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Bruselas, 17.11.2010

COM(2010) 676 final

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

Aplicación del Reglamento (CE) n° 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

SEC(2010) 1391

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

Aplicación del Reglamento (CE) n° 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

INTRODUCCIÓN

Adoptado el 8 de octubre de 2001 tras más de treinta años de negociaciones en el Consejo, el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (en lo sucesivo denominado «Reglamento SE»)[1] vino a ofrecer la posibilidad de crear como nueva forma jurídica una sociedad anónima europea, conocida también como SE por su nombre latino de Societas Europaea . De acuerdo con sus considerandos, los objetivos del Reglamento SE eran, entre otros, los siguientes: eliminar los obstáculos que se oponían a la agrupación de empresas de diferentes Estados miembros, (…) permitir que las empresas de dimensión europea concibieran, planificaran y efectuaran la reorganización de sus negocios a escala de la Comunidad y transfirieran su domicilio social a otro Estado miembro, garantizando al mismo tiempo la adecuada protección de los intereses de los accionistas minoritarios y de los terceros, (…) garantizar en la medida de lo posible la necesaria correspondencia entre la unidad económica y la unidad jurídica de las empresas, (…) posibilitar la creación y la gestión de empresas de dimensión europea al margen de los obstáculos derivados de la disparidad y del limitado alcance territorial de las legislaciones nacionales aplicables a las sociedades mercantiles (…) y (…) permitir que las empresas de dimensión europea ajustaran su estructura organizativa y adoptaran un sistema de gobernanza empresarial adecuado que garantizase, además de una gestión eficaz y una supervisión correcta, el mantenimiento del derecho de los empleados a participar[2].

Junto al Reglamento SE, se adoptó también la Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (en lo sucesivo denominada «Directiva SE»). La fecha límite para la adaptación de las legislaciones nacionales a la normativa europea de la SE se fijó en el 8 de octubre de 2004, pero sólo ocho Estados miembros la cumplieron y no fue sino a principios de 2007 cuando la Directiva SE quedó transpuesta en todos los Estados miembros.

El Reglamento SE dispone en su artículo 69 que, dentro de los cinco años siguientes a su entrada en vigor, la Comisión presente un informe sobre su aplicación acompañado, en su caso, de las propuestas de modificación que sean oportunas. Con objeto de reunir la información necesaria sobre la aplicación práctica del Estatuto de la SE, la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea ha encargado la realización de un estudio externo y ha recabado la opinión de los interesados en una consulta pública y en una conferencia[3].

APLICACIÓN DEL ESTATUTO DE LA SE: INVENTARIO DE SOCIEDADES ANÓNIMAS EUROPEAS

A 25 de junio de 2010, había registradas en los Estados miembros de la UE y del EEE un total de 595 sociedades anónimas europeas (SE). El número de SE aumentó de forma exponencial entre 2004 y 2008 y, aunque en 2009 se crearon menos que en el año anterior, en 2010 la tendencia se invirtió y volvió a crecer el número de nuevas SE. Las SE creadas se encuentran registradas en 21 de los 30 Estados miembros de la UE y del EEE, correspondiendo la inmensa mayoría de ellas (alrededor del 70 %) a la República Checa y Alemania. En cambio, salvando el caso de Chipre, son muy pocas las SE que se encuentran registradas en los Estados miembros meridionales.

El Documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña al presente Informe contiene información detallada sobre el inventario de SE y las características de éstas, así como sobre la normativa que se les aplica en los distintos Estados miembros.

PRINCIPALES FUERZAS Y TENDENCIAS

Fuerzas positivas y negativas para el establecimiento de una SE

Los testimonios ofrecidos por las empresas ponen de manifiesto que, en general, la decisión de crear o no una SE depende de la perspectiva empresarial concreta, es decir, se basa en una serie de motivos que conciernen a la situación particular de cada empresa. Dichos motivos pueden variar y es difícil hablar de una tendencia general que sirva para todas las empresas. No obstante, parece que ciertos motivos tienen generalmente más importancia que otros y que el peso de algunos de ellos es mayor en ciertos Estados miembros y ciertos sectores de actividad que en otros. A continuación se recogen algunos de esos motivos, que han sido señalados por las empresas como fuerzas positivas o negativas.

La imagen europea de una SE se presenta como una de las más importantes fuerzas positivas. Dicha imagen resulta particularmente atractiva para aquellas empresas que tratan de destacar su afiliación europea o que desean beneficiarse de una forma jurídica europea –más conocida que las formas nacionales vigentes en su país– con el fin de penetrar en los mercados de otros Estados miembros sin verse obligadas a crear filiales extranjeras. No obstante, la importancia de la imagen europea es variable. Mientras suele considerarse una ventaja para las empresas de pequeños países y de los países de Europa Oriental, así como de Bélgica y de los países orientados a la exportación (como, por ejemplo, Alemania), hay, en cambio, otros Estados miembros y otros sectores específicos en los que la etiqueta nacional se considera más comercializable que la europea.

El carácter supranacional de una SE se presenta también como una ventaja potencial en el proceso de realización de fusiones transfronterizas o de cambios estructurales dentro de un grupo (como, por ejemplo, la transformación de filiales nacionales en sucursales de la empresa matriz). En especial, el carácter supranacional contribuye a evitar un sentimiento de «derrota» nacional en los directivos y en el personal de la empresa absorbida o de las antiguas filiales.

La posibilidad de trasladar el domicilio social a otro Estado miembro se considera un incentivo esencial y una ventaja comparativa real de las SE frente a las empresas nacionales. En ausencia de una directiva que regule el traslado del domicilio social de las empresas, la SE constituye la única forma de sociedad que permite a las compañías trasladar su domicilio a otro Estado miembro sin necesidad de liquidación[4]. Según la información disponible, tal posibilidad resulta particularmente atractiva para las sociedades de cartera. En la práctica, sin embargo, sólo un pequeño número de SE ha trasladado hasta ahora su domicilio social (un total de 49 a 25 de junio de 2010).

La posibilidad de utilizar la forma jurídica de las SE como medio de efectuar una fusión transfronteriza se consideró un incentivo de peso hasta la entrada en vigor de la Directiva que regula ese tipo de fusiones. Además, según lo que afirman empresas y asesores jurídicos, las disposiciones sobre la participación de los empleados son, en contra de lo que piensan las organizaciones sindicales, más flexibles en esa Directiva que en el Estatuto de la SE.

Algunos de los que respondieron a la consulta pública mencionan como fuerza positiva el potencial de las SE para la reorganización y simplificación de la estructura de grupo . Según la información recibida, la transformación en una SE, incluida la conversión de las filiales en sucursales, resulta particularmente atractiva para las sociedades del sector de las finanzas y de los seguros. Las ventajas que se aducen son la intervención de una sola autoridad de control (frente a las varias que intervienen en los distintos Estados miembros donde una empresa tiene filiales) y un más fácil cumplimiento de los requisitos de capital. Pese a ello, las ventajas de la reestructuración de una empresa en SE no resultan evidentes (por ser también posibles en el caso de una empresa nacional) a menos que se combinen con otras ventajas, como, por ejemplo, la imagen europea y el carácter supranacional de las SE o la posibilidad de transferir el domicilio social.

Los encuestados en la consulta pública mencionan también las ventajas que ofrecen las SE en términos de financiación (posición más fuerte en las negociaciones con los bancos y en las solicitudes de ayudas financieras de la UE), así como por la flexibilidad de las normas que rigen para ellas la participación de los empleados en aquellos Estados miembros donde estas cuestiones se hallan reguladas por normas obligatorias. Por lo que se refiere a este último aspecto, tanto las empresas como los sindicatos indican que el Estatuto de la SE ofrece la posibilidad de: i) negociar un modelo propio de participación de los trabajadores que se ajuste a las necesidades específicas de la empresa o del grupo y exima del cumplimiento de normas nacionales obligatorias; ii) tener representantes de distintos Estados miembros en lugar de los de un solo Estado miembro (lo que puede contribuir a crear una conciencia de trabajador europeo y constituir una ventaja para grupos de ámbito europeo); y iii) reducir el tamaño de los consejos de vigilancia para incrementar su eficacia. Según la información disponible, la SE se utiliza a veces para mantener el mismo sistema de participación de los trabajadores con independencia de que aumente la plantilla de la empresa[5].

Del otro lado, según la información facilitada, las fuerzas negativas más importantes que se presentan al constituir una SE son los costes de establecimiento , la lentitud y complejidad de los procedimientos y la inseguridad jurídica , así como la falta de perspectiva temporal y de experiencia práctica de los asesores y de las autoridades públicas competentes. Ejemplos bien conocidos del alto coste de constitución de una SE son los casos de las sociedades anónimas europeas Allianz y BASF, cuyos costes de reestructuración en SE se elevaron a 95 millones y a 5 millones de euros, respectivamente. Pero dejando aparte estos casos, el coste medio de establecimiento de las SE a las que se interrogó en el marco del estudio externo se sitúa en unos 784 000 euros (incluidos los costes fiscales y de asesoría jurídica, los gastos de traducción y los costes de registro). En general, el total de los costes de establecimiento oscila entre los 100 000 euros y una cifra que va de los 2 a los 4 millones de euros.

De acuerdo con la información recabada, el insuficiente conocimiento de las SE que tiene la comunidad empresarial dentro y fuera de la UE representa el problema más importante para el funcionamiento de esas sociedades. Es frecuente que, al anunciarse en una empresa la adopción de esa forma jurídica, la dirección tenga que invertir tiempo y dinero en explicar la naturaleza de las SE a todos los que se relacionan con la empresa (clientes, proveedores, bancos, etc.) y a los empleados.

Hay, por otra parte, varias empresas, asesores jurídicos y asociaciones empresariales que consideran como una fuerza negativa las normas en materia de participación de los empleados , que, en su opinión, son complejas y requieren tiempo, especialmente en los Estados miembros donde la legislación nacional no contempla un sistema para esa participación. Dichas normas son consideradas por algunos desproporcionadas, particularmente cuando son muy pocos los empleados a los que concierne el proceso de participación. También se menciona a veces como importante fuerza negativa la imposibilidad de registrar una SE antes de que concluyan las negociaciones sobre la participación de los empleados. Tal es particularmente el caso de las empresas que cotizan en bolsa, pues en ellas es fundamental tener certidumbre sobre el procedimiento y el calendario necesarios para el registro. Estas opiniones, sin embargo, no son compartidas por las organizaciones sindicales.

Tendencias en la distribución de las SE

Tanto el estudio externo como quienes participaron en la consulta y en la conferencia afirman que el tamaño de las empresas nacionales tiene un efecto probable en la distribución de las SE. Se argumenta que el mayor coste (en especial, la fuerte cuantía del capital mínimo obligatorio) y la complejidad que exige el establecimiento de una SE en comparación con una sociedad anónima constituyen un importante obstáculo en aquellos Estados miembros donde las compañías nacionales tienden a ser pequeñas y medianas empresas. Polonia, España, Portugal, Grecia e Italia se mencionan como ejemplos de países donde esa circunstancia puede explicar en parte el pequeño número de SE en ellos existentes. Entre los que respondieron a la consulta pública, hay también quien evoca la existencia en un Estado miembro de una correlación positiva entre el número de empresas multinacionales y el número de SE.

Parecen, asimismo, tener un impacto en el número de SE el conocimiento y la comprensión que se tienen de esta forma de empresa en la comunidad jurídica y empresarial . Los testimonios recabados sugieren que en los Estados miembros donde esa forma se ha promovido activamente, como, por ejemplo, en la República Checa y en Alemania, hay un mayor número de SE que en aquellos otros Estados miembros en los que, como en Italia o España, no se dispone fácilmente de información ni de asesoramiento sobre aquélla, y el número de SE es por lo tanto muy escaso o incluso nulo. Se habla también de un posible efecto demostración positivo: el número cada vez mayor de SE en un Estado miembro incrementa el interés de otras empresas en esa forma jurídica y da como resultado el establecimiento en él de más SE.

El estudio externo considera, asimismo, que la tardía transposición de la Directiva SE en algunos Estados miembros puede haber tenido en ellos un impacto en el nivel de conocimiento de estas sociedades y en su número[6].

Se presentan también como tendencias generales la constitución de más SE en los países que sólo permiten el sistema dual de gobernanza empresarial que en aquellos otros que sólo autorizan el sistema monista, o el escaso número de SE que hay establecidas en aquellos países donde ya se permiten ambos sistemas. No obstante, en opinión de algunos de los que respondieron a la consulta pública, la elección para el consejo de administración de una estructura que sea desconocida en el ordenamiento jurídico nacional del país donde se registre la SE puede dar lugar a situaciones de inseguridad jurídica o a dificultades prácticas.

Por lo que se refiere a la correlación entre la distribución de las SE en los distintos Estados miembros y las normas nacionales en materia de participación de los empleados , se observa que los puntos de vista de los interesados son variables. Mientras el estudio externo y la inmensa mayoría de quienes respondieron a la consulta pública están de acuerdo en que esa correlación existe en general[7], las organizaciones sindicales y los investigadores que trabajan en el ámbito del Derecho del trabajo no comparten tal opinión.

Los resultados de la consulta pública presentan también otras posibles explicaciones para la distribución de las SE en la UE y el EEE, en especial: i) la flexibilidad de ciertos aspectos del Estatuto de la SE en comparación con las formas jurídicas nacionales; ii) el diferente valor de la marca europea; iii) la disparidad de los costes de establecimiento y de transacción de las SE; y iv) los diferentes sistemas fiscales de los Estados miembros.

El alto número de SE durmientes en algunos Estados miembros, particularmente en Chequia y Alemania, contribuye también a explicar la abundancia de SE en esos dos Estados miembros[8]. De acuerdo con la información disponible, la creación en ellos de SE durmientes por parte de proveedores de servicios profesionales puede ser explicada por el hecho de que el sistema de empresas durmientes listas para la venta es común en ambos países[9] y responde allí a necesidades empresariales específicas. Según las respuestas que recibió la consulta pública, las empresas compran SE durmientes con el fin principal de ahorrar tiempo y dinero y de evitar procedimientos de constitución complejos e inciertos. Algunas de esas respuestas mencionan en concreto que las SE durmientes posibilitan la creación de una sociedad anónima europea sin necesidad de cumplir rigurosos requisitos transfronterizos[10] o de celebrar negociaciones sobre la participación de los empleados. Esta posibilidad de evitar requisitos que suponen una pesada carga resulta particularmente interesante en el caso de las pequeñas empresas. Del otro lado, sin embargo, las organizaciones sindicales expresan su preocupación por el hecho de que las SE durmientes puedan utilizarse para eludir las normas que establece la Directiva SE en materia de participación de los trabajadores. Debe mencionarse en este contexto la falta de información que se tiene de muchas de las SE durmientes después de que son activadas. Esta circunstancia puede explicarse en parte por el hecho de que las cuentas anuales se publican retrospectivamente. Otra explicación es que, debido a su pequeño tamaño, algunas empresas sólo están obligadas a publicar balances y notas abreviados sobre sus cuentas. Según parece, hay casos en que las cuentas anuales no se hallan disponibles en los registros de la empresa, sin que exista justificación alguna para ello.

PROBLEMAS PRÁCTICOS EN LA APLICACIÓN DEL ESTATUTO DE SE

Basándose en la información reunida en la consulta a los interesados, pueden identificarse varios problemas en la aplicación del estatuto de la SE, y ello en lo que atañe tanto a la creación como al funcionamiento de estas sociedades. En el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña al presente Informe, puede encontrarse una exposición más detallada de los problemas evocados en la consulta.

Creación de una SE

El objetivo inicial del Estatuto de la SE era ofrecer una forma jurídica europea que fuera idónea para empresas transfronterizas de tamaño razonable ya existentes, pero sin dificultar su adopción por parte de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, tanto la conferencia como la consulta pública han puesto de manifiesto que las empresas, en particular las PYME, consideran muy gravosas las condiciones de constitución que rigen actualmente. Entre los obstáculos más importantes que disuaden a las empresas de crear una SE figuran los costes de establecimiento, la lentitud y complejidad de los procedimientos y la inseguridad jurídica del proceso de constitución , factores estos que en su mayor parte se derivan de la falta de uniformidad del Estatuto de la SE y de sus numerosas remisiones a las legislaciones nacionales. Los interesados mencionan también como obstáculos considerables la imposición de un difícil requisito transfronterizo (en particular, la exigencia de que las empresas que formen una SE hayan tenido una filial o sucursal en otro Estado miembro durante al menos los dos años anteriores a la constitución de la SE), los limitados métodos de creación de una SE y la alta cuantía requerida como capital mínimo .

En lo que atañe a los limitados métodos de creación , quienes participaron en la conferencia y en la consulta mencionan de forma especial –como aspectos en los que podría estudiarse la introducción de ajustes– la imposibilidad de que las empresas de responsabilidad limitada creen directamente una SE por medio de una fusión o transformación transfronteriza o por vía de escisión. La posibilidad de autorizar la creación de una SE por vía de escisión se relaciona con la cuestión de ampliar la definición de fusión contenida en el artículo 17, apartado 2, del Reglamento SE [véase el artículo 69, letra b)]. En una de las respuestas enviadas a la consulta, se argumenta que la escisión constituye un instrumento claro para las operaciones de reestructuración tanto dentro de los Estados miembros como a través de sus fronteras y que el recurso a una escisión transfronteriza como medio de constituir una SE sería más sencillo y exigiría menos tiempo que las alternativas ya existentes[11]. Se aduce, asimismo, que, aunque no haya a nivel de la Unión disposiciones en materia de escisiones transfronterizas, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE ha posibilitado ya en el asunto Sevic (C-411/03) la realización de una escisión transfronteriza cuando las empresas interesadas se encuentran sujetas a las legislaciones de varios Estados miembros. En sentido contrario, el estudio externo señala que, si se autorizara la constitución de una SE por medio de una escisión, en lugar de simplificarse la estructura del grupo de empresas intervinientes, se fraccionaría aún más su unidad económica y jurídica[12].

Algunos interesados (empresas –SE incluidas–, asesores jurídicos y asociaciones empresariales) afirman también que las normas de participación de los empleados de las SE , particularmente el procedimiento de negociación vinculado al establecimiento de estas últimas, son complejas y requieren una considerable inversión de tiempo. En cambio, según los sindicatos, el procedimiento de negociación que se sigue para la formación de una SE, lejos de ser gravoso, constituye un mecanismo necesario para entablar el oportuno diálogo entre la dirección y los empleados de la empresa. Los sindicatos, además, expresan su preocupación por el hecho de que las normas aplicables a las SE no se adapten plenamente a todas las situaciones. En concreto, no hay en el Estatuto de la SE una disposición clara que determine si una SE durmiente puede o no registrarse. El motivo de ello es que no es posible celebrar negociación alguna sobre la participación de los empleados ya que ni la SE ni las empresas participantes cuentan con empleados en el momento de la constitución de aquélla.

Vida de las SE

Algunos de los que respondieron a la consulta pública indican que el requisito de que tanto el domicilio social como la sede central de las SE se encuentren localizados en un mismo Estado miembro (o, en el caso de algunos Estados miembros, en la misma localidad) constituye un obstáculo en la práctica[13]. El Estatuto prevé una rigurosa sanción (liquidación) si la SE no cumple ese requisito. Desde la adopción del Estatuto, se ha producido una serie de hechos que han transformado el enfoque dado a la cuestión de la sede de las empresas. En especial, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE ha abierto la posibilidad de aceptar como principio la separación del domicilio social y de la sede central de las empresas en la Unión Europea[14]. Además, en opinión de algunos interesados, es difícil en la práctica aplicar el principio de la sede real, dado que en el mundo en el que hoy vivimos no es sencillo determinar la localización de la sede central de una empresa internacional o el lugar donde se toman sus decisiones estratégicas. El principio según el cual el Derecho de sociedades aplicable viene determinado por la legislación del país donde se encuentre el domicilio social de la SE resulta simple y fácil de aplicar. Por lo demás, la posibilidad de separar el domicilio social y la sede central de las SE podría convertirse en un instrumento atractivo para simplificar la estructura de los grupos de empresas[15] y contribuir a una mayor coincidencia de sus unidades económicas y jurídicas en la UE. El estudio externo aduce una serie de argumentos en favor de la separación. Así lo hacen también los testimonios presentados por las empresas, pero no en cambio otros interesados, entre ellos, algunos Estados miembros y sindicatos que temen, entre otros efectos, que la posibilidad de separar el domicilio social y la sede central dificulte el ejercicio del control fiscal debido a la falta de transparencia de la información relativa a las empresas registradas en otros Estados miembros.

Algunas de las respuestas recibidas en la consulta pública mencionan una serie de problemas prácticos derivados de las diferencias que presenta la regulación nacional del proceso de traslado del domicilio social de las SE, así como de la complejidad o la falta de claridad de las normas que rigen la organización interna de esas sociedades. Los participantes en la conferencia sugieren que el Estatuto de SE debe ofrecer a los fundadores y a los accionistas más flexibilidad en esa materia, incluso aunque no exista tal flexibilidad para las empresas nacionales del Estado miembro donde esté registrada la SE[16]. Ello reduciría además el número de remisiones a las legislaciones nacionales. Sin embargo, dado que, de procederse así, las SE entrarían en competencia directa con las formas jurídicas nacionales, se expresan dudas sobre las posibilidades reales de avanzar políticamente en esta cuestión.

Algunos interesados señalan, por otra parte, los problemas de interpretación que plantea el Estatuto de la SE cuando regula la conversión de una SE existente en una empresa nacional .

Junto a los representantes de los sindicatos en la conferencia, hay también quienes en respuesta a la consulta pública mencionan la falta de normas claras sobre la participación de los empleados en los casos en que una SE durmiente se activa o en que tienen lugar cambios estructurales tras la creación de una SE. En opinión de los sindicatos, esa deficiencia plantea el riesgo de que se eludan las normas de participación de los empleados.

El Estatuto de la SE dispone en su artículo 69, letra c), que la Comisión estudie la conveniencia de revisar la cláusula de jurisdicción de su artículo 8, apartado 16, a la vista de los cambios que puedan registrar en el futuro las normativas europea o nacionales en el ámbito cubierto por el Convenio de Bruselas de 1968 (en lo sucesivo denominado «Convenio»)[17] . Esta cláusula de revisión se añadió para tener en cuenta los cambios que fuera necesario introducir en las normas de jurisdicción a raíz de la adopción del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000 (en lo sucesivo denominado «Reglamento Bruselas I»), que sustituyó al Convenio. Esto fue necesario ya que la adopción del Reglamento Bruselas I, que se debatió al mismo tiempo que el Reglamento SE, tuvo lugar una vez que ya hubieran concluido las discusiones sobre el Estatuto de la SE. El artículo 8, apartado 16, del Estatuto dispone que, tras el traslado del domicilio social de una SE a otro Estado miembro, es posible seguir considerando, en lo que atañe a los negocios anteriores a ese traslado, que el domicilio social de la empresa se mantiene en el Estado miembro donde ésta estuvo registrada antes del traslado. Gracias a esta disposición, es posible incoar –en relación con los negocios que la SE emprendiera antes de su traslado– procedimientos judiciales dentro del Estado miembro donde la sociedad estuviera registrada en ese momento. La disposición debe leerse en relación con las normas de jurisdicción aplicables, en especial, los artículos 2 y 60 del Reglamento Bruselas I, que permite incoar contra una empresa un procedimiento ante, entre otros, los tribunales del Estado miembro donde dicha empresa tenga su domicilio legal (social). Así pues, el artículo 8, apartado 16, del Estatuto viene a ampliar en el caso de las SE el ámbito de jurisdicción de los procedimientos judiciales, en comparación con lo que es posible frente a otros tipos de empresas en el marco del Reglamento Bruselas I. Según la información de la que dispone la Comisión, la disposición del artículo 8, apartado 16, no se ha utilizado todavía en la práctica. Y es dudoso, por lo demás, que tal disposición añada mucho a las normas de jurisdicción existentes en el Reglamento Bruselas I, que permite ya emprender un procedimiento judicial ante los tribunales del Estado miembro donde, por ejemplo, se ejecute un contrato o se cause o se sufra un daño. La Comisión, en todo caso, no ve por el momento ningún motivo para modificar la disposición vigente.

CARGAS ADMINISTRATIVAS

El Centro de Estudios Políticos Europeos ha medido[18] las cargas administrativas que conlleva el Reglamento SE. De acuerdo con esa medición, el Reglamento SE impone cargas administrativas por un importe de 5,2 millones de euros anualmente, lo que representa el 0,04 % de los 12 100 millones de euros en los que se evaluó en febrero de 2009 la carga administrativa correspondiente al ámbito de las cuentas anuales/Derecho de sociedades[19]. Debe observarse, no obstante, que las cargas administrativas cubren los costes administrativos de todas las obligaciones en materia de suministro de información, independientemente de que tales obligaciones sean o no necesarias para proteger los legítimos intereses de los interesados. El Grupo de Alto Nivel de Partes Implicadas Independientes sobre Cargas Administrativas[20] ha destacado que toda futura reforma del Estatuto de la SE debería tener en cuenta la necesidad de reducir las cargas administrativas. En especial, ha sugerido que se estudien las posibilidades de recortar las obligaciones asociadas a la comunicación y publicación de información, al uso de expertos independientes y a la celebración de reuniones[21].

Conclusi ÓN

El estudio externo llega a la conclusión de que, pese a haberse alcanzado en cierta medida los objetivos originales del Estatuto de la SE, la situación puede aún mejorarse.

La sociedad anónima europea ha permitido que empresas con dimensión europea, además de trasladar su domicilio social a otro Estado miembro, puedan reorganizarse y reestructurarse mejor y elegir entre diferentes estructuras para su consejo de administración, manteniendo al mismo tiempo el derecho de participación de los empleados y la protección de los intereses de los accionistas minoritarios y de los terceros. La imagen europea y el carácter supranacional de las SE son otros de los aspectos positivos de estas sociedades.

No obstante, la experiencia adquirida con el Reglamento SE a lo largo de seis años ha puesto de manifiesto que la aplicación del Estatuto de la SE plantea en la práctica una serie de problemas. El Estatuto no establece para estas sociedades una forma jurídica uniforme en toda la Unión Europea, sino, antes bien, 27 tipos diferentes de SE. Contiene también numerosas remisiones a los ordenamientos jurídicos nacionales, y hay incertidumbre sobre el efecto jurídico de la normativa directamente aplicable y su relación con la legislación nacional. Además, la desigual distribución de las SE en el territorio de la Unión muestra que el Estatuto no se adapta bien a la situación de las empresas de todos los Estados miembros.

Toda modificación que se pretenda introducir en el Estatuto de la SE para resolver los problemas prácticos que han identificado diversos interesados deberá tener en cuenta que ese Estatuto fue el resultado del delicado compromiso al que se llegó tras largas negociaciones. La Comisión está realizando hoy un ejercicio de reflexión sobre las posibles modificaciones del Estatuto a fin de presentar, en su caso, en 2012 las propuestas que sean oportunas. Tales modificaciones, caso de prosperar, tendrían que efectuarse paralelamente a la posible revisión de la Directiva SE, que, de conformidad con el artículo 154 del Tratado, estaría sujeta a la consulta de los interlocutores sociales. En general, toda medida que la Comisión pudiera proponer como seguimiento del presente Informe debería quedar sujeta a los principios de mejora de la legislación, incluida la realización de una evaluación de impacto.

[1] Reglamento (CE) n° 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE).

[2] Considerandos 1, 2, 4, 6, 7, 14 y 21 del Reglamento SE.

[3] El estudio externo realizado por Ernst&Young (en lo sucesivo denominado estudio «E&Y») y un informe resumido de la consulta, junto con información de interés sobre la conferencia de 26 de mayo de 2010, pueden encontrarse en: http://ec.europa.eu/internal_market/company/se/index_en.htm.

[4] No obstante, el Estatuto de la SE requiere que la sede central se traslade junto con el domicilio social, lo que reduce el alcance de la ventaja obtenida.

[5] Los sindicatos informan de que en Alemania ha habido unos pocos casos en que se han creado SE para mantener el mismo nivel de participación de la plantilla en el consejo de vigilancia, a pesar de que el umbral fijado para las empresas nacionales (o 500 o 2 000 empleados) exigiría cambiar el nivel de representación de los trabajadores en el consejo.

[6] El número de sociedades anónimas europeas es escaso en los países que no aplicaron hasta 2006 o incluso más tarde la Directiva que las regula (Eslovenia, Grecia, Luxemburgo, Irlanda, Bulgaria y Rumanía).

[7] Esta tendencia tiene también excepciones: mientras en Eslovenia (0), Hungría (3), Finlandia (0), Dinamarca (2) y Suecia (9) había a 25 de junio de 2010 un número muy limitado de SE registradas (o incluso ninguna) pese a existir en esos países normas relativamente amplias en materia de participación de los trabajadores, el número era mayor en el Reino Unido (23) y en Francia (19), donde dichas normas son limitadas o inexistentes.

[8] Aunque estos dos países registran también el mayor número de SE operativas.

[9] A diferencia de lo que sucede en Francia e Italia, donde, según las respuestas enviadas a la consulta pública, las sociedades durmientes apenas se conocen o utilizan.

[10] Por ejemplo, la necesidad de respetar el criterio transfronterizo por cada filial de un grupo que se transforme en una SE.

[11] Las alternativas son: i) una escisión nacional y una fusión transfronteriza subsiguiente, que puede efectuarse basándose en el Reglamento SE o en la Directiva 2005/56/CE y acto seguido –en caso de que la fusión transfronteriza se lleve a cabo sobre la base de esa Directiva– la conversión de la sociedad absorbente en SE, o ii) una escisión nacional, seguida de la conversión de la sociedad absorbente en SE y del traslado posterior del domicilio social de ésta.

[12] Por lo demás, ninguna de las SE que entrevistaron los contratistas del estudio externo y ninguno de quienes respondieron a la consulta mencionan como fuerza negativa los limitados métodos de constitución de las SE.

[13] Véase el artículo 69, letra a), del Reglamento SE.

[14] Véanse los casos Centros (C 212/97), Überseering (C 208/00), Inspire Art (C 167/01), SEVIC (C 411/03) y Cartesio (C 210/06).

[15] Cada SE podría registrar sus filiales en un solo Estado miembro y la totalidad del grupo quedaría sujeta así a un solo Derecho de sociedades, al tiempo que la sede central de cada una de las filiales podría estar localizada en otros Estados miembros en los que éstas desempeñarían realmente sus actividades.

[16] Véase el artículo 69, letra d), del Reglamento SE.

[17] Convenio, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

[18] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/files/abst09_ceps_extension_en.pdf.

[19] Esta medición se basó en ocho de las directivas más gravosas vigentes en dicho ámbito. Véase http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/files/abst09_companylaw_en.pdf.

[20] El Grupo de Alto Nivel se creó con el fin de que asesorara a la Comisión Europea sobre el Programa de Acción para reducir las cargas administrativas en la UE. Véase la Decisión de la Comisión de 31.8.2007, C(2007) 4063, artículo 2.

[21] Dictamen del Grupo de Alto Nivel de 20 de mayo de 2010, punto 30.