Dictamen del Comité Económico y Social sobre el documento «Acción en favor del empleo - Pacto de confianza»

(97/C 56/09)

A través de una carta del Sr. Santer, de fecha 26 de junio de 1996, la Comisión solicitó al Comité su dictamen sobre el documento «Acción en favor del empleo en Europa - Pacto de confianza».

En su reunión del 10 de julio de 1996, de conformidad con las disposiciones del primer párrafo del artículo 19 del Reglamento Interno, la Asamblea decidió crear un subcomité para preparar los trabajos en la materia. El subcomité elaboró un proyecto de dictamen el 14 de octubre de 1996 (Ponente: Sr. Chevalier; Coponentes: Sres. Schmitz y Walker).

En su 339° Pleno (sesión del 31 de octubre de 1996), el Comité Económico y Social ha aprobado, por 124 votos a favor, 4 en contra y 10 abstenciones, el presente Dictamen.

1. Resumen

El «Pacto de confianza» puede definirse como un medio excepcional en «la acción en favor del empleo en Europa». El Comité Económico y Social lo considera como uno de los elementos de la cohesión económica y social contemplada en el Tratado constitutivo de la Comunidad y la Unión; es consciente de la importancia particular que ello confiere al dictamen que emite al respecto.

Por su propia denominación, por el papel que se le ha atribuido y por su composición, el Comité ha considerado siempre como indisociables los dos aspectos de la problemática: el económico y el social, que se apoyan el uno en el otro.

En el transcurso de la construcción de Europa, el Comité ha hecho una contribución al progreso de los factores económicos que ha sido reconocida y apreciada. El Comité se congratula de los resultados obtenidos al respecto.

Aunque todavía subsisten graves y profundas lagunas en materia de disposiciones sociales, el Comité considera muy positivas las mejoras ya obtenidas, que siempre ha respaldado y que con frecuencia han sido propuestas por él mismo.

No obstante, el Comité lanza hoy una voz de alarma: el edificio europeo, inacabado y frágil, se verá condenado a la paralización e incluso al hundimiento si los Estados de la Unión no toman de inmediato, en contra del paro y en favor de la promoción del empleo, las medidas urgentes -portadoras de soluciones nuevas y de extraordinaria gravedad- que se imponen de manera absoluta.

1.1. Ésta es la razón por la que el Comité Económico y Social celebra la idea del Sr. Jacques Santer, Presidente de la Comisión, de emprender una «acción en favor del empleo en Europa» a través de un «pacto de confianza». En el dictamen sobre el documento presentado por el Sr. Santer, el Comité aprueba sin ningún tipo de reserva los objetivos del pacto de confianza. El Comité respalda las propuestas concretas encaminadas a que dichos objetivos se traduzcan en hechos, al tiempo que añade algunas sugerencias suplementarias. En el presente resumen no se repiten los puntos con los cuales el Comité está de acuerdo. Solamente se señalan las cuestiones que han llevado al Comité a insistir en el texto de la Comisión o a añadir algunos elementos.

1.2. En primer lugar, el Comité hace hincapié en la gravedad de la crisis engendrada por el paro permanente y la recesión del empleo. Considera que en Europa el paro ha alcanzado proporciones críticas. Si no se obra de manera eficaz para reducir el considerable número de sus víctimas, la cohesión y los valores sociales de Europa se verán en peligro y disminuirá la credibilidad de la Unión y de los Estados que la componen. Como consecuencia de ello podrían surgir divisiones sociales que pongan en peligro el propio tejido social. La creación de empleo no es sólo una cuestión de sentido común en el terreno económico, sino que tiene también una importancia vital en el plano social.

1.3. Ante esta dramática situación, el Comité hace un llamamiento a todos los agentes de la vida política, económica y social para que a todos los niveles -tanto internacional como nacional, regional y, sobre todo, local- cada cual se comprometa y obre de manera eficaz.

1.4. En esta perspectiva, el Comité pide que, como prolongación de las Cumbres de Essen (diciembre de 1994) y de Dublín (septiembre de 1996), la Cumbre de Dublín de jefes de Estado y de gobierno de diciembre de 1996 adopte solemnemente el «Pacto en favor del empleo» y elabore un plan plurianual con medidas concretas y un calendario imperativo.

1.5. La necesidad de reactivar la economía, reconocida unánimemente, conduce a una concertación entre los poderes públicos y los interlocutores sociales al objeto de introducir correcciones en las políticas presupuestarias que desemboquen en una consolidación creíble y equilibrada en el plano social y en una utilización de los márgenes de maniobra para lograr una política monetaria y una política de rentas que favorezcan el empleo.

1.6. El Comité considera que la Conferencia Intergubernamental debería incluir la coordinación de las políticas de empleo en el Tratado de la Unión Europea y proponer, para ello, los añadidos y rectificaciones necesarios en los textos existentes.

1.7. El Comité insiste en la necesidad de dar un impulso suplementario a los trabajos de infraestructuras de los transportes, a la puesta en marcha de la sociedad de la información y a los diversos ámbitos posibles de la política industrial. Convencido de que el mercado de los servicios constituye una seria esperanza de creación de empleos de alta calidad, el Comité respalda la propuesta encaminada a la elaboración de una comunicación sobre el empleo y los servicios, destinada al Consejo Europeo de Dublín.

1.8. El Comité es consciente de la importancia del mercado mundial. Considera que la Unión Europea debe aún definir su papel en materia de política comercial internacional, plasmar de manera concreta la función de representatividad que el Tratado confiere a la Comisión y elaborar los procedimientos que permitan adoptar sus posiciones en las negociaciones internacionales.

1.9. Para afianzar el lugar de Europa en el marco de la competencia mundial, es necesario consolidar el mercado interior completando la legislación. La puesta a punto de un estatuto de la sociedad europea sufre retraso. El Comité espera que en este ámbito se pueda llegar a un acuerdo lo más rápidamente posible sobre la base de los dictámenes que ha emitido en materia de información, consulta y participación. Espera asimismo que las inversiones en biotecnología consigan por fin hallar un marco jurídico y recuerda los dictámenes que ha adoptado al respecto.

1.10. El Comité destaca la importancia de que se establezca un calendario para la adopción de las medidas pendientes necesarias para la plena realización del mercado único y respalda los esfuerzos de la Comisión por lograr que los Estados miembros incorporen las directivas del mercado único a las legislaciones nacionales y las apliquen realmente. La realización de la unión económica y monetaria en los plazos fijados debe comportar dichas medidas.

1.11. No obstante, también sería de gran utilidad simplificar la legislación. En particular, el Comité considera justificado un programa que aligere las obligaciones de carácter administrativo y reglamentario que representan un coste demasiado elevado en Europa y que perjudican principalmente a las PYME y en particular a las microempresas. En este sentido, el Comité acoge favorablemente la iniciativa SLIM y desearía que su aplicación se extendiera cuanto antes a otros ámbitos.

1.12. El Comité concede una gran importancia a la realización de la unión monetaria europea en el plazo oportuno al objeto de fomentar la confianza y el empleo.

1.13. Convencido de la necesidad imperiosa de una reestructuración fundamental de los Fondos estructurales, el Comité desea hacer hincapié en que dichos fondos deben servir para crear empleos duraderos que se añadan a los empleos ya existentes. Pero como la movilización de nuevos recursos a esos efectos aumentaría el gasto público y, por consiguiente, la carga fiscal, considera que se deberían redistribuir los créditos entre los diferentes objetivos. Existe desde 1997 la posibilidad de reorientar los fondos de manera que su impacto en las perspectivas de empleo sea mayor y el Comité está firmemente convencido de que es conveniente aprovechar esa ocasión.

1.14. El Comité insta a las autoridades regionales y locales a que tengan en cuenta la importancia de los pactos territoriales acordados entre las organizaciones socioeconómicas y las administraciones públicas al objeto de favorecer las iniciativas de desarrollo local.

1.15. El dictamen del Comité subraya en repetidas ocasiones el papel esencial que desempeñan las PYME. Se debe elaborar una definición más precisa para dar cabida a la noción de microempresa. En este sentido, es conveniente reforzar la redacción del artículo 118 A del Tratado, crear un Banco europeo de las PYME (BEIPYME) distinto del BEI y aliviar las cargas financieras y el exceso de reglamentación que pesan más sobre las PYME que sobre las grandes empresas.

1.16. El Comité reconoce la necesidad de aplicar una política de rentas que fomente la competencia y el empleo. No obstante, desea señalar que dicha política no debe ser sinónimo de una economía de salarios bajos.

1.17. Conviene también recordar que los costes de la mano de obra no constituyen el único elemento determinante de la competitividad: en algunos casos, pueden verse compensados por la calidad, la concepción y elementos de «competitividad distinta de la competitividad del precio».

1.18. El Comité es perfectamente consciente de la interacción que existe entre los tipos de interés, los salarios, las inversiones, el empleo y la productividad. Insta a los Estados miembros y a los diferentes agentes en estos ámbitos a que busquen los equilibrios necesarios con arreglo a sus tradiciones y a la situación de sus respectivos países, teniendo en cuenta en particular las peculiaridades geográficas. Pero destaca con insistencia que ninguna de las medidas que se tomen en nombre del empleo debe tener el efecto perverso de disminuir las garantías de higiene, seguridad y protección sanitaria o social.

1.19. El Comité aprueba en principio la política de destinar parte de los fondos del subsidio de paro a medidas activas en favor del empleo, pero considera que es necesaria una profunda reflexión en cuanto al modo de proceder más eficaz en este ámbito. En particular, la creación de empleo no debe acarrear la desaparición de empleos ya existentes.

1.20. El Comité observa que los interlocutores sociales han realizado progresos en la búsqueda de un marco contractual en materia de organización del trabajo, de flexibilidad y de reducción del tiempo de trabajo, y estima que se debe ahondar más en estas cuestiones. Considera que de esta manera se hace una valiosa contribución a la preparación del Libro Verde que la Comisión va a iniciar próximamente sobre estos temas. El Comité acoge asimismo favorablemente la idea de otro Libro Verde sobre los aspectos sociales y societales de la sociedad de la información.

1.21. Por último, el Comité da una importancia muy particular a las acciones que pueden mejorar la formación inicial, la formación profesional, la adaptación permanente a las evoluciones tecnológicas y estructurales, los vínculos entre empresas y escuelas, el reconocimiento mutuo de las cualificaciones y las transferencias del ahorro personal y de los derechos de pensión.

1.22. El Comité Económico y Social piensa contribuir así a los esfuerzos de todos aquellos que intentan revalorizar las soluciones que parecían desgastadas o caducas y encontrar ideas nuevas y constructivas. Gracias a ello, la economía relanzada devolvería la confianza a quienes temen perder su empleo, a los parados que esperan ansiosos su reintegración y sobre todo a los jóvenes que dudan de su futuro.

2. Introducción

2.1. El Comité Económico y Social celebra la iniciativa tomada por el Sr. Jacques Santer, Presidente de la Comisión, al objeto de emprender una «acción en favor del empleo en Europa» a través de un «pacto de confianza». Esta propuesta responde al deseo expresado por el Comité en su Dictamen sobre el «Informe económico anual 1996» (), en el que «insta a la Comisión a que dé forma a una alianza en favor del empleo y la estabilidad y a que siga desarrollando el pacto europeo de confianza por el empleo iniciado por el Presidente de la Comisión, Jacques Santer».

2.2. En opinión del Comité, el desempleo permanente que existe actualmente en Europa ha alcanzado proporciones críticas, y si no se actúa de manera eficaz para reducir el considerable número de parados, la cohesión y los valores sociales de Europa se verán amenazados; si en los Estados miembros de la Unión Europea no se logra ofrecer trabajo a sus ciudadanos, se corre el riesgo de crear una fractura social que pondrá en peligro el propio tejido social.

2.3. El Comité observa con gran satisfacción que esta iniciativa del Presidente de la Comisión tiene por objeto la adopción de medidas positivas para erradicar la plaga del desempleo en Europa.

2.4. Ésta es la razón por la que el Comité Económico y Social aprueba los objetivos del pacto de confianza, que consiste en lo siguiente:

- ir más allá de medidas aisladas, que son siempre ineficaces;

- restablecer la confianza en torno a una estrategia global;

- movilizar a todos los agentes interesados, a todos los niveles, en la búsqueda de un mismo objetivo;

- aprovechar mejor el efecto multiplicador europeo;

- obtener de todas las partes interesadas compromisos concretos.

2.5. El Comité lamenta que, con demasiada frecuencia, las medidas anteriores hayan sido ineficaces. Insiste en la necesidad de recurrir a ideas nuevas y constructivas y de llevar a la práctica las medidas indispensables que ya han sido objeto de una amplia difusión (Libro Blanco de Jacques Delors, resoluciones de Essen). La voluntad de aceptar cambios de política radicales constituye una necesidad imperativa.

2.6. El CES acoge también favorablemente la invitación formulada a todas las partes interesadas de comprometerse en la medida de lo necesario, porque sin una acción concertada no se pueden hacer progresos significativos.

El Comité hace un llamamiento a todas las partes interesadas para que estén a la altura de sus responsabilidades. Independientemente del papel particular que desempeñan las instancias estatales, es inaceptable que muchos de los interesados tengan tendencia, antes de pasar a la acción, a esperar a que lo hagan los demás.

2.7. Como señala el Presidente de la Comisión, las soluciones competen a diferentes responsables. Por esta razón, el Comité ha agrupado las observaciones que siguen con arreglo al peso de la responsabilidad de los interesados. El Comité reconoce la importancia capital del papel de los diferentes actores nacionales. Al objeto de que se pueda disponer de márgenes de maniobra a nivel europeo, es fundamental que los Estados miembros tomen las medidas necesarias en materia de política de empleo. Conforme a las conclusiones de la Cumbre de Dublín, prolongación de las de Essen, el Comité les pide encarecidamente que en la cumbre de Dublín de jefes de Estado y de gobierno de diciembre de 1996 adopten un compromiso solemne acompañado de medidas concretas y de un calendario, con el fin de dar prioridad absoluta a la reabsorción del paro y a la promoción del empleo.

3. Medidas que competen principalmente a los Estados

3.1. Política macroeconómica

3.1.1. En su documento «Acción en favor del empleo en Europa - Pacto de confianza», la Comisión hace especialmente hincapié en la necesidad de crear un marco macroeconómico favorable. El Comité hace suya la opinión de la Comisión de que «para crear puestos de trabajo, es indispensable el crecimiento, pero no cualquier crecimiento. Éste debe ser sostenible y basarse en la estabilidad monetaria y en una política financiera saneada. Debe estar impulsado por la demanda y apoyado por la inversión productiva. En fin, el crecimiento debe crear empleo. Por ello, es necesario reducir los déficits públicos para hacer bajar los tipos de interés. Se requiere una política salarial razonable y la disminución de los costes indirectos del trabajo».

3.1.2. En el marco de una estrategia macroeconómica global y coordinada, el Comité coincide con la Comisión en que para ello es necesaria la participación, con el mismo grado de responsabilidad, de las autoridades públicas y los interlocutores sociales competentes para firmar acuerdos en los niveles correspondientes, y la definición, en el pacto de confianza, de los compromisos contraídos por cada una de las partes. En el Consejo Europeo de Dublín del próximo mes de diciembre los gobiernos deberán mostrarse abiertos a un compromiso mucho mayor en el proceso que constituye el pacto de confianza.

3.2. Presupuestos, impuestos y cargas sociales

3.2.1. Los Estados se han reservado el poder de decisión en materia de política fiscal. Para que la política fiscal cumpla su papel esencial en la creación de condiciones favorables al aumento de las inversiones y del empleo, el Comité Económico y Social considera no obstante justificado formular las observaciones siguientes.

3.2.2. El Comité respalda los principios de política presupuestaria enunciados por la Comisión:

- son preferibles las reducciones de gastos a las subidas de impuestos;

- independientemente de la reducción del gasto público, conviene aumentar la parte de éste dedicada a la inversión no material en capital humano, en investigación, desarrollo e innovación y en infraestructuras necesarias para la competitividad;

- sin cuestionar las ayudas sociales indispensables para luchar contra la exclusión, los Estados miembros deberían estudiar la transformación de los gastos pasivos destinados a la compensación del paro en medidas activas;

- convendría disminuir las cargas fiscales sobre el trabajo.

3.2.3. El Comité observa que la política fiscal de la mayoría de los Estados miembros no responde a estos principios, y manifiesta la esperanza de que rectifiquen sus políticas presupuestarias. Si se quiere que los bancos centrales y los interlocutores sociales utilicen los márgenes de maniobra de que disponen para aplicar una política monetaria y de rentas que favorezca el empleo, es indispensable llevar a cabo una política de consolidación creíble y equilibrada en el plano social.

3.2.4. En la mayor parte de los Estados, el déficit presupuestario es demasiado elevado. Como consecuencia de ello, no sólo es más difícil llevar a cabo la necesaria disminución de los tipos de interés, sino que también se reduce de manera duradera el margen de maniobra fiscal de los Estados para poder aplicar una política de empleo activa. El Comité está de acuerdo con la Comisión en que debe proseguirse la consolidación de las haciendas públicas. La reducción del déficit debe realizarse de manera coherente con las exigencias coyunturales. Es este sentido, el Comité destaca que los criterios de convergencia político-financieros del Tratado constitutivo de la CE ofrecen la flexibilidad necesaria para llevar a cabo una política financiera adaptada a la coyuntura.

3.2.5. La política fiscal reviste asimismo gran importancia para el fomento del empleo. El peso de los impuestos no puede convertirse en un freno para las inversiones (empresas, Estado) y la disponibilidad del trabajo (trabajadores, autónomos). El sistema fiscal debe ser reconfigurado en un sentido más favorable para el empleo. A escala mundial se observa que un nivel bajo de fiscalidad favorece el crecimiento y el empleo. El Comité insiste sin embargo en la necesidad de equilibrar socialmente estas medidas. Las reducciones de la fiscalidad no deben efectuarse a expensas de los servicios públicos esenciales y de la protección social.

3.3. Aplicación de las resoluciones de Essen

3.3.1. El Comité ha apoyado desde el principio las resoluciones del Consejo Europeo de Essen que, en diciembre de 1994, señalaron los puntos centrales de una estrategia de la Unión Europea en favor del empleo:

- mejoramiento de las perspectivas de empleo de los trabajadores;

- aumento de la intensidad de empleo del crecimiento;

- reducción de los costes salariales indirectos, con el fin de estimular la creación de empleo;

- aumento de la eficacia de la política del mercado de trabajo;

- refuerzo de las medidas en favor de los colectivos especialmente afectados por el paro.

En aplicación de esta estrategia de política en favor del empleo los Estados miembros elaboraron en 1995 los primeros programas plurianuales de empleo y los sometieron a la Comisión, conforme a la obligación de informar contraída en aquel Consejo.

3.3.2. El informe provisional presentado al Consejo Europeo de Florencia muestra sin embargo que las políticas de empleo de los Estados miembros no se apartan en nada de los caminos trillados y que la adopción o aplicación de medidas nuevas brilla por su ausencia. En opinión del Comité, la coordinación a nivel europeo de las políticas de empleo no puede reducirse a una rendición de cuentas anual sobre los programas plurianuales. El Comité considera necesario recordar a los Estados miembros que los compromisos adquiridos a nivel de la UE son de carácter obligatorio y contribuyen a que la estrategia europea en favor del empleo, sea más eficaz de manera permanente.

3.4. Iniciativas en materia de cualificación

3.4.1. El Comité recuerda que los cinco objetivos definidos en el Libro Blanco sobre la educación y la formación deben jugar un papel clave en la construcción de la sociedad cognitiva (). El sistema educativo, que es competencia casi exclusiva de los Estados miembros, está en crisis. La formación impartida actualmente es a menudo inadecuada e insuficiente. El Comité insta a que se refuercen los vínculos entre la escuela (incluida la enseñanza superior) y la práctica profesional y a que los sistemas educativos concedan más importancia a la formación con vistas a sectores de futuro (medios de comunicación, telecomunicaciones, medio ambiente, sanidad, turismo, etc.).

3.4.2. La Comisión señala, también con razón, el déficit existente en el campo de la formación continua. La combinación de trabajo y formación en fórmulas como el aprendizaje en alternancia es una necesidad para los trabajadores en su conjunto sin discriminaciones de ningún tipo y, especialmente no puede seguir estando reservada a los trabajadores que cuentan con una formación académica. Es indispensable adoptar medidas que permitan establecer comparaciones entre las distintas formaciones profesionales y lograr en este campo la expedición de certificados equiparables y utilizables en el mercado de trabajo dentro de la UE con el fin de facilitar la movilidad.

3.4.3. La formación general y profesional constituyen un ejemplo excelente en el ámbito de las actividades nacionales para los interlocutores sociales en el seno del pacto de confianza. Los empleadores saben qué tipo de formación necesitan los empleados y éstos están interesados en una formación general y profesional que les permita conservar el empleo, promocionarse u obtener un nuevo puesto de trabajo. Una fuerza de trabajo que posee las competencias que se requieren representa un interés común para los interlocutores sociales. La movilidad puede incrementarse dentro de las empresas y entre las empresas. Por consiguiente, el Comité insta a los interlocutores sociales a que pongan en marcha pactos de confianza a nivel nacional en materia de formación general y profesional con el objeto de aumentar el empleo.

3.5. Conferencia Intergubernamental

3.5.1. El Comité considera necesario:

- incluir en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea una referencia clara a la coordinación de las políticas de empleo;

- incluir en la lista de competencias comunitarias del artículo 3 de dicho Tratado la «coordinación de las políticas de fomento del empleo»;

- incluir en el Tratado un procedimiento obligatorio de coordinación, incluido un sistema de control multilateral; dicho procedimiento debe incluir, entre otras cosas, programas nacionales plurianuales basados en las orientaciones que los ministros de Economía y Finanzas y los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales establezcan para la política de empleo a nivel comunitario, a propuesta de la Comisión y con la participación del Parlamento y el CES.

3.5.2. El Comité solicita además que, con ocasión de la revisión del Tratado de Maastricht, los capítulos relativos a la política macroeconómica (artículo 103), política industrial (artículo 130), cohesión económica y social (artículo 130 A), política agrícola común e investigación y desarrollo tecnológico (artículo 130 F) se refuercen con vistas a la política de empleo.

3.5.3. El Comité solicita que se reformule el artículo 118 A del Tratado para que tenga en cuenta expresamente a las microempresas. En efecto, dicho artículo dispone que las directivas sobre salud y seguridad «evitarán establecer trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas». El Comité quiere resaltar que no se ha prestado suficiente atención a este importante precepto, sobre todo en lo relativo a las microempresas. Pero el Comité insiste en que esas medidas no contribuyan a falsear la competencia.

4. Medidas a nivel de la Unión Europea

Sin desatender las obligaciones de la subsidiariedad, es preciso que todas las competencias de que dispone la Unión Europea se utilicen al máximo de sus posibilidades y de su eficacia. En lo que al paro y al empleo se refiere, no habría que limitar el problema únicamente a los aspectos del mercado de trabajo, por cuanto la Unión sólo tiene una competencia limitada en este ámbito. La Unión Europea dispone de competencias para intervenir en los ámbitos del «mercado interior», «investigación y desarrollo», «política estructural», etc., pero también en lo que atañe a los parámetros económicos, financieros y monetarios.

4.1. Mercado interior

4.1.1. En el documento «Acción en favor del empleo en Europa - Pacto de confianza» (), la Comisión propone una ofensiva en cuatro frentes con el fin de completar y perfeccionar el mercado interior:

- completar y mejorar la realización del mercado interior;

- mejorar la situación competitiva global de Europa;

- ayudar a las pequeñas y medianas empresas;

- ampliar el acceso al mercado mundial.

El CES señala expresamente su acuerdo con estas propuestas.

4.1.2. El desarrollo de una infraestructura europea (redes transeuropeas) es de gran importancia para completar la realización del mercado interior. Desde el Libro Blanco de Jacques Delors, este objetivo solo ha dado lugar -al margen de una multitud de anuncios- a un número muy escaso de medidas concretas. El Comité es plenamente consciente de los problemas administrativos y jurídicos que plantea. Pero no alcanza a comprender por qué los problemas financieros no son objeto de un planteamiento suficientemente amplio. El Comité suscribe la propuesta del Sr. Santer, Presidente de la Comisión, en el sentido de establecer una financiación sustitutoria proveniente del presupuesto europeo para dar un impulso suplementario al inicio de los trabajos relativos a las medidas prioritarias en el terreno de la infraestructura de transportes.

4.1.3. El Comité hace suyas las propuestas de la Comisión para la concreción de una sociedad europea de la información. Considera que es uno de los elementos clave de una política industrial europea no centrada en la intervención en los mercados sino orientada a mejorar el entorno general ofrecido a las empresas europeas. El Comité aboga sin embargo por tener también en cuenta, además de la sociedad de la información, otros campos de la política industrial, y propone que se integren en el «pacto de confianza» los puntos esenciales del programa de acción en materia de política industrial.

4.1.4. Habida cuenta del retraso de Europa en materia de investigación y desarrollo, el Comité juzga positiva la idea de la Comisión de centrar en adelante la ayuda a la investigación en algunos sectores clave y de concentrarla más en las aplicaciones. El Comité apoya la elaboración de planes estratégicos, por ejemplo en el terreno del transporte combinado, el automóvil del mañana, los programas educativos multimedia, la tecnología del medio ambiente o del agua.

4.1.5. En el pacto de confianza se afirma que «el mercado interior sigue siendo incompleto y desigual en su realización (...). A las PYME les cuesta más aprovechar todo el potencial que a los grandes operadores económicos. Por último, conviene señalar que la liberalización no es un fin en sí misma sino un instrumento para mejorar la cooperación y la prosperidad en Europa y aumentar la confianza de los consumidores y la calidad de los servicios prestados a los usuarios. (...) En este sentido, la Comisión, en su Dictamen sobre la CIG, ha insistido en la idea de los servicios universales y de interés económico general».

4.1.6. El CES comparte la idea de la Comisión de que el mercado de los servicios constituye nuestra más seria esperanza de creación de empleos de alta calidad. El CES está de acuerdo también con la Comisión en que son numerosas las restricciones con que tropieza el desarrollo de los servicios con fuerte valor añadido. El CES acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión encaminada a elaborar una Comunicación global sobre el empleo y los servicios destinada al Consejo Europeo de Dublín, que contenga propuestas precisas y un calendario para la supresión de las restricciones existentes.

4.1.7. El Comité acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de elaborar orientaciones para una coordinación más estrecha de las políticas fiscales en Europa, con el doble fin de instaurar un clima más propicio a la creación de empleo y frenar la tendencia al aumento continuo de los impuestos sobre el trabajo.

4.1.8. Como lo demuestra el ejemplo americano, cabe considerar que la evolución del crecimiento y del empleo depende menos del comercio mundial que del desarrollo del mercado interior. En Europa deberíamos conseguir que, en una economía de escala, nuestro mercado interior desempeñara, en lo que se refiere a nuestra economía, un papel comparable al del mercado interior americano en la economía americana.

4.2. Ampliar el acceso al mercado mundial

4.2.1. El Comité aprueba las propuestas siguientes:

- fortalecimiento de la OMC;

- prioridad a la puesta en práctica y respeto de los resultados de la Ronda de Uruguay;

- esfuerzos encaminados a la integración de Rusia y China en la OMC y, de una manera general, en el sistema económico internacional;

- lucha contra la piratería intelectual;

- adaptación de la política comercial común a la evolución del comercio internacional.

El Comité recomienda que en el curso de estas adaptaciones se tenga siempre en cuenta la dimensión social de los problemas.

4.2.2. La Comisión insiste con razón en la importancia del mercado mundial. El Comité se suma a las propuestas presentadas por la Comisión. Sin embargo, la Unión Europea todavía tiene que definir su papel en materia de política comercial internacional, plasmar de manera concreta la función de representatividad de cara al exterior que el Tratado confiere a la Comisión y elaborar procedimientos que permitan definir posiciones en las negociaciones internacionales.

4.3. Completar la legislación

4.3.1. El CES recuerda la petición que formuló en su Dictamen sobre «El mercado único en 1995 - Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo» () instando a que la Comisión «precise en su informe sobre el impacto del mercado único que presentará en el segundo semestre de 1996 un calendario de adopción de las últimas medidas requeridas que se articule con la etapa clave de la realización de la UEM en 1999 y que contemple una metodología que imponga la convergencia comunitaria frente a las diferentes maneras de actuar de las administraciones nacionales, aun cuando algunos ámbitos de desarrollo a largo plazo puedan necesitar plazos suplementarios».

4.3.2. El Comité expresa su apoyo a la Comisión en los esfuerzos que está realizando para que los Estados miembros incorporen a su ordenamiento jurídico las directivas sobre el mercado interior, incluidas las relativas a los contratos públicos y al sector de los servicios. En aras de una mayor eficacia, es preferible optar por reglamentos en lugar de directivas. El Comité subraya con insistencia que ninguna de las medidas adoptadas en nombre del empleo debe tener el efecto perverso de disminuir las garantías de higiene, seguridad y protección sanitaria o social.

4.3.3. Las empresas, sin distinción de tamaños, siguen sufriendo la ausencia de disposiciones de conjunto.

4.3.4. Por consiguiente, el CES solicita que se colmen las lagunas que subsisten. La elaboración del estatuto de la sociedad europea está retrasada. El CES espera que se pueda llegar a un acuerdo al respecto con la mayor rapidez posible, sobre la base de los dictámenes que ha emitido sobre las cuestiones de información, consulta y participación. Espera también que las inversiones en biotecnología puedan finalmente disponer de un marco jurídico y recuerda los dictámenes que ha adoptado en este sentido.

4.4. Simplificar la legislación

4.4.1. En esta perspectiva, resulta indispensable la definición de normas de calidad y de reglas de estructuración y funcionamiento del mercado. Para que los trabajadores acepten las crecientes exigencias en materia de flexibilidad, las normas deben configurarse de tal modo que las nuevas y más flexibles formas de contratación ofrezcan las mismas posibilidades de desarrollo individual y la misma protección que las formas de contratación tradicionales. No obstante, el CES está convencido de que se contribuiría considerablemente a la creación de empleo reduciendo la pesada carga que representan el exceso de reglamentación y una fiscalidad demasiado gravosa; esto es aplicable sin duda alguna al sector de las microempresas así como a la mano de obra poco remunerada, pero también, a ser posible, a otras categorías. Los problemas de este tipo se dan especialmente a nivel nacional.

4.4.2. Conviene recordar que los costes no salariales no se limitan únicamente a la fiscalidad que el Estado impone al empleo; también forma parte de ellos el coste de la aplicación de las reglamentaciones relativas al empleo. A la hora de decidir si conviene contratar, el empresario tiene en cuenta todos los costes que acarrea su decisión, incluidos los costes que conllevaría revocar su decisión y los que desaconsejan la contratación.

4.4.3. Asimismo, el Comité considera que cualquier nueva disposición europea debe examinarse desde el punto de vista de la eficacia y que es necesario revisar las disposiciones existentes con este mismo criterio.

4.4.4. En este sentido, el Comité acoge con satisfacción la iniciativa SLIM y desearía que su aplicación se ampliara sin demora a otros ámbitos. La UE debería mostrar el camino a los Estados miembros revisando todos los aspectos de su reglamentación y, en particular, de la relativa al empleo. El principio que debe guiar esta revisión debería ser el siguiente: suprimir una disposición siempre que no existan argumentos totalmente convincentes en favor de mantenerla.

4.4.5. Es de deplorar la proliferación de normas en el ámbito de la política agrícola común, que obstaculiza seriamente la toma de decisiones del empresario por un exceso de información que reunir y disuade a menudo a los agricultores de aprovechar las oportunidades ofrecidas por la UE.

4.4.6. El Comité expresa su satisfacción por el hecho de que se haya reconocido el efecto particularmente perjudicial de las reglamentaciones para las PYME y aprueba la idea de un programa de acción para ofrecerles ayuda; sin embargo, opina que este programa debería centrarse sobre todo en las microempresas, que son las principales fuentes de creación de empleo y que constituyen también el sector más seriamente afectado por el exceso de reglamentación.

4.4.7. El CES considera que la definición de PYME es demasiado amplia. En el extremo superior de esta categoría se encuentran empresas de dimensiones considerables, mientras que en el extremo inferior incluye las sociedades unipersonales. Los problemas con que se enfrentan estas dos formas de empresa y el tipo de asistencia que necesitan son demasiado diferentes para que se justifique su agrupamiento en una categoría única. Por ello, las medidas de ayuda destinadas a ellas no se ajustan con precisión.

4.4.8. El CES considera que se podría adoptar una medida positiva consistente en subdividir la categoría de las PYME y definir la de microempresas según la recomendación de la Comisión del 3 de abril de 1996. En efecto, se ha demostrado que en todos los países desarrollados, las PYME, y en particular las microempresas, constituyen la fuente más importante de nuevos empleos. Toda estrategia que tenga por objeto mejorar las perspectivas de empleo en la Unión Europea debe privilegiar a las microempresas. Es necesario crear una economía de empresa en la que los empresarios existentes puedan tender a la expansión y los empresarios potenciales se vean alentados a entrar en el mercado con posibilidades razonables de éxito.

4.5. La moneda única

4.5.1. El Comité ha señalado en repetidas ocasiones que es políticamente fundamental que la Unión económica y monetaria se lleve a cabo en los plazos fijados. Insiste en el hecho de que no se trata solamente de una cuestión de declaraciones, sino que su realización dependerá sobre todo de la capacidad de los agentes interesados para asumir sus responsabilidades y tomar medidas concretas. La UEM sólo contribuirá a estabilizar el contexto general de la economía si ofrece un marco abierto que permita la adhesión a los Estados que no hayan podido o querido formar parte de ella y que lo soliciten ulteriormente.

4.5.2. El Comité subraya que posponer la Unión monetaria no contribuye a una política activa de empleo. Al contrario, el Comité teme que un retraso de la Unión monetaria perturbaría las políticas monetarias, lo cual podría poner en peligro los empleos dependientes de las exportaciones en los países de moneda fuerte y entrañaría una subida de los tipos de interés en los demás países. La consecuencia inevitable sería una nueva recesión.

4.6. Los Fondos estructurales

4.6.1. El Comité comparte la opinión de la Comisión en el sentido de que «las políticas estructurales europeas deben ponerse prioritariamente al servicio del empleo». El Comité quiere destacar no obstante la necesidad que los Fondos estructurales se utilicen para crear empleos duraderos y que la creación de empleos no suponga la supresión de los ya existentes.

Por otro lado, el Comité ya hizo suya esta idea en su dictamen sobre las iniciativas de desarrollo local en octubre de 1995, al señalar la necesidad «de canalizar diferentemente una mayor cuota de los marcos comunitarios de apoyo hacia los objetivos en el ámbito del empleo reseñados en el Libro Blanco (desarrollo local, PYME, nuevos yacimientos de empleo)» (Dictamen sobre «El desarrollo local en la política regional comunitaria», 24 y 25 de octubre de 1995, punto 9.7.1).

4.6.2. El Comité considera que para ello es necesaria una reestructuración fundamental de los Fondos estructurales.

4.6.3. Los objetivos 1, 2, 5b y 6 tienen un carácter específicamente regional y atañen a medidas que se limitan a determinadas regiones o zonas dentro de las mismas. No todas las regiones que pueden beneficiarse de ayudas son regiones con una tasa de desempleo elevada; en algunas de ellas, los niveles de paro son bastante bajos; mientras que en otras sin derecho a ayudas los niveles de desempleo son relativamente elevados. En cambio, los objetivos 3, 4 y 5a abarcan el conjunto de la UE.

4.6.3.1. De acuerdo con el Quinto informe periódico de la Comisión sobre la situación económica y social y el desarrollo de las regiones en la Unión Europea, la media del paro en las regiones del objetivo 1 ha aumentado de hecho de un 15,4 % en 1986 a un 16,7 % en 1993. En las regiones del objetivo 2 dicha cifra descendió en el mismo período del 14,7 % al 12,1 %, mientras que en las del objetivo 5b disminuyó del 8,3 % al 7,3 %. Parece, pues, que el objetivo 2 ha sido el de repercusión más favorable sobre el empleo.

4.6.4. El objetivo 3 va dirigido específicamente, entre otras cosas, a la lucha contra el paro de larga duración y a facilitar la integración de los jóvenes en la vida activa. El Comité concluye que la mejor manera de poner los Fondos estructurales al servicio del empleo sería utilizar de manera más eficaz los fondos destinados a los objetivos específicamente orientados al empleo.

4.6.5. El CES no cree que sea necesario movilizar nuevos recursos a esos efectos, habida cuenta de que ello aumentaría el nivel del gasto público así como la carga fiscal. El Comité considera que se debería proceder a una transferencia de recursos entre objetivos. Esta eventual transferencia no puede poner en tela de juicio compromisos formalmente asumidos y recogidos por escrito entre la Unión y los diferentes Estados miembros. Por otra parte, nunca podrá afectar a regiones que tienen tasas de desempleo por debajo de la media comunitaria y, de manera simultánea, un nivel de desarrollo económico también inferior a la media europea de PIB per cápita como es el caso, por ejemplo, de Portugal.

Las prioridades del objetivo empleo tienen que ser siempre compatibles con el objetivo comunitario más global de la cohesión económica y social.

4.6.6. Como se indica en el documento de la Comisión, está prevista una revisión intermedia de los objetivos 1, 3, 4 y 5b para comienzos de 1997. De ser así, existe la posibilidad de reorientar los Fondos de manera tal que su impacto en las perspectivas de empleo en la Unión Europea sea mayor. El Comité tiene la firme convicción de que es preciso aprovechar esta oportunidad.

4.6.7. Otra medida que haría también de los Fondos estructurales un instrumento más adaptado a la lucha contra el paro consiste en modificar los criterios de elegibilidad a las ayudas de los objetivos 1, 5b y eventualmente 2, al objeto de que las regiones aquejadas de una alta tasa de paro y de un PIB per cápita bajo puedan acogerse en mayor medida a los beneficios de estos regímenes. Estas regiones podrían definirse como aquéllas cuya tasa de paro es superior a la media de la UE o cuya tasa de actividad es inferior a ella, dentro de ciertos márgenes.

Esta reorientación puede ser eficaz, habida cuenta de que quedan aún por comprometer tres cuartos de los fondos previstos.

4.6.8. El Comité apoya plenamente a la Comisión en su solicitud de que las autoridades regionales y locales tengan en cuenta la importancia de los pactos territoriales establecidos entre organizaciones socioeconómicas y administraciones públicas con el fin de fomentar las iniciativas de desarrollo local.

4.6.8.1. El objetivo de amplia concertación en que se basan los pactos territoriales es movilizar todas las voluntades y recursos locales en favor de una estrategia integrada que permita una mejor coordinación de las acciones en favor del empleo.

4.6.9. Pese al esfuerzo informativo llevado a cabo por la Comisión, las iniciativas locales por el empleo tardan en propagarse. Hay que esperar que se tenga en cuenta el llamamiento del Consejo Europeo de Florencia para que se seleccionen regiones y zonas piloto de aplicación de los pactos territoriales.

4.6.9.1. El Comité considera que sería conveniente permitir que las regiones y las entidades locales presentaran directamente sus proyectos en la materia, con el fin de evitar filtros burocráticos y políticos que provocarían retrasos.

4.6.9.2. En lo relacionado con la difusión de las experiencias y metodologías y con el seguimiento de los trabajos preparatorios de los pactos, de su contenido final y de los resultados obtenidos, cabría atribuir un papel importante al Comité Económico y Social y a sus homólogos nacionales.

4.7. Las PYME

4.7.1. El CES está de acuerdo con las propuestas de la Comisión relativas a:

- medidas innovadoras en favor de las PYME;

- anticipación de las mutaciones industriales; y

- desarrollo de iniciativas locales.

4.7.2. Un ámbito bien preciso en el que se podría aportar una ayuda constructiva a las PYME es el de «la falta de capitales», problema en cuya resolución se podría ayudar a las PYME; este problema existe en numerosos países de toda la UE. La mayor parte de las pequeñas empresas, sobre todo las de reciente creación, y más en particular las que pertenecen a los sectores innovadores de tecnologías de punta, tienen más dificultades para encontrar capitales «de arranque» que empresas similares de los EE UU o de otros países donde existen mercados financieros modernos.

4.7.3. Cualesquiera que sean las razones, y haciendo abstracción de las políticas de los Estados miembros en materia de financiación de las PYME, lo cierto es que los instrumentos financieros de la Comunidad orientados a las PYME (BEI, FEI, instrumentos de apoyo presupuestario) no producen el efecto esperado, y en lo que al BEI se refiere cabe preguntarse si es el mejor mecanismo para obtener los resultados deseados.

4.7.4. El CES propone la creación de un BEIPYME (Banco Europeo de Inversiones para las PYME), que sería una entidad aparte para ocuparse únicamente de las PYME.

4.7.5. En este sentido, el CES desea hacer hincapié una vez más en la necesidad de dar prioridad a las necesidades de las microempresas y de las demás subcategorías de pequeñas empresas que pertenecen a la categoría de PYME.

5. Medidas que competen a los medios económicos y sociales

5.1. Las rentas

5.1.1. En materia de política de rentas, también es necesario un aumento moderado de los salarios reales, modulado según el desarrollo de la productividad de las diferentes regiones de la Unión. Esta alza contribuiría a estabilizar la demanda al tiempo que ampliaría el espacio disponible para una política de inversiones orientada hacia el empleo. Por otra parte, las regiones menos desarrolladas podrían recuperar una parte de su retraso en lo que a salarios se refiere gracias a una productividad más elevada, ya que la progresión de los salarios y el desarrollo avanzan paralelamente.

5.1.2. El Comité está de acuerdo con la Comisión en que la evolución moderada de los salarios y retribuciones desde comienzos de los años noventa ha contribuido al control de la inflación y al restablecimiento de la rentabilidad.

5.1.3. El CES reconoce la necesidad de aplicar una política de rentas generadora de competencia y empleo. No obstante, desea señalar que ello no debe ser sinónimo de una economía de salarios bajos. Las subidas salariales acompañadas de ganancias equivalentes o superiores en productividad no tienen efectos inflacionistas y tampoco consecuencias negativas en la competitividad. Lo que importa no es el nivel de los salarios, sino el nivel del coste de la mano de obra por unidad; durante años, los industriales japoneses han contado a la vez con los salarios más elevados y los costes de mano de obra por unidad más bajos de las grandes naciones. En la medida en que las empresas europeas tienen una productividad más baja que las americanas o japonesas, es necesario que los aumentos salariales sean inferiores a las ganancias de productividad; pero cuando la diferencia haya desaparecido, los aumentos salariales y las ganancias de productividad pueden acercarse mucho más.

5.1.4. Conviene también recordar que los costes de la mano de obra por unidad no constituyen el único elemento que determina la competitividad. En algunos casos, los costes de mano de obra por unidad elevados pueden compensarse con la calidad, el diseño y otros elementos cualitativos de «competitividad distinta de la del precio». Las empresas europeas tienen que esforzarse mucho por recuperar el retraso en este campo.

5.1.5. El Comité es perfectamente consciente de la interacción que existe entre los tipos de interés, los salarios, las inversiones, el empleo y la productividad. Insta a los Estados miembros y a las diferentes partes que intervienen en estos ámbitos a que busquen los equilibrios necesarios de acuerdo con sus tradiciones y la situación de cada país, teniendo en cuenta en particular las diversidades geográficas.

5.2. La protección social

5.2.1. El Comité destaca la importancia de una política de consolidación equilibrada desde el punto de vista social. No se trata de que el Estado favorezca los gastos de inversión en detrimento de los gastos de consumo. Lo importante es conseguir un reparto socialmente equitativo de las cargas en el ámbito de la política fiscal, por una parte, y en el de los gastos de consumo, por otra.

5.2.2. El Comité aprueba en principio la política que consiste en reorientar los fondos destinados a la indemnización del desempleo hacia medidas activas en favor del empleo; pero tiene la impresión de que es necesaria una reflexión profunda sobre la manera más eficaz de proceder en este ámbito.

5.3. Organización del trabajo y flexibilidad

5.3.1. En cuanto al futuro del trabajo, la Comisión invita a «anticipar, desde ahora, una nueva concepción del contenido y papel del trabajo en nuestras sociedades».

5.3.2. El Comité observa que los interlocutores sociales han progresado en la búsqueda de un marco convencional en materia de organización del trabajo, flexibilidad y reducción del tiempo de trabajo, y piensa que merece la pena ahondar en estas cuestiones. Considera que de esta manera se aporta una valiosa contribución a la preparación del Libro Verde que la Comisión va a elaborar sobre estos mismos temas. Respalda asimismo la iniciativa de otro Libro Verde sobre los aspectos sociales y societales de la sociedad de la información.

5.4. El empleo de los jóvenes

5.4.1. El Comité está de acuerdo en que se estudien con urgencia los proyectos siguientes:

- iniciativa común sobre la inserción de los jóvenes;

- marco de referencias en materia de acceso a las competencias;

- estatuto europeo del aprendiz.

5.4.2. El Comité aprueba la idea de utilizar la enseñanza y la información como elementos fundamentales para abrir las puertas del empleo, pero desea señalar que todo ello debe estar coordinado con la creación de empleo. La formación no creará empleos por sí misma; creará únicamente una mano de obra mejor preparada para ocupar los empleos que puedan surgir. La formación sin creación de empleo dará como resultado únicamente la constitución de un enjambre de parados altamente cualificados.

5.4.3. El Comité da una importancia muy particular a las acciones siguientes propuestas por la Comisión para la inserción de los jóvenes:

- desarrollar los vínculos entre escuela y empresa;

- desarrollar un programa ERASMUS del aprendizaje e iniciar conversaciones con los gobiernos y los interlocutores sociales para poner a punto un estatuto europeo del aprendiz.

5.4.3.1. El Comité apoya también la creación de un estatuto europeo y el desarrollo del programa ERASMUS para los jóvenes que reciben su formación profesional en el marco de alguna forma de cooperación con las empresas, creando un «aprendizaje europeo moderno».

5.5. Movilidad transfronteriza

5.5.1. El Comité considera que la Unión Europea debe crear más posibilidades de empleo mediante la supresión de las barreras que se oponen a éste y al ejercicio de la actividad profesional de los trabajadores autónomos, así como mediante la mejora de la libertad de circulación en el interior de la Unión.

5.5.2. Para ello será necesario la creación de servicios de empleo transfronterizos, la apertura, en cada país de la Unión, de los empleos del sector público a los nacionales de otros Estados miembros, el reconocimiento mutuo de las cualificaciones y una mayor facilidad de transferencia del ahorro personal y de los derechos de pensión

Bruselas, el 31 de octubre de 1996.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() DO n° C 204 de 15. 7. 1996.

() DO n° C 295 de 7. 10. 1996, p. 5, punto 4.5.

() Doc. CSE(96) 1 final de 5. 6. 1996.

() DO n° C 212 de 22. 7. 1996, punto 4.5.

ANEXO al dictamen del Comité Económico y Social

Las enmiendas siguientes, que contaban con al menos un número de votos igual a la cuarta parte de los votos emitidos, han sido rechazadas en el curso de los debates.

Punto 3.2.5

Suprímase la cuarta línea:

«A escala mundial se observa ... y el empleo.»

Exposición de motivos

También existen ejemplos de lo contrario. No es un nivel bajo de fiscalidad el que determina el crecimiento y el empleo.

Resultado de la votación

Votos a favor: 34, votos en contra: 67, abstenciones: 8.

Punto 3.5.3

Añádase una nueva frase:

«Éstas no deberán tener como consecuencia un empeoramiento en materia de salud y de seguridad de los trabajadores con respecto a los empleados en grandes empresas.»

Resultado de la votación

Votos a favor: 35, votos en contra: 57, abstenciones: 20.

Punto 4.6.2

Suprímase y sustitúyase por el siguiente texto:

«El Comité considera que para ello es necesario evaluar el impacto de los Fondos estructurales desde el punto de vista de su incidencia en la creación de empleos duraderos.»

Exposición de motivos

El texto actual llega a una conclusión que podría ser errónea, puesto que aún no se dispone de pruebas al respecto.

Resultado de la votación

Votos a favor: 39, votos en contra: 63, abstenciones: 15.

Punto 4.6.5

Suprímase.

Exposición de motivos

Este punto llega a una conclusión que, por el momento, no está probada. Es preciso someter los Fondos estructurales a un nuevo examen en el contexto del conjunto del presupuesto de la UE.

Resultado de la votación

Votos a favor: 38, votos en contra: 73, abstenciones: 11.