ES Diario Oficial de la Unión Europea C 93/2

P7_TA(2014)0051

Vigésimo noveno informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE (2011)

Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de febrero de 2014, sobre el vigésimo noveno informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE (2011) (2013/2119(INI))

(2017/C 093/01)

El Parlamento Europeo,

— Visto el vigésimo noveno informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE (2011) (COM(2012)0714),

— Visto el informe de la Comisión «Informe de evaluación de Pilot UE» (COM(2010)0070),

— Visto el informe de la Comisión «Segundo informe de evaluación del proyecto Pilot UE» (COM(2011)0930),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de septiembre de 2007, titulada «Una Europa de resultados — la aplicación del Derecho comunitario» (COM(2007)0502),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de marzo de 2002, relativa a las relaciones con el denunciante en materia de infracciones del Derecho comunitario (COM(2002)0141),

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de abril de 2012, sobre la actualización de la gestión de las relaciones con el denunciante en relación con la aplicación del Derecho de la Unión (COM(2012)0154),

— Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2011, sobre el vigésimo séptimo informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea (2009) (1),

— Visto el dictamen jurídico, de 26 de noviembre de 2013, del Servicio Jurídico del Parlamento Europeo relativo al acceso a la información sobre casos previos a la infracción en el contexto de Pilot UE y el informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE,

— Vistos los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan el vigésimo noveno informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE (SWD(2012)0399 y SWD(2012)0400),

— Visto el artículo 48 de su Reglamento,

— Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Peticiones (A7-0055/2014),

A. Considerando que el Tratado de Lisboa introdujo una serie de nuevos fundamentos jurídicos con vistas a facilitar la ejecución, la aplicación y la puesta en práctica del Derecho de la UE;

B. Considerando que el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea define el derecho a una buena administración como el derecho de toda persona a que las instituciones traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable;

C. Considerando que el artículo 298 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que, en el cumplimiento de sus funciones, las instituciones, órganos y organismos de la Unión se apoyarán en una administración europea abierta, eficaz e independiente;

D. Considerando que, según la opinión del Servicio Jurídico del Parlamento Europeo, Pilot UE, una plataforma en línea utilizada por los Estados miembros y la Comisión para clarificar el marco fáctico y jurídico de los problemas que surgen en relación con la aplicación del Derecho de la UE, no posee ningún estatuto jurídico, y considerando que, con arreglo al Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, esta última debe poner a disposición del Parlamento información resumida acerca de todos los procedimientos de infracción a partir del escrito de requerimiento, incluso con un criterio casuístico, y solo podrá denegar el acceso a datos personales en Pilot UE;

1. Reitera su opinión de que el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea (TUE) define la función principal de la Comisión como «guardiana de los Tratados»; señala, en este mismo contexto, que la competencia y el deber de la Comisión de supervisar la aplicación del Derecho de la UE y, entre otras cuestiones, incoar procedimientos de infracción contra un Estado miembro que no cumple una obligación en virtud de los Tratados (2) constituye uno de los pilares del ordenamiento jurídico de la Unión y, en cuanto tal, está en consonancia con el concepto de una Unión basada en el Estado de Derecho;

2. Observa que, según su informe anual (3), en los últimos años la Comisión ha reducido el número de nuevos procedimientos de infracción, pasando de 2 900 procedimientos incoados en 2009, a 2 100 en 2010 y 1 775 en 2011; observa, además, que el informe anual muestra también un aumento de los casos de transposición tardía en los últimos años (1 185 en 2011, 855 en 2010, y 531 en 2009), y que los cuatro ámbitos más proclives a la infracción son el medio ambiente (17 %), el mercado interior (15 %), el transporte (15 %) y la fiscalidad (12 %);

3. Señala el porcentaje decreciente de casos de infracción (60,4 %) cerrados en 2011 antes de llegar al Tribunal de Justicia, frente al 88 % de casos cerrados en 2010; considera esencial que se continúen controlando de cerca las acciones de los Estados miembros, teniendo en cuenta que algunas de las peticiones presentadas al Parlamento Europeo y de las denuncias presentadas a la Comisión se refieren a problemas que persisten aún después de que se haya cerrado un expediente;

4. Observa que, en total, se cerraron 399 procedimientos de infracción debido a que el Estado miembro demostró que cumplía el Derecho de la Unión, haciendo grandes esfuerzos para solucionar las infracciones sin procedimientos judiciales; observa además que el Tribunal dictó 62 sentencias en virtud del artículo 258 del TFUE en 2011, 53 de ellas (85 %) a favor de la Comisión;

5. Expresa su preocupación por el aumento constante de los procedimientos de infracción por transposición tardía por parte de los Estados miembros, habida cuenta de que a finales de 2011 seguían abiertos 763 procedimientos por ese motivo, lo que representa un incremento del 60 % con respecto a la cifra del año anterior;

6. Observa que, a finales de 2011, la Comisión presentó el primer procedimiento de infracción por transposición tardía ante el Tribunal de Justicia con una solicitud de sanciones pecuniarias al amparo del artículo 260, apartado 3, del TFUE;

7. Considera, sin embargo, que estas estadísticas no reflejan con precisión el verdadero déficit de cumplimiento del Derecho de la UE, sino que solo representan las infracciones más graves o las denuncias de los particulares o las entidades más destacados; observa que la Comisión no dispone en la actualidad ni de la política ni de los recursos necesarios para identificar sistemáticamente todos los casos de incumplimiento y conseguir que se acate la legislación (4);

8. Llama la atención sobre el hecho de que el acuerdo entre las instituciones de la UE sobre las declaraciones que establecen la relación entre los elementos de una Directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición («cuadro de correspondencias») entró en vigor el 1 de noviembre de 2011, y que, por lo tanto, no ha sido posible evaluar su aplicación en este informe anual;

9. Espera que la Comisión facilite una revisión inicial de estas declaraciones a más tardar el 1 de noviembre de 2014, como promete en su informe anual;

10. Cree que, en cuanto al funcionamiento de los procedimientos de infracción conforme a los artículos 258 y 260 del TFUE, la Comisión debe garantizar que las peticiones presentadas al Parlamento y las denuncias presentadas a la Comisión reciban la misma consideración;

11. Señala que las peticiones presentadas por ciudadanos y residentes de la UE ponen de manifiesto violaciones del Derecho de la UE, sobre todo en materia de derechos fundamentales, medio ambiente, mercado interior y derechos de propiedad; considera que las peticiones demuestran que todavía existen casos frecuentes y generalizados de transposición incompleta o de error en la aplicación de la legislación de la Unión;

12. Pide a la Comisión que haga realmente del cumplimiento del Derecho de la UE una prioridad política que debe perseguirse en estrecha colaboración con el Parlamento, el cual tiene el deber de a) exigir responsabilidad política a la Comisión y b), como órgano colegislador, asegurarse de que se le informe plenamente con miras a la mejora constante de su labor legislativa;

13. Señala la necesidad de que, en los procedimientos de tramitación de las denuncias, se recurra sistemáticamente a instrumentos que promuevan el cumplimiento y al derecho de control del Parlamento;

14. Señala que el procedimiento de infracción consta de dos fases: la fase administrativa (investigación) y la fase judicial ante el Tribunal de Justicia; observa que la Comisión reconoce que «los ciudadanos, empresas y organizaciones interesadas realizan una contribución significativa (…) informando sobre las deficiencias en la transposición o la aplicación de la legislación de la UE por las autoridades de los Estados miembros»; observa por otra parte que, «una vez detectados, los problemas son objeto de debates bilaterales entre la Comisión y el Estado miembro de que se trate con el fin de solucionarlos, en la medida de lo posible, utilizando la plataforma EU Pilot» (5);

15. Señala, en este mismo contexto, que Pilot UE se define como una plataforma para «debates bilaterales entre la Comisión y el Estado miembro» (6) que carece de estatuto jurídico y no es más que un instrumento de trabajo en el marco de la autonomía administrativa de la Comisión (7) dentro del procedimiento previo a la infracción;

16. Lamenta la falta de estatuto jurídico de Pilot UE y considera que la legitimidad solo puede garantizarse permitiendo la transparencia y la participación de los denunciantes y el Parlamento Europeo en Pilot UE; estima, asimismo, que la legalidad podría garantizarse mediante la pronta adopción de un acto jurídicamente vinculante que incluyera las normas que rigen todo el procedimiento de infracción y previo a la infracción, como se señala en un estudio reciente del Parlamento (8); considera que dicho acto jurídicamente vinculante debería aclarar los derechos y las obligaciones legales de cada uno de los denunciantes y de la Comisión, respectivamente, y velar en la medida de lo posible por la participación de los denunciantes en Pilot UE, garantizando que, como mínimo, sean informados de las distintas fases del procedimiento;

17. Lamenta, en este sentido, que no se haya realizado un seguimiento de sus resoluciones anteriores, y en particular de su llamamiento a favor de normas vinculantes en forma de reglamento sobre la base del artículo 298 del TFUE que defina los distintos aspectos del procedimiento de infracción y del procedimiento previo a este, incluidos notificaciones, plazos vinculantes, el derecho a ser escuchado, la obligación de exponer las razones y el derecho de toda persona a acceder a su expediente, a fin de reforzar los derechos de los ciudadanos y garantizar la transparencia;

18. Opina que la utilización de la plataforma EU Pilot ha de mejorarse en términos de transparencia en lo que a los denunciantes se refiere; solicita el acceso a la base de datos en la que se recogen todas las denuncias para poder llevar a cabo su misión de controlar la labor de la Comisión como guardiana de los Tratados;

19. Subraya la importancia de las buenas prácticas administrativas y pide la creación de un «código de procedimiento» en forma de reglamento, con el artículo 298 del TFUE como fundamento jurídico, que establezca los diferentes aspectos del procedimiento de infracción.

20. Pide, por tanto, de nuevo a la Comisión que proponga normas vinculantes en forma de reglamento conforme al nuevo fundamento jurídico que ofrece el artículo 298 del TFUE, de modo que se garantice el pleno respeto del derecho de los ciudadanos a una buena administración según lo dispuesto en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales;

21. Recuerda que en la versión revisada del Acuerdo marco sobre las relaciones con el Parlamento, la Comisión se compromete a «[poner] a disposición del Parlamento información sumaria acerca de todos los procedimientos de infracción a partir del escrito de requerimiento, incluida, si así lo solicita el Parlamento, […] información sobre las cuestiones a las que se refiera el procedimiento de infracción», y espera que en la práctica se aplique esta cláusula de buena fe;

22. Reitera, por tanto, que el Parlamento tiene derecho a recibir información detallada sobre aquellos actos o disposiciones específicos que planteen problemas de transposición, así como sobre el número de denuncias de actos o disposiciones específicos (9), y que, aunque la Comisión tiene derecho a denegar al Parlamento Europeo el acceso a datos personales de la base de datos de Pilot UE, el Parlamento tiene derecho, a su vez, a solicitar información de forma anónima a fin de tener pleno conocimiento de todos los aspectos pertinentes en la ejecución y aplicación de la legislación de la Unión (10);

23. Acoge con satisfacción el hecho de que todos los Estados miembros participen en el proyecto «Pilot UE»; espera que de esta participación se derive una reducción ulterior del número de procedimientos de infracción; solicita que se ofrezca más información a los ciudadanos acerca de «Pilot UE»;

24. Considera que la cuestión de Pilot UE y, de forma más general, de las infracciones del Derecho de la UE y el acceso del Parlamento a información pertinente en relación con el procedimiento de infracción y previo a la infracción, constituyen un aspecto esencial del programa de cara a un futuro acuerdo interinstitucional;

25. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como al Tribunal de Justicia, al Defensor del Pueblo Europeo y a los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO C 51 E de 22.2.2013, p. 66.

(2) En los artículos 258 y 260 del TFUE se definen las competencias de la Comisión para incoar procedimientos de infracción contra un Estado miembro. En concreto, en el artículo 258 se señala que la Comisión « emitirá un dictamen motivado» si considera que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados.

(3) Vigésimo noveno informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE (2011) (COM (2012)0714), pp. 2-3.

(4) Estudio encargado por el Parlamento Europeo, Departamento Temático C, «Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness», Bruselas 2013, p. 11.

(5) Informe de la Comisión (COM(2012)0714), p. 7.

(6) Véase el fragmento citado en el apartado anterior.

(7) «Access to information about pre-infringement cases in the context of the EU Pilot and the annual report on the monitoring of the application of EU law», dictamen jurídico de 26 de noviembre de 2013 del Servicio Jurídico del Parlamento Europeo.

(8) «Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness», p. 13.

(9) «Access to information about pre-infringement cases in the context of the EU Pilot and the annual report on the monitoring of the application of EU law», p. 4.

(10) Ibid. La Comisión ya publica mucha información en su informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE.