervisar la aplicación interna del principio de subsidiariedad.

Carta Europea de Autonomía Local

El Comité de las Regiones

1.20. considera que la aplicación del principio de subsidiariedad garantiza la base democrática de las instituciones de la Unión y el concepto de la ciudadanía europea. Asimismo, el principio de subsidiariedad permite aproximar las decisiones políticas a los ciudadanos a través de la autonomía local y regional. El CDR considera que esta dimensión del principio de subsidiariedad queda óptimamente reflejada con el término "proximidad", y que, por tanto, el principio de proximidad debe añadirse a los principios de "gobernanza" de la Unión;

1.21. reitera su demanda de que el nuevo marco constitucional de la Unión Europea incorpore también la Carta Europea de Autonomía Local al acervo comunitario, con objeto de construir una Unión Europea basada en los principios de democracia y transparencia;

1.22. reitera su opinión de que el principio de autonomía regional debe constituirse como principio inspirador de la Unión en el respeto de la democracia y en aras de una mayor integración.

Carta de los Derechos Fundamentales

El Comité de las Regiones

1.23. considera la Carta de los Derechos Fundamentales una importante contribución a la integración europea que deja claro que la Unión Europea constituye una comunidad de valores; aboga por que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se incorpore en el Tratado.

Competencias de la UE

El Comité de las Regiones

1.24. juzga necesario aclarar qué cometidos deben y pueden llevar a cabo juntos los miembros de una Unión considerablemente ampliada. Deben definirse con claridad los intereses que la Unión Europea únicamente puede defender de forma conjunta para concentrar las tareas de la Unión ampliada en estos ámbitos, si bien en determinados ámbitos no puede excluirse la posibilidad de devolver competencias a los Estados miembros o ampliar las competencias de la Unión Europea;

1.25. subraya que numerosas competencias de la futura Unión Europea deben seguir siendo competencias compartidas, no sólo entre la UE y los gobiernos nacionales, sino también, con arreglo al principio de subsidiariedad y al principio de proximidad, con los entes regionales y locales, siempre respetando lo establecido en las constituciones de los Estados miembros. Señala, asimismo, que el término "competencia" no se limita a la facultad de legislar, sino que incluye otros poderes legales de acción en el marco de la responsabilidad de cada ámbito de gobierno;

1.26. solicita que el Tratado incluya una descripción clara de los cometidos de la Unión Europea. A este respecto, la Unión Europea debe poder continuar reaccionando en el futuro de una forma flexible ante los retos que deba afrontar; se debería establecer una clara distinción entre competencias exclusivas, compartidas y complementarias de la Unión Europea. Por lo que respecta a las competencias que se han conferido a la UE, el Tratado debería enumerar y definir las modalidades de acción, muy poco estructuradas hasta la fecha, que se contemplan en los Tratados (reglamentación, armonización, reconocimiento mutuo, complementación, promoción, coordinación y aplicación). A este respecto, debería realizarse un esfuerzo especial para fomentar la cooperación transfronteriza como tarea y objetivo de la Unión Europea;

1.27. reitera su oposición al establecimiento de listas rígidas y detalladas de competencias. No obstante, la Unión debería estudiar (y respetar) las normas internas y la organización de los Estados miembros en cuanto a la distribución de competencias.

Consulta

El Comité de las Regiones

a) Consulta en el nivel de la Unión Europea

1.28. al desear que se reconozca el papel de los entes regionales y locales en la aplicación de las políticas de la Unión, considera que debería consultarse tanto a estos últimos como a sus órganos representativos en aquellos ámbitos que correspondan a las competencias que ostentan como consecuencia de la organización interna de su Estado;

1.29. en este contexto, acoge favorablemente el compromiso contraído por la Comisión Europea en el Libro Blanco sobre la gobernanza europea de establecer un diálogo sistemático entre las asociaciones europeas y nacionales de gobierno local y regional y las autoridades regionales y locales, en particular en la fase previa a la elaboración de nuevas políticas que puedan tener repercusiones para los entes regionales y locales o puedan afectar a sus competencias;

1.30. pide que las consecuencias financieras y administrativas de la legislación comunitaria propuesta para las autoridades subnacionales encargadas de su aplicación se clarifiquen en la fase de consulta y se tomen en consideración en la decisión final.

b) Consulta al Comité de las Regiones

1.31. En relación con las funciones consultivas del propio CDR, solicita:

- que se establezca un mecanismo que garantice que, cuando no se ha realizado la consulta preceptiva al CDR o se ha adoptado un instrumento legislativo que cae dentro de sus ámbitos de consulta sin que el CDR haya emitido dictamen dentro de los plazos previstos para ello, este hecho tenga consecuencias jurídicas. En especial, al CDR debe reconocérsele el derecho a interponer recursos en defensa de sus prerrogativas, lo que le habilitaría a instar ante el Tribunal de Justicia la nulidad de los actos comunitarios adoptados sin la consulta preceptiva al Comité;

- reforzar esta función consultiva mediante la obligación por parte de las instituciones que adopten la norma de justificar la desviación respecto al dictamen del Comité. Esta obligación debe extenderse a todas las materias en que la consulta sea preceptiva;

- la ampliación de la lista de materias en que es preceptiva la consulta al Comité, hasta extenderla a todas aquellas materias en que gozan de competencias los entes locales y regionales;

- la consulta sobre la estrategia política anual, así como en materia de información y comunicación.

c) Consulta en el interior de los Estados miembros

1.32. recuerda que en el Libro Blanco sobre la gobernanza europea se tiene la impresión de que los Gobiernos nacionales no siempre asocian en suficiente medida a los agentes regionales y locales en la preparación de sus posiciones sobre las políticas comunitarias;

1.33. considera que las posiciones de los Estados miembros sobre los asuntos europeos deberían alcanzarse mediante un mayor diálogo y colaboración entre las autoridades nacionales, regionales y locales y sus asociaciones representativas, lo que mejoraría la legitimidad democrática de la toma de decisiones de la UE, y recomienda que los derechos de información y participación estén garantizados a un alto nivel jurídico.

El futuro del Comité de las Regiones

1.34. recuerda que, de acuerdo con el Tratado de la UE, el CDR fue creado como la única institución de la UE representante de los "entes regionales y locales" de todos los Estados miembros en el proceso decisorio de la UE; por consiguiente, el CDR está llamado a reflejar las diversas formas de gobernanza local y regional de los distintos Estados miembros de manera equitativa;

1.35. reitera que el CDR no podrá ser un medio plenamente eficaz para la participación de los entes locales y regionales en la construcción europea en tanto se vea relegado a su actual estatus de órgano auxiliar y consultivo;

1.36. solicita, en particular:

- el reconocimiento del estatus de institución;

- la facultad de emprender acciones judiciales ante el Tribunal de Justicia, en defensa de sus prerrogativas y del principio de subsidiariedad;

- el derecho a dirigir preguntas orales y escritas a la Comisión Europea;

- el fortalecimiento de las funciones del Comité que vayan más allá de las meramente consultivas que ejerce en la actualidad. Para ello, debería otorgarse al CDR un derecho de "veto suspensivo" en algunos de los casos de consulta obligatoria, y cuando las disposiciones jurídicas de la UE supongan una carga financiera para los entes locales y regionales;

- poder asistir al diálogo entre el Consejo, el PE y la Comisión en el marco del procedimiento de codecisión para los casos de consulta obligatoria previstos en el Tratado.

Asociaciones europeas y nacionales de gobierno local y regional

1.37. observa que, con la ampliación, la Unión contará con alrededor de 250 regiones y 100000 entes locales. Por lo tanto, es evidente que la UE no puede consultar directamente a todas y cada una de las partes interesadas y que el papel de los órganos y asociaciones representativos será cada vez mayor;

1.38. el CDR es un órgano político que representa los intereses generales de todos los entes territoriales de la Unión Europea. Esta circunstancia lo sitúa en una posición diferente tanto de la sociedad civil, foro de la organización espontánea de intereses específicos, como de las asociaciones europeas de entes regionales y locales que, aunque formadas por órganos políticos, tienen carácter privado y representan los intereses de sus miembros; y, en tercer lugar, de los distintos entes locales y regionales, que tienen carácter político pero representan sus propios intereses individuales y específicos. Asimismo, se distingue de las asociaciones europeas de entes regionales y locales por su estatus específico de órgano consultivo formal de la Unión;

1.39. esto no menoscaba en modo alguno la legitimidad de los demás órganos que representan a los intereses regionales o locales en el diálogo con las instituciones comunitarias, y a los cuales las instituciones deben consultar de manera sistemática en función de la información particular necesaria. En función de la cuestión que deba abordarse, parece perfectamente natural que la Comisión organice foros de consulta previa donde participen las asociaciones europeas o nacionales interesadas en un asunto particular, o incluso regiones concretas cuando el asunto sea especialmente específico de un territorio o agrupación territorial determinados.

Regiones con competencias legislativas

1.40. pide a los Estados miembros que, con arreglo a su organización interna, establezcan mecanismos internos adecuados para permitir a los niveles de gobierno regional y local (o sus asociaciones) que colaboren en la formulación de aquellos asuntos que sean de su competencia en las posiciones "nacionales", de cara a su debate en el Consejo de Ministros de la Unión;

1.41. reitera que, a fin de tratar de manera eficaz y participativa todas las cuestiones específicas de competencia y de interés para los entes regionales y locales (de conformidad con el ordenamiento constitucional de cada Estado miembro), es necesaria también la participación en todas las fases preparatorias del proceso decisorio del Consejo;

1.42. considera, asimismo, que, conforme al ordenamiento constitucional de cada Estado miembro, el Comité de las Regiones, como representante de los entres regionales y locales, también debería participar junto a los parlamentos nacionales en un control ex ante sobre el respeto del principio de subsidiariedad y del ordenamiento de competencias;

1.43. rechaza la idea de que el desarrollo del "lobbying" regional apenas puede interpretarse como señal de solidaridad hacia otras regiones. El Comité, que representa a los diferentes entes locales y regionales, considera muy comprensible que determinadas regiones defiendan sus propios intereses dentro de la Unión Europea, siempre que busquen activamente a la vez posibilidades de acción común en el Comité de las Regiones;

1.44. apoya los esfuerzos emprendidos por los parlamentos regionales con competencias legislativas para una profundización de los contactos institucionales con el Parlamento Europeo;

1.45. rechaza también el análisis del ponente cuando asocia las regiones constitucionalmente fuertes a las regiones ricas de Europa y deduce de ello un riesgo de integración diferenciado entre regiones ricas y regiones pobres. Esta tesis no concuerda con las estadísticas de los PIB regionales en la Unión Europea establecidas por Eurostat, en cuyos datos más recientes se basa el "Primer informe intermedio sobre la cohesión económica y social" presentado por la Comisión el 4 de febrero de 2002(8). Si bien estas regiones defienden sus intereses comunes en función de las competencias específicas de que están dotadas, no por ello son menos solidarias con las demás regiones y autoridades locales de la Unión Europea y favorables a una política de cohesión económica y social equitativa.

Observación final

1.46. por consiguiente, pide a todas las regiones con competencias legislativas y al resto de autoridades subnacionales que compartan sus conocimientos y experiencia con objeto de cooperar para fortalecer la aplicación de los principios de subsidiariedad y proximidad en la Unión Europea.

2. Recomendaciones del Comité de las Regiones sobre los cambios que deberán introducirse en un nuevo Tratado

Principios básicos

2.1. En el artículo 6 del TUE debería figurar una declaración de los principios de gobernanza de la Unión, que en gran parte figuran en el Libro Blanco sobre la gobernanza europea, incluidos los de "apertura, participación, responsabilidad, eficacia, coherencia, subsidiariedad [proximidad] y proporcionalidad". Nosotros añadiríamos los de "consulta y asociación."

2.2. En el artículo 6 del TUE, donde se mencionan los principios en que se basa la Unión, debería hacerse referencia específica a la autonomía regional y a la Carta Europea de Autonomía Local y reflejarse el compromiso con la misma: "La Unión respetará el principio de autonomía regional, así como los derechos relacionados con la autonomía local, tal y como se garantiza en la Carta de Autonomía Local del Consejo de Europa de 1985."

2.3. Además, en el artículo 6 del TUE (apartado 3) debería hacerse referencia a la Carta de los Derechos Fundamentales, y a que las disposiciones de la Carta deberían incluirse en el Tratado en los puntos correspondientes; por lo tanto, el artículo 6 del TUE, donde se refiere al respeto de la identidad nacional de sus Estados miembros debería decir "de sus Estados miembros, incluidos (con arreglo a su organización interna) sus entes regionales y locales."

Subsidiariedad

2.4. En el artículo 5 del TCE debería añadirse "la Comunidad tomará en consideración (y respetará) la organización y normas internas de los Estados miembros en lo relativo a la distribución de competencias."

2.5. En el artículo 5 del TCE, la definición de subsidiariedad debería hacer referencia explícita a "los Estados miembros o sus entes locales y regionales, con arreglo a las competencias a ellos reservadas por cada Estado miembro".

2.6. En el artículo 5 del TCE, debería considerarse un mecanismo (no necesariamente una nueva institución) que sirva para supervisar la aplicación del principio de subsidiariedad, e imponerse a los Estados miembros "la obligación de establecer un mecanismo para supervisar la aplicación de dicho principio, de la manera en que éste sea aplicable en ese Estado miembro".

2.7. En el artículo 10 del TCE (primer párrafo):

"Los Estados miembros, y sus entes regionales y locales, en el contexto de sus competencias respectivas, adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad."

"En conexión con lo anteriormente expuesto, todas las propuestas legislativas incluirán una estimación de las repercusiones (financieras y administrativas) en materia de recursos para los órganos encargados de la aplicación."

Debería añadirse el siguiente enunciado al artículo 230 del TCE: "El Tribunal de Justicia será responsable de atender las reclamaciones presentadas por un Estado miembro, una región o una autoridad local de un Estado miembro o el Comité de las Regiones sobre la vulneración del principio de subsidiariedad".

Consulta

2.8. Al final del artículo 211 del TCE, debería añadirse una obligación consistente en que "La Comisión realizará sus actividades con ánimo de colaboración con los Estados miembros y los entes regionales y locales elegidos o sus órganos representativos, respetando sus principios de buena gobernanza y, en particular, el de consulta."

En lo relativo al Comité de las Regiones como institución

2.9. En el artículo 7 del TCE (apartado 1) debería incluirse al "Comité de las Regiones" en la lista de instituciones de pleno derecho (y, por lo tanto, suprimirse la referencia existente en el apartado 2).

2.10. El la Quinta Parte, Título I, Capítulo 1 ("Instituciones") debería insertarse una nueva Sección quinta titulada "El Comité de las Regiones" para satisfacer su solicitud de pasar a ser una institución de pleno derecho. Los artículos y disposiciones incluidos actualmente en el Capítulo 4 se trasladarían a esta nueva sección.

El derecho del Comité de las Regiones a emprender acciones judiciales ante el Tribunal de Justicia en defensa de sus prerrogativas debería consagrarse en el tercer párrafo del artículo 230 del TCE de la manera siguiente: "El Tribunal de Justicia será responsable, en las mismas condiciones, de atender los recursos interpuestos por el Parlamento Europeo, el Tribunal de Cuentas, el BCE y el Comité de las Regiones en defensa de sus derechos".

2.11. El artículo 263 del TCE debería modificarse de la manera siguiente: "El Comité de las Regiones, compuesto por representantes de Gobiernos regionales y locales, ejercerá las funciones que le confiere el presente Tratado."

2.12. Al final del artículo 265 del TCE (primer párrafo), debería añadirse: "la omisión de consulta al Comité cuando ésta se considere preceptiva por el presente Tratado dará lugar a la suspensión del procedimiento en las demás instituciones (o invalidará una decisión ya adoptada) hasta que se transmita el dictamen del Comité dentro de los plazos establecidos en el presente Tratado." Esta medida proporcionará, en efecto, al Comité un derecho de veto suspensivo en estos casos.

2.13. En el artículo 265 del TCE (segundo párrafo), el plazo debería ampliarse a tres meses, para reflejar el hecho de que el Comité sólo dispone de recursos para celebrar cinco plenos anuales.

2.14. Al final del artículo 265 del TCE (tercer párrafo), debería añadirse: "El Comité tendrá derecho a dirigir preguntas escritas y orales a la Comisión".

2.15. En el artículo 265 del TCE debería añadirse el siguiente séptimo párrafo (nuevo): "El Consejo y la Comisión presentarán con regularidad un informe razonado sobre las acciones adoptadas en respuesta a los dictámenes del Comité".

Procedimiento de codecisión

2.16. En el artículo 251 del TCE (apartado 4) en lo relativo a la composición del Comité de Conciliación, debería añadirse "El Comité de las Regiones podrá participar en calidad de observador en todas las cuestiones sujetas a consulta obligatoria en virtud del presente Tratado, con miras a asesorar a las demás instituciones sobre las repercusiones para las esferas de gobernanza a las que representa".

2.17. El CDR encarga a su Presidente que transmita el presente Dictamen al Presidente del Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión Europea y al Presidente de la Convención Europea.

Bruselas, 21 de noviembre de 2002.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Albert Bore

(1) DO C 192 de 12.8.2002, p. 24.

(2) DO C 192 de 12.8.2002, p. 31.

(3) DO C 107 de 3.5.2002, p. 36.

(4) DO C 107 de 3.5.2002, p. 5.

(5) DO C 253 de 12.9.2001, p. 25.

(6) DO C 198 de 14.7.1999, p. 73.

(7) Discurso del Presidente Prodi 02/344, Bellagio, 15 de julio de 2002.

(8) COM(2002) 46 final.