N° C 126/4 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 5. 89 
II 
(Actos jurídicos preparatorios) 
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 
Dictamen del Comité Económico y Social sobre los derechos sociales fundamentales comunita­
rios 
(89/C 126/04) 
Por carta de los Sres. Delors y Marín con fecha de 9 de noviembre de 1988, la Comisión 
invitó al Comité a intercambiar opiniones y a reflexionar sobre el posible contenido de una 
«Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales». 
En su reunión del 24 de noviembre de 1988, la Asamblea Plenaria decidió, de conformidad con 
las disposiciones del artículo 17 del Reglamento Interno, constituir un Subcomité para preparar 
los trabajos en la materia. El Subcomité elaboró un proyecto de Dictamen el 8 de febrero de 
1989 (informe de los Sres. Staedelin, Ponente, y Vassilaras, Coponente). 
En su 263a Sesión Plenaria (sesión del 22 de febrero de 1989), el Comité Económico y Social 
ha aprobado por 135 votos a favor, 22 en contra y 8 abstenciones el siguiente Dictamen: 
I. Observaciones Preliminares 
1. El Comité Económico y Social, considerando que 
la realización del Acta Única Europea determina una en­
tidad económica y social europea basada principalmente 
en la evolución de las relaciones sociales, reitera su adhe­
sión a la creación de un gran mercado interior que no 
sólo debe consolidar el sector de la economía, del co­
mercio, de la artesanía y de los servicios, sino también 
sentar las bases comunes de una mejora del bienestar de 
todos los ciudadanos y de una disminución del impor­
tante índice de desempleo, y asegurar el desarrollo de la 
política de protección del consumidor y del medio am­
biente. 
Los derechos sociales fundamentales para los ciudadanos 
de la Comunidad sólo pueden realizarse en una sociedad 
libre, democrática y pacífica en la cual los individuos go­
cen de la misma consideración en el plano social, sin dis­
tinción fundada en el sexo, raza, lengua, nación, reli­
gión, opiniones políticas, o cualquier otra situación, con 
el fin de garantizar la plena realización de la persona 
humana y su participación efectiva en la organización 
política, económica, social y cultural de la sociedad. 
En esta parte del mundo existe una tradición cultural, 
democrática y de libertad, es decir, un estilo de vida que 
no puede abandonarse en aras de otras visiones. 
Por ello, el Comité se congratula de que la Comisión lo 
haya consultado sobre los derechos sociales fundamenta­
les que deben garantizarse en esta Europa sin fronteras. 
No obstante, el responder gobalmente y con precisión a 
esta demanda equivaldría a redactar una constitución eu­
ropea o de leyes fundamentales. Por muy apasionante 
que resulte esta labor, no puede llevarse a cabo en unas 
pocas semanas. 2. Así, habida cuenta de que el Dictamen solicitado al 
Comité Económico y Social debería consistir, según los 
términos de la carta de los Sres. Delors y Marín en «un 
mensaje claro sobre el futuro de la Comunidad y sobre 
los valores fundamentales que desea fomentar», el Co­
mité considera que debe limitar las cuestiones planteadas 
a los tres campos siguientes: 
a) la garantía de los «valores fundamentales» en térmi­
nos de derechos sociales en el sistema jurídico comu­
nitario; 
b) la dimensión social del Mercado Interior; 
c) el diálogo social comunitario. 
3. Considerados en sentido amplio y desde la perspec­
tiva de un enfoque global de la política social, los dere­
chos sociales fundamentales se refieren no solo a: 
— los distintos componentes de la población, en particu­
lar las categorías más vulnerables (minusválidos, mi­
grantes, minorías -incluidas las étnicas-, grupos mar­
ginados, etc.); 
— todas las categorías socioprofesionales (trabajadores 
por cuenta ajena y por cuenta propia, cuadros, profe­
siones liberales, funcionarios, artesanos, jubilados, 
etc.); 
23. 5. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 126/5 
— todo tipo de actividades (agricultura, industria, co­
mercio, servicios, economía social, etc.); 
— las diversas formas de empresa, las PYME y las 
cooperativas, 
sino también a las áreas de consumo, de medio ambiente 
y de la vida asociativa. 
4. Estos derechos sociales fundamentales también for­
man parte integrante de los derechos que deberán ser re­
conocidos en la Europa de los ciudadanos y que cubren, 
de una manera más general, los valores comunes de la 
sociedad europea. Se refieren a los distintos aspectos de 
la vida del conjunto de los ciudadanos (derecho al tra­
bajo; derecho a condiciones de vida suficientes; derecho 
a una jubilación decente; acceso a la educación; infor­
mación, educación y defensa de los consumidores; dere­
chos de la familia; derechos en el ámbito cultural; pro­
tección de la salud y del medio ambiente; libertad para 
vivir, trabajar, asociarse, emprender y ejercer una activi­
dad por cuenta ajena o por cuenta propia, y estudiar en 
cualquier país de la Comunidad) tal como ya han sido 
afirmados por el Comité ('). 
5. No obstante, habida cuenta de los términos en que 
se ha solicitado el Dictamen y de los plazos que se han 
fijado, el Comité se inclina por conceder especial aten­
ción, por el momento, a' los derechos sociales fundamen­
tales que revisten especial importancia debido a la en­
trada en vigor del Acta Única y de las nuevas necesida­
des específicas ligadas a la realización del mercado inte­
rior, y se reserva el derecho de emitir dictámenes sobre 
los demás aspectos en el futuro. 
II. 1992: Garantizar los derechos sociales fundamentales 
1. Al conceder su apoyo a la realización del mercado 
interior, el Comité siempre ha solicitado que, en virtud 
de la coordinación necesaria de las políticas económicas 
y sociales, y simultáneamente a las medidas previstas en 
el sector industrial, comercial, agrícola, financiero y fis­
cal, se adopten medidas en el sector social. 
2. Asimismo, el Comité viene afirmando constante­
mente que la realización del gran mercado interior no 
debe volver a enjuiciar los derechos sociales fundamenta­
les, y que los principios fundamentales de la CEE impli­
can el compromiso de aumentar el bienestar de todos los 
ciudadanos y de incrementar la cohesión económica y 
social (2). 
(') Véase a este respecto el Dictamen sobre la situación social 
en 1987, (DO n° C 208 de 8. 8. 1988). 
(2) Véase los siguientes Dictámenes: Dictamen «Llevar a buen 
término el Acta Única» (DO n° C 180 de 8. 7. 1987); Dictá­
menes anuales sobre la situación económica y sobre la situa­
ción social; Dictamen y documento informativo sobre los as­
pectos sociales del mercado interior (DO n° C 356 de 31. 
12. 1987 y CES 225/87 fin). 3. El mercado interior no puede reducirse a una zona 
de libre cambio ya que el proyecto de integración euro­
pea que fomenta sólo tiene sentido y finalidad si mejora 
las condiciones de vida y de trabajo de todas las catego­
rías de la población. 
4. Este enfoque fue confirmado recientemente en las 
conclusiones de los Consejos Europeos de Hannover y 
de Rodas, los cuales precisan respectivamente: 
— «... que la realización del gran mercado único ofrece 
la mejor perspectiva, gracias a la supresión de los 
obstáculos al crecimiento, para fomentar el empleo e 
incrementar la prosperidad general de la Comunidad 
en beneficio de todos los ciudadanos» (Hannover); 
— «La realización del mercado único no puede contem­
plarse como un fin en sí mismo, puesto que persigue 
un objetivo más amplio que consiste en garantizar un 
máximo de bienestar para todos, de conformidad con 
la tradición de progreso social inscrita en la historia 
de Europa»; 
— «Esta tradición de progreso social debe ser una ga­
rantía que asegure que todos los ciudadanos, cual­
quiera que sea su profesión, podrán beneficiarse efec­
tivamente de las ventajas directas que se esperan del 
mercado único como factor de crecimiento econó­
mico y como medio más eficaz en la lucha contra el 
desempleo.» (Rodas) 
5. Tal como lo afirmó el Comité en la Resolución que 
adoptó el 23 de noviembre de 1988, la plena realización 
del mercado único, condición para que Europa ocupe un 
lugar digno en el mundo, debe permitir mantener y pro­
mover un modelo de vida y de desarrollo que asegure a 
los ciudadanos europeos: 
— en búsqueda de la justicia social, un espacio de liber­
tad que preserve la iniciativa privada y el desarrollo 
de compromisos colectivos; 
— una posibilidad de mejora progresiva y segura del 
empleo y del nivel y calidad de vida; 
— una seguridad fundada en la afirmación de una Eu­
ropa convencida de su cohesión económica y so­
cial (3). 
6. El Comité observa que, a distintos niveles interna­
cionales, los interlocutores sociales y los gobiernos han 
logrado ponerse de acuerdo sobre la definición de deter­
minados derechos sociales fundamentales, ya se trate de 
las Naciones Unidas, de la Organización Internacional 
del Trabajo, del Consejo de Europa o de la OCDE. En 
consecuencia, en un espacio de mercado único, es ur­
gente que determinados derechos sociales queden está­
te Doc. CES 1267/88. 
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blecidos en los Estados miembros a fin de constituir un 
conjunto coherente e interdependiente que forme parte 
del patrimonio común de los Estados miembros. 
7. Así pues, no se trata de inventar normas, sino en 
primer lugar de tener en cuenta las que ya han sido esta­
blecidas y aceptadas a otros niveles, y en segundo lugar 
de definir dichas normas mediante derechos que tengan 
en cuenta las nuevas necesidades surgidas a raíz de la 
realización del mercado interior y que permitan el fun­
cionamiento armonioso del mismo. Su campo de aplica­
ción debe concebirse de tal forma que la garantía de los 
derechos sociales fundamentales esté asegurada en todas 
las categorías económicas y sociales de la población y 
para todas las categorías de trabajadores en toda la Co­
munidad. 
8. El Comité, §i bien considera que no deben reco­
gerse todos los aspectos de la política social en una legis­
lación europea, estima necesario adoptar derechos socia­
les fundamentales sobre la base del patrimonio consti­
tuido por las diferentes experiencias, en el respeto de las 
diversidades nacionales. 
9. Para asegurar paralelamente el desarrollo econó­
mico y social, es necesario fijar una serie de «garantías 
sociales fundamentales» (') a fin de reforzar la actuación 
de la Comunidad encaminada a garantizar la extensión y 
la aplicación correcta de los derechos de los ciudada­
nos (2) y evitar que divergencias de situación puedan 
causar distorsiones en la competencia. 
10. Las modalidades de aplicación concreta de los 
principios y derechos fundamentales reconocidos a nivel 
comunitario siguen correspondiendo en principio a los 
Estados miembros, a las ramas profesionales y a las em­
presas y servicios por medio de las legislaciones naciona­
les y/o de la negociación colectiva. 
11. Con miras a la elaboración de acuerdos marco, el 
Comité concede una gran importancia al desarrollo del 
diálogo social a todos los niveles en el respeto de la au­
tonomía de los interlocutores sociales. 
12. Es necesario que todos los trabajadores -sea cual 
sea la naturaleza y las características de su relación labo­
ral- tengan derecho a llevar a cabo negociaciones colec­
tivas con sus empleadores a todos los niveles, en las em­
presas, los grupos de empresa y las ramas profesionales 
de los distintos sectores, regiones y Estados. 
13. Existe un modelo social muy similar en todos los 
Estados miembros de la CEE, que se funda en: 
(') Doc. 6736/87 (Prensa 85) Declaración del Consejo de 
Asuntos Sociales del 26 de mayo de 1987. 
(2) DO n° C 208 de 8. 8. 1988, aptdo 3.4. 1) El papel respectivo de los Estados y de las negocia­
ciones colectivas en el ámbito del reconocimiento de 
los derechos sociales fundamentales, por el que se de­
termina un núcleo de normas que se aplican sin ex­
cepciones. 
2) El papel respectivo de los Estados y de las negocia­
ciones colectivas encaminado a proteger a los trabaja­
dores en su puesto de trabajo, en especial mediante 
normas básicas relativas a las condiciones y duración 
del trabajo, a la protección de la remuneración, a la 
seguridad y a la higiene, así como el papel de los Es­
tados encaminado a proteger los derechos de los con­
sumidores y del medio ambiente. 
3) El reconocimiento: 
— de la libertad sindical; 
— de la negociación colectiva como elemento funda­
mental de regulación de las relaciones sociales; 
— de la posibilidad de representación de los trabaja­
dores por cuenta ajena en la empresa, ya sea me­
diante órganos elegidos o delegados de organiza­
ciones sindicales. 
III. Realizar el modelo social europeo 
1. La garantía de los principios fundamentales en térmi­
nos de derechos sociales en el sistema jurídico comuni­
tario 
Habida cuenta de que el Dictamen solicitado al Comité 
Económico y Social debe ser remitido a principios de 
1989, el Comité considera que el método de trabajo más 
productivo consistirá en la enumeración de una lista de 
principios y derechos sociales fundamentales cuyo res­
peto deberá ser garantizado por todos los Estados miem­
bros. Para evitar discusiones largas y estériles que pueden 
comprometer los plazos de realización y alterar el con­
senso social, recomienda a las instituciones comunitarias 
que adopten el procedimiento necesario para que la inte-
pretación del contenido y del campo de aplicación de di­
chos principios y derechos fundamentales se haga respe­
tando las normas que ya han sido reconocidas en otros 
instrumentos de derecho social internacional (3). 
El Comité recuerda la importancia que concede a la au­
tonomía de los interlocutores sociales y al derecho a le­
gislar en el terreno social de que gozan los Estados 
miembros. 
En efecto, no se trata de inventar un nuevo instrumento, 
sino de introducir en el orden jurídico comunitario, con 
las especificidades supranacionales que le son propias, 
determinadas garantías sociales fundamentales. Por esta 
razón, en la enumeración que figura a continuación, 
(3) La lista de los principales instrumentos y los títulos de los 
documentos citados en las siguientes páginas figuran en 
anexo. La mención de los diversos instrumentos internacio­
nales citados en los apartados A y B del capítulo III y que 
todavía no han sido adoptados por todos los Estados miem­
bros tiene por objeto poder referirse, para un derecho dado, 
a los instrumentos internacionales ya existentes. 
23. 5. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 126/7 
cada uno de los principios o derechos garantizados viene 
acompañado de una referencia a los convenios interna­
cionales ya existentes. 
A. Normas de aplicación general 
— derecho a la protección social para todas la cate­
gorías de la población (OIT: Convenios 102, 118, 
121, 128, 130 y 157; Consejo de Europa: Carta 
social, artículos 12 a 13; Código europeo de segu­
ridad social; Protocolo del Código europeo de se­
guridad social; Convenio europeo de seguridad 
social; Protocolo adicional a la Carta social, artí­
culo 4; ONU: Pacto internacional relativo a los 
derechos económicos, sociales y culturales, artí­
culo 9); 
— derecho a la asistencia, a la seguridad y a la pro­
tección de la salud de todas las categorías de la 
población (OIT: Convenios 81, 115, 120, 129, 
139, 148, 155 y 161; Consejo de Europa: Carta 
social, artículos 3 y 11; Código europeo de segu­
ridad social, artículos 31 a 38; Protocolo del Có­
digo europeo de seguridad social; Protocolo adi­
cional de la Carta social, artículos 3 y 4; ONU: 
Pacto internacional relativo a los derechos econó­
micos, sociales y culturales, artículo 12); 
— derecho a la educación (Consejo de Europa: Pro­
tocolo I adicional del Convenio de salvaguarda de 
los derechos humanos y de las libertades funda­
mentales, artículo 2; ONU: Pacto internacional 
relativo a los derechos económicos, sociales y cul­
turales, artículos 6, 13, 14 y 15); 
— derecho a la protección de la vida privada y de la 
integridad de la persona, en particular en lo que 
se refiere a la utilización de sistemas informatiza-
dos y de bancos de datos (Consejo de Europa: 
Convenio para la protección de las personas en el 
ámbito del tratamiento automatizado de los datos 
de carácter personal); 
— derecho a la protección de la propiedad privada y 
definición de su vinculación social (Consejo de 
Europa: Protocolo adicional al Convenio de sal­
vaguarda de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, artículo 1); 
— derecho a la igualdad de oportunidades y de trato 
y supresión de cualquier forma de discriminación 
(OIT: Convenios 100, 111 y 156; Consejo de Eu­
ropa: Carta social, apartado 2 del artículo 1 y 
apartado 3 del artículo 4; Protocolo adicional, ar­
tículo 1; ONU: Pacto internacional relativo a los 
derechos económicos, sociales y culturales, apar­
tado 2 del artículo 2, artículos 3 y 7); 
— derecho del niño, de la madre y de la familia a 
una protección jurídica y económica (OIT: Con­
venio 103; ONU: Pacto internacional relativo a 
los derechos económicos, sociales y culturales, ar­
tículo 10; Consejo de Europa: Carta social, artí­
culos 16 y 17); derechos del jubilado (Consejo de Europa: proto­
colo adicional de la Carta social, artículo 4); 
derecho de los trabajadores productores y consu­
midores a asociarse libremente para crear empre­
sas de tipo cooperativo o mutualista basadas en 
los principios de solidaridad; (OIT: recomenda­
ción 127; ONU: resolución 2459 (20. 12. 1968) 
sobre el papel del movimiento cooperativo en el 
desarrollo económico y social); 
derecho de los consumidores a la protección de su 
salud, a una información económica objetiva y 
cualitativa y a la libre elección de bienes y servi­
cios (ONU: principios rectores para la protección 
de los consumidores - 1985); 
derecho a la protección del medio ambiente 
(OIT: Convenio 148 y Recomendación 156); 
Consejo de Europa: Carta social, artículo 11); 
derecho a la preservación del patrimonio cultural 
(Consejo de Europa: Convenio cultural europeo y 
Convenio para la salvaguardia del patrimonio ar­
quitectónico de Europa). 
Normas en materia de relaciones laborales, mercado de 
trabajo y condiciones de trabajo 
(incluidos los artesanos, cuadros y trabajadores autó­
nomos en la medida en que les ataña) 
— derecho a la libertad sindical incluido el recurso a 
acciones colectivas (OIT: Convenios 87 y 135; 
Consejo de Europa: Carta social, artículo 5; Con­
venio de salvaguarda de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales, artículo 11; 
ONU: Pacto internacional relativo a los derechos 
económicos, sociales y culturales, artículo 8); 
— derecho de organización y de negociación colec­
tiva (OIT: Convenios 98, 151 y 154; Consejo de 
Europa: Carta social, apartado 2 del artículo 6); 
— prohibición y abolición de los trabajos forzados 
(OIT: Convenios 29 y 105; ONU: Pacto interna­
cional relativo a los derechos económicos, sociales 
y culturales, artículo 6; Consejo de Europa: Con­
venio de salvaguarda de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales, artículo 4); 
— derecho a la libre elección y al libre ejercicio de 
una profesión y a un contrato de trabajo libre­
mente negociado; 
— derecho a intervenir en la definición de las condi­
ciones de trabajo (OIT: Recomendaciones 94, 
113 y 129; Consejo de Europa: Protocolo adicio­
nal de la Carta social, artículo 3); 
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— derecho a un salario libremente negociado (OIT: 
Convenios 94 y 95; Cornejo de Europa: Carta so­
cial, artículo 4; ONU: Pacto internacional rela­
tivo a los derechos económicos, sociales y cultura­
les, artículo 7); 
— derecho a la formación inicial y profesional conti­
nua y al reciclaje (OIT: Convenios 140, 142 y 
159; Consejo de Europa: Carta social, artículos 7, 
9, 10 y 15; Protocolo adicional de la Carta social, 
artículo 1; ONU: Pacto internacional relativo a 
los derechos económicos, sociales y culturales, ar­
tículo 6); 
— derecho a la protección del trabajo de los niños 
(OIT: Convenio 138; Consejo de Europa: Carta 
social, artículo 7); 
— derecho de información y de consulta de los tra­
bajadores a los niveles en los que se toman las de­
cisiones por razón de innovaciones tecnológicas y 
de modificaciones, que tengan una incidencia so­
bre la estructura, la organización de la produc­
ción y el empleo (OIT: Convenios 154 y Reco­
mendación 113; Consejo de Europa: Carta social, 
apartados 1 y 2 del artículo 6; Protocolo adicio­
nal de la Carta social, artículo 2); 
— derecho a la protección de los trabajadores en 
caso de despido individual o colectivo (OIT: 
Convenio 158; Consejo de Europa: Carta social, 
apartado 4 del artículo 4); 
— derecho a garantías análogas, en particular en lo 
que respecta a la posibilidad de estar cubierto por 
convenios colectivos o por acuerdos profesionales 
y de participar en las cotizaciones y prestaciones 
de los sistemas de segundad social, en caso de 
trabajo a tiempo parcial, temporal u otras formas 
de empleo (ONU: Pacto internacional relativo a 
los derechos económicos, sociales y culturales, pá­
rrafo 2 del artículo 2; OIT: Convenios 29, 87, 98, 
100, 105 y 111; Consejo de Europa: Carta social, 
artículos 5 y 6); 
— derecho a vacaciones anuales (OIT: Convenio 
132; Consejo de Europa: Carta social, apartado 3 
del artículo 2; ONU: Pacto internacional relativo 
a los derechos económicos, sociales y culturales, 
artículo 7); 
— derecho al descanso semanal (OIT: Convenios 14 
y 106; Consejo de Europa: Carta social, apartado 
5 del artículo 2); 
— derecho a la protección de la seguridad y de la 
salud en el puesto de trabajo (OIT: Convenios 
102, 121, 155 y 161; Consejo de Europa: Carta 
social, artículo 3; Código europeo de segundad 
social, artículos 31 a 38; Protocolo adicional de la 
Carta social, artículos 3 y 4; ONU: Pacto inter­
nacional de los derechos económicos, sociales y 
culturales, artículo 7); — derecho a protección en caso de enfermedad 
(OIT: Convenios 102, 118, 121, 13Q y 157; Con­
sejo de Europa: Carta social artículos 12 y 13; 
Código europeo de seguridad social; Protocolo 
del Código europeo de seguridad social; Conve­
nio europeo de seguridad social; Protocolo adi­
cional de la Carta social, artículo 4); 
— derecho a los servicios gratuitos de las oficinas de 
colocación (OIT: Convenios 88 y 96; Consejo de 
Europa: Carta social, apartado 3 del artículo 1). 
2. La dimensión social del mercado interior 
El segundo aspecto de las garantías jurídicas debe abor­
dar la problemática de la dimensión social del mercado 
interior, que se plantea por la necesidad de combinar dos 
objetivos interdependientes: 
a) el respeto de las diversidades nacionales tanto de las 
legislaciones laborales y de seguridad social como de 
los sistemas nacionales de relaciones profesionales, 
siempre que sean conformes al modelo social euro­
peo; 
b) la necesidad de adoptar normas comunes. 
Se trata de adoptar -mediante la elaboración de instru­
mentos de derecho comunitario que respeten la flexibili­
dad, la concertaeión y la descentralización- disposiciones 
de garantías sociales indispensables para llevar a cabo el 
mercado interior de forma equilibrada, para evitar los 
gajes de una competencia desleal, y permitir, en la pers­
pectiva de una consolidación de la cohesión económica y 
social de la Comunidad, una aproximación progresiva de 
las condiciones de trabajo y de los costes sociales direc­
tos e indirectos en los sectores de actividad económica 
afectados por la realización del mercado interior. A este 
respecto, conviene referirse a las propuestas y observa­
ciones que figuran en el dictamen y en el documento in­
formativo relativos a los aspectos sociales del mercado 
interior (l). 
Por otra parte, el artículo 118 A del Acta Única obliga a 
las instancias comunitarias a legislar en los ámbitos rela­
tivos al puesto de trabajo, en particular en materia de 
higiene, de seguridad y de salud en el puesto de trabajo. 
El Comité observa que dichas materias competen a la 
Comunidad de ahora en adelante. Por ello, pide a la Co­
misión que elabore rápidamente, y al Consejo de Minis­
tros que los adopte, los indispensables instrumentos de 
(') DO n° C 356 de 31. 12. 1987 y CES 225/87 fin. 
23. 5. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 126/9 
aplicación, teniendo en cuenta que no se trata sólo de 
armonizar situaciones ya existentes, sino de prever pro­
gresos. 
Para llevar a buen término el mercado interior, destaca 
por su urgencia la adopción de instrumentos relativos a: 
— el despido y la utilización abusiva del trabajo atípico 
transfronterizo ('); 
— el derecho de información y consulta en caso de rees­
tructuración o de fusión de empresas y 
— la aplicación de la legislación social y los convenios 
colectivos vigentes a la hora de otorgar mandatos pú­
blicos. 
3. La dimensión de la política del consumidor en el mer­
cado interior europeo 
Junto a su dimensión social, el mercado interior europeo 
presenta una dimensión de política del consumidor. El 
Comité, que ha apoyado en numerosos dictámenes el en­
foque de la Comisión Europea dirigido a la realización 
de un mercado interior de productos alimenticios y bie­
nes de consumo, se pronuncia en la misma medida a fa­
vor de que la normativa comunitaria garantice la seguri­
dad y protección del consumidor, la calidad de los pro­
ductos y la protección contra los fraudes, así como la 
información, educación y asesoramiento del consumidor. 
4. El diálogo social comunitario 
La función del diálogo social comunitario consiste en ar­
ticular, en una sociedad industrial y económica en muta­
ción rápida y constante, los dos objetivos arriba mencio­
nados: el respeto de las diversidades nacionales y la 
adopción de normas comunes. El Comité recuerda la im­
portancia que concede al diálogo social comunitario, que 
deberá desarrollarse a nivel sectorial incluyendo también 
los servicios públicos, y solicita a la Comisión que pro­
siga su acción con objeto de aplicar las disposiciones del 
artículo 118 B del Tratado, y en especial para obtener en 
la medida de lo posible acuerdos marco y convenios co­
lectivos europeos. 
Es necesario que los espacios adecuados al ejercicio de la 
contratación y, en términos más generales, de sus funcio­
nes estén garantizados a todos los componentes de la 
vida social, en particular a las asociaciones de consumi­
dores, mutualidades y cooperativas, a fin de reunir en 
contextos apropiados a los representantes de los sectores 
socioeconómicos más significativos. IV. Observaciones sobre la aplicación de los derechos 
sociales fundamentales 
El Comité considera importante que no se califiquen ju­
rídicamente los instrumentos que asegurarán las garan­
tías sociales fundamentales a los ciudadanos europeos, 
mediante la terminología derivada del derecho interna­
cional clásico como Carta, Tratado, Convenio o Pacto. 
El proceder de forma distinta significaría que se consi­
dera que la política social comunitaria sólo tiene un inte­
rés secundario en la realización del Mercado interior (2). 
En opinión del Comité, los instrumentos y procedimien­
tos previstos en el Tratado son los que deben utilizarse 
para garantizar el respeto de los derechos sociales funda­
mentales, a través del ordenamiento jurídico de los Esta­
dos miembros, y para permitir la aplicación de las medi­
das sociales indispensables para el buen funcionamiento 
del mercado interior. Se deberá llevar a cabo dicha ac­
ción en estrecha colaboración con los representantes de 
los interlocutores sociales. Se deberá adoptar el instru­
mento que garantizará la protección de los derechos so­
ciales fundamentales antes de finales de 1989, y se debe­
rán aplicar las medidas sociales indispensables para el 
buen funcionamiento del mercado interior según un ca­
lendario fijo en el que se tendrán en cuenta los plazos 
previstos para la realización del Mercado Interior. 
Las disposiciones conformes al presente Dictamen no de­
berán menoscabar las disposiciones de derecho interno 
de los convenios colectivos y de los tratados que están o 
entrarán en vigor y que favorecen más a las personas 
protegidas. 
Sin prejuzgar, en este estadio de los trabajos, las modali­
dades que se propondrán para la definición y la aplica­
ción de los derechos sociales fundamentales, el Comité, 
como instancia privilegiada de la representación de los 
medios económicos y sociales, deberá examinar anual­
mente el desarrollo de las medidas que hayan sido adop­
tadas en esta materia. 
Hecho en Bruselas, el 22 de febrero de 1989. 
El Presidente 
del Comité Económico 
y Social 
Alberto MASPRONE 
(') Véase el Dictamen de iniciativa CES sobre los «Problemas 
transfronterizos del mercado laboral» (DO n° 695 de 11. 4. 
1988). (2) Ello entraría en contradicción con las conclusiones del Con­
sejo social de 22 de junio de 1984 sobre el espacio social, 
donde se declaró que la Comunidad sólo podrá consolidar 
su cohesión económica frente a la competencia internacional 
si, al mismo tiempo, consolida su cohesión social. Así pues, 
la política social debe desarrollarse a nivel de la Comunidad, 
al mismo título que la política económica, monetaria e in­
dustrial (DO n° C 175 de 4. 7. 1984). 
N°C 126/10 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 5. 89 
ANEXO I 
Lista y títulos de los principales instrumentos de derecho social internacional ya adoptados por las Naciones 
Unidas, la OIT y el Consejo de Europa 
ONU 
— Pacto internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales. Adoptado el 16 de diciem­
bre de 1966 y vigente a partir del 3 de enero de 1976. 
— Convenio sobre la supresión de toda discriminación con respecto a la mujer. Adoptado el 18 de diciem­
bre de 1972 y vigente a partir del 3 de septiembre de 1981. 
— Convenio sobre la supresión de toda forma de discriminación racial. Adoptado el 21 de diciembre de 
1965 y vigente a partir del 4 de enero de 1969. 
OIT 
Convenios 
14 — 
26 — 
29 — 
44 — 
81 — 
87 — 
88 — 
89 — 
90 — 
94 — 
95 — 
98 — 
100 — 
102 — 
103 — 
105 — 
106 — 
111 — 
115 — 
118 — 
120 — 
121 — 
122 — 
129 — 
130 — 
132 — Descanso semanal (industria) (1921) 
Sistema de fijación del salario mínimo (1928) 
Trabajos forzados (1930) 
Prestaciones de desempleo (1934) 
Inspección laboral (1947) 
Libertad sindical y protección del derecho sindical (1948) 
Oficinas de colocación (1948) 
Trabajo nocturno (mujeres) (1948) 
Trabajo nocturno de jóvenes que trabajan en la industria (1948) 
Cláusulas laborales (Contratos públicos) (1949) 
Protección del salario (1949) 
Derecho de organización y de negociación colectiva (1949) 
Igualdad de remuneración (1951) 
Seguridad social (normas mínimas) (1952) 
Protección de la maternidad (revisado) (1952) 
Abolición de los trabajos forzados (1957) 
Descanso semanal (comercio y oficinas) (1957) 
Discriminación en el empleo y la profesión (1958) 
Protección contra las radiaciones (1960) 
Igualdad de trato (seguridad social) (1962) 
Higiene (comercio y oficinas) (1964) 
Prestaciones en caso de accidentes laborales y enfermedades profesionales 
Política de empleo (1964) 
Inspección de trabajo (agricultura) (1969) 
Cuidados médicos e indemnizaciones por enfermedad (1969) 
Vacaciones pagadas (revisadas) (1970) (1964) 
23. 5. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 126/11 
135 — Representantes de los trabajadores (1971) 
138 — Edad mínima (1973) 
139 — Cáncer profesional (1974) 
140 — Beca de fin de estudios (1974) 
142 — Valoración de los recursos humanos (1975) 
143 — Trabajadores migrantes (1975) 
144 — Consulta tripartita (1976) 
148 — Entorno laboral (contaminación del aire, ruido y vibraciones) (1977) 
151 — Relaciones laborales en la función pública (1978) 
154 — Negociación colectiva (1981) 
155 — Seguridad y salud de los trabajadores (1981) 
156 — Trabajadores con responsabilidades familiares (1981) 
157 — Conservación de los derechos en materia de seguridad social (1982) 
158 — Cesación de la relación laboral (1982) 
159 — Readaptación profesional y empleo de los minusválidos (1983) 
161 — Servicios de salud en el trabajo (1985) 
Recomendaciones 
94 — Colaboración en el marco de la empresa (1952) 
113 — Consulta a nivel industrial y nacional (1960) 
129 — Comunicación en la empresa (1967) 
156 — Protección de los trabajadores contra lo& riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, 
al ruido y a las vibraciones en el puesto de trabajo. 
Consejo de Europa 
— Convenio de salvaguardia de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, firmado el 4 de 
noviembre de 1950 y vigente a partir del 3 de septiembre de 1953. 
— Carta social europea. Adoptada el 18 de octubre de 1961 y vigente a partir del 26 de febrero de 1965. 
— Convenio cultural europeo, firmado el 19 de diciembre de 1954 y vigente a partir del 5 de mayo de 
1955. 
— Código europeo de seguridad social y Protocolo del Código europeo de seguridad social. Adoptados el 
16 de abril de 1964 y vigentes a partir del 17 de marzo de 1968. 
— Convenio europeo de seguridad social y acuerdo complementario para la aplicación del Convenio euro­
peo de seguridad social. Adoptados el 14 de diciembre de 1972 y vigentes a partir del 1 de marzo de 
1977. 
— Convenio para la protección de las personas en el ámbito del tratamiento automatizado de los datos de 
carácter personal. Adoptado el 28 de enero de 1981 y vigente a partir del 1 de octubre de 1985. 
— Convenio europeo relativo al estatuto jurídico del trabajador migrante. Adoptado el 24 de noviembre 
de 1977 y vigente a partir del 1 de mayo de 1983. 
— Convenio para la salvaguardia del patrimonio arquitectónico de Europa, firmado el 30 de octubre de 
1985 y vigente a partir del 1 de diciembre de 1987. 
— Protocolo adicional de la Carta social europea. Adoptado el 5 de mayo de 1988. No ha entrado todavía 
en vigor. 
N° C 126/12 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 5. 89 
ANEXO II 
Durante los debates se rechazaron las siguientes enmiendas, por no obtener un número de votos favorables 
equivalente a la cuarta parte de los sufragios emitidos: 
Apartado III 1 
En el encabezamiento, suprimir «en el sistema jurídico comunitario» 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 38 
Votos en contra: 91 
Abstenciones: 17 
Segundo párrafo, segunda línea 
Sustituir «comunitario» por «de los Estados miembros» 
Exposición de motivos 
En los párrafos anteriores se trata de la introducción de normas procedentes de convenios internacionales y 
otros instrumentos en las legislaciones nacionales. También en el párrafo anterior se mencionan las compe­
tencias legislativas autónomas de los Estados miembros. La palabra «comunitario» podría causar la impre­
sión de que las normas establecidas a nivel internacional deben fijarse en primer lugar en una especie de 
Carta comunitaria. 
Resultado de la votación 
Votos a favor: 37 
Votos en contra: 96 
Abstenciones: 6 
23. 5. 89 Diario Oficial de la Comunidades Europeas N° C 126/13 
ANEXO III 
Resultados de la votación del Conjunto del Dictamen 
Los siguientes Consejeros (presentes o representados, han votado en favor del Dictamen: 
Señoras/Señores 
ALEXOPOULOS 
AMATO 
ARENA 
ARETS 
ATAIDE FERREIRA 
BAZIANAS 
BELTRAMI 
BENTO GONgALVES 
BERETTA 
BLESER 
BODDY 
BOS 
BREDIMA SAVOPOULOU 
BREYIANNIS 
BRIGANTI 
BROICHER 
BURNEL 
LOBO BRANDÁO R. CAL 
CALVET CHAMBÓN 
CARROLL 
CAVAZZUTI 
CEBALLO HERRERO 
CEYRAC 
CHRISTIE 
CLAVEL 
COLLAS 
ALVES CONDE 
CORTOIS 
VAN DAM 
DASSIS 
DELHOMENIE 
DELLA CROCE 
DE TAVERNIER 
DONCK 
DOS SANTOS 
DRAGO 
DRILLEAUD 
DROULIN 
VAN EECKERT 
ELSTNER 
EULEN 
FLUM 
FORGAS 
FRANDI 
FREEMAN 
FRESI 
GAYETOT 
GERMOZZI 
GEUENICH 
GLESENER 
GÓMEZ MARTÍNEZ 
GREDAL 
GREEN 
HAAS 
HAGEN 
HILKENS 
HÓRSKEN 
HOUTHUYS 
HOVGAARD JAKOBSEN 
JASCHICK 
JENKINS 
KAARIS KAZAZIS 
KIRCHFELD 
KITSIOS 
KROGER 
LAKA MARTIN 
LANDABURU 
LAPPAS 
LARSEN 
LAUR 
LIVERANI 
LÓW 
LUCHETTI 
LUSTENHOUWER 
MADDOCKS 
MAINETTI 
MANTOVANI 
MARGALEF MASÍA 
MARGOT 
MARVIER 
MATTEOLI 
MEYERHORN 
MORALES 
MORSELLI 
MUHR 
MULLER 
MUÑIZ GUARDADO 
MURPHY 
NIELSEN B. 
NIELSEN P. 
NIERHAUS 
NIEUWENHUIZE 
NOORDWAL 
NUGEYRE 
ORSI 
PARDON 
PELLETIER 
PETERSEN 
PETROPOULOS 
POLYZOS 
PROENgA 
PROUMENS 
QUEVEDO ROJO 
RAFTOPOULOS 
RAMAEKERS 
RANGONI-MACHIAVELLI 
RIBIERE 
ROLÁO GONgALVES 
ROMOLI 
ROSEINGRAVE 
SAÍU 
SALMÓN 
SANTILLÁN CABEZA 
SCHADEPOULSEN 
SCHMITZ 
SCHOEPGES 
SERRA CARRACCIOLO 
SILVA 
SMITH A. R. 
SMITH L. J. 
SOLARI 
SPIJKERS 
STAEDELIN 
N° C 126/14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 5. 89 
Los siguientes Consejeros (presentes o representados) han votado en favor del Dictamen (continuación): 
TIEMANN VERCELLINO 
TUKKER VIDAL 
VALLEJO CALDERÓN VLASSOPOULOS 
VANDENBROUCKE YVERNEAU 
VASSILARAS ZUFIAUR NARVAIZA 
VELASCO MANCEBO 
Los siguientes Consejeros (presentes o representados) han votado en contra del Dictamen: 
Señoras/Señores 
APARICIO BRAVO MORELAND 
BERNASCONI NETO da SILVA 
BLACK de NORMANN 
CAMPBELL POETON 
DECAILLON RIERA MARSÁ 
DODD ROBINSON 
FLATHER SPEIRS 
GARDNER STORIE-PUGH 
GIACOMELLI TELLES 
HANCOCK TIXIER 
MACHADO VON TSCHUSI WHITWORTH 
Los siguientes Consejeros (presentes o representados) se han abstenido: 
Señoras/Señores 
ASPINALL MOURGUES 
BAGLIANO PRONK 
CORELL AYORA ROUZIER 
ETTY STRAUSS