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Bruselas, 27.05.2005

COM(2005) 227 final

2005/0101 (CNS)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se imponen medidas restrictivas específicas dirigidas contra personas que incurren en violación del embargo de armas en relación con la República Democrática del Congo

(presentada por la Comisión)

EXPO SICIÓN DE MOTIVOS

1. Ante la continuación del tráfico ilícito de armas dentro de la República Democrática del Congo y hacia ella, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, amparándose en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, adoptó la Resolución 1596 (2005),de 18 de abril de 2005, por la que se modifica el embargo de armas impuesto por la Resolución 1493 (2003) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y se adoptan nuevas medidas restrictivas en relación con la República Democrática del Congo. Las nuevas medidas incluyen restricciones de la admisión y medidas de restricción financiera contra las personas que el Comité de Sanciones competente de las Naciones Unidas indique que han incurrido en violación del embargo de armas impuesto contra la República Democrática del Congo.

2. A fin de aplicar las medidas restrictivas establecidas en la Resolución 1596 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo ha adoptado la Posición Común 2005/XXX/PESC.

3. El bloqueo de fondos y recursos económicos previsto en la Posición Común 2005/XXX/PESC entra en el ámbito de aplicación del Tratado. La Comisión propone aplicar estas medidas en la Comunidad por medio de un Reglamento del Consejo.

4. Citando dos ejemplos entre otros, las medidas propuestas son similares a las impuestas a través del Reglamento (CE) nº 881/2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usama bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes, y a través del Reglamento (CE) nº 1763/2004, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas en apoyo de la aplicación efectiva del mandato del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY).

2005/0101 (CNS)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se imponen medidas restrictivas específicas dirigidas contra personas que incurren en violación del embargo de armas en relación con la República Democrática del Congo

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, sus artículos 60, 301 y 308,

Vista la Posición Común 2005/xxx/PESC, de xx.xx. 2005, sobre las medidas restrictivas en contra de la República Democrática del Congo[1],

Vista la propuesta de la Comisión[2],

Visto el dictamen del Parlamento Europeo[3],

Considerando lo siguiente:

(1) Ante la continuación del tráfico ilícito de armas dentro de la República Democrática del Congo y hacia ella, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, amparándose en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, adoptó la Resolución 1596 (2005), de 18 de abril de 2005, en adelante RCSNU 1596 (2005), que prevé, entre otras disposiciones, la aplicación de medidas de restricción financiera contra las personas que el Comité de Sanciones competente de las Naciones Unidas indique que han incurrido en violación del embargo de armas impuesto contra la República Democrática del Congo por las resoluciones 1493 (2003) y 1596 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

(2) La Posición Común 2005/XXX/PESC prevé, entre otras disposiciones, la aplicación de las medidas de restricción financiera contra las personas designadas por el Comité de Sanciones competente de las Naciones Unidas.

(3) Estas medidas entran en el ámbito de aplicación del Tratado. Por lo tanto, a fin de evitar distorsiones de la competencia, su aplicación en la Comunidad requiere la adopción de legislación comunitaria. A efectos del presente Reglamento, se entiende que el territorio de la Comunidad abarca los territorios de los Estados miembros a los cuales es aplicable el Tratado, en las condiciones fijadas en éste.

(4) Por razones de conveniencia, la Comisión debe estar facultada para modificar los anexos del presente Reglamento.

(5) A fin de velar por la eficacia de las medidas establecidas en el presente Reglamento, éste debe entrar en vigor el día de su publicación.

(6) El Tratado, en sus artículos 60 y 301, faculta al Consejo para tomar, en determinadas condiciones, medidas encaminadas a interrumpir o reducir los pagos o la circulación de capital y las relaciones económicas con terceros países. Las medidas establecidas en el presente Reglamento, dirigidas también a personas particulares no vinculadas directamente al gobierno de un tercer país, son necesarias para alcanzar este objetivo de la Comunidad, y el artículo 308 del Tratado faculta al Consejo para tomarlas, si el Tratado no ha previsto otros poderes específicos al respecto.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

A los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

1. «Comité de Sanciones»: el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creado en virtud de lo dispuesto en el párrafo 8 de la RCSNU 1533 (2004).

2. «Fondos»: los activos o beneficios financieros de cualquier naturaleza, incluidos en la siguiente relación no exhaustiva:

(a) efectivo, cheques, derechos sobre efectivo, efectos, órdenes de pago y otros instrumentos de pago;

(b) depósitos en instituciones financieras u otras entidades, saldos en cuentas, deudas y obligaciones de deuda;

(c) valores de renta fija y variable negociados en mercados organizados y no organizados, tales como acciones y participaciones, certificados de valores, bonos, pagarés, warrants , obligaciones y contratos sobre derivados;

(d) intereses, dividendos u otras rentas o plusvalías generadas por activos;

(e) créditos, derecho de compensación, garantías, garantías de cumplimiento u otros compromisos financieros;

(f) cartas de crédito, conocimientos de embarque y contratos de venta;

(g) documentos que atestigüen una participación en fondos o recursos financieros;

(h) cualesquiera otros instrumentos de financiación de la exportación.

3. «Bloqueo de fondos»: el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, negociación de fondos o acceso a éstos cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, control, propiedad, naturaleza o destino de esos fondos, o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos fondos, incluida la gestión de cartera.

4. «Recursos económicos»: los activos de todo tipo, tangibles o intangibles, mobiliarios o inmobiliarios, que no sean fondos, pero que puedan utilizarse para obtener fondos, bienes o servicios.

5. «Bloqueo de recursos económicos»: el hecho de impedir todo uso de esos recursos con fines de obtención de fondos, bienes o servicios, en particular, aunque no exclusivamente, la venta, el alquiler o la hipoteca.

Artículo 2

1. Se bloquearán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a las personas físicas o jurídicas, las entidades o los organismos enumerados en el anexo I.

2. No se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas o de las entidades u organismos enumerados en el anexo I ni se utilizará en beneficio de las mismas ningún tipo de fondos o recursos económicos.

3. Queda prohibida la participación consciente y deliberada en actividades cuyo objeto o efecto sea la elusión directa o indirecta de las medidas mencionadas en los apartados 1 y 2.

Artículo 3

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, y siempre que el Estado miembro de que se trate haya notificado su intención al Comité de Sanciones y no haya recibido de éste una decisión negativa en el plazo de dos días hábiles a contar desde dicha notificación, las autoridades competentes de los Estados miembros enumeradas en el anexo II podrán autorizar la liberación o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos bloqueados, en las condiciones que consideren oportunas, tras haberse cerciorado de que dichos fondos o recursos económicos:

(a) son necesarios para sufragar gastos básicos, tales como el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros o servicios públicos;

(b) se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables o al reembolso de gastos asociados con la prestación de servicios jurídicos;

(c) se destinan exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de fondos o recursos económicos bloqueados.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las autoridades competentes de los Estados miembros enumeradas en el anexo II podrán autorizar la liberación o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos bloqueados, tras haberse cerciorado de que dichos fondos o recursos económicos son necesarios para sufragar gastos extraordinarios, siempre que hayan notificado su Resolución al Comité de Sanciones y éste la haya aprobado.

Artículo 4

No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las autoridades competentes de los Estados miembros enumeradas en el anexo II podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos bloqueados, cuando concurran las siguientes condiciones:

(a) que los fondos o recursos económicos estén sujetos a embargo judicial, administrativo o arbitral decretado antes del 18 de abril de 2005 o a una resolución judicial, administrativa o arbitral pronunciada antes de esa fecha;

(b) que los fondos o recursos económicos vayan a utilizarse exclusivamente para satisfacer las obligaciones garantizadas por tales embargos o reconocidas como válidas en tales resoluciones, en los límites establecidos por las normas aplicables a los derechos de los acreedores;

(c) que el embargo o la resolución no beneficie a una persona, entidad u organismo que figure en el anexo I;

(d) que el reconocimiento del embargo o de la resolución no sea contrario al orden público en el Estado miembro de que se trate;

(e) que el Estado miembro haya notificado el embargo o la resolución al Comité de Sanciones.

Artículo 5

1. El artículo 2, apartado 2, no se aplicará al abono en las cuentas bloqueadas de intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas, o pagos en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones contraídas antes de la fecha en que dichas cuentas hayan quedado sujetas a las disposiciones del presente Reglamento, siempre y cuando tales intereses, beneficios y pagos queden bloqueados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1.

Toda persona que haga un pago en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones contraídas antes de la fecha en que dichas cuentas hayan quedado sujetas a las disposiciones del presente Reglamento deberá informar a las autoridades competentes.

2. El artículo 2, apartado 2, no impedirá que las instituciones financieras o de crédito que reciban fondos transferidos por terceros a las cuentas bloqueadas de las personas, entidades u organismos enumerados los abonen en ellas, siempre y cuando todo nuevo aporte de este tipo a esas cuentas sea también bloqueado. Las instituciones financieras o de crédito informarán sin demora a las autoridades competentes de dichas transacciones.

Artículo 6

1. Sin perjuicio de las normas aplicables en materia de comunicación de información, confidencialidad y secreto profesional, y de lo dispuesto en el artículo 284 del Tratado, las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos:

(a) proporcionarán inmediatamente cualquier información que facilite el cumplimiento del presente Reglamento, como las cuentas y los importes bloqueados de conformidad con el artículo 2, a las autoridades competentes, enumeradas en el anexo II, de los Estados miembros en que sean residentes o estén situados, y remitirán esa información, directamente o a través de dichas autoridades competentes, a la Comisión;

(b) colaborarán con las autoridades competentes enumeradas en el anexo II en toda verificación de esa información.

2. Toda información adicional recibida directamente por la Comisión se comunicará a las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate.

3. Toda información facilitada o recibida de conformidad con los apartados 1 y 2 se utilizará exclusivamente a los fines para los cuales se haya facilitado o recibido.

Artículo 7

El bloqueo de los fondos y recursos económicos o la negativa a facilitarlos, siempre que dichos actos se lleven a cabo de buena fe con la convicción de que se atienen al presente Reglamento, no darán origen a ningún tipo de responsabilidad por parte de la persona física o jurídica o entidad que los ejecute, ni de sus directores o empleados, a menos que se pruebe que los fondos o recursos económicos han sido bloqueados por negligencia.

Artículo 8

La Comisión y los Estados miembros se informarán mutuamente sin demora de las medidas adoptadas en aplicación del presente Reglamento y se comunicarán toda la información pertinente de que dispongan en relación con éste, en particular por lo que atañe a los problemas de contravención y aplicación del presente Reglamento, y a las sentencias dictadas por los tribunales nacionales.

Artículo 9

1. La Comisión estará facultada para:

(a) modificar el anexo I, atendiendo a las decisiones del Comité de Sanciones; y

(b) modificar el anexo II, atendiendo a la información facilitada por los Estados miembros.

2. Sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los Estados miembros conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Comisión mantendrá todos los contactos necesarios con el Comité de Sanciones con vistas a la aplicación efectiva del presente Reglamento.

Artículo 10

Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de lo dispuesto en el presente Reglamento, y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar su aplicación. Las sanciones establecidas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Los Estados miembros notificarán sin demora dicho régimen a la Comisión tras la entrada en vigor del presente Reglamento, así como cualquier modificación posterior.

Artículo 11

El presente Reglamento será de aplicación:

(a) en el territorio de la Comunidad, incluido su espacio aéreo, o a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de un Estado miembro;

(b) a toda persona, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Comunidad, que sea nacional de un Estado miembro;

(c) a toda persona jurídica, entidad o grupo registrado o constituido con arreglo a la legislación de un Estado miembro;

(d) a toda persona jurídica, entidad o grupo que mantenga relaciones comerciales en la Comunidad.

Artículo 12

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea .

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas,

Por el Consejo

El Presidente

ANEXO I

Lista de las personas físicas y jurídicas, entidades u organismos a los que se refiere el artículo 2

ANEXO II

Lista de las autoridades competentes a las que se refieren los artículos 3, 4, 5 y 6

(que deberán elaborar los Estados miembros)

B ÉLGICA

REPÚBLICA CHECA

DINAMARCA

ALEMANIA

ESTONIA

GRECIA

ESPAÑA

FRANCIA

IRLANDA

ITALIA

CHIPRE

LETONIA

LITUANIA

LUXEMBURGO

HUNGRÍA

MALTA

PAÍSES BAJOS

AUSTRIA

POLONIA

PORTUGAL

ESLOVENIA

ESLOVAQUIA

FINLANDIA

SUECIA

REINO UNIDO

COMUNIDAD EUROPEA

Comisión de las Comunidades Europeas

Dirección General de Relaciones Exteriores

Dirección de Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y Política Europea Común de Seguridad y Defensa (PESD): coordinación y contribución de la Comisión

Unidad A.2: Asuntos jurídicos e institucionales, acciones comunes PESC, sanciones, proceso de Kimberley

CHAR 12/163

B - 1049 Bruxelles/Brussel

Tel. : (32-2) 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

Correo electrónico: Relex-Sanctions@cec.eu.int

[1] DO L […], […], p. […].

[2] DO C […], […], p. […].

[3] DO C […], […], p. […].