La propuesta se refiere a las normas de la UE sobre coordinación de la seguridad social en lo que respecta a las prestaciones por cuidados de larga duración; las prestaciones por desempleo; las prestaciones familiares y el acceso de los ciudadanos que no ejercen una actividad económica a determinadas prestaciones sociales. Se han identificado tres problemas en relación con las prestaciones por cuidados de larga duración: i) falta de claridad para los ciudadanos y las instituciones; ii) falta de claridad del marco jurídico; iii) riesgo de pérdida de prestaciones o de pagos por duplicado. Como consecuencia de ello, la coordinación transfronteriza de las prestaciones por cuidados de larga duración no funciona con eficacia. 1,8 millones de personas aseguradas residen en un Estado miembro distinto de aquel en el que están aseguradas contra el riesgo de enfermedad, de las cuales, 45 000 se benefician de prestaciones en especie y 35 000, de prestaciones en metálico. El número de usuarios transfronterizos de prestaciones por cuidados de larga duración aumentará un 11 % en 2020 en comparación con 2013, y un 28 % en 2030. En cuanto a las prestaciones por desempleo, los problemas son: i) la aplicación divergente de las normas de totalización por parte de los Estados miembros; ii) el reducido número de personas que exportan sus prestaciones por desempleo; iii) el trato desigual de las personas desempleadas que residen en un país diferente de aquel en el que han trabajado anteriormente (trabajadores fronterizos y otros trabajadores transfronterizos); y iv) unas normas de reembolso insatisfactorias. Las consecuencias son la falta de eficiencia en el tratamiento de las prestaciones por desempleo, la distribución desigual de la carga financiera y los posibles obstáculos a la reincorporación de los desempleados al mercado laboral. Se calcula que en 2014 había 91 700 trabajadores transfronterizos en situación de desempleo, de los cuales 53 800 eran trabajadores fronterizos, y se notificaron aproximadamente 25 000 casos de totalización y 27 300 casos de exportación de prestaciones. En cuanto a las prestaciones sociales, las recientes sentencias en los asuntos Brey (C-140/12), Dano (C-133/13) y Comisión contra Reino Unido (C-308/14) dictaminaron que los Estados miembros pueden optar por limitar la igualdad de trato en el caso de las prestaciones especiales en metálico no contributivas y otras prestaciones de seguridad social solicitadas por los ciudadanos que no ejercen una actividad económica, en la medida en que lo autorice la Directiva sobre la libre circulación. Esta jurisprudencia no está recogida en el Reglamento y conduce a una falta de transparencia. Se calcula que en 2014 había en la UE 3,7 millones de ciudadanos móviles que no ejercían una actividad económica. Casi el 80 % adquiere derechos derivados (derechos de residencia o derechos a prestaciones) en tanto que miembros de la familia de personas económicamente activas y tienen, por tanto, derecho a un trato equivalente al de los miembros de la familia de los trabajadores nacionales. El 20 % restante se ve afectado por la actual falta de claridad y de transparencia en lo que se refiere a su derecho a beneficiarse de las prestaciones en el país de acogida. Con respecto a la exportación de las prestaciones familiares se han detectado tres problemas: i) un sentimiento de injusticia en lo que se refiere al poder adquisitivo comparado de las prestaciones familiares exportadas; ii) el riesgo de que las normas disuadan a los progenitores de trabajar y compartir las responsabilidades de educación de los hijos; iii) dificultades administrativas, en particular la concesión de determinados tipos de prestaciones sobre la base de derechos derivados. Esta situación puede plantear problemas a las autoridades públicas y tener consecuencias negativas en las familias en las que uno o ambos progenitores trabajan en un Estado miembro diferente del Estado en el que residen los hijos. En 2013, se exportó por término medio el 1 % de las prestaciones por hijo correspondientes a 506 000 niños que residen en otro Estado miembro.