Iniciativa de los Gobiernos de la República Francesa, del Reino de Suecia y del Reino de Bélgica encaminada a que el Consejo adopte una Decisión marco relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo y de aseguramiento de pruebas

(2001/C 75/02)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, la letra a) de su artículo 31 y la letra b) del apartado 2 de su artículo 34,

Vista la iniciativa de la República Francesa, del Reino de Suecia y del Reino de Bélgica(1),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo(2),

Considerando lo siguiente:

(1) El Consejo Europeo, reunido en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, aprobó el principio de reconocimiento mutuo, llamado a ser piedra angular de la cooperación judicial tanto en materia civil como penal en el seno de la Unión.

(2) Dicho principio debería aplicarse también a las resoluciones previas a la fase de formación de la sentencia, en particular a las que permitan a las autoridades competentes actuar rápidamente para asegurar las pruebas y embargar bienes fácilmente transferibles.

(3) De conformidad con las conclusiones de Tampere, el Consejo adoptó el 29 de noviembre de 2000 un programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo en materia penal, fijando como primera prioridad (medidas 6 y 7) la adopción de un instrumento que aplique el principio de reconocimiento mutuo al embargo preventivo de bienes y al aseguramiento de pruebas.

(4) En una primera fase, ese instrumento debería aplicarse a un número limitado de infracciones que ya hayan sido objeto de una acción común en el seno de la Unión Europea.

(5) Deben preservarse los derechos que asistan a las partes y a los terceros interesados de buena fe.

HA ADOPTADO LA SIGUIENTE DECISIÓN MARCO:

TÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1

Definiciones

A efectos de la presente Decisión Marco se entenderá por:

a) "Estado de emisión": el Estado miembro en el que una autoridad judicial en el sentido de la presente Decisión marco haya dictado una resolución de embargo preventivo en el marco de una causa penal;

b) "Estado de ejecución": el Estado miembro en cuyo territorio se halle el objeto (o bien el elemento de prueba);

c) "resolución de embargo preventivo o de aseguramiento de pruebas": cualquier medida tomada por una autoridad judicial competente del Estado de emisión para impedir provisionalmente cualquier operación de destrucción, transformación, desplazamiento, transferencia o enajenación de un bien que pudiera:

- ser confiscado por el Estado de emisión,

- constituir un elemento probatorio;

d) "bien": cualquier bien mueble, material o inmaterial, o inmueble, así como los documentos con fuerza jurídica u otros documentos acreditativos de un título o derecho sobre ese bien, de los que la autoridad emisora de la solicitud de embargo preventivo o de medidas de aseguramiento de pruebas considere:

- que constituye el producto de una infracción de las contempladas en el artículo 2 o un bien correspondiente total o parcialmente al valor de dicho producto,

y

- que podría ser objeto de una operación de destrucción, transformación, desplazamiento, transferencia o enajenación;

e) "elemento probatorio": los objetos y documentos que puedan tener carácter probatorio.

Artículo 2

Infracciones

La presente Decisión marco se aplicará a todas las resoluciones de embargo preventivo o de aseguramiento de pruebas relativas a hechos que, según la legislación del Estado de emisión, constituyan alguna de las infracciones siguientes:

a) tráfico ilícito de estupefacientes;

b) fraude que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas a tenor del Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas(3) o de sus Protocolos de 29 de noviembre de 1996(4), 27 de septiembre de 1996(5) y 19 de junio de 1997(6);

c) blanqueo del producto del crimen;

d) falsificación del euro;

e) corrupción;

f) trata de seres humanos.

TÍTULO II

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE EMBARGO PREVENTIVO Y DE ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS

Artículo 3

Transmisión de las resoluciones de embargo preventivo y de aseguramiento de pruebas

Las resoluciones de embargo preventivo y de aseguramiento de pruebas contempladas en la presente Decisión marco, acompañadas del certificado a que se refiere el artículo 7, serán transmitidas por la autoridad judicial que las haya dictado, directamente a la autoridad judicial competente para su ejecución. En caso de desconocerla, la autoridad judicial del Estado de emisión recabará del Estado de ejecución la información correspondiente por todos los medios, incluidos los puntos de contacto de la red judicial europea.

Artículo 4

Ejecución directa

1. La resolución de embargo preventivo o de aseguramiento de pruebas transmitida con arreglo al artículo 3 será reconocida por la autoridad competente del Estado de ejecución sin más trámite y ejecutada sin demora del mismo modo que lo sería una resolución de embargo preventivo o de aseguramiento de pruebas nacional, salvo que la citada autoridad decida acogerse a alguno de los motivos de no ejecución previstos en el artículo 6.

Sin demora, y por cualquier medio que deje constancia escrita, se dará cuenta de la ejecución de la resolución de embargo preventivo o de aseguramiento de pruebas a la autoridad competente del Estado de emisión.

2. Las resoluciones coercitivas complementarias, si las hubiere, se tomarán según el procedimiento aplicable en el Estado de ejecución.

Artículo 5

Duración de la medida de embargo preventivo

1. En el Estado de ejecución deberá mantenerse el embargo preventivo del bien hasta que el Estado de ejecución haya respondido a la solicitud a que se refiere la letra a) o la letra b) del apartado 1 del artículo 8.

2. Si la solicitud o la instrucción a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 8 no se cursaran en el plazo señalado en dicho artículo, deberá dejarse sin efecto la medida.

3. Previa consulta al Estado de emisión, el Estado de ejecución podrá imponer condiciones, adecuadas a las circunstancias del caso, para limitar la duración del embargo preventivo del bien. Si, de conformidad con esas condiciones, se propusiera dejar sin efecto la medida, deberá informar de ello al Estado de emisión y darle la posibilidad de hacer alegaciones.

4. Las autoridades judiciales del Estado de emisión deberán informar sin demora a las del Estado de ejecución del levantamiento de la medida de embargo preventivo.

Artículo 6

Motivos de no ejecución

Las autoridades judiciales del Estado de ejecución sólo podrán oponerse a la ejecución de la resolución de embargo preventivo o de aseguramiento de pruebas cuando falte el certificado previsto en el artículo 7 o en el supuesto de que aquél contenga datos incompletos.

En ausencia de certificado o si éste contuviera datos incompletos, la autoridad de ejecución podrá

- fijar un plazo para que sea presentado o completado, o

- aceptar un documento equivalente, o

- si se considera suficientemente ilustrado, dispensar a la autoridad de emisión de presentarlo.

Las decisiones de denegación de ejecución deberán tomarse y notificarse sin demora a las autoridades judiciales del Estado de emisión por cualquier medio que deje constancia escrita.

Artículo 7

Certificado

1. El certificado, cuyo modelo figura en el anexo I, deberá ir firmado por la autoridad competente del Estado de emisión que haya dictado la medida, dando fe así de la exactitud de su contenido.

2. El certificado deberá traducirse a la lengua oficial, o a una de las lenguas oficiales, del Estado de ejecución.

3. Cualquier Estado miembro podrá indicar en el momento de la adopción de la presente Decisión marco o ulteriormente, mediante declaración depositada ante la Secretaría General del Consejo, que aceptará una traducción a una o más de las otras lenguas oficiales de las instituciones de las Comunidades Europeas.

Artículo 8

Tratamiento subsiguiente del bien embargado

1. La transmisión a que se refiere el artículo 3 deberá contener también, o ir seguida en un plazo máximo de cuatro días de:

a) una solicitud de transferencia del bien al Estado de emisión:

- para la práctica de las pruebas,

- para ser decomisado,

- para ser restituido a la víctima de una de las infracciones contempladas en el artículo 2,

en los dos últimos supuestos si la transferencia es posible entre los Estados miembros afectados;

o

b) una instrucción para que el bien permanezca en el Estado miembro de ejecución en espera de que el Estado de emisión solicite que sea ejecutada en el Estado de ejecución una resolución de decomiso, siendo indiferente que ésta haya sido dictada en el Estado de emisión con anterioridad o que vaya a serlo en el futuro.

2. Las solicitudes:

a) de transferencia a tenor de la letra a) del apartado 1 deberán ser tramitadas por el Estado de ejecución de acuerdo con las reglas aplicables en el ámbito de la asistencia judicial en materia penal;

b) de decomiso a tenor de la letra b) del apartado 1 deberán ser tramitadas por el Estado de ejecución de acuerdo con las reglas aplicables en el ámbito de la ejecución de resoluciones extranjeras en materia penal.

Artículo 9

Recursos

1. Contra las medidas de embargo preventivo o de aseguramiento de pruebas ejecutadas en cumplimiento del artículo 4 podrá interponer recurso no suspensivo el imputado, la víctima o cualquier persona física o jurídica que invoque buena fe, ante la autoridad competente del Estado de emisión o del Estado de ejecución, de acuerdo con la legislación nacional de uno u otro de estos Estados miembros, según corresponda.

2. En el Estado de ejecución, el recurso no podrá alegar motivos referidos al fondo.

3. Se informará a las autoridades judiciales del Estado de emisión de la interposición de esos recursos y de los medios de prueba invocados, para que puedan alegar los elementos que juzguen oportunos. Asimismo, se les informará de los resultados de los recursos.

Artículo 10

Responsabilidad del Estado de emisión

El Estado de emisión incurrirá en responsabilidades, en las condiciones previstas por el Derecho del Estado de ejecución, en el supuesto de que la información contenida en el certificado, por ser inexacta en el momento de su transmisión, hubiese dado lugar a la ejecución de una resolución de embargo preventivo o de aseguramiento de pruebas que hubiese perjudicado a alguna persona de las mencionadas en el artículo 9.

El Estado de ejecución asumirá la reparación de los daños y perjuicios antes mencionados en las condiciones previstas por su legislación nacional, en la medida en que la persona perjudicada hubiese ejercitado contra él su acción de daños y perjuicios.

El Estado de emisión resarcirá íntegramente al Estado de ejecución por las cantidades que haya abonado a los perjudicados.

El Estado de ejecución renunciará a pedir reparación al Estado de emisión por los daños y perjuicios que él mismo hubiese sufrido.

TÍTULO III

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 11

Desarrollo normativo

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Decisión marco a más tardar el 31 de diciembre de 2002.

2. En el mismo plazo, los Estados miembros comunicarán a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión el texto de las disposiciones por las que se introduzcan en sus respectivos Derechos nacionales las obligaciones que les impone la presente Decisión marco. Sobre la base de un informe elaborado a partir de esa información y de un informe escrito de la Comisión, el Consejo verificará, a más tardar el 30 de junio de 2003, en qué medida los Estados miembros han tomado las medidas necesarias para conformarse a la presente Decisión marco.

3. La Secretaría General del Consejo notificará a los Estados miembros las declaraciones que se hagan al amparo del apartado 3 del artículo 7.

Artículo 12

Entrada en vigor

La presente Decisión marco entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial.

Hecho en ...

Por el Consejo

El Presidente

(1) DO C ...

(2) DO C ...

(3) DO C 316 de 27.11.1995, p. 48.

(4) DO C 151 de 20.5.1997, p. 2.

(5) DO C 313 de 23.10.1996, p. 2.

(6) DO C 221 de 19.7.1997, p. 12.

ANEXO

CERTIFICADO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7

1. Estado de emisión(1)

2. Jurisdicción o autoridad judicial que dicta la resolución de embargo preventivo o de aseguramiento de pruebas y expide el certificado

2.1. Nombre

2.2. Dirección

2.3. Teléfono/fax/correo electrónico(2)

2.4. Lengua(s) de comunicación posible(s) con la autoridad emisora(3)

2.4.1. [square ] alemán

2.4.2. [square ] inglés

2.4.3. [square ] etc.

3. Infracción(es) perseguida(s)

3.1. [square ] tráfico ilícito de estupefacientes

3.2. [square ] fraude contra los intereses financieros de las Comunidades Europeas

3.3. [square ] blanqueo del producto del delito

3.4. [square ] falsificación del euro

3.5. [square ] corrupción

3.6. [square ] trata de seres humanos

4. Resolución de embargo preventivo o de medidas de aseguramiento de pruebas

4.1. fecha

4.2. objeto de la resolución

4.2.1. [square ] futuro decomiso

4.2.2. [square ] constitución de pruebas

4.2.3. [square ] restitución a la víctima de una infracción

4.3. bien objeto de la resolución de embargo preventivo o elemento de prueba objeto de medidas de aseguramiento de pruebas

4.3.1. [square ] descripción precisa del bien

4.3.2. [square ] localización precisa del bien

4.3.3. [square ] propietario conocido del bien

5. Medida que deba tomar el Estado de ejecución a raíz de la ejecución de la resolución de embargo preventivo o de medidas de aseguramiento de pruebas

5.1. [square ] trasladar el bien al Estado de emisión

5.2. [square ] conservar el bien en el Estado de ejecución en espera de una resolución de decomiso

5.2.1. [square ] resolución ya dictada

5.2.2. [square ] resolución aún por dictar

6. Información complementaria(4)

7. Texto de la resolución de embargo preventivo o de medidas de aseguramiento de pruebas: se adjunta al presente certificado

Hecho en ..., el ... de ... de ...

Firma y/o sello

(1) Cada una de las rúbricas del certificado figurará en las lenguas oficiales de la Unión Europea. Cuando proceda, la traducción de las rúbricas se hará constar al dorso del documento, con remisión a un número en el anverso.

(2) Se procurará indicar el número de teléfono o de fax de manera completa (para llamar desde el extranjero) y, en lo posible, facilitar números con línea directa.

(3) Esta información es facultativa y no está cubierta por el artículo 7.

(4) Esta información es facultativa y no está cubierta por el artículo 7.