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Bruselas, 21.02.2006

COM(2006) 72 final

INFORME DE LA COMISIÓN

Segundo informe de la Comisión sobre la base del artículo 6 de la Decisión Marco del Consejo, de 26 de junio de 2001, relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito {SEC(2006) 219}

INTRODUCCIÓN

Esta segunda evaluación constituye la prolongación del informe de la Comisión del 5 de abril de 2004[1] establecido sobre la base del artículo 6 de la Decisión marco del Consejo, de 26 de junio de 2001[2], relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito. En su reunión de 25 y 26 de octubre de 2004, el Consejo tomó nota del informe elaborado por la Comisión e invitó a los Estados miembros que todavía no se ajustan plenamente a la Decisión marco, a que procedan a ello cuanto antes y proporcionen información en cuanto a los progresos alcanzados.' Se pronunció en favor de un segundo informe de evaluación y pidió a los nuevos Estados miembros, que naturalmente no figuraban en la primera evaluación, que transmitan los datos pertinentes relativos a la transposición de este texto en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales.

No obstante el plazo fijado a 31 de diciembre de 2004 para la transmisión de la información, no todos los Estados miembros pudieron contestar dentro de dicho plazo.' La Comisión envió una carta de reclamación con fecha de 4 de marzo de 2005, que en junio se completó con una última medida de reclamación por correo electrónico, gracias a lo cual a finales de julio de 2005, sólo uno de los nuevos Estados miembros (MT) no había transmitido a la Comisión la información solicitada. Los dos únicos Estados miembros (AT y PT) que no habían proporcionado ninguna información a tiempo para la primera evaluación, transmitieron información sustancial entretanto. No obstante, es de lamentar la falta de información procedente de algunos Estados miembros que se habían considerado parcialmente conformes con el texto de la Decisión Marco o que no habían proporcionado datos suficientes para que la Comisión pudiera llevar a cabo su misión de análisis. ' La información proporcionada por GR es especialmente incompleta. Sólo DE, IT, y el UK proporcionaron explicaciones complementarias basadas en las observaciones del primer informe.

El presente informe se refiere en gran medida a los Estados miembros que no se incluyeron en el primero. En cuanto a los que figuran en el primer informe, pero han comunicado aclaraciones con posterioridad, el informe presenta una visión consolidada de su situación. Sólo se han tenido en cuenta las respuestas recibidas en la Comisión antes del 30 de julio de 2005.

Por motivos relacionados con la dimensión máxima de los documentos admisibles para su traducción a todas las lenguas de la Unión Europea, con arreglo a los artículos 2, 3 y 4 en este documento sólo se presenta un resumen escueto de las respuestas[3].

ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS NACIONALES ADOPTADAS PARA AJUSTARSE A LA DECISIÓN MARCO

Artículo 1: Reservas al Convenio de 1990

Artículo 1, letra (a): Reservas al artículo 2 del Convenio de 1990

La primera evaluación reveló que tres Estados miembros (GR, LU y SE) no se habían ajustado al artículo 1, letra (a). SE suministró información complementaria en sendas cartas de 30 de agosto de 2004 y 29 de junio de 2005. La Ley de 19 de mayo de 2005, que entró en vigor el 1 de julio de 2005, por la que se modifica el Código Penal amplía a las demás infracciones punibles con condenas de un año por lo menos el beneficio del procedimiento de decomiso. La reserva sigue siendo válida para el decomiso del producto de los delitos fiscales, pero la Decisión Marco permite este tipo de excepción.

En cuanto a los diez nuevos Estados miembros se refiere, nueve de ellos se han ajustado a las disposiciones del artículo 1, letra (a). MT ha limitado la aplicación del artículo 2 a las infracciones consideradas como delitos según la ley maltesa mediante una declaración presentada el 19 de noviembre de 1999.

Artículo 1, letra (b): Reservas al artículo 6 del convenio de 1990

En la primera evaluación se consideró que cuatro Estados (AT, GR, LU y PT) habían presentado reservas no conformes al artículo1, letra (b). '

PT comunicó información según la cual una enmienda a su Código Penal establece que las infracciones subyacentes incluyan todos los delitos punibles con penas de seis meses a cinco años de cárcel.

AT limita mediante una reserva el ámbito de las infracciones subyacentes de los delitos que según el Código penal austriaco son punibles con penas de más de tres años de cárcel. AT considera que se ajusta a la redacción del artículo 1b, puesto que se considera a sí misma como un país con un sistema de penas mínimas. Estas penas mínimas existen para infracciones punibles con penas de cárcel de cinco años como mínimo. Pero también existen delitos punibles con penas de tres años y menos (o de más de un año) que no se combinan con penas mínimas. Actualmente estas infracciones se encuentran excluidas del ámbito del artículo 6 del Convenio de 1990 con motivo de la reserva de Austria, por lo que ésta no se ajusta al texto del artículo 1b.

GR declara que un proyecto de ley actualmente en consulta derogaría las reservas a los artículos 2 y 6 de la Ley nº 2655/1998. De seguir adelante, este proyecto de ley crea tres categorías de delitos subyacentes del blanqueo de capitales. Además de una lista específica de delitos, el proyecto de ley completa la definición de delito subyacente al incluir los delitos punibles con penas de prisión (cuyo límite máximo queda por definir) y los delitos punibles con penas de prisión, cuyo límite máximo queda también por definir, y que hayan dado lugar a la formación de productos por un importe superior a un límite máximo que por el momento no se ha definido. En esta fase no es posible determinar si este proyecto de ley eliminará definitivamente las objeciones que figuraban en el primer informe.

A falta de información adicional, no es posible considerar que LU haya corregido los aspectos que dieron lugar a las observaciones desfavorables emitidas tras la primera evaluación.

En cuanto a los diez nuevos Estados miembros se refiere, todo indica que ocho de ellos se atienen al artículo 1(b). No obstante, mediante una declaración presentada el 19 de noviembre de 1999, MT limitó la aplicación del artículo 6.1 a las infracciones consideradas como delitos por la ley maltesa. Mediante una declaración de 2 de marzo de 2000, HU limitó la aplicación del artículo 6.1 a los delitos subyacentes que se mencionan en su Código penal.

Artículo 2: las sanciones

En la primera evaluación se indicaba que los once países que habían transmitido información se ajustaban al artículo 2. No obstante, en las legislaciones de DK, FI y SE sólo se establece una pena conforme a las disposiciones del artículo 2 en los caso de blanqueo grave o con agravantes. El delito básico seguía castigándose con penas inferiores al nivel prescrito por la Decisión Marco.

SE especificó que no había ninguna diferencia palpable entre su sistema nacional y los sistemas en vigor en la mayoría de los demás países, puesto que las penas se pronuncian teniendo sistemáticamente en cuenta la gravedad del delito, tanto si la relación entre gravedad y pena es explícita, como en el caso de Suecia, como si no lo es, como en los otros sistemas jurídicos europeos, en los que el juez dispone de mayor libertad para ajustar la pena pronunciada a los hechos cometidos. La respuesta sueca proporciona, por consiguiente, elementos complementarios de explicación en apoyo de la afirmación según la cual SE se ajusta a las disposiciones del artículo 2. Más allá de la escala reconocida de penas en los distintos países, sólo un análisis jurisprudencial en profundidad podría permitir comparar el grado de rigor efectivo de los distintos sistemas judiciales europeos en el caso del blanqueo, lo que no entra en los objetivos de esta evaluación. AT alegó también la necesidad de tener en cuenta la coherencia de los sistemas jurídicos para justificar su propia escala de penas de inspiración similar.

No obstante, cabe observar que la gradación de las penas podría producir efectos inesperados e indeseables en la aplicación de la Decisión Marco 2005/212/JAI. En el ámbito de los delitos vinculados al blanqueo, los poderes reforzados de decomiso que se contemplan en el artículo 3 son válidos si el delito es cometido en el marco de la delincuencia organizada y es punible con una pena máxima de cárcel de cuatro años por lo menos.

Convendría por lo tanto garantizar que el blanqueo en el marco de la delincuencia organizada se asimile sistemáticamente al blanqueo «especialmente grave o habitual» (DK) o «extensivo y profesional» (FI)[4]. De un modo más general, se plantea la cuestión de saber si el delito de blanqueo simple se considera como un delito distinto del blanqueo con agravantes[5] para la aplicación de las disposiciones de la Directiva 2005/212/JAI.

GR no proporcionó información escrita que permitiese apreciar la aplicación del artículo 2.

Entre los nueve nuevos Estados miembros que transmitieron información:

- la legislación húngara establece una exención de oficio de toda actuación judicial contra cualquier persona que revele o haya empezado a revelar delitos de blanqueo que la policía desconocía. Esta exención parece excesiva ya que, al parecer, también pudiera beneficiarse de ella un blanqueador «descarado», es decir, alguien que revelase sus propias actividades de blanqueo a la policía para poder acogerse a dicha exención. Por otra parte, cabe mencionar que según la legislación húngara, una persona no comete la infracción de blanqueo más que en el marco de su actividad profesional, lo que parece indebidamente limitado;

- el proyecto de ley adoptado por el Gobierno de la República Checa el 9 de junio de 2004 aumenta la pena máxima para la infracción de base de dos a cuatro años, pero introduce una disposición por la que se establece que, en caso de acumulación de penas, la sanción vinculada a la infracción subyacente prevalece cuando la sanción pronunciada por este motivo es inferior a la sanción pronunciada por el delito de blanqueo. Puesto que resulta difícil evaluar el alcance efectivo de esta medida, parece que la República Checa debería modificar este detalle de su proyecto de ley para que su legislación futura sea plenamente conforme.'

Artículo 3: Decomiso del valor

La primera evaluación determinó que el decomiso del valor era posible en distintos grados, pero por lo menos como medida alternativa (aunque en determinadas ocasiones se limite a casos específicos o a ciertos tipos de delitos o de bienes), en los procedimientos internos de once Estados miembros (BE, DK, DE, FR, IE, IT, LU, NL, FI, SE y UK), y en al menos nueve de ellos (BE, DK, FR, IE, IT, NL, FI, SE UK y probablemente DE) en lo que a las solicitudes extranjeras se refiere.

En el momento de la primera evaluación, LU y ES indicaron estar preparando leyes para completar sus respectivos dispositivos nacionales con objeto de ajustarse al artículo3, pero el estado actual de sus trabajos legislativos respectivos no ha sido comunicado.

GR declaró ajustarse al artículo 3 pero no suministró los textos correspondientes.

Procedimientos internos

La información obtenida durante el segundo ejercicio de recogida pone de manifiesto que el procedimiento de decomiso del valor se aplica ampliamente, en cualquier caso cuando resulta imposible proceder al decomiso de los productos del delito. Por lo tanto IT, PT, LT, PL, CY, CZ, SK, SI y HU parecen ajustarse al artículo 3 desde el punto de vista de los procedimientos internos. En Austria, el artículo 20 del Código Penal establece que puede aplicarse una multa por enriquecimiento indebido a las personas que hayan cometido delitos por el mismo importe que el producto logrado de la comisión del delito o por el que se percibió para cometer dicho delito. Esta multa no procede si el enriquecimiento no excede de 21 802 EUR, lo que es muy superior al límite máximo indicado en el artículo 3. La información comunicada por LV no parece establecer la posibilidad de decomiso del valor.

Procedimientos externos

Obsérvese que todos los Estados miembros ratificaron el Convenio nº 141 del Consejo de Europa, por el que las Partes se obligan a adoptar las medidas que sean necesarias para responder a las solicitudes exteriores de decomiso de bienes que correspondan al producto del delito.

El primer informe de evaluación tuvo en cuenta el carácter relativamente poco claro de determinadas explicaciones proporcionadas por algunos Estados miembros. Los elementos de información obtenidos después de la segunda recogida, aunque muy valiosos, conducen a formular un juicio similar. Cabe distinguir la propuesta de enmienda propuesta por DE, que pudiera clarificar su situación en cuanto al artículo 3.

Artículo 4: Tramitación de las solicitudes de ayuda mutua

En virtud de este artículo, las solicitudes de ayuda mutua presentadas por los otros Estados miembros en cuanto a identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito deben tratarse con el mismo grado de prioridad que las concedidas a tales medidas en los procedimientos internos.

La primera evaluación destacaba que la Comisión no había recibido información suficiente de los Estados miembros como para considerar que se había procedido a la transposición de esta disposición específicamente.

Los elementos de información recibidos desde entonces se refieren generalmente a la aplicación del Convenio de 1990 del Consejo de Europa (CY, CZ, SI), a textos legislativos por los que se regulan las condiciones de aceptación de las solicitudes extranjeras (AT, CY, SE, EE y HU), o a textos infralegislativos que guían a las autoridades judiciales para la aceptación de dichas solicitudes (DE, PT). Sin poner en duda la información proporcionada, la Comisión se limita a formular la misma observación, ya que todo parece indicar que una evaluación efectiva de la aplicación del artículo 4 debería recurrir a métodos de evaluación de otro tipo.

Los adelantos que figuran en la Decisión Marco 2003/577/JAI del Consejo de 22 de julio de 2003, a la que los Estados debían ajustarse antes del 2 de agosto de 2005, se inscriben implícitamente en la perspectiva de una mejor aplicación del artículo 4[6]. Los trabajos en curso sobre el principio del reconocimiento mutuo de las decisiones de decomiso se inscriben en la misma lógica. Una aprobación rápida de esta última Decisión Marco constituiría sin duda alguna un progreso significativo.

Artículo 7: Aplicación territorial

El artículo 7 establece que la Decisión Marco entre en vigor en Gibraltar en cuanto allí se aplique el Convenio de 1990 del Consejo de Europa. UK indicó que esta condición no se cumple y que no existe ninguna medida en preparación para subsanar esta carencia.

CONCLUSIONES

La situación relativa a la transposición de las disposiciones específicas se presenta en adelante del modo siguiente:

Artículo1, letra (a) : Grecia, Luxemburgo y Malta probablemente deberán reformular sus reservas al artículo 2 del Convenio de 1990.

Artículo1, letra (b) : Austria, Grecia y Luxemburgo no siempre parecen cumplir las condiciones necesarias.' Entre los nuevos Estados miembros, las reservas de Malta y Hungría tampoco parecen conformes.

Artículo 2: todos los Estados miembros que respondieron se ajustan a este artículo. No obstante, cabe hacer tres observaciones:

- la República Checa podría enmendar, sin embargo, una disposición de un proyecto de ley sobre este tema para que éste sea plenamente conforme;

- Hungría podría tener que formular de nuevo la disposición por la que se exime de oficio a quienes revelen actividades de blanqueo, así como su definición del delito de blanqueo;

- La sanción máxima con arreglo al artículo 2 sólo está prevista si el juez admite la calificación de blanqueo con agravantes (Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia, República Checa y Eslovaquia).

Artículo 3: El decomiso del valor parece ser posible en distintos grados, aunque a veces limitado a casos específicos o a determinados tipos de infracción o de bienes, pero al menos como medida alternativa en los procedimientos internos de la mayoría de los Estados miembros. Única excepción, Letonia no parece disponer de este procedimiento. El procedimiento de decomiso en Austria sólo es aplicable por encima de un umbral superior a las disposiciones del artículo 3. En cuanto a las solicitudes extranjeras se refiere, ha escaseado la información suplementaria para completar el diagnóstico efectuado en la primera evaluación. Los nuevos Estados miembros que han proporcionado información sobre este tema aducen, en general, el hecho de que respetan los textos internacionales sobre esta materia.

Artículo 4: La Comisión sigue considerando que no ha recibido información suficientemente para estimar que se ha procedido a la transposición específica de esta disposición. La Comisión considera que la aplicación de este artículo se verá facilitada si las iniciativas en curso acerca del reconocimiento mutuo de las decisiones de decomiso se finalizan con éxito cuanto antes.

Artículo 7: El Reino Unido no ha procedido a la transposición de esta disposición.

[1] COM (2004) 230 de 5.4.2004.

[2] DO L 182 de 5.7.2001, p.1

[3] Un acta más detallada figura en el documento SEC adjunto.

[4] Por ejemplo

[5] Así como, en el caso de Austria, el reciclaje por terceros de activos de organizaciones criminales o terroristas.

[6] Documento 14622/04 COPEN 135, de 17 de diciembre de 2004 y 14622/04 COR 1 COPEN 135, de 17 de enero de 2005.