COMISIÓN EUROPEA Estrasburgo, 29.5.2018 COM(2018) 375 final 2018/0196(COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA El 2 de mayo de 2018, la Comisión adoptó una propuesta relativa al próximo marco financiero plurianual para el período 2021-2027. Se ha fijado la simplificación administrativa como objetivo clave tanto en el documento de reflexión sobre las finanzas de la UE como en la evaluación ex post y la consulta pública. La experiencia sugiere que las normas adolecen de una excesiva complejidad y de fragmentación entre fondos y formas de financiación, lo que da lugar a una carga innecesaria para los gestores de programas y los beneficiarios finales. Esta propuesta de Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) establecerá disposiciones comunes para siete fondos de gestión compartida. No sustituirá al Reglamento CE n.º 1303/2013 vigente, que seguirá regulando los programas adoptados en el período 2014-2020. La propuesta reduce la fragmentación de las normas, proporcionando un conjunto común de normas básicas para siete fondos: ·FC: Fondo de Cohesión ·FEMP: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca ·FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional ·FSE+: Fondo Social Europeo Plus ·FAMI: Fondo de Asilo y Migración ·IGFV: Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados ·FSI: Fondo de Seguridad Interior Estas propuestas prevén como fecha de aplicación el 1 de enero de 2021 y se presentan para una Unión de veintisiete Estados miembros, en consonancia con la notificación del Reino Unido de su intención de retirarse de la Unión Europea y Euratom, basada en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, recibida por el Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica El artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que la Comisión debe ejecutar el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, de conformidad con las disposiciones de los reglamentos adoptados en virtud del artículo 322 del TFUE. El artículo 322, apartado 1, letra a), del TFUE ofrece la base jurídica para la adopción de reglamentos que establezcan las normas financieras por las que se determinarán, en particular, las modalidades de establecimiento y ejecución del presupuesto, así como las referentes a la rendición y censura de cuentas. El principio de subsidiariedad no alcanza a las normas financieras, con respecto a las cuales es evidente que solo la Unión puede, o incluso debe, actuar. La acción de la UE relativa a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos se justifica sobre la base de los objetivos establecidos en el artículo 174 del TFUE. El derecho de actuación está consagrado en el artículo 175 del TFUE, que exige expresamente a la Unión que aplique esa política por medio de los Fondos Estructurales, leído en relación con su artículo 177, que define el papel del Fondo de Cohesión. Los objetivos del FSE, el FEDER y el Fondo de Cohesión se definen en los artículos 162, 176 y 177, respectivamente, del TFUE. El artículo 39 del TFUE justifica las acciones relacionadas con la pesca. El artículo 174 del TFUE dispone que se prestará especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes. Entre estas últimas se incluyen las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña. El artículo 349 del TFUE dispone que deberán adoptarse medidas específicas para tener en cuenta la situación estructural social y económica de las regiones ultraperiféricas, caracterizada por una serie de rasgos que perjudican gravemente su desarrollo. El Reglamento por el que se crea el Fondo de Asilo y Migración se basa en los artículos 78, apartado 2, y 79, apartados 2 y 4, del TFUE. El Reglamento por el que se establece, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el instrumento de apoyo financiero a la gestión de fronteras y los visados, se basa en el artículo 77, apartado 2, del TFUE. El Reglamento por el que se crea el Fondo de Seguridad Interior se basa en el artículo 82, apartado 1, el artículo 84 y el artículo 87, apartado 2, del TFUE. En el artículo 317 del TFUE se establece la base jurídica del conjunto común de normas relativas a la ejecución del presupuesto, en cooperación con los Estados miembros. El artículo 322 del TFUE define el ámbito de aplicación y los procedimientos para establecerlo.

La subsidiariedad y la proporcionalidad de cada uno de los fondos mencionados se recogen en la exposición de motivos de cada fondo. Sin embargo, el RDC contribuye adicionalmente: ·a la subsidiariedad, promoviendo la gestión compartida: en la medida en que los programas no son gestionados directamente por la Comisión Europea, sino que se aplican en asociación con los Estados miembros; ·a la proporcionalidad, unificando y consolidando las normas (y, por tanto, reduciendo la carga para las partes interesadas). De acuerdo con el artículo 11 del TFUE, las exigencias de la protección del medio ambiente deben integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible, y estos aspectos están incorporados en el presente Reglamento. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO Cada uno de los fondos cuenta con sus propias evaluaciones, y muchas de las conclusiones atañen fundamentalmente a sus respectivos reglamentos. Las que siguen son las principales conclusiones aplicables al RDC. 1. Simplificación: la necesidad de reducir la carga administrativa. Se trata de una conclusión esencial y reiterada en la evaluación de todos los fondos: ·Las evaluaciones ex post del FEDER y del Fondo de Cohesión pusieron de manifiesto que los sistemas de gestión, control y auditoría son demasiado complejos, lo que genera incertidumbre administrativa y retrasos en la ejecución. La complejidad constituye una dificultad en particular en los países de la EU-15 en los que la dotación de fondos es relativamente menor, lo que indica una necesidad de proporcionalidad. ·La evaluación del FSE permitió establecer que es necesario simplificar tanto el panorama de la financiación (es decir, la gama y la combinación de instrumentos) como el proceso de ejecución. ·En la evaluación del FEMP se determinó asimismo que la carga administrativa es demasiado elevada. En la fase de solicitud actúa como desincentivo respecto a la petición de ayuda. Por otra parte, la complejidad de determinados proyectos parece haber creado desincentivos para los posibles beneficiarios, en particular en los casos en los que interviene una red extensa de socios. ·En las evaluaciones intermedias de los componentes pertinentes del FAMI, el IGFV y el FSI también se detectó la necesidad de simplificación. Una recomendación concreta fue el uso de opciones de costes simplificados. Esta cuestión se aborda en todo el RDC. Son ejemplos destacados los del título V (por ejemplo, opciones de costes simplificados, pagos sujetos a condiciones, eliminación de normas específicas para grandes proyectos e inversiones generadoras de ingresos) y el título VI (control y auditoría simplificados y más proporcionados). 2. La necesidad de flexibilidad para responder a necesidades emergentes: ·En la evaluación ex post del FEDER y del Fondo de Cohesión se determinó que la adaptación de los programas en la crisis económica constituyó una de las historias de éxito en el período 2007-2013 y que debería fundamentar acciones ulteriores. ·En la evaluación ex post del FSE se aludió a la flexibilidad como uno de los aspectos clave para su mejora. ·Las evaluaciones intermedias de los precursores del FAMI, el IGFV y el FSI indican que estos fondos respondieron adecuadamente a las crisis migratorias y de seguridad. Sin embargo, hacen falta mecanismos más flexibles para asignar la financiación. Esta cuestión se aborda en los títulos III (que posibilita las transferencias relativamente menores sin necesidad de modificar el programa) y II (las asignaciones del programa se establecen para los primeros 5 años, y después los 2 últimos años se asignan sobre la base de una revisión), mientras que los Reglamentos específicos de cada Fondo contienen normas complementarias relativas al FAMI, al IGFV y al FSI. Además, la posibilidad de utilizar el mecanismo de garantía InvestEU ofrece más flexibilidad a los Estados miembros. 3. El potencial de los instrumentos financieros (IF): ·En la evaluación ex post del FEDER y del Fondo de Cohesión se observó que los IF pueden constituir un medio más eficiente de financiar la inversión en algunos ámbitos de actuación, pero existen demoras en su ejecución y supone un reto generalizar su uso. ·En la evaluación intermedia del EaSI se determinó que la existencia de normas diferentes dificulta el aprovechamiento de las complementariedades entre fondos. En la evaluación se recomendó la racionalización y la adecuación de las normas sobre IF.

Este asunto se aborda en el título V, que simplifica la ejecución de los IF, al adecuar muchas de las disposiciones a las de las subvenciones. •Consultas públicas La Comisión llevó a cabo las siguientes consultas públicas: ·Fondos de la UE en el ámbito de la política de cohesión (10 de enero a 9 de marzo de 2018). ·Una consulta a las partes interesadas en el contexto de la evaluación ex post del FEMP (febrero a mayo de 2016). ·Fondos de la UE en el ámbito de la migración (10 de enero a 9 de marzo de 2018). ·Fondos de la UE en el ámbito de la seguridad (10 de enero a 9 de marzo de 2018). Las consultas con las partes interesadas dibujaron un panorama similar al de las evaluaciones ex post: la principal conclusión de relevancia para el RDC es la simplificación (sobre todo en lo que atañe a los procedimientos de auditoría y control), seguida de la flexibilidad: ·En la consulta sobre la política de cohesión, las partes interesadas refirieron que los procedimientos complejos constituyen, con diferencia, el principal obstáculo para el éxito, seguidos de los estrictos requisitos de auditoría y control, la falta de flexibilidad, la dificultad para garantizar la sostenibilidad financiera y los retrasos en los pagos. ·En el caso del FEMP, la complejidad de la prestación administrativa se considera la mayor deficiencia, y muchas partes interesadas exigen flexibilidad y una simplificación radical. La lógica de intervención se considera demasiado rígida y no permite a los Estados miembros abordar sus propias especificidades. ·En las consultas en los ámbitos de la migración y la seguridad se estableció que los encuestados apoyan firmemente una prestación más sencilla y una mayor flexibilidad (concretamente en lo referente a la capacidad para responder a las crisis relacionadas con la migración y la seguridad). Las preocupaciones planteadas por las partes interesadas se abordan en las diversas medidas de simplificación formuladas en todo el RDC (véase más adelante). •Conocimientos técnicos especializados y costes administrativos En lo que atañe a los conocimientos técnicos especializados, se convocó a un Grupo de Alto Nivel para debatir la simplificación de la política de cohesión, en el que se concluyó lo siguiente: ·Armonización de las normas entre los Fondos de la UE Este objetivo se aborda en parte en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. ·Menos normas, más claras y más concisas Como se ha señalado anteriormente, el presente Reglamento incluye numerosas simplificaciones. ·Subsidiariedad y proporcionalidad genuinas: dependencia en mucha mayor medida de los sistemas y procedimientos de gestión y control nacionales. Esta cuestión se aborda en el título VI (véase más adelante). ·Un marco estable, pero flexible: no es necesario volver a designar instituciones para el próximo período de programación. Los programas también deben modificarse con mayor facilidad. Este aspecto se trata en los títulos VI y III, respectivamente. ·Principio de auditoría única: ampliación del principio de auditoría única. Esto se aborda en el título VI. De hecho, existen pruebas de los importantes costes administrativos asociados al FEDER y al Fondo de Cohesión, que en un reciente estudio se estimó en un 3 % de los costes medios de los programas, en el caso del FEDER, y en un 2,2 %, en el del Fondo de Cohesión. Las cargas administrativas para los beneficiarios (incluidas las pymes) son mayores.

Muchas de las simplificaciones del RDC son difíciles de cuantificar financieramente por adelantado, pero el estudio estimó lo siguiente: ·Hacer un mayor uso de las opciones de costes simplificados (o de pagos sujetos a condiciones) en relación con el FEDER y el Fondo de Cohesión podría reducir considerablemente los costes administrativos totales (entre un 20 y un 25 %) si estas opciones se aplicaran de manera generalizada. ·Un enfoque más proporcionado respecto al control y las auditorías daría lugar a una disminución importante en el número de verificaciones y la carga de auditoría para los programas de «bajo riesgo», reduciendo así los costes administrativos totales del FEDER y del Fondo de Cohesión en un 2-3 % y los costes de los programas afectados en un importe mucho mayor. •Evaluación de impacto El RDC en sí no es objeto de una evaluación del impacto, ya que establece normas comunes y un mecanismo de aplicación para otras políticas. Los fondos asociados van acompañados en cada caso de sus propias evaluaciones de impacto. •Cohesión electrónica e intercambio de datos En el período 2014-2020, excepto en el caso de los precursores del FAMI, el IGFV y el FSI, era obligatorio establecer un sistema de intercambio electrónico de datos entre los beneficiarios y las autoridades de gestión, así como entre las distintas autoridades del sistema de gestión y control. El presente Reglamento se basa en este sistema y desarrolla adicionalmente otros aspectos relativos a la recopilación de datos. Todos los datos necesarios para el seguimiento de los avances en la ejecución, incluidos los resultados y el rendimiento de los programas, se transmitirán ahora por vía electrónica y cada dos meses a la Comisión, lo que significa que la plataforma abierta de datos se actualizará casi en tiempo real. Asimismo, los datos de beneficiarios y operaciones se harán públicos en formato electrónico en un sitio web específico administrado por la autoridad de gestión. Esto dará una mayor visibilidad a los logros y permitirá una comunicación mejor. •Derechos fundamentales Al introducir una condición favorable para garantizar el respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, el presente Reglamento tendrá un efecto positivo en el respeto y la protección de todos los derechos fundamentales en la gestión de los siete fondos. El respeto del Estado de Derecho se aborda en un Reglamento autónomo basado en el artículo 322 del TFUE. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La propuesta de la Comisión de marco financiero plurianual prevé un importe de 330 000 millones EUR destinados a la cohesión económica, social y territorial para el período 2021-2027. Total de la política de cohesión 330 624 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 200 629 ·Inversión en empleo y crecimiento 190 752 ·Cooperación territorial europea 8 430 ·Regiones ultraperiféricas y zonas escasamente pobladas 1 447 Fondo de Cohesión 41 349 ·de los cuales, contribución al MCE Transporte 10 000 Fondo Social Europeo+ (1) 88 646 (1) Este importe no incluye el importe para sanidad, empleo e innovación social (1 042 millones EUR). Estas son las rúbricas financieras más importantes que abarca el RDC. La propuesta de la Comisión sobre la financiación del FEMP, el FAMI, el IGFV y el FSI se incluirá en los Reglamentos específicos de cada Fondo. 5.RESUMEN DEL CONTENIDO DEL REGLAMENTO

Los principales objetivos de la arquitectura y las disposiciones de la propuesta de RDC son: 1.Reducir sustancialmente la carga administrativa innecesaria para los beneficiarios y los organismos gestores, manteniendo al mismo tiempo un nivel elevado de garantía de legalidad y regularidad. Tal es el principio rector clave de la reforma e incluye un gran número de simplificaciones y adecuaciones entre reglamentos, pero especialmente en lo que se refiere a: i.la continuidad de los sistemas de gestión y control (y otras medidas que faciliten la puesta en marcha de los programas); un mayor uso de «disposiciones proporcionadas», pudiendo los programas de menor riesgo basarse más en los sistemas nacionales; ii.el uso de opciones de costes simplificados y pagos sujetos a condiciones; iii.instrumentos financieros. 2.Aumentar la flexibilidad para ajustar los objetivos y recursos de los programas a la luz de la evolución de las circunstancias, y también en lo que se refiere a las aportaciones voluntarias a los instrumentos gestionados directamente a nivel de la UE. 3.Adaptar los programas en mayor medida a las prioridades de la UE, y elevar su eficacia. Se incluye aquí: i.la adecuación de la lógica de intervención y de la elaboración de informes a las rúbricas del MFP, y el aumento de los requisitos de concentración en áreas prioritarias; ii.la forja de un vínculo más estrecho con el proceso del Semestre Europeo; iii.el establecimiento de condiciones favorables más significativas que deben mantenerse a lo largo del período de ejecución. Título I: Objetivos y apoyo general El RDC reúne siete Fondos Europeos en servicio mediante una gestión compartida. El objetivo es crear un conjunto común de normas simplificadas y consolidadas, reduciendo la carga administrativa para las autoridades y los beneficiarios de los programas. Se sientan así las bases para la fuerte prioridad otorgada a la gestión compartida y la asociación, presente en todo el Reglamento. En el artículo 5 se establece la base para la gestión compartida, y en el artículo 6, para la asociación con las autoridades regionales y locales, las autoridades urbanas y públicas, los interlocutores económicos y sociales, la sociedad civil y los organismos que promueven la inclusión social, los derechos fundamentales, la igualdad de género, la no discriminación y los derechos de las personas con discapacidad. La propuesta de la Comisión de marco financiero plurianual para el período 2021-2027 establece un objetivo más ambicioso para integrar la dimensión climática en todos los programas de la UE, con la meta global de que el 25 % de los gastos de la UE contribuya a alcanzar objetivos climáticos. La contribución de este programa a la consecución de esta meta global será objeto de seguimiento a través de un sistema de marcadores climáticos de la UE a un nivel apropiado de desagregación, incluido el uso de metodologías más precisas cuando estén disponibles. La Comisión seguirá presentando anualmente la información en términos de créditos de compromiso en el contexto del proyecto de presupuesto anual. A fin de favorecer el pleno aprovechamiento del potencial del programa para contribuir a la consecución de los objetivos climáticos, la Comisión tratará de determinar las acciones pertinentes a lo largo de la preparación, la ejecución, la revisión y la evaluación del programa. Título II: Enfoque estratégico En el presente Reglamento se han simplificado once objetivos temáticos utilizados en el período 2014-2020 en cinco objetivos políticos claros: 1.Una Europa más inteligente: transformación económica innovadora e inteligente. 2.Una Europa más verde y baja en carbono.

3.Una Europa más conectada: movilidad y conectividad regional en el ámbito de las TIC. 4.Una Europa más social: aplicación del pilar europeo de derechos sociales. 5.Una Europa más próxima a sus ciudadanos: desarrollo sostenible e integrado de las zonas urbanas, rurales y costeras mediante iniciativas locales. Además, los Reglamentos específicos de cada Fondo contienen los objetivos políticos del FAMI, del IGFV y del FSI. Tal simplificación propicia la consecución de sinergias y la flexibilidad entre diversos capítulos dentro de un objetivo determinado, eliminando distinciones artificiales entre políticas diferentes que contribuyen al mismo objetivo. También establece las bases para la concentración temática del FEDER y del FSE. Las «condiciones ex ante» del período 2014-2020 se sustituyen por las «condiciones favorables». Su número es menor, se centran más en los objetivos del fondo en cuestión y, a diferencia del período 2014-2020, son objeto de seguimiento y se aplican a lo largo de todo el período. Se reforzará el siguiente principio: los Estados miembros no podrán declarar los gastos relacionados con objetivos específicos hasta que no se cumpla la condición favorable. De esta forma se garantizará que todas las operaciones cofinanciadas estén en consonancia con el marco de actuación de la UE. Con el fin de actuar sobre la base de las buenas prácticas en materia de orientación del rendimiento, se propone mantener el marco de rendimiento de un modo racionalizado y más claro. Igualmente, se mantiene la condicionalidad vinculada al Semestre Europeo, aunque simplificada. En particular, las recomendaciones específicas por país (REP) se tendrán en cuenta en la programación al menos en dos ocasiones: al inicio de la programación y durante la revisión intermedia. Se mantienen las medidas encaminadas a promover una buena gobernanza económica. Sin embargo, las suspensiones se vincularán únicamente a los compromisos, no a los pagos, para evitar el agravamiento de las crisis económicas. El RDC genera flexibilidad para el FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión. Solo se programarán inicialmente los 5 primeros años. Las asignaciones correspondientes a los 2 últimos años se efectuarán sobre la base de una revisión intermedia significativa y exhaustiva que dará lugar a la reprogramación correspondiente en 2025. En la revisión volverán a considerarse las prioridades y los objetivos iniciales de los programas teniendo en cuenta: los progresos en la consecución de los objetivos al término de 2024; los cambios en la situación socioeconómica; los nuevos retos identificados en las recomendaciones específicas por país. Esta actuación se basa en los conceptos del marco de rendimiento y de la reserva de rendimiento, y refuerza aún más la perspectiva de la política basada en el rendimiento, también mediante la reprogramación. No obstante, se interrumpe la reserva de rendimiento. Se fomentarán las sinergias entre los diferentes instrumentos de la UE a través del proceso de planificación estratégica, en el que se identificarán objetivos comunes y ámbitos comunes de actividad de los diferentes programas, por ejemplo con la política agrícola común (PAC), Horizonte Europa, el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), el Programa Europa Digital, el Programa Erasmus+, el Fondo InvestEU; LIFE; Erasmus+ y el instrumento exterior. Título III: Programación El contenido de los programas será más racional y estratégico. Con el fin de armonizar y agilizar el proceso de programación y la ejecución al comienzo del período, se adjuntan a este Reglamento una plantilla de programa común para los programas del FEDER, del Fondo de Cohesión, del FSE+ y del FEMP, y otra aparte para el FAMI, el IGFV y el FSI. Para que la programación sea más flexible, se establecerá un umbral del 5 % al nivel de prioridad por debajo del cual será posible ajustar las asignaciones dentro del programa sin necesidad de modificarlo formalmente. Al objeto de abordar retos específicos a escala subregional y local, el RDC introduce un enfoque simplificado respecto al desarrollo local participativo (que contempla la posibilidad de denominar un fondo principal, reduciendo la carga administrativa para los beneficiarios). El RDC armoniza asimismo el enfoque respecto a otras herramientas territoriales, incluidas las inversiones territoriales integradas existentes. El RDC incluye asimismo disposiciones que permiten la transferencia voluntaria de recursos hacia los cinco ámbitos de actuación de los instrumentos InvestEU, para beneficiarse de un mecanismo de garantía presupuestaria a nivel de la UE. Por otro lado, los Estados miembros podrían solicitar una transferencia del 5 % como máximo de las asignaciones financieras del programa de cualquiera de los fondos a cualquier otro fondo en régimen de gestión compartida o a cualquier instrumento en régimen de gestión directa o indirecta. Esto facilitaría la consecución de los objetivos fijados para los programas durante su ejecución. Se ha simplificado el enfoque relativo a la asistencia técnica de los Estados miembros. Se introduce un mecanismo de tipos fijos que permite elevar cada pago provisional entre un 2,5 y un 6 %, dependiendo del fondo, y que por tanto vincula el pago de la asistencia técnica por parte de la UE al avance en la ejecución. Además, las acciones de refuerzo de las capacidades administrativas podrán continuar en forma de pagos sujetos a condiciones. Título IV: Seguimiento, evaluación, información y comunicación Los datos electrónicos permiten combinar la simplificación y la transparencia. En el período 2014-2020, excepto en el caso de los precursores del FAMI, el IGFV y el FSI, era obligatorio establecer un sistema de intercambio electrónico de datos entre los beneficiarios y las autoridades de gestión, así como entre las distintas autoridades del sistema de gestión y control. El presente Reglamento se basa en este sistema y desarrolla adicionalmente otros aspectos relativos a la recopilación de datos. Todos los datos necesarios para el seguimiento de los avances en la ejecución, incluidos los resultados y el rendimiento de los programas, se transmitirán ahora por vía electrónica y cada dos meses, lo que significa que la plataforma abierta de datos se actualizará casi en tiempo real. Se propone otorgar un papel más destacado a los comités de seguimiento en la supervisión del rendimiento de los programas y todos los factores que influyen en él. Por lo que respecta a la transparencia, los documentos presentados a los comités de seguimiento deberán estar a disposición del público. Para todos los fondos, la revisión anual del rendimiento constituirá una ocasión para entablar un diálogo estratégico sobre cuestiones clave de la ejecución y el rendimiento de los programas. La transmisión frecuente de datos permite simplificar el proceso de revisión del rendimiento. En el caso de los fondos de la política de cohesión, permite eliminar el documento de informe anual: la reunión anual de revisión se basará en los resultados más recientes y en el conjunto limitado de los datos cualitativos presentados. Se han reforzado las responsabilidades tanto de las autoridades como de los beneficiarios de los programas en lo que atañe a la visibilidad y la comunicación. Unos requisitos comunes sobre comunicación, transparencia y visibilidad garantizan unas acciones de comunicación más coherentes, eficaces y eficientes.

Las evaluaciones se llevarán a cabo de conformidad con los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016, en los que las tres instituciones confirman que las evaluaciones de la legislación y las políticas vigentes deben servir de base para la evaluación de impacto de otras opciones de actuación. Estas evaluaciones analizarán los efectos del programa sobre el terreno, basándose en sus indicadores y metas y en un análisis detallado de la medida en que resulta pertinente, eficaz y eficiente, proporciona un valor añadido de la UE y es coherente con otras políticas de la UE. Las evaluaciones incluirán las lecciones aprendidas, los problemas y las oportunidades para seguir mejorando las actuaciones y sus efectos. Título V: Ayuda financiera Con el fin de reducir la carga administrativa, el RDC sistematiza y refuerza el uso de las opciones de costes simplificados, es decir, el reembolso a tipo fijo, los baremos estándar de costes unitarios y los importes a tanto alzado. Para facilitar la aplicación de tales opciones, el RDC simplifica las normas y los métodos de cálculo, proporcionando más opciones listas para ser utilizadas sobre la base de la propuesta Ómnibus de la Comisión. La opción de pagos sujetos a condiciones contribuirá asimismo a la orientación hacia el rendimiento, al prever que los pagos se basen en el rendimiento logrado y verificado. Los instrumentos financieros constituirán un mecanismo de aplicación clave para las inversiones del período 2021-2027, generando ingresos o ahorros de costes; las disposiciones relativas a su uso se han racionalizado y actualizado para garantizar una ejecución mejor y más fácil, así como un establecimiento más rápido: ·Los instrumentos financieros se integrarán mejor en el proceso de programación y ejecución desde el principio, y la evaluación ex ante se racionalizará en consecuencia. ·Las autoridades de gestión dispondrán de las mismas opciones básicas de ejecución flexible —gestión bajo la responsabilidad de la autoridad de gestión o gestión directa por la autoridad de gestión—, pero las condiciones relacionadas se han simplificado. ·Podrán combinarse los recursos de la UE bajo un solo conjunto común de normas; ya no se aplicarán múltiples normas distintas a situaciones similares. ·Se propone un planteamiento flexible para combinar las subvenciones con los instrumentos financieros. ·Se han clarificado las normas de elegibilidad y se han simplificado las normas sobre costes de gestión y tasas, aunque siguen basándose en el rendimiento para fomentar una gestión eficiente. ·Se han simplificado considerablemente las normas sobre pagos, manteniendo el vínculo primordial entre los pagos a instrumentos financieros y los correspondientes desembolsos a los destinatarios finales. ·Los reflujos y el reciclaje de fondos se han codificado de manera sencilla, para facilitar el flujo de un período a otro. ·No habrá informes adicionales aparte para los instrumentos financieros, pues estos se incorporan al mismo sistema de presentación de informes que las demás formas de financiación. Otras simplificaciones: ·La combinación de diferentes fondos —y de instrumentos financieros y subvenciones— se codifica en reglas sencillas. ·Dejarán de existir normas específicas respecto a las inversiones generadoras de ingresos. ·No habrá procesos de grandes proyectos (en cambio, los proyectos estratégicos se someterán a la supervisión del comité de seguimiento). ·Se simplificará la financiación, por ejemplo aplicando el enfoque de sello de excelencia. Con el fin de evitar el despilfarro relacionado con la competencia por la consecución de subvenciones, se han reforzado las disposiciones sobre la reubicación de empresas. Título VI: Gestión y control

Las tareas y responsabilidades de los distintos organismos en el sistema de gestión y control se exponen con mayor claridad. No hay requisito alguno para emprender el proceso de designación; las disposiciones promueven la continuidad de los sistemas vigentes y normas más simples para la identificación de organismos nuevos. Los requisitos de elegibilidad contribuirán a garantizar que solo puedan optar a la ayuda las operaciones de calidad, que realicen la mayor aportación a la consecución de los objetivos acordados con la mejor relación entre costes y beneficios. También se propone comprobar sistemáticamente si la operación en cuestión es sostenible desde el punto de vista financiero y si su análisis medioambiental se basó en los últimos requisitos. El número de controles y auditorías se reducirá significativamente. De este modo, se atenuará la carga administrativa para las autoridades y los beneficiarios de los programas. Además de las disposiciones de títulos anteriores que reducen la carga de la auditoría, este título atenúa aún más la carga mediante lo siguiente: ·La ampliación del principio de auditoría única. ·La reducción del número de controles. ·En el caso de los programas con una tasa de error baja, un enfoque proporcional mejorado basado en un sistema nacional de buen funcionamiento con un régimen de auditoría mínimo a efectos de garantía. Las operaciones que hayan recibido un Sello de Excelencia en el marco de Horizonte Europa no tendrán que someterse a otro proceso de solicitud y selección si son coherentes con la estrategia de especialización inteligente del programa. De esta manera se reduce la carga tanto para los gestores como para los beneficiarios. De modo similar, este enfoque podría extenderse a otros instrumentos de la UE, como LIFE+ o Erasmus+. Título VII: Gestión financiera, presentación y examen de cuentas y correcciones financieras Se mantiene el sistema de cuentas anuales, incluida la retención del 10 % de los importes declarados en pagos intermedios. La presentación de solicitudes de pago se atendrá a un calendario regular y se realizará cuatro veces al año. Las cuentas de saldo cero no requerirán un procedimiento específico. Esta sección incluye asimismo normas de liberación. Puesto que la simplificación facilitará a los programas la reducción de los retrasos, y con el fin de promover una buena gestión financiera y una ejecución oportuna, el RDC incluye la norma «n+2». Por la misma razón, se ha reducido el nivel de prefinanciación a un pago anual del 0,5 %, basado en la ayuda total de los fondos. En este contexto, a fin de garantizar la disponibilidad de recursos suficientes, puede ser necesario revisar las modalidades de prefinanciación anual del período 2014-2020 respecto del FEDER, el FSE+, el Fondo de Cohesión y el FEMP. Título VIII: Marco financiero Presenta las asignaciones financieras y la cofinanciación basada en categorías de regiones, y se aplica al FEDER, al FSE+ y al Fondo de Cohesión. El RDC también devuelve los porcentajes de cofinanciación de estos tres fondos a los niveles previos a la crisis financiera. Los porcentajes de cofinanciación de la UE aumentaron en el período 2007-2013 para estos tres fondos. Fue una respuesta a la crisis financiera, con el fin de mantener inversiones esenciales en una época de ajuste de los presupuestos públicos. Ya no son necesarios unos porcentajes elevados de cofinanciación de la UE, y su reducción promueve la «percepción de propiedad». Unos menores porcentajes de cofinanciación de la UE dan lugar asimismo a un aumento del presupuesto global de la política de cohesión, teniendo en cuenta las contribuciones nacionales. Esto también contribuye a la flexibilidad financiera a disposición de los Estados miembros, ya que los porcentajes de cofinanciación en lo que atañe a los programas y las prioridades podrán establecerse de manera flexible. Título IX: Delegación de poderes y disposiciones de ejecución, transitorias y finales Para garantizar un inicio temprano de la ejecución en el próximo período, se incluirán en el paquete legislativo todas las disposiciones legislativas necesarias (ya sea en el RDC o en los Reglamentos específicos de cada Fondo). En particular, el número de competencias conferidas se reduce sustancialmente y se mantiene en un nivel mínimo. De este modo se evitarán posibles demoras en la elaboración y la adopción de legislación secundaria. Se garantiza asimismo la coherencia interna de las disposiciones legislativas y la previsibilidad para las partes interesadas, ya que todas las normas de la UE aplicables se encontrarán en un solo lugar. Se introducen condiciones para las operaciones sujetas a ejecución escalonada con el fin de ofrecer claridad y seguridad jurídica respecto a las circunstancias en las que se acepta el escalonamiento. 2018/0196 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 177, 322, apartado 1, letra a), y 349, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, Visto el dictamen del Comité de las Regiones, Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)El artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que, a fin de reforzar su cohesión económica, social y territorial, la Unión ha de proponerse reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas, y que se ha de prestar especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes. El artículo 175 del TFUE exige a la Unión que apoye la consecución de estos objetivos a través de la actuación que realiza mediante el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, sección «Orientación», el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Banco Europeo de Inversiones y otros instrumentos. El artículo 322 del TFUE establece la base para la adopción de las normas financieras que determinan las modalidades de establecimiento y ejecución del presupuesto, así como las referentes a la rendición y censura de cuentas, y para el control de la responsabilidad de los agentes financieros. (2)Con el fin de avanzar en el desarrollo de una ejecución coordinada y armonizada de los Fondos de la UE en régimen de gestión compartida, a saber, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional («FEDER»), el Fondo Social Europeo Plus («FSE+») y el Fondo de Cohesión, así como las medidas financiadas en régimen de gestión compartida en el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca («FEMP»), el Fondo de Asilo y Migración («FAMI»), el Fondo de Seguridad Interior («FSI») y el Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras («IGFV»), deben establecerse normas financieras sobre la base del artículo 322 del TFUE para todos estos Fondos («los Fondos»), especificando claramente el ámbito de aplicación de las disposiciones pertinentes. Además, deben establecerse disposiciones comunes basadas en el artículo 177 del TFUE para cubrir las normas políticas específicas del FEDER, el FSE+, el Fondo de Cohesión y el FEMP. (3)Debido a las especificidades de cada Fondo, es preciso establecer las normas específicas aplicables a cada uno de ellos y al objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) en el marco del FEDER en reglamentos distintos («Reglamentos específicos de cada Fondo»), a fin de complementar las disposiciones del presente Reglamento. (4)Las regiones ultraperiféricas y las regiones septentrionales escasamente pobladas deben beneficiarse de medidas específicas y de financiación adicional con arreglo al artículo 349 del TFUE y al artículo 2 del Protocolo n.° 6 del Acta de Adhesión de 1994. (5)Los principios horizontales contemplados en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea («TUE») y en el artículo 10 del TFUE, incluidos los principios de subsidiariedad y proporcionalidad enunciados en el artículo 5 del TUE, deben respetarse en la ejecución de los Fondos, teniendo en cuenta la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los Estados miembros deben observar asimismo las obligaciones que impone la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y garantizar la accesibilidad en consonancia con su artículo 9 y de acuerdo con el Derecho de la Unión que armoniza los requisitos de accesibilidad aplicables a los productos y los servicios. Los Estados miembros y la Comisión deben procurar la erradicación de las desigualdades, el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de la perspectiva de género, así como la lucha contra la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Los Fondos no deben apoyar acciones que favorezcan cualquier tipo de segregación. Los objetivos de los Fondos deben perseguirse en el marco del desarrollo sostenible y del fomento, por parte de la Unión, del objetivo de conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente, tal como se recoge en el artículo 11 y el artículo 191, apartado 1, del TFUE y teniendo en cuenta el principio de que quien contamina paga. A fin de proteger la integridad del mercado interior, las operaciones en beneficio de empresas deben cumplir las normas de la Unión sobre ayudas estatales establecidas en los artículos 107 y 108 del TFUE. (6)Las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea son aplicables al presente Reglamento. Estas normas se establecen en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento para el establecimiento y la ejecución del presupuesto a través de subvenciones, contratos públicos, premios y ejecución indirecta, y contemplan el control de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también se refieren a la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas por lo que respecta al Estado de Derecho en los Estados miembros, pues la observancia del Estado de Derecho es una condición previa esencial para una buena gestión financiera y una financiación de la UE eficaz. (7)Cuando la Comisión disponga de un plazo establecido para emprender una acción dirigida a los Estados miembros, debe tener en cuenta toda la información y los documentos necesarios de manera oportuna y eficiente. Si la información presentada por los Estados miembros está incompleta o incumple los requisitos del presente Reglamento y de los Reglamentos específicos de cada Fondo, impidiendo así a la Comisión que actúe con pleno conocimiento de causa, se debe suspender el plazo establecido hasta que los Estados miembros cumplan los requisitos reglamentarios. (8)Con el fin de contribuir a la consecución de las prioridades de la Unión, los Fondos deben centrar su apoyo en un número limitado de objetivos políticos en consonancia con sus misiones específicas y con arreglo a sus objetivos basados en el Tratado. Los objetivos políticos del FAMI, el FSI y el IGFV deben establecerse en los respectivos Reglamentos específicos de cada Fondo. (9)Con el fin de reflejar la importancia de abordar el cambio climático en consonancia con el compromiso de la UE de aplicar el Acuerdo de París y su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los Fondos contribuirán a integrar la lucha contra el cambio climático y a conseguir un objetivo global del 25 % de los gastos presupuestarios de la UE en favor de objetivos climáticos. (10)La Comisión debe ejecutar parte del presupuesto de la Unión asignado a los Fondos en régimen de gestión compartida con los Estados miembros a tenor del Reglamento (UE, Euratom) [número del nuevo Reglamento Financiero] del Parlamento Europeo y del Consejo (el «Reglamento Financiero»). Por tanto, al ejecutar los Fondos en régimen de gestión compartida, la Comisión y los Estados miembros deben respetar los principios contemplados en el Reglamento Financiero, como los de buena gestión financiera, transparencia y no discriminación.

(11)El principio de asociación es un elemento clave en la ejecución de los Fondos que se basa en el enfoque de la gobernanza multinivel y garantiza la participación de la sociedad civil y los interlocutores sociales. Con el fin de que haya continuidad en la organización de la asociación, debe seguir siendo de aplicación el Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014 de la Comisión. (12)A nivel de la Unión, el Semestre Europeo de coordinación de la política económica constituye el marco para determinar las prioridades nacionales de reforma y hacer un seguimiento de su ejecución. Los Estados miembros desarrollan sus propias estrategias plurianuales de inversión nacionales en apoyo de estas prioridades de reforma. Esas estrategias deben presentarse junto con los programas de reforma nacionales a fin de esbozar y coordinar los proyectos de inversión prioritarios que han de recibir financiación nacional y de la Unión. También han de servir para dar un uso coherente a la financiación de la Unión y para maximizar el valor añadido del apoyo financiero que se recibe concretamente de los Fondos, de la Función Europea de Estabilización de las Inversiones y de InvestEU. (13)Los Estados miembros deben determinar el modo en que se tienen en cuenta en la preparación de los documentos de programación las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas de conformidad con el artículo 121, apartado 2, del TFUE y las recomendaciones pertinentes del Consejo adoptadas de conformidad con el artículo 148, apartado 4, del TFUE («REP»). Durante el período de programación 2021-2027 («período de programación»), los Estados miembros deben referir periódicamente al comité de seguimiento y a la Comisión los avances en la ejecución de los programas de apoyo a las REP. En las revisiones intermedias, los Estados miembros deben considerar, entre otras cuestiones, la necesidad de modificar los programas para adaptarse a las REP pertinentes que se hayan adoptado o modificado desde que se inició el período de programación. (14)Los Estados miembros deben tener en cuenta en sus programas el contenido de sus proyectos de planes nacionales de energía y clima, que deben desarrollarse con arreglo al Reglamento relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía, y los resultados del proceso que dé lugar a recomendaciones de la Unión sobre dichos planes, así como las necesidades financieras asignadas a inversiones con bajas emisiones de carbono. (15)El Acuerdo de Asociación, elaborado por cada Estado miembro, debe ser un documento estratégico que guíe las negociaciones entre la Comisión y el Estado miembro en cuestión sobre el diseño de los programas. Para atenuar la carga administrativa, no debería ser necesario modificar los acuerdos de asociación durante el período de programación. Los acuerdos de asociación se pueden incluir como parte de un programa con el fin de facilitar la programación y evitar solapamientos en el contenido de los documentos de programación. (16)Cada Estado miembro debe disponer de la flexibilidad necesaria para contribuir a InvestEU con vistas a la provisión de garantías presupuestarias para las inversiones en dicho Estado miembro. (17)Debe establecerse una lista limitada de condiciones favorables, así como un conjunto conciso y exhaustivo de criterios objetivos para su evaluación, con el fin de garantizar los prerrequisitos necesarios para el uso eficaz y eficiente de la ayuda de la Unión concedida por los Fondos. Cada condición favorable debe ir vinculada a un objetivo específico y ser de aplicación automática si dicho objetivo específico resulta seleccionado para recibir ayuda. Si no se cumplen dichas condiciones, los gastos relacionados con operaciones enmarcadas en los correspondientes objetivos específicos no deben incluirse en las solicitudes de pago. Con el fin de mantener un marco de inversión propicio, es necesario realizar un seguimiento periódico del cumplimiento continuo de las condiciones favorables. También es importante garantizar que las operaciones seleccionadas para recibir ayuda se ejecuten de forma coherente con las estrategias y los documentos de planificación que subyacen a las condiciones favorables que se cumplen, garantizando así que todas las operaciones cofinanciadas estén en consonancia con el marco de actuación de la Unión. (18)Los Estados miembros deben establecer para cada programa un marco de rendimiento que abarque todos los indicadores, etapas y metas con el fin de someter a seguimiento y evaluación el rendimiento del programa, e informar sobre él. (19)El Estado miembro debe llevar a cabo una revisión intermedia de cada uno de los programas que reciban ayuda del FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión. Dicha revisión debe dar lugar a un ajuste exhaustivo de los programas basado en su rendimiento, al tiempo que brinda la oportunidad de integrar los nuevos retos y las REP pertinentes formuladas en 2024. Paralelamente, en 2024, junto con el ajuste técnico de 2025, la Comisión debe revisar las asignaciones totales de todos los Estados miembros en el marco del objetivo de inversión en empleo y crecimiento de la política de cohesión para los años 2025, 2026 y 2027, aplicando el método de asignación establecido en el acto de base pertinente. Dicha revisión, junto con el resultado de la revisión intermedia, debe dar lugar a modificaciones de los programas en relación con las asignaciones financieras de los años 2025, 2026 y 2027. (20)Deben perfeccionarse los mecanismos que garantizan un vínculo entre las políticas de financiación de la UE y la gobernanza económica de la Unión, para permitir a la Comisión presentar al Consejo una propuesta de suspensión total o parcial de los compromisos de uno o varios de los programas del Estado miembro en cuestión si este no adopta medidas eficaces en el contexto del proceso de gobernanza económica. Con el fin de garantizar una ejecución uniforme, y dada la importancia de los efectos financieros de las medidas impuestas, deben otorgarse competencias de ejecución al Consejo, que debe actuar basándose en una propuesta de la Comisión. Con el fin de facilitar la adopción de las decisiones necesarias para garantizar una actuación eficaz en el contexto del proceso de gobernanza económica, las votaciones deben hacerse por mayoría cualificada inversa. (21)Es necesario establecer requisitos comunes en lo que respecta al contenido de los programas, teniendo en cuenta la naturaleza específica de cada Fondo. Estos requisitos comunes pueden complementarse con normas específicas de cada Fondo. En el Reglamento (UE) [XXX] del Parlamento Europeo y del Consejo (el «Reglamento de la CTE») deben establecerse disposiciones específicas sobre el contenido de los programas correspondientes al objetivo de cooperación territorial europea (Interreg). (22)Para dotar de flexibilidad a la ejecución de los programas y atenuar la carga administrativa, deben permitirse transferencias financieras limitadas entre las prioridades de un mismo programa sin que sea necesario que la Comisión adopte una decisión por la que se modifique el programa en cuestión. Los cuadros financieros revisados deben presentarse a la Comisión para garantizar la disposición de información actualizada sobre las asignaciones financieras para cada prioridad. (23)Con el fin de consolidar el enfoque respecto al desarrollo territorial integrado, las inversiones en forma de herramientas territoriales tales como las inversiones territoriales integradas («ITI»), el desarrollo local participativo («DLP») o cualquier otra herramienta de esta índole en el marco del objetivo político de «una Europa más próxima a sus ciudadano» en apoyo de iniciativas diseñadas por los Estados miembros respecto a las inversiones programadas para el FEDER deben basarse en estrategias de desarrollo territorial y local. A efectos de las ITI y de las herramientas territoriales diseñadas por los Estados miembros, deben establecerse requisitos mínimos respecto al contenido de las estrategias territoriales. Esas estrategias territoriales deben desarrollarse y respaldarse bajo la responsabilidad de las autoridades u organismos pertinentes. Con el fin de garantizar la participación de las autoridades u organismos pertinentes en la ejecución de las estrategias territoriales, tales autoridades u organismos deben encargarse de la selección de las operaciones que han de recibir apoyo, o participar en dicha selección. (24)Para movilizar mejor el potencial existente a nivel local, es necesario reforzar y facilitar el DLP. En el DLP deben tenerse en cuenta las necesidades y el potencial locales, así como las características socioculturales relevantes, además de favorecer los cambios estructurales, fomentar la capacidad de las comunidades locales y estimular la innovación. Conviene promover la cooperación estrecha y el uso integrado de los Fondos para formular estrategias de desarrollo local. Los grupos de acción local, que representan los intereses de las comunidades locales, deben encargarse, como principio esencial, del diseño y la ejecución de las estrategias de DLP. Con el fin de facilitar el apoyo coordinado de los diferentes Fondos a las estrategias del DLP, así como su ejecución, debe propiciarse la aplicación de un enfoque basado en la determinación de un «Fondo principal». (25)Al objeto de atenuar la carga administrativa, deberá prestarse asistencia técnica a iniciativa del Estado miembro en cuestión mediante la aplicación de un tipo fijo basado en los avances en la ejecución del programa. Esa asistencia técnica puede complementarse con medidas específicas de refuerzo de las capacidades administrativas que utilicen métodos de reembolso no vinculados a los costes. Las acciones y los resultados concretos, así como los pagos correspondientes de la Unión, pueden acordarse en una hoja de ruta y dar lugar a pagos por los resultados obtenidos sobre el terreno. (26)Conviene aclarar que, si un Estado miembro propone a la Comisión que una de las prioridades de un programa o parte de ella reciba apoyo a través de un plan de financiación no vinculado a los costes, las acciones, los resultados concretos y las condiciones acordados deben guardar relación con las inversiones concretas realizadas en el marco de los programas de gestión compartida del Estado miembro o la región de que se trate. (27)Para examinar el rendimiento de los programas, los Estados miembros deben constituir comités de seguimiento. En el caso del FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión, los informes anuales de ejecución deben sustituirse por un diálogo anual estructurado sobre las políticas basado en la información y los datos más recientes facilitados por el Estado miembro en cuestión acerca de la ejecución de los programas. (28)Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016, resulta necesario evaluar los Fondos sobre la base de información recogida según requisitos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo un exceso de regulación y de cargas administrativas, en particular para los Estados miembros. Cuando proceda, esos requisitos pueden incluir indicadores mensurables como base para evaluar los efectos de los Fondos sobre el terreno. (29)Con el fin de garantizar la disponibilidad de información exhaustiva y actualizada sobre la ejecución de los programas, debe exigirse una provisión más frecuente de informes electrónicos basados en datos cuantitativos. (30)Para contribuir a la preparación de programas y actividades relacionados del próximo período de programación, la Comisión debe llevar a cabo una evaluación intermedia de los Fondos. Al final del período de programación, la Comisión debe realizar evaluaciones retrospectivas de los Fondos centradas en los efectos de estos.

(31)Las autoridades de los programas, sus beneficiarios y las partes interesadas de los Estados miembros deben concienciar sobre los logros alcanzados con la financiación de la Unión e informar en consecuencia al público en general. Las actividades relacionadas con la transparencia, la comunicación y la visibilidad son esenciales para hacer visible en la práctica la actuación de la Unión, y deben basarse en una información auténtica, exacta y actualizada. Para poder garantizar el cumplimiento de estos requisitos, las autoridades de los programas y la Comisión deben poder aplicar medidas correctoras en caso de incumplimiento. (32)Las autoridades de gestión deben publicar información estructurada sobre las operaciones y los beneficiarios seleccionados en el sitio web del programa que preste apoyo a la operación, teniendo en cuenta los requisitos relativos a la protección de datos personales de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo. (33)Con vistas a simplificar el uso de los Fondos y reducir el riesgo de error, conviene definir tanto las modalidades de contribución de la Unión a los Estados miembros como las modalidades de ayuda prestada por los Estados miembros a los beneficiarios. (34)En lo que respecta a las subvenciones concedidas a los beneficiarios, los Estados miembros deben hacer cada vez más uso de las opciones de costes simplificados. El umbral asociado al uso obligatorio de opciones de costes simplificados debe vincularse a los costes totales de la operación, con el fin de garantizar el mismo tratamiento de todas las operaciones por debajo del umbral, con independencia de que la ayuda sea pública o privada. (35)Para permitir la ejecución inmediata de los tipos fijos, todo tipo fijo establecido por los Estados miembros en el período 2014-2020 con arreglo a un método de cálculo justo, equitativo y verificable debe seguir aplicándose en operaciones similares financiadas conforme al presente Reglamento, sin que se requiera un nuevo método de cálculo. (36)A fin de optimizar el uso de las inversiones medioambientales cofinanciadas, deben garantizarse las sinergias con el Programa LIFE de Medio Ambiente y Acción por el Clima, en particular a través de sus proyectos integrados estratégicos y los proyectos estratégicos relativos a la naturaleza. (37)Con el fin de ofrecer claridad jurídica, conviene especificar el período de elegibilidad de los gastos o los costes vinculados a las operaciones financiadas por los Fondos con arreglo al presente Reglamento y restringir el apoyo a las operaciones completadas. También es necesario aclarar la fecha a partir de la cual los gastos pasan a ser elegibles con cargo a los Fondos en caso de adopción de nuevos programas o de cambios en los ya existentes, incluida la posibilidad excepcional de ampliar el período de elegibilidad al inicio de una catástrofe natural en caso de que exista una necesidad urgente de movilizar recursos para responder a tal catástrofe. (38)Para que la intervención de los Fondos sea efectiva y justa y tenga un impacto sostenible, deben establecerse disposiciones que garanticen que las inversiones en infraestructuras o las inversiones productivas sean duraderas e impidan obtener de los Fondos ventajas indebidas. Las autoridades de gestión deben cuidarse especialmente de no apoyar la reubicación al seleccionar operaciones y de tratar como irregularidades las cantidades indebidamente pagadas a operaciones que incumplan el requisito de durabilidad. (39)A fin de mejorar las complementariedades y de simplificar la ejecución, la ayuda del Fondo de Cohesión y del FEDER debe poder combinarse con la del FSE+ en programas conjuntos conforme al objetivo de inversión en empleo y crecimiento. (40)Para optimizar el valor añadido de las inversiones financiadas total o parcialmente con cargo al presupuesto de la Unión, deben buscarse sinergias, en particular, entre los Fondos y los instrumentos de gestión directa, incluido el Instrumento Operativo de Reforma. Esas sinergias deben conseguirse por medio de mecanismos clave, concretamente el reconocimiento de los tipos fijos para los costes elegibles de Horizonte Europa en caso de operaciones similares y la posibilidad de combinar la financiación de diferentes instrumentos de la Unión en la misma operación, siempre que se evite la doble financiación. Por lo tanto, el presente Reglamento debe establecer normas para la financiación complementaria procedente de los Fondos. (41)Los instrumentos financieros no deben utilizarse para apoyar actividades de refinanciación, como la recolocación de acuerdos crediticios existentes u otras formas de financiación para inversiones que ya se han completado físicamente o ya se han ejecutado plenamente en la fecha de la decisión de inversión, sino, antes bien, para apoyar inversiones nuevas de todo tipo en consonancia con los objetivos políticos subyacentes. (42)La decisión de financiar medidas de apoyo mediante instrumentos financieros debe tomarse sobre la base de una evaluación ex ante. El presente Reglamento debe establecer los elementos mínimos obligatorios de las evaluaciones ex ante y permitir a los Estados miembros hacer uso de las evaluaciones ex ante efectuadas respecto al período 2014-2020, actualizadas si es necesario, a fin de evitar la carga administrativa y los retrasos en el establecimiento de instrumentos financieros. (43)A fin de facilitar la ejecución de determinados tipos de instrumentos financieros cuando están previstas subvenciones de apoyo complementarias, es posible aplicar las normas sobre instrumentos financieros a esa combinación en una sola operación de instrumento financiero. Deben establecerse condiciones específicas que impidan la doble financiación en tales casos. (44)Sin perjuicio de las normas aplicables sobre ayudas estatales y contratación pública ya clarificadas durante el período de programación 2014-2020, las autoridades de gestión deben tener la posibilidad de decidir cuáles son las opciones de ejecución de los instrumentos financieros más apropiadas para abordar las necesidades específicas de las regiones destinatarias. (45)De conformidad con el principio y las normas de gestión compartida, los Estados miembros y la Comisión deben encargarse de la administración y el control de los programas y garantizar el uso legal y regular de los Fondos. Puesto que los Estados miembros deben ser los principales responsables de la gestión y el control y velar por que las operaciones que reciben ayuda de los Fondos cumplan la legislación aplicable, deben especificarse sus obligaciones a ese respecto. Deben establecerse asimismo las competencias y responsabilidades de la Comisión en este contexto. (46)Para acelerar el inicio de la ejecución de los programas, debe facilitarse la continuidad de las disposiciones de ejecución del período de programación anterior. Debe mantenerse el uso del sistema informático ya establecido para el período de programación anterior, adaptado según proceda, a menos que se requiera una nueva tecnología. (47)Para racionalizar las funciones de gestión de los programas, la integración de las funciones contables con las funciones de la autoridad de gestión debe mantenerse en el caso de los programas que reciben apoyo del FAMI, el FSI y el IGFV, y ser una opción para los demás Fondos. (48)Dado que la autoridad de gestión es la principal responsable de la ejecución eficaz y eficiente de los Fondos y, por consiguiente, cumple un número importante de funciones, deben exponerse al detalle sus funciones en relación con la selección de proyectos, la gestión de los programas y el apoyo al comité de seguimiento. Las operaciones seleccionadas deben estar en consonancia con los principios horizontales. (49)Al objeto de optimizar las sinergias entre los Fondos y los instrumentos de gestión directa, debe facilitarse la prestación de apoyo a las operaciones que ya han recibido una certificación del Sello de Excelencia. (50) Para garantizar un equilibrio adecuado entre la ejecución eficaz y eficiente de los Fondos y los costes y las cargas administrativos conexos, la frecuencia, el alcance y la cobertura de las comprobaciones de gestión deben basarse en una evaluación de riesgos que tenga en cuenta factores como el tipo de operaciones ejecutadas, los beneficiarios y el nivel de riesgo identificado en anteriores comprobaciones y auditorías de la gestión.

(51)La autoridad encargada de las auditorías debe efectuar estas y asegurarse de que el dictamen de auditoría facilitado a la Comisión sea fiable. El dictamen de auditoría debe ofrecer a la Comisión garantías acerca de tres puntos, a saber, la legalidad y regularidad del gasto declarado, el funcionamiento eficaz de los sistemas de gestión y control, y la integridad, exactitud y veracidad de las cuentas. (52)Podría reducirse el número de verificaciones y podrían aligerarse los requisitos de auditoría si hubiera garantías de que el programa ha funcionado eficazmente los dos últimos años consecutivos, pues ello demuestra que la ejecución de los Fondos ha sido eficaz y eficiente durante un espacio de tiempo prolongado. (53)Para atenuar la carga administrativa sobre los beneficiarios y reducir los costes administrativos, la aplicación concreta del principio de auditoría única debe especificarse para los Fondos. (54)Para mejorar la gestión financiera, debe disponerse un régimen simplificado de prefinanciación. El régimen de prefinanciación debe garantizar que un Estado miembro disponga de los medios para prestar apoyo a los beneficiarios desde el inicio de la ejecución del programa. (55)Al objeto de atenuar la carga administrativa tanto para los Estados miembros como para la Comisión, debe establecerse un calendario obligatorio de solicitudes de pago trimestrales. Los pagos de la Comisión deben seguir sujetos a la retención del 10 % hasta el pago del saldo anual de cuentas, cuando la Comisión pueda concluir que las cuentas son completas, exactas y veraces. (56)Con el fin de reducir la carga administrativa, el procedimiento para la aceptación anual de las cuentas debe simplificarse con modalidades de pago y recuperación de importes más sencillas cuando no exista desacuerdo entre la Comisión y el Estado miembro en cuestión. (57)Para salvaguardar los intereses financieros y el presupuesto de la Unión, deben establecerse y aplicarse medidas proporcionadas a nivel de los Estados miembros y de la Comisión. Esta debe poder interrumpir los plazos de pago, suspender los pagos intermedios y aplicar correcciones financieras cuando se cumplan las condiciones respectivas. La Comisión debe respetar el principio de proporcionalidad teniendo en cuenta la naturaleza, la gravedad y la frecuencia de las irregularidades, así como sus implicaciones financieras para el presupuesto de la Unión. (58)Asimismo, los Estados miembros deben evitar, detectar y tratar con eficacia toda irregularidad, en particular el fraude cometido por los beneficiarios. Por otro lado, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y los Reglamentos (Euratom, CE) n.º 2988/95 y n.º 2185/96, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede llevar a cabo investigaciones administrativas, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer la posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar y perseguir el fraude y otros delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal. Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para que toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión coopere plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceda los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y garantice que las terceras partes implicadas en la ejecución de fondos de la Unión concedan derechos equivalentes. Los Estados miembros deben informar a la Comisión de las irregularidades detectadas, en especial el fraude, y del seguimiento que se da a estas irregularidades y a las investigaciones de la OLAF. (59)Con el fin de fomentar la disciplina financiera, conviene definir las modalidades para la liberación de compromisos presupuestarios a escala de un programa. (60)A fin de promover los objetivos de cohesión económica, social y territorial del TFUE, el objetivo de inversión en empleo y crecimiento debe proporcionar apoyo a todas las regiones. Para ofrecer un apoyo equilibrado y gradual y reflejar el nivel de desarrollo económico y social, deben asignarse recursos en el marco de tal objetivo con cargo al FEDER y al FSE+ sobre la base de una clave de asignación basada principalmente en el PIB per cápita. Los Estados miembros con una renta nacional bruta («RNB») per cápita inferior al 90 % de la de la media de la Unión deben beneficiarse del Fondo de Cohesión en el marco del objetivo de inversión en empleo y crecimiento. (61)Conviene establecer criterios objetivos para designar las regiones y zonas que pueden acogerse a la ayuda de los Fondos. Para ello, la identificación de las regiones y zonas a nivel de la Unión debe basarse en el sistema común de clasificación de las regiones establecido por el Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, modificado por el Reglamento (UE) n.º 868/2014 de la Comisión. (62)A fin de establecer un marco financiero adecuado para el FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión, la Comisión debe disponer el desglose anual de las asignaciones disponibles por Estado miembro en el marco del objetivo de inversión en empleo y crecimiento, junto con la lista de regiones elegibles, así como las asignaciones para el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg). Teniendo en cuenta que las asignaciones nacionales de los Estados miembros deben establecerse sobre la base de los datos estadísticos y las previsiones disponibles en 2018, y dadas las incertidumbres de la predicción, la Comisión debe revisar las asignaciones totales de todos los Estados miembros en 2024 sobre la base de las estadísticas más recientes disponibles en ese momento y, cuando exista una divergencia acumulada superior al +/- 5 %, ajustar dichas asignaciones para los años 2025 a 2027, a fin de que en las modificaciones de los programas queden plasmados al mismo tiempo los resultados de la revisión intermedia y el ejercicio de ajuste técnico. (63)Los proyectos de redes transeuropeas de transporte de conformidad con el Reglamento (UE) [nuevo Reglamento sobre el MCE] seguirán estando financiados con cargo al Fondo de Cohesión mediante gestión compartida y mediante el modo de ejecución directa en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» («MCE»). Sobre la base del acertado planteamiento del período de programación 2014-2020, deben transferirse a estos efectos 10 000 000 000 EUR del Fondo de Cohesión al MCE. (64)Debe asignarse cierta cantidad de los recursos del FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión a la Iniciativa Urbana Europea, que debe ejecutarse mediante la gestión directa o indirecta de la Comisión. (65)Con vistas a garantizar una asignación adecuada a categorías de regiones, como principio, las asignaciones totales a los Estados miembros respecto de las regiones menos desarrolladas, las regiones en transición y las regiones más desarrolladas no deben ser transferibles entre estas categorías. No obstante, para atender las necesidades de los Estados miembros de abordar retos específicos, estos deben poder solicitar una transferencia de sus asignaciones para regiones más desarrolladas o para regiones en transición a regiones menos desarrolladas, debiendo justificar tal elección. Con el fin de garantizar la disposición de recursos financieros suficientes para las regiones menos desarrolladas, debe establecerse un límite máximo para las transferencias a regiones más desarrolladas o a regiones en transición. No debe ser posible la transferibilidad de recursos entre objetivos. (66)En el contexto de las circunstancias singulares y específicas de la isla de Irlanda, y con vistas a apoyar la cooperación Norte-Sur en virtud del Acuerdo del Viernes Santo, un nuevo programa transfronterizo «Peace Plus» debe proseguir la labor de los programas anteriores, Peace e Interreg, entre los condados limítrofes de Irlanda e Irlanda del Norte, y basarse en ella. Teniendo en cuenta su importancia práctica, debe darse apoyo a este programa con una asignación específica para seguir apoyando las acciones de paz y reconciliación, y también debe asignársele una parte adecuada de la asignación irlandesa en el marco del objetivo de cooperación territorial europea (Interreg). (67)Es preciso establecer los porcentajes máximos de cofinanciación en el ámbito de la política de cohesión por categoría de regiones, a fin de garantizar que se respete el principio de cofinanciación merced a un grado apropiado de ayuda nacional pública o privada. Estos porcentajes deben reflejar el nivel de desarrollo económico de las regiones en términos de RNB per cápita en relación con la media de la EU-27. (68)A fin de complementar y modificar determinados elementos no esenciales del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la modificación de los elementos contenidos en determinados anexos del presente Reglamento, a saber, las dimensiones y los códigos de los tipos de intervención, las plantillas para los acuerdos de asociación y los programas, las plantillas para la transmisión de datos, el uso del emblema de la Unión, los elementos relativos a los acuerdos de financiación y los documentos estratégicos, la pista de auditoría, los sistemas electrónicos de intercambio de datos y las plantillas para la descripción del sistema de gestión y control, para la declaración de gestión, para el dictamen de auditoría, para el informe de control anual, para la estrategia de auditoría, para las solicitudes de pago, para las cuentas y para la determinación del nivel de las correcciones financieras. (69)Además, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE por lo que respecta al establecimiento de los criterios, aplicables a todos los Estados miembros, para determinar los casos de irregularidades de los que debe informarse, la definición de los costes unitarios, los importes a tanto alzado, los tipos fijos y la financiación no vinculada a los costes, así como al establecimiento de metodologías de muestreo normalizadas listas para ser utilizadas. (70)Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante su trabajo preparatorio, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados.

(71)A fin de garantizar condiciones uniformes para la adopción de acuerdos de asociación, la adopción o la modificación de programas y la aplicación de correcciones financieras, deben conferirse competencias de ejecución a la Comisión. Las competencias de ejecución relacionadas con el formato que debe emplearse para informar sobre las irregularidades, los datos electrónicos que deben registrarse y almacenarse y la plantilla para el informe final de rendimiento deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. Aunque estos actos son de carácter general, debe utilizarse el procedimiento consultivo, ya que solo establecen aspectos técnicos, formularios y plantillas. Las competencias de ejecución en relación con el establecimiento del desglose de las asignaciones financieras correspondientes al FEDER, al FSE+ y al Fondo de Cohesión deben adoptarse sin procedimientos comitológicos, pues meramente reflejan la aplicación de una metodología de cálculo predefinida. (72)Dado que el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, o cualquier otro acto aplicable al período de programación 2014-2020, debe seguir aplicándose a los programas y las operaciones financiados por los Fondos cubiertos por el período de programación 2014-2020, y puesto que se espera que el período de ejecución del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 se extienda hasta el período de programación cubierto por el presente Reglamento, y con el fin de garantizar la continuidad en la ejecución de determinadas operaciones aprobadas con arreglo al citado Reglamento, conviene establecer disposiciones de ejecución escalonada. Cada una de las fases de la operación escalonada, que persigue el mismo objetivo general, debe ejecutarse con arreglo a las normas del período de programación pertinente conforme al cual recibe la financiación. (73)Los objetivos del presente Reglamento, a saber, reforzar la cohesión económica, social y territorial y establecer normas financieras comunes para parte del presupuesto de la Unión ejecutado en régimen de gestión compartida, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros debido, por un lado, a la amplitud de las disparidades entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y al retraso de las regiones menos favorecidas, así como a lo limitado de los recursos financieros de los Estados miembros y las regiones, y, por otro, a la necesidad de un marco de ejecución coherente que abarque varios fondos de la Unión en régimen de gestión compartida. Dado que estos objetivos pueden, por tanto, lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad enunciado en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en ese mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. (74)El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Título I

OBJETIVOS Y NORMAS GENERALES DE AYUDA CAPÍTULO I

Objeto y definiciones Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación 1.Por el presente Reglamento se establecen: a)las normas financieras para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional («FEDER»), el Fondo Social Europeo Plus («FSE+»), el Fondo de Cohesión («FC»), el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca («FEMP»), el Fondo de Asilo y Migración («FAMI»), el Fondo de Seguridad Interior («FSI») y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados («IGFV») (en lo sucesivo, «los Fondos»); b)las disposiciones comunes aplicables al FEDER, al FSE+, al Fondo de Cohesión y al FEMP. 2.El presente Reglamento no se aplicará a los capítulos de Empleo e Innovación Social y de Salud del FSE+, ni a los componentes de gestión directa o indirecta del FEMP, el FAMI, el FSI y el IGFV, salvo en el caso de la asistencia técnica por iniciativa de la Comisión. 3.Los artículos 4 y 10, el capítulo III del título II, el capítulo II del título III y el título VIII no se aplicarán al FAMI, al FSI ni al IGFV. 4.El título VIII no se aplicará al FEMP. 5.El artículo 11 del capítulo II y el artículo 15 del capítulo III del título II, el capítulo I del título III, los artículos 33 a 36 y el artículo 38, apartados 1 a 4, del capítulo I, el artículo 39 del capítulo II, el artículo 45 del capítulo III del título IV, los artículos 67, 71, 73 y 74 del capítulo II y el capítulo III del título VI o se aplicarán a los programas Interreg. 6.Los Reglamentos específicos de cada Fondo enumerados a continuación podrán establecer normas complementarias al presente Reglamento, pero dichas normas no podrán contradecir lo dispuesto en el presente Reglamento. En caso de duda sobre la aplicación del presente Reglamento y de los Reglamentos específicos de cada Fondo, prevalecerá el presente Reglamento: a)Reglamento (UE) […] (en lo sucesivo, «el Reglamento del FEDER y del FC»); b)Reglamento (UE) […] (en lo sucesivo, «el Reglamento del FSE+»); c)Reglamento (UE) […] (en lo sucesivo, «el Reglamento de la CTE»); d)Reglamento (UE) […] (en lo sucesivo, «el Reglamento del FEMP»);

e)Reglamento (UE) […] (en lo sucesivo, «el Reglamento del FAMI»); f)Reglamento (UE) […] (en lo sucesivo, «el Reglamento del FSI»); g)Reglamento (UE) […] (en lo sucesivo, «el Reglamento del IGFV»). Artículo 2

Definiciones A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las siguientes definiciones: 1)«recomendaciones específicas pertinentes por país»: las recomendaciones del Consejo adoptadas con arreglo al artículo 121, apartado 2, y al artículo 148, apartado 4, del TFUE en relación con los desafíos estructurales que es preciso abordar mediante inversiones plurianuales que entran en el ámbito de aplicación de los Fondos tal como se establece en los Reglamentos específicos de cada Fondo, así como las recomendaciones pertinentes adoptadas con arreglo al artículo [XX] del Reglamento (UE) n.º [número del nuevo Reglamento relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía] del Parlamento Europeo y del Consejo; 2)«Derecho aplicable»: el Derecho de la Unión y el Derecho nacional relativo a su aplicación; 3)«operación»: a)un proyecto, contrato, acción o grupo de proyectos seleccionados en el marco de los programas en cuestión; b)en el contexto de los instrumentos financieros, una contribución de un programa a un instrumento financiero y el posterior apoyo financiero prestado a los destinatarios finales por dicho instrumento financiero; 4)«operación de importancia estratégica»: una operación que realiza una contribución clave a la hora de conseguir los objetivos de un programa y que está sujeta a medidas de seguimiento y comunicación particulares; 5)«prioridad»: en el contexto del FAMI, el FSI y el IGFV, un objetivo específico; en el contexto del FEMP, un «tipo de áreas de apoyo» a las que se alude en la nomenclatura establecida en el anexo III del Reglamento del FEMP; 6)«objetivo específico»: en el contexto del FEMP, las «zonas de ayuda» a las que se hace referencia en el anexo III del Reglamento del FEMP; 7)«organismo intermedio»: todo organismo de Derecho público o privado que actúe bajo la responsabilidad de una autoridad de gestión, o que desempeñe funciones o tareas en nombre de dicha autoridad; 8)«beneficiario»: a)un organismo de Derecho público o privado, una entidad con o sin personalidad jurídica o una persona física, responsable ya sea únicamente de iniciar, o de iniciar y ejecutar operaciones; b)en el contexto de las asociaciones público-privadas («APP»), el organismo de Derecho público que inicia una operación de APP o el socio privado seleccionado para su ejecución; c)en el contexto de los regímenes de ayudas estatales, la empresa que recibe la ayuda; d)en el contexto de los instrumentos financieros, el organismo que ejecuta el fondo de cartera o, si no existe una estructura de fondos de cartera, el organismo que ejecuta el fondo específico de que se trate o, cuando la autoridad de gestión administre el instrumento financiero, la autoridad de gestión; 9)«fondo para pequeños proyectos»: operación dentro de un programa Interreg, cuyo objetivo sea seleccionar y ejecutar proyectos de volumen financiero limitado;

10)«meta»: un valor previamente acordado que debe alcanzarse al final del período de programación en relación con un indicador incluido en un objetivo específico; 11)«etapa»: un valor intermedio que debe alcanzarse en un momento determinado del período de programación en relación con un indicador incluido en un objetivo específico; 12)«indicador de realización»: indicador para medir los resultados concretos de la intervención; 13)«indicador de resultados»: indicador para medir los efectos a corto plazo de las intervenciones a las que se presta apoyo, con especial referencia a los destinatarios directos, la población a quien se dirige la intervención o los usuarios de las infraestructuras; 14)«operación de APP»: operación que se lleva a cabo en el marco de una asociación entre organismos públicos y el sector privado, con arreglo a un acuerdo de APP, y cuyo objetivo consiste en prestar servicios públicos al tiempo que se comparten riesgos, se ponen en común conocimientos técnicos especializados del sector privado o se aportan fuentes adicionales de capital; 15)«instrumento financiero»: estructura a través de la cual se proporcionan productos financieros; 16)«producto financiero»: inversiones en capital o cuasicapital, préstamos o garantías, tal como se definen en el artículo 2 del Reglamento (UE, Euratom) [...] (en lo sucesivo, «el Reglamento Financiero»); 17)«destinatario final»: persona jurídica o física que recibe ayuda de los Fondos a través de un beneficiario de un fondo para pequeños proyectos o de un instrumento financiero; 18)«contribución del programa»: ayuda prestada por los Fondos y la cofinanciación nacional pública y privada, si la hubiera, a un instrumento financiero; 19)«organismo que ejecuta el instrumento financiero»: organismo, sujeto a Derecho público o privado, que lleva a cabo cometidos de un fondo de cartera o de un fondo específico; 20)«fondo de cartera»: fondo creado por una autoridad de gestión en el marco de uno o varios programas para ejecutar instrumentos financieros a través de uno o varios fondos específicos; 21)«fondo específico»: fondo creado por una autoridad de gestión o un fondo de cartera para ofrecer productos financieros a los destinatarios finales; 22)«efecto de palanca»: importe de la financiación reembolsable facilitada a los destinatarios finales dividido por el importe de la contribución de los Fondos; 23)«coeficiente multiplicador»: en el contexto de los instrumentos de garantía, la razón entre el valor de los nuevos préstamos desembolsados subyacentes, las inversiones en capital o cuasicapital y el importe de la contribución del programa reservada conforme a lo convenido en los contratos de garantía para cubrir las pérdidas previstas e imprevistas derivadas de estos nuevos préstamos e inversiones en capital o cuasicapital; 24)«costes de gestión»: los costes directos o indirectos reembolsados contra prueba del gasto en que se haya incurrido en la ejecución de los instrumentos financieros; 25)«comisiones de gestión»: precio de los servicios prestados, determinado en el acuerdo de financiación entre la autoridad de gestión y el organismo que ejecuta un fondo de cartera o un fondo específico; y, cuando proceda, entre el organismo que ejecuta un fondo de cartera y el organismo que ejecuta un fondo específico; 26)«reubicación»: traslado de la misma actividad o similar de o parte de la misma, a tenor del artículo 2, punto 61 bis, del Reglamento (UE) n.° 651/2014 de la Comisión, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE; 27)«contribución pública»: toda contribución a la financiación de operaciones que tiene su origen en el presupuesto de autoridades públicas nacionales, regionales o locales, o de toda Agrupación europea de cooperación territorial (AECT) establecida con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, en el presupuesto de la Unión facilitado a través de los Fondos, en el presupuesto de organismos de Derecho público o en el de asociaciones de autoridades públicas o de organismos de Derecho público, y que, a efectos de determinar el porcentaje de cofinanciación de los programas o prioridades del FSE+, puede incluir recursos financieros aportados colectivamente por empresarios y trabajadores; 28)«ejercicio contable»: el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de junio del año siguiente, excepto en el caso del primer ejercicio contable del período de programación, con respecto al cual significa el período comprendido entre la fecha de inicio de la elegibilidad del gasto y el 30 de junio de 2022; referido al último ejercicio contable, el período comprendido entre el 1 de julio de 2029 y el 30 de junio de 2030; 29)«irregularidad»: todo incumplimiento del Derecho aplicable, derivado de un acto u omisión de un operador económico que participa en la ejecución de los Fondos, que tenga o pueda tener un efecto perjudicial en el presupuesto de la Unión al imputar a este un gasto injustificado;

30)«deficiencia grave»: deficiencia en el funcionamiento efectivo del sistema de gestión y control de un programa que hace necesarias mejoras significativas de dichos sistemas y que da lugar a que cualquiera de los requisitos clave 2, 4, 5, 9, 12, 13 y 15 mencionados en el anexo X o dos o más de los demás requisitos clave se valoren como pertenecientes a las categorías 3 y 4 de dicho anexo; 31)«índice de error total»: suma de los errores aleatorios proyectados y, si procede, de los errores sistémicos y de los errores anómalos sin corregir, dividida por la población; 32)«índice de error residual»: índice de error total menos las correcciones financieras aplicadas por el Estado miembro con la intención de reducir los riesgos detectados por la autoridad de auditoría en sus auditorías de operaciones; 33)«operación completada»: aquella que ha concluido materialmente o se ha ejecutado íntegramente y con respecto a la cual los beneficiarios han abonado todos los pagos relacionados y han percibido la correspondiente contribución pública; 34)«unidad de muestreo»: una de las unidades (puede ser una operación, un proyecto perteneciente a una operación o una solicitud de pago de un beneficiario) en que se divide la población a efectos de muestreo; 35)«cuenta de garantía bloqueada»: en el caso de una operación de APP, cuenta bancaria que se rige por un acuerdo escrito entre un organismo público beneficiario y el socio privado aprobado por la autoridad de gestión o un organismo intermedio, y que se utiliza para los pagos realizados durante el período de elegibilidad y/o después de él; 36)«participante»: persona física que se beneficia de una operación pero que no recibe ayuda financiera de los Fondos; 37)«defensa contra el cambio climático»: proceso destinado a garantizar que las infraestructuras sean resilientes ante los efectos adversos del clima con arreglo a la normativa y las orientaciones nacionales, si las hubiera, o a normas reconocidas internacionalmente. Artículo 3

Cómputo de plazos para las actuaciones de la Comisión Cuando la Comisión disponga de un plazo establecido para actuar, dicho plazo empezará a contar cuando el Estado miembro del que se trate haya presentado toda la información con arreglo a lo exigido en el presente Reglamento o en los Reglamentos específicos de cada Fondo. Dicho plazo se suspenderá a partir del día siguiente a la fecha en que la Comisión envíe sus observaciones o una petición de documentos revisados al Estado miembro en cuestión y hasta que dicho Estado miembro responda a la Comisión. CAPÍTULO II

Objetivos políticos y principios que rigen la ayuda de los Fondos Artículo 4

Objetivos políticos 1.El FEDER, el FSE+, el Fondo de Cohesión y el FEMP prestarán su apoyo a los siguientes objetivos políticos: a)una Europa más inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente; b)una Europa más verde y baja en carbono, promoviendo una transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos; c)una Europa más conectada mediante el refuerzo de la movilidad y la conectividad regional en el ámbito de las TIC; d)una Europa más social mediante la aplicación del pilar europeo de derechos sociales; e)una Europa más próxima a sus ciudadanos, fomentando el desarrollo integrado y sostenible de las zonas urbanas, rurales y costeras y las iniciativas locales. 2.El FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión contribuirán a las acciones de la Unión encaminadas a reforzar su cohesión económica, social y territorial de conformidad con el artículo 174 del TFUE, mediante la consecución de los siguientes objetivos:

a)inversión en empleo y crecimiento en los Estados miembros y las regiones, con el apoyo del FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión; y b)cooperación territorial europea (Interreg), con el apoyo del FEDER. 3.Los Estados miembros informarán sobre el apoyo a los objetivos medioambientales y climáticos aplicando una metodología basada en diversos tipos de intervención para cada uno de los Fondos. Esa metodología consistirá en atribuir una ponderación específica a la ayuda proporcionada en un nivel que refleje en qué medida dicha ayuda contribuye a la consecución de los objetivos medioambientales y climáticos. En el caso del FEDER, el FSE+ y el Fondo de Cohesión, la ponderación dependerá de las dimensiones y los códigos establecidos para los tipos de intervención en el Anexo I. 4.Los Estados miembros y la Comisión garantizarán la coordinación, complementariedad y coherencia entre los Fondos y otros instrumentos de la Unión, como el programa de apoyo a las reformas, incluidos el Instrumento Operativo de Reforma y el Instrumento de Apoyo Técnico. Asimismo, optimizarán los mecanismos de coordinación entre los responsables de evitar duplicaciones durante las fases de planificación y ejecución. Artículo 5

Gestión compartida 1.Los Estados miembros y la Comisión ejecutarán la parte del presupuesto de la Unión asignada a los Fondos en régimen de gestión compartida de conformidad con el artículo [63] del Reglamento (UE, Euratom) [número del nuevo Reglamento Financiero] (en lo sucesivo, «el Reglamento Financiero»). 2.No obstante, la Comisión ejecutará el importe de la ayuda procedente del Fondo de Cohesión transferida al Mecanismo «Conectar Europa» (en lo sucesivo, «MCE»), la Iniciativa Urbana Europea, las inversiones interregionales en innovación, el importe de la ayuda procedente del FSE+ transferida a la cooperación transnacional, los importes de la contribución a InvestEU y la asistencia técnica por iniciativa de la Comisión en régimen de gestión directa o indirecta de conformidad con [el artículo 62, apartado 1, letras a) y c)] del Reglamento Financiero. 3.La Comisión podrá ejecutar la cooperación con las regiones ultraperiféricas en el marco del objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) en régimen de gestión indirecta. Artículo 6

Asociación y gobernanza multinivel 1.Cada Estado miembro organizará una asociación con las autoridades regionales y locales competentes. Dicha asociación constará, como mínimo, de los siguientes socios: a)autoridades urbanas y otras autoridades públicas; b)interlocutores económicos y sociales; c)los organismos pertinentes que representen a la sociedad civil, los interlocutores medioambientales y los organismos responsables de promover la inclusión social, los derechos fundamentales, los derechos de las personas con discapacidad, la igualdad de género y la no discriminación. 2.Con arreglo al principio de la gobernanza multinivel, el Estado miembro procurará la participación de estos socios en la preparación de los Acuerdos de Asociación y a lo largo de los procesos de preparación y ejecución de los programas, por ejemplo, mediante la participación en comités de seguimiento con arreglo al artículo 34. 3.La organización y la ejecución de la asociación se llevarán a cabo de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) n.° 240/2014 de la Comisión. 4.Una vez al año, como mínimo, la Comisión consultará a las organizaciones representativas de los socios a nivel de la Unión sobre la ejecución de los programas. Título II

Enfoque estratégico CAPÍTULO I

Acuerdo de Asociación Artículo 7

Preparación y presentación del Acuerdo de Asociación 1.Cada Estado miembro elaborará un Acuerdo de Asociación en el que se establezcan los mecanismos para utilizar los Fondos de modo eficaz y eficiente durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027.

2.El Estado miembro presentará el Acuerdo de Asociación a la Comisión con anterioridad o simultáneamente a la presentación del primer programa. 3.El Acuerdo de Asociación podrá presentarse junto con el programa nacional de reformas correspondiente. 4.El Estado miembro redactará el Acuerdo de Asociación con arreglo a la plantilla establecida en el anexo II. Podrá incluir el Acuerdo de Asociación en uno de sus programas. 5.Los programas Interreg podrán presentarse a la Comisión antes presentar el Acuerdo de Asociación. Artículo 8

Contenido del Acuerdo de Asociación El Acuerdo de Asociación constará de los siguientes elementos: a)objetivos políticos seleccionados, con indicación de qué Fondos y programas contribuirán a su consecución y la justificación correspondiente, además de, cuando proceda, la justificación del uso de la modalidad de ejecución de InvestEU, teniendo en cuenta las recomendaciones específicas pertinentes por país; b)para cada uno de los objetivos políticos seleccionados a los que se hace referencia en la letra a): i) un resumen de las políticas elegidas y de los principales resultados previstos para cada uno de los Fondos, incluido, cuando proceda, el uso de InvestEU; ii) coordinación, delimitación y aspectos complementarios entre los Fondos, así como, cuando proceda, la coordinación entre programas nacionales y regionales; iii) aspectos complementarios entre los Fondos y otros instrumentos de la Unión, incluidos los proyectos estratégicos integrales de LIFE y los proyectos estratégicos relativos a la naturaleza; c)asignación financiera preliminar de cada uno de los Fondos por objetivo político a escala nacional, respetando las normas específicas de cada Fondo sobre concentración temática; d)cuando proceda, desglose de los recursos financieros por categoría de regiones con arreglo al artículo 102, apartado 2, e importes de los créditos propuestos para su transferencia entre categorías de regiones con arreglo al artículo 105; e)importes que cada uno de los Fondos aportará a InvestEU por categoría de regiones; f)lista de los programas planificados en los Fondos con las respectivas asignaciones financieras preliminares por Fondo y la correspondiente contribución nacional por categoría de regiones; g)resumen de las actuaciones que emprenderá el Estado miembro en cuestión con el fin de reforzar su capacidad administrativa para la ejecución de los Fondos. Con respecto al objetivo de cooperación territorial europea (Interreg), el Acuerdo de Asociación contendrá únicamente la lista de programas planificados. Artículo 9

Aprobación del Acuerdo de Asociación 1.La Comisión evaluará el Acuerdo de Asociación y si cumple lo dispuesto en el presente Reglamento y las normas específicas de cada Fondo. En su evaluación, la Comisión tendrá en cuenta, en particular, las recomendaciones específicas pertinentes por país. 2.La Comisión podrá formular observaciones en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que el Estado miembro presente el Acuerdo de Asociación.

3.El Estado miembro revisará el Acuerdo de Asociación teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Comisión. 4.La Comisión adoptará una decisión, mediante un acto de ejecución por el que se aprobará el Acuerdo de Asociación, en un plazo máximo de cuatro meses a partir de la fecha en que el Estado miembro en cuestión haya presentado dicho Acuerdo de Asociación. El Acuerdo de Asociación no se modificará. 5.Si se incluye el Acuerdo de Asociación en un programa con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 4, la C