N° C 175/12 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 4. 7. 88 
El Comité aprueba la propuesta de la Comisión de 
prorrogar otros 6 años el período de validez de dicho 
sistema de intercambio rápido de información. 
Hecho en Bruselas, el 27 de abril de 1988. 
1. Introdución 
1.1. Objetivo 
El objetivo del presente dictamen de iniciativa, cuya 
adopción fue unánimemente aprobada por el Comité 
en diciembre de 1987, es pedir a la Comisión que 
proponga una legislación sobre la seguridad de los 
productos de consumo, Esta legislación debería obligar 
a todos los que intervienen en el proceso de fabricación, 
distribución y venta de bienes de consumo a cumplir la 
normativa en materia de seguridad general. 
1.1.1. El objetivo anteiormente citado se ve confor­
mado por las dos consideraciones siguientes: 
— las implicaciones para el consumo derivadas de la 
culminación del mercado interior en 1992, y las 
consecuencias que se derivan de la libre circulación 
de mercancías, 
— las implicaciones del apartado 3 del artículo 100 A, 
del Acta Ünica, que establece que la Comisión en 
sus propuestas «en materia de salud, seguridad, 
protección del medio ambiente y protección del 
consumidor se basará en un nivel de protección 
elevado». En este dictamen, el Comité interpreta 
esta artículo como una referencia tanto a la protec­
ción ya existente del consumidor como a la necesi­
dad de medidas de emergencia, incluida la retirada 
de productos. No obstante, recomienda ampliar y extender el sistema 
actual durante este nuevo período. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT 
1.2. Asimismo, el Comité desea destacar los siguien­
tes puntos. 
1.2.1. Es necesario realizar la armonización, ante el 
creciente número de legislaciones nacionales que difie­
ren entre sí en alcance y contenido; asimismo, es necesa­
rio eliminar los obstáculos técnicos al comercio, y disua­
dir a los Estados miembros de la utilización de falsas 
normas de seguridad y sanitarias que obstaculicen el 
libre comercio. 
1.2.2. En este contexto, es importante señalar que el 
artículo 36 del Tratado CEE establece que, si bien la 
existencia de obstáculos puede estar justificada para 
proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos, no 
deben « constituir un medio de discriminación arbitraria 
ni una restricción encubierta del comercio entre los 
Estados miembros». 
1.2.3. Existe ya en la Comunidad una legislación 
específica sobre materias particulares (por ejemplo, 
directivas « verticales»). El número de directivas « verti­
cales » es reducido, y si bien prevén cláusulas de salva­
guarda que permiten a los Estados miembros intervenir 
en caso de peligro, sus medidas de protección afectan 
únicamente a los productos concretos regulados por 
dichas directivas. Dictamen sobre las normas generales de seguridad de los productos 
(88/C 175/07) 
Los días 16 y 17 de diciembre de 1987, el Comité Económico y Social, de conformidad con 
el apartado 4 del artículo 20 de su reglamento interno, decidió elaborar un dictamen de 
iniciativa sobre la seguridad de los productos. 
La Sección de medio ambiente, sanidad y consumo, responsable de la preparación de los 
trabajos del Comité en la materia, adoptó su dictamen el 5 de abril de 1988 basándose en el 
informe de la Sra. Williams. 
El Comité Económico y Social, en su 255a sesión plenaria (sesión del 27 de abril de 1988), 
ha adoptado por unanimidad el dictamen siguiente. 
4. 7. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 175/13 
1.2.4. En consecuencia, queda una amplia gama de 
productos no regulados, y como es prácticamente impo­
sible adoptar directivas verticales para cada uno de 
ellos, es necesaria una directiva marco horizontal de 
maplia base que se ocupe de los productos para los que 
no existen en la actualidad directivas verticales y que 
regule asimismo las lagunas y los desajustes existentes 
en la actual legislación. 
1.2.5. Dentro del mercado ampliado, serán necesa­
rias normas de seguridad modernas y rigurosas para los 
productos vendidos y utilizados en toda la Comunidad. 
Dichas normas deberán ser equivalentes en todos los 
Estados miembros y deberán contar con métodos efica­
ces de aplicación (ver también el capítulo 3). 
1.3. Por lo tanto, esta iniciativa es un medio para 
instar a la Comisión a emprender acciones y a elaborar 
un proyecto de directiva, con la máxima urgencia. Sin 
embargo, no corresponde al Comité elaborar un texto 
de legislación comunitaria, ya sea en forma de directiva, 
de Reglamento, o de una combinación de ambos. La 
función del Comité es pedir a la Comisión que tome en 
consideración perspectivas diversas en relación con los 
procedimientos necesarios para alcanzar un nivel más 
alto de seguridad en los productos de consumo. 
1.4. Hay que reconocer la gran complejidad del tema 
de la seguridad de los productos, si bien se han tomado 
en consideración, en particular los siguientes documen­
tos informativos: 
— seguridad de los productos de consumo/seguridad 
de los consumidores, 
— comunicación de la Comisión sobre la seguridad e 
los consumidores frente a los productos de con­
sumo. Este documento se refiere a las pruebas cada 
vez mayores de la incidencia de los accidentes 
domésticos tanto a nivel social como económico. 
Este tipo de accidentes afectan en la actualidad a 
un mínimo de 45 millones de personas por año, y 
sus causas son tanto el comportamiento humano 
como la peligrosidad de los productos y la inadecua­
ción de las instrucciones de empleo, 
— la directiva sobre la responsabilidad de los produc­
tos de la cual este dictamen de iniciativa es comple­
mentario) {l), 
— el nuevo enfoque de la armonización técnica de 
normas (resolución 7 de mayo de 1985) (2), asimismo 
un complemento indispensable. 
2. Definiciones 
El Comité considera esencial adoptar definiciones con­
cretas y sugiere las siguientes: 
(!) Directiva 85/374/CEE (DO n° L 210 de 7. 8. 1985). 
(2) DO n° C 316 de 4. 6. 1985. 2.1. Por «bienes de consumo» se entiende, a efectos 
del presente dictamen, cualquier categoría de produc­
tos, duraderos o perecederos, adquiridos legalmente y 
utilizados normalmente por consumidores privados. No 
obstante, el Comité reconoce que pueden existir catego­
rías intermedias, resultantes de la escasa diferencia exis­
tente a veces en artículos de uso a la vez doméstico y 
profesional. El término «productos de consumo» 
incluye también las materias primas, cuando estas están 
a la venta como productos acabados, las piezas, los 
repuestos y los accesorios. 
El Comité no toma en consideración los productos de 
segunda mano vendidos por particulares, si bien se 
incluyen aquéllos vendidos en un comercio. Además, se 
excluyen aqui también los productos destinados a los 
animales. 
2.1.1. El Comité reconoce que a menudo los servicios 
están estrechamente relacionados con los productos 
(particularmente en los casos de alquiler de aparatos). 
No obstante, la presente iniciativa se limita a los pro­
ductos. 
2.2. El Comité destaca que la seguridad es un ele­
mento necesariamente relativo, y no absoluto, y 
depende de un cierto número de factores variables de 
carácter social, económico y cultural. No obstante, se 
entiende por el término « seguro » la ausencia de riesgo 
—o su reducción a un mínimo— de que alguien pueda 
resultar herido o morir como consecuencia: 
— del producto, 
— del mantenimiento, empleo o consumo del pro­
ducto, 
— del montaje de cualquier tipo de producto que se 
presenta desmontado, 
— de cualquier tipo de emisión o derrame procedente 
del producto como resultado de su empleo, manteni­
miento o consumo, 
— de la confianza en la precisión de cualquier medida, 
cálculo u otra lectura realizada mediante el pro­
ducto o por medio del producto. 
2.3. El término «requisito de seguridad general» 
debe ser interpretado con claridad. El significado que 
sugerimos para este término es que los productos que 
circulen por la Comunidad deben ofrecer el tipo de 
seguridad que los consumidores tienen derecho a 
esperar de ellos, teniendo en cuenta el uso normal al que 
dichos productos van a ser previsiblemente destinados. 
2.3.1. Los consumidores confían en un diseño y una 
construcción seguros. El Comité destaca aquí la contri­
bución de los diseñadores a que los productos mejoren 
significativamente su seguridad, detectando los peligros 
potenciales en las primeras etapas del proceso de elabo­
ración. 
N° C 175/14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 4. 7. 88 
2.3.2. Puede considerarse que un producto no cum­
ple este requisito de seguridad general cuando no ofrece 
una seguridad razonable en relación con todas las cir­
cunstancias, entre las que se incluyen: 
— el marcado de los productos, su presentación, cual­
quier distintivo utilizado en relación con ellos y 
cualquier tipo de instrucciones o avisos publicados 
en relación con su uso, almacenamiento o consumo, 
— cualquier norma de seguridad europea publicada y 
aprobada, 
— cualquier medio razonable que ofrezca seguridad a 
los productos, teniendo en cuenta las implicaciones 
de los posibles costes. 
3. Normas y requisitos 
3.1. El Comité es consciente de que el nuevo enfoque 
para la armonización técnica de normas, que exige que 
los productos sean seguros si desean beneficiarse del 
reconocimiento mutuo de normas y pruebas, tiene una 
importancia cada vez mayor. El Comité destaca tam­
bién el papel del Comité europeo de normalización 
(CEN) y del Comité europeo de normalización elec­
trotécnico (Cenelec) y de los organismos de normaliza­
ción nacionales en la creación de normas voluntarias 
aprobadas, a la vez que reconoce que corresponde a los 
gobiernos determinar las normas básicas obligatorias. 
3.2. Hay que señalar los puntos siguientes: 
3.2.1. Serán necesarias normas especiales y carac­
terísticas especiales, expresadas normalmente como 
«requisitos básicos de seguridad», para productos par­
ticulares en los casos en que existan riesgos especiales 
para la salud y la seguridad. 
3.2.2. Una legislación general sobre los requisitos de 
seguridad general de los productos de consumo será de 
gran ayuda para garantizar un nivel básico de seguridad 
para la amplia gama de productos domésticos para los 
que no existen normas ni reglamentos técnicos especí­
ficos. 
3.2.3. El Comité tiene en cuenta el problema de los 
casos en que las prescripciones normativas o las normas 
existentes no son suficientemente estrictos, y la necesi­
dad de aclarar si la conformidad puede considerarse 
como una protección adecuada (ver también punto 6.3). 
3.2.4. La necesidad de prescripciones normativas 
armonizadas adecuadas en materia de salud y seguridad 
según el artículo 100 A(3), es decir, « basadas en un nivel 
de protección elevado». Estas prescripciones debarán 
traducirse en normas, y deberá mantenerse el control 
de calidad en todo el proceso de producción. 
3.2.5. Reconocimiento de que no solamente las orga­
nizaciones de normalización pueden contribuir a esta­
blecer criterios para productos más seguros, sino que también deberá oirse a otros organismos y asociaciones 
de investigaicón reconocidos. 
3.2.6. A este respecto, el Comité ha observado la 
intención manifestada por la Comisión de ampliar el 
compromiso y la representación de los consumidores 
pertenecientes a organizaciones reconocidas en los orga­
nismos de normalización, y pide a la Comisión que 
ponga en práctica la tan esperada decisión de ampliar la 
representación y de facilitar las necesarias condiciones 
financieras. 
4. Seguridad de los productos a lo largo de la cadena 
de producción 
En la aplicación de la seguridad de los productos a lo 
largo de la cadena de producción del fabricante al 
minorista deben tenerse en cuenta los siguientes fac­
tores : 
4.1. El papel del fabricante en la aplicación de con­
troles tanto durante el proceso de producción como 
tras la salida del producto al mercado. 
4.2. La responsabilidad de los fabricantes en lo que 
respecta a la información y a las instrucciones de 
empleo, que deberán ser claras, sencillas, y completas, 
teniendo asimismo en cuenta el problema de la lengua 
en los casos en que un producto fabricado en un Estado 
miembro vaya a ser utilizado en otro. 
4.3. La posibilidad de una autoregulación mediante 
códigos de conducta industriales voluntarios suscepti­
bles de ser adaptados con rapidez y los problemas 
relacionados con su aplicación efectiva y comprome­
tida. A este respecto, el Comité remite a su dictamen 
de iniciativa sobre el diálogo productor/consumidor, 
emitido en 1984, en el que se plantea la sugerencia de 
una directiva marco que establezca las condiciones que 
deberán cumplir los códigos voluntarios. 
4.4. La contribución de códigos independientes de 
conducta relacionados con la seguridad adoptados por 
organizaciones externas tales como los organismos de 
las Naciones unidas. 
4.5. La comunicación de avisos y la ejecución de 
retirada de productos por parte de fabricantes, incluidas 
referencias a la sustitución, reparación o destrucción. 
4.6. El seguimiento sistemático después de la comer­
cialización de los productos y el control de su uso y 
abuso por parte de los consumidores, siempre que sea 
posible. 
4.7. Los problemas especiales de importadores y pro­
veedores de productos procedentes de terceros países. 
4.8. Los problemas de los detallistas, quienes, a 
través de su contacto directo con los consumidores, 
aparecen como los principales responsables de los pro­
ductos peligrosos o defectuosos fabricados por otras 
personas. 
4. 7. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 175/15 
5. Inspección y controles 
5.1. En la aplicación de la seguridad y el control de 
los productos se tendrán en cuenta los siguientes puntos, 
muchos de los cuales han sido ya tratados en anteriores 
dictamens del CES: 
— los puntos de la cadena de producción en los que las 
autoridades públicas deberían realizar la inspección, 
— las dificultades para mantener un enfoque y un 
control consecuentes dentro de la Comunidad 
Europea, 
— los costes de la ampliación de los servicios públicos 
para los Estados miembros, 
— el alcance y la viabilidad de la delegación por parte 
de los gobiernos a las autoridades públicas de órde­
nes para llevar a cabo retiradas de productos, prohi­
bición de ventas, y el control de cumplimiento de 
las normas, 
— dificultades que pueden surgir en relación con ven­
dedores ambulantes y callejeros sin licencia ni direc­
ción fija. 
5.2. El Comité reconoce la importancia clave de las 
autoridades públicas en la inspección y el control. Des­
taca la necesidad de organismos públicos en todos los 
Estados miembros que establezcan: 
— un procedimiento normal para tratar los casos de 
productos peligrosos, que incluya medidas generales 
relativas a una gama de productos y medidas especí­
ficas relativas a una marca o producto particulares, 
— un procedimiento de urgencia que pueda aplicarse 
inmediatamente y sin demora, 
— directrices de cooperación y de coordinación, tanto 
nacionales como entre Estados miembros. 
5.3. En el caso de las mercancías importadas, debe­
rían establecerse y mantenerse controles especiales en 
el primer punto de entrada. El Comité destaca la necesi­
dad de cooperación entre las autoridades competentes 
y los empleados de aduanas y hacienda. 
Deberá tenerse en cuenta la necesidad de adaptar el 
proceso de fabricación de los productos a estándars 
diferentes, e incluso más estrictos, cuando se trate de 
exportaciones a terceros países. En el caso de los pro­
ductos que vayan a ser exportados a países del tercer 
mundo, dondo hay frecuente ignorancia y escasez de 
medidas legales de protección, el Comité reconoce la 
obligación de la Comunidad de no comercializar pro­
ductos insuficientemente seguros. 
6. Garantías 
6.1. Se reconoce la necesidad de sistemas europeos 
rápidos de retirada, y se pide a la Comisión que 
amplíe su servicio entre los Estados miembros. En estos 
momentos, el actual sistema es solamente informativo, y el Comité destaca que la información, quizás no 
siempre tan transparente como debiera ser, no es sufi­
ciente por sí misma. 
6.1.2. Existen sin embargo problemas que deben ser 
tenidos en cuenta relativos a los avisos y suspensiones, 
así como a la retirada de productos. El Comité sugiere 
que, siempre que ello no cause retrasos excesivos, los 
fabricantes deberían poder realizar consultas sobre los 
productos que tengan en fabricación. Para estas consul­
tas, el Comité pide a la Comisión que proporcione 
indicaciones claras de los datos obligatorios, tales como 
nombre de marca o nombre comercial, número de iden­
tificación, número de lote, fecha y lugar de suministro, 
nombre y dirección del fabricante o del proveedor. 
6.1.3. En esencial que exista una buena red de comu­
nicación a todos los niveles apropiados si se quiere 
conseguir una reacción positiva por parte de las perso­
nas a quienes van dirigidos los avisos o advertencias. 
Estas personas deben poder responder de un modo 
claro, sencillo y a través de diversos medios. El Comité 
es consciente de los problemas que surgen cuando las 
personas no hacen caso de un aviso: los productos no 
seguros pueden seguir utilizándose y pasar de persona 
a persona, durante muchos años. 
6.1.4. Continúa admitiéndose que la educación y la 
información son elementos paralelos a la legislación 
sobre seguridad en el consumo. En la educación, donde 
las organizaciones de consumidores tienen una impor­
tante función a cumplir, la formación en la responsabili­
dad personal es un elemento fundamental. La educación 
incluye también la asunción del precio que debe pagarse 
por la seguridad. 
6.2. Recursos por parte de los consumidores 
6.2.1. Los recursos por parte de los consumidores y 
el acceso a la justicia deberían ser estudiados en base a 
la Comunicación de la Comisión sobre compensaciones 
al consumidor (doc. COM(87) 210 final), que trata de 
los recursos relativos a productos no satisfactorios o 
defectuosos. Los productos poco seguros que hayan 
sido causa de daños físicos constituyen una categoría 
especial. Puede darse el caso de que gran número de 
personas sufran las consecuencias de un mismo pro­
ducto. En ese caso, debería tenerse en cuenta la posibili­
dad de que los perjudicados entablen una acción colec­
tiva para la obtención de compensaciones, lo que no 
debería en absoluto impedir el derecho de los consumi­
dores a actuar individualmente. Además el Comité 
sugiere que la Comisión estudie la posibilidad de crear 
un fondo comunitario de compensación de aquellas 
personas que por distintas razones (como la quiebra de 
la empresa con la que negocian) no dispongan de otro 
remedio efectivo. 
6.3. La posición de los productores y los distribuido­
res - Sanciones y defensas 
6.3.1. En lo relativo a las sanciones a fabricantes 
que fabriquen y comercialicen productos no seguros, 
N° C 175/16 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 4. 7. 88 
debería estudiarse si las sanciones económicas por sí 
mismas son suficientes. La actual legislación comunita­
ria no permite que la Comisión entable procedimientos 
penales. Además, el Comité observa que las sanciones 
varían de Estado a Estado miembro, y sugiere, por lo 
tanto que la Comisión estudie la posibilidad de imponer 
sanciones administrativas a nivel comunitario. 
En el caso de productos que hayan sido fabricados y 
vendidos consciente y deliberadamente por « delincuen­
tes económicos», el Comité pide a los Estados miem­
bros que adopten la acción adecuada más drástica a 
nivel nacional. 
6.3.2. Por ejemplo, la legislación debería orientarse 
en el sentido de considerar delitos el suministro, la 
oferta o el acuerdo de suministro, o la exposición o 
posesión para el suministro, de cualquier tipo de pro­
ductos que no cumplan el « requisito de seguridad gene­
ral», tal como se define en el apartado 2.3. 
6.3.3. El Comité destaca que como los fabricantes y 
vendedores adquirirán nuevas obligaciones, también 
tendrán derecho a algún tipo de defensa, tal como se 
establece en el capítulo 3 (normas). En consecuencia, 
pide a la Comisión que especifique la defensa que pueda 
utilizarse en caso de supuestas contravenciones. 
6.3.4. Se sugieren las siguientes posibles defensas: 
a) el proveedor actuaba de conformidad con una 
norma existante (véase, no obstante, el apar­
tado 3.2.3); 
b) el proveedor creía razonablemente que los produc­
tos no serían usados o consumidos en un Estado 
miembro; 
c) el proveedor realizó todos los trámites razonables 
y todas las medidas debidas para evitar cometer la 
infracción; 
d) los productos fueron suministrados por un mino­
rista que, en el momento del suministro, no sabía 
ni tenía medios razonables para saber que dichos 
productos no cumplían el requisto de seguridad 
general; 
e) el fabricante, el proveedor o el detallista colabora­
ron en la rápida retirada de los productos peligrosos 
del mercado. 
7. La función de la Comisión 
El Comité sugiere que la Comisión asuma las siguientes 
tareas: 
7.1. Un análisis exhaustivo de la legislación existente 
sobre seguridad de los productos y de su aplicación en 
los Estados miembros y en otros países industrializados. 
7.2. Un examen de los trabajos realizados por las 
organizaciones internacionales, como la Organización 
de cooperación y de desarrollo económico (OCDE) y de los grupos socioprofesionales como el BEUC (Bureau 
européen des unions des consommateurs), COFACE 
(Comité des organisations familiales auprés des Com-
munautés européennes) y las organizaciones reconoci­
das de fabricantes y distribuidores. 
7.3. Una revisión de la actual legislación comunitaria 
y de las propuestas en trámite de las diferentes direccio­
nes generales con el fin de asegurar que la legislación 
sobre seguridad está integrada y coordinada con la 
restante legislación. 
Por ejemplo, la directiva propuesta para la aproxima­
ción de las legislaciones existentes en los Estados miem­
bros relativa a maquinaria que regula el empleo de las 
máquinas en la industria, debería ser examinada con el 
fin de ver si es aplicable a máquinas similares utilizadas 
por consumidores privados. 
7.4. La Comisión debería continuar asumiendo la 
responsabilidad de la recogida y coordinación de los 
datos estadísticos de accidentes (EHLASS) (*) suminis­
trados por los Estados miembros. Es ésta la clase de 
datos en que puede basarse la determinación de las 
prioridades de acción; de la gestión del Sistema de 
intercambio rápido de información. 
Sin embargo, el Comité desearía que estos sistemas 
fuesen más ambiciosos, más transparentes y más efi­
caces. 
7.5. El Comité sugiere también que la Comisión tome 
en consideración otros temas relacionados, tales como: 
— el desarrollo de modelos de evaluación de. riesgos, 
— el carácter comparable y compatible de las estadísti­
cas en los Estados miembros, e incluso en otros 
países de los que somos socios comerciales, 
— el examen más detallado de las estadísticas mortales, 
las cuales, si bien son inferiores en número a las 
de daños personales, pueden señalar los peligros 
principales, 
— el seguimiento de los daños personales graves 
durante un período de al menos tres años tras un 
accidente. 
7.6. El Comité destaca que esta recogida y análisis 
de datos llevará, entre otras cosas, a la identificación 
de los productos poco seguros. Reconoce que los pro­
ductos pueden ser peligrosos debido a un deficiente 
diseño o fabricación, o debido a que las instrucciones 
son inadecuadas o incompletas, si bien destaca también 
que el comportamiento humano, a menudo imprevisi­
ble, contribuye frecuentemente a los accidentes. 
í1) EHLASS: European Home and Leisure Accident Surveillance 
System (Sistema europeo de control de accidentes domésticos 
y del ocio). 
4. 7. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 175/17 
7.7. El Comité destaca la necesidad de un procedi­
miento sencillo y aceptable, mediante el cual todos 
los sectores afectados, especialmente las autoridades 
competentes designadas por los Estados miembros y la 
Comisión, puedan hallar soluciones rápidas en situacio­
nes de emergencia. 
7.8. Según esto, la Comisión debería cumplir una 
función de receptor centralizado de la información 
sobre productos peligrosos que le fuesen notificados 
urgentemente por las autoridades nacionales y locales 
que hayan decidido la necesidad de una rápida acción. 
Estas autoridades informarían también a la Comisión 
sobre las retiradas voluntarias de productos realizadas 
por los fabricantes. En los casos pertinentes, la Comi­
sión también tendría en cuenta la información presen­
tada por otras fuentes fiables, dada la necesidad de 
contar con la opinión de un amplio abanico de interlo­
cutores. 
7.9. Caso de llegarse a admitir firmemente la necesi­
dad de la acción original, la Comisión debería pedir a 
Hecho en Bruselas, el 27 de abril de 1988. 
1. Introducción 
1.1. El XII Informe Anual de 1986 del Fondo euro­
peo de desarrollo regional fue publicado por la Comi­
sión el 1 de diciembre de 1987. El Comité ve con agrado 
este informe, que indica que durante ese año el abanico todos los Estados miembros la adopción de acciones 
equivalentes. 
7.10. En los casos de emergencia que afecten a la 
salud y la seguridad de un número importante de perso­
nas, es necesaria una acción inmediata. Los Estados 
miembros podrán decidir por sí mismos sobre las medi­
das inmediatas a tomar, aunque la Comisión debería 
estar en condiciones de asegurar que se adopten medi­
das de emergencia vinculantes en todos los Estados 
miembros siguiendo criterios uniformes. Es, por lo 
tanto, necesario un instrumento jurídico comunitario 
efectivo (ver apartado 1.3) que fije una serie de normas 
claramente establecidas, que permitan intervenir en 
casos de emergencia. Esta intervención implicaría la 
inmediata suspensión, retirada e incluso destrucción de 
las mercancías peligrosas. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT 
y la escala de las actividades del fondo continuaron 
incrementándose. Asimismo, el Comité celebra la pro­
gresiva evolución de los métodos analíticos utilizados 
por el fondo con el fin de identificar las cuestiones 
prioritarias y el examen de propuestas dirigidas a sol­
ventar los problemas regionales. Dictamen sobre el XII Informe Anual del Fondo europeo de desarrollo regional 
(88/C 175/08) 
El 21 de diciembre de 1987, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social, de 
conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea, sobre el XII Informe del Fondo europeo de desarrollo regional (Feder). 
La Sección de desarrollo regional, ordenación del territorio y urbanismo, encargada de la 
preparación de los trabajos del Comité en la materia, adoptó su dictamen el 19 de abril de 
1988, basándose en el informe del Sr. Black. 
En su 255a sesión plenaria (sesión del 27 de abril de 1988), el Comité Económico y Social 
adoptó el siguiente dictamen por unanimidad salvo una abstención.