POSICIÓN COMÚN (CE) N° 36/1999

aprobada por el Consejo el 29 de julio de 1999

con vistas a la adopción de la Directiva 1999/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

(1999/C 284/01)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión(1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(3),

Considerando lo siguiente:

(1) el Parlamento Europeo, en su Resolución sobre el programa integrado en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y del artesanado(4), insistió en que la Comisión debe presentar propuestas con objeto de solucionar el problema de la morosidad;

(2) la Comisión adoptó, el 12 de mayo de 1995, una Recomendación relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales(5);

(3) el Parlamento Europeo, en su Resolución sobre la Recomendación de la Comisión relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales(6), instó a la Comisión a estudiar la posibilidad de convertir su Recomendación en una propuesta de Directiva del Consejo para su presentación en el plazo más breve posible;

(4) la Comisión publicó, el 4 de junio de 1997, un plan de acción para el mercado interior en que se recalca que la morosidad representa un obstáculo cada vez más fuerte para el éxito del mercado interior;

(5) la Comisión publicó, el 17 de julio de 1997, un "Informe sobre los retrasos en el pago en las transacciones comerciales"(7), en que se resumen los resultados de la evaluación de los efectos de la Recomendación de la Comisión de 12 de mayo de 1995;

(6) onerosas cargas administrativas y financieras pesan sobre las empresas, y especialmente sobre las pequeñas y medianas, debido a los plazos de pago excesivos y a la morosidad; estos problemas son además una de las principales causas de la insolvencia que amenaza la propia supervivencia de las empresas y se traduce en la pérdida de numerosos puestos de trabajo;

(7) las diferencias existentes entre los Estados miembros en lo que se refiere a las normas y prácticas de pago constituyen un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado interior;

(8) ello limita considerablemente las operaciones comerciales entre Estados miembros, contradice el artículo 14 del Tratado, ya que los empresarios deben poder comerciar en todo el mercado interior en condiciones tales que garanticen que las operaciones transfronterizas no supongan mayores riesgos que las ventas en el mercado nacional, y podría producir un falseamiento de la competencia si se aplicaran normas sustancialmente diferentes a las operaciones en el mercado nacional y a las transfronterizas;

(9) las estadísticas más recientes indican que, en el mejor de los casos, en muchos Estados miembros no ha habido mejoras en materia de morosidad desde la adopción de la Recomendación de 12 de mayo de 1995;

(10) el objetivo de la lucha contra la morosidad en el mercado interior no puede ser alcanzado de manera suficiente si cada uno de los Estados miembros actúa por su cuenta y, por consiguiente, puede lograrse mejor a nivel comunitario; la presente Directiva no excede de lo estrictamente necesario para alcanzar este objetivo; por lo tanto, la presente Directiva cumple plenamente con los requisitos de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos en el artículo 5 del Tratado;

(11) conviene limitar el alcance de la presente Directiva a los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales y no regular las operaciones en las que intervienen consumidores, los intereses relacionados con otros pagos como, por ejemplo, los efectuados en virtud de la legislación en materia de cheques y letras de cambio, los pagos de indemnizaciones por daños, incluidos los pagos realizados por compañías de seguros;

(12) el hecho de que las profesiones liberales queden cubiertas por la presente Directiva no implica que los Estados miembros deban tratarlas como empresas o comerciantes en aspectos no regulados por la presente Directiva;

(13) la presente Directiva únicamente define el término "título ejecutivo", sin regular los diferentes procedimientos para la ejecución forzosa de dicho título ni las condiciones bajo las cuales se puede detener o suspender la ejecución forzosa del mismo;

(14) la morosidad constituye un incumplimiento de contrato que se ha hecho económicamente provechoso para los deudores en la mayoría de los Estados miembros a causa de los bajos intereses aplicados a los pagos que incurren en demora y de la lentitud de los procedimientos de reclamación; es necesario un cambio decisivo para invertir esta tendencia y garantizar que las consecuencias de la morosidad sean disuasorias;

(15) pueden existir determinados tipos de contrato en los que pueden estar justificados un período de pago más largo combinado con una restricción de la libertad de contratar o tipos de intereses más altos;

(16) la presente Directiva debe prohibir el abuso de la libertad de contratar en perjuicio del acreedor; la presente Directiva no afecta las disposiciones nacionales que regulan la manera en que se celebran los contratos o la validez de las condiciones contractuales no equitativas para el deudor;

(17) las consecuencias de la morosidad sólo pueden ser disuasorias si van acompañadas de procedimientos de reclamación rápidos y eficaces para el acreedor; de conformidad con el principio de no discriminación establecido en el artículo 12 del Tratado, tales procedimientos deben estar a disposición de todos los acreedores establecidos en la Comunidad;

(18) el artículo 4 de la presente Directiva dispone que el procedimiento de cobro de las deudas no impugnadas se concluya en breve plazo de conformidad con la legislación nacional, pero no exige a los Estados miembros adoptar un procedimiento específico o modificar sus procedimientos judiciales vigentes en forma específica,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Ámbito de aplicación

La presente Directiva se aplicará a todos los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1) "operaciones comerciales": las realizadas entre empresas o entre empresas y autoridades públicas que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios; se entenderá por "empresa" cualquier organización que actúe en ejercicio de su actividad independiente económica o profesional, incluso si dicha actividad la lleva a cabo una única persona;

2) "morosidad": el incumplimiento de los plazos contractuales o legales de pago;

3) "título ejecutivo": toda decisión, sentencia u orden de pago, ya sea de pago inmediato o de pago a plazos, dictada por un tribunal u otra autoridad competente, que permita al acreedor obtener mediante ejecución forzosa el cobro del título de crédito que ostente frente al deudor; incluirá las decisiones, sentencias u órdenes de pago que sean ejecutivas provisionalmente y que conserven su carácter ejecutivo aun en el caso de que el deudor las recurra.

Artículo 3

Intereses de demora

1. Los Estados miembros velarán por que:

a) el interés devengado con arreglo a la letra d) sea pagadero el día siguiente a la fecha o al término del plazo de pago que se fije en el contrato;

b) si no se fija la fecha o el plazo de pago en el contrato, el interés sea pagadero automáticamente, sin necesidad de recordatorio:

i) treinta días después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente,

o

ii) si la fecha de recibo de la factura o de la solicitud de pago equivalente se presta a duda, treinta días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios,

o

iii) si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, treinta días después de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios,

o

iv) si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con el contrato y si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes o en la fecha en que tiene lugar dicha aceptación o verificación, treinta días después de esta última fecha;

c) el acreedor tendrá derecho a intereses de demora en la medida en que:

i) haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales,

y

ii) no haya recibido a tiempo la cantidad debida, a menos que el deudor pueda probar que no es responsable del retraso;

d) el tipo de interés de demora ("tipo legal") que el deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés del principal instrumento de refinanciación del Banco Central Europeo (BCE) a tipo de interés fijo a dos semanas vigente el primer día hábil del BCE del semestre de que se trate ("tipo de referencia") más al menos 6 puntos porcentuales ("margen"), salvo que se especifique otra cosa en el contrato. Respecto a los Estados miembros que no participen en la tercera fase de la unión económica y monetaria, el tipo de referencia mencionado anteriormente será el tipo equivalente establecido por sus bancos centrales nacionales. En ambos casos, se aplicará durante los siguientes seis meses el tipo de referencia vigente el primer día hábil del Banco Central del semestre de que se trate.

2. En el caso de algunos tipos de contrato que deberá definir la legislación nacional, los Estados miembros podrán fijar el plazo de exigibilidad del pago de los intereses en un máximo de sesenta días cuando obliguen a las partes contratantes a no rebasar dicha demora o cuando fijen un tipo de interés obligatorio sustancialmente superior al tipo legal.

3. Los Estados miembros velarán por que cualquier acuerdo sobre la fecha de pago o sobre las consecuencias de la demora que no sea conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no sea aplicable o dé lugar al derecho a reclamar por daños si, consideradas todas las circunstancias del caso, entre ellas los usos habituales del comercio, es gravemente injusto para el acreedor. En caso de determinarse que el acuerdo es gravemente injusto, se aplicarán las disposiciones legales, a no ser que los tribunales nacionales determinen otras condiciones que sean justas.

Artículo 4

Procedimientos de cobro de créditos no impugnados

1. Los Estados miembros velarán por que se pueda obtener un título ejecutivo, independientemente del importe de la deuda, normalmente en un plazo de noventa días naturales a partir de la presentación de la demanda o de la solicitud por parte del acreedor ante el Tribunal u otra autoridad competente, siempre que no haya habido impugnación de la deuda o de cuestiones del procedimiento. Los Estados miembros llevarán a cabo dicha tarea de conformidad con sus disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales.

2. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales se aplicarán en las mismas condiciones a todos los acreedores que se encuentren establecidos en la Comunidad Europea.

3. En el plazo de noventa días naturales mencionado en el apartado 1 no se incluirán los períodos siguientes:

a) los plazos requeridos para notificación;

b) los retrasos ocasionados por el acreedor, como por ejemplo los plazos para subsanar demandas o recursos no admisibles.

4. El presente artículo se entiende sin perjuicio de las disposiciones del Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil(8).

Artículo 5

Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar ...(9). Informarán inmediatamente de ello a la Comisón.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros podrán mantener o establecer disposiciones que sean más favorables para el acreedor que las necesarias para cumplir la presente Directiva.

3. Al transponer la presente Directiva los Estados miembros podrán excluir del ámbito de aplicación:

a) las deudas sometidas a procedimientos de insolvencia incoados contra el deudor;

y

b) los contratos celebrados antes de ...(10).

4. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

5. La Comisión realizará, por lo menos durante los tres primeros años después de ...(11), una evaluación anual, entre otros aspectos, del tipo legal valorar en la práctica las repercusiones en las operaciones comerciales y la aplicación de la legislación. Los resultados de esta evaluación y de otras evaluaciones se comunicarán al Parlamento Europeo y al Consejo.

Artículo 6

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 7

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en ...

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

Por el Consejo

El Presidente

(1) DO C 168 de 3.6.1998, p. 13 y DO C 374 de 3.12.1998, p. 4.

(2) DO C 407 de 28.12.1998, p. 50.

(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 17 de septiembre de 1998 (DO C 313 de 12.10.1998, p. 142), Posición común del Consejo de 29 de julio de 1999 y Decisión del Parlamento Europeo de ... (aún no publicada en el Diario Oficial).

(4) DO C 323 de 21.11.1994, p. 19.

(5) DO L 127 de 10.6.1995, p. 19.

(6) DO C 211 de 22.7.1996, p. 43.

(7) DO C 216 de 17.7.1997, p. 10.

(8) Versión consolidada en el DO C 27 de 26.1.1998, p. 3.

(9) Veinticuatro meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

(10) Veinticuatro meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

(11) Veinticuatro meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I. INTRODUCCIÓN

1. El 24 de abril de 1998, la Comisión presentó una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales.

La propuesta se basaba en el artículo 100 A del Tratado (ahora se basa en el artículo 95 del Tratado); es de aplicación el procedimiento de codecisión (se requiere mayoría cualificada).

2. El Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura el 17 de septiembre de 1998.

La Comisión presentó después una propuesta modificada.

3. El 29 de julio de 1999, el Consejo adoptó su Posición común de conformidad con el tercer guión del apartado 2 del artículo 251.

II. FINALIDAD

La finalidad de la futura Directiva es, entre otras cosas, combatir la morosidad en los pagos mediante la armonización de los intereses de demora que serán pagaderos una vez vencido el plazo de pago. La Directiva también prevé que el procedimiento de cobro de las deudas no impugnadas se realice en un plazo corto, de conformidad con la legislación nacional, pero no exige a los Estados miembros que adopten un procedimiento concreto ni que modifiquen los procedimientos legales de forma concreta. Ni que decir tiene que la presente Directiva respeta totalmente el principio de la libertad contractual.

III. OBSERVACIONES

A. OBSERVACIONES GENERALES

El Consejo trató de mejorar la situación general de los acreedores en los tres aspectos en que es más urgente la armonización de las normas. Esos tres aspectos son el plazo a partir del cual el interés es pagadero, el tipo de los intereses de demora y la necesidad de que los procedimientos de cobro de deudas no impugnadas se completen dentro de los noventa días. En los demás aspectos de que trata la propuesta de la Comisión, el Consejo no pudo confirmar la necesidad de armonización, ni siquiera la posibilidad de lograrla. Esto afecta a la reserva de dominio (artículo 4 de la propuesta modificada de la Comisión), un procedimiento especial para las deudas inferiores a 20000 euros (artículo 6 de la propuesta modificada de la Comisión) y normas específicas para el sector público (artículos 7 y 8 de la propuesta modificada de la Comisión).

Respecto a las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo cuya incorporación no aceptó la Comisión en su propuesta modificada(1) (enmiendas 5, 6, 17, 23, 25, 27, 29, 33 y 34), el Consejo decidió no incorporar dichas enmiendas, también por las razones expuestas.

El Consejo centró su examen de la propuesta modificada en las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo que la Comisión había aceptado.

La relación detallada de las deliberaciones del Consejo se expone a continuación, en la parte B (observaciones sobre los artículos).

B. OBSERVACIONES SOBRE LOS ARTÍCULOS

Los textos a que se hace referencia en los párrafos que siguen son los de la propuesta modificada de la Comisión.

i) Artículo 1

(Ámbito de aplicación)

El artículo 1 apenas cambia. El Consejo se ha limitado a introducir una aclaración especificando que sólo se refiere a los pagos que se efectúan como remuneración por transacciones comerciales.

ii) Artículo 2

(Definiciones)

Enmiendas 9, 10, 11 y 13

El artículo 2 define ahora "transacciones comerciales", "morosidad" y "título ejecutivo". Las dos primeras definiciones son ahora más concisas, pero en cuanto al fondo apenas se han modificado. La definición de "título ejecutivo" no aparecía en la propuesta modificada de la Comisión. El Consejo incluyó esta definición para aclarar el ámbito de aplicación del artículo 5. Las definiciones de "reserva de dominio", "administraciones públicas" y "contrato público" son superfluas. Estas definiciones eran necesarias para la aplicación de los artículos 4, 7 y 8 de la propuesta modificada de la Comisión, que no fueron aceptados por el Consejo y que se han suprimido. La enmienda 9 del Parlamento Europeo se refleja en parte en la definición que ha conservado el Consejo en su Posición común. No obstante, no pudieron aceptarse las enmiendas 10, 11 y 13.

iii) Artículo 3

(Intereses en caso de demora en el pago)

Enmiendas 14, 15 y 17

El Consejo podía aceptar los principales puntos del artículo 3 de la propuesta modificada de la Comisión, que consisten en lo siguiente: los intereses serán pagaderos sin necesidad de recordatorio, una vez transcurrido un cierto plazo. El tipo de interés se define haciendo referencia a un tipo legal y a un margen. Las partes contratantes deberán tener la libertad de estipular otros plazos de pago y tipos de interés, si lo consideran más acorde con sus relaciones contractuales.

El Consejo no pudo confirmar la duración del plazo de pago ni ciertos detalles de la citada disposición. El Consejo acordó, tras un intenso debate, que era razonable un plazo de treinta días tras la recepción de la factura o la solicitud de pago equivalente. El Consejo compartía la preocupación de la Comisión y del Parlamento Europeo sobre posibles abusos de la libertad de contrato respecto al plazo de pago. El Consejo decidió que los mecanismos para penalizar los abusos que contiene la propuesta modificada de la Comisión podían simplificarse y de ese modo, serían mucho más eficaces. Las cláusulas contractuales que sean manifiestamente injustas para el acreedor no podrán aplicarse o darán lugar a indemnización, a menos que el juez nacional determine distintas condiciones que sean justas.

El Consejo decidió tomar en consideración las situaciones especiales que se dan en algunos Estados miembros. En esas situaciones, a veces no funciona bien la norma de los treinta días combinada con la libertad de las partes de estipular sus propias cláusulas en el contrato. Hay casos en que una de las partes es tan fuerte que la otra es de facto incapaz de negociar un contrato equilibrado. En otros casos, una de las partes puede carecer de experiencia suficiente para hacer un uso adecuado de su libertad contractual. Por ese motivo, el Consejo incluyó una norma que permite a los Estados miembros prorrogar hasta sesenta días el plazo, transcurrido el cual la deuda devengará intereses, a condición de que el Estado miembro en cuestión, mediante la modificación de su ordenamiento interno, limite la libertad contractual e impida a las partes prever una prórroga ulterior del plazo de sesenta días o bien establezca un tipo de interés considerablemente superior.

Al final, el Consejo no pudo aceptar la disposición de la letra j) del apartado 1 del artículo 3 de la propuesta modificada de la Comisión, que habría obligado a los Estados miembros a permitir que el acreedor no sólo reclamase intereses sino también la compensación íntegra del perjuicio causado por la demora del pago. Sólo algunos Estados miembros estaban dispuestos a aceptar una disposición tan amplia. Varios Estados miembros solicitaron que, en su lugar, se incorporase una disposición más simple que obligase a los Estados a reconocer al acreedor el derecho a reclamar una indemnización razonable por los gastos de cobro de la deuda. Dichos Estados miembros adujeron que el tipo de interés fijado en la letra d) del apartado 1 del artículo 3 de la Posición común no fortalecía suficientemente la posición del acreedor y que debería añadirse una nueva letra e) que se limitara a los gastos de cobro de la deuda. Otros Estados miembros no estaban de acuerdo con esa opinión y argumentaban que cualquier disposición que tratase de compensaciones introduciría inseguridad jurídica en varios aspectos de la Directiva.

Teniendo en cuenta todo lo antedicho, no pudieron aceptarse las enmiendas 14, 15 y 17 del Parlamento Europeo.

Como transacción política, el Consejo decidió no introducir una cláusula sobre compensación sino fijar, en cambio, un margen considerablemente superior. En el debate anterior, las opiniones de los Estados miembros proponían márgenes que variaban desde el 2 al 8 %. Finalmente, el Consejo acordó un margen del 6 %.

La Comisión aceptó, como transacción, estas modificaciones y alteraciones.

iv) Artículo 4 (suprimido)

(Reserva de dominio)

Enmiendas 18, 19 y 21

El Consejo no podía aceptar el artículo 4 de la propuesta modificada de la Comisión sobre reserva de dominio. Los Estados miembros tenían serias dudas de que esa disposición acelerase efectivamente los pagos. Opinaban que la reserva de dominio era más bien un instrumento para proteger al acreedor de los riesgos de insolvencia del deudor. También temían que las cláusulas sobre la reserva de dominio, sobre todo una cláusula ampliada sobre esta cuestión, fuese incompatible con la legislación nacional sobre propiedad e insolvencia, a la que la Directiva no debería afectar. La Comisión aceptó por fin que no había la mayoría necesaria para mantener este artículo en la Directiva, por lo que se suprimió de la Posición común. En consecuencia, no son procedentes las enmiendas 18, 19 y 21 del Parlamento Europeo.

v) Artículo 5

(Procedimientos acelerados de cobro de deudas no impugnadas)

El Consejo experimentó serias dificultades con el texto del artículo 5, sobre todo en lo relativo a la redacción original incorporada a la propuesta modificada de la Comisión. El Servicio Jurídico del Consejo estudió este artículo y consideró que lo que regulaba no era competencia de la Comunidad. No obstante, el Consejo consideró que esta disposición era esencial para la Directiva y no debía suprimirse. Así pues, para tener en cuenta el dictamen del Servicio Jurídico del Consejo, se modificó la redacción de modo que no obligase a los Estados miembros a introducir en su legislación sobre enjuiciamiento civil ningún procedimiento especial para el cobro de las deudas no impugnadas ni a hacer reforma específica alguna a sus procedimientos legales actuales. Sólo tienen que velar por que, normalmente, se pueda obtener un título ejecutivo en un plazo de noventa días.

Se recuerda que el Parlamento Europeo no presentó ninguna enmienda a este artículo.

vi) Artículo 6 (suprimido)

(Procedimientos jurídicos simplificados para deudas de hasta 20000 euros)

Enmiendas 22 y 23

El Consejo no pudo aceptar el artículo 6 de la propuesta modificada de la Comisión. Este artículo habría obligado a los Estados miembros a introducir un nuevo procedimiento en sus códigos de enjuiciamiento civil. En opinión del Servicio Jurídico del Consejo, esto habría rebasado las competencias jurídicas de la Comunidad. Los Estados miembros tampoco veían la necesidad de ese nuevo procedimiento y consideraron que una disposición relativa a los procedimientos de cobro de deudas impugnadas no tenía cabida en una Directiva que trataba solamente de la demora en los pagos. Asimismo no consideraban clara la estructura que debería tener dicho procedimiento. En esas circunstancias, la disposición no obtuvo apoyo en el Consejo, por lo que el artículo se suprimió de la Posición común. Por tanto, las enmiendas 22 y 23 del Parlamento Europeo no son procedentes.

vii) Artículos 7 y 8 (suprimidos)

(Transparencia en los contratos públicos)

Enmiendas 24, 25, 26, 27, 28 y 33

Los artículos 7 y 8 de la propuesta modificada de la Comisión disponían normas específicas para los contratos públicos. El Consejo estaba firmemente convencido de que dichas normas específicas no estaban justificadas y de que las normas generales deberían aplicarse tanto al sector público como al privado. El Consejo señaló asimismo que los límites entre las transacciones comerciales públicas y privadas se han difuminado mucho debido al aumento de las privatizaciones. Por último, el Consejo no veía una solución satisfactoria al problema de la subcontratación. Las normas específicas sólo serían aplicables, según la propuesta original, a quienes suscribieran contratos directos de las administraciones públicas; pero ellos, a su vez, no estarían obligados a ofrecer las mismas condiciones a quienes celebraran contratos con ellos. La Comisión introdujo esa obligación en el artículo 7 de su propuesta modificada; el resultado habría sido que una parte enorme del sector privado se habría visto sujeta a normas específicas para los contratos públicos. El Consejo decidió que era mucho más sencillo y convincente mejorar las normas generales y renunciar a las específicas para el sector público. No obstante, insistimos en que el artículo 3 de la presente Directiva se ha introducido una cláusula contra el abuso. La Comisión acabó aceptando esta decisión. Teniendo en cuenta lo antedicho, esos dos artículos se suprimieron de la Posición común.

Por tanto, no son procedentes las enmiendas 24, 25, 26, 27, 28 y 33 del Parlamento Europeo.

viii) Artículo 9 (suprimido)

(Comité)

Enmiendas 29 y 34

El artículo 9 de la propuesta modificada de la Comisión establecía un procedimiento de Comité que habría permitido a la Comisión aumentar el tipo de interés y el límite de las deudas al que deberían aplicarse a los procedimientos simplificados. Como estos procedimientos no obtuvieron el respaldo del Consejo, el procedimiento de Comité resultaba superfluo. Respecto al tipo de interés, el Consejo decidió que, dada la importancia de la cuestión, debía someterse al procedimiento legislativo normal, aplicable a cualquier cambio de los tipos de interés. Por ello, se suprimió el artículo de la Posición común. En consecuencia, no son procedentes las enmiendas 29 y 34 del Parlamento Europeo.

ix) Artículo 10

(Adaptación de los ordenamientos jurídicos nacionales)

Enmienda 31

El Consejo aceptó el aumento del plazo para la adaptación de los ordenamientos jurídicos nacionales. Además, el Consejo convino en dos excepciones que podrían introducir los Estados miembros. En primer lugar, se les permitiría conservar normas específicas para la gestión de los pagos en caso de insolvencia del deudor. En segundo lugar, los Estados miembros tendrían la posibilidad de excluir del ámbito de aplicación de su legislación los contratos que se hubieran celebrado antes del término del plazo para la adaptación de la legislación nacional a los objetivos de la Directiva.

Se recuerda que la enmienda 31 del Parlamento Europeo se tomó plenamente en consideración en el apartado 2 del nuevo artículo 5 (antes apartado 2 del artículo 10).

(1) Doc. 12571/98.