ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
14.

Desde hace algún tiempo las agencias han sometido a revisión el procedimiento de contratación y utilización de personal contractual, en razón de la adopción de una nueva decisión al respecto por parte de la Comisión. La Oficina ha optado por esperar hasta que se acuerde una nueva decisión modelo, para evitar tener que adoptar varias decisiones sobre la misma cuestión. Como la Oficina no contrata actualmente personal contractual, no se ha considerado urgente adoptar dicha decisión. Por lo que respecta a la decisión sobre ocupación temporal de los puestos directivos, la Oficina no la considera un asunto urgente, pues se trata de una situación que aún no se ha dado en la Oficina. Con todo, se ha preparado un proyecto, actualmente en fase de revisión antes de ser remitido a la Comisión para su aprobación.
—

Literature review on Maintenance and statistics on Occupational Safety and Health (OSH)
14.

En un procedimiento de contratación controlado, el anuncio de vacante estipulaba que los candidatos debían contar con una experiencia profesional de al menos 12 años. No obstante, uno de los candidatos fue admitido pese a haberse establecido claramente desde el inicio del procedimiento que no cumplía este criterio. El candidato en cuestión fue nombrado por el director, que reconoció en su decisión que este no disponía de una experiencia profesional suficiente. El director adoptó una decisión posterior, según la cual se concedía a los candidatos internos una reducción del 10 % de la experiencia profesional requerida para un puesto en la GSA. Esta decisión infringe el principio de igualdad de trato en la aplicación de los criterios de subvencionabilidad en los procedimientos de contratación abiertos tanto a los candidatos internos como a los externos.
Competencias de la Agencia conforme al Reglamento (CE) no 2667/2000

La Comunidad llevará a cabo, en el marco de sus competencias, acciones de cooperación económica, financiera y técnica con terceros países. Estas acciones serán complementarias de las que lleven a cabo los Estados miembros y coherentes con la política de desarrollo de la Comunidad. [Artículo 181, letra a)]

Objetivos Aplicar la asistencia comunitaria i) a la reconstrucción, al retorno de los refugiados y desplazados, ii) para fomentar la buena administración, el refuerzo de las instituciones y el Estado de derecho, iii) para apoyar el desarrollo de una economía de mercado y proseguir con las inversiones en estructuras físicas vitales, así como las medidas en favor del medio ambiente, iv) para apoyar el desarrollo social y reforzar la sociedad civil.

Ámbito de aplicación La Agencia gestiona los principales programas de ayuda en Kosovo, Montenegro y Serbia y en la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Pueden beneficiarse los Estados, las entidades administradas por las Naciones Unidas, las entidades federadas, regionales y locales, los organismos públicos y parapúblicos, los interlocutores sociales, las organizaciones de apoyo a las empresas, las cooperativas, las sociedades mutuas, las asociaciones, las fundaciones, la beneficencia y las organizaciones no gubernamentales.

Funciones — Informar a la Comisión sobre las necesidades prioritarias. — Elaborar programas para la reconstrucción y el retorno de los refugiados y desplazados. — Efectuar todas las operaciones necesarias para la ejecución de la asistencia comunitaria.

1. Consejo de Administración Compuesto por un representante de cada Estado miembro, dos representantes de la Comisión y un observador del Banco Europeo de Inversiones. 2. Director Nombrado por el Consejo de Administración a propuesta de la Comisión. Centros operativos en Belgrado, Pristina, Podgorica y Skopie dotados de un gran nivel de autonomía en su gestión. 3. Control externo Tribunal de Cuentas. 4. Autoridad de aprobación de la gestión Parlamento, previa recomendación del Consejo.

Presupuesto 236,5 millones de euros (250,2 millones de euros) Efectivos a 31 de diciembre de 2008 93 (108) puestos de agente temporal previstos en la plantilla puestos de agente temporal cubiertos: 61 (83) Otros puestos: Agentes locales: 158 (165) puestos previstos, de los cuales están cubiertos 32 (154). Agentes contractuales: 28 (29) puestos previstos, de los cuales están cubiertos 19 (27). Total de efectivos: 112 (264) Agentes encargados de tareas operativas: 59 (163) tareas administrativas: 53 (101)
10.

En noviembre de 2007 se creó un sistema contable para los compromisos relativos a las actividades operativas que, de manera explícita, preveía la creación de compromisos presupuestarios con anterioridad a todo compromiso jurídico o control de la disponibilidad de créditos. La forma del compromiso jurídico establecida en este nuevo procedimiento no ofrece garantías legales suficientes. Consiste en una simple hoja que contiene algunos datos administrativos sobre el proyecto, además del desglose de su coste total entre las líneas presupuestarias pertinentes, y no se especifican las condiciones contractuales. Este enfoque no se ajusta al principio de transparencia.
7.

A finales de 2007, en razón del carácter plurianual de los programas CARDS, la Agencia pudo proseguir aún los compromisos y pagos de los programas anuales de 2004, 2005 y 2006. El plazo CARDS para realizar compromisos de pago es 2009, y 2010 para el reembolso. El importe de estos tres programas en acción asciende a 1 800 millones de euros. El tener aún 163 millones de euros pendientes de compromiso (9 %) y una cantidad total pendiente de pago de 453 millones de euros (25 %) tres años antes de la conclusión del plazo CARDS revela un elevado índice de ejecución. El Tribunal ha elogiado la actuación de la Agencia en su Informe Especial no 5/2007 [DO C 285, 27.11.2007, p. 1.]
12.

Los controles practicados en relación con la adjudicación de contratos públicos y su celebración posterior han puesto de manifiesto numerosas anomalías. El Tribunal no pudo verificar en muchos de los casos examinados si se había invitado a participar en los procedimientos al mínimo exigido de licitadores y también ha observado que no se había documentado sistemáticamente la aplicación de los criterios de selección. En varias ocasiones, no se siguieron las reglas establecidas para la designación de los comités de evaluación. Las cláusulas de un contrato marco no fueron respetadas. La frecuencia con que se registran estas anomalías exige de la Autoridad un refuerzo de su sistema de control interno en la materia.
12.

Aún no se ha recuperado un importe de 333 474 euros de IVA pagado en 2000. Dadas las diferencias de cambio, este importe es objeto de una subestimación de 19 242 euros. El Observatorio debe intensificar sus esfuerzos por obtener el reembolso del IVA. Por otra parte, las cuentas del IVA no se analizan y justifican con regularidad. Así, un importe de unos 78 000 euros no se registró como ingreso presupuestario y continúa contabilizado en una cuenta de espera.
Corrección de errores del Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2000 - Informe sobre las actividades financiadas por el presupuesto general, acompañado de las respuestas de las instituciones

("Diario Oficial de las Comunidades Europeas" C 359 de 15 de diciembre de 2001)

(2003/C 36/12)

En la página 71, se eliminarán el apartado 2.38 y la nota 24 a pie de página (apreciación específica en el contexto de la declaración de fiabilidad), así como la correspondiente respuesta de la Comisión.
DICTAMEN N° 2/98 sobre una propuesta de Reglamento (Euratom, CECA, CE) del Consejo relativo a la modificación del Reglamento (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 que determina las categorías de los funcionarios y agentes de las Comunidades Europeas a los que se aplicarán las disposiciones del artículo 12, del párrafo segundo del artículo 13 y del artículo 14 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades (98/C 191/01)

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, al apartado 4 de su artículo 188 C,

Visto el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 16 y 23,

Vista la propuesta de la Comisión de 20 de febrero de 1998,

Vista la solicitud formulada por el Consejo de consulta al Tribunal de Cuentas sobre dicha propuesta, recibida por el Tribunal el 27 de febrero de 1998,

Considerando que el Banco Central Europeo (BCE) sustituirá al Instituto Monetario Europeo (IME);

Considerando que el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 se aplica actualmente al personal del IME y a los beneficiarios de las pensiones abonadas por éste;

Considerando que la propuesta presentada por la Comisión tiene por objeto sustituir la disposición relativa al IME por una disposición similar relativa al BCE en el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 a partir del establecimiento efectivo del BCE,

HA APROBADO EL DICTAMEN SIGUIENTE:

La modificación propuesta de aplicación del Reglamento (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 al personal del Banco Central Europeo (BCE), así como a los beneficiarios de las pensiones abonadas por dicho Banco, no constituye objeto de comentarios por parte del Tribunal.

El presente Dictamen ha sido aprobado por el Tribunal de Cuentas en Luxemburgo en su reunión de 13 y 14 de mayo de 1998.

Por el Tribunal de Cuentas

Bernhard FRIEDMANN

Presidente
1.

Decide constituir una Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación (INGE 2), con las siguientes responsabilidades: a) examinar, en cooperación y consulta con las comisiones permanentes en lo que respecta a sus competencias y responsabilidades en virtud del anexo VI del Reglamento interno, la legislación y las políticas existentes y previstas para detectar posibles lagunas, brechas y solapamientos que podrían ser aprovechados para interferir malintencionadamente en los procesos democráticos, en particular en lo que respecta a las siguientes cuestiones: i) las políticas que contribuyan a los procesos democráticos de la Unión, la resiliencia mediante la conciencia situacional, la alfabetización mediática e informativa, el pluralismo de los medios de comunicación, el periodismo independiente y la educación, ii) la injerencia a través de plataformas en línea, en particular evaluando, en profundidad, la responsabilidad y los efectos de las plataformas en línea de muy gran tamaño en la democracia y los procesos democráticos en la Unión, iii) las infraestructuras críticas y los sectores estratégicos, iv) la injerencia durante los procesos electorales, v) la financiación encubierta de actividades políticas por agentes y donantes extranjeros, vi) la ciberseguridad y resiliencia con respecto a los ciberataques, cuando estén relacionados con procesos democráticos, vii) el papel de los agentes no estatales, viii) el impacto de la injerencia en los derechos de las minorías y otros grupos discriminados, ix) la injerencia por medio de agentes mundiales a través de la captación de élites, las diásporas nacionales, las universidades y los actos culturales, x) la disuasión, la atribución y contramedidas colectivas, incluidas las sanciones, xi) la vecindad y la cooperación mundial, y el multilateralismo, xii) la injerencia de agentes establecidos en la Unión Europea, tanto en la Unión como en terceros países, b) elaborar, en estrecha cooperación con las comisiones permanentes siguiendo las prácticas de trabajo de la comisión especial INGE 1, sugerencias sobre cómo subsanar estas lagunas con el fin de fomentar la resiliencia jurídica de la Unión y sobre cómo mejorar el marco institucional de la Unión; c) colaborar estrechamente con otras instituciones de la Unión, las autoridades de los Estados miembros, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, así como con socios estatales y no estatales en terceros países, a fin de reforzar la acción de la Unión contra las amenazas híbridas y la desinformación, al tiempo que todas las actividades públicas de la comisión especial INGE 2 respetarán las prioridades establecidas en la presente Decisión; d) realizar un seguimiento detallado y riguroso de la aplicación del informe de la comisión especial INGE 1 con una evaluación de las medidas adoptadas por las instituciones de la Unión; e) contribuir a la resiliencia institucional general frente a las injerencias extranjeras, las amenazas híbridas y la desinformación en el período previo a las elecciones europeas de 2024;
A.

Considerando que las Directivas 2014/23/UE (3) y 2014/24/UE (4), que los Estados miembros deben incorporar a su Derecho nacional antes del 18 de abril de 2016, hacen necesaria la modificación tanto del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 como del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012, en relación con los procedimientos de contratación pública de las instituciones de la UE y los contratos adjudicados por su propia cuenta;
—

Visto el Reglamento (UE) no 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo (1), y en particular su artículo 58, apartado 7 y su artículo 83, apartado 5,
—

Vista la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) no 1093/2010 y (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) y, en particular, su artículo 103, apartados 7 y 8, y su artículo 115, apartado 5,
(50) El Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/200125, sustituido por el Reglamento (CE) no 73/2009, establece el principio de que el pago íntegro a los beneficiarios de algunas ayudas en virtud de la PAC debe subordinarse al respeto de las normas relativas a la gestión de las tierras, a la producción agrícola y a las actividades agrícolas. Este principio quedó reflejado posteriormente en el Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y en el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM). En virtud del denominado «sistema de condicionalidad», los Estados miembros deben imponer penalizaciones en forma de reducción o exclusión, total o parcial, de la ayuda recibida en el marco de la PAC.

(50) El Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/200125, sustituido por el Reglamento (CE) no 73/2009, establece el principio de que el pago íntegro a los beneficiarios de algunas ayudas en virtud de la PAC debe subordinarse al respeto de las normas relativas a la gestión de las tierras, a la producción agrícola y a las actividades agrícolas. Este principio quedó reflejado posteriormente en el Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y en el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM). En virtud del denominado «sistema de condicionalidad», los Estados miembros deben imponer sanciones administrativas en forma de reducción o exclusión, total o parcial, de la ayuda recibida en el marco de la PAC , de conformidad con el principio de proporcionalidad y teniendo en cuenta los criterios generales para la gradación de las penalizaciones definidos en el presente Reglamento .
3.

Decisión del Parlamento Europeo sobre la demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y los privilegios de Umberto Bossi (2004/2101(IMM)

El Parlamento Europeo,

- Vista la demanda presentada por un abogado en representación de Umberto Bossi de amparo de su inmunidad en relación con un procedimiento penal pendiente ante el Tribunal de Magistrados de Milán, presentada el 7 de mayo de 2004, y comunicada en el Pleno del 22 de julio de 2004,

- Vistos los artículos 9 y 10 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, de 8 de abril de 1965, así como el apartado 2 del artículo 6 del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

- Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de mayo de 1964 y de 10 de julio de 1986 [1],

- Vistos el apartado 3 del artículo 6 y el artículo 7 de su Reglamento,

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0210/2005),

A. Considerando que Umberto Bossi fue diputado al Parlamento Europeo durante la cuarta legislatura (inicio del mandato el 19 de julio de 1994, verificación de credenciales el 15 de noviembre de 1994, expiración del mandato el 19 de julio de 1999) y durante la quinta legislatura (inicio del mandato el 20 de julio de 1999, verificación de credenciales el 15 de diciembre de 1999, expiración del mandato el 10 de junio de 2001 por incompatibilidad),

B. Considerando que los miembros del Parlamento Europeo gozarán en su propio territorio nacional de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país [2],

C. Considerando que en el asunto al que se refiere el auto del Tribunal de Magistrados de Milán Umberto Bossi hizo uso de la violencia y profirió amenazas contra oficiales de la policía italiana que realizaban un registro en los locales del cuartel milanés de la Lega Nord, ordenado por el ministerio fiscal de Verona,

D. Considerando que Umberto Bossi era diputado al Parlamento italiano en 1995 y que el Tribunal Constitucional italiano decidió, el 17 de mayo de 2001, que no gozaba de inmunidad parlamentaria al establecer que los insultos y actos de resistencia y violencia no constituyen en modo alguno actos a los que se pueda aplicar el privilegio parlamentario,

E. Considerando que en este caso sólo puede aplicarse la letra a) del artículo 10 del Protocolo antes citado, y que resulta que los diputados del parlamento italiano no gozan de inmunidad parlamentaria frente a los procedimientos judiciales en las referidas circunstancias,

1. Decide no amparar la inmunidad y los privilegios de Umberto Bossi en relación con el procedimiento penal pendiente ante el Tribunal de Magistrados de Milán.

[1] Asunto 101/63, Wagner/Fohrmann y Krier, Rec. Ed. Esp. 1964-1966, p. 47 y Asunto 149/85, Wybot/Faure y otros, Rec. 1986, p. 2391.

[2] Artículo 10 a) del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas.

--------------------------------------------------
—

Visto el informe del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), de 5 de marzo de 2020, titulado «Beijing + 25: the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States» (Pekín + 25: quinta revisión de la aplicación de la Plataforma de Acción de Pekín en los Estados miembros de la UE),
—

Vista la declaración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 14 de septiembre de 2021 titulada «UN experts denounce further attacks against right to safe abortion and Supreme Court complicity» (Los expertos de las Naciones Unidas denuncian nuevos ataques contra el derecho al aborto seguro y la complicidad del Tribunal Supremo),
—

Visto el Dictamen n.o 1/2021 del Comité de Vigilancia de la OLAF, de enero de 2021, titulado «OLAF’s recommendations not followed by the relevant authorities» (Recomendaciones de la OLAF que no han seguido las autoridades pertinentes),
4.

Recuerda que toda medida fiscal, temporal o no, debe evitar distorsionar las decisiones de inversión y ha de servir como herramienta de apoyo de cara al logro de los objetivos de la Unión, establecidos en el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, incluida la competitividad de las empresas europeas; destaca que los requisitos de información no deben dar lugar a un aumento desproporcionado de los costes administrativos para los agentes económicos, en particular para las pymes; señala que, para hacer frente con eficacia a la pérdida de ingresos fiscales, puede ser necesario mejorar la calidad de los datos y posiblemente aumentar la cantidad de datos; insiste en el principio de que todo dato recogido por las autoridades tributarias de los contribuyentes, de conformidad con los derechos de estos, ha de facilitarse a los Estados miembros solo una vez, de la forma más segura posible y respetando la legislación en materia de protección de datos; señala el potencial que revisten las herramientas de datos y digitales para reducir la burocracia y simplificar una serie de obligaciones de los contribuyentes, en particular en relación con las declaraciones del IVA y los estados recapitulativos, e indica que, para maximizar la eficacia del uso de los datos, deben utilizarse la inteligencia artificial (IA) y diversos programas informáticos; considera necesario seguir trabajando en aras de una mayor cooperación administrativa entre los Estados miembros con el fin de reducir el fraude y la evasión fiscal; considera, asimismo, necesario no solo aumentar la cantidad de los datos intercambiados, sino también mejorar su calidad, para reforzar la eficacia del sistema;
—

Visto el estudio de febrero de 2018 de la Unión Benelux titulado «Territorial Supply Constraints in the Retail Trade in Belgium, The Netherlands and Luxemburg» (Restricciones territoriales de suministro en el comercio al por menor en Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo),
14.

Acoge con satisfacción que los gobiernos de Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Moldavia hayan mantenido un enfoque activo a la hora de mantener abiertas sus fronteras y proporcionar medios de evacuación, refugio, ayuda de emergencia, asistencia médica y asilo a las personas que huyen de la guerra en Ucrania y de posibles persecuciones, tanto nacionales ucranianos como no ucranianos; pide al Consejo y la Comisión que dediquen una financiación extraordinaria a estos países, pues son los principales puntos de acceso de los refugiados ucranianos a la Unión; pide al Consejo y a la Comisión que no suspendan el acuerdo de exención de visados con Ucrania; pide a todos los Estados miembros que admitan a los no nacionales ucranianos que huyen del conflicto y la guerra como objetores de conciencia desde Rusia; recuerda a todos los Estados miembros de la Unión su responsabilidad de respetar los derechos fundamentales de todos los solicitantes de asilo que buscan seguridad en la Unión, con independencia de su nacionalidad, y que cesen las devoluciones; condena el racismo sufrido por estudiantes africanos y de Oriente Próximo a los que se ha impedido subir a autocares y trenes en Ucrania para llegar a la frontera o han sido detenidos en la frontera, por lo que no han podido llegar a lugar seguro;