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1.2. Además, por razones de comercio internacional, 
la Comisión ha previsto añadir una medida, la Troy 
ounce, que se convertirá en una medida adoptada por 
toda la Comunidad Europea. 
1.3. Por lo que respecta a los usos particulares que 
contempla el punto 2 del Capítulo II del Anexo, es 
evidente que los paneles de señalización vial no plantean 
problema alguno al resto de los Estados miembros. 
1.4. Sin embargo, y siempre dentro del punto 2 del 
Capítulo II, en lo referente a la leche y por lo que 
respecta a la pint, es importante que en caso de exporta­
ción a cualquier otro Estado miembro, también figure 
en el envase el valor aproximado. 
Por lo que respecta al acre, cuando se haga publicidad 
para venta de terrenos situados en el Reino Unido o en 
Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 1989. 
1. Introducción 
1.1. El Reglamento objeto de esta propuesta obliga 
al conjunto de las autoridades públicas de todos los 
países miembros de la CE a aceptar las garantías presta­
das por todas las entidades de crédito y compañías de 
seguros autorizadas y establecidas en cualquiera de 
(!) DO n° C 51 de 28. 2. 1989, p. 6. Irlanda, deberá asimismo mencionarse el valor aproxi­
mado del acre en la publicidad de la venta, siempre que 
sea fuera de esos países. 
1.5. En cuanto a las unidades de medida que figuran 
en el punto 3 del Capítulo IV del Anexo, es evidente 
que no hay problema, a la vista de las tradiciones tanto 
internacionales como nacionales, ni con el fathom ni 
con el therm. 
1.6. Por el contrario, en lo que respecta a la pint o 
a la fluid ounce, debería mencionarse el valor en el 
sistema internacional (SI) en caso de exportación. 
1.7. Por último, en cuanto a la ounce, por tratarse 
de productos a granel, se puede considerar que se trata 
de ventas puramente locales. 
ellos. Por consiguiente, dichas autoridades ya no podrán 
valorar a su discreción la solvencia de las instituciones 
de crédito y compañías de seguros de otros Estados 
cuando aquéllas presten fianza. Se eliminarán las dis­
posiciones existentes no conformes con este principio. 
De ahí que se deberá modificar el Reglamento de 1977 
relativo al tránsito comunitario, de manera que sean 
aceptadas las fianzas solidarias emitidas por cualquier 
entidad de crédito o compañía de seguros autorizada 
por un Estado miembro de la Comunidad y no sola-El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE 
Dictamen sobre la propuesta de Reglamento CEE del Consejo relativa a las garantías 
prestadas por entidades de crédito o compañías de seguros (*) 
(89/C 159/03) 
El 24 de enero de 1989, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social 
sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de industria, comercio, artesanía y servicios, encargada de preparar los trabajos, 
adoptó su dictamen el 5 de abril de 1989 (ponente: Sr. Meyer-Horn). 
En su 265a sesión plenaria (sesión del 26 de abril de 1989), el Comité Económico y Social ha 
aprobado por unanimidad el siguiente dictamen. 
26. 6. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 159/5 
mente las fianzas de garantes autorizados en el Estado 
miembro afectado. 
1.2. El principio mencionado en el punto 1.1 se 
deberá realizar mediante el Reglamento propuesto, aun­
que de momento subsisten en la Comunidad Europea 
regímenes dispares de control para las instituciones de 
crédito (por ejemplo, respecto a solvencia y fondos 
propios) y las compañías de seguros y aunque no poseen 
aún competencias exclusivas en la materia las autorida­
des de control del país donde tengan su sede. Con ello, 
las autoridades públicas estarían obligadas a aceptar 
garantías, sin estar al mismo tiempo informadas de bajo 
qué condiciones jurídicas de control se constituyen esas 
garantías en cada uno de los países comunitarios. 
2. Observaciones generales 
2.1. El Comité aprueba en su conjunto la iniciativa 
de la Comisión de garantizar, por medio de la propuesta 
que se examina [doc. COM(88) 805], que la apreciación 
de la solvencia financiera de las entidades de crédito y 
de las compañías de seguros sea de ahora en adelante 
competencia exclusiva de las autoridades de control 
habilitadas a tal efecto y que no quede a discreción de 
las autoridades públicas de otros Estados miembros. 
Aún cuando acepta este principio, el Comité Económico 
y Social se pregunta si se ha tenido en cuenta el pleno 
alcance de las repercusiones jurídicas prácticas de este 
Reglamento por lo que respecta a la cuestión de qué 
ordenamiento jurídico nacional se aplicaría o qué juris­
dicción sería competente (ver 3.2). 
2.2. El Comité aprueba igualmente el hecho de que 
el instrumento jurídico previsto sea un Reglamento 
basado en el artículo 100 A del Tratado, permitiendo 
la inmediata reglamentación de las relaciones entre 
otorgantes y beneficiarios de garantías en todos los 
países de la Comunidad. 
3. Observaciones particulares 
3.1. Según el artículo 1, los destinatarios inmediatos 
del Reglamento son todas «las autoridades públicas». 
En su exposición de motivos relativa al artículo 1, 
la Comisión indica que por «autoridad pública» se 
entiende toda « entidad » de la cual se puede considerar 
como responsable a un Estado miembro (o a la Comuni­
dad). La Comisión cita como ejemplo a las autoridades 
locales, a los organismos de la seguridad social, a los 
tribunales y a las representaciones diplomáticas de esas 
autoridades en terceros países. El Comité se pregunta 
si el abanico de « autoridades públicas » no podría reba­
sar el marco de los ejemplos citados. Si no se define 
con más claridad el concepto de « autoridades públicas » 
en el propio Reglamento, cabría la posibilidad de que 
los notarios oficiales, así como determinadas institucio­
nes públicas de crédito, entraran en el ámbito de aplica­
ción del artículo 1. El Comité parte de la base de que 
en todo caso el Reglamento rige para aquellos órganos que —en el supuesto de que no existiese el Regla­
mento— podrían valerse de su estatuto de « autoridad » 
o de su función soberana para exigir quizá que la fianza 
sea prestada por una entidad de crédito o compañía de 
seguros establecida en el mismo país. 
3.2. El artículo 1 establece la obligación de aceptar 
las garantías prestadas por todas las entidades de 
crédito y compañías de seguros autorizadas en un 
Estado miembro, de conformidad con las Directivas 77/ 
780/CEE y 73/239/CEE. Sin embargo, en el Reglamento 
mismo no se especifica qué régimen jurídico es aplicable 
y qué jurisdicción sería competente. Evidentemente se 
parte del principio de que normalmente ha de aplicarse 
el régimen jurídico nacional de la autoridad pública que 
recibe la garantía, que ésta fija también la jurisdicción 
competente y que la utilización y ejecución de la 
garantía se efectúan asimismo conforme a la legislación 
en vigor en el país del beneficiario de la garantía. 
3.2.1. La competencia jurisdiccional está regulada 
por el Convenio de ejecución de Bruselas del 27 de 
septiembre de 1968. Existen no obstante dudas. ¿Se 
aplica sin reservas este Convenio en todos los Estados 
miembros ? ¿ Qué repercusión tiene su posterior modifi­
cación mediante el artículo 3 del Convenio del 9 de 
octubre de 1978 que se firmó después de la adhesión 
de Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda y que excluye 
expresamente las materias de impuestos, aranceles y 
administración ? ¿ Cuándo se podrá contar con la apli­
cación del Convenio en Grecia (firmado el 25 de octubre 
de 1982) y cuándo en España y Portugal (todavía no se 
ha firmado)? 
3.2.2. La cuestión de qué ordenamiento jurídico 
nacional debe aplicarse debería regirse evidentemente 
por el Convenio de Roma del 19 de junio de 1980. Este 
Convenio aún no ha sido ratificado, pero codifica el 
Derecho privado internacional que se aplica en todos 
los países miembros. ¿Por consiguiente, en ausencia de 
acuerdo previo y en el caso de utilización de una garan­
tía, sería aplicable el derecho del fiador obligado a 
pagar? 
3.2.3. En vista de las cuestiones que aquí se plantean 
habría que asegurarse de que: 
— la obligación de aceptar una garantía según el 
artículo 1 del Reglamento no conduzca a que el 
acreedor se vea sometido a otra legislación que la 
de la obligación principal, y 
— el acreedor, para las garantías que emanen de otro 
país comunitario, puede fijar una jurisdicción de su 
propio país y pueda llevar a cabo una eventual 
ejecución bajo la forma simplificada del Convenio 
de Bruselas del 27 de septiembre de 1968. 
3.3. La obligación de aceptar las garantías se ha 
establecido con la idea de que las disposiciones pruden­
ciales vigentes en el conjunto de los Estados miembros 
de la Comunidad, que se siguen armonizando y desarro­
llando, garanticen que todas las instituciones de crédito 
y todas las compañías de seguros sean controladas 
respecto al volumen de sus actividades de caución. A 
este respecto, la exposición de motivos de la Comisión 
apunta que las entidades de crédito y las compañías de 
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seguros autorizadas en virtud del sistema comunitario 
armonizado tienen el mayor interés en respetar los 
límites impuestos por las normas de supervisión, ya 
que, en caso contrario, se impondría el retiro de la 
autorización. El Comité se pregunta si esta indicación 
es suficiente para dar la seguridad jurídica deseada. 
Esta seguridad jurídica presupone que las garantías sean 
prestadas por las entidades de crédito y compañías 
de seguros bajo condiciones de control comparables, 
particularmente en el marco de las disposiciones —por 
armonizar— respecto a determinadas magnitudes de 
referencia, como dotación de capital propio, coeficiente 
de solvencia, suma del balance y líneas de grandes 
créditos. El Comité solicita que se asegure la seguridad 
jurídica preceptiva para el caso de que el Reglamento 
deviniera directamente aplicable, mucho antes que la 
entrada en vigor, prevista para 1992, de las diversas 
Directivas sobre la armonización de las disposiciones 
de control de entidades de crédito y compañías de 
seguros. En relación con el paralelismo temporal de la 
legislación, el Comité recuerda su dictamen \l) sobre la 
propuesta de una segunda Directiva para la coordina­
ción de las disposiciones legislativas, reglamentarias y 
(!) DO n° C 318 de 12. 12. 1988, p. 42 (punto 1.4.2). 
Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 1989. administrativas referentes al acceso y al ejercicio de la 
actividad de las entidades de crédito. 
3.4. El artículo 2 de la propuesta de Reglamento 
tiene por objeto modificar el Reglamento (CEE) n° 222/ 
77 relativo al tránsito comunitario: a fin de prever la 
prestación de garantías por cauciones no autorizadas 
por el mismo Estado miembro y en particular por 
entidades de crédito y compañías de seguros autoriza­
das en otros Estados miembros, de conformidad con 
las Directivas 77/780/CEE y 73/239/CEE. El Comité se 
pregunta si en el Reglamento propuesto no debería 
considerarse con mayor claridad el margen de discre­
ción de las autoridades, previsto en otras disposiciones 
del régimen jurídico comunitario en relación con las 
cauciones. Según la exposición de motivos de la Comi­
sión relativa al artículo 2 (punto 3), no es necesario 
modificar estas disposiciones, porque las del artículo 1 
«limitan» la discreción en el caso de cauciones de 
entidades de crédito y de seguros. Asimismo, en el 
6o Considerando se habla de una «limitación » del mar­
gen de discrecionalidad. El Comité parte de la base de 
que en el ámbito cubierto por el Reglamento ya no hay 
cabida para discrecionalidad alguna, de manera que 
queda excluida la discriminación de cauciones proce­
dentes de otros países comunitarios, que es, desde luego, 
el objetivo del presente Reglamento. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE