ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 351/267

Miércoles 7 de julio de 2010

Autoridad Europea de Valores y Mercados ***I

P7_TA(2010)0270

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea una Autoridad Europea de Valores y Mercados (COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

2011/C 351 E/36

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

La propuesta fue modificada el 7 de julio de 2010 como sigue (1):

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO (2) a la propuesta de la Comisión REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados ) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (3), Visto el dictamen del Comité de las Regiones (4), Visto el dictamen del Banco Central Europeo (5), De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (6), Considerando lo siguiente: (1) La crisis financiera de 2007-2008 puso de relieve graves deficiencias en la supervisión financiera, tanto en casos particulares como en relación con el sistema financiero en su conjunto. Los modelos de supervisión de ámbito nacional no han estado a la altura de la globalización en el ámbito financiero y de la situación real de integración e interconexión que caracteriza a los mercados financieros europeos, en que muchas entidades financieras operan a escala transfronteriza. La crisis puso al descubierto carencias en la cooperación, la coordinación, la coherencia en la aplicación del Derecho de la Unión y la confianza entre supervisores nacionales. (1 bis) Mucho antes de la crisis financiera, el Parlamento insistía periódicamente en el refuerzo de una auténtica igualdad de condiciones para todas las partes interesadas a escala de la Unión, al tiempo que señalaba fallos importantes en la supervisión de la Unión de unos mercados financieros cada vez más integrados (en sus Resoluciones de 13 de abril de 2000 sobre la Comunicación de la Comisión para la aplicación del marco para los mercados financieros: Plan de acción (7), de 21 de noviembre de 2002 sobre las normas de supervisión prudencial en la Unión Europea (8), de 11 de julio de 2007 sobre la política de los servicios financieros (2005-2010) – Libro Blanco (9), de 23 de septiembre de 2008 con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión (10), y de 9 de octubre de 2008 con recomendaciones para la Comisión sobre el seguimiento del proceso Lamfalussy: futura estructura de supervisión (11), de 22 de abril de 2009, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (12) y de 23 de abril de 2009, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las agencias de calificación crediticia) (13). (2) El 25 de febrero de 2009 un grupo de expertos de alto nivel presidido por J. de Larosière publicó un informe por encargo de la Comisión (el Informe De Larosière) . Dicho informe llegaba a la conclusión de que el marco de supervisión debía reforzarse, a fin de reducir el riesgo y la gravedad de futuras crisis financieras.▐ Recomendaba reformas ▐ en la estructura de la supervisión del sector financiero de la Unión . El grupo de expertos también recomendaba la creación de un Sistema Europeo de Supervisores Financieros, integrado por tres Autoridades Europeas de Supervisión: una en el sector bancario, otra en el sector de los seguros y las pensiones de jubilación y la tercera en el sector de los valores, ▐ así como de una Junta Europea de Riesgo Sistémico. Las recomendaciones del informe representaban el nivel mínimo de cambio que los expertos consideraban necesario para evitar la reproducción de una crisis similar en el futuro. (3) En su Comunicación de 4 de marzo de 2009 titulada «Gestionar la recuperación europea» ▐, la Comisión proponía la presentación de un proyecto legislativo para la creación de un Sistema Europeo de Supervisores Financieros y una Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) ; en su Comunicación, de 27 de mayo de 2009, titulada «Supervisión financiera europea» ▐, exponía más detalladamente la posible arquitectura de este nuevo marco de supervisión, pero no incluía todas las recomendaciones realizadas en el Informe De Larosière . (4) El Consejo Europeo, en sus conclusiones de 19 de junio de 2009, recomendó que se creara un Sistema Europeo de Supervisores Financieros, compuesto por tres nuevas Autoridades Europeas de Supervisión. Este sistema debería estar orientado a mejorar la calidad y la coherencia de la supervisión nacional, reforzar el control de los grupos transfronterizos y establecer un código normativo único aplicable a todos los participantes en los mercados financieros del mercado único. El Consejo Europeo destacó que las Comisiones Europeas de Supervisión deberían poseer también facultades de supervisión respecto de las agencias de calificación crediticia e invitó a la Comisión a presentarle propuestas concretas sobre la manera en que el Sistema Europeo de Supervisores Financieros podría desempeñar un sólido papel en situaciones de crisis, haciendo hincapié en que las decisiones adoptadas por las Comisiones Europeas de Supervisión no deberían afectar a las responsabilidades presupuestarias de los Estados miembros. La Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (la Autoridad) también debe ejercer la supervisión de los registros de operaciones. Se pide a la Comisión que proponga una solución para la supervisión de las Contrapartes Centrales por parte de la autoridad, configurada con arreglo a la solución ofrecida en el Reglamento (CE) no 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las agencias de calificación crediticia (14). (4 bis) El Fondo Monetario Internacional (FMI), en el informe de 16 de abril de 2010 titulado «A Fair and Substantial Contribution by the Financial Sector», elaborado a solicitud de la Cumbre del G20 celebrada en Pittsburgh, afirmaba, entre otras cosas que el coste fiscal directo «de los fallos del sector financiero se debían contener y cubrirse mediante una contribución a la estabilidad financiera (FSC) vinculada a un mecanismo de resolución creíble y eficaz. Si se definen de forma adecuada, los mecanismos de resolución evitarán que los gobiernos en el futuro tengan que rescatar entidades demasiado importantes, demasiado grandes o demasiado interconectadas como para dejar que se hundan.» (4 ter) En la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020 – Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador», se declaraba asimismo que una prioridad crucial a corto plazo sería poner en marcha «una política ambiciosa que nos permita en el futuro mejorar la gestión de posibles crisis financieras y (teniendo en cuenta la responsabilidad específica del sector financiero en la actual crisis) y que buscará contribuciones adecuadas del sector financiero». (4 quater) El 25 de marzo de 2010, el Consejo Europeo expuso con claridad que era «especialmente necesario progresar en cuestiones tales como […], las entidades financieras de importancia sistémica, la financiación de los instrumentos de gestión de crisis […]». (4 quinquies) El 17 de junio de 2010, el Consejo Europeo manifestó que «los Estados miembros [deben introducir] sistemas de tasas e impuestos sobre las instituciones financieras para garantizar una justa distribución de la carga y que establezcan incentivos para contener el riesgo sistémico. Dichas tasas o impuestos deben formar parte de un marco de resolución creíble». (5) La crisis financiera y económica ha generado riesgos reales y graves para la estabilidad del sistema financiero y el funcionamiento del mercado interior. Con vistas a mantener la confianza en ese mercado y la coherencia del mismo, y, por tanto, a preservar y mejorar las condiciones para el establecimiento de un mercado interior plenamente integrado y operativo en el ámbito de los servicios financieros, es condición previa indispensable restablecer y mantener un sistema financiero estable y fiable. Por otra parte, los mercados financieros más profundos e integrados ofrecen mejores oportunidades para la financiación y la diversificación de riesgos, y contribuyen así a mejorar la capacidad de las economías para absorber los impactos. (6) La Unión ha alcanzado el límite de lo que permite la naturaleza actual de los Comités europeos de supervisores ▐. La Unión no puede permanecer en una situación en que no existen mecanismos para garantizar que los supervisores nacionales tomen las mejores decisiones posibles en relación con las entidades transfronterizas; la cooperación y el intercambio de información entre autoridades nacionales de supervisión son insuficientes; la actuación conjunta de las autoridades nacionales exige complicados procesos para tener en cuenta el mosaico de requisitos de regulación y supervisión; las soluciones de ámbito nacional suelen ser la única opción posible para hacer frente a problemas de dimensión europea; y existen interpretaciones divergentes de un mismo texto jurídico. El nuevo Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) debe estar concebido para subsanar esas deficiencias y ofrecer un sistema que esté en armonía con el objetivo de estabilidad y unidad del mercado de servicios financieros de la Unión , enlazando a los supervisores nacionales para crear una potente red en la Unión . (7) El SESF debe ser una red integrada de autoridades de supervisión nacionales y de la Unión , dejando la supervisión corriente de las entidades financieras en el nivel nacional ▐. La Autoridad debe desempeñar una función destacada en los colegios de supervisores encargados de supervisar a los participantes en los mercados financieros con actividades transfronterizas, para lo que se han de definir normas de supervisión claras. La Autoridad debe prestar particular atención a los participantes en los mercados financieros que puedan plantear un riesgo sistémico, ya que su quiebra puede poner en peligro la estabilidad del sistema financiero de la Unión, cuando una autoridad nacional no haya ejercido sus facultades. Asimismo, debe lograrse una mayor armonización y una aplicación coherente de la normativa aplicable a las entidades financieras y los mercados financieros en toda la Unión . Además de la Autoridad, conviene crear una Autoridad Europea de Supervisión ( Seguros y Pensiones de Jubilación ) y una Autoridad Europea de Supervisión (Bancos), así como una Autoridad Europea de Supervisión (el «Comité Mixto»). Debe formar parte del SESF una Junta Europea de Riesgo Sistémico. (8) La Autoridad Europea de Supervisión debe sustituir al Comité de supervisores bancarios europeos, creado en virtud de la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (15), al Comité europeo de supervisores de seguros y de pensiones de jubilación, creado en virtud de la Decisión 2009/79/CE de la Comisión (16), y al Comité de responsables europeos de reglamentación de valores, creado en virtud de la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (17), y asumir todas las funciones y competencias de dichos Comités entre ellas la continuación del trabajo y de los proyectos en curso, cuando proceda . Debe definirse claramente el ámbito de actuación de cada Autoridad ▐. La Comisión debe también intervenir en la red de actividades de supervisión cuando motivos institucionales y las competencias que le otorga el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) así lo requieran. (9) La Autoridad ▐ debe actuar con vistas a mejorar el funcionamiento del mercado interior, en particular garantizando un nivel elevado, efectivo y coherente de regulación y supervisión que tenga en cuenta los intereses diversos de todos los Estados miembros y el distinto carácter de los participantes en los mercados financieros . La Autoridad debe proteger valores públicos como la estabilidad del sistema financiero, la transparencia de los mercados y los productos financieros y la protección de los depositantes y los inversores. La Autoridad debe evitar asimismo el arbitraje regulatorio y garantizar condiciones de igualdad entre los participantes, así como reforzar la coordinación de la supervisión internacional, en beneficio del conjunto de la economía, en particular los participantes en los mercados financieros y otras partes interesadas, los consumidores y los asalariados. Sus funciones deben también incluir la promoción de la convergencia en las tareas de supervisión y el asesoramiento de las instituciones de la UE en materia de regulación y supervisión de valores y mercados, así como cuestiones relacionadas con la gobernanza empresarial y la información financiera. Debe otorgarse asimismo a la Autoridad una responsabilidad de supervisión general respecto de productos financieros o tipos de transacciones nuevos o ya existentes. (9 bis) La Autoridad debe tener debidamente en cuenta el impacto de sus actividades en la competencia y la innovación dentro del mercado interior, en la competitividad mundial de la Unión, la inclusión financiera y la nueva estrategia de la Unión para el empleo y el crecimiento. (9 ter) Para cumplir sus objetivos, la Autoridad debe poseer personalidad jurídica y gozar de autonomía administrativa y financiera. Deben conferirse a la Autoridad «facultades para controlar el cumplimiento de las leyes en particular de las relacionados con el riesgo sistémico y los riesgos transfronterizos» (Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria). (9 quater) Las autoridades internacionales (el FMI, el Consejo de Estabilidad Financiera y el Banco de Pagos Internacionales) definen el riesgo sistémico como «un riesgo de perturbación de los servicios financieros que i) está causado por un daño en la totalidad o en partes del sistema financiero y ii) tiene potencial para generar consecuencias negativas graves para la economía real. Todos los tipos de intermediarios, mercados e infraestructuras financieros pueden ser en cierta medida importantes desde un punto de vista sistémico». (9 quinquies) El riesgo transfronterizo, conforme a esas instituciones, incluye todos los riesgos causados por desequilibrios económicos o fallos financieros en toda la Unión o parte de ella que tengan consecuencias potenciales negativas importantes para las transacciones entre operadores económicos por lo menos de dos Estados miembros, para el funcionamiento del mercado interior, o para las finanzas públicas de la Unión o de cualquiera de sus Estados miembros. (10) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea , en su sentencia de 2 de mayo de 2006 ▐ (Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea) mantuvo que: «[…] nada en la redacción del artículo 95 CE [ahora artículo 114 del TFUE] permite concluir que las medidas adoptadas por el legislador comunitario sobre la base de esta disposición deban limitarse, en lo que se refiere a sus destinatarios, exclusivamente a los Estados miembros. En efecto, puede resultar necesario, de acuerdo con una valoración efectuada por dicho legislador, instituir un organismo comunitario encargado de contribuir a alcanzar una armonización en situaciones en las que, para facilitar la ejecución y aplicación uniformes de actos basados en dicha disposición, se considera que es adecuado adoptar medidas no vinculantes de acompañamiento y encuadramiento (18) ». La finalidad y las funciones de la Autoridad –asistir a las autoridades nacionales en la interpretación y aplicación coherentes de las normas de la Unión y contribuir a la estabilidad financiera necesaria para la integración financiera– están estrechamente ligadas a los objetivos del acervo de la Unión en relación con el mercado interior de servicios financieros. Por consiguiente, la Autoridad debe crearse sobre la base del artículo 114 del TFUE . (11) Los actos jurídicos que establecen las funciones de las autoridades competentes de los Estados miembros, incluida la cooperación mutua y con la Comisión, son los siguientes: Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de marzo de 1997, relativa a los sistemas de indemnización de los inversores (19), Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores (20), Directiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la admisión de valores negociables a cotización oficial y la información que ha de publicarse sobre dichos valores (21), Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de garantía financiera (22), Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero (23), Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado) (24), Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (25), Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a las ofertas públicas de adquisición (26), Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros (27), Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (28), Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (29), Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores (30), Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito (refundición), sin perjuicio de la competencia de la Autoridad Bancaria Europea en términos de supervisión prudencial (31), Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (32), Directiva … (futura Directiva GFIA), y Reglamento … (futuro Reglamento sobre las agencias de calificación crediticia), incluidas todas las directivas, reglamentos y decisiones de la Comisión basados en estos actos, así como cualquier otro acto comunitario que confiera funciones a la Autoridad. (12) El término «participante en los mercados financieros» debe englobar a toda una gama de participantes que estén sujetos a la legislación comunitaria en este ámbito. Puede incluir tanto personas jurídicas como personas físicas, por ejemplo empresas de inversión, OICVM y sus sociedades de gestión, gestores de fondos de inversión alternativos, operadores del mercado, cámaras de compensación, sistemas de liquidación, agencias de calificación crediticia, emisores, oferentes, inversores, personas que controlan a participantes o tienen participaciones en ellos, personas implicadas en la gestión de participantes y otras personas a las que se aplique alguna disposición de esa legislación. Asimismo, debe englobar a entidades financieras, por ejemplo entidades de crédito y empresas de seguros, cuando realicen actividades reguladas por la legislación comunitaria en este ámbito. En esta definición no están incluidas las autoridades competentes de la UE y de terceros países ni la Comisión. (13) Es deseable que la Autoridad promueva un enfoque coherente en materia de sistemas de indemnización de los inversores, a fin de garantizar condiciones de competencia equitativas y un trato equitativo de los inversores en toda la Unión . Dado que los sistemas de indemnización de los inversores son más bien objeto de vigilancia en sus Estados miembros que de una auténtica supervisión prudencial, es conveniente que la Autoridad pueda ejercer las facultades que le otorga el presente Reglamento en relación con el sistema de indemnización de los inversores propiamente dicho y su operador ▐. El papel de la Autoridad debe revisarse una vez que se establezca un Fondo Europeo de garantía a los inversores. (14) Es necesario introducir un instrumento eficaz para elaborar normas técnicas de regulación armonizadas en los servicios financieros, con objeto de garantizar, en particular a través de un único código normativo, condiciones de competencia equitativas y una protección adecuada de los depositantes, los inversores y los consumidores en toda Europa. Como organismo con conocimientos altamente especializados, se considera eficaz y adecuado confiar a la Autoridad la elaboración de proyectos de normas técnicas de regulación que no impliquen decisiones estratégicas, en los ámbitos definidos por el Derecho de la Unión . La Comisión debe aprobar estos proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución de conformidad con el artículo 290 del TFUE para dotarlas de efecto jurídico vinculante. ▐ (15) La Comisión debe aprobar estos proyectos de normas técnicas de regulación para dotarlas de efecto jurídico vinculante. Los proyectos de normas técnicas de regulación deberán modificarse únicamente en circunstancias muy restringidas y extraordinarias, siempre que la Autoridad esté en estrecho contacto con los mercados financieros y tenga en cuenta la labor diaria de estos. Estarían sujetos a enmienda si, por ejemplo, fueran incompatibles con el Derecho de la Unión, no respetaran el principio de proporcionalidad o contradijeran los principios fundamentales del mercado interior de servicios financieros, reflejados en el acervo de la legislación de la Unión relativa a los servicios financieros. La Comisión no debe cambiar el contenido de las normas técnicas elaboradas por la Autoridad sin antes coordinar los cambios con ella. A fin de que el proceso de adopción de dichas normas se desarrolle rápidamente y sin problemas, conviene imponer a la Comisión un plazo para su decisión de aprobación . (15 bis) Deben otorgarse a la Comisión poderes para ejecutar actos jurídicos con arreglo al artículo 291 del TFUE. (15 ter) Las normas técnicas de regulación y ejecución han de tener en cuenta el principio de proporcionalidad, es decir los requisitos establecidos en dichas normas han de ser proporcionales a la naturaleza, envergadura y complejidad de los riesgos inherentes a la actividad de la entidad financiera en cuestión. (16) En los ámbitos no cubiertos por las normas técnicas de regulación , la Autoridad debe tener la facultad de emitir directrices y recomendaciones sobre la aplicación de la legislación de la Unión . A fin de asegurar la transparencia y de reforzar el cumplimiento de dichas directrices y recomendaciones por parte de las autoridades nacionales de supervisión, conviene imponer a las autoridades nacionales la obligación de hacer públicos los motivos del incumplimiento de las directrices y recomendaciones en aras de la plena transparencia con los participantes en el mercado. (17) Asegurar la aplicación correcta y plena del Derecho de la Unión es un requisito previo indispensable para la integridad, la transparencia , la eficiencia y el correcto funcionamiento de los mercados financieros, la estabilidad del sistema financiero y la existencia de unas condiciones de competencia neutras para las entidades financieras de la Unión . Así pues, debe instaurarse un mecanismo que permita a la Autoridad abordar los casos de no aplicación o aplicación incorrecta ▐, que constituyan infracción del Derecho de la Unión . Este mecanismo debe aplicarse en los ámbitos en los que la legislación comunitaria define obligaciones claras e incondicionales. (18) Para poder dar una respuesta proporcionada a los casos de aplicación incorrecta o insuficiente del Derecho comunitario, debe aplicarse un mecanismo de tres etapas. En la primera etapa, la Autoridad debe estar facultada para investigar los casos de aplicación supuestamente incorrecta o insuficiente de las disposiciones del Derecho comunitario por las autoridades nacionales en sus prácticas de supervisión, proceso que finalizará con una recomendación ▐. Cuando la autoridad nacional competente no siga la recomendación, la Comisión debe ser competente para emitir un dictamen formal que tenga en cuenta la recomendación de la Autoridad, y que exija a la autoridad competente la adopción de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión. (19) Si la autoridad nacional no se atiene a esta recomendación dentro del plazo fijado por la Autoridad, esta última debe ▐ dirigir sin más dilación a dicha autoridad una decisión a fin de garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión , creando efectos jurídicos directos que puedan invocarse ante los órganos jurisdiccionales y las autoridades nacionales y ejecutarse de conformidad con el artículo 258 del TFUE . (20) Para superar situaciones excepcionales de inacción persistente por parte de la autoridad competente en cuestión, la Autoridad debe estar facultada para adoptar, en última instancia, decisiones dirigidas a entidades financieras concretas. El ejercicio de esta facultad debe limitarse a los casos excepcionales en que una autoridad competente no cumpla el dictamen formal de que sea objeto y en que el Derecho de la Unión sea directamente aplicable a entidades financieras en virtud de reglamentos vigentes o futuros de la UE (33). A este respecto, el Parlamento Europeo y el Consejo esperan la puesta en práctica del programa de la Comisión para 2010, en particular en lo que se refiere a la propuesta de reforma de la Directiva sobre requisitos de capital. (21) Las amenazas graves para el correcto funcionamiento y la integridad de los mercados financieros o la estabilidad del sistema financiero de la Unión Europea requieren una respuesta rápida y concertada a nivel de la Unión . La Autoridad debe, por tanto, poder pedir a las autoridades nacionales de supervisión que adopten medidas específicas para resolver una situación de emergencia. Teniendo en cuenta el carácter sensible de este asunto, conviene otorgar a la Comisión el poder de determinar la existencia de una situación de emergencia , por propia iniciativa o a solicitud del Parlamento Europeo, el Consejo, la JERS o la Autoridad. Cuando el Parlamento Europeo, el Consejo, la JERS o la Autoridad Europea de Supervisión (AES) consideren que podría producirse una situación de emergencia de forma inminente, deben contactar a la Comisión. En este proceso, reviste la mayor importancia garantizar la debida confidencialidad. Si la Comisión determina la existencia de una situación de emergencia, ha de informar debidamente al Parlamento Europeo y al Consejo. (22) A fin de asegurar una supervisión eficaz y efectiva y una consideración equilibrada de las posiciones de las autoridades competentes de los diferentes Estados miembros, la Autoridad debe poder solucionar con efecto vinculante los desacuerdos que surjan entre dichas autoridades competentes, también dentro de los colegios de supervisores. Debe preverse una fase de conciliación, durante la cual las autoridades competentes puedan llegar a un acuerdo. Cuando no se alcance un acuerdo, la Autoridad deberá instar a las autoridades competentes interesadas a que tomen medidas específicas, o a que se abstengan de actuar para resolver el asunto, con el fin de garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE, con efectos vinculantes para las autoridades competentes interesadas. En caso de inacción por parte de las autoridades nacionales de supervisión de que se trate, procede facultar a la Autoridad a adoptar, en última instancia, decisiones dirigidas directamente a las entidades financieras en los ámbitos del Derecho de la Unión que les sean directamente aplicables. (22 bis) La crisis ha demostrado que la simple coordinación entre autoridades nacionales cuya jurisdicción termina en la frontera nacional es claramente inadecuada para supervisar las entidades financieras que operan de forma transfronteriza. (22 ter) Además, «el actual sistema, que combina el derecho de actuar por medio de sucursales en otro país que siguen sujetas a la supervisión del Estado de origen (“passporting”), el principio de la supervisión del Estado de origen y el seguro de depósitos puramente nacional, no es una base sólida para la futura regulación y supervisión de los bancos minoristas internacionales europeos» (Revisión Turner). (22 quater) Como se señala también en el Informe de Revisión Turner, «un sistema más sólido requiere, bien un aumento de las competencias nacionales, lo que implica un mercado único menos abierto, bien un mayor grado de integración europea». (22 quinquies) La solución «nacional» implica dar al país de acogida la facultad de obligar a las entidades extranjeras a actuar únicamente a través de filiales, y no de sucursales, y supervisar el capital y la liquidez de los bancos que operen en el país, lo que supondría un mayor proteccionismo. (22 sexies) La solución «europea» requiere un refuerzo de la Autoridad en los colegios de supervisores y un fortalecimiento de la supervisión de las entidades financieras que plantean un riesgo sistémico. (23) Los colegios de supervisores desempeñan un importante papel en la supervisión eficaz, efectiva y coherente de las entidades financieras que realizan operaciones transfronterizas. Conviene que la Autoridad desempeñe una función preponderante y tenga derecho a participar plenamente en los colegios de supervisores, con objeto de racionalizar su funcionamiento y el proceso de intercambio de información en estos colegios y de estimular la convergencia y la coherencia entre los mismos a la hora de aplicar el Derecho de la Unión . Como señala el Informe de Larosière, «deben evitarse las distorsiones de la competencia y el arbitraje regulatorio derivado de prácticas de supervisión distintas, ya que pueden socavar la estabilidad financiera, entre otras cosas fomentando el traslado de la actividad financiera a países con una supervisión permisiva. El sistema de supervisión debe percibirse como justo y equilibrado». (23 bis) La Autoridad y los supervisores nacionales deben reforzar la supervisión de las entidades financieras que cumplen los criterios de riesgo sistémico, ya que su quiebra puede poner en peligro la estabilidad del sistema financiero de la Unión y dañar la economía real. (23 ter) Han de identificarse los criterios de riesgo sistémico teniendo en cuenta las normas internacionales, en particular las establecidas por el Consejo de Estabilidad Financiera, el Fondo Monetario Internacional, Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (AISS) y el G-20. Los criterios más utilizados para la identificación del riesgo sistémico son la interconexión, la sustituibilidad y la oportunidad. (23 quater) Debe establecerse un marco para asistir a las entidades en dificultades con el fin de estabilizarlas o proceder a su liquidación ya que «se ha demostrado claramente que los retos que plantea una crisis bancaria para el gobierno y la sociedad son importantes porque este tipo de situación tiene potencial para poner en peligro la estabilidad financiera y la economía real» (Informe De Larosière). La Comisión debe presentar las propuestas adecuadas para crear un nuevo marco de gestión de crisis financieras. Los elementos clave de la gestión de crisis son un conjunto común de normas e instrumentos financieros de resolución (ejecución y financiación para hacer frente a la crisis de entidades grandes, transfronterizas y/o interconectadas). (23 quinquies) Debe crearse un Fondo Europeo de Garantía de Depósitos con objeto de garantizar la corresponsabilidad de las entidades financieras transfronterizas, proteger los intereses de los depositantes en la Unión y reducir el coste para los contribuyentes de una crisis financiera sistémica. Un Fondo a escala de la Unión parece la forma más eficiente de proteger los intereses de los depositantes y la mejor defensa contra las distorsiones de la competencia. Es obvio, sin embargo, que cualquier enfoque a nivel de la UE es más complejo y que algunos Estados miembros prefieren mantener sus sistemas nacionales. Por tanto y como mínimo, la Autoridad debe armonizar los aspectos más importantes de los sistemas nacionales. Asimismo, debe poder asegurar que las entidades financieras tengan la obligación de contribuir únicamente a un sistema. (23 sexies) El Fondo Europeo de Estabilidad de valores y mercados ha de financiar la liquidación ordenada o las intervenciones de rescate de entidades financieras que afronten dificultades cuando éstas puedan amenazar la estabilidad del mercado financiero único de la Unión. El Fondo se debe financiar mediante contribuciones procedentes del sector financiero. Las contribuciones al Fondo deben sustituir a las efectuadas a fondos nacionales de características similares. (24) La delegación de funciones y competencias puede ser un instrumento útil en el funcionamiento de la red de supervisores para reducir la duplicación de las tareas de supervisión, estimular la cooperación y, de esta manera, racionalizar el proceso de supervisión y reducir la carga impuesta a las entidades financieras , en particular a aquellas entidades financieras que carecen de dimensión a escala de la Unión . Por consiguiente, el Reglamento debe proporcionar una base jurídica clara para esta delegación. La delegación de funciones significa que éstas las realiza una autoridad supervisora distinta de la autoridad responsable, aunque la responsabilidad de las decisiones de supervisión sigue recayendo en la autoridad delegante. Mediante la delegación de competencias, una autoridad nacional de supervisión, la autoridad delegataria debe poder decidir sobre un determinado asunto de supervisión en nombre de la Autoridad o de otra autoridad nacional de supervisión. Las delegaciones deben regirse por el principio de asignar la competencia de supervisión a un supervisor que esté en buenas condiciones de adoptar medidas en el ámbito de que se trate. Una reasignación de competencias sería adecuada, por ejemplo, por motivos de economías de escala o alcance, de coherencia en la supervisión de un grupo, y de optimización del uso de los conocimientos técnicos entre autoridades nacionales de supervisión. La legislación pertinente de la Unión podrá especificar los principios aplicables a la reasignación de competencias previo acuerdo. La Autoridad debe facilitar y supervisar los acuerdos de delegación entre autoridades nacionales de supervisión por todos los medios adecuados. Debe ser informada de antemano de los acuerdos de delegación previstos para, en su caso, poder dictaminar al respecto. Debe centralizar la publicación de tales acuerdos para que todas las partes afectadas puedan acceder fácilmente a la información de manera oportuna y transparente. Debe identificar y promulgar las mejores prácticas referentes a la delegación y los acuerdos de delegación. (25) La Autoridad debe impulsar activamente la convergencia de la supervisión en la Unión Europea, con el objetivo de instaurar una cultura de supervisión común. (26) Las evaluaciones inter pares constituyen una herramienta eficaz y efectiva para estimular la coherencia dentro de la red de supervisores financieros. Por tanto, la Autoridad debe elaborar el marco metodológico de estas evaluaciones y llevarlas a cabo periódicamente. Las evaluaciones deben centrarse no sólo en la convergencia de las prácticas de supervisión, sino también en la capacidad de los supervisores de lograr resultados de supervisión de elevada calidad, así como en la independencia de las autoridades competentes. Los resultados de las evaluaciones inter pares deben publicarse; asimismo, deben identificarse y hacerse públicas las mejores prácticas. (27) La Autoridad debe promover activamente una respuesta de la Unión coordinada en materia de supervisión, en particular para asegurar el correcto funcionamiento y la integridad de los mercados financieros o la estabilidad del sistema financiero de la Unión . Además de su potestad de intervención en situaciones de emergencia, debe confiársele por tanto una función de coordinación general dentro del SESF . La actuación de la Autoridad debe prestar una atención particular a la circulación fluida de toda la información pertinente entre las autoridades competentes. (28) Con vistas a preservar la estabilidad financiera, es preciso determinar, en una fase temprana, las tendencias, los riesgos potenciales y los puntos vulnerables del nivel microprudencial, a nivel transfronterizo e intersectorial. La Autoridad debe seguir de cerca y evaluar esta evolución en sus ámbitos de competencia e informar, en caso necesario, al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, a las demás Autoridades Europeas de Supervisión y a la JERS , sobre una base periódica y, en caso necesario, ad hoc. La Autoridad debe también i niciar y coordinar las pruebas de resistencia a escala de la Unión , para evaluar la resistencia de las entidades financieras a evoluciones adversas del mercado, velando por que se aplique a dichas pruebas la metodología más coherente que sea posible a nivel nacional. Con el fin de ejercer adecuadamente sus funciones, la Autoridad debe llevar a cabo análisis económicos de los mercados y de las repercusiones de su posible evolución. (29) Habida cuenta de la mundialización de los servicios financieros y de la mayor importancia de las normas internacionales, resulta oportuno que la Autoridad represente a la Unión en el diálogo y la cooperación con supervisores de terceros países . (30) La Autoridad debe funcionar como órgano consultivo independiente para el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en su ámbito de competencia. Debe poder emitir dictámenes sobre la evaluación prudencial de las fusiones y adquisiciones, de conformidad con la Directiva 2004/39/CE, modificada por la Directiva 2007/44/CE (34). (31) Para cumplir eficazmente sus obligaciones, la Autoridad debe tener derecho a solicitar toda la información necesaria relativa a la supervisión prudencial . A fin de evitar la duplicación de las obligaciones de información que incumben a los participantes en los mercados financieros, dicha información debe ser facilitada normalmente por las autoridades nacionales de supervisión, que son las más cercanas a los mercados financieros y a los participantes en los mercados financieros , y tener en cuenta las estadísticas ya existentes . Sin embargo , y como último recurso, la Autoridad debe poder remitir una solicitud de información debidamente justificada y razonada directamente a los participantes en los mercados financieros ▐ siempre que una autoridad nacional competente no proporcione o no pueda proporcionar a su debido tiempo tal información. Las autoridades de los Estados miembros deben tener la obligación de ayudar a la Autoridad a ver satisfechas estas peticiones directas. En estas circunstancias es fundamental el trabajo relativo a los formatos comunes de información. (31 bis) Las medidas de obtención de información deben entenderse sin perjuicio del marco jurídico del Sistema Estadístico Europeo (SEE) y del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) en el ámbito de la estadística. El presente Reglamento debe entenderse, por lo tanto, sin perjuicio del Reglamento (CE) no 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a la estadística europea (35), ni del Reglamento (CE) no 2533/98 del Consejo, de 23 de noviembre de 1998, sobre la obtención de información estadística por el Banco Central Europeo (36). (32) Para dar plena eficacia al funcionamiento de la Junta Europea de Riesgo Sistémico y al seguimiento de sus alertas y recomendaciones, es esencial una colaboración estrecha entre esta y la Autoridad. La Autoridad y la Junta Europea de Riesgo Sistémico deben compartir todas las informaciones pertinentes . Los datos relativos a empresas concretas deben facilitarse únicamente previa solicitud motivada. La Autoridad debe garantizar el seguimiento de las alertas o recomendaciones dirigidas por la Junta Europea de Riesgo Sistémico a dicha Autoridad o a una autoridad nacional de supervisión ▐. (33) ▐ La Autoridad debe consultar con las partes interesadas las normas de regulación , las directrices y las recomendaciones, y ofrecerles una oportunidad razonable de formular observaciones sobre las medidas propuestas. Antes de adoptar las normas de regulación, directrices y recomendaciones propuestas, la Autoridad deberá realizar una evaluación de impacto. Por motivos de eficiencia, procede crear un Grupo de partes interesadas del sector bancario con este fin, que represente de manera equilibrada a las entidades de crédito e inversión de la Unión ( que represente los diversos modelos y tamaños de las entidades y empresas financieras incluidos, en su caso, los inversores institucionales y otras entidades financieras que a su vez utilicen servicios financieros), a las PYME, a los sindicatos, a los medios académicos y a los consumidores y otros usuarios minoristas de los servicios bancarios, entre ellos las PYME. Este Grupo debe funcionar activamente como interfaz con otros grupos de usuarios creados por la Comisión o la legislación de la Unión en el ámbito de los servicios financieros. (33 bis) En comparación con los representantes del sector, que cuentan con buena financiación y buenas conexiones, las organizaciones sin ánimo de lucro se encuentran marginadas en el debate sobre el futuro de los servicios financieros y del correspondiente proceso de toma de decisiones. Esta desventaja ha de compensarse mediante una financiación adecuada de sus representantes en el Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados. (34) Los Estados miembros tienen una responsabilidad fundamental para asegurar una gestión coordinada de las crisis y en el mantenimiento de la estabilidad financiera en situaciones de crisis, en particular en lo que respecta a la estabilización y recuperación de participantes en los mercados financieros en dificultades. Sus actuaciones deben estar estrechamente coordinadas con el marco y los principios de la UEM. Las medidas adoptadas por la Autoridad en situaciones de emergencia o de solución de diferencias que afecten a la estabilidad de una entidad financiera no deben incidir significativamente en las competencias presupuestarias de los Estados miembros. Conviene instaurar un mecanismo que permita a los Estados miembros acogerse a esta salvaguardia y recurrir, en última instancia, al Consejo para que adopte una decisión. Procede conferir al Consejo una función en este ámbito, habida cuenta de las responsabilidades específicas de los Estados miembros a este respecto. (34 bis) Antes de que hayan transcurrido tres años desde la entrada en vigor de un reglamento que establezca un mecanismo semejante, la Comisión debe establecer, con arreglo a la experiencia adquirida y a escala de la UE, unas orientaciones claras y sólidas sobre cuándo procede que los Estados miembros invoquen la cláusula de salvaguardia. El recurso a la cláusula de salvaguardia por parte de los Estados miembros se ha de examinar a la luz de esas orientaciones. (34 ter) Sin perjuicio de las responsabilidades específicas de los Estados miembros en situaciones de crisis, si un Estado miembro decide invocar la cláusula de salvaguardia, debe informar al Parlamento Europeo al mismo tiempo que a la Autoridad, al Consejo y a la Comisión. Por otra parte, el Estado miembro debe explicar las razones para invocar la salvaguardia. Corresponde a la Autoridad establecer, en colaboración con la Comisión, las medidas deben adoptarse seguidamente. (35) En sus procedimientos decisorios, la Autoridad debe estar sujeta a las normas y principios generales comunitarios sobre garantías procesales y transparencia. Debe respetarse plenamente el derecho a ser oído de los destinatarios de las decisiones de la Autoridad. Los actos de la Autoridad deben formar parte integrante del Derecho de la Unión . (36) Una Junta de Supervisores, integrada por los máximos representantes de la autoridad competente pertinente de cada Estado miembro y presidida por el Presidente de la Autoridad, debe ser el órgano decisorio principal de la Autoridad. Los representantes de la Comisión, de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones y de la Autoridad Bancaria Europea deben participar como observadores. Los miembros de la Junta de Supervisores deben actuar con independencia y exclusivamente en interés de la Unión . Para los actos de carácter general, incluidos los relacionados con la adopción de normas de regulación , directrices y recomendaciones, así como para las cuestiones presupuestarias, conviene aplicar las normas de decisión por mayoría cualificada que establece el artículo 16 del TFUE , mientras que las demás decisiones podrán adoptarse por mayoría simple de los miembros. Los asuntos relativos a la solución de diferencias entre las autoridades nacionales de supervisión deben ser examinados por un panel restringido. (36 bis) Como regla general, la Junta de Supervisores debe adoptar sus decisiones por mayoría simple, según el principio de un miembro, un voto. Sin embargo, para los actos relacionados con la adopción de normas técnicas, directrices y recomendaciones, así como para las cuestiones presupuestarias, conviene aplicar las normas de decisión por mayoría cualificada que establece el Tratado de la Unión Europea y el TFUE, así como el Protocolo (no 36) sobre las disposiciones transitorias, anejo a dichos Tratados. Los asuntos relativos a la solución de diferencias entre las autoridades nacionales de supervisión deben ser examinados por un grupo de expertos restringido y objetivo, compuesto por miembros que no sean representantes de las autoridades competentes discrepantes, ni tengan interés alguno en el conflicto ni relación directa alguna con las autoridades competentes afectadas. La composición del grupo de expertos debe guardar el equilibrio apropiado. La decisión que adopte dicho grupo de expertos debe ser aprobada por la Junta de Supervisores por mayoría simple según el principio de un miembro, un voto. No obstante, respecto a las decisiones que adopte el supervisor de la consolidación, la decisión propuesta por el grupo de expertos podría ser rechazada por un número de miembros que represente la minoría de bloqueo de los votos definida en el artículo 16, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea y en el artículo 3 del Protocolo (no 36) sobre disposiciones transitorias anejo al Tratado de la Unión Europea y al TFUE. (37) Un Consejo de Administración, compuesto por el Presidente de la Autoridad, los representantes de las autoridades nacionales de supervisión y la Comisión, debe velar por que la Autoridad cumpla su cometido y lleve a cabo las funciones que le sean asignadas. Al Consejo de Administración se le deben confiar las competencias necesarias para, entre otras cosas, proponer el programa de trabajo anual y plurianual, ejercer determinados poderes presupuestarios, adoptar el plan de política de personal de las Comisiones, adoptar disposiciones específicas sobre el derecho de acceso a los documentos y adoptar el informe anual. (38) La Autoridad debe estar representada por un Presidente a tiempo completo, seleccionado por el Parlamento Europeo a través de un concurso general gestionado por la Comisión y la subsiguiente elaboración por parte de ésta de una lista restringida . La gestión de la Autoridad debe confiarse a un Director Ejecutivo, que debe tener derecho a participar, sin derecho a voto, en las reuniones de la Junta de Supervisores y del Consejo de Administración. (39) A fin de garantizar la coherencia intersectorial de las actividades de las Autoridades Europeas de Supervisión, estas deben coordinarse estrechamente mediante la Autoridad Europea de Supervisión (Comité Mixto) (en lo sucesivo, «el Comité Mixto») y llegar, en su caso, a posiciones comunes. El Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión debe coordinar las funciones de las tres Autoridades Europeas de Supervisión en relación con los conglomerados financieros . Cuando proceda, los actos pertenecientes también al ámbito de competencia de la Autoridad Europea de Supervisión ( Seguros y Pensiones de Jubilación ) o de la Autoridad Europea de Supervisión (Banca) deben ser adoptados paralelamente por las Autoridades Europeas de Supervisión afectadas. El Comité Mixto debe estar presidido, con carácter rotatorio por períodos de doce meses, por los presidentes de las tres Autoridades Europeas de Supervisión. La presidencia del Comité Mixto debe ser ocupada por un vicepresidente de la Junta Europea de Riesgo Sistémico. El Comité Mixto ha de contar con una secretaría permanente dotada de personal procedente de las tres Autoridades Europeas de Supervisión en comisión de servicio para posibilitar el intercambio informal de información y el desarrollo de un enfoque cultural común a las tres Autoridades. (40) Es preciso garantizar que las partes afectadas por las decisiones adoptadas por la Autoridad puedan interponer los recursos necesarios. Para proteger eficazmente los derechos de las partes y por motivos de economía procesal, en los casos en que la Autoridad tenga poderes de decisión, las partes interesadas deben disfrutar de un derecho de apelación ante una Sala de Recurso. En aras de la eficacia y la coherencia, la Sala de Recurso debe ser un órgano común de las tres Autoridades Europeas de Supervisión, independiente de sus estructuras administrativas y reglamentarias. Las decisiones de la Sala de Recurso deben poder recurrirse ante el Tribunal de Primera Instancia y ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. (41) A fin de garantizar la plena autonomía e independencia de la Autoridad, esta debe estar dotada de un presupuesto autónomo cuyos ingresos procedan esencialmente de contribuciones obligatorias de las autoridades nacionales de supervisión y del presupuesto general de la Unión Europea , a través de una línea presupuestaria específica . La financiación de la Autoridad por la Unión Europea está sujeta a un acuerdo de la Autoridad Presupuestaria con arreglo al punto 47 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (AI) (37). El procedimiento presupuestario de la Unión debe ser aplicable en lo que respecta a la contribución de la Unión . El control de cuentas correrá a cargo del Tribunal de Cuentas. El presupuesto global está sujeto al procedimiento de aprobación de la gestión. (42) El Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (38) debe aplicarse a la Autoridad. La Autoridad debe adherirse también al Acuerdo Interinstitucional, de 25 de mayo de 1999, entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (39). (43) Con el fin de garantizar unas condiciones de empleo abiertas y transparentes, así como la igualdad de trato del personal, el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas (Estatuto de los funcionarios) (40) debe aplicarse al personal de la Autoridad. (44) Es esencial que los secretos comerciales y otro tipo de información confidencial estén protegidos. ▐ La confidencialidad de las informaciones puestas a disposición de la Autoridad e intercambiadas dentro de la red debe estar sujeta a unas reglas de confidencialidad estrictas y eficaces . (45) La protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales está regulada por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (41) y por el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (42), que son plenamente aplicables al tratamiento de los datos personales a efectos del presente Reglamento. (46) Para garantizar la transparencia en el funcionamiento de la Autoridad, debe aplicarse a ésta el Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión (43). (47) Debe permitirse la participación de terceros países en los trabajos de la Autoridad, de conformidad con los acuerdos pertinentes que la Unión suscriba. (48) Puesto que los objetivos del presente Reglamento, a saber: mejorar el funcionamiento del mercado interior, garantizando un nivel elevado, efectivo y coherente de regulación y supervisión prudencial, proteger a los depositantes y a los inversores, proteger la integridad, la eficiencia y el correcto funcionamiento de los mercados financieros, mantener la estabilidad del sistema financiero, y reforzar la coordinación de la supervisión internacional, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión , debido a la dimensión de la acción, la Unión puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea . De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos. (49) La Autoridad asume todas las funciones y competencias actuales del Comité de Responsables Europeos de Reglamentación de Valores, por lo que debe derogarse la Decisión 2009/77/CE de la Comisión, de 23 de enero de 2009, por la que se crea el Comité de responsables europeos de reglamentación de valores, y modificarse en consecuencia la Decisión 716/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo , de 16 de septiembre de 2009, por la que se instituye un programa comunitario destinado a respaldar determinadas actividades en el ámbito de los servicios financieros, de la información financiera y de la auditoría legal (44). (50) Conviene fijar un plazo para la aplicación del presente Reglamento, a fin de asegurarse de que la Autoridad esté debidamente preparada para iniciar sus actividades y de facilitar la transición entre el Comité de Responsables Europeos de Reglamentación de Valores y la Autoridad. HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: CAPÍTULO I CREACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO Artículo 1 Creación y ámbito de actuación 1. Por el presente Reglamento se crea una Autoridad Europea de Supervisión ( Autoridad Europea de Valores y Mercados ) (en lo sucesivo, «la Autoridad»). 2. La Autoridad actuará dentro del marco de competencias que le confiere el presente Reglamento y dentro del ámbito de aplicación de las Directivas 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2009/65/CE, ▐ y 2006/49/CE , sin perjuicio de la competencia de la Autoridad Europea de Supervisión ( Autoridad Bancaria Europea ) con respecto a la supervisión prudencial ▐, … [futura Directiva GFIA] y del Reglamento (CE) no 1060/2009, y, en la medida en que estos actos se apliquen a las sociedades que ofrecen servicios de inversión o a los organismos de inversión colectiva que comercialicen sus participaciones y a las autoridades competentes que las supervisan, en el marco de las partes pertinentes de la Directiva 2005/60/CE y la Directiva 2002/65/CE, incluidas todas las directivas, reglamentos y decisiones basados en estos actos, así como de cualquier otro acto legislativo de la Unión que confiera funciones a la Autoridad. 2 bis. La Autoridad también actuará en el ámbito de las actividades cubiertas por la legislación a que se refiere el apartado 2, incluidas las cuestiones relacionadas con la gobernanza corporativa, la auditoría o la información financiera, siempre y cuando la actuación de la Autoridad sea necesaria para garantizar la aplicación efectiva y coherente de la legislación a que se refiere el apartado 2. 3. Las disposiciones del presente Reglamento se entenderán sin perjuicio de las competencias de la Comisión, en particular las previstas en el artículo 258 del TFUE para garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión . 4. El objetivo de la Autoridad será proteger el interés público contribuyendo a la estabilidad y eficacia del sistema financiero a corto, medio y largo plazo, para la economía de la Unión, sus ciudadanos y sus empresas. ▐ La Autoridad contribuirá a: i) mejorar el funcionamiento del mercado interior, en particular con un nivel sólido , efectivo y coherente de regulación y supervisión, ▐ iii) velar por la integridad, la transparencia, la eficiencia y el correcto funcionamiento de los mercados financieros, iv) ▐ reforzar la coordinación de la supervisión internacional, (v) evitar el arbitraje regulatorio y contribuir a la igualdad de condiciones entre los participantes , y vi) contribuir a reforzar la protección del consumidor . Con estos fines , la Autoridad contribuirá a garantizar la aplicación coherente, eficiente y efectiva de los actos legislativos de la Unión a que se refiere el apartado 2, fomentando la convergencia en la supervisión , emitiendo dictámenes dirigidos al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión y realizando análisis económicos de los mercados para promover el logro del objetivo de la Autoridad . En el ejercicio de las funciones que le confiere el presente Reglamento, la Autoridad prestará especial atención a todo riesgo sistémico planteado por los participantes en el mercado, cuya quiebra o mal funcionamiento pueda socavar el funcionamiento del sistema financiero o de la economía real. En el desempeño de sus funciones, la Autoridad actuará con independencia y objetividad únicamente en interés de la Unión. Artículo 1 bis Sistema Europeo de Supervisión Financiera 1. La Autoridad formará parte de un Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF). El principal objetivo del SESF será garantizar la correcta aplicación de la normativa aplicable al sector financiero, preservar la estabilidad financiera y garantizar la confianza en el sistema financiero en su conjunto y la protección suficiente de los clientes de los servicios financieros. 2. El SESF estará compuesto por: a) la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), a los efectos de las funciones especificadas en el Reglamento (UE) no …/2010 (JERS) y en el presente Reglamento; b) la Autoridad; c) la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), establecida por el Reglamento (UE) no …/2010 [AEVM]; d) la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), creada en virtud del Reglamento (UE) no …/2010 [AESPJ]; e) la Autoridad Europea de Supervisión (Comité Mixto), para ejercer las funciones especificadas en los artículos 40 a 43 (en lo sucesivo el «Comité Mixto»); f) las autoridades de los Estados miembros a que se refiere el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (UE) no …/2010 [AEVM], el Reglamento (UE) no …/2010 [AESPJ] y el Reglamento (UE) no …/2010 [AES (B)]; g) la Comisión, a fin de llevar a cabo las funciones mencionadas en los artículos 7 y 9; 3. Por medio del Comité Mixto, la Autoridad cooperará de manera regular y estrecha con la Junta Europea de Riesgo Sistémico y con la Autoridad Europea de Supervisión (Seguros y Pensiones de Jubilación) y la Autoridad Europea de Supervisión (Bancos), asegurando la coherencia intersectorial de las actividades y llegará a posiciones comunes en el ámbito de la supervisión de los conglomerados financieros y en otras cuestiones intersectoriales. 4. De conformidad con el principio de cooperación leal establecido en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, las partes del SESF cooperarán en un clima de confianza y pleno respeto mutuo, en particular para asegurar un flujo de información apropiado y fiable entre ellas. 5. Las autoridades de supervisión que forman parte del SESF estarán obligadas a supervisar entidades financieras que operen en la Unión con arreglo a los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2. Artículo 1 ter Las Autoridades a que se refiere el artículo 1 bis, apartado 2, habrán de responder ante el Parlamento Europeo. Artículo 2 Definiciones A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 1) «participante en los mercados financieros»: cualquier persona a la que sea aplicable alguna de las disposiciones de la legislación mencionada en el artículo 1, apartado 2, o cualquier norma de Derecho interno por la que se aplique dicha legislación; 2) «autoridades competentes»: las autoridades competentes y/o las autoridades supervisoras según se definen en la legislación mencionada en el artículo 1, apartado 2. En relación con las Directivas 2002/65/CE y 2005/60/CE, se entenderá por «autoridades competentes» las autoridades u organismos competentes para hacer cumplir la obligación que imponen dichas Directivas a las empresas que prestan servicios de inversión o a las empresas de inversión colectiva que negocien sus participaciones o acciones. Por lo que respecta a los sistemas de indemnización de los inversores, las autoridades u organismos competentes serán los organismos que administren sistemas nacionales de indemnización de conformidad con la Directiva 97/9/CE o, cuando el sistema de indemnización de inversores lo administre una entidad privada, el organismo o autoridad pública que supervise dichos sistemas de conformidad con dicha Directiva . Artículo 3 Régimen jurídico 1. La Autoridad será un organismo de la Unión con personalidad jurídica. 2. En cada Estado miembro, la Autoridad disfrutará de la capacidad jurídica más amplia que se conceda a las personas jurídicas en el Derecho nacional. En particular, podrá adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles y emprender acciones judiciales. 3. La Autoridad estará representada por su Presidente. Artículo 4 Composición La Autoridad estará compuesta por: 1) una Junta de Supervisores, que ejercerá las funciones establecidas en el artículo 28; 2) un Consejo de Administración, que ejercerá las funciones establecidas en el artículo 32; 3) un Presidente, que ejercerá las funciones establecidas en el artículo 33; 4) un Director Ejecutivo, que ejercerá las funciones establecidas en el artículo 38; 5) una Sala de Recurso, contemplada en el artículo 44, que ejercerá las funciones establecidas en el artículo 46. Artículo 5 Administración central La Autoridad tendrá su administración central en Fráncfort . Podrá tener representaciones en los centros financieros más importantes de la Unión Europea. CAPÍTULO II FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD Artículo 6 Funciones y competencias de la Autoridad 1. La Autoridad desempeñará las siguientes funciones: a) contribuir al establecimiento de normas y prácticas reguladoras y de supervisión comunes de alta calidad, en particular emitiendo dictámenes dirigidos a las instituciones de la Unión y elaborando directrices, recomendaciones y proyectos de normas técnicas de regulación y ejecución que se basarán en los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2; b) contribuir a una aplicación coherente de los actos legislativos de la Unión , en particular contribuyendo a la instauración de una cultura de supervisión común, velando por la aplicación coherente, eficaz y efectiva de los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, evitando el arbitraje reglamentario, mediando y resolviendo diferencias entre autoridades competentes, garantizando una supervisión eficaz y coherente de los participantes en los mercados financieros, así como asegurando un funcionamiento coherente de los colegios de supervisores y adoptando , entre otras, medidas en las situaciones de emergencia; c) estimular y facilitar la delegación de funciones y responsabilidades entre autoridades competentes; d) cooperar estrechamente con la JERS, en particular proporcionándole la información necesaria para el desempeño de sus funciones y asegurando un seguimiento adecuado de sus alertas y recomendaciones; e) organizar y llevar a cabo evaluaciones inter pares de las autoridades competentes, incluido el asesoramiento, a fin de reforzar la coherencia de los resultados de la supervisión; f) supervisar y evaluar la evolución del mercado en su ámbito de competencia; f bis) realizar análisis económicos de los mercados en los que la Autoridad pueda basar el desempeño de sus funciones; f ter) promover la protección de los depositantes y de los inversores; f quater) ayudar en la gestión de crisis de entidades transfronterizas que puedan plantear un riesgo sistémico como contempla el artículo 12 ter, dirigiendo y ejecutando intervenciones tempranas, procedimientos de resolución o insolvencia para tales instituciones por medio de su Unidad de Resolución establecida en virtud del artículo 12 quater); g) cumplir cualquier otra de las funciones específicas previstas en el presente Reglamento o en los actos legislativos de la Unión mencionados en el artículo 1, apartado 2. g bis) supervisar aquellos participantes en los mercados financieros que no estén sometidos a la supervisión de las autoridades competentes; g ter) publicar en su sitio Internet y actualizar periódicamente la información relativa a su sector de actividad, en particular en el ámbito de sus competencias, sobre los participantes en los mercados financieros registrados, con objeto de facilitar al público el acceso a la información; g quater) asumir, cuando proceda, todas las funciones vigentes y actuales del Comité de Responsables Europeos de Reglamentación de Valores. 2. Para desempeñar las funciones indicadas en el apartado 1, la Autoridad dispondrá de las competencias previstas en el presente Reglamento, en particular: a) elaborar proyectos de normas técnicas de regulación en los casos específicos mencionados en el artículo 7; a bis) elaborar proyectos de normas técnicas de ejecución en los casos específicos mencionados en el artículo 7 sexies; b) emitir directrices y recomendaciones, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8; c) formular recomendaciones en los casos específicos contemplados en el artículo 9, apartado 3; d) adoptar decisiones individuales dirigidas a las autoridades competentes en los casos específicos contemplados en los artículos 10 y 11; e) adoptar decisiones individuales dirigidas a los participantes en los mercados financieros, en los casos específicos contemplados en el artículo 9, apartado 6, el artículo 10, apartado 3, y el artículo 11, apartado 4; f) emitir dictámenes destinados al Parlamento Europeo, al Consejo o a la Comisión, con arreglo a lo previsto en el artículo 19. f bis) recopilar la información necesaria respecto de los participantes en los mercados financieros como estipula el artículo 20; f ter) elaborar métodos comunes para evaluar el efecto de las características del producto y los procesos de distribución en la situación financiera de los participantes en los mercados financieros y en la protección del cliente; f quater) facilitar una base de datos de los participantes en el mercado registrados en el ámbito de su competencia, así como a nivel central cuando así lo especifique la legislación a que se refiere el artículo 1, apartado 2; f quinquies) elaborar una norma de regulación que establezca la información mínima que debe recibir la Autoridad sobre las transacciones y los participantes en el mercado, y sobre la manera en que debe coordinarse la recopilación, y que esboce la forma de interconectar las bases de datos nacionales existentes, con objeto de asegurar que la Autoridad tenga siempre acceso a la información pertinente y necesaria relativa a las transacciones y al mercado. 3. La Autoridad ejercitará las facultades exclusivas de supervisión sobre las entidades de escala de la Unión o las actividades económicas de escala de la Unión que le hayan sido conferidas en virtud de los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2. 3 bis. Con el fin de ejercer sus poderes exclusivos de supervisión previstos en el apartado 3 , la Autoridad dispondrá de las facultades adecuadas de investigación y de ejecución previstas en la legislación pertinente, así como de la posibilidad de exigir el pago de tasas. La Autoridad cooperará estrechamente con las autoridades competentes y podrá utilizar los conocimientos, instalaciones y poderes de éstas para ejercer sus tareas. Artículo 6 bis Protección de los consumidores y actividad financiera 1. A fin de impulsar la protección de los depositantes e inversores, la Autoridad ejercerá una función destacada a la hora de promover la transparencia, la sencillez y la equidad en el mercado respecto de productos o servicios financieros en todo el mercado interior, en particular: i) recopilando, analizando e informando sobre las tendencias de los consumidores, ii) revisando y coordinando los conocimientos en materia financiera y las iniciativas de formación, iii) desarrollando normas de formación para el sector industrial, iv) contribuyendo al desarrollo de normas comunes de divulgación, y v) evaluando, en particular, el acceso, la disponibilidad y el coste del crédito para los hogares y las empresas, especialmente las PYME. 2. La Autoridad controlará las actividades financieras nuevas y existentes, y podrá adoptar directrices y recomendaciones con vistas a promover la seguridad y la solidez de los mercados, así como la convergencia de las prácticas reguladoras. 3. La Autoridad podrá formular asimismo una advertencia en caso de que una actividad financiera plantee una amenaza grave para los objetivos contemplados en el artículo 1, apartado 4. 4. La Autoridad creará, como parte integrante de la Autoridad, un Comité sobre innovación en materia financiera que reúna a todas las autoridades nacionales competentes en materia de supervisión oportunas, con vistas a alcanzar un enfoque coordinado del tratamiento regulador y supervisor de las actividades financieras nuevas o innovadoras, y que asesore al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. 5. La Autoridad podrá prohibir o restringir temporalmente determinados tipos de actividades financieras que amenacen el funcionamiento correcto y la integridad de los mercados financieros o la estabilidad de la totalidad o de parte del sistema financiero de la Unión en casos especificados y en las condiciones establecidas en los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, o, si así se requiere en caso de una situación de emergencia, con arreglo a las condiciones estipuladas en el artículo 10. La Autoridad revisará esta decisión a intervalos periódicos y oportunos. La Autoridad podrá evaluar asimismo la necesidad de prohibir o restringir determinados tipos de actividades financieras y, cuando se dé una necesidad de este tipo, podrá informar a la Comisión con el fin de facilitar la adopción de cualquier tipo de prohibición o restricción. Artículo 7 Normas técnicas de regulación 1. El Parlamento Europeo y el Consejo podrán delegar poderes en la Comisión para adoptar normas técnicas de regulación con arreglo al artículo 290 del TFUE, con el fin de garantizar la armonización coherente en los ámbitos previstos específicamente en la legislación mencionada en el artículo 1, apartado 2. Estas normas serán de carácter técnico, no podrán entrañar decisiones estratégicas ni políticas y su contenido estará limitado por los actos legislativos en los que se basen. La Autoridad elaborará los proyectos de normas técnicas de regulación y los presentará ▐ a la Comisión para su aprobación. Cuando la Autoridad no presente un proyecto a la Comisión en los plazos establecidos en la legislación mencionada en el artículo 1, apartado 2, la Comisión podrá adoptar una norma técnica de regulación. 1 bis. ▐ La Autoridad llevará a cabo ▐ consultas públicas abiertas sobre las normas técnicas de regulación y analizará los costes y beneficios potenciales correspondientes , excepto si dichas consultas y análisis son desproporcionados respecto al alcance y los efectos de las normas técnicas de regulación de que se trate o respecto a la urgencia de la cuestión, antes de presentarlas a la Comisión. La Autoridad recabará asimismo el dictamen o la opinión del Grupo de partes interesadas del sector de valores y mercados a que se refiere el artículo 22. 1 ter. Una vez recibido el proyecto de normas técnicas de regulación, la Comisión enviará dicho proyecto inmediatamente al Parlamento Europeo y al Consejo. La Comisión podrá prorrogar un mes dicho plazo. Podrá aprobar los proyectos de normas solo en parte o con modificaciones cuando el interés de la Unión así lo exija. ▐ Artículo 7 bis No aprobación o modificación de los proyectos de normas de regulación 1. En caso de que la Comisión no tenga intención de aprobar los proyectos de normas técnicas de regulación, o de aprobarlas en parte o con modificaciones, devolverá a la Autoridad los proyectos de normas técnicas de regulación junto con una propuesta motivada de modificaciones. 2. En un plazo de seis semanas, la Autoridad podrá modificar los proyectos de normas técnicas de regulación basándose en las modificaciones propuestas por la Comisión y volver a remitirlas a la Comisión para aprobación. La Autoridad informará al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión sobre su decisión. 3. Si la Autoridad no está conforme con la decisión de la Comisión de rechazar o modificar sus propuestas iniciales, el Parlamento Europeo o el Consejo podrán convocar en el plazo de un mes al Comisario responsable, junto con el Presidente de la Autoridad, a una reunión ad hoc de la comisión competente del Parlamento Europeo o del Consejo para presentar y explicar sus diferencias. Artículo 7 ter Ejercicio de delegación 1. Los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el artículo 7 se otorgan a la Comisión por un período de cuatro años tras la entrada en vigor del presente Reglamento. La Comisión presentará un informe sobre los poderes delegados a más tardar seis meses antes de que finalice el período de cuatro años. La delegación de competencias será prorrogada automáticamente por periodos de duración idéntica, salvo que el Parlamento Europeo o el Consejo la revoquen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 quater. 2. En cuanto la Comisión adopte una norma técnica de regulación lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo. 3. En el informe a que se refiere el artículo 35, apartado 2, el Presidente de la Autoridad informará al Parlamento Europeo y al Consejo de las normas de regulación que se hayan adoptado y que las autoridades nacionales no hayan cumplido. Artículo 7 quater Objeciones a las normas técnicas de regulación 1. El Parlamento Europeo o el Consejo podrán formular objeciones a una norma técnica de regulación en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la notificación por parte de la Comisión. Por iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo, dicho plazo se prorrogará tres meses. 2. La norma técnica de regulación deberá publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrar en vigor antes de que expire dicho plazo si tanto el Parlamento Europeo como el Consejo han informado a la Comisión de que no tienen intención de formular objeciones. Si, una vez expirado dicho plazo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo han formulado objeciones a la norma técnica de regulación, esta se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. 3. Tan pronto como la Comisión haya enviado el proyecto, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán adoptar una declaración anticipada y condicionada de no objeción que entrará en vigor cuando la Comisión adopte la norma de regulación sin modificar el proyecto. 4. Si el Parlamento Europeo o el Consejo formulan objeciones a una norma técnica de regulación, esta no entrará en vigor. Con arreglo al artículo 296 del TFUE, la institución que haya formulado objeciones al acto delegado deberá exponer sus motivos. Artículo 7 quinquies Revocación de la delegación 1. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 7 podrá ser revocada por el Parlamento Europeo o por el Consejo. 2. La decisión de revocación pondrá término a la delegación. 3. La institución que haya iniciado un procedimiento interno para decidir si va a revocar la delegación de poderes se esforzará por informar a la otra institución y a la Comisión, en un plazo razonable antes de adoptar una decisión final, indicando los poderes referentes a las normas técnicas de regulación que podrían ser objeto de revocación. Artículo 7 sexies Normas técnicas de ejecución 1. Cuando el Parlamento Europeo y el Consejo otorguen poderes a la Comisión para adoptar normas técnicas de ejecución con arreglo al artículo 291 del TFUE al requerirse condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión en los sectores estipulados específicamente en la legislación mencionada en el artículo 1, apartado 2, se aplicará lo siguiente: a) cuando, de conformidad con la legislación anteriormente mencionada, la Autoridad elabore proyectos de normas técnicas de ejecución para presentar a la Comisión, dichas normas tendrán un carácter técnico, no incluirán decisiones políticas y se limitarán a establecer las condiciones de aplicación de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión; b) cuando la Autoridad no presente un proyecto a la Comisión en los plazos establecidos en la legislación mencionada en el artículo 1, apartado 2, o cuando la Autoridad no presente un proyecto a la Comisión en el plazo indicado en una solicitud dirigida a la Autoridad por parte de la Comisión con arreglo al artículo 19, la Comisión podrá adoptar una norma técnica de ejecución mediante un acto de ejecución. 2. Antes de presentar los proyectos a la Comisión, la Autoridad llevará a cabo consultas públicas abiertas sobre las normas técnicas de ejecución y analizará los costes y beneficios potenciales correspondientes, a menos que dichas consultas y análisis resulten desproporcionados respecto al alcance y efectos de las normas técnicas de que se trate o respecto a la urgencia de la cuestión. La Autoridad recabará asimismo el dictamen o la opinión del Grupo de partes interesadas del sector de valores y mercados a que se refiere el artículo 22. 3. La Autoridad someterá sus proyectos de normas técnicas de ejecución a la Comisión para aprobación con arreglo al artículo 291 del TFUE y, al mismo tiempo, al Parlamento Europeo y al Consejo. 4. En un plazo de tres meses tras su recepción, la Comisión decidirá si aprueba los proyectos de normas técnicas de ejecución. La Comisión podrá prorrogar un mes dicho plazo. Podrá aprobar los proyectos de normas solo en parte o con modificaciones cuando el interés de la Unión así lo exija. En todos los casos en que la Comisión adopte las normas técnicas de ejecución modificando el proyecto de norma técnica de ejecución presentado por la Autoridad, informará al Parlamento Europeo y al Consejo. 5. Las normas serán adoptadas por la Comisión mediante reglamentos o decisiones y se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. Artículo 8 Directrices y recomendaciones 1. Con objeto de establecer prácticas de supervisión coherentes, eficaces y efectivas dentro del SESF y de garantizar la aplicación común, uniforme y coherente de la legislación de la Unión , la Autoridad emitirá directrices y recomendaciones dirigidas a las autoridades competentes o a los participantes en los mercados financieros. 1 bis. La Autoridad, cuando proceda, llevará a cabo consultas públicas abiertas sobre las directrices y recomendaciones y analizará los costes y beneficios potenciales correspondientes. La Autoridad recabará asimismo, cuando proceda, el dictamen o la asesoría del Grupo de partes interesadas del sector de valores y mercados a que se refiere el artículo 22. Las consultas, los análisis, los dictámenes y la asesoría serán proporcionales al alcance, el carácter y la repercusión de las directrices o recomendaciones. 2. Las autoridades competentes y los participantes del mercado financiero harán todo lo posible para atenerse a estas directrices y recomendaciones. En el plazo de dos meses a partir de la formulación de una directriz o recomendación, cada una de las autoridades competentes confirmará si se propone cumplirla. En el caso de que una autoridad competente decida no cumplirla , informará a la Autoridad exponiendo los motivos de su decisión. La Autoridad publicará estos motivos. Cuando una autoridad competente no aplique las directrices o recomendaciones, la Autoridad hará público este hecho. La Autoridad podrá decidir, en cada caso, publicar los motivos presentados por una autoridad competente para no cumplir una directriz o recomendación. La publicación debe notificarse previamente a la autoridad competente. Si así lo requiere la directriz o la recomendación, los participantes en los mercados financieros informarán, de forma clara y detallada, de si cumplen dicha directriz o recomendación. 2 bis. En el informe sobre sus actividades a que se refiere el artículo 28, apartado 4 bis, la Autoridad informará al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión de las directrices y recomendaciones formuladas, especificará la autoridad competente que no las haya cumplido e indicará de qué forma la Autoridad se propone asegurar que dicha autoridad nacional siga sus recomendaciones y directrices en el futuro. Artículo 9 Infracción del Derecho de la Unión 1. En caso de que una autoridad competente no haya aplicado los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, o los haya aplicado en una forma que parezca incumplir la legislación de la Unión, incluidas las normas técnicas de regulación y ejecución establecidas de conformidad con los artículos 7 y 7 sexies , en particular por no asegurarse de que los participantes en los mercados financieros satisfacen los requisitos previstos en la misma, la Autoridad dispondrá de las competencias previstas en los apartados 2, 3 y 6 del presente artículo. 2. A petición de una o varias autoridades competentes, de la Comisión, del Parlamento Europeo, del Consejo, del Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados o por propia iniciativa, y tras haber informado a la autoridad competente en cuestión, la Autoridad podrá investigar el supuesto incumplimiento o no aplicación de la legislación de la Unión . 2 bis. Sin perjuicio de las competencias previstas en el artículo 20, la autoridad competente facilitará sin demora a la Autoridad toda la información que esta considere necesaria para su investigación. 3. A más tardar en el plazo de dos meses desde el inicio de su investigación, la Autoridad podrá dirigir a la autoridad competente en cuestión una recomendación en la que expondrá las medidas que deben adoptarse para ajustarse a la legislación de la Unión . En el plazo de diez días laborables a partir de la recepción de la recomendación, la autoridad competente informará a la Autoridad de las medidas que ha adoptado o se propone adoptar para garantizar el cumplimiento de la legislación comunitaria. 4. Si la autoridad u organismo competente no ha cumplido la legislación de la Unión en el plazo de un mes a partir de la recepción de la recomendación de la Autoridad, la Comisión, tras haber sido informada por la Autoridad o por propia iniciativa, podrá emitir un dictamen formal instando a la autoridad competente a adoptar las medidas necesarias para cumplir la legislación de la Unión . El dictamen formal de la Comisión tendrá en cuenta la recomendación de la Autoridad. La Comisión emitirá dicho dictamen formal a más tardar tres meses después de la adopción de la recomendación. La Comisión podrá prorrogar un mes dicho plazo. ▐ La Autoridad y las autoridades competentes facilitarán a la Comisión toda la información necesaria. 5. En el plazo de diez días laborables a partir de la recepción del dictamen formal mencionado en el apartado 4, la autoridad competente informará a la Comisión y a la Autoridad de las medidas que ha adoptado o se propone adoptar para atenerse al dictamen formal de la Comisión. 6. Sin perjuicio de las facultades que el artículo 258 del TFUE confiere a la Comisión, en caso de que una autoridad competente no cumpla el dictamen formal mencionado en el apartado 4 ▐ en el plazo especificado en el mismo, y de que sea necesario resolver el incumplimiento ▐ en un plazo determinado para mantener o restaurar condiciones neutras de competencia en el mercado o garantizar el correcto funcionamiento y la integridad del sistema financiero, la Autoridad podrá adoptar, cuando los requisitos aplicables de la legislación mencionada en el artículo 1, apartado 2, sean directamente aplicables a los participantes en los mercados financieros de conformidad con los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2 , una decisión individual dirigida a los participantes en los mercados financieros instándolos a adoptar las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión , incluido el cese de una práctica. La decisión de la Autoridad se ajustará al dictamen formal emitido por la Comisión de conformidad con el apartado 4. 7. Las decisiones adoptadas de conformidad con el apartado 6 prevalecerán sobre cualquier decisión anterior adoptada por las autoridades competentes sobre el mismo asunto. Cuando tomen medidas en relación con los asuntos que sean objeto de un dictamen formal de conformidad con el apartado 4 o una decisión de conformidad con el apartado ▐ 6 , las autoridades competentes deberán cumplir el dictamen formal o la decisión, según corresponda . 7 bis. En el informe a que se hace referencia en el artículo 28, apartado 4 bis, la Autoridad especificará las autoridades competentes y los participantes en los mercados financieros que no hayan cumplido los dictámenes formales y las decisiones a que se refieren los apartados 4 y 6. Artículo 10 Actuación en situaciones de emergencia 1. En caso de evoluciones adversas que puedan comprometer gravemente el correcto funcionamiento y la integridad de los mercados financieros o la estabilidad del conjunto o una parte del sistema financiero de la Unión Europea , la Autoridad facilitará activamente, y cuando lo considere necesario, coordinará cuantas acciones acometan las autoridades nacionales de supervisión competentes interesadas . Para que pueda ejercer esta función de facilitación y coordinación, se informará cumplidamente a la Autoridad de toda novedad pertinente, y se la invitará a participar en calidad de observadora en cualquier reunión pertinente de las correspondientes autoridades nacionales de supervisión competentes. 1 bis. La Comisión, por propia iniciativa o a instancias del Parlamento Europeo, del Consejo, de la JERS o de la Autoridad, podrá adoptar una decisión destinada a la Autoridad en la que determine la existencia de una situación de emergencia a efectos del presente Reglamento. La Comisión revisará tal decisión a intervalos mensuales y, en cualquier caso, una vez al mes y declarará el cese de la situación de emergencia en cuanto sea oportuno. Si la Comisión determina la existencia de una situación de emergencia, habrá de informar debidamente al Parlamento Europeo y al Consejo sin demora. 2. Si la Comisión ha adoptado una decisión de conformidad con el apartado 1 bis así como, en las circunstancias excepcionales en que sea necesaria la actuación coordinada de las autoridades nacionales para responder a situaciones adversas que puedan comprometer el correcto funcionamiento y la integridad de los mercados financieros o la estabilidad del conjunto o una parte del sistema financiero en la Unión Europea , la Autoridad podrá adoptar decisiones individuales instando a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias, de conformidad con la legislación mencionada en el artículo 1, apartado 2, para abordar dichas situaciones , asegurándose de que los participantes en los mercados financieros y las autoridades competentes satisfacen los requisitos establecidos en dicha legislación. 3. Sin perjuicio de las facultades que el artículo 258 del TFUE confiere a la Comisión, en caso de que una autoridad competente no cumpla la decisión de la Autoridad mencionada en el apartado 2 en el plazo especificado en el mismo, la Autoridad la Autoridad podrá adoptar, cuando los requisitos pertinentes de los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, sean directamente aplicables a los participantes en los mercados financieros, una decisión individual dirigida a un participante en los mercados financieros instándole a adoptar las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud de dicha legislación, incluido el cese de una práctica. 4. Las decisiones adoptadas de conformidad con el apartado 3 prevalecerán sobre cualquier decisión anterior adoptada por las autoridades competentes sobre el mismo asunto. Cualquier medida que tomen las autoridades competentes en relación con asuntos que sean objeto de una decisión de conformidad con el apartado 2 o 3 deberá ser compatible con esas decisiones. Artículo 11 Solución de diferencias entre las autoridades competentes 1. Sin perjuicio de las competencias previstas en el artículo 9, si una autoridad competente no está de acuerdo con el procedimiento o el contenido de una acción u omisión de otra autoridad competente en ámbitos en los que los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, impongan la cooperación, la coordinación o una decisión conjunta por parte de las autoridades competentes de varios Estados miembros, la Autoridad, por propia iniciativa o a instancias de una o varias de las autoridades competentes en cuestión, asumirá la dirección en la tarea de asistir a las autoridades a llegar a un acuerdo, de conformidad con el procedimiento establecido en los apartados 2 a 4 . 2. La Autoridad fijará un plazo para la conciliación entre las autoridades competentes teniendo en cuenta cualquier plazo pertinente especificado en los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, así como la complejidad y urgencia del asunto. En esta fase, la Autoridad asumirá la función de mediador. 3. Si, al final de la fase de conciliación, las autoridades competentes en cuestión no consiguen llegar a un acuerdo, la Autoridad adoptará, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 29, apartado 1, párrafo tercero, una decisión para resolver las diferencias y para instarlas a que tomen medidas específicas, de conformidad con lo dispuesto en el Derecho de la Unión, con efectos vinculantes para las autoridades competentes en cuestión . 4. Sin perjuicio de las facultades que el artículo 258 del TFUE confiere a la Comisión, en caso de que una autoridad competente no cumpla la decisión de la Autoridad al no asegurarse de que una entidad financiera cumple los requisitos que le son directamente aplicables en virtud de los actos legislativos mencionados en el artículo 1, apartado 2, la Autoridad adoptará una decisión individual dirigida a una entidad financiera instándola a adoptar las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión, incluido el cese de una práctica. 4 bis. Las decisiones adoptadas de conformidad con el apartado 4 prevalecerán sobre cualquier decisión anterior adoptada por las autoridades competentes sobre el mismo asunto. Cualquier medida que tomen las autoridades competentes en relación con hechos que sean objeto de una decisión de conformidad con el apartado 3 o 4 deberá ser compatible con esas decisiones. 4 ter. En el informe a que se hace referencia en el artículo 35, apartado 2, el Presidente especificará las diferencias entre autoridades competentes, los acuerdos alcanzados y la decisión adoptada para resolver dichas diferencias. Artículo 11 bis Solución de diferencias entre las autoridades competentes en diferentes sectores El Comité Mixto, de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 11 y 42, resolverá las diferencias intersectoriales que puedan surgir entre las autoridades competentes como se definen en el artículo 2, apartado 2, del presente Reglamento y del Reglamento (UE) no …/2010 [ABE] y del Reglamento (UE) no …/2010 [AESPJ]. Artículo 12 Colegios de supervisores 1. La Autoridad contribuirá a promover y supervisará el funcionamiento eficiente , eficaz y coherente de los colegios de supervisores a que se refiere la Directiva 2006/48/CE y a estimular la aplicación coherente de la legislación de la Unión entre los diferentes colegios. El personal de la Autoridad podrá participar en cualquier actividad, incluidos exámenes in situ, realizada de forma conjunta por dos o más autoridades competentes. 2. La Autoridad dirigirá los colegios de supervisores como lo estime oportuno. A ese fin será considerará «autoridad competente» en el sentido de la legislación aplicable. Como mínimo se encargará: a) de recopilar y compartir toda la información pertinente en situaciones tanto normales como de emergencia, con el fin de facilitar la labor de los colegios de supervisores, así como de establecer y gestionar un sistema central destinado a poner a disposición de las autoridades competentes en los colegios de supervisores esta información; b) de iniciar y coordinar las pruebas de resistencia a escala de la Unión para evaluar la capacidad de recuperación de las entidades financieras, en particular de las contempladas en el artículo 12 ter, ante evoluciones adversas del mercado, velando por que se aplique a dichas pruebas la metodología más coherente posible en el nivel nacional; c) de planificar y dirigir las actividades de supervisión en situaciones tanto normales como de emergencia, incluida la evaluación de los riesgos a los que están expuestas o pueden estar expuestas las entidades financieras; y d) de verificar las tareas realizadas por las autoridades competentes. 3 bis. La Autoridad podrá establecer normas de regulación y de ejecución, directrices y recomendaciones que se adoptarán de conformidad con los artículos 7, 7 sexies y 8, con el fin de armonizar las tareas y las mejores prácticas de supervisión adoptadas por los colegios de supervisores. La Autoridad aprobará disposiciones por escrito para el funcionamiento de cada colegio, con el fin de garantizar la convergencia en el funcionamiento de todos ellos. 3 ter. El cometido de mediación con carácter vinculante permitirá a la Autoridad resolver las diferencias entre las autoridades competentes de supervisión de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 11. Cuando no pueda alcanzarse un acuerdo en los colegios de supervisores en cuestión, la Autoridad podrá adoptar decisiones de supervisión directamente aplicables a la institución de que se trate. Artículo 12 bis Disposiciones generales 1. La Autoridad prestará especial atención y hará frente al riesgo de perturbación de los servicios financieros que i) esté causado por un daño en la totalidad o en partes del sistema financiero y ii) tenga potencial para generar consecuencias negativas graves para el mercado interior y la economía real (riesgo sistémico). Todos los tipos de intermediarios, mercados e infraestructuras financieras tienen el potencial de ser sistemáticamente importantes en cierto grado. 2. La Autoridad, en colaboración con la Junta Europea de Riesgo Sistémico, elaborará un conjunto común de indicadores cuantitativos y cualitativos (cuadro de riesgos), que servirá de base para asignar una calificación de supervisión a los participantes en los mercados financieros con actividades transfronterizas contemplados en el artículo 12 ter. Esa calificación se revisará periódicamente para tener en cuenta los cambios materiales en el perfil de riesgos de una entidad. La calificación de supervisión constituirá un elemento crítico a la hora de decidir si se ha de supervisar o intervenir directamente una entidad en dificultades. 3. Sin perjuicio de los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, la Autoridad propondrá, según se requiera, proyectos adicionales de normas de regulación y ejecución, así como directrices y recomendaciones para las entidades contempladas en el artículo 12 ter. 4. La Autoridad ejercerá la supervisión de las entidades transfronterizas que puedan constituir un riesgo sistémico, tal como se establece en el artículo 12 ter. En dichos casos, la Autoridad actuará mediante las autoridades competentes. 5. La Autoridad establecerá una Unidad de Resolución con un mandato destinado a poner en práctica la gobernanza y el modus operandi, claramente definidos, de la gestión de crisis desde una intervención temprana a la resolución e insolvencia, y asumirá la dirección de tales procedimientos. Artículo 12 ter Determinación de los participantes en los mercados financieros con actividades transfronterizas que pueden plantear un riesgo sistémico 1. La Junta de Supervisores, tras consultar con la JERS, podrá determinar, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 29, apartado 1, los participantes en los mercados financieros con actividades transfronterizas que, debido a los riesgos sistémicos que puedan plantear, han de estar sujetos a supervisión directa por parte de la Autoridad o someterse a la Unidad de Resolución contemplada en el artículo 12 quater. 2. Los criterios de determinación de estos participantes en los mercados financieros serán coherentes con los criterios establecidos por el Consejo de Estabilidad Financiera, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internacionales. Artículo 12 quater Unidad de Resolución 1. La Unidad de Resolución mantendrá la estabilidad financiera y reducirá al mínimo el efecto de contagio derivado de las entidades en dificultades contempladas en el artículo 12 ter para el resto del sistema y la economía en general, y limitará el coste para los contribuyentes respetando el principio de proporcionalidad, la jerarquía de acreedores y garantizando la igualdad de trato a través de las fronteras. 2. La Unidad de Resolución estará facultada para desempeñar las tareas establecidas en el apartado 1, con el fin de rehabilitar a las entidades en dificultades o de decidir la liquidación de entidades inviables (críticas para limitar el riesgo moral). Entre otras acciones, se podrían requerir ajustes en el capital o la liquidez, adaptaciones en la combinación de negocios, mejora de los procesos, nombramiento o sustitución de miembros