Dictamen del Comité Económico y Social Europeo dirigido a la "Conferencia Intergubernamental de 2003"

(2004/C 10/12)

El 21 de febrero de 2002, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen "dirigido a la Conferencia Intergubernamental de 2003" y, de conformidad con el aparatado 1 del artículo 19 de su Reglamento Interno, decidió crear un subcomité encargado de preparar los trabajos en este asunto.

Dicho subcomité aprobó su dictamen el 15 de septiembre de 2003 (ponente: Sr. Malosse).

En su 402o Pleno de los días 24 y 25 de septiembre de 2003 (sesión del 24 de septiembre), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 118 votos a favor, 7 en contra y 9 abstenciones el presente Dictamen.

1. Recomendaciones del Comité Económico y Social Europeo a la Conferencia Intergubernamental

1.1. El proyecto de Tratado Constitucional es el resultado de un proceso democrático, transparente y abierto que supondrá un hito histórico. De acuerdo con dicho proyecto, toda modificación se hará de ahora en adelante a través de una convención o, como mínimo y para modificaciones de menor importancia, tras consultar al Parlamento Europeo. Este método ha demostrado su eficacia: el proyecto aporta un valor añadido real a los ciudadanos en términos de claridad, simplificación, visibilidad y democratización.

1.1.1. El reto consiste en establecer, de manera permanente pero también con vistas a una revisión del Tratado Constitucional, procedimientos que garanticen una mejor participación de los ciudadanos y un diálogo más estructurado con las organizaciones de la sociedad civil. Se trata de la única manera de dar mayor legitimidad a la Unión y hacer realidad el diálogo civil basado en el principio de democracia participativa.

1.2. El CESE solicita que la Conferencia Intergubernamental no cuestione los equilibrios y los grandes principios consensuados en el proyecto de Tratado Constitucional presentado el 18 de julio de 2003 a la Presidencia de la Unión.

1.3. Sin embargo, con vistas a los debates que se entablarán a nivel europeo y nacional, el CESE recomienda a los representantes en la Conferencia Intergubernamental que aporten complementos, precisiones y clarificaciones que permitan reforzar la confianza y la participación de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil:

- reforzando las modalidades de aplicación de las políticas económicas y sociales de la Unión y mejorando la gobernanza de la zona euro;

- aumentando la legitimidad democrática de las políticas económicas, sociales y monetarias gracias a una mayor participación del Parlamento Europeo y del CESE;

- renovando las prioridades y simplificando los instrumentos de las políticas de cohesión económica, social y territorial;

- democratizando la política exterior y de seguridad común y mejorando su coherencia y eficacia;

- definiendo mejor el ámbito de competencia y las modalidades de aplicación del principio de democracia participativa, con objeto de concretizar el diálogo civil y las funciones del Comité Económico y Social Europeo en este contexto;

- extendiendo el ámbito de consulta obligatoria del CESE a la política común en materia de asilo e inmigración, a la aplicación del principio de no discriminación y a la cultura;

- reconociendo el papel de la sociedad civil organizada en la aplicación del principio de subsidiariedad y proporcionalidad y concediendo al CESE el derecho de recurso ante el Tribunal de Justicia.

2. Valoración global del proyecto de Tratado Constitucional

2.1. Observaciones generales

2.1.1. El proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, presentado el 18 de julio de 2003 a la Presidencia del Consejo Europeo, marca un hito en la construcción europea y es el resultado de un proceso democrático, transparente y abierto, inspirado en la experiencia positiva de una primera Convención que redactó en su día la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión.

2.1.2. La Convención Europea que ha preparado el proyecto de Tratado Constitucional ha sido una instancia legítima, compuesta en su gran mayoría (cerca de dos tercios) por parlamentarios (europeos, de los Estados miembros y de los países candidatos). A su lado, la participación de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros y de la Comisión Europea, guardiana de los Tratados, ha contado con la misma legitimidad dentro del respeto del carácter único de la UE, a un tiempo unión de Estados y unión de pueblos. La presencia, en calidad de observadores, de los interlocutores sociales, del Comité Económico y Social Europeo y de las regiones a través del Comité de las Regiones, así como del Defensor del Pueblo Europeo, ha reforzado el carácter representativo de la Convención, si bien su plena participación les habría dado una legitimidad aún mayor.

2.1.3. La Convención ha funcionado en general de manera transparente; se ha permitido todo lo posible a los ciudadanos europeos interesados acceder a los trabajos y a los documentos, si bien el método utilizado es mejorable. Los trabajos de la Convención empezaron por una fase de audiencia, en la que pudieron exponer sus puntos de vista representantes de la sociedad civil y de la juventud. La forma en que se organizaron estas consultas no permitió verdaderamente expresarse a todo el mundo ni debates en profundidad, pero este inicio de diálogo podría servir de precedente a una auténtica democracia participativa que permitiese de manera efectiva, como preconiza la Declaración de Laeken, acercar a los ciudadanos al proyecto europeo y a las instituciones europeas. El CESE completó y desarrolló los esfuerzos realizados en aras de la apertura y la transparencia, sobre todo a través de encuentros regulares de información y diálogo con las organizaciones y redes europeas de la sociedad civil (organizados en cooperación con el Presidium de la Convención), trabajos en común con los CES nacionales e instituciones similares y a través de iniciativas dirigidas a asociar a las organizaciones de la sociedad civil de los países candidatos.

2.1.4. La Convención también ha sido eficaz gracias a su funcionamiento por consenso, que le ha permitido presentar en los plazos establecidos un proyecto completo, equilibrado y que responde a las demandas expresadas por el Consejo Europeo de Laeken de los días 14 y 15 de diciembre de 2001. La Convención supo crear su propia dinámica, lo que le ha permitido interpretar ampliamente los términos de la Declaración de Laeken.

2.1.5. La Convención ha permitido la integración de los parlamentos nacionales, hasta ahora en gran medida ajenos a las fases iniciales de los grandes debates europeos. Asimismo, ha posibilitado la participación de los países candidatos, que han participado en los trabajos con los mismos derechos de facto que los Estados miembros: sólo se les ha privado de un derecho de voto que la Convención no ha llegado a ejercer.

2.1.6. La Conferencia Intergubernamental tiene ante sí un proyecto legítimo y creíble que está empezando a circular ampliamente y a difundirse entre los ciudadanos. Se trata de una situación única en la que el proceso democrático precede al proceso diplomático. Por otra parte, la Conferencia Intergubernamental no es más que una etapa antes de la última fase, fundamental, que será la ratificación parlamentaria o mediante referéndum del Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa en cada uno de los Estados miembros. Se trata, por primera vez, de un texto constitucional que reúne claramente a los ciudadanos de la UE en un futuro común.

2.1.7. Una de las cuestiones que están en juego en el proyecto de Tratado Constituticional es una visión más comprensible del papel y los objetivos de la Unión que cuente con el apoyo de los ciudadanos europeos. Esto sólo será posible si las instituciones europeas, incluido el CESE, ganan y mantienen la confianza del ciudadano.

2.1.8. El CESE apoya el proyecto de Tratado Constitucional elaborado por la Convención, a la que transmitió sus prioridades en una Resolución aprobada en septiembre de 2002(1) y en la que ha participado activamente a través de tres observadores: los Sres. Briesch y Frerichs y la Sra. Sigmund(2). El Comité desea que, en aras de la eficacia y la democracia, la Conferencia Intergubernamental no cuestione el equilibrio general del proyecto. Asimismo, el CESE solicita que la Conferencia Intergubernamental sea transparente y establezca un sistema de información y consulta de la sociedad civil organizada a nivel europeo y nacional.

2.1.9. Sin embargo, el CESE considera legítimo plantear dos cuestiones clave en relación con el proyecto de Tratado Constitucional:

- ¿En qué medida responde el proyecto de Tratado a las expectativas de los ciudadanos, tal y como las formuló en su día la Declaración de Laeken y como ha podido apreciar el CESE a través de sus miembros (procedentes de las principales organizaciones nacionales de la sociedad civil) y con ocasión de los numerosos encuentros, conferencias y audiciones que ha organizado?

- ¿Cabe mejorar el proyecto de Tratado Constitucional sin cuestionar su equilibrio general?

2.2. Valor añadido del nuevo Tratado Constitucional para los ciudadanos

En lo que se refiere a las disposiciones propiamente constitucionales de la Carta de Derechos Fundamentales (Partes I y II)

2.2.1. El proyecto de Tratado plantea, por primera vez, una voluntad clara: crear una unión política en nombre de los ciudadanos y de los Estados de Europa. Es fundamental y muy positivo que la Parte I (artículos 2, 3 y 4) incluya una definición clara de los objetivos y valores de la Unión. El CESE, que ha contribuido a través de una serie de enmiendas, acoge positivamente la redacción equilibrada de dichos artículos. En cuanto al objetivo de protección social, recogido en el artículo 3 de la Parte I, convendría mantener la redacción original, a saber, "un alto nivel de protección social". La inclusión en la Parte II de la Carta de los Derechos Fundamentales constituye un éxito sin paliativos de la sociedad civil. Los ciudadanos europeos podrán invocar la Carta ante cualquier jurisdicción nacional en lo que se refiere a la aplicación de las políticas europeas.

2.2.2. El proyecto de Tratado no sólo tiene carácter de Constitución, que debe marcar la conciencia colectiva, sino que también es más comprensible, más claro y más sencillo que los Tratados actuales. La fusión de los tres antiguos pilares y la unidad de nombre, a pesar de la desaparición del término federador de comunidad, facilitarán la identificación de la Unión por parte de los ciudadanos. El proyecto de Tratado permite a los ciudadanos conocer cuáles son las competencias exclusivas, compartidas y de coordinación de la Unión y, por consiguiente, qué responsabilidades siguen ejerciéndose a nivel nacional, regional y local. El nuevo Tratado, al menos las Partes I y II, es fácil de leer: si bien la jerga especializada sigue estando bastante presente, en general se ha sustituido por términos más claros para los ciudadanos, por ejemplo al referirse a los reglamentos como leyes europeas y a las directivas como leyes marco europeas. Las referencias más claras o nuevas a la supresión de los derechos de pertenencia a la Unión, la posibilidad de una retirada voluntaria o la cláusula de solidaridad política refuerzan la imagen de un compromiso común de destino, compartido y aceptado.

2.2.3. El proyecto de Tratado garantiza mayor visibilidad a la Unión. Así, el principio de una Presidencia del Consejo estable, sin cuestionar el equilibrio institucional, y de un puesto de Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión pueden contribuir a personalizar las políticas europeas. La introducción de un artículo específico relativo a los símbolos de la Unión en la Parte IV del proyecto de Tratado responde igualmente a esta preocupación por que los ciudadanos puedan identificar la Unión y sus valores. Por otra parte, la creación de una autoridad independiente de control sobre la protección de datos de carácter personal (art. 50 de la Parte I) pone de manifiesto un afán de mayor transparencia ante el ciudadano.

2.2.4. El proyecto de Tratado también aporta mejoras en lo que se refiere al refuerzo de la legitimidad democrática de la Unión y la eficacia del proceso decisorio. Las responsabilidades asignadas a los parlamentos nacionales (alerta precoz, derecho de recurso) pueden considerarse medios para hacer valer mejor la subsidiariedad, más que como una vía para hacer participar a las representaciones nacionales en el proceso decisorio europeo. La elección del Presidente de la Comisión Europea por parte del Parlamento Europeo y el reforzamiento de sus poderes en la composición del colegio de comisarios tienen por objeto reforzar la legitimidad de una institución clave de la Unión y guardiana del método comunitario. El aumento de las competencias del Parlamento Europeo contribuirá a reforzar la percepción de los ciudadanos de la importancia de dicha institución. La extensión del voto por mayoría cualificada y del procedimiento de codecisión deberían contribuir a aumentar la legitimidad y eficacia de las decisiones y acciones de la Unión.

2.2.5. El futuro Tratado incluye un título entero (Título VI de la Parte I), completamente nuevo, relativo a la vida democrática de la Unión. Establece los principios de democracia representativa y democracia participativa, fija el papel de los interlocutores sociales y de un diálogo social autónomo, las atribuciones del Defensor del Pueblo Europeo y el principio de transparencia. Este título prevé asimismo la instauración de un derecho de petición de al menos un millón de ciudadanos, lo cual puede considerarse como un progreso notable para la sociedad civil si las modalidades de aplicación permiten garantizar un seguimiento real (art. 46.4). El diálogo que deberá establecerse con las iglesias y las organizaciones filosóficas y no confesionales es una muestra de cómo la Unión desea prestar más atención a la sociedad (art. 51).

2.2.5.1. El Comité muestra su satisfacción por el hecho de que el proyecto de Tratado reconozca la realidad de la democracia participativa como parte integrante del modelo europeo de sociedad. Para aumentar la legitimidad democrática de la Unión, no sólo es necesario que los poderes y las responsabilidades de las instituciones estén claramente definidos, sino también que la participación activa de la sociedad civil esté plenamente garantizada. La participación de los ciudadanos activos y comprometidos, así como de las organizaciones a través de las cuales se expresan y actúan, es indispensable para hacer realidad la inspiración a hacer de Europa un espacio de libertad, democracia, justicia y seguridad.

En lo que se refiere a las políticas y el funcionamiento de la Unión (Parte III)

2.2.6. En la Parte III, relativa a las políticas y el funcionamiento de la Unión, cabe señalar progresos sustanciales en términos de democratización (extensión del voto por mayoría cualificada, participación del Parlamento Europeo y del Tribunal de Justicia) del espacio de libertad, seguridad y justicia.

2.2.6.1. Por el contrario, hay que lamentar que, a pesar de la fusión de los tres pilares, sigan en pie disposiciones específicas en lo que se refiere a la aplicación de la política exterior y de seguridad común a pesar de algunos avances y de la perspectiva de un servicio diplomático común. La unanimidad seguirá siento la regla general y no se deja lugar a la participación de los ciudadanos y los actores de la sociedad civil a nivel europeo. Por tanto, las disposiciones referentes a la política exterior y de seguridad común deberían contener normas acerca de la consulta a las instancias de la sociedad civil a nivel europeo, sobre todo con vistas a garantizar la eficacia y legitimidad de la actuación de la Unión en estos ámbitos. El CESE sugiere que se reflexione en profundidad sobre el particular y se revise en la Conferencia Intergubernamental, sin poner en duda, evidentemente, los grandes equilibrios del proyecto de Tratado Constitucional.

2.2.7. El CESE expresa su satisfacción por el hecho de que se haya reafirmado la cohesión económica, social y territorial, que considera de suma importancia, al tiempo que apoya los principios en los que se basan las políticas de la Unión en este ámbito. Asimismo, subraya que esta política debe estar dirigida fundamentalmente a valorizar los recursos humanos, culturales y naturales de los países y regiones menos desarrollados y garantizar de este modo la igualdad de oportunidades. Con vistas a la ampliación y para lograr una economía basada en el conocimiento, es preciso reformar las prioridades y simplificar las modalidades de aplicación. En este sentido, el Comité ha propuesto un fondo único de intervención para la cohesión territorial(3); de ahí su satisfacción por que el artículo 119 de la Parte III prevea la posibilidad de reagrupar los fondos con fines estructurales.

2.2.8. Asimismo, acoge positivamente la introducción de una nueva disposición sobre la importancia del papel de los servicios de interés general en la promoción de la cohesión social y territorial de la Unión. En todo caso, la promoción de servicios de interés general de alto nivel debería figurar entre los objetivos enumerados en el artículo 3 de la Parte I.

2.2.9. Por otro lado, deberían reforzarse varios aspectos del proyecto de Tratado Constitucional. Por ejemplo, los ámbitos económicos y sociales y los relacionados con el empleo y el desarrollo sostenible no han experimentado más que modestos avances. El Comité acoge positivamente la mención explícita al pleno empleo y a una economía social de mercado altamente competitiva como objetivos de la Unión, pero señala que ello debería formularse también claramente en los artículos correspondientes de la Parte III. Asimismo, solicita que los artículos correspondientes del proyecto de Tratado indiquen más claramente que la política económica y monetaria debe contribuir a lograr el objetivo de crecimiento y pleno empleo.

2.2.10. En cuanto a la coordinación de las políticas económicas y de empleo, las propuestas son poco innovadoras frente a las disposiciones y prácticas actuales, sobre todo en lo que se refiere a la gobernanza de la zona del euro. Las expectativas de los ciudadanos se centran sobre todo en el concepto de un proyecto global de sociedad que permita alcanzar un crecimiento y un empleo sostenibles. Estas firmes expectativas, que corresponden a las ambiciones expresadas por la Unión en su cumbre de Lisboa de marzo de 2000, las comparten ampliamente las sociedades civiles de los países candidatos, tal y como ha podido comprobar el CESE a través de estudios y encuentros que ha organizado. El propio CESE ha formulado propuestas concretas en materia de gobernanza económica y social(4).

2.2.11. La existencia de distorsiones flagrantes en la competencia en el mercado interior perjudica su cohesión y dinamismo en el contexto de los objetivos de Lisboa. Por este motivo, la extensión del ámbito de aplicación de la norma de voto por mayoría cualificada abriría verdaderas perspectivas de convergencia en la Europa ampliada. En materia de política fiscal, en lo que se refiere al problema de la unanimidad podría recurrirse al procedimiento de cooperación reforzada, que permitiría a un grupo de Estados miembros abrir nuevos caminos de conformidad con las normas comunitarias sin dar lugar a distorsiones de la competencia.

3. Propuestas del CESE para mejorar el proyecto de Tratado Constitucional para que los ciudadanos europeos lo acepten mejor

3.1. Definir mejor el ámbito de competencias y las modalidades de aplicación del principio de la democracia participativa (art. 46 de la Parte I)

3.1.1. El principio de la democracia participativa es especialmente importante a la hora de responder a la solicitud del Consejo Europeo de Laeken de aproximar a los ciudadanos el proyecto europeo y las instituciones europeas. El Comité, a través de una serie de encuentros, conferencias y audiciones que ha organizado paralelamente a los trabajos de la Convención, ha observado, tanto en los Estados miembros como en los países candidatos, así como en las redes europeas de la sociedad civil, la existencia de enormes expectativas y cierta decepción ante la falta de contenido del proyecto de Tratado en este aspecto.

3.1.2. Si bien el artículo 46 de la Parte I del proyecto de Tratado Constitucional constituye una conquista fundamental, no llega tan lejos como el CESE y las organizaciones de la sociedad civil querrían y han solicitado. Efectivamente, el principio de la democracia participativa implica no sólo la consulta, sino también la participación activa de todos los actores representativos de la sociedad civil organizada: por un lado, y en una fase preliminar, en el proceso de formación de las políticas y de preparación de las decisiones y, por otro, en su puesta en práctica y seguimiento.

3.1.3. El Comité lamenta en este sentido la falta de disposiciones operativas que pongan en práctica el principio y permitan incrementar la confianza de la sociedad civil europea hacia la naturaleza verdaderamente participativa del funcionamiento de la Unión. Al permitir la participación de los directamente interesados, el diálogo civil constituye un elemento clave para reforzar la legitimidad democrática de la Unión. Sin embargo, para que dicho diálogo civil sea real es necesario precisar el marco y el lugar. El CESE, por su composición y por sus funciones, está llamado a desempeñar el papel de "facilitador" del diálogo civil y a constituirse en su foro institucional. De este modo, y sin que ello suponga cuestionar el proyecto de Tratado Constitucional, el Comité solicita lo siguiente:

- Incluir el Comité Económico y Social Europeo, que convendría denominar en el futuro con el nombre de "Consejo Económico y Social Europeo", entre las instituciones y órganos que componen el marco institucional de la Unión (art. 18.2 de la Parte I).

Por su naturaleza y por las funciones que le corresponden en el marco institucional comunitario, el CESE contribuye a hacer realidad los objetivos marcados a la Unión y a reforzar su legitimidad democrática en el interés general de la Unión y de los Estados miembros.

Asimismo, esta modificación aumentará la eficacia del artículo 46.2, que establece que "las instituciones de la Unión mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil".

Dicho proceso de diálogo y consulta en el momento de la formación de las políticas europeas debe ampliarse a todos los niveles territoriales.

- Incluir un artículo 297 de la Parte III redactado como se expone a continuación y que permita definir claramente las funciones del Comité Económico y Social Europeo:

"En el marco de la función consultiva que le confiere el artículo I-31 de la Constitución, el Consejo Económico y Social Europeo:

- asiste a las instituciones legislativas y ejecutivas de la Unión en el proceso de formación de sus políticas y decisiones, así como en la realización práctica de éstas;

- asiste a la Unión Europea en la organización del diálogo social, a petición conjunta de los interlocutores sociales y respetando su autonomía;

- facilita el diálogo entre la Unión y las organizaciones que representan a la sociedad civil de conformidad con los principios recogidos en el artículo I-46 (1 y 2);

- acompaña la acción exterior de la Unión manteniendo un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil de terceros países y de otras áreas geográficas."

3.1.4. Por otra parte, el seguimiento efectivo de los dictámenes del CESE (consultivos, exploratorios o de iniciativa) constituye una garantía fundamental de su eficacia dentro de una democracia verdaderamente participativa. Por tanto, el CESE propone completar del siguiente modo el artículo 298 de la Parte III:

"Las instituciones comunicarán al Comité un informe regular sobre el seguimiento de sus dictámenes."

3.2. Ampliar el ámbito de la democracia representativa y participativa

3.2.1. El CESE lamenta que en un ámbito tan importante como la coordinación de las políticas económicas y de empleo no se introduzcan normas para asociar y consultar ni a los ciudadanos, a través del Parlamento Europeo, ni a las organizaciones de la sociedad civil, a través del Comité Económico y Social Europeo. La Conferencia Intergubernamental debería corregir esta anomalía previendo la consulta al Parlamento Europeo y al CESE sobre las grandes orientaciones de las políticas económicas de los Estados miembros (art. 71 de la Parte III).

3.2.2. El ámbito de aplicación del "método abierto de coordinación" se ha extendido a nuevas áreas: política social, competitividad de las empresas, investigación y salud pública. Sin embargo, cabe lamentar la falta de disposiciones que permitan la participación real del Parlamento Europeo, los Parlamentos nacionales, el CESE, los interlocutores sociales y otras partes de la sociedad civil en sus respectivos ámbitos de interés.

3.2.3. En lo que se refiere a los ámbitos de consulta obligatoria del CESE, sería conveniente, dados los conocimientos de sus miembros, ampliarlos a los siguientes:

- La aplicación del principio de no discriminación (artículo III-7)

- La política común en materia de asilo e inmigración (artículos III-167 y III-168)

- La cultura (artículo III-181)(5)

De este modo se pondría de relieve el interés de la Unión por reforzar la legitimidad democrática de las políticas comunitarias en ámbitos de especial importancia para los ciudadanos europeos y las organizaciones de la sociedad civil.

3.3. La sociedad civil organizada y el principio de subsidiariedad

3.3.1. La aplicación del principio de subsidiariedad ha sido una de las cuestiones más debatidas en la Convención y forma parte de las demandas del Consejo Europeo de Laeken. El proyecto de Tratado Constitucional reconoce, con razón, un papel a los parlamentos nacionales en el control de la subsidiariedad, así como al Comité de las Regiones, que puede presentar recursos en relación con actos legislativos para cuya aprobación la Constitución prevea su consulta, a pesar de lo cual no cuenta con el estatuto de institución.

3.3.2. En el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad se reconoce la necesidad de amplias consultas antes de proponer y decidir un acto legislativo. Sin embargo, dicho protocolo, que confiere un derecho de alerta a los parlamentos nacionales y un derecho de recurso a los Estados miembros (eventualmente en nombre de sus parlamentos nacionales), no hace referencia alguna al papel de la sociedad civil organizada, representada fundamentalmente por el CESE, en la aplicación del principio de subsidiariedad, sin consideración hacia el artículo 46 de la Parte I, relativo a la democracia participativa.

3.3.3. Los actores de la sociedad civil tienen tanto fundamento como los entes regionales o locales a la hora de considerar que determinadas propuestas de actos legislativos o normativos pueden invadir sus ámbitos de competencia: tanto los interlocutores sociales en el contexto de sus relaciones convencionales, como los demás actores de la sociedad civil, en el caso de todas las formas alternativas de reglamentación (correglamentación, autorreglamentación, códigos de buena conducta, etc.) que puedan completar la acción legislativa o reemplazarla. La propia Comisión Europea ha puesto de relieve en su Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea(6) la importancia que tendrán en el futuro estas nuevas formas de organización de la sociedad, que se inscriben en una subsidiariedad funcional y constituyen la garantía de una mejor respuesta a las preocupaciones y demandas de los ciudadanos y de una mayor eficacia en la actuación de la Unión.

3.3.4. Por tanto, el CESE propone lo siguiente:

- por un lado, completar en consonancia con lo anterior el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; y

- por otro, y con objeto de respetar el principio de paridad con el Comité de las Regiones, conceder al Comité Económico y Social Europeo el derecho de recurso ante el Tribunal de Justicia en relación con los actos legislativos para cuya aprobación la Constitución prevea su consulta, y modificar a tal fin el art. 270.3 de la Parte III del proyecto de Tratado Constitucional.

En todo caso, si se incluyese al CESE en el marco institucional de la Unión, dicho derecho de recurso se le concedería automáticamente.

Bruselas, 24 de septiembre de 2003.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Roger Briesch

(1) Resolución del CESE de 19 de septiembre de 2002 dirigida a la Convención Europea aprobada en el Pleno de los días 18 y 19 de septiembre de 2002 (DO C 61 de 14.3.2003).

(2) Suplente: Sr. Olsson, Sr. Regaldo (en sustitución del Sr. Little a partir de septiembre de 2002) y Sr. Sepi (en sustitución del Sr. Vinay a partir de septiembre de 2002).

(3) Véase el dictamen exploratorio del CESE de 25 de septiembre de 2003 sobre el tema "Cohesión económica y social: competitividad de las regiones, gobernanza y cooperación" - CESE 1178/2003 fin.

(4) Véase el dictamen de iniciativa del CESE de 12 de diciembre de 2002 sobre el tema "La gobernanza económica en la UE", DO C 85 de 8.4.2003.

(5) El Comité subraya que el art. 3 de la Parte I del proyecto de Tratado Constitucional establece que el Comité Económico y Social Europeo estará constituido por representes de la sociedad civil, entre otros del ámbito de la cultura, lo que hace lógico prever la consulta al Comité en este ámbito.

(6) COM(2001) 428 final de 25.7.2001.