En el presente informe se exponen los resultados obtenidos hasta la fecha por el programa «Justicia» para el período 2014-2020 y los aspectos cualitativos y cuantitativos de su aplicación, tal como exige el artículo 14, apartado 2, letra c), del Reglamento por el que se establece el programa «Justicia» para el período de 2014 a 2020 (en lo sucesivo, el «Reglamento») . En el informe no se evalúan ni el impacto a largo plazo ni la sostenibilidad de los efectos del programa «Justicia». Esta limitación se debe a que alrededor del 30 % de los proyectos financiados por el programa «Justicia» están todavía en curso. Esta situación se ha visto exacerbada por la pandemia de COVID-19, lo que ha provocado la ampliación de la duración de varios proyectos.

El programa apoya actividades que contribuyen a la aplicación efectiva y coherente del acervo de la UE en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y penal, en particular reforzando o mejorando la recogida de datos y las estadísticas sobre la aplicación de dicho acervo. Las actividades financiadas también contribuyen a la aplicación de los instrumentos de la UE y el cumplimiento de las resoluciones judiciales, en particular las derivadas de litigios transfronterizos. Asimismo, el programa financia proyectos destinados a mejorar el intercambio de información entre profesionales para impulsar la cooperación operativa y la confianza mutua en la UE.

Sin embargo, algunos de los indicadores seleccionados son difíciles de medir. Un caso concreto es el segundo indicador de cooperación judicial, que se define como «el plazo medio de entrega en virtud de la orden de detención europea». Este indicador, que no alcanzó su objetivo, es difícil de medir, ya que está influido por factores externos. Entre ellos cabe citar, por ejemplo, el distinto grado de incorporación de las directivas de la UE a escala nacional, así como los distintos niveles de reformas del sistema judicial en los Estados miembros de la UE, que tienen un efecto significativo en el grado de aplicación del acervo de la Unión . Otro ejemplo son los indicadores relacionados con la política de prevención de las drogas. Los indicadores de número de nuevas sustancias psicotrópicas investigadas y número de consumidores problemáticos de opioides en tratamiento de desintoxicación no alcanzaron su objetivo. A diferencia de los factores externos que afectaron al procedimiento de entrega en el marco de la orden de detención europea, los indicadores relacionados con la política de prevención de las drogas se vieron más influidos por las condiciones macroeconómicas.

El estudio confirma plenamente el elevado valor añadido del programa. En particular, el valor añadido de la UE es evidente a través de la promoción de proyectos transnacionales para abordar cuestiones transfronterizas, especialmente en materia de formación e intercambio de información. El elevado valor añadido de la UE también se crea mediante la provisión de recursos financieros cruciales para financiar actividades en ámbitos clave que no necesariamente ocupan un lugar destacado en la agenda de cada Estado miembro. Además, algunos proyectos (como los intercambios de profesionales), por su propia naturaleza, requieren acciones conjuntas de todos los Estados miembros. Así pues, la acción individual de los Estados miembros no podría lograr los mismos resultados en términos de tamaño y alcance que el programa «Justicia». Esta conclusión se ve respaldada por los resultados de la encuesta a los miembros del comité del programa «Justicia», que muestran que la mayoría de los miembros cree que, sin financiación de la UE, las actividades llevadas a cabo a través del programa no serían posibles.

Con vistas a la equidad del programa, la evaluación actual reitera la conclusión de la evaluación intermedia de que los recursos y el apoyo prestado a través del programa no se distribuyen de manera equilibrada entre los diferentes grupos destinatarios, los Estados miembros de la UE y los tipos de beneficiarios. A escala general, existe una discrepancia entre las elevadas tasas de aplicación de países como Bélgica, Italia, España, Alemania, Países Bajos y Francia, y las tasas de solicitud relativamente bajas de países como Letonia, Polonia, Croacia, Eslovaquia y Chipre. Por lo tanto, una mejor distribución geográfica de los recursos entre los países participantes es un ámbito clave de mejora.

A escala intermedia, el análisis reveló que, en general, los grupos destinatarios del programa se han vuelto más diversos y están integrados por una mayor variedad de profesionales de la justicia. Sin embargo, como destaca el fundamento jurídico del programa «Justicia» 2021-2027, será importante que las organizaciones de la sociedad civil participen más en las intervenciones financiadas por el programa relacionadas con la promoción de los derechos de las víctimas. Esta constatación concuerda con las bajas tasas de solicitudes en los países mencionados. Las organizaciones de la sociedad civil de los países infrarrepresentados podrían necesitar apoyo adicional, ya que podrían no tener la capacidad necesaria para presentar su solicitud al programa «Justicia».

A pequeña escala, unos datos de seguimiento más sólidos y sistemáticos permitirían obtener más información sobre la composición del grupo destinatario. Esto podría facilitarse mediante la recogida de datos, que se desglosan, entre otras cosas, por sexo, edad y situación de discapacidad. A su vez, los conocimientos recabados en el ámbito del proyecto podrían servir de base para la programación a escala general con vistas a aumentar el impacto de la financiación en un grupo aún más diverso de partes interesadas. Esta conclusión también está relacionada con temas transversales como la igualdad de género, los derechos de los niños y los derechos de las personas con discapacidad. Por tanto, unos datos más sólidos facilitarían la determinación de los ámbitos en los que los derechos de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños y las personas con discapacidad no se promueven tan bien como podría hacerse.

La promoción de las prioridades transversales de la igualdad de género, los derechos del menor y los derechos de las personas con discapacidad reviste gran importancia para el programa «Justicia» y aparece consagrada en su base jurídica. En particular, los principios de incorporación de la perspectiva de género y los derechos del menor se evalúan durante el proceso, en el marco de la calidad de las propuestas. Aunque estas prioridades transversales están profundamente integradas en el programa, el análisis concluye que algunos solicitantes tienen dificultades para comprender estos conceptos. Como consecuencia de ello, algunos proyectos financiados a través del programa no están a la altura de su potencial para promover la igualdad de género, los derechos del menor y los derechos de las personas con discapacidad. Aunque todos los temas transversales requieren una mayor atención, también existen diferencias en el grado en que el programa los aborda a escala de proyecto. Si bien la igualdad de género y los derechos del menor reciben una atención específica en los proyectos financiados, los derechos de las personas con discapacidad no ocupan un lugar tan destacado en los proyectos. Por lo tanto, es necesario recabar mejores datos sobre la composición de los objetivos y sensibilizar a los solicitantes sobre temas transversales como la integración de la perspectiva de género, los derechos del menor y los derechos de las personas con discapacidad.

3.7. Margen para la simplificación

En cuanto al margen para la simplificación, cabe señalar que la Comisión Europea ha adoptado importantes cambios para revisar, acelerar y simplificar el proceso durante el período de programación 2014-2020. Sin embargo, aunque el modelo de gestión actual se considera adecuado, y los cambios han sido acogidos favorablemente por los beneficiarios de los proyectos, estos han detectado algunos problemas y un margen de mejora.

El margen para la simplificación abarca la necesidad de simplificar los procedimientos de solicitud y de presentación de informes basados en los resultados, de mejorar las herramientas de seguimiento y gestión para recabar de forma más sistemática información sobre las realizaciones, los resultados y los objetivos alcanzados, así como de ayudar a las organizaciones con dificultades para trabajar únicamente en inglés. No obstante, cabe señalar que la carga y la complejidad percibidas varían entre los beneficiarios de los proyectos. Para las organizaciones con mayor capacidad y mayor experiencia en la presentación de solicitudes, la coordinación y la participación en los proyectos la situación resulta mucho más simple y sencilla que para las organizaciones más pequeñas y los nuevos solicitantes.

Por último, a pesar de las mejoras en las herramientas de supervisión y gestión, sigue habiendo margen de mejora, especialmente en lo que se refiere a la adaptación del portal de solicitudes a los tipos de beneficiarios apoyados por el programa o al apoyo a los nuevos solicitantes y beneficiarios para que exploren la herramienta sin riesgo de retrasar sus actividades.

4. Conclusiones y perspectivas

En conclusión, el programa «Justicia» es un instrumento financiero único en el ámbito de la justicia y los derechos en Europa. Su diseño resiliente le permite responder a perturbaciones externas, como la pandemia de COVID-19, y encontrar respuestas flexibles a necesidades y problemas emergentes. El presente informe sobre la primera parte de la evaluación retroactiva del programa «Justicia» 2014-2020 confirma que contribuye a defender los valores de la UE, como el Estado de Derecho, la independencia del poder judicial y la eficacia del sistema judicial. El informe también subraya el papel clave del programa a la hora de ayudar a los Estados miembros a lograr sistemas judiciales más eficientes. De hecho, las entrevistas realizadas con las partes interesadas indican claramente la importancia del programa para los fines mencionados en el texto. Aunque no se conocen los impactos a largo plazo, los resultados a corto plazo son visibles, por ejemplo, en términos de intercambio de mejores prácticas y digitalización de los sistemas judiciales. El programa para 2014-2020 ya ha demostrado ser un instrumento importante para establecer un espacio europeo de justicia basado en el reconocimiento y la confianza mutuos, pero sigue habiendo ámbitos de mejora para futuros programas de justicia, como se indica en el presente informe:

·una mayor armonización del calendario del ciclo de solicitudes con las necesidades de las partes interesadas;

·la aplicación de un mejor sistema de seguimiento para recopilar de forma más sistemática información sobre las realizaciones, los resultados y los grupos destinatarios;

· actividades específicas que garanticen una distribución geográfica más equilibrada de los fondos entre los países participantes;

·por último, una mayor integración de los procedimientos de presentación de informes basados en los resultados y de iniciativas específicas para facilitar el proceso de solicitud de los solicitantes, que actualmente carecen de la capacidad, los conocimientos y la experiencia necesarios para elaborar propuestas de calidad, también con vistas a diseñar proyectos que no estén infrautilizados, podrían contribuir al diseño de programas «Justicia» aún más eficaces, eficientes, pertinentes, equitativos y accesibles en el futuro.

Teniendo en cuenta estas oportunidades, el actual programa «Justicia» a partir de 2021 ya abordó algunos de los puntos señalados, por ejemplo, mediante la introducción de un seguimiento más detallado de los datos de los proyectos para entender mejor los logros, los resultados y los grupos destinatarios de los proyectos.