ES Diario Oficial de la Unión Europea C 321/38

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica la Instrucción consular común dirigida a las misiones diplomáticas y oficinas consulares de carrera en relación con la introducción de datos biométricos y se incluyen disposiciones sobre la organización de la recepción y la tramitación de las solicitudes de visado. COM(2006) 269 final. — 2006/0088 (COD)

(2006/C 321/14)

EL SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 286,

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular su artículo 8,

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos,

Visto el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos, y en particular su artículo 41,

Vista la solicitud de dictamen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, apartado 2 del Reglamento (CE) n.o 45/2001, presentada por la Comisión y recibida el 19 de junio de 2006,

HA ADOPTADO EL SIGUIENTE DICTAMEN:

1. INTRODUCCIÓN

La propuesta de Reglamento tiene dos objetivos fundamentales, ambos con vistas a la introducción del Sistema de Información de Visados:

— ofrecer una base jurídica para que los Estados miembros tomen los identificadores biométricos obligatorios a los solicitantes de visado

— ofrecer un marco jurídico para la organización de las oficinas consulares de los Estados miembros, en especial organizando la posible cooperación entre los Estados miembros en la tramitación de las solicitudes de visado.

Esos dos objetivos suscitan cuestiones distintas sobre la protección de datos y se tratarán en puntos distintos, aunque sean parte de la misma propuesta.

La presente propuesta tiene por objeto modificar la Instrucción consular común (ICC), adoptada por el Comité Ejecutivo creado por el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985. Por formar parte del acervo de Schengen se incorporó al Derecho comunitario mediante protocolo anexo al Tratado de Amsterdam y se ha modificado posteriormente en varias ocasiones. La ICC se publicó en 2000, aunque siguen siendo confidenciales varias modificaciones. En cuanto a su contenido, es fundamentalmente un manual con normas prácticas sobre la forma en que deben expedirse los visados para estancias de corta duración. Contiene disposiciones sobre el examen de las solicitudes, el procedimiento de decisión, la forma de cumplimentar las etiquetas de visado, etc.

2. TOMA DE LOS IDENTIFICADORES BIOMÉTRICOS

2.1. Observación preliminar: características especificas de los datos biométricos

Según la propuesta sobre el VIS (1) que la Comisión presentó el 28 de diciembre 2004, los Estados miembros introducirán en el VIS impresiones dactilares y fotografías como identificadores biométricos a efectos de verificación y de identificación. La presente propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica la ICC tiene por objeto ofrecer una base jurídica para la toma de los identificadores biométricos.

El 23 de marzo de 2005 el Supervisor Europeo emitió un dictamen sobre la propuesta del VIS (2). En su dictamen destacaba la importancia de que el tratamiento de datos biométricos fuera acompañado de todas las salvaguardias necesarias habida cuenta de sus características específicas: (3)

«Nunca carece de importancia la elección del uso de la biometría en sistemas de información, especialmente cuando el sistema en cuestión afecta a un número tan grande de personas. La biometría no es una tecnología de información más. Cambia de manera irrevocable la relación entre cuerpo e identidad, en el sentido de que hace que “una máquina pueda leer” las características del cuerpo humano y éstas quedan sometidas a su uso posterior. Aunque el ojo humano no pueda leer las características biométricas, sí pueden hacerlo, y hacer uso de ellas, los instrumentos adecuados, sin límite de tiempo y dondequiera que la persona se encuentre.»

Según el Supervisor Europeo ese carácter sensible de los datos biométricos exige que la creación de obligaciones para el uso de esos datos únicamente debería tener lugar tras una evaluación completa de sus riesgos y debería seguir un procedimiento que permitiera el pleno control democrático. En estas observaciones se fundamenta el estudio que el Supervisor Europeo hace de la presente propuesta.

2.2. Contexto de la propuesta

El contexto en que se hace esta propuesta le confiere un carácter aún más sensible. La propuesta de Reglamento no puede considerarse sin tener en cuenta el desarrollo de otros sistemas de gran envergadura de tecnologías de la información y la tendencia general hacia una mayor interoperabilidad entre los sistemas de información. Este aspecto se menciona en la Comunicación de la Comisión, de 24 de noviembre de 2005, sobre una mayor eficacia, interoperabilidad y sinergia entre las bases de datos europeas en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior (4).

Es probable, por tanto, que una decisión adoptada en un contexto determinado y con vistas a un objetivo definido tenga una influencia en el desarrollo y uso de otros sistemas creados para otras finalidades. En particular, los datos biométricos, incluidos probablemente los datos tomados para aplicar la política de visados, podrían usarse en contextos diferentes una vez obtenidos. Este hecho podría afectar no sólo al marco del SIS sino también con toda probabilidad a Europol y FRONTEX.

2.3. Obligación de dar las impresiones dactilares

En la exposición de motivos de la presente propuesta se dice que «dado que la recogida de identificadores biométricos formará ahora parte del procedimiento de solicitud de visado, es necesario modificar la ICC a fin de establecer el fundamento jurídico para esta medida».

El Supervisor Europeo se opone a que el legislador opte por incluir en la ICC disposiciones acerca de si se puede eximir o no a determinadas personas o grupos de personas de la obligación de dar sus impresiones dactilares, y no incluirlas en el propio Reglamento sobre el VIS. En primer lugar, esas disposiciones tienen una consecuencia importante para la vida privada de gran número de personas y deberían tratarse en el contexto de la normativa básica en vez de hacerlo en instrucciones que tienen un carácter ampliamente técnico. En segundo lugar, la claridad del régimen jurídico haría preferible tratar esa cuestión en el mismo texto que aquél por el que se crea el propio sistema de información.

a) En primer lugar la creación de una base jurídica para la toma obligatoria de impresiones dactilares y para tomar identificadores biométricos es mucho más que un trámite técnico. Tiene una consecuencia importante para la vida privada de las personas afectadas. En concreto, es una decisión política y no sólo una decisión técnica decidir las edades máximas y mínimas para tomar las impresiones dactilares. Por ello el Supervisor Europeo recomienda que este asunto, y especialmente los aspectos que no son puramente técnicos, se traten en el texto de base (la propuesta sobre el VIS) y no en un manual de instrucciones que trata fundamentalmente sobre aspectos técnicos y prácticos de la tramitación de los visados (5). Es también útil recordar a este respecto las exigencias del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y la jurisprudencia sobre el mismo. Según el artículo 8, apartado 2, de este Convenio no podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio del derecho a la vida privada sino en tanto en cuanto este injerencia «esté prevista por la ley» y constituya una medida que «en una sociedad democrática, sea necesaria» para la protección de intereses importantes. En la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos esas condiciones han llevado a la imposición de exigencias complementarias en cuanto a la calidad de la base jurídica para la injerencia (que debe estar contemplada en normativa accesible y ser previsible), el carácter proporcionado de toda medida, y la necesidad de adecuar las salvaguardias contra el abuso. Aun prescindiendo del hecho de que el enfoque no sistemático de la normativa no ayuda a que el Reglamento sea claro y accesible, es lícito preguntarse si la propia ICC puede considerarse propiamente una norma. Podrían plantearse algunas cuestiones en torno al procedimiento de una posible modificación futura de este texto. En cualquier caso debería quedar garantizada la imposibilidad de modificar una decisión de tal importancia sin un procedimiento que ofrezca la transparencia adecuada y la consulta democrática.

b) La segunda cuestión apunta a la claridad del régimen jurídico. En la exposición de motivos de la propuesta no queda claro el motivo por el que son necesarias bases jurídicas distintas para la toma de los identificadores biométricos y para su tratamiento. Se dice que «esta propuesta trata la recogida de datos biométricos, mientras que la propuesta del VIS cubre la transmisión y el intercambio de datos.» (6) Sin embargo, desde el punto de vista de protección de los datos, el tratamiento de datos personales incluye la toma de los mismos. La regulación de las operaciones de una cadena de actividades en textos legales distintos puede ir en detrimento de la claridad del régimen. Constituye esto un problema tanto para aquellos a los que se refieren los datos (los afectados por la propuesta) como de control democrático del sistema. Y de hecho es cada vez más difícil tener una idea general clara en este ámbito en el que distintos actos legislativos regulan lo que es básicamente el mismo tratamiento de los datos.

2.4. Exención de la toma de impresiones dactilares

Un buen ejemplo de este asunto lo constituye la cuestión de las categorías de personas eximidas de la obligación de dar las impresiones dactilares, en especial el caso de los niños pequeños.

La posibilidad de tomar las impresiones dactilares de los niños pequeños debería discutirse teniendo en cuenta la propia finalidad del VIS. En otros términos, el que a algunas categorías de personas se les tomen obligatoriamente identificadores biométricos o se les exima de esta obligación debería ser una medida proporcionada dentro de la política de visados y de sus objetivos, como se declara en la propuesta sobre el VIS. Ésa proporcionalidad debería valorarse utilizando un procedimiento democrático.

Debería también valorarse teniendo presente el uso que vaya a hacerse de esas impresiones dactilares, según se expone en la propuesta sobre el VIS. Los datos biométricos se utilizarán tanto a efectos de verificación como de identificación: un identificador biométrico podría considerarse técnicamente adecuado a un efecto pero no al otro. El tratamiento de las impresiones dactilares de niños menores de 14 años se considera fiable únicamente a efectos de verificación. Este hecho debería influir en el análisis de la propuesta pero, también en este caso, los necesarios elementos debe contenerlos la propuesta sobre el VIS (y todavía no se ha decidido al respecto).

Como conclusión, el Supervisor Europeo considera decididamente que, por razón de claridad y de coherencia, las exenciones de la toma de identificadores biométricos deberían regularse estrictamente en el Reglamento sobre el VIS. La norma sobre la recogida de identificadores biométricos, y especialmente de las impresiones dactilares, debería constituir en este caso una norma secundaria respecto del instrumento jurídico principal, por lo que debería tratarse en el propio documento principal.

2.5. Edad de los solicitantes de visado

Según la propuesta únicamente los niños menores de seis años quedarán eximidos de la obligación de dar las impresiones dactilares. Éste hecho suscita muchas cuestiones (independientemente de que la cuestión quede incluida en la propuesta sobre el VIS o en la propuesta sobre la ICC).

Ante todo, el Supervisor Europeo estima que la toma generalizada de las impresiones dactilares de los niños no puede considerarse un hecho únicamente técnico y estima que exigiría un serio debate democrático en las instituciones adecuadas. Tal decisión no debe basarse solamente en la viabilidad técnica, sino también, como mínimo, en los beneficios que supondría para el funcionamiento del VIS. Sin embargo, con la excepción de muy pocos Estados miembros, no parece que en este momento haya un debate público sobre este asunto, lo que es muy lamentable.

Debe recordarse también que el VIS se crea en principio con el objetivo de facilitar la tramitación de los visados a los viajeros de buena fe (que son la mayoría), por lo que deberían tenerse en cuenta los aspectos de comodidad y de ergonomía (7). La utilización de identificadores biométricos tanto en la tramitación de las solicitudes de visados como en los controles en las fronteras no debería ocasionar una dificultad excesiva a los niños a los efectos de cumplir los trámites sobre visados.

Debería recordarse, por último, que todos los sistemas de identificación biométrica tienen imperfecciones técnicas. La literatura científica no ofrece pruebas concluyentes de que las impresiones dactilares de niños menores de 14 años puedan dar una identificación fiable. Las únicas experiencias prácticas realizadas hasta el momento con una población amplia son las de los sistemas Eurodac y US-Visit. Es bastante significativo que ambos sistemas utilicen sólo las impresiones dactilares de los niños mayores de 14 años. La toma de impresiones dactilares de niños menores de esa edad debería estar justificada por estudios que probaran su exactitud y utilidad en el ámbito de una base de datos de alcance tan grande como el VIS.

Sería aconsejable, en cualquier caso, que la utilización de las impresiones dactilares de los niños pequeños se hiciera para comparaciones de una impresión con una impresión y no para comparaciones de una impresión con múltiples impresiones. Este hecho debería quedar regulado explícitamente.

Por último, la mayoría de las observaciones efectuadas hasta ahora no sólo afectan a los niños, sino también a los ancianos. La exactitud y utilidad de las impresiones dactilares disminuyen con la edad (8) y también en este caso son especialmente pertinentes los aspectos de comodidad y de ergonomía.

2.6. Fotografías

Lo mismo se podría decir de las fotografías, a propósito de las cuales no se establece ningún límite de edad ni en esta propuesta ni en la propuesta sobre el VIS. Sin embargo, cabría preguntarse si las fotografías de niños tomadas antes de que éstos adopten sus rasgos adultos son realmente útiles tanto a efectos de identificación como incluso a efectos de verificación.

El reconocimiento facial de los niños (tanto automatizado en un futuro, como «humano») basado en fotografías de referencia pasados unos pocos años puede ser problemático. Aun con los significativos avances de las técnicas de reconocimiento facial es muy improbable que la informática pueda compensar los efectos del crecimiento en los rostros de los niños en un futuro próximo. Debería aclararse, por tanto, en el Reglamento sobre el VIS que sólo podrán utilizarse las fotografías como un elemento de apoyo para ayudar a la verificación o identificación de las personas en la medida en que las técnicas de reconocimiento facial no son suficientemente fiables, teniendo presente que éste puede ser el caso de los niños en un futuro más lejano

En términos generales, en el caso de los dos identificadores biométricos el Supervisor Europeo recomienda que se trate con la máxima atención la cuestión de si las ventajas (la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de niños) son superiores a los inconvenientes que se han citado.

2.7. Otras excepciones

Según indica la propuesta, quedarán exentos de la obligación de dar las impresiones dactilares aquellos solicitantes de los que sea físicamente imposible tomar las impresiones dactilares.

Como ya destacaba el Supervisor Europeo en su dictamen sobre la propuesta del VIS, esta situación afecta a un número importante de personas: se admite que es imposible registrar hasta un 5 % de la población, lo que quiere decir que en una base de datos en la que entraran 20 millones de registros al año podría llegar a un millón el número de casos con dificultades para rellenar los registros. Se trata de un hecho que, por supuesto, debe tenerse en cuenta al analizar la presente propuesta. Insistía, además, el Supervisor Europeo en la necesidad de contar con unos procedimientos accesorios eficaces:

«Debería disponerse de unos procedimientos accesorios que serían una garantía esencial para la introducción de la biometría, dado que los datos biométricos no son ni accesibles a todos ni del todo exactos. Deberían implantarse y usarse estos procedimientos para respetar la dignidad de las personas que no puedan seguir con éxito el proceso de registro y para evitar que sean ellas quienes deban soportar la carga de las imperfecciones del sistema.»

La propuesta de Reglamento dispone que en esos casos se introduzca en el VIS la mención «no aplicable». Por supuesto es una buena disposición, pero hay motivos para temer que ante la imposibilidad de rellenar el registro la consecuencia que más fácilmente se produciría sería la denegación del visado. Si un porcentaje muy alto de imposibilidades de rellenar los registros tiene como consecuencia la denegación del visado, la disposición no es aceptable.

Debería añadirse, por lo tanto, en el Reglamento sobre el VIS una disposición con el fin de que la imposibilidad de rellenar el registro no lleve automáticamente a una opinión negativa sobre la expedición del visado. Además debería prestarse especial atención en la elaboración de los informes contemplados en el Reglamento: debería controlarse el supuesto de que hubiera un número elevado de denegaciones de visado vinculados con una imposibilidad física de rellenar los registros.

3. TRAMITACIÓN EXTERIOR DE LAS SOLICITUDES DE VISADO

Para aliviar las cargas de todos los Estados miembros (entre otras causas por los costes de adquisición y mantenimiento de los equipos) la propuesta introduce la posibilidad de varios procedimientos de cooperación:

— La «coubicación», que consiste en que el personal de uno o varios Estados miembros tramita las solicitudes (incluidos los identificadores biométricos) dirigidos a ellos en la oficina consular y misión diplomática de otro Estado miembro, compartiendo el equipo de ese Estado miembro.

— Los «Centros Comunes de Solicitud», en los que el personal de las misiones diplomáticas y oficinas consulares de varios Estados miembros comparten un mismo edificio para recibir las solicitudes de visado (incluidos los identificadores biométricos) dirigidos a ellos.

— Por último, la propuesta prevé que la recepción del impreso de solicitud y la toma de los identificadores biométricos pueda realizarlos un proveedor externo de servicios (opción que parece ser la de última instancia para aquellos Estados miembros que no tengan ninguna de las otras dos posibilidades, aunque esto no queda totalmente claro).

La propuesta hace lo posible por garantizar que sólo se puedan seleccionar proveedores externos de servicios que sean fiables y que esos proveedores estén obligados a tomar toda las medidas necesarias para la protección de los datos «contra la destrucción, accidental o ilícita, la pérdida accidental y contra la alteración, la difusión o el accesos no autorizados (…)» (artículo 1.B.2 de la propuesta).

Esta disposición está redactada con gran cuidado y atención a la protección de los datos, lo que el Supervisor Europeo celebra. No obstante, el hecho de que quien realice la tramitación de las solicitudes de visado sea un proveedor externo de servicios en un tercer país tiene una serie de consecuencias sobre la protección de los datos que se recogen (en ocasiones muy sensibles) para expedir los visados.

El Supervisor Europeo destaca especialmente lo siguiente:

— Puede que resulte muy difícil, e incluso imposible, realizar los controles básicos de los empleados a causa de la normativa o de las prácticas aplicables en el tercer estado.

— De la misma forma, no necesariamente será posible imponer sanciones a los empleados de un proveedor externo en caso de violación de la normativa sobre la intimidad de las personas (aunque por contrato pueda sancionarse al contratista principal).

— La empresa privada puede verse afectada por alteraciones o cambios políticos y no poder cumplir sus obligaciones sobre seguridad del tratamiento de los datos.

— Podría resultar difícil aplicar una supervisión eficaz, aunque ello resultaría aún más necesario en el caso de recurrir a socios del exterior.

En consecuencia, todo contrato con proveedores externos de servicios debería incluir las salvaguardias necesarias para garantizar el respeto de la protección de los datos, incluidas auditorías externas, controles in situ regulares, presentación de informes, procedimientos para garantizar la responsabilidad del contratista en caso de violación de la normativa sobre la intimidad, incluida la obligación de compensar a las personas por los daños sufridos como consecuencia de la actuación del proveedor de servicios.

Además de estos motivos de preocupación, seguramente sea aún de mayor importancia, ser conscientes de que los Estados miembros no podrán garantizar la protección del tratamiento de los datos confiados al exterior (o del tratamiento de los datos cuando se realice en un Centro Común de Solicitud si se hace en un edificio situado fuera del recinto diplomático) ante posibles intervenciones (por ejemplo el seguimiento o el embargo) de los poderes públicos del país solicitante (9).

De hecho, los prestadores externos de servicios, independientemente de todas las demás disposiciones contractuales, estarán sometidos al Derecho interno del tercer país en el que estén establecidos. Una prueba de que este riesgo es mucho más que un supuesto teórico lo constituyen los recientes acontecimientos relativos al acceso de las autoridades de un tercer estado a datos económicos tratados por una empresa de la UE. Además, esta situación podría suponer un riesgo grave para las personas afectadas en algunos terceros Estados interesados por saber qué ciudadanos suyos han solicitado visado (como control político de opositores y disidentes). El personal de las empresas privadas, que en la mayoría de los casos sería probablemente de ese país, no estaría en condiciones de oponerse a la presión de los gobiernos o de los servicios policiales de los países solicitantes si les pidieran datos

Se trata de un punto débil fundamental de este sistema en comparación con el supuesto de que los datos se traten en los locales de una oficina consular o de una representación diplomática. En este último caso los datos estarían protegidos por la Convención de Viena, de 18 de abril de 1961, sobre relaciones diplomáticas, cuyo artículo 22 dispone lo siguiente:

«Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del Jefe de la misión. (…) Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución».

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 4.1.b) de la Directiva 95/46/CE, las disposiciones nacionales para la aplicación de la Directiva se aplicarían también en concreto a este tratamiento de los datos personales, aumentado la protección.

Parece por tanto evidente que la única manera eficaz de proteger los datos de los solicitantes de visados y de quienes responden de ellos (ciudadanos o empresas de la UE) es concederles la protección que les garantiza la Convención de Viena, lo que quiere decir que los datos deberían tratarse en locales que gocen de protección diplomática. Ello no impediría que los Estados miembros contrataran con proveedores externos la tramitación de las solicitudes de visado en la medida en que el contratista exterior pudiera realizar sus actividades en los locales de la representación diplomática. Y lo mismo valdría para el caso de los Centros Comunes de Solicitud.

En consecuencia, el Supervisor Europeo desaconsejaría decididamente que se recurriera a la posibilidad de contratar con proveedores externos de servicios del tratamiento de datos, como se contempla en la página 17 de la propuesta, en el nuevo punto 1.B.i.b). A este respecto serían aceptables las opciones siguientes:

— Contratar la tramitación de las solicitudes de visados con empresas privadas, siempre que éstas estuvieran ubicadas en espacios protegidos por el estatuto diplomático.

— Contratar con el exterior sólo el servicio de información, en forma de centro de atención telefónica, como se contempla en la propuesta en el punto 1.B.1.a).

4. CONCLUSIÓN

El Supervisor Europeo se felicita por el hecho de que la presente propuesta de modificación de la Instrucción consular común se adopte por codecisión, lo que permite un mayor control democrático en un sector en el que este control es indiscutiblemente muy necesario.

En cuanto al fondo, el Supervisor Europeo hace las siguientes recomendaciones:

— Las exenciones de la obligación de dar las impresiones dactilares deberían tratarse en el Reglamento sobre el VIS y no en la Instrucción consular común, para garantizar la claridad y la coherencia del régimen.

— Deberían estudiarse atentamente los límites de edad para la toma de las impresiones dactilares y para las fotografías, teniendo en cuenta los aspectos de viabilidad pero también las consideraciones de carácter ético, de conveniencia y de precisión.

— Las fotografías no se deberían considerar como un método de identificación autónomo, sino únicamente como una información complementaria.

— La contratación de la tramitación de las solicitudes de visado con empresas privadas sólo debería ser admisible en supuesto de que se lleve a cabo en un lugar con protección diplomática y se base en cláusulas contractuales que establezcan un control efectivo sobre el contratista y una responsabilidad efectiva del mismo.

Bruselas, a 27 de octubre de 2006. Peter HUSTINX Supervisor Europeo de Protección de Datos

(1) Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Sistema de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Estados miembros. COM(2004) 835 final. Presentada por la Comisión el 28 de diciembre 2004.

(2) Dictamen de 23 de marzo de 2005 sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Sistema de información de visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Estados miembros. DO C 181 de 23.7.2005, p. 13.

(3) «[Los datos biométricos] ofrecen un carácter distintivo casi absoluto, es decir, que cada persona posee una biometría única. Casi nunca cambian a lo largo de la vida de una persona, y ello proporciona permanencia a esas características. Todos tenemos además los mismos “elementos” físicos, lo que da asimismo a la biometría una dimensión de universalidad.» Ibid.

(4) COM (2005) 597 final.

(5) El hecho de que las bases jurídicas sean diferentes (el artículo 62.2.b) ii) para la ICC y el artículo 66 para la propuesta sobre el VIS) no impide al legislador tratar este asunto en el mismo texto.

(6) Exposición de motivos, página 5.

(7) Como se señala en el estudio encargado por el Gobierno de los países bajos: J.E. DEN HARTOGH y otros, How do you measure a child? A study into the use of biometrics in children, 2005, TNO.

(8) Véase, por ejemplo: A. HICKLIN y R. KHANNA, The Role of Data Quality in Biometric Systems, MTS, 9 de febrero de 2006.

(9) Este problema se da ya cuando tramitan las solicitudes las agencias de viajes, pero el caso es todavía más delicado cuando se tratan datos biométricos y también por el hecho de que en principio no es obligatorio utilizar los servicios de las agencias de viajes.