INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

sobre los avances de Rumanía en el marco del mecanismo de cooperación y verificación

1. Introducción

El Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV)[1] se creó en el momento de la adhesión de Rumanía a la UE con el fin de ayudar a ese país a implantar un sistema judicial y administrativo imparcial, independiente y eficaz. Cambiar el sistema jurídico y judicial para adecuarlo todavía más al de los restantes Estados miembros es una tarea nacional que requiere una preparación por parte del Gobierno y la presentación de leyes marco clave, su aprobación por el Parlamento y el cambio de los procedimientos y prácticas de la judicatura para su adecuada aplicación. Desde 2007, el MCV ha desarrollado un papel de apoyo a Rumanía para establecer las estructuras de un sistema judicial moderno. En determinados momentos, el MCV ha sido puesto en tela de juicio y criticado por uno u otro de los elementos que componen este necesario consenso nacional, pero hoy existe un acuerdo generalizado en el sentido de que ha contribuido a promover los cambios en una buena dirección. Si bien el Gobierno rumano ha mostrado determinación y compromiso en la conducción del proceso de reforma, el Parlamento o, hasta fechas recientes, la judicatura, no siempre han mostrado la misma resolución. En cinco años, el énfasis ha pasado de la preparación y adopción de leyes a su aplicación. Los elementos del marco jurídico necesarios para la reforma ya existen, aunque todavía no estén completos. Tal como se explica en el presente informe, los siguientes pasos necesarios en este proceso deberían centrarse en la aplicación por los jueces y la policía de las nuevas leyes.

El presente es el quinto informe anual desde que se creó el MCV[2]. En el verano de 2012, cinco años después de su creación, la Comisión realizará una evaluación general de los avances de Rumanía en el marco del MCV desde la adhesión y presentará las propuestas oportunas derivadas de dicha evaluación. El presente informe contiene una serie de recomendaciones específicas con objeto de que Rumanía pueda prepararse con vistas a esa evaluación.

2. Estado del proceso de reformas en rumanía

Logros y retos

Desde el último informe anual de la Comisión, Rumanía ha adoptado importantes medidas dirigidas a aumentar la eficacia de los procedimientos judiciales y ha proseguido los preparativos para la entrada en vigor de cuatro nuevos códigos que constituyen los pilares del proceso judicial moderno. De forma previa a la introducción de los nuevos códigos, la «Ley de pequeñas reformas» ha permitido acelerar el proceso judicial. Además, Rumanía ha reaccionado con rapidez a la Recomendación de la Comisión mediante la adopción de un nuevo marco jurídico para la Agencia Nacional de Integridad, organismo que ha comenzado a desarrollar su actividad con arreglo a ese nuevo marco y a restablecer su credibilidad de investigación. Saliéndose del contexto estricto de los criterios de referencia del MCV, las autoridades decidieron llevar a cabo un análisis de los sistemas judicial y de contratación pública junto con una evaluación de la política anticorrupción. Durante ese mismo periodo, la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) ha dibujado una trayectoria constante y convincente de investigación de casos de corrupción de alto nivel.

A pesar de los progresos registrados desde julio de 2010, la coherencia y la obtención de resultados en determinados sectores siguen constituyendo puntos débiles. Es preciso seguir avanzando en la lucha contra la corrupción. Algunos casos importantes de corrupción de alto nivel, que han acumulado un retraso de años en los tribunales, han avanzado poco durante este periodo. Es preciso actuar urgentemente para acelerar esos procesos e impedir su cancelación por prescripción. La lucha contra la corrupción deberá seguir siendo una prioridad absoluta y coordinarse mediante una nueva estrategia, sólida y exhaustiva. Es preciso adoptar medidas urgentes para facilitar la recuperación de los productos de la delincuencia, perseguir el blanqueo de capitales y dispensar protección frente al conflicto de intereses en la administración de los fondos públicos. Será preciso obtener mejores resultados en cuanto al decomiso de bienes adquiridos irregularmente y a la imposición de sanciones disuasorias por incompatibilidades.

Para acelerar el ritmo de la reforma judicial durante el próximo periodo, Rumanía deberá adoptar enérgicas medidas complementarias a la entrada en vigor del nuevo Código Civil, un plan de aplicación de los otros tres nuevos códigos que se introducirán en 2012, y un marco de cooperación con el sistema judicial y la sociedad civil que facilite la introducción de los ajustes estructurales necesarios en el sistema judicial. Con este propósito, Rumanía deberá aprobar oficialmente su estrategia de reforma judicial una vez la revisión funcional haya sido concluida y complementada con un plan de acción, un calendario y un presupuesto adecuado. El Consejo Superior de la Magistratura, de reciente creación, tiene aún que demostrar su compromiso con la reforma mediante resultados concretos.

Reforma del sistema judicial

Desde la última evaluación de la Comisión, Rumanía ha aumentado la eficacia del proceso judicial mediante la simplificación de algunos procesos y la introducción de nuevos instrumentos legales, como la ampliación de las posibilidades de que la fiscalía desestime una demanda cuando las pruebas existentes no justifiquen una mayor investigación, o la introducción de la posibilidad de que los imputados se declaren culpables ante los tribunales con el consiguiente abreviamiento del proceso. Estas modificaciones legales han contribuido a aumentar la eficacia de las acciones públicas y a acelerar el enjuiciamiento de una serie de causas[3]. Además, Rumanía ha iniciado los preparativos de una revisión funcional independiente del sistema judicial en la que se determinarán medidas para una reforma más profunda de las estructuras, los procedimientos y la gestión de los recursos humanos conforme exige la entrada en vigor de los nuevos códigos.

Los cuatro nuevos códigos han de considerarse un paso importante hacia la reforma judicial y el aumento de la coherencia y la eficacia del proceso judicial. Desde la última evaluación de la Comisión, de julio de 2010, se ha acumulado cierto retraso en el proceso de promulgación de los nuevos códigos. A pesar de que ya se ha fijado el 1 de octubre como fecha de entrada del nuevo Código Civil y de que se están redactando y ultimando las leyes de ejecución de los demás códigos, no está previsto que los estudios de impacto concluyan hasta el final del verano, se han organizado escasas actividades de formación y todavía no existe un plan general de ejecución. Habrá que procurar evitar prácticas divergentes y prepararse debidamente para la entrada en vigor de los demás códigos.

Desde la última evaluación anual de la Comisión, se han registrado algunos avances en la apertura de un diálogo transparente acerca de la reforma judicial entre el Gobierno, el sistema judicial y la sociedad civil. No obstante, la estrategia de reforma de la justicia desarrollada en la primavera de 2010 no ha obtenido el respaldo del Gobierno ni ha sido complementada con un plan de acción y un calendario. La revisión funcional del sistema judicial prevista debería servir de catalizador de este proceso. Otra contribución a esta empresa es la interesante iniciativa de reforma del sistema judicial presentada por un grupo de magistrados, abogados, autoridades académicas y miembros de la sociedad civil.

Desde el verano pasado, se han efectuado escasos progresos tangibles en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión, que señalaban la necesidad de reducir los apremiantes desequilibrios de capacidad del sistema judicial . La propuesta de cerrar un pequeño número de tribunales no viables presentada por el Gobierno perdió fuerza en el Parlamento. Además, el llamamiento de la Comisión para la adopción de medidas inmediatas de reducción de los desequilibrios de capacidad no ha sido seguido sistemáticamente. Igual suerte han corrido las propuestas de contratación y formación de magistrados que también se elaboraron en el otoño y aún no han sido aprobadas. El Instituto Nacional de la Magistratura (INM) no ha recibido refuerzos a pesar de su importante papel en la preparación de la aplicación de los nuevos códigos.

Mediante la Ley de pequeñas reformas, Rumanía ha revisado las competencias del Tribunal Supremo de Casación y Justicia para aumentar la eficacia de su funcionamiento como tribunal de casación. No obstante, estas reformas no son lo suficientemente profundas como para zanjar eficazmente el problema de la falta de uniformidad de la jurisprudencia. Los códigos adoptados con arreglo al nuevo procedimiento introducen un nuevo mecanismo de unificación de la jurisprudencia, la cuestión prejudicial,[4] que servirá de complemento a los recursos existentes, en interés del Derecho. En virtud de una sentencia interpretativa dictada por el Tribunal Supremo en el mes de julio, deberá prolongarse el plazo de prescripción de todo caso que se halle pendiente de una excepción constitucional. El nuevo mecanismo deberá ir acompañado de normas estrictas para evitar que las solicitudes infundadas de cuestiones prejudiciales retrasen indebidamente los juicios. Rumanía aún no ha publicado electrónicamente la recopilación íntegra de su jurisprudencia. Además, las motivaciones de las sentencias se publican con retrasos considerables después del fallo.

Lograr una mayor responsabilización del sistema judicial sigue siendo un importante reto. Desde la última evaluación anual de la Comisión, se han adoptado nuevas normas de contratación de los inspectores judiciales y se han adoptado otras medidas para aumentar la eficacia y la transparencia de la Inspección y unificar su praxis. No obstante, la capacidad y los resultados de la Inspección no han experimentado grandes mejoras. El análisis de una muestra de casos de corrupción de alto nivel que se retrasan en los juzgados, efectuado la Inspección no ha dado lugar a constataciones ni recomendaciones específicas en cuanto a la práctica judicial. Rumanía todavía no ha acometido una reforma en profundidad del sistema disciplinario. En el mes de mayo, el Gobierno propuso una importante reforma de los nombramientos al Tribunal Supremo de Casación y de Justicia con el objetivo de aumentar la objetividad, exhaustividad y transparencia de los procedimientos, ahora en fase de debate en el Parlamento.

El nuevo Consejo Superior de la Magistratura asumió sus funciones en el mes de enero, aunque su plena constitución se demoró en espera de la resolución de ciertas cuestiones legales y de los resultados de las reelecciones parciales. Desde su entrada en funciones, el Consejo ha adoptado algunas iniciativas bastante acertadas para reforzar la Inspección Judicial y facilitar la entrada en vigor del Código Civil. Los avances en toda una serie de sectores pertinentes para el MCV dependerán del compromiso del Consejo con la reforma judicial durante el próximo periodo. Muestra de ese compromiso serán unas decisiones de nombramiento transparentes y objetivas, el refuerzo del Instituto Nacional de la Magistratura y la mejora de la gestión de los recursos humanos.

Lucha contra la corrupción

La trayectoria de la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) en la investigación y la persecución de los casos de corrupción de alto nivel, incluidos algunos que implican a actuales o antiguos diputados o ministros, sigue siendo convincente, pudiéndose incluso observar un aumento en el número de condenas[5]. No obstante, los resultados de los tribunales todavía dibujan un panorama desigual. Aunque la mayor parte de los juicios por corrupción de alto nivel se resuelven en un plazo de tres años, un considerable número de casos importantes en los que están imputados dignatarios sigue en espera de juicio desde hace más tiempo. Algunos de esos casos han rebasado ya parcial o totalmente el plazo de prescripción y otros están a punto de hacerlo.

Desde la última evaluación anual de la Comisión, Rumanía ha determinado las causas típicas de los retrasos de los casos de corrupción de alto nivel y ha creado un grupo de trabajo conjunto encargado de resolverlos. Desde el pasado mes de julio se han eliminado importantes obstáculos de procedimiento[6], pero es preciso eliminar otros relacionados, concretamente, con la capacidad, la organización interna[7] y la práctica judicial. Además, el análisis de la Comisión ha puesto de manifiesto que los tribunales tienden a adoptar un enfoque permisivo y excesivamente cauto ante las cuestiones de procedimiento planteadas por los demandados, como la solicitud de peritajes adicionales, el aplazamiento de las vistas o la obtención de excepciones procedimentales. No se aplican sistemáticamente medidas básicas de gestión como la tramitación preferente de los casos importantes o complejos. Para cumplir sus compromisos de lucha contra la corrupción de alto nivel, Rumanía debe adoptar medidas urgentes que garanticen la rápida adopción de resoluciones firmes respecto de los casos importantes y evitar la prescripción en todos los casos.

La obtención de resultados en la lucha contra la corrupción depende de la voluntad política y del compromiso del sistema judicial . Hay varios ejemplos que ilustran elocuentemente el tratamiento eficiente de los casos de corrupción de alto nivel ante los tribunales y demuestran cómo, mediante la cooperación de las distintas autoridades[8], las investigaciones de casos complejos pueden llevarse adelante con eficacia. La existencia en el Parlamento de un fuerte apoyo político a la lucha contra la corrupción es un factor esencial para esta empresa. Desde la última evaluación de la Comisión, el Parlamento ha votado en contra de la apertura de una investigación por cargos de corrupción contra un antiguo ministro y actual diputado, ha vetado un registro en otra investigación en curso y ha denegado la detención preventiva de otro diputado. Ambos casos fueron, no obstante, enjuiciados.

Desde la aprobación de su nuevo marco jurídico en agosto de 2010, la Agencia Nacional de Integridad (ANI) , que ha empezado a recuperar su antigua trayectoria, remitió a las autoridades competentes para decisión una serie de casos de conflicto de intereses, incompatibilidades y enriquecimiento injustificado. Si bien la ANI ha perfeccionado su metodología y aumentado la eficacia de sus investigaciones, debe mejorar significativamente la acción complementaria por parte de los órganos judiciales y administrativos competentes. A raíz de las constataciones de la ANI se han aplicado escasas sanciones, y las que se han impuesto rara vez tienen carácter disuasorio[9]. La mayor parte de las resoluciones sobre conflictos de intereses en el ámbito de la contratación pública emitidas por los tribunales suelen llegar demasiado tarde. Al parecer, las Comisiones de Investigación de la Riqueza instituidas en virtud de la ley revisada sobre la ANI al nivel de los tribunales de apelación se pronuncian sobre el fundamento de los casos transmitidos por la ANI con la misma exigencia probatoria que el tribunal de primera instancia. Semejante procedimiento no sólo retrasa el proceso de resolución judicial sino que además duplica la tarea de los tribunales de apelación, que deberían ser competentes para pronunciarse en los casos de la ANI. Por ese motivo, será preciso adoptar medidas que eviten prácticas incoherentes por parte de las Comisiones de Investigación de la Riqueza. La ley debe ser, además, objeto de una enmienda adicional que permita a la ANI recurrir las decisiones de dicha Comisión. Desde la última evaluación anual de la Comisión, los tribunales de primera instancia sólo han confirmado la existencia de dos casos de posesión de bienes injustificados. Al mismo tiempo, se ha perdido una serie de casos importantes investigados con arreglo a la antigua ley debido al rebasamiento de los plazos de prescripción introducidos en la ley sobre la ANI el pasado mes de agosto.

Desde la última evaluación de la Comisión, Rumanía ha llevado a cabo una evaluación de impacto independiente de su política anticorrupción. La recomendación que contiene ese estudio subraya la necesidad de otorgar una mayor prioridad política a la lucha contra la corrupción, el desarrollo de una nueva estrategia global de lucha contra la corrupción con objetivos a largo plazo y la participación de los interesados de los tres brazos del poder y la sociedad civil.

La eficacia de la lucha contra la corrupción se ve obstaculizada por las graves deficiencias en el proceso de recuperación de los productos de la delincuencia . Las cifras de decomiso de bienes delictivos en Rumanía son muy bajas[10], debido sobre todo a las limitadas posibilidades de incautación que ofrecen las leyes, las restrictivas prácticas de los tribunales y la falta de iniciativa del Ministerio público.[11] Los esfuerzos del Fiscal General por subsanar este último problema tropiezan con la falta de recursos y, sobre todo, con un marco jurídico desfavorable[12]. En la práctica, los bienes delictivos solo pueden decomisarse si constituyen beneficios directos de un delito que ha dado lugar a una condena o si están vinculados a daños ocasionados por un delito probado. Resulta también difícil confiscar los bienes transferidos a terceros: este subterfugio, que permite escamotear una importante cantidad de bienes delictivos al escrutinio legal, ha quedado recientemente ilustrado en el caso de las investigaciones de corrupción a gran escala en la policía fronteriza y aduanera, donde solo está prevista la confiscación de un importe relativamente pequeño a pesar de que cabe presumir que esas actividades delictivas lleven mucho tiempo perpetrándose de forma sistemática.

Desde la última evaluación de la Comisión, Rumanía ha tomado medidas para aumentar su eficacia en la detección de irregularidades en la adjudicación pública de contratos guiándose por los resultados de los análisis de riesgo. También desde esa última evaluación, Rumanía ha restablecido la base jurídica del Departamento de Lucha contra el Fraude (DLAF), homólogo de la OLAF en la actividad investigadora. Aunque estas mejoras se han acogido con satisfacción, la capacidad administrativa y la calidad de las actuaciones administrativas siguen siendo deficientes y constituyendo los grandes retos en el sector de la contratación pública.

3. Conclusiones

Desde la última evaluación efectuada por la Comisión en julio de 2010, Rumanía ha dado grandes pasos para mejorar la eficacia del sistema judicial, restablecido la base jurídica de la Agencia Nacional de Integridad, proseguido el proceso de entrada en vigor de cuatro nuevos códigos, iniciado los preparativos para una revisión funcional del sistema judicial y llevado a cabo un análisis de impacto de su política anticorrupción. El mantenimiento de ese compromiso durante el próximo periodo será fundamental para la aplicación de los nuevos códigos, la adopción de las decisiones necesarias para seguir reestructurando el sistema judicial, la consolidación de la política anticorrupción y la obtención de mejores resultados en el decomiso de bienes injustificados y la imposición de sanciones disuasorias por la existencia de incompatibilidades.

Es preciso intervenir urgentemente para acelerar algunos juicios de corrupción de alto nivel e impedir su cancelación por rebasamiento del plazo de prescripción. La lucha contra la corrupción deberá seguir figurando entre las máximas prioridades, con el apoyo del Parlamento. Además, deberán adoptarse medidas urgentes para mejorar la recuperación de los productos de la delincuencia, la persecución del blanqueo de capitales y la protección frente al conflicto de intereses en la gestión de los fondos públicos.

4. recomendaciones

La Comisión invita a Rumanía a adoptar medidas en los sectores que se indican más adelante a la luz de su evaluación de los avances realizados por Rumanía desde julio de 2010. Estas recomendaciones deberían permitir al país centrar sus esfuerzos en prepararse para la evaluación general de sus avances, que la Comisión realizará en el marco del MCV en el verano de 2012.

1. Reforma del sistema judicial

a) Asegurar un acompañamiento activo de la entrada en vigor del Código Civil y adoptar un plan general de promulgación de los otros tres nuevos códigos, aportar los recursos suficientes de formación y reorganización de los Tribunales y el Ministerio público, aumentar la capacidad del Instituto Nacional de la Magistratura y adoptar las propuestas de mejora de las normas de formación y contratación.

b) Concluir un análisis detallado de los desequilibrios en la carga de trabajo dentro del sistema judicial en preparación de la próxima revisión funcional del sistema judicial.

c) Finalizar la revisión funcional del sistema judicial propuesta y aplicar sus recomendaciones.

d) Crear una estructura de seguimiento de los progresos de la reforma judicial con la participación de interesados del sector judicial para la ejecución de este plan de acción.

2. Responsabilización del sistema judicial

e) Demostrar, dentro del sistema judicial, una trayectoria de adopción de decisiones de gestión transparentes y objetivas en lo relativo a nombramientos, decisiones disciplinarias, evaluaciones y acceso al Tribunal Supremo de Casación y Justicia.

f) Demostrar una adecuada trayectoria de análisis y mejora de la práctica judicial y proseguir la reforma de la Inspección Judicial.

g) Completar la publicación electrónica de la jurisprudencia y aplicar medidas para asegurar que las motivaciones de los tribunales se publiquen, con arreglo a Derecho, en el plazo debido.

3. Eficacia de la acción judicial

h) Tomar medidas urgentes para mejorar la práctica judicial y la tramitación de los casos y acelerar el enjuiciamiento de los casos importantes de corrupción de alto nivel para evitar el rebasamiento de los plazos de prescripción en todos los casos.

i) Proseguir la reforma del Tribunal Supremo de Casación y Justicia para consolidar su función de casación y aumentar su capacidad de enjuiciar casos de corrupción de alto nivel.

j) Seguir marcando el carácter disuasorio y aumentando la coherencia de las sanciones impuestas por los tribunales en los casos de corrupción de alto nivel y enjuiciar los casos de fraude en el uso de los fondos comunitarios y en el ámbito de la contratación pública.

k) Siguiendo las mejores prácticas de otros Estados miembros de la UE, adoptar normas de procedimiento claras que permitan al Parlamento levantar la inmunidad a los diputados.

4. Integridad

l) Demostrar buenos resultados en la imposición de sanciones rápidas y disuasorias por parte de las autoridades administrativas y judiciales en los casos de incompatibilidades y conflictos de interés y decomiso de los bienes injustificados como consecuencia de las constataciones de la Agencia Nacional de Integridad (ANI).

m) Adoptar medidas que unifiquen la práctica de las Comisiones de Investigación de la Riqueza y aseguren que los casos se resuelven con eficacia y sin prejuzgar las resoluciones judiciales.

n) Mejorar la cooperación entre la ANI y otras autoridades administrativas y judiciales, especialmente en el ámbito de la contratación pública, y ampliar la capacidad de investigación del ANI mediante la actualización de su sistema de información y la realización de evaluaciones de riesgo específicas.

5. Lucha contra la corrupción

o) Mejorar la coordinación de las políticas de lucha contra la corrupción de máximo nivel y desarrollar una nueva estrategia plurianual de prevención y represión de la corrupción con arreglo a las recomendaciones de un grupo de evaluación independiente; crear un grupo de seguimiento con la participación de la sociedad civil para supervisar la aplicación de la estrategia.

p) Demostrar resultados convincentes en la recuperación de los productos de la delincuencia siguiendo las mejores prácticas de otros Estados miembros de la UE, aprobando una nueva ley sobre la ampliación de la potestad de decomiso y consolidando la práctica judicial. Además, Rumanía deberá demostrar una sólida trayectoria de persecución del blanqueo de capitales como delito independiente.

q) Desarrollar normas para la prevención de los conflictos de intereses en la gestión de los fondos públicos y por parte de las autoridades que regulan, verifican y resuelven las demandas en el sector de la contratación pública; reforzar los procedimientos y la capacidad de las autoridades competentes, prosiguiendo también a este respecto la revisión funcional de este sector que se halla en curso.

[1] Decisión 2006/928/CE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2006, por la que se establece un mecanismo de cooperación y verificación de los avances logrados por Rumanía para cumplir indicadores concretos en materia de reforma judicial, lucha contra la corrupción (DO L 354 de 14.12.2006, p. 56).

[2] El informe se basa en las contribuciones periódicas recibidas de las autoridades rumanas, especialmente en respuesta a los cuestionarios detallados remitidos por la Comisión. La Comisión ha estado asistida en su trabajo por expertos independientes y se ha basado en documentación e información facilitada por diversas fuentes. En el documento complementario que lo acompaña, la Comisión expone su evaluación detallada sobre los avances realizados en cada uno de los criterios establecidos por la Decisión sobre el MCV.

[3] Por ejemplo, desde enero de 2011: a 3 de mayo se habían dictado tres sentencias firmes y veinte sentencias no firmes tras el reconocimiento por los imputados de su culpabilidad en casos de corrupción de alto nivel.

[4] Con arreglo a este nuevo procedimiento, los jueces pueden plantear al Tribunal Supremo de Casación y Justicia una cuestión prejudicial respecto de un caso pendiente cuando pueda determinarse la existencia de jurisprudencia contradictoria.

[5] Situación general desde julio de 2010: a 1 de abril la DNA había incoado 269 nuevos expedientes y presentado 159 actas de acusación contra 611 demandados. Las estadísticas de la DNA muestran que, durante los últimos cinco años, más de un 90 % de sus acusaciones han dado lugar a condenas, y más del 90 % de las investigaciones no se prolongan durante más de un año y medio.

[6] Se trata esencialmente de las modificaciones introducidas por la Ley 177/210 en la Ley del Tribunal Constitucional para poner fin a la suspensión de los juicios en espera de la resolución de las excepciones de inconstitucionalidad, y de las disposiciones de la Ley 202/2010 (Ley de pequeñas reformas).

[7] Hay una grave escasez de salas de juicio y numerosas plazas vacantes en la sección penal del Tribunal Supremo de Casación y Justicia ante la que están pendientes muchos casos de corrupción de alto nivel.

[8] Una importante y bien planificada operación conjunta llevada a cabo al principio del año en las fronteras por diversos servicios de policía y la judicatura puso de manifiesto una extendida corrupción entre la policía de fronteras y los funcionarios de aduanas. En el mes de mayo se dictó una resolución en primera instancia contra un juez implicado en un caso de corrupción de alto nivel tras un proceso de solo seis meses cuyas vistas se celebraron todas las semanas e incluso el día de nochebuena y el 30 de diciembre.

[9] Por ejemplo, de un total de 82 decisiones de incompatibilidad confirmadas por los tribunales, las comisiones disciplinarias solo aplicaron sanciones en 14 casos, 5 de las cuales consistieron en despidos y 5 en meros apercibimientos.

[10] Las estadísticas facilitadas por las autoridades rumanas indican que en 2010 se emitieron órdenes definitivas de decomiso de los productos de todo tipo de delincuencia por un valor de 1,8 millones EUR, 0,2 millones EUR de los cuales se recuperaron efectivamente.

[11] Ciertos elementos del artículo 44 de la Constitución rumana, incluida una cláusula que estipula que toda riqueza se presume adquirida por medios legales, entorpecen la transparencia y la recuperación efectivas de los bienes.

[12] El Gobierno ha presentado recientemente al Parlamento un proyecto de ley referente a la ampliación de la potestad de decomiso.