(1)El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Malta como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.

Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas, y en particular su artículo 5, apartado 2,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

(4)Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.

(5)El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97, facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación, la Comisión compartía la opinión del Consejo de que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, las condiciones actuales permiten la activación de la cláusula. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.

(6)Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para volver a un funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y a un crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis.

(7)La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado único para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales urgentes que impiden el funcionamiento normal del mercado único tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de relieve la necesidad de contar con planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario, que deben incorporar, en particular, mejores estrategias de adquisición, cadenas de suministro diversificadas y reservas estratégicas de suministros esenciales. Se trata de elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.

(8)El legislador de la Unión ya modificado los marcos normativos pertinentes para que los Estados miembros puedan movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a fin de hacer frente a los efectos excepcionales de la pandemia de la COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se insta a Malta a que haga pleno uso de estas posibilidades para ayudar a las personas y los sectores más afectados por las dificultades.

(9)El 30 de abril de 2020, Malta presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020, y el 2 de mayo de 2020, su Programa de Estabilidad de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.

(10)Malta se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

(11)En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno programa un deterioro del saldo presupuestario, pasando de un superávit de 0,5 % del PIB en 2019 a un déficit de 7,5 % del PIB en 2020. En 2021, se prevé que el déficit disminuya al 3,6 % del PIB. Tras bajar al 43,1 % del PIB en 2019, la ratio deuda de las administraciones públicas/PIB subiría hasta el 54,5 % del PIB en 2020, según el Programa de Estabilidad de 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre derivado de la pandemia de COVID-19.

(12)En respuesta a la pandemia y como parte de un enfoque coordinado a nivel de la Unión, Malta ha adoptado medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y ayudar a los particulares y los sectores especialmente afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, dichas medidas presupuestarias representan un 4,1 % del PIB. Entre ellas se encuentran ayudas a las rentas del trabajo en los sectores en dificultades, el aumento de la capacidad de atención sanitaria y medidas sociales relacionadas con la COVID-19. Por otra parte, Malta ha anunciado medidas que, si bien no tendrán repercusiones presupuestarias directas, respaldarán la liquidez de las empresas. El Programa de Estabilidad de 2020 estima que gracias a las garantías estatales los bancos podrán compensar la cartera de préstamos de nuevas empresas por hasta un 6,1 % del PIB Las garantías de préstamos son una de estas medidas. El Programa de Estabilidad de 2020 también confirma los aplazamientos del pago del IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el IVA y las cotizaciones sociales anunciados. En general, las medidas adoptadas por Malta se ajustan a las directrices de la Comunicación de la Comisión relativa a la respuesta económica coordinada a la pandemia de la COVID-19. La plena aplicación de estas medidas, seguida por una reorientación de las políticas fiscales hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

(13)Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión en el supuesto de que no se produzca un cambio de políticas, el saldo de las administraciones públicas maltesas debería situarse en el -6,7 % del PIB en 2020 y en el -2,5 % en 2021. Se prevé que la ratio deuda de las administraciones públicas se mantenga por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021.

(14)El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado con arreglo al artículo 126, apartado 3, del Tratado y motivado por el incumplimiento del umbral de déficit del 3 % del PIB en 2020 que ha programado Malta. En general, el análisis apunta a que no se cumple el criterio de déficit, tal como se define en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.º 1467/97.

(15)En respuesta a la pandemia de la COVID-19, Malta adoptó medidas de contención: una campaña de comunicación sanitaria eficaz, medidas de aislamiento físico, una cuarentena, medidas de seguimiento, un gran número de tests y rastreo de contactos. Las autoridades maltesas también han adoptado medidas para aumentar la capacidad de los hospitales, incluidos los dedicados a unidades de cuidados intensivos. La adquisición directa de equipos de protección individual se está llevando a cabo a nivel nacional. Malta también se ha incorporado al proceso de contratación pública conjunta de la Unión de equipos de protección individual, reactivos y tests de laboratorio y respiradores. Por lo que respecta a los medicamentos y a los principios activos, Malta está llevando a cabo un seguimiento activo de la situación para detectar y anticipar posibles carencias y adoptar medidas correctoras inmediatas, especialmente en caso que los países que normalmente suministran los medicamentos o principios activos cierren sus fronteras. El 12 de mayo de 2020, la Comisión aprobó un plan (por valor de 11,5 millones EUR) de apoyo a las inversiones para la producción de productos pertinentes a efectos de la COVID-19, entre ellos productos médicos, como vacunas, equipos médicos y hospitalarios, como respiradores, y ropa y equipo de protección. También ha habido una redistribución eficaz y un reciclaje de los profesionales sanitarios. A los especialistas en sanidad pública que solían ocupar cargos en organismos reguladores y en ministerios se les ha asignado un nuevo destino para ayudar a combatir esta pandemia.

(16)El Gobierno de Malta ha apoyado financieramente a las empresas a para que desarrollen sistemas de teletrabajo y para que los trabajadores en cuarentena obligatoria reciban una prestación. El Gobierno también ofreció garantías y aplazamientos del pago de deudas tributarias a las empresas, incluidos los trabajadores por cuenta propia. Los trabajadores a tiempo completo de empresas que operen en sectores como la venta al por menor, la venta al por mayor, el turismo y la hostelería, que están sufriendo notablemente las consecuencias de la crisis de la COVID-19, o de sectores que hayan tenido que suspender temporalmente sus actividades en virtud del Decreto del superintendente de Salud Pública, tendrán derecho a una remuneración de hasta cinco días por semana, basada en un salario de 800 EUR por mes. Los empleados de sectores menos afectados tienen derecho a una remuneración de entre uno y dos días por semana, basada en un salario de 800 EUR por mes. El Gobierno también ha anunciado ayudas para las personas con discapacidad, las familias con hijos en las que ambos progenitores estén contratados por cuenta ajena pero ahora no puedan teletrabajar, los trabajadores que hayan perdido su trabajo debido a la crisis actual y los desempleados que viven en viviendas de alquiler. Por último, el Gobierno financiará hasta 2,5 puntos porcentuales de los tipos de interés de los préstamos bancarios contraídos por las empresas afectadas por la pandemia de la COVID-19.

(17)El sistema sanitario maltés presenta buenos resultados sanitarios. La pandemia de la COVID-19 ha sometido el sistema sanitario público maltés a unos niveles de presión sin precedentes. Se mejoraría su resiliencia si se realizasen esfuerzos centrados en el desarrollo de la capacidad del sistema de asistencia sanitaria para responder eficazmente a las crisis pandémicas, como la de la COVID-19. Los ámbitos siguientes requieren un seguimiento particular: i) la creciente dependencia de los enfermeros migrantes en el ámbito de los cuidados de larga duración, y el envejecimiento de los médicos de cabecera privados, dado que pueden plantear problemas; ii) las dificultades para ofrecer medicamentos nuevos e innovadores; iii) el nivel elevado de gastos directos de la asistencia primaria y ambulatoria y de algunos medicamentos; iv) las listas de espera para las especialidades de asistencia ambulatoria, que son siempre largas y han ido aumentando recientemente. La reorientación de la prestación de los servicios desde los hospitales hacia la atención primaria sigue siendo también una prioridad clave.

(18)Según las previsiones de la Comisión, se espera que el desempleo suba al 5,9 % en 2020 y que se recupere en 2021, llegando al 4,4 %. Para paliar los graves efectos de la crisis en el empleo, Malta adoptó medidas de emergencia, en consulta con los interlocutores sociales, para evitar los despidos favoreciendo medidas de reducción del tiempo de trabajo. La adopción de medidas de reducción del tiempo de trabajo de forma más permanente también protegería los puestos de trabajo en la transición hacia la recuperación económica. Garantizar un apoyo y un acceso adecuados a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores por cuenta propia, y tener en cuenta las posibles prolongaciones de la duración del desempleo es crucial. El sistema de protección social maltés también debe garantizar que se presta un apoyo adecuado a los trabajadores extranjeros a la hora de: buscar un empleo alternativo, conservar los permisos de trabajo cuando sea posible y acceder a otros servicios sociales. La proporción de adultos poco cualificados es comparativamente elevada y se ve agravada por una también elevada proporción de jóvenes que abandonan la educación y la formación prematuramente. La crisis actual puede exacerbar la escasez de mano de obra cualificada en algunos sectores y redefinir las necesidades en otros. Resulta por ello más importante aún establecer con claridad las necesidades en materia de competencias y de reciclaje de los trabajadores, en particular en lo que se refiere a las capacidades para los ámbitos digital y ecológico. Malta ha realizado recientemente progresos en materia de educación y formación, pero sigue presentando problemas, como el alto porcentaje de alumnos con niveles insuficientes de competencias básicas.

(19)En Malta, la crisis relacionada con la COVID-19 ha transformado en una prioridad urgente el apoyo a la liquidez de las empresas. Garantizar un flujo continuo de crédito y acceso a la financiación es esencial, especialmente para las pymes de los sectores más afectados. El sistema bancario está llamado a desempeñar una función fundamental en la aplicación efectiva de las medidas de liquidez, proporcionando préstamos y canalizando las garantías públicas, de manera que se supere el carácter conservador de las prácticas de préstamo previas a la crisis actual. En el proceso de elaboración y aplicación de estas medidas debe darse un peso importante a la resiliencia del sector bancario.

(20)Para fomentar la recuperación económica, será fundamental anticipar parte de la financiación de proyectos de inversión pública maduros y promover la inversión privada, introduciendo las reformas que sean pertinentes. Las inversiones en apoyo de la recuperación brindan una oportunidad para encarrilar la economía maltesa por una vía más sostenible. La transición de Malta a una economía climáticamente neutra requerirá una inversión importante tanto pública como privada a lo largo de un período prolongado. La inversión destinada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, descrita en su plan nacional de energía y clima, y tratar otras externalidades medioambientales negativas, en particular en sectores como la construcción y el transporte, puede contribuir a alcanzar el doble objetivo de la recuperación económica y la sostenibilidad. Apoyar la renovación del parque inmobiliario existente y desarrollar planes de formación específicos para trabajadores del sector ayudará a mejorar la eficiencia energética de los edificios. Con una mayor inversión en transporte sostenible se pueden garantizar alternativas viables al uso de automóviles privados. La programación del Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 podría ayudar a Malta a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, tal y como se presente en el anexo D del informe por país. Ello permitiría a Malta garantizar la utilización óptima de ese Fondo.

(21)Conceder mayor importancia a la I+i y mejorar su integración en el entorno empresarial favorecerá la sostenibilidad del modelo económico basado en el conocimiento de Malta. Malta ha desarrollado servicios de administración electrónica para los ciudadanos y las empresas, en particular una serie de aplicaciones para dispositivos móviles. Sin embargo, su uso sigue siendo bajo. Para facilitar la transición digital de la economía, es fundamental fomentar el uso de los servicios públicos digitales por parte de los ciudadanos y las empresas.

(22)El cambio de Malta hacia un sector de los servicios con vocación internacional y su especialización en los juegos a distancia, los activos virtuales y sus regímenes de ciudadanía y residencia si bien contribuyen al crecimiento económico, también la hacen propensa al blanqueo de capitales, riesgo que se debe mitigar. Para prevenir y combatir estos riegos, deben tomarse medidas para reforzar la función del supervisor en materia de blanqueo de capitales. También se ha mejorado la cooperación con las demás autoridades competentes. Sin embargo, suscita cierta preocupación la práctica de la Autoridad de Servicios Financieros de Malta de contratar a personal de una consultora privada para ciertas tareas de supervisión. Las deficiencias en la investigación y el enjuiciamiento del blanqueo de capitales siguen siendo un problema. Una mejora de la supervisión nacional de las empresas financieras con vocación internacional autorizadas para operar en Malta reforzaría el marco general de gobernanza. En el sector de los seguros, es esencial la cooperación entre supervisores nacionales y externos. También existe margen de mejora en la supervisión de las sucursales de los bancos de terceros países, así como en el enfoque orientado al riesgo y la valoración de la adecuación de la gestión de riesgos para las entidades bancarias.

(23)La lucha contra la planificación fiscal abusiva sigue siendo fundamental para mejorar la eficiencia y equidad de los sistemas fiscales. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la UE. Malta ha tomado medidas para hacer frente a las prácticas de planificación fiscal abusiva mediante la puesta en práctica de iniciativas internacionales y europeas acordadas previamente, pero el trato fiscal que reciben las empresas no residentes, así como los regímenes de nacionalidad y de residencia de los inversores, que ni siquiera exigen que una persona sea residente a efectos fiscales en Malta, plantean un riesgo de doble no imposición tanto para las empresas como para los particulares.