COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
COM(94) 29 final 
Bruselas, 16.02.1994 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO 
RELATIVA AL DESARROLLO 
DE LA COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA 
PARA LA APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO 
DE LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA 
EN EL MERCADO INTERIOR 
La presente Comunicación se ha elaborado en el marco 
del Programa Estratégico sobre el mercado interior 
ÍNDICE 
I. Introducción 1 
II. Cooperación administrativa: elementos del marco comunitario 3 
A. Obligación de asistencia mutua 3 
B. Obligación de transparencia 4 
C. Dos principios subyacentes 4 
• Proporcionalidad 5 
• Confidencialidad 5 
III. Cooperación administrativa: programa de debates 6 
IV. Conclusiones 8 
Anexos i 
1. Cooperación administrativa: situación actual i 
Las diversas funciones i 
A. Función de los Estados miembros i 
B. Función de la Comisión iii 
Necesidades v 
Práctica actual viii 
• Diversidad de mecanismos de cooperación ix 
• Equilibrio entre cooperación oficial y no oficial x 
• Participación desigual en los sistemas de cooperación comunitarias xi 
2. Programa de debates sobre cooperación administrativa xii 
I. INTRODUCCIÓN 
1. En la presente Comunicación se analiza el estado de la cooperación adminis­
trativa en el ámbito del mercado interior en toda la Comunidad y se proponen una 
serie de medidas para garantizar su eficacia y su ulterior desarrollo. 
2. A finales de 1992, tanto el Consejo*1) como el Parlamento*2) y el Comité 
Económico y Social*3) defendieron la necesidad de garantizar el funcionamiento efec­
tivo del mercado interior, lo que exige un nivel satisfactorio de cooperación adminis­
trativa. 
En su respuesta previa al Informe Sutherland, la Comisión señaló que abordaría los 
problemas de la cooperación administrativa en dos fases. La primera parte, que 
consiste en un análisis de los procedimientos comunitarios ante situaciones urgentes 
en el ámbito de la sanidad agropecuaria, seguridad, etc., se ha analizado en otra 
comunicación*4). La presente Comunicación constituye la segunda parte, y viene a 
completar el estudio sobre los procedimientos de urgencia mediante un análisis de 
los procedimientos de asociación con los Estados miembros propuestos en el Informe 
Sutherland. Esta Comunicación se anunció ya en el Programa Estratégico del mer­
cado interior*5). 
3. La cooperación administrativa entre Estados miembros y entre éstos y la Comi­
sión constituye una exigencia que se basa en las obligaciones derivadas del Tratado 
y, en particular, en su artículo 5. Se trata de un instrumento esencial para el buen 
funcionamiento de la Comunidad. La presente Comunicación tiene por objeto deter­
minar la necesidad y el alcance de medidas prácticas para garantizar un nivel eficaz 
de cooperación entre los Estados miembros y entre éstos y la Comisión. 
4. Aunque en los últimos años se ha desarrollado sustancialmente un modelo de 
cooperación administrativa que, en general, resulta satisfactorio, subsisten diferen­
cias considerables entre el nivel de cooperación logrado en los distintos ámbitos 
regulados por la legislación sobre el mercado interior. 
Aunque muchas de estas diferencias parecen reflejar las distintas necesidades de 
cada sector, la Comisión considera oportuno analizar la cooperación administrativa en 
el ámbito del mercado interior, habida cuenta del gran volumen de legislación comuni­
taria que se ha aprobado recientemente para crearlo. 
5. Por este motivo, la Comisión propone que se evalúe la necesidad de crear 
mecanismos específicos en aquellos ámbitos en los que la experiencia de coopera­
ción es limitada. Conviene también analizar el funcionamiento de los sistemas exis­
tentes, con el fin de determinar posibles mejoras comprendidas en el ámbito del mer­
cado interior (es decir, excluidas las que forman parte de la regulación de mercados 
dentro de la Política Agrícola Común). Para llevar a cabo esta tarea, la Comunidad 
debe elaborar un marco global en el que se expongan los principios fundamentales 
(1) Resolución del Consejo de 7 de diciembre de 1992 (DO C 334 de 18.12.92, pág. 1) 
(2) Resolución del Parlamento A3-0401/92 (DO C 21,25.1.93, pág. 513) 
(3) Dictamen del Comité Económico y Social CES 602/93 (DO C 201,26.7.93, pág. 59) 
(4) Comunicación de la Comisión relativa al tratamiento de los casos de urgencia en el contexto de la aplicación de las 
normas comunitarias -Seguimiento del Informe Sutherland (COM(93) 430 final). 
(5) Comunicación de ia Comisión al Consejo, "Aprovechar al máximo el mercado interior": Programa Estratégico 
(COM(93) 632 final) 
2-
de la cooperación administrativa. Sobre la base de este análisis, podrían elaborarse 
disposiciones comunitarias concretas para los sectores que lo requieran. 
6. Tales mecanismos sólo han de ponerse en marcha cuando resulten necesarios, 
y su funcionamiento ha de ser lo más sencillo posible. La Comisión comparte la preo­
cupación de los Estados miembros por introducir sistemas de cooperación adminis­
trativa claros, no burocráticos y que proporcionen ventajas tangibles. 
7. La aplicación y el cumplimiento de la legislación representan una función que se 
ejerce en la base. Por lo tanto, los sistemas comunitarios de cooperación administra­
tiva han de fomentar la capacidad de las administraciones nacionales de mantener 
contactos de la forma más descentralizada posible. Sin embargo, estos sistemas 
deben contemplar la posibilidad de compartir información con la Comisión y con otros 
Estados miembros cuando se requiera la intervención de la Comunidad. 
8. La Comisión considera que la mejora de las relaciones entre administraciones 
no sólo facilitará la aplicación de la legislación comunitaria, sino que contribuirá tam­
bién a resolver los problemas que se planteen en ámbitos no armonizados y a una 
mejor protección de los intereses económicos de la Comunidad frente a conductas 
fraudulentas. A través de un intercambio rápido de información cuando surjan dificul­
tades en relación con la libre circulación de mercancías y servicios en ámbitos en los 
que no existe legislación comunitaria, podría evitarse la aplicación de medidas 
restrictivas, o por lo menos aclarar la situación a las autoridades interesadas. Puede 
incluso obviarse la necesidad de que la Comunidad legisle en tales ámbitos, median­
te el reconocimiento mutuo de las legislaciones nacionales. 
9. La Comisión considera que el desarrollo de la cooperación administrativa ha de 
fomentarse de forma explícita. Por consiguiente, en la presente Comunicación se 
sugiere un marco para la cooperación administrativa en la Comunidad, con las pautas 
necesarias para su aplicación detallada cuando sea necesario. La Comisión está 
elaborando un programa de debates a escala comunitaria para examinar cómo ha de 
funcionar la cooperación administrativa que se requiere en cada sector. 
-3 
II. COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA: 
ELEMENTOS DEL MARCO COMUNITARIO 
10. Conforme a la información recopilada sobre el estado actual de la cooperación 
administrativa y a su evaluación de las funciones de los Estados miembros y la 
Comisión, las necesidades y la práctica actual (Anexo 1), la Comisión considera que 
conviene abordar con mayor coherencia y transparencia la cooperación administrativa 
para la aplicación y el cumplimiento de la legislación sobre mercado interior. En algu­
nos ámbitos se ha desarrollado bastante la práctica de la cooperación administrativa; 
en otros, por el contrario, convendría elaborar un marco comunitario explícito para el 
desarrollo de la cooperación administrativa, a fin de facilitar el análisis de la necesi­
dad de nuevos mecanismos y determinar posibles mejoras de los ya existentes. 
11. El marco de cooperación administrativa estaría formado por los siguientes 
elementos: 
(a) una norma: la obligación fundamental de asistencia mutua; 
(b) un instrumento: la obligación de transparencia, a través de una red de 
corresponsales claramente identificados; 
(c) dos principios: 
• proporcionalidad 
• confidencialidad 
A OBLIGACIÓN DE ASISTENCIA MUTUA 
12. Ya se han tomado medidas comunitarias en determinados ámbitos para garan­
tizar cierto grado de asistencia mutua. Un ejemplo reciente son las adoptadas en el 
sector de los productos alimenticios. Además, el Tribunal de Justicia ha aclarado 
varias características de la obligación de cooperar de las administraciones, implícita 
en la legislación comunitaria (véase la sentencia de 27.9.88 en el asunto 235/87, 
Mateucci/Communauté française de Belgique). Ahora es esencial garantizar la 
ampliación progresiva del principio de asistencia mutua a todos los aspectos de la 
legislación sobre el mercado interior. 
El objetivo es crear, sobre la base de la confianza recíproca, los instrumentos prácti­
cos necesarios para facilitar la cooperación entre Estados miembros, teniendo en 
cuenta simultáneamente las distintas estructuras organizativas de éstos y la perspec­
tiva comunitaria. En algunos casos que revisten interés económico o financiero para 
la Comunidad (como aduanas o agricultura), ya se han definido mecanismos de 
asistencia mutua, que consisten, por ejemplo, en el intercambio de pruebas 
documentales o la organización de inspecciones conjuntas. En otros, la práctica de la 
asistencia mutua consiste simplemente en relaciones bilaterales directas entre las 
autoridades de los Estados miembros encargadas de aplicar la legislación. En algu­
nos casos, esta competencia corresponde a las administraciones centrales de los 
Estados miembros, como ocurre en el sector bancario; en los ámbitos en los que 
existe una competencia de ejecución descentralizada (por ejemplo, inspecciones de 
la seguridad de productos en el mercado), la creación de un punto de contacto 
centralizado para cada sector puede facilitar la cooperación (véase el apartado 15). 
13. En la práctica, cada Estado miembro utilizará los sistemas de cooperación 
cuando necesite información de otro, pero el sistema garantizará la disponibilidad 
general de la información en caso de que un problema afecte a varios Estados 
miembros o revista un interés comunitario. No se trata de una traba burocrática: 
aunque en la mayoría de los casos basta con la cooperación bilateral, no se aprove­
charán al máximo las ventajas del mercado interior mientras no se compartan las 
soluciones de los problemas y se apliquen en toda la Comunidad. 
B. OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA 
14. Los sistemas de cooperación exigen que los Estados miembros y la Comisión 
tengan conocimiento de quiénes son las autoridades competentes en toda la Comu­
nidad. La Comisión considera que la transparencia de los mecanismos nacionales de 
aplicación v cumplimiento significa que los Estados miembros han de facilitar infor­
mación básica a la Comisión y a los demás Estados miembros con respecto a los 
organismos encargados de la aplicación de la legislación de que se trate. Ello incluye 
los datos prácticos de los funcionarios de estos organismos encargados de organizar 
la asistencia mutua para la aplicación de la legislación sobre mercado interior. Se 
trata de una información imprescindible para mejorar las relaciones entre las autori­
dades competentes en los Estados miembros, la determinación de las necesidades y 
tipos de cooperación mutua y los sectores prioritarios para las medidas de apoyo de 
la Comunidad. 
15. Un elemento esencial de esta transparencia es la notificación de un punto de 
contacto centralizado para cada sector y en cada Estado miembro, que actuará como 
"corresponsal" con sus homólogos de otros Estados miembros y la Comisión para la 
aplicación de la legislación comunitaria. La función de estos corresponsales es 
garantizar un flujo de información rápido y efectivo entre los Estados miembros y 
entre su Estado miembro y la Comisión, lo que puede requerir la coordinación de la 
información que fluye en ambos sentidos entre las autoridades competentes de los 
Estados miembros. La coordinación intersectorial dentro de cada Estado miembro 
debe seguir siendo competencia de los miembros del Comité Consultivo sobre 
Mercado Interior. 
16. Por lo que atañe a la legislación vigente, la Comisión propone que los Estados 
miembros notifiquen estos datos lo antes posible y, en todo caso, para finales de 
junio de 1994. En cuanto a la información sobre la futura legislación, debe formar 
parte del proceso de aplicación nacional de la legislación comunitaria y comunicarse 
a la Comisión junto con los textos de incorporación de la misma. 
C. DOS PRINCIPIOS SUBYACENTES 
17. Dos principios de los que depende el buen funcionamiento de la asistencia 
mutua reflejan la postura del Tribunal de Justicia y de los Estados miembros en los 
debates que se han celebrado recientemente/ 
-5 
Proporcionalidad 
El principio de proporcionalidad significa que la práctica de la cooperación adminis­
trativa ha de resultar razonable, es decir, que las autoridades han de limitar sus peti­
ciones recíprocas al mínimo imprescindible para resolver el asunto de que se trate. 
Por lo que se refiere a las solicitudes de información entre administraciones, los 
expertos en materia de aplicación en cada sector son los más indicados para contro­
lar la forma en que la proporcionalidad se lleva a la práctica, al tener que facilitar y 
solicitar información al mismo tiempo. La elaboración de formularios modelo y el 
tratamiento automatizado de la información pueden agilizar los procedimientos. 
Lo mismo puede decirse de las obligaciones que las administraciones imponen a 
empresas y particulares. Una cooperación administrativa eficaz puede reducir las 
trabas burocráticas para todos ellos. 
Ha de garantizarse también la rentabilidad de las medidas de cooperación, es decir, 
que las ventajas sean proporcionales a los recursos empleados. 
Confidencialidad 
En algunos sectores, las normas de confidencialidad resultan imprescindibles, como 
cuando se intercambia información delicada desde el punto de vista comercial. En 
algunos casos, los Estados miembros parecen menos preocupados por la confiden­
cialidad cuando se trata de productos extranjeros que en relación con los nacionales. 
Es evidente que en un mercado único han de aplicarse los mismos criterios con 
respecto a todos los productos del mercado. 
El intercambio de información confidencial en general y, en particular, a través de 
redes telemáticas, exige que se apliquen normas y procedimientos de seguridad 
comunes y medidas técnicas, como el suministro de mecanismos de protección de la 
información. 
Por lo que atañe a los datos personales, el intercambio de información deberá respe­
tar la legislación vigente al respecto. 
12) 
6-
III. COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA: 
PROGRAMA DE DEBATES 
18. El marco comunitario de cooperación administrativa descrito deberá ponerse en 
práctica sector por sector. La Comisión es consciente de lo que ello supone para los 
Estados miembros. Aunque el marco no supone una desviación radical de la práctica 
actual necesaria para aplicar la legislación comunitaria, es posible que los Estados 
miembros se vean obligados a revisar en algunos sectores la atribución de compe­
tencias entre departamentos y organismos encargados de la aplicación, y entre la 
administración nacional y las regionales y municipales. 
19. La Comisión propone su utilización en los debates sobre la necesidad y ios 
tipos de cooperación administrativa. Estos debates han de centrarse en aquellos 
ámbitos en los que apenas existe experiencia práctica de cooperación administrativa 
o en los que puede mejorarse la calidad de la práctica actual, teniendo también en 
cuenta el momento de entrada en vigor de la legislación o el carácter delicado del 
asunto que se regula. Conforme a estos criterios, la Comisión proyecta organizar 
debates sectoriales en los ámbitos señalados en el Anexo 2. El hilo conductor de 
estos debates será el marco comunitario creado con arreglo a la presente Comunica­
ción y sus principios rectores. 
Los objetivos de los debates sectoriales serían los siguientes: 
• en aquellos ámbitos en los que la experiencia de cooperación administrativa 
es escasa o en los que no existen mecanismos específicos a tal fin, analizar 
las necesidades de cooperación administrativa, sobre todo con respecto al 
intercambio de información y la toma de decisiones*6), y establecer los 
mecanismos prácticos necesarios. Es posible que en algunos sectores se 
precisen sistemas especiales para la cooperación científica o técnica, eva­
luaciones (de un producto o un servicio), inspecciones y control del mercado; 
• en los sectores con un grado de cooperación incipiente, como es la coope­
ración científica en el sector alimentario o la administrativa entre 
departamentos de control de productos alimenticios, analizar y determinar 
cuáles son las medidas necesarias para que esos sistemas de cooperación 
comiencen a funcionar con la mayor eficacia posible; 
• en otros ámbitos, analizar la eficacia de los actuales mecanismos de coope­
ración administrativa y las modificaciones necesarias, sin introducir cambios 
en los sistemas que funcionan de forma satisfactoria; 
• determinar las medidas de apoyo que ha de tomar la Comisión a corto y a 
largo plazo. Como se expone en la Sección IV, la Comisión ya está desarro­
llando actividades destinadas a apoyar la cooperación administrativa en el 
mercado interior. Sin embargo, es posible que la evolución de la cooperación 
en algunos sectores haga necesario ampliar el alcance de dichas actividades 
de apoyo, sobre todo con respecto a las publicaciones informativas y a la 
asistencia para facilitar la comunicación entre autoridades nacionales de 
(6) Pese a que la cooperación administrativa no afecta, en principio, a la competencia de los Estados miembros para 
aplicar la legislación comunitaria, en los casos previstos en la legislación (por ejemplo, Directiva sobre la seguridad 
de los productos de consumo) puede tener por resultado la toma de decisiones a escala comunitaria. 
-7 
aplicación. Una vez determinadas las distintas necesidades, la Comisión 
presentará un programa de medidas adecuado. 
• cuando proceda, iniciar un Proceso de Planificación de Redes Telemáticas 
entre Administraciones (TNA-PP) que ofrezca soluciones pragmáticas y 
transparentes para determinar las necesidades, obstáculos y defectos de las 
redes, evaluar el funcionamiento de las mismas y establecer prioridades, y 
llevarlo a la práctica a través del programa TNA/IDA; 
• analizar cualquier fallo del sistema y sus causas durante el período de 
observación en 1994, atendiendo fundamentalmente a la opinión de los 
agentes económicos. 
20. Cabe la posibilidad de que como consecuencia de los debates sectoriales se 
elaboren disposiciones más detalladas sobre aplicación de la legislación comunitaria, 
siempre que sea posible a través de métodos informales (por ejemplo, mediante 
directrices o mediante la creación de grupos de expertos en materia de aplicación). 
Cuando resulte imprescindible, estas disposiciones se aprobarán como legislación 
comunitaria. La Comisión realizará un seguimiento de los avances y presentará las 
propuestas necesarias para resolver las dificultades que se planteen. La fecha de 
finales de 1994 constituye una buena referencia par medir los avances realizados, ya 
que se trata de la fecha propuesta (en el apartado 16) para la notificación de los 
organismos competentes en materia de aplicación. La Comisión evaluará también los 
progresos de la cooperación administrativa en sus informes anuales sobre el funcio­
namiento del mercado interior. 
21. Aunque el objetivo de la presente Comunicación es ofrecer apoyo para la apli­
cación de la legislación sobre mercado interior a través de mecanismos eficaces de 
cooperación administrativa, la Comisión observa que el Tribunal de Justicia ha 
dictado con frecuencia sentencias en materias no armonizadas. Un mecanismo efec­
tivo para facilitar los contactos bilaterales y de otro tipo entre administraciones repre­
sentaría una ayuda material para resolver las dificultades relativas al comercio de 
productos y servicios en ámbitos no armonizados. En términos generales, contribuiría 
al desarrollo del reconocimiento mutuo de normas nacionales medíante el intercambio 
rápido de información entre las autoridades interesadas y, en concreto, se evitaría 
que los Estados miembros recurran a medidas restrictivas. 
-8 
IV. CONCLUSIONES 
22. La Comisión considera que se precisa un marco de cooperación entre las 
administraciones de los Estados miembros y entre éstas y la Comisión, para la apli­
cación de la legislación comunitaria en el mercado interior, guiado por los siguientes 
principios: 
• todos los departamentos administrativos de los Estados miembros 
competentes para la aplicación de la legislación comunitaria deben prestarse 
asistencia mutua en el ejercicio de sus funciones con arreglo al artículo 5 del 
Tratado y, en particular, dar respuesta lo antes posible a las solicitudes de 
cooperación procedentes de un Estado miembro y a intercambiar la 
información necesaria a tal fin; 
• todo intercambio de información deberá respetar los siguientes principios: 
- confidencialidad, es decir, con el debido respecto de los secretos profe­
sionales y de las exigencias del departamento que facilita la información; 
- proporcionalidad entre el tipo de información solicitada y la finalidad del 
control que ha de realizarse; 
• a tal fin, cada Estado miembro debe tomar las medidas adecuadas para 
crear la infraestructura más efectiva y facilitar al máximo los contactos 
entre sus departamentos y los de los demás Estados miembros y la 
Comisión; 
• los Estados miembros han de garantizar la transparencia de estas medi­
das, de sus mecanismos de control y sus condiciones de aplicación, para 
lo cual han de notificarlas a la Comisión y a los demás Estados miembros. 
Esta notificación deberá realizarse para finales de 1994 en el caso de los 
ámbitos de actividad mencionados en el Anexo 2. 
23. Por su parte, la Comisión analizará los siguientes aspectos, en estrecha colabo­
ración con las autoridades de los Estados miembros, sobre todo en aquellos sectores 
en los que la legislación comunitaria no contenga detalles sobre la aplicación de sus 
disposiciones, a través de un programa de debates sobre cada ámbito de actividad: 
• posibilidad de crear o reforzar sistemas de cooperación para llevar estos 
principios a la práctica; 
• la forma que han de adoptar estos sistemas de cooperación, con arreglo al 
principio de que las soluciones propuestas han de buscar la máxima eficacia 
con los costes mínimos, mediante el empleo de los procedimientos más 
sencillos. 
• medidas comunitarias de apoyo destinadas a desarrollar y reforzar estos 
sistemas de cooperación, tales como la publicación de directrices de aplica­
ción, creación y gestión de redes telemáticas, recopilación y análisis de 
datos, fomento del intercambio de funcionarios, actividades de formación, 
etc. 
Sobre la base de este análisis, que se espera terminar para finales de 1994, la 
Comisión tomará las medidas adecuadas y presentará las propuestas que resulten 
necesarias. En el Informe anual sobre el mercado interior, la Comisión evaluará los 
resultados de estos debates. 
ANEXO 1 
Cooperación administrativa: situación actual 
1. En el Informe presentado a la Comisión en octubre de 1992 por el Grupo de 
alto nivel sobre el funcionamiento del mercado interior, presidido por el Sr. Peter 
Sutherland con el título de The internal market after 1992: meeting the challenge", se 
incluía una sección importante sobre el cumplimiento de las normas a través de la 
asociación. Las recomendaciones que se hacían en la misma tenían por objeto desa­
rrollar la cooperación para hacer cumplir la legislación sobre el mercado interior, a 
través de -entre otras cosas- la creación de un marco permanente de asociación 
administrativa entre los Estados miembros y la Comisión, el análisis del ejercicio de 
las facultades comunitarias para resolver problemas urgentes y graves relacionados 
con los consumidores, incluida la posibilidad de crear una unidad de coordinación 
dentro de la Comisión para garantizar una comunicación efectiva a escala comuni­
taria y nacional, y la elaboración de directrices de aplicación para grupos de directi­
vas. 
2. En su respuesta al Informe Sutherland de 2 de diciembre de 1992*7), la Comi­
sión afirmó que la puesta en práctica de las recomendaciones contenidas en el 
Informe "reforzaría los efectos económicos del mercado interior, así como de su 
dimensión política", y se mostró de acuerdo con las líneas maestras de la estrategia 
de gestión del mercado interior propuesta en el mismo, "basada en la transparencia, 
la cooperación y la descentralización de la aplicación". En su Comunicación de 22 de 
diciembre de 1993, titulada "Aprovechar al máximo el mercado interior": Programa 
Estratégico, la Comisión anunció su intención de proponer al Consejo un marco para 
el desarrollo de la cooperación administrativa en los distintos ámbitos que forman el 
mercado interior. 
3. En las secciones siguientes se analiza el estado actual de la cooperación 
administrativa mediante el estudio de las funciones de la Comisión y de los Estados 
miembros, las necesidades y la práctica actual de la cooperación administrativa. 
LAS DIVERSAS FUNCIONES 
4. Las funciones de los Estados miembros y la Comisión que se describen a 
continuación son las que éstos han de ejercer a los efectos de la cooperación admi­
nistrativa, sin perjuicio de la obligación permanente de la Comisión de garantizar la 
aplicación de la legislación. 
A. Función de los Estados Miembros 
5. Conforme a los Tratados, los Estados miembros son competentes en materia 
de aplicación y cumplimiento de la legislación comunitaria dentro de su jurisdicción. El 
desarrollo de la cooperación administrativa dentro de la Comunidad para una aplica­
ción más eficaz de la legislación no afecta a esta competencia fundamental. No 
obstante, los Estados miembros ejercen dicha competencia de conformidad con la 
(7) Pueden consultarse las referencias en las notas ai pie de la página 1. 
- Il 
legislación comunitaria y se encuentran vinculados por las obligaciones generales y 
específicas relativas al cumplimiento de dicha legislación. En términos generales, el 
artículo 5 del Tratado impone a los Estados miembros la obligación de adoptar todas 
las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del Tratado y de abstenerse de cualquier medida que pueda poner en peligro la reali­
zación de sus fines. Más en concreto, el Consejo ha aprobado legislación derivada 
sobre aplicación de las normas comunitarias en algunos ámbitos (por ejemplo, adua­
nas, fiscal ¡dad, agricultura, productos alimenticios y farmacéuticos) que requiere que 
los Estados miembros adopten medidas concretas. 
6. Ha de recordarse que el Tribunal de Justicia tiene declarado en varias senten­
cias, principalmente en casos de infracción basados en el artículo 30 y siguientes del 
Tratado, que los Estados miembros han de observar determinados principios inheren­
tes a la legislación comunitaria cuando ejerzan su derecho a aplicar la legislación 
nacional, incluidas las disposiciones no armonizadas, principios entre los que figuran 
los siguientes: 
(a) Proporcionalidad 
A falta de legislación comunitaria, los controles realizados por los Estados 
miembros han de ser proporcionados y respetar el requisito esencial de 
libre circulación establecido en el Tratado (Henn and Darby, asunto 34/79, 
sentencia de 14.12.1979; Casati, asunto 203/80, sentencia de 11.11.1981). 
(b) Confianza mutua 
Las autoridades nacionales no pueden volver a imponer requisitos innece­
sarios de prueba, certificación o inspección cuando estas operaciones ya 
han sido llevadas a cabo por las autoridades nacionales de otros Estados 
miembros o por organizaciones competentes reconocidas por éstos 
(Productos biológicos, asunto 72/80, sentencia de 17.12.1981; United 
Foods and Abeele, asunto 132/80, sentencia de 7.4.1981; Máquinas para 
trabajar la madera, asunto 188/84, sentencia de 28.1.1986; Bouchara, 
asunto 25/85, sentencia de 11.5.1989). 
(c) Cooperación en la práctica de controles 
Con el fin de paliar en la medida de lo posible la carga que suponen los 
controles administrativos para los agentes económicos, las autoridades 
nacionales han de cooperar, por ejemplo, a través del intercambio de 
información sobre la conformidad de los productos o mediante la notifica­
ción de los requisitos de control y de sus modificaciones (De Peijper, 
asunto 104/75, sentencia de 20.5.1976; Denkavit, asunto 251/78, senten­
cia de 8.11.1979; Vino italiano, asunto 42/82, sentencia de 22.3.1983). 
En resumen, el Tribunal de Justicia ha establecido que la aplicación de la legislación 
ha de ser proporcionada y no discriminatoria y ha de tender a la simplificación y 
reducción de los controles sobre la base de la confianza mutua y el reconocimiento 
recíproco. 
7. La Comisión considera que la "obligación de cooperar" se encuentra implícita 
en los artículos 5 y 30 del Tratado y en la jurisprudencia comunitaria, pero, por los 
motivos expuestos en el anterior apartado 6, esta necesidad de cooperación se ha 
acentuado tras la supresión de los controles fronterizos. 
III-
La cooperación bilateral entre Estados miembros es un elemento esencial de la coo­
peración a escala comunitaria. Con todo, en una Comunidad sin fronteras internas, 
los productos defectuosos fabricados en un país podrán llegar a otro por diversas 
vías, a menudo a través de otros Estados miembros. Únicamente podrán tomarse 
medidas efectivas para proteger los intereses de todos los ciudadanos comunitarios 
si se facilita la información relativa a estos productos a todas las autoridades. Del 
mismo modo, las conclusiones a que lleguen dos o más Estados miembros en rela­
ción con la interpretación o la aplicación de la legislación comunitaria revestirán inte­
rés para todos los Estados miembros. 
Además, la obligación de cooperar puede contribuir a reducir los problemas bilatera­
les derivados de las divergencias en las legislaciones nacionales en sectores no 
armonizados, y tal vez también a acelerar su reconocimiento mutuo en toda la 
Comunidad. 
B. Función de la Comisión 
8. La función de la Comisión en el proceso de aplicación y cumplimiento de la 
legislación consiste en poner a disposición de los Estados miembros una serie de 
servicios comunes que les asistirán en la aplicación y cumplimiento de la legislación 
comunitaria. Estos servicios pueden ser muy diversos, según las necesidades del 
sistema: 
• publicación de las interpretaciones de normas comunitarias vigentes como 
fundamento de una aplicación uniforme; 
• organización de reuniones, seminarios y conferencias sobre aspectos rela­
cionados con la aplicación, para fomentar la comprensión mutua. 
• fomentar la introducción gradual de sistemas de comunicación e intercambio 
de información eficaces, fiables y fáciles de usar, junto con un grado elevado 
de coordinación entre las trece administraciones; 
• desarrollo de sistemas comunes para la presentación de solicitudes de 
cooperación o de información; 
• fomento del intercambio de funcionarios nacionales y de programas de 
formación conjunta sobre aplicación; 
• utilización de una nueva publicación periódica de la Comisión sobre su 
documentación y bases de datos como medio de contacto con las adminis­
traciones nacionales; 
• por lo que respecta a la competencia, hacia finales de 1994 se publicará una 
comunicación sobre la cooperación entre la Comisión y las autoridades 
nacionales de competencia. 
El alcance de los servicios ofrecidos por la Comisión será distinto en cada caso y 
dependerá del grado de cooperación que necesiten las autoridades nacionales. Es 
evidente que las restricciones de los recursos comunitarios harán necesario limitar los 
servicios que ofrece la Comisión, por lo que será preciso establecer prioridades. 
9. Entre los ejemplos más recientes de la labor llevada a cabo por la Comisión en 
apoyo de los sistemas de cooperación administrativa figuran los siguientes: 
• desarrollo y actualización de las Guías de Legislación Comunitaria (Nuevo 
Enfoque y Directivas sobre Contratación Pública) y comunicaciones interpre­
tativas; 
IV 
las tareas desarrolladas dentro de los programas INSIS, CADDIAY y pre-IDA 
relativos a la creación de redes de comunicación e intercambio de informa­
ción que pongan en contacto a las administraciones en sectores prioritarios 
(por ejemplo, fiscalidad indirecta, aduanas, controles veterinarios y fitosani-
tarios y estadísticas), con el fin de crear las condiciones necesarias para la 
supresión de controles en las fronteras internas; 
el programa MATTHAEUS (aprobado en 1991) para la formación de funcio­
narios de aduanas a través de intercambios, seminarios y módulos de 
formación común, y otro programa similar, MATTHAEUS Impuestos 
(aprobado en octubre de 1993); 
el programa quinquenal KAROLUS, aprobado en septiembre de 1992, relati­
vo al intercambio de 1900 funcionarios de las administraciones de los Esta­
dos miembros dedicados a la aplicación de la legislación comunitaria en 
materia de mercado interior, lo que fomentará la confianza mutua entre las 
administraciones nacionales; 
la labor desarrollada dentro del proyecto SOSENET que, en el marco del 
programa ENS de l+D, definió la estructura de los servicios telemáticos para 
la coordinación de los regímenes de seguridad social, con el fin de mejorar y 
simplificar los procedimientos actuales, facilitar el ejercicio de los derechos 
de los ciudadanos y crear nuevos servicios; 
como ejemplo de los resultados que pueden lograrse a través de los debates 
sobre cooperación administrativa, puede citarse la elaboración de formularios 
sencillos que sustituyan a los diversos formularios de las distintas adminis­
traciones y contribuyan a resolver los problemas lingüísticos. Estos formula­
rios están siendo analizados por las autoridades de control del mercado en 
los sectores de bienes industríales y de consumo, y permitirían solicitar y 
facilitar información de forma fácil y rápida, en apoyo de las investigaciones 
sobre conformidad y seguridad de los productos; 
en materia de fiscalidad indirecta, la Comisión colaboró estrechamente con 
los Estados miembros en la creación de los mecanismos necesarios para 
suprimir las fronteras fiscales de forma simultánea a la eliminación de los 
controles fronterizos, el 1 de enero de 1993. Entre estos mecanismos figuran 
el Sistema telemático de intercambio de información sobre IVA (VIES), varios 
procedimientos detallados de control de la circulación de mercancías sujetas 
a impuestos especiales, una red de Oficinas Centrales de Enlace, así como 
un directorio común de su estructura y personal, formularios uniformes para 
solicitud de información y respuesta, seminarios de formación e intercambios 
de visitas de funcionarios nacionales y medidas de seguimiento y mejora del 
sistema. Este es un buen ejemplo de lo que puede lograrse mediante una 
colaboración estrecha dentro de un marco jurídico institucional bien definido; 
en materia de aduanas y agricultura, la Comisión ha remitido al Consejo una 
propuesta para perfeccionar los actuales mecanismos de asistencia mutua, 
con el fin de adaptarlos a las condiciones creadas por el mercado interior*8). 
Se trata, entre otras cosas, de un marco para el sistema de información 
aduanero (SIA), que lleva en funcionamiento desde octubre de 1992; 
(8) Propuesta modificada de Reglamento (CE) del Consejo relativa a la asistencia mutua entre las autoridades 
administrativas de los Estados miembros y la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la 
correcta aplicación de las legislaciones aduanera y agraria (C0M(93) 350 final - SYN 450, 1 de septiembre de 
1993) (DO C 262, 28.9.93, p. 8). 
• la Directiva 93/99 sobre medidas adicionales relativas al control fiscal de los 
productos alimenticios*9) y el Reglamento (CE) 793/93 sobre evaluación y 
control del riesgo de las sustancias existentes*10) constituyen un marco para 
la cooperación científica; 
• la creación de la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos*11) 
supone también un paso adelante para coordinar la aplicación de la legisla­
ción comunitaria. 
• mantenimiento y desarrollo de SIGL (Sistema de gestión de licencias de 
importación y exportación), que permite que los Estados miembros y la 
Comisión estén al corriene de las licencias de importación y exportación 
concedidas o denegadas, para poder gestionar o controlar las barreras 
frente al exterior. El acuerdo adoptado por el Consejo el 8 de febrero de 
1994, relativo al régimen común de importaciones, constituirá un estímulo 
para la cooperación en esta materia y facilitará la gestión de los aspectos 
externos del mercado único por parte de la Comisión. 
10. Por lo que respecta a los recursos, aunque podrán desviarse parte de los 
mismos de la actividad legislativa a la cooperación administrativa, ha de tenerse 
presente la repercusión de estas medidas de apoyo de la Comisión. Cabe esperar 
que esta repercusión se intensifique a medida que entre en vigor la legislación 
comunitaria ya aprobada. La Comisión tiene la intención de presentar propuestas al 
respecto, una vez que se hayan definido con mayor precisión las necesidades de 
cada sector en los próximos meses. 
NECESIDADES 
11. Entre los esfuerzos realizados en los últimos nueve años con el fin de crear un 
mercado único, la Comunidad ha aprobado legislación armonizada en numerosos 
sectores para lograr objetivos comunes, tales como un nivel elevado de protección de 
la salud y la seguridad de sus ciudadanos y condiciones equitativas de competencia 
para las empresas. Paralelamente, se han tomado medidas destinadas a limitar el 
falseamiento de la competencia, como por ejemplo, el Reglamento 4064/89 sobre las 
operaciones de concentración entre empresas, que vienen a sumarse a las normas 
sobre abuso de posición dominante en el mercado, acuerdos entre empresas y ayu­
das estatales que se recogen en el Tratado y resultan imprescindibles para garantizar 
el desarrollo del mercado interior. La Comunidad ha de garantizar ahora que este 
marco jurídico se aplique de forma coherente en toda la Comunidad. No es una tarea 
nueva -se deriva, en concreto, del artículo 5 del Tratado, y el Tribunal de Justicia la 
ha aclarado en su jurisprudencia-, pero requiere un cierto grado de coordinación entre 
autoridades con distinta organización y funcionamiento en cada Estado miembro. 
Una aplicación desigual o incompleta de la legislación comunitaria no sólo reducirá 
las ventajas globales que se derivan del mercado interior y afectará a los intereses de 
los ciudadanos y las empresas, sino que pondrá también en peligro la confianza 
mutua que constituye la base de toda la estructura del mercado interior. 
12. La necesidad de cooperación administrativa entre los Estados miembros resulta 
aún más patente tras la supresión de las fronteras intracomunitarias. Con el recono-
(9) DO L 290, 24.11.1993, p. 14. 
(10) DO L 84, 5.4.1993, p. 1. 
(11) Reglamento (CE) n° 2309/93 del Consejo de 22 de julio de 1993, por el que se establecen procedimientos 
comunitarios para la autorización y supervisión de medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea 
la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (DO L 214,24.8.1993, p.1). 
VI 
cimiento de la libertad de circulación de mercancías en toda la Comunidad, sin ningún 
tipo de control fronterizo, se reproduce a escala comunitaria una situación que antes 
sólo existía dentro de cada Estado miembro. Puede resultar necesario desarrollar a 
escala comunitaria las estructuras y procedimientos administrativos oficiales y no 
oficiales que existen en los Estados miembros con la finalidad de garantizar la correc­
ta aplicación de la legislación en todo el territorio nacional. Han de examinarse todas 
las medidas que pueden contribuir a una aplicación homogénea de esta legislación, 
entre las que destaca la cooperación entre las administraciones competentes de su 
aplicación. 
13. En materias armonizadas, la Comunidad ya ha creado algunos mecanismos de 
cooperación entre autoridades nacionales (y entre éstas y la Comisión) con respecto 
a la aplicación y el cumplimiento de una parte de la legislación sobre el mercado inte­
rior. Este es el caso de las administraciones directamente afectadas por el desmante-
lamiento de las aduanas y los controles fiscales en las fronteras internas, las encar­
gadas de la gestión de las fronteras externas o el de los sectores vinculados directa­
mente con la salud pública, como son el control fitosanitario y veterinario, o el de los 
productos alimentarios o farmacéuticos. Sin embargo, en otros ámbitos, como el de la 
legislación armonizada comunitaria sobre productos industriales, aún no se han 
creado mecanismos concretos. La Comunidad ha de plantearse ahora si se requieren 
mecanismos determinados en estos sectores y, en caso afirmativo, qué forma han de 
adoptar. 
14. Con respecto a las materias no armonizadas, convendría también plantearse la 
posibilidad de crear mecanismos adecuados de cooperación administrativa para 
resolver las dificultades prácticas que puedan derivarse de aquellos aspectos de las 
cuatro libertades de circulación que aún no se han armonizado. Como se expone en 
la sección III, el Tribunal de Justicia ya ha aclarado que determinadas obligaciones 
fundamentales de cooperación de los Estados miembros se aplican tanto en los 
ámbitos armonizados como en los no armonizados, por lo que la Comisión considera 
que han de explorarse posibles vías de cooperación administrativa en estos últimos. 
15. Sobre la base de la experiencia de la Comunidad, pueden determinarse los 
tipos de problemas o necesidades que dan lugar a una cooperación administrativa 
más estrecha. Estas necesidades reflejan la expectativa de una aplicación justa y 
eficaz de las normas comunitarias. 
(a) Necesidades derivadas de la innovación 
Aunque la interpretación de la legislación sigue siendo competencia de los 
tribunales, para que dicha legislación se aplique de forma efectiva es preci­
so que quienes han de aplicarla comprendan las normas de forma seme­
jante. Aunque se han elaborado instrucciones detalladas para la interpre­
tación de la legislación, todos los órganos implicados se ven obligados a 
tomar en consideración nuevas circunstancias o avances tecnológicos. Por 
consiguiente, se precisa un intercambio de información entre los Estados 
miembros y la Comisión acerca de estos nuevos aspectos, con el fin de 
garantizar una interpretación uniforme, en la medida de lo posible, de las 
normas de que se trate. 
Vil 
(b) Necesidades derivadas de evaluación de casos concretos 
Las distintas administraciones realizan a diario una evaluación de cada 
caso antes de aplicar la normativa. Por ello, las autoridades de supervisión 
del mercado en una región determinada pueden necesitar de vez en cuan­
do información técnica de otra región (como el expediente de la autoriza­
ción original de un producto o de la inspección de una fábrica) antes de 
resolver sobre la conformidad de un producto determinado con la norma­
tiva. Dicha información ha de recibirse con prontitud para que pueda resul­
tar de utilidad a las autoridades interesadas. 
El intercambio de información también es necesario para garantizar la libre 
circulación de mercancías. Así, cuando un Estado miembro considera que 
un producto procedente de otro no es conforme, pueden adoptarse medi­
das para modificar o retirar el producto del mercado. Estas medidas de 
control han de ser proporcionadas, con arreglo a la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, y se requiere cooperación administrativa para garanti­
zar que su alcance es el mínimo imprescindible (por ejemplo, prohibiendo 
únicamente el lote de productos que no es conforme, en lugar de toda la 
producción). 
(c) Necesidades derivadas de la ejecución y cumplimiento de decisiones 
La cooperación administrativa es necesaria para garantizar la ejecución y 
el cumplimiento efectivos de una decisión cuando la autoridad que la ha 
adoptado no es competente en todo el territorio en el que se aplica la 
normativa. Se requiere la cooperación entre dos o más autoridades, por 
ejemplo, para garantizar que un producto que no se considera seguro en 
una zona no siga fabricándose en otra o comercializándose en una tercera. 
Se precisa también cooperación para cerciorarse de que se han tomado 
medidas adecuadas en el Estado miembro del que procede un producto o 
servicio no conforme, a fin de lograr condiciones equitativas de competen­
cia en el mercado interior. 
(d) Necesidades relacionadas con la idoneidad de la legislación 
La información obtenida a través de la aplicación de la legislación vigente 
puede ofrecer pruebas técnicas de que una norma determinada no es 
idónea, por ejemplo, si surgen problemas cuya resolución satisfactoria 
requiere una ampliación o modificación de la legislación. Por ello, el desa­
rrollo o la adaptación de la legislación depende en cierta medida del volu­
men de información facilitada por las autoridades de aplicación, además de 
la que pueda obtener la Comisión por su cuenta, por ejemplo, a través de 
la red de Centros Europeos de Información. 
16. Existen ya mecanismos a escala comunitaria que facilitan una interpretación 
común, una evaluación con la información necesaria y la ejecución efectiva de los 
controles, en algunos sectores en los que hace tiempo que se adoptó legislación 
armonizada; la Comunidad se enfrenta hoy al reto de examinar la eficacia de dichos 
mecanismos y ampliar a otros ámbitos el compromiso de cooperación administrativa 
asumido en esos sectores, teniendo presente que las necesidades de cada sector en 
cuanto al grado de cooperación necesaria no serán siempre las mismas. Los proble­
mas que presente cada mecanismo deberán definirse en el plano operativo en cada 
sector y de forma descentralizada. 
-VIII 
17. En contraste con la relativa homogeneidad de la práctica administrativa dentro 
de cada Estado miembro, la organización de la cooperación administrativa en la 
Comunidad ha de tener en cuenta que existen diferencias importantes entre los Esta­
dos miembros en cuanto a la forma en que las autoridades públicas aplican la norma­
tiva, que se reflejan a su vez en la estructura organizativa, la práctica administrativa y 
el nivel global de recursos destinados a la ejecución. Por desgracia, en varios ámbi­
tos de la legislación comunitaria no se dispone de información precisa sobre los 
medios administrativos a través de los cuales los Estados miembros aplican la legis­
lación comunitaria, pese a que se trata de una información importante para desarro­
llar la confianza mutua necesaria para fomentar una cooperación eficaz en toda la 
Comunidad. 
18. La Comisión considera que la máxima prioridad es determinar cuáles son los 
órganos implicados, así como la forma en que se comunicarán con los órganos 
correspondientes de otros Estados miembros. 
En segundo lugar, el aumento de la transparencia de los sistemas nacionales de 
ejecución en cada sector constituiría una ayuda material para quienes se ocupan de 
la cooperación administrativa en este ámbito en la Comunidad. Cuando se detecten 
puntos débiles en las estructuras de ejecución, cabría considerar la adopción de 
medidas de apoyo a escala comunitaria, como programas de formación, intercambio 
de funcionarios, etc. 
19. En tercer lugar, otro argumento en defensa de la cooperación administrativa 
comunitaria es la necesidad de superar los problemas de comunicación que se deri­
van de los distintos idiomas y de la infraestructura de comunicaciones e intercambio 
de información. Para que la cooperación administrativa en la Comunidad pueda 
alcanzar un nivel de eficiencia semejante al de los mejores sistemas nacionales, 
deberán realizarse esfuerzos importantes por superar estos obstáculos culturales y 
estructurales a través de medidas de apoyo, haciendo uso, cuando convenga, de 
redes de transmisión de datos. 
La necesidad creciente de cooperación administrativa puede hacer preciso en algu­
nos casos crear un sistema eficaz, fiable y fácil de usar de comunicación e intercam­
bio de información entre administraciones, como es el correo electrónico. Al mismo 
tiempo, han de tenerse en cuenta las necesidades concretas de las administraciones 
públicas, sobre todo en materia de seguridad de la información, confidencialidad y 
certificación, si se quiere que la información electrónica sustituya a los medios tradi­
cionales. 
A la hora de organizar las relaciones entre los miembros de una red de cooperación 
administrativa, ha de tenerse también en cuenta que resulta esencial garantizar una 
comunicación efectiva a través de los medios más sencillos y adecuados (modelos de 
formularios, designación de un centro de contacto con las comunicaciones y los 
medios de interpretación necesarios, con el fin de fomentar, cuando sea necesario, la 
descentralización de las relaciones). 
PRÁCTICA ACTUAL 
20. En esta sección se ofrece un breve examen del estado actual de la cooperación 
administrativa en la Comunidad. Forma parte del planteamiento dual por el que ha 
optado la Comisión para lograr una visión global, dentro de su respuesta al Informe 
Sutherland: 
-IX-
• un análisis de la gestión de los casos urgentes con arreglo a la legislación 
comunitaria; 
• debates con los Estados miembros en una serie de reuniones sectoriales 
acerca de problemas poco conocidos derivados de la aplicación de la legis­
lación comunitaria, y determinación de "puntos de contacto" para abordar los 
problemas de cumplimiento. 
21. Por lo que se refiere a la gestión de los casos urgentes, la Comisión ha hecho 
pública recientemente una comunicación en la que se examinan los procedimientos 
de urgencia con respecto a productos de consumo (alimenticios y no alimenticios), 
medicamentos, instrumentos médicos, contaminación por radioactividad y controles 
veterinarios y fitosanitarios*12). Estos procedimientos, que implican por definición la 
rápida transmisión de información entre las autoridades de los Estados miembros y la 
Comisión, ponen de manifiesto algunos de los problemas que pueden resolverse a 
través de la cooperación administrativa. Aunque se considera que, en general, estos 
procedimientos funcionan de forma satisfactoria, la Comisión propone una serie de 
mejoras de los mismos que deberán ser debatidas con los Estados miembros, como 
por ejemplo: 
• mejora de los sistemas de comunicación empleados e intercambio de infor­
mación; 
• restricción del uso de estos procedimientos a casos verdaderamente urgen­
tes; 
• suministro de información más precisa para facilitar la reacción de otras 
autoridades; 
• mayor participación de todos los Estados miembros en estos procedimientos; 
• elaboración de normas comunes de confidencialidad y publicidad para los 
casos urgentes. 
22. Las reuniones sectoriales sobre cooperación administrativa fuera del ámbito de 
los casos urgentes se han organizado en colaboración con los representantes de los 
Estados miembros en el Comité Consultivo para el mercado interior. En lugar de 
centrarse en los ámbitos en los que funcionan desde hace tiempo mecanismos de 
cooperación administrativa (como las aduanas o los productos farmacéuticos), se han 
tratado ámbitos muy diversos, como el "nuevo enfoque" de la armonización técnica, 
sustancias peligrosas, productos alimenticios, reconocimiento de diplomas, controles 
veterinarios y medicamentos de uso humano y veterinario. En estas reuniones, se 
han planteado ya las siguientes cuestiones importantes: 
Diversidad de mecanismos de cooperación 
23. El examen realizado hasta ahora de los mecanismos de cooperación entre la 
Comisión y los Estados miembros para la aplicación y el cumplimiento de la legisla­
ción comunitaria ha puesto de manifiesto que adoptan formas muy diversas. Mientras 
que algunos se han puesto a prueba durante bastante tiempo, otros se encuentran 
todavía en la fase de gestación. Algunos de estos mecanismos son muy formales y 
detallados, con normas de procedimiento vinculantes, mientras que otros se caracte­
rizan por ser informarles y de carácter voluntario, y por basarse fundamentalmente en 
(12) Véanse las referencias en la página 1. 
contactos bilaterales ad hoc entre los Estados miembros, con escasa actividad en el 
plano comunitario. 
24. Pese a la diversidad de opciones elegidas, pueden establecerse una serie de 
criterios que permiten medir el grado relativo de desarrollo de cada sistema de coope­
ración: 
• ¿Existen normas comunitarias detalladas con respecto a la aplicación? 
• ¿Cuál es el alcance de dichas normas? (¿Se limitan, por ejemplo, a regular 
el intercambio de información, o enumeran las facultades de control e inter­
vención que han de ejercer los Estados miembros?) 
• ¿Se toman decisiones a escala comunitaria sobre la información facilitada 
por las autoridades nacionales de aplicación? 
• ¿Existe un organismo comunitario que sea claramente competente del 
seguimiento de la aplicación? ¿Se recogen o intercambian datos al respecto 
a escala comunitaria? 
• ¿Se han adoptado medidas comunitarias destinadas a mejorar la coordina­
ción entre funcionarios competentes de la aplicación (reuniones, seminarios, 
boletines, intercambio de visitas, formación conjunta, inspecciones conjun­
tas)? 
• ¿Existen o se van a crear sistemas que vayan más allá del ámbito comuni­
tario (dentro de la OCDE, NU, etc.)? 
25. Tras las consultas celebradas por la Comisión hasta la fecha con las autorida­
des competentes de la aplicación de la legislación, se ha llegado al consenso de que 
la elección de las modalidades de cooperación ha de corresponder a las autoridades 
competentes de la legislación de que se trate. Las distintas estructuras y procedi­
mientos reflejan diferentes necesidades. No es preciso crear un grado semejante de 
cooperación para asuntos que presentan riesgos diferentes. Más importante que 
elaborar un planteamiento homogéneo o "normalizado" es definir claramente cada 
sistema y, como se expone más adelante, que todos los participantes se encuentren 
igualmente vinculados por las normas del mismo. 
Equilibrio entre cooperación oficial y no oficial 
26. En aquellos ámbitos en los que la Comunidad aún no ha aprobado normas 
detalladas sobre aplicación de la legislación comunitaria, las autoridades de aplica­
ción se muestran en ocasiones reticentes ante la aprobación de dichas normas. Una 
opinión muy extendida es que la cooperación entre autoridades de aplicación de 
distintos Estados miembros ha de llevarse a cabo de forma espontánea cuando es 
necesario, que se trata de una práctica habitual en cualquier administración eficaz y 
que, por lo tanto, puede dejarse a la discreción de las autoridades afectadas. 
27. Aunque el desarrollo de este tipo de cooperación administrativa no oficial 
("voluntaria") a escala comunitaria puede resultar útil en un principio y muestra que 
los Estados miembros son conscientes de la necesidad de que las autoridades 
nacionales mantengan contactos periódicos, este tipo de cooperación no siempre 
constituye la base necesaria para el buen funcionamiento del mercado único. La 
Comisión observa que las actividades de aplicación en los Estados miembros suelen 
dar lugar a acuerdos administrativos detallados de coordinación interna, aún en los 
casos en los que la aplicación de la legislación se lleva a cabo de forma descentrali­
zada. (El ámbito de la contratación pública constituye una excepción señalada). Por 
XI-
lo general, las autoridades locales o regionales intercambian información de forma 
sistemática; en algunos casos esta información se recoge en una base de datos 
centralizada o fácilmente accesible. Resulta paradójico que los Estados miembros 
que organizan la cooperación dentro de sus fronteras se muestren reacios a hacerlo 
en el plano comunitario, en el que son claramente mayores los obstáculos prácticos 
que dificultan la cooperación, tales como las barreras lingüísticas y la diversidad de 
estructuras organizativas nacionales. Habida cuenta de que a partir de ahora deberá 
gestionarse el mercado comunitario con la misma eficacia con que se han gestionado 
hasta la fecha los mercados nacionales, constituye una prioridad elaborar normas 
mínimas para la aplicación de la legislación comunitaria. 
Participación desigual en los sistemas de cooperación comunitarios 
28. Al examinar los sistemas de cooperación existentes y, en particular, los que se 
refieren a los casos urgentes, la Comisión ha observado que la participación en los 
mismos de los Estados miembros es a menudo desigual. Por ejemplo, algunos Esta­
dos miembros nunca notifican a la Comisión o a los demás Estados miembros los 
problemas o emergencias, como se prevé en los sistemas vigentes; en otros casos, y 
pese a que en el sistema se establece que los Estados miembros deberán dar una 
respuesta a la información distribuida, algunos Estados miembros nunca lo hacen o lo 
hacen con un retraso considerable. No se trata de una infracción deliberada del dere­
cho comunitario, sino que puede reflejar la existencia de problemas en la organiza­
ción de la aplicación en un Estado miembro determinado. 
29. No pueden analizarse las causas por las que fracasan los sistemas de coope­
ración sin conocer en profundidad el sistema administrativo nacional de que se trate. 
Dado que la gestión del mercado único implica un alto grado de interdependencia, los 
Estados miembros están obligados a colaborar con la Comisión en su esfuerzo por 
lograr una mayor transparencia de los sistemas nacionales. Si se detectan verdade­
ros problemas estructurales en el ámbito de la aplicación nacional, ha de contem­
plarse la posibilidad de que la Comunidad preste apoyo a dicho Estado, con el fin de 
ayudarle a crear la infraestructura necesaria para la aplicación efectiva de la legisla­
ción comunitaria. Sin la garantía de que, en términos globales, se está aplicando la 
legislación comunitaria de modo semejante en todos los Estados miembros, resulta 
poco probable que se logren los objetivos del artículo 7 A del Tratado. 
30. La Comisión extrae de este análisis la conclusión de que existirá una mayor 
confianza mutua y la legislación comunitaria se aplicará de forma más efectiva en 
aquellos ámbitos en los que se han elaborado normas explícitas sobre cooperación 
administrativa. Es importante examinar la necesidad de crear mecanismos de coope­
ración administrativa en los ámbitos en que dichos mecanismos no existen todavía, 
examen que ha de basarse en un marco de cooperación administrativa elaborado a 
partir de la experiencia adquirida en algunos sectores. 
La Comisión sugiere que, cuando la legislación comunitaria no incluya disposiciones 
detalladas sobre cooperación para la aplicación: 
• todos los sistemas de cooperación administrativa han de basarse en el 
marco comunitario, y 
• las formas de cooperación más adecuadas para cada sector se establezcan 
a escala comunitaria, tras los debates pertinentes entre la Comisión y las 
autoridades nacionales. 
XII 
ANEXO 2 
Programa de debates relativos a la cooperación administrativa 
para la aplicación y cumplimiento de la legislación comunitaria 
Ámbitos contemplados 
Se organizarán una serie de debates dentro del marco comunitario de cooperación 
administrativa, y deberán realizarse primero en aquellos ámbitos en los que la expe­
riencia de cooperación administrativa es escasa o nula y, en particular, en los relacio­
nados con bienes de consumo y servicios y en los que se plantean problemas de 
cumplimiento. En aquellos sectores en los que ya existen mecanismos que funcionen 
de forma satisfactoria, el objetivo será determinar posibles mejoras, y los debates 
puedan realizarse a medio o a largo plazo. 
Se incluirán otros ámbitos de actividad en estos debates a medida que se desarrolle 
la legislación comunitaria. 
Armonización técnica: Directivas dirigidas a eliminar obstáculos para el comer­
cio 
Contratación pública 
Armas de fuego 
Productos de doble finalidad 
Directiva general sobre seguridad de los productos 
Telecomunicaciones 
Productos alimenticios, control sanitario de animales y plantas, medicamentos 
de uso veterinario 
Notificación de reglamentos técnicos 
Aduanas 
Fiscalidad 
Precursores de drogas 
Patrimonio cultural 
Derecho de establecimiento 
Derecho de sociedades 
Seguros, entidades de crédito, títulos valores 
Propiedad intelectual 
Radiodifusión 
Transporte 
Sectores no armonizados. 
FICHA DE FINANCIACIÓN 
COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL MERCADO INTERIOR 
Créditos autorizados en 1993 
Compromisos 
1 
64.597.000 Pagos 
2 Créditos solicitados en 1994 
Compromisos 
3 
51.830.000 Pagos 
4 Variación en % 
Compromisos 
5 
-19.76% Pagos 
6 
1. Denominación de la medida 
Desarrollo de la cooperación administrativa para la aplicación de la legislación 
comunitaria en el ámbito del mercado interior (mencionado también en el Programa 
estratégico del mercado interior). (La mayoría de los gastos figuran también en la ficha 
de financiación de dicho programa). 
2. Línea presupuestaria 
Véase el punto 7.2 
3. Fundamento jurídico 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, artículos 5, 7A, 30-36, 
52-66, 100, 100A, 100B y 129B-D. 
4. Descripción de la medida 
4.1 Objetivos específicos 
• Establecer un sistema coherente de cooperación administrativa entre los 
Estados miembros, y entre éstos y la Comisión, para garantizar la 
aplicación efectiva de la legislación comunitaria. 
• Facilitar el desarrollo de las redes telemáticas entre las distintas 
administraciones nacionales y entre éstas y las instancias europeas. 
Las medidas propuestas se basan en las siguientes comunicaciones y resoluciones: 
a) Comunicaciones 
• Comunicación de la Comisión de 7 de octubre de 1991, sobre "La 
necesidad del intercambio de información entre administraciones para 
garantizar el funcionamiento del mercado interior" - (SEC(91) 1752 final). 
• Comunicación de la Comisión de 2 de diciembre de 1992, "El 
funcionamiento del mercado interior después de 1992 - Seguimiento del 
informe Sutherland" (SEC(92)2277 final). 
• Comunicación de la Comisión de 12 de marzo de 1993 sobre las redes 
telemáticas transeuropeas entre administraciones - (COM(93) 69 final). 
• Comunicación de la Comisión de 2 de junio de 1993, "Reforzar la eficacia 
del mercado interior - Para un programa estratégico sobre el mercado 
interior" (COM(93)256 final). 
• Comunicación de la Comisión de 22 de diciembre de 1993, "Aprovechar al 
máximo el mercado interior: Programa estratégico" (COM(93) 632 final). 
b) Resoluciones: 
• Resolución del Consejo de 7 de diciembre de 1992 relativa al 
funcionamiento del mercado interior (DO C 334 de 18.12.1992, pág. 1). 
4.2 Período abarcado 
Medidas permanentes, que rebasan la fecha límite de 1993 que establece el artículo 
7A del Tratado CE, con el fin de garantizar el funcionamiento adecuado del mercado 
interior y el avance hacia la Unión Económica y Monetaria. 
5. Clasificación del gasto 
5.1 Gasto no obligatorio 
5.2 Créditos disociados 
5.3 IUL 
6. Naturaleza del gasto 
Los gastos de funcionamiento que se han realizado o se realizarán en relación con 
medidas concretas incluyen esencialmente lo siguiente: 
• contribuciones financieras y subvenciones (especialmente aquellas 
destinadas a los organismos europeos encargados de la cooperación 
administrativa en determinados sectores); 
• obligaciones financieras derivadas de contratos para estudios preliminares, 
estudios de viabilidad o de evaluación que contribuyan a la cooperación entre 
administraciones para la aplicación del mercado interior (especialmente en el 
contexto de la creación de redes telemáticas entre administraciones) y a la 
realización de otros objetivos políticos vinculados a la plena realización y al 
funcionamiento del mercado único; 
• subvenciones destinadas a apoyar proyectos de interés comunitario 
realizados por organismos externos; 
• financiación de los programas de intercambio de funcionarios nacionales, de 
formación, información y comunicación. 
-3 
7. Incidencia financiera 
7.1 Método de cálculo del coste total 
Hasta 1993, se hizo hincapié en la realización de los objetivos legislativos del Libro 
Blanco; superada esta fecha, es preciso proceder a una revisión sustancial de las 
partidas de la línea presupuestaria sobre mercado interior en la preparación del 
proyecto de presupuesto para 1994. Se trata de modificar las medidas aprobadas para 
que se ajusten a las orientaciones políticas contenidas en las comunicaciones de la 
Comisión al Consejo y al Parlamento de 2 de diciembre de 1992 "El funcionamiento 
del mercado interior después de 1992 - Seguimiento del informe Sutherland" 
(SEC(92)2277 final) y de 2 de junio de 1993 "Reforzar la eficacia del mercado interior -
Para un programa estratégico sobre el mercado interior" (COM(92)256 final). El 
Programa estratégico (COM(93) 632 final) aprobado recientemente, en el que la 
cooperación administrativa es uno de los principales elementos, procura desarrollar 
estas acciones tipo modificadas para tener en cuenta los cambios cualitativos que ha 
experimentado la labor de los servicios responsables del seguimiento de la aplicación 
de la normativa comunitaria, en el marco de una cooperación administrativa reforzada 
con los Estados miembros. 
Es obvio que, en cierta medida, los recursos existentes pueden redistribuirse para 
hacer frente a este nuevo reto. No obstante, es preciso examinar detalladamente las 
dotaciones actuales para determinar las posibilidades de redistribución. Además, 
queda claro que para algunas actividades los recursos existentes serán insuficientes. 
En otros casos, es asimismo evidente que la incidencia en términos de recursos no 
podrá calcularse mientras no hayan concluido las actividades complementarias 
descritas en el Programa estratégico, lo que permitirá evaluar con precisión las 
necesidades. 
Así pues, estas previsiones financieras sólo se proponen, en un principio, definir las 
líneas presupuestarias asociadas con las políticas relativas al mercado interior y 
establecer la magnitud de los importes dedicados a la cooperación administrativa en 
realización de dichas políticas. Las partidas que requerirán recursos adicionales se 
indican con "p.m.". Cabe añadir que no todos los importes que figuran a continuación 
se destinarán a la cooperación administrativa, pero por el momento resulta imposible 
ofrecer cifras exactas de su reparto entre los diversos aspectos. 
7.2 Desglose de los costes totales por partidas 
Las cifras que a continuación se exponen representan la situación del anteproyecto de 
presupuesto para 1994. 
Desglose de acuerdo con las 
grandes líneas del programa 
•(indica que la rúbrica puede incluir 
nuevas operaciones) 
- Cooperación administrativa* A 
- Seguimiento de la aplicación 
-KAROLUS 
- MATTHAEUS y 
MATTHAEUS-Tax 
Intercambios veterinarios 
IV. Redes transeuropeas 
TOTAL Lineas 
presupuestarias 
implicadas 
(total o parcialmente) 
B3-4015 
B5-108 
B5-3000 
B5-3051 
B2-5101 
B5-7210 
B5-7211 
B5-7212 
B5-7213 
B5-7214 Presupuesto 
1993 
30.000.000 
1.000.000 
1.420.000 
2.427.000 
250.000 
17.000.000 
9.800.000 
2.000.000 
700.000 
64.597.000 Presupuesto 
1994 
1.000.000 
2.130.000 
2.900.000 
20.000.000 
10.000.000 
12.900.000 
2.000.000 
900.000 
51.830.000 
* (indica que la rúbrica puede incluir nuevas operaciones). 
7.3 Vencimiento indicativo de los créditos 
Las comunicaciones relativas a cada medida contendrán todos los elementos 
necesarios para su determinación. 
8. Disposiciones antifraude previstas 
El control de las subvenciones, la aceptación de los servicios y los resultados de los 
estudios preliminares, de viabilidad y de evaluación solicitados corresponde a los 
servicios de la Comisión, que los lleva a cabo antes de efectuar los pagos, teniendo en 
cuenta las obligaciones contractuales, los principios económicos y la gestión financiera 
sana. Las medidas para prevenir el fraude (supervisión, informes periódicos, etc.) se 
incluyen en todos los acuerdos o contratos suscritos entre la Comisión y los 
beneficiarios de los pagos. 
El contrato marco celebrado en 1992 entre la Comisión y los organismos europeos de 
normalización establece, por citar un ejemplo, una presentación muy clara de los 
costes asociados a la preparación de normas europeas para un control efectivo de los 
gastos reales. 
En términos generales, todas las acciones permanentes están sujetas a un 
seguimiento periódico realizado por los servicios interesados y, en el caso de las 
acciones aisladas, se realiza una evaluación a posteriori. Las estadísticas y datos de 
otra índole permiten evaluar mejor el progreso de las acciones comunitarias y 
contribuyen por tanto a consolidar las operaciones de prevención del fraude. 
Muchos reglamentos establecen medidas específicas al respecto y las medidas de 
control interno se basan en la comprobación, por los jefes de unidad responsables, de 
que los avances en los programas o proyectos individuales se han alcanzado 
efectivamente. 
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9. Elementos de análisis coste-eficacia 
9.1. Objetivos específicos y cuantificables. destinatarios 
Los objetivos específicos de esta acción relativa a la cooperación administrativa en el 
mercado interior se exponen a continuación. 
Se trata de gestionar la aplicación de la normativa comunitaria y, para ello, es preciso 
controlar el cumplimiento por parte de los Estados miembros de sus obligaciones 
comunitarias. 
Es preciso garantizar la calidad de la aplicación, mediante un marco coherente de 
cooperación administrativa, con el soporte técnico adecuado, supervisar la aplicación 
de las normas comunitarias y resolver las dificultades que ésta plantee. 
Conforme ai principio de subsidiariedad, la Comisión únicamente intervendrá cuando 
el análisis de los sectores previstos en la Comunicación ponga de manifiesto que las 
estructuras actuales no garantizan la aplicación eficaz de la legislación sobre el 
mercado interior en todos los Estados miembros, en un sector determinado. Con 
respecto a los sectores no armonizados, puede obviarse la necesidad de legislar si se 
refuerza debidamente la cooperación administrativa. 
Los destinatarios de esta acción son las administraciones nacionales. 
9.2. Justificación de la medida 
Toda esta acción se basa en el principio de la atribución a la Comisión de los poderes 
de ejecución de normas, que aprobó el Consejo en el marco de la realización del 
mercado interior. Cabe recordar que el Consejo, en su Resolución de 7 de diciembre 
de 1992 relativa al funcionamiento del mercado interior, invitó a los Estados miembros 
y a la Comisión a examinar la necesidad de reforzar la cooperación para resolver los 
problemas prácticos que puedan surgir. El Parlamento, en su Resolución de 18 de 
diciembre de 1992 sobre el seguimiento del programa del mercado interior de 1992, 
invitó asimismo a la Comisión a que adoptara las medidas pertinentes para responder 
al desafío de un funcionamiento adecuado del mercado interior. La Comisión, que 
respondió a este objetivo mediante su Decisión de 23 de diciembre de 1992, creó un 
Comité Consultivo en el ámbito del mercado interior. 
Para las acciones en curso, no existe una alternativa seria a la acción comunitaria, ya 
que cualquier negligencia de la Comisión en la realización y el desarrollo del mercado 
interior podría suponer la emergencia de políticas nacionales divergentes. 
Con todo, la Comisión siempre baraja varias posibilidades para responder a las 
exigencias de economía y eficacia. 
En el ámbito de la normalización, la estrategia inicial, basada en una armonización 
detallada de las normas nacionales, está atendiendo a dos orientaciones 
complementarias: 
• reconocimiento mutuo de las normas nacionales; 
• limitación de la aproximación legislativa comunitaria a aquellos casos en que 
los objetivos de las normas nacionales no sean equivalentes. 
Además, de conformidad con lo dispuesto en el Libro Verde sobre normalización, la 
Comisión ha introducido cambios significativos en el sistema de financiación de la 
normalización europea. 
Por lo que se refiere al plan de intercambios de funcionarios nacionales de las 
administraciones de los Estados miembros (programa KAROLUS), la contribución de 
las administraciones participantes se ha establecido en un 50% de las dietas diarias 
durante el intercambio, y el resto de los gastos se imputarán al presupuesto 
comunitario. Este programa viene a completar otros programas de intercambio 
aprobados por el Consejo en sectores específicos, como por ejemplo MATTHAEUS, 
MATTHAEUS-TAX y el programa en el ámbito veterinario. 
9.3. Seguimiento y evaluación de la medida 
Indicadores de rendimiento seleccionados : 
a) número de intercambios llevados a cabo en el marco de los programas 
KAROLUS, MATTHAEUS, MATTHAEUS-TAX y del programa en el ámbito 
veterinario; 
b) establecimiento y funcionamiento de redes telemáticas entre las 
administraciones competentes de la vigilancia del mercado interior y entre 
éstas y la Comisión; 
Modalidades y periodicidad de evaluación previstas 
La evaluación de la labor relativa al funcionamiento del mercado interior se realiza 
sobre una base anual y corresponde al comité designado al efecto. La Comunicación 
de la Comisión de 2 de diciembre de 1992 "El funcionamiento del mercado después de 
1992 - Seguimiento del informe Sutherland" (SEC(92)2277 final) establece la 
elaboración de un informe anual. 
Por lo que se refiere al programa KAROLUS, el artículo 18 de la Decisión de la 
Comisión 93/10/CEE, por la que se establecen las disposiciones de aplicación del 
programa, dispone que la Comisión ha de elaborar un informe financiero anual sobre 
la ejecución del programa, que deberá remitir a los coordinadores nacionales para que 
procedan a su vez a la evaluación de su aplicación. 
10. Gastos administrativos (parte A del Presupuesto) 
Nota: Cabe recordar que ya se han inscrito sumas importantes en la parte A para 
actividades específicas de supervisión en algunos ámbitos del mercado interior, y 
gastos de reuniones de comités; por el momento, no se puede calcular la parte de 
estos importes que deberá imputarse a la cooperación administrativa. 
10.1 ¿Implica la medida propuesta un aumento del personal de la Comisión? En 
caso afirmativo, ¿cuántas personas? 
Sí. Es probable que la aplicación de algunas medidas relacionadas con la cooperación 
administrativa dentro del Programa estratégico genere gastos administrativos 
adicionales y requiera un aumento del personal. Aunque algunos servicios han 
presentado a la DG XV evaluaciones preliminares y parciales, mientras no se hayan 
analizado detalladamente las necesidades (en colaboración, si procede, con los 
Estados miembros) no podrán presentarse estimaciones fiables. Las medidas 
específicas que se incluyen en el programa estratégico darán lugar a fichas de 
financiación cuando se presenten formalmente, y éstas ofrecerán todos los elementos 
necesarios para determinar las implicaciones en términos de recursos. 
Con todo, puede hacerse una estimación del personal que será necesario en relación 
con la cooperación administrativa en 14 de los 17 sectores enumerados en el Anexo 2 
(pues por lo menos en tres de estos sectores existen ya sistemas que no requieren un 
aumento del personal). Un funcionario de grado A y un funcionario de grado C podrían 
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encargarse de dos sectores, lo que significa que bastaría con 7 funcionarios de 
grado A y 7 funcionarios de grado C. 
Una parte del personal podría obtenerse mediante una reasignación de recursos o una 
redefinición de las tareas de quienes se ocupan en la actualiddad de organizar las 
reuniones de los comités para preparar la legislación. Esta posibilidad es 
especialmente interesante en aquellos sectores en los que se ha reducido la actividad 
legislativa. Será preciso aumentar el personal a medida que se introduzcan nuevas 
estructuras de cooperación administrativa. Probablemente no se requerirán nuevos 
puestos en 1994, pero se presentará la correspondiente solicitud para la elaboración 
del presupuesto de 1995. 
Es obvio que las solicitudes de puestos estatuarios deberán presentarse teniendo en 
cuenta las perspectivas financieras y las dotaciones aprobadas en los ejercicios 
presupuestarios correspondientes. 
1Q.2.lndfquese el importe de los gastos de funcionamiento y de personal 
generados por la medida. Indfquese el método de cálculo. 
Puede preverse la creación de un comité de cooperación administrativa para cada 
sector, que se reuniría una vez al año. Si se estima un gasto de 15.000 ecus por 
reunión (línea A-2510), multiplicado por 14 sectores, el gasto ascendería a 
210.000 ecus al año. Este importe se vería compensado en parte por el hecho de que 
es probable que se celebren menos reuniones consultivas sobre nueva legislación. 
Por lo que atañe a los puestos estatutarios mencionados en el apartado 10.1., los 
gastos se estiman en 90.000 ecus anuales por 14, es decir, 1.260.000 ecus anuales, 
con cargo a las partidas A1, A2 y A5 del presupuesto. 
Estos gastos se irán realizando gradualmente, a medida que se creen las nuevas 
estructuras. La lista de sectores no es definitiva. Puede darse el caso de que, en el 
curso de los debates que precederán a toda modificación de estructuras, se observe 
que determinados sectores no precisan medidas complementarias, o que pueden 
añadirse otros a la lista. 
KSN 0257-9545 
COM (94) 29 final 
ES 10 06 01 
N* dé catálogo : CB-CO-94-Û53-ES-C 
ISBN 92-77-65475-9 
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1X2985 Luxemburgo