Igualdad y no discriminación

Los procedimientos de infracción siguen siendo una opción de último recurso. En caso necesario, la Comisión no puede dudar en hacer uso de esta opción, y no lo hará, para garantizar que aquello que se acuerde en Bruselas y se consagre en el Derecho se incorpore efectivamente a las vidas de los ciudadanos de a pie, sea cual sea su lugar de residencia en nuestra Unión.

Estoy profundamente convencida de que la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros es la mejor forma de garantizar que estos derechos y valores se respetan en todo momento. Me complace ver que esto funciona bien la mayor parte del tiempo: una aplicación oportuna y adecuada de las normas acordadas tiene repercusiones importantes y positivas sobre las vidas de las personas. Pero, cuando la aplicación es deficiente, estas repercusiones dependen en gran medida del uso de las competencias de ejecución de la Comisión. Puede que no estemos de acuerdo en todos los aspectos de una determinada ley, pero debemos convenir en respetar el Derecho, las sentencias de los órganos jurisdiccionales independientes que dirimen nuestros conflictos, así como sobre la primacía del Derecho europeo.

Nuestra Unión se basa en valores comunes y en el Estado de Derecho. De hecho, estos valores son la piedra angular de nuestra Unión y están arraigados en nuestros Tratados y leyes. Los europeos son diversos, y estos es algo que debe valorase, no estigmatizarse. Son nuestras normas comunes y nuestros valores compartidos lo que nos une.

Los casos descritos en el informe muchas veces no son sencillos (suelen generar debates políticos y sensibles en los Estados miembros), pero los examinamos porque es lo correcto. Los derechos de los ciudadanos de todos los Estados miembros deben gozar de protección en todo momento, sea cual sea su lugar de residencia en la Unión.

La pandemia también tuvo repercusiones en nuestras labores de ejecución: la Comisión utilizó sus competencias de guardiana de los Tratados para frenar los efectos de los primeros instintos naturales de autoprotección que observamos en nuestros Estados miembros. Nuestros esfuerzos estuvieron encaminados a garantizar que las medidas nacionales fueran proporcionales a los riesgos sanitarios, y que no supusieran un daño duradero para los derechos, libertades y medios de subsistencia de los ciudadanos y las empresas de la Unión.

El informe que está a punto de leer describe el trabajo de la Comisión para garantizar una ejecución y aplicación adecuadas del Derecho de la UE a lo largo de 2020, un año en el que Europa y el mundo se vieron golpeados por la pandemia de COVID-19. Como observará, nuestros esfuerzos no cesaron, y actuamos en todos los frentes, desde proteger el medio ambiente y la libre circulación de bienes y servicios hasta garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos.

«Me he inspirado en la pasión, las convicciones y la energía de los millones de jóvenes que han hecho oír su voz en nuestras calles y en nuestros corazones. Están defendiendo su futuro y es nuestro deber generacional hacer esto por ellos»

De forma similar, en virtud de la Directiva sobre los viajes combinados , los organizadores de viajes combinados están obligados a reembolsar los pagos anticipados en un plazo de catorce días en caso de que los viajes se cancelen debido a circunstancias inevitables y extraordinarias. No obstante, tras la pandemia de COVID-19, muchos viajeros no recibieron los reembolsos conforme a lo previsto en la Directiva, ya que varios Estados miembros adoptaron normas nacionales que permitían a los organizadores de viajes combinados posponer el reembolso o expedir bonos obligatorios en su lugar.

Tras recordar a los Estados miembros los derechos de los viajeros en virtud de la Directiva sobre los viajes combinados en la Recomendación de 13 de mayo de 2020, la Comisión incoó procedimientos de infracción contra once Estados miembros que se habían apartado de la Directiva.

La libertad de circulación también otorga a los ciudadanos la posibilidad de viajar. A lo largo de los años, se han adoptado una serie de actos legislativos para garantizar un nivel elevado de protección de los derechos de los viajeros en Europa para todos los modos de transporte. Durante la pandemia, la Comisión siempre ha dejado claro que los derechos de los viajeros siguen siendo válidos y que las medidas nacionales para apoyar al sector de los viajes no deben afectar a estos derechos.

Como resultado, la Comisión buscó formas de aliviar la carga para los Estados miembros a la hora de gestionar los procedimientos de infracción. Pero la Comisión también dejó claro que no sería correcto suspender sus medidas de ejecución por completo. Siempre ha hecho hincapié en que resulta fundamental una aplicación adecuada del Derecho de la UE, incluso en momentos de crisis. En esta pandemia, por ejemplo, el correcto funcionamiento del mercado interior resultó crucial para mantener intactas las cadenas de suministro esenciales, suministrando alimentos a las tiendas y garantizando que los servicios sanitarios seguros recibieran los suministros médicos que necesitaban.

En virtud del Reglamento sobre la gobernanza , la Comisión ha evaluado los planes nacionales integrados de energía y clima para el período 2021-2030 de los Estados miembros. Estos planes establecen objetivos y metas nacionales, así como políticas y medidas para cumplir los objetivos de la Unión de la Energía, en particular los objetivos de la Unión para 2030 en materia de energía y clima.

La Comisión inició un procedimiento de infracción contra Francia y siguió adelante con un procedimiento contra Irlanda por no cumplir sus obligaciones en virtud del Derecho de la UE respecto al agua potable.

La Comisión decidió llevar a Francia y Grecia ante el Tribunal de Justicia por la mala calidad del aire debido a los niveles elevados de partículas en suspensión (PM10). Asimismo, la Comisión decidió llevar a Bulgaria ante el Tribunal de Justicia por no cumplir una sentencia previa sobre dichas partículas; Bulgaria puede enfrentarse a sanciones pecuniarias.

La Comisión decidió llevar a Eslovaquia y Polonia ante el Tribunal de Justicia por no salvaguardar los hábitats y especies forestales. Asimismo, la Comisión siguió adelante con un procedimiento contra Francia relativo a la caza ilegal y los métodos de captura de aves.

La Comisión cursó otros procedimientos de infracción contra Bulgaria y Alemania por no proteger y gestionar sus Redes Natura 2000 y decidió llevar a Irlanda ante el Tribunal de Justicia por no adoptar medidas de conservación adecuadas.

Asimismo, la Comisión inició procedimientos de infracción contra Malta , en particular por no instalar un sistema eficaz de seguimiento, control e inspección en las granjas de atún rojo.

La Comisión inició un procedimiento de infracción contra Italia , Portugal y Reino Unido por no enviar sus informes sobre la aplicación de sus marcos normativos nacionales en materia de infraestructuras para combustibles alternativos. A finales de año, los procedimientos contra Italia y Portugal seguían abiertos.

La Comisión siguió adelante con los procedimientos contra Bélgica , Hungría y Rumanía por no haber indicado u ofrecido suficiente información sobre operadores de servicios esenciales en virtud de la Directiva relativa a la seguridad de las redes y sistemas de información. A finales de 2020, estos procedimientos estaban todavía en curso.

Las discapacidades visuales, auditivas, físicas o intelectuales pueden limitar el uso de los servicios digitales. La igualdad de acceso a la información y los servicios públicos digitales ha cobrado una mayor importancia, si cabe, desde el inicio de la pandemia. La Directiva sobre la accesibilidad de los sitios web tiene por objeto hacer que todos, y en particular las personas con discapacidad, puedan acceder más fácilmente a las aplicaciones para dispositivos móviles y los sitios web de los organismos del sector público.

El acceso transfronterizo a bienes y servicios en línea se debe entender sin obstáculos ni fricciones para los consumidores europeos, independientemente de su ubicación, residencia o nacionalidad. El Reglamento sobre el bloqueo geográfico prohíbe toda discriminación injustificada sobre la base de la nacionalidad, el lugar de residencia o el lugar de establecimiento de los clientes que compran línea. En 2020, la Comisión cerró los procedimientos de infracción contra Chipre y Rumanía por no haber comunicado las medidas aplicables a las infracciones de las normas sobre bloqueo geográfico. A finales de 2020, solo seguían abiertos los procedimientos contra Francia y España.

Se hizo especial hincapié en garantizar que las normas europeas de salud y seguridad en el trabajo de la UE se transpusieran a las legislaciones nacionales en los plazos exigidos. La Comisión dio los siguientes pasos en los procedimientos de infracción contra Francia y España, que no habían comunicado a la Comisión sus medidas nacionales por las que transponían la Directiva relativa a la protección contra la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo .

Los Estados miembros deben vincular sus registros empresariales nacionales con el sistema de interconexión de los registros empresariales (BRIS). El BRIS facilita el comercio transfronterizo y hace que los procedimientos sean menos costosos y requieran menos tiempo para las empresas. Permite a las personas, los empresarios y las empresas obtener información acerca de estas últimas. La Comisión incoó procedimientos de infracción contra tres Estados miembros por no haber conectado sus registros empresariales nacionales al BRIS.

En el ámbito de la seguridad operacional de la aviación, los servicios de enlace de datos son comunicaciones entre la aeronave y el control de tierra que complementan la comunicación oral usada tradicionalmente en el control del tránsito aéreo. Mejoran la eficiencia de la comunicación entre el piloto y el controlador y aumentan la capacidad de control del tránsito aéreo. La Comisión inició procedimientos de infracción contra once Estados miembros por no ofrecer y operar servicios de enlace de datos para todos los operadores de aeronaves que vuelan en su espacio aéreo.

Al limitar las transacciones en efectivo en las áreas de peaje y eliminar procedimientos engorrosos para los usuarios ocasionales, el servicio de peaje facilita las operaciones diarias para los usuarios de las carreteras, mejora la circulación del tráfico y reduce la congestión. La Comisión decidió iniciar procedimientos de infracción contra Italia y Hungría por no conceder a los proveedores del Servicio Europeo de Telepeaje acceso a sus dominios nacionales de peaje.

La Comisión decidió llevar a Chipre , los Países Bajos y Portugal ante el Tribunal de Justicia por no actualizar sus registros de empresas de transporte por carretera y su conexión con el Registro Europeo de Empresas de Transporte por Carretera revisado. Sobre la misma cuestión, la Comisión siguió adelante con el procedimiento de infracción contra Hungría .

La Comisión ha iniciado procedimientos de infracción contra veinticuatro Estados miembros por no transponer a tiempo las normas revisadas de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual que regulan la coordinación en la UE de todos los medios audiovisuales, tanto las emisiones de televisión tradicionales como los servicios a la carta.

La Comisión inició procedimientos de infracción contra quince Estados miembros que no notificaron a tiempo la aplicación de esta Directiva en su legislación nacional.

La Comisión además emprendió acciones contra Portugal , Luxemburgo y Bélgica por no aplicar medidas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior.

La Comisión emprendió acciones contra Bélgica por no comunicar las medidas nacionales sobre mecanismos de resolución de litigios fiscales. Asimismo, la Comisión emprendió acciones contra Alemania, Grecia, España, Letonia, Rumanía y Portugal en cuanto a las disposiciones sobre los impuestos de salida, ya que no transpusieron en su totalidad estas normas en su legislación nacional.

Uno de los beneficios del mercado interior es que los ciudadanos y las empresas tienen libertad para desplazarse, actuar e invertir a través de las fronteras nacionales. Puesto que los impuestos directos no están armonizados a escala de la UE, esta libertad puede implicar que algunos contribuyentes consigan eludir o evadir impuestos en su país de residencia. Por ello, las autoridades tributarias de la UE han acordado cooperar más estrechamente para garantizar el pago de los impuestos y luchar contra el fraude y la evasión fiscales.

En el ámbito de los impuestos especiales, la Comisión llevó al Reino Unido ante el Tribunal de Justicia por no ejecutar la sentencia previa del Tribunal sobre el uso incorrecto de combustible marcado para propulsar embarcaciones privadas de recreo. Asimismo, la Comisión decidió llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia por no garantizar que el alcohol etílico importado utilizado para fabricar medicamentos esté exento de impuestos especiales en todos los casos.

La modificación de la Directiva sobre los derechos de los accionistas facilita el ejercicio de los derechos de los accionistas y fomenta la implicación a largo plazo de estos en las empresas estableciendo obligaciones, medidas de transparencia y normas sobre «cumplir o explicar». La Comisión siguió adelante con los procedimientos de infracción contra siete Estados miembros por no notificar medidas de transposición para el primer plazo indicado en la Directiva sobre los derechos de los accionistas, que expiraba el 10 de junio de 2019. Asimismo, inició procedimientos de infracción contra ocho Estados miembros por no notificar las medidas nacionales cubiertas por el segundo plazo de transposición, que expiraba el 3 de septiembre de 2020.

En 2020, la Comisión adoptó una Estrategia de Pagos Minoristas para la UE. Como parte de esta Estrategia, la Comisión recordó a las autoridades nacionales responsables sus obligaciones de cumplimiento en virtud del Reglamento relativo a la zona única de pagos en euros . La Comisión realizó un estrecho seguimiento de los procedimientos que no cumplían este Reglamento.

Los Estados miembros tenían que transponer la quinta Directiva a más tardar el 10 de enero de 2020. En febrero y mayo , la Comisión inició procedimientos de infracción contra diecisiete Estados miembros por no notificar a tiempo medidas nacionales de transposición completas.

Aduanas

La estrategia de ejecución de la Comisión se centró en garantizar una aplicación correcta y uniforme del Código Aduanero de la Unión y en detectar tasas con un efecto equivalente al de los derechos de aduana, incluso dentro de la UE.

En 2020, la Comisión continuó con su amplia investigación que incluía a todos los Estados miembros para analizar las disposiciones nacionales sobre los plazos para notificar una deuda aduanera y la compatibilidad de estas disposiciones con el Código Aduanero de la Unión, con el fin de ofrecer seguridad jurídica para los comerciantes en este sentido. Asimismo, la Comisión abrió un diálogo con los Estados miembros sobre sanciones por no declarar el efectivo y las valoraciones en aduana.

Competencia

La política de competencia de la Comisión garantiza que los mercados funcionen mejor para los consumidores, las empresas y la sociedad. Las empresas deben competir en igualdad de condiciones y los consumidores se deben beneficiar de unos precios más bajos, un mayor número de opciones y una mejor calidad.

El Tribunal de Justicia condenó a Italia a pagar una cantidad a tanto alzado y a multas diarias por no ejecutar su sentencia previa en la que se declaraba que Italia no había cumplido su obligación de recuperar íntegramente las ayudas estatales concedidas ilegalmente al sector hotelero de Cerdeña.

La ejecución coherente de las decisiones de denegar ayudas estatales resulta fundamental para la credibilidad del control de las ayudas estatales por parte de la Comisión. En este sentido, resulta esencial que los Estados miembros respeten las sentencias del Tribunal que les ordenan recuperar ayudas estatales incompatibles tras una decisión de la Comisión.

Movilidad y transporte

Completar el mercado único en el sector ferroviario y brindar todos los beneficios de la liberación del mercado ferroviario a los ciudadanos y las empresas sigue siendo uno de los principales ámbitos de la política de supervisión y cumplimiento en materia de transporte de la Comisión. Para tal fin, resulta crucial garantizar que la Directiva relativa a un espacio ferroviario europeo único se transponga correctamente en el Derecho nacional. Esto permitirá a los Estados miembros transponer y aplicar de forma coherente actos más recientes adoptados como parte del cuarto paquete ferroviario.

La Comisión incoó procedimientos de infracción contra Croacia, Eslovenia, España , Grecia, Austria y Luxemburgo por no transponer correctamente algunas de las normas de la UE por las que se establece un espacio ferroviario europeo único. Esta Directiva tiene por objeto la creación de un marco más competitivo, atendiendo a la supervisión reglamentaria y la arquitectura financiera del sector ferroviario, las competencias de los reguladores nacionales, el marco de inversión en el sector ferroviario, y el acceso justo y no discriminatorio a la infraestructura ferroviaria y a los servicios relacionados con el ferrocarril.

Al mismo tiempo, la Comisión siguió abordando obstáculos específicos para acceder al mercado, como se demostró con su acción en la que instaba a Alemania a modificar sus requisitos para el equipo de frenado de los vagones de mercancías. Estos requisitos no cumplen el Derecho de la UE y obstaculizan los esfuerzos en materia de interoperabilidad ferroviaria .

En otros ámbitos del transporte, la Comisión discrepó con una amplia diversidad de medidas nacionales que obstaculizan el pleno funcionamiento del mercado interior:

·siguió dando pasos en el procedimiento de infracción contra Dinamarca , exigiéndole que revocara el límite de veinticinco horas que imponía a los camiones para aparcar en zonas de descanso de propiedad estatal. Este límite crea obstáculos a los transportistas extranjeros que realizan operaciones internacionales .

·asimismo, siguió adelante con el procedimiento de infracción contra Malta e inició nuevos procedimientos de infracción contra Bélgica y Portugal por la aplicación incorrecta de las normas de la UE en materia de seguridad y de medio ambiente sobre equipos marinos , como los chalecos salvavidas, los sistemas de depuración de aguas residuales y los radares, a bordo de los buques que enarbolan el pabellón de la UE.

·incoó un procedimiento de infracción contra Suecia por limitar indebidamente la definición de « operaciones de transporte combinado » de una forma que dificulta a ciertos operadores transferir mercancías de la carretera al ferrocarril o al transporte por vías navegables durante una parte del trayecto. Esto les impide reducir las emisiones nocivas y otros efectos negativos del transporte por carretera.

Los ciudadanos europeos esperan unos altos niveles de seguridad y protección en todos los modos de transporte. Las políticas de la UE pretenden mantener y desarrollar estos niveles y garantizar que están plenamente homogeneizados en toda la UE.

En el sector del transporte por carretera, la Comisión siguió adelante con sus iniciativas para garantizar unas infraestructuras de calidad, como contribución para reducir el número de accidentes de tráfico. Siguió adelante con los procedimientos contra España , Grecia , Italia , Croacia y Bulgaria por no aplicar todo el conjunto de medidas exigidas para garantizar los niveles más elevados de seguridad de infraestructuras y funcionamiento en determinados túneles de carretera .

En el sector aéreo, en una nota relacionada con la seguridad, la Comisión inició procedimientos o siguió adelante con otros contra once Estados miembros por no designar un organismo para garantizar que toda persona que denuncie sucesos relacionados con la seguridad operacional de la aviación civil no sea sancionada por sus empleadores o por las autoridades nacionales.

Mercado interior de la energía

Un sistema energético sostenible basado en fuentes de energía renovable y en el aumento de la eficiencia energética exige un mercado interior de la energía que funcione correctamente, que esté abierto a la competencia y empodere a los consumidores. Un mercado del gas integrado es la piedra angular de la Unión de la Energía de la UE. La Directiva del gas modificada deja claro que los principios básicos de la legislación sobre energía de la UE (a saber, acceso de terceros, regulación de tarifas, separación patrimonial y transparencia) se aplicarán a todos los gasoductos hacia y desde terceros países hasta la frontera de la UE. Esto garantizará que los principales gasoductos que entran en el territorio de la UE cumplen sus normas, se explotan con el mismo grado de transparencia, son accesibles para otros operadores y se explotan de manera eficiente.

La Comisión inició procedimientos de infracción contra trece Estados miembros por no adoptar o notificar medidas de transposición en virtud de la Directiva.