Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a la prevención y el control integrados de la contaminación (1) (94/C 195/19)

El 29 de octubre de 1993, de conformidad con el artículo 130 S del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Medio Ambiente, Sanidad y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 5 de abril de 1994 (Ponente: Sr. Boisserée).

En su 315° Pleno (sesión del 27 de abril de 1994), el Comité Económico y Social ha aprobado el siguiente Dictamen, con 116 votos a favor, 7 en contra y 9 abstenciones.

1. Introducción

1.1. El proyecto de Directiva, basada en el artículo 130 S del Tratado CE, se centra, en aras de la protección del medio ambiente, en la concesión de autorizaciones administrativas para la explotación de determinadas instalaciones industriales de los sectores siguientes:

- industria de la energía,

- producción y transformación de metales,

- industrias de productos minerales no metálicos,

- industria química,

- gestión de residuos,

- industrias diversas.

1.2. A diferencia de las directivas comunitarias elaboradas hasta ahora en el ámbito de la protección del medio ambiente, el presente proyecto adopta un « enfoque integrado » que abarca todas las emisiones a la atmósfera, al agua y a la tierra, incluyendo los residuos y otros problemas relacionados con el entorno (por ejemplo, el ruido).

1.3. El objetivo de la Directiva -la prevención y control de la contaminación- deberá alcanzarse gracias al respeto de valores límite de emisión y de objetivos de calidad del medio ambiente. Con el fin de poder promover límites de emisiones adecuados y de mejorar la calidad del medio ambiente, el proyecto de Directiva no establece ni normas ni valores límite propios sino que remite al derecho comunitario, a las legislaciones nacionales, a disposiciones locales, así como a las « directrices » recomendadas por la OMS.

1.4. Por el contrario, la propuesta de Directiva contiene disposiciones muy detalladas relativas a la concesión de permisos, y en especial, a sus solicitudes y requisitos. Otras disposiciones se refieren a:

- la participación del público,

- la coordinación de las autoridades interesadas,

- las modalidades de vigilancia de las instalaciones, en especial la revisión cada 10 años de todos los permisos concedidos,

- el intercambio de información sobre la aplicación de la Directiva entre los Estados miembros y la Comisión.

1.5. La propuesta de la Comisión remite explícitamente al V Programa Comunitario de Medio Ambiente (véase el capítulo 4.1 del mismo).

2. Resumen de los resultados del dictamen del CES

- el Comité acoge con satisfacción el enfoque integrado; no obstante, presenta una serie de observaciones de peso en contra del proyecto, así como numerosas propuestas de modificación;

- el Comité sugiere que se introduzca una obligación general de limitación de las emisiones según el « estado de la técnica » -mejores técnicas disponibles (MTD)-;

- el Comité pide que, en relación con la Directiva, se dé un mandato a la Comisión para que elabore propuestas para la fijación a escala europea de valores límite de emisión, en el orden de prioridades de la política de medio ambiente. Respecto de los detalles técnicos, cabría referirse a normas de los institutos de normalización europeos o internacionales;

- por otro lado, el Comité considera que la Directiva podría prescindir de normas de procedimiento demasiado pormenorizadas;

- las disposiciones relativas a la relación entre valores límite de emisión y normas de calidad del medio ambiente suscitan reservas.

3. Observaciones generales

3.1. El Comité acoge con satisfacción el tratamiento de la contaminación desde la base (instalaciones industriales), es decir, el enfoque integrado de la contaminación del aire, agua, suelo e inclusive de los ruidos (véase el punto 4.2.3 del dictamen sobre el V Programa Comunitario de Medio Ambiente) (2). No obstante, considera que la Directiva, en su forma actual, no está aún lista para su aprobación, ya que no responde a los objetivos establecidos en el artículo 130 R del Tratado CE en la versión de Maastricht (principio de acción preventiva, elevado nivel de protección, corrección, en la fuente misma, de los ataques al medio ambiente).

3.2. Las disposiciones del proyecto de Directiva son incompletas; faltan por ejemplo algunos grupos de emisiones (por ejemplo, vibraciones, luz y otras radiaciones). Algunos medios ecológicos sólo están protegidos parcialmente (en concreto, son insuficientes las disposiciones relativas a la protección del suelo).

El enfoque integrado incluye:

- los efectos de las instalaciones industriales, no sólo en los medios ecológicos (aire, agua, suelo, etc.), sino también en la utilización de recursos naturales (incluidas las fuentes de energía);

- no sólo las instalaciones y procedimientos de producción, sino también la compatibilidad medioambiental de las sustancias utilizadas y de los productos fabricados;

- los sistemas cerrados de circulación interna de las empresas que están capacitados para introducir en los procedimientos de producción el principio del control integrado de la contaminación.

El proyecto aborda en parte estos aspectos, pero las disposiciones correspondientes son incompletas. Estas cuestiones están tratadas también parcialmente en otras directivas, que deberían ser reelaboradas en función del actual estado de la técnica, a fin de satisfacer el principio de la política integrada de medio ambiente (V Programa Comunitario « Hacia un desarrollo sostenible »).

3.3. La propuesta de Directiva coloca el sistema de autorización administrativa en el centro de la evaluación integrada de la compatibilidad medioambiental de las instalaciones industriales. El CES considera que este principio es correcto, pero que en el proyecto se aplica de manera desigual.

3.3.1. De conformidad con los principios de acción preventiva y de quien contamina paga, que constituyen las orientaciones políticas de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente (artículo 130 R del Tratado CE), conviene establecer una obligación fundamental para las empresas, inclusive las que no estén sujetas a la autorización, que abarque todos los medios ecológicos y responda a las MTD (mejores técnicas disponibles). El respeto de esta obligación deberá ser objeto de una vigilancia administrativa adecuada, independientemente del sistema de autorizaciones individuales. El Reglamento (CEE) n° 1836/93 de 29 de junio de 1993, por el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (1), aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, estipula dicha obligación. De este modo, los instrumentos (« control integrado de la contaminación » y « auditoría medioambiental ») podrían complementarse en los casos para los que se recurra al Reglamento sobre dicho tipo de auditoría. Tal y como ya prevé acertadamente el presente proyecto, la obligación de autorización individual podrá limitarse entonces a las grandes instalaciones industriales, que son los únicos casos para los que los trámites relacionados con la concesión del permiso están efectivamente justificados.

3.3.2. El proyecto parte justificadamente de la base de que el procedimiento de autorización no se puede aplicar sin antes haber fijado valores límite de emisión. Sin embargo, sería completamente impracticable fijar dichos límites según los casos, ya que entonces el procedimiento de autorización resultaría imprevisible para los interesados y no cumpliría los principios del Estado de derecho.

3.3.3. Según el proyecto, dichos valores límite deberán establecerse fundamentalmente a nivel local o nacional y sólo excepcionalmente a nivel europeo.

Por el contrario, el CES pide un mandato inequívoco a la Comisión para que, como corresponde a la política comunitaria desarrollada hasta ahora en materia de medio ambiente, proponga al Consejo valores límite de emisión a nivel comunitario;

- podrán elaborarse a nivel europeo tales valores, dirigidos al control integrado de la contaminación, siempre y cuando se basen en las MTD. La Agencia Europea de Medio Ambiente (que por fin ya va a iniciar sus actividades tras la decisión relativa a su sede), con el apoyo de las autoridades competentes de los Estados miembros, puede preparar el terreno para la elaboración de valores límites europeos. El intercambio de experiencia entre los Estados miembros y la Comisión previsto por el presente proyecto puede resultar útil a este respecto;

- el mandato para la fijación de valores límite puede ser realizado a medio plazo en el orden de prioridades de la política de medio ambiente; se puede efectuar una distinción en función de los sectores y, llegado el caso, en función de la magnitud de las instalaciones, como ha sido el caso hasta ahora en la legislación comunitaria. Con el fin de tener en cuenta el enfoque dinámico de las MTD, los valores límite de emisión deberían completarse con valores objetivo escalonados en el tiempo;

- con el fin de facilitar la adaptación a la evolución técnológica, parece oportuno recurrir a los instrumentos de normalización europeos e internacionales, en especial, en lo relativo a las modalidades técnicas, cuando tales normas hayan sido elaboradas y reconocidas por las autoridades públicas responsables (véase el dictamen del CES sobre el V Programa Comunitario, punto 4.2.3).

3.3.4. La Comisión justifica su rechazo de los valores límite europeos basándose entre otras cosas en el principio de subsidiariedad (artículo 3 B del Tratado de Maastricht).

3.3.4.1. El CES no comparte este argumento de la Comisión y considera que un principio de subsidiariedad bien entendido no se opone en absoluto al establecimiento de valores límite a nivel europeo.

- Si, de conformidad con el principio de subsidiariedad, el nivel de acción está determinado por la importancia del tema para el mercado interior y la coherencia, el establecimiento de valores límite a nivel europeo deberá ser entonces una prioridad absoluta. El más alto nivel de protección en la Comunidad que estipula el Tratado CE no podrá conseguirse sin valores límite europeos.

- De conformidad con el Tratado de Maastricht, el principio de subsidiariedad no debe dar lugar a distorsiones de la competencia ni poner cortapisas a un desarrollo compatible con el respeto del medio ambiente en el seno de la Comunidad (artículo 2 del Tratado). Podría suceder tanto lo uno como lo otro si se prescinde de valores límite a nivel europeo.

3.3.4.2. El principio de subsidiariedad no deberá dar lugar en ningún caso a que se renuncie a introducir y aplicar de manera unitaria el control integrado de la contaminación.

3.4. El CES opina que merece considerarse la posibilidad de no establecer normas para el procedimiento administrativo demasiado pormenorizadas cuando no resulten imprescindibles, con el fin de garantizar la aplicación unificada del control integrado de la contaminación. Este enfoque sería particularmente oportuno cuando los detalles de la Directiva:

- dificulten la introducción del nuevo procedimiento de autorización en el procedimiento administrativo de los Estados miembros y la actual legislación europea que en adelante seguirá en vigor (por ejemplo, la Directiva sobre la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente y el Reglamento sobre la auditoría medioambiental que, en parte se superponen con el ámbito de acción de la presente Directiva);

- pongan en peligro la coordinación con la legislación en materia de construcciones y planificación, así como también con la relativa a la protección de la naturaleza;

- sobrecarguen innecesariamente a empresas solicitantes a causa de duplicaciones innecesarias o procedimientos de autorización complicados, sin lograr una mejora material de la protección de la naturaleza.

3.5. El CES alberga serias dudas sobre el proyecto de Directiva en lo relativo a la relación entre los valores límite de emisión y las normas de calidad del medio ambiente.

3.5.1. Básicamente, es exacto que, en materia de limitación de las emisiones, deberá fomentarse la adopción de medidas que vayan más allá de las MTD, cuando no se respeten las normas de calidad del medio ambiente. Con todo, cabe incluir en dichas medidas las instalaciones existentes con el fin de facilitar el establecimiento del mayor número posible de empresas incluso en zonas de concentración urbana.

3.5.1.1. Queda por precisar quién debe definir las normas de calidad del medio ambiente en el marco de la presente Directiva. No es suficiente con remitir a los valores de la OMS, tanto más cuanto que dichos valores no son baremos homogéneos únicos para la política de medio ambiente.

El punto de vista del CES sobre la necesidad de disponer de valores o normas europeas está pues justificado (punto 3.3 de este dictamen). Las normas de calidad existentes deberán mejorarse inmediatamente allí donde resulte necesario y deberá establecerse la reglamentación que falta.

3.5.2. El CES rechaza la disposición del proyecto (apartado 3 del artículo 9) por la que se puede derogar el principio de la MTD cuando se respeten las normas de calidad del medio ambiente.

- Dicha disposición es contraria al principio de acción preventiva (artículo 130 R del Tratado) y provocará igualmente distorsiones de la competencia entre áreas industriales.

- La disposición tampoco tiene en cuenta que, con frecuencia, las emisiones repercuten en otras regiones distintas del lugar de producción, por ejemplo, por razones de tipo climático, topográfico o geológico (que el artículo 16 del proyecto no toma suficientemente en consideración).

- Asimismo, dicha disposición tampoco es económicamente razonable, puesto que más tarde o más temprano será necesario volver a mejorar las instalaciones que hayan recibido una autorización en condiciones menos severas. Sin embargo, desde el punto de vista técnico y financiero, estas « mejoras » son siempre más complejas que si desde un principio se toman en consideración las MTD (en el momento de la construcción o de la primera puesta en funcionamiento).

- Si han de ser viables, las normas de calidad del medio ambiente sólo podrán limitarse a la fijación de una norma mínima. Esto no significa sin embargo que las zonas donde el medio ambiente es mejor deban ajustarse a un « nivel de contaminación medio ». Dicha actitud no fomentaría el « desarrollo sostenible » (V Programa Comunitario).

3.5.2.1. Tras todo lo que precede, el Comité sugiere que se suprima esta problemática disposición.

4. Observaciones sobre las distintas disposiciones

4.1. Artículo 2

- En los apartados 2 y 4 a) deberían incluirse las emisiones en forma de « luz y vibraciones ».

- En el apartado 5 debería hacerse una referencia a la cantidad (y no a la masa) de sustancias etc. Por otra parte, los valores límite deberían ser definidos de modo tal que no fuera posible « desviarse » de ellos mediante la dilución de los gases de escape o de las aguas residuales.

- La definición que figura en el apartado 9 de « modificación sustancial » (aumento del 5 % de la emisión) es demasiado rígida. Todo depende de si debido a la modificación de la instalación se ven afectados los factores de los que depende la concesión de la autorización (por ejemplo, peligrosidad de la emisión)... no pueden seguir manteniéndose las condiciones de autorización se transgreden las normas de calidad del medio ambiente.

Por último, en la evaluación de las modificaciones sustanciales no se mencionan los ruidos ni las emisiones de calor.

4.2. Artículo 3

El proyecto no toma en consideración la posibilidad de conceder permisos parciales (por ejemplo para prue

bas). Puede darse igualmente la necesidad de conceder un trato simplificado a las instalaciones de ensayos. Tras todo esto, cabe considerar que no es oportuno abordar en la Directiva demasiados detalles de procedimiento (punto 3.4 de este Dictamen).

4.3. Artículo 4

En muchos casos, resulta superfluo someter a todas las instalaciones existentes a un nuevo procedimiento esquemático de autorización. Las condiciones del permiso únicamente deberían modificarse por motivos de protección del medio ambiente, como:

- la modificación de la instalación,

- la mejora de las técnicas disponibles (MDT) para reducir las emisiones,

- la necesidad de mejorar la situación medioambiental.

4.4. Artículo 5

- Cabe temer que la Directiva, al coexistir con la actual legislación de la Comunidad que no ha sido alterada así como con la legislación de los Estados miembros, dé lugar a un exceso de reglamentación. Ello anularía (véase el punto 3.4 de este dictamen) los esfuerzos de los Estados miembros por simplificar y hacer transparente el procedimiento de autorización.

No obstante, en la Directiva debería exigirse que con la solicitud de permiso se suministren todas las informaciones y se presenten todos los documentos que permitan verificar que en la instalación proyectada se observan los valores límite en vigor.

- Respecto del guión 9 del apartado 1, cabe preguntarse sobre la oportunidad de exigir del solicitante « opciones ... que se hayan estudiado y rechazado ». Esta disposición carece de sentido: se trata únicamente del respeto de los límites de emisión y de las normas de calidad del medio ambiente; tampoco se determina un procedimiento tecnológico concreto para la consecución de estos objetivos.

- El apartado 2 no excluye el peligro del solapamiento de disposiciones, antes bien, la acumulación de pormenores procedentes de diferentes procedimientos administrativos complicará aún más el procedimiento de autorización.

4.5. Artículo 6

El CES reconoce la necesidad de una coordinación del procedimiento de concesión de permisos y de las decisiones administrativas. No obstante, la reglamentación prevista a este respecto en la propuesta de la Comisión no puede aplicarse en todos los Estados miembros (especialmente en aquellos que tienen una estructura federal). De acuerdo con los fines de la Directiva propuesta, lo importante es ante todo prescribir que la autoridad competente que determine la legislación nacional para el examen de las solicitudes de permiso examine detalladamente todos los requisitos exigidos por la Directiva y adopte su decisión.

4.6. Artículo 7

El plazo de examen previsto en el apartado 2 (6 meses) no es suficientemente flexible. Asimismo, hay que observar que la legislación de algunos Estados miembros y la Directiva sobre la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente, que debe ser considerada paralelamente a la normativa propuesta, establecen la plena participación del público.

Por lo demás, se remite al punto 3.4 de este Dictamen.

4.7. Artículo 8

La disposición del apartado 6 es demasiado estricta; en determinadas circunstancias los permisos para la protección del medio ambiente deberán estar relacionados con procedimientos acogidos a la legislación en materia de construcciones, planificación y protección del medio ambiente; especialmente los ataques a la naturaleza o al paisaje a menudo están relacionados de muchas maneras con los requisitos para la concesión del permiso. Desempeña un importante papel la coordinación con las exigencias de seguridad en las empresas y con los requisitos de protección del medio ambiente en el recinto de la empresa.

Por lo demás, se remite también al punto 3.4 de este Dictamen.

4.8. Debería redactarse un nuevo artículo 8 A de la manera siguiente:

« La Comisión propone, según el procedimiento previsto en el artículo 130 S del Tratado, que se adopten valores límite de emisión para las actividades y procedimientos especificados en el Anexo 1. Los valores mínimos deberán establecerse con arreglo a las prioridades de la política de medio ambiente y a las mejores técnicas disponibles. En lo que respecta a los detalles técnicos, dichos valores mínimos pueden referirse a normas reconocidas internacionales o comunitarias; también pueden contener valores finales escalonados en el tiempo. »

Exposición de motivos

Véase el punto 3.3.3 del presente Dictamen.

4.9. Artículo 9

El apartado 1 debería redactarse de la manera siguiente:

« Los valores límite de emisión establecidos conforme al artículo 8 A y las medidas de los Estados miembros deberán garantizar que no se infrinjan normas de calidad ambiental. »

Exposición de motivos

Es necesario adaptar dicho apartado con arreglo al artículo 8 A propuesto.

- Se suprime el apartado 3.

Exposición de motivos

Véase el punto 3.5.2 del Dictamen.

En su lugar, podría añadirse un nuevo apartado 3, redactado de la manera siguiente:

« La Comisión propone, según el procedimiento previsto en el artículo 130 S del Tratado, la decisión sobre normas de calidad del medio ambiente conforme a las prioridades de la política de medio ambiente. En la formulación de normas de calidad del medio ambiente deberán tenerse en cuenta las directrices de la Organización Mundial de la Salud siempre y cuando sean viables y suficientes. La segunda y tercera frase del artículo 8a deberán aplicarse « mutatis mutandis. »

Exposición de motivos

Véase el punto 3.5.1.1 del Dictamen.

4.10. Artículo 12

- Las disposiciones de los apartados 2 y 3 son demasiado esquemáticas. La revisión del permiso es necesaria únicamente ante una modificación de las circunstancias que lo determinaron o cuando se trate de adaptarlo a la mejor técnica disponible del momento. La repetición completa de todo el procedimiento de autorización parece innecesaria, tanto más cuanto que incluso dentro de los plazos previstos por el proyecto es indispensable realizar controles oficiales de las instalaciones.

- El apartado 4 suscita una serie de observaciones: no se justifica que cuando el permiso deja de estar en vigor se prolongue dos años más la autorización de la instalación, sobre todo cuando haya riesgo para el medio ambiente.

4.11. Artículo 13

Debería introducirse el siguiente artículo 13 A:

« Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las emisiones producidas por actividades y procedimientos que no precisen autorización -conforme al artículo 3 y en relación con el Anexo I- estarán limitadas en la medida que lo permitan las mejoras técnicas disponibles. La misma disposición se aplica a los Anexos III y IV. »

Exposición de motivos

Véase el punto 3.3.1 del Dictamen.

4.12. Artículo 14

Deberá garantizarse que en las legislaciones nacionales permanecerá intacta la amplia participación del público. Ello vale también para la participación de los trabajadores y sus representantes en la preparación, llevada a cabo en la propia empresa, del procedimiento de concesión de permisos; en el punto 4.7 de este dictamen ya se señaló la importancia que reviste la seguridad de la empresa y la protección del medio ambiente en el recinto de la misma.

4.13. Artículo 17

En el apartado 1 debería añadirse que la decisión sobre la modificación de los anexos tendrá lugar a propuesta de la Comisión y tras su examen en el « Comité consultivo » a cargo del Parlamento y del Consejo y según el procedimiento del artículo 130 S del Tratado, es decir, con la participación del Comité Económico y Social. El contenido de dichos anexos es de tal importancia que no parece justificable modificar el procedimiento de la Comisión, tanto más cuanto que las distintas agrupaciones sociales tienen gran interés en colaborar.

4.14. Artículo 19

Debería suprimirse el apartado 4.

Exposición de motivos

Desde el punto de vista de la política medioambiental no se puede aceptar una excepción total para las instalaciones incluidas hasta ahora en directivas comunitarias y que no figuran en el Anexo I.

4.15. Anexos I, II y III

4.15.1. Las categorías y procedimientos mencionados en el Anexo I deberán adaptarse a la Directiva sobre la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente.

Por lo que respecta a las instalaciones de combustión con una potencia superior a 50 MW (cf. Directiva 88/609/CEE), y en concordancia con la opinión sostenida hasta ahora por el Comité, no se justifica una excepción para instalaciones ya existentes.

En relación con el punto 6.6 del Anexo I debería comprobarse, durante la tramitación ulterior de la propuesta de Directiva, si es necesario o no tener en cuenta la cría intensiva de ganado y sus desechos con vistas a la Directiva sobre nitratos (91/676/CEE) y, en caso afirmativo, si es practicable para el tamaño de empresa considerado. La propuesta formulada por el CES en el punto 4.11 del presente Dictamen (nuevo artículo 13 A) puede que haga completamente superflua la disposición del punto 6.6 del Anexo I.

4.15.2. El Anexo II deberá adaptarse al apartado 3 del artículo 19 de la propuesta de Directiva.

Resulta especialmente problemático el apartado 8: todas las instalaciones existentes de incineración de residuos deberán someterse, lo antes posible y sin excepciones, al procedimiento integrado de concesión de permisos.

4.15.3. En la lista que figura en el Anexo III deberá incluirse la dioxina (PCDD) y el furano (PCDF).

Hecho en Bruselas, el 27 de abril de 1994.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Susanne TIEMANN

(1) DO n° C 311 de 17. 11. 1993, p. 6.

(2) DO n° C 287 de 4. 11. 1992.

(3) DO n° L 168 de 10. 7. 1993.

ANEXO I al Dictamen del Comité Económico y Social

(Votación nominal sobre el conjunto del Dictamen)

Votaron a favor los siguientes Consejeros:

ABEJÓN RESA, AMATO, ANDRADE, ARENA, ATAÍDE FERREIRA, BAGLIANO, BASTIAN, BELTRAMI, BENTO GONÇALVES, BERNS, BLESER, BOISSERÉE, BONVICINI, BORDES-PAGES, BOTTAZZI, BREDIMA-SAVOPOULOU, BRIESCH, van den BURG, BURNEL, CEBALLO HERRERO, CHRISTIE, COLOMBO, DAVISON, de KNEGT, DECAILLON, d'ELIA, van DIJK, DONCK, DOUVIS, DRAIJER, DRILLEAUD, ETTY, EULEN, FERNÁNDEZ, FLUM, FRANDI, FRERICHS, GAFO FERNÁNDEZ, GAUTIER, GERMOZZI, GIACOMELLI, GIESECKE, GIRON, GÓMEZ MARTÍNEZ, GREDAL, GREEN, HAGEN, von HAUS, HOVGAARD JAKOBSEN, JANSSEN, JASCHICK, JENKINS, KAZAZIS, KIELMAN, KIENLE, KORFIATIS, KORYFIDIS, LACA MARTIN, LANDABURU, LAUR, LINSSEN, LIVERANI, LÖW, LYNCH, MADDOCKS, MANTOVANI, MARGALEF, MAYAYO BELLO, McGARRY, MERCE JUSTE, MERCIER, MEYER-HORN, MORALES, MORIZE, MORRIS, MOURGUES, MULLER E., MÜLLER R., MUÑIZ GUARDADO, NIELSEN B., NIELSEN P., NIERHAUS, NOORDWAL, OVIDE ETIENNE, PANERO FLÓREZ, PARDON, de PAUL de BARCHIFONTAINE, PAVLOPOULOS, PE, PELLARINI, PELLETIER C., PETERSEN, PETROPOULOS, PRICOLO, PROUMENS, QUEVEDO ROJO, RANGONI MACHIAVELLI, REBUFFEL, RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO, ROMOLI, SALA, SANTIAGO, SANTILLAN CABEZA, SAUWENS, SCHLEYER, SEGUY, SILVA A., SOLARI, STOKKERS, STRAUSS, THEONAS, TIXIER, VANDERMEEREN, VASCO CAL, WICK, ZUFIAUR NARVAIZA.

Votaron en contra los siguientes Consejeros:

ASPINALL, BEALE, BELL, DUNKEL, GARDNER, GROBEN, PEARSON.

Se abstuvieron los siguientes Consejeros:

ATTLEY W.A., BARROW, CARROLL, GHIGONIS, KAFKA, LITTLE, MOBBS, MORELAND, WHITWORTH.

ANEXO II al Dictamen del Comité Económico y Social

La siguiente enmienda, que en conjunto constituye un contradictamen, fue rechazada.

Suprímanse los puntos 2, 3 (3.1 a 3.5.2.1 inclusive) y 4 (4.1 a 4.15.3 inclusive) y sustitúyanse por el siguiente texto:

2. Resumen del dictamen del CES

- El Comité apoya el enfoque integrado.

- El Comité considera que la propuesta de Directiva podría prescindir de normas de procedimiento demasiado pormenorizadas.

- El Comité acepta las disposiciones relativas a la relación entre valores límite de emisión y normas de calidad del medio ambiente.

- El Comité apoya la propuesta de Directiva sobre la base del principio de quien contamina paga.

- Los Estados miembros serán los responsables de la concesión de licencias teniendo en cuenta que los límites de emisión deberían establecerse en los Estados miembros con arreglo al principio de subsidiariedad.

3. Observaciones generales

3.1. El Comité Económico y Social apoya la estrategia de la propuesta de Directiva que consiste en abordar el problema de la contaminación desde la base (instalaciones industriales), es decir, el enfoque integrado de la contaminación del aire, agua y suelo. El Comité considera que la propuesta de Directiva en su forma actual está lista para su aprobación a reserva de las siguientes observaciones, ya que responde a los objetivos establecidos en el artículo 130 R del Tratado CE en la versión de Maastricht (principio de acción preventiva, elevado nivel de protección y corrección, en la fuente misma, de los ataques al medio ambiente) y que coincide con la definición de la subsidiariedad [COM(93) 545] de la Comisión y el Consejo.

3.2. El enfoque integrado incluye:

- los efectos de las instalaciones industriales, no sólo en los medios ecológicos (aire, agua, suelo, etc.), sino también en la utilización de recursos naturales (incluidas las fuentes de energía);

- no sólo las instalaciones y procedimientos de producción, sino también la compatibilidad medioambiental de las sustancias utilizadas y de los productos fabricados;

- los sistemas cerrados de circulación interna de las empresas que están capacitadas para introducir en los procedimientos de producción el principio del control integrado de la contaminación.

3.3. La propuesta de Directiva coloca el sistema de autorización administrativa en el centro de la evaluación integrada de la compatibilidad medioambiental de las instalaciones industriales. El CES considera que este principio es correcto.

3.4. De conformidad con los principios de acción preventiva y de quien contamina paga, que constituyen las orientaciones políticas de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente (artículo 130 R del Tratado CEE), conviene establecer una obligación fundamental para las empresas, inclusive las que no estén sujetas a la autorización, que abarque todos los medios ecológicos y responda a las MTD (mejores técnicas disponibles). El respeto de esta obligación deberá ser objeto de una vigilancia administrativa adecuada, utilizando los sistemas de autorización.

3.5. El CES considera que, con arreglo a la política comunitaria desarrollada hasta ahora en materia de medio ambiente, la Comisión debería coordinar las políticas de los Estados miembros en materia de valores límite de emisión por medio del intercambio de información entre los Estados miembros y la Comisión, de conformidad con lo establecido en la propuesta de Directiva.

Los valores límite deberían basarse en las MTD y deberían tener en cuenta las circunstancias del medio ambiente para garantizar un impacto mínimo sobre el medio ambiente en su conjunto.

El mandato para la fijación de valores límite en los Estados miembros puede ser realizado a medio plazo en el orden de prioridades de la política de medio ambiente; se puede efectuar una distinción en función de los sectores y, llegado el caso, en función de la magnitud de las instalaciones.

3.6. La propuesta de Directiva parte justificadamente de la base de que el procedimiento de autorización no se puede aplicar sin antes haber fijado y establecido valores límite de emisión a nivel local o nacional.

El Comité considera que el principio de subsidiariedad, en su acepción correcta, es consecuente con la fijación de valores límite a nivel de los Estados miembros.

Si, de conformidad con el principio de subsidiariedad, el nivel de acción está determinado por su importancia para el mercado interior y la coherencia, el establecimiento de valores límite a nivel de los Estados miembros deberá ser entonces una prioridad absoluta. El más alto nivel de protección en la Comunidad que estipula el Tratado de la UE no podrá conseguirse sin establecer y hacer cumplir los valores límites nacionales.

El objetivo de establecer medidas de protección medioambiental verdaderamente integradas sólo podrá conseguirse con arreglo a estos criterios.

3.7. El CES está de acuerdo en que merece considerarse la posibilidad de no establecer normas para el procedimiento administrativo demasiado pormenorizadas cuando no resulten imprescindibles, con el fin de garantizar la aplicación unificada del control integrado de la contaminación. Este enfoque sería particularmente oportuno cuando los detalles de la Directiva:

- dificulten la introducción del nuevo procedimiento de autorización en el procedimiento administrativo de los Estados miembros y la actual legislación europea que en adelante seguirá en vigor (por ejemplo, la Directiva sobre la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente y el Reglamento sobre la auditoría medioambiental que, en parte se superponen con el ámbito de acción de la presente Directiva);

- pongan en peligro la coordinación con la legislación en materia de construcciones y planificación, así como también con la relativa a la protección de la naturaleza;

- sobrecarguen innecesariamente a las empresas solicitantes a causa de duplicaciones innecesarias o procedimientos de autorización complicados, sin lograr una mejora material de la protección de la naturaleza, a condición de que en ningún caso se permita la utilización de las normas generales en detrimento del objetivo de establecer un enfoque integrado para la protección del medio ambiente.

3.8. El CES alberga serias dudas sobre el proyecto de Directiva en lo relativo a la relación entre los valores límite de emisión y las normas de calidad del medio ambiente.

3.8.1. Básicamente, es exacto que, en materia de limitación de las emisiones, deberá fomentarse la adopción de medidas que vayan más allá de las MTD, cuando no se respeten las normas de calidad del medio ambiente. Con todo, cabe incluir en dichas medidas las instalaciones existentes con el fin de facilitar el establecimiento del mayor número posible de empresas incluso en zonas de concentración urbana.

3.9. El CES rechaza la disposición del proyecto (apartado 3 del artículo 9) por la que se puede derogar el principio de la MTD cuando se respeten las normas de calidad del medio ambiente.

- Dicha disposición es contraria al principio de acción preventiva (artículo 130 R del Tratado) y provocará igualmente distorsiones de la competencia entre áreas industriales.

- La disposición tampoco tiene en cuenta que, con frecuencia, las emisiones repercuten en otras regiones distintas del lugar de producción, por ejemplo, por razones de tipo climático, topográfico o geológico (que el artículo 16 del proyecto no toma suficientemente en consideración).

- Asimismo, dicha disposición tampoco es económicamente razonable, puesto que más tarde o más temprano será necesario volver a mejorar las instalaciones que hayan recibido una autorización en condiciones menos severas. Sin embargo, desde el punto de vista técnico y financiero, estas « mejoras » son siempre más complejas que si desde un principio se toman en consideración las MTD (en el momento de la construcción o de la primera puesta en funcionamiento).

- Si han de ser viables, las normas de calidad del medio ambiente sólo podrán limitarse a la fijación de una norma mínima. Esto no significa sin embargo que las zonas donde el medio ambiente es mejor deban ajustarse a un « nivel de contaminación medio ». Dicha actitud no fomentaría el « desarrollo sostenible » (V Programa Comunitario).

3.9.1. Tras todo lo que precede, el Comité sugiere que se suprima esta problemática disposición.

4. Observaciones sobre las distintas disposiciones

4.1. Artículo 2

- En el apartado 5 debería hacerse una referencia a la cantidad (y no a la masa) de sustancias, etc. Por otra parte, los valores límite deberían ser definidos de modo tal que no fuera posible « desviarse » de ellos mediante la dilución de los gases de escape o de las aguas residuales.

- La definición que figura en el apartado 9 de « modificación sustancial » (aumento del 5 % de la emisión) es demasiado rígida. La cuestión fundamental consiste en saber si la modificación de la instalación impide el cumplimiento de los requisitos de autorización o el mantenimiento de las normas de calidad del medio ambiente.

4.2. Artículo 3

La propuesta no toma en consideración la posibilidad de conceder permisos parciales (por ejemplo para pruebas). Puede darse igualmente la necesidad de conceder un trato simplificado a las instalaciones de ensayos. Tras todo esto, cabe considerar que no es oportuno abordar en la Directiva demasiados detalles de procedimiento (punto 3.7 del presente Dictamen).

4.3. Artículo 4

En muchos casos, resulta superfluo someter a todas las instalaciones existentes a un nuevo procedimiento esquemático de autorización. Las condiciones del permiso únicamente deberían modificarse por motivos de protección del medio ambiente, como:

- la modificación de la instalación,

- la mejora de las técnicas disponibles (MDT) para reducir las emisiones,

- la necesidad de mejorar la situación medioambiental.

4.4. Artículo 5

- En la Directiva debería exigirse que con la solicitud de permiso se suministre toda la información y se presenten todos los documentos que permitan verificar que en la instalación proyectada se observan los valores límite en vigor.

- Respecto del guión 9 del apartado 1, cabe preguntarse sobre la oportunidad de exigir del solicitante « opciones ... que se hayan estudiado y rechazado ». Esta disposición carece de sentido: se trata únicamente del respeto de los límites de emisión y de las normas de calidad del medio ambiente; tampoco se determina un procedimiento tecnológico concreto para la consecución de estos objetivos.

4.5. Artículo 6

El CES reconoce la necesidad de una coordinación del procedimiento de concesión de permisos y de las decisiones administrativas. La reglamentación prevista a este respecto en la propuesta de la Comisión deberá aplicarse en todos los Estados miembros (especialmente en aquéllos que tienen una estructura federal). De acuerdo con los fines de la Directiva propuesta, lo importante es ante todo prescribir que la autoridad o las autoridades competentes que determinen la legislación nacional para el examen de las solicitudes de permiso examinen detalladamente todos los requisitos exigidos por la Directiva y adopten su decisión.

4.6. Artículo 7

El plazo de examen previsto en el apartado 2 (6 meses) no es suficientemente flexible. Asimismo, hay que observar que la legislación de algunos Estados miembros y la Directiva sobre la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente, que debe ser considerada paralelamente a la normativa propuesta, establecen la plena participación del público.

Por lo demás, se remite al punto 3.7 de este Dictamen.

4.7. Artículo 9

El apartado 1 debería redactarse de la manera siguiente:

« Los valores límite de emisión y las medidas de los Estados miembros, deberán garantizar que no se infrinjan normas de calidad ambiental. »

Debería suprimirse el apartado 3.

4.8. Artículo 12

- Las disposiciones de los apartados 2 y 3 son demasiado esquemáticas. La revisión del permiso es necesaria únicamente ante una modificación de las circunstancias que lo determinaron o cuando se trate de adaptarlo a la mejor técnica disponible del momento. La repetición completa de todo el procedimiento de autorización es innecesaria.

- El apartado 4 suscita una serie de observaciones: no se justifica que cuando el permiso deja de estar en vigor se prolongue dos años más la autorización de la instalación, sobre todo cuando haya riesgo para el medio ambiente.

4.9. Artículo 14

Deberá garantizarse que en las legislaciones nacionales permanecerá intacta la amplia participación del público. Ello vale también para la participación de los trabajadores y sus representantes en la preparación, llevada a cabo en la propia empresa, del procedimiento de concesión de permisos.

4.10. Artículo 17

En el apartado 1 debería añadirse que la decisión sobre la modificación de los anexos tendrá lugar a propuesta de la Comisión y tras su examen en el « Comité consultivo » a cargo del Parlamento y del Consejo y según el procedimiento del artículo 130 S del Tratado, es decir, previa consulta al Comité Económico y Social. El contenido de dichos anexos es de tal importancia que no parece justificable modificar el procedimiennto de la Comisión, tanto más cuanto que las distintas agrupaciones sociales tienen gran interés en colaborar.

4.11. Artículo 19

Debería suprimirse el apartado 4.

Exposición de motivos

Desde el punto de vista de la política medioambiental no se puede aceptar una excepción total para las instalaciones incluidas hasta ahora en directivas comunitarias y que no figuran en el Anexo I.

4.12. Anexos I, II y III

4.12.1. Las categorías y procedimientos mencionados en el Anexo I deberán adaptarse a la Directiva sobre la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente.

Por lo que respecta a las instalaciones de combustión con una potencia superior a 50 MW (cf. Directiva 88/609/CEE), y en concordancia con la opinión sostenida hasta ahora por el Comité, no se justifica una excepción para instalaciones ya existentes.

4.12.2. El Anexo II deberá adaptarse al apartado 3 del artículo 19 de la propuesta de Directiva.

Resulta especialmente problemático el apartado 8: todas las instalaciones existentes de incineración de residuos deberán someterse, lo antes posible y sin excepciones, al procedimiento integrado de concesión de permisos.

4.12.3. En la lista que figura en el Anexo III deberá incluirse la dioxina (PCDD) y el furano (PCDF).

Exposición de motivos del contradictamen

El Dictamen de la Sección sostiene que la presente propuesta de la Comisión no tiene en cuenta de forma suficiente los objetivos del artículo 130 R modificado por el Tratado de Maastricht.

El contradictamen sostiene que en realidad la propuesta de la Comisión es satisfactoria en su forma actual; la propuesta concuerda con el Tratado de Maastricht y coincide con la definición del Consejo sobre la subsidiariedad, por ejemplo, en lo relativo al establecimiento de los límites de emisión a nivel nacional.

Votación nominal sobre la enmienda 1

Votaron a favor de la enmienda los siguientes Consejeros:

ASPINALL, GARDNER, LITTLE, MERCE JUSTE, MOBBS, PANERO FLÓREZ, RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO, WHITWORTH.

Votaron en contra los siguientes Consejeros:

ABEJÓN RESA, AMATO, ANDRADE, ARENA, ATAÍDE FERREIRA, ATTLEY W.A., BAEZA, BAGLIANO, BASTIAN, BELTRAMI, BENTO GONÇALVES, BERNS, BLESER, BOISSERÉE, BORDES-PAGES, BOTTAZZI, BRIESCH, BURNEL, CARROLL, CASSINA, CEBALLO HERRERO, CHRISTIE, COLOMBO, CUNHA, d'ELIA, DAVISON, de KNEGT, de PAUL de BARCHIFONTAINE, DECAILLON, DONCK, DRAIJER, DRILLEAUD, DUNKEL, ETTY, EULEN, FERNÁNDEZ, FLUM, FORGAS I CABRERA, FRANDI, FRERICHS, GAFO FERNÁNDEZ, GAUTIER, GERMOZZI, GIESECKE, GIRON, GÓMEZ MARTÍNEZ, GREDAL, GREEN, GROBEN, HAGEN, HOVGAARD JAKOBSEN, JANSSEN, JASCHICK, JENKINS, KAZAZIS, KIELMAN, KIENLE, KORFIATIS, KORYFIDIS, LACA MARTIN, LANDABURU, LAPPAS, LAUR, LINSSEN, LIVERANI, LÖW, LYNCH, MADDOCKS, MASUCCI, MAYAYO BELLO, McGARRY, MERCIER, MEYER-HORN, MORALES, MOLINA VALLEJO, MORIZE, MORRIS, MOURGUES, MULLER E., MÜLLER R., MUÑIZ GUARDADO, NIELSEN B., NIELSEN P., NIERHAUS, NOORDWAL, OVIDE ETIENNE, PARDON, PE, PEARSON, PELLARINI, PELLETIER C., PETERSEN, PETROPOULOS, POMPEN, PRICOLO, PROUMENS, QUEVEDO ROJO, RAMAEKERS, RANGONI MACHIAVELLI, REA, REBUFFEL, SANTIAGO, SANTILLAN CABEZA, SAUWENS, SCHLEYER, SEGUY, SILVA A., SPYROUDIS, STOKKERS, THEONAS, TIXIER, van den BURG, van DIJK, VANDERMEEREN, VASCO CAL, von SCHWERIN, von HAUS, WICK, ZUFIAUR NARVAIZA.

Se abstuvieron los siguientes Consejeros:

Jocelyn BARROW, BERNABEI, GHIGONIS, GIACOMELLI, MORELAND, PELLETIER R., ROMOLI, SALA, SOLARI, STRAUSS.

Resultado de la votación

Votos a favor: 8, votas en contra: 118, abstenciones: 7.