COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 06.03.1996 
COM(96) 76 final 
PROTECCIÓN JURÍDICA 
DE LOS SERVICIOS CODIFICADOS 
EN EL MERCADO INTERIOR 
CONSULTA SOBRE LA CONVENIENCIA 
DE UNA INICIATIVA COMUNITARIA 
Libro Verde de la Comisión 

LIBRO VERDE SOBRE PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS SERVICIOS 
CODIFICADOS EN EL MERCADO INTERIOR 
Resumen y comentarios 
Introducción 
CAPÍTULO 1: DESARROLLO DEL MERCADO EUROPEO DE LOS 
SERVICIOS CODIFICADOS 
1. Un mercado en pleno desarrollo 
2. Un mercado europeo 
3. Un mercado expuesto a los embates de la piratería 
4. Un mercado expuesto a la fragmentación normativa 
CAPÍTULO 2: NORMATIVAS INTERNACIONALES 
1. Trabajos del Consejo de Europa 
2. Trabajos de la OMPI 
CAPÍTULO 3: LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS 
1. Panorama general 
2. Situación de la normativa en los Estados miembros (sinopsis) 
CAPÍTULO 4: OBSTÁCULOS AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 
MERCADO INTERIOR 
1. Obstáculos a la libre circulación de los dispositivos de descodificación (artículo 30 y 
sigs.) 
2. Obstáculos a la libre circulación de los servicios vinculados a los dispositivos de 
descodificación (artículo 59 y sigs.) 
3. Obstáculos a la libre circulación de los servicios codificados 
4. Falseamiento de la competencia 
CAPÍTULO 5: CONVENIENCIA DE UNA INICIATIVA COMUNITARIA Y 
TIPO DE INICIATIVA POSIBLE 
1. Objetivo de la iniciativa 
2. Coherencia con otras políticas comunitarias 
3. Selección del instrumento y fundamento jurídico 
4. Ámbito de aplicación 
5. Estructura general 
RELACIÓN DE PREGUNTAS 
1:' 
Resumen y comentarios 
Objetivo 
La mayor disponibilidad de frecuencias y la utilización de nuevas tecnologías ha permitido 
que durante los últimos años se desarrollen nuevos servicios de radiodifusión que codifican 
su señal para limitar la recepción a quienes han pagado el canon. Para recibir este 
programa, el espectador debe contar también con un dispositivo de descodificación que 
pueda reconstituir la imagen original. 
Estos servicios constituyen un mercado en pleno desarrollo, sobre todo merced en 
particular a la aparición de la teconología digital, que permitirá aumentar la capacidad de 
comunicación. Además, debido a su especialización, les resultará necesario adquirir una 
dimensión trans nacional, a menudo europea. Sin embargo, este desarrollo peligra a causa 
de la piratería. En efecto, junto a los fabricantes de dispositivos de descodificación 
oficiales, ha surgido una floreciente industria de fabricantes no autorizados, que producen y 
comercializan, sin autorización del operador, dispositivos que permiten la recepción del 
servicio sin abonar el canon. Esta recepción ilícita acarrea considerables pérdidas para el 
prestador del servicio y, de manera indirecta, afecta a las posibilidades de explotación de 
los proveedores de programas y de los fabricantes oficiales. 
Por esta razón, la Comisión ya destacó en el programa estratégico para el mercado interior 
del 22 de diciembre de 1993 (COM (93) 632) la importancia de ofrecer una protección 
jurídica de los servicios codificados contra la recepción ilícita. 
Esta exigencia resulta aún más acuciante ante la perspectiva de la aparición de la sociedad 
de la información, puesto que en un futuro en que los nuevos servicios codificados van a 
multiplicarse, habrá que velar por que estén protegidos, independientemente de su 
contenido, contra la recepción por parte de las personas no autorizadas. 
Para ello, en la Comunicación "Europa en marcha hacia la sociedad de la información: plan 
de actuación", de julio de 1994 (COM (94) 347), la Comisión anunció la preparación de un 
"Libro Verde sobre protección jurídica de los servicios codificados en el mercado interior", 
con objeto de analizar los problemas que plantea la falta de legislación específica sobre la 
protección jurídica de los servicios codificados en ciertos Estados miembros, así como por 
las disparidades entre las normativas vigentes en los demás Estados miembros. 
Situación normativa 
Del análisis comparado de los enfoques normativos adoptados por los legisladores de los 
Estados miembros se desprende que las soluciones previstas al problema de la recepción 
ilícita de los servicios codificados varían considerablemente. 
Mientras que algunos Estados miembros adoptaron a finales de los años ochenta una 
normativa específica para garantizar la protección contra la recepción ilícita de los 
servicios codificados, otros (A, P, E, GR, DK, D, LUX) todavía no se han dotado de dicha 
normativa. 
Las normativas generales que se aplican en ocasiones en estos últimos Estados (por 
ejemplo, en materia de competencia desleal, telecomunicaciones, derechos de autor) no 
pueden a menudo ofrecer una protección eficaz contra la recepción ilícita de los servicios 
codificados. Este hecho ha propiciado el desarrollo, en algunos de dichos Estados, de una 
próspera industria pirata que fabrica, comercializa, instala y mantiene dispositivos ilegales. 
Se ha desarrollado además una prensa especializada, con publicaciones monográficas, y se 
han creado redes de promoción comercial para los dispositivos piratas. Los efectos de este 
fenómeno afectan también a otros Estados miembros, en los que dichos dispositivos, pese a 
las medidas restrictivas que pesan sobre ellos, llegan al mercado. 
Entre los Estados que cuentan con una normativa específica, las disparidades en las 
soluciones previstas son considerables, en particular en lo que respecta al ámbito de 
aplicación, a las actividades prohibidas (promoción comercial, tenencia por parte de 
particulares) y a las sanciones fijadas. 
Conveniencia de una iniciativa comunitaria 
Ante esta situación, podría justificarse la adopción de una iniciativa comunitaria. La falta 
de un grado equivalente de protección jurídica en todos los Estados miembros provoca el 
mal funcionamiento del mercado interior genera diversas trabas a la libre circulación de 
servicios codificados y dispositivos de descodificación y falsea en buena medida la 
competencia entre los operadores de los Estados miembros. En efecto, la actual 
fragmentación de las soluciones normativas, con los costes económicos suplementarios y la 
inseguridad jurídica que propicia, la perciben los sectores profesionales como un obstáculo 
de primer orden para el desarrollo de un mercado europeo de los nuevos servicios 
codificados. 
Una iniciativa de este tipo resultaría útil ante la aparición de la sociedad de la información. 
en la cual los servicios codificados podrían desempeñar un papel fundamental. La iniciativa 
comunitaria tendría así la ventaja de eliminar la fragmentación del mercado interior y 
tendría al mismo tiempo en cuenta otros objetivos comunitarios, como los correspondientes 
a las políticas audiovisual, cultural y de protección de los consumidores. 
En su inmensa mayoría, los operadores se han declarado partidarios de la adopción de una 
iniciativa comunitaria. En este sentido, la Agrupación europea en pro de la difusión vídeo-
digital (DVB) ha adoptado una recomendación en la cual destaca la necesidad de disponer 
de un marco normativo claro y uniforme en la Unión, exigencia que comparte el-
Parlamento Europeo, que ha propuesto la introducción, en la Directiva sobre normas de 
transmisión de señales televisivas, de un considerando en el que se destaque la 
conveniencia de establecer y aplicar una legislación eficaz contra la piratería a escala 
europea; este considerando fue mantenido por el Consejo al adoptar la Directiva el 24 de 
octubre de 1995. 
Sin embargo, antes de proponer una iniciativa, la Comisión desearía conocer la opinión al 
respecto de las partes interesadas sobre la que se expone más adelante. 
La Comisión podría proponer una iniciativa encaminada a armonizar las normativas 
nacionales. Habida cuenta del principio de proporcionalidad y de subsidiariedad, la 
iniciativa propuesta podría prever una armonización mínima que diera libertad a los 
Estados miembros para establecer principios más estrictos, garantizando al propio tiempo 
un nivel mínimo de protección equivalente en el interior de la Unión. La iniciativa podría 
así prohibir la fabricación, venta, posesión con fines comerciales y particulares, instalación 
y promoción comercial de dispositivos de descodificación encaminados a permitir el acceso 
a los servicios codificados sin la autorización del organismo codificador. Esta iniciativa 
tendría la ventaja de garantizar una protección equivalente a nivel de la Unión Europea 
contra la recepción ilícita de servicios codificados y garantizar la seguridad jurídica de los 
medios interesados. 
Fase siguiente 
La Comisión quiere realizar una consulta abierta sobre el Libro Verde: podrán responder 
todas las personas o empresas y todos los organismos y autoridades. Se trata de una 
consulta bidireccional, es decir, que no se dirige únicamente a las federaciones o 
asociaciones profesionales, sino también a cualquier operador individual. Este Libro Verde 
se enviará al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social, al Comité de las 
Regiones, a los Estados miembros, al Espacio Económico Europeo y a los PECO. 
El plazo límite de entrega de las contribuciones es el 31 de mayo de 1996. En función de 
las propuestas que reciba, la Comisión tomará una decisión, durante el verano de 1996, 
sobre la conveniencia de adoptar una iniciativa a escala comunitaria. 
Introducción 
I. El problema de la recepción ilícita 
Durante los últimos años se ha recurrido cada vez más a la codificación de señales. En 
efecto, a partir de los años 80 apareció una serie de sistemas que, con diferentes grados de 
seguridad, utilizan una forma de codificación en la cual la imagen original y/o los sonidos 
se alteran antes de la emisión, de modo que un simple receptor no puede reconstituir la 
emisión original, lo cual obliga al espectador a disponer, para reconstituir la imagen, de un 
dispositivo de descodificación específico (descodificador, "smart card" o programa 
informático), que pueda comprender las instrucciones enviadas con la señal codificada y 
que se suele suministrar previo pago de un canon. 
Originalmente utilizada por los distribuidores por cable para adaptar a su abono el número 
de cadenas disponibles para el telespectador, esta tecnología se popularizó rápidamente 
entre las cadenas terrestres de pago, y ha conocido durante los últimos tiempos un 
importante desarrollo, con la difusión de cadenas codificadas por satélite. No obstante, la 
explosión de la aplicación de la codificación se producirá con la aparición de la tecnología 
digital y el desarrollo de los servicios de la sociedad de la información, como por ejemplo 
la telecompra interactiva, los servicios de información a distancia, los servicios 
profesionales "en línea ", los juegos interactivos, etc. que deberán recurrir en diferente 
medida a la codificación para garantizar la viabilidad de su evolución. 
El recurso a la codificación puede deberse a varios motivos. Además de las razones de 
estrategia comercial, que se derivan de la necesidad de encontrar nuevas fuentes de 
ingresos, cabe citar la exigencia de los titulares de los derechos de autor de garantizar la 
protección y explotación de los programas transmitidos a través de la señal. La protección 
de los menores, en particular en el caso de las cadenas de radiodifusión para adultos, 
también puede desempeñar un papel importante, al igual que la posibilidad de identificar 
mejor el mercado, para dirigir más certeramente la promoción comercial. 
Sin embargo, junto a los fabricantes de dispositivos de descodificación oficiales se ha 
desarrollado una floreciente industria de fabricantes no autorizados. Esta industria pirata 
fabrica y comercializa, por lo general a un precio inferior al de los oficiales, dispositivos 
de descodificación que permiten la recepción del servicio sin la autorización del prestador. 
Se calcula que en la actualidad estos dispositivos ilícitos representan aproximadamente 
entre el 5 y el 20% del total en circulación y generan cada año millones de ecus de 
facturación. Por otra parte, este mercado pirata ha dado lugar a una prensa especializada. 
que edita publicaciones temáticas, y se han creado redes de promoción comercial de 
aparatos ilícitos. Se han creado asimismo verdaderos servicios post-venta, que se ocupan 
del mantenimiento y a veces incluso de la sustitución de los dispositivos, en caso de que el 
operador cambie de sistema. 
La comercialización de estos dispositivos ilícitos tiene ante todo consecuencias negativas 
sobre las actividades de los operadores de servicios codificados. Éstos, además de las 
pérdidas registradas (en términos de mercado potencial y de pérdidas de beneficios), deben 
enfrentarse a los costes adicionales generados por la necesidad de dotarse de sistemas de 
distribución de dispositivos de descodificación (generalmente mediante alquiler), que 
resultan particularmente onerosos, con objeto de poder controlar su utilización. 
Además, para los proveedores de programas contenidos en la emisión, la comercialización 
de los dispositivos ilícitos constituye una pérdida de beneficios, en la medida en que los 
particulares que reciban el programa mediante un dispositivo ilícito no se tendrán en cuenta 
en el momento de negociar la remuneración para la cesión de los derechos, que puede 
basarse, entre otras cosas, en el número de abonados al servicio. 
Por otra parte, para los proveedores de tecnología, la comercialización de dispositivos 
ilícitos socava la confianza del mercado en su sistema y acarrea pérdidas de beneficios 
relacionadas con el mercado potencial que ocupan dichos dispositivos. 
Por último, la comercialización de dispositivos ilícitos representa un riesgo para los 
consumidores, ya que pueden ser inducidos a error sobre el origen del dispositivo de 
descodificación en el momento de la compra al creer que están comprando un dispositivo 
autorizado cuando en realidad se trata de un descodificador pirata. En ese caso, si el 
operador modifica por motivos de seguridad el sistema de codificación, el dispositivo 
comprado no tendrá ya ninguna utilidad para el consumidor, el cual deberá comprar un 
descodificador nuevo. Por otra parte, los prestadores de servicios compensan las pérdidas 
registradas por la piratería encareciendo el precio de venta o de alquiler de los dispositivos 
legales comprados por los consumidores. 
II. Situación normativa 
Para acabar con esta situación, los operadores han reclamado que los Estados miembros 
adopten una normativa específica que garantice una protección jurídica rápida y eficaz 
contra la fabricación y la distribución de dispositivos de descodificación ilícitos. En efecto, 
si bien es cierto que el progreso de la tecnología ha incrementado el grado de seguridad de 
los sistemas de codificación, la adopción de soluciones exclusivamente tecnológicas ha 
demostrado ser a menudo ineficaz. Por una parte, al elegir un sistema de codificación, el 
operador deberá tener en cuenta los costes que supone el sistema; un alto grado de 
seguridad que fuera al propio tiempo muy costoso podría resultar económicamente inviable. 
Por otra parte, la práctica ha demostrado que el desarrollo de las técnicas de pirateo se 
produce al mismo ritmo que el de las técnicas de codificación y, aunque se recurra a la 
tecnología digital, no puede descartarse un embate contra los nuevos sistemas. Por 
consiguiente, para hacer frente a esta industria pirata, ha resultado necesaria, en 
complemento de los medios técnicos, una solución normativa, lo que ha propiciado una 
corriente favorable a la adopción de una normativa común a todos los Estados miembros. 
que todavía sigue viva y ha adoptado enfoques que varían considerablemente1. 
En este contexto, la Comisión, en su Comunicación "Europa en marcha hacia la sociedad 
de la información: plan de actuación", de julio de 1994 (COM (94) 347), anunció la 
elaboración de un "Libro Verde sobre protección jurídica de los servicios codificados en el 
mercado interior", con objeto de analizar los problemas planteados por la falta de 
legislación específica sobre la recepción ilícita de dichos servicios en ciertos Estados 
miembros y por la disparidad entre las normativas vigentes en los demás Estados 
miembros. 
III. Servicios cubiertos 
El objeto del análisis que viene a continuación es la recepción ilícita de un servicio 
codificado, es decir, una recepción sin pago y/o autorización por personas no autorizadas 
por el prestador de servicios, así como las soluciones previstas en las legislaciones 
nacionales. Por servicios codificados hay que entender los servicios que recurren a la 
codificación de su señal para garantizar el pago de un canon. En esta categoría entran 
también los servicios de radiodifusión tradicionales codificados (por cable, por vía 
hertziana o por satélite), los nuevos servicios de radiodifusión (televisión digital, "pay-per-
view" -"televisión de pago por visión"-, vídeo a la carta) y los servicios de la sociedad de 
la información, es decir, los servicios prestados electrónicamente a distancia, previa 
solicitud individual de un destinatario (en particular el vídeo a la carta, el comercio 
electrónico y los servicios de información multimedia). 
En cambio, no quedan cubiertos los servicios codificados por razones que no sean las de 
garantizar el pago de un canon, como ocurre con los servicios codificados para garantizar 
la integridad y la confidencialidad del mensaje transmitido, a saber, los servicios 
financieros o de telecomunicaciones (en particular, los servicios de telefonía móvil que 
utilizan la tecnología GSM). La razón de esta exclusión se encuentra en el hecho de que, 
para éstos, los intereses generales perjudicados en caso de intercepción, es decir la 
integridad y la confidencialidad de la comunicación, difieren sensiblemente de la protección 
del valor de un servicio que se presta a cambio de remuneración, y que constituye el 
objetivo de interés general amenazado por la recepción ilícita. Pero esta diferencia ha 
acarreado a escala nacional e internacional soluciones normativas que difieren 
considerablemente. en particular en lo que respecta a las iniciativas adoptadas y a la 
importancia de las sanciones, y que no justifican que se traten conjuntamente ambos 
problemas. 
Se excluyen asimismo del Libro Verde los problemas relacionados con los sistemas que 
impiden la realización de copias de obras y de otras contribuciones protegidas, que ya se 
Véase el capítulo 3: Legislación de los Estados miembros. 
han abordado en el Libro Verde sobre los derechos de autor en la sociedad de la 
información adoptado por la Comisión en julio de 1995. 
Por último, el Libro Verde no trata los problemas relacionados con la estandarización de 
los sistemas de acceso condicionado, con las condiciones para la concesión de las licencias 
relativas a estos sistemas, que ya abordó la Directiva sobre las normas de transmisión de 
señales de televisión2 y con el control por las autoridades nacionales de los sistemas de 
codificación. Sobre este último tema, vinculado estrechamente al problema de la seguridad. 
la Comisión está trabajando en asuntos relacionados con la seguridad de los sistemas de 
información. Por otra parte, podrían emprenderse otros trabajos sobre la posibilidad de que 
el buen funcionamiento del mercado interior peligrara por la aplicación de las normativas 
nacionales. 
IV. Trabajos preparatorios 
Para la elaboración del Libro Verde, la Comisión solicitó a tres empresas independientes 
que efectuaran estudios sobre los aspectos tecnológicos, económicos y jurídicos del 
mercado de los servicios codificados3. 
El primer estudio ("Technical aspects related to encrypted broadcasts"), se concentró en 
los aspectos técnicos y económicos, abordando en particular los sistemas de codificación 
utilizados en la actualidad, sus ventajas y defectos, así como su vulnerabilidad. En cuanto a 
los aspectos económicos, el estudio se centra en los costes de gestión de un sistema de 
codificación de los abonados, en la tendencia al desarrollo de sistemas compatibles, así 
como en la aparición de nuevas tecnologías digitales. 
El segundo ("Protection of encrypted broadcasts"), aborda la vertiente jurídica de este 
problema. Efectúa un análisis de los factores que han determinado el desarrollo de los 
servicios de radiodifusión codificada, las causas de la piratería, así como las soluciones 
jurídicas que se han adoptado para hacer frente a esta actividad. 
El tercero ( "Legal protection of encrypted broadcasting signals "). analiza las legislaciones 
vigentes en los Estados miembros en materia de protección de señales codificadas, así 
Directiva 95/47 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, sobre el uso de normas 
para la transmisión de señales de televisión (DOCE n_ L 281/51 de 23.11.1995). 
Estos estudios pueden obtenerse solicitándolos a la siguiente dirección: 
Comisión Europea, Dirección General Mercado Interior y Asuntos financieros 
Medios de comunicación, comunicación comercial y competencia desleal 
DG XV/E/5 C 107 8/59 
200, rue de la Loi 
1040- Bruselas 
Bélgica 
Fax: 32.2.295.77.12 
E-mail: e5@dgl5.cec.be 
8 
como su aplicación por parte de los tribunales nacionales y los eventuales mecanismos de 
control y de sanción previstos. Además, ha efectuado un análisis de las normativas 
adoptadas por las instituciones internacionales (Consejo de Europa, OMPI). 
Por otra parte, en marzo de 1995, la Comisión emprendió una amplia consulta entre los 
sectores industriales interesados por el problema de la recepción ilícita de servicios 
codificados, en particular los radiodifusores, los fabricantes de productos de 
descodificación, los distribuidores por cable, los proveedores de programas, las empresas 
de telecomunicaciones y los interesados que desearon participar en ella. 
Los resultados de esta consulta han confirmado que la recepción ilícita de un servicio 
codificado y la fragmentación del marco normativo en la Unión constituyen un verdadero 
problema para la industria de los medios de comunicación, para la cual, en el momento de 
adoptar la decisión de distribuir en un Estado miembro un nuevo servicio codificado, la 
posibilidad de beneficiarse de una protección jurídica eficaz contra la recepción ilícita 
constituye un aspecto fundamental. Cuando no existe esta protección jurídica, los 
operadores prefieren a menudo no comercializar el servicio. 
Así, los operadores se han declarado, en su gran mayoría, partidarios de la adopción de 
una iniciativa comunitaria y, en este sentido, la Agrupación europea en pro de la difusión 
vídeo-digital (DVB) , cuyo grupo de expertos sobre piratería de los servicios codificados 
procedió a la estandarización de las normas para la televisión digital, adoptó en 1995 una 
recomendación en la que destaca la necesidad de disponer de un marco normativo claro y 
uniforme a escala de la Unión, con el que pueda contarse en caso de recepción ilícita de los 
servicios codificados. 
El Parlamento Europeo comparte esta opinión: en el procedimiento que condujo a la 
adopción de la Directiva sobre las normas para la transmisión de las señales televisivas4, 
propuso la introducción de un considerando en el que se recalcara que, en el entorno digital 
del sector audiovisual europeo, las posibilidades de pirateo se incrementarán, lo que tendrá 
consecuencias negativas para los operadores y los proveedores de programas, y que la 
instauración y aplicación de una legislación antipirateo eficaz a escala europea son cada vez 
más necesarias; este considerando fue mantenido por el Consejo al adoptar la Directiva el 
24 de octubre de 1995. 
Directiva 95/47, antes citada. 
CAPITULO 1: MERCADO EUROPEO DE SERVICIOS CODIFICADOS 
1. Un mercado en pleno desarrollo 
Desde hace varios años, los adelantos tecnológicos (como la utilización de los satélites y 
del cable de fibra óptica) han provocado un rápido cambio del panorama audiovisual 
europeo, posibilitando un crecimiento continuo de la oferta de servicios. En esta situación, 
al recurrir cada vez más operadores a estrategias comerciales selectivas, les ha resultado 
capital codificar su señal para viabilizar la prestación de sus servicios. 
En efecto, la estructura tradicional de la financiación de las cadenas privadas, basada 
exclusivamente en los ingresos generados por las comunicaciones comerciales, resulta con 
frecuencia inviable para los nuevos operadores. Con la progresiva proliferación de la oferta 
de cadenas de radiodifusión, la contribución por cadena de los anunciantes tradicionales de 
televisión se reduce. Al mismo tiempo, los operadores tratan de diferenciarse de este 
número creciente de competidores potenciales respondiendo a las necesidades específicas de 
los mercados especializados, en función de los gustos e intereses de los destinatarios 
(cadenas de películas, musicales, deportivas, etc.). Así, el operador se distingue con 
respecto a sus competidores en el mercado de masas dirigiéndose a esta demanda 
específica, que antes se satisfacía poco o nada. Sin embargo, comparando zonas geográficas 
idénticas, la audiencia de un servicio especializado será necesariamente más específica y, 
por consiguiente, más reducida, por lo que los operadores de medios de comunicación no 
podrán contar con los ingresos de los anunciantes5 de los mercados de masas, menos 
interesados por una estrategia no generalista. 
1.1 Motivos de la codificación 
Las principales razones del recurso a la codificación pueden resumirse como sigue: 
• Necesidad de garantizar la contribución financiera de los destinatarios de los 
servicios: el concepto de servicio especializado se basa en la posibilidad de ofrecer 
un valor añadido, con respecto a los servicios destinados al público en general, a 
determinada categoría de destinatarios, a los que se puede así exigir que contribuyan 
a la financiación del servicio y, merced a la codificación, los no abonados quedarán 
excluidos de la recepción. 
• Posibilidad de incrementar los ingresos procedentes de comunicaciones comerciales 
por unidad de audiencia: codificando la señal, el operador podrá vender mejor el 
espacio publicitario o los programas destinados a ser patrocinados a las empresas 
En el presente documento, se entenderá por "anunciantes" las "empresas que recurren a comunicaciones 
comerciales". En este término se incluyen todas las formas de publicidad, promoción de ventas, marketing 
directo, patrocinio y relaciones públicas. Se ha optado por usar su sentido genérico, para poder tener en 
cuenta los progresos recientes y futuros en la utilización de los instrumentos de marketing que propician los 
adelantos en el ámbito de los medios de comunicación. 
10 
interesadas por estos mercados especializados. En ese caso, el anunciante no pagará 
ya por un mercado geográfico completo, sino sólo por el mercado al que se dirige. 
Por consiguiente, aceptará pagar un precio más elevado por unidad de audiencia, 
puesto que su calidad se considera más alta con respecto a la audiencia de un medio 
de comunicación de masas. 
Capacidad de centrar mejor la oferta: un mejor conocimiento del destinatario del 
servicio ayudará al operador a ajustar su servicio a la demanda exacta del mercado 
al que se dirige. 
Simplificación de la adquisición de los derechos de radiodifusión: la difusión por 
satélite ha ampliado de manera considerable el alcance potencial de recepción. No 
obstante, por tradición la cesión de los derechos de radiodifusión se sigue 
efectuando siguiendo criterios territoriales, lo que implica la necesidad de restringir 
la recepción a los telespectadores que se encuentran en un área geográfica o 
lingüística limitada. Gracias a la codificación, el operador podrá limitar la recepción 
de la señal exclusivamente a los territorios para los cuales se hayan adquirido los 
derechos. Además, como prevé la Directiva "cable y satélite"6, la codificación 
permitirá, en el momento de la adquisición de los derechos de difusión por satélite y 
de retransmisión por cable, tener en cuenta la audiencia real (por ejemplo, el 
número de abonados y no la zona geográfica), lo que hará menos onerosa la compra 
de programas destinados al desarrollo de un servicio especializado. 
Creación de una etapa intermedia en el calendario de exhibición: la difusión 
codificada de un programa permite que los titulares de derechos añadan una fase 
intermedia en el calendario de exhibición; los operadores de un servicio codificado 
emiten a menudo las obras antes de que sean difundidas al público en general y, 
para contar con esta exclusiva, suelen estar dispuestos a pagar importes elevados; 
los titulares de derechos se benefician así de un ingreso suplementario. 
Exigencia impuesta por la normativa: por razones de orden social, en particular la 
protección de los menores (por ejemplo, en el caso de las cadenas de radiodifusión 
que se dirigen a un público adulto), las autoridades pueden, como establece la 
Directiva de televisión sin fronteras7 (segunda frase del artículo 22), autorizar estos 
servicios con la condición de que estén codificados, para limitar su recepción a 
determinadas categorías de telespectadores. 
Directiva 93/83 del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre la coordinación de determinadas 
disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afínes a los derechos de autor en el ámbito de la 
radiodifusión por satélite y de la radiodifusión por cable (DOCE n_ L 248/15, de 6.10.1993). 
Directiva 89/552 del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de 
actividades de radiodifusión (DOCE n_ L 298/23, de 17.10.1989). 
11 
LL Servicios codificados 
En la actualidad, el mercado europeo de los servicios codificados está constituido 
fundamentalmente por cadenas de televisión de pago*. Este servicio, que se introdujo en un 
principio por cable y por vía hertziana, se desarrolló sobre todo con la introducción de la 
recepción directa de los satélites de telecomunicación de media y gran capacidad, merced a 
la cual una emisión puede recibirse en el radio de alcance del satélite, gracias a una antena 
parabólica. 
El desarrollo de la tecnología ha permitido con todo la aparición de servicios de 
radiodifusión de peaje más sofisticados, como los servicios de radiodifusión de tipo pay-
per-view9, que implican que el espectador paga por recibir determinados programas. 
Técnicamente realizable incluso sin compresión digital, el sistema pay-per-view ("televisión 
de pago por visión") requiere sin embargo un complejo sistema de gestión de los abonos. 
En efecto, podría obligar al telespectador a pagar por un acontecimiento concreto (por 
ejemplo, un concierto o un combate de boxeo) o para seguir una serie de acontecimientos 
(por ejemplo, el derecho de ver diez partidos de fútbol). En este último caso, el 
radiodifusor no puede todavía determinar qué espacios ha visto el telespectador. No 
obstante, la tecnología está creando sistemas que permitirán remunerar mejor a los titulares 
de derechos en función del "consumo" real de sus programas. 
La fase siguiente estará probablemente representada por el cuasi-vídeo a la carta, en la 
cual el radiodifusor transmite sin cesar el mismo programa (por lo general, aunque no 
necesariamente, una película) a diferentes horas. El espectador podrá así escoger no sólo el 
programa, sino también, en cierta medida, la hora. Esta etapa constituirá el paso previo al 
verdadero vídeo a la carta, que dará al espectador mayor libertad en cuanto a la hora de 
inicio de la película, que ya no estará determinada en origen por el radiodifusor. 
La implantación de la codificación sólo se producirá, con todo, cuando se desarrollen los 
demás servicios de la sociedad de la información: no sólo los del sector audiovisual 
tradicional, sino también las demás aplicaciones, como por ejemplo la telecompra 
interactiva, los servicios de información a distancia, los servicios profesionales "en línea ", 
los juegos interactivos, etc. deberán basarse en diferente medida en la codificación para 
garantizar la viabilidad de su desarrollo. Además, dado que la codificación será a menudo 
capital por mptivos de seguridad (como en el caso del pago electrónico en la telecompra, 
por ejemplo), una sinergia entre ambas aplicaciones de la codificación (al aumentar el 
sistema de abono el control de la seguridad) haría que su uso -con la debida seguridad 
jurídica- propiciara el desarrollo de todos los servicios en la sociedad de la información. 
La expresión "televisión de pago" se usa para describir la situación en la que un telespectador paga por 
recibir una cadena especial, emitida por vía hertziana, por satélite y/o por cable. 
En los Estados Unidos, el 35% de los hogares cableados (unos 20 millones) están equipados de dispositivos 
que permiten utilizar estos servicios. En Francia, el servicio Multivision ofrece dos cadenas de tipo pay-
per-view a 220.000 hogares. 
12 
Sin embargo, el desarrollo de estos nuevos servicios dependerá, en buena medida, de la 
creación de un marco normativo que tenga en cuenta a la vez las exigencias legítimas de los 
operadores y de los destinatarios de servicios. A este respecto, es de importancia capital la 
solución que se dé a escala mundial a los diferentes problemas de seguridad que implica la 
utilización de las transacciones electrónicas, y en particular las limitaciones normativas a la 
utilización de los sistemas de descodificación, el control por parte de las autoridades 
públicas, por razones de seguridad nacional, de las comunicaciones codificadas, así como 
la identificación y la autenticidad de las partes. En este sentido, la Comisión, entre sus 
actividades sobre la seguridad de los sistemas de información, está estudiando la 
conveniencia de crear, a escala europea, organismos que se encargarían, con total 
independencia de las autoridades públicas, de llevar a cabo estas funciones de control y 
certificación. 
2. Un mercado europeo 
En la actualidad, Europa dispone de 180 cadenas de televisión emitidas por 27 satélites10, 
una parte importante de las cuales (79) utiliza formas más o menos refinadas de 
codificación (cuadro 1). Muchas de ellas tienen una programación más temática que general 
(por ejemplo, programas para niños, cadenas deportivas, de películas, etc.). 
Cuadro 1: Número de abonados a las principales cadenas de TV de pago (en 
Canal Plus 
Sky Movies 
Movie Channel 
Sky Spons 
Canal Plus Esp. 
Premiere 
Filronet 
Telepiu 
Sky Multichannel 
TV 1000 
Adult Channel 
Canal Plus TVCF 
Canal Satellite France 
Filnunax 
Tele-TV 
Tcleclub 
Canal Satellite Esp. 
Lumière TV 
Multichoicc 
TOTAL A 
35 
35 B 
150 
152 
302 CH 
90 
90 0 
850 
855 DK 
100 
45 
5 
145 E 
893 
to 
903 Eir 
0 F 
3700 
5 
142 
142 Fin 
8 
8 I 
650 
5 
655 L 
0 millares)** 
NL 
160 
2 
162 P 
0 S 
230 
230 
80 
31 
612 UK 
2587 
2579 
481 
167 
5814 
De cara al futuro, cabe esperar una fuerte expansión de la oferta de servicios codificados a 
escala europea. La aparición de nuevos satélites completamente digitales (como, por 
ejemplo, el Astra IE y IF) y la extensión de las redes de fibra óptica permitirán, por una 
parte, que los operadores ya presentes en el mercado aumenten su oferta. A este respecto, 
varios operadores han anunciado en la prensa sus proyectos de comercialización de 
10 
íi OBSERVATORIO EUROPEO DE LO AUDIOVISUAL, "Anuario estadístico: Cine, televisión, vídeo y 
nuevos medios de comunicación en Europa", ed. 1994-95. Estrasburgo, 1994. 
FUENTE: OBSERVATORIO EUROPEO DE LO AUDIOVISUAL, "Anuario estadístico. Cine, televisión, 
viedeo y nuevos medios de comunicación en Europa", ed. 1994-95. Estrasburgo, 1994 y LIBÉRATION, 
"Les comptes décryptés de Canal +" ("Cuentas descodificadas de Canal +"), L'événement, 04/11/94. 
13 
paquetes de cadenas digitales. Por ejemplo, el Grupo Nethold, que controla Filmnet, 
lanzará pronto al mercado un grupo de 150 cadenas digitales, de las cuales 50 propondrán 
películas a la carta. Por su parte, BSkyB prevé el lanzamiento de entre 16 y 32 cadenas de 
televisión de pago por visión a finales de 1996, como paso previo al lanzamiento de 
servicios reales de vídeo a la carta. En cuanto a Canal+ , pronto ofrecerá un paquete de 
más de 20 cadenas digitales. Además de los servicios actuales, el paquete constará de una 
cadena de televisión de pago por visión, de juegos de vídeo y de servicios de radio 
digitales. Además, algunas cadenas francesas, entre las cuales figuran TFl, Arte y La 
Cinquième, van a coordinarse para comercializar en 1996 un grupo de cadenas digitales 
utilizando el mismo satélite. Por último, la cadena TFl comercializará un paquete de 
servicios que irán desde el vídeo a la carta a programas interactivos, utilizando 5 
transpondedores en Eutelsat. 
Por otra parte, nuevos operadores harán su aparición en el mercado de los servicios de la 
sociedad de la información, y en particular las empresas de telecomunicaciones. Entre 
ellos, British Telecom ya ha creado un proyecto piloto en 2.500 hogares, que pueden 
recibir si lo solicita servicios de telecompra, vídeo a la carta, juegos de vídeo, etc. 
Por el momento, muchas cadenas cubren un mercado lingüístico y geográfico particular. 
No obstante, es obvio que, en el futuro, los mercados nacionales resultarán cada vez más 
limitados y que se hará cada vez más acuciante la necesidad de atravesar las fronteras entre 
Estados miembros. Ello se deberá a los siguientes factores: 
• Con el crecimiento del número de servicios codificados, los operadores deberán 
especializarse cada vez más para satisfacer las exigencias del mercado. Como esta 
demanda todavía no se trataba de manera satisfactoria, podría crearse un mercado 
especializado en torno a una capa de población dispuesta a pagar para obtener esta 
plusvalía. Con el aumento de la oferta de programación general emitida sin 
codificación, los servicios codificados han evolucionado para poder satisfacer una 
demanda cada vez más especializada, justificando así la necesidad de recabar una 
remuneración al receptor final. El desarrollo viable de estos servicios orientados a 
una demanda particular requiere, con todo, la existencia de un mercado de ciertas 
dimensiones y, como el mercado de un servicio especializado es, comparado a 
ámbitos geográficos idénticos, más reducido que el del servicio de masas, a menudo 
no puede crearse más que explotando un mercado geográfico más amplio. 
• La posibilidad de satisfacer mejor las exigencias lingüísticas y culturales. Gracias a 
la aplicación de las nuevas tecnologías, una misma cadena puede emitir en varias 
lenguas simultáneamente con diferentes bandas sonoras. Además, la estrategia de 
los servicios interactivos se basará cada vez más en la especialización y/o en la 
prestación de paquetes de servicios. En el primer caso se responderá por lo general 
a la demanda de mercados especializados transfronterizos, basados por consiguiente 
en factores distintos de la cultura nacional, y en el segundo se ofrecerá la 
posibilidad al destinatario final de escoger por sí mismo lo que quiera ver. De esta 
forma, con la integración de tecnologías avanzadas de información, el prestador 
14 
contará con la posibilidad de ofrecer una gama lo más amplia posible, incluyendo en 
la programación películas y programas que respondan a las diferencias nacionales. 
• La evolución de las aplicaciones tecnológicas. Las mejoras permanentes y la 
continua integración de los sistemas de distribución de los servicios audiovisuales 
gracias a la aplicación comercial de nuevas tecnologías (transmisión por satélite, 
fibras ópticas, desarrollo de la ISDN -Integrated Services Digital Network- a escala 
europea para acceder a las redes IBC -Integrated Broadband Communication 
networks-) hacen que estos servicios sean cada vez más independientes de la 
distancia entre el prestador y el destinatario final. 
• Todos los trabajos legislativos encaminados a instaurar la liberalización paulatina 
de las telecomunicaciones (en particular por satélite y por cable) y la armonización 
de las normas transfronterizas en materia de transporte de señales (en particular la 
radiodifusión) en Europa (en especial en lo que respecta al contenido de las 
emisiones y a ios derechos de autor) están empezando a revelar sus efectos positivos 
sobre la libre prestación entre los Estados miembros de los servicios audiovisuales 
existentes y de los que están en vías de desarrollo, de los cuales una parte creciente 
se ofrecerá de forma codificada. 
• La evolución de las prácticas de concesión de derechos de emisión. En la 
actualidad, sólo una pequeña parte de las cadenas codificadas puede difundirse a 
escala internacional, debido a que los sistemas de concesión de derechos de difusión 
siguen funcionando a escala nacional. Merced a la codificación, resultará posible en 
el futuro conceder los derechos de difusión en función de los destinatarios reales 
más que de las fronteras nacionales. 
• La rentabilización máxima de los gastos de los transpondedores. Al ser 
considerables los costes de los transpondedores, resulta más económico para el 
operador ofrecer su servicio en el número más amplio posible de zonas en el 
interior del radio de emisión del satélite. 
Con todo, el desarrollo de estos servicios para responder a las necesidades crecientes de 
estos mercados transfronterizos corre peligro debido a un grave problema a escala europea: 
la piratería. 
15 
3. Un mercado expuesto a los embates de la piratería 
H, Desarrollo de las tecnologías 
Gracias a las tecnologías avanzadas, es teóricamente posible emplear un sistema de acceso 
condicionado que garantizaría un grado de seguridad tan alto que los piratas renunciarían a 
forzarlo. Sin embargo, en la práctica estos sistemas deben responder asimismo a realidades 
económicas y normativas, es decir: 
• Producirse y distribuirse a precios razonables, porque el consumidor sólo estará 
dispuesto a pagar un precio mínimo por la compra de un descodificador12, en 
función del interés de los programas o de la selección de las cadenas que se pueden 
captar mediante este sistema. 
• Lograr que los gastos de funcionamiento del sistema no superen el importe de los 
ingresos amenazados, es decir, lo que podría perderse en caso de que se 
comercializaran dispositivos ilícitos. 
• Respetar las exigencias normativas impuestas por ciertos Estados miembros a la 
utilización de la codificación con fines comerciales. 
Pero la necesidad de lograr un coste aceptable para el sistema de acceso condicionado 
impide conseguir un grado ilimitado de seguridad contra la recepción ilícita; la industria de 
fabricación de dispositivos de descodificación ilícitos se ha beneficiado de este 
condicionante y puede ya seguir el ritmo de la evolución tecnológica. 
La evolución de los sistemas corrobora este hecho. El sistema más sencillo de acceso 
condicionado satura de interferencias los impulsos de sincronización que forman parte de 
las señales de radiodifusión, de modo que un receptor ordinario no puede reconstruir los 
campos horizontales y verticales. La imagen se transmite de forma normal pero, a falta de 
impulsos de sincronización, la pantalla sólo muestra un conjunto de componentes de 
aquélla. La información necesaria para reconstituir la sincronización se transmite de una 
manera encubierta (algoritmo) que puede ser captada por un dispositivo de descodificación 
(descodificador) y utilizarse para reconstituir los necesarios impulsos de sincronización. 
Este sistema ya se ha pirateado mucho13. 
La segunda generación de sistemas funciona de otra manera. Se han extendido mucho dos 
métodos de codificación: 
12 
13 A este respecto, ciertos organismos codificadores han optado por alquilar sus equipos de descodificación a 
los abonados en lugar de vendérselos, ya que ello permite distribuirlos a un precio más abordable y 
garantiza al propio tiempo la restitución del equipo una vez concluya el abono. 
Se supone que los piratas reconstituyen la secuencia de los retrasos efectuando el control del punto de 
partida de líneas activas sucesivas. Hace algunos años apareció incluso en la prensa francesa el diseño 
técnico de un descodificador. 
16 
• con el método de "rotación activa de líneas", las líneas permanecen en su lugar, 
pero se cortan aleatoriamente y se invierten las partes finales. 
• con el método de "mezcla de líneas", las líneas que constituyen la imagen se 
reconstruyen en un orden totalmente diferente. Este método es más eficaz pero 
también más caro que el primero, ya que requiere que se almacene mucha 
información en el descodificador. 
La gran ventaja de ambos sistemas reside en que destruyen por completo la estructura de la 
imagen. Además, pueden aplicarse en combinación con una "smart card" (tarjeta 
inteligente), una especie de "tarjeta de pastillas" que "lee " la señal en la entrada e 
interacciona con el descodificador para darle las instrucciones necesarias para 
descodificarla. A esta generación pertenecen los tres sistemas de codificación más 
utilizados en la actualidad en Europa: Videocrypt, Syster y Eurocrypt. 
No obstante, se siguen investigando sistemas que ofrezcan mayor seguridad. La 
convergencia que se está produciendo entre las telecomunicaciones y los servicios 
audiovisuales y la aplicación de la tecnología digital a la radiodifusión ofrecerá la 
posibilidad de desarrollar sistemas de codificación cada vez más avanzados y seguros. En 
efecto, la descomposición del contenido en bits digitales constituye ya en sí misma una 
especie de codificación14. 
Además, para permitir la introducción de los servicios interactivos, los propios 
descodificadores se transformarán progresivamente en "set top boxes", verdaderos 
ordenadores activados por una tarjeta inteligente que permitirá al mismo tiempo identificar 
al usuario y poner en marcha las funciones de codificación en la entrada y la salida. Estos 
dispositivos permitirán también recibir la señal, decodificarla e incluso modificar su 
contenido e integrarlo en otro soporte, grabarlo e imprimirlo. Además, podrán 
interaccionar con los dipositivos tradicionales (magnetoscopios, ordenadores, lectores de 
CD y de los nuevos videodiscos), así como reenviar una señal codificada al operador, en su 
caso con datos financieros confidenciales, para tratar la demanda. 
3.2. Consecuencias del pirateo 
Sin embargo, la fabricación y comercialización de dispositivos de descodificación no 
autorizados por el organismo codificador, así como la manipulación de dispositivos lícitos 
para permitir la recepción del servicio vulnerando las condiciones de tiempo (duración del 
abono) y de cantidad (número de cadenas) acordadas con los organismos codificadores 
A este respecto, la estandarización de los sistemas de codificación para la radiodifusión digital que se 
produjo a raíz de los trabajos del Digital Video Broadcasting Group (DVB) constituye un importante 
adelanto de cara a la generalización de las tecnologías de codificación y al aumento del grado de seguridad. 
17 
constituyen hoy, en algunos Estados miembros, actividades particularmente rentables15. Por 
otra parte, han dado lugar en dichos Estados a actividades paralelas, como la publicación 
de revistas especializadas y la creación de servicios de mantenimiento y de post-venta. 
Al permitir la recepción ilícita del servicio codificado, estas actividades tienen varias 
consecuencias negativas: 
• Los organismos codificadores se ven privados de los ingresos que habrían podido 
recaudar en caso de que el espectador hubiera adquirido un dispositivo autorizado 
(unos 200 a 250 ECU anuales por receptor ilícito). 
• En algunos casos, habrá que sustituir el sistema pirateado. Cada año, los 
operadores gastan importantes sumas (la encuesta efectuada entre ellos ha revelado 
que se trata de importes que oscilan entre 60.000 y 120.000 ECU anuales 
aproximadamente por operador) para garantizar la protección de sus sistemas (para 
el control de la distribución, la mejora del sistema, el cambio de las tarjetas, etc.). 
En este sentido, hasta el sistema de control mediante tarjetas inteligentes, que 
parecía más invulnerable que los demás, ha resultado vulnerable. En efecto, en un 
principio cabía suponer que, en caso de que fuera forzado, hubiera bastado con 
sustituir la tarjeta para salvar el sistema. En cambio, cuando el número de abonados 
es considerablemente elevado, los costes de sustitución de la tarjeta pueden hacer 
peligrar seriamente los beneficios de la empresa. Además del solo coste de la tarjeta 
inteligente16, hay que tener en cuenta los costes de desarrollo del nuevo sistema y 
los gastos de comunicación comercial y envío (la encuesta ha revelado que el coste 
de lograr que un sistema pirateado vuelva a ser completamente seguro puede 
ascender a más de 450.000 ECU). 
• El tiempo necesario para desarrollar un nuevo sistema. Por utilizar de nuevo el 
ejemplo de las tarjetas inteligentes, en caso de que se sustituyeran las tarjetas de una 
cadena, haría falta cierto tiempo para desarrollar otra nueva. Hasta que se volviera a 
comercializar una nueva tarjeta, no habría más alternativa que tomar una serie de 
medidas electrónicas temporales de prevención, lo que constituye una situación 
peligrosa, dado que los piratas se adelantan a ellas y elaboran tarjetas que siguen 
funcionando en el ínterin. Además, siempre se plantearía el problema del 
solapamiento, mientras el sistema nuevo y el antiguo debieran funcionar al mismo 
tiempo, lo que implicaría que las tarjetas piratas que ya circularan podrían seguir 
funcionando, dando así más tiempo a los falsificadores para fabricar otras nuevas. 
En efecto, los piratas, ayudados ahora por inversores privados, están en condiciones 
de producir una tarjeta y unos chips propios casi a la misma velocidad que el 
radiodifusor. Otros métodos de anular las tarjetas piratas (como por ejemplo el 
15 Se calcula que los equipos de descodificación no autorizados suponen actualmente entre el 5 y el 20% del 
total del mercado. 
Oscila entre 5 y 25 ECU, aproximadamente. 
18 
envío de señales de desactivación que sólo anulen las tarjetas ilícitas) han 
demostrado ser efímeros (en este caso, porque los fabricantes piratas distribuyen 
también dispositivos concebidos especilamente para bloquear la orden de 
desactivación). 
El perjuicio a los intereses patrimoniales de los titulares de los derechos sobre los 
programas incluidos en la emisión. En efecto, dado que la remuneración de los 
titulares de los derechos suele tener también en cuenta la audiencia potencial, la 
recepción de las emisiones codificadas mediante dispositivos ilícitos los priva de los 
ingresos que habrían obtenido de los cánones de abono en caso de que el poseedor 
de dichos dispositivos hubiera comprado un descodificador autorizado. Además, al 
negociar los derechos de emisiones posteriores (sin codificar), a los titulares les 
resultará más difícil obtener remuneraciones elevadas, debido a la recepción ilícita 
que se habrá producido durante la difusión en la cadena codificada. 
La pérdida de ingresos y de credibilidad para los proveedores de la tecnología. Al 
escoger un sistema de codificación, un operador querrá que sea el más seguro, con 
objeto de garantizar a los titulares de los derechos sobre los programas que la 
difusión que hayan autorizado no será pirateada; un elevado porcentaje de 
dispositivos de descodificación ilícitos en el comercio podría considerarse indicativo 
de un bajo rendimiento del sistema. 
El efecto de minar la confianza del mercado en el sistema. El mercado ha de 
confiar en la codificación para preservar el concepto de exclusiva asociado a estos 
servicios y para justificar la creación de una etapa intermedia en el calendario de 
programación, pero la recepción ilícita hace peligrar dicha confianza: los titulares 
de derechos se mostrarán reticentes a autorizar las primeras emisiones, los difusores 
no estarán dispuestos a pagar importes elevados y los consumidores no querrán 
pagar el canon. 
Los consumidores pueden ser inducidos a error sobre el origen del dispositivo de 
descodificación en el momento de la compra al creer que están comprando un 
dispositivo autorizado cuando en realidad se trata de un descodificador pirata. En 
ese caso, si el operador modifica por motivos de seguridad el sistema de 
codificación, el dispositivo comprado no tendrá ya ninguna utilidad para el 
consumidor, el cual deberá comprar un descodificador nuevo. Por otra parte, los 
prestadores de servicios compensan las pérdidas registradas por la piratería 
encareciendo el precio de venta o de alquiler de los dispositivos legales comprados 
por los consumidores. 
A estos efectos directos cabe además añadir las consecuencias indirectas del fenómeno 
sobre el desarrollo del mercado de nuevos servicios codificados. Es obvio que dicho 
desarrollo podrá llevarse a cabo en la medida en que se garantice el adecuado grado de 
19 
protección. De lo contrario, los operadores se mostrarán reticentes a emprender actividades 
que requieran inversiones iniciales elevadas. 
4. Un mercado expuesto a la fragmentación normativa 
Para hacer frente a esta industria pirata, se ha demostrado que es necesaria una solución 
normativa que complemente los medios tecnológicos, lo que ha propiciado la aparición de 
una corriente partidaria de la adopción de una normativa uniforme, que todavía sigue 
manifestándose y que ha optado por enfoques que varían considerablemente. Las distintas 
soluciones se analizarán en el capítulo 3. 
Sin embargo, esta fragmentación normativa puede, según los sectores industriales de los 
medios de comunicación, acarrear problemas para el desarrollo de los servicios codificados 
a escala europea y perjudicar el buen funcionamiento del mercado interior. En efecto, dado 
que será cada vez más necesario que las empresas adquieran dimensiones transnacionales 
para que surja una verdadera industria europea de los servicios codificados, la falta de un 
grado equivalente de protección jurídica contra el pirateo podría tener consecuencias 
negativas sobre el desarrollo de dichos servicios a escala europea. 
Tal y como confirma la consulta realizada, debido a la ausencia de protección jurídica en 
uno o varios países de recepción, los operadores podrían optar por no cubrir determinado 
Estado miembro, por temor a las consecuencias del pirateo en dicho país. Una protección 
jurídica eficaz constituye sin lugar a dudas un elemento importante para que un operador 
opte por la comercialización de su servicio en un Estado miembro. 
Además, los gastos necesarios para analizar las legislaciones nacionales y las iniciativas 
jurídicas posibles en caso de piratería en los diferentes Estados miembros conllevan costes 
suplementarios para los operadores, que ven así cómo sus actividades se vuelven más 
onerosas, lo que tiene consecuencias negativas sobre el desarrollo de su servicio. 
En cuanto a las negociaciones sobre los derechos sobre programas, la falta de una 
protección jurídica equivalente en todos los Estados miembros de recepción dificultará su 
adquisición, ya que (en particular para producciones recientes) los operadores no podrán 
garantizar que sus programas no se reciban ilícitamente en otros Estados miembros. 
Además, el establecimiento de la remuneración para los titulares se hará cada vez más 
difícil, debido a la imposibilidad de evaluar con certeza la audiencia en toda la zona de 
recepción de la señal. Los operadores tendrán así cada vez más problemas para adquirir los 
derechos a precio razonables, lo que redundará en detrimento de sus actividades, 
especialmente de las transfronterizas. 
Dado que ciertos medios de difusión están más expuestos a la recepción ilícita que otros (en 
particular las emisiones hertzianas o por satélite frente a la distribución por cable, que es 
generalmente más segura debido a la conexión física con el telespectador), los operadores 
podrán optar por evitar algunos de estos medios, ya que el riesgo de pirateo se considera 
más elevado. Así, mientras no exista una protección jurídica eficaz, ciertos sistemas de 
20 
difusión, en particular los que más perspectivas transnacionales tienen, podrían emplearse 
menos que otros. 
La falta de una protección jurídica equivalente en los Estados miembros tendrá asimismo 
consecuencias negativas sobre la importación de los dispositivos ilícitos de terceros países, 
puesto que podrán entrar en la Comunidad a través de los Estados miembros que no 
establezcan prohibiciones de comercialización y de distribución, llegando luego con 
facilidad a otros Estados miembros. La lucha contra la recepción ilícita en estos Estados 
podría resultar así ineficaz. 
Por otra parte, la disparidad de las soluciones normativas aplicables a la recepción ilícita va 
a engendrar falseamientos de la competencia entre los operadores de diferentes países. 
Quienes emitan las señales en Estados que garanticen un alto grado de protección jurídica 
tendrán ventajas competitivas (que repercutirán sobre su capacidad de adquisición de 
programas, etc.), con respecto a quienes distribuyan su señal en un Estado en el que no 
haya tal protección, ya que estos deberán sufragar los gastos suplementarios que acarree, 
por ejemplo, el uso de un sistema de codificación especialmente seguro. 
Por último, debido a la disparidad de soluciones normativas en los Estados miembros, las 
posibilidades que ofrece la Directiva sobre las normas de transmisión de las señales de 
televisión17 podrían desaprovecharse. El recurso a sistemas cada vez más estandarizados se 
verá frenado por el hecho de que el grado de protección jurídica contra la recepción ilícita 
no es el mismo en todos los Estados de emisión. Por consiguiente, el grado de seguridad 
del sistema y los medios de distribución de los dispositivos de descodificación deberán 
variar en función del Estado de recepción, lo que introduce una nueva fragmentación en un 
espacio audiovisual que debería estar, en cierta medida, estandarizado. A este respecto, la 
Agrupación europea en pro de la difusión vídeo-digital (DVB). cuyo grupo de expertos 
sobre el pirateo de los servicios codificados procedió a la estandarización de las normas 
para la televisión digital, recogidas parcialmente en la Directiva 95/47, ha adoptado una 
recomendación en la que destaca la conveniencia de que los operadores partan de un marco 
normativo claro y uniforme en la Unión, en el que puedan ampararse en caso de recepción 
ilícita de los servicios codificados. 
17 
Directiva 95/47, citada anteriormente. 
21 
CAPITULO 2: NORMATIVAS INTERNACIONALES 
1. Trabajos del Consejo de Europa 
El Consejo de Europa adoptó en septiembre de 1991 una Recomendación dirigida a los 
Estados miembros sobre protección jurídica de servicios codificados de radiodifusión™. 
actualizada posteriormente por otra Recomendación sobre las medidas contra la piratería 
sonora y audiovisual, adoptada en enero de 199519. 
En el preámbulo, el Consejo destaca las ventajas derivadas de la introducción en Europa de 
los servicios de radiodifusión de pago, en particular en el sector de la producción de obras 
audiovisuales. El Consejo reconoce que los servicios de radiodifusión codificados 
contribuyen a diversificar la oferta de programas para el público, aumentan las 
posibilidades de explotación de las obras protegidas y sirven para financiar la producción 
de obras y de programas en Europa, merced a los nuevos ingresos que la codificación 
proporciona a las cadenas. 
Más adelante, la Recomendación recalca las desventajas del acceso ilícito a los servicios de 
radiodifusión codificados y establece la relación de actividades que habría que considerar 
ilícitas. Se trata, en concreto, de: 
• La fabricación de dispositivos de descodificación para permitir el acceso a los 
servicios codificados a un público que no sea el determinado por el organismo 
codificador; 
• La importación de dispositivos de descodificación para permitir el acceso a los 
servicios codificados a un público que no sea el determinado por el organismo 
codificador; 
• La distribución de dispositivos de descodificación para permitir el acceso a los 
servicios codificados a un público que no sea el determinado por el organismo 
codificador; 
• La promoción comercial y la publicidad del fabricante, la importación o la 
distribución de los dispositivos de descodificación mencionados anteriormente; 
1¡ Recomendación n_ R (91) 14 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la protección jurídica 
de los servicios de televisión codificados. 
19 
Recomendación n_ R (95) 1... del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre las medidas contra la 
piratería sonora y audiovisual. 
22 
• La posesión con fines comerciales de dispositivos de descodificación para permitir 
el acceso a los servicios codificados a un público que no sea el determinado por el 
organismo codificador. 
Los Estados miembros pueden decidir que la posesión de tales dispositivos con fines 
particulares se considere también una actividad ilícita. 
La Recomendación define luego los servicios codificados como "cualquier servicio de 
televisión transmitido o retransmitido por cualquier medio técnico, cuyas características 
sean modificadas o alteradas para limitar el acceso que pueda tener a él determinado 
público". Por otra parte, en la exposición de motivos, el Consejo hace hincapié en el hecho 
de que esta definición (y por lo tanto la protección que supone) se aplica a todos los 
organismos que ofrecen servicios codificados, sea a nivel local, regional, nacional o 
transnacional, sin tener en cuenta el país de origen de la emisión. 
Así, la protección que ofrece el Consejo de Europa no prevé ninguna cláusula de 
reciprocidad. Como señala el Consejo en la exposición de motivos, el hecho de excluir de 
la aplicación los servicios originarios de otros Estados podría plantear problemas a los 
servicios originarios del Estado de recepción. 
En cuanto a los dispositivos de descodificación, la Recomendación los define como 
"cualquier aparato; equipo o dispositivo concebido o adaptado especialmente, en parte o en 
su totalidad, para permitir el acceso diáfano a un servicio codificado, es decir, sin 
modificación o alteración de sus características"20. 
Por último, la distribución se define como la venta, alquiler o instalación comercial de 
material de descodificación, así como la posesión de material destinado a realizar dicha 
actividad. Esta definición cubre pues exclusivamente las actividades comerciales, y no las 
privadas. 
En cuanto a las sanciones, la Recomendación alienta a los Estados miembros a adoptar 
sanciones penales o administrativas para todas las conductas citadas, con una sola 
excepción. La promoción comercial y la publicidad del fabricante, la importación o la 
distribución de dispositivos de descodificación ilícitos no da lugar a sanciones penales ni 
administrativas21. 
20 
21 En la exposición de motivos, el Consejo declara que los principios de la Recomendación deberán aplicarse 
exclusivamente a la parte del descodificador que permite descodificar la señal. Así, en un sistema que 
utilice las "smart cards", sólo quedarían cubiertas las tarjetas, y no el descodificador, que no puede por sí 
solo permitir la descodificación de la señal. 
El Consejo justifica esta exclusión basándose en el argumento de que las sanciones deberían ser impuestas 
sólo a quienes fabrican, importan y distribuyen dispositivos ilícitos, y no a las entidades que efectúan 
simples operaciones de promoción comercial y de publicidad (agencias de publicidad, periódicos y 
revistas). 
23 
Las reparaciones por vía civil propuestas en la Recomendación prevén que, en 
complemento de las sanciones penales, las entidades codificadoras perjudicadas puedan 
recurrir ante la justicia para obtener una indeminización o un porcentaje sobre los 
beneficios. 
Los titulares de los derechos sobre los programas incluidos en los servicios no pueden 
emprender acciones legales al respecto. El Consejo indica en la exposición de motivos que, 
aunque los titulares de derechos sobre los programas incluidos en la emisión se vean 
perjudicados por la utilización de dispositivos ilícitos, estos perjuicios son indirectos en 
relación con los de los radiodifusores. Además, se precisa que los titulares de los derechos 
pueden asegurarse de que sus derechos sean protegidos a través de cláusulas contractuales 
que impongan a los radiodifusores, en caso de piratería, la obligación de interponer 
demandas ante la justicia22. 
Por último, la Recomendación no establece sanciones penales ni administrativas en caso de 
posesión con fines privados. 
Esta Recomendación ha desempeñado una importante función en la tendencia normativista 
que surgió entre los Estados miembros a comienzos de los años 90. Las normativas 
nacionales específicas sobre protección jurídica de servicios de radiodifusión codificados 
que se adoptaron en esa época se inspiraron a menudo de los principios establecidos por la 
Recomendación. 
No obstante, por la propia naturaleza de dicho texto, que no tiene carácter vinculante, estas 
normativas difieren de manera sustancial, en particular en lo que respecta al ámbito de 
aplicación, a las actividades prohibidas y a la importancia de las sanciones; por otra parte, 
varios Estados miembros de la Unión Europea no han incorporado todavía los principios de 
la Recomendación a su ordenamiento jurídico, lo que ha propiciado la actual fragmentación 
normativa a escala europea. 
2. Trabajos de la OMPI 
A raíz de las discusiones que se están celebrando sobre el proyecto de Protocolo al 
Convenio de Berna, así como sobre el Nuevo Instrumento para la protección de los 
derechos de los productores y los intérpretes de fonogramas, el proyecto de memorándum 
elaborado por sus servicios en abril de 199423 contempla, en el capítulo IX ("Medidas de 
22 
23 Aunque, si bien es cierto que los titulares podrán añadir este tipo de cláusulas a los contratos, no por ello 
será menos necesario que sus intereses se protejan de manera independiente de los derechos de los 
radiodifusores. Cuando la actividad ilegal no afecta al radiodifusor, sino sólo a los titulares, aquél podría no 
tener interés en recurrir estas actividades con prontitud ante la justicia. Es cierto que los titulares podrían 
denunciar al radiodifusor por incumplimiento de las cláusulas contractuales aceptadas al concluir el 
contrato, pero ello sólo serviría para retrasar la acción de la justicia contra el pirata. 
Documento OMPI 9099D/COP/0691D, de 29 de abril de 1994. 
24 
protección de los derechos"), la posibilidad de estudiar la adopción de disposiciones contra 
el abuso de los medios técnicos. 
En estas disposiciones se asimilarían a violaciones de los derechos de autor la fabricación, 
importación y distribución, con fines de alquiler y de venta, "de cualquier dispositivo 
destinado a permitir o facilitar la recepción de un programa codificado, radiodifundido o 
comunicado de cualquier forma al público, por personas no autorizadas a recibirlo". 
Además, los titulares de los derechos sobre un programa que ha sido descodificado 
mediante un dispositivo ilícito podrán interponer un recurso legal para obtener una 
indemnización. 
Al no haber concluido las negociaciones sobre estos textos, resulta prematuro pronunciarse 
sobre la posibilidad de incluir tales propuestas en el texto final. Sin embargo, cabe señalar 
que, en ese caso, el ámbito de aplicación no se restringiría a la radiodifusión, sino que 
cubriría cualquier "comunicación al público" de la obra protegida. 
25 
CAPITULO 3: LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS 
1. Panorama general 
El análisis de la normativa consiste en el estudio de las soluciones que han aportado las 
diferentes normas nacionales al problema de la recepción ilícita de un servicio codificado. 
es decir, una recepción sin pago ni autorización, por parte de personas no autorizadas para 
ello por el prestador de los servicios. 
A continuación se ofrece un análisis sucinto de las soluciones normativas adoptadas en cada 
Estado miembro respecto al problema de la recepción ilícita de un servicio codificado. 
Cabe señalar, sin embargo, que se ha adoptado la precaución de tener en cuenta que la 
situación legislativa evoluciona muy rápidamente y que cualquier "foto fija" puede quedar 
obsoleta a corto plazo. 
2. Situación normativa en los Estados miembros (sinopsis) 
En Europa no existe un enfoque único y sistemático de los problemas planteados por la 
recepción ilícita de servicios codificados. En ciertos países hay normativas específicas, en 
otros se recurre a las normas ya vigentes y en otros no se dispone de medio jurídico alguno 
para garantizar la protección. 
A este respecto, cabe señalar que, aunque la Directiva sobre "cable y satélites"24 haya 
llevado a cabo la armonización del tratamiento de las obras protegidas utilizadas en la 
radiodifusión por satélite y de la gestión de la retransmisión por cable en la Comunidad, no 
ayuda en modo alguno a los operadores en su lucha contra la recepción ilícita. 
En efecto, los titulares de derechos pueden prohibir, en determinadas condiciones, la 
retransmisión no autorizada de sus obras, pero no la recepción no autorizada, ya que ésta 
no constituye un acto relevante desde le punto de vista de los derechos de autor, ni la 
recepción de una obra protegida. Por consiguiente, las normas nacionales en las que se 
hayan incorporado los principios de la Directiva no contribuirán en nada a luchar contra la 
recepción ilícita de los servicios codificados. 
24 Directiva 93/83/CEE antes citada. 
26 
Cuadro I: Legislaciones sobre la protección de los servicios codificados 
legislación 
Austria 
Bélgica 
Dinamarca 
Finlandia 
Francia 
Alemania 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal 
España 
Suecia 
Reino Unido específica 
radiodifusión 
X 
X 
X 
X télécoms. 
X 
X propiedad 
intelectual 
X código penal 
X 
X 
X general 
competencia 
desleal 
X 
X 
X 
X propiedad 
intelectual 
X 
2.1. Aplicación de las disposiciones sobre competencia desleal v propiedad intelectual 
En los países en que no existe una normativa específica, se suele recurrir a la aplicación de 
otras normativas más amplias, en particular las de competencia desleal, que protege contra 
las prácticas comerciales contrarias a los usos honestos. La aplicación de estos principios 
ha permitido en ciertos casos prohibir la fabricación, importación y comercialización 
(venta, alquiler, posesión con fines comerciales) de dispositivos de descodificación no 
autorizados (A, B, D, NL). 
Estas iniciativas se basan por lo general en el hecho de que la fabricación y 
comercialización de tales dispositivos privan a la entidad codificadora de la remuneración 
generalmente devengada por la prestación recibida. El fabricante no autorizado obtendría 
pues una remuneración por una prestación (la recepción del servicio) efectuada por otra 
persona u entidad. 
La existencia de competencia entre las entidades codificadoras y los fabricantes no 
autorizados, que constituye el requisito para la aplicación de las normas de competencia 
desleal, se acepta en algunos casos25. Para ello, será sin embargo necesario que la parte 
autorizada esté realmente presente en el mercado. Si no hay un interés comercial que 
proteger, los principios de la competencia desleal obviamente no pueden aplicarse. 
Además, una demanda que se basara en el derecho de competencia sólo podría interponerse 
contra la distribución y promoción comercial de dispositivos de descodificación no 
autorizados, y no quedarían cubiertas ni la importación ni la posesión. Esto implica que 
25 A este respecto, un tribunal de apelación austríaco (asunto Teleclub contra Olbort) ha reconocido 
explícitamente que no es necesaria la competencia real, en la medida en que los bienes, por su propia 
naturaleza, ya compiten entre sí. 
27 
resulta difícil interponer una demanda antes de la comercialización del dispositivo. Por la 
misma razón, no pueden exigirse medidas de prevención. 
Otras normativas de tipo general han resultado difíciles de utilizar. Es cierto que, en el 
caso de la fabricación no autorizada de dispositivos de descodificación, las normas sobre 
propiedad industrial dan cierta protección a los titulares, dado que varios componentes del 
dispositivo estarán cubiertos por derechos de propiedad industrial o intelectual. 
Sin embargo, una demanda de este tipo ha resultado con frecuencia ser baladí. Por una 
parte, para demostrar que una "smart card" es una copia del programa informático del 
propietario del sistema, habrá que revelar ante el tribunal el algoritmo de codificación, con 
lo que se descubrirá la técnica utilizada, facilitándose así la realización de nuevas copias. 
Por otra parte, en ocasiones se trata de tarjetas autorizadas que se han reactivado 
fraudulentamente una vez caducado su periodo de validez; en ese caso, una demanda que se 
basara en las normas de propiedad intelectual no daría fruto. 
Además, no siempre pueden los organismos codificadores recurrir a este tipo de acción 
pues, al no ser titulares de los derechos de propiedad intelectual implicados, no disponen 
de derechos de acción contra los fabricantes de dispositivos ilícitos. 
2.2. Aplicación de normativas específicas 
Las normativas específicas relativas a la protección de los servicios codificados contra la 
recepción ilícita constituyen un problema bastante reciente, puesto que son resultado del 
desarrollo tecnológico que conoce el mundo de las telecomunicaciones desde finales de los 
años 70. Tras la ola de dispositivos de descodificación ilícitos que sumergió a los países en 
que más desarrollada estaba la radiodifusión codificada (F, RU), surgieron las primeras 
normativas en 1987 (F) y 1988 (RU). 
A comienzos de los años 90 apareció una segunda corriente normativista, a medida que las 
cadenas codificadas se expandían por Europa; es el caso de las normas irlandesas, belgas 
(91), italianas (92), finlandesas y suecas (94). Esta segunda corriente todavía no ha 
concluido, como demuestra el actual debate en Dinamarca sobre la presentación de un 
proyecto de ley. 
En los países que disponen de legislación, suele tratarse de una ley especial sobre el sector 
audiovisual inspirada en normas sobre derechos de autor que establecen sanciones penales 
contra ciertas actividades relacionadas con la recepción ilícita de los servicios codificados y 
que conceden a los operadores, y en algunos casos a los demás interesados, 
indemnizaciones por daños y perjuicios por parte del responsable de dichas actividades. 
Así pues, la situación de las normativas nacionales vigentes aplicables a la protección de 
servicios codificados puede resumirse como sigue: 
28 
2.2.7. Objeto de las medidas: protección de los servicios codificados contra la recepción 
ilícita 
Aunque las normativas nacionales no den una definición uniforme de la recepción ilícita, 
que califican como recepción de programas de pago sin abono del canon (B, F, RU) o 
como acceso al servicio codificado sin autorización de la entidad de codificación (S, I), su 
objeto es siempre el mismo: tratar de garantizar que sólo las personas autorizadas puedan 
recibir el servicio. 
Sin embargo, se produce una divergencia entre las normativas que cubren exclusivamente 
los servicios de radiodifusión y de distribución por cable, para las cuales el mismo 
programa se comunica al público en general (I, F, B, IRL, S), y las que cubren también los 
servicios de información comunicados a través de las redes y que funcionan previa llamada 
individual (SF, RU, NL), puesto que éstas no efectúan ninguna distinción entre los 
servicios que se comunican al público en general y los que se prestan previa solicitud. 
Cuando puede disponerse de una protección jurídica contra la recepción ilícita del servicio 
de radiodifusión, suele proteger todos los tipos de señales de radiodifusión, cosa que no 
siempre ocurre con los servicios de radio. Con todo, ciertos Estados (RU, IRL) conceden 
una protección de este tipo en función del origen (nacional o extranjero) o de la forma de 
difusión del servicio (por satélite u ondas hertzianas). 
Cuadro II: Tipos de servicios protegidos 
servicios 
protegidos 
Austria 
Bélgica 
Dinamarca 
Finlandia 
Francia 
Alemania 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal 
España 
Suecia 
Reino Unido radiodifusión 
cable 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X satélite 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Sólo para los 
servicios 
originarios del 
RU otros 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X radio 
X 
X 
X 
X 
X otros 
X 
X 
X de pago 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Para proteger a los prestadores de servicios contra la recepción por parte de personas que 
no estén autorizadas, las normativas nacionales han seguido dos enfoques. 
El primero consiste en proteger el servicio codificado, lo que se suele hacer concediendo a 
la entidad codificadora la propiedad sobre su señal. La recepción no autorizada de la señal 
29 
codificada se considera entonces un "robo", contra el que el propietario, es decir, dicha 
entidad, tiene derecho a estar protegido (Comunidad Francesa de Bélgica, IRL, I, RU, NL, 
SF). Accesoriamente, las legislaciones de este tipo prohiben en ocasiones la retransmisión, 
la intercepción y las actividades anejas, en la medida en que faciliten y/o permitan la 
recepción ilícita de la señal. 
Cuadro III: Tipos de acciones 
servicios de 
radiodifusión 
codificados 
Austria 
Bélgica* 
Dinamarca 
Finlandia 
Francia 
Alemania 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal 
España 
Suecia 
Reino Unido intercepción 
X 
X 
X 
X utilización 
X 
X 
X 
X transmisión 
X 
X 
X organizar/permitir la 
recepción por terceros 
X 
X 
X 
X 
X 
* Sólo la Comunidad Francesa. 
El segundo enfoque consiste en concentrarse directamente en la necesidad de prohibir las 
actividades preparatorias (Comunidad Flamenca de Bélgica, F, S). La recepción no 
autorizada en calidad de tal ya no se considerará así una actividad ilícita, pero las 
actividades comerciales que la facilitan quedan prohibidas. 
Tal diferencia de planteamiento afecta al alcance de la protección. Por lo general, las 
normativas que se ajustan al esquema de la protección contra el robo de la señal prohiben 
todas las actividades preparatorias, ya sean comerciales o tengan fines privados. En 
cambio, las que se centran sólo en las actividades preparatorias no cubren las conductas de 
los particulares. 
30 
Cuadro IV: Objetivos de las actividades ilícitas relacionadas con los dispositivos de 
descodificación 
Objetivo comercial no comercial 
Austria 
Bélgica x x 
Dinamarca 
Finlandia x x 
Francia x x 
Alemania 
Grecia 
Irlanda x x 
Italia x 
Luxemburgo 
Países Bajos x x 
Portugal 
España 
Suecia x 
Reino Unido x x 
Las actividades preparatorias, que según los casos pueden constituir un complemento de la 
prohibición de recepción o el objeto de la normativa, pueden agruparse en torno a: 
a) Fabricación de dispositivos de descodificación destinados a permitir la recepción de un 
servicio codificado sin abonar el canon 
Para garantizar que los particulares sólo pueden recibir el programa a través de los 
dispositivos fabricados directamente por el organismo codificador obajo su responsabilidad, 
todas las normativas prohiben la fabricación de dispositivos destinados únicamente a recibir 
un servicio codificado sin abonar el canon correspondiente (B, F, I, S, SF, NL, RU, IRL); 
b) Importación de dispositivos de descodificación para permitir la recepción de un servicio 
codificado sin abonar el canon 
Con la eliminación progresiva de los controles fronterizos, ha aumentado sin duda el riesgo 
de que dispositivos no autorizados, fabricados en un Estado miembro en el que no esté 
prohibida su fabricación, puedan luego importarse para permitir la recepción del servicio 
codificado sin abonar el canon. Por ello algunas legislaciones (B, F, I, RU, SF, IRL) 
prhíben importar dispositivos de descodificación para la recepción de un servicio 
codificado sin abonar el canon; 
c) Distribución de dispositivos de descodificación para permitir la recepción de un servicio 
codificado sin abonar el canon 
Con todo, la actividad que constituye el ataque más grave a las actividades de los 
prestadores de servicios codificados es seguramente la comercialización de los dispositivos 
encaminados a permitir la recepción de su servicio sin abonar el canon. Contra ella, las 
normativas nacionales suelen establecer la prohibición de distribuir dispositivos de 
descodificación para tales fines (B, F, I, S, RU, IRL, SF, NL); 
31 
d) Posesión con fines comerciales de dispositivos de descodificación para la recepción de 
un servicio codificado sin abonar el canon 
La posesión con fines comerciales, en particular de cara a su venta y/o alquiler, constituye 
otra etapa de la actividad fraudulenta que lleva a la recepción de un servicio codificado sin 
haber abonado el canon; por ello ciertas normativas (B, F, I, IRL, SF, NL) han prohibido 
la posesión con fines comerciales de dispositivos de descodificación que permitan la 
recepción ilícita de tales servicios; 
e) Posesión con fines privados de dispositivos de descodificación para la recepción de un 
servicio codificado sin abonar el canon 
Aunque la posesión con fines privados de este tipo de material represente por sí misma una 
actividad menos grave que su posesión con fines comerciales, en ciertas legislaciones (RU, 
NL, B, F, IRL) se considera que también debería prohibirse la posesión por el particular 
de un dispositivo no autorizado; 
f) Promoción comercial de dispositivos de descodificación para la recepción de un servicio 
codificado sin abonar el canon 
En la medida en que las normativas se proponen proteger al prestador de los servicios de la 
recepción ilícita, ciertas normativas (B, F, RU, IRL, NL) prohiben también las actividades 
de promoción comercial de estos dispositivos. 
Cuadro V: Actividades ilícitas relacionadas con los dispositivos de descodificación 
dispositivos de 
descodificación 
Austria 
Bélgica*. 
Dinamarca 
Finlandia 
Francia 
Alemania 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal 
España 
Suecia 
Reino Unido fabricación 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X importación 
X 
X 
X 
X 
X 
X distribución 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X promoción comercial 
X 
X 
X 
X 
X 
X posesión con Tines 
comerciales 
X 
X 
X 
X 
X 
X posesión con fines 
privados 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Sólo la Comunidad Flamenca. 
Por otra parte, la mayoría de los Estados miembros han prohibido asimismo otras 
actividades accesorias, todas ellas relacionadas con la comercialización de dispositivos de 
descodificación. 
32 
Cuadro VI: Otras actividades ilícitas relacionadas con los dispositivos de descodificación 
Equipos de 
descodificación 
Austria 
Bélgica 
Dinamarca 
Finlandia 
Francia 
Alemania 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal 
España 
Suecia 
Reino Unido adaptar vender 
X 
X 
X 
X 
X alquilar 
X 
X 
X 
X instalar 
X 
X 
X 
X mantener 
X 
X utilizar 
X comprar 
X 
X otros 
2.2.2. Sanciones previstas 
Las normativas nacionales establecen también sanciones penales o administrativas en caso 
de violación de la ley, así como la posibilidad de interponer demandas por daños y 
perjuicios por vía civil. En cuanto a este último punto, pueden presentarse algunas 
variantes: 
En primer lugar, en la normativa específica a veces no existe referencia alguna a una 
demanda por daños y perjuicios, lo que suele implicar que deberán aplicarse las normas 
generales (B, F, I, NL). 
En segundo lugar, puede haber una referencia específica a las normas que regulan las 
demandas por daños y perjuicios (proyecto de ley danés). En la exposición de motivos del 
proyecto, se declara que los prestadores de servicios y los titulares de los derechos sobre la 
emisión deberán poder reclamar indemnizaciones por los perjuicios causados por las 
actividades de los fabricantes no autorizados. 
Una tercera posibilidad es que una disposición declare que son aplicables las reparaciones 
civiles atribuidas a los titulares de derechos de autor (RU), lo que permite obtener 
reparaciones por daños y perjuicios y faculta para solicitar el cese de la actividad 
fraudulenta. Por último, puede darse el caso de una normativa que establezca reparaciones 
específicas por vía civil, previendo la titularidad de la acción y los tipos de acción posibles 
(IRL). 
33 
Cuadro VII: Sanciones 
Sanciones 
Austria 
Bélgica 
Dinamarca 
Finlandia 
Francia 
Alemania 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal 
España 
Suecia 
Reino Unido multa 
de 26 a 100.000 BEF 
(de 0,7 a 2.650 ECU) 
multa 
de 5.000 a 200.000 FF 
como máximo (de 772 
a 30.880 ECU) 
20.000 IEP como 
máximo (24.554 ECU) 
de 500.000 a 6.000.000 
ITL (de 220 a 6.645 
ECU) 
100.000 NLG como 
máximo (48.670 ECU) 
multa 
5.000 GBP como 
máximo (6.045 ECU) pena de prisión 
2 años máximo 
2 años máximo 
2 años máximo 
de 3 meses a 3 años 
3 años máximo 
6 años máximo 
2 años máximo disposiciones 
administrativas 
confiscación del 
material de 
descodificación y de los 
beneficios obtenidos 
incautación del material 
y confiscación de los 
beneficios obtenidos 
incautación de los datos 
técnicos, incautación y 
confiscación del 
dispositivo y del 
material publicitario, 
confiscación de los 
beneficios obtenidos 
incautación y 
confiscación del 
material utilizado en la 
actividad delictiva 
confiscación de los 
bienes, confiscación de 
los beneficios obtenidos 
confiscación de los 
objetos y del material 
delictivo, confiscación 
de los beneficios 
obtenidos 
normas sobre derechos 
de autor disposiciones civiles 
recursos específicos 
normas sobre derechos 
de autor 
2.2.3. Disparidad de las medidas : 
De lo que antecede se desprende que las legislaciones vigentes difieren en buena medida. 
Estas divergencias se manifiestan en particular en lo que concierne a lo siguiente: 
• ámbito de aplicación (servicios nacionales o procedentes de otros Estados 
miembros; servicios de radiodifusión o cualquier servicio codificado, incluidos los 
servicios previa llamada individual) 
• grado de protección (prohibición de la posesión con fines privados y de la 
promoción comercial) 
• legitimación en la demanda de reparaciones por vía civil (entidad codificadora o 
cualquier interesado) 
34 
• importancia de las sanciones. 
Estas disparidades son más notorias en caso de ausencia de una normativa específica. 
Conclusión 
Algunos Estados miembros adoptaron, a finales de los años 80, normativas específicas 
encaminadas a proteger a los servicios codificados de la recepción ilícita a través de 
dispositivos de descodificación no autorizados. Para dar la misma protección, otros 
aplican normas generales ya vigentes en su ordenamiento (competencia desleal, derechos 
de propiedad intelectual). Por último, ciertos Estados miembros no ofrecen, hoy por hoy, 
dicha protección. 
Puede concluirse que existe una disparidad en el tratamiento jurídico de la recepción ilícita 
de un servicio codificado en el interior de la Unión Europea; ciertas actividades, 
prohibidas en algunos Estados miembros, pueden ser lícitas en otros. 
P 1: La Comisión desearía disponer de cualquier información complementaria para 
realizar un análisis más preciso de las normativas nacionales. 
35 
CAPITULO 4: OBSTÁCULOS AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 
MERCADO INTERIOR 
Vista la situación normativa en los Estados miembros, la Comisión considera que la actual 
fragmentación jurídica puede suponer trabas a la libre circulación de mercancías y 
servicios, afectando así al buen funcionamiento del mercado interior. 
Algunos de dichos obstáculos parecen incompatibles con los principios del Tratado y 
deberán por consiguiente suprimirse. Se trata ante todo de ciertas normativas nacionales 
que efectúan una distinción, de cara a la protección jurídica contra la recepción ilícita, en 
función del origen del servicio. En ocasiones, estas normativas prevén que los servicios 
originarios de otros Estados miembros sólo quedan protegidos contra la recepción ilícita si 
las autoridades nacionales han expedido con antelación un certificado en virtud del cual 
gozan de dicha protección16. 
Por otra parte, otras legislaciones excluyen lisa y llanamente la posibilidad de que ciertos 
servicios obtengan protección, en función del medio de transmisión empleado. Esto ocurre, 
por ejemplo, cuando los servicios hertzianos o por cable están protegidos contra la 
recepción ilícita, mientras que los servicios codificados por satélite, todos de origen 
extranjero, quedan excluidos27. Se trata por lo tanto de una discriminación encubierta. 
En tales casos, la prestación trans fronteriza de servicios, como la que se da entre el 
abonado y el servicio codificador, se vería obstaculizada con respecto a las prestaciones 
nacionales, que estarían entonces automáticamente protegidas, mientras que los servicios 
originarios de otros Estados miembros no lo estarían o deberían obtener una autorización 
previa para poder estarlo. Estas medidas no parecen justificadas ante la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En efecto, unas medidas discriminatorias en 
materia de prestación de servicios sólo pueden ser compatibles con el Derecho comunitario 
si pueden acogerse a una excepción expresa, como el artículo 56 del Tratado, que 
contempla motivos de orden público, de seguridad o sanidad públicas28: en el caso que nos 
ocupa, queda claro que ninguno de los motivos mencionados puede justificar tales 
discriminaciones. A este respecto, la Comisión puede, al controlar la aplicación del 
Derecho comunitario, acabar con estas discriminaciones. 
En cambio, el análisis de las normativas nacionales ha permitido determinar cierto número 
de obstáculos a la libre circulación de mercancías y servicios que podrían considerarse 
justificados por motivos de interés general y. por lo tanto, ser compatibles con los 
principios del Tratado. Con respecto a estos obstáculos, podría resultar necesaria una 
iniciativa para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior. 
Véase la normativa británica. 
27 
Véase la normativa irlandesa. 
28 Sentencia "Mediawet" de 25.7.1991, asunto 288/89, Rec. 1991. 
36 
1. Obstáculos a la libre circulación de los dispositivos de descodificación (artículo 
30 y sigs. del Tratado) 
El artículo 30 establece que las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas 
las medidas de efecto equivalente, quedan prohibidas entre los Estados miembros29. Las 
prohibiciones de fabricación y de comercialización constituyen normativas aplicables 
indistintamente™ que tienen efectos restrictivos sobre los intercambios, en la medida en que 
obstaculizan la importación y la comercialización de productos originarios de otros Estados 
miembros. 
29 
30 En este contexto, cabe recordar que el Tribunal de Justicia suele definir las restricciones cuantitativas como 
prohibiciones o limitaciones de las importaciones, y las medidas de efecto equivalente a las restricciones 
cuantitativas como "cualquier normativa comercial de los Estados miembros que pueda obstaculizar, de 
manera directa o indirecta, real o potencial, el comercio intracomunitario" (Sentencia "Dassonville" de 
11.7.1974, asunto 8/74, Rec. 1974, pág. 837). 
Sin embargo, en esta última categoría el Tribunal establece una distinción. Por una parte, considera 
incompatibles con el artículo 30 las normas comerciales que constituyen medidas de efecto equivalente a 
restricciones cuantitativas, ya que imponen requisitos aplicables solamente a los productos importados o 
hacen que su venta o utilización sea más difícil u onerosa que la de los productos nacionales (medidas 
aplicables de mianera diferenciada). Éstas, al igual que las restricciones cuantitativas, sólo pueden 
justificarse, en opinión del Tribunal y en la medida en que son discriminatorias, en función de los motivos 
establecidos en el artículo 36. 
Por otra parte, en lo que respecta a las normas comerciales que tienen las mismas consecuencias sobre los 
productos nacionales y los importados, el Tribunal ha declarado que, aunque sean aplicables 
indistintamente a los productos nacionales e importados (medidas aplicables indistintamente), sólo pueden 
crear trabas a un producto fabricado y/o comercializado legalmente en otro Estado miembro si son 
necesarias para satisfacer exigencias imperativas (en las cuales el Tribunal incluye, además de los motivos 
de interés general enumerados en el artículo 36, la salud pública, la protección de los consumidores o del 
medio ambiente, la lealtad de las transacciones comerciales, etc.) (Sentencias "Cassis de Dijon", de 
20.2.1979, asunto 120/78, Rec. 1979, pág. 649; "Comisión contra Francia", de 23.2.1988, asunto 216/84, 
Rec. 1988, pág. 793). 
En ese caso, las trabas a la libre circulación de mercancías derivadas de la disparidad de normativas 
nacionales se justificarán en la medida en que exista un nexo directo entre la normativa y la exigencia 
imperativa (criterio de causalidad), en que la normativa sea adecuada y no excesiva con respecto a la 
exigencia prevista (criterio de proporcionalidad), o en que no exista, en el país de origen, una legislación 
equivalente y no haya soluciones alternativas que permitan alcanzar el objetivo perseguido creando menos 
perturbaciones para los flujos de intercambios (criterio de sustitución). 
Por ello, una normativa nacional, aunque sea indistintamente aplicable, podría constituir una medida de 
efecto equivalente cuando los efectos restrictivos que acarrea sobre los intercambios intracomunitarios, aun 
justificados por una exigencia imperativa, excedan de lo estrictamente necesario para alcanzar el objetivo 
perseguido. 
No tienen por efecto favorecer a la producción nacional y acarrean las mismas restricciones para los 
productos nacionales que para los importados. 
37 
Pero, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, estas prohibiciones están justificadas 
porque persiguen objetivos de interés general. Por una parte, tratan de velar por la 
protección del organismo codificador contra quienes pudieran beneficiarse 
fraudulentamente de sus actividades (a saber, los fabricantes y distribuidores de 
dispositivos de descodificación no autorizados), y de proteger al consumidor contra la 
comercialización de dispositivos que, al no ser oficiales, no garantizarían la recepción del 
servicio en caso de que el operador cambiara de sistema. El principio de que las relaciones 
económicas deben tener lugar en condiciones de equidad y de lealtad forma parte de los 
motivos de interés general que, de acuerdo con el Tribunal, pueden obstaculizar la libre 
circulación de mercancías. En efecto, el Tribunal ha considerado en varias ocasiones la 
protección de los consumidores y la lealtad en las transacciones comerciales causas de 
justificación de las trabas a la libre circulación de las mercancías31. 
Por otra parte, estas prohibiciones tienen por objeto garantizar el derecho a remuneración 
de los titulares de los derechos de propiedad intelectual sobre los servicios prestados 
mediante la señal codificada y de los titulares de los derechos de propiedad intelectual e 
industrial incluidos en los dispositivos32. Pero el objetivo de velar por el derecho a una 
legítima remuneración, ya se trate de la de los titulares de derechos sobre los programas o 
de la de los titulares de derechos sobre la tecnología en que se basan los dispositivos no 
autorizados, forma parte de los derechos que constituyen, de acuerdo con la jurisprudencia 
del Tribunal, el objeto específico de la propiedad industrial e intelectual^. 
Además, estas normativas respetan el criterio de proporcionalidad, ya que se limitan a 
prohibir la comercialización de los dispositivos fabricados sin autorización previa de la 
entidad codificadora, sin tener en cuenta su origen, ya sea nacional o extranjero; no van, 
por lo tanto, mucho más allá de lo estrictamente necesario para alcanzar el objetivo 
perseguido34. Por último, respetan también el criterio de sustitución y equivalencia, dado 
que no hay medidas alternativas, y menos coercitivas, para otorgar la protección buscada. 
31 
33 
34 Sentencias "Bequelin", de 25.11.1971, asunto 22/1, Rec. 1971, pág. 970; "Dansk Supermarked", de 
22.1.1981, asunto 58/80, Rec. 1981, pág. 181. 
Por esta razón, ciertas normativas nacionales remiten a las disposiciones en materia de derechos de autor, al 
reconocer a las partes interesadas (por lo general los organismos codificadores) los mismos derechos que 
los conferidos a los titulares de los derechos sobre una obra protegida frente a una copia no autorizada de la 
propia obra. En ambos casos, la copia no autorizada, ya sea de una obra o de un equipo de descodificación 
que permita la recepción de un servicio, priva al titular o al prestador de su legítima remuneración. 
Sentencia "Deutsche Grammophon", de 8.6.1971, asunto 78/70, Rec. 1971, pág. 502. 
En cambio, en lo que respecta a la importación y comercialización de dispositivos fabricados y 
comercializados en el Estado de origen con el consentimiento de la entidad codificadora, la aplicación de 
estas prohibiciones podría suponer trabas económicas desproporcionadas con respecto al objetivo 
perseguido, y ser por ello incompatibles con los principios sobre la libre circulación de las mercancías, tal y 
como los interpreta el Tribunal. 
38 
A modo de conclusión, puede afirmarse que una traba a la libre circulación de los 
dispositivos de descodificación fabricados y comercializados en el Estado de origen sin el 
consentimiento previo de la entidad codificadora podrá justificarse por razones 
relacionadas con la protección de los consumidores y la lealtad en las transacciones 
comerciales, así como de la propiedad intelectual o industrial. 
2. Obstáculos a la libre circulación de los servicios vinculados a los dispositivos de 
descodificación (artículo 59 y sigs.) 
El análisis de las normativas nacionales ha revelado que algunas legislaciones prohiben 
actividades complementarias a la fabricación y comercialización de dispositivos de 
descodificación ilícitos. Es el caso de las normativas que prohiben la promoción comercial, 
la instalación, mantenimiento y sustitución de los dispositivos de descodificación ilícitos. 
Con arreglo a los artículos 59 y 60 del Tratado, estas actividades constituyen prestaciones 
de servicios. Pero, aunque estas prohiciones sean aplicables indistintamente, siguen 
teniendo efectos restrictivos con respecto a la libre circulación de servicios. Se prohiben al 
parecer actividades de promoción comercial y/o de los servicios post-venta efectuados por 
prestadores establecidos en otros Estados miembros. 
No obstante, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal33, estos efectos restrictivos 
pueden estar justificados; en efecto, estas legislaciones persiguen objetivos de interés 
general como la protección de los consumidores36 y de la propiedad industrial e 
intelectual31. Además, estos efectos restrictivos no exceden lo estrictamente necesario para 
alcanzar el objetivo perseguido y pueden por lo tanto considerarse proporcionados38. 
35 
36 
37 
38 El Tribunal ha efectuado una distinción entre restricciones que considera discriminatorias y las aplicables 
indistintamente. Las primeras podrían justificarse por uno de los motivos citados en el artículo 56 (orden 
público, seguridad y salud públicas). En cambio, sobre las medidas que acarreen restricciones aplicables 
indistintamente, el Tribunal ha declarado que el artículo 59 exige no sólo la supresión de cualquier 
discriminación del prestador de servicio debido a su nacionalidad, sino también la "supresión de cualquier 
restricción, aunque se aplique de manera indistinta a los prestadores nacionales y a los de los demás Estados 
miembros, cuando puede impedir o perturbar de una u otra forma la actividad del prestador establecido en 
otro Estado miembro, en el que presta legalmente servicios análogos" (Sentencia "Dennemeyer", de 
25.7.1991, asunto 76/90, Rec. 1991). De ello se desprende, según el Tribunal, que una prohibición 
aplicable indistintamente podría constituir una restricción a la libre prestación de servicios, en la medida en 
que crearía obstáculos no justificados por motivos imperativos relacionados con el interés general, en que 
éste ya no está protegido por las normas del Estado de establecimiento del prestador y en que no puede 
obtenerse el mismo resultado mediante normas menos coercitivas. Entre los motivos imperativos de interés 
general, el Tribunal incluye la protección de los consumidores y de los trabajadores, la propiedad industrial 
y comercial, etc. 
Sentencia "Comisión contra Francia", de 4.12.1986, asunto 220/83, Rec. 1986, pág. 3663. 
Sentencia "Coditel", de 18.3.1980, asunto 62/79, Rec. 1980, pág. 881. 
La solución sería probablemente diferente en el caso de dispositivos fabricados y comercializados en el 
Estado de origen con el consentimiento del organismo codificador. En ese caso, estas restricciones 
39 
A modo de conclusión, puede afirmarse que las prohibiciones de efectuar la promoción 
comercial, la instalación, el mantenimiento y la sustitución de dispositivos de 
descodjficación fabricados y comercializados en el Estado de origen sin el consentimiento 
previo de la entidad codificadora pueden justificarse por la conveniencia de velar por la 
protección de los consumidores y de los derechos de propiedad intelectual e industrial. 
3. Obstáculos a la libre circulación de servicios codificados 
La ausencia de protección jurídica en ciertos Estados miembros de recepción puede 
originar trabas a la libre circulación de los servicios codificados. Como han confirmado las 
consultas realizadas por la Comisión, para los operadores una protección jurídica eficaz 
contra la recepción ilícita del servicio es un elemento importante a la hora de decidir la 
conveniencia de distribuir el servicio en determinado país. La falta de una protección 
jurídica de este tipo dificulta y hace sin duda más aleatorio el proceso de comercialización. 
Los operadores deberán afrontar costes adicionales, debidos no sólo a la utilización de un 
sistema particularmente seguro, sino también a la necesidad de establecer redes de 
distribución de los dispositivos de descodificación (normalmente mediante alquiler) que 
resultan peculiarmente onerosas. 
Este vacío jurídico provoca así efectos restrictivos sobre la circulación de servicios 
codificados en el mercado interior, ya que complica su distribución en países en que no hay 
protección jurídica contra la recepción ilícita. 
No obstante, este efecto restrictivo no es contrario al Derecho comunitario, puesto que, 
como ha reconocido el Tribunal39, a falta de armonización comunitaria, los Estados 
miembros tienen entera libertad de regular en su territorio, de conformidad con los 
principios del Tratado, las actividades económicas. Pueden así, siempre que respeten el 
principio de proporcionalidad, prohibir o no, por razones de interés general, determinadas 
actividades. 
En definitiva, a falta de armonización comunitaria, el efecto restrictivo provocado por el 
vacío reglamentario puede justificarse por consideraciones de política normativa 
relacionadas con las actividades económicas, cuya evaluación es competencia del Estado 
miembro. 
equivaldrían a crear trabas a las relaciones económicas entre los Estados miembros desproporcionadas con 
respecto a los objetivos perseguidos, que serían por lo tanto incompatibles con los principios del Tratado 
sobre libre prestación de servicios, tal y como los interpreta el Tribunal. 
39 Sentencia "Procureur du Roi/Debauve", de 18.3.1980, asunto 52/79, Rec. 1980, pág. 833. 
40 
4. Falseamiento de la competencia 
La disparidad de las normativas nacionales y la ausencia de estas reglamentaciones en 
ciertos Estados miembros pueden además acarrear el falseamiento de la competencia en el 
mercado interior. En efecto, un operador que distribuye sus dispositivos de descodificación 
en un Estado en el que existe una fuerte protección jurídica tendrá ventajas competitivas 
(que repercutirán, por ejemplo, en su capacidad de adquisición de programas) con respecto 
al operador que debe hacerlo en un Estado en el que no dispone de una protección jurídica 
eficaz, ya que este último deberá sufragar costes suplementarios, generados por ejemplo 
por la elección de un sistema de distribución especialmente seguro. 
Esta disparidad en las condiciones de competencia en los diferentes Estados miembros 
podría tener consecuencias negativas para el desarrollo de los servicios codificados en el 
mercado interior, en la medida en que los operadores no estarían sometidos, en la Unión 
Europea, a las mismas condiciones de mercado. 
En definitiva, la disparidad normativa puede acarrear un falseamiento de la competencia 
que podría dificultar el desarrollo de los servicios codificados. 
P 2: La Comisión desaría conocer la opinión de los interesados sobre la existencia de 
restricciones y de efectos restrictivos diferentes de los mencionados hasta aquí. 
41 
CAPITULO 5: CONVENIENCIA DE UNA INICIATIVA COMUNITARIA Y 
TIPO DE INICIATIVA POSIBLE 
El análisis anterior ha demostrado que siguen subsistiendo varios obstáculos al 
funcionamiento del mercado interior. Algunos de ellos podrían resultar incompatibles con 
el Derecho comunitario y deberán por consiguiente eliminarse, como ocurre con las trabas 
generadas por la aplicación de normativas nacionales que efectúan, de cara a la protección 
jurídica de los servicios codificados, una distinción basada en la naturaleza (hertziana o por 
satélite) o en el origen del servicio. 
Sin embargo, otros obstáculos pueden justificarse por razones de interés general, como la 
protección de los consumidores y de la propiedad industrial e intelectual, y por respeto al 
principio de la proporcionalidad. Eso ocurre ante todo con los obstáculos a la libre 
circulación de dispositivos de descodificación y de los servicios relacionados con ellos, que 
se deben a la disparidad de las normativas nacionales en materia de fabricación y 
comercialización. 
Por otra parte, desde el punto de vista económico, la consulta ha demostrado que la actual 
fragmentación normativa, con los costes añadidos y la inseguridad jurídica que provoca, la 
perciben los sectores profesionales como una traba de primer orden al desarrollo de los 
nuevos servicios codificados. Una protección jurídica eficaz contra la recepción ilícita 
constituye, en efecto, un elemento fundamental para que un inversor se decida a 
perfeccionar un servicio codificado y a comercializarlo en otros Estados. 
Por ello, para este último tipo de obstáculos, podría resultar necesaria una iniciativa 
encaminada a establecer un grado de protección equivalente en todos los Estados 
miembros, con objeto de eliminar las trabas detectadas y completar el marco normativo del 
espacio audiovisual europeo instaurado por las directivas "Televisión sin fronteras" 
(89/552/CEE) y "Cable y satélites" (93/83/CEE). 
A este respecto, cabe destacar que, en la medida en que el objetivo perseguido es la 
eliminación de las trabas al buen funcionamiento del mercado interior creadas por la 
disparidad de las normativas nacionales sobre lá protección jurídica de los servicios 
codificados, este tipo de objetivo sólo se puede alcanzar con eficacia mediante una 
armonización comunitaria. En este sentido, parece poco verosímil que los Estados 
miembros efectúen espontáneamente un acercamiento de las normativas nacionales 
encaminadas a la protección jurídica de los servicios codificados. Además, incluso si se 
diera ese caso, la falta de respaldo institucional en el ordenamiento jurídico comunitario 
haría que resultara poco eficaz y que no diera a la industria la seguridad jurídica necesaria 
para el desarrollo de los servicios codificados. 
Sin embargo, antes de optar por una iniciativa en materia de normativa, la Comisión 
desearía conocer la opinión de los interesados sobre las posibilidades que se exponen a 
continuación. 
42 
1. Objetivo de la iniciativa 
El objetivo general de la medida es permitir a los sectores profesionales de los medios de 
comunicación, ya sean prestadores de servicios codificados, proveedores de programas o 
fabricantes de dispositivos, que se beneficien plenamente de las posibilidades que les ofrece 
el mercado interior. En efecto, estas oportunidades, en particular en lo que respecta a la 
sociedad de la información, podrían no aprovecharse plenamente si en la Unión estas 
empresas no dispusieran de la suficiente protección jurídica. 
Un marco normativo claro, que propicie en el conjunto de la Unión la protección jurídica 
contra la recepción ilícita del servicio, asegurando así la libre circulación de servicios y 
mercancías, constituye en efecto una condición necesaria para el desarrollo de nuevos 
servicios. 
Además, teniendo en cuenta el carácter global del problema de la recepción ilícita, deberían 
emprenderse trabajos a escala internacional, en particular a raíz de acuerdos bilaterales y 
de las actividades de la OMC,' para establecer normas eficaces a nivel mundial. En efecto, 
una intervención que consolide el marco normativo en el mercado interior resultaría 
incompleta de no correr pareja con una acción externa encaminada a resolver el problema a 
escala internacional y a dar una protección con respecto a las importaciones procedentes de 
terceros países. 
2. Coherencia con otras políticas comunitarias 
Una iniciativa reglamentaria para garantizar la protección jurídica de ios servicios 
codificados resultaría además coherente con otros objetivos y políticas comunitarios. 
Un marco normativo que garantice una protección jurídica en la Unión contribuiría 
al desarrollo de la industria europea de los servicios codificados y de la fabricación 
de dispositivos de descodificación. A falta de una protección jurídica eficaz, la 
recepción ilícita y la consiguiente pérdida de ingresos podrían socavar el equilibrio 
financiero de los prestadores de servicios codificados y dificultarían su desarrollo. 
Algo semejante ocurriría con la industria de los fabricantes de dispositivos de 
descodificación que, a falta de una protección jurídica, no emprenderían actividades 
que no gozaran de las suficientes garantías contra el fraude; 
Una intervención normativa para garantizar el buen funcionamiento del mercado 
interior resultaría coherente con los objetivos perseguidos por las políticas 
audiovisual y cultural de la Unión. Una intervención de este tipo permitiría 
garantizar una mejor explotación de los derechos de propiedad intelectual sobre los 
programas emitidos por las cadenas televisivas, lo que generaría nuevos medios de 
explotación para la producción audiovisual. En efecto, los nuevos servicios 
43 
codificados representan una baza capital para el desarrollo y la circulación de obras 
artísticas, así como para el florecimiento de la diversidad cultural y lingüística de la 
Unión; sin embargo, los titulares de derechos se mostrarán reticentes a cederlos si 
los servicios codificados no está protegidos contra la recepción ilícita. En esta 
situación, los servicios codificados, sin programas, no podrán desarrollarse y la 
creación audiovisual habrá perdido la posibilidad de beneficiarse de un poderoso 
vehículo de difusión. 
Una intervención normativa para garantizar el buen funcionamiento del mercado 
interior resultaría coherente con el objetivo de garantizar la protección de los 
consumidores. A falta de un marco normativo seguro, éstos podrían llamarse a 
engaño sobre el origen del dispositivo de descodificación en el momento de la 
compra y creer que están adquiriendo un dispositivo autorizado, cuando en realidad 
se trata de un aparato pirata. En ese caso, si el operador modifica por razones de 
seguridad el sistema de descodificación, el dispositivo adquirido carecerá de utilidad 
para el consumidor, que deberá comprar uno nuevo. Por otra parte, los dispositivos 
no autorizados no tendrán una garantía indefinida por parte de los fabricantes 
piratas: en caso de avería, el consumidor deberá correr con los gastos de la 
reparación. En ambos casos, las consecuencias negativas para el consumidor de la 
comercialización de dispositivos de descodificación no autorizados resultan 
manifiestas. Además, las pérdidas registradas por los prestadores de servicios 
tendrán consecuencias negativas sobre su equilibrio financiero; por ello, el 
desarrollo de los servicios codificados podría retrasarse debido a la falta de 
protección. Esta situación supondría una pérdida para el consumidor, que no podría 
beneficiarse del servicio. 
3. Selección del instrumento y fundamento jurídico 
Tras el análisis efectuado, la Comisión, después de consultar a las partes interesadas, 
podría adoptar una de las dos decisiones que se exponen a continuación. 
La Comisión podría proponer una directiva encaminada a armonizar las legislaciones 
nacionales (opción 1). Habida cuenta del principio de proporcionalidad y de 
subsidiariedad, la directiva propuesta supondría una armonización mínima, que dejaría a 
los Estados miembros la libertad de establecer principios más estrictos, asegurando un nivel 
mínimo de protección equivalente en el interior de la Unión. Esta opción tendría la ventaja 
de garantizar la seguridad jurídica de los sectores interesados, dejando al propio tiempo a 
los Estados miembros cierta flexibilidad para ampliar la protección. 
En su defecto, la Comisión podría proponer un reglamento del Consejo (opción 2), con los 
mismos objetivos que la opción anterior. Este procedimiento tendría la ventaja de acarrear 
una armonización más eficaz, debido a que podría aplicarse directamente en los Estados 
miembros y a que no sería necesario incorporarlo en el ordenamiento jurídico nacional. 
44 
Por otra parte, la opción escogida podría correr pareja con una propuesta de modificación 
de las disposiciones de Derecho comunitario que existen en el ámbito del despacho a libre 
práctica de las mercancías con usurpación de marca procedentes de terceros países40, con 
objeto de que dichas medidas pudieran aplicarse igualmente a los dispositivos de 
descodificación. Sin embargo, conviene señalar que esta modificación no bastaría por sí 
sola para garantizar una protección jurídica eficaz en la Unión. En efecto, las disposiciones 
del Reglamento sobre la usurpación de marca las aplican, con carácter voluntario, los 
operadores o empresas interesados, exclusivamente a las mercancías procedentes de 
terceros países y en el momento de la importación al interior de la Unión. En cuanto a los 
intercambios entre Estados miembros, se les aplican las normativas nacionales y 
comunitarias. Pero en el ámbito de la fabricación y la comercialización de dispositivos de 
descodificación ilícitos, no hay en la actualidad una uniformidad en los enfoques 
reglamentarios nacionales, lo que provoca divergencias en las posibles soluciones y, en 
ciertos casos, una falta de protección. De ello se desprende que una intervención 
encaminada a garantizar el control de las importaciones procedentes de terceros países 
debería acompañarse necesariamente de una propuesta reglamentaria que garantizara la 
protección contra la recepción ilícita en el interior de la Unión. 
Habida cuenta del objetivo de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y 
permitir la libre circulación de las mercancías41, el fundamento jurídico idóneo serían los 
artículos 57(2), 66 y 100A. 
4. Ámbito de aplicación 
La armonización prevista afectaría a las normativas nacionales vigentes en el ámbito de la 
protección jurídica de los servicios codificados. Estas normativas, cuando existen, pueden 
encontrarse en leí ámbito de los derechos de autor, la normativa de radiodifusión, el 
Derecho civil o administrativo. De ello se desprende que el lugar que ocupen en el 
ordenamiento nacional carece de importancia; lo que cuenta es su objetivo, es decir, la 
protección de los servicios codificados contra la recepción ilícita. 
Esta armonización podría cubrir todos los servicios codificados, para los cuales la 
codificación tiene por objeto garantizar el pago de una remuneración, sin limitarse a los 
servicios de radiodifusión. En esta categoría entrarían también los servicios de 
radiodifusión codificados tradicionales (por cable, por vía hertziana o por satélite), los 
nuevos servicios de radiodifusión (televisión digital, televisión de pago por visión, vídeo a 
la carta) y los servicios de la sociedad de la información, a saber, los prestados a distancia 
40 
41 Reglamento (CE) n_ 3295/94 del Consejo (DOCE L 341 de 30.12.1994), por el que se establecen medidas 
dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un 
régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas. 
En la medida en que se planteara la modificación del Reglamento sobre las mercancías con usurpación de 
marca, el fundamento jurídico no cambiaría: seguiría siendo el artículo 113. 
45 
electrónicamente previa solicitud personal de un destinatario de los servicios (vídeo a la 
carta, entrega de juegos previa solicutud, telecompra interactiva). 
En efecto, en la medida en que codifique un servicio para limitar su recepción, 
independientemente de su naturaleza (radiodifusión, previa llamada personal, etc.), tendrá 
las mismas exigencias de protección. En cambio, ceñirse a los servicios de radiodifusión no 
permitiría cubrir los nuevos usos de la codificación, como la entrega de datos previa 
llamada personal o sin imágenes (por ejemplo, un periódico enviado directamente a casa 
vía satélite), así como el envío a domicilio directamente por satélite o por cable de juegos 
de vídeo. 
Por ello, todos los servicios codificados que cuentan con dispositivos de descodificación a 
diposición del público deben gozar de la misma protección. De cara a la convergencia de la 
radiodifusión y de los servicios informáticos, la definición de "servicios codificados" 
debería cubrir cualquier servicio que pueda recibirse a través de una pantalla de televisión 
o de ordenador, es decir, los de radiodifusión sonora o televisiva, así como los demás 
servicios interactivos de la sociedad de la información, tal y como se definen en la 
propuesta de directiva sobre transparencia normativa en el mercado interior, es decir, los 
prestados electrónicamente a distancia previa solicitud del destinatario de los mismos. 
En cambio, no deben quedar cubiertos los servicios que recurran a la codificación por 
razones que no sean la de garantizar el pago de un canon. Es el caso de los servicios 
codificados para garantizar la integridad y la confidencialidad del mensaje transmitido, a 
saber, los servicios financieros o de telecomunicaciones. La razón de esta exclusión reside 
en el hecho de que, para éstos, los intereses generales perjudicados en caso de 
intercepción, es decir, la integridad y la confidencialidad de la comunicación, difieren 
considerablemente de la protección del valor de un servicio prestado contra remuneración, 
que constituye el objeto de interés general amenazado por la recepción ilícita. Pero esta 
diferencia ha dado lugar, a escala nacional e internacional, a soluciones normativas que 
difieren considerablemente, en particular en lo que respecta a las demandas ante los 
tribunales y a la importancia de las sanciones, y que no justifican un tratamiento conjunto 
de ambos problemas. 
Por su parte, la protección contra mercancías procedentes de terceros países debe cubrir 
todos los dispositivos de descodificación importados de un tercer país, que permitan, sin 
autorización previa de la entidad codificadora, recibir un servicio codificado. 
5. Estructura general 
Teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, las normas propuestas podrían 
prohibir las actividades siguientes: 
• Fabricación de dispositivos de descodificación destinados a permitir el acceso a los 
servicios codificados sin autorización de la entidad codificadora; 
46 
• Venta de dispositivos de descodificación encaminados a permitir el acceso a los 
servicios codificados sin autorización de la entidad codificadora; 
• Posesión con fines comerciales de dispositivos de descodificación destinados a 
permitir el acceso a los servicios codificados sin autorización de la entidad 
codificadora; 
• Posesión con fines particulares de dispositivos de descodificación destinados a 
permitir el acceso a los servicios codificados sin autorización de la entidad 
codificadora; 
• Instalación, mantenimiento y sustitución de dispositivos de descodificación 
destinados a permitir el acceso a los servicios codificados sin autorización de la 
entidad codificadora; 
• Promoción comercial de dispositivos de descodificación destinados a permitir el 
acceso a los servicios codificados sin autorización de la entidad codificadora; 
• Descodificación de emisiones codificadas sin autorización de la entidad 
codificadora. 
La medida propuesta debe además prever que los Estados miembros adopten sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de violación. A este respecto, como ha 
declarado la Comisión en su Comunicación sobre la función de las sanciones para la 
aplicación de la legislación comunitaria42, los Estados miembros conservarían su libertad de 
determinar el régimen sancionatorio. Además, la medida podría contemplar un 
procedimiento de notificación a la Comisión de las disposiciones adoptadas con este fin por 
los Estados miembros. 
Además debería contemplarse la posibilidad de que cualquier interesado interpusiera una 
demanda por daños y perjuicios. 
En cuanto a las disposiciones sobre protección contra el despacho a libre práctica de 
mercancías procedentes de terceros países, la medida propuesta debería prever la 
prohibición de importar dispositivos de descodificación destinados a peremitir el acceso a 
los servicios codificados sin autorización de la entidad codificadora. 
P 3: La Comisión desearía conocer la opinión de los interesados sobre la necesidad de 
una armonización a escala comunitaria. 
42 
"Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la función de las sanciones en 
relación con la aplicación de la legislación comunitaria sobre el mercado interior", COM(95) 162 final, de 
3.5.1995. 
47 
P 4: La Comisión desearía conocer la opinión de los interesados sobre la forma de uno 
de los posibles instrumentos de armonización expuestos en el presente Libro Verde. 
P 5: La Comisión desearía conocer la opinión de los interesados sobre el contenido de 
uno de los posibles instrumentos de armonización presentados anteriormente y, en 
particular: 
i su ámbito de aplicación : 
a: ¿habría que limitarlo a los servicios de radiodifusión o hacerlo 
extensivo a todos los servicios codificados, con objeto de 
garantizar el pago del canon? 
b: en caso de que se optara por su ampliación, ¿se considera 
apropiado el criterio escogido para determinar el ámbito de 
aplicación (servicios codificados para garantizar un canon), o 
sería conveniente recurrir a otro? En caso afirmativo, ¿considera 
Ud. que el instrumento de armonización debería proteger contra 
la recepción ilícita a todos los servicios, codificados o no, que 
utilicen técnicas de acceso condicionado, incluidas por ejemplo las' 
contraseñas? 
ii la conveniencia de incluir la posesión por parte de particulares de 
dispositivos de descodificación no autorizados; 
iii las demandas de indemnización por daños y perjuicios. 
48 
RELACIÓN DE PREGUNTAS 
Pl: La Comisión desearía disponer de cualquier información complementaria para 
realizar un análisis más preciso de las normativas nacionales. 
P 2: La Comisión desaría conocer la opinión de los interesados sobre la existencia de 
restricciones y de efectos restrictivos diferentes de los mencionados hasta aquí. 
P 3: La Comisión desearía conocer la opinión de los interesados sobre la necesidad de 
una armonización a escala comunitaria. 
P 4: La Comisión desearía conocer la opinión de los interesados sobre la forma de uno 
de los posibles instrumentos de armonización expuestos en el presente Libro Verde. 
P 5: La Comisión desearía conocer la opinión de los interesados sobre el contenido de 
uno de los posibles instrumentos de armonización presentados anteriormente y, en 
particular: 
i su ámbito de aplicación : 
a: ¿habría que limitarlo a los servicios de radiodifusión o hacerlo 
extensivo a todos los servicios codificados, con objeto de 
garantizar el pago del canon? 
b: en caso de que se optara por su ampliación, ¿se considera 
apropiado el criterio escogido para determinar el ámbito de 
aplicación (servicios codificados para garantizar un canon), o 
sería conveniente recurrir a otro? En caso afirmativo, ¿considera 
Ud. que el instrumento de armonización debería proteger contra 
la recepción ilícita a todos los servicios, codificados o no, que 
utilicen técnicas de acceso condicionado, incluidas por ejemplo las 
contraseñas? 
ii la conveniencia de incluir la posesión por parte de particulares de 
dispositivos de descodificación no autorizados; 
iii las demandas de indemnización por daños y perjuicios. 
49 
ISSN 0257-9545 
COM(96) 76 final 
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