ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
4.5.

El CESE lamenta que la Comisión aplace hasta finales de 2018 la adopción de posibles medidas más vinculantes, a la espera de un informe de evaluación sobre la aplicación del Reglamento sujeto a examen. En dicho informe, la Comisión pretende evaluar si la asequibilidad de los servicios de paquetería transfronterizos ha mejorado y si el acceso transfronterizo al por mayor se concede de forma transparente y no discriminatoria a los proveedores de servicios universales que prestan servicios de paquetería. No obstante, la Comisión no aporta indicación alguna sobre sus intenciones futuras si no se materializan la mejora y el acceso no discriminatorio citados.
5.6.

El CESE, en consonancia con la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo (ITRE), pide que se devuelva el importe de 2 200 millones EUR del FEIE al programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la UE para compensar el considerable impacto negativo de los recortes. El FEIE invierte en proyectos que no pueden considerarse una compensación por los proyectos que ya no pueden llevarse a cabo en el marco de Horizonte 2020, puesto que la gran mayoría de los proyectos del FEIE no tratan aspectos de la investigación, sino que aplican tecnologías existentes. Esta inversión tiene mucho mérito, pero no debe limitar la fuente de nuevas tecnologías innovadoras para la competitividad de Europa que puede proporcionar Horizonte 2020.
1.9.

El CESE considera que en el nuevo método de trabajo de diferenciación se ven reflejados el sentido de realismo político, la creciente brecha entre los países socios y sus distintas aspiraciones. Sin embargo, aunque no puedan cumplirse todos los criterios económicos, la UE no debe transigir en lo que se refiere a los valores fundamentales europeos y, en particular, la dimensión social, el respeto de los derechos humanos universales, la democracia y el Estado de Derecho. Cabe lamentar que el principio de respeto de las normas laborales de la OIT no se mencione en la Comunicación como piedra angular de unas buenas relaciones laborales.
4.2

Tras examinar en detalle cada uno de los textos consolidados y cada una de las propuestas de nuevos textos codificados, el CESE puede asegurar que, salvo las observaciones siguientes, no ha encontrado ningún error formal: — en la codificación del tercer considerando de la Directiva 2005/56/CE figura «prever» en lugar de «establecer», — el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 89/666/CEE no se ha codificado en la propuesta de Directiva, — en los considerandos 48, 62, 65, 66 y 80, la Comisión debería confirmar si las referencias hechas a determinados textos legislativos corresponden realmente a las últimas medidas adoptadas en los ámbitos respectivos [por ejemplo, en el considerando 48 la referencia a la Directiva sobre el abuso de mercado debería ser sustituida por la referencia al Reglamento sobre el abuso de mercado (Reglamento (UE) n.o 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión], — el título del capítulo III debería especificar que la publicidad a la que se refiere se realiza «para proteger a terceros»; si, por el contrario, la publicidad de que se trata beneficia también a los accionistas, entonces ¿en el artículo 13, letra f), no deberían mencionarse asimismo las Directivas 2013/24/UE y 2014/95/UE?
1.5.

La prevención y reducción del desperdicio de alimentos es una responsabilidad compartida de todos los actores de la cadena alimentaria. El CESE acoge favorablemente el plan de la Comisión dentro del paquete de la economía circular consistente en crear una plataforma de partes interesadas para ayudar a estructurar las medidas necesarias y compartir las mejores prácticas en materia de prevención y reducción del desperdicio de alimentos. El CESE pide a la Comisión que examine la forma en que la jerarquía en el uso de alimentos se aplica en la práctica en los Estados miembros, en particular en lo que se refiere a incentivos económicos que puedan enviar señales contradictorias a las empresas. Al apoyar la aplicación efectiva de la jerarquía de los residuos, el CESE también pide que se revise el Reglamento (CE) n.o 1069/2009, de manera que los alimentos no aptos para el consumo humano puedan utilizarse como pienso si es seguro hacerlo.
4.5.

El CESE, al tiempo que toma nota de la naturaleza consultiva de estos organismos, pide a la Comisión que aclare explícitamente el carácter no vinculante de las recomendaciones formuladas por los consejos de competitividad. La cuestión del carácter no vinculante se plantea sobre todo respecto de la protección de la autonomía de las partes en las negociaciones salariales. En su Recomendación la Comisión señala que el funcionamiento de los consejos no deberá afectar al derecho de negociar y celebrar convenios colectivos, pero esta garantía, que solo se refiere al derecho garantizado por el Tratado (6), es demasiado vaga. Cualquier intento de influir en la fijación de los salarios queda totalmente fuera del mandato de los consejos de competitividad.
1.6.9.

El CESE aboga por que se revise el texto de la propuesta de orientaciones para el empleo, en los siguientes términos: — Orientación no 5: En la primera frase añadir el texto subrayado «[…] reducir los obstáculos a la contratación, así como promover la estabilidad del empleo y la calidad de los puestos de trabajo […]» y al final de la frase añadir «y exigir el uso ambicioso de inversiones sociales para estimular el empleo.». — Orientación no 6: Incluir una meta específica y cuantificable para la lucha contra el desempleo juvenil y proceder a una evaluación periódica de la eficacia de la aplicación de los recursos. — Orientación no 7: — Cabe acoger favorablemente una mayor participación de los interlocutores sociales y de la sociedad civil en la concepción y aplicación de las reformas pertinentes, pero ello debe hacerse de acuerdo con las especificidades nacionales y en el respeto de la autonomía de los interlocutores sociales nacionales. — Al final del primer párrafo de la Orientación no 7, añadir lo siguiente: «Las instituciones públicas deben dar ejemplos positivos en lo que respecta a la calidad del empleo, salvaguardando sobre todo los aspectos sociales en la contratación pública, a saber, la contratación de desempleados de larga duración y de personas excluidas del mercado de trabajo». — Ampliar la definición de «empleo de calidad» como sigue: «Es preciso garantizar un empleo de calidad en términos de salarios justos/remuneraciones adecuadas, relaciones de empleo estables y representación de los trabajadores, seguridad socioeconómica, […]» y modificar el título de la orientación: «Mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo para crear empleo de calidad». — Orientación no 8: Eliminar la propuesta de vinculación automática de la edad legal de jubilación a la esperanza de vida en los Estados miembros, y añadir, en su lugar, la necesidad de promover medidas que acerquen la edad efectiva de jubilación a la edad legal de jubilación.
5.2.7.

El Comité recomienda complementar el paquete de políticas como medidas que apoyen de manera particular la preparación de los productos usados para su reutilización. Si se sitúa la preparación para la reutilización al mismo nivel que el reciclado, como hace la Comisión en sus objetivos de reciclado, no se respeta la jerarquía de gestión de los residuos. El reacondicionamiento de los productos y los componentes de productos no solo ofrece posibilidades considerables para un uso más eficiente de los productos y los materiales, sino que brinda también importantes oportunidades para la creación de empleo a escala local y regional. Además, las actividades de preparación para la reutilización (por ejemplo, la preparación para la reutilización de residuos envases y embalajes, equipos eléctricos y electrónicos, o incluso otros productos como juguetes y pañales) no deberían ponerse en el mismo plano que las actividades de reciclado: debería asignárseles un objetivo específico, por ejemplo en torno al 5 %.
3.8

Cabe señalar que el documento de la Comisión no establece una definición de «economía azul». No obstante, el CESE toma nota de la definición incluida en el tercer informe intermedio de la UE (marzo de 2012) titulado Scenarios and drivers for sustainable growth from oceans, seas and coasts, que define el «crecimiento azul» como un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en términos económicos y de empleo, que tiene su origen en los océanos, los mares y las costas. Conforman la economía marítima todas las actividades económicas sectoriales e intersectoriales relacionadas con los océanos, los mares y el litoral. Aunque estas actividades se inscriben en su mayoría en un entorno geográfico específico, esta definición incluye también las actividades de apoyo directo e indirecto necesarias para el funcionamiento de los sectores económicos del mar. Estas actividades pueden situarse en cualquier lugar, incluso en países sin litoral. Se considera empleo marítimo el empleo (medido como empleo a tiempo completo) generado por las actividades mencionadas relacionadas con los océanos, el mar y las costas.
2.10.1

El Reglamento (UE) no 1025/2012 establece un marco jurídico uniforme para la normalización europea. De hecho, por motivos de seguridad jurídica, no se han reintroducido las disposiciones de la Directiva 2009/142/CE relativas a los mismos aspectos. Ateniéndose al nuevo marco legislativo, la propuesta intensifica los criterios de notificación aplicables a los organismos notificados e introduce requisitos específicos con respecto a las autoridades notificantes. En relación con la evaluación de la conformidad, los procedimientos se mantendrán. No debe olvidarse que la conformidad induce a la responsabilidad. Con ello, se alcanza un nivel elevado de protección de los intereses públicos (seguridad, uso racional de la energía, protección de los consumidores, etc.).
1.2.

El CESE lamenta que, debido a las presiones injustificadas por parte de grupos de presión regionales y de políticos con representación democrática en el ámbito local, el Reglamento final adoptado por la Comisión Europea no proporcione suficientes instrumentos para una mejora sustancial de la transparencia del mercado y el sector europeo de la aviación. El desarrollo de la infraestructura en tierra para la aviación debe coordinarse mejor en los distintos niveles (UE, Estados miembros, regiones). La utilización del dinero de los contribuyentes, incluidos los recursos presupuestarios de la UE, debe programarse adecuadamente tomando como base un estudio de viabilidad que no esté no distorsionado por la política meramente local sino validado por una demanda socioeconómica relevante. Además, este estudio debería valorar la sostenibilidad del proyecto incorporando criterios relativos al uso del suelo, las repercusiones en el empleo, las condiciones de trabajo y el impacto medioambiental. También deberá tenerse en cuenta la coherencia con los proyectos estratégicos de la UE, como el Cielo Único Europeo y SESAR.
3.11

Como ya se ha dicho anteriormente, esta «revolución», al igual que todos los grandes cambios, requiere el empeño de los dirigentes políticos de todos los Estados miembros. En este sentido, el CESE aboga por la utilización adecuada de los programas disponibles de financiación de la UE y, en particular, de los nacionales para apoyar la «revolución» educativa propuesta. Si bien, a pesar del considerable aumento de las dotaciones presupuestarias, el programa Erasmus+ y algunas medidas del programa Horizonte 2020 no constituyen soluciones para todo, la correcta coordinación de los presupuestos nacionales con esos programas podrá imprimir un verdadero impulso a los sistemas educativos. Un planteamiento de este tipo exige estrategias y decisiones políticas acertadas por parte de cada Estado miembro, dado que no hay soluciones universales.
2.20

El CESE acoge también favorablemente los cambios en las normas que regulan las adquisiciones transfronterizas, pero insiste en que esto no debe dar lugar a crear nuevas barreras entre los grandes y pequeños comerciantes. La propuesta permitiría la adquisición transfronteriza de tarjetas personales en el límite máximo a partir de su entrada en vigor. Si no se lleva a cabo lo antes posible la incorporación al Derecho nacional (tal como se aconseja en el punto 1.4), esto puede significar que solo los grandes minoristas podrían beneficiarse de los límites máximos de forma inmediata cambiando sus operaciones de adquisición y haciéndolas transfronterizas, mientras que las operaciones de las pymes, que no tienen esa posibilidad, seguirían teniendo que pagar las tasas nacionales, más elevadas. No se puede dar por supuesto que los bancos nacionales reducirían de forma voluntaria las tasas con el fin de contrarrestar la tendencia a transferir la actividad a los adquirentes transfronterizos. Asimismo, consideramos que las normas sobre adquisición transfronteriza deben aplicarse a las tarjetas comerciales afirmando que la tasa de intercambio que debe aplicarse debería ser la del país donde opera el adquirente.
3.6

El Comité no considera satisfactorio el argumento presentado en el documento en el sentido de que «la elección de un instrumento (jurídico) no vinculante tiene por objeto proporcionar orientaciones prácticas a los Estados miembros en cuanto al problema de la integración social de la población gitana, pero sin fijar normas vinculantes estrictas», porque «según las conclusiones de la Comisión, aún no se dispone de medidas sólidas y proporcionadas para abordar los problemas sociales y económicos de gran parte de la población gitana de la UE». En este período de crisis, si esta no se gestiona de manera apropiada y específica, los grupos gitanos que también se ven particularmente afectados por la segregación, la discriminación y la extrema pobreza sufrirán de manera desproporcionada sus efectos, cuando ya representa para ellos una carga insoportable e intolerable. Por ello, el Comité considera que esta situación requiere soluciones por parte de los responsables de la toma de decisiones e intervenciones inmediatas y eficaces, también en materia de revocabilidad de los derechos.
2.4

La normativa existente sobre inversiones transfronterizas – la Directiva OICVM (organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios) – se refiere a las carteras de valores mobiliarios líquidos, tales como los bonos y las acciones. Los tipos de activos que están excluidos de los OICVM, es decir, los activos reales a largo plazo, como las infraestructuras y la propiedad, son esenciales para garantizar un crecimiento sostenible. Los instrumentos de inversión a largo plazo por lo general no son transferibles y no tienen liquidez, ya que no hay mercados secundarios disponibles y a menudo requieren compromisos sustanciales de capital inicial. Estos factores pueden disuadir incluso a los mayores inversores institucionales.
4.5

A las preguntas formuladas en esta parte del Libro Verde que no han obtenido respuesta en los apartados previos, el CESE responde como sigue: — Pregunta no 11: Las regulaciones de las prácticas comerciales desleales adoptadas en algunos Estados miembros no han aportado hasta el momento resultados satisfactorios. Según el CESE, esto se debe a que la mayoría de estas regulaciones fueron adoptadas hace relativamente poco tiempo (en Italia, Eslovaquia, República Checa, Hungría o Rumanía), así como a que su fundamento jurídico no se basaba explícitamente en la ausencia de la libertad contractual, aunque el propio reconocimiento de la utilización de prácticas desleales implica que algo falla en la libertad contractual real. Sin embargo, no puede decirse que no se haya logrado nada gracias a estas legislaciones. En los países donde fueron adoptadas han dejado de aplicarse aquellas condiciones contractuales más escandalosas, y para conseguir ventajas ilegítimas los supermercados deben utilizar métodos más sofisticados. El avance más significativo se ha conseguido en Francia, donde los descuentos a los proveedores se han visto reducidos gracias a la presión legislativa y a la represión a un nivel aceptable (entre un 10 y un 15 % frente al 50 – 60 % del pasado) (6). El resultado es una transparencia mucho mayor en el reparto de beneficios en la cadena de suministro alimentario. — Pregunta no 12: La urgencia por adoptar una ley específica depende también de la escala de utilización de las prácticas comerciales desleales, pero esta escala varía de un país a otro. La situación es muy diferente en función de si hablamos de países del sur de Europa, de Europa central y oriental o del norte de Europa. Cada región tiene además una cultura y tradición jurídicas ligeramente diferentes. Este es el motivo por el cual algunos países ya tienen un marco de regulación (o autorregulación) y otros todavía no. — Pregunta no 14: El CESE está convencido de que las nuevas medidas de armonización deberían adoptarse a escala de la UE (ver puntos anteriores 4.2, 4.3 y 4.4). — Pregunta no 15: Puede hablarse ya de cierto impacto positivo de la regulación (ver más arriba). Existen algunos temores relacionados con la introducción de la regulación en este ámbito, pero guardan relación con el supuesto de la existencia de la libertad contractual. Habida cuenta de que dicha libertad no existe realmente en las relaciones contractuales correspondientes, estos temores no están fundamentados.
2.4

Los combustibles cubiertos por la Comunicación son el gas natural, incluido el biometano (GNL, gas natural comprimido [GNC], gas licuado [GTL]), la electricidad, los biocarburantes (líquidos) y el hidrógeno, todos con diferentes características y diferentes aplicaciones. La Comunicación propone una estrategia para todos los modos de transporte, que tiene como finalidad establecer un marco a largo plazo para orientar el desarrollo tecnológico y las inversiones que requiere la implantación de estos combustibles alternativos a fin de reducir la dependencia del petróleo, reforzar la seguridad de los combustibles y reducir las emisiones. Las acciones previstas por la estrategia se centran en cuatro ámbitos: — la infraestructura de combustibles alternativos deberá estar dotada de una densidad suficiente para crear certidumbre en torno a las posibilidades de utilización y garantizar la movilidad en toda Europa. De esta manera, se posibilitará un uso más generalizado de los vehículos y buques que utilicen combustibles alternativos, en particular la electricidad, el hidrógeno el GNC y el GNL. El coste de la construcción de la infraestructura necesaria, estimado en 10 000 millones de euros, se amortizará con la comercialización. La financiación pública directa se puede evitar utilizando instrumentos como permisos de construcción, concesiones, normas sobre contratación pública, reglamentos sobre acceso y tarificación e incentivos no financieros; — se requieren urgentemente especificaciones comunes no solo para la conexión entre los vehículos eléctricos y los puntos de recarga, sino también para el hidrógeno, el GNC y el GNL; — la aceptación por los consumidores es fundamental. Los medios necesarios para lograr la aceptación de los consumidores van desde las medidas no financieras, como el acceso privilegiado de los vehículos eléctricos y las campañas informativas, hasta los incentivos financieros; — abordar el desarrollo tecnológico como sigue: a) en el caso de los combustibles alternativos para todos los modos de transporte, el programa Horizonte 2020 financiará proyectos de investigación y de demostración o proyectos orientados al mercado; b) se desarrollarán hojas de ruta en el marco del Plan estratégico sobre tecnología del transporte (COM(2012) 501 final); c) deberían desarrollarse en mayor grado las asociaciones público-privadas y se debería recurrir a asociaciones como la iniciativa Ciudades y Comunidades Inteligentes (COM(2012) 4701 final); d) entre los proyectos específicos, cabe mencionar la Iniciativa Industrial Europea de Bioenergía lanzada en el marco del Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética. Además, se ha previsto crear nuevas instalaciones de investigación para el vehículo eléctrico y la interoperabilidad de redes inteligentes en el Centro Común de Investigación de la UE.
4.1

Objetivos generales de objetivos como complemento de los objetivos europeos destinados a grupos de población específicos: El objetivo del empleo generalizado en toda la UE deberá complementarse en el futuro con objetivos de la UE mensurables con respecto a grupos de población específicos, tales como desempleados de larga duración, mujeres, personas de edad avanzada, personas con discapacidades y, especialmente, jóvenes. El profundo cambio de la formulación de objetivos concretos en el ámbito de la política de empleo hacia el nivel de los Estados miembros no ha resultado ser muy eficaz hasta ahora. A este respecto, es necesario un indicador específicamente dirigido a reducir de manera sustancial el número de jóvenes sin empleo que tampoco siguen una formación (los llamados NEET («Not in Employment, Education or Training»)).
1.9

Los biocarburantes de cualquier tipo no constituyen un remedio duradero contra el extendido y excesivo consumo de energía. Su limitada disponibilidad hace que no sean aptos para sustituir a los combustibles fósiles. Por lo tanto, se trata –en especial en relación con el sector automovilístico, para el que se empiezan a entrever alternativas a los carburantes líquidos– solo de una solución temporal, que además puede ir aparejada con considerables efectos adversos no deseados, y que no nos debe hacer olvidar el hecho de que la reducción de nuestro consumo de energía es indispensable, independientemente de la fuente de la que provenga.