tir ¿ COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 24.09.1997 
COM(97) 465 final 
Informe sobre la aplicación de la Directiva 87/102 relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarías y 
administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al 
consumo-COM (95) 117 final de 11.05.95 
Informe resumido de reacciones y comentarios 
(presentado por la Comisión) 

I. INTRODUCCIÓN Y RESUMEN 4 
Ll Antecedentes 4 
1.1.1 Informe sobre la aplicación de la Directiva 87/102/CEE 4 
1.1.2 Consultas sobre el informe 4 
1.1.2.1 Parlamento Europeo 4 
1.1.2.2 Consejo 5 
1.1.2.3 Otros 5 
1.2 Conclusiones del informe resumido 6 
II. ASUNTOS PLANTEADOS POR EL INFORME COM (95) 117 FINAL 7 
II. 1 Ampliación del ámbito de aplicación (artículos 1 y 2) 7 
II. 1.1 Límites financieros (> 200 y <20 000 ecus) 7 
II. 1.2 Crédito para el inicio de una actividad profesional 8 
II. 1.3 Contratos con opción de compra 8 
II. 1.4 Crédito hipotecario o crédito inmobiliario 9 
II. 1.5 La lista de excepciones del artículo 2 10 
11.2 Publicidad dirigida a los jóvenes consumidores 10 
11.3 Obligación del consumidor de informar y del profesional de asesorar 11 
11.4 Normas sobre descubiertos (letra e) del apartado 1 del artículo 2 y 
artículo 6) 12 
11.5 Investigación de las circunstancias del consumidor antes de dictar 
órdenes para la recuperación de bienes (artículo 7) 13 
11.6 Reembolso anticipado (artículo 8) 13 
11.7 Letras de cambio (artículo 10) 14 
11.8 Responsabilidad subsidiaria (artículo 11) 14 
11.9 Creación de organismos facultados para recibir las quejas de los 
consumidores (artículo 12) 15 
11.10 Períodos de reflexión 15 
11.11 Consecuencias de la no ejecución de los contratos de crédito al 
consumo 16 
11.12 Usura 17 
11.13 Intermediarios en operaciones de crédito 17 
11.14 Protección de datos 18 
11.15 Garantes 19 
11.16 Sobreendeudamiento 19 
III. ASUNTOS GENERALES 20 
IV. ACCIÓN ASOCIADA 21 
V. EL LIBRO VERDE Y LA COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE 
SERVICIOS FINANCIEROS 22 
VI. ANEXOS 23 
-3 
I. INTRODUCCIÓN Y RESUMEN 
1.1 Antecedentes 
/. /. / Informe sobre la aplicación de la Directiva 87/102/CEE 
1. En el artículo 17 de la Directiva 87/102/CEE del Consejo relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en materia de crédito al consumo, se pide a la Comisión que presente 
un informe al Consejo sobre la aplicación de esta Directiva en un plazo de cinco años a 
partir de su entrada en vigor. 
2. De conformidad con el mandato del artículo 17, en junio de 1994 se remitió a los 
Estados miembros y a asociaciones europeas de prestamistas, comerciantes y 
consumidores, un cuestionario en el que se abordaban diversos aspectos del mercado del 
crédito al consumo (carta D02058 del 24 de junio de 1994). Se invitó asimismo a la 
comunidad académica a que expresara su opinión. A partir de las respuestas recibidas y 
de una serie de estudios encargados por la Comisión sobre la transposición de la 
Directiva y el funcionamiento del mercado, se elaboró un informe, que la Comisión 
aprobó el 11 de mayo de 1995 (doc. COM (95) 117 final). 
3. Este informe estaba concebido como documento de debate y, por tanto, los 
asuntos planteados en el mismo no eran "propuestas " sino más bien una discusión sobre 
el tema del "crédito al consumo" y, en algunos casos en los que la Comisión ya había 
reflexionado sobre estos asuntos, una presentación de la opinión no definitiva de la 
Comisión. Es decir, el informe no era un programa legislativo, sino un elemento entre 
varios para la preparación de una revisión de la Directiva 87/102/CEE con 
modificaciones adicionales. 
1.1.2 Consultas sobre el informe 
4. El informe se transmitió formalmente al Parlamento Europeo y al Consejo el 11 
de mayo de 1995. 
1.1.2.1 Parlamento Europeo 
La Comisión de Asuntos Jurídicos fue designada principal comisión responsable, y 
estuvo asociada la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del 
Consumidor. 
1.1.2.1.1 Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del 
Consumidor 
Fue ponente la Sra. Annemarie Kuhn (PSE/D); su proyecto de opinión, aprobado el 25 de 
abril de 1996, es en gran medida favorable a los argumentos presentados en el informe en 
relación con la modificación de la Directiva 87/102 (ampliación del ámbito de aplicación, 
publicidad e información, tipos de contrato de crédito, período de reflexión, etc.) y a sus 
puntos de vista sobre el crédito hipotecario. 
1.1.2.1.2 Comisión de Asuntos Jurídicos 
Se designó ponente al Sr. Ernesto Caccavale (UPE/IT); su proyecto preliminar de 
informe, un documento de trabajo, fue debatido en una audiencia pública organizada por 
la Comisión de Asuntos Jurídicos el 22 de abril de 1996 y por la propia Comisión de 
Asuntos Jurídicos los días 22 y 23 de julio, 28 de octubre y 26 de noviembre de 1996. El 
proyecto de informe fue aprobado el 17 de diciembre de 1996, pero no fue sometido a 
votación en el Pleno del PE hasta el 11 de marzo de 1997. La Resolución aprobada se 
adjunta en el Anexo 2. 
1.1.2.2 Consejo 
El informe fue sometido a debate en el Grupo de trabajo sobre protección e información 
de los consumidores en reuniones celebradas en septiembre y octubre de 1995. El 
Consejo de 9 de noviembre de 1995 adoptó una Resolución en la que se acogía con 
satisfacción el informe, y se invitó a la Comisión a "tener en cuenta los comentarios 
recibidos en relación con su informe..., del que debería transmitirse un resumen". 
Este informe resumido constituye el cumplimiento por parte de la Comisión de la 
petición del Consejo. 
1.1.2.3 Otros 
Además del procedimiento formal de consulta esbozado arriba, el informe resumido se 
basa en las siguientes medidas de consulta: 
a) En junio de 1995 se envió el informe COM (95) 117 final a los Estados miembros del 
EEE a través de sus Representaciones Permanentes, y directamente a determinadas 
autoridades nacionales responsables de asuntos en relación con los consumidores 
(Ombudsman). Se invitó a las autoridades nacionales a realizar observaciones sobre el 
informe y se envió con este fin una carta de 'recordatorio' en enero de 1996, en la que se 
pedía una respuesta para mediados de marzo de 1996. Se envió otra carta de 'recordatorio' 
en junio de 1996, en la que se pedía una respuesta para mediados de julio de 1996. Se han 
recibido respuestas de Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Francia, Irlanda, 
Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia, Suecia , Reino Unido, Islandia y 
Noruega. De entre estos países, Luxemburgo y Noruega no deseaban hacer ningún 
comentario sobre el informe1. Italia no se consideraba en condiciones de realizar una 
evaluación de la aplicación de la Directiva debido a "dificultades estructurales y falta de 
coordinación". Grecia respondió al cuestionario original distribuido en 1994, en el que se 
basaba el informe COM (95) 117 final 
b) Además, se distribuyó el informe a organizaciones financieras, de minoristas y de 
consumidores, en resumen, a todos los implicados en el proceso original de consulta (el 
cuestionario) así como a otras partes potencialmente interesadas. Una lista de las respuestas 
recibidas se adjunta en el Anexo 1. 
1 Dado que Islandia fue el único Estado miembro del EEE que aportó observaciones, sus comentarios sobre cada 
asunto se mencionan por separado inmediatamente después de los comentarios de los Estados miembros de la UE. 
-5 
1.2 Conclusiones del informe resumido 
5. El informe resumido presenta un esbozo de los comentarios recibidos en relación 
con una lista de cuestiones planteadas por el informe COM (95) 117 final, a saber: 
ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva 87/102/CEE, 
publicidad dirigida a los jóvenes consumidores, 
obligación del consumidor de informar y del profesional de asesorar, 
normas sobre descubiertos, 
investigación de las circunstancias del consumidor antes de dictar órdenes para la 
recuperación de bienes, 
reembolso anticipado, 
letras de cambio, 
responsabilidad subsidiaria, 
creación de organismos facultados para recibir las quejas de los consumidores, 
períodos de reflexión, 
consecuencias de la no ejecución de los contratos de crédito al consumo, 
usura, 
intermediarios en operaciones de crédito, 
protección de datos, 
garantes, 
sobreendeudamiento, y 
otros asuntos generales. 
6. Pueden obtenerse las siguientes conclusiones a partir de las observaciones 
recibidas sobre estas cuestiones: 
- los Estados miembros están más o menos divididos en relación con las sugerencias del 
informe COM (95) 117; el Reino Unido, los Países Bajos y Alemania parecen más 
escépticos, y Portugal, Irlanda, España y Suecia parecen más favorables; 
- Islandia es, en términos generales, favorable a las sugerencias de la Comisión; 
- el sector de los servicios financieros generalmente prefiere mantener el statu quo y 
señala la existencia de dificultades en relación con la introducción de nuevas normas, 
pero es más favorable por lo que se refiere a códigos de conducta; 
6-
por otra parte, los grupos de asesoramiento financiero y del consumidor acogen por lo 
general favorablemente las propuestas y subrayan la necesidad de medidas legislativas 
en vez de códigos de conducta. 
II. ASUNTOS PLANTEADOS POR EL INFORME COM (95) 117 FINAL 
II. 1 Ampliación del ámbito de aplicación (artículos 1 y 2) 
//. 1.1 Límites financieros (> 200 y <20 000 ecus) 
7. La Directiva se aplica a créditos al consumo de una cuantía superior a 200 ecus, 
pero inferior a 20 000 ecus. La Directiva establece que el Consejo revisará 
periódicamente estos límites. Dado que algunos Estados miembros no han utilizado los 
límites de la Directiva, se propone en los apartados 24 y 155 del informe la revisión al 
alza o la abolición del límite de 20 000 ecus establecido en la Directiva. 
8. Las respuestas de los Estados miembros eran divergentes por lo que se refiere al 
límite máximo, ya que el Reino Unido y los Países Bajos aceptaban un aumento pero no 
su eliminación, Francia deseaba que se mantuviera el límite máximo, mientras que 
Austria afirmaba que la experiencia ha demostrado que no aparecería ninguna dificultad 
incluso si se eliminara el límite máximo, y otros países, que consideran que los 
consumidores precisan asimismo protección en caso de créditos de elevada cuantía, están 
o bien a favor de la supresión del límite máximo (Finlandia, España , Portugal y Suecia), 
o bien no han establecido ningún límite financiero en su legislación (Alemania e Irlanda). 
Islandia se muestra a favor de la supresión del límite máximo. 
9. Las respuestas del sector de los servicios financieros eran contrarias a la supresión 
del límite máximo, pero se mostraban dispuestos a aceptar incrementos en función del 
índice de precios al consumo. En otros casos, se oponían a cualquier ampliación del 
ámbito cubierto mediante un incremento del límite máximo, y ello por diversas razones, 
incluida la "dificultad para calcular el porcentaje anual de cargas para cuantías elevadas", 
y porque consideraban que un prestatario que pide prestados más de 20 000 ecus se 
encuentra generalmente en una mejor posición negociadora y debería continuar 
beneficiándose del libre juego de la competencia. La Finance & Leasing Association, 
FLA, fue más allá y afirmó que "si se realiza una revisión, debería tratarse de un límite 
establecido, determinado a escala nacional por cada Estado miembro, y no en ecus". La 
European Banking Federation, EBF, señaló que debería alentarse a los Estados miembros 
que no utilizan el límite a alinearse con el nivel establecido en la Directiva. 
10. Los grupos de asesoramiento financiero y de consumidores, por el contrario, se 
mostraron favorables a la abolición de los límites, aduciendo que "tendría como 
consecuencia la regulación de un mayor número de transacciones (incluidas las 
hipotecas)". 
11. El sector de los servicios financieros se opuso asimismo a la supresión del límite 
mínimo argumentando que "representaría un importante aumento de costes para los 
proveedores financieros para compras inferiores a 200 ecus". 
-7-
11.1.2 Crédito para el inicio de una actividad profesional 
12. En los apartados 21 y 108, se planteó la posibilidad de incluir el crédito obtenido 
por los consumidores a fin de iniciar una actividad profesional. 
13. Como puede verse en el Anexo 2, el Parlamento Europeo mostró también un gran 
interés por este concepto. 
14. Una serie de Estados miembros se opusieron a esta sugerencia (Países Bajos, 
Reino Unido, Dinamarca, España y Francia) . En otros casos, o bien han ampliado el 
ámbito de aplicación de su legislación a fin de cubrir el crédito al consumo para iniciar 
una actividad profesional (Alemania), o bien podrían apoyar esta idea (Portugal, 
Finlandia y Suecia)2. Islandia se muestra asimismo favorable a esta sugerencia. 
15. El sector de los servicios financieros y la Cámara de Comercio de los EEUU se 
mostraron también contrarios a esta propuesta, ya que consideraban que estos prestatarios 
poseen un mayor asesoramiento profesional y una menor necesidad de protección; 
necesitan una mayor flexibilidad que la que permitiría la normativa y podría ocurrir que 
se redujeran de hecho sus oportunidades de obtención de crédito si estuvieran cubiertos 
por la Directiva. 
16. Otros declararon asimismo que cualquier cambio en la definición de consumidor 
en esta Directiva entraría en conflicto con las definiciones de consumidor en las demás 
directivas en materia de consumo. 
17. El Consejo del Consumidor de Dinamarca (Forbrugerrâdet), si bien no cree que 
exista ningún motivo para ampliar el ámbito de aplicación tal como se sugería 
anteriormente, podría apoyar la idea de ampliarlo para incluir a las personas jurídicas que 
componen una clase de consumidores (p. ej., cooperativas). 
II. 1.3 Contratos con opción de compra 
18. En los apartados 18 y 125, el informe proponía la ampliación del ámbito de 
aplicación de la Directiva a los contratos con opción de compra. 
19. Los Países Bajos consideraron que era posible examinar este asunto, tal vez para 
restringir las excepciones de la Directiva a los créditos de arrendamiento propiamente 
dichos, en los que no se traspasa la propiedad. Otros Estados miembros han incluido en 
su legislación los créditos de arrendamiento con opción de compra (España, Francia, 
Irlanda y Suecia). Islandia se muestra más bien escéptica en relación con esta propuesta. 
20. Eurofinas y Eurolease se opusieron enérgicamente a la propuesta, ya que 
consideraban que el arrendamiento financiero es algo muy diferente del crédito (y que no 
puede calcularse ningún porcentaje anual de cargas para los arrendamientos). La FLA 
señaló que éste es uno de los motivos de la propuesta que existe en el Reino Unido para 
Suecia podría apoyar una ampliación del ámbito de aplicación solamente en caso de que se incluyeran los 
organismos de consumidores con entidad jurídica. 
-8-
eliminar a las pequeñas empresas del ámbito de aplicación de la Ley sobre crédito al 
consumo. 
21. El Grupo "Consumidores en Europa" creía que la Directiva debería ampliarse al 
crédito de arrendamiento, ya que no existe ninguna diferencia inherente entre un 
préstamo para una adquisición y un préstamo para un arrendamiento, mientras que otras 
organizaciones de asesoramiento financiero se mostraron favorables a la eliminación de 
la excepción. 
11.1.4 Crédito hipotecario o crédito inmobiliario 
22. En el apartado 121 del informe se debatía la ampliación del ámbito de la Directiva 
a los préstamos para obras de construcción que no están garantizados con una hipoteca 
así como la conveniencia de una Directiva en materia de hipotecas. 
23. Los Países Bajos, si bien estaban de acuerdo en que los consumidores necesitan 
protección en este ámbito, preferían un código en lugar de legislación (como es el caso en 
los Países Bajos). Asimismo, algunos Estados miembros (Reino Unido y Dinamarca ) no 
consideraban necesario regular a nivel europeo el crédito hipotecario, mientras que otros 
(Finlandia, España, Francia , Irlanda y Austria ) creían especialmente importante cubrir a 
los consumidores por lo que respecta a los préstamos para vivienda; en consecuencia, han 
incluido en su legislación los préstamos para obras de construcción no garantizados por 
una hipoteca y apoyan la propuesta de una intervención legislativa en relación con el 
crédito hipotecario3. Portugal y Suecia se mostraron también favorables a las propuestas 
del informe. Islandia, si bien apoyaba las propuestas, creía, no obstante, que es necesario 
disponer de mayor información antes de decidir sobre la viabilidad de una directiva sobre 
el crédito hipotecario. 
24. Del mismo modo, los grupos de asesoramiento financiero y de consumidores 
consideraban que era preciso incluir estos préstamos en el ámbito de aplicación de la 
Directiva, y que solamente debería ofrecerse como garantía la propiedad en los préstamos 
o contratos de crédito en relación con dicha propiedad, ya que no sería justo que el 
impago de un contrato de crédito no garantizado comportara la pérdida del domicilio 
familiar, como puede suceder en el Reino Unido. El grupo "Consumidores en Europa" 
señaló que, a pesar de que las diferencias de legislación, como por ejemplo sobre la 
adquisición de propiedades, disuaden a algunas empresas a la hora de ofrecer hipotecas 
transfronterizas, otras empresas ofrecen estas hipotecas y, por tanto, creen que los 
consumidores deberían tener derecho, como mínimo, a una protección básica a este 
respecto (p. ej., información sobre condiciones, posibilidad de obtener compensación, un 
"comparador"4, etc.). 
25. El sector de los servicios financieros se oponía a la regulación de las hipotecas en 
la Directiva debido a las diferencias en las legislaciones nacionales y a la imposibilidad 
de establecer la igualdad de trato en estas condiciones. También señalaba que la 
Comisión no puede regular el derecho civil, p. ej., el registro de la propiedad, las normas 
3 España: directiva independiente; Francia: modificación de 87/102/CEE. 
4 Un criterio que permita a los consumidores hacer comparaciones. 
-9-
para la recuperación de bienes, etc. Otros afirmaron que los consumidores que realizan 
obras de renovación ya han recibido asesoramiento profesional y, por tanto, no necesitan 
protección, y que ya se habrá proporcionado protección en la legislación nacional para 
determinados aspectos (notario, perito, etc.). Se consideraba que los préstamos para obras 
de construcción eran una inversión y no un préstamo para el consumo, con independencia 
de la seguridad del préstamo. 
II. 1.5 La lista de excepciones del artículo 2 
26. En los apartados 18 y 119-163, se proponía reducir la lista de excepciones del 
artículo 2 de la Directiva. Por lo general, el Reino Unido y el sector de servicios 
financieros británico se oponen a esta idea, ya que no consideran que se trate de 
excepciones sino de limitaciones racionales y justificables del alcance de la Directiva, 
que se han incluido como tales en el Decreto sobre contratos excluidos (Exempt 
Agreements Order)5. Suecia, por otra parte, podría apoyar la propuesta de la Comisión de 
examinar, con el objetivo final de su supresión, si la excepción relativa a contratos de 
crédito con reembolso en cuatro pagos resulta de interés para los Estados miembros que 
la han incorporado a su legislación nacional. 
27. El Consejo del Consumidor de Dinamarca considera que deberían suprimirse la 
mayoría de las excepciones del artículo 2(1) por arbitrarias. 
28. Con respecto al "crédito gratuito", el Money Advice and Budgeting Service 
(MABS) de Irlanda6, argumentando que tal cosa no existe, estaría dispuesto a apoyar una 
iniciativa destinada a poner a disposición de los consumidores todos los pormenores de 
las ofertas de crédito gratuito a fin de que puedan tomar decisiones claras y sopesadas. 
II.2 Publicidad dirigida a los jóvenes consumidores 
29. En los apartados 22 y 171, el informe se interrogaba sobre la necesidad de un 
Código de conducta (código deontológico) para la publicidad de crédito dirigida a los 
jóvenes. En algunos Estados miembros ya existe legislación que regula este problema. 
30. Las respuestas de los Estados miembros variaron desde el apoyo (de Bélgica, que 
ya dispone de un código de este tipo; España; Francia, que apoya medidas legislativas de 
carácter general en este ámbito; Austria, que apoya la introducción de disposiciones 
generales para la protección de los jóvenes que vayan más allá de la publicidad; 
Finlandia; y Suecia, que piensa que un código de estas características no debe limitarse a 
actividades de comercialización dirigidas a los jóvenes); hasta la oposición (el Reino 
Unido pidió que se demostrara la existencia de problemas y, en todo caso, prefería que 
las empresas se autorregulasen, ya que están interesadas en actuar de modo responsable). 
Los Países Bajos, a pesar de que dispongan de una legislación más protectora, no creen 
que deba regularse específicamente la publicidad dirigida a los menores. Islandia, cuya 
5 El Decreto sobre crédito al consumo (contratos excluidos) de 1989 (1989 Consumer Credit (Exempt Agreements) 
Order) incluido en el artículo 16(5) de la Ley sobre crédito al consumo (Consumer Credit Act) excluye 
determinados contratos de crédito de los efectos de la Ley. 
6 Creado por el Department of Social Welfare (Ministerio de Bienestar Social) para luchar contra los problemas a 
los que se enfrentan las personas que acuden a prestamistas. 
-10-

36. El sector de los servicios financieros se opuso generalmente a la propuesta 
(aunque tal vez debido a un malentendido), argumentando que eliminaría la 
responsabilidad del prestatario a la hora de tomar una decisión, o que no era necesaria 
una obligación de este tipo, ya que, en todo caso, beneficiaría al prestamista. 
37. Los grupos de asesoramiento financiero y de consumidores acogieron 
favorablemente la propuesta, pero subrayaron que el asesoramiento y la información 
deberían ser proporcionales y pusieron de relieve la importancia (tal como hicieron varios 
bancos) de un asesoramiento independiente para los consumidores. 
II.4 Normas sobre descubiertos (letra e) del apartado 1 del artículo 2 y articulo 6) 
38. En los apartados 25 y 150 del informe se proponía la modificación del artículo 6 
de la Directiva a fin de incluir las líneas de crédito vinculadas a una tarjeta. En la 
actualidad, no está regulado este tipo de crédito (generalmente una línea de crédito unida 
a una cuenta corriente a la que puede acceder una tarjeta) debido a que se reembolsa en 
un plazo de 3 meses, o a que la legislación nacional no considera que estas tarjetas sean 
tarjetas de crédito, a no ser que el crédito al que dan acceso forme parte del mismo 
contrato. 
39. Las respuestas de los Estados miembros fueron diferentes, desde el caso de 
Bélgica y Suecia, países en los que ya se ha aplicado esta propuesta, hasta el Reino 
Unido, que preferiría que las nuevas normas generales tuvieran en cuenta la evolución del 
mercado, y Alemania, que no cree necesarias normas adicionales. Un gran número de 
Estados miembros es favorable a la adaptación de la Directiva a la gran cantidad de 
operaciones que se realizan con tarjetas de crédito (Dinamarca, España, Francia, Irlanda, 
Países Bajos8, Austria, Portugal y Finlandia). Islandia, por otra parte, cree que debería 
examinarse en mayor detalle este problema. 
40. El sector de los servicios financieros prefería por lo general mantener el statu quo 
y señalaba las dificultades que plantearía proporcionar pormenores sobre calendarios de 
reembolso, mientras que los grupos de asesoramiento financiero y de consumidores 
apoyaban una especificación de las normas en relación con las tarjetas de crédito (por 
ejemplo, costes, cantidades mínimas que deben reembolsarse, calendarios de reembolso, 
etc.). 
41. Algunos grupos de consumidores, por otra parte, apoyan la abolición de la letra e) 
del apartado 1 del artículo 2, de manera que se incluya en el ámbito de aplicación el 
crédito en forma de anticipos en una cuenta corriente (el Consejo del Consumidor de 
Dinamarca), o bien podrían sumarse a la propuesta del informe de especificar en mayor 
medida las normas que rigen las tarjetas de crédito (Consumer DebtNet, MABS). 
Los Países Bajos consideran que solamente deberían entrar en juego los sistemas de crédito con una duración 
superior a tres meses. 
-12 
ILS Investigación de las circunstancias del consumidor antes de dictar órdenes 
para la recuperación de bienes (artículo 7) 
42. En el apartado 188 del informe, que aborda la recuperación de bienes, se 
consideró aconsejable facultar a los tribunales para poder estudiar las circunstancias 
(financieras y de otro tipo) de los consumidores antes de dictar órdenes para la 
recuperación de bienes a fin de evitar que se produzca un enriquecimiento injusto. 
43. Mientras que los Países Bajos y diversos grupos industriales consideraban que en 
este caso debería aplicarse el principio de subsidiariedad, otras organizaciones 
industriales tenían miedo de la situación de "bancarrota individual" que existe en los 
EE.UU. en la que los prestamistas no pueden recuperar los bienes financiados. El Reino 
Unido considera que la legislación nacional aborda de manera muy adecuada este 
problema, mientras que Suecia, si bien se muestra escéptica en relación con esta idea, 
propone no obstante la introducción de normas para determinar el valor de los bienes 
cuando son recuperados, y la cancelación de deudas. En Islandia la situación está bien 
regulada, pero las autoridades nacionales podrían aceptar la idea de una mayor 
orientación para los tribunales. 
44. Algunas organizaciones de asesoramiento financiero y de consumidores (la red 
Consumer DebtNet, el Consejo del Consumidor de Dinamarca y el MABS), por otra 
parte, se mostraron de acuerdo con la propuesta del informe. 
II.6 Reembolso anticipado (artículo 8) 
45. El apartado 193 del informe destaca el hecho de que las disposiciones en materia 
de reembolso anticipado, que otorgan a los consumidores el derecho a rescindir contratos 
de crédito en curso antes de su vencimiento, adquirirán una mayor importancia en el 
contexto de la Unión Monetaria. 
46. Los Estados miembros, con la excepción de los Países Bajos, que cree que su 
legislación es adecuada, no realizaron ningún comentario sobre este asunto. Islandia, 
asimismo, considera que su legislación aborda adecuadamente este asunto. 
47. Citicorp se hizo eco de los intereses de los círculos financieros, destacando que la 
posibilidad de que se rescindan contratos cuando se introduzca el euro provocaría una 
paralización del sector9. 
48. Finalmente, el Money Advice and Budgeting Service recomienda la extensión a 
las hipotecas de las reducciones por reembolso anticipado. 
En relación con la observación del Citicorp, se recuerda que existe una importante diferencia entre el derecho a 
un reembolso anticipado y el principio de la continuidad de los contratos. El primero se aplica con independencia 
de la moneda en curso, es decir, a partir de la introducción del Euro, el 1.1.1999, un consumidor que cumpla sus 
obligaciones antes de la fecha establecida en el contrato tendrá derecho a una reducción equitativa del coste total 
del crédito en Euros. El segundo significa que la introducción del Euro no debería constituir ninguna justificación 
para la aplicación de cláusulas que permitan al prestamista cancelar unilateralmente un contrato o modificar sus 
condiciones. 
-13 
11.7 Letras de cambio (artículo 10) 
49. En los apartados 26 y 205 del informe se propoma la prohibición de las letras de 
cambio. 
50. Si bien la mayor parte de los Estados miembros ya las han prohibido, se han 
producido no obstante algunas reacciones a esta propuesta. Se trata naturalmente de 
reacciones positivas en el caso de los Estados miembros cuya legislación cubre este 
asunto en diverso grado: Bélgica, España, Francia, Finlandia y Suecia; otros países se 
mostraban menos entusiastas (Países Bajos: no existe ninguna necesidad de mayor 
armonización en este ámbito), o negativos (Austria y Reino Unido: hasta ahora no se ha 
producido ningún problema importante con los consumidores, las letras de cambio son 
útiles instrumentos comerciales); este último comentario, no obstante, revela una 
confusión: solamente se trata de la prohibición de las letras de cambio para el crédito al 
consumo y no del instrumento comercial (con implicaciones para el comercio 
internacional y los acuerdos existentes, por ejemplo, UNCITRAL, etc.). Islandia adoptó 
asimismo una postura negativa. 
11.8 Responsabilidad subsidiaria (artículo 11) 
51. Un gran número de Estados miembros han transpuesto el artículo 11 tal como se 
redactó, aunque algunos fueron más lejos. El término "exclusivamente" ha resultado ser 
ambiguo, ya que podría impedir el uso del artículo si, por ejemplo, el proveedor utilizara 
de manera ocasional a otro prestamista. Por lo tanto, se propuso en el apartado 213 del 
informe que, para incrementar la claridad, se eliminase el término "exclusivamente" del 
texto del artículo 11. 
52. Solamente cuatro Estados miembros respondieron en relación con este punto: los 
Países Bajos declararon que este asunto entra dentro del ámbito de la subsidiariedad y el 
derecho civil, mientras que el Reino Unido, que había recientemente decidido, tras 
reexaminar su legislación nacional10, no introducir ningún cambio en la misma, señaló 
que no experimentaba este problema. Suecia y Francia, por otra parte, están de acuerdo 
con las sugerencias del informe, y este último país propone una modificación del artículo 
11 para que sea menos restrictivo y tenga un significado más claro. 
53. La FLA consideró que esta propuesta, junto con las propuestas sobre la supresión 
del límite máximo y la inclusión de la financiación del inicio de una actividad 
profesional, crearía importantes responsabilidades potenciales a los operadores de 
crédito. 
54. El Consejo del Consumidor de Dinamarca, por otra parte, está de acuerdo con la 
modificación propuesta. 
10 Artículo 75 de la Ley de crédito al consumo (Consumer Credit Act, Section 75). 
14 
11.9 Creación de organismos facultados para recibir las quejas de los consumidores 
(artículo 12) 
55. En el artículo 12 de la Directiva se ofrecían a los Estados miembros tres opciones 
para supervisar la aplicación de la Directiva, y se propone en el informe, en sus apartados 
27 y 219, que se convierta en obligatoria la tercera de estas opciones, la creación de 
organismos facultados para recibir las quejas de los consumidores en relación con el 
crédito al consumo. 
56. Algunos Estados miembros (España, Francia, Países Bajos y Reino Unido) 
consideraban que sus mecanismos existentes eran adecuados para hacer frente a las 
quejas de los consumidores; Francia, no obstante, consideraba una prioridad el 
tratamiento de los litigios transfronterizos. Suecia, por otra parte, se mostró favorable. 
Por lo que respecta a las sanciones, Dinamarca podría estar de acuerdo con la 
introducción de un artículo-marco que dejara a los Estados miembros un cierto margen de 
maniobra. Islandia era favorable a la creación de organismos y consideraba razonable la 
coordinación por lo que respecta a las sanciones. 
57. El sector de los servicios financieros consideraba adecuados los códigos o 
disposiciones voluntarias existentes y que la subsidiariedad implica que los Estados 
individuales están mejor equipados para decidir por sí mismos el mecanismo de 
resolución de litigios que les resulte más adecuado. 
58. Las organizaciones de asesoramiento financiero y de consumidores, por otra 
parte, apoyaban la opinión expresada y creían que debía obligarse a los Estados 
miembros, a la hora de aplicar la legislación de la UE, a declarar qué organismos serán 
responsables de velar por su puesta en práctica, y que era preciso introducir sanciones por 
incumplimiento. 
59. La Comisión examina en la actualidad la aplicación exacta del artículo 12 en la 
legislación de los Estados miembros, como parte de su mandato de supervisión de la 
transposición de las directivas. 
11.10 Períodos de reflexión 
60. Habida cuenta de que varios Estados miembros han introducido algún tipo de 
período de reflexión durante el cual los consumidores pueden rescindir determinados 
tipos de contratos de crédito, los apartados 29 y 266 del informe proponían que se 
estudiara la introducción, siempre que sea posible, de períodos de reflexión armonizados, 
y la aplicación de esta disposición. 
61. Algunos Estados miembros expresaron el temor de que un período de reflexión 
demasiado general para todas las transacciones las hiciera más difíciles e incrementara el 
coste del crédito y/o provocara incertidumbre jurídica (Alemania, Países Bajos, Austria y 
Reino Unido). Otros, o estaban de acuerdo con la idea de un período de reflexión 
armonizado (España, Francia y Suecia), o bien consideraban que es preciso estudiar más 
detalladamente este asunto (Dinamarca). Esta última opinión era también compartida por 
Islandia. 
62. El sector de los servicios financieros señaló que provocaría retrasos innecesarios, 
lo que perjudicaría al consumidor; que los períodos de reflexión poseían características 
-15-
específicas en función de las circunstancias sociales y económicas de cada Estado 
miembro; que en ningún caso podría aplicarse al crédito hipotecario; y que ofrecería 
oportunidades de especulación a prestatarios sin escrúpulos. 
63. Las organizaciones de consumidores acogieron favorablemente la propuesta, por 
ejemplo, para los créditos que superen una cantidad establecida. 
11.11 Consecuencias de la no ejecución de los contratos de crédito al consumo 
64. En los apartados 30 y 267 a 270 del informe se abordaron las consecuencias para 
los consumidores de la no ejecución de los contratos de crédito (impago, recargos, 
procedimientos de recuperación, etc.) y se propuso la necesidad de un mejor equilibrio 
entre las partes. El informe señaló que la Comisión estaba examinando la posibilidad de 
establecer normas básicas, por ejemplo, en forma de un código de conducta sobre la 
recuperación de deudas. 
65. A fin de disponer de un conocimiento pormenorizado de los problemas 
relacionados con la no ejecución de los contratos de crédito al consumo, la Comisión 
emprendió un estudio cuyo objetivo consistía en analizar la naturaleza y adecuación de 
los instrumentos de control aplicados por los 15 Estados miembros en este ámbito. Las 
conclusiones del informe final del estudio, transmitido en diciembre de 1996, son las 
siguientes: 
a) de manera general, se han resuelto en parte las incertidumbres y lagunas de las 
legislaciones de los Estados miembros a través de la jurisprudencia; 
b) la propia jurisprudencia no resulta satisfactoria cuando se trata de la protección 
de los intereses de los consumidores; 
c) es necesario emprender una acción que solucione esta situación (especificada 
en el estudio) a nivel europeo. 
66. Las respuestas de los Estados miembros variaron desde la reacción holandesa 
(subsidiariedad) a la descripción finlandesa de sus normas existentes en este ámbito. 
Austria consideraba necesaria una norma armonizada para proteger a los prestamistas en 
caso de que se aplicara la ley en otros Estados miembros, mientras que el Reino Unido 
creía que la legislación nacional era suficiente para abordar efectivamente el problema. 
Por otra parte, varios Estados miembros estaban dispuestos a apoyar iniciativas (España y 
Suecia1 ') o bien no les planteaba ningún problema siempre y cuando fueran más precisas 
(Francia). Islandia, asimismo, no realizó ningún comentario argumentando que las 
intenciones de la Comisión en este ámbito no eran claras. 
67. El sector de los servicios financieros estaba dividido en relación con el código de 
conducta, ya que algunos grupos apoyaban la idea (a condición de que posea un 
fundamento reglamentario) y otros declaraban que no era necesario, debido a que todos 
los Estados miembros poseen diferentes normas al respecto. 
11 Suecia sugirió también la introducción de normas relativas al derecho del prestamista al pago anticipado, tal como 
se prevé en la Ley sobre crédito de Suecia. 
16 
68. Las organizaciones de asesoramiento financiero y de consumidores creían que 
existe la urgente necesidad de un código de conducta y pedían procedimientos 
transparentes de recuperación de bienes. Consumer DebtNet y MABS, a pesar de que 
estuvieran de acuerdo con un código de conducta por lo que respecta a las prácticas de 
recuperación de bienes, se mostraron escépticos en cuanto a la cesión de salarios y se 
oponían radicalmente a cualquier penalización o interés en los atrasos en caso de impago. 
11.12 Usura 
69. Se ha debatido recientemente la usura en muchos Estados miembros. En los 
apartados 31 y 297 del informe se proponía realizar asimismo un debate a nivel 
comunitario, especialmente en el contexto de la Unión Monetaria, ya que cualquier 
norma, si se considerara necesaria, debería introducirse a escala comunitaria. 
70. Las respuestas de los Estados miembros diferían, e iban desde la opinión 
holandesa de que cualquier problema puede solucionarse mediante la fijación de tipos 
máximos a nivel nacional, hasta la conclusión británica de que carecen de utilidad, tras 
haberlos eliminado a escala nacional. Algunos Estados miembros comparten en gran 
medida los puntos de vista expresados en el informe (España, Irlanda12, Portugal y 
Finlandia), mientras que otros, aunque sean favorables, creen que la introducción a escala 
comunitaria de tipos de interés máximo o bien es difícil (Suecia) o no es realista 
(Alemania). Dinamarca y Francia, por otra parte, creen que debería evitarse la 
introducción de normas comunitarias sobre la usura. Islandia es generalmente favorable a 
las sugerencias del informe. 
71. La OEUC se mostró de acuerdo en que debería debatirse y legislarse sobre este 
asunto a nivel europeo, estableciendo un tipo máximo. También compartía esta idea el 
MABS, que sugirió por añadidura que la fuente ideal de crédito para las familias con 
bajos ingresos serían los pequeños préstamos ofrecidos por bancos comunitarios y 
uniones de crédito. Otros grupos de consumidores y del sector acogieron asimismo 
favorablemente la realización de un debate a nivel comunitario. 
72. No obstante, el sector de los servicios financieros era por lo general contrario a la 
imposición de tipos máximos, a nivel nacional o comunitario, por razones que iban desde 
la falta de competencias de la Comisión para ello hasta el deseo de un planteamiento 
flexible que no provocase distorsiones en el mercado, y la necesidad de permitir a los 
bancos aplicar unos tipos que reflejen los riesgos. La FLA declaró que el debate europeo 
sería "una pérdida de tiempo y recursos(sic)". 
11.13 Intermediarios en operaciones de crédito 
73. En los apartados 32 y 302 del informe se anunciaba que iba a encargarse un 
estudio sobre los intermediarios en operaciones de crédito a fin de determinar si se hacen 
cumplir o no de manera efectiva las disposiciones de protección del consumidor. 
74. Los Estados miembros que hicieron comentarios (Francia, Suecia, Reino Unido y 
España) apoyaban generalmente la idea de un estudio. España es incluso partidaria de la 
12 Ministerio de Bienestar Social. 
17-
creación de un registro de intermediarios en operaciones de crédito. Islandia es también 
favorable a la realización de un estudio. 
75. Algunos de los Estados que respondieron mostraban interés por este estudio y 
subrayaban la necesidad de reforzar y adaptar los sistemas existentes para alcanzar a 
todos los tipos de "prestamistas". El Consejo del Consumidor de Dinamarca cree 
necesario imponer a los intermediarios en operaciones de crédito los mismos requisitos 
de información que se imponen a los proveedores de crédito. La British Bankers' 
Association propuso asimismo que, si existen problemas en este ámbito en otros Estados 
miembros, podría resultar adecuado ampliar a estos operadores las disposiciones en 
materia de publicidad o los procedimientos de autorización, como es el caso en el Reino 
Unido. 
76. La principal conclusión del informe final del estudio, entregado en julio de 1996, 
es que los intermediarios en operaciones de crédito desempeñan indudablemente un papel 
útil, pero son a menudo criticados por determinadas prácticas abusivas (falta de 
información correcta a los consumidores, publicidad engañosa, tipos de interés de usura, 
estímulo al sobreendeudamiento, etc.). En consecuencia, existe una necesidad a nivel 
comunitario de una acción que solucione esta situación, y el estudio incluye algunas 
recomendaciones a este respecto. 
11.14 Protección de datos 
77. El informe examinó el credit-scoring (crédito por puntos) y el credit-referencing 
(referencias sobre la solvencia del cliente) en los apartados 303 a 338. Muchas respuestas 
de los Estados miembros consistían en describir simplemente sus sistemas o su 
legislación nacional, mientras que otros se mostraron específicamente de acuerdo con la 
declaración del informe en el sentido de que corresponderá a los Estados miembros 
aplicar a estos ámbitos las disposiciones de la Directiva marco sobre protección de datos 
personales. La Comisión, por tanto, no adoptó ninguna posición particular sobre este 
tema, sino que solamente describió algunos motivos de preocupación. 
78. Los grupos de asesoramiento financiero y de consumidores mostraron también su 
preocupación por los parámetros para el uso de estos datos; la Money Advice Association 
los describió como "antecedentes penales económicos" y afirmó que las soluciones 
establecidas para evitar abusos o usos indebidos son "mínimas e ineficaces". 
79. Se recibieron otras respuestas diferentes, que iban desde apoyar enfoques 
voluntarios hasta favorecer un mayor uso del credit-scoring. La CGER, Caisse Générale 
d'Epargne et de Retraite de Bélgica, se mostró favorable a las centrales negativas13 pero 
se opuso a la "elevación de las centrales a un nivel europeo", mientras que Eurofinas 
pidió un "sistema a escala europea de credit-referencing, convenientemente regulado y 
controlado". 
' 3 Centros de información sobre crédito, que guardan información sobre la solvencia de los consumidores. 
18 
11.15 Garantes 
80. El informe debatió el tema de los garantes en los apartados 339 a 345. Un garante 
es una tercera parte en un contrato de crédito, que ofrece seguridad para el préstamo, 
aceptando responsabilidad en caso de impago por parte del prestatario. Dado que en 
muchos casos tienen una menor protección jurídica que el prestatario (frecuentemente un 
amigo o un pariente), y no están cubiertos por la Directiva 87/102, diversos Estados 
miembros han introducido diferentes formas de protección de los garantes. El informe 
propone ampliar a los garantes algunas obligaciones de transmisión de información 
previstas en la Directiva. 
81. En sus respuestas al informe, algunos Estados miembros (Austria y Finlandia) 
describieron su legislación nacional sobre aspectos tales como la obligación del 
prestamista de informar al garante, o las normas que' rigen el grado de afinidad. Otros 
Estados miembros (Dinamarca14, España, Francia15 y Suecia), junto con las 
organizaciones de asesoramiento financiero y de los consumidores, apoyaron la idea de la 
Comisión de ampliar determinadas protecciones de la Directiva a los garantes. El Reino 
Unido considera que la legislación nacional, acompañada de códigos de conducta, es 
suficiente para hacer frente a cualquier problema. Islandia apoya asimismo las propuestas 
del informe. 
82. El sector de los servicios financieros se opuso a cualquier cambio en este ámbito 
argumentando que, dado que las garantías no son crédito, no pueden entrar en el ámbito 
de aplicación de una medida que regula el crédito al consumo; asimismo, recordaron las 
normas que rigen el secreto bancario, que impiden revelar a terceros (es decir, al garante) 
los pormenores del contrato de crédito; y recordaron el principio de subsidiariedad, 
señalando al mismo tiempo que su legislación nacional o sus códigos de conducta se 
ocupan eficazmente de esta situación. 
11.16 Sobreendeudamiento 
83. En los apartados 35 y 364 a 383 del informe se describió la cuestión del 
sobreendeudamiento, que ha supuesto una preocupación creciente para los Estados 
miembros estos últimos años. El informe proponía que la Comisión estudiara la 
aplicación de normas relativas al sobreendeudamiento en los Estados miembros, los 
mecanismos no reguladores que podían proponerse y la necesidad de una intervención 
europea, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad. 
84. Varios Estados miembros describieron en sus respuestas sus sistemas nacionales 
de regulación del sobreendeudamiento, incluido el sistema irlandés, en el que el Gobierno 
aborda el problema a nivel de comunidad local, impartiendo formación a los 
consumidores sobre planificación de presupuestos y acceso al crédito. Diversos Estados 
miembros señalaron que tras el sobreendeudamiento se encuentran problemas sociales 
más amplios, pero los Países Bajos consideraron justificable incluir disposiciones en la 
14 El Consejo del Consumidor de Dinamarca desearía asimismo una prohibición total de las garantías globales. 
15 Francia, de hecho, apoya una propuesta más radical destinada a que los garantes obtengan el mismo nivel de 
protección que los deudores. 
-19-
Directiva por las que se obligara a los Estados miembros a establecer medidas que 
impidieran sobrepasar los límites crediticios. Otros apoyaron las propuestas realizadas en 
el informe (España, Portugal y Suecia). El Reino Unido, por otra parte, creía que la 
Directiva sobre crédito al consumo no era el "medio apropiado para promover iniciativas 
amplias de política social", mientras que Francia consideraba que se trataba de un asunto 
que entra dentro de las competencias de los Estados miembros. Por último, Islandia, si 
bien no se oponía a la idea de estudiar la situación en los Estados miembros, no podía 
apoyar una intervención a escala comunitaria. 
85. Diversos grupos industriales hicieron referencia a la subsidiariedad, y la Banking 
Federation declaró que la "acción de la Comisión debería limitarse a facilitar el 
intercambio de información entre las partes interesadas". El Bankenfachverband señaló 
que el endeudamiento es un problema internacional pero no transfronterizo, que se 
encuentra "muy alejado del ámbito del crédito al consumo" y, por tanto, no debe 
"incluirse entre los asuntos abordados por la Comisión". El Savings Bank Group, a pesar 
de que recomendara también la subsidiariedad, realizó recomendaciones concretas sobre un 
asesoramiento fiable y responsable en materia de crédito, una campaña de información para 
los consumidores sobre un uso responsable del dinero, sensibilización sobre la necesidad de 
ahorrar periódicamente y "de adecuadas soluciones y asistencia individuales cuando se 
produzca un sobreendeudamiento". 
86. El Consejo del Consumidor de Dinamarca se mostró favorable a la idea de 
realizar un estudio. Algunas organizaciones de asesoramiento financiero (MABS y 
Consumer DebtNet) apoyaron los diez puntos fundamentales esbozados por el Consumer 
Law Group que, entre otras cosas, incluyen una mejor información, la creación de 
autoridades independientes para asistir a las familias con endeudamiento excesivo, 
procedimientos judiciales gratuitos, etc. 
III. ASUNTOS GENERALES 
87. En muchas respuestas se subrayaba la necesidad de una transposición efectiva y 
una supervisión adecuada de las disposiciones nacionales; el Reino Unido señaló que 
esperaba que la Comisión "examinara la adecuación de la aplicación y garantizara la 
introducción de un dispositivo nacional adecuado para asegurarse de que se está haciendo 
cumplir correctamente la legislación vigente". 
88. Con respecto a la orientación general del informe (la necesidad de lograr una 
armonización a escala comunitaria en el ámbito del crédito al consumo) algunos Estados 
miembros eran favorables (Francia, Irlanda, España, Portugal y Finlandia), pero otros 
(Dinamarca, Alemania y Países Bajos) desaconsejaron esta idea, evocando el principio de 
subsidiariedad y/o el pequeño volumen de actividad transfronteriza. 
89. Por lo que respecta al consumidor, cabe destacar las observaciones generales de la 
Asociación de Consumidores de Dinamarca relativas a la necesidad de introducir criterios 
objetivos sobre las circunstancias en las que un prestamista puede alterar unilateralmente 
la naturaleza de un contrato (tipo de interés, cargas financieras, etc.), la necesidad de 
adoptar disposiciones más rigurosas en relación con la capacidad/obligación del 
prestamista de evaluar mejor la situación financiera del prestatario, la obligación de 
informar a los consumidores sobre los motivos por los que se rechazan sus solicitudes y, 
-20-
finalmente, el fundamento jurídico para la propuesta de directiva. La Agencia del 
Consumidor de Suecia (Konsumentverkef), por otra parte, sugirió que una versión 
modificada de la Directiva 87/102 debería tener en cuenta determinadas disposiciones de 
la Ley sueca sobre crédito al consumo (una clara indicación del precio al contado y de las 
cargas financieras en las ofertas de crédito, las condiciones por las que pueden alterarse 
los tipos de interés e información al respecto). 
90. Habida cuenta de que la mayor parte de las organizaciones bancarias se opusieron 
a diversas propuestas evocando la subsidiariedad y la libertad esencial de elección de los 
consumidores y la libertad de las partes para celebrar un contrato, cabe mencionar el 
punto de vista de Consumer DebtNet en el sentido de que debería también subrayarse que 
para millones de ciudadanos de la UE que viven en la pobreza, la libertad de elección es 
un lujo que no pueden permitirse. 
91. Con respecto a las cuestiones jurídicas más amplias planteadas por el informe 
por lo que respecta a cláusulas mínimas, armonización, "bien general", etc., la Cámara de 
Comercio de los EEUU y Citicorp apoyan la creación de un auténtico mercado interior 
del crédito al consumo, lo que se logrará mediante (a) la total armonización a nivel 
comunitario de determinadas normas nacionales sobre crédito al consumo, evitando de 
esta manera nuevas normas nacionales que aborden los mismos problemas (período de 
reflexión, información a los consumidores, etc.) y, cuando la armonización total resulte 
impracticable, mediante (b) la aplicación del principio de reconocimiento mutuo a la 
exigencia de cumplimiento de la normativa sobre crédito al consumo, excluyendo de esta 
manera en este ámbito la invocación de la excepción en concepto de "bien general". La 
Banking Federation, por otra parte, señaló que el obstáculo principal para las 
transacciones transfronterizas es de hecho la cláusula mínima, ya que la gran divergencia 
de las legislaciones nacionales provoca, por una parte, una falta de confianza del 
consumidor y, por otra, incertidumbres jurídicas para los proveedores de crédito. 
92. Por que respecta a la forma del contrato y la posibilidad de su normalización, 
Citicorp, a partir de experiencias en los EE.UU., se muestra favorable a una cierta forma 
de modelo de contrato no obligatorio, que no reduciría la libertad de los bancos para 
desarrollar nuevos productos adaptados a las necesidades de los consumidores. 
93. Algunas de las respuestas negativas al informe se originaron en malentendidos, 
por ejemplo, en algunos casos se pensó que el hecho de que se examinaran en el informe 
las tarjetas de pago equivalía a proponer su inclusión en el ámbito de aplicación de la 
Directiva, lo que nunca fue así. 
IV. ACCIÓN ASOCIADA 
94. Además del proceso de consulta, la Comisión ha emprendido una serie de 
estudios sobre los asuntos planteados en el informe, tales como los estudios ya realizados 
sobre no ejecución de contratos e intermediarios. Estos estudios, que cubren la publicidad 
dirigida a los jóvenes, la posibilidad de aplicar a los créditos hipotecarios las medidas 
previstas en la Directiva 87/102/CEE, la usura, la protección de datos, las actividades 
bancarias a distancia y los servicios financieros y la venta a domicilio, se llevarán a cabo 
durante los primeros 6 a 8 meses de 1997. 
-21 
V. EL LIBRO VERDE Y LA COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE 
SERVICIOS FINANCIEROS 
95. Además, el proceso de revisión de la Directiva de 1987 no puede aislarse de las 
actividades en ámbitos paralelos. 
La Comisión publicó en mayo de 1996 un Libro Verde denominado "Servicios 
financieros: cómo satisfacer las expectativas de los consumidores"16 y, como seguimiento 
de este Libro Verde, una Comunicación sobre "Servicios financieros: reforzar la 
confianza del consumidor" en junio de 199717. Este último documento presenta los 
resultados de la consulta relativa al Libro Verde de la Comisión así como la respuesta de 
la Comisión. La Comunicación destaca la importancia de los intermediarios en 
operaciones de crédito y de la conclusión del proceso de revisión de la Directiva 
87/102/CEE; a este respecto, hace especial hincapié en dos de las cuestiones relacionadas 
con este proceso, a saber, el crédito hipotecario y el sobreendeudamiento 
6 COM(96) 209 final de 22 de mayo de 1996. 
7 COM(97) 309 final de 26 de junio de 1997. 
-22 
VI. ANEXOS 
Anexo 1: Reacciones al Informe de la Comisión sobre la Directiva 87/102/EEC 
A. Países 
País Respuesta 
B 25.03.96 
DK 30.05.96 
D 02.08.95 
EL 24.07.96 
ES 05.07.96 
F 24.07.96 
IRL 26.02.06 
IT 10.07.96 
LUX 12.03.96 
NL 15.02.96 
Ó 02.05.96 
P 16.07.96 
SF 11.04.96 
___—_^____^————^-^—————— » 
SV 05.07.96 
UK 07.11.95 
ISL 21.6.96 
N 23.1.96 
-23-
B. Sector de servicios financieros 
Sector de servicios financieros EM Respuesta 
Associazione Bancaria Italiana ~ Discurso 22.04.96 
(Sr. E. Granata) 
Bankenfachverband "^ Informe 12.10.95 
(Wacket, Schirnding) 
Barclays UK Informe 25.10.95 
(Sr. Andrew MacThomas) 
Bayr. Hypotheken und Wechsel-Bank ~~¿ Discurso/Informe22.04.96 
(Dr. H. Bruchner) 
British Bankers' Association JJ^ Informe 13.10.95 
(Sr. Geoffrey Cooke) Discurso 22.04.96 
CCCS UK Discurso/Informe 22.04.96 
(Sr. Malcolm Hurlston) 
CGER B Discurso/Informe 22.04.96 
(Sr. Thierry Maniquet) 
Citicorp EU Proyecto de comentarios 
(Clint Walker, Peter Kerstens) Intnl 03.10.95 
R. J. Srednicki Informe 13.11.95 
Discurso/Informe 22.04.96 
Comité Consultatif Conseil National du Crédit F Doc 9539 2009-95 
Doc CC 95.56 14.11.95 
Credit Card Research Group UK Informe 26.10.95 
(Sra. Elizabeth Phillips) 
Deutscher Sparkassen und Giroverband ^ Carta 07 11 95 
(Dr. Berndt) 
Eurofinas EU Informe 12.09.95 
(Sr. Baert) 
Sr. Hopkin UK Discurso/Informe 22.04.96 
EUROGIRO EU Respuesta 11.12.95 
(Sr. John Baden) 
Europay International EU Carta2108 95 
(Sr. Goosse) Intnl 
European Association of Co-operative Banks gjj Carta 14 03 96 
(Sr. Ravoet) 
European Federation of Building Societies D Informe 18 12 95 
(Sr.Zehnder) EU 
European Federation of Leasing Companies gjj Informe 
(Sr. Baert) 19.09.95 
European Mortgage Federation "^ Memorandum 22.11.95 
(Sra. Lambert / Sra. Hardt) 
European Savings Bank Group J?JJ Informe 
(Sr. De Noose) 27.11.95 
24 
Federation Bancaire F^} I Carta 17.10.95 
(Sr. Bômcke) 
Finance and Leasing Association ^ Carta 01.09.95 
(Sr. Cronin) Briefing 06.10.95 
Federation Royale des Notaires Belges ^ Carta 29 01 96 
(Sr. Deckers) 
Finansbolagens Fôrening gy çarta 2 j .09.95 
(Sr. Hakan Broman) 
Nederlands Associatie voor Direct Marketing, ^ Comentarios 
Distance Selling ... 21.09.95 
(Sr. Geertman) 
The EU Committee of the American Chamber EU Informe 14 11 95 
of Commerce Intnl 
(Sr. Seddon-Brown) 
Zentraler KreditAusschuss Q Posición 
(Sr. Fischer) 07.11.95 
25-
C. Organizaciones de consumidores 
Organizaciones de consumidores MS Respuesta 
0EUC EU Discurso/Informe 22.04.96 (Sra. K. Schweren) 
Consumer DebtNet EU Informe 183.96 
(Sra. Joan Conlin) Intnl 
Consumers in Europe Group ÜT~ Transmisión al "Select 
(Sr. Stephen Crampton) EU Committee" de la Cámara 
de los Comunes 03.10.95 
Credit and Debt Policy Group / Threshold j^ Carta 31 01 96 
(Sra. Mary Higgins) 
Money Advice Association Ü*T Informe 9.01.96 
(Sr. Norman Laws) 
St. Vincent de Paul IRL Informe n0196 
(Sr. Liam O'Dwyer) 
Forbrugerrâdet (Sr. Ole Just) DK Informe 14.06.96 
Conseil National du Credit - Comité FR Informe 19.9.95 
Consultatif I 
Money Advice and Budgeting Service - IRL Informe 26.8.96 
MABS (Sra. Maura Dowling) 
-26 
Anexo 2: Resolución del Parlamento Europeo en relación con el 
Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 
87/102/CEE 
27-
3. Crédito al consumo 
A4-0010/97 
Resolución sobre el informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 87/102/CEE 
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en materia de crédito al consumo (COM(95)0117 - C4-0185/95) 
El Parlamento Europeo. 
- Visto el informe de la Comisión (COM(95)0117 - C4-0185/95), 
Vista la propuesta de resolución del Sr. Vitorino sobre la protección de los ciudadanos que 
disfrutan de créditos financieros (B4-0553/95), 
Visto el Convenio de Bruselas de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil^) 
Visto el Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales(2), 
Visto el Convenio de Lugano de 1988 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantile), 
Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos y la 
opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor (A4-
0010/97), 
A. Considerando que el objetivo del Informe de la Comisión es amplio, puesto que no solamente 
examina la situación de la aplicación de la Directiva sino también la evolución previsible del 
mercado del crédito, 
B. Considerando que en la Unión el mercado del crédito está en rápida expansión, 
C. Considerando que, sin perjuicio de la noción generalmente aceptada por el corpus jurídico 
europeo, únicamente para los fines del crédito al consumo una nueva noción de 
ciudadano/consumidor deberá ampliar a las personas jurídicas la protección prevista en favor 
de los consumidores, como por ejemplo las pequeñas empresas que, en el ejercicio de las 
competencias de negociación, se encuentren en una situación objetiva de desequilibrio 
comparable a la que se produce entre el pequeño ahorrador y la entidad de crédito, 
D. Considerando que los actuales límites y costes de las operaciones transfronterizas impiden que 
los ciudadanos, en su condición de consumidores, se beneficien de mayores posibilidades de 
elección y de precios más competitivos, 
E. Considerando que es necesario garantizar el respeto efectivo de las reglas de la libre 
competencia en el mercado interior y que el consumidor tiene el derecho a elegir y cambiar sin 
penalizaciones contractuales entre distintos productos y ofertantes (movilidad), 
O DO C 189 de 28.7.1990, pág. 2 (en su última versión) 
(2) DO L 266 de 9.10.1980, pág. 1 
O DOL319de25.11.1988, pág. 9 
6 /PE 257.131 Cí:\l3V_SEANC\I)liFINITI\ADOPTriS\97-03\97-03-l 1 .es 
28 
F. Considerando que, en la actual situación de evolución del mercado interior y del principio de 
subsidiariedad, es oportuno plantearse la cuestión de la eficacia de la legislación comunitaria y 
del papel de las instituciones comunitarias, 
G. Considerando que el ejercicio efectivo del derecho a escoger y la diversificación real de la oferta 
harán cada vez más necesaria la existencia de instrumentos eficaces de información y formación 
del consumidor, a fin de que éste pueda desempeñar un papel activo, 
H. Considerando, además, que una libre competencia efectiva en un mercado europeo de crédito 
comportará la diversificación de la oferta, el aumento de las entidades ofertantes y una mayor 
distribución de los servicios entre todos los ofertantes [sujets offrants] que operan y viven en 
la Unión, 
I. Considerando que en la transición hacia la moneda única -en particular durante los, 
aproximadamente, tres años que va a durar la fase de adaptación- es indispensable aplicar el 
principio de continuidad contractual para garantizar la necesaria estabilidad de los mercados 
financieros; que la perspectiva deseada de la moneda única requiere mayor reflexión sobre la 
oportunidad de adoptar una nueva legislación única y horizontal aplicable a todo el sector del 
crédito, 
J. Considerando que la competencia de la Unión Europea en este campo es paralela y 
complementaria de la política llevada a cabo por los Estados miembros para proteger la 
seguridad y los intereses económicos de los consumidores y que, además, la normativa 
comunitaria sobre créditos al consumo ha servido de impulso para la adopción de medidas 
legislativas nacionales y deberá actuar con vistas a: 
. la total realización del mercado interior, 
. la protección de la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores, 
. la garantía de información adecuada y 
. un nivel elevado de protección (art. 129 A Tratado CE), 
K. Considerando que los artículos por los que se establecen las cuatro libertades fundamentales son 
actualmente directamente aplicables, que en la situación actual del Derecho, el planteamiento 
comunitario contribuirá a alcanzar un alto nivel de protección de los consumidores mediante las 
medidas que adopte en el marco de la realización del mercado interior y que la política de 
crédito, en sentido estricto, sigue siendo competencia de los Estados miembros sin perjuicio del 
respeto que se debe al Derecho comunitario, 
L. Considerando que la disposición contenida en el artículo 129 A, en correlación con los artículos 
2, 3 y 3 B del Tratado CE, otorga a la Unión Europea la posibilidad de intervenir en el sector 
con "poderes de orientación" de carácter general, que se pueden concretar en la indicación de 
objetivos, en la adopción de medidas mínimas de armonización y en el fomento de la 
cooperación entre las autoridades nacionales competentes, 
M. Considerando que el artículo 100 A del Tratado CE es el fundamento jurídico pertinente para 
las medidas de armonización cuyo objeto es el establecimiento y funcionamiento del mercado 
interior, 
N. Considerando las competencias atribuidas a las Instituciones comunitarias en el marco del tercer 
pilar, 
1. Estima que la UE ha de hacer uso de todos los instrumentos jurídicos previstos en los Tratados 
para favorecer la creación de un mercado europeo del crédito, 
GAPV SEANC\DEFINITI\ADOPTES\97-03\97-03-11 es PE 257.131 / 7 29 
2. Considera que la UE, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, debe adoptar una 
política legislativa con vistas a la adopción, a medio plazo, de una normativa general del 
mercado europeo del crédito, a la adopción de normas con vistas a la ampliación del mercado, 
sin olvidar la necesidad de proteger los intereses de los consumidores y estimular, al mismo 
tiempo, la libre competencia; 
3. Estima que se han de evaluar con atención la "noción de consumidor" y el "ámbito de 
aplicación" de la Directiva 87/102/CEE; 
4. Estima que, más en general, el consumidor necesita, no tanto de una normativa meramente 
protectora, sino de una normativa que estimule su papel activo y salvaguarde el derecho a 
buscar y a recibir libremente la información que le permita estar en condiciones de paridad 
contractual; 
5. Se pronuncia, sin embargo, con vistas a evitar inconvenientes para el consumidor, contra la 
propuesta de la Comisión de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva relativa al crédito 
al consumo a los créditos sin garantía hipotecaria para obras de renovación y modernización, 
dado que éstos ya no se podrían ofrecer al interés que rige para los créditos hipotecarios (más 
favorable que el de los créditos a los consumidores), o supondrían al consumidor más costes 
adicionales por la concesión y registro de los derechos de prenda inmobiliaria; 
6. Considera que se han de estudiar todas las posibilidades de instituir autoridades nacionales o 
mediadoras de todo tipo y recomienda que se favorezca el mantenimiento y el desarrollo de 
procedimientos de conciliación y judiciales más simples y eficaces, con vistas a garantizar los 
derechos de los consumidores, teniendo en cuenta también la importancia de los contenciosos 
transfronterizos; 
7. Está convencido de que los instrumentos de autorreglamentación permitirán la adopción de 
normas específicas, pero no podrán responder a todos los problemas existentes; 
8. Observa que las medidas de normalización de los contratos según códigos de conducta 
voluntarios y flexibles sólo resultarán de utilidad si no se penalizan la variedad de la oferta ni 
la posibilidad de elección del consumidor; 
9. Estima que se han de fomentar todas las fórmulas posibles con el fin de favorecer la obligación 
recíproca de información correcta, completa y veraz para todas las partes contratantes; 
10. Considera que todas las formas de publicidad y promoción podrán ser objeto de disposiciones 
más detalladas sobre aspectos tales como el contenido, la definición tipológica del producto, 
la obligación de adjuntar un prospecto y los límites y garantías de la publicidad dirigida a los 
menores, siempre que estas normas no estén ya incluidas o puedan incluirse en otros contratos 
específicos; 
11. Estima que se debería otorgar al deudor la posibilidad de reembolso anticipado, sin costes 
administrativos injustificados e innecesarios, de créditos destinados a la financiación de bienes 
de consumo; 
12. Estima que las normas nacionales de recuperación de bienes en caso de no ejecución del 
contrato, así como las normas relativas a la responsabilidad solidaria de los acreedores y del 
vendedor deben armonizarse en la medida que resulte necesario y se respete el principio de 
subsidiariedad; 
13. Estima que en la celebración de contratos de crédito para la financiación de bienes de consumo 
8 /PE 257.131 G:\IJV_SEANC\DEFINI'n\AD(J)PTES\97-03\97-03-11 .es 
2>o 
debe garantizarse de manera uniforme en toda la Unión el derecho de retractación dentro de un 
período determinado, y con unas modalidades y plazos uniformes, 
14. Recuerda que prácticas como la cesión del crédito, la solicitud de títulos de garantía y el seguro 
sobre la deuda pendiente han de respetar los principios de libertad de los contratantes así como 
los de autonomía del contrato y seguridad jurídica; 
15. Considera que las iniciativas comunitarias a través de la información y la educación del 
consumidor deberían prevenir fenómenos como el sobreendeudamiento; asimismo, debe 
admitirse la posibilidad de que las entidades de crédito puedan informarse sobre la solvencia del 
cliente siempre y cuando se respeten las normas sobre el derecho a la intimidad; 
16. Apoya la decisión de la Comisión de investigar si los consumidores tienen problemas en su trato 
con los intermediarios en materia de créditos y hasta qué punto; señala que a la hora de hacer 
extensivas a los fiadores y garantes determinadas obligaciones previstas en la 
Directiva 87/102/CEE hay que tener en cuenta que éstos no se encuentran en la misma situación 
que los primeros prestatarios; subraya que las acreditaciones en relación con la entrega de una 
tarjeta de crédito ya figuran en el ámbito de aplicación de la Directiva 87/102/CEE a través de 
la letra c) del apartado 2 del artículo 1, pese a la variedad de conceptos que, según el informe 
de la Comisión, existen en este ámbito; 
17. No estima oportuna la adopción de una normativa comunitaria de armonización del crédito 
hipotecario, ya que el crédito hipotecario está indisolublemente unido a los mecanismos 
nacionales de garantía y ejecución forzosa muy distintos entre sí. Una regulación del crédito 
hipotecario a escala europea exigiría armonizar al mismo tiempo las normas de garantía y 
ejecución forzosa vigentes en los Estados miembros y, por consiguiente, la armonización a 
escala europea de los Derechos civiles nacionales; 
18. Recuerda que el medio más eficaz para luchar contra la usura -fenómeno patológico de un 
mercado dominado por la ley de la oferta- es, además del pleno funcionamiento del mercado, 
una mejor información, formación y protección del consumidor, así como un control más 
estricto de las entidades y organismos de crédito por parte de las autoridades nacionales; 
19. Subraya la importancia de los procedimientos conciliatorios y prejudiciales eficaces, dado que, 
al ser complementarios y aptos para prevenir procedimientos jurisdiccionales costosos, pueden 
desempeñar una función fundamental, especialmente en el caso de los contenciosos 
trasfronterizos; 
20. Estima que es claramente prioritario desarrollar y dar curso a todas las posibilidades de 
limitación de los costes para las partes; — 
21. Estima asimismo que la mejor forma de protección de los ciudadanos es un sistema que 
garantice la libertad de elección y la libre competencia; 
22. Pide a la Comisión que informe con regularidad al Parlamento sobre el resultado de los estudios 
trabajos de investigación encargados al respecto y que le transmita cuanto antes, sin que ello 
obstaculice la presentación de propuestas de actos normativos, su posición sobre las 
consideraciones aquí aprobadas en materia de política legislativa; 
23. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión y al Consejo. 
G:\PV_SEANC\DEFINITI\ADOPTES\97-03\97-03-11 .es PE 257.131/9 
2ñ 

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