Recuadro 1. Garantías y otras medidas de apoyo a la liquidez en los proyectos de planes presupuestarios para 2021 Los Estados miembros han proporcionado un amplio apoyo a la liquidez para contrarrestar las secuelas económicas de la pandemia de COVID-19. Las formas más comunes de apoyo a la liquidez son las garantías estatales para apoyar empréstitos del sector privado y la moratoria de impuestos (es decir, la posibilidad de retrasar el pago de las deudas tributarias sin penalización). Los Estados miembros también han emitido garantías para apoyar nuevos instrumentos en el ámbito de la UE. Las garantías estatales son la categoría más importante de medidas de apoyo a la liquidez. Los Estados miembros han implantado programas que ascienden a aproximadamente el 17 % del PIB. Esta cantidad representa el tamaño máximo de los marcos de garantía, pero la utilización real o los acuerdos contractuales entre hogares, empresas, sector financiero y Administraciones Públicas pueden ser menores. Es probable que solo una parte de las obligaciones contractuales dé lugar a peticiones de ejecución a las Administraciones Públicas, que se materializarían como déficit y afectarían a los niveles de deuda. Esta proporción es difícil de estimar por anticipado. Los Estados miembros también han emitido garantías para apoyar nuevos instrumentos en el ámbito de la UE, en particular SURE y el Fondo Europeo de Garantía. Gráfico B1.1Garantías extendidas a agentes nacionales, 2020 (% del PIB) Nota: Se excluyen las garantías a los instrumentos de la UE e internacionales. En el caso de Alemania, el gráfico muestra el tamaño de los nuevos programas de garantías establecidos, mientras que el marco general de garantía es en realidad ilimitado. En el caso de Francia, Irlanda y Letonia, los datos proporcionados en los proyectos de planes presupuestarios se complementaron con información procedente de otras fuentes públicas. Austria e Italia no facilitaron datos sobre las garantías pese a que disponen de tales programas. En Italia, se calcula que el nivel máximo de pasivos contingentes es de alrededor del 30 % del PIB, con una utilización indicativa de alrededor del 7 % del PIB hasta la fecha. Fuentes: Proyectos de planes presupuestarios para 2021 y otras fuentes públicas. El tamaño de los programas de garantías y sus estructuras varían entre Estados miembros. Algunos gobiernos han garantizado directamente los préstamos concedidos por los bancos a hogares y empresas. Otros Estados miembros han recurrido a instituciones nacionales de fomento para ejecutar programas de apoyo a la liquidez. Algunas de estas instituciones son el KfW en Alemania, KredEx en Estonia, el Banco Griego de Desarrollo, BPI France, CDP en Italia, Altum en Letonia, INVEGA en Lituania, el Banco de Desarrollo de Malta y Finnvera en Finlandia. La utilización de las garantías, que transforma el pasivo contingente máximo teóricamente posible en virtud de determinado programa en el pasivo contingente real de las Administraciones Públicas, también es desigual entre los Estados miembros. Según las estimaciones de la Comisión, hasta la fecha solo se ha utilizado alrededor de una cuarta parte de las garantías disponibles. La Comisión invitó a los Estados miembros a que notificaran en sus proyectos de planes presupuestarios, con carácter voluntario, el tamaño máximo de los marcos de garantía y su utilización. La mayoría de los Estados miembros facilitó esta información al menos parcialmente. Algunos Estados miembros informaron también sobre garantías de apoyo a instrumentos internacionales y de la UE, como SURE. El gráfico B1.1 muestra las garantías extendidas únicamente a agentes económicos nacionales, ajustadas por razones de comparabilidad. Los Estados miembros de la zona del euro permitieron también moratorias en el pago de impuestos y cotizaciones a la seguridad social por valor de alrededor del 1½% del PIB en 2020. Las moratorias en el pago de las deudas tributarias no tienen una repercusión directa en el déficit público, ya que los impuestos se registran en las cuentas nacionales en el período en que tiene lugar la actividad económica que genera la obligación tributaria. Al mismo tiempo, las moratorias pueden afectar temporalmente a la deuda, en caso de que impliquen empréstitos adicionales por parte de las Administraciones Públicas durante el período de la moratoria. Sin embargo, teniendo en cuenta la considerable contracción económica prevista para 2020, es poco probable que algunas empresas sobrevivan a la crisis y puede que algunas de las deudas tributarias aplazadas no lleguen a pagarse nunca. Según el marco estadístico de la UE, los impuestos devengados pero no recaudados no deben registrarse como ingresos públicos, por lo que tienen un efecto de aumento del déficit. En general, en los proyectos de planes presupuestarios no se proporcionó información explícita sobre las pérdidas estimadas relacionadas con los impuestos, aunque es probable que sus previsiones fiscales tengan en cuenta este efecto.