COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 26.10.2022 COM(2022) 541 final 2022/0345(COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (versión refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2022) 541 final} - {SWD(2022) 541 final} - {SWD(2022) 544 final}



ÍNDICE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 2 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA2 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD5 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO7 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS14 5.OTROS ELEMENTOS14 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA • Razones y objetivos de la propuesta La Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas se adoptó en 1991. El objetivo de esta Directiva es «proteger el medio ambiente de los efectos negativos de los vertidos de aguas residuales urbanas y procedentes de determinados sectores industriales». Los Estados miembros deben velar por que las aguas residuales de todas las aglomeraciones urbanas de más de 2 000 habitantes se recojan y traten con arreglo a las normas mínimas de la UE. Los Estados miembros también deben designar «zonas sensibles» con arreglo a los criterios incluidos en la Directiva a las que se aplicarán normas y plazos más estrictos. Además, los Estados miembros informarán cada 2 años sobre la aplicación de la Directiva. La Comisión publica esta información en informes bienales. En 2019 se concluyó una evaluación REFIT en profundidad (en lo sucesivo, «la evaluación») de la Directiva, que confirmó que la aplicación de esta ha dado lugar a una reducción significativa de los vertidos contaminantes. En toda la UE, las aguas residuales de unas 22 000 ciudades que representan la contaminación de unos 520 millones de equivalentes habitante (e-h) son tratadas en sistemas centralizados. Los efectos sobre la calidad de los lagos, ríos y mares de la UE son visibles y tangibles. Una de las principales razones de la eficacia de la Directiva reside en la simplicidad de sus requisitos, que permite una aplicación sencilla. En la actualidad, el 98 % de las aguas residuales de la UE se recogen adecuadamente y el 92 % se tratan adecuadamente, aunque unos pocos Estados miembros todavía tienen dificultades para alcanzar el pleno cumplimiento. Los fondos europeos proporcionan un apoyo esencial para ayudar a los Estados miembros a realizar las inversiones necesarias. Por término medio, cada año se destinan 2 000 millones EUR a inversiones en abastecimiento de agua y saneamiento en la UE. Según la evaluación, este enfoque, que combina el control del cumplimiento y el apoyo financiero, ha dado sus frutos y ha contribuido a garantizar niveles cada vez más elevados de cumplimiento de la Directiva. Los gestores de aguas residuales son principalmente empresas públicas (60 %) propiedad de las autoridades públicas competentes. También pueden ser empresas privadas que desarrollan su actividad para una autoridad pública competente o empresas mixtas. Forman parte de un mercado «cautivo», ya que las personas y las empresas conectadas a la red pública no pueden elegir a sus gestores. Tanto la evaluación como el proceso de consulta confirmaron que el sector es principalmente reactivo a los requisitos legales. La evaluación identificó tres grandes conjuntos de retos pendientes, que sirvieron de base para la definición de los problemas para la evaluación de impacto: 1. Contaminación restante procedente de fuentes urbanas: la Directiva se centra en la contaminación procedente de fuentes domésticas recogidas y tratadas en instalaciones centralizadas. Se presta menos atención a otras fuentes de contaminación urbana, que ahora se están convirtiendo en dominantes (poblaciones más pequeñas de menos de 2 000 e-h, instalaciones descentralizadas, contaminación de aguas pluviales). Los valores límite para el tratamiento de algunos contaminantes han quedado obsoletos en comparación con los avances técnicos realizados desde 1991, además de que han surgido nuevos contaminantes, como los microplásticos o los microcontaminantes, que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente o la salud pública ya a un nivel muy bajo de concentración. 2. Armonización de la Directiva con el Pacto Verde Europeo: desde la adopción de la Directiva, han aparecido nuevos retos sociales. El Pacto Verde Europeo establece ambiciosos objetivos políticos para luchar contra el cambio climático, mejorar la circularidad de la economía de la UE y reducir la degradación del medio ambiente. Se necesitan esfuerzos adicionales en el sector de las aguas residuales para: reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (34,45 millones de toneladas equivalentes de CO2 al año, alrededor del 0,86 % de las emisiones totales de la UE), reducir su consumo de energía (alrededor del 0,8 % del consumo total de energía en la UE) y hacerlo más circular mediante la mejora de la gestión de los lodos (en particular mediante una mejor recuperación del nitrógeno y el fósforo y de sustancias orgánicas posiblemente valiosas) y el aumento de la reutilización segura del agua tratada.

3. Nivel insuficiente y desigual de gobernanza: Los estudios para la evaluación y los de la OCDE mostraron que el nivel de obtención de resultados y de transparencia de los gestores varía considerablemente de uno a otro. Asimismo, un informe del Tribunal de Cuentas destacó que el principio de «quien contamina paga» no se aplica suficientemente. Los métodos de control y notificación podrían mejorarse, en particular, mediante una mayor digitalización. Por último, la reciente crisis de la COVID-19 ha demostrado que las aguas residuales son una fuente muy rápida y fiable de información útil para la salud pública si las autoridades competentes en materia de salud y gestión de las aguas residuales están bien coordinadas. La revisión de la Directiva es uno de los resultados del Plan de Acción «contaminación cero». Su principal objetivo es abordar los retos mencionados con una buena relación coste/eficacia, manteniendo al mismo tiempo la Directiva lo más sencilla posible a fin de garantizar una aplicación y un cumplimiento adecuados de sus exigencias.

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial Se espera que la revisión de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas reduzca aún más los vertidos contaminantes de fuentes urbanas. En este sentido, está directamente relacionado con la revisión de las listas de contaminantes en virtud de la Directiva sobre normas de calidad ambiental y la Directiva sobre las aguas subterráneas —dos Directivas de desarrollo de la Directiva marco sobre el agua (DMA) que regulan los niveles aceptables de contaminantes en las masas de agua superficiales y subterráneas. La revisión de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas tendrá un impacto positivo en las futuras revisiones de la Directiva marco sobre la estrategia marina ( DMEM ) y en la revisión de la Directiva relativa a las aguas de baño. También está relacionado con la revisión de la Directiva sobre las emisiones industriales (DEI) y la correspondiente revisión del Reglamento relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes, ya que algunos vertidos industriales se recogen en redes públicas de recogida. Las medidas adicionales incluidas en la revisión de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas para seguir reduciendo la presencia de microcontaminantes y, en particular, los procedentes del uso de productos farmacéuticos y productos para el cuidado personal contribuirán a la correcta aplicación de la Estrategia de Sostenibilidad para las Sustancias Químicas y la Estrategia Farmacéutica. El Plan de Acción para la Economía Circular indica claramente que es necesaria una mejor integración del sector de las aguas residuales urbanas y la economía circular. Esto es especialmente pertinente para la Directiva relativa a los lodos de depuradora, que regula el uso de lodos de depuradora en la agricultura y afecta a la propuesta sobre la salud del suelo anunciada en la Estrategia de la UE para la Protección del Suelo para 2030. Existen vínculos directos con la Estrategia sobre Biodiversidad, ya que la reducción de la contaminación del agua tiene un efecto beneficioso directo para los ecosistemas. Las acciones en favor de unas ciudades verdes, como las derivadas de la Ley de Recuperación de la Naturaleza, no solo pueden crear un buen hábitat para los polinizadores, las aves y otras especies, sino que también pueden contribuir directamente a controlar las aguas pluviales y la contaminación asociada, mejorando al mismo tiempo la calidad global de vida. La mejora de la gestión de la calidad y las cantidades del agua en las zonas urbanas también contribuirá a la adaptación al cambio climático. • Coherencia con otras políticas de la Unión La nueva realidad geopolítica exige que la UE acelere drásticamente la transición hacia una energía limpia para poner fin a su dependencia de proveedores poco fiables y de combustibles fósiles volátiles. En consonancia con los objetivos del plan REPowerEU y la propuesta legislativa de 2022 COM(2022) 222 por la que se modifica la Directiva sobre fuentes de energía renovables, que ya considera a las instalaciones de tratamiento de aguas residuales como «zonas propicias», se espera que la revisión de la Directiva contribuya directamente a estos objetivos mediante el establecimiento de un objetivo claro y mensurable para alcanzar la neutralidad energética en el sector del tratamiento de aguas residuales de aquí a 2040. La experiencia de los Estados miembros más avanzados muestra que esto puede lograrse mediante una combinación de medidas para mejorar la eficiencia energética, en consonancia con el principio de «primero, la eficiencia energética», y mediante la producción de energías renovables, en particular de biogás a partir de lodos, que puede sustituir a las importaciones de gas natural. Este objetivo es plenamente coherente con el objetivo de neutralidad climática de la UE incluido en la Ley Europea del Clima, combinado con el Reglamento de reparto del esfuerzo, que exige a los Estados miembros que reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores no incluidos en el RCDE de acuerdo con los objetivos nacionales. También es coherente con la reciente propuesta de refundición de la Directiva de eficiencia energética (DEE), que incluye un objetivo anual de reducción del 1,7 % del consumo de energía para todos los organismos públicos, con la propuesta de 2021 para la revisión de la Directiva sobre fuentes de energía renovables (DFER II) y con el Plan REPowerEU, que incluye un objetivo reforzado del 45 % de energías renovables de aquí a 2030. La iniciativa también podría favorecer el cumplimiento objetivo del Plan REPowerEU de aumentar la producción de biometano en la UE a 35 000 millones de metros cúbicos en 2030, así como de la propuesta de 2021 de la Comisión de Reglamento relativo a la reducción de las emisiones de metano [COM(2021) 805] . La revisión de la presente Directiva también está plenamente en consonancia con las propuestas finales de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en particular las relativas a la lucha contra la contaminación, y más concretamente la propuesta 2.7 a fin de «proteger las fuentes de agua y luchar contra la contaminación fluvial y oceánica, en particular mediante la investigación y la lucha contra la contaminación por microplásticos». Por último, la presente propuesta favorecerá directamente la aplicación del principio 20 del pilar europeo de derechos sociales. La UE también está comprometida con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en particular el ODS 6 sobre lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos. 2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD • Base jurídica La actual Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas se basa en el artículo 192, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina paga. Por lo tanto, las medidas en el ámbito de la gestión de las aguas residuales deben adoptarse con arreglo a estas disposiciones clave y a la luz de la competencia compartida con los Estados miembros. Esto significa que la UE solo puede legislar teniendo debidamente en cuenta los principios de necesidad, subsidiariedad y proporcionalidad. • Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) La acción de la UE sigue siendo esencial para garantizar que todos los habitantes de la UE puedan beneficiarse de la mejora de la calidad del agua de los ríos, los lagos, las aguas subterráneas y los mares. Dado que el 60 % de las masas de agua de la UE son transfronterizas, es necesario garantizar el mismo nivel de protección en todas partes y con el mismo ritmo, a fin de evitar el riesgo de que los esfuerzos realizados por algunos Estados miembros se vean amenazados por la falta de progreso en otros. La evaluación ha puesto de manifiesto que, en la mayoría de los Estados miembros, la Directiva fue el motor único para invertir en las infraestructuras necesarias. La evaluación también confirmó que la acción de la UE tiene el potencial de garantizar un nivel equivalente de protección del medio ambiente y de la salud humana en todos los Estados miembros. En los últimos treinta años de aplicación de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, se ha preservado o, en varios casos, mejorado la calidad de las zonas de baño (por tanto, el turismo y el ocio), del agua sin tratar utilizada para producir agua potable y de las masas de agua en general. La reciente pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la interdependencia de los Estados miembros en términos de circulación del virus. Garantizar un seguimiento eficaz, rápido y armonizado de los factores patógenos en las aguas residuales puede ser beneficioso para toda la UE. Sin una acción armonizada e integrada a escala de la UE, las posibilidades de rastrear nuevos tipos de virus y de estudiar otros parámetros sanitarios pertinentes en las aguas residuales solo se aplicarían en unos pocos Estados miembros, probablemente en los más avanzados. Debe garantizarse la mejora del acceso al saneamiento para todos los habitantes de la UE. También debe garantizarse a todos la igualdad de acceso a la información clave (sobre los resultados económico y medioambientales de los gestores de aguas residuales). Todos los Estados miembros se enfrentan a las consecuencias del cambio climático, especialmente en sus regímenes hidrológicos. Los regímenes de lluvia han cambiado, lo que, además de las inundaciones, aumenta el riesgo de contaminación debida a las aguas pluviales no tratadas (desbordamientos de aguas de tormenta y escorrentía urbana). Del mismo modo, en todos los Estados miembros están presentes los contaminantes de preocupación creciente, como los microcontaminantes o los microplásticos. Este es también el caso de la mayoría de las cargas restantes procedentes de fuentes urbanas, que afectan a la calidad del agua en todos los Estados miembros. Asimismo, los factores que impulsan los problemas detectados son muy similares de un Estado miembro a otro. Por último, la evaluación puso de manifiesto que las normas de la UE eran un motor crucial para el desarrollo de una industria del agua de la UE competitiva a escala mundial. Desde la adopción de la Directiva, se han creado varios importantes líderes mundiales en el ámbito del tratamiento de aguas residuales que exportan sus servicios a todo el mundo. La innovación y, en última instancia, las economías de escala, pueden verse estimuladas por una mayor modernización de las normas de la UE, por ejemplo mediante nuevos requisitos sobre microcontaminantes o el consumo de energía. • Proporcionalidad La opción preferida incluye un paquete proporcionado de medidas que representan la mejor «relación calidad/precio» de todas las opciones posibles (para más detalles, véase la sección 7.1 de la evaluación de impacto). Se prestó especial atención a encontrar una solución óptima basada en: ·el análisis de costes y beneficios (o análisis de la relación coste/eficacia en el caso de los microcontaminantes, ante la falta de un método fiable para monetizar los beneficios): los beneficios monetizados son sistemáticamente superiores a los costes para cada medida de la opción preferida en todos los Estados miembros;

·reducción de la carga administrativa y aplicabilidad: al centrarse únicamente en un número limitado de instalaciones o aglomeraciones, pueden obtenerse resultados significativos sobre parámetros clave como la reducción de la contaminación, el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero, manteniendo al mismo tiempo la carga administrativa a un nivel proporcional y garantizando un alto nivel de aplicabilidad; ·la introducción de un enfoque basado en el riesgo para la mayoría de las medidas propuestas, que contribuirá a garantizar que las inversiones se realicen allí donde sean necesarias. En aquellos casos en que sea necesario para lograr soluciones locales óptimas, se ha dejado flexibilidad a las autoridades nacionales o locales. Este es el caso, por ejemplo, para alcanzar el objetivo de neutralidad energética o reducir las emisiones de las aguas pluviales gracias a los planes de gestión integrada del agua. • Elección del instrumento El objetivo de la iniciativa puede perseguirse mejor mediante una refundición de la Directiva que, como muestra la evaluación REFIT, es el instrumento jurídico más adecuado para regular la recogida y el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Una directiva obliga a los Estados miembros a alcanzar los objetivos y a incorporar las medidas en sus ordenamientos jurídicos nacionales, tanto sustantivos como de procedimiento. Este enfoque proporciona a los Estados miembros más libertad a la hora de aplicar una medida de la UE que un reglamento, en el sentido de que los Estados miembros pueden elegir los medios más adecuados para aplicar las medidas previstas en la directiva. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO • Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación existente La evaluación REFIT de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas se llevó a cabo en 2019. Además de los tres retos principales identificados en la evaluación (véase más arriba), la evaluación de la eficacia de la Directiva ha demostrado que ha logrado reducir las cargas de los contaminantes objetivo procedentes de fuentes puntuales urbanas (aguas residuales domésticas/urbanas y contaminación industrial similar). Las cargas de demanda bioquímica de oxígeno, de nitrógeno y de fósforo en las aguas residuales tratadas disminuyeron en la UE un 61 %, un 32 % y un 44 %, respectivamente, entre 1990 y 2014, lo que ha mejorado claramente la calidad de las masas de agua de la UE. La evaluación de la coherencia puso de manifiesto que la Directiva es globalmente coherente a nivel interno. La Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas obra en general en sinergia con otros actos legislativos de la UE y contribuye en gran medida a la consecución de los objetivos de la Directiva marco sobre el agua, la Directiva sobre las aguas de baño y la Directiva sobre el agua potable. Existen algunos solapamientos limitados en cuanto a las actividades reguladas por la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas en comparación con la Directiva sobre las emisiones industriales. En general, tampoco hay problemas de coherencia con las políticas de la UE más recientes; sin embargo, puede haber cierto margen para mejorar la coherencia entre la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas y las políticas en materia de clima y energía. El análisis de la pertinencia y la eficacia puso de manifiesto la necesidad de una intervención permanente, sobre todo porque las aguas residuales urbanas tratadas o no tratadas de forma inadecuada siguen siendo una de las principales razones por las que las aguas de la UE no logran al menos un buen estado con arreglo a la Directiva marco sobre el agua. Además, los científicos, los responsables políticos y el público en general consideran una cuestión cada vez más importante la creciente evidencia de la presencia de contaminantes de preocupación creciente, incluidos los microcontaminantes como los productos farmacéuticos y los microplásticos en las masas de agua. Por lo que se refiere al potencial de la economía circular, la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas contiene algunas disposiciones sobre la reutilización o recuperación de componentes valiosos de aguas residuales y lodos. Nunca se han aplicado estrictamente, en parte debido a la falta de normas armonizadas estrictas a escala de la UE y a los posibles riesgos para la salud humana. La evaluación del valor añadido de la UE, que incluía considerar si la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas cumplía el principio de subsidiariedad, reveló la opinión extendida entre las partes interesadas de que la Directiva seguía siendo necesaria y que su retirada tendría repercusiones negativas. La Directiva respalda la protección de alrededor del 60 % de las cuencas hidrográficas transfronterizas de la UE frente a los efectos adversos de los vertidos de aguas residuales. Por último, en la evaluación se señalaron diversas posibilidades de simplificación y de mejora del uso de la digitalización, que se incluyeron en la revisión de la Directiva. La evaluación mejoró a raíz de las sugerencias del Comité de Control Reglamentario (dictamen de 17 de julio de 2019), en particular por lo que se refiere a las principales razones que explican las dificultades de cumplimiento en algunos Estados miembros, el contexto más amplio que influye en la calidad de las aguas de la UE y la importancia de abordar los nuevos contaminantes. Se reforzaron las conclusiones y se proporcionaron más detalles sobre la situación de cada Estado miembro. • Consultas con las partes interesadas La evaluación y, posteriormente, la evaluación de impacto se sometieron a un exhaustivo proceso de consulta que incluyó diversas actividades de consulta, tal como se establece en la estrategia al respecto. Los métodos seleccionados para consultar a las partes interesadas consistieron en entrevistas semiestructuradas, talleres interactivos, una amplia consulta pública en línea para llegar a una multitud de partes interesadas sobre diversos temas y una consulta escrita sobre información objetiva e hipótesis para la modelización. Se celebró una conferencia final de las partes interesadas para recabar opiniones sobre las diferentes opciones de reglamentación propuestas por la Comisión. La consulta pública abierta duró doce semanas, del 28 de abril al 21 de julio de 2021. Se recibieron un total de 285 respuestas y se presentaron 57 documentos de posición. La consulta pública abierta recabó las opiniones de los encuestados sobre los problemas relacionados con la contaminación de las aguas residuales y la mejor manera de abordarlos. Las preguntas exigen a los participantes puntuar los enunciados o las medidas propuestas en una escala de uno (menos de acuerdo / mínima eficacia) a cinco (más de acuerdo / máxima eficacia). Se consultó a los Estados miembros en varias ocasiones. Una reunión específica con expertos de los Estados miembros ayudó a determinar las mejores prácticas y las posibles opciones al inicio del proceso. Esto se completó con una consulta específica a cada Estado miembro en 2020 a fin de establecer una base de referencia sólida (véase más adelante). Además, en 2021 se celebraron cuatro talleres temáticos en línea sobre i) el control y la presentación de informes; ii) las aguas residuales y los lodos; iii) los costes y los beneficios; y iv) el control integrado del agua. El 26 de octubre de 2021 se celebró una conferencia final virtual de partes interesadas para presentar las principales opciones y los primeros resultados de la evaluación de impacto (312 participantes de 226 organizaciones de 27 Estados miembros). En general, hubo un amplio consenso entre las partes interesadas sobre la necesidad de revisar y modernizar la Directiva y sobre las principales opciones que deben tenerse en cuenta para el análisis en la evaluación de impacto. Las medidas incluidas en la opción preferida cuentan, en general, con el apoyo de las partes interesadas, con algunos matices en función de las opciones y de los grupos de partes interesadas. Por ejemplo, hubo un amplio consenso entre las partes interesadas sobre la necesidad de abordar la cuestión de los microcontaminantes procedentes de las aguas residuales. Excepto algunas partes interesadas del sector empresarial (parte de la industria química y farmacéutica), todas las partes interesadas, incluidas las empresas relacionadas con el agua, apoyaron el requisito de eliminar los microcontaminantes. La mayoría de las partes interesadas también insistieron en la importancia de las medidas que deben adoptarse en el origen, pero también en la necesidad de aplicar mejor el principio de «quien contamina paga» haciendo que los productores sean responsables financieramente de los costes relacionados con los tratamientos adicionales necesarios para tratar los microcontaminantes. El enfoque de responsabilidad ampliada del productor recibió un amplio apoyo de la mayoría de las partes interesadas, excepto de las industrias farmacéutica y química, que en general no están a favor de un sistema de este tipo, en particular porque la responsabilidad financiera debe ser compartida por todos los agentes implicados en la cadena (desde la industria hasta los consumidores) o asumida por las autoridades públicas.

Las auditorías energéticas recibieron un amplio apoyo, mientras que los objetivos y metas basados en la UE en materia de neutralidad energética recibieron menos apoyo de los Estados miembros o las autoridades locales que de otros interesados. Las observaciones adicionales recibidas por los representantes más importantes de la industria del agua mostraron la voluntad de incluir objetivos tanto energéticos como de neutralidad climática con un plazo más corto (2030) que el previsto en el presente informe. La mayoría de los Estados miembros más avanzados apoyaron claramente un objetivo a escala de la UE similar a su propio objetivo. Por último, las partes interesadas también pidieron más claridad sobre algunos aspectos, como los criterios para designar zonas «sensibles» sujetas a eutrofización. • Obtención y uso de asesoramiento especializado Además de la consulta a las partes interesadas, se utilizaron las siguientes fuentes principales de información para elaborar la evaluación de impacto: Modelos desarrollados por el CCI: A lo largo de varios años, el CCI ha desarrollado modelos sobre la calidad y cantidad del agua en la UE, que fueron adaptados a las cuestiones de reglamentación relacionadas con la evaluación REFIT y la evaluación de impacto. Consulta de expertos ad hoc: Bajo la dirección conjunta del CCI y de la Dirección General de Medio Ambiente (DG ENV), se consultó a un miniconsorcio de expertos sobre cuestiones de reglamentación específicas (sistemas individuales adecuados, resistencia a los antimicrobianos, desbordamientos de alcantarillas combinadas y escorrentía urbana, nutrientes, microplásticos y emisiones de gases de efecto invernadero). Para cada asunto, se elaboró un informe que se utilizó directamente en la evaluación de impacto o para mejorar el modelo del CCI. Se espera que todos los informes se publiquen en los próximos meses. Apoyo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE): La DG ENV cooperó con la OCDE para desarrollar una metodología de beneficios para la evaluación de impacto. La OCDE también ha elaborado varios informes en apoyo de la evaluación REFIT. Además, la OCDE facilitó un análisis de las cuestiones relacionadas con la transparencia y la gobernanza. Consulta en profundidad a los Estados miembros: En 2020 se organizó una consulta específica a cada Estado miembro para establecer un escenario de referencia sólido y recopilar datos sobre las mejores prácticas. Para cada país, se cumplimentó previamente una ficha con la hipótesis que el CCI tenía previsto utilizar en el contexto de la modelización. Todos los Estados miembros aportaron contribuciones ad hoc durante esta consulta. Para reforzar la evaluación de impacto, se atribuyeron dos contratos de apoyo a consultores externos, uno para la evaluación de impacto general y otro con respecto a la viabilidad de un sistema de responsabilidad ampliada del productor en el caso de los microcontaminantes. • Evaluación de impacto Se llevó a cabo una evaluación de impacto. Se puede acceder a la ficha resumen y al dictamen favorable del Comité de Control Reglamentario, de 3 de junio de 2022, con el siguiente enlace: Registro de documentos de la Comisión (europa.eu) Para cada problema planteado por la evaluación, se determinaron opciones de reglamentación sobre la base de las mejores prácticas existentes en los Estados miembros y sobre la base de una consulta en profundidad de las partes interesadas. Las opciones que no contaban con el apoyo de las partes interesadas o cuya aplicación era demasiado compleja se descartaron en una fase temprana. Se desarrollaron diferentes niveles de ambición, que van desde un bajo nivel de ambición (medidas aplicadas únicamente a las instalaciones de mayor tamaño) hasta un alto nivel de ambición (las mismas medidas, pero también de aplicación para las instalaciones más pequeñas), con un nivel intermedio de ambición que reposa en un enfoque basado en el riesgo (medidas adoptadas únicamente cuando exista un riesgo para el medio ambiente o la salud pública). En el caso de algunas cuestiones, la consulta puso de manifiesto que el número de opciones es limitado, por ejemplo, en el caso de las instalaciones no centralizadas (los sistemas individuales adecuados), la transparencia o el control de los parámetros sanitarios. Para otros problemas (fuertes aguas pluviales o uso de la energía), de conformidad con el principio de subsidiariedad, se dejó suficiente flexibilidad para permitir las soluciones con mejor relación coste/eficacia a nivel local. Las repercusiones de las opciones se evaluaron utilizando un modelo desarrollado por el Centro Común de Investigación que ya se había elaborado y utilizado para la evaluación REFIT. Se desarrollaron como puntos de comparación una hipótesis de referencia (en la que se da por supuesto el pleno cumplimiento de la Directiva con plazos suplementarios para algunos Estados miembros) y un escenario con lo máximo viable. Para cada problema, la elección de la opción preferida se basó en varios criterios: costes/beneficios, costes/eficacia, nivel de contribución a los objetivos del Pacto Verde Europeo y a la reducción de la contaminación del agua, aplicabilidad y disminución de carga administrativa. La opción preferida incluye un paquete proporcionado de medidas que representan la mejor «relación calidad/precio» de todas las opciones posibles. Las siguientes medidas principales se aplicarán progresivamente hasta 2040. El ámbito de aplicación de la Directiva se ampliará a las aglomeraciones urbanas de más de 1 000 e-h. Se elaborarán nuevas normas para las instalaciones descentralizadas (sistemas individuales adecuados), mientras que los Estados miembros deberán llevar implantar una inspección eficaz de dichas instalaciones. Para reducir la contaminación causada por las aguas pluviales, se exigirá a los Estados miembros que elaboren y apliquen planes de gestión integrada del agua en todas las grandes aglomeraciones urbanas y en las que superen los 10 000 e-h, cuando exista un riesgo para el medio ambiente. Se dará prioridad a las medidas preventivas, como las infraestructuras verdes, y a la optimización de los sistemas de recogida, almacenamiento y tratamiento existentes mediante un mejor uso de la digitalización basada en normas y especificaciones claramente definidas. Los vertidos de nutrientes se reducirán aún más gracias a unos valores límite más estrictos para tratar el nitrógeno y el fósforo. Estas nuevas normas se aplicarán sistemáticamente a todas las instalaciones de mayor tamaño de más de 100 000 e-h, pero también a todas las instalaciones de más de 10 000 e-h situadas en zonas en las que la eutrofización sigue siendo un problema. Se establecerán nuevos valores límite para los microcontaminantes que requieran un tratamiento adicional. Esto se aplicaría en primer lugar a todas las grandes instalaciones y después a aquellas de más de 10 000 e-h en las que exista un riesgo para el medio ambiente o la salud pública sobre la base de criterios claros y sencillos.

Se implantará un sistema de responsabilidad del productor centrado en los productos farmacéuticos y aquellos para el cuidado personal —las dos principales fuentes de microcontaminantes nocivos— se establecerán para sufragar los costes adicionales de tratamiento de los microcontaminantes e incentivar la introducción en el mercado de la UE de productos menos nocivos. Se exigirá a los Estados miembros que mejoren el control y el rastreo de la contaminación no doméstica en origen. Se trata de aumentar las posibilidades de reutilización de los lodos y del agua tratada, así como de reducir el riesgo de vertido de sustancias no tratables al medio ambiente y de mal funcionamiento de las instalaciones de tratamiento. Se establecerá un objetivo de neutralidad energética de aquí a 2040 a nivel nacional para todas las instalaciones de aguas residuales de más de 10 000 e-h, en consonancia con las mejores prácticas ya existentes en algunos Estados miembros; en concreto, la energía utilizada por el sector deberá ser equivalente a la producción de energías renovables del sector; para favorecer la consecución de este objetivo; se exigirán auditorías energéticas para todas las instalaciones de más de 10 000 e-h. Para mejorar la gobernanza del sector, se pedirá a los gestores de aguas residuales que controlen y elaboren indicadores clave de resultados transparentes. El acceso al saneamiento se impulsará de manera plenamente coherente con la Directiva sobre el agua potable revisada, de reciente adopción, en la que también se reforzará el acceso al suministro de agua. Se aplicarán mejoras al control y la notificación, a fin de aprovechar más las posibilidades que ofrece la digitalización. Se exigirá a los Estados miembros que organicen la cooperación entre sus autoridades sanitarias y las autoridades competentes en materia de aguas residuales para que se implante una vigilancia permanente de parámetros clave relativos a la salud pública, como la presencia de algunos virus como el SARS-COVID-2. Se eligió el horizonte temporal de 2040 para dar tiempo suficiente a los Estados miembros para realizar las inversiones necesarias. Se incluirán objetivos intermedios para garantizar la aplicación progresiva de la Directiva y garantizar que se tomen medidas en una fase temprana en caso de retrasos en algunos Estados miembros. De aquí a 2040, momento en el que se prevé que todas las medidas estén en vigor, los principales efectos de la opción preferida pueden resumirse como sigue: ·En cuanto a la contaminación del agua, en comparación con el escenario de referencia, la contaminación total se reduciría en 4,8 millones de e-h (equivalentes a 105 014 toneladas) para la DBO, 56,4 millones de e-h para el N (equivalentes a 229 999 toneladas), 49,6 millones de e-h (equivalentes a 29 678 toneladas) para el P, 77,4 millones de e-h para la carga tóxica de microcontaminantes y 24,8 millones de e-h para la E. coli. Las emisiones de microplásticos se reducirían un 9 %, principalmente a través de acciones sobre la mejora de la gestión de las aguas pluviales. ·Con las medidas previstas para alcanzar la neutralidad energética y el tratamiento adicional del nitrógeno, las emisiones de GEI se reducirían en 4,86 millones de toneladas (el 37,32 % de las emisiones evitables del sector), lo que está en consonancia con los objetivos de la Ley Europea del Clima y el paquete de medidas sobre el clima «Objetivo 55». ·A partir de 2040, el coste total ascendería a 3 848 millones EUR anuales, por debajo de los beneficios monetizados previstos (6 643 millones EUR anuales de aquí a 2040). Esta conclusión es válida a escala de la UE, pero también para cada Estado miembro. Se prevé que estos costes adicionales estén sufragados por una combinación de tarifas del agua (51 %), de presupuestos públicos (22 %) y del nuevo sistema de responsabilidad del productor (27 %) para el tratamiento de los microcontaminantes. En cuanto a las personas afectadas, los gestores de aguas residuales son responsables de la recogida, el tratamiento, el control y el vertido adecuado de los diferentes flujos de residuos. Los cambios en la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas tendrán repercusiones directas en ellos. Se necesitarán inversiones adicionales, en particular para gestionar mejor los nutrientes, pero también para tratar los microcontaminantes. También serán necesarias inversiones para alcanzar la neutralidad energética, aunque estas inversiones sean rentables a medio o largo plazo. La población se ve afectada porque paga las tarifas y las tasas sobre el agua a fin de apoyar al sector del tratamiento de aguas residuales. De aquí a 2040, el aumento medio previsto de las tarifas del agua ascendería al 2,3 % a escala de la UE, con algunas diferencias entre los Estados miembros en función de sus estrategias de financiación. Como se detalla en la evaluación de impacto, este aumento previsto no afectará a la asequibilidad global de los servicios relacionados con el agua en ningún Estado miembro. Es esencial garantizar un acceso transparente a la información sobre las actividades de tratamiento de las aguas residuales, incluido el nexo entre el agua, la energía y el clima. El público se beneficiará de la limpieza del agua potable y de las aguas de baño, de la mejora del estado ecológico de las aguas, de la conservación de la biodiversidad y de la mejora de la reactividad en el ámbito de la salud pública ante posibles brotes. La industria del agua y de las tecnologías de tratamiento se beneficiará directamente de unas normas más estrictas y de medidas destinadas a ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva a aglomeraciones más pequeñas, optimizar las operaciones y reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. De la opción preferida surgirán nuevas oportunidades de negocio para desarrollar nuevas técnicas de tratamiento, reduciendo al mismo tiempo el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. Se impulsará la innovación y se mantendrá una ventaja comparativa para la industria del agua de la UE. Las industrias farmacéutica y de los productos para el cuidado personal tendrán que crear nuevos sistemas de responsabilidad ampliada del productor y financiar sus operaciones. Estas industrias tendrán la opción de repercutir estos nuevos costes en el precio de sus productos (aumento máximo del 0,59 %) o de reducir sus márgenes de beneficio sobre ellos (impacto máximo medio del 0,7 %). • Adecuación regulatoria y simplificación En consonancia con las conclusiones de la evaluación REFIT, se introducirán algunas aclaraciones y simplificaciones en la Directiva revisada. Este es el caso, por ejemplo, de las aguas pluviales y los sistemas individuales adecuados, de modo que los nuevos requisitos aclaren lo que se espera de los Estados miembros al respecto. Se eliminarán del texto algunos artículos obsoletos, como la posibilidad de designar zonas «menos sensibles» o de reducir los requisitos en las zonas costeras (dos posibilidades que solo se aplican en una región de un Estado miembro). También se han hecho esfuerzos para limitar la notificación a elementos esenciales, que se utilizarán para evaluar el cumplimiento o hacer un seguimiento de los avances en materia de reducción de las emisiones. Se espera que estos esfuerzos, combinados con el uso de herramientas digitales, limiten la carga administrativa, mejorando asimismo la calidad y la oportunidad de los datos recopilados. • Derechos fundamentales Se espera que la propuesta mejore los derechos fundamentales al mejorar el acceso al saneamiento, en particular para las personas marginadas y vulnerables, de manera plenamente coherente con la Directiva sobre el agua potable revisada recientemente (que incluye disposiciones similares para el acceso al agua). 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La ficha financiera relativa a las repercusiones presupuestarias y a los recursos humanos y administrativos necesarios para la presente propuesta se integra en la ficha financiera legislativa relativa al paquete «contaminación cero», que se presenta como parte de la propuesta de revisión de las listas de contaminantes que afectan a las aguas superficiales y subterráneas. 5.OTROS ELEMENTOS • Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información La planificación de la ejecución de las principales acciones incluidas en la opción preferida se resume en el cuadro 2 que figura a continuación. De aquí a 2025, se llevarán a cabo actividades de control adicionales: se refieren a los vertidos no domésticos, los parámetros relacionados con la salud y a los indicadores clave de resultados de los gestores, junto con medidas para mejorar la transparencia. Se crearán bases de datos nacionales y de la UE que incluyan todos los elementos necesarios para comprobar el cumplimiento, y se determinarán las «personas vulnerables y marginadas», junto con medidas para mejorar el acceso al saneamiento. De los informes de los Estados miembros pueden extraerse diferentes indicadores para medir el éxito: ·la tasa de cumplimiento y la diferencia con respecto al objetivo por Estado miembro y por nivel de tratamiento, que ofrecen una excelente visión general de la aplicación de la Directiva; ·el número de instalaciones equipadas con tratamiento adicional para N/P y los microcontaminantes, y la correspondiente reducción de los vertidos de N/P y de la carga tóxica; ·el consumo de energía por parte de los Estados miembros y las correspondientes emisiones de GEI; ·el número de aglomeraciones urbanas incluidas en los planes de gestión integrada de los desbordamientos de aguas de tormenta y las escorrentías urbanas y su conformidad con el objetivo de la UE; ·las medidas adoptadas por los Estados miembros para mejorar el acceso al saneamiento y un mejor control de los sistemas individuales adecuados, así como un resumen de los principales indicadores sanitarios estudiados en los Estados miembros. Se utilizarán otros datos para medir específicamente los efectos de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Entre ellos figuran, en particular, los datos procedentes de las Directivas marco sobre el agua y sobre el medio marino relativos a la calidad de las aguas receptoras (ríos, lagos y mares). En el anexo 10 de la evaluación de impacto se ofrecen más detalles sobre los posibles parámetros que deben notificarse para evaluar el cumplimiento y medir el éxito de la Directiva. Cabe esperar una primera evaluación en profundidad de la Directiva revisada para 2030, cuando la mayor parte de las inversiones deberían haberse realizado en las instalaciones más grandes. Esta primera evaluación permitirá evaluar el éxito de la Directiva revisada y los retos pendientes relacionados con su ejecución. En caso necesario, podrían contemplarse medidas correctoras para garantizar la ejecución plena de la Directiva revisada. Antes de 2040 podría estudiarse la realización de otra evaluación a fin de preparar una posible revisión de la Directiva. 2025 2030 2035 2040 Desbordamientos de las aguas de tormenta y escorrentías urbanas (aguas pluviales) Control implantado Planes integrados para aglo. > 100.k e-h + zonas de riesgo identificadas Planes integrados implantados para aglo. en situación de riesgo entre 10 y 100k e-h Objetivo indicativo de la UE en vigor para todas las aglomeraciones urbanas > 10 000 e-h Sistemas individuales adecuados (SIA) Inspección periódica en todos los EE. MM. + notificación en el caso de los EE. MM. con un nivel elevado de SIA Normas de la UE para los SIA Aglomeraciones de pequeña escala Nuevos umbrales de 1 000 e-h Todas las aglo. > 1 000 e-h conformes Nitrógeno y fósforo (N/P) Identificación de las zonas de riesgo (aglomeraciones de 10 a 100k e-h) Objetivo intermedio para la eliminación de N/P en instalaciones > 100 000 e-h + Nuevas normas Eliminación de N/P en todas las instalaciones de más de 100k e-h + objetivo provisional para las zonas de riesgo Eliminación de N/P implantada en todas las zonas de riesgo (entre 10 y 100k e-h) Microcontaminantes Establecimiento de regímenes de responsabilidad ampliada del productor Zonas de riesgo identificadas (de 10 a 100k e-h) + objetivo intermedio para las instalaciones de más de 100.k e-h Todas las instalaciones > 100k e-h equipadas + objetivos provisionales para las zonas «de riesgo» Todas las instalaciones de riesgo equipadas con tratamiento avanzado Energía Auditorías energéticas para instalaciones de más de 100k e-h Auditorías para todas las instalaciones de más de 10 e-h. Objetivo intermedio Objetivo intermedio de neutralidad energética Logro de la neutralidad energética y de la consiguiente reducción de los GEI Cuadro 2: Planificación de la ejecución de las principales medidas de la opción preferida • Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta Artículo 1. Objeto Los objetivos de la Directiva se ampliaron para incluir, además de la protección del medio ambiente, la protección de la salud humana, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de la gobernanza y la transparencia del sector, un mejor acceso al saneamiento y, tras la reciente crisis de la COVID, el control periódico de los parámetros pertinentes para la salud pública en las aguas residuales urbanas.

Artículo 2. Definiciones En consonancia con las conclusiones de la evaluación REFIT, se han aclarado ligeramente las definiciones existentes. Se han añadido varias definiciones relacionadas con las nuevas obligaciones de la Directiva, como «escorrentía urbana», «desbordamiento de aguas de tormenta», «alcantarillas combinadas y separadas», «tratamientos terciarios y cuaternarios», «microcontaminante», «saneamiento», «resistencia a los antimicrobianos», etc. Artículo 3. Sistemas colectores La obligación de establecer sistemas colectores de aguas residuales urbanas se amplía a todas las aglomeraciones con un e-h igual o superior a 1 000. Se introduce una nueva obligación para garantizar que los hogares estén conectados a sistemas colectores cuando existan. Artículo 4. Sistema individual u otro sistema adecuado (SIA) (nuevo) Se trata de un nuevo artículo que sustituye parcialmente al antiguo artículo 3. Se mantiene la posibilidad de utilizar sistemas individuales adecuados, pero se limita a casos excepcionales. A tal efecto, se han introducido nuevas obligaciones: los SIA deben estar diseñados, aprobados y controlados adecuadamente; Deberá justificarse detalladamente su uso cuando representen más del 2 % de la carga notificada tratada en aglomeraciones urbanas de 2 000 e-h o más. Artículo 5. Planes de gestión integrada de las aguas residuales urbanas (nuevo) Este nuevo artículo introduce la obligación de establecer planes de gestión integrada de las aguas residuales urbanas a nivel local para luchar contra la contaminación de las aguas pluviales (escorrentía urbana y desbordamiento de aguas de tormenta). El contenido indicativo de los planes, así como sus objetivos indicativos que deben adaptarse a las circunstancias locales, se basan en las mejores prácticas existentes y se detallan en el anexo V. Los planes deberán elaborarse para todas las aglomeraciones con un e-h igual o superior a 100 000 e-h y para todas las aglomeraciones con un e-h de entre 10 000 y 100 000 e-h en las que el desbordamiento de las aguas de tormenta o la escorrentía urbana supongan un riesgo para el medio ambiente o la salud humana. Artículo 6. Tratamiento secundario (antiguo artículo 4) La obligación de aplicar un tratamiento secundario a las aguas residuales urbanas antes de verterlas al medio ambiente se amplía a todas las aglomeraciones con un e-h igual o superior a 1 000 e-h (frente a los 2 000 e-h y más de la Directiva vigente). Artículo 7. Tratamiento terciario (antiguo artículo 5) Las principales obligaciones de este artículo se han modificado para que el tratamiento terciario sea ahora obligatorio para todas las instalaciones más grandes que traten una carga igual o superior a 100 000 e-h. También será necesario aplicar el tratamiento terciario a los vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas con un e-h de entre 10 000 y 100 000 e-h en zonas identificadas por los Estados miembros como sensibles a la eutrofización. Los Estados miembros tendrán que determinar las zonas sensibles a la eutrofización en su territorio actualizando su lista actual de «zonas sensibles» elaborada con arreglo al antiguo artículo 5. Se han mantenido y actualizado las demás obligaciones de este artículo. Artículo 8. Tratamiento cuaternario (nuevo) Este nuevo artículo introduce la obligación de aplicar un tratamiento adicional a las aguas residuales urbanas con el fin de eliminar el espectro más amplio posible de microcontaminantes. Este tratamiento se aplicará a todas las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas que traten una carga igual o superior a 100 000 e-h a más tardar el 31 de diciembre de 2035. A más tardar el 31 de diciembre de 2040, también se aplicará a todas las aglomeraciones urbanas con un e-h entre 10 000 y 100 000 en zonas en las que la concentración o acumulación de microcontaminantes suponga un riesgo para la salud humana o el medio ambiente. Los Estados miembros tendrán que identificar esas zonas en su territorio con arreglo a los criterios especificados en este artículo. Artículo 9. Responsabilidad ampliada del productor (nuevo) Este nuevo artículo introduce la obligación de que los productores (incluidos los importadores) contribuyan a los costes del tratamiento cuaternario previsto en el artículo 8 de la Directiva en los casos en que introduzcan en el mercado nacional de los Estados miembros productos que, al final de su vida útil, den lugar a la contaminación de las aguas residuales urbanas por microcontaminantes. Esta contribución financiera se determinará sobre la base de las cantidades y la toxicidad de los productos introducidos en el mercado.

Artículo 10. Requisitos mínimos para los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (nuevo) Este artículo establece los requisitos mínimos para los sistemas de responsabilidad ampliada del productor que se exigen en virtud del artículo 9, apartado 5. Artículo 11. Neutralidad energética de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas (nuevo) Este nuevo artículo introduce la obligación de lograr la neutralidad energética a nivel nacional en todas las instalaciones de tratamiento de más de 10 000 e-h. A más tardar el 31 de diciembre de 2040, los Estados miembros tendrán que garantizar que la energía renovable total anual producida a nivel nacional por todas las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas sea equivalente a la energía total anual consumida por todas estas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas Para contribuir a alcanzar este objetivo, se llevarán a cabo auditorías energéticas de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas a intervalos regulares, con especial atención a identificar y aprovechar el potencial de producción de biogás, reduciendo al mismo tiempo las emisiones de metano. Artículo 12. Cooperación transfronteriza (antiguo artículo 9) Este artículo se ha modificado ligeramente: se añade un nuevo apartado 2 que exige que, en caso necesario, se invite a la Comisión a respaldar el diálogo entre los Estados miembros. Se ha modificado el apartado 1 para añadir la obligación de notificación inmediata en caso de contaminación accidental, a fin de tener en cuenta el reciente incidente del río Óder. Artículo 13. Condiciones climáticas locales (antiguo artículo 10) El artículo solo se ha actualizado debido a la nueva numeración de los artículos. Artículo 14. Vertidos de aguas residuales no domésticas (antiguo artículo 11) Este artículo se ha modificado para garantizar que, antes de expedir una autorización de vertido de aguas residuales no domésticas en los sistemas colectores de aguas residuales urbanas, las autoridades competentes consulten al gestor de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas afectadas por esos vertidos. Además, debe garantizarse un control periódico de la contaminación no doméstica en las entradas y salidas de las instalaciones de tratamiento, de modo que se tomen las medidas adecuadas para identificar y abordar la fuente o las fuentes de posible contaminación. Entre ellas figura, en su caso, la retirada de la autorización expedida. Artículo 15. Reutilización del agua y vertidos de aguas residuales urbanas (antiguo artículo 12) Se modifica el apartado 1: los Estados miembros tendrán que promover sistemáticamente la reutilización de las aguas residuales tratadas procedentes de todas las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas. En el apartado 3, la obligación de establecer una autorización para los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas se amplía para incluir ahora todas las aglomeraciones de 1 000 e-h o más. Artículo 16. Vertidos de aguas residuales no domésticas biodegradables (antiguo artículo 13) Se ha actualizado el apartado 1 (nueva numeración). Se ha modificado el apartado 2 para garantizar que los requisitos establecidos a nivel nacional para estos vertidos sean al menos equivalentes a los establecidos en la parte B del anexo I de la Directiva. Artículo 17. Vigilancia de las aguas residuales urbanas (nuevo) Este nuevo artículo establece un sistema nacional de control de las aguas residuales urbanas para supervisar los parámetros relativos a la salud pública pertinentes en las aguas residuales urbanas. A tal fin, los Estados miembros deberán establecer, a más tardar el 1 de enero de 2025, una estructura de coordinación entre las autoridades responsables de la salud pública y del tratamiento de las aguas residuales urbanas. Esta estructura determinará los parámetros que deben controlarse, la frecuencia y el método que debe aplicarse. Además, hasta que las autoridades de salud pública competentes determinen que la pandemia del SARS-CoV-2 no supone un riesgo para la población, se controlarán las aguas residuales urbanas de al menos el 70 % de la población nacional. Por último, para todas las aglomeraciones de 100 000 e-h o más, los Estados miembros también tendrán que controlar periódicamente la resistencia a los antimicrobianos en las salidas de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas. Artículo 18. Evaluación y gestión de los riesgos (nuevo)

Se trata de un artículo nuevo. Los Estados miembros tienen la obligación de evaluar los riesgos causados por los vertidos de aguas residuales urbanas para el medio ambiente y la salud humana y, en caso necesario, adoptar medidas adicionales a los requisitos mínimos de la presente Directiva para hacer frente a estos riesgos. Estas medidas deben incluir, cuando proceda, la recogida y el tratamiento de las aguas residuales de aglomeraciones urbanas de menos de 1 000 e-h, la aplicación de tratamiento terciario o cuaternario en aglomeraciones de menos de 10 000 e-h y medidas adicionales para reducir la contaminación de las aguas pluviales en las aglomeraciones de menos de 10 000 e-h. Artículo 19. Acceso al saneamiento (nuevo) Se trata de un artículo nuevo. Se exigirá a los Estados miembros que mejoren y mantengan el acceso al saneamiento para todos, en particular para las personas vulnerables y marginadas. A más tardar el 31 de diciembre de 2027, los Estados miembros también tendrán que identificar las categorías de personas sin acceso o con un acceso limitado al saneamiento, evaluar las posibilidades de mejorar el acceso a las instalaciones de saneamiento para dichas personas y fomentar la creación de tales instalaciones de acceso libre y seguro en los espacios públicos en el caso de todas las aglomeraciones urbanas de 10 000 e-h o más. Artículo 20. Lodos (antiguo artículo 14) Se ha actualizado el artículo: los lodos deberán tratarse, reciclarse y valorizarse cuando proceda de conformidad con la jerarquía de residuos definida en la Directiva marco sobre residuos y con los requisitos de la Directiva sobre lodos, y se eliminarán de conformidad con los requisitos de la Directiva marco sobre residuos. Para garantizar altos índices de recuperación, en particular en el caso de materiales de suma importancia como el fósforo, se otorgará a la Comisión el mandato de fijar índices mínimos de valorización. Artículo 21. Control (antiguo artículo 15) Se han introducido nuevas obligaciones: los Estados miembros tendrán que controlar ahora la contaminación causada por las escorrentías urbanas y los desbordamientos de aguas de tormenta, las concentraciones y cargas de los contaminantes regulados en la presente Directiva en las salidas de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas y la presencia de microplásticos (también en los lodos). Además, de conformidad con el artículo 13, algunos contaminantes no domésticos tendrán que ser objeto de un control periódico en las entradas y salidas de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Artículo 22. Información relativa al control de la aplicación (antiguo artículo 16) Se trata de un artículo nuevo. Las disposiciones relativas a la notificación se simplifican y sustituyen por un nuevo sistema, que no implica una notificación real, sino una actualización periódica de un conjunto de datos nacionales accesible para la Agencia Europea de Medio Ambiente y la Comisión. Así se garantizará que el sistema sea más eficaz, al evitar un largo desfase entre la fecha de referencia de los datos notificados y la fecha efectiva de la notificación. El artículo exige a los Estados miembros que establezcan conjuntos de datos que recojan datos pertinentes para las aguas residuales urbanas en virtud de la presente Directiva. Esto puede lograrse, por ejemplo, mediante el control de los resultados de los parámetros que figuran en los anexos de la presente Directiva, de la resistencia a los antimicrobianos, de los parámetros sanitarios pertinentes, etc., pero también de las medidas adoptadas para garantizar el acceso al saneamiento, etc. El establecimiento de estos conjuntos de datos debe ser coherente con los establecidos en virtud del artículo 18 de la Directiva sobre el agua potable refundida. También se prevé la prestación de apoyo por parte de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Artículo 23. Programa nacional de ejecución (antiguo artículo 17) Se ha actualizado el artículo. Se mantiene la obligación de elaborar un programa nacional para la ejecución de la presente Directiva y se establece el contenido mínimo del mismo. Estos programas deberán incluir, como mínimo: i) una evaluación del nivel de ejecución de la Directiva en relación con sus diversas obligaciones; ii) la determinación y planificación de las inversiones necesarias para dicha ejecución; iii) una estimación de las inversiones necesarias para renovar las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales urbanas existentes; y iv) la identificación de posibles fuentes de financiación. Se exigirá a los Estados miembros deberán actualizar sus planes nacionales de ejecución al menos cada 5 años y comunicarlos a la Comisión, a menos que puedan demostrar que cumplen lo dispuesto en los artículos 3, 4, 6, 7 y 8 de la presente Directiva. Artículo 24. Información al público (nuevo) Se trata de un artículo nuevo. Los Estados miembros tendrán que garantizar la disponibilidad en línea de información adecuada y actualizada sobre la recogida y el tratamiento de las aguas residuales urbanas. La información clave, como el nivel de conformidad de las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales urbanas con los requisitos de la presente Directiva, el volumen de aguas residuales urbanas recogidas y tratadas anualmente correspondiente al hogar, etc., también debe ser accesible al menos una vez al año para todas las personas conectadas a un sistema colector, de la forma más adecuada, por ejemplo en las facturas. Artículo 25. Acceso a la justicia (nuevo) Este nuevo artículo está en consonancia con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales y aplica el Convenio de Aarhus en lo que respecta al acceso a la justicia. El público y las ONG deben tener la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por los Estados miembros en virtud de la presente Directiva. Artículo 26. Indemnización (nuevo)

Se introduce un nuevo artículo sobre indemnización, cuyo objetivo es garantizar que, cuando se hayan producido daños a la salud, total o parcialmente como consecuencia del incumplimiento de medidas nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva, el público afectado pueda reclamar y obtener reparación por dichos daños de las autoridades competentes pertinentes y, cuando se hayan identificado, de las personas físicas o jurídicas responsables del incumplimiento. Artículo 27. Ejercicio de la delegación (nuevo) Se trata de un nuevo artículo estándar para la adopción de actos delegados. Artículo 28. Procedimiento de comité (antiguo artículo 18) Se trata de un nuevo artículo estándar para la adopción de actos de ejecución. Artículo 29. Sanciones (nuevo) Este artículo nuevo especificar el contenido mínimo de las sanciones, de manera que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, sin perjuicio de la Directiva 2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. Artículo 30. Evaluación (nuevo) Este nuevo artículo establece el marco para futuras evaluaciones de la Directiva (tal como se establece en las directrices de la Comisión para la mejora de la legislación). La primera evaluación está prevista no antes de que transcurran 10 años desde el final del período de transposición de la presente Directiva. Artículo 31. Revisión (nuevo) Al menos cada cinco años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la ejecución de la presente Directiva, acompañado, cuando lo considere pertinente, de las propuestas legislativas correspondientes. Artículo 32. Derogación y disposiciones transitorias (nuevo) Este artículo es nuevo e introduce disposiciones para tener en cuenta la situación específica de Mayotte y mantener el nivel de protección ambiental impuesto en virtud del antiguo artículo 5 hasta que se apliquen los nuevos requisitos del artículo 7. Artículo 33. Incorporación al Derecho interno (antiguo artículo 19) Este artículo sigue el modelo estándar. Artículo 34. Entrada en vigor (nuevo) Este artículo sigue el modelo estándar. Se establece que la Directiva entre en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial. Artículo 35. Destinatarios (antiguo artículo 20) El artículo se mantiene sin cambios.

Se suprime el antiguo artículo 6 Este artículo se ha suprimido en aras de la simplificación, ya que los Estados miembros rara vez utilizan en la práctica la opción de designar «zonas menos sensibles». Además, mantener esta opción en el texto revisado de la Directiva reduciría el nivel general de protección del medio ambiente que persigue la revisión de la misma. Se suprime el antiguo artículo 7 La obligación de aplicar un tratamiento adecuado a las aguas residuales urbanas antes de su vertido significa que los Estados miembros deben cumplir la legislación vigente de la UE, por lo que la pertinencia de esta disposición es (jurídicamente) limitada. El objetivo de garantizar un tratamiento adecuado de las aguas residuales urbanas a más tardar el 31 de diciembre de 2027 solo se mantiene con respecto a Mayotte, como disposición transitoria. Se suprime el antiguo artículo 8 Este artículo se ha suprimido porque ya ha quedado obsoleto (en la actualidad, los Estados miembros tienen que cumplir los requisitos del artículo 4). Este artículo también estaba vinculado a las «zonas menos sensibles», concepto que se ha eliminado de la Directiva. Anexo I Parte A. Sistemas colectores Se mantiene sin cambios. Parte B. Vertido de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas a las aguas receptoras Se actualiza con nuevas referencias, y requisitos mínimos con respecto a los tratamientos secundario (cuadro 1), terciario (tabla 2) y cuaternario (nuevo cuadro 3). Parte C. Vertidos no domésticos Se modifica y ahora establece las condiciones mínimas en las que pueden expedirse las autorizaciones para los vertidos no domésticos a que se refiere el artículo 13. Se establece el vínculo con la Directiva sobre las emisiones industriales. Parte D. Métodos de referencia para el control y la evaluación de resultados Se han actualizado los requisitos para el control de los vertidos de tratamiento de aguas residuales urbanas. En el caso de aglomeraciones urbanas de 100 000 e-h o más, se requiere al menos una muestra diaria. Anexo II Esta parte A se corresponde con los antiguos criterios del anexo II para identificar las «zonas sensibles», que se han mantenido y actualizado. También se ha añadido una lista de zonas que los Estados miembros deben considerar sensibles a la eutrofización. Anexo III — Lista de productos cubiertos por el artículo 9 sobre la responsabilidad ampliada del productor (nuevo) Los productos cubiertos por el artículo 9 sobre la responsabilidad ampliada del productor son aquellos que entran en el ámbito de aplicación de una de las disposiciones legislativas de la UE que figuran en ese anexo (productos farmacéuticos y cosméticos).

Anexo IV. Sectores industriales Antiguo anexo III, que se mantiene sin cambios. Anexo V. Contenido del plan de gestión integrada de las aguas residuales urbanas con arreglo al artículo 5 (nuevo) En el presente anexo figura el contenido mínimo del plan de gestión integrada de las aguas residuales urbanas elaborado de conformidad con el artículo 5. Estos planes deben incluir un análisis de la situación inicial en la zona de drenaje de la instalación de tratamiento de aguas residuales urbanas, la definición de los objetivos de reducción de la contaminación causada por los desbordamientos de las aguas de tormenta y la escorrentía urbana de dicha zona, así como la determinación de las medidas que deben adoptarse para alcanzar dichos objetivos. Los objetivos deben incluir: i) un objetivo indicativo de que el desbordamiento de las aguas de tormenta no represente más del 1 % del volumen y la carga anual de aguas residuales urbanas recogidas, calculado en condiciones meteorológicas secas; y ii) la eliminación progresiva de los vertidos no tratados de escorrentía urbana mediante sistemas de recogida separada, a menos que se demuestre que son de calidad suficiente para no tener efectos adversos en la calidad de las aguas receptoras. Anexo VI. Información al público (nuevo) Este anexo detalla la información que debe facilitarse al público en virtud del nuevo artículo 24. Anexo VII (nuevo) Se trata de un anexo estándar en el que se figuran la Directiva derogada y sus sucesivas modificaciones, así como sus fechas de transposición y aplicación. Anexo VIII (nuevo) Se trata del nuevo cuadro de correspondencias entre la Directiva 91/271/CEE del Consejo y la nueva propuesta de Directiva refundida. 🡻 91/271/CEE (adaptado) 2022/0345 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (versión refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de ⌦ Funcionamiento de la Unión ⌫ de la Comunidad Económica Europea y, en particular, y en particular su artículo ⌦ 192, apartado 1 ⌫ 130 S, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, Visto el dictamen del Comité de las Regiones, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: ⇩ nuevo (1)La Directiva 91/271/CEE del Consejo ha sido modificada en varias ocasiones y de forma sustancial. Dado que deben hacerse nuevas modificaciones y en aras de la claridad, conviene proceder a la refundición de dicha Directiva. 🡻 91/271/CEE considerando 1 (adaptado) Considerando que, en su Resolución de 28 de junio de 1988 sobre la protección del Mar del Norte y de otras aguas de la Comunidad , el Consejo solicitó a la Comisión que presentara propuestas con las medidas necesarias a nivel comunitario para el tratamiento de las aguas residuales urbanas; 🡻 91/271/CEE considerando 2 (adaptado) Considerando que la contaminación debida a un tratamiento insuficiente de las aguas residuales de un Estado miembro repercute a menudo en las de otros Estados miembros y que, por tanto, es necesaria una acción comunitaria, con arreglo al artículo 130 R; 🡻 91/271/CEE considerando 3 Considerando que es necesario un tratamiento secundario de las aguas residuales urbanas para evitar que la evacuación de dichas aguas tratadas de manera insuficiente tenga repercusiones negativas en el medio ambiente;

🡻 91/271/CEE considerando 4 Considerando que es necesario exigir un tratamiento más riguroso en las zonas sensibles mientras que un tratamiento primario puede ser adecuado en algunas zonas menos sensibles; 🡻 91/271/CEE considerando 5 Considerando que los sistemas colectores de entrada de aguas residuales industriales así como la evacuación de aguas residuales y lodo procedentes de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas deberían ser objeto de normas generales, reglamentaciones y/o autorizaciones específicas; 🡻 91/271/CEE considerando 6 Considerando que deben someterse a requisitos adecuados los vertidos de aguas residuales industriales biodegradables, procedentes de determinados sectores industriales, que no entran en las plantas de tratamiento de las aguas residuales urbanas antes del vertido a las aguas receptoras; 🡻 91/271/CEE considerando 7 Considerando que debe fomentarse el reciclado de los lodos producidos por el tratamiento de las aguas residuales; que debe suprimirse progresivamente la evacuación de lodos a las de aguas superficiales; 🡻 91/271/CEE considerando 8 Considerando que es necesario controlar las instalaciones de tratamiento, las aguas receptoras y la evacuación de lodos para garantizar la protección del medio ambiente de las repercusiones negativas de los vertidos de aguas residuales; 🡻 91/271/CEE considerando 9 Considerando que es importante garantizar la información al público, mediante la publicación de informes periódicos, sobre la evacuación de aguas residuales urbanas y lodos; 🡻 91/271/CEE considerando 10

Considerando que los Estados miembros deberán elaborar y presentar a la Comisión programas nacionales para la aplicación de la presente Directiva; 🡻 91/271/CEE considerando 11 Considerando que debería crearse un comité que colabore con la Comisión en los temas relacionados con la aplicación de la presente Directiva y con su adaptación al progreso técnico, ⇩ nuevo (2)La Directiva 91/271/CEE establece el marco jurídico para la recogida, el tratamiento y el vertido de aguas residuales urbanas y el vertido de aguas residuales biodegradables procedentes de determinados sectores industriales. Su objetivo consiste en proteger al medio ambiente de los efectos negativos de los vertidos de aguas residuales urbanas insuficientemente tratadas. La presente Directiva debe seguir persiguiendo el mismo objetivo, contribuyendo al mismo tiempo a la protección de la salud pública, cuando, por ejemplo, las aguas residuales urbanas se viertan en aguas de baño o en masas de agua utilizadas para la captación de agua potable, o cuando las aguas residuales urbanas se utilicen como indicador de parámetros pertinentes para la salud pública. También debe mejorar el acceso al saneamiento y a la información clave relacionada con la gobernanza de las actividades de recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas. Por último, la presente Directiva debe contribuir a la eliminación progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de las actividades de recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas, en particular reduciendo más las emisiones de nitrógeno, pero también promoviendo la eficiencia energética y la producción de energías renovables, contribuyendo así al objetivo de neutralidad climática para 2050 establecido en el Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo. (3)En 2019, la Comisión llevó a cabo una evaluación de la Directiva 91/271/CEE del Consejo en el marco del programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (en lo sucesivo, «evaluación»). Se hizo evidente en este ejercicio la necesidad de actualizar determinadas disposiciones de la Directiva. Se identificaron tres fuentes importantes de carga persistente de contaminación procedente de las aguas residuales urbanas que podría evitarse, a saber, los desbordamientos de aguas de tormenta y las escorrentías urbanas, los sistemas individuales potencialmente deficientes (es decir, los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas que no entran en los sistemas colectores) y las pequeñas aglomeraciones urbanas que actualmente no pertenecen completamente al ámbito de aplicación de la Directiva 91/271/CEE. Estas tres fuentes de contaminación ejercen una presión significativa sobre las masas de agua superficial de la Unión. Además, el informe de la evaluación también destacó la necesidad de mejorar la transparencia y la gobernanza de las actividades relativas a las aguas residuales urbanas, aprovechar la oportunidad que ofrece el sector del tratamiento de aguas residuales urbanas para aprovechar su potencial con el fin de desarrollar las energías renovables y dar pasos tangibles hacia la neutralidad energética como contribución a la neutralidad climática, y armonizar la vigilancia de los parámetros sanitarios de las aguas residuales urbanas, como el virus de la COVID-19 y sus variantes, como apoyo a la actuación en materia de salud pública. (4)Las pequeñas aglomeraciones urbanas ejercen una presión significativa en el 11 % de las masas de agua superficial de la Unión. Para combatir mejor la contaminación procedente de estas aglomeraciones y evitar los vertidos al medio ambiente de aguas residuales urbanas no tratadas, el ámbito de aplicación de la presente Directiva debe incluir todas las aglomeraciones urbanas de un mínimo de 1 000 equivalentes habitante (e-h). (5)Con el fin de garantizar un tratamiento eficaz de las aguas residuales urbanas antes de verterlas al medio ambiente, todas las aguas residuales urbanas procedentes de aglomeraciones urbanas de un mínimo de 1 000 e-h deben recogerse en sistemas colectores centralizados. Cuando ya existan tales sistemas, los Estados miembros deben velar por que se conecten a ellos todas las fuentes de aguas residuales urbanas. (6)Excepcionalmente, cuando pueda demostrarse que la creación de un sistema centralizado de recogida de aguas residuales urbanas no reportaría ningún beneficio medioambiental o que implicaría costes excesivos, debe permitirse a los Estados miembros utilizar sistemas individuales para tratar las aguas residuales urbanas, siempre que garanticen el mismo nivel de tratamiento que el tratamiento secundario y terciario. A tal fin, los Estados miembros deben crear registros nacionales para identificar los sistemas individuales utilizados en su territorio y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que el diseño de dichos sistemas sea adecuado, que los sistemas se mantengan adecuadamente y que estén sujetos a un control periódico de la conformidad. En particular, los Estados miembros deben velar por que los sistemas individuales utilizados para la recogida y almacenamiento de aguas residuales urbanas sean impermeables y estancos, y por que el control y la inspección de los sistemas se lleven a cabo a intervalos periódicos y fijos. (7)Durante las lluvias, los desbordamientos de aguas de tormenta y las escorrentías urbanas representan una importante fuente persistente de contaminación que se vierte al medio ambiente. Se prevé que estas emisiones aumenten debido a los efectos combinados de la urbanización y el cambio progresivo del régimen de lluvias vinculado al cambio climático. Las soluciones para reducir esta fuente de contaminación deben definirse a nivel local teniendo en cuenta las condiciones locales específicas. Deben basarse en una gestión integrada cuantitativa y cualitativa del agua en las zonas urbanas. Por consiguiente, los Estados miembros deben velar por que se establezcan a nivel local planes integrados de gestión de las aguas residuales urbanas para todas las aglomeraciones urbanas de un mínimo de 100 000 e-h, ya que dichas aglomeraciones son responsables de una parte significativa de la contaminación emitida. Además, deben establecerse planes de gestión integrada de las aguas residuales urbanas en el caso de las aglomeraciones urbanas de entre 10 000 y 100 000 e-h en las que los desbordamientos de aguas de tormenta o las escorrentías urbana supongan un riesgo para el medio ambiente o la salud pública. (8)Para garantizar que los planes de gestión integrada de las aguas residuales urbanas presenten una buena relación coste/eficacia, es importante que se basen en las mejores prácticas en las zonas urbanas avanzadas. Por lo tanto, las medidas que deben estudiarse deben basarse en un análisis exhaustivo de las condiciones locales y deben favorecer un enfoque preventivo destinado a limitar la recogida de aguas pluviales no contaminadas y optimizar el uso de las infraestructuras existentes. Al darse preferencia a las infraestructuras «verdes», las nuevas infraestructuras «grises» solo deben estudiarse cuando sea absolutamente necesario. Con el fin de proteger el medio ambiente, en particular el medio marino y costero, y la salud pública de los vertidos de aguas residuales urbanas insuficientemente tratadas, debe aplicarse un tratamiento secundario a todos los vertidos de aguas residuales urbanas procedentes de aglomeraciones urbanas de un mínimo de 1 000 e-h. (9)La evaluación puso de manifiesto que se lograron reducciones significativas de las emisiones de nitrógeno y fósforo mediante la aplicación de la Directiva 91/271/CEE. No obstante, según la evaluación, las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas siguen siendo una vía importante de entrada de estos contaminantes en el medio ambiente, lo que conduce directamente a la eutrofización de las masas de agua y los mares de la Unión. Parte de esta contaminación puede evitarse, ya que los avances tecnológicos y las mejores prácticas existentes muestran que los valores límite de emisión establecidos en la Directiva 91/271/CEE para el nitrógeno y el fósforo están obsoletos y deben reforzarse. El tratamiento terciario debe aplicarse sistemáticamente a todas las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas de un mínimo de 100 000 e-h, ya que estas instalaciones representan una importante fuente persistente de vertido de nitrógeno y fósforo. (10)El tratamiento terciario también debe ser obligatorio en aglomeraciones urbanas de un mínimo de 10 000 e-h que vierten en zonas propensas a la eutrofización o en riesgo de ella. Con el fin de velar por que los esfuerzos para limitar la eutrofización se coordinen a nivel de las cuencas pertinentes para toda la zona de captación, las zonas en las que se considera que la eutrofización constituye un problema según los datos actualmente disponibles deben figurar en la presente Directiva. Además, a fin de garantizar la coherencia entre la legislación pertinente de la Unión, los Estados miembros deben identificar otras zonas propensas a la eutrofización o en riesgo de ella situadas en su territorio, en particular sobre la base de los datos recogidos en virtud de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 91/676/CEE del Consejo. El refuerzo de los valores límite, una identificación más coherente e inclusiva de las zonas sensibles a la eutrofización y la obligación de garantizar el tratamiento terciario para todas las grandes instalaciones contribuirán conjuntamente a limitar la eutrofización. Dado que, para ello, se requerirán más inversiones a nivel nacional, los Estados miembros deben disponer de tiempo suficiente para determinar la infraestructura necesaria. (11)Los conocimientos científicos recientes que sustentan varias estrategias de la Comisión ponen de relieve la necesidad de tomar medidas para abordar el problema de los microcontaminantes, que se detectan ahora en todas las aguas de la Unión. Algunos de estos microcontaminantes son peligrosos para la salud pública y el medio ambiente, incluso en pequeñas cantidades. Por lo tanto, debe introducirse un tratamiento adicional, es decir, un tratamiento cuaternario, a fin de garantizar la eliminación de un amplio espectro de microcontaminantes de las aguas residuales urbanas. El tratamiento cuaternario debe centrarse, en primer lugar, en los microcontaminantes orgánicos, que representan una parte significativa de la contaminación y para los que ya se han diseñado tecnologías de eliminación. El tratamiento debe aplicarse sobre la base del criterio de precaución combinado con un enfoque basado en el riesgo. Por lo tanto, todas las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas de un mínimo de 100 000 e-h deben proporcionar un tratamiento cuaternario, ya que dichas instalaciones representan una parte significativa de los vertidos de microcontaminantes en el medio ambiente y la eliminación de estos por parte de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas a tal escala presenta una buena relación coste/eficacia. En el caso de las aglomeraciones urbanas de entre 10 000 y 100 000 e-h, debe exigirse a los Estados miembros que apliquen un tratamiento cuaternario a las zonas consideradas sensibles a la contaminación por microcontaminantes sobre la base de criterios claros, que deben especificarse. Dichas zonas deben incluir lugares en los que los vertidos de aguas residuales urbanas tratadas a las masas de agua den lugar a bajos índices de dilución, o en los que las masas de agua receptoras se utilicen para la producción de agua potable o como aguas de baño. A fin de evitar el requisito de un tratamiento cuaternario para las aglomeraciones urbanas de entre 10 000 y 100 000 e-h, debe exigirse a los Estados miembros que demuestren la ausencia de riesgos para el medio ambiente o la salud pública sobre la base de una evaluación de riesgos normalizada. A fin de que los Estados miembros dispongan de tiempo suficiente para planificar y finalizar las infraestructuras necesarias, el requisito de tratamiento cuaternario debe aplicarse progresivamente hasta 2040 con objetivos intermedios claros. (12)A fin de garantizar que los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales sigan cumpliendo los requisitos para el tratamiento secundario, terciario y cuaternario, las muestras deben tomarse de conformidad con los requisitos de la presente Directiva y deben cumplir los valores paramétricos que esta establece. A fin de tener en cuenta las posibles variaciones técnicas de los resultados de dichas muestras, debe fijarse un número máximo de muestras que no se ajusten a dichos valores paramétricos. (13)El tratamiento cuaternario necesario para eliminar los microcontaminantes de las aguas residuales urbanas implicará costes adicionales, como los relacionados con el control y los nuevos equipos avanzados que deberán instalarse en determinadas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas. Para sufragar estos costes adicionales y de conformidad con el principio de que quien contamina paga, expresado en el artículo 191, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), es esencial que los productores que introduzcan en el mercado productos que contengan sustancias que, al final de su vida útil, se consideren microcontaminantes en las aguas residuales urbanas (en lo sucesivo, «sustancias microcontaminantes») asuman la responsabilidad del tratamiento adicional necesario para eliminar dichas sustancias, generadas en el marco de sus actividades profesionales. El medio más adecuado para lograrlo es un sistema de responsabilidad ampliada del productor, ya que limitaría el impacto financiero sobre el contribuyente y la tarifa del agua, al tiempo que ofrecería un incentivo para desarrollar productos más ecológicos. Los residuos farmacéuticos y cosméticos representan actualmente las principales fuentes de microcontaminantes presentes en las aguas residuales urbanas que requieren un tratamiento adicional (tratamiento cuaternario). Por lo tanto, la responsabilidad ampliada del productor debe aplicarse a estos dos grupos de productos. (14)No obstante, debe ser posible aplicar exenciones a las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor cuando los productos se introduzcan en el mercado en pequeñas cantidades, es decir, menos de 2 toneladas de productos, ya que la carga administrativa adicional para el productor en tales casos sería desproporcionada en comparación con los beneficios medioambientales. También debe ser posible aplicar exenciones cuando el productor pueda demostrar que no se generan microcontaminantes al final de la vida útil de un producto. Podría ser el caso, por ejemplo, cuando pueda demostrarse que los residuos de un producto son rápidamente biodegradables en las aguas residuales y el medio ambiente o que no llegan a las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas. La Comisión debe estar facultada para adoptar actos de ejecución a fin de establecer criterios detallados para identificar los productos introducidos en el mercado que no generan microcontaminantes en las aguas residuales al final de su vida útil. Al elaborar estos criterios, la Comisión debe tener en cuenta la información científica o de otro tipo disponible, incluidas las normas internacionales pertinentes. (15)A fin de evitar posibles distorsiones del mercado interior, deben fijarse en la presente Directiva unos requisitos mínimos para la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, mientras que la organización práctica del sistema debe decidirse a nivel nacional. Las contribuciones de los productores deben ser proporcionales a las cantidades de productos que introducen en el mercado y a la peligrosidad de sus residuos. Las contribuciones deben sufragar, pero no superar, los costes de las actividades de control de los microcontaminantes, la recogida, notificación y verificación imparcial de las estadísticas sobre las cantidades y la peligrosidad de los productos introducidos en el mercado, y la aplicación del tratamiento cuaternario a las aguas residuales urbanas de manera eficiente y de conformidad con la presente Directiva. Dado que las aguas residuales urbanas se tratan colectivamente, conviene introducir el requisito de que los productores se adhieran a una organización centralizada que pueda cumplir sus obligaciones en virtud de la responsabilidad ampliada del productor en su nombre.

(16)La evaluación también ha demostrado que el sector del tratamiento de las aguas residuales ofrece la oportunidad de reducir significativamente su propio consumo de energía y de producir energía renovable, por ejemplo, mediante un mejor uso de las superficies disponibles en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas para la producción de energía solar o mediante la producción de biogás a partir de lodos. La evaluación también puso de manifiesto que, sin obligaciones jurídicas claras, solo cabe esperar avances parciales en este sector. En este contexto, debe exigirse a los Estados miembros que velen por que la energía total anual utilizada por todas las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas de su territorio nacional que traten una carga igual o superior a 10 000 e-h no supere la producción de energía procedente de fuentes renovables, tal como se define en el artículo 2, punto 1, de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, por parte de dichas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas. Este objetivo debe alcanzarse progresivamente con objetivos intermedios a más tardar el 31 de diciembre de 2040. La consecución de este objetivo de neutralidad energética contribuirá a reducir un 46 % las emisiones evitables de gases de efecto invernadero (GEI) del sector, apoyando al mismo tiempo la consecución de los objetivos de neutralidad climática para 2050 y los objetivos nacionales y de la Unión conexos, [como los establecidos en el Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo]. El fomento de la producción de biogás o energía solar en la UE, mejorando al mismo tiempo las medidas de eficiencia energética en consonancia con el principio de primacía de la eficiencia energética, que significa tener en cuenta tanto como sea posible las medidas de eficiencia energética con una buena relación coste/eficiencia a la hora de configurar la política energética y tomar las decisiones de inversión pertinentes, también contribuirá a reducir la dependencia energética de la Unión, que es uno de los objetivos expresados en el Plan «Repower EU» de la Comisión. También está en consonancia con la Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo y con la Directiva (UE) 2018/2001, en la que los centros de tratamiento de aguas residuales urbanas se consideran zonas propicias para las energías renovables, es decir, lugares designados como especialmente adecuados para la instalación de instalaciones destinadas a la producción de energía a partir de fuentes renovables. A fin de alcanzar el objetivo de neutralidad energética a través de medidas óptimas para cada instalación de tratamiento de aguas residuales urbanas y para el sistema colector, los Estados miembros deben velar por que se lleven a cabo auditorías energéticas cada cuatro años de conformidad con el artículo 8 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Dichas auditorías deben incluir una identificación del potencial de utilización o producción, con una buena relación coste/eficiencia, de energía renovable con arreglo a los criterios establecidos en el anexo VI de la Directiva 2012/27/UE. (17)Dado que la naturaleza transfronteriza de la contaminación del agua requiere la cooperación entre Estados miembros vecinos o terceros países para hacer frente a dicha contaminación e identificar medidas para abordar su fuente, debe exigirse a los Estados miembros que se informen mutuamente o al tercer país si una contaminación significativa del agua procedente de vertidos de aguas residuales urbanas en un Estado miembro o tercer país afecta o puede afectar a la calidad del agua de otro Estado miembro o tercer país. Esta información deberá será inmediata en caso de contaminación accidental que afecte significativamente a las masas de agua situadas corriente abajo. La Comisión debe ser informada y, en caso necesario, participar en las reuniones a petición de los Estados miembros. También es importante abordar la contaminación transfronteriza procedente de terceros países que comparten las mismas masas de agua con algunos de los Estados miembros. Con el fin de hacer frente a la contaminación procedente de terceros países o que llegue a ellos, la cooperación y coordinación con terceros países podrá llevarse a cabo en el marco del Convenio del Agua de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) o de otros convenios regionales pertinentes, como los relativos a mares o ríos. (18)A fin de garantizar la protección del medio ambiente y la salud humana, los Estados miembros deben velar por que las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas construidas para cumplir los requisitos de la presente Directiva se diseñen, construyan, gestionen y mantengan para garantizar unos resultados suficientes en todas las condiciones climáticas locales normales. (19)Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas también reciben aguas residuales no domésticas, como las aguas residuales industriales, que pueden contener una serie de contaminantes no regulados explícitamente por la Directiva 91/271/CEE, como metales pesados, microplásticos, microcontaminantes y otros productos químicos. En la mayoría de los casos, la comprensión y el conocimiento de esta contaminación son escasos, lo que podría ser perjudicial para el funcionamiento del proceso de tratamiento y contribuir a la contaminación de las aguas receptoras, así como impedir la recuperación de los lodos y la reutilización de las aguas residuales tratadas. Por consiguiente, los Estados miembros deben controlar la contaminación no doméstica que entra en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas y se vierte en las masas de agua, así como informar periódicamente sobre ella. Para evitar la contaminación causada por vertidos de aguas residuales no domésticas en origen, las emisiones procedentes de industrias o empresas conectadas a sistemas colectores deben estar sujetas a autorización previa. Con el fin de garantizar que los sistemas colectores y las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas sean técnicamente capaces de recibir y tratar la contaminación entrante, los gestores de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas que reciben aguas residuales no domésticas deben ser consultados antes de que se expidan dichos permisos y deben poder consultar los permisos expedidos a fin de poder adaptar sus procesos de tratamiento. Cuando se detecte contaminación no doméstica en las aguas entrantes, los Estados miembros deben adoptar las medidas adecuadas para reducir la contaminación en su origen, mejorando el control de los contaminantes en los sistemas colectores para que puedan identificarse las fuentes de contaminación y, en caso necesario, revisando las autorizaciones concedidas a las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas pertinentes conectadas. Los recursos hídricos de la Unión están sometidos a una presión creciente, lo que da lugar a una escasez de agua permanente o temporal en algunas zonas de la Unión. La capacidad de la Unión para responder a las presiones crecientes sobre los recursos hídricos podría mejorarse mediante una mayor reutilización de las aguas residuales urbanas tratadas, limitando la captación de agua dulce de las masas de agua superficial y subterránea. Por consiguiente, debe fomentarse y aplicarse la reutilización de las aguas residuales urbanas tratadas cuando proceda, teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de velar por el cumplimiento de los objetivos de buen estado ecológico y químico de las masas receptoras, tal como se definen en la Directiva 2000/60/CE. El refuerzo de los requisitos para el tratamiento de las aguas residuales urbanas y las medidas para controlar, rastrear y reducir mejor la contaminación en su origen repercutirán en la calidad de las aguas residuales urbanas tratadas y, por lo tanto, apoyarán la reutilización del agua. Cuando la reutilización del agua sea para el riego agrícola, deberá llevarse a cabo de conformidad con el Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo . (20)A fin de garantizar la correcta aplicación de la presente Directiva y, en particular, el respeto de los valores límite de emisión, es importante controlar los vertidos al medio ambiente de las aguas residuales urbanas tratadas. El control debe llevarse a cabo mediante el establecimiento a nivel nacional de un sistema obligatorio de autorización previa para el vertido de las aguas residuales urbanas tratadas en el medio ambiente. Además, con el fin de evitar vertidos involuntarios de biosoportes plásticos en el medio ambiente procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas que utilicen esta técnica, es esencial incluir en las autorizaciones de vertido obligaciones específicas de control y prevención permanentes de dichos vertidos. (21)A fin de garantizar la protección del medio ambiente, los vertidos directos al medio ambiente de aguas residuales no domésticas biodegradables procedentes de determinados sectores industriales deben estar sujetos a una autorización previa a nivel nacional y a requisitos adecuados. Dichos requisitos deben garantizar que los vertidos directos procedentes de determinados sectores industriales sean objeto de tratamiento secundario, terciario y cuaternario, según sea necesario para la protección de la salud humana y el medio ambiente. (22)De conformidad con el artículo 168, apartado 1, del TFUE, la acción de la Unión completa las políticas nacionales y debe encaminarse a mejorar la salud pública y prevenir las enfermedades. A fin de garantizar un uso óptimo de los datos pertinentes sobre salud pública procedentes de las aguas residuales urbanas, la vigilancia de estas aguas debe configurarse y utilizarse con fines preventivos o de alerta temprana, por ejemplo en la detección de virus específicos en las aguas residuales urbanas como señal de la aparición de epidemias o pandemias. Los Estados miembros deben establecer un diálogo y una coordinación permanentes entre las autoridades competentes responsables de la salud pública y aquellas responsables de la gestión de las aguas residuales urbanas. En el contexto de dicha coordinación, debe establecerse una lista de parámetros pertinentes para la salud pública que deben controlarse en las aguas residuales urbanas, así como la frecuencia y el lugar del muestreo. Este enfoque aprovechará y completará otras iniciativas de la Unión en el ámbito de la protección de la salud pública, como el control medioambiental, que incluye la vigilancia de las aguas residuales. Sobre la base de la información recopilada durante la pandemia de COVID-19 y de la experiencia adquirida con la aplicación de la Recomendación de la Comisión sobre un enfoque común para establecer una vigilancia sistemática del SARS-CoV-2 y sus variantes en las aguas residuales de la UE (en lo sucesivo, la «recomendación»), debe exigirse a los Estados miembros que controlen periódicamente los parámetros sanitarios relacionados con el SARS-CoV-2 y sus variantes. A fin de garantizar la utilización de métodos armonizados, los Estados miembros deben utilizar, en la medida de lo posible, los métodos de muestreo y análisis establecidos en la recomendación para el control del SARS-CoV-2 y sus variantes. (23)La Unión reconoce la importancia de abordar l