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Vista la serie de sesiones de alto nivel del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) que se celebrará los días 18 a 22 de julio de 2016 sobre el tema «Implementing the post-2015 development agenda: moving from commitments to results» (Aplicación de la Agenda para el Desarrollo después de 2015: de los compromisos a los resultados),
G.

Considerando que, el 2 de junio de 2016, el Tribunal Supremo de Dusambé condenó a Mahmadali Hayit y Saidumar Hussaini, dirigentes del prohibido Partido del Renacimiento Islámico, a cadena perpetua por haber promovido un intento de golpe de Estado en 2015; que otros once miembros del Partido del Renacimiento Islámico fueron condenados a penas de cárcel; que tres familiares del líder del Partido del Renacimiento Islámico, Mujiddin Kabiri, han sido encarcelados por no haber denunciado un delito no especificado; que los autos procesales no fueron transparentes y vulneraban los derechos de los acusados a un juicio justo;
F.

Considerando que, de acuerdo con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009, solo se aprobará una sustancia activa si no está o no va a estar clasificado como carcinógeno de categoría 1A o 1B de conformidad con las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 1272/2008, a menos que la exposición de seres humanos a esa sustancia activa sea insignificante o exista un riesgo grave fitosanitario que no pueda contenerse por otros medios disponibles;
12.

Insta a todas las instituciones a que, en espera de su deseable revisión, y de la posterior jurisprudencia, apliquen plenamente y al pie de la letra el Reglamento (CE) n.o 1049/2001y a que tengan en cuenta los cambios introducidos por el Tratado de Lisboa y la Carta de los Derechos Fundamentales; invita al Consejo en particular, incluidos sus órganos preparatorios, a que publiquen las actas de las reuniones de los grupos de trabajo del Consejo, así como otros documentos, a luz del caso Access Info Europe, los Estados miembros que intervienen y sus propuestas; insta al Parlamento a que publique en su sitio web los órdenes del día y las notas informativas de los coordinadores de comisión, la Mesa y la Conferencia de Presidentes, así como, en principio, todos los documentos mencionados en dichos órdenes del día, de conformidad con las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 1049/2001;
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Visto el informe de investigación de la Comisión titulado «Evaluation of the Strengths and Weaknesses of the Strategy for Equality between Women and Men 2010-2015» (Evaluación de las debilidades y fortalezas de la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015),
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Visto el informe final del grupo de expertos de Horizonte 2020 «Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities» titulado «Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities» (Hacia una agenda política de la UE en materia de investigación e innovación para soluciones basadas en la naturaleza y para la renaturalización de las ciudades), publicado en 2015,
37.

Pide a la UE y a sus delegaciones que, junto con la sociedad civil, refuercen el diálogo político con aquellos gobiernos que vulneran los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, e insiste en que el diálogo político sobre derechos humanos entre la UE y terceros países debe comprender una definición más inclusiva y global del concepto de no discriminación, en particular por lo que se refiere al colectivo LGTBI, la religión o las creencias, el sexo, el origen racial o étnico, la edad, la discapacidad y la orientación sexual; subraya que, especialmente en los países con un historial problemático en relación con el desarrollo y el respeto de los derechos humanos, la ayuda para el desarrollo debe mantenerse e incluso reforzarse, si bien considera que debería canalizarse preferiblemente a través de organizaciones de la sociedad civil y socios locales no gubernamentales y controlarse sistemáticamente, y estar acompañada de compromisos gubernamentales de mejorar la situación de los recursos humanos sobre el terreno;
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Visto el documento de trabajo titulado «Blueprint for a revised Europe 2020 strategy: Contribution of the Steering Committee of the Committee of the Regions’ Europe 2020 Monitoring Platform» (Plan director para una Estrategia Europa 2020 revisada: contribución del Comité Director de la plataforma de seguimiento de la Estrategia Europa 2020 del Comité de las Regiones) (15),
6.

Señala que, a pesar de las oportunidades que ofrece un mercado de capitales de la UE bien diseñado, no puede negarse la existencia de obstáculos enormes en otros ámbitos tales como la fiscalidad, especialmente prácticas que incentivan la deuda respecto a los fondos propios, a la insolvencia y a la legislación en materia de contabilidad; estima que, en estos ámbitos, la armonización a escala de la UE no produciría automáticamente beneficios adicionales, y que, en este contexto, no es necesario ampliar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en Europa;
3.

Expresa su profunda convicción de que, desde el primer momento, se ha negado a Eston Kohver el derecho a un juicio justo habida cuenta de que no se celebró una audiencia pública, no se permitió al cónsul estonio estar presente durante la vista, Eston Kohver fue privado de la adecuada asistencia letrada y además no se le autorizó a recibir la visita de su esposa y familiares y se le ha obligado a someterse a un examen psiquiátrico sin fundamento y cuyas características se desconocen;
7.

Celebra el Plan de Inversiones para Europa, que es un instrumento importante para aumentar la inversión pública y privada; toma nota de que el propósito del Plan es generar inversión adicional, desarrollar nuevos proyectos, atraer inversores y recobrar la confianza; considera, no obstante, que es demasiado pronto para evaluar de forma significativa el verdadero impacto del Plan; observa que el fomento de la inversión no debe considerarse como una alternativa a las reformas, sino como un complemento a las mismas; insiste en que los recursos del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) deben utilizarse para gastar el dinero en proyectos con rendimiento económico o con rentables efectos sociales; destaca que el FEIE no debe sustituir meramente los proyectos con financiación nacional por proyectos europeos cofinanciados; destaca que los fondos europeos deben generar inversión adicional, y no sustituir únicamente los fondos nacionales de inversión destinados al consumo; considera que el Plan de Inversiones para Europa debe centrarse en primer lugar en proyectos con valor añadido europeo que aún no sean aptos para la financiación bancaria; subraya la importancia de los componentes normativos del Plan de Inversiones para un mejor entorno de inversión; señala que la aplicación del Plan de Inversiones de la Comisión resulta clave para que pueda ofrecer el valor añadido deseado; hace hincapié en que los proyectos de inversión deben seleccionarse cuidadosamente para garantizar que el Plan ofrezca empleo y crecimiento sostenible en Europa; recuerda que los resultados del Plan de Inversiones de la Comisión deben evaluarse rigurosamente, especialmente en lo relativo a la forma en la que se hayan seleccionado y priorizado los proyectos, también para evitar la privatización de los beneficios o la socialización de las pérdidas; hace hincapié en la interdependencia entre el apalancamiento del Plan de Inversiones y los proyectos que realmente se están llevando a cabo; destaca que el objetivo de lograr un mayor apalancamiento no debe conseguirse a costa de una buena selección de proyectos, que también debe tener en cuenta la localización geográfica de los mismos; subraya la necesidad de garantizar una gobernanza y un proceso de selección de gran calidad; observa que los Estados miembros sometidos al programa de ajuste esperan que el Plan de Inversiones mejore significativamente y facilite las subvenciones y los créditos a las pymes, que han sufrido las mayores consecuencias de la crisis;
M.

Considerando que, el 29 de noviembre de 2014, se puso en libertad al ex Presidente Mubarak, su ex ministro del Interior, Habib al Adli, y otros seis asesores tras retirarse las acusaciones de asesinato y corrupción que pesaban sobre ellos, aduciéndose un error técnico; que, el 13 de enero de 2015, el Tribunal de Casación egipcio anuló las condenas del ex Presidente Hosni Mubarak y sus dos hijos por malversación y ordenó la repetición del juicio aduciendo que no se habían seguido debidamente los procedimientos legales;
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Vistas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos al-Nashiri c. Polonia, Abu Zubaydah c. Lituania, Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia, El-Masri c. la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Nasr y Ghali c. Italia y al-Nashiri c. Rumanía,
24.

Señala que tanto el artículo 214 del TFUE como el Consenso Europeo en materia de Ayuda Humanitaria de 2008 protegen a la acción humanitaria basada en principios sólidos; pide la salvaguardia de los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia que son cruciales tanto para la eficacia de la acción humanitaria como para la seguridad de sus agentes; subraya con firmeza que la lucha contra el terrorismo y los programas de seguridad no deben mermar la capacidad de los agentes humanitarios de prestar asistencia, y que la ayuda humanitaria no debe, bajo ninguna circunstancia, utilizarse con fines políticos ni ser considerada un instrumento de gestión de crisis; señala que, para obtener acceso a las poblaciones necesitadas, la ayuda humanitaria no solo debe ser neutral, sino también ser percibida como tal; aunque reconoce que la prestación de un servicio humanitario basado en las necesidades debe gozar de cierta libertad de maniobra, pide un compromiso más amplio con los agentes de la ayuda humanitaria para definir mejor los parámetros de su relación con el enfoque integral;
35.

Celebra la intención de la Comisión de reforzar el papel del portal europeo de la movilidad profesional (EURES) profundizando y ampliando el alcance de sus actividades y, en particular, fomentando la movilidad de los jóvenes; pide que se elabore una estrategia específica a tal fin en colaboración con los Estados miembros; observa, no obstante, que la movilidad debe ser siempre voluntaria y no debe limitar los esfuerzos de creación de empleo y puestos de formación sobre el terreno, con el fin de no agravar el problema de la fuga de cerebros, que ya se ha producido en aquellos Estados miembros más golpeados por la crisis;
25.

Recomienda continuar reforzando la perspectiva multilateral de la Asociación Oriental, con el fin de promover un clima de cooperación, amistad y buenas relaciones de vecindad, que sustentará los objetivos de la asociación política y, en particular, de la integración económica, así como de impulsar iniciativas multilaterales para la cooperación y los proyectos conjuntos, y de avanzar en el terreno de la cooperación transfronteriza y regional, en particular en ámbitos como el transporte, los contactos interpersonales, el medio ambiente, la seguridad de las fronteras y la seguridad energética, y recuerda la gran importancia que la UE atribuye a la Asamblea Parlamentaria Euronest a este respecto; considera, no obstante, que la cooperación debe continuar, no obstante, sobre una base bilateral, entre la UE, por una parte, y los países socios, por otra;
46.

Hace hincapié en que es necesario un reglamento de la UE que exija a las empresas que utilizan y comercializan minerales y otros recursos naturales procedentes de zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo que den muestras de la diligencia debida de conformidad con las Directrices de la OCDE sobre la diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y zonas de alto riesgo para complementar las revisiones de las directivas de la UE en materia de transparencia y responsabilidad en relación con la divulgación de información de carácter financiero y no financiero de las grandes empresas, así como con las disposiciones en materia de minerales de guerra de la Ley Dodd Frank; en particular, considera que esta legislación debe: a) establecer una obligación jurídicamente vinculante para todas las empresas proveedoras que operan en la UE y que utilizan y comercializan recursos naturales procedentes de zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo y para todas las empresas transformadoras que introducen estos productos por primera vez en el mercado europeo de dar muestras de la diligencia debida en la cadena de suministro para identificar y mitigar el riesgo de financiación de conflictos y de violaciones de los derechos humanos; b) basarse en los instrumentos internacionales pertinentes, incluida la Carta Internacional de Derechos Humanos, desarrollada posteriormente en tratados y normas internacionales (tales como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y el marco para «proteger, respetar y remediar»), los tratados fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, el Derecho internacional humanitario y el Derecho penal, y las Directrices de la OCDE sobre la diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y zonas de alto riesgo; c) aplicarse a todos los segmentos de la cadena de suministro y a todos los recursos naturales, sin excepción, que se producen en cualquier zona afectada por conflictos o zonas de alto riesgo; d) apoyarse en un enfoque basado en el riesgo que inste a las empresas a evaluar los impactos adversos, reales o potenciales, derivados de sus operaciones, y a mitigar los riesgos identificados; e) incluir la obligación de llevar a cabo auditorías independientes periódicas y la divulgación pública de los esfuerzos realizados por una empresa en materia de diligencia debida; f) definir los requisitos para la evaluación de riesgos de las empresas y un marco de gestión; g) incluir un mecanismo de sanciones para los casos de incumplimiento de las obligaciones en materia de diligencia debida en relación con la cadena de suministro teniendo en cuenta el riesgo; h) ser comparable con las obligaciones establecidas en la Ley Dodd Frank de modo que al cumplir las obligaciones de la UE en materia de abastecimiento responsable las empresas se cumplan automáticamente las obligaciones que se derivan de la legislación de los EE.UU.;
43.

Considera que los criterios para el nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas Europeo deberían especificarse con más detalle sobre la base del artículo 286 del TFUE, y hace hincapié en que la evaluación del Parlamento debe guiarse principalmente por los siguientes criterios: a) experiencia profesional de alto nivel adquirida en finanzas públicas, auditoría y gestión, así como profundos conocimientos sobre la gobernanza de las instituciones europeas; b) una buena reputación de auditoría y prueba de excelente conocimiento de, como mínimo, una de las lenguas de trabajo de la Unión Europea; c) en su caso, prueba de que los candidatos han sido liberados de responsabilidades de gestión anteriores; d) los candidatos no deberán desempeñar ningún tipo de cargo electo ni tener responsabilidad alguna en un partido político a partir de la fecha de su nombramiento; e) alto nivel reconocido de integridad y moralidad del candidato; f) habida cuenta del carácter del trabajo que ha de realizarse, también se tomará en consideración la edad de los candidatos: a título indicativo, parece razonable estipular que la edad de un miembro no sea superior a los 67 años en el momento de su nombramiento; g) los miembros no ejercerán más de dos mandatos; h) por último, el Parlamento prestará la máxima atención al equilibrio entre hombres y mujeres entre los miembros del Tribunal;
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Visto el informe «Bittersweet harvest — A Human Rights Impact Assessment of the European Union‘s Everything But Arms Initiative in Cambodia», elaborado por Equitable Cambodia and Inclusive Development International en 2013,
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Vista la Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre las condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos del Consejo (CEE) no 3820/85 y (CEE) no 3821/85 en lo que respecta a la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera y por la que se deroga la Directiva 88/599/CEE del Consejo (2), y en particular su artículo 9, apartado 3,
L.

Considerando que no está claro que los ciudadanos malteses vayan a beneficiarse realmente de esta nueva política, por ejemplo a través de la recaudación de impuestos, ya que los inversores extranjeros no tendrán que pagar impuestos, y que la ciudadanía no solo implica derechos sino, también, responsabilidades;
18.

Resalta que, en tales casos, la evaluación del impacto debe incluir opciones que cubran mecanismos alternativos o flexibilidad para ayudar a las pymes a respetar la iniciativa (tal como se prevé en el anexo 8, punto 4); celebra, en este contexto, la exclusión de las microempresas del ámbito de aplicación de las propuestas legislativas como opción política establecida en el proyecto de directrices revisadas; considera, no obstante, que eximir de oficio a las microempresas no tiene por qué ser siempre el mejor planteamiento, por lo que la decisión al respecto debe valorarse de forma individual para cada propuesta, con objeto de reflejar la política de inversión de la carga de la prueba, lo que supone que las microempresas deben quedar fuera del ámbito de aplicación de las propuestas a menos que se demuestre la necesidad de su inclusión; es partidario de que se examinen soluciones adaptadas y regímenes menos estrictos para las pymes en las evaluaciones del impacto, cuando ello no limite de manera inapropiada la eficacia de la legislación;
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Vista la publicación del Consejo de Estabilidad Financiera, de 18 de julio de 2013, titulada «Global systemically important insurers (G-SIIs) and the policy measures that will apply to them» (1),
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Visto el informe de Human Rights Watch titulado «This old man can feed us, you will marry him» (28),
J.

Considerando que la crisis de Mali tiene múltiples facetas, es compleja y no puede reducirse a un conflicto étnico; considerando, no obstante, que grupos yihadistas armados se valieron del resentimiento existente entre los tuaregs y de las aspiraciones a la independencia o a una mayor autonomía para el norte de Mali cuando a inicios del año 2012 se unieron a la rebelión instigada por el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA), de carácter laico, al que posteriormente sustituyeron; considerando que estos grupos, en particular Ansar Dine, Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) y el Movimiento por la Unicidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO), se beneficiaron, además, de la inestabilidad derivada del golpe de Estado que se registró posteriormente en Bamako, así como de la amplia inestabilidad regional, y recibieron impulso gracias a los arsenales no controlados de Libia; que las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el norte, junto a las amenazas existentes en aquel entonces con respecto a la existencia del propio Estado de Mali, precipitaron la intervención armada de las fuerzas francesas, africanas y de las Naciones Unidas para poner fin a los abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos por los grupos terroristas, restablecer la democracia, el Estado de Derecho y la autoridad del Estado de Mali y garantizar el respeto de los derechos humanos; que el 18 de junio de 2013 el Gobierno de Mali y las fuerzas rebeldes firmaron un acuerdo de paz preliminar; que la situación en Mali requiere una respuesta que vaya más allá de abordar las amenazas de seguridad, incluidos el compromiso a largo plazo y una acción decisiva por parte de la comunidad internacional para hacer frente a los problemas políticos, de desarrollo y humanitarios profundamente arraigados;
15.

Destaca que el mercado interior de la energía todavía no se ha completado y que los mercados de la energía nacionales no consiguen satisfacer las necesidades y expectativas de los consumidores, en la medida en que algunos Estados miembros siguen enfrentándose a: unos precios elevados; una oferta limitada de proveedores, productores y tarifas; una calidad de los servicios por lo general baja; y con frecuencia una insuficiente protección del consumidor y dificultades en caso de cambiar de proveedor; subraya, no obstante, la necesidad de crear un mercado más accesible en el que los consumidores puedan tener un papel activo y convertirse en productores-consumidores en un mercado europeo en el que se les informa sobre las condiciones que ofrece cada proveedor, de modo que puedan comparar; señala, en ese sentido, el papel que desempeña el cambio colectivo de proveedor a la hora de dar mayor poder a los consumidores y reducir sus facturas de energía;
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Visto el informe de KfW Research titulado «Impact on public budgets of KfW promotional programmes in the field of «Energy-efficient building and rehabilitation» (4),
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Vistos el informe 2012 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) titulado «Implicit Guarantees for Bank Debt: Where Do We Stand?» (2) (Garantías implícitas para el endeudamiento bancario: ¿cuál es la situación?) y el informe de la OCDE de 2009 titulado «The Elephant in the Room: The Need to Deal with What Banks Do» (3) (Una evidencia innegable: la necesidad de abordar el funcionamiento de los bancos),
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Visto el informe de 18 de febrero de 2011 del Comité de Protección Social titulado «Evaluación de la dimensión social de la Estrategia Europa 2020»(Assessment of the social dimension of the Europe 2020 Strategy) (24),
j)

La UE debe tomar medidas cuando las condiciones de registro para las organizaciones religiosas o del ámbito de las creencias limiten indebidamente la libertad de religión o creencias; el registro no debe entenderse como un requisito previo para el disfrute del propio derecho humano a la libertad de religión o creencias, dado que tal derecho no puede depender de requisitos administrativos o legales; la UE debe solicitar la abolición de toda legislación que genere discriminación contra las personas que tengan creencias no religiosas o que hayan cambiado de religión o creencias, como la obligación de registrar la religión de cada persona en la documentación sobre su estado civil;
7.

Observa, en este contexto, que algunos Estados miembros han reaccionado recientemente a los cambios en sus mercados nacionales de control empresarial introduciendo disposiciones suplementarias sobre la realización de ofertas públicas, como la norma «put up or shut up» de la Comisión de ofertas públicas de adquisición del Reino Unido, que contribuye a determinar si debe presentarse una oferta pública de adquisición («put up») o no («shut up») en aquellos casos en los que no está claro si el oferente tiene realmente la intención de presentar una oferta por la empresa afectada;
C.

Considerando que la Comisión no prevé consignación presupuestaria del FED en 2014, sino a partir de 2021, lo cual es sumamente lamentable; considerando, no obstante, que conviene prepararse ahora para que no dé lugar a una reducción de los fondos asignados a la asociación ACP-UE y a la ayuda al desarrollo en general;