Existe un marco jurídico integral de la UE destinado a garantizar controles coherentes a lo largo de la cadena alimentaria humana y animal, «de la granja a la mesa», y un seguimiento adecuado, al tiempo que se vela por un mercado interior y un comercio eficaces con los países no pertenecientes a la UE.

Sobre la base de los controles de la Comisión a los Estados miembros se concluye que, en general, los Estados miembros cuentan con los sistemas de control necesarios para garantizar la aplicación de los requisitos de la UE. En algunos países, los controles de la Comisión observaron deficiencias en la aplicación de los controles oficiales, lo cual es indicativo de que sigue existiendo un margen de mejora. La Comisión hizo un seguimiento sistemático de sus recomendaciones a los Estados miembros y, cuando lo consideró necesario, utilizó otras herramientas de ejecución. Además, la Comisión ha apoyado a los Estados miembros (y a otros países no pertenecientes a la UE) mediante la prestación de asistencia técnica y formación a través de la iniciativa «Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria» (BTSF) y de reuniones técnicas con los expertos de los Estados miembros.

La Comisión considera que es necesario disponer de recursos adecuados para las inspecciones in situ. Cuando se trata de cuestiones tan diversas como el fraude alimentario, es fundamental realizar inspecciones in situ para verificar el correcto etiquetado de los alimentos y los piensos, la aplicación de buenas prácticas de higiene en el sacrificio y el uso adecuado de los productos fitosanitarios.

La mayoría de los Estados miembros informaron de que las principales cuestiones que repercutieron en la aplicación de sus planes nacionales de control plurianuales fueron los niveles de personal y los recursos financieros o de equipamiento. Si bien la mejora del análisis de datos, la utilización de herramientas informáticas y los controles documentales ayudaron a superar estos problemas en algunos Estados miembros, otros informaron de que no podían aplicar plenamente sus planes de control.

Los Estados miembros son responsables de la aplicación de los controles oficiales basados en los riesgos, que se detallan y planifican en sus planes nacionales de control plurianuales (PNCPA). Los controles oficiales tienen por objeto verificar que los explotadores a lo largo de la cadena alimentaria humana y animal cumplan con la legislación aplicable y, de no ser así, se prevé que los Estados miembros hagan respetar dicha legislación y adopten medidas para que estos explotadores vuelvan a cumplirla. Los servicios de la Comisión verifican mediante auditorías la aplicación por los Estados miembros de los controles oficiales y de las actividades ejecutorias vinculadas.

Otros Estados miembros informan de forma más general sobre la forma en que sus controles repercuten en los objetivos. Por ejemplo, los Países Bajos comunicaron que utilizan indicadores de bienestar animal para definir los objetivos de los programas de control oficial. Las autoridades competentes neerlandesas también midieron la eficacia de los controles a través de proyectos concretos como el «Meat Supply Chain Improvement Plan» (Plan de mejora de la cadena de suministro de carne), el «Copper in Pig Feed» (Cobre en los piensos para cerdos) y el «Compliance Monitor for Red Meat Slaughterhouses and Poultry Slaughterhouses» (Seguimiento del cumplimiento en los mataderos de carne roja y de carne de ave). El informe anual indicó que la labor desarrollada en 2017 sobre los análisis de los grupos destinatarios y el desarrollo de estrategias de seguimiento en previsión de las evaluaciones de impacto ofrecieron una mayor información sobre el cumplimiento y, por consiguiente, sobre la eficacia de los controles oficiales.

4.2.2.Controles oficiales previstos y en curso

Según la legislación de la UE, las autoridades nacionales deben planificar sus controles oficiales de acuerdo con las prioridades basadas en los riesgos que hayan identificado. Si bien todos los Estados miembros destacaron que definen la frecuencia de los controles oficiales mediante evaluaciones basadas en el riesgo, no describieron la metodología utilizada.

Los organismos de evaluación de la conformidad de terceros certifican a las empresas alimentarias y de piensos europeas en el marco de varios programas privados de garantía de calidad. Austria, Bélgica, Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido, informaron de la forma en que utilizan la información de estos programas en sus evaluaciones del riesgo. Como ejemplo, los Países Bajos celebraron reuniones con los propietarios de dichos programas.

4.2.3.Actividades de control específicas

Además de las actividades de control previstas, los Estados miembros reaccionan ante los problemas que se plantean con actividades de control específicas. Dinamarca y Hungría informaron de que cuando el número de controles oficiales periódicos era inferior al de años anteriores, aumentaban el número de actividades de control específicas ad hoc.

En los Países Bajos, el seguimiento basado en riesgos mostró que el control específico de alimentos concretos, las inspecciones selectivas del cumplimiento y el control de los peligros microbiológicos pueden tener ventajas, y pueden ofrecer a las empresas y a los consumidores un marco en el que basar las acciones específicas.

En 2017 y 2018, la mayoría de los Estados miembros tuvo que hacer frente a los efectos del incidente con el fipronil, que se originó en los Países Bajos y dio lugar a la retirada y la recuperación de huevos y ovoproductos en toda la UE (este asunto se menciona expresamente en los informes de Bélgica, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, los Países Bajos y Polonia).

Además, varios Estados miembros (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido) mencionaron el fraude alimentario y las ventas por internet como ámbitos que plantean retos específicos. La nueva posibilidad, prevista en el Reglamento sobre los controles oficiales, de tomar muestras de las mercancías ofrecidas para su venta por medios de comunicación a distancia y las normas sobre el nivel de las sanciones por fraude alimentario deben ayudar a los Estados miembros a aplicar las normas en estos ámbitos.

La presencia de la peste porcina africana requirió importantes recursos oficiales en los países afectados (para controlar la enfermedad) o en riesgo (para prevenir su entrada y garantizar su detección precoz), según notificaron Alemania, Estonia, Finlandia, Polonia, Rumanía y Suecia.

4.2.4.Recursos

Los Estados miembros deben velar por que se disponga de los recursos financieros adecuados a fin de proporcionar el personal y los demás recursos necesarios para que las autoridades competentes efectúen los controles oficiales y otras actividades oficiales.

Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España, Finlandia, Grecia, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia hicieron hincapié en que las reducciones presupuestarias dieron lugar a unos niveles de personal reducidos, que en ocasiones disminuían aún más con respecto a los de los años anteriores, y a unos recursos financieros o materiales insuficientes. Alemania, España, Finlandia, Grecia, los Países Bajos, Polonia, Portugal y Rumanía reconocieron que no podían realizar todas las funciones previstas en sus PNCPA.

En Chequia, Francia y los Países Bajos, se incrementó el número de personal para abordar cuestiones específicas como la salud animal (la peste porcina africana, y la influenza aviar de alta patogenicidad), la sanidad vegetal (Xylella fastidiosa), el fraude alimentario y la preparación para el Brexit.

España, Malta y Suecia mencionaron dificultades a la hora de contratar a personal debidamente cualificado, problema al que también se enfrentaron los explotadores de empresas alimentarias y de empresas de piensos.

Los Estados miembros informaron de que las principales estrategias que les ayudaban a mitigar las reducciones del número de personal eran el análisis de datos y la mejora de los sistemas informáticos.

Las autoridades competentes de los Estados miembros consideran que el intercambio de conocimientos con los expertos nacionales (dentro de los Estados miembros y entre ellos) es un elemento clave para la mejora de los procedimientos de auditoría. Todos los Estados miembros acogieron favorablemente la iniciativa BTSF.

4.3.Cumplimiento general de la legislación sobre piensos y alimentos, las normas sobre salud y bienestar de los animales y las normas sobre agricultura ecológica

Los informes anuales ofrecen información y un análisis de los incumplimientos detectados por las autoridades competentes del Estado miembro en los explotadores de empresas alimentarias y de empresas de piensos.

4.3.1.Tipos de incumplimientos