Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2014 de España /* COM/2014/0410 final */





Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2014 de España EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4, Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas[1], y, en particular, su artículo 5, apartado 2, Visto el Reglamento (UE) nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos[2], y, en particular, su artículo 6, apartado 1, Vista la Recomendación de la Comisión Europea[3], Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo[4], Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo, Visto el dictamen del Comité de Empleo, Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero, Visto el dictamen del Comité de Protección Social, Visto el dictamen del Comité de Política Económica, Considerando lo siguiente: (1) El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo, Estrategia Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa. (2) El 13 de julio de 2010, basándose en las propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros, que juntas forman las «directrices integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en sus políticas económicas y de empleo. (3) El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o de Gobierno acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles. Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros, expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada país. (4) El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una Recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de España y emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado para 2012-2016 de España. El 15 de noviembre de 2013, en consonancia con el Reglamento (UE) nº 473/2013[5], la Comisión presentó su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario para 2014 de España[6]. (5) El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento[7], marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las políticas económicas. En esa misma fecha, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) nº 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta[8], en el que se señalaba a España como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo. (6) El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, y modernizar la Administración Pública. (7) El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los resultados del examen exhaustivo relativo a España[9] que había elaborado con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1176/2011. Del análisis de la Comisión cabe concluir que España está experimentando desequilibrios macroeconómicos que requieren un seguimiento específico y la aplicación de medidas resueltas. En particular, en varias dimensiones se ha avanzado claramente en el ajuste de los desequilibrios considerados excesivos el pasado año y la reanudación del crecimiento ha disminuido los riesgos. Con todo, la magnitud y el carácter interrelacionado de los desequilibrios, en concreto los altos niveles de deuda interna y externa y el elevado desempleo, implican que siguen existiendo riesgos. (8) El 30 de abril de 2014, España presentó su Programa Nacional de Reformas de 2014 y su Programa de Estabilidad de 2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, uno y otro se han evaluado al mismo tiempo. (9) El objetivo de la estrategia presupuestaria presentada en el Programa de Estabilidad de 2014 es corregir el déficit excesivo para 2016 y alcanzar el objetivo a medio plazo en 2017. El programa confirma el objetivo a medio plazo de una situación presupuestaria equilibrada en términos estructurales, objetivo más riguroso que el exigido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El programa prevé situar el déficit por debajo del 3 % en 2016, en consonancia con el objetivo establecido en la Recomendación del Consejo de 21 de junio de 2013, pero la mejora anual del saldo estructural (recalculado) previsto en el programa queda por debajo del esfuerzo recomendado a partir de 2014. Para 2017, el plan prevé un avance suficiente hacia el objetivo a medio plazo, aunque quizá no sea suficiente para alcanzarlo en ese año según lo indicado en el programa. El programa prevé que el ratio de deuda pública alcance en 2015 un máximo del 101,7 % del PIB, para comenzar a disminuir posteriormente. En conjunto, la estrategia presupuestaria perfilada en el programa se ajusta solo en parte a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El escenario macroeconómico en el que se apoyan las previsiones presupuestarias incluidas en el programa, que no ha sido elaborado ni corroborado por ningún organismo independiente, es plausible en líneas generales por lo que respecta a 2014, pero presenta riesgos de sobreestimación en lo tocante a 2015 en comparación con las previsiones de la primavera de 2014 de los servicios de la Comisión. Para 2016-2017, las tasas de crecimiento del PIB previstas en el programa parecen un tanto optimistas si se consideran las estimaciones actuales de la tasa de crecimiento potencial de la economía y las necesidades de ajuste restantes una vez concluida la crisis. Así pues, existen también riesgos de sobreestimación en relación con las sendas de ajuste del déficit y la deuda. Además, todavía no se han especificado suficientemente las medidas concretas en apoyo del logro de los objetivos de déficit global a partir de 2015, especialmente por lo que respecta a los cambios de la legislación tributaria en el marco de la reforma fiscal prevista. Otros riesgos guardan relación con los pasivos contingentes y los rendimientos de los ahorros previstos a nivel local y regional. Sobre la base de la previsión de la Comisión, el esfuerzo presupuestario durante 2013-2014 queda 1,1 puntos porcentuales por debajo de lo necesario en términos de la variación (corregida) del saldo estructural (aunque los cambios recientemente introducidos en la metodología de cálculo de la producción potencial contribuyen a inflar esta cifra) y 0,4 puntos porcentuales si se compara con el importe de las medidas consideradas necesarias cuando se formuló la Recomendación en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Basándose en su evaluación del programa y en las previsiones de la Comisión, con arreglo al Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, el Consejo considera que las medidas en que se sustenta la estrategia presupuestaria deben especificarse con mayor detalle y que son necesarios esfuerzos adicionales para cumplir plenamente la Recomendación formulada por el Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo. (10) En cuanto a la dimensión presupuestaria estructural, ha habido avances en la notificación de la ejecución del presupuesto y en la aplicación de medidas correctoras a los organismos administrativos incumplidores; ahora bien, sigue habiendo margen para aplicar los mecanismos coercitivos adicionales, establecidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, a las comunidades autónomas incumplidoras. Se han tomado nuevas medidas para que todos los niveles de la Administración respeten el plazo medio de 30 días en el pago a los proveedores comerciales. En noviembre de 2013 se promulgó la ley de creación de una institución fiscal independiente, y su presidente fue nombrado en febrero de 2014. Ahora bien, la entidad no pudo entrar en funcionamiento a tiempo para valorar el Programa de Estabilidad de 2014. En el Programa Nacional de Reformas de 2014 se reconoce también la necesidad de seguir mejorando la eficiencia de la asistencia sanitaria y el gasto farmacéutico, por ejemplo, centralizando la adquisición de productos farmacéuticos, revisando la gama de servicios, desarrollando los historiales clínicos digitales o reforzando la gestión de los centros de salud. Dado que la mayor parte del saneamiento presupuestario previsto sería el resultado de un recorte de los gastos, un análisis sistemático de estos en todos los niveles de la Administración contribuiría a determinar los ámbitos en que podrían realizarse ahorros favorables al crecimiento, al mismo tiempo que se atienden las necesidades de los más vulnerables. (11) En 2013, España adoptó nuevas medidas para corregir la distorsión en favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades. Asimismo, durante ese año, España avanzó en el cumplimiento de las obligaciones tributarias intensificando la lucha contra el fraude fiscal y el trabajo no declarado, aunque siguen existiendo graves problemas. En 2013 y 2014, España introdujo varias reducciones de las cotizaciones de la seguridad social para fomentar la contratación de jóvenes y nuevos trabajadores. Tras la presentación de un informe exhaustivo sobre la reforma fiscal elaborado por una Comisión de Expertos atendiendo la petición del Gobierno, las autoridades planean presentar propuestas legislativas concretas durante el segundo semestre de 2014. Con arreglo al Programa Nacional de Reformas de 2014, las propuestas tratarán de modernizar el sistema impositivo, reducir la distorsión en contra del empleo, fomentar la recaudación, propiciar el desarrollo económico, garantizar la unidad de mercado y la neutralidad presupuestaria y ampliar la competitividad de la economía española, contribuyendo al mismo tiempo al saneamiento presupuestario. La concepción y aplicación de esa reforma fiscal será importante para las finanzas públicas y las perspectivas económicas futuras. (12) La estabilidad financiera se ha reforzado merced a la recapitalización y reestructuración del sector bancario y la aplicación rigurosa del programa de recapitalización de las entidades financieras aprobado en julio de 2012 en el marco del MEDE y completado el 22 de enero de 2014. No obstante, el sector financiero español se enfrenta todavía a importantes problemas que deben ser supervisados y gestionados cuidadosamente. Además, la mejora de las condiciones de financiación de los bancos solo se está trasladando gradualmente a la financiación de las PYME. Ahora es importante garantizar que el crédito siga fluyendo hacia los sectores viables de la economía mientras prosigue el proceso de desapalancamiento del sector privado. Las autoridades han tomado varias medidas para mejorar el acceso de las empresas a la financiación bancaria y no bancaria y facilitar la restructuración de su deuda, pero son necesarias medidas adicionales. (13) El mercado de trabajo muestra algunas señales de estabilización y en 2014 se prevé que una tenue recuperación propicie el aumento de los niveles de empleo y la disminución de los de desempleo. Ahora bien, la tasa de desempleo, que en 2013 registró una media anual del 26,1 %, sigue siendo elevadísima. Son especialmente preocupantes la elevada tasa de paro juvenil (54,3 %) y el máximo significativo que alcanzó en 2013 la tasa de desempleo de larga duración (49,7 %), que afectaba aún con mayor intensidad a los trabajadores menos cualificados y de mayor edad. Las evaluaciones disponibles de la reforma del mercado laboral de 2012 concluyen que, junto con el compromiso de moderación salarial asumido durante el periodo 2012-2014 por los interlocutores sociales, dicha reforma ha contribuido a acrecentar la flexibilidad interna de las empresas y limitar las pérdidas de empleo, dando prioridad a la negociación de acuerdos colectivos a nivel de empresa y ampliando las posibilidades de utilizar cláusulas de descuelgue a su alcance. La reforma también ha reducido los costes de las indemnizaciones por despido improcedente y ha contribuido a reducir el número de despidos impugnados judicialmente, además de introducir una nueva modalidad de contrato para promover la contratación estable en las PYME. En 2013 y a principios de 2014 se introdujeron otras medidas para facilitar el empleo estable a tiempo parcial y reducir temporalmente las cotizaciones a la seguridad social aplicables a los nuevos contratos indefinidos. Sin embargo, la segmentación continúa siendo un problema importante del mercado de trabajo español, sigue existiendo un elevado número de tipos de contrato y la diferencia entre los costes de despido de los contratos de duración determinada y de los contratos indefinidos figura todavía, incluso tras la reforma, entre las más elevadas de la UE. La reforma de las políticas activas del mercado de trabajo ha registrado algunos avances, incluida la aprobación del Plan Anual de Política de Empleo (PAPE), pero las iniciativas de modernización y refuerzo de los servicios públicos de empleo parecen ir algo rezagadas, lo que amenaza con impedir la aplicación con éxito del nuevo marco. Se han registrado retrasos en la aplicación del Portal Único de Empleo. La cooperación con las agencias privadas de colocación ha avanzado, pero son necesarios esfuerzos adicionales. (14) La inadecuación de la educación y la formación a las necesidades del mercado de trabajo y el elevado porcentaje de desempleados sin cualificación formal (35,2 %) contribuyen a la elevada tasa de desempleo juvenil y el desempleo de larga duración. El porcentaje de los jóvenes que ni estudian ni trabajan sigue siendo mayor que la media de la UE y ha venido aumentando considerablemente. El porcentaje de estudiantes que abandonan prematuramente los estudios o la formación sigue siendo muy alto (23,5 %), aunque está disminuyendo. La tasa de personas que han completado estudios superiores se mantiene, pero los distintos sistemas de aprendizaje y enseñanza y formación profesional siguen estando infrautilizados, y las competencias de los estudiantes de formación profesional de ciclo superior son inferiores a la media de la UE. España también está preparando medidas de fomento del empleo juvenil. Ya se está aplicando la Estrategia Nacional de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, presentada en marzo de 2013, aunque todavía no se han puesto en marcha todas las medidas. Basándose en esa Estrategia, España ha dado también algunos pasos para luchar contra el desempleo juvenil en consonancia con los objetivos de una garantía juvenil. Se han registrado algunos avances en las iniciativas de lucha contra el abandono escolar prematuro y fomento de la formación profesional dual, pero sigue siendo crucial garantizar su plena aplicación y la utilización eficiente de los recursos financieros. En el ámbito de la formación profesional dual, es indispensable la coordinación constante entre todas las partes interesadas, incluidos los empleadores, los proveedores de formación y las instancias decisorias a todos los niveles de la Administración, para racionalizar el sistema, propiciar una mayor adecuación entre la formación proporcionada y las necesidades del mercado de trabajo y garantizar la compatibilidad de los modelos de enseñanza y formación profesional dual en las distintas regiones. (15) Principalmente a causa de la situación del mercado de trabajo, pero también debido a la limitada eficacia de la protección social para reducir la pobreza, España se sitúa debajo de la media de la UE por lo que respecta a los principales indicadores que miden la pobreza y la exclusión social, a las que están especialmente expuestos los niños y los adultos jóvenes. A raíz de la crisis, España ha registrado también una de las mayores caídas de la renta familiar disponible y uno de los mayores niveles de desigualdad de la renta de la UE. Es indispensable simplificar los procedimientos para los solicitantes de asistencia social y mejorar la gobernanza y la coordinación interinstitucional a nivel nacional, regional y local. El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 constituye un marco adecuado para adaptar las políticas activas de empleo a quienes se encuentran más alejados del mercado de trabajo, mitigar la pobreza infantil y mejorar la eficiencia de los servicios de apoyo a las familias. Por otro lado, la asistencia y las prestaciones sociales tienen efectos redistributivos limitados en los diferentes grupos interesados, lo que trasluce deficiencias en la selección de los destinatarios. Además, la coordinación limitada entre los servicios sociales y de empleo (incluidos los locales y regionales) y la carga administrativa para acceder a los regímenes que garantizan una renta mínima dificultan la transición fluida entre la asistencia social y la reincorporación al mercado laboral. (16) España ha impulsado reformas estructurales que promueven el crecimiento y la competitividad en consonancia, en líneas generales, con los planes del Programa Nacional de Reformas de 2013. La Ley que garantiza la unidad de mercado fue aprobada en diciembre de 2013 y su aplicación, no exenta de complejidad, está en curso. La Ley de emprendedores promulgada en otoño de 2013 también ha introducido modalidades societarias más flexibles y mejoras en el marco regulador de las insolvencias empresariales y por lo que respecta a la racionalización de los sistemas de apoyo a la internacionalización de las empresas. Se ha extendido la utilización de los procedimientos abreviados de concesión de licencias, simplificándose así la apertura de pequeños establecimientos minoristas, y se han adoptado otras medidas para facilitar la concesión de licencias comerciales. No obstante, todavía está pendiente la aprobación de la legislación de desarrollo que permitirá la creación de sociedades de responsabilidad limitada, a través de ventanillas únicas en los plazos más breves establecidos en la Ley de apoyo a los emprendedores, de septiembre de 2013. También estaría justificado proceder a una revisión constante de las barreras reglamentarias que obstaculizan el crecimiento de las empresas, en particular en el ámbito de la fiscalidad, teniendo presente la diferencia que sigue existiendo entre España y los demás países de la zona del euro por lo que respecta al tamaño de las empresas. La reforma de los servicios profesionales, largamente esperada, acumula retrasos y debe ser agilizada. No se han tomado medidas para eliminar las restricciones que limitan el establecimiento de grandes superficies comerciales. El sistema español de I+I debe incrementar la calidad de la producción científica, fomentar la cooperación entre los sectores públicos y privado y fomentar la transformación de la investigación e innovación en productos comerciales. En 2013, el Gobierno español adoptó una estrategia nacional de ciencia, tecnología e innovación que todavía no cuenta con el respaldo de financiación pública. También está pendiente la creación de la nueva Agencia de Investigación y Desarrollo encargada de la gestión eficiente de la I+D pública. (17) Aunque se han dado pasos significativos para eliminar el déficit tarifario del sector eléctrico, especialmente reduciendo los costes del sistema, todavía no está totalmente clara la repercusión exacta de la reforma, particularmente en el sector de las energías renovables. El Gobierno está analizando la manera de minimizar las repercusiones negativas para el erario público de la insolvencia de algunas autopistas de peaje. Las autoridades han creado una base de datos con información económica, medioambiental y relacionada con el tráfico, así como otros indicadores para fundamentar los análisis previos a las inversiones en infraestructuras, pero todavía no han establecido un observatorio independiente que ayude a evaluar los grandes proyectos de infraestructura futuros. Obstáculos técnicos y jurídicos siguen dificultando la competencia efectiva en los servicios de transporte ferroviario de pasajeros y mercancías, en detrimento de la utilización eficiente de la vasta red de infraestructura. (18) La reforma de la Administración Pública está avanzando. En diciembre de 2013 se aprobó una reforma de la Administración Pública local. La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas ya ha comenzado su labor, que proseguirá a lo largo de 2014 y 2015. La reforma judicial se encuentra en diferentes fases de aplicación o finalización y debe ser completada. Entre los últimos avances en el ámbito de la lucha contra la corrupción cabe mencionar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobada en diciembre de 2013, así como dos proyectos de ley referidos a la supervisión de la financiación de los partidos políticos y la rendición de cuentas de los altos cargos. Se está aplicando el Plan Nacional de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social (2012-2014). España también ha ampliado su red de acuerdos internacionales para intercambiar información pertinente a efectos de las inspecciones fiscales y ha emprendido un proyecto con distintas empresas privadas para estudiar cómo se podría mejorar la gestión del sistema de prestaciones. (19) En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de España, ha evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de España, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 8 que figuran a continuación. (20) A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de España, y su dictamen[10] se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación. (21) A la luz del examen exhaustivo de la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) nº 1176/2011 se reflejan en las recomendaciones 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 que figuran a continuación. (22) En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la zona del euro, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro. España debe asimismo asegurar la plena aplicación de estas recomendaciones dentro de los plazos previstos. RECOMIENDA que España tome medidas en el periodo 2014-2015 con el fin de: 1. Reforzar la estrategia presupuestaria a partir de 2014, en particular especificando plenamente las medidas subyacentes para 2015 y los años posteriores, con objeto de lograr corregir el déficit excesivo de manera sostenible en 2016, a más tardar, merced al esfuerzo de ajuste estructural especificado en la Recomendación formulada por el Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo. La corrección duradera de los desequilibrios presupuestarios exige aplicar de manera creíble ambiciosas reformas estructurales que permitan incrementar la capacidad de ajuste e impulsar el crecimiento y el empleo. Tras lograr la corrección del déficit excesivo, aplicar un ajuste estructural hacia el objetivo a medio plazo no inferior al 0,5 % cada año, e incluso mayor si la coyuntura económica es buena o si resulta necesario para garantizar el respeto de la regla de la deuda con el fin de situar el elevado ratio de deuda de las administraciones públicas en una senda de descenso constante. Garantizar que la nueva autoridad fiscal independiente pueda comenzar a funcionar plenamente cuanto antes y que se apliquen de forma rigurosa y transparente en todos los niveles de la Administración las medidas preventivas, correctoras y coercitivas previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, incluidas las relativas a la eliminación de las deudas contraídas con entidades comerciales. Realizar, antes de febrero de 2015, una revisión sistemática del gasto en todos los niveles de la Administración para contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público. Seguir aumentando la eficiencia del sistema sanitario, sobre todo aumentando la racionalización del gasto farmacéutico, también en los hospitales e intensificando la coordinación entre los distintos tipos de asistencia, preservando al mismo tiempo la accesibilidad para los grupos vulnerables. Adoptar, antes de finales de 2014, una reforma fiscal completa, que simplifique el sistema impositivo y haga que contribuya en mayor medida al crecimiento y creación de empleo, así como a la preservación del medio ambiente y la estabilidad de la recaudación. A tal efecto: trasladar la imposición hacia tributos menos distorsionadores como los que gravan el consumo o el deterioro del medio ambiente (por ejemplo, los aplicados a los combustibles) o impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles; eliminar las deducciones en el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de las personas físicas; considerar la posibilidad de reducir las cotizaciones empresariales a la seguridad social, en particular en el caso de los empleos con salarios bajos; seguir corrigiendo el sesgo a favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades, tomar medidas para evitar que la fiscalidad obstaculice el funcionamiento armonioso del mercado interior español. Intensificar la lucha contra la evasión fiscal. 2. Completar la reforma del sector de las cajas de ahorro, por lo que respecta a la aprobación de la legislación de desarrollo, y finalizar la reestructuración de las cajas de ahorro de titularidad pública, con el fin de acelerar su plena recuperación y facilitar su vuelta a manos privadas. Fomentar los esfuerzos desplegados por los bancos para mantener ratios sólidas de capital y supervisar la actividad de la Sareb para garantizar que los activos se enajenen en los plazos establecidos, minimizando simultáneamente el coste para el contribuyente. Completar las medidas en curso para ampliar el acceso a la financiación por parte de las PYME, en particular finalizando las iniciativas ya en marcha para mejorar la intermediación financiera no bancaria. Eliminar los obstáculos que persisten en el marco de la insolvencia empresarial —en particular mejorando los conocimientos especializados de los administradores concursales y la capacidad del sistema judicial para tramitar los asuntos de insolvencia— y desarrollar un marco permanente para la insolvencia personal. 3. Impulsar nuevas medidas para reducir la segmentación del mercado de trabajo en aras de la calidad y sostenibilidad del empleo, en particular reduciendo el número de tipos de contrato y garantizando un acceso equilibrado a los derechos de indemnización por despido. Proseguir la supervisión periódica de las reformas del mercado de trabajo. Velar por que la evolución de los salarios reales sea coherente con el objetivo de creación de empleo. Reforzar los requisitos de búsqueda de empleo para la percepción de las prestaciones de desempleo. Mejorar la eficacia y la focalización de las políticas activas del mercado de trabajo, incluidas las ayudas a la contratación, sobre todo para quienes tienen más dificultades para acceder al empleo. Reforzar la coordinación entre las políticas del mercado de trabajo y las de educación y formación. Acelerar la modernización de los servicios públicos de empleo para que presten un asesoramiento personalizado eficaz, proporcionen formación adecuada y garanticen la correspondencia entre la demanda y la oferta de empleo, prestando especial atención a los parados de larga duración. Garantizar la aplicación eficaz, antes de finales de 2014, de las iniciativas de cooperación entre los sectores público y privado en los servicios de colocación y supervisar la calidad de los servicios proporcionados. Garantizar el funcionamiento efectivo del Portal Único de Empleo y combinarlo con medidas adicionales de apoyo a la movilidad laboral. 4. Aplicar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, y evaluar su eficacia. Proporcionar ofertas de buena calidad para oportunidades de empleo, contratos de aprendizaje y periodos de prácticas para jóvenes y mejorar el acercamiento a los jóvenes no registrados como desempleados, de conformidad con los objetivos de una garantía juvenil. Aplicar eficazmente los nuevos programas educativos para mejorar la calidad de la educación primaria y secundaria. Mejorar el apoyo y asesoramiento proporcionados a los grupos que presentan riesgo de abandono escolar prematuro. Aumentar la pertinencia, para el mercado de trabajo, de los distintos tipos de formación profesional y de la enseñanza superior, en particular mejorando la cooperación con los empleadores y fomentando la formación de tutores y profesores. 5. Aplicar el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 y valorar su efectividad para la consecución de la totalidad de sus objetivos. Reforzar la capacidad administrativa y la coordinación entre los servicios sociales y de empleo con el fin de brindar itinerarios integrados de apoyo a quienes se encuentren en situación de riesgo, y racionalizar los procedimientos para facilitar las transiciones entre los sistemas de rentas mínimas y la incorporación al mercado de trabajo. Mejorar la orientación de los programas de apoyo a las familias y los servicios de calidad dando prioridad a los hogares de rentas bajas con hijos, para garantizar la eficacia y la progresividad de las transferencias sociales. 6. Garantizar una aplicación rápida y ambiciosa de la Ley 20/1013, de garantía de la unidad de mercado, en todos los niveles de la Administración. Aprobar una reforma ambiciosa de los servicios profesionales y de los colegios profesionales antes de finales de 2014, definiendo las profesiones que exigen la inscripción en un colegio profesional, así como las normas de transparencia y rendición de cuentas de los organismos profesionales, liberalizando las actividades reservadas injustificadamente y preservando la unidad de mercado en el acceso a los servicios profesionales y su ejercicio en España. Reducir el tiempo, el coste y el número de trámites necesarios para establecer y poner en funcionamiento una empresa. Corregir las restricciones injustificadas al establecimiento de grandes superficies comerciales, en concreto mediante la revisión de las disposiciones regionales de urbanismo. Determinar fuentes de financiación para la nueva estrategia nacional de ciencia, tecnología e innovación y hacer operativa la nueva Agencia Estatal de Investigación. 7. Tras la reforma de 2013, garantizar la eliminación efectiva del déficit del sector eléctrico a partir de 2014, tomando, en su caso, las medidas estructurales adicionales necesarias. Abordar el problema de las autopistas de peaje insolventes de modo que se minimicen los costes para el Estado. Establecer, antes de finales de 2014, un observatorio independiente que contribuya a la evaluación de los grandes proyectos futuros de infraestructura. Tomar medidas que garanticen la competencia eficaz en los servicios de transporte ferroviario de pasajeros y mercancías. 8. Aplicar, en todos los niveles de la Administración, las recomendaciones de la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas. Reforzar los mecanismos de control e incrementar la transparencia de las decisiones administrativas, en particular a nivel local y regional. Completar y supervisar cuidadosamente las medidas en curso para luchar contra la economía sumergida y el trabajo no declarado. Adoptar las reformas pendientes de la estructura del sistema judicial y del mapa judicial y garantizar la aplicación de las reformas aprobadas. Hecho en Bruselas, el Por el Consejo El Presidente [1] DO L 209 de 2.8.1997, p. 1. [2] DO L 306 de 23.11.2011, p. 25. [3] COM(2014) 410 final. [4] P7_TA(2014)0128 y P7_TA(2014)0129. [5] DO L 140 de 27.5.2013, p. 11. [6] C(2013) 8003 final. [7] COM(2013) 800 final. [8] COM(2013) 790 final. [9] SWD(2014) 80 final. [10] Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.