A4-0368/97

Resolución sobre la comunicación de la Comisión «Agenda 2000 - Por una Unión más fuerte y más amplia» (COM(97)2000 - C4-0371/97)

Parlamento Europeo

- Vista la Comunicación de la Comisión (COM(97)2000 - C4-0371/97) ((C4-0373/97, C4-0374/97, C4-0375/97, C4-0376/97, C4-0377/97, C4-0378/97, C4-0379/97, C4-0380/97, C4-0381/97, C4-0382/97, C4-0583/97.)),

- Vistas las conclusiones de los Consejos Europeos de Copenhague (21 y 22 de junio de 1993), de Essen (9 y 10 de diciembre de 1994) y de Madrid (15 y 16 de diciembre de 1995),

- Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Florencia de junio de 1996, en el sentido de que las negociaciones para la adhesión de Chipre comenzarían seis meses después de la conclusión de la Conferencia Intergubernamental,

- Visto el Consejo Europeo de Amsterdam, celebrado en junio de 1997, cuyas conclusiones indican que el éxito de la Conferencia Intergubernamental abre el camino para emprender el proceso de ampliación, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Madrid,

- Vista su Resolución de 20 de enero de 1993 sobre la articulación y estrategia de la Unión Europea con vistas a su ampliación y a la creación de un orden global a escala europea ((DO C 42 de 15.2.1993, pág. 124.)),

- Vista su Resolución de 12 de julio de 1995 sobre la solicitud de adhesión de Chipre a la Unión Europea ((DO C 249 de 25.9.1995, pág. 74.)),

- Vista su Resolución de 17 de abril de 1996 sobre el Libro Blanco «Preparación de los Estados asociados de la Europa central y oriental a su integración en el mercado interior de la Unión ((DO C 141 de 13.5.1996, pág. 135.)),

- Vista su Resolución de 19 de noviembre de 1997 sobre el Tratado de Amsterdam ((Acta de esa fecha, parte II, punto 20.)),

- Vistos el informe de la Comisión de Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa y las opiniones de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Política Regional, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, de la Comisión de Asuntos Institucionales, de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de Pesca y de la Comisión de Derechos de la Mujer (A4-0368/97),

A. Considerando que todos los países de Europa dotados de instituciones democráticas pueden ser parte de la Unión,

B. Considerando que la ampliación constituye un desafío moral, político y económico para la Unión Europea y que representa una oportunidad histórica para configurar el futuro de Europa,

C. Considerando que la ampliación es una respuesta a los cambios que han tenido lugar en el continente europeo desde la liberación, pacífica en su mayor parte, de la Europa central y oriental durante los años 1989 - 1991,

D. Considerando que una Unión que funcione, más reforzada que debilitada por la ampliación, interesa tanto a los países candidatos como a los actuales Estados miembros, y que debe sentar las bases para una Europa comunitaria más amplia, fundada en el Estado de derecho, la democracia, la paz, la solidaridad y la dignidad humana,

E. Teniendo en cuenta la evaluación de la Comisión de los resultados del Consejo Europeo de Amsterdam de 1997, y considerando la necesidad de reformar las instituciones de la Unión ante de que se produzca la ampliación,

F. Considerando que, en todo caso, la adhesión a la Unión Europea sólo es posible tras una reforma institucional de la Unión Europea,

G. Convencido de que la ampliación de la UE debe considerarse y abordarse como parte de un proyecto global tendente a la integración europea,

H. Considerando que el Consejo Europeo de Copenhague de 1993 estableció que los países candidatos deberían tener:

a) instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y la protección y respeto de las minorías;

b) una economía de mercado en funcionamiento;

c) la capacidad de enfrentarse a las presiones de la competencia y de las fuerzas del mercado en el interior de la Unión;

d) la capacidad de asumir las obligaciones de la adhesión derivadas del acervo comunitario, en particular la suscripción de los objetivos de la unión política, económica y monetaria,

I. Considerando que, en el Consejo Europeo de Madrid de 1995, el Consejo pidió a la Comisión que presentara, lo antes posible tras la CIG, los dictámenes sobre las distintas solicitudes y que elaborara un documento sobre la ampliación,

J. Señalando que, de acuerdo con Agenda 2000, el proceso de adhesión comenzará de forma simultánea para todos los candidatos en el marco de la asociación reforzada para la adhesión,

K. Insistiendo en que una estrategia de ampliación inclusiva, que entrañe la participación de todos los candidatos en el proceso de adhesión es esencial para evitar efectos secundarios negativos en determinados países candidatos,

L. Consciente de la complejidad del proceso de adhesión, en el que tendrán lugar distintos tipos de negociación: negociaciones bilaterales sobre la forma en que pueden cumplirse los criterios para la adhesión (negociaciones de asociación reforzada para la adhesión), que conducirán a negociaciones sobre el lugar constitucional específico de cada país en la UE y a negociaciones sobre las medidas transitorias y temas similares, y conversaciones multilaterales sobre los intereses comunes en los ámbitos del segundo y tercer pilares,

M. Teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión de que la ampliación constituye una oportunidad para la Unión, no sólo en lo que se refiere a su seguridad y economía, sino también en cuanto a su cultura, y que las conversaciones multilaterales deberían hacer referencia a una visión común de la dimensión educativa, cultural e informativa de la integración europea,

N. Señalando que, de acuerdo con el dictamen de la Comisión, todos los PECO, con la excepción por ahora de la República Eslovaca, cumplen en grado suficiente los criterios políticos de democracia,

O. Señalando que la Comisión observa que ninguno de los PECO candidatos cumple en la actualidad los criterios económicos de Copenhague, con lo que reconoce la lógica de que todos los países candidatos participen en la asociación reforzada para la adhesión,

P. Consciente del proceso que se desarrolla en los países candidatos con el fin de mejorar la capacidad y la calidad de los procedimientos administrativos en los sectores públicos y señalando la necesidad de continuar la mejora, que podría avanzar aún más mediante una estrategia global tanto en los países candidatos como en la UE,

Q. Teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión de que, dado el carácter complejo y el alto desarrollo del mercado interior, la adhesión debe basarse en principios como el pleno respeto del acervo comunitario, sin excepciones ni derogaciones, y la restricción de las medidas transitorias a los casos debidamente justificados y sólo por periodos limitados,

R. Teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión de que la decisión de iniciar negociaciones con Chipre debe considerarse un factor positivo que podría estimular la búsqueda de un acuerdo político,

S. Teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión de que Turquía tiene gran importancia para la UE y merece una atención especial, pero recordando a Turquía que el Parlamento espera que se realicen progresos visibles en cuanto a la mejora de los derechos humanos, las reformas democráticas, el tratamiento de los kurdos turcos y la búsqueda de una solución a la continuada ocupación del norte de Chipre,

T. Consciente de que los ciudadanos de los PECO desconocen los temas relativos a la integración europea y al funcionamiento de la UE, y de la información también escasa de la Unión Europea sobre los países de la Europa central y oriental y sobre las consecuencias de la ampliación al Este,

U. Consciente de la importancia de que todos los sectores de la sociedad de la Unión Europea y de los países candidatos participen en la mayor medida posible en el proceso de ampliación e integración,

V. Convencido de que es necesaria la reforma de la política agrícola común (en particular, en aquellos sectores excluidos de la reforma de 1992) y de la política regional y de cohesión, incluso al margen de las consideraciones sobre la adhesión de uno o de varios nuevos Estados,

W. Subrayando que la ampliación a los once países candidatos implicará un importante aumento del potencial agrícola de la Unión y ampliará el mercado de los productos de base y transformados a 100 millones de consumidores suplementarios,

X. Considerando que la concepción y realización de grandes proyectos de infraestructura a escala europea, es decir, vías de comunicación terrestres, marítimas y aéreas, desarrollo regional, protección del medio ambiente, etc., podrían facilitarse por la ampliación de la Unión a los países candidatos,

Y. Convencido de que la integración europea y la nueva ampliación se podrán lograr únicamente a condición de que el respeto de los intereses nacionales se concilie con la necesaria solidaridad entre los Estados miembros, tanto los antiguos como los nuevos,

Z. Considerando que la ampliación puede representar una gran oportunidad para la Unión en la medida en que enriquecerá su potencial político y económico, constituirá para los quince Estados miembros una oportunidad para abrirse a nuevos intercambios comerciales, aumentará su peso en las relaciones exteriores y en las instituciones internacionales, reforzará su posición en los mercados internacionales y ampliará su mercado interior en intercambios de mercancías e inversiones y estimulará la creación de empleo,

AA. Recordando que, habida cuenta del grado de desarrollo democrático y económico de los países candidatos y los retos económicos, sociales, estratégicos y políticos de la ampliación, ésta representa un acontecimiento de gran alcance histórico que no puede compararse con las ampliaciones anteriores,

AB. Estimando que, con la voluntad política necesaria, el resultado de este proceso será una Unión más fuerte, en una Europa estable y en condiciones de cumplir su misión para con sus ciudadanos y asumir sus responsabilidades ante la comunidad internacional,

AC. Considerando que la decisión tomada por la Comisión de preseleccionar los países que estarán en condiciones de asumir a medio plazo las obligaciones derivadas de su pertenencia a la Unión Europea no es apropiada ni desde el punto de vista político, ya que así se crea una nueva división entre los países candidatos, ni desde el punto de vista económico, puesto que debilita la capacidad de atraer inversiones extranjeras directas de los países de la Europa Central y Oriental no tomados en consideración, por razones económicas, al comienzo de las negociaciones sobre la adhesión,

AD. Convencido de que todos los países candidatos tienen derecho a participar en el proceso de ampliación desde el comienzo, quedando entendido que el ritmo de las negociaciones podrá diferir en función de la capacidad de cada país para aceptar el acervo comunitario y garantizar el pleno respeto de los criterios establecidos con ocasión del Consejo Europeo de Copenhague,

Una estrategia para la ampliación

1. Declara solemnemente que la Unión Europea está abierta a todas las democracias europeas que cumplan los criterios de adhesión y deseen respaldar sus objetivos, establecidos en el Preámbulo de los Tratados de Roma de 1957, de «sentar las bases de una Unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos» y «consolidar, mediante la constitución de este conjunto de recursos, la defensa de la paz y la libertad»;

2. Considera la próxima ampliación de la Unión Europea una etapa totalmente nueva en el proceso de integración europea, que requiere una comprobación en profundidad de todas las consecuencias institucionales, políticas, económicas y sociales para la Unión y los países candidatos a la adhesión, y se muestra convencido de que dicha revisión podrá verse reforzada por la plena participación de los parlamentos nacionales y de las opiniones públicas de todos los países interesados;

3. Pide al Consejo Europeo que ponga en marcha el proceso de ampliación mediante un acto común con todos los países candidatos; considera que todos los países candidatos que satisfacen en este momento los criterios de un orden democrático estable, respeto de los derechos humanos y protección de las minorías, establecidos en Copenhague, tienen derecho a iniciar los procesos de adhesión y de negociación reforzados al mismo tiempo, y que este proceso debería iniciarse para todos estos países a principios de 1998;

4. Estima, en cambio, que la duración y el ritmo del desarrollo de las negociaciones podrá variar según los países y su capacidad para aceptar el acervo comunitario, desarrollar una economía de mercado capaz de hacer frente a las presiones del mercado único y disponer de instituciones estables que respeten el Estado de derecho, la democracia, los derechos humanos y los derechos de las minorías;

5. Opina además que la intensidad de las negociaciones y el calendario para su conclusión dependerán del grado en que cada país candidato cumpla los requisitos para la adhesión;

6. Opina, por tanto, que deberían iniciarse negociaciones intensivas por separado con los países que han realizado el mayor progreso y -si bien observa algunas inexactitudes de hecho- respalda las valoraciones de la Comisión sobre cuáles son actualmente dichos países;

7. Sostiene su opinión de que la Unión no debe determinar por anticipado, de forma directa o indirecta, la fecha de la adhesión plena, pues esta fecha dependerá de los esfuerzos que realicen los países candidatos;

8. Considera que la estrategia para la ampliación debe responder a los siguientes principios:

a) el objetivo de la Unión Europea es hacer posible que todos los países candidatos cumplan los criterios de Copenhague y accedan a la Unión en el menor plazo posible;

b) la estrategia debe partir, por tanto, de una actitud alentadora hacia los candidatos, reconociendo su derecho moral de entrar en la Unión, pero sin dejar de insistir en el cumplimiento de los criterios de Copenhague, alimentando de esta forma el dinamismo del proceso de adhesión;

c) la invitación a participar en la asociación reforzada para la adhesión debe incluir el compromiso político hacia la adhesión para los países candidatos que traten de cumplir los criterios de Copenhague, y debe considerarse como el punto de partida común del proceso de adhesión, tal y como se propone en Agenda 2000;

d) los preparativos para la adhesión deben incluir a todos los PECO sobre la base de la igualdad de trato, reconociendo a la vez las grandes diferencias que existen en cuanto a la situación y a la velocidad del desarrollo, que determinarán los temas a tratar;

e) las evaluaciones anuales deben hacer hincapié en la flexibilidad del orden establecido entre los países candidatos, que dependerá de los resultados obtenidos y no debe considerarse como un factor estático;

f) el progreso de los países candidatos en la protección de los derechos humanos deberá estar sometido a una evaluación regular e incluirse en los informes anuales que piensa elaborar la Comisión;

9. Subraya la importancia que concede al progreso realizado, en especial en los siguientes ámbitos, si bien reconoce que mejorar el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos es un reto continuo tanto para los actuales como para los futuros Estados miembros de la UE:

- la ratificación y aplicación de las normas jurídicas relativas a los derechos humanos,

- la responsabilidad jurídica de la policía, del estamento militar y de los servicios secretos,

- el respeto de los derechos de las minorías,

- el derecho a la libertad de opinión y a la libertad de los medios de comunicación,

- la abolición de la pena capital allí donde se aplique,

- la erradicación de la tortura y los malos tratos,

- la aceptación del principio de la objeción de conciencia, y

- la aceptación y promoción del sector de fines no lucrativos como interlocutor importante en lo relativo a la mejora del respeto de los derechos humanos;

10. Afirma que sólo un país que ha abolido la pena de muerte puede convertirse en miembro de la Unión Europea;

11. Expresa su convencimiento de que debe alentarse y facilitarse la cooperación regional entre los países candidatos y que esto debe considerarse un paso positivo hacia la adhesión a la UE; opina que la adhesión a la UE no debería obstaculizar los procesos de cooperación regional, tal como el existente entre las Repúblicas bálticas, y que la actual cooperación regional no debe constituir un obstáculo para la adhesión de nigún país candidato;

12. Opina que una administración pública eficaz y fiable es un elemento vital de los preparativos de adhesión a la UE para reforzar el Estado de derecho y la cohesión económica y social, y que las medidas para mejorar la calidad de la administración pública en todos los países candidatos deben incluirse en gran medida en la estrategia de preadhesión; aprueba la importancia concedida a la educación y a la formación continua de los funcionarios en el marco de las asociaciones reforzadas para la adhesión, así como las facilidades financieras previstas para mejorar la calidad de la Administración;

13. Pide a los países candidatos que, en el marco de sus ordenamientos constitucionales, establezcan estructuras administrativas locales, regionales y nacionales eficaces que ayuden a los agentes no estatales en estos ámbitos, y que mejoren los sistemas de control financiero, de manera que, como futuros miembros, puedan utilizar de manera eficaz los Fondos estructurales y, de este modo, se puedan reducir las enormes disparidades regionales y resolver los problemas de desarrollo;

14. Recuerda que, en los próximos años, la Unión Europea se encontrará ante unos plazos que son otros tantos retos para la construcción europea y que ejercerán influencia recíproca, como son la introducción de la moneda única, la revisión de las perspectivas financieras y la ampliación a Chipre y a los países de la Europa central y oriental;

15. Considera que los resultados que se obtengan durante el proceso de adhesión serán elementos constructivos de un proceso orgánico que conduzca a la adhesión a la Unión, y desea que los países candidatos participen de forma cada vez más intensa en los actuales programas de la UE;

16. Destaca que la cultura y la educación serán elementos clave para la estrategia de preahdesión y que el desarrollo de los programas culturales y educativos tendrá igual valor para los Estados miembros y los candidatos;

17. Subraya que la actividad cultural y educativa -que tiene un importante efecto multiplicador, si se consideran sus medios financieros- es parte integrante del desarrollo económico, una fuente directa e indirecta de creación de empleo y factor esencial de la calidad de vida y del refuerzo de la ciudadanía europea;

18. Estima que el marco institucional surgido del Tratado de Amsterdam no reúne las condiciones necesarias para realizar la ampliación sin poner en peligro el funcionamiento de la Unión y la eficacia de su acción;

19. Confirma el dictamen emitido en su mencionada Resolución de 19 de noviembre de 1997 sobre el Tratado de Amsterdam en cuanto a las reformas institucionales que deben lograrse antes de toda ampliación y reitera, en particular, sus solicitudes encaminadas a que:

- la ponderación de los votos en el Consejo y el número de miembros de la Comisión sean objeto de una adaptación, con objeto de mantener la paridad entre Estados miembros;

- la votación por mayoría cualificada en el Consejo se convierta en norma general;

- la unanimidad se limite a las decisiones de tipo constitucional (modificación de los Tratados, adhesiones, decisiones relativas a los recursos propios, procedimiento electoral, aplicación del artículo 308 (antiguo artículo 235 del Tratado CE);

- se adopten todas las demás reformas necesarias para la ampliación;

20. Confirma sus solicitudes en cuanto a los métodos que se habrán de adoptar en la perspectiva de esta reforma, en particular:

- que la Comisión le presente, con la suficiente antelación al Consejo Europeo de diciembre de 1998, un informe con las propuestas de reforma del conjunto de los Tratados, en particular en el ámbito institucional y en el contexto de la ampliación;

- que este documento se transmita a los Parlamentos de los Estados miembros esperando con interés sus tomas de posición;

- que se tome nota de que se propone definir su propia posición con la antelación suficiente en el marco de este proceso, con el fin de entablar a continuación un diálogo político;

- que participe plenamente en la próxima Conferencia Intergubernamental y que se decida de común acuerdo vinculante (como en el caso de los acuerdos interinstitucionales) que el Tratado no entre en vigor sin la aprobación previa del Parlamento;

21. Se opone a la idea de que la reforma institucional podría posponerse hasta que el número de Estados miembros fuera superior a 20, pues esta idea refuerza el temor de que pueda haber un grupo privilegiado de candidatos, y otro con perspectivas inciertas en cuanto a la adhesión;

22. Considera que la Conferencia Europea es un instrumento esencial de cooperación política con vistas a incluir a todos los países europeos que aspiran a ingresar en la Unión y vinculados a ella por acuerdos de asociación en conversaciones multilaterales con la Unión sobre temas relacionados con la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y los asuntos de Justicia e Interior, sobre la base de un orden del día concreto que refleje las necesidades y los intereses de los participantes que deberán celebrarse una vez al año a nivel de Jefes de Estado o Gobierno, incluidos los Presidentes de la Comisión y del Parlamento Europeo;

23. Opina que la Conferencia Europea no puede sustituir a las negociaciones bilaterales sobre la ampliación, sino que más bien ha de considerarse un instrumento especial de cooperación paneuropea;

24. Considera que la participación en la Conferencia Europea no implica una adhesión automática a la Unión Europea en un plazo concreto;

25. Señala, en el contexto de la condicionalidad de adhesión, que los países candidatos a la adhesión no deben acordar a productos o a empresas de países terceros un trato comercial o financiero más favorable que a sus equivalentes de la Unión Europea con el fin de atraer inversiones extranjeras directas;

26. Señala que, al finalizar las negociaciones de adhesión, se le solicitará la ratificación de cualquier ampliación adicional de la Unión y destaca, por tanto, que ha de desempeñar un papel importante en la Conferencia Europea y que el Consejo debería adoptar las medidas adecuadas para garantizar su plena participación en este nuevo foro;

27. Sugiere a los países candidatos que garantizar la continuidad en la composición de sus respectivas delegaciones para la negociación es de gran importancia para el rápido avance del proceso de adhesión;

28. Opina que la abolición de todo tipo de obligaciones de visado será prioritaria para los países afectados, pues con ello se facilitará el tráfico con los países afectados, así como su desarrollo;

29. Considera urgente que todos los países candidatos ratifiquen y apliquen incondicionalmente la Convención de Ginebra y establezcan procedimientos de asilo que estén en línea con el acervo y normas de la UE;

30. Propone que la Unión emprenda una política más activa con respecto a Chipre, con vistas a contribuir de forma efectiva a la restauración de su integridad y a promover la búsqueda de una solución política;

31. Opina que la solicitud de adhesión a la UE de Turquía requiere un enfoque serio, y subraya la necesidad de establecer una relación especial de alto nivel entre dicho país y la Unión que supere la actual unión aduanera;

32. Subraya que los costes presupuestarios de la ampliación apenas son una fracción del dividendo económico de paz conseguido tras la guerra fría, y que la inversión en la ampliación apoya este dividendo de paz;

33. Considera importante que se desarrolle una estrategia especial que permita también después de una ampliación que, mediante la cooperación más allá de las fronteras exteriores de la UE, se puedan reducir las diferencias de nivel de vida y asegurar la paz y la estabilidad;

34. Reconoce, que debido a su situación geográfica, las regiones con fronteras exteriores con los países candidatos están especialmente afectadas y, en consecuencia, la necesidad de prestarles una ayuda especial a través de programas y recursos financieros, con objeto sobre todo de fomentar la cooperación transfronteriza y evitar cambios violentos en la situación existente respecto de la competencia;

35. Considera que la Unión Europea deberá garantizar que la ampliación no reduzca el importe de los créditos destinados a la ayuda de los países en desarrollo tradicionales;

36. Subraya que las relaciones de la Unión Europea con los países en desarrollo, incluida la cooperación al desarrollo, deberán considerarse más claramente que en el pasado parte integrante de la política exterior y de seguridad común; en el contexto de la ampliación, los nuevos Estados miembros deberán participar, en función de sus recursos, en la política de la UE para los países en desarrollo y en la ayuda al desarrollo;

37. Apoya el punto de vista de que los recursos PHARE deben utilizarse de forma más descentralizada, permitiendo así que las autoridades locales y regionales desempeñen una función más activa en la utilización de dichos fondos y en su control; también acoge favorablemente las propuestas de la Comisión de que los recursos PHARE se supediten a la adhesión en lugar de a la demanda;

38. Pide a la Comisión que intensifique su campaña de información en los PECO sobre los antecedentes y los objetivos de la Unión, su perspectiva federal y sus valores fundamentales, así como las implicaciones inherentes a la adopción, por parte de los países candidatos, del acervo comunitario y de las obligaciones derivadas de la adhesión a la Unión Europea;

39. Expresa el deseo de que en el programa PHARE se dedique una atención especial al programa destinado a la democracia y derechos humanos;

40. Pide que las instituciones comunitarias establezcan mecanismos adecuados de supervisión para mantener bajo control la situación de los derechos humanos en los países candidatos, teniendo en cuenta las normas establecidas por el Consejo de Europa y las Naciones Unidas y utilizando los resultados de los trabajos del Consejo de Europa y la OSCE;

41. Pide también a la Comisión que garantice la información continuada y exhaustiva de la opinión pública europea sobre la ampliación, incluyéndola en este proceso, ya que el éxito depende en gran medida del apoyo de la opinión pública;

42. Alienta a la Comisión a que impulse y multiplique los contactos directos entre los agentes socioeconómicos de los países de la Unión con sus homólogos de los países candidatos, especialmente en los ámbitos económicos sensibles (agricultura, siderurgia, textil, pesca, construcción naval), con objeto de facilitar la comprensión mutua y un enfoque constructivo de los problemas que podrían suscitar tensiones o incluso conflictos durante las negociaciones de adhesión;

Impacto sobre la política de la Unión Europea

43. Toma nota de que la opinión de la Comisión de que el 1,27% del PNB es suficiente para cubrir los retos a los que se enfrentará la UE durante el período 2000-2006 depende de sus suposiciones en cuanto a crecimiento del PNB, reforma de las políticas comunitarias y resultado del proceso de ampliación; siendo necesaria una reevaluación periódica de dichos datos con el fin de garantizar que las estimaciones de la Comisión reflejan la verdadera naturaleza de las repercusiones de la ampliación;

44. Considera que, dada la inevitable incertidumbre de dichas suposiciones, el nuevo marco financiero debe prever una cláusula de revisión que aborde los límites y las políticas de los gastos y de los recursos, en el caso de que las suposiciones de la Comisión resultaran no ser acertadas;

45. Recuerda que hay que tomar en consideración el reiterado punto de vista del Parlamento Europeo de que el actual sistema de recursos propios puede ser insuficiente para la financiación de una ampliación eficaz;

46. Considera que la duración del marco financiero de la Comisión podría resultar demasiado larga para unas perspectivas financieras de este tipo, pero es cierto que el propio éxito de la ampliación requiere la tranquilidad presupuestaria propiciada por un acuerdo interinstitucional acompañado de las correspondientes perspectivas financieras;

47. Pide a la Comisión, en la perspectiva de su declarada «política contra la corrupción», que trabaje con los países candidatos para establecer políticas e instrumentos que de forma efectiva disuadan, detecten y castiguen la corrupción en la administración pública;

48. Considera que la existencia de instituciones públicas creíbles de auditoría y control financiero, capaces de trabajar estrechamente con las instituciones equivalentes de la UE, debe ser una condición previa para la adhesión a la Unión Europea;

49. Recuerda el balance globalmente positivo de las ampliaciones anteriores que han mejorado la posición de la Unión en los mercados internacionales, aumentado los intercambios entre los Estados miembros e incrementado la dimensión internacional de la Unión, aumentando con ello los recursos totales disponibles para los países miembros y la Unión;

50. Considera que la ampliación reforzará el peso y la influencia de la Unión Europea en el sistema económico internacional, en las organizaciones internacionales y, muy especialmente, en la Organización Mundial del Comercio (OMC); a este respecto, desea que la Unión Europea y los países candidatos determinen desde ahora mismo una estrategia coordinada en cuanto a los compromisos que se contraerán en el marco de la OMC (asuntos de la nueva Agenda) y de la OCDE y en cuanto a los otros organismos económicos y financieros multilaterales en los que es posible realizar una actuación concertada;

51. Considera indispensable que la integración progresiva de los países candidatos en el mercado interior vaya a la par con una política más decidida de armonización de los aspectos exteriores de ese mercado y de coordinación de las políticas comerciales de los países candidatos a la adhesión y que ello ofrecerá numerosas ventajas, habida cuenta de los elementos positivos de los países candidatos (posición geográfica, recursos naturales, oportunidades de inversión), y de que de este modo aumentará el crecimiento económico de los países miembros, ampliándose así los ingresos totales de la Unión;

52. Pide que los países candidatos se vinculen al plan de acción del mercado interior para minimizar las fricciones que se originarán con la integración en el mercado interior;

53. Pide, en el marco de la estrategia de preadhesión y de las negociaciones de adhesión, un mayor fomento de las pequeñas y medianas empresas y de la creación de empresas, también en el sector de la artesanía, ya que en comparación con la Unión de los 15, este sector está infradesarrollado y precisa de un entorno social positivo para que pueda establecerse una cultura de las PYME;

54. Considera que los acuerdos relativos al SME II constituyen un marco extraordinariamente adecuado para facilitar a los PECO la entrada en la Unión Monetaria y considera que merece examinarse la idea de que los PECO que lo deseen y puedan hacerlo obtengan ya en el SME II el estatuto de miembro asociado;

55. Recuerda, no obstante, que, debido a un grado de desarrollo claramente inferior a la media de la Unión en los países candidatos -todos los nuevos miembros serán beneficiarios netos-, la ampliación significará una disminución considerable de la renta media por habitante en la Unión ampliada; no obstante, considera que la pertenencia a la Unión estimulará en particular el crecimiento económico de los nuevos países miembros, disminuyendo así rápidamente esa diferencia de renta;

56. Estima imprescindible la reforma de la política regional y de cohesión, con la readaptación de sus objetivos y la puesta a disposición de los recursos necesarios para asegurar su funcionamiento en el período de preadhesión y permitirle hacer frente a las presiones en favor de ajustes sectoriales y regionales que se producirán después de la adhesión; señala, además, que esta próxima reforma no es únicamente una reforma obligada por la ampliación, sino una reforma necesaria en razón de las experiencias adquiridas en este ámbito político;

57. Estima que, sin recursos financieros adecuados, puede producirse, según las reformas que se efectúen, en particular, en las políticas regionales y en la PAC -independientemente del proceso de ampliación- una reducción de los recursos que actualmente se destinan a las regiones de la Unión beneficiarias de la política de cohesión, así como una agravación de los desequilibrios entre regiones ricas y pobres de la Unión;

58. Subraya la importancia de que las repercusiones financieras de la adhesión no minen los principios de solidaridad y de cohesión económica y social dentro de la propia Unión;

59. Destaca la importancia de desarrollar la participación de la población en el proceso de integración europea; pide, por lo tanto, a la Comisión que apoye a las ONG que intervienen en los ámbitos ambiental, social y cultural para fomentar el hermanamiento de ciudades entre el este y el oeste y para facilitar el acceso a la información sobre las políticas de la UE, en particular sobre la protección del consumidor, las políticas ambiental y social y la salud pública;

60. Insiste en que el acervo comunitario se incorpore jurídicamente y de hecho, con la adhesión de los países candidatos, a todos los mecanismos reguladores de tipo social y constata además que la adaptación de los Estados candidatos al modelo social europeo constituye una necesidad absoluta para garantizar la paz social; opina asimismo que la base para una amplia aceptación social en lo relativo a la cuestión de la ampliación radica en un diálogo social institucionalizado entre los interlocutores sociales autónomos que ya tienen que ser asociados a todas las decisiones gubernamentales determinantes y a todos los flujos de información en el marco de las negociaciones de adhesión;

61. Pide, en lo que respecta a la libre circulación de trabajadores, en particular en vista del fenómeno del desplazamiento diario por motivos de trabajo, que se concedan períodos transitorios, aplicados con la adecuada flexibilidad, atendiendo a criterios de evaluación que habrá que acordar, con objeto de:

- asegurar un proceso de integración socialmente compatible del que existe una urgente necesidad;

- reducir la presión sobre el modelo social europeo;

- asegurar un constante desarrollo económico, social y regional en los países candidatos;

62. Observa críticamente que la cuestión social sólo se menciona en la Agenda 2000 en cuanto problemática y que al examen de la propia dimensión social sólo se le atribuye una importancia subordinada; pide, por ello, que ya en el marco de la estrategia de preadhesión se elabore un Libro Blanco sobre la situación social y sobre la política social de los países candidatos a la adhesión, en el que:

- se tome en consideración con carácter urgente una estrategia de empleo común sobre la base de la situación en materia de desempleo en los Estados miembros de la UE y de los problemas de las regiones fronterizas;

- se preste una atención particular a la importancia de la formación inicial y continuada para la integración social;

- se adopte, además, un amplio enfoque para los planteamientos sociales y se tomen en consideración, entre otros, también ámbitos como las repercusiones sociales de las tendencias regionales de desarrollo, las repercusiones socioculturales de las presiones migratorias y las consecuencias sociales de los procesos de transformación en las agriculturas;

63. Opina que es indispensable que los países candidatos se vayan adaptando progresiva y constantemente a las normas medioambientales y sociales de la Unión; pide a los países que desean integrarse en la Unión Europea que ratifiquen los Convenios 138 y 29 de la OIT, relativos al trabajo forzado y al trabajo de los niños, y ello antes de cualquier adhesión;

64. Considera que debe imponerse a los países candidatos a la adhesión el acervo comunitario en materia de política de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y que durante las negociaciones uno de los criterios de evaluación de los PECO en cuanto a su posibilidad de adhesión deberá ser el respeto de la aplicación de las disposiciones del Tratado (artículo 119) y de las directivas existentes en materia de igualdad de trato entre mujeres y hombres;

65. Expresa su preocupación por el tráfico ilícito de seres humanos, sobre todo de mujeres oriundas de los PECO, para su explotación sexual en los Estados miembros de la Unión y considera que se impone la adopción de medidas urgentes por parte de las autoridades competentes de los PECO y de los Estados miembros, a fin de poner coto a esta inmigración clandestina procedente de los PECO con estos fines comerciales particulares;

66. Insiste en que, entre los criterios políticos de adhesión, figure expresamente el respeto de las libertades y de los derechos fundamentales de las mujeres; considera necesario que se revise el Tratado de Amsterdam antes de la ampliación, a fin de incluir en el mismo el derecho fundamental a la igualdad entre mujeres y hombres;

67. Recuerda sin embargo que, para que la integración decidida y racional de los PECO sea un éxito para ambas partes, es necesario proceder a una adaptación eficaz de la UE y llevar a cabo las reformas estructurales, en particular, la reforma de la política agrícola común;

68. Lamenta, por lo que se refiere al sector agrícola, que en la Agenda 2000 la Comisión sólo presente propuestas fragmentarias para diferentes sectores de producción, y no una visión global que hubiera permitido orientar a todos los sectores de producción agrícola;

69. Lamenta que, contrariamente a lo que se anunció en la Conferencia de Cork, la Comisión no haya elaborado un concepto específico relativo al mundo rural; teme que, dispersos entre diferentes objetivos y marcos de apoyo, los medios destinados a las estructuras agrícolas no puedan aplicarse con toda la eficacia necesaria;

70. Destaca que la situación económica de los países candidatos, en particular en el ámbito agrícola, no es homogénea, por lo que convendría tener en cuenta la situación concreta de dichos países en el momento de establecer las medidas y calendarios preparatorios para la adhesión, así como las medidas y los plazos de transición posteriores a la integración;

71. Considera que, debido a las diferencias notables de precios y vista la oportunidad de favorecer una política de desarrollo rural, la ampliación a los nuevos miembros de la política agrícola común en su forma actual no es deseable y que, en consecuencia, tal vez convendría reflexionar sobre la conveniencia de fijar períodos transitorios largos en materia de aplicación de la política agrícola común a dichos nuevos miembros;

72. Considera que, en lo que respecta a la política común de la pesca, la Comisión debe ayudar a las nuevas flotas y sectores de transformación para que alcancen los niveles de seguridad e higiene requeridos y recomienda que se amplíe al máximo la ayuda económica comunitaria a los sectores pesqueros de los países candidatos, para que puedan modernizarse cuanto antes;

73. Considera que la Comisión debe defender enérgicamente todos los acuerdos de pesca recientes con terceros países y asignar los TAC y las cuotas sobre una base justa y equitativa atendiendo en todo momento a la estabilidad relativa y al rendimiento pesquero en el pasado; opina además que han de solucionarse todos los aspectos medioambientales de la contaminación del Mar Negro para que pueda restablecerse una industria pesquera viable;

74. Considera que existe una necesidad urgente de incluir en la «reforma de 1992" todos los sectores del mercado que se hayan visto excluidos de esta reforma (por ejemplo, el sector azucarero), habida cuenta hasta ahora de que la «reforma de 1992" constituye un requisito previo para la ampliación de la política agrícola común a los países candidatos a la adhesión;

75. Hace hincapié en la importancia de intercambiar investigadores y de establecer más centros de energía para proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad nuclear;

76. Llama la atención sobre la industria de energía nuclear existente en los países de la Europa Central y Oriental y pide a la Comisión que prepare, antes de la adhesión, un programa negociado para:

a) adecuar las instalaciones de energía nuclear actuales a las normas de seguridad occidentales;

b) garantizar la supervisión de la seguridad operativa por un organismo independiente reconocido por la OIEA;

c) introducir procedimientos de control de seguridad conformes al Tratado Euratom para garantizar la protección del material altamente radiactivo;

d) clausurar y no poner en funcionamiento aquellas centrales nucleares que no puedan alcanzar el necesario nivel de seguridad internacional;

77. Destaca que el carbón es un componente significativo de las fuentes energéticas primarias en los países candidatos y pide a la Comisión que prepare, con los países en cuestión, una iniciativa que reciba ayuda del programa PHARE para mejorar la productividad de las minas de carbón y para introducir una tecnología de combustión limpia del carbón;

78. Hace hincapié en la necesidad de prestar más atención a la creación de redes transeuropeas en la Europa Central y Oriental, por medio de los fondos asignados a la estrategia de preadhesión reforzada;

79. Considera esencial el respeto de los derechos fundamentales y la protección de las minorías en los países candidatos y pide a la Comisión que trate con especial urgencia de animar y ayudar a los países candidatos a resolver los problemas más importantes;

80. Insta a la Comisión, al Consejo, a los Estados miembros y a los países candidatos a otorgar prioridad, también en cuanto a la financiación, a todas aquellas medidas que creen las condiciones necesarias para una plena realización de una zona de libertad, seguridad y justicia, en la que estén suprimidos los controles en las fronteras interiores, con objeto de evitar períodos transitorios demasiado prolongados en estos ámbitos;

81. Recuerda que la independencia de la justicia es uno de los pilares del Estado de derecho y el propio fundamento de una protección eficaz de los derechos y libertades fundamentales de todos, es decir, también de los ciudadanos de los países candidatos a la adhesión y, en particular, de las personas que deben comparecer ante la justicia, y reafirma su respeto de los derechos de la defensa, los derechos y vías de recurso de las víctimas y la protección de los testigos en el marco de la lucha contra la delincuencia internacional organizada;

82. Observa con gran preocupación las conclusiones de la Comisión con relación a la capacidad administrativa y judicial de los países candidatos para aplicar la legislación comunitaria y pide que la Unión realice mayores esfuerzos en materia de recursos financieros y humanos para reciclar a jueces, abogados y administradores; subraya, en este sentido, la necesidad de crear un programa destinado a la sensibilización de las profesiones que participan en la Administración de Justicia, de características semejantes al Plan de acción Robert Schuman;

83. Destaca que en algunos países candidatos las actividades de las entidades de crédito de la Unión siguen sufriendo graves dificultades por el hecho de que la propiedad inmobiliaria no tiene ningún valor como garantía de los créditos, debido en especial a la inseguridad jurídica en relación con la posibilidad de realización en caso de quiebra del deudor; destaca, además, que debe darse prioridad al desarrollo de sistemas de registro catastrales y mercantiles eficientes y fiables;

84. Recuerda que es importante, respetando plenamente el principio de subsidiariedad, desarrollar ulteriormente las políticas de carácter horizontal (política social, medio ambiente, consumidores, ciencia, investigación y desarrollo, sociedad de la información), para tomar en consideración la especificidad de los países candidatos y no mermar su repercusión en la población de los Estados miembros;

85. Considera que una adhesión rápida y plena de todos los países candidatos entrañará, a la larga, una mejora para el medio ambiente en toda Europa, adoptando un enfoque más intensivo de importantes ámbitos de la política, tales como el medio ambiente, los transportes y la energía, prestándose una atención especial a la protección de la naturaleza en la Europa central y oriental, con el fin de evitar la pérdida de biodiversidad;

86. Pide a la Comisión que, a fin de aplicar criterios de adhesión realistas, establezca una lista en la que figuren las disposiciones legislativas más importantes de la UE en materia medioambiental que deberán cumplir los países candidatos para poder convertirse en miembros, que se establecerá sobre la base de criterios medioambientales objetivos, en colaboración con el Consejo y el Parlamento; considera que a la hora de fijar disposiciones transitorias, deberá prestarse especial atención a la aplicación prioritaria de las disposiciones relativas a la mejora de la calidad del aire, del agua y del suelo, así como a la seguridad de los alimentos y la protección de la salud, ya que las condiciones medioambientales de los PECO, en parte muy deficientes, ya están acarreando daños a la salud y reduciendo la esperanza de vida de los ciudadanos de los PECO;

87. Pide a la Comisión que, de conformidad con la obligación contenida en el Tratado, integre las consideraciones medioambientales y relativas a la protección del consumidor en otros ámbitos de la gestión política cuando se reforme la política de la UE, debiendo intervenir expresamente los Ministros de Medio Ambiente y de Consumo, tanto de la UE como de los PECO, en los próximos trabajos en los que se concreten las reformas;

88. Destaca que los países candidatos deberían proteger la salud de sus ciudadanos teniendo en cuenta las consideraciones de salud pública en otros ámbitos de sus políticas, y considera que la UE y los países candidatos deberían respaldar activamente el desarrollo de ONG y organizaciones de voluntariado en el sector de la salud;

89. Pide a los Estados miembros de la Unión y a la Comisión que tomen todas las medidas posibles para combatir eficazmente el desempleo, para que la premisa de la libre circulación de los trabajadores se cumpla también en una Europa ampliada;

90. Considera necesario que en el proceso de adhesión de los nuevos países se desarrollen todos los aspectos contemplados en la política común de transportes, en particular los aspectos ambiental, social y de seguridad utilizando, siempre que sea posible, las modernas tecnologías y los sistemas inteligentes y que deberán tomarse en consideración, por lo tanto, los tiempos de conducción, las emisiones de los motores, las normas aplicables a los vehículos, las normas viarias y el conjunto de normas relativas al acervo comunitario;

Dictámenes sobre los diferentes países

Bulgaria

91. Estima que Bulgaria ha efectuado en los últimos tiempos esfuerzos considerables en la transición hacia una economía de mercado, si bien quedan por emprender acciones decisivas en las áreas de medio ambiente, transporte, agricultura, energía y justicia; considera además que una reforma de la Administración a todos los niveles y de gran calado es también necesaria para la adecuada aplicación del acervo comunitario;

92. Subraya el cumplimiento por parte de Bulgaria de los principales criterios políticos exigidos y, en este sentido, está convencido de que la apertura de negociaciones favorecería y animaría la continuación de las reformas emprendidas y evitaría el sentimiento de exclusión del pueblo búlgaro, reafirmando asimismo la presencia de la Unión en una región de gran inestabilidad política;

Estonia

93. Se congratula por la positiva evolución de Estonia, que ha establecido una economía de mercado eficaz y una democracia con instituciones estables, pero afirma que deben proseguir los esfuerzos para aplicar el acervo comunitario, mejorar la calidad de la administración pública y extender la ciudadanía a los miembros de grupos minoritarios;

94. Toma nota de que puede considerarse que Estonia funciona como una economía de mercado abierta, a pesar de las desigualdades económicas entre Tallinn y el resto del país y del alarmante desequilibrio comercial que ha sido parcialmente compensado por las inversiones exteriores directas y el turismo;

Hungría

95. Acoge con satisfacción el fuerte compromiso de Hungría con la democracia y su ejemplar política con respecto a las minorías, así como los importantes avances, ya iniciados hace años, realizados en la armonización de su legislación de manera que se ajuste al acervo comunitario, pero señala que se necesitan más esfuerzos en sectores como el medio ambiente, el control aduanero y la energía;

96. Da por sentado que la estrategia de preadhesión reforzada ayudará a Hungría a prepararse mejor para hacer frente a las obligaciones de la adhesión y para superar las lagunas existentes con respecto a la modernización de su economía;

Letonia

97. Considera que Letonia ha realizado esfuerzos sustanciales para el establecimiento de instituciones nacionales, aunque, para que el acervo comunitario se aplique adecuadamente, todavía deben adoptarse medidas en la administración pública y en cuanto a la aplicación del Estado de derecho; considera también que el país ha realizado con éxito reformas en cuanto a la transición a la economía de mercado;

98. Constata la existencia de una serie de problemas como, por ejemplo, el estatus de la minoría de origen ruso, el proceso de privatización, aún por completar, y la necesidad de reformar el sistema judicial y administrativo;

Lituania

99. Considera que Lituania ha realizado reformas políticas impresionantes, que cuenta con una economía de mercado lo bastante fuerte para cumplir muchas de las obligaciones económicas que conlleva la adhesión y que ha realizado progresos en la transposición del acervo comunitario; toma nota de que todavía son necesarias medidas importantes en la administración pública y en la aplicación del Estado de Derecho;

100. Toma nota de que los detalles de los dictámenes de la Comisión sobre Lituania muestran que el país ha realizado progresos muy significativos en su preparación para la adhesión, valora la mejora de la situación económica y el levantamiento de las restricciones a los cambios, los precios y los movimientos de bienes, y espera que la estrategia de preadhesión reforzada del país candidato preparará al país para la adhesión en aquellas áreas en las que se consideran deseables progresos continuados como, por ejemplo, el refuerzo de la legislación para combatir la corrupción y la mejora de las normas legislativas relativas al mercado de trabajo;

Polonia

101. Es consciente de que Polonia es con ventaja el mayor de los países candidatos y de que su adhesión tendrá un efecto muy importante en las actuales políticas de la UE; toma nota de los enormes progresos de reforma realizados desde 1989, pero señala que siguen siendo necesarios nuevos cambios y medidas de reforma en sectores como las industrias de propiedad estatal, la agricultura, el transporte, el medio ambiente y el control de las fronteras;

102. Da por supuesto que una estrategia de preadhesión reforzada ayudará a resolver a medio plazo los problemas estructurales, económicos y medioambientales de Polonia así como a mejorar su capacidad para controlar efectivamente sus fronteras exteriores;

República Checa

103. Pide a las autoridades checas que mejoren sensiblemente el funcionamiento del sistema judicial, especialmente con el fin de garantizar juicios equitativos en períodos de tiempo aceptables y establecer rápidamente una política global que tenga como objetivo evitar cualquier tipo de discriminación o marginación de la minoría «roma», ratificando asimismo sin más demora el convenio marco sobre las minorías nacionales del Consejo de Europa;

104. Opina que la estrategia hacia la adhesión constituye una buena oportunidad para que la República Checa proceda a una necesaria modernización de la administración del Estado, reformándola según los principios de calidad y de eficacia, y para proceder a aquellas reformas económicas que sean compatibles, por una parte, con el funcionamiento del mercado interior de la Unión Europea (por ejemplo, sobre la estructura bancaria y financiera nacional) y, por otra, con la construcción de un modelo social de tipo europeo que permita una fuerte lucha contra el desempleo y el mantenimiento de un estado social próximo a las exigencias de la población;

Rumania

105. Acoge con satisfacción las reformas políticas y económicas llevadas a cabo por Rumania en la perspectiva de su adhesión a la Unión Europea, en particular las que se han puesto en marcha a partir de noviembre de 1996, y alienta a dicho país a que continúe su adaptación a las exigencias del acervo comunitario;

106. Señala la función positiva desempeñada por Rumania para la estabilidad de la región, a través del Tratado de amistad y cooperación celebrado con Hungría, la cooperación trilateral que ha establecido con los Estados vecinos y su participación en el Acuerdo de Libro Comercio de Europa Central (CEFTA), así como en el Acuerdo de Cooperación Económico del Mar del Norte;

107. Considera que la estrategia de preadhesión reforzada permitirá a Rumania llevar a cabo las reformas económicas y estructurales necesarias para permitir a este país hacer frente a los retos de la ampliación;

Eslovenia

108. Reconoce el dinamismo económico que caracteriza a Eslovenia y que ha permitido a este país alcanzar el nivel más alto de renta per cápita de los países candidatos;

109. Toma nota del hecho de que este país respeta los criterios políticos establecidos en Copenhague y de la decisión del Parlamento esloveno de ratificar el acuerdo europeo con la Unión y de adoptar las modificaciones constitucionales exigidas;

República Eslovaca

110. Destaca la vocación europea de República Eslovaca y constata que ha logrado, en un contexto difícil, obtener buenos resultados económicos que le permitirían ingresar en la Unión Europea al mismo tiempo que los países más avanzados si su vida política no estuviera marcada por algunas costumbres no conformes a las normas democráticas aceptadas en los Estados de la Unión;

111. Pide sin embargo que República Eslovaca se beneficie, como los demás países candidatos, de la estrategia de preadhesión reforzada para continuar la adaptación de su economía a las condiciones del mercado único y para que este país no se retrase cuando se cumplan las condiciones políticas para su adhesión; pide, en particular, que la asociación para la adhesión que ha de negociarse con este país prevea acciones en el ámbito de la democracia, incluidos los derechos de las minorías, y que se destinen créditos del programa PHARE para apoyar las medidas en favor de la democracia que se establecerán de común acuerdo;

112. Señala que las autoridades eslovacas empiezan a enviar a la Unión Europea señales de su voluntad de democratizar la vida política de República Eslovaca y espera que este país adopte medidas concretas para aplicar las tres recomendaciones de la Comisión Parlamentaria Mixta;

Chipre

113. Confirma su posición expresada en la mencionada Resolución de 12 de julio de 1995 y que las negociaciones de adhesión con Chipre deben iniciarse en un plazo de seis meses tras la conclusión de la Conferencia Intergubernamental, tal y como ya ha señalado en distintas ocasiones el Consejo Europeo;

114. Insta al Consejo y a la Comisión a que hagan todo lo posible para favorecer una solución pacífica de la cuestión chipriota, de conformidad con las Resoluciones de las Naciones Unidas, sin que las negociaciones de adhesión con el Gobierno chipriota se asocien a la solución de esta diferencia y pide a la Comisión que convenza a las dos comunidades de la isla acerca de las ventajas que representa la adhesión a la Unión Europea y que asocie a ambas comunidades en el proceso de ampliación;

115. Insta a la Comisión y al Consejo a tener en cuenta la óptima situación económica y financiera de la República de Chipre, que permitiría a la isla respetar desde el principio los criterios para la UEM, situación que facilita las negociaciones de adhesión, las cuales no deben depender en modo alguno de la evolución de las relaciones con Turquía y deberán terminarse en breve;

116. Observa con satisfacción que el Consejo tiene la intención de consultar al Parlamento Europeo sobre el Reglamento general relativo a la cooperación previa a la adhesión, pero hace hincapié en que debe consultársele asimismo sobre los reglamentos específicos, teniendo presente que esto no debe ralentizar el proceso de la preadhesión;

117. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos.