COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 20.7.2021 COM(2021) 421 final 2021/0240(COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º 1094/2010 y (UE) n.º 1095/2010 (Texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2021) 190, 191}

{SEC(2021) 391}



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo hacen pesar una grave amenaza sobre la integridad de la economía y el sistema financiero de la UE y la seguridad de sus ciudadanos. Según las estimaciones de Europol, las actividades financieras sospechosas detectadas representan en torno al 1 % del producto interior bruto anual de la UE. En julio de 2019, a raíz de una serie de célebres casos de presunto blanqueo de capitales en entidades de crédito de la UE, la Comisión aprobó una serie de documentos en los que, tras analizar la eficacia y eficiencia del régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT) aplicado en la UE en aquel momento, se concluía que eran necesarias reformas, en particular en los ámbitos de la supervisión y la cooperación entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). En este contexto, la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad de cara al período 2020-2025 destacaba la importancia de mejorar el marco de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con el fin de proteger a los europeos frente al terrorismo y la delincuencia organizada. El 7 de mayo de 2020, la Comisión presentó un Plan de acción para una política global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En él, la Comisión se comprometía a tomar medidas para reforzar las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y definía seis prioridades o pilares: 1.Garantizar la aplicación efectiva del actual marco de LBC/LFT de la UE. 2.Establecer un código normativo único de la UE para la LBC/LFT. 3.Supervisar la LBC/LFT a escala de la UE. 4.Establecer un mecanismo de cooperación y apoyo a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). 5.Aplicar el Derecho penal e intercambiar información a nivel de la Unión. 6.Reforzar la dimensión internacional del marco de LBC/LFT de la UE. La presente propuesta legislativa tiene por objeto hacer efectivas las acciones 3 y 4 de dicho Plan de Acción, en tanto que las dos propuestas legislativas que la acompañan están destinadas a instrumentar la acción 2 y contribuir a la acción 6. Las acciones 1 y 5 no requieren ninguna actuación legislativa. La instauración de una supervisión a escala de la UE en materia de LBC/LBC y la creación de un mecanismo de apoyo y coordinación para las Unidades de Inteligencia Financiera han recibido el respaldo del Parlamento Europeo y del Consejo. En su Resolución de 10 de julio de 2020 sobre la política global de la Unión para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el Parlamento Europeo acogió con satisfacción el Plan de Acción de la Comisión y la intención de esta de proponer la creación de un supervisor de LBC/LFT a escala de la UE y de un mecanismo de coordinación y apoyo para las UIF. El Parlamento Europeo pidió además a la Comisión que estudiara la posibilidad de crear un mecanismo de coordinación y apoyo de la UE en forma de Unidad de Inteligencia Financiera de la UE, que velara por que las responsabilidades del supervisor de LBC/LFT englobasen las entidades obligadas financieras y no financieras —disponiendo de competencias directas de supervisión sobre determinadas entidades obligadas en función de su tamaño o del riesgo que presenten—, así como la supervisión de la aplicación de las normas de la UE por parte de los supervisores nacionales, y que garantizara un reparto claro de competencias entre los supervisores nacionales y el de la UE, y la independencia presupuestaria y funcional del supervisor de LBC/LFT y de la UIF de la UE. En este contexto, el Parlamento Europeo observó que los recursos presupuestarios y humanos propuestos no son suficientes para prestar plenamente apoyo a las investigaciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y a los mecanismos de coordinación existentes, y concluyó que deberían asignarse recursos humanos y financieros adicionales a la lucha contra el blanqueo de capitales. El Consejo se muestra igualmente favorable al Plan de Acción de la Comisión en sus Conclusiones sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de 5 de noviembre de 2020. Entre otras cosas, el Consejo instó a la Comisión a conceder prioridad al establecimiento de una supervisión en materia de LBC/LFT a escala de la UE y al mecanismo de coordinación y apoyo para las UIF. El supervisor de LBC/LFT de la UE debe contar con competencias que le permitan actuar estrictamente en función de la probabilidad del riesgo. Esta autoridad debe estar facultada para apoyar a las autoridades nacionales y promover la convergencia de la supervisión, incluso en el sector no financiero. A fin de desempeñar su función de supervisión directa, debe crear equipos conjuntos de supervisión, llevar a cabo inspecciones generales e imponer medidas de supervisión y sanciones administrativas, respetando al mismo tiempo las especificidades de los sistemas nacionales y de sus estructuras ejecutivas. El nuevo supervisor debe disponer de una estructura de gobernanza independiente y autónoma y cooperar con otras autoridades nacionales y de la UE pertinentes. Con vistas al establecimiento de un mecanismo de coordinación y apoyo para las UIF, el Consejo sugiere que se otorgue a la nueva autoridad un papel central a la hora de reforzar y facilitar el análisis conjunto por parte de las UIF, apoyar los análisis de las UIF y promover los intercambios y el desarrollo de capacidades entre las UIF, así como la cooperación con otras autoridades competentes. La gobernanza del mecanismo de coordinación y apoyo debe implicar plenamente a las UIF y respetar sus funciones y responsabilidades fundamentales por lo que respecta a la independencia y autonomía operativas, así como la seguridad y confidencialidad de la inteligencia financiera. La presente propuesta crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (en lo sucesivo «la ALBC» o «la Autoridad»). Esta nueva autoridad europea es esencial para subsanar las actuales deficiencias en la supervisión de la LBC/LFT en la Unión, la cual está ahora a cargo de los Estados miembros. Debido a las considerables diferencias que se observan en los recursos y las prácticas de los distintos Estados miembros, su calidad y eficacia son desiguales. Como lo demuestran los recientes casos de presunto blanqueo de capitales en los que estaban implicadas entidades de crédito de la UE, el enfoque ante situaciones transfronterizas no es coherente. El informe de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) sobre los planteamientos de las autoridades competentes de cara a la supervisión de la LBC/LFT confirmó que, a pesar de los progresos realizados, no todas las autoridades competentes son capaces de cooperar eficazmente con las partes interesadas en el ámbito nacional o internacional. Los métodos para determinar los riesgos y aplicar el enfoque basado en el riesgo a la supervisión también difieren. Si bien algunos riesgos siguen siendo de carácter nacional, otros son de carácter horizontal o pueden afectar a todo el sistema financiero de la Unión. En su respuesta al cuestionario específico enviado por la Comisión en el marco de la consulta pública realizada al adoptar el Plan de Acción, el 7 de mayo de 2020, los Estados miembros subrayaron la necesidad de una metodología común y coherente para evaluar y detectar los riesgos. Además de las divergencias ya señaladas en las competencias de supervisión, la ABE puso también de relieve que los supervisores nacionales en materia de LBC/LFT podrían no estar siempre dispuestos a hacer uso de todos los poderes a su alcance. Ello da lugar a una supervisión que, además de ser inadecuada a nivel nacional, no se centra suficientemente en los profesionales que prestan servicios transfronterizos, lo que crea riesgos para todo el mercado único. Estas conclusiones fueron, asimismo, globalmente corroboradas en el último informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Con vistas a corregir estas deficiencias, la Autoridad se convertirá en un elemento central de un sistema integrado de supervisión de la LBC/LFT, que estará compuesto por la propia Autoridad y las autoridades nacionales responsables de la supervisión de la LBC/LFT (en lo sucesivo «las autoridades de supervisión»). Mediante la supervisión directa de algunas de las entidades obligadas transfronterizas del sector financiero que presentan mayor riesgo, y la toma de decisiones con respecto a dichas entidades, la Autoridad contribuirá directamente a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la Unión. Durante los últimos años, varios incidentes provocados por la falta de contramedidas adecuadas adoptadas por los supervisores, o por su incorrecta aplicación por parte de ciertas empresas, han tenido eco en la opinión pública. Una supervisión europea directa de aquellas entidades que presentan un elevado riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo colmará esas lagunas, en particular en lo que respecta a la supervisión transfronteriza. Al mismo tiempo, la Autoridad coordinará a las autoridades nacionales de supervisión y les ayudará a ser más eficaces a la hora de aplicar el código normativo único y garantizar que las normas de supervisión, los enfoques y los métodos de evaluación de riesgos sean homogéneos y de alta calidad. Todos los casos recientes importantes de blanqueo de capitales denunciados en la UE tenían una dimensión transfronteriza. No obstante, la detección de estos movimientos financieros se deja en manos de las UIF nacionales y depende de la cooperación entre ellas. Si bien esto refleja la independencia y autonomía operativas de las UIF, la ausencia de una estructura común que sustente esta cooperación da lugar a situaciones en las que no se realizan análisis conjuntos por falta de herramientas o recursos comunes. Estas divergencias obstaculizan la cooperación transfronteriza y, por tanto, reducen la capacidad de detectar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de forma temprana y eficaz. De ello se deriva un enfoque fragmentado que se presta a abusos con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y que no permite definir oportunamente tendencias y tipologías a escala de la Unión. La nueva Autoridad también debe desempeñar un papel fundamental en la mejora del intercambio de información y la cooperación entre las UIF. La Autoridad actuará como estructura de apoyo y coordinación, ayudándolas, entre otras cosas, en su labor de análisis conjunto de aquellas comunicaciones de transacciones sospechosas y de actividad sospechosa que tengan una importante dimensión transfronteriza, y proporcionando un alojamiento estable de la plataforma FIU.net. Además, la Autoridad posibilitará la elaboración de plantillas y normas comunes de información que las UIF de la UE deberán utilizar.

Por último, aunque no por ello menos importante, la Autoridad estará facultada para elaborar normas técnicas de regulación y de ejecución, directrices y recomendaciones en su ámbito de competencia, así como para asesorar e informar a la Comisión y a los colegisladores acerca de muchos aspectos de la política de LBC/LFT, incluidos los riesgos vinculados a terceros países y territorios. • Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial El marco jurídico actual de la Unión en materia de LBC/LFT está formado por la Directiva antiblanqueo y el Reglamento sobre transferencias de fondos. La presente propuesta va acompañada de otras tres propuestas destinadas a modificar la legislación de la UE aplicable en materia de LBC/LFT: i.un nuevo Reglamento por el que se establece un código normativo único para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ii.una nueva Directiva sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que complementará el Reglamento, y iii.una refundición del Reglamento (UE) 2015/847, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos. Este paquete de cuatro propuestas legislativas, en aplicación del Plan de Acción de la Comisión en materia de LBC/LFT, de 7 de mayo de 2020, se considera un todo coherente y crea un marco nuevo y más estricto para velar por que se cumplan las normas de LBC/LFT en la Unión. Disponer de normas a ese respecto directamente aplicables a través de un reglamento, las cuales serán más detalladas que las contenidas en la actual Directiva antiblanqueo, no solo promoverá la convergencia de las prácticas de supervisión y ejecución en los Estados miembros, sino que también permitirá a la propia Autoridad aplicarlas en su calidad de supervisor directo de determinadas entidades obligadas. En el ámbito de la supervisión indirecta, así como de la coordinación y el apoyo de las UIF, las propuestas que acompañan a la presente propuesta contienen disposiciones que facultan a la Autoridad para elaborar diversas normas técnicas de regulación y de ejecución y para adoptar directrices y recomendaciones, otorgando así una función clara a la Autoridad. El apoyo que prestará la Autoridad a las autoridades de supervisión y las UIF en sus evaluaciones de riesgos y análisis será, asimismo, un componente clave de la nueva estructura de ejecución en materia de LBC/LFT. La Autoridad contribuirá también a la política de la Unión relativa a terceros países en lo que respecta a las amenazas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo procedentes de fuera de la Unión. En este contexto, la Autoridad cooperará con los servicios pertinentes de la Comisión, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y los organismos y agencias de la UE. • Coherencia con otras políticas de la Unión Si bien la competencia de la Autoridad se limitará al ámbito de la legislación de la UE en materia de LBC/LFT, dicha legislación en sí misma ejerce una interacción y es coherente con otras disposiciones legales en el área de los servicios financieros y el Derecho penal. Entre ellas se incluye la legislación de la UE sobre pagos y transferencias de fondos (por ejemplo, la Directiva sobre servicios de pago, la Directiva sobre cuentas de pago y la Directiva sobre dinero electrónico). En lo que respecta a las UIF, también se ha tenido en cuenta la Directiva destinada a facilitar el uso de información financiera para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de determinadas infracciones penales. Las competencias de la Autoridad en el ámbito de los activos virtuales son coherentes con el paquete sobre finanzas digitales publicado por la Comisión el 24 de septiembre de 2020. El proyecto de Reglamento contiene disposiciones específicas encaminadas a establecer una buena cooperación entre la Autoridad y otras agencias descentralizadas pertinentes de la UE u otros organismos nacionales y de la UE, entre los que figuran la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Fiscalía Europea y el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) a escala de la Unión, así como diversas autoridades nacionales, incluidos los supervisores prudenciales de las entidades financieras. Con vistas a mejorar la supervisión y la ejecución de las normas en todos los sectores, la Autoridad debe posibilitar un intercambio eficaz de información entre las autoridades mencionadas y crear sinergias con ellas cuando redunde en beneficio de una lucha fructífera contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD • Base jurídica La propuesta se basa en el artículo 114 del TFUE, que constituye ya la base jurídica del actual marco legal para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El artículo 114 se ha considerado adecuado para la legislación de LBC/LFT, teniendo en cuenta, por una parte, que una evolución divergente de las legislaciones nacionales podría perturbar el correcto funcionamiento del mercado interior y, por otra parte, que quienes realizan actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo podrían intentar valerse de la libre circulación de capitales y la libre prestación de servicios financieros, causando así pérdidas económicas y perturbaciones en el funcionamiento del mercado único y dañando la reputación de la Unión. Según reiterada jurisprudencia, el legislador de la Unión, actuando en virtud del artículo 114 del TFUE, puede considerar necesario instituir un organismo de la Unión encargado de contribuir a alcanzar una armonización. • Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) El paquete de medidas de LBC/LFT presentado por la Comisión en 2019, integrado por una Comunicación y cuatro informes, destacaba cómo los delincuentes aprovechaban las diferencias entre los Estados miembros en la aplicación nacional del régimen europeo de LBC/LFT. El carácter transfronterizo del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo hace que una buena cooperación entre los supervisores nacionales y las UIF sea esencial para prevenir estos delitos. Muchas entidades sujetas a las obligaciones de LBC/LFT desarrollan actividades transfronterizas, y los diferentes enfoques adoptados por las autoridades de supervisión y las UIF impiden a dichas entidades aplicar prácticas óptimas de LBC/LFT a nivel de grupo. Es necesaria una mayor coordinación a escala de la Unión, incluida una supervisión directa por parte de la UE de algunas de las entidades con mayor riesgo, para afrontar esas cuestiones transfronterizas y maximizar la capacidad del sistema financiero de la UE para prevenir y detectar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. • Proporcionalidad El carácter transfronterizo del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo exige una actuación reforzada a escala de la Unión para lograr una mayor cooperación entre los supervisores y las UIF. Sin embargo, tal como se expone en la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta, las opciones de someter a todas las entidades financieras grandes o transfronterizas a una supervisión en materia de LBC/LFT a nivel de la UE, así como de crear una UIF a escala de la UE, han sido descartadas por considerarse desproporcionadas. • Elección del instrumento

El instrumento necesario para la creación de una nueva agencia de la UE es un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO • Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación existente Aún no se ha llevado a cabo una evaluación ex post completa del actual régimen de la UE en materia de LBC/LFT, ni del ejercicio por parte de la Autoridad Bancaria Europea de las competencias en esa materia que asumió a principios de 2020, a la luz de los diversos cambios legislativos habidos recientemente. La cuarta Directiva antiblanqueo se adoptó el 20 de mayo de 2015 y los Estados miembros disponían hasta el 26 de junio de 2017 para su transposición. La quinta Directiva antiblanqueo se adoptó el 30 de mayo de 2018 y el plazo para su transposición finalizaba el 10 de enero de 2020. El control de la transposición aún está en curso. No obstante, la Comunicación de la Comisión de julio de 2019 y los informes adjuntos antes mencionados sirven para evaluar la eficacia del régimen de la UE en materia de LBC/LFT vigente en ese momento. • Consultas con las partes interesadas La estrategia de consulta sobre el Plan de Acción de la Comisión para la LBC/LFT constaba de varios componentes: -Una consulta sobre la hoja de ruta para el Plan de Acción de la Comisión. La consulta, efectuada a través del portal de la Comisión «Díganos lo que piensa», tuvo lugar entre el 11 de febrero y el 12 de marzo de 2020 y se recibieron 42 respuestas de diversas partes interesadas. -Una consulta pública sobre las medidas propuestas en el Plan de Acción, abierta al público en general y a todos los grupos de partes interesadas, que se inició el 7 de mayo de 2020 y finalizó el 26 de agosto. Se recibieron 202 respuestas oficiales. -Una consulta dirigida específicamente a los Estados miembros y las autoridades competentes en materia de LBC/LFT. Los Estados miembros tuvieron la oportunidad de expresar sus puntos de vista en varias reuniones del Grupo de Expertos en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, y las UIF de la UE aportaron su contribución con ocasión de las reuniones de la Plataforma de las UIF y a través de documentos escritos. -Una solicitud de asesoramiento presentada a la Autoridad Bancaria Europea en marzo de 2020. La ABE emitió su dictamen el 10 de septiembre de 2020. -El 23 de julio de 2020, el Supervisor Europeo de Protección de Datos emitió un dictamen sobre el Plan de Acción de la Comisión. -El 30 de septiembre de 2020, la Comisión organizó una conferencia de alto nivel en la que participaron representantes de las autoridades nacionales y de la UE, diputados al Parlamento Europeo, y representantes del sector privado, de la sociedad civil y del mundo académico. Las observaciones de las partes interesadas sobre el Plan de Acción fueron, en líneas generales, muy positivas y respaldaban, en su mayoría, la instauración de un supervisor de la UE con competencias sobre todas las entidades obligadas, financieras y no financieras, y facultades de supervisión directa de, al menos, algunas entidades obligadas del sector financiero. • Obtención y uso de asesoramiento especializado Para preparar la presente propuesta, la Comisión se ha basado en datos cualitativos y cuantitativos obtenidos de fuentes reconocidas, en particular el asesoramiento técnico de la Autoridad Bancaria Europea. También se obtuvo información de los Estados miembros sobre la ejecución de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales a través de cuestionarios y del Grupo de Expertos en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. • Evaluación de impacto La presente propuesta va acompañada de una evaluación de impacto, que fue remitida al Comité de Control Reglamentario el 6 de noviembre de 2020 y aprobada el 4 de diciembre de 2020. La misma evaluación de impacto acompaña también a las otras dos propuestas legislativas que se presentan simultáneamente, un proyecto de Reglamento sobre la LBC/LFT y una refundición de la Directiva 2015/849 sobre la LBC/LFT. En su dictamen favorable, el Comité de Control Reglamentario propuso varios cambios en la presentación de la evaluación de impacto, los cuales han sido introducidos. En la evaluación de impacto, la Comisión examinó por separado las opciones de actuación para mejorar la eficacia y coherencia de la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales, y para aumentar el nivel de cooperación e intercambio de información entre las UIF. En lo referente a la supervisión, las opciones consideradas son las siguientes: 1)La supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales seguiría realizándose a nivel nacional, y la Autoridad Bancaria Europea se encargaría de controlar esta supervisión en el sector financiero (hipótesis de base).

2)Establecer una supervisión indirecta de todas las entidades obligadas. 3)Competencias de supervisión directa de determinadas entidades obligadas del sector financiero que presentan un alto riesgo y están sujetas a los requisitos de LBC/LFT, y supervisión indirecta de todas las demás entidades. 4)Supervisión directa a escala de la UE de todas las entidades obligadas en lo que respecta a la lucha contra el blanqueo de capitales. A la luz de los resultados de la evaluación de impacto, la opción preferida es la opción 3, que reúne competencias de supervisión directa e indirecta en un organismo de supervisión de la UE consistente en una agencia descentralizada. En cuanto a la cooperación y el intercambio de información entre las UIF, las opciones consideradas son las siguientes: 1)Las Unidades de Inteligencia Financiera seguirían cooperando en el contexto de la Plataforma de UIF de la UE, que se clasificaría como red (hipótesis de base). 2)Transformar la Plataforma de UIF de la UE en un comité de comitología, dejando en manos de la Comisión la labor de adoptar actos de ejecución que definan normas para las UIF. 3)La Plataforma de UIF de la UE se convertiría en un mecanismo de la UE con competencias para emitir directrices y normas técnicas, y para organizar análisis y formación conjuntos y realizar análisis de tendencias y riesgos. 4)La Plataforma de UIF de la UE se convertiría en una UIF a escala de la UE, que sustituiría a las UIF nacionales. La opción preferida es la opción 3, un mecanismo de coordinación y apoyo para las UIF a escala de la UE, integrado en un organismo de la UE. La agrupación de todas estas funciones en una nueva autoridad es un paso esencial para garantizar el buen funcionamiento del nuevo organismo, ya que deberá cooperar con diversas partes interesadas de los sectores financiero y no financiero y coordinar las distintas funciones de supervisión e inteligencia financiera. Tras un análisis pormenorizado, la opción de asignar las nuevas tareas a organismos existentes (por ejemplo, la Autoridad Bancaria Europea) fue descartada por varias razones: El ejercicio de algunas de las competencias actuales de la ABE, especialmente las relacionadas con la potestad coercitiva, ha planteado ciertas dificultades, debido a las especificidades de su modelo de gobernanza: la ABE tendría que contar con dos modelos de toma de decisiones, uno para sus actuales funciones ajenas a la LBC/LFT y otro para las tareas de LBC/LFT exclusivamente. Por otra parte, los efectos de sinergia serían muy limitados, ya que la ABE no tiene experiencia en la supervisión directa de entidades y tendría que adquirir los conocimientos especializados pertinentes, no solo en relación con el sector financiero sino también con el no financiero. Esta conclusión está igualmente en consonancia con los resultados de la consulta pública, que muestran escaso apoyo a la posibilidad de convertir la Autoridad Bancaria Europea en el futuro supervisor de la UE en materia de LBC/LFT. En tanto que un tercio de los encuestados no expresaron ninguna opinión, solo el 19 % de los que sí lo hicieron se manifestaron a favor de la ABE. Además, debido al carácter novedoso de las tareas del mecanismo de apoyo y coordinación de las UIF y al hecho de que ningún organismo de la Unión existente cuenta con un mandato jurídico adecuado para llevar a cabo tales tareas, probablemente sería necesaria una nueva agencia específica para ello. La combinación de ambas funciones (supervisión y coordinación de las UIF) en una nueva autoridad permitirá previsiblemente ahorrar costes, en comparación con dos agencias, y sin duda se lograrán sinergias. Disponer de una Autoridad de LBC/LFT a escala de la Unión, que reúna bajo un mismo paraguas institucional diferentes etapas y elementos para combatir eficazmente el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, parece la única opción posible si se pretende dar respuesta a la petición de una política global de la UE en materia de LBC/LFT. • Adecuación regulatoria y simplificación La presente propuesta es una iniciativa para crear una nueva agencia de la UE y no deroga ni simplifica ninguna norma vigente. Se examinó si las agencias de la UE existentes podrían asumir la totalidad de las tareas propuestas para la nueva Autoridad de LBC/LFT, y se llegó a la conclusión de que, por razones jurídicas y de otra índole, no era así. En lo que respecta a la simplificación, cabe señalar que las entidades financieras transfronterizas de alto riesgo que serán supervisadas directamente por la Autoridad de la UE ya no tendrán que tratar con múltiples supervisores en materia de LBC/LFT de diferentes Estados miembros, lo que simplificará su supervisión en ese ámbito. Asimismo, la creación de un mecanismo de coordinación de las UIF simplificará y facilitará la cooperación entre las UIF. • Derechos fundamentales La UE se ha comprometido a garantizar un alto nivel de protección de los derechos fundamentales. Como organismo de la UE, la Autoridad estará sujeta al correspondiente Reglamento sobre protección de datos en la medida en que pueda manejar datos personales. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS La Autoridad será una agencia descentralizada de la Unión de nueva creación, financiada, en parte, con cargo al presupuesto de la UE y, en parte, con tasas cobradas a las entidades obligadas que serán supervisadas directa o indirectamente por ella. La metodología para la selección de las entidades sujetas al pago de tasas y para la determinación de las propias tasas se establecerá en un acto delegado de la Comisión. Los recursos humanos y presupuestarios necesarios de la Autoridad vienen determinados por sus funciones. Aparte de las tareas de administración central y gestión, estas se dividen en tres categorías principales: i.supervisión directa de las entidades obligadas del sector financiero que sean seleccionadas;

ii.supervisión indirecta de entidades obligadas, tanto del sector financiero como del sector no financiero, a través del control de los supervisores o de los organismos autorreguladores; y iii.mecanismo de coordinación y apoyo para las Unidades de Inteligencia Financiera de la UE. Cuando sea plenamente operativa, se estima que la Autoridad requerirá una plantilla de 250 personas, contando todas las categorías de personal. La Autoridad también asumirá la gestión de dos infraestructuras existentes: i) la base de datos de LBC/LFT, gestionada actualmente por la Autoridad Bancaria Europea, y ii) la red de comunicación segura para las UIF, FIU.net. Estas dos infraestructuras ya están financiadas por el presupuesto de la UE. Por lo tanto, su incidencia global en el presupuesto de la UE solo debería cambiar en la medida en que se desarrollen funcionalidades adicionales y otras mejoras. Se calcula que el gasto anual total de la Autoridad una vez sea plenamente operativa será de 45,6 millones EUR, de los cuales se espera que las tres cuartas partes, aproximadamente, se financien con tasas cobradas a las entidades obligadas. La Autoridad se creará a principios de 2023 y la supervisión directa comenzará a principios de 2026, por lo que dispondrá de la totalidad de los recursos a finales de 2025; 2026 será el primer año en que se dote a la Autoridad con todos los recursos necesarios para un año natural completo. La incidencia presupuestaria y financiera de la presente propuesta se explica en detalle en la ficha financiera legislativa adjunta. 5.OTROS ELEMENTOS • Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información La Autoridad será una agencia descentralizada de la Unión de nueva creación, financiada, en parte, con cargo al presupuesto de la UE y, en parte, con tasas cobradas a las entidades obligadas que serán supervisadas directa o indirectamente por ella. La metodología para la selección de las entidades sujetas al pago de tasas y para la determinación de las propias tasas se establecerá en un acto delegado de la Comisión. Los recursos humanos y presupuestarios necesarios de la Autoridad vienen determinados por sus funciones. Aparte de las tareas de administración central y gestión, estas se dividen en tres categorías principales: supervisión directa de las entidades obligadas del sector financiero que sean seleccionadas; supervisión indirecta de entidades obligadas, tanto del sector financiero como del sector no financiero, a través del control de los supervisores o de los organismos autorreguladores; y mecanismo de coordinación y apoyo para las Unidades de Inteligencia Financiera de la UE. Cuando sea plenamente operativa, se estima que la Autoridad requerirá una plantilla de 250 personas, contando todas las categorías de personal. La Autoridad también asumirá la gestión de dos infraestructuras existentes: i) la base de datos de LBC/LFT, gestionada actualmente por la Autoridad Bancaria Europea, y ii) la red de comunicación segura para las UIF, FIU.net. Estas dos infraestructuras ya están financiadas por el presupuesto de la UE. Por lo tanto, su incidencia global en el presupuesto de la UE solo debería cambiar en la medida en que se desarrollen funcionalidades adicionales y otras mejoras. Se calcula que el gasto anual total de la Autoridad una vez sea plenamente operativa será de 45,6 millones EUR, de los cuales se espera que las tres cuartas partes, aproximadamente, se financien con tasas cobradas a las entidades obligadas. La Autoridad se creará a principios de 2023 y la supervisión directa comenzará a principios de 2026, por lo que dispondrá de la totalidad de los recursos a finales de 2025; 2026 será el primer año en que se dote a la Autoridad con todos los recursos necesarios para un año natural completo. La incidencia presupuestaria y financiera de la presente propuesta se explica en detalle en la ficha financiera legislativa adjunta. • Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta La Autoridad será un organismo con personalidad jurídica, que revestirá la forma de agencia descentralizada de la UE. Actuará dentro del ámbito de aplicación de la legislación de la UE en materia de LBC/LFT, en la que se incluyen el nuevo Reglamento a ese respecto que la Comisión propone junto con la presente propuesta, las modificaciones de la actual Directiva (UE) 2015/849 y las modificaciones del Reglamento (UE) 2015/847. Su objetivo es prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la Unión, contribuyendo a reforzar la supervisión y a mejorar la cooperación entre las UIF y las autoridades de supervisión. La decisión sobre la sede de la Autoridad debe adoptarse de conformidad con las disposiciones pertinentes del Planteamiento Común del Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea sobre las agencias descentralizadas. • Funciones y competencias de la Autoridad (artículos 5 a 44)

Las funciones de la Autoridad pueden dividirse en cinco categorías: i.Con respecto a las entidades obligadas seleccionadas, la Autoridad velará por el cumplimiento por la totalidad del grupo de los requisitos establecidos en la Directiva y el Reglamento antiblanqueo y cualquier otro acto jurídicamente vinculante de la Unión que imponga a las entidades financieras obligaciones relacionadas con la LBC/LFT. Llevará a cabo revisiones y evaluaciones supervisoras a nivel de entidad y de grupo, participará en la supervisión de los grupos, y desarrollará y mantendrá actualizado un sistema para evaluar los riesgos y vulnerabilidades de las entidades obligadas seleccionadas. ii.Con respecto a los supervisores financieros, la Autoridad llevará a cabo evaluaciones periódicas para garantizar que todos ellos dispongan de los recursos y competencias necesarios para el desempeño de sus funciones. Facilitará el funcionamiento de los colegios y contribuirá a la convergencia de las prácticas de supervisión y a la promoción de normas elevadas de supervisión. Coordinará los intercambios de personal e información entre los supervisores financieros de la Unión y les prestará asistencia. iii.Con respecto a los supervisores no financieros, incluidos, en su caso, los organismos autorreguladores, la Autoridad coordinará las evaluaciones inter pares de las normas y prácticas de supervisión y solicitará a los supervisores no financieros que investiguen posibles incumplimientos de los requisitos aplicables a las entidades obligadas y que examinen la conveniencia de imponer sanciones o medidas correctoras en relación con dichos incumplimientos. Llevará a cabo evaluaciones periódicas y prestará asistencia a los supervisores. Cuando la supervisión de sectores específicos se delegue a nivel nacional en organismos autorreguladores, la Autoridad ejercerá las funciones establecidas en el párrafo primero en relación con los organismos públicos que supervisen la actividad de dichos organismos autorreguladores. iv.Con respecto a las UIF de los Estados miembros, la Autoridad desempeñará un papel importante en los análisis conjuntos llevados a cabo por dichas Unidades, por ejemplo, en la determinación de los casos pertinentes y en el desarrollo de métodos adecuados para el análisis conjunto de casos transfronterizos. Además, pondrá a disposición de las UIF herramientas y servicios informáticos y de inteligencia artificial para el intercambio seguro de información, en particular mediante el alojamiento de la red FIU.net. Promoverá la adquisición de conocimientos especializados sobre detección, análisis y métodos de difusión de transacciones sospechosas, proporcionará formación especializada y asistencia a las UIF, y preparará y coordinará las evaluaciones de amenazas. v.Las competencias generales de la Autoridad respecto de todas las funciones antes mencionadas incluirán la facultad de adoptar normas técnicas de regulación y de ejecución cuando así lo disponga la legislación aplicable en materia de LBC/LFT, y amplios poderes para emitir directrices o recomendaciones dirigidas a las entidades obligadas, los supervisores de LBC/LFT o las UIF. En el contexto de la supervisión directa, la Autoridad estará facultada para adoptar decisiones vinculantes, medidas administrativas y sanciones pecuniarias en relación con las entidades obligadas que supervise directamente. En el contexto de la supervisión indirecta, la Autoridad estará facultada, entre otras cosas, para formular a las autoridades de supervisión financiera y no financiera requerimientos de actuación e instrucciones relativas al ejercicio de las competencias de supervisión que les sean propias. • Supervisión directa de las entidades obligadas seleccionadas del sector financiero (artículos 12 a 27) La Autoridad será el supervisor de un número limitado de aquellas entidades obligadas transfronterizas del sector financiero que presenten un mayor riesgo (en lo sucesivo «las entidades obligadas seleccionadas»). Además, se prevé un procedimiento para que tome el relevo de una autoridad nacional de supervisión y asuma la supervisión de cualquier entidad obligada del sector financiero en situaciones de emergencia, si existen indicios de que se esté infringiendo la legislación en materia de LBC/LFT y la actuación de la correspondiente autoridad de supervisión no sea eficiente y adecuada. Periódicamente, esto es, cada tres años, se procederá a una selección de las entidades que estarán sujetas a supervisión directa, sobre la base de criterios objetivos. Para ser seleccionadas, las entidades deben desarrollar actividades en un número mínimo de Estados miembros y haber sido clasificadas en la categoría de riesgo más elevada por la autoridad de supervisión en un número mínimo de esos Estados miembros, sobre la base de una metodología armonizada de evaluación del riesgo. La Autoridad podrá tomar el relevo en la supervisión de una determinada entidad obligada del sector financiero cuando haya habido problemas relacionados con el cumplimiento por parte de esta de los requisitos aplicables y la correspondiente autoridad de supervisión no haya tomado oportunamente las medidas adecuadas para hacer frente al incumplimiento. El relevo solo puede tener lugar al término de un procedimiento que concluya con una decisión de la Comisión por la que se confirme el relevo. Antes de llegar a ese punto, la Autoridad habría instado a la autoridad de supervisión a tomar medidas específicas para subsanar las deficiencias detectadas en la entidad obligada, la autoridad nacional no habría tomado tales medidas en el plazo fijado, y la Autoridad habría sometido el asunto a la Comisión, solicitando una decisión por la que se transfiriera la competencia de supervisión. La supervisión de las entidades obligadas seleccionadas sujetas a supervisión directa correrá a cargo de equipos conjuntos de supervisión que estarán dirigidos por la Autoridad, pero que incluirán también personal de las autoridades nacionales de supervisión. La supervisión comprenderá inspecciones in situ. La Autoridad estará facultada para adoptar decisiones vinculantes dirigidas a dichas entidades obligadas seleccionadas e imponer sanciones administrativas a las entidades jurídicas por un importe máximo del 10 % de su volumen de negocios o de 10 millones EUR, si esta cifra es superior. • Supervisión indirecta de entidades obligadas no seleccionadas (artículos 25 a 27) y de entidades obligadas no financieras (artículos 28 a 29) La misión de supervisión indirecta de la Autoridad consistirá en la coordinación y el control de los supervisores nacionales de LBC/LFT, incluidos los organismos autorreguladores de determinados Estados miembros en relación con ciertas entidades obligadas no financieras. Las evaluaciones inter pares y las revisiones temáticas serán instrumentos importantes para definir las prácticas que se consideran buenas y las que lo son menos y velar por la aplicación de normas elevadas de supervisión en toda la Unión. La Autoridad estará facultada para emitir directrices, dictámenes y recomendaciones dirigidos a los supervisores nacionales y los organismos autorreguladores. • Mecanismo de coordinación y apoyo para las Unidades de Inteligencia Financiera (artículos 33 a 37) La Autoridad estará facultada para adoptar, a través de normas técnicas de ejecución, plantillas y modelos vinculantes para que las entidades obligadas remitan a las UIF las notificaciones de transacciones sospechosas y de actividad sospechosa, contribuyendo así a una cooperación y un intercambio de información más rápidos y eficientes entre las UIF. Promoverá el análisis conjunto de determinadas transacciones y actividades transfronterizas sospechosas, y participará en la organización de tales análisis. Llevará a cabo evaluaciones de los métodos y procedimientos para llevar a cabo estos análisis conjuntos, así como de la realización práctica de estos, con el objetivo de mejorar constantemente su eficacia. Por último, se encargará del alojamiento y la gestión de FIU.net, una red de comunicación segura entre las UIF. • Organización y gobernanza de la Autoridad (artículos 45 a 63) La Autoridad estará compuesta por dos órganos rectores colegiados, a saber, un Comité Ejecutivo, integrado por cinco miembros a tiempo completo independientes y el presidente de la Autoridad, y una Junta General, integrada por representantes de los Estados miembros. A efectos de desempeñar las diversas funciones asignadas a la Autoridad, la Junta General tendrá dos composiciones alternativas: una composición de supervisión, de la que formarán parte los responsables de las autoridades públicas de supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales, y una composición de UIF, de la que formarán parte los responsables de las UIF de los Estados miembros. Ambas composiciones de la Junta General estarán presididas por el presidente de la Autoridad. La Junta General, en la composición que resulte oportuna en función de la materia, adoptará todos los instrumentos de regulación, proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución, directrices y recomendaciones. La Junta General, en su composición de supervisión, también podrá emitir un dictamen sobre cualquier decisión relativa a entidades obligadas seleccionadas bajo supervisión directa que haya sido preparada por el equipo conjunto de supervisión, antes de la adopción de la decisión final por el Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo será el órgano rector de la Autoridad. Tomará todas las decisiones relativas a entidades obligadas concretas o a autoridades de supervisión concretas cuando la Autoridad actúe como supervisor directo de las entidades obligadas seleccionadas o como supervisor indirecto de entidades obligadas no seleccionadas o de entidades obligadas no financieras, disponiendo de competencias específicas de control respecto de sus autoridades de supervisión. El Comité Ejecutivo adoptará también las decisiones relativas al proyecto de presupuesto y a otras cuestiones relacionadas con la administración, las actividades y el funcionamiento de la Autoridad. En relación con estas decisiones concretas, un representante de la Comisión tendrá derecho a voto. La Autoridad tendrá un presidente y un director ejecutivo. El presidente representará a la Autoridad y será responsable de preparar los trabajos de la Junta General y del Comité Ejecutivo. El director ejecutivo se encargará de la gestión cotidiana de la Autoridad y será administrativamente responsable de la ejecución presupuestaria, los recursos, el personal y la contratación pública de la Autoridad. El presidente de la Autoridad y su director ejecutivo serán seleccionados con arreglo a sendos procedimientos de selección. Un Comité Administrativo de Revisión se encargará de examinar los recursos contra decisiones vinculantes de la Autoridad dirigidas a entidades obligadas bajo su supervisión directa; las resoluciones del Comité Administrativo de Revisión podrán recurrirse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Comité Administrativo de Revisión estará compuesto por personas de reconocido prestigio a las que se encomendará la labor de estudiar los recursos administrativos interpuestos por las entidades obligadas seleccionadas en relación con las decisiones vinculantes que les dirija la Autoridad. El Comité Administrativo de Revisión podrá proponer que se modifique o sustituya la decisión original del Comité Ejecutivo objeto de recurso administrativo. El Comité Ejecutivo tendrá en cuenta el dictamen del Comité Administrativo de Revisión, pero no estará vinculado por él. • Disposiciones finales (artículos 64 a 72)

La Autoridad elaborará un presupuesto anual, que deberá estar equilibrado, para su adopción por la autoridad presupuestaria. Adoptará un Reglamento Financiero interno y medidas antifraude. El Tribunal de Cuentas presentará observaciones sobre el proyecto de presupuesto y será competente para auditar a la Autoridad. El Parlamento Europeo aprobará la gestión presupuestaria, al igual que en el caso de otras agencias descentralizadas. Los ingresos de la Autoridad procederán tanto del presupuesto de la UE como de las tasas cobradas a determinadas entidades obligadas seleccionadas y no seleccionadas del sector financiero. Las tasas cobradas a dichas entidades corresponderán a los costes soportados por la Autoridad para la supervisión directa e indirecta de las entidades obligadas del sector financiero. Las entidades obligadas que estarán sujetas al pago de tasas se especificarán en un acto delegado de la Comisión, en el que se determinará también la metodología para el cálculo de las tasas por entidad obligada. • Estatuto de los funcionarios (artículos 73 a 76) y cooperación (artículos 77 a 81) La Autoridad aplicará el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes, incluidas sus disposiciones sobre el secreto profesional y los privilegios e inmunidades. Las normas sobre protección de datos y acceso a los documentos establecerán la obligación de colaborar estrechamente con el Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Comité Europeo de Protección de Datos. La Autoridad estará obligada a cooperar lealmente con los organismos externos pertinentes, entre los que figuran los organismos de la UE (Europol, Autoridades Europeas de Supervisión, Mecanismo Único de Supervisión y Fiscalía Europea), otras autoridades nacionales competentes pertinentes, como las autoridades prudenciales y de resolución o las responsables de los sistemas de garantía de depósitos, y las autoridades de terceros países, según proceda. • Disposiciones finales (artículos 82 a 93) Las competencias de la Autoridad Bancaria Europea en el ámbito de la LBC/LFT se suprimen y transfieren a la Autoridad. La Autoridad se creará a principios de 2023 y la actividad de supervisión directa comenzará a principios de 2026. A más tardar en diciembre de 2029 se llevará a cabo una evaluación. 2021/0240 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º 1094/2010 y (UE) n.º 1095/2010 (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, Visto el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente: (1)La experiencia adquirida con el actual marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT), que depende en gran medida de la aplicación nacional de medidas de LBC/LFT, ha puesto al descubierto deficiencias no solo en relación con el funcionamiento eficiente de dicho marco de la Unión, sino también con respecto a la integración de las recomendaciones internacionales. Esas deficiencias hacen emerger nuevos obstáculos al buen funcionamiento del mercado interior, debido, tanto a los riesgos que suponen dentro del mismo, como a las amenazas externas a las que este se enfrenta. (2)La naturaleza transfronteriza de la delincuencia y del producto del delito pone en peligro los esfuerzos del sistema financiero de la Unión para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esos esfuerzos deben gestionarse a escala de la Unión mediante la creación de una Autoridad responsable de contribuir a la aplicación de normas armonizadas. Además, la Autoridad debe seguir un enfoque armonizado para reforzar el actual marco preventivo de la Unión en materia de LBC/LFT, y en concreto la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales y la cooperación entre las UIF. Dicho enfoque debe reducir las divergencias entre las legislaciones y las prácticas de supervisión nacionales e introducir estructuras que favorezcan firmemente el buen funcionamiento del mercado interior y, por tanto, debe basarse en el artículo 114 del TFUE. (3)Por consiguiente, debe crearse una Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (en lo sucesivo «la Autoridad»). La creación de esta nueva Autoridad es crucial para garantizar una supervisión eficaz y adecuada de las entidades obligadas con un alto riesgo inherente de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, reforzar los enfoques comunes de supervisión para las entidades obligadas no seleccionadas y facilitar los análisis conjuntos y la cooperación entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). (4)Este nuevo instrumento forma parte de un paquete global destinado a reforzar el marco de LBC/LFT de la Unión. Conjuntamente, el presente instrumento, la Directiva [insértese la referencia: propuesta de sexta Directiva antiblanqueo], el Reglamento [insértese la referencia: propuesta de refundición del Reglamento (UE) 2015/847] y el Reglamento [insértese la referencia: propuesta de Reglamento antiblanqueo] formarán el marco jurídico que regirá los requisitos de LBC/LFT que deberán cumplir las entidades obligadas y que sustentará el marco institucional de LBC/LFT de la Unión. (5)En aras de una supervisión eficiente y uniforme de la LBC/LFT en toda la Unión, es necesario dotar a la Autoridad de las siguientes competencias: supervisión directa de un determinado número de entidades obligadas seleccionadas del sector financiero; seguimiento, análisis e intercambio de información en relación con los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afecten al mercado interior; coordinación y control de los supervisores de LBC/LFT del sector financiero; coordinación y control de los supervisores de LBC/LFT del sector no financiero, incluidos los organismos autorreguladores, y coordinación y apoyo de las UIF. (6)Una estructura que combine competencias de supervisión directa e indirecta sobre las entidades obligadas y funcione también como mecanismo de apoyo y coordinación de las UIF es el medio más adecuado para lograr una supervisión y una cooperación entre las UIF efectivas a escala de la Unión. Para conseguirlo, debe crearse una Autoridad que sea a la vez independiente y cuente con un alto nivel de pericia técnica, y esta debe establecerse de conformidad con la Declaración Común y el Planteamiento Común del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre las agencias descentralizadas. (7)Debe celebrarse un acuerdo de sede entre la Autoridad y el Estado miembro de acogida que recoja las condiciones de establecimiento de la sede y las ventajas otorgadas por el Estado miembro a la Autoridad y a su personal. (8)Las competencias de la Autoridad deben permitirle mejorar la supervisión de la LBC/LFT en la Unión de distintas maneras. Con respecto a las entidades obligadas seleccionadas, la Autoridad debe velar por el cumplimiento a nivel de grupo de los requisitos establecidos por el marco de LBC/LFT y cualquier otro acto jurídicamente vinculante de la Unión que imponga a las entidades financieras obligaciones relacionadas con la LBC/LFT. Por otra parte, la Autoridad debe llevar a cabo evaluaciones periódicas para asegurarse de que todos los supervisores financieros dispongan de los recursos adecuados y las competencias necesarias para el desempeño de sus funciones. Debe facilitar el funcionamiento de los colegios de supervisión de la LBC/LFT y contribuir a la convergencia de las prácticas de supervisión y a la promoción de normas elevadas de supervisión. Con respecto a los supervisores no financieros, incluidos, en su caso, los organismos autorreguladores, la Autoridad debe coordinar las evaluaciones inter pares de las normas y prácticas de supervisión y solicitar a los supervisores no financieros que investiguen posibles incumplimientos de los requisitos de LBC/LFT. Además, la Autoridad debe coordinar la realización de análisis conjuntos por parte de las UIF y poner a disposición de estas servicios y herramientas informáticos y de inteligencia artificial para el intercambio seguro de información, en particular mediante el alojamiento de la red FIU.net. (9)Con el propósito de reforzar y aclarar las normas de LBC/LFT a escala de la Unión, garantizando al mismo tiempo la coherencia con las normas internacionales y otras disposiciones legales, es necesario que la función de coordinación de la Autoridad a nivel de la Unión abarque todos los tipos de entidades obligadas, a fin de ayudar a los supervisores nacionales y promover la convergencia de la supervisión, y de aumentar así la eficiencia de la aplicación de las medidas de LBC/LFT también en el sector no financiero. Por consiguiente, debe encomendarse a la Autoridad la labor de elaborar normas técnicas de regulación y de emitir directrices, recomendaciones y dictámenes con el objetivo de que, cuando la supervisión se mantenga dentro del ámbito nacional, se apliquen, en principio, las mismas prácticas y normas de supervisión a todas las entidades comparables. Atendiendo a sus conocimientos altamente especializados, debe confiarse a la Autoridad la tarea de desarrollar una metodología de supervisión, en consonancia con un enfoque basado en el riesgo. Determinados aspectos de la metodología, que puede incorporar parámetros de referencia cuantitativos armonizados, tales como métodos para clasificar el perfil de riesgo inherente de las entidades obligadas, deben detallarse en medidas reglamentarias vinculantes que sean directamente aplicables (normas técnicas de regulación o de ejecución). Otros aspectos, que requieren un mayor margen de discrecionalidad de los supervisores, como los métodos de evaluación del perfil de riesgo residual y los controles internos en las entidades obligadas, deben ser objeto de directrices, recomendaciones y dictámenes no vinculantes de la Autoridad. La metodología de supervisión armonizada debe tener debidamente en cuenta y, cuando resulte oportuno, propiciar las metodologías de supervisión existentes en relación con otros aspectos de la supervisión de las entidades obligadas del sector financiero, especialmente cuando exista una interacción entre la supervisión de la LBC/LFT y la supervisión prudencial. En concreto, la metodología de supervisión que debe desarrollar la Autoridad ha de ser complementaria de las directrices y otros instrumentos desarrollados por la Autoridad Bancaria Europea en los que se detallen los enfoques de las autoridades de supervisión prudencial de cara a la factorización de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la supervisión prudencial, a fin de garantizar una interacción eficaz entre la supervisión de la LBC/LFT y la prudencial. (10)La Autoridad debe estar facultada para elaborar normas técnicas de regulación que completen el código normativo armonizado establecido en la [insértense las referencias: propuesta de sexta Directiva antiblanqueo, Reglamento antiblanqueo y propuesta de refundición del Reglamento (UE) 2015/847]. La Comisión debe aprobar los proyectos de normas técnicas de regulación mediante actos delegados de conformidad con el artículo 290 del TFUE para dotarlas de efecto jurídico vinculante. Los proyectos deben modificarse únicamente en circunstancias muy restringidas y extraordinarias, dado que la Autoridad es el actor que está en estrecho contacto con el marco de LBC/LFT y que mejor lo conoce. A fin de que el proceso de adopción de dichas normas se desarrolle rápidamente y sin problemas, conviene someter la decisión de aprobación de la Comisión a un plazo. (11)Deben conferirse a la Comisión competencias para adoptar normas técnicas de ejecución mediante actos de ejecución, de conformidad con el artículo 291 del TFUE. (12)Dado que no existen mecanismos suficientemente eficaces para gestionar los incidentes de LBC/LFT con implicaciones transfronterizas, es necesario establecer un sistema integrado de supervisión de la LBC/LFT a escala de la Unión que garantice una aplicación coherente y de calidad de la metodología en la materia y promueva una cooperación eficiente entre todas las autoridades competentes pertinentes. Por estas razones, la Autoridad y las autoridades nacionales de supervisión de la LBC/LFT (en lo sucesivo «las autoridades de supervisión») deben constituir un sistema de supervisión de la LBC/LFT. Este beneficiaría también a las autoridades de supervisión a la hora de hacer frente a determinados problemas, por ejemplo a un mayor riesgo que afecte a la LBC/LFT o a la falta de recursos, ya que dentro de dicho sistema la asistencia mutua debe ser posible cuando así se solicite. Esta podría consistir en intercambios y comisiones de servicio de personal, actividades de formación e intercambios de buenas prácticas. Además, la Comisión podría prestar apoyo técnico a los Estados miembros en virtud del Reglamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo y del Consejo para promover reformas destinadas a reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales. (13)Teniendo en cuenta el importante papel de las revisiones temáticas en la supervisión de la LBC/LFT en toda la Unión, puesto que permiten determinar y comparar el nivel de exposición a los riesgos y las tendencias en relación con las entidades obligadas sujetas a supervisión, y dado que actualmente los supervisores de distintos Estados miembros no se benefician de estas revisiones, es necesario que la Autoridad determine las revisiones temáticas nacionales que tengan un alcance y un calendario similares y vele por su coordinación a escala de la Unión. Para evitar posibles comunicaciones discordantes con las entidades supervisadas, la función de coordinación de la Autoridad debe limitarse a la interacción con las autoridades de supervisión pertinentes, y no incluir ninguna interacción directa con las entidades obligadas no seleccionadas. Por la misma razón, la Autoridad debe estudiar la posibilidad de armonizar o sincronizar el calendario de las revisiones temáticas nacionales y facilitar cualesquiera actividades que las autoridades de supervisión pertinentes puedan desear llevar a cabo de forma conjunta o similar. (14)El uso eficiente de los datos conduce a un mejor seguimiento de las empresas y un mayor cumplimiento por parte de estas. Por consiguiente, la supervisión directa e indirecta de todas las entidades obligadas del sistema llevada a cabo por la Autoridad y las autoridades de supervisión debe basarse en un acceso rápido a los datos y la información pertinentes sobre las propias entidades obligadas y las medidas de supervisión adoptadas en relación con ellas. A tal fin, la Autoridad debe crear una base de datos central de LBC/LFT con información recabada de todas las autoridades de supervisión, y poner dicha información de manera selectiva a disposición de cualquier autoridad de supervisión dentro del sistema. Estos datos también deben abarcar los procedimientos de revocación de autorización y las evaluaciones de idoneidad de los accionistas y socios de entidades obligadas concretas, ya que ello permitirá a las autoridades pertinentes considerar debidamente las posibles deficiencias de entidades y personas concretas que hayan podido producirse en otros Estados miembros. La base de datos debe incluir, asimismo, información estadística sobre las autoridades de supervisión y otras autoridades públicas que participan en la supervisión de la LBC/LFT. Esta información permitiría a la Autoridad controlar de manera efectiva el correcto funcionamiento y la eficacia del sistema de supervisión de la LBC/LFT. La información de la base de datos permitiría a la Autoridad reaccionar oportunamente ante posibles carencias y casos de incumplimiento por parte de entidades obligadas no seleccionadas. De conformidad con el artículo 24 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, la Autoridad informará, sin demora indebida, a la Fiscalía Europea de todo comportamiento constitutivo de delito respecto del cual esta pueda ejercer su competencia de conformidad con el artículo 22 y el artículo 25, apartados 2 y 3, de dicho Reglamento. De conformidad con el artículo 8 del Reglamento n.º 883/2013, la Autoridad comunicará inmediatamente a la OLAF cualquier información relativa a posibles casos de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. (15)Con el objetivo de garantizar una protección más eficaz y menos fragmentada del marco financiero de la Unión, resulta oportuno que la Autoridad supervise directamente un número limitado de las entidades obligadas de mayor riesgo. Dado que los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo no son proporcionales al tamaño de las entidades supervisadas, deben aplicarse otros criterios para determinar las entidades con mayor riesgo. En particular, deben considerarse dos categorías: las entidades de crédito y financieras transfronterizas de alto riesgo que desarrollen una actividad en un número significativo de Estados miembros, las cuales se seleccionarían periódicamente; y, en casos excepcionales, cualquier entidad que incumpla gravemente los requisitos aplicables sin que su supervisor nacional tome medidas suficientes al respecto o las tome oportunamente. Estas entidades entrarían en la categoría de «entidades obligadas seleccionadas». (16)La primera categoría, la de las entidades de crédito y financieras, o grupos de tales entidades, debe evaluarse cada tres años, sobre la base de una combinación de criterios objetivos relacionados con su presencia y actividad transfronterizas y de criterios relacionados con su perfil de riesgo inherente de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Solo deben incluirse en el proceso de selección los grandes grupos financieros complejos presentes en cierto número de Estados miembros que puedan ser supervisados de manera más eficiente a escala de la Unión. Por lo que se refiere a las entidades de crédito, la presencia transfronteriza mínima para su inclusión en el proceso de selección debe basarse en el número de filiales y sucursales de que dispongan en diferentes Estados miembros, ya que las actividades bancarias de riesgo de un volumen significativo requieren una presencia local en forma de establecimiento. Por el contrario, otras entidades del sector financiero pueden llevar a cabo actividades bastante arriesgadas desde el punto de vista del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo mediante la prestación directa de servicios, por ejemplo a través de una red de agentes, sin haber establecido necesariamente filiales o sucursales en un gran número de Estados miembros. Por lo tanto, la aplicación del mismo criterio transfronterizo, es decir, el relativo a la libertad de establecimiento, daría lugar a la exclusión de grandes entidades del sector financiero que pueden tener un perfil de riesgo significativo en varios Estados miembros, sin estar establecidas en ellos. Dado que el volumen de las actividades realizadas mediante la prestación directa de servicios es generalmente menor que el volumen de las realizadas a través de una sucursal o filial, resulta oportuno considerar únicamente los grupos establecidos en, al menos, dos Estados miembros, pero que prestan servicios directamente o a través de una red de agentes en, al menos, ocho Estados miembros más. (17)A fin de garantizar que solo las entidades obligadas de mayor riesgo entre las que realizan operaciones transfronterizas significativas sean supervisadas directamente a nivel de la Unión, debe armonizarse la evaluación de su riesgo inherente. En la actualidad, existen diversos enfoques nacionales y las autoridades de supervisión utilizan distintos parámetros de referencia para evaluar y clasificar el riesgo inherente de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de las entidades obligadas. Recurrir a estas metodologías nacionales con vistas a la selección de las entidades para su supervisión directa a nivel de la Unión podría generar condiciones desiguales entre ellas. Por consiguiente, la Autoridad debe estar facultada para elaborar normas técnicas de regulación que establezcan una metodología y parámetros de referencia armonizados para clasificar el riesgo inherente de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo como bajo, medio, sustancial o alto. La metodología debe adaptarse a tipos particulares de riesgos y, por tanto, ha de amoldarse a diferentes categorías de entidades obligadas que son entidades financieras de conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo [OP: insértese el futuro número del COM(2021) 420]. Dicha metodología debe ser suficientemente detallada y establecer parámetros de referencia cuantitativos y cualitativos específicos que tengan en cuenta, como mínimo, los factores de riesgo relacionados con los tipos de clientes a los que se presta servicio, los productos y servicios ofrecidos y las zonas geográficas, incluidos los terceros países o territorios en los que las entidades obligadas operan o con los que están relacionadas. En concreto, el perfil de riesgo inherente de cada entidad obligada evaluada se clasificaría en cada uno de los Estados miembros en los que opere de manera coherente con la clasificación de cualquier otra entidad obligada en la Unión. Los parámetros de referencia cuantitativos y cualitativos permitirían que esa clasificación fuera objetiva y no dependiera de la apreciación de una determinada autoridad de supervisión en un Estado miembro ni de la apreciación de la Autoridad. (18)El criterio de selección final debe garantizar la igualdad de condiciones entre las entidades obligadas bajo supervisión directa y, a tal fin, no debe dejarse a la Autoridad o a las autoridades de supervisión ningún margen de apreciación a la hora de decidir sobre la lista de entidades obligadas que deben ser objeto de supervisión directa. Por consiguiente, cuando una entidad obligada evaluada opere a escala transfronteriza y entre en la categoría de alto riesgo conforme a la metodología armonizada en un número mínimo de Estados miembros, debe considerarse una entidad obligada seleccionada. En el caso de las entidades de crédito, el aspecto transfronterizo debe tenerse en cuenta incluyendo a aquellas entidades de crédito clasificadas como de alto riesgo en al menos cuatro Estados miembros, cuando, en al menos uno de esos cuatro Estados miembros, la entidad haya sido sometida a investigación por las autoridades supervisoras u otras autoridades públicas por incumplimientos graves de los requisitos de LBC/LFT. En el caso de las demás entidades financieras, el aspecto transfronterizo debe tenerse en cuenta incluyendo a aquellas entidades financieras clasificadas como de alto riesgo en al menos uno de los Estados miembros en los que estén establecidas y al menos otros cinco Estados miembros en los que operen mediante prestación directa de servicios. (19)Para ofrecer transparencia y claridad a las entidades pertinentes, la Autoridad debe publicar una lista de las entidades obligadas seleccionadas en el plazo de un mes a partir del inicio de una ronda de selección, tras verificar la correspondencia de la información facilitada por los supervisores financieros con los criterios relativos a las actividades transfronterizas y la metodología relativa al riesgo inherente. Por lo tanto, es importante que, al comienzo de cada período de selección, los supervisores financieros pertinentes proporcionen a la Autoridad información estadística actualizada, a fin de determinar la lista de entidades financieras admisibles para evaluación conforme a los criterios de inclusión en la evaluación relativos a sus operaciones transfronterizas. En este contexto, los supervisores financieros deben informar a la Autoridad sobre la categoría de riesgo inherente a la que pertenece una entidad financiera en su país, de conformidad con la metodología establecida en las normas técnicas de regulación. A continuación, la Autoridad debe asumir las funciones relacionadas con la supervisión directa cinco meses después de la publicación de la lista. Ese tiempo es necesario para preparar adecuadamente la transferencia de funciones de supervisión del nivel nacional al de la Unión, incluida la formación de un equipo conjunto de supervisión, y para celebrar cualquier acuerdo de trabajo que resulte oportuno con los supervisores financieros pertinentes.

(20)En aras de la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones entre las entidades seleccionadas, toda entidad seleccionada debe permanecer bajo la supervisión directa de la Autoridad durante al menos tres años, aun cuando, entre el momento de la selección y el final de los tres años, deje de cumplir cualquiera de los criterios relacionados con la actividad transfronteriza o el riesgo, debido, por ejemplo, a una posible consolidación, expansión o redistribución de actividades realizadas a través de establecimientos o mediante libre prestación de servicios. La Autoridad debe velar, asimismo, por que las entidades obligadas y sus autoridades de supervisión dispongan de tiempo suficiente para prepararse a la transferencia de la supervisión del nivel nacional al de la Unión. Por tanto, cada selección posterior debe comenzar seis meses antes de que concluya el período de tres años de supervisión de las entidades previamente seleccionadas. (21)Los agentes que participen en la aplicación del marco de LBC/LFT deben cooperar entre sí conforme al deber de cooperación leal consagrado en los Tratados. A fin de garantizar que el sistema de supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales, compuesto por la Autoridad y las autoridades de supervisión, funcione como un mecanismo integrado, y que los riesgos específicos de cada país y los conocimientos especializados locales en materia de supervisión se tengan debidamente en cuenta y se aprovechen correctamente, la supervisión directa de las entidades obligadas seleccionadas ha de llevarse a cabo a través de equipos conjuntos de supervisión. Estos equipos deben estar dirigidos por un miembro del personal de la Autoridad que coordine todas las actividades de supervisión del equipo. Para garantizar una comprensión adecuada de las posibles especificidades nacionales, el jefe del equipo (en lo sucesivo «el coordinador del ECS») debe estar destinado en el Estado miembro en que la entidad seleccionada tenga su sede social. El establecimiento y la composición del equipo conjunto de supervisión deben estar a cargo de la Autoridad, y los supervisores locales han de velar por que se integre en el equipo un número suficiente de miembros de su personal, teniendo en cuenta el perfil de riesgo de la entidad seleccionada en su país. (22)Para poder cumplir sus obligaciones de supervisión de manera eficiente con respecto a las entidades obligadas seleccionadas, la Autoridad debe poder obtener todos los documentos e información internos necesarios para el ejercicio de sus funciones y, a tal fin, contar con las competencias generales de investigación conferidas a todas las autoridades de supervisión en virtud del Derecho administrativo nacional. (23)La Autoridad debe estar facultada para exigir que se tomen medidas, dentro de las entidades, con vistas a mejorar el cumplimiento por parte de las entidades obligadas del marco de LBC/LFT, incluidos el refuerzo de los procedimientos internos y cambios en la estructura de gobernanza, que podrán consistir, incluso, en el cese de los miembros del órgano de dirección, sin perjuicio de las competencias de otras autoridades de supervisión pertinentes de la misma entidad seleccionada. Tras las constataciones pertinentes de incumplimiento o cumplimiento parcial de los requisitos aplicables por parte de la entidad obligada, la Autoridad ha de poder imponer medidas o procedimientos específicos en relación con determinados clientes o categorías de clientes que planteen riesgos elevados. Las inspecciones in situ deben ser un componente habitual de dicha supervisión. Si un tipo concreto de inspección in situ requiere una autorización de la autoridad judicial nacional, la Autoridad debe solicitar dicha autorización. (24)La Autoridad debe contar con la plenitud de las competencias de supervisión en relación con las entidades bajo supervisión directa, a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos aplicables. Dichas competencias deben poder ejercerse en los casos en que la entidad seleccionada no cumpla los requisitos que le sean aplicables, en los casos en que sea improbable que se cumplan determinados requisitos, así como en los casos en que los procesos y controles internos no sean adecuados para garantizar una buena gestión de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de la entidad obligada seleccionada. Estas competencias podrían ejercerse mediante decisiones vinculantes dirigidas a entidades obligadas seleccionadas concretas. (25)Además de las competencias de supervisión y con el fin de garantizar el cumplimiento, en caso de incumplimiento grave de requisitos directamente aplicables, la Autoridad debe poder imponer sanciones pecuniarias administrativas a las entidades obligadas seleccionadas. Dichas sanciones deben ser proporcionadas y disuasorias, tener un efecto punitivo y represivo y respetar el principio de non bis in idem. Las cuantías máximas de las sanciones pecuniarias deben estar en consonancia con las establecidas por [insértese la referencia: sexta Directiva antiblanqueo] y que todas las autoridades de supervisión de la Unión pueden aplicar. Las cuantías de base de estas sanciones deben determinarse dentro de los límites establecidos por el marco de LBC/LFT, teniendo en cuenta la naturaleza de los requisitos que se hayan incumplido. Con objeto de que la Autoridad tenga debidamente en cuenta los factores agravantes o atenuantes, debe ser posible efectuar ajustes de la cuantía de base correspondiente. Con vistas a lograr que se rectifique rápidamente la práctica empresarial perjudicial, el Comité Ejecutivo de la Autoridad debe estar facultado para imponer multas coercitivas a fin de obligar a la persona física o jurídica de que se trate a poner fin a la conducta en cuestión. Para conseguir una mayor concienciación de todas las entidades obligadas, incitándolas a adoptar prácticas empresariales acordes con el marco de LBC/LFT, deben publicarse las sanciones y multas. El Tribunal de Justicia ha de ser competente para controlar la legalidad de las decisiones adoptadas por la Autoridad, el Consejo y la Comisión, de conformidad con el artículo 263 del TFUE, así como para determinar su responsabilidad extracontractual. (26)Para que la Autoridad y los supervisores financieros se comuniquen rápida y eficazmente en el marco del sistema de supervisión de la LBC/LFT, y a fin de propiciar procesos de toma de decisiones más coherentes, es necesario disponer de mecanismos específicos de comunicación dentro de dicho sistema. (27)En el caso de las entidades obligadas no seleccionadas, la supervisión de la LBC/LFT debe mantenerse principalmente en el ámbito nacional, siendo las autoridades nacionales competentes plenamente responsables de la supervisión directa. Deben otorgarse a la Autoridad competencias adecuadas de supervisión indirecta para garantizar que las medidas de supervisión a nivel nacional sean coherentes y de elevada calidad en toda la Unión. Por consiguiente, debe llevar a cabo evaluaciones del estado de convergencia de la supervisión y publicar informes con sus conclusiones. Debe estar facultada para emitir directrices y recomendaciones dirigidas tanto a las entidades obligadas como a las autoridades de supervisión, con vistas a garantizar prácticas de supervisión armonizadas y de alto nivel en toda la Unión. (28)Algunas entidades obligadas del sector financiero que no cumplen los requisitos para ser seleccionadas normalmente pueden, no obstante, presentar un perfil de riesgo inherente alto desde el punto de vista del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, o pueden asumir, modificar o ampliar actividades que impliquen un alto riesgo, no atenuado por un nivel proporcional de controles internos, dando así lugar a graves incumplimientos de los requisitos de LBC/LFT que les son aplicables. Si existen indicios de posibles incumplimientos graves de los requisitos aplicables en materia de LBC/LFT, pueden ser una señal de negligencia grave por parte de la entidad obligada. En la mayoría de los casos, la autoridad de supervisión debería ser capaz de responder adecuadamente a cualquier posible incumplimiento e impedir que los riesgos se materialicen y den lugar a negligencia grave en cuanto a los requisitos de LBC/LFT. Sin embargo, en ciertos casos, una respuesta a nivel nacional puede no ser suficiente u oportuna, especialmente cuando haya indicios de que la entidad ya ha incurrido en incumplimientos graves. En tales casos, la Autoridad debe poder solicitar al supervisor local que adopte medidas específicas para subsanar la situación, incluida la imposición de sanciones financieras. Para evitar que se materialicen los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el plazo para actuar a nivel nacional debe ser suficientemente breve. (29)La Autoridad debe tener la posibilidad de solicitar, por iniciativa propia, una transferencia de funciones y competencias de supervisión en relación con una determinada entidad obligada en caso de inacción o de inobservancia de sus instrucciones en el plazo establecido. Dado que la transferencia de funciones y competencias a la Autoridad con respecto a una entidad obligada, sin que el supervisor financiero lo solicite específicamente, requeriría una decisión discrecional de la Autoridad, esta debe dirigir una solicitud específica a tal efecto a la Comisión. Para que la Comisión pueda adoptar una decisión coherente con las funciones asignadas a la Autoridad en el marco de LBC/LFT, la solicitud de la Autoridad debe incluir una justificación adecuada e indicar la duración precisa de la reasignación de funciones y competencias a la Autoridad. El plazo para la reasignación de competencias debe corresponder al tiempo que requiere la Autoridad para hacer frente a los riesgos a nivel de la entidad, y no debe exceder de tres años. La Comisión debe adoptar rápidamente, y, en cualquier caso, en un plazo de un mes, una decisión por la que se transfieran a la Autoridad las competencias y funciones de supervisión de la entidad. (30)A fin de mejorar las prácticas de supervisión en el sector no financiero, la Autoridad debe llevar a cabo evaluaciones inter pares de las autoridades de supervisión en el sector no financiero, incluidas las autoridades públicas que controlan a los organismos autorreguladores, y publicar informes con sus conclusiones, los cuales podrían ir acompañados de directrices o recomendaciones dirigidas a las correspondientes autoridades públicas, incluidas las que controlan a los organismos autorreguladores. Los organismos autorreguladores deben poder participar en las evaluaciones inter pares en función de las circunstancias del caso, cuando hayan manifestado la voluntad de hacerlo. (31)Con vistas a una mayor eficiencia en la aplicación de las medidas de LBC/LFT también en el sector no financiero, la Autoridad ha de poder igualmente investigar los posibles casos de incumplimiento o de aplicación incorrecta del Derecho de la Unión por parte de las autoridades de supervisión de ese sector, incluidas las autoridades públicas que controlan a los organismos autorreguladores. (32)Para analizar las actividades sospechosas que afectan a múltiples países, las UIF interesadas que hayan recibido los correspondientes informes deben poder llevar a cabo de manera eficiente análisis conjuntos de los casos de interés común. A tal fin, la Autoridad ha de poder proponer, coordinar y respaldar con todos los medios adecuados los análisis conjuntos de las transacciones o actividades sospechosas transfronterizas. Los análisis conjuntos deben tener lugar cuando sea necesario realizarlos de conformidad con las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión. Previo consentimiento explícito de las UIF que participen en los análisis conjuntos, el personal de la Autoridad que preste apoyo en la realización de dichos análisis debe poder recibir y tratar todos los datos e información necesarios, incluidos los relativos a los casos analizados. (33)A fin de mejorar la eficacia de los análisis conjuntos, la Autoridad debe poder iniciar revisiones de los métodos, los procedimientos y la realización práctica de los análisis conjuntos, con objeto de extraer las oportunas enseñanzas y de perfeccionar y promover tales análisis. La información de retorno sobre los análisis conjuntos ha de permitir a la Autoridad formular conclusiones y recomendaciones que, en última instancia, lleven a afinar y perfeccionar constantemente los métodos y procedimientos para la realización de dichos análisis. (34)Con vistas a facilitar y mejorar la cooperación entre las UIF y la Autoridad, a efectos también de la realización de los análisis conjuntos, cada una de las UIF debe poder enviar a un miembro de su personal como delegado a la Autoridad con carácter voluntario. Los delegados de las UIF nacionales deben apoyar al personal de la Autoridad en el desempeño de todas las tareas relacionadas con las UIF, incluida la realización de análisis conjuntos y la preparación de las evaluaciones de amenazas y los análisis estratégicos de las amenazas, riesgos y métodos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Aparte de los análisis conjuntos, la Autoridad debe fomentar y facilitar diversas formas de asistencia mutua entre las UIF, incluida la formación y los intercambios de personal, a fin de mejorar el desarrollo de capacidades y posibilitar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre las UIF. (35)La Autoridad debe gestionar, alojar y mantener la red FIU.net, el sistema informático específico que permita a las UIF cooperar e intercambiar información entre sí y, en su caso, con sus homólogas de terceros países y terceras partes. La Autoridad, en cooperación con los Estados miembros, debe mantener actualizado el sistema. Para ello, la Autoridad debe velar por que se utilice en todo momento la tecnología más avanzada disponible para el desarrollo de FIU.net, sobre la base de un análisis de costes y beneficios. (36)A fin de implantar prácticas de supervisión y relativas a las UIF que sean coherentes, eficientes y eficaces, y de garantizar una aplicación común, uniforme y coherente del Derecho de la Unión, la Autoridad debe estar facultada para emitir directrices y recomendaciones dirigidas a la totalidad o a una categoría de entidades obligadas y a la totalidad o a una categoría de autoridades de supervisión y de UIF. Las directrices y recomendaciones podrían ser emitidas en virtud de una habilitación específica contenida en los actos de la Unión aplicables, o por iniciativa propia de la Autoridad, cuando sea necesario reforzar el marco de LBC/LFT a escala de la Unión. (37)El establecimiento de una estructura de gobernanza sólida dentro de la Autoridad es esencial para garantizar el ejercicio efectivo de las funciones que le son encomendadas y para un proceso de toma de decisiones eficiente y objetivo. Debido a la complejidad y variedad de las funciones encomendadas a la Autoridad tanto en el ámbito de la supervisión como en lo referente a las UIF, las decisiones no pueden ser adoptadas por un único órgano rector, como ocurre a menudo en las agencias descentralizadas. Mientras que determinados tipos de decisiones, como las relativas a la adopción de instrumentos comunes, deben ser adoptadas por representantes de las autoridades competentes o de las UIF, de conformidad con las normas de votación del TFUE, algunas otras decisiones, como las dirigidas a entidades obligadas seleccionadas concretas, o a determinadas autoridades, requieren un órgano decisorio más pequeño, cuyos miembros estén sujetos a mecanismos adecuados de rendición de cuentas. Por consiguiente, la Autoridad debe estar compuesta por una Junta General y un Comité Ejecutivo integrado por cinco miembros independientes a tiempo completo y el presidente de la Autoridad. (38)A fin de poder contar con los conocimientos especializados pertinentes, la Junta General debe tener dos composiciones. Para todas las decisiones sobre la adopción de actos de alcance general, como las normas técnicas de regulación y de ejecución, las directrices, las recomendaciones y los dictámenes relativos a las UIF, debe estar compuesta por los responsables de las UIF de los Estados miembros (en lo sucesivo «la Junta General en su composición de UIF»). Para los mismos tipos de actos relacionados con la supervisión directa o indirecta de las entidades obligadas financieras y no financieras, debe estar compuesta por los responsables de los supervisores de la LBC/LFT que sean autoridades públicas (en lo sucesivo «la Junta General en su composición de supervisión»). Todas las partes representadas en la Junta General deben procurar limitar la rotación de sus representantes, a fin de garantizar la continuidad en la labor de este órgano. Todas las partes deben tratar de lograr una representación equilibrada de hombres y mujeres en la Junta General. (39)En aras de un proceso decisorio fluido, las funciones deben dividirse claramente: la Junta General en su composición de UIF debe decidir sobre las medidas pertinentes para las UIF; la Junta General en su composición de supervisión debe decidir sobre los actos delegados, las directrices y las medidas similares dirigidas a las entidades obligadas. La Junta General en su composición de supervisión también debe poder facilitar su dictamen y asesoramiento al Comité Ejecutivo sobre todos los proyectos de decisiones relativas a entidades obligadas seleccionadas concretas que presenten los equipos conjuntos de supervisión. En ausencia de dicho dictamen o asesoramiento, las decisiones deben ser adoptadas por el Comité Ejecutivo. Cuando el Comité Ejecutivo se aparte del asesoramiento proporcionado por la Junta General en su composición de supervisión al adoptar la decisión final, deberá explicar los motivos por escrito.

(40)A efectos de la votación y la toma de decisiones, cada Estado miembro debe contar con un representante con derecho a voto. Por consiguiente, los responsables de las autoridades públicas deben nombrar a un representante permanente como miembro con derecho a voto de la Junta General en su composición de supervisión. Subsidiariamente, en función del objeto de la decisión o del orden del día de una determinada reunión de la Junta General, las autoridades públicas de un Estado miembro pueden designar a un representante ad hoc. Las modalidades prácticas relativas a la toma de decisiones y la votación por parte de los miembros de la Junta General en su composición de supervisión deben establecerse en el reglamento interno de la Junta General, que deberá elaborar la Autoridad. (41)El presidente de la Autoridad debe presidir las reuniones de la Junta General y tener derecho a voto cuando las decisiones se adopten por mayoría simple. La Comisión debe ser miembro sin derecho a voto de la Junta General. A fin de instaurar una buena cooperación con otras instituciones pertinentes, la Junta General debe también poder admitir a otros observadores sin derecho a voto, como un representante del Mecanismo Único de Supervisión y de cada una de las tres Autoridades Europeas de Supervisión (ABE, AESPJ y AEVM) en la Junta General en su composición de supervisión, y de Europol, de la Fiscalía Europea y de Eurojust en la Junta General en su composición de UIF, cuando se debatan o decidan asuntos que entren en el ámbito de sus respectivos mandatos. Para agilizar el proceso de toma de decisiones, las decisiones de la Junta General deben adoptarse por mayoría simple, excepto las que se refieran a proyectos de normas técnicas de regulación y ejecución, directrices y recomendaciones, que deben adoptarse por mayoría cualificada de los representantes de los Estados miembros de conformidad con las normas de votación del TFUE. (42)El órgano rector de la Autoridad debe ser el Comité Ejecutivo, compuesto por el presidente de la Autoridad y cinco miembros a tiempo completo, nombrados por la Junta General a partir de la lista restringida elaborada por la Comisión. Con miras a un proceso decisorio rápido y eficiente, el Comité Ejecutivo debe encargarse de la planificación y ejecución de todas las tareas de la Autoridad, excepto cuando determinadas decisiones se asignen explícitamente a la Junta General. A fin de garantizar la objetividad y la rapidez apropiada del proceso decisorio en el ámbito de la supervisión directa de las entidades obligadas seleccionadas, el Comité Ejecutivo debe adoptar todas las decisiones vinculantes dirigidas a dichas entidades. Además, junto con un representante de la Comisión, el Comité Ejecutivo debe ser colectivamente responsable de las decisiones administrativas y presupuestarias de la Autoridad. Debe exigirse el consentimiento de la Comisión cuando el Comité Ejecutivo tome decisiones relacionadas con la administración presupuestaria, la contratación pública, la contratación de personal y la auditoría de la Autoridad, dado que una parte de la financiación de la Autoridad correrá a cargo del presupuesto de la Unión. (43)Con objeto de que las decisiones puedan tomarse rápidamente, todas las decisiones del Comité Ejecutivo, incluidas aquellas en las que la Comisión tenga derecho a voto, deben adoptarse por mayoría simple, disponiendo el presidente de un voto de calidad en caso de empate. Para garantizar una buena gestión financiera de la Autoridad, debe exigirse el consentimiento de la Comisión para las decisiones relativas al presupuesto, la administración y la contratación de personal. Los miembros del Comité Ejecutivo con derecho a voto distintos del presidente deben ser seleccionados por la Junta General sobre la base de una lista restringida elaborada por la Comisión. (44)Con miras a un funcionamiento independiente de la Autoridad, los cinco miembros del Comité Ejecutivo y el presidente de la Autoridad deben actuar con independencia y en interés del conjunto de la Unión. Deben comportarse, tanto durante su mandato como después, con integridad y discreción en lo referente a la aceptación de determinados nombramientos o beneficios. Para evitar dar la impresión de que un miembro del Comité Ejecutivo de la Autoridad podría valerse de su cargo para obtener un nombramiento de alto nivel en el sector privado después de su mandato y prevenir todo conflicto de intereses tras haber ocupado un empleo público, resulta oportuno introducir un período de incompatibilidad para los cinco miembros del Comité Ejecutivo, así como el presidente de la Autoridad. (45)El presidente de la Autoridad debe ser nombrado por el Consejo, con arreglo a criterios objetivos y previa aprobación del Parlamento Europeo. Debe representar a la Autoridad en el exterior e informar sobre la ejecución de las tareas de la Autoridad. (46)El director ejecutivo de la Autoridad debe ser nombrado por el Comité Ejecutivo a partir de una lista restringida elaborada por la Comisión. El director ejecutivo de la Autoridad debe ser un alto funcionario de la Autoridad, encargado de la gestión cotidiana de la Autoridad y responsable de la administración presupuestaria, la contratación pública, la contratación de personal y los recursos humanos. (47)Para proteger eficazmente los derechos de las partes interesadas, por motivos de economía procesal y a fin de reducir la carga que pesa sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Autoridad debe ofrecer a las personas físicas y jurídicas la posibilidad de solicitar una revisión de las decisiones adoptadas en virtud de las competencias de supervisión directa que confiere a la Autoridad el presente Reglamento y de las que sean destinatarias, o que les afecten directa e individualmente. La independencia y objetividad de las decisiones adoptadas por el Comité Administrativo de Revisión deben garantizarse, entre otras cosas, mediante la composición del mismo, que ha de estar integrado por cinco personas independientes y adecuadamente cualificadas. Las resoluciones del Comité Administrativo de Revisión han de poder ser recurridas, a su vez, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (48)En aras del correcto funcionamiento de la Autoridad, su financiación debe consistir en una combinación de tasas cobradas a determinadas entidades obligadas y una contribución del presupuesto de la Unión, dependiendo de las tareas y funciones. El presupuesto de la Autoridad debe formar parte del presupuesto de la Unión y ser confirmado por la autoridad presupuestaria sobre la base de una propuesta de la Comisión. La Autoridad debe presentar a la Comisión un proyecto de presupuesto y un reglamento financiero interno para su aprobación. (49)Para asegurar que la Autoridad pueda también desempeñar sus funciones como supervisor directo e indirecto de las entidades obligadas, debe introducirse un mecanismo adecuado para la determinación y la percepción de las tasas. En lo que respecta a las tasas cobradas a las entidades obligadas seleccionadas y a determinadas entidades obligadas no seleccionadas, la metodología de cálculo y el proceso de percepción de las tasas deben desarrollarse en un acto delegado de la Comisión. La metodología debe basarse en el riesgo de las entidades supervisadas directa e indirectamente, así como en su volumen de negocios o ingresos. (50)Las normas sobre la elaboración y la ejecución del presupuesto de la Autoridad, así como la presentación de sus cuentas anuales, deben ajustarse a las disposiciones del Reglamento Delegado (UE) 2019/715 de la Comisión en lo referente a la cooperación con la Fiscalía Europea y a la eficacia de las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. (51)A fin de prevenir y combatir eficazmente el fraude, la corrupción o cualquier otra actividad ilegal interna dentro de la Autoridad, esta debe estar sujeta a lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 en lo que respecta a la cooperación con la Fiscalía Europea y a la eficacia de las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. La Autoridad debe adherirse al Acuerdo Interinstitucional relativo a las investigaciones internas de la OLAF, que ha de poder efectuar controles sobre el terreno en su ámbito de competencia. (52)Tal como se indica en la Estrategia de Ciberseguridad de la Unión Europea, es esencial garantizar un alto nivel de ciberresiliencia en todas las instituciones, órganos y organismos de la UE, debido al entorno de amenazas cada día más hostil. Así pues, el director ejecutivo debe velar por una gestión adecuada de los riesgos informáticos, una sólida gobernanza informática interna y una financiación suficiente de la seguridad informática. La Autoridad colaborará estrechamente con el Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea y comunicará a este y a la Comisión los incidentes graves en el plazo de veinticuatro horas. (53)La Autoridad debe rendir cuentas, tanto ante el Parlamento Europeo como ante el Consejo, del desempeño de sus funciones y de la ejecución del presente Reglamento. El presidente de la Autoridad debe presentar anualmente el correspondiente informe al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. (54)El personal de la Autoridad debe estar compuesto por agentes temporales, agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicio, así como por delegados nacionales puestos a disposición de la Autoridad por las UIF de la Unión. La Autoridad, en concertación con la Comisión, debe adoptar las medidas de aplicación necesarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del Estatuto de los funcionarios. (55)A fin de garantizar que la información confidencial sea tratada como tal, todos los miembros de los órganos rectores de la Autoridad, la totalidad de su personal, incluidos el personal en comisión de servicio y el personal a disposición de la Autoridad, así como cualquier persona que desempeñe tareas para la Autoridad con carácter contractual, deben estar sujetos a la obligación de secreto profesional, y en particular a las restricciones y obligaciones en materia de confidencialidad que se deriven de las disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión y que estén relacionadas con las funciones específicas de la Autoridad. No obstante, las obligaciones de confidencialidad y secreto profesional no deben impedir que la Autoridad coopere con otras autoridades u organismos nacionales o de la Unión pertinentes, intercambie con ellos información o se la comunique, cuando sea necesario para el desempeño de sus funciones respectivas y esa obligación de cooperación e intercambio de información esté prevista en el Derecho de la Unión. (56)Sin perjuicio de las obligaciones de confi