Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las acciones inhibitorias en materia de protección de los intereses de los consumidores

(96/C 107/03)

(Texto pertinente a los fines del EEE)

COM(95) 712 final - 96/025(COD)

(Presentada por la Comisión el 16 de febrero de 1996)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100 A,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado,

Considerando que determinadas Directivas comunitarias, que figuran en la lista aneja a la presente Directiva, establecen normas en materia de protección de los intereses económicos de los consumidores;

Considerando que los mecanismos que existen actualmente para garantizar el cumplimiento de dichas Directivas, tanto en el ámbito nacional como en el comunitario, no siempre permiten corregir los efectos de las infracciones de sus disposiciones en una fase conveniente para los intereses de los consumidores;

Considerando que la eficacia de las medidas nacionales de incorporación de las Directivas antes mencionadas, al objeto de impedir las prácticas ilícitas, resulta obstaculizada cuando éstas producen sus efectos en un Estado miembro distinto de aquel en el que se sitúa su origen;

Considerando que estas dificultades perjudican el buen funcionamiento del mercado interior, al tener por consecuencia que baste con trasladar el punto de partida de una práctica ilícita para protegerse de cualquier tipo de acción, y que ello constituye una distorsión de la competencia, que se produce en perjuicio de la gran mayoría de las empresas que respetan las disposiciones del Derecho nacional;

Considerando que estas mismas dificultades pueden afectar a la confianza de los consumidores en el mercado interior, así como entrañar efectos discriminatorios en perjuicio de las organizaciones de representación de los consumidores, perjudicados por una práctica que el Derecho comunitario considera ilícita;

Considerando que dichas prácticas superan a menudo las fronteras de los Estados miembros, circunstancia ésta que aconseja, por otra parte, la aproximación del Derecho sustantivo al respecto;

Considerando que, en consecuencia, es necesario y urgente coordinar en cierta medida las disposiciones nacionales que permiten suprimir las prácticas ilícitas antes mencionadas, para que las vías de actuación existentes puedan surtir efecto, con independencia de cuál sea el país en el que la práctica ilícita produce sus efectos;

Considerando que el legislador comunitario es el único con capacidad para alcanzar el objetivo de la acción prevista y que le corresponde por lo tanto intervenir;

Considerando que el párrafo tercero del artículo 3 B del Tratado establece que el legislador comunitario no excederá de lo necesario para lograr sus objetivos; que, en aplicación de esta disposición, es importante respetar las especificidades de los ordenamientos jurídicos nacionales, y que se puede cumplir esta condición concediendo a los Estados miembros la posibilidad de elegir entre diferentes opciones cuyos efectos son equivalentes;

Considerando que una de estas opciones debe prever que un organismo público independiente, específicamente encargado de la protección de los intereses de los consumidores o de la competencia, ejerza los derechos de acción contemplados en la presente Directiva;

Considerando que la otra opción debe prever el ejercicio de estos derechos por las organizaciones que poseen un interés legítimo en proteger a los consumidores, así como por las organizaciones de representación de las empresas, según los criterios establecidos por las legislaciones nacionales;

Considerando que los Estados miembros deben poder combinar ambas opciones;

Considerando que corresponde a los Estados miembros designar, a nivel nacional, los organismos u organizaciones autorizados a efectos de la presente Directiva; que conviene aplicar el principio de reconocimiento mutuo a los organismos así autorizados por los Estados miembros;

Considerando que corresponde a los Estados miembros notificar a la Comisión la lista de los organismos u organizaciones autorizados, así como cualquier modificación de dichas listas nacionales; que corresponde a la Comisión garantizar su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas;

Considerando que la presente Directiva no debe prejuzgar las normas del Derecho internacional privado ni los acuerdos vigentes entre los Estados miembros;

Considerando que los Estados miembros deben poder prever una obligación de advertencia previa a cargo de la parte que se proponga interponer una acción inhibitoria, con el fin de permitir al demandado poner fin a la infracción en litigio;

Considerando que la aplicación de la presente Directiva no debe prejuzgar la aplicación de las normas comunitarias de competencia,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Ámbito de aplicación

1. La presente Directiva tiene por objeto coordinar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a determinadas acciones que permitan garantizar la protección de los intereses de los consumidores, al objeto de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior.

2. A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por infracción cualquier acto contrario a las disposiciones de las Directivas que figuran en el Anexo y que hayan sido incorporadas al ordenamiento interno de los Estados miembros, que atente contra los intereses de los consumidores.

Artículo 2

Acción inhibitoria

1. Los Estados miembros designarán al juez o a la autoridad competente para decidir sobre las acciones ejercitadas por los organismos cualificados a efectos del artículo 3, a fin de:

a) ordenar, en el menor plazo posible y, en su caso, mediante procedimiento de urgencia, el cese o la prohibición de cualquier acto constituyente de infracción;

b) en su caso, adoptar las medidas necesarias para corregir los efectos de dicha infracción, incluida la publicación de su resolución;

c) condenar a la parte perdedora a abonar a la parte demandante, en caso de falta de ejecución de la resolución adoptada en el plazo establecido por la misma, una cantidad establecida por día de retraso o cualquier otra suma contemplada por la legislación nacional al objeto de garantizar la ejecución de las resoluciones;

2. Cuando la acción pueda ejercerse, en virtud de los convenios aplicables, en un Estado miembro distinto de aquel cuya legislación haya sido objeto de la infracción denunciada, la autoridad competente ante la que se formule la demanda adoptará iguales medidas que las previstas para la violación de la legislación nacional.

Artículo 3

Organismos cualificados para ejercitar una acción

1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por «organismo cualificado» cualquier organismo u organización que posea, con arreglo al Derecho nacional, un interés legítimo en hacer que se respeten las disposiciones contempladas en el artículo 1, y, en particular:

a) los organismos públicos independientes específicamente responsables de la protección de los intereses de los consumidores, en los Estados miembros en los que existan tales organismos, o

b) las organizaciones que posean un interés legítimo en la protección de los intereses de los consumidores, así como las organizaciones representativas de empresas o de federaciones de empresas, según los criterios establecidos por su legislación nacional.

2. A los efectos de la presente Directiva, y sin perjuicio de los derechos reconocidos a otros organismos por la legislación nacional, cada Estado miembro elaborará, a escala nacional, la lista de los organismos cualificados para ejercitar la acción prevista en el artículo 2. Los organismos y organizaciones que figuren en dicha lista recibirán un documento acreditativo de su cualificación ante las jurisdicciones o autoridades competentes.

3. Los Estados miembros notificarán a la Comisión las listas elaboradas según lo dispuesto en el apartado 2, así como cualquier modificación eventual de las mismas, a efectos de su publicación en la serie C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 4

Infracciones intracomunitarias

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todo organismo cualificado pueda, en los casos en que los intereses que representa se vean afectados por una infracción cuyo origen se sitúe en otro Estado miembro, acudir ante el juez o ante la autoridad competente prevista en el artículo 2, previa presentación del documento contemplado en el apartado 2 del artículo 3.

2. Los Estados miembros podrán establecer la subordinación de la intervención directa prevista en el apartado 1 a la intervención previa de un organismo cualificado del Estado miembro territorialmente competente, dirigida a obtener que éste inicie la acción prevista en el artículo 2; en dicho caso, los Estados miembros preverán un plazo de respuesta razonable por parte de los organismos cualificados nacionales.

Artículo 5

Notificación previa

1. Los Estados miembros podrán establecer o mantener la obligación de notificación previa a la parte demandada a cargo de la parte que se proponga entablar una acción inhibitoria. Los Estados miembros que hagan uso de esta facultad velarán por que las modalidades que regulen la notificación previa permitan el ejercicio de la acción inhibitoria en un plazo razonable.

2. Las modalidades de notificación previa que adopten los Estados miembros serán notificadas a la Comisión y serán publicadas en la serie C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

3. La notificación previa interrumpirá la prescripción.

Artículo 6

Informes

Cada tres años y por primera vez el 31 de diciembre de 2000, a más tardar, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva.

Artículo 7

Disposiciones que garanticen una potestad de actuación más amplia

La presente Directiva no constituirá obstáculo al mantenimiento o a la adopción por los Estados miembros de disposiciones que tengan por objeto garantizar, a escala nacional, una facultad de actuación más amplia a las organizaciones representativas de consumidores o de profesionales, o a los organismos públicos y a cualquier persona afectada.

Artículo 8

Aplicación

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 1997. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 9

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 10

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

ANEXO

LISTA DE LAS DIRECTIVAS CONTEMPLADAS EN EL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 1

- Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984 (publicidad engañosa); DO n° L 250 de 19. 9. 1984, p. 17;

- Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985 (contratos negociados fuera de los establecimentos comerciales); DO n° L 372 de 31. 12. 1985, p. 31;

- Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, DO n° L 42 de 12. 2. 1987, p. 48; modificada por la Directiva 90/88/CEE del Consejo, de 22 de febrero de 1990 (crédito al consumo); DO n° L 61 de 10. 3. 1990, p. 14;

- Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989 (ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva): artículos 10 a 23; DO n° L 298 de 17. 10. 1989, p. 23;

- Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990 (viajes combinados, vacaciones combinadas y circuitos combinados); DO n° L 158 de 23. 6. 1990, p. 59;

- Directiva 92/28/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992 (publicidad de los medicamentos de uso humano); DO n° L 113 de 30. 4. 1992, p. 13;

- Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 (cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores); DO n° L 95 de 21. 4. 1993, p. 29;

- Directiva 94/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994 (protección de los adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido); DO n° L 280 de 29. 10. 1994, p. 83;

- Directiva . . . del Parlamento Europeo y del Consejo, . . ., (contratos negociados a distancia).