[pic] | COMISIÓN EUROPEA | ALTA REPRESENTANTE DE LA UNIÓN EUROPEA PARA ASUNTOS EXTERIORES Y POLÍTICA DE SEGURIDAD |

Bruselas, 21.12.2010

COM(2010) 806 final

2010/0391 (NLE)

Propuesta conjunta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

relativo a medidas restrictivas dirigidas contra determinados individuos, entidades y organismos que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad de la República de Guinea-Bissau

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1) La Decisión 2010/[…]/PESC del Consejo, de […], prevé la adopción de medidas restrictivas contra determinados individuos, entidades y organismos que traten de impedir o bloquear un proceso político pacífico o tomen medidas que vayan en detrimento de la estabilidad de la República de Guinea-Bissau. Se trata, en particular, de quienes desempeñaron un papel protagonista en el motín de 1 de abril de 2010 y cuyas acciones siguen teniendo por objetivo socavar el Estado de Derecho y la primacía del poder civil.

2) Tales medidas incluyen la inmovilización de capitales y recursos económicos de las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos que figuran en el anexo de la Decisión PESC. La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y la Comisión proponen poner en vigor dichas medidas mediante un Reglamento basado en el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

3) Con arreglo al artículo 291, apartado 2, del TFUE, cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de actos jurídicamente vinculantes de la Unión, por ejemplo reglamentos basados en el artículo 215 del TFUE, esos actos conferirán competencias de ejecución a la Comisión o, en casos específicos debidamente justificados, al Consejo.

4) En la Decisión PESC se dispone que el Consejo comunique los motivos de su inclusión a cualquier individuo, entidad u organismo que figure en el anexo, se le dé oportunidad de recurrir y se establezca el procedimiento de revisión aplicable cuando se incluya en el anexo de dicha Decisión a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo o cuando se presenten nuevas pruebas. Se trata en particular de garantizar el respeto de los derechos de defensa y del derecho a la tutela judicial. El Reglamento debe respetar asimismo tales derechos.

5) El Tribunal de Justicia es competente para revisar las decisiones de inclusión de cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo con arreglo tanto a la Decisión PESC como al Reglamento en virtud, respectivamente, del artículo 275 y del artículo 263 del TFUE.

2010/0391 (NLE)

Propuesta conjunta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

relativo a medidas restrictivas dirigidas contra determinados individuos, entidades y organismos que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad de la República de Guinea-Bissau

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 215, apartado 2,

Vista la Decisión 2010/[…]/PESC de […] relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República de Guinea-Bissau,

Vista la propuesta conjunta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de la Comisión,

Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos,

Considerando lo siguiente:

1. La Decisión 2010/[…]/PESC del Consejo, de […], prevé la adopción de medidas restrictivas contra determinados individuos, entidades y organismos que traten de impedir o bloquear un proceso político pacífico o tomen medidas que vayan en detrimento de la estabilidad de la República de Guinea-Bissau. Se trata, en particular, de quienes desempeñaron un papel protagonista en el motín de 1 de abril de 2010 y cuyas acciones siguen teniendo por objetivo socavar el Estado de Derecho y la primacía del poder civil. Tales medidas incluyen la inmovilización de capitales y recursos económicos de las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos que figuran en el anexo de la Decisión.

2. Esas medidas entran en el ámbito de aplicación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, por tanto, con el fin de garantizar su aplicación uniforme por parte de los agentes económicos en todos los Estados miembros, resulta necesario un acto reglamentario de la Unión a efectos de su aplicación.

3. El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en especial, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio imparcial y el derecho a la protección de los datos personales. El presente Reglamento debe aplicarse de conformidad con esos derechos y principios.

4. La Decisión 2010/[…]/PESC del Consejo exige que la decisión de inclusión de cualquier individuo, entidad u organismo en su anexo se comunique a los interesados, junto con las razones que motivan su inclusión, que se les dé oportunidad de recurrir y que se establezca el procedimiento de revisión aplicable cuando alguno de los organismos, entidades o personas físicas o jurídicas incluidos en el anexo de dicha Decisión formule observaciones o se presenten nuevas pruebas. El objetivo es garantizar, en particular, el respeto de los derechos de defensa y del derecho a la tutela judicial. El Reglamento ha de respetar asimismo tales derechos.

5. Procede facultar a la Comisión para modificar la lista de personas, entidades y organismos cuyos capitales y recursos económicos deben inmovilizarse. Debería revisar sus decisiones de inclusión en el anexo teniendo en cuenta las observaciones y los datos remitidos por los Estados miembros y por la persona física o jurídica, la entidad o el organismo de que se trate.

6. A efectos de la aplicación del presente Reglamento y en aras de la maximización de la seguridad jurídica dentro de la Unión, los nombres y otros datos pertinentes relativos a personas físicas y jurídicas, entidades y organismos cuyos capitales y recursos económicos deban ser inmovilizados de conformidad con el presente Reglamento han de hacerse públicos. Todo tratamiento de datos personales debe respetar el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos[1], y la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos[2].

7. Con el fin de garantizar la efectividad de las medidas establecidas por el presente Reglamento, éste debe entrar en vigor inmediatamente.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) «Capitales»: activos o beneficios financieros de cualquier naturaleza incluidos en la siguiente relación no exhaustiva:

i) efectivo, cheques, derechos sobre efectivo, efectos, órdenes de pago y otros instrumentos de pago;

ii) depósitos en entidades financieras u otras entidades, saldos en cuentas, deudas y títulos de deuda;

iii) valores negociables e instrumentos de deuda públicos y privados, tales como acciones y participaciones, certificados de valores, bonos, pagarés, garantías, obligaciones y contratos relacionados con productos financieros derivados;

iv) intereses, dividendos u otros ingresos o plusvalías devengados o generados por activos;

v) créditos, derechos de compensación, garantías, garantías de pago u otros compromisos financieros;

vi) cartas de crédito, conocimientos de embarque, comprobantes de venta;

vii) documentos que certifiquen una participación en capitales o recursos financieros;

b) «Inmovilización de capitales»: el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, transacción de capitales o acceso a éstos que dé lugar a un cambio del volumen, importe, localización, propiedad, posesión, naturaleza o destino de esos capitales, o cualquier otro cambio que pudiera permitir la utilización de dichos capitales, incluida la gestión de cartera de valores;

c) «Recursos económicos»: activos de todo tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, que no sean capitales, pero que puedan utilizarse para obtener capitales, mercancías o servicios;

d) «Inmovilización de recursos económicos»: toda actuación con la que se pretenda impedir su uso para obtener capitales, bienes o servicios de cualquier manera, incluida, aunque no con carácter exclusivo, su venta, alquiler o la constitución de hipoteca;

e) «Territorio de la Unión»: los territorios a los que se aplica el Tratado y en las condiciones establecidas en el mismo.

Artículo 2

8. Se inmovilizarán todos los capitales y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos enumerados en el anexo I.

9. No se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo I ni se utilizará en su beneficio ningún tipo de capitales o recursos económicos.

10. Queda prohibida la participación voluntaria y deliberada en actividades cuyo objeto o efecto directo o indirecto sea la elusión directa o indirecta de las medidas mencionadas en los apartados 1 y 2.

Artículo 3

11. En el anexo I se citará a todas las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos que, con arreglo al artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2010/[...]/PESC, de […], haya identificado el Consejo por i) dedicarse a realizar o apoyar actos que pongan en peligro la paz, la seguridad o la estabilidad de la República de Guinea-Bissau o ii) tener relación con tales personas, entidades u organismos.

12. Sobre las personas físicas que figuren en el anexo I sólo se incluirá la información siguiente:

a) a efectos de identificación: apellidos y nombre (incluidos alias y títulos, si los hubiera); fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad; números de pasaporte y documento de identidad; números de identificación fiscal y seguridad social; sexo; dirección u otra información sobre el paradero; cargo o profesión;

b) la fecha mencionada en los artículos 5.1.a) y 6.1.b);

c) los motivos de su inclusión en la lista.

13. El anexo I también podrá incluir información relativa a los miembros de la familia de las personas que figuren en la lista, siempre que esos datos sean necesarios en un caso específico con el único fin de comprobar la identidad de la persona física de que se trate.

Artículo 4

14. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las autoridades competentes de los Estados miembros citadas en el anexo II podrán autorizar la liberación o la puesta a disposición de determinados capitales o recursos económicos inmovilizados, en las condiciones que consideren oportunas y cuando concurran las siguientes condiciones:

a) que sean necesarios para sufragar las necesidades básicas de las personas enumeradas en el anexo I y de los familiares a su cargo, tales como el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos;

b) que se destinen exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos;

c) que se destinen exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de capitales o recursos económicos inmovilizados; o

d) que sean necesarios para gastos extraordinarios, siempre y cuando el Estado miembro haya notificado a los demás Estados miembros y a la Comisión, al menos dos semanas antes de la concesión, los motivos por los cuales considera que debe concederse una autorización específica.

15. El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida en virtud del apartado 1.

Artículo 5

16. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las autoridades competentes de los Estados miembros citadas en el anexo II podrán autorizar la liberación o la puesta a disposición de determinados capitales o recursos económicos inmovilizados cuando concurran las siguientes condiciones:

a) que los capitales o recursos económicos estén sujetos a embargo judicial, administrativo o arbitral establecido con anterioridad a la fecha en que la persona, entidad u organismo citados en el artículo 2 fueran incluidos en el anexo I, o de una resolución judicial, administrativa o arbitral pronunciada antes de esa fecha;

b) que los capitales o recursos económicos vayan a utilizarse exclusivamente para satisfacer las obligaciones garantizadas por tales embargos o reconocidas como válidas en tales resoluciones, en los límites establecidos por las normas aplicables a los derechos de los acreedores;

c) que el embargo o la sentencia no beneficie a una persona, entidad u organismo de los citados en el anexo I; y

d) que el reconocimiento del embargo o de la resolución no sea contrario a la política pública aplicada en el Estado miembro de que se trate.

17. El Estado miembro pertinente informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida en virtud del apartado 1.

Artículo 6

18. El artículo 2, apartado 2, no se aplicará al abono en cuentas inmovilizadas de:

a) intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas; o

b) pagos en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones contraídas antes de la fecha en que la persona física o jurídica, entidad u organismo citado en el artículo 2 hubiera sido incluido en el anexo I,

siempre y cuando tales intereses, beneficios y pagos queden inmovilizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1.

19. El artículo 2, apartado 2, no impedirá que las instituciones financieras o de crédito de la Unión que reciban capitales transferidos por terceros a las cuentas inmovilizadas de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados los abonen en ellas, siempre y cuando todo nuevo aporte de este tipo a esas cuentas sea también inmovilizado. La entidad financiera o de crédito informará sin demora a la autoridad competente pertinente sobre cualquier transacción de este tipo.

Artículo 7

20. La inmovilización de los capitales y recursos económicos o la negativa a facilitar los mismos llevados a cabo de buena fe, con la convicción de que dicha acción se atiene al presente Reglamento, no dará origen a ningún tipo de responsabilidad por parte de la persona física o jurídica, entidad u organismo que la ejecute, ni de sus directores o empleados, a menos que se pruebe que los capitales o recursos económicos han sido inmovilizados o retenidos por negligencia.

21. La prohibición establecida en el artículo 2, apartado 2, no deberá dar lugar a ningún tipo de responsabilidad por parte de las personas físicas y jurídicas, entidades u organismos que hayan puesto a disposición los capitales o recursos económicos en caso de que no tuvieran conocimiento de que sus acciones vulnerarían la susodicha prohibición o motivos razonables para sospecharlo.

Artículo 8

22. Sin perjuicio de las normas aplicables a la información, confidencialidad y secreto profesional, las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos deberán:

a) facilitar inmediatamente a las autoridades competentes del Estado miembro en el que residan o estén establecidos, citadas en el anexo II, cualquier información que pueda favorecer el cumplimiento del presente Reglamento, especialmente en lo referente a las cuentas e importes inmovilizados con arreglo al artículo 2, y transmitir esta información a la Comisión, directamente o a través de dichas autoridades; y

b) cooperar con las autoridades competentes para la comprobación de esta información.

23. Toda información facilitada o recibida de conformidad con el presente artículo solo podrá ser utilizada a los fines para los cuales se haya facilitado o recibido.

Artículo 9

La Comisión y los Estados miembros se informarán sin demora de las medidas adoptadas en aplicación del presente Reglamento y se comunicarán toda la información pertinente de que dispongan en relación con éste, en particular por lo que atañe a las infracciones y los problemas de aplicación del presente Reglamento y a las sentencias dictadas por los tribunales nacionales.

Artículo 10

24. La Comisión estará facultada para:

a) modificar el anexo I, sobre la base de las decisiones adoptadas en relación con los anexos de la Decisión 2010/[…]/PESC del Consejo; y

b) modificar el anexo II, atendiendo a la información facilitada por los Estados miembros.

25. La Comisión comunicará su decisión a la persona física o jurídica, entidad u organismo que vaya a figurar en el anexo I, bien de forma directa, cuando se conozca su dirección, o bien mediante la publicación de un anuncio, ofreciendo a dicha persona física o jurídica, entidad u organismo la posibilidad de formular observaciones.

26. En caso de que se formulen observaciones o se presenten nuevos elementos de prueba sustanciales, la Comisión trasmitirá tales observaciones o elementos de prueba al Grupo África del Consejo, solicitando a cada Estado miembro que remita sus observaciones y, cuando proceda, datos adicionales. El período para la presentación de observaciones y datos adicionales no excederá de tres meses.

27. La Comisión revisará su decisión teniendo en cuenta las observaciones y los datos remitidos por los Estados miembros y las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que figuren en el anexo I.

La Comisión informará sobre el resultado de la revisión a la persona física o jurídica, entidad u organismo de que se trate.

28. La Comisión tratará los datos personales para desempeñar su misión de conformidad con el presente Reglamento. Estas tareas incluyen:

a) preparar y llevar a cabo las modificaciones del anexo I del presente Reglamento;

b) incluir el contenido del anexo I en la lista electrónica consolidada de personas, grupos y entidades sujetos a sanciones financieras de la UE disponible en el sitio web de la Comisión[3];

c) tratar la información sobre el impacto de las medidas del presente Reglamento, tales como el valor de los capitales inmovilizados y la información sobre las autorizaciones concedidas por las autoridades competentes.

29. La Comisión podrá tratar los datos pertinentes relativos a los delitos cometidos por las personas físicas enumeradas y a las condenas penales o medidas de seguridad referentes a dichas personas, solamente cuando sea necesario para preparar el anexo I del presente Reglamento. Dichos datos no se harán públicos ni se intercambiarán.

30. A efectos del presente Reglamento, queda designada la unidad de la Comisión citada en el anexo II como «responsable del tratamiento» en la Comisión a efectos del artículo 2, letra d), del Reglamento (CE) n° 45/2001, para asegurarse de que las personas físicas afectadas puedan ejercer sus derechos conforme al Reglamento (CE) n° 45/2001.

Artículo 11

31. Los Estados miembros establecerán las normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones de lo dispuesto en el presente Reglamento y adoptarán todas la medidas necesarias para asegurar su cumplimiento. Las sanciones establecidas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

32. Los Estados miembros notificarán sin demora a la Comisión tales normas tras la entrada en vigor del presente Reglamento, así como cualquier modificación posterior.

Artículo 1 2

En los casos en que el presente Reglamento establece el requisito de notificar, informar o comunicar a la Comisión, la dirección y demás detalles de contacto que deberán utilizarse para dicha comunicación serán los indicados en el anexo II.

Artículo 13

El presente Reglamento se aplicará:

a) en el territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo;

b) a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de un Estado miembro;

c) a toda persona, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, que sea nacional de un Estado miembro;

d) a toda persona jurídica, entidad u organismo establecido o constituido con arreglo a la legislación de un Estado miembro;

e) a toda persona jurídica, entidad u organismo en relación con cualquier negocio efectuado, en su totalidad o en parte, en la Unión.

Artículo 14

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea .

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, [...]

Por el Consejo

El Presidente […]

ANEXO I

Lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos citados en el artículo 2, apartados 1 y 2

(A rellenar por el Consejo)

ANEXO II

Lista de autoridades competentes de los Estados miembros citadas en el artículo 4, apartado 1, el artículo 5, apartado 1, y el artículo 8, apartado 1, y dirección de la Comisión Europea a la que deberán enviarse las notificaciones

(A rellenar por los Estados miembros)

A. Autoridades competentes en cada Estado miembro:

BÉLGICA

BULGARIA

REPÚBLICA CHECA

DINAMARCA

ALEMANIA

ESTONIA

IRLANDA

GRECIA

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

CHIPRE

LETONIA

LITUANIA

LUXEMBURGO

HUNGRÍA

MALTA

PAÍSES BAJOS

AUSTRIA

POLONIA

PORTUGAL

RUMANÍA

ESLOVENIA

ESLOVAQUIA

FINLANDIA

SUECIA

REINO UNIDO

B. Dirección para las notificaciones o comunicaciones con la Comisión Europea:

Comisión Europea

Servicio de Instrumentos de Política Exterior

CHAR 12/106

B-1049 Bruselas

Bélgica

Correo electrónico: relex-sanctions@ec.europa.eu

Teléfono: +32 22955585

Fax: +32 22990873

[1] DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

[2] DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

[3] http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm