[pic] | COMISIÓN EUROPEA |

Bruselas, 16.3.2011

COM(2011) 121 final

2011/0058 (CNS)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL CONSEJO

relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)

{SEC(2011) 315 final}{SEC(2011) 316 final}

ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 4

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA 4

2. RESULTADO DE LAS CONSULTAS DE LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO 6

3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 6

4. REPERCUSIONES FINANCIERAS 6

DIRECTIVA DEL CONSEJO relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) 6

CAPÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN 6

CAPÍTULO II CONCEPTOS FUNDAMENTALES 6

CAPÍTULO III OPCIÓN POR EL RÉGIMEN PREVISTO EN LA PRESENTE DIRECTIVA 6

CAPÍTULO IV CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE 6

CAPÍTULO V PERIODIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN 6

CAPÍTULO VI AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 6

CAPÍTULO VII PÉRDIDAS 6

CAPÍTULO VIII DISPOSICIONES RELATIVAS A LA ENTRADA EN EL RÉGIMEN PREVISTO EN LA PRESENTE DIRECTIVA Y AL ABANDONO DEL MISMO 6

CAPÍTULO IX CONSOLIDACIÓN 6

CAPÍTULO X ENTRADA EN EL GRUPO Y ABANDONO DEL GRUPO 6

CAPÍTULO XI REORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 6

CAPÍTULO XII OPERACIONES ENTRE EL GRUPO Y OTRAS ENTIDADES 6

CAPÍTULO XIII OPERACIONES ENTRE EMPRESAS ASOCIADAS 6

CAPÍTULO XIV NORMAS ANTIFRAUDE 6

CAPÍTULO XV ENTIDADES TRANSPARENTES 6

CAPÍTULO XVI DISTRIBUCIÓN DE LA BASE IMPONIBLE CONSOLIDADA 6

CAPÍTULO XVII ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 6

CAPÍTULO XVIII DISPOSICIONES FINALES 6

ANEXOS 6

ANEXO I 6

ANEXO II 6

ANEXO III 6

FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA PARA LAS PROPUESTAS 6

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA

El establecimiento de una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) tiene por objeto superar algunos de los principales obstáculos al crecimiento en el mercado único. Al no existir una normativa común en el ámbito del impuesto sobre sociedades, a menudo la interacción de los regímenes fiscales nacionales provoca una tributación excesiva y una doble imposición y hace que las sociedades tengan que soportar cargas administrativas onerosas y elevados costes de cumplimiento en materia tributaria. Esta situación desincentiva la inversión en la UE y, por tanto, impide el cumplimiento de las prioridades establecidas en «Europa 2020 – una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador»[1]. El establecimiento de la BICCIS constituye una iniciativa importante en la senda hacia la supresión de los obstáculos a la plena realización del mercado único[2] y ha sido considerada en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento[3] una iniciativa de fomento del crecimiento que debe ponerse en marcha de forma prioritaria con vistas al estímulo del crecimiento y a la creación de empleo.

El enfoque común propuesto garantizaría la coherencia de los regímenes fiscales nacionales pero no supondría una armonización de los tipos impositivos. Es preciso fomentar una competencia leal con respecto a los tipos impositivos. Las existencia de tipos diferenciados permite mantener cierto grado de competencia fiscal dentro del mercado interior, y esta competencia fiscal leal basada en los tipos brinda mayor transparencia y permite a los Estados miembros tener en cuenta tanto su competitividad en el mercado como sus necesidades presupuestarias a la hora de fijar sus tipos impositivos.

La BICCIS es compatible con una nueva concepción de los regímenes fiscales y con el paso a una fiscalidad orientada en mayor medida al crecimiento y a la protección del medio ambiente, tal como recomienda la estrategia Europa 2020. Una de los principales objetivos de la propuesta ha sido diseñar una base imponible común que apoye la investigación y el desarrollo. En el marco de la BICCIS, serán deducibles todos los costes relacionados con dichos ámbitos. Mediante este enfoque, se estimulará a las sociedades que opten por aplicar el sistema a proseguir sus inversiones en investigación y desarrollo. En la medida en que se prevé la compensación de las pérdidas económicas a escala transfronteriza, la consolidación con arreglo a la BICCIS tiende a reducir la base imponible común. Con todo, y a nivel general, esta base común debería dar lugar a una base media en la UE más amplia que la actual, fundamentalmente debido a la opción seleccionada para la amortización del inmovilizado.

Hoy en día, uno de los principales obstáculos al mercado único es el elevado coste derivado de cumplir los trámites relacionados con los precios de transferencia aplicando el principio de plena competencia. Concretamente, la forma en que tienden a organizarse los grupos estrechamente integrados revela claramente que la fijación de precios operación por operación con arreglo al principio de plena competencia puede haber dejado de ser el método más adecuado para la asignación de beneficios. Dentro de la UE, sólo puede recurrirse a la posibilidad de efectuar una compensación de pérdidas a escala transfronteriza en un número limitado de casos, lo que genera una situación de tributación excesiva para las empresas que llevan a cabo actividades transfronterizas. Por otro lado, la red de convenios de doble imposición no aporta una solución adecuada con vistas a la supresión de la doble imposición en el mercado único, puesto que se ha concebido para ser utilizada en un contexto bilateral a escala internacional y no en un contexto de estrecha integración.

El BICCIS es un régimen de normas comunes destinadas al cálculo de la base imponible de las sociedades que residen a efectos fiscales en la UE y de las sucursales de las sociedades de terceros países situadas en la UE. En concreto, esta estructura fiscal común establece normas para el cálculo de los resultados fiscales individuales de cada sociedad (o de su sucursal), la consolidación de dichos resultados, en caso de que existan otros miembros del grupo, y la distribución de la base imponible consolidada entre cada uno de los Estados miembros admisibles.

Podrán aplicar la BICCIS empresas de todos los tamaños; las multinacionales verán eliminados algunos de los obstáculos fiscales a los que se enfrentan dentro del mercado único y las pequeñas y medianas empresas soportarán menores costes de cumplimiento cuando decidan ampliar sus actividades comerciales a otro Estado miembro. El sistema tiene carácter facultativo. Dado que no todas las empresas operan a escala transfronteriza, no se obligará a aquellas que no tengan previsto expandir su actividad más allá de su territorio nacional a soportar el coste que supondrá el paso al nuevo régimen tributario vinculado a la BICCIS.

La armonización sólo afectará al cálculo de la base imponible y no interferirá en la contabilidad financiera. Además, los Estados miembros mantendrán sus normativas nacionales en materia de contabilidad financiera y el régimen de la BICCIS introducirá normas independientes para el cálculo de la base imponible de las sociedades. Dichas normas no afectarán a la elaboración de las cuentas anuales o consolidadas.

Tampoco está previsto ampliar la armonización a los tipos impositivos. Cada Estado miembro seguirá aplicando su propio tipo a la parte que le corresponda de la base imponible de los sujetos pasivos.

De adoptarse la BICCIS, los grupos de empresas tendrán que aplicar un único conjunto de normas fiscales en toda la Unión y tratar únicamente con una sola administración tributaria (ventanilla única). Una empresa que opte por aplicar la BICCIS dejará de estar sujeta a las disposiciones nacionales relativas al impuesto sobre sociedades en todos los aspectos regulados por la normativa común. Una empresa que no reúna los requisitos para optar o no opte por el régimen previsto en la Directiva BICCIS seguirá sujeta a la normativa nacional en materia de impuesto sobre sociedades, la cual puede contemplar regímenes de incentivos fiscales específicos a favor de la investigación y el desarrollo.

Las empresas que operen más allá de sus fronteras nacionales se beneficiarán tanto de la introducción de la compensación transfronteriza de las pérdidas como de la reducción de los costes de cumplimiento vinculados al impuesto sobre sociedades. Permitir la consolidación inmediata de los beneficios y las pérdidas a efectos de cálculo de las bases imponibles en toda la UE supone un paso adelante en la reducción de la tributación excesiva en situaciones transfronterizas y, por tanto, de cara a la mejora de las condiciones de neutralidad fiscal entre las actividades nacionales y transfronterizas a fin de explotar con más eficacia el potencial del mercado interior. Un cálculo efectuado sobre una muestra de multinacionales de la UE ha puesto de relieve que, como promedio, aproximadamente el 50 % de los grupos multinacionales no financieros y el 17 % de los financieros podrían salir beneficiados de una compensación transfronteriza inmediata de las pérdidas.

Una importante ventaja de la introducción de la BICCIS será la reducción de los costes de cumplimiento que soportan las empresas. Según un estudio llevado a cabo, de aplicarse la BICCIS, la reducción de los costes de cumplimiento relacionados con tareas recurrentes en el ámbito fiscal se situaría en torno al 7 %. Se espera que la reducción, tanto efectiva como aparente de los costes de cumplimento ejerza una influencia fundamental en la capacidad y voluntad de expansión exterior de las empresas a medio y largo plazo. Está previsto que la aplicación de la BICCIS lleve aparejado un importante ahorro de tiempo y de ingresos en materia de cumplimento en el caso de las empresas matrices que establezcan una nueva filial en un Estado miembro diferente. Los expertos en el ámbito fiscal que han participado en el estudio han estimado que la media de los gastos en que incurre una gran empresa que implanta una nueva filial en otro Estado miembro asciende a unos 140 000 € (0,23 % de su volumen de negocios). La BICCIS reducirá esos costes en 87 000 € o en un 62 %. El ahorro que puede lograr una empresa de medianas dimensiones es aún más significativo, ya que está previsto que sus costes se reduzcan de 128 000 € (0,55 % del volumen de negocios) a 42 000 €, es decir una disminución del 67 %.

La propuesta beneficiará a todas las empresas, cualquiera que sea su envergadura, pero tendrá un papel especialmente relevante en el marco del esfuerzo de apoyo y fomento de las PYME con vistas a que estas logren el mayor provecho posible del mercado único, tal como se explica en la Revisión de la «Small Business Act» para Europa[4]. En particular, la BICCIIS contribuirá a reducir los obstáculos fiscales y las cargas administrativas permitiendo a las PYME extender sus actividades en toda la UE con más facilidad e incurriendo en menores costes. En virtud de la BICCIS, las PYME que operen a escala transfronteriza y opten por aplicar el régimen deberán calcular su base imponible consolidada recurriendo exclusivamente a un conjunto único de disposiciones fiscales. La BICCIS constituye un complemento de la Sociedad Privada Europea (SPE), iniciativa que está siendo objeto de discusión en el Consejo. El establecimiento de un marco común para el cálculo de la base imponible de las sociedades en la UE resultaría especialmente útil para las SPE que operaran en varios Estados miembros.

La presente propuesta no tiene por objeto incidir en los ingresos fiscales y se ha analizado su impacto sobre la distribución de las bases imponibles entre los Estados miembros de la UE. De hecho, el impacto sobre los ingresos de los Estados miembro dependerá en definitiva de las decisiones estratégicas que se adopten a escala nacional con vistas a adaptar, en su caso, la combinación de los diversos instrumentos fiscales o tipos impositivos aplicados. A este respecto, resulta difícil prever la repercusión precisa del régimen sobre cada Estado miembro en particular. En este contexto, como excepción al principio general, cuando el resultado de la distribución de la base imponible entre Estados miembros no represente de forma equitativa el alcance de la actividad empresarial, una cláusula de salvaguardia prevé la aplicación de un método alternativo. Además, la Directiva incluye una cláusula a fin de estudiar el impacto al cabo de cinco años.

Por lo que respecta a los Estados miembros, la introducción de un régimen facultativo hará evidentemente que las administraciones tributarias tengan que gestionar dos regímenes fiscales diferentes (el BICCIS y su propio régimen nacional del impuesto sobre sociedades). Pero este inconveniente se verá compensado por el hecho de que, gracias a la BICCIS, las empresas tendrán menores oportunidades de proceder a la planificación fiscal valiéndose de los precios de transferencia o de las discordancias entre los regímenes fiscales de los Estados miembros. Por otro lado, surgirán menos litigios que obliguen a apelar al Tribunal de Justicia Europeo o a recurrir al procedimiento de acuerdo amistoso previsto en los convenios de doble imposición.

Para brindar ayuda a las administraciones tributarias de los Estados miembros durante la fase inmediatamente anterior a la implantación de la BICCIS, se ha previsto poner en marcha el programa FISCALIS EU para asistir a los Estados miembros en la gestión y aplicación del nuevo régimen.

La presente propuesta incluye un conjunto completo de normas destinadas a la imposición de las sociedades. En ella se precisa cuáles son las sociedades que pueden optar al régimen, la modalidad de cálculo de la base imponible y el alcance y funcionamiento de la consolidación. Asimismo, se prevén una serie de normas para la lucha contra el fraude, y se define la forma de repartir la base consolidada y el modo de gestión de la BICCIS por los Estados miembros con arreglo al enfoque de «ventanilla única».

2. RESULTADO DE LAS CONSULTAS DE LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

a) Consultas

A raíz de la publicación del estudio sobre la fiscalidad de las empresas de 2001, la Comisión impulsó un amplio debate público y mantuvo una serie de consultas.

El paso más importante dentro de este proceso fue la creación de un grupo de trabajo (GT BICCIS) compuesto por expertos de las administraciones tributarias de todos los Estados miembros. El GT BICCIS se creó en noviembre de 2004 y desde entonces hasta abril de 2008 celebró trece sesiones plenarias. Además, se establecieron seis subgrupos destinados a estudiar más en profundidad ámbitos específicos y a referir sus resultados al grupo. El papel de los expertos nacionales se limitó a la prestación de asistencia técnica y de asesoramiento a los servicios de la Comisión. El GT BICCIS también se reunió en una composición ampliada en tres ocasiones (en diciembre de 2005, de 2006 y de 2007) a fin de permitir a todos los expertos e interesados de los ámbitos empresarial, profesional y académico expresar su opinión.

Por otro lado, la Comisión consultó informalmente y de forma bilateral a varias asociaciones empresariales y profesionales. Algunos de estos grupos de interés remitieron sus observaciones de forma oficial. También se tuvieron en cuenta los resultados de la investigación académica, y representantes destacados de este sector aportaron a la Comisión ideas sobre diversos aspectos del régimen.

La Comisión organizó asimismo dos actos que se desarrollaron en Bruselas, en abril de 2002, y en Roma, en diciembre de 2003, en el marco de la Presidencia italiana. En febrero de 2008, se celebró en Viena otra conferencia organizada conjuntamente por la Comisión y una institución académica y en la que se debatieron en detalle algunas cuestiones relacionadas con la BICCIS. Por último, el 20 de octubre de 2010, la Comisión lanzó una consulta dirigida a expertos de los Estados miembros, empresas, grupos de reflexión y representantes del sector académico en relación con algunos temas que sus servicios habían reconsiderado y analizado con mayor detenimiento desde la última reunión del GT BICCIS de abril de 2008.

b) evaluación de impacto

Se ha elaborado una evaluación de impacto muy pormenorizada que integra los resultados de los siguientes estudios: (i) European Tax Analyzer (ETA); (ii) estudio Price Waterhouse Cooper (PWC); (iii) bases de datos Amadeus y Orbis; (iv) estudio Deloitte y (v) estudio CORTAX.

El informe, que se atiene a las Directrices de la Secretaría General sobre las Evaluaciones de Impacto, consta de los siguientes elementos: i) un examen del proceso de consulta; ii) una descripción de los problemas existentes; iii) una declaración de objetivos estratégicos; y iv) una comparación de las opciones estratégicas alternativas mediante las que se podrían alcanzar los objetivos declarados. En concreto, se analizan una base imponible común sin consolidación (BICIS) y una base imponible común con consolidación (BICCIS), ambas con carácter obligatorio y facultativo, comparando su impacto económico, social y ambiental.

Comparación de las distintas opciones

La evaluación de impacto analiza distintas opciones con objeto de mejorar la posición competitiva de las empresas europeas, brindándoles la posibilidad de calcular sus beneficios a escala de la UE aplicando un único conjunto de normas y, en consecuencia, optar por el entorno jurídico que mejor se adapte a sus necesidades empresariales, eliminando al mismo tiempo los costes fiscales derivados de la existencia de 27 regímenes tributarios nacionales diferentes. El informe pasa revista a 4 opciones de actuación fundamentales, y las compara con la opción de no tomar medidas o mantener la situación actual (opción 1):

i) Una base imponible común del impuesto sobre sociedades facultativa (BICIS facultativa): las empresas residentes en la UE (y los establecimientos permanentes situados en la UE) tendrían la posibilidad de calcular su base imponible aplicando un conjunto de normas comunes en toda la Unión en vez de recurrir a cualquiera de los 27 regímenes nacionales en materia de impuesto sobre sociedades. Se mantendría una «contabilidad separada» (es decir, una fijación de los precios operación por operación de conformidad con el principio de plena competencia) en el caso de las operaciones intragrupo, ya que el sistema no llevaría aparejada una consolidación de los resultados fiscales (opción 2).

ii) Una base imponible común del impuesto sobre sociedades obligatoria (BICIS obligatoria): todas las empresas residentes en la UE que cumplieran los requisitos ( y los establecimientos permanentes situados en la UE) estarían obligadas a calcular su base imponible aplicando un único conjunto de normas en toda la Unión. Las nuevas normas sustituirían a los 27 regímenes nacionales en materia de impuesto sobre sociedades actualmente en vigor. Al no haber consolidación, la asignación de beneficios en las operaciones intragrupo seguiría determinándose mediante una «contabilidad separada» (opción 3).

iii) Una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades facultativa (BICCIS facultativa): se adoptaría un conjunto de normas comunes que establecerían una base imponible consolidada a escala de la UE como alternativa a los 27 regímenes nacionales en materia de impuesto sobre sociedades actualmente en vigor y al recurso a la contabilidad separada a la hora de asignar ingresos a las empresas asociadas. De este modo, los resultados fiscales de cada miembro del grupo (por ejemplo, una empresa residente en la UE o un establecimiento permanente situado en la UE) se agregarían para constituir una base imponible consolidada y se repartirían con arreglo a un mecanismo de distribución previamente establecido y basado en una fórmula. En el marco de esta hipótesis, las empresas residentes en la UE y/o los establecimientos permanentes situados en la UE y pertenecientes a empresas residentes fuera de la Unión tendrían derecho a aplicar la BICCIS, siempre que cumplieran los requisitos necesarios para formar un grupo y que todos los miembros admisibles de un mismo grupo optaran por aplicar las normas comunes (opción 4 «todos o ninguno»).

iv) Una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades obligatoria (BICCIS obligatoria): las empresas residentes en la UE y/o los establecimientos permanentes situados en la UE y pertenecientes a empresas residentes fuera de la Unión estarían obligados a aplicar las normas relativas a la BICCIS en la medida en que cumplieran los requisitos necesarios para la formación de un grupo.

Análisis del impacto

Desde el punto de vista económico, los resultados de la evaluación de impacto muestran que la supresión de los obstáculos que genera el impuesto sobre sociedades permitiría a las empresas adoptar decisiones económicas más racionales contribuyendo así a mejorar la eficiencia global de la economía. El recurso a cualquiera de las dos opciones relacionadas con la BICCIS, ya fuese la facultativa o la obligatoria, mejoraría ligeramente la situación. La BICCIS optativa parece preferible por una serie de razones. Las dos principales, comprobadas en la evaluación de impacto, son las siguientes: i) el impacto estimado sobre el empleo es más favorable y ii) se evita que cada una de las empresas de la Unión tenga que cambiar forzosamente de método de cálculo de su base imponible (independientemente de que opere en uno o varios Estados miembros).

Las reformas analizadas podrían llevar consigo importantes efectos dinámicos a largo plazo. Se espera que dichos efectos se concreten fundamentalmente en una menor incertidumbre y en la reducción de los costes (efectivos y percibidos) en que incurren actualmente las empresas que operan en diversos países. En última instancia, todo ello se traducirá en un incremento de la inversión a escala transfronteriza dentro de la Unión, derivado tanto de la mayor expansión de las empresas multinacionales europeas y extranjeras como de las nuevas inversiones de empresas estrictamente nacionales en otros Estados miembros. En particular, es probable que la eliminación de los costes de cumplimiento suplementarios vinculados a la obligación de observar diferentes normas fiscales en la Unión y de tener que tratar con más de una administración tributaria (principio de «ventanilla única») refuerce la capacidad de expansión transfronteriza de las empresas. Esta perspectiva favorecería particularmente a las pequeñas y medianas empresas, a quienes afectan en mayor medida los elevados costes de cumplimiento existentes en la actualidad.

Aunque la evaluación de impacto subraya que la repercusión última de la introducción de la BICCIS sobre los ingresos fiscales globales dependerá de las opciones de actuación que elijan los propios Estados miembros, es fundamental que estos últimos presten particular atención a los efectos en los ingresos, en particular, habida cuenta de la crítica situación presupuestaria por la que atraviesan muchos de ellos.

En general, las nuevas normas para la base común deberían permitir obtener una base media en la UE más amplia que la actual. En la medida en que existen pérdidas económicas que van a compensarse a escala transfronteriza, la consolidación con arreglo a la BICCIS tiende a reducir la base común.

De hecho, el impacto sobre los ingresos de los Estados miembros dependerá en definitiva de las decisiones estratégicas que se adopten a escala nacional para adaptar, en su caso, la combinación de los diversos instrumentos fiscales o tipos impositivos aplicados. A este respecto, resulta difícil prever la repercusión precisa del régimen sobre cada Estado miembro en particular. No obstante, la Directiva incluye una cláusula de reexamen del impacto al cabo de cinco años.

3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

a) Base jurídica

La legislación en materia de fiscalidad directa se inscribe en el ámbito de aplicación del artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). Dicho artículo establece que las disposiciones legales de aproximación que se adopten en virtud de él revestirán la forma de directivas.

b) Subsidiariedad

La presente propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad.

El régimen de la BICCIS tiene por objeto eliminar los obstáculos fiscales a los que tienen que hacer frente las empresas cuando operan en el mercado interior, y que se derivan principalmente de la fragmentación de la Unión en 27 regímenes tributarios diferentes. Una actuación no coordinada, es decir, programada y llevada a cabo por cada Estado miembro de forma individual, no haría sino perpetuar la situación actual, ya que las empresas tendrían que seguir tratando con un número de administraciones tributarias equivalente al número de Estados miembros en los que estuvieran sujetas al impuesto.

Si cada Estado miembro aplicase su propio régimen, las normas previstas en la presente propuesta, como por ejemplo la deducción de pérdidas transfronterizas o la exención fiscal de las reestructuraciones de grupos, resultarían ineficaces y darían lugar probablemente a un falseamiento del mercado, en particular, una doble imposición y una ausencia total de imposición. La aplicación de normas nacionales diferentes para la división de beneficios tampoco contribuiría a mejorar el ya de por sí complejo proceso de asignación de beneficios empresariales entre empresas asociadas vigente en la actualidad.

La naturaleza de la cuestión exige un enfoque común.

En principio, el establecimiento de un conjunto único de normas para el cálculo, la consolidación y el reparto de las bases imponibles de las empresas asociadas en toda la Unión Europea atenuará el falseamiento del mercado provocado actualmente por la interacción de los 27 regímenes fiscales nacionales. Por otro lado, los componentes esenciales del régimen, en concreto, la deducción de pérdidas transfronterizas, la exención fiscal de las transferencias de activos intragrupo y la determinación de la base imponible del grupo mediante la aplicación de una fórmula, sólo podrán ponerse en práctica si se inscriben en un marco reglamentario común. Por consiguiente, habrá que concebir normas comunes que regulen los procedimientos administrativos, de modo que pueda aplicarse el principio «de ventanilla única».

La presente propuesta se limita a combatir los obstáculos fiscales provocados por la disparidad de los regímenes nacionales a la hora de calcular la base imponible entre empresas asociadas. Los trabajos emprendidos a raíz del Estudio sobre la Fiscalidad de las Empresas llevaron a la conclusión de que la mejor forma de eliminar dichos obstáculos sería establecer un marco común que regulara el cálculo de la base imponible del impuesto sobre sociedades y la consolidación transfronteriza. En efecto, estas cuestiones sólo pueden resolverse mediante la adopción de legislación a escala de la Unión, puesto que revisten un carácter fundamentalmente transfronterizo. Así pues, la presente propuesta se justifica en virtud del principio se subsidiariedad, ya que la acción de los Estados miembros a nivel individual no permitiría alcanzar los resultados esperados.

c) Proporcionalidad

Al haberse configurado como un régimen facultativo, la presente propuesta supone la respuesta más proporcionada a los problemas observados. En efecto, las empresas que no tengan la intención de operar a escala transfronteriza no estarán obligadas a soportar costes administrativos innecesarios derivados de su adaptación a las normas comunes si, al hacerlo, no obtienen ventajas efectivas.

Se espera que la presente iniciativa cree unas condiciones más propicias a la inversión en el mercado único, puesto que, en principio, los costes de cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal deberían disminuir. Además, es probable que las empresas obtengan considerables ventajas de la eliminación de los trámites relacionados con los precios de transferencia, de la posibilidad de transferir las pérdidas a través de las fronteras nacionales dentro del mismo grupo y de la exención fiscal de las reorganizaciones intragrupo. Este impacto positivo debería compensar con creces los posibles costes financieros y administrativos en que incurrirán las autoridades fiscales nacionales en un primer momento con objeto de aplicar el régimen.

Las disposiciones establecidas en la presente propuesta son adecuadas y necesarias para el logro del objetivo deseado (es decir, proporcionadas). Están relacionadas, en particular, con la armonización de la base imponible del impuesto sobre sociedades, que se considera la condición previa para reducir los obstáculos fiscales observados y rectificar los aspectos que falsean el mercado único. A este respecto, conviene precisar que la presente propuesta no lleva aparejada ninguna armonización de los tipos impositivos (o la fijación de un tipo mínimo). De hecho, la determinación de los tipos se considera una cuestión inherente a la soberanía tributaria de los Estados miembros y, en consecuencia, corresponde regularla en la legislación nacional.

4. REPERCUSIONES FINANCIERAS

La presente propuesta de Directiva no tiene ninguna repercusión presupuestaria para la Unión Europea.

2011/0058 (CNS)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL CONSEJO

relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 115,

Vista la propuesta de la Comisión,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo[5],

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[6],

De conformidad con un procedimiento legislativo especial,

Considerando lo siguiente:

1. Las sociedades que tratan de desarrollar su actividad empresarial a escala transfronteriza en el interior de la Unión tienen que hacer frente a graves obstáculos y distorsiones del mercado como consecuencia de la existencia de 27 regímenes distintos en materia de impuesto sobre sociedades. Dichos obstáculos y distorsiones dificultan el correcto funcionamiento del mercado interior, desincentivan la inversión en la Unión e impiden el cumplimiento de las prioridades establecidas en la Comunicación adoptada por la Comisión el 3 de marzo de 2010 y titulada «Europa 2020 – una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador»[7]. Asimismo, entran en conflicto con la exigencia de una economía social de mercado altamente competitiva.

2. Los obstáculos fiscales a la actividad transfronteriza afectan con especial gravedad a las pequeñas y medianas empresas, que suelen carecer de los recursos necesarios para superar las ineficiencias del mercado.

3. La red de convenios de doble imposición entre los Estados miembros no aporta soluciones adecuadas, y la legislación vigente de la Unión sobre aspectos relacionados con el impuesto sobre sociedades solo aborda un número limitado de problemas específicos.

4. El establecimiento de un régimen que permitiera a las empresas considerar la Unión un mercado único a efectos del impuesto sobre sociedades facilitaría la actividad transfronteriza de las empresas residentes en ella y contribuiría al objetivo de convertir la Unión en un lugar más competitivo con vistas a la inversión internacional. La manera más adecuada de lograr un régimen de este tipo consistiría en permitir a los grupos de sociedades que estén presentes a efectos fiscales en más de un Estado miembro resolver sus asuntos tributarios en la Unión aplicando un conjunto único de normas para el cálculo de la base imponible y tratando con una sola administración tributaria («ventanilla única»). Sería preciso brindar asimismo la posibilidad de acogerse a dichas normas a las entidades sujetas al impuesto sobre sociedades en la Unión que no formaran parte de un grupo.

5. Habida cuenta de que la disparidad de tipos impositivos no da lugar a los mismos obstáculos, la aplicación del régimen (base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)) no tiene por qué afectar al poder discrecional de los Estados miembros a la hora de fijar el tipo o tipos impositivos nacionales aplicables a las sociedades.

6. La consolidación constituye un elemento esencial de un régimen de este tipo, pues es la única forma de superar los principales obstáculos fiscales a los que se enfrentan las empresas de la Unión, ya que permite eliminar los trámites relacionados con los precios de transferencia y la doble imposición intragrupo y compensar automáticamente las pérdidas registradas por los sujetos pasivos con los beneficios generados por otros miembros del mismo grupo.

7. La consolidación implica necesariamente la adopción de normas en materia de distribución del resultado entre los Estados miembros en que estén establecidos los miembros del grupo.

8. Teniendo en cuenta que un régimen de estas características se concibe ante todo para responder a las necesidades de las empresas que operan a escala transfronteriza, resulta oportuno que revista carácter facultativo y sea complementario a los regímenes nacionales vigentes en materia de impuesto sobre sociedades.

9. El régimen (base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) debe consistir en un conjunto de normas comunes para el cálculo de la base imponible de las empresas sin perjuicio de lo dispuesto en las Directivas 78/660/CEE[8] y 83/349/CEE[9] del Consejo y en el Reglamento 1606/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[10].

10. Conviene considerar imponibles todos los ingresos, salvo cuando se hallen expresamente exentos.

11. Deberían quedar exentos las rentas consistentes en dividendos, el producto de la transmisión de acciones en una empresa no perteneciente al grupo y los beneficios de los establecimientos permanentes en el extranjero. A la hora de contrarrestar la doble imposición, la mayoría de los Estados miembros eximen los dividendos y el producto de la transmisión de acciones ya que, de este modo, evitan tener que calcular el derecho a deducción del sujeto pasivo por el impuesto pagado en el extranjero, en particular si dicha deducción debe tener en cuenta el impuesto sobre sociedades pagado por la empresa que reparte dividendos. La exención de la renta obtenida en el extranjero responde a la misma necesidad de simplificación.

12. Resulta oportuno considerar imponible la renta consistente en pagos de intereses y cánones, estableciendo deducciones por las retenciones practicadas sobre dichos pagos. Contrariamente a lo que ocurre en el caso de los dividendos, el cómputo de esta deducción no entraña ninguna dificultad.

13. Es preciso deducir de los ingresos imponibles los gastos de explotación y algunos otros gastos. Los gastos de explotación deducibles deben incluir habitualmente todos los costes relacionados con las ventas y los gastos vinculados con la producción, el mantenimiento y la garantía de los ingresos. Esta posibilidad de deducción debe hacerse extensiva a los costes de investigación y desarrollo y a los costes derivados de la captación de recursos, propios y ajenos, con fines empresariales. Conviene asimismo elaborar una lista de gastos no deducibles.

14. Resulta oportuno que el inmovilizado pueda amortizarse a efectos fiscales, con algunas excepciones. Conviene que los elementos del inmovilizado material e intangible a largo plazo se amorticen de forma individual, y que los restantes elementos del inmovilizado se amorticen en grupo. La amortización en grupo supone una simplificación tanto para las autoridades tributarias como para los sujetos pasivos, en la medida en que evita tener que confeccionar y mantener una lista que incluya cada tipo de elemento del inmovilizado con su vida útil.

15. Es preciso que los sujetos pasivos estén autorizados a trasladar sus pérdidas a ejercicios posteriores de forma indefinida, pero no a ejercicios anteriores. Dado que el traslado de pérdidas a ejercicios posteriores tiene por objeto garantizar que el sujeto pasivo pague el impuesto sobre su renta efectiva, no hay ningún motivo para imponer plazos al respecto. El traslado de las pérdidas a ejercicios anteriores es una práctica relativamente poco frecuente en los Estados miembros y que reviste una complejidad excesiva.

16. Resulta oportuno que la admisibilidad a efectos de consolidación (pertenencia a un grupo) se determine con arreglo a un doble examen basado en i) el control (más del 50 % de los derechos de voto) y ii) la propiedad (más del 75 % del capital) o el derecho a beneficios (más del 75 % de los derechos a participar en los beneficios). Dicho examen garantiza un elevado nivel de integración económica entre los miembros del grupo, demostrado por una relación de control y un alto nivel de participación. Es necesario que estos dos umbrales se cumplan a lo largo de todo el ejercicio fiscal; de no ser así, la empresa debe abandonar el grupo inmediatamente. Conviene fijar asimismo en nueve meses el periodo mínimo de pertenencia al grupo.

17. Es preciso fijar normas relativas a la reorganización de empresas a fin de proteger equitativamente la potestad tributaria de los Estados miembros. Conviene que cuando una empresa entre a formar parte de un grupo, las pérdidas de explotación anteriores a la consolidación se trasladen a los ejercicios siguientes a fin de compensarlas con la cuota parte del sujeto pasivo. Resulta oportuno que, cuando una empresa abandone el grupo, no se le imputen las pérdidas registradas durante el periodo de consolidación. Conviene prever la posibilidad de efectuar un ajuste en relación con las plusvalías en caso de transmisión de determinados activos poco después de entrar en un grupo o de abandonarlo. Resulta oportuno calcular el valor del inmovilizado intangible endógeno basándose en otros elementos representativos adecuados, es decir, los costes de investigación y desarrollo, de marketing o de publicidad a lo largo de un determinado periodo.

18. Cuando se apliquen retenciones sobre los pagos de intereses y cánones efectuados por los sujetos pasivos, conviene que el producto de dichas retenciones se reparta aplicando la fórmula vigente durante el ejercicio fiscal en cuestión. Cuando se apliquen retenciones sobre los dividendos distribuidos por los sujetos pasivos, el producto de dichas retenciones no debe repartirse ya que, contrariamente a lo que ocurre en el caso de los intereses y cánones, los dividendos no han dado lugar a una deducción previa soportada por todas las empresas del grupo.

19. Conviene que las operaciones entre un sujeto pasivo y una empresa asociada que no sea miembro del mismo grupo estén sujetas a ajustes de precios de conformidad con el principio de plena competencia, que es un criterio de aplicación general.

20. Resulta oportuno que el régimen incluya una disposición general en materia de lucha contra el fraude que vaya acompañada de medidas destinadas a reducir algunos tipos concretos de prácticas fraudulentas. Conviene que dichas medidas restrinjan la deducibilidad de los intereses pagados a empresas asociadas residentes a efectos fiscales en un país exterior a la Unión que aplique bajos niveles de tributación y que no intercambie información con el Estado miembro del sujeto pasivo en virtud de un acuerdo comparable a la Directiva 2011/16/UE del Consejo[11], relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados Miembros en el ámbito de los impuestos directos y de los impuestos sobre las primas de seguros[12] y normas relativas a las empresas extranjeras controladas.

21. Conviene que la fórmula de distribución de la base imponible consolidada incluya tres factores a los que se atribuya la misma ponderación (mano de obra, activos y ventas). El factor mano de obra debe calcularse en función de los salarios y el número de asalariados (cada elemento debe suponer el 50 %). El factor activos debe abarcar el inmovilizado material en su conjunto. El inmovilizado intangible y el financiero deben quedar excluidos de la fórmula debido a su carácter fluctuante y al riesgo de que eludan el régimen. Mediante la aplicación de estos factores, se tienen en cuenta de forma apropiada los intereses del Estado miembro de origen. Por último, es preciso tener en cuenta las ventas a fin de garantizar una participación equitativa del Estado miembro de destino. Dichos factores y ponderaciones deberían contribuir a garantizar que los beneficios se gravan en el lugar en que se han generado. Como excepción al principio general, cuando el resultado de la distribución no represente de forma equitativa el alcance de la actividad empresarial, una cláusula de salvaguardia prevé la aplicación de un método alternativo.

22. La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos[13], se aplica al tratamiento de datos personales en el marco de la presente Directiva.

23. Resulta oportuno que los grupos de sociedades puedan tratar con una única administración tributaria («autoridad tributaria principal»), que debe ser la del Estado miembro donde tenga establecida su residencia a efectos fiscales la empresa matriz del grupo («sujeto pasivo principal»). Conviene que la presente Directiva fije asimismo normas de procedimiento con vistas a la administración del régimen. Debe prever también un mecanismo de decisión anticipada. Conviene que sea la autoridad tributaria principal la que inicie y coordine las auditorías, aunque también pueda solicitar el inicio de una auditoría la autoridad de cualquier Estado miembro en que tribute un miembro del grupo. La autoridad competente del Estado miembro en que tenga su residencia o esté establecido un miembro del grupo puede impugnar una resolución de la autoridad tributaria principal en relación con la notificación de la opción o con una regularización de la liquidación ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la autoridad tributaria principal. Conviene que la resolución de los litigios que surjan entre los sujetos pasivos y las autoridades tributarias corra a cargo de un órgano administrativo competente para los recursos en primera instancia de conformidad con la legislación del Estado miembro de la autoridad tributaria principal.

24. Es preciso facultar a la Comisión para que pueda adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a fin de adaptar los anexos de forma que se tengan en cuenta los cambios que se produzcan en las legislaciones de los Estados miembros en relación con las formas societarias y los impuestos de sociedades, y para actualizar la lista de impuestos no deducibles, así como para fijar normas sobre la definición de propiedad jurídica y propiedad económica en relación con los activos arrendados y sobre el cálculo de los componentes capital e intereses de los pagos en concepto de arrendamiento financiero y de la base de amortización de un activo arrendado. Es necesario que esta delegación de poderes a la Comisión tenga una duración indeterminada, a fin de poder adaptar las normas, cuando resulte necesario.

25. Conviene conferir poderes a la Comisión a fin de garantizar la uniformidad de las condiciones de aplicación de la presente Directiva por lo que respecta a la adopción anual de una lista de formas societarias de terceros países que reúnen los requisitos establecidos en la presente Directiva, al establecimiento de normas sobre el cálculo de los factores correspondientes a mano de obra, activos y ventas, la asignación de asalariados y salarios, activos y ventas a su respectivo factor así como la valoración de los activos a efectos del factor activos, y a la adopción de un formulario normalizado de notificación de la opción y de normas sobre presentación por vía electrónica, así como de normas sobre el formulario de declaración fiscal y el formulario de declaración fiscal consolidada y sobre los justificantes exigidos. La Comisión debería ejercer dichos poderes de conformidad con el Reglamento (UE) n º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión[14].

26. El objetivo de la presente Directiva no puede lograrse suficientemente a través de la acción individual de los Estados miembros debido a la falta de coordinación de los distintos regímenes fiscales nacionales. Habida cuenta de que las ineficiencias observadas en el mercado interior plantean fundamentalmente problemas de carácter transfronterizo, las medidas para hacerles frente deben adoptarse a nivel de la Unión. Este enfoque se ajusta al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

27. Conviene que la Comisión reexamine la aplicación de la Directiva una vez transcurrido un periodo de cinco años y que los Estados miembros la asistan facilitándole todos los recursos adecuados a tal fin.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1Ámbito de aplicación

La presente Directiva establece un régimen para la determinación de una base imponible común a efectos de imposición de determinadas sociedades y grupos de sociedades y prevé normas relacionadas con el cálculo y la utilización de dicha base.

Artículo 2Sociedades admisibles

1. La presente Directiva se aplicará a las sociedades constituidas con arreglo a la legislación de un Estado miembro cuando se reúnan las dos condiciones siguientes:

a) que la sociedad adopte una de las formas enumeradas en el anexo I;

b) que la sociedad esté sujeta a uno de los impuestos sobre sociedades enumerados en el anexo II o a un impuesto similar establecido ulteriormente.

2. La presente Directiva se aplicará a las sociedades constituidas con arreglo a la legislación de un tercer país cuando se reúnan las dos condiciones siguientes:

a) que la sociedad adopte una forma similar a una de las enumeradas en el anexo I;

b) que la sociedad esté sujeta a uno de los impuestos sobre sociedades enumerados en el anexo II.

3. La Comisión podrá adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 127 y sin perjuicio de las condiciones previstas en los artículos 128, 129 y 130 a fin de modificar los anexos I y II con objeto de tener en cuenta los cambios introducidos en las legislaciones de los Estados miembros en lo relativo a las formas societarias y los impuestos sobre sociedades.

Artículo 3Formas societarias de terceros países admisibles

1. La Comisión adoptará con periodicidad anual una lista de formas societarias existentes en terceros países que se considerarán conformes a los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 2, letra a). Este acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 131, apartado 2.

2. El hecho de que una forma de sociedad no figure en la lista de formas societarias de terceros países mencionada en el apartado 1 no impedirá la aplicación de la presente Directiva a la misma.

CAPÍTULO IICONCEPTOS FUNDAMENTALES

Artículo 4Definiciones

A los fines de la presente Directiva se entenderá por:

(1) «sujeto pasivo»: una sociedad que haya optado por aplicar el régimen previsto en la presente Directiva;

(2) «sujeto pasivo individual»: un sujeto pasivo que no cumpla los requisitos necesarios para la consolidación;

(3) «sujeto no pasivo»: una sociedad que no cumpla los requisitos para optar o no haya optado por la aplicación del régimen previsto en la presente Directiva;

(4) «sujeto pasivo residente»: un sujeto pasivo cuya residencia esté establecida a efectos fiscales en un Estado miembro de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartados 3 y 4;

(5) «sujeto pasivo no residente»: un sujeto pasivo cuya residencia no esté establecida a efectos fiscales en un Estado miembro de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartados 3 y 4;

(6) «sujeto pasivo principal»:

a) un sujeto pasivo residente, cuando forme un grupo con sus filiales consolidables, con sus establecimientos permanentes situados en otros Estados miembros o con uno o varios establecimientos permanentes de una filial consolidable residente en un tercer país; o

b) el sujeto pasivo residente designado por el grupo cuando este último esté compuesto exclusivamente por dos o más sujetos pasivos residentes que sean filiales consolidables inmediatas de una misma sociedad matriz residente en un tercer país; o

c) un sujeto pasivo residente que sea la filial consolidable de una sociedad matriz residente en un tercer país, siempre que ese sujeto pasivo residente forme un grupo exclusivamente con uno o varios establecimientos permanentes de su matriz; o

d) el establecimiento permanente designado por un sujeto pasivo no residente que forme un grupo exclusivamente con respecto a sus establecimientos permanentes situados en dos o más Estados miembros.

(7) «miembro del grupo»: cualquier sujeto pasivo que pertenezca al mismo grupo, en el sentido de los artículos 54 y 55. Cuando el sujeto pasivo mantenga uno o varios establecimientos permanentes en un Estado miembro distinto de aquel en que esté situado su centro de administración y control, cada establecimiento permanente tendrá la consideración de miembro del grupo;

(8) «ingresos»: el producto de las ventas o de cualesquiera otras operaciones, una vez excluidos el impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos y derechos recaudados en nombre de organismos públicos, tenga o no carácter monetario, incluido el producto de la transmisión de bienes y derechos, intereses, dividendos y otras distribuciones de beneficios, el producto de una liquidación, cánones, subvenciones y ayudas, donaciones recibidas, compensaciones y gratificaciones. Los ingresos incluirán asimismo las donaciones en especie efectuadas por un sujeto pasivo, pero no comprenderán los recursos propios por él obtenidos o la deuda que le sea reembolsada;

(9) «beneficios»: un excedente de ingresos sobre los gastos deducibles y otros elementos deducibles en un ejercicio fiscal determinado;

(10) «pérdidas»: un excedente de gastos deducibles y otros elementos deducibles sobre los ingresos en un ejercicio fiscal determinado;

(11) «base imponible consolidada»: el resultado de la suma de las bases imponibles de todos los miembros del grupo calculadas de conformidad con el artículo 10;

(12) «cuota parte»: la porción de la base imponible consolidada de un grupo atribuida a uno de sus miembros en aplicación de la fórmula establecida en los artículos 86 a 102;

(13) «valor fiscal» de un elemento del inmovilizado o de un grupo de activos: la base de amortización minorada de la amortización total deducida hasta la fecha;

(14) «inmovilizado»: la totalidad del inmovilizado material adquirido a título oneroso o creado por el sujeto pasivo y la totalidad del inmovilizado intangible adquirido a título oneroso cuando puedan ser valorados de forma independiente y se utilicen en el curso de la actividad con vistas a la producción, el mantenimiento o la garantía de la renta durante un periodo superior a 12 meses, excepto cuando su coste de adquisición, construcción o mejora sea inferior a 1 000 euros. El inmovilizado abarcará asimismo los activos financieros;

(15) «activos financieros»: las acciones en empresas vinculadas, los préstamos a empresas vinculadas, las participaciones, los préstamos a empresas con las que la sociedad esté vinculada en virtud de participaciones, las inversiones en inmovilizado, otros préstamos y las acciones propias en la medida en que la legislación nacional autorice su publicación en el balance.

(16) «inmovilizado material a largo plazo»: el inmovilizado material con una vida útil igual o superior a quince años. Formarán parte del inmovilizado material a largo plazo los edificios, buques y aeronaves;

(17) «inmovilizado de segunda mano»: el inmovilizado cuya vida útil esté parcialmente agotada en el momento de su adquisición y que pueda seguirse utilizando en el estado en que se encuentra o previa reparación;

(18) «costes de mejora»: cualquier gasto adicional efectuado en relación con un elemento del inmovilizado que incremente significativamente su capacidad o contribuya significativamente a mejorar su funcionamiento, o que represente más del 10 % de la base de amortización inicial del elemento;

(19) «existencias y productos en curso»: los activos mantenidos para la venta, en proceso de producción para la venta o en forma de materiales o suministros que vayan a consumirse durante el proceso de producción o la prestación de servicios;

(20) «propietario económico»: la persona en quien recaigan esencialmente todos los beneficios y los riesgos vinculados a un elemento del inmovilizado, independientemente de que sea su propietaria legal. El sujeto pasivo con derecho a poseer, utilizar y enajenar un elemento del inmovilizado y que asuma el riesgo de su pérdida o destrucción será considerado en todos los casos su propietario económico.

(21) «autoridad competente»: la autoridad designada por cada Estado miembro para administrar todas las cuestiones relacionadas con la implementación de la presente Directiva;

(22) «autoridad tributaria principal»: la autoridad competente del Estado miembro donde el sujeto pasivo principal tenga su residencia o esté situado, si se trata de un establecimiento permanente de un sujeto pasivo no residente;

(23) «auditoría»: las investigaciones, inspecciones o exámenes de cualquier tipo llevados a cabo por una autoridad competente a fin de comprobar el cumplimiento de la presente Directiva por parte de un sujeto pasivo.

Artículo 5Establecimiento permanente

1. Se considerará que un sujeto pasivo dispone de un «establecimiento permanente» en un Estado distinto de aquel en que está situado su centro de administración y control cuando cuente con un emplazamiento fijo en ese otro Estado a través del cual desarrolle total o parcialmente su actividad, en particular:

a) un centro administrativo;

b) una sucursal;

c) una oficina;

d) una fábrica;

e) un taller;

f) una mina, un pozo de petróleo o de gas, una cantera o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales.

2. Las obras o los proyectos de construcción o instalación solo constituirán un establecimiento permanente en caso de que su duración se prolongue por un periodo superior a doce meses.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, no se considerará que dan lugar a un establecimiento permanente:

a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías pertenecientes al sujeto pasivo;

b) el mantenimiento de existencias de bienes o mercancías pertenecientes al sujeto pasivo con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;

c) el mantenimiento de existencias de bienes o mercancías pertenecientes al sujeto pasivo con el único fin de que sean trasformadas por otra persona;

d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías o recopilar información para el sujeto pasivo;

e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de llevar a cabo cualquier otra actividad de carácter preparatorio o auxiliar para el sujeto pasivo;

f) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de llevar a cabo cualquier combinación de las actividades mencionadas en las letras a) a e), siempre que la actividad global del lugar fijo de negocios derivada de esa combinación tenga carácter preparatorio o auxiliar.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando una persona, distinta de un agente independiente al que se aplique el apartado 5, actúe por cuenta de un sujeto pasivo y disponga en un Estado de poderes, y los ejerza habitualmente, para celebrar contratos en su nombre, se considerará que el sujeto pasivo posee un establecimiento permanente en ese Estado en relación con cualquiera de las actividades que la persona lleve a cabo para él, salvo que las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas en el apartado 3, las cuales, si se ejercen a través de un lugar fijo de negocios, no confieren a este último el carácter de establecimiento permanente, de conformidad con lo dispuesto en ese apartado.

5. No se considerará que un sujeto pasivo dispone de un establecimiento permanente en un Estado por el mero hecho de llevar a cabo su actividad en dicho Estado a través de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen en el ejercicio ordinario de su actividad.

6. El mero hecho de que un sujeto pasivo residente en un Estado controle o sea controlado por un sujeto pasivo residente en otro Estado, o que lleve a cabo su actividad en ese otro Estado (a través de un establecimiento permanente o por otros medios), no convertirá a ninguno de los sujetos pasivos en establecimiento permanente del otro.

CAPÍTULO IIIOPCIÓN POR EL RÉGIMEN PREVISTO EN LA PRESENTE DIRECTIVA

Artículo 6Opción

1. Toda sociedad a la que sea aplicable la presente Directiva y que sea residente a efectos fiscales en un Estado miembro podrá optar por aplicar el régimen previsto en la misma en las condiciones que en ella se establecen.

2. Toda sociedad a la que sea aplicable la presente Directiva y que no sea residente a efectos fiscales en un Estado miembro podrá optar por aplicar el régimen previsto en la misma en las condiciones que en ella se establecen con respecto a un establecimiento permanente que mantenga en un Estado miembro.

3. A los fines de los apartados 1 y 2, una sociedad cuyo domicilio social, lugar de constitución o lugar de administración efectiva esté situado en un Estado miembro y que, en virtud de un acuerdo celebrado entre ese Estado miembro y un tercer país, no sea considerada residente a efectos fiscales en ese tercer país, será considerada residente a efectos fiscales en ese Estado miembro.

4. Cuando, de conformidad con el apartado 3, una sociedad sea residente en más de un Estado miembro, será considerada residente en el Estado miembro en que esté situado su lugar de administración efectiva.

5. Si el lugar de administración efectiva de un miembro de un grupo de transporte marítimo o de un grupo de transporte por vías navegables interiores se encuentra a bordo de un buque o de una embarcación, se considerará situado en el Estado miembro del puerto de origen del buque o la embarcación o, en su defecto, en el Estado miembro de residencia del operador del buque o la embarcación.

6. Una sociedad residente en un Estado miembro que opte por aplicar el régimen previsto en la presente Directiva estará sujeta al impuesto sobre sociedades en aplicación de dicho régimen en relación con la totalidad de la renta que obtenga cualquiera que sea su fuente, tanto dentro como fuera de su Estado miembro de residencia.

7. Una sociedad residente en un tercer país que opte por aplicar el régimen previsto en la presente Directiva estará sujeta al impuesto sobre sociedades en aplicación de dicho régimen en relación con la totalidad de la renta que obtenga de una actividad desarrollada a través de un establecimiento permanente en un Estado miembro.

Artículo 7Legislación aplicable

Cuando una sociedad cumpla los requisitos de admisibilidad y opte por aplicar el régimen previsto en la presente Directiva, dejará de estar sujeta a las disposiciones nacionales en materia de impuesto sobre sociedades en relación con todos los aspectos regulados por la misma, salvo que se especifique lo contrario.

Artículo 8Prevalencia de la Directiva sobre cualquier acuerdo entre Estados miembros

Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán no obstante cualquier disposición en contrario contenida en cualquier acuerdo celebrado entre Estados miembros.

CAPÍTULO IVCÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE

Artículo 9Principios generales

1. A efectos de cálculo de la base imponible, los beneficios y las pérdidas se reconocerán únicamente cuando se hayan realizado.

2. Las operaciones y los hechos imponibles se evaluarán de forma individual.

3. El cálculo de la base imponible se llevará a cabo de manera uniforme, salvo que circunstancias excepcionales justifiquen algún cambio.

4. Salvo disposición en contrario, la base imponible se determinará por cada ejercicio fiscal. Salvo disposición en contrario, un ejercicio fiscal consistirá en cualquier periodo de doce meses.

Artículo 10Elementos de la base imponible

La base imponible se calculará sustrayendo de los ingresos los ingresos exentos, los gastos deducibles y otros elementos deducibles.

Artículo 11Ingresos exentos

Quedarán exentos del impuesto sobre sociedades:

a) las subvenciones directamente vinculadas con la adquisición, construcción o mejora del inmovilizado objeto de amortización de conformidad con los artículos 32 a 42;

b) el producto de la transmisión de los activos agrupados mencionados en el artículo 39, apartado 2, incluido el valor de mercado de las donaciones en especie;

c) los beneficios distribuidos percibidos;

d) el producto de la transmisión de acciones;

e) la renta de un establecimiento permanente en un tercer país.

Artículo 12Gastos deducibles

Los gastos deducibles comprenderán todos los costes relacionados con las ventas y los gastos, excluido el impuesto sobre el valor añadido deducible, en que haya incurrido el sujeto pasivo a fin de obtener o garantizar la renta, incluidos los costes de investigación y desarrollo y los costes derivados de la captación de recursos propios o ajenos a efectos del desarrollo de la actividad.

Los gastos deducibles comprenderán asimismo las donaciones en favor de entidades benéficas, tal como se definen en el artículo 16, que se encuentren establecidas en un Estado miembro o en un tercer país que aplique un acuerdo de intercambio de información previa solicitud comparable a lo dispuesto en la Directiva 2011/16/UE. El gasto máximo deducible en concepto de donaciones monetarias o liberalidades en favor de entidades benéficas ascenderá al 0,5 % de los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal.

Artículo 13Otros elementos deducibles

Podrá llevarse a cabo una deducción proporcional con respecto a la amortización del inmovilizado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 a 42.

Artículo 14Gastos no deducibles

1. No tendrán la consideración de gastos deducibles:

a) las distribuciones de beneficios y los reembolsos de recursos propios o de deuda;

b) un 50 % de los gastos de representación;

c) la transferencia de los beneficios no distribuidos a una reserva que forme parte de los recursos propios de la sociedad,

d) el impuesto sobre sociedades;

e) los sobornos;

f) las multas y sanciones que deban abonarse a una autoridad pública por infracción de cualquier disposición legal;

g) los costes que soporte una sociedad con vistas a la obtención de renta que esté exenta en virtud del artículo 11; dichos costes se estimarán en un porcentaje fijo del 5 % de la renta en cuestión, a menos que el sujeto pasivo pueda de demostrar que el coste soportado ha sido inferior;

h) las donaciones monetarias y liberalidades distintas de las realizadas en favor de entidades benéficas tal como se definen en el artículo 16;

i) salvo en los casos previstos en los artículos 13 y 20, los costes relacionados con la adquisición, construcción o mejora del inmovilizado, excepto los vinculados a la investigación y el desarrollo;

j) los impuestos enumerados en el anexo III, excepto los impuestos especiales que gravan los productos energéticos, el alcohol y las bebidas alcohólicas, y las labores del tabaco.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra j), un Estado miembro podrá prever la deducción de uno o varios de los impuestos enumerados en el anexo III. Cuando se trate de un grupo, cualquier deducción de este tipo se aplicará a la cuota parte de los miembros del grupo residentes en ese Estado miembro o situados en él.

3. La Comisión podrá adoptar actos delegados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 y sin perjuicio de las condiciones previstas en los artículos 128, 129 y 130 con objeto de modificar el anexo III como corresponda a fin de incluir todos los impuestos similares que representen más del 20 % del importe total del impuesto sobre sociedades en el Estado miembro en el que se recauden.

Las modificaciones introducidas en el anexo III se empezarán a aplicar a los sujetos pasivos a partir del ejercicio fiscal siguiente a la modificación.

Artículo 15Gastos efectuados en beneficio de los accionistas

Las prestaciones concedidas a un accionista que sea una persona física, o a su cónyuge, ascendiente o descendiente en primer grado o empresas asociadas, y que participe directa o indirectamente en la gestión, el control o el capital del sujeto pasivo, tal como dispone el artículo 78, no tendrán la consideración de gastos deducibles en la medida en que dichas prestaciones no se otorgarían a un tercero independiente.

Artículo 16Entidades benéficas

Una entidad tendrá carácter benéfico cuando reúna las siguientes condiciones:

a) esté dotada de personalidad jurídica y reconocida como organización caritativa con arreglo a la legislación del Estado en el que se halle establecida;

b) tenga como actividad y finalidad exclusiva o principal una de las consideradas de utilidad pública; se considerará de utilidad pública cualquier actividad educativa, social, médica, cultural, científica, filantrópica, religiosa, ambiental o deportiva siempre que se lleve a cabo en el interés general;

c) sus activos se dediquen irrevocablemente a la consecución de su finalidad;

d) esté sujeta a requisitos de información en lo que respecta a sus cuentas y actividades;

e) no constituya un partido político con arreglo a la definición del mismo vigente en el Estado miembro en el que se halle establecida.

CAPÍTULO VPERIODIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN

Artículo 17Principios generales

Los ingresos, los gastos y todos los demás elementos deducibles se reconocerán en el ejercicio fiscal en que se devenguen, salvo que la presente Directiva disponga lo contrario.

Artículo 18Devengo de los ingresos

Los ingresos se devengarán cuando nazca el derecho a percibirlos y puedan cuantificarse con una exactitud razonable, independientemente de que se difiera el pago efectivo.

Artículo 19Devengo de los gastos deducibles

Un gasto deducible se devengará en el momento en que se reúnan las siguientes condiciones:

a) que haya nacido la obligación de efectuar el pago;

b) que el importe de la obligación pueda cuantificarse con una exactitud razonable;

c) que, en caso de comercio de bienes, se hayan transferido al sujeto pasivo los riesgos y ventajas significativos inherentes a la propiedad de dichos bienes y, en caso de prestación de servicios, el sujeto pasivo haya recibido dichos servicios.

Artículo 20Costes vinculados a los activos no amortizables

Los costes relativos a la adquisición, construcción o mejora del inmovilizado no amortizable de conformidad con el artículo 40 serán deducibles en el ejercicio fiscal en que se proceda a su transmisión, siempre que el producto de la misma esté incluido en la base imponible.

Artículo 21Existencias y productos en curso

El importe total de los gastos deducibles correspondientes a un ejercicio fiscal se incrementará por el valor de las existencias y productos en curso al inicio de dicho ejercicio fiscal y se reducirá por el valor de las existencias y productos en curso al final del mismo ejercicio. No se efectuará ajuste alguno en relación con las existencias y productos en curso relacionados con contratos a largo plazo.

Artículo 22Valoración

1. A efectos de cálculo de la base imponible, las operaciones se valorarán en función de:

a) la contraprestación monetaria de la operación como, por ejemplo, el precio de los bienes y servicios;

b) el valor de mercado cuando la contraprestación de la operación sea íntegra o parcialmente no monetaria;

c) el valor de mercado en caso de donación en especie recibida por un sujeto pasivo;

d) el valor de mercado en caso de donaciones en especie efectuadas por un sujeto pasivo distintas de las donaciones en favor de entidades benéficas;

e) el valor razonable de los activos y pasivos financieros mantenidos con fines de negociación;

f) el valor fiscal en el caso de las donaciones en especie a entidades benéficas.

2. La base imponible, los ingresos y los gastos se valorarán en euros a lo largo del ejercicio fiscal o se convertirán a euros el último día del ejercicio fiscal aplicando el tipo de cambio medio anual correspondiente al año natural de que se trate publicado por el Banco Central Europeo o, si el ejercicio fiscal no coincidiera con el año natural, aplicando la media de las observaciones diarias publicadas por el Banco Central Europeo a lo largo del ejercicio fiscal. El presente apartado no se aplicará a los sujetos pasivos individuales situados en un Estado miembro que no haya adoptado el euro. Tampoco se aplicará a los grupos si todos sus miembros están situados en el mismo Estado miembro y este último no ha adoptado el euro.

Artículo 23Activos y pasivos financieros mantenidos con fines de negociación (cartera de negociación)

1. Un activo financiero o un pasivo financiero se considerará mantenido con fines de negociación cuando cumpla uno de los siguientes requisitos:

a) se adquiera o se contraiga principalmente con el objetivo de venderlo o volver a comprarlo en un futuro próximo,

b) sea parte de una cartera de instrumentos financieros identificados, incluidos derivados, que se gestionen conjuntamente y para la cual exista evidencia de un patrón real reciente de obtención de beneficios a corto plazo;

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 18 y 19, habrá que integrar en la base imponible cualquier diferencia entre el valor razonable de los activos financieros y los pasivos financieros mantenidos con fines de negociación al final del ejercicio fiscal y su valor razonable al inicio del mismo un ejercicio fiscal, o en la fecha de adquisición si esta fuera posterior.

3. Cuando se proceda a la transmisión de un activo financiero o un pasivo financiero mantenido con fines de negociación, el producto de las misma deberá incorporarse a la base imponible. Se deducirá el valor razonable al inicio del ejercicio fiscal o el valor de mercado en la fecha de adquisición, si esta fuera posterior.

Artículo 24Contratos a largo plazo

1. Un contrato a largo plazo será aquel que cumpla las siguientes condiciones:

a) se celebre con fines de fabricación, instalación o construcción o de prestación de servicios;

b) se prolongue, o esté previsto que se prolongue, por un periodo superior a doce meses;

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 18, los ingresos derivados de un contrato a largo plazo se reconocerán, a efectos fiscales, por el importe correspondiente a la parte del contrato ejecutada en el ejercicio fiscal correspondiente. El porcentaje de ejecución se determinará basándose o bien en la ratio entre los costes de ese ejercicio y la totalidad de los costes estimados, o bien en una evaluación del grado de ejecución al final del ejercicio fiscal llevada a cabo por un experto.

3. Los costes derivados de los contratos a largo plazo se contabilizarán en el ejercicio fiscal en que se devenguen.

Artículo 25Provisiones

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 19, cuando al final de un ejercicio fiscal se determine que un sujeto pasivo ha contraído, o va a contraer probablemente en el futuro, una obligación legal derivada de actividades u operaciones llevadas a cabo en ese ejercicio fiscal o en ejercicios fiscales anteriores, será deducible cualquier importe derivado de esa obligación que pueda ser objeto de una estimación fiable, siempre que se prevea que la liquidación final del importe dará lugar a un gasto deducible.

Cuando la obligación esté relacionada con una actividad u operación que vaya a proseguir a lo largo de ejercicios fiscales posteriores, la deducción deberá distribuirse de forma proporcional a lo largo de la duración estimada de esa actividad u operación, teniendo en cuenta los ingresos que de ella se deriven.

Las cantidades que se deduzcan en virtud del presente artículo serán objeto de revisión y ajuste al final de cada ejercicio fiscal. A efectos de cálculo de la base imponible en ejercicios posteriores se tendrán en cuenta las cantidades ya deducidas.

2. Se considerará una estimación fiable el gasto previsto necesario para liquidar la obligación actual al final del ejercicio fiscal, siempre que dicha estimación tenga en cuenta todos los factores pertinentes, incluida la experiencia anterior de la sociedad, del grupo o del sector. A la hora de evaluar una provisión, será preciso:

a) tener en cuenta todos los riesgos e incertidumbres. No obstante, el hecho de que exista incertidumbre no justificará la constitución de provisiones excesivas;

b) si la duración de la provisión es igual o superior a doce meses y no se ha acordado ningún tipo de descuento, aplicar a la provisión un tipo de descuento igual a la media anual, en el año natural en el que finalice el ejercicio fiscal, del tipo de interés de oferta en el mercado interbancario del euro (Euribor) para las obligaciones con un vencimiento a 12 meses, tal como sea publicado por el Banco Central Europeo;

c) tener en cuenta futuros acontecimientos cuando exista una posibilidad razonable de que ocurran;

d) tener en cuenta las futuras prestaciones directamente vinculadas al acontecimiento que haya dado lugar a la provisión.

Artículo 26Pensiones

En el caso de las provisiones para pensiones, se utilizarán técnicas actuariales a fin de realizar una estimación fiable del importe de las prestaciones que los asalariados hayan adquirido en razón de los servicios que han prestado en el ejercicio corriente y en ejercicios anteriores.

La provisión para pensiones será objeto de descuento al tipo Euribor aplicado a las obligaciones con un vencimiento a 12 meses, publicado por el Banco Central Europeo. El cálculo se basará en la media anual de ese tipo durante el año natural en el que finalice el ejercicio fiscal.

Artículo 27Deducciones en concepto de créditos de dudoso cobro

1. Se autorizará una deducción en concepto de créditos de dudoso cobro cuando se reúnan las siguientes condiciones:

a) que, al final del ejercicio fiscal, el sujeto pasivo haya adoptado todas las medidas razonables para obtener el pago y tenga motivos para estimar que el crédito quedará total o parcialmente impagado; o que el sujeto pasivo tenga un gran número de créditos homogéneos y sea capaz de estimar de forma fiable en porcentaje el importe de las de dudoso cobro, basándose en todos los factores pertinentes, incluida su experiencia anterior, en su caso;

b) que el deudor no sea miembro del mismo grupo que el sujeto pasivo;

c) que no se haya practicado ninguna deducción en virtud del artículo 41 en relación con los créditos de dudoso cobro;

d) que, cuando el crédito de dudoso cobro esté relacionado con la cuenta de clientes, se haya integrado en la base imponible como ingreso un importe correspondiente al crédito.

2. A la hora de determinar si se han adoptado todas las medidas razonables para obtener el pago, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

a) si los costes de cobro resultan desproporcionados con respecto al crédito;

b) si hay alguna perspectiva de que el cobro se produzca;

c) si en las circunstancias concretas cabe esperar razonablemente que la sociedad lleve adelante el procedimiento de cobro.

3. Cuando se cobre un crédito previamente deducido como de dudoso cobro, el importe recuperado se incorporará a la base imponible en el ejercicio en que se pague.

Artículo 28Cobertura

Las pérdidas y ganancias relacionadas con un instrumento de cobertura recibirán el mismo tratamiento que las pérdidas y las ganancias correspondientes al elemento cubierto. En caso de que los sujetos pasivos sean miembros de un grupo, el instrumento de cobertura y el elemento cubierto podrán estar en poder de diferentes miembros del grupo. Existirá una relación de cobertura siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes:

a) que la relación de cobertura se haya establecido formalmente y documentado por anticipado;

b) que se prevea que la cobertura resultará muy eficaz y su eficacia pueda medirse de forma fiable.

Artículo 29Existencias y productos en curso

1. El coste de las existencias y de los productos en curso que no sean habitualmente fungibles y de los bienes y servicios producidos y reservados para proyectos específicos se evaluará de forma individual. El coste de las demás existencias y productos en curso se evaluará aplicando el método de primera entrada primera salida (FIFO) o el método de coste medio ponderado.

2. El sujeto pasivo deberá utilizar sistemáticamente el mismo método de evaluación en relación con todas las existencias y productos en curso de naturaleza y uso similares. El coste de las existencias y los productos en curso comprenderá todos los costes derivados de la adquisición, los costes directos de transformación, así como otros costes directos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales. Los costes no incluirán el impuesto sobre el valor añadido deducible. Cuando un sujeto pasivo haya incluido los costes indirectos en la valoración de las existencias y los productos en curso antes de optar por el régimen previsto en la presente Directiva, podrá seguir aplicando el enfoque de contabilización de los costes indirectos.

3. La valoración de las existencias y productos en curso deberá efectuarse de manera uniforme.

4. Las existencias y los productos en curso se valorarán el último día del ejercicio fiscal al valor menor entre el coste y el valor neto realizable. El valor neto realizable es el precio estimado de venta en el curso normal de la actividad, una vez deducidos los costes estimados de terminación y los necesarios para llevar a cabo la venta.

Artículo 30Empresas de seguros

Las empresas de seguros que hayan sido autorizadas a operar en los Estados miembros de conformidad con la Directiva 73/239/CEE[15] del Consejo por lo que respecta al seguro distinto del seguro de vida, la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[16] por lo que respecta al seguro de vida, y la Directiva 2005/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[17] por lo que respecta al reaseguro, estarán sujetas a las siguientes disposiciones adicionales:

a) la base imponible deberá incluir la diferencia entre el valor de mercado medido al final y al principio del mismo ejercicio fiscal o en el momento de efectuarse la adquisición, si esta fuera posterior, de los activos en los que se lleve a cabo la inversión en beneficio del tomador del seguro de vida que asuma el riesgo de inversión;

b) la base imponible deberá incluir la diferencia entre el valor de mercado, medido en el momento de la transmisión y al principio del ejercicio fiscal, o en el momento de efectuarse la adquisición, si esta fuera posterior, de los activos en los que se lleve a cabo la inversión en beneficio del tomador del seguro de vida que asuma el riesgo de inversión;

c) podrán deducirse las provisiones técnicas de las empresas de seguros establecidas de conformidad con la Directiva 91/674/CEE[18], salvo las provisiones de estabilización. Un Estado miembro podrá disponer la deducción de las provisiones de estabilización. En el caso de un grupo, cualquier deducción de las provisiones de estabilización se aplicará a la cuota parte correspondiente a los miembros del grupo residentes o situados en ese Estado miembro. Las cantidades que se deduzcan serán objeto de revisión y ajuste al final de cada ejercicio fiscal. A efectos de cálculo de la base imponible en ejercicios posteriores se tendrán en cuenta las cantidades ya deducidas.

Artículo 31Transferencia de inmovilizado a un tercer país

1. La transferencia de un elemento del inmovilizado por parte de un sujeto pasivo residente a su establecimiento permanente en un tercer país se considerará una transmisión del mismo a efectos de cálculo de la base imponible del sujeto pasivo residente correspondiente al ejercicio fiscal de transferencia. La transferencia de un elemento del inmovilizado por parte de un sujeto pasivo no residente desde su establecimiento permanente en un Estado miembro a un tercer país se considerará también una transmisión del mismo.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no será de aplicación si el tercer país es parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y si existe un acuerdo de intercambio de información entre ese tercer país y el Estado miembro del sujeto pasivo residente o del establecimiento permanente comparable a la Directiva 2011/16/UE.

CAPÍTULO VIAMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

Artículo 32Registro de inmovilizado

Los costes vinculados a la adquisición, construcción o mejora, junto con sus fechas correspondientes, se inscribirán en un registro de inmovilizado en el que cada elemento del inmovilizado figurará por separado.

Artículo 33Base de amortización

1. La base de amortización incluirá todo coste directamente vinculado con la adquisición, construcción o mejora de un elemento del inmovilizado.

Los costes no incluirán el impuesto sobre el valor añadido deducible.

En el caso de inmovilizado producido por el sujeto pasivo, los costes indirectos en los que se haya incurrido con motivo de su producción se integrarán asimismo en la base de amortización, en la medida en que no puedan deducirse por otros conceptos.

2. La base de amortización de un activo recibido como donación será su valor de mercado tal como figure en los ingresos.

3. La base de amortización de un elemento del inmovilizado amortizable se reducirá por el importe de cualquier subvención directa vinculada a la adquisición, construcción o mejora del activo a que se hace referencia en el artículo 11, letra a).

Artículo 34Derecho a amortizar

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, el propietario económico procederá a la deducción de la amortización.

2. En los contratos de arrendamiento financiero en los que el propietario económico no coincida con el propietario legal, el propietario económico tendrá derecho a deducir de su base imponible la parte de los pagos en concepto de arrendamiento financiero correspondiente a intereses. Esta parte deberá integrarse en la base imponible del propietario legal.

3. Un elemento del inmovilizado solo podrá ser objeto de amortización por un sujeto pasivo a la vez. En caso de que no se pueda identificar al propietario económico del activo, el propietario legal tendrá derecho a deducir la amortización. En ese caso, la parte de los pagos en concepto de arrendamiento financiero correspondiente a intereses no se integrará en la base imponible del propietario legal.

4. Un sujeto pasivo no podrá renunciar a la amortización.

5. La Comisión podrá adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 127 y sin perjuicio de las condiciones previstas en los artículos 128, 129 y 130 a fin de establecer normas más pormenorizadas en relación con:

a) la definición de propiedad económica y propiedad legal, en particular, en relación con los activos objeto de arrendamiento financiero;

b) el cálculo de los componentes capital e intereses correspondientes a los pagos en concepto de arrendamiento financiero;

c) el cálculo de la base de amortización de un activo objeto de arrendamiento financiero.

Artículo 35Amortización de los costes de mejora

Los costes de mejora se amortizarán de conformidad con las disposiciones aplicables al inmovilizado objeto de mejora como si correspondieran a inmovilizado de nueva adquisición.

Artículo 36Elementos del inmovilizado amortizables de forma individual

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 y en los artículos 36 y 40, los elementos del inmovilizado se amortizarán de forma individual a lo largo de su vida útil aplicando un método de amortización lineal. La vida útil de un elemento del inmovilizado se determinará del siguiente modo:

a) edificios: cuarenta años;

b) inmovilizado material a largo plazo distinto de los edificios: quince años;

c) Inmovilizado intangible: el periodo durante el cual el activo goce de protección legal o durante el cual se haya otorgado el derecho o, en caso de que dicho periodo no pueda determinarse, quince años.

2. Los edificios de segunda mano, el inmovilizado material a largo plazo de segunda mano y el inmovilizado intangible de segunda mano se amortizarán de conformidad con las siguientes normas:

a) un edificio de segunda mano se amortizará a lo largo de cuarenta años, salvo que el sujeto pasivo demuestre que su vida útil restante estimada es inferior, en cuyo caso se amortizará a lo largo de ese periodo más breve;

b) un elemento del inmovilizado material a largo plazo de segunda mano se amortizará a lo largo de quince años, salvo que el sujeto pasivo demuestre que su vida útil restante es inferior, en cuyo caso se amortizará a lo largo de ese periodo más breve;

c) un elemento del inmovilizado intangible de segunda mano se amortizará a lo largo de quince años, salvo que pueda determinarse el periodo restante durante el cual el elemento vaya a gozar de protección legal o durante el cual se haya concedido el derecho, en cuyo caso se amortizará a lo largo de dicho periodo.

Artículo 37Plazos

1. La amortización correspondiente a un año completo se deducirá durante el ejercicio de adquisición o de entrada en servicio, si este fuera posterior. No se deducirá ninguna amortización en el ejercicio de transmisión.

2. Cuando un activo sea objeto de transmisión, voluntaria o involuntaria, durante un ejercicio fiscal, su valor fiscal y el valor fiscal de cualquier coste de mejora en que se haya incurrido en relación con él se deducirán de la base imponible correspondiente a dicho ejercicio. Cuando un elemento del inmovilizado haya dado lugar a una deducción excepcional en virtud del artículo 41, se reducirá la deducción efectuada con arreglo al artículo 20 a fin de tener en cuenta la deducción excepcional ya realizada.

Artículo 38Deducción por reinversión en activos de sustitución

1. Cuando el producto de la transmisión de un activo amortizable de forma individual vaya a reinvertirse, antes del final del segundo ejercicio fiscal posterior a aquel en que se haya realizado la transmisión, en un activo utilizado con una finalidad idéntica o similar, el excedente de dicho producto sobre el valor fiscal del activo se deducirá en el ejercicio de transmisión. La base de amortización del activo de sustitución se reducirá por un importe equivalente.

Un activo que se transmita de forma voluntaria deberá haberse mantenido en propiedad como mínimo durante un periodo de tres años previo a la transmisión.

2. El activo de sustitución podrá adquirirse durante el ejercicio fiscal anterior a la transmisión.

Si la adquisición de un activo de sustitución no se produce antes del final del segundo ejercicio fiscal posterior a aquel en que se haya procedido a la transmisión del activo, el importe deducido en el ejercicio de transmisión, incrementado en un 10 %, se incorporará a la base imponible en el segundo ejercicio fiscal siguiente a la transmisión.

3. Si el sujeto pasivo abandona el grupo del que es miembro o deja de aplicar el régimen previsto en la presente Directiva durante el primer ejercicio sin haber procedido a la adquisición de un activo de sustitución, el importe deducido en el ejercicio de transmisión se incorporará a la base imponible. Si el sujeto pasivo abandona el grupo o deja de aplicar el régimen durante el segundo ejercicio, dicho importe se incrementará en un 10 %.

Artículo 39Grupo de activos

1. Los elementos del inmovilizado distintos de los contemplados en los artículos 36 a 40 se amortizarán conjuntamente en un grupo de activos aplicando una tasa anual del 25 % de la base de amortización.

2. La base de amortización del grupo de activos al final del ejercicio fiscal equivaldrá a su valor fiscal al final del ejercicio anterior, corregido en función de los activos que entren en grupo de activos o lo abandonen durante el ejercicio de que se trate. Será preciso efectuar ajustes en relación con los costes de adquisición, construcción o mejora de los activos (que deberán sumarse) y con el producto de la transmisión de los activos y cualquier compensación percibida por la pérdida o la destrucción de un activo (que deberán deducirse).

3. Cuando el cálculo de la base de amortización efectuado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 arroje un importe negativo, habrá que añadir un importe que permita situar dicha base en cero. Ese mismo importe se incorporará a la base imponible.

Artículo 40Activos no amortizables

No serán objeto de amortización los siguientes activos:

a) el inmovilizado material no sujeto a desgaste y obsolescencia, como por ejemplo los terrenos, las obras de arte, las antigüedades o las joyas;

b) los activos financieros.

Artículo 41Amortización excepcional

1. Si, en circunstancias excepcionales, un sujeto pasivo demuestra que el valor de un elemento del inmovilizado no amortizable se ha reducido de forma permanente al final de un ejercicio fiscal, podrá deducir un importe equivalente a esa reducción del valor. No obstante, no podrá efectuarse tal deducción en relación con ningún activo cuando el producto de su transmisión esté exento.

2. En caso de que el valor de un activo que haya sido objeto de una amortización excepcional durante un ejercicio fiscal anterior se incremente ulteriormente, habrá que incorporar a la base imponible un importe equivalente a ese incremento en el ejercicio durante el cual se produzca. No obstante, ninguna incorporación o incorporaciones, tomadas en su conjunto, deberá exceder el importe de la deducción inicialmente concedida.

Artículo 42Definición más precisa de las categorías de inmovilizado

La Comisión podrá adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 127 y sin perjuicio de las condiciones previstas en los artículos 128, 129 y 130 a fin de definir con mayor precisión las categorías de inmovilizado mencionadas en el presente capítulo.

CAPÍTULO VII PÉRDIDAS

Artículo 43Pérdidas

1. Las pérdidas en que incurra en un ejercicio fiscal un sujeto pasivo o un establecimiento permanente de un sujeto pasivo no residente podrán deducirse en los ejercicios fiscales siguientes, salvo disposición en contrario de la presente Directiva.

2. Una reducción de la base imponible por pérdidas en ejercicios fiscales anteriores no dará lugar a un importe negativo.

3. Se utilizarán en primer lugar las pérdidas más antiguas.

CAPÍTULO VIIIDISPOSICIONES RELATIVAS A LA ENTRADA EN EL RÉGIMEN PREVISTO EN LA PRESENTE DIRECTIVA Y AL ABANDONO DEL MISMO

Artículo 44Norma general sobre reconocimiento y valoración de activos y pasivos

Cuando un sujeto pasivo opte por aplicar el régimen previsto en la presente Directiva, todos los activos y pasivos serán reconocidos por valor de los mismos calculado con arreglo a las normas fiscales nacionales, inmediatamente antes de la fecha en que se empiece a aplicar el régimen, salvo disposición en contrario de la presente Directiva.

Artículo 45Clasificación del inmovilizado a efectos de amortización

1. El inmovilizado que se incorpore al régimen previsto en la presente Directiva se amortizará de conformidad con los artículos 32 a 42.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, se aplicarán las siguientes normas de amortización:

a) Los elementos del inmovilizado amortizables individualmente a tenor de lo dispuesto tanto en la ley nacional del impuesto sobre sociedades aplicable anteriormente al sujeto pasivo, como en las normas del régimen, se amortizarán de conformidad con el artículo 36, apartado 2;

b) los elementos del inmovilizado amortizables individualmente a tenor de lo dispuesto en la ley nacional del impuesto sobre sociedades aplicable anteriormente al sujeto pasivo, pero no en virtud de las normas del régimen, se incorporarán al grupo de activos previsto en el artículo 39;

c) los elementos del inmovilizado incluidos en un grupo de activos con fines de amortización, a tenor de lo dispuesto en la ley nacional del impuesto sobre sociedades aplicable anteriormente al sujeto pasivo, se incorporarán al régimen en el grupo de activos previsto en el artículo 39, incluso en el caso de que sean amortizables individualmente en virtud de las normas del régimen;

d) el inmovilizado no amortizable o no amortizado a tenor de lo dispuesto en la ley nacional del impuesto sobre sociedades aplicable anteriormente al sujeto pasivo, pero amortizable en virtud de las normas del régimen, se amortizará de conformidad con el artículo 36, apartado 1, o el artículo 39, según el caso.

Artículo 46Contratos a largo plazo en el momento de incorporarse al régimen

Los ingresos y gastos que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24, apartados 2 y 3, se consideren devengados antes de que el sujeto pasivo optara por participar en el régimen previsto en la presente Directiva, pero que todavía no se habían incluido en la base imponible en virtud de la ley nacional del impuesto sobre sociedades aplicable anteriormente al sujeto pasivo, se sumarán a la base imponible o se restarán de esta, según el caso, de conformidad con las normas de periodificación previstas en la legislación nacional.

Los ingresos que con arreglo a la ley nacional del impuesto sobre sociedades hayan sido gravados, antes de la entrada del sujeto pasivo en el régimen, por un importe superior al que se habría incluido en la base imponible a tenor del artículo 24, apartado 2, se deducirán de la base imponible.

Artículo 47Provisiones y deducciones en el momento de incorporarse al régimen

1. Las provisiones, las provisiones para pensiones y las deducciones por créditos de dudoso cobro previstas en los artículos 25, 26 y 27 únicamente serán deducibles si se derivan de actividades u operaciones llevadas a cabo después de la entrada del sujeto pasivo en el régimen previsto en la presente Directiva.

2. Serán deducibles los gastos en que se incurra en relación con actividades u operaciones llevadas a cabo antes de la entrada del sujeto pasivo en el régimen previsto en la presente Directiva pero que no hayan sido objeto de deducciones.

3. Los importes ya deducidos antes de la entrada en el régimen no podrán volver a deducirse.

Artículo 48Pérdidas anteriores a la entrada en el régimen

Cuando un sujeto pasivo haya incurrido en pérdidas antes de entrar en el régimen previsto en la presente Directiva que habrían podido trasladarse en virtud de la legislación nacional aplicable, pero que todavía no se hayan compensado con los beneficios imponibles, dichas pérdidas podrán deducirse de la base imponible en la medida prevista en la legislación nacional.

Artículo 49Norma general relativa al abandono del régimen

Cuando un sujeto pasivo abandone el régimen previsto en la presente Directiva, sus activos y pasivos serán reconocidos por el valor de los mismos calculado con arreglo a las normas del régimen, salvo disposición en contrario de la presente Directiva.

Artículo 50Inmovilizado amortizado en un grupo de activos

Cuando un sujeto pasivo abandone el régimen previsto en la presente Directiva, su grupo de activos, contemplado en el régimen previsto en la presente Directiva, será reconocido, a efectos de las normas fiscales nacionales que le sean aplicables posteriormente, como un único grupo de activos que se amortizará mediante el método de amortización decreciente a una tasa anual del 25 %.

Artículo 51Contratos a largo plazo en el momento de abandonar el régimen

Después de que el sujeto pasivo abandone el régimen, los ingresos y gastos derivados de contratos a largo plazo se tratarán de conformidad con la ley nacional del impuesto sobre sociedades aplicable posteriormente. No obstante, los ingresos y gastos que ya se hayan tenido en cuenta a efectos fiscales en el régimen previsto en la presente Directiva no volverán a tenerse en cuenta.

Artículo 52Provisiones y deducciones en el momento de abandonar el régimen

Después de que el sujeto pasivo abandone el régimen previsto en la presente Directiva, los gastos que ya hayan sido deducidos de conformidad con los artículos 25 a 27 no podrán volver a deducirse.

Artículo 53Pérdidas en el momento de abandonar el régimen

Las pérdidas en que haya incurrido el sujeto pasivo que todavía no se hayan compensado con los beneficios imponibles con arreglo al régimen previsto en la presente Directiva se trasladarán de conformidad con la ley nacional del impuesto sobre sociedades.

CAPÍTULO IXCONSOLIDACIÓN

Artículo 54Filiales consolidables

1. Serán filiales consolidables todas las filiales inmediatas y las subfiliales en las que la sociedad matriz posea los derechos siguientes:

a) el derecho a ejercer más de la mitad de los derechos de voto;

b) un derecho de propiedad que ascienda a más del 75 % del capital de la sociedad o a más del 75 % de los derechos a participar en beneficios.

2. A efectos del cálculo de los umbrales a que se refiere el apartado 1 en relación con sociedades distintas de las filiales inmediatas, serán de aplicación las normas siguientes:

a) una vez se alcance el umbral relativo a los derechos de voto en lo que respecta a las filiales inmediatas y a las subfiliales, se considerará que la sociedad matriz posee el 100 % de dichos derechos;

b) los derechos sobre beneficios y sobre el capital se calcularán multiplicando las participaciones en las filiales intermedias en cada nivel. También se tendrán en cuenta en el cálculo los derechos de propiedad que no superen el 75 % en poder, directa o indirectamente, de la sociedad matriz, incluidos los derechos en sociedades residentes en un tercer país.

Artículo 55Formación de un grupo

1. Un sujeto pasivo residente formará un grupo con:

a) todos sus establecimientos permanentes situados en otros Estados miembros;

b) todos los establecimientos permanentes situados en un Estado miembro que pertenezcan a sus filiales consolidables residentes en un tercer país;

c) todas sus filiales consolidables residentes en uno o varios Estados miembros;

d) otros sujetos pasivos residentes que sean filiales consolidables de la misma sociedad, residente en un tercer país y que cumple el requisito previsto en el artículo 2, apartado 2, letra a).

2. Un sujeto pasivo no residente formará un grupo con todos sus establecimientos permanentes situados en los Estados miembros y todas sus filiales consolidables residentes en uno o varios Estados miembros, incluidos los establecimientos permanentes de estas últimas situados en los Estados miembros.

Artículo 56Insolvencia

Una sociedad en situación de insolvencia o liquidación no podrá convertirse en miembro del grupo. Un sujeto pasivo declarado insolvente o en proceso de liquidación deberá abandonar el grupo de forma inmediata.

Artículo 57Alcance de la consolidación

1. Se consolidarán las bases imponibles de los miembros de un grupo.

2. Cuando la base imponible consolidada sea negativa, la pérdida se trasladará y se compensará con la siguiente base imponible consolidada positiva. Cuando la base imponible consolidada sea positiva, se distribuirá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 a 102.

Artículo 58Requisitos temporales

1. Los umbrales a que se refiere el artículo 54 deberán respetarse a lo largo de todo el ejercicio fiscal.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, un sujeto pasivo se convertirá en miembro de un grupo en la fecha en que se alcancen los umbrales del artículo 54. Estos deberán respetarse durante al menos nueve meses consecutivos; de lo contrario, el sujeto pasivo será tratado como si nunca hub