Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa al intercambio de información y a la cooperación sobre delitos de terrorismo

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

INTRODUCCIÓN

La presente Decisión se propone mejorar la eficacia de la prevención y la lucha contra el terrorismo y reforzar la cooperación entre las autoridades competentes en los Estados miembros en cuanto a lucha contra el terrorismo, Europol y Eurojust.

Se trata, en particular, de ampliar los intercambios de información sobre las condenas por delitos de terrorismo.

En este ámbito, la vía hacia un registro donde se inscriban las condenas penales y las inhabilitaciones a nivel europeo se previó en el Programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal.

También se desarrolló en la relativa a determinadas acciones que deben emprenderse en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y otras formas graves de delincuencia, en particular, con el fin de mejorar los intercambios de información.

Sin embargo, a la espera de la instauración de tal Registro, que requiere un análisis profundo y llevará su tiempo, debe franquearse rápidamente una etapa para mejorar el intercambio de información entre los Estados miembros y los órganos encargados de la lucha contra el terrorismo en la Unión Europea.

En efecto, es esencial para las necesidades de la lucha contra el terrorismo, por una parte, que los Estados miembros transmitan sistemáticamente a los órganos competentes de la Unión Europea las informaciones sobre todas las personas que son objeto de investigaciones, procesos o condenas por hechos vinculados al terrorismo y, por otra, que los Estados miembros se intercambien entre ellos la información en este ámbito.

A este respecto, la Decisión 2003/48:JAI del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, relativa a la aplicación de medidas específicas de cooperación policial y judicial en la lucha contra el terrorismo constituye una etapa importante para los intercambios de información en la fase de procesos penales pendientes, en particular, por lo que se refiere a la investigación penal.

Esta Decisión, adoptada sobre la base de una iniciativa del Reino de España, contribuye efectivamente a mejorar los intercambios de información relativa a las investigaciones y a los procesos penales relativos a las "personas, grupos y entidades" que figuran en el Anexo de la Posición común 2001/931/PESC del Consejo, de 27 de diciembre de 2001.

La persistencia de la amenaza terrorista y la complejidad del fenómeno conducen a buscar más eficacia. Por tanto, procede dar un paso suplementario y ampliar el ámbito de aplicación de estos intercambios de información a todos los delitos de terrorismo según lo dispuesto en la Decisión marco 2002/475/JAI sin que éstos se limiten a la lista que figura en el Anexo de la Posición común 2001/931/PESC.

Por otra parte, estos intercambios de información deben referirse a todas las fases del procedimiento, incluidas las condenas penales.

Por último, Europol y Eurojust deberían ser destinatarios de esta información, ya se trate de información sobre las investigaciones, procesos o condenas por delitos de terrorismo.

En efecto, Europol, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía, puede introducir en su sistema de información de datos relativos a condenas:

El número 1 del apartado 1 del artículo 8 del Convenio Europol permite, en efecto, que se introduzcan en el sistema de información de Europol los datos relativos a las personas que hayan sido condenadas por un delito competencia de Europol.

El número 5 del apartado 3 precisa que las indicaciones relativas a las condenas de estas personas pueden almacenarse en el sistema de información de Europol en la medida en que se refieran a delitos de su competencia.

Tales datos pueden también tratarse en los ficheros de trabajo con fines de análisis mantenidos por Europol en el marco de su misión. Por otra parte, Europol puede comunicar información relativa a las condenas a los Estados miembros.

Esta información es facultativa y, en la práctica, Europol recibe muy poca información sobre condenas.

Por consiguiente, es importante que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para que las autoridades competentes transmitan como mínimo a Europol, de manera sistemática, la información útil relativa a las condenas por delitos de terrorismo según lo dispuesto en la Decisión marco de 13 de junio de 2002 relativa a la lucha contra el terrorismo.

Por otra parte, en lo tocante a Eurojust, el apartado 4 del artículo 9 de la Decisión del Consejo, de 28 de febrero de 2002, por la que se crea Eurojust prevé que "A fin de cumplir los objetivos de Eurojust, el miembro nacional deberá tener acceso a la información que figure en el registro nacional de penados o en cualquier otro registro de su Estado miembro, de la misma manera que su Derecho nacional lo establezca para un fiscal, juez o funcionario de policía de competencia equivalente."

A este respecto, también es importante que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para que las autoridades competentes transmitan efectivamente y de oficio a Eurojust la información relativa a delitos de terrorismo, incluido lo relativo a las condenas por delitos de terrorismo y los antecedentes penales de las personas en cuestión.

A tal efecto, la Decisión 2003/48/JAI del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, relativa a la aplicación de medidas específicas de cooperación policial y judicial en la lucha contra el terrorismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Posición común 2001/931/PESC será derogada y sustituida por la presente Decisión.

Examen del articulado

Preámbulo

Los considerandos primero y segundo del Preámbulo recuerdan la determinación del Consejo Europeo de combatir el terrorismo. Recogen los apartados 1 y 4 de la Decisión 2003/48/JAI del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, relativa a la aplicación de medidas específicas de cooperación policial y judicial en la lucha contra el terrorismo.

El tercer considerando recuerda que es esencial, en la lucha contra el terrorismo, que todos los servicios implicados puedan disponer de la información más completa y actualizada, según sus ámbitos de competencia: los servicios nacionales especializados de los Estados miembros, las autoridades judiciales y las instancias competentes en la Unión Europea como Europol y Eurojust, tienen una necesidad imperiosa de información para llevar a cabo sus misiones.

El cuarto considerando fija el objetivo del texto haciendo expresamente referencia a la Decisión 2003/48/48, de 19 de diciembre de 2002, adoptada sobre la base de una iniciativa del Reino de España cuyo ámbito de aplicación debe generalizarse a todas las etapas del proceso penal, incluidas las condenas penales y a todas las personas físicas y jurídicas, grupos o entidades que sean objeto de una investigación, de un proceso, o de una condena por un delito de terrorismo.

El quinto considerando enuncia que esta Decisión se atiene a las normas de subsidiariedad y proporcionalidad.

Para terminar, el último apartado del Preámbulo menciona que la Decisión respeta los derechos fundamentales y los principios reconocidos, en particular, por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Artículo 1

El artículo 1 se consagra a las definiciones de los conceptos esenciales manejados en la Decisión: las definiciones hacen referencia, esencialmente, a las disposiciones contenidas en los textos vigentes en la Unión Europea y a ellos se remiten.

Así, los "delitos de terrorismo" son los delitos contempladas en los artículos 1 a 3 de la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo, el "Convenio Europol" es el Convenio de 26 de julio de 1995 por el que se crea una Oficina Europea de Policía y la "Decisión relativa a Eurojust" es la Decisión 2002/187/JAI del Consejo, de 28 de febrero de 2002, por la que se crea Eurojust con el fin de reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia."

El concepto de "grupo o entidad" se define de manera específica a efectos de esta Decisión para tener en cuenta la ampliación del ámbito de aplicación del texto en relación con la Decisión 2003/48/JAI. Por tanto, el "grupo o entidad" incluye:

-por una parte, los "grupos terroristas" según lo dispuesto en el artículo 2 de la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo de 13 de junio de 2002;

-por otra parte los "grupos y entidades" que figuran en la lista adjunta a la Posición común 2001/931/PESC.

En efecto, no hay necesariamente una correlación absoluta entre estos dos conceptos. Por tanto, se ha considerado preferible contemplar los dos textos para ampliar al máximo los intercambios de información sobre terrorismo.

Artículo 2

El artículo 2 constituye la disposición esencial del texto, puesto que regula los intercambios de información relativos a los delitos de terrorismo.

Se divide en seis apartados.

El apartado 1 retoma lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 2003/48/JAI pero suprime la parte de la frase "en que intervenga cualquiera de las personas, grupos o entidades que figuran en la lista" para ampliar el campo de los intercambios de información a todos los delitos de terrorismo. Recoge el principio según el cual, cada Estado miembro debe designar un servicio de policía especializado para recibir y transmitir la información relativa a los delitos de terrorismo.

El apartado 2 corresponde al apartado 1 del artículo 3 de la Decisión 2003/48/JAI. Recoge el mismo principio de la designación de una autoridad judicial o de una autoridad competente para recibir y transmitir la información relativa a los procesos penales proseguidos bajo la responsabilidad de las autoridades judiciales. El ámbito de aplicación se amplía, sin embargo, a las condenas penales. Por otra parte, el texto prevé la designación de una autoridad única por Estado miembro, mientras que la Decisión 2003/48/JAI permitía la designación de varias autoridades cuando así lo dispusiera su régimen jurídico.

La eficacia del sistema de recopilación y transmisión de la información requiere, en efecto, simplicidad y centralización: cada Estado miembro deberá disponer de un servicio de policía y de una autoridad a nivel judicial para estos intercambios de información.

El apartado 3 enuncia que cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para velar por que al menos la información que se enumera al apartado siguiente (apartado 4), se transmita:

-por una parte, a Europol, de acuerdo con el Derecho nacional y en la medida en que las disposiciones del Convenio Europol lo permitan, para que se trate de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de dicho Convenio y, en particular, su apartado 6, así como

-por otra parte, a Eurojust, de acuerdo con el Derecho nacional y en la medida en que las disposiciones de la Decisión relativa a Eurojust lo permitan, para que Eurojust pueda ejercer sus funciones.

El apartado 4 contiene una lista con la información que debe transmitirse: esta lista se inspira en las previstas en los artículos 2 y 3 de la Decisión 2003/48/JAI, de 19 de diciembre de 2002, pero se completó para tener en cuenta la ampliación del ámbito de aplicación del texto y para que Europol y Eurojust reciban una información lo más completa posible.

Así, Europol y Eurojust deberán ser destinatarios del conjunto de la información pertinente disponible en cuanto a terrorismo y, por tanto, estarán en condiciones de cumplir sus misiones respectivas en condiciones óptimas.

Por tanto, a las listas de los apartados 2 y 3 del artículo 2 de la Decisión 2003/48/JAI se añadieron referencias relativas a las condenas: delitos de terrorismo por los cuales se condenó a la persona, penas impuestas, inhabilitaciones sufridas a causa de la condena y antecedentes penales.

Esta lista común para Europol y Eurojust comprende en lo sucesivo:

-los datos que permiten identificar a la persona física o jurídica, el grupo o la entidad en cuestión;

-las actividades que son objeto de investigaciones o procesos, así como sus circunstancias específicas;

-la tipificación del delito imputado;

-los vínculos con otros asuntos conexos;

-las solicitudes de asistencia judicial mutua, incluidas las comisiones rogatorias, que puedan haberse dirigido a otro Estado miembro o formulado por otro Estado miembro, así como sus resultados;

-los delitos de terrorismo por los que se condenó a la persona, así como sus circunstancias específicas;

-las penas impuestas, así como la información sobre su ejecución;

-las inhabilitaciones sufridas a causa de la condena;

-los antecedentes penales.

Sólo la información contemplada en el apartado 5 se destina únicamente a Europol. Esta información, que corresponde a las letras c) y d) del artículo 2 de la Decisión 2003/48/JAI, no carece de utilidad para Eurojust: se trata de información relativa a la utilización de tecnologías de comunicación y a la amenaza que representa la posible posesión de armas de destrucción masiva.

El apartado 6 adopta los términos del artículo 7 de la Decisión 2003/48/JAI que será derogada. Trata de los intercambios de información entre Estados miembros. La única diferencia se refiere al ámbito de aplicación, que es aquí más amplio: no sólo se refiere a las personas, grupos y entidades que figuran en la lista, es decir, cuyos nombres figuran en el Anexo de la Posición común 2001/931/PESC, sino que contempla todos los delitos de terrorismo.

Así pues, cada Estado miembro deberá garantizar que toda información pertinente contenida en cualquier documento, expediente, dato, objeto u otro medio de prueba, intervenido o confiscado durante investigaciones o procedimientos penales seguidos en relación con delitos de terrorismo, pueda ser asequible o esté disponible de forma inmediata para las autoridades de otros Estados miembros interesados de conformidad con la legislación nacional y los pertinentes instrumentos jurídicos internacionales cuando en dichos países se estén llevando a cabo o pudieran iniciarse investigaciones o se inicien procesos judiciales en relación con delitos de terrorismo.

Artículo 3

El artículo 13 del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (DO C 197, de 12.7.2000, p. 3) prevé la creación y la intervención de equipos comunes de investigación. La Decisión marco 2002/465/JAI, de 13 de junio de 2002, sobre equipos conjuntos de investigación fijó el régimen jurídico de tales equipos dejando a los Estados miembro la facultad de recurrir a ellos o no. El Consejo Europeo reunido en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, sin embargo, había pedido que los equipos de investigación se crearan sin demora, en un primer momento para luchar, en particular, contra el terrorismo.

La Decisión 2003/48/JAI avanzó un paso más en relación con los textos anteriores. De hecho, su artículo 4 prevé: "Los Estados miembros adoptarán, cuando proceda, las medidas necesarias para constituir equipos conjuntos de investigación a fin de llevar a cabo investigaciones judiciales relativas a delitos de terrorismo en que intervenga cualquiera de las personas, grupos o entidades que figuran en la lista."

Aunque va más allá de los intercambios de información que constituyen el objeto principal de este texto, es deseable conservar el principio de esta disposición que aporta una plusvalía en relación con los textos básicos sobre los equipos comunes de investigación que sólo introducen una simple facultad de creación de tales equipos.

No obstante, el ámbito de aplicación se ampliará: ya no se referirá sólo a las personas, grupos y entidades que figuren en "la lista", es decir, cuyos nombres figuran en el Anexo de la Posición común 2001/931/PESC, sino a todos los delitos de terrorismo.

Por otra parte, los términos "en los casos apropiados" substituyen la parte de la frase "cuando proceda" con el fin de clarificar el texto y reforzarlo.

Artículo 4

El artículo 4 se consagra a las solicitudes de asistencia judicial mutua y ejecución de las decisiones judiciales. Reproduce el artículo 6 de la Decisión 2003/48/JAI. El ámbito de aplicación se extiende al conjunto de los delitos de terrorismo.

Artículo 5

El artículo 5 deroga la Decisión 2003/48/JAI. Por razones de legibilidad, se ha juzgado preferible proceder así. El nuevo texto recoge la cuasi integridad de las disposiciones de la Decisión 2003/48/JAI, pero amplía su ámbito de aplicación reforzando al mismo tiempo algunas disposiciones.

El artículo 5 de la Decisión 2003/48/JAI no se recogió en el nuevo texto y debe considerarse derogado.

La reproducción del artículo 5 no se consideró útil en la medida en que la lista de las informaciones comunicadas a Europol y a Eurojust por los Estados miembros fue unificada, salvo las que figuran en el apartado 5 del artículo 2, que no son pertinentes para Eurojust.

Artículo 6

El artículo 6 trata la cuestión de la entrada en vigor de la presente Decisión.

2004/0069 (CNS)

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa al intercambio de información y a la cooperación sobre delitos de terrorismo

El CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 29, el apartado 1 de su artículo 30, su artículo 31 y la letra c) del apartado 2 del artículo 34;

Vista la propuesta de la Comisión;

Visto el dictamen del Parlamento Europeo;

Considerando lo siguiente:

(1) En su reunión extraordinaria de 21 de septiembre de 2001 el Consejo Europeo declaró que el terrorismo constituye un verdadero reto para el mundo y para Europa y que la lucha contra el terrorismo sería un objetivo prioritario de la Unión Europea.

(2) El 19 de octubre de 2001 el Consejo Europeo declaró que estaba decidido a combatir el terrorismo en todas sus formas y en todo el mundo y que proseguiría sus esfuerzos para reforzar la coalición de la comunidad internacional para luchar contra el terrorismo en todos sus aspectos, por ejemplo, intensificando la cooperación entre los servicios operativos responsables de la lucha antiterrorista: Europol, Eurojust, los servicios de información, la policía y las autoridades judiciales.

(3) Es esencial, en la lucha contra el terrorismo, que todos los servicios implicados puedan disponer de la información más completa y actualizada, según sus ámbitos de competencia: los servicios nacionales especializados de los Estados miembros, las autoridades judiciales y las instancias competentes en la Unión Europea como Europol y Eurojust, tienen una necesidad imperiosa de información para llevar a cabo sus misiones.

(4) La Decisión 2003/48/JAI de 19 de diciembre de 2002 constituye una etapa importante. La persistencia de la amenaza terrorista y la complejidad del fenómeno requieren mayores intercambios de información. El ámbito de aplicación de los intercambios de información debe extenderse a todas las etapas del procedimiento penal, incluidas las condenas penales y a todas las personas físicas y jurídicas, grupos o entidades que sean objeto de una investigación, de un proceso, o de una condena por un delito de terrorismo. Los intercambios de información deben, en particular, ampliarse a las penas impuestas como condenas por delitos vinculados al terrorismo, a las inhabilitaciones sufridas como consecuencia de la condena y a los antecedentes penales.

(5) Dado que los objetivos de la acción considerada no pueden lograrse plenamente por los Estados miembros sobre una base unilateral y, por tanto, debido a la necesaria reciprocidad, pueden alcanzarse mejor a nivel de la Unión, ésta puede adoptar medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la presente Decisión marco no excede de lo necesario para lograr estos objetivos.

(6) La presente Decisión respeta los derechos fundamentales y los principios reconocidos en particular por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

DECIDE:

Artículo 1

Definiciones

A efectos de la presente Decisión, se entenderá por:

(a) "delitos de terrorismo": los delitos contemplados en los artículos 1 a 3 de la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo [1];

[1] DO L 164, de 22.6.2002, p. 3.

(b) "Convenio Europol": el Convenio de 26 de julio de 1995 por el que se crea una Oficina Europea de Policía [2];

[2] DO C 316, de 27.11.1995, p. 2.

(c) "Decisión relativa a Eurojust", la Decisión 2002/187/JAI del Consejo, de 28 de febrero de 2002, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia [3];

[3] DO L 63, de 6.3.2002, p. 1.

(d) "grupo o entidad": los "grupos terroristas" según lo dispuesto en el artículo 2 de la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, así como los "grupos y entidades" que figuran en la lista anexada a la Posición común 2001/931/PESC.

Artículo 2

Intercambios de información sobre delitos de terrorismo

1. Cada Estado miembro designará entre sus servicios policiales un servicio especializado que, de conformidad con la legislación nacional, tendrá acceso a toda la información pertinente relativa a las investigaciones criminales por delitos de terrorismo y recabará esta información.

2. Cada Estado miembro designará bien un corresponsal nacional Eurojust para los asuntos de terrorismo, o bien una autoridad judicial u otra autoridad competente apropiada que, de acuerdo con el Derecho interno, tendrá acceso a toda la información pertinente relativa a los procesos y condenas penales por delitos de terrorismo y recabará esta información.

3. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para velar por que, al menos la información contemplada en el apartado 4 sobre las investigaciones, procedimientos o condenas penales por delitos de terrorismo, recabadas por la autoridad competente, se transmitan:

-a Europol, de acuerdo con el Derecho nacional y en la medida en que las disposiciones del Convenio Europol lo permitan, para que se trate de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de dicho Convenio y, en particular, su apartado 6, así como,

-a Eurojust, de acuerdo con el Derecho nacional y en la medida en que las disposiciones de la Decisión relativa a Eurojust lo permitan, para que Eurojust pueda ejercer sus funciones.

4. La información que debe transmitirse, de acuerdo con el apartado 3, es la siguiente:

-datos que permitan identificar a la persona física o jurídica, grupo o entidad en cuestión;

-actividades objeto de investigaciones o procedimientos judiciales, así como sus circunstancias específicas;

-la tipificación del delito imputado;

-los vínculos con otros asuntos conexos;

-las solicitudes de asistencia judicial mutua, incluidas las comisiones rogatorias, que puedan haberse dirigido a otro Estado miembro o formulado por otro Estado miembro, así como sus resultados;

-los delitos de terrorismo por los cuales se condenó a la persona, así como sus circunstancias específicas;

-las penas impuestas, así como la información relativa a su ejecución;

-las inhabilitaciones sufridas a consecuencia de la condena;

-los antecedentes penales.

5. Por otro lado la información siguiente se transmitirá a Europol en las condiciones previstas en el apartado 2:

-la utilización de tecnologías de comunicación;

-la amenaza que representa la eventual posesión de armas de destrucción masiva.

6. Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para garantizar que toda información pertinente contenida en cualquier documento, expediente, dato, objeto u otro medio de prueba, intervenido o confiscado durante investigaciones o procesos penales seguidos en relación con delitos de terrorismo, pueda ser asequible o esté disponible de forma inmediata para las autoridades de otros Estados miembros interesados de conformidad con la legislación nacional y los pertinentes instrumentos jurídicos internacionales cuando en dichos países se estén llevando a cabo o pudieran iniciarse investigaciones o se incoen procesos en relación con delitos de terrorismo.

Artículo 3

Equipos conjuntos de investigación

Los Estados miembros adoptarán, en los casos apropiados, las medidas necesarias para poner en marcha los equipos conjuntos de investigación con el fin de efectuar investigaciones penales sobre delitos de terrorismo.

Artículo 4

Solicitudes de asistencia judicial mutua y ejecución de las decisiones judiciales

Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para garantizar que las solicitudes de asistencia judicial y las de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, formuladas por otro Estado miembro en relación con delitos de terrorismo, sean tramitadas con carácter de urgencia y reciban prioridad.

Artículo 5

Derogación de disposiciones existentes

Se deroga la Decisión 2003/48/JAI.

Artículo 6

Entrada en vigor

La presente Decisión entrará en vigor al ... día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas,

Por el Consejo

El Presidente