Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Comunicación de la Comisión - Más investigación para Europa - Objetivo: 3 % del PIB"

(COM(2002) 499 final)

(2003/C 95/03)

El 12 de septiembre de 2002, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la comunicación mencionada.

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 29 de enero de 2003 (ponente: Sra. Sirkeinen).

En su 397o Pleno de los días 26 y 27 de febrero de 2003 (sesión del 26 de febrero), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 108 votos a favor, ningún voto en contra y 1 abstención el presente Dictamen.

1. Resumen

El CESE:

- acoge favorablemente los objetivos fijados en el Consejo de Barcelona y en la Comunicación de la Comisión, por considerar que contribuyen a abrir el debate;

- subraya que, sobre todo en una etapa de ralentización económica, la I+D debería considerarse como una inversión, y no un gasto;

- destaca que los objetivos de competitividad, desarrollo económico, empleo, un elevado nivel de protección del medio ambiente y de la salud y un desarrollo sostenible equilibrado sólo podrán lograrse si aumentan los conocimientos, la I+D y la innovación;

- pide a la Comisión que presente una argumentación más convincente y que fomente en mayor medida la competencia entre los Estados miembros, habida cuenta del cambio radical que se necesita;

- propone que la financiación regional y la financiación destinada a los países candidatos se dirija hacia la I+D;

- recomienda que la Comisión prepare una estrategia dirigida a las PYME en relación con la investigación;

- concede más importancia a la eliminación de las fronteras y barreras a la cooperación y a la creación de redes que a una coordinación global de arriba abajo;

- considera que, para mantener en la UE el crecimiento de la inversión en I+D de las grandes empresas y para aumentar significativamente el número de empresas que invierten en I+D, deberían aplicarse las propuestas de la Comisión, en particular en los ámbitos de:

- la plena realización del mercado interior;

- la patente comunitaria y otros derechos de propiedad intelectual;

- el desarrollo y la movilidad de los recursos humanos;

- los servicios de asesoramiento y conexión destinados a las PYME, y

- la revisión de las normas sobre ayudas estatales a la I+D.

2. Introducción

2.1. En el Consejo Europeo de Barcelona, se acordó aumentar las inversiones en I+D tecnológico (I+D) de la UE, que en 2000 fueron del 1,9 % del PIB, con la finalidad de acercarse al 3 % del PIB en 2010. Se abogó también por un aumento del porcentaje financiado por las empresas para pasar del 56 % actual al 75 % del total de las inversiones en I+D.

2.2. Los objetivos para las inversiones son consecuencia del reconocimiento de que la mejora de nuestros sistemas de I+D e innovación es esencial para alcanzar el objetivo estratégico de Lisboa de "convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social" para 2010. Si se compara con los Estados Unidos, la diferencia entre las inversiones en I+D de ese país y las de la Unión Europea ascendió a más de 120000 millones de EUR en 2000. Esta diferencia se debe, en particular, a que en Europa las empresas invierten menos en I+D.

2.3. En dictámenes anteriores, el CESE ya había recomendado que se fijaran objetivos para la inversión en I+D, y la Comisión consideró esta recomendación. El CESE también había recomendado(1)"incrementar en un 50 % la dotación del presupuesto para la IDT+D como un objetivo político a medio plazo que supere la vigencia del Sexto Programa Marco, e instar a los Estados miembros y a la industria a que actúen por su parte en el mismo sentido".

2.4. Estos objetivos se fijaron para el conjunto de la Unión, y el hecho de que la decisión fuera adoptada por el Consejo Europeo significa que los gobiernos de todos los Estados miembros se han comprometido a trabajar en esa dirección y a contribuir a su logro. Algunos (dos) Estados miembros ya rebasan el nivel del 3 %, pero los demás registran unos niveles mucho más bajos. La diversidad de situaciones en los Estados miembros y los países candidatos debería justificar la adopción de políticas diferentes.

2.5. El objetivo de la Comunicación de la Comisión objeto de examen es entablar el debate sobre las medidas que permitan alcanzar los objetivos en materia de inversiones en I+D. La Comisión analiza la situación, su contexto y sus repercusiones, y presenta los objetivos que deben perseguirse para crear unas condiciones marco más atractivas y aumentar la eficacia de la financiación pública de la I+D de las empresas y de la I+D e innovación en la estrategia y la gestión empresarial.

3. Observaciones generales

3.1. El CESE celebra que se haya tenido en cuenta su recomendación y acoge favorablemente los importantes objetivos fijados en el Consejo de Barcelona. Tras tomarse la decisión política, es necesario pasar a la acción y esta tarea corresponde, en particular, a los gobiernos de los Estados miembros. La Comunicación de la Comisión es oportuna en el sentido de que mantiene la cuestión en el primer plano y presenta propuestas y consejos. Cabe esperar que el debate contribuya a hacer progresar la cuestión.

3.2. Actualmente, el crecimiento económico es lento, el mercado está estancado en numerosos sectores y los Estados miembros se enfrentan con problemas presupuestarios. En estas circunstancias, se esgrime con frecuencia el argumento según el cual ni el Estado ni las empresas pueden aumentar sus gastos en I+D. Ahora bien, conviene hacer claro hincapié en que el dinero que se gasta en I+D constituye una inversión, y no un gasto, para la sociedad en general y para cada empresa en particular. En consecuencia, la Comisión debería utilizar la expresión adecuada: "inversión en I+D".

3.3. Es preciso intensificar la innovación para reforzar el papel de las empresas europeas en los mercados mundiales y reactivar así el crecimiento económico y el empleo en la UE. Otro elemento clave para mejorar la competitividad y el desarrollo económico consiste en reforzar el crecimiento de la productividad, teniendo en cuenta, en particular, la evolución demográfica que registramos. Es necesario establecer un elevado nivel de protección del medio ambiente y de la salud, protección a la que los ciudadanos europeos conceden mucha importancia, sin menoscabo para el crecimiento económico y la protección social, de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible. Estos objetivos sólo podrán lograrse, tanto para las empresas como para la economía comunitaria, si aumentan los conocimientos, la I+D, la innovación y la inversión en nuevas y mejores tecnologías.

3.4. Para que la situación evolucione en esta dirección, es importante fijar objetivos ambiciosos. Se debe comprender claramente que se necesita un cambio espectacular. No obstante, el objetivo probablemente sea demasiado optimista, sobre todo si se tiene en cuenta la próxima ampliación de la UE.

3.5. La Comisión, acertadamente, establece un vínculo entre la necesidad de potenciar la I+D y la innovación y el objetivo definido en Lisboa. Sin embargo, los protagonistas clave en este caso son los gobiernos de los Estados miembros y las empresas, que necesitarán, sin lugar a dudas, una motivación más fuerte que la simple remisión al objetivo global fijado en Lisboa para llevar a cabo los cambios radicales necesarios. Cabría esperar una argumentación más convincente por parte de la Comisión.

3.6. La competencia entre los Estados miembros podría desempeñar un papel esencial en este ámbito. Efectivamente, existen enormes diferencias entre ellos en relación con su nivel de inversión en I+D y con el papel relativo de las fuentes de financiación privadas y públicas. La publicación de estadísticas comparativas podría ser un instrumento capaz de motivar a los gobiernos. Es sorprendente que la Comisión sólo haga una breve referencia a unos datos estadísticos contrapuestos.

3.7. El nivel de inversión en I+D de los países candidatos es generalmente más bajo que el de los Estados miembros. Sería conveniente que los gobiernos de los países candidatos establecieran cuanto antes un objetivo nacional del 3 %, dado que su rápido crecimiento económico previsto con el tiempo dificultará aún más hacer frente al desafío. La inversión en infraestructuras de I+D debería ser una prioridad, a fin de crear un terreno favorable. La financiación comunitaria destinada a los países candidatos debería dirigirse especialmente en esa dirección.

3.8. Conviene siempre ser muy prudente a la hora de interpretar datos estadísticos agregados. Así pues, las comparaciones entre la UE y los Estados Unidos siempre provocan discusiones en el caso de la I+D y, en particular, en lo que se refiere a la proporción y el papel de la I+D militar. Esta proporción es claramente más elevada en los Estados Unidos que en la UE. La I+D militar no contribuye ni directa ni plenamente a potenciar la competitividad en los mercados civiles. Sin embargo, aunque no se disponga de ninguna estadística a este respecto, cabe suponer que una proporción importante se destina a un doble uso (civil y militar). Dada la falta de transparencia en el ámbito del apoyo de la I+D militar a las empresas, es probable que la industria estadounidense se beneficie de una considerable ventaja competitiva al respecto.

3.9. De acuerdo con los objetivos de Barcelona, en particular, las empresas deben aumentar su inversión en I+D. A la luz de una encuesta realizada entre las empresas representadas en la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT), que representan un 13 % (es decir, 22300 millones de EUR en 2001) del conjunto de las inversiones en I+D en la UE, se prevé un crecimiento escaso, o incluso nulo, de sus inversiones en I+D en la UE. Las empresas representadas en la ERT prevén aumentar su inversión en I+D fuera de la UE, debido, esencialmente, a unas condiciones marco relativamente poco atractivas para la inversión en la UE en términos de recursos humanos e infraestructuras, de incentivos financieros y, de forma más general, de legislación y normativas. En sus conclusiones, la ERT apoya los mensajes contenidos en la Comunicación de la Comisión, pero destaca la imperiosa necesidad de un cambio radical.

3.10. Es esencial mantener en la UE el crecimiento de la inversión en I+D de las grandes empresas, como las que están representadas en la ERT. Conviene, además, aumentar el número de empresas que invierten en I+D. Existe un fuerte potencial en las numerosas PYME de los diferentes sectores, pero para incrementar la sensibilización y motivación de estas empresas, habrá que desplegar numerosos esfuerzos e introducir medidas de apoyo más adecuadas.

3.10.1. En lo referente a la Carta europea de las pequeñas empresas, el CESE recomienda a la Comisión que prepare una estrategia de coordinación abierta para las PYME en relación con la investigación. Es necesario salvar las barreras culturales y aliviar las cargas administrativas que existen entre las PYME, especialmente las microempresas, y los círculos relacionados con la investigación, para desarrollar la enorme capacidad innovadora de estas empresas y beneficiarse de ella.

3.11. La inversión pública en I+D debe dirigirse suficientemente hacia el progreso tecnológico y sus aplicaciones, con el fin de fomentar la inversión en I+D a nivel industrial. Se trata de apoyar el desarrollo de nuevos productos y servicios y de procesos más eficaces. A tal fin, deberán desarrollarse en la misma dirección la formación y los incentivos profesionales destinados a los investigadores. Naturalmente, deberán garantizarse los recursos destinados a la correspondiente investigación básica.

3.12. La creación de redes debe convertirse en el elemento central de la evolución futura de la I+D en la UE. Efectivamente, una cooperación fluida y eficaz entre las universidades, los centros de investigación y las empresas permitirá optimizar los resultados de las inversiones. No obstante, aún quedan numerosos obstáculos por superar. La cooperación entre diferentes empresas puede dar magníficos resultados en los sectores más tradicionales y en los casos en que ya se hayan desarrollado los procesos de producción. Del mismo modo, la cooperación en el ámbito de la I+D ha resultado sólida y rentable en sectores más recientes, como las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), incluso en situaciones de fuerte competencia y respeto de la confidencialidad.

3.13. La financiación regional a cargo de la UE y de los Estados miembros debería dirigirse en mayor medida hacia la I+D y la innovación, así como hacia la educación y la formación en este ámbito.

3.14. La Comisión, junto a muchas de las partes interesadas, instan encarecidamente a que se desarrolle una mejor coordinación entre los programas de I+D y los esfuerzos desplegados por los Estados miembros. La necesidad de crear programas dotados con recursos suficientes para alcanzar resultados a nivel mundial y centros vitales de excelencia es evidente. Sin embargo, la coordinación no debe centralizarse ni adoptar un enfoque de arriba abajo. No debería en ningún caso obstaculizar una sana competencia, necesaria en la vía hacia la excelencia.

3.15. La coordinación debería más bien basarse en un intercambio de información amplio y abierto sobre los proyectos y programas y apoyar todos los tipos de asociaciones y cooperaciones que adopten un enfoque de abajo arriba. Más importante aún que el establecimiento de una coordinación global comunitaria, es la eliminación, tanto en las mentalidades como a nivel legislativo, de las fronteras y barreras nacionales e institucionales.

4. Observaciones específicas

El CESE se adhiere globalmente a las posiciones presentadas por la Comisión en el capítulo 3 de la Comunicación titulado "Inversión de tendencias: áreas para acciones concertadas". En consecuencia, sólo se mencionan a continuación los puntos que el Comité desea destacar particularmente o a los que desea añadir algo.

4.1. Condiciones marco más atractivas

4.1.1. Nunca se hará suficiente hincapié en la importancia de un mercado eficaz, abierto y competitivo. Es esencial, a este respecto, la plena realización del mercado interior, que proporcionará una demanda potencial de tal amplitud que permitirá realizar importantes inversiones en I+D. No obstante, muchos proyectos en el ámbito de la innovación son actualmente tan costosos que, para ser rentables, precisarían un acceso a mercados aún más amplios.

4.1.2. Se expresan a menudo preocupaciones en cuanto al número, la especialización y las motivaciones de los investigadores europeos. Convendría lanzar nuevas ideas para que las carreras de los investigadores e ingenieros fueran más atractivas. Asimismo, se deberían suprimir los obstáculos a la movilidad entre Estados y entre los puestos de trabajo en los sectores público y privado, pero los progresos en este ámbito son muy lentos. Por lo que se refiere a la formación de los investigadores, cabe mencionar el ejemplo práctico de un programa específico, que se ha llevado a cabo con éxito en Finlandia, que proporcionaba incentivos tanto a las universidades como a los estudiantes de enseñanza superior.

4.1.3. Es urgente elaborar y aplicar una legislación comunitaria en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, tanto en lo que se refiere a los organismos modificados genéticamente y a los programas informáticos como a un sistema comunitario de patentes que sea rentable. Efectivamente, las empresas necesitan seguridad y claridad a nivel normativo para realizar inversiones en la UE.

4.1.4. Una reglamentación innecesaria o vaga y una carga administrativa excesiva frenan, en particular, las inversiones en I+D por parte de las empresas. Como ya ha señalado el CESE en reiteradas ocasiones, la simplificación de la legislación es indispensable para eliminar la burocracia. Deberían aplicarse las recomendaciones de la iniciativa encaminada a legislar mejor, con el fin de llegar a un verdadero equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y medioambientales del desarrollo sostenible.

4.2. Uso más eficaz de la financiación pública para la I+D de las empresas

4.2.1. Se necesita una combinación de medidas capaz de crear unos incentivos óptimos para incitar a diferentes tipos de empresas a aumentar su inversión en I+D. La ayuda pública se justifica por el hecho de que las condiciones del mercado impulsan a las empresas a invertir menos en I+D de lo que necesitaría la economía en su conjunto. Además, la rentabilidad de las inversiones en I+D suele ser más lenta que la de otros tipos de inversiones.

4.2.2. Una parte importante de los esfuerzos emprendidos para aumentar la I+D debería consistir en incitar a un mayor número de empresas a desarrollar sus propias estrategias y actividades en el ámbito de la I+D, generalmente, partiendo de cero. Medidas adecuadas a tal fin podrían consistir, por ejemplo, en la creación de servicios de asesoramiento y conexión, que permitirían a estas empresas entrar en contacto con centros de investigación. Cabe citar, a modo de ejemplo, el proyecto SINTEF, en Noruega, cuyo objetivo consiste en poner en contacto a las PYME con la Universidad tecnológica de Trondheim. En lo referente al apoyo financiero, una reducción fiscal podría contribuir a impulsar la I+D en las PYME.

4.2.3. La ayuda a las nuevas empresas en los sectores de alta tecnología, que supone un riesgo elevado pero entraña un potencial de rápido crecimiento, requiere instrumentos específicos. Revisten especial importancia, a este respecto, el capital inicial y un capital riesgo suficiente. Un ejemplo de medida eficaz en este ámbito es la concesión de préstamos participativos por el Centro de desarrollo tecnológico de Finlandia. Se considera que el capital prestado forma parte del capital propio, por lo que no pone en peligro el equilibrio presupuestario de la empresa, generalmente frágil.

4.2.4. Los estudios ponen de manifiesto que, por lo general, la financiación pública de los proyectos de I+D de las empresas no provoca una disminución de este tipo de inversión por parte de las propias empresas, sino que tiene más bien el efecto contrario. En efecto, la financiación pública permite a la empresa iniciar más proyectos de I+D que los que hubiera podido realizar sin ningún tipo de ayuda. En otros casos, esta financiación permite dedicar más recursos a un proyecto y ganar tiempo, lo que puede ser extremadamente importante en unos mercados en rápida evolución.

4.2.5. Las normas aplicables al apoyo a la I+D en el marco de la normativa comunitaria relativa a las ayudas públicas deben ser revisadas. No se trata necesariamente de aumentar las ayudas, sino, desde luego, de hacerlas más flexibles. Por no citar más que un problema importante, la gestión de los proyectos cooperativos entre los sectores público y privado se ve obstaculizada por los requisitos de notificación a la Comisión, lo que aumenta la burocracia y genera una gran incertidumbre. Este tipo de obstáculos a la cooperación es el que debe suprimirse. Debería introducirse una norma de minimis equilibrada.

4.3. I+D e innovación en la estrategia y la gestión empresarial

4.3.1. Para poder aumentar su esfuerzo de I+D, las empresas necesitan un marco político estable. Por lo tanto, los gobiernos deben transmitir un mensaje claro y coherente a la hora de elaborar y aplicar cada política, no sólo con respecto a las medidas de refuerzo de la I+D, sino también con respecto a su contribución a una economía del conocimiento orientada hacia la innovación.

4.3.2. Las empresas necesitan y adoptan enfoques diferentes e individualizados respecto a su estrategia de I+D. Entre los consejos que se pueden dar, el CESE desea destacar uno en particular: el fomento de la creación de redes con las instituciones encargadas de la investigación pública y con las demás empresas. Efectivamente, algunos de los obstáculos a la creación de redes percibidos por las empresas son reales y pertinentes, pero muchos se deben más a razones de tradición y desconfianza.

Bruselas, 26 de febrero de 2003.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Roger Briesch

(1) DO C 260 de 17.9.2001.