COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
COM(93) 575 final 
Bruselas, 16.03.1994 
94/0078(SYN) 
Propuesta de 
DIRECTIVA DEL CONSEJO 
por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
(presentada por la Comisión) 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
1. Justificación de la propuesta 
La presente propuesta de directiva por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente(1), obedece a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 11 según el cual la Comisión 
debe presentar al Consejo propuestas suplementarias para que sus disposiciones puedan 
aplicarse de forma suficientemente coordinada. 
Se basa, fundamentalmente, en los resultados del Informe sobre la aplicación de la 
Directiva 85/337/CEE remitido por la Comisión al Consejo y al Parlamento en virtud de ese 
mismo artículo 11(2). 
La experiencia adquirida a lo largo de ese período ha demostrado que, pese a la ingente labor 
de adaptación de los procedimientos nacionales vigentes a los nuevos requisitos de la evaluación 
de impacto ambiental, la aplicación práctica de la Directiva presenta dificultades porque la 
interpretación de los Estados miembros y de la Comisión ha sido, en ocasiones, divergente. Los 
servicios de la Comisión han observado repetidas veces insuficiencias en el planteamiento de 
los Estados miembros respecto a la puesta en práctica de las disposiciones de la Directiva. 
Por otra parte, la presente propuesta se ha elaborado teniendo presentes los compromisos 
internacionales contraídos por la Comunidad y los Estados miembros al firmar el Convenio de 
Espoo sobre evaluación de impacto ambiental en un contexto transfronterizo(3). Se han adaptado 
en consecuencia algunos artículos de la Directiva 85/337/CEE, en particular su artículo 7, que 
se ha redactado de nuevo para reflejar los objetivos de dicho Convenio. 
Por último, la presente propuesta pretende afrontar los problemas planteados por el Parlamento 
Europeo en su Resolución sobre agricultura y medio ambiente(4) y por la propia Comisión en su 
Comunicación sobre el mismo tema(5). 
11 Informe sobre la aplicación de la Directiva 85/337/CEE 
Del análisis detenido del Informe sobre la aplicación de la Directiva 85/337/CEE se desprende 
que, en la práctica, esa aplicación varía sensiblemente de un Estado miembro a otro. 
Esas diferencias se refieren, en particular, a las disposiciones de la Directiva sobre: 
- el campo de aplicación material definido en el apartado 1 del artículo 2 en combinación con 
el artículo 4 (Anexos I y II), 
- las informaciones que deben presentarse de acuerdo con el artículo 5 en combinación con el 
Anexo III, 
- la vigilancia de los efectos de la realización del proyecto ("monitoring"). 
(1) DOn°L 175 de 5.7.1985. 
(2) COM (93) 28 de 2.4.1993. 
(3) DOn°C 104 de 24.4.1992. 
(4) DO n°C 68 de 24.3.1986. 
(5) COM (88) 338 final de 08.06.1988. 
1.1.1 Campo de aplicación 
Uno de los elementos clave para apreciar la aplicación práctica de la Directiva lo constituyen 
los datos sobre el número total y los tipos de proyectos en los que se ha llevado a cabo una 
evaluación. Esos datos indican claramente que las diferencias entre el número anual de 
evaluaciones se explican por el distinto alcance de las obligaciones introducidas por las 
legislaciones nacionales con respecto a los proyectos del Anexo II, y por los umbrales aplicados 
a tales proyectos. 
Ahora bien, tal como ha quedado establecido en el nuevo artículo 4, el campo de aplicación 
material de la Directiva 85/337/CEE incluye tanto los proyectos que deben ser siempre objeto 
de evaluación (proyectos del Anexo I) como los que deben someterse a ella únicamente si los 
Estados miembros consideran que sus características lo exigen (proyectos del Anexo II). 
Contrariamente a la interpretación que se ha dado en algunos Estados miembros a esta última 
disposición, la Comisión considera que el poder de apreciación que se reconoce a los Estados 
miembros no puede servir en ningún caso para restar fuerza al sentido de la disposición general 
del apartado 1 del artículo 2 según la cual los proyectos regulados por la Directiva (Anexos I 
y II) deben someterse a evaluación si su impacto ambiental puede ser notable. 
La diferencia de planteamiento establecida en el artículo 4 según se trate de proyectos del Anexo 
I o del Anexo II se debe, según la Comisión, sobre todo al hecho de que si el proyecto pertenece 
al Anexo I se ha reconocido unánimemente la necesidad de someterlo a una evaluación 
obligatoria y sistemática, mientras que si pertenece al Anexo II se ha convenido en que los 
Estados miembros deberán estudiar, según su organización constitucional y administrativa, 
cómo valorar tales proyectos desde el punto de vista de su impacto ambiental. 
A este respecto, el Informe insiste en que no sólo es inquietante el hecho de que la cobertura de 
los proyectos del Anexo II sea incompleta, sino también lo contrario, es decir, que el 
establecimiento de umbrales muy bajos (o la ausencia de umbrales) provoque la evaluación de 
muchos proyectos relativamente pequeños. 
Así pues, la Comisión propone modificar el apartado 2 deí artículo 4 para precisar: 
i) las condiciones en las que deben someterse a evaluación ambiental los proyectos del Anexo 
II: es decir, cuando un proyecto pueda afectar significativamente a las zonas de protección 
especial declaradas y comunicadas por los Estados miembros a la Comisión en virtud de las 
directivas comunitarias sobre protección del medio ambiente; 
ii) el procedimiento de selección que, fuera de estos casos, deberán aplicar los Estados 
miembros para comprobar si los proyectos del Anexo II deben o no someterse a tal 
evaluación, siguiendo criterios establecidos y aceptados a nivel comunitario. Si es 
necesario y en aplicación de los principios de subsidiariedad y responsabilidad 
compartida, podrán también aplicarse umbrales que determinarán los Estados miembros. 
1.1.2 Contenido del estudio de impacto 
La práctica que se sigue en la actualidad para determinar las informaciones a que se refiere el 
artículo 5 varía considerablemente de un Estado miembro a otro, pero en general tiene como 
consecuencia que, en la mayoría de los casos, los estudios de impacto sólo contienen los datos 
mínimos enumerados en el apartado 2 de ese artículo, haciendo caso omiso de lo dispuesto en 
el apartado 1 según el cual, en determinadas condiciones, deben suministrarse los datos exigidos 
en el Anexo III. 
Para que la información recabada sea la adecuada en relación con el tipo de proyecto, y de 
mayor calidad, la Comisión considera que el alcance de este artículo quedará más delimitado 
si se introduce el concepto de definición del campo del estudio de impacto ("scoping"). 
Este planteamiento permite indicar los datos que debe reunir y presentar el titular del proyecto 
de entre los especificados en el Anexo III. La información que debe presentarse en cualquier 
caso consiste en la descripción de las alternativas consideradas por el titular del proyecto. 
A este respecto, el titular del proyecto va a poder, en lo sucesivo, servirse de la información que 
obre en poder de cualquier administración, de acuerdo con la Directiva 90/313/CEE sobre 
libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente(6) que, en su artículo 3, obliga 
a las autoridades públicas a poner la información relativa al medio ambiente a disposición de 
cualquier persona física o jurídica que lo solicite, sin que dicha persona esté obligada a probar 
un interés determinado. 
1.1.3 Vigilancia de los efectos ("Monitoring") 
En ese mismo informe se ha puesto de manifiesto que el procedimiento de evaluación 
establecido en la Directiva 85/337/CEE es insuficiente desde el punto de vista técnico porque 
no incluye disposiciones sobre la vigilancia del impacto ambiental de la realización del 
proyecto. 
Ahora bien, el establecimiento de tal vigilancia tendrá efectos positivos para la realización de 
proyectos porque permitirá a las autoridades competentes y al titular del proyecto adoptar lo 
antes posible las medidas correctoras o de compensación necesarias y mejorar su relación 
costes-beneficios. 
Además, permitirá una mayor disponibilidad de las autoridades de medio ambiente y del público 
hacia los proyectos cuyos estudios de impacto presenten incertidumbres o lagunas en las 
informaciones, ya que podrán reconsiderarse durante la fase de vigilancia. 
Una disposición en este sentido aparece ya en el Convenio de Espoo, que los Estados miembros 
deben cumplir en el contexto del impacto transfronterizo. 
No obstante, la Comisión no considera conveniente, por el momento, adaptar la Directiva 
comunitaria a las disposiciones de ese Convenio mediante el establecimiento de una vigilancia 
sistemática de las condiciones en las que se adoptó la decisión de autorización del proyecto y 
de las medidas correctoras previstas para evitar, reducir o compensar todo impacto ambiental 
negativo. 
Antes de presentar una propuesta concreta, tiene la intención de estudiar más detenidamente la 
cuestión de los costes y beneficios de tal adaptación y su conformidad con el principio de 
subsidiariedad. 
1.1.4 Estas nuevas disposiciones están en consonancia con las experiencias realizadas en 
materia de evaluación ambiental tanto a nivel internacional como en algunos Estados miembros. 
Según la Comisión, pueden aumentar la eficacia del procedimiento, lo que redundará en un 
mayor beneficio desde el punto de vista de la protección del medio ambiente. 
1.2 Coherencia con el V Programa de Medio Ambiente y con el Libro Blanco sobre 
"Crecimiento, competitividad y empleo" 
En el V Programa se reconoce que la evaluación de impacto ambiental debe desempeñar un 
papel determinante tanto en el proceso decisorio relativo a los proyectos como en el de las 
estrategias de desarrollo en las que se sustentan. 
(6) DOn°L 158 de 23.6.1990 
Como instrumento de información, la evaluación de impacto ambiental permite a los 
responsables en tales procesos decisorios apreciar mejor las incidencias sobre el medio ambiente 
de las inversiones necesarias, especialmente en los sectores prioritarios del V Programa(7) y del 
Libro Blanco sobre "Crecimiento, competitividad y empleo"(8). 
A este respecto, tanto las disposiciones vigentes como las propuestas permiten a los Estados 
miembros adoptar las medidas necesarias para simplificar y concentrar los procedimientos 
nacionales de autorización existentes y evitar plazos inútiles en las fases de planificación y 
ejecución de proyectos prioritarios a nivel comunitario, en particular sobre redes transeuropeas. 
Por otra parte, una aplicación más sistemática y mejor coordinada del procedimiento de 
evaluación ambiental podrá contribuir, además, a reducir los posibles casos de distorsiones por 
diferencias en las prácticas de los Estados miembros. 
2. Ventajas y costes de la propuesta 
2.1 Las ventajas potenciales de las nuevas disposiciones que se detallan en el punto 1.2 son 
considerables: 
- una recogida más pertinente y precisa de los datos que debe suministrar el titular del proyecto 
a partir de las indicaciones de la autoridad competente de acuerdo con las administraciones 
de medio ambiente y en consulta con el titular del proyecto. A este respecto, hay que señalar 
que la participación de la población en esta fase del procedimiento de evaluación, en la forma 
adecuada, no puede menos que aumentar el diálogo con los ciudadanos y facilitar así el 
consenso necesario en torno al proyecto; 
- mayor facilidad de acceso a los datos pertinentes por parte de aquéllos que los necesiten; 
- mayor control de la calidad de los estudios de impacto y de su apreciación; 
- más consideración de las medidas correctoras, a menudo mal integradas en la fase de diseño 
de un proyecto; 
- menos evaluaciones de proyectos muy pequeños (cuando es improbable que tengan influencia 
sobre el medio ambiente). 
2.2 Los costes vinculados a la puesta en práctica de estas nuevas medidas pueden valorarse 
desde los puntos de vista de la financiación, el tiempo y el personal. Estos tres parámetros 
dependen del número y naturaleza de las evaluaciones que vayan a llevarse a cabo, razón por 
la cual es imposible, en este momento, hacer ninguna estimación exacta. 
Las experiencias obtenidas en los Estados miembros demuestran que, por regla general, los 
costes económicos de la realización de un estudio de impacto representan una parte ínfima del 
coste total del proyecto. Únicamente en el caso de pequeños proyectos que no requieren grandes 
capitales estos costes pueden superar, excepcionalmente, el 1% del coste total del proyecto(9). 
Así pues, parece totalmente razonable esperar que, en principio, los costes de esos estudios 
permanecerán por debajo del 1%. 
Por el contrario, los costes de las medidas correctoras varían sensiblemente de un proyecto a 
otro y dependen, fundamentalmente, de las obligaciones en materia de medio ambiente. Si las 
normas de protección del medio ambiente que deben cumplirse son las mismas, las medidas 
(7) COM(92)23 final de 12.6.1992, p. 26-27. 
(8) COM(93)700 final de 5.12.1993. 
(9) Informe sobre la aplicación de la Directiva 85/337/CEE (COM(93)28 final - p. 55-57). 
correctoras necesarias podrán ser tenidas en cuenta ya desde la fase inicial de diseño del 
proyecto, lo cual servirá para reducir los costes de inversión global. 
El calendario global de ejecución de un proyecto tampoco parece que vaya a verse afectado por 
el tiempo invertido en la realización de la evaluación ambiental ya que ésta puede incluirse 
dentro del procedimiento de autorización. 
Por otro lado, es evidente que si el "scoping" se dirige correctamente, el tiempo necesario para 
su realización se verá ampliamente compensado con el tiempo que así se puede ahorrar en las 
fases posteriores del procedimiento de autorización. 
2.2 Por último, la Comisión, habida cuenta de que la aplicación de las disposiciones va a 
suscitar otras necesidades por lo que respecta tanto a la formación de los implicados en la 
evaluación como a la elaboración de orientaciones sobre estos asuntos, ha iniciado en 
colaboración con los Estados miembros un programa de asistencia técnica en la materia. 
3. Subsidiariedad y proporcionalidad 
3.1 La armonización de las disposiciones de evaluación de impacto ambiental sirve, 
básicamente, para establecer en la Comunidad un marco general de referencias con objeto de 
que en los Estados miembros se sigan los mismos pasos en favor de la protección del medio 
ambiente. 
Lo mismo puede decirse con respecto a las nuevas disposiciones de la presente propuesta, ya 
que las modificaciones previstas no cambian en sustancia las obligaciones que la Directiva 
impone a los Estados miembros. 
Son los Estados miembros, pues, los que, desde sus estructuras administrativas y organizativas, 
aunque a partir de principios comunitarios, deben: 
- establecer el contenido y la forma de los datos que debe suministrar el titular del proyecto; 
- especificar cómo van a tenerse en cuenta los resultados de la evaluación; 
- estudiar, en determinadas condiciones, si el impacto ambiental probable de los proyectos del 
Anexo II requiere o no una evaluación. 
3.2 Así pues, estas disposiciones están en consonancia con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 130 R del Tratado y recogido en el V Programa de medio ambiente. 
4. Consulta con los medios socioeconómicos 
La consulta con el Comité Económico y Social establecida en el artículo 198 del Tratado va a 
posibilitar un amplio debate con los representantes de los distintos sectores económicos y 
socioprofesionales. 
5. Situación jurídica en los Estados miembros 
A pesar de que las nuevas disposiciones sobre selección del tipo de proyectos que deben 
someterse a evaluación y determinación del contenido del estudio de impacto aún no están 
completamente integradas en la legislación de los Estados miembros, ya se están aplicando 
algunos aspectos de esos procedimientos en grados distintos en varios Estados miembros y en 
otros países. Los cuadros que figuran a continuación ofrecen un panorama de la experiencia 
adquirida e indican hasta qué punto revisten carácter formal tanto esos procedimientos como la 
vigilancia. 
SISADOS ÇUADRQA 
JH8g3aEU3BESSefcJBLi£^ 
•ELECCIÓN COHTUIDO VZOXLAHC1A 
Bélgica 
Dinamarca 
Países Bajos 
Grecia 
Alemania 
Italia 
Francia 
Portugal 
España Lista única de proyectos sometidos a 
EIA en Flandes (1 £ 2 órdenes 
administrativas de EIA) 
En la Región Valona se evalúa cada 
proyecto para comprobar si debe 
procederse a una EIA 
Listas de proyectos que requieren 
una EIA en virtud de varias leyes; 
no hay procedimiento de selección 
Lista de proyectos que requieren una 
EIA en virtud del Anexo C del 
Decreto sobre impacto ambiental; no 
hay procedimiento de selección. 
Dos listas de proyectos (grupo 1 y 
grupo 2): todos los proyectos 
necesitan una EIA, pero los 
requisitos en materia de declaración 
de impacto ambiental aplicables a 
los dos grupos son distintos; no hay 
procedimiento de selección. 
Listas de proyectos que requieren 
una EIA a nivel regional (Estados 
federados) y federal; estudio de la 
importancia de los efectos en caso 
de modificación de un proyecto. 
Lista única de proyectos: la EIA es 
obligatoria si el proyecto se sitúa 
por encima del umbral; selección 
posible caso por caso por debajo del 
umbral. 
Lista única de proyectos que 
requieren EIA; no hay procedimiento 
de selección. 
Lista de proyectos que requieren EIA 
en virtud de varias leyes; no hay 
procedimiento de selección. 
Anexo del D.R. No.38/90, listas de 
proyectos y umbrales (21 tipos de 
proyectos). 
Listas de proyectos que requieren 
una EIA en virtud de varias leyes a 
nivel nacional y de las Comunidades 
Autónomas (listas suplementarias de 
proyectos que requieren una 
declaración de impacto ambiental); 
no hay procedimiento de selección. En la legislación de Flandes no hay 
ninguna disposición obligatoria. 
Debe realizarse una encuesta pública 
en el caso de proyectos iniciativa de 
un organismo público. 
Ninguna disposición obligatoria. 
Debate extraoficial en la preparación 
del estudio. 
La autoridad competente establece 
orientaciones previa consulta 
obligatoria con las demás 
autoridades, la Comisión de EIA 
independiente y la población. 
Ninguna disposición oficial por el 
momento. Se están preparando una 
serie de disposiciones obligatorias. 
Entre el titular del proyecto y la 
autoridad competente debe discutirse 
a propósito de los requisitos en 
materia de información con carácter 
obligatorio a nivel federal; en 
algunos Estados federados la consulta 
de la población es obligatoria. 
Ninguna disposición oficial por el 
momento. La Agencia propuesta para la 
protección del medio ambiente va a 
elaborar orientaciones generales 
sobre la información que deberá 
constar en los estudios según los 
tipos de proyectos. 
Ninguna disposición obligatoria. 
Ninguna disposición obligatoria para 
una definición sistemática del 
contenido del estudio. 
Ninguna disposición obligatoria. 
Procedimiento voluntario de 
definición del contenido del estudio 
(se realiza en la mayoría de los 
casos). Entre las condiciones de autorización de 
proyectos de instalaciones industriales 
puede incluirse la realización de una 
vigilancia. 
Las autoridades locales se encargan de los 
procedimientos de vigilancia como parte 
del proceso de planificación. 
La Ley exige la vigilancia de los efectos 
expuestos en el estudio. 
PERPA asume la vigilancia y postauditorla 
sólo con carácter ocasional. 
Se vigilan algunos proyectos en virtud de 
la Ley de EIA y el órgano que concede las 
autorizaciones puede exigir una vigilancia 
adicional. 
Ningún sistema oficial de vigilancia en la 
legislación de EIA. La AMA propuesta puede 
llegar a asumir un papel de vigilancia y 
evaluación. 
Las autorizaciones pueden supeditarse a la 
formación de una red de vigilancia. 
Todas las "installations classées" estén 
sometidas a la vigilancia de los servicios 
de inspección competentes. Esta vigilancia 
no se aplica a los demás proyectos. 
Ninguna disposición oficial en materia de 
vigilancia. 
El Programa de Vigilancia Ambiental obliga 
a proceder a un seguimiento. Figura en las 
condiciones de la Declaración de Impacto 
Ambiental. 
Reino Unido Ningún umbral ni criterio 
obligatorio. Según la legislación 
británica, las autoridades deben 
estudiar los proyectos uno a uno. 
Luxemburgo Los proyectos que requieren encuesta 
pública (Anexo 1 y la mayoría de los 
proyectos del Anexo 2) están sujetos 
a una EIA sobre la base de un 
estudio previo; los demás proyectos 
se estudian caso por caso. Ninguna disposición obligatoria. 
El Ministerio de medio Ambiente 
recomienda la consulta entre el 
promotor y la autoridad competente. 
Ninguna disposición oficial sobre la 
definición del contenido del estudio. 
La autoridad competente establece 
listas de comprobación para proyectos 
concretos. No oatá prevista ninguna 
nueva disposición. Ninguna disposición obligatoria. No 
obstante, algunos procesos de autorización 
incluyen condiciones de vigilancia. 
La vigilancia se incluye en el 
procedimiento de commodo et incommodo 
«ITOACIÓW JURÍDICA EU MKtERIA, DE gELECCIÓM, OOMTEBIDO Y VTOILAWCIA 
Mil 
Austria 
Finlandia 
(Nota : Proyecto 
de ley sobre 
EIA) 
Noruega •ELECCIÓN 
Lista única de proyectos. 
Lista única de proyectos; además, 
posibilidad de selección caso por 
caso por el Ministerio de medio 
ambiente. 
Lista única de proyectos que 
requieren, en principio, una EIA; 
con respecto a los proyectos no 
incluidos, existe la posibilidad de 
selección caso por caso por el 
Ministerio de medio ambiente. 
En principio, según la Ley de 
gestión de los recursos naturales, 
todos los proyectos que necesitan 
autorización en virtud de trece 
leyes distintas requieren una EIA. La autoridada competente, después da 
consultar con las demás autoridades y 
con la población, decide aceptar o no 
los proyectos de contenido de 
declaración de impacto ambiental 
propuestos por sus titulares. 
Las autoridades competentes, tras una 
consulta pública y con la 
participación del titular del 
proyecto, deciden el contenido de la 
declaración de impacto ambiental. 
La autoridada competente, después de 
consultar con la población y el 
Ministerio de medio ambiente, decide 
si es o no necesaria una declaración 
de impacto ambiental completa, y 
establece las lineas directrices de 
su contenido. 
Cada autoridad competente está 
habilitada para determinar el alcance 
de cada evaluación, pero la 
legislación todavía no ha establecido 
los procedimientos de selección. VIOXUWCIA 
Vigilancia obligatoria bajo la 
respondabilidad de la autoridad 
competente; los resultados deben 
comunicarse a las demás autoridades. 
Vigilancia de los proyectos obligatoria en 
virtud de leyes sectoriales; programa de 
vigilancia obligatoria que forma parte de 
la declaración de impacto ambiental; se 
publican las informaciones relativas a la 
vigilancia. 
Programa de vigilancia obligatorio que 
forma parte de la declaración de impacto 
ambiental; la autoridad competente elabora 
un programa previa consulta con la 
población y el Ministerio de medio 
ambiente; la responsabilidad del programa 
recae sobre el titular del proyecto. 
No hay ninguna disposición ni 
procedimiento especifico en materia de EIA 
con respecto a la vigilancia. En virtud de 
procedimientos de autorización específicos 
puede haber disposiciones más generales 
para vigilar la ejecución del proyecto. 
CUADRO C 
gagACIOM_3TOtoT.CA EN^jftTERJAOE jELECCIÓBNjCOMTENmO » VIÇILAHCIA EN AMONO» TERCERO» BAÍBEB 
PA±Í «ELECCIÓN CONTENIDO VXSILANCIA 
Canadá Si Si SI 
EEUU SI Si Variable - sólo en algunos casos. 
Nueva Zelanda Si No Si 
Australia Si SI Variable - en general, no. 
Suiza Si Si Ninguna disposición especial en los 
reglamentos. 
6. Fundamento jurídico 
La razón por la que se ha elegido el apartado 1 del artículo 130 S como fundamento jurídico es, 
fundamentalmente, que la Directiva 85/337/CEE data de 1985 y su fundamento lo constituyen 
los artículos 100 y 235 CEE; el primer artículo estaba justificado por los posibles casos de 
falseamiento de la competencia como resultado de diferencias en los requisitos aplicables a los 
estudios de impacto en los distintos Estados miembros, y el segundo, por la ausencia de una 
disposición medioamiental explícita en el Tratado de Roma. La presente propuesta se ha 
elaborado después de que entrara en vigor el Tratado de la Unión e insiste en los aspectos 
ambientales de las obligaciones comunitarias sobre el estudio de impacto, razón por la cual se 
refiere al apartado 1 de su artículo 130 S. 
Más que un instrumento indispensable para el funcionamiento correcto del mercado interior, el 
procedimiento de evaluación ambiental sirve, ante todo, para proporcionar a las autoridades 
competentes la información adecuada con la que poder tomar una decisión sobre un proyecto 
con pleno conocimiento de causa; así pues, es un instrumento fundamental de la política 
comunitaria de medio ambiente. 
Por otra parte, las consideraciones relativas a la posibilidad de que los costes del procedimiento 
de evaluación ambiental pudieran imponer unas condiciones desiguales de competenciay falsear 
así el mercado entre los Estados miembros, constituyen sólo un aspecto complementario de la 
necesidad de este paso común, puesto que el coste del procedimiento no es tal que pueda influir 
en la decisión del inversor a propósito de la ubicación del proyecto. 
7. Observaciones al articulado 
El artículo 1 anuncia las modificaciones de las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE. 
Artículo 1 
Se propone precisar y trasladar la definición de "Modificación de proyecto", que figura en la 
actualidad como una clase más de proyectos en el Anexo II de la Directiva. Se ha considerado 
necesaria esta operación porque en la práctica la interpretación de "modificación de proyecto" 
ha planteado problemas, ya sea por el alcance de la modificación prevista (transformación del 
proyecto), ya sea por el cambio de las condiciones en que se autorizó el proyecto. 
Artículo 4 
Este artículo se ha modificado para poner en práctica el procedimiento de selección que deberán 
aplicar los Estados miembros para determinar los proyectos del Anexo II que requieran una 
evaluación. 
Artículo 5 
En este artículo se ha introducido el procedimiento de determinación del contenido del estudio 
de impacto, cuya finalidad consiste, básicamente, en facilitar el intercambio de información 
entre las distintas partes y aumentar la calidad de la evaluación. 
10 
Artículo 6 
En el apartado 1 se especifica que debe consultarse a las autoridades de medio ambiente no sólo 
sobre la solicitud de autorización presentada por el titular del proyecto sino también sobre la 
información suministrada por este último. 
En el apartado 2 se dice, además, que debe consultarse al público antes de que se autorice el 
proyecto y no antes del comienzo efectivo de las obras, porque la autorización puede concederse 
mucho antes de ese inicio, que puede tener lugar en un momento en que sea ya imposible retirar 
la autorización, en cuyo caso la consulta del público tendría carácter de mera formalidad. 
Artículo 7 
En consonancia con el Convenio de Espoo, la presente propuesta preconiza una mejora 
considerable de las relaciones bilaterales entre Estados miembros en relación con la consulta 
a las autoridades del Estado miembro que pueda llegar a verse afectado de forma notable y con 
la participación de tales autoridades en el procedimiento de evaluación ambiental. 
Los Estados miembros afectados por el proyecto deben estudiar juntos, a partir de los 
dictámenes de las administraciones de medio ambiente y de sus ciudadanos respectivos, los 
efectos trasfronterizos de ese proyecto y las medidas necesarias para reducirlos o 
compensarlos. De esta manera se estrechará la colaboración entre los Estados miembros, habida 
cuenta de que la contaminación, como se dice en el V Programa de medio ambiente(10), no se 
detiene ante las fronteras. 
Artículo 8 
Otra de las dificultades que han surgido al aplicar la Directiva, y que también ha sido puesta de 
manifiesto en el informe, se refiere al papel que puede desempeñar el procedimiento de 
evaluación para inclinar la decisión de autorización en favor de las preocupaciones ecológicas. 
Las decisiones adoptadas por las autoridades competentes demuestran que no se está prestando 
una atención suficiente a los resultados del procedimiento de evaluación por lo que se refiere 
a la prevención ni a la compensación del impacto ambiental. 
La obligación de tener expresamente en cuenta los dictámenes emitidos por la administración 
de medio ambiente y el público interesado puede contribuir, en cierta medida, a aumentar la 
transparencia de las decisiones adoptadas por la autoridad competente. 
Artículo 9 
El objetivo de esta modificación es exigir una justificación de las decisiones adoptadas por la 
autoridad competente, de forma que el público pueda apreciar la incidencia que en ellas haya 
tenido la evaluación de impacto ambiental. 
(10) COM(92)23 final de 12.6.1992. 
11 
Artículo 11 
Con la nueva redacción del artículo 4 de la Directiva 85/337/CEE, el apartado 2 de este artículo 
es ya superfluo, razón por la cual se ha suprimido. 
Artículo 12 
Con la nueva redacción del artículo 2 de esta propuesta, este artículo es ya superfluo, razón por 
la cual se ha suprimido. 
Artículo 13 
La supresión de este artículo se justifica por el hecho de que el artículo 130 T del Tratado 
permite ahora a los Estados miembros establecer normas más estrictas para la protección del 
medio ambiente. 
Anexo I 
Se ha completado este Anexo con otras dos categorías de proyectos, una sobre instalaciones de 
reelaboración de combustibles nucleares irradiados y otra sobre instalaciones para el 
almacenamiento provisional de residuos radiactivos. 
Se han incluido las instalaciones de reelaboración porque los vertidos radiactivos de este tipo 
de instalaciones son más importantes que los de las centrales nucleares ya incluidas en este 
Anexo. Las instalaciones para el almacenamiento provisional de residuos radiactivos, al ser 
igualmente peligrosas para la salud humana, deben evaluarse también antes de ser autorizadas. 
Por último, la propuesta de modificación aclara la definición de instalaciones químicas 
integradas. 
Anexo II 
Las modificaciones de este Anexo consisten, fundamentalmente, en la agrupación de algunas 
clases de proyectos y en una redacción más precisa de sus definiciones. 
Así pues, se ha sugerido reestructurar la clase de proyectos agropecuarios transfiriendo a una 
clase nueva dedicada a los proyectos de ordenación territorial los proyectos para destinar 
terrenos incultos a una explotación intensiva y los de recuperación de tierras al mar. 
Se ha creado otra clase denominada "Turismo y actividades recreativas" en la que se recogen 
las instalaciones de pistas de esquí y "bobsleighs", remontes mecánicos, terrenos de golf, 
puertos de recreo, terrenos de camping, pueblos de vacaciones y centros culturales y recreativos. 
Se han introducido otras modificaciones en relación con la clase de proyectos de infraestructura. 
Todas estas modificaciones se han hecho con objeto de determinar mejor el campo de aplicación 
material de la Directiva. 
12 
Anexo II bis (nuevo) 
La introducción de este nuevo Anexo en la Directiva 85/337/CEE tiene por objeto la aplicación 
de la nueva disposición del apartado 3 del artículo 4. 
Ese Anexo establece, pues, los criterios de selección que van a permitir a los Estados miembros 
apreciar, en función de criterios comunes, si los proyectos del Anexo II pueden o no llegar a 
tener un impacto ambiental significativo. 
Anexo m 
Se ha modificado el punto 2 de este Anexo para dar carácter obligatorio al examen de las 
principales alternativas del proyecto. Estas modificaciones obedecen a una serie de 
consideraciones de eficacia de la Directiva y de armonización de las disposiciones nacionales 
en la materia. 
Anexo IV 
Este nuevo Anexo de la Directiva 85/337/CEE tiene por objeto precisar el procedimiento de 
consulta entre Estados miembros, así como las informaciones que se consideran adecuadas en 
el caso de proyectos cuyo impacto ambiental va más allá de las fronteras. 
13 
Propuesta de 
DIRECTIVA DEL CONSEJO 
por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 1 de su 
artículo 130 S, 
Vista la propuesta de la Comisión(1), 
En cooperación con el Parlamento(2), 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social(3), 
Considerando que el procedimiento de evaluación ambiental previsto en la 
Directiva 85/337/CEE(4) de la Comisión sirve principalmente para facilitar a las autoridades 
competentes la información adecuada que les permita decidir sobre un determinado proyecto 
con pleno conocimiento de causa por lo que se refiere a sus probables repercusiones en el medio 
ambiente; que, por ello, constituye un instrumento fundamental de la política de medio ambiente 
definida en el artículo 130 R del Tratado; 
Considerando que debe garantizarse un grado suficiente de protección del medio ambiente a 
nivel comunitario mediante el establecimiento de un marco general de apreciación y criterios 
que permitan determinar los proyectos que deben someterse a evaluación ambiental; que, sin 
embargo, las autoridades competentes de los Estados miembros, según el principio de 
subsidiariedad, son las más capacitadas para aplicar esos criterios en casos concretos; 
Considerando que el Informe sobre la aplicación de la Directiva 85/337/CEE, adoptado por la 
Comisión el 2 de abril de 1993, pone de manifiesto la existencia de dificultades en la aplicación 
de la misma; que conviene, pues, precisar determinadas disposiciones de dicha Directiva a fin 
de que el procedimiento de evaluación permita obtener mayores beneficios, sin alterar, no 
obstante, el alcance real de las obligaciones que incumben a los Estados miembros en virtud de 
la mencionada Directiva; 
Considerando, no obstante, que es necesario prever disposiciones con objeto de mejorar las 
normas relativas al procedimiento de evaluación; 
Considerando que procede completar la lista de proyectos con efectos notables sobre el medio 
ambiente que, por esta razón, deben someterse a una evaluación sistemática; 
O) DO C ... 
(2) DO C ... 
(3) DO C ... 
DO n° L 175 de 5.7.1985, p. 40 (4) 
14 
Considerando que debe, asimismo, especificarse que tal evaluación es obligatoria para los 
proyectos enumerados en el Anexo II de dicha Directiva que puedan afectar de manera 
significativa a los objetivos específicos de protección del medio ambiente establecidos de 
común acuerdo a nivel comunitario; que, en los demás casos, corresponde, en cambio, a los 
Estados miembros exsminar la necesidad de proceder a una evaluación, en aplicación de los 
criterios de selección establecidos en la presente Directiva; 
Considerando que algunas de estas medidas permiten adecuar las disposiciones de dicha 
Directiva al Convenio sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo 
(Convenio de Espoo), firmado por la Comunidad junto con sus Estados miembros el 
25 de febrero de 1991, 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
Artículo 1 
La Directiva 85/337/CEE quedará modificada como sigue: 
1) En el apartado 2 del artículo 1 se insertará la definición siguiente. 
"- modificación de un proyecto: 
cualquier transformación que afecte a la consistencia de un proyecto o cualquier cambio 
importante en sus condiciones de explotación o de funcionamiento". 
2) El artículo 4 será sustituido por el texto siguiente: 
"Artículo 4 
1. Sin perjuicio del apartado 3 del artículo 2, los proyectos enumerados en el Anexo I serán 
objeto de una evaluación de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 10. 
2. Sin perjuicio del apartado 3 del artículo 2, los proyectos enumerados en el Anexo II serán 
objeto de una evaluación, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 10, 
cuando puedan llegar a afectar de forma significativa a las zonas de protección especial 
designadas por los Estados miembros en virtud de la legislación comunitaria. 
3. En los demás casos, los proyectos enumerados en el Anexo II deberán ser examinados por 
la autoridad competente para determinar si, con arreglo a los umbrales establecidos, en 
su caso, por los Estados miembros y a los criterios de selección definidos en el 
Anexo II bis, sus efectos probables sobre el medio ambiente requieren o no una 
evaluación de conformidad con los artículos 5 a 10. 
Los Estados miembros velarán por que se publiquen las decisiones adoptadas por la 
autoridad competente." 
15 
3) En el artículo 5, el apartado 1 será sustituido por el texto siguiente: 
"1. En el caso de proyectos que, en aplicación del artículo 4, deban ser objeto de una 
evaluación del impacto ambiental de conformidad con lo establecido en los artículos 5 
a 10, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que la autoridad 
competente determine, de acuerdo con las autoridades a que se refiere el artículo 6 y 
previa consulta al maestro de obras, la información especificada en el Anexo III que 
aquel tiene la obligación de suministrar en la forma adecuada, en la medida en que: 
a) la información sea pertinente en una fase dada del procedimiento de autorización 
y con respecto a las características concretas de un proyecto específico o de un tipo 
de proyecto y de los componentes del medio ambiente que puedan llegar a verse 
afectados. 
b) se pueda razonablemente exigir al maestro de obras que reúna los datos habida 
cuenta, en particular, de los conocimientos y métodos de evaluación existentes." 
4) En el artículo 5 se suprimirá el apartado 2. 
5) En el artículo 5, el apartado 3 será sustituido por el texto siguiente: 
Los Estados miembros velarán por que las autoridades que dispongan de información 
pertinente, en particular, habida cuenta del artículo 3, la pongan a disposición del 
maestro de obras." "3 
6) En el artículo 6, el apartado 1 será sustituido por el texto siguiente: 
" 1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las autoridades que 
puedan estar interesadas por el proyecto, debido a su responsabilidad específica en 
materia de medio ambiente, tengan la posibilidad de emitir un dictamen sobre la 
información suministrada por el maestro de obras y sobre la solicitud de autorización. 
A tal fin, los Estados miembros designarán las autoridades a las que habrá que 
consultar, con carácter general o para cada caso concreto, cuando se presenten las 
solicitudes de autorización. Tales autoridades recibirán las informaciones recabadas 
en virtud del artículo 5. Los Estados miembros establecerán las modalidades de dicha 
consulta." 
7) En el segundo guión del apartado 2 del artículo 6, el término "iniciarse" será sustituido por 
el el término "autorizarse". 
8) El artículo 7 será sustituido por el texto siguiente: 
"Artículo 7 
1. Cuando un Estado miembro considere que un proyecto a que se refiere el artículo 4 pueda 
tener efectos negativos notables sobre el medio ambiente de otro Estado miembro, o 
cuando un Estado miembro cuyo medio ambiente pueda resultar notablemente afectado 
lo solicite, el Estado miembro en cuyo territorio esté ubicado el proyecto notificará al otro 
Estado miembro, a más tardar cuando informe a sus propios nacionales, las informaciones 
especificadas en el Anexo IV. 
16 
2. Los Estados miembros interesados entablarán consultas para las que se habrá establecido 
un calendario razonable sobre: 
i) las principales soluciones para la sustitución del proyecto examinadas. 
ii) las medidas que puedan adoptarse para evitar, reducir y, si fuere posible, compensar, 
los efectos negativos más allá de las fronteras; 
iii) las formas de asistencia mutua previsibles para atenuar todo impacto transfronterizo 
perjudicial importante del proyecto propuesto; 
iv) las medidas que puedan adoptarse para asegurar la vigilancia de los efectos 
transfronterizos del proyecto a cargo del Estado miembro en el que se haya 
propuesto el proyecto. 
3. Las autoridades del Estado miembro cuyo medio ambiente pueda resultar notablemente 
afectado consultarán a las autoridades interesadas y al público de conformidad con el 
artículo 6 y comunicarán, en el plazo fijado en el apartado 2, su dictamen acerca del 
proyecto a las autoridades del Estado miembro en cuyo territorio esté ubicado el proyecto. 
No obstante, no podrá alegarse ningún motivo basado en el hecho de que las autoridades 
del Estado miembro cuyo medio ambiente puede resultar afectado, y que hayan entablado 
con regularidad consultas de conformidad con el apartado 2, no hayan emitido su 
dictamen en los plazos y formas establecidos en el párrafo primero, para impugnar la 
validez de la decisión de las autoridades competentes sobre el proyecto." 
9) El artículo 8 será sustituido por el texto siguiente: 
"Artículo 8 
Los dictámenes y la información recogidos en virtud de los artículos 5, 6 y 7 deberán ser 
tenidos en cuenta en el procedimiento de autorización." 
10) El artículo 9 será sustituido por el texto siguiente: 
"Artículo 9 
Cuando se haya adoptado una decisión, la autoridad o autoridades competentes publicarán 
tal decisión y, en su caso, informarán de ello al otro Estado miembro que haya sido 
consultado de conformidad con el artículo 7, indicando: 
- el contenido de la decisión y las condiciones que pueda llevar aparejadas, 
- los motivos y consideraciones en los que se haya fundamentado la decisión de denegación 
o autorización pese al carácter negativo de los dictámenes recabados en virtud de los 
artículos 6 y 7, 
- una descripción, en su caso, de las medidas adoptadas para evitar, reducir y, si es posible, 
compensar los efectos negativos importantes." 
17 
11) Se suprimirá el apartado 2 del artículo 11. 
12) Se suprimirá el artículo 13. 
13) Los Anexos serán modificados de conformidad con el Anexo de la presente Directiva. 
Artículo % 
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legalesm reglamentarias y administrativas 
para cumplir la presente Directiva a más tardar el 30 de junio de 1996. Informarán 
inmediatamente de ello a la Comisión. 
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la 
presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los 
Estasos miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 
2. Si una solicitud de autorización ha sido presentada a una autoridad competente antes del 
1 de julio de 1996, seguirán aplicándose las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE antes 
de la presente modificación. 
Artículo 3 
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. 
Artículo 4 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 
Hecho en Bruselas, el 
Por el Consejo 
El Presidente 
18 
ANEXO 
1) En el Anexo I, el punto 3 será sustituido por el texto siguiente: 
"3. a) Instalaciones de reelaboración de combustibles nucleares irradiados; 
b) Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente o la 
eliminación definitiva de residuos radiactivos e instalaciones de almacenamiento 
provisional centralizado para residuos radiactivos o elementos combustibles 
irradiados". 
2) En el Anexo I, el punto 6 será sustituido por el texto siguiente: 
"6. Instalaciones químicas integradas: instalaciones ubicadas en una zona geográfica en 
la que se encuentran yuxtapuestas varias unidades de producción industrial de 
productos químicos, pertenecientes o no a la misma empresa, vinculadas 
funcionalmente entre sí." 
3) En el Anexo I, el punto 8 será sustituido por el texto siguiente: 
"8. a) Vías navegables que permitan el paso de barcos de arqueo superior a 1350 
toneladas; 
b) Puertos de comercio marítimo e instalaciones portuarias, incluidas las instalaciones 
en alta mar y los puertos e instalaciones de navegación interior que permitan el paso 
de barcos de más de 1350 toneladas". 
4) En el Anexo II, el punto 1 será sustituido por el texto siguiente: 
"1. Agricultura 
a) Proyectos de concentración parcelaria 
b) Proyectos de irrigación y avenamiento de terrenos 
c) Plantación de masas forestales, repoblaciones y desmontes 
d) Cría intensiva de ganado 
e) Producción de especies exóticas de flora y fauna 
f) Acuicultura intensiva de peces o crustáceos." 
5) En el Anexo II se suprimirá la letra h) del punto 3. 
19 
6) En el Anexo II, el punto 10 será sustituido por el texto siguiente: 
"10. Proyectos de infraestructura 
a) Obras de ordenación de zonas industriales 
b) Obras de ordenación urbana, incluida la construcción de centros comerciales y 
aparcamientos 
c) Acondicionamento (desdoblamiento, electrificación, adaptación al ancho de vía 
normal) de vías ferroviarias o de transporte combinado, plataformas ferroviarias, 
plataformas intermodales y terminales intermodales 
d) Construcción de aeródromos y ampliación de la capacidad aeroportuaria de 
aeródromos (proyectos que no figuran en el Anexo I) 
e) Construcción y acondicionamiento de carreteras (ampliación y desdoblamiento), 
puertos e instalaciones portuarias, incluidos los puertos pesqueros (proyectos que 
no figuran en el Anexo I) 
f) Construcción de vías navegables, obras de canalización y regularízación de cursos 
de agua 
g) Presas y otras instalaciones destinadas a contener las aguas o a almacenarlas de 
forma duradera 
h) Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas análogas de tipo 
particular que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de personas 
i) Instalaciones de oleoductos y gasoductos 
j) Instalación de acueductos a grandes distancias 
k) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas capaces de 
modificar la costa por la construcción, por ejemplo, de diques, muelles, espigones 
y otras obras de protección del mar." 
7) En el Anexo II, el punto 11 será sustituido por el texto siguiente: 
"11. Otros proyectos 
a) Pistas permanentes de carreras y pruebas de automóviles y motocicletas 
b) Instalaciones de eliminación de residuos industríales y basuras (que no sean las 
mencionadas en el Anexo I) 
c) Plantas depuradoras 
d) Depósitos de lodos 
20 
e) Almacenamiento de chatarra 
f) Bancos de pruebas de motores, turbinas o reactores 
g) Fabricación de fibras minerales artificiales 
h) Fabricación, acondicionamiento, carga y rellenado de cartuchos de pólvora y 
explosivos 
i) Instalaciones de descuartizamiento" 
8) En el Anexo II se insertarán los punto siguientes: 
"11 bis Turismo y actividades recreativas 
a) Instalaciones de pistas de esquí, "bobsleighs" y remontes mecánicos e instalaciones 
de nieve artificial 
b) Terrenos de golf y construcciones asociadas 
c) Puertos recreativos 
d) Pueblos de vacaciones, complejos hoteleros y construcciones asociadas 
e) Terrenos de camping 
f) Centros recreativos y culturales 
" 11 ter Proyectos de ordenación territorial 
a) Asignación de otros usos a tierras sin cultivar, espacios seminaturales o bosques 
naturales y seminaturales 
b) Recuperación de tierras al mar" 
9) En el Anexo II, el punto 12 será sustituido por el texto siguiente: 
"12. Modificación de los proyectos que figuran en el Anexo I o en el Anexo II, asi como los 
proyectos del Anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar 
nuevos métodos o productos y que no se utilizan durante más de dos años" 
21 
10) Se insertará un nuevo Anexo II bis: 
"ANEXO II BIS 
CRITERIOS DE SELECCIÓN ESTABLECIDOS EN EL APARTADO 3 DEL 
ARTÍCULO 4 
1. Características del proyecto 
Las características del proyecto deberán considerarse, en particular, desde el punto de vista 
de: 
- la dimensión del proyecto(1) 
- la utilización de los recursos naturales 
- la generación de residuos 
- la contaminación y otros daños 
- el riesgo de accidentes 
- los efectos sobre el patrimonio histórico y natural habida cuenta del destino de las zonas 
que pueden verse afectadas (en especial, zonas turísticas, urbanas o agrarias). 
2. Ubicación del proyecto 
La vulnerabilidad ecológica de las zonas geográficas que pueden verse afectadas por el 
proyecto deberá considerarse, en particular, teniendo en cuenta: 
- la riqueza relativa, la calidad y capacidad de regeneración de los recursos naturales de la 
zona; 
- la capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las zonas siguientes: 
a) zonas húmedas 
b) zonas costeras 
c) zonas montañosas y boscosas 
d) reservas y parques naturales 
e) zonas catalogadas o protegidas por la legislación de los Estados miembros 
f) zonas en las que se han superado las normas de calidad ecológica establecidas en la 
legislación comunitaria 
g) zonas de gran densidad demográfica 
h) paisajes de importancia histórica, cultural y arqueológica." 
(1) La dimensión del proyecto se considerará, en particular, en relación con la duración, 
frecuencia y carácter reversible de sus incidencias probables. 
22 
11) En el Anexo III, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
"2. Descripción de las principales soluciones de sustitución previsibles, e indicación de las 
principales razones de la elección hecha por el titular del proyecto en consideración del 
impacto ambiental." 
12) Se añadirá un nuevo Anexo IV: 
"ANEXO IV 
INFORMACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 
1. Una descripción del proyecto acompañada de toda información disponible sobre su posible 
impacto transfronterizo; 
2. Información sobre la naturaleza de la decisión que podría adoptarse; 
3. El plazo razonable dentro del cual el otro Estado miembro deberá responder si tiene la 
intención de participar en el procedimiento de evaluación. La notificación de tal intención 
irá acompañada de todos los datos disponibles y adecuados sobre el medio ambiente de la 
fracción del territorio que podría verse afectada. 
4. La información recabada en virtud del artículo 5. 
5. La fecha más probable en la que tomará una decisión con respecto al proyecto, y el plazo, 
evaluado de forma razonable, dentro del cual el Estado miembro que puede llegar a verse 
afectado deberá comunicar su dictamen al Estado miembro en cuyo territorio esté ubicado 
el proyecto." 
23 
FICHA DE EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES 
Repercusión de la propuesta en las empresas 
Titulo de la propuesta: Propuesta de directiva por la que se modifica 
la Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente. 
Ob leto de la propuesta 
La propuesta no impone obligaciones más estrictas que las ya 
establecidas en la Directiva 85/337/CEE, pero completa en la medida 
deseada la normativa comunitaria en este campo para: 
despejar las ambigüedades de la Directiva vigente puestas de 
manifiesto en el informe sobre su aplicación (C0M(93)28 final); 
dar cumplimiento al Convenio internacional sobre EIA 
transfronteriza (Convenio de Espoo: COM(92)93 final), cuyos 
requisitos no son más estrictos que los establecidos en el articulo 
7 de la Directiva; 
dar mayor eficacia a la Directiva mediante una disposición más 
explicita sobre el examen de los proyectos del Anexo II, con objeto 
de determinar si es necesario someterlos a una EIA y para 
establecer ei contenido del estudio de impacto y las modalidades 
del seguimiento de la evaluación. Puesto que algunos Estados 
miembros han aplicado estas disposiciones y otros no, la falta de 
legislación comunitaria resulta perjudicial para la protección del 
medio ambiente y distorsiona el mercado; 
aclarar algunos términos utilizados en la Directiva (por ejemplo, 
"instalaciones químicas integradas"). 
IWPflÇto «n |a,s empresa,? 
¿A quién afectará la propuesta? 
Teniendo en cuenta que la modificación propuesta no establece nuevas 
obligaciones respecto al procedimiento que debe aplicarse: 
Se han añadido tres elementos al Anexo I por los que se impone una 
evaluación únicamente a las empresas dedicadas a la reelaboración 
de combustible nuclear irradiado y a las que llevan a cabo los 
proyectos contemplados en el Anexo II que puedan afectar a las 
zonas de protección especial establecidas en la legislación 
comunitaria de protección del medio ambiente. 
Por lo tanto, en lo esencial, las nuevas disposiciones del Anexo I 
sólo repercutirán en un número muy reducido de proyectos realizados 
por grandes empresas de la industria nuclear. Por lo que se refiere 
a los proyectos del Anexo II localizados en zonas de protección 
especial o que puedan afectarlas, es imposible determinar si serán 
proyectos realizados por empresas grandes, medianas o pequeñas. 
24 
La nueva disposición relativa a la selección permitirá evitar la 
realización de EIA en el caso de los proyectos del Anexo II, 
esencialmente proyectos pequeños, de escasa incidencia en el medio 
ambiente. 
El interés de la disposición relativa a la definición del estudio 
de Impacto es que se acelerará probablemente el procedimiento de 
elaboración del estudio en si de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el Anexo III de la Directiva, ya que el ámbito del 
estudio habrá quedado establecido y acordado antes de su 
realización y no después de haberlo examinado la autoridad 
competente. La industria europea de producción y distribución de 
energía, entre otras, ha acogido favorablemente esta propuesta. 
La propuesta de que se introduzca una disposición que obligue a 
facilitar detalles sobre la vigilancia del impacto no repercutirá 
sobre ningún tipo especial de empresa, aunque si afectará a los 
proyectos con repercusiones continuadas en el medio ambiente. 
¿Qué deberán hacer las empresas para cumplir la propuesta? 
En la mayoría de los casos, no deberán tomar más medidas de las que 
exige la actual Directiva sobre EIA. Si se exceptúa la obligación de 
realizar una evaluación para determinados proyectos (p.ej. para los 
proyectos de reelaboración de combustible nuclear irradiado y los 
proyectos que afectan a las zonas protegidas), el numero de 
evaluaciones de impacto exigidas a las empresas en los Estados miembros 
no será mucho mayor. El procedimiento de examen asi como algunas de las 
aclaraciones formuladas respecto a los proyectos del Anexo II 
permitirán reducir la labor de determinadas empresas. 
La nueva disposición sobre la nueva definición del contenido del 
estudio de impacto permitirá agilizar seguramente la recolección de 
información. Reducirá asimismo la necesidad de información adicional 
costosa, ya que habrá quedado previamente delimitada. 
¿Cuáles son las consecuencias económicas previsibles 
En el empleo: 
Teniendo en cuenta que la EIA no tiene por objeto impedir las 
inversiones sino Informar mejor a las Instancias de decisión sobre 
el impacto, las medidas correctoras y las alternativas de 
localización y realización, las consecuencias en el empleo serán 
probablemente insignificantes, salvo a nivel local, cuando se 
decida desplazar un proyecto de resultas de una EIA. Asimismo, se 
espera un incremento de la labor de los asesores. 
En la inversión y en la creación de nuevas empresas: 
Dado que la información sobre las repercusiones de las propuestas 
en el medio ambiente será más clara, tanto los inversores como los 
empresarios estarán mejor informados de los riesgos inherentes de 
cada proyecto. 
25 
En la competitividad de las empresas: 
- SI la incorporación a la legislación nacional se hace de forma 
correcta en todos los Estados miembros, el efecto será nulo dentro 
de la Comunidad. Por lo que se refiere a otros paises, las 
consecuencias dependerán de los regímenes vigentes. Asi, por 
ejemplo, en Estados Unidos y Canadá existen sistemas similares, 
cuando no más avanzados, de EIA (que, en algunos casos incluyen 
evaluaciones en los niveles más altos de toma de decisiones, 
planificación y programación). En cambio, en los países en 
desarrollo, las evaluaciones son menos habituales. 
¿Incluya la propuesta medidas para tener en cuenta la situación 
especifica de las pequeñas y medianas empresas (requisitos reducidos o 
diferentes, etc.)? 
Con arreglo a lo dispuesto en el nuevo Articulo 4, son los Estados 
miembros los que deben determinar, sobre la base de determinados 
criterios y ante la incidencia probable de los proyectos, si debe o no 
procederes a su evaluación. Asi, los Estados miembros tienen la 
posibilidad de especificar niveles de actividad que eximen a las 
pequeñas y medianas empresas de la EIA para los proyectos que éstas 
suelen tratar. Es poco probable que las PYME puedan realizar alguno de 
los proyectos contemplados en el Anexo I. 
Consultas 
Fuera de la Comisión, el Grupo de trabajo de expertos de los Estados 
miembros ha estudiado la propuesta en tres reuniones y la ha modificado 
en varios puntos (por ejemplo, la supresión de una serie de proyectos 
que se hablan introducido en el Anexo I). 
Además, las observaciones formuladas por la UNICE han derivado en otras 
modificaciones de la propuesta, sobre todo por lo que se refiere a la 
definición de fábricas químicas integradas. 
Dentro de la Comisión, se ha contado con que otras DG podían exponer 
las principales consideraciones que la propuesta podría suscitar en sus 
respectivos sectores. 
No obstante, las consultas que deben realizarse con el Comité Económico 
y Social, de conformidad con el Articulo 198 del Tratado, garantizarán 
un amplio debate con los grupos socioeconómicos interesados. 
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ISSN02S/-9545 
COM(93) 575 final 
DOCUMENTOS 
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N° de catálogo : CB-CO-93-613-ES-C 
ISBN 92-77-61499-4 
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