Es necesario lograr un equilibrio entre el refuerzo de la seguridad y la tutela de los derechos humanos, entre ellos los relacionados con los datos y la intimidad. La Comisión veló por que el Acuerdo ofrezca salvaguardias con respecto a la protección de la intimidad y los derechos y libertades fundamentales de las personas, así como una base jurídica para el intercambio de datos personales para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo. Además, la colaboración entre la Unión Europea y Nueva Zelanda es estrecha. El Acuerdo de Asociación sobre Relaciones y Cooperación entre la UE y Nueva Zelanda firmado el 5 de octubre de 2016 refleja una asociación reforzada entre las Partes, que profundiza y fortalece la cooperación en cuestiones de interés mutuo con valores compartidos y principios comunes. El Acuerdo no solo abarca disposiciones para facilitar el comercio, sino que también contiene una serie de disposiciones en las que las Partes se comprometen a cooperar en el ámbito policial, la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción, las drogas, la ciberdelincuencia, el blanqueo de capitales, el terrorismo y su financiación, la migración y el asilo. La UE y Nueva Zelanda también son socios dentro del Foro Mundial contra el Terrorismo (GCTF, por sus siglas en inglés), el cual está formado por 29 países y la Unión Europea y cuya misión fundamental es reducir la vulnerabilidad de las personas en todo el mundo frente al terrorismo mediante la prevención, la lucha y persecución de los actos terroristas y la lucha contra la incitación y captación que alimentan dicho terrorismo. Además, la UE y Nueva Zelanda cooperan estrechamente en asuntos exteriores y de seguridad, y participan regularmente en diálogos políticos y de seguridad. En el marco de dichos diálogos, también se realizan consultas en los ámbitos ministerial y de altos funcionarios. Nueva Zelanda también participó en algunas operaciones de gestión de crisis de la UE como, por ejemplo, en la operación Atalanta (piratería en el Cuerno de África) en 2014.

3.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

•Base jurídica

Esta propuesta se basa en el artículo 16, apartado 2, y el artículo 88, en relación con el artículo 218, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo (en lo sucesivo, «Reglamento de Europol») establece normas acerca de las transferencias de datos personales por parte de Europol fuera de la UE. El artículo 25, apartado 1, enumera una serie de bases jurídicas sobre las que Europol puede transferir legalmente datos personales a autoridades de terceros países. Una posibilidad sería una decisión de adecuación de la Comisión de conformidad con el artículo 36 de la Directiva (UE) 2016/680 en la que se declare que el tercer país al que Europol transfiere datos personales garantiza un nivel de protección adecuado. Dado que actualmente no existe ni una decisión de adecuación ni un acuerdo sobre cooperación operativa con Nueva Zelanda, la otra alternativa para llevar a cabo transferencias estructurales de datos personales por parte de Europol a Nueva Zelanda es la celebración de un acuerdo internacional vinculante entre la UE y Nueva Zelanda que ofrezca salvaguardias adecuadas con respecto a la protección de la intimidad y otros derechos y libertades fundamentales de las personas.

Por lo tanto, el Acuerdo entra dentro de las competencias externas exclusivas de la Unión. La celebración del Acuerdo puede tener lugar, en nombre de la Unión, sobre la base del artículo 218, apartado 5, letra, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

•Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

No procede.

•Proporcionalidad

Los objetivos de la Unión en relación con la presente propuesta, tal como se ha expuesto anteriormente, solo pueden lograrse mediante la celebración de un acuerdo internacional vinculante que disponga las medidas de cooperación necesarias, garantizando al mismo tiempo una protección adecuada de los derechos fundamentales. Las disposiciones del Acuerdo se limitan a lo necesario para alcanzar sus objetivos principales. La acción unilateral no constituye una verdadera alternativa, ya que no proporcionaría una base suficiente para la cooperación policial con países no pertenecientes a la UE y no podría garantizar la necesaria protección de los derechos fundamentales.

•Elección del instrumento

No procede.

4.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

•Evaluaciones ex post/controles de la adecuación de la legislación existente

No procede.

•Consultas con las partes interesadas

No procede.

•Obtención y uso de asesoramiento especializado