Dictamen del Comité Económico y Social sobre el documento "La aplicación de las reglas de competencia en el ámbito de los acuerdos de cooperación de naturaleza horizontal - Comunicación de la Comisión con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 2821/71 del Consejo, de 20 de diciembre de 1971, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas, modificado por el Reglamento (CEE) n° 2743/72"(1)

(2001/C 14/03)

El 25 de mayo de 2000, de conformidad con el apartado 2 del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre el documento mencionado.

La Sección de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 27 de septiembre de 2000 (ponente: Sr. Regaldo).

En su 376o Pleno del 19 de octubre de 2000, el Comité Económico y Social ha aprobado por 93 votos a favor y 1 abstención el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1. Los dos proyectos de Reglamento sobre la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo y las propuestas de directrices de acompañamiento sobre la aplicabilidad del artículo 81 a la cooperación horizontal son el resultado de un largo proceso de reflexión sobre la necesidad de reformar y modernizar la política de competencia relativa a los acuerdos de cooperación de naturaleza horizontal.

1.2. Las propuestas de Reglamento y de directrices se han elaborado con el fin de sustituir los Reglamentos actuales sobre acuerdos de especialización (Reglamento (CE) n° 417/85 de la Comisión) y sobre determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo (Reglamento (CE) n° 418/85 de la Comisión) y las dos comunicaciones sobre la cooperación entre empresas(2).

1.3. Los dos proyectos de Reglamento y las comunicaciones sobre las directrices relativas a acuerdos de cooperación horizontal entrarán en vigor el 1 de enero de 2001 y se aplicarán durante diez años, con lo que expirarán el 31 de diciembre de 2010.

Del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001 se prevé un periodo de transición durante el cual los acuerdos que se hallen en vigor el 31 de diciembre de 2000 no estarán sujetos a la prohibición contemplada en el artículo 81.1 incluso si no cumplen las condiciones establecidas en los nuevos Reglamentos; no obstante, deberán cumplir las establecidas en los Reglamentos vigentes.

2. Observaciones generales

2.1. El Comité se felicita de que la nueva propuesta de reforma de acuerdos horizontales se ajuste a -y deba examinarse a la luz de- la cuestión, más amplia, de la revisión de las reglas de competencia, que se inició con las nuevas reglas en el ámbito de los acuerdos de naturaleza vertical y con las propuestas recogidas en el Libro Blanco sobre la modernización de las normas de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE. En su conjunto, estas propuestas transforman de manera radical las reglas de competencia que han gobernado los acuerdos en los últimos cuarenta años.

2.2. Los principales puntos de la reforma prevista en el Libro Blanco(3), como, por ejemplo, la supresión de la obligatoriedad de notificación y la descentralización a escala nacional de la aplicación de las reglas de competencia (artículos 81 y 82), juntamente con el paso de un sistema de autorización a un sistema de excepción legal, ya habían sido valorados por el Comité en su Dictamen(4) sobre el Libro Blanco.

2.3. Si bien hay que acoger favorablemente la propuesta de modernización de la política de competencia contenida en el Libro Blanco (incluso si aún no se conocen los detalles de la revisión final del Reglamento (CEE) n° 17/62), la reforma no deja de presentar riesgos para las reglas de competencia relativas a acuerdos entre empresas. Los riesgos principales se refieren a la aplicación desigual de las reglas, la fragmentación del mercado y la renacionalización de la política de competencia.

2.4. El riesgo de que los Estados miembros discrepen en sus valoraciones o adopten medidas discrepantes, especialmente a la hora de tratar los acuerdos que no contempla el apartado 1 del artículo 81, que exceden el umbral de la cuota de mercado de los reglamentos de exención por categorías, o están gobernados por directrices no vinculantes, puede ocasionar inseguridad jurídica para las empresas y podría, de hecho, amenazar la integridad del mercado único.

2.5. Las nuevas reglas relativas a acuerdos verticales y las que ahora se proponen para los de naturaleza horizontal preceden a la reforma prevista en el Libro Blanco. Por esta razón, son de una importancia vital para establecer reglas claras y fáciles de aplicar que permitan a las empresas, a la Comunidad y a las autoridades nacionales interpretar y aplicar el derecho de competencia de manera uniforme en todo el mercado único. Por consiguiente, el Comité considera que los nuevos reglamentos de exención por categorías deben ser elaborados en previsión de una aplicación descentralizada.

2.6. Ello resulta fundamental para dar a las empresas un alto grado de seguridad jurídica, en especial cuando se les insta a que realicen una autoevaluación de los aspectos económicos y de competencia de sus acuerdos a la luz de la legislación comunitaria y de su aplicación tanto a escala comunitaria como nacional. El Comité pide encarecidamente que, en el caso de que exista fragmentación, la Comisión adopte medidas encaminadas a lograr coherencia.

2.7. Respecto a este último punto, dictámenes previos del Comité ya han examinado el principio de una autoridad única, y la aplicación descentralizada debería hacer de éste una prioridad esencial.

2.8. El Comité se congratula de que el enfoque de la Comisión en las nuevas propuestas de reglamentos y de directrices sea similar al que utilizó en los acuerdos verticales.

2.9. La nueva reforma moderniza la actual interpretación legalista del artículo 81 en favor de criterios más económicos basados en el concepto de poder de mercado. De esta forma, los acuerdos se evaluarán a la luz de su impacto en el mercado correspondiente.

2.10. Al permitir a determinados acuerdos gozar de seguridad jurídica, la propuesta se propone con toda razón facilitar a los operadores económicos la respuesta a mercados rápidamente variables y la adaptación a la competencia más exigente originada por la globalización y los avances técnicos.

2.11. El Comité destaca que la propuesta de la Comisión reconoce las ventajas económicas de la cooperación horizontal, y que ello es una herramienta importante de ayuda para que las PYME se adapten a los cambios del mercado, en especial en el caso de los acuerdos I+D.

2.12. El Comité reconoce igualmente que los problemas de competencia a los que las prácticas concertadas pueden dar lugar también pueden ser causados por la cooperación horizontal, en especial entre empresas competidoras. Dado que la cooperación horizontal puede adoptar diversas formas, es esencial que las empresas dispongan de un marco jurídico que les permita ponderar los efectos contrarios a la competencia y las ventajas de la cooperación realizada con arreglo al artículo 81.

2.13. En este punto el Comité señala que, aunque las directrices en las que se establecen los criterios para evaluar la cooperación horizontal con arreglo al artículo 81 sólo completan los reglamentos de exención por categorías relativos a I+D y a acuerdos de especialización, la Comisión también se propone aplicarlas a los acuerdos de normalización, de compras conjuntas y de actividades de comercialización conjuntas, no contemplados por los reglamentos de exención por categorías. En estos últimos casos podría haber un riesgo objetivo de inseguridad jurídica en la evaluación de los acuerdos. Por lo tanto, el Comité insta a la Comisión a que elabore un reglamento de exención por categorías que cubra todos los tipos de cooperación horizontal, similar al reglamento de exención por categorías existente para acuerdos verticales, y que examine esta cuestión con más detalle.

2.14. Las nuevas disposiciones anulan la actual "lista blanca" de cláusulas explícitamente exentas. En vez de ello, la Comisión propone establecer una zona de seguridad que permita a las empresas concluir acuerdos con exención general si su cuota de mercado combinada se halla por debajo del 20 % en el caso de los acuerdos de especialización y del 25% en el caso de los acuerdos de I+D, con la condición de que no contengan restricciones básicas ("lista negra") como, por ejemplo, la fijación de precios, los límites a la producción y el reparto del mercado y la clientela, lo que en la práctica haría la exención por categorías inoperativa.

2.15. El Comité observa que, a condición de que se consiga seguridad jurídica para las empresas, la reforma de los acuerdos horizontales contribuirá ciertamente a garantizar las ventajas económicas esperadas de una mejor competitividad y a que estas ventajas se trasladen a todos aquellos a los que afectan las actividades de las empresas, en especial el consumidor.

2.16. Las observaciones específicas que siguen se han elaborado para incrementar la seguridad jurídica y perfeccionar las propuestas de tal modo que resulte más fácil obtener las ventajas mencionadas.

3. Observaciones específicas

3.1. Introducción a las observaciones específicas

3.1.1. El Comité acoge favorablemente el reconocimiento de la Comisión de la necesidad de la reforma en el ámbito de la cooperación entre empresas en acuerdos de investigación, desarrollo y especialización con relación a la producción de bienes y la provisión de servicios. También acoge favorablemente la aprobación de la Comisión de un enfoque económico para la valoración de dichos acuerdos horizontales así como el paso de un planteamiento por cláusulas a otro que permite una mayor flexibilidad en la forma de acuerdos comerciales en el ámbito de la I+D, acuerdos de especialización unilateral y recíproca y acuerdos de producción conjunta. En este sentido, el Comité se congratula de que se proponga el abandono de la "lista blanca" de cláusulas exentas.

3.1.2. En líneas generales, el Comité acoge favorablemente las directrices, que ofrecen una orientación más amplia que las antiguas notas y reglamentos. Sin embargo, el Comité pide a la Comisión que adopte un punto de vista más práctico en sus orientaciones sobre los acuerdos horizontales. Las empresas, las autoridades de competencia y -en el futuro sistema de control a posteriori- los tribunales de justicia nacionales necesitan un asesoramiento práctico sobre cómo aplicar las nuevas reglas para los acuerdos horizontales.

3.1.3. A pesar de que, por consiguiente, acoge favorablemente la dirección de esta reforma, el Comité desea realizar una serie de sugerencias de mejora basadas en su experiencia en la vida industrial y comercial.

3.2. Algunas cuestiones comunes a los dos proyectos de Reglamento

3.2.1. Al parecer, la Comisión reconoce la necesidad de una reforma de los acuerdos horizontales a una escala similar a la de los acuerdos verticales, pero ha acabado planteando un enfoque de doble nivel. Sólo los acuerdos de I+D y los acuerdos de especialización se beneficiaron de la exención por categorías. Las directrices contemplan otros tipos de acuerdos horizontales que no contempla la exención por categorías, por ejemplo los acuerdos de compra conjunta, los acuerdos de comercialización y los acuerdos de normalización. El hecho es que, si la Comisión reconoce que dichos acuerdos favorecen ampliamente la competitividad, deberían en principio ofrecer la seguridad jurídica de una exención por categorías. Sería lamentable que después de todos los esfuerzos realizados por conseguir un nuevo marco jurídico que tenga en cuenta los efectos económicos, acabemos en una situación en la que las empresas se vean forzadas a distorsionar los acuerdos horizontales para poder encajar en las exenciones por categorías existentes.

3.2.2. La Comisión no ha previsto una notificación con efecto retroactivo sobre la cooperación horizontal en la forma de acuerdos de I+D y de especialización. Si está comprometida a favorecer dicha clase de acuerdos, ¿no sería apropiado considerar la inclusión de una enmienda al apartado 2 del artículo 4 del Reglamento 17 para permitir la notificación con efecto retroactivo de acuerdos, tal y como se aprobó en el caso de las nuevas reglas sobre acuerdos verticales? Una medida de este tipo permitiría un amplio margen para afrontar la inquietud asociada a la tarea de calcular las cuotas de mercado, cuestión ésta cuya atención por parte de la Comisión ha solicitado el Comité en sus dictámenes anteriores. El Comité sugiere que la Comisión trate de obtener la necesaria autorización para realizar este cambio.

3.2.3. Además, el esfuerzo de buena voluntad de las partes para valorar su posición de cuota de mercado debería ser tomada en cuenta explícitamente en el Reglamento o las directrices.

3.3. La propuesta de Reglamento de I+D

3.3.1. El Comité acoge favorablemente el ámbito más amplio y la mayor flexibilidad en la nueva redacción del artículo 1, así como el abandono del requisito del acuerdo marco. El Comité también acoge favorablemente los cambios realizados para que la nueva propuesta de Reglamento resulte más atractiva a las empresas comerciales e industriales. La exención por la categoría I+D no ha sido uno de los éxitos más conspicuos de la Comisión en el pasado. Se espera que ésta considerará algunos cambios ulteriores para que el Reglamento sea aún más accesible a los usuarios que la propuesta de proyecto.

3.3.2. La Comisión reconoce la importancia de los acuerdos de I+D para la capacidad competitiva de la UE en los mercados internacionales. También ha reconocido que el nuevo marco jurídico favorece tipos de cooperación que generan potencialmente una mayor eficacia y excluye otras clases de acuerdos entre competidores como los acuerdos sobre intercambio de información o sobre participaciones minoritarias. Tal y como pone de relieve en sus directrices, se puede asumir que los criterios recogidos en el apartado 3 del artículo 81 se cumplen en especial en el caso de los acuerdos de I+D y de producción en los que la combinación de competencias o activos complementarios puede generar ganancias de eficiencia importantes (apartado 38). Asimismo, declara que desea que este marco jurídico facilite una evaluación equilibrada que tenga en cuenta los beneficios económicos así como los efectos contrarios a la competencia como, por ejemplo, el excesivo poder de mercado, la fijación de precios o de producción o el reparto de mercado.

3.3.3. El Comité se pregunta si la Comisión ha conseguido un equilibrio enteramente adecuado en su propuesta de Reglamento de I+D al restringir la disponibilidad de la exención por categorías a acuerdos entre productores competidores en el caso de que las partes tengan una cuota combinada que no supere el 25 % del mercado correspondiente. Si la Comisión acepta que, en términos generales, los tipos de acuerdos horizontales son beneficiosos, sería razonable conseguir una coherencia con el Reglamento sobre la exención por categorías de los acuerdos verticales y fijarlo al 30 %. Esto es particularmente cierto toda vez que la Comisión ha conservado las salvaguardias del artículo 5 en el proyecto de Reglamento de I+D que, al parecer, abarcan todas las preocupaciones expresadas por la Comisión con relación a dichos acuerdos.

3.3.4. Además, el Comité manifiesta su preocupación sobre las dificultades para calcular las cuotas de mercado en un ámbito en el que, con frecuencia, los acuerdos se refieren a nuevos productos y a nuevas clases de mercados de innovación. En estas circunstancias, sugeriría que en el caso de los acuerdos horizontales de I+D, la Comisión marque unas pautas más específicas en las Directrices con relación a la identificación de mercados y al cálculo de la cuotas de mercado.

3.3.5. El Comité conviene en la decisión de la Comisión de diferenciar dentro de los acuerdos de I+D entre los que se celebran entre fabricantes competidores y no competidores. La Comisión ha eximido a los acuerdos de I+D entre fabricantes no competidores durante la vigencia de dichos acuerdos, pero en el caso de que los resultados se exploten conjuntamente la exención se limita a cinco años desde el momento en que los productos contenidos en el contrato se comercialicen por primera vez.

3.3.6. El Comité se pregunta si las referencias existentes en las directrices propuestas son adecuadas para los acuerdos de I+D, basados en inversiones considerables que probablemente no se reembolsan en el periodo citado de los cinco años. En el considerando 11 del proyecto de Reglamento de I+D la Comisión reconoce sólo que "la explotación en común de resultados puede considerarse la consecuencia natural de la investigación y desarrollo realizados en común".

3.3.7. El punto de vista del Comité consiste en que la explotación en común tiene a menudo más importancia que el de ser una mera consecuencia. Frecuentemente, puede ser un esencial requisito previo para las empresas cooperar en primer lugar en inversiones de riesgo. Con el fin de promover la cooperación I+D, el Comité considera que, para el caso de que se realicen inversiones que probablemente no se amorticen en cinco años, se debería incluir en los considerandos la expresión del principio de periodos más largos para la explotación en común que figura en el apartado 69 de las directrices.

3.3.8. El Comité se pregunta si es necesario que la Comisión insista en el artículo 2.3 del proyecto de Reglamento de I+D en que, en los acuerdos "puros" de I+D, para poder beneficiarse de la exención, cada parte debe ser libre de explotar independientemente los resultados de la investigación y desarrollo en común y cualquier know-how preexistente necesario para ello. El Comité no acaba de entender por qué la política expresada en el artículo 4 e) del actual Reglamento de I+D, que permite que la explotación de I+D se limite entre no competidores a uno o más ámbitos de aplicación técnica, no se ha podido conservar. El cambio propuesto introduce una rigidez nueva en una situación en la que la industria necesita poder adaptarse.

3.3.9. El actual proyecto de Reglamento no se pronuncia sobre la cuestión de la relación entre el Reglamento de I+D y el Reglamento sobre transferencia tecnológica. La Comisión debería al menos establecer explícitamente que las partes de los acuerdos que contempla el Reglamento de I+D pueden beneficiarse de las normas del Reglamento sobre transferencia tecnológica.

3.3.10. El Comité muestra su preocupación por el uso que la Comisión hace en el proyecto de Reglamento de I+D del concepto de productos susceptibles de ser mejorados o sustituidos por los productos considerados en el contrato a la hora de evaluar si los fabricantes son competidores y si tienen poder de mercado. Esto también necesita una clarificación ulterior en las directrices.

3.3.11. El Comité también muestra su preocupación acerca de la amplitud de la definición de "fabricantes competidores" puesto que se amplía a competidores reales y potenciales. El concepto de competidores potenciales es en este contexto demasiado amplio. El Comité sugiere que la Comisión matice este término modificándolo en "competidores potenciales reales", tal y como aparece en las directrices sobre restricciones verticales. Además, el Comité sugiere que la explicación sobre la expresión "competidor potencial real" aportada en las directrices sobre restricciones verticales debería incorporarse a las directrices sobre acuerdos horizontales.

3.3.12. La Comisión parece convencida de que puede suprimir el procedimiento de ausencia de oposición del proyecto de Reglamento de I+D porque todas las restricciones se tratarán en el nuevo Reglamento de exenciones por categorías en materia de I+D. Sin embargo, estas exenciones están sujetas a determinadas restricciones, y un procedimiento de ausencia de oposición podría resultar beneficioso en el proceso de fomento de acuerdos de I+D.

3.3.13. En principio, el Comité está de acuerdo con el uso de la lista negra como límite a la exención por categorías. Sin embargo, el Comité considera que la Comisión debería revisar el uso de la lista negra con objeto de prohibir ventas pasivas durante los primeros cinco años desde el momento en que los productos considerados en el contrato se comercializan por primera vez en el mercado común. En el caso de los acuerdos de I+D, la Comisión debería aceptar la necesidad de conceder protección a inversiones de riesgo en la cooperación en nuevas tecnologías, tal como lo hizo en los acuerdos de transferencia tecnológica.

3.3.14. El Comité tampoco entiende bien por qué la Comisión insiste en conservar una "lista negra" en la comunicación de minimis. Tal y como señaló el Comité en su Dictamen sobre acuerdos verticales, esto no es coherente con un enfoque "económico" de la regulación de acuerdos comerciales. El Comité pide una revisión de la comunicación de minimis.

3.4. La propuesta de Reglamento de exención por categorías de los acuerdos de especialización

3.4.1. El Comité acoge favorablemente la ampliación del ámbito de aplicación del nuevo artículo 1 para cubrir los acuerdos de especialización unilateral o recíproca así como los acuerdos de producción en común y disposiciones auxiliares, y para extenderlo a productos en forma de servicios.

3.4.2. El Comité también se muestra de acuerdo con la simplificación de los acuerdos accesorios de compra y de comercialización y con la propuesta de la Comisión sobre la supresión del umbral de volumen de negocios.

3.4.3. No obstante, el Comité considera que el límite del 20 % de la cuota de mercado es demasiado bajo, y recomienda subirlo al 25 %, teniendo en cuenta las protecciones de la lista negra recogidas en el artículo 4.

3.4.4. El Comité también recomienda conservar el procedimiento de ausencia de oposición.

3.5. Acuerdos de compra conjunta

3.5.1. El Comité se pregunta por qué se han destacado los acuerdos de compra conjunta de forma inconsecuente. En primer lugar, en calidad de acuerdos horizontales están contemplados en las directrices pero no en la exención por categorías; sin embargo, en calidad de acuerdos verticales algunos son contemplados por la exención por categorías, por ejemplo aquellos cuyo volumen de negocios no alcanza los 50 millones de euros por empresa. En segundo lugar, en cuanto acuerdos horizontales se benefician de una cuota máxima del 15 %, pero en cuanto acuerdos verticales la cuota puede alcanzar el 30 %. El Comité desea que la Comisión reconsidere estas discrepancias y mantenga una revisión continua de este ámbito de los acuerdos de compra conjunta.

3.5.2. El Comité comparte el punto de vista de la Comisión según el cual es indispensable que las PYME cooperen en la compra, así como el expresado en los apartados 107 y 108 de las directrices; en consecuencia, pide a la Comisión que sea flexible a la hora de evaluar estos acuerdos. En particular, la Comisión debería clarificar mejor los diferentes aspectos horizontales y verticales de dichos acuerdos.

3.5.3. Sin embargo, el Comité muestra su desacuerdo en que la compra conjunta haya de ser evaluada teniendo en cuenta una cuota de mercado combinada del 15 % tanto en el mercado o mercados de compra como en el mercado o mercados de venta. Esto subestima los efectos beneficiosos para la competencia de la compra conjunta y exagera la importancia de los efectos negativos para la competencia de una cuota de mercado del 15 %. Además, ello provocaría la aplicación del artículo 81.1 a los acuerdos de compra conjunta incluso si no existen efectos negativos para la competencia. El Comité expresa su preocupación por que las directrices establezcan, en los puntos 122 y 141, una cuota máxima de mercado del 15 % e insta a la Comisión a que eleve dicha cuota al 25 % para los acuerdos de compra conjunta de las PYME.

3.5.4. El Comité sugiere que la Comisión proporcione una metodología más clara con el fin de ayudar a las empresas a que evalúen los efectos económicos de los acuerdos horizontales y verticales en el mercado correspondiente. El Comité opina que, en esencia, todas las actividades de compra de las agrupaciones han de considerarse más verticales que horizontales. El Comité también cree que, en razón de la especificidad de los acuerdos de compra, la Comisión debería concentrarse sobre todo en el mercado "descendente", en el que los participantes en acuerdos de compra conjunta son, en calidad de vendedores, partes activas.

4. Conclusiones

4.1. A la luz de las observaciones generales y específicas expuestas más arriba, el Comité expresa su satisfacción por el considerable trabajo llevado a cabo por la Comisión y, por consiguiente, apoya ampliamente la propuesta de reforma de los acuerdos de cooperación de naturaleza horizontal.

4.2. Sin embargo, el Comité muestra su preocupación por la naturaleza parcial de la reforma. El Comité preferiría una exención por categorías en los acuerdos horizontales de carácter global, para que todos los acuerdos correspondientes puedan beneficiarse de la exención por categorías.

4.3. El Comité desearía que se diera una notificación con efecto retroactivo como ocurre con los acuerdos verticales, y que la Comisión adopte las medidas necesarias para resolver este problema.

4.4. El Comité reconoce que la Comisión necesitaría un mandato específico del Consejo para hacer esto. Por consiguiente, insta a la Comisión a que trate de obtener dicho mandato.

4.5. El Comité también recomienda:

- una cuota de mercado del 30 % para los acuerdos de investigación y desarrollo,

- una cuota de mercado del 25 % para los acuerdos de especialización,

- una cuota de mercado del 20 % para los acuerdos de compra conjunta de las PYME.

4.6. El Comité destaca que las nuevas reglas en los acuerdos horizontales y en los acuerdos verticales preceden a la reforma prevista en el Libro Blanco y, en consecuencia, deben ser elaboradas en previsión de la aplicación descentralizada.

4.7. El Comité insta a la Comisión a que reconozca la necesidad de transparencia, claridad y simplicidad, lo cual requiere una menor complejidad en el marco jurídico, en especial en el caso de las requisitos de cuota de mercado.

4.8. El Comité recomienda prolongar el período de transición para adaptar las normas actuales a las nuevas disposiciones, pasando de un año a un mínimo de dos, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2002. Hasta entonces podrán seguir aplicándose sin modificación los acuerdos que cumplan con las normas actuales.

Bruselas, 19 de octubre de 2000.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Göke Frerichs

(1) DO C 118 de 27.4.2000.

(2) DO C de 29.7.1968 y DO C 43 de 16.2.1993.

(3) Libro Blanco sobre la modernización de las normas de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE.

(4) DO C 51 de 23.2.2000.