Iniciativa del Reino de España con vistas a la adopción del Acto del Consejo por el que se celebra, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, el Convenio relativo a la represión por las administraciones aduaneras del tráfico ilícito de drogas en alta mar

(2002/C 45/06)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, la letra d) del apartado 2 de su artículo 34,

Vista la iniciativa del Reino de España(1),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo(2),

Considerando que, para la realización de los fines de la Unión Europea, los Estados miembros entienden que la cooperación aduanera es una cuestión de interés común que compete a la cooperación establecida en el título VI del Tratado,

DECIDE que se celebre el Convenio cuyo texto figura en el anexo, que firman en el día de hoy los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros;

RECOMIENDA su adopción a los Estados miembros según sus respectivas normas constitucionales.

Hecho en ...

Por el Consejo

El Presidente

...

(1) DO C ...

(2) Dictamen emitido el ... (no publicado aún en el Diario Oficial).

ANEXO

CONVENIO CELEBRADO POR EL CONSEJO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 34 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, RELATIVO A LA REPRESIÓN POR LAS ADMINISTRACIONES ADUANERAS DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN ALTA MAR

LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES del presente Convenio, Estados miembros de la Unión Europea,

RECONOCIENDO la necesidad de fortalecer los compromisos adquiridos en el Convenio para la asistencia mutua entre las administraciones aduaneras, firmado en Roma el 7 de septiembre de 1967 y en el Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras, hecho en Bruselas el 18 de diciembre de 1997;

TENIENDO PRESENTE la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982, en la que se contempla, entre otras cosas, el derecho de persecución, y la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988;

CONSIDERANDO que las administraciones aduaneras son responsables dentro del territorio aduanero de la Comunidad, incluido su mar territorial y espacio aéreo, y en especial en sus puntos de entrada y salida, de la prevención, investigación y persecución de las infracciones aduaneras no solamente de la normativa comunitaria, sino también de las leyes nacionales y, en particular, de la lucha contra el contrabando, incluido el de sustancias estupefacientes y psicotrópicas;

CONSIDERANDO que en ocasiones, en la lucha contra el tráfico de drogas, resulta necesario y eficaz que la administración aduanera actúe fuera del territorio aduanero comunitario, particularmente en alta mar;

CONSIDERANDO que el aumento del tráfico marítimo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas constituye una amenaza grave para la salud y la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea;

CONSIDERANDO que existen formas especiales de cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea, tanto en el interior de los Estados como en el mar territorial respectivo, que permiten a funcionarios de un Estado miembro actuar en el territorio de otro Estado miembro, sin autorización previa en algunos casos;

CONVENCIDAS de que es necesario reforzar la cooperación entre las administraciones aduaneras en la lucha contra el tráfico de drogas extendiendo las posibilidades de actuación inmediata y sin autorización previa de los buques de las autoridades competentes de un Estado miembro sobre los buques de otro Estado miembro, por razones de urgencia, allí donde en la actualidad no es posible actuar sin autorización previa, esto es, fuera del mar territorial.

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1

Definiciones

A efectos del presente Convenio se entenderá por:

a) "buques": cualquier construcción o medio flotante que opere en aguas marítimas apta para el transporte de cosas y/o personas, incluídos los aerodeslizadores, las embarcaciones sin desplazamiento y las sumergibles;

b) "estado interviniente": el Estado miembro Parte que ha tomado las medidas previstas en el presente Convenio, contra un buque que enarbole pabellón, o tenga matrícula, de otro Estado miembro Parte;

c) "jurisdicción preferente": el derecho a ejercer su jurisdicción con exclusión de la jurisdicción de otro Estado, que tiene el Estado del pabellón cuando existe concurrencia de jurisdicciones entre los Estados miembros Parte, respecto de una infracción pertinente;

d) "infracción pertinente": las infracciones descritas en el artículo 3;

e) "autoridades aduaneras": las autoridades competentes para la aplicación de la normativa aduanera, así como las demás autoridades designadas como competentes para la aplicación de las disposiciones del presente Convenio.

A tal efecto, cada Estado miembro comunicará a los demás Estados miembros y a la Secretaría General del Consejo la lista de autoridades designadas competentes a efectos de aplicación del presente Convenio.

Artículo 2

Objeto

Las administraciones aduaneras de los Estados miembros de la Unión Europea se prestarán mutuamente la más amplia cooperación en orden a eliminación del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas por mar, de conformidad con el Derecho internacional del mar.

Artículo 3

Infracciones

Cada uno de los Estados miembros adoptará las medidas necesarias para tipificar como infracción en su Derecho interno, y sancionar los actos realizados a bordo de buques o mediante cualquier otra embarcación o medio flotante no excluidos del ámbito de aplicación del presente Convenio según el artículo 4, que consistan en la posesión para su distribución, transporte, transbordo, depósito, venta, fabricación o transformación de estupefacientes o sustancias psicotrópicas tal y como son definidas en los instrumentos internacionales que les vinculan.

Artículo 4

Buques excluidos del ámbito de aplicación del Convenio

Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Convenio los buques de guerra y aquellos que sean utilizados para un servicio público oficial de carácter no comercial.

Artículo 5

Jurisdicción

1. Salvo lo previsto en el Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras, cada Estado miembro ejercerá jurisdicción exclusiva con relación a los actos cometidos en su mar territorial y aguas interiores incluso si los actos hubiesen tenido su origen o fuesen a ejecutarse en otro Estado miembro.

2. En relación con los actos contemplados en el artículo 3 cometidos fuera del mar territorial de uno de los Estados miembros, ejercerá jurisdicción preferente el Estado miembro bajo cuyo pabellón se encuentre el buque a bordo del cual o mediante el que se ha cometido la infracción.

Artículo 6

Derecho de representación

1. En el caso de sospecha fundada de realización de alguno de los actos previstos en el artículo 3, cada Estado miembro reconocerá a los demás Estados miembros un derecho de representación, que legitime la intervención de los navíos o aeronaves pertencientes a las respectivas autoridades aduaneras, sobre los buques de otro Estado miembro.

2. En el ejercicio del derecho de representación a que se refiere el apartado 1, los navíos o aeronaves oficiales podrán perseguir, parar y abordar el buque, examinar documentos, identificar e interpelar a las personas que se encuentren a bordo e inspeccionar el buque y, si se confirmaran las sospechas, proceder a la aprehensión de la droga, a la detención de las personas presuntamente responsables y a la conducción del buque hasta el puerto más próximo o más adecuado para su inmovilización, en el supuesto de que debiese procederse a su devolución, informando antes, si fuese posible, o inmediatamente después, al Estado cuyo pabellón enarbole el buque.

3. Dicha competencia se ejercerá de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.

Artículo 7

Garantías de la intervención

1. Cuando una medida haya sido adoptada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 6, se tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no poner en peligro la seguridad de las personas en el mar, ni la del buque y la carga, y de no perjudicar los intereses comerciales y jurídicos del Estado miembro del pabellón ni los intereses comerciales de terceros.

2. En todo caso, si la intervención se hubiera producido sin que concurriesen motivos de sospecha suficientes para ejecutar la operación, el Estado miembro que la hubiese llevado a cabo podría ser considerado responsable de los daños y perjuicios ocasionados, salvo que se hubiera procedido a instancias del Estado miembro del pabellón.

3. El período de inmovilización del buque deberá reducirse al mínimo indispensable, debiendo ser devuelto al Estado del pabellón o permitirse su libre navegación, lo antes posible.

4. Las personas detenidas tendrán garantizados los mismos derechos que los nacionales y especialmente el derecho a un intérprete y a ser asistido por un abogado.

5. La situación de detención estará sujeta a control judicial y a los plazos que fije la legislación del Estado miembro interviniente.

Artículo 8

Renuncia de jurisdicción

1. Cada Estado miembro tendrá jurisdicción preferente sobre sus buques, pudiendo renunciar a ella a favor del Estado interviniente.

2. El Estado interviniente, después de efectuar las primeras diligencias, transmitirá al Estado del pabellón un resumen del material probatorio obtenido, relativo a todas las infracciones pertinentes cometidas, anticipándolo, si fuera posible, por fax u otro medio, debiendo el Estado del pabellón responder en el plazo de un mes acerca de si ejercerá su jurisdicción o si renuncia a la misma, pudiendo pedir información complementaria, si lo estimare necesario.

3. Transcurrido el plazo referido en el apartado 2 sin que haya sido comunicada decisión alguna, se presumirá que el Estado miembro del pabellón renuncia al ejercicio de su jurisdicción.

4. Si el Estado cuyo pabellón ostente el buque renuncia a su jurisdicción preferente, deberá enviar al otro Estado miembro las informaciones y documentos de que disponga. Si, por el contrario, decide ejercer su jurisdicción, el otro Estado deberá transferir al Estado preferente la documentación y los elementos probatorios obtenidos, el cuerpo del delito y las personas detenidas.

5. Las actuaciones judiciales de trámite necesarias y urgentes que deban llevarse a cabo, así como la solicitud de renuncia a ejercer la jurisdicción preferente, se regirán por el ordenamiento del Estado interviniente.

6. La entrega de las personas detenidas no exigirá un procedimiento formal de extradición, siendo suficiente a dicho efecto un mandato judicial individualizado de detención o un documento equivalente, respetándose en todo caso los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de cada Parte. El Estado interviniente certificará el tiempo de detención.

7. El período de privación de libertad sufrido en uno de los Estados miembros será descontado de la pena que pudiera ser impuesta por el Estado que haya ejercido su jurisdicción.

8. Sin perjuicio de las competencias genéricas de los Ministerios de Asuntos Exteriores de los Estados miembros, las comunicaciones previstas en el presente Convenio se realizarán, por regla general, a través de los respectivos Ministerios de Justicia.

Artículo 9

Resolución de controversias

1. Los Estados miembros acuerdan resolver sus diferencias sobre la interpretación o aplicación del presente Convenio, incluyendo las relativas a las indemnizaciones por daños y perjuicios, por medio de negociaciones directas entre los respectivos Ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores.

2. No siendo posible un acuerdo por la vía prevista en el apartado 1, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será competente para pronunciarse sobre cualquier litigio entre uno o más Estados miembros relativo a la interpretación o a la aplicación del presente Convenio siempre que dicho litigio no pueda ser resuelto por el Consejo en el plazo de seis meses a partir de su remisión al Consejo por uno de sus miembros.

3. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será competente, en las condiciones estipuladas en los apartados 4 a 7, para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre la interpretación del presente Convenio.

4. Cualquier Estado miembro podrá aceptar, mediante declaración efectuada en el momento de la firma del presente Convenio o en cualquier momento posterior a dicha firma, la competencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre la interpretación del presente Convenio en las condiciones enunciadas en las letras a) o b) del apartado 5.

5. El Estado miembro que formule una declaración con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 precisará:

a) que cualquiera de sus órganos jurisdiccionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno podrá solicitar al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que se pronuncie, con carácter prejudicial, sobre una cuestión planteada en un asunto del que esté conociendo, relativa a la interpretación del presente Convenio, cuando dicho órgano jurisdiccional considere necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo; o

b) que cualquiera de sus órganos jurisdiccionales podrá solicitar al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que se pronuncie, con carácter prejudicial, sobre una cuestión planteada en un asunto del que esté conociendo, relativa a la interpretación del presente Convenio, cuando dicho órgano jurisdiccional considere necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

6. Serán aplicables el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y su Reglamento de procedimiento.

7. Todo Estado miembro estará facultado, con independencia de si ha formulado o no una declaración con arreglo al apartado 4, para presentar al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas memorias u observaciones escritas sobre los asuntos que se presenten ante él en virtud del apartado 5.

8. El Tribunal de Justicia no será competente para controlar la validez ni la proporcionalidad de operaciones efectuadas por los servicios con funciones represivas en el marco del presente Convenio ni para pronunciarse sobre el ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros respecto al mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior.

Artículo 10

Disposiciones finales

1. El presente Convenio quedará sujeto a adopción por los Estados miembros de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales.

2. Los Estados miembros notificarán al depositario el complimiento de los procedimientos exigidos por sus respectivas normas constitucionales para la adopción del presente Convenio.

3. El presente Convenio entrará en vigor 90 días después de que realice la notificación contemplada en el apartado 2 el Estado, miembro de la Unión Europea, en el día en que el Consejo adopte el acto por el que se celebra el presente Convenio, que proceda en último lugar a dicha formalidad.

Artículo 11

Adhesión

1. El presente Convenio quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que se convierta en Estado miembro de la Unión Europea.

2. El presente Convenio entrará en vigor respecto de cualquier Estado que se adhiera a él 90 días después de depositado su instrumento de adhesión o, si al expirar dicho plazo de 90 días el Convenio aún no estuviera en vigor, el día en que éste entre en vigor.

Artículo 12

Modificaciones

1. Todo Estado miembro que sea Parte del Convenio podrá proponer modificaciones del mismo. Las propuestas de modificación se transmitirán al depositario, quien las notificará al Consenjo y a la Comisión.

2. El Consejo adoptará las modificaciones del Convenio y recomendará a los Estados miembros su adopción, de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales.

3. Las modificaciones adoptadas en virtud del apartado 2 entrarán en vigor de conformidad con las disposiciones del apartado 3 del artículo 10.

Artículo 13

Depositario

1. El Secretario General del Consejo de la Unión Europea será el depositario del presente Convenio.

2. El depositario publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el estado de las adopciones y de las adhesiones, la aplicación, las declaraciones y las reservas, así como cualquier otra notificación relativa al presente Convenio.