COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 24.10.1997 
COM(97) 523 final 
II Informe de la Comisión al Consejo, al 
Parlamento Europeo y al Comité 
Económico y Social 
sobre la aplicación 
de la Directiva 89/552/CEE 
"Televisión sin fronteras" 

1. INTRODUCCIÓN 
2. OBJETO DEL INFORME 
3. EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE LA TELEVISIÓN EN EUROPA 
4. APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 
4.1 Coordinación entre las autoridades nacionales y 
la Comisión 
4.2 Protección de los menores: aplicación del procedimiento 
especial previsto en el apartado 2 del Artículo 2 
de la Directiva 
4.3 Aplicación de las normas en materia de publicidad 
5. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
5.1 Observaciones de carácter general 
5.2 Asunto C-412/93 "Leclerc-Siplec" 
5.3 Sentencias del Tribunal del 10 de septiembre de 1996 en Comisión 
c / el Reino Unido y Comisión c / el Reino de Bélgica 
5.4 Asuntos C-14/96 "Paul Denuit" y C-56/96 "VT4" 
5.5 Asunto C-320/94 y demás "RTI" 
5.6 Asuntos C-34, C-35 y C-36/95 "De Agostini" y "TV-Shop" 
6. CONCLUSIONES 
1. INTRODUCCIÓN 
El artículo 26 de la Directiva 89/552/CEE "televisión sin fronteras" (la Directiva)1 
prevé que, a más tardar al final del quinto año después de la fecha de adopción y 
después cada dos años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y 
al Comité Económico y Social un informe relativo a la aplicación de la presente 
Directiva y, si fuere necesario, formulará propuestas para adaptar la presente 
Directiva a la evolución en el campo de la radiodifusión televisiva. 
De acuerdo con el apartado 3 del artículo 4 de la Directiva, la aplicación de los 
artículos 4 y 5 de la Directiva será objeto de un informe específico2. 
Por la presente comunicación, la Comisión presenta al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social el segundo informe relativo a la aplicación 
de la Directiva. 
El primer informe de aplicación, que abarcaba el período hasta finales de 1994, 
estableció la necesidad de una revisión de la Directiva, con el fin, en particular, de 
adaptarla a la evolución del panorama audiovisual europeo. La Comisión pues 
presentó una propuesta en este sentido3. Las principales características del sistema 
establecido por la Directiva, así como las razones que justifican la propuesta de 
revisión, se detallan en la exposición de motivos de la propuesta. Por ello, estos 
elementos y los aspectos de la aplicación de la Directiva que fueron objeto del 
primer informe no se recogen en el presente documento. 
La propuesta de modificación presentada por la Comisión fue objeto durante los dos 
últimos años de un profundo debate en las Instituciones comunitarias. El 
procedimiento de codecisión concluyó el 19 de junio con la adopción de la Directiva 
97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo que modificaba la Directiva 
89/552/CEE. La nueva Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas4. 
La Directiva 97/36/CE modifica el artículo 26 de la Directiva 89/552/CEE de modo 
que prevé la presentación del próximo informe de aplicación a más tardar al final del 
3er año a partir de su adopción (es decir, el día 31/12/2000). 
Con el fin de evitar toda solución de continuidad, el presente informe se refiere por 
lo tanto a la aplicación de la Directiva 89/552/CEE para el período que va desde 
1 Directiva 89/552/CEE del Consejo, del 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio 
de actividades de radiodifusión televisiva (DO L 298, del 17.10.89, p 23). 
2 Para los años 1991 y 1992: COM (94) 57 final, de 3.3.1994; para los años 1993 y 1994: COM (96) 302 
final de 15.07.1996. 
3 COM (95) 86 final, de 31.05.1995. 
4 Ref. 
enero de 1995 hasta la entrada en vigor de la nueva Directiva, es decir, un-peFÍodo 
de cerca de 30 meses. 
2. OBJETO DEL INFORME 
Aunque la legislación de varios Estados miembros no se ajusta aún plenamente a la 
Directiva 89/552/CEE5, la aplicación concreta de los principios básicos de la 
Directiva y la jurisprudencia rigurosa del Tribunal de Justicia han contribuido en 
gran medida a la afirmación progresiva de un auténtico espacio de libertad para una 
industria de la televisión europea en plena evolución. 
El principio de libre circulación en los Estados de la Unión de las emisiones de 
televisión en todas sus formas y modalidades de difusión ya se ha logrado, en 
condiciones jurídicas bien definidas. 
Este informe describe y analiza los hechos destacados que se han producido en la 
aplicación de la Directiva durante el periodo de referencia. Trata asimismo de 
ofrecer una visión global del progreso realizado en la interpretación de sus normas, 
dedicando especial atención a las decisiones del Tribunal de Justicia. Teniendo en 
cuenta que cubre un período fundamentalmente de transición y que acaba de 
adoptarse una nueva Directiva, este informe no pretende analizar de manera 
profunda el impacto de la aplicación de la Directiva, sino solamente presentar las 
principales evoluciones en el plano de la jurisprudencia, situándolas en su contexto, 
es decir un panorama audiovisual en evolución. 
3. EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE LA TELEVISION EN EUROPA. 
Aparte de un considerable crecimiento del número de operadores (Europa cuenta 
hoy con más de 250 cadenas de televisión, de las que 2/3 son cadenas privadas, 
• habiéndose prácticamente duplicando su número en seis años en la Comunidad6) y 
de los recursos generados en el sector de la televisión (los ingresos totales de la 
televisión en los países de la Unión Europea se estimaron en 1995 en 43.300 
millones de dólares, unos 38.000 millones de ecus, o sea un aumento del 14% en 
relación con 19947), en los años 1995 y 1996 tuvo lugar la preparación y el 
comienzo de la televisión digital en Europa. 
A principios del año 1997 podían contarse unos 330 servicios digitales difundidos 
por satélite, frente a una decena solamente en enero de 19968. 
5 En 1995 y 1996 se iniciaron o prosiguieron procedimientos de infracción respecto de varios Estados 
miembros. 
6 IDATE, "Mercado mundial del sector audiovisual y del cine - Industrias y Mercados", noviembre de 
1996, p 114. 
7 Ibidem, pill. 
s Observatorio Europeo del Sector Audiovisual, Anuario Estadístico 1997, p 162. 
Esta aceleración en el desarrollo de servicios digitales provocó una reflexión en los 
Estados miembros sobre la necesidad de adaptar el marco jurídico nacional a las 
exigencias de estos nuevos servicios y, en algunos casos, se decidieron y aplicaron 
algunas medidas9. 
La Comisión asigna la mayor importancia a la correcta aplicación de los principios 
de libre circulación y de no discriminación en este ámbito. Desea en particular 
destacar la mayor importancia de una correcta aplicación del principio llamado 
"home country control" (según el cual los organismos de radiodifusión están 
únicamente sometidos al derecho del país donde tienen su sede principal) en un 
medio audiovisual que, gracias a la multiplicación de las capacidades de transmisión 
debidas a la tecnología digital, favorece la expansión de los servicios 
transnacionales. 
Por último, la Comisión ha reconocido las características específicas de la 
radiodifusión en su Comunicación sobre los servicios de interés general en Europa 
(COM(96)443 final de 11 de setiembre de 1996) y destaca también que la 
financiación de la radiodifusión de servicio público es objeto de un protocolo en el 
proyecto de Tratado de Amsterdam que se adjuntará al Tratado CE. 
4. APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 
4.1 Coordinación entre las autoridades nacionales y la Comisión. 
La aplicación de las normas de la Directiva es competencia de las 
autoridades nacionales de cada Estado miembro competentes del ámbito 
audiovisual. Se ha mantenido un contacto sistemático con los organismos 
nacionales, en particular, por medio del "Grupo ad hoc" compuesto por 
representantes de los Estados miembros, creado en la Comisión a iniciativa 
de ésta. 
Los trabajos del Grupo, a los cuales ha invitado a participar a observadores 
de países AELC, de países de la Europa Central y Oriental vinculados a la 
Unión mediante Tratados de asociación y de la Secretaría del Consejo de 
Europa, permitieron por una parte intercambiar información sobre la 
aplicación de la Directiva en los distintos países y por otra parte, facilitar la 
interpretación de sus disposiciones. 
El Grupo examinó - entre otras cosas - la aplicación de los artículos 4 y 5 
(medidas relativas al fomento de la distribución y de la producción de 
programas televisados europeos), las normas aplicables a las nuevas formas 
de publicidad (en particular, la "publicidad virtual"), y los trabajos en curso 
en los foros internacionales (Consejo de Europa, Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, Organización Mundial del 
Es el caso del Reino Unido, donde la Independent Televisión Commission acaba de atribuir las 
licencias para los primeros "multiplex" digitales con frecuencias terrestres en el marco de la aplicación 
de la "Broadcasting Act" de 1996. 
Comercio, etc.) susceptibles de tener un impacto en La legislación 
comunitaria del ámbito audiovisual. 
La Comisión está especialmente satisfecha de la cooperación administrativa 
establecida con las Administraciones nacionales, que ha permitido abordar 
de manera eficaz los problemas vinculados a las actividades de-radiodifusión 
en la Comunidad. 
Los trabajos del Grupo ad hoc han permitido sentar las bases para el trabajo 
futuro del "Comité de Contacto" que acaba de ser creado por la Directiva 
97/36/CE. El Comité deberá, en particular (nuevo artículo 23 bis): 
a) facilitar la aplicación efectiva de la presente Directiva a través de la 
consulta periódica acerca de todos los problemas prácticos que resulten de 
su aplicación y, en particular, de la aplicación del artículo 2, así como 
sobre cualquier otra cuestión para la que se considere útil el cambio de 
impresiones; 
b) emitir dictámenes por propia iniciativa o a petición de la Comisión 
sobre la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva por parte 
de los Estados miembros; 
c) ser el foro para el cambio de impresiones acerca de las cuestiones que 
deben tratarse en los informes que los Estados miembros deben presentar 
de conformidad con el apartado 3 del artículo 4, su metodología, las bases 
del estudio independiente a que se refiere el artículo 25bis, la evaluación 
de licitaciones para éste y el propio estudio; ' 
d) debatir el resultado de las consultas periódicas que celebre la Comisión 
con los representantes de organismos de radiodifusión televisiva, 
productores, consumidores, fabricantes, proveedores de servicios, 
sindicatos y la comunidad de creadores; 
e) facilitar el intercambio de información entre los Estados miembros y la 
Comisión sobre la situación y el desarrollo de las actividades de 
regulación de los servicios de radiodifusión televisiva, tomando en 
consideración la política audiovisual de la Comunidad, así como la 
evolución pertinente en el ámbito técnico; 
f) examinar cualquier aspecto de la evolución del sector sobre el que sea 
útil un cambio de impresiones. 
4.2 Protección de los menores: aplicación del procedimiento especial 
previsto por el apartado 2 del artículo 2 de la Directiva. 
Como excepción a la norma general de libertad de recepción y de no 
obstaculizar las retransmisiones10,' el apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 
permite a los Estados miembros, excepcionalmente y con la condición de 
10 Para la interpretación de este término, véase COM (95) 86 final, p 19. 
6 
que se respete un procedimiento especial, adoptar medidas contra- los 
organismos de radiodifusión que estén bajo la jurisdicción de otro Estado 
miembro y que infrinjan de manera "manifiesta, seria y grave" el artículo 22 
de la Directiva. Éste tiene por objeto proteger a los menores frente a los 
programas que puedan dañar seriamente su "desarrollo físico, mental o 
moral". 
El Estado miembro afectado deberá notificar por escrito al organismo de 
radiodifusión televisiva y a la Comisión las violaciones que se alegan y las 
medidas que tiene la intención de tomar en caso de que tal violación 
ocurriera nuevamente. 
Deberán iniciarse consultas. Si no se consigue una solución de mutuo 
acuerdo en el plazo de quince días a partir de la notificación, y la violación 
alegada persiste, el Estado miembro de recepción podrá adoptar medidas 
provisionales unilaterales contra lá cadena en cuestión. 
La Comisión vela por que las medidas adoptadas sean compatibles con el 
Derecho comunitario. En caso de decisión negativa, puede pedir al Estado 
miembro de recepción que ponga fin urgentemente a las medidas en 
cuestión. 
En el período en cuestión, un único Estado miembro (el Reino Unido) 
consideró necesario recurrir - en tres ocasiones - a este procedimiento. 
En los dos primeros casos, las consultas no tuvieron éxito y las autoridades 
británicas consideraron necesario adoptar una "orden de proscripción" contra 
las cadenas sujetas a la jurisdicción de otro Estado miembro. 
La Comisión, a raíz de los contactos con los Estados miembros afectados y 
después de haber considerado los efectos de las medidas comunicadas por el 
Reino Unido, ha considerado en ambos casos que estos últimos se ajustaban 
al Derecho comunitario. Esta valoración se basó, en particular, en una prueba 
de proporcionalidad y en una evaluación de los posibles efectos 
discriminatorios de las medidas11. 
El tercer caso notificado a la Comisión de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 2 está en estudio en la fecha de la redacción del presente informe, 
teniendo en cuenta que las autoridades del Estado miembro de donde 
emanaban las emisiones incriminadas adoptaron medidas enérgicas para 
hacerlas cesar, pero que éstas parecen continuar a partir de otro Estado. 
La Comisión considera satisfactoria la aplicación del apartado 2 del artículo 
2, en el periodo de referencia. Ha permitido proteger el interés general con 
un mínimo de obstáculos a la libre prestación de servicios. 
Véase el Dictamen de la Comisión n° C (96) 3933 final en el Asunto "Rendez-Vous Télévision" y n° C 
(95) 2678 final en el asunto "XXXTV". 
La Comisión destaca no obstante que su valoiación de las medidas adoptadas 
en virtud del apartado 2 del artículo 2, se basa en consideraciones de carácter 
factual y jurídico; la valoración moral del contenido de los programas 
depende de la sensibilidad de cada Estrío miembro, que ostenta la 
responsabilidad principal de autorizar o de p ohibir determinadas emisiones 
de televisión procedentes de difusores que son competencia suya y que 
pueden estar incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 22. La 
posibilidad de una diferencia de valoración entre las autoridades del país "de 
origen" y las del país o países "de recepción" está prevista en la Directiva. 
Por otro lado, las medidas adoptadas por el Estado "de recepción" se 
entienden sin perjuicio de las adoptadas, en su caso, por el Estado miembro 
competente respecto del organismo de radiodifusión en cuestión. No se trata 
pues de la transferencia de la competencia de un Estado a otro, sino de una 
posibilidad excepcional que se ofrece al Estado de recepción para adoptar 
medidas destinadas a salvaguardar sus intereses en situaciones de clara 
gravedad y según un procedimiento muy concreto. 
También es importante poner de relieve que, en el sistema de normas 
comunitarias creado por la Directiva (apartado 1 del artículo 2), no se 
permite a los Estados miembros aplicar a los organismos de radiodifusión 
sujetos a su competencia criterios morales discriminatorios: una actitud más 
severa respecto a las emisiones que se reciben y una actitud más permisiva 
frente a las emisiones destinadas al extranjero (típicamente, los programas de 
las cadenas por satélite) no serían aceptables. Por el contrario, los Estados 
miembros están obligados a garantizar que todos los organismos de 
radiodifusión que dependen de su competencia respetan las disposiciones del 
artículo 22. 
4.3 Aplicación de las normas en materia de publicidad. 
La Directiva prevé normas relativas a la cantidad de publicidad admitida en 
la pantalla (límites diarios y por hora, artículo 18), el número y las 
modalidades de las interrupciones publicitarias (artículo 11) así como las 
normas aplicables al contenido y a la presentación de los mensajes 
publicitarios (artículos 10, 12, 13, 14, 15 y 16). Existen normas específicas 
(artículo 17) aplicables al patrocinio. 
Se han presentado a la Comisión varias quejas relativas al supuesto 
incumplimiento en algunos Estados miembros de las normas en materia de 
publicidad y patrocinio. 
Algunos problemas, vinculados a la interpretación de las normas de la 
Directiva, encontraron su solución en las sentencias del Tribunal de Justicia 
(véase infra Pt 5.5. "asunto RTF) o en las modificaciones introducidas al 
texto por la Directiva 97/36/CE. En el primer caso, se trata principalmente de 
problemas relacionados con la indicación del nombre o del logotipo del 
patrocinador en las emisiomes patrocinadas y las promociones televisivas. 
En el segundo caso, se trata principalmente de las nuevas normas en materia 
de telecompra y autopromoción. 
En otros casos incluso, las quejas -a menudo procedentes de asociaciones de 
consumidores- se refieren a rebasamientos sistemáticos de los umbrales 
cuantitativos. Los problemas se refieren en concreto a las prácticas de 
algunos organismos de radiodifusión en España, Portugal y Grecia. La 
Comisión está buscando los elementos necesarios para evaluar en qué 
medida estos supuestos rebasamientos pueden constituir infracciones por 
parte de los Estados miembros en cuestión, para adoptar las medidas 
correctivas apropiadas. 
La Comisión desea recordar que cada Estado miembro tiene la obligación de 
velar por que todas las emisiones transmitidas por organismos de 
radiodifusión que sean de su competencia respeten efectivamente las normas 
de la Directiva y, más generalmente, la legislación aplicable a las emisiones 
destinadas al público de dicho Estado miembro. 
La Comisión considera perfectamente prioritario el establecimiento efectivo 
de un "level playing field" entre operadores establecidos en los distintos 
Estados miembros, así como un nivel de protección de los intereses de los 
telespectadores en la Unión equivalente al menos al de la Directiva. A este 
respecto, la Comisión cuenta con obtener medios para aumentar sus 
capacidades de seguimiento de las quejas y dontrol de la aplicación del 
derecho comunitario en este ámbito. 
5. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA. 
5.1 Observaciones de carácter general 
El Tribunal de Justicia se ha pronunciado, en sucesivas ocasiones, sobre el 
alcance y la interpretación de las disposiciones de la Directiva 89/552. 
La mayoría de las sentencias del Tribunal, ya sea en procedimientos por 
incumplimiento del Derecho comunitario a iniciativa de la Comisión 
(Artículo 169 CE) o en procedimientos de interpretación prejudicial 
(Artículo 177 CE), tratan principalmente de los distintos elementos del 
sistema de reparto de competencia entre Estados miembros para los 
organismos de radiodifusión en Europa y, en particular, de los criterios de 
vinculación jurídica. El alcance de la jurisdicción del "país de origen" y los 
criterios de vinculación de los organismos de radiodifusión al ordenamiento 
jurídico de éste, la posibilidad para los Estados miembros de adoptar normas 
más estrictas o más detalladas aplicables a los organismos de radiodifusión 
de su competencia, los poderes del Estado de recepción frente a las 
emisiones procedentes de otros Estados miembros, son los temas que ha 
examinado el Tribunal más concretamente en su jurisprudencia. 
En general, la interpretación del Tribunal de Justicia en los distintos asuntos 
coincide con la pronosticada por la Comisión. Por otro lado, es importante 
destacar que las posiciones adoptadas por el Tribunal complementan y 
apoyan las elecciones hechas por el legislador comunitario al adoptar la 
nueva Directiva. Algunas modificaciones introducidas por ésta van 
destinadas precisamente a clarificar el texto en coherencia con las 
indicaciones de la jurisprudencia del Tribunal. Lejos de perder su 
importancia tras la adopción de las modificaciones de la Directiva 
"Televisión sin fronteras" pues, la jurisprudencia del Tribunal que se 
presenta a continuación conservará su valor como referencia para las 
autoridades nacionales, para la Comisión y para los agentes económicos en 
las fases de incorporación y aplicación de la nueva Directiva. 
5.2 Asunto C-412/93 "Leclcrc-Siplec" 
La sentencia de 9 de febrero 1995 "Leclerc-Siplec" constituye el primer caso 
de aplicación jurisprudencial de la Directiva 89/552/CEE. 
Se trataba de una queja presentada por la Sociedad Leclerc-Siplec contra la 
negativa de TF1 y de M6 a difundir una publicidad relativa a la distribución 
de combustible por los supermercados Leclerc, de acuerdo con la legislación 
francesa. El Tribunal, a quien se planteó una cuestión prejudicial, estimó que 
los artículos 30, 85, 86, y 3f del Tratado CE, así como las disposiciones de la 
Directiva, no impiden a los Estados miembros prohibir la difusión de 
anuncios publicitarios para el sector de la distribución por los organismos de 
radiodifusión instalados en su territorio. 
Esta sentencia clarifica la relación entre los artículos 3, 19 y 20 de la 
Directiva. Según el Tribunal, el artículo 19 no hace más que precisar una 
facultad general reconocida a los Estados miembros por el apartado 1 del 
artículo 3, de prever normas más estrictas o más detalladas que las de la 
Directiva respecto a los organismos de radiodifusión de su competencia. El 
artículo 20 permite en cambio prever normas menos estrictas en relación a 
las de los apartados 2 a 5 del artículo 11 y del artículo 18, para las emisiones 
que se destinan solamente al territorio nacional y que no pueden recibirse, 
directa o indirectamente, en uno o varios Estados miembros. 
De la interpretación del Tribunal se desprende que los Estados miembros, a 
reserva del respeto de las normas del Tratado (que en este caso se 
consideraron respetadas), así como de la libertad de recepción y de 
retransmisión de cadenas que son competencia de otros Estados miembros, 
tienen un amplio margen de valoración en cuanto a los intereses que pueden 
justificar medidas más estrictas o más detalladas que las de la Directiva12. 
' . Los términos empleados por el Tribunal pueden resumirse del siguiente modo: 
"La Directiva 89/552, cuyo objetivo consiste en garantizar la libre difusión de las emisiones 
televisadas que se atengan a las normas mínimas que aquella establece y que impone, a estos efectos, a 
los Estados miembros de los que proceden las emisiones velar por epte se cumplan sus disposiciones y 
a los Estados miembros de recepción garantizar la libertad de recepción y de retransmisión, otorga en 
el apartado 1 de su artículo 3 a los Estados miembros la facultad de establecer, en relación con los 
organismos de radiodifusión televisiva que dependan de su competencia, normas más estrictas o más 
detalladas en los sectores cubiertos por la Directiva. Esta facultad, otorgada por una disposición 
general de la Directiva y cuyo ejercicio no puede comprometer la libre difusión de las emisiones 
adaptadas a sus normas mínimas que quiere garantizar la Directiva, no se limita, en materia de 
publicidad, a las circunstancias definidas en los artículos 19 y 20. 
10 
Hay que tener en cuenta que la Directiva 97/36/CE deroga el artículo 1-9 de 
la Directiva de 1989. 
5.3 Sentencias del Tribunal del 10 de septiembre de 1996 en Comisión c / el 
Reino Unido y Comisión c / el Reino de Bélgica 
En dos sentencias de 10 de septiembre de 1996 (C 222/94, Comisión 
contra el Reino Unido y C-l 1/95, Comisión contra Bélgica) el Tribunal tuvo 
ocasión de realizar una reflexión general sobre la Dhertiva. El examen 
conjunto de estas dos sentencias permite resolver mejor su alcance y sus 
implicaciones en la aplicación de la Directiva. 
Así pues, aportan una contribución capital a la definición del ámbito de 
aplicación de la Directiva, a la aclaración del concepto de "compete cía" y a 
la aplicación del principio de "lugar de establecimiento" de los organismos 
de radiodifusión in-iacomunitarios. 
En el asunto C-222/94 (Comisión contra el Reino Unido), el Tribunal 
realizó una interpretación profunda del artículo 2. 
El principal punto objeto de estudio era la definición de los motivos por los 
cuales un Estado debe hacer valer su competencia sobre un organismo de 
radiodifusión determinado. La importancia de esta precisión es evidente, 
puesto que las disparidades existentes entre las legislaciones nacionales 
sobre este punto pueden implicar (y lo hacen en algunos casos) conflictos de 
competencia negativos o positivos que podrían, en particular, comprometer 
el funcionamiento efectivo del sistema. A falta de disposición precisa en la 
Directiva, la Comisión siempre ha preconizado la aplicación del principio del 
lugar de establecimiento. 
La interpretación que el Tribunal hace del apartado 1 del artículo 2 conduce 
a la conclusión de que el concepto de competencia de un Estado miembro, en 
el primer párrafo, debe entenderse como que afecta obligatoriamente a la 
competencia ralione personae sobre los organismos de radiodifusión 
televisiva, que únicamente puede basarse en la relación del organismo de 
radiodifusión con el sistema jurídico de Estado en cuestión. Este último 
concepto se traduce de hecho en el concepto de establecimiento, tal como se 
utiliza en el primer apartado del artículo 59 del Tratado de las Comunidades 
Europeas. 
Según el Tribunal, la divergencia sobre este punto entre la Directiva y el 
Convenio del Consejo de Europa sobre la Televisión Transfronteriza (basado 
fundamentalmente en el criterio del lugar de emisión inicial o del lugar 
Por tanto, ¡a Directiva debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro, 
por vía legislativa o reglamentaria, prohiba la difusión de mensajes publicitarios en favor del sector 
económico de la distribución por los organismos de radiodifusión televisiva establecidos en su 
territorio. " 
11 
donde se sitúa la conexión ascendente, en caso de emisiones por-satélite) 
debe considerarse derivada de una elección deliberada del legislador de la 
Comunidad, justificada por las diferencias de naturaleza y de marco jurídico 
que existen entre estos dos textos. 
La adopción por un Estado miembro de la UE de cualquier otro criterio 
distinto al del lugar de establecimiento, y, en particular, el del lugar de la 
primera transmisión o del público previsto, puede llevar a este Estado a 
ejercer un "doble control" sobre los organismos de radiodifusión .que ya se 
encuentren bajo la competencia de otro Estado miembro o, al contrario, no 
garantizar la aplicación de su legislación a todos los organismos de 
radiodifusión que sean de su competencia. Esta es la razón por la que 
determinadas partes de la legislación británica se declararon no conformes a 
los artículos 2 y 3.2 de la Directiva1 \ 
La segunda sentencia (Comisión contra Bélgica) plantea la cuestión de 
carácter fundamental de la compatibilidad con el Derecho comunitario de un 
sistema general de autorización previa condicional para la retransmisión de 
emisiones de televisión que son competencia de otro Estado miembro. 
La Comisión consideró que la necesidad de una autorización previa 
concedida por las autoridades del país de recepción, a condición de que los 
difusores cumplan distintas condiciones (como, en elcaso de la Comunidad 
francesa, la celebración de acuerdos que prevean obligaciones culturales con 
el Ejecutivo, y en todos los casos, siempre susceptible de retirada) constituye 
una crave restricción a la retransmisión de emisiones de radiodifusión 
El Tribunal, al acoger los argumentos formulados por la Comisión, consideró que: 
"Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los apartados 1 y 2 del artículo 2 y del 
apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al 
ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, el Estado miembro que, para determinar los 
organismos de radiodifusión por satélite que dependen de la competencia, adopta criterios, como 
la transmisión o ¡a recepción de programas, distintos del criterio del establecimiento, lo que le 
lleva a ejercer un control, prohibido por la Directiva, sobre emisiones que dependen de la 
competencia de otro Estado miembro y que, por lo que se refiere a los organismos que considera 
que dependen de su competencia, aplica a los servicios no nacionales por satélite un régimen 
menos estricto que el que rige los servicios nacionales por satélite. 
En efecto, por una parte, el concepto de competencia de un Estado miembro, utilizado en el primer 
guión del apartado l del artículo 2 de ¡a Directiva, debe entenderse como comprensivo, 
necesariamente, de una competencia ratione personne frente a los organismos de radiodifusión 
televisiva, que sólo puede basarse en su vinculación al ordenamiento jurídico de dicho Estado, lo que 
equivale, esencialmente, al concepto de establecimiento en el sentido del párrafo primero del artículo 
59 del Tratado CE, cuyo tenor presupone que el prestador y el destinatario de un servicio se hallen 
"establecidos" en dos Estados miembros diferentes. Por otra parte, si bien es cierto que, en virtud del 
apartado 1 del artículo 3 de la Directiva, un Estado miembro puede establecer normas mets estrictas en 
los sectores regulados por la Directiva, no lo es menos que, según el apartado I del artículo 2, todas 
las emisiones transmitidas por organismos de radiodifusión televisiva que dependan de ¡a competencia 
de dicho Estado miembro, o con respecto a los cuales le corresponda ejercer una competencia en 
virtud del segundo guión de dicha disposición, deben ajustarse al Derecho aplicable a las emisiones 
destinadas al público en ese Estado miembro. " 
12 
televisiva a partir de otros Estados miembros y viola el apartado 2 del 
artículo 2 de la Directiva. 
El Gobierno belga invocó varios argumentos para justificar la instauración 
de tal sistema. 
En primer lugar, por lo que se refiere a la normativa de la Comunidad 
francesa en materia de televisión por cable, alegó que la retransmisión por 
cable escapaba al ámbito de aplicación de la Directiva. El Tribunal 
consideró, al contrario, que la lectura conjunta del noveno y décimo 
considerandos de la Directiva, así como de sus artículos 1 (a) y 2(2) conduce 
obligatoriamente a la conclusión de que la Directiva se refiere efectivamente 
a la retransmisión por cable de los programas de televisión14. 
Este punto de vista se ve confirmado también por el tercer, quinto y 
duodécimo considerandos de la Directiva 93/88/CEE (sobre coordinación de 
determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos 
afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y 
de la distribución por cable), y por el Convenio Europeo sobre la televisión 
transfronteriza del Consejo de Europa (mencionada en el cuarto 
considerando de la Directiva "Televisión sin fronteras"), cuyo ámbito de 
aplicación incluye inequívocamente la transmisión por cable. 
Los otros argumentos presentados estaban destinados a hacer valer el 
derecho de los Estados miembros de recepción a ejercer una determinada 
forma de control sobre las emisiones televisadas procedentes de otros 
Estados miembros. Se proporcionaron distintas razones con el fin de 
justificar este "control secundario". Por ejemplo, la necesidad de comprobar 
si un difusor tiene derecho a beneficiarse de las libertades garantizadas por el 
Tratado y, en caso afirmativo, bajo la competencia de qué Estado miembro; 
la protección del pluralismo de los medios de comunicación; la protección de 
los derechos de autor, y la necesidad de garantizar el respeto del orden 
público, las buenas costumbres y la moralidad. 
El Tribunal afirmó claramente que, sin perjuicio del procedimiento especial 
previsto en el artículo 2.2 de la Directiva en caso de violación de las 
disposiciones del artículo 22, incumbe solamente al "Estado miembro de 
establecimiento" (tal como se define en el asunto del Reino Unido) 
garantizar que sus propias leyes sean respetadas por los difusores que estén 
sujetos a su competencia. Si el Estado miembro de recepción considera que 
otro Estado miembro no ha cumplido sus obligaciones, en virtud de la 
Directiva "Televisión sin fronteras", siempre puede recurrir a los 
procedimientos previstos en los artículos 169, 170 y 186 del Tratado de las 
Comunidades Europeas. El Tribunal no descarta el hecho de que, en algunos 
casos (por ejemplo, con el fin de comprobar si las difusiones proceden de 
otro Estado miembro, o de proteger el pluralismo, los derechos de autor o las 
14 El Tribunal no ha podido expresarse más claramente: 
"La Directiva 89/552 debe interpretarse en el sentido de que se aplica a la teledistribución por cable " 
13 
buenos costumbres, el orden público o la seguridad pública), el Estado 
miembro de recepción podría tener razones para hacer valer el derecho a 
ejercer sobre las emisiones televisadas recibidas en su territorio una forma de 
control compatible con el Derecho comunitario. 
Pero el Tribunal consideró, en este caso, que el Gobierno belga no había 
mostrado que la protección de tales intereses pudiera justificar un sistema 
general de autorización previa para los programas procedentes de otros 
Estados miembros, lo que implica de facto la supresión de la libertad de 
prestación de servicios15. 
5.4 Asuntos C-14/96 "Paul Denuit" y C-56/96 "VT4" 
El Tribunal confirma esta jurisprudencia en dos recientes sentencias en 
cuestiones prejudiciales ("Paul Denuit" C-14/96 de 29 de mayo de 1997 y C-
56/96 del 5 de junio de 1997, "VT4") y va más lejos. 
En el asunto C-14/96, las Autoridades belgas (Comunidad francesa) 
negaron al distribuidor de cable Coditel Brabant la distribución de los 
programas de un organismo de radiodifusión que era competencia británica 
(TNT/Cartoon) por el motivo de que no respetaba las disposiciones de la 
Directiva y más concretamente las relativas a la promoción de obras 
europeas (artículos 4 y 5). El Tribunal belga anuló el Real Decreto de 
prohibición, por lo que el Tribunal de comercio *de Bruselas presentó, en 
recurso, una cuestión prejudicial? 
El Tribunal había respondido en parte en sus sentencias de 10 de septiembre 
de 1996 a las cuestiones planteadas por el Tribunal de comercio. En efecto, 
1 -"* Los extractos más pertinentes de la Sentencia son los siguientes: 
"La Directiva S9/552, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de ¡os Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión 
televisiva, debe interpretarse, a la luz del sistema con arreglo al cual reparte, en los apartados I y 2 de 
su articulo 2 y en el apartado 2 de su artículo 3, las obligaciones entre los Estados miembros de los 
que proceden las emisiones y los que las reciben, en el sentido de que, por una parte, el control de la 
aplicación del Derecho del Estado miembro de origen aplicable a las emisiones de radiodifusión 
televisiva y del respeto de las disposiciones de la Directiva sólo incumbe al Estado miembro del que 
proceden la emisiones y, por otra parte, el Estado miembro de recepción no está autorizado a ejercer 
su propio control al respecto. 
De ahí se sigue que incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2 de la Directiva 
el Estado miembro que: 
° mantiene un régimen de autorización previa para la retransmisión por cable de emisiones de 
radiodifusión televisiva procedentes de otros Estados miembros; 
° mantiene un régimen de autorización previa, expresa y condicional, para la retransmisión por cable 
de emisiones de radiodifusión televisiva procedentes de otros Estados miembros que incluyan 
publicidad comercial o un programa de telecompra específicamente destinados a sus telespectadores. 
Un Estado miembro no puede, en ningún caso, sentirse autorizado para adoptar unilateralmente 
medidas corredoras o de defensa para prevenir un posible incumplimiento, por parte de otro Estado 
miembro, de las normas del Tratado" 
14 
el Tribunal ya había decidido sobre el punto de derecho relativo al -aleare 
del poder de control del Esíado de recepción respecto a un organismo de 
radiodifusión que es competí icia de otrn Estado miembro. Había respondido 
también sobre el criterio de leterminación de la competencia utilizando el 
criterio del establecimiento. 
En el caso analizado, las autoridades belgas consideraban por otro lado que 
los programas de TNT/Cartoon no eran competencia de un Estado miembro 
en el sentido del artículo 2.1 de la Directiva TVSF porque, en particular, no 
respondían a las exigencias de los artículos 4 y 5 (respeto de las cuotas de 
difusión) y en realidad, la parte fundamental de la programación de Turner 
procedía de un Estado no miembro de la Comunidad Europea. El Tribunal 
responde de manera muy clara "que un organismo de radiodifusión 
televisiva es competencia del Estado miembro en el cual está establecido. El 
origen de los programas difundidos por el organismo o su conformidad con 
los artículos 4 y 5 de la Directiva carecen de relevancia cuando se trata de 
determinar el Estado miembro a cuya la competencia pertenece tal 
organismo con arreglo al artículo 2.1 ". 
Por lo tanto, el hecho de que un difusor establecido en un Estado miembro, y 
en consecuencia bajo el control real o supuesto de este último, difunda 
programas de origen no europeo en otro Estado miembro, no permite al 
Estado de recepción de dichos programas controlar su contenido, bajo 
reserva, por supuesto, de la excepción prevista en caso de violación del 
artículo 22. 
En el asunto C- 56/96, las Autoridades belgas (Comunidad flamenca) se 
negaron a autorizar a las redes de cable flamencas a distribuir los programas 
VT4, organismo de radiodifusión establecido en el Reino Unido. Al referirse 
a la sentencia TV 10 de 5 de octubre de 1994 (asunto C-23/93), el Ministerio 
flamenco de Cultura consideró que VT4, cuyas actividades van destinadas 
total o principalmente a la Comunidad flamenca, pretendía burlar la 
legislación flamenca. En cambio, VT4 se refirió al artículo 2 de la Directiva 
según el cual el Estado de recepción no tiene derecho a rechazar el acceso a 
su red nacional por cable si el organismo de radiodifusión extranjero tiene 
una licencia de otro Estado miembro. Por otra parte, VT4 rechazaba la 
argumentación basada en la jurisprudencia TV 10 en la medida en que la 
excepción "de interés general" no puede alegarse para razones económicas, 
como la protección del mercado publicitario nacional o la protección de un 
monopolio de un organismo televisivo comercial nacional. 
El interés principal de este recurso se debe en primer lugar (como las 
cuestiones prejudiciales anteriores) al hecho de que se trata de un caso 
concreto de determinación de competencia (en este caso, el organismo de 
radiodifusión VT4) que proporciona al Tribunal la ocasión de precisar el 
concepto de "establecimiento" (en particular, cuando un organismo de 
radiodifusión tuviera establecimientos en más de un Estado miembro). 
En su sentencia, el Tribunal considera, en primer lugar, que el solo hecho cié 
que todas las emisiones y mensajes publicitarios de VT4 se destinen 
exclusivamente al público flamenco no permiten demostrar que VT4 no 
15 
17 puede considerarse establecida en el Reino Unido. En segundo" lugar, 
confirma y precisa su jurisprudencia en el asunto Comisión c / el Reino 
Unido antes citada decidiendo que cuando un organismo de radiodifusión 
televisiva está establecido en más de un Estado miembro, vuelve a depender 
de la competencia del Estado miembro en cuyo territorio el organismo de 
radiodifusión tiene el centro de sus actividades^. Así pues, y al mismo 
tiempo que todos los programas de un organismo de radiodifusión de un 
Estado miembro se concebirían y destinarían exclusivamente al público de 
otro Estado miembro, solamente el Estado miembro de origen puede 
examinar la compatibilidad con su Derecho nacional (incluidas las 
disposiciones de incorporación de la Directiva). 
Es conveniente señalar que el conjunto de esta jurisprudencia consolida al 
legislador comunitario en las elecciones de carácter fundamental realizadas 
al adoptar las disposiciones de la Directiva 97/36/CE que modifican el 
artículo 2 (1) de la Directiva de 1989, en particular, por lo que se refiere a un 
sistema exhaustivo de vinculación jurídica basadas en la noción de 
establecimiento (aunque los criterios específicos enumerados en el apartado 
3 del artículo 2 de la Directiva modificada no corresponden exactamente a 
los citados por el Tribunal en el asunto VT4). • 
5.5 Asunto C-320/94 y demás "RTI"17 
En este asunto, el Tribunal se pronunció, en su sentencia de 12 de diciembre 
de 1996, sobre determinadas disposiciones de la Directiva en materia de 
, publicidad y de patrocinio (cuestiones prejudiciales acumuladas n° C-320/94, 
C-328/94, C-329/94, C-337/94, C-338/94, C-339/94 "Retí Televisive 
Italiane"). 
El Tribunal Administrativo Regional (T.A.R.) del Lacio (Italia) había 
enviado al Tribunal de Justicia varias peticiones, según el artículo 177 del 
Tratado CE, de interpretación prejudicial de la Directiva, en particular, en 
materia de patrocinio y de "telepromociones". 
16 El Tribunal estableció que "el apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 89/552/CEE debe interpretarse 
en el sentido de que un organismo de radiofisión televisiva depende de la competencia del Estado 
miembro en el que está establecido. En caso de que un organismo de radiodifusión televisiva esté 
establecido en más de un Estado miembro, la competencia corresponde al Estado miembro en cuyo 
territorio el organismo de radiodifusión tenga el centro de sus actividades, en particular, el lugar en el 
que se adoptan las decisiones relativas a la política de programación y al montaje final de los 
programas difundidos". Hay que tener en cuenta que estos criterios específicos no corresponden 
exactamente a los elegidos por el legislador comunitario en el artículo 2 (3) de la Directiva.97/36/CE, 
es decir el lugar del domicilio social efectivo, el lugar donde se toman las decisiones de la dirección 
relativas a la programación y, en algunos casos, el lugar donde trabaja una parte importante del 
personal empleado en las actividades de radiodifusión. 
Sentencia del Tribunal (cámara sexta) de 12 de diciembre de 1996. Reti Televisive Italiane SpA (RTI) 
(C-320/94), Radio Torre (C-328/94), Rete A Sri (C-329/94), Vallau Italiana Promomarket Sri (C-
337/94), Radio Italia Solo Música Sri e.a. (C-338/94) y GETE Sri (C-339/94) contra Ministero delle 
Poste e Telecommunicazioni. Asuntos acumulados C-320/94, C-328/94, C-329/94, C-337/94, C-338/94 
y C-339/94. Recopilación de Jurisprudencia 1996 página 1-6471 
16 
Las telepromociones son una forma de publicidad televisiva actual en Italia, 
basada en la interrupción escénica durante programas de plato (en particular 
los juegos) por espacios consagrados a la presentación de uno o más 
productos o servicios, donde los presentadores del programa abandonan 
momentáneamente su función en los juegos para transformarse en 
"promotores" de los bienes o servicios que son objeto de la presentación 
publicitaria. 
Las cuestiones planteadas por el T.A.R. del Lacio se referían 
fundamentalmente a: 
1) la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 17, de la 
Directiva (¿pueden incluirse la indicación del nombre y/o del 
logotipo del patrocinador en momentos distintos del principio y/o 
del final de la emisión patrocinada?) 
2) el artículo 18 de la Directiva, y, en particular, el concepto de 
"formas de publicidad como las ofertas hechas directamente al 
público", ¿tiene un carácter puramente ejemplificador, que puede 
incluir las telepromociones, o se refiere solamente a las ofertas 
directas en sentido estricto? 
El Tribunal dictó sentencia el 12 de diciembre de 1996 estableciendo lo 
siguiente: 
1) la letra b) del artículo 17 n.l de la Directiva debe interpretarse en el 
sentido de que no se opone a la visualización del nombre y/o del logotipo del 
patrocinador en momentos distintos al principio y/o el final de la emisión 
patrocinada; 
2) la letra b) del artículo 1 y el artículo 18 de la Directiva deben interpretarse 
en el sentido de que la expresión "formas de publicidad tales como las 
ofertas hechas directamente al público", utilizada en el artículo 18, tiene un 
carácter ejemplificador. Por consiguiente, otras formas de publicidad, que 
comparten con la telecompra ("las ofertas directas") la característica de durar 
más que los anuncios (tales como las "telepromociones"), pueden 
considerarse a efectos de la ampliación del 15% al 20% del límite diario del 
tiempo consagrado a la publicidad televisada. 
El Tribunal, por otra parte, recordó que este aumento es una facultad 
atribuida a los Estados miembros, que pueden elegir ejercitar o no18. 
1S Se pueden resumir los argumentos del Tribunal del siguiente modo: 
"La Directiva 89/552, relativa al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva y, en particular, la 
letra b) del artículo l y el artículo 18, deben interpretarse en el sentido de que la expresión "formas de 
publicidad como las ofertas al público realizadas directamente" que figura en el artículo 18 reviste, en 
la normativa comunitaria, carácter de ejemplo por lo que respecta a la posibilidad de aumentar el 
porcentaje máximo de tiempo de emisión diario dedicado a la publicidad y elevarlo al 20 %, de 
manera que puede extenderse también a otras formas de promoción como las "promociones 
17 
Es conveniente indicar que, en la nueva Directiva, todas las formas de 
publicidad se someten a un mismo límite diario máximo, y que se ha 
suprimido la expresión "formas de publicidad tales como las ofertas 
realizadas directamente al público". También se ha suprimido el límite diario 
de una hora de telecompra (artículo 18.3) y se ha sustituido por nuevas 
disposiciones adaptadas, por una parte, a las cadenas generalistas y, por otra 
parte, a las cadenas consagradas exclusivamente a la telecompra. 
5.6 Asuntos C-34, C-35, C-36/95 "De Agostini" y "TV-Shop" 
En los asuntos acumulados C-34, C-35 y C-36/95 
(Konsumentombudsmannen contra, respectivamente, De Agostini Svenska 
Fôrlag AB y TV-Shop i Sverige AB), el Konsumentombudsman (el defensor 
del pueblo de los consumidores) ha considerado que las emisiones 
publicitarias y de telecompra recibidas en Suecia tenían un carácter desleal 
según la ley sobre prácticas comerciales (marknadsforingslagen 1975:1418), 
bien porque contemplaban directamente a los niños (asunto C-34/95, la ley 
sueca prohibe las emisiones de publicidad destinadas a menores de 12 años) 
o porque eran por otras razones (en particular relacionadas con la claridad, 
precisión y carácter exhaustivo de los anuncios) potencialmente perjudiciales 
a los intereses de los consumidores. 
televisivas" que, al igual que las "ofertas al público realizadas directamente", requieren, debido a sus 
modalidades de presentación, más tiempo que los anuncios publicitarios. 
En efecto, el legislador comunitario ha previsto un aumento de los límites máximos de emisión para las 
ofertas al público realizadas directamente debido a que esta forma de promoción de las ventas exige 
más tiempo de difusión que el que caracteriza a los simples anuncios publicitarios, y no debido a que 
estas ofertas sean programas en los que se presentan productos que pueden encargarse directamente 
por teléfono, por correo o por videotexto y que se destinan a su entrega en el domicilio de los 
telespectadores, ya que el encargo de los productos por parte del telespectador es una operación 
totalmente distinta de la presentación televisiva que la Directiva tiene por objeto regular. Por esta 
razón, es natural que otras formas de publicidad que exigen también más tiempo que el que es habitual 
en los anuncios, puedan acogerse al aumento previsto deforma expresa, pero no exclusiva, para las 
ofertas al público realizadas directamente. Sin embargo, corresponde a cada Estado miembro, 
suponiendo que quiera hacer uso de la facultad que le reconoce el artículo 18, por lo que respecta a 
los organismos de radiodifusión televisiva incluidos en su ámbito competencia!, de elevar al 20 % el 
límite máximo de difusión, decidir, respetando el Tratado, si este aumento puede extenderse a formas 
de publicidad que se distinguen de los anuncios sin por ello constituir ofertas al público realizadas 
directamente. 
La Directiva 89/552, relativa al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva y, en particular, la 
letra b) del apartado 1 del artículo 17, debe interpretarse en el sentido de que no prohibe, por lo que 
respecta a los programas que son objeto de patrocinio, la inserción del nombre y/o del logotipo del 
patrocinador en momentos distintos del principio y/o el final del programa. 
No obstante, por lo que se refiere a los organismos de radiodifusión televisiva incluidos en su ámbito 
competencia!, los Estados miembros están facultados, con arreglo al apartado 1 del artículo 3 de la 
Directiva, para adoptar normativas más estrictas en ¡a materia, siempre que éstas no supongan un 
menoscabo de las libertades garantizadas por el Tratado y, en particular, de la libre prestación de 
servicios y de la libre circulación de mercancías. Esta interpretación no afecta al hecho de que los 
programas televisivos patrocinados no deben, en ningún caso, incitar a la compra o a la contratación 
de los productos o servicios del patrocinador o de un tercero, en particular mediante referencias de 
promoción concretas a tales productos o servicios. " 
18 
El juez sueco competente (el Marknadsdomstolen de Estocolmo) -decidió 
trasladar una cuestión relativa a cada uno de estos tres asuntos al Tribunal 
AELC. A raíz de la adhesión de Suecia al Tratado CE, los procedimientos se 
transfirieron al Tribunal de Justicia de Luxemburgo19. 
El juez sueco pidió al Tribunal que se pronunciase sobre las siguientes 
cuestiones: 
"¿Procede interpretar el artículo 30 o el artículo 59 del Tratado o la Directiva 
89/552/CEE de 3 de octubre de 1989 en el sentido de que: 
a) obstaculizan el que un Estado miembro adopte medidas respecto a una 
publicidad televisada difundida por un publicista a partir de otro Estado 
miembro (en los tres asuntos); 
b) impiden la aplicación de la norma que figura en el apartado 1 del artículo 
11, de la "radiolagen" que prohibe la publicidad destinada a los niños (en el 
asunto C-34/95)." 
El objeto del expediente se refería principalmente a la aplicación de la 
legislación nacional sueca en materia, por una parte, de publicidad engañosa 
y, por otra parte, de publicidad televisada destinada a los niños menores de 
12 años, en dos casos donde los publicistas suecos enviaban su mensaje 
publicitario al público sueco. En los tres asuntos, la publicidad televisada en 
cuestión era difundida por un organismo de radiodifusión sujeto a la 
competencia de otro Estado miembro (TV3 - UK) y paralelamente, por 
difusores sujetos a la competencia sueca (TV4 en el asunto C-34/95 y 
Homeshopping Channel en los asuntos C-35/95 y C-36/95) 
El Tribunal, en su sentencia de 9 de julio de 1997, recuerda en primer lugar 
que la lealtad de las transacciones comerciales y la protección de los 
consumidores en general constituyen exigencias imperativas de interés 
general que pueden justificar - en determinadas condiciones - los obstáculos 
a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios.20 
En el caso de la publicidad por televisión, la Directiva "Televisión sin 
fronteras" garantiza "un conjunto completo de disposiciones específicamente 
19 El Tribunal AELC ya se había pronunciado sobre el aspecto noruego de estos casos el 16 de junio de 
1995 en los asuntos acumulados E-8/94 y E-9/94 relativos a determinadas cuestiones planteadas con 
carácter prejudicial al Tribunal AELC por "el Markedsrd e t " de Os I o . El 
Tribunal AELC de c i d ¡ ó que los artículos 2 (2) y 16 de la Directiva, incorporada 
al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) deben interpretarse como opuestos a una 
prohibición impuesta a un anunciante, que tiene por efecto impedir difundir un anuncio en el marco de 
emisiones televisadas por un radiodifusor establecido en otro Estado del EEE, si dicho obstáculo 
resulta de una prohibición general, prevista en el derecho nacional, que afecta a los anuncios destinados 
específicamente a los menores de edad. 
20 Apartados 46, página 12 y 53, página 13 de la sentencia. 
19 
dedicadas a la protección de los menores"21. El respeto de- estas 
disposiciones debe estar garantizado únicamente por el Estado de emisión22. 
En consecuencia, el Estado de recepción ya no puede aplicar a las emisiones 
procedentes de otro Estado miembro disposiciones que tengan 
específicamente por objeto controlar el contenido de la publicidad televisada 
respecto a los menores.23 En cambio, el artículo 3 de la Directiva permite a 
los Estados miembros aplicar normas más restrictivas a los organismos de 
radiodifusión de su competencia. 
La Directiva no se opone en principio a que un Estado miembro adopte 
medidas, en aplicación de una normativa general relativa a la protección de 
los consumidores frente a la publicidad engañosa, respecto a un anunciante 
debido a una publicidad televisada difundida a partir de otro Estado 
miembro. No obstante, estas medidas no podrán impedir la retransmisión en 
su territorio de emisiones procedentes de este otro Estado miembro.24 
Más generalmente, el Tribunal afirma que las medidas nacionales que 
prohiben la publicidad destinada a los niños menores de 12 años y la 
publicidad engañosa pueden tener un impacto en la libre prestación de 
servicios25 y hasta podrían - si se demuestra que estas medidas afectan de 
manera diferente a la comercialización de productos nacionales y de los 
procedentes de otros Estados miembros - constituir una restricción a la libre 
circulación de mercancías26. 
Con el fin de evaluar la compatibilidad de la legislación sueca con los 
artículos 30 y 59 del Tratado CE en el caso analizado, el Tribunal consideró 
que corresponde al órgano jurisdiccional de remisión comprobar si las 
disposiciones nacionales son efectivamente necesarias para satisfacer 
exigencias imperativas debidas al interés general o a uno de los objetivos 
enunciados en los artículos 36 y 56 del Tratado, si se proporcionan a tal 
efecto y si estos objetivos o exigencias imperativas no habrían podido 
lograrse por otros medios menos restrictivos27. 
El Tribunal recordó algunos principios generales, y en particular, el que las 
medidas nacionales con un efecto restrictivo en los intercambios de 
mercancías o de servicios deberán tener una justificación específica y no 
21 Apartado 57, página 14. 
22 Apartado 58, página 14. 
23 Apartados 60 y 62, páginas 14 y 15. 
24 Apartado 38, página 11. 
2:1 Apartado 50, página 13. 
26 Apartado 44, página 12. 
27 Apartados 45, página 12 y 52, página 13. 
20 
deberán ir más allá de lo que sea necesario para alcanzar el objetivo 
perseguido. 
Cuando el Derecho comunitario derivado (en este caso la Directiva 
"Televisión sin fronteras") prevé medidas de armonización en el ámbito 
afectado, así como un reparto de competencia entre los Estados miembros 
para la aplicación de las normas comunes, todos los Estados miembros 
deberán respetar este reparto y abstenerse de aplicar su norma a organismos 
de radiodifusión que sean competencia de otro Estado miembro. 
Por lo que se refiere específicamente a la Directiva, el Tribunal estableció 
pues que ésta "no se opone a que un Estado miembro adopte, en virtud de 
una normativa general relativa a la protección de los consumidores contra 
la publicidad engañosa, medidas frente a un anunciante por razón de una 
publicidad televisada emitida desde otro Estado miembro, siempre que 
dichas medidas no impidan la retransmisión propiamente dicha en su 
territorio de las emisiones de radiodifusión televisiva procedentes de este 
otro Estado miembro. ". En cuanto a la publicidad destinada a los niños, el 
Tribunal decidió que "La Directiva 89/552 debe interpretarse en el sentido 
de que se opone a que se aplique a las emisiones de radiodifusión televisiva 
procedentes de otros Estados miembros una disposición de una Ley nacional 
de radiodifusión que establece que un espacio publicitario emitido durante 
el tiempo reservado para la publicidad televisada no debe estar destinada a 
captar la atención de los menores de 12 años. ". 
En otros términos, el Tribunal hace una distinción entre una normativa 
general que no es objeto de disposiciones específicas en la Directiva (es 
decir, principalmente la protección de ,los consumidores contra la publicidad 
engañosa, que ya era objeto de la Directiva 84/450/CEE con ocasión de la 
aprobación de la Directiva 89/552) y una materia que es objeto "de un 
conjunto completo" de medidas en la Directiva (es decir aquéllas 
específicamente consagradas a la protección de los menores, respecto a los 
programas y a la publicidad televisiva, véanse los artículos 16 y 22). En el 
primer caso, el Estado de recepción puede adoptar medidas para alcanzar un 
objetivo de protección de los consumidores respecto a los publicistas 
(nacionales) pero no crear un segundo control de las emisiones de 
radiodifusión televisadas respecto a los organismos de radiodifusión (no 
nacionales), debiendo éstos estar controlados por el Estado de emisión. En el 
segundo caso, el nivel de armonización alcanzado es tal que el Tribunal lo 
considera suficiente para que la Directiva impida al Estado de recepción 
aplicar medidas de protección de los menores previstas en una ley sobre la 
radiodifusión, cualesquiera que sean los operadores interesados. En los dos 
casos, el Tribunal confirma de nuevo el principio del control de los 
organismos de radiodifusión únicamente por el Estado miembro a cuya 
competencia estén sujetos (el Estado de emisión, es decir aquél dónde está 
establecido el organismo de radiodifusión). 
21 
6. CONCLUSIONES 
Durante el periodo de referencia, el Tribunal proporcionó abundante y reiterada 
jurisprudencia. Se confirmaron y aplicaron los principios del espacio audiovisual28 
europeo: libertad de circulación basada en el control del país de origen y normas 
comunes de protección del interés general donde sea necesario. Esta jurisprudencia 
conservará toda su importancia en tanto que referencia para los operadores, las 
autoridades nacionales y la Comisión en las fases de incorporación y de aplicación 
de la nueva Directiva. En la era de la radiodifusión digital, Europa camina hacia una 
mayor libertad de circulación de los programas y de la publicidad televisados, y la 
Directiva "Televisión sin fronteras" contribuye a ello proporcionando el necesario 
marco jurídico comunitario. 
La instauración de este espacio se ha complementado en el ámbito de los derechos de autor y de los 
derechos afínes con la aprobación de la Directiva 93/83/CEE, actualmente en curso de incorporación. 
La propuesta de Directiva relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional, 
adoptada por la Comisión el 9 de julio de 1997, contempla en parte el mismo objetivo (COM (97) 356 
final). 
22 
ISSN 0257-9545 
COM(97) 523 final 
DOCUMENTOS 
ES 02 08 10 15 
N° de catálogo : CB-C0-97-533-ES-C 
ISBN 92-78-25896-2 
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L-2985 Luxemburgo 
^ 3