Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se prorroga la duración de la Decisión del Consejo 2002/148/CE por la que se dan por concluidas las consultas iniciadas con Zimbabue en aplicación del artículo 96 del Acuerdo de asociación ACP-CE

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. El 18 de febrero de 2002, el Consejo de la Unión Europea decidió adoptar las "medidas oportunas" tras la conclusión de las consultas celebradas en aplicación del artículo 96 del Acuerdo de Asociación ACP-CE [1]. Estas medidas incluían la suspensión de la financiación del apoyo presupuestario y el apoyo a los proyectos, así como la suspensión de la firma del Programa Indicativo Nacional del 9º FED, pero explícitamente no afectaban a la contribución a las operaciones de carácter humanitario [2]. También incluían la suspensión del artículo 12 del Anexo 2 del Acuerdo de Asociación relativo a los pagos corrientes y los movimientos de capital, en la medida en que ello resultara necesario para la aplicación de otras medidas restrictivas, en particular la congelación de fondos.

[1] Decisión del Consejo 2002/148/CE (DOCE L 50/64 de 21.02.2002). Simultáneamente, el Consejo adoptó también la Posición común del Consejo 2002/145/PESC y el Reglamento (CE) n1 310/2002 del Consejo relativo a determinadas medidas restrictivas respecto de Zimbabwe (DOCE L 50/1-12 de 21.02.2002). Con estos actos, se impusieron medidas restrictivas tales como la prohibición de suministrar armas, la prohibición de viajar y la congelación de los activos de los miembros del Gobierno y otras personas que "participen en actividades que resulten un serio perjuicio para la democracia, el respecto de los derechos humanos y el Estado de Derecho en Zimbabwe". [¿Qué ocurre con la prórroga de estas medidas, que expiran simultáneamente a las medidas oportunas tomadas en virtud del Acuerdo de Cotonú?].

[2] Se está aplicando una reestructuración del ejercicio de la CE.

2. La razón que se alegaba para introducir estas medidas eran las graves violaciones de los derechos humanos y de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Una razón más inmediata era el intento del Gobierno de Zimbabwe de impedir la celebración de elecciones libres y justas, denegando el acceso de los observadores electorales internacionales y de los medios de comunicación.

3. Con arreglo al apartado 3 del artículo 2 de la Decisión de 18 de febrero de 2002, las medidas tenían una validez de doce meses. También con arreglo a esta disposición, las medidas se reconsiderarían al cabo de seis meses. De acuerdo con la carta al Presidente de Zimbabwe contenida en el anexo a la decisión, las medidas se revocarían una vez se dieran unas condiciones que garantizasen el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho.

4. En el periodo de tiempo transcurrido desde la introducción de las medidas oportunas no se ha registrado ningún progreso en los cinco puntos designados para las consultas del artículo 96 [3]. Por el contrario, la situación se ha deteriorado, tal como lo ilustran los siguientes sucesos.

[3] Las consultas del artículo 96 se abrieron con el objetivo de acordar las medidas que habían de ser tomadas por el Gobierno de Zimbabwe para poner remedio a la situación, en particular en cinco puntos (fin de la tolerancia oficial de la violencia política; una invitación temprana a los asociados internacionales para prestar asistencia y observar las elecciones que se avecinaban, y pleno acceso a tal fin; protección de la libertad de los medios de comunicación; independencia del poder judicial y respeto de sus decisiones y fin de la ocupación ilegal de bienes inmuebles).

* Las elecciones generales de marzo, las elecciones por distritos de septiembre y las recientes elecciones parciales se han celebrado en medio de circunstancias que no permiten considerarlas ni libres ni justas.

* El Gobierno constituido el pasado agosto, que está caracterizado por un refuerzo general del enfoque de línea más dura, ya que su objetivo parece haber sido el retirar (en el caso del Ministro de Hacienda Makoni) o impedir la acción (en el caso del Ministro del Interior Nkomo) de los miembros más reformistas y liberales del Gabinete.

* El conflicto político entre el ZANU (PF), partido que gobierna y el partido de la oposición (MDC), y el que haya cesado todo tipo de diálogo entre partidos.

* La determinación del Gobierno de completar una reforma agraria acelerada y que se produzcan continuos desalojos de agricultores en lugar de poner fin a las ocupaciones ilegales.

* La reciente legislación por la que se restringe la libertad de palabra, de reunión y asociación (que afecta negativamente a algunos grupos específicos, como la oposición política, los medios de comunicación independientes y las ONG).

* La violencia e intimidación continuas, fundamentalmente vinculadas a las elecciones parciales, la distribución de ayuda alimentaria y la aplicación de la reforma agraria acelerada.

5. Además n ha habido progresos significativos ni sobre el terreno ni a través de los posteriores contactos (la gestión de la troica de la UE en las capitales de la SADC en mayo de 2002 y numerosos contactos diplomáticos) o mediante otras iniciativas destinadas a ejercer una influencia sobre la situación (por parte de la Commonwealth y la SADC).

6. La Decisión del Consejo que tenía una validez de un año a partir de su publicación en el DOCE fue revisada en julio de 2002. El Consejo, en su reunión del 22.07.2002, llegó a la conclusión de que las condiciones en Zimbabue no garantizaban el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho. Por tanto se mantuvieron sin cambio las medidas en cuestión.

7. Teniendo en cuenta el deterioro de la situación [4] y el hecho de que no hay signos y/o compromisos por parte del Gobierno de Zimbabue de que se hayan conseguido avances significativos y/o que vayan a adoptarse medidas para poner remedio a la situación en las cinco áreas que suscitan mayor preocupación, no parece justificado retirar o aliviar las medidas.

[4] Un informe del Jefe de Misión en Harare, que se espera se presente en enero de 2003, aportará en mayor detalle una evaluación actualizada de la situación.

8. Por esta razón, la Comisión considera que la decisión debe ser prorrogada por un periodo adicional de doce meses. Dado que la decisión que se propone es tan sólo una prórroga de las medidas oportunas existentes sin ninguna modificación, no resulta necesario retomar las consultas con Zimbabue en aplicación del articulo 96 del Acuerdo de Cotonú.

9. La presente Decisión será susceptible de ser revisada en cualquier momento y las medidas se revocarán una vez se den condiciones que garanticen el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho. La Unión Europea se reserva el derecho de adoptar medidas restrictivas adicionales.

Conclusión

10. Por las razones expuestas, la Comisión propone que se adopte la Decisión adjunta.

2003/0014 (ACC)

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se prorroga la duración de la Decisión del Consejo 2002/148/CE por la que se dan por concluidas las consultas iniciadas con Zimbabue en aplicación del artículo 96 del Acuerdo de asociación ACP-CE

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, el segundo párrafo del apartado 2 de su artículo 300,

Visto el Acuerdo interno relativo a las medidas que deben adoptarse y a los procedimientos que deben seguirse para la ejecución del Acuerdo de asociación ACP-CE firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 [5], aplicado provisionalmente mediante Decisión de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de 18 de septiembre de 2000, y, en particular, su artículo 3,

[5] DO L 317, de 15.12.2000, p. 376

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando lo siguiente:

(1) Con la Decisión 2002/148/CE [6] se dieron por concluidas las consultas con la República de Zimbabue en aplicación de la letra c) del apartado 2 del artículo 96 del Acuerdo de Asociación ACP-CE [7] y se adoptaron las medidas oportunas que se especificaban en el anexo a la decisión.

[6] DO L 50 de 21.2.2002, p. 64

[7] DO L 317 de 15.12.2000, p. 3

(2) Con arreglo al apartado 3 de su artículo 2, la decisión dejará de aplicarse el 21 de febrero de 2003.

(3) Los elementos esenciales citados en el artículo 9 del Acuerdo de Asociación ACP-CE siguen siendo violados por el Gobierno de Zimbabue y las actuales condiciones en Zimbabue no garantizan el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho.

(4) Por tanto, debe prorrogarse el periodo de aplicación de la decisión.

DECIDE:

Artículo 1

En el artículo 2 de la Directiva 2002/148/CEE, el texto del apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

"Las medidas decididas tienen una validez de doce meses. Serán susceptibles de revisión en cualquier momento".

La carta que figura en el anexo a esta decisión se dirigirá al Presidente de Zimbabue.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Hecho en Bruselas,

Por el Consejo

El Presidente

ANEXO

Bruselas,

CARTA AL PRESIDENTE DE ZIMBABUE

La Unión Europea concede la máxima importancia a las disposiciones del artículo 9 del Acuerdo de Asociación ACP-CE. En su calidad de elementos esenciales del Acuerdo de Asociación, el respeto de los derechos humanos, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho constituyen la base de nuestras relaciones.

En su carta de 19 de febrero de 2002, la Unión le informó de su decisión de dar por concluidas las consultas celebradas en aplicación del artículo 96 del Acuerdo de Asociación ACP-CE y de adoptar determinadas "medidas oportunas" en el sentido de lo dispuesto por la letra c) del apartado 2 del artículo 96 de dicho Acuerdo.

Hoy, más de doce meses después y tras varios intentos de mediación, la Unión Europea considera que los principios democráticos siguen sin respetarse en Zimbabue y que el Gobierno de Zimbabue no ha hecho progresos significativos en las cinco áreas que se mencionaban en la Decisión del Consejo de febrero (fin de la violencia con motivación política, elecciones libres y justas, libertad de los medios de comunicación, independencia del poder judicial, fin de las ocupaciones ilegales).

Teniendo en cuenta lo anterior, la Unión Europea no considera que puedan revocarse las medidas provisionales.

Las medidas se revocarán únicamente cuando se den condiciones que garanticen el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho. Además, la Unión Europea se reserva el derecho de adoptar medidas restrictivas adicionales.

La Unión Europea seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos en Zimbabue y querría subrayar de nuevo que no es su deseo penalizar al pueblo de Zimbabue y que mantendrá su contribución a las operaciones de carácter humanitario y a los proyectos que constituyan un apoyo directo a la población, en especial los del sector social, que no quedan afectados por estas medidas.

La Unión Europea desea mantener el diálogo con Zimbabue sobre la base del Acuerdo de Asociación ACP-CE y espera que usted hará cuanto esté en su mano por restaurar el respecto a los principios esenciales del Acuerdo de Asociación, permitiendo con ello que todos los instrumentos de cooperación puedan ser retomados en un futuro próximo.

Le saluda atentamente:

Por la Comisión Por el Consejo