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compromiso capaz de encaminar el comercio agrícola 
hacia normas más claras y eficaces, es indispensable 
que los gobiernos, si quieren ver cumplidas las ambicio­
nes sobre las que se basa la Ronda Uruguay, emprendan 
un acción decidida para mejorar el funcionamiento del 
sistema monetario internacional; sería inútil intentar 
reducir las ayudas agrícolas si una simple variación de 
los tipos de interés, repercutiendo de manera amplifi­cada sobre las monedas, permite instaurar en cualquier 
momento una nueva ayuda. 
El equilibrio de los presupuestos nacionales y la concer-
tación monetaria y financiera son condiciones de éxito 
de la Ronda Uruguay, particularmente para el sector 
agrario. 
Hecho en Bruselas, el 27 de octubre de 1988. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE 
Dictamen sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a la carga de la prueba en el 
ámbito de la igualdad de retribución y trato entre hombres y mujeres (*) 
(88/C 337/19) 
El 16 de junio de 1988, de conformidad con el artículo 100 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica europea, el Consejo decidió consultar el Comité Económico y Social 
sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de asuntos sociales, familia, educación y cultura, encargada de preparar los 
trabajos en la materia, adoptó su dictamen el 30 de octubre de 1988, sobre la base del informe 
del Sr. Gómez Martínez. 
En su 259a sesión plenaria (sesión del 27 de octubre de 1988), el Comité Económico y Social 
ha aprobado por 72 votos a favor, 10 en contra y 5 abstenciones el siguiente dictamen. 
1. Observaciones generales 
1.1. El Comité matiza su opinión favorable a la 
propuesta de la Comisión sobre la directiva con las 
observaciones siguientes. 
1.2. El Comité celebra que entre los motivos que han 
llevado a la Comisión a poner en marcha esta iniciativa 
se encuentren las razones que expresaba el Comité 
Económico y Social en su dictamen del 24 de abril de 
1986 sobre la «Igualdad de oportunidades para las 
mujeres, programa comunitario a medio plazo, 1986 a 
1990»; adoptado por unanimidad. 
1.3. Lo esencial de las razones del Comité en abril 
de 1986 sigue manteniendo su vigencia: 
a) lograr una mejor aplicación de las disposiciones 
existentes a nivel comunitario; 
b) contribuir a corregir la violación permanente de la 
igualdad de derechos; 
c) restablecer el equilibrio entre el número de casos 
legítimos presentados ante los tribunales y el 
número real de casos de discriminación, proporcio-
nalmente mucho más elevado; 
(') DO n" C 176 de 5. 7. 1988, p. 5. d) alentar y estimular la puesta en marcha de procedi­
mientos adecuados de reclutamiento y la aplicación 
de técnicas modernas en el campo de la dirección 
de personal; 
e) la aplicación jurídica de la directiva debería facilitar 
a los Estados miembros un margen de acción y 
una flexibilidad suficientes para prevenir posibles 
abusos por parte de grupos organizados. 
1.4. La Europa de los ciudadanos tiene que tener 
como uno de sus objetivos prioritarios la igualdad de 
oportunidades para la mujer. El camino para conse­
guirlo debe implicar un esfuerzo en todos los ámbitos 
de la sociedad, entre ellos y de forma destacada la 
promoción de políticas de empleo, educación, etc. 
Por lo tanto el aspecto normativo, siendo importante, 
contribuye más a corregir situaciones individuales que 
colectivas. 
1.5. La normativa comunitaria vigente relativa al 
principio de igualdad entre hombres y mujeres se esta­
blece en: 
— artículo 119 del Tratado CEE, 
— directiva del Consejo 75/117/CEE: igualdad de 
retribución entre los trabajadores masculinos y 
femininos, 
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— directiva del Consejo 76/207/CEE: acceso al 
empleo, a la formación y a la promoción profesiona­
les, y a las condiciones de trabajo, 
— directiva del Consejo 79/7/CEE: seguridad social 
regímenes legales, 
— directiva del Consejo 86/378/CEE: regímenes profe­
sionales seguridad social (todavía no está en vigor), 
— directiva del Consejo 86/613/CEE: ejercicio de una 
actividad autónoma; incluidas las actividades agrí­
colas, así como sobre la protección de la materni­
dad, debe aplicarse de forma más efectiva. 
1.6. El Comité resalta que la aplicación de la direc­
tiva a toda normativa comunitaria sobre igualdad entre 
hombres y mujeres debe mantener la excepción del 
procedimiento penal, ya que la modificación de la carga 
de la prueba en este procedi'iento podría suponer la 
imposición de una responsabilidad criminal sobre las 
personas. 
1.7. Teniendo en cuenta las diferentes fases del pro­
cedimiento y las diferentes instancias jurisdiccionales 
sería conveniente que la directiva delimitara en cada 
supuesto qué sujeto es el demandante y cual el deman­
dado. 
1.8. El Comité considera que para una aplicación 
flexible y equitativa para las partes de la directiva 
debería eliminarse del artículo tercero la última frase 
del párrafo primero así como el término «de no reba­
tirse » del párrafo segundo. 
Según los comentarios del proyecto de directiva elabo­
rado por la Comisión al artículo tres la presunción iuris 
tantum la establecerá el demandante alegando que ha 
sido objeto de un trato menos favorable por razón de 
sexo y proporcionando medios para que el juzgador 
pueda determinar que ha existido una discriminación. 
Es en este momento, antes de que el demandado rebata 
los hechos, cuando está ya creada la presunción de 
discriminación iuris tantum; trasladándose entonces la 
carga de la prueba al demandado que deberá probar 
que el trato desigual obedece a razones objetivas y 
justificadas. Corresponde al Tribunal o autoridad com­
petente dilucidar si dicha prueba es o no suficiente para 
hacer decaer la presunción de discriminación. 
1.9. El Comité estima necesario que la presunción 
de discriminación debe estar basada en hechos que 
permitan suponer la existencia de une discriminación 
directa o indirecta. De esta forma se permitiría la aplica­
ción flexible y eficaz, evitando distorsiones o malas 
utilizaciones que a medio plazo contribuirían a descali­
ficar los objetivos de la directiva. 
1.10. El Comité acoge satisfactoriamente la idea de 
la defensa de la discreción para la información confiden­
cial de que puede beneficiarse una de las partes en litigio 
o aquella otra que su transmisión pudiera dañar de 
forma importante a la otra parte por motivos diferentes 
a la controversia. Esta protección debería ampliarse a ambas partes en 
sentido indistinto y conjunto, así como a terceras partes 
afectadas. 
1.11. El Comité recomienda que el seguimiento que 
efectúe el Consejo cada tres años sobre la aplicación de 
la directiva se compagine con la evaluación de la mayor 
o menor eficacia de aquellos Estados miembros que 
tengan, o pudieran establecer en un futuro, la inversión 
total de la carga de la prueba en la normativa comunita­
ria sobre igualdad. 
1.12. La discriminación indirecta es un concepto 
relativamente nuevo, poco tratado por la doctrina legal, 
en él se contienen aquellos supuestos de situaciones 
aparentemente neutras que suponen un impacto despro­
porcionado sobre los miembros de uno u otro sexo, 
produciéndose en definitiva un trato desigual, que no 
está objetivamente justificado, aunque sea de forma no 
intencionada. 
1.13. El Comité opina que teniendo en cuenta el 
interés que él mismo manifestó por el tema y su opinión 
constructiva al respecto, que la Comisión recoge expre­
samente en su exposición de motivos, debería de partici­
par también en la evaluación de los progresos efectua­
dos en la aplicación de la directiva. 
2. Observaciones específicas 
2.1. Es necesario un nuevo artículo que defina los 
conceptos de demandante y demandado según observa­
ción general 1.7. 
2.2. Artículo 3.1 
Las palabras shall ensure tbat del original inglés no han 
sido correctamente traducidas en algunas versiones, 
como por ejemplo en la española. De no subsanarse este 
aspecto pudieran plantearse problemas de aplicación 
jurídica. 
2.3. Artículo 3.1 
Suprimir el último párrafo del artículo 3.1 según la 
observación general 1.8. 
Suprimir el término del artículo 3.2 «de no rebatirse» 
siguiendo la misma observación. 
2.4. Artículo 5.1 
Suprimir la palabra «de un modo desproporcionado». 
La discriminación indirecta responde a causas que no 
se pueden atribuir sin más a circunstancias o hechos 
identificables. La cuestión se complica aún más cuando 
se exige una determinada magnitud (desproporcionado) 
al perjuicio. También es erróneo permitir el perjuicio 
proporcionado, que sería la lectura implícita de la actual 
redacción de la propuesta de la Comisión. 
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2.5. Artículo 5.2 2.6. Artículo 6 
Sustituir completamente por: 
«La existencia de discriminación indirecta es compa­
tible con la falta o ausencia de intención del deman­
dado al determinar si se ha infringido el principio 
de igualdad en un caso concreto. » 
Este texto dejaría más claro los derechos del deman­
dado. 
I. Observaciones generales 
1. El Comité estima que es hora de que la política 
educativa de los Estados miembros y de la Comunidad 
se plantee los desafíos a que se enfrentan la educación 
y en general todo los ciudadanos en el contexto de la 
actual y futura convergencia de los distintos países de 
la Comunidad, especialmente en la perspectiva de la 
realización del mercado interior común y de los consi­
guientes procesos de cambio encaminados a la creación 
de la Europa de los ciudadanos y al establecimiento de 
óptimas condiciones económicas y sociales. 
La iniciativa de la Comisión debe ser acogida tanto más 
favorablemente cuanto que de los Tratados de Roma 
no se puede derivar directriz alguna para poder actuar 
en el sector de la educación y la cultura. Obrando en 
consecuencia, la Comisión ha optado por presentar su 
documento bajo la forma de una comunicación. Añadir al final « , oficinas de empleo, lugares de forma­
ción, etc.». 
2.7. Artículo 8.2 
Añadir después del Parlamento Europeo al «Comité 
Económico y Social». 
2. Asimismo, el Comité opina que debería darse 
mayor continuidad a la cooperación en materia de 
política educativa, dada su creciente importancia para 
proseguir y dar contenido al proceso de unificación 
europea, al tiempo que convendría establecer temas y 
puntos centrales de acción a medio plazo. 
3. Por consiguiente, el Comité considera que la pre­
sente comunicación de la Comisión constituye un 
documento de gran importancia en tres aspectos: 
3.1. En primer lugar, da un nuevo impulso a la 
reflexión sobre algunos objetivos básicos de la forma­
ción y educación de la nueva generación con miras a la 
ulterior integración cultural y económica de los Estados 
de la Comunidad con sus posibilidades y desafíos. Un 
intenso intercambio de experiencias con vistas a un 
amplio consenso de todos los responsables de la política 
educativa a nivel nacional y comunitario constituye la Hecho en Bruselas, el 27 de octubre de 1988. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alberto MASPRONE 
Dictamen sobre la educación en la Comunidad Europea, perspectivas a medio plazo, 
1989-1992 
(88/C 337/20) 
El 25 de mayo de 1988, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y 
Social sobre la educación en la Comunidad Europea, perspectivas a medio plazo, 1989-1992. 
La Sección de asuntos sociales, familia, educación y cultura, encargada de preparar los 
trabajos en la materia, adoptó su dictamen el 13 de octubre de 1988 (ponente: Sr. Nierhaus). 
En su 259a sesión plenaria (sesión del 27 de octubre de 1988), el Comité Económico y Social 
ha aprobado por unanimidad el siguiente Dictamen.