No obstante, la evaluación realizada por la Comisión reveló que los diversos fenómenos que habían tenido lugar en Grecia (y la catástrofe grave de Bulgaria) estaban relacionados entre sí y tenían la misma causa meteorológica. Por consiguiente, la Comisión decidió tratar los casos de Grecia como si se tratara de una sola catástrofe regional. La fusión de las dos solicitudes no repercutió en el importe de la contribución financiera del FSUE, pero redujo considerablemente la carga administrativa de Grecia por lo que se refiere a la aplicación y a la presentación de informes.

(8)Austria: inundación de Lavamünd de 2012. La contribución financiera del FSUE ascendía a 240 000 EUR. Austria presentó su informe de ejecución en marzo de 2015, y se concluyó que era exhaustivo y cumplía los requisitos previstos en el Reglamento. Sin embargo, las autoridades austriacas informaron a la Comisión de que el municipio de Lavamünd consideraba que la compañía eléctrica Verbund Hydro Power AG, operadora de la central hidroeléctrica situada en dicha localidad, había actuado de manera negligente y sin el debido cuidado en lo relativo a la inundación. Por consiguiente, el municipio interpuso una demanda por daños y perjuicios contra Verbund Hydro Power AG ante el Juzgado Regional de lo Civil de Klagenfurt. Este proceso judicial aún está en curso. Además, las autoridades austriacas explicaron que la presentación de esta demanda no tenía ninguna consecuencia directa, y que en aquel momento no resultaba posible prever cuándo terminaría el proceso judicial ni cuál sería el resultado. La Comisión cerró la intervención en diciembre de 2015 y pidió a Austria que le informara a la mayor brevedad posible sobre el resultado del proceso judicial. En caso de que una tercera parte sufrague el coste de la indemnización, la Comisión pediría a Austria la devolución de la ayuda correspondiente, según lo previsto en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 2012/2002.

En 2015 la Comisión también recibió tres nuevos informes de ejecución y tres declaraciones de validez: dos, de Eslovenia y Croacia, por las inundaciones de 2012 y uno, de Austria, por las inundaciones de 2013. Al final del período cubierto por el presente informe anual todavía se estaban evaluando estos informes de ejecución.





7.Conclusiones

El año 2015 fue el primer año completo en el que se ejecutó el FSUE según las reglas del Reglamento revisado. Debido al reducido número de solicitudes recibidas desde la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, aún es pronto para sacar conclusiones definitivas sobre la eficacia de los resultados previstos. No obstante, hay indicios de que los criterios revisados aplicables a las catástrofes regionales ahora ofrecen a los posibles solicitantes una idea mucho más clara de si es probable que se acepte su solicitud, lo que permite ahorrar el trabajo innecesario de presentar una solicitud que no se aprobará, además de la posible decepción. Cuando se aplicaban las antiguas disposiciones, cuya claridad era menor, aproximadamente dos tercios de las solicitudes por catástrofe regional se declaraban no subvencionables. Desde la modificación del Reglamento, la tasa de aprobación de las solicitudes por catástrofe regional ha sido del 100 %.

No obstante, el tiempo que transcurre desde la catástrofe hasta el momento del pago sigue siendo un problema. Los Estados solicitantes suelen agotar el plazo de solicitud, actualmente ampliado hasta las doce semanas completas. En algunos casos es necesario traducir la solicitud a una de las lenguas de trabajo de la Comisión, lo que requiere bastante más tiempo, al igual que el procedimiento que debe seguirse para que el Parlamento y el Consejo adopten la decisión de movilización y el correspondiente presupuesto rectificativo (incluido un período de control de ocho semanas para los Parlamentos nacionales). Por otra parte, parece que las nuevas disposiciones y directrices permiten a los posibles solicitantes entender con mayor claridad la documentación que deben presentar durante el proceso de solicitud, lo que hace que la Comisión no se vea obligada a solicitar información adicional para poder llevar a cabo la evaluación. Por último, el hecho de que se hayan unificado en un solo acto de ejecución de la Comisión tanto las decisiones de subvención como los acuerdos de ejecución, que anteriormente se emitían por separado, también ayuda a la reducción de los plazos. La Comisión se está esforzando por reducirlos en mayor medida mediante una racionalización de los procedimientos administrativos.

La nueva disposición sobre pagos anticipados entró en vigor en el ejercicio presupuestario de 2015, lo que permitió a la Comisión desembolsar el 10 % de la ayuda anticipada antes de que se movilizara oficialmente el Fondo. Este proceso se realizó de manera satisfactoria para las tres solicitudes de 2015.

La reducción de la asignación presupuestaria anual máxima a 500 millones de euros en el marco financiero de 2014-2020 no generó ningún problema, puesto que durante el período de referencia no se produjo ninguna catástrofe excepcionalmente grave. Por consiguiente, no resultó necesario aplicar a las ayudas el límite de dos tercios de la asignación anual disponible fijado en 2014 para este tipo de imprevistos, que se recoge en las comunicaciones a la Comisión sobre las solicitudes de contribución financiera. De hecho, los pagos de 2015 procedieron en su totalidad de la asignación no utilizada de 2014 que se había trasladado al siguiente ejercicio, y los 287 millones de euros restantes de la asignación de 2014 expiraron al finalizar 2015. Por tanto, la asignación para 2015 se trasladó completamente a 2016, lo que ha facilitado una red de seguridad adicional para las catástrofes que puedan suceder en 2016.