Posición común (CE) no 32/2001

aprobada por el Consejo de 23 de julio de 2001

con vistas a la adopción de la Directiva 2001/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., por la que se modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2001/C 307/02)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 3 de su artículo 141,

Vista la propuesta de la Comisión(1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(3),

Considerando lo siguiente:

(1) De conformidad con el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, la Unión Europea se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros, y respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario.

(2) El derecho de todas las personas a la igualdad ante la ley y a la protección contra la discriminación constituye un derecho universal reconocido por la Declaración universal de derechos humanos, la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y los Pactos de las Naciones Unidas sobre derechos civiles y políticos y sobre derechos económicos, sociales y culturales así como por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de los que son signatarios todos los Estados miembros.

(3) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(4) La igualdad de trato entre hombres y mujeres es un principio fundamental, con arreglo al artículo 2 y el apartado 2 del artículo 3 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Dichas disposiciones del Tratado proclaman la igualdad entre mujeres y hombres como una "misión" y un "objetivo" de la Comunidad e imponen la obligación positiva de "promover" dicha igualdad en todas sus actividades.

(5) El artículo 141 del Tratado y, en particular, su apartado 3, hace referencia específica a la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato para hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

(6) La Directiva 76/207/CEE del Consejo(4) no define los conceptos de discriminación directa o indirecta. Basándose en el artículo 13 del Tratado, el Consejo adoptó la Directiva 2000/43/CE de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico(5) y la Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación(6), que definen la discriminación directa e indirecta. Resulta, pues, apropiado incluir definiciones en línea con dichas Directivas por lo que al sexo se refiere.

(7) La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la libertad de asociación, incluido el derecho a fundar, con otros, sindicatos y a afiliarse a éstos en defensa de sus intereses. Las medidas adoptadas de conformidad con el apartado 4 del artículo 141 del Tratado podrán incluir la pertenencia o la continuación de la actividad de organizaciones o sindicatos cuyo objetivo principal sea la promoción, en la práctica, del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres.

(8) El acoso relacionado con el sexo de una persona y el acoso sexual son contrarios al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Por ello conviene definir dichos conceptos y prohibir dichas formas de discriminación. Con este objetivo, debe hacerse hincapié en que dichas formas de discriminación se producen no sólo en el lugar de trabajo, sino también en el contexto del acceso al empleo y la formación profesional, durante el empleo y la ocupación.

(9) La apreciación de los hechos de los que pueda deducirse la existencia de una discriminación directa o indirecta corresponde a los órganos judiciales u otros órganos competentes, de conformidad con las normas del Derecho o las prácticas nacionales. Estas normas podrán determinar, en particular, que la existencia de una discriminación indirecta se establezca por cualquier medio, incluso a partir de pruebas estadísticas. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia(7), la discriminación implica la aplicación de reglas diferentes a situaciones comparables o la aplicación de la misma regla a situaciones diferentes.

(10) Las actividades profesionales que los Estados miembros pueden excluir del ámbito de aplicación de la Directiva 76/207/CEE debe restringirse a las que requieren el empleo de una persona de un sexo determinado por la naturaleza de las actividades profesionales particulares de que se trate, siempre que el objetivo buscado sea legítimo y se respete el principio de proporcionalidad tal y como está establecido en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia(8).

(11) El Tribunal de Justicia ha reconocido reiteradamente la legitimidad, en virtud del principio de igualdad de trato, de proteger la condición biológica de la mujer durante y tras el embarazo. Ha establecido reiteradamente, además, que todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad constituye discriminación sexual directa. Por consiguiente, la presente Directiva no afecta a lo dispuesto en la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o esté en período de lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)(9), que persigue el objetivo de proteger la salud física y mental de la mujer que esté embarazada, haya dado a luz recientemente o se encuentre en período de lactancia. En los considerandos de la Directiva 92/85/CEE se establece que la protección de la seguridad y de la salud de la trabajadora que éste embarazada, haya dado a luz o esté en período de lactancia no debe desfavorecer a las mujeres en el mercado de trabajo ni debe atentar contra las Directivas en materia de igualdad de trato entre hombres y mujeres. El Tribunal de Justicia ha reconocido la protección del derecho al trabajo de las mujeres, en particular su derecho a reincorporarse al mismo puesto o a un puesto equivalente, en condiciones laborales que no sean menos favorables, así como a disfrutar de cualquier mejora de las condiciones laborales a la que hubieran tenido derecho durante su ausencia.

(12) En la Resolución del Consejo y de los ministros de trabajo y asuntos sociales reunidos en el seno del Consejo de 29 de junio de 2000 relativa a la participación equilibrada de hombres y mujeres en la actividad profesional y en la vida familiar(10), se alentó a los Estados miembros a evaluar la posibilidad de que sus respectivos ordenamientos jurídicos reconozcan a los hombres trabajadores el derecho individual e intransferible al permiso de paternidad, manteniendo sus derechos en materia laboral. En este contexto es importante resaltar que son los Estados miembros los que deben decidir si reconocen dicho derecho así como determinar aquellas condiciones, distintas del despido y la reincorporación al trabajo, que no entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(13) El apartado 4 del artículo 141 del Tratado permite a los Estados miembros mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas en favor del sexo menos representado. Dada la situación actual, y teniendo en cuenta la Declaración 28 del Tratado de Amsterdam, los Estados miembros deben aspirar, en primer lugar, a mejorar la situación de las mujeres en la vida laboral.

(14) La prohibición de la discriminación debe entenderse sin perjuicio del mantenimiento o la adopción de medidas destinadas a impedir o compensar situaciones de desventaja sufridas por un grupo de personas del mismo sexo. Tales medidas pueden autorizar la existencia de organizaciones de personas del mismo sexo cuando su objetivo principal sea promover las necesidades especiales de tales personas y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.

(15) El principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres ya está firmemente establecido en el artículo 141 del Tratado y en la Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos(11) y lo confirma reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Dicho principio constituye un elemento esencial e indispensable del acervo comunitario relativo a la discriminación por razón de sexo.

(16) El Tribunal de Justicia ha dictaminado que, dado el carácter fundamental del derecho a una tutela judicial efectiva, los trabajadores gozan de dicha protección incluso tras la extinción de la relación laboral(12).

(17) El Tribunal de Justicia ha dictaminado que la eficacia del principio de igualdad de trato exige que, de violarse tal principio, la compensación reconocida al trabajador víctima de discriminación ha de ser adecuada al perjuicio sufrido. Además, ha precisado que fijar de antemano un tope máximo puede imposibilitar la compensación efectiva y que no se pueden excluir los intereses destinados a compensar la pérdida sufrida(13).

(18) De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las normas nacionales relativas a plazos de interposición de demandas son admisibles siempre que no sean menos favorables que las de los plazos de demandas similares de carácter nacional y que no imposibiliten en la práctica el ejercicio de los derechos reconocidos por el Derecho comunitario.

(19) Las personas que hayan sido objeto de discriminación por razón de sexo deben disponer de medios adecuados de protección jurídica adecuados. A fin de asegurar una protección más eficaz, también se debe facultar a las asociaciones, organizaciones u otras personas jurídicas para que puedan iniciar procedimientos, con arreglo a lo que dispongan los Estados miembros, en nombre o en apoyo de cualquier víctima, sin perjuicio de la normativa procesal nacional en materia de representación y defensa ante los tribunales.

(20) Los Estados miembros deben fomentar el diálogo entre los interlocutores sociales y, en el marco de las prácticas nacionales, con las organizaciones no gubernamentales para estudiar las distintas formas de discriminación por razón de sexo en el lugar de trabajo y combatirlas.

(21) Los Estados miembros deben establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Directiva 76/207/CEE.

(22) Con arreglo al principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado, el objetivo de la acción propuesta no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y por consiguiente puede lograrse mejor a nivel comunitario. De conformidad con el principio de proporcionalidad consagrado en el mencionado artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(23) Procede, por lo tanto, modificar en consecuencia la Directiva 76/207/CEE.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

La Directiva 76/207/CEE se modificará como sigue:

1. En el artículo 1 se insertará el apartado 1 bis siguiente:

"1 bis. Los Estados miembros tendrán en cuenta de manera activa el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres a la hora de elaborar y aplicar disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, así como políticas y actividades, en los ámbitos contemplados en el apartado 1.".

2. El artículo 2 se modificará como sigue:

a) se añaden los párrafos siguientes al apartado 1:

"A efectos de lo dispuesto en el párrafo primero:

a) existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra, en situación análoga, por razón de sexo;

b) existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúe a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios.

El acoso constituirá discriminación en el sentido del párrafo primero cuando se produzca un comportamiento no deseado relacionado con el sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. El acoso sexual, que se manifiesta como comportamiento no deseado con connotaciones sexuales y que se expresa de forma física, verbal o no verbal, constituye una forma específica de acoso.

El rechazo de tal comportamiento por parte de una persona o su sumisión al mismo no podrá utilizarse para tomar una decisión que le afecte.

Toda orden de discriminar a personas por razón de su sexo se considerará discriminación en el sentido del párrafo primero.";

b) el apartado 2 se sustituirá por el texto siguiente:

"2. Los Estados miembros podrán disponer, por lo que respecta al acceso al empleo, incluida la formación pertinente, que una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo no constituirá discriminación cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional auténtico y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.";

c) se añadirán los párrafos siguientes al apartado 3:

"La mujer en permiso de maternidad tendrá derecho, una vez finalizado el período de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo o a uno equivalente, en términos y condiciones que no le resulten menos favorables y a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones laborales a la que hubiera podido tener derecho durante su ausencia.

La presente Directiva no afectará a lo dispuesto en la Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parentela celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES(14) y en la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)(15). La presente Directiva no afectará tampoco al derecho de los Estados miembros a reconocer un derecho específico al permiso de paternidad. Los Estados miembros que reconozcan el derecho al permiso de paternidad tomarán las medidas necesarias para proteger a los hombres trabajadores del despido motivado por el ejercicio de ese derecho y garantizarán que, al término de dicho permiso, tengan derecho a reintegrarse a su puesto de trabajo o a uno equivalente, en términos y condiciones que no les resulten menos favorables.";

d) el apartado 4 se sustituirá por el texto siguiente:

"4. Los Estados miembros podrán mantener o adoptar medidas contempladas en el apartado 4 del artículo 141 del Tratado con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres.".

3. El artículo 3 se sustituirá por el texto siguiente:

"Artículo 3

1. La aplicación del principio de igualdad de trato significa que no habrá ninguna discriminación directa o indirecta por razón de sexo en los sectores público o privado, incluidos los organismos públicos, en relación con:

a) las condiciones de acceso al empleo, al trabajo por cuenta propia o a la ocupación, incluidos los criterios de selección y las condiciones de contratación, cualquiera que sea el sector de actividad y en todos los niveles de la jerarquía profesional, incluida la promoción;

b) el acceso a todos los tipos y niveles de orientación profesional, formación profesional, formación profesional superior y reciclaje profesional, incluida la experiencia laboral práctica;

c) las condiciones de empleo y de trabajo, incluidas las de despido y de retribución de conformidad con lo establecido en la Directiva 75/117/CEE;

d) la afiliación y la participación en una organización de trabajadores o empresarios, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas.

2. Para ello, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que:

a) se derogue cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa contraria al principio de igualdad de trato;

b) se declare o pueda declararse nula o se modifique cualquier disposición contraria al principio de igualdad de trato que figure en contratos o convenios colectivos, en los reglamentos internos de empresas o en los estatutos de profesiones independientes y de organizaciones sindicales y empresariales.".

4. Se suprimirán los artículos 4 y 5.

5. El artículo 6 se sustituirá por el texto siguiente:

"Artículo 6

1. Los Estados miembros velarán por que existan, procedimientos judiciales y/o administrativos, e incluso, cuando lo consideren oportuno, procedimientos de conciliación, para exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas con arreglo a la presente Directiva en favor de toda persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación.

2. Los Estados miembros introducirán en sus ordenamientos jurídicos nacionales las medidas necesarias para garantizar la indemnización o la reparación real y efectiva, según determinen los Estados miembros, por el perjuicio sufrido por una persona a causa de una discriminación contraria al artículo 3, de manera disuasoria y proporcional al perjuicio sufrido.

3. Los Estados miembros velarán por que las asociaciones, organizaciones u otras personas jurídicas que, de conformidad con los criterios establecidos en el Derecho nacional, tengan un interés legítimo en velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, puedan iniciar, en nombre o en apoyo del demandante, y con su autorización, cualquier procedimiento judicial y/o administrativo establecido para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Directiva.

4. Los apartados 1 y 3 se entenderán sin perjuicio de las normas nacionales en materia de plazos de interposición de recursos en relación con el principio de igualdad de trato.".

6) El artículo 7 se sustituirá por el texto siguiente:

"Artículo 7

Los Estados miembros introducirán en sus ordenamientos jurídicos nacionales las medidas que resulten necesarias para proteger a los trabajadores contra el despido o cualquier otro trato desfavorable practicado por el empresario como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato.".

7. Se introducirán los artículos 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies y 8 sexies siguientes:

"Artículo 8 bis

1. Cada Estado miembro designará uno o más organismos responsables de la promoción de la igualdad de trato entre todas las personas, sin discriminación por razón de sexo. Dichos organismos podrán formar parte de los órganos responsables a nivel nacional de la defensa de los derechos humanos o de salvaguardia de los derechos individuales.

2. Los Estados miembros velarán por que entre las competencias de estos organismos figuren las siguientes:

a) sin perjuicio del derecho de víctimas y asociaciones, organizaciones u otras personas jurídicas contempladas en el apartado 3 del artículo 6, prestar asistencia independiente a las víctimas de discriminación a la hora de tramitar sus reclamaciones por discriminación;

b) realizar estudios independientes sobre la discriminación;

c) publicar informes independientes y formular recomendaciones sobre cualquier cuestión relacionada con dicha discriminación.

Artículo 8 ter

1. Los Estados miembros, con arreglo a sus respectivas tradiciones y prácticas nacionales, adoptarán las medidas adecuadas para fomentar el diálogo social entre los interlocutores sociales, a fin de promover la igualdad de trato, mediante, entre otros, el seguimiento de las prácticas desarrolladas en el lugar de trabajo, los convenios colectivos, los códigos de conducta, la investigación o el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

2. Siempre que ello sea coherente con sus tradiciones y prácticas nacionales, los Estados miembros alentaran a los interlocutores sociales, sin perjuicio de su autonomía, a promover la igualdad entre hombres y mujeres y a celebrar, en el nivel adecuado, convenios que establezcan normas antidiscriminatorias en los ámbitos mencionados en el artículo 1 que entren en el marco de la negociación colectiva. Dichos convenios respetarán los requisitos mínimos establecidos en la presente Directiva y las correspondientes medidas nacionales de desarrollo.

Artículo 8 quater

Los Estados miembros fomentarán el diálogo con las correspondientes organizaciones no gubernamentales que tengan, con arreglo a las prácticas y a las legislaciones nacionales, un interés legítimo en contribuir a la lucha contra la discriminación por razón de sexo con el fin de promover el principio de igualdad de trato.

Artículo 8 quinquies

Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicable en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas en cumplimiento de la presente Directiva, y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación.

Las sanciones, que podrán incluir la indemnización a la víctima, serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán a la Comisión las disposiciones adoptadas a más tardar el ...(16) y comunicarán lo antes posible cualesquiera modificaciones ulteriores.

Artículo 8 sexies

1. Los Estados miembros podrán adoptar o mantener disposiciones más favorables para la protección del principio de igualdad de trato que las establecidas en la presente Directiva.

2. La aplicación de la presente Directiva no constituirá en ningún caso motivo para reducir el nivel de protección contra la discriminación ya garantizado por los Estados miembros en los ámbitos cubiertos por la misma.".

Artículo 2

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el ...(17), o garantizarán que, a más tardar en dicha fecha, la patronal y los sindicatos hayan introducido las disposiciones requeridas mediante acuerdos. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para poder garantizar en todo momento los resultados que exige la presente Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán un referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. En el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva, los Estados miembros transmitirán a la Comisión toda la información necesaria con el fin de que ésta pueda elaborar un informe, dirigido al Parlamento Europeo y al Consejo, sobre la aplicación de la presente Directiva.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros notificarán cada cinco años a la Comisión los textos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas correspondientes a medidas adoptadas de conformidad con el apartado 4 del artículo 141 del Tratado. Basándose en esa información, la Comisión aprobará y publicará cada cinco años un informe en el que se establezca una evaluación comparativa de dichas medidas.

Artículo 3

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en ...

Por el Parlamento Europeo

La Presidenta

Por el Consejo

El Presidente

(1) DO C 337 E de 28.11.2000, p. 204.

(2) DO C 123 de 25.4.2001, p. 81.

(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 31 de mayo de 2001 (no publicado aún en el Diario Oficial), Posición común del Consejo de 23 de julio de 2001 y Decisión del Parlamento Europeo de ... (no publicada aún en el Diario Oficial).

(4) DO L 39 de 14.2.1976, p. 40.

(5) DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.

(6) DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.

(7) Asunto C-394/96: Brown (Recopilación 1998, p. 4185), y asunto C-342/93: Gillepsie (Recopilación 1996, p. I-475).

(8) Asunto C-222-84: Johnston (Recopilación 1986, p. 1651), asunto C-273/97: Sirdar (Recopilación 1999, p. I-7403) y asunto C-285/98: Kreil (Recopilación 2000, p. I-69).

(9) DO L 348 de 28.11.1992, p. 1.

(10) DO C 218 de 31.7.2000, p. 5.

(11) DO L 45 de 19.2.1975, p. 19.

(12) Asunto C-185/97: Coote (Recopilación 1998, p. I-5199).

(13) Asunto C-180/95: Draehmpaehl (Recopilación 1997, p. I-2195), y asunto C-271/91: Marshall (Recopilación 1993, p. I-4367).

(14) DO L 145 de 19.6.1996, p. 4.

(15) DO L 348 de 28.11.1992, p. 1.

(16) Tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

(17) Tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I. INTRODUCCIÓN

1. El 12 de julio de 2000, la Comisión presentó al Consejo, con arreglo al artículo 141 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo.

2. Pronunciándose de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 del Tratado, el Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura el 31 de mayo de 2001.

El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 5 de diciembre de 2000.

3. Mediante carta de 8 de junio de 2001, la Comisión presentó al Consejo una propuesta modificada que tiene en cuenta algunas enmiendas del Parlamento Europeo.

4. El 11 de junio de 2001, el Consejo manifestó su acuerdo político unánime con un proyecto de Posición común.

5. De conformidad con el artículo 250 del Tratado CE, el Consejo aprobó su Posición común el 23 de julio de 2001.

II. OBJETIVO

El objetivo de la propuesta es actualizar las disposiciones del texto vigente, que data de hace 25 años.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

1. OBSERVACIONES GENERALES

En su propuesta inicial, la Comisión ha querido tener en cuenta la copiosa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, enriquecida con unas 40 sentencias desde la entrada en vigor de la Directiva 76/207/CEE y con las modificaciones introducidas en el Tratado en materia de igualdad de trato entre hombres y mujeres.

Durante el estudio de la propuesta inicial de la Comisión, el Consejo también tuvo en cuenta dos Directivas que adoptó en junio y noviembre de 2000 con arreglo al artículo 13 del Tratado relativo a la lucha contra la discriminación (Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE). Asimismo, el Consejo acogió con satisfacción que el Parlamento Europeo propusiera una serie de enmiendas en el mismo sentido, que la Comisión ha incluido en su propuesta modificada.

En numerosas ocasiones, el Consejo ha trabajado motivado por la voluntad de disponer de un dispositivo coherente para luchar contra cualquier forma de discriminación contemplada en el artículo 13 del Tratado y para fomentar el principio de igualdad de trato en virtud del artículo 141 del Tratado.

2. ENMIENDAS INTRODUCIDAS POR EL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo aprobó 46 enmiendas.

2.1. Enmiendas del Parlamento Europeo rechazadas por la Comisión

La Comisión no ha incluido, en su propuesta modificada, ocho de las enmiendas del Parlamento. Se trata de las enmiendas 4, 16, 23, 27, 36, 44, 45 y 48.

2.2. Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión

En su propuesta modificada, la Comisión ha incluido íntegramente 18 de las enmiendas del Parlamento. Se trata de las enmiendas 12, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 41, 47, 58 y 66.

Además, la Comisión ha aceptado 20 enmiendas, en su concepto o en parte. Se trata de las enmiendas 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 19, 30, 33, 37, 39, 40, 59, 65, 67, 68 y 70.

2.3. Enmiendas rechazadas por la Comisión e incorporadas por el Consejo a su Posición común

Por su parte, el Consejo ha incorporado una parte de la enmienda 7, que hace referencia a las situaciones comparables, y la enmienda 45 que prevé una fecha de entrada en vigor de la Directiva posterior a la prevista por la Comisión: 1 de enero de 2002.

3. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL CONSEJO EN LA PROPUESTA MODIFICADA DE LA COMISIÓN

(Salvo que se indique lo contrario, la numeración de los considerandos y de los apartados a los que se hace referencia corresponde a la de la Posición común).

El Consejo ha incorporado íntegramente 18 de las 38 enmiendas incluidas total o parcialmente por la Comisión en su propuesta modificada, aunque no literalmente pero sí en su contenido. Se trata de las enmiendas 2, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 20, 29, 30, 37, 38, 40, 47, 59, 67 y 70.

En cambio, el Consejo no ha considerado oportuno incorporar las enmiendas 12, 14, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 31, 33, 34, 35, 39, 58, 65, 66 y 68, es decir, 17 enmiendas, por los motivos que se indican a continuación.

3.1. Considerando 9: Protección judicial (enmienda 12)

El Consejo ha mantenido la referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, con la mención en una nota a pie de página de la sentencia en cuestión, pero no ha considerado oportuno incluir en el considerando los detalles de dicha sentencia. Además, el artículo 7 ya prevé la protección de las personas contra las medidas de retorsión (casos de despido u otros) por parte del empresario, al igual que las directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE.

3.2. Considerando 11 (numeración de la Comisión) y artículo 8 ter: Obligación para los empresarios (enmiendas 14 y 66)

Al preferir hacer hincapié en el diálogo social y la autonomía de los interlocutores sociales, el Consejo no ha querido que recayera sobre los empresarios la responsabilidad de favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo, en particular, mediante la elaboración de informes anuales relativos a la igualdad. Además, una obligación de este tipo podría resultar muy costosa para las pequeñas y medianas empresas, lo que, por otra parte, iría en detrimento de la eficacia de la medida. En segundo lugar, el Consejo quisiera subrayar que su Posición común recoge una disposición relativa al diálogo social separada del diálogo con las ONG, a diferencia de la Comisión que, en su propuesta modificada, parece mezclar los dos tipos de diálogo.

3.3. Artículo 1: Relación laboral (enmienda 17)

El Consejo no ha considerado oportuno modificar el artículo 1 de la Directiva vigente, en particular, mediante la introducción de una referencia a la "naturaleza jurídica de la relación en la que la persona está empleada o en la que ejerce una actividad profesional", con objeto de mantener el paralelismo con la Directiva 2000/78/CE.

3.4. Apartado 2 del artículo 1: Disposiciones relativas a la seguridad social (enmienda 18)

El Consejo no ha querido suprimir la referencia a la seguridad social, ni eliminando el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva vigente, ni omitiendo la referencia al apartado 1 del artículo 1.

3.5. Apartado 1 bis del artículo 1 (numeración de la Comisión): Integración (enmienda 19)

El Consejo ha incorporado la obligación para los Estados miembros de aplicar el principio de integración en el momento de adoptar y aplicar las disposiciones legales, políticas, etc., teniendo en cuenta de modo activo los objetivos de la igualdad de mujeres y hombres, con una redacción ligeramente diferente a la propuesta tanto por el Parlamento como por la Comisión.

3.6. Considerando 4 bis y artículo 1 ter: Sistema de ayuda confidencial (enmiendas 58 y 22) (numeración de la Comisión)

El Consejo no ha querido incorporar una disposición que contemple un sistema de ayuda confidencial en el lugar de trabajo u otras medidas destinadas a prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo, ya que considera que se trata de una medida demasiado detallada que, de hecho, va dirigida a los empresarios más que a los Estados miembros o, incluso, a los interlocutores sociales. Además, en este caso también, el Consejo se ha preocupado por el paralelismo con las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE. Así pues, en la medida en que el acoso sexual es una forma de acoso, y no tanto un fenómeno totalmente aparte, el Consejo no ha considerado oportuno contemplar este tipo de mecanismo específico.

3.7. Apartado 4 del artículo 2: Exclusión de un sexo a la hora de acceder a algunas profesiones (enmienda 24)

El Consejo no ha querido incorporar la parte de la enmienda 24 que prevé que cualquier exclusión o restricción general de un sexo a la hora de acceder a cualquier actividad profesional o de otro tipo tendrá carácter discriminatorio, dado que esta disposición contradice el resto de la disposición que prevé que determinadas características relacionadas con el sexo pueden justificar una diferencia de trato. Además, hay que señalar que esta disposición es idéntica a la recogida en las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE, y el Consejo quisiera, en la medida de lo posible, adoptar la misma redacción para disposiciones idénticas en los tres textos.

3.8. Apartado 4 del artículo 2: Referencia a las medidas previstas en el apartado 4 del artículo 141 del Tratado (enmienda 26)

El Consejo ha incorporado, en la parte dispositiva, una disposición relativa a las acciones contempladas en el apartado 4 del artículo 141 del Tratado. Además, el Consejo prevé en el artículo 2 una obligación de informar cada cinco años, dado que una obligación de informar cada dos años, tal y como prevé la Comisión en su propuesta modificada, plantearía problemas de carácter logístico a una serie de Estados miembros.

3.9. Apartado 2 del artículo 3: Referencia a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 141 del Tratado (enmienda 31)

El Consejo ha incorporado parcialmente esta enmienda del Parlamento, tal y como se ha incluido en la propuesta modificada de la Comisión, dado que no ha considerado útil incorporar la frase "y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 141 del Tratado", en la medida en que el apartado 4 del artículo 2 de la Posición común del Consejo ya hace referencia a la posibilidad ofrecida a los Estados miembros de adoptar o mantener dichas medidas.

3.10. Apartado 2 del artículo 3: Igualdad de trato entre hombres y mujeres (enmienda 33)

En la medida en que toda la Directiva se refiere a la aplicación de la igualdad de trato entre hombres y mujeres, el Consejo no ha considerado útil repetir que el principio de igualdad de trato en cuestión es el de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Del mismo modo, las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE se referían al principio de igualdad de trato sin precisar los grupos comparados.

3.11. Artículos 4 y 5 de la Directiva 76/207/CE: Prohibición de disposiciones contrarias a la igualdad de trato (enmiendas 34 y 35)

Al haber fusionado el Consejo los artículos 3, 4 y 5 en una misma redacción y suprimido los artículos 4 y 5 de la Directiva vigente, ya no era necesario incluir las enmiendas 34 y 35 en la Posición común del Consejo.

3.12. Artículo 8 bis: Funciones de los organismos de promoción de la igualdad de trato (enmiendas 39 y 68)

El Consejo considera que la promoción del principio de igualdad de trato sin distinción de sexos, que debe constituir el cometido principal de los organismos de promoción de la igualdad de trato, es una redacción más ambiciosa que la propuesta tanto por el Parlamento como por la Comisión que se refieren a la aplicación del principio.

Además, el Consejo no ha pretendido limitar las competencias de dichos organismos a los ámbitos a que se refiere la presente Directiva y las Directivas 75/117/CEE, 79/7/CEE, 86/378/CEE, 92/85/CE, 96/34/CE y 97/80/CE ya que el Consejo no excluye la adopción de nuevos textos legislativos relativos al principio de igualdad de trato, en particular, con arreglo al artículo 13 del Tratado, El Consejo ha querido, asimismo, utilizar la misma redacción que la empleada en la Directiva 2000/43/CE en aras de la coherencia entre estos diferentes textos, tal y como ya se ha mencionado anteriormente. Esta preocupación por el paralelismo se refleja, asimismo, en el cambio propuesto en el apartado 2 del mismo artículo que prevé que estos organismos pueden recibir y examinar quejas de grupos de personas o de organizaciones, dado que ni en el caso de la Directiva 2000/43/CE ni en el presente caso, el Consejo ha considerado conveniente otorgar a estos organismos un papel judicial o cuasijudicial. En cambio, estos organismos pueden prestar asistencia a las víctimas de discriminación para tramitar sus reclamaciones por discriminación.

Por último, dado que el concepto de "grupos de personas" carece de valor jurídico en la mayoría de los Estados, se ha descartado en el marco de la presente Directiva, del mismo modo que se hiciera en las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE.

3.13. Artículo 8 quater: Sanciones (enmienda 65)

El Consejo ha considerado suficiente que se prevea que los Estados miembros "tomen todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación de las sanciones", dado que le resulta difícil imaginar que los Estados miembros pudieran tomar medidas para una aplicación no eficaz de dichas sanciones.

4. CONCLUSIONES

El Consejo considera que las respectivas posiciones del Parlamento Europeo y del Consejo, en realidad, difieren poco y espera que ambos puedan cumplir el mandato conferido por el Consejo Europeo de Estocolmo, los días 23 y 24 de marzo de 2001, para concluir antes de finales de 2001 la actualización de la Directiva 76/207/CEE.