Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 85/611/CEE, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), con vistas a la regulación de las sociedades de gestión y los folletos simplificados (98/C 272/08) (Texto pertinente a los fines del EEE) COM(1998) 451 final - 98/0242(COD)

(Presentada por la Comisión el 17 de julio de 1998)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en particular, el apartado 2 de su artículo 57,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado,

(1) Considerando que la Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativa a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (1), cuya última modificación la constituye la Directiva 88/220/CEE (2), ha contribuido ya sustancialmente a la creación de un mercado único en este ámbito, al establecer-por primera vez en el sector de servicios financieros-el principio de reconocimiento mutuo de la autorización y otras disposiciones que facilitan la libre circulación, dentro de la Unión Europea, de las participaciones de los organismos de inversión colectiva (constituidos como fondos comunes de inversión o sociedades de inversión) a que se refiere dicha Directiva;

(2) Considerando, no obstante, que la Directiva 85/611/CEE no regula en gran medida las sociedades que se encargan de la gestión de los organismos de inversión colectiva (denominadas «sociedades de gestión»); que la Directiva 85/611/CEE no establece, en particular, disposiciones que garanticen la existencia de normas de acceso al mercado y condiciones de ejercicio de la actividad equivalentes en todos los Estados miembros para tales sociedades; que la Directiva 85/611/CEE no contiene disposiciones que regulen el establecimiento de sucursales y la libre prestación de servicios por tales sociedades en Estados miembros distintos del de origen;

(3) Considerando que la autorización concedida en el Estado miembro de origen de la sociedad de gestión debe garantizar la protección de los inversores y la estabilidad del sistema financiero; que el planteamiento adoptado consiste el llevar a cabo la armonización básica necesaria y suficiente para garantizar el reconocimiento mutuo de la autorización y de los sistemas de supervisión cautelar, haciendo posible la concesión de una única autorización válida en toda la Unión Europea y la aplicación del principio de supervisión por el Estado miembro del origen;

(4) Considerando que, a fin de proteger a los inversores, es necesaria una supervisión interna de toda sociedad de gestión, en particular a través de una dirección bipersonal y mecanismos adecuados de control interno;

(5) Considerando que, en virtud del principio de reconocimiento mutuo, debe permitirse a las sociedades de gestión autorizadas en su Estado miembro de origen prestar, en toda la Unión Europea, los servicios para los cuales hayan recibido autorización, ya sea mediante el establecimiento de sucursales o en régimen de libre prestación de servicios; que la aprobación de los reglamentos de los fondos comunes de inversión es competencia del Estado miembro de origen de la sociedad de gestión;

(6) Considerando que, en lo que respecta a la gestión de carteras colectivas (gestión de fondos comunes de inversión y de sociedades de inversión), la autorización otorgada a una sociedad de gestión en su Estado miembro de origen debe capacitarla para desarrollar en el Estado miembro de acogida las siguientes actividades: distribuir las participaciones de los fondos comunes de inversión establecidos por ella en su Estado miembro de origen; distribuir las acciones de las sociedades de inversión por ella gestionadas; desempeñar todas las demás funciones y tareas que implica la actividad de gestión de carteras colectivas; gestionar los activos de sociedades de inversión constituidas en Estados miembros distintos de su Estado miembro de origen; desempeñar, en virtud de un mandato y por cuenta de sociedades de gestión constituidas en Estados miembros distintos de su Estado miembro de origen, las funciones que implica la actividad de gestión de carteras colectivas;

(7) Considerando que la presente Directiva representa, por tanto, un paso importante hacia la plena realización del mercado único en el ámbito de los organismos de inversión colectiva;

(8) Considerando que, en virtud de los principios de reconocimiento mutuo y supervisión por el Estado miembro de origen, las autoridades competentes de los Estados miembros deben denegar o retirar la autorización cuando factores tales como el contenido de los programas de actividad, la distribución geográfica o las actividades desarrolladas en la práctica, indiquen claramente que la sociedad de gestión ha optado por el ordenamiento jurídico de un Estado miembro para evadir las normas más estrictas vigentes en otro Estado miembro, en cuyo territorio se propone desarrollar o desarrolla ya la mayor parte de sus actividades; que, a efectos de la presente Directiva, las sociedades de gestión deben recibir autorización en el Estado miembro en que tengan su sede social; que, de conformidad con el principio de control por el país de origen, únicamente el Estado miembro en el que la sociedad de gestión tenga su sede social puede considerarse competente para aprobar los reglamentos de los fondos comunes de inversión establecidos por dicha sociedad y la elección del depositario;

(9) Considerando que la Directiva 85/611/CEE limita el ámbito de actividad de las sociedades de gestión exclusivamente a la gestión de fondos comunes de inversión y de sociedades de inversión (gestión de carteras colectivas); que, atendiendo a la evolución reciente de la legislación de los Estados miembros y a fin de permitir a las mencionadas sociedades realizar importantes economías de escala, resulta conveniente revisar esta restricción; que, por consiguiente, resulta oportuno permitir que dichas sociedades se dediquen también a la gestión de carteras de inversión de clientes individuales (gestión de carteras individuales), incluida la gestión de fondos de pensiones, así como ciertas actividades accesorias específicas relacionadas con la actividad principal; que esta ampliación del ámbito de actividad de las sociedades de gestión estén autorizadas para desarrollar actividades de gestión de carteras tanto colectivas como individuales;

(10) Considerando que la gestión de carteras de inversiones es un servicio de inversión ya contemplado por la Directiva 93/22/CEE [Directiva sobre servicios de inversión (DSI)]; que, a fin de crear un marco normativo homogéneo en este ámbito, resulta oportuno que las sociedades de gestión cuya autorización englobe también dicho servicio queden sujetas a las condiciones de ejercicio de la actividad establecidas en tal Directiva;

(11) Considerando que, por regla general, el Estado miembro de origen puede establecer normas más estrictas que la contenidas en la presente Directiva, en particular en relación con las condiciones de autorización, los requisitos cautelares, las obligaciones de información y los folletos;

(12) Considerando que es conveniente establecer normas por las que se determinen las condiciones en las que una sociedad de gestión podrá delegar en terceros, en virtud de un mandato, tareas y funciones específicas, con el objeto de desarrollar su actividad de forma más eficiente; que, a fin de garantizar la correcta aplicación de los principios de reconocimiento mutuo de la autorización y control por el país de origen, los Estados miembros que permitan tal delegación deben asegurarse de que las sociedades de gestión a las que hayan concedido autorización no delegan en un tercero o terceros la totalidad de sus funciones, convirtiéndose en entidades vacías, y de que la existencia de un mandato no obstaculiza la supervisión efectiva de la sociedad de gestión; que el hecho de que la sociedad de gestión delegue sus propias funciones no debe, sin embargo, alterar en ningún caso las responsabilidades de la misma y del depositario frente a los partícipes y las autoridades competentes;

(13) Considerando que, a fin de atender a la evolución de las técnicas de información, resulta oportuno revisar las actuales disposiciones sobre información contenidas en la Directiva 85/611/CEE; que resulta, en particular, oportuno introducir un nuevo tipo de folleto para los OICVM (folleto simplificado), además del folleto completo existente; que este nuevo folleto debe ser de fácil utilización por los inversores y representar, por tanto, una valiosa fuente de información para el inversor medio; que dicho folleto debe ofrecer información fundamental sobre los OICVM de forma clara, sintética y fácilmente comprensible; que el inversor debe, no obstante, ser informado en cualquier caso, mediante la inclusión de una indicación apropiada en el folleto simplificado, de que el folleto completo y los informes anuales y semestrales del OICVM, que podrá obtener sin ningún gasto previa solicitud, contienen información más detallada; que el folleto simplificado debe ofrecerse siempre gratuitamente a los suscriptores antes de la celebración del contrato; que de esta forma se entenderá oportunamente cumplida la obligación legal contenida en la presente Directiva de facilitar información a los suscriptores antes de la celebración del contrato;

(14) Considerando que es necesario garantizar condiciones equitativas a los intermediarios del sector financiero que prestan los mismos servicios, así como un nivel mínimo armonizado de protección a los inversores; que el requisito previo fundamental a efectos de la plena realización del mercado interior para tales operadores es una armonización mínima de las condiciones de acceso de la actividad y ejercicio de la misma; que, por consiguiente, únicamente una directiva comunitaria vinculante por la que se establezcan normas mínimas consensuadas puede alcanzar los objetivos perseguidos; que la presente Directiva sólo establece la armonización mínima indispensable;

(15) Considerando que, de momento, no existen normas armonizadas sobre los sistemas de indemnización de los partícipes en caso de que una sociedad de gestión o de inversión se halle en la imposibilidad de reembolsarles o recomprarles las participaciones; que la Directiva 97/9/CE establece normas armonizadas en lo tocante a los sistemas de indemnización de los inversores que recurran a los servicios de las empresas de inversión (incluidas las entidades de crédito); que, de acuerdo con el artículo 14 de dicha Directiva, el 31 de diciembre de 1999 a más tardar, la Comisión presentará al Consejo y al Parlamento un informe sobre la aplicación de la Directiva; que dependiendo de las conclusiones de tal informe, la Comisión podría considerar oportuno presentar una propuesta con vistas a la introducción de un sistema de indemnización de los partícipes,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

La Directiva 85/611/CEE quedará modificada del modo siguiente:

1) Se añadirá el siguiente artículo 1 bis:

«Artículo 1 bis

A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

- "depositario": toda entidad a la que se confíen las tareas señaladas en los artículos 7 y 14 y que esté sujeta a las demás disposiciones contenidas en las secciones III y IV;

- "sociedad de gestión": toda sociedad cuya actividad habitual consista en la gestión de fondos comunes de inversión y de sociedades de inversión (gestión de carteras colectivas);

- "Estado miembro de origen de una sociedad de gestión": el Estado miembro en el que esté situada la sede social de la sociedad de gestión;

- "Estado miembro de acogida de una sociedad de gestión": cualquier Estado miembro distinto del de origen en cuyo territorio la sociedad de gestión tenga una sucursal o preste servicios;

- "Estado miembro de origen de un OICVM":

a) en lo que respecta a los OICVM constituidos en forma de fondo común de inversión, el Estado miembro en el que esté situada la sede social de la sociedad de gestión;

b) en lo que respecta a los OICVM constituidos como sociedades de inversión, el Estado miembro en el que esté situada la sede social de la sociedad de inversión;

- "Estado miembro de acogida de un OICVM": todo Estado miembro en el que se comercialicen las participaciones del fondo común de inversión o de la sociedad de inversión;

- "sucursal": un centro de actividad que forme parte de la sociedad de gestión, que no tenga personalidad jurídica y que preste los servicios a que se refiera la autorización de la sociedad de gestión; todos los centros de actividad establecidos en un mismo Estado miembro por una sociedad de gestión con sede social en otro Estado miembro se considerarán una única sucursal;

- "autoridades competentes": las autoridades que designe cada uno de los Estados miembros en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 de la Directiva 85/611/CEE;

- "vínculos estrechos": toda situación que se ajuste a lo definido en el apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 95/26/CE (1);

- "participación cualificada": toda participación directa o indirecta en una sociedad de gestión que represente un 10 % o un porcentaje mayor del capital o de los derechos de voto o que permita ejercer una influencia significativa en la gestión de la sociedad de gestión en la que se posea tal participación.

A efectos de la anterior definición se tendrán en cuenta los derechos de voto a que se refiere el artículo 7 de la Directiva 88/627/CEE (2);

- "DSI": la Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión (3)

(1) DO L 168 de 18.7.1995, p. 7.

(2) DO L 348 de 17.12.1988, p. 62.

(3) DO L 141 de 11.6.1993, p. 27..».

2) El apartado 3 del artículo 4 se sustituirá por el texto siguiente:

«3. Las autoridades competentes no podrán autorizar un OICVM cuando la sociedad de gestión no cumpla los requisitos previos establecidos en la sección III de la presente Directiva. Asimismo, las autoridades competentes no podrán autorizar un OICVM cuando los directivos de la sociedad de inversión o del depositario, no tengan la honorabilidad o la experiencia necesarias para el ejercicio de sus funciones. Con este fin, deberá notificarse inmediatamente a las autoridades competentes la identidad de los directivos de la sociedad de inversión y del depositario, así como cualquier sustitución de los mismos.

Se entenderá por "directivos" las personas que, en virtud de las disposiciones legales o de los documentos constitutivos, representan a la sociedad de inversión o al depositario o que determinan efectivamente la orientación de la actividad de la sociedad de inversión o del depositario.».

3) Los artículos 5 y 6 se sustituirán por el texto siguiente:

«SECCIÓN III

Obligaciones relativas a los sociedades de gestión

Título A

Condiciones de acceso a la actividad

Artículo 5

1. El acceso a la actividad de las sociedades de gestión quedará supeditado a la concesión previa de una autorización oficial por las autoridades competentes del Estado miembro de origen. La autorización concedida a una sociedad de gestión con arreglo a lo previsto en la presente Directiva será válida en todos los Estados miembros:

2. Las sociedades de gestión no podrán ejercer actividades distintas de la gestión de fondos comunes de inversión y de sociedades de inversión:

A efectos de la presente Directiva, la actividad de gestión de fondos comunes de inversión y de sociedades de inversión englobará las actividades mencionadas en el anexo II.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros podrán autorizar a las sociedades de gestión a realizar, además de la actividad de gestión de fondos comunes de inversión y de sociedades de inversión, las siguientes prestaciones de servicios:

- gestión discrecional e individualizada de carteras de inversiones, incluidas las pertenecientes a fondos de pensiones, en virtud de un mandato otorgado por los inversores, siempre que tales carteras incluyan uno o varios de los instrumentos enumerados en la sección B del anexo de la DSI;

- como servicios accesorios:

a) asesoramiento sobre inversiones en uno o varios de los instrumentos enumerados en la sección B del anexo de la DSI;

b) custodia y administración de participaciones de organismos de inversión colectiva.

En ningún caso podrá autorizarse a las sociedades de gestión, en virtud de la presente Directiva; a prestar únicamente los servicios mencionados en el presente apartado.

4. Lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 2, en el apartado 2 del artículo 8, en los artículos 10 y 11, en el apartado 1 del artículo 12 y en el artículo 13 de la DSI será de aplicación a las sociedades de gestión cuya autorización abarque el servicio de gestión discrecional de carteras mencionado en el primer guión del apartado 3 anterior.

Artículo 5 bis

1. Sin perjuicio de otras condiciones generales establecidas por la normativa nacional, las autoridades competentes sólo concederán autorización a una sociedad de gestión cuando:

- disponga de un capital inicial del siguiente importe:

a) en el supuesto de que la autorización se refiera exclusivamente a la gestión de fondos comunes de inversión y de sociedades de inversión, 50 000 ecus;

b) en el supuesto de que la autorización se refiera también al servicio de gestión discrecional de carteras mencionado en el primer guión del apartado 3 del artículo 5, se añadirá al capital señalado en la letra a) anterior un importe determinado con arreglo a las normas previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 3 de la Directiva 93/6/CEE (1), atendiendo a la naturaleza del servicio considerado;

- las personas que dirijan efectivamente la actividad de la sociedad de gestión tengan la oportuna honorabilidad y experiencia en relación, asimismo, con el tipo de OICVM administrado por la sociedad de gestión. La orientación de la actividad de la sociedad de gestión deberá ser determinada por un mínimo de dos personas que cumplan estas condiciones;

- la solicitud de autorización vaya acompañada de un programa de actividad en el que se especifique, entre otros aspectos, la estructura organizativa de la sociedad de gestión;

- tanto su administración central su sede social estén situadas en el mismo Estado miembro.

2. Asimismo, cuando existan vínculos estrechos entre la sociedad de gestión y otras personas físicas o jurídicas, las autoridades competentes sólo concederán autorización si dichos vínculos no impiden el ejercicio efectivo de sus funciones de supervisión.

Las autoridades competentes denegarán también la autorización cuando las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de un tercer país por las que se rijan una o varias personas físicas o jurídicas con las que la sociedad de gestión mantenga vínculos estrechos, o las dificultades que suponga su aplicación, impidan el ejercicio efectivo de sus funciones de supervisión.

Las autoridades competentes exigirán a las sociedades de gestión que le faciliten la información necesaria para comprobar que se cumplen en todo momento las condiciones previstas en el presente apartado.

3. Los solicitantes serán informados, en el plazo de seis meses a contar desde la presentación de una solicitud completa, de si se ha concedido o no la autorización. Toda denegación de autorización deberá motivarse.

4. La sociedad de gestión podrá iniciar su actividad en cuanto se haya concedido la autorización.

5. Las autoridades competentes sólo podrán retirar la autorización otorgada a una sociedad de gestión sujeta a lo dispuesto en la presente Directiva cuando dicha sociedad:

a) no haga uso de la autorización en un plazo de doce meses, renuncie a ésta expresamente o haya cesado la actividad a que se refiere la presente Directiva con más de seis meses de anterioridad, si en el correspondiente Estado miembro no existen disposiciones que establezcan la caducidad de la autorización en estos supuestos;

b) haya obtenido la autorización valiéndose de declaraciones falsas o de cualquier otro medio irregular;

c) deje de reunir las condiciones a las que estaba supeditada la concesión de autorización;

d) deje de cumplir las disposiciones de la Directiva 93/6/CEE, en el supuesto de que la autorización se refiera también al servicio de gestión discrecional de carteras mencionado en el primer guión del apartado 3 del artículo 5;

e) haya infringido seria y sistemáticamente las disposiciones adoptadas en cumplimiento de la presente Directiva;

f) incurra en alguno de los supuestos en los que la normativa nacional disponga la retirada de la autorización.

Artículo 5 ter

1. Las autoridades competentes no concederán a una sociedad de gestión autorización para iniciar su actividad antes de que les haya sido comunicada la identidad de los accionistas o socios, ya sean directos o indirectos, personas físicas o jurídicas, que posean una participación cualificada en la sociedad, y el importe de dicha participación.

Las autoridades competentes denegarán la autorización si, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión correcta y prudente de la sociedad de gestión, no están convencidas de la idoneidad de dichos accionistas o socios.

2. Los Estados miembros no aplicarán, a las sucursales de sociedades de gestión con sede social fuera de la Unión Europea que inicien o ejerzan ya una actividad, disposiciones que supongan un trato más favorable que el otorgado a las sucursales de sociedades de gestión cuya sede social está situada en un Estado miembro.

3. Las autoridades competentes del otro Estado miembro afectado deberán ser consultadas antes de conceder autorización a una sociedad de gestión cuando ésta:

- sea una filial de otra sociedad de gestión, una empresa de inversión o una entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro;

- sea una filial de la empresa matriz de otra sociedad de gestión, de una empresa de inversión o de una entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro; o

- esté bajo el control de las mismas personas físicas o jurídicas que otra sociedad de gestión, una empresa de inversión o una entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro.

Título B

Relaciones con terceros países

Artículo 5 quater

1. Las relaciones con terceros países se regirán por las normas pertinentes establecidas en el artículo 7 de la Directiva 93/22/CEE.

A efectos de la presente Directiva, los términos "empresa de inversión" y "empresas de inversión" contenidos en el artículo 7 de la DSI se leerán respectivamente "sociedad de gestión" y "sociedades de gestión"; la expresión "prestar servicios de inversión" contenida en el apartado 2 del artículo 7 de la DSI se leerá "prestar servicios".

2. Los Estados miembros informarán, además, a la Comisión de las dificultades de carácter general que los OICVM encuentren para comercializar sus participaciones en un tercer país.

Título C

Condiciones de ejercicio de la actividad

Artículo 5 quinquies

1. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen impondrán, a las sociedades de gestión por ellas autorizadas, la obligación de cumplir en todo momento las condiciones previstas en el artículo 5 y en los apartados 1 y 2 del artículo 5 bis de la presente Directiva.

2. La supervisión cautelar de las sociedades de gestión corresponderá a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, independientemente de que la sociedad establezca una sucursal o preste servicios en otro Estado miembro, sin perjuicio de las disposiciones de la presente Directiva que atribuyan competencias a las autoridades del Estado miembro de acogida.

Artículo 5 sexties

Las participaciones cualificadas en sociedades de gestión estarán sujetas a normas idénticas a las contenidas en el artículo 9 de la DSI.

A efectos de la presente Directiva, los términos "empresa/empresa de inversión" y "empresas de inversión" contenidos en el artículo 9 de la DSI se leerán respectivamente "sociedad de gestión" y "sociedades de gestión".

Artículo 5 septies

1. El Estado miembro de origen establecerá las normas cautelares que deberán observar en todo momento las sociedades de gestión cuya autorización se refiera únicamente a la gestión de fondos comunes de inversión y de sociedades de inversión.

Las autoridades competentes del Estado miembro de origen exigirán en particular, atendiendo asimismo a la naturaleza de los OICVM administrados por la sociedad de gestión, que cada una de estas sociedades cuente con una buena organización administrativa y contable, con mecanismos de control y seguridad para el tratamiento electrónico de datos, así como con procedimientos de control interno adecuados, a fin de garantizar, entre otras cosas, que los activos de los fondos comunes de inversión o de las sociedades de inversión que administre la sociedad de gestión se inviertan con arreglo a los reglamentos de los fondos o los documentos constitutivos y a las disposiciones legales vigentes.

2. En el supuesto de que la autorización de la sociedad de gestión abarque también el servicio de gestión discrecional de carteras mencionado en el primer guión del apartado 3 del artículo 5, dicha sociedad:

- no podrá invertir ni la totalidad ni parte de la cartera de un inversor en participaciones de fondos comunes o sociedades de inversión por ella gestionados, salvo con el consentimiento general previo del cliente,

- no podrá prestar el servicio de gestión discrecional de carteras al depositario que desempeñe por cuenta de la misma las tareas señaladas en los artículos 7 y 14 de la presente Directiva,

- quedará sujeta a lo dispuesto en la Directiva 97/9/CE (1), relativa a los sistemas de indemnización de los inversores.

Artículo 5 octies

1. Cuando un Estado miembro permita a una sociedad de gestión delegar en terceros, en virtud de un mandato específico y con vistas a un desarrollo más eficiente de la actividad de la sociedad, para que desempeñen por cuenta de aquélla una o varias de las funciones que comporta la actividad de gestión de carteras colectivas y que se contemplan en el anexo II, cada uno de los mandatos deberá someterse a la aprobación previa de las autoridades competentes.

2. Las autoridades competentes únicamente aprobarán el mandato tras haber comprobado que concurren las siguientes condiciones:

- que el mandato no impide llevar a cabo una supervisión efectiva de la sociedad de gestión,

- que, a fin de prevenir los conflictos de intereses, no se otorga un mandato al depositario o a personas que posean participaciones cualificadas en el capital de la sociedad de gestión o del depositario, ni a ninguna otra persona cuyos intereses puedan entrar en conflicto con los de la sociedad de gestión o los partícipes,

- que existen procedimientos mediante los cuales las personas que dirigen la actividad de la sociedad de gestión pueden verificar en cualquier momento la actuación de la persona a la que se otorga el mandato,

- que el mandato no impide a las personas que dirigen la actividad de la sociedad de gestión dar, en cualquier momento, instrucciones adicionales a la persona en la que se delegan funciones ni revocar, en cualquier momento, el mandato,

- que, habida cuenta de la naturaleza de las funciones que se delegan, la persona a la que éstas se confían ofrece garantías profesionales y financieras suficientes,

- que los folletos de los OICVM y toda publicación de promoción enumeran las funciones que se ha permitido delegar a la sociedad de gestión.

3. Las obligaciones de la sociedad de gestión y del depositario no se verán, en ningún caso, afectadas por el hecho de que la sociedad de gestión delegue en terceros sus propias funciones.

Artículo 5 nonies

El Consejo y el Parlamento Europeo toman nota del compromiso de la Comisión de proponer, si resulta oportuno, dependiendo de las conclusiones del informe que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Directiva 97/9/CE, relativa a los sistemas de indemnización de los inversores, la Comisión presentará al Consejo y al Parlamento a más tardar el 31 de diciembre de 1999, la introducción de mecanismos de indemnización para los partícipes de OICVM.

Título D

Derecho de establecimiento y libre prestación de servicios

Artículo 6

1. Los Estados miembros velarán por que las sociedades de gestión autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, por las autoridades competentes de otro Estado miembro puedan ejercer en su territorio la actividad a que se refiera su autorización, ya sea por medio del establecimiento de una sucursal o mediante la prestación de servicios.

2. Los Estados miembros no podrán supeditar el establecimiento de sucursales o la prestación de servicios a la obligación de obtener una autorización, ni a la de aportar capital de dotación, o a cualquier otra medida de efecto equivalente.

Artículo 6 bis

1. Además de cumplir las condiciones previstas en los artículos 5 y 5 bis, toda sociedad de gestión que desee establecer una sucursal en el territorio de otro Estado miembro deberá notificarlo a las autoridades competentes del Estado miembro de origen.

2. Los Estados miembros exigirán que toda sociedad de gestión que desee establecer una sucursal en otro Estado miembro adjunte a la notificación prevista en el apartado 1 los siguientes datos y documentos:

I. Información general:

a) el Estado miembro en cuyo territorio se proponga establecer la sucursal;

b) el programa de actividad previsto y la estructura organizativa de la sucursal;

c) la dirección en el Estado miembro de acogida en la que se le puede solicitar documentación;

d) la identidad de los responsables de la gestión de la sucursal.

II. Información relativa a la distribución, por la sucursal, de las participaciones de los fondos comunes de inversión y sociedades de inversión a que se refiere la presente Directiva y que administra la sociedad de gestión:

a) pormenores de la distribución proyectada y de las modalidades previstas para la comercialización de las participaciones en ese otro Estado miembro;

b) en relación con cada uno de los fondos comunes de inversión y sociedades de inversión considerados, los reglamentos del fondo o los documentos constitutivos; los folletos y, en su caso, el último informe anual y el posible informe semestral sucesivo.

3. Salvo que tengan razones para dudar de la idoneidad de la estructura administrativa o de la situación financiera de la sociedad de gestión, habida cuenta de las actividades que ésta proponga ejercer, las autoridades competentes del Estado miembro de origen transmitirán a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida la información contemplada en el apartado 2, en un plazo de tres meses a partir de la recepción de la totalidad de dicha información, y lo notificarán a la sociedad de gestión.

Además, transmitirán la siguiente información:

- datos sobre los posibles sistemas de indemnización destinados a proteger a los inversores,

- por cada fondo común de inversión o sociedad de inversión cuyas participaciones se distribuyan en el Estado miembro de acogida, un certificado que acredite que cumple las condiciones impuestas por la presente Directiva.

En caso de que las autoridades competentes del Estado miembro de origen rehúsen transmitir a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida la información contemplada en el apartado 2, comunicarán las razones de su negativa a la sociedad de gestión afectada, en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la totalidad de la información. La negativa o la ausencia de respuesta podrá ser objeto de recurso judicial en el Estado miembro de origen.

4. Antes de que la sucursal de una sociedad de gestión comience a ejercer su actividad, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida dispondrán de dos meses, a partir de la recepción de la información a que se refiere el apartado 2, para organizar la supervisión de la sociedad de gestión y para indicar, en su caso, las condiciones en las que, por razones de interés general, deberá ejercerse la actividad en el Estado miembro de acogida, incluidas las disposiciones a que se refieren las artículos 44 y 45 y que estén vigentes en el Estado miembro de acogida y las reglas de conducta que deberán observarse en caso de prestación del servicio de gestión de carteras mencionado en el apartado 3 del artículo 5.

5. A partir de la recepción de una comunicación de las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, o en el caso de que, transcurrido el plazo previsto en el apartado 4, no se haya recibido comunicación alguna, la sucursal podrá establecerse y comenzar a ejercer su actividad. A partir de ese momento, la sociedad de gestión podrá también comenzar a distribuir las participaciones de los fondos comunes de inversión y sociedades de inversión sujetos a la presente Directiva y por ella gestionados, salvo que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida hagan constar, mediante una decisión motivada que deberán adoptar antes de que finalice el mencionado plazo de dos meses y que se comunicará a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, que las modalidades previstas para la comercialización de las participaciones no se atienen a las disposiciones a que se refieren el apartado 1 del artículo 44 y el artículo 45.

6. En caso de modificación de alguno de los datos comunicados con arreglo a las letras b), c) o d) del subapartado I y al subapartado II del apartado 2, la sociedad de gestión notificará por escrito dicha modificación a las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida, como mínimo un mes antes de hacer efectiva tal modificación, para que las autoridades competentes del Estado miembro de origen puedan pronunciarse sobre la misma con arreglo al apartado 3, y las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, con arreglo al apartado 4.

7. En caso de modificación de los datos comunicados con arreglo al párrafo segundo del apartado 3, las autoridades del Estado miembro de origen informarán de ello a las autoridades del Estado miembro de acogida.

Artículo 6 ter

1. Toda sociedad de gestión que desee ejercer por primera vez su actividad en el territorio de otro Estado miembro al amparo de la libre prestación de servicios, notificará a las autoridades competentes del Estado miembro de origen:

I. Información general:

a) el Estado miembro en cuyo territorio tenga previsto operar;

b) el programa de actividad previsto.

II. Información relativa a la distribución, en el Estado miembro de acogida, de las participaciones de los fondos comunes de inversión y sociedades de inversión a que se refiere la presente Directiva y que administra la sociedad de gestión:

a) pormenores de la distribución proyectada y de las modalidades previstas para la comercialización de las participaciones en ese otro Estado miembro;

b) en relación con cada uno de los fondos comunes de inversión y sociedades de inversión considerados, los reglamentos del fondo o los documentos constitutivos; los folletos y, en su caso, el último informe anual y el posible informe semestral sucesivo.

2. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen remitirán a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida la información a que se refiere el apartado 1 en el plazo de un mes a partir de la recepción de la misma.

Además, transmitirán la siguiente información:

- datos sobre los posibles sistemas de indemnización destinados a proteger a los inversores,

- por cada fondo común de inversión o sociedad de inversión cuyas participaciones se distribuyan en el Estado miembro de acogida, un certificado que acredite que cumple las condiciones impuestas por la presente Directiva.

3. Seguidamente, la sociedad de gestión podrá iniciar su actividad en el Estado miembro de acogida. La distribución de las participaciones de los fondos comunes de inversión y sociedades de inversión a que se refiere la presente Directiva podrá comenzar un mes después de que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida reciban la información contemplada en los apartados 1 y 2, salvo que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida hagan constar, mediante una decisión motivada que deberán adoptar antes de que finalice el mencionado plazo de un mes y que se comunicará a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, que las modalidades previstas para la comercialización de las participaciones no se atienen a las disposiciones a que se refieren el apartado 1 del artículo 44 y el artículo 45.

Una vez recibida la información a que se refiere el apartado 1, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida indicarán a la sociedad de gestión, si procede, las condiciones a las que, por razones de interés general, deberá atenerse en el Estado miembro de acogida, incluidas las reglas de conducta que deberán observarse en caso de prestación del servicio de gestión de carteras mencionado en el apartado 3 del artículo 5.

4. En caso de modificación del contenido de la información notificada de conformidad con la letra b) del subapartado 1 y el subapartado II del apartado 1, la sociedad de gestión notificará por escrito dicha modificación a las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida antes de hacerla efectiva, para que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida puedan, en su caso, indicar a la sociedad los posibles cambios o adiciones que deberán efectuarse en la información comunicada con arreglo al apartado 2.

5. Las sociedades de gestión quedarán, asimismo, sujetas al procedimiento de notificación previsto en el presente artículo en caso de que encomienden a terceros la comercialización de las participaciones en el Estado miembro de acogida.

Artículo 6 quater

1. Los Estados miembros de acogida podrán exigir, con fines estadísticos, que todas las sociedades de gestión que cuenten con sucursales en su territorio informen periódicamente a las autoridades competentes de los mismos sobre las actividades que hayan desarrollado en dicho territorio.

2. Para el ejercicio de las responsabilidades que les incumben con arreglo a la presente Directiva, los Estados miembros de acogida podrán exigir a las sucursales de sociedades de gestión la misma información que exijan, con este fin, a las sociedades de gestión nacionales.

Los Estados miembros de acogida podrán exigir, a las sociedades de gestión que desarrollen actividades en su territorio en régimen de libre prestación de servicios, la información necesaria para controlar el cumplimiento por parte de estas sociedades de las normas de los Estados miembros de acogida que les sean aplicables, sin que tal exigencia pueda ser más rigurosa que la que estos mismos Estados miembros impongan, para controlar el cumplimiento de esas mismas normas, a las sociedades de gestión establecidas.

3. Cuando las autoridades competentes del Estado miembro de acogida comprueben que una sociedad de gestión, que posee una sucursal o presta servicios en su territorio, no cumple las disposiciones legales o reglamentarias adoptadas en dicho Estado en aplicación de las disposiciones de la presente Directiva que confieren facultades a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, exigirán a la sociedad de gestión de que se trate que ponga fin a su situación irregular.

4. Si la sociedad de gestión no adopta las medidas oportunas, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida informarán de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen. Éstas tomarán, en el más breve plazo posible, todas las medidas necesarias para que la sociedad de gestión ponga fin a su situación irregular. Las autoridades competentes del Estado miembro de acogida deberán ser informadas de la naturaleza de las medidas adoptadas.

5. Si, a pesar de las medidas adoptadas por el Estado miembro de origen, o debido a que estas medidas resultan inadecuadas o no están previstas en dicho Estado, la sociedad de gestión continúa violando las disposiciones legales o reglamentarias contempladas en el apartado 2 que estén vigentes en el Estado miembro de acogida, este último podrá, tras informar a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, tomar las medidas oportunas a fin de evitar nuevas irregularidades o sancionarlas y, en la medida en que sea necesario, prohibir a la sociedad de gestión efectuar nuevas operaciones en su territorio. Los Estados miembros velarán por que puedan entregarse en su territorio a las sociedades de gestión los documentos legales necesarios para la ejecución de tales medidas.

6. Las disposiciones precedentes no afectarán a la facultad de los Estados miembros de acogida de tomar las medidas oportunas a fin de prevenir o sancionar la comisión en su territorio de actos que sean contrarios a las disposiciones legales o reglamentarias que hayan adoptado por razones de interés general. Dicha facultad incluirá la posibilidad de impedir que las sociedades de gestión infractoras efectúen nuevas operaciones en su territorio.

7. Toda medida adoptada en aplicación de lo dispuesto en los apartados 4, 5 y 6 que implique sanciones o restricciones a las actividades de una sociedad de gestión deberá ser debidamente motivada y comunicada a la sociedad de gestión afectada. Toda medida de este tipo podrá ser objeto de recurso judicial en el Estado miembro que la haya adoptado.

8. Antes de aplicar el procedimiento previsto en los apartados 3, 4 y 5, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida podrán, en casos de urgencia, adoptar las medidas preventivas que consideren necesarias para proteger los intereses de los inversores u otros destinatarios de los servicios. La Comisión y las autoridades competentes de los demás Estados miembros afectados deberán ser informadas de dichas medidas a la mayor brevedad posible.

La Comisión podrá decidir, previa consulta a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados, que el Estado miembro de que se trate modifique o anule tales medidas.

9. En caso de retirada de autorización, se informará de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, que tomarán las medidas oportunas a fin de evitar que la sociedad de gestión afectada inicie nuevas operaciones en su territorio y de salvaguardar los intereses de los inversores. Cada dos años, la Comisión presentará un informe sobre estos casos al Comité de contacto creado en virtud del artículo 53 de la presente Directiva.

10. Los Estados miembros informarán a la Comisión del número y la naturaleza de aquellos casos en que se hayan registrado negativas, en virtud de los dispuesto en el artículo 6 bis, o se hayan adoptado medidas de acuerdo con lo previsto en el apartado 5. Cada dos años, la Comisión presentará un informe sobre estos casos al Comité de contacto creado en virtud del artículo 53 de la presente Directiva.

(1) DO L 141 de 11.6.1993, p. 1.

(1) DO L 84 de 26.3.1997, p. 22.».

4) Antes del artículo 7 se añadirá el texto siguiente:

«SECCIÓN III bis

Obligaciones relativas al depositario».

5) El apartado 1 del artículo 27 se sustituirá por el texto siguiente:

«1. La sociedad de gestión, para cada uno de los fondos administrados por la misma, y la sociedad de inversión deberán publicar:

- un folleto simplificado,

- un folleto completo,

- un informe anual para cada ejercicio, y

- un informe semestral relativo a los seis primeros meses del ejercicio.».

6) El apartado 1 del artículo 28 se sustituirá por el texto siguiente:

«1. Tanto el folleto completo como el simplificado deberán contener las informaciones necesarias para que los inversores puedan formular un juicio fundado sobre la inversión que se les propone.

2. El folleto completo incluirá como mínimo las informaciones previstas en el esquema A anejo a la presente Directiva, siempre que estas informaciones no figuren en el reglamento del fondo o los documentos constitutivos anejos al folleto completo de conformidad con el apartado 1 del artículo 29.

3. El folleto simplificado contendrá como mínimo, de forma resumida, los datos fundamentales contemplados en el esquema C anejo a la presente Directiva. Deberá estructurarse y redactarse de tal forma que resulte fácilmente comprensible para el inversor medio. Los Estados miembros podrán permitir que el folleto simplificado se incorpore al folleto completo como parte separable del mismo.

4. Tanto el folleto completo como el simplificado podrán integrarse en un documento escrito o en cualquier soporte duradero de equivalente consideración jurídica que cuente con la aprobación de las autoridades competentes.».

7) El artículo 29 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 29

1. El reglamento del fondo o los documentos constitutivos de la sociedad de inversión forman parte integrante del folleto completo, al que deben ir anejos.

2. Sin embargo, los documentos previstos en el apartado 1 podrán no ir anejos al folleto completo siempre que el titular de las participaciones sea informado de que podrá, a petición suya, bien tener comunicación de estos documentos, bien conocer el lugar en que podrá consultarlos, en cada Estado miembro en que se ofrecen las participaciones.».

8) El artículo 30 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 30

Los elementos esenciales de los folletos completo y simplificado deberán estar actualizados.».

9) El artículo 32 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 32

El OICVM deberá comunicar sus folletos completo y simplificado y las modificaciones de los mismos así como sus informes anual y semestral, a las autoridades competentes.».

10) El artículo 33 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 33

1. El folleto simplificado deberá entregarse gratuitamente a los suscriptores antes de la celebración del contrato.

Asimismo, se facilitarán gratuitamente a los suscriptores, previa solicitud, el folleto completo y los últimos informes anual y semestral publicados.

2. Los informes anual y semestral se remitirán gratuitamente a los partícipes que lo soliciten.

3. Los informes anual y semestral se pondrán a disposición del público en los lugares, o por cualesquiera medios aprobados por las autoridades competentes, que se indiquen en los folletos completo y simplificado.».

11) El artículo 35 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 35

Toda publicidad que contenga una invitación para comprar participaciones de un OICVM, deberá indicar la existencia de folletos y los lugares en que éstos pueden obtenerse por parte del público o la forma en que el público puede tener acceso a ellos.».

12) El artículo 46 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 46

Si una sociedad de inversión se propone comercializar sus participaciones en un Estado miembro distinto de aquél en que está situada, deberá informar de ello previamente a las autoridades competentes de este otro Estado miembro. Simultáneamente, deberá remitir a estas últimas autoridades:

- un certificado de las autoridades competentes por el que se acredite que la sociedad de inversión reúne las condiciones enunciadas en la presente Directiva,

- sus documentos constitutivos,

- sus folletos completo y simplificado,

- en su caso, el último informe anual y el posible informe semestral sucesivo,

- una descripción de las modalidades previstas para la comercialización de las participaciones en ese otro Estado miembro.

La sociedad de inversión podrá iniciar la comercialización de sus participaciones en este otro Estado miembro un mes después de la mencionada comunicación, a menos que las autoridades del Estado miembro interesado hagan constar, mediante una decisión motivada que deberán adoptar antes de que finalice el mencionado plazo de un mes, que las modalidades previstas para la comercialización de participaciones no se atienen a las disposiciones a que se refieren el apartado 1 del artículo 44 y el artículo 45.».

13) El artículo 47 se sustituirá por el texto siguiente:

«Artículo 47

Si un OICVM comercializa sus participaciones en un Estado miembro distinto de aquél en que está situado, deberá facilitar en ese otro Estado miembro, de conformidad con los procedimientos establecidos en el Estado miembro de origen:

1) El folleto simplificado y los demás documentos previstos en los artículos 29 y 30 de la presente Directiva en una lengua fácilmente comprensible para los inversores considerados en el Estado miembro de acogida.

2. El folleto completo y los informes anual y semestral en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de acogida, o en otra lengua si ésta se utiliza habitualmente en las esferas financieras del correspondiente Estado miembro y cuenta con la aprobación de las autoridades competentes, y siempre que se cumplan, en su caso, todas aquellas condiciones adicionales que dichas autoridades puedan imponer.».

14) Tras el artículo 52, se añadirá los artículos siguientes:

«Artículo 52 bis

1. Cuando una sociedad de gestión opere en uno o varios Estados miembros de acogida, en régimen de prestación de servicios o mediante el establecimiento de sucursales, la autoridades competentes de todos los Estados miembros interesados colaborarán estrechamente.

Dichas autoridades se proporcionarán, previa solicitud, toda aquella información relativa a la gestión y estructura de propiedad de tales sociedades que pueda facilitar su supervisión, así como toda información que pueda facilitar el control de las mismas. En particular, las autoridades del Estado miembro de origen contribuirán a garantizar que las autoridades del Estado miembro de acogida obtengan la información a que se refiere el apartado 2 del artículo 6 quater.

2. Siempre que resulte necesario para ejercer sus facultades de supervisión, las autoridades competentes del Estado miembro de origen serán informadas por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida de cualquier medida adoptada por este último Estado en virtud del apartado 6 del artículo 6 quater y que implique la imposición de sanciones a una sociedad de gestión o de restricciones a su actividad.

Artículo 52 ter

1. El Estado miembro de acogida velará por que, cuando una sociedad de gestión autorizada en otro Estado miembro ejerza actividades en su territorio a través de una sucursal, las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la sociedad de gestión puedan, por sí mismas o través de las personas que designen a tal efecto, y tras haber informado a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, realizar verificaciones in situ de la información a que se refiere el artículo 52 bis.

2. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la sociedad de gestión podrán asimismo solicitar a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida la realización de tales verificaciones. Las autoridades que reciban tal solicitud deberán satisfacerla, en el marco de sus competencias, realizando ellas mismas la verificación, permitiendo que lo hagan las autoridades que hayan presentado la solicitud o autorizando a auditores o expertos para que la lleven a cabo.

3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho que asiste a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida de realizar verificaciones in situ de las sucursales establecidas en su territorio, en cumplimiento de las responsabilidades que les atribuye la presente Directiva.».

15) El esquema A del anexo quedará modificado del modo siguiente:

En la columna «Información relativa a la sociedad de inversión», se añadirá, tras el punto 1.2, el texto siguiente:

«1.3. Cuando la sociedad de inversión cuente con distintos compartimentos de inversión, la indicación de éstos.».

En la columna «Información relativa a la sociedad de inversión», se añadirá, en el punto 1.13, la frase siguiente:

«Cuando la sociedad de inversión cuente con distintos compartimentos de inversión, indicación de la forma en que los partícipes pueden pasar de uno a otro y de las comisiones aplicables en tales casos.».

Tras el punto 4, se añadirá los puntos 5 y 6 siguientes:

«5. Otros datos sobre las inversiones

5.1. Evolución histórica del fondo común de inversión o de la sociedad de inversión (si procede).

5.2. Perfil del inversor típico al que va dirigido el fondo común de inversión o la sociedad de inversión.

6. Información económica

6.1. Posibles gastos o comisiones, al margen de las cargas mencionadas en el punto 1.17, diferenciando aquéllos que haya de pagar el partícipe de los que se paguen con cargo a los activos del fondo común de inversión o de la sociedad de inversión.».

Disposiciones transitorias y finales

Artículo 2

1. Las empresas de inversión, según se definen en el apartado 2 del artículo 1 de la DSI, que estén autorizadas a prestar únicamente los servicios mencionados en el punto 3 de la sección A y los puntos 1 y 6 de la sección C del anexo de la Directiva 93/22/CEE, podrán obtener autorización, en virtud de la presente Directiva, para gestionar fondos comunes de inversión y sociedades de inversión y denominarse «sociedades de gestión». En tal caso, dichas empresas de inversión deberán renunciar a la autorización obtenida en virtud de la DSI.

2. Las sociedades de gestión que, antes del 31 de diciembre de 2002, hayan obtenido autorización en su Estado miembro de origen, en virtud de la Directiva 85/611/CEE, para gestionar fondos comunes de inversión y sociedades de inversión, se considerarán autorizadas a efectos de la presente Directiva, si la normativa de dicho Estado miembro supedita su acceso a tal actividad al cumplimiento de condiciones equivalentes a las previstas en los artículos 5 bis y 5 ter.

3. Las sociedades de gestión que hayan obtenido autorización antes del 31 de diciembre de 2002 y que no estén incluidas entre las contempladas en el apartado 2 podrán seguir ejerciendo tal actividad, siempre que, a más tardar el 31 de diciembre de 2005 y de conformidad con la normativa de su Estado miembro de origen, obtengan autorización para continuar su actividad con arreglo a las disposiciones adoptadas en aplicación de la presente Directiva.

Únicamente la obtención de dicha autorización permitirá a tales sociedades de gestión beneficiarse de la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva en materia de derecho de establecimiento y libre prestación de servicios.

Artículo 3

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 30 de junio de 2002.

Dichas disposiciones entrarán en vigor, a más tardar, el 31 diciembre de 2002. Los Estados miembros informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten las citadas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 4

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 5

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

(1) DO L 375 de 31.12.1985, p. 3.

(2) DO L 100 de 19.4.1988, p. 31.

ANEXO I

Esquema C CONTENIDO DEL FOLLETO SIMPLIFICADO

Breve presentación del OICVM

- fecha de creación del fondo común de inversión o la sociedad de inversión e indicación del Estado miembro en que se ha registrado o constituido

- sociedad de gestión (si procede)

- duración prevista (si procede)

- depositario

- auditores

- grupo financiero (por ejemplo, banco) promotor del OICVM

Información sobre la inversión

- breve definición de los objetivos del OICVM

- cuando se trate de una sociedad de inversión con distintos compartimentos de inversión, indicación de este hecho

- política de inversiones del fondo común o sociedad de inversión

- evolución histórica del fondo común o la sociedad de inversión (si procede)

- perfil del inversor típico al que va dirigido el fondo común o la sociedad de inversión

Información económica

- régimen fiscal

- comisiones de suscripción y reembolso

- otros posibles gastos o comisiones, diferenciando aquellos que haya de pagar el partícipe de los que se paguen con cargo a los activos del fondo común de inversión o de la sociedad de inversión

Información comercial

- forma de adquirir las participaciones

- forma de vender las participaciones

- cuando se trate de una sociedad de inversión con distintos compartimentos de inversión, forma de pasar de uno a otro y comisiones aplicables en tal caso

- fecha y forma de distribución de los dividendos (si procede)

- frecuencia con que se publicarán los precios y lugar o forma en que podrán consultarse

- indicación de un punto de contacto (persona o servicio, horarios, etc.) en el que podrán obtenerse, en su caso, aclaraciones suplementarias

Información adicional

- declaración por la que se indique que el folleto completo y los informes anual y semestral podrán obtenerse gratuitamente, previa solicitud, tanto antes como después de la celebración del contrato.

ANEXO II

Funciones incluidas en la actividad de gestión colectiva de carteras

- Actividad de inversión:

a) gestión de inversiones

b) administración de inversiones (por ejemplo, instrucciones a los agentes, organización de la liquidación, instrucciones al depositario sobre el ejercicio de los derechos de voto)

- Comercialización:

a) elaboración de documentación

b) distribución de las participaciones de los fondos comunes o sociedades de inversión administrados por la sociedad de gestión

c) relaciones con los agentes de distribución

- Administración:

a) servicios jurídicos y contabilidad de gestión del fondo

b) consultas de los clientes

c) valoración y determinación de precios (incluidas declaraciones fiscales)

d) control de la observancia de la normativa

e) teneduría del registro de partícipes

f) distribución de rendimientos

g) emisión y reembolso de participaciones

h) contactos con los inversores (incluida la expedición de certificados)

i) teneduría de registros