Propuesta de DECISIÓN MARCO DEL CONSEJO relativa a la lucha contra la trata de seres humanos

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. INTRODUCCIÓN

El 24 de febrero de 1997, el Consejo aprobó una Acción Común relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños [1] . Esta Acción Común abarca una amplia gama de cuestiones como definiciones (sin perjuicio de definiciones más precisas en la legislación de los Estados miembros), competencia, procedimiento penal, asistencia a las víctimas y cooperación policial y judicial. Mediante esta Acción Común, los Estados miembros se comprometieron a revisar su legislación con el fin de garantizar que se consideren infracciones penales la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños.

[1] DO L 63, 4.3.1997.

Desde la aprobación de esta Acción Común en 1997, las acciones y las iniciativas contra la trata de seres humanos experimentaron notables progresos, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, no solo en la Unión Europea sino también a escala local, regional e internacional en sentido amplio. Sin embargo, las divergencias persistentes entre los enfoques jurídicos de los Estados miembros demuestran la necesidad de proseguir los esfuerzos para contrarrestar la amenaza de la trata de seres humanos.

Por otro lado, el artículo 29 del Tratado de Amsterdam se refiere expresamente a la trata de seres humanos. Tanto el Plan de Acción de Viena [2] como las Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere hacen un claro llamamiento en favor de nuevas disposiciones legales contra la trata de seres humanos. Esta acción legislativa figura también en el Marcador de la Comisión [3]. A un nivel internacional más amplio, una de las realizaciones más significativas ha sido la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia transfronteriza organizada, cuyos dos protocolos adicionales se refieren, respectivamente al tráfico ilícito de emigrantes y la lucha contra la trata de personas. La Comisión ha participado activamente en la elaboración de estos instrumentos y algunos elementos decisivos de este último Protocolo se recogen en la presente propuesta, que, incluso, va más lejos.

[2] DO C 19, 23.1.1999.

[3] COM (2000) 167 final, 24.3.2000.

Además, la especificidad del espacio de libertad, seguridad y justicia que ha de crearse en la Unión Europea debería facilitar a los Estados miembros la elaboración de una Decisión marco en la que, en algunos aspectos de Derecho penal y la cooperación judicial, se pueda avanzar más de lo que era posible con los instrumentos existentes antes de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y los instrumentos desarrollados a un nivel internacional más amplio. Una Decisión marco debería, por ejemplo, abordar de una manera más concreta cuestiones como la tipificación penal, las penas y otras sanciones, las circunstancias agravantes, la competencia y la extradición.

En conclusión, la Comisión considera que es preciso dar una nueva repuesta a escala de la Unión Europea a la cuestión de la trata de seres humanos. La aprobación de una Decisión marco, instrumento introducido por el Tratado de Amsterdam, permitirá reforzar el enfoque común de la Unión Europea en este ámbito y colmar las lagunas de la legislación existente. La necesidad de adoptar sobre este problema un enfoque común, que sea claro, debe también considerarse en el contexto de la futura ampliación de la Unión Europea. Por lo tanto, tal como lo había anunciado en su Marcador, la Comisión ha decidido presentar una propuesta de Decisión marco sobre la aproximación de las normas penales de los Estados miembros, incluidas las relativas a las penas, en el ámbito de la trata de seres humanos.

La propuesta contiene asimismo disposiciones sobre aspectos judiciales horizontales, como la competencia y la cooperación entre Estados miembros. Se refiere a la trata de seres humanos con fines de explotación tanto laboral como sexual, pero no incluye la explotación sexual de los niños ni la pornografía infantil, que son objeto de una propuesta separada. La presentación de dos Decisiones marco distintas permitirá al Consejo concentrar su atención en la trata de seres humanos con fines de explotación tanto laboral como sexual.

2. TRATA Y TRÁFICO ILÍCITO DE SERES HUMANOS

La Comisión considera que la adopción por las Naciones Unidas de dos protocolos distintos, respectivamente sobre la trata de personas y sobre el tráfico ilícito de migrantes, pone de relieve la complejidad de las distintas formas de desplazamientos ilícitos de personas que realizan las organizaciones delictivas internacionales. Mientras que el tráfico ilícito de migrantes podría considerarse un crimen contra el Estado y con frecuencia supone un interés compartido por el traficante y el migrante, la trata de seres humanos constituye un crimen contra la persona, cuya explotación tiene por objeto.

La Comisión opina, pues, que las iniciativas francesas [4] sobre la ayuda a la entrada, la circulación y la estancia irregulares hacen referencia al tráfico ilícito de migrantes. En cambio, la presente propuesta se refiere a la trata de personas en sentido propio. La Comisión concluye que las iniciativas francesas antes citadas y la presente propuesta se complementan entre sí y contribuyen a luchar, a escala europea, contra estas graves formas de delincuencia desarrolladas por las organizaciones delictivas internacionales.

[4] DO C 253, 4.9.2000, propuestas aún no aprobadas.

1. BASE JURÍDICA

La presente propuesta de Decisión marco se refiere a la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal. Se refiere también, en gran parte, a las "normas mínimas relativas a los elementos constitutivos de los delitos y a las penas en los ámbitos de la delincuencia organizada". La base jurídica citada en el preámbulo de la presente propuesta es, pues, el artículo 29, que contempla expresamente la trata de los seres humanos, la letra e) del artículo 31), y la letra b) del apartado 2 del artículo 34) del Tratado de la Unión Europea. La presente propuesta no tendrá incidencia financiera en el presupuesto de las Comunidades Europeas.

2. DECISIÓN MARCO: ARTÍCULOS

Artículo 1 (Trata de seres humanos con fines de explotación laboral)

El artículo 1 impone a los Estados miembros la obligación de garantizar la punibilidad de la trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

Tal como se define en este artículo, la trata de seres humanos incluye la captación, el transporte o el traslado de una persona, incluidas la acogida o la subsiguiente recepción de la misma y el traspaso del control sobre ella con el fin de explotarla para la producción de bienes o prestación de servicios. Esta definición recoge los aspectos clave de uno de los elementos integrantes de la definición de trata en el Protocolo de Naciones Unidas sobre trata de personas.

La explotación laboral se define en este artículo como una violación de las normas laborales por las que se regulan los salarios y las condiciones de trabajo, higiene y seguridad. Esta referencia a la regulación del mercado laboral no se propone, en ningún caso, incidir en la legislaciones laborales nacionales. Su finalidad no es otra que establecer un modelo de referencia, es decir, definir lo que es aceptable en el mercado laboral, sobre la base de la normativa vigente. Conviene destacar que esta definición debe considerarse en relación con la de trata de seres humanos y sus elementos constitutivos, como la coacción. Para que haya infracción, es necesario, por otro lado, que la persona haya sido privada de sus derechos fundamentales y siga estando privada de los mismos, por ejemplo, de los derechos de la Carta de Derechos Humanos promulgada por el Consejo Europeo de Niza. Mediante este requisito se integra la perspectiva de los derechos fundamentales de la víctima, sin limitarse al comportamiento del autor de la infracción como en los elementos constitutivos que se indican a continuación. Asimismo, se recoge el requisito de una supresión continuada en el tiempo de los derechos fundamentales de la persona.

Por lo que se refiere a los elementos que permiten calificar de infracción penal la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, las letras a) y b) se corresponden con el Protocolo de las Naciones Unidas sobre la trata de personas. Las letras c) y d), que se corresponden parcialmente con dicho Protocolo, se refieren a las formas de presionar o aprovecharse de las personas objeto de trata. El objetivo es garantizar una cobertura global de la conducta delictiva. Se incluyen prácticas como la servidumbre por deudas, que no dejan otra opción a la persona que ceder a la presión. Se incluye también el abuso de la vulnerabilidad de las personas, por ejemplo la de personas discapacitadas física o mentalmente o personas que se encuentran ilegalmente en el territorio de un Estado miembro y no tienen otra opción, o su percepción es la de que no tienen otra opción, sino someterse a la explotación. Mediante estos elementos se garantiza que en la infracción se tiene en cuenta la situación específica de la víctima y no sólo la conducta del traficante.

En la descripción de la infracción penal en esta disposición no se exige expresamente que la víctima haya cruzado una frontera. El razonamiento de la Comisión sigue el del Convenio Europol y del Protocolo de las Naciones Unidas sobre la trata de personas, de acuerdo con el cual ésta está generalmente vinculada a la delincuencia internacional organizada, pero no implica necesariamente el cruce de una frontera por la víctima. Convendría añadir que los elementos clave de la infracción de la trata de seres humanos se centran más en el objetivo de explotación que en el "cruce" de una frontera. De mantenerse este elemento transfronterizo se obtendría la situación paradójica de que un ciudadano europeo obligado a prostituirse, víctima de la trata en su propio país, estaría menos protegido que los nacionales de terceros países. El enfoque consistente en no incluir un requisito transfronterizo significa, pues, que la presente propuesta se aplica también a la nueva trata en el país de destino, que, en un gran número de casos, forma parte integrante de la cadena de la trata de seres humanos o de su funcionamiento.

Artículo 2 (Trata de seres humanos con fines de explotación sexual)

El artículo 2 impone a los Estados miembros la obligación de garantizar la punibilidad de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Este artículo se inspira en la estructura y el contenido del artículo 1.

La explotación sexual consiste en la explotación de una persona con fines de prostitución, espectáculos pornográficos o producción de material pornográfico.

Artículo 3 (Inducción, complicidad y tentativa)

El artículo 3 impone a los Estados miembros la obligación de garantizar la punibilidad de la inducción, complicidad y tentativa en la trata de seres humanos con fines de explotación laboral y sexual.

Artículo 4 (Penas y circunstancias agravantes)

El artículo 4 se refiere a las penas y a las circunstancias agravantes. El apartado 1 indica que las infracciones contempladas en los artículos 1, 2 y 3 se castigarán con penas efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluidas las penas privativas de libertad, la máxima de las cuales no podrá ser inferior a seis años. Estas penas bastan para incluir la trata de seres humanos en el ámbito de aplicación de otros instrumentos ya aprobados con el fin de reforzar la cooperación policial y judicial en la Unión Europea en la lucha contra la delincuencia organizada, como la Acción Común 98/699/JAI [5] relativa al blanqueo de capitales, identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito y la Acción Común 98/733/JAI [6] relativa a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva.

[5] DO L 333/1, 9.12.1998.

[6] DO L 351/1, 29.12.1998.

Puesto que la trata de seres humanos implica una conducta criminal muy perversa, el apartado 2 dispone que los Estados miembros garantizarán que, cuando concurran circunstancias agravantes, las infracciones se castigarán con penas privativas de libertad, la máxima de las cuales no podrá ser inferior a diez años. La propuesta de la Comisión de imponer una pena máxima mínima de diez años, en caso de circunstancias agravantes, se basa en la idea de que las penas posibles por la trata de seres humanos deben reflejar la gravedad de la infracción y tener un fuerte efecto disuasorio.

Se enumeran tres circunstancias que pueden aumentar la gravedad de la trata de seres humanos. Esta relación constituye una lista mínima, que ha de entenderse sin perjuicio de otras circunstancias agravantes que adicionalmente se definan en las legislaciones nacionales. A efectos de la presente Decisión marco, cabe la siguiente explicación suplementaria de estas circunstancias:

- la expresión "generen productos sustanciales" puede interpretarse, cuando proceda, por analogía con la agravante de "proxenetismo" y debe suponer, al menos, el enriquecimiento del autor de las actividades criminales;

- la expresión "se cometan en el marco de una organización delictiva" debe interpretarse de acuerdo con el artículo 1 de la Acción Común 98/733/JAI relativa a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la Unión Europea [7] ;

[7] DO L 351/1, 29.12.1998.

- la expresión "revistan un carácter especialmente cruel" designa el grado de fuerza o nivel de presión ejercidos por el traficante, así como el grado de desprecio manifestado para con la salud y la integridad, físicas y mentales, de la víctima; cuanto mayor sea la fuerza, la presión o el desprecio, más grave será la infracción.

Artículo 5 (Responsabilidad de las personas jurídicas)

Resulta igualmente necesario contemplar las situaciones en las que en la trata de seres humanos están implicadas personas jurídicas. El artículo 5 prevé, pues, la posibilidad de considerar las personas jurídicas responsables de las infracciones contempladas en los artículos 1, 2 y 3 cometidas en su provecho por cualquier persona, actuando a título individual, o como parte de un órgano de la persona jurídica. El término "responsabilidad" deberá interpretarse en el sentido de incluir tanto la responsabilidad penal como la responsabilidad civil (véase también el artículo 6 relativo a las sanciones).

Además, el apartado 2 dispone que las personas jurídicas pueden también ser consideradas responsables cuando la falta de vigilancia o control por parte de una de las personas en condiciones de ejercer dicho control haya hecho posible la comisión de las infracciones en provecho de la persona jurídica. El apartado 3 indica que la interposición de acciones judiciales contra una persona jurídica no excluye la posibilidad de acciones paralelas contra una persona física mientras que el apartado 4 define la persona jurídica a los efectos de la presente Decisión marco.

Artículo 6 (Sanciones contra las personas jurídicas)

El artículo 6 establece un requisito de las sanciones a las personas jurídicas. Exige que sean sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, en las que las obligación mínima es imponer multas penales o administrativas. Se indican asimismo otras sanciones que pueden imponerse a las personas jurídicas.

Artículo 7 (Competencia y enjuiciamiento)

Habida cuenta de la naturaleza internacional de la trata de seres humanos, una respuesta jurídica eficaz requiere disposiciones procedimentales sobre competencia y extradición lo más claras y ambiciosas que permitan los sistemas jurídicos nacionales, si se quiere evitar que las personas escapen a su procesamiento.

El apartado 1 define una serie de criterios de atribución de competencia a las autoridades policiales y judiciales nacionales para el examen de los asuntos referentes a las infracciones contempladas en la presente Decisión marco y el ejercicio de las oportunas acciones. Los Estados miembros establecerán su competencia en tres casos:

a) cuando la infracción se comete, total o parcialmente, en su territorio, independientemente de la situación jurídica o la nacionalidad de la persona implicada (principio de territorialidad);

b) cuando el autor de la infracción tiene la nacionalidad de dicho Estado miembro (principio de personalidad activa). Este criterio de la condición de nacional significa que la competencia puede establecerse independientemente de la lex locus delicti. Se deja a la libertad de Estados miembros el enjuiciar a los autores de infracciones cometidas en el extranjero. Esto presenta particular importancia para aquellos Estados miembros que no extraditan a sus nacionales;

c) cuando la infracción se comete en provecho de una persona jurídica establecida en el territorio de dicho Estado miembro.

Sin embargo, dado que no en todas las tradiciones jurídicas de los Estados miembros se reconoce la competencia extraterritorial para todos los tipos de infracciones penales, los Estados miembros pueden, con sujeción a la obligación impuesta en el apartado 1, limitar su competencia al primero de estos tres casos. Además, si no utilizan esta posibilidad, pueden, por otro lado, prever disposiciones sobre la aplicabilidad de las letras b) y c) del apartado 1 en los supuestos en que la infracción se haya cometido fuera del territorio del Estado miembro en cuestión.

El apartado 3 tiene en cuenta el hecho de que algunos Estados miembros no extraditan a sus nacionales y se propone evitar que las personas sospechosas de trata de seres humanos no escapan a las actuaciones judiciales porque su extradición se haya rechazado por tener la nacionalidad de alguno de dichos Estados miembros. Un Estado miembro que no extradita a sus nacionales deberá, de conformidad con el apartado 3, adoptar las medidas necesarias para establecer su competencia sobre las infracciones en cuestión cometidas por sus nacionales fuera de su territorio, así como para, cuando proceda, enjuiciar a éstos. El apartado 4 precisa que los Estados miembros informarán a la Secretaría General y la Comisión de su decisión de aplicar el apartado 2.

Artículo 8 (Víctimas)

En su enfoque de la trata de seres humanos, la Unión Europea concede una importancia particular a la asistencia de las víctimas. En un gran número de casos, el traficante abusa de las víctimas. La Comisión considera, por lo tanto, que procede insertar un artículo relativo a las víctimas en la presente Decisión marco. Un aspecto de la política global es la asistencia social de las víctimas para ayudarlas a superar las consecuencias de los acontecimientos y facilitarles su reinserción, entre otras cosas, en el mercado laboral.

Artículo 9 (Cooperación entre Estados Miembros)

El artículo 9 tiene por objeto aprovechar los instrumentos de cooperación judicial internacional de los que los Estados miembros son parte y que deberán aplicarse a las materias objeto de la presente Decisión marco. Por ejemplo, numerosos acuerdos bilaterales y multilaterales, así como diversos convenios de la Unión Europea, contienen disposiciones relativas a la asistencia judicial y la extradición. Un objetivo adicional de este artículo es facilitar el intercambio de informaciones.

El apartado 1 exige a los Estados miembros que se presten la máxima asistencia posible en los procesos judiciales sobre trata de seres humanos. El apartado 2 dispone que en caso de conflicto de competencia positivo, los Estados miembros en cuestión se consultarán con el fin de coordinar su acción para procesar eficazmente. Este apartado indica también que conviene utilizar los mecanismos de cooperación existentes, como los magistrados de enlace [8] y la red judicial europea [9]. El apartado 3 destaca que es importante designar puntos de contacto a efectos del intercambio de informaciones, señalando de manera explícita que Europol estará debidamente asociada. El apartado 4 prevé la circulación de información sobre los puntos de contacto que se hayan designado para el intercambio de informaciones sobre la trata de seres humanos.

[8] DO L 105, 27.4.1996.

[9] DO L 191/4, 7.7.1998.

Artículo 10 (Aplicación)

El artículo 10 se refiere a la aplicación y al seguimiento de la presente Decisión marco. En él se establece que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Decisión marco, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2002. Asimismo se establece que los Estados miembros comunicarán, en el mismo plazo, a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión las disposiciones por las que se incorporen en su ordenamiento jurídico nacional las obligaciones que les impone la presente Decisión marco. Sobre la base del informe redactado con esta información y del informe escrito de la Comisión, el Consejo comprobará, antes del 30 de junio de 2004, si los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Decisión marco.

Artículo 11 (Derogación de la Acción Común de febrero de 1997)

El artículo 11 deroga la Acción Común de febrero de 1997. Ésta debía aplicarse para el 31 de diciembre de 1999 y los Estados miembros debían asimismo, en dicha fecha, haber informado a la Secretaría General del Consejo sobre las propuestas que hubieran presentado para su adopción con el fin de cumplir las obligaciones que les incumbían en virtud de dicha Acción Común. La presente Decisión marco y la Decisión marco relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil regulan, en gran medida, las mismas cuestiones. Aunque de los principios generales del Derecho se podría inferir que dicha Acción Común quedaba obsoleta y dejaba de producir efectos jurídicos, la Comisión considera que procede indicar claramente que la presente Decisión marco la deroga.

Artículo 12 (Entrada en vigor)

El artículo 13 dispone que la presente Decisión marco entra en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

2001/0024 (CNS)

Propuesta de DECISIÓN MARCO DEL CONSEJO relativa a la lucha contra la trata de seres humanos

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

visto el Tratado de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 29, la letra e) de su artículo 31, y la letra b) del apartado 2 de su artículo 34,

vista la propuesta de la Comisión,

visto el dictamen del Parlamento Europeo,

considerando lo siguiente:

(1) El Plan de Acción del Consejo y la Comisión sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia [10] , las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999, las conclusiones del Consejo Europeo de Santa Maria da Feira de 19 y 20 de junio de 2000, la Comisión en su Marcador [11] y el Parlamento Europeo en su Resolución de 19 de mayo de 2000 [12] indican o solicitan que se adopten medidas legislativas contra la trata de seres humanos en las que figuren definiciones, inculpaciones y sanciones comunes.

[10] DO C 19, 23.1.1999.

[11] COM (2000) 167 final, apartado 2.4 Gestión de flujos de migración y apartado 4.3 Lucha contra determinadas formas de delincuencia.

[12] A5-0127/2000.

(2) La Acción Común del 24 de febrero de 1997 relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños [13] debe ir acompañada de medidas legislativas complementarias, por las que se reduzcan las disparidades entre los enfoques jurídicos de los Estados miembros y se contribuya al desarrollo de una cooperación judicial y policial eficaz contra la trata de seres humanos.

[13] DO L 63, 4.3.1997.

(3) La trata de seres humanos constituye una grave violación de los derechos fundamentales de la persona y la dignidad humana e implica prácticas crueles, como el abuso y el engaño de personas vulnerables, así como el uso de violencia, amenazas, servidumbre por deudas y coacción.

(4) La Unión Europea debe completar el importante trabajo realizado por las organizaciones internacionales, en particular, las Naciones Unidas.

(5) Es necesario abordar la grave infracción penal que constituye la trata de seres humanos con un enfoque global, caracterizado por unos elementos constitutivos del Derecho penal comunes a todos los Estados miembros, entre los que se cuenten sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, junto con una cooperación judicial lo más amplia posible. De acuerdo con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, la presente Decisión marco se limita a lo mínimo necesario para alcanzar estos objetivos a escala comunitaria y no excede lo que es necesario a tal efecto.

(6) Es preciso introducir sanciones para los autores de las infracciones lo suficientemente severas para que la trata de seres humanos pueda incluirse dentro del ámbito de aplicación de los instrumentos ya aprobados de lucha contra la delincuencia organizada, como la Acción Común 98/699/JAI [14] relativa al blanqueo de capitales, identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito y la Acción Común 98/733/JAI [15] relativa a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva.

[14] DO L 333/1, 9.12.1998.

[15] DO L 351/1, 29.12.1998.

(7) La presente Decisión marco debe contribuir a la prevención de la trata de seres humanos y a la lucha contra este fenómeno, completando los instrumentos ya aprobados por el Consejo, como la Acción Común 96/700/JAI [16] por la que se establece un programa de estímulo e intercambios destinado a los responsables de la acción contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños (STOP), la Acción Común 96/748/JAI [17] por la que se amplía el mandato otorgado a la Unidad de Drogas de Europol, la Decisión 293/2000/CE [18] del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueba el programa Daphne sobre medidas preventivas destinadas a combatir la violencia ejercida sobre los niños, los adolescentes y las mujeres, la Acción Común 98/428/JAI [19] por la que se crea una red judicial europea, la Acción Común 96/277/JAI [20], para la creación de un marco de intercambio de magistrados de enlace que permita mejorar la cooperación judicial entre los Estados miembros de la Unión Europea y la Acción Común 98/427/JAI [21] sobre buenas prácticas de asistencia judicial en materia penal.

[16] DO L 322, 12.12.1996.

[17] DO L 342, 31.12.1996.

[18] DO L 34, 9.2.2000.

[19] DO L 191/4, 7.7.1998.

[20] DO L 105, 27.4.1996.

[21] DO L 191, 7.7.1998.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1 Infracciones relacionadas con la trata de seres humanos con fines de explotación laboral

Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar la punibilidad de la captación, el transporte o el traslado de una persona, incluidas la acogida o la subsiguiente recepción de la misma y el traspaso del control sobre ella, siempre se hayan suprimido, y se sigan suprimiendo, los derechos fundamentales de dicha persona con el fin de explotarla para la producción de bienes o prestación de servicios, infringiéndose las normas laborales por las que se regulen los salarios y las condiciones de trabajo, seguridad e higiene y cuando:

a) se recurra a la coacción, la fuerza o amenaza, incluido el rapto, o

b) se recurra al engaño o fraude, o

c) haya abuso de autoridad u otras formas de presión o influencia, o

d) se produzca cualquier otra forma de abuso.

Artículo 2 Infracciones relacionadas con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual

Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar la punibilidad de la captación, el transporte o el traslado de una persona, incluidas la acogida o la subsiguiente recepción de la misma y el traspaso del control sobre ella siempre que el objetivo perseguido sea explotarla con fines de prostitución, espectáculos pornográficos o producción de material pornográfico, cuando:

a) se recurra a la coacción, la fuerza o amenaza, incluido el rapto, o

b) se recurra al engaño o fraude, o

c) haya abuso de autoridad u otras formas de presión o influencia, o

d) se produzca cualquier otra forma de abuso.

Artículo 3 Inducción, complicidad y tentativa

Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar la punibilidad de la inducción a la comisión de las infracciones mencionadas en los artículos 1 y 2, así como de la complicidad o la tentativa en la comisión de las mismas.

Artículo 4 Sanciones y circunstancias agravantes

1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para castigar las infracciones contempladas en los artículos 1, 2 y 3 con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluidas las penas privativas de libertad, la máxima de las cuales no podrá ser inferior a seis años.

2. Sin perjuicio de otras circunstancias agravantes que adicionalmente se definan en las legislaciones nacionales, cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para castigar las infracciones contempladas en los artículos 1, 2 y 3 con penas privativas de libertad, la máxima de las cuales no podrá ser inferior a diez años, cuando:

- revistan un carácter especialmente cruel, o

- generen productos sustanciales, o

- se cometan en el marco de una organización delictiva.

Artículo 5 Responsabilidad de las personas jurídicas

1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables por las infracciones a que se refieren los artículos 1, 2 y 3 cometidas en su provecho por cualquier persona, actuando a título individual o como parte de un órgano de la persona jurídica, que ostente un cargo directivo en el seno de dicha persona jurídica, basado en:

a) un poder de representación de dicha persona jurídica, o

b) una autoridad para adoptar decisiones en nombre de dicha persona jurídica, o,

c) una autoridad para ejercer el control en el seno de dicha persona jurídica.

2. Además de los casos previstos en el apartado 1, cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que una persona jurídica pueda ser considerada responsable cuando la falta de vigilancia o control por parte de una de las personas a que se refiere el apartado 1 haya hecho posible que cometa una de las infracciones a que se refieren los artículos 1, 2 y 3 en provecho de una persona jurídica una persona sometida a la autoridad de esta última.

3. La responsabilidad de las personas jurídicas en virtud de los apartados 1 y 2 se entenderá sin perjuicio de las acciones penales entabladas contra las personas físicas que sean autoras, inductoras o cómplices de las infracciones contempladas en los artículos 1, 2 y 3.

4. A efectos de la presente Decisión marco se entenderá por persona jurídica cualquier entidad que goce de tal régimen jurídico con arreglo al Derecho aplicable, con excepción de los Estados o de otros organismos públicos en el ejercicio de su potestad pública y de las organizaciones internacionales públicas.

Artículo 6 Sanciones contra las personas jurídicas

Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que a la persona jurídica considerada responsable en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 le sean impuestas sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, que incluirán multas de carácter penal o administrativo y podrán incluir otras sanciones, tales como:

a) exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas, o

b) prohibición temporal o permanente del desempeño de actividades comerciales, o

c) sometimiento a vigilancia judicial, o

d) medida judicial de liquidación, o

e) cierre temporal o definitivo de establecimientos utilizados en la comisión de la infracción.

Artículo 7 Competencia y enjuiciamiento

1. Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para establecer su competencia respecto de las infracciones contempladas en los artículos 1, 2 y 3 cuando:

a) la infracción se haya cometido, total o parcialmente, en su territorio, o

b) el autor de la infracción sea uno de sus nacionales, o

c) la infracción haya sido cometida en provecho de una persona jurídica establecida en su territorio.

2. Cualquier Estado miembro podrá decidir no aplicar, o aplicarlas sólo en casos o circunstancias específicas, las normas de competencia definidas en las letras b) y c) del apartado 1, siempre que la infracción en cuestión se haya cometido fuera de su territorio.

3. Cualquier Estado miembro que, de conformidad con su ordenamiento jurídico, no extradite a sus nacionales adoptará las medidas necesarias para establecer su competencia respecto de las infracciones contempladas en los artículos 1, 2 y 3 y, en su caso, perseguirlas judicialmente, cuando se hayan cometido por uno de sus nacionales fuera de su territorio.

4. Los Estados miembros informarán a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión de su decisión de aplicar el apartado 2, indicando, en su caso, los casos o circunstancias específicos a los que se aplique su decisión.

Artículo 8 Víctimas

Cada Estado miembro garantizará a las víctimas de las infracciones contempladas en la presente Decisión marco una protección y un estatuto jurídicos adecuados en los procesos judiciales. En particular, los Estados miembros garantizarán que las investigaciones criminales y los procesos judiciales no causen ningún daño suplementario a las víctimas.

Artículo 9 Cooperación entre Estados Miembros

1. De acuerdo con los convenios y acuerdos multilaterales o bilaterales aplicables, los Estados miembros se prestarán entre sí, en el marco de los procedimientos judiciales entablados en relación con las infracciones contempladas en la presente Decisión marco, toda la asistencia mutua que sea posible.

2. Cuando varios Estados miembros sean competentes para conocer de las infracciones contempladas en la presente Decisión marco, los Estados miembros en cuestión se consultarán con el fin de coordinar su acción para procesar eficazmente. Se aprovecharán adecuadamente los mecanismos de cooperación existentes, como los magistrados de enlace y la Red Judicial Europea .

3. A los efectos del intercambio de informaciones sobre las infracciones contempladas en los artículos 1, 2 y 3, los Estados miembros establecerán puntos de contacto operativos o utilizarán los mecanismos de cooperación existentes. En particular, los Estados miembros garantizarán que esté plenamente asociada Europol, dentro de los límites de su mandato.

4. Cada Estado miembro comunicará a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión la relación de los puntos de contacto que haya designado a los efectos del intercambio de informaciones sobre la trata de seres humanos. La Secretaría General comunicará estos puntos de contacto a todos los demás Estados miembros.

Artículo 10 Aplicación

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Decisión marco, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2002.

2. Los Estados miembros comunicarán, en el mismo plazo, a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión el texto de las disposiciones por las que se incorporen en su ordenamiento jurídico nacional las obligaciones que les impone la presente Decisión marco. Sobre la base del informe redactado con esta información y del informe escrito de la Comisión, el Consejo comprobará, antes del 30 de junio de 2004, si los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Decisión marco.

Artículo 11 Derogación de la Acción Común 97/154/JAI

La presente Decisión marco deroga la Acción Común de 24 de febrero de 1997 adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños.

Artículo 12 Entrada en vigor

La presente Decisión marco entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

El Presidente