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31. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 356/71 
Dictamen sobre la propuesta de cuarta directiva del Consejo para la regulación del horario 
de verano 
(87/C 356/19) 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 A del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, el 13 de noviembre de 1987 el Consejo decidió solicitar al 
Comité Económico y Social un dictamen sobre la propuesta mencionada arriba. 
El Comité decidió encargar la preparación de los trabajos en la materia al Sr. Haas, en 
calidad de ponente general. 
En su 250a sesión plenaria (sesión de 19 de noviembre de 1987), el Comité adoptó por amplia 
mayoría y cuatro abstenciones el siguiente dictamen: 
1. Es necesario constatar, ante todo, que en un 
asunto de importancia como el presente (al menos para 
algunos sectores) se ha concedido de nuevo al Comité 
Económico y Social un plazo extremadamente corto 
para la elaboración del correspondiente Dictamen. Por 
ello, cabe plantearse la cuestión de si este tipo de 
tratamiento para con el Comité se corresponde con el 
espíritu del Tratado de Roma; por consiguiente, se 
requiere del Consejo y de la Comisión que limiten la 
fijación de plazos tan cortos a aquellos casos en que se 
imponga una verdadera necesidad. 
2. Por lo que se refiere al objeto del presente dicta­
men, se acoge favorablemente la propuesta de la Comi­
sión dirigida a prorrogar por un año (1989) la normativa 
actual sobre el horario de verano. Se recuerda que, en 
anteriores dictámenes^), el Comité se había pronun-
í1) Cf. dictámenes de 25 de febrero de 1976 sobre la propuesta 
de Primera Directiva (DO n° 131 de 12. 6. 1976); de 23 de 
septiembre de 1981 sobre la propuesta de Segunda Directiva 
(DO n° C 310 de 30. 11. 1981); de 26 de septiembre de 1984 
sobre la propuesta de Tercera Directiva (DO n° C 307 de 
19. 11. 1984). ciado ya en favor de una armonización del horario de 
verano a nivel europeo. 
3. Por tanto, es lamentable que, hasta ahora, no haya 
encontrado ningún eco en las instancias comunitarias 
la sugerencia formulada por el Comité en el dictamen 
adoptado por unanimidad en su 219a sesión plenaria 
de 26 septiembre de 1984 (2), en el sentido de fijar une 
fecha única también para la conclusión del período 
correspondiente al horario de verano, a pesar de las 
dificultades alegadas por algunos Estados miembros. 
4. Cabe esperar que la consiguiente propuesta defini­
tiva de la Comisión para los años posteriores a 1989 
sea remitida al Comité con una antelación que le per­
mita tratar este asunto de forma adecuada, sobre la 
base de la experiencia adquirida hasta el presente en la 
aplicación del horario de verano. 
(2) DO n° C 307 de 19. 11. 1984. 
Hecho en Bruselas, el 19 de noviembre de 1987. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT
N° C68/4 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 16. 3. 87 
3.1. Este procedimiento parece tanto más necesario en 
cuanto es difícil prever las consecuencias prácticas de la 
adhesión de España y de Portugal con relación a la aplicación 
de la distribución referentes a la destilación obligatoria. 
4. En la medida en que la determinación de los volúmenes 
globales de destilación obligatoria no sea afectada por este Reglamento, el Comité estima que los gastos atribuidos al 
FEOGA no sufrirán ningún cambio. 
5. El Comité ha tomado acta de las razones que motivan 
la modificación del apartado 6 del artículo 41 del Reglamen­
to de base, modificación provocada por el régimen especial 
de precios y de ayudas establecido para España y Portugal, 
con motivo de su adhesión. 
Hecho en Bruselas, el 16 de diciembre de 1986. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT 
Dictamen sobre la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por la que se modifica por décimo 
primera vez el Reglamento (CEE) n° 1837/80 relativo a la organización común de los mercados en el 
sector de las carnes ovina y caprina (*) 
(87/C 68/04) 
El Consejo decidió, el 4 de diciembre de 1986, de conformidad con las disposiciones de los artículos 43 
y 198 del Tratado por el que se establecían las Comunidades Europeas, consultar al Comité 
Económico y Social sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de Agricultura, encargada de la preparación de los trabajos en la materia, adoptó el 
dictamen el 4 de diciembre de 1986, bajo la ponencia del Sr. Clavel. 
El Comité Económico y Social adoptó por unanimidad el 16 de diciembre de 1986, durante su 242a 
sesión plenaria celebrada los días 16 y 17 de diciembre de 1986, el siguiente dictamen: 
1. El Comité aprueba la propuesta de la Comisión. 
El Comité se adhiere al objetivo perseguido de conseguir un 
funcionamiento más normal de las garantías previstas por la 
organización común del mercado de la carne ovina permi­
tiendo, en todas la regiones, la adaptación de las compensa­
ciones a la modulación estacional de los precios básicos 
decretados por el Consejo para cada semana de la cam­
paña. 
2. Sin embargo, el Comité quiere poner de relieve que la 
mejora propuesta por la Comisión no será suficiente para 
corregir las distorsiones que se derivan de la actual compar-
timentación del mercado interior y de la falta de adaptación 
(») DO n° C 323 de 16. 12. 1986, p. 3. de los mecanismos de importación. Así pues, invita a la 
Comisión a que presente, a la mayor brevedad posible, 
propuestas tendentes a conseguir una integración más acen­
tuada del mercado comunitario de la carne ovina y capri­
na. 
3. Por lo que respecta al primer párrafo del artículo 1, el 
Comité sugiere una mejora en la redacción del mismo, 
proponiendo a este efecto los siguientes términos: 
«En el artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 1837/80, se 
añade el siguiente párrafo 3 bis: 
En la medida necesaria para adaptar la compensación a 
las variaciones de los precios de base y de los precios de 
mercado, . . .etc.» 
Hecho en Bruselas, el 16 de diciembre de 1986. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT
3.7

En este contexto, el CESE destaca, en particular, la importancia de las infraestructuras sanitarias críticas. La existencia de un servicio sanitario universal, fácilmente accesible y potencialmente gratuito en los Estados ACP es esencial para el bienestar de la población y para el desarrollo sostenible. En particular, el rápido acceso a las vacunas (patentes y capacidad técnica de producción local) proporcionará a las sociedades ACP la resiliencia necesaria en caso de futuras (y posibles) pandemias. El CESE observa que esta cuestión pertinente no está incluida en el nuevo Acuerdo y pide a la UE y a la OEACP que la tengan en cuenta a la hora de aplicarlo.
4.1.1.

La transición industrial no se logrará si no se lleva a cabo la transición energética. La descarbonización de la industria dependerá directamente de la disponibilidad de fuentes de energía hipocarbónicas suficientes y asequibles que hagan posible la producción industrial hipocarbónica. Garantizar que se genera suficiente energía descarbonizada de manera fiable será crucial para alcanzar los objetivos climáticos y digitales. Del mismo modo, son necesarias inversiones masivas para desarrollar o crear la infraestructura que se requiere para transportar, almacenar y distribuir esos volúmenes sin precedentes de energía hipocarbónica. La aplicación de los planes nacionales de recuperación y, en particular, de las reformas propuestas debe centrarse en garantizar unos precios de la energía competitivos, estables y predecibles, limitando el impacto de los elevados precios de la energía sobre la inflación, algo que podría poner en peligro la recuperación de las industrias de gran consumo de energía y recursos y de la sociedad en general.
1.7.

Estos criterios mínimos no constituyen un obstáculo para los pioneros en este ámbito, no dificultan la innovación y no dan una excusa a la entidad adjudicadora para ir más allá del mínimo. La clave es supervisar y actualizar periódicamente los criterios mínimos obligatorios para tener en cuenta el progreso tecnológico y no restringir aquellos que vayan más allá.
2.2.

Manual sobre la medición del trabajo voluntario es coherente con lo que se entiende comúnmente por voluntariado. Según esta definición, trabajo voluntario significa «trabajo no remunerado y no obligatorio, es decir, tiempo sin remuneración que las personas dedican a actividades, ya sea a través de una organización o directamente para otras personas que no pertenecen al hogar del voluntario» La definición de trabajo voluntario que publicó en 2011 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en sues coherente con lo que se entiende comúnmente por voluntariado. Según esta definición, trabajo voluntario significa «trabajo no remunerado y no obligatorio, es decir, tiempo sin remuneración que las personas dedican a actividades, ya sea a través de una organización o directamente para otras personas que no pertenecen al hogar del voluntario» ( 2 ) . Esta definición puede utilizarse en la investigación comparativa internacional para medir el voluntariado formal (que a menudo se describe como trabajo voluntario indirecto) y el voluntariado informal (que la OIT denomina «trabajo voluntario directo» ( 3 ) ) en diversos sistemas culturales y jurídicos. El CESE señala que la Resolución sobre las estadísticas del trabajo, la ocupación y la subutilización de la fuerza de trabajo adoptada por la decimonovena Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo de la OIT en octubre de 2013 ( 4 ) (que recoge una nueva definición de trabajo que distingue entre trabajo remunerado y no remunerado, y cambios en la recogida de datos relacionados con el trabajo) debería mejorar la capacidad de medir el voluntariado distinguiéndolo de otras formas de trabajo no remunerado, como el cuidado de personas que pertenecen al hogar de la persona voluntaria.
4.4.2.1.

El uso de internet varía considerablemente entre los diferentes grupos sociales y de edad. Muchas personas utilizan las redes sociales pero no hacen uso de la información disponible, mientras que un pequeño grupo de personas nunca utiliza internet para nada. De acuerdo con varias iniciativas previas del CESE ( 27 ) , deberían llevarse a cabo investigaciones encaminadas a responder las siguientes preguntas: — ¿Cómo podemos fomentar un aprendizaje activo permanente, tanto sobre el modo de acceder a la información como sobre el modo de diferenciar entre fuentes digitales fiables y no fiables, por ejemplo, promoviendo los MOOC de IC-Health? Se necesitan medidas colectivas de apoyo y formación para abordar este problema, ya que el 47 % de la mano de obra de la UE carece de las cibercapacidades suficientes (28). — ¿Cómo podemos poner a disposición recursos (por ejemplo, métodos de entretenimiento) que despierten el interés de las personas en hacer uso de las fuentes digitales de información fiables? — ¿Cómo podemos apoyar la transferencia de los programas de éxito? Véase, por ejemplo, el caso de «Sophia» (29), una innovadora herramienta de seguro de enfermedad en Francia para pacientes con diabetes o EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), basada en el asesoramiento en materia de salud. Este programa se inspira en experimentos de gestión de enfermedades foráneas en los EE. UU., Alemania y el Reino Unido (30). — ¿Qué papel desempeñan las diferentes instituciones educativas (universidades, centros de formación de adultos, etc.) en la consolidación de las múltiples competencias pertinentes, por ejemplo, la capacidad de trabajar con las nuevas tecnologías, la participación y la gestión de la salud propia de modo que beneficie a la sociedad o la difusión de conocimientos sociales y técnicos? — ¿Cómo puede utilizarse el material existente (por ejemplo, la información sobre medicamentos aprobada por las autoridades reguladoras)? — ¿Cómo podemos estimular el intercambio de conocimientos y experiencias sobre la alfabetización sanitaria y las competencias digitales entre las generaciones?
2.6.

Es posible que una parte cada vez mayor de la mano de obra no contribuya a los sistemas establecidos de seguridad social y, por consiguiente, no pueda beneficiarse de ellos, en particular por lo que se refiere a las prestaciones o seguros de desempleo, enfermedad y jubilación. Los interlocutores sociales y los gobiernos de los Estados miembros deben examinar seriamente esta situación, pero conviene ampliar el debate a la UE y propiciar la participación de los entes locales, otros agentes de la sociedad civil, asociaciones y prestatarios, a fin de definir medidas viables y sostenibles de carácter político y legislativo y disposiciones complementarias que garanticen el acceso de toda la población activa a grados adecuados de protección social, incluidos los trabajadores autónomos.
2.3.

El CESE destaca la necesidad de: — desarrollar y facilitar el acceso a la alfabetización en materia de salud digital de los ciudadanos a fin de fomentar un enfoque crítico de la información relativa a la salud; — garantizar una información de calidad en materia de salud, en particular alentando la adopción de procedimientos de etiquetado/acreditación de las aplicaciones sanitarias; — reforzar las relaciones de confianza entre los pacientes, los profesionales de la salud y los agentes de los sistemas de seguro de enfermedad y asistencia sanitaria; — establecer un sistema de formación adaptado tanto a los usuarios como a los profesionales de la salud para garantizar una utilización eficiente, segura y protectora de las tecnologías digitales y facilitar los cambios en el sistema sanitario; — consolidar el diálogo social como espacio de concertación indispensable para acompañar los futuros cambios; — implantar mecanismos para la seguridad del tratamiento de los datos personales, a fin de evitar prácticas conducentes a la utilización de dichos datos en el ámbito de los seguros (acceso, reembolso, etc.) con fines comerciales que no obedezcan a una finalidad de salud pública; — promover un marco reglamentario evolutivo que tenga en cuenta el conjunto del ecosistema («múltiples partes interesadas») y el papel de las organizaciones de seguros de enfermedad y asistencia sanitaria como terceros de confianza en las relaciones con los asegurados/afiliados; — apoyar la evolución de la nomenclatura de las prestaciones de asistencia reembolsables y los servicios de bienestar ofrecidos teniendo en cuenta las innovaciones técnicas que hace posibles la tecnología digital; — acompañar la evolución hacia una medicina de las «4 P» (2) mediante el desarrollo de los servicios solidarios de las organizaciones de seguros de enfermedad y asistencia sanitaria, en respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
1.19.

El Comité recomienda el intercambio de buenas prácticas a todos los niveles, como ya se hace bajo los auspicios de la ENRD, la ELARD, Ecovast y el PRE, y como se ve reflejado en el documento «The Best Village in the World» (El mejor pueblo del mundo) (3).
4.2.10.

Gestión de recursos y residuos: El crecimiento de la población, el incremento del consumo y el agotamiento de los recursos, en particular del agua, son cuestiones que atañen por igual a la industria y los consumidores en todo lo que se refiere al consumo sostenible y la responsabilidad social de las empresas. La fabricación de productos respetuosos con el medio ambiente que tenga en cuenta la gestión de los residuos y los recursos es una prioridad para el sector. No cabe duda de que el paquete sobre economía circular de la Comisión y las directrices para las empresas de cosmética, especialmente las pymes, de 2012 de Cosmetics Europe tienen su valor, pero debe hacerse mucho más, puesto que sigue habiendo desafíos considerables. La protección de los recursos necesarios para el sector va unida a la necesaria protección de la biodiversidad como bien común para las generaciones presentes y futuras. La búsqueda de nuevos productos no debe hacerse en detrimento de los pueblos indígenas y de su propiedad intelectual. La difusión de los principios del comercio justo y de los códigos de conducta ecológica entre las empresas del sector es conveniente y muy necesaria. No menos importante es la actitud de los consumidores, que deberían rechazar los productos cuya producción vaya en contra de los principios del desarrollo sostenible.
4.5.1.

La innovación en la empresa familiar puede apoyarse mediante un sistema innovador de contratación pública en el que los precios no sean el único criterio para la selección de una oferta. Las empresas familiares se caracterizan por el hecho de competir sobre la base de un servicio de alta calidad centrado en el cliente, que viene garantizado, entre otras cosas, por la marca familiar (con frecuencia el nombre del propietario o de la familia del fundador). Por este motivo, generalmente las empresas familiares no participan en licitaciones públicas cuyo único criterio son los precios. Se ha sugerido que los valores de la oferta económicamente más ventajosa (Most Economically Advantegous Tender, MEAT) (7) se utilicen como criterios de evaluación, y que esta información se dé a conocer entre las empresas familiares.
4.8.4

Se invita a la Comisión Europea a proponer medidas vinculantes concretas a fin de responder a la iniciativa ciudadana en cuestión, lo que no ha hecho en su Comunicación. En particular, un texto europeo jurídicamente vinculante debería disponer que el beneficio no debe ser el objetivo perseguido por la gestión de las fuentes de agua y de los correspondientes servicios. De no ser así, carecería de sentido la afirmación según la cual «el agua es un bien público».
7.1

El CESE sugiere a la Comisión Europea que contemple la posibilidad de crear un Fondo Europeo de Solidaridad Energética para apoyar las acciones propuestas por el CESE, en particular, sobre información y formación de los ciudadanos, la creación de redes europeas de proyectos locales, el apoyo a los intercambios, a la transferencia y a la generalización de las buenas prácticas desarrolladas por proyectos transnacionales financiados por la Unión Europea o desarrollados a nivel local o nacional. Así, por ejemplo, los dispositivos de ayuda financiera creados por los Estados miembros o los entes locales para abonar las facturas (tarifas sociales, cheque de energía, etc.), la tregua invernal, la creación de ventanillas únicas, la formación de asesores en materia de eficiencia energética (como el proyecto europeo Achieve), la renovación de barrios, el desarrollo de ayudas o de asistencia técnica para las obras de eficiencia energética (como el proyecto europeo CEB-ELENA - «European Local Energy Assistance Facility»), las microproducciones de energía renovable y los instrumentos financieros adaptados a los hogares vulnerables (por ejemplo, el proyecto europeo FinSH - «Financial and Support Instruments for Fuel Poverty in Social Housing»).
—

No es fácil reconocer y atribuir a las PTE las innovaciones y aplicaciones finales: — la visibilidad de las PTE sigue siendo baja, tanto en la esfera pública como privada, — las ONG no están interesadas en participar, — los grupos espejo de los Estados miembros (plataformas tecnológicas nacionales y regionales) en general no han tenido éxito.
4.7.16

Prever modificaciones en el apartado 3 del artículo 55 de la Directiva 2004/18/CE y en el apartado 3 del artículo 57 de la Directiva 2004/17/CE sobre las ofertas anormalmente bajas, para imposibilitar la aceptación de ofertas presentadas por empresas estatales que no demuestren que dicha oferta no se beneficia de ninguna ayuda estatal, directa o indirecta, prohibida por la normativa comunitaria: en este sentido, puede encontrarse un ejemplo de «test de ayuda estatal» en el anexo 4 de la US Millennium Challenge Corporation.
3.12.1

A este respecto, el Comité estima que desarrollar códigos de conducta, tal y como se establece en la Directiva 2005/29/CE, podría ser un elemento muy importante en la autorregulación, a fin de impedir la utilización de reclamos ecológicos injustos en la publicidad, y con arreglo a los siguientes criterios: — La publicidad medioambiental no debe causar una alarma social indebida sobre problemas medioambientales o explotar el escaso conocimiento que se tiene de este tema. — La publicidad no debe fomentar un comportamiento que socave la protección medioambiental o describa dicho comportamiento de manera no crítica. — La publicidad no puede engañar al público acerca de los efectos medioambientales del producto anunciado, ya sea en razón de la presentación engañosa de tales efectos o de su ocultación. — Las características ecológicas de un producto o servicio no se deben extender de manera injustificada a otros productos o servicios que ofrezca la empresa en cuestión. — Cuando las cualidades medioambientales de un producto o servicio dependan de las condiciones específicas o de los métodos de uso o consumo o de aspectos particulares en su ciclo de vida, la publicidad debe explicitarlo o instar con claridad a los consumidores a buscar este tipo de información. — El uso de reclamos o eslóganes ecológicos en la publicidad debe basarse en criterios técnicos o científicos verificables. Si se le requiere, el anunciante debe facilitar la prueba necesaria de un órgano o experto independiente para demostrar la exactitud del anuncio. — Las referencias a ingredientes añadidos o eliminados de los productos anunciados a fin de alterar su efecto medioambiental deben ser claras y específicas con relación a la naturaleza y alcance de dichos efectos. — El uso de signos o símbolos relacionados con los efectos medioambientales no podrá ser engañoso o llevar a confusión acerca de su significado. Tampoco podrá aludir de manera falsa a las etiquetas ecológicas de uso oficial en ciertos países, áreas geográficas o sectores económicos. Los testimonios y testigos podrán utilizarse únicamente para fomentar las características ecológicas del producto utilizando afirmaciones concretas y verificables, de conformidad con el cuarto último guión.
4.4

Los trabajadores no inscritos en los servicios correspondientes llevan a cabo el trabajo no declarado, pero no son por definición trabajadores emigrantes sin trabajo o sin permiso de residencia. También se da el caso de personas que tienen los documentos requeridos —o que no los requieren por ser ciudadanos del país en el que la infracción tiene lugar— y trabajan de manera no declarada. Además, las personas sin documentos válidos son más vulnerables y, por esta razón, también están más fácilmente sujetas a la explotación que las personas con documentos válidos. Este último grupo, en efecto, también tiene acceso al trabajo declarado, el primero no.
2.3

Hay que señalar que la política de competencia corresponde fijarla a la UE, en colaboración con los Estados miembros, no sólo por ser aplicable al mercado único y en consecuencia a operaciones transfronterizas, sino porque su finalidad es armonizar las normas nacionales a fin de que no se apliquen políticas nacionales de carácter proteccionista para favorecer sus respectivos mercados, discriminando a los competidores. En este sentido es básico el papel que juegan las autoridades comunitarias, especialmente la Comisión, que no sólo es competente en la formulación de propuestas legislativas reguladoras de la competencia, sino también en el control de las concentraciones y de las ayudas estatales, en las que prevalece el interés general frente al particular de cada Estado.
—

el número infinito de promesas no cumplidas. Hay un desfase constante entre las declaraciones de intenciones y la práctica sobre el terreno, porque las políticas de ayuda no sirven para nada si no se preparan en concertación con las organizaciones activas sobre el terreno. Las ayudas directas a la sociedad civil previstas en el Acuerdo de Cotonú se han quedado en promesas incumplidas, pues el Acuerdo de Cotonú es esencialmente interestatal y sobre el terreno sólo respeta parcialmente la presencia y acción de la sociedad civil participativa;