La evaluación inicial de impacto atrajo una atención considerable y obtuvo un total de sesenta y seis contribuciones de diversas partes interesadas. De las contribuciones, el 33 % fue de agentes u organizaciones del sector agrario; el 17 %, de autoridades de los Estados miembros; el 15 %, de organizaciones no gubernamentales (ONG); el 11 %, de transformadores y sus organizaciones; el 8 %, de minoristas y sus organizaciones, y el 17 %, de otros participantes (ámbito universitario, sindicatos, intermediarios y anónimos). Cabe precisar que el sistema de obtención de información para la evaluación inicial de impacto no está estructurado a modo de cuestionario. En su lugar, se hizo una criba sistemática a posteriori del texto de las contribuciones para extraer la información pertinente.

Imposición de la compra de un producto no relacionado a una parte contratante («vinculación»)

Obligación de resarcimiento por los productos desperdiciados o no vendidos

A continuación, se preguntó a los participantes si una serie de prácticas podía considerarse PCD. Los porcentajes de participantes que indicaron estar total o parcialmente de acuerdo en que tales prácticas efectivamente son PCD se sitúan entre el 80 % (plazos de pago superiores a 30 días para los productos agroalimentarios en general) y el 93 % (cambios unilaterales y retroactivos en los contratos). En cuanto a la asiduidad con que las PCD se producen en la cadena de suministro alimentario, el 87 % declara que tienen lugar frecuentemente o muy frecuentemente. Todos los participantes coinciden en que se producen frecuentemente o muy frecuentemente, salvo el sector minorista, que afirma que no se producen nunca o que se producen rara vez (84). El 88 % de los particulares afirma que las PCD se dan frecuentemente o muy frecuentemente.

Los resultados de la consulta pública abierta (CPA) son coherentes con los de la evaluación inicial de impacto. La CPA estuvo activa durante tres meses, del 25 de agosto al 17 de noviembre, y obtuvo un total de 1 432 respuestas (el 56 % de particulares, esto es, 803 respuestas, y el 44 % de organizaciones, esto es, 628 respuestas). El 71 % de los particulares indicó que trabajaba en el sector agrario (570 respuestas) y el 29 % que no (233 respuestas). Las contribuciones de organizaciones fueron principalmente de empresas privadas (38 % del total), asociaciones empresariales y profesionales (31 %), y ONG (20 %). Por sector de actividad, las respuestas de las organizaciones corresponden a los productores agrarios (53 % de las respuestas de las organizaciones), el sector agroalimentario (22 %), el sector del comercio (7 %), las organizaciones de la sociedad civil (7 %), el sector minorista (4 %), organismos de investigación (1 %) y «otros» (6 %).

El 20 % de los participantes habló del factor miedo, que, en general, se considera un efecto real y de una importancia considerable. El 62 % cree que debería ser posible presentar denuncias anónimas, mientras que el 38 % opina lo contrario. El 92 % considera que debería haber sanciones para quienes ejerzan PCD; el 8 % cree que no. El 17 % de los participantes hizo referencia a la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros, cooperación que la mayoría de estos participantes apoya.

El 71 % de los participantes considera necesaria la actuación de la UE (desde el 64 % del grupo «otros» al 90 % de las ONG, pasando por el 82 % de los agentes del sector agrario, el 73 % de los Estados miembros y el 71 % de los transformadores). La excepción la constituyen los minoristas, de los que el 100 % considera que la UE no debería actuar.

El 91 % de los participantes reconoce que se producen PCD en la cadena de suministro alimentario (un 5 % no contestó y otro 5 % no manifestó una postura clara). El 76 % de los participantes declara que las PCD suponen un problema importante, y el 14 % afirma lo contrario. El 5 % de los participantes explica que las PCD existen, pero tienen un efecto global positivo en la cadena de suministro alimentario desde el punto de vista de la eficiencia.

b)Necesidad de actuar

A la pregunta de si deberían adoptarse medidas para hacer frente a las PCD en la cadena de suministro alimentario, el 95 % de los participantes contestó estar total o parcialmente de acuerdo en que sí. Si la respuesta era afirmativa, se pedía entonces a los participantes que especificaran quién debería adoptar tales medidas:

- el 87 % cree que debería ser la Unión Europea (en colaboración con los Estados miembros, el 58 %; la UE por sí sola, el 29 %),

- el 8 % considera que deberían ser los Estados miembros por sí solos, y

- el 4 %, que se debería actuar a través de iniciativas voluntarias (el 54 % de estas respuestas corresponde a organizaciones de minoristas).

Del 87 % de participantes que cree que la UE debería adoptar medidas, el 51 % ve la legislación como la solución adecuada, el 46 % opta por una combinación de medidas legislativas y no legislativas, y el 2 % se decanta por las medidas no legislativas. El 97 % de estos participantes considera que la actuación por parte de la UE contribuiría a mejorar el control del cumplimiento de las normas; el 95 %, que la actuación de la UE aportaría mayor seguridad jurídica para las empresas; el 94 %, que equipararía las condiciones de competencia en el mercado interior; el 84 %, que sería beneficiosa para las transacciones transfronterizas dentro de la UE; el 84 %, que reduciría el desperdicio de alimentos; el 80 %, que daría lugar a un mayor grado de innovación, y el 75 %, que ampliaría el rango de posibilidades de elección de los consumidores. El 67 % prefiere que haya tanto una definición armonizada como una lista de PCD específicas; el 21 %, una lista de PCD específicas; el 11 %, principios generales, y el 1 %, nada de lo anterior.

Por último, se preguntó a los participantes si consideraban que la iniciativa voluntaria de la cadena de suministro es suficiente para hacer frente a las PCD. El 75 % dijo estar total o parcialmente en desacuerdo, y el 22 %, total o parcialmente de acuerdo. En general, todos los tipos de organizaciones se mostraron total o parcialmente en desacuerdo, salvo las organizaciones de minoristas (el 88 % indicó estar total o parcialmente de acuerdo en que esta iniciativa es suficiente). En el caso de las organizaciones agroalimentarias y de comercio, hay unos porcentajes relativamente altos de «total o parcialmente de acuerdo», incluso a pesar de que, en general, no sea la opción preferida (43 % y 40 % respectivamente). El 81 % de los particulares que trabajan en el sector agrario y el 69 % de los otros particulares están total o parcialmente en desacuerdo.

c)Control del cumplimiento

El 92 % de los participantes está total o parcialmente de acuerdo en que debería haber unos mínimos que se apliquen al control del cumplimiento de las normas sobre PCD en la UE. El apoyo a unas normas mínimas de control del cumplimiento oscila entre el 20 % por parte de las organizaciones de minoristas y el 100 % por parte de las organizaciones de la sociedad civil (el 96 % en el caso de las organizaciones agrarias; el 87 % de las organizaciones agroalimentarias está total o parcialmente de acuerdo).

A continuación, se preguntó a los participantes por los elementos que consideraban que constituyen una parte importante de un control público eficaz del cumplimiento de las normas sobre PCD. El 94 % señaló la transparencia de las investigaciones y los resultados; el 93 %, la posibilidad de multas en caso de infracción de las normas; el 92 %, la posibilidad de presentar denuncias colectivas; el 89 %, la capacidad para recibir y tramitar denuncias confidenciales; el 89 %, la designación de una autoridad competente; el 73 %, la capacidad de llevar a cabo investigaciones por iniciativa propia, y el 36 %, otros aspectos. Los diversos tipos de organizaciones y los particulares declararon en su mayoría estar total o parcialmente de acuerdo con estos elementos, salvo el sector minorista, que está total o parcialmente en desacuerdo con los distintos elementos en porcentajes que oscilan entre el 72 % y el 80 %.

2.3.Cuestionario específico para empresas

El cuestionario específico para empresas estuvo disponible entre el 6 de noviembre y el 10 de diciembre, y recibió un total de 122 respuestas. El 35 % de los participantes se dedicaba al sector agrario; el 48 %, a la transformación; el 10 %, a la venta al por menor, y el 4 %, a la venta al por mayor (el resto de las respuestas no está clasificado). En cuanto al tamaño, el 70 % de los participantes fueron pymes. El 7 % de los participantes se identificó como compradores; el 49 %, como proveedores, y el 40 %, como ambos. Gran parte de las respuestas procede de Bélgica, Francia, Italia, España y el Reino Unido (dieciocho Estados miembros tienen tres o menos respuestas).

El 54 % de las empresas que ejercen de compradores y el 89 % de los proveedores afirman que se dan casos de morosidad en las transacciones comerciales. Entre el 14 % y el 30 % de quienes ejercen de compradores declara haber impuesto otras PCD en una transacción comercial. En el caso de las empresas que ejercen de proveedores, entre el 44 % y el 82 % afirma haber sido objeto de una PCD según lo descrito anteriormente.

Al 30 % de las empresas que ejercen de proveedores se les ha denegado la formalización de un contrato por escrito tras solicitarlo. Se pidió a los proveedores que reflexionaran sobre si habían sido víctimas de alguna PCD cuando los compradores están establecidos en otro Estado miembro. El 24 % de los participantes dice que esta situación se produce «a menudo o en un número considerable de ocasiones». El 19 % de los proveedores afirma que tratar con un comprador extranjero afecta negativamente a su capacidad para luchar contra las PCD.

El 60 % de los proveedores declara que los costes relacionados con las PCD suponen más del 0,5 % de su volumen anual de negocios. En función de la ponderación asignada a cada categoría de respuesta, la relevancia comercial ponderada de los costes derivados de las PCD con respecto al volumen de negocios se puede estimar entre el 1,8 % (si se tienen en cuenta las noventa y cuatro respuestas de proveedores) y el 1,5 % (si no se consideran las respuestas extremas, esto es, las que indican que no hay coste alguno o que los costes superan el 5 %). El 44 % de los compradores considera los costes de cumplimiento «elevados o moderados».

2.4.Cuestionario específico para las organizaciones de consumidores

En la consulta a las organizaciones de consumidores se obtuvieron tres contribuciones. El objetivo era determinar, de acuerdo con las organizaciones representativas de los consumidores, si y de qué modo las PCD de la cadena de suministro alimentario afectan a estos.

Las organizaciones participantes no están de acuerdo en que la introducción de medidas legislativas en materia de PCD vaya a provocar un incremento de los precios al consumo, pero sí en que contribuiría a aumentar la confianza en la cadena de suministro alimentario y sería beneficiosa para las inversiones. Dos están de acuerdo en que mejorarían las condiciones para los empleados en la cadena de suministro alimentario (una no se pronunció al respecto). Las tres organizaciones coinciden en que la introducción de normas en materia de PCD a nivel de la UE beneficiaría a los consumidores a largo plazo. Dos están totalmente de acuerdo y una está parcialmente en desacuerdo con respecto a que pueda haber beneficios a corto plazo.

Una de las organizaciones está de acuerdo en que la introducción de normas sobre PCD en su propio país ha supuesto el aumento de las posibilidades de elección de los consumidores y de la confianza, así como la mejora de las condiciones de inversión para los agentes y las condiciones de los empleados en la cadena de suministro alimentario. En cambio, esta organización no considera que haya provocado un incremento de los precios al consumo (las otras dos organizaciones no opinaron al respecto). Dos de las organizaciones están totalmente en desacuerdo y una está parcialmente en desacuerdo con respecto a que las iniciativas de autorregulación sean suficientes. Dos no están de acuerdo y la tercera sí está de acuerdo en que los posibles efectos negativos para los consumidores derivados de la legislación sobre PCD pesan más que los posibles beneficios (a nivel de la UE).