En la fase 3 del RCDE UE (2013-2020)*, los sectores con instalaciones fijas reguladas por el RCDE UE son las industrias de gran consumo de energía, en particular las centrales eléctricas y otras plantas de combustión con una potencia térmica nominal superior a 20 MW (excepto las instalaciones de incineración de residuos peligrosos o urbanos), las refinerías de petróleo, los hornos de coque, la producción de hierro y acero, cemento sin pulverizar (clínker), vidrio, cal, ladrillos, productos de cerámica, pasta papelera, papel y cartón, aluminio, productos petroquímicos, amoniaco, ácido nítrico, ácido adípico, ácido de glioxal y ácido glioxílico, la captura de CO2, el transporte a través de tuberías y el almacenamiento geológico de CO2.

En último lugar, aunque no menos importante, la crisis de la COVID-19 provocó una notable caída del precio del carbono entre marzo y abril de 2020. A pesar de ello, la señal de precios del carbono permaneció estable en torno a una media de 24 EUR entre enero de 2019 y finales de junio de 2020. Los ingresos obtenidos de la subasta de derechos de emisión del RCDE se situaron por encima de 14 000 millones EUR solo en 2019, y 7 900 millones EUR durante el primer semestre de 2020. Según los datos presentados por los Estados miembros, a lo largo de 2019, el 77 % de dichos ingresos se gastó (o se había previsto gastar) en fines específicos relacionados con el clima y la energía (véase el apartado 3.1.2.2).

En 2019, se notificó que 611 operadores de aeronaves tenían un plan de seguimiento (un 7 % menos que en 2018). El 50 % (308) de los operadores notificados eran comerciales, mientras que el otro 50 % (303) eran no comerciales . Un total de 262 (el 43 %) entraban en la categoría de pequeños emisores [en comparación con los 287 (el 44 %) de 2018].

Según los informes del artículo 21 presentados en 2020, igual que en los años anteriores, hasta el momento ocho países (BE, DK, FR, HR, HU, LI, LT y NL) se han acogido a la disposición contemplada en el artículo 13 del Reglamento sobre seguimiento y notificación (RSN) para permitir el uso de planes de seguimiento simplificados en el caso de las instalaciones fijas que presentan un riesgo reducido. En el caso de los operadores de aeronaves de bajas emisiones, dos países se acogieron a esta disposición en 2019 (BE y IS).

Como en el año pasado, siete países (ES, FR, HR, IS, IT, SI y UK) se han acogido a la posibilidad de excluir a los pequeños emisores del RCDE UE, tal como prevé el artículo 27 de la Directiva RCDE UE. Las emisiones excluidas en 2019 ascendieron a 3,81 millones de toneladas de CO2 (alrededor del 0,25 % de las emisiones totales procedentes de instalaciones fijas en el marco del RCDE UE, en comparación con el 0,17 % del año anterior).

Por lo que respecta a las actividades sujetas al RCDE UE que se recogen de manera adicional en relación con las emisiones distintas del CO2, trece países han notificado la autorización de la producción de aluminio primario y perfluorocarburos (PFC) (DE, FR, EL, ES, IS, IT, NL, NO, RO, SE, SI, SK y UK), mientras que veintiún países han notificado la autorización de la producción de ácido nítrico y N2O (todos salvo CY, DK, EE, IE, IS, LI, LU, LV, MT y SI). El resto de sectores relacionados con el N2O —producción de ácido adípico y producción de ácido de glioxal y ácido glioxílico— se han notificado en tres (DE, FR e IT) y dos (DE y FR) países respectivamente. Solo Noruega y Austria declararon actividades de captura y almacenamiento de CO2.

Dentro de las categorías de instalaciones determinadas en función de las emisiones anuales , los datos de 2019 muestran que, al igual que en años anteriores, el 72 % de las instalaciones son de categoría A; el 21 %, de categoría B; y el 7 %, de categoría C. Se han notificado 6 053 instalaciones como «instalaciones de bajas emisiones» (el 57 % del total).

Las emisiones procedentes del uso de biomasa en las instalaciones del RCDE aumentaron un 4 % en 2019 con respecto al año anterior, mientras que las procedentes del carbón se redujeron un 19 %, lo que ha contribuido a la importante reducción del 15 % de las emisiones del sector eléctrico. En lo que respecta exclusivamente a los combustibles, y al igual que en años anteriores, en 2019 continuó el predominio abrumador del uso de combustibles fósiles en el marco del RCDE UE. Sin embargo, veintinueve países también informaron del uso de biomasa en relación con 2 197 instalaciones (el 20,8 % del total de las instalaciones). El porcentaje más alto de emisiones procedentes del uso de biomasa en comparación con las emisiones incluidas en el RCDE UE por país lo comunicó Lituania: un 68 %. Solo dos países (LI y MT) no notificaron uso alguno de biomasa. En 2019, las emisiones totales procedentes del uso de biomasa ascendieron aproximadamente a 170 millones de toneladas de CO2 (un 11 % en comparación con las emisiones notificadas en el marco del RCDE), lo cual supone un claro aumento respecto de los 145 millones de toneladas de CO2 de 2018 (un 8 % en comparación con las emisiones notificadas en el marco del RCDE). De estas emisiones, el 99,2 % tenían una calificación de cero . En 2019, se comunicó por primera vez que se había utilizado una pequeña cantidad de biocombustible. Dos operadores de aeronaves (uno de DE y otro de SE) informaron de que abarcaban el 0,01 % de las emisiones procedentes de la aviación en el marco del RCDE en 2019.

Derechos gratuitos no asignados debido a cierres o a cambios en la producción o en la capacidad de producción

·la producción de electricidad no opta a derechos gratuitos;

*** Decisión 2017/126/UE de la Comisión (DO L 19 de 25.1.2017, p. 93).

** Decisión 2013/448/UE de la Comisión (DO L 240 de 7.9.2013, p. 27).

Entre enero de 2019 y junio de 2020, se cancelaron tres subastas debido a que no se alcanzó el precio de la reserva o a que el volumen total de la licitación era inferior al volumen subastado, en consonancia con las disposiciones pertinentes del Reglamento sobre las subastas. Sumando estas tres, se han cancelado un total de quince subastas de las más de 1 700 celebradas desde finales de 2012. En el gráfico 2, figura un resumen de los precios de adjudicación desde 2013 hasta el 30 de junio de 2020:

De conformidad con las medidas de salvaguardia adoptadas para proteger la integridad medioambiental del RCDE UE , no se subastaron derechos de emisión en 2019 en nombre del Reino Unido. Tras la entrada en vigor del acuerdo de retirada el 1 de febrero de 2020, las subastas del Reino Unido se reanudaron el 4 de marzo de 2020 a través de la plataforma de subastas ICE. La cantidad incluida en el calendario de subastas del Reino Unido para 2020 asciende a los volúmenes combinados para subasta en los años naturales 2019 y 2020.

Las subastas de 2019 se llevaron a cabo a través de EEX, que es la plataforma común de subastas utilizada por los veinticinco Estados miembros que participan en un procedimiento conjunto de contratación pública; por Polonia, que optó por no participar en dicho procedimiento conjunto de contratación pública pero aún no ha designado su propia plataforma de subastas; y por Alemania, que la emplea como plataforma de subasta propia.

* Reglamento (UE) n.º 1031/2010 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2010, sobre el calendario, la gestión y otros aspectos de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero con arreglo a la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad (DO L 302 de 18.11.2010, p. 1).

La subasta es la modalidad predeterminada de asignación de derechos de emisión. Las subastas primarias se rigen por el Reglamento sobre las subastas*, que especifica el calendario, la gestión y otros aspectos de la forma en que se deben llevar a cabo las subastas para garantizar un proceso abierto, transparente, armonizado y no discriminatorio.

Los derechos de emisión que permanezcan sin asignar tras la fase 3 podrán subastarse o bien, según las disposiciones de la Directiva RCDE UE, asignarse en el período 2021-2030 a inversiones del artículo 10 quater seleccionadas a través de una licitación pública o al Fondo de Modernización. Aunque Hungría optó por transferir sus derechos del artículo 10 quater no asignados en la fase 3 a su volumen del artículo 10 quater en la fase 4, casi todos los demás Estados miembros decidieron subastar los derechos que les quedaban. Rumanía hizo uso de ambas opciones: transfirió parte de sus derechos no asignados a la fase 4 y subastó otra parte.

** Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (DO C 158 de 5.6.2012, p. 4).

* En la fase 3 podían acogerse a la excepción Bulgaria, Chequia, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia y Rumanía. Malta y Letonia decidieron no hacerlo.

Los promotores de proyectos también pueden obtener asistencia al desarrollo de proyectos (PDA) en el marco del instrumento InnovFin con el fin de aumentar la madurez de sus proyectos. Recientemente, tres proyectos climáticos han recibido 692 000 EUR en financiación PDA, con el respaldo de los fondos no desembolsados de NER300. Estos proyectos, radicados en Suecia, Italia y los Países Bajos, responden al cambio climático con el desarrollo de plantas de demostración innovadoras y pioneras (véase el apéndice 8 del anexo).

En el período que comprende el informe, se han seleccionado dos nuevos proyectos para que se beneficien de los fondos no utilizados del programa NER300 en el marco de InnovFin EDP, con una ayuda que asciende a unos 95 millones EUR (véase el apéndice 8 del anexo).

Otros tres proyectos de la segunda convocatoria prosiguen sus preparativos para entrar en funcionamiento el 30 de junio de 2021. Habida cuenta de las dificultades que presenta el contexto económico y político desde que se creó el programa NER300, veintidós proyectos no han logrado obtener suficiente apoyo financiero adicional y se han retirado, con lo que se ha liberado un total de 1 455 millones EUR. Otros cuatro proyectos se encuentran en diferentes fases de preparación.

Como resultado de las dos convocatorias de propuestas del programa NER300, se adjudicaron fondos a un total de treinta y ocho proyectos de FER y un proyecto de CAC en veinte Estados miembros de la UE, con un importe total de 2 100 millones EUR. A 31 de diciembre de 2019, hay nueve proyectos operativos: el proyecto de bioenergía Verbiostraw en Alemania, los proyectos eólicos terrestres Windpark Blaiken en Suecia y Windpark Handalm en Austria, los proyectos eólicos marítimos Veja Mate y Nordsee One en Alemania, el proyecto de red inteligente Puglia Active Network en Italia, los proyectos eólicos marítimos flotantes Vertimed en Francia y Windfloat en Portugal, así como el proyecto de energía solar de concentración Minos en Grecia. Un proyecto se considera completado: el de bioenergía BEST, en Italia.

En el cuadro 1.3. del apéndice 1 del anexo, se indica el número de derechos de emisión no asignados que han sido subastados (o que se prevé subastar) por los Estados miembros en virtud de la excepción contemplada en el artículo 10 quater para el período 2013-2021.

La Directiva RCDE UE define las áreas prioritarias de inversión, en concreto la generación y el uso de electricidad de fuentes renovables, la mejora de eficiencia energética (excepto las instalaciones de combustibles fósiles), el almacenamiento de energía, la modernización de las redes energéticas, y la transición justa en las regiones que dependen del carbono. Al menos el 70 % de los recursos del Fondo de Modernización deben destinarse a inversiones prioritarias. Las inversiones en áreas no prioritarias estarían sujetas a una evaluación más exhaustiva por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y al voto favorable de un comité de inversiones integrado por los Estados miembros, el BEI y la Comisión.

En relación con los proyectos que se consideren prometedores, pero todavía no suficientemente maduros, la convocatoria prevé un presupuesto de 8 millones EUR para contribuir al desarrollo de proyectos.

El Fondo de Innovación es uno de los dos fondos para tecnologías hipocarbónicas creados por la Directiva RCDE UE para el período 2021-2030. Apoyará, con criterios competitivos, el primer desarrollo de mercado y la demostración a escala comercial de tecnologías innovadoras, así como la innovación puntera en los sectores incluidos en el RCDE UE, como las energías renovables innovadoras, las industrias de gran consumo de energía, la captura, almacenamiento y utilización de carbono y el almacenamiento de energía, así como productos sustitutivos y proyectos intersectoriales. Se financiará mediante la subasta de 450 millones de derechos de emisión e ingresos no desembolsados de la segunda convocatoria del programa NER300.

Por último, se adjudicaron ayudas por unos 34 millones EUR con cargo a los fondos no desembolsados de NER300 en el marco del MCE ID a tres proyectos innovadores de transporte limpio radicados en Italia y Alemania (véase el apéndice 8 del anexo).

Los participantes en el RCDE UE todavía pueden utilizar créditos internacionales procedentes del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y de la aplicación conjunta (AC) del Protocolo de Kioto para cumplir parte de sus obligaciones en el marco del RCDE UE hasta el final del ciclo de cumplimiento de 2020, sujetos a restricciones cualitativas y cuantitativas. Estos créditos son instrumentos financieros que representan una tonelada de CO2 eliminada o reducida en la atmósfera como resultado de un proyecto de reducción de emisiones. Los créditos no se entregan directamente, sino que pueden canjearse por derechos de emisión a lo largo de todo el año natural.

Una de las disposiciones sobre transparencia incluidas en la Directiva RCDE UE revisada establece que los Estados miembros que en un año determinado hayan gastado más del 25 % de sus ingresos procedentes de las subastas para compensar los costes indirectos deben publicar un informe en el que expliquen los motivos por los que se superó dicho porcentaje. El hecho de que los ingresos de las subastas fueran notablemente más elevados en 2018 que en años anteriores, junto con el hecho de que la compensación no aumentó tan rápidamente todavía por la obligación de aplicar el precio del año anterior, implica que ninguno de los Estados miembros alcanzó el umbral del 25 %. Por término medio, los Estados miembros destinaron el 7,9 % de sus ingresos procedentes de subastas a la compensación de costes indirectos. En los próximos años, se insta a los Estados miembros a vigilar de cerca esta partida de gasto en sus presupuestos.

La compensación total abonada por los diez Estados miembros y el Reino Unido en 2019 por costes indirectos incurridos en 2018 se elevó a unos 656 millones EUR. Esta es una cantidad casi 200 millones superior a la abonada en 2018. Este notable incremento en comparación con el año anterior puede explicarse, por una parte, por el importante incremento presupuestario de España (de 6 millones EUR en 2018 a 172 millones EUR en 2019) y, por otra, por la ligera subida del precio del carbono utilizado para calcular la compensación. El incremento sostenido del precio del carbono en 2018 todavía no está plenamente reflejado en las cantidades abonadas en 2019 debido al hecho de que las Directrices establecen la aplicación del precio a plazo en el año x-1.

BE (WL)

BE (FL)

En el cuadro 6 se presenta un resumen de los datos publicados por los Estados miembros sobre la compensación abonada en 2019. Dado que Polonia y Rumanía no compensaron los costes indirectos incurridos en 2018, estos Estados miembros no aparecen reflejados en el cuadro.

** Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero después de 2021 (DO C 317 de 25.9.2020, p. 5).

* Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (DO C 158 de 5.6.2012, p. 4).

**Los derechos no asignados son los derechos que no se asignan en virtud del artículo 10 bis, apartado 7, de la Directiva RCDE UE, esto es, los derechos restantes en la reserva de nuevos entrantes, y los derechos no asignados como consecuencia de la aplicación del artículo 10 bis, apartados 19 y 20, esto es, los derechos que se preveía asignar de forma gratuita a instalaciones, pero que aún no se han asignado debido al cese (parcial) de las actividades de tales instalaciones o la reducción significativa de su capacidad. En virtud del artículo 1, apartado 3, de la Decisión (UE) 2015/1814, no se prevé incorporar a la reserva de estabilidad del mercado los derechos «no asignados» de facto a raíz de la aplicación del factor de fuga de carbono pertinente a sectores que no figuran en la lista de fuga de carbono durante el período actual, así como todo derecho no asignado de conformidad con el artículo 10 quater de la Directiva RCDE UE. Por consiguiente, estos derechos no quedan cubiertos [véase la página 225 de la evaluación de impacto (SWD(2015) 135 final) que acompaña a la propuesta de 2015 de revisión de la Directiva RCDE UE].

Un aspecto clave para el funcionamiento de la REM es la cantidad total de derechos de emisión en circulación (CTDC). Si la CTDC supera un límite máximo predefinido (833 millones de derechos), se añadirán derechos a la reserva, y si la cantidad es inferior a un límite mínimo predefinido (menos de 400 millones de derechos)*, se retirarán de ella. Por tanto, la REM absorbe o libera derechos de emisión si los que están en circulación se encuentran fuera de un rango predefinido. También se incluirán en la reserva los derechos aplazados y los denominados «derechos no asignados»**. A partir de 2023 dejarán de ser válidas las reservas de la REM superiores al volumen subastado el año anterior.

En junio de 2018, la OACI adoptó las Normas y métodos recomendados de CORSIA (SARP), las cuales, junto con los Elementos de aplicación, detallan el funcionamiento del régimen. Aunque apoyan la adopción formal de las SARP por parte de la OACI, la UE y sus Estados miembros siguieron los procedimientos de la OACI para notificar las diferencias existentes entre la legislación pertinente de la UE y CORSIA. La OACI todavía no ha publicado diferencias de otros Estados.

El número total de verificadores no se ha comunicado en los informes presentados con arreglo al artículo 21. No obstante, la Cooperación Europea para la Acreditación (EA) dispone de un enlace central a los organismos nacionales de acreditación (ONA) pertinentes y a sus listas de verificadores acreditados en el marco del RCDE UE .

La gran mayoría de las instalaciones cumplen los requisitos mínimos de nivel del RSN. Solo se ha informado de noventa instalaciones de categoría C (frente a las noventa y siete del año pasado), es decir, un 11,8 %, que se han desviado con respecto al menos a un parámetro del requisito de aplicar los niveles más altos a los flujos fuente primarios. Estas desviaciones solo se autorizan si el operador demuestra que aplicar el nivel más alto es técnicamente inviable o genera unos costes desproporcionados. En cuanto estas condiciones dejan de darse, el operador tiene que mejorar su sistema de seguimiento en consecuencia.

Solo trece países han informado del uso del método alternativo por parte de treinta y cuatro instalaciones, lo que supone aproximadamente 3,0 millones de toneladas equivalentes de CO2 (en comparación con los 2,6 millones de toneladas equivalentes de CO2 emitidas por treinta y ocho instalaciones en once países el año anterior). Una instalación situada en los Países Bajos es la responsable del 42 % de las emisiones totales notificadas en relación con el método alternativo.

Teniendo esto en cuenta, en 2018 se actualizaron por primera vez los dos Reglamentos para preparar la fase 4 del RCDE UE y para mejorar y simplificar los procesos SNVA. Las versiones revisadas del RSN y del RAV entraron en vigor el 1 de enero de 2019. Los trabajos para la segunda actualización se iniciaron en febrero de 2019. Se celebraron consultas con los países participantes para actualizar estos dos Reglamentos en relación con algunos problemas que no se pudieron resolver durante la primera actualización, como la aplicación de la versión refundida de la Directiva sobre energías renovables . El proceso de revisión general de SNVA debería concluir con antelación suficiente al comienzo de la fase 4 en 2021.

** Reglamento (UE) n.º 600/2012 de la Comisión, de 21 de junio de 2012, relativo a la verificación de los informes de emisiones de gases de efecto invernadero y de los informes de datos sobre toneladas-kilómetro y a la acreditación de los verificadores de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 181 de 12.7.2012, p. 1).

* Reglamento (UE) n.º 601/2012 de la Comisión, de 21 de junio de 2012, sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 181 de 12.7.2012, p. 30).

Los países que participan en el RCDE UE se rigen por diferentes criterios en lo que respecta a las autoridades competentes encargadas de su aplicación. En algunos países están involucradas varias autoridades locales, mientras que en otros se aplica un enfoque mucho más centralizado.

De acuerdo con los informes presentados en 2020 en virtud del artículo 21, ha habido una media de cuatro autoridades competentes por país involucradas en la aplicación del RCDE UE . Con respecto a la coordinación entre autoridades, se ha informado de diferentes instrumentos, instrumentos legislativos para la gestión central de los planes de seguimiento (en catorce países), instrucciones vinculantes y directrices por parte de una autoridad central competente dirigidas a las autoridades locales (en diez países), y grupos de trabajo periódicos o reuniones entre autoridades (en trece países). Siete países indicaron que no disponían de estos instrumentos (CY, IE, IS, IT, LI, LU y MT).

En relación con las tasas administrativas que se cobran por la concesión de autorizaciones y la aprobación de planes de seguimiento, trece países han informado en 2020 de que no imponen ninguna tasa a los titulares de las instalaciones (CY, DE, EE, EL, IE, LI, LT, LU, LV, MT, NL, SE y SK), igual que el año pasado. Los operadores de aeronaves de quince países no abonan tasas (BE, CY, CZ, DE, EE, ES, EL, LI, LT, LU, LV, MT, NL, SE y SK). Las tasas varían considerablemente de un país a otro y de un tipo de servicio a otro, y oscilan entre 5 y 7 283,17 EUR por la aprobación de permisos y planes de seguimiento para las instalaciones y entre 2,19 y 2 400 EUR por el mismo servicio para los operadores aéreos.

En general, la organización administrativa del RCDE UE de los países participantes es muy eficaz. Se ha de seguir reforzando y promoviendo la comunicación y el intercambio de mejores prácticas, también mediante las actividades del Foro de Cumplimiento y la Conferencia de Cumplimiento del RCDE UE.

8. CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN

La Directiva RCDE UE prevé la imposición de una sanción por exceso de emisiones en forma de multa de 100 EUR (ajustada según la inflación) por cada tonelada de CO2 que se emita sin haber entregado los derechos correspondientes a su debido tiempo, además de exigir la entrega de derechos por estas emisiones. Las demás sanciones aplicables por infringir la aplicación del RCDE UE se rigen por las disposiciones nacionales establecidas por el país de que se trate.

En lo que respecta al ciclo de cumplimiento de 2019, pese a la difícil situación económica creada por la crisis de la COVID-19, el grado de cumplimiento del RCDE UE siguió siendo muy elevado: la mayoría de los operadores, que suman más del 99 % de las emisiones de instalaciones fijas, cumplieron con sus obligaciones legales en marzo y abril de 2020. Las instalaciones no conformes eran normalmente pequeñas. Alrededor de quinientos operadores de aeronaves informaron y cumplieron, incluidos más de cien operadores aéreos comerciales radicados fuera de la UE pero que gestionan vuelos en el EEE. Los operadores que no cumplieron eran normalmente de pequeño tamaño u operadores que cesaron sus actividades en 2018.

Las autoridades competentes siguen llevando a cabo diferentes controles de cumplimiento con respecto a los informes anuales de emisiones. Según se indica en los informes presentados en 2020 en virtud del artículo 21, todos los países participantes verifican la integridad de los informes anuales de emisiones de las instalaciones (el 100 % de los informes, excepto BE 31 %, ES 94 % y FR 95 %), y la mayoría de los países verifica los informes de los operadores de aeronaves, todos salvo Hungría, Letonia (ambos tienen operadores de aeronaves) y Liechtenstein (que no tiene ninguno). Los informes indican además que, por término medio, los países verifican el grado de cumplimiento de alrededor del 83 % de los informes de instalaciones con respecto a los planes de seguimiento (frente al 91 % de los informes de la aviación) y cerca del 70 % de los informes de instalaciones con respecto a los datos de asignación. Veintitrés países comunicaron haber cotejado también otros datos de instalaciones, y veinticuatro países lo hicieron con datos de operadores de aeronaves.

Las autoridades competentes de doce países realizaron estimaciones prudentes sobre los datos no disponibles en el caso de 101 instalaciones (aproximadamente el 1 % del total de instalaciones), casi el doble que en los tres años anteriores. Este incremento parece deberse al mayor número de estimaciones prudentes en los Países Bajos (cincuenta y una instalaciones afectadas en 2019 frente a once en 2018), debido a que se recibieron más notificaciones de errores de seguimiento que en años anteriores. La cantidad notificada de emisiones afectadas en 2019 fue de 61,0 millones de toneladas de CO2 (frente a 11,2 millones de toneladas de CO2 en 2018), aproximadamente el 4 % de las emisiones totales (frente al 0,7 % en 2018). Los motivos más frecuentemente alegados para realizar estimaciones prudentes fueron la existencia de informes que no cumplían plenamente los requisitos del RSN y la ausencia de un informe de emisiones a 31 de marzo.

En el sector de la aviación, siete países han notificado haber realizado estimaciones prudentes sobre los datos no disponibles en relación con treinta y tres operadores de aeronaves (el 5,4 % del total de operadores) y el 1,6 % de las emisiones de la aviación.

Las comprobaciones realizadas por las autoridades competentes siguen siendo un complemento importante para la labor de los verificadores. Con respecto a 2019, todos los países han confirmado que llevan a cabo controles adicionales en el caso de las instalaciones. La mayoría de los países han notificado un enfoque similar en relación con los operadores de aeronaves (todos excepto HU, IT, LI y LV). La mayoría de los países (todos excepto EL, IT, LU y MT) han informado de que en 2019 llevaron a cabo controles sobre el terreno en las instalaciones, y casi la mitad de los países han comunicado que realizaron controles sobre el terreno por lo que respecta a la aviación (todos excepto BG, CY, CZ, EE, ES, FI, FR, EL, HU, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NO, PT y UK).

En cuanto a las sanciones por exceso de emisiones correspondientes a 2019, ocho países han informado de su aplicación en veinticinco instalaciones (DE una, DK dos, ES una, IT cuatro, PL dos, PT una, RO siete y UK siete). En lo que respecta a la aviación, se ha notificado la imposición de sanciones por exceso de emisiones a treinta y cuatro operadores de aeronaves (CY uno, DE tres, ES cuatro, IT tres, PT once y UK doce).

Seis países han confirmado la aplicación de otro tipo de sanciones (distintas de las sanciones por exceso de emisiones) en 2019. No se comunicaron penas de prisión, sino que se reflejaron multas, apremios, y advertencias ejecutadas o pendientes de ejecutar (por ejemplo, debido a la existencia de un procedimiento judicial en curso), por un valor económico total de 7,8 millones EUR (de los cuales, 0,15 millones EUR se corresponden con el ámbito de la aviación).

Las infracciones más frecuentes notificadas con respecto a 2019 fueron por no presentar informes de emisiones anuales verificadas en plazo, por no notificar cambios previstos o efectivos de capacidad, niveles de actividad y explotación de una instalación a su debido tiempo, y por no realizar labores de supervisión conforme al plan de seguimiento aprobado y al Reglamento (UE) n.º 601/2012.

Como se informó el año pasado, en 2018 y 2019 tuvo lugar la quinta evaluación del ciclo de cumplimiento del RCDE UE con el fin de determinar los problemas de cumplimiento en los países participantes y ayudarles a mejorar su aplicación del RCDE UE. La evaluación finalizó en 2020 y se publicó un informe técnico de los resultados .

El informe concluye que, si bien la aprobación de los planes de seguimiento y la revisión de los informes de emisiones e informes de verificación anuales, así como las inspecciones, han mejorado en calidad y eficacia debido al creciente empleo de las plantillas y los sistemas informáticos de la Comisión, además del fortalecimiento de los procedimientos de las autoridades competentes, algunos aspectos de SNV siguen causando problemas de interpretación y sería positivo ofrecer formación específica u orientaciones a medida.

Las diferencias de aplicación en los Estados miembros se encuentran fundamentalmente en la revisión de los informes de emisiones e informes de verificación anuales, así como en el seguimiento de los problemas detectados durante los procedimientos de verificación, inspección y control del cumplimiento. Aunque estas diferencias no parecen tener efectos perjudiciales para la solidez del sistema SNV, se podrían mejorar algunos aspectos —como el intercambio de información entre fronteras, el seguimiento de las recomendaciones de mejora, y los procedimientos de inspección— en el conjunto de la UE. Se han formulado recomendaciones de mejora de los Estados miembros en planes de acción a medida.

Una vez comiencen a aplicarse las revisiones de las reglamentaciones, es probable que se puedan resolver algunos de los aspectos mejorables detectados en el análisis. La aplicación podría mejorar todavía más con actualizaciones a medida del material de orientación y de las plantillas, y con el seguimiento de las recomendaciones recogidas en los planes de acción de los Estados miembros. Se han formulado recomendaciones específicas a estos efectos en el informe técnico y en los planes de acción de los Estados miembros.