COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la posición del Consejo a propósito de la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la política pesquera común /* COM/2013/0733 final - 2011/0195 (COD) */





2011/0195 (COD) COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la posición del Consejo a propósito de la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la política pesquera común 1. Contexto Fecha de transmisión de la propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo (documento COM(2011) 425 final – 2011/0195 COD): || 13 de julio de 2011 Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: || 28 de marzo de 2012 Fecha del dictamen del Comité de las Regiones: || 4 de mayo de 2012 Fecha de la posición del Parlamento Europeo en primera lectura: || 6 de febrero de 2013 Fecha de adopción de la posición del Consejo: || 17 de octubre de 2013 2. Objetivo de la propuesta de la Comisión El objetivo general de la propuesta de nuevo Reglamento sobre la política pesquera común es garantizar aquellas actividades del sector de la pesca y de la acuicultura que ofrezcan condiciones medioambientales sostenibles a largo plazo y que contribuyan a la disponibilidad de alimentos. 3. Comentarios sobre la posición del Consejo 3.1. Comentarios generales sobre la posición del Consejo: La Comisión acepta la posición del Consejo dado que el acuerdo político de compromiso entre este y el Parlamento Europeo mantiene todos los elementos esenciales de la propuesta original presentada por ella y, lo que es más importante, contiene: 1) una obligación legal —sujeta a plazos— de gestionar las poblaciones de peces de forma sostenible; 2) una obligación legal —también sujeta a plazos— de eliminar los descartes de peces; 3) un sistema de regionalización que acerca lo más posible a los interesados la toma de decisiones. También son aceptables para la Comisión otras enmiendas que afectan a los planes plurianuales, a las normas de acceso a las aguas, al establecimiento de zonas de recuperación de las poblaciones de peces, a la asignación de las posibilidades de pesca, a la gestión de la capacidad pesquera, a la recogida de datos, a la dimensión exterior, a las tareas de control y ejecución y a la consulta y composición de los consejos consultivos. 3.2. Enmiendas del Parlamento Europeo en primera lectura: El Parlamento Europeo presentó más de 230 enmiendas a todas las partes de la propuesta de la Comisión. La mayor parte de esas enmiendas afectaba a más de un apartado de cada artículo. En el curso de los debates tripartitos, se revisaron y negociaron todas las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo. Como consecuencia de ello, no hubo en la primera lectura ninguna enmienda que se integrara completamente en la posición del Consejo. La excepción en este sentido fueron las enmiendas 116 (medidas de emergencia de los Estados miembros), 118 (evitación y minimización de las capturas no deseadas), 137 (sistema de concesiones de pesca transferibles), 243 (grupo de expertos en materia de cumplimiento), 196 (contribución a los costes de control) y 200 (creación de nuevos consejos consultivos). Estas enmiendas quedaron integradas sin ningún ajuste o solo alguno menor. En el caso de muchas de las enmiendas del Parlamento Europeo, la posición del Consejo se formuló incorporando (totalmente o, al menos, en parte) las líneas generales de esas enmiendas. Tal es el caso particularmente del artículo 2 (objetivos: enmiendas 60, 61 y 235), del artículo 3 (principios de buena gobernanza: enmiendas 62 y 220), de los artículos 6, 7 y 8 (disposiciones generales sobre las medidas de conservación, tipos de medidas de conservación y establecimiento de zonas de recuperación de las poblaciones de peces: enmiendas 101, 102 y 103), de las medidas técnicas (enmiendas 104 y 295), de los artículos 9 y 10 (planes plurianuales: enmiendas 105, 106, 107, 108 y 239), del artículo 11 (medidas de conservación para el cumplimiento de la legislación medioambiental de la Unión: enmiendas 109, 111 y 258), del artículo 12 (medidas de emergencia de la Comisión: enmienda 115), del artículo 15 (obligación de desembarque: enmienda 119), de los artículos 16 y 17 (posibilidades de pesca: enmiendas 120, 227, 264, 293 y 301), de los artículos 20 y 21 (medidas de conservación de los Estados miembros: enmiendas 131 a 136), de los artículos 22, 23 y 24 (gestión de la capacidad de la flota: enmiendas 138, 241, 139, 140 y 141), del artículo 25 (base científica para la gestión de la pesca y consulta del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP): enmiendas 142 a 160 y 285), de los artículos 28 a 32 (política exterior: enmiendas 161 a 176 y 230), del artículo 34 (acuicultura: enmiendas 178 a 181 y 242), del artículo 35 (organización común de mercados: enmiendas 183 a 188), del artículo 44 (consejos consultivos: enmiendas 201 y 202) y de los nuevos artículos 49 y 50 (revisión e informe anual de la Comisión: enmiendas 209 y 210). En cuanto al artículo 18 (regionalización: enmiendas 121 a 130), solo se integraron en la posición del Consejo unos pocos elementos de las enmiendas del Parlamento Europeo (el Parlamento aceptó el modelo alternativo del Consejo tal y como se reflejaba en el texto de este). Por su parte, las enmiendas al artículo 36 (control y ejecución: enmiendas 189 a 193, 195, 225 y 226) y a los artículos 41 y 42 (instrumentos financieros: enmiendas 197, 199 y 302) solo se incorporaron parcialmente a la posición del Consejo. 3.3. Nuevas disposiciones introducidas por el Consejo y posición de la Comisión a este respecto: El Consejo no añadió ninguna nueva disposición a las ya introducidas por el Parlamento Europeo (zonas de recuperación de las poblaciones de peces, evitación de las capturas no deseadas, criterios transparentes para la asignación de cuotas por los Estados miembros). El Consejo, no obstante, amplió el ámbito de la regionalización (en un principio limitado únicamente a los planes plurianuales y a los marcos de medidas técnicas) a las medidas sujetas a obligaciones medioambientales, a la adopción de planes de descarte específicos y a otras medidas de conservación. La Comisión puede aceptar el modelo de regionalización y el ámbito de aplicación más amplio concebido para el modelo de regionalización reformulado. El Consejo modificó, asimismo, la propuesta de la Comisión sobre la gestión de la capacidad pesquera. Aunque estando de acuerdo con el Parlamento en la eliminación de la obligación de los Estados miembros de introducir un sistema de concesiones de pesca transferibles, el Consejo vino a reintroducir el sistema con carácter facultativo, de forma que los Estados miembros tengan la posibilidad de decidir el establecimiento de concesiones transferibles si así lo desean. El Consejo y el Parlamento acordaron este sistema facultativo, combinándolo con el mantenimiento de las medidas existentes aplicables a la capacidad de la flota y añadiendo la obligación de los Estados miembros de elaborar, cuando proceda, planes de acción que les permitan alcanzar progresivamente el equilibrio entre sus flotas y sus posibilidades de pesca. La Comisión está en condiciones de aceptar este compromiso porque puede ser efectivo para ajustar la capacidad de la flota en combinación con la condicionalidad financiera introducida en el texto acordado, considerado por ella como proporcionado. 3.4. Problemas surgidos en la adopción de la posición en primera lectura y posición de la Comisión a este respecto: Al finalizar las negociaciones, se alcanzó un acuerdo sobre la habilitación de la Comisión por medio de actos delegados y de ejecución. La Comisión puede aceptar las medidas acordadas, considerando, en particular, que las modalidades de esos actos (delegados y de ejecución) en el marco de la regionalización cumplen los requisitos institucionales y contribuirán a la aplicación de una política más eficaz. En cambio, en lo que atañe a las disposiciones institucionales específicas del modelo de regionalización (artículo 18) y a la limitación de las facultades de la Comisión en virtud del procedimiento de comitología en relación con el artículo 22 (disposiciones de aplicación del régimen de entrada-salida), la Comisión considera necesario hacer declaraciones para aclarar su posición. De igual forma, la Comisión estima necesario hacer una declaración sobre su posición en torno a algunas disposiciones de la parte VI (política exterior) y, en especial, a su artículo 28, apartado 3. 4. Conclusión La Comisión puede aceptar la posición del Consejo —resultado de las negociaciones con el Parlamento Europeo—, pero considera necesario hacer las declaraciones siguientes en relación con el artículo 18, apartados 1, 3, 7 y 8, con la parte VI (en particular, su artículo 28, apartado 3) y con el artículo 47, apartado 2, párrafo segundo (en relación con el artículo 22): Sobre el artículo 18 (apartados 1 y 3) La Comisión subraya que su habilitación para adoptar disposiciones establecidas en recomendaciones conjuntas de los Estados miembros por medio de actos de ejecución o actos delegados no puede afectar a su facultad discrecional de adopción de tales actos. (apartado 7) La facultad de los Estados miembros con un interés directo de gestión para efectuar recomendaciones conjuntas no debe afectar al derecho de iniciativa exclusivo que asiste a la Comisión para presentar propuestas en el ámbito de la política pesquera común. (apartado 8) A la luz del artículo 2, apartado 1, del TFUE, no puede entenderse que, en ausencia de otra normativa de la Unión, el apartado 8 confiera automáticamente a los Estados miembros una autorización para adoptar actos jurídicamente obligatorios en una materia que sea de la competencia exclusiva de la Unión. En caso de que la Comisión considere que esos actos no son compatibles con los objetivos de la política pesquera común, los Estados miembros deben actuar de acuerdo con el principio de cooperación leal a fin de eliminar toda incompatibilidad con el Derecho de la Unión. Sobre la parte VI y, en particular, sobre su artículo 28, apartado 3 Las disposiciones de la parte VI sobre la política exterior no pueden afectar a la validez de las decisiones del Consejo ni a las directrices de negociación dadas por el Consejo a la Comisión en virtud del artículo 218 del TFUE, ni tampoco a la de los acuerdos celebrados con terceros Estados o con organizaciones en virtud de ese mismo artículo. Sobre el artículo 47, apartado 2, párrafo segundo La Comisión subraya que es contrario a la letra y al espíritu del Reglamento (UE) nº 182/2011 (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13) invocar de forma sistemática su artículo 5, apartado 4, párrafo segundo, letra b). El recurso a esa disposición debe responder a una necesidad concreta de apartarse de la norma de principio, que dispone que la Comisión pueda adoptar un proyecto de acto de ejecución cuando no se haya emitido ningún dictamen. Dado que se trata de una excepción a la norma general establecida en el artículo 5, apartado 4, el recurso a su párrafo segundo, letra b), no puede considerarse simplemente como una «facultad discrecional» del legislador, sino que ha de interpretarse de forma restrictiva y, por lo tanto, justificarse.