Desde la adopción de la Directiva 2007/64/CE han surgido nuevos tipos de servicios de pago, especialmente en el ámbito de los pagos por internet. En particular, cabe señalar el surgimiento de proveedores de servicios de pago terceros, que ofrecen a los consumidores, y los comerciantes y otros usuarios de servicios de pago los denominados servicios de iniciación de pagos o servicios de información sobre cuentas, a menudo sin llegar a tener en su poder los fondos que han de transferirse. Estos Los servicios de iniciación de pagos facilitan los pagos en el comercio electrónico al proporcionar un soporte lógico que sirve de puente entre el sitio web del comerciante y la plataforma bancaria en línea del consumidor, con el fin de iniciar pagos por transferencia o adeudo domiciliado a través de internet. iniciar, a solicitud del cliente, una orden de pago respecto de una cuenta mantenida en otro proveedor de servicios de pago, por ejemplo por medio de una conexión con la plataforma bancaria en línea del cliente o por medio de la emisión de un instrumento de pago. Los servicios de información sobre cuentas ofrecen al ordenante información consolidada sobre una o varias cuentas mantenidas por el ordenante con otro u otros proveedores de servicios de pago. Los proveedores de servicios de pago terceros pueden también ofrecer tanto servicios de iniciación de pagos como servicios de información sobre cuentas. Los proveedores de servicios de pago terceros ofrecen una alternativa de bajo coste a los pagos con tarjeta tradicionales tanto a los comerciantes como a los consumidores, y permiten a estos hacer compras en línea aun cuando no posean tarjetas de crédito. Sin embargo, los proveedores de servicios de pago terceros no están actualmente sujetos a la Directiva 2007/64/CE, por lo que no están necesariamente supervisados por una autoridad competente y no se atienen a lo establecido en la Directiva 2007/64/CE. Ello plantea una serie de problemas jurídicos, que van desde la protección de los consumidores, a aspectos relacionados con la seguridad, la responsabilidad, la competencia y la protección de datos. Las nuevas normas deben dar una respuesta al respecto.»

Desde la adopción de la Directiva 2007/64/CE han surgido nuevos tipos de servicios de pago, especialmente en el ámbito de los pagos por internet. En particular, cabe señalar el surgimiento de proveedores de servicios de pago terceros, que ofrecen a los consumidores y los comerciantes los denominados servicios de iniciación de pagos, a menudo sin llegar a tener en su poder los fondos que han de transferirse. Estos servicios facilitan los pagos en el comercio electrónico al proporcionar un soporte lógico que sirve de puente entre el sitio web del comerciante y la plataforma bancaria en línea del consumidor, con el fin de iniciar pagos por transferencia o adeudo domiciliado a través de internet. Los proveedores de servicios de pago terceros ofrecen una alternativa de bajo coste a los pagos con tarjeta tanto a los comerciantes como a los consumidores, y permiten a estos hacer compras en línea aun cuando no posean tarjetas de crédito. Sin embargo, los proveedores de servicios de pago terceros no están actualmente sujetos a la Directiva 2007/64/CE, por lo que no están necesariamente supervisados por una autoridad competente y no se atienen a lo establecido en la Directiva 2007/64/CE. Ello plantea una serie de problemas jurídicos, que van desde la protección de los consumidores, a aspectos relacionados con la seguridad, la responsabilidad, la competencia y la protección de datos. Las nuevas normas deben dar una respuesta al respecto.»

Es necesario establecer los criterios con arreglo a los cuales se permita a los proveedores de servicios de pago terceros obtener y utilizar la información sobre la disponibilidad de fondos en la cuenta que el usuario de servicios de pago tenga en otro proveedor de servicios. En particular, tanto el proveedor de servicios de pago tercero como el proveedor de servicios de pago gestor de la cuenta del usuario deben cumplir lo dispuesto o mencionado en la presente Directiva, o recogido en las directrices de la ABE, con respecto a la seguridad y la protección de datos. Los ordenantes usuarios de servicios de pago deben otorgar consentimiento expreso al proveedor de servicios de pago tercero para que este tenga acceso a su cuenta de pago, y deben ser debidamente informados del alcance de dicho acceso. A fin de favorecer la existencia de otros nuevos proveedores de servicios de pago que no puedan recibir depósitos tengan fondos del ordenante, es necesario que las entidades de crédito los proveedores de servicios de pago que mantengan cuentas les faciliten al proveedor de servicios de pago tercero información sobre la disponibilidad de fondos, si el ordenante usuario del servicio de pago ha autorizado que esa información se comunique al proveedor de servicios de pago tercero emisor del instrumento de pago.»

Es necesario establecer los criterios con arreglo a los cuales se permita a los proveedores de servicios de pago terceros obtener y utilizar la información sobre la disponibilidad de fondos en la cuenta que el usuario de servicios de pago tenga en otro proveedor de servicios. En particular, tanto el proveedor de servicios de pago tercero como el proveedor de servicios de pago gestor de la cuenta del usuario deben cumplir lo dispuesto o mencionado en la presente Directiva, o recogido en las directrices de la ABE, con respecto a la seguridad y la protección de datos. Los ordenantes deben otorgar consentimiento expreso al proveedor de servicios de pago tercero para que este tenga acceso a su cuenta de pago, y deben ser debidamente informados del alcance de dicho acceso. A fin de favorecer la existencia de otros proveedores de servicios de pago que no puedan recibir depósitos, es necesario que las entidades de crédito les faciliten información sobre la disponibilidad de fondos, si el ordenante ha autorizado que esa información se comunique al proveedor de servicios de pago emisor del instrumento de pago.»

La presente Directiva debe establecer normas de devolución, con el fin de proteger al consumidor en caso de que el importe de la operación de pago ejecutada sea superior al importe que razonablemente hubiera cabido esperar. A fin de evitar perjuicios económicos al ordenante, es necesario garantizar que la fecha de valor de cualquier devolución no sea posterior a la fecha de adeudo del pertinente importe. En el caso de los adeudos domiciliados, los proveedores de servicios deben poder ofrecer condiciones incluso más favorables a sus clientes, que deben tener el derecho incondicional de devolución en cualquier operación de pago objeto de litigio. Sin embargo, este derecho incondicional de devolución que garantice el mayor grado posible de protección de los consumidores no parece justificado cuando el comerciante ya haya cumplido el contrato y el correspondiente bien o servicio ya haya sido consumido para ciertas clases de bienes o servicios podría no ser apropiado un derecho incondicional de devolución. Puede, por tanto, considerarse la posibilidad de introducir un adeudo domiciliado sin devolución, pero solo para bienes o servicios incluidos por la Comisión en una lista y solo con el consentimiento expreso del ordenante. En aquellos casos en que el usuario reclame la devolución en una operación de pago, el derecho de devolución no debe afectar a la responsabilidad del ordenante frente al beneficiario derivada de la relación subyacente, por ejemplo, por los bienes o servicios solicitados, consumidos o legítimamente facturados, ni al derecho del usuario a revocar una orden de pago.»

La presente Directiva debe establecer normas de devolución, con el fin de proteger al consumidor en caso de que el importe de la operación de pago ejecutada sea superior al importe que razonablemente hubiera cabido esperar. A fin de evitar perjuicios económicos al ordenante, es necesario garantizar que la fecha de valor de cualquier devolución no sea posterior a la fecha de adeudo del pertinente importe. En el caso de los adeudos domiciliados, los proveedores de servicios deben poder ofrecer condiciones incluso más favorables a sus clientes, que deben tener el derecho incondicional de devolución en cualquier operación de pago objeto de litigio. Sin embargo, este derecho incondicional de devolución que garantice el mayor grado posible de protección de los consumidores no parece justificado cuando el comerciante ya haya cumplido el contrato y el correspondiente bien o servicio ya haya sido consumido. En aquellos casos en que el usuario reclame la devolución en una operación de pago, el derecho de devolución no debe afectar a la responsabilidad del ordenante frente al beneficiario derivada de la relación subyacente, por ejemplo, por los bienes o servicios solicitados, consumidos o legítimamente facturados, ni al derecho del usuario a revocar una orden de pago.»

Condicionar el derecho de devolución a la compra subyacente plantea problemas de privacidad y de eficiencia y costes. La adopción de esta propuesta significaría probablemente que ya no se permitiría el derecho ilimitado de devolución del actual sistema de adeudo domiciliado de la SEPA, lo que se traduciría en condiciones menos favorables para los consumidores. El BCE propone introducir, como norma general, un derecho incondicional de devolución por un período de ocho semanas para todos los adeudos domiciliados de consumidores. Para bienes o servicios incluidos en una lista destinados al consumo inmediato, los deudores y acreedores podrían acordar separada y expresamente la no aplicación del derecho de devolución. La Comisión podría crear esa lista mediante un acto delegado.

no reúna ya las condiciones para la concesión de autorización, o no informe a la autoridad competente sobre todo cambio significativo a este respecto o no facilite información estadística exacta;»

no reúna ya las condiciones para la concesión de autorización o no informe a la autoridad competente sobre todo cambio significativo a este respecto;»

Puesto que los proveedores de servicios de pago gestores de cuentas deben proporcionar acceso a los proveedores de servicios de pago terceros, permitir a estos últimos beneficiarse de una exención de los requisitos de supervisión podría ocasionar riesgos imprevistos. Además, los servicios que ofrecen los proveedores de servicios de pago terceros se prestan normalmente por internet y no se limitan por tanto a un solo Estado miembro. Por consiguiente, los proveedores de servicios de pago terceros no deben beneficiarse de una exención.

Para las operaciones de pago nacionales, es decir, las no transfronterizas, no parece necesario permitir que los Estados miembros o sus autoridades competentes ajusten significativamente los importes máximos de los pagos del artículo 35, apartado 1, debido a excepciones aplicables a los instrumentos de pago de escasa cuantía. Además, permitir el ajuste provocaría grandes divergencias nacionales en materia de excepciones, lo cual es contrario al objetivo de lograr un mercado europeo de pagos al por menor integrado y armonizado.

Si el usuario de servicios de pago no es un consumidor, dicho usuario y el proveedor de servicios de pago podrán convenir en que no se apliquen, total o parcialmente, el artículo 55, apartado 1, el artículo 57, apartado 3, y los artículos 59, 64, 66, 67, 68, 71 y 80. El usuario y el proveedor también podrán convenir un plazo distinto del que se establece en el artículo 63.»

Si el usuario de servicios de pago no es un consumidor, dicho usuario y el proveedor de servicios de pago podrán convenir en que no se apliquen, total o parcialmente, el artículo 55, apartado 1, el artículo 57, apartado 3, y los artículos 64, 66, 67, 68, 71 y 80. El usuario y el proveedor también podrán convenir un plazo distinto del que se establece en el artículo 63.»

Para las operaciones de pago nacionales, es decir, las no transfronterizas, no parece necesario permitir que los Estados miembros o sus autoridades competentes ajusten significativamente los importes máximos de los pagos del artículo 56, apartado 1, debido a excepciones aplicables a los instrumentos de pago de escasa cuantía. Además, permitir el ajuste provocaría grandes divergencias nacionales en materia de excepciones, lo cual es contrario al objetivo de lograr un mercado europeo de pagos al por menor integrado y armonizado.

Los proveedores de servicios de pago gestores de cuentas no ejercerán, respecto de las órdenes de pago transmitidas a través de los servicios de un proveedor de servicios de pago tercero, ninguna discriminación que no obedezca a razones objetivas, en cuanto a plazos y prioridad, frente a las órdenes de pago transmitidas directamente por el propio ordenante.

no almacenar datos sobre pagos sensibles o credenciales de seguridad personalizadas del usuario de servicios de pago obtenidos al acceder a la cuenta de pago de los usuarios de servicios de pago, con excepción de la información necesaria para identificar el pago iniciado por el proveedor de servicios de pago tercero, como, por ejemplo, el número de referencia, los datos IBAN del ordenante y el beneficiario, el importe de la operación, cualquier otra información de referencia, así como la relativa al sistema de liquidación, y no utilizar ninguno de los datos para otros fines distintos a los solicitados de manera expresa por el usuario de servicios de pago.

Los proveedores de servicios de pago gestores de cuentas no ejercerán, respecto de las órdenes de pago transmitidas a través de los servicios de un proveedor de servicios de pago tercero, ninguna discriminación que no obedezca a razones objetivas, en cuanto a plazos y prioridad, frente a las órdenes de pago transmitidas directamente por el propio ordenante.»

Además, los proveedores de servicios terceros deberían: a) proteger los elementos de seguridad personalizados de los usuarios de servicios de pago; b) autenticarse de manera inequívoca ante los proveedores de servicios de pago gestores de cuenta del usuario de servicios de pago; c) no almacenar datos obtenidos al acceder a la cuenta de pago del usuario de servicios de pago, salvo los datos que identifiquen un pago iniciado por los proveedores de servicios de pago terceros, como el número de referencia, los datos IBAN del ordenante y el beneficiario y el importe de la operación, y d) no utilizar datos para fines distintos de los expresamente solicitados por el ordenante.

Los proveedores de servicios de pago gestores de cuentas no ejercerán, respecto de las órdenes de pago transmitidas a través de los servicios de un emisor de instrumentos de pago tercero, ninguna discriminación que no obedezca a razones objetivas, en cuanto a plazos y prioridad, frente a las órdenes de pago transmitidas directamente por el propio ordenante.»

Los proveedores de servicios de pago gestores de cuentas no ejercerán, respecto de las órdenes de pago transmitidas a través de los servicios de un emisor de instrumentos de pago tercero, ninguna discriminación que no obedezca a razones objetivas, en cuanto a plazos y prioridad, frente a las órdenes de pago transmitidas directamente por el propio ordenante.»

De conformidad con las disposiciones relativas a la protección de los consumidores y las salvaguardias para los usuarios de servicios de pago incluidas en el considerando 13 y el artículo 5, apartado 3, letra d), inciso iii), del Reglamento SEPA, y a fin de velar por la coherencia jurídica, debe añadirse un nuevo artículo que garantice a los usuarios de servicios de pago el derecho a dar instrucciones a sus proveedores de servicios de pago para que establezcan listas positivas o negativas de proveedores de servicios de pago terceros. Sin embargo, esta disposición solo debe aplicarse a los consumidores y no a los usuarios de servicios de pago en general (véase la 22a modificación). Dado que las instrucciones deben proceder del ordenante, esta disposición no significa un bloqueo por incumplimiento generalizado ni la inclusión de un bloqueo generalizado de los proveedores de servicios de pago terceros en las condiciones o contratos de un proveedor de servicios de pago.

Cuando intervenga un proveedor de servicios de pago tercero, el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta devolverá el importe de la operación de pago no autorizada y, en su caso, restituirá la cuenta de pago en la cual se haya efectuado el adeudo al estado en el que se habría encontrado de no haberse efectuado la operación no autorizada. Podrá preverse De conformidad con el artículo 82, se preverá una indemnización económica al proveedor de servicios de pago gestor de cuenta por el proveedor de servicios de pago tercero.»

Cuando intervenga un proveedor de servicios de pago tercero, el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta devolverá el importe de la operación de pago no autorizada y, en su caso, restituirá la cuenta de pago en la cual se haya efectuado el adeudo al estado en el que se habría encontrado de no haberse efectuado la operación no autorizada. Podrá preverse una indemnización económica al proveedor de servicios de pago gestor de cuenta por el proveedor de servicios de pago tercero.»

«1. No obstante lo dispuesto en el artículo 65, el ordenante podrá estar obligado a soportar, hasta un máximo de 50 EUR, las pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas resultantes de la utilización de un instrumento de pago extraviado o robado o de la apropiación indebida de un instrumento de pago. El ordenante soportará todas las pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas en que haya incurrido debido a una actuación fraudulenta o al incumplimiento, deliberado o por negligencia grave, de una o varias de las obligaciones que establece el artículo 61. En ese caso, no será de aplicación el importe máximo contemplado en el apartado 1 del presente artículo. Cuando se trate de pagos a través de medios de comunicación a distancia en relación con los cuales el proveedor de servicios de pago no exija autenticación fuerte del cliente, el ordenante solo soportará las posibles consecuencias económicas en caso de haber actuado de forma fraudulenta. En el supuesto de que el beneficiario o el proveedor de servicios de pago del beneficiario no acepte la autenticación fuerte del cliente, deberán reembolsar el importe del perjuicio financiero causado al proveedor de servicios de pago del ordenante.»