ES Diario Oficial de la Unión Europea C 58/209

P8_TA(2016)0137

Sector privado y desarrollo

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de abril de 2016, sobre el sector privado y el desarrollo (2014/2205(INI))

(2018/C 058/23)

El Parlamento Europeo,

— Visto el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

— Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «Reforzar el papel del sector privado para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible en los países en desarrollo» (COM(2014)0263), y las Conclusiones del Consejo al respecto de 23 de junio de 2014 y de 12 de diciembre de 2014,

— Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una asociación mundial para erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible después de 2015» (COM(2015)0044),

— Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «Una vida digna para todos: Acabar con la pobreza y dar al mundo un futuro sostenible» (COM(2013)0092), y las Conclusiones del Consejo al respecto de 25 de junio de 2013,

— Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el Cambio» (COM(2011)0637), y las conclusiones del Consejo al respecto de 14 de mayo de 2012,

— Visto el Plan de acción para la inversión privada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, expuesto en el Informe de la UNCTAD sobre las inversiones en el mundo 2014 (1),

— Vista su Resolución, de 26 de febrero de 2014, sobre el fomento del desarrollo a través de prácticas empresariales responsables, incluido el papel de las industrias extractivas en los países en desarrollo (2),

— Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2014, sobre la UE y el marco mundial para el desarrollo posterior a 2015 (3),

— Vista su resolución, de 19 de mayo de 2015, sobre la financiación para el desarrollo (4), y especialmente su llamamiento a la alineación del sector privado con los objetivos de desarrollo sostenible;

— Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2014, sobre la función de los derechos de propiedad, el régimen de la propiedad y la creación de riqueza para erradicar la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible en los países en desarrollo (5),

— Visto el Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativo a las actividades de la Plataforma de financiación combinada de la UE para la cooperación exterior, desde su creación hasta finales de julio de 2014 (COM(2014)0733),

— Vistos la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, de 2 de marzo de 2005, y el Programa de Acción de Accra (PAA), de 4 de septiembre de 2008,

— Visto el Informe Especial n.o 16/2014 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «La eficacia de la combinación de subvenciones regionales del mecanismo de inversión con préstamos de las instituciones financieras para apoyar las políticas exteriores de la UE»,

— Vista la Alianza de Busan por una Cooperación Eficaz para el Desarrollo, de 1 de diciembre de 2011 (6), en particular su apartado 32, que hace referencia a la necesidad de reconocer «la función esencial del sector privado en la promoción de la innovación; la creación de riqueza, ingresos y empleos; y en la movilización de recursos nacionales contribuyendo así a la reducción de la pobreza»,

— Vistas la Declaración conjunta sobre la cooperación entre los sectores público y privado (7), y la Asociación por la Prosperidad (8) surgida del bloque «sector privado» de Busan,

— Visto el documento final titulado «El futuro que queremos» de la Conferencia Río+20 de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de los días 20 a 22 de junio de 2012 (9),

— Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (10),

— Vistos el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales: complementariedades y contribuciones específicas (11),

— Visto el Marco de Políticas de Inversión para el Desarrollo Sostenible de la UNCTAD (12),

— Vista la estrategia de desarrollo del sector privado 2013-2017 del Grupo del Banco Africano de Desarrollo («Apoyo a la transformación del sector privado en África») (13),

— Vista la Declaración tripartita de la OIT de principios sobre las empresas multinacionales y la política social (14),

— Vista la Declaración de Lima de la ONUDI: Hacia un desarrollo industrial inclusivo y sostenible (15),

— Visto el Programa de Trabajo Decente de la OIT,

— Visto el artículo 9, apartado 2, letra b), de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, en el que se establece la obligación de asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad (16),

— Vista la Estrategia de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas (COM(2011)0681),

— Vistos el marco de desarrollo posterior a 2015, que considera al sector privado como el principal socio ejecutor, y su papel en la transición a la economía verde,

— Vistas las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra de 2010 (17),

— Visto el artículo 52 de su Reglamento,

— Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0043/2016),

A. Considerando que el papel del sector público es fundamental para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS); considerando que el sector privado es el motor de la creación de empleo y del crecimiento económico en todas las economías de mercado, generando el 90 % de los empleos e ingresos en los países en desarrollo; que, según las Naciones Unidas, el sector privado representa el 84 % del PIB en los países en desarrollo y puede ser una base sostenible para la movilización de los recursos nacionales, lo que conduce a una menor dependencia de la ayuda, siempre que esté regulado adecuadamente, se ajuste a los principios de los derechos humanos y a las normas medioambientales, y que se vincule a mejoras concretas a largo plazo en la economía nacional, el desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdades;

B. Considerando que el índice de pobreza humana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo muestra que 1 200 millones de personas ganan menos de 1,25 dólares al día; que la desigualdad va en aumento y es una de las principales amenazas para la estabilidad mundial;

C. Considerando que existe una clara correlación entre el desarrollo de un sector manufacturero fuerte y la reducción de la pobreza: un aumento del 1 % en el valor añadido en la industria manufacturera (VAM) per cápita disminuye en casi un 2 % el número de personas en situación de pobreza (18);

D. Considerando que se necesitan importantes inversiones, calculándose que los fondos necesarios en los países en desarrollo ascienden a 2,4 billones de dólares anuales más de lo que se gasta en la actualidad; que la financiación privada puede complementar, pero no sustituir a la financiación pública;

E. Considerando que las Naciones Unidas declararon 2012 Año Internacional de las Cooperativas con el fin de poner de relieve su papel a la hora de garantizar el desarrollo, empoderar a las personas, fortalecer la dignidad humana y contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM); considerando que a nivel mundial el sector cooperativo tiene unos 800 millones de miembros en más de 100 países y que se estima que representa más de 100 millones de puestos de trabajo;

F. Considerando que las pequeñas y medianas empresas y las microempresas, que constituyen la columna vertebral de todas las economías de mercado, están sometidas a una carga normativa mucho mayor en los países en desarrollo que en la Unión, y que la mayoría de ellas operan en la economía informal, que se encuentra a merced de la volatilidad y en la que se les priva de protección jurídica, de derechos laborales y de acceso a financiación; que, según el informe del Banco Mundial titulado «Doing Business» (Haciendo negocios), de 2014, los países más pobres son de hecho los que sufren la mayor cantidad de cargas reglamentarias (19);

G. Considerando que la industrialización (especialmente a través del desarrollo de pequeñas y medianas empresas (pymes) y las pequeñas y medianas empresas industriales (PMEI)) es un motor del bienestar y el desarrollo;

H. Considerando que la Declaración de 1986 de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo define el desarrollo como un derecho humano fundamental; que la Declaración adopta un enfoque basado en los derechos humanos, caracterizado por la realización de todos los derechos humanos (económicos, sociales, culturales, civiles y políticos); que la Declaración también se compromete a reforzar la cooperación internacional;

I. Considerando que la inversión extranjera directa (IED) tiene el potencial de contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), como se refleja en la propuesta de la UNCTAD para un plan de acción para promover las contribuciones del sector privado (20), a condición de que se regule adecuadamente la IED y se la vincule a mejoras concretas en la economía nacional, entre otros, en términos de transferencia de tecnología y creación de oportunidades de formación para la mano de obra local, incluidas las mujeres y los jóvenes;

J. Considerando que los aranceles a la importación son una fuente vital de ingresos de los Estados y son fundamentales para permitir que las industrias incipientes puedan crecer dentro del propio mercado nacional de los países en desarrollo; considerando que los aranceles a la importación de productos agrícolas transformados pueden permitir la creación de valor añadido y puestos de trabajo en las economías rurales, promoviendo al mismo tiempo la seguridad alimentaria;

K. Considerando que el 60 % de los puestos de trabajo en los países en desarrollo se encuentran en microempresas y pequeñas y medianas empresas del sector informal, y que el 70 % de estas empresas no reciben financiación de las instituciones financieras, a pesar que la necesitan para crecer y generar empleo;

L. Considerando que 51 de los 100 mayores operadores económicos del mundo son empresas, y que las 500 empresas multinacionales más importantes representan casi el 70 % del comercio mundial;

M. Considerando que el valor añadido en la industria manufacturera (VAM) per cápita medio en los países industrializados es diez veces superior al de los países en desarrollo y noventa veces superior al de los países menos adelantados (PMA) (21);

N. Considerando que el margen de maniobra presupuestario de los países desarrollados y en desarrollo está limitado de hecho por las exigencias de los inversores mundiales y los mercados financieros; que, según el FMI, los países en desarrollo se ven particularmente afectados por la elusión fiscal de las empresas, ya que estos países dependen en mayor medida del impuesto de sociedades para obtener ingresos que los países de la OCDE; que los Estados miembros de la Unión recurren ampliamente a prácticas que facilitan la elusión fiscal por parte de las empresas transnacionales y de los particulares;

O. Considerando que el Grupo de Alto Nivel que asesoró al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, sobre la Agenda para el desarrollo después de 2015 consultó a los directores ejecutivos de 250 empresas (con ingresos anuales de 8 billones de dólares) de 30 países y llegó a la conclusión de que es preciso incorporar las necesidades en materia de sostenibilidad a sus estrategias empresariales de modo que las empresas puedan aprovechar las oportunidades comerciales de crecimiento sostenible; considerando que la disposición del sector privado a contribuir al desarrollo sostenible se ve a menudo frenada porque las empresas no tienen modelos claros de asociación con el sector público; considerando que el sector privado es un proveedor potencial de bienes y servicios para las personas y comunidades en situación de pobreza, al reducir los costes, incrementar las opciones y adaptar los productos y servicios a sus necesidades específicas, y contribuir a la divulgación de salvaguardias y normas medioambientales y sociales;

P. Considerando que, a falta de una acepción que goce de la aceptación general, se pueden definir las asociaciones público-privadas como unos mecanismos multilaterales entre agentes privados, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil mediante los que se aspira a lograr un objetivo público en beneficio mutuo gracias a la puesta en común de recursos o conocimientos especializados;

Q. Considerando que instituciones europeas de financiación del desarrollo, que constituyen un grupo de 15 instituciones bilaterales que desempeñan un papel importante proporcionando financiación a largo plazo para el sector privado en las economías en desarrollo o en proceso de reforma, tienen por objetivo invertir en empresas con una amplio espectro de efectos para el desarrollo, desde el suministro fiable de electricidad y agua salubre a la concesión de financiación a las pymes y la apertura del acceso a los mercados para las pequeñas explotaciones agrícolas;

R. Considerando que las asociaciones público-privadas son desde hace décadas una forma común de capital riesgo en los países desarrollados, particularmente los países europeos y los EE.UU., y hoy en día son muy utilizadas en los países en desarrollo por la mayoría de los donantes, representando aproximadamente entre el 15 y el 20 % de las inversiones totales en infraestructuras;

S. Considerando que 2 500 millones de personas, que en su mayoría viven en países en desarrollo y son mujeres y jóvenes, siguen estando excluidas de las comunidades empresariales, del sector financiero formal y de las oportunidades de titularidad de la propiedad y la tierra; que en los países en desarrollo sigue existiendo una diferencia debida al género de entre 6 y 9 puntos porcentuales entre los grupos de renta; considerando que el diálogo social es un medio importante de apoyar la igualdad de género en el trabajo y de invertir el patrón de la infrarrepresentación de las comunidades empresariales en los países en desarrollo;

T. Considerando que las asociaciones público-privadas que están bien concebidas y se utilizan eficientemente pueden movilizar fondos privados y públicos a largo plazo, generar innovación en materia de tecnologías y modelos de negocio, e incorporar mecanismos integrados para garantizar su propia responsabilidad respecto de los resultados de desarrollo;

U. Considerando que, en los países en desarrollo, las asociaciones público-privadas se concentran hasta la fecha esencialmente en los sectores de la energía, las infraestructuras y las telecomunicaciones, aunque sus posibilidades en sectores tales como la agricultura, el agua y el saneamiento, la educación, las tecnologías verdes, la investigación y la innovación, la asistencia sanitaria y los derechos de propiedad siguen en gran medida sin explotarse;

V. Considerando que prácticamente dos tercios de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para los países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) estos últimos diez años se han destinado a operaciones del sector privado; que el Mecanismo de inversión de Cotonú del BEI está considerado como un fondo rotatorio singular con capacidad de absorción de riesgos para la financiación de inversiones con riesgos superiores en apoyo del desarrollo del sector privado;

W. Considerando que, pese a que 45 millones de solicitantes de empleo se incorporan cada año a la población activa de los países en desarrollo (22), un 34 % de las empresas reconocen que no encuentran los trabajadores que necesitan;

X. Considerando que, en el contexto del Programa para el Cambio, se considera la cofinanciación como un importante instrumento para la movilización de recursos adicionales combinando subvenciones de la Unión con préstamos o capital de fuentes de financiación públicas y privadas; considerando no obstante que, en el Informe Especial n.o 16/2014 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el uso de la financiación combinada, se llega a la conclusión de que en prácticamente la mitad de los proyectos examinados no se disponía de pruebas suficientes para considerar que las subvenciones estuvieran justificadas, mientras que en algunos de estos casos había indicios de que las inversiones se hubieran realizado sin la contribución de la Unión;

Y. Considerando que la industria manufacturera, con aproximadamente 470 millones de empleos en todo el mundo en 2009 y unos 500 millones en 2013 (23), tiene un gran potencial de creación de riqueza y empleo, y de que este sea digno y altamente cualificado;

Z. Considerando que la riqueza mundial se está concentrando cada vez más en las manos de una pequeña élite acaudalada y que se espera que el 1 % más rico posea más de la mitad de la riqueza mundial en 2016;

AA. Considerando que una fiscalidad justa y progresiva junto con criterios de bienestar y justicia social desempeña un papel fundamental para reducir las desigualdades al permitir una redistribución de la riqueza desde los ciudadanos con rentas más altas hacia aquellos con mayores necesidades en un país;

La estrategia a largo plazo para colaborar con el sector privado

1. Reconoce que la inversión del sector privado en los países en desarrollo puede, siempre que esté debidamente regulada, contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas; celebra y concuerda con las Conclusiones del Consejo de 12 de diciembre de 2014 sobre una mayor implicación del sector privado en la cooperación al desarrollo; acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión de respaldar al sector privado para que se convierta, junto con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del ámbito del desarrollo y modelos de empresas integradoras como cooperativas y empresas sociales, en un importante socio en la consecución de un desarrollo integrador y sostenible en el marco de los ODS de las Naciones Unidas, lo cual implica un compromiso del sector privado con la buena gobernanza, la mitigación de la pobreza, la creación de riqueza mediante inversiones sostenibles, así como con la reducción de las desigualdades, el fomento de los derechos humanos, las normas medioambientales y la capacitación de las economías locales; subraya la necesidad de que se comprenda claramente la diferencia de funciones entre los agentes del sector privado y los del sector público y que esta diferencia sea reconocida por todas las partes involucradas;

2. Pide a la Comisión que siga participando activamente en los debates sobre la Agenda 2030, reconociendo al mismo tiempo la diversidad del sector privado y los desafíos a los que se hace frente para mitigar la pobreza de aquellos que están más marginados y a los que más difícil resulta acceder; considera que toda política de la Unión que pretenda la participación del sector privado en el ámbito del desarrollo ha de especificar a qué tipo de sector privado se dirige;

3. Subraya que las futuras asociaciones en el marco de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible deben centrarse más en combatir la pobreza y la desigualdad; recuerda que la ayuda oficial al desarrollo (AOD) debe seguir siendo un medio clave para erradicar todas las formas de pobreza y cubrir las necesidades sociales básicas en los países desarrollados, y no puede sustituirse por financiación privada; reconoce la posibilidad de apalancar la financiación privada con la AOD en condiciones de transparencia, rendición de cuentas, responsabilización y adaptación a las prioridades de los países y los riesgos para la sostenibilidad de la deuda;

4. Pide que haya más inversión pública en servicios públicos de acceso universal, especialmente en el sector del transporte, el acceso a agua potable, la sanidad y la educación;

5. Cree que los sectores público y privado son más eficaces cuando colaboran para crear un entorno saludable para la inversión y la actividad empresarial y para establecer las bases del crecimiento económico; subraya que todas las asociaciones y alianzas con el sector privado han de centrarse en las prioridades basadas en valores compartidos que compatibilicen los objetivos empresariales con los objetivos de desarrollo de la Unión, y respetar las normas internacionales en materia de eficacia del desarrollo; considera que deben estar diseñadas y administradas conjuntamente con los países socios en cuestión de modo que se garantice que se comparten riesgos, responsabilidades y beneficios, que sean rentables, y tengan objetivos precisos, metas objetivas y una rendición de cuentas y transparencia claras;

6. Celebra el papel desempeñado por la inversión del sector privado extranjero en los países en desarrollo en relación con la aceleración del desarrollo nacional; pone de relieve, asimismo, la importancia de fomentar une inversión responsable, que apoye a los mercados locales y contribuya a reducir la pobreza;

7. Apoya las labores realizadas por la Asociación de Instituciones Financieras Europeas para el Desarrollo, ya que sus miembros proporcionan capital a las empresas en los países en desarrollo a través de inversiones directas en empresas y, de manera indirecta, invirtiendo capital en los bancos comerciales locales y el mercado de capital privado emergente, centrándose en las microempresas y en las pequeñas y medianas empresas (pymes); insta a la Comisión a favorecer este tipo de programas en su financiación y cooperación, ya que el sector privado en los países en desarrollo reviste la máxima importancia;

8. Pide que se elaboren normas de transparencia y responsabilidad más eficaces para las empresas tecnológicas de la UE en relación con la exportación de tecnologías que puedan utilizarse para violar los derechos humanos, sustentar la corrupción o actuar en contra de los intereses de la UE en materia de seguridad;

9. Subraya que las políticas comerciales, de inversión, de seguridad y de desarrollo de la Unión están interrelacionadas e inciden directamente en los países en desarrollo; recuerda que en el artículo 208 del Tratado de Lisboa se consagra el principio de coherencia de las políticas para el desarrollo, al requerirse que se tengan en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo en las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo; pide una evaluación de todas las políticas comerciales y de inversión en términos de impacto en el desarrollo, en especial por lo que respecta al acceso universal a bienes y servicios de interés general; hace hincapié en que se mejoren los capítulos sobre desarrollo sostenible en todos los acuerdos comerciales bilaterales futuros con vistas a incluir programas obligatorios de información dirigidos al sector privado;

10. Pone de relieve la necesidad de estudiar cómo se puede implicar más al sector privado en el marco de la política europea de vecindad para ayudar a generar crecimiento económico y puestos de trabajo en los vecinos de Europa, por ejemplo compartiendo la experiencia en lo que respecta a proporcionar acceso al capital;

11. Pide a la Comisión que el fomento, apoyo y financiación de las asociaciones público-públicas sea la opción preferente y que sea obligatorio redactar y poner a disposición del público evaluaciones ex ante de las repercusiones sociales y para la pobreza siempre que los programas de desarrollo se ejecuten junto con el sector privado;

12. Pide a la Unión que incluya la deliberación formal con las organizaciones de la sociedad civil y con las comunidades que se vean afectadas directa o indirectamente por los proyectos de desarrollo;

13. Destaca el gran potencial del valor añadido de la Unión al establecerse asociaciones con el sector privado, en estrecha coordinación con sus Estados miembros y las organizaciones internacionales pertinentes, muchos de los cuales tienen una probada experiencia de colaboración con el sector privado; subraya que una economía de mercado plenamente operativa, basada en el Estado de Derecho, sigue siendo un motor importante del desarrollo económico y social y que la política de desarrollo de la Unión debe reflejar este hecho;

14. Celebra el Marco para el compromiso de las empresas con las Naciones Unidas, que hace hincapié en que un sector privado sólido que genere crecimiento económico es esencial para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, y que el sector privado está haciendo contribuciones importantes con vistas a un progreso económico, social y medioambiental compartido;

15. Celebra la participación del sector privado en el Foro de Alto Nivel de Eficacia de la Ayuda de la OCDE; acoge con satisfacción, en particular, las iniciativas adoptadas en este contexto en materia de vías innovadoras para aprovechar en mayor medida la financiación al desarrollo del sector privado y la declaración conjunta formulada en Busan en 2011 sobre la ampliación y el refuerzo de la cooperación público-privada en aras de un crecimiento de amplio alcance, inclusivo y sostenible;

16. Acoge con satisfacción el hecho de que el porcentaje de la ayuda bilateral no condicionada haya aumentado de manera continuada, pero expresa su preocupación por que sigan existiendo formas de ayuda condicionada, tanto de carácter formal como informal (24); pide a la Unión y a sus Estados miembros que cumplan el compromiso que contrajeron en el Consenso Europeo sobre Desarrollo de fomentar una mayor desvinculación de la ayuda más allá de las recomendaciones de la OCDE; subraya el potencial de generación de crecimiento de más ayuda no condicionada, lo que beneficiaría a las industrias locales en los países en desarrollo; pide un aumento de la ayuda verdadera («real aid») y un desarrollo sostenible de las cadenas de valor regionales/locales; pide que se fomente en mayor medida la capacitación de los agentes locales y que se ponga énfasis en el establecimiento de cadenas de valor sostenibles a nivel regional/local; subraya la importancia de la apropiación local y regional, de las estrategias nacionales propias de los países asociados y de sus programas de reforma, de la participación de los proyectos de desarrollo y del valor añadido proporcionado al asegurar las cadenas de suministro locales; cree que la política de desarrollo desempeña una función importante al abordar las causas subyacentes de los actuales flujos migratorios hacia la Unión Europea;

17. Reconoce asimismo el derecho de todos los países y, en particular, de los países en desarrollo, a imponer restricciones temporales al capital para evitar que ocurran crisis financieras por flujos financieros privados a corto plazo y volátiles; pide que se supriman las restricciones a este derecho en todos los acuerdos comerciales y de inversión, también a escala de la OMC;

18. Señala que la Unión ha de tener en cuenta la accesibilidad a la hora de apoyar el sector privado, puesto que la exclusión de amplios sectores de población, como las personas con discapacidad, priva a las empresas privadas de un mercado nada despreciable;

El apoyo al sector privado local en los países en desarrollo

19. Señala que las pequeñas y medianas empresas y las microempresas de los países en desarrollo pueden afrontar unas cargas reglamentarias mucho mayores que las existentes en la Unión, carecen de protección legal y derechos de propiedad y operan dentro de una economía informal volátil; hace hincapié en este sentido en la importancia de los sistemas de registro de la tierra; subraya la necesidad de fomentar el sector privado local de los países en desarrollo, por ejemplo, dando acceso a financiación y promoviendo la iniciativa empresarial; pide a la Comisión, a otros donantes y a agencias de desarrollo que incrementen su apoyo para reforzar la capacidad de las pymes nacionales;

20. Pide a la Unión que impulse estrategias nacionales de desarrollo que conformen las contribuciones del sector privado en este sentido contando con su colaboración en un marco de desarrollo centrado en las cooperativas nacionales, las pymes y las microempresas, en particular los pequeños agricultores, al ser los que mayor potencial ofrecen en cuanto al impulso de un desarrollo equitativo en los países;

21. Subraya la necesidad de apoyar en mayor medida las asociaciones con los países en desarrollo a fin de modernizar sus marcos reglamentarios mediante la creación de un entorno favorable a las iniciativas privadas proporcionando mecanismos de apoyo a las empresas y, al mismo tiempo, encontrando el equilibrio correcto entre, por una parte crear un entorno propicio a la inversión y, por otra, proteger el interés público y el medio ambiente mediante la legislación; señala la necesidad de facilitar la creación de sistemas bancarios y administraciones tributarias fiables en los países en desarrollo capaces de garantizar una regulación financiera y gestión de los fondos públicos y privados eficaz; pide a los gobiernos asociados que introduzcan una cláusula de extinción que permita anular las medidas redundantes; observa que la legislación debería ser objeto de evaluaciones de impacto para hacer una estimación de la creación negativa de empleo y las amenazas para los estándares ambientales;

22. Pide a la Unión que refuerce la capacidad de los países en desarrollo de movilizar los recursos nacionales con el fin de combatir la evasión fiscal, la corrupción y los flujos financieros ilícitos, y en particular para permitir a los países menos adelantados y a los Estados frágiles la creación de instituciones de gobierno de mayor eficacia y estabilidad, inclusive a través del desarrollo de sistemas tributarios justos y eficaces; pide a la Unión que, a tal efecto, amplíe la asistencia técnica y financiera en los países en desarrollo, con el fin de garantizar un nivel más elevado de transparencia y rendición de cuentas; pide a la Unión, y a sus Estados miembros, así como a todas las organizaciones pertinentes y a los países desarrollados y en desarrollo signatarios de la Alianza de Busan para una Cooperación al Desarrollo Eficaz, de 2011, que cumplan su compromiso de intensificar los esfuerzos con vistas a luchar contra la corrupción y contra los flujos financieros ilícitos;

23. Pide a la DG DEVCO de la Comisión que colabore con la DG Crecimiento en la reproducción de las estructuras de apoyo regionales para las pymes y las microempresas en los países en desarrollo, basándose en el modelo de la red Enterprise Europe, a fin de ayudarlas a incorporarse a la legalidad, conseguir acceso a financiación y capital, así como a los mercados, y superar los obstáculos legales, apoyando, en particular, el fortalecimiento de sus organizaciones representativas intermedias; destaca el hecho de que, con el tiempo, estas estructuras podrían convertirse también en plataformas de lanzamiento de asociaciones público-privadas a escala regional y local en ámbitos que abarcarían desde el sector agroalimentario hasta la formación profesional y los programas de atención sanitaria, facilitando el desarrollo de capacidades, la transferencia de conocimientos y la experiencia, así como de recursos locales e internacionales;

24. Reitera que es responsabilidad de la Unión apoyar un sistema fiscal justo a nivel mundial, lo que implica definir requisitos realmente obligatorios en relación con las empresas transnacionales por lo que se refiere a la publicación de informaciones desglosadas por país, crear registros públicos de la titularidad real de las empresas, fideicomisos y entidades jurídicas similares, y garantizar el intercambio automático de información fiscal y una distribución justa de los derechos tributarios y negociar, simultáneamente, tratados fiscales y de inversión con los países en desarrollo; considera asimismo que las instituciones financieras de desarrollo solo deberían invertir en empresas y fondos que estén dispuestos a revelar públicamente su titularidad real y a comunicar sus cuentas financieras desglosadas por país;

25. Recuerda que los regímenes arancelarios constituyen un elemento esencial de un marco normativo adaptado a un desarrollo del sector privado que favorezca a los desfavorecidos y la creación de empleo; observa, no obstante, con preocupación que los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) exigen reducir los aranceles a la importación en toda una gama de sectores económicos de los países ACP, aunque la supresión de todos los aranceles sobre las importaciones procedentes de la Unión reduciría notablemente los ingresos arancelarios, pudiendo en algunos casos esta disminución llegar a ser de entre el 15 y el 20 % de los ingresos del Estado; insta a la Unión a definir su política comercial de conformidad con el principio de coherencia de las políticas para el desarrollo;

26. Acoge favorablemente el paquete de financiación con impacto del BEI de 500 millones de euros en el marco del Mecanismo de inversión de Cotonú, que permite al BEI reforzar su compromiso con el sector privado en zonas con mayor nivel de riesgo y en entornos más difíciles; lamenta que se haya recortado la dotación de préstamos del BEI para Asia; destaca que todas las inversiones del BEI realizadas en el marco del Mecanismo de inversión de Cotonú deben adaptarse a las estrategias de desarrollo adoptadas por cada país, de conformidad con el principio de apropiación democrática;

27. Señala el hecho de que los obstáculos al desarrollo del sector privado de los Estados frágiles y de aquellos que han sufrido conflictos son superiores a los de cualquier otro sitio y requieren un planteamiento más específico a fin de mejorar el clima de inversiones y eliminar las normativas empresariales asfixiantes y obsoletas, las prácticas predatorias y el elevado nivel de corrupción; recomienda, en este contexto, a la Comisión que entable un diálogo con los países socios y el sector privado acerca de la reforma de las políticas, a fin de superar la profunda desconfianza que existe entre los Gobiernos y el sector privado, alimentada tradicionalmente por comportamientos parasitarios, el amiguismo y la falta de legitimidad;

28. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los países en desarrollo que se esfuercen en mayor medida en fomentar la capacitación económica de las mujeres y establecer mecanismos de apoyo para las mujeres emprendedoras; observa que el enfoque orientado al ahorro con vistas a la inclusión de las mujeres en el ámbito financiero tiene un historial acreditado; recomienda que se aplique un enfoque de integración de la dimensión de género en todos los programas de asociación, junto con una formación en materia de emprendimiento para las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidades y las redes específicas de inversoras providenciales; pide que se apoye en mayor medida a las mujeres empresarias, de forma que puedan beneficiarse del crecimiento impulsado por el sector privado; recomienda que se adopten medidas para supervisar el proceso de capacitación económica de las mujeres, y observa que, según el FMI, la renta per cápita aumentaría significativamente si las mujeres participasen en el mercado laboral en la misma medida que los hombres;

La participación del sector empresarial europeo e internacional en la consecución de un desarrollo sostenible

29. Destaca el hecho de que el potencial de la contribución del sector privado al desarrollo sostenible a largo plazo va más allá de sus recursos financieros, su experiencia y conocimientos especializados, e incluye el establecimiento a escala local de cadenas de valor y canales de distribución, lo que se traduce en creación de empleo y en la reducción de la pobreza y las desigualdades, en la promoción de los derechos y las oportunidades de las mujeres y en sostenibilidad medioambiental, mayor alcance y eficiencia, y más posibilidades de acceso a productos, servicios y tecnologías asequibles y disponibles en el mercado; pide que los esfuerzos europeos en materia de desarrollo desempeñen un papel importante en la aplicación de las normas internacionales acordadas, como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas y las normas de la Organización Internacional del Trabajo, también en el marco del trabajo con empresas e inversores, para garantizar el pleno cumplimiento de estos Principios Rectores y las directrices de la OCDE sobre empresas multinacionales en sus actividades comerciales y en sus cadenas de suministro en los países en desarrollo;

30. Destaca que el diálogo social resulta esencial para garantizar el compromiso efectivo del sector privado con el desarrollo; subraya la responsabilidad de los países en desarrollo de apoyar el diálogo social entre los empresarios del sector privado, los trabajadores y los Gobiernos nacionales para mejorar así la gobernanza y aumentar la estabilidad estatal; pide, en particular, a los países en desarrollo que velen por la ampliación del diálogo social a las zonas francas industriales y a las agrupaciones industriales;

31. Subraya que el sector privado, y en particular las pymes locales, deben participar en el diálogo sobre políticas junto con los demás socios en materia de desarrollo, a fin de facilitar la comprensión mutua y gestionar las expectativas, garantizando la eficacia y la transparencia; subraya, en este contexto, la importante función que desempeñan las delegaciones de la UE en los países en desarrollo como plataforma para dicho diálogo; destaca el papel positivo de las cooperativas como catalizadoras del desarrollo incluyente desde el punto de vista social y su capacidad para reforzar las comunidades gracias a la generación de empleo e ingresos; apunta, en particular, que los trabajadores han formado cooperativas de servicios comunes y asociaciones para contribuir al trabajo autónomo en la economía informal, mientras que, en las zonas rurales, las cooperativas de ahorro y crédito proporcionan acceso a servicios bancarios que no existen en muchas comunidades y financian la formación de las empresas pequeñas y las microempresas; reconoce que el sector privado agrupa a agentes como las empresas sociales y las organizaciones de comercio justo, cuya labor se basa en principios sociales y medioambientales; pide a la Comisión que reconozca estos esfuerzos en su trabajo sobre el papel del sector privado en el desarrollo;

32. Pide a la Comisión que defienda la propuesta de los inversores y otras partes interesadas de impulsar unas normas vinculantes en materia de derechos sociales, ambientales y humanos mediante informes elaborados por las empresas, de conformidad con la Directiva de la UE sobre la presentación de informes no financieros, que se engloben como una de las nuevas propuestas de Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas;

33. Pide que la Unión contribuya al refuerzo y la creación de estructuras, redes e instituciones de agentes del sector privado nacional, especialmente en el marco de las microempresas y las pymes, teniendo en cuenta su función en la elaboración de políticas nacionales y regionales;

34. Subraya que una de las limitaciones clave a la hora de incrementar la participación privada en los países en desarrollo se deriva de la falta de proyectos válidos provocada por la debilidad de las capacidades de ejecución y de los marcos legales, institucionales y presupuestarios, y también de la falta de recursos para la planificación de las inversiones y la preparación de los proyectos; pide un aumento de la asistencia técnica para el sector de las empresas públicas de los países socios a fin de incrementar su capacidad de asumir la responsabilidad de la gestión de las asociaciones público-privadas y de reclamar la propiedad al final del proceso; destaca la necesidad de que los agentes del sector privado prevean el rendimiento de las inversiones a largo plazo, ya que, de lo contrario, dependiendo de los accionistas, podrían carecer de la perspectiva a largo plazo necesaria para el rendimiento en los sectores sociales fundamentales para el desarrollo humano;

35. Toma nota de que, en los países en desarrollo, la participación privada en infraestructuras se ha incrementado considerablemente, pasando de 18 000 millones de dólares en 1990 a 150 000 millones de dólares en 2013; pide que se mantenga el compromiso al respecto, teniendo en cuenta que la falta de acceso a la infraestructura es una limitación fundamental para el crecimiento del sector privado que socava la producción y la creación de empleo;

36. Destaca que, dentro de un marco legislativo claramente definido y fuerte en materia de derechos de propiedad y seguridad de la tenencia de la tierra, las asociaciones público-privadas en el ámbito agrícola tienen un potencial enorme para evitar el acaparamiento de tierras y garantizar una producción agrícola mayor y efectiva; acoge con satisfacción la puesta en marcha en 2014 de un programa de la UE para fortalecer la gobernanza territorial en los países africanos; recomienda que la UE y sus delegaciones desempeñen un papel fundamental colaborando con los Gobiernos socios, el BEI, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y otros organismos similares, e involucrando al sector privado en el desarrollo de soluciones basadas en el mercado para los desafíos agrícolas; destaca la necesidad de establecer incentivos financieros para evitar la exclusión de las poblaciones pobres y alejadas y los agricultores que cultivan variedades que no son de gran interés comercial y que probablemente no resulten atractivas para los socios agroempresariales; hace hincapié en que, en el marco de la protección, es necesario prever una evaluación del riesgo social y medioambiental, la consulta con representantes legítimos de las comunidades afectadas, con su consentimiento libre, previo y fundado del correspondiente proyecto, y, cuando lo necesiten, el respaldo jurídico para las comunidades en cuestión; pide a la Comisión que incorpore en los proyectos procedimientos de supervisión y que negocie una revisión de los contratos en casos en que hayan resultado perjudiciales para la población local;

37. Destaca asimismo que es preciso prevenir el riesgo asociado a las APP en el ámbito agrícola, incluido el acaparamiento de tierras; subraya la importancia de concentrar la ayuda en los pequeños agricultores, especialmente las mujeres; pide a la Comisión que combine las APP del sector agrícola con participación económica de la UE con medidas exhaustivas para proteger a los pequeños agricultores, pastores y otros usuarios de la tierra vulnerables, contra la posible pérdida de acceso a la tierra o al agua; hace hincapié en que, en el marco de la protección, es necesario prever una evaluación del riesgo social y medioambiental, como condición para el inicio del correspondiente proyecto, y, cuando lo necesiten, el respaldo jurídico para las comunidades en cuestión; recomienda que los proyectos de la Nueva Alianza del G8 se sustituyan por iniciativas con arreglo al Programa general para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP); destaca que las compensaciones financieras y sociales deben adoptar la forma de compromisos vinculantes y que siempre hay que tener en cuenta los planes de desarrollo alternativos;

38. Recomienda que la Unión siga apoyando proyectos de energías renovables y verdes en los países en desarrollo, en especial en zonas rurales remotas, de manera sostenible; celebra que una de las prioridades del Mecanismo de inversión con impacto del BEI sea la inversión en el sector de la energía, que está considerado en general como un elemento clave para liberar el crecimiento económico en África; espera que los instrumentos de financiación innovadores catalicen la inversión del sector privado en energía renovable, eficiencia energética y acceso a la energía; anima, asimismo, al BEI y a las instituciones financieras de desarrollo europeas a seguir financiando proyectos de inversión para contribuir a la mitigación del cambio climático en África, así como a la adaptación al mismo, de conformidad con el compromiso y las obligaciones de la Unión adquiridos con arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC); recuerda que se debe dar prioridad a proyectos a pequeña escala, descentralizados y fuera de red en el ámbito de la energía renovable, para garantizar que las zonas rurales tengan acceso a la energía, evitando al mismo tiempo el posible impacto social y medioambiental negativo de la infraestructura energética a gran escala;

39. Insta a la UE a que desarrolle un marco reglamentario sólido, basado en criterios de eficacia del desarrollo, en el que pueda operar el sector privado, también para la promoción de APP contractuales a largo plazo; insta a la UE a que solo promocione las APP si no están disponibles otras opciones de financiación menos costosas y arriesgadas, sobre la base de un análisis de la relación entre coste y eficacia; pide a la UE que aplique políticas de salvaguardia eficaces para los proyectos de APP a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres;

40. Celebra los logros alcanzados a la hora de compartir los recursos público-privados en favor de la asistencia sanitaria y un mejor acceso a los medicamentos, así como con vistas a aprovechar en mayor medida el potencial en materia de transferencia de tecnologías en los países en desarrollo; recomienda que la UE desempeñe un papel de facilitador abriendo vías para la cooperación más allá del acceso a medicamentos, a fin de reformar los sistemas de salud disfuncionales en los países en desarrollo; destaca que es posible aumentar el apoyo a las pymes/pymis locales no solo a través de instrumentos financieros, sino también mediante transferencias de tecnología, el desarrollo de capacidades, el desarrollo sostenible de los proveedores y los vínculos empresariales;

41. Destaca la importancia de salvar la brecha que existe entre el sistema de educación y el mercado laboral en los países en desarrollo; pide a la Comisión que facilite programas y apoye a las APP que cuentan con la participación de todas las partes interesadas, incluidas escuelas, universidades, centros de formación y agentes del sector privado, con el fin de ofrecer oportunidades de formación y educación que sean pertinentes en el mercado; alienta la creación de instituciones de formación profesional dual a través de las cuales los jóvenes, al mismo tiempo que participan en un programa de aprendizaje profesional que preste especial atención a los aspectos prácticos de la profesión, puedan igualmente recibir clases teóricas en escuelas de formación profesional especializadas;

42. Destaca que las capacidades de los Gobiernos de los países en desarrollo, como reguladores, deben fortalecerse para lograr un desarrollo sostenible;

Principios de compromiso con el sector privado

43. Destaca el hecho de que el compromiso con el sector empresarial requiere un enfoque flexible, configurado no solo sobre la base de los resultados perseguidos, sino también teniendo presente la medida en que las condiciones locales son favorables para las inversiones y las empresas privadas; recomienda un enfoque diferenciado con respecto a los países menos desarrollados y los Estados frágiles; observa que el compromiso de la inversión y el sector privado en los sectores ODS varía mucho entre los países en desarrollo; pide a los donantes que concedan la mayor parte de la ayuda que brindan a los países menos avanzados en forma de subvenciones;

44. Acoge con satisfacción los criterios enunciados en la Comunicación de la Comisión sobre el sector privado y el desarrollo de cara a la prestación de ayuda directa al sector privado; pide que se establezca un acuerdo marco claramente definido aplicable a todas las asociaciones con el sector privado, aplicando indicadores tales como las acciones destinadas a las microempresas, las estrategias de acceso al crédito y la integración laboral de los grupos desfavorecidos, las mujeres y los jóvenes, que ha de garantizar el respeto del principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo, del principio de eficacia del desarrollo y de los objetivos de la política de desarrollo, en concreto la reducción de la pobreza y de la desigualdad; considera que cualquier decisión de promover el uso de APP a través de la financiación combinada en los países en desarrollo debería fundamentarse en una evaluación exhaustiva de estos mecanismos en lo que se refiere a su impacto sobre el desarrollo, la rendición de cuentas y la transparencia y en las lecciones aprendidas de las experiencias del pasado;

45. Muestra su preocupación por que no siempre se hayan instaurado salvaguardias para garantizar un uso apropiado del dinero público; subraya que es necesario acordar indicadores de rendimiento cuantificables y mecanismos de supervisión y de evaluación en la fase preparatoria de los proyectos, garantizando también al mismo tiempo que estas inversiones respetan los derechos humanos, las normas sociales y medioambientales y la transparencia, al tiempo que garantizan que el sector privado paga los impuestos que le corresponden; subraya la importancia de la evaluación del riesgo, la sostenibilidad de la deuda, la transparencia y la protección de las inversiones; destaca la importancia del papel consultivo y de control formal de los Parlamentos nacionales y de la sociedad civil a la hora de garantizar una transparencia y una rendición de cuentas plenas; recomienda que, en los países en desarrollo en que se esté ejecutando un proyecto de desarrollo, se faciliten el acceso efectivo a la justicia y vías de recurso de las víctimas de abusos empresariales;

46. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que las empresas que participan en asociaciones para el desarrollo estén en consonancia con los ODS y respeten los principios de la responsabilidad social de las empresas (RSE); apoya firmemente la difusión y la aplicación eficaces y generalizadas de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, tanto en la UE como fuera de ella, e insiste en la necesidad de adoptar todas las medidas políticas y legislativas necesarias para colmar las lagunas en la aplicación efectiva de dichos Principios Rectores, también en lo referente al acceso a la justicia; recomienda que todas las empresas que operan en países en desarrollo practiquen un nivel de transparencia en consonancia con las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos, la contribución positiva al bienestar social y ambiental de los países en desarrollo y la cooperación en asociación con las organizaciones de la sociedad civil; destaca la necesidad de que los Estados miembros elaboren planes nacionales para aplicar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, y especialmente las Directrices de la OCDE sobre la diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y zonas de alto riesgo;

47. Hace hincapié en la necesidad de que la políticas comercial y de desarrollo de la UE respeten el margen de maniobra político y económico de los países en desarrollo, en particular de los países menos desarrollados, a fin de mantener los aranceles a la importación fundamentales cuando sea necesario, e impulsar la creación de puestos de trabajo cualificados y decentes en la industria manufacturera y agroindustrial local como factores que puedan crear un valor añadido nacional y un crecimiento industrial mayores y un aumento de las exportaciones y de la diversificación, componentes clave de una modernización económica y social inclusiva; pide a la Unión y a sus Estados miembros que promuevan medidas concretas para velar por que las empresas multinacionales tributen en los países en que se generan sus beneficios y promuevan una información eficaz sobre cada país por parte del sector privado, reforzando de este modo la movilización de los recursos nacionales y una competencia justa;

48. Anima a la Unión a apoyar el proceso actual de elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos, que aclare las obligaciones de las empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos, y de las empresas con respecto a los Estados, y prevea el establecimiento de soluciones eficaces para las víctimas en aquellos casos en los que es evidente que la jurisdicción nacional es incapaz de sancionar a esas empresas de forma eficaz;

49. Acoge positivamente el enfoque de la Comisión según el cual han de fomentarse los pilares estratégicos de la Agenda de la OIT sobre el trabajo digno como medio para abordar la desigualdad y la exclusión social, particularmente entre las personas más marginadas, incluyendo a las mujeres, los niños, las personas de edad avanzada y a las personas con discapacidad; subraya la necesidad de que las empresas den su apoyo a un trato justo a los trabajadores y a unas condiciones laborales seguras y saludables, a la protección social y al diálogo social facilitando al mismo tiempo el establecimiento de una relación constructiva entre los trabajadores, el personal directivo y los contratistas;

Perspectivas para el futuro: qué medidas se requieren para convertir el sector privado en un socio sostenible en la política de desarrollo

50. Pide a las instituciones y los organismos europeos que establezcan un marco claro, estructurado, transparente y responsable aplicable a las asociaciones y alianzas institucionales con el sector privado en los países en desarrollo, y destaca que es importante desarrollar, en paralelo al aumento de la importancia del sector privado, salvaguardias y capacidades institucionales adecuadas;

51. Pide que la Unión y los Estados miembros desarrollen una estrategia clara y concreta para garantizar que el sector privado se adapta a las prioridades de desarrollo de los Gobiernos nacionales y la sociedad civil de los países en desarrollo;

52. Pide que se creen a escala de la Unión plataformas sectoriales con múltiples partes interesadas, que reúnan al sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, los grupos de reflexión, los gobiernos asociados, los donantes, las organizaciones cooperativas, las empresas sociales y a otras partes interesadas, a fin de superar las reservas y la falta de confianza entre socios, y de resolver los desafíos que se derivan inopinadamente de las intervenciones colaborativas en materia de desarrollo; subraya, en este sentido, la importante función que desempeñan las delegaciones de la UE en los países respectivos como facilitadoras de dichos diálogos; señala que la propuesta de la Comisión de reforzar los mecanismos existentes, tales como el Foro político sobre el desarrollo, es un paso en la dirección correcta;

53. Reconoce la recomendación del Tribunal de Cuentas de que la Comisión demuestre claramente la adicionalidad financiera y de desarrollo de las subvenciones de la Unión para proyectos de financiación combinada; respalda el propósito de la Comisión de ampliar el alcance de la financiación combinada para abarcar ámbitos más allá de las infraestructuras, como la agricultura sostenible, los sectores sociales y el desarrollo del sector privado local si la Comisión presenta argumentos convincentes; insiste, sin embargo, en que todas las operaciones de financiación combinada deben ser plenamente coherentes con los principios de eficacia del desarrollo, como la responsabilización, la rendición de cuentas y la transparencia, y que conviene cerciorarse de que persigan los ODS; pide a la Comisión que evalúe los mecanismos de financiación combinada de préstamos y subvenciones y que refuerce sus capacidades de gestión en relación con los proyectos de financiación combinada, tal como recomienda el Tribunal de Cuentas; pide a la Comisión que democratice la estructura de gobernanza de la Plataforma de financiación combinada de la Unión y de los instrumentos de financiación combinada, comprometiéndose debidamente con todas las partes interesadas a nivel local, incluidos los gobiernos socios, los parlamentos nacionales, los agentes del sector privado, los sindicatos y las comunidades locales; le insta asimismo a que adopte unos criterios más estrictos para el establecimiento de subvenciones y de sus cuantías, y que especifique detalladamente el valor añadido de la financiación combinada en cada uno de sus proyectos;

54. Pide que se amplíe el actual mandato de préstamos exteriores del BEI, para incrementar su papel a la hora de lograr un desarrollo sostenible y, en particular, que participe de forma más activa en la nueva estrategia para el sector privado, a través de la financiación combinada, la cofinanciación de proyectos y el desarrollo del sector privado local; pide, además, una mayor transparencia y rendición de cuentas en las asociaciones y los proyectos asociados al BEI; recuerda que las operaciones de financiación del BEI realizadas en los países en desarrollo con la garantía de la Unión concedida al BEI deben tener como objetivo fundamental la reducción de la pobreza y, con el tiempo, su erradicación; pide al BEI y a las demás instituciones financieras de desarrollo de los Estados miembros que se aseguren de que las empresas que reciben su apoyo no practican la evasión fiscal;

55. Pide a la Comisión que garantice que las asociaciones y los préstamos al sector privado en países de renta baja y Estados frágiles van acompañados de subvenciones directas a las organizaciones de la sociedad civil y se ajustan a las prioridades de desarrollo de los países de que se trate, a fin de contar con el compromiso de los ciudadanos, e incluyen procesos multilaterales entre las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos locales y los sindicatos;

56. Pide a la Comisión que vele por que todas las delegaciones de la UE cuenten con personal formado y cualificado que esté plenamente preparado para facilitar y llevar a cabo asociaciones con actores del sector privado; observa que el compromiso de agilizar el establecimiento conjunto de oficinas del BEI en las delegaciones de la UE constituye una medida acertada; pide a la Comisión que aplique sobre el terreno las mejores prácticas de los Estados miembros, cuyas embajadas suelen ser un «primer punto de contacto» para los actores del sector privado;

57. Pide un mayor compromiso por parte de la Comisión en lo que respecta a la utilización de su peso político y las vías de diálogo en sus contactos con los gobiernos asociados y las autoridades locales, a fin de facilitar una interacción mayor y más positiva con el sector privado; destaca que los Documentos de Estrategia nacionales, los Programas indicativos nacionales y el apoyo presupuestario pueden ser los instrumentos más valiosos a la hora de liderar las reformas del entorno empresarial en los países socios y de promover la industrialización nacional; recomienda que la Unión respalde el Plan de acción de la UNCTAD para la inversión en los Objetivos de Desarrollo Sostenible; señala a la atención que las tareas de configuración, estructuración y ejecución de APP siguen siendo una empresa compleja y exigente, y que su éxito depende también de que operen en un entorno propicio;

58. Hace hincapié en que la responsabilidad de una actuación conjunta efectiva no solo radica en los donantes y las empresas que participan, sino también en los gobiernos asociados; pide a la Unión que trabaje para fortalecer el desarrollo de capacidades de los países socios con el fin de determinar cuándo resulta adecuado participar en proyectos de APP; subraya que la buena gobernanza, el Estado de Derecho, la existencia de un marco para las reformas empresariales, las medidas de lucha contra la corrupción, la gestión de las finanzas públicas y la existencia de unas instituciones públicas eficaces revisten una importancia fundamental para las inversiones, la innovación y el desarrollo del sector privado;

59. Pide una mayor atención a la mejora de la coordinación y la programación conjunta, así como una atención central a la obtención de resultados cuantificables y resultados de desarrollo, a fin de maximizar la incidencia de la política de desarrollo de la UE y garantizar una responsabilidad plena en lo que respecta a los gastos en materia de desarrollo;

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60. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Secretario General de las Naciones Unidas, a la UNCTAD, a la ONUDI y al Grupo de alto nivel sobre el programa de desarrollo posterior a 2015.

(1) http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2014_overview_es.pdf.

(2) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0163.

(3) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0059.

(4) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0196.

(5) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0250.

(6) http://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650173.pdf.

(7) http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/seimu/nakano/pdfs/hlf4_5.pdf.

(8) http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/idg_home/p4p_home.

(9) https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_spanish.pdf.pdf

(10) http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf

(11) http://www.oecd.org/corporate/mne/34873731.pdf

(12) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2012d5_en.pdf

(13) http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/2013-2017_-_Private_Sector_Development_Strategy.pdf

(14) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/normativeinstrument/kd00121es.pdf.

(15) http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Who_we_are/Structure/Policymaking_Organs/Lima_Declaration_SP_web.pdf

(16) http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf

(17) http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/es

(18) http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/PSD/WP4_2014_Industrialisation_and_social_well-being.pdf

(19) Grupo del Banco Mundial, Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, 29 de octubre de 2013.

(20) http://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2014ch4_en.pdf

(21) http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/PSD/WP4_2014_Industrialisation_and_social_well-being.pdf

(22) Building an Employment-Oriented Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth — en «Challenges of Growth, Employment and Social Cohesion», documento de trabajo para la Conferencia de Alto Nivel OIT-FMI, OIT, 2010

(23) https://www.unido.org/fileadmin/user_media/Research_and_Statistics/UNIDO_IDR13_Spanish_overview_1118_for_web.pdf

(24) «Real Aid An Agenda for Making Aid Work» («Ayuda real — Un programa para que la ayuda funcione»), p. 4.