COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 30.9.2020 SWD(2020) 301 final DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN Informe sobre el Estado de Derecho en 2020









Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Bulgaria que acompaña al documento COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Informe sobre el Estado de Derecho en 2020





Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea

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Resumen Desde su adhesión a la UE en 2007, la Comisión realiza un seguimiento de las reformas acometidas por Bulgaria en ámbitos como la justicia y la corrupción a través del Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV). La reforma judicial en Bulgaria ha sido un proceso gradual con importantes implicaciones para la independencia judicial y la confianza de los ciudadanos. Siguen existiendo retos, en particular sobre la necesidad de finalizar, teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión de Venecia, el proceso de reforma de los procedimientos judiciales relativos a la rendición eficaz de cuentas y la responsabilidad penal del Fiscal General, iniciado en 2019. La composición y el funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura y su Inspección también han sido objeto de nuevos debates, que han dado lugar a nuevas propuestas de reforma. En términos más generales, se informa de que aumentan los ataques contra la judicatura sin que las autoridades competentes muestren una reacción adecuada. Se han derogado disposiciones controvertidas relativas a la suspensión automática de magistrados en caso de una investigación penal, y a la obligación de que los magistrados declaren su pertenencia a organizaciones profesionales. En 2017 y 2018, Bulgaria llevó a cabo una reforma integral de sus marcos jurídico e institucional de lucha contra la corrupción. La reforma ha dado lugar a una mejora de la cooperación entre las autoridades pertinentes. Durante el primer semestre de 2020 se iniciaron varias investigaciones de alto nivel y se formularon acusaciones en varios casos. Las nuevas reformas establecen el acceso público a las declaraciones de propiedades e intereses de titulares de altos cargos públicos, lo que puede considerarse como una buena práctica. No obstante, siguen existiendo importantes retos, como ilustran también las encuestas de opinión, que muestran un nivel muy bajo de confianza de los ciudadanos en las instituciones de lucha contra la corrupción. La ausencia de resultados en la lucha contra la corrupción es uno de los aspectos principales destacados durante las protestas del verano de 2020. Todavía no se ha establecido un historial sólido de condenas firmes en casos de corrupción de alto nivel. También sería conveniente una comunicación mejor y más eficaz en lo que respecta la elaboración y la aplicación de la estrategia de lucha contra la corrupción. Es importante que las autoridades dispongan de los recursos suficientes para poder luchar contra la corrupción con eficacia. Se dispone de un marco jurídico para los conflictos de intereses, pero aun así existen dudas respecto de las actividades de los grupos de presión, que siguen sin estar reguladas por ley, y de la transparencia y la previsibilidad del proceso legislativo en el país. En cuanto al pluralismo de los medios de comunicación, el marco jurídico de Bulgaria se basa en un conjunto de garantías constitucionales y medidas legislativas, como la Ley de Radio y Televisión, que no suelen aplicarse en la práctica. Se considera que la Autoridad reguladora de los medios audiovisuales (CEM) es independiente y transparente por lo que respecta a sus actividades, aunque carece de recursos para realizar sus funciones con eficiencia. La falta de transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación constituye un motivo de preocupación. El marco jurídico contra las injerencias políticas en los medios de comunicación no prohíbe expresamente que los políticos sean propietarios de medios de comunicación, y se ha detectado la existencia de vínculos entre políticos y algunos medios de comunicación. Varias asociaciones de libertad de prensa informan de ataques físicos o en línea a periodistas. Entre las cuestiones relacionadas con los contrapoderes institucionales se encuentran las dudas que genera el escaso uso que se hace de las consultas públicas y evaluaciones de impacto en el proceso legislativo. Pese a los limitados recursos, el funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos ha seguido mejorando. El ya restringido espacio cívico de Bulgaria podría verse afectado en mayor medida a la vista del nuevo proyecto de ley relativo a la financiación extranjera de las ONG.



El Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV) se creó en 2007, año de adhesión a la Unión Europea, como medida transitoria para facilitar que Bulgaria mantuviera el empeño por reformar su sistema judicial e intensificar la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada . En consonancia con la decisión por la que se crea el Mecanismo, y tal como ha subrayado el Consejo, el MCV finalizará cuando todos los objetivos de referencia que se aplican a Bulgaria se hayan cumplido satisfactoriamente . El último informe relativo al MCV, adoptado en octubre de 2019, registraba que Bulgaria había contraído una serie de nuevos compromisos, y la Comisión concluía que el progreso realizado en el contexto del MCV era suficiente para satisfacer los compromisos contraídos por Bulgaria en el momento de su adhesión a la UE. Como también subrayó la Comisión, Bulgaria tendrá que continuar trabajando de forma coherente en la traducción de los compromisos que se especifican en su informe en legislación concreta y en la continuación de su aplicación. Antes de tomar una decisión definitiva, la Comisión también atenderá debidamente a las observaciones del Consejo, así como del Parlamento Europeo . I.Sistema judicial El sistema judicial de la República de Bulgaria incluye un total de 182 órganos jurisdiccionales, que son ordinarios y especiales. Como norma general, los tribunales ordinarios conocen de asuntos en tres instancias, y el sistema de estos tribunales está formado por 113 tribunales regionales, 28 tribunales de distrito y 5 tribunales de apelación. Los tribunales especiales también incluyen tribunales militares, penales y administrativos. El Tribunal Supremo de Casación es el tribunal competente en última instancia en asuntos examinados por los tribunales ordinarios, militares y penales especiales, mientras que para los asuntos administrativos el órgano jurisdiccional de última instancia es el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo. Fuera del sistema de tribunales ordinarios, el Tribunal Supremo de Casación y el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo son los tribunales competentes en última instancia. El poder judicial también comprende el Ministerio Fiscal, mientras que el Tribunal Constitucional de Bulgaria no forma parte de aquel . El Ministerio Fiscal tienen una estructura unificada y está encabezado por el Fiscal General. El Consejo Superior de la Magistratura es la más alta autoridad administrativa del poder judicial búlgaro. Es el responsable de la gestión del poder judicial y de garantizar su independencia. Los jueces, fiscales e investigadores son nombrados, ascendidos, transferidos y destituidos por sus salas respectivas (de la Magistratura o de la Fiscalía) del Consejo Superior de la Magistratura . El Consejo General de la Abogacía es una asociación independiente y autónoma establecida por la ley . Independencia Está en curso una reforma relacionada con la rendición de cuentas del Fiscal General y sus adjuntos. En los últimos años, los servicios de la Fiscalía se sometieron a una serie de reformas con vistas a su reestructuración . Pese a los avances, en Bulgaria, la combinación de las competencias y la posición del Fiscal General ejerce una influencia considerable, ya que el Fiscal General puede anular o modificar cualquier decisión adoptada por un fiscal que no ha sido revisada por un juez . Además, puede destinar en comisión de servicios a los fiscales sin su consentimiento, por un período de tres meses dentro de un año natural, y emitir instrucciones escritas para ellos, incluido en asuntos concretos . El Fiscal General también tiene competencias importantes con respecto a los fiscales que son responsables de fiscalías provinciales y de distrito . Por tanto, todos los fiscales e investigadores están subordinados de facto al Fiscal General. Por lo que se refiere a la rendición de cuentas, el Fiscal General solo puede ser destituido de su cargo mediante una propuesta del Pleno del Consejo Superior de la Magistratura al Presidente de la República . Si bien las competencias del Fiscal General no son exclusivas del sistema judicial búlgaro , se han expresado inquietudes debido a su combinación con la posición del Fiscal General en el Consejo Superior de la Magistratura. En la Sala de la Fiscalía, el Fiscal General, como miembro de oficio y presidente, desempeña un papel decisivo en relación con la trayectoria de carrera y los procedimientos disciplinarios de los fiscales . La imposibilidad de realizar una investigación penal real relacionada con el Fiscal General y sus adjuntos es un tema pendiente desde hace mucho tiempo que ha sido planteado no solo por la Comisión Europea , sino también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Consejo de Europa . En junio de 2019, se presentó un proyecto de ley para abordar esta cuestión, pero varias partes interesadas plantearon dudas importantes. A partir de una recomendación de la Comisión, Bulgaria solicitó un dictamen a la Comisión de Venecia para evitar cualquier riesgo para la independencia judicial y garantizar al mismo tiempo la eficacia del mecanismo propuesto. En diciembre de 2019, el Ministerio de Justicia publicó un nuevo proyecto de ley que abordaba algunas de las recomendaciones de la Comisión de Venecia . Este nuevo proyecto de ley sobre el asunto se encuentra ahora en el Parlamento y prevé un «fiscal especial» que sería responsable de investigar delitos supuestamente cometidos por el Fiscal General. Este fiscal especial sería elegido por la Sala de la Fiscalía del Consejo Superior de la Magistratura, a propuesta de tres de sus miembros y con una mayoría de ocho de los once votos por un mandato fijo de siete años. Gozaría de independencia procesal a la hora de supervisar una investigación contra el Fiscal General y sus adjuntos, pero seguiría estando subordinado al Fiscal General por lo que se refiere a otras actividades . Ciertos elementos del procedimiento de nombramiento y las competencias de investigación del «fiscal especial» han suscitado dudas y sería importante que el proyecto de ley tuviera en cuenta las recomendaciones del Consejo de Europa . El 18 de diciembre de 2019, el Gobierno preguntó al Tribunal Constitucional si el control de legalidad por parte del Fiscal General, una competencia que está consagrada en la Constitución, también se aplica a las investigaciones contra este. Esta solicitud rebatía indirectamente la constitucionalidad del proyecto de legislación. El 23 de julio de 2020, el Tribunal Constitucional dictaminó que el Fiscal General no puede ejercer control de legalidad sobre los fiscales que le investigan . Esta sentencia permitirá al Parlamento reanudar su trabajo. Sin embargo, la sentencia no resuelve las dudas relacionadas con el procedimiento de nombramiento del fiscal especial previsto y con el hecho de que este seguiría estando subordinado al Fiscal General por lo que se refiere a otras actividades que no sean la investigación contra este último o sus adjuntos. Una nueva consulta de la Comisión de Venecia sobre el proyecto de ley ofrecería garantías sobre la eficacia del nuevo mecanismo de rendición de cuentas. Pese a los avances realizados, la composición y el funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura han sido objeto de nuevos debates. A pesar de las reformas previas y los avances , el Consejo de Europa y varias partes interesadas han considerado la situación del Consejo Superior de la Magistratura una fuente de preocupación. En cuanto a la composición, las reformas mencionadas han proporcionado una estructura más equilibrada del Consejo Superior de la Magistratura . Sin embargo, el número total de jueces elegidos por sus homólogos no llega a una mayoría . Además, el Fiscal General desempeña un papel decisivo en la Sala de la Fiscalía y también tiene influencia sobre el pleno y potencialmente sobre la Sala de la Magistratura , ya que la ley prevé que los miembros legos elegidos por el Parlamento para formar parte de la Sala de la Magistratura pueden, en teoría, proceder también de las filas de los fiscales . Esto ha sido señalado por la Comisión de Venecia como una fuente de preocupación, porque los fiscales, y el Fiscal General en particular, siguen participando significativamente en la gobernanza de los jueces. La estructura general del Consejo Superior de la Magistratura podría limitar su capacidad para proteger la independencia judicial frente a las presiones del poder ejecutivo, legislativo y judicial, incluidos la oficina del Fiscal General y el propio Consejo Superior de la Magistratura. El riesgo para la independencia judicial se pone de manifiesto en el número de jueces sujetos a ataques , críticas concretas basadas en el contenido de sus sentencias o la reciente retórica utilizada por personalidades públicas. El 14 de agosto de 2020, el Primer Ministro anunció un plan para una nueva Constitución que incluiría una reforma de la composición del Consejo Superior de la Magistratura y de su Servicio de Inspección ; también incluiría una modificación en el procedimiento del nombramiento y la duración del mandato del Presidente del Tribunal Supremo de Casación, el Presidente del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo y el Fiscal General . Es importante que una reforma de este tipo tenga en cuenta las recomendaciones del Consejo de Europa . El nivel de independencia judicial percibida en Bulgaria sigue siendo bajo. Solo el 37 % entre el público en general considera que es «bastante bueno o muy bueno» y, entre las empresas, también se mantiene en la media, con el 45 % que considera que es «bastante bueno o muy bueno» . El régimen de remuneración adicional y ascenso de los magistrados suscita dudas. En el sistema actual, un magistrado puede recibir una remuneración adicional de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo Superior de la Magistratura, puede ser inamovible tras cinco años de servicios y puede ser ascendido tras aprobar una oposición. El Consejo de Europa ha señalado que los criterios de remuneración adicional relacionados con las normas establecidas en 2018-2019 por el Consejo Superior de la Magistratura resultan problemáticos, ya que otorgan amplias facultades discrecionales a los presidentes de los órganos jurisdiccionales . En el mismo contexto, el largo período necesario para adquirir un cargo vitalicio también podría plantear dudas sobre la independencia judicial . Además, tras una reciente modificación de la Ley del Poder Judicial (LPJ) , los miembros del Consejo Superior de la Magistratura pueden ser ascendidos automáticamente a cargos de más alto nivel al final de su mandato. Esto ha planteado dudas a la luz de las recomendaciones del Consejo de Europa y podría afectar a la independencia judicial, teniendo en cuenta la estructura del ordenamiento jurídico establecido por la Constitución de Bulgaria, como indica el Tribunal Supremo de Casación . Como resultado de estas dudas, la Ley del Poder Judicial se modificó de nuevo recientemente y actualmente establece que el nombramiento de un cargo superior está sujeto a varias condiciones . Se han establecido modificaciones de la Ley del Poder Judicial. En febrero de 2020, se retiró la suspensión automática de los magistrados en caso de investigación penal contra ellos . Previamente, la sala pertinente del Consejo Superior de la Magistratura estaba obligada a suspender sin ninguna valoración al magistrado en cuestión. La disposición del artículo 230 de la LPJ ha sido derogada de conformidad con una decisión del Tribunal Constitucional y responde a las expectativas de la Comisión Europea y a las recomendaciones del Consejo de Europa . Otras modificaciones de la Ley del Poder Judicial tienen que ver con la obligación de los magistrados de declarar su pertenencia a organizaciones profesionales. El anterior requisito de que los jueces, fiscales y jueces instructores declararan su pertenencia a asociaciones profesionales al Consejo Superior de la Magistratura había suscitado dudas sobre la libertad de asociación . Según las modificaciones, la declaración ya no es un requisito . No obstante, el registro de magistrados que participan en asociaciones profesionales todavía está disponible en el sitio web del Consejo Superior de la Magistratura y ha sido presuntamente utilizado por parte de personalidades públicas para presionar a jueces . Se ha propuesto al Consejo Superior de la Magistratura una moción de reforma de la Inspección. En virtud del régimen actual, la Inspección examina la actividad del poder judicial, lleva a cabo comprobaciones de la integridad y los posibles conflictos de interés de los magistrados, y propone la apertura de procedimientos disciplinarios relacionados con los magistrados del Consejo Superior de la Magistratura. La Inspección consta de un Inspector General y diez inspectores, que son independientes y elegidos por la Asamblea General . El riesgo de influencia política ha sido señalado anteriormente por la Comisión de Venecia . Tras el proyecto «Support for the enhancement of the capacity of ISJC» , la Inspección presentó una moción de modificación del Consejo Superior de la Magistratura que exigiría que el Inspector General y los inspectores fueran propuestos por otros organismos, tales como los plenos del Tribunal Supremo de Casación y el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo o las Reuniones Generales de magistrados y organizaciones profesionales, en lugar de por los miembros del Parlamento . No obstante, la Inspección está trabajando actualmente sobre la base de un mandato que ha expirado , en virtud del principio de continuidad . Además de la composición de la Inspección, las partes interesadas han planteado dudas en relación con la actividad de este organismo . Se han planteado dudas sobre que, en virtud de la disposición que permite a la Inspección proponer procedimientos disciplinarios para magistrados , el Consejo Superior de la Magistratura y el Fiscal General han estado informando a la Inspección para iniciar una inspección que provocó presión sobre jueces concretos . Calidad El acceso a la justicia debe mejorar. Se han hecho llamamientos para reducir el umbral de acceso a la asistencia jurídica gratuita , eximir a los beneficiarios de asistencia jurídica de las tasas judiciales , disminuir el importe de las tasas judiciales para incoar un procedimiento y mejorar la digitalización del poder judicial . En el estado actual del sistema de asistencia jurídica gratuita en Bulgaria, ni siquiera las personas cuya renta se sitúa en el umbral de la pobreza de Eurostat, o ligeramente por debajo de este, tienen derecho a asistencia jurídica gratuita. Se ha llamado especialmente la atención sobre el nivel significativamente alto de las tasas judiciales en el ámbito de la justicia administrativa . En cuanto a la digitalización, si bien no es posible recurrir a los tribunales en línea, sí es posible transmitir citaciones y realizar un seguimiento de algunos asuntos . Además, el uso y el seguimiento de los resultados de las encuestas realizadas entre los usuarios de los tribunales son limitados . A finales de 2020 estará disponible una visión integral de la situación de la justicia electrónica, cuando se supone que se completará el proyecto en vigor «Development of a Model for Optimization of the Judicial Map of Bulgarian Courts and Prosecutor’s Offices and of a Unified Information System for Courts» . La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las carencias del sistema judicial en el ámbito de la justicia electrónica. Tras una decisión de la Sala de la Judicatura del Consejo Superior de la Magistratura , la tramitación de asuntos judiciales se suspendió un mes durante el estado de excepción, salvo para asuntos urgentes .

Los recursos financieros y humanos suscitan dudas. Parece que las autoridades, entre ellas la Fiscalía, y el Tribunal Penal Especial sufren problemas relacionados con la escasez de recursos humanos o financieros, pese a la inversión declarada del Gobierno en el sistema judicial en los últimos años . Eficiencia La falta de datos sobre tribunales civiles y mercantiles de primera y segunda instancia sigue dificultando el seguimiento de la eficiencia de la justicia. El proceso de recopilación de datos estadísticos a través de estadísticas agregadas no permite el desglose de los asuntos civiles y mercantiles contenciosos o no contenciosos (primera y segunda instancia), como tampoco una evaluación adecuada de la eficiencia general del sistema judicial . Sin embargo, existen dos avances positivos. En lo que respecta a la duración de los procedimientos en el Tribunal Supremo de Casación, la situación en Bulgaria es buena en comparación con los otros Estados miembros . Además, el funcionamiento de los tribunales administrativos por lo que se refiere a duración de los procesos muestra una mejora. El tiempo estimado para resolver asuntos administrativos en todas las instancias ha mejorado en los últimos años . II.Marco de lucha contra la corrupción En 2017 y 2018, Bulgaria llevó a cabo una reforma integral de sus marcos jurídico e institucional de lucha contra la corrupción. Con la fusión de varias de las estructuras existentes, la reforma estableció la Comisión de lucha contra la corrupción y el decomiso de activos ilegales (en lo sucesivo, la Comisión Anticorrupción). La competencia de los casos de corrupción de alto nivel se transfirió al Tribunal Penal Especial, mientras que la investigación de estos casos se realiza bajo la supervisión de la Fiscalía Especializada. La actual estrategia de lucha contra la corrupción abarca el período 2015-2020 y se está preparando una nueva estrategia para 2021-2027. La lucha contra la corrupción ha sido declarada como una prioridad principal del Gobierno en su programa para 2017-2021 . Al mismo tiempo, las protestas que estallaron en el verano de 2020 ponen de manifiesto el descontento de la sociedad con la falta de progresos en la lucha eficaz contra la corrupción. Las protestas dieron lugar a las dimisiones de cinco ministros en julio y septiembre de 2020. En el último Índice de percepción de la corrupción de 2019 de Transparencia Internacional, Bulgaria obtuvo una puntuación de 43/100 y ocupó el puesto n.º 74 a nivel mundial . El 80 % de los encuestados búlgaros de la última encuesta del Eurobarómetro sobre corrupción opinan que la corrupción está muy extendida en su país (media de la UE: 71 %) , mientras que el 85 % de las empresas cree que la corrupción está muy extendida (63 % de media en la UE). De manera similar, el 51 % de las empresas considera que la corrupción es un problema cuando operan en el país. De igual modo, el 28 % de los encuestados dijeron sentir que la corrupción les afecta personalmente a su vida diaria (26 % de media en la UE), mientras que el 63 % no cree que el número de procesamientos en casos de corrupción que culminan con éxito es suficiente para disuadir a otros de estas prácticas (36 % de media en la UE). Por último, solo el 13 % de las empresas considera que las personas y empresas enjuiciadas por sobornar a un alto funcionario reciben penas adecuadas (31 % de media en la UE) . La Estrategia nacional de prevención y lucha contra la corrupción abarca el período 2015-2020 . La aplicación de la estrategia es supervisada y coordinada por el Consejo nacional de políticas de lucha contra la corrupción. El último informe sobre la aplicación de la estrategia para el período hasta el 31 de enero de 2019 señala la continua actualización del marco institucional, la mejora de la autoridad de las Inspecciones y la formación sobre lucha contra la corrupción de la administración pública. El Consejo informa de que ha iniciado consultas sobre la evaluación de la aplicación de la estrategia para 2015-2020 y el desarrollo de una nueva estrategia para 2021-2027. La página web del Consejo no ofrece un acceso funcional a información sobre los miembros actuales del Consejo o sus actividades, entre otras, reuniones o debates . Además, en abril de 2020 se adoptó un nuevo Código de Conducta para la Administración Pública . El nuevo código pone el énfasis en el comportamiento anticorrupción en la administración. El marco legal de lucha contra la corrupción está establecido en gran medida, pero siguen existiendo retos. Los delitos de corrupción y relacionados están regulados en la Parte especial del Código Penal de Bulgaria. La aplicación general de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado puede considerarse satisfactoria . La responsabilidad penal solo puede recaer sobre personas físicas en Bulgaria. Las entidades jurídicas solo pueden estar sujetas a sanciones administrativas (no penales) en virtud de la Ley de penas e infracciones administrativas. El complejo y formalista sistema búlgaro de Derecho procesal penal ha sido señalado por distintos informes y análisis durante años como un obstáculo a la investigación y el enjuiciamiento eficaces de la corrupción de alto nivel . Esto también ha sido planteado por la Fundación Fondo Anticorrupción, que señaló que el formalismo de los procesos penales impide el desarrollo de estrategias de investigación originales e innovadoras . La contribución de las autoridades nacionales destaca varias deficiencias en el marco jurídico, entre ellas el fomento de un comportamiento procesal de buena fe al excluir la tipificación o imponer sentencias más leves en los casos en que las personas que comenten un delito de soborno informan del mismo voluntariamente y cooperan con las autoridades instructoras . El marco institucional ha sido recientemente consolidado. Mediante la fusión de varias estructuras, la Ley de lucha contra la corrupción y de decomiso de propiedades adquiridas ilegalmente de 2018 (en lo sucesivo, la «Ley anticorrupción») estableció la nueva Comisión de lucha contra la corrupción y decomiso de activos ilegales. La Comisión Anticorrupción tiene un área amplia de responsabilidades . El presidente de la Comisión Anticorrupción, su adjunto y los tres miembros son elegidos por mayoría simple en la Asamblea Nacional. Las partes interesadas han planteado dudas sobre el procedimiento de elección, al señalar que crea posibles riesgos para la independencia política del trabajo de la Comisión Anticorrupción. Las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2017 transfirieron la jurisdicción de asuntos de corrupción de alto nivel, cometida por titulares de altos cargos públicos, de las competencias del Tribunal Municipal de Sofía al Tribunal Penal Especial . La investigación de estos asuntos la llevan a cabo jueces de instrucción del departamento de investigación de la Fiscalía Especializada. Fuera de estos casos, la detección e investigación de los delitos de corrupción cometidos por personas que no son titulares de altos cargos públicos es competencia del Ministerio del Interior. La Comisión Anticorrupción se ha enfrentado a varios desafíos desde su establecimiento. En la primavera de 2019 se produjo una serie de escándalos muy publicitados que implicaron la compra de propiedades privadas por debajo del valor de mercado por parte de funcionarios de alto nivel. La Comisión Anticorrupción no encontró pruebas de la existencia de conflictos de intereses. El escándalo, referido como el «apartmentgate», dio lugar a la dimisión de varios funcionarios de alto nivel, incluido el anterior presidente de la Comisión Anticorrupción. El último informe anual de la Comisión Anticorrupción resalta los desafíos en el ámbito de los recursos humanos, con cien vacantes sin cubrir de un total de 477 miembros del personal (lo que representa más del 20 %) . Esto podría tener repercusiones para la eficacia de la Comisión Anticorrupción. Las autoridades indicaron que se han adoptado medidas para remediar la situación. La última encuesta del Eurobarómetro muestra que solo el 18 % de los encuestados búlgaros confía en la Comisión Anticorrupción para hacer frente a los casos de corrupción, una disminución del 4 % en comparación con años anteriores. Las reformas están empezando a dar sus primeros frutos, pero siguen existiendo retos. En 2019, la Fiscalía asignó 553 inspecciones a la Comisión Anticorrupción, en comparación con las 343 de 2018. El trabajo se completó en 450 casos y los resultados han sido enviados a los fiscales, con pruebas de delitos penales cometidos en ochenta y tres de ellos. El informe anual más reciente de la Comisión Anticorrupción señala la mejora de la cooperación en el intercambio electrónico automático de datos con otras instituciones públicas . Se han destacado varios desafíos que las autoridades de investigación aún deben abordar, como la necesidad de contratar especialistas competentes y con alta cualificación para los procesos penales, o un desequilibrio significativo en la carga de trabajo de los fiscales e investigadores de la Fiscalía Especializada . Todavía no se ha establecido un historial sólido de condenas firmes en casos de corrupción de alto nivel. Las estadísticas sobre la investigación y el enjuiciamiento de delitos de corrupción muestran que, en 2019, 486 acusados fueron llevados a juicio por delitos de corrupción (508 en 2018, 582 en 2017 y 614 en 2016). El informe anual de 2019 del Tribunal Supremo de Casación muestra que se ratificaron condenas en 20 de los 28 asuntos judiciales relacionados con la corrupción, entre ellos, siete titulares de altos cargos públicos fueron condenados . Un informe reciente de una organización búlgara de vigilancia anticorrupción analiza el progreso de varios asuntos de corrupción de alto nivel y destaca que solo unos pocos resultaron en condenas firmes. El informe mencionado también muestra que no hubo condenas firmas en casos de corrupción de alto nivel en 2018 y 2019 . Además, el 78 % de los encuestados en la última encuesta del Eurobarómetro opina que los casos de corrupción de alto nivel no están lo suficientemente perseguidos (68 % de media en la UE) y el 72 % cree que los esfuerzos del Gobierno en materia de lucha contra la corrupción no son eficaces (55 % de media en la UE). Conviene señalar en especial que el 77 % de las empresas que participaron en la encuesta del Eurobarómetro piensa que es poco probable que las personas corruptas sean multadas o encarceladas por los órganos jurisdiccionales. La Dirección de Seguridad Interior investiga delitos cometidos por funcionarios del Ministerio del Interior y realiza pruebas de integridad. En el curso de los seis últimos meses, la Dirección ha desempeñado un papel fundamental en varias operaciones de detención de funcionarios de aduanas y de los cuerpos y fuerzas de seguridad de alto nivel. Las actividades de investigación de la Dirección en 2019 incluyeron el tratamiento de 562 informes de presuntos delitos penales, incluidos delitos de corrupción cometidos por funcionarios del Ministerio del Interior, en comparación con 172 en 2018. También llevó a cabo 81 investigaciones prejudiciales por conductas indebidas de la policía, en comparación con 98 en 2018 . La mayoría de las sentencias sobre asuntos de corrupción emitidas por el Tribunal Supremo de Casación en 2019 tuvieron que ver con ofrecer, dar, solicitar o recibir sobornos a o por parte de funcionarios del Ministerio del Interior (10 condenas de un total de 28 asuntos de corrupción). En particular, el 61 % de los encuestados en el Eurobarómetro opina que el soborno y el abuso de poder para obtener réditos privados son prácticas generalizadas entre las autoridades aduaneras y policiales. En 2012, Bulgaria estableció un régimen de decomiso civil. El procedimiento es iniciado por la Comisión Anticorrupción cuando una persona es acusada de delitos enumerados en la Ley anticorrupción. Se realiza una inspección de los bienes de la persona por un periodo de diez años en retrospectiva y la Comisión tiene que identificar una «discrepancia significativa» entre la renta neta lícita del sospechoso o acusado y el valor de su patrimonio . El procedimiento de decomiso civil es independiente de cualquier proceso penal y permite el decomiso de la propiedad de una persona sin una condena previa por un delito penal . El artículo 148 de la ley anticorrupción establece el método general de tasación de activos adquiridos ilegalmente. Partes interesadas han planteado serias dudas sobre que los asuntos de decomiso civil se estén llevando a cabo de forma independiente e imparcial . En junio de 2020, 309 sentencias judiciales firmes confirmaron el decomiso de activos por un valor total de 133 133 611,25 BGN (aproximadamente 68 273 646 EUR). La Comisión Anticorrupción verifica las declaraciones de activos e intereses de titulares de altos cargos públicos y determina los conflictos de intereses. La Ley anticorrupción define el término «titular de alto cargo público». Las declaraciones de titulares de altos cargos públicos son accesibles a través del Registro de titulares de altos cargos públicos . La Ley anticorrupción permite a los titulares de altos cargos público solicitar que la información de sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos menores de dieciocho años no se haga pública. En 2019, la Comisión Anticorrupción realizó comprobaciones de 8 573 titulares de altos cargos públicos. En 2019, la Comisión adoptó 162 decisiones sobre conflictos de intereses (140 en 2018). En catorce de esas decisiones se determinó la existencia de un conflicto de interés (veintiocho en 2018) y se impusieron sanciones que ascendieron a 173 511 BGN (aproximadamente 88 980 EUR) . Los titulares de cargos en el nivel regional y local también son objeto de la ley anticorrupción . Las recientes modificaciones legislativas mejoraron el papel y las funciones de la Inspección General y las Inspecciones en los ministerios. Sus competencias abarcan el ejercicio del control y las comprobaciones relacionadas con los conflictos de intereses y el contenido de las declaraciones obligatorias de activos, presentadas por funcionarios públicos, asesores y expertos, y la alerta a las autoridades judiciales en los casos en los que se encuentran pruebas de la comisión de un delito. Las Inspecciones también evalúan los riesgos de corrupción y proponen medidas para limitarlos. El informe anual de actividades de 2019 de las Inspecciones ilustra el aumento de la importancia de su papel en la realización de comprobaciones e inspecciones ad hoc (tras alertas de ciudadanos, organizaciones o instituciones) . La actividad de los grupos de presión no está regulada en Bulgaria. No existe ninguna obligación específica de registro de los grupos de presión o de declaración de contactos entre los funcionarios y los miembros de estos grupos. Un análisis reciente del Centro Nacional de Investigación Parlamentaria que abarca el período entre abril de 2017 y diciembre de 2019 muestra que casi el 37 % de los actos jurídicos adoptados modifican otros actos mediante enmienda, incluido en las disposiciones transitorias y finales del acto modificativo . En algunos casos, las modificaciones tienen que ver con actos jurídicos no vinculados en absoluto con el acto modificativo . Las partes interesadas han expresado su inquietud de que esta práctica no solo tiene un efecto negativo sobre la transparencia del proceso legislativo en el país, sino que podría en algunos casos ser un signo de actividad irregular de grupos de presión . La ley anticorrupción introdujo medidas para garantizar la protección de los denunciantes e incentivar las denuncias de corrupción. Las personas encargadas de examinar la alerta están obligadas a no revelar la identidad del denunciante, a no hacer público ningún hecho o dato que hubiera sido puesto en su conocimiento en conexión con el examen de la alerta, y a proteger los documentos escritos encomendados al respecto frente a accesos no autorizados por terceros. El Bulgarian Institute for Legal Initiatives señaló que una posible carencia del régimen existente es que no permite la presentación de alertas anónimas . El Fondo Anticorrupción planteó dudas similares sobre el requisito de que el denunciante revele su número de identificación personal .



III.Pluralismo de los medios de comunicación

El marco jurídico búlgaro relativo al pluralismo de los medios de comunicación se basa en un conjunto de garantías constitucionales y medidas legislativas, como la Ley de Radio y Televisión . La Ley de acceso a la información pública regula el acceso a la información pública y la reutilización de la información del sector público. En 2019 se puso en marcha una Plataforma de acceso a la información pública, que optimiza el proceso de solicitud y garantiza que la información publicada en respuesta a una solicitud es accesible para todos los ciudadanos . La autoridad reguladora de los servicios de los medios de comunicación audiovisuales, el Consejo de los medios de comunicación electrónicos, está dotada de competencias de conformidad con la Ley de Radio y Televisión . El Consejo de los medios de comunicación electrónicos es un organismo independiente formado por cinco miembros: a tres miembros los elige la Asamblea Nacional, y a dos los nombra el presidente de la República de Bulgaria. La duración del mandato de los miembros es de seis años. La composición del Consejo de los medios de comunicación electrónicos rota cada dos años en la cuota de la Asamblea Nacional y cada tres años en la cuota del presidente . Se ha considerado que la independencia del Consejo de los medios de comunicación electrónicos tiene un riesgo bajo . Según el instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación (Media Pluralism Monitor, MPM 2020), las obligaciones y las responsabilidades del Consejo de los medios de comunicación electrónicos están claramente definidas en la ley, y la autoridad es transparente en cuanto a sus actividades . No obstante, es un hecho comúnmente reconocido que el Consejo de los medios de comunicación electrónicos carece de recursos para desempeñar sus funciones de manera eficiente y depende financieramente del Estado en lo que respecta a la asignación de los recursos necesarios . La Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada establece una serie de garantías para la independencia y la eficacia de las autoridades reguladoras nacionales de los medios de comunicación . Un grupo de trabajo creado dentro del Ministerio de Cultura preparó un proyecto de ley que modifica y completa la Ley de Radio y Televisión para garantizar la transposición de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada . En lo que respecta a la autorregulación, Bulgaria también cuenta con un comité de ética para los medios de comunicación. La Fundación del Consejo Nacional de Ética Periodística de Bulgaria se creó en 2005 como una entidad jurídica sin ánimo de lucro para llevar a cabo actividades de interés público. El objetivo de la Fundación es crear y mantener un sistema de autorregulación para los medios de comunicación impresos y electrónicos de Bulgaria sobre la base del Código deontológico de los medios de comunicación búlgaros, aprobado en 2005 . La Fundación del Consejo Nacional de Ética Periodística tramita quejas de los ciudadanos y las organizaciones contra los medios de comunicación impresos y electrónicos relacionadas con violaciones de la ética de los medios de comunicación . La falta de transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación en Bulgaria constituye un motivo de preocupación. El Consejo de los medios de comunicación electrónicos mantiene y actualiza periódicamente un registro público de servicios de comunicación lineales y no lineales, así como una lista de empresas que distribuyen programas búlgaros y extranjeros . En noviembre de 2018, se modificó la Ley de depósito obligatorio de copias de obras impresas y de otro tipo para exigir a los medios de comunicación que faciliten información sobre sus propietarios y sobre toda la financiación recibida, incluidos los nombres de los donantes. Algunos observadores consideraron que esto suponía una carga excesiva para los medios de comunicación pequeños e independientes, que se financian principalmente a través de donaciones (por ejemplo, la financiación participativa) y podría disuadir a los particulares de apoyar a estos medios de comunicación . La ley también ha sido criticada porque no obliga a los medios de comunicación a divulgar otras fuentes de ingresos, como los fondos públicos, más allá de los fondos recibidos a través de contratos con los poderes adjudicadores pertinentes. En la práctica, según las partes interesadas y el MPM de 2020, muchos medios de comunicación no cumplen la ley, y la información facilitada no siempre es de fácil acceso para el público. Un informe publicado por el Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación (ECPMF) tras una misión de investigación conjunta llevada a cabo en 2018 señala varias cuestiones vinculadas con la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación . Además, el informe posterior a la visita a Bulgaria de la Comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa de noviembre de 2019 indicó que las disposiciones relativas a la divulgación de la propiedad siguen aplicándose solo de forma parcial. Es más, en muchos casos no se garantiza la transparencia, ya que los medios de comunicación tiendan a registrarse a través de intermediarios o de sociedades offshore . Aparentemente, la publicidad estatal desempeña un papel importante en el panorama audiovisual del país, especialmente a escala local. El MPM de 2020 informa de que en Bulgaria no existen garantías normativas para la distribución justa y transparente de la publicidad estatal . Las partes interesadas también informan de que el marco normativo que regula la publicidad estatal no incluye las redes sociales . Parece que la distribución del gasto publicitario estatal no se basa en criterios claros y no discriminatorios . Las partes interesadas también informan de que, en ocasiones, los fondos de la UE son presuntamente utilizados por las autoridades locales para reforzar su control de los periódicos y los canales de televisión locales . El marco jurídico contra las injerencias políticas en los medios de comunicación no prohíbe expresamente que los políticos sean propietarios de los medios de comunicación. Se ha informado de que la propiedad de varios medios de comunicación está estrechamente vinculada con los agentes políticos de Bulgaria, aunque estos no sean oficialmente de su propiedad . Las partes interesadas informan de que el clima político no es favorable a unos medios de comunicación independientes, y que muchos propietarios de medios de comunicación prefieren la cercanía al Gobierno a fin de evitar su marginación. Además, los medios de comunicación nacionales y locales de todos los sectores están sujetos a un control político sistemático, y la mayoría de los principales periódicos del país siguen una política editorial favorable al Gobierno . Así mismo, un gran número de periodistas búlgaros consideran las injerencias políticas en los medios de comunicación algo «normal» y «generalizado» . Durante la pandemia de COVID-19, el Parlamento trató de modificar el Código Penal con el fin de penalizar la desinformación . La Ley del Estado de Excepción adoptada inicialmente el 20 de marzo de 2020 incluía modificaciones del Código Penal que preveían una pena de prisión de hasta tres años y multas de hasta 10 000 BFN (aproximadamente 5 100 EUR) por la difusión de «información falsa sobre la propagación de una enfermedad infecciosa». Aunque no existía una definición de lo que constituía información falsa, los ciudadanos fueron amenazados con la imposición de elevadas multas y penas de prisión. En este contexto, los expertos, los periodistas y los ciudadanos se verían obligados a practicar la autocensura . Sin embargo, el Presidente vetó esta disposición en base a su repercusión en la libertad de expresión. Posteriormente, el 23 de marzo de 2020, el Parlamento adoptó la ley sin la disposición controvertida. La legislación búlgara prevé las principales garantías jurídicas para la protección y las actividades de los periodistas y los medios de comunicación. La Constitución protege el derecho a la libertad de expresión . La Ley de acceso a la información pública regula el acceso a la información pública y la reutilización de la información del sector público. Las partes interesadas informan de que la legislación ha demostrado ser una herramienta eficaz tanto para los periodistas de investigación como para los ciudadanos. En 2019 se puso en marcha una Plataforma de acceso a la información pública, que optimiza el proceso de solicitud y garantiza que la información publicada en respuesta a una solicitud es accesible para todos los ciudadanos . Sin embargo, en Bulgaria sigue resultando difícil obtener acceso a la información pública a pesar del creciente número de fuentes públicas de datos abiertos . Parece ser que algunos periodistas y publicaciones independientes se han visto obligados a utilizar solicitudes de acceso a la información para comunicarse con determinadas instituciones . En febrero de 2019, el Parlamento búlgaro aprobó enmiendas a la Ley de protección de datos personales. Si bien el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) prevé excepciones que abarcan la labor de los periodistas, estas no se incluyeron en la nueva legislación búlgara, que también preveía sanciones para los medios de comunicación. Los juristas y los expertos en medios de comunicación criticaron la Ley por su posible efecto paralizador sobre las investigaciones periodísticas . El 15 de noviembre de 2019, el Tribunal Constitucional búlgaro declaró inconstitucionales las disposiciones pertinentes de la Ley . Con frecuencia se informa de ataques contra periodistas. En particular, las partes interesadas denuncian campañas de difamación contra periodistas independientes y de investigación que sacan a la luz casos de corrupción. En 2019 y 2020, la Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas del Consejo de Europa registró ocho alertas correspondientes a Bulgaria relacionadas con ataques a periodistas, acoso a periodistas y otros actores de los medios de comunicación, así como pleitos abusivos . Hasta hace poco, también se ha informado de una serie de amenazas y ataques similares . Las asociaciones de libertad de prensa alegan que los periodistas y los propietarios de los medios de comunicación se enfrentan a cargos de naturaleza política que tienen como objetivo silenciar el periodismo crítico. El MPM de 2020 informa de casos en los que el Estado presuntamente amenaza la independencia de los medios de comunicación por medio de la presión política, administrativa y judicial. La Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas del Consejo de Europa , así como Mapping Media Freedom también informan de estos supuestos casos. Asimismo, se notifican las amenazas a periodistas relacionadas con sus actividades en línea. Se ha observado que los objetivos más vulnerables son los periodistas críticos y de investigación . Se han incoado procedimientos judiciales contra periodistas por publicar información crítica en las redes sociales . IV.Otras cuestiones institucionales en relación con los controles y equilibrios Bulgaria es una república democrática representativa con un Presidente elegido por sufragio directo, una Asamblea Nacional unicameral y un Tribunal Constitucional responsables del control de constitucionalidad de las leyes. La Asamblea Nacional tiene el poder de decisión final a la hora de legislar . Bulgaria tiene dos instituciones nacionales de derechos humanos. En primer lugar, el Defensor del Pueblo es un órgano constitucional independiente, elegido por la Asamblea Nacional y al que se encomienda la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En segundo lugar, la Comisión para la protección contra la discriminación es un organismo que aplica las políticas en los ámbitos de la igualdad de género y la no discriminación. Se está creando un mecanismo de seguimiento a posteriori. Como se informó en el informe del Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV) de octubre de 2019 , el Gobierno ha decidido crear un mecanismo adicional más exhaustivo de seguimiento nacional centrado en un Consejo de Coordinación y Cooperación («consejo de seguimiento a posteriori»). El objetivo del Consejo es evaluar los avances de Bulgaria en la reforma judicial, y la lucha contra la corrupción y el crimen organizado de forma independiente, transparente y objetiva . El nuevo organismo recabará datos de toda una serie de instituciones competentes, e integraría un Consejo Cívico compuesto por representantes de la sociedad civil y asociaciones profesionales del estamento judicial. La actividad del Consejo se iniciaría una vez finalizado el MCV. Las autoridades búlgaras iniciaron el proceso de selección del llamado Consejo Cívico que reúne a ONG de distintos ámbitos relacionados con las funciones del Consejo. Sin embargo, el resultado de la selección de los representantes de la sociedad civil ha sido anulado y se ha iniciado un nuevo procedimiento . La utilización de la consulta pública y la evaluación de impacto es limitada. Se considera que el proceso reglamentario de Bulgaria carece de previsibilidad y estabilidad como consecuencia de los constantes cambios legislativos. Por ejemplo, solo la Ley de contratación pública se modificó once veces en 2018 . Además, la Ley del Poder Judicial (LPJ), adoptada en 2007, ya ha sido objeto de cincuenta y una modificaciones . Además, la «técnica legislativa» observada en el capítulo de lucha contra la corrupción con la modificación de actos jurídicos mediante otros actos jurídicos ignora los requisitos de consulta pública y evaluación de impacto . Además, las partes interesadas han observado una tendencia existente en el procedimiento para la adopción de leyes por la que las modificaciones introducidas entre la primera y la segunda lectura en la Asamblea Nacional pueden generar cambios significativos sin el pertinente debate público . Para hacer frente a la pandemia de COVID-19 se utilizó un estado de excepción seguido de un nuevo régimen de emergencia. El 13 de marzo de 2020, el Parlamento anunció un estado de emergencia de un mes de duración , que posteriormente se amplió un mes más , para combatir la pandemia. Esta decisión otorgó amplias competencias al Gobierno para adoptar todas las medidas necesarias para lidiar con la emergencia. El 12 de mayo, se adoptó una modificación de la Ley de Sanidad por la que introducía un nuevo régimen de emergencia («situación de emergencia epidémica») . El 13 de mayo, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Sanidad, decidió declarar una situación de emergencia epidémica de un mes de duración, que posteriormente fue renovada varias veces y que actualmente está declarada hasta el 30 de septiembre. Este nuevo régimen de emergencia fue revisado por el Tribunal Constitucional que, el 23 de julio, dictaminó que el régimen es conforme a la Constitución . El Defensor del Pueblo es hoy un organismo acreditado de clase «A» con arreglo a la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) . El Defensor del Pueblo es un órgano constitucional supremo e independiente elegido de forma pública y transparente por la Asamblea Nacional para un periodo de cinco años. Las últimas modificaciones de la Ley del Defensor del Pueblo de 2018 otorgan a la institución la facultad para recibir y tramitar las reclamaciones y los informes sobre vulneraciones de los derechos y las libertades de los ciudadanos, relativos a las autoridades estatales y municipales y sus administraciones, a las personas a las que se les encomienda la prestación de los servicios públicos, así como a las entidades privadas. En el ejercicio de estas facultades, el Defensor del Pueblo también puede formular propuestas y recomendaciones para la promoción y la protección de los derechos y las libertades de los ciudadanos frente a las entidades privadas . Además del Defensor del Pueblo, la Comisión para la protección contra la discriminación es un organismo estatal especializado e independiente que analiza las reclamaciones, los informes y las cuestiones relacionadas con la discriminación. Las cuestiones relativas a los recursos financieros y humanos han sido señaladas como deficiencias en ambas instituciones . La nueva propuesta de normas sobre una mayor transparencia de la financiación externa de las ONG suscita preocupación. El ya restringido espacio cívico de Bulgaria podría verse afectado en mayor medida a la vista del nuevo proyecto de ley presentado el 3 de julio de 2020 . Este proyecto de ley impondría nuevas obligaciones a las personas jurídicas sin ánimo de lucro que reciban más de 1 000 BGN (aproximadamente 500 EUR) de donantes extranjeros, salvo la propia UE. El proyecto prevé que se solicite a los directores y los miembros de los organismos de gobierno de las organizaciones la presentación de declaraciones de patrimonio, así como el almacenamiento de esta información en un registro. Las partes interesadas manifestaron su preocupación por el proyecto de ley, incluso en lo que respecta a su conformidad con la legislación de la UE. Es importante que cualquier modificación prevista de este tipo sea conforme con los requisitos de la legislación de la UE .



Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético.* * La lista de aportaciones recibidas en el contexto de la consulta sobre el informe del Estado de Derecho en 2020 puede consultarse en (sitio web COM).

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Anexo II: Visita a Bulgaria Los servicios de la Comisión celebraron reuniones virtuales en junio de 2020 con: ·Asociación de Periodistas Europeos. ·Asociación de Fiscales. ·Bulgarian Institute for Legal Initiatives. ·Asociación de Jueces Búlgaros. ·Centre for the Study of Democracy. ·Comisión de lucha contra la corrupción y decomiso de activos ilegales. ·Consejo de Medios Electrónicos. ·Tribunal Supremo de Casación. ·Servicio de Inspección del Consejo del Poder Judicial. ·Institute for Market Economics. ·Media Democracy Bulgaria. ·Ministerio de Justicia.

·Ministerio del Interior. ·Consejo nacional de políticas de lucha contra la corrupción. ·Gabinete del Viceprimer ministro. ·Fiscalía General. ·Open Society Institute. ·Tribunal Penal Especial. ·Consejo Superior de la Magistratura. ·Unión de Editoriales. * La Comisión se reunió también con las siguientes organizaciones en varias reuniones transversales: ·Amnistía Internacional. ·Civil Liberties Union for Europe. ·Civil Society Europe. ·Conference of European Churches. ·EuroCommerce. ·European Center for Not-for-Profit Law. ·Centro Europeo para la Libertad de la Prensa y los Medios de Comunicación. ·Foro Cívico Europeo. ·Free Press Unlimited. ·Front Line Defenders.