INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO sobre el régimen de retribuciones

1. Introducción

2. antecedentes

2.1. Principios básicos

2.2. Evolución de los métodos de adaptación de las retribuciones

2.3. Compromiso 1991

2.4. Informe de evaluación intermedia de 1996

2.5. Otros informes relacionados con el compromiso 1991

2.5.1. Informe sobre la cláusula de excepción

2.5.2. Informes sobre las necesidades de reclutamiento

2.5.3. Informes sobre la metodología estadística

2.5.4. Informes sobre el Anexo VII

2.5.5. Informes sobre el Anexo X (coeficientes correctores fuera de la U.E.)

2.6. Informes sobre las pensiones

2.7. Situación al término del compromiso 1991

3. Régimen retributivo

3.1. Sueldo base

3.2. Indemnizaciones y asignaciones (Anexo VII)

3.2.1. Complementos familiares

3.2.2. Indemnizaciones

3.3. Cotizaciones sociales e impuestos

3.3.1. Cotizaciones sociales

3.3.2. Impuestos y contribuciones

3.4. Coeficiente corrector

3.5. Coste presupuestario de las retribuciones por Institución en 1998 (millones de euros)

4. Evolución de las retribuciones en bruselas y luxemburgo

4.1. Evolución del poder adquisitivo de los funcionarios nacionales (indicador específico)

4.1.1. Comparación de los cambios del indicador específico bruto y del indicador de control.

4.2. Evolución del coste de la vida en Bruselas

4.3. Adaptación de la retribución bruta

4.4. Efectos de la contrapartida del compromiso

4.4.1. Contribución temporal

4.4.2. Aumento de la cotización pensión

4.5. Evolución de la retribución neta

4.6. Evolución del poder adquisitivo de los funcionarios comunitarios

4.7. Evolución comparada del poder adquisitivo de las retribuciones de los funcionarios nacionales y comunitarios

4.8. Cuadro recapitulativo

5. evolución de las retribuciones fuera de bruselas y luxemburgo (coeficientes correctores)

5.1. Paridad económica

5.2. Fijación anual de un tipo de cambio

5.3. Paso al euro en 1999 y coeficientes correctores

5.4. Cláusula de recuperación de las sumas percibidas en exceso

6. Conclusiones

1. introducción

El fundamento jurídico de las retribuciones se establece en el Título V (artículos 62 a 85 bis y 56 a 56 ter) y en los Anexos VII y XI del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas [1].

[1] Reglamento 259/68 del Consejo, establecido en aplicación del artículo 24 del Tratado por el que se constituye un Consejo único y una Comisión única de las Comunidades Europeas.

El compromiso "método 91" fue el resultado de las negociaciones [2] celebradas entre el Consejo, los representantes de las administraciones de las Instituciones Comunitarias y los representantes del personal de esas Instituciones.

[2] En el marco de la Comisión de concertación.

Como contrapartida del método, se redujeron [3] las retribuciones estableciendo una contribución temporal y aumentando la cotización al régimen de pensiones. Este compromiso vincula hasta el 30 de junio del año 2001 a los funcionarios y a las Instituciones Comunitarias, que deben así velar por su cumplimiento.

[3] La reducción fue equivalente a la disminución de la retribución neta que supuso la exacción de crisis incluida en el método de 1981.

En 1996, en respuesta a las peticiones hechas por el Consejo con motivo de la evaluación intermedia prevista por el método, la Comisión estimó que éste había funcionado correctamente y que, por tanto, toda propuesta de modificación del mismo, además de no estar justificada, sería contraria a los acuerdos suscritos por las partes en el compromiso de 1991.

En diciembre de 1998, ante las nuevas peticiones formuladas por el Consejo al discutirse la adaptación anual de las retribuciones, la Comisión se comprometió a proponer un calendario para la presentación de comunicaciones e informes enmarcados en el proceso de reforma. El calendario de medidas presentado por el Presidente Santer al Parlamento en enero de 1999 preveía, entre otros extremos, la presentación antes del 9 de diciembre de ese mismo año de un informe sobre el régimen retributivo.

En este contexto, el presente Informe analiza el sistema actual de retribuciones y el funcionamiento del método de adaptación [4]. Dado que el compromiso del método expirará en julio del año 2001, este Informe debería servir de base para preparar a mediados del próximo año las propuestas que sean necesarias [5].

[4] La Comisión ha confiado a un consultor externo la realización de un estudio comparativo con las remuneraciones de los funcionarios de los Estados miembros y de otras organizaciones internacionales así como de los empleados de las multinacionales. Este estudio debería quedar concluido a comienzos del año 2000.

[5] Durante la reunión que celebrara en Colonia los días 3 y 4 de junio de 1999, el Consejo Europeo recordó que el método de adaptación de las retribuciones expira el 30 de junio del año 2001 y se congratuló de que la Comisión tuviera la intención de presentar a su debido tiempo las oportunas propuestas de modificación y de exponer con tal motivo sus ideas sobre la reforma de la política de personal.

2. Antecedentes

2.1. Principios básicos

El fundamento jurídico de las retribuciones está constituido por el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas [6]. El sistema de adaptación de las mismas, regulado por los artículos 64 y 65 del Estatuto, se basa en los dos principios siguientes:

[6] Concretamente, su Título V y sus Anexos VII y XI.

- el paralelismo de la retribución de los funcionarios de las Instituciones Comunitarias con la de los funcionarios de los Estados miembros de la Unión Europea;

- el igual poder adquisitivo de las retribuciones recibidas en cualquier lugar de destino y en Bruselas (artículo 24 del Tratado).

Las disposiciones de aplicación de estos principios generales se han establecido siempre por consenso con el fin de mantener la paz social.

2.2. Evolución de los métodos de adaptación de las retribuciones

Desde 1971, la celebración periódica de negociaciones ha desembocado en una serie de acuerdos que concretizan las disposiciones de aplicación de los artículos 64 y 65 del Estatuto.

En efecto, el Consejo ha tendido desde siempre a aplicar con rigor el principio de la adaptación paralela a las remuneraciones de las funciones públicas nacionales y ha utilizado para ello métodos reglamentarios, obligatorios tanto para el personal como para las Instituciones.

Este procedimiento reglamentario, basado en métodos precisos y vinculantes, ha evitado la celebración anual de negociaciones y el riesgo de conflictos sociales.

Las sucesivas decisiones del Consejo han combinado el método negociado y el método procedimental, apoyándose en las bases siguientes:

- Acuerdos de 1972 y 1976: estos acuerdos han confirmado el paralelismo como principio básico [7] en la evolución de las retribuciones.

[7] Método 1976: Principio fundamental: el Consejo considera que el sistema de adaptación de los sueldos debe enmarcarse en una política que tienda a garantizar a medio plazo una evolución de las retribuciones de los funcionarios europeos paralela a la media registrada en los Estados miembros por los sueldos de las diversas categorías de funcionarios públicos nacionales.

- Comisión de concertación [8]: el Consejo estableció el procedimiento de concertación en 1981.

[8] Compuesta por el Consejo, los representantes de las administraciones y los representantes de los funcionarios de las Instituciones Comunitarias.

- Método 1981: este método fue adoptado para un período de 10 años y se acompañó de una exacción de crisis [9].

[9] El final del método 1981 y la supresión de la exacción de crisis tuvieron lugar en junio de 1991.

- Compromiso 1991: el Consejo adoptó el método 1991 (Anexo XI del Estatuto) para un nuevo período de 10 años y estableció al mismo tiempo una contribución temporal y un aumento de la cotización al régimen de pensiones.

2.3. Compromiso 1991

Presentada en octubre de 1990, la propuesta de la Comisión se sometió en el primer semestre del año siguiente a un minucioso examen técnico [10] que quedó reflejado en el informe al CoRePer de 29 de abril de 1991 [11].

[10] Tres encuentros de un grupo ad hoc (con una reunión de información al CoRePer el 8 de febrero de 1991) y cinco reuniones del grupo "Estatuto".

[11] 5926/91,STAT11,FIN124.

El expediente fue tratado por el CoRePer y el Consejo (15 reuniones del CoRePer, 3 Consejos de Asuntos Generales y 1 Consejo europeo), siendo objeto de múltiples encuentros entre la Presidencia, la Comisión y los representantes del personal. Las negociaciones celebradas en el marco de la Comisión de concertación, negociaciones que dieron lugar a ocho días de huelga general y a otras acciones, desembocaron en un compromiso que se sometió al voto del personal en referendos de octubre de 1991.

Ese compromiso recibió el acuerdo del Consejo al mes siguiente, quedando confirmado el 19 de diciembre con la adopción de una serie de reglamentos acordes con él.

Según los términos empleados en una nota del CoRePer [12] al Consejo (decisión de 4.11.1991), confirmados por la jurisprudencia, el compromiso negociado con el Consejo y decidido por éste en diciembre de 1991 constituye una solución global que:

[12] 9012/91,STAT37,FIN372.

a) establece un método [13] de adaptación de las retribuciones obligatorio para todas las partes y válido por un período de diez años (del 1.7.1991 al 30.6.2001);

[13] Anexo XI del Estatuto.

b) reduce el nivel de las retribuciones por medio de dos instrumentos suplementarios:

- una contribución temporal [14], con un tipo bruto del 5,83% [15], aplicable entre el 1 de enero de 1992 y el 30 de junio de 2001 a la parte de la retribución que sobrepase la retribución mínima;

[14] Artículo 66 bis del Estatuto.

[15] La contribución temporal supone, como media, una reducción de la retribución neta de alrededor de un 2,9% (en el caso de un funcionario soltero no expatriado).

- un aumento a partir del 1 de enero de 1993 de la cotización del personal al régimen de pensiones (de un 6,75 a un 8,25% del sueldo base).

2.4. Informe de evaluación intermedia de 1996

El Anexo XI del Estatuto preveía una evaluación de sus disposiciones en 1996 (tras su quinto año de aplicación), así como la posibilidad de proceder a su revisión si así lo proponía la Comisión. El ejercicio que se contemplaba era una evaluación objetiva que permitiera controlar si el principio del paralelismo se había aplicado o no correctamente.

Las conclusiones del informe intermedio de 1996 apuntaron tres datos para el período de 1991-1995: en primer lugar, una disminución (-3,1 %) del poder adquisitivo de la retribución de los funcionarios comunitarios igual a la que habían sufrido los sueldos de los funcionarios nacionales; en segundo lugar, una reducción suplementaria de ese poder (-4,2 %) a través de la contribución temporal y del aumento de la cotización al régimen de pensiones; y, en tercer y último lugar, el mantenimiento de la paz social.

A la vista de estas conclusiones, el Consejo invitó a la Comisión a que, en respuesta a las preocupaciones expresadas por algunas delegaciones, efectuara cuantos estudios fuesen necesarios sobre una serie de temas [16] (método estadístico, Anexo VII del Estatuto, pensiones, cláusula de excepción [17]) y a que le sometiera lo antes posible las oportunas propuestas, especialmente en lo relativo a algunas de las indemnizaciones previstas en el Anexo VII del Estatuto.

[16] Recogidos en la página 3 del documento 10815/96 STAT 41 FIN 476.

[17] Artículo 10 del Anexo XI.

Respondiendo a esa invitación, la Comisión comunicó que el hecho de modificar un método que había alcanzado sus objetivos afectaría al propio fondo del compromiso final de 1991 y de los acuerdos suscritos por las partes y que, por tanto, carecería de justificación una propuesta que pretendiera modificar alguna de las partes de ese compromiso.

2.5. Otros informes relacionados con el compromiso 1991

A petición del Consejo, la Comisión ha ido presentando los informes siguientes:

2.5.1. Informe sobre la cláusula de excepción [18]

[18] Artículo 10 del Anexo XI del Estatuto: "En caso de deterioro grave y repentino de la situación económica y social en la Comunidad, valorado a la luz de datos objetivos suministrados al respecto por la Comisión, ésta, previa consulta de las restantes instituciones en el marco de las disposiciones estatutarias, presentará las propuestas pertinentes al Consejo, quien decidirá por mayoría cualificada previa consulta de las demás instituciones interesadas, con arreglo al procedimiento previsto en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 24 del Tratado constitutivo de un Consejo único y una Comisión única de las Comunidades Europeas."

En este informe (SEC(94)1027), presentado al Consejo el 27 de junio de 1994, la Comisión estimó que no procedía aplicar la cláusula de excepción dado que la evolución de la situación económica se había hecho repercutir ya en las remuneraciones de los funcionarios nacionales y, con ello, automáticamente (de conformidad con el método) en las de los funcionarios de las Instituciones Comunitarias.

2.5.2. Informes sobre las necesidades de reclutamiento [19]

[19] Artículo 2 del Anexo XI del Estatuto: "La Comisión elaborará antes de que finalice 1992, y posteriormente cada tres años, un informe detallado sobre las necesidades de las instituciones en materia de reclutamiento, para su remisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Basándose en dicho informe y previa consulta de las restantes instituciones en el marco de las disposiciones estatutarias, la Comisión presentará al Consejo, en su caso, las propuestas pertinentes debidamente fundamentadas."

El tercero de estos informes (SEC 99/754 de 7.6.1999) fue remitido al Consejo y al Parlamento Europeo el 9 de junio de 1999.

El período que cubre ese informe (1995-1997) se caracterizó principalmente por la adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia. Pero, con independencia de los concursos celebrados en el marco de esa ampliación, otro hecho destacable fue la consecución en el reclutamiento de un grado razonable de equilibrio geográfico, y ello pese a unos niveles de representación de los países de acogida particularmente elevados. Además, durante el período examinado, se observaron dificultades para atraer a candidatos de algunos Estados miembros.

2.5.3. Informes sobre la metodología estadística

En 1994 se efectuó un peritaje de la metodología estadística. Tras él, Eurostat presentó, en 1997, tres informes sobre las paridades de vivienda, las estructuras de consumo y las encuestas de precios y, un año más tarde, una recopilación de esa metodología destinada a los grupos "Artículo 64" y "Artículo 65".

A petición del grupo "Estatuto", el Servicio jurídico del Consejo emitió un dictamen según el cual, al adoptar los reglamentos anuales de adaptación de las retribuciones y de los coeficientes correctores, el Consejo no debe apartarse del método que está fijado en el Anexo XI del Estatuto para un período de diez años.

2.5.4. Informes sobre el Anexo VII

En 1993, la Comisión presentó al Consejo un informe [20] sobre el examen de las disposiciones del Anexo VII del Estatuto y de su aplicación. A petición del Consejo, las cifras indicadas en ese informe se actualizaron durante 1998.

[20] 11555/93 STAT 44 FIN 466.

Por otra parte, al término de sus tareas, el grupo "Estatuto" presentó al CoRePer del 13 de junio de 1999 las conclusiones finales a las que había llegado, apuntándole la necesidad de: reiterar las peticiones del Consejo para que la Comisión someta cuantas propuestas sean pertinentes con relación al Anexo VII del Estatuto; invitar a la Comisión a que en esta labor tenga en cuenta las observaciones y conclusiones contenidas en el informe del grupo; y recordar a la Comisión su compromiso de acometer lo antes posible el debate sobre el método de adaptación de las retribuciones.

La Comisión, por su parte, recordando la situación especial resultante de su dimisión del 15 de marzo de 1999, señaló que no dejaría de pronunciarse sobre las conclusiones del grupo "Estatuto" tan pronto como se restablecieran las condiciones necesarias.

2.5.5. Informes sobre el Anexo X (coeficientes correctores fuera de la U.E.)

Según el artículo 14 del Anexo X del Estatuto, la Comisión debe presentar al Consejo un informe anual sobre la aplicación de ese mismo Anexo. El último de estos informes (SEC (1999)1023), que cubre 1997 y 1998, fue presentado el 29 de junio de 1999.

Más recientemente, la Comisión ha introducido una serie de modificaciones en los procedimientos administrativos utilizados para el cálculo de los coeficientes correctores fuera de la UE, modificaciones que permitirán a partir del año 2000 una sensible reducción (del orden del 50%) de los costes de recogida de datos.

2.6. Informes sobre las pensiones

Tras una petición formulada por el Consejo, el 18 de diciembre de 1998 le fue presentado el informe KPMG (estudio comparativo y estudio actuarial), que desde entonces ha sido objeto de numerosas discusiones dentro del grupo "Estatuto".

La Comisión prepara en estos momentos una comunicación sobre este tema.

2.7. Situación al término del compromiso 1991

El método (Anexo XI del Estatuto) y la contribución temporal [21] (artículo 66 bis del Estatuto) son aplicables hasta el 30 de junio del año 2001. En cambio, el aumento de la cotización al régimen de pensiones continuará aplicándose con posterioridad a esa fecha.

[21] La contribución temporal supone, como media, un recorte de la retribución neta de alrededor de un 2,9% (en el caso de un funcionario soltero no expatriado).

A falta de un nuevo acuerdo para el examen anual de las retribuciones de ese año, la Comisión y el Consejo dispondrán de un margen de apreciación en la aplicación de los artículos 64 y 65 del Estatuto [22].

[22] Artículo 64 del Estatuto:

En ese caso, la propuesta de adaptación anual presentada por la Comisión y decidida por el Consejo (por mayoría cualificada):

· deberá respetar el principio de paralelismo con los funcionarios nacionales y el de igualdad de poder adquisitivo entre los funcionarios comunitarios;

· exigirá una negociación interinstitucional con los representantes del personal en el marco de la Comisión de concertación.

3. Régimen retributivo

La retribución, cuyo fundamento jurídico es el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas [23], incluye, por una parte, el sueldo base, los complementos familiares y las indemnizaciones [24] y, por otra, las cotizaciones sociales, el impuesto y la contribución temporal. A esta retribución se le aplica un coeficiente corrector superior, igual o inferior al 100% [25].

[23] Concretamente, su Título V y sus Anexos VII y XI.

[24] Artículo 62 del Estatuto: "La retribución consistirá en un sueldo base, complementos familiares e indemnizaciones."

[25] Artículo 64 del Estatuto: "La retribución del funcionario, expresada en francos belgas, previa deducción de las retenciones obligatorias establecidas en el presente Estatuto o en los reglamentos adoptados para su aplicación, será ponderada mediante un coeficiente corrector superior, igual o inferior al 100%, según las condiciones de vida de los diferentes lugares de destino."

Aunque el sistema en francos belgas habría podido funcionar hasta enero del año 2002, la decisión del Consejo de 12 de noviembre del 98 adelantó al 1 de enero del 99 la conversión en euros de los importes estatutarios (sueldo base, asignaciones, contribuciones, impuestos, tipos de cambio, ...) que se manejan para calcular las pensiones y demás derechos pecuniarios (dietas por misión, gastos de enfermedad, ...).

Esa conversión era neutra desde el punto de vista presupuestario y pecuniario y no ha modificado el valor de las retribuciones.

Así pues, desde el 1 de enero de 1999, las retribuciones, pensiones y demás derechos económicos del personal comunitario se pagan en euros en los once países participantes y en moneda nacional en los otros cuatro países.

Las cifras que figuran a continuación, aplicables a 1 de enero de 1999, se expresan en euros.

3.1. Sueldo base

El sueldo base se fija en función de la categoría, el grado y el escalón con arreglo al baremo siguiente [26]:

[26] Artículo 66 del Estatuto.

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>REFERENCIA A UN GRÁPHICO>

3.2. Indemnizaciones y asignaciones (Anexo VII) [27]

[27] Véase también el punto 2.5.4.

3.2.1. Complementos familiares

Las asignaciones familiares tienen carácter complementario, es decir, todo pago de este tipo que se perciba de otras fuentes se deduce de la asignación comunitaria.

La asignación familiar [28] se concede, por una parte, a los funcionarios o agentes casados cuyo cónyuge no ejerza ninguna actividad profesional o, en caso de ejercerla, tenga unos ingresos profesionales no superiores al sueldo base de un funcionario de grado C3/3 y, por otra, a los funcionarios o agentes que tengan uno o más hijos a su cargo [29].

[28] Artículo 67 del Estatuto, artículo 1 del Anexo VII del Estatuto y DGE (disposiciones generales de ejecución adoptadas el 11 de abril de 1988).

[29] Por decisión especial y motivada de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (AFPN), la asignación familiar puede concederse también a los funcionarios o agentes que no cumplan las condiciones arriba indicadas pero que asuman de hecho cargas familiares.

El artículo 1 del Anexo VII del Estatuto fija el importe de la asignación familiar en el 5% del sueldo base.

La asignación por hijos a cargo [30], que constituye una suma a tanto alzado por hijo, tiene como finalidad ayudar al funcionario o agente a cubrir los gastos suplementarios que le exija el mantenimiento efectivo de los hijos a su cargo. Esta asignación se concede de oficio por los hijos que no hayan alcanzado aún los 18 años de edad y también, mediando una petición motivada, por los hijos de entre 18 y 26 años que estén recibiendo educación escolar o profesional [31].

[30] Artículo 67 del Estatuto, artículo 2 del Anexo VII del Estatuto y DGE (para la asimilación a los hijos a cargo) en vigor desde el 1.2.1997 (que derogan y sustituyen las de 1.10.1989).

[31] Además, puede asimilarse a los hijos a cargo toda persona respecto de la cual el funcionario tenga obligaciones alimentarias legales o cuyo mantenimiento le imponga unos gastos importantes. Asimismo, si un hijo se ve afectado por alguna enfermedad grave o incapacidad que le impida subvenir a sus necesidades, la asignación sigue pagándose durante el tiempo que dure esa enfermedad o incapacidad.

La asignación por hijos a cargo asciende a 213,61 euros por hijo y mes [32].

[32] Según el apartado 3 del artículo 67 del Estatuto, en casos excepcionales y por decisión especial de la AFPN, este importe puede duplicarse cuando se trate de un hijo con una minusvalía mental o física que imponga fuertes gastos al funcionario.

Esta asignación tiene carácter complementario, es decir, todo pago del mismo tipo que se perciba de otras fuentes se deduce de la asignación comunitaria.

La asignación por escolaridad [33] tiene como objetivo cubrir los gastos de educación derivados de la asistencia regular y a tiempo completo del hijo de un funcionario o agente temporal a un centro de enseñanza situado tanto en el país de destino como fuera de él.

[33] Artículo 67 del Estatuto, artículo 3 del Anexo VII del Estatuto y DGE (adoptadas el 1 de marzo de 1975).

El artículo 3 del Anexo VII del Estatuto fija el importe máximo por el que esta asignación cubre los gastos efectivos de escolaridad asumidos por el funcionario.

La necesidad de una gestión eficaz y simplificada ha determinado que la mayor parte de las asignaciones por escolaridad sean importes a tanto alzado que se expresan como porcentaje de un límite máximo (190,90 euros) y que varían en función de la edad del hijo y del tipo de enseñanza recibida [34].

[34] Los funcionarios tienen derecho a las sumas siguientes:

3.2.2. Indemnizaciones

La indemnización por expatriación [35] tiene por objeto compensar los gastos e inconvenientes particulares que sufren por el ejercicio de sus funciones en las Comunidades los funcionarios y agentes que se ven obligados a abandonar su país de residencia y a instalarse en el de destino, debiendo así vivir en un medio extranjero.

[35] Artículo 69 del Estatuto y artículo 4 del Anexo VII del Estatuto.

Se trata de la única indemnización que tiene como fin compensar los gastos e inconvenientes que se derivan directamente del destino de un funcionario o agente a un país distinto del de origen.

El artículo 4 del Anexo VII del Estatuto fija el importe de esta indemnización en el 16% (4% en el caso de los funcionarios que no cumplan todas las condiciones establecidas en esa disposición) del sueldo base, de la asignación familiar y de la asignación por hijos a cargo [36].

[36] Artículo 4 del Anexo VII del Estatuto:

La indemnización global (de secretaría) [37] fue establecida por el Consejo [38] en 1965 con el fin de superar las dificultades de reclutamiento de personal de secretaría multilingüe que se habían derivado de un aumento considerable de los sueldos pagados a ese personal en los sectores público y privado de algunos Estados miembros.

[37] Artículo 4bis del Anexo VIII del Estatuto: "El funcionario de categoría C destinado en un puesto de dactilógrafo, taquimecanógrafo, operador de telex, tipógrafo, secretario de dirección o secretario principal, podrá tener derecho a una indemnización global. La cuantía de esta indemnización será fijada por el Consejo según el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 65 del Estatuto."

[38] Reglamento 30/65/CEE.

Esta indemnización la concedieron todas las Instituciones: en un primer momento, a los secretarios de algunas nacionalidades y, desde 1971 (en aplicación del principio de igualdad de tratamiento), a los funcionarios y agentes que ejercían con carácter principal actividades de secretaría.

La indemnización de secretaría, que en un principio era temporal (dos años), fue prorrogada sucesivamente hasta que el Consejo le confirió carácter permanente en 1978 [39].

[39] Reglamento (CEE) n° 914/78, de 2 mayo de 1978.

Con el desarrollo de la informática, esta indemnización se concede en determinadas condiciones a auxiliares administrativos de categoría C, condiciones que pueden diferir según la vocación particular de cada Institución.

El importe mensual de la indemnización global se adapta todos los años con la revisión anual de las retribuciones. Actualmente se eleva a 99,55 euros por mes, para los secretarios de grado C4-C5, y a 152,63 euros por mes, para los de grado C3-C1.

3.3. Cotizaciones sociales e impuestos

3.3.1. Cotizaciones sociales

La cotización pensión, que está fijada en el 8,25% del sueldo base del interesado, se ingresa en el presupuesto comunitario. Los funcionarios contribuyen en un tercio a la financiación del régimen de pensiones [40].

[40] Apartado 2 del artículo 83 del Estatuto.

La cotización enfermedad está fijada en el 1,70% del sueldo base del interesado. Los funcionarios financian un tercio del coste de este régimen, sin que su contribución pueda sobrepasar el 2% de su sueldo base [41].

[41] Artículo 72 del Estatuto.

La cotización accidente está fijada en el 0,1% del sueldo base [42].

[42] Artículo 73 del Estatuto.

La cotización desempleo, que está fijada en el 0,4% del sueldo base, se aplica únicamente a los agentes temporales.

3.3.2. Impuestos y contribuciones

Los funcionarios están sujetos [43] a:

[43] Además de a los impuestos del lugar de residencia que no afecten a los ingresos comunitarios (IVA, impuestos locales (tasas por servicios municipales), impuesto a los propietarios de bienes inmuebles, etc),

un impuesto comunitario, cobrado en la fuente, que se ingresa en el presupuesto de la Comunidad [44]. Los tipos de imposición, que llegan a 14, varían del 8 al 45% según el tramo de ingresos imponibles [45]. El tipo marginal del 8% se aplica a la parte del ingreso mensual imponible comprendida entre 82,94 y 1463,98 euros. El tipo marginal del 45% se aplica a la parte del ingreso mensual imponible superior a 5238,80 euros;

[44] Artículo 13 del Capítulo V del Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas y Reglamento n° 260/68 del Consejo.

[45] Artículo 3 del Reglamento n°260/68 del Consejo:

una contribución temporal [46], que está fijada en el 5,83% de la parte de la retribución que sobrepase la retribución mínima [47]. Esta contribución, que se estableció en el contexto del método, se ingresa en el presupuesto comunitario.

[46] Apartados 1 y 2 del artículo 66 bis del Estatuto:

[47] Apartado 3 del artículo 66 bis del Estatuto: "La base del cálculo de la contribución temporal será el sueldo base correspondiente al grado y escalón usados para determinar la retribución, previa deducción de las contribuciones a los regímenes de seguridad social y pensión, así como el impuesto que gravaría, sin deducción alguna en virtud de la contribución temporal, a un funcionario del mismo grado y escalón, sin personas a su cargo en el sentido del artículo 2 del Anexo VII, y de un importe igual al sueldo base correspondiente al grado D4, primer escalón."

3.4. Coeficiente corrector

La aplicación de un coeficiente corrector a la retribución de los funcionarios destinados dentro de la UE, pero fuera de Bélgica y Luxemburgo, permite compensar la diferencia (positiva o negativa) del coste de la vida con relación a Bruselas. Tal coeficiente no constituye, por tanto, ni un beneficio ni una pérdida para esos funcionarios sino que, antes bien, les garantiza un poder adquisitivo igual al que tendrían en Bruselas.

Por su parte, el sistema que se aplica al sueldo de los funcionarios destinados fuera de la UE obedece al mismo principio fundamental (proteger la igualdad de poder adquisitivo respecto de Bruselas), si bien con algunas diferencias significativas [48].

[48] En primer lugar, el coeficiente corrector se aplica únicamente a petición expresa del funcionario. En la mayor parte de los casos, sólo se aplica a una parte del sueldo que equivale como máximo al 80% de su importe. En segundo lugar, en el cálculo del coeficiente corrector no se tienen en cuenta las posibles diferencias de precios de los alquileres y de los servicios escolares y médicos, dado que éstos son facilitados o reembolsados directamente por la Comisión. Y, en tercer y último lugar, el método empleado para reflejar una rápida evolución de los precios difiere ligeramente del que se utiliza para los coeficientes correctores dentro de la UE.

3.5. Coste presupuestario de las retribuciones por Institución en 1998 (millones de euros)

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>REFERENCIA A UN GRÁPHICO>

El coste total en 1998 ascendió, por tanto, a 1605 millones de euros, lo que representa el 38% de los gastos administrativos y el 1,9% del presupuesto comunitario [49].

[49] Gastos administrativos: 4223,3 millones de euros; presupuesto comunitario: 82798,9 millones de euros. Fuente: Vademécum comunitario, edición 1999.

4. evolución de las retribuciones en bruselas y luxemburgo

El principio fundamental es el paralelismo entre la evolución de las retribuciones de los funcionarios de las Instituciones Europeas y la de las remuneraciones de los funcionarios nacionales de los Estados miembros.

Según este principio, si un año dado el aumento medio para los funcionarios nacionales es un 2% inferior (o superior) a la inflación nacional, al año siguiente el aumento para los funcionarios comunitarios será también inferior (o superior) en un 2% a la inflación de Bruselas.

En este punto, debe señalarse que el 89% de los funcionarios comunitarios tienen su lugar de destino en Bruselas o Luxemburgo.

La adaptación de las retribuciones se realiza normalmente en diciembre, con efectos retroactivos al 1 de julio [50].

[50] Apartado 1 del artículo 3 del Anexo XI del Estatuto: "Con efectos al 1 de julio y con arreglo al apartado 3 del artículo 65 del Estatuto, el Consejo decidirá antes del final de cada año sobre la actualización de las retribuciones propuesta por la Comisión, basada en los elementos previstos en la sección 1."

Para aplicar el principio del paralelismo y de conformidad con el artículo 65 del Estatuto y el artículo 1 de su Anexo XI [51], el Consejo procede anualmente a examinar el nivel de retribución de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades. La base del examen es un informe presentado por la Comisión.

[51] Apartado 1 del artículo 1 del Anexo XI del Estatuto: "A efectos del examen previsto en el apartado 1 del artículo 65 del Estatuto, la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas, en lo sucesivo denominada "Oficina Estadística", elaborará cada año, antes del final de mes de septiembre, un informe sobre la evolución del coste de la vida en Bruselas, las paridades económicas entre Bruselas y los demás lugares de destino en los Estados miembros y sobre la evolución del poder adquisitivo de las retribuciones de los funcionarios nacionales de las administraciones centrales, en lo sucesivo denominada "evolución del poder adquisitivo". El período de referencia de estos elementos lo constituirán los doce meses anteriores al 1 de julio del año durante el cual se realice el examen."

Este informe lo elabora la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (Eurostat) [52] de acuerdo con los institutos nacionales de estadísticas de los Estados miembros y sobre la base de la información facilitada por los servicios nacionales interesados. Eurostat es, pues, la fuente de todos los datos que figuran en este capítulo.

[52] Artículo 11 del Anexo XI del Estatuto: "La Oficina Estadística tendrá como función velar por la calidad de los datos de base y de los métodos estadísticos empleados para elaborar los elementos tenidos en cuenta en las actualizaciones de las retribuciones. En particular, estará encargada de realizar cualquier valoración o iniciar cualquier estudio necesario para este cometido."

4.1. Evolución del poder adquisitivo de los funcionarios nacionales (indicador específico)

Según el principio del paralelismo, la diferencia (positiva o negativa) entre la adaptación de la retribución y la inflación debe ser igual para los funcionarios comunitarios y nacionales.

El cuadro que figura a continuación indica que entre 1991 y 1998 los funcionarios de los Estados miembros de la UE perdieron, como media, un 2% de su poder adquisitivo.

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El Anexo XI del Estatuto dispone [53] que la diferencia (positiva o negativa) antes mencionada sea medida por Eurostat utilizando como indicador específico la evolución del poder adquisitivo [54] de las retribuciones en las funciones públicas nacionales [55].

[53] Letra a) del apartado 4 del artículo 1 del Anexo XI del Estatuto: "Con objeto de medir en porcentaje la evolución al alza y a la baja del poder adquisitivo de las retribuciones en las funciones públicas nacionales, la Oficina Estadística determinará, basándose en los datos suministrados por los servicios nacionales correspondientes, los indicadores específicos que muestren la evolución de las retribuciones reales de los funcionarios nacionales de cada una de las administraciones centrales durante el período de referencia."

[54] Aumento nominal menos inflación.

[55] Media U.E. ponderada por la masa salarial.

La metodología y sus reglas de aplicación práctica son establecidas [56] por el grupo de trabajo "Artículo 65 del Estatuto", integrado por representantes de los Estados miembros y presidido por Eurostat.

[56] Se trata de una muestra dado que los datos sobre las retribuciones corresponden por lo general al primer y último escalón de los principales grados, y ello en dos casos: el funcionario soltero y el funcionario casado con dos hijos a cargo.

Todos los cálculos se basan en la información que facilitan a Eurostat los servicios competentes de las administraciones de los Estados miembros. Esta información permite conocer la retribución del personal de las administraciones centrales a 1 de julio del año en curso.

El cuadro [57] siguiente muestra una evolución muy distinta en cada país.

[57] Desde 1994, el indicador específico incluye ya la evolución registrada en Finlandia, en Austria y en Suecia.

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Como puede observarse en este cuadro, el aumento concedido a los funcionarios fue superior a la inflación en el caso de diez Estados miembros (especialmente IRL y L) e inferior a ella en el de los otros cinco (particularmente GR).

Debe señalarse, no obstante, que la evolución de cuatro Estados miembros (D, FR, UK e I) representa el 77% del resultado final. [58]

[58] Letra a) del apartado 4 del artículo 1 del Anexo XI del Estatuto: "Para el establecimiento de los indicadores brutos y netos para el conjunto de los Estados miembros, se ponderarán los resultados por países conforme a las masas salariales de las administraciones centrales según queden reflejadas en las estadísticas más recientes publicadas en la contabilidad nacional."

4.1.1. Comparación de los cambios del indicador específico bruto y del indicador de control.

En aplicación del Anexo XI [59], Eurostat calcula cada año un indicador de control que muestra la variación de poder adquisitivo de la masa salarial per cápita en las administraciones.

[59] Letra d) del apartado 4 del artículo 1: "Junto con los indicadores específicos, la Oficina Estadística presentará, con carácter de indicadores de control, los datos relativos a la masa salarial en términos reales per cápita en el conjunto de las administraciones públicas y en las administraciones centrales, elaborados con arreglo a la definición de la contabilidad nacional."

Por expresarse en términos brutos, ese indicador no se compara con el indicador específico real expresado en términos netos, sino con el indicador específico bruto.

El cuadro siguiente recoge: en la segunda columna, la relación entre las masas salariales reales por funcionario en 1998 y 1990; en la tercera columna, la relación entre la retribución bruta real por funcionario a 1 de julio de 1998 y la correspondiente a 1 de julio de 1990; y, en la cuarta columna, la diferencia en % de las dos relaciones.

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El indicador específico bruto y el indicador de control son distintos por definición, y, por tanto, es normal que presenten diferencias. En efecto, los cambios del indicador de control vienen determinados, no sólo por las modificaciones de los convenios colectivos, sino también por factores intrínsecos (cambios de la edad media de la población de referencia, ascenso a categorías superiores, etc) y por las variaciones de componentes fortuitos del sueldo, tales como las horas extraordinarias, los incentivos de la productividad o las compensaciones por jubilación anticipada.

Además, hay ciertos factores que obstaculizan la comparabilidad estadística de los dos índices (la calidad de la muestra utilizada para calcular el indicador específico, las diferencias de las poblaciones de referencia, el trabajo a tiempo parcial, las cotizaciones sociales de los empleadores, etc). Asimismo, el deflactor utilizado para el indicador de control es el deflactor de gastos de los consumidores en las cuentas nacionales, mientras que el deflactor empleado para el indicador específico es el índice nacional de precios al consumo.

Un estudio acometido por Eurostat en 1995 a fin de examinar con más detalle la situación de Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido muestra que, si se eliminan las diferencias teóricas y estadísticas entre el indicador específico bruto y el indicador de control, se produce una evolución prácticamente paralela de los dos indicadores.

4.2. Evolución del coste de la vida en Bruselas

A solicitud del Consejo, la inflación de Bruselas se mide desde 1991 mediante un índice compuesto de dos elementos [60]:

[60] Artículo 3 del Anexo XI del Estatuto.

- el 75 % del índice común [61] calculado por Eurostat, índice que mide la evolución del coste de la vida para los funcionarios de las Instituciones Europeas en Bruselas;

[61] Artículo 1 del Anexo XI del Estatuto.

- el 25% del índice de los precios al consumo de Bruselas calculado por el Ministère des Affaires Économiques, índice que mide, de forma más general, la evolución del coste de la vida en la capital belga.

El índice común se deriva del índice de precios teniendo en cuenta la estructura del gasto de los funcionarios comunitarios en Bruselas y la evolución de los alquileres pagados por ellos.

Por este motivo, como puede observarse en el cuadro siguiente, esos dos índices son muy similares:

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Así pues, durante el período examinado en el cuadro, la evolución del coste de la vida en Bruselas fue de +18,9% (75% x 18,7% + 25% x 19,3%).

4.3. Adaptación de la retribución bruta

Entre 1991 y 1998, los funcionarios nacionales de los Estados miembros perdieron poder adquisitivo (- 2%, como media, en EUR15). En aplicación del principio del paralelismo consagrado en el método, esa pérdida se ha reflejado en las retribuciones de los funcionarios comunitarios.

De esta forma, la adaptación de la retribución bruta (+16,5 % [62]) es igual a la evolución del coste de la vida en Bruselas (+18,9 %) previa deducción de la pérdida media de poder adquisitivo de las remuneraciones de los funcionarios nacionales (-2%).

[62] 98,0 x 118,9 / 100 = 116,5.

El cuadro siguiente recoge este cálculo por cada año (con los resultados acumulados desde 1991).

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Así pues, el impacto de la coyuntura económica del período 1991-1998 en los sueldos de los funcionarios nacionales se ha reflejado también, con una pérdida de poder adquisitivo del 2%, en las retribuciones de los funcionarios comunitarios.

4.4. Efectos de la contrapartida del compromiso

4.4.1. Contribución temporal

El Consejo estableció en su día una contribución temporal cuyo nivel, reglas, fecha de producción de efectos y fecha de expiración se negociaron en el marco del compromiso del método. Esta contribución, que se introdujo añadiendo al Estatuto de los funcionarios el artículo 66 bis, llegará a su fin al mismo tiempo que el propio método [63].

[63] El Reglamento (CECA, CEE, EURATOM) n° 3831/91 del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, estableció por un período de 10 años una contribución temporal sobre las retribuciones pagadas por las Comunidades a los funcionarios en activo.

La medida representa una reducción media del poder adquisitivo de aproximadamente un 2,9% (del 1.1.1992 al 30.6.2001) [64].

[64] Para un funcionario soltero sin expatriación.

4.4.2. Aumento de la cotización pensión

En el marco del compromiso del método, el Consejo consideró que, para garantizar el equilibrio del régimen de pensiones, era oportuno aumentar el porcentaje de la cotización del personal a ese régimen. Como resultado de ello, el 6,75% fijado en el apartado 2 del artículo 83 del Estatuto quedó sustituido por un 8,25% [65].

[65] Reglamento (CECA, CEE, EURATOM) n( 3832/91 del Consejo, de 19 de diciembre de 1991.

La medida representa una pérdida media del poder adquisitivo de un 1,3 % aproximadamente [66].

[66] Para un funcionario soltero sin expatriación.

El efecto combinado de las dos medidas adoptadas como contrapartida del método (contribución temporal y aumento de la cotización pensión) ha representado una pérdida suplementaria de poder adquisitivo de -4,2 % [67].

[67] 97,1 x 98,7 /100=95,8 %.

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Este efecto es similar al de la exacción de crisis vinculada al método 1981, si bien con una diferencia: el aumento de la cotización pensión no es temporal.

4.5. Evolución de la retribución neta

El resultado de un aumento bruto de + 16,5% y de una reducción de - 4,2% (como contrapartida del método) arroja un aumento neto de + 11,6% [68].

[68] 116,5x 95,8 / 100 = 111,6.

Desde 1991, la evolución de la retribución neta en Bruselas y Luxemburgo ha sido la siguiente [69] :

[69] Por ejemplo, el sueldo neto de un funcionario A7/4 ha pasado de los 132.873 BEF de julio de 1991 (antes de la adaptación anual) a 148.286 BEF en julio de 1998 (tras la adaptación anual).

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4.6. Evolución del poder adquisitivo de los funcionarios comunitarios

Si se compara el aumento neto (11,6%) con la evolución del coste de la vida en Bruselas (18,9%), la pérdida de poder adquisitivo de las retribuciones de los funcionarios comunitarios ha sido de un 6,1% [70] en 8 años.

[70] 111,6/118,9=93,9.

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4.7. Evolución comparada del poder adquisitivo de las retribuciones de los funcionarios nacionales y comunitarios

La retribución de los funcionarios de las Instituciones Europeas se ha ido adaptando a las variaciones de la situación económica y social, reflejándose en ella, no sólo la disminución (- 2,0%) del poder adquisitivo de los funcionarios nacionales, sino también una reducción (- 4,2% [71]) suplementaria del poder adquisitivo.

[71] Contribución temporal (2,9 %) y aumento de la cotización pensión (1,3 %).

El cuadro siguiente muestra la evolución comparada de las retribuciones nacionales y comunitarias.

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4.8. Cuadro recapitulativo

El cuadro que figura a continuación reúne los diferentes datos contenidos en el capítulo 4.

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5. evolución de las retribuciones fuera de bruselas y luxemburgo (coeficientes correctores)

El principio fundamental es la igualdad con relación a Bruselas del poder adquisitivo de las retribuciones pagadas en cualquier lugar de destino de la Unión Europea [72].

[72] El método que se aplica para adaptar los sueldos de los funcionarios destinados fuera de la UE sigue este mismo principio (mantener la igualdad de poder adquisitivo con relación a Bruselas), si bien con algunas diferencias.

Para Bruselas y Luxemburgo, el valor del coeficiente corrector es igual a 100 [73].

[73] Artículo 64 del Estatuto: "El coeficiente corrector aplicable a la retribución de los funcionarios destinados en la sedes provisionales de las Comunidades será, con fecha de 1 de enero de 1962, igual al 100%."

Fuera de Bélgica y Luxemburgo, se aplica un coeficiente corrector [74] para compensar la diferencia (positiva o negativa) con respecto a Bruselas del coste de la vida en el lugar de destino [75].

[74] Y un tipo de cambio, fijado anualmente para los países que no han adoptado el euro.

[75] Artículo 9 del Anexo XI del Estatuto: "Basándose en un informe de la Oficina Estadística y cuando existan elementos objetivos que revelen una distorsión sensible del poder adquisitivo en un lugar determinado, en relación con el nivel comprobado en la capital del Estado miembro correspondiente, el Consejo, a propuesta de la Comisión y con arreglo al párrafo segundo del artículo 64 del Estatuto, decidirá la fijación de un coeficiente corrector para dicho lugar."

Retribuciones fuera de B/L = retribución B/L x coeficiente corrector [76].

[76] x tipo de cambio, en los casos de no adopción del euro.

Este coeficiente corrector es igual a la relación media de precios entre el lugar de destino y Bruselas. Corresponde a la suma necesaria [77] para adquirir en el destino una cesta de artículos que en Bruselas costaría 100 unidades monetarias.

[77] Al tipo de cambio que se fija anualmente para los países que no han adoptado el euro.

La aplicación del coeficiente corrector [78] permite así compensar la diferencia del coste de la vida con respecto a Bruselas.

[78] Y del tipo de cambio fijado anualmente para los países que no han adoptado el euro.

En caso de variación sensible del coste de vida, el Consejo puede decidir "actualizaciones intermedias" [79]. Entre 1991 y 1997, se adoptó este tipo de actualizaciones para Italia, Grecia, España y Portugal, pero desde 1997 no se ha producido ninguna.

[79] Apartado 1 del artículo 4 del Anexo XI del Estatuto: "Con efectos al 1 de enero, las actualizaciones intermedias de las retribuciones previstas en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto se decidirán en caso de variación sensible del coste de vida, si se alcanzare un umbral de sensibilidad y teniendo en cuenta la previsión de la evolución del poder adquisitivo durante el período anual corriente de referencia."

El cuadro siguiente recoge la evolución de los coeficientes correctores desde 1990.

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Los destinos que cuentan con el mayor número de funcionarios y demás agentes son Bélgica y Luxemburgo (89% de los funcionarios; coeficiente corrector: 100), Varese (coeficiente corrector: 94,3), España (coeficiente corrector: 90,8) y Karlsruhe (coeficiente corrector: 98,8).

El coeficiente corrector medio ponderado por el número de funcionarios y agentes es de 100,1.

En la práctica, el cálculo del coeficiente corrector se efectúa en dos etapas:

En primer lugar, los institutos nacionales de estadística reúnen los precios de los Estados miembros [80] y Eurostat calcula una relación media de precios que se denomina paridad económica.

[80] En las capitales y otros lugares de destino.

Paridad económica = media de (precios lugar de destino/precios Bruselas).

Y, en segundo lugar, esa paridad se divide por el tipo de cambio que se fija anualmente para obtener el coeficiente corrector (relación de precios tras la conversión a una misma moneda).

Coeficiente corrector = paridad económica/tipo de cambio fijado anualmente [81].

[81] Si se trata de la misma moneda, el tipo es 1 y, la paridad, igual al coeficiente corrector.

Así pues, las variaciones de los coeficientes correctores pueden estar motivadas por las modificaciones tanto de las paridades económicas como de los tipos de cambio.

5.1. Paridad económica

La paridad económica [82] representa la relación media de precios con relación a Bruselas. Se trata del importe en moneda nacional que es necesario para comprar en el lugar de residencia el equivalente de bienes y servicios que se podría adquirir en Bruselas con 1 unidad monetaria [83].

[82] Letra a) del apartado 3 del artículo 1 del Anexo XI del Estatuto: "La Oficina Estadística, de acuerdo con los institutos nacionales, calculará las paridades económicas que reflejen las equivalencias del poder adquisitivo entre las retribuciones pagadas a los funcionarios de las Comunidades Europeas destinados en los Estados miembros, en las capitales y en otros lugares de destino previstos en el artículo 9, en relación con Bruselas."

[83] 1 franco belga hasta el 1.1.1999 y 1 euro desde esa fecha.

El cuadro siguiente muestra la evolución de las paridades económicas.

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En la práctica, el cálculo se efectúa realizando tres operaciones:

- la comprobación anual de alrededor de un tercio [84] de las relaciones de precios existentes mediante la incorporación de los precios que se hayan registrado en nuevas encuestas;

[84] Letra b) del apartado 3 del artículo 1 del Anexo XI del Estatuto: "Las paridades económicas se calcularán de tal manera que cada partida de los elementos pueda ser comprobada mediante un estudio directo al menos una vez cada cinco años."

- la actualización de todos los precios con unos índices de precios detallados;

- la suma de las relaciones de precios en una media ponderada [85] con la estructura de consumo de los funcionarios comunitarios, que permite obtener la paridad económica (la relación media de precios).

[85] Para facilitar esta suma, los precios se agrupan en partidas cuyo peso respectivo en el gasto global pueda calcularse.

Actualmente, se encuentran en estudio algunas cuestiones relacionadas con este cálculo:

- La incorporación de los precios obtenidos en nuevas encuestas puede originar un problema de discontinuidad (respecto de la actualización con los índices de precios), con efectos en la estabilidad de las paridades económicas.

- La comparabilidad y representatividad de los precios de alquiler plantean una serie de dificultades particulares que han dado lugar a la creación en el grupo"Artículo 64" [86] de un subgrupo "alquileres" que debería presentar su informe final en mayo del año 2000.

[86] La Oficina Estadística convoca al menos una vez al año, y no después del mes de septiembre, un grupo de trabajo, compuesto por expertos de los institutos nacionales, denominado "Artículo 64 del Estatuto".

- El citado grupo ("Artículo 64") ha pedido a Eurostat que compruebe si siguen siendo válidas las conclusiones extraídas en 1995 con relación a las estructuras de consumo utilizables para la agregación de las paridades económicas. Conviene recordar en este sentido que Eurostat realizó una serie de pruebas estadísticas que indicaban que las estructuras de consumo propias de los funcionarios internacionales eran sensiblemente diferentes de las estructuras de consumo nacionales y que, por tanto, no era aconsejable utilizar estas últimas para la agregación de las paridades económicas.

5.2. Fijación anual de un tipo de cambio

Hasta el 31 de diciembre de 1998, las retribuciones de los funcionarios destinados en los Estados miembros que no fueran Bélgica ni Luxemburgo se expresaban en francos belgas pero se pagaban en moneda nacional (en España, por ejemplo, en pesetas).

Esto exigía la aplicación de un tipo de cambio que se fijaba anualmente con relación al franco belga para evitar que variara cada mes la retribución en moneda local.

El cuadro que figura a continuación pone de manifiesto que, durante el período considerado, algunos tipos de cambio variaron fuertemente con respecto al franco belga, y ello con efectos muy importantes en los coeficientes correctores.

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5.3. Paso al euro en 1999 y coeficientes correctores

Desde enero de 1999, las retribuciones se expresan en euros (y se pagan también en euros en los once países participantes).

La adopción del euro ha determinado que, en el caso de los Estados miembros participantes, ya no sea necesario fijar anualmente el tipo de cambio, ya que la retribución se expresa y se paga en la misma moneda (es decir, el euro).

Retribución fuera de B/L = retribución B/L x coeficiente corrector [87].

[87] x tipo de cambio, en los casos de no adopción del euro.

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5.4. Cláusula de recuperación de las sumas percibidas en exceso

La fijación de nuevos coeficientes correctores al final de cada año, con efectos retroactivos al 1 de julio, puede dar lugar a un ajuste retroactivo (al alza o a la baja) de las retribuciones y pensiones. Por ello, desde 1994, se ha decidido incluir en los reglamentos que adaptan las retribuciones una disposición que permita, bien el pago de atrasos, en caso de un ajuste al alza, bien la recuperación de las sumas percibidas en exceso, si el ajuste es a la baja.

6. Conclusiones

El régimen de retribuciones estatutario garantiza la igualdad de poder adquisitivo de todos los funcionarios comunitarios, teniendo en cuenta su situación familiar y la evolución del coste de la vida en su lugar de destino.

El compromiso del método 1991 fue el resultado de las negociaciones celebradas entre el Consejo, las administraciones de las Instituciones Comunitarias y los representantes del personal de esas Instituciones. Este compromiso, que expirará el 30 de junio del año 2001 [88], se ha venido aplicando desde el 1 de julio de 1991 con los resultados siguientes:

[88] El método (Anexo XI del Estatuto) y la contribución temporal (artículo 66 bis del Estatuto) serán aplicables hasta el 30.6.2001. En cambio, el aumento de la cotización pensión seguirá aplicándose con posterioridad a esa fecha.

(1) Desde 1991, los funcionarios nacionales han sufrido una pérdida de poder adquisitivo (- 2%, como media, en EUR 15).

(2) La aplicación del principio del paralelismo en el marco del método ha reflejado automáticamente esa pérdida (- 2%) en la retribución neta de los funcionarios comunitarios.

(3) La contrapartida del compromiso ha sido una disminución suplementaria del poder adquisitivo (- 4,2%) a través de la contribución temporal y del aumento de la cotización pensión.

(4) El resultado final arroja una pérdida importante de poder adquisitivo para los funcionarios comunitarios (-6,1 % en 8 años).

(5) El carácter automático de este método ha permitido evitar los conflictos que habrían podido plantear las negociaciones anuales.

(6) En definitiva, la retribución de los funcionarios comunitarios ha ido adaptándose a las variaciones de la situación económica y social, registrando una disminución de poder adquisitivo que ha ido más allá del paralelismo con los funcionarios nacionales.

Por estos motivos, la Comisión considera que el método ha alcanzado de hecho sus objetivos.