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Bruselas, 30.9.2008

COM(2008)591 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

sobre el reexamen de la Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

sobre el reexamen de la Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores

INTRODUCCIÓN

El Reglamento (CE) n° 2157/2001 del Consejo[1] (en adelante «el Reglamento») aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (en adelante la «SE() con vistas a crear un marco jurídico uniforme que permita a las empresas de diversos Estados miembros planificar y llevar a cabo la reorganización de sus actividades empresariales a escala comunitaria. La Directiva 2001/86/CE[2] del Consejo (en adelante «la Directiva() complementa el Reglamento en cuanto a la implicación de los trabajadores[3], con el objetivo de asegurarse de que el establecimiento de una SE no supone la reducción de prácticas de implicación de los trabajadores ya existentes dentro de las empresas participantes en la creación de la SE.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Directiva, en la presente Comunicación la Comisión procede a reexaminar la aplicación de la Directiva con objeto de proponer cualquier modificación que se considere necesaria.

Para la preparación del presente estudio, la Comisión encargó un informe a expertos independientes y envió a los Estados miembros y a los interlocutores sociales europeos un cuestionario y un proyecto de informe.

INCORPORACIÓN DE LA DIRECTIVA

A petición del Consejo, la Comisión creó un grupo de expertos integrado por expertos nacionales y consejeros de asuntos sociales con el fin de constituir un foro para debatir las disposiciones de transposición de la Directiva en la legislación nacional. Este grupo celebró reuniones entre diciembre de 2001 y junio de 2003 durante las cuales se debatieron a fondo los principales problemas surgidos como consecuencia de la aplicación de la Directiva[4].

A pesar de este trabajo preparatorio, solamente seis Estados miembros realizaron la transposición de la Directiva en el plazo que se establecía en la misma (8 de octubre 2004), y se tardó más de dos años en que las medidas necesarias estuvieran vigentes en todos los Estados miembros[5]. En cuanto a la calidad de la aplicación, el informe previamente mencionado elaborado por los expertos independientes[6] muestra que hay algunas cuestiones que la Comisión debe aclarar o comprobar mejor (véase el punto 3.6 siguiente).

CONTENIDO DE LA DIRECTIVA

Principio fundamental

El principio fundamental y el objetivo declarado de la Directiva es garantizar los derechos de los trabajadors en lo que respecta a su implicación en las decisiones de la empresa. Los derechos de los trabajadores en vigor con anterioridad a la creación de la SE deberán constituir la base de los derechos de implicación de los trabajadores en la SE (principio de «antes y después(). Este objetivo se pretende lograr fundamentalmente mediante un acuerdo negociado entre la gestión de las empresas concernidas y los representantes de los trabajadores. A falta de un acuerdo en el plazo de seis meses (que puede ampliarse hasta 12 meses mediante acuerdo), la Directiva establece un grupo de normas subsidiarias. Además, los representantes de los trabajadores pueden decidir no abrir negociaciones o concluir las ya iniciadas y basarse simplemente en las normas sobre información y consulta de los trabajadores vigentes en los Estados miembros en los que la SE tenga personal.

Procedimiento de negociación

La legislación aplicable al procedimiento de negociación es la del Estado miembro en que se situárá la sede social de la SE.

En cuanto al comienzo de negociaciones, es responsabilidad de la dirección de las empresas que participan en la creación de una SE adoptar las medidas necesarias tan pronto como se haya decidido su creación.

A efectos de las negociaciones, es preciso crear una comisión negociadora, que represente a los trabajadores. Los miembros de la comisión negociadora serán elegidos o nombrados proporcionalmente al número de trabajadores en cada Estado miembro por las empresas participantes, sus filiales y establecimientos. El método que debe utilizarse para elegir o designar a los miembros en su territorio se deja a la libre elección de los Estados miembros. La Directiva aborda la situación en el momento de inicio de las negociaciones, pero no prevé los casos en los que se producen cambios de la situación inicial antes del final de las negociaciones. No obstante, varios Estados miembros han adoptado disposiciones para hacer frente a estos cambios[7].

El papel esencial de la comisión negociadora es negociar con los órganos competentes de las sociedades participantes el establecimiento de las disposiciones relativas a la implicación de los trabajadores en la SE. No obstante, puede también decidir no abrir negociaciones o concluir negociaciones ya en curso. Aunque la comisión negociadora decidirá por mayoría absoluta de sus miembros, siempre que dicha mayoría represente igualmente a una mayoría absoluta de los trabajadores, si la comisión negociadora decide no iniciar negociaciones o cerrar una negociación ya iniciada, será necesaria una triple mayoría para tomar tal acuerdo (la de los dos tercios de los miembros, que representen al menos a dos tercios de los trabajadores, incluidos los votos de los miembros que representen a trabajadores contratados en, al menos, dos Estados miembros). Esta triple mayoría también es necesaria (con ciertas condiciones adicionales) cuando el resultado de las negociaciones sea una reducción de los derechos de participación.

Los gastos relativos a las negociaciones correrán a cargo de las empresas participantes. La mayoría de los Estados miembros ha incluido una prueba del carácter razonable de tales gastos, mientras que otros han incluido una lista orientativa de gastos que deben ser cubiertos por las empresas participantes.

A efectos de las negociaciones, la comisión negociadora puede pedir ayuda a expertos de su elección. La mayoría de las legislaciones nacionales han limitado a uno el número de expertos que deben financiar las empresas participantes, tal y como establece la Directiva; unicamente unos pocos[8] no han incluido ninguna limitación de este tipo.

Contenido del acuerdo

Uno de los principios fundamentales de la Directiva es permitir a las partes definir libremente las normas que los vincularán en lo que se refiere a la implicación de los trabajadores. Sólo se establece un único límite a la autonomía de las partes cuando la SE se constituya mediante transformación, tal y como establece el artículo 4, apartado 4: el acuerdo tiene que prever al menos el mismo nivel de todos los elementos de implicación del trabajador existente en la empresa que va a transformarse en SE.

Para ayudar a las partes negociadoras, la Directiva ha incluido una lista de puntos que deben abordarse en el acuerdo. Por otra parte, el artículo 4, apartado 3, de la Directiva deja claro que salvo disposición contraria en el propio acuerdo, no estará sujeto a las disposiciones de referencia.

Todo acuerdo válido celebrado de conformidad con la legislación del Estado miembro de registro vincula a la totalidad de las sociedades que forman parte de la SE, a todos los órganos locales de dirección y a todos los trabajadores del grupo.

Disposiciones de referencia

Condiciones para la aplicación de las disposiciones de referencia

Las disposiciones de referencia se aplicarán únicamente de forma subsidiaria, es decir, a) cuando las partes así lo decidan, o b) cuando no se haya alcanzado ningún acuerdo en el plazo de seis meses (un año, en determinadas circunstancias) y, cuando por parte de las sociedades participantes, sus órganos competentes decidan continuar con el registro de la SE y, si por parte de los trabajadores, la comisión negociadora aún no ha decidido abrir negociaciones o concluir las ya iniciadas.

Además, en lo que respecta a las disposiciones de referencia sobre la participación de los trabajadores, para que las disposiciones de referencia sean de aplicación, la Directiva establece un porcentaje mínimo de trabajadores afectados por la participación (25 % en el caso de una fusión y 50 % en el caso de una sociedad holding o de una filial). No obstante, incluso si esos porcentajes no se alcanzaran, bastaría con la decisión de la comisión negociadora de aplicar las disposiciones de referencia.

Composición del órgano de representación

Según lo establecido en la parte 1 del anexo que contiene las disposiciones de referencia, el órgano de representación estará compuesto por trabajadores de la SE y de sus filiales y establecimientos elegidos o designados por y entre los representantes de los trabajadores en proporción al número de trabajadores empleados en cada Estado miembro por las sociedades participantes y sus filiales y establecimientos. A través del órgano de representación los trabajadores ejercerán sus derechos de implicación en la SE.

En principio, el órgano de representación es de caracter transitorio ya que cuatro años después de su creación tiene que decidir si inicia negociaciones sobre la celebración de un acuerdo o si continúa aplicando las disposiciones de referencia.

Información y consulta

En cuanto a la información y la consulta, la competencia del órgano de representación se limita a las cuestiones de naturaleza transfronteriza. Para ejercer esta competencia, el órgano de representación tendrá derecho a reunirse con el órgano competente de la SE al menos una vez al año sobre la base de informes periódicos elaborados por el órgano competente sobre la evolución de las actividades de la SE. Esta reunión se referirá en particular a la estructura, la situación económica y financiera, la evolución probable de las actividades, de la producción y de las ventas, la situación y la evolución probable del empleo, las inversiones, los cambios sustanciales relativos a la organización, la introducción de nuevos métodos de trabajo o nuevos procesos de producción, los traslados de producción, las fusiones, reducciones de tamaño o cierres de empresas, de establecimientos o de partes importantes de éstos, y los despidos colectivos. Además de los informes periódicos y de la información facilitada durante la reunión mencionada, el órgano de representación tendrá derecho a: a) recibir información cuando concurran circunstancias excepcionales que afecten de modo considerable a los intereses de los trabajadores ; b) solicitar la celebración de una reunión extraordinaria para ser informado y consultado; y c) emitir un dictamen; en el caso de que la SE no se atuviera a este dictamen, se podrá solicitar la convocatoria de otra reunión.

Participación de los trabajadores

En cuanto a la participación de los trabajadores, las disposiciones de referencia establecen que en general el nivel de participación en la SE queda determinado por el nivel de participación en las empresas participantes antes de establecerse la SE. Por lo tanto, si ninguna de las empresas participantes se regía por las normas de participación con anterioridad a la inscripción de la SE, ésta última no tiene que establecer disposiciones respecto a la participación de los trabajadores.

Reserva y confidencialidad, espíritu de cooperación y protección de los representantes de los trabajadores

La Directiva establece el deber de los miembros de la comisión negociadora y del órgano de representación, así como de los expertos por ellos designados, de no revelar ninguna información que les haya sido facilitada «confidencialmente(. Esta obligación persiste después de la expiración de su mandato.

También establece que, en casos concretos, el órgano de gestión de una SE no está obligado a transmitir información si, de acuerdo con criterios objetivos, la transmisión de esa información puede perjudicar gravemente el funcionamiento de la SE o ser perjudicial para ella.

Un principio básico de la Directiva es que, en lo que respecta a la implicación de los trabadores, la relación entre representantes de los trabajadores y el órgano competente de la SE se rija por un espíritu de cooperación.

Del mismo modo que otras Directivas que abordan la implicación de los trabajadores en las decisiones de las empresas, los representantes de los trabajadores disfrutan en el ejercicio de sus funciones, de la misma protección y garantías que la legislación nacional del país de empleo otorga a los representantes de los trabajdores. Esta garantía cubre, en especial, la asistencia a reuniones y el pago del salario durante el período necesario para la realización de sus funciones.

Uso indebido de los procedimientos

La Directiva obliga a los Estados miembros a adoptar los medios necesarios para evitar el establecimiento de una SE con el objetivo de privar a los trabajadores del derecho a la implicación que ya disfrutaban o de suspender dicho derecho. Según el informe de los expertos independientes mencionado, varios Estados miembros no han adoptado ninguna de estas medidas. La Comisión considera que ello es preocupante.

CUESTIONES PLANTEADAS POR LOS ESTADOS MIEMBROS Y POR LOS INTERLOCUTORES SOCIALES EUROPEOS DURANTE LA CONSULTA

General

La gran mayoría de los Estados miembros y de los interlocutores sociales europeos considera que, por el momento, la Directiva no requiere modificación ni aclaración alguna. Debido a la posible falta de experiencia en la aplicación de las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva, se necesitará más tiempo para establecer si es necesario realizar modificaciones. Sin embargo, se han planteado algunas cuestiones que la Comisión considera merecen una mayor atención.

Participación de los trabajadores a nivel de grupo

Algunos Estados miembros y el CES han soliciado que la Directiva se aclare en lo que respecta a la cuestión de la participación de los trabajadores a nivel de grupo. Efectivamente, en ciertos Estados miembros la participación de los trabajadores se ejerce también a nivel de grupo, es decir, los empleados de las filiales tienen derechos de participación en la empresa que tiene el control.

En el artículo 3, apartado 4, párrafo segundo, en el artículo 7, apartado 2, y en la parte 3, letra b) del anexo de la Directiva, se considera el nivel de participación de los trabajadores en las empresas participantes (es decir, las empresas que participan directamente en la formación de una SE, según lo establecido en el artículo 2, letra b) como referencia para la aplicación del principio de «antes-después( en lo que respecta a la participación de los trabajadores. De ello se desprende que para la aplicación del principio de «antes-después( sólo serían relevantes los sistemas de participación existentes dentro de los órganos de las empresas participantes mencionadas. Por consiguiente, una interpretación literal de las disposiciones mencionadas podría dar lugar a que trabajadores de empresas que disfrutaban de derechos de participación a nivel de grupo fueran privados de estos derechos de participación tras la creación de una SE — debido al hecho de que la empresa en que trabajan no es una empresa participante en el sentido de la Directiva, sino simplemente una filial de una empresa participante.

Por otra parte, al determinar el personal que debe tenerse en cuenta para calcular los porcentajes establecidos en el artículo 3, apartado 4, y en el artículo 7, apartado 2, la Directiva se refiere también a los trabajadores de las empresas participantes sujetas a un sistema de participación. Como consecuencia de ello, los empleados de una filial que tenga derechos de participación a nivel de la empresa que tiene el control no deberían contarse en el cálculo de porcentajes.

Cambios que se producen en la SE tras su creación

Algunos Estados miembros han planteado la cuestión de que la Directiva no contenía disposiciones para abordar los cambios que se producen en el seno de la SE tras su creación. Se ha señalado en particular la cuestión de algunas SE registradas sin empleados o sin actividades[9], así como el destino de la participación de los trabajadores cuando la SE comienza su actividad y contrata personal.

Según el considerando 18, el principio de antes-después debe aplicarse «no sólo para la nueva constitución de una SE sino también para las modificaciones estructurales de una sociedad europea ya constituida y para los procesos estructurales de modificación de las sociedades de que se trate(. Efectivamente, en la parte 1, letra b), del anexo de la Directiva se establece que los Estados miembros adoptarán las disposiciones que «garanticen que el número de miembros del órgano de representación y la asignación de los puestos se adapten para tener en cuenta los cambios producidos en la SE, sus filiales y establecimientos(. Además, la autonomía de las partes negociadoras les permite establecer los mecanismos para tener en cuenta los cambios que se produzcan en la SE. Sin embargo, en lo que respecta a los derechos de participación de los trabajadores, la Directiva no prevé un mecanismo de este tipo para hacer frente a una situación en la que, por ejemplo, una SE que tenga pocos (o ningún) trabajador en el momento de su creación aumente después su personal o en la que una SE sujeta a la participación de los trabajadores transfiera su sede social y sea absorbida por una empresa de un tipo diferente en la que no haya participación (o ésta sea inferior). En estas situaciones, los derechos de participación de los trabajadores podrían perderse o reducirse.

La legislación comunitaria ya ha abordado la cuestión de las fusiones nacionales subsiguientes, (artículo 16, apartado 7, de la Directiva 2005/56/CE)[10] obligando a la empresa resultante de la fusión a garantizar que los derechos de participación de los trabajadores se protegerán durante un período de tres años. Con este fin, las normas sobre la participación de los trabajadores en la empresa que resulta de una fusión transfronteriza deberán aplicarse mutatis mutandis .

Derechos de participación de los trabajadores cuando una SE se convierte en una sociedad anónima

Alemania y el CES han señalado que en ausencia de limitación de cualquier tipo en la Directiva, la conversión de una SE en una sociedad anónima (autorizada por el artículo 66 del Reglamento de la SE) podría dar lugar a la pérdida o reducción de derechos de participación si la forma de sociedad adoptada no está sujeta a la participación de los trabajadores o si se reduce el nivel de dicha participación.

La legislación comunitaria ya ha tratado un problema similar (artículo 16, apartado 6, de la Directiva 2005/56/CE), obligando a tal empresa a adoptar una forma jurídica que permita el ejercicio de los derechos de participación.

Complejidad del procedimiento para la implicación de los trabajadores

Algunos Estados miembros han señalado la necesidad de simplificar y de armonizar los procedimientos establecidos por las diversas Directivas relativas a la información, la consulta y la participación de los trabajadores.

BusinessEurope considera que las disposiciones excesivamente complicadas y estructuradas en torno a la participación de los trabajadores y la creación de una comisión negociadora especial han sido un obstáculo importante que impide a las sociedades hacer un mayor uso del Estatuto de la Sociedad Europea. En su opinión, es necesaria una mayor flexibilidad a fin de consolidar la autonomía de negociación de los interlocutores sociales a nivel de empresa, y así poder llegar a soluciones acordadas adaptadas a las necesidades de la empresa y de sus trabajadores.

Otros asuntos

Alemania considera que la expresión «todos los elementos de implicación» de los trabajadores, que figura en el artículo 4, apartado 4, y en la parte 3, letra a), del anexo, debe ser interpretada en sentido amplio e incluir, por ejemplo, el número de representantes de los trabajadores en el seno del órgano de administración o de control.

El CES, al tiempo que considera que es demasiado pronto para modificar la Directiva, hace hincapié en las cuestiones siguientes: a) no debe excluirse de las negociaciones la dimensión del órgano en que se ejerce la participación; b) para determinar el nivel de participación con vistas a aplicar el principio de antes-después, deberán tenerse en cuenta, no sólo los derechos de participación ejercidos en la práctica, sino también los derechos de participación que concede la legislación nacional pero que en la práctica no se ejercen; c) en el seno de la SE, se deberá otorgar a los representantes de los trabajadores un nivel de protección uniforme; d) el órgano de representación deberá implicarse, por lo menos, en el mismo momento en que la información y la consulta sean exigidas por la legislación nacional; e) la representación de intereses particulares de los trabajadores más jovenes y de los trabajadores con discapacidad deberá garantizarse a nivel europeo.

CONCLUSIONES

La Directiva sólo ha empezado a aplicarse en toda la UE a partir de 2007. De acuerdo con los datos oficiales[11], hasta mediados de junio de 2008 se habían registrado 146 SE. Solamente 13 Estados miembros habían registrado SE en su territorio, y de éstos solamente dos (Alemania y la República Checa) habían registrado más de diez. Según la mayoría de los Estados miembros y de los interlocutores sociales europeos se percibe una falta de experiencia práctica en la aplicación de la Directiva. La Comisión coincide con ellos que todavía es demasiado pronto para revisarla.

La Comisión reconoce la complejidad del procedimiento que la Directiva establece para la implicación del trabajador. Sin embargo, debería recordarse que la adopción de la Directiva fue resultado de un delicado compromiso entre los Estados miembros que costó lograrlo más de 30 años de negociaciones.

La presente Comunicación ha detectado algunas cuestiones que merecen una mayor consideración. Sin embargo, teniendo en cuenta que la Directiva es complementaria al Reglamento y que el Reglamento debe reexaminarse a finales de 2009, la Comisión considerará en ese momento la conveniencia de revisar tanto los instrumentos como el alcance de una revisión de este tipo.

Entretanto, la Comisión supervisará la correcta aplicación de la Directiva, y continuará promoviendo el intercambio de buenas prácticas y aumentando el desarrollo de capacidades de todos los interesados mediante seminarios, cursos de formación, estudios y ayuda financiera a proyectos presentados por los representantes de los empresarios y de los trabajadores[12].

[1] Reglamento (CE) nº 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE) (DO L 294 de 10.11.2001, p. 1).

[2] Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores, DO L 294 de 10.11.2001, p. 22.

[3] Por implicación de los trabajadores se entiende la información, la consulta y la participación, y cualquier otro mecanismo mediante el cual los representantes de los trabajadores pueden influir en las decisiones que se adopten en la empresa (artículo 2, letra h) de la Directiva).

[4] Los documentos de trabajo del grupo pueden encontrarse en: http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/docs/2007/merged_working_papers_en.pdf

[5] http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/docs/2008/synthesis_report86_en.pdf.

[6] El informe final puede consultarse en: http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/docs/2008/synthesis_report86_en.pdf.

[7] BE, CZ, ES, LV, MT, PL, SI, SE, UK.

[8] DE, IE, LV, SE.

[9] Más de la mitad de las SE sobre las que hay datos disponibles no tenían empleados en el momento de su registro. Fuente: http://www.worker-participation.eu/european_company/se_companies.

[10] Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital, DO L 310 de 25.11.2005, p. 1.

[11] Suplemento del Diario Oficial de la Unión Europea . http://www.ted.europa.eu/.

[12] La Comisión promueve varias acciones con estos objetivos, en particular con cargo a la línea presupuestaria 04.030303: Información, consulta y participación de los representantes de las empresas.