Se espera que la opción preferida sobre todo produzca beneficios económicos directos para los comerciantes europeos al obtener ventas adicionales en la economía de las plataformas digitales, lo cual también ayudaría a las plataformas en línea. Se estima que la propuesta pueda invertir el efecto amortiguador sobre la economía de las plataformas en línea que se deriva de una falta de confianza de las empresas. Se calcula que dicho efecto presenta un valor entre 810 millones y 4 050 millones EUR. Asimismo, el volumen de ventas de las empresas está determinado de manera directa por su visibilidad en los motores de búsqueda en línea. Por este motivo, una obligación sobre la transparencia de la clasificación en la búsqueda general permitiría incrementar la previsibilidad para las empresas. Al mismo tiempo, esa obligación ayudaría a las empresas a desarrollar estrategias mejor fundamentadas de optimización de las búsquedas, a obtener un mayor conocimiento sobre cuáles les permitirían acceder a los nuevos mercados y a aceptar las oportunidades de innovación que se ofrecen en línea, lo que, a su vez, potenciaría su competitividad. Esto también surtiría un efecto positivo en las pymes y las empresas sin presencia en línea o que empiezan a generarla. Un mayor conocimiento de las políticas de clasificación también facilitaría que las empresas tomen las oportunidades de innovación que se proporcionan en Internet. Asimismo, también se espera que la opción preferida refuerce la competitividad entre los motores de búsqueda y los sitios web de comparación a través de una transparencia reforzada, puesto que publicar las políticas de clasificación puede ofrecer un mayor enfoque para que se diferencien las empresas emergentes, los nuevos entrantes y los actores ya establecidos. Además, podría aumentar la competencia en materia de calidad de los bienes y servicios entre las empresas que dependen de los motores de búsqueda para sus estrategias de comercialización, a causa de poseer un mayor entendimiento sobre las políticas de clasificación, en la medida en que el diseño web que emplean dichas empresas no sea el óptimo con el que conseguir visibilidad. No se descarta que la opción preferida contribuya igualmente a una imparcialidad fortalecida para los consumidores, plasmada en que se identifiquen más fácilmente los resultados de mayor pertinencia. Una obligación de transparencia establecida por el Derecho de la UE reforzaría la capacidad de las empresas de emplear esa disposición en los procedimientos judiciales. Por último, sería un complemento útil para las herramientas de aplicación normativa de acuerdo con el Derecho de la competencia, ya que permitiría alcanzar un mayor conocimiento sobre las posibles conductas discriminatorias. Se podría esperar que el aumento de confianza en los motores de búsqueda, resultado de la iniciativa, compense los costes limitados. Se estima que los beneficios sociales directos en particular los reciban los empresarios autónomos o las microempresas que realizan sus actividades comerciales por vía de las plataformas digitales, como consecuencia de una mayor previsibilidad y transparencia del entorno en línea. En esto se incluyen los usuarios profesionales de las plataformas de la economía colaborativa (aunque en la UE los límites que separan el uso profesional del privado se establecen a escala nacional), pero no se pueden cuantificar la naturaleza y el ámbito de aplicación precisos de dichas ventajas. Se puede prever que la opción preferida incremente las oportunidades laborales o conserve las ya existentes. No se espera de la medida beneficio directo alguno para el medio ambiente.