Dictamen sobre la supresión de los obstáculos jurídicos para el uso del ecu (94/C 133/12)

El 29 de junio de 1996, de conformidad con el apartado 4 del artículo 20 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre el tema « Supresión de los obstáculos jurídicos para el uso del ecu ».

La Sección de Asuntos Económicos, Financieros y Monetarios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 8 de febrero de 1994 (Ponente: Sr. Meyer-Horn).

En su 313° Pleno (sesión del 23 de febrero de 1994), el Comité Económico y Social ha aprobado por unanimidad el siguiente Dictamen.

1. Observación preliminar

1.1. El 23 de diciembre de 1992 la Comisión presentó al Consejo un Libro Blanco (1) sobre la supresión de los obstáculos jurídicos para el uso del ecu.

En este Libro Blanco la Comisión invita a los Estados miembros a conceder inequívocamente la condición jurídica de divisa al ecu, y a tomar medidas relacionadas con:

- el uso del ecu en los contratos de derecho privado (por ejemplo, cláusulas de pago en ecus);

- las resoluciones judiciales en virtud de las normas de procedimiento;

- la organización y gestión de empresas (por ejemplo, publicidad de los precios y realización del balance en ecus);

- aduanas y fiscalidad (por ejemplo, pago de impuestos en ecus).

1.2. Por tanto, en su Libro Blanco, la Comisión no aboga por una reglamentación comunitaria, sino que más bien deja que cada Estado miembro tome, de acuerdo con su marco jurídico respectivo, las medidas que le parezcan oportunas, a fin de que nadie encuentre impedimentos ni dificultades en las leyes a la hora de usar el ecu (apartado 40).

1.3. La Comisión recuerda en su Libro Blanco que:

- el Consejo Europeo se pronunció a favor de un desarrollo en el uso del ecu (Dublín, 25/26. 6. 1990);

- el Instituto Monetario Europeo facilitará la utilización del ecu y supervisará su desarrollo, incluido el buen funcionamiento del sistema de compensación en ecus (apartado 2 del artículo 109 F).

1.3.1. Según la Comisión, un mayor uso del ecu ya durante la fase de transición facilitaría la introducción del ecu como moneda en sentido propio y moneda única en la Comunidad (apartado 4 del artículo 109 L) en la tercera etapa (apartado 44).

1.3.2. La Comisión considera el paso a la moneda única como un proceso complejo, que requerirá una especial preparación. Los ciudadanos, las empresas y la administración deberán poder adquirir, libres de obstáculos jurídicos, una experiencia previa (apartado 74).

1.4. En su Libro Blanco la Comisión describe y enumera en un anexo de 78 páginas los diferentes obstáculos jurídicos existentes para el uso del ecu. El Libro Blanco se apoya en una encuesta hecha a entidades de crédito y empresas y en la evaluación de un amplio estudio terminado a fines de 1991 y que consta de varios miles de páginas (apartado 16).

2. Observaciones generales

2.1. Estatuto del ecu como divisa

2.1.1. Para impulsar el uso del ecu no basta con suprimir obstáculos jurídicos. Durante la fase de transición hacia la Unión Económica y Monetaria el ecu seguirá siendo una cesta de monedas, con algunas ventajas e inconvenientes. La propia Comisión señala con razón que durante dicha fase el ecu no será siempre la mejor moneda de transacción (apartado 74). Por ello parece conveniente poner en claro a la opinión pública -a fin de crear confianza- sobre la actualidad y el futuro del ecu (cf. punto 2.3.2).

2.1.1.1. No obstante, la supresión de obstáculos jurídicos en el uso del ecu significa un avance en la dirección correcta. En efecto, si se quiere introducir el ecu dentro de pocos años, no pueden existir hasta poco antes de su introducción obstáculos jurídicos para su precursor, es decir, para el ecu como cesta de monedas. En virtud del apartado 4 del artículo 109 L del Tratado de la Unión Europea, el ecu deberá introducirse « rápidamente » tras el inicio de la tercera fase. No obstante, la supresión de obstáculos jurídicos en el uso del ecu no debería llegar hasta el punto de otorgar a éste ya en la fase de transición el estatuto de moneda de curso legal. Hacerlo así sería incompatible con la independencia absoluta que conservarán los bancos centrales nacionales hasta el comienzo de la tercera fase. En efecto, durante la fase de transición los bancos centrales nacionales seguirán siendo los únicos competentes y responsables en lo que respecta a la moneda de curso legal que se encuentre en vigor en el territorio de cada Estado miembro.

2.1.1.2. La Comisión ve acertadamente el punto de partida para la supresión de los obstáculos jurídicos en el hecho de que ningún país haya puesto en circulación el ecu como moneda de curso legal (las monedas ecu emitidas en Bélgica e Irlanda no tienen realmente dicho carácter; su valor es prácticamente numismático) (apartado 18). En algunos Estados miembros se ha conferido al ecu el estatuto de divisa, ya sea de jure (I, P, B, L, GR, F, E) o de facto (DK, IRL, NL).

Si bien en Gran Bretaña no existe ninguna disposición legal específica con respecto al ecu, éste puede ser utilizado como divisa. En Alemania se considera el ecu como una mera unidad de cuenta. No obstante, el Banco Federal Alemán ha comunicado (1) que en la República Federal las entidades de crédito pueden llevar cuentas y conceder préstamos en ecus.

2.1.1.3. Si todos los Estados miembros otorgasen de modo uniforme y oficial el estatuto de divisa al ecu, se suprimirían muchos obstáculos jurídicos a su uso (apartado 51). Esta consideración de la Comisión es en sí correcta. No obstante, cabe preguntarse si ello basta para que aumente el uso del ecu.

2.1.2. Un mayor uso del ecu durante la fase de transición requiere la supresión de obstáculos no sólo de tipo jurídico. Las vacilaciones en el uso del ecu se explican sobre todo por los costes y los riesgos de cambio que surgen al convertir la moneda nacional en ecus y viceversa.

2.2. Los riesgos de cambio del ecu

2.2.1. Los obstáculos de índole económica para el uso del ecu no pueden eliminarse mediante reglamentos.

2.2.1.1. Para una gran parte del público, los riesgos vinculados al uso del ecu y de otras divisas se han hecho visibles en los cambios registrados desde el pasado mes de agosto en la paridad de las diferentes monedas con respecto al ecu, en las turbulencias observadas en los mercados de divisas en otoño de 1992 y verano de 1993 y en la decisión tomada el 2 de agosto de 1993 por los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de ampliar en un 15 %, por encima y por debajo de la correspondiente paridad, el margen de variación de los tipos de cambio en el Sistema Monetario Europeo.

2.2.1.2. La disminución de los riesgos de cambio en el uso del ecu, y en general en el uso de divisas de otros países de la Unión Europea, sólo podrá lograrse cuando se alcance una mayor convergencia de los indicadores económicos. En una situación de recesión económica y de desempleo masivo, sólo podrá alcanzarse una mayor convergencia si existe la correspondiente voluntad política. El Comité aludió a ello en su Dictamen sobre las políticas que deben seguirse durante la fase transitoria de la Unión Económica y Monetaria, en el que señalaba tres requisitos (2):

2.2.1.2.1. una mejor coordinación a nivel comunitario de la políticas económicas de cada Estado miembro;

2.2.1.2.2. una intensa supervisión multilateral a nivel comunitario de dichas políticas;

2.2.1.2.3. una armonización de los programas de convergencia y reactivación.

2.2.2. Hasta que no se cumplan los requisitos señalados en el punto 2.2.1.2 no es de esperar que las economías privadas muestren mayor interés en usar el ecu. Por ello es acertado que, en estas circunstancias, la Comisión no proponga ninguna medida destinada a fomentar de modo forzado el uso del ecu. En efecto, ello podría producir una serie de ilusiones y decepciones que serían perjudiciales para el prestigio del ecu. Dichas decepciones pesarían también sobre la introducción de una moneda única europea bajo la denominación de ecu en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria.

2.2.3. Así pues, la supresión de los obstáculos jurídicos para el uso del ecu beneficiaría en un futuro próximo principalmente a las empresas que operen a escala internacional. Según el Libro Blanco de la Comisión (apartado 7), hasta ahora el uso del ecu por parte de los Estados miembros en su comercio exterior representa únicamente entre un 1 % y un 2 % del total de las operaciones realizadas. No obstante, el volumen de créditos en ecus a mediados de 1993 era de aproximadamente 200 millones de ecus, mientras que en el movimiento de pagos de compensación en ecus se contabilizaron diariamente unos 50 000 millones de ecus.

2.2.4. Con todo, el uso del ecu adquiere cada vez mayor importancia en los sistemas de compensación de organizaciones internaciones como Eurocontrol, para la seguridad aérea, Amadeus, para la reserva de vuelos y hoteles, o la UIC, para la compensación de pagos entre las distintas compañías de ferrocarriles, que a tal fin fijan anualmente en ecus su tarifa por kilómetro. Por ejemplo, según se deprende de la base de datos de la Dirección General II-D/2 de la Comisión, el volumen de estas operaciones de compensación se eleva a 2 150 millones de ecus en el caso de Eurocontrol y a 7 500 millones de ecus en lo que respecta a la UIC (3). En 1993, más del 35 % de los gastos del presupuesto comunitario, cifrado en unos 70 000 millones de ecus, se realizó en ecus (en 1987 no se llegó al 6 %).

2.3. Información del público y confianza en el ecu

2.3.1. Como complemento al Libro Blanco sobre los obstáculos jurídicos para el uso del ecu, el Comité recomienda que durante la fase transitoria -que comenzó el 1 de enero de 1994- de la Unión Económica y Monetaria se informe al ciudadano europeo de una manera adecuada y comprensible para todos (1). El contenido de dicha información, que podría proporcionarse en prospectos o folletos, debería ser una respuesta a las preguntas que se hace el ciudadano, especialmente en lo que se refiere a:

2.3.1.1. las consecuencias de la Unión Económica y Monetaria en la vida diaria de las economías privadas;

2.3.1.2. las ventajas y riesgos del uso del ecu en la fase transitoria, y

2.3.1.3. las consecuencias prácticas que tendría, en la tercera fase, la sustitución de las monedas nacionales por una moneda única europea, el ecu, especialmente en lo que se refiere a la circulación de billetes y monedas, la indicación de precios, la gestión de cuentas, la emisión y canje de valores, así como la contabilidad.

2.3.2. El Instituto Monetario Europeo (IME) debería ser consultado cuando la Comisión prepare, en colaboración con los Estados miembros, la información dirigida a la opinión pública a la que se alude en el anterior punto 2.3.1.

2.3.3. El IME debería informar acerca de todas las medidas propuestas por los Estados miembros en lo que respecta a la supresión de los obstáculos jurídicos para el uso del ecu. Ello es aplicable concretamente al tratamiento, de conformidad con la reglamentación relativa a la supervisión, de los riesgos de las entidades de crédito con respecto al ecu.

2.3.4. Forman parte también de la información dirigida a la opinión pública las diferentes posibilidades de utilización del ecu en la fase transitoria, con todos sus riesgos (cf. puntos 2.2.2 y 3.1.7.3), pero también con algunas ventajas.

2.3.4.1. Entre las ventajas debería figurar la perspectiva de transformación del ecu como cesta de monedas en el ecu como divisa comunitaria independiente y finalmente única, en la relación 1:1, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 109 L, mientras que la paridad de las diferentes monedas nacionales con respecto al ecu seguirá siendo incierta hasta el final de la fase transitoria. Por tanto, el ecu, a pesar de ser actualmente sólo una cesta de monedas, se convertiría legalmente en el ecu de la tercera fase de la Unión Monetaria. Así, por ejemplo, si durante la fase transitoria se invierten fondos en obligaciones a largo plazo en ecus (2), se asegura uno el pago de intereses y amortizaciones de dichos empréstitos en la tercera fase en la futura moneda europea ecu, con una paridad de 1:1 con respecto al ecu actual.

2.3.4.2. Otra ventaja, no conocida por lo general, se deriva de la « congelación » de la composición del ecu como cesta de monedas en la segunda fase, según lo dispuesto en el artículo 109 G del Tratado de Maastricht. Es decir, los montantes de las diferentes monedas nacionales de que se compone el ecu permanecerán fijos. No obstante, según la evolución de los tipos de cambio podrá variar la ponderación de las diferentes monedas (y por tanto su porcentaje respectivo en la composición de la cesta de monedas). Dicho de otro modo, en lugar de los dos riesgos existentes hasta ahora -el de modificación en la composición de la cesta de monedas y el de modificación de los tipos de cambio-, sólo existirá el riesgo relativo a los tipos de cambio. Con ello será más fácil para los mercados obtener o liquidar haberes en ecus, en la medida en que comprarán o venderán en diferentes monedas los importes parciales, invariables a partir de ahora, del ecu como cesta de monedas (3).

2.3.4.3. Un uso adicional del ecu como cesta de monedas en la fase transitoria se deriva de la obligación por parte de los Estados miembros de pagar en ecus los importes correspondientes a los Fondos Estructurales destinados al presupuesto comunitario, por una parte, y por otra, de transferir asimismo en ecus a los destinatarios en los países miembros los pagos procedentes de los fondos comunitarios. Con este gran volumen de pagos de transferencia realizados en ecus se produce un aumento en la demanda de dicha moneda y, con ello, aumentan también las posibilidades de efectuar transacciones en ecus. De ello podría tal vez derivarse también un mayor interés de los Estados miembros en aceptar los pagos de impuestos en ecus (cf. puntos 3.3.2 y 3.3.3).

3. Observaciones específicas

3.1. El ecu como medio de pago, como moneda hipotecaria y en el ámbito judicial

3.1.1. Se apoya la recomendación de la Comisión de que todos los Estados miembros otorguen al ecu la condición jurídica de una divisa y prevean expresamente las siguientes posibilidades (apartado 49):

3.1.1.1. servirse del ecu en acuerdos contractuales (apartado 50);

3.1.1.2. emitir efectos expresados en ecus y canjear asimismo en ecus los efectos emitidos en terceros países (apartados 27 y 52), así como prever su cotización en bolsa (apartado 33);

3.1.1.3. ser titular de cuentas corrientes y a plazo en ecus, remunerar dichas cuentas y realizar operaciones de pagos también en ecus (apartado 53).

3.1.2. Por otra parte parece conveniente adecuar las disposiciones en materia de supervisión a fin de que los riesgos en ecus de las entidades de crédito y las compañías de seguros no se vean discriminados con respecto a los riesgos en otras divisas (apartado 54).

3.1.3. Por último, en lo que respecta a las disposiciones de cada Estado miembro sobre el uso del ecu no debería distinguirse entre las relaciones comerciales de residentes y no residentes, o entre las que se realizan en el interior de un país o las transfronterizas (apartado 56).

3.1.4. Como ejemplos de la supresión de obstáculos jurídicos para el uso del ecu a la que se hacía mención en el punto 3.1.1 pueden citarse la ley belga de 12. 7. 1991 (Moniteur Belge de 9. 8. 1971) y la ley francesa de 16. 7. 1992 (Journal Officiel de la Republique Française de 18. 7. 1992) y la ley luxemburguesa de 29. 7. 1993.

3.1.4.1. La ley belga -que modifica el artículo 6 de la ley de 30. 12. 1885- establece que en los documentos públicos y actos administrativos los importes puedan indicarse no sólo en francos belgas, sino también en ecus o en la moneda de cualquiera de los 24 países de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos).

3.1.4.2. En realidad, la ley francesa se refiere al fomento y protección fiscal del Plan de Ahorro en Acciones (PEA, « Plan d'épargne en actions »). No obstante, la ley prevé (en el artículo 14) que las obligaciones puedan expresarse en ecus. Antes de la entrada en vigor de dicha disposición podían ser anulados los contratos entre residentes que establecían un pago en divisas extranjeras sin basarse en una operación internacional.

La citada ley no cambió nada en el hecho de que el franco francés continúe siendo el único medio legal de pago. Además, la nueva posibilidad legal de usar el ecu supone un acuerdo previo entre las partes contratantes. Con esa condición, se admite el uso del ecu en el plano administrativo, por ejemplo en el ámbito de la contratación pública y de la fiscalidad, así como en la emisión de deuda pública (artículo 37 del proyecto de Ley de Presupuestos para 1993) (apartado 44).

3.1.5. Las leyes belga y francesa mencionadas en el punto 3.1.4 dan un paso en la dirección correcta. No obstante, no resuelven un problema planteado por la legislación de algunos Estados miembros, ya que en determinados casos -especialmente en las subastas públicas y negocios inmobiliarios- se prescribe el pago en efectivo (es decir, en billetes de banco) y no mediante dinero en cuentas (cheques o transferencias). Dado que ningún Estado miembro pone en circulación el ecu como dinero efectivo (ver punto 2.1.1.1), incluso la equiparación legal del ecu a una divisa sólo ofrece la posibilidad de usar realmente el ecu cuando esté permitido el pago en dinero en cuentas, y en la medida en que se disponga de cuentas bancarias en ecus.

3.1.5.1. Tampoco la Convención Europea de 11. 12. 1967 sobre operaciones en divisas distingue (en el artículo 5 del anexo) entre dinero en efectivo y dinero en cuentas. No obstante, en algunos países la legislación y la jurisprudencia siguen sin permitir el uso del dinero en cuentas en las mismas condiciones que el del dinero en efectivo, a no ser que las partes contratantes lo hayan convenido expresamente. En estas circunstancias, en algunos casos no podrán cumplirse obligaciones de pago contraídas en ecus, y menos aún ejecutarlas por vía judicial.

3.1.5.2. Por ello, la supresión de los obstáculos jurídicos para el uso del ecu sería una buena ocasión para que el legislador equiparase de modo general el pago con dinero en cuentas al pago efectuado en dinero efectivo. No obstante, en algunos Estados miembros sigue siendo posible exigir el pago en efectivo si el acreedor así lo desea o las partes contratantes no han llegado a un acuerdo. A la vista de la recesión en el empleo de dinero en metálico, por una parte, y de las disposiciones destinadas a combatir el blanqueo de dinero, por otra, dicha situación parece anacrónica.

3.1.6. En lo que respecta a las disposiciones en materia procesal debería garantizarse que en las resoluciones judiciales puedan establecerse y ejecutarse también en ecus las obligaciones de pago, siempre que las partes hayan convenido de modo explícito en que dichas obligaciones se expresen en ecus. La ejecución debería posibilitarse explícitamente también en forma de pignoración de haberes en cuentas en ecus. Los costes derivados de una eventual conversión de ecus en la moneda nacional deberían correr a cargo del deudor. Dicha conversión debería efectuarse con arreglo al tipo de cambio vigente en la fecha de la sentencia judicial (tal como lo prevén, por ejemplo, los artículos 1018 y 1650 del Código Judicial belga).

3.1.7. Otro campo de utilización del ecu está relacionado con la posibilidad legal de inscribir hipotecas en ecus y de conceder préstamos hipotecarios igualmente en ecus. La mencionada ley belga de 12. 7. 1991 ya prevé dicha posibilidad (en el artículo 3), así como las modalidades de conversión en la moneda nacional de las hipotecas expresadas en ecus.

Los cambios registrados desde otoño de 1992 en la paridad del ecu con respecto a la moneda nacional han mostrado que las hipotecas en ecus pueden revestir considerables riegos para el deudor cuando se produce una devaluación de la moneda nacional con respecto al ecu. Por ello, en el momento de inscribirse la hipoteca o de concederse préstamos hipotecarios en ecus debería prevenirse expresamente al deudor sobre la existencia de dichos riesgos.

3.1.7.1. En los últimos años se han ofrecido préstamos hipotecarios y otros tipos de créditos en ecus a unos tipos de interés mucho más bajos que los ofrecidos en moneda nacional. La depreciación de algunas divisas con respecto al ecu registrada desde otoño de 1992 significa que a partir de ese momento los deudores deben pagar más de lo que esperaban para el servicio de los préstamos -amortización y pago de intereses- en moneda nacional. El inconveniente de la sobrecarga condicionada por la depreciación puede ser mucho mayor que la ventaja de un tipo de interés más bajo, al menos cuando el deudor no tenga ingresos en ecus y deba por tanto adquirir con moneda nacional los importes expresados en ecus.

3.1.7.2. Otro inconveniente, que con frecuencia se pasa por alto, surge cuando se registra una hipoteca de primer orden en ecus y la moneda nacional se deprecia con respecto al ecu. Convertido en moneda nacional, el valor de la hipoteca de primer orden en ecus puede acercarse tanto al valor de mercado de todo el inmueble que ya no quede lugar para la inscripción de otra hipoteca.

3.1.7.3. Los riesgos vinculados a las hipotecas y préstamos en ecus, mencionados en los puntos 3.1.7.1 y 3.1.7.2, son un ejemplo de los desengaños que pueden sufrir las economías privadas al usar el ecu en el período transitorio. Ello constituye una razón adicional para apoyar a la Comisión en su negativa a proponer medidas tendentes a fomentar de un modo forzado el uso del ecu en el sector privado (ver punto 2.2.2).

3.2. Capital social, facturación y realización de balances en ecus

3.2.1. Según se desprende de las reflexiones contenidas en el Libro Blanco de la Comisión, todos los Estados miembros deberían ofrecer a sus empresas las siguientes posibilidades:

3.2.1.1. constituir, ampliar y reducir su capital social en ecus (apartados 19, 32 y 63);

3.2.1.2. fijar y anunciar sus precios en ecus y, en consecuencia -con el acuerdo de los socios comerciales-, facturar inmediatamente en ecus (apartados 29 y 64);

3.2.1.3. llevar todas las cuentas diarias en ecus y presentar asimismo en ecus las cuentas anuales y todos los balances (apartados 34 y 63).

3.2.2. En un primer momento los Estados miembros podrían limitarse a acordar las posibilidades mencionadas en el punto 3.2.1. sólo a aquellas empresas que lleven a cabo actividades transfronterizas. La posibilidad apuntada en el punto 3.2.1.1 debería, una vez iniciada, estar vinculada siempre a la posibilidad indicada en el punto 3.2.1.3, y ser utilizada por la empresas sin limitarse a uno o dos ejercicios anuales.

3.2.3. Algunas empresas ya han tomado la iniciativa de utilizar la posibilidad apuntada en el punto 3.2.1.2 de indicar los precios también en ecus, sobre todo en el comercio al por menor, la venta a distancia por catálogo, el turismo y la hostelería. Indicar los precios en ecus facilita la comparación de precios principalmente en las regiones fronterizas, los lugares de vacaciones y en las cadenas internacionales de hoteles. No obstante, a fin de evitar desengaños, deberá procurarse lo siguiente:

3.2.3.1. adaptar continuamente la indicación de precios en ecus a la evolución de los tipos de cambio;

3.2.3.2. no excederse en el redondeo al alza en la indicación de los precios;

3.2.3.3. indicar siempre de modo bien visible el tipo de cambio a partir del cual se calculan los precios expresados en ecus.

3.2.4. Aquellas empresas que presentan sus informes y balances expresados en ecus y en otras monedas deberían estar obligadas a indicar de manera claramente identificable el tipo de cambio ecu empleado con respecto a la moneda nacional.

3.3. Aranceles e impuestos en ecus

3.3.1. Los aranceles percibidos en las fronteras exteriores de la Comunidad van a parar directamente al presupuesto comunitario, que está expresado en ecus. Sería conveniente modificar el Código de aduanas Comunitarias de modo que se previeran las siguientes posibilidades (apartado 71):

3.3.1.1. expresar el valor en aduana también en ecus;

3.3.1.2. introducir en los formularios aduaneros una casilla para la expresión en ecus;

3.3.1.3. liquidar los aranceles en ecus.

3.3.2. Es de esperar que un gran número de empresas multinacionales hagan uso de la posibilidad, apuntada en el punto 3.2.1.3, de convertir en ecus toda su contabilidad. Por ello sería lógico prever que en esas empresas se llegue a tomar como base el ecu también para el cálculo de la base imponible y que los impuestos puedan liquidarse en ecus. De lo contrario, los impuestos pendientes de pago constituirían la única partida contable que debería expresarse en moneda nacional, junto a unos ingresos y gastos expresados en su totalidad en ecus. Dado que el pago de impuestos en ecus está limitado a una relación directa entre las empresas y el Estado, ello no implicaría que el ecu se convirtiera, en términos generales, en un medio legal de pago que debiera aceptarse forzosamente.

3.3.3. En Francia y los Países Bajos ya existe la posibilidad de pagar impuestos en ecus. También pueden utilizar esta alternativa las economías privadas que perciben sus ingresos en ecus. No obstante, el pago de impuestos en ecus está indicado en primer lugar para aquellas empresas cuyos ingresos en ecus superen a los gastos expresados asimismo en ecus. Ello vale especialmente cuando la relación de cambio con respecto a la moneda nacional haya empeorado en el transcurso del ejercicio anual y el excedente de la empresa, expresado en ecus, debiera en caso contrario figurar en el balance con una depreciación.

3.3.4. El pago de impuestos en ecus podría resultar de interés también para las autoridades nacionales cuando hubiera una cierta demanda de ecus como consecuencia de la realización de transferencias, expresadas en ecus, en relación con el presupuesto comunitario (cf. punto 2.3.4.3).

3.4. El ecu en el derecho comunitario

3.4.1. Sería conveniente que en el derecho comunitario se hiciera referencia, de modo sistemático y explícito, al ecu.

3.4.2. Ello vale principalmente para las propuestas -actualmente en fase de discusión y preparación- de directivas, reglamentos y decisiones en materia de seguros, entidades de crédito, mercados de valores y derecho de sociedades, especialmente en lo que respecta a los estatutos de una sociedad europea, una cooperativa europea y una mutua europea, así como a los de la Agrupación europea de interés económico (AEIE) (apartado 76).

3.4.3. El uso del ecu debería preverse asimismo en los contratos públicos, siempre que haya una reglamentación comunitaria al respecto.

Hecho en Bruselas, el 23 de febrero de 1994.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Susanne TIEMANN

(1) Doc. SEC(92) 2472 final.

(2) Por ej.: 1002/90, Bundesanzeiger del 5 de enero de 1990.

(3) Cf. « Análisis de las políticas que deben seguirse en la Comunidad durante la fase transitoria de la UEM ». DO n° C 34/25 de 2. 2. 1994.

(4) Cf. European Economy, Supplement A, N° 4/93.

(5) DO n° 34/25 de 2. 2. 1994, punto 1.6.1.

(6) A finales de 1992 el Banco Europeo de Inversiones había emitido empréstitos en ecus por un valor total de 13 400 millones de ecus.

(7) Ver anexo con las modificaciones registradas en la composición de la cesta de monedas del ecu (datos de la Dirección General II, D 2, « Ecu », de la Comisión Europea.