COMISIÓN EUROPEA Estrasburgo, 24.11.2015 COM(2015) 586 final 2015/0270(COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 806/2014 a fin de establecer un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Esta propuesta legislativa prevé el establecimiento de un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD) como el tercer pilar de la Unión Bancaria en tres etapas sucesivas: un sistema de reaseguro para los sistemas de garantía de depósitos (SGD) nacionales participantes en un primer período de tres años; un sistema de coaseguro para los SGD nacionales participantes en un segundo período de cuatro años, y un seguro pleno para los SGD nacionales participantes en régimen permanente. Un sistema nacional de garantía de depósitos solo puede beneficiarse del Sistema Europeo de Garantía de Depósitos si sus fondos se acumulan conforme a una senda de financiación concreta y si por lo demás cumple los requisitos esenciales en el marco del Derecho de la Unión. La Junta Única de Resolución, cuyo mandato se ampliará para poder administrar el SEGD, supervisará los sistemas nacionales de garantía de depósitos y liberará fondos solo cuando se cumplan unas condiciones claramente definidas. La introducción del SEGD iría de la mano de medidas ambiciosas en paralelo, destinadas a reducir los riesgos en los sectores bancarios de los Estados miembros. 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA 1.1.Motivación y objetivos de la propuesta En 2012, la Comisión preconizó una Unión Bancaria para dotar al sector bancario de una base más sólida y restablecer la confianza en el euro como parte de una visión más a largo plazo para la integración económica y fiscal. La Unión Bancaria debe implantarse transfiriendo la supervisión al nivel europeo, estableciendo un marco integrado para la gestión de las crisis bancarias y, lo que reviste la misma importancia, un sistema común para la protección de los depósitos. Si bien los dos primeros pasos se han completado mediante la instauración del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y del Mecanismo Único de Resolución (MUR), aún no se ha establecido un sistema común para la protección de los depósitos. En el Informe de los cinco presidentes y en la Comunicación de seguimiento de la Comisión se presenta un plan claro para profundizar en la Unión Económica y Monetaria (UEM), con medidas destinadas a limitar en mayor medida los riesgos que se plantean para la estabilidad financiera. Completar la Unión Bancaria es un paso indispensable para conseguir una UEM total y reforzada. Para la moneda única, un sistema financiero unificado y totalmente integrado resulta fundamental para la transmisión eficaz de la política monetaria, la adecuada diversificación de los riesgos entre los Estados miembros y la confianza general en el sistema bancario de la zona del euro. En particular, en el Informe de los cinco presidentes se propone establecer, a largo plazo, un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD) como el tercer pilar de una Unión Bancaria plena, junto con la supervisión bancaria, que se ha encomendado al MUS, y con la resolución bancaria, que se ha encomendado al MUR. En el Informe de los cinco presidentes se pone de manifiesto que, habida cuenta de que el modelo actual de los sistemas nacionales de garantía de depósitos aún es vulnerable a las perturbaciones locales de gran envergadura, una garantía común de depósitos aumentaría la resiliencia de la Unión Bancaria frente a futuras crisis. En su Comunicación de seguimiento, de 21 de octubre, la Comisión se comprometió a presentar una propuesta legislativa antes de finales de 2015 sobre los primeros pasos para instaurar el SEGD, con vistas a crear un sistema más europeo, desvinculado de la soberanía, a fin de reforzar la estabilidad financiera, para que los ciudadanos puedan tener la certeza de que la seguridad de sus depósitos no depende de su ubicación geográfica y para que las entidades bancarias sólidas no se vean penalizadas por su lugar de establecimiento. La Comisión indicó, en consonancia con el Informe de los cinco presidentes, que en primer lugar se trataría de configurar un sistema más común, basado en un enfoque de «reaseguro» que tuviera en cuenta los diferentes niveles de financiación de los sistemas nacionales y las cuestiones relacionadas con el riesgo moral. Se crearía un fondo conjunto de garantía de depósitos, gestionado bajo los auspicios de la Junta Única de Resolución existente. El SEGD sería obligatorio para los Estados miembros de la zona del euro y de libre acceso para los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro que deseasen unirse a la Unión Bancaria. EL SEGD se iría desarrollando progresivamente a partir de un sistema de reaseguro hasta configurar un sistema de coaseguro totalmente mutualizado a lo largo de algunos años. En el contexto de los esfuerzos desarrollados para profundizar la UEM, así como de la labor realizada para establecer mecanismos de financiación temporal para el Fondo Único de Resolución (FUR) y desarrollar un mecanismo común de protección presupuestaria, este paso resulta necesario para reducir los vínculos entre los bancos y la deuda soberana en los distintos Estados miembros mediante medidas destinadas a distribuir los riesgos entre todos los Estados miembros de la Unión Bancaria y, de esta forma, reforzar la capacidad de esta para lograr su objetivo principal. No obstante, ese reparto de riesgos que conllevan las medidas destinadas a reforzar la Unión Bancaria ha de ir de la mano de las medidas de reducción de riesgos diseñadas para romper la vinculación entre los bancos y la deuda soberana de manera más directa. 1.2.Coherencia con las actuales disposiciones en el ámbito temático Esta propuesta de Reglamento está en consonancia con las disposiciones en vigor en este ámbito. Tras el establecimiento del MUS en el marco del Reglamento (UE) nº 1024/2013 del Consejo y del MUR en virtud del Reglamento (UE) nº 806/2014, el SEGD aborda el desajuste entre la supervisión de los bancos de los Estados miembros participantes a nivel de la Unión y el tratamiento que aquellos reciben en los procedimientos de resolución, por un lado, y la eficacia y credibilidad de los sistemas nacionales de garantía de depósitos en caso de inviabilidad de esos mismos bancos con arreglo a la Directiva 2014/59/UE relativa a los sistemas de garantía de depósitos (Directiva SGD), por otro. Esta propuesta de Reglamento se basa en el marco existente de los sistemas nacionales de garantía de depósitos que rige la Directiva SGD. La aplicación uniforme del marco de garantía de depósitos en los Estados miembros participantes en el SEGD se reforzaría como resultado de esta propuesta de Reglamento mediante la atribución a una Junta Única de Resolución y de Garantía de Depósitos («la Junta») de competencias de toma de decisiones, supervisión y ejecución relacionadas con el marco de garantía de depósitos. 1.3.Coherencia con otras políticas de la Unión El SEGD contribuiría a reducir el vínculo entre la posición presupuestaria percibida de cada Estado miembro y los costes de financiación de los bancos que operan en esos Estados miembros, para romper así el nexo entre la deuda soberana y los bancos. Ello aumentaría la resiliencia del sector bancario frente a futuras crisis y contribuiría al objetivo general de la estabilidad financiera que sustenta la política económica y monetaria de la Unión. Los riesgos se distribuirían de manera más amplia, aumentando así la estabilidad financiera no solo en el Estado miembro de que se trate, sino también en otros Estados miembros participantes y no participantes, mediante la limitación de los posibles efectos de contagio. Además, ayudaría a restablecer condiciones de competencia equitativas en el mercado interior, limitando la desventaja competitiva que los bancos sólidos sufren a causa de su lugar de establecimiento. En un entorno de estabilidad financiera, los préstamos que las entidades financieras inyectan en la economía general se ven incentivados si se reducen los costes de financiación de dichas entidades, con lo que se fomenta el crecimiento y el empleo y se impulsa la competitividad de la economía de la Unión.

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD 2.1.Base jurídica La base jurídica de la propuesta de Reglamento es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que permite adoptar medidas de aproximación de las disposiciones nacionales para el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. La propuesta de Reglamento pretende preservar la integridad y mejorar el funcionamiento del mercado interior. La aplicación uniforme de un conjunto único de normas que regulen la protección de los depósitos, junto con el acceso al Fondo Europeo de Garantía de Depósitos (en lo sucesivo, el «Fondo de Garantía de Depósitos») gestionado por una autoridad central, contribuiría al funcionamiento ordenado de los mercados financieros y a la estabilidad financiera de la Unión. Asimismo, eliminaría los obstáculos para el ejercicio de las libertades fundamentales, evitando un falseamiento significativo de la competencia, al menos en los Estados miembros que compartan la supervisión y resolución de entidades de crédito y la protección de los depositantes a escala europea. Por tanto, el artículo 114 del TFUE constituye la base jurídica apropiada. 2.2.Subsidiariedad (para competencias no exclusivas) En virtud del principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE), en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la medida propuesta, a escala de la Unión. En la situación actual, en la que los SGD aún son totalmente nacionales, son vulnerables a las importantes perturbaciones locales por el hecho de que aún existe un fuerte vínculo entre los bancos y la deuda soberana nacional. Esta situación socava la homogeneidad de la protección de los depósitos y puede contribuir a una falta de confianza entre los depositantes. Asimismo, las importantes diferencias en la protección de los depositantes a escala nacional, sujeta a las particularidades locales y las limitaciones de financiación, pueden socavar la integridad del mercado interior. Solo a través de medidas europeas es posible asegurar una garantía de depósitos apropiada para los depositantes en el mercado interior y debilitar el nexo existente entre los SGD y la posición financiera del Estado correspondiente. El MUS garantiza condiciones de competencia equitativas en la supervisión de los bancos y disminuye el riesgo de concesión de periodos de gracia. En cambio, el MUR garantiza que, cuando un banco deje de ser viable, la reestructuración pueda llevarse a cabo al menor coste posible, que los contribuyentes estén adecuadamente protegidos y que los acreedores y las entidades de crédito reciban un trato justo y equitativo en todo el mercado interior, sin penalización alguna a causa de su lugar de establecimiento. Del mismo modo, es conveniente que la Unión adopte medidas legislativas para establecer los dispositivos necesarios a efectos de proteger los depósitos de las entidades de crédito incluidas dentro del ámbito de la Unión Bancaria. Asimismo, el SEGD propiciaría importantes economías de escala y evitaría las externalidades negativas que puedan derivarse de fondos y decisiones exclusivamente nacionales. 2.3.Proporcionalidad La propuesta está en consonancia con el principio de proporcionalidad, según se contempla en el artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea, y con arreglo al cual el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. En la Unión Bancaria, la resolución y la supervisión bancarias se realizan al mismo nivel de autoridad. Pueden surgir tensiones en caso de que una autoridad europea de resolución decida sobre la liquidación o resolución de un banco sin tener la capacidad de garantizar la protección de los depósitos durante el proceso, planteando riesgos para la estabilidad financiera. De hecho, la reciente crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar medidas rápidas y decisivas respaldadas por mecanismos de financiación a escala europea. El SEGD garantizaría que se apliquen normas idénticas de la misma manera para proteger los depósitos en todos los Estados miembros participantes. Una financiación de respaldo adecuada contribuiría a impedir que los problemas que pueda registrar un banco concreto se traduzcan en una pérdida de confianza en todo el sistema bancario del Estado miembro afectado o de otros Estados miembros que los mercados consideren expuestos a riesgos similares. La seguridad jurídica añadida, la armonización de los incentivos en el contexto de la Unión Bancaria y los beneficios económicos de la protección central y uniforme de los depositantes hacen que la propuesta de Reglamento se ciña al principio de proporcionalidad. 2.4.Elección de los instrumentos La aplicación centralizada y progresiva de las normas sobre garantía de depósitos establecidas en la Directiva SGD, por parte de una única autoridad de la Unión en los Estados miembros participantes, solo podrá garantizarse cuando las disposiciones que rigen el establecimiento y el funcionamiento del SEGD sean directamente aplicables en los Estados miembros a fin de evitar diferentes interpretaciones entre ellos. Esto y el hecho de que se vaya a instaurar un Fondo de Garantía de Depósitos a nivel de la Unión Bancaria, de cuya gestión se encargará la Junta en representación de todos los integrantes de dicha Unión, precisan de un Reglamento como el instrumento jurídico apropiado. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y LAS EVALUACIONES DE IMPACTO 3.1.¿Cuál es el problema y a qué se debe?

En la Unión Bancaria, la garantía de depósitos sigue teniendo un carácter puramente nacional, por lo que los SGD nacionales son vulnerables a las perturbaciones locales importantes y los presupuestos de los Estados miembros continúan estando expuestos a los riesgos que afectan a sus sectores bancarios. Ello impide aprovechar todos los beneficios del mercado interior y de la Unión Bancaria y puede afectar negativamente a la confianza del depositante y a los derechos de establecimiento de las entidades de crédito y de los depositantes. En todos los Estados miembros hay SGD en vigor, según lo previsto en la Directiva SGD. Si bien ya comparten algunos aspectos comunes sobre sus principales características y su funcionamiento, aún hay algunas cuestiones importantes que son competencia exclusiva de los Estados miembros. Los Estados miembros también pueden autorizar, con la aprobación de la Comisión Europea, niveles objetivo reducidos para los recursos financieros disponibles. Las diferencias en el volumen y los niveles de financiación de los 38 SGD existentes en la UE podrían mermar la confianza de los depositantes y perjudicar el funcionamiento del mercado interior. 3.2.¿Por qué debe actuar la UE? El SEGD complementaría la Unión Bancaria junto con la resolución y la supervisión bancarias. Reduciría la vulnerabilidad de los depositantes de un banco frente a perturbaciones locales importantes y restringiría aún más el nexo entre los bancos y su Estado de origen. Asimismo, en un sistema en que las responsabilidades relativas a la supervisión y la resolución bancarias son compartidas, las circunstancias en las que un SGD nacional puede utilizarse ya no están sometidas al control nacional. Tanto la Directiva 2014/59/UE (Directiva sobre la reestructuración y la resolución bancarias, DRRB) como el Reglamento (UE) nº 806/2014 (Reglamento sobre el Mecanismo Único de Resolución, RMUR) prevén disposiciones sobre la posible utilización de fondos del SGD en procedimientos de resolución. Por tanto, establecer un sistema común aplicable también a la garantía de depósitos es el siguiente paso lógico para completar la Unión Bancaria, que armoniza mejor la responsabilidad y el control. 3.3.¿Qué se puede conseguir? En un análisis cuantitativo se ha valorado la eficacia de un SEGD totalmente mutualizado para hacer frente a posibles desembolsos. El análisis revela que el número y el tamaño de los bancos para los que el Fondo de Garantía de Depósitos podría gestionar desembolsos aumentan significativamente para todos los Estados miembros en el marco del SEGD en comparación con los SGD nacionales. Asimismo, el análisis pone de manifiesto que la insuficiencia prevista de un desembolso, expresada como un porcentaje del nivel objetivo, sería inferior en el SEGD que en cualquier SGD nacional. Las evaluaciones anteriores se han realizado bajo el supuesto de que el SEGD no requeriría aportaciones adicionales de los bancos, pero asumiendo que las aportaciones de los bancos previstas para el establecimiento de los fondos nacionales pasarían a utilizarse para la constitución del SEGD. Los resultados revelan que disponer de la misma cantidad de fondos, pero disponibles en un único SEGD, podría traducirse en una protección y una utilización más eficientes de los fondos en relación con lo que supone mantener SGD nacionales exclusivamente. 3.4.¿Cuáles son las diferentes opciones para conseguir los objetivos? 3.4.1.Niveles actuales de financiación en el diseño del SEGD La evaluación pone de manifiesto que el SEGD comenzaría a funcionar conforme a niveles de financiación muy heterogéneos de los SGD nacionales. Así pues, el SEGD necesita aportar liquidez en su fase inicial, ya que, de no ser así, los SGD locales continuarían dependiendo casi exclusivamente de los recursos de financiación alternativos nacionales. En segundo lugar, el SEGD debe diseñarse de tal forma que impida que se produzcan ventajas desproporcionadas para los sistemas que aún no han empezado a recaudar fondos ex ante y evite desincentivos para que así sea en el futuro. 3.4.2.Alcance del SEGD Se espera que las diferencias en los niveles de financiación ya no planteen un problema cuando los SGD hayan cumplido sus obligaciones en el marco de la Directiva SGD para acumular fondos ex ante. El análisis pone de relieve que un sistema común funcionaría con más eficiencia, proporcionando, por ejemplo, un nivel más alto de protección sin necesidad de aumentar las aportaciones globales. También estaría en mejores condiciones de reducir la exposición de los Estados miembros a su sistema bancario nacional. 3.4.3.Aportaciones El análisis revela que: i) la ponderación del riesgo de las aportaciones cambia la distribución de la carga financiera entre los bancos de un sector bancario determinado; ii) evaluar el riesgo de un banco determinado en relación con los bancos de la Unión Bancaria en lugar de con respecto al sector bancario del SGD o nacional puede cambiar el nivel de las aportaciones que deberá abonar dicho banco individual. No obstante, no se han identificado ventajas ni desventajas para ningún grupo de bancos. La probabilidad de que un SGD tenga que movilizar fondos para compensar a los depositantes aumenta con el riesgo de dicho banco. Por tanto, la propuesta prevé aportaciones ponderadas en función de su riesgo, es decir, que sostiene el principio que ya está consagrado en la Directiva SGD. En segundo lugar, el análisis pone de manifiesto que el grupo de comparación repercute en las aportaciones realizadas por cada una de las entidades. Por consiguiente, en la etapa de reaseguro del SEGD, donde los riesgos siguen planteándose principalmente a escala nacional, el perfil de riesgo de un banco individual se determina en relación con el resto de su sistema bancario nacional. Cuando el SEGD se convierta en un sistema con responsabilidad solidaria a nivel de la Unión Bancaria, el perfil de riesgo de un banco individual se determinará en relación con todos los bancos de la Unión Bancaria. Ello garantizaría que el SEGD tenga un efecto neutro general en relación con los costes para los bancos y los SGD nacionales, además de evitar complicaciones a la hora de determinar los perfiles de riesgo de los bancos en la fase de constitución del Fondo de Garantía de Depósitos. 3.5.Derechos fundamentales La propuesta de Reglamento no tiene consecuencias para la protección de los derechos fundamentales aparte de las que conllevan el Reglamento y la Directiva que modifica y que quedan cubiertas respectivamente en la exposición de motivos del Reglamento (UE) nº 806/2014, por el que se establece un Mecanismo Único de Resolución.

4.IMPLICACIONES PRESUPUESTARIAS Por cuanto atañe a las funciones que ejerce en relación con el SEGD, la Junta se financiaría íntegramente con las contribuciones administrativas de las entidades de crédito afiliadas a los SGD participantes. A su vez, ello significa que las funciones relacionadas con el SEGD no necesitarán ninguna contribución con cargo al presupuesto de la UE. Los recursos humanos adicionales de la Junta, —22 unidades equivalentes de jornada completa en forma de puestos de la plantilla, agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicio en el noveno año, después haber alcanzado la fase de seguro pleno— están en consonancia con las tareas que se le encomiendan en la propuesta de Reglamento. De la misma forma que para la creación de la Junta Única de Resolución, los puestos necesarios para ampliar las tareas de este nuevo organismo quedan fuera del ámbito de aplicación del objetivo de reducción de personal en un 5 % establecido en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo COM(2013) 519, de 10 de julio de 2013. Por cuanto atañe a las funciones que ejerce en relación con el SEGD, la Junta se financiaría íntegramente con las contribuciones administrativas de las entidades de crédito afiliadas a los SGD participantes. Los recursos humanos adicionales de la Junta están en consonancia con las tareas que se le encomiendan en la propuesta de Reglamento. 5.EXPLICACIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA 5.1.Un sistema europeo de garantía de depósitos La presente propuesta prevé el establecimiento del SEGD mediante la modificación del Reglamento (UE) nº 806/2014 (Reglamento MUR). Tal modificación no alteraría las normas de funcionamiento del MUR. 5.1.1.Evolución gradual del SEGD La enmienda propuesta del Reglamento MUR establece el SEGD en tres etapas sucesivas (artículo 2, apartado 2): un sistema de reaseguro, un sistema de coaseguro y un sistema de seguro pleno. La administración de todas las etapas del SEGD sería competencia de la Junta, junto con los SGD participantes o, cuando un SGD no se administre por sí solo, con la autoridad nacional designada para administrar el SGD participante correspondiente (artículo 2, apartado 2, párrafo segundo). El Fondo de Garantía de Depósitos forma parte del SEGD. Se dotaría con las aportaciones que los bancos adeuden y paguen directamente a la Junta, de cuyo cálculo y facturación se encargarían los SGD participantes. 5.1.2.Alcance del SEGD El SEGD se aplica a todos los SGD reconocidos oficialmente en un Estado miembro participante y a todas las entidades de crédito afiliadas a tales regímenes. Los Estados miembros participantes son aquellos cuya moneda es el euro y los que han establecido una estrecha cooperación con el Banco Central Europeo para participar en el MUS (artículo 4, apartado 1). Habida cuenta de que la cobertura que ofrece el SEGD está limitada a las funciones obligatorias conferidas a los SGD en el marco de la Directiva, es decir, desembolsos para los depositantes y contribuciones a efectos de resolución, el SEGD se aplica a todos los regímenes que, en principio, puedan hacer frente a eventos de desembolso o cuya contribución se solicite para un procedimiento de resolución. Ello incluye los SGD establecidos por disposición legal, los sistemas institucionales de protección (SIP) y los sistemas contractuales que un Estado miembro haya reconocido oficialmente como SGD (artículo 1, apartado 2, de la Directiva SGD). Su reconocimiento como SGD es indisociable de sus obligaciones de compensar a los depositantes en caso de que no haya depósitos disponibles y de contribuir en los procedimientos de resolución. Los derechos y las obligaciones que los SGD participantes tienen en el marco del SEGD se corresponden con los de la autoridad designada cuando el SGD no lo administra una entidad privada, sino la propia autoridad designada (artículo 2, apartado 2, párrafo segundo). En este contexto se tiene en cuenta el margen que los Estados miembros tienen en relación con la introducción, el reconocimiento y la administración de los SGD a escala nacional (véase el artículo 2, apartado 18, de la Directiva). En caso de cese o terminación de la estrecha cooperación de un Estado miembro no perteneciente a la zona del euro, los SGD participantes reconocidos oficialmente en dicho Estado miembro, así como las entidades de crédito afiliadas a los SGD de que se trate, dejan de estar cubiertos por el Reglamento MUR en cuanto al MUR y al SEGD (artículo 4). Si solo se produce la terminación, cada uno de los SGD también tiene derecho a una parte de los recursos financieros disponibles en el Fondo de Garantía de Depósitos en el momento de la terminación. Este derecho sirve para aportar al SGD correspondiente los fondos necesarios para cumplir sus obligaciones de financiación en el marco de la Directiva. La parte que el SGD correspondiente puede reclamar está sujeta a un método de cálculo. En relación con el umbral inferior de financiación suficiente establecido en el artículo 11, apartado 5, letra a), de la Directiva SGD, un SGD no puede reclamar al Fondo de Garantía de Depósitos una cuantía mayor de la que resulte necesaria para que sus recursos financieros disponibles alcancen los dos tercios de su nivel objetivo. La Junta decidiría, de acuerdo con el Estado miembro de que se trate, las modalidades y condiciones para transferir los fondos al SGD correspondiente en el plazo de tres meses. 5.1.3.Principios generales que rigen el SEGD En el artículo 6 se establecen los principios generales aplicables tanto al MUR como al SEGD. Estos principios resultan pertinentes en los casos en que la Junta u otros organismos y autoridades públicos tienen libertad para tomar una decisión o adoptar otra medida. Ni la Junta ni los SGD participantes pueden discriminar a las entidades (incluidos los SGD y sus bancos participantes), a los titulares de depósitos, a los inversores o a otros acreedores establecidos en la Unión por su nacionalidad o por su centro de actividad (artículo 6, apartado 1). Esta norma es un principio fundamental del Derecho de la Unión y reviste una importancia particular en los mercados financieros en los que las operaciones entre partes de diferentes nacionalidades y con diferentes centros de actividad son generalizadas. La Junta y los SGD participantes deben adoptar todas las medidas, propuestas o políticas con la debida diligencia en aras de la unidad e integridad del mercado interior (artículo 6, apartado 2). Eliminar la fragmentación financiera es un elemento clave para la Unión Bancaria, y las autoridades administradoras del SEGD deben evaluar minuciosamente la repercusión de cualquier decisión o medida discrecional que consideren en relación con el funcionamiento del mercado interior. Si bien los apartados 3 a 5 del artículo 6 sobre el tratamiento de los grupos no son aplicables en el contexto del SEGD, con arreglo al artículo 6, apartado 6, no se permite que la Junta tome decisiones en el marco del SEGD por las que se exija a los Estados miembros que proporcionen apoyo financiero público extraordinario o por las que se vulneren sus responsabilidades fiscales o soberanía presupuestaria. En el contexto del SEGD, la Junta puede adoptar decisiones dirigidas a los SGD participantes (artículo 74 septies). Los SGD participantes deben cumplirlas, pero el artículo 6, apartado 7, les permite precisar más las medidas que deban adoptarse, siempre que estas sigan en consonancia con la decisión de que se trate de la Junta. 5.2.Las diferentes etapas del SEGD

En las tres etapas, a saber, reaseguro, coaseguro y seguro pleno, el SEGD ofrecería financiación y cubriría las pérdidas de los sistemas de garantía de depósitos participantes. La financiación que ofrece el SEGD cubre la necesidad de liquidez inicial de un SGD para compensar a los depositantes dentro del plazo de desembolso establecido en la Directiva (que suele ser de siete días hábiles), pero también para satisfacer la solicitud de contribución puntual en un procedimiento de resolución. La financiación debe reembolsarla el SGD participante a la Junta. El SEGD cubriría también, en todas las etapas, las pérdidas en que definitivamente incurra el SGD participante mediante la compensación de los depositantes o la contribución en una resolución. La pérdida final de un SGD participante suele ser inferior a las indemnizaciones pagadas a los depositantes o a su contribución en una resolución. Después de producirse un evento de desembolso, el SGD puede hacer valer los créditos de reembolso de los depósitos (con cobertura) que los depositantes tuviesen frente al banco inviable y que se hayan transferido al SGD participante en la medida en que este haya compensado a los depositantes afectados (artículo 9, apartado 2, primera frase, de la Directiva SGD). Ahora bien, si un banco se declara insolvente y, por tanto, tales créditos no se satisfacen íntegramente, cualquier producto derivado de la masa de la insolvencia reduce la pérdida final del SGD. Si un SGD ha contribuido a una resolución, su pérdida puede ser inferior a la cuantía de dicha contribución, en particular si el importe que el SGD debe en concepto de aportación se reduce según una valoración posterior (artículo 109, apartado 1, párrafo cuarto, leído en relación con el artículo 75 de la DRRB). El SEGD no cubre las pérdidas mediante pagos adicionales al SGD participante. En su lugar, el importe de la financiación inicial que el SGD participante tiene que reembolsar se reduce en un porcentaje igual a la pérdida cubierta por el SEGD. El nivel de financiación proporcionado y el porcentaje de pérdida cubierto por el SEGD aumentan en cada etapa. 5.2.1.Reaseguro En la etapa de reaseguro, cuya duración prevista es de tres años, el SEGD puede ofrecer financiación limitada y cubrir un porcentaje limitado de la pérdida de un SGD participante que tenga que hacer frente a un evento de desembolso o al que se le haya pedido contribuir en una resolución (artículo 41 bis). En la fase inicial de reaseguro, la cobertura está limitada a los procedimientos de resolución dirigidos por la Junta (artículo 41 bis, apartado 2, y artículo 79). Los procedimientos de resolución exclusivamente nacionales solo están cubiertos en las etapas de coaseguro y seguro pleno. 5.2.1.1.Aportación de financiación en la etapa de reaseguro La financiación en la etapa de reaseguro se proporcionaría en caso de que el SGD participante presente falta de liquidez (artículo 41 bis, apartado 2). El proceso para determinar una falta de liquidez varía en función de si: a) el SGD participante se enfrenta a un evento de desembolso, o b) tiene que contribuir en una resolución. (a)En un evento de desembolso, un SGD participante (artículo 41 ter, apartado 1) tiene falta de liquidez si la cuantía de los depósitos con cobertura del banco inviable es superior al total de: a) el importe de los recursos financieros disponibles que el SGD participante teóricamente debe tener, habida cuenta de la senda de financiación establecida en el artículo 41 undecies, y b) el importe de las aportaciones (ex post) extraordinarias que el SGD puede recaudar en el plazo de tres días a partir del evento de desembolso. La cuantía de los depósitos con cobertura utilizados para calcular la falta de liquidez solo comprende los depósitos admisibles hasta el nivel de cobertura estándar de 100 000 euros o su equivalente en la moneda nacional (artículo 6, apartado 1, de la Directiva SGD). Los saldos temporalmente altos, según se establecen en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva SGD, o cualquier deducción que el SGD pueda hacer de conformidad con los artículos 7 u 8 de la Directiva SGD antes de compensar a los depositantes aún no suelen conocerse en el momento en que se da el evento de desembolso y, por tanto, se ignoran. El uso del nivel hipotético de recursos financieros disponibles en lugar del nivel real sirve para debilitar el incentivo potencial para que un SGD participante no asuma plenamente su obligación de recaudar aportaciones ex ante conforme a una senda de financiación precisa. Por último, las aportaciones (ex post) extraordinarias (artículo 10, apartado 8, de la Directiva), en la medida en que se puedan exigir en un plazo muy corto, constituyen una fuente adicional de liquidez que podría reducir la falta de liquidez de un SGD participante. El plazo de tres días establece un equilibrio apropiado entre el objetivo de agotar primero los recursos de liquidez del SGD y la necesidad de compensar a los depositantes en el plazo de siete días hábiles a partir del momento en que se produzca el evento de desembolso. (b)En un caso de resolución (artículo 41 ter, apartado 2), la falta de liquidez se corresponde con la cuantía con que el SGD tiene que contribuir a una resolución, menos el importe de los recursos financieros disponibles de los que el SGD participante debe disponer hipotéticamente teniendo en cuenta la senda de financiación establecida en el artículo 41 undecies. El nivel hipotético de recursos financieros disponibles es el único recurso de liquidez que el SGD participante necesita utilizar para reducir su falta de liquidez. En un caso de resolución no es necesario que el SGD participante exija aportaciones ex post a corto plazo, ya que el artículo 10, apartado 8, de la Directiva SGD, está limitado a los eventos de desembolso. Si el SGD participante tiene falta de liquidez, puede solicitar al Fondo de Garantía de Depósitos financiación que ascienda hasta un 20 % de dicha falta de liquidez. El 80% restante debe cubrirse con otras fuentes de financiación. Mediante la aplicación del nivel hipotético de recursos financieros disponibles para calcular la falta de liquidez, el SEGD permite a los SGD participantes que, en el momento en que se produce el evento de desembolso tengan más recursos financieros disponibles de los necesarios, obtener financiación con cargo al SEGD para cubrir su falta (técnica) de liquidez y usar sus fondos adicionales para cubrir (parcialmente) el 80 % restante de la falta de liquidez. La financiación que aporta el SEGD está limitada. 5.2.1.2.Cobertura de pérdidas en la etapa de reaseguro En su etapa de reaseguro, además de proporcionar financiación para una falta de liquidez, el SEGD, en una segunda fase, cubre también el 20 % del exceso de pérdidas del SGD participante. El concepto del exceso de pérdidas difiere en función de si el SGD participante se ha enfrentado a un evento de desembolso o si se le ha pedido que contribuya a una resolución. En un evento de desembolso (artículo 41 quater, apartado 1), el SGD participante incurre en un exceso de pérdidas si la cuantía total que ha reembolsado a los depositantes (artículo 8 de la Directiva) excede la suma de: a) la cuantía recaudada en los procedimientos de insolvencia en relación con los créditos relativos a depósitos que haya obtenido (artículo 9, apartado 2, primera frase, de la Directiva SGD) al compensar a los depositantes; b) la cuantía de los recursos financieros disponibles que el SGD debe tener hipotéticamente habida cuenta de la senda de financiación establecida en el artículo 41 undecies, y c) la cuantía de las aportaciones (ex post) extraordinarias que el SGD participante puede recaudar en el plazo de un año a contar a partir del momento en que se produzca el evento de desembolso. Si bien la falta de liquidez se calcula en función de la cuantía de los depósitos con cobertura (depósitos admisibles por un valor de hasta 100 000 euros), el cálculo del exceso de pérdidas, que se realiza más tarde en el procedimiento de reaseguro, puede basarse en los importes reales reembolsados a los depositantes. De este importe se deducen el producto de la masa de la insolvencia que el SGD participante haya obtenido. Por otra parte, también se deduce el importe hipotético de los recursos financieros disponibles que el SGD participante debería haber tenido en el momento en que se haya producido el evento de desembolso. Por último, se supone que el SGD participante ha podido exigir el importe de las aportaciones ex post que la Directiva SGD le permite recaudar en el plazo de un año a partir del momento en que se produzca el evento de desembolso. Se trata de un 0,5 % del total de los depósitos con cobertura de sus bancos integrantes (artículo 10, apartado 8, de la Directiva SGD) con las aportaciones ex post que se hayan recaudado en el plazo de tres días a partir del momento en que se produzca el evento de desembolso. El importe resultante es el exceso de pérdidas del SGD participante. En un caso de resolución (artículo 41 quater, apartado 2), el exceso de pérdidas equivale a la cantidad con que el SGD participante deba contribuir a la resolución menos la suma de:

(a)el importe que se le haya podido reembolsar después de que una valoración posterior revele que su aportación debería haber sido inferior a la solicitada inicialmente por la autoridad de resolución, y (b)el importe de los recursos financieros disponibles que el SGD participante debería tener habida cuenta de la senda de financiación prevista en el artículo 41 undecies. En este supuesto tampoco es necesario que el SGD participante recaude aportaciones ex post, ya que el artículo 10, apartado 8, de la Directiva SGD, está limitado a los eventos de desembolso. La cobertura de pérdidas del 20 % del exceso de pérdidas se aplica deduciendo del importe de la financiación que el SGD participante está obligado a reembolsar al SEGD la cuantía de la cobertura de pérdidas. La cobertura de pérdidas que ofrece el SEGD también está limitada. 5.2.2.Coaseguro Tras la etapa inicial de reaseguro de tres años, los SGD participantes están coasegurados por el SEGD durante un período de cuatro años. Los SGD participantes pueden solicitar tanto financiación como cobertura por pérdidas con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos si se enfrentan a un evento de desembolso o si se les ha pedido que contribuyan en una resolución (artículo 41 quinquies). El SEGD también proporciona ahora financiación para las contribuciones a los procedimientos de resolución nacionales, además de cubrir las pérdidas que se deriven de ellos. La diferencia con la etapa de reaseguro es que la financiación y la cobertura por pérdidas se proporcionan desde el «primer euro», y la parte que cubre el SEGD aumentaría gradualmente durante el período de coaseguro. El SEGD ofrece financiación para un porcentaje de la liquidez que necesite el SGD participante a raíz de un evento de desembolso o de una solicitud de contribución a una resolución. También cubre el mismo porcentaje de las pérdidas en que el SGD participante incurra en última instancia a raíz de tales supuestos. El porcentaje ascendería a un 20 % durante el primer año de la etapa de coaseguro y aumentaría cada año posterior en 20 puntos porcentuales, hasta alcanzar un 80 % en el último año de coaseguro. Si se produjera un evento de desembolso, la necesidad de tesorería equivaldría al importe total de los depósitos con cobertura del banco inviable, es decir, depósitos admisibles de hasta 100 000 euros (artículo 41 septies, apartado 1). Las pérdidas se determinan restando el producto del SGD participante de la masa de la insolvencia (artículo 41 octies, apartado 1). En un caso de resolución, la necesidad de liquidez equivaldría al importe de la contribución solicitada por la Junta y la autoridad nacional de resolución, respectivamente (artículo 41 septies, apartado 2). Las pérdidas se calculan restando la diferencia que se pueda haber abonado al SGD participante después de que una valoración posterior haya determinado que la aportación inicial debería haber sido inferior (artículo 41 octies, apartado 2). No existiría ningún límite para la aportación de financiación ni la cobertura de pérdidas. 5.2.3.Seguro pleno Tras la etapa de coaseguro de cuatro años, los SGD participantes quedarían totalmente asegurados por el SEGD. El seguro pleno ofrece la financiación íntegra de la necesidad de liquidez y cubre todas las pérdidas derivadas de un evento de desembolso o una solicitud de contribución a una resolución. El mecanismo es el mismo que en la etapa de coaseguro, con la diferencia de que el SEGD cubre un 100 %. 5.2.4.Salvaguardias de la cobertura del SEGD La propuesta contempla salvaguardias frente a un acceso incorrecto o injustificado al SEGD por parte de los SGD nacionales. Quedarán excluidos en caso de que no cumplan las obligaciones en el marco del Reglamento o de las disposiciones legislativas nacionales por las que se apliquen las disposiciones principales de la Directiva, o en el supuesto de que el Estado miembro correspondiente no haya aplicado correctamente estos artículos (artículo 41 decies). Solo estarán cubiertos por el SEGD si sus recursos financieros disponibles se corresponden al menos con la senda de financiación armonizada establecida en el Reglamento (artículo 41 undecies). Así se garantiza que solo los SGD participantes que hayan cumplido sus propias obligaciones para limitar el riesgo a nivel del SEGD puedan beneficiarse de la protección que ese sistema ofrece. La Junta puede decidir descalificar a un SGD participante de la cobertura del SEGD mediante una votación específica. 5.3.Evaluación de la ayuda estatal Si bien los pagos compensatorios a los depositantes con cargo a un SGD no constituyen ayuda estatal, su contribución a una resolución, aunque su finalidad sea garantizar que los depositantes continúen teniendo acceso a los depósitos, genera un beneficio para la entidad sujeta a un procedimiento de resolución. Por tanto, tal contribución puede considerarse ayuda estatal y puede requerir notificación y aprobación por parte de la Comisión. Si la contribución se realiza con cargo a fondos europeos (FUR y FGD), se aplica el procedimiento de ayudas estatales por analogía (artículo 19). 5.4.Administración del SEGD La administración del SEGD recaería en la Junta, en colaboración con los SGD participantes (o con la autoridad designada para administrar un SGD participante). El procedimiento puede dividirse aproximadamente en una etapa en que se aporta la financiación y en una etapa posterior a la provisión de financiación. 5.4.1.Procedimiento de aportación de financiación

A los SGD participantes se les exige notificar a la Junta sin demora en cuanto sean conscientes de circunstancias que puedan derivar en un evento de desembolso o en una solicitud por parte de la autoridad de resolución para contribuir a una resolución (artículo 41 decies). Deben proporcionar a la Junta una estimación de la falta de liquidez prevista (etapa de reaseguro) o de la necesidad de liquidez (etapas de coaseguro y de seguro pleno). Ello permite a la Junta prepararse para la aportación inmediata de financiación en eventos de desembolso o de solicitud de contribución a una resolución. Los SGD participantes deben notificar de inmediato a la Junta cualquier evento de desembolso o de solicitud de contribución a una resolución (artículo 41 terdecies). Incluso en el supuesto de que sea la propia Junta la que solicite la contribución a una resolución (artículo 79), tal notificación sigue siendo oficialmente necesaria por el hecho de que la composición de la Junta del SEGD difiere de su composición en el MUR (v. infra), y el SGD participante no está obligado a solicitar financiación o cobertura de pérdidas con cargo al SEGD. Con la notificación, el SGD participante debe facilitar información a la Junta para que valore si se cumplen las condiciones pertinentes (artículo 41 duodecies). –La cuantía de los depósitos con cobertura para calcular la falta de liquidez o la necesidad de liquidez. –Los recursos financieros disponibles en el momento en que se produce el evento de desembolso o la utilización en una resolución para determinar qué nivel de recursos financieros disponibles debería tener el SGD participante en el momento en que se produce el evento de desembolso o la utilización en una resolución, habida cuenta de la senda de financiación establecida en el artículo 41 undecies. –La estimación de las aportaciones ex post extraordinarias que puede recaudar en el plazo de tres días a partir del momento en que se produce el evento de desembolso o la utilización en una resolución. –Cualquier otro impedimento material para que el SGD participante cumpla sus obligaciones para con los depositantes o la autoridad de resolución y los posibles recursos. La Junta determinaría en un plazo de 24 horas si se cumplen las condiciones para el SEGD, según lo previsto en el artículo 41 bis (reaseguro), el artículo 41 quinquies (coaseguro) o el artículo 41 nonies (seguro pleno), en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 terdecies, apartado 1. Asimismo, determinará, normalmente en el mismo período, la cuantía de la financiación que aportaría al SGD participante (artículo 41 terdecies, apartado 2, párrafo segundo). Si uno o varios SGD participantes se enfrentan a varios eventos de desembolso o de utilizaciones en una resolución simultáneamente, los recursos financieros disponibles del Fondo de Garantía de Depósitos pueden no ser suficientes. En tal supuesto, la financiación que cada SGD participante puede obtener para cada caso estaría limitada a un porcentaje de los recursos financieros disponibles del Fondo de Garantía de Depósitos, conforme a un cálculo proporcional (artículo 41 terdecies, apartado 3). La Junta deberá informar de inmediato a los SGD participantes sobre si se cumplen las condiciones para obtener cobertura del SEGD, así como de la cuantía de financiación que aportaría al SGD participante. Los SGD participantes pueden solicitar en el plazo de 24 horas una revisión de las decisiones de la Junta, solicitudes que esta habrá de resolver en otro plazo de 24 horas (artículo 41 quaterdecies). La financiación se aportaría inmediatamente después de que la Junta haya determinado la cuantía y se abonará al SGD participante mediante una contribución en efectivo (artículo 41 quindecies). Si la Junta aumenta el importe de la financiación tras revisar su decisión inicial a petición del SGD participante, dicha cuantía será exigible en cuanto la Junta haya adoptado su decisión acerca de la solicitud de revisión. 5.4.2.Procedimiento posterior a la financiación Después de la provisión de financiación, la Junta debe determinar el exceso de pérdidas (reaseguro) o las pérdidas (coaseguro y seguro pleno) del SGD participante, supervisar la utilización de los fondos proporcionados para los desembolsos a los depositantes o para la contribución a una resolución, y supervisar la labor del SGD participante para hacer valer los créditos relativos a depósitos de la masa de la insolvencia. Después de un evento de desembolso, el importe de las pérdidas o del exceso de pérdidas se evidencia con el tiempo, ya que el SGD participante iría reclamando aportaciones ex post y obteniendo producto de la masa de la insolvencia de cuando en cuando. En el supuesto de una contribución a una resolución, cuando el SGD participante no pueda reclamar aportaciones ex post ni tenga créditos de recurso frente a terceros, las pérdidas o el exceso de pérdidas pueden determinarse justo después de que el SGD participante haya recibido el pago del importe de la diferencia al que pueda tener derecho tras una valoración posterior en la que se determine que la contribución inicial debería haber sido inferior. Por tanto, solo después de un evento de desembolso, la Junta debe realizar una evaluación continua de la evolución de las pérdidas o del exceso de pérdidas antes de determinar su importe final. En paralelo, el SGD participante reembolsará a la Junta la financiación que haya obtenido en cuotas equivalentes a las aportaciones ex post o al producto de la masa de la insolvencia a medida que vayan pasando a disposición del SGD participante (artículo 41 sexdecies). La diferencia entre la financiación inicial que el SGD participante obtiene del Fondo de Garantía de Depósitos y la cuantía de la financiación que en última instancia tiene que reembolsar a la Junta constituye las pérdidas o el exceso de pérdidas que cubrirá el SEGD. Después de un evento de desembolso, la Junta también supervisaría minuciosamente el procedimiento de desembolso y, en particular la utilización de la financiación que haya proporcionado al SGD participante para tal fin, así como la forma en que este ha hecho valer sus créditos relativos a depósitos en el procedimiento de insolvencia. El SGD participante debe facilitar, a intervalos regulares establecidos por la Junta, información precisa, fiable y completa, en particular sobre el procedimiento de desembolso y sobre el ejercicio de los derechos subrogados en el procedimiento de insolvencia. El SGD participante debe tratar de maximizar el producto que obtenga de la masa de la insolvencia. El comportamiento negligente del SGD participante puede resultar en reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios por parte de la Junta, pero esta última, tras haber oído al SGD participante, puede también decidir ejercer ella misma todos los derechos derivados de los créditos relativos a depósitos en que se haya subrogado el SGD participante. La Junta puede entonces recoger el producto directamente por cuenta propia para satisfacer su reclamación de reembolso de la financiación proporcionada al SGD participante (artículo 41 octodecies). 5.5.Disposiciones financieras para el SEGD El funcionamiento del SEGD precisa de recursos financieros para cubrir los gastos administrativos y ofrecer la cobertura necesaria (financiación y cobertura de pérdidas) a los SGD participantes. 5.5.1.Disposiciones presupuestarias generales y contribuciones administrativas El presupuesto actualmente comprende dos partes: la parte I abarca la administración de la Junta y la parte II se ocupa del FUR. Los gastos administrativos del SEGD se cubrirían con las contribuciones administrativas existentes recaudadas en la parte I del presupuesto de la Junta, teniendo en cuenta la carga administrativa adicional que genera el SEGD y el hecho de que el ámbito de aplicación ratione personae del FUR y del SEGD no son idénticos (artículo 65, apartado 5).

El Fondo de Garantía de Depósitos se incluiría en una parte III nueva del presupuesto de la Junta. Su estructura de ingresos y gastos (artículo 60 bis) se corresponde con la de la parte II del FUR (artículo 60) y se explica en mayor detalle en la sección 5.5.2 a continuación. Las disposiciones presupuestarias generales (artículos 57, 58, 61 a 64 y 66) también se aplican a la parte III del presupuesto. La Junta sería responsable de administrar tanto el FUR como el Fondo de Garantía de Depósitos y de invertir sus fondos con arreglo a las disposiciones previstas en el Reglamento MUR y en los actos delegados adoptados por la Comisión (artículo 75). 5.5.2.Aportaciones ex ante al Fondo de Garantía de Depósitos El Fondo de Garantía de Depósitos se dotaría con las aportaciones ex ante que los bancos adeudan y pagan directamente a la Junta, de cuyo cálculo y facturación se encargan los SGD participantes en nombre de la Junta (artículo 74 bis, apartado 1). Esas aportaciones ex ante son una obligación independiente de la obligación de abonar aportaciones ex ante a los SGD participantes de conformidad con el artículo 10, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva SGD. No obstante, a fin de conseguir neutralidad de costes para el sector bancario, las aportaciones ex ante realizadas al Fondo de Garantía de Depósitos pueden compensarse al nivel de los SGD participantes (véase la sección 5.5.2.2 a continuación). 5.5.2.1.Niveles objetivo del Fondo de Garantía de Depósitos Los recursos financieros disponibles del Fondo de Garantía de Depósitos deben alcanzar dos niveles objetivo subsiguientes (artículo 74 ter, apartados 1 y 2): a) un nivel objetivo inicial del 20 % de las cuatro novenas partes de la suma de todos los niveles mínimos objetivo nacionales para el final de la etapa de reaseguro de tres años, y b) un nivel objetivo final igual a la suma de los niveles objetivo mínimos que los SGD participantes deben alcanzar en el marco de la Directiva para el final del período de coaseguro de cuatro años. Los niveles mínimos objetivo se armonizarían íntegramente para todos los SGD participantes. Los niveles mínimos objetivo del Fondo de Garantía de Depósitos y del SGD participante aumentarían de manera lineal, con un aumento anual de una novena parte en el período que abarca hasta 2024. Las aportaciones ex ante que deberán pagar los bancos se repartirán a lo largo del tiempo de la manera más uniforme posible hasta alcanzar el nivel objetivo inicial o final. Después del período de reaseguro, si los recursos financieros disponibles se han utilizado para proporcionar fondos o cubrir pérdidas y descienden por debajo del nivel objetivo inicial, deberán aumentarse hasta volver a alcanzar el nivel objetivo. Cada año, las aportaciones ex ante que cada banco adeudará y habrá de pagar a la Junta se determinarán en dos pasos: a) la Junta determina el importe total de las aportaciones ex ante que puede reclamar a los bancos miembros de cada SGD participante (artículo 74 quinquies, apartado 1); b) cada SGD participante, en función del importe total pertinente determinado por la Junta, calcula la contribución que cada uno de sus bancos miembros adeudará y habrá de pagar (artículo 74 quinquies, apartado 2) y factura ese importe en nombre de la Junta. Durante la fase de reaseguro, la aportación ex ante basada en riesgos que cada banco miembro tiene que pagar al Fondo de Garantía de Depósitos la calcularía el SGD participante en relación con todos los demás bancos miembros. Después de la fase de reaseguro, las aportaciones ex ante basadas en riesgos de cada banco se calcularían en relación con todos los bancos comprendidos en el ámbito de aplicación del SEGD. Esta labor la realizaría la Junta, con la colaboración de los SGD participantes, y en función de una serie de métodos basados en el riesgo establecidos mediante un acto delegado de la Comisión. La aportación ex ante facturada por el SGD participante en nombre de la Junta debe pagarla el banco directamente a la Junta, quien abonaría el importe al Fondo de Garantía de Depósitos (y la consignaría como ingreso en la parte III de su presupuesto). 5.5.2.2.Compensación al nivel de los SGD participantes Esta propuesta permite a los Estados miembros participantes conseguir neutralidad de costes para los bancos miembros de sus SGD participantes. Pueden decidir que la creación de la obligación independiente de que los bancos paguen aportaciones ex ante al Fondo de Garantía de Depósitos justifica la compensación al nivel del SGD participante. Para tomar esta decisión, los Estados miembros deben atenerse al principio de proporcionalidad y considerar si el nivel de protección de depósitos que se está configurando mediante el establecimiento gradual del SEGD justifica una reducción de los recursos financieros para la protección de depósitos al nivel del SGD participante. La neutralidad de costes se prevé en el artículo 74 quater, apartado 4: a) las aportaciones ex ante que los bancos realizan al Fondo de Garantía de Depósitos se tienen en cuenta para el nivel objetivo que el SGD participante correspondiente debe alcanzar en el marco de la Directiva; b) si, para el final de la fase de acumulación (3 de julio de 2024 o más adelante), un SGD nacional ha cumplido la senda de financiación precisa (artículo 41 undecies) y sus bancos miembros han abonado todas las aportaciones adeudadas al FGD, tales aportaciones constituirán el importe de las aportaciones necesarias para alcanzar el nivel objetivo nacional del 0,8 %; y c) los Estados miembros participantes pueden permitir que sus SGD tengan en cuenta las aportaciones que sus bancos miembros hayan abonado al SEGD para calcular el nivel de aportaciones y/o para reembolsar a los bancos miembros con cargo a sus recursos financieros disponibles en la medida que estos excedan las cuantías establecidas en la senda de financiación precisa. En función del nivel de recursos financieros disponibles que el SGD participante ya haya recaudado, puede compensar a sus bancos miembros exigiendo aportaciones inferiores o procediendo al reembolso de las aportaciones que ya haya recibido de ellos. 5.5.3.Aportaciones ex post extraordinarias Desde el principio de la etapa de coaseguro, la Junta también puede reclamar el pago de aportaciones ex post extraordinarias por parte de los bancos afiliados a los SGD participantes cuando los recursos disponibles del Fondo de Garantía de Depósitos resulten insuficientes a efectos de financiación y cobertura de pérdidas. Los SGD nacionales continuarían siendo responsables de recaudar las aportaciones ex post del sector bancario nacional para reponer su sistema nacional tras un evento de desembolso o la contribución a una resolución. Los bancos adeudarán y pagarán las aportaciones ex post directamente a la Junta y, durante el período de coaseguro, el SGD participante las calculará y facturará en nombre de la Junta. La Junta determina el importe total de las aportaciones ex post que puede reclamar a los bancos miembros de cada SGD participante dentro de los límites establecidos en un acto delegado de la Comisión. Los SGD participantes calculan la aportación ex post adeudada por cada uno de sus bancos miembros en función del importe total determinado por la Junta, mediante la aplicación del mismo método basado en riesgos que utiliza para calcular la aportación ex ante de conformidad con el artículo 10, apartado 1, de la Directiva. Después de la etapa de coaseguro, la aportación ex post adeudada por cada banco la calcula la Junta aplicando el método basado en riesgos establecido en virtud del acto delegado de la Comisión que también se utiliza para calcular las aportaciones ex ante después de la etapa de coaseguro. Los SGD participantes facturan la aportación ex post en nombre de la Junta. En las etapas de coaseguro y de seguro pleno, la Junta, por iniciativa propia o previa propuesta presentada por la autoridad competente pertinente, puede aplazar el pago de la aportación ex post de un banco concreto de manera total o parcial. El aplazamiento deberá ser necesario para proteger la posición financiera del banco y no podrá durar más de seis meses, pero podrá ser renovado a petición del banco.

Un acto delegado de la Comisión determinará los importes máximos que el SEGD podrá recaudar ex post, teniendo en cuenta las aportaciones nacionales ex post. 5.5.4.Fuentes de financiación adicionales para el Fondo de Garantía de Depósitos Además de reclamar aportaciones ex ante y ex post, la Junta puede obtener fuentes de financiación adicionales para el fondo de garantía de depósitos. A efectos de la sustitución gradual de la financiación a nivel de los SGD participantes, puede solicitar un préstamo de los sistemas de garantía de depósitos reconocidos en los Estados miembros no participantes, que pueden resolver tal solicitud de conformidad con el artículo 12 de la Directiva (artículo 74 octies). En aras de la reciprocidad, la Junta puede, a su vez, decidir también conceder préstamos a los sistemas de garantía de depósitos en Estados miembros no participantes. La Junta también puede obtener de terceros otras fuentes de financiación alternativas para el Fondo de Garantía de Depósitos, en particular si los fondos que la Junta puede recaudar mediante las aportaciones ex ante y ex post no están (inmediatamente) disponibles (artículo 74 nonies). Los recursos de financiación reembolsables se reembolsarán mediante la recaudación de aportaciones ex ante y ex post durante el periodo de amortización. 5.5.5.Toma de decisiones sobre el SEGD La administración del SEGD correría a cargo de la Junta, tanto en su sesión ejecutiva como en su sesión plenaria. La sesión ejecutiva contaría con la participación de los mismos miembros para las tareas y las decisiones relacionadas tanto con el SEGD como con el MUR. Las tareas especiales en el marco del SEGD precisarían de una composición especial de la sesión plenaria para tomar las decisiones relacionadas exclusivamente con el SEGD. Los miembros que representen a las autoridades nacionales de resolución en la sesión plenaria serían sustituidos por miembros que representen a las autoridades nacionales designadas. A la sesión plenaria se le atribuirían tareas específicas. Habida cuenta de que algunas decisiones de la Junta resultan pertinentes para la Junta en su conjunto o para el SEGD y el MUR, estas se adoptarían en una nueva sesión plenaria conjunta con representantes y procedimientos de votación específicos. Todas las demás decisiones sobre el SEGD se adoptarían en la sesión ejecutiva de la Junta. 5.6.Otras normas Las disposiciones sobre asuntos concretos aplicables al MUR también se aplicarían a la Junta en el ejercicio de sus funciones en el marco del SEGD: privilegios e inmunidades, regímenes lingüísticos, personal e intercambio de personal, comités internos, sala de apelaciones, acciones ante el tribunal de justicia, responsabilidad de la Junta, secreto profesional e intercambio de información, protección de datos, acceso a documentos, normas de seguridad sobre información confidencial o clasificada, tribunal de cuentas. Las enmiendas que introducen el SEGD se aplicarían a partir de la entrada en vigor del Reglamento modificador. Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 806/2014 a fin de establecer un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1)Durante los últimos años, la Unión ha avanzado en la creación de un mercado interior de servicios bancarios. Un mercado interior de servicios bancarios más integrado es esencial para impulsar el crecimiento económico en la Unión, salvaguardar la estabilidad del sistema bancario y proteger a los depositantes. (2)El 18 de octubre de 2012, el Consejo Europeo concluyó que «[E]n vista de los cruciales desafíos que se plantean, es preciso reforzar la Unión Económica y Monetaria para garantizar el bienestar económico y social, la estabilidad y una prosperidad sostenida» y que «[E]l proceso de creación de una Unión Económica y Monetaria más profunda debe partir del marco institucional y jurídico de la UE y caracterizarse por la apertura y la transparencia de cara a los Estados miembros que no utilizan la moneda única y por el respeto de la integridad del Mercado Único». A tal efecto se ha establecido la Unión Bancaria, respaldada por un código normativo único, integral y pormenorizado que rige los servicios financieros en el mercado interior en su conjunto. El proceso destinado a establecer la Unión Bancaria se ha caracterizado por la apertura y la transparencia en relación con los Estados miembros no participantes y por el respeto por la integridad del mercado interior. (3)El Parlamento Europeo, en su resolución de 20 de noviembre de 2012, titulada «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria», también destacó que romper las interrelaciones negativas entre la deuda soberana, los bancos y la economía real es fundamental para un buen funcionamiento de la UEM y subrayó la necesidad acuciante de que se tomen medidas adicionales y ambiciosas para lograr una Unión Bancaria plenamente operativa, garantizando al mismo tiempo que el mercado interior de servicios financieros y la libre circulación de capitales sigan funcionando correctamente. (4)Si bien es cierto que se han adoptado medidas fundamentales en aras del funcionamiento eficiente de la Unión Bancaria, como el Mecanismo Único de Supervisión (el «MUS») establecido en virtud del Reglamento (UE) nº 1024/2013, que garantiza que la política de la Unión relativa a la supervisión prudencial de las entidades de crédito en los Estados miembros de la zona del euro y en los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro que opten por participar en el MUS (los «Estados miembros participantes») se aplica de manera coherente y eficaz, así como el Mecanismo Único de Resolución (el «MUR») establecido de conformidad con el Reglamento (UE) nº 806/2014, que garantiza un marco coherente para la resolución de los bancos que estén o puedan estar en dificultades en los Estados miembros participantes, aún se deben adoptar otras medidas para completar la Unión Bancaria. (5)En junio de 2015, en el Informe de los cinco presidentes sobre la realización de la Unión Económica y Monetaria europea, se puso de manifiesto que un sistema bancario único solo puede ser realmente único si la confianza en la seguridad de los depósitos bancarios es la misma, con independencia del Estado miembro en que un banco opere. Para ello, es necesario que la supervisión bancaria, la resolución bancaria y la garantía de los depósitos sean únicas. En el Informe de los cincos presidentes se propuso, por tanto, completar la Unión Bancaria mediante el establecimiento de un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD), el tercer pilar de una Unión Bancaria plena, junto con la supervisión y la resolución bancarias. Ya deberían haberse adoptado medidas concretas en esa dirección de manera prioritaria, con un sistema de reaseguro a escala europea para los sistemas nacionales de garantía de depósitos como un primer paso encaminado hacia la adopción de un enfoque totalmente mutualizado. El ámbito de aplicación de ese sistema de reaseguro debería coincidir con el del MUS. (6)La reciente crisis ha demostrado que el funcionamiento del mercado interior puede estar amenazado y que existe un riesgo cada vez mayor de fragmentación financiera. La inviabilidad de un banco que sea relativamente grande en comparación con el sector bancario nacional o la inviabilidad simultánea de una parte del sistema bancario nacional puede dar lugar a que los sistemas nacionales de garantías de depósitos sean vulnerables a importantes perturbaciones locales, incluso a pesar de contar con los mecanismos de financiación adicionales previstos en la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Esa vulnerabilidad de los sistemas nacionales de garantías de depósitos ante las perturbaciones locales importantes puede contribuir a establecer entre los bancos y los respectivos emisores soberanos nacionales un círculo vicioso que socave la homogeneidad de la protección de los depósitos y contribuya a menoscabar la confianza entre los depositantes, provocando inestabilidad en el mercado. (7)La ausencia de un nivel homogéneo de protección de los depositantes puede falsear la competencia y constituir un verdadero obstáculo para la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios por parte de las entidades de crédito dentro del mercado interior. Por tanto, un sistema común de garantía de depósitos resulta fundamental para la compleción del mercado interior de los servicios financieros. (8)Aunque la Directiva 2014/49/UE mejora significativamente la capacidad de los sistemas nacionales para compensar a los depositantes, se necesitan mecanismos de garantía de depósitos más eficientes al nivel de la Unión Bancaria para garantizar la disponibilidad de recursos financieros suficientes en aras de apuntalar la confianza de todos los depositantes y salvaguardar así la estabilidad financiera. El SEGD aumentaría la resiliencia de la Unión Bancaria frente a futuras crisis mediante un reparto más amplio del riesgo y ofrecería la misma protección para los depositantes asegurados, respaldando el buen funcionamiento del mercado interior. (9)Los fondos utilizados por los sistemas de garantía de depósitos para reembolsar a los depositantes por los depósitos con cobertura no disponibles con arreglo al artículo 8 de la Directiva 2014/49/UE relativa a los sistemas de garantía de depósitos no constituyen ayuda estatal ni ayuda del Fondo. No obstante, cuando dichos fondos se usan para reestructurar entidades de crédito y constituyen ayuda estatal o ayuda del Fondo, deben respetar el artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, respectivamente, el artículo 19 del Reglamento (UE) nº 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, que debe modificarse para tal propósito. (10)A pesar de la armonización ulterior introducida en el marco de la Directiva 2014/49/UE, los sistemas nacionales de garantía de depósitos mantienen determinadas opciones y facultades, incluso en relación con determinados elementos básicos, como los niveles objetivo, los factores de riesgo que se aplicarán para evaluar las aportaciones de las entidades de crédito, los plazos de reembolso o la utilización de los fondos. Estas diferencias entre las normativas nacionales pueden obstaculizar la libre prestación de servicios y crear falseamientos de la competencia. En un sector bancario con un alto nivel de integración, es necesario que las normas y los enfoques sean uniformes para asegurar un nivel de protección sólido y coherente de los depositantes en toda la Unión y garantizar así el objetivo de la estabilidad financiera. (11)El establecimiento del SEGD, con competencias de toma de decisiones, supervisión y ejecución centralizadas y conferidas a la Junta Única de Resolución y de Garantía de Depósitos («la Junta»), será fundamental para conseguir el objetivo de un marco armonizado de garantía de los depósitos. La aplicación uniforme de los requisitos de garantía de los depósitos en los Estados miembros participantes se verá reforzada como resultado de su atribución a tal autoridad central. De esta forma, el funcionamiento del SEGD debería facilitar el proceso de armonización en el ámbito de los servicios financieros, apoyando y ofreciendo un marco para la elaboración y la posterior aplicación de normas uniformes en materia de dispositivos de garantía de los depósitos. (12)Asimismo, el SEGD forma parte del más amplio conjunto de normas de la UE que armonizan la supervisión prudencial, la reestructuración y la resolución, que son aspectos complementarios del mercado interior de los servicios bancarios. La supervisión solo puede resultar eficaz y significativa si se crea un sistema de garantía de depósitos adecuado, en correspondencia con los avances en el ámbito de la supervisión. Por tanto, el SEGD contribuye decisivamente a un proceso más amplio de armonización, y sus objetivos están estrechamente vinculados con el marco de la Unión en materia de supervisión prudencial y la reestructuración y resolución, cuya aplicación centralizada es interdependiente. Por ejemplo, se precisa de una coordinación adecuada a nivel de supervisión y garantía de depósitos en los casos en que el Banco Central Europeo (BCE) prevea retirar una autorización a una entidad de crédito o cuando una entidad de crédito no cumpla la obligación de ser miembro de un sistema de garantía de depósitos. Se necesita un similar nivel elevado de integración entre las acciones de resolución y las labores de garantía de depósitos atribuidas a la Junta. (13)El presente Reglamento se aplica exclusivamente en relación con los bancos cuyo supervisor nacional es el BCE o la autoridad nacional competente en los Estados miembros cuya moneda es el euro o en los Estados miembros cuya moneda no es el euro pero que han entablado una estrecha cooperación en virtud del artículo 7 del Reglamento (UE) nº 1024/2013. El ámbito de aplicación del presente Reglamento está vinculado con el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) nº 1024/2013. De hecho, teniendo en cuenta el nivel significativo de interrelación entre las tareas de supervisión atribuidas al MUS y las acciones de garantía de depósitos, el establecimiento de un sistema centralizado de supervisión aplicado en virtud del artículo 127, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es sumamente importante para el proceso de armonización de la garantía de depósitos en los Estados miembros participantes. El hecho de estar sujetas a la supervisión del MUS constituye un atributo específico que sitúa a las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) nº 1024/2013 en una posición objetiva y caracterizadamente diferente a efectos de la garantía de depósitos. Es necesario adoptar medidas para crear un sistema único de garantía de depósitos para todos los Estados miembros que participan en el MUS, a fin de facilitar el funcionamiento adecuado y estable del mercado interior. (14)Para asegurar el paralelismo con el MUS y el MUR, el SEGD debe aplicarse a los Estados miembros participantes. Los bancos establecidos en los Estados miembros no participantes en el MUS no deben estar sujetos al SEGD. Mientras la supervisión en un determinado Estado miembro quede fuera del MUS, dicho Estado miembro debe continuar siendo responsable de garantizar la protección de los depositantes frente a las consecuencias de la insolvencia de una entidad de crédito. A medida que los Estados miembros vayan adhiriéndose al MUS, deben ir quedando sujetos automáticamente al SEGD. En última instancia, el SEGD podría abarcar la totalidad del mercado interior. (15)A fin de garantizar condiciones de competencia equitativas dentro del mercado interior en su conjunto, el presente Reglamento es coherente con la Directiva 2014/49/UE. Complementa las normas y los principios de dicha Directiva para garantizar que el SEGD funcione adecuadamente y que disponga de la financiación apropiada. El Derecho sustantivo en materia de garantía de depósitos aplicable en el marco del SEGD será coherente, por tanto, con el aplicable por los sistemas nacionales de garantía de depósitos o las autoridades designadas de los Estados miembros no participantes, armonizado mediante la Directiva 2014/49/UE. (16)En los mercados financieros integrados, cualquier ayuda financiera destinada a reembolsar a los depositantes mejora la estabilidad financiera no solo en el Estado miembro participante de que se trate, sino también en los otros Estados miembros, al impedir que las crisis bancarias acaben repercutiendo en los Estados miembros no participantes. La atribución a la Junta de labores de garantía de depósitos no debe perjudicar de manera alguna el funcionamiento del mercado interior de los servicios financieros. Por tanto, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) debe mantener sus funciones y conservar sus actuales competencias y tareas: desarrollar y contribuir a la aplicación coherente de la legislación de la Unión aplicable a todos los Estados miembros, además de mejorar la convergencia de las prácticas relativas a la garantía de depósitos en toda la Unión.

(17)El SEGD debe transformarse progresivamente, en algunos años, pasando de ser un sistema de reaseguro hasta convertirse en un sistema de coaseguro totalmente mutualizado. En el contexto de los esfuerzos desarrollados para profundizar la UEM, así como de la labor realizada para establecer mecanismos de financiación temporal para el Fondo Único de Resolución (FUR) y desarrollar un mecanismo común de protección presupuestaria, este paso resulta necesario para reducir los vínculos entre los bancos y la deuda soberana en los distintos Estados miembros mediante medidas destinadas a compartir los riesgos entre todos los Estados miembros de la Unión Bancaria, , reforzando así la capacidad de esta última para lograr su objetivo principal. No obstante, ese reparto de riesgos que conllevan las medidas destinadas a reforzar la Unión Bancaria ha de ir de la mano de medidas de reducción de riesgos diseñadas para romper la vinculación entre los bancos y la deuda soberana de manera más directa. (18)El SEGD debe establecerse en tres etapas secuenciales; en primer lugar, un sistema de reaseguro que cubra una parte de la falta de liquidez y del exceso de pérdidas de los sistemas de garantías de depósitos participantes, seguido por un sistema de coaseguro que cubra una parte cada vez mayor de la falta de liquidez y de las pérdidas de los sistemas de garantías de depósitos participantes y que, con el tiempo, derive en un sistema de seguro pleno que cubra todas las necesidades de liquidez y las pérdidas de los sistemas de garantía de depósitos participantes. (19)En la etapa de reaseguro, y a fin de limitar la responsabilidad del Fondo Europeo de Garantía de Depósitos («el Fondo de Garantía de Depósitos») y reducir el riesgo moral a escala nacional, solo se puede solicitar ayuda del Fondo de Garantía de Depósitos si el sistema nacional de garantía de depósitos ha recaudado aportaciones ex ante conforme a una senda de financiación precisa, y si en primer lugar ha agotado esos fondos. No obstante, en la medida en que sistema nacional de garantía de depósitos haya recaudado fondos que rebasen el importe requerido en la senda de financiación, solo debe agotar los fondos que haya tenido que recaudar para respetar la senda de financiación antes de poder recibir cobertura en el marco del SEGD. Por tanto, los sistemas de garantía de depósitos que hayan recaudado más fondos de los necesarios para cumplir la senda de financiación no deben encontrarse peor posicionados que los que hayan recaudado fondos sin rebasar los niveles establecidos en dicha senda. (20)Habida cuenta de que el Fondo de Garantía de Depósitos, en la etapa de reaseguro, solo proporcionaría una fuente de financiación adicional y solo debilitaría el vínculo entre los bancos y los respectivos emisores soberanos nacionales, sin garantizar, sin embargo, idéntico nivel de protección para todos los depositantes en la Unión Bancaria , la etapa de reaseguro debe evolucionar progresivamente, después de tres años, hacia un sistema de coaseguro y, en última instancia, hacia un sistema de garantía de depósitos totalmente mutualizado. (21)Si bien las etapas de reaseguro y coaseguro compartirían muchas características, garantizando una evolución paulatina fluida, los desembolsos en la etapa de coaseguro serían compartidos entre los sistemas nacionales de garantía de depósitos y el Fondo de Garantía de Depósitos desde el primer euro de pérdida. La contribución relativa de dicho Fondo aumentaría gradualmente hasta el 100 %, lo que propiciaría la mutualización plena del riesgo de los depositantes en toda la Unión Bancaria al cabo de cuatro años. (22)Se deben incorporar salvaguardias en el SEGD a fin de limitar el riesgo moral y garantizar que solo se proporcione su cobertura cuando los sistemas nacionales de garantía de depósitos actúen con prudencia. En primer lugar, los sistemas nacionales de garantía de depósitos deben cumplir las obligaciones que les correspondan en el marco del presente Reglamento, de la Directiva 2014/49/UE y de otra legislación pertinente de la UE, en particular su obligación de acumular sus fondos de conformidad con el artículo 10 de la Directiva 2014/49/UE, tal y como se especifica adicionalmente en el presente Reglamento. Para poder beneficiarse de la cobertura del SEGD, los sistemas nacionales de garantía de depósitos deben recaudar aportaciones ex ante conforme a una senda de financiación precisa. Ello también supone que la posible reducción del nivel objetivo en virtud del artículo 10, apartado 6, de la Directiva 2014/49/UE, deja de ser factible en caso de que el sistema da garantía de depósitos desee beneficiarse del SEGD. En segundo lugar, si se produce un evento de desembolso o si los fondos se utilizan en una resolución, el propio sistema nacional de garantía de depósitos debe soportar una parte equitativa de las pérdidas. Por tanto, debe estar obligado a recaudar aportaciones ex post de sus miembros para reponer sus recursos y reembolsar al SEGD en la medida en que la financiación recibida inicialmente sobrepase la parte de las pérdidas que deba soportar el SEGD. En tercer lugar, tras un evento de desembolso, el sistema nacional de gestión de depósitos debe maximizar el producto de la masa de la insolvencia y reembolsar a la Junta, y esta debe disponer de las competencias suficientes para proteger sus derechos. En cuarto lugar, la Junta debe estar facultada para recuperar total o parcialmente la financiación en el supuesto de que un sistema de gestión de depósitos participante no haya cumplido con sus principales obligaciones. (23)El Fondo de Garantía de Depósitos es un elemento fundamental imprescindible para el establecimiento progresivo del SEGD. Los diferentes sistemas nacionales de financiación no ofrecerían una garantía de depósitos homogénea en toda la Unión Bancaria. Durante las tres etapas, el Fondo de Garantía de Depósitos debe contribuir a garantizar la función estabilizadora de los sistemas de garantía de depósitos, un nivel de protección elevado y uniforme para todos los depositantes en un marco armonizado en toda la Unión, y evitar la creación de obstáculos para el ejercicio de las libertades fundamentales o el falseamiento de la competencia en el mercado interior debido a los diferentes niveles de protección a escala nacional. (24)El Fondo de Garantía de Depósitos debe financiarse mediante las aportaciones directas de los bancos. Las decisiones adoptadas en el marco del SEGD, que requieran la utilización del Fondo de Garantía de Depósitos o de un sistema nacional de garantía de depósitos, no deben interferir con las responsabilidades de los Estados miembros en materia presupuestaria. En ese sentido, solo las ayudas financieras públicas extraordinarias deberían considerarse como intromisiones en la soberanía y las responsabilidades en materia presupuestaria de los Estados miembros. (25)El presente Reglamento establece las modalidades del uso del Fondo de Garantía de Depósitos y los criterios generales para determinar la fijación y el cálculo de las aportaciones ex ante y ex post, así como las competencias de la Junta para utilizar y gestionar dicho Fondo. (26)Las aportaciones para financiar el Fondo de Garantía de Depósitos se exigirían directamente a los bancos. La Junta recaudaría las aportaciones y administraría el Fondo de Garantía de Depósitos, mientras que los sistemas nacionales de garantía de depósitos continuarían recaudando las aportaciones nacionales y administrando los fondos nacionales. A fin de garantizar aportaciones justas y armonizadas para los bancos participantes y ofrecer incentivos para operar bajo un modelo que presente menos riesgo, tanto las aportaciones realizadas al SEGD como las realizadas a los sistemas nacionales de garantía de depósitos se deberían calcular en función de los depósitos con cobertura y un factor de ajuste por riesgo por cada banco. Durante el período de reaseguro, el factor de ajuste por riesgo debería contemplar el grado de riesgo en que incurra un banco en relación con todos los demás bancos afiliados al mismo sistema de garantía de depósitos participante. En cuanto se alcance la etapa de coaseguro, el factor de ajuste por riesgo debería contemplar el grado de riesgo en que incurra un banco en relación con todos los demás bancos establecidos en los Estados miembros participantes. Ello garantizaría que, en términos generales, el SEGD sea neutral en términos de costes para los bancos y los sistemas nacionales de garantía de depósitos, además de evitar cualquier redistribución de las aportaciones durante la fase de constitución del Fondo de Garantía de Depósitos. (27)En principio, las aportaciones deberían recaudarse del sector antes e independientemente de cualquier medida de garantía de depósitos. Cuando la financiación anterior resulte insuficiente para cubrir las pérdidas o los costes soportados por la utilización del Fondo de Garantía de Depósitos, deberían recaudarse aportaciones adicionales para cubrir los costes o pérdidas adicionales. Por otra parte, el Fondo de Garantía de Depósitos debe poder tomar empréstitos o recabar otras formas de apoyo de las entidades de crédito, las instituciones financieras u otros terceros en caso de que las aportaciones ex ante y ex post no sean inmediatamente accesibles o no cubran los gastos ocasionados por la utilización del Fondo de Garantía de Depósitos en relación con las medidas de garantía de depósitos. (28)Para conseguir una masa crítica y evitar los efectos procíclicos que pudiesen surgir si el Fondo de Garantía de Depósitos tuviera que depender exclusivamente de las aportaciones ex post en una crisis sistémica, resulta indispensable que los recursos financieros disponibles ex ante de dicho Fondo asciendan al menos a un nivel objetivo mínimo determinado. (29)El nivel objetivo inicial y final del Fondo de Garantía de Depósitos debería establecerse como un porcentaje del total de los niveles objetivo mínimos de los sistemas de garantía de depósitos participantes. Debería alcanzar paulatinamente el 20 % de las cuatro novenas partes del total de los niveles objetivo mínimos para el final del período de reaseguro y la suma de todos los niveles objetivo mínimos para el final del período de coaseguro. La posibilidad de solicitar la autorización de un nivel objetivo inferior en virtud del artículo 10, apartado 6, de la Directiva 2014/49/UE no debería contemplarse a la hora de fijar los niveles objetivo inicial o final del Fondo de Garantía de Depósitos. También se debe fijar un plazo apropiado para alcanzar el nivel objetivo para el Fondo de Garantía de Depósitos. (30)Garantizar una financiación eficaz y suficiente del Fondo de Garantía de Depósitos es de vital importancia para la credibilidad del SEGD. La capacidad de la Junta para obtener recursos de financiación alternativos para el Fondo de Garantía de Depósitos debería reforzase de manera que se optimice el coste de la financiación y se preserve la solvencia de dicho Fondo. Inmediatamente después de la entrada en vigor del presente Reglamento, conviene que la Junta adopte, en colaboración con los Estados miembros participantes, las medidas necesarias para desarrollar los métodos y las modalidades apropiados que permitan mejorar la capacidad de endeudamiento que el Fondo de Garantía de Depósitos debería tener en la fecha de aplicación del (31)Es necesario garantizar que el Fondo de Garantía de Depósitos esté plenamente disponible para asegurar la garantía de los depósitos. Por tanto, el Fondo de Garantía de Depósitos debería utilizarse principalmente para la ejecución eficiente de las medidas y los requisitos de garantía de depósitos. Asimismo, debería utilizarse solo de conformidad con los objetivos y los principios aplicables en materia de garantía de depósitos. Bajo determinadas condiciones, el Fondo de Garantía de Depósitos también podría aportar financiación cuando los recursos financieros disponibles de un sistema de garantía de depósitos se utilicen en una resolución conforme al artículo 79 del presente Reglamento. (32)A fin de proteger el valor de los importes mantenidos en el Fondo de Garantía de Depósitos, deberán invertirse en activos que cuenten con una seguridad, diversificación y liquidez suficientes. (33)Cuando se dé por terminada la cooperación estrecha con el BCE de un Estado miembro cuya moneda no sea el euro de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (UE) nº 1024/2013, se debería decidir un reparto equitativo de las aportaciones acumuladas del Estado miembro participante de que se trate, teniendo en cuenta los intereses de tal Estado y del Fondo de Garantía de Depósitos. (34)A fin de garantizar su plena autonomía e independencia al realizar acciones de garantía de depósitos en el marco del presente Reglamento, la Junta debería disponer de un presupuesto autónomo con ingresos procedentes de las aportaciones obligatorias de las entidades de los Estados miembros participantes. El presente Reglamento debería entenderse sin perjuicio de la capacidad de los Estados miembros para imponer tasas destinadas a cubrir los gastos administrativos de sus sistemas nacionales de garantía de depósitos o autoridades designadas. (35)Cuando se cumplan todos los criterios relacionados con la utilización del Fondo de Garantía de Depósitos, la Junta debería aportar la pertinente financiación y cobertura de pérdidas a los sistemas nacionales de garantía de depósitos. (36)La Junta debería celebrar sesiones plenarias conjuntas, sesiones plenarias y sesiones ejecutivas. Reunida en sesión ejecutiva, la Junta debería preparar y, en la medida de lo posible, adoptar todas las decisiones relativas a los procedimientos de desembolso. En relación con la utilización del Fondo de Garantía de Depósitos, es importante que no tenga ventaja quien tome primero la iniciativa y que se supervisen las salidas de efectivo de dicho Fondo. En cuanto la utilización acumulada neta del Fondo de Garantía de Depósitos durante los doce meses consecutivos precedentes alcance el umbral del 25 % del nivel objetivo final, la sesión plenaria debería evaluar la aplicación de las acciones de garantía de depósitos o las participaciones en las acciones de resolución y la utilización del Fondo de Garantía de Depósitos, además de facilitar orientaciones para las ulteriores decisiones de la sesión ejecutiva. Las orientaciones para la sesión ejecutiva deberían centrarse, en particular, en garantizar la aplicación no discriminatoria de las acciones de garantía de depósitos o de la participación en acciones de resolución, así como en las medidas que habrá que adoptar para evitar el agotamiento del Fondo de Garantía de Depósitos.

(37)Se debería garantizar la eficiencia y la uniformidad de las acciones de garantía de depósitos en todos los Estados miembros participantes. A tal efecto, cuando un sistema de gestión de depósitos participante no haya aplicado o no haya cumplido una decisión de la Junta conforme al presente Reglamento, o bien la haya aplicado de forma que plantee una amenaza para cualquiera de los objetivos del sistema de garantía de depósitos o para la aplicación eficiente de la acción de garantía de depósitos, la Junta debería estar facultada para ordenar cualquier intervención necesaria que ataje significativamente la inquietud o la amenaza para los objetivos del SEGD. Debería quedar excluida cualquier medida adoptada por un sistema de garantía de depósitos participante que limite o afecte al ejercicio de las facultades o funciones de la Junta. (38)Al tomar decisiones o adoptar medidas, en particular en relación con los entes establecidos tanto en los Estados miembros participantes como en los Estados miembros no participantes, deberían tenerse en cuenta también los posibles efectos adversos en tales Estados miembros, como las amenazas para la estabilidad financiera de sus mercados financieros, así como en los entes en ellos establecidos. (39)La Junta, las autoridades designadas, las autoridades competentes, incluido el BCE, y las autoridades de resolución deberían, cuando proceda, celebrar un memorando de entendimiento en el que se describa, en términos generales, cómo cooperarán entre sí en el desempeño de sus tareas respectivas a tenor del Derecho de la Unión. El memorando debería estar sujeto a revisiones periódicas. (40)Las entidades, los organismos y las autoridades pertinentes que participen en la aplicación del presente Reglamento deberían cooperar entre sí conforme a la obligación de cooperación leal consagrada en los Tratados. (41)La Junta, las autoridades designadas y las autoridades competentes de los Estados miembros no participantes también deberían celebrar memorandos de entendimiento en los que describan, en términos generales, cómo cooperarán entre sí en el desempeño de las tareas que se les hayan conferido en el marco de la Directiva 2014/49/UE. Los memorandos de entendimiento podrían, entre otros aspectos, aclarar la consulta relativa a las decisiones de la Junta que incidan en las sucursales situadas en los Estados miembros no participantes, cuando la entidad de crédito esté establecida en un Estado miembro participante. Los memorandos deberían estar sujetos a revisiones periódicas. (42)El procedimiento relativo a la adopción de decisiones por parte de la Junta respeta el principio de delegación de poderes en las agencias, según la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (43)El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los derechos, las libertades y los principios reconocidos, en particular en la Carta y, concretamente el derecho a la propiedad, la protección de datos personales, la libertad de empresa, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo y el derecho de la defensa, y debería ser ejecutado ateniéndose a tales derechos y principios. (44)Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, instaurar un marco de garantía de depósitos más eficiente y efectivo y garantizar la aplicación coherente de las normas sobre garantía de depósitos, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. (45)La Comisión debería revisar la aplicación del presente Reglamento para evaluar su impacto en el mercado interior y determinar si es necesario modificarlo o desarrollarlo en mayor medida a fin de mejorar la eficacia y eficiencia del SEGD. (46)Para que el SEGD funcione de manera eficaz a partir de […], las disposiciones relativas al pago de las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos, el establecimiento de todos los procedimientos pertinentes y cualquier otro aspecto operativo e institucional deberían aplicarse a partir de XX. (47)El Reglamento (UE) nº 806/2014 debería ser modificado para incorporar y tener en cuenta respectivamente el establecimiento del SEGD.



HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Artículo 1 Modificaciones del Reglamento (UE) nº 806/2014 El Reglamento (UE) nº 806/2014 queda modificado como sigue. 1.El título se sustituye por el texto siguiente: «REGLAMENTO (UE) nº 806/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 15 de julio de 2014, por el que se establece un Mecanismo Único de Resolución y un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos y se modifica el Reglamento (UE) nº 1093/2010». 2.El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 1

Objeto 1.El presente Reglamento establece unas normas y un procedimiento uniformes para la resolución de los entes a que se refiere el artículo 2 que estén establecidos en los Estados miembros participantes mencionados en el artículo 4. Dichas normas y dicho procedimiento uniformes serán aplicados por la Junta Única de Resolución establecida con arreglo al artículo 42 («la Junta») conjuntamente con el Consejo y la Comisión y las autoridades nacionales de resolución en el marco del Mecanismo Único de Resolución (MUR) establecido por el presente Reglamento. El MUR contará con el respaldo de un Fondo Único de Resolución («el FUR»). La utilización del FUR estará condicionada a la entrada en vigor de un acuerdo entre los Estados miembros participantes («el Acuerdo») para transferir al FUR los fondos recaudados a escala nacional, así como para proceder a una fusión progresiva de los distintos fondos recaudados a escala nacional, que se asignarán a compartimentos nacionales del Fondo. 2.Asimismo, el presente Reglamento establece un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos («SEGD») en tres etapas sucesivas: –un sistema de reaseguro que, en cierta medida, ofrece financiación y cubre una parte de las pérdidas de los sistemas de garantía de depósitos participantes, de conformidad con el artículo 41 bis; –un sistema de coaseguro que, en medida gradualmete creciente, ofrece financiación y cubre las pérdidas de los sistemas de garantía de depósitos participantes, de conformidad con el artículo 41 quater; –un sistema de seguro pleno que ofrece financiación y cubre las pérdidas de los sistemas de garantía de depósitos participantes, de conformidad con el 41 sexies. El SEGD será administrado por la Junta, en cooperación con los sistemas de garantía de depósitos participantes y las autoridades designadas de conformidad con la parte II bis. El SEGD será sostenido por un Fondo de Garantía de Depósitos («el FGD»).». 3.El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 2 Ámbito de aplicación 1. A efectos del MUR, el presente Reglamento se aplicará a los entes siguientes: (a)las entidades de crédito establecidas en los Estados miembros participantes; (b)las empresas matrices, incluidas las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera establecidas en uno de los Estados miembros participantes, cuando estén sujetas a la supervisión en base consolidada del BCE de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra g), del Reglamento (UE) nº 1024/2013; (c)las empresas de servicios de inversión y las entidades financieras establecidas en un Estado miembro participante cuando estén incluidas en el ámbito de la supervisión en base consolidada de la empresa matriz realizada por el BCE de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra g), del Reglamento (UE) nº 1024/2013. 2. A efectos del SEGD, el presente Reglamento se aplicará a los entes siguientes: (a)los sistemas de garantía de depósitos participantes definidos en el punto 1 del artículo 3, apartado 1 bis; (b)las entidades de crédito afiliadas a los sistemas de garantía de depósitos participantes. Cuando el presente Reglamento cree derechos u obligaciones para un SGD participante administrado por una autoridad designada, según se define en el punto 18 del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2014/49/UE, se considerará que los derechos u obligaciones corresponden a la autoridad designada.».

4.El artículo 3 queda modificado como sigue: (a)En el apartado 1, se añaden los puntos 55, 56 y 57: «55)«sistemas de garantía de depósitos participantes» o «SGD participantes»: sistemas de garantía de depósitos, tal y como se definen en el punto 1 del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2014/49/UE, introducidos y reconocidos oficialmente en un Estado miembro participante; 56)«evento de desembolso»: existencia de depósitos no disponibles, tal y como se definen en el punto 8 del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2014/49/UE en relación con una entidad de crédito afiliada a un SGD participante; 57)«recursos financieros disponibles del FGD»: efectivo, depósitos y activos de bajo riesgo que pueden ser objeto de liquidación en un periodo no superior al mencionado en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2014/49/UE.»; (a)El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: «2. En caso de que no se recoja una definición pertinente en los apartados anteriores, serán de aplicación las definiciones enunciadas en el artículo 2 de la Directiva 2014/49/UE y el artículo 2 de la Directiva 2014/59/UE. En caso de que no se recoja una de