Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores (DCV) y por el que se modifica la Directiva 98/26/CE /* COM/2012/073 final - 2012/0029 (COD) */





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. Contexto de la propuesta Los depositarios centrales de valores (DCV) son entidades de importancia sistémica para los mercados financieros. Toda operación con valores, ya sea en mercados regulados o no regulados, va seguida de una serie de procesos de post-negociación que conducen a la liquidación de la operación, esto es, la entrega de valores a cambio de efectivo. Los DCV son las entidades clave que permiten realizar las liquidaciones a través de los denominados sistemas de liquidación de valores. Se ocupan, asimismo, del registro inicial y del mantenimiento central de cuentas de valores en las que figuran el número de valores emitidos y sus emisores, así como los cambios en la tenencia de esos valores. Los DCV desempeñan también un papel esencial para el mercado de garantías reales, en especial a los fines de la política monetaria. Por ejemplo, en la UE, casi todas las garantías reales admisibles en las operaciones de política monetaria de los bancos centrales, especialmente en la zona del euro, se canalizan a través de sistemas de liquidación de valores explotados por DCV. En 2010, los sistemas de liquidación de valores de la UE liquidaron operaciones por valor de 920 billones EUR, aproximadamente, y al final del año la cuantía de los valores en su poder ascendía a 39 billones EUR. En la UE existen más de 30 DCV, por lo general uno en cada país, y dos DCV «internacionales» (DCVI – Clearsream Banking Luxembourg y Euroclear Bank), que son una subcategoría de DCV especializada en la emisión de bonos internacionales, lo que habitualmente se conoce como «eurobonos». Los DCV, globalmente eficientes y seguros dentro de las fronteras nacionales, se comunican y coordinan de manera menos eficiente y segura a escala transfronteriza, lo que redunda en mayores costes y riesgos para el inversor que realiza inversiones fuera de su país. Así, por ejemplo, el número de fallos en la liquidación es más elevado en las operaciones transfronterizas que en las de ámbito nacional y los costes de las liquidaciones transfronterizas pueden cuadruplicar los costes de las liquidaciones de ámbito nacional. Los problemas de seguridad tienen su origen en diversos factores, a saber: · La duración del ciclo de liquidación. El plazo que media entre la operación y la liquidación no está armonizado en la UE, lo que origina perturbaciones en las liquidaciones de valores transfronterizas. · Un porcentaje pequeño, pero significativo, de valores se presenta aún en soporte papel. El ciclo de liquidación de estos valores es mucho mayor, aumentando así el riesgo de los inversores. · Los fallos en la liquidación, esto es, situaciones en las que una operación no llega a liquidarse en la fecha prevista, no son objeto de sanciones disuasorias en todos los mercados, y en los casos en que esas sanciones existen las medidas de disciplina de liquidación varían considerablemente entre mercados. · Si bien la Directiva 98/26/CE, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores[1], redujo la perturbación causada a un sistema de liquidación de valores por un procedimiento de insolvencia incoado contra alguno de los participantes en el mismo, no aborda otros riesgos del sistema o la capacidad de resistencia del DCV que explota el sistema. Algunos DCV se exponen a riesgos de crédito y de liquidez adicionales derivados de la prestación de servicios bancarios auxiliares de la liquidación. · Los acuerdos de conexión entre DCV se consideran un primer paso hacia la integración de los mercados de liquidación europeos, pero plantean problemas de seguridad, al no existir normas prudenciales específicamente aplicables a esas conexiones. Al mismo tiempo, conllevan un aumento de la interrelación entre DCV, siendo este un argumento más en favor de establecer un marco prudencial común. La inexistencia de un mercado interior único de liquidación eficiente plantea también importantes problemas. Persisten notables obstáculos de acceso al mercado europeo de post‑negociación, como, por ejemplo, la limitación del acceso de los emisores de valores a los DCV, diferentes regímenes de autorización y normas nacionales para los DCV a lo largo de la UE, y una competencia limitada entre los distintos DCV nacionales. Estos obstáculos redundan en un mercado muy fragmentado. En consecuencia, la liquidación transfronteriza de operaciones se basa en «cadenas» de tenencias de valores innecesariamente complejas, que involucran, a menudo, a varios DCV y diversos otros intermediarios. Esto incide negativamente en la eficiencia, y también en los riesgos derivados de las operaciones transfronterizas. Estos problemas son importantes, pues las operaciones transfronterizas en Europa -desde la habitual compraventa de valores hasta la transferencia de garantías reales- siguen aumentando y los DCV están cada vez más interconectados. Está tendencia se prevé que se acentuará con la entrada en funcionamiento, prevista para 2015, de Target2-Valores (T2S, por sus siglas en inglés), un proyecto promovido por el Eurosistema que proporcionará una plataforma común sin fronteras para la liquidación de valores en Europa. La presente propuesta de Reglamento aborda estos problemas. Introduce la obligación de que todos los valores negociables se representen con anotaciones en cuenta y se registren en un DCV antes de negociarlos en mercados regulados. Armoniza los plazos de liquidación y los regímenes que regulan la disciplina de liquidación en toda la UE. Establece un conjunto común de normas, inspiradas en normas internacionales, aplicables con respecto a los riesgos que originan las operaciones y los servicios de los DCV. Los DCV estarán sujetos a idénticas normas sustantivas en toda la UE, gozarán de condiciones de autorización uniformes y de un pasaporte válido en toda la UE, lo que ayudará a eliminar los actuales obstáculos de acceso. La propuesta de Reglamento, por tanto, dotará al sistema de mayor seguridad y abrirá el mercado de servicios de DCV, redundando en una mayor eficiencia en la liquidación de valores. La propuesta completará el marco regulador de las infraestructuras del mercado de valores, junto con la Directiva 2004/39/CE, relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID)[2], por lo que atañe a las plataformas de negociación, y la propuesta de Reglamento relativo a los derivados (EMIR), en lo que atañe a las entidades de contrapartida central. Esta iniciativa ha recibido amplio apoyo político. El Consejo ECOFIN de 2 de diciembre de 2008 hizo hincapié en la necesidad de reforzar la seguridad y solidez de los sistemas de liquidación de valores explotados por DCV, y convino en que era preciso adoptar medidas legislativas en la UE con vistas a subsanar las trabas jurídicas en relación con la post‑negociación, entre otras aquellas que dificultan el acceso a los DCV. Existe asimismo consenso a nivel internacional en cuanto a la necesidad de establecer normas adecuadas respecto de los DCV. Ya en 2001, los reguladores internacionales de los sectores bancario y de valores (CSPL-OICV) adoptaron una serie de recomendaciones con respecto a los sistemas de liquidación de valores, recomendaciones que los reguladores europeos (SEBC-CERV) adaptaron en 2009, a través de directrices no vinculantes. En octubre de 2010, el Consejo de Estabilidad Financiera reiteró su llamamiento en pro de normas actualizadas que fortalecieran las infraestructuras básicas del mercado, y solicitó la revisión y mejora de las normas en vigor. 2. Resultados de las consultas con las partes interesadas y evaluación del impacto La presente iniciativa es el resultado de un amplio y continuado proceso de diálogo y consulta con todas las principales partes implicadas, entre ellas los responsables de la reglamentación bancaria y de valores, el BCE y todo tipo de participantes en el mercado. En ella, se tienen en cuenta las opiniones expresadas en la consulta pública efectuada entre el 13 de enero y el 1 de marzo de 2011, y la información obtenida de una amplia serie de grupos de interesados desde el verano de 2010. Asimismo, se encargó la realización de un estudio de los costes y precios del sector de post‑negociación a Oxera Consulting, que presentó un primer informe en 2009 y un segundo informe en 2011. Estos informes ofrecen información útil sobre las diferencias existentes entre los costes de post-negociación transfronterizos y nacionales en Europa. En consonancia con su política de mejora de la legislación, la Comisión realizó una evaluación de impacto de distintas opciones de actuación. Dichas opciones se examinaron a la luz de los objetivos fundamentales de aumentar la seguridad y la eficiencia de los servicios que prestan los DCV en Europa y de crear condiciones de competencia equitativas entre ellos. El examen se hizo analizando la manera más eficaz de lograr tales objetivos y la relación coste-eficiencia para las diferentes opciones de actuación. El 16 de marzo de 2011, se presentó al Comité de Evaluación de Impacto (CEI) un proyecto de informe de evaluación de impacto y, posteriormente, el 8 de agosto de 2011, un proyecto revisado. Las observaciones del CEI contribuyeron a una notable mejora del informe, al reforzar la base empírica de los problemas observados y del análisis de las distintas opciones de actuación, en particular por lo que se refiere a los servicios bancarios auxiliares de la liquidación; se añadía, además, una estimación de los beneficios generales y la incidencia de las distintas opciones en relación con los diferentes grupos de interesados, así como un plan de seguimiento y evaluacion más claro y sólido. 3. Aspectos jurídicos de la propuesta 3.1. Base jurídica La propuesta se basa en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que constituye la base jurídica más apropiada en este ámbito. Tiene por objeto, principalmente, abordar la falta de seguridad y de eficiencia en la liquidación de valores, y las trabas para el funcionamiento del mercado interior derivadas de las divergencias entre las normas nacionales que regulan la liquidación de valores y las actividades de los DCV –los cuales se encargan de la explotación de los sistemas de liquidación de valores–, introduciendo un conjunto de normas comunes sobre determinados aspectos del ciclo y la disciplina de liquidación, y un conjunto de requisitos prudenciales comunes destinados a mejorar la capacidad de resistencia de los DCV y el acceso a estos. En ausencia de esas normas y requisitos comunes, las medidas con toda probabilidad divergentes que se adopten a nivel nacional tendrán una incidencia negativa directa en la seguridad, eficiencia y competencia en los mercados de la liquidación de la Unión. Se considera que un reglamento es el instrumento más adecuado para garantizar que todos los participantes en el mercado estén sujetos a obligaciones uniformes y directamente aplicables por lo que respecta al ciclo y a la disciplina de liquidación, y que los DCV estén sujetos en la Unión a normas prudenciales, asimismo uniformes y directamente aplicables, lo que potenciará su capacidad de resistencia y la función esencial que desempeñan en el mantenimiento de sistemas de anotación en cuenta y en el proceso de liquidación. Dado que la principal finalidad de la propuesta de Reglamento es introducir una serie de obligaciones jurídicas que recaen directamente sobre los operadores del mercado y consisten, entre otras cosas, en registrar la práctica totalidad de valores negociables en DCV en forma de anotaciones en cuenta, y en un plazo de liquidación más riguroso, y puesto que los DCV son responsables del funcionamiento de los sistemas de liquidación de valores y de la aplicación de medidas que garanticen la puntualidad de la liquidación en la Unión, es esencial que todos los DCV cumplan permanentemente una serie de requisitos prudenciales uniformes y estrictos establecidos en la propuesta. En consecuencia, es necesario incluir en esta un conjunto de normas uniformes y directactemente aplicables relativas a la autorización y la supervisión continua de los DCV, como corolario de las obligaciones impuestas a los operadores del mercado. 3.2. Subsidiariedad y proporcionalidad Con arreglo al principio de subsidiariedad previsto en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, la Unión únicamente debe intervenir en caso de que los objetivos perseguidos no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros por sí solos, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión. La finalidad esencial de la presente propuesta es hacer que el mercado de valores sea más seguro y eficiente en la Unión, lo que exige una actuación coordinada a escala de la Unión. La intervención de la Unión se justifica aún más por el carácter sistémico de los DCV y su creciente interconexión, en particular tras la puesta en marcha del proyecto T2S. En lo que se refiere a la autorización y supervisión de los DCV, la propuesta de Reglamento busca el equilibrio entre las competencias de las autoridades nacionales y los intereses de otras autoridades competentes. La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) desempeñará un papel esencial en la resolución de litigios, en la agilización de los mecanismos de cooperacion entre las autoridades nacionales y en la elaboración de normas técnicas en estrecha concertación con los integrantes del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). Determinados aspectos ya están regulados por la legislación vigente de la Unión. Por ejemplo, los sistemas de liquidación de valores ya se definen en la Directiva 98/26/CE, sobre la firmeza de la liquidación de los sistemas de pagos y de liquidación de valores[3], y la Directiva 2004/39/CE (MiFID) establece una serie de normas sobre el acceso de los participantes en el mercado al sistema de liquidación de valores de su preferencia. La propuesta de Reglamento es coherente con estos textos de la Unión. La propuesta tiene, además, plenamente en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea, a saber, que la acción de la Comunidad debe ser la adecuada para alcanzar los objetivos perseguidos y no debe exceder de lo necesario. La propuesta de Reglamento es compatible con este principio y presenta un equilibrio adecuado entre el interés público y la relación coste-eficiencia de las medidas propuestas. La propuesta atiende plenamente a la necesidad de hallar un equilibrio entre la seguridad y eficiencia de los mercados y los costes que deben soportar los interesados. 3.3. Explicación detallada de la propuesta En la propuesta de Reglamento cabe distinguir dos partes: una serie de medidas dirigidas a todos los operadores del mercado en el contexto de la liquidación de valores (título II) y otras medidas dirigidas específicamente a los DCV (títulos III, IV y V). Los otros títulos, que recogen el ámbito de aplicación y las definciones (título I) y las disposiciones transitorias y finales (título VI), se refieren a ambas partes de la propuesta. 3.3.1. Ámbito de aplicación de la propuesta (título I) La propuesta de Reglamento es aplicable a todos los DCV, pero exime de los requisitos de autorización y supervisión a los miembros del SEBC y otros organismos nacionales o públicos que presten servicios similares, como pueden ser los organismos nacionales de los Estados miembros responsables de la gestión de la deuda pública, o que intervienen en dicha gestión, y que, sin esa exención, se asimilarían a DCV. No obstante, esas instituciones están sujetas al conjunto de requisitos aplicables a los DCV. No les es de aplicación el título IV, que impone la obligación de separar los servicios bancarios auxiliares de la liquidación de otros servicios de los DVC, ya que tales instituciones, por su propia naturaleza, prestan esos servicios auxiliares. En cuanto a los instrumentos financieros, la propuesta cubre todos los instrumentos financieros por lo que a los requisitos aplicables a los DCV se refiere, pero afecta principalmente a los valores negociables, según se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 18), de la Directiva 2004/39/CE (MiFID) (esencialmente acciones y obligaciones), a efectos del título II, relativo a la liquidación de valores. 3.3.2. Liquidación de valores (título II) Aumentar la seguridad en la liquidación es uno de los objetivos fundamentales de la propuesta de Reglamento. El título II comprende tres conjuntos de medidas a ese respecto. En primer lugar, estipula la desmaterialización/inmovilización de los valores, esto es, la emisión de valores en forma de anotaciones en cuenta. Esta medida tiene por objeto aumentar la eficiencia de la liquidación, facilitar el acortamiento de los plazos de liquidación y garantizar la integridad de una emisión de valores, al simplificar la conciliación de las tenencias de los mismos. Los valores anotados en cuenta no han de ser necesariamente registrados en un DCV antes de ser negociados o dados en garantía. Por ejemplo, pueden ser inscritos por registradores. Sin embargo, si se negocian en plataformas reguladas por la Directiva 2004/39/CE (MiFID), han de ser registrados en un DCV, al objeto de beneficiarse de la protección de que gozan los sistemas de liquidación de valores al amparo de la Directiva 98/26/CE, y de facilitar la conciliación entre los valores registrados, por un lado, y los valores negociados, por otro. La propuesta de Reglamento prevé un período transitorio suficientemente largo, hasta el 1 de enero de 2018, a fin de permitir a los operadores del mercado de aquellos Estados miembros en los que aún subsiste un volumen significativo de valores en papel aplicar dicha medida. En segundo lugar, el título II armoniza el plazo de liquidación de las operaciones con valores en toda la UE. En Europa, las operaciones con valores se liquidan casi siempre dos o tres días después de la fecha de negociación, según el mercado de que se trate. El plazo de liquidación se armonizará, fijándose en dos días después de la fecha de negociación, si bien se permitirá un plazo inferior. En tercer lugar, el título II armoniza las medidas en materia de disciplina de liquidación en toda la UE. Se trata de medidas ex ante dirigidas a evitar fallos en la liquidación, y medidas ex post para hacer frente a los fallos cuando se produzcan. El objetivo esencial es reducir esos fallos y desincentivar toda competencia que suponga rebajar la calidad de la disciplina de liquidación, por ejemplo, entre mercados cuyos sistemas sancionadores puedan ser diferentes. Las disposiciones propuestas no afectan solo a los DCV, sino que imponen también a los participantes en el mercado que no entreguen los valores en la fecha de liquidación prevista un procedimiento armonizado de «recompra», que podrá ejecutar una ECC, si se trata de una operación objeto de compensación, o estar prevista en las propias normas de las plataformas de negociación. 3.3.3. DCV (título III) Autorización y supervisión de los DCV (capítulo I) La Directiva 98/26/CE define ya los sistemas de liquidación de valores como un acuerdo formal para la ejecución de órdenes de transferencias entre distintos participantes. Sin embargo, no se ocupa de las entidades responsables de explotar esos sistemas. La creciente complejidad de estos y los riesgos conexos a la liquidación hacen que sea esencial que las entidades que explotan sistemas de liquidación de valores se definan jurídicamente y sean autorizadas y supervisadas con arreglo a una serie de normas prudenciales comunes. Los DCV se definen como personas jurídicas que explotan sistemas de liquidación de valores y prestan, al menos, un servicio básico adicional (servicio «notarial» o servicio de mantenimiento central). Al mismo tiempo, los DCV podrían prestar únicamente ciertos otros servicios «auxiliares», conexos principalmente a los servicios básicos. En el supuesto de que esos servicios auxiliares incluyeran servicios fiscales, los DCV tendrían que velar por que se ajusten a la legislación tributaria de los Estados miembros interesados. En lo referente a los procedimientos de devolución de la retención en la fuente, los DCV deberían atenerse a todos aquellos requisitos que el Estado miembro del que procedan los pagos sujetos a retención en la fuente imponga a los intermediarios financieros a fin de permitirles aplicar la retención y solicitar su devolución en nombre de los beneficiarios de los pagos. Concretamente, ello puede entrañar la obligación de remitir información sobre los inversores directamente al Estado miembro de la fuente (a cambio de poder solicitar la devolución de las retenciones en la fuente), el cual, a su vez, podrá transmitirla al Estado miembro de residencia del titular de los instrumentos financieros. Los DCV habrán de ser autorizados y supervisados por las autoridades nacionales competentes de su lugar de establecimiento. No obstante, puesto que su actividad tiene cada vez más un componente transfronterizo, será necesario consultar a otras autoridades, relacionadas con el sistema o sistemas de liquidación de valores que explotan los DCV y con otras entidades del mismo grupo. La AEVM desempeñará una función importante en la elaboración de proyectos de normas técnicas dirigidas a armonizar el proceso de autorización y garantizar la cooperación entre autoridades. La propuesta otorga a los DCV un «pasaporte» para la prestación de servicios en la Unión, bien directamente en otro Estado miembro, o a través de una sucursal establecida en ese Estado. Los DCV de terceros países pueden tener acceso a la Unión si están reconocidos por la AEVM. Ese reconocimiento solo puede otorgarse si la Comisión ha verificado que el régimen jurídico y de supervisión de ese tercer país es equivalente al de la Unión, y que el tercer país considerado ofrece, de manera efectiva, un reconocimiento equivalente del régimen jurídico y de supervisión de la Unión; el DCV está sujeto a autorización y supervisión en ese tercer país de manera efectiva; y existen mecanismos para la cooperación entre la AEVM y las autoridades de ese tercer país. Requisitos de los DCV y conflicto de legislaciones (capítulos II y III) Los DCV tienen importancia sistémica y prestan servicios cruciales para el mercado de valores, razón por la cual deben estar sujetos a rigurosas normas prudenciales que garanticen su viabilidad y la protección de quienes participan en ellos. Los requisitos aplicables a los DCV se agrupan en varias categorías en el capítulo II: requisitos de organización (sección 1), normas de conducta (sección 2), requisitos aplicables a los servicios de los DCV (sección 3), requisitos prudenciales (sección 4) y requisitos de la conexión entre DCV (sección 5). Con arreglo a la sección 1, los DCV deben disponer de sólidos mecanismos de gobernanza y de una alta dirección, un consejo de administración y unos accionistas adecuados y con la oportuna experiencia, y establecer comités de usuarios que representen a los emisores y a los participantes de cada sistema de liquidación de valores. La posible externalización de los servicios o las actividades no eximirá al DCV de responsabilidad frente a los participantes o los emisores, ni deberá impedir que las diferentes autoridades ejerzan sus funciones de supervisión y vigilancia. Se establece una importante excepción para los acuerdos de externalizacion con entidades públicas -como es el caso del proyecto T2S, encuadrado en el Eurosistema-, sujetos a un régimen específico acordado por las autoridades competentes. La sección 2 introduce importantes requisitos cuya finalidad es que los DCV apliquen criterios de participación en los sistemas de liquidación de valores que sean no discriminatorios, transparentes y estrictamente basados en el riesgo. Estos requisitos se refuerzan con las disposiciones en materia de acceso que establece el capítulo IV. Se introducen también importantes principios sobre la transparencia, esto es, la publicación de los precios y la comunicación a las autoridades competentes de los costes y los ingresos por servicio prestado. En la sección 3, sobre los requisitos aplicables a los servicios de los DCV, el artículo 34 reconoce la importancia de la función de los DCV de cara a garantizar la integridad de una emisión de valores, y establece obligaciones sobre la conciliacion de cuentas intradía. Por lo que atañe a la segregación de cuentas a efectos de la protección de los activos de los participantes, la propuesta va más allá de lo exigido en la Directiva 2004/39/CE (MiFID) y establece la obligación de que los DCV segreguen las cuentas de cada participante de las de los demás participantes y permitan que estos segreguen las cuentas de cada uno de sus clientes. En cuanto a la liquidación en efectivo, la propuesta exige a los DCV efectuar la liquidación a través de cuentas abiertas en el banco central, siempre que sea posible y factible. Se autoriza la liquidación en efectivo a través de bancos comerciales, pero, contrariamente a lo que ocurre ahora en algunos casos, debe hacerse por medio de una entidad de crédito independiente que actúe como agente de liquidación. Los requisitos prudenciales aplicables a los propios DCV que establece la sección 4 incluyen importantes disposiciones sobre la reducción del riesgo operativo. Al no estar autorizados los DCV a prestar servicios de tipo bancario directamente, el riesgo más importante para ellos será el riesgo operativo. Se prevén, por ello, medidas adecuadas que garanticen la continuidad de la actividad, incluida la liquidación, en todo momento. Los requisitos de capital se establecen también por referencia a los gastos de explotación: los DCV deberán disponer de capital, ganancias acumuladas y reservas por un importe que cubra al menos seis meses de gastos de explotación. Los DCV están cada vez más interconectados y se prevé que este proceso se acelerará con la entrada en funcionamiento del T2S, por lo que el artículo 45 establece importantes requisitos prudenciales para la conexión entre DCV, tales como normas idénticas sobre la firmeza de la liquidación. El capítulo III persigue incrementar la seguridad jurídica de las operaciones con valores y establece, a tal efecto, una disposición sobre conflicto de legislaciones para los aspectos relativos a los derechos de propiedad de los valores en poder de un DCV. Acceso a los DCV (capítulo IV) La apertura del mercado de servicios de DCV y la eliminación de las trabas de acceso es uno de los objetivos de esta iniciativa. El capítulo IV se refiere a tres tipos de acceso: a) entre los emisores y los DCV, b) entre DCV, y c) entre DCV y otras infraestructuras del mercado. En muchos Estados miembros, los emisores están legalmente obligados a emitir determinados tipos de valores, más concretamente acciones, a través del DCV nacional. El artículo 47 introduce el derecho de los emisores a registrar sus valores en cualquier DCV autorizado en la Unión y el derecho de los DCV a prestar servicios en relación con valores emitidos con arreglo a la legislación de otro Estado miembro. Se reconocen las particularidades nacionales, al disponer que ese derecho se establece sin perjuicio de la legislación de sociedades a cuyo amparo se emitan los valores. Las secciones 2 y 3 establecen los principios que rigen el acceso. Los DCV deben tener derecho a participar en un sistema de liquidación de valores de otro DCV con arreglo a criterios no discriminatorios y basados en el riesgo. Asimismo, aplicando esos mismos criterios, deben poder solicitar a otro DCV que desempeñe funciones especiales, cuya remuneración se hará según el método de coste incrementado. De igual modo, los DCV deben tener derecho a recibir información de las operaciones de las ECC y de las plataformas de negociación, y estas infraestructuras deben tener acceso a los sistemas de liquidación de valores explotados por DCV. En caso de litigio entre las autoridades competentes pertinentes cabe remitirse a la AEVM para su resolución. 3.3.4. Entidades de crédito designadas para actuar de agentes de liquidación (título IV) Como se ha señalado más arriba, si la liquidación a través del banco central no es posible o factible, los DCV pueden ofrecer a sus participantes la liquidación en efectivo a través de un banco comercial. Sin embargo, los DCV no deben prestar ellos mismos los servicios bancarios auxiliares de la liquidación, sino que han de ser autorizados por sus autoridades competentes para designar a una entidad de crédito que actúe de agente de liquidación para abrir cuentas de efectivo y otorgar líneas de crédito a fin de facilitar la liquidación, a no ser que las autoridades competentes demuestren, valiéndose de los datos disponibles, que la exposición de una sola entidad de crédito a la concentración de los riesgos de crédito y de liquidez no está suficientemente atenuada. Esta separación entre los DCV y los agentes de liquidación constituye una medida importante para garantizar y aumentar la seguridad de los DCV. Los servicios bancarios auxiliares de la liquidación aumentan los riesgos a que están expuestos los DCV y, por tanto, la probabilidad de que estos se enfrenten a un impago o estén sujetos a graves tensiones. Aunque los servicios bancarios de algunos DCV son normalmente intradía y se limitan a los servicios auxiliares de la liquidación, los importes que se manejan son, no obstante, significativos y el posible impago de esos DCV tendría consecuencias negativas para los mercados de valores y de pagos. La obligación de que los servicios bancarios sean prestados por una entidad jurídica distinta de aquella que presta los servicios básicos de DCV evitará que los riesgos derivados de los servicios bancarios se transmitan a esos servicios básicos, en especial en caso de insolvencia o de tensiones graves causadas por los servicios bancarios. Esta obligación ofrecerá también a los DCV y a las autoridades públicas más posibilidades de hallar soluciones adecuadas en caso de impago del agente de liquidación que preste los servicios bancarios. En el caso de los DCV que actualmente presten servicios bancarios, los principales costes derivados de esta medida son los gastos jurídicos que conlleva el establecimiento de una entidad jurídica independiente para la prestación de esos servicios; para los DCV que deseen ofrecer estos servicios en el futuro, por su parte, el establecimiento de tal entidad no conllevaría costes adicionales significativos. No existen otras opciones, menos estrictas que la separación de los servicios bancarios, que eliminen por completo el peligro de que los riesgos de los servicios bancarios se transmitan a los servicios básicos de los DCV. A fin de propiciar la mayor eficiencia derivada de la prestación tanto de servicios de DCV como de servicios bancarios dentro del mismo grupo de empresas, la exigencia de que los servicios bancarios corran a cargo de una entidad de crédito independiente no debe impedir que esa entidad y el DCV pertenezcan a un mismo grupo de empresas. No obstante, si tanto los servicios de DCV como los bancarios se prestan dentro de un mismo grupo, las actividades de la entidad de crédito que presta estos últimos deben limitarse a la prestación de servicios bancarios auxiliares de la liquidación. La finalidad de esta restricción es disminuir el perfil global de riesgo del grupo resultante de la presencia en el mismo de una entidad de crédito. La autoridad competente ha de tener la posibilidad de demostrar en función de cada caso que la prestación de servicios de DCV y bancarios por la misma entidad jurídica no supone un riesgo sistémico. En tales circunstancias, podría presentarse una solicitud motivada a la Comisión Europea, que tendrá la facultad de autorizar una excepción. Con todo, las actividades de un DCV autorizado como entidad de crédito deberían limitarse a la prestación de servicios bancarios auxiliares de la liquidación. La entidad de crédito que actúe de agente de liquidación debe estar autorizada con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2006/48/CE, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio[4]. No obstante, puesto que los sistemas de liquidación de valores explotados por DCV deben protegerse tanto como sea posible de los posibles riesgos originados por los agentes de liquidación, estos últimos deben cumplir requisitos adicionales a fin de reducir los riesgos de crédito y liquidez por lo que respecta a cada sistema de liquidación de valores a los que presten servicios. Considerando que la Directiva 2006/48/CE no aborda específicamente los riesgos de liquidez y de crédito intradía resultantes de la prestación de servicios bancarios auxiliares de la liquidación, las entidades de crédito deben estar asimismo sujetas a requisitos específicos complementarios de reducción de los riesgos de crédito y liquidez, que se apliquen a cada sistema de liquidación de valores con respecto al cual actúen como agentes de liquidación. Los requisitos que se proponen para los agentes de liquidación se basan en las normas CSPL‑OICV para las infraestructuras de los mercados financieros y en las actuales prácticas de los mercados. Se trata, en concreto, de la cobertura íntegra de las exposiciones crediticias con garantías reales, de la vigilancia de la liquidez intradía atendiendo al riesgo de liquidez generado por el impago de los dos mayores participantes y de límites de concentración frente a los proveedores de liquidez. 3.3.5. Sanciones (título V) La Comisión ha efectuado un examen de las facultades sancionadoras existentes y su aplicación práctica, con el objetivo de promover la convergencia de las sanciones aplicadas en el conjunto de las actividades de supervisión, cuyas conclusiones se presentan en la Comunicación «Régimenes sancionadores más rigurosos en el sector de servicios financieros»[5]. El análisis de los regímenes nacionales ha revelado, por ejemplo, que los niveles de las sanciones pecuniarias varían ampliamente de unos Estados miembros a otros, que algunas autoridades competentes carecen de determinadas facultades sancionadoras importantes, y otras no tienen competencias para imponer sanciones a las personas físicas o jurídicas. En consecuencia, la Comisión propone ahora que los Estados miembros prevean la aplicación de sanciones y medidas administrativas adecuadas en caso de infracción de lo dispuesto en el Reglamento. A estos efectos, las autoridades competentes deben disponer de un conjunto mínimo de sanciones y medidas administrativas, tales como la revocación de autorización, amonestaciones públicas, cese de la dirección, restitución de las ganancias obtenidas por infracción del Reglamento, cuando sea posible determinarlas, y multas administrativas. La cuantía máxima de estas últimas no deberá ser inferior a la cuantía prevista en el Reglamento: 10 % del volumen de negocios anual de una persona jurídica, o 5 millones EUR o el 10 % de los ingresos anuales de una persona física. A la hora de determinar el tipo de sanciones y su cuantía, las autoridades competentes deben aplicar una serie de criterios que establece el Reglamento, como son el tamaño y la solvencia financiera de la persona responsable, las consecuencias de la infracción, y la disposición a cooperar de la citada persona. Lo propuesto en el Reglamentlo no impide que los Estados miembros puedan establecer normas más estrictas. 3.3.6. Cumplimiento de los artículos 290 y 291 del TFUE El 23 de septiembre de 2009, la Comisión adoptó sendas propuestas de Reglamentos por los que se crean la ABE, la AESPJ y la AEVM. A este respecto, la Comisión desea recordar las declaraciones que efectuó, en relación con los artículos 290 y 291 del TFUE, con motivo de la adopción de los Reglamentos por los que se crean las Autoridades Europeas de Supervisón, según las cuales: «En lo que atañe al proceso de adopción de normas reglamentarias, la Comisión subraya el carácter singular del sector de los servicios financieros, derivado de la estructura Lamfalussy y reconocido explícitamente en la Declaración 39, aneja al TFUE. No obstante, la Comisión abriga serias dudas sobre si las limitaciones de su papel en la adopción de actos delegados y medidas de ejecución se ajustan a los artículos 290 y 291 del TFUE.». 4. Repercusiones presupuestarias La propuesta tiene repercusiones para el presupuesto de la Unión Europea ligadas a las tareas encomendadas a la AEMV, tal y como se especifica en la ficha de financiación legislativa que acompaña a la presente propuesta. 2012/0029 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores (DCV) y por el que se modifica la Directiva 98/26/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[6], Visto el dictamen del Banco Central Europeo[7], De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1) Los depositarios centrales de valores (DCV), junto con las entidades de contrapartida central (ECC), contribuyen ampliamente a la existencia de infraestructuras post‑negociación que salvaguardan los mercados financieros y permiten a los participantes en el mercado confiar en que las operaciones con valores se ejecutarán adecuada y puntualmente, incluso en tiempos de extremada tensión. (2) Por su posición al final del proceso de liquidación, los sistemas de liquidación de valores explotados por los DCV revisten importancia sistémica para el funcionamiento de los mercados de valores. Al situarse en el extremo superior de la cadena de tenencia de valores, a través de la cual sus participantes comunican las tenencias de valores de los inversores, los sistemas de liquidación de valores explotados por los DCV constituyen también un instrumento esencial para controlar la integridad de una emisión, contribuyendo considerablemente a mantener la confianza de los inversores. Por otra parte, los sistemas de liquidación de valores explotados por los DCV participan activamente en la constitución de garantías reales en relación con las operaciones de política monetaria, así como en el proceso de constitución de garantías reales entre entidades de crédito, por lo que desempeñan un papel importante en los mercados de garantías reales. (3) Si bien la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores[8], redujo la perturbación causada a un sistema de liquidación de valores por un procedimiento de insolvencia incoado contra alguno de los participantes en el mismo, es necesario abordar otros riesgos a los que se enfrentan los sistemas de liquidación de valores, además del riesgo de insolvencia, o de perturbación en el funcionamiento, de los DCV que explotan dichos sistemas. Algunos DCV se exponen a riesgos de crédito y de liquidez derivados de la prestación de servicios bancarios auxiliares de la liquidación. (4) El creciente número de liquidaciones transfronterizas a raíz del aumento de los acuerdos de conexión entre DCV pone en entredicho, en ausencia de normas prudenciales comunes, la capacidad de resistencia de los DCV al importar los riesgos a los que se exponen los DCV de otros Estados miembros. Por otra parte, y pese al aumento de las liquidaciones transfronterizas, los mercados de liquidación de la Unión siguen estando fragmentados y la liquidación transfronteriza resulta más onerosa, debido a la disparidad entre las normas nacionales que regulan la liquidación y las actividades de los DCV y a la competencia limitada entre DCV. Esta fragmentación obstaculiza la liquidación transfronteriza y hace pesar sobre ella riesgos y costes adicionales. En ausencia de idénticas obligaciones para los operadores del mercado y de normas prudenciales comunes para los DCV, las medidas probablemente divergentes que se adopten a nivel nacional tendrán una incidencia directa negativa en la seguridad, la eficiencia y la competencia en los mercados de liquidación de la Unión. Resulta necesario erradicar esos importantes obstáculos al funcionamiento del mercado interior, evitar los falseamientos de la competencia e impedir que surjan tales obstáculos y falseamientos en el futuro. En consecuencia, la base jurídica adecuada para el presente Reglamento es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tal como ha sido interpretado en reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (5) Es preciso establecer en un reglamento una serie de obligaciones uniformes que se impongan a los participantes en el mercado en relación con determinados aspectos del ciclo de liquidación y la disciplina en este proceso, así como fijar un conjunto de requisitos comunes para los DCV que explotan los sistemas de liquidación de valores. La aplicabilidad directa de las normas contenidas en un reglamento permitirá garantizar que todos los operadores del mercado y los DCV estén sujetos a las mismas obligaciones y normas, de aplicación directa. Un reglamento incrementará la seguridad y eficiencia de la liquidación en la Unión, al evitar las normas nacionales divergentes a que podría dar lugar la transposición de una directiva. Un reglamento reducirá la complejidad normativa que para los operadores del mercado y los DCV se deriva de diferentes normas nacionales y permitirá a los DCV prestar servicios transfronterizos sin tener que ajustarse a distintos requisitos nacionales, como los relativos a la autorización, la supervisión y la organización de los DCV o los riesgos a que están expuestos. Un reglamento que imponga requisitos idénticos a todos los DCV contribuirá igualmente a eliminar los falseamientos de la competencia. (6) El 20 de octubre de 2010[9], el Consejo de Estabilidad Financiera abogó por el fortalecimiento de las infraestructuras básicas del mercado y solicitó la revisión y mejora de las normas en vigor. El Comité de Sistemas de Pagos y Liquidación del Banco de Pagos Internacionales (BPI) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) están ultimando proyectos de normas mundiales. Está previsto que estas normas sustituyan a las recomendaciones del BPI de 2001, que fueron adaptadas a nivel europeo en 2009, a través de directrices no vinculantes, por el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y el Comité de Responsables Europeos de Reglamentación de Valores (CERV). (7) En sus conclusiones de 2 de diciembre de 2008[10], el Consejo puso de relieve la necesidad de reforzar la seguridad y la solidez de los sistemas de liquidación de valores, así como de eliminar los obstáculos jurídicos a la post-negociación dentro de la Unión. (8) Una de las funciones básicas del SEBC consiste en promover el correcto funcionamiento de los sistemas de pagos. En este contexto, los miembros del SEBC desarrollan una labor de vigilancia, velando por la eficiencia y solidez de los sistemas de compensación y pago. Los miembros del SEBC actúan con frecuencia como agentes de liquidación en lo que respecta al componente de efectivo de las operaciones con valores. Son igualmente clientes importantes de los DCV, que a menudo gestionan la constitución de garantías reales sobre las operaciones de política monetaria. Resulta oportuno que los miembros del SEBC desempeñen un papel activo, siendo consultados sobre la autorización y supervisión de los DCV, el reconocimiento de los DCV de terceros países y la aprobación de las conexiones entre DCV. Conviene, asimismo, que tomen parte activa siendo consultados en la elaboración de las normas técnicas de regulación y de ejecución, así como de las directrices y recomendaciones. Lo dispuesto en el presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales a la hora de velar por la existencia de sistemas de compensación y de pago eficientes y sólidos dentro de la Unión y en otros países. (9) Es posible que los propios bancos centrales de los Estados miembros u otros organismos que desempeñen funciones similares en ciertos Estados miembros, como los organismos nacionales que se encargan de la gestión de la deuda pública o intervienen en ella, presten determinados servicios que permitan asimilarlos a DCV. Resulta oportuno que dichas instituciones queden exentas de los requisitos de autorización y supervisión, pero estén sujetas en cambio a todos los requisitos prudenciales aplicables a los DCV. Puesto que los bancos centrales cumplen la función de agentes de liquidación, también deben estar exentos de los requisitos fijados en el título IV del presente Reglamento. (10) Procede que el presente Reglamento se aplique a la liquidación de las operaciones relativas a todos los instrumentos financieros y las actividades de los DCV, salvo indicación en contrario. El presente Reglamento debe entenderse también sin perjuicio de otras disposiciones legales de la Unión referentes a instrumentos financieros específicos, como la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo[11], y las medidas adoptadas de conformidad con esta Directiva. (11) El registro de los valores en forma de anotaciones en cuenta es un paso importante para incrementar la eficiencia de la liquidación y garantizar la integridad de una emisión de valores, especialmente en un contexto de creciente complejidad de los métodos de tenencia y transferencia. Por motivos de seguridad, el presente Reglamento prevé el registro en forma de anotaciones en cuenta de todos los valores negociables. El presente Reglamento no debe imponer un método en particular para el registro inicial de las anotaciones en cuenta, que puede consistir en la inmovilización mediante la expedición de un certificado global o en una desmaterialización de partida. No procede que el presente Reglamento imponga el tipo de institución que deberá registrar los valores en forma de anotaciones en cuenta en el momento de la emisión, por lo que permite desempeñar esta función a distintos agentes, incluidos los registradores. No obstante, una vez que esos valores pasan a negociarse en los centros de negociación regulados por la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo[12], o se ofrecen como garantía real en las condiciones previstas en la Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de garantía financiera[13], deben estar registrados en el sistema de anotaciones en cuenta de un DCV a fin de garantizar, entre otras cosas, que todos esos valores puedan liquidarse a través de un sistema de liquidación de valores. (12) En aras de la seguridad de la liquidación, todo participante en un sistema de liquidación de valores que compre o venda determinados instrumentos financieros, esto es, valores negociables, instrumentos del mercado monetario, participaciones de organismos de inversión colectiva y derechos de emisión, debe liquidar su obligación en la fecha prevista. (13) Un plazo más largo para la liquidación de las operaciones con valores negociables provoca incertidumbre y mayores riesgos para los participantes en los sistemas de liquidación de valores. La existencia de plazos de liquidación de duración diferente en función de los Estados miembros dificulta la conciliación y es fuente de errores para los emisores, los inversores y los intermediarios. Por ello, es necesario prever un plazo de liquidación común, que facilite la determinación de la fecha de liquidación prevista y la aplicación de las medidas de disciplina de liquidación. Resulta oportuno que la fecha de liquidación prevista de las operaciones con valores negociables admitidos a negociación en los centros regulados por la Directiva 2004/39/CE no sea posterior a la segunda jornada laborable después de la negociación. (14) Los DCV y las demás infraestructuras del mercado deben tomar medidas para prevenir y corregir los fallos en la liquidación. Es esencial que esas reglas se apliquen directa y uniformemente en la Unión. En particular, procede exigir a los DCV y demás infraestructuras del mercado que establezcan procedimientos que les permitan tomar medidas adecuadas para suspender a cualquier participante que sistemáticamente cause fallos en la liquidación y hacer pública su identidad, a condición de que se ofrezca a dicho participante la oportunidad de formular observaciones antes de que se adopte tal decisión. (15) Una de las maneras más eficientes de corregir los fallos en la liquidación consiste en imponer a los participantes que incumplan un procedimiento de recompra, a través del cual los valores que debieran haberse entregado se adquieran obligatoriamente en el mercado después de la fecha de liquidación prevista y se entreguen al participante destinatario. Resulta oportuno que el presente Reglamento establezca normas uniformes sobre determinados aspectos de la operación de recompra para todos los valores negociables, instrumentos del mercado monetario, participaciones de organismos de inversión colectiva y derechos de emisión, tales como los plazos, el período de preaviso, la tarificación y las sanciones. (16) Dado que la principal finalidad del presente Reglamento es establecer una serie de obligaciones jurídicas que se impongan directamente a los operadores del mercado, consistentes, en particular, en el registro en un DCV en forma de anotaciones en cuenta de todos los valores negociables, cuando dichos valores se negocian en los centros de negociación regulados por la Directiva 2004/39/CE o se ofrecen como garantías reales en las condiciones que establece la Directiva 2002/47/CE, y en la liquidación de sus obligaciones a más tardar en la segunda jornada laborable después de la negociación, y habida cuenta de que los DCV son responsables del funcionamiento de los sistemas de liquidación de valores y de la aplicación de medidas encaminadas a una liquidación puntual en la Unión, es fundamental velar por la seguridad y la solidez de todos los DCV y cerciorarse de que cumplan en todo momento los estrictos requisitos prudenciales, de organización y de conducta fijados por el presente Reglamento. Unas normas uniformes y directamente aplicables en materia de autorización y supervisión permanente de los DCV son, por tanto, un corolario esencial de las obligaciones jurídicas impuestas a los participantes en el mercado por el presente Reglamento, con las que aquellas están interrelacionadas. Es, pues, necesario incluir las normas relativas a la autorización y supervisión de los DCV en el mismo acto que las obligaciones jurídicas impuestas a los participantes en el mercado. (17) Teniendo en cuenta la conveniencia de que los DCV estén sujetos a una serie de requisitos comunes, y con vistas a eliminar los actuales obstáculos a la liquidación transfronteriza, todo DCV autorizado ha de poder prestar libremente sus servicios en el territorio de la Unión, ya sea mediante el establecimiento de una sucursal o por prestación directa de los servicios. (18) En un mercado de liquidación ubicado en una Unión sin fronteras, resulta necesario definir las competencias de las distintas autoridades que intervienen en la aplicación del presente Reglamento. Procede que los Estados miembros designen específicamente a las autoridades competentes responsables de la aplicación del presente Reglamento, a las que deben conferirse los poderes de supervisión e investigación oportunos para el ejercicio de sus funciones. Los DCV deben estar sujetos a la autorización y supervisión de la autoridad competente de su lugar de establecimiento, que es la que mejor situada está y a la que debe facultarse para examinar el funcionamiento cotidiano de los DCV, realizar revisiones periódicas y tomar las medidas adecuadas cuando sea necesario. No obstante, resulta oportuno que dicha autoridad consulte lo antes posible a otras autoridades pertinentes y coopere con ellas, a saber: las autoridades responsables de la supervisión de cada uno de los sistemas de liquidación de valores que explote el DCV; en su caso, los bancos centrales pertinentes que actúen como agentes de liquidación respecto de cada uno de tales sistemas; y, en su caso también, las autoridades competentes a las que estén sujetas otras entidades del mismo grupo. Esta cooperación implica asimismo que se informe de inmediato a las autoridades interesadas en situaciones de urgencia que afecten a la liquidez y la estabilidad del sistema financiero de cualquiera de los Estados miembros en los que estén establecidos el DCV o sus participantes. Si un DCV presta sus servicios en un Estado miembro distinto de aquel en que esté establecido, ya sea mediante la creación de una sucursal o por prestación directa de los servicios, la autoridad competente de su lugar de establecimiento es la principal responsable de la supervisión de dicho DCV. (19) Toda persona jurídica que se ajuste a lo definido como DCV necesita obtener la autorización de las autoridades nacionales competentes antes de iniciar sus actividades. A fin de tener en cuenta distintos modelos empresariales, conviene definir los DCV por referencia a ciertos servicios básicos, que consisten en servicios de liquidación, que implican la explotación de un sistema de liquidación de valores, servicios notariales y servicios de mantenimiento central de cuentas de valores. Un DCV debe, como mínimo, explotar un sistema de liquidación de valores y prestar otro servicio básico. Procede, por tanto, excluir de esta definición las entidades que no explotan sistemas de liquidación de valores, como los registradores o las autoridades y organismos públicos que tengan a su cargo un sistema de registro establecido de conformidad con la Directiva 2003/87/CE. Esta combinación es esencial con objeto de que los DCV desempeñen su cometido en la liquidación de valores y a la hora de garantizar la integridad de una emisión de valores. (20) A fin de evitar que los DCV asuman riesgos en otras actividades que no sean las supeditadas a autorización en virtud del presente Reglamento, las actividades de los DCV autorizados deben limitarse a la prestación de los servicios cubiertos por su autorización y no deben poseer ninguna participación, tal como se define en el presente Reglamento por referencia a la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad[14], ni tener, directa o indirectamente, el 20 % o más de los derechos de voto o del capital de ninguna entidad que no preste servicios similares. (21) En aras de un funcionamiento seguro de los sistemas de liquidación de valores, su explotación ha de estar exclusivamente a cargo de los DCV que estén sujetos a las normas contenidas en el presente Reglamento o de los bancos centrales. (22) Sin perjuicio de las disposiciones específicas de la legislación tributaria de los Estados miembros, procede autorizar a los DCV a prestar servicios auxiliares de sus servicios básicos que contribuyan a mejorar la seguridad, eficiencia y transparencia de los mercados de valores. En el supuesto de que la prestación de tales servicios esté relacionada con los procedimientos de retención fiscal en la fuente, seguirá llevándose a cabo de conformidad con la legislación de los Estados miembros interesados. (23) Resulta oportuno que todo DCV que se proponga externalizar a terceros un servicio básico o prestar un nuevo servicio básico o auxiliar, explotar otro sistema de liquidación de valores, recurrir a otro banco central como agente de liquidación o crear una conexión entre DCV, solicite autorización siguiendo el mismo procedimiento que el exigido para la autorización inicial, salvedad hecha de la necesidad de que la autoridad competente informe al DCV solicitante en el plazo de tres meses de la concesión o denegación de la autorización. (24) Los DCV establecidos en terceros países pueden ofrecer sus servicios, ya sea a través de una sucursal o por vía directa, a los emisores y participantes establecidos en la Unión en relación con sus actividades en la Unión y crear conexiones con DCV establecidos en la Unión, siempre que obtengan el reconocimiento de la AEVM. Dada la dimensión mundial de los mercados financieros, la AEVM es la más indicada a efectos del reconocimiento de los DCV de terceros países. La AEVM solo puede reconocer a los DCV de terceros países si la Comisión llega a la conclusión de que están sujetos a un régimen jurídico y de supervisión equivalente al previsto en el presente Reglamento, si están realmente sometidos a autorización y supervisión en su país y si la AEVM y las autoridades competentes de los DCV han celebrado acuerdos de cooperación. El reconocimiento por parte de la AEVM está supeditado a un reconocimiento efectivo equivalente del marco prudencial aplicable a los DCV establecidos en la Unión y autorizados con arreglo al presente Reglamento. (25) Considerando la dimensión mundial de los mercados financieros y la importancia sistémica de los DCV, es necesario velar por una convergencia internacional de los requisitos prudenciales a los que están sujetos. Procede adaptar las disposiciones del presente Reglamento a las recomendaciones en vigor de CSPL-OICV y SEBC-CERV. Resulta oportuno que la AEVM tome en consideración las normas vigentes y los cambios que se aporten a las mismas en el futuro al elaborar o proponer que se revisen las normas técnicas de regulación y de ejecución, así como las directrices y recomendaciones que dispone el presente Reglamento. (26) Teniendo el cuenta la complejidad y el carácter sistémico de los DCV y de los servicios que prestan, resulta oportuno garantizar, mediante normas de gobernanza transparentes, que los altos directivos, los consejeros, los accionistas y los participantes que se hallen en condiciones de ejercer sobre el funcionamiento del DCV un control, tal como se define por referencia a la Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado, relativa a las cuentas consolidadas[15], sean personas idóneas para velar por una gestión adecuada y prudente del DCV. (27) Unas normas de gobernanza transparentes permitirán garantizar que se tengan en cuenta los intereses de los accionistas, la dirección y el personal del DCV, por un lado, y los intereses de los usuarios, por otro. Estos principios de gobernanza deben aplicarse sin perjuicio del modelo de propiedad adoptado por el DCV. Procede crear comités de usuarios en relación con cada sistema de liquidación de valores explotado por el DCV, a fin de que asesoren al consejo del DCV sobre las cuestiones fundamentales que incidan en sus miembros. (28) Dada la importancia de las funciones confiadas a los DCV, conviene disponer en el presente Reglamento que los DCV no transfieran sus responsabilidades a terceros mediante la externalización de sus actividades. La externalización de las actividades debe subordinarse a condiciones estrictas que sigan atribuyendo a los DCV la responsabilidad por sus actividades y aseguren que la supervisión de los DCV no se vea perjudicada. La externalización de sus actividades a entidades públicas por parte de un DCV puede, en determinadas condiciones, quedar exenta de tales requisitos. (29) Las normas de conducta deben promover la transparencia de las relaciones entre el DCV y sus usuarios. En particular, todo DCV debe aplicar, a efectos de la participación en el sistema de liquidación de valores, criterios que se hayan publicado, que sean transparentes, objetivos y no discriminatorios y que solo permitan restringir el acceso de los participantes en función de los riesgos existentes. Procede poner a disposición de las autoridades competentes una solución rápida y adecuada para hacer frente a una posible negativa injustificada de los DCV a prestar sus servicios a los participantes. Los DCV deben publicar los precios y comisiones que cobren por sus servicios. Con vistas a un acceso abierto y no discriminatorio a los servicios de los DCV, y dado el considerable poder de mercado de que gozan aún los DCV en el territorio de su respectivo Estado miembro, debe impedirse a los DCV apartarse de su política de tarificación publicada. Los DCV deben prever procedimientos de comunicación reconocidos. Estas disposiciones en materia de participación completan y refuerzan el derecho de los participantes en el mercado a recurrir a un sistema de liquidación de otro Estado miembro, previsto en la Directiva 2004/39/CE. (30) Habida cuenta del papel primordial que desempeñan los sistemas de liquidación de valores en los mercados financieros, resulta oportuno que, al prestar sus servicios, los DCV aseguren una liquidación puntual, la integridad de la emisión, la segregación de las cuentas de valores de cada participante y la posibilidad de ofrecer también, previa solicitud, la segregación de las cuentas de los clientes de los participantes. Los DCV deben velar por que estos requisitos se apliquen por separado a cada sistema de liquidación de valores explotado por ellos. (31) A fin de evitar los riesgos de liquidación derivados de la insolvencia del agente de liquidación, y siempre que sea posible y factible, los DCV deben liquidar el componente de efectivo de la operación con valores a través de cuentas abiertas en un banco central. Cuando ello no sea posible o factible, los DCV han de poder efectuar la liquidación a través de cuentas abiertas en una entidad de crédito que se haya establecido con arreglo a las condiciones previstas en la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio[16], con sujeción a un procedimiento de autorización específico y a los requisitos prudenciales previstos en el título IV del presente Reglamento. Dicha entidad de crédito, al actuar como agente de liquidación, ha de poder prestar a los participantes del DCV los servicios contemplados en el presente Reglamento que estén cubiertos por la autorización, y disfrutar, por lo demás, de la posibilidad de prestar otros servicios no contemplados en el presente Reglamento. (32) Considerando que la Directiva 2006/48/CE no aborda específicamente los riesgos de liquidez y de crédito intradía resultantes de la prestación de servicios bancarios auxiliares de la liquidación, las entidades de crédito que presten tales servicios deben estar asimismo sujetas a requisitos específicos complementarios de reducción de los riesgos de crédito y liquidez, que se apliquen a cada sistema de liquidación de valores con respecto al cual actúen como agentes de liquidación. Con vistas a asegurar plenamente el cumplimiento de las medidas específicas destinadas a atenuar los riesgos de crédito y de liquidez, las autoridades competentes han de poder exigir a los DCV que designen a más de una entidad de crédito, siempre que puedan demostrar, valiéndose de los datos disponibles, que la exposición de una sola entidad de crédito a la concentración de los riesgos de crédito y de liquidez no está plenamente atenuada. (33) La exigencia de que la liquidación del componente de efectivo de la operación con valores la efectúe una entidad jurídica independiente que actúe como agente de liquidación es una medida importante para aumentar la seguridad y la resistencia de los DCV. Esta separación entre los servicios básicos de los DCV y los servicios bancarios auxiliares de la liquidación parece, en efecto, indispensable para eliminar toda posibilidad de que los riesgos de los servicios bancarios, tales como los de crédito y liquidez, se traspasen a los servicios básicos prestados por los DCV. No existen medidas que supongan una menor injerencia y a las que se pueda recurrir para eliminar los riesgos de crédito y de liquidez, con vistas a lograr el nivel previsto de seguridad y resistencia de los DCV. No obstante, con vistas a alcanzar la mayor eficiencia derivada de la prestación tanto de servicios de DCV como de servicios bancarios dentro del mismo grupo de empresas, la exigencia de que los servicios bancarios corran a cargo de una entidad de crédito independiente no debe impedir que esa entidad y el DCV pertenezcan a un mismo grupo de empresas. Si tanto los servicios de DCV como los bancarios se prestan dentro de un mismo grupo de empresas, en aras de una mayor seguridad y eficiencia de los mismos, las actividades de la entidad de crédito que preste los servicios bancarios deben limitarse a la prestación de servicios bancarios auxiliares de la liquidación. Por otra parte, resulta oportuno que pueda establecerse una excepción a la obligación de separar los servicios bancarios auxiliares de la liquidación de los servicios básicos de los DCV cuando no exista ningún peligro de transmisión de los riesgos de crédito y de liquidez de los primeros a los segundos. A fin de garantizar una aplicación coherente de la posibilidad de establecer una excepción a la obligación de que los DCV se abstengan de prestar servicios auxiliares de tipo bancario, resulta oportuno que la Comisión esté facultada para decidir, a instancia de una autoridad nacional competente, si se autoriza una excepción de ese tipo, atendiendo a que la prestación de servicios básicos de DCV y de servicios bancarios por la misma entidad jurídica no supone un riesgo sistémico. En cualquier caso, las actividades de un DCV al que se aplique tal excepción y que esté autorizado como entidad de crédito deberían limitarse exclusivamente a la prestación de servicios bancarios auxiliares de la liquidación. (34) A fin de ofrecer un grado suficiente de seguridad y continuidad de los servicios prestados por los DCV, estos deben estar sujetos a requisitos prudenciales y de capital específicos, que sean uniformes y directamente aplicables y que atenúen realmente sus riesgos jurídicos, operativos y de inversión. (35) La seguridad del dispositivo de conexión entre DCV debe estar sujeta a requisitos específicos a fin de posibilitar el acceso de sus respectivos participantes a otros sistemas de liquidación de valores. La exigencia de que los servicios auxiliares de tipo bancario se presten a través de una entidad jurídica independiente no debe impedir a los DCV recibir tales servicios, en particular cuando sean participantes en un sistema de liquidación de valores explotado por otro DCV. Es particularmente importante que todo posible riesgo derivado de los acuerdos de conexión, tales como los riesgos de crédito, de liquidez, de organización o cualquier otro riesgo pertinente para los DCV, se atenúe debidamente. En el caso de las conexiones de interoperabilidad, es importante que, en los sistemas de liquidación de valores conectados, el momento de entrada en el sistema de las órdenes de transferencia, el momento de irrevocabilidad de las mismas y el de firmeza de las transferencias de valores y efectivo coincidan exactamente. Resulta oportuno que se apliquen los mismos principios a los DCV que utilicen una infraestructura informática de liquidación común. (36) En su calidad de operadores de los sistemas de liquidación de valores, los DCV desempeñan un papel clave en el proceso de traspaso de los valores a cuentas de valores. En aras de una mayor seguridad jurídica, especialmente en un contexto transfronterizo, es importante establecer normas claras en cuanto a la legislación aplicable a los aspectos relativos a la propiedad de los valores mantenidos por un DCV en sus cuentas. Siguiendo el planteamiento adoptado por las normas vigentes en materia de conflicto de legislaciones, procede que la legislación aplicable sea la del lugar en que se mantengan las cuentas del DCV. (37) En muchos Estados miembros, la legislación nacional obliga a los emisores a emitir determinados tipos de valores, en particular las acciones, a través de los DCV nacionales. Con objeto de eliminar este obstáculo al correcto funcionamiento del mercado de post-negociación de la Unión, y de permitir a los emisores optar por la manera más eficiente de gestionar sus valores, resulta oportuno que los emisores tengan derecho a recurrir a cualquier DCV establecido en la Unión para que registre sus valores y les preste cualquier servicio pertinente propio de un DCV. Procede poner a disposición de las autoridades competentes una solución rápida y adecuada para hacer frente a toda posible negativa injustificada de los DCV a prestar sus servicios a los emisores. Con vistas a proteger los derechos de los accionistas, el derecho de los emisores a elegir un DCV no debe impedir que se apliquen las disposiciones legales nacionales en materia de sociedades a cuyo amparo se emitan los valores y por las que se rija la relación entre los emisores y sus accionistas. (38) El Código de Conducta Europeo sobre Compensación y Liquidación, de 7 de noviembre de 2006[17], creó un marco voluntario para posibilitar el acceso entre DCV y otras infraestructuras del mercado. Con todo, el sector de post-negociación sigue estando fragmentado por las fronteras nacionales, encareciendo las operaciones transfronterizas. Es necesario establecer condiciones uniformes para las conexiones entre DCV y el acceso entre DCV y otras infraestructuras del mercado. A fin de permitir a los DCV ofrecer a sus participantes acceso a otros mercados, procede otorgarles el derecho a convertirse en participantes de otro DCV o a solicitar a otro DCV que desarrolle funciones especiales para tener acceso a este último. Procede poner a disposición de las autoridades competentes una solución rápida y adecuada para hacer frente a toda posible negativa injustificada de un DCV a conceder acceso a otro DCV. Dado que las conexiones entre DCV pueden originar un riesgo adicional para la liquidación, deben estar sujetas a la autorización y supervisión de las pertinentes autoridades competentes. (39) Los DCV deben también tener acceso a la información (feeds) de las operaciones de una ECC o un centro de negociación y estas infraestructuras del mercado deben tener acceso a los sistemas de liquidación de valores explotados por los DCV, salvo que dicho acceso comprometa el desarrollo de sus actividades. Procede poner a disposición de las autoridades competentes una solución rápida y adecuada para hacer frente a toda posible negativa injustificada de los DCV o las infraestructuras del mercado a conceder acceso a sus servicios. (40) Un marco prudencial y de conducta sólido en el sector financiero debe basarse en unos regímenes de supervisión y sanción eficaces. A tal fin, las autoridades de supervisión deben contar con las oportunas facultades de actuación y poder confiar en regímenes sancionadores disuasorios a los que se recurra ante cualquier conducta ilícita. En la Comunicación de 8 de diciembre de 2010 sobre regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de los servicios financieros, presentada por la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, se hace una revisión de las facultades sancionadoras existentes y de su aplicación práctica, con el objetivo de promover la convergencia de las sanciones aplicadas en el conjunto de las actividades de supervisión. (41) Por consiguiente, y a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de los requisitos del presente Reglamento por parte de los DCV, las entidades de crédito designadas como agentes de liquidación, los miembros de sus órganos de dirección y cualesquiera otras personas que ejerzan el control efectivo de su actividad, y demás personas, resulta oportuno que las autoridades competentes puedan aplicar medidas y sanciones administrativas que sean eficaces, proporcionadas y disuasorias. (42) En aras del carácter disuasorio de las sanciones y de su aplicación coherente en todos los Estados miembros, el presente Reglamento debe establecer una lista de las medidas y sanciones administrativas fundamentales que han de estar al alcance de las autoridades competentes; la facultad de imponer esas medidas y sanciones a cualquier persona, física o jurídica, responsable de una infracción; una lista de los criterios fundamentales para determinar el nivel y el tipo de tales medidas y sanciones; y los niveles de las sanciones pecuniarias administrativas. Las multas administrativas deben tener en cuenta factores tales como los beneficios financieros derivados de la infracción que, en su caso, se determinen, la gravedad y duración de la infracción, las posibles circunstancias agravantes o atenuantes y la necesidad de producir efectos disuasorios, y han de prever, cuando sea procedente, una reducción en los casos de cooperación con la autoridad competente. En la adopción y publicación de las sanciones han de respetarse los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular los relativos al respeto de la vida privada y familiar (artículo 7), a la protección de datos de carácter personal (artículo 8), y a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47). (43) Con objeto de detectar las posibles infracciones, resulta oportuno instaurar mecanismos eficaces para alentar la denuncia de las infracciones reales o potenciales del presente Reglamento a las autoridades competentes. Dichos mecanismos deben incluir garantías adecuadas para las personas que denuncien infracciones reales o potenciales del presente Reglamento y para las acusadas de tales infracciones. Conviene establecer procedimientos apropiados para garantizar el derecho de la persona acusada a la protección de sus datos personales, así como a defenderse y ser oída antes de que se adopte una decisión definitiva a su respecto, además del derecho a la tutela judicial efectiva por cualquier decisión o medida que le pueda concernir. (44) El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de las disposiciones del ordenamiento jurídico de los Estados miembros en relación con las sanciones penales. (45) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos[18], regula el tratamiento de los datos personales que se efectúe en los Estados miembros en aplicación del presente Reglamento. Todo intercambio o comunicación de datos personales por las autoridades competentes de los Estados miembros debe realizarse con arreglo a las disposiciones relativas a la transmisión de datos de naturaleza personal previstas en la Directiva 95/46/CE. El Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos[19], regula el tratamiento de datos personales llevado a cabo por la AEVM en virtud del presente Reglamento. Todo intercambio o comunicación de datos personales por la AEVM debe ajustarse a las disposiciones relativas a la transmisión de datos de naturaleza personal previstas en el Reglamento (CE) nº 45/2001. (46) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea –especialmente el derecho al respeto de la vida privada y familiar, a la protección de los datos de carácter personal, a la libertad de empresa, a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, a no ser juzgado o condenado dos veces por el mismo delito, y a la libertad de empresa– y su aplicación debe ajustarse a tales derechos y principios. (47) Resulta oportuno que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), instituida por el Reglamento (UE) nº 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión nº 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión[20], desempeñe un papel fundamental en la aplicación del presente Reglamento, garantizando una aplicación coherente de las normas de la Unión por las autoridades nacionales competentes y resolviendo las diferencias entre estas autoridades. (48) Como organismo con conocimientos muy especializados sobre los valores y sus mercados, resulta eficiente y adecuado confiar a la AEVM la elaboración de proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución, que no impliquen decisiones políticas, para su presentación a la Comisión. Cuando así se especifique, procede que la AEVM colabore también estrechamente con los miembros del SEBC y con la Autoridad Bancaria Europea (ABE), instituida por el Reglamento (UE) nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión nº 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión[21]. (49) La Comisión debe estar facultada para adoptar normas técnicas de regulación, de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010, en relación con los pormenores de las medidas de disciplina de liquidación; la información y otros elementos que debe incluir un DCV en su solicitud de autorización; la información que deben facilitarse mutuamente las distintas autoridades al supervisar a los DCV; los pormenores de los mecanismos de cooperación entre las autoridades del Estado miembro de origen y las del Estado miembro de acogida; los elementos de los sistemas de gobernanza de los DCV; los detalles de los registros que lleven los DCV; los pormenores de las medidas que deben adoptar los DCV con vistas a mantener la integridad de la emisión; la protección de los valores de los participantes; la realización puntual de la liquidación; la reducción de los riesgos operativos y de los riesgos derivados de las conexiones entre DCV; los pormenores de los requisitos de capital de los DCV; los pormenores de los requisitos prudenciales frente a los riesgos de crédito y de liquidez aplicables a las entidades de crédito designadas. (50) Resulta oportuno, asimismo, que la Comisión esté facultada para adoptar normas técnicas de ejecución mediante actos de ejecución, con arreglo al artículo 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) nº 1095/2010, en lo que respecta a los modelos de formularios y plantillas para la solicitud de autorización por los DCV; la transmisión de información entre distintas autoridades competentes a efectos de la supervisión de los DCV; los mecanismos de cooperación pertinentes entre las autoridades del Estado miembro de origen y las del Estado miembro de acogida; el formato de los registros que lleven los DCV; los procedimientos aplicables en caso de denegarse a un participante o emisor el acceso a un DCV o de denegación de acceso entre DCV o entre estos y otras infraestructuras del mercado; la consulta a diversas autoridades antes de la concesión de autorización a un agente de liquidación. (51) Procede otorgar a la Comisión poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 290 del Tratado. En particular, deben adoptarse actos delegados en lo que se refiere a los detalles específicos sobre las definiciones; los criterios con arreglo a los cuales las operaciones de un DCV en un Estado miembro de acogida deben considerarse de gran importancia para ese Estado miembro; los servicios en relación con los cuales los DCV de terceros países deben solicitar el reconocimiento de la AEVM y la información que el DCV ha de facilitar a la AEVM al solicitarlo; los riesgos que pueden justificar la negativa de un DCV a conceder acceso a participantes y los elementos del procedimiento al que pueden recurrir los participantes solicitantes; la evaluación de las situaciones en que no es posible o factible la liquidación mediante dinero del banco central; los elementos del procedimiento de acceso de los emisores a los DCV, de acceso entre DCV y de acceso entre estos y otras infraestructuras del mercado. (52) A fin de asegurar condiciones uniformes de aplicación del presente Reglamento, procede conferir a la Comisión competencias de ejecución para decidir sobre la evaluación de las normas de terceros países a efectos del reconocimiento de DCV de terceros países y sobre las excepciones a la obligación de separar los servicios bancarios auxiliares de la liquidación de los servicios básicos de los DCV. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión[22]. (53) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, establecer requisitos uniformes en lo relativo a la liquidación y a los DCV, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión de la acción, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos. (54) Es necesario modificar la Directiva 98/26/CE a fin de adaptarla a la Directiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por la que se modifican las Directivas 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE y 2009/65/CE en relación con las facultades de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados)[23], en virtud de la cual los sistemas de liquidación de valores designados no se notifican ya a la Comisión sino a la AEVM. (55) Resulta oportuno diferir la aplicación de los requisitos de autorización y reconocimiento contenidos en el presente Reglamento, a fin de ofrecer a los DCV establecidos en la Unión o en terceros países tiempo suficiente para solicitar la autorización y el reconocimiento con arreglo a lo previsto en el presente Reglamento. (56) Es necesario, asimismo, diferir la aplicación de los requisitos de registro de determinados valores negociables en forma de anotaciones en cuenta y de liquidación de las obligaciones, en los sistemas de liquidación de valores, a más tardar en la segunda jornada laborable siguiente a la negociación, con objeto de que los participantes en el mercado que posean valores representados en soporte papel o que apliquen plazos de liquidación más largos dispongan de tiempo suficiente para cumplir con dichos requisitos. HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Título I Objeto, ámbito de aplicación y definiciones Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación 1. El presente Reglamento establece requisitos uniformes para la liquidación de los instrumentos financieros en la Unión, así como normas de organización y conducta de los depositarios centrales de valores con vistas a promover una liquidación correcta y segura. 2. El presente Reglamento se aplica a la liquidación de todos los instrumentos financieros y todas las actividades de los DCV, salvo que sus disposiciones indiquen lo contrario. 3. El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de las disposiciones legales de la Unión que regulen instrumentos financieros específicos, en particular la Directiva 2003/87/CE. 4. Los artículos 9 a 18 y 20, así como las disposiciones del título IV, no serán de aplicación a los miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), a otros organismos nacionales de los Estados miembros que desempeñen funciones similares o a los organismos públicos de los Estados miembros que se encarguen de la gestión de la deuda pública o intervengan en dicha gestión. Artículo 2 Definiciones 1. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: (1) «Depositario central de valores (DCV)»: una persona jurídica que explote un sistema de liquidación de valores conforme a lo indicado en el anexo, sección A, punto 3, y que preste al menos otro de los servicios básicos enumerados en el anexo, sección A. (2) «Liquidación»: la ultimación de una operación con valores con el fin de extinguir las obligaciones de los participantes mediante la transferencia de fondos o valores. (3) «Sistema de liquidación de valores»: un sistema, conforme a lo previsto en el artículo 2, letra a), guiones primero y segundo, de la Directiva 98/26/CE, cuya actividad consista en ejecutar órdenes de transferencia según se definen en el artículo 2, letra i), segundo guión, de esa misma Directiva. (4) «Plazo de liquidación»: el intervalo entre la fecha de negociación y la fecha de liquidación prevista. (5) «Jornada laborable»: la jornada laborable definida en el artículo 2, letra n), de la Directiva 98/26/CE. (6) «Fallo en la liquidación»: el hecho de no efectuarse la liquidación de una operación con valores en la fecha de liquidación prevista por la falta de valores o fondos, con independencia de la causa subyacente. (7) «Fecha de liquidación prevista»: la fecha en que las partes en una operación con valores acuerden que se realice la liquidación. (8) «Entidad de contrapartida central (ECC)»: una entidad que desempeñe un papel de intermediaria entre las contrapartes de los contratos negociados en el marco de uno o varios mercados financieros, actuando como compradora con respecto a todo vendedor y como vendedora con respecto a todo comprador. (9) «Autoridad competente»: la autoridad designada por cada Estado miembro de conformidad con el artículo 10. (10) «Participante»: cualquier participante, según se define en el artículo 2, letra f), de la Directiva 98/26/CE, en un sistema de liquidación de valores, incluida una ECC. (11) «Participación»: una participación definida en el artículo 17, primera frase, de la Directiva 78/660/CEE o la tenencia, directa o indirecta, del 20 % o más de los derechos de voto o del capital de una empresa. (12) «Estado miembro de origen»: el Estado miembro en el cual un DCV haya sido autorizado. (13) «Estado miembro de acogida»: el Estado miembro, distinto del Estado miembro de origen, en que un DCV tenga una sucursal o preste servicios de DCV. (14) «Sucursal»: un centro de actividad, distinto de la administración central, que forme parte de un DCV, que no tenga personalidad jurídica y que preste servicios de DCV cubiertos por la autorización del DCV. (15) «Control»: la relación entre dos empresas definida en el artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE. (16) «Impago de un participante»: la situación de un participante en relación con el cual se incoa un procedimiento de insolvencia, según se define en el artículo 2, letra j), de la Directiva 98/26/CE. (17) «Entrega contra pago (ECP)»: un mecanismo de liquidación de valores que vincula una transferencia de valores a una transferencia de fondos, de modo que la entrega de los primeros tiene lugar únicamente si se efectúa el pago correspondiente. (18) «Cuenta de valores»: una cuenta en la que pueden abonarse o adeudarse valores. (19) «Conexión entre DCV»: un acuerdo entre DCV en virtud del cual uno de ellos abre una cuenta en el sistema de liquidación de valores de otro DCV a fin de facilitar la transferencia de valores entre sus participantes y los participantes de este otro DCV. Las conexiones entre DCV pueden ser conexiones de acceso estándar, conexiones de acceso personalizado y conexiones de interoperabilidad. (20) «Conexión de acceso estándar»: una conexión entre DCV tal que un DCV está conectado con otro de la misma forma que cualquier otro participante en el sistema de liquidación de valores explotado por el segundo. (21) «Conexión de acceso personalizado»: una conexión entre DCV tal que un DCV presta a otro servicios específicos distintos de los servicios prestados a los demás participantes en su sistema de liquidación de valores. (22) «Conexión de interoperabilidad»: una conexión entre DCV tal que los sistemas de liquidación de valores que estos explotan se convierten en interoperables según lo definido en el artículo 2, letra o), de la Directiva 98/26/CE. (23) «Valores negociables»: los valores negociables definidos en el artículo 4, punto 18, de la Directiva 2004/39/CE. (24) «Instrumentos del mercado monetario»: los instrumentos del mercado monetario definidos en el artículo 4, punto 19, de la Directiva 2004/39/CE. (25) «Participaciones de organismos de inversión colectiva»: las participaciones de organismos de inversión colectiva a que se refiere el anexo I, sección C, punto 3, de la Directiva 2004/39/CE. (26) «Derechos de emisión»: cualesquiera unidades reconocidas a efectos del cumplimiento de los requisitos de la Directiva 2003/87/CE. (27) «Mercado regulado»: el definido en el artículo 4, punto 14, de la Directiva 2004/39/CE. (28) «Sistema multilateral de negociación (SMN)»: el definido en el artículo 4, punto 15, de la Directiva 2004/39/CE. (29) «Sistema organizado de negociación (SON)»: cualquier sistema, que no sea un mercado regulado o un SMN, operado por una empresa de inversión o por un gestor del mercado, en el que interactúan los diversos intereses de compra y de venta sobre instrumentos financieros de múltiples terceros para dar lugar a contratos, de conformidad con lo dispuesto en el título II de la Directiva 2004/39/CE. (30) «Filial»: una empresa filial tal como se define en el articulo 1 de la Directiva 83/349/CEE. (31) «Agente de liquidación»: el definido en el artículo 2, letra d), de la Directiva 98/26/CE. 2. La Comisión estará facultada para adoptar, de conformidad con el artículo 64, actos delegados relativos a medidas que especifiquen los elementos técnicos de las definiciones contenidas en el apartado 1, puntos 17, 20, 21 y 22, y que especifiquen los servicios auxiliares previstos en el anexo, sección B, puntos 1 a 4, y los servicios previstos en el anexo, sección C, puntos 1 y 2. Título II Liquidación de valores Capítulo I Anotaciones en cuenta Artículo 3 Anotaciones en cuenta 1. Toda sociedad que emita valores negociables que se admitan a negociación en mercados regulados velará por la representación de tales valores mediante anotaciones en cuenta, ya sea en caso de inmovilización mediante la expedición de un certificado global que represente toda la emisión, o en caso de emisión directa de los valores de forma desmaterializada. 2. Cuando los valores a que se refiere el apartado 1 se negocien en mercados regulados, en sistemas multilaterales de negociación (SMN) o en sistemas organizados de negociación (SON), o se transfieran a raíz de un acuerdo de garantía financiera, según se define en el artículo 2, letra a), de la Directiva 2002/47/CE, dichos valores se registrarán en forma de anotaciones en cuenta en un DCV con anterioridad a la fecha de negociación, a menos que ya hayan sido objeto de tal registro. Artículo 4 Control del cumplimiento 1. Las autoridades del Estado miembro en que esté establecida la sociedad que emita valores serán las competentes para velar por la aplicación del artículo 3, apartado 1. 2. Las autoridades competentes para la supervisión de los mercados regulados, los SMN y los SON velarán por que se aplique lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, cuando los valores a que se refiere el artículo 3, apartado 1, se negocien en mercados regulados, SMN o SON. 3. Las autoridades de los Estados miembros responsables de la aplicación de la Directiva 2002/47/CE serán competentes para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, del presente Reglamento cuando los valores a que se refiere el artículo 3, apartado 1, del mismo se transfieran a raíz de un acuerdo de garantía financiera, según se define en el artículo 2, letra a), de la Directiva 2002/47/CE. Capítulo II Plazos de liquidación Artículo 5 Fechas de liquidación previstas 1. Todo participante en un sistema de liquidación de valores que compre o venda, por cuenta propia o de terceros, valores negociables, instrumentos del mercado monetario, participaciones de organismos de inversión colectiva y derechos de emisión liquidará su obligación con respecto al sistema de liquidación de valores en la fecha prevista. 2. En relación con los valores negociables a que se refiere el apartado 1 negociados en mercados regulados, SMN o SON, la fecha de liquidación prevista no será posterior a la segunda jornada laborable tras la negociación. 3. La pertinente autoridad del Estado miembro cuyo ordenamiento jurídico rija el sistema de liquidación explotado por un DCV será la competente para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2. Capítulo III Disciplina de liquidación Artículo 6 Medidas para prevenir fallos en la liquidación 1. Todo mercado regulado, SMN o SON establecerá procedimientos que permitan confirmar los datos pertinentes de las operaciones relativas a los instrumentos financieros a que se refiere el artículo 5, apartado 1, en la fecha en que le hayan sido transmitidas las órdenes. 2. En relación con cada sistema de liquidación de valores que exploten, los DCV establecerán procedimientos que faciliten la liquidación de las operaciones con los instrumentos financieros a que se refiere el artículo 5, apartado 1, en la fecha de liquidación prevista. Promoverán una pronta liquidación en la fecha prevista a través de mecanismos adecuados, como una estructura de tarificación progresiva. 3. En relación con cada sistema de liquidación de valores que exploten, los DCV se dotarán de herramientas de seguimiento que les permitan determinar de antemano las operaciones relativas a los instrumentos financieros a que se refiere el artículo 5, apartado 1, cuya liquidación tenga más probabilidades de fallar y exigirán a los participantes que liquiden dichas operaciones en la fecha prevista. 4. La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), en concertación con los miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen los procedimientos para confirmar los datos pertinentes de las operaciones y facilitar la liquidación, a que se refieren los apartados 1 y 2, y las herramientas de seguimiento destinadas a determinar los fallos probables en la liquidación a que se refiere el apartado 3. La AEVM presentará esos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010. Artículo 7 Medidas para responder a los fallos en la liquidación 1. En relación con cada sistema de liquidación de valores que exploten, los DCV establecerán un sistema orientado al seguimiento de los fallos en la liquidación de las operaciones relativas a los instrumentos financieros a que se refiere el artículo 5, apartado 1. Presentarán a la autoridad competente y a cualquier persona que tenga un interés legítimo informes periódicos que recogerán el número y los pormenores de los fallos en la liquidación, así como cualquier otra información pertinente. Las autoridades competentes trasladarán a la AEVM toda información pertinente sobre los fallos en la liquidación. 2. En relación con cada sistema de liquidación de valores que exploten, los DCV establecerán procedimientos que faciliten la liquidación de las operaciones relativas a los instrumentos financieros a que se refiere el artículo 5, apartado 1, que no se liquiden en la fecha de liquidación prevista. Dichos procedimientos incluirán un mecanismo de sanción que resulte suficientemente disuasorio para los participantes que provoquen fallos en la liquidación. 3. Todo participante en un sistema de liquidación de valores que no entregue al participante destinatario los instrumentos financieros a que se refiere el artículo 5, apartado 1, en la fecha de liquidación prevista, quedará sujeto a un procedimiento de recompra, en virtud del cual dichos instrumentos se adquirirán en el mercado a más tardar cuatro días después de la fecha de liquidación prevista y se entregarán al participante destinatario, así como a otras medidas conforme al apartado 4. 4. Las medidas a que se refiere el apartado 3 definirán como mínimo lo siguiente: (a) La sanción pecuniaria a pagar por el participante que incumpla por cada jornada laborable que transcurra entre la fecha de liquidación prevista y la fecha de liquidación real. (b) El período de preaviso dado al participante que incumpla antes de la ejecución de la recompra. (c) La tarificación y los costes de la recompra. (d) En su caso, la parte ejecutante de la recompra. (e) El importe de la indemnización del participante destinatario en el supuesto de que no sea posible ejecutar la recompra. 5. Las medidas a que se refiere el apartado 3 garantizarán que: (a) El participante destinatario reciba, como mínimo, el precio de los instrumentos financieros acordado en el momento de la negociación. (b) La sanción pecuniaria diaria pagada por el participante que incumpla sea para este suficientemente disuasoria. (c) Cuando no pueda ejecutarse la recompra, el importe de la indemnización en efectivo pagada al participante destinatario sea superior al precio de los instrumentos financieros acordado en el momento de la negociación y al último precio publicado de tales instrumentos en el centro de negociación en el que tuviera lugar la transacción, y sea además suficientemente disuasorio para el participante que incumpla. (d) Las partes a que se refiere el apartado 7, incluidas las ECC, que ejecuten la recompra notifiquen a los participantes los gastos cobrados por este servicio. (e) Cuando la parte que ejecute la recompra no sea el participante que incumpla, este reembolse todos los importes abonados por la parte ejecutante de conformidad con los apartados 3 y 4. 6. Los DCV, las ECC, los mercados regulados, los SMN y los SON establecerán procedimientos que les permitan suspender a cualquier participante que sistemáticamente no entregue los instrumentos financieros a que se refiere el apartado 1 o el efectivo en la fecha d