ES Diario Oficial de la Unión Europea C 221/153

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La política de los consumidores tras la ampliación de la Unión Europea»

(2005/C 221/24)

El 17 de julio de 2003, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen sobre «La política de los consumidores tras la ampliación de la Unión Europea»

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 8 de septiembre de 2004 (ponente: Sr. PEGADO LIZ).

En su 414o Pleno de los días 9 y 10 de febrero de 2005 (sesión del 10 de febrero), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 95 votos a favor y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción y motivación

1.1 La ampliación de la UE, con la adhesión simultánea de diez nuevos Estados miembros, plantea problemas que no son únicamente de carácter cuantitativo. El análisis global de las repercusiones de la adhesión en la estructura y el funcionamiento de la Unión constituyó uno de los fundamentos de la Convención Europea y está en el origen de toda una serie de iniciativas del proyecto de Constitución. También a escala de las políticas sectoriales, la ampliación exige una reflexión sobre sus efectos en los diferentes sectores interesados (1).

1.2 Sin embargo, en lo que se refiere a la política y al derecho de los consumidores en la UE no se ha realizado hasta hoy una reflexión sistemática y exhaustiva sobre las consecuencias, de naturaleza cualitativa, que tendrá la ampliación, ni tampoco sobre los eventuales cambios y adaptaciones que habrá que prever para adecuar dicha política y dicho derecho a un nuevo mercado de cerca de 500 millones de consumidores.

1.2.1 No obstante, durante la reunión promovida por el CESE los días 14 y 15 de marzo de 2003 en Salónica, se subrayó que la ampliación podría comportar cambios importantes en las orientaciones de fondo de la política de los consumidores, con repercusiones incluso en el propio Tratado y en las formas concretas de definir las nuevas medidas de protección de los consumidores y de aplicarlas de forma efectiva, con un grado suficiente de armonización, en todo el territorio europeo, cuya heterogeneidad en materia de normativas nacionales crecerá de modo considerable e inevitable.

1.3 En efecto, se trata de un verdadero «salto cualitativo», de una manera distinta, de una forma diferente, de un modo diverso de realizar la defensa, la protección y la promoción del consumidor, y de garantizar su consulta, participación y representación en todos los niveles de decisión política, ahora en un espacio diferente, con características diversas, con prácticas y hábitos de consumo distintos, con tradiciones culturales específicas, y con diferentes legislaciones y códigos de conducta.

1.4 El objetivo del presente Dictamen de iniciativa es pues promover una reflexión tan profunda como sea posible sobre los efectos de la ampliación en la política y el derecho de los consumidores, una reflexión que pueda concluir con propuestas tanto en relación con las orientaciones de la política de los consumidores para los años siguientes a la completa integración de los nuevos Estados miembros, como en relación con las eventuales modificaciones del acervo comunitario en el ámbito de la protección, la defensa, la promoción y la participación de los consumidores, e incluso con las nuevas iniciativas legislativas que se consideren necesarias.

2. Metodología adoptada y trabajos preparatorios

2.1 Como base preparatoria para la elaboración del presente Dictamen, se consideró indispensable contar con un conocimiento lo más preciso posible de las dificultades encontradas en la aplicación del Derecho comunitario en los nuevos países adherentes.

2.2 Con ese fin, se enviaron dos cuestionarios a distintas personalidades con responsabilidades en la materia, pertenecientes tanto a la administración pública como a las organizaciones representativas de los intereses de los consumidores y a las organizaciones profesionales más directamente implicadas en las relaciones con los consumidores. Asimismo, se organizó una audiencia, celebrada el 2 de diciembre de 2003, que contó con una amplia y participativa presencia de numerosos invitados.

2.3 Basándose en los resultados de la audiencia y en el análisis de las respuestas a los cuestionarios, y teniendo en cuenta los contactos bilaterales que se mantuvieron durante la preparación de los trabajos, el presente Dictamen puede constituir el punto de partida para formular conclusiones y recomendaciones en relación con las eventuales modificaciones de la política de los consumidores después de la ampliación.

3. Una definición de organización representativa de los consumidores, como base para la promoción y la participación de éstos

3.1 Existe consenso en torno a la idea de que el primer objetivo de una política de los consumidores adaptada a la realidad de hoy, en un mercado único ampliado, debería ser el de promover cada vez más el papel de los consumidores como «interlocutores de mercado» y, por lo tanto, el de promover y crear medios y mecanismos adecuados para su participación en la definición de las orientaciones políticas que les afectan (2).

3.2 Si bien es cierto que en la realización de este objetivo tienen un papel importante que desempeñar no sólo las organizaciones gubernamentales, regionales y locales de los Estados miembros sino también las estructuras departamentales propias de las distintas instituciones y organizaciones comunitarias, se admite con carácter general que es a los propios consumidores a quienes incumbe, por iniciativa propia y en el marco de su libertad de asociación y federación, decidir cuál es la mejor manera de organizarse en la defensa y representación de sus intereses, así como para su participación en el debate y la definición de las orientaciones de las políticas que les afecten, en los distintos niveles de decisión política y legislativa.

3.3 Así pues, el principio fundamental en esta materia no puede ser sino el pleno reconocimiento de la capacidad y la autonomía de organización y gestión de los consumidores para que, a escala local, regional, nacional, comunitaria e internacional, se asocien y formen agrupaciones con el fin de garantizar una representación adecuada de sus intereses y una participación en todas las instancias en que se adopten decisiones que les conciernan. Se trata, sin duda, de una obligación que el legislador, tanto nacional como comunitario, debe garantizar.

3.4 Constituye una aspiración explícita y generalizada la necesidad de definir a escala comunitaria parámetros idénticos que garanticen que las organizaciones de consumidores, creadas por iniciativa propia, respeten, de forma común, principios fundamentales de constitución y funcionamiento democráticos que aseguren una representación efectiva de los consumidores en general, con autonomía e independencia.

3.4.1 En este sentido, se consideraron relativamente insuficientes los criterios contemplados en algunos instrumentos comunitarios que definen los parámetros de representatividad de las organizaciones y asociaciones de consumidores con el fin de garantizar su comparabilidad en todo el espacio comunitario (3).

3.4.2 A su vez, y para efectos específicos, la UE ha definido algunos criterios para el reconocimiento de las organizaciones representativas de los consumidores, como por ejemplo el utilizado en la Directiva 98/27/CE, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones inhibitorias (4).

3.4.2.1 Teniendo en cuenta estos criterios, remitir a una decisión «administrativa» de los Estados miembros no puede servir de base para una definición uniforme de asociación u organización representativa de los consumidores, idéntica y comparable en los distintos Estados miembros en el espacio único del mercado interior.

3.5 Algunas de las características que se han apuntado para una primera definición de un concepto uniforme de asociación representativa de los consumidores son las siguientes: a) la personalidad jurídica y judicial; b) la ausencia de fines de lucro; c) tener por finalidad estatutaria principal la defensa y la representación de los intereses de los consumidores en general (asociaciones de interés general) o la protección y la representación de sus miembros, consumidores o usuarios de bienes o servicios determinados (asociaciones de interés específico) d) la libre elección de sus órganos por votación universal y secreta de sus miembros; e) la autonomía financiera; f) la independencia del poder político o económico, así como de las empresas y de las organizaciones empresariales (que operen en el lado de la oferta del mercado).

3.5.1 Se sugirió también equiparar las organizaciones cooperativas, en concreto las de consumo, a las asociaciones de consumidores (5).

3.5.2 Se contempló una vez más la posibilidad de exigir el reconocimiento administrativo de la representatividad de las asociaciones por una entidad pública habilitada de los Estados miembros. Además, se defendió también que el apoyo de las asociaciones de consumidores debería basarse en las cualificaciones técnicas de éstas así como en el resultado de sus trabajos, y no solo en su acreditación por parte de las autoridades nacionales.

3.6 Por lo delicado del asunto, el Comité opina que esta materia debe ser objeto de una reflexión exhaustiva por parte de la Comisión, que debería publicar los resultados por medio de una comunicación específica.

3.7 Paralelamente, y como condición para el correcto ejercicio del derecho de representación de los consumidores, en particular en el nivel comunitario, las organizaciones que representan sus intereses generales o específicos identificaron diversas deficiencias o lagunas en los sistemas existentes.

3.7.1 Cabe destacar, sin duda, las necesidades de formación de los dirigentes técnicos y de los formadores de estas asociaciones u organizaciones representativas de los consumidores (6).

3.7.2 Del mismo modo, aparte de los programas de información genérica dirigida a los consumidores en general, las asociaciones y organizaciones de consumidores deben recibir una información personalizada y previa a fin de poder difundirla entre sus asociados o entre el conjunto de los consumidores de sus países o regiones respectivos.

3.7.3 Asimismo, la representación de las asociaciones de consumidores de carácter comunitario debe reforzarse en las diversas instancias comunitarias, ya sea directamente, ya sea a través de organismos federativos, aunque se acogen con satisfacción las recientes iniciativas de la Comisión para reorganizar el Comité de los consumidores (7) y nombrar un encargado de las relaciones con los consumidores en el seno de la DG Competencia (8), algo que debería extenderse a las demás áreas de las políticas que afectan a los consumidores (9).

3.7.4 Es también importante reanudar la organización periódica de los foros europeos de consumo a fin de ampliar y mejorar el diálogo, la información y la cooperación entre las organizaciones de consumidores.

4. Financiación de las organizaciones y asociaciones de consumidores

4.1 Una de las premisas básicas de una representación adecuada de los consumidores es garantizar una financiación suficiente de sus estructuras representativas, tanto en lo que se refiere a su organización como a su funcionamiento (10).

4.2 Independientemente de los sistemas nacionales vigentes en cada país, algunos representantes de los consumidores manifestaron su sentimiento de que sólo con un fuerte apoyo e impulso comunitario será posible dotar a las asociaciones representativas de los consumidores de los medios indispensables para la función que les corresponde desempeñar en la necesaria defensa, promoción y representación de los consumidores, a escala regional, nacional, comunitaria e internacional (11).

4.3 En efecto, se hizo hincapié, con carácter general, en que las asociaciones de consumidores por sí solas, es decir, con sólo la aportación de sus asociados o sus iniciativas propias, difícilmente pueden llegar a una situación de equilibrio financiero que preserve su autonomía y su independencia ante los poderes político y económico (12). Para salvaguardar estos principios, todo apoyo financiero deberá centrarse, como norma, principalmente en acciones, programas, proyectos e iniciativas de formación de dirigentes técnicos, educación de los consumidores y asunción de los costes de las acciones colectivas en defensa de los intereses generales de los consumidores, y no tanto en la gestión corriente de dichas entidades.

4.4 El actual marco comunitario de apoyo a las organizaciones y asociaciones de consumidores se basa, en particular, en la Decisión 20/2004/CE, de 8 de diciembre de 2003, por la que se establece un marco general para la financiación de las acciones comunitarias en apoyo de la política de los consumidores en el período 2004-2007 (13), que debe articularse con la «Revisión del programa de acción renovable en el marco de la Estrategia en materia de política de los consumidores 2002-2006» de 15 de septiembre de 2003 (14).

5 Una armonización máxima, al más alto nivel de protección de los consumidores

5.1 El artículo 153 establece con claridad, como principio básico de la política comunitaria de los consumidores, el concepto de armonización mínima y un alto nivel de protección de los intereses de los consumidores (15).

5.2 En este sentido, que por otra parte no es nuevo (16), y que tampoco se modifica en el proyecto de Constitución, el conjunto de directivas adoptadas en materia de protección de los consumidores incluye la «cláusula mínima», con la siguiente formulación común: «Los Estados miembros podrán adoptar o mantener, en el ámbito regulado por la presente Directiva, disposiciones más estrictas, compatibles con el Tratado, a fin de garantizar una mayor protección del consumidor (17).»

5.3 No obstante, a partir, al menos, del Libro Verde sobre la protección de los consumidores en la UE (18), y más recientemente, de la Comunicación de la Comisión relativa a la estrategia de la política de los consumidores para el período 2002-2006 (19), la reciente orientación parece haber cambiado, en el sentido de favorecer la armonización total como medio de proceder a la aproximación de las legislaciones en ámbitos vinculados a la protección y la defensa de los consumidores.

5.3.1 Esta orientación figura, en particular, en las recientes propuestas de Directiva relativas al crédito a los consumidores (20) y a las prácticas comerciales desleales (21), y acompañada de una sobrevaloración del principio de reconocimiento mutuo (22), parece definir una orientación general, y no solamente específica, que se justifica por la naturaleza de las materias en cuestión o la necesidad de garantizar la realización de los aspectos fundamentales del mercado interior.

5.3.2 El CESE, teniendo en cuenta en particular la ampliación de la UE a veinticinco países miembros, reconoce la ventaja de que se adopten instrumentos legislativos que garanticen la mayor uniformidad posible de los regímenes jurídicos reguladores de las relaciones jurídicas entre empresas, o entre éstas y los consumidores, siempre que se trate de medidas destinadas a garantizar en exclusiva o primordialmente el funcionamiento del mercado interior.

5.3.2.1 Por esta razón, el CESE considera que es necesario adoptar, siempre que sea posible y teniendo en cuenta la naturaleza del asunto en cuestión, reglamentos o, según la nueva nomenclatura de la constitución europea, «leyes europeas» (23), o en su defecto, directivas o «leyes marco», de acuerdo con la nomenclatura mencionada, con las que se procure alcanzar una armonización total, como manera de garantizar mejor la certeza y la seguridad del derecho derivado.

5.3.3 El CESE opina sin embargo que el recurso a este tipo de armonización debe supeditarse a una condición sine qua non: la garantía de que la protección de los consumidores se hará al más alto nivel, de acuerdo con la evolución tecnológica, los conocimientos científicos y los modelos culturales que prevalezcan.

5.4 En todas las demás situaciones en las que los intereses que se defiendan no estén esencial ni fundamentalmente orientados al funcionamiento del mercado interior y en los cuales, por el contrario, prime la protección y la defensa de los consumidores, el CESE opina que la mejor manera de defenderlos y garantizarlos es mantener el principio de armonización mínima, siempre a un alto nivel de protección, pero dejando a los Estados miembros la posibilidad de mantener o de introducir medidas más protectoras de los consumidores, de acuerdo con el Tratado, en estricto cumplimiento de las disposiciones del apartado 5 del artículo 153.

5.5 Con la adhesión de diez nuevos Estados miembros, el CESE aconseja a la Comisión revisar su posición por lo que se refiere a la reciente orientación que consiste en preferir sistemáticamente la armonización máxima y que limite ésta a las situaciones en las que se cuestione la necesidad de realizar o hacer funcionar el mercado interior, asegurándose siempre de que, en estos casos, la protección de los consumidores se garantice al más alto nivel, de acuerdo con el estado de los conocimientos científicos, la evolución tecnológica y los modelos socioculturales que prevalezcan en el ámbito en cuestión.

5.6 Por «conocimientos científicos» se entiende los conocimientos básicos de las personas encargadas de la toma de decisiones en materia de política de los consumidores. Se trata, entre otros, de los conocimientos establecidos relativos a: a) la teoría del consumo; b) la investigación empírica sobre el comportamiento de los consumidores y el desarrollo de los organismos representativos; c) la evaluación de las medidas y proyectos programados por la Comisión, etc. Los eventuales déficit de conocimientos básicos deberían subsanarse con el establecimiento de una capacidad efectiva de investigación.

5.7 No obstante, el CESE aconseja, siempre que sea posible y que el estado de desarrollo técnico-jurídico lo permita, utilizar el reglamento (o la «ley europea», según la nueva nomenclatura) como instrumento más idóneo para garantizar una aproximación efectiva de las legislaciones y garantizar eficazmente la certeza y la seguridad del derecho en su aplicación a las relaciones jurídicas (24).

6. Los principios de subsidiariedad, reconocimiento mutuo y precaución: una interpretación y una aplicación ajustadas a la protección de los consumidores

6.1 Algunos principios fundamentales del Tratado son elementos estructurantes del Derecho derivado y es a ellos a los que es preciso referirse siempre al definir la naturaleza, la esencialidad, la oportunidad y el ámbito material de las medidas de regulación en los distintos sectores y en el desarrollo de las distintas políticas de la Unión Europea. El derecho de los consumidores no será por tanto una excepción a ese respecto.

6.2 Entre dichos principios destacan por su importancia el principio de subsidiariedad (25), el principio de reconocimiento mutuo y el principio de cautela.

6.3 Realmente, y sin entrar en un análisis profundo del alcance del principio de subsidiariedad aplicado a la regulación de los intereses de los consumidores, su formulación, combinada con la del artículo 153, hace que nos encontremos ante lo que algunos autores han denominado «doble subsidiariedad» (26).

6.3.1 En efecto, además de la criba de la subsidiariedad «primaria» y general del artículo 3B, en el caso de las medidas mencionadas en la letra b) del apartado 3 del artículo 153 el legislador ha querido someterlas a un filtro aún más riguroso que funciona como una verdadera subsidiariedad «secundaria». Consiste en que estas medidas comunitarias únicamente serán admisibles después de haber pasado la criba de la subsidiariedad, siempre que «completen» o «apoyen» las iniciativas de los Estados miembros en los ámbitos en cuestión.

6.3.2 En otras palabras, es siempre necesario que los Estados miembros hayan tomado previamente la iniciativa de adoptar medidas a nivel nacional, o se propongan tomarlas, para que la Comunidad pueda, puntualmente, adoptar medidas destinadas a «completar» o «apoyar» dichas iniciativas.

6.3.3 En resumen, la Comunidad carece de toda capacidad de iniciativa propia para adoptar cualquier medida, incluso en los ámbitos mencionados expresamente, y aun en el caso de que su acción estuviese justificada a la luz del principio de subsidiariedad del artículo 3 B, si no es a raíz o como consecuencia de iniciativas tomadas específicamente por los Estados miembros.

6.4 Será por lo tanto indispensable que los representantes de los consumidores, en toda circunstancia y con vistas a la aplicación concreta del principio de subsidiariedad, hagan valer ante las otras instituciones comunitarias que de la interpretación de aquél no puede seguirse el bloqueo de la aprobación de medidas necesarias y proporcionales de protección y defensa de los consumidores.

6.5 En cuanto al principio de reconocimiento mutuo (27), el Comité ha tenido ya ocasión de pronunciarse exhaustivamente en un Dictamen de iniciativa de noviembre de 2000 (28), tras la importante Comunicación de la Comisión sobre «El reconocimiento mutuo en el marco del seguimiento del Plan de acción para el Mercado Interior» (29).

6.6 Por su parte, la Comisión, en ámbitos sectoriales diferentes, publicó programas de medidas destinadas a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo, en los que destacan los relativos a las decisiones penales así como en materia civil y mercantil (30).

6.7 Por lo que se refiere en particular a las medidas adoptadas en relación con los consumidores, hay una tendencia creciente a ampliarlas a distintos ámbitos objeto de regulación, en particular cuando al mismo tiempo se contempla la armonización total.

6.8 Hay que señalar que, aunque su aplicación está justificada con carácter general, hay ámbitos en los que su adopción equivale a someter a los consumidores a legislaciones diferentes de los Estados miembros, con lo que se crean situaciones de menor claridad y de claro desaliento de los contratos transfronterizos (31).

6.9 De ahí que se llame la atención de la Comisión sobre la necesidad de realizar una aplicación prudente y adaptada a la realidad de cada sector cuando se recurra al principio de reconocimiento mutuo como medio de aproximación de las legislaciones.

6.10 El CESE considera en cambio que el principio de cautela, integrado tarde en el Derecho comunitario con el Tratado de Maastricht y limitado a la política del medio ambiente, debería considerarse como un principio jurídico común a todas las políticas de la UE y, en particular, a la política de protección y defensa de los consumidores, lo que tendría consecuencias prácticas importantes, en particular a escala de la evaluación sistemática y objetiva de los riesgos y de inversión de la carga de la prueba en favor de los consumidores como norma general del derecho de responsabilidad civil (32).

7. Una efectiva horizontalidad de la política de los consumidores

7.1 El citado concepto de horizontalidad o transversalidad de la política de los consumidores, que se introdujo en el Tratado CE con el Tratado de Ámsterdam, y que ya se había enunciado en distintos documentos programáticos de la Comisión (33), se ha reforzado considerablemente en las orientaciones políticas de la Comisión y ha merecido ser consagrado en el proyecto de Constitución como derecho fundamental (34).

7.2 En efecto, en el documento relativo a la «Estrategia en materia de política de los consumidores 2002-2006» (35) se lee lo siguiente: «Además de las normas de protección de los consumidores, éstos se benefician de otras políticas importantes de la UE, como las relativas al mercado interior, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, el transporte, los servicios financieros, la competencia, la agricultura o el comercio exterior. Es esencial la integración sistemática de las preocupaciones de los consumidores en todos los ámbitos políticos pertinentes de la UE» (36).

7.3 Sucede, sin embargo, que en la práctica este principio no se ha traducido en acciones concretas ni de manera sistemática a nivel de las medidas adoptadas para la continuación y el desarrollo de las distintas políticas comunitarias. Por otra parte, tampoco el documento de estrategia mencionado hizo de este objetivo su prioridad, contrariamente a lo que había propuesto el CESE en su Dictamen sobre la Comunicación del Comisión (37).

7.4 Es por lo tanto urgente definir mecanismos transparentes e instituir prácticas creíbles que garanticen, en la aprobación de cualquier medida en cualquier ámbito de competencia comunitario, la toma en consideración de los intereses de los consumidores así como un alto nivel de defensa de éstos (38).

7.5 En este sentido, el CESE sugiere, en particular, que la Comisión examine la necesidad de estudiar el refuerzo de los recursos humanos y materiales de la DG SANCO y redefina los métodos y procedimientos de articulación de ésta con las otras direcciones generales.

7.5.1 Asimismo, las otras instituciones comunitarias, desde el Consejo hasta el Parlamento Europeo, pasando por el Comité de las Regiones y el propio CESE, deben reconsiderar sus formas de organización para garantizar mejor una toma en consideración efectiva de la defensa de los consumidores en todas las políticas comunitarias.

8. La simplificación y codificación del derecho de los consumidores

8.1 La creciente proliferación y complejidad de las iniciativas legislativas y reglamentarias en materia de derecho de los consumidores recomienda e incluso impone como imperativo categórico que se continúen los esfuerzos para mejorar la manera de legislar y la simplificación legislativa.

8.2 La Comisión ha ido prestando cada vez más atención a estos aspectos de la producción legislativa comunitaria (39).

8.3 Por su parte, el Comité no sólo ha compartido las mismas preocupaciones de la Comisión (40), sino que incluso estableció, en 2000, como tema permanente de su Observatorio del Mercado Único la «simplificación».

8.4 Por consiguiente, el CESE se felicita del acuerdo interinstitucional que alcanzaron el PE, el Consejo y la Comisión en esta materia (41) y, por lo demás, se remite a las consideraciones formuladas en los dictámenes citados, en particular en el dictamen aprobado en fecha reciente sobre la última Comunicación de la Comisión al respecto (42).

8.5 Se trata, en efecto, de una de las principales preocupaciones a la que, teniendo en cuenta que se refiere sobre todo al derecho de los consumidores y que se centra fundamentalmente en los particulares, debe prestarse una atención particular; deben proseguirse asimismo los esfuerzos de simplificación para lograr que la legislación sea más fácil de comprender y de aplicar (43).

8.6 Al mismo tiempo, otro aspecto de esta misma preocupación se ha materializado en el esfuerzo de codificación que ya ha iniciado la Comisión, si bien a escala reducida, por lo que se refiere a varias directivas.

8.7 Habida cuenta de la variedad de interpretaciones que pueden darse al término «codificación», no se ha considerado útil dedicar esfuerzos a la elaboración de un verdadero y propio Código de Consumo Europeo (44), sino que se ha optado por continuar la vía de la reformulación consensuada de las disposiciones comunitarias por grandes temas, haciendo compatibles las disposiciones de las diferentes iniciativas legislativas y ordenando de forma sistemática las materias.

8.8 Una forma mencionada generalmente como medio para reducir la carga legislativa es una mayor utilización de los mecanismos de autorregulación y corregulación.

8.8.1 Sin pretender adelantarse al Dictamen que el CESE está elaborando al respecto, puede afirmarse no obstante desde ahora que, por lo que se refiere al Derecho de los consumidores en un mercado sin consolidar todavía y con un déficit reconocido de información, sólo si nos basamos en un marco legal bien definido por lo que respecta al ámbito, los parámetros y los criterios de actuación será posible desarrollar sistemas alternativos de autorregulación y corregulación, como ya señaló el CESE, por otra parte, en su Dictamen sobre las prácticas comerciales desleales (45).

9. Información y educación de los consumidores

9.1 Desde hace mucho tiempo, el CESE viene destacando el papel determinante que la información y la educación de los consumidores desempeñan para el fomento, la protección y la defensa de sus derechos.

9.2 Por lo que respecta, en particular, a la información de los consumidores, el CESE ha defendido que no basta una información específica sobre cada servicio o producto, ni cualquier tipo de información por muy completa que sea, sino que es necesaria una información genérica sobre los derechos de los consumidores como base para una información ajustada y personalizada en función del tipo de bienes y servicios de que se trate (46).

9.3 Por lo que se refiere a la educación de los consumidores, en un Dictamen de iniciativa reciente el CESE no sólo defiende la importancia del «consumidor formado», sino que hace una lista de los contenidos y las técnicas de educación de los consumidores y aborda el papel de los diferentes participantes en los procesos de educación (Unión Europea, asociaciones de consumidores, profesionales, etc.) (47).

9.4 En la reformulación de la política de los consumidores (consecuencia necesaria de la ampliación), la información y la educación de los consumidores adquieren una importancia aún mayor para garantizar el fomento y la protección efectivos de sus derechos; no obstante, siempre deberá dejarse a los Estados miembros y a las asociaciones representativas de los consumidores la definición de las orientaciones y los criterios para que éstos se ajusten mejor a las realidades propias de cada mercado nacional, regional o local.

9.4.1 En esta importante tarea, no son sólo las escuelas, las asociaciones de consumidores, las empresas y los profesionales, las escuelas y los Estados los que tienen un papel que desempeñar. La Unión Europea no debe ocuparse únicamente de coordinar las iniciativas, sino que debe fomentar y promover medidas que sirvan para mejorar la calidad de la información y elevar el nivel de educación de los consumidores (48).

9.4.2 Estas medidas no deben limitarse a prestar la ayuda financiera adecuada, sino que deben centrarse también en el desarrollo de campañas y programas comunes de información y educación.

9.4.3 En su ámbito deberán incluirse tanto los consumidores como los profesionales, los proveedores de bienes y servicios y también los reguladores y los responsables de aplicar la legislación, haciendo especial hincapié en los profesionales jurídicos (jueces, abogados, fiscales, etc.).

10. La cooperación administrativa en materia de aplicación de las leyes relativas a la protección de los consumidores

10.1 La reciente propuesta de Reglamento relativo a la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores (COM(2003) 443 final, de 18.7.2003), constituye un aspecto de importancia fundamental. En este sentido, el Comité tuvo ya oportunidad de emitir su Dictamen (49).

10.2 Será preciso subsanar varias limitaciones, ya denunciadas, que tiene dicho instrumento, a fin de que el sistema de control de infracciones comunitarias sea cada vez más eficaz y su puesta en práctica a escala nacional garantice la efectividad de su aplicación. Se trata de un aspecto que merece una modificación inmediata, como también lo exige su ámbito de aplicación, que el CESE considera excesivamente restringido.

11. Algunos elementos de reflexión para una efectiva y adecuada protección, defensa y promoción de los intereses de los consumidores en el mercado único ampliado

11.1 El CESE es perfectamente consciente de que ninguna modificación legislativa produce efectos inmediatos ni resultados instantáneos. Por esta razón, además de su preocupación por subrayar la necesidad de consolidar y promover una efectiva aplicación del derecho existente, en el planteamiento que aquí se defiende sobre las diversas cuestiones susceptibles de ser profundizadas o mejoradas, el CESE ha querido destacar también el carácter gradual y concertado de los eventuales cambios que deben introducirse, de manera que no se ponga en peligro el equilibrio indispensable de los principales intereses en causa, pero sin olvidar la situación desfavorable en la que la mayor parte de las veces se halla el consumidor en una relación de consumo.

11.2 En esta perspectiva, el CESE enuncia determinados aspectos que considera que merecen reflexión, con vistas a mejorar el actual marco normativo regulador de las relaciones jurídicas que interesan directamente a los consumidores.

11.2.1 Uno de los ámbitos es el relativo a la seguridad en los servicios para los consumidores y la consiguiente regulación de la responsabilidad del prestador de servicios defectuosos.

11.2.2 En suspenso, desde 1992, la propuesta de Directiva sobre esta materia (50), se comprueba con renovada esperanza que la Comisión, respondiendo favorablemente a la sugerencia del Consejo y del Parlamento en el sentido de «establecer las necesidades, posibilidades y prioridades para una acción comunitaria en materia de seguros de servicios» (51), decidió reanudar el debate en esta materia con su Informe de 6 de junio de 2003 (52) y más recientemente con la propuesta de Propuesta de Directiva relativa a los servicios en el mercado interior (53).

11.2.3 Por consiguiente, se teme que la orientación dada a la aproximación de la Comisión a este asunto no llegue a concretarse en medidas normativas puntuales y eficaces, basándose en una interpretación inadecuada del principio de subsidiariedad y de complementariedad en relación con las políticas nacionales (54).

11.2.4 Otro de los ámbitos en los que existe una importante laguna normativa a escala comunitaria es el que se refiere a la definición del ámbito de los servicios esenciales de interés general y de los principios uniformes que deben regirlos, en lo relativo a la continuidad y la universalidad de las prestaciones, el carácter abordable de los precios, el derecho de acceso y la libertad de elección, etc. (55).

11.2.4.1 En el seguimiento de sus dictámenes sobre este tema (56), el CESE opina que la ampliación de la UE exige que se definan orientaciones precisas con vista a las situaciones de privatización de algunos servicios públicos esenciales, y a la identificación, con carácter imperativo, del núcleo de servicios de interés general, de los que no pueden dejar de formar parte los transportes aéreos y ferroviarios, la electricidad, el gas, los servicios postales y las telecomunicaciones (57).

11.2.4.2 A falta de indicadores de calidad suficientemente precisos para permitir una evaluación comparativa de estos servicios, se está a la espera de la Comunicación prometida por la Comisión sobre una metodología de evaluación horizontal de los servicios de interés general (58).

11.2.5 Otra laguna que debe colmarse es la de la uniformización, a escala comunitaria, de la ley aplicable a las obligaciones no contractuales.

11.2.5.1 Por esta razón, merece una referencia muy especial la iniciativa de la Comisión de avanzar en este sentido con una propuesta de Reglamento (59), que, junto a las observaciones y sugerencias que el CESE realizó en su Dictamen (60), constituye un elemento esencial de armonización legislativa a escala de la UE ampliada, en un ámbito esencial para la adecuada protección de los consumidores.

11.3 En lo que se refiere al derecho a la información, en particular en todo lo relativo a los productos alimentarios (61), además de que el etiquetado debe ser cada vez más comprensible para los consumidores, deberán utilizarse igualmente otros métodos modernos que mejoren la información de los consumidores (Internet, números telefónicos gratuitos, servicios de ayuda al consumidor, etc.), sin olvidar identificar su origen, siempre que sea exigible y posible (62).

11.4 En lo relativo a la protección de la salud y la seguridad, el funcionamiento aún más eficaz del sistema Rapex (63) depende de la capacidad de respuesta de las autoridades de los Estados miembros. El CESE reafirma así la necesidad de invertir en la calidad de la fiscalización del mercado comunitario, mediante proyectos que contribuyan a la formación y el desarrollo de los mecanismos de control del mercado en los Estados miembros y en particular en los nuevos Estados de la adhesión, apoyando tanto a los organismos representativos de los consumidores, como a los entes públicos competentes (64).

11.4.1 A su vez, es competencia de las asociaciones de consumidores garantizar una información fidedigna sobre los productos y los servicios más seguros y así proporcionar los resultados de los controles efectuados a escala nacional.

11.5 En lo que se refiere a la protección de los intereses económicos de los consumidores hay varios aspectos que merecen atención y reformulación.

11.5.1 En cuanto a la responsabilidad del productor (65), el actual régimen presenta un desequilibrio que va en detrimento de los consumidores, entre la carga de la prueba, que se impone al consumidor, y las causas de exoneración de la responsabilidad del productor.

11.5.1.1 Se justifica así plenamente que prosigan los trabajos en curso relativos a la Directiva 85/374/CEE, de 25 de julio de 1985, en el sentido preconizado en particular en el Libro Verde sobre la responsabilidad por productos defectuosos (66) y al que se han referido varios estudios encargados desde entonces por la Comisión (67).

11.5.2 La delimitación de la protección de los consumidores en materia de ventas a domicilio (68) por solicitud expresa de los consumidores, plantea algunas reservas por la dificultad de la prueba y por la existencia de situaciones límite que no ofrecen seguridad jurídica. El CESE entiende que este problema debería analizarse de nuevo de modo que se definan presunciones que protejan al consumidor contra los comportamientos fraudulentos. Entiende también que toda la Directiva debería revisarse a la luz de las actuales prácticas desleales y agresivas y de los textos comunitarios que a ellas se refieren.

11.5.3 En relación con los contratos celebrados a distancia (69), sería importante establecer de manera imperativa la imposición al proveedor de la carga de la prueba sobre el cumplimiento de las obligaciones de información previa, de su confirmación por escrito y del consentimiento del consumidor (70). Por otra parte, sería pertinente analizar la adecuación del deber de información en los contratos a distancia relativos a las nuevas tecnologías.

11.5.4 El CESE manifiesta su preocupación en lo relativo al ejercicio del derecho de retractación, y estima importante proceder a la uniformización de los plazos en los varios textos legislativos y definir reglas claras para el ejercicio de este derecho, particularmente en lo relativo a la comercialización a distancia de servicios financieros (71) y en materia de crédito al consumo (72). El CESE no puede dejar de señalar la necesidad de simplificar este régimen, complejo y poco transparente (73).

11.5.5 En materia de protección de los consumidores ante las cláusulas abusivas (74), sería interesante que la Comisión procediese a efectuar una relación sistemática y actualizada de las cláusulas generales contractuales que hayan sido expresamente declaradas abusivas, sea por las jurisprudencias nacionales de los diferentes Estados miembros, sea por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, con vistas a su divulgación entre las organizaciones representativas de los consumidores y de los profesionales (75).

11.5.5.1 Por otra parte, se considera que se ha sobrepasado claramente su normativa, por lo que insta a la Comisión a que ultime rápidamente los trabajos de revisión, en el seguimiento de su Informe sobre la aplicación de la Directiva (76) y de las numerosas reuniones de trabajo que se han celebrado sobre este asunto.

11.5.6 En cuanto a la problemática del crédito al consumo (77), el CESE ya tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la reciente propuesta de la Comisión (78) en esta materia, y cabe ahora reafirmar la necesidad de combatir los casos de usura, y de equilibrar los derechos y deberes de los consumidores y de las entidades de crédito. La existencia de disparidades entre las normativas nacionales en esta materia, y los diferentes niveles de protección de los consumidores, situación que, pudiendo agravarse con la entrada de los nuevos Estados, podría perjudicar la confianza del mercado de servicios financieros y provocar distorsiones de competencia.

11.5.7 Un asunto que merece un tratamiento urgente a escala comunitaria, como ya ha destacado en diversas ocasiones el CESE, es el del sobreendeudamiento de las familias, que se ha agravado y que se teme que pueda dispararse con la probable subida de los tipos de interés (79).

11.5.8 El CESE considera igualmente que es esencial profundizar la normativa en materia de seguridad en los pagos electrónicos (80), y acoge favorablemente la reciente iniciativa de la Comisión de iniciar un debate sobre el establecimiento de un espacio único para los pagos en el mercado interior (81).

11.5.8.1 Sin embargo, sigue faltando una perspectiva de conjunto en el ámbito del comercio electrónico, que permita ganar la confianza de los consumidores, tal como se puso claramente de manifiesto durante la conferencia que se celebró en Dublín para conmemorar el Día Europeo del Consumidor 2004.

11.5.8.1.1 Además, los trabajos realizados hasta ahora para crear sistemas de acreditación de los profesionales no han llegado a concretarse, siguiera en medidas de autorregulación capaces de permitir a los consumidores identificar los sitios de Internet que merecen confianza.

11.5.8.1.2. Son por consiguiente bienvenidas, a pesar de sus limitaciones, las recientes medidas adoptadas, por iniciativa de la Comisión, para promover una utilización más segura de Internet (82) y en relación con la protección de los menores y de la dignidad humana y al derecho de respuesta en los servicios audiovisuales y de información (83).

11.5.8.2 Por otra parte, a escala internacional falta un marco jurídico semejante al introducido en la UE con el Reglamento Bruselas I, esencial para el desarrollo seguro de las transacciones electrónicas internacionales, por lo que se plantea como objetivo esencial, en el contexto de la Conferencia de La Haya, establecer un convenio en materia de competencia y aplicación de las sentencias de carácter civil y mercantil en este ámbito.

11.5.9 Un ámbito de importancia fundamental es el de la uniformización del derecho de los contratos, iniciada por la Comisión y apoyada por el CESE (84), que debería proseguirse y profundizarse, dando preferencia a la uniformización de determinados contratos específicos que encierren un interés particular para los consumidores (85).

11.5.10 Tras la recientemente publicada Directiva relativa a determinados aspectos de venta de bienes de consumo y a las garantías conexas (86), en la que destacan los aspectos relacionados con las garantías en la venta de bienes, siguen siendo de actualidad las críticas que se hicieron a la propuesta en el Dictamen del CESE (87), en particular por lo que respecta a las relaciones entre las garantías comerciales y las legales, y los procedimientos para poner en práctica dichas garantías.

11.5.10.1 Sería preciso ahora estudiar no sólo la ampliación de su ámbito de aplicación a los servicios de posventa (88), sino en especial un acompañamiento muy atento por parte de la Comisión del modo como se transpone a la legislación de los Estados miembros, debido a la complejidad de su régimen y la difícil articulación con los diferentes Derechos nacionales.

11.5.11 Una esfera en la que desde hace mucho tiempo se esperaba una posición de la Comisión, en el marco del seguimiento del Libro Verde relativo a la protección de los consumidores (89), es la de las prácticas comerciales desleales.

11.5.11.1 No obstante, en su Dictamen sobre este asunto (90), el CESE tuvo ya oportunidad de manifestar su decepción y profunda desconfianza respecto al sentido y la orientación dados al instrumento en preparación.

11.5.11.2 Será por consiguiente un tema cuyo futuro desarrollo deberá seguirse muy de cerca, con una atención especial por parte de los representantes de los consumidores, en especial en los nuevos Estados de la adhesión.

11.5.12 Asimismo, el CESE manifestó ya su posición de descontento con el proyecto de Reglamento relativo a la promoción de ventas (91), y reafirma aquí su desconfianza por la forma final del mismo y su compatibilidad con la propuesta relativa a las prácticas comerciales desleales, y teme que, en su conjunto, ambos instrumentos acaben por representar un retroceso respecto al nivel actual de protección y defensa, en lugar de contribuir a la mejor promoción de los consumidores.

11.6 Por último, en el ámbito del acceso a la justicia, el CESE considera necesario profundizar no solo en la tutela de los intereses colectivos, difusos o individuales homogéneos de los consumidores (92), mediante la revisión urgente de la Directiva relativa a la acción inhibitoria (93) comunitaria ampliando su ámbito de aplicación a fin de transformarla en una verdadera «class action» destinada a promover la reparación de daños más allá de la mera cesación de las prácticas ilícitas o desleales, así como también los legítimos intereses de cada consumidor individual en situación de conflicto, en particular en lo que respecta al acceso a una justicia rápida y de preferencia gratuita (94). En este ámbito, el CESE reafirma su apuesta no sólo por medios alternativos de resolución de conflictos (95), sino también por procedimientos arbitrales y considera prioritario apoyar a las autoridades nacionales a escala operativa y técnica, en el sentido de su creación y ejecución en los diferentes Estados miembros (96).

11.6.1 El CESE aboga también por la adopción de un instrumento vitalicio que, sin perjuicio de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, garantice los objetivos enumerados por la Comisión en sus Recomendaciones en esta materia (97), en particular el principio de libertad del consumidor y el principio de imparcialidad y transparencia del proceso, transformando en preceptos imperativos lo que hoy son solo meras recomendaciones que no han tenido una aplicación práctica generalizada.

11.7 En este ámbito, el CESE saluda las iniciativas recientes de la Comisión en materia de cooperación judicial, de las que destaca los reglamentos relativos a la insolvencia (98) y la ley aplicable en materia de competencia de los tribunales (Convenio de Bruselas) (99) así como la propuesta de Reglamento relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) (100), el Libro Verde relativo a la transformación del Convenio de Roma sobre obligaciones contractuales en Reglamento comunitario (Roma I) (101), o el Reglamento por el que se establece un marco general para las actividades comunitarias destinadas a facilitar el progreso del espacio judicial europeo en materia civil (102), e insta a la Comisión a proseguir sus esfuerzos por crear un espacio judicial único, como elemento estructurante esencial de los aspectos adjetivos de la realización del mercado único, cada vez más esencial en una UE ampliada.

12. Conclusiones

12.1 La promoción, la participación, la protección y la defensa de los consumidores deben constituir un objetivo permanente de todas las políticas de la Unión Europea, ya que son un derecho efectivo de los ciudadanos europeos.

12.2 Con la adhesión de más de diez Estados miembros, en la mayoría de los cuales la protección de los consumidores es un ámbito relativamente nuevo, se habrá que reexaminar toda la política de los consumidores para adecuarla a la nueva realidad de un nuevo mercado de aproximadamente 500 millones de consumidores.

12.3 La Unión Europea y sus instituciones tienen un papel decisivo que desempeñar en la determinación de las prioridades para la reforma del marco jurídico e institucional y de los programas de acción indispensables para garantizar una política de los consumidores eficaz que asegure y haga realidad dichos objetivos.

12.4 Con el presente Dictamen el CESE se propone contribuir a definir esta política, en su calidad de portavoz de las inquietudes de la sociedad civil, y teniendo especialmente en cuenta la participación de representantes procedentes de los nuevos Estados miembros.

12.5 A juicio del CESE, las prioridades inmediatas en términos de política de los consumidores son las siguientes: — la consolidación del acervo comunitario, haciendo hincapié en la simplificación y la codificación — la aplicación efectiva de la legislación aprobada y transpuesta adecuadamente y su control estricto — la aplicación de la Directiva marco sobre las prácticas comerciales desleales — un esfuerzo urgente para mejorar la información y la educación de los consumidores — la consideración de la integración efectiva de la política de los consumidores en las restantes políticas tanto a escala comunitaria como a escala nacional — el apoyo a las organizaciones de consumidores con vista a la realización de análisis de productos e intercambio de información sobre la calidad de éstos.

12.6 El CESE insiste en que unas organizaciones representativas de los consumidores fuertes e independientes constituyen la base de una política de defensa, promoción y participación de los consumidores eficaz.

12.7 El CESE considera que, para ello, es necesario que las organizaciones de consumidores cuenten con una financiación que les permita desarrollar acciones, programas, proyectos e iniciativas.

12.8 A juicio del CESE, la definición de los criterios de representatividad y de participación de las organizaciones de consumidores podrá contribuir decisivamente a aumentar la eficacia de la política de los consumidores.

12.9 El CESE considera que, de forma paulatina y sin perder de vista la necesidad de mantener el equilibrio de los intereses presentes, habrá que dar continuidad o emprender nuevas iniciativas legislativas, en particular en los ámbitos siguientes: — seguridad de los servicios y responsabilidad del prestador de servicios defectuosos — servicios de interés general — protección de la salud y la seguridad — mayor seguridad en los pagos electrónicos y en la utilización de Internet — sobreendeudamiento de los hogares — medios de pago — legislación sobre los contratos — acceso a la justicia y espacio judicial único.

12.10 Por otro lado, el CESE considera que debería revisarse y coordinarse la diversa legislación comunitaria en vigor con objeto de adecuarla al nuevo mercado único ampliado, en especial, en los siguientes ámbitos: — responsabilidad del productor — ventas a domicilio, ventas a distancia, comercio electrónico y promoción de ventas — cláusulas abusivas — crédito al consumo — garantías en la venta de bienes y servicios.

12.11 El CESE insiste en su propuesta de crear un Instituto de investigación de la UE para cuestiones relacionadas con los consumidores (103).

12.12 El CESE insta a los Estados miembros a que consideren la protección, la defensa, la promoción y la participación de los consumidores una prioridad que deben integrar en todas sus políticas.

12.13 El CESE recomienda a la Comisión que tenga presentes las propuestas y sugerencias contenidas en el presente Dictamen para la definición de nuevas orientaciones en materia de política de los consumidores y que proceda a la divulgación periódica de informes sobre la situación del consumo y de los consumidores en Europa.

Bruselas, 10 de febrero de 2005. La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo Anne-Marie SIGMUND

(1) En torno a estas cuestiones, el CESE ha tenido oportunidad de dar a conocer su opinión en sucesivos dictámenes, entre los que destacan los siguientes:

— «El futuro de la política de cohesión en la perspectiva de la ampliación y del cambio hacia la economía del conocimiento» ponente: Sr. MALOSSE, DO C 241, de 7.10.2002.

— «Las consecuencias económicas y sociales de la ampliación en los países candidatos» ponente: Sr. DIMITRIADIS; coponente: Sra. BELABED, DO C 85, de 8.4.2003.

— «El impacto de la ampliación en la UEM» ponente: Sr. VEVER, DO C 61, de 14.3.2003.

— «Los efectos de la ampliación en el mercado único» ponente: Sra. BELABED, DO C 85, de 8.4.2003.

— «Las ayudas financieras de preadhesión» ponente: Sr. WALKER, DO C 61, de 14.3.2003.

— «La ampliación de la UE: el desafío que representa para los países candidatos el cumplimiento de los criterios económicos para la adhesión» ponente: Sr. VEVER, DO C 193, de 10.7.2001.

— «La ampliación de la UE hacia el Este y el sector forestal» ponente: Sr. KALLIO), DO C 149, de 21.6.2002.

(2) Es lo que se desprende del punto 14 de la Resolución del Consejo sobre la estrategia en materia de política de los consumidores en la Comunidad (2002-2006) (DO C 11/1, de 17.1.2003), donde se dice:

«INSTA A LA COMISIÓN Y A LOS ESTADOS MIEMBROS A 14. Respaldar las organizaciones representativas de consumidores para que puedan promover los intereses de los consumidores independientemente tanto a escala comunitaria como nacional y puedan ejercer influencia, entablar, por ejemplo, un diálogo equilibrado con las empresas y participar en la elaboración de políticas comunitarias. El desarrollo de proyectos de creación de capacidades con el fin de reforzar las organizaciones de consumidores, cuando proceda, así como de instrumentos educativos sobre aspectos concretos de las transacciones transfronterizas serán la clave para conseguirlo.»

(3) Véanse en particular las disposiciones contenidas en los puntos 2 y 3 y del artículo 7 de la Decisión no 20/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de 2003, por la que se establece un marco general para la financiación de acciones comunitarias en apoyo de la política de los consumidores en el período 2004-2007 (DO L 5 de 9.1.2004)

«2. Las ayudas económicas para la acción 16 podrán concederse a organizaciones de consumidores europeas: — a) que sean no gubernamentales, sin ánimo de lucro, independientes de la industria, que no tengan intereses comerciales, empresariales ni de otro tipo que puedan dar lugar a conflictos de intereses, y cuyos objetivos y actividades primordiales sean el fomento y la protección de la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores en la Comunidad; — b) que hayan recibido el mandato de representar los intereses de los consumidores a escala comunitaria de manos de organizaciones de consumidores nacionales de, como mínimo, la mitad de los Estados miembros, que, conforme a las normas o a las prácticas nacionales, sean representativas de los consumidores, y que operen a nivel regional o nacional, y que hayan facilitado a la Comisión información satisfactoria acerca de sus miembros, sus normas internas y sus fuentes de financiación. 3 Las ayudas económicas para la acción 17 podrán concederse a organizaciones de consumidores europeas: — a) que sean no gubernamentales, sin ánimo de lucro, independientes de la industria, que no tengan intereses comerciales, empresariales ni de otro tipo que puedan dar lugar a conflictos de intereses, y cuyos objetivos y actividades primordiales sean representar los intereses de los consumidores en el proceso de normalización a nivel comunitario, y — b) que hayan recibido de, como mínimo, dos tercios de los Estados miembros el mandato de representar los intereses de los consumidores a escala comunitaria: — de manos de organismos representativos, conforme a las normas o a las prácticas nacionales, de organizaciones nacionales de consumidores de los Estados miembros, o — en ausencia de tales organismos, de manos de organizaciones de consumidores nacionales de los Estados miembros que, conforme a las normas o a las prácticas nacionales, sean representativas de los consumidores, y que operen a nivel nacional».

— (Véase sobre este tema el Dictamen del CESE (INT/180), de 17.7.2003 (DO C 234, de 30.9.2003) (ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER)).

(4) DO L 166/51, donde se dice:

«Artículo 3 Entidades habilitadas para ejercitar una acción A efectos de la presente Directiva, se entenderá por “entidad habilitada” cualquier organismo u organización, correctamente constituido con arreglo a la legislación de un Estado miembro, que posea un interés legítimo en hacer que se respeten las disposiciones contempladas en el artículo 1, y en particular: a) uno o más organismos públicos independientes específicamente encargados de la protección de los intereses a los que se refiere el artículo 1, en los Estados miembros en los que existan tales organismos, y/o b) las organizaciones cuya finalidad consista en la protección de los intereses a los que se refiere el artículo 1, según los criterios establecidos por su legislación nacional»

O en su actual «versión codificada».

«Artículo 3 Entidades habilitadas para ejercitar una acción A efectos de la presente Directiva, se entenderá por “entidad habilitada” cualquier organismo u organización, correctamente constituido con arreglo a la legislación de un Estado miembro, que posea un interés legítimo en hacer que se respeten las disposiciones contempladas en el artículo 1, y en particular: a) uno o más organismos públicos independientes específicamente encargados de la protección de los intereses a los que se refiere el artículo 1, en los Estados miembros en los que existan tales organismos, y/o b) las organizaciones cuya finalidad consista en la protección de los intereses a los que se refiere el artículo 1, según los criterios establecidos por su legislación nacional.»

(5) Respecto a la importancia del sector cooperativo, véase la Comunicación de la Comisión sobre el fomento de las cooperativas en Europa (COM(2004) 18 final, de 23.2.2004), en la que se relanza la idea de un estatuto de la sociedad cooperativa europea (Dictamen del Sr. Hoffelt).

(6) Por esta razón, se acoge con agrado la reciente iniciativa de la Comisión (DG SANCO) de confiar a la Oficina Europea de Asociaciones de Consumidores (BEUC) la organización de cursos de formación en gestión de recursos financieros y humanos, de relaciones públicas y de lobbying y derechos de los consumidores, desde este mismo año.

(7) Decisión de la Comisión, de 9 de octubre de 2003, por la que se crea un Grupo consultivo europeo de los consumidores (DO L 258 de 10.10.2003).

(8) La creación de este puesto, destinado a mantener un diálogo permanente con los consumidores europeos, es de diciembre de 2002. El pasado 9 de diciembre de 2003 el Comisario Monti nombró para el mismo a Juan Antonio Rivière y Martí. (IP/03/1679 de 9.12.2003).

(9) Destaca por su importancia la reciente Decisión de la Comisión por la que se establecen comités científicos en el ámbito de la seguridad de los consumidores, la salud pública y el medio ambiente (DO L 66 de 4.3.2004).

(10) El 72 % de los organismos encuestados señalan que reciben ayudas estatales, pero las califican de insuficientes.

(11) Particularmente oportuno fue el llamamiento hecho por la BEUC, en agosto de 2003, para que los Gobiernos de los nuevos Estados miembros aporten el apoyo financiero adecuado a sus asociaciones de consumidores, señalando la posibilidad de utilizar el programa PHARE con este fin.

(12) El 75 % de los consultados señalan que no existe un marco fiscal más ventajoso para las asociaciones de defensa de los consumidores.

(13) DO L 5/1, de 9.1.2004; véase el Dictamen (ponente: Sr. Hernández Bataller), DO C 234, de 30.9.2003.

(14) SEC(2003) 1387, de 27.11.2003.

(15) Resultado de la conjunción de los apartados 1 y 5 del artículo 153, en la parte de este último en que trata de medidas que apoyen, complementen y supervisen la política llevada a cabo por los Estados miembros, adoptadas por el Consejo con arreglo al artículo 251 y previa consulta al CESE, que «no obstarán para que cada uno de los Estados miembros mantenga y adopte medidas de mayor protección.», siempre que, obviamente, sean compatibles con el Tratado, en particular en materia de subsidiariedad y proporcionalidad.

(16) En el artículo 129-A del Tratado de Maastricht figuraba una formulación idéntica.

(17) Por ejemplo, las Directivas 90/314 (viajes organizados), artículo 8; 94/47 (time-share), artículo 11; 93/13 (cláusulas abusivas), artículo 8; 97/7 (contratos a distancia), artículo 14; 85/577 (contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales); 84/450 (publicidad engañosa), artículo 7; 87/102 (crédito al consumo), artículo 15. En relación con este asunto, es preciso recordar el importante estudio realizado, a instancias de la Comisión, por el Centre de Droit de la Consommation (coord. Monique Goyens), en el que el ponente del presente Dictamen tuvo ocasión de colaborar junto a eminentes juristas como el Prof. Klaus Tonner, López-Sánchez, Susanne Storm, Jérome Frank, Alexandros Voutsas, William Fagan, Paolo Martinello, Andrée Colomer, A. Tavassy y Geraint Howells (SPC/02/93/cm, julio 1994), en cuyo informe final se elabora una correcta distinción entre las diversas formas de armonización: mínima, completa, parcial, total y opcional.

(18) COM(2001) 531 final de 2.10.2001.

(19) COM(2002) 208 final de 7.5.2002.

(20) COM(2002) 443 final de 11.9.2002.

(21) COM(2003) 356 final de 18.6.2003.

(22) Introducido expresamente en el Tratado con el Acta Única Europea.

(23) Cf. artículo 32 del proyecto de Constitución.

(24) Algunos buenos ejemplos de la utilización del Reglamento son las recientes iniciativas en el ámbito de la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil (Reg. CE 44/2001 de 22.12.2000); la notificación y el traslado de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (Reg.. CE 1348/2000 de 29.5.2000); competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (Reg. CE 1347/2000 de 29.5.2000); procedimientos de insolvencia (Reg. CE 1346/2000 de 29.5.2000); servicios en el mercado interior (COM(2002) 585 final, de 25.10.2002); cooperación en materia de protección de los consumidores (COM(2003) 443 final, de 18.7.2003); materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos (COM(2003) 689 final, de 17.11.2003); etcétera.

(25) Tal como figura en el artículo 5 del Tratado CE:

«En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá, conforme al principio de subsidiariedad, sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario.»

Sin embargo, existen algunas diferencias de redacción en relación con el artículo 9.3 de la Constitución, que merecerían una elaboración doctrinal exhaustiva.

Se trata del siguiente texto constitucional:

«En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión».

Para un debate de principio, destacan las siguientes contribuciones:

«“Subsidiarité: défi du changement”, Actas del Coloquio Jacques Delors, publicación del Institut Européen d'Administration Publique, Maastricht, 1991 (IEAP 11/04); “Le principe de subsidiarité”, Jean-Louis Clergerie, Ellipres, 1997; el estudio, aparentemente inédito, del Prof. G. Vandersanden, Considérations sur le principe de subsidiarité, enero 1992; Il principio di sussidiarietà nella prospectiva dell'attuazione del Trattato sull' Unione europea, de Gian Pietro Orsello, Roma, 1993, y el Commentaire Mégret al Tratado, Vol. I, 2a ed., Addendum, Cap. III, págs. 421 y siguientes.»

(26) Resulta pues imprescindible mencionar que la interpretación de la Comisión presentada al Consejo de Edimburgo de 11-12 de diciembre de 1992 iba en la dirección de que el análisis, a la luz del referido principio, determinaría la retirada de toda una serie de propuestas de directiva ya en preparación y la congelación y la revisión de muchas otras.

(27) Introducido, con carácter amplio, con la redacción dada al artículo 100-B por el Acta Única Europea, y consagrando definitivamente la jurisprudencia «Cassis de Dijon».

(28) «Reconocimiento mutuo en el mercado interior», (ponente: Sr. Lagerholm publicado en el DO C 116 de 20.4.2001.

(29) COM(1999) 299 final de 16.6.1999.

(30) DO C 12, de 15.3.2001.

(31) En particular, en relación con los productos financieros ofrecidos en el comercio a distancia.

(32) Cf. Dictamen CESE sobre «El recurso al principio de precaución» (ponente: Sr. Bedossa (DO C 268, p. 6, de 19.9.2000)).

(33) Cf. el Programa Preliminar de la CEE de 14 de abril de 1975 en el que se establecía que toda una serie de derechos de los consumidores debían garantizarse mediante acciones realizadas en el marco de políticas específicas de la Comunidad, como, por ejemplo, la política económica; la política agrícola común; la política social; las políticas de medio ambiente, transporte y energía; así como la aproximación de las legislaciones que afecten a la situación de los consumidores (DO C 92, de 25.4.1975). Posteriormente, estas ideas se desarrollaron en la Comunicación al Consejo de 4 de julio de 1985, en el llamado «nuevo impulso», en el que por primera vez se considera, correctamente, que la realización del mercado interior es un medio y no el fin de la creación de la Comunidad Económica Europea (COM(85) 314 final, que constituye el fundamento de la Resolución del Consejo de 23.6.1986).

También el PE, en su Resolución de marzo de 1992, sobre las normas de protección de los consumidores y de la salud pública en la perspectiva del mercado interior, invitó a la Comisión a tener cada ver más en cuenta, en todos los sectores políticos, los imperativos de la protección de los consumidores (PE 152150).

Fue sin embargo el CESE, en vísperas de la realización del Consejo Europeo de Amsterdam, en su Dictamen sobre el mercado único y la defensa de los Consumidores (CESE 1309/95, de 22 de noviembre; ponente: Sr. Ceballo Herrero, DO C 39 de 12.2.1996), quien enunció con claridad toda una serie de recomendaciones relativas a la puesta en práctica del carácter horizontal de la política de los consumidores y exigir su consagración, con carácter de generalidad, en el Tratado revisado.

(34) Art. III-38 y Art. III-5.

(35) COM(2002) 208 final de 7.5.2002.

(36) Ibid. p. 7.

(37) Dictamen 276/2003, de 26.2.2003 (ponente: Ann DAVISON), DO C 95, de 23.4.2003.

(38) En su Dictamen 1309/95, de 22 de noviembre, ya citado, el CESE recomendaba a este respecto que:

«– en todas las decisiones de política comercial de la Unión Europea deberían ser tomados en consideración, según criterios objetivos y públicos, los intereses de los consumidores; – en la aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado, debería ser precisa la consulta de las organizaciones de consumidores en el caso de excepciones y autorizaciones de acuerdos entre empresas y muy especialmente en las concentraciones de empresas, ya que ambas prácticas inciden negativamente en el buen funcionamiento del mercado; – deberían adoptarse directivas sobre competencia desleal y publicidad desleal; – así como disposiciones para evitar prácticas de dumping social y medioambiental, también en interés de los consumidores; - debería armonizarse el derecho a los seguros protegiendo los consumidores de prácticas discriminatorias o agresivas de venta en este sector; – debería ser reforzada la política de cooperación en materia de fiscalización de las normas de seguridad y de castigo de aquellas transacciones de productos o servicios que constituyan un peligro para la seguridad y la salud». (Punto. 3.2.4).

(39) De ello constituyen buena prueba desde 1992 sus documentos de la serie «Legislar mejor» entre los que destaca el relativo a 2002 (COM(2002) 715 final, de 11.12.2002), y también sus Comunicaciones de 5 de diciembre de 2001 sobre «Simplificar y mejorar el marco regulador» (COM(2001) 726 final), de 5 de junio de 2002 sobre «La Gobernanza Europea: legislar mejor» (COM(2002) 275-278 final), de 11 de febrero de 2003 sobre «Actualizar y simplificar el acervo comunitario» (COM(2003) 71 final) y, en particular, su reciente «Programa legislativo y de trabajo de la comisión para 2004» (COM(2003) 645 final de 29.10.03) en el que se señalan como prioridades para 2004 la simplificación y la codificación de la legislación comunitaria (anexo 5).

(40) Véanse los dictámenes del CESE, de los que fueron ponentes los Sres. VEVER (DO C 14 de 16.1.2001), K. WALKER (DO C 48 de 21.2.2002 y DO C 125 de 27.5.2002), J. SIMPSON (DO C 133 de 6.6.2003) y RETUREAU (INT/187, de 17.3.2004 –CESE 500/2004, DO C 112 de 30.4.2004).

(41) DO C 321, de 31.12.2003. Véase por su importancia el Informe del PE de 25.9.2003 (A5-0313/2003) elaborado por la Sra. Monica FRASSONI.

(42) COM(2003) 71 final, (ponente: Sr. RETUREAU) (CESE 500/2004, DO C 112 de 30.4.2004).

(43) Por lo que se refiere a la situación de la transposición del acervo comunitario, el 65 % de los consultados afirma que se ha completado la reforma legislativa y el 35 % señala que aún no se ha completado el proceso de transposición.

(44) La idea de una «codificación» del Derecho comunitario de los consumidores y las diferentes acepciones del término «codificación» fueron objeto de un amplio debate en el Coloquio realizado en Lyon los días 12 y 13 de diciembre de 1997, cuyas actas, con el título «Vers un Code Européen de la Consommation», fueron publicadas por la editorial Bruylant (1998); esta cuestión se abordó de nuevo en el Coloquio realizado en Bologne-sur-Mer los días 14 y 15 de enero de 2000, cuyas actas fueron publicadas por la editorial Documentation Française (Paris 2002). Varios autores reflexionaron también sobre este tema en la obra de Dominique Fenouillet y Françoise Labarthe, «Faut-il recodifier le droit de la consommation?», (ECONOMICA, 2002).

(45) Dictamen CESE 105/2004; ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER (DO C 108 de 30.4.2004).

(46) Véase en este sentido y con carácter general los Dictámenes del CESE sobre Mercado Único y protección de los consumidores (Ponente: Sr. CEBALLO HERRERO, en DO C 39 de 12.2.1996)) y sobre el Libro Verde sobre la protección de los consumidores en la Unión Europea (Ponente: Sra. DAVISON, en DO C 125 de 27.5.2002)), y, en particular, los Dictámenes sobre las propuestas de Directiva relativas a la publicidad engañosa y comparativa, las ventas a domicilio, el crédito al consumo, los viajes organizados, las cláusulas abusivas, el «time-share», las ventas a distancia de bienes en general y de servicios financieros en particular, la responsabilidad del productor, las garantías al comercio electrónico y la seguridad en los productos y las prácticas comerciales desleales.

(47) Dictamen, de 26 de marzo de 2003; ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER. (DO C 133, de 6.6.2003). Por su interés no puede dejarse de mencionar el informe del Comitee for Consumer Affairs de los Países Bajos, de noviembre de 2000, sobre este tema.

(48) Como el Consejo ya había determinado en 1986 en una Resolución de 9 de junio, (DO C 184 de 23.7.1986).

(49) Dictamen, aprobado el 28 de enero de 2004 (ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER, DO C 108 de 30.4.2004). La Comisión ya había llamado la atención sobre la necesidad de mejorar el control de la aplicación de la legislación comunitaria en su Comunicación de 11 de diciembre de 2002 (COM(2002) 725 final).

(50) En el Consejo de Edimburgo de 11 y 12 de diciembre de 1992 se decidió retirar, en aplicación del principio de subsidiariedad, una serie de propuestas de Directiva en preparación, entre las cuales figuraba la antes citada (Doc. SN/456/92 anexo C a las Conclusiones de la Presidencia).

(51) Artículo 20 de la Directiva 2001/95/CE.

(52) COM(2003) 313 final, de 6.6.2003.

(53) COM(2004) 2 final, de 13.1.2004. Cf. Dictamen (ponentes: Sres. METZLER y EHNMARK). Cf. También Resolución del Consejo de 1 de diciembre de 2003 (DO C 299 de 10.12.2003).

(54) Sin perjuicio del Dictamen del CESE en esta materia (CESE 137/2005).

(55) Cf. Libro Verde sobre los servicios de interés general (COM(2003) 270 final, de 21.5.2003) y la Comunicación de la Comisión «Los servicios de interés general en Europa» (COM(1996) 443 final, de 11.9.1996).

(56) Dictamen CESE 1607/2003, de 10.12.2003 (DO C 80 de 30.3.2004) (ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER) y Dictamen CESE 605/1997, de 29.5.1997 (DO C 287 de 22.9.1997) (ponente: Sr. Van DIJK). Cf. igualmente los Dictámenes sectoriales del CESE sobre algunos servicios esenciales, entre los que destacan el Dictamen CESE 1269/1996, de 31.10.1996 (DO C 66 de 3.3.1997) sobre la energía, y, el Dictamen CESE 229/2001, de 1.3.2001 (DO C 139 de 11.5.2001) sobre los servicios de comunicaciones electrónicas (en ambos casos, ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER).

(57) En Portugal, nos hallamos ahora ante la sorpresa de la exclusión del servicio telefónico de los servicios públicos esenciales (Ley 5/2004, de 10.2.2004).

(58) COM(2004) 374 final de 12.5.2004.

(59) Reglamento relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) (COM(2003) 427 final, de 22.7.2003).

(60) Dictamen CESE 841/2004 (ponente: Sr. Von FÜRSTENWERTH, DO C 241 de 28.9.2004).

(61) Dir. 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20.5.2000, DO C L109, de 6.5.2000.

(62) Con arreglo a la Directiva, la identificación de origen del producto sólo será obligatoria cuando su omisión pueda inducir a error al consumidor. Esta formulación presenta muchas dudas y no es suficientemente clara desde el punto de vista de la seguridad jurídica.

(63) Sistema de Intercambio Rápido de Información.

(64) En este mismo sentido, véase el Dictamen del CESE sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad general de los productos», DO C 367 de 20.12.2000). Sobre los mecanismos de fiscalización del mercado, el 65 % de los encuestados los consideran adecuados y el 37 %, poco eficientes.

(65) Directiva 85/374/CEE, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legislativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad derivada de los productos defectuosos, modificada por la Directiva 99/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 1999, por la que se ampliaba el ámbito de aplicación al mercado de la electricidad.

(66) COM(1999) 396 final, de 28.7.1999.

(67) En particular, el Informe presentado por Lovells (MARKT/2001/II/D), Contract no ETD/2001/B5-3001/D/76, en el que participó también el ponente del presente documento.

(68) Directiva 85/577/CEE del Consejo de 20 de diciembre de 1985 relativa a los contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales, DO L 372 de 31.12.1985.

(69) Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 1997 relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia, DO L 144 de 4.6.1997.

(70) Apartado a) del artículo 11 de la Directiva 97/7.

(71) Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de septiembre de 2002 relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros (DO L 271, de 9.10.2002).

(72) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de las disposiciones legislativas, normativas y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito a los consumidores (COM(2002) 443 final, de 11.9.2002).

(73) El 89 % de los encuestados afirman que este derecho está consagrado en la legislación, pero el 30 % señalan que estos mecanismos no tienen aplicación efectiva.

(74) Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril, DO L 95/29, de 21.4.1993.

(75) Por lo que sabemos, el CLAB no se ha seguido actualizando y es de difícil acceso. El 52 % de los encuestados consideran suficiente la protección que se presta a los consumidores frente a las cláusulas abusivas y apenas un 19 % considera insuficiente esta protección.

(76) COM(2000) 248 final, de 6.7.2000; cf. Dictamen (ponente: Sr. ATAÍDE FERREIRA), DO C 116, de 20.4.2001.

(77) Directiva 87/102 (DO L 42, de 12.2.1987) y Directiva 98/7 (DO L 101, de 1.4.1998).

(78) Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito a los consumidores, de 17 de julio de 2003 (DO C 234 de 30.9.2003), en el que el CESE manifiesta su opinión de no aceptar que la Propuesta mantenga, a semejanza de la Directiva 87/102/CEE, como preocupación de primer plano el desarrollo del mercado interior, y que la protección de los consumidores sólo se considere necesaria en la medida en que pueda favorecer el fomento de la libre circulación de la oferta de crédito, sin que constituya un fin en sí mismo, sino solo un instrumento de desarrollo del mercado interior.

(79) (COM(2002) 443 final - 2002/0222 (COD)). En este sentido merecen citarse por su actualidad el Documento Informativo y el Dictamen de Iniciativa, de 24.4.2002 (ponente: Sr. ATAÍDE FERREIRA), DO C 149, de 21.6.2002, y las diversas reuniones en relación con este tema promovidas por la Comisión y por organizaciones nacionales de consumidores.

(80) La Recomendación de la Comisión 87/598/CEE relativa a un código europeo de buena conducta en materia de pagos electrónicos (DO L 365, de 24.12.1987) es insuficiente para proteger los intereses de los consumidores en esta materia.

(81) Comunicación de la Comisión sobre un marco jurídico relativo a los pagos en el mercado interior (COM(2003) 718 final), y el Dictamen, de 30.6.2004 (ponente: Sr. RAVOET).

(82) Cf. COM(2004) 91 final, de 12.3.2004 y el Dictamen del CESE elaborado por los miembros Sr. RETUREAU y Sra. DAVISON.

(83) Cf. COM(2004) 341 final y el Dictamen (Ponente: Sr. PEGADO LIZ).

(84) Cf. Comunicación de la Comisión sobre el Derecho europeo de contratos (COM(2001) 398 final, de 11.7.2001) y el Dictamen del CESE (ponente: Sr. RETUREAU; DO C 241, de 7.1.2002).

(85) Cf. Dictamen de iniciativa relativo al contrato de seguro (INT/202) (ponente: Sr. PEGADO LIZ).

(86) Directiva 1999/44/CE, de 25.5.1999. DO L 171 de 7.7.1999.

(87) Dictamen 743/1994, de 1.6.1994 (ponente: Sr. PROUMENS). (DO C 295 de 22.10.1994).

(88) Como ya preveía el excelente Libro Verde de la Comisión (COM(93) 509 final, de 15.11.1993), cuyo espíritu fue traicionado por la Directiva.

(89) COM(2001) 531 final; Dictamen 344/2002, de 26.2.2003 (ponente: Ann DAVISON), DO C 125, de 27.5.2002.

(90) Dictamen, de 28.1.2004 (ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER) (DO C 108 de 30.4.2004).

(91) Dictamen, (ponente: Sr. DIMITRIADIS). DO C 221, de 17.9.2002, sobre la Propuesta de Reglamento de la Comisión (COM(2001) 546 final, de 2.10.2001).

(92) El 71 % de los encuestados señalan que existen mecanismos de acceso la justicia y sólo un 29 % respondieron que no existen mecanismos específicos. Por lo que respecta a su eficacia, el 58 % los consideran adecuados y el 35 % los consideran poco eficientes.

(93) Directiva 98/27/CE, de 19.5.1998 (DO L 166, de 11.6.1998), ya en versión codificada (COM(2003) 241 final de 12.5.2003).

(94) Por lo que respecta a las reglas de la exención de costas procesales para las asociaciones de defensa de los consumidores, el 73 % de los encuestados respondieron que no existe.

(95) Dictamen del CESE sobre el Libro Verde sobre formas alternativas de resolución de litigios en materia civil y comercial (COM(2002) 196, de 19.4.2002) (ponente: Sr. MALOSSE); – DO C 85, de 8.4.2003. En su seguimiento, el CESE está a la espera de la publicación del informe sobre el funcionamiento de EEJ-NET; no obstante, señala ya la necesidad de aumentar su operatividad.

(96) El 78 % de los encuestados afirman que existen mecanismos alternativos de resolución de conflictos y sólo el 33 % respondieron negativamente.

(97) Recomendación 98/257/CE de 30 de mayo, relativa a los principios aplicables a los organismos responsables de la resolución extra judicial de litigios de consumo (DO L 115, de 17.4.1998) y Recomendación 2001/310/CE de 4 de abril de 2001 (DO L 109, de 19.4.2001).

(98) Doc. 9179/99 + con 1-99/00806 del Consejo (- DO C 75 de 15.3.2000) (ponente: Sr. REVOET) y que constituye hoy el Reglamento CE (DO L 160/1, de 30.6.2000).

(99) Reglamento CE 44/2001 (DO L 12, de 16.1.2001).

(100) COM(2003) 427 final, de 22.7.2003.

(101) COM(2003) 654 final, (ponente del Dictamen CESE: Sr. PEGADO LIZ). (Dictamen CESE 88/2004, en DO C 108 de 30.4.2004).

(102) COM(2001) 705 final, de 22.11.2001 (ponente: Sr. ATAÍDE FERREIRA; DO C 36 de 8.2.2002).

(103) Dictamen «Estrategia en materia de política de los consumidores» (DO C 95 de 23.4.2003; ponente, Sra. Davison) y Dictamen «Marco para la financiación de la política de los consumidores 2004-2007» (DO C 234 de 30.9.2003; ponente, Sr. HERNÁNDEZ BATALLER).