INFORME DE LA COMISION - XXXº Informe sobre la política de competencia 2000

ÍNDICE

Introducción

Estadísticas sobre la actividad de la Comisión con vistas a la aplicación del derecho comunitario de competencia en 2000

Recuadro 1: Día europeo de la competencia en Lisboa y París

I - Competencia: Artículos 81 y 82; Monopolios estatales y derechos monopolísticos: Artículos 31 y

A - Modernización de las normas legislativas e interpretativas

1. Nuevas normas de competencia de la comisión en el ámbito de las restricciones verticales

2. Nuevas reglas de competencia de la comisión en el ámbito de los acuerdos de cooperación horizontal

2.1. Introducción

2.2. Los reglamentos de exención por categorías

2.3. Las directrices

3. Propuesta de nuevo reglamento de aplicación de los artículos 81 y 82 del tratado CE

3.1. Aplicación más eficaz

3.2. Reglamentar la relación entre los artículos 81 y 82 y el derecho nacional de competencia

3.3. Cooperación en red entre la Comisión y las autoridades nacionales de competencia

3.4. Mayor cooperación con los tribunales nacionales

3.5. Garantizar un nivel adecuado de seguridad jurídica para las empresas

3.6. Situación del procedimiento legislativo

B - Aplicación de los artículos 81, 82 y

1. Artículo

1.1. Carteles

1.2. Otros tipos de acuerdo

1.2.1. Alianzas de líneas aéreas

1.2.2. Acuerdos de distribución

1.2.3. Acuerdos medioambientales

2. Artículos 82 y

Recuadro 2: la repercusión de la política de competencia sobre los consumidores

C - Políticas sectoriales

1. Bienes de consumo y de inversión

1.1. Vehículos de motor

1.1.1. Aplicación del Reglamento de exención en 2000: infracciones

1.1.2. Evaluación general de la aplicación del Reglamento

1.1.3. Evolución estructural del sector

1.2. Carburantes

2. Industrias de red

2.1. Gas

2.2. Electricidad

2.3. Telecomunicaciones

2.3.1. Consolidación de las directivas de liberalización

2.3.2. Sexto informe sobre la aplicación de las Directivas

2.3.3. Comunicación sobre los servicios de voz en Internet

2.3.4. Control de la aplicación de las Directivas

2.3.5. Comunicación y encuesta sectorial sobre la desvinculación del bucle local

2.3.6. Resultados iniciales de la encuesta sectorial sobre líneas arrendadas

2.3.7. Investigación sectorial sobre itinerancia

2.3.8. Casos individuales abordados con arreglo a los artículos 81 y

2.3.9. Asuntos abordados con arreglo al Reglamento de concentraciones

2.4. Servicios postales

2.4.1. Propuesta de la Comisión relativa a una mayor apertura del mercado

2.4.2. Supervisión del Acuerdo REIMS II

2.4.3. Interceptación y aplicación de recargos al correo transfronterizo

2.4.4. Paquetes de venta a distancia

2.4.5. Nuevos servicios postales

2.5. Transporte aéreo

2.5.1. Alianzas

2.5.2. Aeropuertos

2.5.3. Sistemas de reserva

2.6. Transporte marítimo

2.6.1. Exención por categorías para las compañías de transporte marítimo de línea regular (consorcios)

2.6.2. Consorcio Grand Alliance

2.6.3. FETTCSA

2.7. Trasporte ferroviario

Recuadro 3: Servicios de interés general en Europa y competencia

3. Servicios

3.1. Servicios financieros

3.2. Sociedad de la información e Internet

Recuadro 4: Relaciones comerciales de empresa a empresa en la red (B2B) y mercados electrónicos B2B

3.3. Medios de comunicación

3.4. Profesiones liberales

3.5. Deportes

D - Estadísticas

II - Control de las operaciones de concentración

A - Introducción

Recuadro 5: El procedimiento simplificado

B - Aplicación de la evaluación de posición dominante

1. Posición dominante individual

Recuadro 6: MCI WorldCom / Sprint

2. Posición dominante colectiva

3. Competencia potencial

C - Soluciones

D - cooperación

1. Cooperación con los Estados miembros

2. La dimensión internacional del control de las operaciones de concentración

2.1. Cooperación con los EE.UU. y Canadá

2.2. Cooperación con los países de la AELC y los países candidatos a la adhesión

E - Otros procedimientos

1. Multas; artículos 14-15 del Reglamento de Concentraciones

2. Prevención de barreras a las concentraciones transfronterizas; artículo 21 del Reglamento de Concentraciones

F - Estadísticas (Cuadros)

III - Ayudas estatales

A - Política general

1. Modernizar el control de las ayudas

2. Mejorar la transparencia

3. Ayudas a la protección del medio ambiente

B - Concepto de ayuda

1. Origen de los recursos

2. Ventaja para una empresa

3. Especificidad

4. Consecuencias en el comercio entre los Estados miembros

C - Examen de la compatibilidad de las ayudas con el mercado común

1. Ayudas horizontales

1.1. Pequeñas y medianas empresas

1.2. Ayuda a la investigación y desarrollo

1.3. Empleo y formación

1.4. Medio ambiente

1.5. Ayudas de salvamento y de reestructuración

2. Ayuda Regional

3. Ayudas sectoriales

3.1. Sectores sujetos a normas específicas

3.1.1. Construcción naval

3.1.2. Siderurgia

3.1.3. Carbón

3.1.4. Industria del automóvil

3.1.5. Fibras sintéticas

3.1.6. Transporte

3.1.6.1. Navegación interior

3.1.6.2. Aviación

3.1.6.3. Transporte por carretera

3.1.6.4. Transporte combinado y transporte ferroviario.

3.1.6.5. Transporte marítimo

3.1.7. Agricultura

3.1.8. Pesca

3.2. Sectores específicos no sujetos a normas especiales

3.2.1. Salud pública

3.2.2. Sector financiero

3.2.3. Acontecimientos excepcionales

D - Procedimientos

1. Derechos de terceros

2. Recuperación de ayudas

Recuadro 7: Ayuda estatal al grupo Magefesa - Recuperación de la ayuda

3. Protección de las expectativas legítimas

4. Incumplimiento de decisiones anteriores de la Comisión

5. Obligación de la Comisión de incoar el procedimiento

6. Obligación de notificación previa

7. Otras disposiciones del Tratado

E - Estadisticas

IV - Actividades internacionales

A - Ampliación

1. Negociaciones de adhesión

2. Avances en la adaptación de las normas de competencia

3. Normas de ejecución en virtud de los Acuerdos Europeos

4. Extensión de la condición de región de la letra A) del apartado 3 del artículo 87 en virtud de los Acuerdos Europeos

5. Asistencia técnica a los países candidatos

6. Turquía

B - Cooperación bilateral

1. Estados Unidos

2. Canadá

3. Japón

4. Otros países de la OCDE y el EEE

5. Países mediterráneos

6. América Latina

7. Rusia, Ucrania, Moldova y demás NEI

C - Cooperación multilateral

1. OMC: Comercio y competencia

2. OCDE

3. UNCTAD

4. Foro Internacional sobre la Competencia

V - Perspectivas para 2001

1. Actividad legislativa y reglamentaria

2. Actividades de control

3. Operaciones de concentración

4. Ayudas Estatales

5. Actividades internacionales

Anexo - Asuntos analizados en el informe

Introducción

1. La política de competencia constituye uno de los pilares de la actividad de la Comisión Europea en el ámbito económico. Esta actividad se rige por el principio, recogido en el Tratado, de "una economía de mercado abierta y de libre competencia". Se reconoce así el cometido fundamental del mercado y de la competencia a la hora de garantizar el bienestar de los consumidores, de incitar a una asignación óptima de los recursos y de ofrecer a los agentes económicos los incentivos necesarios para avanzar en pos de la eficacia productiva, la calidad y la innovación. No obstante, el principio de una economía de mercado abierta no supone una actitud de fe incondicional, ni siquiera de indiferencia frente a los mecanismos de funcionamiento del mercado; al contrario, exige una vigilancia permanente con objeto de preservar estos mecanismos. Esto es especialmente cierto en el actual contexto de unos mercados que evolucionan a buen ritmo y están cada vez más integrados a escala global. Por otra parte, a escala europea, la Revisión 2000 de la Estrategia del Mercado Interior, adoptada el 3 de mayo, constituyó un nuevo impulso para la creación de un marco reglamentario e institucional de fomento de la innovación, la inversión y la eficacia económica [1]. El fomento de la competencia mediante la mejora del entorno empresarial es también uno de los objetivos fijados en la Estrategia.

[1] COM (2000) 257 final, 3.5.2000.

2. Tanto los acontecimientos tecnológicos como las iniciativas políticas están cambiando la configuración del entorno económico. Las economías se basan cada vez más en el conocimiento, tal como demuestra el crecimiento del sector servicios. Los sistemas de información han obligado a las empresas a reevaluar y ajustar sus relaciones comerciales con los consumidores y con los proveedores y han hecho posible la adopción de prácticas comerciales gestionadas con mayor eficacia y precisión. El comercio electrónico de empresa a empresa (B2B), que revolucionará la gestión de las cadenas de suministro, comienza a despegar. Los cambios institucionales han venido a añadirse a la evolución tecnológica. El Programa del mercado único culminó con la adopción de una moneda única que contribuyó a integrar aún más los mercados y a incrementar la competencia entre empresas. El proceso de liberalización de las industrias de red ha abierto muchos sectores cruciales que antes permanecían cerrados a la competencia. Estos acontecimientos repercuten sobre todos los aspectos de la política de competencia.

3. El año 2000 se caracterizó por una intensa actividad dirigida a adaptar las normas y la práctica de la política de competencia al nuevo entorno Esta actividad desembocó en la adopción de nuevos reglamentos de exención por categorías en el ámbito de los acuerdos horizontales, junto con un conjunto de directrices, mientras que se continuó avanzando en la modernización de las normas de aplicación de los artículos 81 y 82. Se publicaron unas nuevas Directrices sobre restricciones verticales como suplemento al reglamento de exención por categorías adoptado en diciembre de 1999. Concretamente, en el sector de la distribución de vehículos automóviles, se publicó un Informe sobre el reglamento vigente [2], que servirá de base para revisar en el futuro próximo el régimen de distribución de vehículos automóviles. En el sector de las operaciones de concentración, la Comisión adoptó un procedimiento simplificado aplicable a determinadas categorías de asuntos que no plantean problemas desde el punto de vista de la competencia, así como una Comunicación sobre las soluciones. La Comisión también presentó tres reglamentos sobre la aplicación de la norma de minimis a las ayudas estatales, sobre la ayuda a las pequeñas y medianas empresas y sobre las ayudas de formación. Por último, se avanzó considerablemente en la preparación de un acuerdo de cooperación en el ámbito de la competencia con Japón. Se espera que este acuerdo se concluya durante el año 2001.

[2] Reglamento de la Comisión CEE Nº 1475/95, de 28.06.1995.

4. La aplicación de las normas de competencia reflejó la realidad de los nuevos mercados y la práctica empresarial. La creación de mercados electrónicos y la utilización, por determinadas industrias, de acuerdos voluntarios con fines medioambientales constituyen dos ejemplos de prácticas nuevas que dieron lugar a decisiones de la Comisión. Buena parte de la actividad de la Comisión en el ámbito de la aplicación de las normas de competencia durante el año 2000 se centró en los mercados liberalizados recientemente en los que todavía no está plenamente implantado un entorno competitivo.

5. El corolario de la competencia es la permanente reasignación de recursos procedentes de empresas o sectores en declive hacia los ámbitos nuevos y de rápido crecimiento. En el reino de la "nueva economía " - caracterizado por su naturaleza fundamentalmente intangible y por basarse en los conocimientos y la tecnología - este proceso se ha acelerado considerablemente. Es importantísimo no obstaculizar esta reasignación y permitir que la transformación y la reestructuración se efectúen fácilmente, a través de operaciones de concentración, empresas en participación y adquisiciones de empresas. Sin embargo, este proceso no carece de peligro. Las fusiones pueden dar lugar a que la estructura del mercado esté demasiado concentrada, a que los consumidores tengan menos posibilidades de elección y a que los fabricantes restantes tengan más posibilidades de colusión.

6. En un contexto en el que los mercados tienden a crecer y en el que la masa crítica necesaria para operar en el mercado tiende a incrementarse, el número y la complejidad de las fusiones y alianzas que deben ser examinadas por la Comisión se ha mantenido en permanente crecimiento durante los últimos años. En 2000 la Comisión adoptó 345 decisiones, un 18% más que en 1999. Algunos de estos asuntos planteaban cuestiones sustanciales que supusieron una evolución de los instrumentos analíticos de la Comisión y especialmente de la aplicación práctica de la teoría económica.

7. En el un entorno cada vez más competitivo y más integrado es especialmente importante que las ayudas estatales no falseen indebidamente el funcionamiento de los mercados. Junto con las iniciativas ya mencionadas destinadas a actualizar y racionalizar el marco legislativo, la Comisión está convencida de que es necesario incrementar la transparencia en este ámbito y crear, a tal efecto, un registro público de ayudas estatales y un cuadro de indicadores. De forma paralela a las nuevas iniciativas, la Comisión se ha centrado en la correcta aplicación de sus decisiones, especialmente en lo que se refiere a la recuperación de ayudas ilegales.

8. Dos observaciones en cuanto a la dimensión internacional de la política de competencia. En primer lugar, el hecho de que el alcance geográfico de los asuntos de competencia se amplíe significa que un número cada vez mayor de transacciones comerciales entra dentro de la jurisdicción del número cada vez mayor de países que han promulgado normas de competencia. Para analizar estos casos con propiedad y evitar conflictos, es frecuente que la Comisión establezca relaciones estrechas e intercambie información con otras autoridades de competencia. En segundo lugar, la Comisión tiene que prestar especial atención a la próxima ampliación desde el punto de vista de la competencia. Esta ampliación no tendría que suponer un desequilibrio en términos de competitividad o de ayudas estatales. Por este motivo, conviene colaborar con los países candidatos para garantizar que se aplicarán en toda la Unión las mismas normas con la misma eficacia.

Estadísticas sobre la actividad de la Comisión con vistas a la aplicación del derecho comunitario de competencia en 2000

9. En 2000, el número total de nuevos asuntos fue de 1206, de los cuales 297 correspondían a competencia propiamente dicha (artículos 81, 82 y 86), 345 a operaciones de concentración y 564 a ayudas estatales. En 1999 estas cifras fueron, respectivamente, de 1249 nuevos asuntos, de los cuales 388 de competencia, 292 de operaciones de concentración y 569 de ayudas estatales. La ligera disminución del número total de asuntos se debió, por lo tanto, a que los asuntos de competencia se redujeron, mientras que el número de asuntos correspondientes a ayudas estatales se mantuvo estable y el de asuntos relacionados con operaciones de concentración continúa incrementándose y se ha duplicado en los últimos tres años.

10. La considerable disminución del número de nuevos asuntos de competencia puede atribuirse a la reciente evolución de las políticas aplicadas en este ámbito. La nueva exención por categorías sobre restricciones verticales ha reducido drásticamente la necesidad de notificar ese tipo de acuerdos. Del mismo modo, las nuevas directrices sobre acuerdos verticales y las propuestas de nuevas normas aplicables a los acuerdos horizontales, que han sido objeto de debate público, han aclarado la normativa aplicable a la evaluación con arreglo al derecho de la competencia y posiblemente hayan reducido la necesidad de llamar la atención de la Comisión sobre determinados asuntos.

11. Un segundo elemento que ha contribuido a reducir el número de nuevos asuntos es el descenso del número de denuncias. Es de señalar que esta cifra ha fluctuado considerablemente con los años (112 en 2000, 149 en 1999, 192 en 1998, 177 en 1997, 159 en 1996, 114 en 1995, 170 en 1994 y 110 en 1993) de tal forma que es difícil llegar a alguna conclusión.

12. También es interesante observar que cerca del 30% de los nuevos asuntos se iniciaron de oficio. También en términos absolutos los procedimientos de oficio se incrementaron el pasado año (de 77 a 84). Junto con la disminución de las notificaciones, esta evolución se ajusta al objetivo político de resolver los acuerdos estándar mediante medidas legislativas al tiempo que se dedican los recursos disponibles a una política más dinámica y a concentrarse en las prácticas más perjudiciales para la competencia.

13. El número total de asuntos concluidos fue de 1209, de los cuales 379 correspondían a competencia, 355 a operaciones de concentración, y 475 a ayudas estatales [3]. En 1999, estas cifras fueron de 1321 asuntos archivados, de los cuales 582 correspondientes a competencia, 279 a operaciones de concentración y 460 a ayudas estatales [4]. El descenso del número de asuntos de competencia propiamente dicha se debe a la intensa actividad legislativa y a la tramitación de algunos asuntos relacionados con carteles que exigieron la utilización de abundantes recursos; sin embargo, el número de asuntos concluidos (379) fue considerablemente mayor que el de nuevos asuntos (297), lo que contribuyó a reducir el número de asuntos acumulados.

[3] La cifra correspondiente a ayudas estatales se basa en el número de decisiones adoptadas por la Comisión. Dado que algunas decisiones abarcan más de un asunto, la cifra es ligeramente inferior al número de asuntos de ayudas estatales archivados mediante decisión de la Comisión.

[4] La cifra correspondiente a ayudas estatales en 1999 se revisó tras la publicación del XXIX Informe sobre la política de competencia de 1999.

14. Al igual que ya se registró en 1999, la globalización de los mercados, la introducción del euro, la culminación del mercado interior y la futura ampliación siguieron generando niveles elevados de fusiones en Europa. En total durante 2000 se notificaron 345 nuevos asuntos (+18%) y se adoptaron 345 decisiones formales (un 28% más que en 1999).

15. En el ámbito de las ayudas estatales, el número de notificaciones se mantuvo considerablemente estable con relación a 1999 (469 en 1999 y en 2000) al igual que el número de procedimientos incoados (67, por 68 en 1999) y decisiones finales negativas (26, por 33 en 1999). Por el contrario, el número de asuntos pendientes aumentó considerablemente pasando de 428 en 1999 a 564. Esto se puede explicar en parte por los numerosos procedimientos incoados desde 1997 que exigieron la utilización de abundantes recursos.

Recuadro 1: Día europeo de la competencia en Lisboa y París

El Comisario Monti anunció al Parlamento Europeo, al comienzo de su mandato, una serie de iniciativas para aumentar la información de los ciudadanos sobre la política de competencia y para hacer que la actividad de la Comisión fuese más transparente y accesible a los consumidores, inversores, usuarios de servicios públicos y trabajadores asalariados de la Comunidad. Los ciudadanos debían estar mejor informados sobre las ventajas que podía acarrear la política de competencia en términos de diversidad de la oferta, mejora de la calidad de los productos y servicios y tendencia a la reducción de los precios. En este orden de cosas, se decidió celebrar un Día europeo de la competencia, que habría de ser organizado cada seis meses en el país que ocupase la Presidencia del Consejo.

Día europeo de la competencia de Lisboa ( 9 de junio de 2000)

El primer Día europeo de la competencia se celebró en Lisboa en junio de 2000 y, según los organizadores, constituyó un éxito.

Este día europeo organizado en Portugal se inscribía en una serie más amplia de actividades relacionadas con la política de competencia, de dos días de duración, el primero de los cuales estaba dedicado a los aspectos nacionales.

La primera mesa redonda encajaba con el discurso inaugural del Comisario Monti centrado en la incidencia positiva de la política de competencia para los ciudadanos de la Unión en su vida diaria. La intervención de la Sra. Randzio-Plath, Presidenta de la Comisión económica y monetaria del Parlamento Europeo, acogió favorablemente las palabras del Comisario. Más concretamente, destacó la importancia de la función de los proveedores de servicios de interés general en el marco de la economía de mercado en la cual se aplican las normas de competencia.

Durante este Día europeo se abordaron también otros temas más concretos, referentes a la distribución de automóviles en Europa y a la aplicación de las normas de competencia a las profesiones liberales.

El número de participantes fue de 250, todos ellos pertenecientes a grupos normalmente interesados por la política de competencia: abogados, juristas, representantes de empresas, autoridades de competencia, miembros de las embajadas, etc. Los representantes de las asociaciones de consumidores eran menos numerosos.

Esta primera manifestación constituyó una oportunidad para presentar al público distintos instrumentos informativos: un vídeo sobre la política de competencia, carteles y paneles explicativos, un nuevo folleto de información al público en general titulado « La política de competencia y el ciudadano en Europa ».

Día europeo de la competencia de París (17 de octubre de 2000)

El segundo Día de la competencia se celebró en París durante la mañana del 17 de octubre de 2000.

El Comisario Monti abrió la jornada haciendo un llamamiento a los consumidores y a sus asociaciones para que se erigiesen en actores responsables de los mercados. Parafraseando a Pierre Mendès France, afirmó que "Consumir es elegir. Libremente y de forma responsable".

La primera mesa redonda dedicada a la liberalización del teléfono permitió medir los efectos positivos de la apertura de este sector a la competencia a reserva del controvertido impacto del incremento del abono telefónico. Existió un amplio consenso en subrayar que competencia y solidaridad no eran incompatibles. Y que la competencia reglamentada era la mejor garantía para el ciudadano de la Unión. Finalmente, los consumidores manifestaron cierta inquietud sobre la convergencia entre empresas de telecomunicaciones, medios de comunicación, e Internet.

La segunda mesa redonda se dedicó a los productos de gran distribución. Uno de los puntos más destacados de la discusión se refirió a los efectos negativos para el consumidor individual del incremento del poder de compra de la gran distribución: escasez de la oferta, uniformización de los productos, etc...

Más de 300 personas se reunieron en el anfiteatro del centro de conferencias. Más de la mitad del público eran representantes del mundo de las asociaciones de consumo. También asistieron autoridades belgas, suecas, británicas y alemanas así como un representante del BEUC (Bureau Européen des Unions des Consommateurs).

Los representantes de las asociaciones de consumidores participaron activamente en los debates, interviniendo para plantear sus inquietudes y hacer numerosas preguntas. La importancia y el vigor de estas intervenciones dieron una óptica de defensa del consumidor a los debates aún cuando las preguntas no siempre se centraron en los aspectos de « competencia » sino en los de « protección de los consumidores.

I - Competencia: Artículos 81 y 82; Monopolios estatales y derechos monopolísticos: Artículos 31 y 86

A - Modernización de las normas legislativas e interpretativas

16. El 27 de septiembre de 2000, la Comisión adoptó una propuesta de reglamento destinado a modernizar las normas de procedimiento por las que se aplican los artículos 81 y 82 del Tratado, que establecen las normas comunitarias de competencia aplicables a las prácticas restrictivas entre empresas y a los abusos de posición dominante. Esta es la iniciativa legislativa más importante en Europa en el ámbito de la competencia desde la adopción del Reglamento sobre operaciones de concentración en 1989. Contribuirá en gran medida a consolidar una cultura común de competencia en la UE.

17. La clarificación y revisión de las normas substantivas constituye un pilar fundamental del conjunto del proceso de reforma. La revisión pretende simplificar las normas y reducir la carga administrativa para las empresas, especialmente para aquellas que carecen de poder de mercado, al tiempo que garantiza un control más eficaz de los acuerdos de las empresas que sí tienen un importante poder de mercado. La Comisión ha finalizado recientemente sus trabajos en el ámbito de los acuerdos verticales con la adopción de un nuevo reglamento de exención por categorías y de unas directrices referentes a la distribución. Estas últimas abarcan todos los sectores salvo el de los vehículos automóviles.

18. En el ámbito de los acuerdos horizontales, la Comisión adoptó unos reglamentos revisados de exención por categorías aplicables a los acuerdos de investigación y desarrollo y de especialización. Estos reglamentos se complementan con unas directrices sobre la aplicabilidad del artículo 81 a los acuerdos de cooperación horizontal. Las directrices horizontales reconocen que las empresas necesitan hacer frente a una presión competitiva cada vez mayor y a un mercado cambiante impulsado por la globalización, la velocidad de los avances tecnológicos y la naturaleza, más dinámica en general, de los mercados. A menudo la cooperación puede ser un medio de compartir riesgos, ahorrar costes, poner en común los conocimientos técnicos y agilizar la innovación.

1. Nuevas normas de competencia de la comisión en el ámbito de las restricciones verticales

19. El 22 de diciembre de 1999, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) Nº 2790/1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas [5]. El nuevo reglamento de exención por categorías es de gran alcance y declara exentos todos los acuerdos verticales y prácticas concertadas concluidos entre dos o más empresas [6], con una cuota de mercado de hasta el 30% y siempre que no contengan determinadas restricciones particularmente graves y se respeten ciertas condiciones. Por encima del umbral del 30%, no se presume que los acuerdos son ilegales pero podrá ser necesario examinarlos por separado. Con objeto de ayudar a las empresas a realizar su propia evaluación, la Comisión aprobó el 24 de mayo de 2000 unas Directrices relativas a las restricciones verticales [7].

[5] DO L 336, 29.12.1999, p. 21.

[6] Véanse puntos 8-19 del Informe de competencia de 1999.

[7] Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a las restricciones verticales, DO C 291, 13.10.2000, p. 1.

20. Las Directrices explican:

- cuales son los acuerdos verticales que por lo general no falsean la competencia y por lo tanto no están incluidos en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81. Este es el caso, concretamente, de los acuerdos entre PYME, los acuerdos de agencia genuinos y los acuerdos en los que ni el proveedor ni el comprador disponen de un grado considerable de poder de mercado;

- cuales son los acuerdos verticales incluidos en el recinto protegido creado por el Reglamento de exención por categorías. Para ello se describen las condiciones de aplicación de dicho reglamento;

- en que circunstancias puede ser necesario que la Comisión o las autoridades de los Estados miembros retiren el beneficio de la exención por categorías. Esto puede ocurrir, concretamente, cuando el acceso al mercado de referencia se ve considerablemente restringido por el efecto acumulado de redes paralelas o de acuerdos verticales similares aplicados por proveedores o compradores competidores. También puede ser necesario cuando el comprador, en el contexto de un suministro o distribución exclusivos, tiene un considerable poder de mercado en el mercado posterior en el que revende los bienes o presta los servicios;

- determinados aspectos relacionados con la definición de mercado y el cálculo de la cuota del mercado, que se pueden plantear cuando las empresas aplican el umbral del 30% de cuota de mercado a efectos de la aplicación del Reglamento de exención por categorías;

- La política de la Comisión en aquellos casos que están por encima del umbral del 30% de cuota de mercado y no están cubiertos por el Reglamento de exención por categorías. Se ofrece un marco analítico general que se aplica a las restricciones verticales específicas más importantes tales como marca única, distribución exclusiva y distribución selectiva.

2. Nuevas reglas de competencia de la comisión en el ámbito de los acuerdos de cooperación horizontal

2.1. Introducción

21. El 29 de noviembre de 2000, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) Nº 2658/2000 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de especialización [8], el Reglamento (CE) Nº 2659/2000, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo [9], y las Directrices relativas a la aplicabilidad del artículo 81 del Tratado a los acuerdos de cooperación horizontal [10], [11]. Los nuevos reglamentos sustituyen los dos reglamentos existentes de exención por categorías relativos a los acuerdos de especialización [12] y de investigación y desarrollo (I+D) [13], que expiraron el 31 de diciembre de 2000. Las Directrices, al tiempo que sustituyen dos comunicaciones vigentes (que contenían orientaciones relativas a determinados tipos de acuerdos de cooperación no incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 81 [14] y relativas a la evaluación de las empresas en participación de carácter cooperativo [15]), abarcan una amplia gama de los acuerdos horizontales más comunes, y complementan los reglamentos de exención por categorías relativos a la I+D y a la especialización.

[8] DO L 304, 05.12.2000, p. 3.

[9] DO L 304, 05.12.2000, p. 7.

[10] DO C 3, 06.01.2001, p. 2.

[11] Los dos Reglamentos de exención por categorías y las Directrices se hallan en el sitio web de la DG de Competencia: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/ .

[12] Reglamento de la Comisión (CEE) Nº 417/85 de 19.12.1984 sobre la aplicación del artículo 85(3) del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de especialización (DO L 53, 22.02.1985, p.1), modificado en último término por el Reglamento (CE) Nº 2236/97 (DO L 306, 11.11.1997, p.12).

[13] Reglamento de la Comisión (CEE) Nº 418/85 de 19.12.1984 sobre la aplicación del artículo 85(3) del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo (DO L 53, 22.02.1985, p.5), modificado en último término por el Reglamento (CE) Nº 2236/97 (DO L 306, 11.11.1997, p.12).

[14] Comunicación de la Comisión relativa a los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas relativos a la cooperación entre empresas (DO C75, 29.7.1968, p.3).

[15] Comunicación de la Comisión relativa a la evaluación de las empresas en participación de carácter cooperativo con arreglo al artículo 85 del Tratado CEE (DO C43, 16.2.1993, p.2).

22. Las empresas deben responder a una presión competitiva cada vez mayor y a los cambios del mercado impulsados por la globalización, la velocidad de los avances tecnológicos y la naturaleza de los mercados, por lo general más dinámica. La cooperación puede ser un medio de compartir los riesgos, ahorrar costes, poner en común los conocimientos técnicos y agilizar la innovación. Concretamente, para las pequeñas y medianas empresas, la cooperación constituye un importante medio de adaptación al mercado cambiante. Los consumidores compartirán estos beneficios, siempre que subsista una competencia eficaz en el mercado. Esta revisión no sólo era necesaria para adecuar las normas a los nuevos acontecimientos del mercado y al pensamiento económico sino también, en el contexto de la modernización, para ofrecer unas orientaciones claras a los tribunales y a las autoridades nacionales. El objetivo global consistirá en simplificar las normas y reducir la carga administrativa para las empresas, especialmente para aquéllas que carecen de poder de mercado.

23. Las nuevas normas suponen un cambio de un enfoque reglamentario formalista subyacente a la legislación vigente hacia un enfoque más económico aplicable a la evaluación de los acuerdos de cooperación horizontal. El objetivo fundamental de este nuevo enfoque estriba en facilitar la colaboración entre competidores cuando ésta contribuye al bienestar económico sin suponer un peligro para la competencia.

2.2. Los reglamentos de exención por categorías

24. En comparación con los reglamentos existentes, los nuevos reglamentos se han revisado con objeto de hacerlos más asequibles y de ampliar su alcance y su claridad. Los antiguos reglamentos de exención por categorías relativos a la I+D y a la especialización no sólo definían las categorías de acuerdos que quedaban incluidos sino que también contenían una lista de las cláusulas exentas. Estas listas, denominadas "listas blancas" desaparecen en los nuevos reglamentos de exención por categorías. En su lugar, se declaran exentos todos los acuerdos de I+D y de especialización siempre que cumplan determinadas condiciones y que no contengan restricciones especialmente graves. De esta forma, los nuevos textos se apartan de un enfoque basado en cláusulas y ofrecen una mayor libertad contractual a las partes firmantes de dichos acuerdos.

25. Además de este incremento de la flexibilidad, se han introducido las siguientes modificaciones principales en el nuevo reglamento de exención por categorías sobre I+D:

(1) Supresión del requisito de elaborar un programa marco antes de la firma de los acuerdos de I+D.

(2) Incremento del umbral de cuota de mercado declarado exento de un 20% a un 25%. Este incremento reconoce que la colaboración en I+D contribuye especialmente a la creación de eficiencias y que, por otra parte, los efectos restrictivos son menos probables que en otros tipos de cooperación.

(3) Si el acuerdo prevé una distribución conjunta de los productos desarrollados conjuntamente, el umbral de cuota de mercado se incrementará del 10% actual al 25%.

(4) Incremento del margen de seguridad para las fluctuaciones de cuota de mercado del 2% al 5%.

(5) Incremento del periodo durante el cual la explotación conjunta de los productos desarrollados conjuntamente queda cubierta, independientemente de la cuota de mercado. Este periodo se ha incrementado de cinco años a siete, habida cuenta de que existen ciertos sectores en los que es poco probable que las inversiones en I+D se recuperen en el plazo de cinco años. Este mismo periodo de siete años se propone para autorizar determinadas restricciones resultantes de la explotación conjunta.

(6) Supresión del procedimiento de no oposición. Este procedimiento ya no es necesario puesto que todas las restricciones que no sean especialmente graves quedan exentas siempre que cumplan determinadas condiciones.

(7) Se ha añadido una disposición que permite retirar la exención por categorías en caso de que un acuerdo elimine la competencia efectiva en I+D en un determinado mercado. Esto es necesario para proteger la competición en la innovación ya que no sería posible aplicar los umbrales de cuota de mercado normales contemplados en el reglamento a productos que fueran totalmente nuevos.

26. Por lo que se refiere al nuevo reglamento de exención por categorías relativo a los acuerdos de especialización, cabe destacar las siguientes modificaciones principales:

(1) Ampliación del alcance del reglamento para abarcar la especialización unilateral entre competidores. Esta es una forma de externalización en la que una de las partes conviene en dejar de manufacturar determinados productos y en adquirirlos a otra parte que a su vez conviene en manufacturar y suministrar estos productos. La especialización unilateral entre competidores queda incluida en el reglamento debido a su importancia cada vez mayor en muchas industrias y a su capacidad de generar eficiencias. La especialización unilateral entre no competidores está cubierta, en determinadas condiciones, por el reglamento de exención por categorías relativo a los acuerdos verticales [16].

[16] Reglamento de la Comisión (CE) Nº 2790/1999 de 22.12.1999 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdo verticales y prácticas concertadas (DO L336, 29.12.1999, p. 21).

(2) En caso de especialización recíproca, se exige introducir una obligación de suministro cruzado para que ninguna de las partes abandone el mercado en la fase posterior de la producción. Esto es necesario para evitar que las partes compartimenten los mercados bajo la apariencia de un acuerdo de especialización recíproca.

(3) Supresión del umbral de volumen de negocios.

(4) Incremento del margen de seguridad para las fluctuaciones de la cuota de mercado de un 2% a un 5%, al igual que en el reglamento de exención por categorías relativo a la I+D.

(5) Posibilidad de incluir obligaciones de suministro o compra exclusivos.

27. Ambos reglamentos establecen un periodo transitorio de 18 meses durante el cual los acuerdos que no cumplan las condiciones de los nuevos reglamentos pero que sí cumplan las condiciones para obtener una exención con arreglo a los antiguos reglamentos continúan estando exentos.

2.3. Las directrices

28. Las directrices vienen a completar los reglamentos de exención por categorías. Describen el enfoque general que se debe aplicar al evaluar los acuerdos de cooperación horizontal. Por lo tanto, son aplicables a los acuerdos de I+D y de producción no cubiertos por las exenciones por categorías así como a todos los demás tipos habituales de colaboración entre competidores. Se incluyen los siguientes tipos: I+D, producción, compra, comercialización, normalización y acuerdos medioambientales. Las directrices describen el enfoque general que se debería aplicar al evaluar los acuerdos de cooperación horizontal y establecen un marco analítico común. Este marco ayudará a las empresas a evaluar con mayor seguridad si un acuerdo restringe o no la competencia y, en caso afirmativo, si puede optar a una exención.

29. Todos los tipos de acuerdos de cooperación horizontal cubiertos se analizan según un marco analítico común. Este marco puede resumirse de la forma siguiente: un acuerdo de cooperación internacional sólo puede restringir la competencia si es susceptible de reducirla en el mercado hasta tal punto que se puedan esperar efectos negativos en el mercado en cuanto a los precios, la producción, la innovación o la variedad o calidad de bienes y servicios. Para generar una restricción de la competencia, las partes suelen necesitar instrumentos adecuados para coordinar su conducta y deben tener cierto grado de poder de mercado. Por consiguiente, una cooperación debe evaluarse en su contexto económico teniendo en cuenta ambos elementos, la naturaleza del acuerdo y el poder de mercado conjunto de las partes, que determinan - junto con otros factores estructurales - la posibilidad de que la cooperación reduzca la competencia en general de forma significativa.

30. Por lo general estos dos criterios deben evaluarse juntos. No obstante, en algunos casos la naturaleza de la cooperación indica desde el principio que el apartado 1 del artículo 81 es aplicable. Estos casos se refieren fundamentalmente a los acuerdos cuyo objeto estriba en restringir la competencia fijando los precios, limitando la producción o repartiéndose los mercados, los clientes o las fuentes de suministro. Se considera que estas restricciones, denominadas "especialmente graves" son las más perjudiciales ya que interfieren directamente en el resultado del proceso competitivo. Por lo tanto, cabe presumir que estas restricciones producen efectos negativos sobre el mercado y no dan lugar a ningún incremento de eficiencia ni a ningún beneficio para los consumidores. Por este motivo casi siempre están prohibidas.

31. Por otra parte, también existen algunos acuerdos horizontales respecto de los cuales puede afirmarse inicialmente que el apartado 1 del artículo 81 no es de aplicación. Se incluyen aquí los acuerdos entre no competidores, los acuerdos entre empresas competidoras que no pueden desarrollar independientemente el proyecto o actividad a que se refiere la cooperación, o la cooperación relativa a una actividad que no influye en los parámetros pertinentes de la competencia. Estos acuerdos de cooperación sólo entrarían en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81 si participasen en ellos empresas con un considerable poder de mercado y pudieran causar problemas de compartimentación para terceras partes.

32. Para todos los demás acuerdos, es necesario efectuar el análisis teniendo en cuenta ambos criterios (naturaleza del acuerdo y poder de mercado y estructura de mercado) con objeto de decidir si entran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81.

33. La evaluación por categoría de acuerdo hace que sea más fácil tener en cuenta los problemas concretos de competencia relacionados con las distintas formas de cooperación. También tiene en cuenta las combinaciones más habituales, p.ej. I+D conjunta y subsiguiente producción conjunta.

34. A falta de restricciones especialmente graves y por debajo de un determinado nivel de poder de mercado, definido en términos de cuota de mercado, las directrices establecen unos denominados "recintos protegidos" para los acuerdos de compra y los de comercialización. Al igual que ocurre con la cobertura ofrecida por el reglamento de exención por categorías, una vez dentro de estos recintos, los operadores económicos no suelen tener que evaluar la repercusión de sus acuerdos en el mercado.

35. En el caso de los acuerdos de compra, al tiempo que reconocen que no existe un umbral absoluto que indique que una cooperación de compra crea cierto grado de poder de mercado y por lo tanto entra en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81, las directrices ponen de relieve que, en la mayor parte de los casos, es poco probable que exista tal poder de mercado si las partes del acuerdo tienen una cuota de mercado conjunta inferior al 15% en el mercado o mercados de compra así como una cuota de mercado conjunta inferior al 15% en el mercado o mercados de venta. Cuando un acuerdo que no alcanza estos límites de cuota de mercado entra en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81, las directrices afirman que por debajo de ese nivel de cuota de mercado es probable que el acuerdo en cuestión cumpla los requisitos del apartado 3 del artículo 81 [17].

[17] Véase apartado Véase apartado 130 de las Directrices.

36. Por lo que respecta a los acuerdos de comercialización que no contemplen la fijación de precios, las directrices señalan que es poco probable que exista un nivel suficiente de poder de mercado si las partes del acuerdo tienen una cuota de mercado conjunta inferior al 15%. Cuando un acuerdo que no alcanza estos límites de cuota de mercado entra en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81, las directrices afirman que por debajo de ese nivel de cuota de mercado es probable que el acuerdo en cuestión cumpla los requisitos del apartado 3 del artículo 81 [18].

[18] Véase apartado 149 de las Directrices.

3. Propuesta de nuevo reglamento de aplicación de los artículos 81 y 82 del tratado CE

37. El 27 de septiembre de 2000, la Comisión adoptó una propuesta de un nuevo reglamento de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE [19]. El nuevo reglamento pretende sustituir al reglamento Nº 17 de 1962 y las normas de procedimiento recogidas en los reglamentos (CEE) Nº 1017/68, (CEE) Nº 4056/86 y (CEE) 3975/87 correspondientes al transporte. La aplicación de las normas de competencia al sector agrícola seguirá rigiéndose por el Reglamento Nº 26 de 1962.

[19] COM (2000) 582 - pendiente de publicación.

38. La propuesta de nuevo reglamento de aplicación se presenta a raíz del Libro Blanco de la Comisión de 28 de abril de 1999 sobre la modernización de las normas de aplicación de los artículos 85 y 86 (nuevos artículos 81 y 82) del Tratado CE [20], que lanzó un amplio debate público y académico. Mientras elaboraba la propuesta, la Comisión consultó con un gran número de partes interesadas. Concretamente, la Comisión mantuvo discusiones pormenorizadas sobre una gama de aspectos relacionados con la puesta en práctica de las propuestas recogidas en el Libro Blanco con un grupo de trabajo compuesto por expertos de las autoridades de competencia de los Estados miembros. También participaron en las consultas expertos del Órgano de Vigilancia de la AELC y de las autoridades de competencia de los Estados miembros de la AELC. Al redactar la propuesta, la Comisión tuvo también en cuenta los resultados de la consulta pública subsiguiente al Libro Blanco y, en particular, las opiniones manifestadas respecto al Libro Blanco en las resoluciones del Parlamento Europeo de 18 de enero de 2000 y del Comité Económico y Social de 8 de diciembre de 1999. Ambas instituciones apoyaron el enfoque adoptado por la Comisión en el Libro Blanco al tiempo que insistieron en la importancia de garantizar una aplicación coherente del derecho comunitario de competencia en un sistema de poderes paralelos, y de mantener un nivel adecuado de seguridad jurídica.

[20] COM (1999) 101 (DO C 132, 12. 5. 1999).

39. La sustancia de la propuesta de nuevo reglamento de aplicación se basa en el Libro Blanco. Concretamente, la propuesta de la Comisión pretende facilitar la transición del sistema de notificación y autorización contemplado en el reglamento Nº 17, que ya no es adecuado para proteger la competencia en la Comunidad, a un sistema basado en la aplicabilidad directa del conjunto del artículo 81. El paso al nuevo sistema se establece en los artículos 1 y 6 de la propuesta: el artículo 1 establece el principio de aplicabilidad directa del conjunto del artículo 81, y el artículo 6 confiere a los tribunales nacionales el poder de aplicar también el apartado 3 del artículo 81 cuando se invoque el apartado 1 del artículo 81.

40. A la vista del amplio debate y teniendo en cuenta la inquietud ante un peligro de "renacionalización" del derecho de competencia (mencionada, concretamente, por el Parlamento Europeo), así como las preocupaciones referentes a la seguridad legal de las empresas con arreglo al nuevo sistema, la Comisión ha afinado sus propuestas en distintos aspectos. De resultas de todo ello, el nuevo reglamento propuesto se centra en tres objetivos principales:

- una aplicación más eficaz;

- una mayor igualdad de condiciones en el mercado interior;

- un nivel adecuado de seguridad jurídica para las empresas.

3.1. Aplicación más eficaz

41. El sistema propuesto reforzará aún más la aplicación de las normas comunitarias de competencia. Se incrementará el número de organismos encargados de aplicar las normas ya que - al desaparecer la competencia exclusiva de la Comisión para adoptar una decisión de exención con arreglo al apartado 3 del artículo 81 - no sólo la Comisión sino también las autoridades nacionales de competencia y los tribunales nacionales podrán aplicar en su integridad los artículos 81 y 82. Además, la supresión del sistema de notificación y autorización permitirá a la Comisión centrarse en el descubrimiento y persecución de las infracciones más grandes.

42. Determinados elementos de la propuesta pretenden reforzar el efecto general de la transición a un sistema de excepción jurídica. Por ejemplo, la propuesta de la Comisión prevé una aplicación más eficaz por parte de las autoridades nacionales mediante la cooperación horizontal. El artículo 12 de la propuesta constituye una base jurídica para el intercambio de información de la Comisión y las autoridades de competencia de los Estados miembros y para utilizar esta información con fuerza probatoria en procedimientos de aplicación del derecho comunitario de competencia.

43. Con objeto de garantizar la protección de la competencia, también es necesario velar por que los poderes de investigación de la Comisión sean suficientes y eficaces. Desde la época del Libro Blanco y a partir de las reacciones al mismo, la opinión de la Comisión a este respecto ha evolucionado en distintos aspectos. La propuesta contiene tres mejoras importantes destinadas a garantizar una aplicación más eficaz de los artículos 81 y 82.

44. En primer lugar, se propone adecuar los poderes de que disponen los funcionarios de la Comisión para realizar inspecciones. La experiencia de las autoridades nacionales de competencia y de la Comisión muestra que cada vez es más frecuente ocultar, y por consiguiente encontrar, documentos incriminatorios en domicilios particulares. Con arreglo al reglamento propuesto, los inspectores de la Comisión estarán facultados, previa autorización judicial del tribunal nacional competente, a registrar los domicilios particulares de trabajadores de la empresa cuando se sospeche que hay documentos en dicho lugar. Además se propone que se faculte a los inspectores de la Comisión para precintar armarios o despachos con objeto de garantizar que no se sacan ni destruyen documentos durante las inspecciones. Por último, los inspectores de la Comisión deberían estar facultados para hacer preguntas relativas al objeto de la inspección.

45. En segundo lugar, y renunciando a la idea recogida en el Libro Blanco de otorgar un control judicial centralizado al TPI, la Comisión propone actualmente codificar las normas que regulan la obtención de mandamientos judiciales a nivel nacional. Esto se aplicaría en aquellos casos en los que una empresa se niega a permitir una inspección de la Comisión, y aclarará la intervención de los jueces nacionales de conformidad con los límites establecidos por el Tribunal de justicia.

46. En tercer lugar, según se contemplaba en el Libro Blanco, la Comisión propone adecuar las multas impuestas en concepto de infracción de las normas de procedimiento y los pagos de sanciones coercitivas que se establecieron en términos absolutos en los años 60. Se considera que la solución adecuada es un sistema basado en el porcentaje del volumen de negocios.

3.2. Reglamentar la relación entre los artículos 81 y 82 y el derecho nacional de competencia

47. La consulta pública y la resolución del Parlamento Europeo y el dictamen del Comité económico y social indicaban que era necesario garantizar unas condiciones de igualdad dentro del mercado interior como reto fundamental de la reforma.

48. Teniendo en cuenta este afán y los posibles beneficios desde el punto de vista de una aplicación más eficaz, la Comisión propone un nuevo artículo, basado en la letra (e) del apartado 2 del artículo 83 del Tratado CE destinado a regir las relaciones entre los artículos 81 y 82 y los distintos derechos nacionales de competencia (artículo 3 de la propuesta). Este artículo establece que cuando un acuerdo o una práctica pueda afectar al comercio entre los Estados miembros sólo se aplicará la normativa comunitaria de competencia.

49. La propuesta de este artículo se basa en las siguientes consideraciones. Con el actual sistema, el mismo acuerdo o conducta puede estar sujeto a la normativa comunitaria de competencia y a varias normativas de competencia nacionales. De conformidad con el principio de primacía del derecho comunitario, establecido por el Tribunal de justicia en el asunto Walt Wilhelm [21], el derecho nacional sólo puede aplicarse en la medida en que no perjudique la aplicación uniforme de las normas comunitarias de competencia dentro del mercado interior. El principio de primacía resuelve conflictos claros a favor del derecho comunitario. Sin embargo, no evita que se produzcan incoherencias y diferencias en el trato con arreglo a distintas normativas nacionales de los acuerdos y prácticas que afectan al comercio entre Estados miembros.

[21] Asunto 14/68 Walt Wilhelm [1969] Rec. 1.

50. Este artículo garantiza que los acuerdos y prácticas susceptibles de afectar al comercio transfronterizo se analizan conforme a un único conjunto de normas, con lo que se fomenta la creación de unas condiciones de igualdad en toda la Comunidad y se eliminan los costes asociados a la aplicación paralela del derecho comunitario y del derecho nacional, tanto para las autoridades de competencia como para las empresas. Esta disposición no limita el margen de maniobra de las autoridades nacionales de competencia, que podrán aplicar el derecho comunitario. La experiencia adquirida en el ámbito nacional contribuirá al desarrollo de la política comunitaria de competencia en el seno de la red de autoridades de competencia.

51. Este artículo garantiza también que a todos los asuntos relacionados con acuerdos y prácticas que afecten al comercio entre Estados miembros se les aplican los mecanismos de cooperación dentro de la red de autoridades de competencia y elimina el riesgo de que el buen funcionamiento de la red se vea afectado por la aplicación concurrente de la normativa comunitaria de competencia y del derecho nacional de competencia.

3.3. Cooperación en red entre la Comisión y las autoridades nacionales de competencia

52. Por lo que se refiere a las autoridades nacionales de competencia, la creación de una red en la que todos los miembros apliquen la misma legislación e idéntica política fomentará la eficacia, la coherencia y la creación de unas condiciones de igualdad dentro del mercado único. La base formal para el establecimiento de la red se encuentra en el artículo 11 de la propuesta de reglamento.

53. La Comisión confía en que una estrecha cooperación en la red estimulará el desarrollo de una cultura común de competencia en toda la Comunidad. Teniendo en cuenta la importancia fundamental de una aplicación coherente, se establecen ciertos mecanismos formales adicionales. El apartado 4 del artículo 11 del reglamento propuesto exige que las autoridades nacionales consulten a la Comisión antes de adoptar decisiones de prohibición, decisiones por las que se aceptan compromisos y decisiones por las que se retira el beneficio de un reglamento de exención por categorías. Todas estas decisiones tienen repercusiones directas para los destinatarios. Por consiguiente, es importante garantizar que las decisiones sean coherentes con la práctica general de la red. En caso de divergencia sustancial dentro de la red, la Comisión conserva el poder de retirar un asunto a una autoridad nacional de competencia mediante la incoación de un procedimiento propio.

54. La Comisión no pretende servirse de los mecanismos del artículo 11 propuesto como punto de partida para intervenir de forma sistemática en las decisiones de las autoridades de competencia de los Estados miembros. Este mecanismo pretende ser una red de seguridad que detecte y soluciones problemas serios de aplicación divergente.

55. Con objeto de aclarar la base de la cooperación en la red, la Comisión está preparando un proyecto de comunicación sobre la cooperación en la red que contiene, concretamente, disposiciones claras pero también flexibles sobre asignación de los asuntos basadas en el concepto de autoridad mejor situada. Esta comunicación sustituirá a la actualmente vigente. Posteriormente, se celebrará una discusión pormenorizada con las autoridades de competencia de los Estados miembros que dará lugar a la adopción de un acuerdo común que hará posible que la red comience a funcionar.

3.4. Mayor cooperación con los tribunales nacionales

56. La propuesta de la Comisión pretende también reforzar la cooperación entre los tribunales nacionales y la Comisión, con objeto de fomentar una aplicación coherente de los artículos 81 y 82.

57. El artículo 15 del reglamento propuesto establece que los tribunales nacionales tienen derecho a solicitar a la Comisión la información que posea a efectos de la aplicación de los artículos 81 y 82. También pueden solicitar a la Comisión un dictamen en relación con la aplicación de las normas comunitarias de competencia. La Comisión establecerá normas pormenorizadas sobre su práctica en este ámbito en una comunicación que sustituirá a la vigente relativa a la cooperación entre los tribunales nacionales y la Comisión. Entre estas normas figurará el plazo de que dispone la Comisión para responder a las solicitudes de los tribunales nacionales.

58. Este mismo artículo propone establecer que la Comisión y las autoridades nacionales de competencia tienen derecho para presentar de forma escrita y oral. En el caso de las autoridades nacionales de competencia este poder se limita a los tribunales de su propio Estado miembro. La Comisión sólo podrá acogerse a esta disposición en interés público de la Comunidad (en su calidad de amicus curiae), es decir, no en el interés de una de las partes. Esta disposición pretende, concretamente, permitir que la Comisión y las autoridades nacionales de competencia llamen la atención de los tribunales sobre aspectos de importancia considerable para la aplicación coherente del derecho comunitario de competencia. Mediante este mecanismo, la Comisión podría, por ejemplo, hacer que los tribunales se fijasen en asuntos de otros Estados miembros en los que se planteaba un problema idéntico o similar. Los tribunales nacionales no están obligados a atenerse a la opinión de la Comisión o de la autoridad nacional de competencia. Sin embargo, la información de la Comisión puede ser útil para los tribunales a la hora de considerar la posibilidad de remitirse al TJCE.

3.5. Garantizar un nivel adecuado de seguridad jurídica para las empresas

59. Conforme a lo dispuesto en el vigente reglamento Nº 17, un acuerdo o decisión que entre en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81, sólo podrá ser válido, es decir tener fuerza legal ante un tribunal civil, si se notifica a la Comisión y se acoge a una decisión de exención adoptada por ésta. En la práctica, la mayor parte de los casos notificados se archivan mediante una carta administrativa no vinculante de los servicios de la Comisión (la denominada "carta administrativa de compatibilidad").

60. El reglamento propuesto suprime los obstáculos burocráticos relacionados con el procedimiento de notificación y autorización, al tiempo que mantiene un grado adecuado de seguridad jurídica. Concretamente, el nuevo sistema propuesto establece que los acuerdos y decisiones que cumplen las condiciones del apartado 3 del artículo 81 son válidos y aplicables ab initio sin que sea necesaria una decisión administrativa a tal efecto. Por consiguiente, las empresas pueden basarse en la aplicabilidad civil como elemento de mayor seguridad jurídica, independientemente de cualquier medida que tome una administración.

61. La propuesta de reglamento no elimina la necesidad de que las empresas evalúen sus transacciones comerciales para verificar si se ajustan a las normas de competencia. De conformidad con el vigente reglamento Nº 17, son las empresas quienes realizan este análisis al preparar la notificación. La propuesta asimila la aplicación de las normas comunitarias de competencia a otros ámbitos jurídicos en los que se obliga a las empresas a determinar por sí mismas que su comportamiento se ajusta al derecho.

62. En el ámbito de la normativa comunitaria de competencia, las exenciones por categorías y las comunicaciones y directrices de la Comisión en las que se aclara la aplicación de las normas, facilitan la tarea de las empresas a la hora de evaluar su comportamiento. Como elemento complementario de la reforma actual, la Comisión se compromete a realizar un esfuerzo aún mayor en este ámbito. El artículo 28 de la propuesta de reglamento confiere a la Comisión la facultad general de aprobar reglamentos de exención por categorías. Esta facultad hará que esté en condiciones de reaccionar con la rapidez suficiente a los nuevos acontecimientos y a las condiciones de mercado cambiantes.

63. Además, en el marco del nuevo sistema y debido a que el número de órganos decisorios que apliquen el apartado 3 del artículo 81 será mayor, la jurisprudencia y la práctica interpretativas se desarrollarán rápidamente en caso de que no exista todavía, con lo que se reforzará intrínsecamente el marco aplicable a la evaluación. La Comisión seguirá contribuyendo a esta evolución ya que seguirá marcando las líneas directrices mediante sus propias decisiones en asuntos individuales. Además de las decisiones de prohibición, la propuesta de reglamento prevé que la Comisión, por propia iniciativa, podrá adoptar decisiones por las que se declare que no se ha cometido infracción alguna. Esto permitirá a la Comisión definir su posición en los asuntos importantes con objeto de aclarar la normativa para todas las empresas que se encuentren en situaciones similares.

64. En los escasos asuntos en que se planteen verdaderos problemas de predecibilidad jurídica, la Comisión seguirá dispuesta a debatir asuntos concretos con las empresas cuando sea necesario. Cuando sea pertinente, la Comisión estudia además la posibilidad de ofrecer orientación a las empresas mediante dictámenes. Esta posibilidad quedará a la discreción de la Comisión con objeto de no poner en peligro la reorientación deseada de las actividades de aplicación de la Comisión. La Comisión está preparando una comunicación sobre este mecanismo de orientación en la que se determinarán los criterios que aplicará la Comisión para examinar las solicitudes de dictamen así como las modalidades concretas de estas solicitudes.

3.6. Situación del procedimiento legislativo

65. La propuesta de la Comisión se ha transmitido al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité económico y social.

66. El Consejo ha estado trabajando en esta propuesta a nivel de grupo de trabajo del Consejo desde principios de octubre de 2000. El 5 de diciembre de 2000, el Consejo de Industria tomó nota de los progresos del grupo de trabajo. Sus actividades continuarán bajo la presidencia sueca en 2001.

67. El Parlamento Europeo ha remitido la propuesta a la comisión responsable, a saber la Comisión sobre asuntos económicos y monetarios (ECON). El Sr. Evans (PPE/RU) ha sido nombrado ponente. La Comisión de asuntos económicos y monetarios mantuvo un primer intercambio de opiniones el 21 de noviembre de 2000. El 27 de febrero de 2001 se celebró una audiencia pública. El Parlamento Europeo prevé adoptar su resolución en junio de 2001.

B - Aplicación de los artículos 81, 82 y 86

1. Artículo 81

1.1. Carteles

68. Los carteles son acuerdos horizontales secretos concluidos por los principales agentes económicos de determinado mercado con objeto de suprimir la competencia entre ellos, e incrementar artificialmente los precios y restringir la producción. Estos intentos de sustituir un entorno competitivo - fuerza motriz de una economía de mercado - por una regulación coordinada y controlada a nivel central del mercado, son, con gran diferencia, las infracciones más destructivas del derecho de competencia.

69. Los participantes en cartel conspiran para dar una ilusión de competencia cuando en realidad los clientes no tienen otra elección y deben de pagar precios más elevados. Esto produce un efecto inmediato sobre el conjunto de la cadena de suministro y acaba afectando al consumidor final. Se considera que los carteles inmediatos son una verdadera sangría de cientos de millones de euros para la economía europea. Además, dado que los precios en los carteles se suelen fijar en función de los costes del fabricante menos competitivo, disuaden a las empresas más eficaces de mejorar la calidad de los productos, la tecnología y de racionalizar en general los sistemas de producción y de venta.

70. En un contexto de globalización económica en el que los posibles daños causados por los carteles son cada vez mayores, la Comisión ratificó nuevamente su compromiso de descubrirlos y sancionarlos con firmeza. En este sentido, tras crear una unidad especializada en carteles en diciembre de 1998, la profunda reforma del reglamento 17, actualmente en fase de discusión, constituirá un importante paso adelante en pos de la intensificación de la lucha de la Comunidad europea contra los carteles. Ciertamente, la Comisión propone reforzar de forma considerable sus poderes de investigación con objeto de estar mejor equipada para hacer frente al reto que plantean unos carteles cada vez más activos y sofisticados.

71. Desde 1998, el número de asuntos correspondientes a carteles investigados por la Comisión se ha incrementado considerablemente. La mayor parte de estas investigaciones seguían en marcha en 2000 y es probable que den lugar a decisiones de prohibición durante 2001. Este importante incremento de número de asuntos se debe en gran medida a los efectos positivos de la comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas adoptada en 1996 [22]. Actualmente, un número cada vez mayor de empresas que participan o han participado en actividades contrarias a la competencia especialmente graves estudian las ventajas que les reportaría acogerse a un trato favorable si cooperan con la Comisión.

[22] DO C 207, 18.7.1996.

72. Aunque las investigaciones de carteles son, en principio, confidenciales hasta que se adopte una decisión final, puede ser pertinente emitir comunicados de prensa en determinadas circunstancias. Así puede ocurrir, por ejemplo, cuando la investigación sea iniciada a causa de una denuncia o cuando la Comisión quiere poner el caso en conocimiento de terceras partes. En este sentido, la Comisión confirmó en julio la existencia de una investigación de un cartel en el sector de las vitaminas. También anunció en ese mismo mes la incoación de un procedimiento contra cerca de 120 bancos y asociaciones bancarias por lo que se refiere a su posible participación en actividades de fijación de precios relativas a las comisiones aplicables al cambio de divisas en la zona del euro.

73. En el año 2000 se adoptaron tres decisiones formales de prohibición de carteles en los sectores marítimo, de la alimentación animal y químico.

FETTCSA

74. El 16 de mayo de 2000, la Comisión impuso multas por un total de un poco menos de 7 millones de euros a quince compañías navieras de línea por ponerse de acuerdo para no ofrecer descuentos sobre sus tarifas publicadas. Estas empresas eran miembros de la ya extinta Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA) que incluye a los miembros de la Far Eastern Freight Conference (FEFC) conferencia de navieras y de los principales competidores de ésta. Entre éstos figuraban Hapag-Lloyd (Alemania), Maersk Sealand (Dinamarca) y P&O Nedlloyd (RU). Los destinatarios de la decisión estudiaron los posibles métodos de ajustar sus prácticas comerciales relativas a los cargos y recargos. Esto dio lugar a un acuerdo de no aplicar descuentos a sus tarifas públicas [23].

[23] DO L 268, 20.10.2000.

75. La Comisión consideró que el acuerdo infringía la prohibición de carteles recogida en el artículo 81 del Tratado CE y desestimó la alegación de las empresas según la cual FETTCSA no era sino "un acuerdo técnico" autorizado con arreglo a las normas de competencia aplicables a los servicios de línea marítima.

76. La Comisión calculó las multas con arreglo a sus directrices. Sin embargo, aunque un acuerdo horizontal sobre precios entre competidores que tengan elevadas cuotas de mercado debería considerarse normalmente una infracción "muy grave" merecedora de multas de al menos 20 millones de euros por empresa, se consideró conveniente en este caso calificar la infracción de simplemente "grave". Se llegó a la conclusión de que un acuerdo de no aplicar descuentos era menos pernicioso que uno de fijación de precios. También se tuvo en cuenta que los posibles efectos perniciosos probablemente habían sido de poca duración.

77. La Comisión también tomó en consideración el hecho de que las empresas abandonaron el FETTCSA inmediatamente después de recibir el pliego de cargos en 1994 y que ya no se celebraron más reuniones posteriores a la recepción de una carta de advertencia enviada a las empresas por la Comisión en 1992. Al calcular las multas, la Comisión también tuvo en cuenta que las partes habían cooperado algo así como la longitud del procedimiento que era fruto, en gran medida, de la existencia de otros asuntos más importantes en este ámbito.

El cartel de la lisina

78. El 7 de junio, la Comisión impuso multas por un importe total de 110 millones de euros a cinco empresas por poner en funcionamiento un cartel de fijación global de los precios de la lisina, el aminoácido más importante utilizado en alimentación animal para efectos nutritivos (los aminoácidos son los componentes de las proteínas). La investigación de la Comisión demostró que Archer Daniels Midland Co (EE.UU.), Ajinomoto Co (Japón), Cheil Jedang (Corea), Kyowa Akko (Japón) y Sewon (Corea) fijaban los precios en todo el mundo, incluido el espacio económico europeo. Con objeto de mantener los precios fijados, las cinco empresas fijaban también cuotas de venta e intercambiaban información confidencial al menos desde julio de 1990 hasta junio de 1995 [24].

[24] Comunicado de prensa de la Comisión IP/00/589, 07.06.2000.

79. El interés de esta decisión estriba fundamentalmente en la metodología utilizada por la Comisión a la hora de determinar las multas en los citados niveles. Así se desprende el hecho de que la mayor parte de la valoración jurídica de la decisión se refiere a la cuestión de las multas igual que lo hacen las alegaciones de las partes. En esta decisión, la Comisión no sólo aplicó los principios contemplados en sus directrices de 1998 para el cálculo de las multas (denominadas en lo sucesivo "las directrices sobre el cálculo") [25]. También fue la primera vez que aplicó su comunicación de 1996 relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados por acuerdos entre empresas (denominada en lo sucesivo la "comunicación sobre el trato favorable"). Con objeto de tener en cuenta la cooperación prestada por dos de los participantes en el cartel desde el comienzo de su investigación, así como la cooperación de menor importancia prestada posteriormente por los demás participantes [26].

[25] DO 9, 14.01.98.

[26] DO 207, 18.07.96.

80. La conspiración prohibida por la decisión de la Comisión es un simple cartel de fijación de precios y de volumen de ventas especialmente grave que es ilegal por su propia naturaleza. De hecho, ninguna de las empresas impugnó los hechos. El cartel funcionó al menos desde julio de 1990 hasta junio de 1995. Dos de los participantes no se unieron al cartel hasta mediados de junio de 1992 (ADM y Cheil Jedang). La Comisión inició su investigación en julio de 1996, poco después de que las autoridades de competencia de los EE.UU. acusaran a varios de los participantes en el cartel de participar en una conspiración ilegal. La investigación se inició cuando uno de los dos líderes del cartel (a saber Ajinomoto, el otro líder es ADM) decidió informar a la Comisión de la existencia del cartel entre junio de 1992 (cuando ADM penetró en el mercado de la lisina del EEE) y junio de 1995

81. Con objeto de determinar el importe de base de las multas, la Comisión comenzó valorando la gravedad de la infracción en su decisión. A este respecto, consideró que el cartel constituía una infracción muy grave con una auténtica repercusión en el mercado de referencia del EEE en la medida en que dio lugar a niveles de precios mayores de lo que hubieran sido en condiciones de competencia normales. No obstante, la Comisión explica que cabe aplicar un trato distinto a cada uno de los cinco participantes en el cartel. Para ello tiene en cuenta las considerables diferencias de dimensión y, por lo tanto, de su capacidad para perjudicar de forma considerable a los consumidores del EEE. El volumen de negocios a nivel mundial sirve de base para comparar su dimensión relativa ya que es este volumen de negocios el que hace posible que la Comisión pueda evaluar los recursos y la importancia de las empresas participantes. Partiendo de esta base, la Comisión estableció dos grupos. El primero estaba compuesto por ADM y Ajinomoto mientras que el segundo lo integraban las otras tres empresas, mucho menores. A efectos de la gravedad, la Comisión explicó también que no tiene en cuenta las sanciones penales impuestas por las autoridades de competencia de los EE.UU. y de Canadá ya que - según la información suministrada por dichas autoridades - estas sanciones sólo tuvieron en cuenta los efectos anticompetitivos que este cartel de alcance mundial produjo en su ámbito geográfico de jurisdicción. Junto con la gravedad, la duración es, según las directrices de 1998, el otro parámetro que se utiliza para determinar el importe de base de la multa. En este caso la infracción es de mediana duración (de tres a cinco años) añadiéndose por cada año un 10% del importe establecido según el grado de gravedad, siempre según las directrices de 1998.

82. Por lo que se refiere a las circunstancias agravantes y atenuantes, la Comisión consideró que tanto ADM como Ajinomoto eran líderes del cartel. Esta circunstancia agravante suponía un incremento de su multa en un 50%. La Comisión admite pocas circunstancias atenuantes en su decisión. La función pasiva de Cheil Jedang en la fase final del cartel le supone una pequeña reducción de su multa, mientras que todos los participantes en el cartel ven la multa reducida en un 10% por haber puesto fin a la infracción a partir del momento en que intervino un organismo público (en este caso las autoridades de competencia de los EE.UU. y el FBI).

83. Según la comunicación sobre el trato favorable, la Comisión puede optar por no imponer o reducir las multas de aquellas partes que hayan cooperado con ella en el transcurso del procedimiento. En el presente asunto, las empresas cooperaron con la Comisión en distintas fases de la investigación y en relación con distintos periodos abarcados por la investigación de la infracción. Por los motivos explicados detalladamente en la decisión, ninguna de las empresas cumple las condiciones necesarias para no imponerle multa alguna, para conseguir una reducción muy sustancial de la misma (al menos del 75%) ni incluso una reducción "sustancial" (entre el 50% y el 75%). Sin embargo, se concede a todas las empresas una reducción significativa de su multa (entre el 10% y el 50%) por haber cooperado.

84. Ajinomoto y Sewon son las dos empresas que más cooperaron con la Comisión. El líder del cartel Ajinomoto facilitó información decisiva (aunque incompleta) sobre el cartel antes de que la Comisión iniciase su investigación. Sewon intervino posteriormente y aportó pruebas decisivas completas como fundamentalmente la respuesta a la solicitud formal de información de la Comisión. Por estos motivos, la Comisión concedió a ambas empresas la mayor reducción posible de la multa, a saber el 50%.

85. Kyowa Hakko Kogyo y Cheil Jedang también facilitaron algunas pruebas materiales, aunque no decisivas, de la existencia del cartel. Por ello se les concede una reducción del 30% del importe de la multa.

86. Por último, ADM no cooperó con la Comisión durante la fase de investigación de los hechos. Sin embargo, cuando recibió el pliego de cargos de la Comisión, informó a ésta de que no impugnaba en lo fundamental los hechos recogidos en dicho documento. La Comisión considera que se puede conceder a ADM una reducción de la multa del 10%.

87. A raíz de la adopción de la decisión, todas las empresas involucradas, salvo Ajinomoto, han presentado una acción de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia [27].

[27] Asuntos T-224/00 (ADM), T-220/00 (Cheil), T-223/00 (Kyowa), T-230/00 (Sewon).

Nueva adopción de una decisión anulada por motivos de procedimiento

88. El 13 de diciembre de 2000, la Comisión volvió a adoptar una decisión por la que se imponía una multa de 3 millones de euros a la empresa belga Solvay S.A., por su participación en el Cartel del carbonato sódico a finales de la década de los años 80. El carbonato sódico es un producto químico utilizado en la fabricación de vidrio. Durante el periodo de referencia, Solvay había llegado a un acuerdo con una empresa alemana por el que se garantizaba a esta última un nivel mínimo de ventas mientras que la propia Solvay adquiriría la parte que faltaba hasta llegar a dicho volumen, con objeto de mantener el precio del carbonato sódico artificialmente elevado en Alemania. Este acuerdo constituía una infracción del artículo 85 (actualmente 81) del Tratado CE [28].

[28] Comunicado de prensa de la Comisión IP/00/1449, 13.12.2000.

89. La decisión original por la que se imponía una multa a Solvay y a la empresa alemana se había adoptado el 19 de diciembre de 1990, pero fue finalmente anulada por el Tribunal de Justicia por motivos exclusivamente de procedimiento: la decisión había sido autentificada por las firmas del Presidente de la Comisión y el Secretario General tras haber sido notificada a los destinatarios. Cuando el Tribunal anula una decisión por motivos puramente de procedimiento, la Comisión puede adoptarla nuevamente siempre que no modifique su contenido. Así pues, la Comisión volvió a adoptar la decisión por la que se imponía a Solvay una multa. La empresa alemana no recurrió contra la decisión original y pagó su multa de 1 millón de euros.

1.2. Otros tipos de acuerdo

90. El artículo 81 no se refiere únicamente a los carteles sino también a otros tipos de acuerdo entre empresas que restringen o falsean la competencia. Así puede ocurrir con los acuerdos de cooperación entre competidores o con los acuerdos de distribución entre fabricantes y detallistas. Aunque estos acuerdos podrían quedar exentos de la prohibición contemplada en el artículo 81 - siempre que se cumplan las condiciones del apartado 3 del citado artículo - existen casos en los que los beneficios que dichos acuerdos reservan a los consumidores no bastan para justificar la desaparición de la competencia que los acuerdos producen. En estos casos, la Comisión solicita a las partes que modifiquen o retiren sus acuerdos. En último término, la Comisión puede exigir que se disuelvan los acuerdos, si ya se están aplicando, e imponer multas.

1.2.1. Alianzas de líneas aéreas

91. El sector de las líneas aéreas se caracteriza por cierto número de acuerdos de alianza. Estos tienen su explicación en los obstáculos reglamentarios que dificultan actualmente la fusión de las actividades de las líneas aéreas de distintos Estados miembros por cualquier otro medio. La Comisión ha realizado un cierto número de investigaciones de acuerdos entre líneas aéreas europeas que desembocaron, en 2000, en el inicio de trámites formales en los asuntos de la alianza Qualiflyer y de la cooperación entre Lufthansa y SAS con Austrian Airlines. Estos casos se examinan más pormenorizadamente en la sección del presente informe dedicada al transporte aéreo [29]. La Comisión sigue investigando otras alianzas de líneas aéreas, entre las que se incluyen algunas alianzas de alcance transatlántico.

[29] Sección I.C capítulo 2.5.1. sobre transporte aéreo.

1.2.2. Acuerdos de distribución

92. En el caso de los acuerdos de distribución, la Comisión está especialmente preocupada por que puedan dar lugar a una compartimentación del mercado de la UE que pudiera obstaculizar el objetivo del mercado único.

Opel

93. El derecho de los consumidores a adquirir productos más baratos en otros Estados miembros es uno de los principales beneficios del mercado único. La Comisión está decidida a garantizar este derecho, tal como lo refleja su decisión de imponer una multa de 43 millones de euros a Opel Nederland B.V. [30]. Este importador holandés de automóviles de la marca Opel obstaculizó las exportaciones de coches nuevos a consumidores finales situados en otros Estados miembros entre septiembre de 1996 y enero de 1998. Esta es la segunda decisión importante de la Comisión tras la adoptada contra Volkswagen AG en enero de 1998, cuando las quejas de los consumidores condujeron a la Comisión a investigar las prácticas de fabricantes de automóviles y de sus importadores y a imponer cuantiosas multas [31]. Por consiguiente, se confirmó que las medidas tomadas por las empresas que producen el efecto de socavar el correcto funcionamiento del mercado único constituyen una infracción muy grave de las normas europeas de competencia sancionada severamente.

[30] Decisión de 20.09.2000 (DO L 59 de 28.02.2001); comunicado de prensa IP/00/1028 de 20 de septiembre de 2000. El 1 de diciembre de 2000 Opel recurrió ante el Tribunal de Primera Instancia de la CE contra la decisión de la Comisión (Asunto T-368/00).

[31] Véase también la Sección IC, capítulo 1.1.1. sobre vehículos de motor.

JCB

94. El 21 de diciembre de 2000, la Comisión adoptó una decisión por la que declaraba que la empresa JCB Service, que controla las distintas filiales del grupo británico JC Bamford, había infringido el artículo 81 del Tratado CE [32]. La Comisión estimó que los acuerdos de distribución de maquinaria de obras de JCB concluidos entre el grupo JCB y su red de distribuidores exclusivos producen el efecto de compartimentar los mercados nacionales francés, británico, irlandés e italiano dentro de la Comunidad. Los acuerdos incluyen varias medidas destinadas a limitar las ventas de los distribuidores fuera de sus territorios exclusivos. La decisión de la Comisión condena a JCB Service a poner fin a la infracción y le impone una multa de 39,6 millones de euros.

[32] Comunicado de prensa de la Comisión IP/00/1526 du 21.12.2000.

1.2.3. Acuerdos medioambientales

CECED

95. El artículo 6 del Tratado CE establece que la política medioambiental debe integrarse en las demás políticas de la CE. En efecto, las inquietudes medioambientales no están en contradicción en modo alguno con la política de competencia siempre que las restricciones de la competencia tengan un carácter proporcional y sean necesarias para alcanzar los objetivos medioambientales perseguidos.

96. Este principio queda claramente ilustrado en la decisión CECED [33] en la que la Comisión aprobó por vez primera un acuerdo de interrupción de la fabricación tendente a mejorar el funcionamiento de los productos desde el punto de vista medioambiental. Los firmantes del acuerdo, a saber casi todos los fabricantes e importadores europeos de lavadoras de uso doméstico, dejarán de fabricar y de importar en la UE aparatos cuyo rendimiento energético sea menor con objeto de reducir el consumo de energía y, por ende, las emisiones contaminantes de la producción de electricidad.

[33] F-1/36.718; DO L 187, 26.7.2000; comunicado de prensa de la Comisión IP/00/148, 11.2.2000.

97. Aunque los participantes limitan su libertad de fabricar y comercializar determinados tipos de lavadoras, restringiendo así la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE, el acuerdo reúne las condiciones necesarias para acogerse a una exención con arreglo al apartado 3 de dicho artículo: generará beneficios y economías importantes para los consumidores, especialmente reduciendo las emisiones contaminantes derivadas de la producción de electricidad. La decisión favorable de la Comisión tiene en cuenta esta contribución positiva a los objetivos medioambientales de la Unión europea en beneficio de las generaciones actuales y futuras.

2. Artículos 82 y 86

98. El artículo 82 prohibe a las empresas que se encuentran en posición dominante en un determinado mercado abusar de esta situación en perjuicio de terceros. Este abuso puede consistir, entre otras cosas, en limitar la producción, aplicar precios excesivos, discriminatorios o predatorios, vincular las ventas o imponer obligaciones suplementarias que no guardan relación con el producto o servicio vendido. La Comisión considera que las empresas que no sufren ninguna presión competitiva cometen un abuso especialmente grave cuando bloquean o atrasan, mediante prácticas desleales, la penetración de competidores en el mercado. Por este motivo, la Comisión presta especial atención a los efectos de las posiciones dominantes en los mercados liberalizados recientemente, en los que existe el peligro de que la conducta de la empresa en cuestión impida los beneficios esperados en términos de reestructuración, innovación o creación de empleo resultantes de estos procesos de liberalización.

99. El artículo 86 especifica que las normas de competencia se aplican también a las empresas públicas y a aquellas a las que los Estados miembros han concedido derechos especiales o exclusivos, en la medida en que la aplicación de dichas normas no constituye un obstáculo para la ejecución de las tareas concretas que tienen encomendadas.

100. Las secciones del presente informe dedicadas a los sectores del servicio postal [34] y de transporte aéreo [35], contienen detalles de las decisiones adoptadas, o de los procedimientos formales incoados, en aplicación del artículo 82 y del artículo 86, en conjunción con el artículo 82.

[34] Sección I.C, capítulos 2.4.3,2.4.4. y 2.4.5.

[35] Sección I.C, capítulo 2.5.2.

Descuentos selectivos en el sector químico: nueva adopción de una decisión

101. El 13 de diciembre de 2000, la Comisión volvió a adoptar dos decisiones por las que se imponían, respectivamente, sendas multas de 20 millones de euros a la empresa belga Solvay S.A. y 10 millones de euros a British Company Imperial Chemicals Industries (ICI) plc, por haber abusado de su posición dominante en el mercado del carbonato sódico durante la década de los años 80. El carbonato sódico es un producto químico utilizado para la fabricación de vidrio. Durante el periodo en cuestión, Solvay e ICI establecieron un sistema de descuentos destinado a impedir cualquier riesgo de verdadera competencia en sus respectivos "territorios", es decir en Europa continental occidental, por lo que respecta a Solvay, y en el Reino Unido e Irlanda por lo que se refiere a ICI.

102. Tanto ICI como Solvay crearon un sistema de lo que se denominaban descuentos sobre los tramos superiores destinados a impedir que los competidores penetrasen en el mercado. La mayor parte de los fabricantes de vidrio, que son los principales consumidores de carbonato sódico, disponen de un proveedor principal para sus necesidades básicas pero suelen tener también un segundo proveedor con objeto de no depender completamente del primero. Para reducir al mínimo la repercusión sobre la competencia de este tipo de segundos proveedores, Solvay e ICI desarrollaron un sistema de dobles precios. El tonelaje fundamental se vendía al precio normal pero las cantidades adicionales que el cliente hubiera podido en caso contrario adquirir a otro proveedor - los "tramos superiores" - se ofrecían con un descuento considerable (y secreto).

103. En algunos casos esto daba lugar a que Solvay e ICI ofrecieran el tonelaje marginal prácticamente a mitad de precio. Se explicaba claramente a los clientes que el precio especial para los tramos superiores dependía de que estuviesen de acuerdo en adquirir la mayor parte de sus necesidades, sino la totalidad, al productor dominante. Esto producía el efecto de impedir que los otros fabricantes hiciesen una verdadera competencia a Solvay e ICI. Para poder competir, hubieran tenido que ofrecer descuentos muy grandes sobre todo su volumen de ventas mientras que Solvay e ICI sólo los ofrecían sobre los tramos superiores. La Comisión consideró que esta conducta constituía una infracción muy grave del artículo 86 (ahora artículo 82) y, el 19 de diciembre de 1990, adoptó dos decisiones por las que se imponía lo que en aquella época se consideraban multas considerables. El Tribunal de Justicia anuló estas decisiones por motivos puramente de procedimiento, en cuyo caso la Comisión está facultada para volver a adoptar la decisión siempre que no modifique su contenido [36].

[36] Véase también punto 88.

Recuadro 2: la repercusión de la política de competencia sobre los consumidores

Los consumidores son beneficiarios importantes de la política de competencia, aunque no los únicos. Cuando existen condiciones de competencia, los fabricantes intentan atraer a los consumidores ofreciéndoles precios más bajos, una mayor calidad o un mejor servicio que los competidores. Los consumidores también se benefician a largo plazo de los esfuerzos que hacen las empresas con objeto de superar a sus competidores , esfuerzos que, eventualmente, dan lugar a una mayor innovación y eficacia de determinados productos. Sin embargo, no siempre es fácil o ni siquiera posible cuantificar la repercusión que las decisiones de política de competencia tienen sobre los consumidores. Tal como se ha señalado, las empresas no sólo compiten en cuanto a los precios y existen muchas otras maneras de que los consumidores se beneficien de determinadas intervenciones políticas, por ejemplo, gracias a una mayor variedad de productos o unas mejores condiciones contractuales. En otros casos, las decisiones de política de competencia afectan a una fase intermedia de la producción de tal forma que el consumidor final no se ve directamente afectado. En estos casos, las decisiones en este ámbito pueden incrementar la competencia en los mercados anteriores, creando así las condiciones para que el producto final tenga un precio menor; sin embargo, es difícil cuantificar el posible beneficio para el consumidor final.

En el presente informe se encontrarán referencias a muchas decisiones en materia de competencia y de operaciones de concentración. A continuación se señalan unas pocas que sirven para ilustrar el tipo de beneficios que los consumidores pueden esperar obtener de la política de competencia.

La decisión contra Opel Nederland B.V. [37], es el segundo caso importante relativo a obstáculos al comercio paralelo de automóviles, después de la decisión tomada contra Volkswagen en 1998 [38]. La decisión obligaba al importador neerlandés de automóviles de la marca Opel a suprimir las medidas que impedían o dificultaban a los consumidores de otros Estados miembros la compra de automóviles nuevos de la marca Opel para su reexportación inmediata. Esta decisión pretende garantizar el derecho de los consumidores a adquirir un coche sin traba alguna en el Estado miembro cuyos precios son bajos. Si las importaciones paralelas alcanzasen un nivel considerable, ejercerían cierta presión sobre los fabricantes de automóviles para reducir los precios de los coches en aquellos Estados miembros cuyos precios son más elevados. Las importaciones paralelas crearían también un incentivo para que los distribuidores de automóviles mejoraran su servicio y ofrecieran otros beneficios.

[37] Véase también punto 106.

[38] DO L 124, 23.04.1998.

En el asunto Telefónica/Sogecable/Audiovisual Sport [39], referente al mercado de los derechos sobre retransmisiones de fútbol para la televisión de pago en España, la intervención de la Comisión puso fin a un acuerdo por el que se fijaban los precios de los partidos de fútbol en la modalidad de pago por visión en España. A comienzos de septiembre de 2000, cuando comenzó la nueva temporada futbolística, había pruebas de la existencia de una importante competencia entre los organismos de radiodifusión, competencia que consistía en promociones basadas en la oferta futbolística. Aunque estas ofertas se centraban en los nuevos abonados, también había pruebas de que algunos operadores de cable reducían considerablemente los precios para todas las categorías de clientes. Posteriormente, el operador español de televisión digital terrestre redujo los precios del fútbol de pago hasta un 50%. Gracias a la intervención de la Comisión, los consumidores se beneficiarán también de una mayor posibilidad de elección. Los derechos sobre el fútbol a los que sólo tenían acceso anteriormente los operadores de satélite, estarán accesibles también para otros organismos de radiodifusión lo que supondrá un incremento sustancial de la oferta en los tres sistemas de difusión digital: vía satélite, terrestre y por cable.

[39] Véase también punto 220.

En el caso de la fusión entre las empresas eléctricas alemanas Veba y Viag [40], la operación se condicionó a que se cumpliesen plenamente los estrictos compromisos de desinversión ofrecidos por las partes. Esta condición pretendía garantizar que la competencia existente en el recientemente liberalizado mercado alemán de la electricidad no se viese obstaculizada por un duopolio dominante compuesto por Veba/Viag y su mayor competidor RWE. En su tramitación del asunto, la Comisión cooperó estrechamente con el servicio de control de carteles alemán (Bundeskartellamt), que tuvo que investigar la fusión paralela de RWE y VEW, autorizándola bajo condiciones similares. Fruto de ello, los consumidores alemanes de electricidad seguirán disfrutando de la competencia en el suministro de electricidad que ya ha dado lugar a una considerable reducción de los precios tanto para los consumidores domésticos como industriales ya que los monopolios regionales de las empresas públicas del sector de la energía quedaron legalmente abolidos hace dos años. Sin las exigentes condiciones impuestas por la Comisión y por el Bundeskartellamt, ambas fusiones hubieran dado lugar a una situación en la que, a falta de una eficaz competencia de precios en Alemania, estos hubieran aumentado probablemente hasta alcanzar niveles anteriores, contrarrestando así los beneficios de la liberalización. El incremento de la competencia en el suministro de energía como fruto de la liberalización puede dar también lugar a mejorar los servicios ofrecidos por las empresas (p.ej. servicios polivalentes, mayor elección para los consumidores en cuanto a las fuentes de suministro - energía "verde", etc.).

[40] Véase también punto 261.

La Comisión impuso también condiciones a la fusión entre TotalFina y Elf Aquitaine [41], que podría haber impedido la competencia efectiva en distintos mercados de productos en Francia. Entre estos figuraban mercados fundamentales para los consumidores tales como el mercado mayorista de gasóleo para calefacción doméstica, el mercado minorista de gases licuados de petróleo (LPG) y la venta de combustible en las autopistas francesas. La obligación de vender una gran parte de las inversiones de la entidad fusionada en infraestructura de transporte y de almacenamiento permitirá que los productores no integrados sigan siendo competitivos en el mercado minorista de la calefacción doméstica y de LPG y, por lo tanto, ejercerá sobre los precios una presión a la baja. En el mercado de la venta de combustible en las autopistas, la desinversión exigida de 70 estaciones de servicio mantendrá unas condiciones de competencia eficaz y permitirá la entrada de un gran operador al detalle (Carrefour) en un sector que tradicionalmente ha estado monopolizado por los grupos del sector de la energía. Este último hecho debería desarrollar la competencia no sólo en lo que se refiere a precios sino también en cuanto a la oferta de servicios complementarios a los consumidores.

[41] Véase también punto 257.

C - Políticas sectoriales

1. Bienes de consumo y de inversión

1.1. Vehículos de motor

104. El Reglamento (CE) 1475/95 [42] exime de la prohibición del artículo 81 a los acuerdos de distribución de vehículos automóviles concluidos entre los constructores y sus concesionarios para la venta y los servicios de venta y posventa de vehículos. Este modo de distribución se caracteriza por combinar una distribución exclusiva y una selectiva, es decir la distribución está encomendada exclusivamente a concesionarios autorizados a los que se atribuye un territorio exclusivo de venta (o un territorio en el que el número de otros concesionarios de la misma red está limitado) y se prohibe la venta a intermediarios no autorizados por el fabricante. La exención por categorías se concedió porque se suponía que existe competencia entre marcas y dentro de la misma marca en el sector automóvil, que se reforzaría la independencia comercial de los distribuidores y que este sistema sería ventajoso para el consumidor. La exención concedida por dicho Reglamento expira el 30 de septiembre de 2002.

[42] Reglamento (CE) Nº 1475/95 de la Comisión de 28 de junio de 1995 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución y servicio venta y post venta de vehículos automóviles.

105. El reglamento contiene numerosas disposiciones dirigidas a intensificar la competencia en la distribución de vehículos y de sus piezas de recambio con objeto de permitir que los consumidores se beneficien de todas las posibles ventajas derivadas del mercado interior, especialmente al permitirles efectuar compras transfronterizas.

1.1.1. Aplicación del Reglamento de exención en 2000: infracciones

106. A pesar de estas disposiciones, en el asunto Opel [43], la Comisión comprobó que no siempre se producían los citados beneficios. En efecto, el importador de vehículos Opel en los Países Bajos, Opel Nederland B.V., filial de General Motors Nederland B.V., aplicó de septiembre de 1996 a enero de 1998 unas medidas destinadas a restringir o impedir las ventas de sus concesionarios para la exportación a consumidores finales y a intermediarios. Esto daña gravemente el funcionamiento del mercado interior, uno de los objetivos fundamentales de la Comunidad. Habida cuenta de la gravedad y la duración de la infracción, la Comisión impuso a Opel Nederland B.V. una multa de 43 millones de euros. Después de la decisión adoptada contra Volkswagen en 1998 [44], la decisión contra Opel es la segunda decisión importante adoptada contra un fabricante de vehículos automóviles durante el periodo de vigencia del Reglamento 1475/95.

[43] Decisión de 20.09.2000 (JO L 59 de 28.02.2001); comunicado de prensa de la Comisión IP/00/1028 de 20 septembre 2000. El 1 de diciembre de 2000 Opel recurrió ante el Tribunal de Primera Instancia de la CE contra la decisión de la Comisión (Asunto T-368/00).

[44] Decisión de 28.01.1998 publicada en el DO L 124 de 25 de abril de 1998 (véase comunicado de prensa IP/98/94 de 28 de enero de 1998).

107. Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia confirmó, mediante su sentencia de 6 de julio de 2000 [45] en el asunto Volkswagen, la gravedad de este tipo de infracciones que impiden que los consumidores se beneficien plenamente de las ventajas que ofrece el mercado interior. El Tribunal de Primera Instancia confirmó en lo esencial la decisión de la Comisión al tiempo que consideraba que ésta no había probado suficientemente la existencia de dos de las cinco medidas denunciadas. El Tribunal basó su cálculo de la multa en una duración de tres años en lugar de los diez años contemplados en la decisión. El Tribunal de Primera Instancia redujo la multa de 120 millones de euros a 90 millones de euros.

[45] Sentencia de 6 de julio de 2000 del Tribunal de Primera instancia de la CE, asunto T-98/273 Volkswagen (véase comunicado de prensa IP/00/725 de 6 de julio de 2000); el 14 septembre 2000 Volkswagen recurrió ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas contra la sentencia del Tribunal de Primera instancia (Affaire C-338/00).

108. En el mismo orden de cosas, la Comisión continúa también la instrucción de otros asuntos que afectan a fabricantes de vehículos automóviles a los que se envío un pliego de cargos en 1999, así como otros asuntos relativos a las medidas aplicadas para impedir o restringir el comercio tran