Podrán beneficiarse de ayuda de los Fondos Estructurales en virtud del objetivo de «convergencia» las regiones correspondientes al nivel II de la nomenclatura de unidades estadísticas territoriales (en lo sucesivo, «regiones de nivel NUTS II»), según lo definido en el Reglamento (CE) no 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, cuyo producto interior bruto (PIB) per cápita, medido en paridades de poder de compra y calculado conforme a las cifras de los tres últimos años de que disponga la Comunidad con fecha […], sea inferior al 75 % de la media comunitaria.

La propuesta del objetivo «cooperación territorial europea» debería haberse acompañado de un análisis previo de la situación de estas zonas y de una definición clara de sus necesidades con el fin de poder concentrar los esfuerzos [esta observación no atañe a la versión española donde no se menciona el «objetivo de cooperación territorial europea», N. del T.]. Las disposiciones relativas a la elección de las regiones subvencionables deberían englobar unos criterios definidos con precisión en el Reglamento, y en particular su ponderación.

Únicamente en el caso del objetivo de «convergencia» se prevé un procedimiento de control de la aplicación del principio de adicionalidad. En los dos objetivos restantes, que representan aproximadamente el 20 % de los créditos, no existe disposición alguna al respecto. Sólo la exposición de motivos (apartado 5.3) precisa que corresponde a los Estados miembros proceder a este control atendiendo al principio de proporcionalidad. Tampoco se prevé una comunicación a la Comisión de los resultados de los controles de los Estados miembros, lo cual constituye un cambio con respecto a la normativa actual [artículo 11, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1260/99].

La Comisión, en cooperación con el Estado miembro, efectuará una verificación intermedia de la adicionalidad en 2011 y, con carácter ex post, el 30 de junio de 2016, por lo que atañe al objetivo de «convergencia». Si, a 30 de junio de 2016, el Estado miembro no pudiera demostrar que se ha cumplido la adicionalidad acordada en el contexto del marco estratégico nacional de referencia la Comisión efectuará una corrección financiera conforme al procedimiento establecido en el artículo 101.

El importe del desglose anual de los créditos a que se refiere el apartado 1, letra b), será decreciente a partir del 1 de enero de 2007. Los créditos de 2007 serán inferiores a los de 2006, excepto cuando se trate de regiones que, a 1 de enero de 2000, no estén plenamente incluidas en el objetivo no 1, según lo establecido en el Reglamento (CE) no 1260/1999, en relación con las cuales los créditos de 2007 serán objetivos y equitativos.

El importe de los desgloses anuales de los créditos a que se refiere el apartado 1, letra b), será decreciente a partir del 1 de enero de 2007. Los créditos de 2007 serán inferiores a los de 2006, excepto cuando se trate de regiones incluidas en el objetivo no 1 a partir de 2004, según lo establecido en el Reglamento (CE) no 1260/1999, en relación con las cuales los créditos de 2007 serán objetivos y equitativos.

La Comisión velará por que el conjunto de las dotaciones anuales de los Fondos para cualquier Estado miembro en virtud del presente Reglamento, incluida la contribución del FEDER a la financiación de la vertiente transfronteriza del instrumento europeo de vecindad y cooperación, en virtud del Reglamento (CE) no […], y del instrumento de preadhesión, en virtud del Reglamento (CE) no […], y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en virtud del Reglamento (CE) no […], que tiene su origen en la Sección de Orientación del FEOGA, y del Fondo Europeo para la Pesca (FEP), en virtud del Reglamento (CE) no […], destinadas al objetivo de «convergencia», no sea superior al 4 % del PIB de ese Estado miembro, estimado en el momento de adopción del acuerdo interinstitucional.

La indicación de «número limitado» no parece adecuada, ya que no se facilitan precisiones suplementarias. Resulta esencial que los indicadores elegidos puedan plasmar de forma adecuada los resultados alcanzados y sus repercusiones.

Se contempla la aplicación de varias medidas de esta disposición proporcionalmente al volumen del gasto público correspondiente al programa operativo. Sin embargo, la falta de precisión de este concepto no permite una aplicación congruente. Por consiguiente, se trata de disposiciones (separación de funciones, recursos adecuados, normas de auditoría interna, de información y de verificación del correcto funcionamiento del sistema) cuya aplicación proporcional resulta difícil de imaginar. Además, esta excepción no se aplica a los manuales de procedimiento y sin embargo no se ha previsto una definición. También sería necesario establecer si el principio de proporcionalidad deberá aplicarse a los artículos 13 (verificación del principio de adicionalidad por lo que atañe al objetivo de «convergencia»), 46, apartado 3 (alcance global o específico de la evaluación ex ante), 66, apartado 2 (contenido de los informes de ejecución anual y final), y 73 (procedimientos relativos al control).

1. Por lo que respecta a los programas cuyo nivel de cofinanciación con cargo a los fondos comunitarios no rebase el 33 % del gasto público correspondiente al programa operativo, y con relación a los cuales el importe de la cofinanciación sea inferior o igual a 250 millones de euros, no serán de aplicación las disposiciones previstas en el artículo 61, letras c), d) y letra e) inciso i). 2. En relación con los programas mencionados en el apartado 1, el Estado miembro podrá optar por establecer, con arreglo a la legislación nacional, los organismos y procedimientos necesarios para el desempeño de las funciones contempladas en el artículo 59, letra b), y en los artículos 60 y 61. Cuando el Estado miembro ejerza tal opción, no serán de aplicación las disposiciones previstas en el artículo 58, apartado 1, letras b) y c), y en el artículo 60, apartado 1, letra c). Cuando la Comisión adopte las disposiciones de aplicación de los artículos 59, 60 y 61, deberá especificar aquellas disposiciones que no vayan a aplicarse a los Estados miembros que hayan ejercido la opción mencionada en el párrafo primero. 3. Cuando un Estado miembro ejerza la opción mencionada en el primer párrafo del apartado 2, se aplicará, mutatis mutandis, el artículo 70, apartado 3. 4. En relación con todos los programas operativos mencionados en el apartado 1 e independientemente de que el Estado miembro ejerza o no la opción mencionada en el apartado 2, cuando en el dictamen sobre la conformidad del sistema no se formulen reservas, o cuando éstas hayan sido retiradas a raíz de la aplicación de medidas correctoras, la Comisión podrá informar al Estado miembro en cuestión de que va a confiar principalmente en el dictamen emitido por la autoridad de auditoría, o por el organismo designado por el Estado miembro en los casos en que éste haya ejercido la opción mencionada, en lo que respecta a la exactitud, legalidad y regularidad del gasto declarado, y únicamente llevará a cabo sus propias auditorías sobre el terreno en circunstancias excepcionales. En caso de que existan indicios de irregularidades que no hayan sido oportunamente detectadas por las autoridades nacionales de auditoría o no hayan sido objeto de las medidas correctoras adecuadas, la Comisión podrá exigir a los Estados miembros que lleven a cabo las auditorías previstas en el artículo 71, apartado 3, o realicen sus propias auditorías conforme a los establecido en el artículo 71, apartado 2, a fin de obtener garantías sobre la exactitud, legalidad y regularidad de los gastos declarados.