ES Diario Oficial de la Unión Europea C 170/23

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la renta mínima europea e indicadores de pobreza (Dictamen de iniciativa)

2014/C 170/04

Ponente: Sr. DASSIS

Coponente: Sr. BOLAND

El 14 de febrero de 2013, de conformidad con el artículo 29, apartado 2, de su Reglamento interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre la

Renta mínima europea e indicadores de pobreza

(dictamen de iniciativa).

La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 20 de noviembre de 2013.

En su 494o pleno de los días 10 y 11 de diciembre de 2013 (sesión del 10 de diciembre), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 155 votos a favor, 93 en contra y 12 abstenciones el presente dictamen.

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1 La falta de reformas estructurales, unida al impacto social y económico negativo de la crisis, que alimenta la pobreza y la exclusión en Europa en un contexto de envejecimiento demográfico, aumento de los flujos migratorios y creciente euroescepticismo requiere con carácter urgente adoptar un modelo político capaz de reforzar la solidaridad y los valores fundamentales del acervo social europeo.

En este contexto, el CESE:

1.2 cree que en la difícil coyuntura actual, el establecimiento de una renta mínima europea contribuirá a la cohesión económica, social y territorial, a la protección de los derechos humanos fundamentales, al equilibrio entre los objetivos económicos y sociales y al reparto equitativo de los recursos y la renta;

1.3 señala que en los órganos del CESE se celebró un debate en profundidad sobre esta cuestión y subraya la acuciante necesidad de garantizar una renta mínima adecuada en la Unión Europea mediante una Directiva marco dirigida a combatir la pobreza facilitando la inclusión en el mercado de trabajo, tal y como han solicitado el Comité de las Regiones (1) y varias organizaciones de lucha contra la pobreza (2), e insta a la Comisión a emprender una acción concertada que responda a la Resolución adoptada por el Parlamento Europeo en 2011 (3);

1.4 invita a la Comisión a estudiar posibilidades de financiación de una renta mínima europea, prestando especial atención a la perspectiva de establecer un fondo europeo adecuado;

1.5 pide que se tomen más medidas para garantizar que se alcancen realmente los objetivos de la Estrategia Europa 2020 relativos al empleo, la pobreza y la exclusión social. Dichas medidas deberían incluir 1) la prosecución de objetivos de empleo transversales; 2) la definición de objetivos de reducción para los tres indicadores de que consta el indicador compuesto de la pobreza y la exclusión social, 3) la fijación de subobjetivos a escala europea y nacional, para los grupos con un riesgo de pobreza superior al de la población en general (por ejemplo, niños y hogares monoparentales) y para los trabajadores pobres, 4) la revisión del modo en que los Estados miembros calculan los niveles de pobreza y establecen sus objetivos nacionales, y 5) conseguir que los Estados miembros renueven su compromiso con el fin de garantizar que los esfuerzos conjuntos permitan lograr el objetivo global de la Unión Europea;

1.6 pide que se proceda a una evaluación efectiva del impacto social de las medidas incluidas en los Programas Nacionales de Reformas (PNR) y en los Informes Sociales Nacionales (ISN) así como en los paquetes de consolidación financiera, con el fin de que no empeoren los niveles de pobreza o exclusión social, y de garantizar una mayor participación de la sociedad civil en la preparación de los PNR y los ISN;

1.7 pide un mayor seguimiento de la agravación de la pobreza y la exclusión social y solicita a la Comisión que proponga, siempre que sea necesario y país por país, recomendaciones específicas en materia de inclusión social, en el marco de su evaluación de los Programas Nacionales de Reformas y de los Informes Sociales Nacionales. Dichas recomendaciones deberían aplicarse igualmente a los países que son objeto de un programa especial de ayuda por parte de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional;

1.8 subraya que tener un empleo digno es la mejor garantía contra la pobreza y la exclusión social e insta a la Comisión a que, en colaboración con los Estados miembros, ponga en marcha medidas del Pacto por el Crecimiento y el Empleo para impulsar el crecimiento, la competitividad y la creación de empleo; acoge con satisfacción la intención expresada por el Comisario Tajani de establecer un pacto en favor de la industria para reforzar el sector industrial en la UE y su potencial de creación de empleo;

1.9 destaca, en particular, la importancia de aumentar la participación de los trabajadores, los desempleados y todos los grupos sociales vulnerables en la formación permanente, así como de mejorar el nivel de cualificaciones profesionales y la adquisición de nuevas competencias, lo cual podría contribuir a agilizar la integración en el mercado laboral, aumentar la productividad y ayudar a las personas a encontrar un mejor trabajo.

2. Antecedentes

2.1 La renta mínima garantizada es una ayuda a los ingresos que no está basada en el pago de cotizaciones y que proporciona una red de seguridad para las personas que no pueden optar a las prestaciones de la seguridad social (4). Como última salvaguardia contra la pobreza, está indisolublemente unida al derecho a llevar una vida digna de las personas que no tienen otra forma de asegurar sus ingresos y al de las personas que están a su cargo (5). La «renta mínima garantizada» no debe confundirse con el «salario mínimo», que se fija por medio de convenios colectivos o de la legislación.

2.2 El artículo 10, párrafo 2, de la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores (1989) (6) establece el derecho a «prestaciones y recursos suficientes» para las personas que estén excluidas del mercado de trabajo y que no dispongan de suficientes medios de subsistencia.

2.3 La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000), que como parte integrante del nuevo Tratado de Reforma es jurídicamente vinculante, establece, en su artículo 1, que «La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida» y, en el apartado 3 de su artículo 34, que «Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes».

2.4 El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 153, apartado 1, letra h) permite a la Unión aprobar legislación que apoye y complemente las actividades de los Estados miembros en materia de integración de las personas excluidas del mercado laboral. Entre los imperativos que la Unión deberá tener presentes para definir y aplicar sus políticas y acciones, su cláusula social horizontal (artículo 9) recoge, en particular, un nivel de empleo elevado, una protección social adecuada y la lucha contra la exclusión social.

2.5 La Recomendación 92/441/CEE (7) invita a los Estados miembros a que reconozcan «el derecho fundamental de la persona a recursos y prestaciones suficientes (…) y que adapten en consecuencia, (…) sus sistemas de protección social», y a que establezcan criterios comunes de aplicación, sin especificar, no obstante, un umbral mínimo a nivel de la UE.

2.6 La Recomendación de la Comisión de 2008 (8) reconoce el apoyo adecuado a la renta como uno de los tres pilares de la inclusión activa, y hace hincapié en que los beneficiarios deben estar disponibles para su incorporación al mercado de trabajo, la formación u otras medidas de inclusión social.

2.7 La lucha contra la pobreza y la exclusión social constituye un objetivo principal de la Estrategia Europa 2020, que estableció la plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social (9). Por primera vez define el objetivo de reducir la pobreza y la exclusión social en al menos 20 millones de personas para 2020, basándose en una combinación de tres indicadores. Estos tres indicadores son: el riesgo de pobreza (definido como el porcentaje de personas por debajo del 60 % de la mediana de la renta nacional), la privación material severa (personas con falta de recursos según una lista especificada de bienes) y la intensidad laboral muy baja (el hecho de vivir en un hogar sin empleo) (10). El CESE acogió con satisfacción este compromiso e insistió en que las políticas de la UE no deberían aumentar el riesgo de pobreza (11).

2.8 El gran objetivo establecido por la Estrategia Europa 2020 para reducir la pobreza y la exclusión social se basa en la reducción de un número concreto de personas, lo que difiere del enfoque seguido para los demás grandes objetivos (12): estos se establecen en términos de porcentaje, lo que ayuda a los Estados miembros a alcanzar el mismo objetivo, expresado en un tanto por cierto.

2.9 Los Estados miembros deciden cómo definen sus objetivos nacionales, y los distintos enfoques que deben adoptar para alcanzarlos. Sin embargo, la suma de los objetivos nacionales se sitúa bastante por debajo del objetivo de 20 millones de personas fijado en la Estrategia Europa 2020: se estima que hay una diferencia de entre 5 y 8 millones entre el gran objetivo de la Estrategia Europa 2020 y la suma de los objetivos nacionales (13). Además, numerosos PNR adolecen de claridad sobre cómo se conseguirá el objetivo de reducción de la pobreza, y carecen de medidas adecuadas de inclusión social (14). Los países que reciben ayuda especial de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional no están obligados a presentar PNR específicos (15): solo deben rendir cuentas con arreglo a lo estipulado en los memorandos de entendimiento; ahora bien, estos no prevén medidas dirigidas a reducir la pobreza o la exclusión social.

2.10 La Resolución de 2010 del Parlamento Europeo (16) invita a los Estados miembros a introducir unos regímenes que garanticen una renta mínima equivalente al 60 % de la mediana de la renta nacional, y pide a la UE que formule recomendaciones más contundentes, mientras que la Resolución de 2011 (17) insta a la Comisión a realizar una consulta sobre la posibilidad de una iniciativa legislativa para lograr una renta mínima razonable.

3. Pobreza, exclusión social y desempleo en la UE

3.1 El CESE reconoce que la pobreza constituye una violación de los derechos humanos, que hace aún más necesarios los esfuerzos suplementarios para lograr los objetivos establecidos en el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, y considera que vencer la pobreza constituye un desafío en toda Europa.

3.2 La falta de reformas estructurales y la crisis han provocado mayores riesgos de pobreza y exclusión social y del mercado laboral (18) en muchos países desde 2008; las cifras más recientes de Eurostat (19) confirman que el 24,2 % de la población de la Unión Europea, 119,7 millones de personas (20), se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Este índice aumentó en 2011 en 19 Estados miembros y, entre 2008 y 2011, el número de personas en situación de pobreza o exclusión social aumentó en 4 millones. Los tres indicadores que conforman el «riesgo de pobreza o exclusión social» también han empeorado desde 2008: ahora se sitúan en el 17 % para el riesgo de pobreza, el 9 % para la privación material severa y el 10 % para las personas que viven en hogares con intensidad laboral muy baja. En muchos países, los pobres son cada vez más pobres (21).

3.3 Con una tasa del 27,1 %, los niños (menores de 18 años) son uno de los grupos más expuestos al riesgo de pobreza o exclusión social de toda la población (22). En algunos países, el índice de riesgo de pobreza es relativamente alto para las personas mayores de 65 años (23).

3.4 Las diferencias de renta y las desigualdades sociales aumentan en todos los Estados miembros, así como entre Estados y regiones, y se han agravado considerablemente a raíz de la crisis (24). Además, los grupos de población más desfavorecidos antes de la crisis se hallan ahora en una situación aún peor (25).

3.5 La crisis está revelando nuevas formas de pobreza, como el problema de las personas sin hogar, la pobreza energética, la exclusión financiera (la falta de acceso a los servicios bancarios básicos y al crédito) o el endeudamiento excesivo de los hogares; mientras que la exposición a los riesgos sociales es mayor para las mujeres que para los hombres. Al mismo tiempo, los grupos de población más vulnerables, como las personas de edad avanzada (especialmente las personas de edad muy avanzada y las mujeres de edad avanzada), las personas con discapacidad, las personas con enfermedades crónicas graves, los hogares monoparentales, las familias de renta baja, los migrantes y determinadas minorías étnicas (como la población romaní), se ven afectados desproporcionadamente por múltiples formas de privación.

3.6 El empleo y la situación social en la Unión Europea se encuentran en niveles críticos. El desempleo sigue subiendo: en enero de 2013, afectaba a 26,2 millones de personas, es decir el 10,8 % de la población activa de la Unión (19 millones y 11,9 % de la población activa, respectivamente, en la zona del euro). Asimismo, la situación económica de los hogares es alarmante (26). El desempleo juvenil ha alcanzado máximos en toda la Unión Europea: el 23,6 % de los jóvenes en edad de trabajar están desempleados y tienden a permanecer así durante periodos cada vez más largos.

3.7 El CESE está seriamente preocupado por el creciente número de trabajadores pobres, debido, entre otros motivos, a la generalización de los trabajos precarios y los bajos salarios. En 2011, el 8,9 % de los desempleados vivían bajo el umbral de la pobreza y constituían un tercio de todos los adultos en edad de trabajar en riesgo de pobreza (27).

4. Observaciones generales

4.1 El CESE ha publicado varios dictámenes (28) sobre asuntos directa o indirectamente relacionados con la renta mínima y la pobreza, y ha formulado las recomendaciones correspondientes. Las observaciones y recomendaciones que presentó en 1989 (29) son aún más urgentes en la actualidad, debido al nefasto efecto de la crisis. Entre otros aspectos, apoya a la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, y considera que el método abierto de coordinación, junto con la cláusula horizontal, pueden contribuir a los esfuerzos realizados para garantizar una renta mínima y luchar contra la pobreza y la exclusión social.

4.2 La apremiante necesidad de un sistema de renta mínima se puso de relieve en la audiencia pública (30) que el CESE organizó con motivo de la elaboración de su dictamen, y que congregó a expertos y personalidades comprometidas en favor de una reflexión sobre la mejora de la medición de la pobreza y los desafíos que deben superarse para adoptar un sistema europeo de renta mínima.

4.3 La naturaleza multidimensional de la pobreza (31) y la exclusión social requiere una dimensión social reforzada en la gobernanza europea: unas políticas macroeconómicas socialmente sostenibles constituyen un requisito previo para salir de la crisis y lograr la cohesión social. La pobreza y la exclusión persistentes son perjudiciales para la economía, ya que reducen la renta disponible y la demanda, socavan la competitividad y suponen una carga excesiva para los presupuestos nacionales.

4.4 A este respecto, el CESE está convencido de la necesidad de reevaluar las prioridades y las políticas, en particular las políticas monetarias, incluido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las políticas de competencia y comercio exterior así como las políticas presupuestarias y fiscales.

4.5 El CESE acoge con satisfacción la actualización del Paquete de inversión social, de 20 de febrero de 2013 (32), que invita a los Estados miembros a diseñar un apoyo a la renta que sea eficiente y adecuado y que tenga en cuenta las necesidades sociales detectadas a nivel local, regional y nacional, y a establecer presupuestos de referencia que incluyan una lista de bienes y servicios que una familia de un tamaño y composición determinados necesita para vivir con un nivel determinado de bienestar, junto con los correspondientes costes anuales o mensuales estimados.

4.6 El CESE insta a la Comisión a que acelere el cumplimiento de su promesa (33) de respaldar la actuación de los Estados miembros siguiendo las reformas de inclusión activa mediante la elaboración de un método para establecer presupuestos de referencia y vigilando la pertinencia de la ayuda a la renta, recurriendo a dichos presupuestos en cuanto hayan sido elaborados en colaboración con los Estados miembros.

4.7 El CESE está firmemente convencido de que la mejor manera de reducir la pobreza y evitar la exclusión social es restablecer el crecimiento, impulsar la competitividad y crear condiciones marco favorables para las empresa europeas (incluido, por ejemplo, evitar las cargas administrativas excesivas y garantizar el acceso a la financiación), a fin de permitirles expandirse y crear empleos para personas con las cualificaciones apropiadas.

4.8 El Comité destaca la necesidad de prestar especial importancia a los programas de formación permanente, como instrumento básico para combatir la pobreza y la exclusión social, impulsar la empleabilidad y acceder al conocimiento y al mercado laboral. Es importante aumentar la participación de los trabajadores, los desempleados y todos los grupos sociales vulnerables en la formación permanente, así como mejorar el nivel de cualificaciones profesionales y la adquisición de nuevas competencias, lo cual podría contribuir a agilizar la integración en el mercado laboral, aumentar la productividad y ayudar a las personas a encontrar un mejor trabajo.

4.9 El CESE también apoya un enfoque global del emprendimiento social, con una mayor financiación para el Fondo de Emprendimiento Social Europeo y un mejor entorno jurídico y administrativo, que promueva las empresas de la economía social que se dedican a luchar contra la pobreza como motores de crecimiento, innovación y empleo.

4.10 El CESE acoge con satisfacción la reciente Recomendación sobre la pobreza infantil (34); sin embargo, lamenta la actual exposición de muchos niños al riesgo de pobreza, transmitido de generación en generación, y que revela las insuficiencias en las políticas actuales.

4.11 El CESE expresa su preocupación por el hecho de que no se logre el objetivo en materia de pobreza y exclusión social (menos de 20 millones de personas en situación de pobreza para 2020 en la Unión) establecido por la Estrategia Europa 2020.

4.12 El CESE ya ha constatado que el nivel de participación de la sociedad civil en la preparación de los Programas Nacionales de Reformas difiere de manera significativa en los distintos Estados miembros y que, en algunos de ellos, se hace muy poco por prever su inclusión (35).

4.13 La falta de datos actualizados sobre la renta y las condiciones de vida constituye un obstáculo para la aplicación de la Estrategia Europa 2020.

5. El papel de la renta mínima en la inclusión social y la lucha contra la pobreza

5.1 El CESE es consciente de que asignar a la Unión Europea un papel central específico en materia de protección a través de la renta mínima sería una operación de política excepcionalmente compleja, debido a las disparidades económicas entre los Estados miembros, la diversidad de los regímenes de renta mínima (36) y de las estructuras de protección social, la subsidiariedad, el entramado de derechos y obligaciones ligados a la protección a través de la renta mínima, y la compleja interacción entre, por una parte, las políticas existentes y sus resultados y, por otra, el sentido de solidaridad en la Unión.

5.2 El CESE, no obstante, destaca la necesidad de introducir y reforzar los regímenes de renta mínima dado que, tras veintidós años transcurridos desde la Recomendación 92/441/CΕE, todos los Estados miembros no cuentan aún con estos regímenes, su accesibilidad y funcionamiento adecuado no están garantizados en todas partes y los objetivos acumulados de los Estados miembros para reducir la pobreza y la exclusión social se sitúan significativamente por debajo del objetivo de la Estrategia Europa 2020 (37).

5.3 Teniendo en cuenta la dinámica entre la pobreza y la economía, el CESE desea subrayar el potencial estabilizador de los regímenes de renta mínima, que pueden mitigar el impacto social de la crisis y provocar un efecto anticíclico, proporcionando recursos adicionales para impulsar la demanda en el mercado interior.

5.4 El CESE manifiesta una gran preocupación por el hecho de que los regímenes de renta mínima, que varían considerablemente en la mayoría de los Estados miembros respecto de la cobertura, universalidad y eficacia, no consigan atenuar suficientemente la pobreza y teme que su falta de utilización merme aún más su eficacia (38).

5.5 El CESE acoge con satisfacción los resultados positivos del método abierto de coordinación en el ámbito social, pero lamenta que no se hayan explorado plenamente los instrumentos y estructuras existentes y que los avances en la lucha contra la pobreza y la exclusión social hayan sido limitados.

5.6 Para completar el método abierto de coordinación en materia de política social, el CESE apoya la introducción de una Directiva europea que amplíe los regímenes de renta mínima a todos los Estados miembros, aumente la eficacia de los regímenes existentes tomando en cuenta los distintos contextos nacionales y envíe así un potente mensaje sobre el pilar social europeo.

5.7 La propuesta de Directiva debería establecer normas e indicadores comunes, proporcionar métodos para realizar el seguimiento de su aplicación y permitir la participación de los interlocutores sociales, los beneficiarios y demás partes interesadas a la hora de establecer o revisar los regímenes nacionales de renta mínima.

5.8 El CESE opina que, como condición previa para fortalecer la solidaridad y la cohesión social dentro de los Estados miembros y entre ellos, las políticas presupuestarias y macroeconómicas, en el marco de la aplicación de las políticas existentes y la utilización de los instrumentos y estructuras disponibles, también deberían contribuir a los objetivos de inversión social de la Estrategia Europa 2020.

5.9 El CESE está convencido de que los esfuerzos de la Unión Europea por mejorar la protección a través de la renta mínima deben consistir en ayudar a los Estados miembros –en especial a aquellos más necesitados– a abrir mercados y aplicar políticas macroeconómicas eficientes, así como en utilizar de manera más eficiente y específica los recursos ya existentes y examinar sin más dilación las posibilidades de ampliar los recursos necesarios.

5.10 El CESE recuerda que, aunque es cierto que los regímenes de renta mínima están directamente vinculados a los sistemas de protección y prestaciones sociales, no deberían inducir una dependencia con respecto a estos, y reitera, a este respecto, las condiciones que ya estableció en 1989 (39). A tal fin, los regímenes de renta mínima deberían ir acompañados de políticas generales y disposiciones específicas, como las políticas activas del mercado laboral (PAML), destinadas a ayudar a las personas sin empleo a reincorporarse en el mercado de trabajo, servicios de colocación, una gestión de las prestaciones y los programas relativos al mercado laboral, como la formación y la creación de empleo apoyadas por estrategias de activación adecuadas, para dar mayores oportunidades a las personas en busca de empleo. Son esenciales, asimismo, unos organismos eficaces del mercado laboral, atención sanitaria y políticas de vivienda, así como servicios públicos asequibles y accesibles de gran calidad.

Bruselas, 10 de diciembre de 2013. El Presidente del Comité Económico y Social Europeo Henri MALOSSE

(1) Dictamen del Comité de las Regiones sobre la plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social, DO C 166 de 7.6.2011, p. 18. Véase el punto 7, en la página 19.

(2) ATD Cuarto Mundo, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), la Federación europea de asociaciones nacionales que se ocupan de las personas sin hogar (FEANTSA), la sección europea del movimiento Emaús, etc.

(3) Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2011, sobre la plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social (2011/2052(INI)), DO C 153E de 31.5.2013, pp. 57–78.

(4) Otras políticas son: a) una renta básica universal o renta de integración, que es una ayuda permanente, de cuantía fija, que se paga a intervalos preestablecidos a cada ciudadano adulto, independientemente de su situación económica o social o de su disponibilidad para el trabajo; y b) un impuesto negativo sobre la renta, basado en el concepto de tipo impositivo marginal.

(5) Hugh FRAZER y Eric MARLIER. Minimum Income Schemes Across EU Member States (Los regímenes de renta mínima en los Estados miembros de la UE), informe de síntesis, Red de la UE de Expertos Independientes sobre Inclusión Social, Comisión Europea, Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, 2009.

(6) Comisión de las Comunidades Europeas, Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1990.

(7) Recomendación 92/441/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, sobre los criterios comunes relativos a recursos y prestaciones suficientes en los sistemas de protección social,

(8) Recomendación de la Comisión, de 3 de octubre de 2008, sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral [notificada con el número C(2008) 5737], DO L 307 de 18.11.2008, pp. 11–14.

(9) Europa 2020 — Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador — COM(2010) 2020 final, Bruselas, 3.3.2010.

(10) Juntos identifican al grupo destinatario global de personas «en riesgo de pobreza o exclusión», lo que supone que basta con cumplir cualquiera de los criterios; una persona se incluye si cumple cualquiera de los tres indicadores, y solo se la incluirá una vez.

(11) Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial, COM(2010) 758 final, DO C 248 de 25.8.2011, pp. 130–134.

(12) En los ámbitos de empleo, educación, cambio climático e I+D los objetivos se establecen como porcentajes, lo que permite a los Estados miembros definir objetivos porcentuales nacionales similares.

(13) Comisión Europea, Informe sobre el empleo y la evolución de la situación social en Europa, 2012.

(14) Frazer, Hugh y Marlier, Eric. 2011. Assessment of Progress towards the Europe 2020 social inclusion objectives: Main Findings and Suggestions on the Way Forward (Evaluación de los progresos en la realización de los objetivos de inclusión social de Europa 2020: conclusiones principales y sugerencias sobre el camino a seguir). Red de la UE de Expertos independientes sobre Inclusión Social. Bruselas, Comisión Europea.

(15) Comisión Europea: Guidance for the National Reform Programmes (Orientaciones para los Programas Nacionales de Reformas), 18 de enero de 2012.

(16) Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2010, sobre el papel de la renta mínima en la lucha contra la pobreza y la promoción de una sociedad integradora en Europa (2010/2039(INI)), DO C 70E de 8.3.2012, pp. 8–18.

(17) Véase la nota a pie de página no 3.

(18) Documento de trabajo de la Comisión, Evidence on Demographic and Social Trends. Social Policies' Contribution to Inclusion, Employment and the Economy, SWD(2013) 38 final, primera parte.

(19) Eurostat, 2013. Indicadores clave t2020_50, t2020_51, t2020_52, t2020_53, actualizado al 3 de octubre de 2013.

(20) Las tasas más altas se dan en Bulgaria (49 %), Rumanía y Letonia (40 %), Lituania (33 %), Grecia y Hungría (31 % en los dos casos) e Italia (28,2 %).

(21) Comisión Europea, Social Europe: Current Challenges and the Way Forward, Annual Report of the Social Protection Committee (2012).

(22) Véase la nota a pie de página no 18.

(23) Ibíd.

(24) Confederación Europea de Sindicatos (CESE), Instituto Sindical Europeo (ISE), Benchmarking Working Europe, 2013.

(25) Eurofound, Tercera Encuesta Europea sobre la Calidad de Vida — Calidad de vida en Europa: impactos de la crisis, Luxemburgo, 2012.

(26) Comisión Europea, «Revisión trimestral del empleo y la situación social en la UE», marzo de 2013.

(27) Véase la nota a pie de página no 21.

(28) Véanse DO C 44, de 11 de febrero de 2011, pp. 23-27; DO C 166, de 7 de junio de 2011, pp. 18-22; DO C 24, de 28 de enero de 2012, pp. 35-39; DO C 318, de 23 de diciembre de 2009, pp. 52-56; DO C 48, de 15 de febrero de 2011, pp. 57-64; DO C 44, de 11 de febrero de 2011, pp. 90-98; DO C 44, de 11 de febrero de 2011, pp. 34-39; DO C 318, de 29 de octubre de 2011, pp. 43-49; DO C 132, de 3 de mayo de 2011, pp. 26-38; DO C 128, de 18 de mayo de 2010, pp. 10-17.

(29) DO C 221 de 28.8.1989, pp. 10–15.

(30) 28 de mayo de 2013, http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-european-minimum-income.

(31) El indicador de riesgo de pobreza o exclusión social comprende tres elementos: riesgo de pobreza, privación material severa e intensidad laboral muy baja.

(32) Comunicación COM(2013) 83 de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, titulada «Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020», sustituida, en su versión francesa, por el corrigendo COM(2013) 83 final/2 de 2 de julio de 2013. El «Paquete sobre inversión social» incluye asimismo una Recomendación «Invertir en la infancia» (C (2013) 778 final), documentos de trabajo sobre los temas Long-term care in ageing societies — Challenges and policy options, Investing in Health, Follow-up on the implementation by the Member States of the 2008 European Commission recommendation on active inclusion of people excluded from the labour market, y el 3rd Biennial Report on Social Services of General Interest.

(33) Comunicación COM(2013) 83 final/2, punto 2.2.

(34) Recomendación de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, titulada «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas», DO L 59 de 2.2.2013, pp. 5-16..

(35) CESE: «Participación de la sociedad civil en los Programas Nacionales de Reformas. Informe de síntesis», Bruselas, 28 de febrero de 2011.

(36) Para una descripción completa, véase FRAZER y MARLIER, op. cit., 2009.

(37) Comité de Protección Social, op. cit.

(38) SWD(2013) 39 final.

(39) Véase el dictamen citado en la nota 29.