[pic] | COMISIÓN EUROPEA |

Bruselas, 30.9.2010

COM(2010) 517 final

2010/0273 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a los ataques contra los sistemas de información, por la que se deroga la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo {SEC(2010)1122 final}{SEC(2010)1123 final}

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Motivación y objetivos de la propuesta

El objetivo de la propuesta es sustituir la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a los ataques contra los sistemas de información[1]. La Decisión marco respondía, tal como se declaraba en sus considerandos, al objetivo de reforzar la cooperación entre las autoridades judiciales y otras autoridades competentes, incluida la policía y los demás servicios represivos especializados de los Estados miembros, mediante la aproximación de las normas de Derecho penal de los Estados miembros relativas a los ataques contra los sistemas de información. La Decisión marco introdujo una normativa de la UE para regular infracciones penales como el acceso ilegal a los sistemas de información, la intromisión ilegal en el sistema y la intromisión ilegal en los datos, así como normas específicas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, la competencia y el intercambio de información. Se instó a los Estados miembros a que adoptaran las medidas necesarias para cumplir las disposiciones de la Decisión marco a más tardar el 16 de marzo de 2007.

El 14 de julio de 2008, la Comisión publicó un informe sobre la aplicación de la Directiva marco[2]. En las conclusiones del informe se señalaba que se habían realizado progresos significativos en la mayoría de los Estados miembros y el nivel de aplicación era relativamente adecuado, si bien en algunos Estados miembros la aplicación aún no había concluido. En el informe también se señalaba que «desde la adopción de la Decisión marco, los recientes ataques sufridos en toda Europa han puesto de manifiesto las diversas amenazas que están apareciendo y, en particular, los ataques simultáneos y masivos contra los sistemas de información y la creciente utilización delictiva de los denominados botnets» . En el momento de la adopción de la Decisión marco, estos ataques no estaban en el centro de atención. Ante estos hechos, la Comisión considerará medidas destinadas a responder mejor a las amenazas (véase la explicación de botnet en la siguiente sección).

El Programa de La Haya de 2004 sobre refuerzo de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea, así como el Programa de Estocolmo de 2009 y su respectivo plan de acción[3], hicieron hincapié en la importancia de adoptar nuevas medidas para intensificar la lucha contra la delincuencia informática. Además, la Agenda Digital para Europa[4] presentada recientemente, que es la primera gran iniciativa adoptada en el marco de la estrategia de Europa 2020, ha reconocido la necesidad de tratar a escala europea el incremento de las nuevas formas de delincuencia y, en particular, la «ciberdelincuencia». En un ámbito de acción donde la confianza y la seguridad son primordiales, la Comisión está decidida a adoptar medidas de lucha contra los ataques a los sistemas de información.

En el ámbito internacional, el Convenio del Consejo de Europa sobre ciberdelincuencia (Convenio sobre ciberdelincuencia), firmado el 23 de noviembre de 2001, está considerado como la normativa internacional más completa hasta la fecha, ya que establece un marco global y coherente que abarca los diversos aspectos de la ciberdelincuencia[5]. El Convenio ha sido firmado por los 27 Estados miembros, pero sólo ha sido ratificado por 15 Estados miembros[6]. El Convenio entró en vigor el 1 de julio de 2004. La UE no es parte signataria del Convenio. Dada la importancia de este instrumento, la Comisión pide encarecidamente al resto de Estados miembros que ratifiquen cuanto antes el Convenio.

- Contexto general

En lo que respecta a la delincuencia informática, la causa principal de este fenómeno es la vulnerabilidad, derivada de diversos factores. La respuesta insuficiente por parte de los sistemas represivos contribuye a mantener estos fenómenos y las dificultades aumentan por el carácter transfronterizo de ciertas infracciones. Con frecuencia, estos tipos de infracciones penales no se denuncian debidamente, en parte porque algunas pasan desapercibidas y en parte porque las víctimas (empresas y agentes económicos) no denuncian por miedo a la mala reputación o a exponer públicamente vulnerabilidades que podrían afectar a las perspectivas futuras de la empresa.

Además, los diversos procedimientos y Derechos penales nacionales pueden dar lugar a diferencias en la investigación y el enjuiciamiento, lo cual conduce a diferencias en la forma de tratar estas infracciones penales. El desarrollo de la tecnología informática ha agravado los problemas al facilitar la producción y distribución de herramientas ( malware y botnets ), al mismo tiempo que permite el anonimato de los autores y reparte las responsabilidades entre las jurisdicciones. Las dificultades para llevar a cabo el enjuiciamiento permiten a la delincuencia organizada obtener beneficios considerables con pocos riesgos.

La presente propuesta tiene en cuenta los nuevos métodos de comisión de delitos informáticos y, en particular, la utilización de botnets. El término botnet se refiere a una red de ordenadores que han sido infectados por programas nocivos (virus informáticos). Esta red de ordenadores afectados ( zombies ) puede ser activada para realizar determinadas acciones como ataques a los sistemas de información (ciberataques). Los zombies pueden ser controlados – con frecuencia sin el conocimiento de los usuarios de los ordenadores afectados – por otro ordenador. El ordenador «controlador» también se conoce como el «centro de dirección y control». Las personas que controlan este centro incurren en una infracción penal, ya que utilizan los ordenadores afectados para lanzar ataques contra los sistemas de información. Es muy difícil rastrear a los autores porque los ordenadores que forman el botnet y realizan el ataque pueden encontrarse en un lugar diferente del propio infractor.

Con frecuencia, los botnet realizan ataques que se ejecutan a gran escala. Los ataques a gran escala pueden ser ataques realizados mediante el uso de herramientas que afectan a un número significativo de sistemas de información (ordenadores), o ataques que causan daños considerables como, por ejemplo, interrupción de los servicios del sistema, costes económicos, pérdida de datos personales, etc. Los daños causados por los ataques a gran escala tienen un gran impacto en el funcionamiento del propio objetivo y pueden afectar a su entorno de trabajo. En este contexto, se considera que un big botnet puede causar graves daños. Es difícil definir los botnets en función de su tamaño, pero se estima que los mayores botnets observados tienen entre 40 000 y 100 000 conexiones (es decir, ordenadores infectados) por periodo de 24 horas[7].

- Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta

En el ámbito de la UE, la Decisión marco introduce un nivel mínimo de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros para tipificar una serie de infracciones penales informáticas, incluido el acceso ilegal a los sistemas de información, la intromisión ilegal en el sistema y la intromisión legal en los datos, así como la inducción, la complicidad y la tentativa.

Si bien los Estados miembros han aplicado en general las disposiciones de la Decisión marco, ésta presenta una serie de deficiencias imputables a la evolución del número y el alcance de las infracciones penales (ataques informáticos). La Decisión aproxima las legislaciones sólo para un número limitado de infracciones penales, pero no aborda en su totalidad la amenaza potencial que representan los ataques a gran escala para la sociedad. Tampoco tiene suficientemente en cuenta la gravedad de las infracciones y las sanciones previstas.

Otras iniciativas y programas en curso o previstos abordan de alguna manera los problemas relativos a los ataques informáticos y cuestiones como la seguridad de las redes y la protección de los usuarios de Internet. Incluyen acciones apoyadas por el programa «Prevención y lucha contra la delincuencia»[8], el programa «Justicia penal»[9], el programa «Para una Internet más segura»[10], y el programa «Iniciativa sobre las infraestructuras críticas de información»[11]. Además de la Decisión marco, otro instrumento jurídico en vigor es la Decisión marco 2004/68/JAI relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil.

En el ámbito administrativo, la práctica de infectar ordenadores y convertirlos en botnets ya está prohibida por las normas de la UE sobre el derecho a la intimidad y la protección de datos[12]. En particular, algunos organismos administrativos nacionales están cooperando en el marco de la red de contacto de las autoridades responsables en materia de spam (CNSA). Según dichas normas, los Estados miembros deben prohibir la interceptación de comunicaciones en las redes públicas de comunicaciones y los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles públicamente que se realicen sin el consentimiento de los usuarios afectados o sin autorización oficial.

La presente propuesta se ajusta a dichas normas. Los Estados miembros procurarán mejorar la cooperación entre las autoridades administrativas y los servicios represivos en los casos que sean objeto tanto de sanciones penales como administrativas.

- Coherencia con otras políticas y objetivos de la UE

Los objetivos son coherentes con las políticas de la UE destinadas a combatir la delincuencia organizada, aumentar la resiliencia de las redes informáticas, proteger las infraestructuras críticas de información, y la protección de datos. Los objetivos son también coherentes con el programa «Para una Internet más segura», que fue creado para fomentar un uso más seguro de Internet y las nuevas tecnologías en línea, así como para luchar contra los contenidos ilícitos.

La presente propuesta ha sido examinada detenidamente para garantizar que sus disposiciones sean plenamente compatibles con los derechos fundamentales y, en particular, con la protección de datos personales, la libertad de expresión e información, el derecho a un juicio equitativo, la presunción de inocencia y los derechos de la defensa, así como los principios de legalidad y proporcionalidad de las infracciones y las sanciones penales.

2. CONSULTA A LAS PARTES INTERESADAS Y ANÁLISIS DE IMPACTO

- Consulta a las partes interesadas

Se consultó a numerosos expertos en la materia en una serie de reuniones sobre los diversos aspectos de la lucha contra la delincuencia informática, incluido el tratamiento judicial (enjuiciamiento) de estas infracciones penales. Entre los expertos figuraban representantes de los gobiernos de los Estados miembros y del sector privado, fiscales y jueces especializados, organizaciones internacionales, organismos europeos y agencias especializadas. Posteriormente, algunos expertos y organizaciones enviaron sus aportaciones y suministraron información.

Los mensajes clave que se desprenden de la consulta son los siguientes:

- necesidad de una acción de la UE en este ámbito;

- necesidad de tipificar las formas de infracciones no incluidas en la actual Directiva marco, especialmente las nuevas formas de ataques informáticos ( botnets);

- necesidad de eliminar los obstáculos a la investigación y al enjuiciamiento en los asuntos transfronterizos;

Las aportaciones recibidas durante el proceso de consulta se han tenido en cuenta en la evaluación de impacto.

Obtención y utilización de asesoramiento técnico

En diversas reuniones con los participantes se recurrió al asesoramiento externo.

Evaluación de impacto

Se examinaron diversas opciones estratégicas para alcanzar el objetivo.

- Opción estratégica (1): statu quo / no adoptar ninguna medida en el ámbito de la UE

Esta opción implica que la UE no emprenderá ninguna nueva acción para combatir este tipo particular de delincuencia informática, es decir, los ataques contra los sistemas de información. Las acciones en curso deberán proseguir, especialmente los programas para reforzar la protección de las infraestructuras críticas de información y mejorar la cooperación público-privada contra la ciberdelincuencia.

- Opción estratégica (2): desarrollo de un programa para aumentar los esfuerzos para combatir los ataques contra los sistemas de información por medio de medidas no legislativas

Las medidas no legislativas, además del programa de protección de infraestructuras críticas de información, se centrarían en la acción represiva transfronteriza y en la cooperación público-privada. Estos instrumentos de carácter no vinculante deberían fomentar la futura acción coordinada en el ámbito de la UE, incluido el reforzamiento de la red de puntos de contacto existentes durante 24 horas al día 7 días a la semana para los servicios represivos; el establecimiento de una red de la UE de puntos de contacto público-privado en la que participen expertos en ciberdelincuencia y los servicios represivos; la elaboración de un acuerdo de nivel de servicios normalizado de la UE para la cooperación de los servicios represivos con los agentes del sector privado; y el apoyo a la organización de programas de formación sobre la investigación de la ciberdelincuencia destinados a los servicios represivos.

- Opción estratégica (3): actualización selectiva de las normas de la Decisión marco (nueva Directiva por la que se sustituye la actual Decisión marco) para abordar la amenaza de los ataques a gran escala contra los sistemas de información ( botnets ) y, cuando se cometen ocultando la identidad real del autor y causando perjuicio al legítimo titular de la identidad, mejorar la eficiencia de los puntos de contacto de los servicios represivos de los Estados miembros y subsanar la falta de datos estadísticos sobre ataques informáticos.

Esta opción prevé la introducción de una legislación específica selectiva (es decir, limitada) para prevenir ataques a gran escala contra los sistemas de información. Esta legislación reforzada estaría acompañada de medidas no legislativas para intensificar la cooperación operativa transfronteriza contra tales ataques, lo cual facilitaría la aplicación de medidas legislativas. La finalidad de estas medidas sería mejorar la preparación, la seguridad y la resiliencia de las infraestructuras críticas de información e intercambiar las mejores prácticas.

- Opción estratégica (4): introducción de una normativa global de la UE contra la ciberdelincuencia

Esta opción implicaría adoptar una nueva normativa global de la UE. Además de introducir las medidas no vinculantes de la opción 2 y la actualización de la opción 3, también abordaría otros problemas jurídicos que plantea el uso de Internet. Las medidas no sólo abarcarían los ataques contra los sistemas de información, sino también cuestiones como la ciberdelincuencia financiera, los contenidos ilícitos en Internet, la recogida/almacenamiento/transferencia de pruebas electrónicas y unas normas de competencia más detalladas. La legislación se aplicaría paralelamente al Convenio del Consejo de Europa sobre la ciberdelincuencia e incluiría las medidas no legislativas de acompañamiento que se han mencionado anteriormente.

- Opción política (5): actualización del Convenio del Consejo de Europa sobre la ciberdelincuencia

Esta opción implicaría una renegociación sustancial del actual Convenio que sería un proceso largo y no ajustado al marco temporal de la acción propuesta en la evaluación de impacto. No parece existir una voluntad internacional para renegociar el Convenio. En consecuencia, la actualización del Convenio no puede considerarse una opción viable, ya que no entra dentro del marco temporal requerido de la acción.

Opción estratégica preferida: combinación de las medidas no legislativas (opción 2) con la actualización selectiva de la Decisión marco (opción 3)

Tras analizar el impacto económico, las repercusiones sociales y el impacto en los derechos fundamentales, las opciones 2 y 3 constituyen el mejor enfoque del problema para alcanzar los objetivos de la propuesta.

Al preparar la presente propuesta, la Comisión ha realizado una evaluación de impacto.

3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

- Resumen de la acción propuesta

La Directiva, al derogar la Decisión marco 2005/222/JAI, mantendrá sus disposiciones actuales e incluirá los nuevos elementos siguientes:

- en materia de Derecho penal sustantivo en general, la Directiva:

A. penaliza la producción, la venta, la adquisición para el uso, la importación, la distribución y cualquier otra forma de puesta a disposición de los dispositivos/instrumentos utilizados para cometer las infracciones.

B. Incluye circunstancias agravantes:

- el aspecto de gran escala de los ataques, los botnets y los dispositivos similares constituirían nuevas circunstancias agravantes, en el sentido de que el acto de poner en funcionamiento un botnet o un dispositivo similar sería un factor agravante al cometerse las infracciones penales enumeradas en la Decisión marco existente;

- cuando tales ataques se cometan ocultando la identidad real del autor y causando daños al legítimo titular de la identidad. Todas estas disposiciones deberían cumplir los principios de legalidad y proporcionalidad de las infracciones penales y las sanciones, y ser coherentes con la normativa existente en materia de protección de datos personales[13].

C. Introduce la infracción penal de la «interceptación ilícita».

D. Introduce medidas para mejorar la cooperación judicial europea en materia penal mediante el reforzamiento de la estructura existente de puntos de contacto 24/7[14]:

- propone la obligación de atender la solicitud de asistencia de los puntos de contacto operativos (tal como establece el artículo 14 de la Directiva) en un determinado plazo. El Convenio sobre la ciberdelincuencia no incluye ninguna disposición específica vinculante de este tipo. El objetivo de esta medida es garantizar que los puntos de contacto indiquen en un plazo de tiempo especificado si pueden atender la solicitud de asistencia y en qué momento el punto de contacto solicitante puede ser atendido. No se especifica el contenido real de las respuestas.

E. Aborda la necesidad de proporcionar datos estadísticos sobre la ciberdelincuencia imponiendo a los Estados miembros la obligación de garantizar el establecimiento de un sistema adecuado de recogida, producción y suministro de datos estadísticos sobre las infracciones penales a que se refiere la Decisión marco existente, y la «interceptación ilícita» recientemente introducida.

En las definiciones de las infracciones penales recogidas en los artículos 3, 4 y 5 (acceso ilegal a los sistemas de información, intromisión ilegal en los sistemas de información e intromisión ilegal en los datos), la Directiva contiene una disposición que, en el proceso de incorporación de la Directiva al ordenamiento interno, permite tipificar como infracciones penales «sólo los casos que no sean de menor gravedad». Este elemento de flexibilidad pretende permitir a los Estados miembros no regular los supuestos que in abstracto podrían entrar en la definición básica, pero que no se consideran perjudiciales para los intereses jurídicos protegidos, como los actos cometidos por jóvenes que intentan demostrar sus conocimientos de tecnología informática. Ahora bien, esta posibilidad de limitar el alcance de la tipificación no debería llevar a la introducción de elementos constitutivos de infracción adicionales a los ya incluidos en la Directiva, porque en tal caso sólo se regularían las infracciones cometidas con circunstancias agravantes. En el proceso de transposición, los Estados miembros deben abstenerse de añadir elementos constitutivos adicionales a las infracciones penales básicas, como la intención especial de obtener ganancias ilícitas del delito o la presencia de un efecto específico como causar un daño considerable.

- Base jurídica

El artículo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea[15].

- Principio de subsidiariedad

El principio de subsidiariedad se aplica a las acciones de la Unión Europea. Los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros por los motivos que se exponen a continuación.

La ciberdelincuencia y, específicamente, los ataques contra los sistemas de información tienen una dimensión transfronteriza considerable que se pone especialmente de manifiesto en los ataques a gran escala, ya que los elementos de conexión de un ataque suelen situarse en diferentes lugares y en diferentes países. Esto exige una acción de la UE que esté en consonancia con la tendencia actual a los ataques a gran escala en Europa y el mundo. Las conclusiones del Consejo de noviembre de 2008[16] también propugnaron la acción en el ámbito de la UE y la actualización de la Decisión marco 2005/222/JAI, dado que el objetivo de proteger eficazmente a los ciudadanos contra los delitos informáticos no puede ser alcanzado adecuadamente sólo por los Estados miembros.

La acción de la Unión Europea facilitará la consecución de los objetivos de la propuesta por los motivos que se indican a continuación.

La propuesta aproximará en mayor medida el Derecho penal sustantivo de los Estados miembros y las normas de procedimiento, lo que tendrá un efecto positivo en la lucha contra estos delitos. En primer lugar, es una forma de prevenir que los infractores se trasladen a Estados miembros con normativas más indulgentes en materia de ataques informáticos. En segundo lugar, las definiciones comunes permitirán intercambiar información y recoger y comparar los datos pertinentes. En tercer lugar, también mejora la eficacia de las medidas de prevención en el conjunto de la UE y la cooperación internacional.

La propuesta se atiene pues al principio de subsidiariedad.

- Principio de proporcionalidad

La propuesta cumple el principio de proporcionalidad por el motivo que se expone a continuación.

La presente Directiva se limita a lo mínimo necesario para alcanzar estos objetivos en el ámbito europeo y no excede de lo necesario a tal fin, teniendo en cuenta

la necesidad de una legislación penal precisa.

- Instrumentos elegidos

Instrumento propuesto: Directiva.

Otros medios no serían adecuados por la siguiente razón:

La base jurídica exige una Directiva.

Las medidas no legislativas y la autorregulación mejorarían la situación en ciertos sectores en los que la aplicación resulta crucial. Sin embargo, en otros sectores en los que es esencial una nueva legislación, apenas habría mejoras.

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

Las repercusiones de la propuesta en el presupuesto de la Unión son reducidas. Más del 90 % del coste estimado de 5 913 000 EUR lo sufragarían los Estados miembros y existe la posibilidad de solicitar financiación de la UE para reducir el coste.

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

- Derogación de disposiciones legales vigentes

La adopción de la propuesta supondrá la derogación de la normativa vigente.

- Ámbito territorial

Los destinatarios de la presente Directiva, con arreglo a los Tratados, serán los Estados miembros.

2010/0273 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a los ataques contra los sistemas de información, por la que se deroga la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular,

su artículo 83, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea[17],

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

1. El objetivo de la presente Directiva es aproximar las normas de Derecho penal de los Estados miembros en materia de ataques contra los sistemas de información, y mejorar la cooperación entre las autoridades judiciales y otras autoridades competentes, incluida la policía y los demás servicios represivos especializados de los Estados miembros.

2. Los ataques contra los sistemas de información, en particular los dirigidos por la delincuencia organizada, son una amenaza creciente, y cada vez preocupa más la posibilidad de atentados terroristas o con motivaciones políticas contra los sistemas de información que forman parte de las infraestructuras críticas de los Estados miembros y la Unión. Esta situación pone en peligro la realización de una sociedad de la información segura y de un espacio de libertad, seguridad y justicia y exige, por tanto, una respuesta por parte de la Unión Europea.

3. Se comprueba una tendencia hacia ataques de gran escala cada vez más graves y recurrentes contra sistemas de información que son críticos para los Estados o para determinadas funciones del sector público o privado. Esta tendencia coincide con el desarrollo de instrumentos cada vez más sofisticados que pueden utilizar los delincuentes para lanzar ataques informáticos de diverso tipo.

4. Es importante en esta materia disponer de definiciones comunes, especialmente de los sistemas de información y los datos informáticos, a fin de garantizar la aplicación coherente de la presente Directiva.

5. Es necesario llegar a un enfoque común respecto de los elementos constitutivos de las infracciones penales introduciendo las infracciones comunes de acceso ilegal a un sistema de información, de intromisión ilegal en el sistema, de intromisión ilegal en los datos y de interceptación ilegal.

6. Los Estados miembros deben prever sanciones para los ataques contra los sistemas de información. Estas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

7. Es conveniente establecer sanciones más severas cuando un ataque contra un sistema de información se comete en el contexto de una organización delictiva, tal como se define en la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada[18], cuando el ataque se realiza a gran escala, o cuando la infracción penal se comete ocultando la identidad real de su autor y causando un perjuicio al legítimo titular de la identidad. Asimismo es conveniente establecer sanciones más severas cuando dicho ataque haya cause daños graves o afecte a intereses esenciales.

8. Las conclusiones del Consejo de 27 y 28 de noviembre indicaron que debía desarrollarse una nueva estrategia con los Estados miembros y la Comisión, teniendo en cuenta el contenido del Convenio del Consejo de Europa de 2001 sobre la ciberdelincuencia. Este Convenio es el marco jurídico de referencia para la lucha contra la ciberdelincuencia, incluidos los ataques contra los sistemas de información. La presente Directiva se basa en dicho Convenio.

9. Dadas las diferentes formas en que pueden realizarse los ataques y la rápida evolución de los programas y equipos informáticos, la presente Directiva se refiere a los «instrumentos» que pueden utilizarse para cometer las infracciones penales enumeradas en la presente Directiva. Estos instrumentos pueden ser, por ejemplo, programas informáticos nocivos, incluidos los botnets , que se utilizan para cometer ataques informáticos.

10. La presente Directiva no pretende exigir responsabilidad penal cuando las infracciones se cometen de forma no intencionada, como en el caso de las pruebas autorizadas o la protección de los sistemas de información

11. La presente Directiva subraya la importancia de redes, tales como la red de puntos de contacto del G8 o la del Consejo de Europa, disponibles veinticuatro horas al día, siete días a la semana, para el intercambio de información con el fin de prestar asistencia inmediata en el marco de investigaciones o procedimientos relativos a infracciones penales relacionadas con datos y sistemas de información, o para la recogida por medios electrónicos de pruebas de una infracción penal. Dada la velocidad a la que pueden realizarse los ataques a gran escala, todos los Estados miembros deben responder con prontitud a las solicitudes urgentes procedentes de dicha red de puntos de contacto. La asistencia debe incluir la facilitación o la realización directa de tareas como el asesoramiento técnico, la conservación de datos, la recogida de pruebas, el suministro de información jurídica y la localización de sospechosos.

12. Es necesario recopilar datos sobre las infracciones penales a las que se refiere la presente Directiva, a fin de obtener una visión más completa del problema a escala de la Unión y contribuir a formular respuestas más eficaces. Además, los datos contribuirán a que organismos especializados como Europol y la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información puedan evaluar mejor el alcance de la ciberdelincuencia y el estado de la seguridad de la red y la información en Europa.

13. Las diferencias y divergencias significativas que existen entre las legislaciones de los Estados miembros en este ámbito pueden dificultar la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo y complicar la cooperación eficaz de los servicios de policía y las administraciones de justicia en materia de ataques contra los sistemas de información. La naturaleza transnacional y transfronteriza de los modernos sistemas de información significa que los ataques suelen revestir un carácter transfronterizo, lo que plantea la necesidad urgente de proseguir la aproximación de las legislaciones penales en este ámbito. Por otra parte, la coordinación del enjuiciamiento de los casos de ataques contra los sistemas de información debe facilitarse con la adopción de la Decisión marco 2009/948/JAI del Consejo sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales.

14. Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, garantizar que los ataques contra los sistemas de información sean castigados en todos los Estados miembros con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, y mejorar y fomentar la cooperación judicial superando las posibles complicaciones, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ya que las normas tienen que ser comunes y compatibles y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, ésta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. La presente Directiva se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar dichos objetivos y no excede de lo necesario para ese propósito.

15. Los datos personales tratados en el contexto de la aplicación de la presente Directiva se protegerán con arreglo a las normas establecidas en la Decisión marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación judicial y policial en materia penal[19] con respecto a las actividades de tratamiento que entren dentro de su ámbito de aplicación, y el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos[20].

16. La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y cumple los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluida la protección de datos personales, la libertad de expresión e información, el derecho a un juicio equitativo, la presunción de inocencia y los derechos de la defensa, así como los principios de legalidad y proporcionalidad de las infracciones penales y las sanciones. En especial, la presente Directiva tiene por objeto garantizar el pleno respeto de dichos derechos y principios y debe aplicarse en consecuencia.

17. [De conformidad con los artículos 1, 2, 3 y 4 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, adjunto al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Reino Unido e Irlanda han notificado su intención de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva] O BIEN [Sin perjuicio del artículo 4 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, el Reino Unido e Irlanda no participarán en la adopción de la presente Directiva y no estarán vinculados ni sujetos a su aplicación].

18. De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, adjunto al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva que, por lo tanto, no será obligatoria ni se aplicará en este país.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1 Objeto

La presente Directiva define las infracciones penales en el ámbito de los ataques contra los sistemas de información y establece las normas mínimas relativas a las sanciones correspondientes. También tiene por objeto introducir disposiciones comunes para prevenir dichos ataques y mejorar la cooperación judicial europea en materia penal en este ámbito.

Artículo 2 Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se aplicarán las definiciones siguientes:

a) «sistema de información»: todo aparato o grupo de aparatos interconectados o relacionados entre sí, uno o varios de los cuales realizan, mediante un programa, el tratamiento automático de datos informáticos, así como los datos informáticos almacenados, tratados, recuperados o transmitidos por estos últimos para su funcionamiento, utilización, protección y mantenimiento;

b) «datos informáticos»: toda representación de hechos, informaciones o conceptos de una forma que permite su tratamiento por un sistema de información, incluidos los programas que sirven para hacer que dicho sistema de información realice una función;

c) «persona jurídica»: toda entidad a la cual el derecho vigente reconoce este estatuto, salvo los Estados y otros organismos públicos que ejercen prerrogativas estatales y las organizaciones internacionales de derecho público;

d) «sin autorización»: el acceso o la intromisión no autorizados por el propietario o titular de otro tipo de derecho sobre el sistema o parte del mismo o no permitidos por la legislación nacional.

Artículo 3 Acceso ilegal a los sistemas de información

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que el acceso intencionado , sin autorización, al conjunto o a una parte de un sistema de información sea sancionable como infracción penal, al menos en los casos que no sean de menor gravedad.

Artículo 4 Intromisión ilegal en los sistemas de información

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que el acto intencionado, cometido sin autorización, de obstaculizar o interrumpir de manera significativa el funcionamiento de un sistema de información, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, sea sancionable como infracción penal, al menos en los casos que no sean de menor gravedad.

Artículo 5 Intromisión ilegal en los datos

Los Estados miembros adoptará las medidas necesarias para que el acto intencionado, cometido sin autorización, de borrar, dañar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos informáticos contenidos en un sistema de información sea sancionable como infracción penal, al menos en los casos que no sean de menor gravedad.

Artículo 6 Interceptación ilegal

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la interceptación intencionada, por medios técnicos, de transmisiones no públicas de datos informáticos hacia, desde o dentro de un sistema de información, incluidas las emisiones electromagnéticas de un sistema de información que contenga dichos datos informáticos, se castigue como una infracción penal cuando se cometa sin autorización.

Artículo 7 Instrumentos utilizados para cometer las infracciones

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la producción, venta, adquisición para el uso, importación, posesión, distribución u otra forma de puesta a disposición de los siguientes elementos se castiguen como infracciones penales cuando sean intencionadas y se realicen sin autorización con el fin de cometer cualquiera de las infracciones mencionadas en los artículos 3 a 6:

a) un dispositivo, incluido un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer una infracción de las mencionadas en los artículos 3 a 6;

b) una contraseña de ordenador, un código de acceso, o datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información;

Artículo 8 Inducción, complicidad y tentativa

1. Los Estados miembros garantizarán que la inducción y la complicidad en relación con las infracciones mencionadas en los artículos 3 a 7 sean punibles como infracciones penales.

2. Los Estados miembros garantizará que la tentativa de cometer las infracciones mencionadas en los artículos 3 a 6 sea punible como infracción penal.

Artículo 9 Sanciones

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las infracciones mencionadas en los artículos 3 a 8 se castiguen con sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias.

2. Los Estados miembros adoptará las medidas necesarias para garantizar que las infracciones mencionadas en los artículos 3 a 7 se castiguen con sanciones penales privativas de libertad de una duración máxima de al menos dos años.

Artículo 10 Circunstancias agravantes

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las infracciones mencionadas en los artículos 3 a 7 se castiguen con sanciones penales privativas de libertad de una duración máxima de al menos cinco años cuando se cometan en el contexto de una organización delictiva tal como se define en la Directiva marco 2008/841/JAI.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las infracciones mencionadas en los artículos 3 a 6 se castiguen con sanciones penales privativas de libertad de una duración máxima de al menos cinco años cuando se cometan utilizando un instrumento concebido para lanzar ataques que afecten a un número significativo de sistemas de información o ataques que causen daños considerables como la interrupción de los servicios del sistema, costes económicos o pérdida de datos personales.

3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las infracciones mencionadas en los artículos 3 a 6 se castiguen con sanciones penales privativas de libertad de una duración máxima de al menos cinco años cuando se cometan ocultando la identidad real de su autor y causando perjuicio al legítimo titular de la identidad.

Artículo 11 Responsabilidad de las personas jurídicas

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de las infracciones mencionadas en los artículos 3 a 8, cuando estas infracciones sean cometidas en su beneficio por cualquier persona que, actuando a título particular o como parte de un órgano de la persona jurídica, ostente un cargo directivo en el seno de dicha persona jurídica, basado en:

a) el poder de representación de dicha persona jurídica; o

b) la capacidad para tomar decisiones en nombre de dicha persona jurídica; o

c) la capacidad para ejercer un control en el seno de dicha persona jurídica.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables cuando la falta de supervisión o control por parte de alguna de las personas a que se refiere el apartado 1 haya hecho posible que una persona sometida a su autoridad cometa una infracción mencionada en los artículos 3 a 8 en beneficio de esa persona jurídica.

3. La responsabilidad de las personas jurídicas en virtud de los apartados 1 y 2 no excluirá la incoación de acciones penales contra las personas físicas que sean autores o cómplices de las infracciones mencionadas en los artículos 3 a 8.

Artículo 12 Sanciones aplicables a las personas jurídicas

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que a la persona jurídica considerada responsable en virtud de lo dispuesto en el artículo 11, apartado 1, le sean impuestas sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, que incluirán multas de carácter penal o de otro tipo, y podrán incluir otras sanciones como, por ejemplo:

a) exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas;

b) inhabilitación temporal o permanente para el ejercicio de actividades comerciales;

c) vigilancia judicial;

d) medida judicial de liquidación;

e) cierre temporal o definitivo de los establecimientos utilizados para cometer la infracción.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que a la persona jurídica considerada responsable en virtud de lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2, le sean impuestas sanciones o medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Artículo 13 Competencia

1. Los Estados miembros establecerán sus competencias respecto de las infracciones mencionadas en los artículos 3 y 8, cuando la infracción se haya cometido:

a) total o parcialmente en el territorio del Estado miembro afectado; o

b) por uno de sus nacionales o por una persona que tenga su residencia habitual en el territorio del Estado miembro afectado; o

c) en beneficio de una persona jurídica que tenga su domicilio social en el territorio del Estado miembro afectado.

2. Al establecer sus competencias de acuerdo con el apartado 1, letra a), los Estados miembros garantizarán que su competencia incluya los casos en que:

a) el autor cometa la infracción estando físicamente presente en el territorio del Estado miembro afectado, independientemente de que la infracción se cometa o no contra un sistema de información situado en su territorio, o

b) la infracción se comete contra un sistema de información situado en el territorio del Estado afectado, independientemente de que el autor cometa o no la infracción estando físicamente presente en su territorio.

Artículo 14 Intercambio de información

1. A efectos del intercambio de información sobre las infracciones mencionadas en los artículos 3 a 8, y de acuerdo con las normas de protección de datos, los Estados miembros harán uso de la red existente de puntos de contacto operativos disponibles las 24 horas del día los 7, días de la semana. Los Estados miembros también se asegurarán de que existan procedimientos disponibles para responder a solicitudes urgentes en un plazo máximo de ocho horas. La respuesta deberá indicar al menos si se atenderá la solicitud de ayuda, así como la forma y el plazo en que se hará.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión su punto de contacto designado a efectos del intercambio de información sobre las infracciones mencionadas en los artículos 3 a 8. La Comisión transmitirá esta información a los demás Estados miembros.

Artículo 15 Seguimiento y estadísticas

1. Los Estados miembros garantizarán el establecimiento de un sistema para la recogida, elaboración y suministro de datos estadísticos sobre las infracciones mencionadas en los artículos 3 a 8.

2. Los datos estadísticos mencionados en el apartado 1 se referirán, como mínimo, al número de infracciones mencionadas en los artículos 3 a 8 que han sido comunicadas a los Estados miembros y al seguimiento dado a estos informes, e indicarán anualmente el número de casos comunicados que han sido investigados, el número de personas procesadas, y el número de personas condenadas por las infracciones mencionadas en los artículos 3 a 8.

3. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión los datos recogidos con arreglo al presente artículo. También garantizarán la publicación de una revisión consolidada de sus informes estadísticos.

Artículo 16 Derogación de la Decisión marco 2005/222/JAI

Queda derogada la Decisión marco 2005/222/JAI, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en lo que se refiere a los plazos de incorporación al Derecho nacional.

Las referencias a la Decisión marco derogada se entenderán hechas a la presente Directiva.

Artículo 17 Transposición

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar [dos años desde su adopción]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 18 Elaboración de informes

1. Antes del [CUATRO AÑOS DESDE SU ADOPCIÓN] y, a continuación, cada tres años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva en los Estados miembros que incluirá las propuestas necesarias.

2. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión toda la información apropiada para la elaboración de los informes a que se refiere el apartado 1. La información incluirá la descripción detallada de las medidas legislativas y no legislativas que se adopten en aplicación de la presente Directiva.

Artículo 19 Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea .

Artículo 20 Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] DO L 69 de 16.3.2005, p. 68.

[2] Informe de la Comisión al Consejo basado en el artículo 12 de la Decisión marco del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a los ataques contra los sistemas de información, COM (2008) 448.

[3] DO C 198 de 12.8.2005, DO C 115 de 4.5.2010, COM (2010) 171 de 20.4.2010.

[4] Comunicación de la Comisión COM(2010) 245, de 19.5.2010.

[5] Convenio del Consejo de Europa sobre ciberdelincuencia, Budapest, 23.11.2001, CEST nº 185.

[6] Para tener una visión general de las ratificaciones del Convenio (CETS nº 185), véase: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=201&CM=&DF=&CL=ENG

[7] El número de conexiones por 24 horas es la unidad de medida generalmente utilizada para estimar el tamaño de los botnets.

[8] Véase: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/isec/funding_isec_en.htm

[9] Véase: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/drugs/funding_drugs_en.htm

[10] Véase: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/index_en.htm.

[11] Véase: http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/ciip/large_scale/

[12] Directiva sobre la intimidad y las comunicaciones electrónicas, DO L 201, de 31.7.2002, tal como ha sido modificada por la Directiva 2009/136/CE, DO L 337 de 18.12.2009.

[13] Como la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12.7.2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), DO L 201 de 31.7.2002, p. 37-47 (actualmente en curso de revisión), y la Directiva 95/46/CE sobre la protección general de datos.

[14] Introducida por el Convenio y la DM 2005/222/JAI relativa a los ataques contra los sistemas de información.

[15] DO C 83/49, 30.3.2010.

[16] «Estrategia de trabajo concertada y medidas prácticas contra la delincuencia informática», 2987 ª reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior celebrada en Bruselas los días 27 y 28 de noviembre de 2008.

[17] DO C […], […],p.[…].

[18] DO L 300 de 11.11.2008, p. 42.

[19] DO L 350 de 30.12.2008, p. 60.

[20] DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.