Dictamen sobre las repercusiones de los acuerdos de la Ronda Uruguay (94/C 393/31)

El 26 de febrero de 1994, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen adicional sobre las repercusiones de los acuerdos de la Ronda Uruguay.

La Sección de Relaciones Exteriores, Política Comercial y Desarrollo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen adicional el 11 de julio de 1994 (Ponente : Sr. Giesecke; Coponente : Sr. Ch. Pelletier).

En su 318o Pleno (sesión del 15 de septiembre de 1994), el Comité Económico y Social ha aprobado por unanimidad el siguiente dictamen.

OBSERVACIONES PREVIAS

El presente informe se inscribe en la serie de dictámenes e informes emitidos anteriormente por el Comité Económico y Social sobre la Ronda Uruguay del GATT. Paralelamente a una apreciación general de los resultados de la negociación -verano de 1994-, abordará más detalladamente los temas ya calificados de críticos en el pasado, así como las cuestiones pendientes del « paquete de Ginebra ». Dado que el orden del día de la Ronda Uruguay se estableció en la primera mitad del pasado decenio, en la presente ocasión el Comité se ocupará de las nuevas cuestiones planteadas por los desarrollos dinámicos de la economía mundial.

1. Introducción

1.1. Con la conclusión de las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT se ha dado uno de los pasos más importantes en la historia de la política comercial. A pesar de la difícil situación económica que atraviesa la mayoría de los países participantes en las negociaciones, se han sentado las bases para introducir un proceso de liberalización único en su género y establecer un sistema de comercio mundial transparente, equitativo y universal. Hasta hace poco se albergaban dudas justificadas en cuanto a la consecución de un amplio consenso sobre el vasto paquete de negociaciones. El fracaso de éstas habría reforzado aún más el creciente proteccionismo observado bajo las más diversas formas en los últimos años y habría avivado nuevas guerras comerciales al acelerar la fragmentación ya iniciada de la economía mundial en diversos bloques comerciales antagónicos. Y aun cuando el resultado global incluye inevitablemente algunas soluciones insatisfactorias para los intereses divergentes de los 117 participantes en las negociaciones, la conclusión y resultados de éstas deben ser considerados en conjunto como un éxito. Sin embargo, los resultados de las negociaciones del 15 de diciembre de 1993 sólo podrán ser evaluados cuando haya comenzado la apertura recíproca de los mercados de todos los socios comerciales y cuando dicha apertura hayan dado lugar efectivamente a una intensificación de los intercambios.

1.2. Tras la firma el 15 de abril de 1994 en Marrakech, los tratados deberán ser ratificados lo más pronto posible por las partes contratantes del GATT para que el período de incertidumbre hasta la entrada en vigor sea lo más breve posible. El Comité espera que tras la UE, todos los Estados miembros de la UE los ratifiquen en caso necesario, antes de que finalice el año 1994. Asimismo, confía en que los Estados Unidos y el Japón procedan en este sentido para que los tratados puedan entrar en vigor a principios de 1995.

1.3. La importancia actual de estas conclusiones reside en la señal lanzada a modo de estímulo a la aún deprimida economía mundial. Así se verán animados los inversores y consumidores de todo el mundo. Además de estos efectos a corto plazo, que son sumamente deseables, hay que valorar muy positivamente las consecuencias a largo plazo de las negociaciones : pese a algunas incertidumbres, se abren perspectivas para un futuro orden económico mundial.

1.4. Los efectos del acuerdo deberían ser considerados en términos de :

- apertura de nuevas perspectivas económicas;

- aparición de diversas influencias potenciales sobre los diferentes sectores en la fase de realización de las liberalizaciones acordadas (probablemente de 1995 al año 2000) y

- situación competitiva y estrategias comerciales de las grandes potencias comerciales mundiales.

En particular :

1.5. Se reconoce la superioridad de la competencia en los intercambios internacionales frente a toda política proteccionista o defensiva. Sin embargo, es importante que los nuevos acuerdos comerciales multilaterales no excluyan la posibilidad de que en determinados sectores de especial importancia en materia de política interior, como, por ejemplo, el abastecimiento público, las aeronaves civiles, la leche de carne de vacuno, se celebren acuerdos plurilaterales.

1.6. Al tiempo que se mantienen los acreditados principios del GATT de no discriminación y multilateralismo, se crea un marco organizativo más amplio en el que se tienen en cuenta las nuevas formas de cooperación económica internacional. Asimismo, el Tratado sigue abierto para futuros sectores y formas de actividad de comercio exterior que aún no son previsibles en la actualidad.

1.7. Se ha reducido el peligro de la crónica erosión del multilateralismo. Si la Ronda Uruguay hubiese fracasado, la tendencia a la formación de grandes cohesiones regionales habría podido conducir fácilmente a la escisión de la economía mundial en compartimentos estancos, pues la realidad demuestra que el comercio internacional crece en estas zonas regionales en proporción considerablemente superior que el conjunto del comercio mundial. Se estima que en el año 2000 más de la mitad del comercio mundial se desarrollará en el interior de estas zonas regionales de intercambios preferenciales. La nueva Organización Mundial del Comercio, deberá ahora continuar desarrollando el artículo 24 del GATT y establecer reglas de juego que permitan la adaptación armónica de las cohesiones regionales en el marco multilateral de la economía mundial.

Se trata ante todo de evitar que los socios comerciales de terceros países resulten perjudicados. En concreto, esto significa que queda abierta la posibilidad de asociaciones con nuevos miembros y que el nivel de protección frente al exterior debe reducirse paralelamente al proceso de liberalización interior. En estas condiciones la intensificación de las relaciones comerciales regionales puede actuar como catalizador para la integración mundial. La conclusión de las negociaciones de la Ronda Uruguay ha creado el marco organizativo multilateral para ello.

1.8. La mayor fiabilidad de las normas multilaterales hará perder terreno a los acuerdos bilaterales encaminados a orientar las corrientes del comercio exterior. Las distorsiones contrarias al mercado a que da lugar la expansión del « managed trade » bilateral en forma, por ejemplo, de autorrestricciones voluntarias -una zona gris del antiguo GATT de 1947-, han perjudicado en el pasado sobre todo a los pequeños socios comerciales. Es de esperar que en el futuro la OMC disponga de plenos poderes para imponer condiciones de competencia equitativas, a fin de que los pequeños socios se vean protegidos contra la presión política comercial de los socios más grandes. El nuevo procedimiento para la composición de litigios desempeñará un importante papel.

1.9. Aunque los derechos arancelarios ya no constituyen el principal obstáculo para el acceso de los bienes industriales al mercado -la reducción de aranceles ha figurado en el programa de las ocho rondas de negociaciones del GATT-, esta parte del paquete fue objeto de reñidos debates en la fase final de las negociaciones, lo que demuestra que muchos socios comerciales siguen concediendo una gran importancia a los aranceles subsistentes.

Se acordaron reducciones de aranceles a escala mundial de un tercio aproximadamente, reducción evidentemente superior a la propuesta en la Declaración de Punta del Este al principio de la Ronda. La mayoría de las reducciones de aranceles debería practicarse en cinco anualidades iguales, lo que dará a los sectores industriales afectados tiempo suficiente para adaptarse. La UE reducirá en más de un tercio sus derechos de aduana frente a todos los países, y frente a los Estados Unidos lo hará en un 50 % aproximadamente. Asimismo, los Estados Unidos reducirán en un 50 % sus aranceles para las importaciones procedentes de la UE y en un 40 % para los demás países.

Dada la falta de transparencia de la nomenclatura arancelaria estadounidense, estas cifras deben ser consideradas con escepticismo. Con todo, el Comité considera que éste es un resultado aceptable en términos generales, si bien queda un poco menoscabado por el mantenimiento de elevados derechos de aduana por parte de los Estados Unidos sobre determinados artículos textiles y de confección.

1.10. El nuevo orden comercial al nivel mundial, con un mejor acceso al mercado para las mercancías, los servicios, los conocimientos y las inversiones directas, constituye una importante base para las iniciativas empresariales encaminadas a la generación de empleo. Sin embargo, sólo podrá ejercer sus efectos positivos si la acordada apertura de los mercados se lleva a la práctica en los próximos años. La integración de la economía mundial sigue siendo un proceso difícil que requiere esfuerzos continuos. Habida cuenta de la recesión y del paro, debe contarse con nuevas tentativas proteccionistas en los próximos años. Especialmente crítico a este respecto será el período transitorio hasta la entrada en vigor de la nueva Organización Mundial del Comercio (OMC). Habrá que recordar una vez más a las partes contratantes de la Ronda Uruguay que en Marraquech se han comprometido a no introducir restricciones comerciales que pudieran poner en peligro la totalidad o parte del acuerdo o influenciar negativamente su puesta en práctica (standstill) hasta la entrada en vigor del nuevo sistema de la OMC.

1.11. Si bien la participación en el comercio mundial supone ventajas para todos los países, el proceso de adaptación estructural a que da lugar la expansión del comercio mundial impone casi siempre cargas económicas, sociales y políticas. Ello da lugar a resistencias políticas por parte de grupos o sectores que antes estaban protegidos por medidas de control de los intercambios. De persistir el débil crecimiento económico y el elevado nivel de desempleo, aumentará la presión política sobre los gobiernos nacionales y la Comisión de la UE para que desaceleren los cambios estructurales necesarios.

1.12. Aunque sólo sea por estos motivos parece oportuno que los resultados de la Ronda Uruguay sean ratificados también por los Parlamentos nacionales de la UE, con lo que se haría a los Estados miembros responsables de la puesta en práctica de los resultados de las negociaciones.

1.13. Es imprescindible que la Unión Europea aumente sus esfuerzos de acuerdo con el Libro Blanco « Crecimiento, competitividad y empleo » presentado por la Comisión en diciembre de 1993. Por lo demás, ya ahora -es decir, antes de que entren oficialmente en vigor los acuerdos de Ginebra- la UE debe demostrar su voluntad política de adherirse a los principios de la nueva Organización Mundial del Comercio y de contribuir a su configuración.

1.14. Para obtener el apoyo político necesario, habrá que procurar que en el futuro la opinión pública a todos los niveles reconozca las ventajas inherentes a un comercio mundial libre. Ésta es una difícil tarea, pues la experiencia demuestra que a veces los beneficios para los consumidores y contribuyentes sólo se manifiestan a largo plazo y muy difusamente. En cambio, las pérdidas a que dan lugar los necesarios cambios estructurales inciden directamente en la mayoría de los casos en los afectados. Para que la Ronda Uruguay pueda dar sus frutos será más necesaria que nunca una dirección política en la política comercial de los próximos años. La política estructural y las políticas de acompañamiento deberán crear las condiciones necesarias para que la economía de la Comunidad pueda beneficiarse plenamente de la descompartimentación de los mercados acordada en la Ronda Uruguay y para reducir los efectos desventajosos.

1.15. Así como al comienzo de la Ronda Uruguay la creciente interconexión e interdependencia de las economías mundiales obligaron a incluir nuevos temas en el programa de las negociaciones, hoy la Organización Mundial del Comercio se encuentra confrontada de nuevo con la necesidad de abordar rápidamente nuevos asuntos. Entre éstos, figuran -además de los problemas comerciales relativos a la protección del medio ambiente, la competencia y la normativa social- la elaboración de un vasto dispositivo reglamentario para las inversiones directas.

A estos temas se añaden importantes cuestiones nunca antes abordadas porque no eran identificables en 1986 en Punta del Este. Una de las tareas principales, aún no reconocibles en aquel momento, es la integración de los antiguos países socialistas en la economía mundial. Al mismo tiempo, en todo el mundo se han consolidado tanto los procesos de integración regional que las normas de conducta para la constitución de zonas preferenciales deberán configurarse de forma mucho más detallada.

1.16. Siguen sin conocerse las causas estructurales del persistente desequilibrio de la balanza comercial entre Japón y los Estados Unidos. Estas causas macroeconómicas van más allá de las cuestiones de política comercial del GATT y de la Ronda Uruguay.

Pese a algunos progresos de la Ronda Uruguay, urge resolver la cuestión del comportamiento de unidades políticas subnacionales como los Estados federales de Estados Unidos, cuyas medidas políticas tienen a menudo repercusiones comerciales aunque dichas entidades políticas no se sometan a las normas del GATT. Así, el proteccionismo estadounidense en el sector bancario se basa tanto en leyes nacionales como en las legislaciones de sus Estados federales. Es dudoso que los acuerdos a que se ha llegado en la Ronda Uruguay sean suficientes para impedir que los resultados de la Ronda se queden en papel mojado por las medidas y leyes de los niveles subnacionales.

2. Establecimiento de una Organización Mundial del Comercio (OMC)

2.1. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947, con sus numerosos subacuerdos, no era hasta hoy más que un simple Tratado provisional. No disponía de capacidad jurídica propia ni de una organización dotada de estatuto. En la práctica, los numerosos acuerdos parciales se concluían bajo diversas formas jurídicas y con diferentes partes contratantes.

2.2. Los procedimientos poco convincentes para la evaluación y condena de las infracciones, la incapacidad de imponer las normas -sobre todo a los grandes países comerciantes- y los problemas vinculados a la cláusula de salvaguardia, han menoscabado la credibilidad de las normas internacionales del comercio para hacer frente a los desafíos de un mundo cada vez más interdependiente.

2.3. Con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el Comité espera que se confiera al sistema del comercio mundial un mayor peso en el plano normativo, lo que significa que la gestión administrativa y la aplicación práctica de los tratados deberían ser más transparentes y eficaces. La vigilancia permanente de las normas concertadas, junto con un procedimiento de arbitraje más eficaz, debería llevar a una mayor disciplina. El paso a un sistema tan eficaz resultará especialmente difícil para los socios comerciales más fuertes. Sin embargo, se insta precisamente a éstos a que concedan credibilidad al nuevo sistema. El Comité espera que, durante el crítico período transitorio, la Unión Europea adopte un comportamiento a la altura de la situación.

2.4. En conjunto, el sistema de la OMC mejora la claridad jurídica y garantiza un nivel de compromiso semejante para todos los países miembros de la OMC. El Comité acoge favorablemente la obligación de que todos los países miembros de la OMC modifiquen su legislación de conformidad con las obligaciones impuestas por el Acuerdo. En caso de desavenencias, deberán respetar las normas y prácticas del procedimiento integrado de solución de conflictos. Por supuesto, esta obligación también se impone a los Estados Unidos.

2.5. A juicio del Comité, es de esperar que la futura estructura de la OMC tenga mayor peso político que podría tener el antiguo GATT. Esto parece particularmente importante en relación con el FMI y el Banco Mundial, pero sobre todo con respecto a los Estados miembros.

2.6. La OMC deberá ser concebida de tal manera que en el futuro, además de la solución de litigios, pueda dar lugar a una especie de proceso permanente de negociación y coordinación sobre cuestiones de política comercial. Asimismo, deberá permanecer abierta a cometidos y temas nuevos para que en el futuro el sistema comercial multilateral reforzado en el plano institucional por la Ronda Uruguay pueda reaccionar flexiblemente a la dinámica evolución de la economía mundial.

2.7. Así, la nueva Organización Mundial del Comercio se verá atribuir una multitud de cometidos. Los responsables de las políticas comerciales de Europa, Estados Unidos, Japón y el Tercer Mundo, deberán dar pruebas de capacidad innovadora y de flexibilidad en su gestión cotidiana, pero también de firmeza en las cuestiones de principio.

2.8. El Comité espera que la UE coopere de manera constructiva con los organismos que se creen :

- la conferencia de ministros como órgano máximo;

- el Consejo General, encargado de supervisar los acuerdos, los procedimientos de solución de litigios y la revisión de la política comercial;

- los Consejos especiales para el comercio de mercancías, los intercambios de servicios y la protección de la propiedad intelectual;

- los subcomités constituidos por estos últimos (como, por ejemplo, el Comité de Finanzas y Servicios cuya creación ya se ha decidido).

2.9. La mayor transparencia y, en parte, la mayor formalidad jurídica de los procesos y decisiones en los numerosos nuevos sectores, presentan considerables desafíos en materia de organización y personal a la Secretaría de la OMC que deberá constituirse según el modelo de la antigua Secretaría del GATT. Para ello debería ponerse a su disposición recursos financieros suficientes. El Comité espera que los nuevos organismos trabajen con la misma eficiencia e independencia que la antigua Secretaría del GATT.

2.10. En la perspectiva de otros posibles cometidos para la OMC que afecten a las competencias nacionales políticamente sensibles, el Comité acoge favorablemente que la UE y los Estados miembros se adhieran a la OMC en nombre propio, cosa que, por lo demás, es necesario en el caso del GATS (General Agreement on Trade in Services). Es de esperar que el Tribunal de Justicia Europeo aclare pronto el reparto de las competencias. Para evitar un estancamiento de las negociaciones, habría que proceder pragmáticamente a partir de las experiencias adquiridas en la cooperación durante la Ronda Uruguay. Para ello habrá que velar por la coherencia hacia el exterior y la solidaridad en las relaciones internas.

3. Solución de litigios

3.1. La lentitud de los procedimientos de solución de litigios y la insuficiente aplicación de los mecanismos sancionadores constituían hasta el momento un punto débil del GATT. Últimamente los socios comerciales fuertes podían decidir por sí mismos si querían admitir el resultado del arbitraje. En muchos casos, la conculcación de las normas del GATT no tenía mayores repercusiones.

3.2. Por consiguiente, las grandes potencias comerciales desarrollaron sus propios instrumentos unilaterales de represalia, sobre todo los Estados Unidos. Así se minaba la credibilidad y fiabilidad del GATT y se allanaba el camino al bilateralismo.

3.3. El nuevo procedimiento de arbitraje al que deberían someterse en igual medida las partes contratantes de la OMC se verá acelerado por la fijación de plazos y se someterá a una expiración automática. Las decisiones deben ser aceptadas totalmente por las dos partes en litigio. Ahora bien, será posible que una de las partes impugne una decisión ante el Tribunal de Apelación de la OMC que se creará a este efecto.

3.4. Las nuevas normas deberían mejorar considerablemente el funcionamiento del sistema del comercio mundial. A juicio del Comité, este nuevo proceso de solución de litigios debería dar más seguridad y previsibilidad. Los socios comerciales más débiles podrán ser protegidos en mayor medida contra el proceder unilateral de países política y económicamente más fuertes.

3.5. A juicio del Comité, el éxito del nuevo procedimiento dependerá del efecto de las medidas sancionadoras (medidas de retorsión) que impongan los órganos de arbitraje (dispute settlement body).

3.6. En lo posible las retorsiones (como hasta ahora) deberían tener lugar en la misma rama económica en que se haya conculcado el Tratado. Como novedad, ahora se brinda la posibilidad de una represalia recíproca (cross-retaliation) () en circunstancias excepcionales si las medidas arriba mencionadas no resultasen eficaces. Está previsto revisar las nuevas normas de procedimiento a los cuatro años de su entrada en vigor.

3.7. Si bien la OMC será dotada de considerables posibilidades con respecto al antiguo GATT, el Comité estima que el efecto disuasorio contra las infracciones de las normas seguirá siendo incierto, mientras las principales naciones del comercio mundial no hayan demostrado que están dispuestas a someterse a las sentencias arbitrales.

4. Política comercial de los Estados Unidos

4.1. De acuerdo con todas las declaraciones efectuadas hasta ahora, no cabe ninguna duda de que el Congreso norteamericano aprobará los resultados de la Ronda Uruguay siguiendo el procedimiento rápido (« Fast Track »).

4.2. La UE deberá velar por que el Congreso, al proceder a la transposición necesaria de los acuerdos al Derecho nacional, no explote el margen de interpretación existente en un sentido restrictivo. Además de la industria textil, tradicionalmente opuesta a toda liberalización de las importaciones, es de suponer que los norteamericanos opondrán resistencia a las nuevas normas sobre las subvenciones y el dumping, así como a la creación de la OMC.

4.3. El acta final de la Ronda Uruguay prevé la adaptación de las leyes nacionales a los nuevos compromisos contraídos. Por consiguiente, hay que observar con la mayor atención la evolución de la legislación norteamericana en materia de política comercial. En particular, cabe preguntarse si el procedimiento encaminado a una apertura de los mercados con arreglo a la Sección 301 es compatible con el nuevo procedimiento de solución de litigios de la OMC. Los Estados Unidos insisten en afirmar que la Sección 301 no se verá afectada por los resultados de la Ronda Uruguay ni en su razón de ser ni en la forma de su aplicación, y que incluso puede volver a utilizarse la llamada « Super 301 ». (La Sección « Super 301 » introducida en 1988 y derogada en 1990 disponía que, cuando se comprueba oficialmente la interposición de barreras a las exportaciones norteamericanas, se ponen de marcha automáticamente los procedimientos de imposición de sanciones comerciales). El 3 de marzo de 1994, el Presidente de los Estados Unidos restableció de hecho esta disposición legal mediante un decreto ley (executive order), satisfaciendo así la solicitud de miembros eminentes del Congreso para sancionar al Japón.

4.3.1. Entre los acuerdos de la Ronda Uruguay se encuentra la obligación de todos los Estados miembros de velar por el cumplimiento de todas las normas del GATT 1994 en su territorio nacional al nivel regional y local. El Comité espera que la UE exigirá el cumplimiento de este compromiso, especialmente por parte de los Estados Unidos. En caso necesario, habrá que recurrir al nuevo mecanismo de solución de litigios.

4.3.2. Si bien se comprenden perfectamente las reivindicaciones norteamericanas respecto de la apertura de los mercados japoneses, el Comité manifiesta su preocupación por la gestión unilateral de los Estados Unidos, que mina los resultados de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay. Habrá que exigir enérgicamente a los Estados Unidos la observancia del « standstill » acordado para todas las restricciones comerciales.

4.4. La Unión Europea debería contribuir a la rápida puesta en práctica del nuevo procedimiento multilateral de solución de conflictos, que presenta numerosas ventajas respecto del antiguo procedimiento, así como una mayor eficacia. Los Estados utilizarían así inevitablemente con mayor prudencia las medidas unilaterales de retorsión que, por otra parte, acabarían por perder su razón de ser. Por consiguiente, el Comité advierte contra una eventual escalada en la puesta a punto de instrumentos unilaterales, en contra totalmente de los resultados de la Ronda Uruguay. En ese caso, la UE podría verse obligada a dotarse de una reglamentación idéntica.

4.4.1. A juicio del Comité, en lo que al conflicto entre los Estados Unidos y el Japón se refiere, la UE y los Estados Unidos persiguen el mismo objetivo de la apertura de los mercados japoneses. Sin embargo, esto no debe producirse de forma bilateral.

5. Subvenciones

5.1. En el pasado las subvenciones a los bienes y servicios comercializados internacionalmente han conducido a graves conflictos comerciales. En consecuencia, en la Ronda Uruguay se acordaron normas más claras y una mayor disciplina tanto para la concesión de subvenciones, como para la adopción de represalias en forma de aranceles compensatorios. El Comité considera muy útil la división de las subvenciones en las tres categorías de « prohibidas, impugnables y permitidas en determinadas condiciones ».

5.2. Quedan prohibidas las subvenciones a la exportación, incluidas las subvenciones que actúan como una subvención a la exportación y las subvenciones que compensan las disposiciones sobre contenido local. Se permiten las subvenciones limitadas a la investigación industrial y desarrollo precompetitivo, así como las medidas encaminadas a la protección del medio ambiente. El Comité ha acogido muy satisfactoriamente que se permitan las ayudas estatales para las regiones estructuralmente pobres. Todas las subvenciones deben expirar automáticamente al cabo de cinco años y, llegado el caso, concederse de nuevo.

5.3. Para los países en vías de desarrollo se ha acordado una serie de facilidades, tanto para la concesión de subvenciones como para las medidas compensatorias de los países industrializados. El Comité espera que estas facilidades estén vinculadas a una continua evaluación del estado de desarrollo de los países que gocen de estos privilegios.

6. Agricultura

6.1. El acuerdo que se ha alcanzado para el sector agrario en las negociaciones de la Ronda Uruguay constituye un marco para la reforma a largo plazo del comercio de productos agrarios y de las políticas internas de los países miembros del GATT.

En particular, dicho acuerdo incluye nuevas normas sobre los compromisos que los países miembros deben asumir en lo relativo al acceso a los mercados, a las ayudas internas a las producciones agrarias y a las subvenciones a la exportación.

Dentro de estos límites se reconoce la compatibilidad de la reforma de los mecanismos de la PAC con los compromisos internacionales de la UE.

6.1.1. En el sector del « acceso a los mercados » las medidas no arancelarias aplicables en la frontera (las llamadas « exacciones reguladoras ») son sustituidas por aranceles aduaneros (tarificación), que a su vez serán reducidos en la UE en un 36 % por un período de seis años a partir de julio de 1995.

Deberá realizarse una reducción del 20 % en ese mismo período en lo relativo a las medidas de « ayuda al mercado interior ». De esta reducción se excluyen algunas medidas que tienen una incidencia mínima sobre los intercambios (ayudas a la limitación de la producción, ayudas a la protección del medio ambiente, ayudas directas a la renta decididas en el marco de la reforma de la PAC, etc.).

Por último, es significativo el compromiso de la UE de reducir en un 36 %, en relación con el nivel del período de base 1986-1990, las « subvenciones a la exportación » en un período de seis años.

6.2. Uno de los objetivos de la Comisión consistía en fomentar la adaptación del comercio agrario a las necesidades del mercado. El resultado de las negociaciones permite sin duda la consecución de este objetivo.

En lo que se refiere en particular a los productos mediterráneos, debe destacarse que los compromisos adoptados por la UE para productos como los hortofrutícolas, cítricos, tabaco, vino, aceite de oliva, etc. -para los cuales la preferencia comunitaria ha sido ampliamente desmantelada a través de una serie de acuerdos con terceros países en los que el apoyo al mercado interior es débil-, comportarán ulteriores sacrificios para los productores comunitarios, sacrificios no previstos y, por consiguiente, no compensados en el marco de la reforma de la PAC.

6.3. Los diferentes análisis sobre el tema de si los acuerdos alcanzados en la Ronda Uruguay son compatibles con la PAC llevan al Comité a emitir ciertas reservas y efectuar algunas observaciones.

6.3.1. La Comisión debería cuidar de que una apertura de los mercados europeos junto con una reducción de las subvenciones a la exportación no provoque un nuevo desequilibrio en los mercados agrarios europeos. Sin embargo, el acuerdo agrario negociado en la Ronda Uruguay deja a la Unión Europea un cierto margen de maniobra respecto de la preferencia comunitaria, la intensificación de las exportaciones no subvencionadas y el ajuste de las medidas de protección interna.

6.3.2. Preferencia comunitaria : La concepción comunitaria de la tarificación y de la cláusula especial de salvaguardia (artículo 5 del acuerdo agrario) garantiza hasta nueva orden el mantenimiento de una cierta preferencia comunitaria. Es sumamente importante trasponer esta cláusula especial de salvaguardia al Derecho comunitario y establecer modalidades concretas de aplicación que garanticen la utilización automática y la eficacia de dicha cláusula.

6.3.3. Compromisos de exportación : La reducción del 21 % en términos cuantitativos respecto del promedio de las exportaciones subvencionadas del período 1986-1990 y la del 36 % en términos de gastos del FEOGA-Garantía tendrán indudablemente repercusiones en los ingresos agrícolas. Se deberá examinar, por tanto, la adaptación de la PAC a esta nueva situación.

6.3.4. Medidas internas de ayuda y cláusula de paz : De acuerdo con el artículo 6 y el anexo 2 del Acuerdo Agrario, las medidas internas de ayuda se clasifican en tres apartados (amarillo, verde y azul). Toda nueva medida de ayuda o modificación de una medida ya existente deberá ser puesta en conocimiento del Comité agrario de la OMC. La cláusula de paz está vinculada a la condición de respetar las obligaciones contraídas para las medidas incluidas en los apartados amarillo y azul. Estas disposiciones no deberán menoscabar la capacidad de la PAC de adaptarse a los cambios de las condiciones económicas marco europeas y mundiales. Esto es especialmente importante en el caso de las organizaciones comunes de mercado no reformadas como, por ejemplo, las del vino y de las frutas y hortalizas.

6.4. La apertura de los mercados -de la Unión Europea y de los terceros países- debería traer consigo un aumento de los intercambios internacionales de productos agrícolas, cuya cuantificación indudablemente no es posible. No obstante, la nueva OCM deberá prestar atención a que no se introduzcan medidas preferenciales en favor de los países competitivos de la Unión Europea.

7. Servicios financieros

7.1. La Ronda Uruguay ha sido el marco de las primeras negociaciones sobre una liberalización mundial de los servicios financieros. Aunque los Estados Unidos hayan reclamado insistentemente estas negociaciones al principio de la Ronda, su buena voluntad en materia de liberalización ha cedido considerablemente ante las escasas concesiones que estaban dispuestos a hacer sobre todo los países del Extremo Oriente y de América Latina. Sin embargo, gracias a los esfuerzos efectuados por la Comisión Europea, los Estados Unidos terminaron por firmar al término de la Ronda un acuerdo -aún provisional- que prevé la aplicación del principio de la nación más favorecida en el acceso a los mercados financieros; en lo sucesivo este principio se aplicará a todos los Estados firmantes del GATS hasta el final del período de seis meses siguientes a la entrada en vigor del GATS. Entonces cada país podrá decidir si aplica definitivamente la cláusula de la nación más favorecida a sus socios del GATS y si mantiene sus compromisos presentados en favor de una mayor liberalización.

7.2. Este « período de prueba » provisional, asociado a la obligación de mantener la paz, someterá a los Estados signatarios a una presión hacia una mayor liberalización de sus mercados. Los Estados Unidos y la UE pretenden que, sobre todo, Japón, Corea del Sur y otros países del sudeste asiático, cuyas ofertas no eran satisfactorias hasta ahora, efectúen correcciones ulteriores; en algunos de estos países ya se han emprendido algunos de los procedimientos legislativos necesarios.

7.3. Entre los Estados Unidos y la UE las posibilidades actuales del acceso al mercado están desequilibradas. Mientras que las instituciones financieras norteamericanas han explotado ampliamente el mercado europeo, las entidades europeas en los Estados Unidos no tienen una posibilidad comparable de actividad en este sentido. Por consiguiente, la UE debería insistir en el principio de igualdad de oportunidades en el acceso al mercado especialmente frente a los Estados Unidos, pero también frente a otros países socios.

7.4. En la inminente fase de inestabilidad en que se aplicará limitadamente el principio de la nación más favorecida, la Unión Europea deberá procurar que todos sus socios del GATS respeten los compromisos contraídos por un tiempo fijo. Esto con la exclusiva finalidad de que no se deteriore el clima de las negociaciones para una apertura de los mercados con duración ilimitada, incluyendo la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida.

8. Servicios audiovisuales

8.1. En abril del presente año, la Comisión presentó el Libro Verde sobre las opciones estratégicas para la potenciación de la industria productora de programas en el marco de la política audiovisual de la Unión Europea [doc. COM(94) 96]. En él se reconoce a este sector un lugar de primer orden entre los sectores económicos con grandes posibilidades de crecimiento y empleo.

El Comité se pronunciará en otra ocasión sobre dicho Libro Verde, mientras que en el presente Dictamen se limita al contexto internacional de la industria europea productora de programas.

8.2. El sector audiovisual se incluyó -al igual que los demás servicios comerciales- en el GATS. Sin embargo, ante la falta de acuerdo con los Estados Unidos, la UE no ha procedido por el momento a ninguna liberalización. Simplemente está obligada a la transparencia en las nuevas medidas que eventualmente puedan adoptarse. Sin embargo, en un plazo máximo de cinco años tras el establecimiento de la OMC deberán entablarse negociaciones con el objetivo de progresar en el sentido de una cierta liberalización, sobre todo en materia de trato nacional y acceso al mercado.

8.3. Según los últimos estudios llevados a cabo, la demanda de productos audiovisuales se duplicará en Europa de aquí al final del presente siglo. El volumen de negocios de este sector económico que proporciona un gran número de puestos de trabajo debería pasar en el mismo período de 23 000 a 45 000 millones de ecus. Dado que en la actualidad los grandes estudios de Hollywood suministran alrededor de la mitad de los programas de las cadenas europeas de radio y televisión y recaudan a veces más del 80 % de los ingresos de los cines europeos, los riesgos de conflicto siguen siendo considerables. Mientras que algunos Estados miembros de la UE se niegan a abrir más sus mercados, la administración norteamericana amenaza ya con adoptar medidas encaminadas a imponer una apertura total de los mercados.

8.4. el comité comparte la opinión manifestada por la Comisión en el Libro Verde de que se utilice inmediata y eficazmente el margen de maniobra que se disfrutará durante un período transitorio para fomentar la industria productora de programas con el objetivo de aumentar la competitividad internacional de dicha industria, especialmente con la utilización de la « revolución digital ».

8.5. De acuerdo con el principio de subsidiariedad habría que procurar la cooperación eficaz de la industria cinematográfica y televisiva europea y crear las condiciones marco necesarias para ello. Entre éstas se encuentran las conversaciones sobre la convergencia de los programas nacionales de fomento.

8.6. El Comité acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de incluir desde un principio en sus deliberaciones a las industrias productoras de programas en proceso de reestructuración de los países de la Europa central y oriental. Además, éstas podrán contribuir a poner eficazmente de manifiesto el potencial cultural de Europa y el carácter de la población europea.

9. Circulación de personas

9.1. Las negociaciones de la Ronda Uruguay y las disposiciones sobre una liberalización de las condiciones de acceso al mercado del trabajo se refieren exclusivamente al sector de los servicios y aún no han concluido, o bien no están definitivamente fijadas. Se trata de un asunto que hasta el momento nunca ha sido examinado en el GATT. Ahora bien, de acuerdo con el GATS, las negociaciones deberán estar concluidas a más tardar dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la OMC. Esto es de sumo interés sobre todo para los países en vías de desarrollo. A este respecto, los Estados miembros de la UE siguen políticas diferentes en función de sus intereses.

9.2. Los trabajadores asalariados y autónomos procedentes de los terceros países constituyen un elemento estable del mundo laboral. Sin embargo, no debería concederse la prioridad tan sólo al trabajo efectuado, sino también a la cualificación adicional adquirida, que posteriormente será de una gran utilidad en los países de origen.

9.3. Un acceso más fácil al mercado del trabajo sólo podrá servir a las personas que accedan al mismo si se integran sin dificultad alguna en el sistema del mercado laboral. Éste es especialmente el caso en el sector de los servicios altamente desarrollados, que presentan el mayor potencial de crecimiento, puesto que la situación en el mercado laboral de la UE ya es actualmente muy tensa. Para la mano de obra cualificada, la oferta supera de lejos a la demanda.

9.4. Sin embargo, de acuerdo con el GATS, no se trata de proceder a una apertura general del mercado laboral de la UE a los trabajadores extranjeros, sino de liberalizar la circulación de las personas, que va asociada necesariamente con todo intercambio de servicios. Es difícil definir el límite entre la apertura del mercado para los servicios y la protección del mercado del trabajo en la UE. Por los motivos expuestos, no es recomendable una total liberalización. En todo caso habrá que procurar que los prestadores de servicios de terceros países dispongan de las cualificaciones mínimas requeridas en la UE.

9.5. Por otra parte, el recurrir a determinados proveedores de servicios de terceros países sería beneficioso durante un período limitado y en determinados sectores. Así podrían, por ejemplo, paliar a corto plazo una insuficiencia pasajera de mano de obra u ofrecer servicios específicos limitados. Esto sería particularmente interesante cuando los prestadores de servicios están situados más cerca que los de los Estados miembros de la UE. La flexibilización y racionalización de la vida económica se verían así mejoradas.

9.6. Asimismo, para el desarrollo económico de los terceros países es útil que sus nacionales cualificados puedan prestar servicios durante un período limitado en el territorio de la UE. En caso necesario, habrá que exigir una apertura recíproca de los mercados de los terceros países. No obstante, es preciso evitar una carga adicional sobre el mercado laboral europeo.

10. Comercio y competencia

10.1. El GATT se concentraba hasta ahora en la eliminación de los obstáculos al comercio interpuestos por medidas estatales. Sin embargo, salvo unas pocas excepciones (por ejemplo, el Código sobre prácticas comerciales restrictivas del GATT (Ronda Tokio), o las orientaciones de la OCDE para las empresas multinacionales), poco se hacía contra el falseamiento de la competencia por parte de empresas privadas, porque operaban a nivel mundial.

Las autoridades nacionales encargadas de garantizar la competencia no han podido mantener el ritmo de la globalización de los mercados. Por ello, los diferentes comportamientos nacionales de las empresas respecto de la competencia y las dispares legislaciones en materia de competencia se han transformado cada vez más en obstáculos al comercio.

10.2. El Comité estima necesario acelerar la armonización de las políticas nacionales en materia de competencia y fijarse como objetivo el establecimiento de normas sobre competencia aplicables al nivel internacional. Los acuerdos concluidos en la Ronda Uruguay sobre la eliminación de las restricciones estatales a los intercambios deberán ser completados con normas que prohíban las restricciones a la competencia por parte de las empresas. La imposición de normas armonizadas al nivel internacional deberá permitir la creación de las condiciones de competencia más uniformes posible para las empresas que operen en el contexto internacional. Esto es igualmente válido para los cárteles y monopolios estatales nacionales e internacionales (por ejemplo, tarifas de transporte, tarifas de telecomunicaciones, la OPEP). Así, las empresas se beneficiarán de la seguridad jurídica para la programación de sus actividades internacionales, lo que tendrá un impacto positivo en la seguridad de los puestos de trabajos así creados.

10.3. La posibilidad de imponer el cumplimiento del derecho al nivel internacional constituye un requisito previo para la eficaz armonización de las normas sobre competencia.

10.4. Mientras no sea posible conseguir el amplio consenso necesario sobre las normas de la economía de mercado y de la competencia, el Comité estima que la elevación de las normas mínimas nacionales y su progresiva armonización constituyen importantes etapas. Convendría ayudar a los países en vías de desarrollo que lo deseen a elaborar y desarrollar una legislación sobre los cárteles y una administración competente en la materia.

10.5. El debate sobre la elaboración de un Código internacional antitrust aporta una valiosa contribución, si no a la armonización, al menos a la convergencia de las legislaciones nacionales sobre la competencia. Ya hace mucho tiempo que la OCDE lleva a cabo importantes trabajos preparatorios en este sentido. En este contexto debe mencionarse asimismo el acuerdo bilateral entre la CE y el Gobierno de Estados Unidos relativo a la aplicación de las normas sobre la competencia.

10.6. Un grupo internacional independiente de juristas sometió el año pasado al GATT el proyecto de un Código internacional antitrust con una base viable para identificar los comportamientos susceptibles de restringir la competencia y para aplicar las normas sobre competencia. Este código impone requisitos mínimos de comportamiento en materia de competencia, cuando éste pueda afectar a los intercambios internacionales. Por otra parte, se basa en dos principios que el Comité considera necesario respetar :

a)

Se mantiene íntegra la soberanía nacional de los Estados en materia de legislación sobre la competencia, ya que las normas del Código deberán transponerse al derecho nacional y, por consiguiente, serán aplicadas por las autoridades y jurisdicciones nacionales.

b)

La aplicación del Código será garantizada por una autoridad internacional antitrust, que podrá solicitar a las autoridades nacionales que intenten una acción contra las infracciones observadas e incluso, si fuera necesario, recurrir ante los tribunales nacionales. En caso de conflicto, se aplicará un procedimiento multilateral vinculante de solución de litigios de acuerdo con el procedimiento renovado de la OMC.

10.7. También podría utilizarse un código de esta índole contra las restricciones nacionales a la competencia de carácter estructural y difíciles de identificar, como los cárteles exportadores, las estrategias encaminadas al desplazamiento, los acuerdos de autolimitación, etc., y sustituir los instrumentos unilaterales de política comercial cuya utilización siempre desemboca en conflictos.

10.8. El Comité aconseja a la Comisión que examine cuidadosamente estas propuestas y las ponga en práctica eventualmente de forma progresiva por etapas. Es deseable confiar de entrada a la nueva OMC las funciones de un organismo internacional antitrust. En cualquier caso será responsable de las iniciativas necesarias para la aplicación del derecho.

11. Inversiones directas

11.1. En el curso de la internacionalización de la actividad empresarial, las inversiones directas transfronterizas han aumentado considerablemente. Asimismo, las pequeñas y medianas empresas invierten cada vez más en el extranjero.

Ahora bien, las inversiones directas siguen tropezando en muchos países con diversos obstáculos : los inversores extranjeros son discriminados con respecto a los nacionales, por ejemplo en cuanto al derecho de establecimiento, las transferencias de capitales, compras de empresas, concursos públicos, etc.

11.2. En la Ronda Uruguay se introdujeron algunas normas relativas a las repercusiones de las medidas que frenan las inversiones en el comercio internacional (medidas relativas a las inversiones vinculadas al comercio, TRIMS). Así, debe dispensarse a los inversores extranjeros el mismo trato que a los nacionales, tanto en cuanto a las condiciones sobre la utilización de materias primas o suministros del país, como por lo que respecta a las cantidades mínimas de exportación. Se prohíben las limitaciones cuantitativas. El GATT debe ser informado sobre las condiciones todavía en vigor y éstas deberán ser eliminadas en el plazo de dos años (de cinco a siete años en los países en vías de desarrollo). Por otra parte, el GATS y el TRIPS prevén también disposiciones sobre las inversiones.

11.3. Sin embargo, los problemas planteados por las inversiones directas son mucho más vastos. Los inversores se preguntan cómo se puede hacer más favorable el contexto general y garantizar una protección jurídica más amplia a las inversiones directas extranjeras, especialmente en los países en vías de desarrollo y en los países de la Europa central y oriental en curso de reforma, así como en la CEI.

Para los países donde se producen las inversiones lo importante es la buena conducta de las empresas, especialmente de las grandes multinacionales, y el control de las eventuales « restrictive business practices ».

11.4. A juicio del Comité, el objetivo de la UE debería ser la mejora duradera del clima de inversión en esos países, por lo que la firma de contratos de inversión con los Estados miembros de la UE reviste una especial importancia a ese respecto. La garantía de la protección de la propiedad y de la igualdad de trato de los inversores nacionales y extranjeros, la garantía de las transferencias de capitales e ingresos -sometidos a las leyes fiscales del país de destino- y el libre acceso a la jurisdicción internacional de arbitraje constituyen otras condiciones necesarias para el compromiso a largo plazo de los inversores extranjeros. De éstos a su vez se espera que respeten los códigos de buena conducta, como por ejemplo los propuestos por la OCDE y la Cámara Internacional de Comercio.

11.5. El Comité condena las prácticas que no respetan las normas internacionalmente reconocidas -en cualquiera que sea el sector- para atraer inversores extranjeros.

11.6. A más largo plazo habría que incorporar normas fiables y previsibles sobre inversiones directas en un vasto dispositivo legislativo multilateral. La UE debería apoyar en lo posible toda iniciativa en este sentido en el Banco Mundial, la OCDE y en las negociaciones en curso sobre la Carta Europea de la Energía. Por último, debería haber un « GATT » para las inversiones.

12. Reglamentación social

12.1. El desarrollo y el respeto de una normativa social mínima constituyen una de las conquistas de la moderna sociedad industrial. En los Convenios de la OIT se establecieron como normas mínimas a las que debía aspirarse en todo el mundo : el respeto de los derechos humanos básicos, la prohibición del trabajo infantil y de los trabajos forzados, las normas fundamentales de la protección del trabajo y de la salud, y la libertad de los trabajadores para organizarse y celebrar convenios colectivos salariales. Las normas mínimas no se limitan a los niveles de salarios.

Otras disposiciones internacionales, y sobre todo nacionales, van considerablemente más allá de estas normas mínimas.

12.2. El Comité vuelve a pronunciarse a favor de que se incluya el tema de la « cláusula social » en el programa de trabajo de la Organización Mundial del Comercio en relación con los Convenios aprobados por la OIT -en la que participan prácticamente todos los países del mundo-, sobre todo en lo que se refiere a :

- prohibición del trabajo forzado (Convenios 29 y 105);

- derecho de organización y de negociación colectiva (Convenios 87 y 98);

- edad mínima de admisión al trabajo y abolición del trabajo infantil (Convenio 138);

- prohibición de discriminación en el empleo e igualdad de remuneración por igual trabajo para mano de obra masculina y femenina (Convenios 100 y 111).

12.3. En sus diversas negociaciones con los países en vías de desarrollo, la UE debería tratar de conseguir que éstos adopten dichas normas sociales mínimas. La credibilidad de este esfuerzo quedaría corroborada por la adecuada asistencia a esos países en el marco de las políticas de desarrollo de la UE y de sus Estados miembros.

12.4. La cooperación económica conduce en principio a resultados positivos más duraderos que la coacción política. No obstante, los mecanismos de aplicación deberían apoyarse siempre en una reglamentación multilateral aún por crear, para lo cual podría ser útil la nueva OMC.

12.5. El Comité espera que la Comisión fomente los trabajos previos necesarios para la discusión de este asunto en la OMC y que dirija el debate posterior con un espíritu constructivo.

12.6. Deberían proseguirse los trabajos en el marco de los Convenios de la OIT, que, en importantes aspectos, aún no han sido ratificados ni por los Estados Unidos ni por algunos Estados miembros de la UE. La reflexión de la OCDE podría ser sumamente útil antes de que comiencen las negociaciones en la OMC.

12.7. El respeto de una normativa social mínima en el marco de la OMC podría contribuir a largo plazo a la estabilización de las relaciones económicas internacionales, ya que en los países con ventaja de desarrollo reduciría la presión para que se adopten medidas proteccionistas. La solución de los conflictos sobre una base multilateral eliminaría en su propia raíz la tentación de imponer sanciones bilaterales y, por otra parte, la referencia a convenciones ya reconocidas por la mayoría de los Estados (los convenios de la OIT en este ámbito) reduciría las posibilidades de adopción de medidas unilaterales, tan frecuente en el pasado.

12.8. Las « european fair trade marks » sobre una base voluntaria (¿etiquetas para referirse a condiciones leales de competencia/fabricación ?) ofrecen una posibilidad adicional de elevar las normas éticas y el nivel social en los países en vías de desarrollo. Estas etiquetas ofrecen a los consumidores la garantía de que los trabajadores de los países en desarrollo, que han fabricado las mercancías así caracterizadas, obtienen salarios más justos y gozan de mejores condiciones laborales. Las empresas que aplican principios éticos y solicitan las etiquetas se ven recompensadas con el efecto publicitario de la referencia y las correspondientes buenas ventas entre los consumidores receptivos a estas condiciones. La UE debería apoyar financieramente estas iniciativas y fomentar su emulación.

13. Protección del medio ambiente y comercio

13.1. En el preámbulo del acuerdo sobre la OMC se establece expresamente como objetivo la protección del medio ambiente. En Marraquech se estableció un programa de trabajo para analizar las relaciones entre el comercio y el medio ambiente. Sobre esta base espera el Comité que en el futuro se formulen recomendaciones para la adaptación a las normas internacionales.

13.2. La globalización de los problemas de medio ambiente, por una parte, y la prevista liberalización del comercio mundial, por otra, ponen con frecuencia cada vez más en evidencia el conflicto entre los objetivos. El Comité lamenta que la armonización internacional de las normas medioambientales aún esté dando sus primeros pasos.

13.3. La protección del medio ambiente en los países del Tercer Mundo sigue siendo poco prioritaria. Por este motivo se emiten reservas respecto a una asociación demasiado estrecha de la política comercial y de la política de protección del medio ambiente. Dichos países temen sobre todo que los países más industrializados practiquen una política comercial proteccionista so capa de velar por la protección del medio ambiente.

13.4. En cambio, la UE concede una gran importancia a la protección del medio ambiente. Asimismo, el Comité se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en favor de esa protección.

13.5. Dado que elevadas normas de protección del medio ambiente también conducen a diferentes condiciones competitivas tanto en el interior de la UE como frente a terceros países, es preciso elevar mundialmente las normas sobre la protección del medio ambiente. Aun cuando los países en vías de desarrollo establecen ahora una escala diferente de prioridades, la elevación de las normas sobre protección del medio ambiente redundará también en su propio beneficio. El Comité recomienda que la UE apoye los trabajos previstos en los foros adecuados para establecer a escala mundial líneas directrices en materia de protección del medio ambiente que sean vinculantes para los legisladores nacionales y que contribuyan a una armonización a un elevado nivel. En este sentido será esencial la ayuda compensatoria basada en el modelo del Protocolo de Montreal para que los países en vías de desarrollo puedan adoptar medidas apropiadas.

13.6. Cabe preguntarse en qué medida está justificado recurrir a medidas de limitación de los intercambios para obligar a un Estado a respetar determinadas normas sobre protección del medio ambiente. El Comité se pronuncia en contra de que un Estado ejerza unilateralmente una presión comercial para imponer sus propias normas sobre medio ambiente. Pero debería ser posible emprender una acción multilateral contra todo Estado que no observe los niveles acordados.

14. Contratos públicos

14.1. Paralelamente a la conclusión de la Ronda Uruguay, un grupo de importantes socios comerciales mundiales, entre los que figuraban la UE y los Estados Unidos, acordó concluir un nuevo acuerdo sobre adjudicación de contratos públicos (Agreement on Government Procurement) en el marco de un convenio plurilateral. El nuevo acuerdo, que sustituye a un convenio de 1979, fue ampliado durante la Conferencia de Marraquech.

14.2. El Comité acoge favorablemente estos acuerdos y espera que supongan una verdadera apertura recíproca de importantes mercados en la adjudicación de contratos públicos. Asimismo, insta a la Comisión a que dirija con firmeza las otras negociaciones previstas. A este respecto, el Comité no desconoce la existencia de un serio obstáculo para la apertura de los mercados por parte de los monopolios estatales de telecomunicaciones de algunos Estados miembros de la UE que rechazan la competencia incluso en el interior de la UE.

14.3. El Comité ve en el sector de las telecomunicaciones un importante potencial de negociación para la apertura de los grandes mercados estadounidenses de suministros en lo que respecta a los vehículos de transporte, instalaciones aeroportuarias, plantas procesadoras de basuras y el acero utilizado en la construcción de las autopistas federales, sectores en los que EEUU no está dispuesto a derogar las disposiciones « buy-American ».

15. Armonización de normas

15.1. La creciente circulación de personas, bienes, servicios, capitales y derechos a escala mundial impone la necesidad del respeto internacional de las normas acordadas, por ejemplo en los sectores de protección del medio ambiente, asuntos sociales (incluida la circulación de trabajadores), y el comportamiento de las empresas ante la competencia internacional.

15.2. Es evidente que la observancia de las normas mínimas internacionalmente acordadas constituye un requisito previo para la libertad de acceso al mercado, tanto más cuanto que la nueva autoridad del comercio mundial, OMC, deberá estar en condiciones de imponer y controlar mejor el cumplimiento de las normas.

15.3. Si el principal objetivo del GATT era facilitar el acceso a los mercados internacionales, ahora se intenta asignar a la OMC otros objetivos que no se circunscriben a la política comercial, con el consiguiente peligro de sobrecarga y esfuerzo excesivo. El primer objetivo de la OMC debería seguir siendo el procurar un comercio exterior sin obstáculos.

15.4. Al orientarse las normas mínimas al nivel de los países industrializados, los países en vías de desarrollo temen que se trate -al menos en parte- de medidas y actitudes proteccionistas, y ven dificultado su acceso a los mercados de los países industrializados.

Por ello cabe temer que se presenten conflictos si los países participantes en el comercio mundial no comparten, o no comparten en la misma medida, los mismos objetivos. Se necesita, pues, hacer esfuerzos especiales para lograr un consenso político.

15.5. El Comité hace hincapié en las consecuencias que podría tener una evolución de esta clase e insta a la Comisión Europea a que considere detenidamente estos problemas.

Hecho en Bruselas, el 15 de septiembre de 1994.

El Presidente

del Comité Económico y Social

Susanne TIEMANN

() Cross-retaliation : La conculcación del Tratado y las medidas de sanción se contemplan en el caso de algunos productos o diversos sectores económicos.