Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE en lo que respecta al régimen del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a los servicios de telecomunicaciones» () (97/C 287/08)

El 4 de marzo de 1997, de conformidad con el artículo 99 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Asuntos Económicos, Financieros y Monetarios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 13 de mayo de 1997 (Ponente único: Sr. Walker).

En su 346° Pleno (sesión del 28 de mayo de 1997), el Comité Económico y Social ha aprobado por 92 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

La situación relativa a la percepción del IVA aplicable a los servicios de telecomunicaciones es sumamente compleja. En la actualidad, dichos servicios caen bajo el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 9 de la Sexta Directiva, pero la totalidad de los quince Estados miembros solicitaron y consiguieron una excepción () idéntica. Esta excepción, cuyo texto figura en el Anexo 1, entrará en vigor en abril o julio, según los países (pero podrá aplicarse con carácter retroactivo al 1 de enero de 1997 a discreción de cada Estado miembro). Tendrá por efecto que los servicios de telecomunicaciones dejarán de verse afectados por el apartado 1 del artículo 9 y se les aplicará la letra e) del apartado 2 del artículo 9 y, por tanto, la letra b) del apartado 3 de este mismo artículo. Con la Propuesta de Directiva se establecería una nueva letra (f) del apartado 2 del artículo 9 por la que se regularía la oferta de servicios de telecomunicaciones y con ello se conseguiría que no fuese de aplicación en este caso la letra e) del apartado 2 del artículo 9 y, por tanto, la letra b) del apartado 3 del artículo 9. A su vez, ésta será sustituida por la propuesta de nuevo régimen común de IVA, si entra en vigor, y en caso afirmativo, cuando entre en vigor. Así pues, se contemplan cuatro fases distintas para el desarrollo de las normativa del IVA aplicable a los servicios de telecomunicaciones en los próximos años. Los efectos que tendrán los cambios de los requisitos en los prestatarios y en los consumidores se exponen en el Anexo II.

2. El régimen actual

2.1. La Comisión ha elaborado esta propuesta considerando que las normas vigentes no contemplan el progreso tecnológico en la oferta de servicios de telecomunicaciones y que es necesario realizar algunas modificaciones para impedir que se pierdan ingresos fiscales y se falsee la competencia como sucede con la actual normativa. El CES está de acuerdo con este planteamiento.

2.2. El apartado 1 del artículo 9 establece que el lugar de prestación del servicio es el lugar donde esté radicado el prestatario. Cuando éste no se halla radicado en la UE, los servicios que obtiene el cliente de la UE quedan exentos de IVA. Sin embargo, las compañías establecidas en la UE están obligadas a cobrar a sus clientes de terceros países el tipo de IVA del Estado miembro donde estén radicadas. Cuando el cliente es un operador registrado, es posible recuperar el IVA acogiéndose a lo dispuesto por la Decimotercera Directiva, pero como se trata de un procedimiento engorroso y disuasorio para los potenciales clientes los abonados particulares no pueden recurrir. El impuesto supone, pues, un factor importante de falseamiento de la competencia y sitúa a las empresas de telecomunicaciones de la UE en desventaja competitiva frente a los prestatarios de servicios de terceros países.

2.2.1. Los últimos avances en la tecnología de las telecomunicaciones permiten al prestatario ofrecer una gama completa de servicios, tanto a empresas como a particulares, sin necesidad de estar radicado físicamente en el país del cliente. Así, por ejemplo, es posible en la actualidad realizar una llamada (gratuita) a un número de abonado fuera de la UE que genere automáticamente que éste devuelva la llamada. Esta comunicación puede utilizarse entonces para dirigir una llamada a cualquier parte del mundo, incluso a números situados en el propio país del abonado. Pero dado que la llamada procede de fuera de la UE no está sujeta al pago del IVA.

2.2.2. Las ventajas fiscales para el particular y para las empresas, como los bancos, que se ven en la incapacidad de recuperar el impuesto total o parcialmente como deducción fiscal, son de tal calibre que la oferta de estos servicios ha proliferado rápidamente; cabe suponer que este proceso se mantenga e intensifique en el futuro. Al margen de que constituye un factor importante de falseamiento de la competencia, esta situación hace que se reduzcan de manera importante los ingresos totales recaudados en concepto de IVA por los Estados miembros.

2.3. Por esta razón, el CES también acepta la necesidad de mejorar este régimen tributario.

3. La excepción

3.1. Son también este tipo de cuestiones las que han incitado a los Estados miembros a acogerse a la excepción que se establece en el Anexo 1. Esta excepción, que ya entró en vigor en algunos Estados miembros y estará vigente en todos en julio de este año, expirará el 31 de diciembre de 1999 o cuando entre en vigor la Directiva propuesta, si esto se produce en fecha anterior.

3.2. En la excepción se especifica que el lugar de prestación del servicio es el lugar donde esté radicado el cliente y equipara los servicios de telecomunicaciones a los prestados por juristas, contables, consultores e ingenieros. Elimina la obligación de que las empresas de telecomunicaciones radicadas en la UE facturen el IVA por servicios a clientes radicados fuera del territorio de la UE y, por consiguiente, supone una mejora de primer orden del actual régimen.

3.3. Cuando un prestatario de un Estado miembro proporcione un servicio imponible a un operador establecido en otro Estado miembro, el consumidor pagará el IVA en su propio Estado miembro con arreglo a un sistema de «cobro revertido», pero podrá deducirlo fiscalmente en vez de tener que presentar una reclamación con arreglo a lo previsto por el actual procedimiento de la Octava Directiva, que es un trámite complejo y lento. Esta posibilidad constituye otra importante ventaja.

3.4. Cuando un prestatario no comunitario preste servicios a un operador registrado radicado en la UE, se aplicará, gracias a la excepción, el mismo procedimiento de «cobro revertido». El CES acepta esto como consecuencia lógica, pero se pregunta sobre la posibilidad de controlar en la práctica el cumplimiento de este requisito: no podrá obligarse a unos prestatarios radicados fuera de la UE y sin ninguna presencia comercial en ella a remitir a las autoridades tributarias los detalles de las prestaciones realizadas a sus clientes de la UE. Cabe prever que las autoridades tributarias se verán obligadas a confiar enormemente en la buena voluntad de los abonados a la hora de declarar sus obligaciones, aunque también se podría examinar la contabilidad de aquellas empresas que estén en parte exentas.

3.5. Cuando un prestatario de fuera de la UE haya prestado servicios a un usuario privado residente en la UE, se le podría exigir que se registre en todos los Estados miembros en los que haya prestado dichos servicios si los Estados miembros afectados se acogen a las facultades que se les reconocen en la letra b) del apartado 3 del artículo 9.

3.5.1. La letra e) del apartado 2 del artículo 9 queda modificada por lo dispuesto por la letra b) del apartado 3 del artículo 9, donde se estipula que para evitar la doble imposición, la no imposición y el falseamiento de la competencia, los Estados miembros pueden, si así lo estimaren oportuno, considerar que el lugar de prestación de los servicios que, con arreglo a dicho artículo, estaría situado fuera de la UE, es el territorio del país donde se haga uso o disfrute de dicho servicio. Dado que su redacción puede dar lugar a interpretaciones diferentes, queda abierta la posibilidad de que los Estados miembros apliquen de manera no uniforme el artículo en circunstancias similares, lo que contrariamente a lo que se persigue, provocaría probablemente un falseamiento de la competencia; en ese sentido, esta disposición no es satisfactoria.

3.5.2. Asimismo, el CES considera que este requisito sería muy difícil de hacer cumplir si, como parece probable, los prestatarios de servicios que no estén radicados en la UE deciden no satisfacerlo. En dicho caso, habrá que buscar otro método para fijar y cobrar el impuesto.

3.6. En términos generales, el CES considera que con la aplicación de esta excepción se logrará mejorar la situación con respecto al actual régimen, cuando sigue presentando varios inconvenientes.

4. La Propuesta de Directiva

4.1. La Propuesta de Directiva dejaría a los servicios del telecomunicaciones fuera del ámbito de aplicación de la letra e) del apartado 2 del artículo 9 y, por ende, también del de la letra b) del apartado 3 del mismo artículo y los supeditaría a lo dispuesto por la nueva letra f) del apartado 2 del artículo 9. En efecto, en esta disposición se estipula que el lugar de la prestación de servicios de telecomunicaciones es el lugar donde el cliente esté radicado si uno de ellos, sea éste el prestatario o el cliente, está radicado fuera de la UE; pero si tanto el cliente como el prestatario están radicados en la UE, entonces el lugar de la prestación será a efectos fiscales el lugar donde esté radicado el prestatario, independientemente de que prestatario y cliente estén radicados o no en el mismo Estado miembro.

4.2. Cuando el cliente y el prestatario estén radicados en el mismo Estado miembro, la situación no cambiará ni con la excepción ni con la Propuesta de Directiva.

4.3. Cuando cliente y prestatario estén ambos radicados en la UE, pero en diferentes Estados miembros, la situación de los usuarios particulares no sufrirá tampoco cambios, pero las sociedades registradas tendrán que pagar el IVA en el Estado miembro del país del prestatario en vez de su propio Estado miembro y así tendrán que reclamarlo con arreglo a lo estipulado por la Octava Directiva en vez de poder deducirlo fiscalmente.

4.3.1. Este método constituye una grave desventaja para las empresas, puesto que el procedimiento previsto en la Octava Directiva es más complicado y dilatado, pero, en cambio, podría ocurrir que los ingresos fiscales pagados sean mayores, porque cuando el prestatario cargue el IVA será más fácil para las autoridades el control con este método que mediante el «cobro revertido» y es probable que se reduzcan los casos de evasión fiscal.

4.3.2. Es preciso señalar que, tanto con la excepción como con la Propuesta de Directiva y el actual régimen, los particulares pagarían el IVA al prestatario y, puesto que no disponen de vías para recuperarlo de ninguna manera, engrosaría las arcas del Estado miembro donde esté radicado el prestatario. Este hecho es incoherente con el propio concepto del IVA como impuesto que grava el consumo, pues el consumo se produce claramente en el Estado miembro donde reside el consumidor, pero resulta inevitable desde un punto de vista práctico.

4.4. El caso de un prestatario radicado fuera de la UE y un abonado en la UE no recibe un trato fundamentalmente diferente con la Propuesta de Directiva que con la excepción, salvo que la letra b) del apartado 3 del artículo 9 dejará de ser de aplicación y por ello dejarán de existir posibilidades de distinto trato según el Estado miembro en cuestión porque haya optado por acogerse o no a las facultades que se le reconoce en virtud de este artículo en una situación determinada. Este hecho debe considerarse como una mejora.

4.5. Las observaciones realizadas en el punto 3.5.2 sobre las dificultades prácticas que es posible que se produzcan con la excepción para obligar a los prestatarios a registrarse cuando no estén radicados en la UE, son igualmente válidas en este caso. Sin embargo, con arreglo a la Propuesta de Directiva sólo se les exigiría que se registrasen en un único Estado miembro y que dicho registro sirva para todas las operaciones que realicen en la UE, mientras que con arreglo a la excepción se les exige que se registren separadamente en cada uno de los Estados miembros en los que tengan clientes privados. Una vez más se trata de un mejora importante y es legítimo suponer que un mayor número de prestatarios cumplirían con este requisito, aunque el impuesto devengado por las operaciones realizadas en los quince Estados miembros únicamente engrosaría las arcas del país en donde dicho prestatario esté registrado.

5. El nuevo régimen común

5.1. Dado que las propuestas para un nuevo régimen común contemplan la recaudación centralizada de los ingresos del IVA, los exportadores registrados radicados en la UE y que reciban servicios de un prestatario radicado en otro Estado miembro podrían recuperar el IVA pagado en su Estado miembro deduciéndolo fiscalmente en vez de reclamarlo al Estado miembro donde esté radicado el prestatario con el procedimiento previsto por la Octava Directiva. Ello simplificaría enormemente los trámites de las empresas y, por ello, supondría un avance importante. El hecho de que el impuesto se haya venido pagando en el Estado miembro «equivocado» dejará de ser una preocupación, puesto que todos los ingresos por IVA serían recaudados de manera centralizada.

5.2. Subsistirán los problemas para garantizar que los prestatarios que no estén radicados en la UE cumplan los requisitos de registro, lo que constituye una debilidad inherente del sistema que habría que solucionar.

6. Conclusión

Al sopesar la cuestión, el CES considera que la Propuesta de Directiva ofrece suficientes ventajas respecto a la situación regida por la actual excepción y cree que constituye una mejora valiosa, por lo que el Comité manifiesta su acuerdo con esta Propuesta.

Bruselas, el 28 de mayo de 1997.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() DO C 78 de 12. 3. 1997, p. 22.

() Decisiones del Consejo de 17. 3. 1997 (DO L 86 de 28. 3. 1997).

ANEXO I

Artículos principales de las decisiones del consejo de 17 de marzo de 1997 por las que se reconoce la excepción

Artículo 1

No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE, se autoriza al (Estado miembro) a incluir en el ámbito de aplicación de la letra e) del apartado 2 del artículo 9 de la citada Directiva los servicios de telecomunicaciones. Si este Estado miembro hiciera uso de esa facultad, deberá aplicar también a esos servicios el supuesto previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 9 de la citada Directiva.

Se considerarán servicios de telecomunicaciones los que tengan por objeto la transmisión, emisión y recepción de señales, textos, imágenes y sonidos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios ópticos u otros medios electromagnéticos, incluyendo la cesión y concesión de un derecho al uso de medios para tal transmisión, emisión o recepción.

Artículo 2

La presente Decisión podrá aplicarse a los servicios de telecomunicaciones cuyo hecho impositivo haya tenido lugar a partir del 1 de enero de 1997. También será aplicable a los pagos anticipados realizados en relación con servicios de telecomunicaciones abonados por el Estado miembro con anterioridad a la aplicación de la presente Decisión en la medida en que dichos pagos anticipados cubran servicios de telecomunicaciones que se presten después de la fecha de aplicación.

Artículo 3

La autorización contemplada en la presente Decisión se aplicará hasta el 31 de diciembre de 1999 o, en caso de que entrara en vigor en una fecha anterior una Directiva por la que se modifique el lugar de imposición de los servicios de telecomunicaciones, hasta dicha fecha.

ANEXO II

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