El Consejo del Poder Judicial desempeña un papel importante a la hora de determinar los recursos para el poder judicial, y contribuyó a la respuesta a la pandemia de COVID-19. El Consejo del Poder Judicial, un órgano no permanente formado en su mayor parte por jueces, desempeña un papel importante a la hora de gestionar el sistema judicial. Entre otras cosas, aprueba el mapa judicial, el número de jueces de cada uno de los órganos jurisdiccionales y el nombramiento y destitución de los presidentes de dichos órganos. Además, emite dictámenes sobre los presupuestos de estos y los candidatos a juez del Tribunal Supremo. El Consejo no funciona de forma permanente y celebra cuatro sesiones periódicas, así como sesiones extraordinarias siempre que sea necesario. Por ejemplo, el Consejo debatió la respuesta del sistema judicial a la pandemia de COVID-19, incluido el desarrollo de las comunicaciones electrónicas en los órganos jurisdiccionales a fin de que estos siguieran funcionando . El Ministerio de Justicia ofrece apoyo organizativo al Consejo, aunque el primero no puede intervenir en la labor y la toma de decisiones del segundo. El Consejo debe aprobar la mayoría de las decisiones importantes adoptadas por el Ministerio de Justicia en relación con los órganos jurisdiccionales . Asimismo, ofrece su opinión sobre asuntos financieros y presupuestarios, así como sobre algunos asuntos relacionados con los recursos humanos . En particular, participa en la labor de determinar la asignación de recursos a los órganos jurisdiccionales, ya que emite un dictamen sobre la propuesta elaborada por el Ministerio de Justicia en consulta con los presidentes de dichos órganos. Durante el proceso por el que el Consejo presenta su dictamen sobre el presupuesto, se establece una propuesta de compromiso, que implica plenamente al poder judicial.

El Tribunal Supremo y otros organismos judiciales autónomos desempeñan un papel importante en los nombramientos judiciales y otras decisiones del sistema judicial. El Tribunal Supremo organiza la oposición y, en una sesión plenaria, selecciona a los candidatos a jueces para los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia, proponiendo su nombramiento por el presidente de la República . Los jueces del Tribunal Supremo son nombrados por el Parlamento (Riigikogu) a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo, que en primer lugar considera las opiniones del Tribunal Supremo en pleno y del Consejo del Poder Judicial. El Tribunal Supremo ayuda a organizar el trabajo de los cinco organismos autónomos de jueces (el Tribunal que incluye a todos los jueces, es decir, el Tribunal Supremo en pleno, el Consejo del Poder Judicial, el Consejo de Formación Judicial, la Comisión de Examen de los Jueces , la Sala Disciplinaria y el Consejo de Ético Judicial). Además, su Sala de Control Constitucional resuelve posibles solicitudes de control judicial presentadas contra la decisión del presidente de la República de no nombrar un candidato a juez . Cabe señalar que, hasta ahora, el presidente no se ha negado a nombrar a un candidato a juez. Por tanto, nunca se ha producido un control judicial ante la Sala de Control Constitucional relativo al no nombramiento de un candidato a juez.

El marco de protección de los periodistas es exhaustivo. Se basa en la libertad de expresión, que está reconocida de forma explícita en la Constitución estonia y en la Ley de Servicios de Comunicación. Esta última incluye una disposición sobre la protección de las fuentes de información. El Código de Procedimiento Penal también incluye garantías para la protección de los periodistas . No obstante, la difamación se castiga, entre otras sanciones, con penas de prisión . El análisis del indicador sobre la profesión, las normas y la protección periodísticas presenta un riesgo bajo en el MPM 2020. Sin embargo, recientemente han surgido inquietudes relativas a la interferencia en la labor de los periodistas de investigación . En 2019 y 2020, la plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas no publicó alertas pertinentes en relación con Estonia . En 2020, se publicó una alerta relativa a supuestos efectos paralizadores para la libertad de prensa; no obstante, el asunto estaba relacionado, en su lugar, con la imposición de sanciones financieras emitidas a escala de la UE, como confirmó la Comisión Europea en su dictamen de 19 de junio de 2020 .

Actualmente no existen disposiciones jurídicas específicas que exijan la divulgación de información sobre la propiedad. No obstante, la información general relacionada con el emprendimiento está disponible de forma electrónica y hay libre acceso a los datos del registro mercantil . La falta de información sobre la propiedad de los medios de comunicación ha planteado algunas inquietudes . No obstante, el actual proyecto de Ley para la transposición de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual incluye una nueva disposición que regula los datos disponibles públicamente sobre la estructura y la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, que se basa en la disposición pertinente de dicha Directiva . Actualmente, la propiedad real de las empresas de medios de comunicación no está disponible para el público en todos los casos. Debido a esto, el instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación (Media Pluralism Monitor, MPM 2020) de 2020 consideró que la situación relativa a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación en Estonia presentaba un riesgo medio. Al mismo tiempo, el indicador de pluralidad del mercado representa un riesgo elevado, debido a la creciente concentración horizontal y vertical de la propiedad de los medios de comunicación. Esto se aplica en particular a los medios de comunicación regionales, que cuentan con una fuerte tradición en el país. Una misión de investigación de 2018 del Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación señaló que la concentración de medios de comunicación era motivo de preocupación . En cuanto a los medios de comunicación locales, el MPM 2020 destacó el riesgo medio relativo a la independencia política de los medios, como resultado de la falta de normas que regulen el conflicto de intereses entre los propietarios de estos y los partidos y políticos gobernantes .

No hay en vigor normas exhaustivas de protección de los denunciantes. Las modificaciones de 2013 de la Ley de Lucha contra la Corrupción prohíben a los funcionarios encubrir la corrupción, y exigen que las agencias protejan la confidencialidad de los denunciantes de buena fe. No obstante, solo regulan el sector público, pero no el privado.

La Sala de Control Constitucional del Tribunal Constitucional lleva a cabo los controles de constitucionalidad. El Tribunal Supremo es tanto el tribunal superior de tercera instancia como el órgano jurisdiccional de control de la constitucionalidad. La Sala de Control Constitucional revisa la constitucionalidad de las leyes y otros actos legislativos de aplicación general en virtud de la Ley de procedimiento del Tribunal Constitucional . Un órgano jurisdiccional, el presidente de la República, el Canciller de Justicia, el consejo de una administración local o el Parlamento pueden incoar varios procedimientos de control de la constitucionalidad. El presidente puede presentar una petición para declarar inconstitucional una ley que ha sido adoptada sin modificaciones por el Parlamento en una segunda audiencia, tras la negativa inicial del presidente de promulgar dicha ley por ser contraria a la Constitución (control ex ante de la constitucionalidad). El Canciller de Justicia (Defensor del Pueblo) también desempeña un papel fundamental en el sistema de control de la constitucionalidad de las leyes, en particular mediante el derecho a incoar un control ex post de la constitucionalidad abstracto . De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, este, en determinadas situaciones excepcionales, permite al solicitante presentar en este Tribunal reclamaciones individuales directamente antes de agotar los recursos ante los órganos jurisdiccionales de instancias inferiores, en particular en situaciones en las que no existen recursos eficaces para proteger los derechos fundamentales del solicitante .

Varias modificaciones ampliaron el mandato de la Oficina del Canciller de Justicia (defensor del pueblo). El Canciller es un miembro asociado no acreditado de la Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. En enero de 2019, entró en vigor una nueva legislación sobre esta institución que amplió su mandato para permitir que actuara como institución nacional de derechos humanos de Estonia. El Canciller de Justicia tiene un amplio y sólido mandato, y actúa también como mecanismo nacional de prevención en virtud de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, y como mecanismo nacional de supervisión en virtud de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Asimismo, ejerce las funciones de Defensor del menor. Recientemente, el Canciller solicitó la acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y está realizando el proceso para conseguirla.

Ante la pandemia de COVID-19, Estonia declaró la situación de emergencia. El 12 de marzo de 2020, el gobierno estonio declaró la situación de emergencia y encargó al primer ministro la gestión de esta. El 20 de marzo de 2020, el gobierno informó al Consejo de Europa, en virtud de la cláusula de excepción que recoge el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (el Convenio), de que algunas de las medidas adoptadas para proteger la «salud pública» podrían suponer la exención de ciertas obligaciones de Estonia en virtud del Convenio. Las órdenes legislativas del primer ministro (como gestor de la situación de emergencia) quedaron abiertas al control judicial ante los tribunales de lo contencioso-administrativo (pero no fueron objeto de control parlamentario ni presidencial). La situación de emergencia se declaró finalizada el 18 de mayo de 2020 (la exención en virtud del artículo 15 del Convenio se levantó ese mismo día).

Se está elaborando un nuevo Plan para el Desarrollo de la Sociedad Civil para el período 2021-2030. Basándose en el Concepto de Desarrollo de la Sociedad Civil, el Gobierno impulsa la sociedad civil a través del Plan para el Desarrollo de la Sociedad Civil 2015-2020 . Desde 2018, el Ministerio del Interior ha liderado el proceso de redacción de este nuevo Plan, en colaboración con las partes interesadas y con la participación activa de estas, incluidas las organizaciones que agrupan y representan a las OSC de Estonia. Este proceso ha incluido reuniones de grupos de trabajo y consultas a las partes interesadas a lo largo de diferentes condados de Estonia . Se considera que el espacio cívico es abierto en Estonia .





Anexo: Lista de fuentes por orden alfabético.*

* La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 está disponible en (sitio web de la Comisión).

Anti-corruption Select Committee, web page. https://www.riigikogu.ee/en/parliament-of-estonia/committees/anti-corruption-select-committee/ .

Centre of Registers and Information Systems, e-Business Register web page. https://www.rik.ee/en/e-business-register .

Centre of registers and information systems, e-File web page. https://www.rik.ee/en/international/e-file .

Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación (2020), Media Pluralism Monitor de 2020. https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2020 .

CIVICUS, Monitor tracking civic space: Estonia. https://monitor.civicus.org/country/estonia/ .

Comisión Europea (2019, 2020), The EU Justice Scoreboard.

Consejo de Europa, Platform to Promote the Protection of Journalism and Safety of Journalists (2020), Reply by the Government of Estonia to the platform concerning the Russian State News agency Sputnik. https://rm.coe.int/estonia-reply-en-sputnik-24january2020/168099922f

Consejo de Europa, Platform to promote the protection of journalism and safety of journalists, https://www.coe.int/en/web/media-freedom/the-platform

Council for Administration of Justice (2020), Recommendations of the Council for Administration of Courts for organising the administration of justice during emergency situations. https://www.kohus.ee/sites/www.kohus.ee/files/elfinder/KHN%20recommendations.docx.pdf

Dirección General de Comunicación (2020), Edición Flash del Eurobarómetro n.º 482: Businesses’ attitudes towards corruption in the EU.

Dirección General de Comunicación (2020), Eurobarómetro especial 502: corrupción.

Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión L 305/17.

Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) L 95/1.