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Bruselas, 23.3.2010

COM(2010)113 final

INFORME PROVISIONAL DE LA COMISIÓN EUROPEA AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

sobre los progresos realizados por Rumanía en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación

INFORME PROVISIONAL DE LA COMISIÓN EUROPEA AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

sobre los progresos realizados por Rumanía en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación

1. INTRODUCCIÓN

Cuando Rumanía se incorporó a la UE, el 1 de enero de 2007, se estableció un Mecanismo de Cooperación y Verificación (M CV )[1] para ayudarle a paliar ciertas deficiencias en los ámbitos de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción y hacer un seguimiento de sus avances en los mismos mediante informes periódicos.

El presente informe es un informe provisional de actualización de carácter técnico sobre los hechos más importantes que se han producido en Rumanía en los últimos seis meses en el marco del MCV. No ofrece, pues, una evaluación de los avances realizados. La actualización se limita a aquellas medidas que se han ultimado o que se espera ultimar en breve.

El último informe sobre los progresos de Rumanía, que la Comisión adoptó el 22 de julio de 2009, y sus recomendaciones siguen siendo la referencia para la evaluación de los avances logrados en lo que se refiere a los indicadores y a la identificación de los desafíos pendientes. La Comisión realizará su próxima evaluación en el verano de 2010.

2. REFORMA JUDICIAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: SITUACIÓN ACTUAL

En los últimos seis meses, Rumanía no ha podido mantener el impulso reformista de mediados de 2009. El reciente período electoral hizo que se retrasara el debate parlamentario sobre los proyectos de Códigos Procesales Civil y Penal, cuya aprobación supondrá un paso vital en el proceso de reformas. Además, la capacidad del sistema judicial se puso a prueba al tener que hacer frente a nuevas presiones motivadas por la disminución de personal y las protestas que tuvieron lugar en septiembre.

En los últimos seis meses, la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) siguió manteniendo un buen ritmo de actividad. La renovación para un nuevo mandato del Fiscal General permitió aprovechar los logros conseguidos durante el primer mandato. Por su parte, la Agencia Nacional de Integridad (ANI) siguió consolidándose y avanzando.

Los resultados de la reforma judicial fueron escasos. La jurisprudencia sobre asuntos de corrupción a alto nivel siguió pecando de falta de consistencia y de fuerza disuasiva. Los procesos por corrupción a alto nivel continuaron experimentando aplazamientos. En respuesta a las recomendaciones de la Comisión, Rumanía adoptó algunas medidas para reforzar la aplicación de la Estrategia Nacional Anticorrupción a escala local.

3. PERSPECTIVAS

Tras una segunda mitad de 2009 difícil, en la que los progresos han sido limitados, Rumanía debe, fundamentalmente, procurar que se aprueben rápidamente los nuevos Códigos Procesales Civil y Penal, adoptando las medidas legislativas y realizando los estudios de impacto necesarios para preparar una aplicación fructífera de ambos Códigos. A tal efecto, resulta indispensable que las diferentes instancias políticas y el Poder Judicial cooperen de manera estrecha y constructiva para apoyar las reformas necesarias, lo que debería ser considerado una cuestión de importancia nacional.

La Comisión continuará apoyando a Rumanía en esta labor y efectuará una nueva evaluación exhaustiva de los progresos realizados este próximo verano.

4. ACTUALIZACIÓN TÉCNICA EN RELACIÓN CON LOS INDFICADORES

4.1. Indicador 1: Garantizar procedimientos judiciales más transparentes y eficientes, en particular mejorando la capacidad y responsabilidad del Consejo Superior de la Magistratura. Presentar informes y llevar a cabo el seguimiento por lo que se refiere a las consecuencias de los nuevos Códigos Procesales Civil y Penal

A raíz de la adopción de los Códigos Civil y Penal en junio del año pasado, la comisión parlamentaria correspondiente comenzó a debatir el proyecto de Código Procesal Civil, aunque los trabajos entraron en punto muerto en octubre de 2009 y no se reanudaron hasta febrero de 2010, al mismo tiempo que comenzaban los debates sobre el proyecto de Código Procesal Penal.

Los trabajos preparatorios para adoptar la legislación necesaria para la entrada en vigor de los cuatro códigos ya han comenzado. Se ha seleccionado a los miembros de la comisión encargada de redactar los textos preparatorios y el Ministerio de Justicia está realizando un análisis normativo para garantizar la coherencia y consistencia del marco legal pertinente. Ya se han emprendido algunos trabajos preparatorios para realizar evaluaciones de impacto de los cuatro códigos, requisito necesario para su aplicación.

Según la información facilitada por Rumanía, se sigue avanzando en la unificación de la jurisprudencia gracias, en parte, a las reuniones periódicas sobre jurisprudencia no unitaria organizadas por todo el país. El procedimiento de interposición del recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Casación y de Justicia (TSCJ), cuya jurisprudencia es vinculante, sigue siendo excesivamente engorroso. Sin embargo, existen y podrían desarrollarse más una serie de procedimientos simplificados[2].

Aunque el TSCJ continúa publicando el texto íntegro y resúmenes de algunas decisiones seleccionadas en su sitio Web y también publica, con periodicidad trimestral, colecciones de decisiones de casación y otros tribunales publican algunas de sus decisiones, entre el verano de 2009 y enero de 2010 no se alimentó con nuevas decisiones judiciales el sitio Web nacional (Jurindex)[3].

Desde mediados de 2009, no cabe reseñar una mejora real en cuanto a la difícil situación de los recursos humanos en el sistema judicial. El hecho de que en 2009 las jubilaciones de magistrados se duplicaran contrarrestó el incremento de las nuevas incorporaciones, provocando un importante desequilibrio de la plantilla que vino a aumentar la tensión a que ya estaba sometido el sistema judicial. Además, las protestas del sector judicial que tuvieron lugar en septiembre agravaron los retrasos y, al parecer, aumentaron considerablemente el número de casos pendientes.

El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) refrendó un estudio provisional sobre la carga de trabajo óptima de los jueces, cuyas conclusiones se van a aplicar a título experimental durante un año -desde diciembre de 2009- en los tribunales. El sistema pretende garantizar una distribución más justa del trabajo en los tribunales y servir de base para una redistribución de puestos a partir de 2011. Un proyecto piloto sobre «administradores de tribunales» concluyó satisfactoriamente y será aplicado, bajo estrecha supervisión, en todo el país. Como parte del seguimiento de otro proyecto piloto, el CSM ha dado los primeros pasos para facilitar la transferencia de determinadas tareas administrativas al personal auxiliar. La aplicación de estas dos medidas debería aumentar la eficiencia de los procedimientos judiciales y mejorar la gestión administrativas de los tribunales.

Desde comienzos de 2009 se vienen contratado, con arreglo a nuevos procedimientos, inspectores judiciales para garantizar una representación geográfica más adecuada. No obstante, el procedimiento de selección de los inspectores fue impugnado en los tribunales por el Fiscal General al considerar que no era lo suficientemente objetivo y que, por lo tanto, comprometía la independencia de los inspectores. Los trabajos para revisar las líneas directrices de la inspección judicial siguen su curso al igual que la preparación de una recopilación de la jurisprudencia sobre las decisiones disciplinarias. Además, el CSM se ha comprometido a publicar, a partir de comienzos de este año, todas las decisiones disciplinarias que se adopten.

4.2. Indicador 2: Establecer, tal como está previsto, una Agencia Nacional de Integridad encargada de verificar las declaraciones de patrimonio, las incompatibilidades y los posibles conflictos de intereses, así como de expedir decisiones preceptivas con arreglo a las cuales se puedan aplicar sanciones disuasorias

Los resultados de la Agencia Nacional de Integridad (ANI) siguieron siendo alentadores en la segunda mitad de 2009[4]. Los tribunales confirmaron dos casos de enriquecimiento injustificado y ordenaron el decomiso de importantes bienes. Las dos decisiones fueron recurridas. Quedan por adoptar decisiones de decomiso en otros cuatro asuntos. La Agencia también remitió un número considerable de asuntos tanto a la Fiscalía, para que ésta llevara a cabo una investigación criminal, como a otros órganos disciplinarios, para que controlaran el curso dado a las medidas disciplinarias impuestas. En los tribunales, la ANI ha logrado buenos resultados a la hora de defender sus conclusiones en los asuntos de incompatibilidades o de conflictos de intereses.

La Agencia ha fijado su plantilla de personal interino y debería empezar a funcionar con total normalidad una vez que el sistema informático para procesar las declaraciones de patrimonio e intereses sea plenamente operativo en 2010. Todas las declaraciones de patrimonio e intereses recibidas en 2009 pueden consultarse libremente en el sitio Web de la Agencia.

La Agencia emite comunicados de prensa para dar a conocer los casos de incompatibilidades, conflictos de intereses y enriquecimiento injustificado que descubre y publica el resultado de los casos que llegan a los tribunales así como las medidas disciplinarias adoptadas. La situación de los asuntos pendientes en los tribunales puede consultarse en línea a través de Internet. La ANI coopera con dos ONG para realizar actividades de sensibilización y prevención.

El Consejo Nacional de Integridad (CNI) todavía no ha desempeñado efectivamente el papel que le corresponde.

4.3. Indicador 3: Ampliar los progresos ya realizados, continuar las investigaciones profesionales y no partidistas de las alegaciones de corrupción a alto nivel

La Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) ha efectuado, con imparcialidad, un buen número de investigaciones sobre casos de corrupción a alto nivel[5]. Ello está empezando a reflejarse en los tribunales, con un incremento de un tercio en el número total de condenas en 2009 con respecto a 2008. Un diputado, antiguo Secretario de Estado, fue condenado en primera instancia. También se dictó una sentencia condenatoria firme contra un alcalde y un antiguo vicealcalde por aceptar sobornos. Los dos condenados cumplirán penas de prisión. Pero, al mismo tiempo, las penas impuestas por los tribunales en los asuntos de corrupción a alto nivel siguen pareciendo en general muy leves y carentes de efecto disuasivo, al igual que sucedía en períodos anteriores: en la mitad de los casos que concluyeron con una sentencia condenatoria firme, la pena impuesta fue la mínima y en tres cuartas partes de esos casos se suspendieron las penas impuestas.

Un estudio de un grupo de trabajo conjunto sobre la individualización de los delitos de corrupción, elaborado en junio de 2009[6], confirmó ese análisis. La primera reacción a ese estudio provino del Tribunal Supremo de Casación y de Justicia (TSCJ), que elaboró un proyecto de guía para los tribunales. Todavía es muy pronto para evaluar la utilidad práctica de esa guía. Los profesionales han sugerido que la versión final de la guía, que el TSCJ elaborará al término de un proceso de consultas, debería ser suficientemente precisa e incluir ejemplos y jurisprudencia para ayudar a los jueces a elaborar sus sentencias. La versión final de la guía debería abordar no sólo los casos de incongruencia procesal sino también la clemencia que caracteriza la jurisprudencia sobre corrupción, puesta de relieve en el estudio del grupo de trabajo conjunto. El curso dado a las nueve recomendaciones incluidas en el estudio debe ser supervisado estrechamente.

En cuanto a la duración de los juicios propiamente dichos, cabe señalar que las vistas en los asuntos de mayor importancia siguen siendo largas. En todos aquellos asuntos en los que los acusados fueron personas que ocupaban altos cargos se planteó al menos una cuestión de inconstitucionalidad. Aunque hasta la fecha, el Tribunal Constitucional haya rechazado prácticamente todas ellas, muchos de esos asuntos sufrieron retrasos de más de seis meses al suspenderse las actuaciones en el proceso judicial hasta la resolución de la cuestión de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional. Dos enmiendas legislativas alternativas posteriores tendentes a limitar el carácter suspensivo de las cuestiones de inconstitucionalidad están pendientes en el Parlamento desde septiembre de 2009.

Desde mediados de septiembre de 2009, el Parlamento autorizó, a petición del Ministerio Fiscal, la apertura de diligencias penales en relación con un asunto en el que estaba involucrado un antiguo ministro y actual diputado.

La definición de lo que debe entenderse por fondos públicos establecida en un asunto en el que personas de alto relieve estaban acusadas de un delito de abuso de funciones y de un delito contra la Ley de Contratos del Estado en una empresa pública suscita dudas en cuanto a la consideración judicial de otros supuestos actos de corrupción a alto nivel en una serie de asuntos similares que se están investigando o juzgando actualmente[7].

4.4. Indicador 4: Tomar medidas complementarias de prevención y lucha contra la corrupción, en particular en las administraciones locales

Desde mediados de 2009 y a raíz de las recomendaciones de la Comisión, Rumanía ha tomado algunas medidas para reforzar la coordinación y los mecanismos de control de la Estrategia Nacional Anticorrupción. El Comité de seguimiento se ha reunido con más frecuencia y se creó un nuevo grupo de trabajo técnico en el que participan representantes de los sectores encargados de aplicar la Estrategia y de las administraciones locales. Algunas corporaciones municipales y ayuntamientos se presentaron voluntarios para aplicar medidas contra la corrupción en sus localidades. También se ha previsto ampliar la Estrategia anticorrupción a otros sectores expuestos a la corrupción a los que no se aplica, como el de las inspecciones de trabajo, que es competencia del Ministerio de Trabajo.

Las estrategias locales anticorrupción elaboradas por las fiscalías de distrito parece que producen resultados, con un incremento en el número de procesamientos e investigaciones de oficio[8]. Por primera vez, el presupuesto de la Fiscalía General incluye la creación un fondo para que las fiscalías provinciales lleven a cabo operaciones encubiertas. Se han señalado ejemplos de cooperación fructífera entre fiscales y la Dirección General Anticorrupción (DGA) del Ministerio de Administración e Interior (MAI).

Por lo que se refiere a la prevención, la DGA elaboró y comenzó a aplicar un nuevo método para determinar los riesgos de corrupción y los puntos débiles dentro del MAI y prosiguió sus compañas de concienciación, seleccionando a grupos de ciudadanos a los que intenta disuadir de pagar sobornos. El MAI pretende dar un mayor protagonismo al Centro de Integridad Nacional, garantizándole durante dos años los fondos necesarios para que pueda reforzar su red de grupos de acción contra la corrupción e intensificar la formación que ofrece el Centro.

El Instituto Nacional de Administración Pública prosigue sus trabajos para revisar y reforzar el papel de los asesores éticos en las instituciones públicas y un proyecto de ley podría someterse al Parlamento en breve.

[1] Decisión 2006/928/CE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2006, por la que se establece un mecanismo de cooperación y verificación de los avances logrados por Rumanía para cumplir indicadores concretos en materia de reforma judicial y lucha contra la corrupción (DO L 354 de 14.12.2006, p. 56).

[2] La Sala de lo Contencioso-Administrativo y Fiscal del TSCJ ha elaborado la buena práctica siguiente: cuando se interponga ante ella un recurso de amparo, la Sala elaborará un informe proponiendo al Pleno del Tribunal opciones y posibles soluciones. Ello redundará en unos debates mejor fundamentados en los que intervendrán los jueces que conozcan mejor el asunto y aumentará la eficacia de los recursos de amparo.

[3] Con la centralización de la publicación de todas las decisiones judiciales en un solo sitio, Jurindex, se pretende garantizar que todo el mundo pueda acceder a toda la jurisprudencia, aumentando la transparencia de la actuación de la Justicia.

[4] Entre el 22 de mayo de 2009 y el 4 de enero de 2010, la ANI llevó a cabo 769 inspecciones y remitió 174 nuevos expedientes a las instituciones competentes para aplicar sanciones o llevar a cabo investigaciones criminales. De estos 174 expedientes, remitió dos a los tribunales a fin de que se incautaran de bienes adquiridos irregularmente; otros 60 asuntos a órganos disciplinarios para que impusieran sanciones en relación con casos de incompatibilidades o de conflictos de intereses descubiertos por la ANI, así como 112 casos a la Fiscalía para que investigara sospechas de falsedad documental u otros delitos.

[5] Entre el 1 de julio y el 31 de octubre, la DNA llevó a los tribunales a 122 personas involucradas en 45 asuntos, incluidos un antiguo Primer Ministro y actual diputado, un antiguo asesor del Primer Ministro y antiguo diputado, otro antiguo diputado experto en temas parlamentarios, un antiguo Presidente de la Oficina Nacional para la Prevención y la Lucha contra el Blanqueo de Dinero, cuatro alcaldes, un vicealcalde, un viceprefecto, dos directores de agencias públicas y cinco directores de empresas nacionales.

[6] El grupo de trabajo conjunto cuenta con representantes del Consejo Superior de la Magistratura, la Dirección Nacional Anticorrupción, el Tribunal Supremo de Casación y Justicia, el Ministerio Fiscal y el Ministerio de Justicia.

[7] El asunto hacía referencia a un supuesto abuso de funciones que acarreó un perjuicio económico evaluado en 3 millones EUR. Los acusados, entre los que se encontraba un diputado, fueron definitivamente absueltos por el TSCJ el 28 de septiembre de 2009, tras una primera sentencia absolutoria dictada el 19 de febrero de 2009.

[8] Según las estadísticas disponibles, en 2009 se dictaron 173 autos de procesamiento con un total de 273 acusados frente a los 81 autos de procesamiento y 180 acusados registrados en 2008.