En general, los Estados miembros han ampliado su conjunto de herramientas de programas de crédito a la exportación en los últimos años. Por lo que respecta a los tipos de apoyo al crédito a la exportación que ofrecen las ACE europeas, el más común sigue siendo la «garantía pura» (la operación de exportación la financia un banco comercial, para lo cual la ACE ofrece una garantía o una cobertura del tipo «seguro»). Los veintiún Estados miembros que concedieron créditos a la exportación a tenor del Reglamento (UE) n.º 1233/2011 durante el período objeto de informe ofrecen este tipo de apoyo. Quince Estados miembros ofrecen también otras formas de apoyo previstas en el Reglamento (UE) n.º 1233/2011 y en el Acuerdo de la OCDE en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial, como el crédito o financiación directos (en la que la ACE, y no un banco comercial, aporta directamente la financiación), la refinanciación o los sistemas de subvención de intereses. Varios informes anuales de actividades también mencionan explícitamente la financiación de proyectos, la ayuda condicionada y la financiación a las pymes.

En algunos Estados miembros, la ACE es un departamento o una agencia de la Administración Pública. En otros, una compañía de seguros con mandato público asume esa función bajo supervisión de la Administración Pública. No es inhabitual que los Estados miembros que ofrecen distintas categorías de apoyo al crédito a la exportación tengan más de una ACE (por ejemplo, una agencia que preste apoyo oficial en forma de garantía o «garantía pura» del tipo «seguro» y una segunda agencia que ofrezca un apoyo del tipo «subvención de intereses»). En 2016, veintiún Estados miembros de la UE ofrecían programas de crédito a la exportación a tenor del Reglamento (UE) n.º 1233/2011. Dichos programas estaban gestionados por un total de veintinueve agencias y departamentos de la Administración Pública.

Los siete Estados miembros restantes (Chipre, Estonia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania y Malta) no tenían programas de crédito a la exportación en vigor a tenor del Reglamento (CE) n.º 1233/2011 durante el año objeto del informe.

La presente revisión anual se refiere al año civil 2016. Este ejercicio tiene por objeto las actividades de crédito a la exportación a tenor del Reglamento (UE) n.º 1233/2011, a saber, las operaciones a «medio y largo plazo» con un período de reembolso de dos años o más. La presente revisión no se refiere a las operaciones de crédito a la exportación a corto plazo ni a las actividades que algunas agencias de crédito a la exportación (ACE) llevan a cabo fuera del ámbito de los créditos a la exportación (como los seguros de inversiones). Cabe señalar también que, en algunos Estados miembros, la función de agencia de crédito a la exportación la asume una compañía de seguros con mandato público. En tales casos, la gestión de los programas públicos de crédito a la exportación está estrictamente separada de otras actividades del sector privado (obviamente, estas últimas no están incluidas en la presente revisión).

En general, los informes anuales de actividades ofrecen información financiera pertinente sobre los programas de crédito a la exportación de 2016. No obstante, hay que destacar que, según el Reglamento (UE) n.º 1233/2011, esta presentación de informes se hace con arreglo a los marcos legislativos nacionales respectivos de los Estados miembros. Ello da lugar a algunas diferencias de presentación. Una vez aclarado esto, la Comisión no tiene observaciones específicas sobre los aspectos financieros de los informes anuales de actividades.

Como se ha dicho anteriormente, las ACE europeas actúan en una amplia serie de ámbitos que no son objeto de los informes presentados con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1233/2011. Este se refiere fundamentalmente a las actividades de crédito a la exportación a medio y largo plazo (tal como se definen en el Acuerdo de la OCDE en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial). No obstante, muchas ACE europeas ofrecen también productos como créditos a la exportación y garantías de cartas de crédito, garantías de riesgo de fabricación y productos de seguros de inversión a corto plazo. Cabe señalar también que varios Estados miembros han desarrollado productos de crédito a la exportación específicos para un sector, por ejemplo, para la fabricación de aeronaves y la construcción naval. Conviene tenerlo en cuenta al evaluar el papel económico que tienen las ACE en un sentido más amplio.

En general, en los últimos años se ha producido un mayor grado de conformidad, ya que el Acuerdo de la OCDE en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial ha pasado a englobar una gran variedad de asuntos. No obstante, deben tenerse en cuenta las siguientes diferencias, ya que dificultan la posibilidad de hacer una verdadera comparación que permita dar una imagen completa. En primer lugar, los Estados miembros han desarrollado, dentro de los tipos generales de crédito a la exportación mencionados en el apartado anterior, una amplia variedad de programas de crédito a la exportación. Además, aunque un producto determinado pueda ser común en varias ACE, es posible que las condiciones a que esté sujeto no lo sean. En segundo lugar, el impacto de un programa de crédito a la exportación también depende obviamente de las características de la economía nacional y de las capacidades del sector financiero privado.

Además de la información ya mencionada en el apartado 3, letras a) y b) , los veintiún informes anuales de actividades ponen de manifiesto que los Estados miembros han desarrollado políticas sobre los créditos a la exportación más relacionadas, en general, con el medio ambiente, la lucha contra el soborno y los préstamos sostenibles a los países de renta baja. Las tres recomendaciones pertinentes de la OCDE desempeñan un papel importante, aunque no exclusivo, a este respecto. Incluso los Estados miembros que no pertenecen a la OCDE aplican estos instrumentos o tienen la intención de hacerlo. Muchos Estados miembros señalan en particular que al aplicar los «enfoques comunes» se excede el ámbito definido por la OCDE. Además, las políticas de los Estados miembros se basan en normas internacionales como los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el más amplio acervo de la UE, como el Reglamento sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión. Las referencias frecuentes a «objetivos», «normas» y «directrices» de la UE demuestran que se tienen en cuenta tanto los instrumentos de Derecho indicativo como los de Derecho imperativo y que el espíritu es tan importante como la letra de la ley.

Además, los Estados miembros citan cada vez más objetivos políticos adicionales o consideraciones que complementan los consagrados en los enfoques comunes. Los ejemplos incluyen cuestiones de género, sostenibilidad social y prevención de la evasión fiscal. En varios casos, las ACE en cuestión han desarrollado instrumentos pertinentes. Un ejemplo de ello sería la política de responsabilidad social de las empresas, que normalmente implica no solo esfuerzos internos sino también un estrecho diálogo con los clientes de la ACE.

En lo que se refiere a la protección del medio ambiente, las nuevas tendencias incluyen el énfasis en la sostenibilidad y la reducción de emisiones. Al igual que en el anterior ejercicio de información, muchos Estados miembros subrayan la importancia particular que revisten los derechos humanos. Prácticamente todos los informes siguen reflejando el apoyo al desarrollo de la faceta de los derechos humanos en el marco de los nuevos enfoques comunes. En algunos casos, esta cuestión está vinculada directamente con los derechos laborales.

En general, las políticas de los Estados miembros relativas a las ACE han tendido a converger. Un ejemplo de ello son las medidas de lucha contra el soborno. Muchos Estados miembros exigen una declaración de no soborno firmada por las partes involucradas y afirman explícitamente que la cobertura queda automáticamente invalidada por la constatación de soborno. Por ejemplo, en Portugal, las garantías de COSEC no son válidas cuando se produce una constatación de soborno. Un número cada vez mayor de Estados miembros también menciona la importancia de la supervisión y alientan de forma activa a los bancos y a los exportadores a que desarrollen sus propias medidas de lucha contra el soborno.

Numerosos Estados miembros han desarrollado sus propios instrumentos específicos de lucha contra el soborno y la corrupción, además de la aplicación de los enfoques comunes, como una carta ética o medidas de denuncia de irregularidades. Las medidas de prevención del blanqueo de capitales también se citan cada vez más como una prioridad, junto con la prevención de la financiación del terrorismo.

Asimismo, la convergencia queda demostrada con el cumplimiento estricto de los requisitos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional citados por muchos Estados miembros en relación con las prácticas de préstamos sostenibles a los países de renta baja.

Los Estados miembros también velan cuidadosamente por que las ACE actúen con la mayor transparencia posible, respetando al mismo tiempo la necesaria confidencialidad de las operaciones comerciales. Algunos Estados miembros prestaron especial atención a esta cuestión en los informes anuales de actividad correspondientes a 2016.

Está claro, pues, que los enfoques comunes de la OCDE se han integrado plenamente en las políticas de crédito a la exportación de los Estados miembros. Además, como demuestra la variedad de consideraciones incluidas anteriormente, los enfoques comunes se están convirtiendo cada vez más en una norma mínima. En muchos ámbitos, los Estados miembros aplican sus propias medidas adicionales para garantizar que el apoyo al crédito a la exportación esté disponible únicamente para las operaciones que cumplan un estricto conjunto de normas que van desde las medioambientales hasta las sociales.

d) Observancia de los objetivos y las obligaciones de la Unión por parte de las ACE

A fin de aumentar la transparencia a escala de la UE, los Estados miembros facilitarán a la Comisión un informe anual de actividades en el que comuniquen, de acuerdo con su normativa nacional, determinada información financiera y sobre operaciones relativa a sus actividades de crédito a la exportación, que también incluya información sobre cómo se abordan los riesgos medioambientales.

Según el punto 3 del anexo I, «la Comisión elaborará una revisión anual para el Parlamento Europeo sobre la base de estas informaciones, incluida una evaluación referente a la observancia de las ACE respecto de los objetivos y las obligaciones de la Unión».

El Tratado de la Unión Europea (TUE) enumera los objetivos generales de la Unión en su artículo 3 y los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión en su artículo 21.