El informe de aplicación de 2014 se complementó con un estudio externo que comprendía tanto un examen de la transposición de la Decisión marco 2008/919/JAI a la legislación de los Estados miembros de la UE como una evaluación de la aplicación del marco jurídico adoptado por los Estados miembros de la UE para combatir el terrorismo en la práctica. El citado estudio analizó también los cambios introducidos en 2008 y llegó a la conclusión de que estos contribuían de forma significativa y eficiente a los objetivos. La interpretación común de los delitos relacionados con el terrorismo, como la provocación, la captación y el adiestramiento de terroristas, ha permitido gestionar con mayor eficiencia, especialmente, los asuntos transfronterizos. En particular, el estudio constató que la mayoría de las partes interesadas opinaba que los nuevos delitos les ayudaban a abordar las fases preparatorias de las actividades terroristas. Por lo general, las modificaciones introducidas en 2008 se consideraron de utilidad para ayudar a hacer frente a la naturaleza cambiante de las amenazas terroristas que afrontan los Estados miembros de la UE. Desde un punto de vista policial y judicial, el estudio concluyó que los asuntos relacionados con los nuevos delitos que afecten a más de un Estado miembro podrían abordarse con mayor eficiencia a través de un planteamiento común de la tipificación de delitos. En general, el valor añadido de la Decisión marco 2008/919/JAI se consideraba elevado en los Estados miembros de la UE que aún no disponían de un marco jurídico específico para combatir el terrorismo; para aquellos que sí lo tenían, el valor añadido de dicha Decisión radicaba en el refuerzo del marco de cooperación con los demás Estados miembros para actuar en las fases preparatorias de los actos terroristas.

Se pidió a Eurojust que examinara si los delitos tipificados en los Estados miembros eran suficientes para atajar nuevos fenómenos como, en particular, el flujo de combatientes terroristas extranjeros a terceros países. La valoración de Eurojust suscitó dudas en cuanto a la eficacia de tales medidas y exigió una revisión del marco jurídico vigente.

•Consultas con las partes interesadas

•Evaluación de impacto

•Adecuación y simplificación de la reglamentación

La presente propuesta tiene por objeto integrar las normas y obligaciones internacionales en el ordenamiento jurídico de la UE y actualizar el marco jurídico con el fin de dar una respuesta adecuada a la evolución de la amenaza terrorista. La descripción de los diversos delitos en diferentes artículos (en lugar de, por ejemplo, la mera adición de los nuevos delitos en párrafos y guiones suplementarios dentro del actual artículo 3 de la Decisión marco 2002/475/JAI) y la inclusión de explicaciones relativas a las condiciones generales aplicables a estos delitos (véanse, en particular, las disposiciones contenidas en el título IV) facilitan la comprensión del alcance de los delitos en cuestión. Esto ayudará a los Estados miembros a la hora de transponer y aplicar las disposiciones pertinentes. Además, también quedará más claro el ámbito de aplicación de los demás instrumentos de la UE relacionados con los delitos de terrorismo (tales como, en particular, los instrumentos en materia de cooperación e intercambio de información transfronterizos), lo que, a su vez, facilitará la aplicación de estas disposiciones por parte de las autoridades competentes.

•Derechos fundamentales

La Unión Europea se fundamenta en los valores consagrados en el artículo 2 del Tratado UE y reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de conformidad con el artículo 6, apartado 1, de dicho Tratado. La seguridad y el respeto de los derechos fundamentales no son objetivos contradictorios, sino objetivos políticos coherentes y complementarios. El enfoque de la Unión se basa en los valores democráticos comunes de nuestras sociedades abiertas, en particular el Estado de Derecho, y debe respetar y promover los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales, que reafirma, dentro del respeto de las competencias y misiones de la Comunidad y de la Unión, así como del principio de subsidiariedad, los derechos que emanan, en particular, de las tradiciones constitucionales y las obligaciones internacionales comunes a los Estados miembros, incluidos el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todas las medidas destinadas a reforzar las medidas de seguridad deben cumplir los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad, con las salvaguardias adecuadas para garantizar la rendición de cuentas y la tutela judicial efectiva.

Las medidas propuestas incluyen disposiciones jurídicas para dar una respuesta adecuada a la evolución de las amenazas terroristas. Estas acciones ayudan a reducir el riesgo de atentados terroristas y a disminuir las posibilidades de radicalización y captación. Si bien tales medidas tienen como objetivo último la protección de los derechos fundamentales de las víctimas reales y potenciales, entre ellos el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, toda legislación en el ámbito del Derecho penal repercute necesariamente sobre el ejercicio de los derechos fundamentales, en particular por parte de los sospechosos, imputados o condenados por delitos de terrorismo, delitos relativos a un grupo terrorista o delitos ligados a actividades terroristas. Las tipificaciones previstas se han de establecer, ejecutar y aplicar sin perjuicio de las obligaciones relativas a los derechos fundamentales. Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales está supeditada al cumplimiento de las condiciones dispuestas en el artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales, a saber, observar el principio de proporcionalidad con respecto a la finalidad legítima de responder efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás, ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades.

A este respecto, han de tenerse en cuenta una serie de derechos y libertades fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales. A efectos de las medidas propuestas, son especialmente pertinentes, entre otros, los derechos comprendidos en el título I de la Carta sobre la dignidad (artículo 1), el derecho a la vida y a la integridad de la persona (artículos 2 y 3), el derecho a la libertad y a la seguridad (artículo 6 de la Carta), el derecho al respeto de la vida privada y familiar (artículo 7 de la Carta), la protección de datos de carácter personal (artículo 8 de la Carta), la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (artículo 10 de la Carta), la libertad de expresión y de información (artículo 11 de la Carta), la libertad de reunión y de asociación (artículo 12 de la Carta), el derecho a la propiedad (artículo 17 de la Carta), el derecho de asilo y la protección en caso de devolución, expulsión y extradición (artículos 18 y 19 de la Carta), la prohibición de toda discriminación, y en particular de la ejercida por razón de raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo (artículo 21 de la Carta), los derechos del niño (artículo 24 de la Carta), la libertad de circulación y de residencia (artículo 45 de la Carta), el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47 de la Carta), la presunción de inocencia y los derechos de la defensa (artículo 48), los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas (artículo 49 de la Carta) y el derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por la misma infracción (non bis in idem, artículo 50 de la Carta).

Todas las medidas adoptadas por la Unión y sus Estados miembros en lo concerniente a la tipificación de los delitos de terrorismo y de las actividades relacionadas con tales delitos de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, así como a la determinación de las correspondientes sanciones penales y no penales, deben observar el principio de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, la presunción de inocencia y los derechos de la defensa, y deberían excluir cualquier forma de arbitrariedad. Deberán, además, estar en consonancia con la prohibición de toda discriminación, y en particular de la ejercida por razón de raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, y excluir cualquier forma de trato discriminatorio o racista, también con el fin de evitar la estigmatización de cualquier grupo o comunidad.

Los derechos fundamentales en general y el principio de proporcionalidad en particular se respetan mediante la limitación del alcance de los delitos a lo necesario para permitir el enjuiciamiento eficaz de los actos que supongan una especial amenaza para la seguridad, tal como queda reflejado en los considerandos (véanse, por ejemplo, los considerandos 19 y 20).

En concreto, el nuevo delito de viajar al extranjero con fines terroristas puede restringir el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros en virtud de lo dispuesto en el artículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en la Directiva 2004/38/CE, si bien esta última permite la adopción de medidas que restrinjan la libertad de circulación por motivos de orden público y seguridad pública, incluida la prevención de la delincuencia.

Los datos de los sospechosos de los delitos definidos en la presente Directiva tendrán que tratarse de conformidad con el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal y con la legislación vigente aplicable. La propuesta de Directiva no supone ninguna modificación de dicho régimen ni afecta, por tanto, al derecho a la intimidad y a la protección de datos.