PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO referente a la aplicación de la Directiva sobre Fondos propios (89/299/CEE)

RESUMEN

Éste es el primer informe sobre la aplicación de la Directiva relativa a los Fondos propios (89/299/CEE) que, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 2 de la misma, presentará la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo.

En él se describe la forma en que las disposiciones de la Directiva han sido incorporadas al ordenamiento jurídico de los Estados miembros. El informe se basa, en parte, en un estudio realizado para la Comisión por un consultor externo. No obstante, mientras este estudio se centra sobre todo en la incorporación de las numerosas disposiciones de carácter optativo que contiene la Directiva, el presente informe explica también, en cierta medida, los efectos de la Directiva en la práctica y señala los aspectos que cabría mejorar.

Asimismo, el informe intenta poner de manifiesto las diferencias existentes entre la Directiva sobre Fondos propios y la definición del capital establecida en el Acuerdo de Basilea en la materia (esto es, el marco regulador del capital destinado a los bancos de los países del G-10 que operan a escala internacional).

Dentro de sus conclusiones, el presente documento propone posibles líneas de actuación con vistas a lograr una definición más armonizada de los fondos propios. Se propone que el Comité Consultivo Bancario y sus grupos de trabajo reexaminen la Directiva sobre Fondos propios. Con ocasión de este examen deberían estudiarse también posibles formas de limitar los falseamientos de competencia y de afianzar el sistema bancario europeo.

La Comisión y los Estados miembros de la UE participantes siguen también desempeñando un papel activo en el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria y en sus grupos de trabajo, con el propósito de llegar a una definición similar de los fondos propios a nivel mundial y de garantizar una aplicación homogénea de los requisitos de capital. De esta forma se contribuirá a mantener la competitividad internacional de las entidades de crédito europeas. Los trabajos del Comité de Basilea ofrecerán, con toda probabilidad, valiosas reflexiones e ideas de cara a una futura revisión de la Directiva sobre Fondos propios.

1. INTRODUCCIÓN

Con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 89/299/CEE del Consejo, de 17 de abril de 1989, relativa a los fondos propios de las entidades de crédito, la Comisión debe presentar al Parlamento y al Consejo, a más tardar, tres años después de la fecha a que se refiere el apartado 1 del artículo 9, un informe sobre la aplicación de la Directiva, acompañado, en su caso, de las propuestas de modificación que estime necesarias. De acuerdo con el penúltimo considerando de la Directiva, el informe debe elaborarse "con objeto de reforzar sus disposiciones, de modo que se logre una mayor convergencia en la definición común de los fondos propios".

Sin embargo, en la fecha en que debía presentarse tal informe, esto es, el 1 de enero de 1996, la Comisión aún no disponía de los resultados de un estudio sobre la aplicación de la Directiva que, a petición suya, estaba realizando una empresa de consultoría. Para poder integrar los resultados de dicho estudio y extraer de él las oportunas conclusiones, la Comisión consideró conveniente aplazar la elaboración del informe hasta tanto no hubiera recibido el estudio y comprobado su exactitud.

Asimismo, la Comisión juzgó oportuno diferir la preparación del informe hasta la adopción de la Directiva modificada sobre la adecuación del capital, habida cuenta de su estrecha vinculación con la Directiva 89/299/CEE.

El Comité Consultivo Bancario tomó nota del estudio de los consultores y varios Estados miembros presentaron observaciones suplementarias. La Comisión da por supuesto que los resultados de dicho estudio, en relación con los cuales los Estados miembros no formularon comentario alguno antes del 31 de diciembre de 1997, son correctos.

La Directiva 98/31/CE ("DAC II"), por la que se modifica la Directiva 93/6/CEE del Consejo, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito, se aprobó el 22 de junio de 1998.

El presente informe intenta exponer y evaluar la forma en que se han incorporado a los ordenamientos jurídicos nacionales las disposiciones de este texto comunitario, presentando además una serie de medidas que podría adoptar la Unión Europea para armonizar en mayor grado la definición de los fondos propios, de modo que se puedan evitar los falseamientos de competencia y dotar de mayor solidez al sistema bancario europeo, lo que redundará, en último término, en una mayor confianza y seguridad para el consumidor.

El presente informe consta de los siguientes anexos :

- Anexo I : Cuadro de las medidas nacionales de incorporación

- Anexo II : Instrumentos que pueden incluirse en el capital de primer orden

- Anexo III : Nota interpretativa XV/1100/95-rev.6

2. INCORPORACIÓN de la DIRECTIVA

2.1. OBSERVACIONES GENERALES

La Directiva sobre Fondos propios existe desde hace diez años y constituyó una derivación natural de la Primera Directiva del Consejo (77/780/CEE) sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio. En efecto, el artículo 6 de esta última Directiva dispone que "A la espera de una coordinación posterior, las autoridades competentes establecerán en su caso a título de observación, complementariamente a los eventuales coeficientes que apliquen, relaciones entre diferentes partidas del activo y/o del pasivo de las entidades de crédito con objeto de vigilar la solvencia y la liquidez de las entidades de crédito y el resto de las condiciones útiles para la protección del ahorro." Como consecuencia de esta disposición de la Primera Directiva Bancaria, el Comité Consultivo Bancario desempeñó un destacado papel en los trabajos preparatorios de la Directiva sobre Fondos propios y, junto con el GTIAD, ha seguido desempeñándolo desde la adopción de la Directiva.

La definición de fondos propios establecida en la Directiva sobre Fondos propios se basa en la labor que dio paso al Acuerdo de Basilea sobre el capital de 1988. Dicho Acuerdo fue el resultado de los trabajos desarrollados por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria y fue concebido para los bancos que operan a escala internacional. El Comité de Basilea integra a ocho Estados miembros de la UE (Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia y Reino Unido), además de Estados Unidos, Canadá, Japón y Suiza. Muchos otros países han adoptado también el Acuerdo de Basilea para la regulación de sus bancos.

2.2. OBJETIVO de la DIRECTIVA

Los fondos propios de las entidades de crédito permiten absorber pérdidas no compensadas por un volumen suficiente de beneficios y constituyen, asimismo, un criterio importante para las autoridades competentes, especialmente con vistas a la evaluación de la solvencia de las entidades de crédito, así como con otros fines cautelares.

Los fondos propios de las entidades de crédito permiten también garantizar la continuidad de funcionamiento de las mismas y proteger el ahorro. La armonización de las normas relativas a la definición y al cálculo de los fondos propios facilita la supervisión de las entidades de crédito y favorece una armonización más amplia en el sector bancario.

La Directiva sobre Fondos propios forma parte del conjunto de medidas encaminadas a establecer una normativa cautelar mínima armonizada para las entidades financieras de la UE, con el doble propósito de preservar la seguridad y solidez del sistema financiero y de crear condiciones de competencia equitativas para las entidades financieras del mercado único.

2.3. ESTRUCTURA de la DIRECTIVA

La Directiva sobre Fondos propios determina la composición de los fondos propios de las entidades de crédito y las normas básicas aplicables a los mismos. La Directiva precisa, además, los criterios a que deben ajustarse determinados elementos para tener la consideración de fondos propios. No obstante, se ofrece a los Estados miembros la posibilidad de aplicar condiciones más estrictas.

La Directiva establece una distinción entre, de un lado, los elementos que constituyen los fondos propios básicos (capital de primer orden, en la terminología de Basilea), y de otro, los elementos que constituyen los fondos propios complementarios (capital de segundo orden, en la terminología de Basilea), y, atendiendo a la diferente naturaleza de unos y otros, dispone que estos últimos no deben representar más del 100 % de los fondos propios básicos y que, además, el volumen de determinados elementos de los fondos propios complementarios debe limitarse al 50 % de los fondos propios básicos.

Para evitar distorsiones de competencia, las entidades de crédito públicas no deben incluir en el cálculo de sus fondos propios las garantías que les concedan los Estados miembros o las autoridades locales.

El principio general establecido en el apartado 1 del artículo 2 de la Directiva dispone que, salvedad hecha de las limitaciones contempladas en el artículo 6, los fondos propios no consolidados de las entidades de crédito estarán constituidos por los ocho elementos siguientes :

1) el capital en el sentido del artículo 22 de la Directiva 86/635/CEE, en la medida en que se haya desembolsado, más la cuenta de las primas de emisión, pero excluyendo las acciones preferenciales cumulativas ;

2) las reservas, en el sentido del artículo 23 de la Directiva 86/635/CEE y los resultados transferidos mediante asignación del resultado final.

Los Estados miembros no podrán autorizar que se tomen en cuenta los beneficios intermediarios antes de que se haya tomado una decisión formal, salvo si dichos beneficios han sido verificados por responsables del control de las cuentas y se pruebe, a satisfacción de las autoridades competentes, que su importe se ha evaluado de acuerdo con los principios enunciados en la Directiva 86/635/CEE y está libre de toda carga previsible y de previsión de dividendos ;

3) las reservas de reevaluación, en el sentido del artículo 33 de la Directiva 78/660/CEE, del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad, modificada en último lugar por la Directiva 84/569/CEE ;

4) los fondos para riesgos bancarios generales, tal como se definen en el artículo 38 de la Directiva 86/635/CEE ;

5) los ajustes de valoración, en el sentido del apartado 2 del artículo 37 de la Directiva 86/635/CEE ;

6) los demás elementos, en el sentido del artículo 3 ;

7) los compromisos de los miembros de entidades de crédito constituidas en forma de sociedades cooperativas, y los compromisos solidarios de los prestatarios de determinadas entidades organizadas en forma de fondos mencionados en el apartado 1 del artículo 4) ;

8) las acciones preferenciales cumulativas a plazo fijo y los préstamos subordinados mencionados en el apartado 3 del artículo 4.

Se deducirán los cinco elementos siguientes, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 ;

9) las acciones propias en poder de la entidad de crédito, a su valor contable ;

10) los activos inmateriales en el sentido del artículo 4 ("activo"), punto 9, de la Directiva 86/635/CEE ;

11) los resultados negativos de cierta importancia del ejercicio en curso ;

12) las participaciones en otras entidades de crédito o con instituciones financieras superiores al 10 % del capital de las mismas, así como los créditos subordinados y los instrumentos contemplados en el artículo 3 que la entidad de crédito o la institución financiera posea contra otras entidades de crédito o instituciones financieras en las que su participación sea superior al 10 % del capital ;

cuando una entidad de crédito tenga temporalmente acciones de otra entidad de crédito o de una institución financiera en el marco de una operación de asistencia financiera destinada a sanear y a salvar a esta última, la autoridad de control podrá consentir excepciones a esta disposición ;

13) las participaciones en otras entidades de crédito y en instituciones financieras inferiores o iguales al 10 % del capital de estas últimas, así como los créditos subordinados y los instrumentos contemplados en el artículo 3 que la entidad de crédito posea contra entidades de crédito o instituciones financieras distintas de las contempladas en el punto 12 por una cantidad equivalente al total de dichas participaciones, créditos subordinados e instrumentos superior al 10 % de los fondos propios calculados antes de deducir los elementos 12 y 13 de la entidad de crédito.

Hasta la posterior coordinación de las disposiciones sobre la consolidación, los Estados miembros podrán disponer que, para el cálculo de los fondos propios no consolidados, las empresas matrices sujetas a una vigilancia sobre base consolidada, puedan no deducir sus participaciones en otras entidades de crédito o instituciones financieras incluidas en la consolidación. Dicha disposición se aplicará al conjunto de las normas prudenciales armonizadas por los actos comunitarios.

2.4. INCIDENCIA de la DIRECTIVA

Es importante subrayar la notable incidencia que tiene esta Directiva del Consejo, pues prevé la armonización, a escala comunitaria, de la definición de fondos propios de las entidades de crédito. La adopción de una serie de normas básicas comunes que regulan los fondos propios de las entidades de crédito constituye un factor fundamental para la creación y la supervisión del mercado interior de las entidades financieras.

La Directiva contribuye de manera apreciable a cimentar la solidez de las entidades de crédito en Europa y a poner en igualdad de condiciones de competencia a las entidades de crédito de la Unión Europea, lo que redundará, en último término, en una mayor confianza y seguridad para el consumidor.

2.5. RELACIÓN con OTRAS DIRECTIVAS

La Directiva sobre Fondos propios resulta fundamental a la hora de interpretar y aplicar otras Directivas, entre ellas la Segunda Directiva Bancaria (89/646/CEE), la Directiva sobre el coeficiente de solvencia (89/647/CEE), la Directiva sobre adecuación del capital (93/6/CEE), la Directiva modificada sobre adecuación del capital (98/31/CE), la Directiva sobre supervisión consolidada (83/350), la Directiva modificada sobre supervisión consolidada (92/30/CEE), la Directiva sobre cuentas de los bancos (86/635/CEE) y la Directiva sobre grandes riesgos (92/121/CEE). [1]

[1] La DFP (art. 1) remite asimismo a la Primera Directiva de coordinación bancaria (77/780/CEE y sus modificaciones) para la definición de entidades de crédito.

La Directiva sobre Fondos propios es imprescindible a la hora de aplicar la Segunda Directiva 89/646/CEE del Consejo para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, dado que esta última establece los requisitos mínimos de fondos propios a que se supedita la autorización de las entidades de crédito y el ejercicio de sus actividades. La Segunda Directiva Bancaria también fija, en función de los fondos propios, los límites a que están sujetas las participaciones cualificadas de las entidades de crédito.

La Directiva sobre el coeficiente de solvencia (DCS), que entró en vigor al mismo tiempo que la Directiva sobre Fondos propios (DFP), impone un coeficiente mínimo de solvencia a las entidades de crédito, esto es, la relación que debe existir, como mínimo, entre los fondos propios y los activos de dichas entidades ponderados en función del riesgo. Aunque en la DCS se definen los activos con ponderación de riesgo, esta Directiva remite a la DFP para la determinación de los elementos de fondos propios admisibles a efectos del cálculo del coeficiente.

Las Directivas sobre adecuación del capital ("DAC I" y "DAC II") han hecho extensiva, por una parte, la aplicación del coeficiente mínimo de solvencia a las empresas de inversión, y, por otra, han introducido una nueva definición de fondos propios aplicable exclusivamente en lo que respecta al riesgo de mercado asumido por las entidades de crédito y las empresas de inversión. (En anejo al presente informe se incluye el Anexo V - Fondos propios- de la Directiva 93/6/CEE del Consejo sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito ("DAC I"), así como las modificaciones de dicho Anexo V en la Directiva 98/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se modifica la Directiva 93/6/CEE del Consejo sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito ("DAC II")).

La Directiva sobre Fondos propios dispone que cuando, a efectos de supervisión, sea necesario determinar el importe de los fondos propios consolidados de un grupo de entidades de crédito, el cálculo se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 92/30/CEE, relativa a la supervisión de las entidades de crédito de forma consolidada.

La Directiva dispone asimismo que la técnica contable concreta para el cálculo de los fondos propios deberá tener en cuenta lo dispuesto en la Directiva 86/635/CEE, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras, que incluye determinadas adaptaciones de las disposiciones de la Directiva 78/660/CEE y de la Directiva 83/349/CEE, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado, relativa a las cuentas consolidadas.

La Directiva 92/121/CEE sobre supervisión y control de las operaciones de gran riesgo de las entidades de crédito limita los grandes riesgos que éstas están autorizadas a contraer al 25 % de sus fondos propios. Por otra parte, las entidades de crédito no podrán contraer grandes riesgos cuyo valor acumulado supere el 800 % de sus fondos propios y deberán notificar a las autoridades competentes todas las operaciones de gran riesgo. Esta Directiva se aplica sobre bases consolidadas.

Todo análisis de los efectos económicos que se deriven de la Directiva sobre Fondos propios reflejará, en gran medida, la incidencia conjunta de otras Directivas del Consejo. La conexión entre ésta y otras Directivas del Consejo se describe, en su caso, a lo largo del presente informe.

2.6. MODIFICACIONES de la DIRECTIVA

La Directiva sobre Fondos propios ha sido modificada en dos ocasiones. La primera modificación se efectuó en 1991 con objeto de incluir los "fondos para riesgos bancarios generales" en la categoría de fondos propios básicos (Directiva 91/633/CEE).

La segunda modificación fue aprobada por el Consejo en 1992 y quedó plasmada en la Directiva 92/16/CEE, destinada a establecer una excepción temporal en favor de las entidades danesas de crédito hipotecario y a modificar el procedimiento previsto en el artículo 8. La excepción temporal en favor de las entidades danesas de crédito hipotecario expira en el 2001.

La Comisión ha incluido asimismo la DFP en un proyecto de propuesta de Directiva, que codificará varias Directivas.

2.7. INCORPORACIÓN de la DIRECTIVA fuera de la UE

En virtud del Acuerdo EEE, la Directiva es aplicable en Islandia, Liechtenstein y Noruega, y el Órgano de Vigilancia de la AELC está elaborando un informe sobre la incorporación de la misma en los citados países.

2.8. INCORPORACIÓN de la DIRECTIVA en los ESTADOS MIEMBROS

Todos los Estados miembros han informado a la Comisión de las disposiciones de incorporación de la Directiva, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9. La incorporación del artículo 1 no ha presentado dificultad alguna. En anexo se presenta un cuadro que recoge, en síntesis, las medidas nacionales de incorporación. Algunas de estas medidas son algo más estrictas que los mínimos establecidos en la Directiva, imponiendo sobre todo mayores restricciones en lo que se refiere a los elementos admisibles como fondos propios y/o la obligación de deducir de dichos fondos elementos adicionales. Doce Estados miembros aplican este tipo de normas más estrictas. [2]

[2] Esta facultad está expresamente prevista en el párrafo primero del apartado 2 del artículo 2.

2.9. SITUACIÓN ACTUAL

En el curso del año pasado se ha iniciado, entre las autoridades de reglamentación y supervisión bancaria y representantes del sector, un debate sobre la posible necesidad de revisar la normativa a que están actualmente sujetas las entidades de crédito en virtud de la Directiva sobre Fondos propios y la Directiva sobre el coeficiente de solvencia. El Acuerdo de Basilea sobre el capital de 1988 está siendo asimismo reexaminado.

Los problemas técnicos que plantea el actual marco normativo se deben sencillamente a que data de hace diez años y no contempla la evolución reciente. Éstos podrían resolverse ya sea mediante la interpretación o la revisión de las disposiciones vigentes.

Uno de los problemas que se plantea en relación con la composición y calidad del capital se deriva de las innovaciones del sector bancario en la concepción de instrumentos de capital. Los bancos proponen la inclusión de estos instrumentos de capital innovadores fundamentalmente en los fondos propios básicos (primer orden) debido a su rentabilidad. Sin embargo, dichos instrumentos poseen con frecuencia características que tienden a erosionar la estricta definición de capital vigente, lo que obligará a las autoridades de reglamentación a clarificar los términos de la definición.

Desde hace algún tiempo se ha venido trabajando sobre la revisión del régimen de capital, tanto en la UE -en el CCB, el Grupo Técnico de Interpretación para la Aplicación de las Directivas Bancarias (GTIAD) y el Subgrupo Técnico de Trabajo sobre el capital del CCB-, como a nivel internacional, en el Comité de Basilea. Todos estos comités han venido estudiando los problemas de la regulación del capital de cara al futuro y tratan de determinar la manera de avanzar en distintos frentes.

2.10. FONDOS PROPIOS BÁSICOS (PRIMER ORDEN)

Los puntos 1) capital suscrito ; 2) reservas y resultados transferidos mediante asignación del resultado final y 4) fondos para riesgos bancarios generales del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva conforman la definición de fondos propios básicos (también denominados capital de primer orden). (En relación con todos los elementos enumerados en el apartado 1 del artículo 2, véase el capítulo 3 del presente informe : "Estructura de la Directiva".)

Estos tres elementos representan el capital de mayor solidez y con mayor capacidad de absorción de pérdidas. En consecuencia, la Directiva permite utilizar los fondos propios básicos de manera ilimitada a efectos de requisitos de capital.

Punto 1) : Capital suscrito

(1) el capital en el sentido del artículo 22 de la Directiva 86/635/CEE [3], en la medida en que se haya desembolsado, más la cuenta de las primas de emisión, pero excluyendo las acciones preferenciales cumulativas ;

[3] Artículo 22 de la Directiva 86/635/CEE :

Incorporación en los Estados miembros

El punto 1) del apartado 1 del artículo 2 ha sido incorporado en todos los Estados miembros. En 1996 este elemento representaba, en los distintos Estados integrantes del EEE, entre el 11,0 % y el 60,0 % del capital total de las entidades de crédito (la media en el conjunto de Estados miembros era del 26,2 %). La proporción es particularmente baja en E, NL, A y S, mientras que en EL y P es muy elevada.

Debido a las restricciones que imponen las normativas nacionales en lo que respecta a la emisión directa de capital denominado en moneda extranjera, y asimismo por motivos fiscales, la emisión de acciones preferentes se realiza a menudo a través de filiales o de entidades instrumentales de titulización de activos (special purpose vehicles o SPV), las cuales transfieren el capital obtenido a la entidad de crédito (matriz). La Comisión considera que únicamente el capital obtenido por la entidad como capital de primer orden puede ser reconocido como tal por la entidad de crédito (matriz). En caso de que el banco registre pérdidas, los inversores en las acciones preferentes emitidas por el SPV deberán absorberlas, sin que ello comporte el cese de la actividad, del mismo modo que los inversores en acciones emitidas directamente.

Los instrumentos de capital admisibles como fondos propios básicos no deberán contener cláusulas que exijan a la entidad emisora realizar pagos a los inversores por importe superior a los beneficios distribuibles. Si los pagos (ya se trate de amortizaciones o de pagos de intereses) están vinculados a la reputación crediticia de la entidad de crédito emisora, podrían agravar los problemas de solvencia de la entidad en momentos de crisis. Por tanto, no deberán admitirse como capital de primer orden aquellos instrumentos que vinculen los pagos a la calificación crediticia de la entidad.

La Directiva 98/31/CE del Consejo, por la que se modifica la Directiva 93/6/CEE del Consejo, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito dispone, en la modificación del punto 2 del Anexo V (anejo al presente informe), que las autoridades competentes podrán permitir que las entidades que estén obligadas a cumplir las exigencias de fondos propios establecidas en los anexos I, II, III, IV, VI, VII y VIII de la referida Directiva (anejos asimismo al presente informe) se acojan a una definición distinta de fondos propios solamente para el cumplimiento de dichas exigencias.

Comparación con el Acuerdo de Basilea sobre el capital

De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, la incorporación de esta disposición no ha presentado dificultades apreciables, salvo en lo que respecta a la exclusión de las acciones preferentes acumulativas de los fondos propios básicos. En numerosos países, los bancos han manifestado a las autoridades de supervisión su pretensión de que se reconozcan como fondos propios básicos (capital de primer orden) determinadas categorías de acciones preferentes, y algunos supervisores están estudiando tal posibilidad. Dado que tanto la Directiva como el Acuerdo de Basilea excluyen las acciones preferentes acumulativas del capital de primer orden, aumenta la tendencia de los bancos a configurarlas de manera que no tengan carácter acumulativo, sin perder por ello las ventajas fiscales.

En general, el capital suscrito se ha venido admitiendo como capital reglamentario. En su artículo 2, la Directiva define en términos más precisos los instrumentos de capital que pueden tener la consideración de "capital suscrito". La correspondiente disposición del Acuerdo de Basilea difiere levemente [4] de la de la Directiva. En particular, el Acuerdo de Basilea exige que el capital social sea permanente y que las acciones preferentes (no acumulativas) sean "perpetuas". Es evidente que, al hacer referencia al carácter "perpetuo" del capital, el texto de Basilea es más estricto que las Directivas de la UE. Ello se debe a que la Directiva comunitaria debe atender a todas las formas jurídicas que pueden adoptar los bancos de la UE.

[4] Capital social (acciones ordinarias emitidas y totalmente desembolsadas y acciones preferentes perpetuas y no acumulativas, pero excluyendo las acciones preferentes acumulativas).

Dado que los bancos han emitido una gama de instrumentos de capital innovadores -por ejemplo, con cláusulas de ajuste al alza ("step-ups")-, con objeto de generar capital reglamentario de primer orden que sea rentable y que pueda al mismo tiempo, si procede, denominarse en moneda no local, el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, en la reunión de 21 de octubre de 1998 celebrada en Sydney, decidió limitar la admisión de estos instrumentos como capital de primer orden. La utilización de dichos instrumentos estará sujeta a condiciones rigurosas y a un límite del 15 % del capital de primer orden. (Véase Anexo : Instrumentos que pueden incluirse en el capital de primer orden.)

Punto 2) : reservas y resultados finales asignados

(2) las reservas, en el sentido del artículo 23 de la Directiva 86/635/CEE [5], y los resultados transferidos mediante asignación del resultado final. Los Estados miembros no podrán autorizar que se tomen en cuenta los beneficios intermediarios antes de que se haya tomado una decisión formal, salvo si dichos beneficios han sido verificados por responsables del control de las cuentas y se pruebe, a satisfacción de las autoridades competentes, que su importe se ha evaluado de acuerdo con los principios enunciados en la Directiva 86/635/CEE y está libre de toda carga previsible y de previsión de dividendos ;

[5] Artículo 23 de la Directiva 86/635/CEE :

Incorporación en los Estados miembros

Las reservas y los resultados finales asignados del ejercicio representan el segundo elemento de los fondos propios básicos (capital de primer orden) y venían admitiéndose también generalmente como capital reglamentario. Con todo, mediante la referencia al artículo 23 de la Directiva sobre cuentas de los bancos (86/635/CEE), la Directiva define también en términos más precisos los elementos que pueden tener la consideración de reservas. Además, la Directiva permite la inclusión de los beneficios intermedios, supeditada, eso sí, a condiciones muy estrictas.

El punto 2) del apartado 1 del artículo 2 ha sido incorporado en todos los Estados miembros. En 1996 este elemento representaba, en los distintos Estados integrantes del EEE, entre el 6,8 % y el 76,8 % del capital total de las entidades de crédito (la media en el conjunto de Estados miembros era del 43,4 %). Este elemento representa una proporción particularmente importante del capital total en DK, E, NL, A y S. Doce Estados miembros han hecho uso de la facultad de incluir los beneficios intermedios. B, DK, y E no han adoptado tal disposición. Bélgica incluye los beneficios intermedios, como capital de tercer orden, en las carteras de negociación para cubrir los riesgos de mercado, conforme a lo dispuesto en el Anexo V de la DAC.

La Comisión no tiene constancia de que la incorporación de esta disposición haya planteado problemas apreciables, salvedad hecha de la verificación de los beneficios intermedios por auditores externos a que se supedita la inclusión de los mismos en los fondos propios básicos, conforme a lo dispuesto en el punto 2 del apartado 1 del artículo 2. Todos los Estados miembros coinciden con la Comisión en que, a tenor de lo dispuesto en la Directiva 86/635/CEE, los "responsables del control de las cuentas" son los auditores externos y no los internos. La Comisión considera imprescindible, además, que los beneficios intermedios sean verificados directamente por auditores externos antes de su inclusión en el capital de primer orden y que los procedimientos se sometan periódicamente a revisión. No obstante, la auditoría externa de los citados beneficios no supone necesariamente una auditoría completa de las cuentas, como la que ha de realizarse al final de cada ejercicio.

Comparación con el Acuerdo de Basilea sobre el capital

La formulación del Acuerdo de Basilea a este respecto difiere levemente [6] de la de la Directiva. En esencia, no obstante, la única diferencia radica en que la Directiva establece las condiciones de inclusión de los beneficios intermedios de manera más pormenorizada que el Acuerdo de Basilea.

[6] Reservas declaradas creadas o incrementadas mediante la asignación de resultados no distribuidos u otros excedentes (después de impuestos), por ejemplo : primas de emisión, beneficios no distribuidos (incluidas, a discreción de las autoridades nacionales, las asignaciones a la reserva, o con cargo a la misma, durante el ejercicio, de beneficios no distribuidos del ejercicio en curso), reserva general y reserva legal (capital de primer orden).

Punto 4) : Fondos para riesgos bancarios generales

(4) los fondos para riesgos bancarios generales, tal como se definen en el artículo 38 de la Directiva 86/635/CEE ;

La partida correspondiente a los fondos para riesgos bancarios generales fue establecida en la Directiva 86/635/CEE y está destinada a cubrir "los riesgos particulares inherentes a las operaciones bancarias".

Incorporación en los Estados miembros

Aunque los fondos para riesgos bancarios generales se reconocen como elemento de fondos propios en la mayoría de Estados miembros, únicamente desempeñan una función destacada en B, F, I, L, P y FIN. En 1996 este elemento representaba, en los distintos Estados integrantes del EEE, entre el 0,0 % y el 5,9 % del total de fondos propios de las entidades de crédito (la media en el conjunto de Estados miembros era del 1,9 %). De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, la incorporación de esta disposición no ha presentado dificultades dignas de mención.

Comparación con el Acuerdo de Basilea sobre el capital

Aunque la partida "fondos para riesgos bancarios generales" no existe, con tal denominación, fuera de la Unión Europea, su condición de capital de primer orden está expresamente reconocida en el Acuerdo de Basilea sobre el capital. El Acuerdo explica pormenorizadamente las condiciones para la inclusión de determinados elementos de las provisiones generales o las reservas generales para fallidos (tales como los fondos para riesgos bancarios generales). Con arreglo al Acuerdo de Basilea, deben excluirse del capital todos los elementos destinados a la protección de los bancos frente al deterioro percibido de activos específicos - en particular los que están expuestos al riesgo de país, en el ámbito de los préstamos inmobiliarios u otros ámbitos de riesgo -, esto es, en principio no deben incluirse en la partida "provisiones generales/reservas generales para fallidos". Asimismo, las "provisiones generales/reservas generales para fallidos" están sujetas a un límite del 1,25 % de los activos con riesgo ponderado. Por lo demás, han de cumplirse los siguientes requisitos :

- las asignaciones a los fondos deberán efectuarse con cargo a los resultados después de impuestos no distribuidos o a los resultados antes de impuestos ajustados en función de las posibles obligaciones fiscales ;

- los fondos y los correspondientes movimientos de entrada o salida deberán figurar por separado en las cuentas publicadas del banco ;

- los fondos deberán estar disponibles a fin de que el banco pueda, de manera ilimitada e inmediata, hacer frente a las pérdidas en cuanto se produzcan ;

- las pérdidas no podrán cargarse directamente a los fondos, sino que deberán pasar, de manera transitoria, por la cuenta de pérdidas y ganancias.

La Directiva 86/635/CEE sobre cuentas de los bancos impone condiciones igualmente rigurosas en lo que respecta a los fondos para riesgos bancarios generales.

2.11. FONDOS PROPIOS COMPLEMENTARIOS (SEGUNDO ORDEN)

Los fondos propios complementarios (denominados asimismo capital de segundo orden) incluyen elementos de capital que están disponibles también para absorber pérdidas, pero que no se consideran tan sólidos como los fondos propios básicos, por lo que están sujetos a una serie de límites (véase más adelante).

Con anterioridad a la adopción de la Directiva, ciertos elementos de los fondos propios complementarios se utilizaban tan sólo en algunos Estados miembros. La Directiva pone especial énfasis en la definición de las condiciones de reconocimiento de dichos elementos de capital. Con objeto de delimitar su utilización y de evitar todo deterioro de los fondos propios, otros Estados miembros han admitido también nuevos elementos como capital de segundo orden.

Los elementos de capital admisibles como fondos propios complementarios se enumeran en los puntos 3) y 5) a 8) del artículo 2. Los elementos 3) y 5) a 7), que se consideran de calidad superior al elemento 8), reciben a menudo la denominación de "capital de segundo orden superior", aludiéndose en general al elemento 8) como "capital de segundo orden inferior". La diferencia cualitativa entre los distintos "niveles" de capital se refleja en los límites a que está sujeta su utilización. Los fondos propios complementarios comprenden los siguientes elementos :

Punto 3) : reservas de revalorización

(3) las reservas de reevaluación, en el sentido del artículo 33 de la Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativas a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad [7], modificada en último lugar por la Directiva 84/569/CEE [8] ;

[7] DO L 222 de 14-8-1978, p. 11.

[8] DO L 314 de 4-12-1984, p. 28.

En el contexto de las entidades de crédito, estas reservas suelen derivarse de la revalorización de las inmovilizaciones materiales y las inmovilizaciones financieras. Únicamente pueden constituirse en las condiciones previstas en la letra c) del apartado 1 del artículo 33 de la Directiva 78/660/CEE. (Véase Anexo al presente informe).

Incorporación en los Estados miembros

La mayoría de los Estados miembros permiten la inclusión de las reservas de revalorización en el capital complementario. En 1996 dichas reservas representaban, en los distintos Estados integrantes del EEE, entre el 0,0 % y el 5,6 % del total de fondos propios de las entidades de crédito (la media en el conjunto de Estados miembros era del 2,3 %).

Comparación con el Acuerdo de Basilea sobre el capital

El contenido que atribuye a este elemento el Acuerdo de Basilea [9] no es idéntica a la prevista en la Directiva. La discrepancia de mayor relieve estriba en que el Acuerdo de Basilea impone expresamente un descuento del 55 % sobre la diferencia entre el precio inicial de adquisición y el precio de mercado. [10] [11]

[9] Las reservas de revalorización que se deriven de :

[10] El descuento del 55 % sobre la diferencia entre el precio inicial de adquisición y el precio de mercado se aplica sobre las reservas ocultas, en previsión de la volatilidad del mercado y de la carga fiscal en caso de realización. No habrán de incluirse las reservas latentes que genere la subvaloración de los locales de los bancos.

[11]

Punto 5) : Correcciones de valor

(5) los ajustes de valoración, en el sentido del apartado 2 del artículo 37 de la Directiva 86/635/CEE ;

Las correcciones de valor pueden efectuarse por la Directiva y consisten en una subvaloración de determinados elementos del activo que no constituyen inmovilizaciones financieras ni están incluidos en la cartera de negociación, cuando "motivos de prudencia" así lo exijan, "habida cuenta de los riesgos particulares inherentes a las operaciones bancarias".

Incorporación en los Estados miembros

Aunque las correcciones de valor están reconocidas en la mayor parte de los Estados miembros, únicamente desempeñan una función destacada en B, D y L. En 1996 las correcciones de valor representaban, en los distintos Estados integrantes del EEE, entre el 0,0 % y el 6,4 % del capital total de las entidades de crédito (la media en el conjunto de Estados miembros era del 1,8 %). De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, la incorporación de esta disposición no ha presentado dificultades dignas de mención.

Comparación con el Acuerdo de Basilea sobre el capital

El Acuerdo de Basilea no contiene disposiciones específicas sobre este tipo de correcciones de valor. No obstante, son de aplicación las disposiciones relativas a la inclusión de las provisiones generales o reservas generales para fallidos (véase punto 4, nota a pie de página). [12] Se trata sólo, por lo tanto, de una diferencia accesoria entre el Acuerdo de Basilea y la Unión Europea.

[12] Reservas que, aunque no se publiquen, se hayan consignado, de manera transitoria, en la cuenta de pérdidas y ganancias y hayan sido admitidas por las autoridades de supervisión bancaria (como capital de segundo orden).

Punto 6) : Otros elementos

(6) los demás elementos, en el sentido del artículo 3

El artículo 3 enumera una serie de "otros elementos" que pueden incluirse en los fondos propios complementarios. El apartado 1 del artículo 3 dispone que el concepto de fondos propios utilizado por los Estados miembros puede incluir otros elementos, a condición de que reúnan determinadas características. Con arreglo al apartado 2 de ese mismo artículo, podrán tener también la consideración de otros elementos los valores de duración indeterminada y otros instrumentos que cumplan una serie de requisitos.

Artículo 3.1). El concepto de fondos propios utilizado por un Estado miembro podrá incluir otros elementos siempre y cuando se trate de elementos que, independientemente de su denominación jurídica o contable, presenten las siguientes características :

a) que puedan ser libremente utilizados por la entidad de crédito para cubrir los riesgos inherentes al ejercicio de la actividad bancaria, cuando aún no se hayan determinado las pérdidas o minusvalías ;

b) que su existencia esté reflejada en la contabilidad interna ;

c) que su cuantía esté fijada por la dirección de la entidad de crédito, verificada por censores independientes, comunicada a las autoridades competentes y sometida al control de las mismas. En lo que se refiere al control se podrá considerar provisionalmente que la censura interna reúne las condiciones mencionadas en tanto no se adopten las disposiciones comunitarias que hagan obligatoria la censura externa.

De acuerdo con el apartado 2 del artículo 3, los "otros elementos" podrán incluir asimismo los valores de duración indeterminada ("perpetuos") :

Artículo 3.2). También podrán ser aceptados como otros elementos los títulos de duración indeterminada y los demás instrumentos similares que cumplan los siguientes requisitos :

a) que no puedan ser reembolsados a petición del portador o sin el acuerdo previo de la autoridad de vigilancia ;

b) que el contrato de emisión deba conceder a la entidad de crédito la posibilidad de diferir el pago de los intereses de la deuda ;

c) que los créditos del acreedor contra la entidad de crédito deban estar subordinados en su totalidad a los de todos los acreedores no subordinados ;

d) que los documentos que regulen la emisión de los títulos deban establecer que la deuda y los intereses no pagados puedan absorber pérdidas, dejando a la entidad de crédito la posibilidad de seguir operando ;

e) que únicamente se tengan en cuenta los importes efectivamente pagados.

Vienen, a modo de complemento, las acciones preferenciales cumulativas que no sean las definidas en el punto 8 del apartado 1 del artículo 2).

Tal como se ha indicado en el punto 1), los valores de duración indeterminada e instrumentos análogos, así como las acciones preferentes acumulativas, presentan potencialmente para las entidades de crédito un gran atractivo como instrumentos de capital, debido a su rentabilidad y a sus ventajas fiscales en muchos Estados miembros. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, la Directiva deja claro que tales elementos pueden admitirse exclusivamente como fondos propios complementarios, en ningún caso como fondos propios básicos.

Incorporación en los Estados miembros

Muchos de los "otros elementos" están estrechamente vinculados a las especificidades de los sistemas nacionales de contabilidad, de manera que las interpretaciones de esta disposición difieren en cierta medida de un Estado miembro a otro. A modo de apéndice, se adjunta un cuadro resumen que recoge la interpretación que los distintos Estados miembros dan al apartado 1 del artículo 3 en lo que respecta a la inclusión en los fondos propios de las plusvalías resultantes de la diferencia positiva entre el valor de mercado y el valor de adquisición de las carteras. [13]

[13] XV/1100/95-rev.5

Diez Estados miembros autorizan la inclusión de "otros elementos" entre los fondos propios (esto es, los elementos citados en el apartado 1 del artículo 3). B, DK, EL, NL y FIN no han adoptado este artículo. (Véase cuadro resumen anejo a la nota interpretativa XV/1100/95). En la nota interpretativa XV/1100/95-rev.5, de mayo de 1997, la Comisión propone la adopción, de común acuerdo, de una interpretación del apartado 1 del artículo 3 que clarifique las condiciones para la inclusión, en los "otros elementos", de la diferencia positiva entre el valor de mercado y el precio de adquisición (véase punto 3 : Reservas de revalorización).

En forma de provisiones generales, el elemento de referencia representaba en 1996, en los distintos Estados integrantes del EEE, entre el 0,0 % y el 10,4 % del capital total de las entidades de crédito (la media en el conjunto de Estados miembros era del 1,0 %). En forma de otros elementos, representaba ese mismo año, en los distintos Estados integrantes del EEE, entre el 0,0 % y el 12,1 % del capital total de las entidades de crédito (la media en el conjunto de Estados miembros era del 2,8 %).

La mayor parte de los Estados miembros han adoptado el apartado 2 del artículo 3. En 1996 este elemento representaba, en los distintos Estados integrantes del EEE, entre el 0,0 % y el 13,5 % del capital total de las entidades de crédito (la media en el conjunto de Estados miembros era del 4,1 %).

Comparación con el Acuerdo de Basilea sobre el capital

La formulación del Acuerdo de Basilea no es exactamente la misma que la de la Directiva. Con todo, no hay ninguna diferencia sustancial entre la Directiva y el Acuerdo en lo que respecta a los otros elementos [14]. La delimitación y aclaración de las condiciones para el reconocimiento de instrumentos de capital híbridos ha venido siendo objeto de debate con los Estados miembros en el GTIAD.

[14] Los instrumentos híbridos de capital/deuda pueden incluirse en el capital complementario, siempre y cuando :

Punto 7) : Compromisos de los miembros de sociedades cooperativas

(7) los compromisos de los miembros de entidades de crédito constituidas en forma de sociedades cooperativas, y los compromisos solidarios de los prestatarios de determinadas entidades organizadas en forma de fondos mencionados en el apartado 1 del artículo 4) ;

Las disposiciones pormenorizadas sobre el reconocimiento de los compromisos de los miembros de entidades de crédito constituidas en forma de sociedades cooperativas se recogen en el apartado 1 del artículo 4 :

Artículo 4.1). Los compromisos de los miembros de entidades de crédito constituidas en forma de sociedades cooperativas a los que se refiere el punto 7 del apartado 1 del artículo 2 comprenderán el capital no reclamado de dichas sociedades, así como los compromisos legales de los miembros de tales sociedades cooperativas a efectuar pagos suplementarios no reembolsables en caso de que la entidad de crédito sufra pérdidas ; en cuyo caso, los pagos deberán poder ser exigibles inmediatamente.

En el caso de entidades de crédito organizadas en forma de fondos, se asimilarán a los elementos precedentes los compromisos solidarios de los prestatarios.

El conjunto de estos elementos podrá incluirse en los fondos propios, siempre que se computen, de conformidad con la legislación nacional, entre los fondos propios de las entidades de dicha categoría.

Incorporación en los Estados miembros

D, NL y A han adoptado este artículo. El período transitorio previsto en el artículo 4 bis [15] no expirará en DK hasta el 1 de enero del 2001. En 1996 este elemento representaba, en los distintos Estados integrantes del EEE, entre el 0,0 % y el 2,9 % del capital total de las entidades de crédito (la media en el conjunto de Estados miembros era del 0,6 %). La incorporación de esta disposición no ha planteado dificultades apreciables.

[15] Introducido por la Directiva 92/16/CEE

Comparación con el Acuerdo de Basilea sobre el capital

El Acuerdo de Basilea no contiene disposición alguna sobre los compromisos de los miembros de sociedades cooperativas, dado que, en principio, su ámbito de aplicación debía circunscribirse a determinados bancos de los países del G-10 que operan a escala internacional, por lo que no engloba los bancos constituidos en forma de sociedades cooperativas.

Punto 8) : Acciones preferentes acumulativas a plazo fijo y préstamos subordinados

(8) las acciones preferenciales cumulativas a plazo fijo y los préstamos subordinados mencionados en el apartado 3 del artículo 4.

Los Estados miembros o las autoridades competentes podrán autorizar la inclusión en los fondos propios de las acciones preferentes acumulativas a plazo fijo y los préstamos subordinados contemplados en el punto 8 del apartado 1 del artículo 2, siempre que existan acuerdos vinculantes en virtud de los cuales, en caso de quiebra o de liquidación de la entidad de crédito, aquéllos tengan rango inferior a los créditos de cualesquiera otros acreedores y no deban reembolsarse hasta tanto no se hayan liquidado todas las demás deudas pendientes.

Acciones preferentes acumulativas a plazo fijo

Las disposiciones pormenorizadas sobre el reconocimiento de las acciones preferentes acumulativas a plazo fijo se recogen en el apartado 3 del artículo 4 :

Artículo 4.3). Los Estados miembros o las autoridades competentes podrán incluir en los fondos propios las acciones preferenciales cumulativas a plazo fijo contempladas en el punto 8 del apartado 1 del artículo 2, así como los préstamos subordinados, cuando existan acuerdos vinculantes con arreglo a los cuales, en caso de quiebra o de liquidación de la entidad de crédito, tales préstamos ocupen un rango inferior a los créditos de todos los demás acreedores y no se reembolsen hasta que se hayan pagado todas las demás deudas vigentes en ese momento.

Incorporación en los Estados miembros

Las acciones preferentes acumulativas a plazo fijo se consideran un instrumento de capital de enorme atractivo para las entidades de crédito, dado que constituyen una fuente de capital menos onerosa que las acciones ordinarias merced a su rentabilidad y a las ventajas fiscales que ofrecen en numerosos países. Las entidades de crédito tienen, por tanto, el máximo interés en que se reconozcan como capital reglamentario, y su utilización ha experimentado un incremento notable desde la adopción de la Directiva.

La calidad de las acciones preferentes acumulativas a plazo fijo como elemento de capital se ve mermada tanto por la limitación que impone su fecha de vencimiento - de manera que el capital puede no estar disponible cuando se precise -, como por su carácter acumulativo - que puede generar una acumulación de atrasos en los pagos a los inversores -.

En consecuencia, las acciones preferentes acumulativas a plazo fijo pueden admitirse exclusivamente como fondos propios complementarios, no como fondos propios básicos. A juicio de la Comisión, es fundamental que las acciones reconocidas como capital de primer orden carezcan efectivamente de carácter acumulativo, esto es, que la entidad de crédito no esté obligada a efectuar pago alguno a sus titulares en caso de que se registren pérdidas.

Once países han autorizado la inclusión en los fondos propios de las acciones preferentes acumulativas a plazo fijo, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 4. DK, F, I y A no han hecho uso de tal facultad.

Comparación con el Acuerdo de Basilea sobre el capital

No hay diferencias sustanciales entre la Directiva y el Acuerdo de Basilea en lo que respecta al reconocimiento de las acciones preferentes acumulativas. No obstante, el Acuerdo las recoge en una categoría independiente denominada "instrumentos híbridos de capital/deuda". La aplicación de esta disposición ha sido objeto de debate tanto en la Unión Europea como en el Comité de Basilea.

Préstamos subordinados

Las disposiciones pormenorizadas sobre el reconocimiento de los préstamos subordinados se recogen en el apartado 3 del artículo 4 :

Los créditos subordinados también deberán cumplir los siguientes requisitos :

a) que únicamente se tengan en cuenta los fondos efectivamente desembolsados ;

b) que dichos fondos deben tener un vencimiento inicial de al menos 5 años ; tras dicho período podrán ser objeto de reembolso ; si no hubiere sido fijada la fecha de vencimiento de la deuda, deberá estipularse para su retirada un preaviso de 5 años, salvo en el caso de que hayan dejado de considerarse fondos propios o si se exigiere formalmente la autorización previa de las autoridades competentes para su reembolso anticipado. Las autoridades competentes podrán autorizar el reembolso anticipado de tales fondos siempre que tal solicitud proceda del emisor y la solvencia de la entidad de crédito no se vea afectada por ello ;

c) la cuantía hasta la cual puedan considerarse fondos propios sea objeto de una reducción gradual durante al menos los cinco años anteriores a la fecha de vencimiento ;

d) que el contrato de préstamo no incluya cláusulas que estipulen que, en determinadas circunstancias distintas de la liquidación de la entidad de crédito, la deuda deberá reembolsarse antes de la fecha de vencimiento acordada.

Incorporación en los Estados miembros

Todos los Estados miembros admiten la inclusión de los "préstamos subordinados" en los fondos propios. En 1996 este elemento representaba, en los distintos Estados integrantes del EEE, entre el 0 % y el 27 % del capital total de las entidades de crédito (la media en el conjunto de Estados miembros era del 15,8 %). En la mayor parte de los Estados miembros, los préstamos subordinados representan entre el 10 % y el 20 % del capital reglamentario de las entidades de crédito, lo que hace de ellos uno de los elementos de capital de mayor importancia. La Comisión considera indispensable, por tanto, que se cumplan estrictamente las condiciones de admisión de los préstamos subordinados anteriormente mencionadas.

Comparación con el Acuerdo de Basilea sobre el capital

La formulación del Acuerdo de Basilea no es exactamente la misma que la de la Directiva. La diferencia de mayor relieve radica en que el Acuerdo de Basilea impone expresamente la aplicación de un porcentaje acumulativo de descuento del 20 % anual durante los cinco años previos a la fecha de vencimiento [16]. La Directiva no contempla ningún porcentaje de descuento específico. La Comisión y la mayoría de Estados miembros consideran que el término "gradual" utilizado en la Directiva no necesariamente implica reducciones iguales y realizadas de manera uniforme, sino, en todo caso, por cuotas pactadas por las autoridades de supervisión. Concretamente, sería prudente prever reducciones más elevadas durante los primeros años. [17]

[16] La deuda subordinada a plazo incluye instrumentos convencionales no garantizados de deuda subordinada con un plazo fijo mínimo inicial de vencimiento superior a cinco años, así como acciones preferentes amortizables de vigencia limitada. Durante los cinco años previos a la fecha de vencimiento, se aplicará un porcentaje acumulativo de descuento (o amortización) del 20 % anual, con objeto de reflejar el valor decreciente de estos instrumentos para cimentar la solidez financiera de la entidad. Estos instrumentos no están normalmente disponibles para cubrir las pérdidas de un banco que permanezca en actividad. Por ello, estos instrumentos no podrán superar el 50 % del capital de primer orden.

[17] Véase la nota del GTIAD XV/1115/96

2.12. DEDUCCIONES

Los elementos 9 a 13 se deducen de los fondos propios a efectos del cálculo del coeficiente de solvencia, ya que reducen el capital de que pueden disponer las entidades de crédito. En tanto que los elementos 9 a 11 se deducen de los fondos propios básicos (elementos 1, 2 y 4), los elementos 12 y 13 se deducen del total de fondos propios (elementos 1 a 8).

Punto 9) : Acciones propias

(9) las acciones propias en poder de la entidad de crédito, a su valor contable ;

Las acciones propias no representan capital aportado a la entidad de crédito por inversores externos. Deben deducirse de los fondos propios, puesto que será la propia entidad de crédito la que haya de absorber las posibles pérdidas derivadas de dichas acciones.

Incorporación en los Estados miembros

La deducción de las acciones propias se ha incorporado al ordenamiento jurídico de todos los Estados miembros. En 1996, las acciones propias sólo representaban, en los distintos Estados miembros del EEE, entre el 0 % y el 0,6 % en relación con el capital total de las entidades de crédito (la media de todos los Estados miembros era del 0,1 %).

Comparación con el Acuerdo de Basilea sobre el capital

El Acuerdo de Basilea no contiene disposición alguna sobre las acciones propias.

Punto 10) : Activos inmateriales

(10) los activos inmateriales en el sentido del artículo 4 "activo", punto 9, de la Directiva 86/635/CEE [18] ;

[18] - gastos de constitución, con arreglo a la legislación nacional y siempre que ésta autorice su anotación en el activo,

Incorporación en los Estados miembros

La deducción de los activos inmateriales ha sido incorporada en todos los Estados miembros. En 1996, los activos inmateriales representaban, en los distintos Estados miembros del EEE, entre el 0 % y el 10,3 % en relación con el capital total de las entidades de crédito (la media de todos los Estados miembros era del 1,8 %). Las deducciones de activos inmateriales son especialmente elevadas en Grecia, España e Italia. De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, la incorporación de esta disposición no ha planteado ningún problema importante.

Comparación con el Acuerdo de Basilea sobre el capital

Existe una pequeña diferencia con el texto del Acuerdo de Basilea, puesto que la Directiva no sólo exige la deducción del fondo de comercio, sino también de los gastos de constitución.

Punto 11) : Pérdidas de cierta importancia

(11) los resultados negativos de cierta importancia del ejercicio en curso ;

Incorporación en los Estados miembros

Las pérdidas de cierta importancia del ejercicio en curso deben deducirse en todos los Estados miembros. En 1996, dichas pérdidas representaban, en los distintos Estados miembros del EEE, entre el 0 % y el 4,3 % en relación con el capital total de las entidades de crédito (la media de todos los Estados miembros era del 1,1 %). De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, la incorporación de esta disposición no ha planteado problemas particulares.

Comparación con el Acuerdo de Basilea sobre el capital

El Acuerdo de Basilea no contiene disposición alguna sobre la deducción de las pérdidas importantes del ejercicio en curso.

Puntos 12) y 13) : Participaciones en otras entidades de crédito o financieras

(12) las participaciones en otras entidades de crédito o con instituciones financieras superiores al 10 % del capital de las mismas, así como los créditos subordinados y los instrumentos contemplados en el artículo 3 que la entidad de crédito o la institución financiera posea contra otras entidades de crédito o instituciones financieras en las que su participación sea superior al 10 % del capital ; cuando una entidad de crédito tenga temporalmente acciones de otra entidad de crédito o de una institución financiera en el marco de una operación de asistencia financiera destinada a sanear y a salvar a esta última, la autoridad de control podrá consentir excepciones a esta disposición ;

(13) las participaciones en otras entidades de crédito y en instituciones financieras inferiores o iguales al 10 % del capital de estas últimas, así como los créditos subordinados y los instrumentos contemplados en el artículo 3 que la entidad de crédito posea contra entidades de crédito o instituciones financieras distintas de las crédito o instituciones financieras distintas de las contempladas en el punto 12 por una cantidad equivalente al total de dichas participaciones, créditos subordinados e instrumentos superior al 10 % de los fondos propios calculados antes de deducir los elementos 12 y 13 de la entidad de crédito.

Hasta la posterior coordinación de las disposiciones sobre la consolidación [19], los Estados miembros podrán disponer que, para el cálculo de los fondos propios no consolidados, las empresas matrices sujetas a una vigilancia sobre base consolidada, puedan no deducir sus participaciones en otras entidades de crédito o instituciones financieras incluidas en la consolidación. Dicha disposición se aplicará al conjunto de las normas prudenciales armonizadas por los actos comunitarios.

[19] Esta disposición quedó recogida posteriormente en la Directiva 92/30/CEE.

Incorporación en los Estados miembros

La obligación de deducir las participaciones en otras entidades de crédito o financieras ha sido incorporada en todos los Estados miembros. En 1996, las deducciones de participaciones superiores al 10 % representaban, en los distintos Estados miembros del EEE, entre el 0,0 % y el 3,8 % en relación con el capital total de las entidades de crédito (la media de todos los Estados miembros era del 1,3 %). Las deducciones de participaciones inferiores al 10 % representaban, en los distintos Estados miembros del EEE, entre el 0,0 % y el 4,6 % en relación con el capital total de las entidades de crédito (la media de todos los Estados miembros era del 1,0 %)

La posibilidad de exención temporal en caso de participaciones superiores al 10 % que se enmarquen en una operación de asistencia financiera ha sido incorporada en 6 Estados miembros (B, D, EL, L, FIN, UK). La exención en favor de las entidades de crédito sujetas a supervisión consolidada ha sido adoptada en 6 países (A, D, EL, FIN, I, S).

Comparación con el Acuerdo de Basilea sobre el capital

Con arreglo al Acuerdo de Basilea, deben deducirse las inversiones en filiales que desarrollen actividades bancarias y financieras y que no estén consolidadas conforme a los sistemas nacionales. Caso de no aplicarse deducción alguna, las participaciones de los bancos en el capital emitido por otros bancos o entidades de depósito están sujetas a una ponderación de riesgo del 100 % a efectos del coeficiente de solvencia. El hecho de que las participaciones de los bancos en el capital emitido por otros bancos no deban necesariamente ser deducidas del capital constituye una diferencia significativa con respecto a la Directiva, que exige la deducción de las participaciones mencionadas en los puntos 12 y 13.

2.13. RESTRICCIONES APLICABLES a la UTILIZACIÓN de CIERTOS ELEMENTOS

a) disponibilidad inmediata y sin restricciones para la cobertura de pérdidas

El apartado 3 del artículo 2 supedita a una serie de condiciones suplementarias muy importantes la utilización de los elementos 1 a 5 :

3. Los elementos enumerados en los puntos 1 a 5 del apartado 1 deberán poder ser utilizados inmediatamente y sin restricción por las entidades de crédito para la cobertura de riesgos o de pérdidas en cuanto se produzcan éstos. Su cuantía deberá estar libre de todo impuesto previsible en el momento en que se calcule, o convenientemente ajustada en la medida en que tales impuestos reduzcan la cuantía hasta la cual dichos elementos puedan ser aplicados a la cobertura de riesgos o pérdidas.

Incorporación en los Estados miembros

Todos los Estados miembros han incorporado esta disposición. La Comisión desea insistir en la trascendencia de la misma dentro de la Directiva. Los Estados miembros deben tener en cuenta lo establecido en el apartado 3 del artículo 2 al determinar si un instrumento concreto puede incluirse entre alguno de los elementos enumerados en los puntos 1 a 5.

Comparación con el Acuerdo de Basilea sobre el capital

La formulación no es idéntica a la del Acuerdo de Basilea, pero no existe ninguna divergencia en cuanto al contenido.

b) garantías públicas

El apartado 2 del artículo 4 prohibe que las garantías estatales concedidas a las entidades de crédito públicas se contabilicen como fondos propios :

2. Los Estados miembros no incluirán entre los fondos propios de las entidades públicas de crédito las garantías que ellos mismos o sus autoridades concedan a tales entidades.

Incorporación en los Estados miembros

Ningún Estado miembro incluye en los fondos propios de las entidades de crédito públicas las garantías que el propio Estado o las autoridades locales conceden a dichas entidades. La exención en favor de Bélgica ha dejado de estar vigente.

Comparación con el Acuerdo de Basilea sobre el capital

El Acuerdo de Basilea no reconoce las garantías públicas como fondos propios.

c) normas de consolidación

El artículo 5 establece normas pormenorizadas en lo que respecta a la admisibilidad de determinados elementos en caso de consolidación :

Hasta posterior coordinación de las disposiciones sobre la consolidación será de aplicación la siguiente normativa :

1. Cuando haya de efectuarse el cálculo sobre una base consolidada, de acuerdo con las normas establecidas en la Directiva 83/350/CEE, se tendrán en cuenta los importes consolidados de los elementos enunciados en el apartado 1 del artículo 2. Además, podrán asimilarse a las reservas consolidadas, para el cálculo de los fondos propios, los siguientes elementos, siempre y cuando sean acreedores («negativos») :

- los intereses minoritarios, de acuerdo con el artículo 21 de la Directiva 83/349/CEE, en caso de que se utilice el método de integración global ;

- la diferencia de primera consolidación, de acuerdo con los artículos19, 30 y 31 de la Directiva 83/349/CEE ;

- las diferencias de conversión incluidas en las reservas consolidadas, de acuerdo con el apartado 6 del artículo 39 de la Directiva 86/635/CEE ;

- la diferencia resultante de la inscripción de determinadas participaciones según el método que se describe en el artículo 33 de la Directiva 83/349/CEE.

2. Cuando los elementos que anteceden sean deudores («positivos»), habrán de deducirse en el cálculo de los fondos propios consolidados.

Incorporación en los Estados miembros

Este artículo ha sido incorporado por todos los Estados miembros. DK no ha hecho uso de la posibilidad prevista en la segunda frase del apartado 1 del artículo 5. Si bien la "posterior coordinación de las disposiciones sobre la consolidación" ha quedado ya plasmada en la Directiva 92/30/CEE, ésta no ha introducido cambios en lo establecido en el artículo 5 de la Directiva sobre Fondos propios, el cual sigue siendo, por consiguiente, de aplicación. La Comisión dispone de escasa información acerca de los problemas que puede haber planteado a los Estados miembros la aplicación de este artículo.

Comparación con el Acuerdo de Basilea sobre el capital

La disposición del Acuerdo de Basilea que se corresponde con el artículo 5 [20] se refiere exclusivamente a los intereses minoritarios y no menciona los demás elementos. La Comisión dispone de escasa información acerca de los problemas que puede haber planteado a los Estados miembros la aplicación de este artículo.

[20] En caso de consolidación de cuentas, el capital social (primer orden) incluirá también los intereses minoritarios en el capital social de filiales participadas en proporción inferior al 100 %.

d) restricciones cuantitativas

El artículo 6 impone restricciones cuantitativas para la utilización de determinados elementos :

Artículo 6.1). Los elementos contemplados en los puntos 3 y 5 a 8 del apartado 1 del artículo 2 estarán sujetos a los siguientes límites :

a) el total de los elementos 3 y 5 a 8 se limitará a un máximo equivalente al 100 % de los elementos 1 más 2 y 4 [21] menos los elementos 9, 10 y 11 ;

[21] Introducido por la Directiva 91/633/CEE

b) el total de los elementos 7 y 8 se limitará a un máximo equivalente al 50 % de los elementos 1 más 2 y 4 [22] menos los elementos 9, 10 y 11 ;

[22] Introducido por la Directiva 91/633/CEE

c) el total de los elementos 12 y 13 se deducirá del total de los elementos.

Incorporación en los Estados miembros

Este artículo ha sido incorporado por todos los Estados miembros.

Comparación con el Acuerdo de Basilea sobre el capital

La formulación difiere ligeramente en el Acuerdo de Basilea [23]. La única divergencia sustancial radica en que este Acuerdo establece un porcentaje de descuento del 55 % para las plusvalías latentes sobre valores en cartera.

[23] i) El total de los elementos de segundo orden (complementarios) estará sujeto a un límite máximo el 100 % del total de los elementos de primer orden ;

El apartado 2 del artículo 6 fue suprimido por la Directiva 91/633/CEE y lo dispuesto en el apartado 3 de ese mismo artículo ha quedado desfasado.

Artículo 6.4). Las autoridades competentes podrán autorizar provisionalmente y en circunstancias excepcionales, a las entidades de crédito a rebasar el umbral establecido en el apartado 1.

Incorporación en los Estados miembros

El apartado 4 del artículo 6 ha sido incorporado por 6 Estados miembros (D, EL, E, F, I, P). Italia ha señalado que sus normas sólo permiten rebasar el límite en lo que respecta a "otros elementos positivos". En tal caso, no pueden exceder del 1,25 % de los activos ponderados en función del riesgo.

Comparación con el Acuerdo de Basilea sobre el capital

El Acuerdo de Basilea no contiene disposición alguna en materia de exenciones temporales.

3. CONCLUSIONES

Queda aún cierta labor por realizar tanto a nivel nacional como comunitario. Debido a las ventajas que presentan los nuevos instrumentos de capital en materia de costes (derivadas con frecuencia de un régimen fiscal favorable), las entidades de crédito se ven incitadas a sustituir un capital de elevada calidad (capital suscrito permanente) por nuevos instrumentos de menor calidad. Es conveniente que los Estados miembros se cercioren de que los nuevos instrumentos de capital -tales como los que incluyen una cláusula de ajuste al alza- destinados a generar capital reglamentario de primer orden no debiliten el capital de las entidades de crédito, aun cuando la Directiva pueda, aparentemente, no excluir de forma explícita el reconocimiento de tales instrumentos como fondos propios. Si los Estados miembros tienen dudas respecto a la elegibilidad de ciertos instrumentos híbridos de capital, sería prudente debatir sobre estos instrumentos en los foros comunitarios pertinentes para tener una visión más clara de los problemas.

A fin de impedir la erosión del capital, es aconsejable limitar la proporción de nuevos instrumentos de capital admitidos como fondos propios básicos. El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria ha estudiado detenidamente esta evolución y, en su reunión de 21 de octubre de 1998, decidió limitar la admisión de nuevos instrumentos como capital de primer orden. Dichos instrumentos estarán sujetos a condiciones rigurosas y a un límite del 15 % del capital de primer orden. A nivel comunitario se han tomado disposiciones para lograr una definición más armonizada de los fondos propios, en paralelo a la labor de reflexión, propuesta y análisis que está desarrollando el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria. El Comité Consultivo Bancario y sus grupos de trabajo ha comenzado ya a reexaminar la Directiva sobre fondos propios. Con ocasión de este examen se estudiarán también posibles formas de limitar los falseamientos de competencia y de afianzar el sistema bancario europeo.

La Comisión y los Estados miembros de la UE siguen desempeñando un papel activo en el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria y en sus grupos de trabajo, con el propósito de llegar a una definición similar de los fondos propios a nivel mundial y de garantizar una aplicación homogénea de los requisitos de capital. Ello contribuirá a preservar la competitividad internacional de las entidades de crédito europeas, lo que redundará, en último término, en una mayor confianza y seguridad para el consumidor.

ANEXO I

DIRECTIVE 89/299

[Date d'échéance/Deadline 1-1-1991]

complétée par/Completed by Directive 91/633 [Date d'échéance/Deadline 1-1-1993]

modifiée par/modified by Directive 92/16

Fonds propres / Own funds

BE // * Arrêté royal relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, n° 94/2596 du 12-8-1994 - MB n° 202 du 12-10-1994.

* Arrêté de la Commission bancaire et financière du 5 Décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit (adopté par Arrêté ministériel du 31 Décembre 1995).

DK // * Lov No. 841 af 20.12.1989 - LA af 20.12.1989

* Lov No. 306 af 16.05.1990 - LA af 16.05.1990, S. 983 (EN)

* BKG No. 853 af 14.12.1990 - LA af 14.12.1990

DE // * Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Kreditwesen und anderer Vorschriften über Kreditinstitute vom 21.12.1992 - BGBl. I Nr. 59 vom 29.12.1992, S. 2211

EL // * Décret du Gouverneur de la Banque de Grèce n° 2053 du 18.03.1992 - JO 49/A/92

DIRECTIVE 89/299

[Date d'échéance/Deadline 1-1-1991]

complétée par/Completed by Directive 91/633 [Date d'échéance/Deadline 1-1-1993]

modifiée par/modified by Directive 92/16

Fonds propres / Own funds

(Sigue)

ES // * Ley 13/85 de 25.05.1985 - BOE 28.05.1985, modificada por Ley 13/92 de 01.06.1992 - BOE n. 132, 02.06.1992, p. 18548-18556

* Ley 13/1992, de 1 de junio de Recursos Propios y Supervisión en Base Consolidada de las Entidades Financieras - BOE n. 132 de 02.06.1992

* Real Decreto 1343/1992, de 06.11.1992, de desarrollo de la Ley 13/1992 - BOE n. 293 de 07.12.1992, p. 41584-41606 ; BOE n. 29, 03.02.1993, p.41583 (corrección de errores). [En especial su Capítulo V, Título I, articulo 30 y siguientes]

* OM 30.12.1992, sobre normas de solvencia de las Entidades de Crédito - BOE n. 7, 08.01.1993, p.378-382 + BOE n. 28, 02.02.1993, p.2740-41 (correción de errores)

* Circular del Banco de España n. 5/1993, de 26.03.1993, a Entidades de Crédito, sobre determinación y control de los recursos propios mínimos - BOE n. 84 de 08.04.1993

* Circular del Banco de España n. 12 de 17.12.1993, a Entidades de Crédito, sobre modificación de la Circular n. 5/1993, de 26.03.1993, sobre determinación y control de los recursos propios mínimos - BOE n. 310 de 28.12.1993

* Real Decreto 538/1994 de 25.03.1994 modificada Real-Decreto 1343/92 - BOE n° 76 de 30-3-94)

* Circular del Banco de España n. 2/1994 de 04. 04.1994, a Entidades de Crédito. Modificación de la Circular n. 5/1993, de 26.03.1993, sobre determinación y control de los recursos propios mínimos - BOE n. 88 de 13.04.1993

* Real Decreto 2024/1995, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, por el cual se desarolla la Ley 13/1992, de 1 de junio de Recursos Propios y Supervisión en Base Consolidada de Entidades Financieras.

* Circular del Banco de España numero 5/1998 de 29-5-1998 a las entidades de crédito, que modifica la Circular numero 5/1993 sobre determinación y control de los recursos propios mínimos.

FR // * Arrêté ministériel du 20.03.1990 portant homologation du règlement du Comité de la Réglementation bancaire n° 90-02 en date du 23.02.1990 (JORF du 01.04.1990, p.3992)

IR // * Notice from the Central Bank of Ireland of 16.07.1991 on Supervision Requirements and Standards

* Notice from the Central Bank of Ireland of 30.01.1992 on Supervision Requirements and Standards

* Notice from the Central Bank of Ireland of 13.02.1996 on Supervision Requirements and Standards

IT // * Decreto legislativo 10.09.1991, n. 302 - GU n. 221, 20.09.1991, p. 9-10 supplemento.

* Circolare (Banca d'Italia), n. 4, 29.03.1988, 75° aggiornamento (18.12.1991), 82° aggiornamento (04.02.1992)

* Circolare (Banca d'Italia) n. 155, (Istruzioni per la Compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali), 18.12.1991 + 1° aggiornamento (04.02.1992)

" Decreto legislativo 01.09.1993, n. 385 (Suppl. 230 alla GU n. 92 - 30.09.93) [Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia]

LU // * Loi du 05.04.1993 relative au secteur financier (Mémorial A, n° 27, 10.04.1993)

* Circulaire IML 96/127 du 10 mai 1996 portant définition de ratios de fonds propres

NL // * Solvabiliteitsrichtlijnen opgesteld door de Nederlandsche Bank op grond van art. 20 van de Wet toezicht kredietwezen (Stcrt 1991, 52)

DIRECTIVE 89/299

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Fonds propres / Own funds

(Sigue)

ÖS // * Banking Act / Bankwesengesetz (part of Finanzmarktanpassungsgesetz 1993), BGBL. Nr. 532/1993 as orrected by BGBL. Nr. 639/1993 *

* Regulation on monthly reports / Monatsausweis-Verordnung BGBL. Nr. 773/1993 *

* Banking Supervisory Report / Verordnung über den bankaufsichtlichen Prüfungsbericht BGBL. Nr. 92/1994 *

PO // * Aviso n.12/92, de 22.12.1992 - DR II n.299, p.12454-(34). Entrée en vigueur 31.12.1992

* Decreto-Lei n. 298/92 de 31.12.1992 (Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras), DR I-A, n. 301, 6° Suplemento, 31.12.1992, pp.6056 (24-51)

* Aviso n°7/95, in DR, II, de 21.9.95

SF // * Act on credit institutions / Laki luottolaitostoiminnasta / Kreditinstitutslag 1607/63 (30.12.1993) *

* Act relating to the activities of Foreign Credit and Financial Institutions in Finland / Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa / Lag om utländska kreditinstituts och Financiella instituts verksamhet i Finland 1608/93 (30.12.1993) *

* Cooperative Banks Act / Osuuspankkilaki / Andesbankslagen 1271/90 (28.12.1990) *

* Administrative provisions by Financial Superivision *

SV // * The Banking Business Act / Bankrörelselagen : 1987 : 617 *

* The Banking Companies Act / Bankaktiebolagslagen / 1987 : 618 *

* The Act on Credit Market Companies / Lagen om Kreditmarknadsbolag / 1992: 1610 *

* The Act on Limited Companies / Aktiebolagslagen : 1975 : 1385 *

* The Regulation on Solvency Ratio in Banks and other Credit Institutions / Förordningen om kapitalkravet i banker och andra kreditinstitut : 1989 : 1096 *

* The Financial Supervisory Authority's Provisions on Report of Information concerning Assessment of Own Funds and Capital Cover / Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av uppgifter om beräkning av kapitalbas och kapitalkrav / FFFS 1992 : 32 *

UK // * Notice of the Bank of England to Institutions authorised under the Banking Act 1987, no.BSD/1990/2 of December 1990 (amended by notice of January 1992). These notices have now been withdrawn. The relevant document is the Chapter CA "Definition of Capital" of the FSA's Guide to Banking Supervisory Policy.

* Building Societies :

* Prudential Note 1992/1 of the Building Societies Commission under the Building Societies Act 1986

* SI 1988/777

* SI 1991/702

* SI 1991/1729

* SI 1992/1611

* SI 1992/1612

* Banking Ordinance 1992 - Administrative notice no. 2 of 25-9-1992 (Gibraltar)

ANEXO II

COMITÉ DE BASILEA DE SUPERVISIÓN BANCARIA

BANCO DE PAGOS INTERNACIONALES, CH-4002 BASILEA

Comunicado de prensa Consultas prensa : +41 61 / 280 81 88

Instrumentos que pueden incluirse en el capital de primer orden

1. El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria ha comprobado que, en los últimos años, algunos bancos han emitido una serie de instrumentos de capital innovadores -por ejemplo, con cláusulas de ajuste al alza ("step-ups")-, con objeto de generar capital reglamentario de primer orden que sea rentable y que pueda al mismo tiempo, si procede, denominarse en monedas distintas de la local. El Comité ha observado detenidamente esta evolución y, en su reunión de 21 de octubre de 1998, decidió limitar la admisión de estos instrumentos como capital de primer orden. Dichos instrumentos estarán sujetos a condiciones rigurosas y a un límite del 15 % del capital de primer orden.

2. Como punto de partida, el Comité reafirma que el elemento fundamental del capital lo constituyen los fondos de los accionistas ordinarios, es decir, las acciones ordinarias y las reservas declaradas o los resultados no distribuidos. Los fondos de los accionistas ordinarios permiten a los bancos absorber pérdidas sin verse obligados a suspender sus operaciones y su disponibilidad a tal fin es permanente. Además, este elemento del capital es el que mejor permite a los bancos conservar sus recursos en caso de dificultades, puesto que ofrece a los mismos total libertad a la hora de decidir sobre el importe y la fecha de las distribuciones de beneficios. En consecuencia, los fondos de los accionistas ordinarios constituyen el elemento en el que se basa el mercado, en la mayoría de los casos, para evaluar la adecuación del capital. Los derechos de voto que llevan aparejados las acciones ordinarias permiten también al mercado ejercer una importante disciplina sobre la dirección de un determinado banco. Por estos motivos, las acciones ordinarias con derecho de voto y las reservas declaradas o los resultados no distribuidos que se acumulan en beneficio de los accionistas deben constituir el componente predominante del capital de primer orden de cualquier banco.

3. Al objeto de proporcionar a las autoridades de supervisión y a los participantes en el mercado información suficiente para cerciorarse de la constante integridad del capital, el Comité considera que, tal como se señala en su reciente informe titulado "Enhancing Bank Transparency" ("Fomentar la transparencia de los bancos"), los bancos deben dar a conocer públicamente, con carácter períodico, cada uno de los componentes del capital de primer orden y sus principales características.

4. A fin de preservar la integridad del capital de primer orden, el Comité ha decidido que los intereses minoritarios en el capital social de filiales consolidadas que adopten la forma de entidades instrumentales de titulización de activos (special purpose vehicles o SPV) sólo deben incluirse en el capital de primer orden si el instrumento subyacente cumple los siguientes requisitos, que, como mínimo, deben reunir todos los instrumentos integrados en el capital de primer orden :

- haber sido emitido y estar íntegramente desembolsado ;

- no ser acumulativo ;

- estar disponible para la absorción de pérdidas en el banco sin que éste se vea obligado a suspender sus operaciones ;

- tener un rango inferior a los derechos de los depositantes y acreedores generales, así como a la deuda subordinada del banco ;

- tener carácter permanente ;

- no estar cubierto por garantía o caución alguna del emisor o de una entidad asociada ni por ninguna otra disposición que, jurídica o económicamente, confiera al crédito un rango privilegiado con respecto a los acreedores del banco ; y

- ser amortizable a iniciativa del emisor tras un período mínimo de cinco años, previa aprobación de las autoridades supervisoras y con la condición de que se susituya por capital de igual o mayor calidad, salvo que las autoridades supervisoras consideren que el capital de que dispone el banco se adecua con creces a sus riesgos.

5. Asimismo, deben cumplirse las siguientes condiciones :

- las principales características de tales instrumentos deben ser fácilmente comprensibles y darse a conocer públicamente ;

- los ingresos deben quedar de inmediato, y sin limitación alguna, a disposición del banco emisor o, en el supuesto de que sólo el SPV emisor pueda disponer íntegramente de ellos de forma inmediata, deben ponerse a disposición del banco (por ejemplo, mediante la conversión en una emisión directa del banco de mayor o igual calidad en los mismos términos) en un plazo predeterminado, mucho antes de que la situación financiera del banco se deteriore seriamente ;

- el banco ha de poder decidir libremente sobre el importe y las fechas de las distribuciones (con la única condición de que se haya renunciado previamente a distribuir dividendos sobre las acciones ordinarias del banco-, y tener pleno acceso a los fondos no distribuidos ; y

- las distribuciones deben efectuarse exclusivamente con cargo a partidas distribuibles ; si las distribuciones están preestablecidas no pueden volver a fijarse en función de la solvencia del emisor.

6. Se permiten los ajustes al alza moderados en instrumentos emitidos a través de SPV, así como en instrumentos integrados en el capital de primer orden emitidos directamente que se atengan a los requisitos señalados en los puntos 4 y 5, en conjunción con una opción de amortización anticipada, únicamente cuando el ajuste al alza moderado se produzca, como mínimo, 10 años después de la fecha de emisión y se traduzca en un incremento con respecto al tipo inicial no superior a aquel de los dos siguientes que las autoridades de supervisión determinen :

- 100 puntos básicos, menos el margen de permuta entre la base del índice inicial y la base del índice ajustada al alza ; o

- el 50 % del diferencial de crédito inicial, menos el margen de permuta entre la base del índice inicial y la base del índice ajustada al alza.

7. Las condiciones aplicables al instrumento no deben prever más de un ajuste al alza durante la vida del mismo. El margen de permuta debe determinarse en la fecha de fijación del precio y reflejar el diferencial de precio en esa fecha entre el valor o tipo de referencia inicial y el valor o tipo de referencia ajustado al alza.

8. Las autoridades nacionales de supervisión confían en que los bancos respeten los coeficientes mínimos de capital de Basilea sin depender excesivamente de instrumentos innovadores, entre los que se incluyen los que llevan aparejada una cláusula de ajuste al alza. En consecuencia, el total de emisiones de instrumentos distintos de las acciones ordinarias que formen parte del capital de primer orden y cuyas características explícitas -aparte de la mera opción de amortización anticipada- puedan dar lugar al reembolso del instrumento, queda limitado al 15 % del capital de primer orden consolidado del banco en la fecha de emisión.

9. Todos aquellos instrumentos autorizados o emitidos en virtud de las normas nacionales vigentes en materia de capital de primer orden y que no cumplan ya las condiciones precisas de acuerdo con la anterior interpretación podrán mantenerse ; esto será aplicable también a aquellas emisiones de tales instrumentos que excedan del límite del 15 %.

10. Esta interpretación se reexaminará dentro del proceso más amplio de revisión de las normas existentes para evaluar la adecuación del capital de los bancos, que se ha iniciado ya. En este contexto, el Comité se reserva la posibilidad de modificar dicha interpretación.

Basilea, 27 de octubre de 1998

ANEXO III

APORTACIÓN de las DELEGACIONES

en RELACIÓN con la INTERPRETACIÓN de los ARTÍCULOS 2.1.6) y 3.1 de la DIRECTIVA sobre FONDOS PROPIOS

Cuadro resumen de las aportaciones de los Estados miembros en relación con la interpretación de los artículos 2.1.6) y 3.1 de la Directiva sobre Fondos propios, en lo que atañe a la posibilidad de incluir en los fondos propios la plusvalía (diferencia positiva) resultante de la diferencia entre el valor de mercado y el valor de adquisición de las carteras

BE // Bélgica no ha utilizado la posibilidad que otorga el punto 6 del apartado 1 del artículo 2 y el apartado 1 del artículo 3.

Bélgica opina que la diferencia positiva entre el valor de mercado y el precio de compra no entra en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 3 por las siguientes razones :

- no cumple todos los criterios que se definen en este artículo ;

- el apartado 1 del artículo 3 se incluyó para dar respuesta a situaciones nacionales específicas en los Estados miembros que no podían ser armonizadas ; si se ampliara el ámbito del apartado 1 del artículo 3 a las "plusvalías" antes mencionadas, quedarían obsoletos los puntos del 1 al 5 del apartado 1 del artículo 2 ;

- justificar esa inclusión por el hecho de que, de ese modo, se eliminaría la diferencia que existe entre los Estados miembros que aplican la regla de valoración a precios de mercado y aquellos otros que no la aplican no es del todo aceptable, pues dicha regla se refiere, en principio, sólo a la cartera de negociación, mientras que el apartado 1 del artículo 3 permite una interpretación más amplia.

Bélgica opina que si se incluyen en los fondos propios estas "plusvalías" habría que modificar la Directiva. No obstante, de forma cautelar, la inclusión de dichas "plusvalías" requeriría que se cumplieran otras condiciones (p. e. la aplicación de un descuento).

DK // El artículo 3.1 no se ha incorporado a la legislación danesa, pero Dinamarca aplica el artículo 36.2 de la Directiva sobre las cuentas anuales de las entidades de crédito (86/635/CEE) y, en consecuencia, la diferencia positiva entre los valores forma parte del capital de primer orden.

Se utiliza la posibilidad otorgada por el artículo 36.2 de la Directiva 86/635/CEE

DE // Basándose en los artículos 2.1.6 y 3.1 de la DFP, Alemania ha autorizado la inclusión, en los fondos propios, de plusvalías no realizadas sobre ciertos activos, siempre que se cumplan determinadas condiciones y dentro de límites precisos. Estos activos son, fundamentalmente, bienes inmuebles y derechos equivalentes, y valores.

- En el caso de bienes inmuebles y derechos equivalentes, puede considerarse fondos propios el 45 % de la diferencia entre su valor contable y el "Beleihungswert", esto es, su valor a efectos de hipoteca, calculado conforme a los requisitos legales.

- Si se trata de valores, cabe incluir en los fondos propios el 35 % de la diferencia entre su valor contable y

a) en el caso de valores admitidos a cotización en una bolsa o mercado que cumpla determinadas condiciones, su cotización ;

b) en el caso de valores que no coticen en bolsa, el valor de los valores que representen participaciones en sociedades integradas en la asociación de "Kreditgenossenschaften" o en cajas de ahorros cuyo balance alcance, como mínimo, la cifra de 20 millones de DEM ;

c) el precio de recompra de las participaciones en fondos independientes de inversión mobiliaria o inmobiliaria, que hayan sido emitidas con arreglo a la normativa que regula las "Kapitalanlagegesellschaften", o de las participaciones en un fondo independiente de valores que hayan sido emitidas por un OICVM extranjero, conforme a lo dispuesto en la Directiva OICVM.

Se toma como valor de referencia de los citados valores el importe que resulte más bajo entre su cotización en la fecha de cierre del balance y la media de las cotizaciones en la referida fecha y en las de cierre de los tres balances precedentes. Lo mismo es aplicable en lo que respecta a los valores contemplados en las anteriores letras b) y c).

Por lo demás, las entidades de crédito están sujetas a una serie de requisitos de carácter general. Concretamente, su coeficiente de capital básico debe ser de 4,4 y las plusvalías no realizadas sólo pueden incluirse en los fondos propios hasta un máximo del 1,4 % de los activos ponderados. Asimismo, han de calcularse las plusvalías no realizadas con respecto a la totalidad de bienes inmuebles y derechos equivalentes y valores, de modo que toda pérdida generada por estos activos deberá tenerse también en cuenta (eliminación de la "selección de obligaciones").

Por último, hay algunas disposiciones orientadas a garantizar la observancia de lo previsto en el artículo 3.1 de la DFP.

E // España considera que no se pueden incluir las plusvalías en los fondos propios ; para poder hacerlo habría que modificar la Directiva sobre fondos propios.

Justifica su postura con los siguientes argumentos :

- en todos los casos en que la Directiva sobre fondos propios autoriza la incorporación, por uno u otro sistema, de diferencias comparables, por su naturaleza, a las plusvalías, se trata de elementos contables que no están ocultos y que, además, están sujetos a requisitos de estabilidad y materialidad o a un control contable, cosa que la legislación comunitaria no impone en el caso de las mencionadas plusvalías ;

- a la hora de elaborar la Directiva sobre fondos propios, la contabilización de las reservas ocultas con arreglo al valor de mercado se limitó, a propósito, al caso de las reservas de revalorización sujetas a las normas contables comunitarias. El artículo 3.1 se refería a elementos de los fondos propios cuya armonización parecía imposible, habida cuenta de las diversas características nacionales ;

- no cabe establecer analogía alguna con el Acuerdo de Basilea, puesto que en la recomendación que dicho acuerdo hace sobre las plusvalías, éstas se explicitan y armonizan ;

- una reserva latente y oculta no cumple los requisitos previstos en el artículo 3.1, ya que :

- con arreglo a las normas contables de valoración de los activos, no se pueden utilizar las plusvalías para compensar las minusvalías ;

- al estar ocultas dichas plusvalías, las correspondientes anotaciones contables no cumplen los principios contables consagrados por las directivas comunitarias y, por tanto, han de considerarse datos extracontables, que no forman parte de la contabilidad interna.

- en virtud del principio de supervisión por las autoridades competentes, éstas deberían aceptar, de antemano, una valoración con arreglo al valor de mercado. Un control de este tipo no parece compatible con las competencias en materia de supervisión, armonizadas en el plano comunitario y basadas en el control ex post de la actividad bancaria.

España hace un uso muy limitado del artículo 3.1.

EL // La intención inicial del Consejo era incluir en el artículo 3.1 sólo las reservas ocultas constituidas a partir de los beneficios imponibles realizados, cuando éstos son suficientes, con el fin, en particular, de atenuar las fluctuaciones de los beneficios. Las reservas ocultas de este tipo sirven para cubrir pérdidas futuras imprevistas, lo que supone que son el resultado de valorar los valores mobiliarios por debajo de lo autorizado por la ley.

Ciertamente, cabe interpretar el artículo 3.1 en un sentido más amplio, e incluir la diferencia positiva, pero es imprescindible fijar, tal vez mediante nota explicativa, un límite máximo apropiado para cubrir las posibles fluctuaciones en el valor de mercado de los valores.

No se utiliza la posibilidad otorgada por el artículo 36.2 de la Directiva 86/635/CEE.

FR // En concepto de "otros elementos", cabe incluir en los fondos propios :

- los fondos de garantía plenamente mutualizados (esto es, que estén disponibles para cubrir el conjunto del riesgo de contraparte de la entidad) ;

- otros fondos de garantía de carácter mutual y los fondos públicos asignados como garantía de determinadas categorías de operaciones de crédito, hasta un límite del 8 % de los riesgos que cubren (estos fondos se tienen en cuenta, pues, sólo dentro de los límites impuestos por la cobertura de la exigencia de fondos propios específica a los riesgos que cubren) ;

- subvenciones públicas o privadas no reembolsables ;

- la reserva oculta que figura en la contabilidad financiera de las operaciones de arrendamiento financiero o de alquiler con opción de compra (salvo cuando se efectúe consolidación, pues ya figuraría en las reservas consolidadas).

No pueden incluirse las plusvalías sobre valores, por las siguientes razones :

- el artículo 3.1.b) exige que en la contabilidad interna de la entidad se refleje la existencia de los otros elementos de los fondos propios, lo que, debido a su propia naturaleza, no es el caso de las diferencias ocultas. Por contabilidad interna, como es lógico, hay que entender el estado detallado de las cuentas de la entidad y no sólo las rúbricas de las cuentas publicadas ;

- además, las diferencias ocultas no pueden considerarse de libre disposición, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 3.1.a) ;

- incluir las plusvalías ocultas en los fondos propios, manteniendo, sin embargo, los activos de los que se derivan en el denominador del coeficiente de solvencia y con arreglo a su valor contable, distorsionaría de forma inaceptable el cálculo de dicho coeficiente ;

- en cualquier caso, incluir las plusvalías ocultas tendría consecuencias demasiado importantes para el coeficiente de solvencia, lo que no es deseable.

IRL // Los elementos que pueden incluirse, con arreglo a los artículos 2.1.6) y 3.1, son los siguientes :

- aquellos elementos que, de conformidad con el banco central, pueden utilizarse libremente para cubrir los riesgos normalmente relacionados con el ejercicio de la actividad bancaria, que se reflejan en la contabilidad interna y son objeto de control por los auditores de cuentas. Siempre que se cumplan estas condiciones, pueden incluirse reservas generales hasta un máximo del 1,25 % de los activos de riesgo.

Si la diferencia positiva se debe a plusvalías no realizadas, el banco central no es partidario de que se incluyan en virtud de los citados artículos, en especial cuando se trate de activos no líquidos o de activos cuya posesión es a largo plazo, ya que puede ser difícil convertir esas plusvalías no realizadas en beneficios realizados.

I // En relación con la partida "otros elementos" de los fondos propios complementarios, los bancos autorizados en Italia :

- pueden tomar en consideración el importe de los posibles "fondos para riesgo de crédito" que figuren en el pasivo del balance del banco y tengan carácter exclusivamente cautelar, no correctivo. Se trata de fondos cuya finalidad es cubrir los riesgos de crédito potenciales.

Sólo se tienen en cuenta las plusvalías implícitas con el fin de compensar las depreciaciones implícitas. En el caso de que las depreciaciones superen las plusvalías, el importe neto se deduce de los fondos propios hasta un total de un 50 %. En el caso de que las plusvalías superen las depreciaciones, il importe neto no se integra a los fondos propios.

L // Luxemburgo hizo uso de la facultad prevista en el apartado 1 del artículo 3 permitiendo la inclusión en los fondos propios de la partida "puestos con una cuota de reservas" que está constituida por beneficios realizados immunizados fiscalmente. Luxemburgo considera por otro lado que el apartado del artículo 3 no obstaculiza la inclusión de las reservas latentes sobre títulos en los fondos propios. No obstante esta posibilidad no se ha contemplado en la normativa luxemburguesa.

NL // Los Países Bajos no han hecho uso de esta posibilidad.

A // Austria únicamente ha hecho uso de la posibilidad prevista en el artículo 3.1 en lo que respecta a las reservas de revalorización.

Las reservas de revalorización son reservas no realizadas que representan el 45% de las siguientes diferencias de valor :

- diferencia entre el valor contable y el precio de mercado de los terrenos, los derechos que se consideren inmobiliarios y las construcciones. Si el precio de mercado es inferior al valor contable, deben reducirse las reservas de revalorización por el importe de la diferencia ;

- diferencia entre el valor contable y la cotización de los valores admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores, o negociados en un mercado regulado ;

- diferencia entre el valor contable y el precio de rescate de las participaciones emitidas por fondos de inversión colectiva.

Las reservas de revalorización sólo pueden contabilizarse cuando el cálculo de las diferencias de valor se refiere al conjunto de las partidas 1 a 3 del activo.

Con arreglo al punto 4 del apartado14 del artículo 23, las reservas de revalorización se incluyen en los fondos propios hasta un máximo del 1,5 % de la base de cálculo contemplada en el apartado 2 del artículo 22 (total de partidas del activo y de las cuentas de orden ponderadas), siempre que el núcleo de los fondos propios represente al menos el 4,5 % de la base de cálculo.

P // Previo acuerdo del Banco de Portugal, pueden incluirse en los fondos propios complementarios aquellos elementos del patrimonio que cumplan las siguientes condiciones :

- que puedan utilizarse libremente para cubrir los riesgos que comporta, normalmente, la actividad de las entidades y en relación con los cuales no se hayan determinado las pérdidas o minusvalías ;

- que se reflejen en la contabilidad de las entidades ;

- que el importe sea objeto de