Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un programa de acción para la gestión y la protección integradas de las aguas subterráneas (96/C 355/01) (Texto pertinente a los fines del EEE) COM(96) 315 final - 96/0181 (COD) (Presentada por la Comisión el 9 de septiembre de 1996)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 3 de su articulo 130 S,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y social,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado,

Considerando que la declaración de la Conferencia ministerial sobre aguas subterráneas, celebrada en La Haya los días 26 y 27 de noviembre de 1991, reconocía la necesidad de adoptar una iniciativa para evitar el deterioro a largo plazo de la cantidad y la calidad del agua dulce y preconizaba la elaboración de un programa de acción que debía aplicarse por todo el año 2000 a escala nacional y comunitaria y cuyo objetivo era una gestión y protección sostenibles de los recursos en agua dulce;

Considerando que el Consejo, en sus Resoluciones de 25 de febrero de 1992 () y 20 de febrero de 1995 (), solicitaba la elaboración de un programa de acción detallado para una gestión y protección exhaustivas de las aguas subterráneas que se inscriba en la política global sobre protección hidrológica;

Considerando que el Consejo puso de relieve la necesidad de disponer de sistemas de concesión de licencias y otros instrumentos que permitan una correcta gestión nacional de las aguas (subterráneas), de medidas de protección preventiva y exhaustiva del agua subterránea, entre otras, frente a las fuentes de contaminación difusas, de disposiciones generales sobre la seguridad de las instalaciones que manejan sustancias nocivas para el agua y normas generales de fomento de prácticas agrícolas que se ajusten al objetivo de la protección del agua subterránea;

Considerando que la Agencia Europea del Medio Ambiente presentó el 10 de noviembre de 1995 una nueva versión del Informe sobre la situación medioambiental (), en el que se confirmaba la necesidad de proteger los recursos en agua subterránea;

Considerando que, el 21 de febrero de 1996, la Comisión adoptó una Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la «Politica hidrológica de la Comunidad Europea» (); que la Comisión seguirá desarollando su política en materia de gestión hidrológica en una propuesta de Directiva marco sobre recursos hídricos, con objeto de dar coherencia y transparencia a la gestión hidrológica en la Comunidad;

Considerando que una mayor integración sostenible del agua en otras políticas comunitarias y, en particular, en la política agrícola y regional, resulta necesaria; que el presente programa de acción señala varias opciones que deben estudiarse; que dicha integración debe seguir los objetivos fijados en la propuesta de la Comisión de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la modificación del programa comunitario europeo de política e iniciativas relacionados con el medio ambiente y un desarrollo sostenible denominado «Hacia un desarrollo sostenible» ();

Considerando que el presente programa de acción reconoce la importancia de la protección de todas las aguas subterráneas; que debe darse prioridad especial a la protección de las aguas subterráneas en el campo, donde se encuentran y forman las mayores cantidades de agua subterránea de alta calidad;

Considerando que la Comunidad debe sentar los principios comunes y el marco general para las acciones que se emprendan; que la Comunidad debe facilitar el intercambio de información y experiencia en la gestión y protección de aguas subterráneas llevadas a cabo a escala nacional, regional y local;

Considerando que la diversas situaciones y necesidades existentes en la Comunidad requieren soluciones específicas diferentes; que esta diversidad debe tenerse en cuenta en la acción prevista; que las decisiones deben tomarse lo más cerca posible de las situaciones en que se usa o asigna el agua; que se ha dado prioridad a la responsibilidad asumida por los Estados miembros en los programas de acción nacionales que ellos mismos elaboran;

Considerando que el éxito del presente programa de acción depende de la estrecha cooperación y de unas acciones coherentes a escala comunitaria, nacional y local, así como de la asesoría, información y participación activa de los agentes sociales y de los ciudadanos;

Considerando que, para asegurar el desarrollo de tecnologías, procedimientos y prácticas que consuman menos agua, debe fomentarse el recurso a instrumentos económicos, con arreglo a acuerdos voluntarios y otros instrumentos no jurídicos, a códigos de buenas prácticas y a la investigación;

Considerando que, por todo el año 2000, deben haberse elaborado por completo los programas nacionales de acción, que ya deben funcionar como parte de la aplicación del presente programa de acción; que los progresos en la aplicación de las acciones comunitarias y nacionales debe supervisarse mediante exámenes y evaluaciones regulares;

Considerando que la Agencia Europea del Medio Ambiente y la autoridad comunitaria encargada de las estadisticas (Eurostat), en estrecha colaboración, informarán sobre la evolución en la situación del entorno hidrológico;

Considerando que es necesario asegurar una mejor aplicación y cumplimiento de la legislación medioambiental existente en materia de protección del agua dulce, y en particular del agua subterránea;

Considerando que es preciso mejorar la base de las políticas de gestión hídrica recurriendo a datos, estadísticas e indicadores fiables y comparables, así como a métodos de evaluación de los costes y de las ventajas de adoptar medidas o abstenerse;

Considerando que la presente Decisión prejuzga el fundamento jurídico de las medidas que se adopten para la aplicación del presente programa o en el marco de otras políticas comunitarias, siempre y cuando se ajusten a los objetivos perseguidos por las acciones previstas en la presente Decisión,

DECIDEN:

Artículo único

El Parlamento Europeo y el Consejo acuerdan los objetivos de un programa de acción sobre protección y gestión integradas de las aguas subterráneas.

El objetivo del programa de acción será garantizar la protección y explotación del agua subterránea a través de una planificación integrada y una gestión sostenible, encaminadas a una prevención de la contaminación, al mantenimiento de la calidad del agua subterránea no contaminada, y a una restauración, en su caso, de la calidad del agua freática contaminada, asi como a la prevención de la sobreexplotación de los recursos en agua subterránea.

Los pormenores del programa de acción figuran en el Anexo.

La presente Decisión se aplicará sin perjuicio del fundamento jurídico de las medidas que se adopten para la aplicación del presente programa o en el marco de otras políticas comunitarias, siempre y cuando éstas se ajusten a los objetivos de las acciones previstas en la presente Decisión.

() DO n° C 59 de 6. 3. 1992, p. 2.

() DO n° C 49 de 28. 2. 1995, p. 1.

() Informe sobre el Medio Ambiente en la Unión Europea-1995. Agencia Europea del Medio Ambiente, Copenhague, 1995.

() COM(96) 59 final.

() COM(96) 647 final.

() DO n° C 59 de 28. 2. 1996, p. 24.

() Conclusiones del Consejo sobre la acidificación, 1895a reunión del Consejo «Medio Ambiente» de 18. 12. 1995.

() COM(96) 12 final.

ANEXO

PROGRAMA COMUNITARIO DE ACCIÓN EN MATERIA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Marco de referencia para la Comunidad y los Estados miembros

El programa de acción debe considerarse un marco con arreglo al cual los Estados miembros y la Comunidad, en estrecha colaboración, deben desarollar la base de una gestión y protección sostenibles de las aguas subterráneas. El programa debe servir de marco de referencia para centrar mejor las acciones y de foro para el intercambio de información, facilitando así la acción concertada entre los Estados miembros y la Comunidad, como solicitaba el Consejo en sus resoluciones de 1992 y 1995.

El programa de acción reconoce la importancia de la protección de todas las aguas subterráneas, mediante la prevención de nuevas degradaciones y de su sobreexplotación, con objeto de garantizar el suministro en agua dulce de alta calidad en todas las regiones de la Comunidad. El programa de acción reconoce asimismo la especial importancia de la protección de las aguas subterráneas en los espacios naturales, donde se encuentra y forma la mayor cantidad de agua subterránea de alta calidad. La preservación de estas aguas freáticas, de especial importancia para garantizar el futuro suministro de agua dulce de alta calidad, constituye el principal objetivo de la política hidrológica comunitaria. Para alcanzarlo, el programa se dirige tanto a las fuentes puntuales, sobre todo de origen urbano e industrial, como a las fuentes difusas, derivadas principalmente de las actividades agrarias o, en menor medida, de actividades urbanas e industriales, por ejemplo, a través de las deposiciones atmosféricas.

Según el principio de subsidiariedad, debe darse prioridad a las iniciativas adoptadas a nivel de los Estados miembros, por lo que éstos deben elaborar y aplicar programas de acción de gestión y protección de las aguas subterráneas adaptados a sus países. La Comunidad tiene que sentar los principios comunes y establecer un marco global de acción.

Los programas de acción nacional reseñados en esta Decisión deben considerarse instrumentos de enlace de las obligaciones y recomendaciones a escala comunitaria con los mecanismos y medidas establecidos en los Estados miembros, lo que dará coherencia y transparencia a los enfoques.

PARTE 1

LAS CUATRO LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRINCIPALES DEL PROGRAMA DE ACCIÓN

Cuatro principales líneas de actuación

- Elaboración de principios comunitarios, de uso a escala nacional y subnacional, para una gestión y planificación integradas de la protección y explotación hidrológicas, con objeto de aplicar a largo plazo el enfoque usado en las cuencas fluviales a la gestión de las aguas subterráneas, para velar por la calidad y la cantidad de agua subterránea.

- Respeto de las normas de preservación cuantitativa de los recursos en agua dulce, incluido un marco normativo nacional para la extracción de agua dulce.

- Creación de instrumentos de control de la contaminación del agua subterránea procedente de fuentes difusas, incluidos códigos de buenas prácticas, así como estudio de medidas a largo plazo para una mayor integración de la protección y gestión sostenibles del agua en la política agraria.

- Creación de mecanismos de control de los vertidos y emisiones de fuentes puntuales, incluidos un marco normativo racional e incentivos para el desarrollo de procesos y procedimientos de producción no contaminantes.

Estas cuatro líneas de actuación deben contar con el respaldo de programas comunitarios de investigación y desarrollo (I+D), así como de las iniciativas nacionales apropiadas cuando sea preciso, por ejemplo en relación con la vulnerabilidad, la lixiviación de sustancias contaminantes, la acidificación y el progresivo desarrollo de métodos de evaluación de cargas críticas, estrategias de gestión, etc. La supervisión de la calidad y cantidad de agua y la creación de un sistema exhaustivo y fiable de información sobre el estado del medio acuático debe considerarse indispensable para el éxito de los programas de acción nacionales.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1 - PRINCIPIOS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

Objetivos de una gestión y planificación integradas

El objetivo de una gestión y planificación integradas es velar por que la protección y explotación de aguas subterráneas se lleve a cabo como parte de una gestión integrada de los recursos en agua dulce. El agua subterránea debe verse como parte integrante del ciclo hidrológico, que tiene interacciones dinámicas con el agua superficial en términos de calidad y cantidad. Además, conviene que, a largo plazo, se gestionen las aguas subterráneas conjuntamente con las aguas superficiales, de acuerdo con un enfoque similar al de la gestión de las cuencas fluviales.

- Una gestión sostenible de la cantidad debe garantizar la disponibilidad a largo plazo de aguas subterráneas no contaminadas, con objeto de velar por que no se produzca una sobreexplotación, para evitar daños irreparables a los acuíferos, en términos de cantidad y calidad, e impedir el deterioro o el empobrecimiento de los ecosistemas que dependen de la presencia de agua subterránea. Dado que las condiciones de recarga y las necesidades de extracción pueden variar considerablemente a lo largo del año, dichos límites podrían basarse en cifras medias, que permitan una sobreexplotación temporal, siempre que ello no haga peligrar el logro de este objetivo. Una gestión sostenible de la cantidad debe también constar, en su caso, del reaprovisionamiento de agua subterránea hasta un nivel sostenible.

- Una gestión sostenible de la calidad debe proteger y preservar todas las aguas subterráneas y, cuando proceda, mejorar a largo plazo la calidad existente. Las iniciativas que tengan este objetivo deben basarse en los principios de la prevención, la acción en la fuente y de que quien contamina paga. La protección de la calidad debe tener por objeto la eliminación de las fuentes directas e indirectas de contaminación, o la limitación de su nocividad, y la defensa de la capacidad protectora del suelo que cubre la capa freática. Una gestión sostenible de la calidad debe asimismo suponer la restauración de la calidad de las aguas subterráneas contaminadas teniendo en cuenta, en su caso, la viabilidad de la operación y unos plazos de tiempo realistas. El objetivo de dicha restauración debe ser, en la medida de lo posible, el respeto de las normas de calidad del agua potable u otras normas cualitativas apropiadas al uso del agua recuperada.

- Deben adoptarse medidas para velar por que los recursos en agua dulce, y en particular en agua subterránea, se protejan y gestionen de acuerdo con un plan que cubra en principio todos los recursos disponibles y la interacción entre ellos. La aplicación de dicho plan, entre otras cosas para la explotación doméstica, industrial y agrícola, para la producción de energía y usos recreativos, debe tenerse en cuenta en esta planificación general. La planificación y los subsiguientes planes de gestión deben asegurar la disponibilidad de un suministro suficiente de agua dulce para la preservación de corrientes, lagos y terrenos pantanosos, así como para proteger la capa de vegetación y desempeñar otras funciones ecológicas naturales.

- Debe darse la suficiente importancia a los intereses y actividades de los usuarios que afecten o puedan afectar a la calidad y cantidad del agua subterránea y de superficie, así como a las funciones ecológicas que dependan del agua subterránea.

- Un tratamiento extensivo destinado a eliminar sustancias contaminantes como el nitrato y los productos fitosanitarios no debe considerarse una estrategia global de gestión sostenible del agua subterránea. Un tratamiento extensivo destinado a purificar el agua subterránea contaminada con objeto de respetar normas fijadas para el agua para consumo humano, u otro requisitos, sólo debe aplicarse cuando sea urgente o lo requieran situaciones específicas, mientras que el tratamiento en situaciones ordinarias debe limitarse al filtrado, aeración, desinfección, etc.

Actuación de los Estados miembros

- Los Estados miembros deben estudiar el rendimiento del sector hidrológico y de las estructuras administrativas y la legislación vigente y, cuando proceda, llevar a cabo los ajustes necesarios, con objeto en particular de racionalizar y evitar el solapamiento y la duplicación de reglas y procedimientos. Cuando y como sea necesario, deberán crearse nuevas estructuras, leyes y normas.

- La calidad y cantidad del agua deben supervisarse y evaluarse convenientemente, con objeto de dar información que permita a los Estados miembros controlar los cambios en la cantidad de agua subterránea y, en particular, permitir la pronta detección de los síntomas y causas de la sobreexplotación y de los cambios en la calidad. La elaboración de programas nacionales de supervisión, con las addenda que resulten necesarias, debería permitir seguir de cerca el deterioro de la calidad y la reducción de la cantidad de agua dulce y tomar medidas al respecto.

- Debe seguir reforzándose la capacidad de supervisión del agua dulce, como exige la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de fuentes agrícolas (), y la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas (). La futura Directiva marco sobre recursos hídricos debe racionalizar los requisitos de supervisión de la legislación comunitaria vigente, imponiendo al propio tiempo una supervisión adecuada, con objeto de elaborar un inventario de las fuentes puntuales y difusas de contaminación del agua dulce.

- Los Estados miembros deben determinar las zonas que cuentan con aguas subterráneas de importancia para el suministro presente y futuro en agua potable y para funciones ecólogicas específicas. Deben también determinar en qué zonas es el agua subterránea particularmente vulnerable a la contaminación, por motivos geológicos o climáticos, tipo de suelo o actividades humanas. Es práctica tradicional en los Estados miembros declarar zonas de protección especial en torno a los pozos usados para la extracción de agua potable, en las cuales, en función de la distancia con respecto a cada pozo, se prohíben o restringen todas o ciertas actividades industriales o agrícolas. La legislación comunitaria vigente exige la determinación y declaración de zonas para la protección de las aguas subterráneas y de superficie. Se trata por ejemplo de la Directiva 91/676/CEE, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de fuentes agrícolas, y la Directiva 91/271/CEE, relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Además, la declaración de zonas con arreglo a otras normativas comunitarias, como la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, relativa a la conservación de las aves silvestres (), y la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats (), hace a menudo referencia a los ecosistemas acuáticos dependientes de la calidad y cantidad de las aguas subterráneas.

La declaración de las zonas en que deben protegerse las aguas subterráneas sería más eficaz si se coordinara con la declaración de zonas para otros objetivos. También podrían desarrollarse o ajustarse según conviniera los métodos y características de la delimitación de zonas, con objeto de velar por la coherencia de la operación y de la adopción de medidas, como la restricción o prohibición de actividades contaminantes, necesarias para garantizar el grado adecuado de protección que imponen las peculiares características de estas zonas sensibles. En función del tipo de sensibilidad de la zona, estas medidas podrían suponer la restricción o, en su caso, la prohibición de los vertidos urbanos e industriales, de la utilización de estiércol y abonos y de ciertos productos fitosanitarios y biocidas.

- Los Estados miembros deben examinar y, en su caso, realizar ajustes y reforzar las medidas de protección en torno a los puntos de extracción de agua potable.

- Los Estados miembros deben cooperar estrechamente en materia de recursos transfronterizos compartidos y de posibles impactos medioambientales. La planificación espacial, los planes hidrológicos y de explotación orográfica exhaustivos deben considerarse instrumentos capitales de apoyo a la gestión y protección del agua dulce.

- La gestión de los acuíferos transfronterizos debe llevarse a cabo mediante una cooperación transnacional siempre que los planes nacionales puedan tener una repercusión importante en los países vecinos, en su caso con arreglo a convenios internacionales, como el convenio internacional vigente sobre lagos y cursos de agua transfronterizos. A largo plazo, esta cooperación transfronteriza debe llevarse a cabo con arreglo al principio de gestión de las cuencas fluviales que se establecerá en la futura Directiva marco sobre recursos hídricos.

Actuación de la Comunidad

- Debe lograrse una mayor integración en importantes ámbitos de la política comunitaria, especialmente la agrícola y la regional, impuesta claramente por los sintomas de deterioro de la calidad y la cantidad del agua subterránea que revela su supervisión, con objeto de alcanzar los objetivos de una protección y gestión integradas de dicha agua. A largo plazo, esta integración debe emprenderse a escala comunitaria, quizás en sintonía con la Perspectiva de desarollo espacial europeo, que deberá elaborarse a mediados de 1997.

- La Comisión debe comprometerse a fomentar esta planificación y gestión integradas para los proyectos e iniciativas que afecten a los recursos en agua dulce emprendidos o subvencionados por la Comunidad.

- La Comisión debe elaborar recomendaciones sobre las iniciativas que deben adoptarse para elaborar instrumentos de planificación y gestión, incluidos los principios comunes de comparabilidad de los métodos de cartografiado y supervisión, los criterios de determinación de zonas delicadas desde el punto de vista ecológico, que precisen de una protección de zonas delicadas desde el punto de vista ecológico, que precisen de una protección suplementaria, de patrones de delimitación de zonas y de códigos de buenas prácticas. Debe fomentarse el intercambio de información y experiencia, así como la creación de programas de formación, educación e investigación.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2 - EXTRACCIÓN DE AGUA FRESCA

Un marco normativo racional para la extracción de agua dulce

La extracción de agua en grandes zonas urbanas, industriales, agrarias y turísticas con frecuencia supera la reposición natural de agua dulce. Los problemas de preservación de la cantidad, que pueden ser estacionales o permanentes, son particularmente graves en los Estados miembros del sur.

La sobreexplotación puede provocar la reducción de la capa freática, lo que plantea problemas a los usuarios y un agotamiento transitorio o permanente o una importante disminución del suministro hidrológico a las áreas de captación, poniendo así en peligro ecosistemas dependientes del agua subterránea. En zonas costeras e insulares, la disminución de la capa freática puede provocar la intrusión del agua marina y la salinización del agua subterránea. El descenso de la capa freática puede causar asimismo movimientos de tierras, por la oxidación de sustancias peligrosas que se encontraban en capas hasta ese momento sumergidas bajo el agua. En ciertas condiciones geológicas, la reducción de la capa freática puede provocar el asentamiento de estratos, lo que puede afectar a los edificios e instalaciones que se encuentren sobre ellos, o tener efectos asociados al hundimiento de tierras.

Entre las medidas que pueden servir para compensar la falta de agua dulce figuran la transferencia interregional de agua y la recarga artificial. La transferencia de grandes volúmenes de agua para su uso en otra parte como agua potable o de riego, etc. puede causar problemas a los ecosistemas de la zona de extracción o corriente abajo, debido al drenaje del suministro habitual de agua. La recarga artificial del agua subterránea es práctica común a la hora de gestionar el suministro de agua (potable) en varias zonas de los Estados miembros. Si dicha recarga se efectúa con agua de la calidad idónea y con el control y la supervisión necesarios, puede constituir un método económicamente viable de rellenar la capa freática, en términos de calidad y cantidad, de modo permanente o a corto plazo, en zonas sujetas a grandes variaciones cada estación en la demanda de agua y en las posibilidades naturales de recarga. Es esencial ejercer un control para evitar daños irreparables a las capas freáticas o a los ecosistemas que dependen del suministro de agua subterránea.

Objetivos

El objetivo consiste en garantizar una eficaz gestión cuantitativa del agua subterránea y de superficie en las cuencas fluviales, donde ambas interactúan o son interdependientes, en función de los recursos disponibles conocidos. Debe asegurarse un nivel mínimo de agua subterránea y un flujo mínimo de agua procedente de ella, que mantenga un nivel básico de agua en los ríos y lagos, con objeto de preservar los ecosistemas. Debe evitarse una extracción desmedida que conduzca a una sobreexplotación del agua subterránea.

Además, se quiere fomentar una política en materia de ahorro de agua dulce con objeto de mantener a bajo nivel su extracción y velar por que se dé la prioridad pertinente al fomento del ahorro hidrológico, de la reutilización del agua y de la buena gestión de los recursos hídricos.

Actuación de los Estados miembros

- Los Estados miembros deben elaborar mapas e inventarios de los recuros en agua subterránea a nivel nacional, regional y local, que contengan información básica para la gestión integrada. Algunos ya han realizado notables avances en el cartografiado y computerización, mientras que otros, sólo han emprendido esta tarea recientemente. Los mapas pueden elaborarse como mapas descriptivos de referencia (como, por ejemplo, los mapas hidrológicos) o como mapas derivativos, elaborados para fines específicos como la productividad y vulnerabilidad de los acuíferos, asi como la determinación de las interacciones con el agua de superficie, los vertidos a los ríos o lagos, etc.

- Un sistema de autorización, en su caso con normas generales, de extracción del agua dulce debería afectar a todos sus usos, por ejemplo, a las actividades domésticas, industriales, agrícolas y de ocio. Este sistema debe aplicarse a todas las extracciones que superen cierto nivel, determinado en función de los recursos disponibles, los posibles conflictos de intereses entre usuarios, las necesidades de los ecosistemas, etc. Las autorizaciones deben revisarse periódicamente y, en su caso, ajustarse. En regiones con grandes precipitaciones anuales y buenas reservas de agua dulce, podrían convenir reglas menos rigurosas, siempre que se adopten garantías para evitar daños irreversibles a los ecosistemas alimentados por dicha agua.

- Cuando proceda, el sistema de autorización debe abarcar la transferencia interregional de grandes cantidades de agua, dado que el número de usuarios potencialmente afectados y los consiguientes conflictos de intereses pueden originar problemas específicos. Además, deberá realizarse una evaluación precisa del impacto medioambiental en la zona de extracción, para no poner en peligro la recarga de agua subterránea en la zona de origen de la misma.

- Debe velarse por llevar a cabo una planificación exhaustiva de la utilización del agua procedente de las cuencas hidrográficas y los acuíferos situados en fronteras administrativas o, dicho de otro modo, recurrir a una gestión desde el punto de vista de la cuenca fluvial. Al estudiar las autorizaciones de extracción de agua, deberá prestarse especial atención a los intereses de los usuarios que se encuentren corriente abajo con respecto al punto de extración y a los ecosistemas.

- Deben estudiarse las posibilidades de fomentar el ahorro de recursos hídricos y su utilización racional con objeto de mantener en niveles bajos la extracción de agua dulce, especialmente en zonas con escasez de agua. Esto podría abarcar recomendaciones relativas a nuevas prácticas de regadío, renovación de los sistemas de distribución para reducir las pérdidas, diferenciación entre tipos de agua para usos distintos, instalación de contadores y el recurso a instrumentos económicos como pueden ser la aplicación de precios adecuados e incentivos fiscales para fomentar un uso eficiente. Debe impulsarse el desarrollo de nuevos procesos basados en los principios de tecnologías limpias y empleo de las mejores técnicas disponibles, asi como las posibilidades de reutilización del agua, como se propugna, por ejemplo, en la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

- La alimentación artificial debe quedar sujeta a un sistema de autorización para garantizar un control adecuado. Se han de establecer normas para la evaluación de las repercusiones de la alimentación sobre el medio ambiente y para el seguimiento y control de la calidad, con el objetivo de que se recurra a las mejores técnicas disponibles y a las mejores prácticas ambientales.

Actuación de la Comunidad

- Debe crearse un marco jurídico con las exigencias mínimas para la extracción de agua dulce como respuesta a la creciente presión ejercida sobre los recursos de agua dulce existentes. Este marco jurídico deberá garantizar que el agua dulce se extraiga de las fuentes más apropiadas y en el momento más idóneo. Asimismo, habrá de tener en cuenta la disponibilidad de aguas subterráneas y superficiales, las fluctuaciones estacionales y las características del reaprovisionamiento natural, al igual que cualquier interacción e interdependencia naturales entre el agua subterránea y el agua superficial. La futura Directiva marco sobre recursos hidricos deberá establecer el requisito de un control de la extracción de agua dulce de las aguas subterráneas y superficiales, tomando en consideración la disponibilidad y los requisitos de calidad en las distintas cuencas fluviales. Para velar por una elevada calidad de las aguas, debería también tenerse presente la legislación comunitaria relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas y al control de las fuentes puntuales y difusas de contaminación.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3 - FUENTES DIFUSAS DE CONTAMINACIÓN

Retos ambientales que plantean las fuentes difusas de contaminación

Las fuentes difusas se caracterizan por una intensidad relativamente baja por unitad de superficie, si bien la contaminación procede de áreas extensas. Por ello, la propia naturaleza de las fuentes difusas de contaminación a menudo dificulta la localización de los distintos contaminadores, especialmente por lo que se refiere a la contaminación del agua subterránea, en que el lapso de tiempo entre la utilización o el vertido de las sustancias contaminantes y la posibilidad de que se detecte su presencia puede ser de varias décadas. Debido a esta característica de las fuentes difusas de contaminación, hay que adoptar un enfoque más amplio para eliminar o reducir las amenazas para el agua dulce, y las medidas correctoras deben apuntar en buena medida a las prácticas relacionadas con el uso de sustancias contaminantes.

Las amenazas de las fuentes difusas para el agua subterránea y superficial proceden de actividades agrarias e industriales, del tráfico y de la urbanización, y sea en forma de repercusiones locales o de efectos de más amplio alcance por medio de precipitaciones. Gracias al control más sistemático de las aguas subterráneas que últimamente se ha llevado a cabo en los Estados miembros, en todos ellos se ha podido documentar la presencia de nitratos y de determinados productos fitosanitarios, lo que supone una seria amenaza para la calidad del agua subterránea, tanto a efectos de su conversión en agua potable como en lo que se refiere a la calidad ecológica del agua dulce en general. El uso de productos fitosanitarios y biocidas a lo largo de instalaciones ferroviarias, carreteras, zonas de cámping, etc., constituye otra fuente difusa importante debido a su utilización intensiva.

La concentración de explotaciones ganaderas ha dado lugar a problemas relacionados con la lixiviación de nitratos en agua dulce. La utilización intensiva de abonos y fertilizantes químicos en la agricultura también ha contribuido a la eutrofización del agua dulce y amenaza la calidad del agua subterránea. Asimismo, el uso intensivo de determinados productos fitosanitarios en la agricultara y silvicultura ha llevado a la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, alcanzando unos niveles que han sembrado la preocupación en todos los Estados miembros. La considerable proliferación de lodos de depuración en terrenos agrarios y de otro tipo como medio para eliminar el volumen creciente de fangos procedentes de las plantas de depuración de aguas residuales también incrementará la presión de las fuentes difusas sobre el medio ambiente.

Las emisiones atmosféricas de la industria, el tráfico, calefacciones, instalaciones de combustión y demás fuentes principales que emiten compuestos como óxidos de nitrógeno, anhídrido sulforoso y otros gases recorren largas distancias y caen en forma de precipitaciones, aumentando el riesgo de contaminación del agua subterránea y dando lugar o sumándose a la eutrofización y acidificación del agua dulce, directamente o de manera indirecta a través del suelo. Las deposiciones atmosféricas de amoniaco gaseoso evaporado a partir de abonos de explotaciones ganaderas intensivas también contribuyen a la eutrofización del agua dulce. Asimismo, se ha demostrado que los productos fitosanitarios y biocidas se depositan desde la atmósfera en forma de lluvia.

Objetivos

El objetivo fundamental es disminuir y, siempre que sea posible, evitar las amenazas de las fuentes difusas para el agua subterránea, con objeto de mantener o aumentar su calidad actual y fomentar una transición gradual hacia una explotación de la tierra más respetuosa con el medio ambiente. Dentro del objetivo global de protección del agua subterránea, deberia darse la máxima prioridad a la disminución de la presión que ejercen las fuentes difusas sobre el medio ambiente, dado que el mayor volumen de aguas subterráneas se encuentra en el campo - en la agricultura, la silvicultura y la naturaleza en general-, donde las fuentes difusas resultan especialmente peligrosas.

Otro objetivo consiste en crear un marco comunitario para elaborar unos cógidos de buenas prácticas relativos a un uso sostenible de sustancias que constituyan o que, debido a una utilización inapropiada, puedan constituir una amenaza para la calidad del agua dulce, a través de un mayor desarrollo de una estrategia integrada para la utilización sostenible de productos fitosanitarios, incluidas normas más detalladas acerca de la distribución y venta de estos últimos, así como restricciones sobre el uso y sustitución de los productos fitosanitarios más peligrosos, en consonancia con los objetivos establecidos por el Quinto Programa de Acción Medioambiental, tomando en consideración los diferentes hábitos y situaciones de las regiones de la Comunidad. Este objetivo está particularmente relacionado con el uso de productos biocidas, fitosanitarios y fertilizantes.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3.1 - DESARROLLO DE UNA POLÍTICA PARA LOGRAR UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE DESDE EL PUNTO DE VISTA MEDIOAMBIENTAL

Estratégicamente, debe darse la máxima prioridad a la reducción de la presión ambiental derivada de las actividades del medio rural. Las amenazas para el agua subterránea en el campo proceden fundamentalmente de las actividades agrarias y, en concreto, de la lixiviación de nitratos de abonos y otros fertilizantes y de la lixiviación de productos fitosanitarios y biocidas. Estas amenazas para las aguas subterráneas y superficiales únicamente podrán aliviarse a largo plazo si se cambia hacia una agricultura sostenible. Por ello, las actividades agrarias deberían tenerse en el punto de mira como elemento estratégico para preservar la calidad de las aguas subterráneas y superficiales.

Al ser la política agraria un área de competencia exclusiva de la Comunidad, las actuaciones deberán perseguir cambios a escala comunitaria a fin de crear el marco necesario para que pueden intervenir los Estados miembros.

La revisión de la PAC en 1992 llevó a la introducción de nuevos instrumentos de gestión del mercado agrícola y del desarrollo rural;

- el Reglamento (CEE) n° 1765/92 del Consejo () vincula los pagos compensatorios a la obligación de retirar superficies agrarias;

- el Reglamento (CEE) n° 2078/92 del Consejo () fomenta la introducción de métodos de producción más compatibles con las exigencias medioambientales;

- el Reglamento (CEE) n° 2080/92 del Consejo () incentiva la forestación de superficies agrarias;

- la modificación de 1993 del Reglamento (CEE) n° 2052/88 del Consejo () vincula los Fondos estructurales a la evaluación de la situación ambiental en las regiones correspondientes;

- la PAC contiene, asimismo, instrumentos no financieros que podrían contribuir a mejorar la calidad del agua y su entorno. en particular, en el Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo () se establecen procedimientos orgánicos para la producción de diversos cultivos;

- los reglamentos (CEE) n° 125/93 del Consejo () y (CE) n° 3611/93 (), por los que se crean normas que tienen presente la protección del medio ambiente en el régimen de primas de los productores de carne de bovino.

Aún es pronto para hacer una valoración definitiva de estos primeros pasos alentadores hacia una agricultura más respetuosa con el medio ambiente, pero los resultados preliminares ya indican una incidencia positiva de estas medidas, y los pasos que se sigan dando hacia un modelo sostenible indudablemente contribuirían a reducir los efectos negativos sobre la calidad del agua dulce.

La incorporación de las necesidades medioambientales en las actividades agrarias con el fin de que la política agraria resulte sostenible en el marco de los futuros desarrollos de la política agrícola común no sólo contribuiría a la protección del agua dulce, sino que también resultaría beneficiosa para toda una serie de objetivos ambientales, además de repercutir en el logro de objetivos socioeconómicos de mayor alcance.

Actuación de los Estados miembros y de la Comunidad

En el futuro desarrollo de la política agrícola común, la incorporación a la agricultura de un mayor número de aspectos ambientales debe plasmarse en medidas desarrolladas específicamente y destinadas a la protección del medio ambiente incluida el agua dulce. En la actualidad, estas medidas sólo afectan a una parte del presupuesto agrario. Habrán de explorarse las posibilidades de aumentar sustancialmente las medidas medioambientales en el ámbito agrícola dentro de la PAC.

- Deben estudiarse todas las posibilidades y estrategias para disminuir la incidencia de las fuentes difusas, tales como nitratos y productos fitosanitarios. Ha de preverse la introducción, entre otras, medidas, de instrumentos de tipo económico, que podrían consistir en nuevos incentivos para fomentar explotaciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Asimismo, cabe plantearse el recurso al principio de asunción de los gastos ambientales mediante impuestos y exacciones directamente vinculados al consumo de abonos químicos y productos fitosanitarios, al empleo excesivo de estiércol procedente de explotaciones ganaderas intensivas, etc. Además, debe examinarse la viabilidad de dichos instrumentos, así como la conveniencia de utilizar los instrumentos económicos a escala comunitaria, con objeto de evitar falseamientos de la competencia.

- Las posibilidades de seguir incentivando un modo de explotación respetuoso con el medio ambiente se enumeran en una serie de Reglamentos del Consejo:

El reglamento (CEE) n° 1765/92, aunque las obligaciones de retirada de tierras de cultivo se refieren fundamentalmente a la limitación de la producción excedentaria y son pocas las disposiciones relativas a la protección del medio ambiente. Además, la retirada de tierras en este contexto no significa necesariamente el abandono de los cultivos, y que éstas pueden utilizarse para cultivos no alimentarios. También ha de examinarse debidamente la posible incidencia ambiental de la producción no alimentaria. Debe estudiarse la posibilidad de establecer unas condiciones ambientales más concretas, basadas en procedimientos de explotación compatibles con la protección del agua y del medio ambiente, atendiendo a la conveniencia de disponer de un marco comunitario que garantice un tratamiento ambiental adecuado de las tierras retiradas. Combinando la necesidad de proteger el medio ambiente y la necesidad de frenar la producción agraria, deber ser posible desembocar en una situación que beneficie tanto a los agricultores como al medio ambiente. En lo que concierne a la protección del agua dulce, se ha de analizar si la retirada de tierras a corto plazo sólo produce un beneficio limitado o incluso lleva a una mayor lixiviación de nitratos.

La retirada a largo plazo o permanente de tierras concentradas en áreas vulnerables a orillas de un río y en zonas cuyas aguas subterráneas se destinen o vayan a ser destinadas a uso doméstico ha de resultar beneficiosa para la protección de los recursos hídricos. Los pagos compensatorios deben basarse en un rendimiento de los cultivos que respete los códigos de buenas prácticas de la agricultura. Ello ha de incluir un uso de abonos, fertilizantes químicos y productos fitosanitarios que sea compatible con la protección del agua y de la naturaleza («cumplimiento reciproco»).

Mediante el Reglamento (CEE) n° 2078/92 («medio ambiente agrario») se incentiva la reducción del uso de fertilizantes y productos fitosanitarios, incluida la explotación orgánica, para la extensificación de los cultivos y la producción ganadera, así como la retirada voluntaria y a largo plazo de tierras que contribuya a la protección del agua dulce. Debe estudiarse la ampliación de las medidas ambientales contenidas en este Reglamento sobre el «medio ambiente agrario». Además, resulta fundamental que se creen nuevas estructuras nacionales y locales para la aplicación efectiva de este Reglamento. Asimismo, se impone un control adecuado para garantizar que esta medida contribuya realmente a la mejorar de la calidad del agua.

El Reglamento (CEE) n° 2080/92 incentiva la forestación de tierras agrarias. La forestación puede tener considerables efectos positivos o negativos sobre la calidad del agua subterránea en función de la naturaleza y localización del bosque, los tipos de plantas, las características del suelo y otros factores geológicos y climáticos. La plantación cuidadosa de especies nativas adecuadas puede contribuir a mejorar la calidad y regular el suministro de agua subterránea, además de redundar en beneficio de la biodiversidad. El uso de fertilizantes y pesticidas y la proliferación de lodos de depuración en la silvicultura puede causar daños a los recursos de aguas subterráneas, por lo que se han de tener en cuenta los efectos potenciales sobre éstas. Debe analizarse la ampliación de las medidas de este Reglamento para fomentar la forestación a largo plazo.

El Reglamento marco (CEE) n° 2052/88 () sobre Fondos estructurales se modificó en 1993. La diversificación y reorientación de la agricultura es una parte clave de los programas de desarollo rural y de las medidas con arreglo a los Fondos estructurales (objectivos nos 1, 5a y 5b). Para que estos programas puedan contribuir de forma significativa a la protección del agua y su entorno, debe trabajarse en colaboración con las autoridades en materia ambiental para elaborar y llevar a cabo proyectos relativos a las principales cuestiones medioambientales. La repercusión de los programas y proyectos en el medio ambiente ha de evaluarse por adelantado y debe ser controlada tras su aplicación. Esto requiere un marco comunitario y unas estructuras adecuadas a nivel nacional y local que puedan garantizar la coordinación de estas medidas con las actuaciones que respondan a otras iniciativas, como el Reglamento (CEE) n° 2078/92 sobre el medio ambiente agrario. La dimensión ambiental de los Fondos estructurales deberia fortalecerse con motivo del establecimiento de las medidas para el período que se inicia en 1999.

En el Reglamento (CEE) n° 2092/91 se establecieron unos criterios relativos a la producción agrícola ecológica, que prescinde del empleo de fertilizantes químicos, o lo reduce considerablemente, y fomenta el uso de fertilizantes orgánicos. Por lo que se refiere al problema de la lixiviación de nitrato en el medio ambiente, también se ha de prestar atención al uso de fertilizantes orgánicos en el contexto de la producción ecológica. El Reglamento se refiere sólo a productos de cultivo, a la espera de que la Comisión concluya la preparación de una propuesta para extender su ámbito de aplicación a la producción animal. La explotación ecológica no quedó exenta de los requisitos generales de retirada establecidos en el Reglamento (CEE) n° 1765/92 en el marco de la revisión de la PAC de 1992. Habida cuenta de las ventajas para el medio ambiente de la producción agrícola ecológica, especialmente por prescindir del empleo de productos fitosanitarios, debería considerarse la conveniencia de establecer una excepción para estos casos.

Actuación de la Comunidad

- La Comunidad debe desempeñar un papel destacado promocionando y facilitando la creación de unos códigos de buenas prácticas agrarios para un uso compatible con el medio ambiente de los productos fitosanitarios y los fertilizantes químicos y orgánicos, garantizando el intercambio de experiencias e información entre los Estados miembros.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3.2 - RETOS AMBIENTALES QUE PLANTEAN LOS NITRATOS Y OTRAS EMISIONES MINERALES El contenido en nitratos de las aguas subterráneas y superficiales ha aumentado en algunas zonas de la Comunidad y representa una amenaza para la calidad del agua potable al acercarse y aun superar los valores límite en un número creciente de casos. Incluso las concentraciones inferiores a los niveles que suponen un riesgo para la salud humana pueden llevar a una eutrofización perjudicial para la vida animal y vegetal y para la naturaleza, especialmente en las zonas receptoras de la Comunidad, como el Mar del Norte o el Mar Báltico.

Actuación de los Estados miembros

- La calidad del agua subterránea debe controlarse adecuadamente y evaluarse a partir de su contenido en nutrientes a fin de permitir que los Estados miembros puedan seguir la evolución de la calidad de los acuiferos y, en especial, detectar con rapidez los signos de deterioro y eutrofización.

- La aplicación de la Directiva 91/676/CEE del Consejo relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura debe ser el elemento principal de las intervenciones relacionadas con el problema de los nitratos. Debe abordarse asimismo la cuestión de los demás agentes responsables de la eutrofización, como las deposiciones atmosféricas. Estas fuentes se tratan en la linea de actuación 4, sobre fuentes puntuales.

- Con objeto de preservar la calidad de las aguas subterráneas no contaminadas, prevenir su futura contaminación y restablecer cuando resulte conveniente las aguas subterráneas contaminadas, también han de adoptarse medidas preventivas para mantener el nivel de concentración los más bajo posible en las zonas de agua dulce cuyo contenido sea inferior a 50 mg/litro, según se establece en los criterios para la declaración de zona vulnerable de la Directiva sobre nitratos. En cuanto a la recuperación de aguas subterráneas contaminadas, el objetivo mínimo debe consistir en el cumplimiento de las normas correspondientes en materia de agua potable. Las prioridades han de fijarse a partir de un calendario realista y con criterios de viabilidad.

- Deben estudiarse todas las posibilidades - incluidos los instrumentos económicos - de reducir el uso de abonos y fertilizantes químicos a las cantidades establecidas para los cultivos vegetales y que sean compatibles con la protección del medio ambiente y de la calidad del agua dulce. Debe procederse a los cambios necesarios en el modelo de explotación de tierras agrarias, incluyendo programas de rotación de cultivos para evitar que los remanentes de los nitratos alcancen las aguas subterráneas y superficiales y otras áreas ecológicamente vulnerables. El equilibrio entre el nitrógeno utilizado y recuperado («input/output») ha de garantizar que las filtraciones en el medio ambiente se mantengan en niveles aceptables. Estas filtraciones deben ser cuando menos compatibles con el cumplimiento de los requisitos relativos al agua potable y no deben dar lugar a la eutrofización de las aguas receptoras. Esto puede requerir el uso de sistemas de medición el «input» y «output» y otras medidas para evaluar y controlar el equilibrio. Al mismo tiempo, ello reduciría considerablemente el riesgo de contaminación procedente de fosfatos, ya que éstos se utilizan a menudo como parte integrante de fertilizantes y abonos.

- El establecimiento de códigos de buenas prácticas agrarios para una explotación compatible con el medio ambiente debe ser el núcleo de las actuaciones que se emprenderán. Se han de adoptar medidas adecuadas para supervisar el cumplimiento de estos códigos de buenas prácticas. Como el cumplimiento de los códigos en sí puede ser insuficiente para alcanzar los objetivos en determinadas regiones, se podrían establecer medidas de más amplio alcance para asegurar una producción compatible con el medio ambiente. En este contexto, deben analizarse las posibilidades de aplicar el principio de cumplimiento recíproco. Con objeto de evitar un falseamiento de la competencia y lograr una situación que beneficie tanto al medio ambiente como a los agricultores, han de crearse mecanismos para compensar a estos últimos.

Actuación de la Comunidad

- La Comisión debe comprometerse a supervisar de cerca los avances en la aplicación en los Estados miembros de la Directiva 91/676/CEE del Consejo sobre nitratos.

- La Comisión debe adquirir el compromiso de estudiar las posibilidades de garantizar la continuidad de una política agraria encaminada hacia un modelo sostenible. A fin de imponer el empleo de abonos respetuosos del medio ambiente, se ha de examinar la manera de aumentar el presupuesto para medidas ambientales concretas y de establecer unos requisitos ambientales explícitos en el Reglamento sobre retirada de tierras.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3.3 - RETOS AMBIENTALES QUE PLANTEAN LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y BIOCIDAS

Los productos fitosanitarios y biocidas se utilizan ampliamente en la agricultura y silvicultura, en zonas industriales, a lo largo de vías de comunicación y en terrenos públicos y privados. Debido a diferencias geológicas y climáticas, a distintos usos tradicionales, etc., el empleo de estos productos varía considerablemente de unas regiones comunitarias a otras.

El control de calidad del agua dulce ha puesto de manifiesto, en un número creciente de casos, una concentración de productos fitosanitarios por encima de los valores límite establecidos para el agua destinada al consumo humano, lo que representa una amenaza para la calidad de las aguas subterráneas y superficiales y constituye un riesgo potencial para la salud humana en función de la procedencia del agua dulce y del tipo de ingredientes activos.

Por lo que se refiere a la protección de las aguas subterráneas, los productos fitosanitarios y biocidas de gran movilidad, altamente solubles en agua o muy persistentes son los más preocupantes, debido a su potencial de lixiviación en el agua subterránea. El enfoque puede variar de una región a otra, ya que la lixiviación real estará en función de diversos factores relacionados con el modo de utilización, las condiciones climáticas y geológicas, etc.

Actuación de los Estados miembros

- La calidad del agua subterránea ha de controlarse y evaluarse debidamente, al menos respecto de los productos comúnmente utilizados y de los que se sepa o sospeche que producen lixiviación en las aguas subterráneas, con objeto de seguir de cerca cualquier aumento en la concentración de productos fitosanitarios o biocidas. El coste de un seguimiento global puede resultar excesivo, por lo que el control habría de centrarse en áreas de particular importancia, ya sea por sus actividades específicas de índole agraria o industrial, como un elevado uso de productos fitosanitarios u otros productos específicos, ya sea por la abundancia de sus precipitaciones, sus tierras arenosas o por unas reservas freáticas especialmente importantes. La recopilación de los distintos usos podría ser un medio para encauzar las actividades de control.

- Debe desarrollarse un sistema de indicadores para el control de la incidencia ambiental de los productos fitosanitarios. En la actualidad, ningún parámetro aislado brinda una imagen completa de los efectos de estos productos sobre el medio ambiente. Hasta que se establezcan tales indicadores, el control podría basarse en indicadores como la frecuencia del tratamiento y las cantidades de productos vendidos, las dosis por hectárea, la toxicidad humana o ecológica, la movilidad, la solubilidad y las características bioacumulativas. Se ha de prestar especial atención a estos nuevos tipos de productos fitosanitarios, cuyos efectos ambientales o toxicológicos podrían producirse incluso en concentraciones inferiores a los valores límite establecidos para el agua destinada al consumo humano.

- Deben elaborarse y ponerse en práctica unos códigos de buenas prácticas para la agricultura y silvicultura relativos al uso de productos fitosanitarios y biocidas y destinados a proteger el agua dulce, teniendo en cuenta, en su caso, las exigencias locales y sectoriales.

- En la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercializacion de productos fitosanitarios (), se estableció una definición comunitaria de control integrado, que podría tomarse como base para la creación de nuevos códigos de buenas prácticas y utilizarse como elemento importante para la elaboración de programas de reducción.

- Como complemento a la Directiva 91/414/CEE, algunos Estados miembros han establecido programas para reducir el empleo de productos fitosanitarios. A partir de la experiencia acumulada, los Estados miembros deben estudiar todas las posibilidades para asegurar el cumplimiento de los objetivos generales de prevención de la contaminación de aguas subterráneas. Los programas eventuales podrían abarcar, entre otras cosas, el control integrado para lograr un uso que esté estrictamente en función de la demanda, actividades de formación profesional, certificados para usuarios profesionales, un registro de utilizaciones, una red de instructores autorizados, así como pruebas y verificaciones voluntarias u obligatorias de los equipos vinculadas a subvenciones o al reembolso integro o parcial del coste de las pruebas. El seguimiento de los avances podría hacerse anualmente a partir de los resultados del control de calidad del agua subterránea y de los indicadores relativos a los cambios en la utilización de los productos.

- Hasta que una sustancia activa no sea incluida en el sistema comunitario de evaluación y reevaluación de sustancias activas de la Directiva 91/414/CEE, los Estados miembros deben explorar las posibilidades de tal evaluación y reevaluación de sustancias activas y productos potencialmente peligrosos para el agua subterránea. Ha de revisarse la autorización de productos con sustancias activas que se hayan detectado en el agua subterránea en cantidades superiores a los valores límite para el agua potable a pesar de haber sido utilizados debidamente. Los Estados miembros deben plantearse la posibilidad de aplicar los criterios uniformes también a estos productos.

- Habría que considerar el recurso a instrumentos económicos como incentivo para una correcta gestión, un uso racional o incluso la renuncia al empleo de estos productos. Estos instrumentos ya existen o están en fase de estudio para su introducción en algunos Estados miembros como Suecia, Países Bajos, Dinamarca y Austria.

Actuación de la Comunidad

- La Directiva 91/414/CEE debe constituir el marco legal para las autorizaciones, en las que se ha de tener en cuenta, entre otras cosas, la protección del agua. El Anexo VI de la Directiva 91/414/CEE, que instaura principios uniformes para la evaluación de los productos fitosanitarios, se establecerá mediante la adopción de una directiva específica del Consejo.

- Han de desarrollarse las normas y disposiciones medioambientales relativas a productos fitosanitarios y biocidas. Las disposiciones sobre productos fitosanitarios deberían concebirse de tal manera que, con un uso normal y adecuado, los productos y sus residuos no alcancen en las aguas subterráneas unas concentraciones superiores a las establecidas para el agua destinada al consumo humono ni tengan efectos perjudiciales para los ecosistemas que reciban estas aguas subterráneas.

- Debe establecerse un programa a largo plazo para la evaluación y reevaluación de sustancias activas empleadas en productos fitosanitarios, partiendo de la Directiva 91/414/CEE, que proporciona el marco legal para un sistema comunitario de evaluación de sustancias activas y productos fitosanitarios y de reevaluación de estas sustancias y productos en intervalos de diez años. Se está preparando la evaluación inicial de sustancias activas para su inclusión en el sistema comunitario del Anexo I de la Directiva 91/414/CEE. A los efectos de protección de las aguas subterráneas, deben abordarse prioritariamente los productos fitosanitarios de alta solubilidad en el agua, movilidad, persistencia y con características bioacumulativas.

- Para alcanzar los objetivos del Quinto Programa de Acción Medioambiental, se ha de proseguir la elaboración de una estrategia integrada para un uso sostenible de productos fitosanitarios que contenga disposiciones más detalladas sobre la distribución y venta de estos productos, las restricciones de su empleo y la sustitución de los productos más peligrosos. Deben perseguirse los mismos objetivos en el ámbito de los productos biocidas.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3.4 - RETOS AMBIENTALES QUE PLANTEA EL USO DE LODOS DE DEPURACIÓN

A raíz de la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas, se están generando cantidades cada vez mayores de lodos de depuración. Con objeto de aprovechar debidamente estos lodos, en algunos Estados miembros se ha extendido la práctica de utilizarlos en superficies agrarias, pudiéndose reciclar de esta manera su contenido en nitrato y fosfato. El control de la contaminación causada por aguas residuales urbanas, fosas sépticas, fugas del alcantarillado, etc. se aborda en la línea de actuación 4, sobre fuentes puntuales.

Los lodos de depuración pueden tener una alta concentración de sustancias peligrosas y metales pesados, y el contenido en nitrato y fosfato varía considerablemente según el tipo de lodo, de modo que éste es menos fiable que los fertilizantes químicos u orgánicos. Su utilización inadecuada puede crear problemas de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales y del suelo similares a los que causa el empleo de otros fertilizantes. Por ello, pueden surgir problemas de higiene que constituyan una amenaza potencial para las aguas subterráneas y superficiales, así como para la calidad de los propios cultivos. El olor también puede representar un inconveniente, por ejemplo en las cercanías de áreas edificadas o en los bosques públicos.

En la Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la protección del medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de lodos de depuradora en agricultura (), se regula el empleo agrario de éstos. A los efectos de salvaguardia de la higiene, la Directiva establece unos valores límite respecto del contenido en metales pesados, así como unos plazos de utilización. En algunos Estados miembros se han fijado valores máximos más severos que los de la Directiva, y se han establecido valores límite para otros componentes peligrosos o metales pesados. Ciertos Estados miembros también exigen que el vertido de lodos sobre las tierras tengan como finalidad la fertilización o la mejora del suelo y que no sea meramente un medio para desprenderse de los residuos.

En la actualidad, el uso al margen de la agricultura aún no se ha regulado a escala comunitaria.

Objetivo

El objetivo es impedir que los lodos de depuración tengan una incidencia negativa en el agua subterránea y permitir que se prosiga y avance en el reciclado del contenido orgánico de los lodos en la agricultura y en otras superficies apropiadas.

Actuación de los Estados miembros

- Han de examinarse la posibilidades de extender un empleo adecuado desde el punto de vista medioambiental de estos lodos en las tierras.

- Debe garantizarse que los lodos de depuración sean de una calidad buena y constante y no superen los valores máximos pesados y otros contaminantes, de manera que pueden utilizarse en superficies agrarias para mejorar la textura del suelo, así como a modo de fertilizantes. Esto debe posibilitar el reciclado ecológico de nutrientes. Los nutrientes del lodo han de incluirse en la balanza global de nutrientes.

- Los valores máximos y las normas relativas al contenido en sustancias contaminantes y nutrientes de los lodos de depuración deben revisarse según proceda con vistas a la elaboración de normas para otros compuestos importantes que aún no cuenten con tales normas.

- Las normas generales deben abarcar la utilización de los lodos, incluyendo las restricciones oportunas de su empleo en zonas de protección con recursos de agua subterránea destinada a la producción de agua potable.

Actuación de la Comunidad

- La legislación comunitaria ha de revisarse con la finalidad de establecer o aplicar medidas para minimizar el vertido de sustancias peligrosas y metales pesados en los sistemas de aguas residuales de viviendas e instalaciones industriales.

- Los valores máximos de la Directiva 86/278/CEE sobre utilización de lodos de depuradora deben revisarse y ser sometidos a una actualización científica.

- Han de crearse normas relativas a métodos de caracterización de lodos de depuración. La Comisión debe proseguir los estudios iniciados por el Comité Europeo de Normalización (CEN), cuya conclusión está prevista para 1998.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 4 - CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE FUENTES PUNTUALES DERIVADA DE ACTIVIDADES E INSTALACIONES QUE PUEDAN AFECTAR A LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA

Una fuente puntual es una fuente de contaminación de una extensión relativamente limitada y claramente localizada. A menudo está muy concentrada y tiene una alta intensidad contaminante por unidad de superficie. Por su naturaleza, las fuentes puntuales pueden vincularse, en principio, a actividades específicas e instalaciones en las que se emplean sustancias contaminantes, aunque en la práctica a menudo resulta difícil determinarlo, cuando son muchas las posibles fuentes puntuales o cuando producen interacción. Para hacer frente a la contaminación a partir de fuentes puntuales resultan apropiadas, en general, las medidas aplicadas en la propia fuente para impedir o limitar la propagación de las sustancias contaminantes o contener los daños al agua subterránea.

Las actividades que pueden producir o inducir la contaminación mediante vertidos y emisiones son muchas y de muy diversa naturaleza. Especialmente importantes son las siguientes: instalaciones en que se manipulan sustancias potencialmente contaminantes; sistemas de distribución y almacenamiento de aceites y gasolina y depósitos subterráneos de combustible para calefacción; instalaciones de almacenamiento de productos industriales peligrosos, productos agroquímicos y abonos de explotaciones de ganadería intensiva; actividades que viertan efluentes líquidos o sólidos al medio ambiente (por ejemplo, industria láctea, mataderos y fábricas de papel); instalaciones urbanas que viertan desechos líquidos o sólidos al medio ambiente, como fosas sépticas, fugas del alcantarillado, etc.; vertederos para residuos urbanos y peligrosos; cementerios y áreas de inhumación de animales; graveras, emplazamientos mineros en uso o abandonados, incluidas escombreras, fosos de residuos y desaguees; instalaciones industriales abandonadas y otros terrenos contaminados. Las actividades e instalaciones en funcionamiento o abandonadas, sobre todo en áreas urbanas y polígonos industriales, están a menudo localizadas en la parte alta de acuíferos, donde ya puede haberse producido un considerable deterioro de la calidad del agua subterránea. Las emisiones a la atmósfera de óxidos de nitrógeno, anhídrido sulfuroso y otras sustancias causan una vasta contaminación atmosférica transfronteriza cuando la deposición se produce mediante precipitaciones y provocan la acidificación y eutrofización del agua dulce.

Objetivos

El objetivo es garantizar un alto nivel de protección en las actividades e instalaciones que produzcan efluentes líquidos y sólidos o que representen un riesgo potencial de contaminación accidental de las aguas subterráneas. La norma debe ser un elevado nivel de protección generalizado para todas las aguas subterráneas, con normas específicas y una especial atención para las necesidades de protección adicionales donde lo requiera una situación de riesgo extraordinariamente alto, la sensiblidad o vulnerabilidad o la necesidad de protección de aguas subterráneas de particular importancia. Con objeto de eludir o reducir el riesgo de contaminación del agua dulce a través de las precipitaciones, se ha de garantizar la reducción de emisiones al aire de sustancias que causen eutrofización o acidificación.

En los emplazamientos contaminados y en áreas de aguas subterráneas contaminadas o con riesgo de contaminación, como antiguos vertederos y minas abandonadas o terrenos industriales, el objetivo consiste en garantizar el desmantelamiento definitivo, la contención o la reposición, cuando resulte conveniente, de estos lugares o aguas subterráneas contaminadas.

Actuación de los Estados miembros

- La propuesta de Directiva del Consejo sobre prevención y control integrados de la contaminación () ha de proporcionar, en su momento, los principios generales de alcance comunitario para la autorización de importantes instalaciones y actividades (PCIC), incluidos los planteamientos sobre protección del agua subterránea contra la contaminación de fuentes puntuales. Deberá hacerse un gran esfuerzo por aplicar y desarollar los principios del enfoque de prevención y control integrados de la contaminación.

- La protección del agua subterránea contra la contaminación procedente de instalaciones o actividades de menor importancia (no incluidos en la Directiva PCIC) que pueden constituir fuentes puntuales de contaminación también se ha de garantizar. Las autorizaciones deben darse de forma transparente, racional y previsible. Se han de evitar los solapamientos y procedimientos por duplicado.

- Todas las fuentes puntuales de instalaciones y actividades que pueden dañar la calidad del agua subterránea mediante vertidos directos o indirectos han de quedar sometidas a la larga a un sistema de autorización. Por razones de proporcionalidad, debe señalarse que la actual Directiva sobre aguas subterráneas excluye de este requisito a «los vertidos respecto de los cuales la autoridad competente del Estado miembro afectado hubiere comprobado que contienen sustancias... en cantidad y concentración lo suficientemente pequeñas como para excluir cualquier riesgo de deterioro, presente o futuro, de la calidad de las aguas subterráneas receptoras». Este sistema debe abarcar, asimismo, las actividades que representen una fuente puntual de contaminación en potencia, como instalaciones industriales y urbanas, vertederos, sistemas de distribución y almacenamiento de aceites, gasolina y otras sustancias así como actividades mineras. Los permisos de vertidos han de tener en cuenta los posibles efectos sobre los acuíferos, y las autorizaciones de instalaciones deben supeditarse a la presentación de un proyecto para una protección óptima del agua subterránea. En las autorizaciones conforme a este sistema también debe preverse el desmantelamiento de las mencionadas instalaciones y actividades de manera que se garantice la protección del agua subterránea.

- La lixiviación, los vertidos, las aguas de lluvia contaminadas, etc. deben tratarse preferentemente partiendo de una cuidadosa concepción y planificación de instalaciones. La salvaguardia del medio ambiente también podría asegurarse estableciendo normas relativas a la certificación de tipos de instalaciones, depósitos de combustibles, etc. En un sistema de gestión integrada, esta protección debe quedar plenamente integrada en el proyecto general de planificación y localización.

- Deben estudiarse las posibilidades de incentivar el desarrollo y el uso de procesos de producción respetuosos con el medio ambiente, como la promoción de las mejores técnicas disponibles, tecnologías limpias y dispositivos para ahorrar agua.

- Se ha de elaborar un inventario lo más exhaustivo posible de potenciales fuentes puntuales, que debe ser actualizado gradualmente y en función de las prioridades. Este inventario ha de abarcar instalaciones urbanas e industriales, terrenos industriales y otras tierras contaminadas, vertederos, graveras, minas y canteras, etc. Las instalaciones más pequeñas, como las fosas sépticas, podrían quedar excluidas si su incidencia ambiental es insignificante o cuando no estén ubicadas en zonas sensibles.

- A partir de ese inventario, se han de establecer las prioridades y elaborar planes de desmantelamiento de instalaciones y emplazamientos abandonados, tales como terrenos industriales contaminados, minas, depósitos de almacenamiento subterráneos, vertederos, pozos, etc. con arreglo al grado de riesgo, su viabilidad y siguiendo unos calendarios realistas. Cuando resulte necesario, deben adoptarse medidas apropiadas de contención y rectificación.

- Deberan facilitarse guías y procedimientos de desmantelamiento de instalaciones respecto de todos los emplazamientos e instalaciones de nueva creación.

- Se tiene que prohibir el vertido directo a los acuíferos de sustancias peligrosas, incluidas aguas residuales urbanas e industriales, aguas de lluvia contaminadas, etc.

- Debe procederse al tratamiento obligatorio de todas las aguas residuales urbanas y domésticas, como establece la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, para acelerar la aplicación de la misma. Podría elaborarse un plan de prioridades respetando el calendario establecido por la Directiva, y debe hacerse un seguimiento de los beneficios derivados del tratamiento.

- En cuanto a las fosas sépticas, se ha de exigir una capacidad suficiente y un sistema de vaciado regular. Cuando sea posible, los residuos deben enviarse a plantas de tratamiento o eliminarse de forma inocua para el medio ambiente. Podría examinarse el establecimientos de normas relativas a los equipos de las mejores técnicas disponibles.

- Se han de adoptar medidas para prevenir las fugas en el alcantarillado con objeto de impedir la contaminación de las aguas subterráneas.

- Deben considerarse las posibilidades de recurrir, cuando proceda, a instrumentos económicos, como gravámenes o medidas fiscales, para incentivar la asunción del coste medioambiental de la reducción de la contaminación derivada de vertidos o efluentes, así como las posibilidades de recurrir a acuerdos voluntarios.

Actuación de la Comunidad - En colaboración con los Estados miembros y para la puesta a disposición de éstos, se han de elaborar unos datos comparables sobre la viabilidad y efectividad de la prohibición de vertidos de sustancias peligrosas en las aguas subterráneas.

- Deben elaborarse unas disposiciones y normas generales relativas a los equipos y mecanismos de seguridad en instalaciones que manipulen y almacenen sustancias nocivas para el agua, en particular con vistas al empleo de las mejores técnicas disponibles. Como las desigualdades en las normas técnicas, disposiciones y, sobre todo, en la aplicación de instrumentos económicos para incentivar la asunción de los costes medioambientales pueden llevar a un falseamiento de la competencia entre Estados miembros, se ha de plantear el establecimiento de estos elementos a escala comunitaria, elementos que deben guardar coherencia con las normas pertinentes de las demás políticas comunitarias afectadas.

- La eutrofización y acidificación debida a precipitaciones debe regularse por medio de un acuerdo internacional. La Comunidad debe proseguir el desarollo, la revisión y, en su caso, enmienda de los convenios y protocolos internacionales sobre contaminantes atmosféricos de amplio alcance. La legislación y las políticas comunitarias han de garantizar la debida aplicación de estos acuerdos. Los objetivos en materia de calidad del aire y las normas sobre emisiones de la Comunidad y los Estados miembros deben tener en cuenta los efectos sobre la calidad del agua dulce de las emisiones a la atmósfera de sustancias que causan eutrofización o acidificación. Entre éstas destacan los escapes procedentes del tráfico.

Ya existe un considerable corpus legislativo sobre el control de emisiones de fuentes móviles y, en especial, de las emisiones de vehículos. La Comisión está preparando unas propuestas de disposiciones legales por las que se endurecerán aún más las normas sobre emisiones. Se espera que la Comisión apruebe en un futuro cercano las propuestas relativas a turismos y vehículos industriales ligeros y pesados.

La Comisión también elaborará directivas de desarrollo sobre determinados contaminantes atmosféricos como complemento de la Directiva marco sobre la calidad del aire () que actualmente está sometida a las consideraciones del Consejo y del Parlamento. A finales de 1996 se presentará una propuesta sobre el control del dióxido de nitrógeno.

En respuesta a una solicitud del Consejo de diciembre de 1995 (), la Comisión está elaborando una estrategia comunitaria de control de la acidificación y tiene intención de someterla al Consejo a principios de 1997.

PARTE 2

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN

Papel de la Comisión

- Para garantizar unos principios comunes de gestión del agua, la Comisión tiene intención de presentar una propuesta de Directiva marco sobre recursos hídricos, en la que se establecerán unas disposiciones básicas sobre gestión de las aguas subterráneas. La Directiva marco contendrá disposiciones sobre protección del agua subterránea y, por consiguiente, recogerá las disposiciones de la actual Directiva sobre aguas subterráneas, tal y como se explica en la Comunicación sobre la política hidrológica europea. La Directiva marco establecerá, asimismo, un requisito relativo al control de la extracción de agua dulce. La Comisión pretende presentar la propuesta de Directiva marco sobre recursos hídricos a finales de 1996.

- La Comisión debe revisar y, en su caso, considerar la adaptación de la legislación comunitaria existente a los objetivos del presente programa de acción.

- La Comisión ha de garantizar la progresiva integración de la política hidrológica en otras políticas comunitarias cuando lo requiera la protección y gestión del agua dulce. Ámbitos como la agricultura o el desarollo regional inciden y al mismo tiempo dependen considerablemente de la disponibilidad y calidad de las aguas subterráneas, y los avances en la integración de la política agrícola común y la política regional tienen una importancia particular para alcanzar el objetivo de una protección y gestión sostenibles del agua dulce. Con arreglo al esquema general trazado en el Quinto Programa de Acción Medioambiental, titulado «Hacia un modelo sostenible», que ha sido desarollado en la reciente propuesta de la Comisión de Revisión del Quinto Programa de Acción Medioambiental, la Comisión seguirá avanzando en la integración de la política hidrológica en otras políticas comunitarias cuando lo requieran la protección y gestión del agua dulce. En el presente programa de acción se presentan una serie de opciones para tal integración -especialmente en la política agrícola-, que han de ser estudiadas por la Comisión. La importancia de la investigación y el desarrollo y la gestión y protección del agua ha sido reconocida en el programa de investigación comunitario «Medio ambiente y clima. 1994-1998», una de cuyas líneas de investigación es la mejora y racionalización de la futura gestión de los recursos hídricos. También se ha decidido que el agua sea una de las áreas prioritarias de investigación de la Comunidad, con arreglo a la propuesta de la Comisión para financiación suplementaria del 4° Programa marco de IDT (). Además, se ha creado en 1996 un grupo operativo especial sobre medio ambiente y agua.

- Se han seguir de cerca los avances en la aplicación de la legislación hidrológica comunitaria, especialmente acudiendo a la Directiva sobre nitratos procedentes de fuentes difusas y a la Directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, a fin de garantizar su aplicación y funcionamiento plenos.

- La Comisión, en estrecha colaboración con los Estados miembros, debe proceder al desarrollo y aplicación de instrumentos económicos, acuerdos voluntarios y otros instrumentos distintos de los legales, así como investigar y desarrollar tecnologías y prácticas de menor consumo de agua, además de ocuparse, entre otras cosas, del trazado de mapas, del seguimiento y del estudio de la vulnerabilidad dell agua subterránea.

- La Comisión debe ser el punto de referencia para el establecimiento de guías y recomendaciones, como pueden ser la elaboración de códigos de buenas prácticas o el apoyo a los intercambios de información y experiencias cuando sea necesario.

Programas de acción nacionales

- Los Estados miembros han de establecer sus propios programas de acción tomando debidamente en consideración las circunstancias nacionales.

- Los programas de acción nacionales deben basarse en los siguientes principios: 1) se ha de desarrollar una planificación y gestión integradas; 2) deben establecerse normas relativas al mantenimiento cuantitativo de los recursos de aguas subterráneas, incluido, en su caso, un marco regulador de la extracción de agua dulce; 3) se han de adoptar medidas para proteger el agua subterránea contra la contaminación procedente de fuentes difusas, incluidos códigos de buenas prácticas e indicaciones sobre medidas a largo plazo para garantizar una mayor integración de la protección y la gestión del agua sobre todo en las prácticas agrarias; 4) deben seguir desarrollándose los instrumentos de control de las emisiones y vertidos a partir de fuentes puntuales, incluido el correspondiente marco regulador. También son importantes los incentivos para el desarrollo de procesos y mecanismos de producción que respeten el medio ambiente.

- Los programas de acción nacionales deben concebirse de manera que resulten compatibles a largo plazo con los planes de gestión de las cuencas fluviales.

- Los programas de acción nacionales deben indicar cómo y cuándo se ejecutarán las medidas previstas e indicar, de cara a problemas de carácter transfronterizo, qué medidas se aplicarán a nivel nacional y cuáles deben tomarse dentro de una perspectiva más amplia de gestión transfronteriza de cuencas fluviales.

Los programas de acción nacionales deben abarcar los siguientes elementos:

- Trazado de mapas y caracterización de los sistemas de aguas subterráneas.

- Un seguimiento destinado a facilitar información sobre la evolución de los aspectos cuantitativos y cualitativos de los recursos de aguas subterráneas.

- Informes recapitulativos para seguir los avances en el trazado de mapas y control.

- Revisión del sector hidrológico y adaptación de las estructuras administrativas y de la legislación, incluyendo instrumentos para evaluar las tendencias futuras de la demanda de agua dulce.

- Integración de la protección y gestión de las aguas subterráneas en la ordenación del espacio, incluida la delimitación de zonas vulnerables y otras áreas de importancia.

- Elaboración de inventarios de fuentes puntuales y de aguas subterráneas y suelos contaminados; establecimiento de prioridades para el desmantelamiento, la contención y rectificación de instalaciones, emplazamientos contaminados y agua subterráneas.

- Un sistema regulador coherente y normas relativas a la extracción de agua dulce y a actividades e instalaciones que puedan contaminar el agua subterránea.

- Fomento del desarollo y empleo de procesos y mecanismos de producción respetuosos con el medio ambiente, como la utilización de las mejores técnicas disponibles, tecnologías limpias y dispositivos para ahorrar agua.

- Revisión y aplicación de estrategias y medidas para controlar la contaminación procedente de fuentes difusas, incluida la elaboración de códigos de buenas prácticas.

- Adopción de medidas para incentivar el ahorro de agua, la reutilización, un uso sostenible de los recursos de agua dulce y, en su caso, la reducción del consumo de agua.

- Las posibilidades de recurrir a instrumentos económicos, incluidos impuestos y gravámenes.

- Proyectos de información y participación de la opinión pública, y en particular de grupos de usuarios específicos, en la elaboración y aplicación de los programas nacionales de acción.

- Un calendario para la aplicación del programa nacional de acción.

PARTE 3

EXAMEN DE LAS FASES DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN

Examen de las fases de aplicación

- La aplicación se ha de entender, en la práctica, como un proceso en marcha con iniciativas que se toman a corto, medio o largo plazo según su naturaleza, papel o importancia. Debe elaborarse cuanto antes un calendario de aplicación de los programas nacionales de acción. Los tipos de medidas necesarias variarán de un Estado miembro a otro en función de la situación ecológica de sus aguas subterráneas, de las condiciones regionales y locales, de las estructuras legales y administrativas existentes y de las medidas que ya se hayan adoptado o decidido.

- Los Estados miembros deben elaborar cuanto antes unos programas nacionales de acción y decidir los plazos para la adopción de las medidas pertinentes conforme a las circunstancias nacionales, regionales y locales, si bien se ha de respetar el año 2000 como objetivo global para que estén en funcionamiento los programas nacionales. Debe preverse la posibilidad de evaluar las medidas adoptadas, revisar los calendarios y proceder a los ajustes pertinentes, y se han de fijar unos puntos de comprobación adecuados que permitan un seguimiento de los avances en los programas.

- Algunas medidas irán más allá o se adoptarán después del año 2000. Estas medidas complementarias para asegurar la estrategia a medio plazo deben mencionarse claramente e ir acompañadas de un calendario de ejecución. Para comenzar, han de emprenderse las actuaciones a corto plazo, como el trazado de mapas, el seguimiento, revisión y mejora de las estructuras administrativas y legales y del rendimiento del sector hídrico, la designación de zonas vulnerables y otras áreas de protección importantes, el establecimiento de sistemas de autorización y el fomento del ahorro de agua.

- Las intervenciones a largo plazo requieren una mayor preparación o dependen de la evaluación del estado de las aguas subterráneas a partir de los resultados de las actividades cartográficas y de seguimiento, etc. Asi ocurre, por ejemplo, con la integración de la protección del agua dulce en la ordenación del espacio y utilización del suelo, la creación de estructuras administrativas intersectoriales, la elaboración de inventarios de fuentes puntuales, el establecimiento de prioridades de desmantelamiento y restauración, etc. La ejecución de los trabajos de desmantelamiento y restauración son tareas que, aun con un proyecto prioritario y por etapas, nos llevan al siglo XXI.

- La revisión de los avances y logros en los Estados miembros debe hacerse con regularidad. El año 2000 puede ser un objetivo apropiado para la primera evaluación global de los avances. Los Estados miembros han de informar a la Comisión sobre los progresos realizados en la aplicación de los programas nacionales de acción a fin de facilitar el intercambio de experiencias.

- La revisión de los avances globales en la Comunidad debe llevarse a cabo con una regularidad adecuada. La primera de estas revisiones por parte de la Comisión, basadas en la evaluación de los avances en los Estados miembros y en los informes sobre la situación ecológica de las aguas subterráneas elaborados por la Agenca Europea del Medio Ambiente y Eurostat, debería realizarse inmediatamente después de la evaluación de los Estados miembros en el año 2000.

() DO n° L 375 de 31. 12. 1991, p. 1.

() DO n° L 135 de 30. 5. 1991, p. 40.

() DO n° L 103 de 25. 4. 1979, p. 1.

() DO n° L 206 de 22. 7. 1992, p. 7.

() DO n° L 181 de 1. 7. 1992, p. 12.

() DO n° L 215 de 30. 7. 1992, p. 85.

() DO n° L 215 de 30. 7. 1992, p. 96.

() DO n° L 193 de 31. 7. 1993.

() DO n° L 198 de 22. 7. 1991, p. 1.

() DO n° L 18 de 27. 1. 1993, p. 1.

() DO n° L 328 de 29. 12. 1993, p. 7.

() DO n° L 185 de 15. 7. 1988, p. 9.

() DO n° L 230 de 19. 8. 1991, p. 1.

() DO n° L 181 de 4. 7. 1986, p. 6.

() DO n° C 311 de 17. 11. 1993, p. 6.