COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 6.6.2012 COM(2012) 280 final 2012/0150(COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se establece un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y empresas de inversión, y por la que se modifican las Directivas 77/91/CEE y 82/891/CE del Consejo, las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE y 2011/35/CE y el Reglamento (UE) nº 1093/2010 (Texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2012) 166 final}

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA La crisis financiera ha puesto a prueba la capacidad de las autoridades nacionales y de la Unión para gestionar los problemas de las entidades bancarias. Mientras tanto, los mercados financieros en la Unión se han integrado de tal manera que las perturbaciones sufridas en un Estado miembro pueden transmitirse rápidamente a otros. En este contexto, la Comisión presentó una Comunicación en octubre de 2010 preparando el camino a un marco de la Unión para la gestión de la crisis del sector financiero. Este marco dotaría a las autoridades de los instrumentos y competencias necesarias para abordar las crisis bancarias de forma preventiva, salvaguardar la estabilidad financiera y minimizar la exposición del contribuyente a riesgos de pérdidas por motivos de insolvencia. A nivel internacional, los líderes del G-20 han abogado por una «revisión de los regímenes de resolución y de la legislación sobre quiebras a la luz de la experiencia reciente a fin de garantizar que permitan una liquidación ordenada de las entidades transfronterizas complejas y de grandes dimensiones». En noviembre de 2011 respaldaron en Cannes el documento del Consejo de Estabilidad Financiera relativo a las características esenciales para unos mecanismos eficaces de resolución de entidades financieras («Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions»). En él se exponen los elementos que, de acuerdo con dicho Consejo, deben caracterizar un sistema de resolución eficaz. Su puesta en práctica permitiría que las autoridades procedieran a la resolución de entidades financieras de una forma ordenada y sin exponer a pérdidas al contribuyente de resultas de problemas de solvencia, manteniendo al mismo tiempo la continuidad de sus funciones económicas vitales. En junio de 2012, el G 20 se propone emprender una evaluación del avance en la aplicación de estas disposiciones en los distintos Estados. En junio de 2010, el Parlamento Europeo adoptó un informe por propia iniciativa sobre las recomendaciones en materia de gestión de crisis transfronteriza en el sector bancario. En él puso de relieve la necesidad de contar con un marco a escala de la Unión para gestionar la situación de bancos en situación de crisis financiera y recomendó avanzar hacia una mayor integración y coherencia en el terreno de los requisitos y los acuerdos de resolución aplicables a las entidades transfronterizas. En diciembre de 2010, el Consejo (ECOFIN) adoptó unas conclusiones que abogaban por la instauración de un marco de prevención, gestión y resolución de crisis en la Unión. Las conclusiones subrayan que el marco debe aplicarse a bancos de todos los tamaños y ha de mejorar la cooperación transfronteriza y estar compuesto por tres pilares (medidas preparatorias y preventivas, intervención temprana e instrumentos y competencias de resolución). Su objetivo debe ser «preservar la estabilidad financiera protegiendo la confianza del público y del mercado; atender, ante todo, a la prevención y preparación; dotarse de herramientas de resolución creíbles; actuar con rapidez y determinación; reducir el riesgo moral y reducir al mínimo posible los costes globales para las arcas públicas, garantizando un reparto de la carga equitativo entre los accionistas de las entidades financieras; contribuir a facilitar la resolución de los grupos transfronterizos; garantizar la seguridad jurídica, y limitar el falseamiento de la competencia». Además, un grupo de alto nivel deberá presentar su informe a la Comisión en el segundo semestre de 2012 decidiendo si, aparte de las reformas reglamentarias actualmente en curso en el sector bancario, deberían establecerse reformas estructurales que fortalecieran la estabilidad financiera y mejoraran la eficiencia y la protección de los consumidores. Las propuestas del grupo se evaluarán por separado cuando finalicen los trabajos. Por último, el 30 de mayo de 2012, la Comisión indicó que iniciaría un proceso de «planificación de los principales pasos hacia una unión económica y monetaria total, lo que supone, entre otras cosas, avanzar hacia una unión bancaria que comportaría una supervisión financiera integrada y un sistema de garantía de depósitos único». 2.RESULTADOS DE LAS CONSULTAS A LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIONES DE IMPACTO Entre 2008 y 2012, los servicios de la Comisión organizaron una serie de consultas y debates con expertos y con las principales partes interesadas acerca del rescate y resolución de los bancos. En enero de 2011 se publicó, de cara a la celebración de consultas, un documento de trabajo de los servicios de la Comisión en el que se describían en detalle las posibles opciones políticas examinadas por dichos servicios; se trata de la última consulta pública antes de la adopción de la propuesta. La consulta finalizó el 3 de marzo de 2011. Respecto a uno de los instrumentos de resolución, la llamada recapitalización o depreciación de la deuda, en abril de 2012 se organizaron debates específicos con expertos de los Estados miembros, del sector bancario, del ámbito docente y del jurídico. Las discusiones se centraron en los parámetros clave del instrumento de depreciación de la deuda, incluidos, en particular, el elemento desencadenante de la resolución, el ámbito de aplicación de la recapitalización, su nivel mínimo potencial, la resolución de grupos y los derechos adquiridos. Los documentos relativos a las consultas públicas pueden consultarse en el sitio web de la Comisión Europea . Sobre esta base, la Comisión ha elaborado la propuesta legislativa adjunta. Los servicios de la Comisión han realizado una evaluación del impacto de la propuesta, que puede consultarse en el sitio web de la Comisión Europea. El Comité de evaluación de impacto (CEI) expresó sus observaciones en su primer y segundo dictamen en mayo y junio de 2011; tales observaciones se han tenido presentes. Además, el texto de la EI ha sido actualizado con el fin de reflejar la evolución más reciente en los foros internacionales, así como la incorporación de los resultados de los debates sobre el instrumento de recapitalización, que tuvieron lugar en abril de 2012. Concretamente, la revisión de la EI mejora la presentación del contexto jurídico e institucional porque pormenoriza las responsabilidades de los supervisores nacionales y las autoridades de resolución y la relación entre la propuesta de recapitalización y los requisitos de la futura IV Directiva en materia de requisitos de capital. El texto de la EI expone mejor el contenido de las opciones, en particular la relacionada con el instrumento de recapitalización/depreciación de la deuda. Se han incluido también comentarios sobre el impacto del instrumento de recapitalización en los costes de financiación de los bancos y empresas no financieras (PYME). Se ha completado asimismo una sección relativa a la coherencia de la propuesta con otras propuestas legislativas. Por último, se han precisado las modalidades de supervisión y evaluación, seleccionando los indicadores sobre los que es más necesario efectuar un seguimiento.



Las conclusiones de la evaluación de impacto son las siguientes: El marco de resolución bancaria de la Unión persigue los objetivos de fomento de la estabilidad financiera, reducción del riesgo moral, protección de los depositantes y los servicios bancarios esenciales, ahorro de dinero público y protección del mercado interior de entidades financieras. Se espera que el marco tenga repercusiones sociales positivas: en primer lugar, reduciendo la probabilidad de una crisis del sistema bancario y evitando las pérdidas de bienestar económico que siguen a una crisis bancaria; y, en segundo lugar, minimizando la exposición del contribuyente a pérdidas resultantes del respaldo prestado a las entidades con problemas de solvencia. Los costes de dicho marco son debidos a un previsible aumento de los costes de financiación de las entidades debido a la supresión de la certidumbre implícita de la existencia de apoyo estatal, y a los costes asociados a los fondos de resolución. Las entidades podrían trasladar este aumento de costes a los clientes o a los accionistas reduciendo los tipos de interés de los depósitos, aumentando los tipos aplicados a sus préstamos y sus comisiones o reduciendo la rentabilidad de sus acciones. Sin embargo, la acción de la competencia mitigaría una repercusión plena de este aumento de costes por parte de las entidades. Los beneficios potenciales del marco en términos de bienestar económico a largo plazo y de reducción de riesgo de crisis sistémica son sustancialmente superiores a los costes potenciales. 3.Exposición general: un marco para el rescate y la resolución Necesidad de un marco efectivo para el rescate y la resolución Los bancos y las empresas de inversión (denominados en lo sucesivo, «entidades») prestan servicios esenciales a los ciudadanos, las empresas y la economía en general (tales como custodia de fondos, concesión de préstamos, puesta a disposición de sistemas de pago). En gran parte funcionan sobre una base de confianza; pero esta confianza puede deteriorarse rápidamente si sus clientes y contrapartes consideran que han perdido la capacidad de cumplir sus obligaciones. En caso de quiebra, los bancos deberían ser objeto de liquidación con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios. Ahora bien, el alto grado de interdependencia que existe entre las entidades crea un riesgo de crisis sistémica si en un banco surgen problemas que repercuten en cascada en el conjunto del sistema. A causa de este riesgo sistémico y de la importancia que reviste la función económica desempeñada por las entidades, los procedimientos de insolvencia ordinarios pueden no resultar adecuados en algunos casos y la ausencia de instrumentos eficaces para gestionar las entidades en crisis ha requerido demasiadas veces la utilización de fondos públicos para restablecer la confianza incluso en entidades relativamente modestas con el objeto de evitar un efecto dominó sobre otras entidades, perjudicando seriamente la economía real.

Por consiguiente, es necesario un marco estratégico efectivo para gestionar las quiebras bancarias de manera ordenada y evitar el contagio de otras entidades. El objetivo de este marco sería dotar a las autoridades pertinentes de unos instrumentos y competencias comunes y eficaces con el fin de abordar las crisis bancarias de forma preventiva, salvaguardando así la estabilidad financiera y reduciendo al mínimo la exposición a pérdidas de los contribuyentes. Preparación y prevención, intervención temprana y resolución Para ello, las competencias de que deben disponer las autoridades competentes han de contar con tres elementos: (i) unas medidas preparatorias y planes para minimizar problemas potenciales (preparación y prevención); (ii) en caso de aparición de problemas, unas competencias que permitan detener el deterioro de la situación del banco en una fase temprana con el fin de evitar su insolvencia (intervención temprana); (iii) si la insolvencia de una entidad es motivo de preocupación por lo que respecta a la defensa del interés público general (definido en los artículos 27 y 28), un medio eficaz para reorganizar o liquidar el banco de forma ordenada, manteniendo al mismo tiempo sus funciones esenciales y limitando al máximo la exposición de los contribuyentes a pérdidas por insolvencia (resolución). Conjuntamente, estas competencias constituyen un marco eficaz para el rescate y, en su caso, la resolución de las entidades. Como el riesgo que presenta un determinado banco para la estabilidad financiera no puede ser previsto de antemano, estas competencias deben estar a disposición de las autoridades pertinente frente a cualquier banco, con independencia de su tamaño o ámbito de actividades. Resolución: un régimen de insolvencia especial para las entidades En la mayoría de los países, multitud de entidades bancarias y no bancarias en dificultades son objeto de procedimientos de insolvencia ordinarios. Estos procedimientos permiten, bien la reorganización de la empresa (lo que implica una reducción de su deuda, acordada con los acreedores), o su liquidación y la asignación de las pérdidas a los acreedores, o ambas posibilidades. En todos estos casos los acreedores y los accionistas no son reembolsados en la totalidad. Ahora bien, la experiencia adquirida de diferentes crisis bancarias indica que la normativa de insolvencia no siempre es idónea para hacer frente eficazmente a la quiebra de entidades financieras, ya que no se tiene debidamente en cuenta la necesidad de evitar perturbaciones en la estabilidad financiera, de mantener los servicios esenciales o de proteger a los depositantes. Además, los procedimientos de insolvencia son muy largos y, en el caso de la reorganización, requieren acuerdos y negociaciones complejos con los acreedores, con el perjuicio potencial que ello supone para los deudores y los acreedores en términos de retrasos, costes y resultados. La resolución constituye una alternativa a los procedimientos de insolvencia ordinarios y un medio para reestructurar o liquidar un banco cuya quiebra podría plantear problemas para el interés público general (a saber, trastornar la estabilidad financiera, la continuidad de las funciones esenciales de un banco o la seguridad de sus depósitos, los activos de los clientes y los fondos públicos). Por consiguiente, la resolución debe alcanzar, respecto a las entidades, unos resultados similares a los de los procedimientos de insolvencia ordinarios, y tener en cuenta la normativa en materia de ayudas estatales de la Unión en términos de asignación de pérdidas entre accionistas y acreedores, salvaguardando al mismo tiempo la estabilidad financiera y limitando la exposición del contribuyente a pérdidas derivadas del respaldo prestado en caso de insolvencia. En este proceso debe también garantizarse la seguridad jurídica, la transparencia y la predecibilidad en cuanto al trato recibido por los accionistas y los acreedores del banco, y debe preservarse el valor, que, en caso de quiebra, podría perderse totalmente. Por otro lado, al desaparecer la seguridad implícita de rescate público de las entidades, la posibilidad de resolución empujaría a los acreedores no asegurados a evaluar mejor los riesgos que acarrean sus inversiones. Finalmente, si se vela por que el establecimiento de los mecanismos nacionales de financiación de las resoluciones se ajuste a la normativa en materia de ayudas estatales, los objetivos globales del marco de la resolución podrán cumplirse. Equilibrio entre la previsibilidad para los inversores y el margen de discrecionalidad de las autoridades Para salvaguardar los derechos de propiedad existentes, un banco debe entrar en el proceso de resolución en un punto muy próximo a la insolvencia, es decir, cuando esté al borde de la quiebra. Sin embargo, el juicio relativo al punto de entrada en el proceso de resolución puede depender de diferentes factores y variables ligados a las condiciones imperantes en el mercado o a factores idiosincráticos de liquidez o solvencia, lo que conlleva la necesidad de que la autoridad de resolución disponga de un cierto margen de discrecionalidad. De igual modo, las medidas concretas que se adopten en la resolución no deben estar predeterminadas para un determinado banco sino que deben tomarse sobre la base de las circunstancias específicas. Es necesario un marco uniforme para toda la Unión, dotado de instrumentos, principios y procedimientos similares, al objeto de propiciar una convergencia suficiente en la forma en que las autoridades nacionales aplican la resolución. Al elaborar este marco debe encontrarse un equilibrio entre el margen de discrecionalidad de que deben disponer los supervisores para reflejar las especificidades de cada caso particular, la necesidad de garantizar unas condiciones de competencia equitativas y la de preservar la integridad del mercado único. Debe confiarse claramente a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) el cometido de elaborar directrices y normas técnicas para garantizar una aplicación uniforme de las competencias de resolución, para participar en la planificación de la resolución de entidades transfronterizas y para desempeñar el papel de mediador con carácter vinculante entre las autoridades nacionales en caso de desacuerdo acerca de la aplicación del marco. Por último, para que las resoluciones concluyan con éxito son necesarios fondos suficientes, por ejemplo para emitir garantías o facilitar préstamos a corto plazo a las partes críticas a fin de que una entidad objeto de resolución recobre la viabilidad. Estos fondos deben, como una cuestión de principio, proceder del sector bancario con arreglo a métodos equitativos y proporcionados y, en la medida de lo posible (teniendo en cuenta el coste económico) aportados por anticipado. Considerados conjuntamente, estas medidas garantizarían que, independientemente de la acción de resolución emprendida, su coste corra fundamentalmente a cargo de las propias entidades y de sus propietarios e inversores. Mercado interior - tratamiento de los grupos transfronterizos Los grupos transfronterizos están compuestos por entidades establecidas en Estados miembros diferentes. El marco de resolución reconoce que la existencia de grupos transfronterizos en Europa es uno de los motores principales de la integración de los mercados financieros de la Unión. El marco establece normas particulares para los grupos transfronterizos que van de la preparación y la prevención (artículos 7, 8, 11, 12 y 15), a la intervención temprana (artículo 25) y la fase de resolución (artículos 80 a 83). Establece también normas referentes a la transferencia de activos entre las entidades vinculadas a un grupo en periodos de tensión financiera (artículos 16 a 22). Las normas relativas a los grupos se proponen lograr un equilibrio entre los intereses ligados a la resolución eficaz de un grupo y la protección de la estabilidad financiera, tanto en los Estados miembros en los que opera el grupo como en la Unión. Establecer unos métodos eficaces para la resolución de grupos transfronterizos es la única manera de lograr la estabilidad financiera en la Unión y de mejorar así el funcionamiento del mercado único, incluidos los periodos de crisis. Más en concreto, y sin desatender las salvaguardas que necesitan los Estados miembros de acogida, si se pretende lograr la resolución rápida y eficaz de un grupo, reduciendo al mínimo la pérdida de valor para el mismo, es fundamental reconocer un papel fundamental a la autoridad de resolución a nivel de grupo. A pesar de la importancia del papel asignado a la autoridad de resolución a nivel de grupo, los intereses de las autoridades de resolución de acogida deben ser tenidos en cuenta, y ello a través de: a) el establecimiento de acuerdos de cooperación entre las autoridades de resolución mediante la creación de los colegios de autoridades de resolución; b) el reconocimiento de que, a la hora de tomar decisiones relativas a los grupos, ha de tenerse en cuenta la estabilidad financiera de todos los Estados miembros en los que opera el grupo; c) el establecimiento de un proceso de toma de decisiones en el que todas las autoridades puedan exponer su parecer, garantizando al mismo tiempo que la decisión relativa a la resolución del grupo sea única; d) el establecimiento de mecanismos de resolución de conflictos entre las autoridades de resolución (mediación de la ABE). La ABE ejercerá un papel de mediación con carácter vinculante de conformidad con lo previsto en el Reglamento n° 1093/2010 (Reglamento de la ABE), en particular su artículo 19. En este contexto, todas las normas pertinentes de dicho Reglamento se aplican, incluidos los artículos 38 y 44, apartado 1. Todos estos mecanismos deberán garantizar que la resolución de un grupo, o la concesión de apoyo financiero entre entidades vinculadas, no sean perjudiciales para ninguna parte de los grupos, así como que se tenga en cuenta la estabilidad financiera del Estado miembro donde está situada una filial. 4.ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 4.1.Base jurídica La base jurídica de esta propuesta es el artículo 114 del TFUE, que permite la adopción de medidas para la aproximación de las disposiciones nacionales que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. La propuesta armoniza las legislaciones nacionales en materia de rescate y resolución de entidades de crédito y empresas de inversión en la medida necesaria para garantizar que los Estados miembros dispongan de los mismos instrumentos y procedimientos para abordar quiebras sistémicas. De este modo, el marco armonizado fomentaría la estabilidad financiera en el mercado interior garantizando una capacidad mínima de resolución a las entidades de todos los Estados miembros y facilitando la cooperación entre autoridades nacionales para hacer frente a la quiebra de grupos bancarios transfronterizos.

Por consiguiente, el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea constituye la base jurídica apropiada. 4.2.Subsidiariedad Con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5, apartado 3, del Tratado UE, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, puedan alcanzarse mejor a escala de la Unión. Únicamente una intervención a escala de la Unión puede garantizar que los Estados miembros apliquen medidas compatibles para ocuparse de las entidades en graves dificultades. Aunque el sector bancario de la Unión está altamente integrado, los sistemas para afrontar las crisis bancarias son de carácter nacional y divergen notablemente entre ellos. Actualmente, muchos sistemas jurídicos nacionales no confieren a las autoridades las facultades necesarias para liquidar las entidades financieras de forma ordenada, manteniendo los servicios esenciales para la estabilidad financiera y minimizando la exposición del contribuyente a pérdidas resultantes del respaldo prestado a entidades con problemas de solvencia. La existencia de divergencias en las legislaciones nacionales no permite abordar adecuadamente la dimensión transfronteriza de las crisis, complicando los acuerdos entre el país de origen y el de acogida. Además, la existencia de importantes diferencias en los procedimientos nacionales de resolución podría dar lugar a riesgos inaceptables para la estabilidad financiera y poner en peligro la resolución eficaz de los grupos transfronterizos. Como el establecimiento de un régimen de resolución adecuado a nivel de la Unión requiere una armonización considerable de las prácticas y procedimientos nacionales, es conveniente que la Unión sea la encargada de las propuestas legislativas necesarias. Pero como la resolución de las crisis bancarias está estrechamente relacionada con áreas no armonizadas de las legislaciones nacionales, tales como el derecho de quiebras y el derecho de propiedad, una directiva es el instrumento jurídico más apropiado, dado que es necesaria una transposición que garantice una aplicación del marco que permita alcanzar los efectos deseados dentro de las particularidades de cada normativa nacional. 4.3.Proporcionalidad Conforme al principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no deberán exceder de lo estrictamente necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. En principio, un banco en quiebra debería estar sujeto a unos procedimientos de insolvencia ordinarios al igual que cualquier otra empresa. Sin embargo, el sector bancario es distinto a otros sectores de la economía ya que ejerce funciones esenciales para la economía y es especialmente vulnerable a las crisis sistémicas. Por ello, la liquidación de un banco pueden tener consecuencias más graves que la salida del mercado de otras empresas. Esto puede justificar el recurso a normas y procedimientos especiales en caso de crisis bancaria. Como la importancia sistémica de la quiebra de un banco no puede preverse con certeza total, la propuesta de marco de gestión de crisis debe aplicarse en principio a todas las entidades bancarias, con independencia de su tamaño y complejidad. Si bien es cierto que la quiebra de una entidad cuyo tamaño, importancia y nivel de interconexión son de ámbito mundial podría causar perturbaciones importantes en todo el sistema financiero y repercusiones económicas negativas en una serie de países, también es evidente que la quiebra simultánea, en un contexto de crisis generalizada, de muchas entidades pequeñas que constituyen una parte importante del sector bancario de un país, pueden también tener efectos devastadores sobre la economía. El marco garantiza que los supervisores y las autoridades de resolución cuenten con normas especiales y procedimientos para tratar eficazmente la quiebra o el peligro de quiebra de cualquier banco en circunstancias de riesgo sistémico. Sin embargo, en el contexto de los planes de rescate y resolución, las autoridades nacionales tendrán también en cuenta el riesgo, tamaño y grado de interconexión de un banco y, cuando utilicen los diferentes instrumentos a su disposición, se asegurarán de que el régimen se aplique de manera adecuada. Las disposiciones son por lo tanto proporcionadas a los objetivos perseguidos. Por otro lado, las limitaciones al derecho de propiedad que puede implicar el ejercicio de las facultades propuestas deben ser compatibles con la Carta de Derechos Fundamentales según la interpretación del Tribunal Europeo de Justicia. Por esa razón, la activación de la resolución debe coincidir lo más posible con el momento de la insolvencia, y el uso de las competencias de resolución debe limitarse a lo necesario para alcanzar los objetivos de interés general, en particular la protección de la estabilidad financiera en la Unión. 4.4.Explicación detallada de la propuesta 4.4.1.Objeto y ámbito de aplicación (artículo 1) La propuesta aborda la gestión de las crisis (preparación, rescate y resolución) en relación con todas las entidades de crédito y algunas empresas de inversión. El ámbito de aplicación de la propuesta es idéntico al de la Directiva sobre requisitos del capital (DRC), que armoniza los requisitos prudenciales de las entidades, incluidas las entidades financieras pertenecientes a un grupo bancario, y las empresas de inversión. Las empresas de inversión deben incluirse en el marco, dado que, como ha demostrado el caso de Lehman Brothers, su quiebra puede tener graves consecuencias sistémicas. Por otro lado, las autoridades de resolución aplicarán también sus competencias a las sociedades de cartera cuando una o varias filiales de una entidad de crédito o empresa de inversión cumpla las condiciones de resolución y cuando sea necesaria la aplicación de los instrumentos y competencias de resolución respecto a una o varias filiales de una entidad matriz o respecto al grupo en su conjunto. 4.4.2.Autoridades de resolución (artículo 3) La propuesta requiere que los Estados miembros confieran competencias de resolución a las autoridades administrativas públicas para garantizar el logro de los objetivos marco en el tiempo requerido. La propuesta no especifica la autoridad concreta que será designada autoridad de resolución, dado que ello no es necesario para garantizar una resolución efectiva e interferiría con las disposiciones constitucionales y administrativas de los Estados miembros. Por lo tanto, los Estados miembros tienen la facultad de designar como autoridad de resolución, por ejemplo, al banco central, a supervisores financieros, a la autoridad que rige los sistemas de garantía de depósitos, al Ministerio de Hacienda o a una unidad especial. Las autoridades responsables de la resolución habrán de disponer de experiencia y recursos adecuados para gestionar la resolución de crisis bancarias a nivel nacional y transfronterizo. Dada la probabilidad de conflictos de intereses, es imperativa la separación de funciones entre las actividades de resolución y las demás actividades de una autoridad designada. 4.4.3.Planes de rescate y resolución (artículos 5 a 13) Una intervención temprana, basada en los oportunos planes de rescate, puede impedir la agravación de los problemas y reducir el riesgo de quiebra bancaria. Las entidades deberán elaborar planes de rescate estableciendo acuerdos y medidas que les permitan adoptar medidas precoces para restaurar su viabilidad a largo plazo en caso de grave deterioro de su situación financiera. Los grupos deberán elaborar planes a nivel de grupo y a nivel de cada entidad componente del mismo. Los supervisores evaluarán y aprobarán los planes de rescate. Los planes permitirán la resolución de una entidad minimizando la exposición del contribuyente a pérdidas resultantes del respaldo prestado a las entidades con problemas de solvencia. Un plan de resolución, preparado por las autoridades de resolución en cooperación con los supervisores en coyunturas normales, determinará las opciones con que cuenta la resolución de la crisis de la entidad en una serie de escenarios diferentes, con inclusión de la crisis sistémica. Tales planes deberán incluir detalles relativos a la aplicación de instrumentos de resolución y a las formas de garantizar la continuidad de las funciones esenciales. Los planes de resolución del grupo incluirán un plan para el grupo y planes para cada una de sus entidades componentes. 4.4.4.Competencias para abordar o eliminar los obstáculos a la resolución (artículos 14 a 16)

Sobre la base del plan de resolución, las autoridades de resolución evaluarán si una entidad puede ser objeto de resolución. Si las autoridades responsables de la resolución detectan obstáculos significativos que dificultan la resolución de una entidad o grupo, podrán requerirle que adopte medidas tendentes a facilitar tal resolución. Entre tales medidas podrían estar las siguientes: reducir su complejidad mediante modificaciones de su estructura legal u operativa con objeto de garantizar que las funciones esenciales puedan separarse jurídica y económicamente de otras funciones; establecer acuerdos de servicio para cubrir la realización de funciones esenciales; limitar el riesgo estableciendo un nivel máximo a nivel individual y agregado; imponer obligaciones de notificación; limitar las actividades existentes o propuestas o poner fin a las mismas; restringir o impedir el desarrollo de nuevos productos o ramos de actividad; y emitir nuevos instrumentos de capital convertibles. La evaluación de la pertinencia de la resolución de grupos se basará en un trabajo de coordinación, consulta y evaluación conjunta realizado entre las autoridades de resolución de grupo y las autoridades de resolución de las filiales, otras autoridades competentes y la ABE. Para garantizar que la evaluación de la pertinencia de la resolución y la utilización de las competencias de prevención de las autoridades pertinentes se apliquen uniformemente en todos los Estados miembros, la ABE desempeñará un papel fundamental. Concretamente, deberá elaborar proyectos de normas técnicas que determinen los parámetros necesarios para la evaluación del impacto sistémico de los planes de resolución, así como proyectos de normas técnicas que especifiquen las cuestiones que han de examinarse para evaluar la oportunidad de proceder a la resolución de una entidad o grupo. 4.4.5.Ayudas financieras dentro de un grupo (artículos 17-23) La propuesta se propone solventar algunas disposiciones jurídicas que en la actualidad restringen la concesión de ayudas financieras entre entidades del mismo grupo. Las entidades que operen en una estructura de grupo podrán celebrar acuerdos que contemplen el suministro de ayuda financiera (en forma de préstamo, concesión de garantías, o suministro de activos utilizables como garantía en transacciones) a otras entidades del grupo que sufran dificultades financieras. Esta ayuda financiera precoz podrá atajar el desarrollo de problemas financieros entre los miembros del grupo. El acuerdo podrá ser presentado de antemano para su aprobación por la junta de accionistas de todas las entidades participantes de acuerdo con la normativa nacional y autorizará a los órganos gestores a proporcionar ayuda financiera en caso necesario con arreglo a las condiciones del acuerdo. Esto permitiría aumentar la seguridad jurídica porque se conocería claramente cuándo y de qué forma va a facilitarse la referida ayuda. Los acuerdos son voluntarios, lo que permitirá a los grupos bancarios estimar si aquellos redundan en beneficio del grupo (un grupo puede estar más o menos integrado y perseguir con mayor o menor determinación una estrategia común) e identificar a las empresas que participarían en el mismo (puede ser conveniente excluir a las empresas que realicen actividades de mayor riesgo). Como mecanismo de salvaguarda, el supervisor del transmitente estará facultado para prohibir o restringir la ayuda financiera estipulada en el acuerdo cuando dicha transmisión ponga en peligro la liquidez o solvencia del transmitente o la estabilidad financiera. 4.4.6.Intervención temprana – administración especial (artículos 23-26) La propuesta amplía las competencias de los supervisores a una intervención temprana en los casos en que la situación financiera o la solvencia de una entidad se esté deteriorando. Las facultades contempladas en la propuesta complementan a las conferidas a los supervisores en virtud del artículo 136 de la DRC. Estas competencias no suponen un menoscabo de los derechos o de los requisitos de procedimiento establecidos de acuerdo con el derecho de sociedades. La facultad de intervención temprana incluye la posibilidad de pedir a la entidad que aplique los acuerdos y medidas establecidos en el plan de rescate, elaborar un programa de acción común con su calendario de aplicación, pedir a la dirección que convoque, o convocar directamente, junta general de accionistas, proponer el orden del día y la adopción de ciertas decisiones, y pedir a la entidad que establezca un plan de reestructuración de su deuda con sus acreedores. Por otro lado, cuando se considere que la solvencia de una entidad ha alcanzado un determinado nivel de riesgo, el supervisor tendrá la facultad de nombrar por un periodo limitado a un administrador especial. Su principal función será restaurar la situación financiera de la entidad y una gestión sólida y prudente de sus actividades. El administrador especial reemplazará a los directivos de la entidad y asumirá todas sus competencias, sin menoscabo de los derechos de los accionistas ordinarios. La facultad de nombrar un administrador especial será un elemento de disciplina para la dirección y los accionistas y un medio de promover soluciones dentro del sector privado para problemas que, de no resolverse, podrían llevar a la quiebra de la entidad. 4.4.7.Condiciones de resolución (artículo 27) La propuesta establece parámetros comunes para la activación de los instrumentos de resolución. Las autoridades podrán intervenir en caso de insolvencia o casi insolvencia de una entidad, es decir, cuando, de no tomar ninguna medida, la entidad sería insolvente de forma inminente. Al mismo tiempo, es necesario garantizar que solo se activen medidas de intervención cuando esté justificada la interferencia con los derechos de las partes interesadas. Por lo tanto, deberán aplicarse medidas de resolución únicamente si la entidad está en graves dificultades o en peligro de quiebra y no se dispone de ninguna otra solución que permita restablecer la entidad en un plazo adecuado. Por otra parte, la intervención con medidas de resolución ha de estar justificada por razones de interés público, en el sentido del artículo 28. 4.4.8.Principios generales – Evitación de perjuicios suplementarios para los acreedores (artículo 29) El marco establece una serie de principios generales que las autoridades de resolución deberán respetar. Estos principios atañen, entre otras cosas, el reparto de las pérdidas y el trato de los accionistas y los acreedores, así como las consecuencias que la utilización de los instrumentos podría tener sobre la gestión de la entidad. El marco establece que, una vez determinadas en el proceso de valoración (artículo 30), las pérdidas se distribuirán entre los accionistas y los acreedores de la entidad con arreglo a una jerarquía de créditos establecida por cada régimen nacional de insolvencia. No obstante, tal como se ha señalado anteriormente (véase el punto 3), los regímenes de insolvencia ordinarios no tienen suficientemente en cuenta la estabilidad financiera u otros imperativos de interés público. Por lo tanto, el marco de resolución establece determinados principios para el reparto de pérdidas que deben respetarse, independientemente de lo que disponga cada régimen nacional de insolvencia. Estos principios son: a) que las pérdidas deben asignarse en su totalidad, en primer lugar a los accionistas, y a continuación a los acreedores, y b) que los acreedores de la misma categoría pueden ser tratados de forma desigual si está justificado por razones de interés público y, en particular, con el fin de fortalecer la estabilidad financiera. Estos principios se aplican a todos los instrumentos de resolución. Además, y por lo que se refiere al instrumento de recapitalización, el marco establece una jerarquía de créditos más detallada (artículo 43). Esta jerarquía más detallada complementará y, en caso necesario, sustituirá a la establecida en cada normativa nacional de insolvencia. En aquellos casos en que los acreedores reciban menos en términos económicos que si la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a procedimientos de insolvencia ordinarios, las autoridades han de asegurarse de que se les reembolse la diferencia. Esta compensación, caso de haberla, será abonada por el fondo de resolución. El principio de que las pérdidas deben asignarse en primer lugar a los accionistas y a continuación a los acreedores, junto con el hecho de que la acción de resolución debe ser emprendida antes de recurrir a ayudas financieras públicas extraordinarias, permite en principio garantizar la consecución del objetivo de minimizar la exposición a pérdidas de los contribuyentes (artículo 29). 4.4.9.Valoración (artículo 30) La aplicación de los instrumentos y competencias de resolución está basada en una evaluación del valor real de los activos y los pasivos de la entidad en peligro de quiebra. A tal fin, el marco incorpora una valoración basada en el principio del valor de mercado. Esto garantizará que las pérdidas se reconozcan en el momento en que la entidad entre en un proceso de resolución.

La valoración deberá ser efectuada por un experto independiente, a menos que haya razones de urgencia, en cuyo caso las autoridades de resolución procederían a una evaluación provisional que, posteriormente, sería complementada por una valoración definitiva con la participación de un experto independiente. Las autoridades de resolución han recibido las competencias necesarias para modificar sus acciones de resolución de acuerdo con las eventuales discrepancias, caso de existir, entre la valoración provisional y la definitiva. 4.4.10.Competencias e instrumentos de resolución (artículos 31-64) Cuando se satisfagan las condiciones para activar el procedimiento de resolución, las autoridades responsables de la solución podrán aplicar los siguientes instrumentos de resolución: (a)la venta de actividades; (b) la constitución de una entidad puente; (c)la segregación de activos; (d)la recapitalización. Con el fin de aplicar estos instrumentos, las autoridades de resolución tendrán la facultad de tomar el control de una entidad que ha quebrado o se encuentra en graves dificultades, asumir el papel de los accionistas y directivos, transferir activos y pasivos y ejecutar contratos. Los instrumentos de resolución pueden aplicarse por separado o conjuntamente. Todos conllevan un cierto grado de reestructuración del banco. La reestructuración no viene únicamente de la mano del instrumento de recapitalización. La segregación de activos debe aplicarse siempre en conjunción con algún otro instrumento (artículo 32). Cuando proceda, el uso de cualquiera de los instrumentos de resolución deberá ajustarse al marco de ayudas estatales de la Unión. A este respecto, todo eventual recurso a ayudas públicas y/o a la utilización de los fondos de resolución con el fin de asistir a la resolución de entidades en peligro de quiebra deberá ser notificado a la Comisión y evaluado de conformidad con las disposiciones en materia de ayudas estatales del Estado de que se trate al objeto de comprobar su compatibilidad con el mercado interior. La propuesta establece un conjunto mínimo de instrumentos de resolución que todos los Estados miembros habrán de adoptar. Sin embargo, las autoridades nacionales podrán utilizar, además, instrumentos y competencias específicamente nacionales para el tratamiento de entidades en graves dificultades siempre que sean compatibles con los principios y objetivos del marco de resolución de la UE y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no obstaculicen una resolución de grupo efectiva. Las autoridades nacionales de resolución solo podrán recurrir a los instrumentos y facultades nacionales si pueden justificar que los instrumentos del marco de la Unión no les permiten, ni aislada ni conjuntamente, emprender una acción de resolución efectiva. La venta de actividades permitirá a las autoridades de resolución efectuar una venta de la entidad o de la totalidad a una parte de sus actividades en condiciones comerciales sin requerir el consentimiento de los accionistas o tener que cumplir exigencias de procedimiento que se aplicarían en otras circunstancias. En la medida en que las circunstancias lo permitan, las autoridades responsables de la resolución deberán poner a la venta la entidad o determinar las líneas de actividad que han de venderse. La constitución de una entidad puente permitirá a las autoridades de resolución transferir la totalidad o una parte de las actividades de la entidad a una entidad controlada por el sector público. La entidad puente debe recibir una autorización de conformidad con la Directiva sobre requisitos de capital y funcionará como una empresa comercial dentro de los límites prescritos por el marco de ayudas estatales. La entidad puente operará con carácter temporal, siendo su objetivo vender la empresa al sector privado cuando las condiciones del mercado sean adecuadas. El objetivo del instrumento de segregación de activos es permitir que las autoridades de resolución transfieran activos que hayan sufrido algún deterioro o planteen problemas a una estructura que, en un determinado plazo, permita su gestión y su saneamiento. Los activos deben transferirse a su valor de mercado o a su valor económico a largo plazo (de conformidad con el artículo 30) de forma que las eventuales pérdidas se reconozcan en el momento en que tiene lugar la transferencia. Con el fin de minimizar la distorsión de la competencia y la posibilidad de riesgo moral, este instrumento deberá utilizarse únicamente conjuntamente con algún otro instrumento de resolución. Instrumento de recapitalización (artículos 37 a 51) El instrumento de recapitalización conferirá a las autoridades de resolución la facultad de depreciar las deudas no garantizadas de una entidad en graves dificultades y convertir la deuda en capital. Puede utilizarse para recapitalizar una entidad en quiebra o en graves dificultades, permitiendo su reestructuración por las autoridades a lo largo del proceso de resolución y, una vez efectuada la reorganización y reestructuración, el restablecimiento de su viabilidad. De esta forma dispondrían de una mayor flexibilidad para hacer frente a la quiebra de entidades financieras complejas o de grandes dimensiones. El instrumento vendría acompañado por la destitución de la dirección responsable de los problemas de la entidad y la aplicación de un plan de saneamiento. Las autoridades de resolución deben contar con competencias para recapitalizar todos los pasivos de la entidad. Hay, no obstante, algunos pasivos que estarían excluidos ex ante (tales como los pasivos garantizados, los depósitos cubiertos y los pasivos con un vencimiento residual inferior a un mes). Excepcionalmente, y cuando sea necesario para garantizar las funciones esenciales de la entidad y el funcionamiento de sus principales líneas de actividad o la estabilidad financiera (artículo 38), la autoridad de resolución podría excluir los pasivos procedentes de instrumentos derivados. La aplicación armonizada a nivel de la Unión de eventuales exclusiones debería llevarse a cabo a través de actos delegados de la Comisión. Para aplicar el instrumento de recapitalización es necesario que las autoridades de resolución puedan garantizar que las entidades tengan en su balance una cantidad suficiente de pasivos sobre los que podría ejercerse la competencia de recapitalización. La cantidad mínima será proporcional y a medida de cada categoría de entidades en función de su riesgo o de la composición de sus fuentes de financiación (artículo 39). La aplicación armonizada a nivel de la Unión de los requisitos mínimos debería llevarse a cabo a través de actos delegados de la Comisión. Como ejemplo, y sobre la base de datos procedentes de la reciente crisis financiera y de la realización de simulaciones con modelos, el porcentaje de pasivos que podrían ser objeto de recapitalización podría ser igual a un 10 % de los pasivos totales (excluido el capital reglamentario). Como se explica en el punto 4.4.8, los artículos 43 y 44 establecen una jerarquía pormenorizada que complementa y, si procede, sustituye a la establecida en cada legislación nacional de insolvencia. En principio, los créditos de los accionistas deben agotarse antes de los créditos de los acreedores subordinados. Solo cuando se agoten estos últimos podrán las autoridades de resolución repercutir las pérdidas en los créditos preferentes (artículos 43 y 44). Sin embargo, podrían darse circunstancias en las que las autoridades de resolución tengan facultades para intervenir en los derechos de los acreedores sin haber agotado los de los accionistas. Estas circunstancias son específicas del instrumento de recapitalización y podrían tener lugar cuando una entidad objeto de resolución posea un cierto capital residual (según las condiciones de resolución, una entidad se encuentra en graves dificultades o en peligro de quiebra si ha agotado o mermado de forma sustancial su capital). En este caso, las autoridades de resolución podrían, una vez asignadas las pérdidas a los accionistas y reducidos o cancelados la mayoría de los créditos de los accionistas, convertir en capital los créditos subordinados y, en su caso, los preferentes. Esta conversión se llevará a cabo de forma que reajuste fuertemente a la baja los créditos restantes de los accionistas. 4.4.11.Restricciones en materia de rescisión de contratos y mecanismos de salvaguarda para las contrapartes (artículos 68-73 y 77) Para una aplicación eficaz de los instrumentos de resolución, es necesario permitir a las autoridades de resolución que suspendan temporalmente los derechos de los acreedores y las contrapartes a ejecutar sus créditos y a rescindir, acelerar o finalizar de otro modo los contratos con una entidad en graves dificultades. Dicha suspensión temporal, que no se prolongará más allá de las 17 horas del día hábil siguiente, dará a las autoridades un periodo de tiempo para determinar y evaluar los contratos que deben transferirse a un tercero solvente, sin el riesgo de que el valor y el ámbito de aplicación de los contratos financieros se modifiquen al ejercer las contrapartes sus derechos de rescisión. Las contrapartes que se mantengan dentro de la entidad en graves dificultades podrán de nuevo ejercer sus derechos de rescisión al final del periodo de suspensión. Ahora bien, la transferencia a un tercero solvente no se considerará un caso de incumplimiento que justifique el ejercicio de los derechos de rescisión.

Estas restricciones necesarias de los derechos contractuales se contrarrestan con mecanismos de salvaguarda para las contrapartes que impiden a las autoridades la escisión de contratos, derechos o pasivos vinculados: cuando se proceda a una transferencia parcial de activos, los acuerdos vinculados deberán transferirse en bloque o no transferirse en absoluto. Entre estos acuerdos cabe citar: acuerdos de liquidación por compensación, acuerdos de compensación recíproca, acuerdos de garantía financiera mediante transferencia de títulos, acuerdos de garantía y acuerdos de financiación estructurada. 4.4.12.Restricciones relativas a los procedimientos judiciales (artículos 78 y 77) De conformidad con el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales, las partes afectadas tienen el derecho a un proceso justo y a un medio eficaz para recurrir contra las medidas que les afecten. Por lo tanto, las decisiones adoptadas por las autoridades encargadas de la resolución deben someterse a revisión judicial. Ahora bien, para proteger a través del ejercicio de las competencias de resolución por parte de las autoridades a terceros que hubieran adquirido activos, derechos y pasivos de la entidad objeto de resolución, y para lograr la estabilidad de los mercados financieros, la revisión judicial no debe afectar a los actos administrativos o las transacciones celebradas en virtud de la decisión anulada. Las medidas correctoras correspondientes a una decisión o acción incorrecta deben limitarse a una indemnización por el daño ocasionado a las personas afectadas. Además, es necesario evitar la apertura o la continuación de otras acciones legales contra un banco que se encuentra ya en proceso de resolución. A tal efecto, el marco establece que, antes de que el juez nacional incoe procedimientos de insolvencia en relación con una entidad, debe notificar a la autoridad de resolución cualquier solicitud en este sentido; la autoridad de resolución puede entonces decidir, en un plazo de 14 días a partir de la notificación, emprender una acción de resolución respecto a la entidad afectada. 4.4.13.Resolución transfronteriza (artículos 80-83) El marco de rescate y resolución tiene presente el carácter transfronterizo de algunos grupos bancarios y se propone crear un marco global e integrado de rescate y resolución bancaria en la Unión. En consecuencia, los planes de rescate y resolución deben acordarse y ejecutarse para todo el grupo, teniendo en cuenta las particularidades estructurales de cada grupo y la división entre las responsabilidades de las autoridades del país de origen y las del país de acogida. Esto se hará a través de medidas que harán necesaria una mayor cooperación entre las autoridades nacionales y la aplicación de incentivos para la adopción de unos planteamientos de grupo en todas las fases de preparación, rescate y resolución. Se establecerán colegios de autoridades de resolución con una clara función de liderazgo y con la participación de la Autoridad Bancaria Europea (ABE). La ABE facilitará la cooperación de las autoridades y actuará de mediador en caso necesario. El objetivo de estos colegios será coordinar las medidas preparatorias y de resolución entre las autoridades nacionales a fin de garantizar soluciones óptimas a nivel de la Unión. 4.4.14.Relaciones con terceros países (artículos 84-89) Teniendo en cuenta que numerosas entidades y grupos bancarios de la Unión operan en terceros países, un marco eficaz de resolución de crisis bancarias debe contemplar la cooperación con las autoridades de terceros países. La propuesta concede a las autoridades de la Unión las competencias necesarias para apoyar medidas externas de resolución en el extranjero de un banco extranjero en quiebra haciendo efectivas las transferencias de sus activos y pasivos localizados en la UE o sometidos a su jurisdicción. Sin embargo, este apoyo solo se facilitará si las medidas garantizan un trato equitativo de los depositantes y acreedores del Estado miembro y no ponen en peligro la estabilidad financiera del mismo. Las autoridades de resolución de la Unión deberán estar habilitadas para aplicar instrumentos de resolución a las sucursales nacionales de entidades de terceros países cuando sea necesaria una resolución aparte por razones de estabilidad financiera o de protección de los depositantes nacionales. La propuesta contempla que el apoyo a medidas de resolución en el extranjero se preste cuando las autoridades de resolución de la UE hayan celebrado un acuerdo de cooperación con la autoridad de resolución extranjera. Tales acuerdos serán un medio de garantizar la eficacia de la planificación, adopción de decisiones y coordinación en relación con los grupos internacionales. La ABE deberá impulsar y emprender, de conformidad con el artículo 33 del Reglamento nº 1093/2010, negociaciones administrativas marco con autoridades de terceros países, y las autoridades nacionales deberán celebrar acuerdos bilaterales que, en la medida de lo posible, concuerden con los acuerdos marco de la ABE. 4.4.15.Financiación de la resolución (artículos 90-99) La resolución permite distribuir mejor los costes de la resolución entre los accionistas y los acreedores cuando los procedimientos de insolvencia se consideran inadecuados a la vista de los posibles riesgos que pudieran plantear para la estabilidad financiera. Sin embargo, esto podría no ser siempre suficiente y tener que completarse con una financiación adicional destinada, por ejemplo, a proporcionar liquidez a un banco puente. Sobre la base de experiencias anteriores, es necesario establecer unos mecanismos de financiación alimentados por las propias entidades con el fin de minimizar la exposición del contribuyente a pérdidas resultantes del respaldo prestado a entidades con problemas de solvencia. Los artículos 90 a 99 establecen las disposiciones necesarias a tal fin. El artículo 89 establece la creación de mecanismos de financiación en cada Estado miembro. Los fines para los que pueden utilizarse se recogen en el artículo 89, apartado 2, y pueden consistir, por ejemplo, en garantías de préstamos o contribuciones. Las pérdidas corren fundamentalmente a cargo de los accionistas y los acreedores, pero no deben excluirse en principio otros mecanismos de financiación. El artículo 90 establece las normas que rigen las contribuciones a los mecanismos de financiación; podrán consistir en una combinación de contribuciones ex ante, complementada por contribuciones ex post y, cuando sea necesario, por empréstitos de entidades financieras o del banco central. Con el fin de garantizar que determinados fondos estén disponibles en todo momento, y dados los efectos procíclicos que se le achacan a la financiación ex post, queda fijado un nivel mínimo de financiación que deberá alcanzarse a lo largo de un periodo de tiempo de 10 años mediante contribuciones ex ante. El nivel óptimo de financiación mínimo, fijado sobre la base de modelos, es de un 1 % de los depósitos cubiertos. Para reforzar la solidez de los mecanismos nacionales de financiación, el artículo 97 les reconoce el derecho a obtener préstamos de sus homólogos de otros Estados miembros. Con el fin de reflejar el reparto de las competencias entre las diferentes autoridades nacionales en el marco de la resolución de grupos, el artículo 98 establece normas relativas a la contribución de los mecanismos nacionales a la financiación de dicha resolución. Esta contribución se basará en la anteriormente acordada en el contexto de los planes de resolución del grupo. Los mecanismos nacionales de financiación, junto con los dispositivos de empréstito y la mutualización de los mecanismos nacionales en caso de resolución de grupos transfronterizos (artículo 98) constituyen el sistema europeo de mecanismos de financiación. El artículo 99 trata del cometido de los sistemas de garantía de depósitos (SGD) en el marco de las resoluciones. Los SGD pueden contribuir a la resolución de dos formas. En primer lugar, los sistemas de garantía de depósitos deben encaminarse al objetivo de garantizar un acceso continuo a los depósitos cubiertos. En la actualidad existen sistemas de garantía de depósitos en todos los Estados miembros, en aplicación de la Directiva 94/19/CE y sirven para compensar a los pequeños depositantes hasta un total de 100 000 EUR en concepto de depósitos no disponibles, antes de ser subrogados en procedimientos de liquidación. Por el contrario, con la resolución se evita la indisponibilidad de los depósitos cubiertos, lo que es preferible desde el punto de vista del depositante. Es, por lo tanto, deseable que el SGD contribuya en una cuantía igual a las pérdidas en que habría incurrido si hubieran tenido lugar procedimientos de insolvencia ordinarios, como se refleja en el apartado 1 del artículo 99. Al objeto de disponer de una financiación suficiente, los sistemas de garantía de depósitos quedan integrados en la jerarquía de los créditos, quedando clasificados como créditos no preferentes y no garantizados. La contribución de los SGD debe hacerse en efectivo para absorber las pérdidas correspondientes a los depósitos cubiertos. En segundo lugar, si bien los Estados miembros deben al menos usar los SGD a efectos de proporcionar un efectivo que garantice un acceso continuo a los depósitos cubiertos, conservan un margen de discrecionalidad a la hora de financiar la resolución: podrán decidir crear mecanismos de financiación independientes de los SGD, o utilizar sus SGD también como mecanismos de financiación, de acuerdo con el artículo 91. De hecho, existen sinergias entre los sistemas de garantía de depósitos y las acciones de resolución. Gracias a la existencia de un marco de resolución que limite el contagio, el número de quiebras bancarias se reducirá y, por ende, el número de pagos a cargo del SGD. La propuesta, por lo tanto, autoriza a los Estados miembros a utilizar los SGD para financiar resoluciones, aprovechando así las economías de escala. Cuando los dos dispositivos estén separados, el SGD es responsable de la protección de los depositantes cubiertos en la medida y en las condiciones establecidas en el artículo 99, apartados 1 a 4, mientras que los mecanismos de financiación establecidos con arreglo al artículo 91 proporcionarán financiación adicional. Por el contrario, si los Estados miembros deciden optar por un dispositivo de financiación único, este cubrirá tanto las pérdidas relativas a los depósitos cubiertos como otros conceptos contemplados en el artículo 92. En ese caso, el SGD debe ajustarse a todas las condiciones en materia de contribuciones, empréstitos y mutualización establecidas en los artículos 93 a 98. En cualquier caso, si después de que un SGD aporte su contribución, la entidad finalmente quiebra y el SGD no cuenta con fondos suficientes para reembolsar a los depositantes, el SGD deberá haber celebrado los acuerdos necesarios para recaudar de inmediato las cantidades correspondientes de sus miembros.

Es probable que en la intervención de los fondos de resolución exista ayuda estatal, independientemente del dispositivo de financiación vigente a nivel nacional (es decir, un fondo de resolución independiente del sistema de garantía de depósitos o un sistema de garantía de depósitos utilizado como un fondo de resolución). 4.4.16.Conformidad con los artículos 290 y 291 del TFUE El 23 de septiembre de 2009, la Comisión adoptó sendas propuestas de reglamentos por los que se creaban la ABE, la AESPJ y la AEVM. A este respecto, la Comisión desea recordar las declaraciones que efectuó, en relación con los artículos 290 y 291 del TFUE, con motivo de la adopción de los Reglamentos por los que se creaban las Autoridades Europeas de Supervisión, según las cuales: «en lo que atañe al proceso de adopción de normas reglamentarias, la Comisión subraya el carácter singular del sector de los servicios financieros, derivado de la estructura Lamfalussy y reconocido explícitamente en la Declaración 39, aneja al TFUE. No obstante, la Comisión abriga serias dudas sobre si las limitaciones de su papel en la adopción de actos delegados y medidas de ejecución se ajustan a los artículos 290 y 291 del TFUE.». 4.4.17.Modificación de la Directiva sobre procedimientos de liquidación, de las directivas sobre derecho de sociedades y del Reglamento sobre la ABE(artículos 104-111) La Directiva 2001/24/CE contempla la aplicación y el reconocimiento mutuo de medidas de reorganización o liquidación respecto de entidades de crédito que tengan sucursales en otros Estados miembros. La Directiva se propone garantizar que una entidad de crédito y sus sucursales en otros Estados miembros sean objeto de reestructuración o liquidación de acuerdo con los principios de unidad y universalidad y con arreglo a un único procedimiento de insolvencia, en el que la entidad de crédito sea considerada una entidad única. Los principios de unidad y universalidad de los procedimientos aseguran un trato equitativo de los acreedores, independientemente de su nacionalidad, lugar de residencia o domicilio. Con el fin de garantizar la igualdad de trato de los acreedores también en los procesos de resolución, la Directiva 2001/24/CE se modifica para ampliar su ámbito de aplicación a las empresas de inversión e incluir la utilización de instrumentos de resolución para cualquier entidad cubierta por el régimen de resolución. Las directivas de la Unión sobre el derecho de sociedades contienen normas para la protección de los accionistas y acreedores, algunas de las cuales pueden dificultar una reacción rápida por parte de las autoridades de resolución. La segunda Directiva sobre el derecho de sociedades requiere que toda ampliación de capital de una sociedad anónima sea aprobada por la junta general de accionistas, mientras que la Directiva 2007/36 (Directiva sobre derechos de los accionistas) requiere que dicha junta se convoque con al menos 21 días de antelación. Sin embargo, este plazo no permite restablecer rápidamente la situación financiera de una entidad de crédito mediante una ampliación de su capital. Así, la propuesta modifica la Directiva sobre derechos de los accionistas para permitir a la junta general decidir anticipadamente la aplicación de un plazo reducido de convocatoria de una junta general en la que se decida acerca de una ampliación de capital en situaciones de emergencia. Dicha autorización formará parte del plan de rescate. Esto permitirá una acción rápida, preservando al mismo tiempo las facultades decisorias de los accionistas. Por otra parte, las directivas sobre el derecho de sociedades exigen que las ampliaciones y reducciones de capital, las fusiones y las divisiones estén supeditadas al acuerdo de los accionistas, y que se apliquen los derechos preferentes de los accionistas cuando el capital se amplíe mediante aportaciones en efectivo. Además, la Directiva relativa a las ofertas públicas de adquisición requiere ofertas obligatorias cuando cualquier persona jurídica —incluido el Estado— adquiera acciones en una empresa cotizada por encima del umbral de control (habitualmente, 30 % - 50 %). Para abordar estos obstáculos la propuesta permite a los Estados miembros derogar las disposiciones que exijan el consentimiento de acreedores o accionistas o que, de algún otro modo, dificulten una resolución eficaz y rápida. Con el fin de asegurar que las autoridades responsables de la resolución estén representadas en el Sistema Europeo de Supervisión Financiera establecido por el Reglamento (UE) nº 1093/2010 y que la ABE cuente con los conocimientos necesarios para desarrollar las tareas que le encomienda la presente Directiva, el citado Reglamento deberá modificarse para incluir a las autoridades nacionales de resolución, definidas en la presente Directiva, en el concepto de autoridades competentes, determinado en dicho Reglamento. 4.4.18.Entrada en vigor La Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. De acuerdo con la práctica habitual, el plazo de transposición de la Directiva se fija en 18 meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2014. Las disposiciones relativas al instrumento de recapitalización tienen un período más largo de transposición, ya que deben aplicarse para el 1 de enero de 2018. Esta fecha tiene presentes los ciclos de vencimiento de la deuda existente, la necesidad de evitar que se reduzca el apalancamiento y la necesidad de las entidades de aplicar nuevos requisitos de capital para 2018. De conformidad con la Declaración política común de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos, de 28 de septiembre de 2011, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar cuadros de correspondencia a la notificación de sus medidas de transposición. Esto se debe a la complejidad de la Directiva, que cubre asuntos diferentes y por ello necesitará probablemente un cierto número de medidas de ejecución, y también al hecho de que algunos Estados miembros han adoptado ya normativas que ponen parcialmente en práctica la presente Directiva. 5.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS Las opciones expuestas tendrán una incidencia en el presupuesto de la Unión. Conforme a la presente propuesta la ABE deberá (i) desarrollar unas 23 normas técnicas y cinco directrices; (ii) participar en los colegios de autoridades de resolución, tomar decisiones en caso de desacuerdo y actuar como mediador vinculante y (iii) gestionar el reconocimiento de los procedimientos de resolución de terceros países de conformidad con el artículo 85, y celebrar acuerdos marco de cooperación no vinculantes con terceros países de conformidad con el artículo 88. La presentación de las normas técnicas tendrá lugar 12 meses después de la entrada en vigor de la Directiva, prevista entre junio y diciembre de 2013. La propuesta de la Comisión incluye los cometidos que, a largo plazo, se encomiendan a la ABE, y que supondrán la asignación de cinco puestos suplementarios (agentes temporales) a partir de 2014. Además, se prevén 11 expertos nacionales en comisión de servicios que llevarán a cabo cometidos temporales en 2014 y 2015. 2012/0150 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se establece un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y empresas de inversión, y por la que se modifican las Directivas 77/91/CEE y 82/891/CE del Consejo, las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE y 2011/35/CE y el Reglamento (UE) nº 1093/2010 (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Una vez transmitido el proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, Visto el dictamen del Banco Central Europeo, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)La crisis financiera que comenzó en 2008 ha puesto de manifiesto la falta de instrumentos adecuados que existe en la Unión para hacer frente de manera eficaz a los problemas de solidez o el peligro de quiebra de las entidades de crédito. Estos instrumentos son particularmente necesarios para evitar llegar a una situación de insolvencia, o para que cuando, si esta se produce, puedan minimizarse las repercusiones negativas manteniendo las funciones de importancia sistémica de la entidad en cuestión. Durante la crisis, estos transtornos constituyeron un factor trascendental que obligó a los Estados miembros a rescatar a entidades de crédito con fondos públicos. (2)Los mercados financieros de la Unión se caracterizan por un elevado grado de integración e interconexión, con entidades de crédito que operan, en gran medida, fuera de las fronteras nacionales. Es probable que la quiebra de una entidad de crédito transfronteriza afecte a la estabilidad de los mercados financieros en los distintos Estados miembros en los que opera. La incapacidad de los Estados miembros de hacerse con el control de una entidad de crédito en graves dificultades y resolver la crisis evitando eficazmente un daño sistémico más general puede socavar la confianza mutua de los Estados miembros y la credibilidad del mercado interior de servicios financieros. La estabilidad de los mercados financieros es, por lo tanto, una condición esencial para el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. (3)Actualmente, en la Unión Europea no están armonizados los procedimientos para resolver las crisis de entidades de crédito. Algunos Estados miembros aplican a las entidades de crédito los mismos procedimientos que aplican a otras empresas insolventes, adaptándolos en algunos casos. Existen considerables diferencias de fondo y de procedimiento entre las leyes, normas y disposiciones administrativas que regulan la insolvencia de las entidades de crédito en los Estados miembros. Asimismo, la crisis financiera ha puesto de manifiesto que los procedimientos generales en materia de insolvencia no son siempre apropiados para las entidades de crédito, dado que no siempre garantizan una celeridad suficiente en la intervención, ni una continuidad de las funciones básicas de las entidades de crédito, ni la preservación de la estabilidad financiera. (4)Por lo tanto, se necesita un marco que dote a las autoridades de los instrumentos necesarios para intervenir con suficiente antelación y rapidez en una entidad de crédito con problemas de solidez o en graves dificultades, a fin de garantizar la continuidad de las funciones financieras y económicas esenciales de la entidad, al tiempo que se minimiza el impacto de su quiebra en el sistema financiero y se garantiza que los accionistas y los acreedores asuman las pérdidas correspondientes. Las nuevas competencias deben permitir a las autoridades mantener un acceso ininterrumpido a los depósitos y a las operaciones de pago, así como vender partes viables de una empresa, cuando proceda, y asignar pérdidas de manera justa y previsible. Estos objetivos deben ayudar a evitar la desestabilización de los mercados financieros y minimizar los costes para el contribuyente. (5)Algunos Estados miembros ya han promulgado cambios legislativos que introducen mecanismos para la resolución de entidades de crédito en graves dificultades; otros han indicado su intención de introducir estos mecanismos si no se adoptan a nivel de la Unión. Las diferencias nacionales en las condiciones, competencias y procesos de resolución de entidades de crédito pueden constituir barreras para el buen funcionamiento del mercado interior y obstaculizar la cooperación entre las autoridades nacionales a la hora de hacer frente al problema que plantean los grupos bancarios transfronterizos en graves dificultades, especialmente cuando existen enfoques diferentes que delatan que las autoridades nacionales no tienen el mismo nivel de control o la misma capacidad para resolver las crisis de las entidades de crédito. Estas diferencias en los sistemas de resolución también pueden incidir de modo diferente en los costes de la financiación bancaria dependiendo del Estado miembro del que se trate, y llevar a un falseamiento de la competencia entre entidades bancarias. Además, se necesitan sistemas de resolución eficaces en todos los Estados miembros para garantizar que las entidades no vean restringido el ejercicio de los derechos de establecimiento inherentes al mercado único debido a la capacidad financiera de su Estado miembro de origen para gestionar su quiebra. (6)Estos obstáculos han de ser eliminados; asimismo, se deben adoptar normas para que no se vean afectadas las disposiciones del mercado interior. A tal efecto, las normas para la resolución de entidades se deben someter a unas normas mínimas de armonización. (7)Dado que los Estados miembros no pueden alcanzar de manera satisfactoria los objetivos de la acción que debe emprenderse, a saber, la armonización de las normas y los procesos para la resolución de entidades de crédito, y que, habida cuenta del alcance y los efectos que supone la quiebra de una entidad para toda la Unión, los objetivos pueden realizarse mejor a este nivel, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos. (8)A fin de garantizar la coherencia con la legislación vigente de la Unión en materia de servicios financieros y el máximo nivel posible de estabilidad financiera en todo el espectro de entidades, el sistema de resolución no solo debe aplicarse a las entidades de crédito, sino también a las empresas de inversión sujetas a los requisitos prudenciales establecidos por la Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y de las entidades de crédito. El sistema también debe aplicarse a las sociedades financieras de cartera, a las sociedades financieras mixtas de cartera contempladas en la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero, y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y a las sociedades mixtas de cartera y a entidades financieras, cuando estas últimas sean filiales de una entidad de crédito o de una empresa de inversión. La crisis ha puesto de manifiesto que la insolvencia de una entidad vinculada a un grupo puede repercutir rápidamente en la solvencia de todo el grupo, por lo que puede incluso tener sus propias consecuencias sistémicas. Por ello, las autoridades deben disponer de medios eficaces de acción también con respecto a estas entidades para evitar el contagio y preparar un mecanismo de resolución coherente para el grupo en su conjunto, dado que la insolvencia de una entidad vinculada a un grupo puede repercutir rápidamente en la solvencia de todo el grupo. (9)El uso de los instrumentos y competencias de resolución establecidos por la presente Directiva podría afectar a los derechos de los accionistas y los acreedores. En particular, la competencia de las autoridades para transferir las acciones o los activos, en parte o en su totalidad, de una entidad a un comprador privado sin el consentimiento de los accionistas, afecta a los derechos de propiedad de los accionistas. Asimismo, la competencia de decidir qué pasivos se transfieren de una entidad de crédito en crisis para garantizar la continuidad de los servicios y evitar efectos perjudiciales sobre la estabilidad financiera podría implicar un trato desigual de los acreedores. (10)En el contexto de los planes de rescate y resolución, y cuando hagan uso de los distintos instrumentos a su disposición, las autoridades nacionales deben tener en cuenta el nivel de riesgo, el tamaño y la interconexión de una entidad, así como velar por que el régimen se aplique de forma adecuada.

(11)A fin de garantizar la celeridad necesaria en la intervención, asegurar la independencia de los agentes económicos y evitar conflictos de intereses, los Estados miembros deben nombrar autoridades administrativas públicas para realizar las funciones y tareas relacionadas con la resolución conforme a la presente Directiva. Los Estados miembros deben garantizar que estas autoridades de resolución cuenten con los recursos necesarios. La designación de estas autoridades públicas no debe impedir la delegación de funciones, bajo responsabilidad de la autoridad de resolución competente. Sin embargo, no es necesario prescribir la autoridad concreta que los Estados miembros deben nombrar como autoridad de resolución. Aunque la armonización de este aspecto podría facilitar la coordinación, también interferiría considerablemente con los sistemas constitucionales y administrativos de los Estados miembros. Se puede conseguir un grado de coordinación suficiente con un requisito menos intrusivo: todas las autoridades nacionales implicadas en la resolución de entidades deben estar representadas en colegios de autoridades de resolución, en los que tendrá lugar la coordinación a escala transfronteriza o de la Unión. Por lo tanto, los Estados miembros deben tener libertad para elegir qué autoridades deben encargarse de aplicar los instrumentos de resolución y ejercer las competencias previstas en la presente Directiva. (12)A la luz de las consecuencias que la quiebra de una entidad de crédito o una empresa de inversión puede tener en el sistema financiero y en la economía de un Estado miembro, así como de la posible necesidad de usar fondos públicos para resolver una crisis, los ministros de finanzas o cualquier otro ministro relevante en los Estados miembros deben participar activamente, desde un primer momento, en el proceso de gestión y de resolución de la crisis. (13)Para una resolución eficaz de entidades o grupos que operan en toda la Unión es necesaria la cooperación entre las autoridades competentes y las autoridades de resolución en el marco de colegios de autoridades de supervisión y de resolución, y ello en todas las fases cubiertas por la presente Directiva, desde la elaboración de los planes de rescate y resolución hasta la resolución efectiva de la entidad. En caso de desacuerdo entre las autoridades nacionales en torno a las decisiones que hayan de adoptarse en relación con entidades en aplicación de la presente Directiva, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) debe desempeñar, en última instancia, un papel de mediación vinculante. A tal efecto, deben concederse a la ABE competencias que le permitan ordenar a las autoridades nacionales que emprendan o se abstengan de emprender determinadas acciones específicas en relación con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión nº 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión. (14)Con el fin de garantizar un enfoque uniforme y coherente en los ámbitos regulados por la presente Directiva, la ABE debe también estar facultada para adoptar directrices y para elaborar normas de regulación y normas técnicas que a continuación serían respaldadas por la Comisión a través de actos delegados de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. (15)Al objeto de tratar de manera eficaz a las entidades en dificultades, las autoridades deben tener competencias para imponer medidas preparatorias y de prevención. (16)Es esencial que todas las entidades preparen y actualicen regularmente planes que establezcan medidas que las entidades en cuestión deben adoptar en diferentes circunstancias o escenarios. Los planes deben ser minuciosos y estar basados en hipótesis realistas aplicables a una serie de escenarios sólidos y estrictos. No obstante, la exigencia de preparar un plan de rescate debe aplicarse de manera proporcionada, de forma que refleje la importancia sistémica de la entidad o el grupo. En ese sentido, el contenido necesario también debe tener en cuenta la naturaleza de las fuentes de financiación de la entidad y el grado en que podría contarse con el apoyo del grupo. Las entidades deben presentar sus planes a supervisores, que realizarán una evaluación completa para determinar si son exhaustivos y permitirían restaurar la viabilidad de una entidad, en el momento oportuno, incluso en periodos de tensión financiera. (17)Cuando una entidad no presente un plan de rescate adecuado, los supervisores deben estar facultados para exigirle que adopte las medidas necesarias a fin de corregir sus deficiencias, por ejemplo modificando su modelo económico o su estrategia de financiación. Este requisito podría afectar a la libertad de empresa, garantizado por el artículo 16 de la Carta de Derechos Fundamentales. La limitación de este derecho fundamental es, sin embargo, necesaria para cumplir los objetivos de estabilidad financiera y protección de depositantes y acreedores. Más específicamente, dicha limitación es necesaria para impulsar la actividad económica de las entidades y evitar que crezcan en demasía o asuman riesgos excesivos sin poder hacer frente a eventuales reveses o pérdidas y restaurar su base de capital. La limitación es, además, proporcionada, pues solo una acción preventiva puede garantizar que se tomen las debidas precauciones; se cumple, por lo tanto, lo dispuesto en el artículo 52 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (18)La planificación de la resolución es un componente esencial de una resolución eficaz. Las autoridades deben disponer de toda la información necesaria para planificar la forma en que las funciones esenciales de una entidad o de un grupo transfronterizo pueden aislarse del resto de actividades y transferirse para garantizar la protección y la continuidad de dichas funciones. No obstante, la exigencia de preparar un plan de resolución debe simplificarse de forma que refleje la importancia sistémica de la entidad o el grupo. (19)Las autoridades de resolución deben tener la facultad de exigir cambios en la estructura y la organización de entidades o grupos para eliminar impedimentos prácticos a la aplicación de los instrumentos de resolución y garantizar la resolución de las entidades en cuestión. Dada la naturaleza potencialmente sistémica de todas las entidades, es fundamental para mantener la estabilidad financiera que las autoridades tengan la posibilidad de proceder a la resolución de cualquiera de ellas. Con el fin de respetar el derecho de libertad de empresa, reconocido por el artículo 16 de la Carta de Derechos Fundamentales, el margen de apreciación de las autoridades debe limitarse a lo necesario para simplificar la estructura y las operaciones de la entidad con el único objetivo de mejorar las condiciones en que se desarrolla la resolución. Por otro lado, cualquier medida impuesta con ese fin debería ser coherente con la legislación de la Unión. Las medidas no deben ser discriminatorias, ni directa ni indirectamente, por motivos de nacionalidad, y deben estar justificadas por la razón imperiosa de responder a motivos de estabilidad financiera en bien del interés público. A fin de determinar si una acción ha de adoptarse en aras del interés público, las autoridades responsables de la resolución deben ser capaces, en nombre de dicho interés, de conseguir sus objetivos de resolución sin encontrar impedimentos a la aplicación de los instrumentos de resolución o a su capacidad para ejercer las competencias que les han sido conferidas. Asimismo, una acción no debe sobrepasar el mínimo necesario para conseguir los objetivos. A la hora de determinar las medidas que se han de adoptar, las autoridades responsables de la resolución deben tener en cuenta las alertas y recomendaciones de la Junta Europea de Riesgo Sistémico creada por el Reglamento (UE) nº 1092/2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico. (20)Las medidas propuestas para abordar o eliminar obstáculos a la resolución de una entidad o un grupo no deben impedir que las entidades ejerzan el derecho de establecimiento reconocido por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. (21)Los planes de rescate y resolución no deben presuponer un acceso a ayuda financiera pública extraordinaria ni exponer a los contribuyentes al riesgo de sufrir pérdidas. El acceso a instrumentos de liquidez proporcionados por los bancos centrales, incluidos los de emergencia, no debe ser considerado ayuda financiera pública extraordinaria, siempre que la entidad sea solvente en el momento de la aportación de liquidez, y que esta última no forme parte de un paquete de ayudas más amplio, que el instrumento sea objeto de una garantía integral a la que se aplican recortes en la valoración, en función de su calidad y valor de mercado, que el banco central cobre al beneficiario un tipo de interés penalizador, que la medida se tome por iniciativa del propio banco central, y que, en particular, no esté respaldada por ninguna contragarantía del Estado. (22)En la actualidad existen diversas normas en las legislaciones nacionales que prohíben que una entidad de un grupo transfronterizo preste apoyo financiero a otra entidad del mismo grupo. Estas disposiciones están diseñadas para proteger a los acreedores y accionistas de cada entidad. Sin embargo, no tienen en cuenta la interdependencia de las entidades del mismo grupo o el interés del grupo. A nivel internacional, solo determinados sistemas jurídicos nacionales han recogido el concepto de interés de grupo en la jurisprudencia o las normas jurídicas. Este concepto tiene en cuenta, además del interés de cada entidad del grupo por separado, el interés indirecto que cada entidad de un grupo tiene en la prosperidad del grupo en su conjunto. Sin embargo, difiere de un Estado miembro a otro y no proporciona la seguridad jurídica necesaria. Por lo tanto, conviene establecer bajo qué condiciones pueden transferirse ayudas financieras entre entidades de un grupo bancario transfronterizo con el fin de garantizar la estabilidad financiera del grupo en su conjunto. La ayuda financiera entre entidades de un grupo debe ser voluntaria. Conviene que los Estados miembros no hagan depender el ejercicio del derecho de establecimiento, ni directa ni indirectamente, de la existencia de un acuerdo de concesión de ayuda financiera. (23)Con el fin de preservar la estabilidad financiera, es importante que las autoridades competentes puedan corregir el deterioro de la situación financiera y económica de una entidad antes de que llegue a un punto en el que las autoridades no tengan más alternativa que la resolución. Para ello, las autoridades competentes deben contar con competencias de intervención desde el primer momento, incluida la competencia de sustituir al órgano de dirección de una entidad por un administrador especial; esto permitiría ejercer presión sobre la entidad en cuestión para que adopte medidas tendentes a restaurar su solvencia financiera y/o reorganizar sus actividades a fin de garantizar su viabilidad desde un primer momento. El cometido del administrador especial debe ser el de tomar todas las medidas necesarias y promover soluciones encaminadas a restablecer la situación financiera de la entidad. La designación del administrador especial no debe, sin embargo, menoscabar derecho alguno de los accionistas o propietarios, ni tampoco requisitos de procedimiento establecidos por el Derecho de sociedades nacional o de la Unión, y debe respetar las obligaciones internacionales de la Unión o de los Estados miembros en materia de protección de las inversiones. Las facultades de intervención temprana deben incluir las ya especificadas en la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio para circunstancias distintas a las consideradas intervención temprana, así como otras situaciones consideradas necesarias para restaurar la solvencia financiera de una entidad. (24)El marco de resolución debe disponer que la incoación de la resolución tenga lugar antes de que la entidad financiera sea insolvente de acuerdo con su balance y antes de que todo su patrimonio haya desaparecido. La resolución debe iniciarse cuando una empresa no es ya viable o corre peligro de dejar de serlo, y otras medidas han resultado insuficientes para evitar la quiebra. El hecho de que una entidad no cumpla los requisitos de autorización no debe justificar en sí mismo el inicio de una resolución, especialmente si la entidad es o podría resultar aún viable. Debe considerarse que una entidad se encuentra en graves dificultades o en peligro de quiebra cuando incumpla o vaya a incumplir los requisitos de capital necesarios para conservar su autorización por haber incurrido o resultar probable que incurra en pérdidas que agotarían o mermarían sus fondos propios; o cuando el activo de la entidad sea o vaya a ser inferior a su pasivo; o cuando la entidad no pueda o no vaya a poder hacer frente al pago de sus deudas al vencimiento de éstas, o cuando la entidad necesite una ayuda financiera pública extraordinaria. La necesidad de ayudas de urgencia del banco central para crisis de liquidez no debe ser, por sí sola, una condición que evidencie de forma suficiente que una determinada entidad no puede o no podrá, a corto plazo, hacer frente al pago de sus deudas al vencimiento de éstas. A fin de preservar la estabilidad financiera, en particular en caso de escasez sistémica de liquidez, las garantías estatales sobre instrumentos de liquidez facilitados por los bancos centrales o las garantías estatales sobre los pasivos de nueva emisión no deben poner en marcha el marco de resolución siempre que se cumplan una serie de condiciones. En particular, las garantías estatales deben ser aprobadas con arreglo a lo dispuesto en el marco en materia de ayudas estatales y no deben formar parte de un paquete de ayuda más amplio, y además el uso de las garantías debe estar estrictamente limitado en el tiempo. En ambos casos, el banco debe ser solvente. (25)Las competencias de las autoridades de resolución deben ser también aplicables a las sociedades de cartera cuando la sociedad y una de sus filiales se encuentren en graves dificultades o en peligro de quiebra. Además, incluso si una sociedad de cartera no se encuentra en graves dificultades o en peligro de quiebra, podrán aplicársele las competencias de las autoridades de resolución si una o más entidades de crédito o empresas de inversión filiales cumplen las condiciones de resolución y si la aplicación de las competencias de resolución respecto a la sociedad de cartera es necesaria para la resolución de una o más de sus filiales o para la resolución del grupo en su conjunto. (26)Si una entidad está en graves dificultades o en peligro de quiebra, las autoridades nacionales deben tener a su disposición un conjunto mínimo armonizado de instrumentos y competencias de resolución. Su utilización debe estar sujeta a condiciones, objetivos y principios generales comunes. Una vez la autoridad de resolución haya tomado la decisión de iniciar la resolución de la entidad, debe prescindirse de los procedimientos de insolvencia ordinarios. Los Estados miembros deben otorgar a las autoridades de resolución competencias e instrumentos que se añadirían a los otorgados por la presente Directiva. El uso de estos instrumentos y competencias debe ajustarse, sin embargo, a los principios y objetivos recogidos en ella. En particular, dicho uso no tiene que obstaculizar la resolución efectiva de grupos transfronterizos y debe garantizar que los accionistas asuman las pérdidas. (27)A fin de evitar riesgos morales, una entidad insolvente debe poder salir del mercado sin perturbar el sistema, independientemente de su tamaño y su interconexión. En principio, una entidad en graves dificultades debe ser liquidada conforme a los procedimientos de insolvencia ordinarios. Sin embargo, una liquidación realizada conforme a estos procedimientos puede poner en peligro la estabilidad financiera, interrumpir la prestación de los servicios básicos y afectar a la protección de los depositantes. En este caso, existe un interés público en la aplicación de instrumentos de resolución. Los objetivos de la resolución deben ser, por tanto, garantizar la continuidad de los servicios financieros básicos, mantener la estabilidad del sistema financiero y reducir el riesgo moral, minimizando la dependencia de ayudas públicas destinadas a entidades en graves dificultades y protegiendo a los depositantes. (28)Antes de tomar decisiones acerca del mantenimiento de la entidad en funcionamiento, debe considerarse siempre la posibilidad de liquidar la entidad insolvente con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios. Para mantener en funcionamiento las actividades de una entidad insolvente deben utilizarse, en la medida de lo posible, fondos privados.Esto puede conseguirse bien mediante la venta a un comprador del sector privado (o a la fusión con el mismo) o, una vez efectuada la depreciación de los pasivos de la entidad o la conversión de su deuda en capital, mediante una recapitalización. (29)Al aplicar los instrumentos de resolución y ejercer las competencias de resolución, las autoridades responsables deben asegurarse de que los accionistas y acreedores asuman una parte adecuada de las pérdidas, que los directivos sean sustituidos, que los costes de la resolución de la entidad se minimicen y que todos los acreedores de una entidad insolvente que sean de la misma categoría reciban un trato similar. Cuando el uso de los instrumentos de resolución implique conceder ayudas estatales, las intervenciones deberían ser evaluadas conforme a las disposiciones pertinentes en materia de ayudas estatales. Puede existir ayuda estatal, entre otras cosas, cuando los fondos de resolución o los fondos de garantía de depósitos intervienen para respaldar la resolución de las entidades en quiebra. (30)Las limitaciones de los derechos de los accionistas y acreedores deben ser coherentes con el artículo 52 de la Carta de Derechos Fundamentales. Por lo tanto, los instrumentos de resolución deben aplicarse únicamente a las entidades en graves dificultades o en peligro de quiebra, y solo cuando sea necesario para conseguir la estabilidad financiera en aras del interés general. En particular, deben aplicarse cuando la entidad no se pueda liquidar conforme a los procedimientos de insolvencia ordinarios porque se desestabilizaría el sistema financiero, cuando las medidas sean necesarias para garantizar una transferencia rápida y la continuidad de las funciones de importancia sistémica y cuando no existan perspectivas razonables de otras soluciones alternativas procedentes del sector privado, por ejemplo una ampliación de capital efectuada por los accionistas existentes o por terceros con el fin de restablecer totalmente la viabilidad de la entidad.

(31)La interferencia con los derechos de propiedad no debe ser desproporcionada. Ello significa que los accionistas y los acreedores afectados no deben incurrir en pérdidas más importantes que las que hubieran sufrido si la entidad hubiera sido liquidada en el momento en que se adopta la decisión de proceder a la resolución. En caso de transferencia parcial de los activos de una entidad objeto de resolución a un comprador privado o a un banco puente, la parte residual de la entidad objeto de resolución debe ser liquidada con arreglo a unos procedimientos de insolvencia ordinarios. Con objeto de proteger a los accionistas y acreedores restantes en el procedimiento de liquidación de la entidad, los mismos han de tener derecho a recibir, como pago de sus créditos en el proceso de liquidación, no menos de lo que se estima que habrían recuperado si toda la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios. (32)Para proteger el derecho de los accionistas y acreedores a recibir no menos de lo que habrían recibido en el marco de procedimientos de insolvencia ordinarios, deben establecerse unas obligaciones claras en materia de valoración de los activos y pasivos de la entidad y debe concederse el tiempo requerido para analizar adecuadamente qué trato habrían recibido si la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios. Ha de existir la posibilidad de comenzar esta valoración ya en la fase de intervención temprana. Antes de emprender una acción de resolución, debe llevarse a cabo una estimación del valor de los activos y pasivos de la entidad y del trato que los accionistas y los acreedores recibirían con arreglo a procedimientos de insolvencia ordinarios. Tal valoración debe poder ser objeto de revisión judicial únicamente junto a la decisión de resolución. Además, debe imponerse la obligación de llevar a cabo, una vez aplicados los instrumentos de resolución, una comparación a posteriori entre el trato que se ha dado a accionistas y acreedores y el trato que habrían recibido con arreglo a procedimientos de insolvencia ordinarios. Si se determina que los accionistas y los acreedores han recibido, como pago de sus créditos, menos de lo que habrían recibido con arreglo a procedimientos de insolvencia ordinarios, deben tener derecho al pago de la diferencia. Contrariamente a la valoración previa a la acción de resolución, debe disponerse de la posibilidad de oponerse a esta comparación de forma independiente a la decisión de resolución. Los Estados miembros deben ser libres de decidir las modalidades de pago de la eventual diferencia de trato a accionistas y acreedores. Caso de existir, la diferencia debe ser abonada a través de los mecanismos de financiación establecidos de conformidad con la presente Directiva. (33)Es importante que se reconozcan las pérdidas en caso de quiebra de una entidad. El principio rector para la valoración de los activos y pasivos de entidades en graves dificultades debe ser su valor de mercado en el momento en que se aplican los instrumentos de resolución, en la medida en que los mercados funcionen correctamente. Cuando existen verdaderas alteraciones en los mercados, la valoración puede realizarse conforme al valor económico a largo plazo, debidamente justificado, de los activos y los pasivos. Por motivos de urgencia, las autoridades de resolución deben poder realizar una valoración rápida de los activos o de los pasivos de una entidad en graves dificultades. Esta valoración debe ser provisional y se aplicará hasta el momento en que se lleve a cabo una valoración independiente. (34)Es necesario actuar con rapidez para mantener la confianza de los mercados y minimizar el contagio. Una vez se ha estimado que una entidad se encuentra en graves dificultades o en peligro de quiebra, las autoridades de resolución no deben demorarse en adoptar medidas adecuadas. La diversidad de circunstancias en las que puede tener lugar una quiebra, y en particular la posible urgencia que presente la situación, pueden justificar que las autoridades de resolución emprendan la acción de resolución sin imponer la obligación de recurrir primero a las competencias de intervención temprana. (35)Los instrumentos de resolución deben aplicarse antes de que se produzca una inyección de capital del sector público, o cualquier ayuda financiera pública extraordinaria e