COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 30.3.2022 COM(2022) 144 final 2022/0094(COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se modifica el Reglamento (UE) 2019/1020 y se deroga el Reglamento (UE) n.º 305/2011 (Texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2022) 167 final} - {SWD(2022) 87 final} - {SWD(2022) 88 final} - {SWD(2022) 89 final}



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta El Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo («el Reglamento sobre los productos de construcción» o «RPC») establece condiciones armonizadas para la comercialización de los productos de construcción. El RPC garantiza el funcionamiento fluido del mercado único y la libre circulación de los productos de construcción en la UE. Lo hace a través de especificaciones técnicas armonizadas, que proporcionan un lenguaje técnico común sobre la manera de ensayar y comunicar las prestaciones de los productos de construcción (por ejemplo, reacción al fuego, conductividad térmica o aislamiento acústico). El uso de normas es obligatorio cuando aparecen citadas en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Los productos de construcción regulados por esas normas deben llevar el marcado CE, que indica que cumplen las prestaciones declaradas. Estos productos pueden circular libremente en el mercado único. No se permite a los Estados miembros de la UE exigir marcas, certificados o ensayos adicionales. El RPC no establece requisitos de producto. Los Estados miembros son responsables de establecer los requisitos en materia de seguridad, medio ambiente y energía aplicables a los edificios y a las obras de ingeniería civil. En el informe de la Comisión de 2016 sobre la ejecución del RPC se señalaban algunas deficiencias en su ejecución y un número significativo de problemas relacionados, entre otras cosas, con la normalización, la simplificación para las microempresas, la vigilancia del mercado y la garantía de cumplimiento, que merecían un examen y un debate adicionales. La evaluación del RPC, los dictámenes de la plataforma REFIT y las observaciones aportadas por los Estados miembros y las partes interesadas señalaron claramente las deficiencias del marco, que obstaculiza el funcionamiento del mercado único de los productos de construcción y, por consiguiente, impide alcanzar los objetivos del RPC. En la Comunicación de noviembre de 2016 titulada «Energía limpia para todos los europeos» se destacaba la necesidad de liberar el potencial de crecimiento y empleo mejorando el funcionamiento del todavía fragmentado mercado único de los productos de construcción. En la Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo, el Plan de Acción para la Economía Circular y la Comunicación sobre la oleada de renovación se destacaba el papel del RPC como parte de los esfuerzos para conseguir edificios y renovaciones eficientes en el uso de la energía y de los recursos, y en pro de la sostenibilidad de los productos de construcción. La propuesta de revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios señalaba la importancia de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los edificios y los materiales de construcción para calcular el potencial de calentamiento global de los edificios nuevos a partir de 2030. La Estrategia de la UE en favor de los Bosques y la Comunicación sobre los ciclos del carbono sostenibles anunciaban, en el contexto de la revisión del Reglamento sobre los productos de construcción, el desarrollo de una metodología normalizada, sólida y transparente para cuantificar los beneficios climáticos de los productos de construcción y la captura y utilización del carbono. Asimismo, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo han pedido que se adopten medidas para promover la circularidad de los productos de construcción, abordar los obstáculos en el mercado único de estos productos y contribuir a la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo y del Plan de Acción para la Economía Circular. Así pues, los dos objetivos generales de la revisión del RPC son: 1) conseguir que el mercado único de los productos de construcción funcione correctamente, y 2) contribuir a la consecución de los objetivos de la transición ecológica y digital, en particular la economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. Se trata de una iniciativa en el marco del Programa de Adecuación y Eficacia de la Reglamentación (REFIT), ya que la propuesta se ajusta a los objetivos del Programa, que son hacer que la legislación de la UE sea más simple, más específica y más fácil de cumplir. La presente propuesta tiene por objeto abordar los problemas siguientes: Problema 1: No se ha conseguido el mercado único de los productos de construcción. El proceso de normalización, que constituye el núcleo del RPC, ha tenido un bajo rendimiento. En los últimos años, los proyectos de normas armonizadas elaborados por las organizaciones europeas de normalización rara vez han podido citarse en el DOUE, debido principalmente a deficiencias jurídicas. Esta falta de citación de normas armonizadas actualizadas para los productos de construcción es un factor clave que socava el funcionamiento fluido del mercado único, creando barreras comerciales y generando costes y cargas administrativas adicionales para los operadores económicos. El hecho de que las normas armonizadas queden obsoletas significa también que no siempre son pertinentes para el mercado, ya que el proceso no puede seguir el ritmo de la evolución del sector. Además, la situación actual no permite satisfacer las necesidades de reglamentación de los Estados miembros. Por causa de estas deficiencias, los Estados miembros aplican marcas, certificaciones y homologaciones de carácter nacional. Esto infringe el RPC y no está en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A ello se suma, dado el bajo rendimiento de la vía de normalización convencional, el aumento progresivo de la carga de trabajo en la vía alternativa que conduce a la obtención del marcado CE a través de los documentos de evaluación europeos (DEE). Este aumento de la carga de trabajo ha hecho, pues, que la Comisión necesite más tiempo para llevar a cabo sus evaluaciones, y puede incluso llegar a paralizar el sistema. Problema 2: Problemas de ejecución a nivel nacional. Estas cuestiones también aumentan la complejidad del marco jurídico y contribuyen al hecho de que las actividades de vigilancia del mercado varíen mucho (en cuanto a calidad y eficacia) de un Estado miembro a otro. La ineficacia de la vigilancia del mercado y de la garantía de cumplimiento en general limita la confianza en el marco regulador y, por ende, disuade a las empresas de cumplir la legislación. En el informe sobre la ejecución se apuntaban los inconvenientes relacionados con el funcionamiento de los organismos notificados, lo que indica que las disposiciones pertinentes del RPC mejorarían si fueran más exactas, por ejemplo, en lo que se refiere a los requisitos que son aplicables a esos organismos (artículo 43 del RPC), a sus obligaciones operativas (artículo 52) y a su coordinación (artículo 55). Problema 3: Complejidad del marco jurídico / Simplificación no lograda. Las especificaciones técnicas armonizadas proporcionan un lenguaje técnico común sobre la manera de ensayar y comunicar las prestaciones de los productos de construcción (por ejemplo, reacción al fuego, conductividad térmica o aislamiento acústico). El marcado CE, según el RPC, está vinculado a la evaluación de las prestaciones de un producto de construcción, y no a su conformidad con los requisitos de producto, ya que estos no los establece el RPC. Dado que se trata de una situación bastante excepcional en comparación con otros actos del nuevo marco legislativo, ocurre a menudo que el significado del marcado CE no se entiende bien y se malinterpreta. Otras disposiciones del RPC no son suficientemente claras o crean solapamientos, bien dentro del propio marco (por ejemplo, el solapamiento entre la información requerida para la declaración de prestaciones y la requerida para el marcado CE), bien entre el RPC y otros actos de la legislación de la UE (vías potencialmente paralelas hacia el marcado CE para algunos productos de construcción, con arreglo al RPC y con arreglo a la Directiva sobre diseño ecológico). Además, la aceptación de las disposiciones de simplificación del RPC, destinadas principalmente a las pymes, ha sido limitada, por no conocerse o por no estar del todo claras. Las empresas más pequeñas son las que soportan mayor carga administrativa. Los solapamientos y las incoherencias generan ineficiencias. Además, no hay ninguna disposición específica sobre el suministro de información en formato digital. Esto resultará problemático, en particular porque hará falta información fiable sobre los productos, desde la fabricación hasta la instalación en el edificio y la demolición, en el contexto de los libros digitales de los edificios, Level(s) u otras herramientas para evaluar e informar sobre el comportamiento sostenible de los edificios. Problema 4: El RPC no permite materializar prioridades de actuación más amplias, tales como la transición ecológica y digital y la seguridad de los productos.

Los métodos de evaluación armonizados de que se dispone para las prestaciones de los productos de construcción solo abarcan algunos elementos relacionados con los impactos medioambientales, como la contaminación, pero no se han establecido en relación con el uso sostenible de los recursos naturales. Además, el RPC no permite establecer requisitos de producto medioambientales, funcionales y de seguridad para los productos de construcción, lo que dificulta la posibilidad de abordar cuestiones no basadas en las prestaciones. Sin embargo, para estimular los incentivos y la demanda de productos de construcción que sean hipocarbónicos y que almacenen carbono, es necesaria una información coherente y transparente sobre el comportamiento climático, ambiental y sostenible de los productos de construcción, así como la posibilidad de regular características inherentes a los productos, como son la durabilidad o la reparabilidad. La mejora de la circularidad de los productos de construcción también reforzará la resiliencia de la UE con respecto al acceso a los materiales de construcción. Por otro lado, no se dispone de información digital sobre los productos de construcción en cantidad suficiente para abordar los objetivos de circularidad y sostenibilidad y para proporcionar la información que requieren otros actos de legislación relacionados (por ejemplo, la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios o el Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles). El RPC limita significativamente las posibilidades del sector de declarar, de manera coherente y armonizada, las prestaciones de sus productos y de diferenciar los productos en función de su comportamiento climático, ambiental y sostenible. También limita significativamente las posibilidades de los Estados miembros de definir requisitos nacionales para los edificios o de incluir en la contratación pública criterios relativos a objetivos de sostenibilidad sin poner en peligro el funcionamiento del mercado único. •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial La iniciativa es coherente con el principio de «no causar un perjuicio significativo», ya que contribuye a la consecución de los objetivos de la transición ecológica del Pacto Verde Europeo (en particular, la oleada de renovación) y el Plan de Acción para la Economía Circular. Promueve una fabricación, reutilización, refabricación y reciclado más ecológicos de los productos de construcción. Garantiza la adaptación climática. Apoya la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios proporcionando información sobre el comportamiento ambiental de los productos de construcción y facilitando así el cálculo de la eficiencia energética de los edificios, de su potencial de calentamiento global y de la eliminación de carbono asociada al almacenamiento de carbono. En el Plan de Acción para la Economía Circular se anunciaba la iniciativa sobre productos sostenibles, cuyo objetivo es adaptar los productos a una economía climáticamente neutra, eficiente en el uso de los recursos y circular, en particular con la adopción del Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles (RDEPS). Cuando la legislación de la UE relativa a productos específicos, como la presente propuesta, regula los aspectos de sostenibilidad medioambiental y climática de los productos, debe mantenerse en el instrumento específico el desarrollo estratégico y legislativo posterior, con el mismo nivel de rigor que el RDEPS. Esto contribuye a una mayor coherencia de las reglas de la UE sobre productos específicos y evita la carga administrativa para los operadores económicos, que, de otro modo, tendrían que cumplir los requisitos establecidos en diferentes actos de legislación de la UE. Por lo tanto, dada la fuerte interrelación entre el comportamiento ambiental y estructural de los productos de construcción, incluidos los aspectos de salud y seguridad, la presente propuesta establece requisitos de sostenibilidad para esos productos. Sin embargo, puede haber circunstancias concretas que justifiquen una intervención específica en relación con los productos de construcción en el marco del RDEPS. Este será el caso, por ejemplo, de los productos de construcción relacionados con la energía, que ya están regulados por la actual Directiva sobre diseño ecológico, como son las estufas de combustible sólido. La Comunicación titulada «Una nueva estrategia industrial para Europa», de marzo de 2020, establece un plan para que la industria de la UE lidere la doble transición ecológica y digital, aprovechando la fortaleza de sus tradiciones, sus empresas y su gente para mejorar la competitividad. Para alcanzar estos objetivos, se definió un enfoque basado en los ecosistemas industriales con el fin de conectar mejor las necesidades y apoyar a los agentes clave de cada cadena de valor. En la Comunicación por la que se actualiza la nueva estrategia industrial de 2020 se señalaba la construcción como uno de los ecosistemas prioritarios que se enfrentan a los retos más importantes para cumplir los objetivos climáticos y de sostenibilidad y asumir la transformación digital, de lo cual depende su competitividad. La Comisión ha desarrollado una vía de transición para el ecosistema de la industria de la construcción, en un proceso de creación conjunta con la industria, las partes interesadas y los Estados miembros, como parte de la estrategia industrial actualizada. Dentro de esta labor, la Comisión publicó el 15 de diciembre de 2021 un documento de trabajo de los servicios de la Comisión en el que se proponen escenarios para que la construcción sea más ecológica, digital y resiliente. Un marco regulador y facilitador con visión de futuro, que fomente las inversiones y la generación de confianza, es fundamental para la resiliencia del ecosistema y un requisito previo para la doble transición. En la estrategia para las pymes en pro de una Europa sostenible y digital se destacaba el importante papel de las pymes a la hora de impulsar la transición ecológica y se reiteraba la necesidad de dotarlas de instrumentos para comprender y mitigar los riesgos medioambientales, también en el sector de la construcción. En la Comunicación titulada «Estrategia de la UE en materia de normalización: Establecer normas mundiales para apoyar un mercado único de la Unión resiliente, ecológico y digital» se señalaba la construcción como una de las áreas más pertinentes en las que unas normas armonizadas podrían mejorar la competitividad y reducir las barreras del mercado. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica La propuesta se basa en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), ya que el principal objetivo del Reglamento es eliminar los obstáculos a la circulación de los productos de construcción en el mercado único. •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) Sin un Reglamento de la UE, las deficiencias del RPC no pueden ser subsanadas por las legislaciones nacionales, ya que los Estados miembros no tienen competencias para modificar el marco del RPC ni para corregir sus fallas con medidas nacionales. En la actualidad, en ausencia de una normalización adecuada en la UE, el comportamiento ambiental y las prestaciones de seguridad de los productos de construcción se abordan de diferentes maneras a nivel nacional, lo que da lugar a divergencias en los requisitos que se imponen a los operadores económicos. Por consiguiente, la acción de la UE está justificada y es necesaria. Solo a nivel de la UE pueden establecerse las condiciones para garantizar la libre circulación de los productos de construcción al tiempo que se garantiza la igualdad de condiciones y se persiguen objetivos de sostenibilidad. En cuanto al valor añadido de la acción a nivel de la UE, la propuesta contribuirá a mejorar el funcionamiento general del mercado único de los productos de construcción aumentando la seguridad jurídica y la previsibilidad, mejorando la igualdad de condiciones para el ecosistema de la construcción y abordando los aspectos del comportamiento climático y ambiental y de la circularidad de los productos de construcción, a los que solo cabe hacer frente a nivel de la UE. •Proporcionalidad La propuesta es coherente con el principio de proporcionalidad, ya que no va más allá de lo necesario para lograr un mercado único de productos de construcción que funcione correctamente, y es proporcionada para alcanzar el objetivo perseguido. La propuesta tiene por objeto abordar las deficiencias detectadas en el RPC y los objetivos del Pacto Verde Europeo y del Plan de Acción para la Economía Circular en relación con los productos de construcción, basándose al mismo tiempo en los principios fundamentales del RPC (incluidas las normas armonizadas elaboradas por las organizaciones europeas de normalización). Abordar y mejorar el funcionamiento básico del marco del RPC, en particular el proceso de normalización, es imprescindible para alcanzar los objetivos de actuación. Algunas de las nuevas características, como los requisitos de producto o los actos de la Comisión que contienen especificaciones técnicas, solo se aplicarán cuando sea necesario para productos específicos. La propuesta aborda todos los problemas detectados de la manera más eficaz y eficiente. Propone un marco regulador global y preparado para el futuro, integra soluciones alternativas y nuevas herramientas reguladoras que pueden activarse si un análisis detallado indica que una categoría o un grupo específicos de productos lo necesitan. Dada la gran variedad de productos de construcción, solo con este enfoque puede garantizarse que los objetivos de la propuesta se persigan con eficacia sin generar cargas innecesarias para los operadores económicos. •Elección del instrumento

La propuesta adopta la forma de Reglamento por el que se deroga el RPC actualmente en vigor. Garantiza una ejecución común de la legislación propuesta en toda la UE. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO •Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación existente En 2016, la Comisión publicó un estudio de apoyo para el control de la adecuación en el sector de la construcción. El estudio evaluó la coherencia de determinados actos de la UE aplicables al sector de la construcción y analizó los solapamientos jurídicos entre el RPC y las Directivas sobre diseño ecológico (2009) y sobre etiquetado energético. También confirmó las incoherencias existentes en las definiciones, la falta de referencias cruzadas y los solapamientos entre los tres actos de legislación. En 2019, la Comisión publicó la evaluación del RPC. Los problemas generales señalados en esta evaluación, por orden de importancia, fueron i) un sistema de normalización con un bajo rendimiento en el núcleo del RPC, ii) una vigilancia del mercado ineficaz y muy variable (de un Estado miembro a otro), y iii) una simplificación conseguida por el RPC menor de lo esperado. Las conclusiones de ambos documentos se han tenido en cuenta en la propuesta. •Consultas con las partes interesadas Durante la preparación de la propuesta se consultó a diversas partes interesadas: Estados miembros, asociaciones y organismos técnicos europeos, autoridades nacionales, empresas/fabricantes, importadores y distribuidores, asociaciones de consumidores, autoridades de vigilancia del mercado, organizaciones europeas/internacionales (asociaciones industriales), organismos notificados, asociaciones de trabajadores/profesionales y otras, como particulares y otras ONG. En consonancia con las directrices de la UE para la mejora de la legislación, se llevaron a cabo varias actividades de consulta. En los topos siguientes se presenta una breve descripción. ·Encuesta horizontal en línea (encuesta sobre cuestiones horizontales) La encuesta horizontal se dirigió específicamente a expertos seleccionados y tenía por objeto determinar la manera de abordar las diversas cuestiones horizontales detectadas durante la evaluación del RPC, a fin de recabar información que sirviera para seguir afinando las diferentes opciones de actuación. ·En marzo y septiembre de 2020 se celebraron dos reuniones con expertos de los Estados miembros dedicadas específicamente a la revisión del RPC. El objetivo de las reuniones era debatir acerca del proceso y el documento de opciones indicativas afinadas, así como recabar las opiniones de los Estados miembros sobre los siguientes temas: ámbito de aplicación y relación con otros actos del Derecho de la UE, ámbito armonizado, Derecho nacional y necesidades de información, anexo I (requisitos básicos de las obras de construcción) y requisitos medioambientales. ·Encuesta a las empresas El objetivo de la encuesta a las empresas era evaluar cómo se esperaba que las opciones de actuación indicativas afinadas afectaran a las empresas del sector europeo de los productos de construcción. La encuesta se dirigió específicamente a los operadores económicos del sector. ·Consulta pública La consulta pública puso de manifiesto que todos los grupos de partes interesadas rechazaban firmemente la derogación del RPC (opción de actuación E). En la mayoría de los grupos de partes interesadas, los grupos más grandes estaban a favor de mantener el actual RPC (es decir, la opción de actuación de referencia A). Una parte sustancial de los grupos de partes interesadas preferían una revisión del RPC (es decir, las opciones de actuación B, C o D). Además, la encuesta a las empresas mostró que, aunque los operadores económicos estaban en general a favor del actual RPC, señalaban una serie de cuestiones que debían abordarse y que requerían una revisión. Primordialmente se trataba del proceso de normalización. •Obtención y uso de asesoramiento especializado El análisis cuantitativo y cualitativo de las repercusiones de las diferentes opciones se basó en un contrato de apoyo técnico específico.

El estudio recopiló y completó las pruebas disponibles para analizar las opciones de actuación y evaluar sus posibles repercusiones. Las opciones de actuación se analizaron para evaluar las preferencias y las repercusiones, principalmente a través de los resultados de la encuesta y de la consulta pública. Además, se obtuvo una aportación especializada adicional a través de informes, estudios y reuniones pertinentes con representantes de los Estados miembros, asociaciones empresariales, empresas, organismos técnicos y organismos de ensayo. •Evaluación de impacto La Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto de la revisión del RPC. Después de que se abordaran las observaciones presentadas por el Comité de Control Reglamentario en su primer dictamen negativo de 26 de julio de 2021, la evaluación de impacto recibió un dictamen favorable con reservas el 26 de enero de 2022. Esos dictámenes, así como la evaluación de impacto final y su resumen, se publican junto con la presente propuesta. La evaluación de impacto examinó y comparó cinco opciones de actuación para abordar los problemas relacionados con el RPC: Opción A. Situación de referencia (sin revisión) En el escenario de referencia no se revisaba el Reglamento, sino que se mejoraba su ejecución mediante orientaciones y otras medidas de Derecho indicativo. El escenario de referencia significaba, por tanto, la continuación del sistema de armonización y su puesta en ejecución. Opción B. Reparar el RPC La opción B tenía por objeto tratar los problemas destacados en la evaluación con las siguientes acciones: ·Para a abordar los retos del sistema de armonización técnica, la opción B introduce los poderes de la Comisión para recurrir a una solución alternativa en caso de que el sistema de normalización no genere normas a tiempo y de calidad suficiente. ·El mantenimiento de los requisitos y las marcas nacionales se mitigaría definiendo claramente el ámbito regulado a nivel de la UE. ·Facilitar un marco armonizado para evaluar y comunicar el comportamiento ambiental de los productos de construcción. ·Establecer una estructura digital compatible con el pasaporte digital de productos. ·Promover la reutilización de los productos de construcción. ·Mejorar la vigilancia del mercado reforzando las competencias de garantía del cumplimiento y poniendo en consonancia el rendimiento de las distintas autoridades de vigilancia del mercado, con la posibilidad de establecer un número mínimo de controles y un nivel mínimo de los recursos humanos que deben desplegarse en la vigilancia del mercado de los productos de construcción. ·Mejorar la toma de decisiones común entre todas las autoridades y organismos notificados. ·Reducir los solapamientos con otros actos de legislación de la UE introduciendo reglas de colisión y garantizando la coherencia. ·Introducir un marcado específico para los productos de construcción (producto de construcción europeo, PCE) para dejar claro que el marcado se refiere a la declaración de prestaciones y no a la conformidad. ·Disposiciones específicas y facultades otorgadas a los Estados miembros para eximir condicionalmente a determinadas microempresas de las obligaciones del RPC. Opción C. Dar mayor especificidad al RPC

Esta opción se basa en los elementos señalados en la opción B. Sin embargo, en esta opción C, el ámbito de aplicación del RPC se limita a determinadas áreas, dependiendo de las tres subopciones siguientes, que pueden combinarse: ·Subopción C1: las normas armonizadas y los actos de la Comisión que contienen especificaciones técnicas incluirían únicamente métodos de evaluación para el cálculo de las prestaciones, sin tener que establecer a nivel de la UE niveles liminares, clases u otros requisitos de prestaciones. ·Subopción C2: el ámbito de aplicación del RPC se centraría únicamente en las áreas fundamentales, en función de las necesidades de reglamentación de los Estados miembros, la pertinencia para el medio ambiente o para la seguridad de los productos y la pertinencia para el mercado. ·Subopción C3: los Estados miembros tendrían la opción de ofrecer una vía alternativa de acceso al mercado basada en la normativa nacional, y no en normas armonizadas y actos de la Comisión que contuvieran especificaciones técnicas. Opción D. Mejorar el RPC Sobre la base de la opción B, también podrían introducirse requisitos relativos a las características inherentes a los productos para proteger la salud pública, la seguridad y el medio ambiente. Estos requisitos específicos de los productos podrían formularse a través de tres subopciones/enfoques (las subopciones D1 y D2 podrían combinarse): ·Subopción D1: nuevo enfoque del marco legislativo para los requisitos de productos (basado en la normalización desarrollada por las organizaciones europeas de normalización). ·Subopción D2: enfoque de especificaciones técnicas comunes (desarrollado por la Comisión o bajo su supervisión). ·Subopción D3: híbrida entre D1 y D2. Opción E. Derogación del RPC Se derogaría el RPC. El comercio de productos de construcción se basaría en el reconocimiento mutuo. Opción preferida Se consideró que la opción D era la opción preferida, ya que allana el camino para abordar los objetivos y las principales deficiencias del marco del RPC con el mayor grado de eficacia y coherencia. Esto garantiza la libre circulación de los productos de construcción dentro del mercado único y responde plenamente a las ambiciones derivadas del Pacto Verde Europeo y del Plan de Acción para la Economía Circular. Los principales cambios son los siguientes: ·Se ofrece una definición más clara del alcance y la inclusión de los productos de construcción reutilizados e impresos en 3D, así como de las casas prefabricadas. ·Se otorgan nuevos poderes a la Comisión para que 1) adopte especificaciones técnicas a través de actos de la Comisión en los casos en que el sistema de normalización no esté generando resultados a tiempo y de calidad suficiente; 2) establezca requisitos de producto. ·Se introducen requisitos de producto medioambientales, funcionales y de seguridad para los productos de construcción. ·Se establecen una «zona armonizada», una división más clara de las funciones de los Estados miembros y un mecanismo para recabar e intercambiar información de manera proactiva sobre las necesidades o las medidas de reglamentación de los Estados miembros y para abordarlas respetando los objetivos del mercado único. ·Se introduce la nueva obligación para los fabricantes de presentar una declaración de conformidad (cumplimiento de los requisitos de producto) además de una declaración de prestaciones; se introduce asimismo la posibilidad de facilitar información por medios electrónicos. ·Se proporciona una lista de requisitos generales de sostenibilidad (que se definirán con más detalle por familia de productos en actos de la Comisión o en normas armonizadas). ·Se introducen disposiciones de simplificación y exención para las microempresas, y se mejoran las existentes.

·Se refuerzan los poderes de las autoridades de vigilancia del mercado para garantizar el cumplimiento. ·Se amplía el papel de los puntos de contacto de productos de construcción para apoyar a los operadores económicos. ·Se establece un nuevo sistema de la Comisión que permite a cualquier persona física o jurídica compartir reclamaciones o denuncias relacionadas con posibles infracciones del Reglamento. ·Se establece una congruencia con el Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles en lo que respecta a la sostenibilidad climática y medioambiental y al pasaporte digital de productos. En la opción D se había previsto sustituir el marcado CE por una nueva etiqueta («producto de construcción europeo» o marcado «PCE»). Sin embargo, existía también el riesgo de que semejante cambio, en lugar de aumentar la claridad para los operadores económicos, la redujera, especialmente durante el período transitorio, en el que se habrían exigido dos marcados. Por lo tanto, se mantendrá el marcado CE, y los fabricantes tendrán que colocarlo en los productos para los que hayan emitido una declaración de prestaciones o de conformidad. Si bien el estudio en que se apoya la evaluación de impacto llegaba a la conclusión de que la opción D puede dar lugar a costes adicionales para los operadores económicos, principalmente debido a la introducción de la declaración de información sobre el comportamiento ambiental, había ciertas limitaciones relacionadas con los datos utilizados. Merced a la simplificación adicional que conlleva la opción D, en realidad puede generar una reducción neta de aproximadamente 180 millones EUR en términos de carga administrativa (véase el anexo III del informe de evaluación de impacto). •Adecuación regulatoria y simplificación La propuesta minimizará los costes de cumplimiento gracias a un proceso de normalización eficaz y a unas disposiciones más claras, incentivando la reutilización de productos, reduciendo el número de requisitos nacionales adicionales y creando condiciones iguales para todos los fabricantes, especialmente las pymes, en todos los Estados miembros. Además, la puesta en común prevista del trabajo y la afinación técnica con el Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles evitarán costes innecesarios para las empresas, sobre todo las pymes. La propuesta aprovecha al máximo el potencial de la digitalización para reducir la carga administrativa, teniendo en cuenta que el RPC no contempla la aplicación de herramientas digitales. Toda la información y la documentación relacionadas con la propuesta pueden tratarse en formato digital (por ejemplo, el pasaporte digital de productos) y almacenarse, compartirse y consultarse de forma duradera en un sistema de información. Esto dará lugar a una mayor transparencia a lo largo de las cadenas de suministro y permitirá que los datos de los productos de construcción se almacenen en los libros digitales de los edificios y se utilicen para los cálculos exigidos por otros actos de legislación (por ejemplo, la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios). Con ello también se facilitará la vigilancia del mercado. Se logrará reducir aún más la carga administrativa para los fabricantes eliminando el solapamiento entre el marcado CE y la declaración de prestaciones. Los Estados miembros también podrán eximir de las obligaciones a las microempresas que no comercien a través de las fronteras. Al otorgar a la Comisión nuevos poderes para introducir un número mínimo de los controles que deben realizar las autoridades de vigilancia del mercado, la propuesta pretende mejorar la aplicación desigual de las reglas del RPC en el mercado. Esto puede exigir a las autoridades de vigilancia del mercado un aumento de la capacidad, pero permitirá prestar un mejor apoyo a los Estados miembros en el ejercicio de su responsabilidad de garantizar la seguridad y la sostenibilidad de las obras de construcción. •Derechos fundamentales La presente propuesta no tiene incidencia en la protección de los derechos fundamentales. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La propuesta requerirá recursos adicionales para gestionar eficazmente el marco del RPC. El aumento solicitado de siete ETC en las necesidades de personal es proporcional a los objetivos. El personal de la Comisión llevará a cabo las siguientes actividades principales: ·desarrollar y poner en ejecución el RPC; ·elaborar actos de Derecho derivado (actos de ejecución y actos delegados); ·elaborar y gestionar las peticiones de normalización y los actos de la Comisión; ·evaluar y citar las especificaciones técnicas armonizadas; ·elaborar especificaciones técnicas comunes;

·colaborar con las organizaciones europeas de normalización en el trabajo previo a la normalización y en la propia normalización; ·interactuar con las partes interesadas en cuestiones técnicas; ·prestar apoyo a las autoridades de los Estados miembros; ·impartir formación a las autoridades de los Estados miembros, los organismos notificados y otros organismos; ·proporcionar orientación a los Estados miembros y a las empresas. Estas actividades son de carácter jurídico, técnico y administrativo y han de llevarse a cabo dentro de los servicios de la Comisión (o, en algunos casos, bajo su supervisión). En este contexto, el personal encargado de la gestión del marco actual del RPC tendría que aumentar y reforzarse con otros servicios de la Comisión (es decir, el JRC), o bien recurriendo a la externalización. Esto es así, en particular, en relación con el apoyo científico y técnico para la elaboración de actos delegados y de ejecución y para las tareas horizontales. El grado en que la propuesta podrá responder a los objetivos dependerá grandemente de los recursos de la Comisión disponibles. 5.OTROS ELEMENTOS •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información La Comisión hará un seguimiento de la ejecución, la aplicación y el cumplimiento de estas nuevas disposiciones, a fin de evaluar su eficacia. El seguimiento y la evaluación de las políticas relacionadas con la propuesta se centrarían en las principales cuestiones que debe abordar la revisión: funcionamiento del proceso de normalización, disponibilidad de información medioambiental y sobre seguridad de los productos, requisitos medioambientales y de seguridad de los productos incorporados en las especificaciones técnicas y repercusiones en el funcionamiento de la vigilancia del mercado. Se propone la realización de una evaluación de la propuesta no antes de transcurridos ocho años desde la fecha de aplicación, para dar tiempo a que tomen forma los resultados y las repercusiones de las nuevas reglas. •Documentos explicativos (para las directivas) Puesto que el instrumento jurídico es un Reglamento, que es directamente aplicable en los Estados miembros, no es necesario elaborar un documento explicativo. •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta El capítulo I del Reglamento contiene las disposiciones generales. El artículo 1 describe el objeto, haciendo referencia explícita al comportamiento ambiental y climático y a las prestaciones de seguridad de los productos de construcción en relación con sus características esenciales, así como a los requisitos de producto medioambientales, climáticos, funcionales y de seguridad. El artículo 2 define el ámbito de aplicación, que comprende los productos de construcción, los productos y servicios relacionados con la impresión 3D, las piezas clave, las piezas o los materiales que solicite el fabricante, los kits o conjuntos incluidos en las especificaciones técnicas armonizadas o los DEE y las casas unifamiliares prefabricadas. En determinados casos, el Reglamento también se aplica a los productos usados. En comparación con el RPC, se modifica el ámbito de aplicación para evitar solapamientos, por ejemplo, con la Directiva sobre el agua potable y la Directiva sobre las aguas residuales urbanas. El artículo 3 establece las definiciones. El artículo 4 define los requisitos básicos de las obras y las modalidades para establecer las características esenciales de los productos de construcción (basadas en las prestaciones; por ejemplo, el contenido reciclado). Esto se hará sobre la base de los requisitos básicos aplicables a las obras de construcción que figuran en la parte A del anexo I y, junto con los métodos de evaluación, formará parte de las normas que se harán obligatorias a efectos de la aplicación del presente Reglamento. También se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en los que se definan umbrales y clases de prestaciones en relación con las características esenciales. Además, en caso de retrasos o deficiencias en el proceso de normalización, se otorgan poderes a la Comisión para adoptar actos delegados que contengan especificaciones técnicas. Por otro lado, se le otorgan los poderes para modificar el anexo I, parte A, mediante actos delegados, a la luz del progreso técnico o para cubrir nuevos riesgos y aspectos medioambientales. El artículo 5 establece que todos los productos regulados por el Reglamento deben cumplir los requisitos genéricos directamente aplicables y los correspondientes requisitos relativos a la familia o categoría de productos, contenidos en el anexo I, parte D. También otorga a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados que definan con mayor precisión los requisitos de producto conforme al anexo I, partes B, C y D. Estos actos delegados pueden completarse con normas armonizadas voluntarias elaboradas en el marco de una petición de normalización. Además, se otorgan a la Comisión los poderes para modificar el anexo I, partes B, C y D, mediante actos delegados, a la luz del progreso técnico o para cubrir nuevos riesgos y aspectos medioambientales. El artículo 6 otorga a la Comisión los poderes para determinar el sistema de evaluación y verificación aplicable, incluidas las medidas adicionales necesarias para hacer frente a los incumplimientos sistemáticos.

El artículo 7 define la «zona armonizada», en contraposición a los ámbitos bajo responsabilidad de los Estados miembros. Además, establece un mecanismo para tratar las necesidades imperiosas de reglamentación de los Estados miembros en materia de salud, seguridad o protección del medio ambiente, incluido el clima. El artículo 8 establece los poderes para adoptar actos delegados que determinen las condiciones para evitar la doble evaluación de los productos con arreglo al presente Reglamento y a otros actos del Derecho de la Unión. El capítulo II (artículos 9 a 18) expone el procedimiento, las declaraciones y el marcado. Los artículos 9 a 12 regulan la declaración de prestaciones y sus exenciones aplicables (incluidas las microempresas que no realizan operaciones transfronterizas, en determinadas condiciones: para productos refabricados o para piezas de obras de construcción preparadas para ser reutilizadas o refabricadas). Los artículos 13 y 14 establecen reglas sobre la declaración de conformidad (conformidad con los requisitos de producto con arreglo al artículo 5). Para minimizar la carga administrativa, la declaración de conformidad se combinará con la declaración de prestaciones. Con arreglo al artículo 15, la declaración de prestaciones y la declaración de conformidad pueden suministrarse en formato electrónico o a través de un enlace permanente. Se facilitarán en las lenguas requeridas por los Estados miembros en los que el fabricante tenga intención de comercializar el producto. Los artículos 16 a 18 establecen los principios y condiciones generales para el marcado CE y para el uso de otros marcados. El capítulo III (artículos 19 a 33) define los derechos y las obligaciones de los operadores económicos. Establece obligaciones generales y detalladas para los fabricantes, en especial sobre la manera de utilizar la especificación técnica armonizada pertinente (normas armonizadas y actos delegados) para evaluar y declarar las prestaciones del producto. En particular, el artículo 22 define las obligaciones medioambientales de los fabricantes, entre las que se incluye la obligación de declarar las características de sostenibilidad obligatorias establecidas en el anexo I, parte A, sección 2, el potencial de calentamiento global, los requisitos basados en las prestaciones o el contenido reciclado mínimo. Tras la adopción de actos delegados para una familia de productos determinada, los fabricantes también están obligados a: –diseñar y fabricar los productos y sus envases de manera que su sostenibilidad medioambiental y climática global alcance el estado actual de la técnica; –dar preferencia a los materiales reciclables y a los materiales producidos a partir del reciclado; –respetar las obligaciones en cuanto a contenido reciclado mínimo y otros valores límite para la sostenibilidad medioambiental contenidos en las especificaciones técnicas armonizadas; –evitar la obsolescencia prematura de los productos, utilizar piezas fiables y diseñar productos de manera que su durabilidad no esté por debajo de la durabilidad media de los productos de su categoría respectiva; –diseñar los productos de manera que puedan repararse, renovarse y modernizarse fácilmente. En otros artículos se definen las obligaciones específicas de los representantes autorizados (artículo 23), de los importadores (artículo 24) —tales como garantizar que los productos sigan siendo seguros mientras estén bajo su control y comprobar que el fabricante ha cumplido sus obligaciones generales— y de los distribuidores (artículo 25), así como las obligaciones de los prestadores de servicios logísticos, los intermediarios, los mercados en línea, los vendedores en línea y las tiendas en línea (integrándolos así en una arquitectura que garantice el cumplimiento) (artículo 27), y de los proveedores de impresión 3D (artículo 28). Así pues, introduce disposiciones que permiten que en el marco también tengan cabida los nuevos modelos de negocio. Asimismo, introduce nuevas obligaciones específicas para los operadores económicos que desinstalan u operan con productos usados para su reutilización o refabricación (artículo 29), así como obligaciones con respecto a los productos de uso dual y los pseudoproductos (artículo 31). También regula las ventas en línea o a distancia de productos de construcción (artículo 32). El capítulo IV (artículos 34 a 42) contiene reglas relativas a las normas sobre productos de construcción y los DEE. Incluye la aplicación obligatoria de todos los requisitos basados en las prestaciones, y voluntaria de los requisitos inherentes a los productos. Establece reglas para los DEE y su relación con la declaración de prestaciones y con la declaración de conformidad (artículo 35), reglas acerca de la elaboración, adopción (artículo 36) y publicación (artículo 38) de DEE, requisitos relativos a su contenido (artículo 40) y requisitos encaminados a contrarrestar la proliferación injustificada de DEE (artículo 36). También rige las reglas para la resolución de diferencias en caso de desacuerdo entre los organismos de evaluación técnica (OET) (artículo 39). El capítulo V (artículos 43 a 46) establece los requisitos aplicables a las autoridades designantes encargadas de los OET y las reglas sobre cómo designarlos, supervisarlos y evaluarlos. También otorga poderes a la Comisión para que establezca los requisitos en materia de personal aplicables a los OET y las tareas de coordinación de estos organismos. El capítulo VI (artículos 47 a 63) describe el papel de las autoridades notificantes (artículo 48) y los requisitos aplicables a estas autoridades (artículo 49), incluidas las obligaciones operativas y de información más importantes. Establece los requisitos aplicables a los organismos notificados (artículo 50), sus obligaciones operativas (artículo 60) y sus obligaciones de información (artículo 61), y enumera las obligaciones de un organismo notificado con respecto a su subcontratista o filial (artículo 53). También establece las reglas sobre el uso de instalaciones distintas del laboratorio de ensayo del organismo notificado (artículo 54). Se prevé un procedimiento para que los Estados miembros y la Comisión formulen objeciones formales a las normas armonizadas de acreditación (artículo 52). El capítulo VII (artículos 64 a 67) dispone procedimientos simplificados. Con el fin de reducir la carga administrativa, en particular para las pymes y las microempresas, este capítulo establece procedimientos de simplificación: en el artículo 64, relativo al uso de la documentación técnica adecuada; en el artículo 65, que permite a las microempresas utilizar el sistema de verificación menos severo; en el artículo 66, que reduce los requisitos aplicables a los productos a medida no en serie instalados en una única obra de construcción concreta; y en el artículo 67, relativo al reconocimiento de la evaluación y verificación realizadas por otro organismo notificado. El capítulo VIII (artículos 68 a 76) establece reglas sobre la vigilancia del mercado y los procedimientos de salvaguardia. El artículo 68 otorga a la Comisión los poderes para establecer un sistema que permita a cualquier persona física o jurídica compartir reclamaciones o denuncias sobre posibles incumplimientos del presente Reglamento.

El artículo 70 establece la forma de hacer frente a los incumplimientos, y el artículo 71 el procedimiento de salvaguardia de la UE para los casos en los que los Estados miembros pueden invocar válidamente motivos imperiosos de salud, seguridad o protección del medio ambiente. El artículo 72 establece reglas relativas a los productos conformes que presentan un riesgo. El artículo 73 otorga a la Comisión los poderes para establecer el número mínimo de controles que deben realizar las autoridades de vigilancia del mercado, así como los recursos humanos mínimos que estas autoridades deben desplegar para los productos de construcción. El artículo 74 dispone la coordinación de la vigilancia del mercado y establece un grupo de cooperación administrativa. Para reforzar las capacidades de las autoridades de vigilancia del mercado, estas tienen derecho a recuperar de los operadores económicos los costes de las inspecciones y los ensayos (artículo 75). Las autoridades de vigilancia del mercado deben informar anualmente a la Comisión sobre sus actividades (artículo 76). El capítulo IX (artículos 77 a 81) define los principios en materia de información y cooperación administrativa. Se introduce para reforzar el sistema general y la aplicación del Reglamento, a fin de evitar decisiones divergentes que puedan crear condiciones desiguales. En consonancia con estos objetivos, el artículo 77 establece y mantiene un sistema de información y comunicación para garantizar una interpretación y aplicación armonizadas del Reglamento. El artículo 78 otorga a la Comisión los poderes para crear una base de datos o un sistema de la UE sobre productos de construcción que facilite el acceso a la información sobre los productos (especialmente la declaración de prestaciones, la declaración de conformidad y las instrucciones de uso). El artículo 79 revisa las reglas sobre los puntos de contacto de productos de construcción con el fin de ofrecer un mejor apoyo a los operadores económicos. El artículo 80 exige que las autoridades de vigilancia del mercado, los puntos de contacto de productos de construcción, las autoridades designantes, los OET, las autoridades notificantes y los organismos notificados se mantengan actualizados en su área de trabajo y reciban formación sobre la interpretación y aplicación comunes de las reglas. También exige a la Comisión que organice la formación al menos una vez al año. El artículo 81 permite a los Estados miembros designar conjuntamente autoridades para cumplir sus obligaciones con arreglo al Reglamento y compartir recursos y responsabilidades. El capítulo X (artículo 82) establece las condiciones para la cooperación con países no pertenecientes a la UE, también con vistas a limitar los efectos negativos que tienen en el mercado único los incumplimientos por parte de operadores económicos establecidos en esos países. El capítulo XI (artículos 83 y 84) se ocupa de los incentivos de los Estados miembros y de la contratación pública ecológica. El artículo 83 expone el enfoque para que los Estados miembros incentiven el uso de productos de construcción más sostenibles. El artículo 84 otorga a la Comisión los poderes para desarrollar requisitos de sostenibilidad aplicables a la contratación pública ecológica de productos de construcción. El capítulo XII (artículo 85) otorga a la Comisión los poderes para determinar si un artículo específico es un producto de construcción. El capítulo XIII (artículo 86) modifica el Reglamento (UE) 2019/1020 de manera que sea también aplicable a los productos de construcción. El capítulo XIV (artículos 87 a 94) contiene las disposiciones finales. El artículo 87 establece las condiciones para la adopción de actos delegados en el Reglamento. El artículo 88 define el mandato del Comité Permanente de la Construcción. Con arreglo al artículo 91, los Estados miembros deben establecer las reglas aplicables a las sanciones por incumplimiento del Reglamento. El artículo 91 exige una evaluación del Reglamento no antes de ocho años después de su fecha de aplicación. El artículo 93 establece disposiciones transitorias que permiten la transferencia gradual de todas las normas armonizadas del RPC al nuevo Reglamento y, de ese modo, una introducción progresiva y fluida para los operadores económicos. El artículo 94 establece la fecha de entrada en vigor y la fecha de aplicación del Reglamento. Como en el RPC, la parte dispositiva de la propuesta va acompañada de varios anexos, a saber: –anexo I, sobre los requisitos básicos para las obras de construcción (parte A), igual que en el RPC, y sobre nuevos elementos: requisitos de producto basados en las prestaciones (parte B), requisitos inherentes a los productos, en particular los relacionados con la seguridad y el medio ambiente (parte C), y requisitos de información (parte D); –anexo II, sobre el contenido de la declaración de prestaciones y la declaración de conformidad; –anexo III, sobre el procedimiento de adopción de un documento de evaluación europeo (DEE); –anexo IV, sobre las áreas de productos y los requisitos aplicables a los organismos de evaluación técnica (OET); –anexo V, sobre los sistemas de evaluación y verificación; –anexo VI, sobre las características esenciales para las que no se requiere la referencia de la correspondiente especificación técnica armonizada en el contexto de la notificación de los organismos notificados; –anexo VII, sobre la tabla de correspondencias. 2022/0094 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se modifica el Reglamento (UE) 2019/1020 y se deroga el Reglamento (UE) n.º 305/2011 (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo ( 1), De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario ( 2), Considerando lo siguiente: (1)El Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo se adoptó en el contexto del mercado interior, con el fin de armonizar las condiciones de comercialización de los productos de construcción y de eliminar los obstáculos al comercio de estos productos entre los Estados miembros. (2)Para que un producto de construcción se introduzca en el mercado, el fabricante está obligado a elaborar la correspondiente declaración de prestaciones del producto. El fabricante asume la responsabilidad de la conformidad del producto con las prestaciones declaradas. Se prevén algunas excepciones a esta obligación. (3)La experiencia adquirida con la ejecución del Reglamento (CE) n.º 305/2011, la evaluación realizada por la Comisión en 2019 y el informe de la Organización Europea de Evaluación Técnica han puesto de manifiesto el bajo rendimiento del marco en diversos aspectos, en particular por lo que respecta a la elaboración de normas y a la vigilancia del mercado. Además, las observaciones recibidas durante la evaluación han puesto de manifiesto la necesidad de reducir los solapamientos, las contradicciones y los requisitos repetitivos, también en relación con otros actos de legislación de la Unión, a fin de aportar mayor claridad jurídica y de limitar la carga administrativa para los operadores económicos. Por consiguiente, es necesario establecer obligaciones jurídicas más específicas y detalladas para los operadores económicos, así como nuevas disposiciones, en especial relativas a las especificaciones técnicas y a la vigilancia del mercado, a fin de aumentar la seguridad jurídica y de evitar interpretaciones divergentes. (4)Es necesario establecer flujos de información que funcionen correctamente, también a través de medios electrónicos, para garantizar la disponibilidad de información coherente y transparente sobre las prestaciones de los productos de construcción a lo largo de la cadena de suministro. Se espera aumentar así la transparencia y mejorar la eficiencia en cuanto a transferencia de información. Garantizando el acceso digital a una información exhaustiva sobre los productos de construcción se contribuiría a la digitalización del sector de la construcción en su conjunto, haciendo que el marco se adecúe a la era digital. Asimismo, el acceso a una información fiable y duradera haría que los operadores económicos y otros agentes no contribuyeran mutuamente a sus incumplimientos. (5)En la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2021, sobre la ejecución del Reglamento (UE) n.º 305/2011, se acogió favorablemente el objetivo de la Comisión de hacer que el sector de la construcción sea más sostenible abordando el comportamiento sostenible de los productos de construcción en la revisión del Reglamento (CE) n.º 305/2011, tal como se anunció en el Plan de Acción para la Economía Circular. En las Conclusiones del Consejo sobre la economía circular en el sector de la construcción, de 28 de noviembre de 2019, se instaba a la Comisión a que facilitara la circularidad de los productos de construcción cuando revisara el Reglamento (UE) n.º 305/2011, sobre los productos de construcción. En la Comunicación de la Comisión titulada «Una nueva estrategia industrial para Europa» se subrayaba la necesidad de abordar la sostenibilidad de los productos de construcción y se señalaba que un entorno construido más sostenible será esencial para la transición de Europa hacia la neutralidad climática. En la Comunicación de la Comisión titulada «Actualización del nuevo modelo de industria de 2020: Creación de un mercado único más sólido para la recuperación de Europa» se señalaba la construcción como uno de los ecosistemas prioritarios que se enfrentan a los retos más importantes para cumplir los objetivos climáticos y de sostenibilidad y asumir la transformación digital, de lo cual depende su competitividad. Procede, por tanto, establecer reglas para declarar el comportamiento ambiental y sostenible de los productos de construcción, lo que incluye la posibilidad de establecer los umbrales y las clases pertinentes. (6)Del mismo modo, en la Estrategia de la UE en materia de Normalización de 2022 se señalaba la construcción como uno de los ámbitos más pertinentes en los que unas normas armonizadas podrían mejorar la competitividad y reducir las barreras del mercado. (7)La consecución de los objetivos medioambientales, incluida la lucha contra el cambio climático, hace necesario establecer nuevas obligaciones medioambientales y sentar las bases para el desarrollo y la aplicación de un método de evaluación con el que calcular la sostenibilidad medioambiental de los productos de construcción. Por la misma razón, es necesario ampliar la gama de operadores económicos regulados, ya que los distribuidores, los proveedores y los fabricantes tienen todos un papel que desempeñar en el cálculo de la sostenibilidad medioambiental en el sector de la construcción. Por lo tanto, esta gama debe ampliarse en dos direcciones, en sentido descendente, desde los distribuidores hacia los operadores económicos que preparan la reutilización y la refabricación de los productos de construcción, y en sentido ascendente, desde el fabricante hacia los proveedores de productos intermedios o materias primas. Además, determinados operadores que intervienen en el contexto del desmantelamiento de productos usados u otras piezas de obras de construcción, o en la refabricación y la reutilización de tales productos, deben contribuir a que la segunda vida de los productos de construcción sea segura. (8)Para garantizar la seguridad y funcionalidad de los productos de construcción y, por extensión, de las obras de construcción, es preciso evitar que los artículos que no están destinados por sus fabricantes a ser productos de construcción se introduzcan en el mercado como tales. Por consiguiente, los importadores, los distribuidores y otros operadores económicos posteriores deben velar por que esos pseudoproductos de construcción no se vendan como productos de construcción. Además, algunos prestadores de servicios, como los prestadores de servicios logísticos o los prestadores de servicios de impresión 3D, no deben contribuir a los incumplimientos de otros operadores económicos. Así pues, es necesario que las disposiciones pertinentes sean también aplicables a estos servicios y a quienes los prestan. (9)Es posible que sean diferentes operadores económicos los que faciliten un conjunto de datos de impresión 3D, una máquina o molde de impresión 3D y el material que ha de utilizarse en ellos, lo cual daría lugar a una situación en la que ninguno de esos operadores sería responsable de la seguridad y de las prestaciones adecuadas del producto impreso en 3D. En consecuencia, para evitar posibles riesgos de seguridad a este respecto, es necesario establecer disposiciones para los conjuntos de datos de impresión 3D, los materiales destinados a ser utilizados en la impresión 3D y los servicios de impresión 3D que permitan la impresión 3D de productos de construcción, de modo que, respetando estas disposiciones, los operadores económicos alcancen conjuntamente un nivel de seguridad similar al garantizado para los productos de construcción ordinarios. (10)Con el fin de garantizar la seguridad y la protección del medio ambiente y de subsanar una laguna normativa que de otro modo existiría, es necesario aclarar que los productos de construcción fabricados a pie de obra para su incorporación inmediata en las obras de construcción están sujetos a las mismas reglas que otros productos de construcción. Sin embargo, las microempresas suelen fabricar e instalar productos de forma individual sobre el terreno. Someter a estas microempresas en cualquier circunstancia a las mismas reglas que otras empresas las afectaría de forma desproporcionada. Por consiguiente, es necesario permitir que los Estados miembros eximan a las microempresas de elaborar una declaración de prestaciones en situaciones específicas en las que no se vean afectados los intereses de otros Estados miembros. (11)Garantizar la libre circulación de kits o conjuntos de productos de construcción en el mercado interior aportará beneficios tangibles a los ciudadanos, a los consumidores y a las empresas, en particular. No obstante, por razones de seguridad jurídica, su composición debe definirse con precisión en las especificaciones técnicas armonizadas o en los documentos de evaluación europeos.

(12)La creación de un mercado de la Unión para pequeñas casas unifamiliares prefabricadas puede reducir el precio de la vivienda y tener efectos sociales y económicos positivos. La equidad para los consumidores sigue siendo una prioridad, en particular, pero no exclusivamente, garantizar la asequibilidad de la vivienda en el contexto de la transición ecológica, en consonancia con la propuesta de Recomendación del Consejo para garantizar una transición equitativa hacia la neutralidad climática, especialmente la recomendación 7, letras a) a c). Por lo tanto, es necesario establecer reglas armonizadas para este tipo de casas pequeñas. Sin embargo, estas no dejan de ser obras de construcción, que entran en el ámbito de competencia de los Estados miembros. Puesto que podría no ser posible integrar de forma acumulativa todos los requisitos nacionales aplicables a las pequeñas casas unifamiliares prefabricadas en las futuras especificaciones técnicas armonizadas, los Estados miembros deben tener derecho a no aplicar las reglas aplicables a esas casas unifamiliares prefabricadas. (13)La conformidad de los productos de construcción con la legislación de la Unión depende a menudo de la conformidad de sus piezas clave con dicha legislación. Sin embargo, dado que las piezas clave a menudo se integran en diversos productos de construcción, la protección de la seguridad y del medio ambiente, incluido el clima, se logra mejor cuando esas piezas clave se evalúan con anterioridad, es decir, cuando sus prestaciones y su conformidad se evalúan antes y con independencia de la evaluación del producto de construcción final en el que se integran. Del mismo modo, la vigilancia del mercado es más eficiente cuando se pueden detectar y perseguir específicamente las piezas clave no conformes. En consecuencia, es necesario establecer reglas aplicables a las piezas clave de los productos de construcción. (14)Los productos de construcción ya evaluados y reutilizados no deben estar sujetos a las reglas aplicables a los productos de construcción nuevos. Sin embargo, los productos de construcción usados que nunca antes se han introducido en el mercado de la Unión deben estar sujetos a las mismas reglas que los productos de construcción nuevos, dado que nunca han sido evaluados. (15)Para garantizar que la seguridad y la funcionalidad de los productos de construcción estén salvaguardadas, las reglas aplicables a los productos de construcción nuevos deben aplicarse también a los productos de construcción usados cuyo uso previsto cambie, excepto con fines decorativos, a los productos de construcción usados cuyo uso previsto inicial no esté claro, a los productos de construcción usados que hayan sido sometidos a un proceso de transformación importante y a los productos de construcción usados con respecto a los cuales un operador económico alegue características adicionales o el cumplimiento de requisitos de producto. (16)El hecho de que los productos de construcción usados no deban someterse, en principio, a una nueva evaluación no ha de ser óbice para que el operador económico haga que sean evaluados si ello contribuye a hacer más atractivo su uso demostrando que siguen teniendo determinadas características o que cumplen los requisitos de producto aplicables. (17)Los productos de construcción introducidos en el mercado en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea se importan a menudo de países vecinos y, por lo tanto, no están sujetos a los requisitos establecidos en el Derecho de la Unión. Someter esos productos de construcción a tales requisitos sería desproporcionadamente costoso. Al mismo tiempo, los productos de construcción fabricados en las regiones ultraperiféricas apenas circulan en otros Estados miembros. Por consiguiente, los Estados miembros deben tener la posibilidad de eximir de dichos requisitos a los productos de construcción introducidos en el mercado o instalados directamente en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. (18)Con el fin de lograr la máxima coherencia normativa, el presente Reglamento debe basarse, en la medida de lo posible, en el marco jurídico horizontal, que en este caso es concretamente el Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. Sigue la tendencia reciente en la legislación sobre productos de desarrollar una solución alternativa para cuando las organizaciones europeas de normalización no presenten normas armonizadas que puedan citarse en el Diario Oficial. Dado que no se han podido citar en el Diario Oficial normas armonizadas para los productos de construcción desde finales de 2019, y que solo se han citado algunas docenas desde la entrada en vigor del Reglamento (UE) n.º 305/2011, los nuevos poderes de solución alternativa otorgados a la Comisión deben ser aún más exhaustivos, para poder optimizar el resultado global de las especificaciones técnicas a fin de recuperar el retraso en la adaptación al progreso técnico. (19)Cuando las normas armonizadas establecen las reglas para evaluar las prestaciones con respecto a características esenciales que son pertinentes para los códigos de construcción de los Estados miembros, tales normas armonizadas deben hacerse obligatorias a efectos de la aplicación del presente Reglamento, pues solo ellas alcanzan el objetivo de permitir la libre circulación de los productos al tiempo que garantizan la capacidad de los Estados miembros de exigir características de seguridad y medioambientales de los productos, también en relación con el clima, a la vista de su situación nacional específica. Cuando se persiguen conjuntamente, estos dos objetivos requieren que los productos se evalúen mediante un único método de evaluación, por lo que este ha de ser obligatorio. Sin embargo, pueden utilizarse normas voluntarias para hacer que los requisitos de producto, especificados para la familia o la categoría pertinentes de productos mediante actos delegados, sean aún más concretos, siguiendo la vía de la Decisión n.º 768/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. En consonancia con la Decisión n.º 768/2008, dichas normas deben poder ofrecer una presunción de conformidad con los requisitos que abarcan. (20)Para contribuir a los objetivos del Pacto Verde Europeo y del Plan de Acción para la Economía Circular, y para garantizar que los productos de construcción sean seguros, siendo la seguridad uno de los objetivos que deben perseguirse en la legislación según en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), son necesarios requisitos inherentes a los productos relacionados con la seguridad, la funcionalidad y la protección del medio ambiente, incluido el clima. Al establecer estos requisitos, la Comisión debe tener en cuenta su posible contribución a la consecución de los objetivos de la Unión en materia de clima, medio ambiente y eficiencia energética. Estos requisitos no se refieren únicamente a las prestaciones de los productos de construcción. Contrariamente a su predecesora, la Directiva 89/106/CE, el Reglamento (UE) n.º 305/2011 no contempla la posibilidad de establecer tales requisitos inherentes a los productos. Sin embargo, algunas normas armonizadas para los productos de construcción contienen tales requisitos inherentes a los productos, que pueden estar relacionados con el medio ambiente, la seguridad o simplemente el buen funcionamiento del producto. Estas normas demuestran que existe una necesidad práctica de tales requisitos sobre seguridad, medio ambiente o sencillamente el funcionamiento de los productos. El artículo 114 del TFUE, como base jurídica del presente Reglamento, también impone la búsqueda de un nivel elevado de protección del medio ambiente, la salud y la seguridad humana. Así pues, el presente Reglamento debe (re)introducir o validar los requisitos inherentes a los productos. Si bien estos requisitos han de ser establecidos por el legislador, es necesario especificarlos para las más de treinta familias de productos, cada una de ellas con varias categorías. Por consiguiente, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a fin de especificar los requisitos para la familia o la categoría de productos de construcción correspondientes. (21)La fabricación y la distribución de productos de construcción se hacen cada vez más complejas, lo que da lugar a la aparición de nuevos operadores especializados, como son los prestadores de servicios logísticos. Por razones de claridad, determinadas obligaciones genéricas, incluidas las relativas a la cooperación con las autoridades, deben ser aplicables a cuantos participan en la cadena de suministro, la fabricación, la distribución, el etiquetado de marca propia, el reenvasado o el comercio secundario, la instalación, la desinstalación para la reutilización o para la refabricación y la propia refabricación. Además, los proveedores deben estar obligados a cooperar con las autoridades de vigilancia del mercado a efectos de la evaluación de la sostenibilidad medioambiental. Por estas razones, y para evitar la repetición de obligaciones, el término «operador económico» debe definirse de manera amplia, abarcando a todos esos agentes, de modo que puedan establecerse de una sola vez para todos ellos obligaciones genéricas básicas. (22)Con el fin de fomentar prácticas armonizadas entre los Estados miembros, incluso cuando no se haya podido alcanzar un consenso sobre estas prácticas, deben otorgarse a la Comisión los poderes para adoptar, con respecto a una serie limitada de cuestiones, actos de ejecución relativos a la ejecución del presente Reglamento. Los poderes respectivos se refieren a las definiciones, a las obligaciones y los derechos de los operadores económicos y a las obligaciones y los derechos de los organismos notificados. (23)Con el fin de mejorar la seguridad jurídica y de mitigar la fragmentación del mercado de productos de construcción de la UE debida a la existencia de requisitos y marcas nacionales, es necesario definir claramente el ámbito regulado a nivel de la UE, la denominada «zona armonizada», en oposición a los elementos que siguen siendo competencia de la esfera reguladora nacional de los Estados miembros. (24)Al mismo tiempo, para lograr un equilibrio entre la mitigación de la fragmentación del mercado y los intereses legítimos de los Estados miembros en la regulación de las obras de construcción, es necesario establecer un mecanismo para integrar mejor las necesidades de los Estados miembros en el desarrollo de las especificaciones técnicas armonizadas. Por la misma razón, debe establecerse un mecanismo que permita a los Estados miembros fijar, sobre la base de razones imperiosas de salud, seguridad o protección del medio ambiente, requisitos adicionales para los productos de construcción. (25)La economía circular, el elemento clave del Plan de Acción para la Economía Circular, puede promoverse mediante sistemas obligatorios de depósito y reembolso y mediante la obligación de recuperar los productos no utilizados. Por consiguiente, debe permitirse a los Estados miembros adoptar tales medidas. (26)Con el fin de aumentar la claridad jurídica y de reducir la carga administrativa para los operadores económicos, es necesario evitar que los productos de construcción sean objeto de múltiples evaluaciones en relación con el mismo aspecto de la salud, la seguridad o la protección del medio ambiente, incluido el clima, con arreglo a diferentes actos de legislación de la Unión. Esto fue confirmado por la plataforma REFIT, en la que se recomendaba que la Comisión abordara prioritariamente los problemas relacionados con los solapamientos y los requisitos repetitivos. Así pues, la Comisión debe poder determinar las condiciones en las que el cumplimiento de las obligaciones con arreglo a otros actos del Derecho de la Unión significa que se cumplen también determinadas obligaciones del presente Reglamento, cuando, de lo contrario, el mismo aspecto de la salud, la seguridad o la protección del medio ambiente, incluido el clima, se evaluaría paralelamente con arreglo al presente Reglamento y a otros actos del Derecho de la Unión. (27)Por otro lado, a fin de evitar prácticas divergentes entre los Estados miembros y los operadores económicos, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, a fin de determinar si determinados productos de construcción entran dentro de la definición de «producto de construcción». (28)En particular, en el caso de los productos relacionados con la energía incluidos en los planes de trabajo de diseño ecológico que también sean productos de construcción y en el caso de los productos intermedios, a excepción del cemento, se dará prioridad al [RDEPS] para el establecimiento de los requisitos de sostenibilidad. Este debería ser el caso, por ejemplo, de los calefactores, calderas, bombas de calor, aparatos de calefacción de agua y espacios, ventiladores, sistemas de refrigeración y ventilación y productos fotovoltaicos, excluidos los paneles fotovoltaicos integrados en edificios. El presente Reglamento puede seguir interviniendo de forma complementaria cuando sea necesario, principalmente en relación con los aspectos de seguridad, teniendo también en cuenta otros actos de legislación de la Unión sobre productos como los aparatos de gas, la baja tensión y las máquinas. En el caso de otros productos, a fin de evitar cargas innecesarias para los operadores económicos, en el futuro puede ser necesario determinar las condiciones en las que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de otros actos del Derecho de la Unión significa que se cumplen también determinadas obligaciones con arreglo al presente Reglamento. Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados conforme al artículo 290 del TFUE al objeto de determinar esas condiciones. (29)Con el fin de crear un incentivo para el cumplimiento, debe hacerse responsable al fabricante de productos de construcción de las declaraciones de prestaciones y de conformidad que no sean correctas. (30)El aumento en el uso de productos refabricados forma parte de un cambio hacia una economía más circular y una reducción de la huella ambiental y de carbono de los productos de construcción. Por otro lado, el mercado de la refabricación no está muy desarrollado actualmente y los requisitos aplicables a los productos refabricados varían mucho entre Estados miembros. Por consiguiente, y a fin de respetar el principio de subsidiariedad, los Estados miembros deben tener la posibilidad de eximir a los productos refabricados de la obligación de elaborar una declaración de prestaciones. Sin embargo, esta exención no debe ser posible en el caso de los productos que no sean aptos para la refabricación, o cuando estén en juego los intereses de otros Estados miembros. (31)Para mejorar el acceso a una información fácilmente disponible y exhaustiva sobre los productos de construcción, contribuyendo así a su seguridad, funcionalidad y sostenibilidad, debe garantizarse que la declaración de prestaciones proporcione toda la información necesaria para los usuarios y las autoridades. Habida cuenta de su utilidad para los usuarios, los fabricantes deben poder incluir información adicional en esa declaración, a condición de que las declaraciones de prestaciones sigan siendo uniformes y fáciles de leer y no se utilicen indebidamente como publicidad.

(32)Para que la reutilización y la refabricación de productos de construcción, así como el uso de productos de construcción excedentarios, sean, no obstante, posibles a gran escala, debe establecerse un procedimiento simplificado para elaborar la declaración de prestaciones relativa a esos productos de construcción. En el caso de los productos de construcción excedentarios, cuando se haya descartado la alteración por el uso, el procedimiento simplificado debe limitarse a los casos en que el fabricante inicial se niegue a asumir la responsabilidad del producto de construcción excedentario, ya que siempre es preferible que los productos de construcción sigan siendo responsabilidad del fabricante inicial competente si no han sufrido alteraciones. (33)Con el fin de reducir la carga para los operadores económicos y, en particular, para los fabricantes, los operadores económicos que expidan declaraciones de prestaciones y declaraciones de conformidad deben facilitar dichas declaraciones por medios electrónicos y estar autorizados a facilitarlas mediante enlace permanente a un documento inmodificable, o a incluir en ellas enlaces permanentes a documentos inmodificables. (34)Para que los fabricantes puedan demostrar que los productos de construcción que se benefician de la libre circulación de mercancías cumplen los requisitos pertinentes de la Unión, es necesario exigir una declaración de conformidad que complemente la declaración de prestaciones, acercando así el sistema regulador de los productos de construcción al Reglamento (CE) n.º 765/2008. No obstante, a fin de minimizar la posible carga administrativa, la declaración de conformidad y la declaración de prestaciones deben combinarse y facilitarse por medios electrónicos. La carga administrativa para las pymes debe reducirse aún más mediante disposiciones de simplificación específicas, en particular sobre el uso de documentación técnica adecuada en sustitución de los ensayos de tipo, que permitan a las microempresas utilizar el sistema de verificación más indulgente y reduzcan los requisitos para los productos a medida no en serie instalados en una única obra de construcción concreta. Los Estados miembros deben también tener la posibilidad de eximir a las microempresas que no realicen operaciones transfronterizas de la obligación de elaborar una declaración de prestaciones. (35)Con el fin de lograr la armonización con otros actos de legislación sobre productos, y siempre que se cumplan los principios generales del Reglamento (CE) n.º 765/2008, debe colocarse el marcado CE en los productos de construcción para los que el fabricante haya elaborado una declaración de prestaciones o de conformidad. El fabricante asume así la responsabilidad de la conformidad del producto con las prestaciones declaradas y con los requisitos de producto aplicables. (36)Para garantizar la seguridad, la funcionalidad y la sostenibilidad de los productos de construcción, y por extensión de las obras de construcción, todos los operadores económicos que intervienen en la cadena de suministro y de distribución deben adoptar las medidas adecuadas para asegurarse de que solo introducen en el mercado o comercializan productos de construcción que cumplen los requisitos vinculantes de la Unión. Con el fin de mejorar la claridad jurídica, es preciso fijar de manera explícita las obligaciones de los operadores económicos. (37)Es necesario que los fabricantes de productos de construcción determinen el tipo de producto de manera precisa e inequívoca, a fin de garantizar una base precisa para evaluar la conformidad del producto con los requisitos de la Unión. Al mismo tiempo, a fin de evitar que se eludan los requisitos aplicables, debe prohibirse a los fabricantes crear constantemente nuevos tipos de productos cuando, habida cuenta de sus características esenciales, los productos en cuestión sean idénticos. (38)Para evitar alegaciones engañosas, toda alegación realizada por los fabricantes de productos de construcción debe basarse, o bien en un método de evaluación contenido en especificaciones técnicas armonizadas, o bien, cuando no exista tal método de evaluación, en métodos que representen las mejores técnicas disponibles. (39)La documentación técnica sobre los productos de construcción elaborada por el fabricante facilita la verificación de esos productos con respecto a los requisitos de la Unión por parte de las autoridades y los organismos notificados. Para mejorar el acceso a una información exhaustiva, esa documentación técnica debe incluir una evaluación de la sostenibilidad medioambiental del producto de construcción. (40)A fin de ofrecer transparencia a los usuarios de los productos de construcción y evitar un uso inadecuado de estos, el fabricante debe señalar con precisión de qué productos de construcción se trata y cuál es su uso previsto. Por la misma razón, el fabricante debe dejar claro si los productos de construcción están destinados a un uso exclusivamente profesional o también pueden ser utilizados por los consumidores. Para garantizar la trazabilidad de los productos de construcción, los fabricantes deben estar indicados en el producto o, cuando ello no sea posible, debido por ejemplo al tamaño o la superficie del producto, en su envase, o, cuando ello tampoco sea posible, en un documento que lo acompañe. (41)Para garantizar el cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento, los fabricantes deben buscar, almacenar y evaluar la información, así como adoptar las medidas adecuadas cuando se confirmen la no conformidad o las prestaciones insuficientes, o cuando exista un riesgo. (42)Para perseguir los objetivos del Pacto Verde Europeo y del Plan de Acción para la Economía Circular de manera óptima, debe obligarse a los fabricantes a alcanzar un nivel justo de sostenibilidad medioambiental, en relación tanto con sus productos como con su proceso de fabricación. Esta obligación requiere decisiones de compensación entre los diferentes aspectos medioambientales y entre estos y los aspectos de seguridad, y tanto los aspectos medioambientales como los de seguridad pueden estar relacionados con el producto como tal o con las obras de construcción. Para ofrecer certeza a los fabricantes sobre la manera de tomar estas decisiones de compensación, el presente Reglamento debe establecer reglas claras de compensación. (43)Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y la durabilidad de los productos de construcción, los fabricantes deben hacer que sus productos puedan utilizarse durante mucho tiempo. Este uso prolongado requiere un diseño adecuado, el uso de piezas fiables, la reparabilidad de los productos, la disponibilidad de información sobre reparación y el acceso a las piezas de recambio. (44) Con vistas a mejorar la circularidad de los productos de construcción, en consonancia con los objetivos del Plan de Acción para la Economía Circular, los fabricantes deben favorecer la reutilización, la refabricación y el reciclado de sus productos. La (preparación para la) reutilización, la refabricación y el reciclado requieren un cierto diseño, en concreto facilitando la separación de componentes y materiales al final del reciclado y evitando los materiales mezclados, amalgamados o intrincados. Dado que las instrucciones de uso habituales no llegarán necesariamente a los operadores económicos encargados de la (preparación para la) reutilización, la refabricación y el reciclado, la información necesaria a este respecto debe estar disponible en bases de datos o sistemas de productos y en los sitios web del fabricante, además de las instrucciones de uso. (45)Para ofrecer productos de construcción seguros, funcionales y medioambientalmente sostenibles, es necesario establecer para los fabricantes obligaciones globales en materia de sostenibilidad y seguridad. Dada la importancia de estas obligaciones, y asimismo la importancia de encontrar el equilibrio justo entre funcionalidad, seguridad y sostenibilidad, deben otorgarse a la Comisión los poderes para determinar, mediante actos delegados, las condiciones en las que, en relación con una familia o una categoría de productos concretas, se cumplen o se supone que se cumplen tales obligaciones. (46)Algunos productos de construcción se convierten en residuos aunque nunca se hayan utilizado. Para evitar este despilfarro de recursos, los fabricantes deben aceptar el recobro, directamente o a través de sus importadores y distribuidores, de la propiedad de productos que, tras su entrega en una obra o al usuario, no hayan sido utilizados y se encuentren en un estado equivalente al que tenían cuando se introdujeron en el mercado. (47)Para poder elegir con conocimiento de causa, los usuarios de los productos de construcción deben estar suficientemente informados sobre el comportamiento ambiental de los productos, sobre su conformidad con los requisitos medioambientales y sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones medioambientales del fabricante a este respecto. En consecuencia, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en los que se establezcan requisitos de etiquetado específicos, que podrían incluir el etiquetado de semáforo, de fácil comprensión. (48)Algunas obligaciones del fabricante, como la de evaluar la sostenibilidad medioambiental o la de dar preferencia a los materiales reciclables, difícilmente pueden cumplirse en el caso de los productos usados, refabricados o excedentarios. Por lo tanto, debe eximirse de estas obligaciones a los operadores económicos que facilitan la reutilización o realizan la refabricación de productos, más aún si se tiene en cuenta que la reutilización y la refabricación son beneficiosas para el medio ambiente. (49)A pesar de que los representantes autorizados suelen ser las únicas personas accesibles en el caso de los productos importados, los fabricantes a menudo les atribuyen tareas muy limitadas y no les proporcionan toda la información necesaria para que los representen de manera eficaz. Por consiguiente, deben aclararse y reforzarse el papel y las responsabilidades de los representantes autorizados. (50)Un operador económico que modifique un producto de tal manera que sus prestaciones o su seguridad puedan verse afectados debe estar sujeto a las obligaciones de los fabricantes, para garantizar que se verifique si las prestaciones o la seguridad del producto siguen siendo las mismas. Sin embargo, esta obligación no debe imponerse a un operador económico que reenvase productos para comercializarlos en otro Estado miembro, ya que, de lo contrario, el comercio secundario, y por tanto la libre circulación de productos, se verían obstaculizados, y dado que, en principio, el reenvasado no debería afectar a las prestaciones ni a la seguridad del producto de construcción. Aun así, y con el fin de preservar las prestaciones y la seguridad de los productos, el operador económico que realiza el reenvasado debe ser responsable de la correcta ejecución de estas operaciones, a fin de garantizar que el producto no sufra daños y que los usuarios sigan estando correctamente informados en la lengua que determine el Estado miembro en el que se comercialicen los productos. (51)Con el fin de aumentar el cumplimiento de las obligaciones de los fabricantes con arreglo al presente Reglamento y de contribuir a subsanar las deficiencias detectadas y mejorar la vigilancia del mercado, los prestadores de servicios, los mercados en línea y los intermediarios deben estar facultados para verificar, cuando se les pida, determinadas características fácilmente verificables de los productos y sus fabricantes, como la determinación del tipo de producto y la elaboración de una documentación técnica exhaustiva, y deben contribuir activamente a garantizar que solo los productos conformes lleguen a los usuarios.

(52)A fin de evitar que la impresión 3D se utilice para eludir las obligaciones con arreglo al presente Reglamento, los prestadores de servicios de impresión 3D deben estar sujetos a determinadas obligaciones de información. (53)El uso seguro de los productos usados y refabricados depende a menudo de una información precisa sobre su primer uso. Por consiguiente, el operador económico que desinstale productos usados para su reutilización o refabricación debe adoptar protocolos sobre el lugar, las condiciones y la duración de uso supuesta del producto desinstalado. (54)Las prestaciones y la seguridad de los productos dependen también de los componentes utilizados y de los servicios prestados por los calibradores u otros prestadores de servicios para su diseño y fabricación. Por estas razones, deben establecerse determinadas obligaciones para los proveedores de componentes y para los prestadores de servicios que participan en la fabricación de los productos. Cuando un incumplimiento o un riesgo puedan haber sido causados por un componente o un servicio suministrados por un determinado operador económico, el proveedor o el prestador de servicios deben informar de ello a sus otros clientes que hayan recibido el mismo componente o servicio, de modo que también puedan abordarse eficazmente los incumplimientos y los riesgos en relación con otros productos. (55)Algunos artículos utilizados para la construcción tienen múltiples fines potenciales. Sus fabricantes deben tener libertad para decidir si estos artículos están destinados o no a la construcción, también para evitar que tengan que someterse sin necesidad a una evaluación de prestaciones y conformidad. Sin embargo, si deciden que un determinado artículo no está destinado a la construcción, pero podría utilizarse en ella («pseudoproducto»), los fabricantes y otros operadores económicos deben asegurarse de que no se utilice en obras de construcción. De lo contrario, algunos de esos artículos acabarían utilizándose en la construcción sin cumplir los requisitos del presente Reglamento. (56)No obstante, por la misma razón, si los fabricantes de artículos que, por su naturaleza, pueden utilizarse para la construcción y para otros fines («productos de uso dual») no excluyen explícitamente su uso en la construcción, entonces deben cumplir las obligaciones con arreglo al presente Reglamento en relación con todos los artículos del tipo correspondiente. (57)Para aclarar la aplicabilidad del presente Reglamento a las ventas en línea y otras ventas a distancia, debe definirse en qué condiciones se considera que un determinado producto se ofrece a clientes de la Unión. Dado que el comercio en línea tiene una mayor probabilidad de incumplimiento, los Estados miembros deben hacer un esfuerzo especial y designar una autoridad única centralizada de vigilancia del mercado para detectar las ofertas de ventas a distancia dirigidas a clientes en su territorio, de modo que las autoridades de vigilancia del mercado responsables puedan adoptar las medidas adecuadas. Puesto que la detección de tales ofertas requiere el conocimiento de investigadores especializados o programas informáticos específicos de inteligencia artificial, la tarea de detección debe centralizarse y confiarse a una autoridad única de vigilancia del mercado. (58)Las tecnologías digitales, que ofrecen un potencial significativo para reducir la carga administrativa y los costes de los operadores económicos y de las autoridades públicas, al tiempo que fomentan oportunidades y modelos de negocio nuevos e innovadores, evolucionan a un ritmo rápido. La adopción de tecnologías digitales también contribuirá significativamente a la consecución de los objetivos de la oleada de renovación, incluidos la eficiencia energética, las evaluaciones y el seguimiento del ciclo de vida y del parque inmobiliario. En consecuencia, deben otorgarse a la Comisión los poderes para aprovechar nuevas oportunidades de digitalización mediante actos de ejecución. (59)Puesto que las normas armonizadas elaboradas para los productos de construcción (en lo sucesivo, «las normas sobre productos de construcción») son en su mayoría obligatorias, a fin de generar seguridad jurídica, estas normas no solo deben estar en consonancia con las peticiones de normalización pertinentes y con el presente Reglamento, sino también con los principios generales del Derecho de la Unión. (60)Para garantizar la citación oportuna de las referencias de las normas sobre productos de construcción en el Diario Oficial de la Unión Europea, deben otorgarse a la Comisión Europea los poderes para, por medio de actos delegados, limitar el alcance de las normas deficientes o invalidarlas con fines de efectos jurídicos conforme al presente Reglamento, en lugar de denegarse la citación de sus referencias en el Diario Oficial. (61)Para garantizar la coherencia del sistema, el presente Reglamento debe basarse en el marco jurídico horizontal de la normalización. Por lo tanto, el Reglamento (UE) n.º 1025/2012 debe aplicarse también, en la medida de lo posible, a las normas que se hacen obligatorias de conformidad con el presente Reglamento. Así pues, el Reglamento (UE) n.º 1025/2012 debe disponer, entre otras cosas, un procedimiento de objeciones a las normas sobre productos de construcción armonizadas cuando estas normas no satisfagan plenamente los requisitos establecidos en la correspondiente petición de normalización u otros requisitos del presente Reglamento. (62)Dado que no se trata de actos de aplicabilidad general, sino de la primera etapa de un procedimiento administrativo en dos etapas conducente al marcado CE, los documentos de evaluación europeos no deben considerarse especificaciones técnicas armonizadas. Sin embargo, los principios básicos de la elaboración de normas armonizadas, como es la transparencia para los competidores, pueden y deben aplicarse también a los documentos de evaluación europeos. Además, en los procedimientos de evaluación de las prestaciones y de la conformidad debe hacerse referencia a los documentos de evaluación europeos de la misma manera que a las normas armonizadas. Por lo tanto, y para evitar una repetición extensa de las disposiciones, las principales reglas sobre normas armonizadas deben aplicarse también a los documentos de evaluación europeos. A fin de generar transparencia para los competidores, los documentos de evaluación europeos deben ponerse a disposición del público, y sus referencias deben publicarse en el Diario Oficial. (63)En la actualidad, el creciente número de documentos de evaluación europeos difícilmente distinguibles, que a menudo tienen poco valor añadido en comparación con otros o con las normas armonizadas existentes, puede ralentizar su publicación. Para hacer frente a este riesgo de manera rentable, deben establecerse o concretarse determinados principios para la elaboración y la adopción de documentos de evaluación europeos. Además, debe reforzarse el control que ejerce la Comisión. (64)Los requisitos aplicables a las autoridades designantes de los organismos de evaluación técnica (OET) no deben ser inferiores a los aplicables a las autoridades notificantes, dadas las similitudes entre sus funciones respectivas. Por la misma razón, los OET deben tener el mismo grado de independencia y control de la toma de decisiones que los organismos notificados. (65)Con el fin de responder a un porcentaje notable de notificaciones basadas en evaluaciones incompletas o erróneas, en particular cuando se notificaron entidades jurídicas sin competencia técnica interna propia, es necesario: reforzar la capacidad de recursos de las autoridades notificantes, concretamente mediante el establecimiento de requisitos mínimos; hacer más precisos los requisitos aplicables a los organismos notificados, en concreto por lo que se refiere a su independencia, la delegación en otras entidades jurídicas y su propia capacidad de actuación; exigir a los organismos notificados una dotación adecuada de personal cualificado y verificar la adecuación de dicha dotación, para lo cual ha demostrado ser lo más eficiente la herramienta consistente en una matriz de cualificaciones; garantizar y verificar que la dotación de personal, la asignación de expertos externos, los procedimientos, los criterios y la toma de decisiones están bajo el control efectivo del organismo notificado, y no de un subcontratista, una filial u otra empresa perteneciente a la misma familia de empresas; y ampliar la documentación que deben presentar los organismos cuando soliciten la designación como organismo notificado, a fin de proporcionar a las autoridades notificantes una base más profunda y comparativamente más justa para tomar su decisión. (66)Para contrarrestar una práctica deficiente común entre los organismos de acreditación, es preciso hacer que estos tomen como base para la acreditación el presente Reglamento en lugar de las normas, que a menudo se desvían. También es importante garantizar que los organismos de acreditación evalúen la capacidad del organismo solicitante y no de un grupo de empresas, ya que es el propio organismo solicitante el que debe tener bajo su control la futura certificación. (67)Para alcanzar la igualdad de condiciones y evitar la inseguridad jurídica, deben definirse más claramente y hacerse explícitas las obligaciones de los organismos notificados, tanto para sus actividades de evaluación y verificación como para los aspectos relacionados. (68)A fin de evitar el involucramiento entre el personal de los organismos notificados y los fabricantes, los organismos notificados deben garantizar la rotación entre el personal que realiza diferentes tareas de evaluación de la conformidad. (69)Las autoridades de los Estados miembros pueden tener preguntas que solo un determinado organismo notificado puede responder. Por tanto, los organismos notificados deben responder también a las preguntas que puedan tener las autoridades de otros Estados miembros. (70)Para que todas las autoridades puedan detectar con mayor facilidad los incumplimientos de los organismos notificados, los fabricantes y los productos, y para garantizar la igualdad de condiciones, los organismos notificados deben estar facultados para tra