La UE no es la única zona de regulación que se enfrenta a esa dificultad. La normativa sobre servicios financieros de la UE, así como otros sistemas de regulación financiera de terceros países, se basa en normas internacionales desarrolladas conjuntamente en organismos internacionales como el Consejo de Estabilidad Financiera, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, la Asociación Internacional de Inspectores de Seguros y la Organización Internacional de Comisiones de Valores, bajo la dirección política del G20. Las normas internacionales ayudan a todas las jurisdicciones a garantizar que los riesgos similares pueden abordarse de forma similar y que se evitan las carreras de mínimos, que pueden provocar inestabilidad financiera y riesgos de contagio en los mercados globales. El marco general del G20 se sustenta también sobre una red de acuerdos bilaterales de cooperación, relativos tanto a la regulación como a la supervisión. La cooperación contribuye a construir un entendimiento y una confianza mutuos entre diferentes jurisdicciones, lo cual es un requisito previo para la gestión de los riesgos transfronterizos. El compromiso de la UE con la convergencia de la regulación mundial en torno a las normas internacionales es inquebrantable. Al mismo tiempo, estos marcos mundiales tienen un objetivo general de fijación de normas y no siempre son adecuados para tratar cuestiones concretas que pueden surgir en un contexto bilateral específico.

·en algunos casos, la habilitación de un régimen prudencial coherente que se aplique a los bancos de la UE y otras entidades financieras que operen fuera de ella, reduciendo así los costes de las inversiones en terceros países y las exposiciones en estos para las empresas de la UE, en particular gracias a la mayor facilidad de la gestión del capital.

En efecto, las decisiones de equivalencia pueden traer consigo mejoras en las condiciones para los negocios transfronterizos y crear nuevas oportunidades, contribuyendo con ello a un comercio justo y abierto entre la UE y los terceros países. En algunos casos, las decisiones de equivalencia también pueden incrementar las posibilidades de acceso al mercado. Cada vez que tiene que emprender evaluaciones de equivalencia de terceros países, la Comisión pondera con carácter previo esos posibles beneficios para los participantes en el mercado de la UE, mediante un examen específico.

Al mismo tiempo, el proceso de equivalencia es fundamentalmente un ejercicio de gestión de riesgos, que como tal implica invariablemente la gestión de todos los riesgos relacionados con la actividad transfronteriza de los participantes en el mercado (es decir, los efectos sobre la estabilidad financiera, la integridad del mercado y la protección de los inversores a escala de la UE y sobre la igualdad de condiciones de competencia en el mercado interior), al tiempo que se aprovechan las ventajas de un mercado financiero de la UE abierto e integrado en el mundo.

Es responsabilidad de la Comisión garantizar que, siempre que se considere una nueva decisión destinada a confiar en las normas o la supervisión de terceros países, los posibles beneficios no supongan un riesgo (ni un coste) excesivo para los mercados financieros de la UE y que puedan introducirse de un modo sólido desde el punto de vista prudencial, respetando la igualdad de condiciones de competencia en el mercado interior de la UE. En última instancia, cada nueva decisión de equivalencia tiene que establecer un marco prudente y sostenible que sirva de puente entre las normas del mercado interior de la UE y los marcos prudenciales del tercer país.

Si bien la equivalencia se evalúa en consonancia con los criterios fijados en el Derecho de la UE, la Comisión también tiene que tener en cuenta si las decisiones de equivalencia serían compatibles con las prioridades estratégicas de la UE en ámbitos como las sanciones internacionales, la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la buena gobernanza tributaria a escala mundial u otras prioridades estratégicas externas pertinentes, con el fin de garantizar la coherencia de la actuación de la UE en el plano internacional. Todos esos factores son un indicador del nivel de riesgo para la estabilidad financiera o la necesidad de protección adecuada de los participantes en los mercados financieros y otras personas de la UE. En vista de estos aspectos, es importante, por consiguiente, mantener la reputación y la estabilidad a largo plazo del sector financiero de la UE.

Si bien las decisiones de equivalencia son actos unilaterales y discrecionales de la UE, aportan beneficios tanto a la UE como a sus terceros países socios. Estos resultados ventajosos para ambas partes se basan en la equidad y la justicia en el tratamiento recibido por los agentes de la UE que tienen actividad en terceros países y están sujetos a las normas y la supervisión locales. En este sentido, algunas categorías de decisiones de equivalencia se toman después de tomar debidamente en cuenta el tratamiento que el tercer país dispensa al marco regulador de la UE, a la labor de supervisión llevada a cabo por las autoridades de la UE y a la presencia en el país de participantes en el mercado de la UE. En algunos casos, la concepción del marco de equivalencia de la UE fomenta la búsqueda conjunta con los terceros países de soluciones adecuadas para las dos partes, por ejemplo la puesta en práctica de acuerdos de cooperación en materia de supervisión. En adelante, al considerar las decisiones de equivalencia con terceros países, la Comisión continuará teniendo en cuenta y, cuando sea necesario, debatiendo con esos terceros países el tratamiento prudencial que estos conceden a los participantes en el mercado procedentes de la UE.

3.Mejoras recientes en la concepción de los regímenes de equivalencia de la UE

Las posibilidades de concesión de equivalencia se exponen en disposiciones de equivalencia específicas incluidas en una serie de actos legislativos de la UE en materia de servicios financieros. Las disposiciones de equivalencia están adaptadas a las necesidades de cada acto específico y deben entenderse a la luz de los objetivos perseguidos por dicho acto, en particular su contribución al establecimiento y el funcionamiento del mercado interior, la integridad del mercado, la protección de los inversores y, en sentido más amplio, su contribución a la estabilidad financiera. Los actos jurídicos establecen las condiciones, los criterios y el grado en el que la UE puede tener en cuenta el marco de regulación y supervisión de un tercer país al regular y supervisar los mercados financieros de la UE en situaciones en las que se ve envuelto un elemento transfronterizo. En consecuencia, existen diferencias considerables en el modo en que los mecanismos de equivalencia se construyen y se incluyen en la normativa de la UE sobre servicios financieros, ya sea en lo que respecta al proceso que debe seguirse, al contenido exigido de la evaluación o a la aplicación de una constatación positiva de equivalencia.

En los últimos años, la Comisión ha mantenido un diálogo sólido con el Parlamento Europeo, el Consejo y otras partes interesadas sobre las mejoras que es necesario introducir en el planteamiento de la UE relativo a la determinación y el mantenimiento de la equivalencia. La conclusión extraída por la Comisión de esos debates y reflexiones comunes es que actualmente se acepta, en general, la dificultad extrema que supondría implantar una evaluación y un proceso de toma de decisiones uniformes que englobasen varios ámbitos de equivalencia. Los responsables de la toma de decisiones, los reguladores y otras partes interesadas reconocen actualmente la necesidad de que el planteamiento de la UE sea heterogéneo, siempre que todos los tipos específicos de equivalencia respeten una serie de principios comunes: la proporcionalidad de las evaluaciones, un enfoque sensible a los riesgos a la hora de determinar los resultados equivalentes y una mayor transparencia en relación con el tercer país interesado y el público en general. Además, existe un consenso general en cuanto a la necesidad de poner en marcha mecanismos de vigilancia del cumplimiento continuado por los terceros países de las condiciones subyacentes a cualquier decisión positiva de equivalencia.

La Comisión ya ha respondido activamente a las peticiones de mejoras que no exigían una acción legislativa, en particular en el ámbito de la transparencia pública, la rendición de cuentas y los diálogos no públicos con terceros países individuales. El documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 2017 relativo a la equivalencia explicaba detalladamente el proceso tendente a una decisión de equivalencia y las diversas consideraciones y restricciones que dicho proceso conlleva. La Comisión también ha facilitado una visión general, disponible para el público, de las habilitaciones de equivalencia vigentes en el Derecho de la UE y de las decisiones adoptadas hasta la fecha. Más recientemente, la Comisión también ha adaptado sus procesos internos, y actualmente somete a consulta pública de forma general los proyectos de decisiones de equivalencia cuya adopción está prevista (con un período de treinta días para presentar observaciones).

Además, la Comisión ha estado trabajando con el Parlamento Europeo y el Consejo en una serie de propuestas legislativas de relevancia para el planteamiento de la UE en relación con la equivalencia. Como resultado de ello, se han introducido recientemente cambios significativos de los regímenes de equivalencia en una serie de modificaciones legislativas relativas a las Autoridades Europeas de Supervisión, las infraestructuras de mercado europeas y el tratamiento prudencial de las empresas de servicios de inversión.

La modificación de los Reglamentos sobre las Autoridades Europeas de Supervisión refuerza el papel de dichas autoridades en la vigilancia de los terceros países que disfrutan de un régimen de equivalencia. Cada Autoridad Europea de Supervisión debe realizar una labor de vigilancia en relación con esos terceros países y presentar anualmente un informe confidencial al Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión y las otras dos Autoridades Europeas de Supervisión «que resuma los resultados de sus actividades de vigilancia». Además, las Autoridades Europeas de Supervisión no pueden celebrar acuerdos administrativos con terceros países que figuren en la lista de países de alto riesgo en lo que respecta al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La modificación del Reglamento sobre la infraestructura del mercado europeo refuerza el marco de supervisión de las entidades de contrapartida central que prestan servicios de compensación a las empresas de la UE, fundamentalmente mediante la introducción de un planteamiento más sensible al riesgo y proporcionado en relación con el régimen del tercer país. Las entidades de contrapartida central de terceros países que tengan naturaleza sistémica y pertinente para la estabilidad financiera de la UE, o probabilidades de llegar a tenerla, estarán sometidas a exigencias específicas y proporcionadas que reflejen el grado de riesgo sistémico de que se trate. Como último recurso, si estas exigencias resultan insuficientes para mitigar los posibles riesgos para la estabilidad de la Unión o de cualquiera de los Estados miembros, puede exigirse a la entidad de contrapartida central que preste servicios a las empresas de la UE a partir de una entidad autorizada en la propia UE.

El Reglamento sobre las empresas de inversión introduce nuevos criterios de evaluación así como salvaguardias adicionales y obligaciones de información para las empresas de terceros países establecidas en jurisdicciones equivalentes dentro del marco de equivalencia vigente para la prestación transfronteriza de servicios de inversión a clientes profesionales con arreglo al Reglamento relativo a los mercados de instrumentos financieros (MiFIR). En virtud del nuevo régimen de equivalencia, se crean diferentes categorías de jurisdicciones de terceros países; en particular, en las jurisdicciones en las que es probable que la escala y el alcance de los servicios prestados sean de importancia sistémica para la Unión, la equivalencia solamente puede concederse tras una evaluación detallada y pormenorizada por parte de la Comisión. Además, se refuerza el papel de la Autoridad Europea de Valores y Mercados en la vigilancia de las actividades de esas empresas en la Unión.

Por otro lado, en lo que respecta a los índices de referencia financieros, aquellos administrados fuera de la UE quedarán exentos hasta 2022 de la obligación de ser considerados equivalentes, ser reconocidos o ser aceptados para poder ser usados en la UE. Además, la Autoridad Europea de Valores y Mercados tendrá la facultad de reconocer a los administradores de índices de referencia de terceros países a partir de 2022.

4.Evaluaciones y toma de decisiones al respecto de la equivalencia

Las decisiones de equivalencia son actos unilaterales y discrecionales de la UE, elaborados y aprobados por la Comisión, atendiendo a las prioridades de la Unión y los intereses de los mercados financieros de la UE. No se preparan ni se toman de forma aislada: la Comisión, en principio, tratará siempre de entablar un diálogo técnico eficaz con las partes interesadas con el fin de garantizar la solidez y precisión de sus evaluaciones técnicas subyacentes, en el que también participan, cuando procede, las Autoridades Europeas de Supervisión. Las autoridades de terceros países están invitadas a contribuir a las fases de constatación de hechos relativos al modo en que sus marcos de regulación y supervisión consiguen los resultados que persigue el marco de la UE correspondiente.

La Comisión trata de establecer contactos técnicos con el tercer país de que se trate con objeto de mejorar su entendimiento del marco de ese tercer país y, posteriormente, de confirmar sus constataciones relativas a la equivalencia. Más adelante, esos contactos pueden servir para abordar las posibles lagunas detectadas en el marco de regulación o supervisión en un proceso de vigilancia a posteriori. A ese respecto, los diálogos regionales o de regulación de la UE ya en marcha con una serie de terceros países no solo constituyen una fuente de información, sino también una oportunidad de afinar las evaluaciones técnicas previas a decisiones de equivalencia y de debatir las constataciones surgidas de la vigilancia relativa a la equivalencia o las necesidades de revisión de una decisión vigente, en caso de que se hayan detectado deficiencias graves.