Posición común (CE) N° 43/2000

aprobada por el Consejo el 17 de julio de 2000

con vistas a la adopción de la Directiva 2000/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito

(2000/C 300/02)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 47,

Vista la propuesta de la Comisión(1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2),

Visto el dictamen del Instituto Monetario Europeo(3),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(4),

Considerando lo siguiente:

(1) De conformidad con los objetivos del Tratado, conviene fomentar un desarrollo armonioso y equilibrado de las actividades económicas del conjunto de la Comunidad mediante la eliminación de cualquier obstáculo a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios en el interior de la Comunidad.

(2) Además de la eliminación de estos obstáculos, conviene prestar atención a la situación que puede producirse en caso de dificultades de una entidad de crédito, en particular en el caso en que dicha entidad tenga sucursales en otros Estados miembros.

(3) La Directiva se inscribe en el contexto legislativo comunitario de la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio(5), y de todo ello resulta que, durante su período de actividad, la entidad de crédito y sus sucursales forman una entidad única sometida a la supervisión de las autoridades competentes del Estado en el que se haya expedido la autorización válida en el conjunto de la Comunidad.

(4) Sería particularmente inoportuno renunciar a esta unidad que la entidad forma con sus sucursales cuando sea necesario adoptar medidas de saneamiento o incoar un procedimiento de liquidación.

(5) La adopción de la Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativa a los sistemas de garantía de depósitos(6), que ha establecido el principio de adhesión obligatoria de las entidades de crédito a un sistema de garantía del Estado miembro de origen, pone aún más en relieve la necesidad de un reconocimiento mutuo de las medidas de saneamiento y de los procedimientos de liquidación.

(6) Procede confiar a las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen la competencia exclusiva de decidir y aplicar las medidas de saneamiento previstas en la legislación y los usos en vigor en dicho Estado miembro. Debido a la dificultad de armonizar las legislaciones y los usos de los Estados miembros, conviene establecer el reconocimiento mutuo por parte de los Estados miembros de las medidas que cada uno de ellos tome para restaurar la viabilidad de las entidades que haya autorizado.

(7) Es imprescindible garantizar que produzcan sus efectos en todos los Estados miembros las medidas de saneamiento adoptadas por las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen, así como las medidas adoptadas por las personas u órganos designados por dichas autoridades con objeto de administrar dichas medidas de saneamiento, incluidas las medidas que incluyen la posibilidad de una suspensión de pagos, una suspensión de la ejecución o una reducción de créditos, así como cualquier otra medida que pueda afectar a los derechos preexistentes de terceros.

(8) Determinadas medidas, en particular las que afectan al funcionamiento de la estructura interna de las entidades de crédito o a los derechos de los directivos o accionistas, no precisan la cobertura de la presente Directiva para desplegar todos sus efectos en los Estados miembros dado que, en aplicación de las normas del Derecho internacional privado, la ley aplicable es la del Estado de origen.

(9) Determinadas medidas, en particular las que están ligadas al mantenimiento de las condiciones de la autorización, ya disfrutan del reconocimiento mutuo en aplicación de la Directiva 2000/12/CE, en la medida en que no perjudiquen en el momento de su adopción los derechos preexistentes de terceros.

(10) A este respecto, a efectos de la aplicación de la presente Directiva, no deberán considerarse terceros ni las personas que intervengan en el funcionamiento de la estructura interna de las entidades de crédito, ni los directivos y accionistas de dichas entidades, en su calidad de tales.

(11) En los Estados miembros en que se encuentren las sucursales es necesario informar a terceros de la aplicación de medidas de saneamiento cuando dichas medidas puedan obstaculizar el ejercicio de algunos de sus derechos.

(12) El principio de igualdad de trato entre los acreedores, en cuanto a sus posibilidades de recurso, exige que las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen adopten las medidas necesarias para que los acreedores del Estado miembro de acogida puedan ejercer sus derechos de recurso dentro del plazo previsto a tal efecto.

(13) Debe preverse cierta coordinación del papel de las autoridades administrativas o judiciales, en lo relativo a las medidas de saneamiento y a los procedimientos de liquidación de las sucursales situadas en Estados miembros diferentes de entidades de crédito cuyo domicilio social se encuentra fuera de la Comunidad.

(14) A falta de medidas de saneamiento o en caso de fracaso de las mismas, las entidades de crédito en crisis deben ser liquidadas. Conviene, en tal caso, establecer disposiciones encaminadas al reconocimiento mutuo de los procedimientos de liquidación y de sus efectos en la Comunidad.

(15) El importante papel desempeñado por las autoridades competentes del Estado miembro de origen antes de la incoación del procedimiento de liquidación puede prolongarse durante la liquidación para permitir un desarrollo correcto de los procedimientos de liquidación.

(16) La igualdad entre los acreedores exige que la entidad de crédito se liquide según los principios de unidad y de universalidad que postulan la competencia exclusiva de las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen y el reconocimiento de sus decisiones, que deben poder producir sin formalidad alguna, en todos los demás Estados miembros, los efectos que les atribuye la ley del Estado miembro de origen, salvo que la Directiva disponga otra cosa.

(17) La excepción relativa a los efectos de las medidas de saneamiento y los procedimientos de liquidación sobre determinados contratos y derechos se limita a dichos efectos y no incluye ninguno de los demás asuntos relativos a las medidas de saneamiento y a los procedimientos de liquidación, como la presentación, el examen, el reconocimiento y la prelación de los créditos en relación con dichos contratos y derechos y las normas de distribución del producto de la realización de los bienes, que se regirán por la legislación del Estado miembro de origen.

(18) La liquidación voluntaria es posible cuando la entidad de crédito sea solvente; sin embargo, si llega el caso, las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen pueden decidir una medida de saneamiento o un procedimiento de liquidación, incluso después de la apertura de una liquidación voluntaria.

(19) La retirada de la autorización bancaria es una de las consecuencias necesarias de la puesta en liquidación de una entidad de crédito. No obstante esa retirada no debe impedir que prosigan determinadas actividades de la entidad en la medida en que ello sea preciso o apropiado para las necesidades de la liquidación. Esa continuación de la actividad puede, no obstante, quedar supeditada por el Estado miembro de origen al acuerdo y al control de sus autoridades competentes.

(20) La información individual a los acreedores conocidos es tan esencial como la publicidad para permitirles, si fuera necesario, presentar sus créditos o formular sus observaciones relativas a sus créditos dentro de los plazos prescritos. Esto no debe dar lugar a ningún tipo de discriminación en detrimento de los acreedores domiciliados en otro Estado miembro distinto del Estado miembro de origen, basada en su lugar de residencia o la naturaleza de sus créditos. La información a los acreedores deberá proseguir regularmente y de una forma adecuada durante el procedimiento de liquidación.

(21) Al único efecto de aplicar las disposiciones de la presente Directiva a las medidas de saneamiento y a los procedimientos de liquidación que afecten a las sucursales situadas en la Comunidad de aquellas entidades de crédito cuya sede social se encuentra en un tercer país, las definiciones de "Estado miembro de origen", "autoridades competentes" y "autoridades administrativas o judiciales" serán las del Estado miembro en que esté situada la sucursal.

(22) Cuando una entidad de crédito tenga su sede social fuera de la Comunidad y sucursales en varios Estados miembros, cada sucursal recibirá un trato independiente en lo que respecta a la aplicación de la presente Directiva; en tal caso, las autoridades administrativas y judiciales y las autoridades competentes, así como los administradores y los liquidadores, se esforzarán por coordinar sus actuaciones.

(23) Si bien es importante tener en cuenta el principio de que la ley del Estado miembro de origen determina todos los efectos de las medidas de saneamiento o de los procedimientos de liquidación, sean de procedimiento o sustanciales, no hay que dejar de tener en cuenta que estos efectos pueden entrar en conflicto con las normas habitualmente aplicables dentro del marco de la actividad económica y financiera de la entidad de crédito y de sus sucursales en los demás Estados miembros. Remitirse a la ley de otros Estados miembros representa en determinados casos una indispensable atemperación del principio de la aplicabilidad de la ley del Estado de origen.

(24) Esa atemperación es particularmente necesaria a fin de proteger a los trabajadores relacionados con la entidad mediante un contrato de trabajo, garantizar la seguridad de las transacciones relativas a determinados bienes y preservar la integridad de los mercados regulados que funcionen de conformidad con el Derecho de un Estado miembro, en los que se negocian instrumentos financieros.

(25) Las transacciones efectuadas en el marco de un sistema de pago y de liquidación están reguladas por la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores(7).

(26) La adopción de la presente Directiva no afecta a las disposiciones de la Directiva 98/26/CE con arreglo a las cuales un procedimiento de insolvencia no debe tener efecto alguno sobre la oponibilidad de las órdenes cursadas válidamente a un sistema ni sobre las garantías dadas a un sistema.

(27) En algunas medidas de saneamiento o procedimientos de liquidación está previsto el nombramiento de una persona encargada de gestionar estas medidas o estos procedimientos. El reconocimiento de su nombramiento y de sus poderes en todos los demás Estados miembros es, pues, un elemento esencial para la aplicación de las decisiones tomadas en el Estado miembro de origen. Conviene no obstante precisar qué límite tendrá el ejercicio de sus poderes cuando actúe fuera del Estado miembro de origen.

(28) Es preciso proteger a los acreedores que tienen una relación contractual con la entidad de crédito, antes de la adopción de una medida de saneamiento o la incoación de un procedimiento de liquidación, frente a las disposiciones relativas a la nulidad, la anulación o la inoponibilidad previstas en la ley del Estado miembro de origen, cuando quien se beneficie de la transacción pruebe que en la ley aplicable a dicha transacción no hay ningún medio aplicable específico que permita impugnar el acto en cuestión.

(29) Es preciso salvaguardar la confianza de los terceros adquirentes en el contenido de los registros o de las cuentas respecto a algunos activos que sean objeto de inscripción en estos registros o estas cuentas y, por extensión, de los adquirentes de bienes inmuebles, incluso después de la incoación del procedimiento de liquidación o la adopción de una medida de saneamiento. El único medio de preservar esta confianza es someter la validez de la adquisición a la ley del lugar donde esté situado el inmueble o del Estado bajo cuya autoridad se lleve el registro o la cuenta.

(30) Los efectos de las medidas de saneamiento o de los procedimientos de liquidación sobre un proceso en curso se regirán por la ley del Estado miembro en que esté en curso el proceso, como excepción a la aplicación de la lex concursus. Los efectos de tales medidas y procedimientos sobre las acciones concretas de ejecución forzosa derivadas de dichos procesos se regirán por la ley del Estado miembro de origen, conforme a la norma general establecida por la presente Directiva.

(31) Es preciso prever que las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen informen sin dilación a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida de la adopción de cualquier medida de saneamiento o de la incoación de cualquier procedimiento de liquidación, antes de la adopción de la medida o de la incoación del procedimiento si es posible, o, si no lo es, inmediatamente después.

(32) El secreto profesional, tal y como lo define el artículo 30 de la Directiva 2000/12/CE, es un elemento esencial en todos los procedimientos de información o de consulta. Por ello deben respetarlo todas las autoridades administrativas que participen en estos procedimientos, mientras que las autoridades judiciales siguen estando sujetas, a este respecto, a las disposiciones nacionales correspondientes.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

TÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Ámbito de aplicación

1. La presente Directiva se aplicará a las entidades de crédito y a sus sucursales creadas en un Estado miembro distinto del Estado donde se encuentra el domicilio social, tal como se definen en los puntos 1 y 3 del artículo 1 de la Directiva 2000/12/CE, salvo las condiciones y excepciones previstas en el apartado 3 del artículo 2 de dicha Directiva.

2. Las disposiciones de la presente Directiva relativas a las sucursales de una entidad de crédito que tenga su domicilio social fuera de la Comunidad se aplicarán únicamente cuando dicha entidad tenga sucursales como mínimo en dos Estados miembros de la Comunidad.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

- "Estado miembro de origen": el Estado miembro de origen con arreglo al punto 6 del artículo 1 de la Directiva 2000/12/CE,

- "Estado miembro de acogida": el Estado miembro de acogida con arreglo al punto 7 del artículo 1 de la Directiva 2000/12/CE,

- "sucursal": una sucursal con arreglo al punto 3 del artículo 1 de la Directiva 2000/12/CE,

- "autoridades competentes": las autoridades competentes con arreglo al punto 4 del artículo 1 de la Directiva 2000/12/CE,

- "administrador": toda persona u órgano nombrado por las autoridades administrativas o judiciales cuya función sea administrar las medidas de saneamiento,

- "autoridades administrativas o judiciales": las autoridades administrativas o judiciales de los Estados miembros competentes para las medidas de saneamiento o los procedimientos de liquidación,

- "medidas de saneamiento": las medidas encaminadas a preservar o restablecer la situación financiera de una entidad de crédito que puedan afectar a los derechos preexistentes de terceros, incluidas las medidas que supongan la posibilidad de suspender pagos, suspender medidas de ejecución o reducir créditos,

- "liquidador": toda persona u órgano nombrado por las autoridades administrativas o judiciales cuya función sea gestionar los procedimientos de liquidación,

- "procedimientos de liquidación": los procedimientos colectivos incoados y controlados por las autoridades administrativas o judiciales o cualesquiera otras autoridades competentes de un Estado miembro, con el fin de liquidar activos bajo la supervisión de esas autoridades, incluso cuando los procedimientos concluyan mediante un convenio u otra medida análoga,

- "mercado regulado": un mercado regulado con arreglo al punto 13 del artículo 1 de la Directiva 93/22/CEE,

- "instrumentos": todos los instrumentos indicados en la sección B del anexo de la Directiva 93/22/CEE.

TÍTULO II

MEDIDAS DE SANEAMIENTO

A. Entidades de crédito con domicilio social en la Comunidad

Artículo 3

Adopción de medidas de saneamiento - Legislación aplicable

1. Las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen serán las únicas competentes para decidir sobre la aplicación en una entidad de crédito, incluidas las sucursales establecidas en otros Estados miembros, de una o varias medidas de saneamiento.

2. Las medidas de saneamiento se aplicarán de conformidad con lo dispuesto en las leyes, reglamentos y procedimientos aplicables en el Estado miembro de origen, en tanto en cuanto la presente Directiva no disponga otra cosa.

Surtirán todos sus efectos con arreglo a la legislación de dicho Estado miembro en toda la Comunidad y sin otras formalidades, incluso con respecto a terceros establecidos en los demás Estados miembros, aunque la normativa aplicable del Estado miembro de acogida no prevea tales medidas o condicione su aplicación a unos requisitos que no se cumplen.

Las medidas de saneamiento surtirán efecto en toda la Comunidad en cuanto surtan efecto en el Estado miembro en el que se hayan tomado.

Artículo 4

Información a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida

Las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen tendrán la obligación de informar sin demora por todos los medios a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida competentes sobre su decisión de adoptar cualquier medida de saneamiento, incluidas las repercusiones concretas que pudiera tener dicha medida, si es posible, antes de su adopción y, si no, inmediatamente después. La transmisión de esta información será efectuada por las autoridades competentes del Estado de origen.

Artículo 5

Información a las autoridades competentes del Estado miembro de origen

Si las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de acogida consideraren necesario aplicar en su territorio una o varias medidas de saneamiento tendrán la obligación de informar de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen. La transmisión será efectuada por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida.

Artículo 6

Publicación

1. Cuando la aplicación de las medidas de saneamiento decididas de conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo 3 pueda afectar a los derechos de terceros en un Estado miembro de acogida y en el Estado miembro de origen sea posible presentar recurso contra la decisión que ordene dicha medida, las autoridades administrativas o judiciales competentes del Estado miembro de origen, el administrador o cualquier persona habilitada a este efecto en el Estado miembro de origen deberán publicar un extracto de su decisión en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en dos diarios de difusión nacional de cada Estado miembro de acogida, en particular con objeto de permitir el ejercicio del derecho de recurso dentro de los plazos previstos.

2. El extracto de la decisión contemplado en el apartado 1 se enviará, cuanto antes y por los medios más adecuados, a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas y a los dos diarios de difusión nacional de cada Estado miembro de acogida.

3. La Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas publicará el extracto a más tardar doce días después de su envío.

4. El extracto de la decisión deberá mencionar, en particular, en la lengua o las lenguas oficiales de los Estados miembros de que se trate, el objeto y la base jurídica de la decisión adoptada, los plazos de recurso, en concreto una indicación claramente comprensible de la fecha de expiración de dichos plazos y, de modo preciso, la dirección de las autoridades o del órgano jurisdiccional competentes para conocer del recurso.

5. Las medidas de saneamiento se aplicarán independientemente de las medidas establecidas en los apartados 1 a 3 y surtirán todos sus efectos con respecto a los acreedores, a menos que las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen o la legislación de dicho Estado relativa a esas medidas dispongan otra cosa.

Artículo 7

Obligación de informar a los acreedores conocidos y derecho de presentación de créditos

1. Cuando la legislación del Estado miembro de origen exija la presentación de un crédito para su reconocimiento o disponga la notificación obligatoria de la medida a los acreedores que tengan su domicilio, residencia habitual, o domicilio social en dicho Estado, las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen o el administrador informarán asimismo a los acreedores conocidos que tengan su domicilio, residencia habitual, o domicilio social en los demás Estados miembros, según las modalidades previstas en el artículo 14 y en el apartado 1 del artículo 17.

2. Cuando la legislación del Estado miembro de origen disponga el derecho de los acreedores con residencia habitual, domicilio o domicilio social en dicho Estado a presentar sus créditos o presentar sus observaciones relativas a sus créditos, los acreedores con residencia habitual, domicilio o domicilio social en los demás Estados miembros tendrán también este derecho, según las modalidades previstas en el artículo 16 y en el apartado 2 del artículo 17.

B. Entidades de crédito con domicilio social fuera de la Comunidad

Artículo 8

Sucursales de las entidades de crédito de terceros países

1. Las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de acogida de una sucursal de una entidad de crédito con domicilio social fuera de la Comunidad tendrán la obligación de informar sin demora por todos los medios a las autoridades competentes de los demás Estados miembros de acogida en los que la entidad haya establecido sucursales recogidas en la lista contemplada en el artículo 11 de la Directiva 2000/12/CE, que se publica cada año en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, sobre su decisión de adoptar cualquier medida de saneamiento, incluidos los efectos concretos que pudiera tener dicha medida, si es posible, antes de su adopción y, si no, inmediatamente después. La transmisión será efectuada por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida cuyas autoridades administrativas o judiciales decidan la aplicación de la medida.

2. Las autoridades administrativas o judiciales contempladas en el apartado 1 se esforzarán por coordinar sus actuaciones.

TÍTULO III

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN

A. Entidades de crédito con domicilio social en la Comunidad

Artículo 9

Incoación del procedimiento de liquidación - Información a las demás autoridades competentes

1. Las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen responsables de la liquidación serán las únicas competentes para decidir sobre la incoación de un procedimiento de liquidación relativo a una entidad de crédito, incluidas las sucursales establecidas en otros Estados miembros.

La decisión de incoar un procedimiento de liquidación por parte de la autoridad administrativa o judicial del Estado miembro de origen se reconocerá sin más formalidades en el territorio de todos los demás Estados miembros y surtirá efectos en ellos al mismo tiempo que en el Estado miembro de incoación del procedimiento.

2. Las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen tendrán la obligación de informar sin demora por todos los medios a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida sobre su decisión de incoar un procedimiento de liquidación, incluidas las repercusiones concretas que pudiera tener dicho procedimiento, si es posible, antes de la incoación del mismo y, si no, inmediatamente después. La transmisión será efectuada por las autoridades competentes del Estado de origen.

Artículo 10

Legislación aplicable

1. La entidad de crédito se liquidará de conformidad con lo dispuesto en las leyes, reglamentos y procedimientos aplicables en el Estado miembro de origen, siempre que en la presente Directiva no se disponga otra cosa.

2. La legislación del Estado miembro de origen determinará en particular:

a) los bienes que son objeto del procedimiento de liquidación y la suerte de los bienes adquiridos por la entidad de crédito después de incoado el procedimiento de liquidación;

b) las facultades respectivas de la entidad de crédito y del liquidador;

c) las condiciones de oponibilidad de una compensación;

d) los efectos del procedimiento de liquidación sobre los contratos vigentes en los que la entidad de crédito sea parte;

e) los efectos del procedimiento de liquidación sobre los procedimientos judiciales particulares, con excepción de los procesos en curso, de conformidad con el artículo 25;

f) los créditos que deban cargarse al pasivo de la entidad de crédito y la suerte de los créditos nacidos después de incoado el procedimiento de liquidación;

g) las normas relativas a la presentación, examen y reconocimiento de los créditos;

h) las normas del reparto del producto de la realización de los bienes, la prelación de los créditos y los derechos de los acreedores que hayan sido parcialmente satisfechos después de la incoación del procedimiento de liquidación en virtud de un derecho real o por el efecto de una compensación;

i) las condiciones y los efectos de la clausura del procedimiento de liquidación, en particular, mediante convenio;

j) los derechos de los acreedores una vez terminado el procedimiento de liquidación;

k) la imposición de las costas y gastos del procedimiento de liquidación;

l) las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales para el conjunto de los acreedores.

Artículo 11

Consulta de las autoridades competentes antes de la liquidación voluntaria

1. Se consultará a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, en la forma más adecuada, antes de adoptar una decisión de liquidación voluntaria que proceda de los órganos estatutarios de una entidad de crédito.

2. La liquidación voluntaria de una entidad de crédito no será obstáculo para la adopción de una medida de saneamiento o para la incoación de un procedimiento de liquidación.

Artículo 12

Revocación de la autorización a las entidades de crédito

1. Cuando se decida la incoación de un procedimiento de liquidación con respecto a una entidad de crédito en ausencia de medidas de saneamiento o tras el fracaso de estas, se revocará la autorización a dicha entidad respetando, en particular, el procedimiento previsto en el apartado 9 del artículo 22 de la Directiva 2000/12/CE.

2. La revocación de la autorización prevista en el apartado 1 no impedirá que la persona o personas encargadas de la liquidación continúen realizando determinadas actividades de la entidad de crédito, en la medida en que éstas sean precisas o adecuadas para las necesidades de la liquidación.

El Estado miembro de origen podrá disponer que estas actividades sean efectuadas con el consentimiento y bajo control de las autoridades competentes de dicho Estado miembro.

Artículo 13

Publicación

Los liquidadores o cualquier autoridad administrativa o judicial garantizarán la publicidad de la decisión de incoación de la liquidación mediante inserción, en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en, al menos, dos diarios de difusión nacional de cada Estado miembro de acogida, de un extracto de la decisión que la declare.

Artículo 14

Información a los acreedores conocidos

1. Cuando se efectúe la incoación de un procedimiento de liquidación, la autoridad administrativa o judicial del Estado miembro de origen o el liquidador informarán sin demora e individualmente a los acreedores conocidos que tengan su residencia habitual, su domicilio o su domicilio social en los demás Estados miembros, salvo en aquellos casos en los que la legislación del Estado de origen no exija la presentación del crédito para su reconocimiento.

2. Esta información, realizada mediante el envío de una nota, se referirá, en particular, a los plazos que deberán respetarse, a las sanciones previstas en relación con dichos plazos, al órgano o la autoridad a quien se deben presentar dichos títulos de crédito, y las observaciones relativas a éstos y a las demás medidas prescritas. Dicha nota indicará asimismo si los acreedores cuyo título de crédito esté garantizado por un privilegio o por una garantía real deben presentar su título de crédito.

Artículo 15

Cumplimiento de las obligaciones

Quienquiera que satisfaga una obligación en beneficio de una entidad de crédito que no sea una persona jurídica y que sea objeto de un procedimiento de liquidación incoado en otro Estado miembro, cuando habría debido hacerlo en beneficio del liquidador de dicho procedimiento, quedará liberado si no tenía conocimiento de la incoación del procedimiento. De quienquiera que satisfaga dicha obligación antes de las medidas de publicidad previstas en el artículo 13 se presumirá, hasta prueba en contrario, que no tenía conocimiento de la incoación del procedimiento de liquidación; de quienquiera que la haya satisfecho tras las medidas de publicidad previstas en el artículo 13 se presumirá, hasta prueba en contrario, que tenía conocimiento de la incoación del procedimiento.

Artículo 16

Derecho a presentar títulos de crédito

1. Todo acreedor que tenga su residencia habitual, su domicilio o su domicilio social en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen, incluidas las autoridades públicas de los Estados miembros, tendrá derecho a presentar sus títulos de crédito o a presentar por escrito las observaciones relativas a éstos.

2. Los títulos de crédito de todos los acreedores con residencia habitual, con domicilio o domicilio social en un Estado miembro que no sea el de origen tendrán el mismo trato y la misma prelación que los títulos de crédito de naturaleza equivalente que puedan presentar los acreedores con residencia habitual, domicilio o domicilio social en el Estado miembro de origen.

3. Excepto en los casos en que la legislación del Estado miembro de origen establezca la presentación de las observaciones relativas a los títulos de crédito, el acreedor enviará una copia de los justificantes, si los hubiere, e indicará la naturaleza del título de crédito, la fecha en que se originó y su importe; también indicará si reivindica para el título de crédito un carácter privilegiado, una garantía real o una reserva de dominio, y cuáles son los bienes que abarca la garantía.

Artículo 17

Lenguas

1. La información prevista en los artículos 13 y 14 se dará en la lengua o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de origen. Para ello se utilizará un impreso en cuyo encabezamiento podrán leerse, en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea, los términos "Convocatoria para la presentación de títulos de crédito. Plazos aplicables" o, cuando la legislación del Estado miembro de origen establezca la presentación de las observaciones relativas a los títulos de crédito, los términos "Convocatoria para la presentación de las observaciones relativas a un título de crédito. Plazos aplicables".

2. Todo acreedor que tenga su residencia habitual, su domicilio o su domicilio social en un Estado miembro distinto del de origen podrá presentar su título de crédito o presentar sus observaciones relativas a éste en la lengua o en una de las lenguas oficiales de dicho Estado miembro. En tal caso, la presentación de su título de crédito (o, según corresponda, la presentación de las observaciones relativas a él) deberá sin embargo llevar el encabezamiento "Presentación de título de crédito" (o, según corresponda, "Presentación de las observaciones relativas a los créditos") en la lengua o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de origen. Además, se le podrá exigir una traducción de la presentación del título de crédito o de la presentación de las observaciones relativas a éste en dicha lengua.

Artículo 18

Información periódica a los acreedores

Los liquidadores informarán con regularidad a los acreedores de forma adecuada, en particular sobre la marcha de la liquidación.

B. Entidades de crédito cuyo domicilio social esté fuera de la Comunidad

Artículo 19

Sucursales de las entidades de crédito de terceros países

1. Las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de acogida de una sucursal de una entidad de crédito con domicilio social fuera de la Comunidad estarán obligadas a informar sin demora por todos los medios a las autoridades competentes de los demás Estados miembros de acogida en los que la entidad haya establecido sucursales recogidas en la lista contemplada en el artículo 11 de la Directiva 2000/12/CE, que se publica cada año en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, sobre su decisión de incoar un procedimiento de liquidación, incluidos los efectos concretos que pudiera tener dicho procedimiento, si es posible, antes de la incoación del mismo y, si no, inmediatamente después. La transmisión de esta información será efectuada por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida mencionado en primer lugar.

2. Las autoridades administrativas o judiciales que decidan incoar un procedimiento de liquidación de una sucursal de una entidad de crédito con domicilio social fuera de la Comunidad informarán a las autoridades competentes de los demás Estados miembros de acogida de la incoación de un procedimiento de liquidación y de la revocación de la autorización.

La transmisión de esta información será efectuada por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida que haya decidido incoar el procedimiento.

3. Las autoridades administrativas o judiciales indicadas en el apartado 1 se esforzarán por coordinar sus actuaciones.

También los liquidadores, si los hubiere, se esforzarán por coordinar sus actuaciones.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES COMUNES A LAS MEDIDAS DE SANEAMIENTO Y A LOS PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN

Artículo 20

Efectos sobre determinados contratos y derechos

1. Los efectos de una medida de saneamiento o de la incoación de un procedimiento de liquidación sobre:

a) los contratos de trabajo y las relaciones laborales se regirán exclusivamente por la ley del Estado miembro aplicable al contrato de trabajo;

b) los contratos que otorguen derecho de uso o de adquisición de un bien inmueble se regirán exclusivamente por la ley del Estado miembro en cuyo territorio esté situado el inmueble. Esta ley determinará si se trata de un bien mueble o inmueble;

c) los acuerdos de compensación y de novación entre la entidad de crédito y la otra parte en el acuerdo se regirán exclusivamente por la legislación del Estado miembro aplicable a dichos convenios;

d) los pactos de recompra entre la entidad de crédito y la otra parte en el pacto se regirán exclusivamente por la legislación del Estado miembro aplicable a dichos pactos salvo lo dispuesto en la letra f);

e) los derechos sobre un bien inmueble, un buque o una aeronave que estén sujetos a la inscripción en un registro público se regirán exclusivamente por la ley del Estado miembro bajo cuya autoridad se lleve el registro;

f) la aplicación de los derechos de propiedad sobre instrumentos u otros derechos sobre tales instrumentos cuya existencia o transferencia suponga una inscripción en un registro, una cuenta o en un sistema de depósito centralizado poseídos o situados en un Estado miembro se regirán por la legislación del Estado miembro en el que se posee o se sitúa la cuenta, el registro o el sistema de depósito centralizado en el que estén inscritos dichos derechos;

g) sin perjuicio de lo dispuesto en la letra f), las transacciones efectuadas y los procedimientos aplicables en el marco de un mercado regulado se regirán exclusivamente por la ley del Estado miembro aplicable a dicho mercado;

h) sin perjuicio de las disposiciones previstas en las letras a) a g) el derecho real o la reserva de dominio de un tercero sobre bienes materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, que pertenezcan a la entidad de crédito u obren en su poder, así como todo tipo de garantía real, estarán regulados exclusivamente por la legislación aplicable a dicho derecho, a dicha reserva de dominio o a dicha garantía real.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en las letras c), d) y g) del apartado 1, la incoación del procedimiento de liquidación o la adopción de una medida de saneamiento no afectará al derecho de un acreedor a compensar, por efecto de la ley, su título de crédito con el título de crédito de la entidad de crédito, cuando la legislación del Estado miembro aplicable al crédito de la entidad de crédito permita dicha compensación.

Artículo 21

Prueba del nombramiento de los liquidadores

1. El nombramiento de un administrador o de un liquidador quedará acreditado mediante la presentación de una copia legalizada de la decisión de nombramiento o por cualquier otro certificado expedido por la autoridad administrativa o judicial del Estado miembro de origen.

Podrá exigirse su traducción a la lengua o a una de las lenguas oficiales del Estado miembro en cuyo territorio quiera actuar el administrador o liquidador. No se exigirá ninguna legalización ni cualquier otra formalidad análoga.

2. Los administradores y los liquidadores estarán facultados para ejercer en el territorio de todos los Estados miembros todos los poderes que puedan ejercer en el territorio del Estado miembro de origen. Asimismo, podrán designar a personas para que les asistan o, en su caso, les representen en el transcurso de la medida de saneamiento o de la liquidación, sobre todo en los Estados miembros de acogida y, en particular, para facilitar la solución de las dificultades que pudieran encontrar los acreedores del Estado miembro de acogida.

3. El administrador o liquidador deberá respetar, en el ejercicio de sus poderes, la legislación de los Estados miembros en cuyo territorio quiera actuar, en particular en lo relativo a las modalidades de realización de bienes y en lo relativo a la información de los trabajadores asalariados. Dichos poderes no podrán incluir el uso de la fuerza ni la facultad de pronunciarse sobre un litigio o una controversia.

Artículo 22

Inscripción en un registro público

1. El administrador, el liquidador o cualquier autoridad administrativa o judicial del Estado miembro de origen podrá pedir que se inscriba una medida de saneamiento o la decisión por la que se incoe un procedimiento de liquidación en el registro de la propiedad, en el registro mercantil o en cualquier otro registro público que se lleve en los demás Estados miembros.

No obstante, todo Estado miembro podrá estipular la inscripción de oficio. En tal caso, la persona o autoridad mencionadas en el párrafo primero deberá adoptar las medidas necesarias para efectuar tal inscripción.

2. Los gastos de inscripción se considerarán gastos y costas del procedimiento.

Artículo 23

Actos perjudiciales

1. El artículo 10 no será de aplicación en lo que se refiere a las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales al conjunto de los acreedores cuando el beneficiario de dichos actos pruebe que:

- el acto perjudicial al conjunto de los acreedores está sujeto a la ley de un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen, y que

- en ese caso concreto, dicha ley no permita de ningún modo la impugnación de dicho acto.

2. Cuando una medida de saneamiento acordada por una autoridad judicial disponga normas relativas a la nulidad, la anulación o la inoponibilidad de los actos perjudiciales al conjunto de los acreedores realizados con anterioridad a la adopción de la medida, el apartado 2 del artículo 3 no se aplicará a los casos contemplados en el apartado 1.

Artículo 24

Protección de terceros

Cuando, mediante un acto celebrado tras la adopción de una medida de saneamiento o la incoación de un procedimiento de liquidación, la entidad de crédito disponga a título oneroso,

- de un bien inmueble,

- de un buque o de una aeronave sujeta a inscripción en un registro público, o

- de los instrumentos o los derechos sobre tales instrumentos cuya existencia o transferencia suponga una inscripción en un registro, en una cuenta o en un sistema de depósito centralizado poseídos o situados en un Estado miembro,

la validez de dicho acto se regirá por la legislación del Estado miembro en cuyo territorio esté situado dicho bien inmueble, o bajo cuya autoridad se lleve dicho registro, dicha cuenta o dicho sistema de depósitos.

Artículo 25

Procedimientos en curso

Los efectos de las medidas de saneamiento o de un procedimiento de liquidación con respecto a un procedimiento en curso en relación con un bien o un derecho del que se ha desposeído a la entidad de crédito se regirán exclusivamente por la ley del Estado miembro en el que esté en curso dicho procedimiento.

Artículo 26

Secreto profesional

Toda persona que deba recibir o facilitar información en el marco de los procedimientos de información o de consulta establecidos en los artículos 4, 5, 8, 9, 11 y 19 estará sujeta al secreto profesional, según las normas y condiciones establecidas en el artículo 30 de la Directiva 2000/12/CE, con excepción de las autoridades judiciales a las que se aplican las disposiciones nacionales vigentes.

TÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 27

Aplicación

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva el ...(8). Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva sólo serán aplicables a las medidas de saneamiento adoptadas o a los procedimientos de liquidación incoados con posterioridad a la fecha prevista en el párrafo primero. Las medidas adoptadas o los procedimientos incoados con anterioridad a dicha fecha seguirán estando regulados por la ley que les era aplicable en el momento de la adopción o de la incoación.

2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de dicha referencia.

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 28

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 29

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en ...

Por el Parlamento Europeo

La Presidenta

Por el Consejo

El Presidente

(1) DO C 356 de 31.12.1985, p. 55, y DO C 36 de 8.2.1988, p. 1.

(2) DO C 263 de 20.10.1986, p. 13.

(3) DO C 332 de 30.10.1998, p. 13.

(4) Dictamen del Parlamento Europeo de 13 de marzo de 1987 (DO C 99 de 13.4.1987, p. 211), confirmado el 2 de diciembre de 1993 (DO C 342 de 20.12.1993, p. 30), Posición común del Consejo de 17 de julio de 2000, y Decisión del Parlamento Europeo de ... (no publicada aún en el Diario Oficial).

(5) DO L 126 de 26.5.2000, p. 1; Directiva modificada por la Directiva 2000/28/CE (DO L ...).

(6) DO L 135 de 31.5.1994, p. 5.

(7) DO L 166 de 11.6.1998, p. 45.

(8) Tres años después de la publicación de la presente Directiva en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I. INTRODUCCIÓN

El 9 de enero de 1986, la Comisión remitió al Consejo una propuesta de Directiva basada en el apartado 2 del artículo 47(1) del Tratado CE.

El Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura el 13 de marzo de 1987(2). El Comité Económico y Social emitió el suyo el 2 de julio de 1986. A raíz de estos dictámenes, la Comisión presentó una propuesta modificada el 11 de enero de 1988. El Instituto Monetario Europeo emitió su dictamen el 12 de junio de 1996.

El 17 de julio de 2000, el Consejo adoptó su Posición común con arreglo al artículo 251 del Tratado.

El título de esta Posición común se ha adaptado para reflejar la adopción de la Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativa a los sistemas de garantía de depósitos.(3)

II. OBJETIVOS

Con el fin de garantizar la igualdad de trato de los acreedores y el buen funcionamiento del saneamiento y de la liquidación de las entidades de crédito en la Unión Europea, la Directiva pretende que:

- las autoridades administrativas o judiciales del Estado miembro de origen tengan la competencia exclusiva para decidir y aplicar las medidas de saneamiento y los procedimientos de liquidación según la legislación y prácticas vigentes en tal Estado miembro, salvo que la Directiva establezca otra cosa,

- los derechos de los acreedores domiciliados en Estados miembros distintos del de origen queden salvaguardados.

Con esta Directiva no se pretende armonizar las legislaciones nacionales, sino prever el reconocimiento mutuo de las medidas de saneamiento y de los procedimientos de liquidación de los Estados miembros, así como la cooperación necesaria.

A fin de conseguir estos objetivos, la Posición común modifica y formula de manera más explícita algunas de las disposiciones de la propuesta de la Comisión. Introduce, además, algunas disposiciones nuevas, basadas en gran parte en el Reglamento (CE) n° 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia(4), denominado en lo sucesivo "el Reglamento sobre insolvencia". Esto se ha hecho para preservar la coherencia de la legislación comunitaria y, cuando proceda, adaptar la normativa específica sobre insolvencia en el sector bancario a la normativa sobre cuestiones similares del Reglamento sobre insolvencia, que se aplica en general dentro de la Unión Europea. Estas disposiciones están encaminadas a promover los objetivos antes expuestos, y se refieren principalmente a la protección de la situación de los acreedores domiciliados en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen de la entidad de crédito en los procedimientos de liquidación, así como a la definición de los poderes y obligaciones del administrador o liquidador, y la introducción de disposiciones que refuerzan la certidumbre jurídica al establecer qué ley se aplicará en determinados casos específicos, por ejemplo para los bienes inmuebles.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

A. CONSIDERACIONES GENERALES

La Posición común tiene en cuenta la adopción de:

- la segunda Directiva 89/646/CEE del Consejo, de 15 de diciembre de 1989, para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, y por la que se modifica la Directiva 77/780/CEE(5),

- la Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativa a los sistemas de garantía de depósitos,

- la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores(6),

- Reglamento (CE) n° 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia,

- Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio(7), la cual consiste en la consolidación de una serie de Directivas sobre entidades de crédito, en concreto la Directiva 77/780/CEE (primera Directiva sobre banca) y la Directiva 89/646/CEE (segunda Directiva sobre banca). De ahí que todas las referencias a disposiciones de las Directivas consideradas hayan de convertirse en referencias al texto consolidado.

Las entidades de crédito y las empresas de seguros quedaron exentas del Reglamento sobre insolvencia debido a la normativa específica de estos sectores, que poseen una serie de características legislativas semejantes (normativa del Estado miembro de origen, requisito de autorización, etc.). El Consejo ha examinado la propuesta modificada de Directiva del Consejo y del Parlamento Europeo sobre saneamiento y liquidación obligatoria de las empresas de seguros(8) durante el mismo período que la presente propuesta sobre saneamiento y liquidación de entidades de crédito y siempre que las condiciones específicas de cada sector lo permitían se han adoptado soluciones similares.

Tras la adopción de la Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativa a los sistemas de garantía de depósitos, se modificó el título de la presente Directiva (véase más arriba) y el título IV de la propuesta de la Comisión se suprimió y sustituyó por un nuevo título IV sobre disposiciones comunes a las medidas de saneamiento y a los procedimientos de liquidación.

B. TÍTULO I - ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

La redacción del artículo 1, en el que se determina el ámbito de aplicación de la Directiva, no ha cambiado desde la propuesta de la Comisión, excepto en una referencia más específica a las exenciones de la Directiva 2000/12/CE. Así pues, se incluye en la Posición común la enmienda propuesta por el Parlamento Europeo para el artículo 1 de la propuesta de la Comisión.

Se han suprimido los artículos 2 y 16 de la propuesta modificada de la Comisión, relativos a los anexos en los que se enumeraban las medidas y procedimientos previstos en la Directiva. El Consejo considera que las definiciones de "medida de saneamiento", "procedimientos de liquidación", "autoridades competentes" y "autoridades administrativas o judiciales" que figuran en el artículo 2 de la Posición común son suficientes para determinar el ámbito de aplicación de la Directiva. Con esta solución, además, se obvia la cuestión, difícil desde el punto de vista jurídico y técnico, de cómo incorporar a la Directiva futuros cambios de la legislación nacional. Por lo tanto, no se incluye en la Posición común la modificación del artículo 2 de la propuesta de la Comisión y el nuevo artículo 2 bis, así como del nuevo artículo 15 bis sobre el procedimiento de liquidación, propuestas por el Parlamento Europeo, salvo en que ahora se define "procedimientos de liquidación" (véase más abajo).

El artículo 2 de la Posición común (artículo 3 de la propuesta modificada de la Comisión) se ha modificado y ahora contiene más definiciones de una serie de términos, a fin de exponer con más claridad los utilizados en la Directiva.

Las definiciones de "Estado miembro de origen", "Estado miembro de acogida" y "autoridades competentes" se corresponden ahora con las que reciben en la legislación vigente. Se ha añadido asimismo una definición de "sucursal" acorde también con la legislación vigente.

Con el fin de evitar confusión sobre las autoridades a las que se refiere la Directiva, se ha añadido una definición de "autoridades administrativas o judiciales", que son las responsables a efectos de medidas de saneamiento o de procedimientos de liquidación. Dado que estas definiciones abarcan a las autoridades competentes tanto para las medidas de saneamiento como para los procedimientos de liquidación, la Posición común incluye el fondo de la enmienda propuesta por el Parlamento Europeo para el artículo 3 de la propuesta de la Comisión.

"Medidas de saneamiento" y "procedimientos de liquidación" se han definido reflejando la supresión de los anexos (véase más arriba). La definición de "medidas de saneamiento" incluye ahora un elemento clave de estas medidas, a saber, que pueden afectar a los derechos preexistentes de terceros, y los considerandos 8 y 10 exponen, además, los motivos de esta definición. La definición de "procedimientos de liquidación" incluye un elemento basado en el Reglamento sobre insolvencia, a saber, que el término abarca los procedimientos que concluyen mediante un convenio u otra medida análoga. Como las definiciones abarcan tanto las medidas de saneamiento como los procedimientos de liquidación, la Posición común incluye en parte el fondo del nuevo artículo 2 bis propuesto por el Parlamento Europeo e incluido en el artículo 2 de la propuesta modificada de la Comisión, en la que figuraba una definición de "procedimiento de liquidación" que no aparecía en la propuesta inicial de la Comisión.

Se han añadido definiciones de "administrador" y de "liquidador" coherentes con la Directiva sobre saneamiento y liquidación obligatoria de las empresas de seguros, con el fin de determinar el ámbito de aplicación de los artículos que se refieren a estas funciones.

Las definiciones de "mercado regulado" y de "instrumentos" se han incluido con el fin de determinar el ámbito de aplicación del artículo 20, que trata del derecho aplicable en determinados casos concretos.

C. TÍTULO II - MEDIDAS DE SANEAMIENTO

El artículo 3 (artículo 4 de la propuesta modificada de la Comisión) es el artículo fundamental de la Directiva, puesto que se refiere a las medidas de saneamiento. La Posición común mantiene, con leves cambios de redacción, los apartados 1 y 2 de la propuesta de la Comisión, y en ellos se establece el principio de la aplicación universal de las medidas que decida adoptar el Estado miembro de origen. El Consejo ha suprimido el apartado 3 para no restar solidez al principio de que la supervisión es competencia del Estado miembro de origen, ya que dicho apartado permitía al Estado miembro de acogida aplicar medidas de saneamiento a sólo una sucursal.

La Posición común mantiene, con algunos pequeños cambios, la obligación de informar a las autoridades del Estado miembro de acogida prevista en el artículo 4 (artículo 5 de la propuesta modificada de la Comisión). La Posición común especifica claramente a qué autoridades incumbe la obligación e indica con mayor precisión qué información debe facilitarse. De manera acorde con el principio de que el control corresponde al Estado miembro de origen, el Consejo ha optado por no mantener la obligación para el Estado miembro de origen de consultar a las autoridades del Estado miembro de acogida sobre las repercusiones de una medida de saneamiento. La Posición común se ajusta a la enmienda propuesta por el Parlamento Europeo para el artículo 5, al no incluir la excepción a la obligación de informar que la Comisión proponía. Al permitir que en los casos urgentes puedan adoptarse medidas sin haber informado previamente de ello, la Posición común tiene en cuenta el espíritu del artículo 6 bis relativo a los casos urgentes que propuso el Parlamento Europeo.

Se mantiene la obligación de informar a las autoridades del Estado miembro de origen prevista en el artículo 5 (artículo 6 de la propuesta de la Comisión), con algunos pequeños cambios para dejar más claro el texto. Al igual que en el artículo 3, el Consejo ha optado por no conservar el segundo subapartado, que permitía al Estado miembro de acogida aplicar medidas de saneamiento a sólo una sucursal.

El artículo 6 relativo a la publicación recoge, con leves cambios, el artículo 7 de la propuesta modificada de la Comisión. Se ha suprimido la referencia a los accionistas por los motivos que se indican en el considerando 8. A la luz del artículo 7 de la Posición común (véase a continuación), el Consejo no ha creído necesario mantener el apartado 2 de la propuesta de la Comisión, referente a la notificación a cada uno de los acreedores por separado. En consonancia con el artículo 3, la regulación del plazo de recurso debe hacerse con arreglo al Derecho nacional. La Posición común dispone que la publicación sea obligatoria, recogiendo así la enmienda propuesta por el Parlamento Europeo en relación con el artículo 7 de la propuesta de la Comisión, que la propuesta modificada de la Comisión sólo reflejaba en parte.

El artículo 7 introduce disposiciones específicas sobre la obligación de informar a los acreedores conocidos y el derecho de presentación de créditos, con el fin de proteger los derechos de los acreedores establecidos en un Estado miembro que no sea el Estado miembro de origen de la entidad de crédito. Estas disposiciones se ajustan a las disposiciones de índole similar sobre los procedimientos de liquidación, que, a su vez, se ajustan a las disposiciones de índole similar del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia (véase más adelante).

Puesto que en la legislación comunitaria no se coordinan las disposiciones aplicables a las sucursales de las entidades de crédito de los terceros países, el Consejo ha optado por que el artículo 8, referente a dichas sucursales, se limite a exigir que las autoridades administrativas y judiciales informen a las autoridades de los demás Estados miembros en los que la entidad de crédito tenga sucursales y se esfuercen por coordinar sus actuaciones. Puesto que no siempre se nombra un administrador, el artículo 8 no obliga a los administradores a coordinar sus actuaciones, a diferencia del caso de los liquidadores en los procedimientos de liquidación (véase más adelante). La información debe transmitirse en las mismas condiciones que la información a los Estados miembros de acogida en el caso de las sucursales de entidades de crédito comunitarias, que se expone en el artículo 4.

Al haberse suprimido los anexos, se ha suprimido el artículo 9 de la propuesta modificada de la Comisión. El artículo 10 de la propuesta modificada de la Comisión se considera innecesario a la luz del artículo 3 de la Posición común.

D. TÍTULO III - PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN

En el artículo 9 (apartados 1 y 3 del artículo 11 de la propuesta modificada de la Comisión) se mantiene el principio básico de la universalidad expuesto en el artículo 11 de la propuesta modificada de la Comisión, si bien de forma modificada. El texto del artículo se ajusta ahora al texto correspondiente de las medidas de saneamiento de los artículos 3 y 4 de la Posición común; en él se pone de relieve el principio de la universalidad y, para velar por la coherencia con la Directiva, se incluye el mismo procedimiento de información que para las medidas de saneamiento.

El apartado 1 del artículo 10 hace hincapié en el principio de la universalidad previsto en el apartado 2 del artículo 11 de la propuesta modificada de la Comisión. Como el artículo 10 no hace referencia a la aplicación del convenio en materia de quiebra, ahora Reglamento sobre procedimientos de insolvencia, como sucedía en la propuesta inicial de la Comisión, la Posición común recoge la enmienda que el Parlamento Europeo propusiera para el artículo 11 de la propuesta de la Comisión y que ésta incluyó en su propuesta modificada. El apartado 2 se ha añadido para mostrar el alcance del principio de universalidad establecido en el apartado 1, de acuerdo con la redacción adoptada para el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia, con una lista de ejemplos de lo que debe determinar la legislación del Estado miembro de origen.

El artículo 11, relativo a la liquidación voluntaria, mantiene el artículo 12 de la propuesta modificada de la Comisión con algunos cambios de redacción para que el texto sea más claro. El apartado 2 de la Posición común declara sencillamente que la liquidación voluntaria no será obstáculo para las medidas de saneamiento o los procedimientos de liquidación. Las disposiciones correspondientes a dichas medidas y procedimientos se regulan en otros lugares de la Directiva y, llegado el caso, las autoridades competentes del Estado miembro de origen siempre pueden fijar una medida de saneamiento o un procedimiento de liquidación, aunque ya se haya iniciado un procedimiento de liquidación voluntaria.

El artículo 12 (artículo 13 de la propuesta de la Comisión) introduce una serie de cambios de redacción y algunos otros cambios derivados del principio que otorga el control al Estado miembro de origen. El apartado 3 se ha suprimido porque las normas que regulan la autorización se establecen en la Directiva 2000/12/CE.

El artículo 13 sobre la publicación se corresponde con el apartado 3 del artículo 14 de la propuesta modificada de la Comisión y ha sido ajustado a los requisitos en materia de publicación de las medidas de saneamiento que figuran en el apartado 1 del artículo 6. Con la inclusión de esta disposición, la Posición común incorpora la enmienda que el Parlamento Europeo propusiera para el artículo 14 de la propuesta de la Comisión y que ésta aceptó en su propuesta modificada. El apartado 1 del artículo 14 de la propuesta de la Comisión se ha suprimido a la luz del apartado 1 del artículo 9 y del artículo 10 de la Posición común. Como las atribuciones de los liquidadores aparecen reguladas en el apartado 2 del artículo 21 de la Posición común, se ha suprimido el apartado 2 del artículo 14 que trataba del mismo tema.

Los artículos 14, 15, 16 y 17 se han añadido a la luz de la adopción del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia, como se ha explicado en las observaciones generales a la Posición común, con el fin de complementar la Directiva incluyendo aspectos que no aparecían regulados en la propuesta de la Comisión.

El artículo 14, relativo a la información a los acreedores conocidos, se ha adaptado al artículo 40 del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia y en él se estipula la obligación de informar a los acreedores conocidos y el contenido de la información que debe facilitarse. Su objetivo es salvaguardar la posición de los acreedores que estén domiciliados en un Estado miembro que no sea el Estado miembro de origen de la entidad de crédito insolvente.

El artículo 15 sobre el cumplimiento de las obligaciones se ajusta al artículo 24 del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia. A pesar de las disposiciones en materia de publicación, puede ocurrir que un deudor de la entidad de crédito insolvente satisfaga una obligación en beneficio de la entidad de crédito, cuando tendría que haber sido en beneficio del liquidador. El artículo 15 tiene por objeto proteger al deudor que actúa de buena fe. Ahora bien, la disposición únicamente prevé el caso, muy poco común, de que se satisface una obligación en beneficio de una entidad de crédito que es una persona física o está asociada a personas físicas, ya que se supone que el peligro de que una entidad de crédito acepte un pago de mala fe y sin informar al liquidador sólo se da en ese caso.

El artículo 16 establece dos principios fundamentales para el procedimiento de liquidación. En el apartado 1, que se corresponde con el artículo 39 del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia, se dispone que todos los acreedores, incluidas las autoridades públicas de otros Estados miembros, tienen derecho a presentar sus títulos de crédito. Se ha optado por la fórmula "presentar sus títulos de crédito o a presentar por escrito las observaciones relativas a éstos" porque la legislación nacional de algunos Estados miembros no exige que se presente el título de crédito, sino tan sólo observaciones en relación con el mismo. El apartado 2 destaca un principio esencial del concepto de universalidad, a saber, que los títulos de crédito de todos los acreedores recibirán el mismo trato y la misma prelación que los de los acreedores del Estado miembro de origen. El apartado 3, que se ajusta al artículo 41 del Reglamento sobe procedimientos de insolvencia, regula los datos que deberán acompañar a los títulos de crédito que presenten los acreedores domiciliados en otro Estado miembro.

El artículo 17, que se ajusta al artículo 42 del Reglamento sobre procedimientos de insolvencia, regula el régimen lingüístico aplicable a la presentación de títulos de crédito. La norma básica es que la lengua utilizada será la del Estado miembro de origen. Sin embargo, deberá aparecer el epígrafe "Convocatoria para la presentación de títulos de crédito. Plazos aplicables" en todas las lenguas oficiales de la Unión. En el caso de los acreedores que tengan su domicilio en otro Estado miembro, la norma básica es que aunque podría pedírseles una traducción podrán presentar sus títulos de crédito en la lengua o en una de las lenguas oficiales de dicho Estado, y sólo los términos "Presentación de título de crédito/Presentación de las observaciones relativas a los créditos" tendrán que figurar en la lengua oficial del Estado miembro de origen.

Con el fin de velar por los derechos de los acreedores durante el desarrollo del procedimiento, se ha incluido una nueva disposición, el artículo 18, que obliga a los liquidadores a mantener informados a los acreedores de la marcha de la liquidación.

Puesto que las sucursales de las entidades de crédito de terceros países no están reguladas por la normativa comunitaria, el Consejo ha decidido, como en el caso del artículo 8 sobre las medidas de saneamiento, que el artículo 19, esto es, el artículo 15 de la propuesta modificada de la Comisión, se limite a los requisitos en materia de información y de coordinación. El apartado 1 regula la información que habrá que facilitar a las autoridades de los demás Estados miembros de acogida antes de la incoación de un procedimiento de liquidación y se ajusta al correspondiente procedimiento de información del apartado 1 del artículo 8. El requisito de informar a posteriori, que figura en el apartado 3 del artículo 15 de la propuesta de la Comisión, aparece en el apartado 2, donde se impone la obligación de informar también en el caso de que se incoe un procedimiento de liquidación y se revoque la autorización. El procedimiento para comunicar esta información se ajusta al previsto en el apartado 1. El apartado 3 se corresponde con el apartado 2 del artículo 8 y en él se extiende también a los liquidadores la obligación de coordinar sus actuaciones, ya que la labor de los liquidadores puede resultar tan importante como la de las autoridades.

El artículo 16 de la propuesta de la Comisión se ha suprimido al haberse suprimido los anexos (véase más arriba).

E. TÍTULO IV - DISPOSICIONES COMUNES A LAS MEDIDAS DE SANEAMIENTO Y A LOS PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN

Este título es un nuevo elemento respecto a la propuesta de la Comisión. Según se ha indicado antes, para cumplir los objetivos de la Directiva y garantizar la coherencia jurídica en la legislación comunitaria, el Consejo ha considerado apropiado introducir algunas disposiciones adicionales basadas en gran medida en el Reglamento sobre insolvencia. La mayoría de estas disposiciones adicionales figuran en el título IV, que reúne las disposiciones comunes a las medidas de saneamiento y a los procedimientos de liquidación.

El artículo 20 contiene disposiciones sobre los efectos de las medidas y procedimientos sobre algunos contratos y derechos. El artículo constituye una excepción del principio básico de la aplicación del Derecho interno de los Estados miembros establecido en los artículos 3 y 10. El objetivo global de este artículo es garantizar certidumbre jurídica en casos particulares en los que se considere que la importancia o la naturaleza especial del contrato justifica la excepción del principio de universalidad.

La primera excepción, que se indica en la letra a) del apartado 1, se refiere a los contratos de trabajo y a las relaciones laborales que se regirán exclusivamente por la ley del Estado miembro aplicable al contrato de trabajo. Esta disposición, que se ajusta al artículo 10 del Reglamento sobre insolvencia se introduce para proteger a los empleados del sector de las entidades de crédito en Estados miembros de acogida frente al riesgo de que su contrato quede sometido de repente a la jurisdicción de otro Estado miembro.

La segunda excepción establecida en la letra b) del apartado 1, que se ajusta al artículo 8 del Reglamento sobre insolvencia, regula los contratos relacionados con bienes inmuebles. En todos los Estados miembros esos contratos están sometidos a una normativa especial tanto para proteger a las partes contratantes como para proteger los intereses generales del Estado miembro en el que están instaladas. Por eso, el Consejo ha considerado apropiado hacer una excepción del principio de universalidad y estipular que tanto los contratos que otorguen derecho de uso de un bien inmueble, típicamente un contrato de alquiler, y los contratos que otorguen el derecho de adquisición de un bien inmueble situado en el Estado miembro, se rijan exclusivamente por la ley de ese Estado miembro. Para evitar todo tipo de dudas que puedan surgir, dado que las normas sobre lo que sea exactamente un bien inmueble pueden variar entre Estados miembros, se establece que la jurisdicción del Estado miembro en el que esté situado el bien determinará si un bien es mueble o inmueble.

Las letras c) y d) del apartado 1 se refieren a acuerdos de compensación y de novación (acuerdos para compensar balances positivos y negativos) entre una entidad de crédito y la otra parte y a pactos de recompra (un acuerdo entre un vendedor y un comprador de valores en el que el vendedor acuerde la recompra de valores a un precio acordado) respectivamente. En ambos casos se aplicará la ley del Estado miembro aplicable al acuerdo. Esos acuerdos se emplean habitualmente en los mercados financieros y el Consejo considera que la función especial de dichos contratos exige una excepción del principio de aplicación universal de la ley del Estado miembro de acogida para proteger el funcionamiento de los mercados financieros y garantizar la certidumbre jurídica de las partes contratantes.

La letra e) del apartado 1 se refiere a los derechos sujetos a la inscripción en un registro público exclusivamente según la ley del Estado miembro bajo cuya autoridad se lleve el registro. Esta disposición, que se basa, pero sin ajustarse totalmente a él, en el artículo 11 del Reglamento sobre insolvencia, se incorpora para evitar conflicto con los sistemas nacionales de registro de un bien inmueble, un buque o una aeronave cuando la jurisdicción del Estado miembro de origen contenga disposiciones que pudieran ser incompatibles con la jurisdicción del registro.

La letra f) del apartado 1 se refiere a los derechos en valores, desmaterializados o no, que estén consignados en un registro, en una cuenta o en un sistema de depósito centralizado en un Estado miembro. Esta disposición tiene como fin proteger los derechos de esos valores ante los posibles efectos negativos de medidas de saneamiento o de procedimientos de insolvencia incoados según la jurisdicción de un Estado miembro que sea diferente de la jurisdicción del Estado miembro en el que esté situado el registro, cuenta o sistema de depósito. En paralelo con la letra e), la repercusión de la medida de saneamiento o de los procedimientos de insolvencia respecto a una entidad de crédito sobre derechos en valores poseídos por la institución insolvente se determinará únicamente por la jurisdicción del Estado miembro en el que se posean o estén situados la cuenta, el registro o el sistema de depósito centralizado en el que están consignados los derechos correspondientes.

Por lo que se refiere a transacciones efectuadas en un mercado regulado (una bolsa de valores) según se define en el artículo 2, la letra g) del apartado 1 estipula, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento sobre insolvencia, que independientemente de la letra f), los efectos de las medidas de saneamiento o de la incoación de los procedimientos de insolvencia se regirán únicamente por la jurisdicción del Estado miembro aplicable a ese mercado. El objeto de esta disposición es garantizar el funcionamiento de esos mercados y proteger el equilibrio mantenido por la jurisdicción aplicable al mercado de los posibles efectos de distorsión de la aplicación de las medidas de saneamiento de procedimientos de insolvencia iniciados según otro sistema jurídico, que podría tener un efecto negativo que sobrepasara a la institución insolvente y a sus partes contratantes.

Una disposición similar se ha introducido en la letra h) del apartado 1 sobre el derecho real y la reserva de dominio sobre bienes que pertenezcan a la entidad de crédito insolvente que se regirá únicamente conforme a la jurisdicción aplicable a dicho derecho. Esta norma se basa, sin ajustarse a, totalmente en los artículos 5 y 7 del Reglamento sobre insolvencia. El derecho real no se define dado que no es objeto de la Directiva introducir ningún tipo de armonización de este concepto.

El apartado 2 relativo a compensaciones estipula, de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento sobre insolvencia, que el derecho de un acreedor a compensar su título de crédito no queda afectado por las medidas de saneamiento o los procedimientos de insolvencia cuando la jurisdicción del Estado miembro aplicable al título de las instituciones de crédito permita dicha compensación, independientemente de si ésta está permitida o no por el Estado miembro de origen.

El apartado 1 del artículo 21 se ajusta al artículo 19 del Reglamento sobre insolvencia. Establece los requisitos formales relativos a la prueba del nombramiento del administrador o liquidador para evitar cualquier duda al respecto. Los apartados 2 y 3 se ajustan con los apartados 1 y 3 del artículo 18 del Reglamento sobre insolvencia y establecen los poderes del administrador/liquidador. De acuerdo con el principio de aplicación del Derecho del Estado miembro de acogida, el administrador/liquidador podrá ejercer en todos los Estados miembros los poderes que pueda ejercer en el Estado miembro de origen. Dado que no hay posibilidad de procedimientos derivados y de que es posible que la institución insolvente tenga contraídos compromisos sustanciales en uno o más Estados miembros de acogida, el apartado 2 estipula que el liquidador/administrador podrá designar a personas que les asistan a fin de superar todas las dificultades con que se encuentren los acreedores en determinados Estados miembros de acogida. Dado que la Directiva no tiene como fin ampliar los poderes ejecutivos o judiciales del Estado miembro de origen, el apartado 3 deja claro que el administrador/liquidador tiene que respetar la jurisdicción del Estado miembro en el que desee actuar y que sus poderes no incluyen el uso de la fuerza o el derecho de pronunciarse sobre un litigio o una controversia.

El artículo 22 tiene como fin también aclarar los poderes del liquidador/administrador. El principio de aplicación universal de las medidas de saneamiento y procedimientos de liquidación sin más formalidades figuran en los artículos 3 y 9. No obstante, algunos registros específicos desempeñan un importante papel en garantizar la transparencia y certidumbre legal en muchos Estados miembros y por eso se estipula, de acuerdo con los artículos 22 y 23 del Reglamento sobre insolvencia, que el administrador/liquidador tiene el poder de pedir la inscripción de la medida o de los procedimientos en los registros apropiados en otros Estados miembros.

El apartado 1 del artículo 23 relativo a los actos perjudiciales se ajusta con el artículo 13 del Reglamento sobre insolvencia. Hace excepción al principio de aplicación universal de la jurisdicción del Estado miembro de origen a los procedimientos de liquidación en un caso específico, en concreto cuando un acto, por ejemplo un contrato, se haya considerado nulo según el Derecho del Estado de origen pero cuando la otra parte contratante haya participado en la creencia de que el contrato no sería invalidado. El objeto de la disposición es proteger las justas expectativas de la parte contratante en este caso. En cuanto a las medidas de saneamiento, el apartado 2 estipula que el principio de aplicación universal establecido en el apartado 2 del artículo 3 de la Posición común no se aplicará en circunstancias similares.

El artículo 24 se ajusta con el artículo 14 del Reglamento sobre insolvencia. Se refiere a actos, por ejemplo a contratos, en lo que participe la entidad de crédito insolvente después de la adopción de una medida de saneamiento o la incoación de procedimientos de insolvencia. Está motivado por los mismos fines que los de las letras b), e) y f) del apartado 1 del artículo 20, en particular por la necesidad de garantizar certidumbre legal a las partes contratantes y la confianza pública en los registros o sistemas de depósito de que se trate.

El artículo 25, sobre los efectos de los procedimientos en curso, se ajusta con el artículo 15 del Reglamento sobre insolvencia. Deja claro que aunque la jurisdicción del Estado miembro de origen regula la aplicación de los procedimientos de acreedores individuales según el apartado 2 del artículo 3 y los artículos 9 y 10, es la jurisdicción del Estado miembro en el que el procedimiento esté en curso la que rige la cuestión de los efectos de las medidas de saneamiento o de los procedimientos de liquidación relativos a un procedimiento en curso sobre valores o derechos de los que la entidad de crédito insolvente haya sido desposeída.

El artículo 26, sobre el secreto profesional, se incluye para adecuar la presente Directiva a los requisitos de la Directiva 2000/12/CE y para armonizar los requisitos de secreto profesional en todos los aspectos de la regulación bancaria. Las autoridades judiciales siguen sometidas a las disposiciones nacionales existentes que les sean aplicables.

F. DISPOSICIONES FINALES

Las disposiciones sobre aplicación y entrada en vigor se han adaptado a las prácticas actuales en la legislación comunitaria.

G. CONSIDERANDOS

Se han adaptado los considerandos y se incorporan otros nuevos para explicar los cambios arriba expuestos. Las modificaciones de los considerandos propuestas por el Parlamento Europeo son superfluas, de resultas de la adopción de la Directiva 94/19/CE sobre sistemas de garantía de depósitos y el Reglamento sobre insolvencia, y por ello no se incluyen en la Posición común.

IV. CONCLUSIÓN

El Consejo considera que todas las modificaciones incorporadas a la propuesta modificada de la Comisión están plenamente en línea con los objetivos de la Directiva propuesta. La parte principal de las modificaciones propuestas por el Parlamento Europeo se ha incluido en la Posición común. Todos los cambios realizados y las nuevas disposiciones ajustadas al Reglamento sobre insolvencia que se han incorporado sirven para potenciar los objetivos de la Directiva y para garantizar la coherencia jurídica de la legislación comunitaria.

(1) Antiguo apartado 2 del artículo 57.

(2) Dictamen confirmado el 27 de octubre de 1999 (DO C 154 de 5.6.2000).

(3) DO L 135 de 31.5.1994, pp. 5 a 14.

(4) DO L 160 de 30.6.2000, p. 1.

(5) Directiva 89/646/CEE (DO L 386 de 30.12.1989, pp. 1 a 13).

(6) DO L 166 de 11.6.1998, pp. 45 a 50.

(7) DO L 126 de 26.5.2000, p. 1.

(8) DO C 253 de 6.10.1989, p. 3.