INFORME DE LA COMISION - Primera parte - XXXIII Informe sobre la política de competencia - 2003

Introducción

1. El informe de este año no sólo refleja los importantes cambios de los métodos internos de organización y trabajo de la Comisión en el ámbito de la política de competencia de la UE, sino que también demuestra la forma en que la Comisión garantiza la coherencia de la estructura de la gobernanza económica europea mediante un equilibrio entre la continuidad y la necesidad de nuevos enfoques.

2. Por una parte, la Comisión actual se acerca al fin de su mandato, al tiempo que otros 10 nuevos Estados miembros se incorporarán a la Unión ampliada. Para que éstos se incorporen sin sobresaltos, es esencial hacer hincapié en la aplicación permanente y cada vez más amplia de un grupo común de normas de competencia. Por esta razón, los preparativos para la puesta en práctica del marco procedimental modernizado de aplicación de la normativa de defensa de la competencia están totalmente en marcha. Del mismo modo, se prevé que la revisión del vigente Reglamento de concentraciones finalice cuando se adhieran los nuevos Estados miembros. Hace tiempo que se sabe que es necesario intensificar las reformas en el campo del control de las ayudas estatales, y ha llegado el momento de poner en práctica esta idea. La decisiva intervención de la Comisión durante este año (2003) a favor de la aplicación por igual de las normas sobre ayudas estatales a todos los Estados miembros, pequeños y grandes, pone de relieve la importancia de ocuparse por igual de las intervenciones estatales que falsean la competencia y de la aplicación de las normas referentes a las empresas.

3. Por otra parte, la evolución registrada en los sectores industriales requiere mucha atención y dedicación, tanto por parte de la industria como de la Comisión. Se puede lograr, aunque sea difícil, que la liberalización de las comunicaciones electrónicas, de la energía o del transporte en Europa sea una realidad sin poner en peligro la prestación efectiva de servicios para todos los consumidores. Por ejemplo, para compaginar el desarrollo económico sólido del sector de los medios de comunicación con otros objetivos de interés público, tales como asegurar el pluralismo y la fiabilidad de la información es necesario ser cauteloso al aplicar los instrumentos apropiados.

4. La política de competencia de la UE desempeña un papel importante de cara a alcanzar los objetivos de competitividad de la agenda de Lisboa. Esta política no sólo abarca las normas de defensa de la competencia y sobre concentraciones, que son fundamentales para el buen funcionamiento de toda economía de mercado, sino también la aplicación de una disciplina eficiente y firme en materia de ayudas estatales. Teniendo en cuenta la situación económica mundial en general y los esfuerzos realizados en Europa para fomentar el crecimiento, es fundamental utilizar lo mejor posible la interacción entre los diversos instrumentos políticos de que dispone la Comisión y que el incremento de la competitividad de la UE continúe siendo una de las prioridades de la Comisión.

Estadísticas de la actividad de la Comisión en aplicación de las normas de defenca de la competencia y control de las concentraciones durante 2003

5. En 2003, el número total de nuevos asuntos fue de 815, de los cuales 262 correspondieron a normativa de defensa de la competencia (artículos 81,82 y 86 del Tratado CE), 212 a concentraciones y 377 a ayudas estatales (excluidas las denuncias). El número de nuevos asuntos descendió considerablemente en todos los ámbitos, aproximadamente un quinto por lo que se refiere a de defensa de la competencia y concentraciones y aproximadamente un séptimo en cuanto a ayudas estatales.

6. En el campo de la lucha de defensa de la competencia, el número de nuevas notificaciones descendió aún más (aproximadamente un cuarto) en consonancia con la supresión final del sistema de notificación que surtirá efectos a partir de mayo de 2004. En este mismo orden de cosas, los asuntos nuevos por propia iniciativa (97) suben ligeramente. Las cifras correspondientes a los asuntos suscitados por denuncias (94) son similares, aunque se hallan claramente por debajo de las del año pasado (aproximadamente un cuarto). Por lo que respecta a las concentraciones, la actividad descendió aún más y volvió a alcanzar el nivel, ya de por sí elevado, registrado a finales de la década de los 90. Por lo que se refiere al control de las ayudas estatales, el número de notificaciones y de nuevos casos de ayudas no notificadas descendió, mientras que los nuevos casos de ayudas existentes casi se cuadruplicó (tras el brusco descenso registrado en 2002). Los Estados Miembros comunicaron 203 asuntos de conformidad con el reglamento de exención por categorías.

7. El número total de asuntos cerrados en 2003 fue de 831, de los cuales 319 correspondían a prácticas restrictivas de la competencia, 230 a concentraciones y 272 a ayudas estatales (excluidas las denuncias) [1]. En el ámbito de defensa de la competencia, 24 asuntos se cerraron mediante decisión formal y se redujo la carga de asuntos pendientes. En el ámbito del control de concentraciones, en 2003 se adoptaron 231 decisiones formales, mientras que el número de asuntos que fueron objeto de una investigación pormenorizada (9) se mantuvo estable. Por lo que se refiere a las ayudas estatales, el número de decisiones finales negativas (20) fue casi la mitad y las decisiones positivas (18) descendieron más de un tercio en comparación con 2002. El número de procedimientos formales incoados (55) también fue inferior al del año anterior.

[1] Número de asuntos de ayuda estatal cerrados mediante decisiones finales del siguiente tipo: sin objeciones, decisión positiva, decisión negativa, decisión con condiciones.

Recuadro 1: La política de competencia y los consumidores

Durante 2003 se avanzó considerablemente de cara a mejorar la integración de las políticas de competencia y de protección de los consumidores de la Comisión. Estos avances constituyen una buena base para seguir progresando durante 2004.

Con ocasión del segundo Día Europeo de la Competencia de 2003, celebrado el 9 de diciembre en Roma, el Comisario Monti anunció el nombramiento del Sr. Juan Antonio Rivière Martí [2] para el puesto recientemente creado de funcionario de enlace con los consumidores en la Dirección General de Competencia de la Comisión (DG de Competencia o DG COMP). Este puesto se creó para garantizar un diálogo permanente con los consumidores europeos, cuyo bienestar es la primera preocupación de una política de competencia, pero cuya voz no se oye suficientemente al tramitar asuntos concretos o debatir aspectos políticos. También se pretende intensificar los contactos entre la DG de Competencia y otras Direcciones Generales de la Comisión, especialmente con la de Sanidad y Protección de los Consumidores (DG SANCO).

[2] El Sr. Rivière Martí ha trabajado en la DG de Competencia desde 1989. En su anterior puesto era Consejero de la Dirección de Desarrollo y Coordinación de Políticas.

Más concretamente, las tareas del funcionario de enlace con los consumidores incluyen:

actuar como punto fundamental de contacto para las organizaciones de consumidores y para los consumidores individuales;

establecer contactos más regulares y amplios con dichas organizaciones y, especialmente, con el Grupo consultivo europeo de los consumidores «GCEC» [3];

[3] El GCEC consta de 18 miembros: un representante de las organizaciones de consumidores de cada Estado Miembro y uno de cada una de las tres organizaciones europeas de consumidores, AEC, ANEC y BEUC. Los observadores representantes de las organizaciones de consumidores de los países adherentes ya participan en los trabajos del GCEC.

poner en conocimiento de los grupos de consumidores aquellos asuntos de competencia en los que su aportación pueda ser de utilidad, y aconsejarles sobre la manera en que pueden proporcionar su aportación y expresar sus opiniones;

mantener contactos con las autoridades nacionales de competencia (ANC) sobre aspectos relacionados con la protección de los consumidores.

Al igual que ocurre con el Economista jefe existente en la DG de Competencia, el cometido del funcionario de enlace con los consumidores no se limita al área de control de las operaciones de concentración sino que también abarca el ámbito relativo a las prácticas restrictivas de la competencia - carteles y abusos de posición dominante - así como otros asuntos y aspectos de la política de competencia [4].

[4] La intención de crear este puesto se anunció por vez primera en diciembre de 2002, fecha en que se adoptó un paquete de reformas referentes al control de las concentraciones en la UE.

Las organizaciones de consumidores, así como los consumidores individuales, pueden contactar directamente con el funcionario de enlace con los consumidores cuando se trate de cuestiones de competencia por correo electrónico

COMP-CONSUMER-OFFICER@cec.eu.int

Además, por vez primera, la Comisión presidió una reunión conjunta de altos funcionarios en materia de competencia y consumo de los 15 Estados Miembros, de los países adherentes y de los Estados de la AELC celebrada el 19 de noviembre en Bruselas. Los participantes manifestaron su apoyo a una mejor integración de las políticas de competencia y de protección del consumidor. Concretamente, señalaron la necesidad de desarrollar una metodología común para la recogida y análisis de datos tales como denuncias de los consumidores, con objeto de identificar los perjuicios sufridos por los consumidores y otros casos en detrimento del bienestar del consumidor en mercados concretos. También se mostraron de acuerdo en que no bastaba, en sí mismo, con mantener la competencia en el mercado y que el resultado de la competencia también era importante en términos de menores precios y/o mejores posibilidades de elección para los consumidores.

Junto con estos importantes acontecimientos para los consumidores, la Comisión se ha ocupado de varios asuntos que afectaban a los consumidores o tenían para ellos un especial interés. Muchas de las decisiones descritas en el presente Informe - ya sean decisiones individuales (por ejemplo, en los sectores de la telefonía móvil, la radiodifusión o las líneas aéreas) o iniciativas sectoriales (por ejemplo, en los sectores del transporte, las profesiones liberales, los vehículos de motor y los medios de comunicación) - afectan directamente a la vida cotidiana de los consumidores.

La reforma del control de las concentraciones y la modernización de la normativa de defensa de la competencia, descritas en el presente Informe, son dos importantes iniciativas destinadas a incrementar la efectividad de la política de competencia de la Comunidad y a acentuar su importancia en el mercado, garantizando al mismo tiempo la adecuada toma en consideración de la perspectiva de la protección de los consumidores. Otro posible acontecimiento importante es la identificación por la Comisión de las posibles ayudas estatales ilegales en los países adherentes.

Junto con los procedimientos formales, existen formas de resolver el posible impacto negativo causado por el comportamiento de los operadores del mercado y la Comisión recurre a ellas. El caso descrito a continuación constituye un ejemplo de este tipo de actividad en beneficio de los consumidores.

Acuerdo relacionado con los Juegos Olímpicos de Atenas [5]

[5] Asunto COMP/D 3/38.468.

El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Atenas, ATHOC, solicitó a la Comisión que le confirmara que sus acuerdos de venta de entradas para los juegos de 2004 respetaban las reglas de competencia de la Unión Europea.

Los acuerdos prevén diversos canales de venta para los residentes en el Espacio Económico Europeo (EEE), que por primera vez podrán comprar entradas directamente al comité organizador a través de internet y también de cualquier Comité olímpico nacional o de su agente o agentes designados. Estas medidas garantizan que todos los residentes en el EEE puedan comprar billetes en igualdad de condiciones y sin discriminación basada en la nacionalidad. Además, los interesados pueden adquirir sus entradas por separado en las agencias de viaje o alojamiento cuyos servicios utilicen.

Tras las conversaciones entre ATHOC y la Comisión con objeto de salvaguardar los intereses de los consumidores y garantizar el cumplimiento de las normas de competencia, ATHOC modificó los acuerdos de venta de entradas por lo que se refiere a ciertas modalidades de las ventas por Internet así como de las ventas por los Comités olímpicos nacionales en el EEE, permitiéndoles vender entradas por debajo de su valor nominal, en vez de imponer un precio mínimo. A raíz de estas modificaciones, la Comisión llegó a la conclusión de que, con arreglo a la información que obraba en su poder, los acuerdos de venta de entradas no infringían el derecho de competencia de la UE.

I -Competencia- artículos 81 y 82; monopolios estatales y derechos monopolísticos - artículos 31 y 86

A - Modernización de las normas legislativas e interpretativas

1. Nuevas normas de competencia de la Comisión

Revisión del Reglamento de exención por categorías de transferencia de tecnologías.

8. En octubre, la Comisión publicó unos proyectos de reglas y directrices relativas a los acuerdos de transferencia de tecnología [6]. La concesión de licencias de tecnología sobre patentes, conocimientos técnicos y derechos de autor de programas informáticos está adquiriendo una importancia cada vez mayor y es vital para la difusión de innovaciones a gran escala. El objetivo de las nuevas normas propuestas es aclarar la aplicación de las reglas de competencia en este ámbito y asegurar su vigencia en la economía cambiante de nuestros días.

[6] DO C 235 de 1.10.2003.

9. Se propone que las nuevas normas se ajusten a la nueva generación de reglamentos de exención por categorías y directrices aplicables a los acuerdos de distribución y acuerdos de cooperación horizontal, teniendo al mismo tiempo en cuenta las peculiaridades de los acuerdos de licencia. Así lo pidieron muchos de los que hicieron observaciones al informe de evaluación de diciembre de 2001. Las ventajas consiguientes serán:

- El reglamento de exención por categorías solamente tendrá una lista negra: en lo sucesivo, se entiende que lo que no esté explícitamente excluido de la exención por categorías ésta exento. Al suprimir del reglamento actual las listas blancas y grises se evita el efecto de rigidez. De este modo se incrementan las posibilidades de que las empresas conciban las formas de acuerdos de licencia que sean más viables comercialmente al tiempo que se garantiza la competencia efectiva y se ofrece la adecuada seguridad jurídica a las empresas

- El alcance de las nuevas normas se amplía a todos los tipos de acuerdos de transferencia de tecnologías para la producción de bienes o servicios. Se propone que el nuevo reglamento abarque no sólo las licencias de patente y de conocimientos técnicos sino también las de derechos de autor de programasinformáticos, conforme a lo solicitado por muchos de los que presentaron observaciones al informe de evaluación. En aquellos casos en que la Comisión no está facultada para adoptar un reglamento de exención por categorías, como ocurre con los consorcios de patentes y con las licencias sobre derechos de autor en general, las directrices servirán de orientación clara en cuanto a la futura política de aplicación de la normativa.

- Las nuevas normas diferenciarán claramente las licencias concedidas entre competidores de las concedidas entre no competidores. Por razones obvias la política de competencia debe establecer esta distinción ya que la correspondiente lista de restricciones especialmente graves debería ser diferente. Es más probable que se planteen problemas de competencia tratándose de licencias entre competidores que entre no competidores.

10. Cuando se publicaron los proyectos de reglamento y de directrices, la Comisión invitó a todas las partes interesadas a presentar observaciones sobre el nuevo proyecto de reglas antes de finales de noviembre. Se recibieron 79 comentarios. Cuando haya analizado estos comentarios la Comisión revisará los proyectos y adoptará las nuevas normas. El objetivo es que las normas revisadas estén promulgadas antes de que la modernización del nuevo régimen de defensa de la competencia entre en vigor en mayo de 2004.

2. modernización de las normas de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE

11. Para culminar la modernización de la aplicación de normas de defensa de la competencia de la UE, la Comisión tiene que adoptar una serie de actos, que se suelen denominar el paquete de modernización. Estos actos tienen fundamentalmente por objeto facilitar la puesta en práctica de los poderes de aplicación de los poderes atribuidos a las Autoridades de competencia y desarrollar los mecanismos de cooperación con las Autoridades Nacionales de Competencia (ANC) y los Tribunales nacionales establecidos en el Reglamento 1/2003.

12. En septiembre, la Comisión adoptó los proyectos de los textos para proceder a la consulta pública sobre todos los elementos del paquete de modernización [7]. Esta consulta pública suscitó alrededor de 50 comentarios. Cuando haya analizado estos comentarios, la Comisión revisará los proyectos y a principios del próximo año adoptará los nuevos textos antes del 1 de mayo de 2004, fecha de aplicación del Reglamento 1/2003.

[7] Los proyectos se publicaron para consulta pública en el DO C 243, de 10.10.2003, p.3.

13. El paquete consta de un Reglamento de la Comisión por el que se aplica el Reglamento 1/2003 del Consejo y seis comunicaciones. El Reglamento de aplicación de la Comisión se refiere principalmente a las modalidades de la audiencia de las partes afectadas, de los denunciantes y de terceros, así como otros varios aspectos de procedimiento, tales como el acceso al expediente y el tratamiento de la información confidencial. Los seis proyectos de comunicación pueden subdividirse en tres categorías:

(1) la primera serie de comunicaciones esboza el estado actual de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de la práctica de la Comisión relativas a dos conceptos fundamentales para la aplicación del artículo 81 del Tratado CE, a saber el concepto de efecto sobre el comercio entre Estados miembros y los principios en los que se basa el apartado 3 del artículo 81. Estas comunicaciones establecen la metodología para la aplicación de esas disposiciones del Tratado y resumen la jurisprudencia existente, lo que servirá de ayuda a las autoridades nacionales de competencia y a los tribunales nacionales a la hora de aplicar las disposiciones;

(2) la segunda serie de comunicaciones se dedica a los mecanismos de cooperación entre los diversos órganos de aplicación de las normas de competencia de la UE - la Comisión, las autoridades nacionales de competencia y los tribunales nacionales - y pretende principalmente desarrollar los mecanismos de cooperación previstos en el Reglamento 1/2003 para garantizar en toda la Unión Europea una aplicación eficiente y coherente de los artículos 81 y 82 del Tratado CE. Las comunicaciones abordan en especial el problema del reparto de asuntos y las consiguientes actividades de coordinación y cooperación entre las autoridades de competencia en la Red europea de la competencia (REC) y la posibilidad de que la Comisión presente observaciones escritas y verbales a los tribunales nacionales;

(3) la última serie de proyectos de comunicación se refiere a la relación entre la Comisión y algunos de los principales interesados en el ámbito de la política de competencia: los consumidores y la comunidad empresarial. A este respeto, la Comisión prevé adoptar una Comunicación sobre la tramitación de denuncias y otra sobre las cartas de orientación, que la Comisión puede publicar para ayudar a que las empresas evalúen cuestiones nuevas o sin resolver.

3. Revisión de normas procedimentales

3.1 Nombramiento de un Economista jefe

14. La Comisión nombró al profesor Lars-Hendrik Röller Economista jefe por un período de tres años a partir del 1 de septiembre. Este puesto contará con un personal de aproximadamente 10 economistas especializados.

15. El Sr. Röller es Catedrático de Economía en la Universidad Humboldt de Berlín. Es asimismo Director del Instituto para la Competitividad y el Cambio Industrial del Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Desde 1996 es Director de programas del Grupo sobre Organización Industrial, perteneciente al Centro de Investigación sobre Política Económica (CEPR), con sede en Londres. Tras obtener el grado de Bachelor of Science por la Universidad A&M de Texas, prosiguió sus estudios en la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo un máster en Computación e Informática, un máster en Economía y un doctorado en Economía. Ha desempeñado cargos en diversas instituciones académicas; entre otras, el Instituto Europeo de Gestión Empresarial (INSEAD), con sede en Francia, la Universidad de Stanford, la Universidad de Nueva York y la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha asesorado a varios organismos públicos, así como a empresas privadas, en asuntos de política de la competencia. Ha publicado numerosos artículos sobre cuestiones de competencia y es miembro del consejo de redacción de varias publicaciones, incluido el International Journal of Industrial Economics (del cual es editor desde 1999).

16. «Estoy convencido de que el excepcional historial académico del Profesor Röller y su experiencia en este campo serán para la Comisión de inestimable ayuda a la hora de elaborar sus decisiones en asuntos complejos relativos a concentraciones, pero también en sus investigaciones sobre restricciones de la competencia y ayudas estatales» afirmó el Comisario de Competencia, Mario Monti.

17. El Economista jefe tiene tres tareas principales:

- asesoramiento sobre economía y econometría para la aplicación de las normas de competencia de la UE. Esto puede incluir la contribución al desarrollo de instrumentos de política general;

- asesoramiento general en las fases iniciales de asuntos concretos de competencia y

- asesoramiento detallado en los asuntos de competencia más importantes que susciten cuestiones económicas complejas y, en particular, que requieran análisis cuantitativos avanzados.

18. El economista principal también será responsable de mantener contactos con el mundo académico y organizará y presidirá las reuniones del Grupo consultivo académico para política de competencia, un grupo de destacados académicos que trabajan en los ámbitos de la organización industrial y de la ayuda estatal.

3.2 Actividades del consejero auditor

3.2.1 Segundo año del nuevo mandato

19. En 2001, la Comisión adoptó una nueva decisión para reforzar en mayor medida el cometido del consejero auditor en los procedimientos de competencia con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE y al Reglamento de concentraciones [8]. En el preámbulo de la Decisión de la Comisión 462/2001/CE, CECA, de 23 de mayo de 2001, relativa al mandato de los consejeros auditores en determinados procedimientos de competencia [9], la Comisión reconoce que, para garantizar el derecho a ser oído, el desarrollo de los procedimientos administrativos debe encomendarse, por tanto, a una persona independiente con experiencia en asuntos de competencia que tenga la integridad necesaria para contribuir a la objetividad, transparencia y eficacia de estos procedimientos [10]. El año 2003 fue el segundo año en que los consejeros auditores [11] pudieron disfrutar de la mayor responsabilidad e independencia que el nuevo mandato les atribuye. En esta su primera contribución al informe anual, los consejeros auditores desean aprovechar la oportunidad para resumir brevemente sus funciones.

[8] Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo de 21.12.1989 sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas.

[9] DO L 162 de 19.6.2001, p. 21; denominado en lo sucesivo «el mandato».

[10] Mandato del consejero auditor, preámbulo, considerandos 1 a 3.

[11] Actualmente, los dos consejeros auditores designados son Serge Durande y Karen Williams.

3.2.2 Transparencia para garantizar la independencia

20. Para garantizar la independencia del consejero auditor, su nombramiento así como cualquier decisión motivada por la que se ponga fin a su mandato o se le traslade se deben publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea [12]. Además, el consejero auditor está adscrito directamente al miembro de la Comisión responsable de asuntos de competencia [13] y no recibe instrucción alguna de la DG de Competencia.

[12] Apartado 1 del artículo 2 del mandato.

[13] Apartado 2 del artículo 2 del mandato.

3.2.3 El consejero auditor, garantía de un proceso justo

21. Aunque la tarea principal del consejero auditor sea garantizar el respeto del derecho a ser oído, puede intervenir siempre que se planteen aspectos relacionados con el derecho a un proceso justo. A este efecto, pueden ser llamados a presentar observaciones en cualquier momento para garantizar que todos los aspectos pertinentes del asunto en cuestión se examinan a fondo y objetivamente [14].

[14] Según el apartado 3 del artículo 3 del mandato, el consejero auditor podrá presentar observaciones sobre cualquier asunto que se derive de los procedimientos de competencia de la Comisión al miembro de la Comisión competente. Por este medio se intenta garantizar que, al preparar los proyectos de Decisión de la Comisión, se tienen debidamente en cuenta todos los hechos pertinentes, favorables o desfavorables a las partes interesadas, incluidos los elementos de hecho relacionados con la gravedad de cualquier infracción (artículo 5 del mandato). Para ello es necesario, conforme al apartado 2 del artículo 3 del mandato, que el director responsable de la instrucción del asunto mantenga al consejero auditor al corriente del desarrollo del procedimiento.

22. Además de ocuparse de asuntos individuales, la DG de Competencia consulta a los consejeros auditores [15] en cuestiones relativas a derechos de la defensa y participan frecuentemente en discusiones sobre muchos aspectos relacionados con el carácter justo del procedimiento.

[15] A este respecto, la denominación española «consejero auditor» es más apropiada para describir plenamente el contenido real de la función que el término inglés «Hearing Officer».

3.2.4 Desarrollo de la audiencia oral

23. En los procedimientos individuales de competencia, la función tradicional del consejero auditor es organizar y presidir objetivamente las audiencias orales [16]. La audiencia oral es un foro que ofrece a las empresas interesadas la oportunidad de presentar sus argumentos ante una audiencia más amplia que el equipo de funcionarios responsables de la investigación. De hecho, en varios asuntos la dirección seguida en el pliego de cargos se modificó tras la audiencia oral. El valor que se concede a las audiencias orales también se refleja en que durante 2003 la gran mayoría de las empresas se acogió a su derecho a exponer sus argumentos en una audiencia oral [17]. El consejero auditor decide si las partes que no son destinatarias del pliego de cargos pueden presentar un interés suficiente que les permita ser admitidas como tercero interesado [18]. Por otra parte, los documentos nuevos sólo pueden admitirse con el consentimiento del consejero auditor [19]. Después de la audiencia, el consejero auditor presenta al miembro de la Comisión responsable un informe sobre la audiencia y las conclusiones que haya extraído de ésta desde la óptica del respeto del derecho a ser oído [20]. Si bien estas observaciones incluidas en el llamado «informe provisional» se refieren principalmente a aspectos de procedimiento [21], también pueden referirse a la necesidad de facilitar información adicional o a la recomendación de retirar o replantear determinados cargos [22].

[16] Según el apartado 2 del artículo 12 del mandato, el consejero auditor será plenamente responsable del desarrollo de la audiencia. Para preparar la audiencia, el consejero auditor suele pedir al equipo encargado del asunto que le proporcione un cuadro completo que detalle claramente todos los argumentos de las partes en respuesta al pliego de cargos de la Comisión y las respuestas a dichos argumentos.

[17] Aproximadamente sólo 1/5 de los destinatarios de un pliego de cargos renunció este derecho a una audiencia oral.

[18] Artículo 6 del mandato.

[19] Apartado 3 del artículo 12 del mandato. Es importante observar, sin embargo, que la audiencia no sustituye al pliego de cargos. Si la Comisión presenta nuevas alegaciones de infracciones o nuevos hechos esenciales, diferentes de los contenidos en el pliego de cargos, tiene que publicar un pliego de cargos suplementario y celebrar una nueva audiencia.

[20] Apartado 1 del artículo 13 del mandato. Se da una copia del informe al Director responsable y al Director general de Competencia.

[21] Por ejemplo, acceso al expediente, plazos para contestar al pliego de cargos y desarrollo correcto de la audiencia oral.

[22] A este respecto, hay que distinguir el informe provisional del informe final del consejero auditor según se contempla en el artículo 15 del mandato, que se refiere exclusivamente al respeto del derecho a ser oído y al aspecto, relacionado con el citado derecho, de si el proyecto de decisión recoge únicamente los cargos respecto de los cuales se haya brindado a las partes la oportunidad de exponer su punto de vista. El informe final se elabora sobre la base del proyecto de decisión que se presenta al comité consultivo. En contraste con el informe provisional también se comunica, junto con la decisión, al destinatario de ésta y se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea.

3.2.5 Prórroga de los plazos y solicitudes de confidencialidad

24. El consejero auditor resuelve las solicitudes de prórroga de los plazos para velar por que las partes dispongan de suficiente tiempo para expresar adecuadamente sus opiniones tanto sobre aspectos sustantivos como de procedimiento de su caso [23]. Asimismo, decide sobre el acceso al expediente, sopesando la protección de la confidencialidad en comparación con el derecho de la empresa a tener acceso a toda información obtenida en el transcurso del procedimiento [24]. Por la misma razón, el consejero auditor decide sobre la divulgación de la información cuya confidencialidad se alegue con vistas a la publicación de la decisión de la Comisión en el Diario Oficial de las Unión Europea. Cuando se pretenda revelar información que contenga presuntos secretos comerciales, se debe dar a la empresa interesada la oportunidad de impugnar la decisión del consejero auditor ante el Tribunal de Primera Instancia [25]. Cabe destacar que estas decisiones formales referentes a la revelación de secretos comerciales adoptadas por el consejero auditor en nombre de la Comisión, sólo han sido impugnadas ante el Tribunal en escasísimas ocasiones [26].

[23] Artículo 10 del mandato.

[24] En su decisión final, la Comisión solamente puede basarse en la información comunicada a la empresa. Por lo tanto, el consejero auditor también debe tener en cuenta que la aplicación del derecho de competencia puede verse perjudicada indebidamente por las solicitudes de confidencialidad presentadas por terceros.

[25] El procedimiento se establece en el artículo 9 del mandato. Es equivalente al descrito por el Tribunal de Justicia en el asunto AKZO II (asunto 53/85, AKZO/Comisión Rec. [ 1986 ] 1965).

[26] En este contexto el Tribunal de Primera Instancia está abordando actualmente un aspecto interesante. En el asunto Bank Austria Creditanstalt (T-198/03 R), un reciente auto del Tribunal (de 07.11.2003) ha señalado una ambigüedad en el apartado 3 del artículo 9 del mandato cuestionándose si el consejero auditor tiene que decidir también sobre si ciertas partes de una decisión de la Comisión deben o no publicarse en virtud del artículo 21 del Reglamento 17, ya que no forman parte del «contenido esencial» de la decisión.

B - Aplicación de los artículos 81, 82 y 86

1. Artículo 81

1.1. Resumen de las actividades de lucha contra los carteles

25. Durante 2003, la Comisión mantuvo la tendencia de la actividad de lucha contra los carteles registrada durante los dos años anteriores al adoptar otras cinco decisiones contra acuerdos horizontales ilegales, que afectaron a 27 empresas o asociaciones. Estos casos fueron: carnes de vacuno francesas, sorbatos, productos eléctricos y mecánicos de carbono y grafito, peróxidos orgánicos y tubos de cobre industriales.

26. La suma de las multas impuestas en estas decisiones ascendió a 404 millones de euros, con lo que el importe total de las multas impuestas contra carteles especialmente graves desde 2001 supera los 3.200 millones de euros. Durante estos últimos tres años, la Comisión ha podido publicar una media de más de ocho decisiones al año. Esto constituye un nivel de actividad considerablemente mayor que el registrado durante los 30 años anteriores a 2001, período durante el cual el número medio de decisiones fue 1,5 al año. Dado el número de investigaciones de carteles en curso, muy superior a 30 en total, parece que se mantendrá la tendencia de los últimos tres años.

27. El importe de las multas impuestas en 2003, superior a 400 millones de euros, guardaba relación con la dimensión de los mercados en los que actuaban los carteles y con la dimensión de las empresas infractoras. Con arreglo a la práctica permanente de la Comisión, el nivel de las multas fijadas en cada caso era el apropiado para asegurar un efecto de disuasión.

28. Como consecuencia de la entrada de nuevos asuntos que tuvo lugar en la segunda mitad de 2002 y a principios de 2003, la DG de Competencia tuvo que desplazar recursos de varias investigaciones en curso a estos nuevos asuntos, para los que había solicitudes de inmunidad que evaluar e inspecciones que organizar. Durante 2003, la Comisión llevó a cabo inspecciones de cartel en casos que abarcaban no menos de 21 productos o servicios. (Debe tenerse en cuenta que cada caso/ inspección supone por lo general visitas a varias empresas diferentes.) La realización de inspecciones es importante, no sólo como medio para descubrir conductas ilegales sino también en sí misma, ya que generalmente las empresas ponen fin inmediatamente a su comportamiento ilegal tras la intervención de la Comisión.

29. La Comunicación revisada sobre clemencia adoptada en 2002 [27] continuó siendo una fuente importante de nuevos asuntos. Cabe recordar brevemente los elementos fundamentales de dicha Comunicación de 2002 [28]: primero, se ofrece una total inmunidad frente a las multas a la primera empresa que se presenta; segundo, para poder obtener la inmunidad las pruebas suministradas deben bastar por lo menos para que la Comisión ordene una inspección; tercero, la Comisión permite las solicitudes de inmunidad basadas en hipótesis, en cuyo caso las pruebas reales sólo deberán presentarse en una etapa posterior; cuarto, al conceder la inmunidad condicional en cuestión de semanas, se da a los solicitantes una seguridad jurídica inicial; quinto, incluso después de que la Comisión haya emprendido una inspección, todavía se puede obtener la inmunidad bajo ciertas circunstancias y siempre que dicha inmunidad no se haya concedido ya a otra empresa; sexto, si ya se ha concedido la inmunidad, o la Comisión ya tiene bastantes pruebas para determinar una infracción, a las empresas que proporcionan un valor añadido significativo con respecto a los elementos de prueba de que ya disponía la Comisión, se podrá aplicar una reducción del 50% del importe de las multas; séptimo y último, con objeto de aportar mayor seguridad, la Comisión informará a la empresa sobre la horquilla de la reducción que pretende aplicar, a más tardar simultáneamente a la publicación del pliego de cargos.

[27] Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cartel, DO nº C 45 de 19.2.2002, páginas 3 a 5.

[28] Para más detalles, véase el XXXII Informe anual sobre la política de competencia (2002).

30. Desde la entrada en vigor de la nueva Comunicación sobre clemencia en febrero de 2002, la Comisión ha recibido 34 solicitudes de inmunidad relativas al menos a 30 presuntas infracciones diferentes. En 27 casos se concedió una inmunidad condicional. Casi todos estos casos fueron investigados por la Comisión, la mayoría a través de inspecciones. En la mayoría de estos casos se están elaborando actualmente los pliegos de cargos. Estas cifras, alcanzadas en menos de dos años de vigencia, indican que la nueva Comunicación de 2002 da muestras de ser muy efectiva. A título comparativo, hasta ahora solamente se ha concedido la inmunidad completa con arreglo a la Comunicación sobre clemencia de 1996 en 11 casos [29].

[29] En los asuntos resueltos en 2003 así como en varias investigaciones en curso, se aplica la Comunicación de 1996, puesto que las empresas solicitaron acogerse a la política de clemencia antes de la entrada en vigor de la Comunicación de 2002.

31. La información que permite comenzar asuntos nuevos no se limita a las solicitudes de inmunidad. Las investigaciones de acuerdos posiblemente ilegales también empiezan de oficio gracias a la información obtenida mediante el seguimiento de la prensa (especializada) y de datos sobre los sectores industriales, a la información suministrada por delatores (éstos pueden ser empleados descontentos o antiguos trabajadores), o a las informaciones de denunciantes (consumidores o clientes, o a veces incluso competidores).

32. La coordinación temporal de las investigaciones, en un número de casos de dimensión internacional cada vez mayor, se ve cada vez más influenciada por las actividades de cooperación entre los organismos de lucha contra los carteles del mundo entero. El mejor ejemplo de esto es el asunto de los Termoestabilizadores y modificadores de impacto, en el que la Comisión y las autoridades de defensa de la competencia de los Estados Unidos, Canadá y Japón coordinaron estrechamente sus actividades de investigación y realizaron inspecciones casi simultáneas u otras medidas de investigación en febrero. Otro ejemplo es el asunto de los Tubos de cobre industriales, resuelto en diciembre de 2003, en el que muchas de las pruebas en las que se basó la decisión fueron producto de inspecciones coordinadas con las autoridades de defensa de la competencia de los Estados Unidos.

33. Entre las cuestiones sustantivas planteadas en las decisiones e investigaciones de carteles por parte de la Comisión cabe mencionar tres aspectos:

- Primero, la imposición por la Comisión de una multa a una entidad que no era una empresa activa en el mercado en cuestión. En el asunto de los Peróxidos orgánicos, se multó a la consultora suiza Treuhand por su papel en la organización y funcionamiento de un cartel. La multa impuesta a esta empresa fue muy pequeña debido a la relativa novedad del problema, pero la Comisión dejó claro en el comunicado de prensa que en futuros asuntos de índole similar sería más severa.

- En segundo lugar, la protección de la correspondencia entre abogado y cliente ('secreto profesional'), se planteó en ciertas inspecciones realizadas en 2003, especialmente durante las inspecciones llevadas a cabo en febrero con motivo del asunto de los Termoestabilizadores y modificadores de impacto. Se ha planteado al Tribunal de Primera Instancia una cuestión relativa a la realización de copias que según las empresas estaban amparadas por el secreto profesional [30].

[30] Asuntos acumulados T-125/03 y T-253/03 Akzo Nobel Chemicals Ltd. y Akcros Chemicals Ltd./ Comisión. El Presidente del Tribunal de Primera Instancia dictó un auto rechazando parcialmente las medidas provisionales el 30.10.2003, mientras que las acciones principales en estos asuntos están aún pendientes ante el Tribunal.

- Tercero, los esfuerzos de la Comisión para proteger la integridad de su política de clemencia a la luz de las normas de enjuiciamiento civil de EE.UU sobre exhibición documental. Según dichas normas relativas a la exhibición documental sin restricciones en asuntos en los que se pida el resarcimiento de daños civiles ante los tribunales de los Estados Unidos, la información presentada voluntariamente por las empresas a los organismos de defensa de la competencia puede comunicarse a la parte contraria. En algunas ocasiones, los tribunales de menor rango de los Estados Unidos consideraron que las declaraciones por escrito de empresas dirigidas a la Comisión como parte de una solicitud de inmunidad o de clemencia se podían revelar. Dadas las posibles consecuencias financieras de estos litigios, que pueden desembocar en una condena a indemnizar por el triple de los daños, las empresas podían mostrarse reacias a informar a la Comisión, o incluso podrían dejar de hacerlo por completo, lo que limitaría el efecto de la política de clemencia de la Comisión. Además de intervenir ante los tribunales de los Estados Unidos como amicus curiae o en cualquier otro concepto, para reservar el uso de estos documentos exclusivamente al procedimiento de la Comisión [31], ésta comenzó en 2003 a revisar sus propios procedimientos. La Comisión mantiene el diálogo con la comunidad jurídica y empresarial con objeto de mejorar aún más sus procedimientos para minimizar el riesgo de revelación de declaraciones de empresas. La Comisión sólo pretende aumentar la eficacia de su Comunicación sobre clemencia y velar por que los solicitantes de inmunidad o clemencia no se vean perjudicados por posibles demandas de resarcimiento de daños civiles en comparación con las empresas que no cooperan con ella.

[31] Para asegurarse de que su posición quedaba claramente expuesta, la Comisión intervino, presentando cartas amicus curiae, ante varios tribunales de los Estados Unidos. En primer lugar, la Comisión intervino ante el Tribunal del distrito de Columbia en lo referente al litigio pendiente en el asunto de las Vitaminas. En segundo lugar, ante el Tribunal del distrito del Norte de California en lo referente al litigio de la Metionina. En este asunto la postura de la Comisión sobre la no exhibición de las declaraciones de empresas presentadas a la Comisión en el marco de su programa de clemencia fue confirmada por el Tribunal en última instancia. En tercer lugar, ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el asunto AMD/Intel. Este último asunto, aunque no se refiere directamente al problema de la exhibición, puede tener repercusiones sobre la eficacia del programa de clemencia de la UE y por ende sobre la exhibición de las declaraciones de las empresas.

34. Desde el punto de vista de la organización administrativa, se produjo un cambio importante en la tramitación de las investigaciones de carteles a raíz de la reorganización interna de la DG de Competencia. En 1998 la Comisión creó una unidad especializada en carteles que tramitó la mayoría de los asuntos de cartel resueltos por la DG de Competencia. Tras un aumento gradual de los recursos se creó una segunda unidad de lucha contra los carteles en 2002. Mientras estas unidades especializadas en carteles estuvieron trabajando, la Comisión pudo, gracias entre otras cosas a los nuevos procedimientos de gestión, reducir considerablemente el tiempo transcurrido entre la iniciación y la conclusión de los asuntos de cartel. Desde julio de 2003, a consecuencia de la reorganización interna de la DG de Competencia de cara a la entrada en vigor del Reglamento 1/2003, todas las unidades de defensa de la competencia de la DG de competencia han dedicado y dedicarán cada vez mayores esfuerzos y más recursos a la detección y persecución de carteles dentro de su ámbito de responsabilidad.

35. Un último punto que cabe mencionar en el campo de la lucha contra los carteles es el quinto Taller internacional sobre carteles que la Comisión Europea acogió en octubre. El propósito de estos talleres es compartir experiencias en investigación, persecución y eliminación de carteles. El acontecimiento reunió a cerca de 160 funcionarios de organismos de competencia de más de 35 países. También estaban representadas varias organizaciones internacionales relacionadas con asuntos de competencia, por ejemplo la OCDE.

1.2 Asuntos relativos a carteles

Carnes de vacuno francesas [32]

[32] Asunto COMP/F3/38.279; DO L 209 de 19.8.2003

36. Mediante decisión de 2 de abril, la Comisión impuso multas por un importe total de 16,68 millones de euros a seis federaciones profesionales francesas del sector de la carne de vacuno, de las que cuatro representaban a los ganaderos (entre ellas la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la principal federación agrícola francesa) y dos a los mataderos. Estas multas sancionan la conclusión de un acuerdo escrito el 24 de octubre de 2001, que continuó verbalmente a partir de finales de noviembre o principios de diciembre de 2001. En un contexto de depresión de los precios de la carne de vacuno, debido a la crisis de las «vacas locas», el acuerdo incluía el compromiso de suspender temporalmente la importación de carnes de vacuno y fijar unos precios de compra mínimos para determinadas categorías de vacuno.

37. La Comisión llegó a la conclusión que este acuerdo incumplía las disposiciones del artículo 81 del Tratado CE y que no podía acogerse a ninguna de las excepciones del artículo 2 del Reglamento n 26/62 [33]. Habida cuenta de la situación muy particular del mercado de la carne de vacuno, la Comisión redujo sustancialmente el importe de las multas impuestas. Las distintas partes recurrieron [34] contra la decisión ante el Tribunal de Primera Instancia y solicitaron la suspensión del pago de las multas.

[33] Reglamento nº 26/62 del Consejo de 4.4.1962 sobre aplicación de determinadas normas sobre la competencia a la producción y al comercio de productos agrícolas (DO 30 de 20.4.1962).

[34] Asuntos T-217/03, T-245/03, T-252/03.

Sorbatos [35]

[35] Asunto COMP/E-1/37.370.

38. El 1 de octubre, la Comisión impuso multas a Hoechst AG. (Alemania), Daicel Chemical Industries Ltd. (Japón), Ueno Fine Chemicals Industry Ltd. (Japón), y The Nippon Synthetic Chemical Industry Co Ltd. (Japón) por un importe de, respectivamente, 99,0 millones de euros, 16,6 millones de euros, 12,3 millones de euros y 10,5 millones de euros por participar en un cartel de fijación de precios y reparto del mercado de los sorbatos junto con Chisso Corporation (Japón). Los sorbatos son conservantes químicos utilizados para retrasar o prevenir la aparición de microorganismos. Se utilizan fundamentalmente en el sector de los productos alimenticios y de las bebidas. Tras una investigación empezada en 1998, la Comisión llegó a la conclusión de que estas empresas habían participado en un cartel a nivel internacional entre 1979 y 1996. Se aplicó a Hoescht AG la circunstancia agravante de reincidencia. Por lo que se refiere a la Comunicación sobre clemencia, cabe destacar que se concedió a Chisso Corporation (Japón) la inmunidad total frente a las multas porque fue la primera en presentar pruebas decisivas sobre el funcionamiento del cartel.

Productos eléctricos y mecánicos de carbono y grafito [36]

[36] Asunto COMP/E-2/38.359.

39. El 3 de diciembre, la Comisión impuso multas por un importe total de 101,44 millones de euros a C. Conradty Nürnberg GmbH (1,06 millones de euros), Hoffmann & co. Elektrokohle AG (2,82 millones de euros), Le Carbone Lorraine S.A. (43,05 millones de euros), Schunk GmbH y Schunk Kohlenstofftechnik GmbH (conjunta y solidariamente 30,87 millones de euros) y SGL Carbon AG (23,64 millones de euros) por participar en un cartel de fijación de precios y de reparto del mercado del EEE de productos eléctricos y mecánicos de carbono y grafito. El cartel duró de octubre de 1988 a diciembre a 1999. Se concedió a Morgan Crucible Company plc la inmunidad frente a las multas por ser la primera empresa en denunciar el cartel.

Peróxidos orgánicos [37]

[37] Asunto COMP/E-2/37.857

40. El 10 de diciembre la Comisión impuso a Atofina S.A., Peroxid Chemie GmbH & Co KG, Degussa UK Holdings Ltd. y Peroxid Chemie GmbH y Co KG (Alemania) conjunta y solidariamente, Peróxidos Orgánicos S.A y AC Treuhand AG (Suiza) multas por un importe de, respectivamente, 43,47 millones de euros, 8,83 millones de euros, 16,73 millones de euros, 0,5 millones de euros y 1 millón de euros. Se concedió a Akzo (Akzo Nobel Polymer Chemicals B.V, Akzo Nobel N.V, Akzo Nobel Chemicals International B.V) la inmunidad frente a las multas por haber sido la primera en denunciar el cartel. Tras una investigación que empezó en 2000, la Comisión concluyó que estas empresas habían participado en un cartel a escala de todo el EEE referente a los peróxidos orgánicos [38] de 1971 a 1999 (algunas empresas durante períodos más cortos).

[38] Los peróxidos orgánicos son compuestos orgánicos con oxígeno doble para la producción de plástico y caucho.

41. Por lo que se refiere a la multa, cabe destacar que consideró que la empresa consultora Treuhand había infringido el derecho de la UE al participar en la organización del cartel, pero el importe de su multa es limitado al tratarse de un planteamiento relativamente novedoso. Las multas impuestas a tres destinatarios de la decisión Peroxid Chemie, Atofina y Degussa UK Holdings fueron mayores pues ya habían participado anteriormente en otros carteles.

Tubos de cobre industriales [39]

[39] Asunto COMP/E-1/38.240

42. El 16 de diciembre, la Comisión multó los principales productores de tubos de cobre europeos, KM Europa Metal AG (junto con sus filiales al cien por cien Europa Metalli SpA y Tréfimétaux SA), Wieland Werke AG y Outokumpu Oyj (junto con su filial al cien por cien Outokumpu Copper Products Oy), por una infracción de las normas de competencia de la UE. Tras una investigación empezada en 2001, la Comisión llegó a la conclusión de que las empresas en cuestión se habían puesto de acuerdo para fijar precios y repartirse los mercados de tubos de cobre industriales de 1988 a principios de 2001 en el marco de la asociación radicada en Suiza Cuproclima Quality Association para ACR Tubes (acondicionamiento de aire y refrigeración).

43. Todos los destinatarios de la decisión cooperaron con la Comisión en su investigación con arreglo a la Comunicación sobre clemencia de 1996. La Comisión concedió una reducción del 50% de la multa a Outokumpu, del 30% al grupo KME y del 20% a Wieland Werke por su cooperación. La multa más alta se impuso a las empresas del grupo KME, por un total de 39,81 millones de euros, mientras que la impuesta a Wieland Werke fue de 20,79 millones de euros. Se aplicó a Outokumpu la circunstancia atenuante de haber cooperado al margen de la Comunicación sobre clemencia de 1996, ya que fue la primera empresa que reveló que la duración total del cartel era superior a 12 años. Por otra parte, se le aplicó la circunstancia agravante de reincidir en la infracción, puesto que ya había sido destinataria de otra decisión de la Comisión por la que se condenaba un cartel en el sector de acero inoxidable en 1990. La multa final impuesta a Outokumpu fue de 18,13 millones de euros, y el importe total de las multas impuestas a las empresas en este asunto ascendió a 78,73 millones de euros.

1.3 Asuntos recurridos ante los Tribunales Europeos

Aminoácido [40]

[40] Asuntos T-220/00, T-223/00, T-224/00, T-230/00

44. En las sentencias en el asunto de los aminoácidos [41], el Tribunal de Primera Instancia (TPICE) rechazó el argumento de los denunciantes de que la Comisión debía determinar la cantidad de la multa teniendo en cuenta las multas impuestas anteriormente por otros órganos jurisdiccionales. Los denunciantes afirmaron que la Comisión había infringido el principio de que no se pueden imponer dos penas por un mismo delito, y no había tenido en cuenta el efecto de disuasión de las multas anteriores. El TPICE concluyó que, en la actualidad, no existe ningún principio de derecho internacional público que impida que las autoridades o los tribunales de Estados diferentes juzguen y condenen a la misma persona por los mismos hechos.

[41] Asunto T-224/00

45. El TPICE también sentó el principio de que la entrega de información que no pueda considerarse cooperación en el sentido de la Comunicación sobre clemencia, pero que sin embargo ayuda a la investigación de la Comisión, constituye una colaboración efectiva fuera del ámbito de aplicación de la Comunicación (en el sentido del sexto guión de la sección 3 de las Directrices). Esta información da la posibilidad de una reducción adicional de las multas en virtud de circunstancias atenuantes.

46. El TPICE falló también que cualquier aumento o reducción porcentual concedido para reflejar circunstancias agravantes o atenuantes debe aplicarse a la cantidad básica de la multa fijada con relación a la gravedad y duración de la infracción.

Transbordadores griegos [42]

[42] Asunto COMP/D-2/34.466 Decisión de la Comisión 1999/271/CE de 9.12.1998 con arreglo al artículo 81 del Tratado CE, DO L 109 de 27.4.1999, p. 24; sentencias del TPICE de 11.12.2003 en los asuntos T-56/99 Marlines/ Comisión, T-59/99 Ventouris Group/ Comisión, T-61/99 Adriatica/ Comisión, T-65/99 Strintzis/ Comisión y T-66/99 Minoan/ Comisión.

47. En 1992, a raíz de una denuncia presentada por un pasajero según la cual los precios en los distintos transbordadores que efectuaban travesías entre Grecia e Italia eran muy parecidos, la Comisión inició una investigación de las actividades de cierto número de empresas que prestaban servicios de flete y transporte de pasajeros en varias rutas entre Grecia e Italia. En 1998, la Comisión concluyó en una decisión que siete de estas empresas habían infringido las normas de competencia de la UE mediante unos acuerdos y prácticas de fijación de precios. Se impusieron a estas empresas multas por un total de aproximadamente 9 millones de euros.

48. Las sentencias del Tribunal de Primera Instancia (TPICE) de diciembre de 2003 confirmaron la sustancia de la decisión de la Comisión y el importe inicial de todas las multas, excepto el de las impuestas a dos empresas cuya cuantía se redujo.

49. El TPICE confirmó sustancialmente, en particular, que en determinadas circunstancias una inspección en los locales de un agente con personalidad jurídica diferente es legítima aun cuando la decisión de inspección sólo esté dirigida al principal. El TPICE también confirmó que las actividades de un agente con personalidad jurídica diferente pueden imputarse al principal cuando ambas empresas constituyan una única e idéntica unidad económica o empresa a efectos de la aplicación del artículo 81 CE. Por lo que se refiere a la función de las autoridades públicas, el TPICE admitió también que incluso en los sectores en los que la regulación es más numerosa y en los que las autoridades recomiendan una determinada política de precios, como ocurre en el sector de transporte marítimo, las empresas son responsables por su participación en un cartel de fijación de precios siempre que las autoridades públicas no ejerzan sobre ellas una presión irresistible que les obligue a concluir acuerdos sobre precios. Además, el TPICE confirmó el vigente método de cálculo de las multas de la Comisión así como su evaluación de las circunstancias agravantes y atenuantes. No obstante, el TPICE redujo las multas impuestas a Adriatica y a Ventouris, dos empresas de mediano tamaño, debido a que sólo operaban en las denominadas rutas meridionales (Bari, Brindisi) y debido a la pequeña importancia de su cometido en el cartel.

1.4 Otros asuntos

Alianza de las líneas aéreas BA y SN [43]

[43] COMP/D2/38.477

50. El 25 de julio de 2002, British Airways (BA) y SN Brussels Airlines (SN) notificaron a la Comisión con arreglo al Reglamento 3975/87 varios acuerdos de cooperación [44] que les permiten cooperar mediante sus redes respectivas por lo que respecta a precios, previsiones y capacidad. Las partes solicitaron una exención de conformidad con el apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE. El período de 90 días expiró el 10 de marzo de 2003 sin que la Comisión plantease dudas importantes.

[44] Reglamento (CEE) nº 3975/87 del Consejo (DO L 374, 31.12.87, p.1) por el que se establecen las normas de desarrollo de las reglas de competencia para empresas del sector del transporte aéreo, modificado en último término por el Reglamento (CEE) nº 1284/91 del Consejo de 14.5.1991 (DO L 122, 17.5.91, p. 2) y por el Reglamento (CEE) n° 2410/92 del Consejo de 23.7.1992 (DO L 240, 24. 8.92, p. 18); el Reglamento prevé que los acuerdos notificados quedan exentos automáticamente durante un período máximo de seis años, si la Comisión no se opone en el plazo de 90 días a partir de la fecha en que ésta publique un resumen del acuerdo en el Diario Oficial de la Unión Europea. En este asunto el resumen se publicó en el DO C 306 de 10.12.2002.

51. El análisis de la Comisión reveló que las redes de las partes son complementarias en gran medida y que la cooperación de dichas redes será beneficiosa para los consumidores. Concretamente, el acuerdo ofrecerá a los pasajeros de SN una red de larga distancia, mientras que los pasajeros de BA se beneficiarán de un acceso más fácil a los destinos africanos de SN.

52. Para asegurarse de que la alianza no diera lugar a una supresión de la competencia en ciertos mercados afectados, la Comisión examinó atentamente el impacto de la alianza en las rutas coincidentes, y en especial en las rutas Bruselas-Londres y Bruselas-Manchester.

53. En cuanto a la primera, la Comisión llegó a la conclusión de que la alianza no eliminará la competencia ya que BA y SN continuarán teniendo dos competidores fuertes, a saber, BMI y Eurostar. La ruta Bruselas-Manchester es aquella en la que la alianza produciría un efecto más restrictivo ya que la cuota de mercado acumulada de las partes es casi del 100%. Además, hay limitaciones de capacidad en el aeropuerto nacional de Bruselas en las horas punta, que podrían reducir la capacidad de los nuevos operadores para entrar en este mercado. Para remediar los problemas planteados por la Comisión durante su estudio inicial, las compañías aéreas se comprometieron a liberar el suficiente número de franjas horarias en el aeropuerto nacional de Bruselas para que un nuevo operador pudiese operar tres vuelos diarios a Manchester, en caso de que estas franjas no estuvieran disponibles mediante el procedimiento normal de asignación de franjas.

ARA, ARGEV, ARO [45]

[45] Asuntos COMP/D-3/35470 y COMP/D-3/35473.

54. El 16 de octubre, la Comisión adoptó una decisión positiva relativa al sistema austríaco ARA de recuperación de envases. La decisión concede una declaración negativa de conformidad con el apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE a todos los acuerdos notificados a excepción del acuerdo concluido entre el sistema ARA y sus colaboradores en la recogida y clasificación de residuos. Este acuerdo se beneficia de una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 81. Para garantizar el acceso ilimitado de los competidores del sistema ARA a la infraestructura de recogida de residuos, la exención incluye ciertas obligaciones.

55. Altstoff Recycling Austria AG (ARA) es la única empresa que organiza un sistema integrado de recuperación de envases domésticos y comerciales en Austria. ARA concede licencias para la utilización del punto verde y se hace cargo de las obligaciones de las empresas sujetas al Decreto sobre envases austriaco. Las empresas de reciclado sectorial (ERS, entre ellas ARGEV, responsable de la recogida y clasificación de envases de plástico, y ARO, responsable de los envases de papel) cooperan con ARA en la organización de la recogida y recuperación de los residuos de envases y constituyen junto con ARA el sistema ARA. La recogida, clasificación y recuperación son realizadas por empresas que ofrecen sus servicios a las ERS.

56. La decisión sobre el sistema ARA de Austria constituye la aplicación y ajuste fino de la línea política global de la Comisión en el sector de los sistemas de recogida ecológica de envases establecida en las decisiones de 2001 referentes a DSD en Alemania y a Eco-Emballages en Francia [46]. Concretamente, pretende garantizar que el sistema ARA no imponga cláusulas de exclusividad injustificadas u otros obstáculos injustificados en sus relaciones contractuales con sus socios, que pudieran impedir a los competidores la entrada en el mercado. A consecuencia de la intervención de la Comisión, el sistema ARA ofreció unos compromisos sustanciales referentes al uso del punto verde y a la duración de los acuerdos con las empresas de recogida y clasificación.

[46] DSD: Decisiones de la Comisión de 20.4.2001 (DO L 166 de 21.6.2001 p. 1) y de 17.9.2001 (DO L 319 de 4.12.2001, p. 1); Eco Emballages: decisión de la Comisión de 15.6.2001 (DO L 233 de 31.8.2001, p. 37).

57. ARA no cobra un canon por la licencia para los envases que no participan en el sistema aunque lleven el Punto Verde. Por lo tanto, la norma sobre el canon se ajusta al principio «ningún servicio, ningún canon». Además, ARA se ha comprometido a autorizar el uso del Punto Verde en todos los envases introducidos en el mercado austriaco, incluso aunque los productores y los importadores contraten (parcialmente) los servicios de un competidor de ARA. Esto es importante para las empresas que venden sus productos en los Estados miembros donde el Punto Verde es obligatorio ya que pueden introducir sus productos en el mercado austriaco sin tener que crear dos líneas de producción distintas.

58. Según los acuerdos con las empresas de recogida y clasificación, sólo hay una de estas empresas por región y por material. La relación contractual puede resolverse al cabo de tres años y el sistema ARA se ha comprometido a adjudicar nuevos contratos mediante un procedimiento abierto a la competencia, transparente y objetivo, a más tardar después de cinco años. Puede aceptarse una duración de entre tres y cinco años para estos acuerdos con una obligación de exclusividad para permitir que las empresas de reciclaje recuperen las inversiones necesarias para crear la infraestructura de recogida de residuos.

59. Sin embargo, las condiciones especiales en cuanto a la oferta en el mercado de la recogida y clasificación de residuos de envases en el ámbito doméstico hacen que la duplicación de la infraestructura de recogida existente sea imposible o no viable económicamente. Por lo tanto era necesario imponer obligaciones en la decisión de exención, en virtud de las cuales ARGEV no puede impedir que las empresas de recogida y clasificación abran su infraestructura a los competidores del sistema ARA.

Acuerdos de uso compartido de la red entre el Reino Unido y Alemania [47]

[47] Asunto COMP/C 1/38.370, O2 UK Limited / T-Mobile UK Limited - Acuerdo de uso compartido de redes en el Reino Unido; DO L 200 7.8.2003 y comunicado de prensa IP/03/589, 30.4.2003;asunto COMP/C-1/38.369, T-Mobile Deutschland/O2 Alemania - Acuerdo de uso compartido de redes en Alemania, comunicado de prensa IP/03/1026, 16.7.2003.

60. Los días 30 de abril y 16 de julio la Comisión adoptó dos decisiones de exención que establecen el alcance de la cooperación de los operadores de telefonía móvil mediante el uso compartido de la red. En febrero de 2002, T-Mobile y mmO2 notificaron dos acuerdos que preveían la cooperación de las partes compartiendo la red de cara a la construcción de sus redes de tercera generación de comunicaciones móviles ('3G') en el Reino Unido y Alemania.

61. Se consideró que el uso compartido de emplazamientos entre operadores móviles no restringía la competencia en ninguno de los casos: la cooperación sólo abarca los elementos básicos de la red y las partes conservan el control independiente de sus redes básicas. También se consideró que el uso compartido de emplazamientos era beneficioso por razones medioambientales y sanitarias.

62. Se llegó a la conclusión de que la itinerancia nacional entre operadores de telefonía móvil restringía la competencia en el nivel mayorista lo que podía producir efectos perjudiciales en los mercados minoristas posteriores. Sin embargo, la itinerancia nacional permite a los operadores ofrecer unos índices mejores de cobertura, de calidad y de transmisión para sus servicios, así como un despliegue y una prestación de servicios más rápidos. En ambas decisiones, la Comisión concedió una exención a la itinerancia nacional en zonas rurales hasta el 31 de diciembre de 2008, mientras que la itinerancia nacional se debe reducir progresivamente en las zonas urbanas siguiendo unos plazos estrictos que finalizan el 31 de diciembre de 2008.

Yamaha [48]

[48] Asunto COMP/F-1/37.975.

63. El 16 de julio, la Comisión adoptó una decisión [49] por la que se imponía una multa del 2,56 millones de euros a Yamaha Corporation Japan, Yamaha Europa GmbH, Yamaha Musica Italia SpA, Yamaha Musique France SA y Yamaha Scandinavia AB, por sus prácticas destinadas a restringir el comercio y a fijar los precios de reventa. Yamaha es el líder de mercado en la mayoría de los mercados de referencia de los instrumentos musicales en Europa.

[49] Decisión de la Comisión de 16.7.2003; comunicado de prensa IP/03/1028 de 16.7.2003

64. Las filiales europeas de Yamaha y sus distribuidores oficiales autorizados aplicaron diversos acuerdos y/o prácticas concertadas que tenían por objeto restringir la competencia en varios Estados miembros y Partes Contratantes del EEE (Alemania, Italia, Francia, Austria, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca e Islandia) en el sentido del apartado 1 del artículo 81 (1) del Tratado CE y del apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo EEE. Las medidas en cuestión, contenidas principalmente en los contratos de distribución, consistían en restricciones territoriales (compuestas esencialmente por prohibiciones de realizar suministros entre distribuidores dentro de la red de distribución selectiva) y en restricciones de la capacidad de los distribuidores para determinar sus precios de reventa.

Recuadro 2: Competencia y distribución por TV de grandes acontecimientos deportivos internacionales - determinación de las normas básicas: Decisión sobre la Liga de Campeones de la UEFA [50]

[50] Decisión de exención con condiciones/obligaciones de 23.7.2003 en el asunto COMP/C2/37.398; IP/03/1105, 24.7.2003.

Un cierto número de derechos sobre acontecimientos deportivos -especialmente de fútbol - así como los estrenos de películas taquilleras constituyen los contenidos televisivos que determinan la capacidad de los locutores para captar publicidad y abonados - que son las principales fuentes de ingresos para los operadores comerciales de televisión en abierto y de pago. La posesión en exclusiva de una mayoría de estos derechos sobre contenidos confiere a los organismos de radiodifusión una posición de mercado que dificulta en gran medida el éxito de la entrada de nuevos servicios de radiodifusión competidores.

Los problemas de competencia en los mercados de los derechos sobre contenidos deportivos se deben a menudo a los acuerdos de venta conjunta y a los contratos exclusivos sobre derechos de gran alcance y/o larga duración. Es probable que el fomento de la competencia eficiente en la adquisición de derechos televisivos sobre acontecimientos deportivos mejore la competencia en los mercados de los derechos de retransmisión por televisión de acontecimientos deportivos y ofrezca a los telespectadores unos servicios televisivos de calidad innovadores, variados y a precios razonables. Por todo ello, la Comisión pretende garantizar que los derechos televisivos se oferten periódicamente en el mercado de tal modo que los posibles interesados tengan verdaderamente la oportunidad de adjudicárselos.

Es probable que el desarrollo de los nuevos mercados de Internet y de los medios móviles coincidan con el desarrollo de los mercados de televisión de pago en el sentido de que los contenidos deportivos serán uno de los propulsores del desarrollo de estos nuevos servicios. Sin embargo, los titulares de los derechos tienen actualmente tendencia a refrenar la explotación de los nuevos derechos de difusión en los medios de comunicación porque temen que repercutan negativamente sobre el valor de los derechos de televisión. La Comisión no puede admitir los acuerdos restrictivos que den lugar a la retención de tales derechos.

La decisión de la Comisión de 23 de julio en el asunto de la Liga de Campeones de la UEFA es un ejemplo de cómo llegar a un acuerdo de venta conjunta de derechos exclusivos de difusión en los medios de comunicación, que sea beneficioso para el consumidor y evite restricciones innecesarias de la competencia consistentes en una reducción de la oferta y una limitación de los precios.

Los acuerdos de venta conjunta de la UEFA vigentes antes de la intervención de la Comisión ilustran estos puntos. La UEFA vendía de forma exclusiva todos los derechos de televisión en un paquete a un solo radiodifusor por Estado miembro por un período de cuatro años. Muchos derechos quedaban sin explotar ya que por lo general sólo se retransmitían en directo uno o dos partidos sobre un máximo de 16. No se explotaba ninguno de los nuevos derechos de difusión en los medios de comunicación y los clubes de fútbol no podían explotar individualmente ninguno de estos derechos.

Esta situación perjudicaba la competencia en el mercado de la adquisición de derechos de transmisión por televisión de acontecimientos futbolísticos periódicos (en comparación con los esporádicos)- mercado en el que la Liga de Campeones de la UEFA tiene una media en la UE de un 20% aproximadamente.

Sin embargo, la Comisión reconoce que un acuerdo de venta conjunta puede mejorar la producción y la distribución en beneficio de los clubes de fútbol, los organismos de radiodifusión y los telespectadores. Un acuerdo de venta conjunta crea un único punto de venta para la adquisición por parte de los medios de comunicación de productos con la marca de la Liga divididos en paquetes. Puede llevar a una reducción sustancial de los costes de transacción. Obviamente un acuerdo de venta conjunta no debería contener restricciones de la competencia que no sean imprescindibles para lograr estas eficiencias y beneficios para el consumidor.

La Comisión considera que esto se ha logrado gracias a los nuevos acuerdos de venta conjunta que la UEFA notificó - tras intensas negociaciones - en 2002. Estos acuerdos garantizan que todos los derechos de difusión en los medios de comunicación se vendan mediante una licitación en 14 paquetes separados con una duración de hasta tres años. Además, la UEFA renunciará a sus derechos exclusivos a vender los derechos televisivos que no se hayan vendido antes de cierta fecha tope. Tanto la UEFA como los clubes individuales explotarán de forma paralela ciertos derechos de retransmisión por televisión en directo y en diferido, derechos sobre imágenes de archivo, y nuevos derechos de difusión en los medios de comunicación. Esto proporcionará una cobertura de la competición más amplia y variada No sólo la UEFA producirá una amplia gama de productos de la Liga de Campeones sino que además los clubes de fútbol podrán a partir de ahora producir productos totalmente nuevos con la marca del club que destaquen sus respectivas actuaciones en la Liga de Campeones de la UEFA en sus sitios Internet, servicios móviles, DVD y similares.

La apertura del mercado gracias a la intervención de la Comisión constituyó un éxito. El número de organismos de radiodifusión que emitirá partidos de la Liga de Campeones se duplicará en comparación con el existente antes de la intervención de la Comisión. El nuevo sistema ha creado nueva competencia en los mercados de la difusión en medios de comunicación y en los que los organismos de radiodifusión competirán con los nuevos operadores de medios de comunicación por el suministro de ofertas a los consumidores.

La Comisión también está investigando la venta conjunta de derechos de fútbol por ciertas ligas nacionales, aplicando los principios establecidos en el caso de la Liga de Campeones de la UEFA. En este caso, las posiciones de mercado son sustancialmente más fuertes y el riesgo de cierre del mercado es correlativamente mayor. La Comisión prestará especial atención al examen de estos aspectos.

Philips/Sony [51]

[51] Asuntos COMP/C3/37.228 Ingman Disc + VDC / Philips y Sony; COMP/C3/37.561 Pollydisc / Philips y Sony; COMP/C3/37.707 Broadcrest y otro / Philips y Sony; y COMP/C3/38.787 Philips y Sony: notificación del acuerdo tipo de licencia.

65. El 25 de julio, la Comisión autorizó, mediante carta de compatibilidad, la notificación por Philips y Sony de sus acuerdos bilaterales por los que se establece su Programa internacional conjunto de licencias de discos compactos y el acuerdo tipo de licencia 2003 que Philips propone a terceros conforme a las patentes vigentes de Philips y Sony así como a las patentes basadas en invenciones conjuntas de ambas empresas en el campo de la tecnología de discos compactos.

66. La Comisión concluyó que los acuerdos por los que se establece el Programa conjunto de licencias para discos compactos entraban en el ámbito de aplicación del reglamento de exención por categorías relativo a los acuerdos de transferencia de tecnología («RECATT»'). Aunque normalmente los acuerdos entre miembros de un consorcio de patentes están excluidos del RECATT, el punto 2) del apartado 2 de su artículo 5 abarca los consorcios de patentes únicamente entre dos partes sin restricción territorial alguna en el EEE.

67. Además, se consideró que la versión de 2003 del acuerdo tipo de licencia no restringía sensiblemente la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE, especialmente debido a que en la actualidad sólo se conceden patentes esenciales con arreglo a esta versión. Además, los licenciatarios pueden elegir entre la licencia conjunta o las licencias individuales de Philips o Sony y pueden utilizarlas tanto en el marco de las especificaciones normalizadas como fuera de él. La obligación de conceder licencias sobre las mejoras se aplica solamente a las patentes esenciales para el tipo o tipos de discos compactos seleccionados por cada licenciatario.

REIMS II [52]

[52] Asunto COMP/C-1/38.170, DO L 56 de 24.2.2004, p.76.

68. El 23 de octubre, la Comisión adoptó una decisión por la que se concede una nueva exención de cinco años al acuerdo REIMS II [53]. Este acuerdo fija la remuneración, llamada «gastos terminales», que se han de abonar mutuamente las partes por la entrega del correo transfronterizo, es decir correo enviado de un país a otro. En la actualidad, diecisiete operadores postales públicos (OPP), incluidos los de todos los Estados miembros de la UE, a excepción de los Países Bajos, y los de Noruega, Islandia y Suiza, han firmado el acuerdo REIMS II.

[53] Comunicado de prensa, IP/03/1438, 23.10.2003.

69. El 18 de junio de 2001 las partes volvieron a notificar el acuerdo, que ya había sido eximido por la Comisión en 1999 hasta el 31 de diciembre de 2001, con una petición de renovación de la exención anterior. Se llegó a la conclusión de que el acuerdo restringía la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 81 a causa de los obstáculos que impone a la libertad de las partes para convenir unos gastos terminales diferentes de los fijados en el acuerdo.

70. Sin embargo, dados los beneficios que ya se habían señalado en la decisión de exención de 1999, en especial la mejoría de la calidad del servicio de entrega de correo transfronterizo, la Comisión decidió eximir de nuevo el acuerdo por cinco años, imponiendo nuevas condiciones estrictas relativas por una parte al acceso sin discriminación de los operadores postales privados a las condiciones del REIMS II aplicables a la entrega y por otra a la implantación de una alternativa barata y factible a los gastos terminales.

2. Artículos 82 y 86

2.1 Asuntos relacionados con el artículo 82

Deutsche Telekom [54]

[54] Asunto COMP/C1/37.451, 37.578, 37.579, DO L 263 de 14.10.2003, p. 9.

71. El 21 de mayo, la Comisión adoptó una decisión de conformidad con el artículo 82 relativa a la estrategia de precios de Deutsche Telecom AG (DT) aplicada al acceso local a la red fija de telefonía e impuso una multa de 12,6 millones de euros a esta empresa [55]. En su decisión, la Comisión manifestó que DT estaba comprimiendo los márgenes cobrando a los nuevos competidores por el acceso al por mayor al bucle local unas tarifas superiores o demasiado similares a las que tenían que pagar los abonados por sus líneas al por menor. Esto desalentaba a las nuevas empresas de entrar en el mercado y reducía las posibilidades de elección de los proveedores de servicios de telecomunicaciones y la competencia de precios para los consumidores finales. La acción de la Comisión se inició en 1999 a raíz de las denuncias de 15 nuevos operadores que querían introducirse en el mercado alemán de las telecomunicaciones de línea fija.

[55] Comunicado de prensa IP/03/717, 21.5.2003.

72. La Comisión consideró que existía una compresión de los márgenes abusiva, porque la diferencia entre los precios al por menor y al por mayor de DT era negativa o ligeramente positiva, pero no bastaba para cubrir el coste específico de DT correspondiente a la prestación de sus propios servicios al por menor. A causa de la insuficiente amplitud de los márgenes, desde que empezó en Alemania la desagregación del bucle local y al menos hasta la fecha de la decisión, los nuevos principiantes no tenían posibilidad alguna de competir con DT por el acceso a líneas fijas de los consumidores finales.

73. La Comisión también manifestó que DT podría haber evitado la compresión de los márgenes, especialmente un incremento de los precios al por menor de las conexiones analógicas, de RDSI y de ADSL, ateniéndose al sistema alemán de limitación de precios. Con arreglo al sistema inicial de limitación de precios, vigente de 1998 a 2001, DT podría haber evitado la compresión de los márgenes reestructurando su sistema de tarifas al por menor. Los aumentos de los costes de acceso podrían haberse compensado reduciendo los costes de llamada. A partir de 2002, DT podría haber reducido por lo menos la compresión de los márgenes aumentando sus tarifas correspondientes al acceso a ADSL. Por lo tanto, la compresión de los márgenes no fue impuesta a DT por las decisiones del regulador alemán de telecomunicaciones.

Wanadoo interactivo [56]

[56] Asunto COMP/C1/38.233.

74. El 16 de julio, la Comisión adoptó una decisión de conformidad con el artículo 82 relativa a la estrategia de la precios aplicada por Wanadoo a sus servicios ADSL [57]. La Comisión concluyó que Wanadoo, filial de France Télécom al 72%, había aplicado precios predatorios de marzo de 2001 a octubre de 2002 y por lo tanto le impuso una multa de 10,35 millones de euros.

[57] Comunicado de prensa IP/03/1025, 16.7.2003.

75. ADSL es la principal tecnología disponible en Francia para el suministro de acceso a Internet de alta velocidad para usuarios personales y micro empresas (SOHO). La tecnología ADSL permite ofrecer servicios de banda ancha a través de la línea telefónica convencional. Durante el período cubierto por la decisión, casi todas las líneas de ADSL de Francia fueron explotadas por el operador tradicional, France Télécom. Los primeros servicios de banda ancha se comercializaron en 1998, pero el mercado no empezó a despegar a una escala y a un ritmo significativos hasta finales de 1999. Dado que la comercialización en masa de los servicios ADSL de Wanadoo no comenzó hasta marzo de 2001, la Comisión consideró que la práctica abusiva había empezado en esa época.

76. La Comisión llegó a la conclusión de que, de finales de 1999 a octubre de 2002, Wanadoo comercializó sus servicios ADSL a precios inferiores a sus costes medios totales. Los precios facturados por Wanadoo fueron muy inferiores a los costes medios variables hasta agosto de 2001. En el período posterior fueron aproximadamente equivalentes a los costes medios variables, pero perceptiblemente inferiores a los costes medios totales. Wanadoo sufrió importantes pérdidas hasta finales de 2002 a consecuencia de esta práctica. Era probable que se produjese una recuperación de estas pérdidas iniciales durante cierto período de tiempo, si bien la estrategia de precios predatorios de Wanadoo podía responder a una lógica diferente. La Comisión también concluyó, a raíz de los documentos encontrados durante una inspección en los locales de Wanadoo, que ésta tenía la intención de apropiarse del mercado estratégico del acceso de Internet de alta velocidad [58].

[58] Wanadoo interpuso una acción de anulación de esta decisión ante el Tribunal de Primera Instancia: asunto T-340/03.

Recuadro 3: Abusos de precios en el sector de las telecomunicaciones

Durante la primera mitad del año, la Comisión adoptó dos decisiones formales de prohibición de conformidad con el artículo 82 del Tratado CE relativas a la aplicación de precios excluyentes y abusivos al suministro de servicios de telecomunicaciones. Se trata de las primeras decisiones de esta clase desde la total liberalización del sector de las telecomunicaciones en 1998, e incluso desde 1982, cuando se decidió que British Telecommunications, que aún era un monopolio estatal, había abusado de su posición dominante restringiendo el uso de las instalaciones de télex y telefonía [59].

[59] DO L 360 de 21.12.1982.

Ambas decisiones son particularmente significativas porque se refieren a un sector económico sujeto a una regulación a priori, en la que los Estados miembros desempeñan un papel importante a través de la práctica decisoria de las autoridades reguladoras nacionales. Las normas de tal regulación se reformaron en 2002 mediante las nuevas Directivas de la UE sobre comunicaciones electrónicas, y están a punto de pasar a unos conceptos basados en el derecho de competencia.

La Comisión continuará actuando con firmeza contra los casos de abuso de precios, incluso en aquellas ocasiones en que los precios objeto de examen están sujetos a una regulación sectorial. Las dos decisiones establecen las condiciones para la realización de la prueba pertinente. Los precios predatorios requieren una comparación directa entre los precios y los costes subyacentes y crean una obligación de aumentar los precios por encima de niveles abusivos. La prueba de la compresión de los márgenes empieza con una comparación entre precios al por mayor y al por menor. Solamente si los precios al por menor son más elevados que los precios al por mayor, se evaluarán también los costes subyacentes descendentes. Ambas pruebas sientan un importante precedente para otros casos futuros de abuso de precios en las industrias de red, no sólo para la Comisión y los reguladores nacionales, sino también para las autoridades nacionales de competencia (ANC).

IMS Health [60]

[60] Asunto COMP/D-3/38.044.

77. En el sector de servicios de información, la Comisión decidió retirar una decisión de adopción de medidas cautelares adoptada en 2001 [61]. En aquel momento, la Comisión ordenó a IMS Health, líder mundial en la recopilación de datos sobre ventas y prescripciones farmacéuticas, mediante unas medidas cautelares, que concediera licencias de su «estructura 1860» [62] para la recopilación de datos, a quienes entonces competían con ella en el mercado de los servicios regionales alemanes de datos de ventas farmacéuticas. IMS, a cambio, tenía derecho a una compensación. Esta decisión fue suspendida por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia [63]. En una sentencia de 17 de septiembre de 2002, un tribunal alemán [64] permitió a NDC Health, principal competidor de IMS en el mercado alemán, ofrecer una estructura que cubriese las necesidades de los clientes. Aunque el tribunal reconoció que la estructura 1860 de IMS Health estaba protegida por los derechos de autor nacionales, sostuvo que no se podía impedir a los terceros el desarrollo de otra estructura basada en divisiones administrativas y postales incluso si la estructura resultante tuviera un número de segmentos similar al de la estructura 1860 y se pudiera considerar que se derivaba de esa estructura. Por lo tanto podían desarrollarse otras estructuras muy similares a la estructura 1860 para la recolección de datos sobre ventas de las farmacias y utilizarse legítimamente para elaborar y comercializar informes farmacéuticos sobre dichas ventas. Al mismo tiempo, NDC mejoró su posición de mercado. Además, otro competidor, que debería haberse beneficiado de la decisión de medidas cautelares de la Comisión, se retiró del mercado alemán

[61] Asunto COMP/D-3/38.044 NDC Health/ IMS Health, decisión de 3.7.2001 (DO L 59 de 28.2.2002).

[62] La «estructura 1860» de IMS segmenta Alemania en 1.860 zonas de venta.

[63] Auto de 26.10. 2001, asunto T-184/01R y auto de 11.4. 2002, asunto C-481/01P (R), el Presidente del Tribunal de Justicia desestima el recurso de NDC contra el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia.

[64] Sentencia del Tribunal Superior de Francfort (Frankfurter Oberlandesgericht) de 17.9.2002 en el asunto 11 U 67/2000.

78. Habida cuenta de este cambio de las circunstancias materiales, la intervención de la Comisión dejó de ser urgente y la Comisión decidió retirar la decisión de 2001 por la que se adoptaban las medidas cautelares.

79. Aún estaban pendientes un procedimiento nacional y una cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia. En este último procedimiento, el Abogado General Tizzano emitió sus conclusiones el 2 de octubre [65]. Considera que la negativa a conceder una licencia de un bien protegido por un derecho de autor (en este caso la «estructura 1860») constituye un abuso de una posición dominante si no existe ninguna justificación objetiva para tal negativa y si el uso del bien inmaterial es imprescindible para la actividad en un mercado derivado de tal forma que el titular impide toda competencia en ese mercado. Sin embargo es necesario que la empresa que solicita la licencia pretenda ofrecer productos o servicios con otras características que satisfagan unas necesidades especiales de los consumidores que no pueden ser satisfechas por los productos o servicios existentes.

[65] Conclusiones del Abogado General Tizzano de 2.10.2003 en el asunto C-418/01 IMS Health GmbH & Co.KG/NDC Health GmbH &Co. KG.

GVG/FS [66]

[66] Asunto COMP/D1/C.37.685.

80. El 28 de agosto, la Comisión adoptó una decisión en virtud del artículo 82 contra Ferrovie dello Stato S.p.A (FS), la empresa nacional italiana de ferrocarril, por abuso de su posición dominante en el mercado ferroviario italiano. La Comisión consideró que FS había impedido que la empresa ferroviaria privada alemana Georg Verkehrsorganisation GmbH (GVG) prestara un servicio internacional de transporte de pasajeros por ferrocarril de Basilea a Milán.

81. Desde 1995, GVG había solicitado reiteradamente a FS la entrada en una agrupación internacional [67] y que le facilitara información sobre precios y franjas disponibles y le proporcionara tracción, es decir, una locomotora y un conductor. GVG quería transportar a Basilea pasajeros procedentes de distintas ciudades de Alemania por lo que propuso un enlace ferroviario directo («Sprinter») que operaría dos veces al día desde Basilea a Milán vía Domodossola. Este servicio competiría en especial con el Cisalpino, una empresa en participación entre FS y Schweizerische Bundesbahnen (SBB). El Cisalpino explota una conexión diaria entre Basilea y Milán.

[67] La Directiva 91/440/CEE obliga a crear una 'agrupación internacional', es decir una asociación de al menos dos empresas ferroviarias establecidas en Estados miembros distintos, con el fin de prestar servicios transfronterizos de transporte de pasajeros o de de carga, DO L 237 de 24.8.1991.

82. Al ser una empresa integrada verticalmente, FS tiene un monopolio legal para explotar la infraestructura ferroviaria italiana. Además, en su calidad de administrador de infraestructura y de organismo asignador de capacidades, FS ha asumido funciones reguladoras del Estado. Es responsable de crear y mantener la infraestructura ferroviaria italiana y de asignar vías a los operadores ferroviarios en Italia a cambio de un honorario. FS también es responsable, como administrador de la infraestructura, de expedir certificados de seguridad a las empresas ferroviarias.

83. Se estimó que FS era dominante en el mercado del acceso a su red ferroviaria nacional, que se considera una instalación esencial. Por lo que se refiere a la tracción, la Comisión concluyó, tras una investigación detallada del mercado, que FS también es dominante en ese mercado. De momento, ninguna otra empresa ferroviaria italiana está equipada para proporcionar a GVG el servicio de tracción necesario [68]. También por lo que se refiere al mercado en sentido descendente se encontró que FS era dominante, pues es la única empresa que presta servicios ferroviarios para pasajeros en el segmento italiano de la ruta de Basilea a Milán. Además del Cisalpino, FS opera varios servicios diarios de trenes de pasajeros entre Basilea y Milán en cooperación con SBB. Además, el acceso al mercado en sentido descendente es limitado a agrupaciones internacionales. La Comisión concluyó que FS era la única que estaba en condiciones de formar una agrupación internacional con GVG.

[68] A raíz de su investigación del mercado la Comisión también concluyó, por varias razones, que GVG no podía por sí misma proporcionar tracción en el mercado italiano.

84. En su decisión, la Comisión concluyó que FS había incurrido en tres abusos de posición dominante, infringiendo el artículo 82. En primer lugar, al negarse a entablar conversaciones con GVG respecto a sus peticiones de acceso a la infraestructura ferroviaria, había negado el acceso a una red que se considera una instalación esencial. En segundo lugar, al no responder a las peticiones de tracción hechas por GVG, también se negado efectivamente a proporcionar servicios de tracción a GVG para este servicio particular. Esto constituye un abuso pues la negativa de FS supuso la eliminación de un competidor potencial y no estaba objetivamente justificada. Finalmente, FS no proporcionó ninguna justificación objetiva para su negativa a entablar negociaciones con GVG para formar una agrupación internacional. Al hacer esto, evitó que GVG se introdujera en el mercado descendente de los servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril en Italia.

85. FS efectuó compromisos importantes con objeto de resolver el asunto. Concretamente, FS se comprometió a firmar acuerdos internacionales de agrupación con cualquier empresa de ferrocarril que disponga de la debida licencia y presente propuestas concretas para iniciar un servicio ferroviario internacional. También se comprometió a proporcionar, durante un período de cinco años, tracción a otras empresas ferroviarias que deseasen prestar servicios transfronterizos de pasajeros. FS firmó acuerdos con GVG basados en estos compromisos. Por otra parte, se comprometió a facilitar a GVG franjas ferroviarias adecuadas, tan pronto como las correspondientes franjas facilitadas por SBB estuviesen disponibles en la red suiza. Aunque la Comisión consideró que a pesar de todo era pertinente publicar una decisión formal en este caso, teniendo en cuenta la liberalización del sector ferroviario, se abstuvo de imponer una multa debido al carácter novedoso del asunto.

2.2 Asuntos relacionados con el artículo 86

En 2003 no se adoptó ninguna decisión formal de conformidad con el artículo 86.

C - Evolución de la competencia por sectores

1. Energía

86. En el año 2003 se registraron progresos significativos en el proceso de liberalización del sector de la energía (electricidad y gas). El principal acontecimiento fue la adopción el 26 de junio del paquete legislativo que garantiza que todos los consumidores europeos de electricidad y gas podrán elegir su proveedor a más tardar el 1 de julio de 2007. Estas medidas legislativas fueron acompañadas por una actividad permanente de la Comisión en asuntos de competencia. Por otra parte, las discusiones en el Consejo Europeo relativas a la seguridad del suministro en el sector de gas concluyeron con un acuerdo político el 15 de diciembre.

87. El paquete legislativo consta de los siguientes elementos referentes a la plena liberalización de los sectores europeos del gas y de la electricidad. El Consejo y el Parlamento adoptaron (1) la Directiva 2003/54/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad por la que se deroga la Directiva 96/92/CE [69] (Directiva de la electricidad), (2) la Directiva 2003/55/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural por la que se deroga la Directiva 98/30/CE [70] (Directiva del gas) y (3) el Reglamento (CE) n 1228/2003 relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad [71] (Reglamento de la electricidad). Las directivas del gas y de la electricidad sustituyen a versiones anteriores que contemplabanuna apertura gradual del mercado.

[69] DO L 176, 15.7.2003, p. 37.

[70] DO L 176, 15.7.2003, p. 57.

[71] DO L 176, 15.7.2003, p. 1.

88. Las nuevas directivas del gas y de la electricidad prevén la apertura del mercado a todos los clientes no domésticos antes del 1 de julio de 2004 y a todos los clientes domésticos antes del 1 de julio de 2007. También prevén la introducción de un sistema de acceso regulado de terceros a las redes de transporte y distribución y a las instalaciones de gas natural licuado (GNL). En lo que se refiere al acceso al almacenamiento los Estados miembros todavía no pueden elegir más que entre los regímenes regulados y negociados de acceso de terceros. Además las directivas prevén la creación de un regulador encargado de determinar, o al menos aprobar las metodologías utilizadas para calcular las tarifas de acceso antes de su aplicación. Para más detalles y orientaciones cabe remitirse a las comunicaciones interpretativas publicadas por los servicios de la Comisión.

89. El Reglamento de la electricidad fomenta unas normas equitativas para el comercio transfronterizo de la electricidad, aumentando de esta manera la competencia en el mercado interior de la electricidad. Con este fin establece un mecanismo de compensación a favor de los operadores de los sistemas de transporte por los costes derivados de acoger en sus redes flujos eléctricos transfronterizos; establece unos principios armonizados sobre tarifas de transporte transfronterizo relativos, en particular, a las tarifas no discriminatorias, transparentes, e independientes de la distancia; fija unas normas para aprovechar al máximo la disponibilidad de la capacidad de transporte; y establece una serie de principios para tratar los problemas de congestión.

90. Uno de los puntos más polémicos de la Directiva del gas y del Reglamento de la electricidad es el de las exenciones de las diversas normas del régimen de acceso de terceros a la red (ATR) que puedan concederse para nuevas infraestructuras importantes (interconectores o terminales de GNL). Estas disposiciones aspiran a lograr un equilibrio razonable entre la creación de incentivos para la nueva infraestructura y la creación de un mercado común. Es obvio que las exenciones solamente pueden concederse si se cumplen todas las condiciones enumeradas en la Directiva y el Reglamento. La condición más importante para obtener una exención a la obligación de conceder acceso a terceros es que el nivel de riesgo derivado de la inversión sea de tal magnitud que la inversión no se acometa sin una exención. Otra condición importante es que la inversión mejore la competencia en el suministro. Al mismo tiempo, la exención no debe ir en detrimento de la competencia o del funcionamiento efectivo del mercado interior (del gas o la electricidad), o del funcionamiento eficiente del sistema regulado al que se vincula la infraestructura. Las exenciones deberán proporcionar incentivos que aseguren que la capacidad no utilizada no quede retenida, para lo cual se espera que se utilicen mecanismos "de usar o perder"Del mismo modo, sería más fácil demostrar que la exención cumple los requisitos de competencia cuando el promotor de que se trate pueda demostrar que ha ofrecido acceso a terceros al diseñar la infraestructura en cuestión, por ejemplo mediante un procedimiento de subasta. Con carácter más general, según la lógica de la norma, el alcance y la duración de todas las exenciones deben reducirse al mínimo [72].

[72] Para más detalles cabe remitirse a la Comunicación sobre la Directiva 2003/54-55 y el Reglamento nº 1228/03 elaborada por la DG Energía y Transporte.

91. Además, en diciembre de 2003, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas [73]. Esta propuesta de Reglamento pretende garantizar una igualdad de condiciones en toda la UE en lo que se refiere a las condiciones fundamentales del acceso de terceros, y mejorar el cumplimiento, por parte de todos los operadores de sistemas de transmisión, de las directrices adoptadas en el marco del Foro de Madrid. La propuesta de Reglamento establece los principios básicos relativos a los costes de acceso, a los requisitos de transparencia, un conjunto mínimo de servicios de ATR, la distribución de capacidad y la gestión de la congestión, las normas y tarifas de compensación y los intercambios de derechos a la capacidad. También establece unos niveles mínimos de acceso a las redes de transporte de gas, al tiempo que permite que los Estados miembros promulgen o mantengan unas medidas más detalladas.

[73] COM(2003)741, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas.

92. Asimismo se han registrado importantes avances en el proceso liberalización emprendido en los foros de Madrid y Florencia, en los que la Comisión, los reguladores nacionales y las empresas del sector se reúnen una o dos veces al año. En septiembre, el foro de Madrid, que se ocupa del gas, adoptó unas nuevas directrices sobre buenas prácticas para mejorar las condiciones de ATR a los gasoductos europeos. Las principales realizaciones son una mejor transparencia y unos mejores sistemas de gestión de la congestión.

93. En 2003 la cuestión de seguridad del suministro también fue prioritaria. El sector de la electricidad hubo de hacer frente a varios cortes del suministro, atribuidos, al menos parcialmente, a la insuficiente inversión en la red. En respuesta a esto, la Comisión propuso una directiva sobre la seguridad del suministro en el sector de la electricidad. Para el sector de gas la Comisión ya había propuesto una directiva en septiembre de 2002, respecto de la cual se llegó a un acuerdo político tal y como se mencionó anteriormente.

94. Al igual que en años anteriores, el proceso de liberalización estuvo acompañado por varios asuntos de competencia en el sector de la energía, en los que la Comisión hizo uso de todos los instrumentos de competencia de que dispone, a saber, el control de las operaciones de concentración, el control de las ayudas estatales, y la aplicación de las normas de defensa de la competencia.

95. En lo que se refiere a este último ámbito, una de las principales tendencias observadas en 2003, fue el elevado nivel de cooperación con los reguladores y las autoridades nacionales de competencia. Esta cooperación es útil para asegurartanto la aplicación coherente