COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 26.4.2017 COM(2017) 206 final DOCUMENTO DE REFLEXIÓN SOBRE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE EUROPA



El 1 de marzo de 2017, la Comisión Europea publicó un Libro Blanco sobre el futuro de Europa que constituyó el punto de partida de un amplio debate sobre el futuro de la Unión Europea de 27 Estados miembros. Con ocasión del sexagésimo aniversario de Europa, en la Declaración de Roma de 25 de marzo de 2017 se declaró solemnemente lo siguiente: «Queremos una Unión en la que los ciudadanos tengan nuevas oportunidades de desarrollo cultural y social y de crecimiento económico». En las seis últimas décadas, la integración europea ha tenido mucho éxito en la creación de dichas oportunidades para todos sus ciudadanos y en la mejora de las condiciones sociales en todos y cada uno de los Estados miembros. A pesar de sus extraordinarios logros, siguen existiendo retos en toda Europa. La crisis económica ha dejado marcas profundas en las vidas de la personas y en nuestras sociedades. La gente está poniendo en duda que los beneficios y los retos propios de las sociedades y los mercados abiertos, con la innovación y los cambios tecnológicos concomitantes, se estén repartiendo equitativamente. Su confianza en la capacidad de Europa para dar forma al futuro y crear sociedades justas y prósperas ha disminuido. Nuestra aspiración social común constituye una forma de recuperar el apoyo y retomar el control de nuestro futuro. Las sociedades más igualitarias en el mundo se encuentran en Europa, y este hecho es muy apreciado en toda la Unión. Si bien continúan existiendo diferencias de desarrollo económico y tradiciones sociales entre los países, hemos reforzado cada vez más los derechos sociales tanto individuales como colectivos, y hemos mejorado la colaboración con los interlocutores sociales a escala europea y nacional. El marco de la UE ha servido de refuerzo al impulso en pos de políticas más eficaces y de situaciones sociales más equitativas. De cara al futuro, el debate debe versar sobre cómo adaptar nuestros modelos sociales a los retos actuales y futuros y galvanizar el espíritu social de Europa. Este documento de reflexión sobre la dimensión social de Europa constituye la contribución de la Comisión Europea a este debate. Proyecta las tendencias, los retos y, lo que es más importante, las vías posibles para convertir nuestras aspiraciones en realidad, empoderar a los europeos para el mundo en 2025 y hacer nuestras sociedades más fuertes y adaptables. Los argumentos económicos, sociales y políticos en favor de una Europa social son sólidos. Lo que necesitamos es crear un consenso sobre sus contornos futuros. Tenemos tanto por lo que luchar y tanto sobre lo que pensar.



«En estos tiempos cambiantes, conscientes de las preocupaciones de nuestros ciudadanos, nos comprometemos con el Programa de Roma y prometemos trabajar para conseguir (...) una Europa social: una Unión que, basada en el crecimiento sostenible, promueva el progreso económico y social, así como la cohesión y la convergencia, al tiempo que defiende la integridad del mercado interior; una Unión que tenga en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales y el papel fundamental de los interlocutores sociales; una Unión que promueva la igualdad entre mujeres y hombres, así como los derechos y la igualdad de oportunidades para todos; una Unión que luche contra el desempleo, la discriminación, la exclusión social y la pobreza; una Unión en la que los jóvenes reciban la mejor educación y formación y puedan estudiar y encontrar trabajo en todo el continente; una Unión que conserve nuestro patrimonio cultural

y promueva la diversidad cultural». Declaración de Roma, dirigentes de la UE, 25 de marzo de 2017



1. La dimensión social de Europa En comparación con el resto del mundo, las sociedades europeas son lugares prósperos y ricos en los que vivir. Gozan de los niveles de protección social más altos del mundo y figuran entre las más favorecidas en términos de bienestar, desarrollo humano y calidad de vida. Esto es algo que los europeos pueden confirmar. De forma general, se declaran felices y satisfechos con sus vidas. Sin embargo, cuando se les pregunta sobre su futuro, muchos manifiestan inquietud y preocupación, especialmente por las generaciones futuras. Los motivos de preocupación difieren considerablemente en función de los individuos, regiones y países, pero existen retos comunes. Todos los Estados miembros han experimentado cambios radicales que han tenido repercusiones en la vida cotidiana de las personas. En los Estados miembros de Europa Central y del Este, los ciudadanos aún tienen que hacer frente a las consecuencias de las rápidas transformaciones que han experimentado desde la década de los noventa. En otros, los efectos de la peor crisis económica y social en décadas todavía se hacen sentir con fuerza, aunque la situación actual sea comparativamente mejor. De cara al futuro, en todos los Estados miembros se están produciendo cambios rápidos y profundos que van desde el envejecimiento demográfico a los nuevos modelos de familia y desde la celeridad de la digitalización a las nuevas formas de trabajo y el impacto de la globalización y la urbanización. Muchas de estas tendencias brindan oportunidades sin precedentes en términos de libertad de elección, unas vidas más sanas y largas, mejores condiciones de vida y sociedades más innovadoras y abiertas. Pero también plantean nuevas cuestiones. ¿Están estas oportunidades al alcance de todos? ¿Estamos preparados, en cuanto que individuos y sociedades, para los cambios que nos esperan? La velocidad y complejidad de muchas de las transformaciones que se están produciendo actualmente alimentan una percepción —y un riesgo real— de perturbaciones e inseguridad en las vidas de muchos y de una inequidad y desigualdad mayores.

Existen opiniones divergentes sobre si «Europa» es la causa de los problemas o una solución a estos. Esto se debe, en parte, a que el término «Europa social» tiene un significado e importancia distintos para los diferentes sectores de la sociedad. Para algunos, la expresión «Europa social» no es más que un término vacío y la UE es percibida como un catalizador de las fuerzas de los mercados globales, una correa de transmisión de intereses comerciales y una amenaza de «dumping social» a través de un mercado único sin límites ni regulación. Hay quien pone en duda la necesidad misma de una dimensión social de la Unión Europea, al considerar que las cuestiones sociales únicamente competen a sus gobiernos nacionales y regionales. La política social y las normas mínimas comunes de la UE son percibidas incluso como medios para suprimir la competencia. Y para otros, la «Europa social» forma parte esencial de la contribución de la UE a las sociedades democráticas, cohesionadas, culturalmente diversas y prósperas. Implica progreso económico y social, lucha contra la discriminación y la exclusión social, preparar a los europeos para el mercado de trabajo y permitirles vivir vidas plenas. Consideran que Europa es nuestro mejor escudo para proteger y empoderar a la gente y defender nuestros valores comunes, especialmente en tiempos de amenazas e incertidumbre crecientes tanto en nuestros países como en el extranjero. Europa es un líder mundial en calidad de vida







La Unión Europea siempre ha tenido una dimensión social estrechamente vinculada a sus aspiraciones económicas. La mejora de las condiciones de trabajo y el nivel de vida y la igualdad de género han sido objetivos centrales de la UE desde que los Tratados de Roma consagraron jurídicamente el principio de igualdad de retribución entre mujeres y hombres en 1957. Desde entonces, el desarrollo de una dimensión social ha ido de la mano con la profundización del mercado único y el concepto de ciudadanía de la UE, garantizando unas condiciones de competencia equitativas y derechos esenciales en todos los países. Hemos avanzado mucho en 60 años. Desde la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, actualmente existe un fuerte compromiso europeo e internacional para la defensa de los valores, derechos y objetivos sociales fundamentales. Europa tiene un impacto tangible en nuestra vida cotidiana: en la educación, en el trabajo, en nuestras casas, durante las vacaciones o en la jubilación. Al prepararse la Europa de los 27 a dar forma a su futuro, la discusión sobre la dimensión social de la Unión es oportuna y esencial. En los últimos años, Europa ha estado ocupada respondiendo a emergencias, afrontando una crisis tras otra. Ahora es el momento de extraer lecciones y de abrir un nuevo capítulo. Para ello, debemos adoptar una perspectiva a más largo plazo y hacer frente a las transformaciones más profundas en nuestra economía y sociedad. Este documento de reflexión y el debate más amplio a raíz del Libro Blanco nos permite mirar juntos hacia adelante. Esto nos ayuda a definir de forma colectiva y a dotar de significado a una dimensión social para Europa que se base en lo que tenemos y que sea apta para las realidades del siglo XXI. Muestra de dónde venimos, dónde estamos ahora y a dónde podríamos encaminarnos. Pone de relieve las diferencias entre países y regiones, pero también los retos comunes. Se pregunta por el papel que debe desempeñar la UE y por cómo trabajar mejor con los Estados miembros, con los interlocutores sociales y con la sociedad civil en general. Tal como sucede en el caso del Libro Blanco, las ideas aquí presentadas no son ni prescriptivas ni restrictivas. Su propósito es poner en marcha un proceso de reflexión que conduzca a la acción. 2. Las realidades sociales de hoy Antes de describir los desafíos y las posibles opciones políticas, conviene detenerse en el examen de la situación actual en cada uno de los 27 países y en su conjunto Las realidades sociales en Europa difieren considerablemente dependiendo de dónde vivamos y trabajemos. A pesar de todo lo que tenemos en común, en Europa coexisten una serie de tradiciones, experiencias y situaciones distintas. La educación y la sanidad, las pautas de empleo, los salarios, ingresos y sistemas de protección social todavía difieren enormemente. Mientras Europa se recupera de la crisis, las divergencias entre países y regiones persisten

El significado de Europa siempre ha sido la convergencia hacia un nivel de vida más elevado. En el pasado, esta convergencia se producía de manera casi automática a través del mercado interior y del apoyo de los fondos europeos, hasta el punto de que el Banco Mundial calificó a la UE como «la máquina de convergencia». No obstante, en los últimos años la convergencia se ha desacelerado considerablemente —cuando no se ha parado por completo—, al progresar los que obtienen los mejores resultados con mayor rapidez. ¿Por qué ha sucedido esto y por qué es un problema? Las ventajas de la convergencia son múltiples. Nuestras sociedades y nuestra Unión ganan en cohesión y devienen más estables. Que las condiciones de vida y de trabajo converjan puede marcar la diferencia entre que una persona se mude a un país como resultado de una decisión positiva y que lo haga por verse obligado a ello por necesidad económica. Cuando la convergencia en el desempeño económico a lo largo del tiempo se ve acompañada de una convergencia en las condiciones sociales, el temor al «dumping social» disminuye y el apoyo al mercado único sale fortalecido. No obstante, esto requiere que la convergencia se produzca en un periodo de tiempo razonable, de manera que los países, las personas y los negocios puedan adaptarse. Los indicadores económicos sobre el nivel de vida ponen de manifiesto diferencias entre los países europeos. Y aun así, ni siquiera los promedios nacionales nos dicen todo lo que hay que saber, puesto que ocultan disparidades aún mayores dentro de los Estados miembros entre unos territorios y otros, con bolsas de riqueza relativa en los países menos prósperos y viceversa. En general, las capitales son mucho más prósperas que los demás lugares. A modo de ejemplo, Bratislava y Praga ocupan ahora, respectivamente, el quinto y sexto lugar de la UE en términos de producto interior bruto (PIB) por habitante. El crecimiento económico más veloz en la UE durante el periodo 2008-2014 se registró en la región polaca de Mazovia, que incluye la capital, Varsovia. El PIB per cápita en Mazovia, que estaba un 17,1 % por debajo de la media de la UE en 2008, pasó a estar un 8,4 % por encima del promedio de la EU-28 en 2014. Gracias al apoyo de los fondos agrícolas, las zonas rurales —tres cuartas partes del territorio europeo— han experimentado también una mejora significativa en su desarrollo. No obstante, los avances no se hacen sentir de manera uniforme en todas las regiones o sectores de la sociedad. Así, si bien en algunos países la deslocalización parcial o total de compañías no han tenido, en términos generales, efectos negativos y forma parte de las posibilidades que ofrece a las empresas el mercado interior, en muchas regiones concretas la deslocalización ha generado graves dificultades y pérdidas. Las tasas de desempleo se están reduciendo, pero difieren considerablemente entre los países de Europa Las tasas de desempleo oscilan entre menos del 5 % en Chequia, Alemania y Hungría, el 18 % en España y el 23 % en Grecia. en %, febrero de 2017 Fuente: Comisión Europea La crisis ha afectado a las distintas partes de Europa de formas diferentes, pero en toda la Unión son las generaciones más jóvenes las que han resultado más perjudicadas. A finales de 2016, la tasa de desempleo juvenil en la UE se situaba en el 18 % y, en la zona del euro, en el 20 %. En Grecia, España e Italia rondaba el 40 %. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, existe un riesgo real de que la actual generación de jóvenes adultos —la generación mejor formada que hemos tenido nunca— acabe teniendo unas condiciones de vida peores que las de sus padres.

Gracias a una actuación decidida y a decisiones difíciles, la economía ha vuelto a la senda del crecimiento y las tasas de desempleo se están reduciendo en todos los Estados miembros. Tanto en la UE como en la zona del euro, el desempleo se encuentra en sus niveles más bajos desde 2009. Esto puede deberse en parte al refuerzo del apoyo individualizado que se brinda a los jóvenes a través de la Garantía Juvenil. Existen también grandes diferencias entre países en cuanto a la tasa de la población en edad de trabajar efectivamente empleada (la tasa de empleo). Suecia, Alemania, los Países Bajos, Dinamarca, la República Checa, Estonia, Lituania y Austria tienen tasas de empleo superiores al 75 %, con lo que cumplen con el objetivo que todos los Estados miembros de la UE acordaron alcanzar de forma colectiva para 2020. Los Estados miembros presentan pautas de participación en el mercado laboral diferentes para mujeres y trabajadores de más de 55 años. Si bien sus niveles de empleo están aumentando, ambos grupos siguen padeciendo un fuerte subempleo. Al tiempo que mejoran las tasas de desempleo lo hacen también las tasas de empleo. En el cuarto trimestre de 2016, la tasa de empleo en la UE alcanzó el 71 %, lo cual supone un aumento con respecto al 69 % registrado cuando se fijó el objetivo en 2010. Hay en la EU-27 más personas trabajando que nunca antes, con 201 millones de personas empleadas, incluyendo 154 millones en la zona del euro.

Las mejoras reflejan, en gran medida, el creciente número de mujeres en el mercado de trabajo. La creación de empleo en el sector servicios, unos servicios de guardería mejores y la eliminación de desincentivos fiscales para los segundos trabajadores están contribuyendo a esta tendencia, si bien persisten brechas importantes en cuanto al género. Asimismo, las mejores reflejan el hecho de que un mayor número de personas están teniendo carreras más largas. Esto es en parte el resultado de anteriores reformas de los sistemas de pensiones, pero también de unas competencias, una salud y unas condiciones de trabajo mejores en toda Europa. La mayoría de los puestos de trabajo de nueva creación son empleos de calidad en el sentido de que proporcionan unos ingresos adecuados, seguridad en el mercado laboral y un entorno laboral favorable. Muchos han sido creados en el sector servicios, que tiende a contratar a gente con cualificaciones de nivel superior. Las tasas más altas de creación de empleo se registran en los servicios de información y comunicación, administrativos y de apoyo y en las actividades profesionales, científicas y técnicas. El 85 % de estos nuevos empleos se crean en pymes. Los sistemas de protección social difieren entre los países de Europa Más allá del mercado laboral, los países de la EU-27 presentan también una gran variedad en los sistemas de bienestar y protección social en términos de las preferencias políticas y presupuestos. En 2015, el gasto público en materia de protección social en la UE representaba alrededor del 40 % del gasto público total, casi una quinta parte del PIB. Ocho Estados miembros —Finlandia, Francia, Dinamarca, Austria, Italia, Suecia, Grecia y Bélgica— dedicaron al menos el 20 % de su PIB a la protección social. Las maneras en que funcionan los sistemas de bienestar reflejan las diferentes tradiciones heredadas del pasado siglo. Estos sistemas, inventados en Europa a finales del siglo XIX, aspiraban en un primer momento a dar respuesta a los retos de la era industrial (véase el anexo I). La mayoría de los sistemas se crearon tras la Segunda Guerra Mundial, mientras que algunos solo se desarrollaron plenamente en las décadas de los ochenta y los noventa. Entre las diferencias, la cuantía del presupuesto disponible y la forma en que es asignado, la fuente de financiación, el grado de cobertura de los riesgos para la población y el papel de los interlocutores sociales son los parámetros definitorios. Los sistemas de protección social contribuyen —junto con los sistemas impositivos— a reducir las desigualdades de renta. Actualmente, las sociedades más igualitarias del mundo se encuentran en Europa, si bien persisten disparidades considerables. En promedio, el 20 % de los hogares más ricos ganan 5 veces más que el 20 % más pobre. Según este indicador, los niveles más altos de desigualdad de renta se registran en Rumanía, Lituania, Bulgaria, Letonia, Chipre, Estonia e Italia. Existen también importantes desigualdades de renta dentro de los Estados miembros entre unas regiones y otras. La crisis ha perjudicado seriamente a muchos europeos, que tuvieron que conformarse con rentas estancadas o aun decrecientes. Si bien la renta disponible —es decir, la renta de que disponen los hogares una vez deducidos los impuestos— ha vuelta a aumentar últimamente, estos niveles de renta son, en esencia, los mismos que en 2008. Por último, incluso en nuestras prósperas sociedades, el riesgo de pobreza sigue siendo importante. Se estima que casi una cuarta parte de la población de la EU-27 está en riesgo de pobreza o exclusión social. La pobreza infantil sigue siendo elevada y está creciendo en varios Estados miembros. Esto significa que estos niños tienen un acceso limitado a atención sanitaria, un mayor riesgo de abandono escolar y más tarde, una vez se conviertan en adultos, un mayor riesgo de desempleo y de pobreza. En 2010, los líderes de la UE se habían comprometido a reducir el número de personas en riesgo de pobreza en 20 millones para 2020; sin embargo, actualmente Europa va camino de incumplir clamorosamente dicho objetivo. Hasta el momento, se ha producido un aumento de 1,7 millones de personas en riesgo de pobreza. ¿Qué puede ayudar a nuestras sociedades y economías a resistir una crisis? La crisis global financiera y económica que comenzó en 2008 generó en muchas partes de nuestra Unión altos niveles de desempleo y de deuda pública y privada. Para muchas personas y familias, esto supuso situaciones de una dificultad sin precedentes y problemas para llegar a fin de mes. La crisis agravó problemas que existían ya desde hacía algún tiempo y, por tanto, afectó a algunos países más que a otros. El entorno de inversión fue mejor en algunos países que en otros, y algunos negocios fueron más competitivos, al igual que algunos de los mercados de trabajo y sistemas sociales absorbieron los choques y fueron capaces de proteger de manera más eficaz contra el impacto negativo de la crisis. En los países más resilientes también se perdieron puestos de trabajo, pero las empresas lograron crear otros nuevos con mayor rapidez. Los sistemas de seguridad social, en particular las prestaciones por desempleo, ayudaron a la gente a mantenerse a flote en los momentos de transición, y los servicios públicos se centraron en el reciclaje de competencias y la reintegración en el mercado de trabajo. Los regímenes de renta mínima ayudaron a las personas a cubrir sus necesidades básicas y a vivir con dignidad. Los países en los que los interlocutores sociales han participado activamente en las reformas del mercado de trabajo obtienen resultados positivos y duraderos, al asegurar su participación una responsabilización respecto del proceso de reforma por parte de una gama más amplia de partes interesadas.



Preparándonos para el futuro Entre los factores que influirán cada vez más en el futuro de nuestras sociedades y economías figuran la educación y las competencias. En Europa contamos con algunos de los sistemas educativos y de formación profesional avanzada más innovadores del mundo. Por tanto, resulta preocupante que en toda Europa, alrededor de un cuarto de la población adulta tenga problemas para leer y escribir o una escasa capacidad de cálculo, y que casi la mitad carezca de competencias digitales suficientes. Peor aún: se percibe un desempeño cada vez peor entre los jóvenes en materia de competencias básicas.

Desafortunadamente, los últimos resultados del informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) no dejan lugar a dudas: aunque algunos Estados miembros alcanzan altos niveles de excelencia general y de equidad en los resultados educativos, la mayor parte de ellos no han progresado lo suficiente en la reducción del porcentaje de alumnos de bajo rendimiento en lectura, ciencias y matemáticas. La situación es aún más preocupante para algunos sectores de la población, puesto que, en promedio y una vez tenido en cuenta su estatus socioeconómico, la probabilidad de que los alumnos inmigrantes obtengan resultados inferiores al nivel básico de capacitación en materia de ciencias es más de dos veces mayor que para sus compañeros no inmigrantes. Pocos europeos figuran entre los mejores del mundo en ciencias, lectura y matemáticas Fuente: OCDE, PISA, 2015. 3. Los factores impulsores del cambio de aquí a 2025 El tejido social de Europa ha cambiado sustancialmente a lo largo de la última década y una serie de factores a nivel mundial están incidiendo profundamente en la forma en que vivimos y trabajamos. Estas tendencias son en gran medida irreversibles y es probable que en los próximos años se aceleren en los veintisiete Estados miembros. Plantearán numerosos retos comunes, pero también crearán nuevas oportunidades. La población europea está cambiando rápidamente Los europeos viven más tiempo y con mejor salud, y esto es una buena noticia. Gracias a décadas de paz, de cobertura sanitaria, de avances médicos y de mejores condiciones de vida y de trabajo, un mayor número de personas disfrutan hoy de una jubilación más larga y más activa. La esperanza de vida ha aumentado de manera espectacular. Para los hombres, ha pasado de 43 años de media en 1900 a 82 en 2050, según las previsiones. Para las mujeres, era de 46 años y se prevé que alcance los 87 años de aquí a 2050. La mayoría de los bebés que nazcan en Europa de aquí a 2025 seguirán vivos dentro de 100 años. Sin embargo, la esperanza de vida saludable y el acceso a los servicios sanitarios aún varían considerablemente según los tramos de renta y las regiones. Además, los europeos tienen ahora menos hijos. Mientras que, en los sesenta, la norma era de 2 nacidos vivos por mujer, hoy la tasa de fertilidad media de la UE se sitúa en 1,58. A título ilustrativo, las tasas de fertilidad en Irlanda y Portugal se situaban por encima de 3 y hoy están por debajo de 2. La combinación de una creciente esperanza de vida y unas tasas de fertilidad a la baja se traduce en un fuerte envejecimiento de nuestra sociedad. El número de personas de más de 65 años de edad es ya superior al número de niños menores de 14 años que viven en la UE. De aquí a 2050, casi un tercio de los europeos tendrán 65 años o más, mientras que hoy solo representan menos de una quinta parte. Europa será la región «más vieja» del mundo, con una edad mediana de 45 años, de aquí a 2030. La población europea será la más vieja del mundo de aquí a 2030 Edad mediana por región del mundo Fuente: Rand Europe El aumento del número de años de vida no se corresponde siempre, sin embargo, con años de vida saludable: casi 50 millones de personas en la EU-27 padecen enfermedades crónicas y casi medio millón de personas en edad de trabajar mueren prematuramente por esta causa cada año. Estas muertes serían evitables con unas políticas de salud pública y prevención más eficaces o una atención sanitaria más oportuna y eficaz. La longevidad tendrá un impacto profundo en las políticas públicas y los servicios sociales, que irá mucho más allá de los sectores de la salud y los cuidados, desde el sistema educativo hasta la necesidad de viviendas adaptadas a las personas de más edad y la movilidad. El envejecimiento puede ser una fuente de nuevos empleos como consecuencia del rápido desarrollo del sector de la economía social, tanto en su aspecto recreativo como en materia de cuidados. Sin embargo, también crea nuevas necesidades que es preciso satisfacer. Ya hoy en día, casi un tercio de las personas de más de 65 años viven solas y hasta dos tercios de las de más de 75 años dependen de cuidados informales, dispensados sobre todo por la familia próxima. Una de cada seis personas mayores vive en la pobreza, siendo las mujeres las más expuestas a pensiones bajas como resultado de unas carreras profesionales incompletas. Todos estos factores incidirán en la sostenibilidad financiera de nuestros sistemas de protección social, lo que, a su vez, tendrá repercusiones en la situación presupuestaria de los países. Para la EU-27, cabe esperar que el gasto asociado relacionado con las pensiones aumente hasta el 12,4 % del PIB de aquí a 2030, el 7,7 % del PIB para los gastos en atención sanitaria y hasta el 2,4 % del PIB para los cuidados de larga duración. En 2060, por cada persona de edad avanzada, solo habrá dos personas en edad de trabajar, frente a cuatro en 2008. El impacto se verá atenuado por las recientes reformas de las pensiones destinadas a adaptar la edad de jubilación a la esperanza de vida, pero es probable que surjan nuevos costes sanitarios importantes. Una mano de obra decreciente también podría poner en peligro nuestra capacidad para mantener nuestro nivel de crecimiento económico. Aunque en cada generación cada vez son más numerosas las personas dispuestas a trabajar y a trabajar más tiempo, esta tendencia podría no ser suficiente para contrarrestar el descenso general del número de habitantes. La migración legal puede ofrecer a la UE las capacidades necesarias para subsanar las carencias de mano de obra y contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de bienestar.

El envejecimiento de la población tendrá igualmente incidencia en el peso relativo que ocupa Europa a nivel mundial, ya que la población crece más rápidamente en otras partes del mundo. En 2060, Europa solo representará el 5 % de la población mundial. Para entonces, ningún Estado miembro tendrá más del 1 % de la población mundial. La situación es especialmente grave en Lituania, donde, según las hipótesis actuales, los niveles de población deberían descender en más de un tercio de aquí a 2080. En Eslovaquia, Grecia, Portugal y Bulgaria se prevé una reducción de en torno al 30 %. Una cuestión fundamental que plantea también el envejecimiento de la población es la equidad entre generaciones. Existe actualmente un riesgo real de fractura generacional entre los jóvenes y las personas de más edad en términos de toma de decisiones, riqueza, seguridad material y acceso a la vivienda, así como en lo que respecta a la distribución de la carga financiera y tributaria de una sociedad en proceso de envejecimiento. Hay nuevos modos de vida y una mayor diversidad en la sociedad El cambio demográfico explica y refleja la evolución general de la sociedad, por ejemplo con la aparición de nuevos estilos de vida y de nuevas dinámicas territoriales, hábitos de consumo y condiciones de vivienda. Las tasas de natalidad están disminuyendo, pero ciertos indicios indican que el deseo de tener hijos sigue a veces insatisfecho, lo que puede obedecer a una compleja combinación de factores, entre los que cabe mencionar el reparto desigual de las responsabilidades parentales, unos servicios de guardería inadecuados, una organización del trabajo poco favorable a la vida familiar y perspectivas de trabajo inestables. Nuestros estilos de vida cambiantes van acompañados igualmente de separaciones conyugales, diferentes tipos de relaciones y un debilitamiento de los vínculos de la familia ampliada. Ello significa que existe una mayor libertad individual para llevar una vida independiente, pero también entraña riesgos crecientes de aislamiento social y una menor estabilidad. En 2015, los hogares unipersonales representaban un tercio del conjunto de los hogares de la UE y solo un tercio de los hogares estaba compuesto de más de dos personas. Se espera que esta tendencia se mantenga en la mayoría de los Estados miembros de aquí a 2025, lo que suscita nuevas cuestiones en lo que respecta al equilibrio entre la vida privada y la vida profesional y las responsabilidades respecto de la prestación de cuidados, siendo los hogares monoparentales, en particular, los que están más expuestos al riesgo de pobreza en caso de desempleo. La igualdad de género dista mucho de ser una realidad, aunque se sigue avanzando en este sentido. Persisten estereotipos sexistas y las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en el mercado laboral y en los puestos de responsabilidad económica y política.



Subsisten brechas de género en todos los ámbitos Datos de 2016 o últimos datos disponibles Fuente: Comisión Europea

En la EU-27 residían legalmente, a 1 de enero de 2016, 29,7 millones de personas nacidas fuera de la UE llegadas por diferentes motivos (trabajo, estudios, protección o reunificación familiar) en las últimas décadas. Aunque la migración a la UE sigue siendo relativamente modesta en comparación con otras partes del mundo, los grandes flujos llegados recientemente a la UE en un marco temporal relativamente breve han provocado tensiones en ciertas partes de Europa. Velar por que todos los nacionales de terceros países estén efectivamente integrados y participen y contribuyan plenamente es importante para la futura prosperidad y cohesión de las sociedades europeas en su conjunto. Los europeos hacen un uso cada vez mayor de su libertad de circular dentro de la Unión, de trabajar y estudiar en otros países, creando empresas, pagando impuestos y contribuyendo a forjar una sociedad más dinámica. Hoy en día, unos 16 millones de europeos viven y trabajan durante un período prolongado en otro país, en ocasiones de forma permanente. 1,7 millones de personas, cerca del 1 % de la mano de obra de la UE, cruzan cada día una frontera para trabajar en otro país. Además, la sociedad europea es cada vez más integradora gracias a la facilidad con la que las personas pueden viajar, estudiar, jubilarse y hacer negocios entre ellas, con costes reducidos y más oportunidades como consecuencia de la pertenencia a un mercado único sin fronteras. Los cambios en nuestra población se producen en un momento de creciente urbanización. Más del 70 % de los europeos vive ya en ciudades. De aquí a 2050, este porcentaje será del 80 %. Europa cuenta ya con algunas de las «ciudades inteligentes» más desarrolladas que existen en el mundo, pero es posible y es nuestro deber mejorar la conexión entre ellas y hacerlas más eficientes desde el punto de vista de la utilización de los recursos naturales y energéticos. Otro reto clave será hacer el medio urbano más inclusivo y accesible a fin de satisfacer las necesidades de una población diversa, que incluye a padres que trabajan, personas con discapacidad y personas de edad avanzada. La sociedad se hace cada vez más compleja debido a la transformación de vínculos tradicionales como la familia, el grupo social y la religión. La globalización ha aumentado la exposición a la diversidad, estimulando la curiosidad y enriqueciendo a las sociedades, pero ha generado ansiedad en relación con la identidad cultural, las diferencias culturales y el diálogo entre grupos. Esta situación es sintomática de un desplazamiento hacia valores individuales y culturas separadas y contribuye a hacer cada vez más hincapié en el individuo y el consumidor que en la sociedad en su conjunto. Plantea asimismo nuevas cuestiones relativas a la tolerancia y al respeto del otro. Paralelamente, surgen nuevas formas de solidaridad, de compromiso social y de participación ciudadana, en particular a través de actividades culturales y recreativas y el uso de las nuevas tecnologías. Va tomando forma un nuevo mundo del trabajo La vida laboral se está transformando radicalmente por el efecto combinado del progreso tecnológico, de la globalización y de la expansión del sector de los servicios. De hecho, sectores enteros de la economía están siendo reconfigurados mediante la economía colaborativa y las plataformas en línea. La mano de obra debe hacer frente a un ritmo de cambio acelerado para adquirir nuevas competencias, ajustarse a nuevos modelos de negocios o adaptarse a las cambiantes preferencias de los consumidores. Para algunos, estos cambios representan oportunidades sin precedentes y formas de trabajo más flexibles gracias a la utilización de herramientas digitales, así como a la creciente importancia de los horarios flexibles y del teletrabajo. Para otros, son una fuente de inseguridad. De aquí a 2025, las fórmulas de trabajo y las carreras serán incluso más variadas que hoy en día. En el transcurso de una o dos generaciones, el trabajador europeo medio podrá haber pasado de tener el mismo empleo a lo largo de toda su vida a tener hasta diez a lo largo de su carrera profesional. Será más fácil y más habitual tener un trabajo móvil o teletrabajar, lo que refleja una tendencia hacia la flexibilidad de los trabajadores en un mercado laboral más diversificado. El trabajo se centrará cada vez más en la producción y los resultados y no tanto en la presencia física en un lugar específico y los trabajadores tendrán más posibilidades de trabajar como independientes y de combinar varios empleos al mismo tiempo. Muchos de estos cambios ya ha empezado a tomar forma; la manera en que respondamos y encaucemos estas transformaciones hoy determinará la forma que tendrá el mundo del trabajo en el futuro.

Las nuevas realidades del mercado de trabajo Fuente: Comisión Europea Estos datos son claro ejemplo de unas fórmulas y condiciones de trabajo cada vez más diversas e irregulares, que ponen fin a la perspectiva de una carrera tradicional, para dejar paso a nuevas formas de contratos, a una mayor movilidad geográfica y a cambios de puesto y de estatuto profesional más numerosos. Aunque los nuevos tipos de contratos pueden ser un trampolín hacia el mundo del trabajo, también existe el riesgo de creciente polarización del mercado laboral, caracterizado por desigualdades salariales crecientes y el confinamiento de las personas poco cualificadas en empleos mediocres que ofrecen pocas perspectivas de promoción. Con el ritmo de la digitalización y de la evolución económica, algunos empleos actuales y las competencias necesarias para su ejercicio quedarán obsoletos. Es preciso modernizar los sistemas educativos para abordar estos desafíos. Es probable que la mayoría de los niños que comienzan hoy la enseñanza primaria acaben trabajando en tipos de empleo completamente nuevos, que no existen todavía.



Retos para la vida laboral de mañana Fuente: Comisión Europea Estas tendencias suscitan numerosos interrogantes sobre el futuro del trabajo en sí mismo. ¿Habrá más o menos empleos en el futuro? ¿Serán «empleo de calidad»? ¿Está equipada la mano de obra de hoy y de mañana con las competencias adecuadas para ocuparlos? Es difícil predecir todos los efectos de la automatización y de la inteligencia artificial en la disponibilidad futura de puestos de trabajo y la velocidad de estos cambios. Según ciertos estudios, la mitad de las actividades profesionales actuales podrían estar automatizadas de aquí a 2055. Lo cierto es que los trabajadores de todas las edades se verán obligados cada vez con mayor frecuencia a adaptar sus competencias al cambio tecnológico y a actualizarlas continuamente. Esta es la realidad para la que las empresas, las escuelas, los centros de formación y las universidades deben preparar a los europeos. Existen nuevos riesgos sociales y es preciso modernizar los sistemas de bienestar y de aprendizaje a lo largo de la vida El nuevo mundo del trabajo plantea interrogantes en cuanto a la calidad de los empleos futuros en términos de remuneración, seguridad del empleo y condiciones de trabajo. También tiene incidencia en ámbitos tales como las redes de asistencia social, las prestaciones, la planificación de la jubilación, el cuidado de los niños y la asistencia sanitaria. Puede conllevar asimismo la reordenación del tiempo de trabajo y los períodos de descanso y la adaptación de los requisitos en materia de salud y seguridad. En la sociedad, de manera más general, surgen nuevos problemas sociales, como el estrés y la depresión, la obesidad, las enfermedades asociadas al medio ambiente y la dependencia de las tecnologías. Estos factores vienen a sumarse a problemas tradicionales de aislamiento social, enfermedad mental, alcoholismo y drogadicción, delincuencia e inseguridad.

Lo que está en juego es la capacidad de las autoridades públicas, las empresas y los particulares para responder y adaptarse a las nuevas circunstancias. Los cambios que se están produciendo plantearán nuevos retos importantes en materia de educación, formación, competencias, aprendizaje a lo largo de la vida, gestión de los recursos humanos y capacidad para gestionar transiciones profesionales complejas a lo largo de la vida de una persona. También se traducirán en el reconocimiento de nuevos derechos sociales para adaptarse a la evolución del mundo de trabajo. A pesar de las numerosas reformas en curso, los Estados del bienestar actuales no siempre están bien preparados para hacer frente a estos nuevos retos, en gran medida sin precedentes. No se trata solo de garantizar la sostenibilidad financiera, sino también de poner a punto redes de seguridad adecuadas y nuevas medidas de protección para ayudar a las personas a utilizar plenamente sus capacidades a lo largo de sus vidas y para que la sociedad pueda funcionar. Los sistemas de protección social siguen adoleciendo de numerosas limitaciones, especialmente en términos de cobertura y acceso. Por ejemplo, en los países que han venido contando con el apoyo de la familia tradicional y de las pensiones como fuente de ingresos para la familia ampliada, ha sido necesario desarrollar y reforzar sistemas tributarios y de prestaciones más orientados hacia el individuo, más universales y modulados en función del nivel de recursos. Se trata a menudo de países que han aplicado tradicionalmente una legislación restrictiva en materia de protección del empleo como forma de proteger a los trabajadores, pero a expensas de los solicitantes de empleo más jóvenes. Unas políticas de bienestar bien orientadas pueden tener una incidencia importante en la reducción de las desigualdades en %, 2014 Reducción de la desigualdad de ingresos como resultado de las prestaciones sociales (%) Gasto en prestaciones sociales (% del PIB) Fuente: Comisión Europea Al reflexionar proactivamente sobre nuevas salvaguardas de cara al futuro, un aspecto clave es la necesidad de modernizar nuestros sistemas de educación y de formación y de ampliar los programas de aprendizaje a lo largo de la vida a fin de facilitar una mayor movilidad profesional y de resolver los problemas derivados del desfase entre la oferta y la demanda de cualificaciones. La competencia mundial en materia de cualificaciones es cada vez mayor y, aunque la mayoría de los países europeos siguen ocupando los primeros puestos de las clasificaciones internacionales en este campo, algunos se han visto superadas por países de Asia, Oceanía y Oriente Medio. Los europeos esperan que sus Gobiernos hagan frente a estos retos Los europeos perciben con claridad que estas tendencias y el impacto de la crisis han aumentado las expectativas y preocupaciones de muchos de ellos. Las encuestas muestran de manera sistemática que el empleo y las políticas sociales figuran entre las grandes prioridades de los ciudadanos europeos. Estos siempre han valorado sus niveles de bienestar y se declaran relativamente descontentos con la manera en que la UE y los gobiernos nacionales abordan sus preocupaciones. A los europeos les preocupa la situación social Fuente: Comisión Europea y Eurobarómetro 2017 El cumplimiento de estas expectativas se deja en manos de todas las autoridades, ya sean locales, regionales, nacionales o europeas, aunque de las encuestas no siempre se desprende claramente qué autoridades deberían ser responsables, según los encuestados, de qué ámbitos. Cuando se les pide que elijan entre el nivel nacional y el nivel de la UE, los ciudadanos consideran que se trata principalmente de una tarea que incumbe a los Estados miembros, pero que la UE también está llamada a desempeñar un papel, aunque puede que no esté totalmente equipada para resolver el problema en cuestión. Al mismo tiempo, para aprovechar todo el potencial que encierran los fondos europeos disponibles, es necesario que los Estados miembros pongan a punto las estructuras necesarias de forma rápida y eficaz, como demuestra el ejemplo del desempleo juvenil. 4. Una posible vía de avance para la EU-27 Para responder a las esperanzas y expectativas de los ciudadanos es preciso entablar un debate abierto sobre la capacidad de los sistemas económicos y sociales para seguir respondiendo a las necesidades sociales, individuales y colectivas y sobre la forma en que la UE y sus Estados miembros pueden trabajar juntos mejor y de manera más eficiente.



Los cinco escenarios del Libro Blanco sobre el futuro de Europa ESCENARIOS Seguir igual Solo el mercado único Los que desean hacer más, hacen más Hacer menos pero de forma más eficiente Hacer mucho más conjuntamente ¿QUÉ IMPLICA ESTA OPCIÓN? La EU-27 aplica y mejora su actual programa de reformas. Las prioridades se actualizan periódicamente, se abordan los problemas a medida que van surgiendo y se va desarrollando legislación en consecuencia. La EU-27 solo profundiza en los aspectos clave del mercado único. La EU-27 permite a los Estados miembros que lo deseen una mayor colaboración en ámbitos específicos. Como consecuencia de ello, los Estados miembros acuerdan disposiciones presupuestarias y jurídicas concretas para profundizar en su cooperación. Los demás Estados miembros pueden sumarse a la larga. El consenso sobre la necesidad de afrontar mejor determinadas prioridades conjuntamente hace que la EU-27 centre su atención y sus recursos en actuar con mayor rapidez y de forma más decisiva en los ámbitos que ha elegido, mientras que en los demás ámbitos deja de actuar o interviene poco. Los Estados miembros comparten más competencias, recursos y toma de decisiones en todos los ámbitos, el euro se consolida y las decisiones a nivel de la UE se ejecutan rápidamente ¿QUÉ SIGNIFICA PARA LA DIMENSIÓN SOCIAL? Los derechos de los ciudadanos derivados del marco jurídico de la UE se respetan en toda la Unión. Con el tiempo, pueden quedar limitados los derechos de los ciudadanos derivados del marco jurídico de la UE. Sigue habiendo disparidades en los estándares en materia de consumo, sociales y medioambientales, así como en la fiscalidad y en el uso de subvenciones públicas. Riesgo de emprender una «carrera a la baja» La libre circulación de los trabajadores no queda garantizada. Los derechos de los ciudadanos derivados del marco jurídico de la UE empiezan a variar en función de si el país en que viven ha optado por hacer más. Un grupo de Estados miembros optan por armonizar la fiscalidad o acuerdan unos estándares sociales comunes, reduciendo así los costes de cumplimiento, limitando la evasión fiscal y contribuyendo a la mejora de las condiciones de trabajo. Los Veintisiete avanzan en el fortalecimiento del mercado único y refuerzan las cuatro libertades. Los derechos de los ciudadanos derivados del marco jurídico de la UE se refuerzan en áreas en las que elijamos actuar más y disminuyen en las demás. Las nuevas normas en materia de protección de los consumidores, medio ambiente, y salud y seguridad en el trabajo pasan de una armonización detallada al mínimo estricto. Los salarios, la legislación social y los niveles impositivos son muy diferentes en toda la Unión. Los ciudadanos tienen más derechos derivados del marco jurídico de la UE. Una mayor coordinación en materia fiscal, social y tributaria entre los miembros de la zona del euro. Ayuda financiera adicional de la UE para impulsar el desarrollo económico y responder a las situaciones de crisis a nivel nacional, regional y sectorial. Fuente: Comisión Europea



El papel de la UE en el ámbito social dependerá de las decisiones a nivel más amplio que adopte la EU-27 en su conjunto. Como se puso de relieve en el Libro Blanco sobre el futuro de Europa, el abanico de posibilidades va desde el mantenimiento del statu quo a un cambio de alcance y de prioridades, pasando por un salto adelante parcial o colectivo. Empoderar a los ciudadanos para crear sociedades fuertes

Existe un consenso cada vez mayor en toda la UE sobre la necesidad de fomentar la igualdad de oportunidades de modo que cada persona, desde su nacimiento, pueda encauzar su vida, superar las dificultades y realizar su propio potencial para crear sociedades resilientes. Los ámbitos de actuación son bien conocidos: invertir en la infancia a fin de asegurar el mejor punto de partida en la vida; invertir en la juventud, el desarrollo de las competencias y el aprendizaje a lo largo de la vida; facilitar las transiciones a lo largo de la carrera profesional y pasar de un enfoque de «un puesto de trabajo de por vida» a otro de «trabajo para toda la vida», incluido el empleo por cuenta propia; promover vidas más largas y saludables, mediante la prevención y la mejora de las condiciones de trabajo y el cuidado de las personas mayores; promover la igualdad de género, colmar las brechas subsistentes y dar carta de naturaleza al concepto de «familia con dos rentas»; garantizar la inclusión activa y la lucha contra la discriminación, permitiendo que todas las personas tengan una vida digna; facilitar la movilidad y garantizar la integración adecuada de los migrantes; y promover la participación, la cultura y el diálogo cívicos, que constituyen igualmente activos económicos, por no citar más que unos pocos ejemplos. No existe un enfoque único para toda Europa, pero sí que hay retos comunes y una necesidad común de actuar. En una época de cambios rápidos y constantes, debe prestarse especial atención al empoderamiento de los individuos y a la construcción de estructuras sociales más resilientes, capaces de adaptarse con éxito a lo largo del tiempo. Nuestros países pueden aprender unos de otros Muchos de los países europeos se ha embarcado en importantes reformas de sus mercados de trabajo y sus sistemas de bienestar que siguen claras tendencias comunes: trasladar la presión fiscal que pesa sobre el trabajo a fin de reducir el coste de la contratación y favorecer la creación de empleo; modernizar los sistemas de pensiones mediante una mejor alineación de la edad de jubilación y la esperanza de vida; modernizar los sistemas de educación y de aprendizaje a lo largo de la vida para atender mejor las necesidades actuales y futuras; mantener un vínculo entre los salarios y la productividad a fin de promover la competitividad y la creación de empleo a largo plazo. Al aplicar estas reformas, los Estados miembros pueden estudiar los modelos establecidos en toda Europa que han demostrado su eficacia. En Dinamarca, la combinación de un mercado de trabajo flexible, un elevado nivel de protección social, un diálogo social fluido y el aprendizaje a lo largo de la vida ha reducido las desigualdades e impulsado la mejora de los resultados económicos. El sistema de formación profesional dual en Austria y Alemania ha facilitado la transición entre la enseñanza y el empleo, combinando la enseñanza con experiencia práctica. Al mismo tiempo, todos los países están abocados a innovar en un contexto nacional o europeo. Desde las pruebas sobre la renta básica universal en Finlandia a la implantación de una renta mínima garantizada en Grecia, hay una tendencia creciente a probar nuevos modelos para ajustarse a las nuevas realidades. En Francia, una nueva cuenta de actividad personal reúne todos los derechos de una persona, como las cuentas de formación, las cuentas de riesgos laborales y las prestaciones de desempleo en una única cuenta que puede utilizarse a lo largo de toda la carrera profesional. Sin duda, Europa está en condiciones de ofrecer ejemplos de soluciones a los retos sociales que son pertinentes también para otras partes del mundo, desde el rápido envejecimiento de la población en muchos países que no cuentan con sistemas de protección social plenamente desarrollados hasta el diseño de «ciudades inteligentes» en todo el mundo, pasando por soluciones de salud para el futuro. La UE no parte de cero Durante los últimos sesenta años, el papel de la UE ha consistido en respaldar los cambios, pero también en encauzarlos, respetando al mismo tiempo las responsabilidades de los demás niveles de gobierno. El Tratado de Roma ya incluía principios fundamentales tales como la igualdad salarial entre hombres y mujeres y el derecho de los trabajadores a desplazarse libremente a otro Estado miembro. Se han establecido disposiciones detalladas para hacer efectivo el derecho a trasladarse a otro país: normas para garantizar los derechos de los pacientes a recibir tratamiento en el extranjero y a ser indemnizados por sus gastos médicos, normas para el reconocimiento mutuo de los títulos y normas para garantizar que los ciudadanos no pierdan sus derechos de pensión adquiridos cuando aceptan un puesto de trabajo en otro país. Estas disposiciones han tenido un impacto directo y positivo en las vidas de millones de personas y no han supuesto más que ventajas para el conjunto de nuestras economías y sociedades. Paralelamente al desarrollo del mercado único, la UE ha elaborado un conjunto de actos de legislación derivada relativos a la salud y la seguridad de los trabajadores, a la igualdad de derechos y a las formas atípicas de trabajo, como el trabajo a tiempo parcial o a través de agencias de trabajo temporal. Ello se debe a que hemos reconocido que un mercado común requiere asimismo, en una serie de ámbitos, normas comunes que establezcan estándares mínimos universales. Mediante la orientación que aporta, Europa hace posible que los gobiernos nacionales aprovechen las experiencias de otros países. En el ámbito social en sentido más lato, esta orientación atañe a numerosos ámbitos diferentes, desde la educación a la asistencia sanitaria, pasando por la política de juventud, la igualdad de género y la lucha contra la discriminación, o el deporte. A la hora de coordinar las políticas económicas y presupuestarias en el marco del Semestre Europeo, los Estados miembros convienen en implementar reformas económicas y del mercado laboral destinadas a apoyar el crecimiento inclusivo y a reforzar la equidad social, basadas en unas finanzas públicas responsables. Aunque una parte significativa del presupuesto de la UE se utiliza para respaldar la innovación social y proyectos sociales en los Estados miembros, así como para luchar contra la pobreza, cabe recordar que el presupuesto social de la UE solo representa el 0,3 % del total del gasto social público en la UE. Aunque no se puede descartar que este porcentaje pueda ser objeto de revisión en el futuro, lo que es ciertamente incuestionable es que la ayuda social está y seguirá estando principalmente en manos de los Estados miembros. El presupuesto de la UE sirve principalmente para apoyar las actuaciones destinadas a empoderar a los europeos: para integrar a los grupos desfavorecidos, por ejemplo a la población romaní, en el mercado laboral y para ayudar a los trabajadores a adaptarse a mercados laborales cambiantes. Hace 30 años, Europa creó un programa que permite a los estudiantes cursar parte de sus estudios en otro país. El programa Erasmus+ se ha convertido en una de las iniciativas de mayor éxito en la historia europea: hasta la fecha, se ha beneficiado de este programa el 9 % de los estudiantes europeos. Por último, la UE apoya el diálogo social, está comprometida con la sociedad civil y coopera con las organizaciones internacionales para promover altos niveles de vida y desarrollo social no solo dentro de la Unión y en nuestra vecindad, sino también en todo el mundo y lejos de nuestras fronteras. La convergencia de los estándares sociales es un elemento fundamental de una globalización equitativa. A tal fin, la UE coopera con organizaciones internaciones para que se respeten los estándares internaciones en materia de derechos humanos y sociales y mejoren las condiciones de trabajo. La Comisión actual ha intensificado su actuación en todos los frentes (véase el anexo II). Ha propuesto unas normas claras, justas y ejecutables sobre movilidad de los trabajadores para proteger mejor los derechos de los ciudadanos, al tiempo que dota a los Estados miembros de mejores instrumentos para atajar los abusos. Ha introducido nueva legislación para proteger a los trabajadores contra la exposición a las sustancias cancerígenas, lo que permitirá salvar 100 000 vidas, y ha emprendido iniciativas para mejorar la accesibilidad de los bienes y servicios para las personas con discapacidad. Ha propuesto una ambiciosa agenda para garantizar que las personas puedan desarrollar las competencias adecuadas y participar en el aprendizaje a lo largo de la vida. Hoy, basándose en una amplia consulta con las partes interesadas, la Comisión presenta un pilar europeo de derechos sociales. Este pilar establece una serie de principios y derechos que deben servir como marco de referencia para la política social y de empleo a escala nacional y europea. En apoyo de este pilar, la Comisión también ha puesto en marcha una nueva iniciativa legislativa destinada a reconocer a los padres y cuidadores en toda Europa derechos mínimos a disfrutar de permisos y acogerse a regímenes de trabajo flexible, para que puedan conciliar mejor las obligaciones laborales y familiares, una cuestión que afecta hoy a cientos de miles de hogares en Europa. Se está consultando a los interlocutores sociales sobre la posibilidad de adoptar legislación para mejorar los derechos laborales y de protección social de quienes hoy están insuficientemente protegidos.

En nuestros países, gran parte del debate gira en torno a la forma en que se aplica la legislación de la UE. La Comisión actual se ha esforzado por aportar orientación sobre la forma en que debe aplicarse la legislación y sobre cómo hacerla más clara, siempre que sea posible. Sin embargo, hoy por hoy la puesta en práctica, aplicación y ejecución de la legislación social europea incumbe a los Estados miembros. Estos tienen competencia exclusiva para realizar inspecciones y para sancionar las infracciones. La Comisión actual ha intensificado sus orientaciones a los Estados miembros, por ejemplo acerca de la integración en el mercado laboral de los jóvenes, los desempleados de larga duración y los nacionales de terceros países, la formación profesional y educativa, la lucha contra la incitación al odio y la radicalización, y la protección de los niños en la migración. También ha relanzado el diálogo con los interlocutores sociales a nivel europeo y acoge con satisfacción el compromiso de estos, expresado en Roma con ocasión del sexagésimo aniversario de la UE, en favor de seguir contribuyendo a una Europa que cumpla sus compromisos con los trabajadores y las empresas. Por último, la Comisión ha incorporado consideraciones sociales en todas sus políticas, incluida la política comercial exterior —el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) con Canadá es un ejemplo de ello—, la política económica centrada en la inversión y la creación de empleo y en las políticas agrícola, medioambiental, energética y de transporte. Opciones para el futuro Siguiendo la lógica del Libro Blanco, existen varias opciones para el futuro social de Europa: - limitar la «dimensión social» a la libre circulación; - los que desean hacer más en el ámbito social hacen más; - la EU-27 podría profundizar en la dimensión social conjuntamente. La opción que se elija tendrá implicaciones más allá del ámbito social, por ejemplo en la competitividad de Europa, en su capacidad para encauzar y moldear la globalización, en la estabilidad de la Unión Económica y Monetaria, en la cohesión dentro de la Unión y en la solidaridad entre sus ciudadanos. Cualquier opción de actuación ha de considerarse asimismo en el contexto de los retos que se han delimitado, teniendo en cuenta si la UE puede aportar valor añadido. Puesto que cada una de las tres opciones va acompañada de una serie de propuestas de actuación concretas, la elección entre los posibles instrumentos debe hacerse también teniendo en cuenta los retos planteados. La mayoría de los ejemplos que ilustran la segunda opción también son igualmente válidos para la tercera, y viceversa. Limitar la «dimensión social» a la libre circulación Hay voces que consideran que la legislación social a escala de la UE es un obstáculo para el crecimiento y que la carga administrativa que pesa sobre las empresas es excesivamente costosa, en particular para las pequeñas y medianas empresas. Estiman que nuestros elevados estándares sociales, junto con las normas en materia de protección de los consumidores y del medio ambiente, sitúan a las empresas europeas en una situación de desventaja competitiva en comparación con el resto del mundo. En su opinión, es cometido exclusivo de los Estados miembros distribuir los beneficios del crecimiento económico equitativamente entre sus ciudadanos, mediante los sistemas tributarios y de asistencia social. Según ellos, la educación y la cultura también deberían dejarse exclusivamente en manos de los Estados miembros. Centrarse en el mercado único solo significaría mantener las normas destinadas a favorecer los movimientos transfronterizos de personas, por ejemplo las normas relativas a los derechos de seguridad social de los ciudadanos móviles, al desplazamiento de trabajadores, a la atención sanitaria transfronteriza y al reconocimiento de títulos. En cambio, debería revocarse la legislación europea relativa a la protección de los trabajadores, la salud y la seguridad en el trabajo y el tiempo de trabajo y de descanso. La legislación en materia de igualdad y de vacaciones retribuidas mínimas se suprimiría a nivel europeo. Los Estados miembros podrían decidir si permiten o no el trabajo a través de empresas de trabajo temporal. La igualdad de trato de los trabajadores a tiempo parcial dejaría de estar garantizada en toda Europa. No existirían estándares mínimos establecidos a escala europea en materia de permisos de maternidad y paternidad, o de permisos parentales o para cuidadores. El derecho de los trabajadores a ser informados, de forma individual y colectiva, sobre sus derechos ya no estaría garantizado a nivel europeo. Se suprimiría el marco de los comités de empresa europeos en las empresas multinacionales. El diálogo social a nivel de la UE se circunscribiría a los sectores y cuestiones pertinentes para el mercado único. Europa ya no promovería oportunidades para que los Estados miembros intercambien mejores prácticas en los ámbitos de la asistencia social, la educación, la salud, la cultura y el deporte. Tampoco apoyaría a los Estados miembros con recomendaciones sobre el modo de combatir el desempleo juvenil y el desempleo de larga duración, ni con sus herramientas para ofrecer nueva formación y capacitar a los europeos, haciéndolos aptos para el empleo. Los fondos europeos destinados a apoyar la reconversión de las regiones gravemente afectadas por los efectos de la globalización podrían reducirse o suprimirse. Los programas sociales en los Estados miembros cofinanciados sustancialmente con fondos de la UE tendrían que interrumpirse o financiarse a nivel nacional. Qué podría significar esto en la práctica: - Los conductores de camiones estarían sometidos a tiempos de conducción y descanso diferentes según el país en que se encuentren; sus empleadores tendría que pagar salarios por hora diferentes en cada país.

- Los veinte días de vacaciones retribuidas y las catorce semanas de permiso de maternidad ya no estarían garantizados en toda Europa. - Los pacientes podrían seguir recibiendo tratamiento en otro Estado miembro, pero no existirían planes de acción europeos para combatir el aumento de las bacterias resistentes a los antibióticos. - No habría una acción coordinada ni preparación frente a las amenazas comunes para la salud, por ejemplo en caso de propagación de enfermedades contagiosas como el ébola y el virus del Zika. - En caso de que cierre una fábrica de automóviles por el desplazamiento de la producción a un país fuera de Europa con salarios bajos y miles de personas pierdan su empleo a la vez en una región, no habría fondos europeos disponibles para ayudarles a encontrar otro puesto de trabajo. - Incluso el programa Erasmus+ correría el riesgo de ser abandonado y la UE dejaría de evaluar comparativamente el abandono escolar prematuro y a los alumnos con bajo rendimiento. - Desaparecería el apoyo de la UE a los sectores creativo, cultural y cinematográfico europeos. Se pondría fin a la iniciativa «Capitales europeas de la cultura». Ventajas e inconvenientes: -La mayoría de las decisiones en materia de asuntos sociales y empleo se adoptarían a escala nacional y, por tanto, a un nivel «más próximo» a los ciudadanos. -Las empresas quedarían exentas en mayor medida de cumplir con la legislación de la UE, pero tendrían que cumplir veintisiete conjuntos distintos de legislaciones nacionales. -Los Estados miembros serían totalmente libres para probar soluciones innovadoras en relación con la globalización, la digitalización y el envejecimiento de la población, pero, sin el respaldo de la UE, habría menos oportunidades para aprender unos de otros. -Aunque muchos de los retos podrían superarse gracias a las competencias y la formación, Europa no contribuiría a este respecto. -Se produciría un distanciamiento de los mercados laborales nacionales. En lugar de converger, existiría un riesgo creciente de costes laborales divergentes y la amenaza de una «carrera a la baja». -Si los salarios siguen divergiendo, cabe la posibilidad de que un mayor número de trabajadores de países con salarios bajos, en particular los jóvenes y los más cualificados, abandonen sus países para trasladarse a países con salarios más altos dentro o fuera de la UE. Esta situación podría exacerbar los problemas demográficos en algunos Estados miembros. -Estas disparidades, combinadas con la discontinuidad de los fondos de la UE que respaldan proyectos sociales, en particular en materia de competencias y formación, podrían acabar erosionando el mercado único y el proyecto europeo. Por encima de todo y paradójicamente, aunque el objetivo de esta opción sería centrar la dimensión social de Europa en la libertad de circulación, el mercado único podría verse en peligro. -Por consiguiente, Europa no aprovecharía plenamente el potencial que encierra el mercado único, su principal motor de crecimiento y de empleo. Los que desean hacer más en el ámbito social hacen más Son muchas las voces que afirman que los años de crisis han puesto de manifiesto la necesidad de que los países que comparten el euro como moneda única redoblen esfuerzos en el ámbito social para preservar la fortaleza y la estabilidad del euro y evitar ajustes bruscos en los niveles de vida de sus ciudadanos. Se reconoce que es preferible que las adaptaciones tengan carácter preventivo. Esto no significa que sus modelos sociales y sus sistemas de protección social tengan que ser idénticos, pero sus mercados laborales y sistemas de protección social deben funcionar correctamente, de modo que, cuando se produzca la próxima crisis, su economía sea más resiliente y el bienestar de su población esté mejor protegido. Para muchos, la zona del euro no es una simple entidad económica, sino que constituye un espacio en el que se aúnan nuestros destinos. El próximo documento de reflexión sobre el futuro de la Unión Económica y Monetaria desarrollará más opciones globales en este sentido y presentará posibles instrumentos de estabilización, tal como se indica en el Informe de los cinco presidentes sobre la realización de la Unión Económica y Monetaria europea. Sin embargo, las consecuencias de una profundización de la dimensión social en la zona del euro y, posiblemente, en otros países, requiere un debate más en profundidad también en el contexto del presente documento.

Hoy por hoy, aparte de la coordinación y la vigilancia de la política presupuestaria, no existe un marco jurídico para elaborar legislación aplicable únicamente en la zona del euro, pero podría utilizarse el instrumento de «cooperación reforzada» previsto en el Tratado. En virtud de dicho instrumento, un grupo de al menos nueve países podría adoptar, como último recurso y previo acuerdo de los Estados miembros de la EU-27, actos jurídicos que vinculen únicamente a los países participantes. Los estándares comunes podrían centrarse principalmente en los mercados de trabajo, la competitividad, el entorno empresarial y la administración pública, así como en determinados aspectos de la política tributaria, como la base imponible del impuesto sobre sociedades. La zona del euro estaría mejor respaldada y sus ciudadanos mejor protegidos con un mayor convergencia de las políticas de empleo y sociales nacionales. La financiación existente a nivel de la UE podría utilizarse para apoyar acciones conjuntas o los países participantes podrían establecer fondos específicos. También podrían emprender una cooperación reforzada diferentes grupos de países, como demuestran algunos de los ejemplos que figuran a continuación. Qué podría significar esto en la práctica: - Los títulos de una persona se reconocerían automáticamente en algunos Estados miembros, pero no en otros. - Una persona podría identificarse fácilmente en algunos países con un único número de seguridad social; las autoridades de dichos países podrían comprobar fácilmente si dicha persona está asegurada y puede ser obtener el reembolso de sus gastos o recibir prestaciones de forma más sencilla. - Un grupo de países podría acordar precios comunes para medicamentos y vacunas, lo que mejoraría la cobertura y el acceso a la asistencia sanitaria. - Un grupo de países podría acordar una planificación conjunta de su personal sanitario, incluido el número de doctores y enfermeros a los que impartiría formación colectivamente. - En algunos Estados miembros, los ciudadanos podrían recibir prestaciones por desempleo más elevadas que en la actualidad; en otros, el período durante el cual pueden contar con prestaciones de desempleo podría acortarse. - Los Estados miembros participantes podrían establecer programas conjuntos para la integración de los refugiados. - Las personas todavía podrían perder su empleo, pero en los países que opten por una mayor dimensión social tendrían más posibilidades de encontrar un nuevo empleo más rápidamente y recibirían apoyo durante la transición, gracias a instrumentos conjuntos de reciclaje profesional y formación. Ventajas e inconvenientes: -Los que deseen hacer más, podrían hacerlo. Los países que compartan posiciones comunes podrían adoptar medidas más audaces. No habría ninguna necesidad de aceptar solo el mínimo común denominador entre los Veintisiete. -La cooperación entre algunos países podría servir de plataforma de lanzamiento de nuevos proyectos innovadores destinados a hacer frente a desafíos mundiales como el envejecimiento de la población, la digitalización y la urbanización. En caso de éxito de la iniciativa, los veintisiete Estados miembros podrían acabar incorporándose a la larga. -Los derechos de los ciudadanos derivados del marco jurídico de la UE empezarían a variar en función de si el país en que viven ha optado por hacer más. -Aumentaría el nivel de complejidad de los procesos decisorios, así como de la supervisión y la aplicación de las normas. -La zona del euro podría alcanzar una mayor convergencia hacia mercados laborales más integrados, sistemas sociales más eficaces y sistemas sanitarios y educativos más sólidos. Ello respondería a algunos de los retos identificados. -Por otra parte, podrían agudizarse las disparidades ya existentes con otros países, lo que haría más difícil su integración en la zona del euro más adelante. -Algunos países fuera de la zona del euro podrían desear atraer empresas, reduciendo deliberadamente sus estándares en detrimento de la convergencia social. -El mercado único podría verse obstaculizado por la existencia de estándares sociales diferentes en la UE, con el riesgo de repercusiones sobre el empleo y el crecimiento.

La EU-27 profundiza en la dimensión social de Europa conjuntamente Existe en Europa la opinión generalizada, que se refleja igualmente en la Declaración de Roma, de que los valores sociales son fundamentales para el propio proyecto europeo y de que los ciudadanos de la UE deberían tener los mismos derechos y oportunidades. Otros sostienen que el mercado único va de la mano de unos estándares sociales comunes, así como de estándares comunes en materia de protección del medio ambiente y de los consumidores. Un tercer grupo hace hincapié en que el hecho de que los Estados europeos se enfrenten hoy a grandes retos comunes —seguridad, cambios demográficos, migración, evolución tecnológica, globalización— y la magnitud y el alcance mundial de estos retos hacen que deban abordarse al menos a escala europea para poder superarlos y moldear el futuro. Al mismo tiempo, muchos alegan que seguir adelante con veintisiete Estados miembros no puede significar simplemente «continuar trabajando, pero con más determinación». Podría ser necesario reevaluar el actual equilibrio de competencias entre la Unión y los Estados miembros, abordando los cuatro instrumentos: legislación, cooperación, orientación y financiación. Tanto la UE como los Gobiernos nacionales deberían reorientar su atención, con carácter prioritario, a los nuevos retos. Solo de esta forma seríamos capaces de defender nuestra economía social de mercado, preservando el modo de vida europeo que nos caracteriza. Es indiscutible que el centro de gravedad de la actuación en el ámbito social debe ser y seguirá siendo siempre competencia de las autoridades nacionales y locales y de sus interlocutores sociales. No obstante, como se desprende del debate en curso, son múltiples los ámbitos en que la UE podría seguir desarrollando iniciativas en apoyo de la actuación de los Estados miembros, haciendo pleno uso de todos los instrumentos a su disposición. La legislación no solo establecería estándares mínimos, sino que, en determinados ámbitos, podría armonizar plenamente los derechos de los ciudadanos en toda la UE. Con el fin de centrarse en la convergencia de los resultados sociales, podrían desarrollarse valores de referencia vinculantes para parámetros importantes que contribuyan a unas políticas de empleo, unos sistemas educativos y sanitarios y unos sistemas de bienestar eficaces. Basándose en el ejemplo de la «Garantía Juvenil», podría desarrollarse una Garantía Infantil que contaría con el respaldo financiero de la UE. Hay llamamientos en favor de que haya más fondos disponibles a nivel de la UE para apoyar el desarrollo de capacidades, los proyectos de integración en el mercado de trabajo y la lucha contra la pobreza, y para promover la innovación social. La financiación de la UE podría supeditarse al compromiso de alcanzar determinados valores de referencia o de adoptar ciertas medidas de reforma destinadas a promover la convergencia tomando como referencia los países que obtengan los mejores resultados. Asimismo, la UE podría seguir apoyando la inversión social a través de instrumentos a escala de la UE. También se propone que, como complemento de las agencias de ejecución de los Estados miembros, podrían crearse agencias europeas con un papel de coordinación y competencias de ejecución en situaciones transfronterizas, por ejemplo una Inspección Europea del Trabajo y una Agencia Europea de Transporte. Los Estados miembros podrían acordar que toda la EU-27 avance conjuntamente solo en ámbitos seleccionados. Qué podría significar esto en la práctica: -La EU-27 podría acordar normas comunes para determinar el estatuto laboral de los trabajadores de las plataformas digitales. De este modo, las empresas aprovecharían plenamente el potencial de un mercado digital único en Europa. -Todos los Estados miembros reconocerían los títulos de los demás. -Los interlocutores sociales europeos coordinarían o incluso negociarían colectivamente acuerdos salariales aplicables a los conductores de camiones, que se aplicarían de forma uniforme en el mercado único. -Cada ciudadano europeo tendría un único número de identificación de seguridad social que le permitiría identificarse en cualquier país. Las reclamaciones, los controles y los pagos se realizarían fácilmente en línea de un país a otro. -Las personas se jubilarían a la misma edad en toda Europa, en línea con las tendencias en materia de esperanza de vida. En algunos países podrían hacerlo más tarde, pero las pensiones estarían garantizadas. -Las empresas podrían ser inspeccionadas no solo por inspectores nacionales, sino también por inspectores europeos. -Los Estados miembros podrían tener que adaptar sus sistemas informáticos para interoperar con los sistemas a nivel de la UE.

-El programa Erasmus+ se ampliaría, al menos, al 30 % de los estudiantes universitarios, escolares, personas que cursan formación profesional, aprendices y profesores. -Habría un único espacio unificado de enseñanza superior que abarcaría a todos los países. -La tarjeta europea de discapacidad sería válida en todos los países. -Estarían disponibles recursos de la UE destinados a responder a las amenazas para la salud transfronterizas (ébola, virus del Zika). -Existirían valores de referencia obligatorios para mejorar la intervención en materia de salud pública, por ejemplo sobre el contenido de grasas y azúcares en los alimentos. -Los ciudadanos podrían transferir datos médicos por vía electrónica cuando reciban tratamiento en otro Estado miembro y utilizar recetas electrónicas para que se les dispensen medicamentos. Ventajas e inconvenientes: -Los ciudadanos tendrían más igualdad de derechos sociales en todos los Estados miembros, reforzando su identificación con el proyecto europeo y el apoyo a este. -Los ciudadanos se sentirían más alejados del proceso decisorio. -En ocasiones, seguiría siendo difícil alcanzar acuerdos entre los Veintisiete. Deberá haber voluntad política para alcanzar compromisos sin adaptar los estándares al mínimo común denominador. -El mercado único funcionaría sin tantas fisuras, los mercados laborales europeos estarían más integrados y disminuirían los temores de «dumping social». Aumentaría el apoyo al mercado único, siempre que se encuentre un justo equilibrio entre los distintos intereses y se preserve su integridad. -La actuación conjunta a nivel de los Veintisiete facilitaría futuras adhesiones a la zona del euro. -Todas las economías europeas serían más resilientes a las perturbaciones y nuestros países responderían a los retos conjuntamente. -La UE aportaría una contribución visible para empoderar a los ciudadanos, por ejemplo, gracias al refuerzo de los programas de formación. -Unida a nivel de los Veintisiete, Europa estaría mejor situada para superar los retos comunes y mejorarían la fortaleza y la posición internacional de Europa. 5. Avanzar en el debate La dimensión social de Europa es una realidad cambiante, en la que influyen decisiones personales, la realidad económica, las tendencias mundiales y las decisiones políticas. Podemos optar por encarar directamente el cambio o por dejarnos llevar por él.