[pic] | COMISIÓN EUROPEA |

Bruselas, 30.11.2010

COM(2010) 686 final

2003/0132 (NLE)

Propuesta modificada de

DECISIÓN DEL CONSEJO

sobre la adhesión de la Unión Europea al Protocolo de 2002 al Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, de 1974

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Objetivo de la propuesta inicial

La propuesta de Decisión del Consejo [COM(2003) 375 - AVC/2003/0132] fue presentada por la Comisión el 24 de junio de 2003.

El Protocolo de 2002 al Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, de 1974 (en lo sucesivo, «el Protocolo de Atenas»), adoptado bajo los auspicios de la Organización Marítima Internacional (OMI), es un acuerdo mixto. El objetivo principal de la propuesta de la Comisión era que la Comunidad pasara a ser una Parte Contratante en el Protocolo de Atenas y que los Estados miembros hiciesen lo propio antes de finales de 2005.

2. Estado del procedimiento

Las negociaciones sobre esta propuesta se iniciaron en el seno del Consejo, pero se suspendieron en 2003 por una controversia entre el Reino de España y el Reino Unido sobre las autoridades de Gibraltar en el contexto de los acuerdos mixtos. Dicha controversia se resolvió en diciembre de 2007, por lo que procede reanudar las negociaciones sobre esta propuesta.

El grupo de trabajo competente del Consejo elaboró un texto antes de suspender las negociaciones (documento del Consejo 15836.03), y en él se basa la presente propuesta modificada.

3. Objetivo de la propuesta modificada

El contexto actual ha cambiado de forma sustancial desde la presentación de la propuesta (junio de 2003) y el momento en que se suspendieron las negociaciones (diciembre de 2003) hasta hoy. La propuesta modificada tiene en cuenta dicha evolución:

- En 2003, la Comunidad disponía de una competencia exclusiva para adherirse al Protocolo de Atenas en lo que se refiere a sus artículos 10 y 11. Esas disposiciones regulan asuntos que afectan a las normas de la Unión, tal como se establece en el Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, «el Reglamento de Bruselas»)[1]. El Reglamento de Bruselas se basaba en el título IV del Tratado CE. Por consiguiente, la propuesta de Decisión del Consejo se basaba en el artículo 65, leído en relación con el artículo 300, apartado 2, párrafo primero, y con el artículo 300, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado CE. En noviembre de 2005, la Comisión presentó una propuesta complementaria de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo en la que incorporaba al Derecho de la CE la mayor parte de las disposiciones fundamentales del Protocolo de Atenas [COM(2005) 592], sobre la base del artículo 80, apartado 2, del Tratado CE. La adopción del Reglamento (CE) nº 392/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente[2] (en lo sucesivo, «el Reglamento de Atenas») implica la competencia exclusiva de la Unión para adherirse al Protocolo de Atenas en lo que se refiere a los asuntos regulados por el Reglamento de Atenas. El elemento principal del Protocolo de Atenas es el transporte marítimo, mientras que las normas de competencia judicial deben considerarse elementos secundarios. Dado que el 1 de diciembre de 2009 entró en vigor el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea[3], la base jurídica de la Decisión del Consejo debería modificarse y pasar a ser el artículo 100, apartado 2, leído en relación con el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el TFUE»).

- El Reglamento de Atenas no incorpora todas las disposiciones del Protocolo de Atenas. Éste sigue siendo un acuerdo mixto en el que cada Estado miembro tiene que solicitar ser Partes Contratantes. Sería muy conveniente evitar que las fechas de entrada en vigor del Protocolo de Atenas sean diferentes en los distintos Estados miembros. Así pues, los Estados miembros y la Unión deberían depositar sus instrumentos de adhesión (o de ratificación para los que ya hayan firmado el Protocolo de Atenas) el mismo día. Esa fue la solución hallada en un caso reciente comparable de Decisión del Consejo[4]. Por tanto, la Decisión del Consejo propuesta se ha modificado en este sentido.

- En octubre de 2006, el Comité Jurídico de la OMI adoptó unas directrices para la aplicación del Protocolo de Atenas, en las que recomienda una reserva para los daños causados por actos de terrorismo, a fin de tener en cuenta el estado actual del mercado de los seguros. Los Estados miembros se han comprometido políticamente a constituir esa reserva. Con la adopción del Reglamento de Atenas, las directrices de la OMI pasan a ser competencia exclusiva de la Unión. Por consiguiente, la Unión constituirá esa reserva cuando se adhiera al Protocolo, y así ha de indicarse en la Decisión del Consejo.

En la última fase de debate en el Consejo sobre el Reglamento de Atenas propuesto (noviembre de 2007), algunas delegaciones cuestionaron el funcionamiento de la cláusula de desconexión del artículo 11 del Protocolo de Atenas e insistieron en que la legislación de la Unión debería aclarar este punto. Al final esta postura no se incluyó en el acuerdo político. Se sugiere añadir en la Decisión del Consejo una declaración sobre la cláusula de desconexión.

2003/0132 (NLE)

Propuesta modificada de

DECISIÓN DEL CONSEJO

sobre la adhesión de la Unión Europea al Protocolo de 2002 al Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, de 1974

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 100, apartado 2, y su artículo 218,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen conforme del Parlamento Europeo,

1. El Protocolo de 2002 al Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, de 1974 (el «Protocolo de Atenas») supone una mejora importante del régimen que regula la responsabilidad de los transportistas marítimos y la indemnización a sus pasajeros. En particular, prescribe la responsabilidad objetiva del transportista y la obligación que le incumbe de disponer de un seguro, y contempla la reclamación directa al asegurador, hasta un límite especificado. En consecuencia, el Protocolo concuerda con el objetivo de la Unión de mejorar el régimen jurídico en relación con la responsabilidad de los transportistas.

2. El Protocolo de Atenas enmienda el Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, de 1974, y dispone, en su artículo 15, que los dos instrumentos serán leídos e interpretados como constitutivos de un instrumento único por las Partes en el Protocolo de Atenas.

3. La mayor parte de las normas del Protocolo de Atenas han sido incorporadas al Derecho de la Unión mediante el Reglamento (CE) nº 392/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente[5]. Por consiguiente, la Unión ha ejercido su competencia en lo que se refiere a estos asuntos. Los Estados miembros mantienen su competencia en cuanto a varias disposiciones del Protocolo de Atenas, como la cláusula de exclusión voluntaria que les permite fijar límites de responsabilidad superiores a los prescritos en virtud del Protocolo. Estos últimos asuntos son interdependientes con los asuntos que son competencia de la Unión y, teniendo en cuenta el deber de cooperación, conviene que los Estados miembros también actúen de forma coordinada al respecto.

4. Los artículos 10 y 11 del Protocolo de Atenas regulan asuntos que afectan a normas de la Unión, a saber, las prescritas en el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil[6]. Así pues, la Unión también goza de competencia exclusiva en lo que se refiere a los artículos 10 y 11 del Protocolo de Atenas.

5. Tras la adhesión de la Unión Europea al Protocolo de Atenas, las normas sobre competencia judicial incluidas en su artículo 10 deben prevalecer sobre las normas internas correspondientes de la Unión. Las normas sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales vigentes entre los Estados miembros y los Estados miembros Partes del Convenio de Lugano de 1988, relativo a la competencia judicial y al reconocimiento de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, o de cualquier Convenio que lo sustituya, deben prevalecer sobre las dispuestas en el artículo 11, ya que el objetivo del primero es garantizar el mismo nivel de reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales, como mínimo, que el previsto en virtud de las normas del Protocolo de Atenas.

6. El Protocolo de Atenas está abierto a la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión tanto de los Estados como de las organizaciones regionales de integración económica constituidas por Estados soberanos que les hayan transferido su competencia en ciertos asuntos que rige dicho Protocolo.

7. De conformidad con el artículo 17, apartado 2, letra b), y con el artículo 19 del Protocolo de Atenas, las organizaciones regionales de integración económica pueden concluir el Protocolo.

8. En octubre de 2006 el Comité Jurídico de la OMI adoptó una reserva y unas directrices para la aplicación del Convenio de Atenas (en lo sucesivo, «las directrices de la OMI») para tratar determinadas cuestiones del Convenio de Atenas tales como, en particular, las compensaciones por daños causados por actos de terrorismo.

9. El Reglamento (CE) nº 392/2009 reproduce en sus anexos la versión consolidada del Convenio de Atenas, tal como ha sido modificado por el Protocolo y las directrices de la OMI.

10. De conformidad con lo estipulado en el artículo 19 del Protocolo de Atenas, las organizaciones regionales de integración económica deben declarar en su instrumento de firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el alcance de sus competencias en los asuntos regidos por el Protocolo.

11. En consecuencia, la Unión debe adherirse al Protocolo de Atenas.

12. Los Estados miembros que vayan a ratificar o a adherirse al Convenio deben hacerlo simultáneamente. Por tanto, los Estados miembros deben intercambiar información sobre el estado de sus procedimientos de ratificación o de adhesión para preparar el depósito simultáneo de sus instrumentos de ratificación o de adhesión.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Queda aprobada, en nombre de la Unión Europea, la adhesión de la misma al Protocolo de 2002 al Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, de 1974 («el Protocolo de Atenas»).

Artículo 2

13. Se autoriza al Presidente del Consejo a que designe a la persona o personas facultadas para adherirse al Protocolo de Atenas, de conformidad con el artículo 17, apartado 2, letra c), con el artículo 17, apartado 3, y con el artículo 19 de dicho Protocolo.

14. En el momento de su adhesión, la Unión formulará la siguiente declaración de competencias:

«1. El artículo 19 del Protocolo de Atenas establece que las organizaciones regionales de integración económica que están constituidas por Estados soberanos y tienen competencia en determinadas materias reguladas por el Protocolo podrán firmarlo previa formulación de la declaración mencionada en dicho artículo. La Unión ha decidido concluir el Protocolo y, en consecuencia, formula dicha declaración.

2. Los miembros actuales de la Unión Europea son el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, Irlanda, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Hungría, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

3. La presente Declaración no es aplicable a los territorios de los Estados miembros en que no se aplica el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y se entiende sin perjuicio de los actos o posiciones que puedan adoptar al amparo del Protocolo los Estados miembros de que se trate en nombre y en interés de dichos territorios.

4. Los Estados miembros de la Unión Europea han atribuido competencias a la Unión en lo que se refiere a asuntos regulados por el artículo 100 del TFUE: Artículos 1 y 1 bis , artículo 2, apartado 2, artículos 3 a 16 y artículos 18, 20 y 21 del Convenio de Atenas, tal como ha sido modificado por el Protocolo de Atenas y las disposiciones de las directrices de la OMI. La Unión ha ejercido esta competencia mediante la adopción del Reglamento (CE) nº 392/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente.

5. Los Estados miembros de la Unión Europea, salvo el Reino de Dinamarca, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anexo al Tratado de la Unión Europea y al TFUE, han atribuido competencias a la Unión, en particular en lo que se refiere a los asuntos regulados por el artículo 81 del TFUE. La Unión ha ejercido dicha competencia mediante la adopción del Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

6. El ejercicio de las competencias que los Estados miembros han transferido a la Unión de conformidad con el TFUE está sujeto, por su propia naturaleza, a una evolución constante. En el marco del Tratado, las instituciones competentes pueden adoptar decisiones que determinen el alcance de las competencias de la Unión Europea. La Unión Europea se reserva, por tanto, el derecho de m odificar la presente Declaración en consecuencia, sin que ello constituya un requisito previo para el ejercicio de sus competencias en las materias reguladas por el Protocolo.».

15. En el momento de la conclusión, la Unión formulará la siguiente declaración sobre el artículo 11, apartado 3, del Protocolo:

«Las resoluciones judiciales en asuntos regulados por el Protocolo de Atenas, que sean pronunciadas por un tribunal de un Estado miembro o de una Parte Contratante en el Convenio de Lugano de 1988 o en cualquier otro Convenio sobre el mismo asunto que lo sustituya, seguirán siendo reconocidas y ejecutadas en otro Estado miembro de conformidad con las normas internas correspondientes de la Unión en la materia, incluido, si procede, el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil y el Convenio de Lugano de 1988 o cualquier otro Convenio sobre el mismo asunto que lo sustituya. Por consiguiente, el artículo 11 del Protocolo de Atenas solo se aplica al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones judiciales pronunciadas en Estados Contratantes distintos de los Estados miembros de la Unión Europea, Suiza, Noruega e Islandia.».

16. La persona o personas designadas en el apartado 1 harán la reserva incluida en las directrices de la OMI al depositar el instrumento de adhesión de la Unión al Protocolo de Atenas.

Artículo 3

La Unión y los Estados miembros depositarán sus instrumentos de adhesión al Protocolo de Atenas, o de ratificación para los que ya lo hayan firmado, el 31 de diciembre de 2011.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

El Presidente

[1] DO L 12 de 16.1.2001, p. l. El Reglamento de Bruselas es obligatorio para todos los Estados miembros de la UE, salvo Dinamarca.

[2] DO L 131 de 28.5.2009, p. 24.

[3] DO C 306 de 17.12.2007.

[4] Decisión 2008/431/CE, de 5 de junio de 2008, por la que se autoriza a algunos Estados miembros a ratificar o adherirse, en interés de la Comunidad Europea, al Convenio de La Haya de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de los niños, y por la que se autoriza a algunos Estados miembros a formular una declaración sobre la aplicación de las normas internas correspondientes del Derecho comunitario, DO L 151 de 11.6.2008, p. 36.

[5] DO L 131 de 28.5.2009, p. 24.

[6] DO L 12 de 16.1.2001, p. l.