COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
C0M(89) 68 final 
Bruselas, 8 de febrero de 1989 
MEPIDA5 FISCALES QUE PEBgRÂ APQPTftR LA CQMVNIPAP 
EN RELACIÓN CON LA LIBERALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE CAPITALES 
(Çomwûçaàfoî çfc U CopÚSJtón al Çonse.jp) 
PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL CONSEJO 
RELATIVA A UN RÉGIMEN COMÚN DE RETENCIÓN A CUENTA SOBRE LOS INTERESES 
PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL CONSEJO 
POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 77/799/CEE 
RELATIVA A LA ASISTENCIA MUTUA ENTRE LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN EL ÁMBITO DE 
LOS IMPUESTOS DIRECTOS Y DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
(presentadas por la Comisión) 

-1-
MEDIDA8 FISCALES QUE DEBERÁ ADOPTAR LA COMUNIDAD 
(Çoffw^icaciQn de la comisión al Consejo) 
Introducción 
1. La Directiva del Consejo de 24 de junio de 1988 sobre la 
1iberalizacion de los movimientos de capitales dispone en el apartado 5 del 
artículo 6 que "la Comisión presentará al Consejo, a más tardar el 31 de 
diciembre de 1988, las propuestas destinadas a suprimir o a atenuar riesgos de 
distorsiones, de evasión y de fraude fiscales vinculados a la diversidad de 
los regímenes nacionales referentes a la fiscalidad del ahorro y al control de 
su aplicación. 
El Consejo deberá pronunciarse sobre las propuestas de la Comisión, a más 
tardar, el 30 de junio de 1989. Toda disposición fiscal de carácter 
comunitario deberá adoptarse, de conformidad con el Tratado, por unanimidad". 
2. Tal y como la Comisión expuso en su Comunicación de 23 de mayo de 1986 
relativa al programa para la liberalización de los movimientos de capitales en 
(2) la Comunidad y, asimismo, en la Comunicación de 4 de noviembre de 1987 
sobre la creación de un espacio financiero europeo , la liberalización de 
los movimientos de capitales entre los Estados miembros, que se hará 
plenamente realidad con la aplicación de la Directiva del Consejo de 24 de 
junio de 1988 , es condición indispensable para lograr una verdadera 
(1) DO L 178 de 8.7.1988, pág. 6. 
(2) Doc. C0MÍ86) 292 final de 23.5.1986. 
(3> Doc. C0M(87) 550 final de 4.11.1987. 
D 
•2-
integración financiera de la Comunidad. No es, sin embargo, condición 
suficiente. En efecto, es necesario que se cumplan otras dos condiciones. 
3. En primer lugar, hay que crear un verdadero mercado común de servicios 
financieros. Importantes elementos de dicho mercado común ya están en marcha, 
como la Directiva de 28 de diciembre de 1985 sobre coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a los 
organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios , que entrará en 
vigor el 1 de octubre de 1989. La Comisión ha presentado otras propuestas, 
(2) entre las cuales la Segunda Directiva sobre entidades de crédito y la 
Directiva sobre la libre prestación de servicios de inversión son las más 
importantes. Todas estas medidas tienen como finalidad la supresión de los 
obstáculos que, en la actualidad, impiden el acceso al mercado a los 
proveedores de servicios financieros y a los clientes de otros Estados 
miembros, impidiendo, de este modo, que exista una verdadera competencia 
transfronteriza. Al mismo tiempo, van encaminadas a crear las condiciones 
necesarias para que clientes e inversores gocen de la debida protección; la 
estabilidad del sistema financiero se verá reforzada y las condiciones de 
competencia estarán garantizadas mediante la armonización de las normas 
esenciales de supervisión. 
4. En segundo lugar, se trata de eliminar, o al menos reducir, mediante las 
oportunas medidas de aproximación, los obstáculos fiscales que plantean 
dificultades en diversos aspectos: mala asignación de recursos, distorsiones 
de competencia entre los proveedores de servicios financieros, riesgo de que 
disminuyan los ingresos fiscales de los Estados miembros debido al fraude 
fiscal. 
(1) DO L 375 de 21.12.1985, pág. 3 
(2) DO C 84 de 31.3.1988, pág. 1 
<3> Doc. COM (88) 778 
5. En cuanto a la fiscalidad de las empresas, existe ya, desde 1975, una 
propuesta de directiva sobre la armonización de los sistemas del impuesto 
sobre sociedades y de las retenciones a cuenta sobre los dividendos. No 
obstante, esta propuesta deberá ser revisada o, por lo menos, completada por 
textos de armonización de la base inponible del impuesto que grava a las 
empresas. Además, será también conveniente analizar hasta qué punto es 
necesaria la aproximación de los niveles impositivos, con el fin de garantizar 
una verdadera neutralidad fiscal de las inversiones en acciones en la 
Comunidad. 
6. Las medidas de aproximación fiscal propuestas se refieren a la fiscalidad 
de los intereses. En lo que respecta al tratamiento fiscal de los dividendos, 
los riesgos de distorsión, fraude y evasión no son comparables. Los sistemas 
de retención a cuenta, "avoir fiscal" o crédito fiscal, que en general aplican 
los Estados miembros, garantizan la declaración y tributación de este tipo de 
ingresos. 
Observaciones «enerales 
7. Las dos propuestas que se adjuntan no tienen por objeto la armonización 
total de la fiscalidad del ahorro, puesto que no se considera necesario ni 
conveniente en la fase actual. Han sido elaboradas, ante todo, con vistas a 
hacer frente al aumento de los riesgos de evasión y fraude ocasionado 
directamente por la última fase de la liberalización de los movimientos de 
capitales acordada el 24 de junio de 1988. Los residentes de la Comunidad 
tendrán entera libertad para transferir sus ahorros a cuentas bancarias de 
cualquier Estado miembro. Desde el mismo momento en que los inversores puedan 
abrir libremente cuentas bancarias en otros Estados miembros, surgirá el 
riesgo de que no declaren a sus autoridades fiscales nacionales los intereses 
que perciban por las mismas, eludiendo, así, el pago del impuesto. Ello podría 
acarrear importantes pérdidas de ingresos presupuestarios en muchos Estados 
miembros y favorecería, injustamente, los rendimientos del capital mobiliario, 
frente a los rendimientos del trabajo. 
L. 
-4-
Aunque es difícil cuantificar este riesgo con exactitud, los datos de que se 
dispone sobre Alemania (tras la implantación de una retención a cuenta del 
10%), los Países Bajos (tras implantar la obligación de que los bancos 
declaren automáticamente los intereses que abonan) y Francia (informe Lebègue) 
parecen indicar que la pérdida de ingresos fiscales podría ser considerable. 
8. La adopción de medidas a escala comunitaria se justifica, igualmente, por 
la necesidad de garantizar una situación de equilibrio en el espacio 
financiero integrado que surja de la plena liberalización de los movimientos 
de capitales. Si no se lleva a cabo una mínima aproximación de los regímenes 
fiscales a que están sujetos los intereses en los Estados miembros, las 
actuales disparidades fiscales originan el riesgo de que se produzca un 
trasvase de capitales, lo que, debido a las medidas nacionales que, 
indudablemente, se adoptarían como reacción, podría plantear obstáculos a la 
supresión de los controles de cambio y producir una nueva fragmentación de los 
mercados. 
9. La adopción de medidas fiscales concertadas en la Comunidad contribuirá a 
intensificar al mismo tiempo la cohesión económica y financiera entre los 
Estados miembros y la identidad de la Comunidad frente al exterior. 
En este sentido, la adopción de una solución moderna como la retención a 
cuenta abre perspectivas para la extensión de este sistema al plano 
internacional a través de las negociaciones con los principales países 
asociados a la Comunidad miembros de la OCDE. 
10. A la hora de elaborar las medidas que propone, la Comisión ha sopesado una 
serie de datos que le han llevado a desechar la adopción de medidas demasiado 
drásticas: 
a) el riesgo de que se produzca un trasvase del ahorro hacia bancos y otras 
instituciones financieras de terceros países; 
b) la posible pérdida de beneficios para los bancos e instituciones 
financieras de las Comunidad; 
C 
-5-
c) el riesgo de que suban significativamente los tipos de interés y, por 
consiguiente, se encarezca el precio del dinero para las empresas y los 
gobiernos europeos; 
d) el riesgo de que, a consecuencia de las medidas adoptadas, aumenten los 
gastos administrativos tanto para los poderes públicos como para las 
instituciones financieras; 
e) la necesidad de que, al tiempo que se favorece la aproximación de los 
sistemas fiscales nacionales, se respete el equilibrio interno de los 
sistemas de impuesto sobre la renta aplicables en los Estados miembros; 
(i> Hedidas que deberán tomarse a nivel nacional 
11. Evidentemente, incumbe en primer lugar a las autoridades fiscales 
nacionales tomar todas las medidas a su alcance para garantizar que sus 
residentes declaren y paguen los impuestos sobre los intereses por 
inversiones efectuadas dentro del país. 
12. Además, tal y como se establece en la Directiva 88/361/CEE de 24 de junio 
de 1988, sobre la liberalizacion de los movimientos de capitales , todo 
Estado miembro tendrá siempre la posibilidad de obtener de sus bancos 
información sobre la transferencia de capitales al extranjero efectuadas por 
sus residentes, bien sea en el mismo momento de la transferencia o a 
posteriori. 
<ü) Hedidas necesarias a escala comunitaria 
13. Sin embargo, dadas las disparidades existentes entre los regímenes 
fiscales en vigor, las medidas nacionales descritas en los apartados 11 y 12 
no serán suficientes para reducir los riesgos de distorsión, fraude y evasión. 
(1) Véase el artículo 4 de la Directiva 88/361/CEE 
D.O. n° L 178 de 8.7.1988, pág. 6 
C 
14. En su Comunicación de 4 de noviembre de 1987 sobre la creación de un 
espacio financiero europeo , la Comisión señaló tres posibles opciones (que 
no se excluyen mutuamente) para reducir las distorsiones fiscales y combatir 
el fraude en este ámbito: 
- implantación de un sistema de control basado en la obligación de los bancos 
de declarar automáticamente a la administración fiscal la identidad de los 
beneficiarios de intereses, así como los importes percibidos; 
- instauración generalizada de una retención a cuenta en toda la Comunidad; 
- intensificación de la asistencia mutua entre las administraciones fiscales 
nacionales. 
a) Declaración automática de los bancos 
15. La Comisión ha decidido no proponer que los bancos estén obligados a 
declarar automáticamente a la administración fiscal los intereses que abonen. 
Dicho sistema, en principio, permitiría a las autoridades fiscales de cada 
Estado miembro obtener información sobre la totalidad de los intereses 
percibidos por sus residentes, pero no acabaría con el riesgo de fraude y 
supondría para los bancos tareas administrativas adicionales. Además, la 
implantación de tales medidas se enfrentaría, probablemente, a serios 
obstáculos en aquellos Estados miembros en los que el secreto bancario goza de 
larga tradición, y que, a menudo, está protegido por la ley o los tribunales. 
16. No obstante, cabe señalar que los Estados miembros que así lo desearan 
tendrían la libertad de llegar a acuerdos para el intercambio de información 
sobre los intereses abonados a sus residentes. 
<1) C0M(87) 550 final de 4.11.1987. 
% 
-7-
b) Eetencift) a cuenta 
17. La Comisión considera que la instauración a nivel comunitario de una 
retención a cuenta mínima sobre los intereses abonados a todos los residentes 
de la Comunidad sería la solución más adecuada frente a los riesgos de 
distorsión, fraude y evasión anteriormente descritos. En el siguiente punto 
18 se detallan las características más importantes de este impuesto. Un 
sistema de retención a cuenta presentaría, en particular, las siguientes 
ventajas: 
- en el plano administrativo, resulta eficaz puesto que garantizaría la 
recaudación inmediata del impuesto antes de que el beneficiario perciba los 
rendimientos; consiguientemente, se reduce el riesgo de fraude; 
- se adecuaría a los sistemas impositivos existentes en la mayoría de los 
Estados miembros, dado que nueve de entre ellos ya aplican una retención a 
cuenta sobre los intereses abonados a sus residentes; 
- se inscribiría en la línea de las propuestas de la Comisión relativas a la 
armonización de los sistemas de retención a cuenta sobre los dividendos; 
- sería la base de cualquier futura negociación internacional sobre 
limitación del fraude fiscal y generalización del sistema de retención a 
cuenta; 
- finalmente, con dicho sistema se introduciría el nuevo concepto fiscal de 
"residente comunitario", que se justifica plenamente en el contexto de la 
creación de un espacio financiero europeo. 
18. Las principales características del sistema de retención a cuenta 
previsto en la propuesta de la Comisión son las siguientes: 
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i) debería haber un tipo mínimo de retención a cuenta aplicable a los 
intereses abonados por deudores residentes en la Comunidad; los Estados 
miembros tendrían libertad para aplicar un tipo de retención a cuenta más 
elevado sólo a sus propios contribuyentes nacionales o bien a todos los 
beneficiarios de intereses; 
ii) no obstante, los Estados miembros que ya disponen de un sistema de 
declaración automática de los bancos a las autoridades fiscales sobre los 
intereses abonados, podrían aplicar la retención a cuenta sólo a los 
residentes de los demás Estados miembros; 
iii) los Estados miembros tendrían facultad para no aplicar la retención a los 
rendimientos de ahorros exentos de gravamen (cartillas de ahorro y otras 
fórmulas de ahorro popular); 
iv) los Estados miembros tendrían la posibilidad de no aplicar la retención a 
los intereses derivados de rendimientos de naturaleza industrial o 
comercial; 
v) asimismo, estarían facultados para no aplicar la retención a los 
intereses abonados a los residentes de terceros países o cuando se trate 
de empréstitos internacionales (euro-obligaciones) - véase el punto 19; 
vi) la retención a cuenta sería percibida por el deudor o su agente pagador 
en el caso de instrumentos financieros que devenguen intereses, incluidas 
las cuentas bancarias; 
vii) los Estados miembros tendrían la posibilidad de considerar "liberatoria" 
la retención a cuenta cuando se trate de sus contribuyentes residentes, o 
bien de considerarla un pago a cuenta sobre la cuota del impuesto general 
sobre la renta. En este caso, la retención practicada sería deducible del 
importe total de la cuota impositiva del contribuyente, y la cantidad en 
exceso sería reembolsada. 
O 
-9-
19. El mercado de euro-obligaciones permite a las grandes empresas, a los 
gobiernos y a otros organismos del sector público conseguir rápidamente y en 
condiciones competitivas fondos importantes. Actualmente, los intereses de las 
euro-obligaciones no están sujetos, en la mayoría de los Estados miembros, a 
una retención a cuenta. Sin duda, dicha retención tendría como consecuencia o 
bien colocar a las grandes empresas europeas en situación de desventaja frente 
a sus competidoras norteamericanas o japonesas, o llevar a los emisores 
comunitarios a establecer filiales en terceros países para lanzar sus 
emisiones de obligaciones, eludiendo así el impuesto. Es probable que los 
propios inversores comunitarios siguieran sus pasos. En cualquier caso, sería 
Europa como centro financiero importante la que sufriría las consecuencias. 
Por todo ello, parece que actualmente no existe otra alternativa que abrir a 
los Estados miembros la posibilidad de que los intereses de las 
euro-obligaciones estén exentos de gravamen. 
20. En estas circunstancias, la Comisión considera que el tipo mínimo de 
retención a cuenta debería fijarse en el 15%, cifra próxima a la media de las 
retenciones a cuenta practicadas en la Comunidad (del 0% al 35%). 
o intensificación de la cooperación entre las administraciones fiscales 
21. Actualmente, el intercambio de información, con arreglo a la Directiva 
del Consejo 77/799/CEE de 19 de diciembre de 1977 , queda limitado por el 
hecho de que una autoridad competente no está obligada a solicitar o 
proporcionar a la autoridad competente de otro Estado miembro una información 
que la legislación o la práctica administrativa de su propio país no le 
autoriza a obtener o utilizar para sus propias necesidades. 
<1) DO L 336, de 27.12.1977, pág. 15. 
-10-
22. Esta disposición supone un obstáculo especialmente serio al intercambio 
de información sobre los rendimientos del capital, dada la existencia, en 
numerosos Estados miembros, de una normativa muy estricta sobre el secreto 
bancario y, en algunos de ellos, de prácticas administrativas aún más 
restrictivas. 
23. La total eliminación de los obstáculos a la cooperación necesitaría 
primero una armonización de las legislaciones sobre el secreto bancario. La 
Comisión considera que en estos momentos no es factible. Por el contrario, 
cuando las limitaciones se deban únicamente a una práctica administrativa más 
restrictiva que la legislación, pueden y deben suprimirse. 
24. Por consiguiente, la Comisión ha decidido proponer la modificación de la 
Directiva 77/799/CEE para suprimir las restricciones puramente administrativas 
y facilitar el intercambio de información en aquellos casos en que las 
autoridades fiscales del Estado miembro del inversor de que se trate puedan 
demostrar que hay motivos fundados para pensar que ha existido fraude. 
contexto internacional 
25. Para reducir el riesgo de un trasvase de capitales hacia terceros países 
a fin de eludir el impuesto, la Comunidad debería entablar negociaciones con 
los terceros países más importantes, de forma bilateral o en un marco 
multilateral como la OCDE. 
Dichas negociaciones tendrían un doble objetivo: la aproximación de las 
disposiciones aplicables a los no residentes en lo que respecta al sistema de 
retención a cuenta y la cooperación entre las administraciones fiscales. 
Medidas fiscales discriminatorias 
26. Tal como indicó la Comisión en su Comunicación de 4 de noviembre de 1987, 
la óptima distribución de las inversiones y la competencia leal en la 
prestación de servicios financieros pueden verse seriamente 
M 
-11-
distorsionadas por medidas nacionales de desgravación fiscal que inciten al 
inversor a invertir en instrumentos financieros emitidos por residentes de su 
propio país. Dichas medidas son incompatibles con la creación de un mercado 
financiero verdaderamente integrado. Por ello, la Comisión entablará 
conversaciones con los Estados miembros con vistas a la eliminación 
progresiva de estas fuentes de discriminación. 
Conclusiones 
27. Fundándose en lo expuesto anteriormente, la Comisión presenta al Consejo 
dos propuestas de Directiva. 
28. La primera tiene como finalidad la instauración general de una retención 
a cuenta sobre los intereses. 
29. La segunda dispone una modificación limitada de la Directiva de 1977 
sobre la asistencia mutua para lograr una cooperación más eficaz entre las 
administraciones fiscales nacionales contra el fraude en el ámbito de los 
rendimientos del capital mobiliario. 
30. La Comisión solicita al Consejo que examine estas dos propuestas y se 
pronuncie sobre ellas antes del 30 de junio de 1989, tal como se dispone en el 
artículo 6 de la Directiva 88/361/CEE de 24 de junio de 1988. 
31. La Comisión elaborará, tras dos años de funcionamiento, un informe sobre 
el régimen común de retención a cuenta y la aplicación de las exenciones 
previstas. 
M 
-1-
PRPPVE8IA PE DIRECTIVA PEL CPNSEJP 
RELATIVA h VN RggIMEN CPMON PE RETENCIÓN A CUENTA 8QBRE LP8 INTERESES 
J^ 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I- Consideraciones generales 
1. La Directiva del Consejo 88/361/CEE 24 de junio , sobre la 
liberalización de los movimientos de capitales establece, en su 
artículo 6, apartado 5, que "la Comisión presentará al Consejo, a más 
tardar el 31 de diciembre de 1988, las propuestas destinadas a suprimir o 
atenuar los riesgos de distorsiones, de evasión y fraude fiscales 
vinculados a la diversidad de los regímenes nacionales referentes a la 
fiscalidad del ahorro y al control de su aplicación". 
2. Como se expone en la comunicación del Consejo, que acompaña a la presente 
propuesta, la Comisión opina que la forma más eficaz de evitar las 
distorsiones y el fraude fiscal es un regimen común de retención a cuenta 
sobre los intereses abonados. Así pues, la presente Directiva estipula la 
introducción de dicho impuesto. Una característica de los sistemas 
fiscales de los Estados miembros es que, en la mayoría de los casos, no 
prevén el gravamen de los intereses abonados a los no residentes. 
3. Esta medida garantizará la aplicación, a todos los rendimientos de 
inversiones efectuadas dentro de la Comunidad, de un nivel mínimo de 
gravamen. Con ello se logrará disuadir a los inversores de que transfieran 
fondos a otros Estados miembros con la única intención de eludir el pago 
del impuesto. 
4. A la vista, sobre todo, de la gama de tipos de retención a cuenta 
actualmente aplicados en los Estados miembros (0% a 35%) y del riesgo de 
que un tipo de gravamen demasiado elevado podría desembocar en una fuga 
del ahorro al exterior de la Comunidad, la Comisión estima que el tipo 
mínimo de retención a cuenta debería ser del 15%. 
(1) DO L 178 de 8.7.1988, pág. 5. 
A 
-3-
5. La Comisión considera que la retención a cuenta debería concebirse de 
manera que se adapte lo más fácilmente posible a los sistemas fiscales de 
los Estados miembros. Por lo tanto, propone que esta retención tenga las 
siguientes características: 
(i) El tipo fijado para la retención a cuenta debería ser un tipo 
mínimo. Los Estados miembros tendrían la facultad de aplicar un tipo 
más elevado, únicamente a sus propios contribuyentes o a todos los 
residentes de la Comunidad; 
<ii) Los Estados miembros que ya cuenten con un sistema por el que se 
obligue a los bancos a declarar automáticamente a su administración 
fiscal los intereses que abonan serían autorizados a aplicar la 
retención a cuenta sólo a los residentes de otros Estados miembros; 
<iii) Los Estados miembros estarían facultados para no aplicar la 
retención a los intereses que constituyan rendimientos de naturaleza 
industrial o comercial. 
6. Además, se propone que los Estados miembros estén facultados para exonerar 
de la retención a cuenta: 
(i) los intereses no sujetos al impuesto sobre la renta (ahorro popular 
exento); 
(ii) a los residentes de terceros países; 
(iii) determinados empréstitos internacionales ("euro-obligaciones") que 
respondan a criterios precisos. Esta exoneración ya se está 
aplicando en algunos Estados miembros. La Comisión debe favorecer su 
desarrollo, como centro financiero internacional. 
/ <L 
-4-
7. Por último, la Comisión considera que, una vez adoptado el sistema de 
retención a cuenta, la Comunidad debería contemplar la posibilidad de 
entablar negociaciones con sus principales asociados comerciales, 
bilateral o muítilateralmente, para extender la aplicación de la retención 
a cuenta al plano internacional. 
ii. Comentarios 
Articulo 1 
El criterio para la aplicación de una retención a cuenta es que el deudor de 
los intereses sea residente de un Estado miembro. 
La retención no se aplicará a los intereses abonados por deudores no 
residentes. 
La residencia se determinará con arreglo a cada legislación nacional. Los 
posibles conflictos se resolverán a través de las medidas ad hoc previstas en 
los convenios bilaterales en vigor entre Estados miembros. 
Apartado 1 
A efectos de la aplicación del régimen tributario definido por la Directiva, 
el término "interés", designa los rendimientos derivados de todo tipo de 
derechos, incluso si van acompañados de una cláusula de participación en los 
beneficios. La expresión "todo tipo de derechos" incluye evidentemente los 
depósitos y garantías en efectivo, los títulos de deuda pública y las 
obligaciones. Además, los derechos y, en particular las obligaciones, que 
confieran a quienes los poseen el derecho de participación en los beneficios 
del deudor, no dejarán de considerarse préstamos si el contrato reviste 
claramente en su conjunto la forma de un préstamo con intereses. 
A(c 
•t>-
En la segunda frase del primer párrafo se excluyen de la definición de 
"interés" los intereses de demora. Dichos recargos que son el resultado de un 
contrato, de una práctica o de una sentencia judicial, son pagos calculados 
prorrata temporis, o bien un importe fijo. 
Apartado 2 
Cuando se trate de valores que no devenguen intereses (p. ej.: "zerobonds") o 
un interés relativamente bajo (p. ej.: "deep discount bonds") y cuyo 
rendimiento consista exclusivamente o en su mayor parte en un aumento del 
valor, la diferencia entre el precio de emisión y el precio de reembolso, se 
considerará interés sujeto a la retención a cuenta. 
Apartado 1 
El deudor de los intereses o su agente pagador (entidad financiera) deberá 
aplicar la retención a cuenta al tipo fijado por el Estado miembro en el que 
resida. La retención a cuenta se aplicará a los valores emitidos, con 
anterioridad o posterioridad a la entrada en vigor de la Directiva, dentro o 
fuera de la Comunidad, independientemente de que el interés se pague dentro o 
fuera de la Comunidad y de la moneda de emisión del empréstito. 
Apartado 2 
Cuando los intereses no sean abonados en el Estado miembro en el que resida el 
deudor, sino por un establecimiento situado en otro Estado miembro que 
deduzca los intereses de sus beneficios imponibles, la retención a cuenta 
deberá ser aplicada por el establecimiento permanente y abonada al fisco del 
Estado miembro en que dicho establecimiento permanente esté situado. 
XI 
-6-
Apartado 1 
La obligación de aplicar un tipo mínimo de retención del 15% no será obstáculo 
para la aplicación por un Estado miembro de tipos diferenciados con arreglo a 
la naturaleza del producto financiero (p. ej.: depósitos bancarios, 
obligaciones, bonos del tesoro). 
Apartado 2 
Los Estados miembros estarán facultados para aplicar un tipo de retención a 
cuenta más elevado a sus propios residentes que a los no residentes. Así 
ocurrirá, generalmente, cuando la retención aplicada a los residentes se 
considere liberatoria. 
La presente Directiva no impedirá la aplicación de los convenios celebrados 
entre Estados miembros, en el caso de que el contribuyente desee beneficiarse 
de una reducción de la retención a cuenta prevista en uno de dichos convenios, 
ya que sólo podrá beneficiarse de la aplicación de los convenios si declara 
los rendimientos a su administración fiscal nacional. Como es lógico, en tales 
casos el beneficiario sólo podrá deducir de su cuota del impuesto sobre la 
renta (véase el artículo 7) el importe de la retención a cuenta que quede a su 
cargo. 
a) La presente letra permite que los Estados miembros no apliquen la 
retención a cuenta cuando estén en condiciones de conocer los 
beneficiarios de los intereses, puesto que el riesgo de fraude queda 
descartado. 
iP 
-7-
b) Los Estados miembros podrán no aplicar la retención a cuenta cuando el 
beneficiario sea uno de sus residentes y no esté incluido en el campo de 
aplicación del impuesto sobre la renta o sobre los beneficios (p. ej.: 
organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, instituciones 
benéficas). 
c) Los Estados miembros estarán facultados para no aplicar la retención a 
cuenta cuando los intereses percibidos por sus propios residentes no estén 
sujetos al impuesto sobre la renta o sobre los beneficios. La presente 
disposición concierne a los sistemas de exoneración o deducción aplicados 
a ciertas emisiones. 
d) A fin de evitar que un particular esté obligado a ajustarse a las 
formalidades previstas en la presente Directiva, y en particular a la 
aplicación de una retención a cuenta y al ingreso de los correspondientes 
importes a la administración fiscal, los Estados miembros podrán prever la 
no aplicación de retención en determinados casos (p. ej.: cuando se trate 
de un préstamo entre particulares). 
e) Las presentes disposiciones tienen como finalidad permitir que los Estados 
miembros no apliquen retención a cuenta cuando los intereses constituyan 
rendimientos de cuentas de ahorro popular acogidas a un régimen fiscal 
especial. La aplicación de tales regímenes estará supeditada a condiciones 
concretas en materia de tipos de interés o del importe de las inversiones. 
f) Esta prerrogativa de exención se justifica por el hecho de que los 
beneficiarios están sujetos a un control fiscal completo que descarta el 
riesgo de fraude. 
g) Los Estados miembros estarán facultados para no aplicar la retención a 
cuenta sobre los intereses de empréstitos internacionales 
(euro-obligaciones) definidos en este subapartado. 
tí\ 
-8-
h) Dados los regímenes en vigor en los Estados miembros y los regímenes 
aplicados por terceros países a los residentes de los Estados miembros, 
procede dejar una cierta flexibilidad a los Estados miembros en lo que se 
refiere a los residentes de terceros países. 
Cuando se trate de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios 
(OICVM) existirán dos posibilidades: 
- la retención a cuenta no se aplica o es objeto de devolución, en cuyo caso 
el reparto de intereses estará sujeto a la misma. 
- o bien, la retención a cuenta se transfiere e imputa al participante, en 
cuyo caso el reparto de intereses que realice el OICVM estará exento de la 
retención a cuenta; 
En ambos casos, los participantes tendrán derecho a la deducción de la 
retención a cuenta de su cuota del impuesto sobre la renta y a la devolución 
de cualquier cantidad en exceso. 
Articulo 7 
Salvo cuando se considere liberatoria para un residente, la retención a cuenta 
será un simple pago a cuenta de la cuota impositiva final del beneficiario de 
los intereses. Por consiguiente, es lógico que la retención pueda ser deducida 
de la cuota del impuesto o sea objeto de devolución, si el beneficiario no es 
sujeto pasivo del mismo o si la retención es superior a la cuota impositiva 
final. 
°)o 
-9-
Articulo fl 
Apartado 1 
Con el fin de que el coste presupuestario de la deducción o devolución de la 
retención a cuenta a que se refiere el artículo 8 recaiga sobre el Estado 
miembro en el que se haya efectuado la retención, el presente apartado prevé 
una compensación financiera entre los dos Estados miembros afectados. 
Apartado 2 
Dichos Estados miembros podrán acordar, mediante un acuerdo bilateral, 
repartir entre ellos la cuantía de la retención a cuenta, siempre que esta 
medida no afecte los derechos de los beneficiarios de los intereses a la 
deducción y a su posible devolución en su propio Estado miembro. 
Articulo ? 
A fin de limitar los riesgos de evasión de capitales al exterior de la 
Comunidad, procede que la Comunidad inicie negociaciones con los principales 
países con los que mantiene relaciones comerciales con miras a extender el 
ámbito de aplicación de la retención a cuenta. 
Articulo 19 
El informe previsto en este artículo tiene como finalidad permitir la 
evaluación del funcionamiento del sistema y, especialmente, del tipo de la 
retención a cuenta y de la aplicación de las exenciones previstas en el 
artículo 5. 
1A 
-10-
MmJBtJUO^tiS^SJSSSLmmSmmmmJBStJ 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en 
particular, su artículo 100, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social, 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo, 
Considerando que la Directiva del Consejo 88/361/CEE establece que los 
Estados miembros suprimirán, a más tardar el 1 de julio de 1990, las 
restricciones a los movimientos de capitales entre las personas residentes en 
los Estados miembros; 
Considerando que la liberalización total de los movimientos de capitales 
conlleva riesgos de distorsión, de evasión y de fraude fiscales vinculados a 
la diversidad de los regímenes nacionales referentes a la fiscalidad del 
ahorro y al control de su aplicación; que, por consiguiente, la aproximación 
de dichos regímenes es necesaria a fin de evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado común; 
<1> DO L 178 de 8 de julio de 1988, pág. 5. 
97 
Considerando que la instauración de un sistema común de retención a cuenta 
responde a este objetivo permitiendo asimismo la aplicación de un gravamen 
mínimo a los intereses abonados por un deudor residente de un Estado miembro; 
que las instituciones de las Comunidades no son residentes de un Estado 
miembro; 
Considerando que procede que los Estados miembros estén facultados para no 
aplicar la retención a cuenta cuando el riesgo de fraude esté descartado; 
Considerando que conviene tomar las disposiciones necesarias para que los 
intereses percibidos por mediación de un organismo de inversión colectiva en 
valores mobiliarios estén sujetos a la retención a cuenta; 
Considerando que, salvo si es liberatoria para los residentes, la retención a 
cuenta debe ser un simple pago a cuenta de la cuota impositiva a ingresar por 
el beneficiario de los intereses; que, a fin de evitar formalidades 
complicadas, si la retención fuese excesiva la devolución de la diferencia 
debería efectuarla el Estado de residencia del beneficiario; que, no obstante, 
debe permitirse que los Estados miembros celebren acuerdos bilaterales sobre 
el reparto de los costes presupuestarios que se deriven de estas 
disposiciones; 
Considerando que la introducción de la retención a cuenta sobre los intereses 
debe realizarse, a más tardar, el 1 de julio de 1990, fecha en la que será 
efectiva la liberalización completa de los movimientos de capitales, 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
Articulo 1 
Los Estados miembros aplicarán un sistema común de retención a cuenta sobre 
los intereses cuyo deudor sea un Estado miembro, una subdivisión política, 
autoridades locales o residentes de un Estado miembro, con arreglo a lo 
dispuesto en la presente Directiva. 
9 Z 
-12-
ArtíqulP 2 
Con arreglo a la presente Directiva, se considerarán "intereses" los 
rendimientos procedentes de todo tipo de derechos, incluidas las primas y 
premios vinculados a títulos de deuda pública y obligaciones. Los recargos por 
demora en el pago no se considerarán intereses a los efectos de la presente 
Directiva. 
Cuando los rendimientos de los títulos provengan exclusiva o parcialmente de 
un aumento de su valor, se entenderá por "intereses" la diferencia entre el 
precio de emisión y el precio de reembolso. 
1. El deudor de los intereses o su agente pagador deducirá del importe de los 
intereses devengados una retención a cuenta cuyo tipo de gravamen será 
fijado por el Estado miembro en el que resida. Los importes retenidos los 
ingresará a la administración fiscal de dicho Estado miembro con arreglo a 
las condiciones fijadas por este último. 
2. Cuando el pago de los intereses sea efectuado por un establecimiento 
permanente del deudor, situado en un Estado miembro distinto al de éste 
último, la retención a cuenta será deducida por dicho establecimiento 
permanente, en la medida en que los intereses constituyan para él una 
carga deducible, e ingresada a la administración fiscal del Estado miembro 
en el que el establecimiento esté situado. 
Articulo 4 
1. El tipo impositivo de la retención a cuenta no podrá ser inferior al 15%. 
2. Los Estados miembros estarán facultados para aplicar un tipo impositivo de 
retención a cuenta más alto a los intereses abonados a sus propios 
residentes que a los intereses abonados a no residentes. 
m-
i ô-
3. Lo dispuesto en el apartado 1 se establece sin perjuicio de las 
disposiciones de los convenios celebrados entre Estados miembros o entre 
Estados miembros y terceros países por los que se prevean tipos 
impositivos de retención a cuenta inferiores en el caso de que los 
rendimientos hayan sido declarados. 
Los Estados miembros estarán facultados para no aplicar una retención a cuenta 
sobre los intereses cuando: 
a) el beneficiario sea uno de sus propios residentes y su nombre y dirección, 
así como el importe de los intereses abonados, se comuniquen 
automáticamente a la administración fiscal; 
b) el beneficiario sea uno de sus propios residentes y no entre en el ámbito 
de aplicación del impuesto sobre la renta o sobre los beneficios; 
c) el beneficiario sea uno de sus propios residentes y los intereses no estén 
sujetos al impuesto sobre la renta o sobre los beneficios; 
d) los intereses no estén sujetos al impuesto sobre la renta o sobre los 
beneficios en aplicación de medidas de fomento del ahorro popular; 
e) el deudor de los intereses sea un particular; 
f) los intereses constituyan rendimientos de naturaleza comercial o 
industrial para los beneficiarios; 
g) los intereses vengan devengados por un empréstito internacional 
(euro-obligaciones), que, a los efectos de la presente Directiva, se 
define como un valor negociable que reviste la forma de obligación, y que: 
7S 
-14-
- debe ser suscrito y distribuido por instituciones financieras 
sindicadas entre las que, como mínimo dos, tengan su domicilio 
social en Estados miembros distintos, 
- puede suscribirse a gran escala en uno o más Estados miembros 
distintos de aquél en el que el emisor tenga su sede, y que 
- sólo puede suscribirse o adquirirse por primera vez a través de una 
entidad de crédito, tal y como se define en el artículo 2 de la 
/1 ) Directiva 77/780/CEE , o de otras instituciones financieras. 
h) el beneficiario sea residente de un tercer país; 
Si los intereses distribuidos por un organismo de inversión colectiva en 
valores mobiliarios, tal y como se define en la Directiva 86/566/CEE del 
(2) Consejo , no han sido objeto de retención a cuenta a dicho organismo o si la 
retención a cuenta le ha sido devuelta, dichos intereses estarán sujetos a 
retención a cuenta en la medida que, de haber sido abonados los intereses 
directamente por el deudor, habrían estado sujetos a dicha retención. 
En caso contrario, tales intereses estarán exentos de retención a cuenta. 
No obstante, la retención a cuenta que haya gravado los intereses a nivel del 
organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios se deducirá de la 
cuota del impuesto sobre la renta o sobre los beneficios que corresponda 
ingresar al tenedor de la participación. Dicha retención le será devuelta en 
los supuestos que se contemplan en el segundo párrafo del artículo 7. 
(1> DO no L 322 de 17.12.1977, pág. 30, 
(2) DO n° L 332 de 26.11.1986, pág. 22, 
2L 
- ID-
Articulo 7 
La retención a cuenta se deducirá de la cuota del impuesto sobre la renta o 
sobre los beneficios que corresponda ingresar al beneficiario de dichos 
intereses en razón de los mismos. 
Dicha retención será devuelta al beneficiario por el Estado miembro que 
perciba el impuesto mencionado en el párrafo precedente, siempre que sea 
superior al importe de la cuota impositiva o que el beneficiario no esté 
sujeto a gravamen. 
Articulo 8 
1. Cuando la retención a cuenta percibida por un Estado miembro se deduzca o 
devuelva en otro Estado miembro, el Estado miembro que percibió la 
retención a cuenta deberá reembolsarla a aquel otro Estado miembro. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros 
podrán repartirse el importe de la retención a cuenta en virtud de un 
acuerdo bilateral, siempre y cuando dicho acuerdo no afecte en modo alguno 
los derechos de los beneficiarios de los intereses tal y como se definen 
en la presente Directiva. 
Artículo ? 
La Comunidad entablará negociaciones con sus principales asociados 
comerciales, bilateral o multilateralmente, a fin de ampliar el ámbito de 
aplicación de la retención a cuenta al plano internacional. 
Artículo 10 
La Comisión presentará al Consejo, antes del 1 de julio de 1992, un informe 
sobre el funcionamiento del sistema común de retención a cuenta. 
T\ 
-16-
Artículo 11 
1. Los Estados miembros aplicarán, a más tardar el 1 de julio de 1990, las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para 
cumplir la presente Directiva e informarán de ello inmediatamente a la 
Comisión. 
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones ulteriores de Derecho interno que adopten en el ámbito 
regulado por la presente Directiva. 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 
Hecho en 
Por el Consejo, 
El Presidente 
°)Q 
-1-
PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL CONSEJO 
POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 77/799/CEE 
RELATIVA A LA ASISTENCIA MUTUA ENTRE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN EL ÁMBITO DE LOS IMPUESTOS DIRECTOS 
Y DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
2H 
-2-
EXPQglClON PE HQTIVQS 
I. Observaciones «eneróles 
1. Tal como se expone detalladamente en la Comunicación al Consejo a la que 
se adjunta la presente propuesta de Directiva, la liberalización de los 
movimientos de capitales debería ir acompañada de medidas "destinadas a 
suprimir o atenuar riesgos de distorsiones, de evasión y de fraude 
fiscales vinculados a la diversidad de los regímenes nacionales referentes 
a la fiscalidad del ahorro y al control de su aplicación". 
2. Uno de los medios de lucha contra el fraude y la evasión fiscales es 
intensificar la cooperación entre las administraciones fiscales nacionales 
que introdujo la Directiva 77/799/CEE de 19 de diciembre de 1977 y que 
se basa principalmente en el intercambio de información. Este intercambio 
está actualmente sujeto a ciertos límites. En particular, un Estado 
miembro no está obligado a realizar averiguaciones o a facilitar 
información si su legislación o sus prácticas administrativas no le 
autorizan a realizar averiguaciones, ni a recoger o utilizar dicha 
información para sus propias necesidades. 
3. En lo que respecta a la legislación, las disposiciones que regulan el 
secreto bancario, que son fundamentalmente las que intervienen cuando se 
trata de los rendimientos del capital, difieren considerablemente de un 
Estado miembro a otro. Su armonización constituye un largo proceso que 
plantea problemas complejos extremadamente delicados desde el punto de 
vista político. 
No ocurre lo mismo con las prácticas administrativas. Su modificación no 
implica ningún cambio en la legislación y no obliga a un Estado miembro a 
obtener y proporcionar a otro Estado miembro una información que su 
legislación no le permite obtener para calcular correctamente las cuotas 
impositivas de sus propios residentes. Por ello, la Comisión considera 
necesario prever que un Estado miembro no puede ampararse en sus prácticas 
<1) DO no L 336, 27.12.1977, pág. 15. 
Z n 
-3-
administrativas restrictivas, sino que esté obligado a utilizar todos los 
medios legales a su alcance si el Estado miembro que solicita la 
información tiene motivos válidos para suponer que uno de sus 
contribuyentes ha transferido al extranjero fondos considerables cuyo 
rendimiento no ha sido, parcial o totalmente, declarado. 
ii. Comentarios 
Si la administración fiscal sospecha que uno de sus contribuyentes ha 
incurrido en fraude fiscal basándose en el hecho de que se han transferido 
fondos a otro Estado miembro sin declarar los correspondientes rendimientos, y 
las justificaciones del contribuyente no parecen convincentes, puede recabar 
información de la administración fiscal del otro Estado miembro. Es posible, 
sin embargo, que la misma se halle en la imposibilidad de obtener o facilitar 
la información solicitada debido a que sus facultades para investigar las 
entidades financieras se vean restringidas por la práctica administrativa, 
incluso aunque la información recogida tenga finalidad fiscal. 
Las enmiendas que este artículo introduce en el apartado 1 del artículo 8 de 
la Directiva 77/799/CEE tienen como objetivo superar este obstáculo. 
o 
-A-
PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL CONSEJO 
POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 77/799/CEE 
RELATIVA A LA ASISTENCIA MUTUA ENTRE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN EL ÁMBITO DE LOS IMPUESTOS DIRECTOS 
Y DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en 
particular, su artículo 100, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
Visto el dictamen del Parlamento Europeo, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social, 
Considerando que la Directiva 88/361/CEE del Consejo establece que las 
restricciones impuestas a los movimientos de capitales entre personas 
residentes en los Estados miembros deben suprimirse a más tardar el 1 de julio 
de 1990; 
Considerando que, en virtud de dicha Directiva, la Comisión debe presentar al 
Consejo propuestas destinadas a suprimir o atenuar riesgos de distorsiones, de 
evasión y de fraude fiscales vinculados a la diversidad de los regímenes 
nacionales referentes a la fiscalidad del ahorro y al control de su 
aplicación; 
<1) DO L 178, 8.7.1988, pág. 5. 
11 
Considerando que, en virtud de la Directiva 77/799/CEE , los Estados 
miembros deben prestarse asistencia mutua para combatir el fraude y la evasión 
fiscales en lo que respecta a los impuestos sobre la renta y sobre el 
patrimonio; que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de dicha 
Directiva, no obstante, un Estado miembro no está obligado a satisfacer la 
demanda de información que le dirija otro Estado miembro cuando su legislación 
0 su práctica administrativa no le permitan recabar tal información para sus 
propias necesidades; 
Considerando que conviene suprimir las restricciones impuestas al intercambio 
de información por la práctica administrativa cuando el Estado miembro que 
solicite la información tenga motivos concretos para suponer que uno de sus 
contribuyentes ha transferido a otro Estado miembro fondos considerables sin 
declarar los rendimientos correspondientes, 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
Articulo 1 
Al final del apartado 1 del artículo 8 de la Directiva 77/799/CEE se añadirá 
el siguiente texto: 
"No obstante, cuando la autoridad competente del Estado miembro que solicite 
las informaciones alegue razones precisas que le permitan suponer que uno de 
sus residentes ha transferido, directamente o a través de otro país, fondos 
considerables al Estado miembro del que se solicita la información, sin 
declarar los correspondientes rendimientos, la autoridad competente del Estado 
miembro al que se dirija la solicitud no podrá atenerse al hecho de que su 
práctica administrativa no le autoriza a efectuar investigaciones, ni a 
recabar o utilizar las informaciones solicitadas a los efectos de liquidar 
correctamente los impuestos aplicables a sus propios residentes." 
Articulo 2 
Los Estados miembros aplicarán las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 
1 de julio de 1990 e informarán inmediatamente de ello a la Comisión. 
<1) DO ns L 336 de 27.12.1977, pág. 15. 
^ 
-6-
Articulo 3 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros, 
Hecho en Bruselas, el 
Por el Consejo 
El Presidente 
RU 
EICHÔ_DE_I«ei!CIQ .S9BBE.XÔ _CQHBEIIIiyiBefi.Y-IL.EHBLEQ 
I Justificación de la medida 
La Directiva del Consejo de 24 de junio de 1980 relativa a la 
liberal ización de los movimientos de capitales estipula que la Comisión 
presentará al Consejo, a más tardar el 31 de diciembre de 1988, las 
propuestas encaminadas a atenuar o suprimir los riesgos de distorsiones, 
de evasión y de fraudes fiscales vinculados a la diversidad de los 
regímenes nacionales relacionados con la fiscal i dad del ahorro. 
II Características de las empresas interesadas. En particular: 
(a) ¿Concierne a muchas PYME? NO 
(b) ¿Se observan concentraciones en las regiones?: 
i. ¿Acogibles a las ayudas regionales de los Estados miembros? NO 
ii. ¿Acogibles al FEDER? NO 
III Obligaciones impuestas directamente a las empresas 
Las empresas que deban abonar intereses deben deducir, del importe de los 
intereses a abonar, una retención a cuenta cuyo tipo será fijado por el 
Estado miembros donde residan. Ingresarán las sumas retenidas a la 
administración fiscal de ese Estado. 
IU Obligaciones susceptibles de ser impuestas indirectamente a las empresas 
via autoridades locales. 
Ninguna. 
U ¿Hay medidas especiales para las PYME? NO 
UI Efectos previsibles: 
a) La introducción de una retención a cuenta sobre los intereses de 
obligaciones puede traducirse en un aumento de los costes de los 
préstamos en los Estados miembros que no aplican actualmente ninguna 
retención o una retención menor que la propuesta, o bien en una 
reducción de dicho coste en aquellos Estados miembros que aplican una 
retención más elevada. Estos efectos no pueden cifrarse. 
b) Ningún efecto sobre el empleo. 
VII. ¿Se ha consultado a los interlocutores sociales? NO 
? C 
Comisión de las Comunidades Europeas 
COM(89) 60 final 
Comunicación de la 
COMISIÓN AL CONSEJO 
Medidas fiscales que deberá adoptar la Comunidad en relación con la 
liberalización de los movimientos de capitales 
Propuestas de 
DIRECTIVAS DEL CONSEJO 
— relativa a un régimen común de retención a cuenta sobre los intereses 
— por la que se modifica la Directiva 77/799/CEE relativa a la asistencia 
mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en 
el ámbito de los impuestos directos y del impuesto sobre el valor 
añadido 
(presentadas por la Comisión) 
8.2.1989 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
L - 2985 Luxemburgo 
Serie: DOCUMENTOS 
1989 - 35 páginas - Formato 21,0 * 29,7 cm 
ES 
ISSN: 0257-9545 
ISBN: 92-77-45876-3 
N° de catálogo: CB-CO-89-032-ES-C 
ISSN 0257-9545 
COM(89) 60 final 
DOCUMENTOS 
Comunicación de la 
COMISIÓN AL CONSEJO 
Medidas fiscales que deberá adoptar la Comunidad en relación 
con la liberalización de los movimientos de capitales 
Propuestas de 
DIRECTIVAS DEL CONSEJO 
— relativa a un régimen común de retención a cuenta sobre los 
intereses 
— por la que se modifica la Directiva 77/799/CEE relativa a la 
asistencia mutua entre las autoridades competentes de los 
Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos y del 
impuesto sobre el valor añadido 
(presentadas por la Comisión) 
09 8.2.1989 
N° de catálogo: CB-CO-89-032-ES-C 
ISBN: 92-77-45876-3 
€ 
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS