COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 23.07.1996 
COM(96) 364 final 
INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 17 DE LA 
DIRECTIVA DEL CONSEJO RELATIVA A LA COORDINACIÓN 
DE LOS DERECHOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN LO REFERENTE 
A LOS AGENTES COMERCIALES INDEPENDIENTES (86/653/CEE) 
(Presentado por la Comisión) 

INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 17 DE LA 
DIRECTIVA DEL CONSEJO RELATIVA A LA COORDINACIÓN 
DE LOS DERECHOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN LO REFERENTE 
A LOS AGENTES COMERCIALES INDEPENDIENTES (86/653/CEE) 
El presente Informe responde a lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 17 de la 
Directiva 86/653/CEE1 del Consejo relativa a la coordinación de los derechos de los 
Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes. El articulo 17 
de la Directiva exige a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para 
garantizar al agente comercial, tras la terminación del contrato, una indemnización o 
reparación. 
El artículo 17 representa un compromiso entre los Estados miembros, por el que se 
acordó que éstos deberían poder optar entre el sistema de indemnización y el de 
reparación y que la Comisión presentaría un informe al Consejo sobre las consecuencias 
prácticas de las distintas soluciones. 
El presente Informe se basa en las respuestas a un cuestionario que se envió, inter alia, a 
organizaciones que representan a los agentes y a los empresarios, a las cámaras de 
comercio y a las federaciones de la industria y a los profesionales de la práctica jurídica 
especializados en el régimen jurídico del contrato de agencia. También se invitó a las 
autoridades de los Estados miembros a que aportasen sus puntos de vista y su 
experiencia. 
LOS DOS SISTEMAS 
l- fil sistema de indemnización 
Con arreglo a este sistema, el agente tiene derecho, una vez terminado el contrato, a 
percibir una indemnización en el supuesto y en la medida en que hubiere aportado nuevos 
clientes al empresario o hubiere desarrollado sensiblemente las operaciones con ios 
clientes existentes, siempre y cuando dicha actividad pueda reportar todavía ventajas 
sustanciales al empresario. El pago de dicha indemnización ha de ser equitativo, habida 
cuenta de todas las circunstancias y, en particular, de las comisiones que el agente 
comercial pierda y que resulten de las operaciones con dichos clientes. Por último, la 
Directiva establece un límite máximo sobre la indemnización anual calculada a partir de 
la media anual de las remuneraciones percibidas por el agente comercial durante los 
últimos cinco años y, si el contrato remontase a menos de cinco años, se calculará el 
máximo a partir de la media del periodo. 
D.O. L 382, de 31,12.1986, p. 17. 
La indemnización se abona en pago a los reiterados beneficios obtenidos por el 
empresario como consecuencia de la labor del agente. Éste, sin embargo, sólo habría 
percibido comisiones durante la vigencia del contrato, lo que no reflejaría el valor de la 
cartera de clientes generada para el empresario. Tal es la razón de que, desde el punto de 
vista comercial, esté justificado el pago de una indemnización correspondiente a dicha 
cartera. Sólo se deberá abonar la indemnización en el caso de que el agente haya aportado 
al empresario nuevos clientes o una mayor actividad con los ya existentes. De no haberse 
generado clientela o de existir un grupo de clientes de los que el empresario no puede 
sacar beneficio, no se habrá de abonar indemnización alguna. Por consiguiente, el 
empresario no estará obligado a pagar importes injustificados en concepto de 
indemnización. 
El sistema de indemnización se perfiló tomando como modelo el artículo 89b del Código 
de comercio alemán, que desde 1953 establece el pago de una indemnización por cartera 
de clientes y en relación con el cual se ha desarrollado un voluminoso cuerpo de 
jurisprudencia por lo que a su cálculo se refiere. Esta jurisprudencia y práctica jurídica 
deberán servir de ayuda inestimable a los Tribunales de otros Estados miembros a la hora 
de interpretar las disposiciones del apartado 2 del artículo 17 de la Directiva. 
En primer lugar, se ha de determinar si un agente tiene derecho a indemnización a la vista 
de las circunstancias en las que se haya extinguido el contrato de agencia. Habrá lugar a 
indemnización a la terminación del contrato, salvo que sea de aplicación alguna de las 
circunstancias mencionadas en el artículo 18 de la Directiva. Es evidente que la 
indemnización deberá abonarse al finalizar un contrato por tiempo determinado y, en 
principio, habrá lugar a indemnización total o parcial en caso de quiebra del empresario. 
En segundo término, se han de cumplir las condiciones establecidas en la letra a) del 
apartado 2 del artículo 17 de la Directiva, a saber, que el agente haya aportado nuevos 
clientes al empresario o desarrollado sensiblemente las operaciones con los ya existentes. 
Por lo que se refiere a este segundo aspecto, los tribunales alemanes analizan si el 
incremento es lo suficientemente grande como para considerar que equivale 
económicamente a la captación de un nuevo cliente. Por lo que respecta a esta última, 
basta con que se logre uno sólo. Sin embargo, quedan excluidos los nuevos clientes que 
no pertenezcan al territorio del agente y en relación con los cuales éste no tenga derecho 
al cobro de comisión, dado que, al no existir ésta, el agente no tiene por qué ser 
indemnizado. El agente ha de haber captado al nuevo cliente; a este respecto, la 
intervención del agente es fundamental. Basta con que su participación sea pequeña, es 
decir, que sólo contribuya a atraer al nuevo cliente. Sin embargo, es preciso que el agente 
haya contribuido activamente, por lo que no bastará automáticamente con la existencia de 
un nuevo cliente incluido en el ámbito territorial de un contrato exclusivo de agencia. 
En tercer lugar, después de que se extinga el contrato de agencia, es necesario que el 
empresario siga obteniendo importantes beneficios de tales clientes. Se supone que tal es 
el caso aun en el supuesto de que el empresario venda su empresa o cartera de clientes, si 
se puede demostrar que el comprador se servirá de la misma2. Si el agente siguiera 
2 Asunto 18 U 162/76 Oberlandsgericht Hamm, 14.3.1977. 
satisfaciendo las necesidades de los mismos clientes con los mismos productos, pero por 
cuenta de un empresario diferente, no podrá solicitar mdemnización3. El tribunal también 
podrá tener en cuenta el descenso en el volumen de negocios de la compañía del 
empresario. En cuarto lugar, la indemnización ha de ser equitativa. 
Por lo que se refiere al propio cálculo de la indemnización, se ha de realizar de la 
siguiente forma: 
a) En consonancia con lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 del artículo 17, la 
primera fase consiste en determinar el número de nuevos clientes y evaluar el 
incremento de las operaciones con los antiguos. Una vez identificados los 
clientes, la comisión bruta sobre ellos se calcula por los doce últimos meses del 
contrato de agencia. Se puede incluir una remuneración fija, si se puede 
considerar que se trata de una remuneración en concepto de nuevos clientes4. En 
circunstancias especiales, es posible que esté justificado no ajustarse a este 
método, por ejemplo, en aquellos casos en los que exista un periodo prolongado 
de puesta en marcha. 
b) Posteriormente, se realizan estimaciones, expresadas en años, sobre la duración de 
las ventajas que el empresario puede obtener de las operaciones con los nuevos 
clientes y los antiguos clientes con los que se haya incrementado sustancialmente 
la actividad (clientes potenciados). Con ello se pretende predecir el plazo de 
tiempo durante el que se mantendrá la actividad con tales clientes. Para ello será 
preciso analizar la situación del mercado en el momento de la extinción y el 
sector de que se trate. El hecho de que se produzca un descenso de las ventas tras 
la extinción del contrato no implica automáticamente una reducción proporcional 
del nivel de indemnización, puesto que la disminución de las ventas puede 
deberse a la pérdida de calidad de los productos o a la competencia5. El periodo 
habitual es de 2 a 3 años, pero puede incluso llegar a los 5 años. 
c) Otro factor a tener en cuenta es la tasa de migración. Se constata que con el 
tiempo se produce una pérdida de clientes por su movilidad geográfica natural. La 
tasa de migración se calcula en porcentaje de la comisión sobre una base anual y 
se extrae de la experiencia específica de la agencia de que se trate. Esta tasa puede 
variar, aunque, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal) sostuvo en un 
caso determinado que se elevaba al 38%6. 
d) Seguidamente, se reduce la cifra para calcular el valor actual, teniendo en cuenta 
la existencia de una recepción acelerada de ingresos. Este cálculo basado en la 
media de los tipos de interés es un concepto presente en otros órganos 
jurisdiccionales. 
Asunto BB 605/60 Bundesgerichtshof, 25.4.1960. 
Asunto \TI ZR 194/63 Bundesgerichtshof, 15.2.1965. 
Asunto BB 227/70 Celle, 13.11.69. 
Asunto VHI ZR 94/93 Bundesgerichtshof, 23.2.1994. 
En esta fase se analiza la cuestión de la equidad, tal como se establece en el segundo 
guión de la letra a) del apartado 2 del artículo 17 de la Directiva. En la práctica, la ciña 
no se suele ajustai por razones de equidad. Se tienen en cuenta los factores siguientes: 
si el agente sigue al servicio de otros empresarios; 
el incumplimiento del agente; 
su nivel de remuneración. Por ejemplo, ¿ha reducido recientemente el empresario 
el porcentaje de comisión por considerar que los ingresos del agente estaban 
alcanzando niveles demasiado elevados o ha pagado al agente un importe 
considerable en concepto de comisión en relación con contratos celebrados con 
clientes que no habían sido aportados por el agente o con los que éste no mantenía 
una relación demasiado estrecha? Además, ¿percibía el agente compensaciones 
especiales por gestionar existencias consignadas, primas especiales por la 
captación de nuevos clientes, comisiones de garantía, alguna remuneración 
especial por asistir a ferias comerciales o pagas extraordinarias para los 
subagentes? ¿Incurrió en costes en relación con la pérdida de subagentes?; 
el descenso del volumen de negocios del empresario; 
la extensión de las ventajas obtenidas para el empresario; 
el pago de las cotizaciones a las pensiones por parte del empresario; 
la existencia de cláusulas comerciales restrictivas. Es evidente que se exigirá al 
empresario el pago de indemnizaciones más cuantiosas por este concepto. 
Posteriormente, se compara el importe calculado con arreglo a las fases 1 y 2 con el 
máximo obtenido en virtud de lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del artículo 17. En 
esta disposición se establece que el importe de la indemnización no podrá exceder de una 
cifra equivalente a una remuneración anual calculada a partir de la media anual de las 
remuneraciones percibidas por el agente comercial durante los últimos cinco años, y, si el 
contrato remontase a menos de cinco años, se calculará la indemnización a partir de la 
media del periodo. Por consiguiente, el máximo es en realidad un elemento de corrección 
final, en lugar de un método para calcular la indemnización7. 
Â la hora de calcular el máximo, la remuneración abarca todos los tipos de pago, no sólo 
ia comisión, y se basa en todos los clientes, no sólo los nuevos o aquéllos con los se haya 
incrementado el volumen de actividad8. Si el importe calculado con arreglo a las fases 1 y 
2 fuese inferior al máximo, se procedería a su abono. Por el contrario, si superase el 
máximo, se concedería este último. No es habitual que se alcance el máximo, a menos 
que el agente haya captado la totalidad o la mayor parte de los clientes. 
7 Asunto Vil ZR 47/69 Bundesgerichtshof, 19.11.1970. 
8 Asunto VII ZR 23/70 Bundesgerichtshof, 3.6.1971. 
He aquí un ejemplo de las fases 1 a 3: 
Comisión sobre nuevos clientes 50.000 ecus 
y/o aquellos con los que se haya 
incrementado la actividad en los 12 
últimos meses del contrato de agencia 
La duración prevista de los beneficios 
es de 3 años con un 20% de tasa de migración 
Aflol 50.000-10.000 = 40.000 ecus 
Año 2 . 40.000 - 8.000 = 32.000 ecus 
Año 3 32.000- 6.400 = 25.600 ecus 
Total comisión perdida 97.600 ecus 
Corrección al valor actual, es decir, 10%. 
Esta cifra equivale a la indemnización efectiva 87.840 ecus 
Esta cifra podría ser objeto de ajuste por motivos de equidad (fase 2) 
En caso de que el importe sea superior al máximo, 
se ha de llevar a cabo una corrección última con 
arreglo a lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 
del artículo 17 de la Directiva. 
La letra c) del apartado 2 del artículo 17 dispone que la concesión de esta indemnización 
no impedirá al agente reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios. Esta disposición 
regula las situaciones en las que el agente, en virtud del derecho nacional, está facultado 
para reclamar daños y perjuicios por incumplimiento de contrato o de la obligación de 
notificar en el plazo establecido en la Directiva. En el Anexo B se recogen estas 
disposiciones. 
Por lo tanto, se puede observar que el método de cálculo de la indemnización es muy 
preciso y debería conducir a un resultado predecible. Por consiguiente, los empresarios 
deberían estar en condiciones de evaluar sus riesgos y celebrar contratos de agencia con 
cierto grado de garantía. Desde el punto de vista del agente, el hecho de contar con unos 
derechos más claros facilita la presentación y aceptación de la reclamación. 
2. El sistema de reparación 
Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 17 de la Directiva, el agente 
comercial tiene derecho a reparación por el perjuicio que le ocasione la terminación de 
sus relaciones con el empresario. Dicho perjuicio resulta, en particular, de la terminación 
en circunstancias: 
que priven al agente de las comisiones de que hubiera podido beneficiarse con 
una ejecución normal del contrato, a la vez que hubiesen facilitado al empresario 
unos beneficios sustanciales como consecuencia de la actividad del agente; 
y/o que no hayan permitido al agente amortizar los gastos en que hubiera 
incurrido para la ejecución del contrato, siguiendo el consejo del empresario. 
No existe un nivel máximo de reparación. 
El sistema de reparación se basaba en una normativa francesa de 1958 cuyo objetivo era 
compensar al agente por la pérdida que había sufrido como consecuencia de la 
terminación del contrato de agencia. Como en el caso del sistema de indemnización en 
Alemania, en Francia se ha desarrollado una jurisprudencia en relación con el derecho y 
el nivel de reparación. Varias sentencias de los tribunales franceses han justificado el 
pago de reparaciones, alegando que representan el coste de adquirir la agencia al sucesor 
del agente o el tiempo que necesita el agente para volver a hacerse con una clientela de la 
que se ha visto privado por la tuerza. 
Por costumbre judicial, el nivel de reparación se fija en el importe global de la comisión 
de los dos últimos años o el importe de la comisión de dos años, calculado a partir de la 
media de los tres últimos años del contrato de agencia que se ajuste a la práctica 
comercial. Sin embargo, los tribunales se reservan el derecho de otorgar un nivel de 
reparación distinto, en caso de que el empresario demuestre que la pérdida del agente 
había sido realmente inferior, debido, por ejemplo, a la escasa duración del contrato, o 
cuando la pérdida del agente sea mayor como consecuencia de su edad o sus años de 
servicio. 
La reparación se calcula teniendo en cuenta todas las remuneraciones, no sólo las 
comisiones, y se basa en la cifra bruta. No se hace distinción alguna entre clientes nuevos 
y antiguos e incluye la comisión especial. Habitualmente no se introducen reducciones 
por costes profesionales. Por último, también se han de incluir en el cálculo las 
comisiones pendientes. 
La reparación representa la parte del mercado que pierde el agente y su pérdida se 
determina en ese preciso momento. En consecuencia, no se tienen en cuenta los 
acontecimientos futuros, tales como el cese de la actividad del empresario, el hecho de 
que el agente siga trabajando con los mismos clientes o las circunstancias que puedan 
variar en el mercado. De modo análogo, no se exige al agente que limite sus pérdidas. 
La Directiva ha provocado un mayor interés a la hora de reclamar el resarcimiento de 
daños y perjuicios por incumplimiento del plazo de notificación establecido. El importe 
concedido es el más elevado del periodo no respetado, calculado a partir de la comisión 
recibida en los dos últimos años o de la percibida durante el mismo periodo el año 
anterior. 
En el Anexo B se ofrecen comentarios más específicos sobre el sistema que se aplica en 
Francia. 
SITUACIÓN EN LOS ESTADOS MIEMBROS 
Todos los Estados miembros han transpuesto la Directiva. En el Anexo A se ofrece una 
lista de las distintas normas. Con excepción de Francia, el Reino Unido e Irlanda, los 
Estados miembros han incorporado en sus ordenamientos jurídicos la opción de la 
indemnización. El Reino Unido ha permitido a las partes que opten por el sistema de 
indemnización, pero de no decantarse por él, el agente tendrá derecho a reparación. 
Irlanda se ha abstenido de optar por una u otra solución en su normativa, por lo que la 
Comisión ha incoado el procedimiento establecido en el artículo 169. Asimismo, ha 
abierto un procedimiento de infracción a Italia por no haber transpuesto correctamente lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Directiva. En el Anexo B se ofrece información más 
detallada en relación con las normativas irlandesa e italiana. 
En la mayoría de los Estados miembros, aún está por comunicarse la primera decisión 
judicial, mientras que en unos pocos sólo se ha registrado un número muy reducido de 
casos. Ello se debe a que las normas aún son muy recientes y a que sólo se hanaplicado a 
aquellos contratos en vigor desde el 1 de enero de 1994. Además de ello, en Francia y 
Alemania, países en los que se han registrado casos, un gran número de agencias no 
tienen carácter internacional y la legislación se ajusta a viejas tradiciones. 
El segundo motivo que se esconde tras la ausencia de casos comunicados es la tendencia 
de las partes a llegar a soluciones antes de la vista. A veces los agentes no disponen de la 
solvencia financiera para proseguir sus reclamaciones por lo que se ven obligados a 
aceptar soluciones pactadas. Por otra parte, la incertidumbre que implican los 
procedimientos judiciales, siempre en una jurisdicción diferente, disuade a los agentes de 
defender sus reclamaciones ante los tribunales. 
Los casos que han surgido en Francia y Alemania muestran una continuidad con la 
jurisprudencia existente en estos países. En Portugal, país en el que la Directiva supone 
una ruptura con la situación anterior, la jurisprudencia muestra un enfoque diferente al 
adoptado por los tribunales alemanes, dado que es el juez quien intenta aplicar 
directamente el principio de equidad. En Italia, donde sólo se ha dictado una sentencia en 
virtud de lo dispuesto en el articulo 1751 del Código Civil, el Tribunal de Magistrados de 
Viterbo ha dictaminado que, ante la ausencia de criterios para calcular la indemnización 
en el artículo 1751 del Código Civil, aplicaría el convenio colectivo. Éste se rige por un 
sistema de cálculo basado en la duración de la agencia y no depende del número de 
nuevos clientes captados, por lo que también adopta un enfoque diferente al de los 
tribunales alemanes. Sin embargo, no es más que una sentencia de los tribunales italianos 
que aún está pendiente de ser ratificada. En Dinamarca sólo se han comunicado tres 
sentencias y una cuarta se encuentra en fase de apelación. Los casos comunicados revelan 
una tendencia a adoptar y seguir la jurisprudencia alemana. 
Ante la carencia de jurisprudencia y la naturaleza del asunto, en la fase preparatoria del 
presente Informe, la Comisión intentó evaluar tanto la situación práctica como la jurídica. 
En el Anexo B figura una visión general de ambos aspectos. 
No se dispone de estadísticas en ninguno de los Estados miembros. La Unión 
internacional de agentes e intermediarios comerciales ha empezado ahora a recoger datos. 
Se trata de una medida de gran utilidad, puesto que, mediante sus organizaciones en los 
Estados miembros, este organismo podría hacer acopio de un buen número de datos y 
además ha propuesto facilitar periódicamente estas estadísticas a la Comisión. Las 
autoridades portuguesas también han establecido un método centralizado de recogida de 
información procedente de los tribunales sobre la naturaleza y el resultado de aquellos 
casos que afecten al derecho comunitario o al Convenio de Lugano, lo que abarca, por 
supuesto, a la Directiva sobre los agentes comerciales. 
PRÁCTICA COMERCIAL 
La Comisión se propuso averiguar si se había producido algún cambio en las prácticas 
comerciales como resultado de la aplicación de la Directiva y, en particular, del derecho a 
percibir una indemnización o reparación. Por otra parte, también pretendía determinar si 
habían surgido distorsiones de la competencia como resultado de las diferentes opciones. 
La inexistencia de estadísticas hace más difícil que se llegue a conclusiones a este 
respecto. 
En conjunto, la Comisión llegó a la conclusión de que no se habían producido cambios en 
la práctica comercial. Se podían detectar ciertos indicios de que los empresarios se 
decantaban por los contratos de distribución en Francia, Alemania, Luxemburgo y 
Bélgica. Ello puede explicarse en parte por el hecho de que tras la extinción legal de los 
contratos de distribución no se ha de abonar indemnización o reparación alguna, o, si se 
ha de abonar, su importe es reducido. Se ha señalado que en el Reino Unido, Irlanda y 
Suecia, los empresarios se estaban planteando con mayor atención si los contratos de 
agencia constituían la fórmula comercial más adecuada, por lo que habían pasado a 
comportarse con mucha mayor cautela. Eso no quiere decir, sin embargo, que todos los 
empresarios descartasen realmente los contratos de agencia. 
En el Reino Unido se ha constatado la existencia de una reacción específica. En primer 
lugar, antes de que entrasen en vigor las normas británicas por las que se transpone la 
Directiva, los empresarios rescindían sus contratos de agencia y, por lo general, 
renegociaban contratos nuevos. No obstante, en determinadas ocasiones no se celebraban 
contratos de agencia o se contrataba a los agentes en calidad de empleados. Este hecho 
refleja el cambio más importante que la Directiva ha introducido en el derecho británico 
y el miedo de los empresarios a lo desconocido. Es demasiado pronto para saber si se va 
a producir un abandono permanente de los contratos de agencia en el Reino Unido. 
Con arreglo a la legislación y la práctica jurídica francesas, la reparación que se concede 
en la gran mayoría de los casos asciende a 2 años de comisiones, lo que equivale al doble 
del máximo legal establecido con arreglo a la opción de indemnización. Ello hace que sea 
mucho más costoso contratar un agente en Francia con arreglo a la legislación francesa, 
por lo que, a la hora de contratar, algunos empresarios han procurado que se aplique una 
legislación distinta de la francesa o simplemente se han abstenido de celebrar contratos 
de agencia. No hay indicios de que existan problemas o distorsiones generalizados" en los 
intercambios entre los Estados miembros que han optado por el sistema de indemnización 
y los que han preferido el de reparación. 
REACCIONES DE LOS EMPRESARIOS Y LOS AGENTES 
En términos generales, se puede decir que los agentes han acogido favorablemente la 
Directiva, puesto que se considera que incrementa sus derechos. Tal es el caso de Austria, 
Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Suecia y el Reino Unido. Los agentes 
franceses mantienen su actitud positiva en relación con el sistema de reparación que se 
aplica en Francia y no desean introducir cambios. 
Entre los empresarios ha predominado la división de opiniones. Hasta cierto punto, los 
empresarios no tienen más remedio que lamentar el cambio, puesto que ahora se ven 
obligados a conceder mayores derechos a sus agentes. En el caso de otros empresarios, 
sin embargo, no es que estén en contra de abonar una indemnización cuando se produzca 
la extinción del contrato, sino que existe entre ellos cierto grado de malestar por el hecho 
de que el sistema carece de claridad. Los empresarios franceses parecen estar a favor del 
sistema de reparación, por lo que no han planteado objeción alguna al respecto. 
Entre los empresarios y agentes de los Estados miembros que han aplicado la opción de 
la indemnización no se tiende a apoyar ningún otro sistema. En el Reino Unido, donde 
las partes pueden optar por el pago de una indemnización, no se observa una preferencia 
clara, a pesar de que la mayoría de los contratos no incluyen la cláusula de 
indemnización. Los empresarios aún no conocen perfectamente las diferencias existentes 
entre los dos sistemas. Algunos demuestran un mayor interés por el sistema de 
indemnización por la existencia de un límite máximo, mientras que otros se decantan por 
el de reparación, dado que los agentes han de demostrar sus pérdidas. 
DIFICULTADES 
Han surgido una serie de problemas en relación con el artículo 17 de la Directiva. 
1) Dificultades de interpretación 
Gran número de glosadores y juristas han señalado el carácter impreciso e incierto del 
artículo 17, que genera dificultades a la hora de asesorar a los clientes sobre el alcance de 
los derechos de los agentes una vez extinguido el contrato. Se tiene noticia de este tipo de 
dificultades especialmente en Dinamarca, Irlanda, Italia, España, Suecia y el Reino 
Unido. 
a. Indemnización 
Por lo que se refiere a la opción de indemnización, en algunos Estados miembros se ha 
detectado una tendencia a basarse en la cifra máxima, mientras que, en el sistema alemán, 
que sirvió de base a la Directiva, el máximo no tiene nada que ver con el método real 
para el cálculo de la indemnización, sino que se usa únicamente al término del proceso a 
efectos de ajuste final. En algunos Estados miembros se está intentando fijar un importe 
equitativo teniendo en cuenta diversos factores. No obstante, tampoco es éste el enfoque 
seguido por los tribunales alemanes. Aunque da la impresión de que Dinamarca y Austria 
siguen el modelo alemán, en el caso de Austria a menudo se alcanza el límite máximo, 
mientras que en Alemania sólo se llega a él en contadas ocasiones, salvo en el caso de 
que todos los clientes hayan sido captados por el agente comercial. 
Al paracer, en Italia se sigue aplicando el sistema anterior, a pesar de la existencia de 
nuevas normas. Este hecho se ha visto reforzado por la sentencia dictada en el asunto 
presentado ante la Pretura de Viterbo, en la que el tribunal sostuvo que las disposiciones 
del artículo 1751 del Código Civil italiano, que aplica lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 17 de la Directiva, eran tan imprecisas en lo relativo al método de cálculo de la 
indemnización que aplicaría el convenio colectivo. El método de cálculo establecido en el 
convenio colectivo no corresponde al modelo alemán, pero se basa en la duración del 
contrato, el nivel de las comisiones y los porcentajes establecidos en dicho convenio. 
Así pues, es evidente que existen enfoques diferentes. Sin embargo, la jurisprudencia de 
los tribunales de los Estados miembros en relación con el artículo 17 aún es muy escasa, 
salvo en Alemania. 
b. Reparación 
Por lo que se refiere a la reparación, es evidente que esta opción no ha presentado 
problemas de interpretación en Francia, donde se ha seguido aplicando la jurisprudencia 
ya existente. No obstante, por lo que se refiere al Reino Unido, que aplica la opción de 
reparación en caso de que las partes no opten por ninguno de los sistemas, existe una 
diferencia fundamental en el enfoque. Hasta ahora no existe jurisprudencia en el Reino 
Unido, sino que son las partes las que en la práctica intentan aplicar principios de derecho 
consuetudinario. Estos principios chocan frontalmente con el método de cálculo de la 
reparación que se aplica tradicionalmente en Francia. Por ejemplo, el sistema británico 
tiene en consideración lo que suceda una vez extinguido el contrato, lo que implica que la 
persona perjudicada se verá obligada a limitar sus pérdidas, mientras que, con arreglo a la 
legislación francesa, lo que suceda después de haberse extinguido el contrato de agencia 
no influye absolutamente nada en la reparación que se ha de otorgar. Según la normativa 
francesa, el resarcimiento normal equivale a las comisiones de dos años, lo que 
representa el valor de la compra de una agencia o el plazo de tiempo que tardará el agente 
en recuperar su clientela. No es fácil imaginar cómo podrán alcanzar esta cifra los 
tribunales británicos. Ello es consecuencia, sin duda, de la situación jurídica que existía 
anteriormente en el Reino Unido, según la cual los contratos de agencia podían 
extinguirse previa notificación sin tener que abonar cuantía alguna. Es evidente que ello 
ha influido en las prácticas comerciales. No existía un concepto real de clientela 
vinculado a una agencia en la que el agente tuviera un derecho de participación. No es 
posible predecir cómo interpretarán la Directiva los tribunales del Reino Unido, aunque 
parece probable que tendrán en consideración los principios vigentes del common law. 
Es probable que se planteen las mismas dificultades en Irlanda, si este país se decanta por 
la opción de reparación. 
c. Consecuencias de la incertidumbre 
Las dificultades que se plantean en la interpretación han influido en las reacciones de los 
agentes y empresarios en relación con la Directiva. Para ambas partes ha supuesto invertir 
más tiempo en la negociación, puesto que los derechos y los importes que de ellos se 
derivan no están claramente delimitados. Esta indefinición no favorece a nadie, dado que 
ha llevado a la concesión de importes diferentes en los mismos casos. Tanto la 
incertidumbre como la divergencia de criterios han contribuido a que se manifiesten 
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reticencias a crear agencias y constituyen un obstáculo para que los empresarios contraten 
agentes en otros Estados miembros. Es importante que la Directiva se interprete de 
manera uniforme y produzca unos resultados predecibles y claros. 
2) Situación de los agentes 
La Directiva ha contribuido a que mejorase la situación de los agentes en relación con sus 
empresarios. Sin embargo, los agentes no siempre pueden hacer valer plenamente sus 
derechos por carecer de recursos para emprender acciones judiciales. Se trata de un 
problema de carácter general, no específicamente relacionado con la Directiva. La 
solución a este problema supera los límites del presente Informe. Sin embargo, la 
Comisión considera que la aclaración de las disposiciones de la Directiva y los métodos 
de cálculo será de gran ayuda para los agentes y facilitará la observancia de los derechos. 
3) Elección de la ley aplicable 
Por último, se han planteado una serie de problemas por lo que respecta a las cláusulas de 
elección de la ley aplicable en los contratos y ha habido intentos de evitar la aplicación de 
determinadas normas mediante cláusulas de elección de ley aplicable o jurisdicción. La 
Directiva no establece ningún tipo de disposición en relación con el derecho internacional 
privado, por lo que las partes pueden decidir libremente la legislación que va a regir el 
contrato de agencia, siempre que sea de aplicación el Convenio de Roma de 1980 sobre 
la ley aplicable a las obligaciones contractuales. La Comisión estima que los artículos 17 
y 18 de la Directiva son normas imperativas y, en consecuencia, los tribunales de los 
Estados miembros pueden aplicar la lex fori de conformidad con el Convenio de Roma de 
1980 y garantizar así la aplicación de la Directiva. El Convenio de Bruselas de 1968 
relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
civil y mercantil contribuirá también a garantizar que, siempre que se haga referencia a 
asuntos comunitarios y el agente desarrolle sus actividades en la CE, será competente9 un 
tribunal de un Estado miembro. Por consiguiente, no parece necesario modificar la 
Directiva en este respecto. 
CONCLUSIÓN 
La Comisión observa que la opción de indemnización ha sido elegida por la gran mayoría 
de los Estados miembros y que ha recibido la aprobación de los agentes y empresarios en 
tales Estados. La Directiva establece un límite máximo en el nivel de indemnización, 
pero no ofrece orientaciones precisas sobre cómo calcularlo. De existir un método de 
cálculo claro y preciso, se lograría una mayor seguridad jurídica, que sería beneficiosa 
para ambas partes. Por lo que se refiere a la opción de la reparación, por la que se ha 
optado en Francia, no parece que haya sido fuente de problemas para los agentes y 
empresarios de este país. Por lo general, el nivel de reparación en Francia es mucho más 
elevado que el de indemnización. La aplicación en el Reino Unido, país en el que las 
partes pueden elegir el sistema, ha generado incertidumbre, especialmente porque el 
ordenamiento jurídico británico no contemplaba ninguna de las dos opciones. 
En el asunto N° 9/87 Arcado Sprl/Haviland SA [1988] Rec. 1539, el Tribunal mantuvo qué el 
derecho a recibir una reparación era de carácter contractual, con lo que era de aplicación él 
apartado 1 del artículo 5 del Convenio de Bruselas de 1968 y, por tanto, se abría la posibilidad 
de un nuevo criterio jurisdiccional. 
11 
Hasta este momento, la jurisprudencia en relación con la Directiva es muy escasa. A la 
vista de la información recibida, se constata la necesidad de aclarar lo dispuesto en el 
artículo 17. Por el momento resulta prematuro llegar a conclusiones de mayor alcance. La 
Comisión estima que el presente Informe, en el que se ofrece información detallada, 
especialmente en relación con el método de cálculo de la indemnización que se aplica en 
Alemania, arroja más luz sobre el artículo 17 de la Directiva y, por ello, debería facilitar 
una interpretación más uniforme del mismo. 
12 
ANEXO A 
LISTA DE LOS ACTOS LEGISLATIVOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS 
POR LOS QUE SE INCORPORA LA DIRECTIVA 
SOBRE LOS AGENTES COMERCIALES (*6/651fCVF) 
Expiración del periodo de incorporación: 31.12.89. 
(Reino Unido e Irlanda: 31.12.93) 
(Italia, en relación con el artículo 17: 31.12.92) 
1. Mgteâ 
2. Dinamarca 
3. Alemania 
4. ûrjgciâ 
5. España 
6. Francia Ley de 13.4.1995 
publicada en "Moniteur Belge" de 2.6.1995, p. 15621 
entrada en vigor: 12.6.1995 
Ley n° 272 de 2.5.90 
publicación: "Lovtidende" A. 1990 p. 922 
entrada en vigor: 4.5.90 
aplicación a los contratos en vigor: 1.1.92 
Ley de 23.10.89 
publicación: "Bundesgesetzblatt" 198911990 
entrada en vigor: 1.1.90 
aplicación a contratos en vigor: 1.1.94 
Decreto presidencial n° 219 de 18.5.1991 
publicación: DO del Gobierno griego n° 81 de 30.5.1991 y n° 136 
de 11.9.1991, modificado por los Decretos n° 249/93, 88/94 y 
312/95 
entrada en vigor: 30.5.1991 
aplicación a contratos en vigor: 1.1.1994 
Ley 12/1992 de 27.5.1992 
publicación: BOE n° 129 de 29.5.1992 
entrada en vigor: 19.6.1992 
aplicación a contratos en vigor: 1.1.94 
Ley n° 91-593 de 25.6.1991 
publicación: DO de la República Francesa 17.6.1991 p. 8271 
entrada en vigor: 28.6.1992 
Decreto 92-506 de 10.6.1992 
publicación: DO de la República Francesa 12.6.1992, p. 7720 
entrada en vigor: 1.1.94 
aplicación a contratos en vigor: 1.1.94 
15 
7. Irlanda 
8. Mia 
9. Luxemburgo 
10. Países Bajos 
11.Austria 
12.£ojmgal 
13. Finlandia 
14. Süscia Disposición legislativa : SI n° 33 de 1994 de 21.2.1994 
entrada en vigor: 1.1.1994 
aplicación a contratos en vigor: 1.1.94 
Decreto legislativo n° 303 de 10.9.1991 
publicación: "Gazetta ufficiale" n° 57 de 20.9.1991 
entrada en vigor: 1.1.1993 
aplicación a contratos en vigor: 1.1.1994 
Ley de 3 de junio de 1994 
publicación: Memorial A-N° 58 de 6.7.1994, p. 1088 
aplicación a contratos en vigor: 1.1.94 
Ley de 5.7.89 
publicación: "Staatsblad" 1989 n° 312 
entrada en vigor: 1.11.89 
aplicación a contratos en vigor: 1.1.94 
nuevamente promulgada por la Ley n° 374 de 1993 como artículos 
400-445 del Título 7 del "Burgerlijk Wetboek" 
Ley federal de 11.2.1993 
publicada en "Federal Gazette" 88 
entrada en vigor: 1.3.1993 
aplicación a contratos en vigor: 1.1.94 
Decreto n° 178/86 de 3.7.86 
publicación: "Diario da República", I série, 1986, p. 1575 
entrada en vigor: 2.8.86 
aplicación a contratos en vigor: 2.8.86 
modificado por Ley N° 118/93 de 13.4.93 publicada en "Diario 
da República" N° 86 p. 1818 de 13.4.93 
aplicación à contratos en vigor: 1.1.94 
Ley n° 417 de 8.5.1992 
publicada en "Gesetzblatt" de 14.5.1992 
entrada en vigor: 1.11.1992 
aplicación a contratos en vigor: 1.1.1994 
Ley n° 351 de 2.5.1991 
entrada en vigor: 1.1.1992 
aplicación a contratos en vigor: 1.1.94 
/h 
15. Reino Unido Disposición legislativa SI 1993 n° 3053 de 7.12.93 
y SI 1993 n° 3173 de 16.12.1993 
entrada en vigor 1.1.94 
aplicación a contratos en vigor: 1.1.94 
Irlanda del Norte: 
Normas legislativas de Irlanda del Norte 1993 n° 483 de i7. Í2.93 
entrada en vigor: 13.1.1994 
aplicación a contratos en vigor: 13.1.1994 
A5 
ANEXOB 
BÉLGICA 
La ley sobre contratos de los agentes comerciales no entró en vigor hasta el 12 de junio 
de 1995, por lo que aún no existe jurisprudencia acerca de esta nueva norma. 
El artículo 20 de dicha ley ha introducido el derecho a una indemnización por cartera de 
clientes. Antes de la promulgación de esta nueva norma, la mayor parte de las decisiones 
de los tribunales belgas habían rechazado el derecho a indemnización por clientela, 
puesto que ésta se consideraba más ligada al empresario que al agente. Por consiguiente, 
la nueva legislación ha supuesto un cambio importante con respecto a la normativa 
vigente. 
La ley no contiene ninguna orientación en lo que respecta a cómo ha de calcularse la 
indemnización, pero la mayoría de los glosadores sostienen que corresponde al juez 
determinar el importe, teniendo en cuenta factores tales como el nivel de comisión 
durante los últimos años del contrato, el nivel de captación de clientes, en qué medida el 
empresario seguirá obteniendo beneficios, la duración de las relaciones contractuales, el 
nivel de implicación del empresario, el hecho de que haya una pensión financiada por el 
empresario o bien que el contrato entre el agente y el empresario sea su única agencia. 
Sólo un autor se ha basado en concreto en el método de cálculo alemán. 
Los abogados belgas en ejercicio señalaron que se tomaría en consideración la legislación 
sobre representantes comerciales y la experiencia alemana. No obstante, según lo 
dispuesto en la Ley sobre representantes comerciales, de 3 de julio de 1978, se calcula la 
indemnización sobre la base de los honorarios trimestrales de un representante comercial 
que haya actuado para un mismo empresario durante un período comprendido entre uno y 
cinco años. Dicho período aumenta en un mes por cada quinquenio. 
Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 18 de la ley belga, existe la 
posibilidad de reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios, por falta de preaviso, de 
una cantidad igual a la comisión perdida conforme al método de cálculo establecido en 
dicho artículo. 
Por último, según lo dispuesto en el artículo 21 de la ley belga, un agente con derecho a 
indemnización puede reclamar además que se le compense por el perjuicio ocasionado. 
No queda claro en qué circunstancias se obtiene pago por este concepto ni tampoco si el 
derecho a una indemnización otorga automáticamente el derecho a reclamación por daños 
y perjuicios. La Comisión es del parecer de que esta última interpretación sería contraria 
al punto 1 del artículo 17 de la Directiva puesto que como resultado de* dicha 
interpretación ambas opciones serían acumulables. 
* 
DINAMARCA 
Con la aplicación de la Directiva en Dinamarca y la introducción del derecho a 
indemnización en el artículo 25 de la Ley n° 272, de 2 de mayo de 1990, se otorgaba un 
nuevo derecho inexistente anteriormente. 
Hasta la fecha, sólo se han comunicado tres sentencias10. En el asunto Lope Handel se 
ordenó al empresario el pago de las pérdidas por no respetar el plazo de preaviso del 
contrato y una indemnización igual a la comisión anual percibida en concepto de 
captación de nuevos clientes para el empresario por parte del agente. Se demostró que los 
nuevos clientes dejaron de serlo un año después de la finalización del contrato. En el 
asunto &&L, se ordenó al empresario el pago de una indemnización equivalente al 
importe máximo establecido. Se demostró que la práctica totalidad de los clientes habían 
sido captados por el agente. En el asunto Cramsi, el tribunal comprobó que un importante 
número de clientes eran clientes de una sola ocasión, con los que el empresario no podía 
tener expectativas de realizar nuevas operaciones. Se obligó al empresario al abono de 
una indemnización de 150.000 coronas danesas. Como referencia digamos que el importe 
máximo permitido habría sido de 400.000. 
En la práctica, ios agentes reclaman el importe máximo y los empresarios intentan 
negociarlo a la baja. Actualmente, aunque no hay ningún criterio establecido, no se suele 
pagar el máximo. Los cálculos parecen seguir el modelo alemán. 
Al igual que en otros Estados miembros, no se dispone de estadísticas válidas. 
El artículo 6 de la Ley transpone lo dispuesto en la letra c) del apartado 2 del artículo 17 
de la Directiva y dispone que si un agente o empresario incumple sus obligaciones para 
con la otra parte, ésta tendrá derecho a reparación por cualquier perjuicio ocasionado. 
ALEMANIA 
El artículo 89b del Handelgesetzbuch (Código de Comercio) establece el derecho de los 
agentes a una indemnización. El método de cálculo figura en el Informe propiamente 
dicho. 
10 Lope Handd/GE Lighting (Tribunal Comercial de Copenhague, 25.9.1995); s».i VEdrin^ 
(Tribunal Superior, División Oeste, 14.11.1995); Cramer/BAB (Tribunal Comercial de 
Copenhague, 15.12.1995). 
En la práctica parece no haber habido cambios en Alemania en lo que respecta al método 
de cálculo de la indemnización tras la transposición incorporación de la Directiva en 
Alemania, puesto que las disposiciones en materia de indemnización no exigían ninguna 
modificación de la legislación alemana. El cambio que se produjo en el sector guardaba 
relación con los contratos con otros países de la UE, que, con anterioridad a esta 
Directiva, no contemplaban la posibilidad de indemnizaciones. 
sJJ\bvlA 
La transposición del artículo 17 de la Directiva mediante el artículo 9 del Decreto 
Presidencial 219 de 18 de mayo de 1991 no se ajustaba a lo dispuesto en la Directiva, 
puesto que, concretamente, no incorporaba el segundo guión de la letra a) del apartado 2 
del artículo 17, por el que se requiere que la indemnización sea equitativa. A raíz de la 
correspondencia mantenida con la Comisión, Grecia ha promulgado una nueva 
legislación en 1995 que incorpora lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 del 
artículo 17. 
La letra c) del apartado 1 del artículo 9 dispone que el derecho a reclamar una 
indemnización no impide que el agente solicite el resarcimiento de daños y perjuicios en 
virtud de lo dispuesto en el Código Civil. Los daños y perjuicios se pagan y conceden 
según que el contrato fuese de duración definida o indefinida. 
Un agente también puede reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios por falta del 
preaviso establecido. 
ESPAÑA 
El artículo 28 de la Ley n° 12/1992 del 27 de junio de 1995 establece el pago de una 
indemnización. El artículo 29 de la Ley dispone el resarcimiento de daños y perjuicios si 
el empresario rompe unilateralmente un contrato de agencia de duración indefinida. La 
Directiva ha colmado un vacío jurídico de la legislación española en el sentido de que, 
con anterioridad a la Ley por la que se transpone la Directiva, no existía una normativa 
concreta que tratase el tema de los agentes comerciales o los contratos de agencia 
comercial. Sin embargo, el artículo 29 no se circunscribe únicamente al incumplimiento 
de contrato y, en virtud de este hecho, da la impresión de que España ha transpuesto las 
dos opciones incluidas en el artículo 17 de la Directiva, a menos que los tribunales 
interpreten el ámbito de aplicación del artículo 29 en sentido estricto. 
48 
Debido a la reciente entrada en vigor de la Ley, se carece de jurisprudencia en este 
campo. La jurisprudencia anterior a la nueva ley puede ser importante de cara al futuro 
puesto que algunos de sus principios pueden servir de orientación en las futuras 
sentencias que dicten los tribunales españoles. 
La normativa anterior también permitía reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios e 
indemnizaciones por cartera de clientes y los agentes acostumbraban a sumar ambas 
reclamaciones. La distinción entre ambas reparaciones aparecía a veces un tanto confusa 
en la práctica. El Tribunal Supremo ha reconocido en numerosas ocasiones la posibilidad 
de obtener un indemnización por cartera de clientes. El juez cuenta con una amplia 
discreción a la hora de fijar el nivel de indemnización, que generalmente se calcula 
partiendo de los ingresos del agente11. En lo que respecta a los daños y perjuicios, los 
tribunales consideraron una serie de factores al ordenar el resarcimiento, entre ellos el 
nivel de la última comisión, el tipo de actividad, la pérdida de prestigio y la exclusividad 
o no del contrato12. 
Por último, se pagan daños y perjuicios en caso de no respetar el plazo de preaviso 
oportuno, siendo el importe igual al de la comisión que el agente habría percibido de 
haberse cumplido el plazo de preaviso13. 
No obstante, a pesar de estas sentencias sigue siendo difícil llegar a conclusiones 
generales, sobre todo porque en España el nivel de indemnización queda fijado después 
de la vista y la decisión no se hace pública. 
FRANCIA 
A diferencia de lo que sucede en muchos otros Estados miembros, la Directiva no ha 
producido un cambio drástico de la legislación ya existente en Francia. De acuerdo con el 
artículo 12 de la Ley n° 91/593 de 25 de junio de 1991, la legislación francesa continúa 
otorgando el derecho a reparación al término del contrato de agencia. El cambio que se ha 
verificado se debe a las circunstancias en las que se paga la reparación y no al cálculo del 
importe. Ahora también existe el derecho a reparación en caso de que no se renueve el 
contrato y de la extinción del mismo por parte del agente por razones de edad avanzada, 
enfermedad o invalidez y fallecimiento. 
Al igual que se hacía anteriormente, la reparación se calcula de acuerdo con la 
jurisprudencia puesto que ni la antigua legislación ni la actual establecen el método de 
cálculo. En la inmensa mayoría de los casos el importe asciende a la comisión bruta de un 
13 Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1988 y 19 de septiembre de 1989. 
Sentencia del Audiencia Provincial de Lugo de 4.6.1994; Audiencia Provincial de Valencia de 
14.7.1993 y Audiencia Provincial de Barcelona de 30.1.1995. 
Sentencia del Tribunal Supremo de 19.9.1989. 
/ft 
bienio, que se calcula a partir de la media de las remuneraciones del agente durante los 
tres últimos años o de la suma global de la comisión de los dos últimos años. Este 
importe se ha convertido en la concesión habitual y queda confirmado a través de las 
decisiones que adoptan los tribunales en las que se aplica la nueva ley14. 
Se calcula la indemnización teniendo en cuenta todas las remuneraciones, no solamente 
las comisiones, basándose en la cifra bruta, sin hacer distinción entre antiguos y nuevos 
clientes e incluyendo las comisiones especiales. No suelen hacerse reducciones por 
gastos profesionales. Por último, hay que incluir asimismo en el cálculo las comisiones 
pendientes. 
La indemnización representa la porción de mercado que se considera que el agente ha 
perdido y dicha pérdida se fija en ese instante. En consecuencia, no se tiene en cuenta lo 
que pueda ocurrir con posterioridad, como puede ser el cese de actividad del empresario, 
que el agente continúe trabajando con los mismos clientes o la evolución de del mercado. 
De modo análogo, no se exige al agente que limite sus pérdidas. 
Los tribunales franceses no ordenan el pago de la comisiones brutas de un bienio en 
concepto de reparación, cuando se demuestra que las pérdidas sufridas por el agente son 
menores, por ejemplo, debido a la corta duración del contrato. De modo semejante, se 
puede aumentar el nivel, en caso de que, por ejemplo, las pérdidas de un agente sean 
mayores por razón de su edad o de la duración del contrato de agencia. 
La Directiva ha despertado un gran interés en lo que se refiere a la reclamación por no 
respetar el plazo de preaviso pertinente. La cantidad que se toma como referencia es la 
suma más elevada del plazo no respetado y se calcula basándose en las comisiones 
percibidas durante el último bienio o en las comisiones percibidas durante el mismo 
plazo del año anterior. 
IRLANDA 
Irlanda no ha transpuesto esta disposición y, por esta razón, los agentes no tienen derecho 
ni a reparación ni a indemnización. De acuerdo con el common law, un agente podrá 
reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, lo que, 
en el caso de contratos de duración definida, permitirá al agente reclamar las comisiones 
que habría percibido hasta la finalización del contrato, estando el agente obligado a 
limitar sus pérdidas. No obstante, esto no resulta suficiente a efectos de incorporación de 
la Directiva. Cuando se trata de contratos de duración indefinida, se reclama para obtener 
una remuneración durante el plazo de preaviso que se debía respetar. Además, en ambos 
casos, el agente puede reclamar por las pérdidas económicas sufridas a consecuencia del 
incumplimiento de contrato. Hasta el momento no se ha informado de ningún asunto. 
14 Ver como ejemplo: Tribunal de Apelación de Toulouse, 20.12.1994 Les Annonces de la Seine, 
n° 39 1.6.1995 p.28; Tribunal de Apelación Dijon, 16.6.1994 Les Annonces de la Seine, n° 39, 
p.26; Tribunal de Apelación París, 17.1.1995, Les Annonces de la Seine 1.6.1995, n° 39, p.8. 
h 
IIALIA 
Italia modificó el artículo 1751 del Código Civil mediante el artículo 4 del Decreto 
legislativo n° 303, de 10 de septiembre de 1991, para introducir el sistema de 
indemnización establecido en la Directiva. No obstante, la Comisión opina que Italia ha 
transpuesto dicho sistema incorrectamente al tratar los dos guiones de la letra a) del 
apartado 2 del artículo 17 de la Directiva como condiciones alternativas, mientras que en 
realidad son acumulativas. Por ello, la Comisión ha iniciado el procedimiento de 
infracción. 
Al parecer, se sigue aplicando el antiguo sistema de convenios colectivos. El convenio 
Enasarco de 30.10.1992 fue suscrito tanto por los empresarios como por las 
organizaciones que representaban a los agentes. Con ello, han reintroducido de facto los 
criterios que se aplicaban en virtud del antiguo texto del artículo 1751. 
El Tribunal de Magistrados de Viterbo aplicó el convenio colectivo en su sentencia de 1 
de diciembre de 1994. El tribunal sostuvo que, en la práctica, no se podía aplicar el 
artículo 1751 del Código Civil, puesto que no fijaba ningún criterio para el cálculo de la 
indemnización, salvo si se trataba del importe máximo. En consecuencia, el tribunal 
consideró apropiado aplicar el convenio colectivo y declaró también que las 
circunstancias mencionadas en el artículo 1751 no tenían como fin calcular el importe de 
una indemnización, sino determinar si ésta estaba justificada, comprobando que se había 
producido al menos una de esas circunstancias. Además, el tribunal consideró que, con 
buen criterio, los interlocutores sociales habían sustituido el antiguo convenio colectivo 
para evitar que se planteasen problemas prácticamente insolubles, con lo cual se hacía 
posible que el artículo 1751 del Código Civil se aplicase en la práctica. En la actualidad, 
no se sabe a ciencia cierta si se cumplirá esta sentencia. 
El sistema del convenio colectivo se basa en el nivel de comisiones, la duración del 
contrato de agencia y los porcentajes establecidos en el convenio. 
De acuerdo con el convenio colectivo, en la mayoría de los casos el agente percibe una 
suma mucho menor que el importe máximo previsto por la Directiva 
LUXEMBURGQ 
La legislación luxemburguesa que transpone la Directiva de 3 de junio de 1994 se aplica 
a todos los contratos anteriores al 1 de enero de 1994, así como a los contratos firmados 
con posterioridad a esta fecha. El artículo 19 establece el pago de una indemnización, una 
vez extinguido el contrato. La nueva legislación introdujo un derecho que no existia en la 
normativa vigente hasta entonces. Por consiguiente, no es de extrañar que los tribunales 
no hayan tomado ninguna decisión al respecto. Las personas consultadas estimaron que 
era muy pronto para desarrollar una teoría sobre cómo se interpretaría la legislación. 
*i 
El apartado 1 del artículo 23 establece el derecho a percibir una cantidad por daños y 
perjuicios en caso de que no se haya procedido a la notificación prevista y el apartado 2 
del artículo 23 dispone el resarcimiento de daños y perjuicios en caso de incumplimiento 
grave de contrato. El artículo 24 establece que los daños equivaldrán a un importe igual a 
la remuneración que se habría percibido durante el período entre el incumplimiento de 
contrato y la terminación natural del mismo. Para poder calcular este importe, hay que 
tomar en consideración el nivel de comisiones anterior y otras cuestiones pertinentes. El 
importe puede verse reducido si el juez considera que es demasiado elevado, dadas las 
circunstancias del caso. 
PAÍSES BAJOS 
El artículo 7:442 del Código Civil establece que ha de pagarse una indemnización al 
término del contrato de agencia. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7:439, 
corresponde el pago de una cantidad en concepto de daños y perjuicios, en caso de que no 
se respete el plazo de preaviso oportuno sin causa justificada, y los artículos 7:440 y 
7:441 establecen el resarcimiento de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. 
En ambos casos se abarca el período comprendido entre la terminación real y la fecha en 
que la agencia se habría extinguido, si se hubiera procedido a notificar el preaviso. Esta 
cantidad corresponde a la remuneración que se habría percibido y se basa en la comisión 
percibida con anterioridad a la terminación y otras circunstancias pertinentes. El juez 
puede reducir la cantidad, si considera que es demasiado elevada en función de las 
circunstancias dé cada caso. Conforme a lo dispuesto en el artículo 7:443.3, en lugar de la 
suma correspondiente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7:441.1 y 2., la parte 
demandante puede reclamar reparación por los daños reales sufridos, siempre que 
demuestre su pérdida. 
Hasta la fecha no se ha informado de ningún caso referente a la nueva ley y tampoco hay 
datos estadísticos al respecto. 
AUSTRIA 
La Ley austríaca de 11 de febrero de 1993 entró en vigor el 1 de marzo de 1993. De 
acuerdo con su artículo 24, el agente tiene derecho a indemnización. Hasta la fecha no se 
ha informado de ningún caso referente al importe de la indemnización o del resarcimiento 
de daños y perjuicios que han de pagarse al término de un contrato de agencia de acuerdo 
con la Ley de 1993. La Directiva ha introducido un cambio en la legislación anterior, 
especialmente al duplicar la cantidad máxima establecida. Por consiguiente, no se puede 
tomar la jurisprudencia anterior como referencia. En la normativa anterior se 
contemplaba, en el límite máximo de reparación, una reducción progresiva de la suma 
total de la comisión anual, calculada como media anual del trienio anterior de acuerdo 
con la duración de la relación comercial. 
aa 
En la práctica, parece ser que los agentes comerciales calculan la indemnización 
basándose en la media de ingresos del último quinquenio, tomando en consideración la 
fluctuación de los clientes mediante un cálculo de la digresión de ingresos sobre la base 
de un quinquenio. En la mayoría de los casos, ello supera el límite máximo establecido 
por la legislación. Partiendo dé esta base, las partes negocian para alcanzar un acuerdo 
razonable. El método de cálculo se basa en la práctica alemana. 
Se consideró que era muy prematuro hacer una evaluación sobre el nivel medio de 
indemnización. Se puede reclamar ei resarcimiento de daños y perjuicios o el 
cumplimiento del contrato, sí una de las partes rescinde el contrato antes de su debido 
tiempo sin una causa justificada, de acuerdo con el artículo 23. Dicho artículo también se 
aplica cuando se incumple el artículo 21, en el que se establecen ios plazos de preaviso. 
Cualquier otra reclamación en concepto de daños y perjuicios se tramita conforme a las 
disposiciones âd Código Civil general y ei Código de Comercio. 
EQRXUGAL 
Portugal aprobó su ley en 1986, que sigue en muchos aspectos la propuesta de la 
Directiva e incluye el derecho a indemnización en el artículo 33. Esta Ley entró en vigor 
el 2 de agosto de 1986 y ha sido modificada por ios artículos 33 y 34 del Decreto n° 
118/93 para ajustar la legislación portuguesa al artículo 17 de la Directiva. 
Una serie de sentencias dictadas por tribunales portugueses15 reflejan que éstos han 
calculado el nive! de indemnización teniendo en cuenta la importancia de los nuevos 
clientes, el aumento de la actividad con ios antiguos, las ventajas que tenía el empresario 
tras la terminación del contrato y la pérdida de comisión por parte del agente. Los 
tribunales consideran la indemnización como medida de reparación para el agente por los 
beneficios que el empresario ha obtenido al término del contrato con los clientes captados 
por el agente. 
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32 de la ley y en los artículos 562-572 del 
Código Civil, también existe el derecho a indemnización por los daños y perjuicios 
sufridos por incumplimiento de contrato. El artículo 29 establece concretamente la 
concesión del resarcimiento en concepto de daños y perjuicios por no respetar el plazo de 
preaviso o por ausencia de la notificación oportuna. El agente, en lugar del resarcimiento 
de daños y perjuicios, puede reclamar una suma que se calcula sobre ía base de la media 
de las remuneraciones mensuales del año anterior multiplicada por el tiempo que habría 
quedado, si el contrato se hubiera mantenido. Si el contrato es de una duración inferior a 
un año, se tomará como referencia la duración tota! del mismo. 
Acordó da Relaçâo de Coimera de 14.12.1993 Tribunal de Apelación en CoîecCânea de 
Jurisprudencia, Ano XVIII, 1993, Volumen V, p. 46; Acordó do Supremo Tribunal de Justiça 
de 4.5.1993 en Colectânea de Jurisprudencia - Acordos do Supremo Tribunal de Justiça, Año I, 
Volumen II, 1993, p.78 y también el mismo Tribunal, sentencia de 27,10.1994 en Año !í, 
Volumen III, 1994, p. 101; Acordó da Relaçâo do Porto de 18.10.1994 en Colectânea de 
Jurisprudencia, Año XIX, Volumen IV, 1994, p. 212. 
a2> 
FINLANDIA 
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley n° 417 de 8 de mayo de 1992, se 
introdujo el derecho a indemnización al término de un contrato de agencia. La Directiva 
ha supuesto un cambio en relación con la normativa anterior. La Ley entró en vigor el 1 
de noviembre de 1992 y hasta là fecha no ha habido decisión alguna por parte de los 
tribunales. 
En la práctica, los agentes reclaman el importe máximo y el empresario realiza una 
contrapropuesta. Como resultado de este proceso se llega a una cantidad que no responde 
a ningún cálculo concreto, sino que es fruto de la negociación. En general, la 
indemnización oscila en torno a la media de las comisiones percibidas en un periodo de 3 
a 6 meses. La federación de agentes estimó que el importe de la indemnización según la 
nueva Ley era ligeramente superior al establecido por la anterior legislación, pero no hay 
datos estadísticos que lo demuestren. 
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley, se establece el derecho a 
indemnización por daños y perjuicios causados por la infracción del contrato de agencia o 
en el caso de que una de las partes incumpla alguna de sus obligaciones. Además, los 
artículos 26 y 27 de la Ley establecen el resarcimiento de daños y perjuicios cuando no se 
respeten los plazos de preaviso. 
SUECIA 
El artículo 28 de la Ley n° 351 de 2 de mayo de 1991 introdujo un derecho a percibir 
indemnización que no se contemplaba en la legislación anterior. Ésta sólo tenía por 
objeto asegurar que un agente recibía comisión por los pedidos realizados tras la retirada 
de la autoridad del agente, siempre que tales pedidos se efectuaran gracias a las 
operaciones del agente durante el período de vigencia del contrato. 
Al igual que en otros Estados miembros, aún se está a la espera de las decisiones de los 
tribunales. En la práctica, los agentes intentan obtener la cantidad máxima permitida por 
la legislación y, a partir de ahí, las partes negocian para alcanzar un importe justo. Para 
ello, las partes tienen en cuenta, entre otras cosas, la duración del contrato, las actividades 
promocionales del agente, el numero de nuevos clientes, los pedidos formalizados tras la 
finalización del contrato, la posibilidad que tiene el agente de obtener un nuevo contrato 
y los gastos e inversiones efectuados por el agente. 
Aunque no hay datos estadísticos, las autoridades suecas han estimado que las 
indemnizaciones se calculaban en base al importe de la comisión de entre 6 meses y un 
año calculada como media de los últimos años de contrato. Esto supondría un incremento 
del importe de la reparación. El artículo 34 de la Ley establece el resarcimiento de daños 
y perjuicios por incumplimiento de contrato. 
Xl 
El Reino Unido ha adoptado su propio sistema, ya que, con arreglo al Reglamento 17 de 
la Disposición legislativa n° 3053 de 1993, las partes pueden optar por que el agente 
tenga derecho a mdemnización o reparación16. La normativa exige el pago de reparación 
en el caso de que no exista una disposición contractual. Esta forma de incorporación ha 
producido incertidumbre, especialmente porque ambas opciones son nuevas para los 
ordenamientos jurídicos del Reino Unido. 
Esta legislación no ha entrado en vigor en el Reino Unido hasta hace poco tiempo y ha 
provocado cierta confusión» puesto que las partes y ios abogados intentan aplicar 
conceptos con los que no están familiarizados y que hasta cierto punto son ajenos a la 
tradición británica. Ello ha dado pie a que hayan surgido diferentes enfoques. 
En lo referente a la reparación, los abogados intentan aplicar los principios tradicionales 
del common law derecho consuetudinario, lo cual no resulta totalmente satisfactorio 
puesto que, de acuerdo con tales principios, la extinción de un contrato con arreglo a las 
condiciones en él estipuladas o al término de su vigencia no es motivo para reclamar el 
resarcimiento de daños y perjuicios. Con arreglo a los principios del common law, el 
tribunal trata de restablecer al agente en las condiciones en las que éste habría estado si se 
hubiera cumplido el contrato adecuadamente, pero se espera que la parte perjudicada 
limite sus pérdidas y el tribunal tendrá en consideración acontecimientos posteriores. 
Normalmente, en el caso de los contratos por tiempo determinado, ello daría al agente 
derecho a reclamar una comisión por la duración del contrato. Si el contrato es por 
tiempo indefinido, el agente podría reclamar en concepto de daños y perjuicios por el 
plazo de preaviso una cantidad igual a la que habría recibido durante este período. 
Asimismo, el agente puede solicitar reparación por los gastos en los que haya incurrido 
en el desempeño de la agencia. Por esta razón, los abogados tienen dificultades para 
llegar a un criterio en cuanto al nivel de reparación en caso de fallecimiento, enfermedad 
o jubilación del agente. La reparación normal equivale a la cantidad percibida por el 
agente durante un período comprendido entre 3 y 6 meses, o incluso de 15 meses, 
dependiendo del nivel de servicio. 
Esta es la razón de que algunos abogados hayan intentado aplicar por analogía la 
legislación sobre despido improcedente o regulación de empleo, que tiene en cuenta la 
edad, los años de servicio y la remuneración semanal. 
Por lo que respecta a la disposición sobre la indemnización, los agentes reclaman el 
importe máximo y después se acuerda una suma menor mediante negociación. Los 
importes que se pagan habitualmente equivalen a la comisión de un período de entre 3 y 
ó meses, basándose en lo que el agente habría ganado y no en la media de los cinco 
últimos años. 
Reglamento 17 de S.I. n° 483 de 1993 para Irlanda del Norte. 
35 
La mayor parte de los contratos no< incluyen disposición alguna sobre las 
indemnizaciones, pero esto no quiere decir necesariamente que se prefiera la opción de la 
reparación a la de la indemnización. 
Hasta la fecha, no ha habido ningún caso y las partes se muestran reticentes a litigar, 
puesto que los abogados no están muy seguros de cuáles son los derechos de sus clientes 
ni, por tanto, qué resolverán los tribunales. No obstante, es probable que se presenten 
casos en un futuro próximo. 
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