Dictamen del Comité Económico y Social sobre «La Unión Europea y los aspectos exteriores de la política de derechos humanos»

(97/C 206/21)

El 11 de julio de 1996, de conformidad con el apartado 3 del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre «La Unión Europea y los aspectos exteriores de la política de derechos humanos».

La Sección de Relaciones Exteriores, Política Comercial y Desarrollo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó el 15 de abril de 1997 su dictamen por mayoría, 1 voto en contra y 3 abstenciones (Ponente: Sr. Etty).

En su 345° Pleno (sesión del 24 de abril 1997), el Comité Económico y Social ha aprobado por 89 votos a favor, 10 en contra y 14 abstenciones el presente Dictamen.

1. Introducción

El objetivo principal del presente Dictamen es indicar cuáles deberían ser, a juicio del Comité, las líneas fundamentales de una política coherente y consistente de la UE en materia de derechos humanos. El Comité se pronuncia también favorablemente sobre la necesidad de que estas líneas sean objeto de debate en Europa en mayor medida de lo que hasta ahora se ha hecho.

El Comité considera que a tal fin un punto de partida importante debe ser una sólida relación entre los aspectos interiores y exteriores de la política de derechos humanos, tema al que por tanto se presta una atención relativamente importante. No se trata de un intento encubierto de matar dos pájaros de un tiro, con la idea de elaborar también, aprovechando la ocasión, un dictamen sobre los aspectos interiores de la política de derechos humanos. Las observaciones sobre los aspectos interiores se han mantenido conscientemente en un plano general y siempre están condicionadas por lo que se considera necesario para los aspectos exteriores.

Para la consistencia y la coherencia de la política de derechos humanos de la UE es conveniente, además, que se establezcan relaciones de modo más claro entre la política de derechos humanos de los Estados miembros y la de la UE. Es necesario también responder cuanto antes a la pregunta sobre la dirección, intergubernamental o comunitaria, que se debe dar a la política de derechos humanos. El Comité se inclina por una evolución (en última instancia) en la dirección comunitaria, siempre que se cumplan las condiciones de control democrático adecuado.

El Comité, por último, considera importante señalar que la UE, por la importancia que ha adquirido entretanto a escala mundial como factor político y económico, debe seguir esforzándose, junto con los Estados miembros, por fortalecer las Naciones Unidas con el fin crear mejores condiciones para el respeto de los derechos humanos fundamentales en el mundo.

Dentro del marco esbozado por estas líneas fundamentales, el presente Dictamen formula una serie de sugerencias políticas concretas a corto, medio y largo plazo.

2. Observaciones generales

2.1. Debido en particular a que la importancia política y económica de la UE en el mundo ha experimentado un crecimiento considerable y a la vista igualmente de la revalorización del tema de los derechos humanos en el Tratado de la Unión Europea, tanto en lo que se refiere a la política exterior como interior de la UE, la Comisión decidió publicar, a finales de 1995, un documento sobre los aspectos exteriores de su política de derechos humanos (COM(95) 567 final).

2.2. El cuadro de conjunto que sobre la política de derechos humanos realizada por la UE hasta ese momento se presenta en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo -en la que se examinan principios, prioridades e instrumentos- ofrece una excelente oportunidad para una primera evaluación coherente por parte del Comité Económico y Social.

2.3. En lo que al futuro respecta, el texto indica claramente los temas considerados por la Comisión a corto y medio plazo como tareas más importantes de la UE, los nuevos temas que desea elegir y sus principales opciones estratégicas para mejorar la consistencia y los resultados de su política de derechos humanos.

2.4. Lo que se echa en falta en el documento de la Comisión es la existencia de directrices generales claras para la realización de una política de derechos humanos coherente y consistente. El Comité tiene la impresión de que hasta la fecha la UE ha decidido generalmente su política caso por caso. De cualquier modo, las líneas generales no han sido nunca objeto de debate público en las directivas de la UE. El Comité considera que sí es preciso celebrar un serio debate y que se deben explicitar las líneas políticas pretendidas, naturalmente de tal modo que se siga garantizando una suficiente flexibilidad política.

2.5. El documento incluye un gran número de declaraciones y proyectos con un carácter predominantemente general y de principio. A juicio del Comité, esto es comprensible en un primer texto de esta índole. No obstante, el CES espera que en una fecha relativamente próxima la Comisión elabore un documento más específico y detallado que trascienda las líneas directrices en materia de actividades previstas por la Comisión durante su mandato.

2.6. Es sorprendente que la Comunicación se refiera apenas a la relación entre política exterior y política interior de la UE en materia de derechos humanos. Es indudable que su objeto es la dimensión exterior de dicha política. No obstante, los aspectos exteriores e interiores no pueden considerarse aisladamente. Esto es algo que debe tenerse en cuenta no sólo en lo que se refiere a la consistencia de la política que se ha llevado a cabo. Con vistas a los resultados que se pretende obtener frente a terceros países, es importante también que la UE establezca una relación clara entre ambos aspectos, aunque solamente sea porque ella misma puede ser preguntada sobre valores que señala a otros y cuyo respeto solicita por parte de otros.

2.7. En el documento de referencia no se presta ninguna atención a la relación entre la política de derechos humanos de la UE y la de los Estados miembros, tanto en lo que se refiere al pasado como al período para el que la Comisión desea ahora elaborar líneas generales.

2.8. Lamentablemente, no queda suficientemente aclarada la importante cuestión de las futuras decisiones políticas de la UE en materia de derechos humanos.

2.9. La UE no puede realizar aisladamente una política eficaz de derechos humanos. La primera condición para la protección de los derechos humanos a escala mundial es el funcionamiento adecuado de los mecanismos de vigilancia de las Naciones Unidas. Por ello, en los próximos años la UE y los Estados miembros deberán esforzarse en realizar mejoras en los procedimientos de las Naciones Unidas en materia de informes, quejas, investigación, así como en aquellos «basados en la Carta». Para un gran número de las actividades proyectadas se ha de fijar como objetivo una buena coordinación con las Naciones Unidas.

3. Observaciones particulares

3.1. Relación entre los aspectos exteriores e interiores de la política de la UE en materia de derechos humanos

3.1.1. En la actualidad, todos los Estados miembros de la UE se han adherido al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH). Para reforzar los aspectos exteriores de la política de la UE en materia de derechos humanos, el Comité considera oportuno que se refuercen los aspectos interiores. Tres vías parecen posibles: adhesión de la UE al CEDH, la elaboración de una propia «Carta de Derechos» europea y, por último, la inclusión de una serie de disposiciones específicas sobre derechos humanos en el Tratado de la Unión Europea (en un protocolo).

3.1.2. La Comisión examina brevemente en su texto la primera opción sin pronunciarse claramente. Entretanto, en un Dictamen, emitido el 28 de marzo de 1996, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas observó que la única posibilidad consiste en una modificación del Tratado CE.

A la luz de dicho dictamen, el Comité considera que los Gobiernos de los Estados miembros (todos los cuales han ratificado el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales) deben fijarse el objetivo de incluir a corto plazo en el Tratado CE una disposición que autorice a la CE para adherir a dicho Convenio.

En las circunstancias actuales existen grandes probabilidades de que no se pueda llegar a un consenso entre los Estados miembros en torno a esta cuestión. Además, la adhesión al Convenio por parte de la CE o de la UE va unida a un gran número de problemas jurídicos. El Tribunal de Justicia no se ha pronunciado aún sobre este asunto. En resumen: esta opción no es viable a plazo relativamente previsible.

3.1.3. La segunda posibilidad consiste en una propia «Carta de Derechos» europea en la que, además de los derechos civiles y políticos (como en el mencionado Convenio), se puedan incluir también derechos económicos, sociales y culturales, como los establecidos por ejemplo en la Carta Social Europea ().

Una «Carta de Derechos» de esta índole no podría conculcar naturalmente ninguno de los derechos reconocidos en el mencionado Convenio ni en la Carta Social Europea.

Una «Carta de Derechos» puede realizarse de dos maneras:

- incluyendo una disposición en el Tratado CE en virtud de la cual la CE se obliga a crear dicha Carta; o bien,

- utilizando un modelo existente incluyéndolo en el Tratado UE (en un protocolo). Un modelo apropiado podría ser la Resolución sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea elaborada por el Parlamento Europeo.

Es probable que esta opción sea también para largo plazo. La elección de los derechos fundamentales que deban incluirse, su alcance, el estatuto preciso del instrumento y la formulación precisa de los derechos requerirán probablemente innumerables debates y mucho tiempo.

El Comité confía en que la Comisión logre convertir cuanto antes en política concreta el debate sobre este objetivo a largo plazo.

3.1.4. Ya que a corto plazo no parece posible adoptar medidas de amplio alcance para reforzar los aspectos interiores de la política de la UE en materia de derechos humanos, el Comité propone que en el nuevo Protocolo anejo al Tratado de la Unión Europea se introduzcan algunas disposiciones específicas en materia de derechos humanos. Además de las disposiciones que desarrollan de modo más preciso los principios de igualdad y de no discriminación en el marco de la lucha contra el racismo y la xenofobia, actualmente objeto de debate en el seno de la CIG, el sentido de la propuesta es la inclusión de una serie de derechos económicos y sociales reconocidos en la Declaración del Consejo de Ministros celebrado en 1991, en Luxemburgo, así como una serie de «Convenios sobre derechos humanos» de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (son los siguientes: Convenio 29 relativo al trabajo forzoso; 105, sobre la abolición del trabajo forzoso; 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación; 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva; y 111, sobre la discriminación (empleo y ocupación) que prohíbe la discriminación por razones de raza, color de la piel, religión, sexo, convicciones políticas, nacionalidad y origen social) y disposiciones relativas a la prohibición de la trata de seres humanos y a las formas más abusivas y peligrosas de trabajo infantil y, finalmente, el refuerzo de los derechos del niño, concretamente en lo que se refiere a la educación y a la formación profesional ().

3.2. Principios, actividades e instrumentos de la política realizada hasta la fecha

3.2.1. Huelga decir que el Comité suscribe plenamente, sin ningún tipo de reservas, los principios en que se basa la política de la UE en materia de derechos humanos (universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, interdependencia entre derechos humanos, democracia y desarrollo). Los Estados miembros de la UE firmaron en su momento la Declaración final y el Programa de acción aprobados por la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Viena, junio de 1993). El Comité adopta, por tanto, el supuesto de que la política de derechos humanos de la UE tendrá un desarrollo conforme con el contenido de lo acordado en Viena.

El Comité expresa también su acuerdo con las consecuencias que de estos principios extrae la Comisión para su política, en particular las que tienen que ver con la «relatividad del principio de no injerencia», es decir, que las diferentes formas de expresión que traducen la preocupación suscitada por las violaciones de los derechos humanos, e instar a su respeto, no pueden considerarse como injerencias en los asuntos internos de un Estado y constituyen un elemento importante y legítimo del diálogo con terceros países. Además, el Comité considera que, en sus debates con terceros países sobre problemas de derechos humanos, la UE debe ser sensible a las grandes diferencias políticas, económicas, sociales, culturales y religiosas que existen entre los países del mundo, al tiempo que a veces es necesario para conciliar la práctica nacional con las normas internacionales y al deseo manifestado por algunos países de que estas diferencias se incluyan en el proceso de concertación para la búsqueda de posibles soluciones. Esta concertación debe caracterizarse tanto por la prudencia y el mutuo respeto como por el sentido crítico y un espíritu de apertura.

3.2.2. Entre los asuntos de examen de la CIG figura la cuestión de la naturaleza de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC): ¿intergubernamental o comunitaria? Estrechamente relacionada con ella está naturalmente la cuestión del mantenimiento de la regla de la unanimidad en la PESC.

La PESC es, al menos sobre el papel, de naturaleza ambivalente: principalmente intergubernamental, pero con una cierta tendencia a lo comunitario.

El Comité acogería con satisfacción que la Comisión examinase las perspectivas a largo plazo con vistas a la ampliación parcial de la adopción de decisiones por mayoría en la PESC, extendiéndola hasta el ámbito del fomento del respeto de los derechos humanos. El Comité declara expresamente al respecto que ello sólo sería aceptable si en primer lugar se realizasen progresos notables en la democratización de la UE, concretamente confiriendo al Parlamento Europeo plenas competencias colegislativas y de control. Las ventajas de la adopción de decisiones por mayoría en la política de derechos humanos son evidentes: unidad y consistencia de la política, unión de fuerzas, reconocimiento exterior de la UE como bloque económico y político y aumento de la eficacia de la acción de la UE.

3.2.3. En sus actividades específicas de años anteriores, la UE prestó con razón gran atención a los grupos vulnerables y a su protección social. El Comité confía en que esta tendencia siga siendo una de las características esenciales de la futura política.

3.2.4. En sus acuerdos con terceros países, la UE ha buscado -con razón también- un enfoque bilateral para el fomento del seguimiento del respeto de los derechos humanos: medidas positivas encaminadas a estimular un mayor respeto de los derechos humanos fundamentales por parte de sus interlocutores y también, en última instancia, sanciones. El Comité confía en que este enfoque, combinado con una integración más clara de los aspectos exteriores de la política de derechos humanos en los aspectos interiores, contribuirá al éxito del diálogo como medio de encontrar soluciones para los problemas que se planteen.

Por otra parte, el Comité observa que todavía no se dispone de un sistema satisfactorio de control del respeto de las cláusulas relativas a los derechos humanos en los acuerdos con terceros países. La creación de un sistema de control de este tipo puede aportar una contribución importante a la definición de una política de la UE en materia de derechos humanos. Una primera y muy importante condición para ello es la adopción (como regla) de un sistema de informes anuales públicos sobre la situación de los derechos humanos en todos los países con los que la UE ha celebrado o se propone celebrar acuerdos. La información puede ser recogida por las representaciones de la UE en los diversos países. Esto supone una adecuada formación en este ámbito de los funcionarios europeos. Se podría utilizar también material de las representaciones de los Estados miembros, organismos de investigación independientes y organizaciones no gubernamentales.

3.2.5. El Comité se declara de acuerdo con la Comisión en que los Convenios sobre derechos humanos de la OIT ocupan un lugar importante entre los instrumentos necesarios para una política de derechos humanos.

El Comité, no obstante, comprueba con sorpresa que entre los derechos sociales que la Comisión afirma que desea fomentar en sus relaciones bilaterales faltan los derechos consagrados en el Convenio 111 de la OIT sobre la discriminación en el empleo y la ocupación. Es de gran importancia que la UE manifieste claramente que se propone consecuentemente mejorar el respeto de los cinco Convenios fundamentales de la OIT sobre derechos humanos, incluyendo la eliminación de la discriminación por razones de raza, color de la piel, religión, sexo, convicciones políticas, nacionalidad y origen social.

El Comité, por otra parte, no está de acuerdo con la (aparente) opinión de la Comisión de que las normas internacionales de la OIT sobre el trabajo son importantes exclusivamente, o sobre todo, en las relaciones comerciales de naturaleza bilateral o multilateral. El Comité considera que existe un mayor margen de acción para la cooperación entre la UE y la OIT en materia de derechos humanos, de un modo tal que podría concordar perfectamente con los objetivos de la política de la UE. Se podrían mencionar los siguientes ejemplos: cooperación técnica y asistencia práctica que la OIT (con su estructura tripartita única) podría aportar a los esfuerzos que realiza la UE para reforzar la democracia y el respeto de los derechos humanos en el mundo. Un ámbito especial que merece atención en este contexto es el de los pueblos autóctonos (mencionados por la Comisión como uno de los grupos destinatarios especiales de la política de la UE en materia de derechos humanos). Los únicos convenios internacionales que protegen a los pueblos autóctonos son los de la OIT.

3.3. Política futura

3.3.1. La Comisión tiene razón en conceder una gran importancia a los aspectos preventivos de la política destinada a fomentar el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos. El Comité desea y espera que la UE realice su trabajo en este ámbito en estrecha concertación con las Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). La Unión Europea y sus Estados miembros deben abogar en favor de que se refuerce el papel de las Naciones Unidas. Este tipo de enfoque estaría en consonancia con la actitud positiva mantenida por la Comisión con respecto a ambas instituciones, como expone en su balance de la política realizada hasta el momento. No es necesario tampoco que este planteamiento afecte a la visibilidad de la propia política de la UE en materia de derechos humanos, un elemento mencionado por la Comisión como un importante aspecto de sus consideraciones estratégicas.

3.3.2. En lo que se refiere a la consistencia y los resultados de la política de derechos humanos de la UE, el Comité se remite además a la necesidad de establecer una relación más estrecha entre las acciones de la UE y las de los Estados miembros en este ámbito. La Comisión se limita a manifestar el deseo de lograr un mejor intercambio de informaciones. No obstante, en lo que se refiere a la política de derechos humanos, o de algunos de sus aspectos, debería ser posible proceder con regularidad a su coordinación y a un cierto reparto de las tareas (por ejemplo, en organismos internacionales). En este contexto cabe remitirse también a la recomendación arriba mencionada (véase punto 3.2.4.) relativa a los informes sobre la situación de los derechos humanos en países con los que la UE celebra acuerdos. Más ambicioso, y a la larga también necesario, es un sistema de análisis y evaluación de la política europea en materia de derechos humanos.

Se deberá realizar también un esfuerzo para lograr una mayor cohesión en la política de derechos humanos, que hasta la fecha se realiza de modo bastante fragmentado (por ejemplo, en materia de paz y seguridad, política económica y política de cooperación al desarrollo).

3.3.3. En relación con el capítulo «Los instrumentos: profundización y refuerzo», el Comité considera que no sería desacertado que la Unión se fijase el objetivo de aportar una clara contribución a la campaña en favor de una ratificación (aún) más amplia de los convenios fundamentales sobre derechos humanos de la OIT: esta campaña es consecuencia de la Conferencia Mundial de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas, celebrada en 1994, y recibió un impulso adicional con la Conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada en Singapur en diciembre del pasado año (). Lo mismo cabe decir del fomento de un procedimiento especial de recurso para las violaciones de los Convenios 29 y 105 relativos al trabajo forzoso y del Convenio 111 sobre la discriminación en el empleo, siguiendo el modelo del «Freedom of Association-procedure» aplicado por la OIT a los Convenios 87 y 98 sobre las libertades sindicales más importantes.

En su Comunicación al Consejo sobre la Conferencia OMC («The Trading System and internationally recognized labour standards», de 19 de julio de 1996), la Comisión se declaró ya partidaria de apoyar ambas actividades.

Ambas, por lo demás, requieren un cuidadoso reparto de tareas entre la Comisión y los Estados miembros.

3.3.4. Una política de fomento del Estado de Derecho, de la democracia y de los derechos humanos es casi siempre una política a largo plazo. Lamentablemente, además, todo hace pensar que los casos en los que estos valores están amenazados no son poco frecuentes. En otros términos: la importancia de los fondos en juego puede ser muy considerable. Esto proporciona al Comité una razón adicional para recomendar que la UE coordine correctamente su política con la de las Naciones Unidas. Un enfoque multilateral claramente afirmado daría a la UE una posición sólida para conseguir que los principales contribuyentes de entre los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptasen una actitud más concorde con la suya.

3.3.4.1. En el documento de la Comisión no se presta atención a la participación de agentes no estatales, como las empresas, en casos de violaciones de los derechos humanos. El Comité considera que es necesario un debate sobre este tema entre la Comisión y las empresas sobre el respeto de determinadas normas de conducta en países de los que se sabe que violan regular y sistemáticamente los derechos humanos fundamentales por parte de empresas que operan a escala internacional y tienen su sede en los Estados miembros de la UE. El Comité manifiesta su deseo de participar en el proceso de formación de ideas de la Comisión sobre este punto.

El Comité sigue con atención el debate sobre las responsabilidades sociales de las empresas y ha tomado nota con interés de los códigos de conducta elaborados para sí mismas por un elevado número de empresas y en los que generalmente también se incluyen referencias a los derechos humanos. El Comité considera que el mejor modo de definir estos códigos es la negociación y la concertación entre los interlocutores sociales, ya que garantizan mejor la coherencia de los comportamientos y el empeño de todos las partes interesadas en conseguir los objetivos que se proponen. El Comité se congratula de que las empresas adopten de este modo pautas de conducta, pero señala al mismo tiempo que se produce una situación muy confusa cuando centenares de empresas empiezan a adoptar toda clase de códigos de conducta divergentes. Una observación importante que cabe formular en este contexto es la posibilidad de control del respeto de dichos códigos. El Comité recomienda encarecidamente que las empresas relacionen de modo explícito sus códigos de conducta con los de la OCDE y de la OIT, existentes ya desde hace mucho tiempo, para las empresas multinacionales.

3.3.5. En cuanto a la cooperación con diversos socios, el Comité considera que la UE debe abogar (en estrecha colaboración con los Estados miembros) en favor de una mejor cooperación entre los organismos internacionales que se ocupan de política de derechos humanos o cuyas actividades pueden tener repercusiones para la situación de los derechos humanos en los países en que actúan. Los problemas de una cláusula social con el objetivo de fomentar el respeto de los derechos sociales fundamentales en los acuerdos comerciales internacionales (concretamente los de la OMC) son en este contexto un ejemplo, pero no el único seguramente ni el más importante. Es necesario un esfuerzo adicional de los Estados miembros de la UE para sensibilizar al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial a que se respeten los derechos humanos fundamentales en los procesos de reforma económica que ambas instituciones ponen en marcha con la colaboración de los respectivos gobiernos.

El Comité, por otra parte, suscribe plenamente la intención de la Comisión de seguir estimulando la actividad de las ONG en el ámbito de los derechos humanos, así como de seguir colaborando con estas organizaciones. Éste es un valioso complemento del papel que las organizaciones, representadas en el CES (de empresarios, trabajadores y actividades diversas), ya desempeñan en este ámbito y del que también desean seguir desempeñando en el futuro preferiblemente en colaboración con organizaciones similares de terceros países afectados, por ejemplo en materia de participación en la aplicación de proyectos importantes. El Comité está interesado en conocer el punto de vista de la Comisión sobre el papel que las ONG podrían desempeñar en el cuidadoso seguimiento de la situación de los derechos humanos en países con los que la UE ha celebrado acuerdos (véase punto 3.2.4), así como en el fomento de la «conciencia de los derechos humanos» en dichos países.

El Comité considera importante que la UE respalde la asunción progresiva de iniciativas económicas por parte de los agentes locales en los países en que se desarrollan actividades productivas y de prestación de servicios financiadas por ésta última. El Comité considera que un desarrollo de este tipo, encaminado a favorecer una mayor autonomía de los interlocutores sociales, permite una creciente participación de los ciudadanos en la vida pública y constituye un instrumento capaz de facilitar en el futuro una contribución sustancial a la protección y fomento de los derechos humanos.

3.3.6. Finalmente, el Comité desea formular tres sugerencias prácticas para iniciativas que la UE podría adoptar en el marco de su política a corto y medio plazo en materia de derechos humanos: la creación de un órgano consultivo, la publicación de un «Manual de referencia sobre los derechos humanos» y la actuación conjunta contra reservas formuladas por terceros países en la celebración de acuerdos.

3.3.7. El Comité propone a la Comisión que examine las posibilidades de creación de una Comisión consultiva europea sobre derechos humanos. En algunos Estados miembros, los Gobiernos han creado órganos consultivos independientes similares.

El Comité manifiesta su deseo de participar en la elaboración de esta idea. Una Comisión de esta naturaleza podría ser de utilidad para la identificación de problemas y la elaboración de soluciones utilizables para la definición ulterior de la política de derechos humanos.

3.3.8. Durante la anterior Presidencia neerlandesa de la UE se adoptó la iniciativa de publicar una guía de referencia sobre los derechos humanos. Su publicación tuvo lugar bajo la Presidencia británica. El libro era de naturaleza descriptiva y práctica, tuvo muy buena recepción y es muy utilizado aún como manual de consulta. Una versión revisada y actualizada vendría sin duda a satisfacer una necesidad. Se debería prestar atención también en particular a los cambios que se han producido en la UE desde 1992 en el seno de la política común de derechos humanos.

3.3.9. En el contexto de la UE se han acometido unos primeros y tímidos intentos de actuación común contra reservas extremas por parte de terceros países en el marco de acuerdos internacionales sobre derechos humanos. Esta práctica de los terceros países no contribuye, en efecto, a reforzar el sistema de las normas jurídicas internacionales.

El Comité se declara de acuerdo con las intenciones de la UE y de sus Estados miembros en la materia. El Comité recomienda que se adopten iniciativas que puedan ayudar a aclarar qué procedimientos pueden -o, en su caso, deben- utilizarse y qué órgano de la UE debe tomar la iniciativa de dar los pasos que se requieran en este ámbito.

Bruselas, el 24 de abril de 1997.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() Véase el Informe final «Por una Europa de los derechos cívicos y sociales» - marzo de 1996, Informe del Comité de Sabios presidido por María de Lourdes Pintasilgo.

() Véase el Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1990.

() Cabe señalar al respecto que el Convenio 111 sigue sin ser ratificado por Irlanda, Luxemburgo y el Reino Unido. Por lo demás, todos los Estados miembros de la UE han ratificado los cinco convenios de la OIT sobre derechos humanos fundamentales.