Dictamen del Comité Económico y Social sobre:

- la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se retira temporalmente a la Unión de Myanmar (1) el beneficio de las preferencias arancelarias generalizadas en el sector industrial (1) Anteriormente conocida como Unión de Birmania.» y - la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se retira temporalmente a la Unión de Myanmar el beneficio de las preferencias arancelarias generalizadas en el sector agrario» () (97/C 133/16)

El 21 de febrero de 1997, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre las propuestas mencionadas.

El Comité Económico y Social decidió encargar al Sr. Etty la preparación de los trabajos en este asunto como Ponente general.

En su 343° Pleno (sesión del 27 de febrero de 1997), el Comité Económico y Social ha aprobado por 93 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1. El Comité, remitiéndose a su Dictamen de los días 19 y 20 de octubre de 1994 sobre la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo a la aplicación de un plan plurianual de preferencias arancelarias generalizadas para el período 1995-1997 a determinados productos industriales originarios de países en vías de desarrollo» y la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se prorroga a 1995 la aplicación de los Reglamentos (CEE) n° 3833/90, (CEE) n° 3835/90 y (CEE) n° 3900/91 relativos a la aplicación de preferencias arancelarias generalizadas a determinados productos agrícolas originarios de países en vías de desarrollo» (), a su Dictamen de 24 y 25 de abril de 1996 sobre la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo a la aplicación de un plan plurianual de preferencias arancelarias generalizadas durante el período comprendido entre el 1 de julio de 1996 y el 30 de junio de 1999 a determinados productos agrícolas originarios de países en desarrollo» (), en particular a su valoración positiva de los artículos referentes a la retirada temporal, total o parcial del plan de preferencias generalizadas, suscribe plenamente la propuesta de la Comisión de retirar temporalmente a Myanmar el beneficio de las preferencias arancelarias establecidas por el Reglamento (CE) n° 3281/94 mientras persista la práctica del trabajo forzado en dicho país.

2. La propuesta sienta un precedente crucial. Constituye una clara señal de la UE a sus interlocutores comerciales advirtiendo que está seriamente determinada a utilizar el SPG para cumplir los objetivos para los que fue creado, a saber, mejorar las condiciones de los habitantes de los países en vías de desarrollo mediante la concesión de preferencias comerciales y evitar los abusos del SPG fomentando la presentación de informes sobre los países que no respetan los derechos humanos fundamentales mencionados en los correspondientes instrumentos de la UE.

3. La Comisión ha actuado conforme al procedimiento estipulado en el Reglamento del Consejo n° 3281/94. Tras el anuncio formal de la apertura de una investigación, la Comisión recibió las pruebas procedentes de un amplio espectro de partes interesadas, incluido el Gobierno de Myanmar, la junta militar del SLORC. La retirada de las preferencias fue ampliamente respaldada por representantes del Gobierno elegido democráticamente en Myanmar, incluido su líder Daw Aung San Suu Kyi, que ha sido apartado del cargo por el SLORC. El Comité desea subrayar la importancia que concede al cuidado extremo con que la Comisión ha procedido en este asunto. Ha sentado un precedente para casos futuros y ha debido convencer a los socios comerciales de la UE de la imparcialidad y transparencia de las investigaciones realizadas.

4. El Comité está plenamente de acuerdo con la Comisión en que el trabajo forzado es, efectivamente, una práctica extendida en Myanmar. Se caracteriza por la coerción y violencia sistemática impuesta por el ejército, la policía y otras fuerzas de seguridad para obligar al trabajo forzado, en particular destinado a portes, operaciones de carácter militar, proyectos de infraestructuras a gran escala, proyectos de propiedad comercial del ejército y construcción de infraestructuras turísticas. La situación actual es que el Gobierno de Myanmar, lejos de intervenir para poner término a la práctica del trabajo forzado, participa activamente en su promoción. Hoy en día constituye un abuso endémico que afecta a cientos de miles de personas sometidas a las formas más extremas de explotación y que con demasiada frecuencia provoca pérdidas humanas.

5. El Gobierno de Myanmar denegó el permiso de visitar el país a una misión de investigación de la UE. La Comisión lamenta esta decisión. El Comité recomienda que, si la situación de Myanmar no cambia en el futuro, la Comisión reitere su demanda al Gobierno cada año.

6. El Gobierno de Myanmar alega que las presuntas prácticas de trabajo forzado se fundan en la tradición budista. El Comité observa con gran interés que en las audiencias realizadas por la Comisión, budistas practicantes señalaron la falsedad de este «argumento cultural». En relación con esto, el Comité reitera su opinión de que los derechos humanos son valores universales que no pueden ser interpretados de manera «flexible» a discreción de los Gobiernos, invocando factores como el nivel de desarrollo, las tradiciones culturales o religiosas o las opciones políticas. El Comité recomienda que, en sus relaciones con terceros países, la Comisión tenga verdaderamente en cuenta estos factores cada vez que se planteen en los debates sobre violaciones graves de los derechos humanos fundamentales. Al mismo tiempo, la Comisión debe ser consciente de los intentos de abusar de estos factores para eludir las críticas ante las violaciones de los derechos humanos.

7. Es en extremo sorprendente que el Gobierno de Myanmar haya alegado en su defensa el acogerse a las excepciones contempladas en el texto del Convenio n° 29 de la OIT sobre el trabajo forzado. Durante muchos años, la OIT ha criticado y condenado a Myanmar por violación grave de los Convenios sobre el trabajo forzado. En 1995 y 1996, Myanmar fue incluso citado por este motivo en un párrafo especial del Informe sobre la Aplicación de los Convenios Ratificados de la Conferencia Internacional del Trabajo. Esto constituye el instrumento más importante dentro del sistema regular de supervisión de la aplicación de los Convenios Ratificados de la OIT, cuya eficacia no debe subestimarse. No obstante, la OIT no puede imponer sanciones que tengan una incidencia financiera directa.

8. El Comité señala que el 2 de enero de 1997, los demandantes, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) extendieron formalmente la demanda presentada el 7 de junio de 1995, que condujo a la apertura de las investigaciones por parte de la Comisión, para incluir también las exportaciones de productos agrarios de Myanmar a la UE y a sus Estados miembros. Solicitaron a la UE que retirara a Myanmar el beneficio del SPG en el sector agrario establecido en el Reglamento del Consejo n° 1256/96 de 20 de junio de 1996 por el que se amplían las disposiciones del SPG a este sector. Para ello, en su opinión, no sería necesario realizar nuevas investigaciones, puesto que la presente propuesta del Consejo ya demuestra con claridad que en Myanmar se practica sistemáticamente el trabajo forzado. El Comité aprueba la propuesta presentada por la Comisión el 17 de febrero por la que se retira temporalmente a la Unión de Myanmar el beneficio de las preferencias arancelarias generalizadas en el sector agrario y suscribe la decisión de dar curso a la solicitud de los demandantes.

9. El Comité confía en que la exclusión de Myanmar del sistema de preferencias generalizadas de la UE, en combinación con los futuros resultados del sistema de supervisión del Convenio n° 29 de la OIT, sirva de indicación inequívoca para la junta militar que gobierna el país de que sólo le cabe esperar un aislamiento internacional aún mayor mientras persista en prácticas que tan flagrantemente violan los criterios aceptados internacionalmente sobre los derechos humanos fundamentales.

10. La opinión pública de la UE es cada vez más consciente de la vulneración de los derechos humanos en Myanmar. Los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, incluidos los grupos de defensa de los derechos humanos y las organizaciones de consumidores, han manifestado de modo general su apoyo a que la UE adopte medidas severas. En sus campañas han llamado constantemente la atención sobre el papel de las multinacionales, entre ellas algunas con sede en la UE, que podrían beneficiarse, al menos indirectamente, del trabajo forzado practicado en Myanmar y que con sus inversiones podrían dar apoyo al régimen militar al proporcionarle las divisas que tanto necesita. El Comité pide a la Comisión que preste especial atención a este aspecto en el seguimiento futuro de la situación en Myanmar.

11. Asimismo, el Comité pide a la Comisión que examine la forma y los medios de abordar adecuadamente el problema de las violaciones de derechos humanos en las futuras reuniones con la ASEAN, de la que Myanmar será miembro en breve. Se podría hallar una fórmula adecuada dentro de la «cooperación constructiva» que se debatió recientemente en la reunión ministerial UE-ASEAN celebrada en Singapur.

La Comisión debe garantizar que la Unión de Myanmar, una vez sea miembro de la ASEAN, no pueda eludir la retirada de las preferencias arancelarias generalizadas recurriendo a las normas en materia de origen acumulativo regional.

12. El Comité señala por último que, en su opinión, la Comisión debe iniciar una investigación formal sobre la situación de Pakistán, país que ha sido objeto de una protesta similar presentada por la CIOSL y la CES en junio de 1995, al mismo tiempo que la protesta sobre Myanmar. La Comisión todavía no ha tomado cartas en el asunto y en Pakistán hay millones de personas sometidas a trabajo forzado, incluidos los niños. Pese a la adopción de una ley contra el trabajo forzado en marzo de 1992, el Gobierno de Pakistán no ha tomado medidas efectivas para garantizar su cumplimiento. En los últimos diez años Pakistán ha sido objeto constante de las críticas de la OIT por la práctica del trabajo forzado, sin resultado positivo. Tal como se exigió en la Resolución adoptada por el Parlamento Europeo el 14 de diciembre de 1995, al igual que para Myanmar, debería abrirse una investigación sobre el trabajo forzado en Pakistán.

Bruselas, el 27 de febrero de 1997.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() DO n° C 35 de 4. 2. 1997, p. 14.

() DO n° C 397 de 31. 12. 1994.

() DO n° C 204 de 15. 7. 1996.