5. 6. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 139/23 
del «Observatorio», para la organización regional del 
mercado de productos forestales y para el desarrollo 
integrado de las zonas rurales, en particular en las zonas 
de montaña. 
5.25.2. Los campos de estudio son múltiples aunque 
se da prioridad a: 
— las técnicas de silvicultura destinadas a la utilización 
múltiple del bosque, 
— la mejora genética de las plantas forestales y el 
fomento de la ingeniería genética, 
— las técnicas de análisis del ambiente forestal, las técnicas de análisis y de defensa de los bosques 
contra la contaminación, 
la defensa fito-sanitaria, 
la defensa contra incendios, 
la economía de la producción forestal y del subsec-
tor bosque-madera, 
la evaluación económica de la función múltiple de 
los bosques, 
la organización de la oferta y la demanda de produc­
tos forestales, 
la mecanización forestal, 
la tecnología de la madera. 
Hecho en Bruselas, el 30 de marzo de 1989. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE 
Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a los procedimientos de 
adjudicación de contratos a entidades suministradoras de agua, energía y servicios de 
transporte (}) 
(89/C 139/08) 
El 24 de octubre de 1988, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado constitutivo en 
la Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y 
Social sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de industria, comercio, artesanía y servicios, encargada de preparar los trabajos 
en la materia, adoptó su dictamen el 1 de marzo de 1989 (ponente: Sr. Kaaris). 
En su 264a sesión plenaria (sesión del 31 de marzo de 1989), el Comité Económico y Social 
ha aprobado por 95 votos a favor, 23 en contra y 16 abstenciones el siguiente dictamen 
(votación nominal). 
El Comité ve con agrado las propuestas presentadas 
por la Comisión destinadas a liberalizar la contratación 
en los principales sectores excluidos hasta hoy, sin 
perjuicio de las siguientes observaciones. 
1. Observaciones generales 
1.1. El Comité observa con alivio que la Comisión, 
tras un prolongado período de reflexión y consultas a 
los sectores afectados, ha presentado finalmente sus 
propuestas definitivas para la ampliación de los regía­
te DO n° C 319 de 12. 12. 1988, p. 2. mentos comunitarios a la contratación pública de todo 
tipo de bienes, excluyendo el sector de la defensa. Los 
contratos públicos sujetos a procedimiento comunitario 
representan alrededor de 250 000 millones de ECU. 
El ahorro potencial resultante de la apertura de la 
contratación pública es enorme, aunque difícil de cuan-
tificar. Sin embargo, lo que no es menos cierto es que 
los efectos estáticos sobre el comercio directo derivados 
de una mayor penetración de las importaciones (basán­
donos en la hipótesis de que la penetración de las 
importaciones en el sector público alcanza en mismo 
nivel que en el sector privado) son menos significativos 
que los efectos competitivos (reorganizaciones destina­
das a eliminar ineficiencias) y reestructuradores (mayo­
res tasas de utilización de la capacidad productiva, 
N° C 139/24 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 6. 89 
fusiones, etc.). El objetivo de las propuestas de la Comi­
sión es procurar una mayor competencia en este sector, 
mediante una mayor transparencia, y establecer normas 
relativas a la información y publicación que creen un 
marco indispensable dentro del cual puedan actuar las 
fuerzas del mercado. 
1.2. El Comité, del mismo modo que en su dictamen 
sobre la Directiva de obras públicas (!), aprueba que en 
la Directiva que nos ocupa se haya optado por un 
enfoque de mercado. Si bien los estatutos de las entida­
des compradoras pueden variar de país a país, los 
criterios pertinentes para un reglamento comunitario 
deben basarse en si la entidad compradora es pública, 
o si disfruta de derechos especiales o exclusivos. No 
obstante, el Comité, sensible a los riesgos, especialmente 
sociales, que implica para los proveedores afectados la 
apertura generalizada de la contratación pública, insiste 
en la necesidad de asegurar la igualdad de oportuni­
dades. 
1.2.1. A este respecto, la Comisión debería esforzarse 
por hallar una solución a los problemas que pudieran 
plantearse debidos a los diferentes niveles de concentra­
ción de los organismos compradores en los diferentes 
Estados miembros. Por ejemplo, el hecho que Francia 
e Italia tengan compañías de distribución de electricidad 
podría dar lugar a una apertura del mercado mucho 
mayor que en el caso de otros Estados miembros. 
1.2.2. La exclusión de las actividades secundarias 
de los organismos compradores produciría distorsiones 
injustificadas y, por lo tanto debería ser retirada. 
1.2.3. No obstante, la Directiva debería ser de aplica­
ción a las empresas que tienen un monopolio de fado, 
como resultado de concesiones de servicios públicos, 
aunque no se hallen incluidas en dichas concesiones 
(por ejemplo, la producción de electricidad en el caso 
de las concesiones de distribución de energía). 
1.3. El Comité aunque aprueba este enfoque de mer­
cado, considera no obstante, que las propuestas de la 
Comisión requieren un ajuste en algunos aspectos, si 
queremos que cumplan sus objetivos. 
1.4. Los efectos positivos esperados gracias a la libe-
ralización de los procedimientos de adjudicación de 
contratos dependen esencialmente de si existe o no una 
competencia capaz de funcionar entre las empresas de 
los sectores en cuestión. Por medio de una política 
activa de competencia (aplicación art. 85-86 del Tratado 
CEE) y de la rápida aprobación de una reglamentación 
eficaz del control de las fusiones, debe impedirse que 
algunas empresas dominen el mercado parcial corres­
pondiente y que puedan pedir precios abusivos. 
(') DO n°C 319 de 30. 11. 1987. Al mismo tiempo, en ningún caso se debe impedir que 
las empresas afectadas alcancen un volumen tal que les 
asegure la total capacidad competitiva en el mercado 
mundial. 
1.5. Las empresas públicas afectadas por la Directiva 
cumplen funciones de política infraestructural delega­
das por el Estado. No dejan, por último, de tener 
gran importancia político-regional la constitución, el 
desarrollo y el servicio de las tareas de infraestructura. 
En opinión del Comité, el cumplimiento de estas funcio­
nes políticas no debe quedar debilitado por la apertura 
del régimen de contrataciones públicas. 
1.6. Muchas empresas públicas están en competencia 
con empresas privadas (incl. competencia de sustitu­
ción), que en parte no se ven afectadas por esas Directi­
vas. Hay que impedir que procedimientos de adjudica­
ción demasiado burocráticos empeoren la situación de 
competitividad de las empresas públicas. La Comisión 
debería examinar si acaso no se alcanzaría mejor el 
objetivo de la liberalización del sistema público de 
adjudicación de contratos por medio de una eficaz 
transparencia en los contratos más pequeños. 
2. Procedimientos 
2.1. Únicamente una serie de firmes normas comuni­
tarias, rigurosamente aplicadas y que excluyan toda 
preferencia, permitirá que las consideraciones económi­
cas sean las decisivas en materia de adjudicación. 
2.2. La Comisión, como en sus anteriores Directivas 
relativas a suministros y obras públicas, exige que los 
organismos compradores basen la adjudicación de con­
tratos únicamente en criterios de máxima ventaja eco­
nómica o mínimo precio de las ofertas. El Comité está 
de acuerdo con este principio, si bien la limitación de los 
procedimientos negociados (es decir, no competitivos) 
siempre ha constituido uno de los principales objetivos 
de la Comisión en la lucha contra la contravención de 
las normas de adjudicación de contratos. El Comité se 
pregunta si este principio no debería ahora aplicarse 
también a los sectores anteriormente excluidos, y cues­
tiona la justificación de la Comisión de permitir la libre 
elección de los procedimientos de oferta, es decir, que 
sea necesaria una « flexibilidad » especial para los secto­
res hasta ahora excluidos, debido a su « carácter espe­
cial » en el sentido de que « difieren de las organizaciones 
básicamente administrativas que se contemplan gene­
ralmente en las Directivas existentes por tener una 
finalidad económica o industrial». Es éste un argu­
mento clave subyacente en la propuesta de la Comisión 
y que sirve de justificación a su enfoque «flexible». 
La principal diferencia entre los sectores hasta ahora 
excluidos y los restantes, y la razón de la exclusión 
original de los primeros de las Directivas sobre contra-
5. 6. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 139/25 
tación pública, es de carácter político, a saber que 
en opinión de los Estados miembros su importancia 
económica e industrial era mucho mayor. El pretexto 
para no haberlos abierto, tal como la misma Comisión 
manifiesta, era legal, es decir « que en algunos Estados 
miembros una actividad determinada puede asignarse 
a una entidad « pública » y en otros a entidades « priva­
das», o incluso a ambas». 
2.3. La legislación CEE sobre contratos públicos ha 
tenido escasa repercusión sobre los intercambios por­
que, en palabras del Informe Cecchini, existen muchos 
modos de eludir las normas o de influenciar la elección 
de los proveedores en la fase de evaluación de las 
ofertas. Hasta hoy, los proveedores no se han molestado 
en presentarse a las subastas por considerarlo impro­
ductivo, es decir, por la facilidad, por parte del orga­
nismo comprador de falsear una subasta competitiva. 
2.4. El modo en que la Directiva propuesta haga 
frente a este desafío será de particular importancia, 
toda vez que, a fin de cuentas, será la credibilidad de 
la Directiva la que decidirá el resultado de las políticas 
de contratación pública de la Comunidad. 
2.5. El Comité se plantea la cuestión de si los procedi­
mientos de subasta de la Directiva propuesta, no serán 
demasiado « flexibles » para proteger a los organismos 
adjudicadores de cualquier interferencia política en sus 
decisiones y, por lo tanto, no produzcan nada parecido 
a la penetración esperada de importaciones que se cita 
supra. La razón es sencilla : los organismos contratantes 
tendrán, según la Directiva, la posibilidad de libre elec­
ción de procedimientos de subasta, con lo cual disfruta­
rán de una flexibilidad considerablemente mayor que 
con las Directivas sobre suministros y obras públicas. 
2.6. A efectos de transparencia, se pide a los organis­
mos proveedores que hagan públicos los anuncios pre­
vios de licitación y que establezcan previamente los 
criterios que se aplicarán a la adjudicación de contratos. 
También se les pide que guarden registros y que propor­
cionen informes estadísticos. En conjunto, no parecen 
ser éstas unas obligaciones excesivas, especialmente si 
tenemos en cuenta que los anuncios previos de licitación 
son tan elásticos que pueden vaciar de contenido los 
requisitos. Los anuncios de licitación, por ejemplo, pue­
den corresponder a los anuncios indicativos periódicos 
que las entidades contratantes deben elaborar una vez 
por año indicando sus planes futuros. Sin embargo, 
debemos tener en cuenta que estos anuncios periódicos 
solamente deben cubrir los contratos « previstos », con­
cepto éste ciertamente «flexible». 
2.7. Asimismo, en los casos en que existan proyectos 
adicionales, no es obligatorio que los contratos inclui­
dos en un anuncio periódico deban ser realizados durante el período cubierto por dicho anuncio, sino que 
es posible incluirlo en el anuncio periódico del año 
siguiente. 
2.8. Además, la información que deben proporcionar 
los anuncios periódicos es mucho menos detallada que 
la necesaria para los procedimientos abiertos, restringi­
dos o negociados, y, por ejemplo, no cubre los requisitos 
de especificaciones técnicas o normas. 
2.9. El Comité ve con satisfacción que en casos de 
ofertas extraordinariamente ventajosas se pueden exigir 
no sólo la aclaración escrita de algunas partidas, sino 
que también se puedan recabar informaciones para 
saber si el licitador recibe subvenciones estatales. No 
obstante cabe la duda de que los datos sobre subvencio­
nes que posee la Comisión estén completos. 
2.10. El Comité considera que debería estudiarse de 
nuevo los umbrales propuestos por la Comisión 
(200 000 ECU en el caso de contratos individuales de 
suministro; 5 millones de ECU en el caso de contratos de 
obras). Con el fin de evitar procedimientos burocráticos 
innecesarios, el umbral debería basarse no en el número 
de contratos registrados sino en el valor total de los 
contratos. 
3. Sanciones 
3.1. El Comité pide que la Directiva comunitaria, 
actualmente presentada al Consejo, sobre el cumpli­
miento de la legislación comunitaria en materia de 
adjudicación de contratos públicos, sea aplicada a la 
Directiva actualmente presentada, con la máxima cele­
ridad. Establecer reglamentos comunitarios seguirá 
siendo un ejercicio puramente teórico si no se emplazan 
los medios que aseguren su cumplimiento. El Comité, 
tal como manifestaba en su dictamen adoptado unáni­
memente sobre la citada Directiva, considera que una 
Directiva de cumplimiento constituye un elemento 
indispensable para la realización de un auténtico mer­
cado interior en el sector de la adjudicación de contratos 
públicos, y reitera su petición de que: 
— la Comisión, con independencia de la adopción de 
la Directiva, colabora con los Estados miembros en 
la elaboración de disposiciones relativas a los pla­
zos, sanciones pecuniarias y procedimientos admi­
nistrativos, y que 
— la Comisión —como en el caso de las normas de 
competencia (artículo 87(2) del Tratado— debe dis­
poner de los mismos poderes de imposición de san­
ciones de que disponen las autoridades nacionales 
de acuerdo con la Directiva de cumplimiento. 
3.2. En todo caso, el Comité considera que si quere­
mos evitar el siempre engorroso recurso al Tribunal de 
justicia (e incluso el recurso a su Tribunal de primera 
N° C 139/26 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 6. 89 
instancia) los litigios que afecten a las Directivas debe­
rían, sin perjuicio del derecho de apelación, ser presen­
tados a arbitraje a nivel comunitario. 
4. Exenciones 
4.1. El Comité invita a la Comisión a limitar a un 
mínimo el número de derogaciones de la Directiva. Las 
exenciones deberían constituir la excepción a la regla, 
por la sencilla razón que si la Comisión cede ante las 
presiones de un sector, otros sectores (justificadamente) 
seguirán el mismo procedimiento. Y esto, como de­
muestra la experiencia con anteriores Directivas, signifi­
caría que la Directiva habría perdido toda posibilidad 
de llegar a ser eficaz. 
4.1.1. Si bien es efectivamente necesario limitar las 
derogaciones, parece no obstante oportuno atender a 
las características específicas de cada uno de los sec­
tores. 
La aplicación de un procedimiento común a sectores 
que son por naturaleza de características técnicas y 
administrativas muy diversas puede afectar negativa­
mente el coste y la necesaria y precisa coordinación de 
sus operaciones. 
Dentro del sector de la energía, sería el caso del sector 
de los hidrocarburos. A fin de asegurar la efectiva 
liberalización de los mercados —que constituye el 
objetivo concreto que persigue la Comisión— el Comité 
solicita una Directiva específica para el sector de la 
energía. 
4.2. El Comité es de la opinión que los argumentos 
utilizados a favor de las exenciones propuestas no siem­
pre son coherentes con los principios de aplicación de 
las propuestas, tal como se establecen en el artículo 2. 
La Directiva propuesta contiene un cierto número de 
exenciones que eximen a los organismos compradores 
de las normas comunitarias de adjudicación de contra­
tos públicos, por ejemplo en los sectores de la adquisi­
ción de agua, energía y carburantes para la producción 
de energía , ciertos servicios de transporte por autobús, 
servicios de transbordadores marítimos, transforma­
ción, transporte y distribución de productos petrolífe­
ros, prestación de servicios de transporte aéreo, etc. 
Estas exenciones son de considerable importancia eco­
nómica y en algunos casos su justificación, como la 
propia Comisión admite, es «dudosa». 
4.2.1. Los servicios de transbordadores marítimos, 
por ejemplo, están excluidos dado que, «en general, 
el transporte marítimo se compone esencialmente de 
compañías privadas». Sin embargo, de acuerdo con el 
enfoque de la Comisión el criterio de propiedad privada 
o pública ya no es significativo, quedando reemplazado 
por el criterio de si el organismo comprador es público 
o disfruta de derechos especiales o exclusivos. 4.2.2. Aunque operan en un medio altamente regla­
mentado, con un acceso limitado a las rutas y depen­
dientes de la autorización estatal, use excluye a las 
líneas aéreas debido a que « suelen competir directa­
mente con otras compañías, aunque sean pocas»!! 
4.2.3. Criterios de este tipo son, claramente, dema­
siado vagos e imprecisos para ser de utilidad, y el 
Comité, en consecuencia y a fin de evitar exenciones 
arbitrarias, invita a la Comisión a aplicar rigurosamente 
sus propios criterios establecidos para la definición 
de las actividades cubiertas por la Directiva, a saber, 
actividades de organismos compradores de carácter 
público o que operen en función de derechos especiales 
o exclusivos. 
4.2.4. El Comité comprueba que las compras de 
energía y carburantes, excluidas de la presente Direc­
tiva, serán cubiertas por una posterior Directiva. El 
Comité desea destacar la importancia de esta medida. 
El mercado único no puede cubrir todos los productos 
y servicios con excepción de la energía. 
4.3. A fin de tomar en consideración los problemas 
regionales de la Comunidad, el Comité propone que se 
otorgue un tratamiento preferencial a los licitadores 
originarios de regiones con problemas estructurales. 
Por analogía con la normativa que rije las licitaciones 
provinientes de países terceros, en aquellos casos en 
que se oferten precios iguales tendrán preferencia los 
licitadores procedentes de regiones comunitarias clasifi­
cadas en el grupo 1 (regiones menos desarrolladas) o 
en el grupo 2 (regiones industriales que se hallan con 
problemas de reajuste) según la reglamentación del 
Fondo estructural. 
5. Transparencia 
5.1. El Comité considera que la transparencia consti­
tuye un importante objetivo. En 1986, la Sección mani­
festó su preocupación por que todos los licitadores 
que no resultasen ganadores de una subasta tuviesen 
derecho a saber qué oferta había ganado y a qué precio. 
En ese momento, el Comité sugirió que los anuncios de 
adjudicación deberían incluir el nombre del contratante, 
a fin de facilitar el acceso a la información que pueda 
ser de interés para subcontratistas potenciales. 
5.2. El Comité pide que la Comisión efectúe una 
nueva redacción del artículo 15 de la presente propues­
ta, con el fin de que quede reflejada la opinión del 
Comité sobre la transparencia requerida por una Direc­
tiva comunitaria. 
5.3. El artículo 15.2 hace de la protección de los 
legítimos intereses comerciales de ciertas empresas 
razón suficiente para no publicar ni la identidad de una 
compañía adjudicataria ni el importe del contrato. Esto 
es totalmente inaceptable para el Comité; con ello, la 
publicación de las noticias de adjudicación se convertirá 
en papel mojado. Los intereses comerciales de los licita­
dores ganadores no necesitan la protección del secreto. 
La transparencia es un pequeño precio que debe ser 
pagado por la obtención del contrato. Los licitadores 
5. 6. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 139/27 
no ganadores, por otra parte, tienen legítimo derecho 
a conocer cuál es el precio de mercado y adonde dirigir 
sus ofertas de subcontratación. 
5.4. No hay razón para que fragmentos concretos de 
la Directiva hagan posible el oscurecimiento del precio 
exacto de contratación. El modelo de anuncio del 
Anexo IV ya continúa la opción de publicación en lo 
relativo a la escala de precios (mínimo/máximo) en 
lugar del precio exacto pagado. 
5.5. El articulo 15.3 hace posible retrasar la salida 
de la noticia de adjudicación durante 48 días, lo que 
constituye una burla de la disposición de publicación y 
es contrario a los intereses de los suscriptores del Diario 
Oficial y del Tenders Electronic Daily (TED). En opi­
nión del Comité no hay razón alguna para que la noticia 
de adjudicación no deba salir al día siguiente de la 
adjudicación del contrato. 
5.6. Se debería asimismo tomar medidas para impe­
dir que los organismos afectados por la Directiva inten­
tasen eludir sus disposiciones adoptando, sin razón 
que lo justifique, compromisos a muy largo plazo con 
suministradores privilegiados antes de la fecha de publi­
cación de la Directiva. La Directiva debería estipular 
asimismo que los compromisos de ese tipo se verán 
sometidos a un nuevo examen y a una limitación de su 
período de aplicación. 
6. Dimensión social 
6.1. El artículo 20 de la Directiva original sobre 
suministros, de 1976, y el artículo 23 de la Directiva de 
1971 sobre contratos de obra establecen una serie de 
criterios para la exclusión de suministradores de la 
participación en un contrato, entre los cuales se cuenta 
el no cumplimiento de las obligaciones relativas al 
pago de las contribuciones a la seguridad social o los 
impuestos. 
6.2. El Comité invita a la Comisión a que establezca 
con claridad qué disposiciones similares son de aplica­
ción en los sectores que cubre esta Directiva, y sugiere 
que la Directiva sea modificada de modo que asegure 
el cumplimiento a todos los niveles de la legislación 
social y las negociaciones salariales colectivas, y que 
establezca que los licitadores que no se ajusten a este 
requisito básico serán descartados. 
6.3. La liberalización de los procedimientos de adju­
dicación de contratos en los sectores que aquí se con­
templan, es un ejemplo del concepto de desregulación 
de la Comisión en la realización del mercado interior 
europeo. Sólo sería aceptable una liberalización econó­
mica si se toman paralelamente las medidas de acompa­
ñamiento de política social y empleo necesarias. 6.3.1. El proceso de reestructuración debe ir flan­
queado por medidas macroeconómicas que lo comple­
tarían por la subida del eficaz crecimiento del empleo. 
El Comité recuerda en este contexto el Informe Cecchini 
que ha demostrado que sin medidas de flanqueo macro­
económicas para promover la inversión por parte de 
los Estados miembros, no se puede contar en conjunto 
más que con un débil crecimiento del empleo y en los 
primeros años incluso con un retroceso del mismo. 
6.3.2. Algunos de los sectores (de proveedores) esta­
ban protegidos hasta ahora por los procedimientos 
nacionales de adjudicación de contratos públicos y no 
se veían casi afectados por la competencia internacio­
nal. Esto ha conducido a procesos de producción y 
a productos poco innovadores, y a sobrecapacidades 
también. Por ello, en la Comunidad Europea las estruc­
turas de producción no son homogéneas en los sectores 
afectados. Sin embargo, las necesarias reestructuracio­
nes no pueden hacerse de forma abrupta, si no se quiere 
correr el riesgo de consecuencias imprevisibles para el 
empleo. Algunos viejos núcleos industriales de Europa 
se ven particularmente afectados por ello, agravándose 
la ya difícil situación. El ejemplo que cita la Comisión 
señalando la comparativamente baja cantidad de licita­
ciones en Estados Unidos en los sectores en cuestión, 
no puede considerarse como un ideal a alcanzar. 
6.3.3. La liberalización de la contratación pública 
en los sectores que vienen al caso debe por tanto ir 
acompañada por medidas de política económica y 
estructural. En aquellos sectores particularmente afecta­
dos por las propuestas, se debería crear planes de ajuste 
estructural por parte de los comités sectoriales euro­
peos, a fin de que sirviesen como líneas directrices. 
Como parte del diálogo social, los comités sectoriales 
deberían incluir a representantes de los agentes socioe­
conómicos y a la Comisión. 
6.3.4. En lo que concierne a la participación comuni­
taria, parece evidente que en el caso de que surgieran 
problemas graves en relación con el ajuste estructural 
cabrá recurrir a los Fondos estructurales. 
7. Dimensión exterior 
La definición de origen comunitario según el criterio del 
valor añadido es eminentemente política y trasciende el 
alcance de la presente Directiva. 
Sin embargo, el Comité opina que el artículo 24 es de 
importancia primordial para los países de la Asociación 
europea de libre cambio (AELC), e invita a la Comisión 
a iniciar negociaciones de inmediato con dichos países 
a fin de impedir que esta medida tenga efectos negativos 
no deseados en la futura integración europea. 
La Comunidad está por supuesto obligada a cumplir las 
reglas del Acuerdo general sobre las tarifas aduaneras y 
el comercio (GATT) presentes y futuras, frente a los 
proveedores de países terceros. Aparte de esto, es muy 
N° C 139/28 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 6. 89 
de desear que en los sectores que no cubre el GATT 
negocie caso por caso un convenio de reciprocidad (o 
al menos un convenio para la equitativa distribución 
de las ventajas). 
El Comité apoya en principio la regulación prevista 
frente a países terceros. Ahora bien, para la evaluación 
del local content, en lugar de la regulación del 50% 
debería aplicarse el 60%. Además, se deberían conside­
rar aparte los gastos para investigación y desarrollo, 
según su cuantía, sometiéndolos igualmente a la regula­
ción del 60%. En igualdad de precio, no se deberían 
privilegiar los suministros de la CE frente a proveedores 
procedentes de países de África, del Caribe y del Pacífico 
(ACP). 
8. Procedimientos varios de aplicación 
8.1. A la vista de la complejidad de la definición de 
los organismos sujetos a las Directivas indicadas, sería 
aconsejable que la Comisión elaborase una lista precisa 
de los organismos afectados y la naturaleza de los 
suministros y trabajos que cubren. La Comisión debería 
someter regularmente a revisión esta lista (por ejemplo, 
una vez al año). 
8.2. A la vista del tiempo necesario para que los 
parlamentos nacionales aprueben la legislación deri-
Hecho en Bruselas, el 31 de marzo de 1989. vada de "las Directivas indicadas, la fecha prevista de 
entrada en vigor (1 de marzo de 1990) parece prematura. 
En consecuencia, el Comité propone que el artículo 31 
sea modificado a fin de que indique que la fecha de 
entrada en vigor será 12 meses después de la adopción 
de la Directiva por el Consejo. 
9. Conclusiones 
9.1. El Comité se pregunta si una Directiva en la que 
se establecen los actuales procedimientos de licitación 
y para la que no existe una Directiva de cumplimiento 
que asegure el respeto a la reglamentación comunitaria, 
y que, además, incluye ciertas exenciones de importan­
cia, tiene posibilidad de alcanzar sus objetivos. A fin 
de hacer la Directiva más operativa y alcanzar las metas 
previstas por la Comisión, deberían introducirse las 
siguientes modificaciones: 
— debería cubrir todos los sectores públicos, o aquellos 
sectores que operen sobre la base de derechos exclu­
sivos o especiales, con posibilidad de revisión una 
vez aplicada la Directiva, 
— las publicaciones periódicas como oferta de licita­
ción deberían suprimirse, 
— la Directiva de sanciones, incluyendo las modifica­
ciones propuestas por el Comité, debería ser tam­
bién de aplicación, tras su adaptación, en los secto­
res hasta ahora excluidos. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE 
5. 6. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 139/29 
ANEXO 1 
al dictamen del Comité Económico y Social 
Los siguientes miembros, presentes o representados, han votado a favor del dictamen: 
Sras./Srtas./Sres. Amato, Arets, Bagliano, Beretta, Berger, Bernasconi, Bleser, Boddy, Boisserée, Bredima 
Savopoulou, Breyiannis, Calvet Chambón, Carroll, Ceballo Herrero, Christie, Dassis, Delhomenie, Della 
Croce, Dodd, Donck, Drilleaud, van Eeckert, Etty, Eulen, Forgas, Freeman, Fresi, Gayetot, Germozzi, 
Geuenich, Giacomelli, Gómez Martínez, Green, Hórsken, Houthuys, Jakobsen, Jenkins, Kaaris, Kazazis, 
Kenna, Kirchfeld, Kitsios, Laka Martin, Landaburu, Lappas, Liverani, Luchetti, Maddocks, Margot, Marvier, 
Meyer Horn, Morales, Moreland, Muhr, Muller, Muñiz Guardado, Murphy, Nielsen B., Nielsen P., Nierhaus, 
Noordwal, Pardon, Pearson, Pelletier, Petersen, Petropoulos, Poéton, Polyzos, Pronk, Proumens, Quevedo 
Rojo, Raftopoulos, Roseingrave, Saiu, Salmón, Santillan Cabeza, Schade-Poulsen, Schmitz, Schnieders, 
Schnitker, Schópges, Serra Caracciolo, Smith A.R., Smith L.J., Speirs, Spijkers, Stádelin, Strauí^, Tukker, 
Vallejo Calderón, Vanden Broucke, Velasco Mancebo, Vercellino, Whitworth, Zufiaur Narvaiza. 
Los siguientes miembros, presentes o representados, han votado en contra del dictamen: 
Sras./Srtas./Sres. Arena, Ataide, Beltrami, Ceyrac, Clavel, Collas, Corell Ayora, Coyle, Decaillon, Frandi, 
Gardner, Gredal, Haas, Hagen, Hancock, Mainetti, de Normann, Panizo Arcos, Perrin-Pelletier, Solari, 
Storie-Pugh, Tixier, Wagner. 
Los siguientes miembros, presentes o representados, se han abstenido: 
Sras./Srtas./Sres. Aparicio Bravo, Aspinall, Bento Goncalves, Lobo Brandáo R. Cal., Campbell, Cavazzuti, 
Doornbos, Larsen, Lów, Lustenhouwer, Orsi, Proenca, Rangoni-Machiavelli, Ribiére, Riera Marsa, Romoli. 
ANEXO 2 
al dictamen del Comité Económico y Social 
Las siguientes enmiendas, basadas en el dictamen de la Sección y presentadas de conformidad con el 
reglamento interno, fueron rechazadas durante el debate: 
Apartado 4.1 
Añadir el siguiente apartado 4.1¿»/s: 
«En lo que se refiere particularmente al sector de los hidrocarburos, es necesario por otra parte hacer una 
distinción. 
La exploración, la investigación, la producción y el transporte de hidrocarburos se desarrollan fundamental­
mente en un marco internacional en el que las decisiones sólo se toman actualmente por parte de la gran 
mayoría de los operadores basándose en consideraciones de orden estrictamente económico y técnico que 
garanticen la máxima fiabilidad de los materiales desde el punto de vista de la seguridad. Ello crea un 
contexto claramente competitivo de mercado y de procedimientos, marcadamente caracterizado por su 
altísima especialización, que sólo admite factores que garanticen una respuesta concreta y oportuna a las 
exigencias del sector. 
Las distorsiones eventuales actualmente existentes en el marco de determinadas políticas industriales naciona­
les deberían solucionarse mediante la aplicación de los Tratados relativos a la armonización de las políticas 
económicas de los Estados miembros. 
Basándose en estas consideraciones, el Comité considera que la Directiva relativa a los «sectores excluidos» 
debería aplicarse al sector de los hidrocarburos solamente en lo que se refiere a los contratos relativos a 
servicios públicos delegados por los poderes públicos (por ejemplo la distribución de gas para el consumo 
privado), poderes que, en efecto, deberían tener algún modo de intervenir en la elección de los proveedores. » 
N° C 139/30 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 5. 6. 89 
Exposición de motivos 
Las especificidades del sector de los hidrocarburos se indican en el texto de la enmienda. Dichas especificidades 
están vinculadas a factores técnicos y económicos y a la necesidad de la máxima fiabilidad de los materiales 
impuesta por las exigencias de seguridad. También están vinculadas al carácter internacional del sector, que 
lo diferencian claramente de los demás «sectores excluidos». 
Las distorsiones eventuales actualmente existentes en el contexto de determinadas políticas nacionales que 
deben resolverse en el marco de la armonización de las políticas económicas de los Estados miembros no 
invalidan el marco competitivo en el que hoy día se mueve la gran mayoría de los países miembros de la 
Comunidad. 
Consideramos que la aplicación así limitada de la Directiva no contradice el objetivo fundamental que tiene 
fijado. 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 42, votos en contra: 58, abstenciones: 29. 
Párrafo 7 
Sustituir el último párrafo por lo siguiente: 
« La Sección considera que al artículo 24 de la propuesta de la Comisión debe ser modificado, ya que en su 
forma actual es susceptible de erigir barreras en los límites de la Comunidad con el fin de proteger a los 
suministradores comunitarios en los sectores de agua, energía y servicios de transporte de la competencia de 
los suministradores extracomunitarios y de los suministradores intracomunitarios que se procuran más del 
50% del valor de su oferta de licitación fuera de la CE. Por la misma razón, la Sección se opone al artículo 
24(2), que dispone se dé preferencia a los suministradores comunitarios siempre que su oferta sea hasta un 
3% superior a la de un licitador externo. 
La Sección considera además poco aconsejable incluir en una Directiva centrada en la contratación pública 
cualquier disposición que sea competencia legítima de otras esferas de decisión, como por ejemplo el Consejo 
en el caso de un mandato negociador del GATT. » 
Exposición de motivos 
Se desprenden del propio texto. 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 16, votos en contra: 71, abstenciones: 11.