15. Expresa su convencimiento de que, en materia de lucha contra los cultivos ilegales, se debe dar
preferencia a las soluciones negociadas y concertadas, la reforma agraria y los cultivos de sustitución, asícomo a las acciones penales contra los traficantes y los blanqueadores de capitales, en detrimento de lascampañasdefumigación;opina,enestesentido,quelaUniónEuropeadebehacerlonecesarioparaqueseabandone la utilización masiva de herbicidas químicos y se impida la introducción de agentes biológicoscomo el Fusarium oxysporum , dados los riesgos que su uso entraña tanto para la salud humana como para
el medio ambiente;
16. Destaca la importancia de reforzar la cooperación y concertación regionales sobre la base del prin-
cipio de la corresponsabilidadinternacional, ya que la experiencia adquirida en la lucha contra loscultivosilegalesdemuestraqueconatacarelproblemaenunsolopaísloúnicoqueseconsigueestraspasarloalospaíses limítrofes;
17. Insisteenlanecesidaddeintensificar lacooperación interregional enmateria decontrolyrepresión
del tráfico de estupefacientes, así comoen la lucha contra el blanqueo de capitales; señala, en este sentido,
que la Unión Europea debería apoyar la solicitud de Colombia de firmar la Convención de Estrasburgo;
18. Pide al Gobierno venezolano que coopere con el Gobierno de Colombiaa fin de establecer conjun-
tamente los mecanismos que permitan resolver los problemas fronterizos ligados a la lucha contra la pro-ducción y tráfico de drogas;
19. Insta al Gobierno colombiano a que, siguiendo el modelo de las mesas de negociaciones con las
FARC, instaure un espacio de diálogo con los demás grupos de la guerrilla, a fin de promover los princi-pios de neutralidad y transparencia, y así obtener el apoyo de los diferentes actores armados a los progra-mas y proyectos previstos;
20. Insta a todos los grupos armados a que suscriban un acuerdo humanitario por el que se compro-
metan a acabar con los secuestros, a liberar a los rehenes que mantienen en su poder, a dejar de cometeractos terroristas, reclutar a menores de edad y atentar contra la población civil, y a concluir un acuerdoserio de alto el fuego;
21. Reitera su apoyo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y a su iniciativa en favor de la conclusión de un acuerdo humanitario en Colombia;
22. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a los
Gobiernos de Colombia, de Venezuela y de los países mediadores.
13. Grupo Multidisciplinar sobre la delincuencia organizada
A5-0398/2000
Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe del Grupo Multidisciplinar «Delincuencia
Organizada» (dash Acción común sobre evaluaciones recíprocas de la aplicación y ejecución a escalanacional de los compromisos internacionales en materia de lucha contra la delincuencia organizada
(10972/2/99 (dash C5-0039/2000 (dash 1999/0916(COS))
El Parlamento Europeo,
Fdash Visto el informe del Grupo Multidicisplinar «Delincuencia Organizada» (10972/2/99 Fdash
C5-0039/2000),
Fdash Vista la acción común,de 5 de diciembre de 1997,adoptadapor el Consejosobre la base delartículo
K.3 del Tratado de la Unión Europea, por la que se establece un mecanismo de evaluación de la
aplicación y ejecución a escala nacional de los compromisosinternacionales en materia de lucha con-
tra la delincuencia organizada(
1),
Fdash Vistos los artículos 29, 31, 32, 35, 36 y 39 del Tratado de la Unión Europea,
(1) DO L 344 de 15.12.1997, p. 7.C 267/78 ES21.9.2001 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 1 de febrero de 2001
Fdash Vistas las acciones comunes, de 29 de junio de 1998, adoptadas por el Consejo sobre la base del
artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre buenas prácticas de asistencia judicial en materiapenal(
1) y por la que se crea una red judicial europea(2),
Fdash Vistaslasconclusionesnos30(primera parte),33,35,36,37,40,42,43,46,48,51,52,54,55y57
del Consejo Europeo de Tampere,
Fdash Vistalaestrategia delaUniónEuropeaparaelcomienzodelnuevomilenioFdashPrevenciónycontrolde
la delincuencia organizada(3),
Fdash VistoelinformedeEuropol,de1defebrerode2000,sobrelasituacióndeladelincuencia organizada
en la UE durante el año 1998 (doc. 14119/1/99),
Fdash Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el reconocimiento
mutuo de resoluciones firmes en materia penal (COM(2000)495),
Fdash Visto el programa de la Presidencia francesa para la lucha contra la delincuencia y sobre la coopera-
ción judicial en materia penal,
Fdash Vistoslosconveniosyotrosactossobrelacooperaciónjudicialylamutuaasistenciaenmateriapenal,
y en particular los instrumentos del Consejo de Europa y de la Unión Europea,
Fdash Vistas sus resoluciones anteriores en materia de cooperación judicial penal,Fdash Visto su dictamen de 20 de noviembre de 1997 sobre el proyecto de acción común por la que se
establece un mecanismo de evaluación de la aplicación y la ejecución a escala nacional de los com-promisos internacionales en materia de lucha contra la delincuencia organizada(
4),
Fdash Visto el apartado 1 del artículo 47 de su Reglamento,Fdash Visto el informe de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Inte-
riores (A5-0398/2000),
A. Considerando que, en el informe, los temas elegidos para la primera ronda de evaluaciones son los
retrasos en el funcionamiento del sistema de asistencia judicial mutua y las solicitudes urgentes deincautación de bienes,
B. Considerandoque losciudadanosde lospaíses de la UniónEuropea tienen el derecho de exigir que la
Unión afronte de manera eficaz las crecientes amenazas que para la libertad y para sus derechos sederivan del fenómeno de la delincuencia, sobre todo de los crímenes más graves y de la delincuenciaorganizada, trátese de grupos autóctonos o grupos extranjeros o mixtos,
C. Considerando que para hacer frente a estas amenazas será preciso realizar un esfuerzo común de
carácter radicalmente nuevoque permita combatiry prevenir ladelincuencia y luchar contralasorga-nizaciones delictivas en el conjunto de los territorios de los Estados miembros y al que deberá acom-pañar la movilización de los recursos existentes en el ámbito judicial,
D. Considerando que una cooperación judicial eficiente en materia penal puede tener efectos favorables
paraelprincipiodesoberaníafrentealasorganizacionesdelictivas,queseproponenhacercasoomisode las estructuras del Estado, la democracia y de las normas de la economía legal de los Estadosmiembros,
E. Considerandoqueenelmomentoactual,laslagunasycarencias delosordenamientosjurídicosnacio-
nales y de los acuerdos internacionales vigentes en el ámbito penal, así como los conflictos y lasdivergencias en materia de responsabilidad que se derivan del respeto del principio de soberanía, pue-
den dar lugar a lugares o situaciones de impunidad para los responsables de actos delictivos y los
beneficios obtenidos por estos actos,
(1) DO L 191 de 7.7.1998, p. 1.
(2) DO L 191 de 7.7.1998, p. 4.
(3) DO C 124 de 3.5.2000, p. 1.
(4) DO C 371 de 8.12.1997, p. 201.21.9.2001 ES C 267/79 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 1 de febrero de 2001
F. Observandoconpreocupaciónquedeterminadosámbitosdeactividadcriminalsonhoydíamáslucra-
tivos y menos arriesgados (por ejemplo la delincuencia que utiliza la alta tecnología o la delincuenciamedioambiental);queamenudocorrespondenaámbitosjurídicosmenosestrictosqueotrosyquesonmenosprioritarios por loque respecta a losobjetivosde losórganosnacionales encargados de aplicarla ley,
G. Considerando que la Unión Europea precisa ahora de una cooperación judicial en materia penal que
vaya bastantemásalládelsimpleintercambio de informaciónode elementosde prueba yde laextra-dición de personas,
H. Felicitándoseporelbuenfuncionamientodelaredjudicialeuropeaydesusprimerosproyectospiloto
yalentandoalospuntosdeenlacenacionalesysusadministracionesaunaparticipacióncadavezmásintensa en las actividades de la red,
I. ConsiderandoqueelTratadodelaUniónEuropeacontemplalaposibilidaddeconstituiruncuerpode
normas sustanciales de Derecho penal, en particular en materia de delincuencia organizada, cuyoselementos (infracciones y sanciones) deberán concretizarse a través de la aproximación de las normasde los Estados miembros,
J. Considerandoque elTratadoasignaalacooperaciónjudicial enelsectorpenal,que serealizaatravés
delacooperaciónenlosprocedimientosylaejecución delasresoluciones,asícomolacompatibilidadde las normas aplicables, un papel primordial a la hora de alcanzar el objetivo de ofrecer a los ciuda-danos un elevado nivel de protección en un espacio de libertad, seguridad y justicia,
K. Observando con preocupación que los órganos jurídicos competentes para los procedimientos trans-
fronterizos se ven obligados a aplicar simultáneamente una considerable serie de convenios y legisla-ciones aplicables en las diferentes regiones geográficas y que proponen procedimientos o respuestasdiferentes al problema planteado, que estos órganos no disponen de fácil acceso a la legislación sobrela asistencia judicial penal, ni de directrices precisas sobre la legislación que se ha de aplicar en el
examen de las solicitudes que se reciban o se tengan que formular,
L. Constatandola falta de uniformidad en los Estados miembros por lo que se refiere a la interpretación
de los diferentes convenios, tanto a nivel de las decisiones sobre la asistencia jurídica que ha de pres-
tarse, como por lo que respecta a los fallos jurisdiccionales sobre la admisibilidad de las solicitudes,
M. Observandoconpreocupación quenohayningúntipodemecanismoque permita imponersanciones
a aquellos Estados que no cumplan (o cumplan tarde) las obligaciones que hayan contraído en virtud
de los convenios u otros acuerdos nacionales que hayan firmado, con el perjuicio correspondientepara la autoridad de que goza el sistema entre los operadores y un efecto sin duda negativo para laspolíticas de prevención de la delincuencia,
N. Considerando que el mecanismo de evaluación recíproca establecido de conformidad con el plan de
acción contra la delincuencia organizada adoptado en Amsterdam en junio de 1997 puede conside-rarse como un progreso sustancial, que se añade a la creación de la red judicial europea y a otrasiniciativas de modernización y mejora de la eficacia de los sistemas de prevención y de lucha contrala delincuencia organizada,
O. Tomando nota de que el informe del Consejo al Parlamento Europeo se refiere únicamente a cinco
países de la Unión Europea, pero que se han puesto a disposición entretanto otros documentossobreotros países,
P. Felicitándose de la decisión, tomada por algunos Estados miembros que ya fueron objeto de evalua-
ción, de adelantar las reformas y mejoras más urgentes del propio ordenamiento judicial,
Q. Considerandoque, pese a ello,elcontrolde laobservancia porlosEstadosmiembrosde lasobligacio-
nes asumidas en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada debería encomendarse amedio plazo al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europea y que por este motivo, la puesta enpie de cualquier otro sistema de control debería considerarse como una solución provisional,
R. Considerando que el sistema tradicional de cooperación judicial penal basado en el principio de soli-
citud es lento, engorroso y produce resultados más bien mediocres,
S. Compartiendo el enfoque de la Comisión Europea según el cual el principio de reconocimiento recí-
procodelasdecisionesenmateria penal,sobrelabasedelaconfianzarecíproca delosEstadosmiem-bros en los ordenamientos jurídicos de sus socios, conduce a la evaluación de la legitimidad, equiva-lencia, adecuación y corrección de las providencias y de la aplicación de las normas, que sonelementos fundamentales para un funcionamiento eficaz de la cooperación judicial en materia penal,C 267/80 ES21.9.2001 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 1 de febrero de 2001
T. Considerando que deben encontrarse soluciones urgentes para:
Fdash las cuestiones planteadas por los órganos y los profesionales del derecho que trabajan en el
ámbito de la cooperación judicial penal,
Fdash el problema de los Estados miembros que posiblemente no cumplan las obligaciones que se deri-
ven de convenios u otros acuerdos en vigor,
Fdash lascuestionesrelacionadasconlanecesidadderespetarlosderechosylibertadesfundamentalesde
laspersonas,enconcreto,delosreos,loscondenadosylasvíctimas,quenodeberíanrecibir,enelmarco de un procedimiento de cooperación internacional, un trato más favorable o menos favo-rable que en un procedimiento nacional;
1. Reitera que una cooperación judicial eficaz en materia penal es susceptible de servir los intereses del
principio de soberanía en contra de las organizaciones criminales, que pretenden ignorar las estructurasgubernativas, la democracia y las normas de la economía legal en los Estados miembros;
2. Comprueba con preocupación que en relación con algunos países, el informe del Consejo al Parla-
mento Europeo pone de relieve, entre otros, los siguientes problemas:
Fdash control político de las solicitudes, o dicho de otra forma, la importancia de la autorización del poder
ejecutivo sobre el curso que debe darse a la solicitud de asistencia judicial, no obstante las posibilida-des oficialmente establecidas de transmisión directa entre autoridades judiciales,
Fdash las posibilidades de uso de los recursos de suspensión con fines dilatorios, la aplicación de procedi-
mientosdoblesodeprocedimientosinnecesariamenteengorrososparalasdiligenciasdelainstrucción,
Fdash la falta de un sistema eficaz de archivo y de control del número y del funcionamiento de los procedi-
mientos de asistencia (estadísticas, seguimiento de los procedimientos, bancos de datos),
Fdash la insuficiencia de los recursos en términos de personal y de medios,Fdash los efectos negativos de la aplicación del principio de doble punición,Fdash la falta de directrices exhaustivas y claras establecidas por las autoridades centrales para el funciona-
miento de la asistencia judicial internacional, y la necesidad de redefinir su función,
y pide al Consejo y a los Estados miembros que adopten todas las medidas legislativas y presupuestarias
susceptibles de subsanar estas deficiencias, de conformidad con el espíritu del Tratado de la Unión y lasconclusiones de Tampere sobre un espacio de seguridad y justicia;
3. Espera la pronta transmisión de los resultados de las evaluaciones por lo que respecta a los países
restantes;
4. Pide una reforma del artículo 35 del TUE con el fin de que a medio plazo, el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas tenga el poder de pronunciarse sobre el cumplimiento por los Estados miem-bros de las obligaciones que les incumben en virtud de losdiferentes convenios y acuerdos y de la legisla-ción comunitaria, así como de losinstrumentos del Consejo de Europa en materia de cooperación judicialen materia penal; dicho poder debería contemplar la facultad de emitir órdenes ejecutivas y de adoptarotras providencias necesarias, relativas, por ejemplo, a los plazos;
5. Pide que la Unión se dote a medio plazo, previo el necesario acercamiento de las normas penales y
de las sanciones pertinentes, de un Ministerio Fiscal con jurisdicción en todo el territorio de los Estadosmiembros, asistido por autoridades nacionales investigadoras para los hechos más graves de delincuenciatransfronteriza y, sobretodo,para casosde delincuencia organizada, tráfico de sereshumanos,explotaciónde mujeres y menores, terrorismo, tráfico de estupefacientes y de armas, blanqueo de dinero y fraudes alpresupuesto comunitario;
6. Pide que el Consejo presente con urgencia una visión de conjunto de los instrumentos jurídicos
internacionales para que sirva de marco de referencia para el conjunto, jerarquizado, de las obligacionesaplicables por los diferentes Estados miembros y que fije orientaciones en materia de observancia deplazos;21.9.2001 ES C 267/81 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 1 de febrero de 2001
7. Pide la preparación y puesta a disposiciónde losjueces y procuradores, eventualmente a través de la
red judicial europea o Eurojust,
a) de un instrumento centralizado de documentación, consultable en todo momento, que contenga la
legislación en materia de cooperación judicial penal y en su caso también los protocolos, anexos,declaraciones, cláusulas de reserva y otras limitaciones de aplicabilidad correspondientes, así comolas sucesivas modificaciones, indicando asimismo los canales que deben usarse y los formularios tipopara las solicitudes de asistencia judicial,
b) y, a medio plazo, de un registro electrónico europeo de sentencias firmes y resoluciones en materia
penal, así como de procedimientos incoados por las autoridades nacionales, lo que facilitará la aplica-ción efectiva del principio de reconocimiento mutuo y una mayor coordinación de las acciones pena-les persecutorias, también por lo que respecta a la ejecución de penas acumuladas y a la hora desoportar los costes correspondientes;
8. Pide que se tomen todas las medidas necesarias para superar el problema de las barreras lingüísticas
en el funcionamiento de la cooperación judicial penal, elaborando por ejemplo muestrarios basadosen unnúmero limitado de lenguas de trabajo, siguiendo el ejemplo y las prácticas de otras organizaciones inter-nacionales comolasNaciones Unidas, el Consejode Europa o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos;
9. Pide al Consejo que examine la posibilidad de incluir sanciones indirectas entre las «medidas adecua-
das» que habrán de adoptarse al final de cada ciclo de evaluación en relación con aquellos Estados miem-bros que hubiesen dado muestras de un comportamiento no conforme con los principios de lealtad yeficacia en la asistencia judicial penal; dichas sanciones podrían prever, en particular, limitaciones a laparticipación en programas comunitarios y de la Unión en el ámbito de la justicia y la lucha contra ladelincuencia, así como disposiciones relativas al restablecimiento de la conformidadde los procedimientosa los acuerdos alcanzados y a las normas de conducta leal;
10. Pide que la futura unidad Eurojust esté abierta a todos los países candidatos y, posiblemente, a
medio plazo, al conjunto de los países miembros del Consejo de Europa, a fin de evitar la aparición denuevas barreras funcionales a la cooperación judicial;
11. Se felicita explícitamente de algunos de los puntos contenidos en el documento sobre la estrategia
de la Unión Europea ante el nuevo milenio y la prevención y el control de la delincuencia organizada, yatribuye en particular la máxima prioridad a:
a) la mejora de los datos estadísticos (recogida, análisis, acceso a las diferentes categorías, utilización e
intercambio) en materia de delincuencia transnacional, también a través del proceso de evaluación
recíproca,
b) la revisión de las legislaciones penales de los Estados miembros, también a través del proceso de eva-
luación recíproca y la adopción de las medidas oportunas para su aproximación en lo que respecta alosdelitosmásgraves, alritmopropugnadoeneldocumentosobrelaestrategia (untipodelictivoporsemestre de Presidencia),
c) laaceleración eintensificación delprocesodeevaluación recíproca sobrelabasede normasacordadas
yrecursosgarantizadosysuficientes; lafirmadeunacuerdoconlaComisiónyelParlamentosobrelaelección de los temas para los ejercicios de evaluación; la creación de mecanismos de evaluación per-manente, que permitan llevar a cabo paralelamente evaluaciones de aspectos diversos, sin provocarinterrupciones que duren años en el proceso de examen de los países individuales,
d) la aprobación del principio del reconocimiento mutuo de las sentencias definitivas, de losmandatosy
delasrestantesdecisionesejecutivas delasautoridadesjudiciales penaleseninterés deunaejecución atiempo y de acuerdo con procedimientos que respeten los derechos individuales,
e) la puesta a disposición de los recursos suficientes, sobre todo en materia de formación, para los nue-
vos medios de instrucción sobre la delincuencia organizada y la localización de los beneficios obteni-dos por actos delictivos,
f) la aceleración del intercambio de información y la simplificación de los procedimientos burocráticos
en relación con la búsqueda, la congelación, el secuestro y la confiscación de las ganancias de origendelictivo,sobretodoenaquelloscasosenquelaejecucióndelasdisposicionesdebagarantizarseenunEstado miembro distinto del emisor, una vez establecido el objetivo de alcanzar el reconocimientomutuo,
g) la pronta ratificación de los convenios incluidos en la recomendación 27 de la estrategia de la Unión
Europea para el nuevo milenio, así como del nuevo convenio de 29 de mayo de 2000 sobre la asis-tencia judicial en materia penal,C 267/82 ES21.9.2001 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 1 de febrero de 2001
h) larenuncia porpartedelosEstadosmiembrosdelaUniónEuropeaatodaslasreservasformuladasen
los convenios internacionales,
i) elexamendepropuestasrelativasaunprocedimientodeextradición aceleradoyprocedimientosabre-
viados, previa evaluación recíproca de la observancia de las obligaciones por parte de los Estadosmiembros,
j) la asociación plena de los países candidatos a la estrategia en materia de lucha contra la delincuencia
organizada y a las actividades encaminadas a mejorar la asistencia judicial penal y a respaldar la coo-peración regional contra la delincuencia organizada;
12. Apoya a la Comisión y a los Estados miembros en su iniciativa tendente a reformular de una
manera precisa, moderna y jurídicamente adecuada los instrumentos, en particular, las acciones comunes,adoptadosen el marco del plan de acción de 1997 contra la delincuencia organizada, sobre la base de loscriterios de una codificación racional, sencilla y transparente en beneficio de los usuarios;
13. Pide insistentemente a los Estados miembros, en el marco del proceso de armonización de las nor-
masdederechopenalydemejoradelacompatibilidaddelosprocedimientos,que permitanque selleveacabo, al máximo nivel posible, una cooperación práctica mutua entre las autoridades judiciales;
14. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los Parla-
mentos de los países candidatos y al Consejo de Europa.
14. Las nuevas fronteras del libro
A5-0005/2001
Resolución del Parlamento Europeo sobre las nuevas fronteras de la producción de libros: publica-
ción electrónica e impresión según la demanda (2000/2037(INI))
El Parlamento Europeo,
Fdash Visto el artículo 151 del Tratado de la UE,Fdash Vista su Resolución de 7 de abril de 1995 relativa al establecimiento de un programa de apoyo en el
ámbito del libro y de la lectura (Programa Ariadna)(
1),
Fdash Vista su Resolución de 21 de junio de 1996 relativa a la adopción de un programa plurianual para
promover la diversidad lingüística de la Comunidad en la sociedad de la información(2),
Fdash VistasuResoluciónde30deenerode1997sobreelprimer informedelaComisiónEuropea sobrela
consideración de los aspectos culturales en la acción de la Comunidad Europea(3),
Fdash Vista su Resolución de 13 de marzo de 1997 sobre la sociedad de la información, la cultura y la
educación(4),
Fdash VistasuResoluciónde24de octubre de1997sobrelasrepercusiones delasnuevas tecnologíassobre
la prensa escrita en Europa(5),
Fdash VistasuResoluciónde14demayode1998sobrelaComunicacióndelaComisióntitulada«Iniciativa
europea de comercio electrónico»(6),
Fdash Vistasuposiciónde9deoctubrede1998sobreunapropuestadedecisióndelParlamentoEuropeoy
delConsejoporlaque semodificalaDecisiónno2085/97/CEporlaque seestableceunprograma de
apoyo, que incluye la traducción, en el ámbito del libro y de la lectura (Programa Ariadna)(7)
(1) DO C 109 de 1.5.1995, p. 289.
(2) DO C 198 de 8.7.1996, p. 248.
(3) DO C 55 de 24.2.1997, p. 37.
(4) DO C 115 de 14.4.1997, p. 151.
(5) DO C 339 de 10.11.1997, p. 415.
(6) DO C 167 de 1.6.1998, p. 203.
(7) DO C 328 de 26.10.1998, p. 237.21.9.2001 ES C 267/83 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Jueves, 1 de febrero de 2001