22. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 347/23 
fin de evitar los problemas de una organización trans-
fronteriza parece necesaria la existencia de un ente que 
incluya a los propietarios o titulares del proyecto, que 
cubra todos los aspectos de cada proyecto excepto la 
financiación y que esté en situación de rendir cuentas 
al BEI como organismo financiero. Se piensa que las 
propuestas de este tipo podrían conducir a una adop­
ción de decisiones y una financiación más adecuadas 
en relación con toda una serie de proyectos de utilidad 
europea. 
2.4.3. Las autoridades permanentes, según el modelo 
estadounidense, no parecen ser la mejor solución. Es 
más, los estudios muestran que no existe un único 
modelo estadounidense. Además, debe destacarse que 
el empleo de obligaciones libres de impuestos está dismi­
nuyendo. El proyecto Florida High Speed Rail Link no 
incluirá obligaciones libres de impuestos y será entera­
mente financiado con fondos privados mediante la utili­
zación de una serie de instrumentos propuestos por el 
sector privado. La cesión de tierras de propiedad fede­
ral, junto a otras concesiones, está prevista en caso de 
ser necesaria para asegurar la viabilidad. Una organiza­
ción para la financiación de infraestructuras comunita­
rias debería tener el mínimo coste posible, ser eficaz y 
estar orientada al análisis coste/beneficio socioeconó­
mico de los medios disponibles. 2.4.4. Se recomienda además que la Comisión realice 
sin demora una investigación de los aspectos jurídicos 
y técnicos implícitos en la ejecución de las propuestas 
contenidas en este dictamen. No hay objeción a la 
creación de una agencia europea de infraestructuras 
como tal, siempre y cuando sea pequeña y flexible y no 
intervenga en la construcción y gestión de proyectos. 
Debería también estudiarse la conveniencia de que los 
Estados no miembros pudiesen participar como miem­
bros asociados de dicha oficina en los casos oportunos. 
Ha quedado claramente establecida la preferencia por 
una distinción nítida entre coordinación financiera y 
coordinación del proyecto. 
2.5. Otras observaciones específicas sobre el docu­
mento de la Comisión 
2.5.1. Se sugiere que sería lógica que el Comité 
gozara de los mismos derechos que se proponen para 
el Parlamento en lo que hace a las consultas de confor­
midad con el artículo 7.3. 
2.5.2. En el texto inglés, sección II, 1.3, hay una 
referencia en el segundo párrafo a «equity capital», 
mientras que la versión francesa habla de « fonds pro-
pres». Los dos términos no son sinónimos, por lo que 
este punto requiere aclaración. 
Hecho en Bruselas, el 22 de octubre de 1987. 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT 
Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a la aplicación de las normas 
comunitarias propias de los procedimientos de formalización de los contratos públicos de 
suministro y de obra 
(87/C 347/08) 
El 14 de julio de 1987, el Consejo de las Comunidades Europeas decidió, de conformidad 
con el artículo 100 lettra A del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, 
solicitar el dictamen del Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de industria, comercio, artesanía y servicios del CES, encargada de la preparación 
de los trabajos en esta materia, designó como ponente al Sr. Paul Karris. La Sección adoptó 
su dictamen el 30 de septiembre de 1987. 
En su 249a sesión plenaria, el Comité Económico y Social adoptó por unanimidad, salvo 
5 abstenciones, el siguiente dictamen : 
1. Introducción 
1.1. La competencia en el acceso a los contratos 
públicos de bienes y de servicios genera importantes 
ahorros. En cuanto a la amplitud de estos ahorros, las 
evaluaciones varían, si bien recientemente el informe Padua-Scioppa estima que las posibilidades de ahorro 
podían ser de hasta un 25 % para los Estados miembros 
más importantes, es decir del 1 al 2% del producto 
nacional bruto de la Comunidad, y de 2 a 4 veces los 
recursos dedicados por los Estados miembros a la ayuda 
al desarrollo. 
N° C 347/24 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 22. 12. 87 
1.2. Con las propuestas de Directiva orientadas a 
una mayor transparencia de los contratos públicos de 
suministro y de obra, y también con la propuesta de 
Directiva de la que aquí se trata, relativa a la aplicación 
de sanciones en caso de restricciones injustificadas a la 
competencia, la Comisión ha dado los primeros pasos 
hacia un sistema que permita realizar este enorme bene­
ficio resultante de la racionalización. La Comisión ha 
extraído de este modo sus conclusiones sobre la com­
probación por parte del CES, de abril de 1986, de que 
de no disponerse sanciones, las normas comunitarias 
en este terreno serían ineficaces. 
El Comité desea, no obstante, que la Comisión examine, 
en un plazo de dos o tres años, si las medidas tomadas 
han tenido el éxito esperado o si un exceso de burocra­
cia ha frenado la adjudicación de contratos públicos y 
ha excluido de la licitación precisamente a las empresas 
competitivas o dificultado sus relaciones con los pode­
res públicos en el marco de dichos contratos. En función 
de los resultados de este examen, podría ser necesaria 
la presentación de propuestas complementarias u otras 
propuestas de reglamentación. 
1.3. En estas condiciones y en tanto que comple­
mento indispensable a las dos propuestas ya presenta­
das al Consejo, el Comité aprueba la propuesta de 
Directiva sin perjuicio de las observaciones que siguen. 
2. Observaciones generales 
2.1. Al aprobar totalmente el principio de base de la 
propuesta de Directiva, es decir que un licitador pueda 
interponer demanda ante cualquier comportamiento 
ilegal del Estado miembro en el que ha licitado, sea a 
nivel nacional, regional o local, el Comité estima, no 
obstante, que en ciertos aspectos la Comisión no extrae 
las conclusiones operativas pertinentes de sus propias 
premisas, tal como se especifica en las notas explicativas 
de la propuesta. La Comisión ha juzgado preferible 
que los sistemas jurídicos nacionales de los Estados 
miembros prevean sanciones antes que conferir a las 
propias instituciones comunitarias las competencias 
necesarias para asegurar el respeto de las normas comu­
nitarias. La Comisión considera este planteamiento 
como el más adecuado para facilitar la aceptación de 
la propuesta de Directiva por parte de los Estados 
miembros. 
2.1.1. El Comité plantea sus dudas en cuanto a la 
necesaria eficacia de la propuesta de Directiva, en su 
actual forma. La propuesta de Directiva pretende intro­
ducir medidas eficaces de tipo administrativo o judici-
cal, pero en opinión del Comité no alcanza la uniformi­
dad ni la transparencia que la Comisión misma consi­
dera de importancia decisiva. En opinión del Comité, 
el proyecto de directiva en su redacción actual no garan­
tiza que los criterios y principios legales aplicados a 
una parte perjudicada demandante sean los mismos, dentro de los mismos límites, en todos los Estados 
miembros. 
2.1.2. El Comité no intenta oponerse a la adopción 
de soluciones flexibles y descentralizadas y considera 
inútil insistir en que todos los Estados miembros apli­
quen a las demandas normas absolutamente idénticas, 
si ello implica que los Estados miembros se niegan a 
contribuir a la introducción del juego de la competencia 
en la licitación pública. 
2.1.3. Por otra parte, el Comité está convencido de 
que la existencia de orientaciones uniformes en la trami­
tación de las reclamaciones es fundamental para asegu­
rar la liberalización general de los contratos públicos. 
No es iusto ni razonable esperar que ciertos países 
miembros renuncien a aplicar normas de protección de 
la producción nacional sin estar totalmente seguros de 
que otros Estados miembros también lo harán. En 
opinión del Comité, lo que dispone el artículo 2 del 
texto propuesto (la Comisión tiene la posibilidad de 
intervenir en los procedimientos administrativos o juris­
diccionales iniciados en los Estados miembros) no es 
más que el primer paso para garantizar la reciprocidad 
y el paralelismo indispensables. 
Para el Comité, la puesta en práctica, en materia de 
licitación pública, de un régimen jurídico generalmente 
aceptado en el conjunto de la Comunidad supone nece­
sariamente obligar a realizar, desde el comienzo, un 
esfuerzo máximo sobre la uniformidad de las normas 
y de los procedimientos. 
2.1.4. Por consiguiente, el Comité invita a la Comi­
sión, sin esperar a la adopción de la Directiva, a iniciar 
una acción orientada a elaborar en colaboración con 
los Estados miembros disposiciones uniformes relativas 
a los plazos, el pago de sanciones pecuniarias, y los 
procedimientos administrativos. En el marco de esta 
acción, la Comisión podrá ser asesorada por el Comité 
consultivo sobre la apertura de contratos públicos, com­
puesto por expertos independientes, que decidió crear 
el 26 de mayo de 1987. En opinión del Comité, la 
Comisión debería dar oportunidad a los representantes 
de los empresarios, trabajadores y consumidores de 
expresar sus puntos de vista en los asuntos que les 
afectan. 
2.1.5. La Comisión debería estudiar, en colaboración 
con el Tribunal de Justicia, la posibilidad de crear, de 
conformidad con el artículo 168 A del Tratado (art. 11 
del Acta Única), una jurisdicción de primera instancia, 
cuyas salas descentralizadas, establecidas en los diferen­
tes Estados miembros, estarían encargadas de pronun­
ciarse, aplicando eventualmente el procedimiento de 
urgencia, bajo el control del Tribunal de Justicia, sobre 
la aplicación de las normas comunitarias en materia de 
adjudicación de contratos públicos de suministro y de 
obra. 
2.2. Para que la propuesta de Directiva pueda tener 
el efecto deseado, es necesario que la Comisión posea, 
como en el caso de las normas de competencia 
(artículo 87 (2) del Tratado), los mismos poderes de 
22. 12. 87 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 347/25 
imposición de sanciones que los atribuidos a las autori­
dades nacionales conforme al primer guión del 
artículo 1 (3). La Comisión ha aducido que por razones 
jurídicas no puede imponer sanciones a los Estados 
miembros. El Comité no considera convincente este 
argumento. La apertura de los contratos públicos a una 
mayor competencia es un problema relacionado con las 
normas de competencia del Tratado (entre las cuales 
el artículo 90 menciona explícitamente las empresas 
públicas) así como con el artículo 100 A relativo a 
la realización del mercado interior. El Comité desea 
destacar que la propia Comisión ha adoptado este 
enfoque en su última propuesta sobre contratos públi­
cos de obras (COM(86) 679 final) que se refiere directa­
mente a una norma de competencia del Tratado 
(art. 90) para justificar el rechazo de una distinción 
tajante entre empresas públicas y privadas e incluir en 
las directivas CE pertinentes todas las empresas públicas 
y privadas no sujetas a las condiciones normales de 
competencia. 
2.3. Además, con el fin de asegurar la efectividad de 
lo dispuesto sobre sanciones nacionales en el apartado 3 
del artículo 1, el Comité sugiere que se redacte de 
nuevo el artículo 2 con el fin de otorgar explícitamente 
poderes a la Comisión para exigir que el organismo 
nacional responsable de las sanciones (por ejemplo, el 
« Monopoltilsynet» en Dinamarca), aplique los procedi­
mientos de sanción. Una disposición de este tipo refor­
zará la capacidad de la Comisión de intervenir antes de 
que se produzca el daño, en aplicación de los artículos 
3 y 4 (suspensión). 
2.4. Además del periodo de suspensión a que se 
refiere el artículo 3, y a fin de evitar las prácticas 
ilegales, la autoridad contratante de que se trate debería 
enviar a la Comisión una copia del nuevo contrato 
propuesto, cuya conformidad con el derecho comunita­
rio deberá comprobarse en breve plazo. A este respecto, 
el Comité reitera su declaración contenida en anteriores 
dictámenes, sobre la necesidad de proporcionar infor­
mación sobre los trámites y condiciones administrativas 
nacionales, regionales y locales sobre el derecho comu­
nitario aplicable en este sector, y especialmente sobre las 
vías de recurso previstas por las directivas comunitarias; 
concretamente el Comité propone que se indique en los 
números de la serie « S » del Diario Oficial, así como 
en el « Boletín diario de solicitud de ofertas » (Tenders 
Electronic Daily), los números de teléfono que permitan 
contactar por una parte al servicio competente de la 
Comisión y, por otra, a la autoridad anteriormente 
mencionada, encargada de la gestión de la directiva 
comunitaria a escala nacional. 
2.5. En opinión del Comité la aplicación más inme­
diata posible de la Directiva es condición sine qua non 
para la culminación del mercado interno en 1992. La 
Comisión no ha indicado, en el artículo 5, el plazo de aplicación. El Comité recomienda a la Comisión que 
insista ante los Estados miembros para que esta direc­
tiva entre en vigor a más tardar en el mismo momento 
que el proyecto de directiva en materia de reciprocidad 
de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de suministro y de obra, de tal manera que se 
disponga en todos los Estados miembros de los cauces 
de recurso suficientes antes de la entrada en vigor 
de las normas comunitarias propuestas en materia de 
energía, suministro de agua, las telecomunicaciones y 
transporte. 
3. Observaciones particulares 
3.1. Artículo 1 
3.1.1. De conformidad con el apartado 3 del artícu­
lo 1, podrán reconocerse los daños y perjuicios causados 
por gastos de estudios inútiles, beneficios no realizados 
o pérdida de oportunidades. En opinión del Comité, es 
importante que exista un estimulo económico al rechazo 
de aceptar pasivamente decisiones contrarias al derecho 
comunitario. Por ello, los daños y perjuicios deberían 
cubrir otros gastos además de los que se derivan directa­
mente de una candidatura no seleccionada. Sería necesa­
rio asimismo establecer una reparación total o parcial 
por «beneficios no realizados». Por el contrario, la 
expresión «pérdida de oportunidad» parece demasiado 
vaga y general para poder ser fundamento de daños y 
perjuicios. 
A este respecto, el Comité invita a la Comisión a 
garantizar que esta disposición no se aplica incorrecta­
mente en detrimento de las autoridades contratantes 
que cumplen efectivamente la ley. 
3.1.2. El Comité recomienda que en el momento 
de la elaboración de normas comunes a los Estados 
miembros se tenga un especial cuidado en proteger 
a los subcontratistas contra los efectos perjudiciales 
resultantes de retrasos y sanciones impuestos al contra­
tista principal, en el caso en que se hubiese adjudicado 
un contrato a este último de una manera irregular. 
3.1.3. El Comité entiende que los Estados miembros 
adoptarán normas uniformes en lo que respecta a la 
exclusión de contratistas que no respeten las obligacio­
nes en materia de legislación social y de convenios 
colectivos del país de acogida, o del país en que estén 
establecidos de conformidad con el artículo 20 de la 
Directiva sobre contratos de suministros públicos y el 
artículo 23 de la Directiva sobre contratos públicos de 
obras. 
3.2. Artículo 2 
3.2.1. El artículo 2 debería precisar que la Comisión 
puede, por propia iniciativa, ordenar la apertura de un 
procedimiento de recurso en los Estados miembros a 
nivel nacional, regional o local e intervenir tanto por 
propia iniciativa como sobre la base de las reclamacio­
nes que se le presenten. Sería necesario igualmente 
precisar que la Comisión puede intervenir en cualquier 
etapa del procedimiento, es decir, incluso después de la 
adjudicación de un contrato. 
N° C 347/26 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 22. 12. 87 
3.3. Artículos 3 y 4 
3.3.1. De conformidad con las observaciones que 
figuran en el apartado 2.2 anterior, el artículo 3 debería 
autorizar a la Comisión para imponer sanciones del 
mismo modo que las autoridades administrativas nacio­
nales (ver artículo 1, punto 3, primer guión). 
3.3.2. El Comité está plenamente conforme con el 
hecho de que la Comisión, hasta el momento de la 
firma del contrato, pueda suspender los procedimientos 
que no respeten las Directivas comunitarias. Es necesa­
rio que ello sea posible en todos los casos y no solamente 
Hecho en Bruselas, el 22 de octubre de 1987. 
1. Introducción 
1.1. En 1986, Año europeo de la seguridad en carre­
tera, se emprendieron diversas iniciativas encaminadas 
a mejorar la seguridad del tráfico por carretera a fin de 
alcanzar el objetivo comunitario de reducir, en el año 
2 000, la cifra de 50 000 muertos anuales en accidentes 
de tráfico en Europa y rebajarla como mínimo a la 
mitad. 
1.2. El Año de la seguridad en carretera ha puesto 
de relieve, entre otras cosas, el hecho, aceptado con 
carácter general, de que en el pasado decenio se lograron 
importantes mejoras en la seguridad viaria gracias a 
los numerosos cambios introducidos en el diseño y la 
seguridad de los vehículos; pero también ha demostrado 
que para conseguir nuevos adelantos será necesario 
mejorar sobre todo la infraestructura de las autopistas 
y la educación e información de todos los usuarios de 
las carreteras. en los casos urgentes, si bien dicha suspensión será 
inmediatamente revocable cuando las autoridades 
contratantes en un período muy breve de tiempo, pue­
dan aportar pruebas a la Comisión de que la oferta 
presentada cumple todos los requisitos de la Directiva. 
Por ello, el Comité desea que se suprima del artículo 3 
las palabras «en caso de urgencia». El Comité también 
desea que en el artículo 4 se sustituyan las palabras « en 
cualquier fase del procedimiento » por « hasta la firma 
del contrato». En efecto, el Comité estima que tras 
la firma de un contrato serán apropiadas sanciones 
(distintas de la suspensión del procedimiento, por ejem­
plo, multas o solicitudes de anulación). 
El Presidente 
del Comité Económico y Social 
Alfons MARGOT 
1.3. El terreno más adecuado para realizar mejoras 
en la infraestructura de carreteras es la aplicación de la 
tecnología de la información y de las telecomunicacio­
nes. Su objetivo es ayudar al conductor a conducir su 
vehículo en buenas condiciones de seguridad y permitir 
a los vehículos inteligentes hacer el mejor uso posible 
de los equipos electrónicos instalados a bordo, cuyo 
índice de instalación se espera que aumente de forma 
constante durante la próxima década. 
1.4. El programa de investigación DRIVE representa 
el marco de asistencia para programas técnicos como 
PROMETHEUS y otros, que se encuentran en diversas 
fases de ejecución. 
1.5. El objetivo final del proyecto DRIVE es mejorar 
la eficacia global del sistema de tráfico por carretera en 
su conjunto, facilitando la fluidez del tráfico a nivel 
europeo y reduciendo así el número y la gravedad de 
los accidentes. Se esperan de él, además, efectos positi-Dictamen sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre una acción de la Comunidad 
en el sector de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones aplicadas al 
transporte por carretera DRIVE (Dedicated road infrastructure for vehicle safety in Europe) 
(87/C 347/09) 
De conformidad con el artículo 130 lettra Q del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Económica Europea, el 4 de septiembre de 1987 el Consejo decidió consultar al Comité 
Económico y Social sobre la propuesta mencionada arriba. 
La Sección de transportes y comunicaciones, encargada de preparar los trabajos del Comité 
en la materia, organizó sus trabajos de conformidad con el artículo 47 del reglamento interno 
(procedimiento de urgencia) y adoptó su dictamen el 7 de octubre de 1987, basándose en la 
ponencia del Sr. Perrin-Pelletier. 
En su 249a sesión plenaria (sesión del 22 de octubre de 1987) el Comité Económico y Social 
adoptó por unanimidad el siguiente dictamen: