Las continuas preocupaciones con respecto a la independencia e integridad del sistema judicial no han cesado de crecer desde agosto de 2019. Los hallazgos y conclusiones de diversas investigaciones penales apuntan a una serie de casos de corrupción de alto nivel. Asimismo, existe preocupación por el posible ejercicio de influencia indebida y colusión que determinados componentes del ejecutivo y otros cargos políticos ejercen sobre miembros de la judicatura, incluidos jueces de alto rango, y en connivencia con ellos . Además, surgieron sospechas sobre casos concretos de abuso de poder por parte de jueces y fiscales, entre ellos un ex fiscal general . En el otoño de 2019, estos acontecimientos desataron protestas públicas y reforzaron los llamamientos dirigidos a las autoridades para que redoblaran sus esfuerzos de cara a reducir la corrupción en el sistema judicial eslovaco. Se han incoado varios procedimientos disciplinarios e investigaciones penales contra diversos jueces y fiscales, algunos de los cuales han sido suspendidos o han renunciado a su cargo. En algunos casos, las investigaciones penales en curso también han dado lugar a detenciones de jueces y fiscales .

En la actualidad no existe una normativa que regule los grupos de presión en Eslovaquia y las restricciones poscontractuales son laxas. Las medidas y normas parciales, como las restricciones en relación con los obsequios que reciben los funcionarios públicos en relación con sus funciones públicas, están sujetas a la Ley sobre el conflicto de intereses . El programa del nuevo Gobierno también recoge el compromiso de aprobar una ley sobre los grupos de presión, que combinará medidas legislativas, un registro obligatorio de estos grupos, un código de conducta y la creación de un registro especial (sobre las áreas en las que se pretende ejercer esta actividad de presión, la información sobre sus clientes, los costes y la remuneración por llevar a cabo esta actividad) . A este respecto, el plan de lucha contra la corrupción aprobado en septiembre de 2019 ya prevé que el Ministerio de Justicia presente un proyecto de ley al Gobierno a finales de 2021. En lo que respecta a las «puertas giratorias», la Ley sobre el conflicto de intereses ya contempla disposiciones sobre actividades posteriores a la finalización de la relación laboral. Se aplica exclusivamente a los funcionarios públicos que desempeñaban funciones ejecutivas o eran miembros de un órgano de responsabilidad colegiada; no se incluye a los asesores ni a los altos funcionarios públicos estrechamente vinculados con funciones ejecutivas de alto nivel. Las limitaciones después de haber ocupado un cargo público (período de incompatibilidad) se aplican durante un año al finalizar el mandato (en caso de que la persona tuviera poder de decisión en materia de ayudas, ventajas o exención de obligaciones durante los dos años previos al final de su mandato, o concluyera un contrato sobre adquisiciones públicas durante su mandato). El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) ha observado que estas disposiciones tienen un alcance limitado, y ha recomendado que se amplíen de cara a incluir también a los altos funcionarios que desempeñan funciones ejecutivas de alto nivel, así como que se adopten normas para evitar que estos altos funcionarios que han dejado el cargo ejerzan actividades de presión .

La Ley de protección de los denunciantes de 2019 tiene por objeto aumentar las medidas de protección mediante la creación de una oficina independiente de denuncias, pero su aplicación se está retrasando. La Ley se aprobó en enero de 2019 , pero en septiembre de 2020 no se ha nombrado al director de la oficina y esta todavía no ha asumido sus funciones. La nueva ley tiene por objeto dar respuesta a las preocupaciones que suscitaba el marco anterior, en particular la incertidumbre derivada del requisito de presentar denuncia actuando de buena fe, las discrepancias con respecto a la protección concedida a las diferentes categorías de funcionarios y la falta de canales internos y externos simultáneos para denunciar irregularidades .

La eficacia de las instituciones especializadas en la lucha contra la corrupción constituye un reto importante. En 2019 se llevó a cabo una reorganización del Organismo Nacional de Lucha contra la Delincuencia (NAKA), pero sus recursos no se han incrementado. Un desafío clave identificado por las partes interesadas en lo que respecta a la detección y el enjuiciamiento de la corrupción, incluidos los casos de alto nivel, es la capacidad de investigación. En particular, la falta de recursos y conocimientos especializados específicos suponen un obstáculo que merma la capacidad de encontrar los primeros indicios de corrupción . La Fiscalía Especial ha expresado su preocupación por los recursos de los que dispone. Cuenta con un fiscal responsable del Departamento Anticorrupción de la Oficina y otros cuatro fiscales. En promedio, cada fiscal se encarga de unos ochenta casos a la vez, lo que plantea dudas sobre la eficacia de la supervisión de las investigaciones. La Fiscalía Especial ha pedido más recursos, pero hasta el momento no parece estar previsto que se vaya a aumentar el número de fiscales.

La Oficina Superior de Auditoría de Eslovaquia es otro órgano clave encargado de supervisar la rendición de cuentas, la calidad y la labor de las autoridades públicas. El propósito de la Oficina Superior de Auditoría es señalar el uso no rentable, ineficiente e ineficaz de los fondos en las organizaciones gubernamentales estatales y locales, las empresas públicas, las sociedades por acciones públicas o las entidades en las que el Estado tiene una participación accionaria o que sirven al interés público . En los últimos años, la Oficina Superior de Auditoría ha mejorado la frecuencia y la calidad de sus auditorías operativas, pero su impacto ha sido limitado hasta ahora porque los cambios que puede aplicar son limitados . El Gobierno ha manifestado su intención de reforzar sus competencias y considera la posibilidad de imponer sanciones en caso de que el organismo de control no elimine las deficiencias identificadas por la inspección.

Se han anunciado mejoras en lo que respecta al proceso de elaboración y promulgación de leyes. El Gobierno nombrado en marzo de 2020 ha manifestado su intención de mejorar la estabilidad y previsibilidad del marco regulador a través de medidas como la mejora de la planificación y la transparencia del proceso legislativo. Además, el Gobierno ha indicado que se propone centrarse en el fortalecimiento del cumplimiento de la legislación vigente y el refuerzo de las unidades analíticas . En la actualidad, la realización de evaluaciones de impacto y la celebración de consultas con las partes interesadas no constituyen todavía prácticas asentadas para la promulgación de legislación en Eslovaquia. Si bien el proceso de formulación de políticas se basa oficialmente en consultas y datos, las prioridades políticas de los partidos en el Gobierno y la participación real de los agentes sociales resultan limitadas . Las iniciativas legislativas de los ministerios tienen normas claras por escrito y se someten a una evaluación de impacto, pero el recurso regular a procedimientos parlamentarios de urgencia obstaculiza la formulación de políticas basadas en datos contrastados, por ejemplo, al no permitir una evaluación de impacto adecuada y la consulta con las partes interesadas . Además, las capacidades analíticas de los ministerios resultan insuficientes y obstaculizan la formulación de políticas eficaces . En el Programa de Mejora de la Legislación se estableció un planteamiento que tiene en cuenta la totalidad de las estructuras de la administración del Estado para la elaboración de políticas reguladoras, que ha contribuido a fortalecer la base metodológica para evaluar el impacto económico de la normativa. Hasta el momento, esto no ha dado los frutos esperados, ya que las evaluaciones de impacto solo se aplican a las medidas legislativas iniciadas por el Gobierno .

Actualmente no existe un marco que regule la distribución de la publicidad estatal. Las autoridades eslovacas señalaron que la Ley de radiodifusión y retransmisión no define el término «publicidad estatal». Sin embargo, todos los contratos entre el Estado y el sector privado se inscriben en el registro central de contratos. Este registro es de acceso público y, por consiguiente, ofrece un cierto grado de transparencia a este respecto. La autonomía editorial depende de la autorregulación, que el MPM de 2020 considera que suele ser eficaz en el caso de los medios de comunicación que aplican el código ético del Sindicato de Periodistas de Eslovaquia.

En Eslovaquia no existe un marco normativo sistemático que vele por la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación. Por lo tanto, el Media Pluralism Monitor (MPM) de 2020 concluye que esto representa el área de mayor riesgo para el país. El MPM de 2020 señala además que, si bien la Ley de registro de socios del sector público permite la divulgación indirecta de la identidad de los propietarios últimos de los principales medios de comunicación, esta ley no se aplica a los medios que no hacen negocios con el Estado o que no reciben financiación pública. Aunque tanto el Consejo de Radiodifusión y Retransmisión como el Ministerio de Cultura reúnen información parcial sobre los propietarios de los medios de comunicación tradicionales, carecen de los instrumentos jurídicos para obtener información con respecto a los propietarios y beneficiarios efectivos. Las autoridades eslovacas señalaron que esto supone un problema importante con respecto a los medios de comunicación electrónicos y que se espera que la cuestión se resuelva mediante una intervención legislativa. En este contexto, también cabría señalar que la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada insta a los Estados miembros a adoptar medidas legislativas por las cuales los prestadores de servicios de comunicación sujetos a su jurisdicción deben facilitar información relativa a su estructura de propiedad, incluidos los beneficiarios efectivos.

La sociedad presta cada vez más atención a los temas relacionados con el Estado de Derecho. El asesinato del periodista de investigación Ján Kuciak y su prometida en febrero de 2018 desencadenó las mayores protestas públicas en Eslovaquia desde la Revolución de Terciopelo en 1989. Los asesinatos se consideraron en general como un ataque al Estado de Derecho, a la sociedad civil y a la libertad de expresión. Las partes interesadas informaron de que esos acontecimientos ofrecen a Eslovaquia la oportunidad de romper con su pasado, caracterizado por un alto grado de polarización política, que afectaba al funcionamiento de las instituciones y la administración pública. El Gobierno ha priorizado el Estado de Derecho en su programa político aprobado en abril de 2020 y ha incluido planes de reformas de gran calado a este respecto. Asimismo, la presidenta de Eslovaquia, en su primer discurso sobre el Estado de la República, pronunciado en junio de 2020, destacó la importancia del Estado de Derecho para la sociedad y la democracia .





Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético*

* La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 está disponible en (sitio web de la Comisión).

Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación (2020), 2020 Media pluralism monitor. https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2020/ .

CEPEJ (2017), Efficiency and Quality of the Slovak Judicial System.

CEPEJ (2020), Study on the functioning of the judicial systems in the EU Member States.

CIVICUS Monitor, «Tracking Civic Space: Slovakia». https://monitor.civicus.org/country/slovakia/ .

Análisis del Committee to Protect Journalist (2019), Mission Journal: One year on, Ján Kuciak murder seen as turning point by Slovak press. https://cpj.org/2019/02/slovakia-jan-kuciak-murder-journalist-safety-anniversary/ .

Consejo de Europa, Platform to promote the protection of journalism and safety of journalists – Slovakia. https://www.coe.int/en/web/media-freedom/slovak-republic.

Consejo de Europa, Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades.

Consejo de Europa: Comisión de Venecia (2017), Slovakia – Opinion on questions related to the appointment of judges of the Constitutional Court (CDL-AD(2017)001-e).

Consejo de la Unión Europea (2014), Recomendación del Consejo, de 8 de julio de 2014, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de Eslovaquia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de Eslovaquia de 2014, DO C 247.

Consejo de la Unión Europea (2016), Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2016, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 de Eslovaquia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de Eslovaquia, DO C 299.

Consejo de la Unión Europea (2017), Recomendación del Consejo de 11 de julio de 2017, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Eslovaquia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Eslovaquia, DO C 261.

Consejo de la Unión Europea (2019), Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2019, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Eslovaquia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Eslovaquia, DO C 301.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-192/18, Comisión Europea contra Polonia (Indépendance des juridictions de droit commun).

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-282/12, Comisión Europa contra Hungría.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-619/18, Comisión Europea contra Polonia (Indépendance de la Cour suprême).

Dirección General de Comunicación (2019), Flash Eurobarometer 482: Businesses' attitudes towards corruption in the EU.