Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (Euratom) n° 1074/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Justificación y objetivos

Los distintos elementos del marco legal en virtud del cual la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) realiza sus investigaciones fueron establecidas por el legislador en 1999. El Reglamento n° 1074/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (en lo sucesivo denominado "el Reglamento n° 1074/1999") es un instrumento clave en este ámbito ya que define las modalidades de las investigaciones internas y externas realizadas por la OLAF.

En abril de 2003, la Comisión aprobó una primera evaluación de las actividades de la OLAF [1], que incluía también una serie de recomendaciones destinadas a reforzar aún más las actividades de la OLAF. Sin embargo, ciertas circunstancias posteriores, y en especial las conclusiones extraídas del asunto de Eurostat, han puesto de manifiesto otras carencias en las que no había profundizado el informe de evaluación de la Comisión. Una de las cuestiones que se plantearon fue la necesidad de establecer un intercambio de información más sustancial y rápido entre la Comisión y la Oficina. A este respecto, la Comisión y la OLAF elaboraron, como primer paso, un protocolo de acuerdo con objeto de garantizar el oportuno intercambio de información sobre las investigaciones internas de la OLAF dentro de la Comisión [2]. Sin embargo, se estimó que la cuestión de la mejora de la circulación de la información debía enmarcarse en un contexto más amplio, tanto en lo referente a la cobertura institucional (para que se asegure un tratamiento coherente en todas las instituciones y órganos europeos) como al contenido mismo de la información. Por otra parte, sólo una propuesta de acción legislativa podía dar la legitimidad democrática necesaria a las futuras normas.

[1] COM(2003) 154 final.

[2] SEC(2003) 871 consolidado.

En consecuencia, a finales del año 2003, la Comisión se comprometió a elaborar una propuesta legislativa adecuada y a presentarla al legislador. Este planteamiento fue avalado por el Parlamento Europeo en su Resolución sobre la evaluación de las actividades de la Oficina de Lucha contra el Fraude de 4 de noviembre de 2003 [3], así como en su Resolución de 29 de enero de 2004 sobre las medidas adoptadas por la Comisión en el seguimiento de las observaciones formuladas con motivo de la aprobación de la gestión del ejercicio 2001 [4].

[3] COM(2003) 154 - 2002/2237 (INI).

[4] COM(2003) 651 - C5-0536/2003 2003/2200 (DEC).

La propuesta tiene principalmente por objeto:

* Reforzar la eficacia operativa de la OLAF

Reforzar la eficacia operativa de la OLAF Para ello se proponen medidas que permitirán a la OLAF concentrarse en las prioridades definidas en su programa de trabajo anual, previo dictamen del Comité de vigilancia. Por supuesto, el programa de trabajo deberá tener en cuenta las opiniones expresadas por las instituciones, en particular por la Comisión, en lo relativo a las prioridades de la política y las actividades antifraude. Partiendo del principio de que procede tomar medidas adecuadas, es importante aclarar que corresponde a la OLAF decidir si se inicia o no una investigación y, en su caso, pedir a las autoridades pertinentes que se hagan cargo de los asuntos de menor importancia o que no figuren entre sus prioridades de acción.

En términos más generales, conviene clarificar los procedimientos de apertura y cierre de las investigaciones, así como las relaciones existentes entre las actuaciones internas de las instituciones y órganos europeos, por una parte, y las investigaciones de la OLAF, por otra. Mientras esté abierta una investigación interna de la OLAF, las instituciones, órganos y organismos no deben iniciar investigaciones paralelas (véase la modificación del apartado 3 del artículo 1). Por otra parte, conviene prever mecanismos para garantizar que dichas instituciones, órganos y organismos sepan rápidamente si la OLAF está investigando determinados hechos o tiene intención de hacerlo y si están en condiciones de hacerse cargo sin dilación de aquellos hechos que la OLAF haya decidido no investigar (véanse las modificaciones del artículo 5).

Las disposiciones propuestas conferirán también al Comité de vigilancia un derecho de fiscalización mayor sobre las investigaciones de larga duración: la OLAF informará al Comité sobre éstas transcurridos doce meses de investigación, con el fin de justificar su decisión de proseguir el examen de los asuntos de que se trate. Para prolongar una investigación más allá de dieciocho meses, será necesario el dictamen del Comité antes de que la OLAF tome una decisión en este sentido. Las instituciones «interesadas» por una investigación deberán asimismo ser informadas de los motivos por los que la OLAF decida prolongarla más allá de doce meses. Cuando esta prórroga preocupe a la institución, podrá solicitar el dictamen del Comité.

Como en el pasado, la decisión de abrir o no una investigación es competencia de la OLAF y se mantiene escrupulosamente la independencia funcional de la Oficina.

* Mejorar la circulación de la información entre la OLAF y las instituciones y órganos europeos

Las actuales disposiciones del Reglamento n° 1074/1999 no especifican si la OLAF debe comunicar información a la institución u órgano interesado, ni en qué medida. Sin embargo, esta información es indispensable para que las instituciones europeas puedan ejercer su responsabilidad política cuando se sospeche que un funcionario ha cometido actos reprensibles y/o cuando sea necesaria una medida administrativa para proteger los intereses de la Unión. En estos casos, la OLAF debe tener la obligación de informar a la institución o al órgano interesado (véase el nuevo apartado 5 bis del artículo 6). Conviene asimismo que la institución, el órgano o el organismo interesado sean informados si la OLAF comunica información a las autoridades judiciales.

De la misma forma, parece legítimo que, además de los Estados miembros, la Comisión, como guardiana del Tratado, pueda solicitar investigaciones externas y sea informada de los resultados de éstas (véanse las modificaciones introducidas en el apartado 2 del artículo 5 y en el apartado 3 del artículo 9).

* Garantizar plenamente los derechos de las personas interesadas

En aras de la seguridad jurídica, la Comisión propone que se incluya en el Reglamento una disposición pormenorizada sobre las garantías de procedimiento que deben respetarse en las investigaciones internas y externas (véase el nuevo artículo 7 bis). Estas garantías se basan, completándolas, en las disposiciones que figuran en el Acuerdo interinstitucional relativo a las investigaciones internas (y en las diversas decisiones de aplicación) y en el futuro Estatuto revisado. Una vez incorporadas en el propio Reglamento, se dispondrá de una serie uniforme de garantías básicas aplicables a todas las investigaciones efectuadas por la OLAF, sean internas o externas. En relación con el Acuerdo interinstitucional sobre las investigaciones internas, se añaden las siguientes garantías:

- disposiciones sobre la información que debe comunicar la OLAF antes de una comparecencia y sobre la redacción de un acta de la comparecencia;

- el derecho del interesado a ser asistido por una persona de su elección cuando comparece;

- el derecho a no declarar contra sí mismo.

Estas garantías deben respetarse no sólo antes de elaborar un informe final, sino también antes de transmitir información a las autoridades nacionales de acuerdo con el artículo 10 (véase la modificación del apartado 3 del artículo 10).

* Colmar una serie de lagunas que comprometen la eficacia de las investigaciones de la OLAF

- De acuerdo con las recomendaciones del informe de evaluación, se propone aclarar las competencias de investigación de la OLAF en el marco de las investigaciones externas relativas a agentes económicos beneficiarios de fondos comunitarios en virtud de un contrato (gastos directos), colmando así un vacío jurídico evidenciado en las actuales disposiciones.

- Procede facilitar a la OLAF el acceso a la información relacionada con investigaciones externas que obre en poder de las instituciones y órganos europeos. También debería facilitarse el acceso a la información en poder de agentes económicos en el marco de las investigaciones internas.

- Por último, la propuesta tiene por objeto lograr una colaboración aún más estrecha entre la OLAF y los Estados miembros en materia de investigaciones externas y de transmisión de información relacionada.

* Reforzar el papel del Comité de vigilancia de la Oficina

La Comisión considera que la OLAF saldría beneficiada si el papel del Comité de vigilancia de la Oficina fuera más relevante. Se propone por tanto reforzar el papel del Comité en el control de la aplicación del Reglamento n° 1074/1999, especialmente por lo que se refiere a los derechos individuales, la duración de las investigaciones y la circulación de la información entre la OLAF y las instituciones y órganos europeos. En lo que se refiere a la protección de los derechos individuales, las personas interesadas tendrán ahora de la posibilidad de recabar el dictamen del Comité. Las instituciones interesadas tendrán la misma opción respecto de aquellas cuestiones sobre las que la OLAF tenga obligación de informarlas.

Disposiciones jurídicas conexas

Debe señalarse que la Comisión propone en paralelo la modificación del Reglamento n° 1073/1999, que constituye el marco jurídico de las investigaciones que la OLAF realiza en virtud del Derecho comunitario objeto del Tratado CE.

Fundamento jurídico

La propuesta de la Comisión tiene por objeto modificar el Reglamento n° 1074/1999 vigente y se basa, por lo tanto, en el artículo 203 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

Subsidiariedad y proporcionalidad

El Reglamento de modificación es plenamente compatible con el principio de subsidiariedad. En efecto, al igual que el Reglamento n° 1074/1999 original, el presente Reglamento de modificación no merma en modo alguno las competencias y responsabilidades de los Estados miembros relativas a la adopción de medidas de lucha contra el fraude cometido en detrimento de los intereses financieros de las Comunidades. Los medios de actuación de la OLAF en el marco de las investigaciones externas sólo se clarifican y refuerzan puntualmente en los casos en que la práctica ha evidenciado lagunas jurídicas y cuando sólo una intervención más eficaz de la OLAF puede garantizar que ésta realice investigaciones externas fiables y que puedan ser utilizadas por las autoridades de los Estados miembros. Además, era necesario extender las garantías básicas de procedimiento (nuevo artículo 7 bis) a las investigaciones externas con el fin de establecer un marco jurídico uniforme para todas las investigaciones realizadas por la OLAF, despejando así cualquier duda sobre la corrección del trato dispensado a las personas afectadas por las investigaciones (por ejemplo, funcionarios de una institución que puedan aparecer como posibles implicados en una investigación externa). Habida cuenta de que sobre las cuestiones aquí tratadas se precisan normas claras, que ya figuran en la propia normativa comunitaria, en aras de la eficacia de la OLAF dentro de un marco jurídico seguro, dichas normas respetan asimismo el principio de proporcionalidad.

Derechos fundamentales

Como ya lo confirmara el Tribunal de Justicia (Sentencia de 10 de julio de 2003 en el asunto C-11/00, Comisión/BCE, punto 139), el Reglamento n° 1074/1999, en su forma inicial, reflejaba ya la firme voluntad del legislador de supeditar la concesión de facultades a la OLAF al pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Teniendo en cuenta varias cuestiones que se han planteado en el marco de las actividades de la OLAF, parece conveniente reforzar las garantías de procedimiento con respecto al dispositivo actual y hacerlas extensivas a todas las investigaciones, tanto internas como externas, realizadas por la OLAF. Habida cuenta del carácter preparatorio de dichas investigaciones, cuyas conclusiones no constituyen en sí una acusación, pero pueden dar lugar, en su caso, a procedimientos administrativos o penales, esas garantías respetan los derechos fundamentales reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, superando incluso el nivel mínimo de protección que exige la Carta.

Incidencia presupuestaria

Se propone que el número de miembros del Comité de vigilancia de la OLAF pase de cinco a siete. La incidencia de esta medida en el presupuesto comunitario se expone detalladamente en la ficha de financiación adjunta a la propuesta.

2004/0038 (CNS)

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (Euratom) n° 1074/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su artículo 203,

Vista la propuesta de la Comisión [5],

[5] DO C [...] de [...], p. [...].

Visto el dictamen del Parlamento Europeo [6],

[6] DO C [...] de [...], p. [...].

Considerando lo siguiente:

(1) Conviene establecer normas claras que, a la vez que confirmen la competencia prioritaria de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (en lo sucesivo denominado la "Oficina") para realizar investigaciones internas, introduzcan mecanismos que permitan a las instituciones, órganos y organismos hacerse cargo rápidamente de la investigación de casos en los que la Oficina decida no intervenir.

(2) Procede aclarar que la apertura de una investigación por la Oficina se rige por el principio de oportunidad que, entre otras cosas, permite a la Oficina, incluso existiendo sospechas suficientemente fundadas, no iniciar una investigación en casos de menor importancia o que no figuren entre las prioridades de acción fijadas anualmente por la Oficina. En consecuencia, estos casos deben ser atendidos por la propia institución, órgano u organismo interesado, en el caso de las investigaciones internas o, en el caso de las investigaciones externas, por las autoridades de los Estados miembros, de acuerdo con sus obligaciones comunitarias y en aplicación del Derecho nacional.

(3) Es necesario establecer con precisión la obligación de la Oficina de informar a su debido tiempo a las instituciones, órganos y organismos de las investigaciones en curso en caso de implicación personal de un miembro, directivo, funcionario o agente en los hechos investigados o cuando puedan precisarse medidas administrativas con el fin de preservar los intereses de la Unión.

(4) Al objeto de dar mayor eficacia a la acción de la Oficina y a la vista de la evaluación de sus actividades durante los tres primeros años desde que entrara en vigor el Reglamento n° 1074/99, procede clarificar algunos aspectos y colmar ciertas lagunas en relación con las medidas de investigación que la Oficina puede tomar al efectuar sus investigaciones. Así, la Oficina debe poder realizar los controles y comprobaciones previstos en el Reglamento (Euratom, CE) n° 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades [7] en el marco de investigaciones internas y en los casos de fraude vinculado a contratos relativos a fondos comunitarios, y acceder a la información en poder de las instituciones, órganos y organismos de la Unión en el marco de investigaciones externas. Los Estados miembros deben aplicar los procedimientos oportunos para someter a los operadores económicos a medidas de ejecución forzosa en caso de oponerse a medidas de control adoptadas en virtud del Reglamento (Euratom, CE) n° 2185/96.

[7] DO L 292 de 15.11.1996, p. 2.

(5) En aras de la seguridad jurídica, se ha considerado necesario clarificar las garantías de procedimiento aplicables en el marco de las investigaciones internas o externas realizadas por la Oficina, sin perjuicio de una mayor protección resultante, en su caso, de las normas recogidas en los Tratados, de las disposiciones del Estatuto o de las disposiciones nacionales aplicables, reconociendo al mismo tiempo el carácter preparatorio de dichas investigaciones cuyas conclusiones no constituyen en sí una acusación, pero pueden dar lugar, en su caso, a procedimientos administrativos o penales.

(6) Es conveniente ampliar el papel del Comité de vigilancia con el fin de reforzar la gobernanza de la Oficina y consolidar su independencia, garantizar la correcta aplicación por la Oficina del Reglamento (Euratom) n° 1074/99 y el pleno respeto de los derechos individuales. Procede adaptar la composición del Comité de vigilancia a ese papel más relevante.

(7) El Reglamento (Euratom) nº 1074/99 debe modificarse consecuentemente.

(8) Las modificaciones que han de incorporarse al Reglamento (Euratom) n° 1074/1999 no merman en modo alguno las competencias y responsabilidades de los Estados miembros para tomar medidas de lucha contra el fraude cometido en detrimento de los intereses financieros de las Comunidades. Los medios de actuación de la Oficina en el marco de las investigaciones externas solamente se especifican y refuerzan puntualmente, cuando la práctica ha evidenciado lagunas jurídicas y cuando sólo una intervención más eficaz de la Oficina puede garantizar la realización de investigaciones externas fiables que puedan ser utilizadas por las autoridades de los Estados miembros. Además, es necesario extender las garantías de procedimiento a las investigaciones externas al objeto de establecer un marco jurídico uniforme para todas las investigaciones realizadas por la Oficina. El presente Reglamento respeta por lo tanto plenamente el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado y el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo.

(9) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en particular por la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (Euratom) n° 1074/1999 quedará modificado como sigue:

1) El artículo 1 quedará modificado como sigue:

a) En el apartado 3, se añadirá el segundo párrafo siguiente:

«Mientras la Oficina lleve a cabo una investigación con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento, las instituciones, órganos y organismos no abrirán una investigación, en virtud de su autonomía administrativa, sobre los mismos hechos.»

b) Se añadirá el apartado 4 siguiente:

«4. Previo dictamen del Comité de vigilancia, el Director de la Oficina fijará anualmente el programa de trabajo y las prioridades de la política de investigación de la Oficina.»

2) El artículo 3 se sustituirá por el texto siguiente:

« Artículo 3

Investigaciones externas

1. La Oficina ejercerá las competencias conferidas a la Comisión por el Reglamento (Euratom, CE) n° 2185/96 para efectuar controles y verificaciones in situ en los Estados miembros y, de conformidad con los acuerdos de cooperación vigentes, en los terceros países.

En el marco de sus funciones de investigación, la Oficina efectuará los controles y verificaciones previstos por el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CE, Euratom) n° 2988/95 y por las normativas sectoriales a que se refiere el apartado 2 del artículo 9 del citado Reglamento, en los Estados miembros y, de conformidad con los acuerdos de cooperación vigentes, en los terceros países.

2. Con objeto de establecer la existencia de un fraude, un acto de corrupción o cualquier otra actividad ilegal, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, vinculada a un contrato relativo a una financiación comunitaria o a una financiación administrada por las Comunidades, la Oficina podrá proceder a una investigación, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (Euratom, CE) n° 2185/96, de los operadores económicos interesados por esa financiación.

3. En el curso de una investigación externa, y en la medida en que ello sea estrictamente necesario para establecer la existencia de un fraude, un acto de corrupción o cualquier otra actividad ilegal, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, la Oficina podrá acceder, a petición suya, a la información pertinente que obre en poder de las instituciones, órganos u organismos en relación con los hechos objeto de la investigación. A tal efecto, se aplicarán los apartados 2 y 4 del artículo 4.

4. Cuando la Oficina disponga de elementos de información que permitan suponer la existencia de un fraude o de cualquier otra actividad ilegal según lo dispuesto en el artículo 1, el Director de la Oficina podrá informar de ello a las autoridades competentes de los Estados miembros interesados que, sin perjuicio de las normativas sectoriales a que se refiere el apartado 1, podrán realizar investigaciones de acuerdo con el Derecho nacional aplicable en las que podrán participar agentes de la Oficina. Las autoridades competentes de los Estados miembros en cuestión informarán al Director de la Oficina de los resultados obtenidos a raíz de dicha información.»

3) El artículo 4 quedará modificado como sigue:

a) El apartado 3 se sustituirá por el texto siguiente:

«3. De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (Euratom, CE) n° 2185/96, la Oficina podrá realizar controles in situ de los agentes económicos para acceder a las informaciones relativas a posibles irregularidades en relación con los hechos objeto de una investigación interna.»

b) Quedará suprimido el apartado 5.

4) El artículo 5 se sustituirá por el texto siguiente:

« Artículo 5

Apertura de las investigaciones

1. La Oficina podrá abrir una investigación cuando existan sospechas suficientemente fundadas que permitan suponer la comisión de un fraude, de corrupción o de cualquier otro acto ilegal, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1. La apertura o no apertura de una investigación se decidirá teniendo en cuenta las prioridades de la política de investigación fijadas de acuerdo con el apartado 4 del artículo 1.

2. La apertura de las investigaciones externas será decidida por el Director de la Oficina, por propia iniciativa de éste o previa petición de un Estado miembro interesado o de la Comisión.

La apertura de las investigaciones internas será decidida por el Director de la Oficina, por propia iniciativa de éste o previa petición de la institución, órgano u organismo en cuyo seno deba efectuarse la investigación.

3. Cuando una institución, órgano u organismo tenga previsto abrir una investigación en virtud de su autonomía administrativa, consultará a la Oficina para saber si los hechos en cuestión están siendo objeto de una investigación interna. La Oficina indicará si se ha abierto una investigación en el plazo de 15 días laborables a partir de dicha consulta. En caso negativo, se aplicará el apartado 4. La ausencia de respuesta se entenderá como una decisión de no abrir una investigación interna por parte de la Oficina.

4. La apertura o no apertura de una investigación se decidirá en el plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción por la OLAF de una de las solicitudes contempladas en los apartados 2 y 3. La decisión se comunicará a la institución, órgano, organismo o Estado miembro que presentara la solicitud.

Cuando un funcionario o agente de una institución, órgano u organismo facilite información directamente a la Oficina de acuerdo con el artículo [22 bis] del Estatuto, la Oficina le informará de la decisión de abrir o no una investigación interna sobre los hechos en cuestión.

La decisión de no abrir una investigación deberá ser motivada.

5. Cuando la Oficina decida no abrir una investigación interna por motivos de oportunidad, remitirá inmediatamente los elementos disponibles, a todos los efectos, a la institución, órgano u organismo interesado y acordará con estos últimos, según proceda, las medidas pertinentes para proteger la confidencialidad de la fuente de los elementos de información. Cuando la Oficina decida no abrir una investigación externa por motivos de oportunidad, se aplicará el apartado 4 del artículo 3.»

5) El artículo 6 quedará modificado como sigue:

a) Se añadirá el apartado 5 bis siguiente:

«5 bis. En cuanto las investigaciones revelen la posible implicación de un miembro, directivo, funcionario o agente de una institución, órgano u organismo o indiquen la posible conveniencia de adoptar medidas cautelares o administrativas con el fin de proteger los intereses de la Unión, se informará de la investigación en curso a la institución, órgano u organismo interesado. La información suministrada deberá incluir los siguientes datos:

a) identidad de la(s) persona(s) objeto de la investigación y resumen de los hechos de que se trate;

b) cualquier información que pueda ayudar a la institución, órgano u organismo interesado a decidir si procede la adopción de medidas cautelares o administrativas con el fin de proteger los intereses de la Unión;

c) cuando proceda, las medidas especiales de confidencialidad recomendadas.

La institución, órgano u organismo decidirá, en su caso, si procede la adopción de medidas cautelares o administrativas, teniendo debidamente en cuenta el interés del buen desarrollo de de la investigación y las medidas especiales de confidencialidad recomendadas por la Oficina.»

b) El apartado 6 se sustituirá por el texto siguiente:

«6. Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes, de conformidad con las disposiciones nacionales, presten la asistencia necesaria a los agentes de la Oficina para el cumplimiento de su misión. A tal efecto, y a petición de la Oficina si fuera necesario, aplicarán los procedimientos adecuados para imponer medidas de ejecución forzosa a los agentes económicos, incluidas sanciones pecuniarias (multas coercitivas), en caso de incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 5 del Reglamento (Euratom, CE) n° 2185/96. Las instituciones y órganos velarán por que sus miembros y su personal, y los organismos por que sus directivos y su personal, presten la asistencia necesaria a los agentes de la Oficina para la realización de su misión.»

c) Se añadirá el apartado 7 siguiente:

«7. Cuando una investigación no pueda concluir en un plazo de 12 meses desde su apertura, el Director de la Oficina podrá decidir una prolongación de la misma por un periodo máximo de seis meses. Se indicará en la decisión las razones que exijan dicha prórroga. El Director remitirá dicha decisión al Comité de vigilancia y comunicará su decisión exponiendo las razones que la motivan a la institución, órgano u organismo interesado. En los casos debidamente justificados, y previo dictamen del Comité de vigilancia, el Director podrá decidir otra prolongación un periodo máximo de seis meses. El Director comunicará su decisión exponiendo las razones que la motivan a la institución, órgano u organismo interesado. La decisión de prolongación podrá repetirse en las mismas condiciones si fuera necesario.»

6) Se insertarán los artículos 7 bis et 7 ter siguientes:

« Artículo 7 bis

Garantías de procedimiento

1. La Oficina investigará a cargo y a descargo.

2. En cuanto una investigación revele que un miembro, directivo, funcionario o agente de una institución, órgano u organismo, o un agente económico pueda estar implicado en un asunto, se informará al interesado siempre y cuando ello no pueda comprometer la investigación.

En cualquier caso, no podrán extraerse conclusiones al término de una investigación en las que se cite nominalmente a una persona física o moral sin que ésta haya podido ser oída sobre todos los hechos que le conciernan. Deberá comunicarse un resumen de esos hechos al interesado en la citación para comparecer. El interesado podrá ser asistido por una persona de su elección que no tenga implicación alguna en los hechos investigados. La persona física interesada tendrá derecho a no declarar contra sí misma.

En los casos que requieran mantener un secreto absoluto en beneficio de la investigación y exijan recurrir a procedimientos de investigación que sean competencia de una autoridad judicial nacional o, en el caso de una investigación externa, de una autoridad nacional competente, el Director de la Oficina podrá diferir el cumplimiento de la obligación de invitar al interesado a expresar su opinión. Informará previamente al Comité de vigilancia, que podrá emitir su dictamen. En el caso de una investigación interna, el Director de la Oficina tomará esta decisión de acuerdo con la institución, órgano u organismo al que pertenezca el interesado.

3. Toda citación para comparecer, sea con un testigo o con un interesado a los efectos del apartado 2, deberá enviarse con un plazo de ocho días laborables. Dicho plazo podrá reducirse con el consentimiento de la persona que vaya a ser oída. La citación deberá especificar los derechos de la persona convocada. La Oficina levantará acta de todas las comparecencias y dará acceso al acta correspondiente a la persona citada para que ésta pueda aprobarla o formular observaciones.

Si la comparecencia pone de manifiesto que la persona citada puede estar implicada en los hechos investigados, se aplicarán inmediatamente las normas de procedimiento contempladas en el apartado 2.

4. Las garantías de procedimiento previstas en el presente artículo se aplicarán sin perjuicio de:

a) una protección más amplia resultante, en su caso, de las normas de los Tratados y de las normativas nacionales aplicables;

b) los derechos y obligaciones contemplados en el Estatuto y, en particular, el deber de lealtad hacia las Comunidades.

Artículo 7 ter

Información sobre el archivo de la investigación

Si, al término de una investigación, no pudiera imputarse cargo alguno a un miembro, directivo, funcionario o agente investigado de una institución, órgano u organismo o a un agente económico, la investigación relativa al mismo quedará archivada por decisión del Director de la Oficina, que la notificará por escrito al interesado y, en su caso, a su institución, órgano u organismo.»

7) En el artículo 8, el apartado 3 se sustituirá por el texto siguiente:

«3. El Director velará por que los agentes de la Oficina y las demás personas que actúen bajo su autoridad respeten las disposiciones comunitarias y nacionales relativas a la protección de datos personales, y especialmente las previstas en el Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2000." (*)

(*) DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

8) El artículo 9 quedará modificado como sigue:

a) El apartado 1 se sustituirá por el texto siguiente:

«1. Al término de una investigación efectuada por la Oficina, ésta elaborará, bajo la autoridad del Director, un informe que incluirá una descripción del procedimiento, el fundamento jurídico, los hechos comprobados y su calificación jurídica, en su caso el perjuicio financiero, y las conclusiones de la investigación, incluidas las recomendaciones del Director de la Oficina sobre las medidas que proceda adoptar.»

b) El apartado 3 se sustituirá por el texto siguiente:

«3. El informe elaborado a raíz de una investigación externa y cualquier otro documento pertinente sobre la misma se transmitirán a las autoridades competentes de los Estados miembros interesados, de conformidad con la reglamentación relativa a las investigaciones externas y, en su caso, a la Comisión. Las autoridades competentes de los Estados miembros interesados, en la medida en que ello no sea contrario al Derecho nacional, informarán al Director de la Oficina del curso dado a los informes de investigación que se les hayan transmitido.»

9) El artículo 10 quedará modificado como sigue:

a) El apartado 2 se sustituirá por el texto siguiente:

«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 11, el Director de la Oficina remitirá a las autoridades judiciales del Estado miembro de que se trate la información obtenida por la Oficina con ocasión de investigaciones internas sobre hechos que puedan dar lugar a acciones penales. Informará de ello previamente a la institución, órgano u organismo interesado; la información comunicada incluirá, en particular, la identidad de la persona afectada por la investigación, el resumen de los hechos comprobados, la calificación jurídica preliminar y en su caso, el perjuicio financiero.

Antes de transmitir la información contemplada en el párrafo primero, la Oficina dará la oportunidad al interesado de expresar su opinión sobre los hechos que le conciernan, de acuerdo con las condiciones y modalidades previstas en los párrafos segundo y tercero del apartado 2 del artículo 7 bis.»

b) Quedará suprimido el apartado 3.

10) El artículo 11 se sustituirá por el texto siguiente:

« Artículo 11

Comité de vigilancia

1. El Comité de vigilancia reforzará la independencia de la Oficina mediante el ejercicio del control regular de la ejecución de la función de investigación. Velará por el respeto de los derechos individuales y tendrá en cuenta la necesidad de salvaguardar los intereses de la Unión.

El Comité de vigilancia emitirá dictámenes sobre las decisiones del Director de la Oficina en los casos previstos en el presente Reglamento. A petición del Director o por propia iniciativa, el Comité remitirá dictámenes al Director sobre las actividades de la Oficina, sin interferir en el desarrollo de las investigaciones en curso. Emitirá asimismo dictámenes sobre las garantías de procedimiento, a petición de la persona interesada, y sobre la información de las instituciones, órganos u organismos pertinentes previa petición de estos últimos. Todos los dictámenes emitidos se comunicarán al Director de la Oficina y al solicitante del dictamen. Se remitirá una copia del mismo a la institución, órgano o organismo interesado. El Comité indicará, en su caso, los elementos del dictamen que requieran un tratamiento confidencial.

2. El Comité estará compuesto por siete personalidades externas independientes que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio en sus respectivos países de altas funciones relacionadas con el ámbito de actividades de la Oficina, nombradas de común acuerdo por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. El Comité encargará a uno de sus miembros la preparación de sus trabajos relativos al respeto de los derechos individuales por la Oficina.

3. La duración del mandato de los miembros será de tres años, renovable una vez.

4. Al término de su mandato, los miembros seguirán en funciones hasta que se proceda a la renovación de su mandato o a su sustitución.

5. En el ejercicio de sus funciones, los miembros no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún Gobierno ni de ninguna institución, órgano u organismo. Respetarán el secreto absoluto de los expedientes que se les sometan y de sus deliberaciones.

6. El Comité de vigilancia designará a su presidente. Asimismo adoptará su reglamento interno. Celebrará, como mínimo, diez reuniones al año y tomará sus decisiones por mayoría de sus miembros. Su Secretaría dependerá administrativamente de la Comisión.

7. El Director mantendrá al Comité regularmente informado de las actividades de la Oficina, de sus investigaciones, de sus resultados y de las medidas adoptadas en consecuencia. El Director informará al Comité de los casos en los que la institución, el órgano o el organismo interesados no hayan dado curso a las recomendaciones que aquél hubiere formulado. El Director informará al Comité de los casos en los que se precise transmitir información a las autoridades judiciales de un Estado miembro.

8. El Comité de vigilancia elaborará, como mínimo, un informe de actividades anual, que remitirá a las Instituciones. El Comité podrá presentar informes al Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión y el Tribunal de Cuentas sobre los resultados y las medidas adoptadas como consecuencia de las investigaciones efectuadas por la Oficina.»

11) El artículo 13 se sustituirá por el texto siguiente:

« Artículo 13

Financiación

Los créditos de la Oficina, cuyo importe total se consignará en una línea presupuestaria específica dentro de la sección del presupuesto correspondiente a la Comisión, figurarán con todo detalle en un anexo de dicha sección.

Los puestos de trabajo asignados a la Oficina se enumerarán en un anexo del cuadro de personal de la Comisión.»

12) El artículo 14 se sustituirá por el texto siguiente:

« Artículo 14

Control de la legalidad

El Comité de vigilancia recibirá una copia de todas las reclamaciones presentadas con arreglo al artículo [90 bis] del Estatuto y transmitirá un dictamen al Director de la Oficina al respecto.

Las disposiciones del primer párrafo y de los artículos [90bis, 91] del Estatuto se aplicarán por analogía al personal de las instituciones, órganos y organismos no sujetos al Estatuto.»

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el [...]

Por el Consejo

El Presidente

FICHA LEGISLATIVA DE FINANCIACIÓN

Ámbito(s) político(s): Lucha contra el fraude

Actividad(es): Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude

Denominación de la medida: Modificación de los Reglamentos (CE) n° 1073/1999 y (Euratom) n° 1074/1999

1. LÍNEA(S) PRESUPUESTARIA(S) + DENOMINACIÓN

Presupuesto de la OLAF

24.010600.03.0100 - Gastos derivados del mandato de los miembros del Comité de vigilancia

2. DATOS GLOBALES EN CIFRAS

2.1 Dotación total de la medida (créditos de operaciones): Millones de EUR en CC

2.2 Periodo de aplicación :

A partir de 2004 y por un período indefinido (mandato de tres años renovable)

2.3. Estimación global plurianual de los gastos:

(a) Calendario de créditos de compromiso/créditos de pago (intervención financiera) (véase el punto 6.1.1)

Sin incidencia

En millones de EUR (cifra aproximada al 3er decimal)

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b) Asistencia técnica y administrativa (ATA) y gastos de apoyo (GA) (véase el punto 6.1.2)

Sin incidencia

>SITIO PARA UN CUADRO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

c) Incidencia financiera global de los recursos humanos y otros gastos de funcionamiento (véanse los puntos 7.2 y 7.3)

>SITIO PARA UN CUADRO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

Equivalente a una necesidad adicional de créditos de 100.000 EUR.

2.4. Compatibilidad con la programación financiera y las perspectivas financieras

[X] Proposal is compatible with existing financial programming.

|| Esta propuesta requiere una reprogramación de la rúbrica correspondiente de las perspectivas financieras,

|| incluido, en su caso, un recurso a las disposiciones del acuerdo interinstitucional.

2.5. Incidencia financiera en los ingresos

[X] Ninguna implicación financiera (se refiere a aspectos técnicos relacionados con la aplicación de una medida)

O bien,

|| Incidencia financiera. El efecto en los ingresos es el siguiente:

Millones de EUR (cifra aproximada al primer decimal)

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3. CARACTERÍSTICAS PRESUPUESTARIAS

>SITIO PARA UN CUADRO>

4. FUNDAMENTO JURÍDICO

Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom, de 28 de de abril de 1999, por la que se crea la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF); artículo 4.

Reglamento (CE) n° 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y Reglamento (Euratom), de 25 de mayo de 1999, relativos a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF); artículo 11.

Modificación de estos Reglamentos: artículo 280 CE y artículo 203 Euratom.

5. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

5.1 Necesidad de una intervención comunitaria

El 2 de abril de 2003, la Comisión adoptó el Informe de evaluación de las actividades de la Oficina y lo remitió después, junto con el dictamen del Comité de vigilancia, a las instituciones, órganos y organismos. El objeto de las propuestas de modificación de los Reglamentos (CE) n° 1073/1999 y (Euratom) n° 1074/1999 que preconizan, en especial, un refuerzo del Comité de vigilancia, es atender a las conclusiones de dicho Informe y a la intervención del Presidente Romano Prodi (sobre el Estado de la Unión y el programa legislativo y de trabajo de la Comisión para 2004) pronunciada el 18 de noviembre de 2003 ante el Parlamento Europeo, en consonancia con su discurso de 25 de septiembre de 2003.

El Parlamento Europeo (Resolución de 4 diciembre 2003 sobre el mencionado informe de la Comisión) también se pronunció a favor del refuerzo del Comité de vigilancia.

En sus conclusiones de 22 de diciembre de 2003 sobre el citado Informe de la Comisión, el Consejo, por su parte, acogió con interés el dictamen del Comité de vigilancia invitándole a proseguir su labor al objeto de garantizar la independencia de la OLAF y destacó, por otra parte, la importancia del respeto de las normas relativas a la protección de los derechos fundamentales.

De acuerdo con las propuestas de modificación de los Reglamentos (CE) n° 1073/1999 y (Euratom) n° 1074/1999, el Comité de vigilancia deberá emitir dictámenes en un mayor número de supuestos (sobre las decisiones del Director de la Oficina y, en particular, en materia de prórrogas de los plazos de investigación, reclamaciones presentadas por personas interesadas, sobre las garantías de procedimiento a petición de la persona interesada, o sobre la información de las instituciones, órganos y organismos interesados a petición de éstos).

Este refuerzo supondrá el correspondiente aumento de los créditos necesarios.

Estos créditos se destinan a cubrir la ejecución del nuevo mandato de los miembros del Comité.

5.2 Acciones previstas y modalidades de intervención presupuestaria

Para el ejercicio de las nuevas funciones contempladas en el apartado 5.1, se ha previsto aumentar el número de miembros del Comité de vigilancia de cinco a siete. Dadas las nuevas responsabilidades que se confieren al Comité y la previsible intensificación de sus actividades y relaciones, aumentará probablemente la frecuencia de las reuniones (los Reglamentos exigen la celebración de un mínimo de diez reuniones anuales).

Uno de los miembros deberá encargarse especialmente de los trabajos relativos al respeto de los derechos individuales por parte de la OLAF.

Desde el punto de vista presupuestario, ello supondrá:

- un aumento del importe global anual de la indemnización administrativa a tanto alzado de asistencia reuniones (base de cálculo: 420 euros por miembro y día); dos días de reunión mensuales; 12 reuniones al año + los mismos importes en concepto de preparación de las reuniones);

- un aumento del importe global anual de las dietas (base de cálculo: 84,06 euros por día de reunión y miembro);

- un aumento del importe global anual de los gastos de transporte (tren en primera clase o avión en clase preferente); desplazamiento del lugar de residencia al lugar de reunión en Bruselas o Luxemburgo; coste medio de 1000 euros por miembro y reunión) y gastos de hotel (base de cálculo: 120,54 euros por día y miembro);

- un aumento, más importante el primer año, de algunos gastos (equipamiento, especialmente, informático, comunicaciones/telecomunicaciones, gastos accesorios, especialmente derivados de misiones especiales) con una dotación total estimada de 40.000 euros.

Aumento total estimado sobre esta base (véase el punto 7.3): 100.000 euros (sumados a los 200.000 euros consignados en el presupuesto para 2004).

Algunos gastos (especialmente los de transporte) no podrán determinarse en tanto no se conozca la procedencia de todos los miembros.

5.3 Modalidades de ejecución

Gestión directa por la Comisión.

El estatuto de los miembros del Comité se mantiene sin cambios.

6. INCIDENCIA FINANCIERA

6.1 Incidencia financiera total en la Parte B (para todo el periodo de programación)

Sin incidencia

6.1.1. Intervención financiera

CC en millones de EUR (cifra aproximada al 3er decimal)

>SITIO PARA UN CUADRO>

6.1.2. Asistencia técnica y administrativa (ATA), gastos de apoyo (GA) y gastos de TI (créditos de compromiso)

>SITIO PARA UN CUADRO>

6.2. Cálculo de los costes por medida prevista en la Parte B (para todo el período de programación):

Sin incidencia

CC en millones de EUR (cifra aproximada al 3er decimal)

>SITIO PARA UN CUADRO>

7. INCIDENCIA SOBRE EL PERSONAL Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Una vez adoptadas las propuestas de modificación de los Reglamentos, deberán realizarse los ajustes pertinentes para transferir los puestos de trabajo, las personas y los créditos correspondientes de la OLAF a la Comisión (presupuesto rectificativo de 2004 o anteproyecto de presupuesto para 2005).

7.1. Incidencia en los recursos humanos

En la fase actual no se han previsto recursos adicionales para las nuevas tareas administrativas de la Secretaría. El Comité de vigilancia dispone actualmente de 8 puestos asignados (1 A.2, 1 A.5, 1 B.3, 1 C.3, 1A.5T y 3A.7T) + 1 auxiliar. La incidencia teórica del aumento de trabajo debido a las nuevas misiones encomendadas al Comité de vigilancia se estima en 3 empleos entre los recursos existentes.

>SITIO PARA UN CUADRO>

De acuerdo con las propuestas de modificación de los Reglamentos (CE) n° 1073/1999 y (Euratom) n° 1074/1999 (véase el apartado 6 del artículo 11), la Secretaría del Comité dependerá administrativamente de la Comisión. Ello requiere modificar los cuadros de efectivos de la OLAF y la Comisión en consecuencia.

7.2 Incidencia financiera global de los recursos humanos

Véase el punto 7.1.

Ningún aumento de personal, pero transferencia al presupuesto de la Comisión de los puestos de trabajo y créditos de la Secretaría del Comité de Vigilancia.

>SITIO PARA UN CUADRO>

Los importes corresponden a los gastos totales para 12 meses.

7.3 Otros gastos de funcionamiento derivados de la medida

>SITIO PARA UN CUADRO>

Los importes corresponden al gasto total de la medida en 12 meses.

I. Total anual (7.2 + 7.3) // 1 331 000 EUR

II. Duración de la medida // Años

III. Coste total de la medida (I x II) //

Equivalente a una necesidad adicional de créditos de 100.000 EUR.

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

8.1 Sistema de seguimiento

En sus conclusiones de 22 diciembre 2003, el Consejo invitó a la Comisión a completar el informe de evaluación de las actividades de la OLAF antes de finales de 2004. El Consejo ha comunicado que evaluará la situación de la OLAF especialmente a tenor de los futuros informes.

8.2 Modalidades y periodicidad de la evaluación prevista

Se ha previsto una auditoría externa de la gestión de la Oficina (las conclusiones del Consejo citadas en los puntos 5.1 y 8.1 establecen un plazo máximo de dos años).

El Comité de vigilancia presentará anualmente un informe de actividades.

9. MEDIDAS ANTIFRAUDE

Aplicación con arreglo al nuevo Reglamento financiero.

Aplicación del Reglamento (CE) nº 1073/1999.