COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 20.7.2021 COM(2021) 420 final 2021/0239(COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

(Texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2021) 391 final} - {SWD(2021) 190 final} - {SWD(2021) 191 final}



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA •Razones y objetivos de la propuesta El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo hacen pesar una grave amenaza sobre la integridad de la economía y el sistema financiero de la UE y la seguridad de sus ciudadanos. Según las estimaciones de Europol, las actividades financieras sospechosas detectadas representan en torno al 1 % del producto interior bruto anual de la UE. En julio de 2019, a raíz de una serie de célebres casos de presunto blanqueo de capitales en entidades de crédito de la Unión, la Comisión aprobó una serie de documentos en los que, tras analizar la eficacia del régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT) aplicado en la UE en aquel momento, se concluía que eran necesarias reformas. En este contexto, la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad de cara al período 2020-2025 destacaba la importancia de mejorar el marco de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con el fin de proteger a los europeos frente al terrorismo y la delincuencia organizada. El 7 de mayo de 2020, la Comisión presentó un Plan de acción para una política global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En él, la Comisión se comprometía a tomar medidas para reforzar las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su aplicación y definía seis prioridades o pilares: 1. Garantizar la aplicación efectiva del actual marco de LBC/LFT de la UE. 2. Establecer un código normativo único de la UE para la LBC/LFT. 3. Supervisar la LBC/LFT a escala de la UE. 4. Establecer un mecanismo de cooperación y apoyo a las UIF. 5. Aplicar el Derecho penal e intercambiar información a nivel de la Unión. 6. Reforzar la dimensión internacional del marco de LBC/LFT de la UE. Si bien los pilares 1, 5 y 6 del Plan de Acción se están aplicando, el resto de los pilares exigen una actuación legislativa. La presente propuesta de Reglamento forma parte de un paquete de cuatro propuestas legislativas sobre LBC/LFT que se considera un conjunto coherente, en aplicación del Plan de Acción de la Comisión de 7 de mayo de 2020, por el que se crea un nuevo marco normativo e institucional en materia de LBC/LFT más coherente en la UE. El paquete engloba: –la presente propuesta de Reglamento relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (BC) y la financiación del terrorismo (FT); –una propuesta de Directiva por la que se establecen los mecanismos que los Estados miembros deben poner en marcha para prevenir el uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y por la que se deroga la Directiva (UE) 2015/849; –una propuesta de Reglamento por el que se crea una Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (ALBC) para la UE, y –una propuesta de refundición del Reglamento (UE) 2015/847 por el que se amplían los requisitos de trazabilidad para los criptoactivos. La presente propuesta legislativa, junto con una propuesta de Directiva y una propuesta de refundición del Reglamento (UE) 2015/847, cumple el objetivo de establecer un código normativo único de la UE (pilar 2). Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo prestaron su apoyo al plan expuesto por la Comisión en el Plan de Acción de mayo de 2020. En su resolución de 10 de julio de 2020, el Parlamento Europeo reclamó un refuerzo de las normas de la Unión y acogió favorablemente los planes para revisar el marco institucional de LBC/LFT de la UE. El 4 de noviembre de 2020, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros adoptó las Conclusiones en las que se apoyaba cada uno de los pilares del Plan de acción de la Comisión.

Los datos facilitados en los informes publicados por la Comisión en 2019 corroboran la necesidad de disponer de normas armonizadas en el mercado interior. En estos informes se señaló que, si bien los requisitos de la Directiva (UE) 2015/849 son de amplio alcance, su falta de aplicabilidad directa y de granularidad dio lugar a una fragmentación en su aplicación siguiendo líneas nacionales y a interpretaciones divergentes. Esta situación no permite abordar con eficacia las situaciones transfronterizas y, por tanto, es inadecuada para proteger el mercado interior. Además, genera costes y cargas adicionales para los operadores que prestan servicios transfronterizos y ocasiona arbitraje regulador. Para hacer frente a los problemas mencionados y evitar divergencias normativas, todas las normas que se aplican al sector privado se han transferido a la presente propuesta de Reglamento relativo a la LBC/LFT, mientras que la organización del sistema institucional de la LBC/LFT a escala nacional se regula en una Directiva, al reconocerse la necesidad de flexibilidad para los Estados miembros en este ámbito. No obstante, la presente propuesta no se limita a transferir a un Reglamento las disposiciones de la Directiva vigente en materia de LBC/LFT; se introduce una serie de modificaciones de fondo con vistas a lograr un mayor nivel de armonización y convergencia en la aplicación de las normas en materia de LBC/LFT en la UE: –con el fin de mitigar los riesgos nuevos y emergentes, se amplía la lista de entidades obligadas para incluir a los proveedores de servicios de criptoactivos, y también a otros sectores como las plataformas de financiación participativa y los operadores de migraciones; –al objeto de garantizar la aplicación coherente de las normas en el mercado interior, se aclaran los requisitos en lo que atañe a las políticas, los controles y los procedimientos internos, incluidos los relacionados con los grupos, y se detallan más las medidas de diligencia debida con respecto al cliente, con requisitos más claros en función del nivel de riesgo del cliente; –se revisan los requisitos relacionados con los terceros países para garantizar la aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida a aquellos países que suponen una amenaza para el sistema financiero de la Unión; –se introducen pequeñas aclaraciones en los requisitos referentes a las personas del medio político, especialmente por lo que respecta a la definición de una persona del medio político; –se simplifican los requisitos relacionados con la titularidad real para garantizar un nivel adecuado de transparencia en toda la Unión, y se introducen requisitos nuevos en relación con los nominatarios y las entidades extranjeras para mitigar los riesgos de que se oculten delincuentes en niveles intermedios; –para guiar con mayor claridad la notificación de transacciones sospechosas, se aclaran las alertas que levantan sospechas, mientras que los requisitos de divulgación y el intercambio de información entre particulares se mantienen como estaban; –con vistas a garantizar la coherencia plena con las normas de protección de datos de la UE, se introducen requisitos para el tratamiento de determinadas categorías de datos personales y se establece un plazo más breve para la conservación de los datos personales; –se refuerzan las medidas para reducir el uso indebido de instrumentos al portador y se introduce una disposición para limitar el uso de efectivo para las grandes transacciones, a la vista de la escasa eficacia comprobada del actual planteamiento que depende de las personas que comercian con bienes para la aplicación de los requisitos de LBC/LFT por lo que respecta a los pagos de grandes cantidades en efectivo. Disponer de normas de LBC/LFT directamente aplicables en un Reglamento, con mayor detalle que las actuales de la Directiva (UE) 2015/849, no solo promoverá la convergencia en la aplicación de medidas de LBC/LFT en los Estados miembros, sino que además proporcionará un marco coherente con respecto al cual la ALBC podrá supervisar la aplicación de dichas normas, en su función como supervisora directa de determinadas entidades obligadas. •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial La presente propuesta toma como punto de partida la Directiva (UE) 2015/849 vigente, modificada por la Directiva (UE) 2018/843. Aunque sigue el actual planteamiento integral y basado en el riesgo, lo profundiza y lo mejora con vistas a aportar mayor eficacia y coherencia transfronteriza en la aplicación de los requisitos de LBC/LFT. Sobre la base de las modificaciones introducidas por la Directiva 2018/843, simplifica la transparencia de la titularidad real en el mercado interior, al abordar aquellos aspectos en los que la falta de detalle había creado posibilidades de que los delincuentes aprovecharan el eslabón más débil. La presente propuesta debe considerarse parte de un paquete de medidas, junto con las otras propuestas legislativas que la acompañan, que son plenamente coherentes entre sí. La presente propuesta es coherente con las últimas modificaciones de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y en particular en relación con la ampliación del ámbito de las entidades sujetas a los requisitos de LBC/LFT para incluir a los proveedores de servicios de criptoactivos y con las medidas que deben adoptar las entidades obligadas para evaluar y mitigar los riesgos de elusión de sanciones financieras específicas. En consonancia con las normas del GAFI, la presente propuesta garantiza un planteamiento coherente en toda la Unión en relación con la mitigación de los riesgos derivados de las acciones al portador y los derechos de suscripción de acciones al portador. Más allá de las normas del GAFI, aborda los riesgos que son específicos para la Unión o que tienen repercusiones a escala de la Unión, como los derivados de los regímenes de migración o de los pagos de grandes cantidades en efectivo. •Coherencia con otras políticas de la Unión La legislación de la UE en materia de LBC/LFT está vinculada con diversos actos legislativos de la Unión en los ámbitos de los servicios financieros y del Derecho penal. Entre ellos se incluye la legislación de la UE sobre pagos y transferencia de fondos (Directiva sobre servicios de pago, Directiva sobre las cuentas de pago, Directiva sobre dinero electrónico). A continuación figuran algunos ejemplos sobre el modo en que se ha garantizado la coherencia con otros actos legislativos de la UE: –La inclusión de los proveedores de servicios de criptoactivos entre las entidades sujetas a las normas de LBC/LFT y la introducción de requisitos de información para las transferencias de activos virtuales complementarán el reciente paquete de finanzas digitales de 24 de septiembre de 2020 y garantizarán la coherencia plena entre el marco de la Unión y las normas del GAFI. –El planteamiento adoptado para determinar las entidades sujetas a las normas en materia de LBC/LFT también garantizará la coherencia con el recientemente adoptado Reglamento relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa, en cuanto que somete a las normas en materia de LBC/LFT de la UE a las plataformas de financiación participativa que quedan fuera del ámbito de aplicación de dicho Reglamento, dado que este contiene ya determinadas salvaguardias en relación con la LBC/LFT aplicables a las plataformas de financiación participativa reguladas por él. –Las modificaciones de las normas de diligencia debida con respecto al cliente (DDC) incluyen disposiciones para formular mejor la DDC en aquellos casos en los que se lleve a cabo la contratación remota, en consonancia con la modificación propuesta por la Comisión del Reglamento eIDAS en lo que respecta al establecimiento de un Marco para una Identidad Digital Europea, incluidas las carteras de identidad digital europea y el servicio de confianza correspondiente, en particular, las declaraciones electrónicas de atributos. Esto concuerda con la Estrategia de Finanzas Digitales para la UE.

2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD •Base jurídica La presente propuesta de Reglamento se basa en el artículo 114 del TFUE, la misma base jurídica que la del marco jurídico actual de LBC/LFT de la UE. El artículo 114 es adecuado teniendo en cuenta la amenaza significativa que el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo suponen para el mercado interior, y las pérdidas económicas, la perturbación del funcionamiento del mercado único y el daño reputacional a escala transfronteriza que esto puede acarrear en la Unión. •Subsidiariedad De conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad enunciados en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden alcanzarse mejor a escala de la Unión. La propuesta no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos. En el paquete de documentos de la Comisión sobre la LBC de 2019 se destacaba cómo los delincuentes han podido aprovechar las diferencias entre los regímenes de LBC/LFT de los Estados miembros. Los flujos de dinero ilícito y la financiación del terrorismo pueden dañar la estabilidad y la reputación del sistema financiero de la Unión y amenazar el correcto funcionamiento del mercado interior. La adopción de medidas solamente a nivel nacional podría tener efectos adversos para el mercado interior y contribuir a su fragmentación. La actuación de la UE se justifica por la necesidad de mantener condiciones de competencia equitativas en toda la Unión: las entidades de todos los Estados miembros quedarán sujetas a un conjunto coherente de obligaciones para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La naturaleza transfronteriza de gran parte de las actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo hace esencial la buena cooperación entre los supervisores nacionales y las UIF para prevenir estos delitos. Muchas entidades sujetas a obligaciones relacionadas con la LBC realizan actividades transfronterizas, y los distintos enfoques aplicados por los supervisores nacionales y las UIF les impiden lograr prácticas óptimas de LBC/LFT a escala de grupo. •Proporcionalidad La proporcionalidad se ha integrado en la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta y todas las opciones propuestas en diversos ámbitos normativos se han evaluado en relación con el objetivo de la proporcionalidad. La naturaleza transfronteriza de gran parte de las actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo exige un planteamiento coherente en todos los Estados miembros, basado en un único conjunto de normas en forma de código normativo único. Sin embargo, la presente propuesta no adopta un planteamiento de armonización máxima, ya que este es incompatible con la naturaleza fundamental basada en el riesgo del sistema de LBC/LFT de la UE. En ámbitos en los que los riesgos nacionales específicos lo justifiquen, los Estados miembros tienen libertad para introducir normas que trasciendan de la expuestas en la presente propuesta. •Elección del instrumento Un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo es un instrumento apropiado para contribuir a la creación de un código normativo único, ya que es de aplicación directa e inmediata, y se elimina así la posibilidad de que existan diferencias en la aplicación en los distintos Estados miembros debidas a divergencias en la transposición. Un conjunto de normas directamente aplicables a escala de la UE también es necesario para permitir la supervisión a nivel de la UE de determinadas entidades obligadas, como se propone en el proyecto de Reglamento por el que se crea la ALBC que acompaña a la presente propuesta. 3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO •Evaluaciones ex post / controles de adecuación de la legislación existente Aún no se ha llevado a cabo una evaluación ex post completa del sistema actual de LBC/LFT de la UE, en el contexto de una serie de novedades legislativas recientes. La Directiva (UE) 2015/849 se adoptó el 20 de mayo de 2015 y el plazo de transposición para los Estados miembros era el 26 de junio de 2017. La Directiva (UE) 2018/843 se adoptó el 30 de mayo de 2018 y el plazo de transposición era el 10 de enero de 2020. El control de la transposición sigue en curso. Sin embargo, la Comunicación de la Comisión de julio de 2019 y los informes que la acompañan anteriormente citados sirven como evaluación de la eficacia del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de la UE tal y como estaba organizado en ese momento. •Consultas con las partes interesadas La estrategia de consultas que apoya la presente propuesta constó de varios componentes: –una consulta sobre la hoja de ruta en la que se anunciaba el Plan de Acción de la Comisión. La consulta, en el portal «Díganos lo que piensa» de la Comisión, se llevó a cabo entre el 11 de febrero y el 12 de marzo de 2020, y recibió cuarenta y dos contribuciones de diversas partes interesadas; –una consulta pública sobre las acciones presentadas en el Plan de Acción, abierta al público en general y a todos los grupos de partes interesadas, lanzada el 7 de mayo de 2020 y abierta hasta el 26 de agosto. La consulta recibió doscientas dos contribuciones oficiales; –una consulta específica de los Estados miembros y las autoridades competentes en materia LBC/LFT. Los Estados miembros tuvieron la oportunidad de expresar su opinión en varias reuniones del Grupo de Expertos en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, y las UIF de la UE aportaron su contribución en las reuniones de la plataforma de UIF y por medio de documentos escritos. Los debates se complementaron con consultas específicas de los Estados miembros y las autoridades competentes, a través de cuestionarios; –una solicitud de asesoramiento de la Autoridad Bancaria Europea, cursada en marzo de 2020; la ABE emitió su dictamen el 10 de septiembre; –el 23 de julio de 2020, el SEPD emitió un dictamen sobre el Plan de Acción de la Comisión;

–el 30 de septiembre de 2020, la Comisión organizó una conferencia de alto nivel, en la que participaron representantes de las autoridades nacionales y de la UE, diputados al Parlamento Europeo, representantes del sector privado y de la sociedad civil, y representantes del mundo académico. Las aportaciones de las partes interesadas sobre Plan de Acción fueron en términos generales muy positivas. •Obtención y uso de asesoramiento especializado Para preparar la presente propuesta, la Comisión se basó en datos cualitativos y cuantitativos obtenidos de fuentes reconocidas, en particular el asesoramiento técnico de la Autoridad Bancaria Europea. Se obtuvo también, a través de cuestionarios, información sobre la ejecución de las normas de LBC en los Estados miembros. •Evaluación de impacto La presente propuesta va acompañada de una evaluación de impacto, que se presentó al Comité de Control Reglamentario (CCR) el 6 de noviembre de 2020 y se aprobó el 4 de diciembre de 2020. La misma evaluación de impacto acompaña también a las demás propuestas legislativas que se presentan junto con la presente. El CCR propuso varias mejoras formales de la evaluación de impacto en su dictamen favorable, las cuales se han llevado a cabo. En la evaluación de impacto, la Comisión consideró tres problemas: la falta de normas claras y coherentes, la incoherencia de la supervisión en el mercado interior y la coordinación y el intercambio de información insuficientes entre las UIF. El primero de estos problemas es pertinente para la presente propuesta; se consideraron al respecto las siguientes opciones: 1. Dejar las normas de la UE tal y como están, sin modificaciones. 2. Garantizar un mayor nivel de armonización de las normas aplicables a las entidades obligadas y dejar a los Estados miembros la especificación detallada de las facultades y obligaciones de las autoridades competentes. 3. Garantizar un mayor nivel de armonización de las normas aplicables a las entidades sujetas a las obligaciones en materia de LBC/LFT y a las facultades y obligaciones de los supervisores y las UIF. Sobre la base de los resultados de la evaluación de impacto, la opción 3 es la opción preferida. Mediante la introducción de un planteamiento coherente y más detallado de las normas a escala de la UE, esta opción permitiría eliminar la fragmentación actual tanto en lo que se refiere a las obligaciones en materia de la LBC/LFT para las entidades obligadas como a las actividades de las autoridades competentes. Para las entidades obligadas con actividades transfronterizas, esta opción ofrecerá unas condiciones equitativas por lo que respecta a las normas de LBC/LFT y permitirá reducir los costes de aplicación. Se promoverá una mayor detección y disuasión del BC/FT. En el anexo VI de la evaluación de impacto se examinan las distintas áreas de aumento de la armonización normativa, lo que incluye la lista de las entidades obligadas, las medidas de DDC, el umbral de DDC para las transacciones ocasionales, las políticas de LBC/LFT, los requisitos en materia de controles y procedimientos, los proveedores de servicios de criptoactivos y la transparencia en relación con la titularidad real. En el anexo VIII de la evaluación de impacto se analiza un planteamiento revisado con respecto a los terceros países que suponen una amenaza para el sistema financiero de la Unión y para el mercado interior en su conjunto; la presente propuesta instrumenta ese nuevo planteamiento. En el anexo IX de la evaluación de impacto se analiza la introducción de límites a las transacciones con grandes cantidades en efectivo; la presente propuesta instrumenta ese nuevo planteamiento. •Adecuación regulatoria y simplificación Aunque, tal y como ya se ha señalado, aún no se ha llevado a cabo un control de adecuación o una evaluación ex post formal de la legislación de la UE en materia de LBC/LFT, se pueden destacar algunas cuestiones relacionadas con elementos de la propuesta que contribuirán a la simplificación y la mejora de la eficiencia. En primer lugar, la sustitución de determinadas normas de una Directiva por las normas más armonizadas y directamente aplicables de un Reglamento eliminará la necesidad de transposición en los Estados miembros y hará que a las entidades transfronterizas les resulte más fácil hacer negocios en la UE. Además, la exclusión de las personas que comercian con bienes del ámbito de aplicación del marco de LBC/LFT de la UE, vinculada a la propuesta de prohibición de las operaciones en efectivo superiores a 10 000 EUR, liberará a estas personas de la carga administrativa que implica aplicar los requisitos de LBC/LFT en relación con las operaciones en efectivo superiores a 10 000 EUR. Por último, el mayor grado de armonización de las normas de LBC en algunas áreas concretas facilitará la ejecución de políticas, controles y procedimientos internos a nivel de grupo en el mercado interior. •Derechos fundamentales La UE se ha comprometido a garantizar un alto nivel de protección de los derechos fundamentales. En particular, se introducen salvaguardias para el tratamiento de datos personales por parte de las entidades obligadas con vistas a garantizar el cumplimiento de los requisitos relativos a protección de datos y, en particular, en relación con determinadas categorías de datos personales de naturaleza más sensible. 4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS Este Reglamento no tiene repercusiones presupuestarias.

5.OTROS ELEMENTOS •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información La propuesta incluye un plan general de seguimiento y evaluación de la repercusión en los objetivos específicos, que exige que la Comisión lleve a cabo una primera revisión cinco años después de la fecha de aplicación del Reglamento (y cada tres años a partir de entonces) e informe al Parlamento Europeo y al Consejo de sus principales conclusiones. La propuesta de una Directiva relativa a la LBC/LFT que acompaña a la presente propuesta contiene las mismas disposiciones de evaluación, y la evaluación de ambos instrumentos se puede combinar en un solo informe. La revisión debe llevarse a cabo de forma acorde con las Directrices de la Comisión para la mejora de la legislación. •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta Objeto y ámbito de aplicación, incluida la lista de entidades obligadas Si bien la mayoría de las definiciones proceden de la actual legislación de la UE en materia de LBC/LFT, algunas se han añadido, adaptado o actualizado. La gama de entidades definidas como entidades obligadas en la actual legislación de la UE en materia de LBC/LFT y, por tanto, sujetas a las normas de LBC/LFT la UE, se modifica de la siguiente manera: el ámbito de los proveedores de servicios de criptoactivos se ha adaptado al del Grupo de Acción Financiera Internacional y, por tanto, se ha ampliado en comparación con la Directiva actual; se añaden los proveedores de servicios de financiación participativa que no entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2020/1503; se añaden los prestamistas de créditos hipotecarios y al consumo, así como los intermediarios de créditos hipotecarios y al consumo que no sean entidades de crédito o entidades financieras, para garantizar unas condiciones de competencia equitativas entre los operadores que prestan el mismo tipo de servicios; se añaden los operadores que participan en nombre de nacionales de terceros países en el contexto de programas de residencia para inversores; se excluye a las personas que comercian con bienes (hasta ahora, estas tenían la obligación de notificar las transacciones en efectivo de un valor superior a 10 000 EUR), a excepción de los comerciantes de metales y piedras preciosas que, dada la exposición del sector a los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, deben seguir aplicando los requisitos de LBC/LFT. Políticas, controles y procedimientos internos El requisito impuesto a las entidades obligadas de aplicar una política para determinar y evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a los que se enfrentan, con un planteamiento basado en el riesgo, y de mitigar dichos riesgos se basa en la actual legislación de la UE en materia de LBC/LFT, pero ofrece mayor claridad a los requisitos. Los equipos directivos de las entidades obligadas deben adoptar todas las medidas para aplicar políticas, controles y procedimientos internos, incluida la designación de un director de cumplimiento normativo, y asegurarse de que el personal responsable esté debidamente formado. Se aclaran el requisito de asignar a un miembro del personal la función de responsable del cumplimiento normativo y las tareas que conlleva dicha función. Se ofrecen aclaraciones sobre los requisitos aplicables a los grupos, que se complementarán con normas técnicas de regulación en las que se detallarán los requisitos mínimos, la función de las entidades matrices que no son entidades obligadas y las condiciones en las que otras estructuras, como redes y asociaciones, deben aplicar las medidas a nivel de grupo. Se mantienen los requisitos aplicables a los grupos con sucursales que operan en terceros países. Diligencia debida con respecto al cliente Aunque la mayoría de las disposiciones relativas a la diligencia debida con respecto al cliente (DDC) se ha transferido de la legislación vigente de la UE en materia de LBC/LFT, en la presente propuesta se ofrecen diversas aclaraciones y detalles adicionales en relación con la DDC. Se aclara el objetivo fundamental de la DDC, que es el de obtener suficientes conocimientos de los clientes para que las entidades obligadas puedan determinar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de las relaciones de negocios o las transacciones ocasionales y decidir las medidas de mitigación correspondientes que tengan que aplicar. Se establecen disposiciones más específicas y detalladas sobre la identificación del cliente y sobre la comprobación de la identidad del cliente. Se aclaran las condiciones de uso de los medios de identificación electrónica según lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 910/2014. Se otorgan facultades a la autoridad para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y se le exige que elabore normas técnicas de regulación sobre los conjuntos de datos normalizados para identificar a las personas físicas y jurídicas; dichas normas técnicas de regulación incluirán medidas sobre DDC simplificadas específicas que las entidades obligadas podrán aplicar en caso de que se detecten situaciones de riesgo bajo en la evaluación supranacional de los riesgos que la Comisión debe llevar a cabo. Se detallan las normas relativas a las medidas simplificadas y reforzadas de diligencia debida. Política respecto a terceros países Se adapta la política respecto a terceros países. La Comisión determinará los terceros países bien teniendo en cuenta la identificación pública efectuada por el organismo internacional encargado de definir las normas (el GAFI) o con arreglo a su propia evaluación independiente. Los terceros países así determinados por la Comisión estarán sujetos a dos conjuntos distintos de consecuencias, proporcionadas al riesgo que supongan para el sistema financiero de la Unión: i) terceros países sujetos a todas las medidas reforzadas de diligencia debida y a contramedidas adicionales específicas para cada país; y ii) terceros países sujetos a medidas reforzadas de diligencia debida específicas para cada país. En principio, los terceros países «sujetos a un llamamiento a la acción» del GAFI serán identificados por la Comisión como terceros países de alto riesgo. Debido a la naturaleza persistente de las deficiencias estratégicas graves de su marco de LBC/LFT, se les aplicarán todas las medidas reforzadas de diligencia debida, así como las contramedidas específicas para cada país a efectos de atenuar la amenaza de forma proporcionada. Los terceros países con deficiencias de cumplimiento en sus sistemas de LBC/LFT, definidos como «sujetos a un seguimiento reforzado» por el GAFI, serán en principio identificados por la Comisión y sujetos a medidas reforzadas de diligencia debida específicas del país proporcionadas a los riesgos. La Comisión también podrá identificar terceros países que no figuren en las listas del GAFI, pero que entrañen un riesgo específico para el sistema financiero de la Unión y que, en razón de esa amenaza, estarán sometidos bien a medidas reforzadas de diligencia debida específicas del país o, cuando proceda, a todas las medidas reforzadas de diligencia debida y a las contramedidas. Al evaluar el nivel de amenaza derivada de esos terceros países, la Comisión puede basarse en los conocimientos técnicos especializados de la ALBC. Por último, la ALBC elaborará directrices sobre los riesgos, las tendencias y los métodos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que no tengan una dimensión específica de un país, sino que se originen en zonas geográficas fuera de la Unión, y asesorará en consecuencia a las entidades obligadas sobre la conveniencia de aplicar medidas para mitigarlos. La finalidad de este planteamiento revisado en relación con los terceros países es garantizar la neutralización adecuada de las amenazas externas que afecten al sistema financiero de la Unión y al correcto funcionamiento del mercado interior, mediante la aplicación de un planteamiento armonizado a escala de la UE y una mayor granularidad y proporcionalidad en la definición de las consecuencias que se derivan de la inclusión en las listas, teniendo en cuenta el riesgo. Personas del medio político (PMP) Las disposiciones sobre las personas del medio político se basan en la actual legislación sobre LBC/LFT, con la obligación de los Estados miembros de elaborar listas de funciones que confieren la condición de persona del medio político en su territorio, y las obligaciones de las entidades obligadas de someter a las personas del medio político a medidas reforzadas de DDC, con un planteamiento basado en el riesgo. Los requisitos aplicables a las personas que dejan de ejercer funciones públicas importantes se establecen en la legislación. Confianza y externalización Sobre la base de las normas actuales, la propuesta aclara las condiciones respectivas para recurrir a la confianza en la DDC ya realizada por otras entidades obligadas y a la externalización de funciones a otras entidades o proveedores de servicios. La propuesta mantiene que, en cualquier situación, la responsabilidad última respecto al cumplimiento de las normas recae en la entidad obligada. Debe aplicarse un planteamiento basado en el riesgo y no se debe confiar en los proveedores radicados en terceros países de alto riesgo, los países con deficiencias de cumplimiento ni ningún otro país que suponga una amenaza para el sistema financiero de la Unión, ni se deben externalizar funciones a ellos. Información sobre la titularidad real Las disposiciones relativas a la información sobre la titularidad real que contiene la propuesta se basan en las de la actual legislación de la UE en materia de LBC/LFT, incluido el concepto de titularidad real y el requisito impuesto a todas las sociedades y otras entidades jurídicas de obtener y conservar información adecuada, exacta y actualizada sobre la titularidad real. Se proporcionan normas más detalladas para determinar la titularidad real de las sociedades y otras entidades jurídicas, y se establece un planteamiento armonizado en relación con la determinación de la titularidad real. Con respecto a los fideicomisos (del tipo «trust») expresos y entidades o instrumentos jurídicos análogos, se establecen disposiciones para garantizar la identificación coherente de los titulares reales en todos los Estados miembros cuando se dan situaciones análogas, incluida la habilitación para un acto de ejecución de la Comisión. La propuesta contiene requisitos de divulgación para accionistas nominales y directores nominales, e introduce las obligaciones de registrar su titularidad real en la Unión para las entidades jurídicas no pertenecientes a la UE que establezcan una relación de negocios con una entidad obligada de la UE o adquieran bienes inmuebles en la Unión. Obligaciones de información

Las disposiciones relativas a la notificación de transacciones sospechosas a las UIF (o a un organismo autorregulador, si un Estado miembro así lo dispone) se basan en las de la actual legislación de la UE en materia de LBC/LFT. Se establecen normas más claras sobre la forma de identificar las transacciones. Con vistas a facilitar el cumplimiento de las obligaciones de información por parte de las entidades obligadas y favorecer un funcionamiento más eficaz de las actividades analíticas y la cooperación de las UIF, la ALBC elaborará un proyecto de normas técnicas de ejecución en las que se especificará una plantilla común para la notificación de transacciones sospechosas que se utilizará como base uniforme en toda la UE. Protección de datos El Reglamento General de Protección de Datos de la UE [Reglamento (UE) 2016/679] se aplica al tratamiento de los datos personales a efectos de la presente propuesta. La propuesta aclara las condiciones aplicables al tratamiento de determinadas categorías de datos personales de naturaleza más sensible por parte de las entidades obligadas. Las entidades obligadas deben mantener registros de determinados datos personales durante cinco años. Medidas para mitigar los riesgos de uso indebido de instrumentos al portador La propuesta contiene una disposición que impide a las personas que comercian con bienes y servicios aceptar pagos en efectivo superiores a 10 000 EUR para una sola compra, si bien permite a los Estados miembros mantener en vigor límites máximos más bajos para grandes transacciones en efectivo. Este límite máximo no se aplica a las operaciones privadas entre particulares. La Comisión debe evaluar los beneficios y las repercusiones de una mayor reducción de este umbral en el plazo de tres años a partir de la aplicación del Reglamento propuesto. Están prohibidas la oferta y la custodia de monederos electrónicos de criptoactivos anónimos. Se prohíbe que las empresas no cotizadas emitan acciones al portador y se las obliga a registrar esas acciones. La emisión de derechos de suscripción de acciones al portador solo se permite mediante intermediarios. Disposiciones finales Se establecen disposiciones para la adopción por la Comisión de actos delegados en virtud del artículo 290 del Tratado. El Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial y será aplicable tres años después de su entrada en vigor. La Comisión debe revisar y evaluar el presente Reglamento en el plazo de cinco años a partir de su aplicación y cada tres años a partir de entonces. 2021/0239 (COD) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

(Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Banco Central Europeo, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente:

(1)La Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo es el principal instrumento jurídico para la prevención de la utilización del sistema financiero de la Unión para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Dicha Directiva establece un marco jurídico completo, que la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo vino a reforzar al abordar los riesgos emergentes e incrementar la transparencia de la titularidad real. Con independencia de sus logros, la experiencia ha demostrado que deben introducirse más mejoras para mitigar adecuadamente los riesgos y detectar de forma eficaz las tentativas de uso indebido del sistema financiero de la Unión con fines delictivos. (2)El principal reto detectado en relación con la aplicación de las disposiciones de la Directiva (UE) 2015/849 que establecen las obligaciones para los agentes del sector privado, denominadas entidades obligadas, es la falta de aplicabilidad directa de esas normas y la fragmentación del planteamiento por países. Si bien estas normas llevan existiendo y evolucionando más de tres décadas, se siguen aplicando de una forma que no es totalmente coherente con los requisitos de un mercado interior integrado. Por lo tanto, es necesario que las normas sobre las cuestiones actualmente tratadas en la Directiva (UE) 2015/849 que puedan ser directamente aplicables por las entidades obligadas pertinentes se aborden en un nuevo Reglamento para lograr la uniformidad de aplicación deseada. (3)Este nuevo instrumento forma parte de un paquete completo destinado a reforzar el marco de LBC/LFT de la UE. Conjuntamente, este instrumento, la Directiva [indíquese la referencia a la propuesta de sexta Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales - COM(2021) 423 final], el Reglamento [indíquese la referencia a la propuesta de refundición del Reglamento (UE) 2015/847 - COM(2021) 422 final] y el Reglamento [indíquese la referencia: propuesta de creación de una Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales - COM(2021) 421 final] conformarán el marco jurídico que regulará los requisitos de LBC/LFT que deberán cumplir las entidades obligadas y sustentará el marco institucional de la Unión en materia de LBC/LFT, incluido el establecimiento de una Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo («ALBC»). (4)El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se llevan a cabo, con frecuencia, en un contexto internacional. Las medidas adoptadas a escala de la Unión, sin tener en cuenta la coordinación ni la cooperación internacionales, tendrían efectos muy limitados. Toda medida adoptada por la Unión en este ámbito debe, por tanto, ser compatible con las que se emprendan en los foros internacionales y debe ser, como mínimo, igual de rigurosa. En su actuación, la Unión debe seguir teniendo especialmente en cuenta las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los instrumentos de otros organismos internacionales que se ocupan de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con vistas a reforzar la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los actos legislativos de la Unión pertinentes deben adaptarse, cuando proceda, a las Normas internacionales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación adoptadas por el GAFI, en febrero de 2012 (en lo sucesivo, las «Recomendaciones revisadas del GAFI») y sus modificaciones posteriores. (5)Desde la adopción de la Directiva (UE) 2015/849, los recientes avances en el marco de Derecho penal de la Unión han contribuido a reforzar la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales, los delitos subyacentes conexos y la financiación del terrorismo. La Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo ha favorecido una interpretación común del delito de blanqueo de capitales y sus delitos subyacentes conexos. La Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo definió los delitos financieros que afectan a los intereses financieros de la Unión, que también deben considerarse delitos subyacentes conexos al blanqueo de capitales. La Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo ha logrado una interpretación común del delito de financiación del terrorismo. Puesto que todos estos conceptos están ahora aclarados en el Derecho penal de la Unión, ya no es necesario que las normas de LBC/LFT de la Unión definan el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes conexos o la financiación del terrorismo. En cambio, el marco de LBC/LFT de la Unión debe ser plenamente coherente con el marco de Derecho penal de la Unión. (6)La tecnología sigue evolucionando y ofreciendo oportunidades al sector privado para desarrollar nuevos productos y sistemas con los que intercambiar fondos o valores. Si bien este es un fenómeno positivo, puede generar nuevos riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, ya que una y otra vez los delincuentes logran encontrar formas de aprovechar las vulnerabilidades para ocultar y mover fondos ilícitos por todo el mundo. Los proveedores de servicios de criptoactivos y las plataformas de financiación participativa están expuestos al uso indebido de los nuevos canales para la circulación de dinero ilícito y se hallan bien situados para detectar estos movimientos y mitigar los riesgos. Por lo tanto, el ámbito de aplicación de la legislación de la Unión debe ampliarse para incluir estas entidades, en consonancia con los recientes avances de las normas del GAFI en relación con los criptoactivos. (7)Las entidades y las personas reguladas por el presente Reglamento desempeñan un papel esencial como guardianas del sistema financiero de la Unión y, por tanto, deben adoptar todas las medidas necesarias para llevar a efecto los requisitos del presente Reglamento a fin de impedir que los delincuentes blanqueen los productos de sus actividades ilegales o financien actividades terroristas. Asimismo, deben implementarse medidas para mitigar los riesgos de no aplicación o de elusión de sanciones financieras específicas. (8)Las transacciones financieras también pueden realizarse dentro del mismo grupo como forma de gestionar las finanzas del grupo. Sin embargo, estas transacciones no se efectúan frente a clientes y no requieren la aplicación de medidas de LBC/LFT. Con vistas a garantizar la seguridad jurídica, es necesario reconocer que el presente Reglamento no es aplicable a las actividades financieras u otros servicios financieros que lleven a cabo unos miembros de un grupo para otros miembros de dicho grupo. (9)Los profesionales del Derecho independientes deben estar sujetos al presente Reglamento cuando participen en transacciones financieras o empresariales, incluido el asesoramiento fiscal, en las que exista el riesgo de que los servicios prestados por esos profesionales del Derecho se utilicen indebidamente con el fin de blanquear el producto de actividades delictivas o de financiar el terrorismo. No obstante, deben preverse exenciones de la obligación de notificación en lo que respecta a la información obtenida antes, durante o después de un proceso judicial, o en el momento de la determinación de la situación jurídica de un cliente, que debe ampararse en la prerrogativa de secreto profesional en la relación cliente-abogado. Por lo tanto, el asesoramiento jurídico debe seguir sujeto a la obligación de secreto profesional, salvo en caso de que el profesional del Derecho esté implicado en blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, de que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, o de que el profesional del Derecho sepa que el cliente solicita asesoramiento jurídico con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. (10)Con el fin de garantizar el respeto de los derechos establecidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, la «Carta»), por lo que respecta a los auditores, contables externos y asesores fiscales que en determinados Estados miembros pueden defender o representar a sus clientes en el contexto de una acción judicial o determinar la situación jurídica de sus clientes, la información que aquellos obtengan en el ejercicio de esas funciones no debe estar sujeta a la obligación de comunicación. (11)La Directiva (UE) 2018/843 fue el primer instrumento jurídico que abordó los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que planteaban los criptoactivos en la Unión. Amplió el ámbito de aplicación del marco de LBC/LFT a dos tipos de proveedores de servicios de criptoactivos: los proveedores de servicios de cambio entre monedas virtuales y monedas fiduciarias y los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos. Debido a la rápida evolución tecnológica y al avance de las normas del GAFI, es necesario revisar este planteamiento. El primer paso para completar y actualizar el marco jurídico de la Unión se dio con el Reglamento [indíquese la referencia a la propuesta de Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 - COM(2020) 593 final], que estableció los requisitos para los proveedores de servicios de criptoactivos que deseen solicitar una autorización para prestar sus servicios en el mercado único. Introdujo también una definición de criptoactivos y proveedores de servicios de criptoactivos que englobaba un conjunto más amplio de actividades. Los proveedores de servicios de criptoactivos a los que se aplica el Reglamento [indíquese la referencia a la propuesta de Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 - COM(2020)593 final] deben estar incluidos también en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, a fin de mitigar cualquier riesgo de utilización indebida de los criptoactivos con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. (12)Las vulnerabilidades de las plataformas de financiación participativa frente a los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo son horizontales y afectan al mercado interior en su conjunto. Hasta la fecha, han surgido divergencias en los planteamientos de los Estados miembros por lo que se refiere a la gestión de esos riesgos. El Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo armoniza el planteamiento regulador aplicable a las plataformas de financiación participativa basada tanto en créditos como en inversiones empresariales en la Unión y garantiza la implantación de salvaguardas adecuadas y coherentes para hacer frente a los riesgos potenciales de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Entre estas figuran los requisitos para la gestión de los fondos y los pagos relacionados con todas las transacciones financieras ejecutadas en esas plataformas. Los proveedores de servicios de financiación participativa deben solicitar una licencia o asociarse con un proveedor de servicios de pago o una entidad de crédito para ejecutar dichas transacciones. El Reglamento también establece salvaguardas en el procedimiento de autorización, en la evaluación de la honorabilidad de las personas responsables de la dirección y a través de procedimientos de diligencia debida para los responsables de los proyectos. A más tardar el 10 de noviembre de 2023 la Comisión debe evaluar en su informe sobre este Reglamento si pueden ser necesarias más salvaguardas. Por lo tanto, está justificado no someter a la legislación sobre LBC/LFT a las plataformas de financiación participativa autorizadas con arreglo al Reglamento (UE) 2020/1503. (13)Las plataformas de financiación participativa que no están autorizadas con arreglo al Reglamento (UE) 2020/1503 actualmente no están reguladas o lo están con arreglo a planteamientos reguladores divergentes, incluso relacionados con las normas y los procedimientos aplicados para hacer frente a los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. A fin de aportar coherencia y asegurar que no se produzcan riesgos incontrolados en ese entorno, es necesario que todas las plataformas de financiación participativa que no estén autorizadas con arreglo al Reglamento (UE) 2020/1503 y que, por tanto, no estén sujetas a sus salvaguardas, estén sujetas a las reglas de LBC/LFT de la Unión, con objeto de mitigar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. (14)La Directiva (UE) 2015/849 se adoptó para mitigar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que planteaban los pagos de grandes cantidades en efectivo incluyendo a las personas que comercian con bienes entre las entidades obligadas cuando efectúan o reciben pagos en efectivo superiores a 10 000 EUR, mientras se dejaba a los Estados miembros la potestad de introducir medidas más estrictas. Dicho planteamiento ha demostrado su ineficacia, a la vista de la comprensión y la aplicación deficientes de los requisitos de LBC/LFT, la falta de supervisión y el limitado número de transacciones sospechosas notificadas a las UIF. Con el fin de mitigar adecuadamente los riesgos derivados del uso indebido de grandes cantidades de efectivo, debe establecerse un límite para las operaciones con grandes cantidades de efectivo superiores a 10 000 EUR en toda la Unión. En consecuencia, las personas que comercian con bienes deben dejar de estar sujetas a las obligaciones de LBC/LFT. (15)Algunas categorías de personas que comercian con bienes están particularmente expuestas a riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo debido al elevado valor que tienen los pequeños bienes transportables con los que comercian. Por esta razón, las personas que comercian con metales preciosos y con piedras preciosas deben estar sujetas a los requisitos de LBC/LFT. (16)Los operadores de la migración por inversión son sociedades privadas, órganos o personas que actúan o interactúan directamente con las autoridades competentes de los Estados miembros en nombre de nacionales de terceros países o que prestan servicios de intermediación a nacionales de terceros países que tratan de obtener derechos de residencia en un Estado miembro a cambio de cualquier tipo de inversión, como transferencias de capital, compra o arrendamiento de inmuebles, inversión en bonos del Estado, inversión en sociedades de capital, donaciones o fondos de dotación para actividades que contribuyan al bien público y contribuciones a los presupuestos del Estado. Los programas de residencia para inversores plantean riesgos y vulnerabilidades en cuanto a blanqueo de capitales, corrupción y fraude fiscal. Esos riesgos se ven exacerbados por los derechos transfronterizos asociados a la residencia en un Estado miembro. Por lo tanto, es necesario que los operadores de migración por inversión estén sujetos a las obligaciones de LBC/LFT. El presente Reglamento no debe aplicarse a los programas de ciudadanía para inversores, que dan lugar a la adquisición de la nacionalidad a cambio de dichas inversiones, ya que debe considerarse que dichos programas socavan la condición fundamental de la ciudadanía de la Unión y la cooperación leal entre los Estados miembros. (17)Los intermediarios y los prestamistas de créditos hipotecarios y al consumo que no son entidades de crédito o entidades financieras no han estado sujetos a los requisitos de LBC/LFT a escala de la Unión, pero sí lo han estado a obligaciones equivalentes en algunos Estados miembros debido a su exposición a riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En función de sus modelos de negocio, los prestamistas e intermediarios de créditos hipotecarios y al consumo pueden estar expuestos a riesgos importantes de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Es importante garantizar que las entidades que llevan a cabo actividades análogas que están expuestas a esos riesgos estén sujetas a los requisitos de LBC/LFT, con independencia de que reúnan o no las características para ser consideradas entidades de crédito o entidades financieras. Por tanto, procede incluir a los prestamistas e intermediarios de créditos hipotecarios y al consumo que no son entidades de crédito o entidades financieras pero que, como resultado de sus actividades, están expuestos a riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. (18)Para garantizar un planteamiento coherente, es necesario aclarar qué entidades del sector de las inversiones están sujetas a los requisitos de LBC/LFT. Si bien las instituciones de inversión colectiva ya entran en el ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2015/849, es necesario armonizar la terminología pertinente con la actual legislación de la Unión en materia de fondos de inversión, es decir, la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Habida cuenta de que los fondos podrían constituirse sin personalidad jurídica, también se hace necesario incluir a sus gestores en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Los requisitos de LBC/LFT deben aplicarse con independencia de la forma en que las participaciones en un fondo se pongan a disposición para su compra en la Unión, incluso en caso de que las participaciones se ofrezcan directa o indirectamente a los inversores establecidos en la Unión o se coloquen con dichos inversores por iniciativa del gestor o en su nombre. (19)Es importante que los requisitos de LBC/LFT se apliquen de forma proporcionada y que la imposición de cualquier requisito sea proporcionada al papel que las entidades obligadas puedan desempeñar en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con este fin, debe ser posible que los Estados miembros, de acuerdo con el planteamiento basado en el riesgo del presente Reglamento, eximan a determinados operadores de los requisitos de LBC/LFT cuando las actividades que estos realicen supongan un riesgo escaso de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y tengan un carácter limitado. Para garantizar la aplicación transparente y coherente de esas exenciones en la Unión, debe implantarse un mecanismo que permita a la Comisión verificar la necesidad de concederlas. Además, conviene que la Comisión publique anualmente estas exenciones en el Diario Oficial de la Unión Europea. (20)Un conjunto coherente de normas sobre los sistemas y controles internos aplicables a todas las entidades obligadas que operan en el mercado interior reforzará el cumplimiento de la normativa en materia de LBC/LFT y dotará de mayor eficacia a la supervisión. Para garantizar una atenuación adecuada de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, las entidades obligadas deben implantar un marco de control interno compuesto por políticas, controles y procedimientos basados en los riesgos y una división clara de las responsabilidades en toda la organización. De acuerdo con el planteamiento basado en el riesgo del presente Reglamento, esas políticas, esos controles y esos procedimientos deben ser proporcionados a la naturaleza y el tamaño de la entidad obligada y responder a los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afronte la entidad.

(21)Un planteamiento basado en el riesgo apropiado exige que las entidades obligadas detecten los riesgos inherentes de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a los que se enfrentan en razón de su negocio con el fin de mitigarlos de forma efectiva y garantizar que sus políticas, procedimientos y controles internos sean apropiados para afrontar esos riesgos inherentes. Al hacerlo, las entidades obligadas deben tener en cuenta las características de sus clientes, los productos, los servicios o las transacciones que ofrecen, los países o las áreas geográficas a los que se dirigen y los canales de distribución utilizados. Teniendo en cuenta el carácter cambiante de los riesgos, esa evaluación de riesgos debe actualizarse periódicamente. (22)Conviene tener en cuenta las características y necesidades de las entidades obligadas de menor tamaño y garantizar un tratamiento adaptado a sus necesidades específicas y a la naturaleza de su actividad. Esto podría implicar eximir a determinadas entidades obligadas de la obligación de realizar una evaluación de riesgos cuando se conozcan bien los riesgos a los que se enfrenta el sector en el que operan. (23)El GAFI ha elaborado normas para que las jurisdicciones determinen y evalúen los riesgos de la posible no aplicación o elusión de las sanciones financieras específicas relacionadas con la financiación de la proliferación y adopten medidas para mitigar dichos riesgos. Esas nuevas normas introducidas por el GAFI actualmente no sustituyen ni debilitan los estrictos requisitos existentes para que los países apliquen sanciones financieras específicas con el fin de cumplir la reglamentación pertinente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativa a la prevención, la supresión y la interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiación. Estas obligaciones existentes, tal como se aplican a escala de la Unión mediante las Decisiones 2010/413/PESC y (PESC) 2016/849 del Consejo, así como por los Reglamentos (UE) n.º 267/2012 y (UE) 2017/1509 del Consejo, siguen siendo obligaciones estrictas basadas en normas vinculantes para todas las personas físicas y jurídicas en la Unión. (24)A fin de reflejar la evolución más reciente a escala internacional, el presente Reglamento ha introducido el requisito de detectar, comprender, gestionar y mitigar los riesgos de una potencial no aplicación o elusión de sanciones financieras específicas relacionadas con la financiación de la proliferación en el ámbito de las entidades obligadas. (25)Es importante que la dirección de las entidades obligadas adopte todas las medidas para aplicar políticas, controles y procedimientos internos, así como para cumplir los requisitos de LBC/LFT. Aunque se debe designar a una persona de la dirección como responsable de la ejecución de las políticas, los controles y los procedimientos de la entidad obligada, la responsabilidad del cumplimiento de los requisitos de LBC/LFT debe recaer en última instancia en el órgano de gobierno de la entidad. Las tareas relacionadas con la ejecución cotidiana de las políticas, los controles y los procedimientos en materia de LBC/LFT de la entidad obligada deben encomendarse a un director de cumplimiento normativo. (26)De cara a lograr la aplicación efectiva de las medidas de LBC/LFT, es de vital importancia que los empleados de las entidades obligadas que desempeñen algún papel en su aplicación, así como sus agentes y distribuidores, entiendan los requisitos y las políticas, los controles y los procedimientos internos de la entidad. Las entidades obligadas deben poner en marcha medidas a tal efecto, incluidos cursos de formación. (27)Las personas a las que se encomienden tareas relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de LBC/LFT por una entidad obligada deben someterse a una evaluación de sus competencias, conocimientos, especialización técnica, integridad y conducta. La realización por los empleados de tareas relacionadas con el cumplimiento del marco de LBC/LFT por la entidad obligada en relación con clientes con los que mantengan una estrecha relación privada o profesional puede generar conflictos de intereses y socavar la integridad del sistema. Por lo tanto, se debe impedir que los empleados que se encuentren en tales situaciones realicen tareas relacionadas con el cumplimiento del marco de LBC/LFT por la entidad obligada en relación con esos clientes. (28)La ejecución coherente de las políticas y los procedimientos de LBC/LFT a nivel de grupo es clave para la gestión sólida y eficaz los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo dentro del grupo. A tal fin, la empresa matriz debe adoptar y aplicar políticas, controles y procedimientos a nivel de grupo. Se debe exigir a las entidades obligadas que componen el grupo que compartan información cuando ello sea pertinente para impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El intercambio de información debe estar sujeto a garantías suficientes en términos de confidencialidad, protección de datos y utilización de la información. Se debe encomendar a la ALBC la tarea de redactar proyectos de normas de regulación que especifiquen los requisitos mínimos de los procedimientos y las políticas a nivel de grupo, incluidas las normas mínimas para el intercambio de información dentro del grupo y el papel y las responsabilidades de las empresas matrices que no sean ellas mismas entidades obligadas. (29)Además de los grupos, existen otras estructuras, como las redes o las asociaciones, en las que las entidades obligadas podrían compartir la titularidad, el equipo directivo y los controles del cumplimiento normativo. A fin de garantizar condiciones de competencia equitativas entre los distintos sectores y evitar al mismo tiempo imponerles cargas excesivas, la ALBC debe determinar aquellas situaciones en las que deban aplicarse a dichas estructuras políticas similares a nivel de grupo. (30)Existen circunstancias en las que las sucursales y las filiales de las entidades obligadas se encuentran ubicadas en terceros países en los que los requisitos mínimos de LBC/LFT, incluidas las obligaciones de protección de datos, son menos estrictos que los que se imponen en el marco de LBC/LFT de la Unión. En tales situaciones, y a fin de prevenir totalmente el uso del sistema financiero de la Unión con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y de garantizar una protección del más alto nivel para los datos personales de los ciudadanos de la Unión, dichas sucursales y filiales deben cumplir los requisitos de LBC/LFT establecidos a escala de la Unión. Cuando el Derecho de un tercer país no permita cumplir esos requisitos, por ejemplo, por la existencia de limitaciones en la capacidad del grupo para acceder a información o para tratarla o intercambiarla, debido a un nivel insuficiente de protección de datos o a la legislación en materia de secreto bancario en el tercer país, las entidades obligadas deben adoptar medidas adicionales para garantizar que las sucursales y las filiales ubicadas en ese país gestionen eficazmente los riesgos. Conviene encomendar a la ALBC la elaboración de proyectos de normas técnicas en las que se especifique la forma de tales medidas adicionales. (31)Los requisitos de diligencia debida con respecto al cliente son esenciales para garantizar que las entidades obligadas identifiquen, verifiquen y supervisen sus relaciones de negocios con sus clientes, en relación con los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que estas presenten. La identificación y la comprobación exactas de los datos de los clientes existentes y potenciales son esenciales para entender los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo asociados a los clientes, ya sean personas físicas o jurídicas. (32)Es necesario lograr una norma estricta y uniforme relativa a la diligencia debida con respecto al cliente en la Unión, que se base en requisitos armonizados para la identificación de los clientes y la comprobación de su identidad, y que contribuya a reducir las divergencias nacionales y propicie condiciones de competencia equitativas en el mercado interior y la aplicación coherente de las disposiciones en toda la Unión. Al mismo tiempo, es esencial que las entidades obligadas apliquen los requisitos de diligencia debida con respecto al cliente en función del riesgo. El planteamiento basado en el riesgo no constituye una opción excesivamente permisiva para las entidades obligadas. Implica tomar decisiones basadas en pruebas para centrarse mejor en los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a que se enfrentan la Unión y quienes operan en ella. (33)No se debe exigir a las entidades obligadas que apliquen medidas de diligencia debida con respecto a clientes que realicen transacciones ocasionales o relacionadas inferiores a determinado valor, salvo que exista la sospecha de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Si bien el umbral de 10 000 EUR se aplica a la mayoría de las transacciones ocasionales, se debe exigir a las entidades obligadas que operan en sectores o realizan transacciones que presentan un riesgo mayor de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que apliquen la diligencia debida con respecto al cliente para transacciones con umbrales más bajos. A fin de determinar cuáles son esos sectores y esas transacciones, y cuáles los umbrales adecuados para ellos, la ALBC debe elaborar un proyecto específico de normas técnicas de regulación. (34)Algunos modelos de negocio se basan en el hecho de que la entidad obligada mantiene una relación de negocios con un comerciante que presta servicios de iniciación de pagos en virtud de los cuales el comerciante cobra por el suministro de bienes o servicios, y no con el cliente del comerciante, que autoriza el servicio de iniciación de pagos para iniciar una transacción única o puntual con el comerciante. En ese modelo de negocio, el cliente de la entidad obligada a efectos de las normas en materia de LBC/LFT es el comerciante, y no el cliente del comerciante. Por lo tanto, la entidad obligada debe aplicar las obligaciones de diligencia debida con respecto al cliente con el comerciante. (35)La Directiva (UE) 2015/849, pese a haber introducido cierto grado de armonización de las normas de los Estados miembros en el ámbito de las obligaciones de identificación de los clientes, no estableció normas detalladas en relación con los procedimientos que deben seguir las entidades obligadas. En vista de la crucial importancia de este aspecto en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, conviene, de acuerdo con el planteamiento basado en el riesgo, introducir disposiciones más específicas y detalladas sobre la identificación del cliente y sobre la comprobación de la identidad del cliente, ya sea en relación con personas físicas o jurídicas, instrumentos jurídicos como los fideicomisos (del tipo «trust») o entidades con capacidad jurídica en virtud del Derecho nacional. (36)Los avances tecnológicos y los progresos en la digitalización permiten una identificación y verificación remotas o electrónicas seguras de clientes existentes y potenciales, y pueden facilitar el ejercicio remoto de la diligencia debida con respecto al cliente. Las soluciones de identificación establecidas en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo y la propuesta de modificación del mismo en relación con un marco para una Identidad Digital Europea brindan medios seguros y fiables de identificación y comprobación de la identidad de los clientes tanto existentes como potenciales, y pueden facilitar el ejercicio remoto de la diligencia debida con respecto al cliente. Las entidades obligadas deben tener en cuenta y aceptar la identificación electrónica, tal y como se establece en ese Reglamento, para el proceso de identificación del cliente. Si se aplican medidas apropiadas de atenuación de riesgos, estos medios de identificación pueden presentar un nivel de riesgo estándar o incluso bajo. (37)A fin de garantizar que el marco de LBC/LFT previene la entrada de fondos ilícitos en el sistema financiero, las entidades obligadas deben llevar a cabo el procedimiento de diligencia debida con respecto al cliente antes de entablar relaciones de negocios con clientes potenciales, de acuerdo con el planteamiento basado en el riesgo. No obstante, para no retrasar innecesariamente el curso normal de la actividad, las entidades obligadas pueden recabar la información del cliente potencial durante el establecimiento de una relación de negocios. Las entidades de crédito y financieras pueden obtener la información necesaria de los clientes potenciales una vez establecida la relación, siempre que las transacciones no se inicien hasta que el procedimiento de diligencia debida con respecto al cliente se haya completado satisfactoriamente. (38)Los depositantes cuyos fondos sean el producto del blanqueo de capitales deben quedar excluidos del reembolso en virtud de un sistema de garantía de depósitos. Para impedir que se reembolsen fondos ilícitos a estos depositantes, las entidades de crédito, bajo la supervisión de los supervisores, deben realizar el procedimiento de diligencia debida con respecto a sus clientes cuando se haya determinado que las entidades de crédito son inviables o es previsible que vayan a serlo, o cuando se determine la indisponibilidad de los depósitos. Las entidades de crédito deben notificar a las UIF toda transacción sospechosa detectada en la realización de dicho procedimiento de diligencia debida con respecto al cliente. (39)El procedimiento de diligencia debida con respecto al cliente no se limita a la identificación y la comprobación de la identidad del cliente. Antes de entablar relaciones de negocios o efectuar transacciones ocasionales, las entidades obligadas deben evaluar también la finalidad y la naturaleza de una relación de negocios. La información precontractual o de otra índole sobre el producto o el servicio propuesto que se comunica al cliente potencial puede ayudar a conocer dicha finalidad. Es preciso que las entidades obligadas puedan evaluar siempre la finalidad y la naturaleza de una relación de negocios potencial de manera inequívoca. Cuando el servicio o el producto ofrecidos permitan a los clientes efectuar varios tipos de transacciones o actividades, las entidades obligadas deben obtener información suficiente sobre la intención del cliente con respecto al uso que prevé hacer de esa relación. (40)A fin de garantizar la eficacia del marco de LBC/LFT, las entidades obligadas deben revisar periódicamente la información obtenida de sus clientes, conforme al planteamiento basado en el riesgo. Las entidades obligadas también deben establecer un sistema de seguimiento para detectar transacciones atípicas que podrían suscitar sospechas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Para garantizar la eficacia del seguimiento de las transacciones, la actividad de seguimiento de las entidades obligadas debe abarcar, en principio, todos los servicios y productos ofrecidos a los clientes y todas las transacciones que se realizan en nombre del cliente o que la entidad obligada ofrece al cliente. No obstante, no es obligatorio analizar individualmente todas las transacciones. La intensidad del seguimiento debe ajustarse al planteamiento basado en el riesgo y planificarse en torno a criterios precisos y pertinentes, teniendo en cuenta, en particular, las características de los clientes y el nivel de riesgo asociado a ellos, los productos y servicios ofrecidos y los países y las áreas geográficas correspondientes. La ALBC debe elaborar directrices para garantizar que la intensidad del seguimiento de las relaciones de negocios y de las transacciones sea adecuada y proporcionada al nivel de riesgo.

(41)A fin de garantizar la aplicación coherente del presente Reglamento, se debe encomendar a la ALBC la tarea de redactar un proyecto de normas técnicas de regulación sobre la diligencia debida con respecto al cliente. Dichas normas técnicas de regulación deben establecer el conjunto mínimo de información que las entidades obligadas deben obtener para entablar nuevas relaciones de negocios con clientes o evaluar las ya existentes, según el nivel de riesgo asociado a cada cliente. Asimismo, el proyecto de normas técnicas de regulación debe proporcionar claridad suficiente para que los agentes del mercado puedan desarrollar medios seguros, accesibles e innovadores de comprobación de la identidad de los clientes y realización del procedimiento de diligencia debida con respecto al cliente, también a distancia, respetando el principio de neutralidad tecnológica. La Comisión debe estar facultada para adoptar esos proyectos de normas técnicas de regulación. Esas tareas específicas concuerdan con el papel y las responsabilidades de la ALBC previstos en el Reglamento [indíquese la referencia a la propuesta de creación de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales – COM(2021) 421 final]. (42)La armonización de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente no solo pretende lograr una comprensión coherente y sistemáticamente eficaz de los riesgos asociados con un cliente existente o potencial con independencia del lugar en el que se estableciera la relación de negocios en la Unión, y su armonización contribuirá a lograr este objetivo. Debe garantizar también que las entidades obligadas no utilicen la información obtenida en el ejercicio del procedimiento de diligencia debida con respecto al cliente para llevar a cabo prácticas de reducción del riesgo que pudieran dar lugar a la elusión de otras obligaciones legales, en particular las establecidas en la Directiva 2014/92 del Parlamento Europeo y del Consejo o en la Directiva 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, sin lograr los objetivos de la Unión de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Para que sea posible una supervisión adecuada del cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida con respecto al cliente, es importante que las entidades obligadas registren las medidas adoptadas y la información obtenida durante dicho procedimiento, con independencia de si se entabla con ellas una nueva relación de negocios o de si han presentado una notificación de transacción sospechosa tras haberse negado a entablar esa relación. Cuando las entidades obligadas tomen una decisión de no entablar una relación de negocios con un cliente potencial, los registros de diligencia debida con respecto al cliente deben incluir los motivos de dicha decisión. Esto permitirá a las autoridades de supervisión evaluar si las entidades obligadas han calibrado correctamente sus prácticas de diligencia debida con respecto al cliente y la evolución de la exposición al riesgo de la entidad, y ayudará a crear pruebas estadísticas sobre la aplicación de las normas de diligencia debida con respecto al cliente por parte de las entidades obligadas en toda la Unión. (43)El planteamiento del examen de los clientes existentes en el actual marco de LBC/LFT ya se basa en el riesgo. No obstante, teniendo en cuenta el mayor riesgo de que el blanqueo de capitales, sus delitos subyacentes conexos y la financiación del terrorismo estén vinculados a determinadas estructuras intermedias, ese planteamiento podría no permitir la detección y la evaluación a tiempo de los riesgos. Por consiguiente, es importante garantizar que algunas categorías claramente especificadas de clientes ya existentes sean también objeto de supervisión periódicamente. (44)El riesgo en sí mismo es variable por naturaleza y los factores que intervengan, ya sean solos o combinados, pueden aumentar o reducir el riesgo potencial planteado, lo cual influirá en el nivel adecuado de las medidas preventivas, como las medidas de diligencia debida con respecto al cliente. (45)En situaciones de bajo riesgo, conviene que las entidades obligadas puedan aplicar medidas simplificadas de diligencia debida con respecto al cliente. Esto no es equiparable a una excepción o a la ausencia de medidas de diligencia debida con respecto al cliente. Más bien consiste en un conjunto simplificado o reducido de medidas de control que, no obstante, deben abordar todos los componentes del procedimiento estándar de diligencia debida con respecto al cliente. Ahora bien, de acuerdo con el planteamiento basado en el riesgo, conviene que las entidades obligadas puedan reducir la frecuencia o la intensidad del examen de los clientes o las transacciones, o basarse en supuestos adecuados en cuanto al propósito de la relación de negocios o el uso de productos sencillos. Las normas técnicas de regulación relativas a la diligencia debida con respecto al cliente deben establecer las medidas simplificadas específicas que las entidades obligadas pueden aplicar en caso de que se detecten situaciones de riesgo más bajo en la evaluación supranacional de los riesgos de la Comisión. Al elaborar proyectos de normas técnicas de regulación, la ALBC debe tener debidamente en cuenta la preservación de la inclusión social y financiera. (46)Hay que reconocer que determinadas situaciones presentan mayor riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. Si bien deben determinarse la identidad y el perfil empresarial de todos los clientes con la aplicación periódica de los requisitos de diligencia debida con respecto al cliente, hay casos en que son necesarios procedimientos particularmente rigurosos de identificación del cliente y comprobación de su identidad. Por tanto, es necesario establecer normas detalladas sobre esas medidas reforzadas de diligencia debida, incluidas medidas reforzadas de diligencia debida específicas para las relaciones transfronterizas de corresponsalía. (47)Las relaciones transfronterizas de corresponsalía con entidades corresponsales de terceros países se caracterizan por su naturaleza continua y recurrente. Además, no todos los servicios bancarios de corresponsalía transfronterizos plantean el mismo nivel de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Por lo tanto, la intensidad de las medidas reforzadas de diligencia debida debe venir determinada por la aplicación de los principios del planteamiento basado en el riesgo. Sin embargo, este planteamiento no debe aplicarse en la interacción con entidades corresponsales de terceros países que no tengan presencia física en su lugar de constitución. Dado el elevado riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo inherente a los bancos pantalla, las entidades de crédito y las entidades financieras deben abstenerse de entablar relaciones de corresponsalía con dichos bancos. (48)En el contexto de las medidas reforzadas de diligencia debida, la obligación de obtener la aprobación de la dirección para establecer relaciones de negocios no tiene que implicar necesariamente que dicha aprobación deba ser otorgada en todos los casos por el consejo de administración. Deben poder otorgar esta aprobación las personas con un conocimiento suficiente de la exposición de la entidad al riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y con antigüedad suficiente para tomar decisiones que afecten a esta exposición. (49)A fin de que el sistema financiero de la Unión pueda funcionar correctamente, quedando protegido de los problemas del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) por lo que respecta a la determinación de los terceros países cuyos regímenes nacionales de LBC/LFT presentan deficiencias que constituyen una amenaza para la integridad del mercado interior de la Unión. La naturaleza cambiante de las amenazas que plantean el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo desde fuera de la Unión, propiciada por la evolución constante de la tecnología y de los medios a disposición de los delincuentes, exige que se lleven a cabo adaptaciones rápidas y continuas del marco jurídico por lo que respecta a los terceros países a fin de dar una respuesta eficaz a los riesgos existentes y evitar que surjan otros nuevos. La Comisión debe tener en cuenta la información procedente de organizaciones internacionales y organismos de normalización en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como las declaraciones públicas del GAFI, informes de evaluación mutua o de evaluación detallada o informes de seguimiento publicados, y debe adaptar sus evaluaciones a los correspondientes cambios, si procede. (50)Los terceros países «sujetos a un llamamiento a la acción» por parte del organismo de normalización internacional pertinente (el GAFI) presentan deficiencias estratégicas importantes y persistentes en sus marcos jurídicos e institucionales de LBC/LFT y en su aplicación que es probable que supongan un riesgo alto para el sistema financiero de la Unión. El carácter persistente de las deficiencias estratégicas importantes, reflejo de la falta de compromiso o de la inacción continuada del tercer país para abordarlas, indica un nivel mayor de amenaza derivada de esos terceros países, que requiere una respuesta de atenuación eficaz, coherente y armonizada a escala de la Unión. Por tanto, se debe exigir a las entidades obligadas que apliquen el conjunto completo de medidas reforzadas de diligencia debida aplicable a las transacciones ocasionales y las relaciones de negocios en las que participen esos terceros países para gestionar y mitigar los riesgos subyacentes. Asimismo, el alto nivel de riesgo justifica la aplicación de contramedidas específicas adicionales, bien a escala de las entidades obligadas o de los Estados miembros. Dicho planteamiento evitaría la divergencia en la determinación de las contramedidas pertinentes, que expondría a riesgos a todo el sistema financiero de la Unión. Por sus conocimientos técnicos especializados, la ALBC puede prestar un asesoramiento útil a la Comisión para determinar las contramedidas apropiadas. (51)Las deficiencias en el cumplimiento del marco jurídico e institucional de LBC/LFT y su aplicación de terceros países que están sujetos a un «seguimiento reforzado» por parte del GAFI pueden ser aprovechadas por los delincuentes. Existe la probabilidad de que esto represente un riesgo para el sistema financiero de la Unión, que es preciso gestionar y mitigar. Si bien el compromiso de estos terceros países de tratar las deficiencias detectadas no elimina el riesgo, sí justifica una respuesta de atenuación, que es menos severa que la aplicable a los terceros países de alto riesgo. En estos casos, las entidades obligadas de la Unión deben aplicar a las transacciones ocasionales y a las relaciones de negocios con personas físicas o entidades jurídicas establecidas en esos terceros países medidas reforzadas de diligencia debida adaptadas a las deficiencias específicas detectadas en cada tercer país. Esta determinación detallada de las medidas reforzadas de diligencia debida que deben aplicarse también garantizaría, de acuerdo con el planteamiento basado en el riesgo, que las medidas sean proporcionadas al nivel de riesgo. Con vistas a garantizar dicho planteamiento coherente y proporcionado, la Comisión debe poder determinar qué medidas reforzadas concretas de diligencia debida se requieren para mitigar los riesgos específicos del país. Dados los conocimientos técnicos especializados de la ALBC, puede prestar un asesoramiento útil a la Comisión para determinar las medidas reforzadas de diligencia debida apropiadas. (52)Los países que no están identificados públicamente como sujetos a llamamientos a la acción o a un seguimiento reforzado por los organismos de normalización internacionales también pueden suponer una amenaza para la integridad del sistema financiero de la Unión. Para reducir esos riesgos, es conveniente que la Comisión pueda tomar medidas mediante la identificación, basada en un conjunto claro de criterios y con el apoyo de la ALBC, de los terceros países que supongan una amenaza específica y grave para el sistema financiero de la Unión, que puede deberse a deficiencias de cumplimiento o a deficiencias estratégicas importantes de carácter persistente en su régimen de LBC/LFT, y las medidas de mitigación pertinentes. La Comisión debe identificar a esos terceros países. Según el nivel de riesgo planteado para el sistema financiero de la Unión, la Comisión debe exigir la aplicación de todas las medidas reforzadas de diligencia debida y las contramedidas específicas del país, como ocurre con los terceros países de alto riesgo, o de medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente específicas del país, como en el caso de los terceros países con deficiencias de cumplimiento. (53)Habida cuenta de que puede haber cambios en los marcos de LBC/LFT de esos terceros países o en su aplicación, por ejemplo, como resultado del compromiso del país de abordar las deficiencias detectadas o de la adopción de las medidas de LBC/LFT pertinentes para abordarlas, que podría modificar la naturaleza y el nivel de los riesgos derivados de ellas, la Comisión debe revisar periódicamente esas medidas reforzadas de diligencia debida para garantizar que sigan siendo proporcionadas y adecuadas. (54)Las posibles amenazas externas para el sistema financiero de la Unión no solo emanan de terceros países, sino que también pueden surgir en relación con factores de riesgo de clientes específicos, o de productos, servicios, transacciones o canales de distribución en relación con una zona geográfica concreta fuera de la Unión. Es necesario, por tanto, determinar las tendencias, los riesgos y los métodos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a los que estas entidades obligadas de la Unión podrían estar expuestas. La ALBC se halla en la posición más adecuada para detectar las tipologías de BC/FT emergentes fuera de la Unión y supervisar su evolución con vistas a ofrecer orientación a las entidades obligadas de la Unión sobre la necesidad de aplicar medidas reforzadas de diligencia debida destinadas a atenuar dichos riesgos. (55)Las relaciones con personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas importantes, dentro de la Unión o a escala internacional, máxime si proceden de países donde está extendida la corrupción, pueden exponer al sector financiero a riesgos jurídicos y reputacionales considerables. El esfuerzo internacional para luchar contra la corrupción también justifica la necesidad de prestar una atención especial a estas personas y de aplicar medidas reforzadas de diligencia debida con respecto a las personas a las que se confían o se hayan confiado funciones públicas importantes y con respecto a los altos cargos de organizaciones internacionales. Por tanto, es necesario especificar las medidas que las entidades obligadas deben aplicar con respecto a las transacciones y las relaciones de negocios con personas del medio político. Al objeto de facilitar el planteamiento basado en el riesgo, se debe encomendar a la ALBC la publicación de directrices sobre la evaluación del nivel de riesgo asociado a cada categoría concreta de personas del medio político, sus familiares o las personas reconocidas como allegados. (56)A fin de identificar a las personas con presencia política en la Unión, los Estados miembros deben elaborar listas en las que se indiquen las funciones específicas que, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, se consideren funciones públicas importantes. Los Estados miembros deben solicitar a cada organización internacional acreditada en sus territorios que elabore y mantenga actualizada una lista de funciones públicas importantes en esa organización internacional. Se debe encomendar a la Comisión la tarea de compilar y publicar una lista, que debe ser válida en toda la Unión, por lo que respecta a las personas que desempeñan funciones públicas importantes en las instituciones y órganos de la Unión. (57)Cuando los clientes cesan en el desempeño de una función pública importante, pueden seguir suponiendo un riesgo alto, por ejemplo, debido a la influencia informal que podrían seguir ejerciendo, o a la vinculación entre sus funciones anteriores y las actuales. Es esencial que las entidades obligadas tengan en cuenta estos riesgos continuos y apliquen una o más medidas reforzadas de diligencia debida hasta que se considere que estas personas ya no suponen ningún riesgo, y en cualquier caso durante un mínimo de doce meses después de que cesen en el desempeño de una función pública importante. (58)Las compañías de seguros no suelen mantener relaciones de negocios con los beneficiarios de las pólizas de seguro. Sin embargo, deben poder detectar situaciones de mayor riesgo, como los casos en los que el producto de la póliza beneficia a una persona del medio político. Al objeto de determinar si esto es así, la póliza de seguro debe incluir medidas razonables para identificar al beneficiario, como si esta persona fuera un cliente nuevo. Dichas medidas se pueden adoptar en el momento del pago o en el momento de asignación de la póliza, pero no después. (59)Las relaciones privadas y profesionales estrechas pueden aprovecharse con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Por esa razón, las medidas concernientes a las personas del medio político también deben aplicarse a sus familiares y a las personas reconocidas como allegados. La identificación adecuada de los familiares y las personas reconocidas como allegados puede depender de la estructura socioeconómica y cultura del país de la persona del medio político. En este contexto, la ALBC debe encargarse de publicar directrices sobre los criterios que han de utilizarse para identificar a las personas que deben considerarse allegados. (60)Los requisitos relativos a las personas del medio político, sus familiares y allegados, son de carácter preventivo y no penal, y no deben interpretarse como un estigma que equipare a las personas del medio político con las personas involucradas en actividades delictivas. Rechazar una relación de negocios con una persona del medio político por el mero hecho de que se trate de una persona de ese medio es contrario a la letra y al espíritu del presente Reglamento.

(61)A fin de evitar la repetición de los procedimientos de identificación de los clientes, es preciso, con las garantías adecuadas, permitir a las entidades obligadas que recurran a la información del cliente recabada por otras entidades obligadas. En los casos en que una entidad obligada recurra a otra entidad obligada, la responsabilidad última en los procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente recae en la entidad obligada que decide confiar en el procedimiento de diligencia debida realizado por otra entidad obligada. La entidad obligada a la que se recurrió también debe tener su propia responsabilidad con respecto al cumplimiento de los requisitos de LBC/LFT, en concreto el requisito de notificar transacciones sospechosas y conservar registros. (62)Las entidades obligadas pueden externalizar tareas relacionadas con la realización del procedimiento de diligencia debida con respecto al cliente a un agente o proveedor de servicios externo, salvo que estén establecidos en terceros países de alto riesgo, que tengan deficiencias de cumplimiento o que planteen una amenaza para el sistema financiero de la Unión. En caso de que exista una relación contractual de externalización o agencia entre entidades obligadas y proveedores de servicios externos a los que no se apliquen los requisitos de LBC/LFT, las obligaciones en materia de LBC/LFT para los mencionados agentes o proveedores de servicios externalizados solo podrán derivarse del contrato entre las partes y no del presente Reglamento. Por lo tanto, la responsabilidad del cumplimiento de los requisitos de LBC/LFT debe seguir recayendo principalmente en la entidad obligada. En particular, la entidad obligada debe garantizar que, cuando recurra a un proveedor de servicios externalizados para la identificación remota del cliente, se respete el planteamiento basado en el riesgo. (63)Para que las relaciones de confianza y externalización con terceros funcionen eficazmente, se requiere una mayor claridad por lo que respecta a las condiciones en las que se base la relación de confianza. Se debe encomendar a la ALBC que elabore directrices sobre las condiciones en las que puede tener lugar una relación de confianza y externalización con terceros, así como las funciones y las responsabilidades de las respectivas partes. Al objeto de garantizar la supervisión coherente de las prácticas de confianza y externalización en la Unión, las directrices deben ser claras sobre el modo en que los supervisores deben tener en cuenta dichas prácticas y verificar el cumplimiento de los requisitos de LBC/LFT cuando las entidades obligadas recurran a ellas. (64)El concepto de titularidad real se introdujo en la Directiva (UE) 2015/849 para incrementar la transparencia de las estructuras empresariales complejas. La necesidad de acceder a información exacta, actualizada y adecuada sobre el titular real es un factor clave para la localización de los delincuentes, que, de otro modo, podrían ocultar su identidad tras esas estructuras opacas. Actualmente, los Estados miembros deben velar por que tanto las sociedades como otras entidades jurídicas, así como los fideicomisos (del tipo «trust») y otros instrumentos jurídicos análogos obtengan y conserven información adecuada, exacta y actualizada sobre su titularidad real. No obstante, el grado de transparencia impuesto por los Estados miembros varía. Las normas están sujetas a interpretaciones divergentes, lo que da lugar a métodos distintos para identificar a los titulares reales de una entidad o estructura concreta. Esto se debe, entre otras cosas, a la incoherencia entre los métodos aplicados para calcular la propiedad indirecta de una entidad o estructura. Esto menoscaba la transparencia que se pretende conseguir. Por lo tanto, es necesario aclarar las normas para conseguir una definición coherente de titular real y su aplicación en el mercado interior. (65)Deben establecerse normas detalladas para determinar quiénes son los titulares reales de las sociedades y otras entidades jurídicas y armonizar las definiciones de titularidad real. Aunque un porcentaje específico de participación o de derechos de propiedad no determina automáticamente la titularidad real, debe ser un factor entre otros que se ha de tener en cuenta. No obstante, es conveniente que los Estados miembros puedan decidir que un porcentaje inferior al 25 % pueda considerarse indicativo de propiedad o control. El control a través de un derecho de propiedad del 25 % más una acción o un derecho de voto u otro derecho de propiedad debe evaluarse en cada nivel de la propiedad, lo que significa que este umbral debe aplicarse a todos los eslabones de la estructura de propiedad y que cada uno de estos eslabones y la combinación de todos ellos deben examinarse adecuadamente. (66)Una identificación fundamentada de los titulares reales requiere la determinación de si se ejerce control por otros medios. La determinación del control a través del derecho de propiedad es necesaria pero no suficiente y no exime de realizar las comprobaciones necesarias para determinar los titulares reales. La prueba de si una persona física ejerce el control a través de otros medios no es una prueba posterior que deba realizarse solo si no es posible determinar un derecho de propiedad. Las dos pruebas, es decir la de control a través de un derecho de propiedad y la de control por otros medios, deben realizarse en paralelo. El control por otros medios puede incluir el derecho a designar o cesar a más de la mitad de los miembros del consejo de la sociedad; la capacidad para ejercer una influencia significativa en las decisiones adoptadas por la sociedad; el control a través de acuerdos formales o informales con propietarios, miembros del consejo de administración o las sociedades, así como de reglas de votación; los vínculos con familiares de directivos o miembros del consejo de administración o con los propietarios de la sociedad o quienes la controlan; el uso de acuerdos de nominatarios formales o informales. (67)Con objeto de garantizar una transparencia efectiva, las normas sobre la titularidad real deben aplicarse al conjunto más amplio posible de entidades e instrumentos jurídicos constituidos o creados en los Estados Miembros. Esto incluye a las entidades jurídicas distintas de sociedades e instrumentos análogos a los fideicomisos (del tipo «trust»). Debido a las diferencias existentes en los sistemas jurídicos de los Estados miembros, estas amplias categorías engloban una variedad de estructuras organizativas distintas. Los Estados miembros deben transmitir a la Comisión una lista de los tipos de sociedades y otras entidades jurídicas en las que se identifique a los titulares reales de acuerdo con las normas de identificación de la titularidad real aplicables a las sociedades. La Comisión debe formular recomendaciones a los Estados miembros sobre las normas y los criterios específicos para la identificación de la titularidad real de las entidades jurídicas que no sean sociedades. (68)Al objeto de garantizar la identificación coherente de los titulares reales de los fideicomisos (del tipo «trust») expresos y entidades jurídicas análogas, como fundaciones o instrumentos jurídicos análogos, es necesario establecer unas normas sobre titularidad real armonizadas. Se exige a los Estados miembros que transmitan a la Comisión una lista de los tipos de entidades jurídicas e instrumentos jurídicos análogos a los fideicomisos (del tipo «trust») expresos en los que se identifique a los titulares reales de acuerdo con las normas de identificación de titulares reales para fideicomisos (del tipo «trust») expresos y entidades o instrumentos jurídicos análogos. La Comisión debe estar facultada para adoptar, por medio de un acto de ejecución, una lista de los instrumentos jurídicos y las entidades jurídicas regulados por el Derecho nacional de los Estados miembros, que tengan una