COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Bruselas, 24.09.1996 
COM(96) 446 final 
94/0299 (COD) 
Propuesta modificada de 
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
destinada a facilitar el ejercicio permanente de la 
profesión de abogado en un Estado miembro distinto 
de aquel en el que se obtuvo el título 
(presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 
del artículo 189 A del Tratado CE) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
El 19 de junio de 1996, el Parlamento Europeo emitió su dictamen, en primera lectura 
y dentro del procedimiento de codecisión, sobre la propuesta de directiva destinada a 
facilitar el ejercicio permanente de la abogacía en un Estado miembro distinto de aquél 
en el que se expidió el título. 
La Comisión ha aceptado las principales enmiendas del Parlamento, especialmente las 
relativas al carácter permanente del establecimiento con arreglo al título profesional del 
país de origen y a la sustitución de la prueba de aptitud por un procedimiento de 
comprobación de competencias profesionales. Ha recogido también la mayoría de las 
otras enmiendas presentadas por el Parlamento. Las únicas modificaciones que no ha 
podido aceptar son cuatro puntos secundarios para la operatividad global de la directiva 
pero que podían plantear cuestiones de principio. 
2. ANÁLISIS DE LAS ENMIENDAS 
1. Las principales enmiendas se refieren al carácter permanente del 
establecimiento con arreglo al título profesional del país de origen (enmienda 10, 
relativa al artículo 2) y a la sustitución de la prueba de aptitud por un procedimiento de 
comprobación de competencias profesionales (enmienda 35, relativa al apartado 2 del 
artículo 10). 
El carácter permanente del establecimiento con arreglo al título del país de origen fue 
un requisito solicitado por la Comisión jurídica del Parlamento Europeo 
particularmente a la luz de la sentencia emitida el 30.11.1995 por el Tribunal de 
Justicia en relación con el asunto "Gebhard" (C-55/94) (véase el punto 4.2.3 del 
informe). El Comité Económico y Social se expresó en el mismo sentido en su 
dictamen del 5.7.95 sobre la propuesta de directiva, así como el Consejo de los 
Colegios de Abogados de la Comunidad Europea (CCBE) el 17.11.95. 
La sustitución de la prueba de aptitud por un procedimiento de comprobación de 
competencias profesionales tiene como objetivo facilitar a abogados que cuentan ya con 
una cierta experiencia, pero que no disponen del tiempo necesario para preparar una 
prueba de aptitud, la obtención del título profesional del Estado miembros de acogida. 
Hay que señalar que la dispensa de la prueba de aptitud propuesta por la Comisión para 
el caso en que el abogado pueda demostrar una experiencia de al menos tres años en la 
práctica del derecho del Estado miembro de acogida ha sido aceptada por el Parlamento 
con algunas modificaciones (enmienda 24, relativa al apartado 1 del artículo 10). 
2. Entre las enmiendas que suponen modificaciones importantes, hay que señalar 
la asimilación del ejercicio por cuenta ajena al regulado en la Directiva 77/249/CEE, 
relativa a la libre prestación de servicios de los abogados (enmiendas 22 y 23, relativas 
al artículo 8) y las mayores posibilidades del Estado miembro de acogida de oponerse 
al ejercicio en colectivos que incluyan personas ajenas a la profesión (enmienda 27, 
relativa al artículo 11). La autorización del ejercicio por cuenta ajena, salvo para 
1<x 
actividades citadas de forma limitativa, responde a una sugerencia de la ECLA 
(European Company Lawyers Association/Asociación europea de juristas de empresa). 
Las restricciones impuestas al ejercicio pluridisciplinar, derivadas de la postura 
adoptada por el CCBE el 17.11.95, responden a reservas emitidas por el Comité 
Económico y Social. 
3. Las modificaciones que la Comisión no ha podido aceptar eran las que 
abogaban por la inclusión del "procureur" neerlandés (enmienda 28, antigua 7, relativa 
al artículo 1), por la exclusión de los abogados que ocupen cargos oficiales 
ministeriales (enmienda 9, relativa al artículo 1), por la exigencia de una certificación 
de honorabilidad (enmienda 12, relativa al apartado 2 del artículo 3) y por la 
obligación del Estado de acogida de dispensar al abogado migrante de la afiliación a la 
Seguridad Social (enmienda 21, relativa al artículo 6). Las razones por las que la 
Comisión no ha podido recoger estas modificaciones son las siguientes. El "procureur" 
neerlandés no ejerce las mismas tareas que un abogado. La exclusión de abogados que 
ocupen cargos oficiales ministeriales no es necesaria para garantizar el respeto de los 
procedimientos específicos de los tribunales superiores gracias a la posibilidad de 
actuación concertada con un abogado que ejerza ante el órgano jurisdiccional de que se 
trate, prevista en el artículo 5 de la propuesta de directiva; además, dicha exclusión 
privaría a los abogados de los derechos conferidos por la directiva y podría dar lugar a 
otras solicitudes de exclusión, por ejemplo, las actuaciones ante los tribunales laborales 
o fiscales. La certificación de que el interesado cumpla unas condiciones de 
honorabilidad, honradez y probidad propias de sus funciones resulta desproporcionada, 
teniendo en cuenta las garantías que ya exige la propuesta de directiva en su artículo 3 
(certificación de inscripción) en su artículo 7 (procedimientos disciplinarios) y en su 
artículo 13 (cooperación entre las autoridades del Estado miembro de acogida y el 
Estado miembro de origen). Por otro lado, la Directiva 77/249, relativa a la libre 
prestación de servicios por los abogados, no exige tal certificación. En cuanto a la 
obligación del Estado miembro de acogida de dispensar al abogado de la afiliación a su 
sistema de seguridad social, hay que señalar que es contraria al Reglamento (CEE) n° 
1408/71 del Consejo, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los 
trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de 
sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad1, y especialmente a sus artículos 
13 y 17. Además, este Reglamento, basado en los artículos 51 y 235 del Tratado CE, 
sólo puede modificarse por unanimidad, lo que excluye las competencias de codecisión 
del Parlamento. 
El DO n° C 325 de 10.12.92 ofrece una versión consolidada. 
Alo 
3. CONCLUSIONES 
La propuesta modificada de directiva ha procurado integrar, en la medida de lo 
posible, las preocupaciones del Parlamento Europeo, del Comité Económico y Social y 
del CCBE, en el que está representada la profesión de la abogacía. 
Se invita al Parlamento Europeo y al Consejo a adoptar la propuesta modificada que 
figura a continuación. 
Propuesta modificada de 
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
destinada a facilitar el ejercicio permanente de la 
profesión de abogado en un Estado miembro distinto 
de aquel en el que se obtuvo el título 
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, el artículo 49 y el 
apartado 1 y la primera y tercera frases del apartado 2 del artículo 57, ' 
Vista la propuesta de la Comisión1, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social2, 
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado3 
PROPUESTA INICIAL PROPUESTA MODIFICADA 
(Texto sin variaciones si no figuran 
modificaciones en la columna) 
DO n° C 128 de 24.5.95, p. 6. 
: DO iiT 256 de 2.10.95, p. 14. 
; Dictamen del Parlamento Europeo de 19 de Junio de 1996 (DO n°C...de 1996, p. 157). 
Posición Común del Consejo de.... 1996 (aún no publicada en el Diario Oficial) 
Decisión del Parlamento Europeo de...(aún no publicada en el Diario Oficial) 
1) Considerando que, con arreglo al 
artículo 7 A del Tratado, el mercado 
interior implica un espacio sin 
fronteras interiores, y que, con arreglo 
a la letra c) del artículo 3 del Tratado, 
la supresión de los obstáculos a la 
libre circulación de personas y 
servicios entre los Estados miembros 
constituye uno de los objetivos de la 
Comunidad; que dicha libertad 
implica en particular, para los 
nacionales de los Estados miembros, 
la facultad de ejercer una profesión, 
por cuenta propia o ajena, en un 
Estado miembro distinto de aquel en 
que hayan adquirido su título 
profesional; 
2) Considerando que un abogado 
plenamente cualificado en un Estado 
miembro puede ya solicitar el 
reconocimiento de su título para 
establecerse en otro Estado miembro a 
fin de ejercer en el mismo la abogacía 
con el título profesional de dicho 
Estado miembro, con arreglo a la 
Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 
21 de diciembre de 1988, relativa a un 
sistema general de reconocimiento de 
los títulos de enseñanza superior que 
sancionen formaciones profesionales 
de una duración mínima de tres años4; 
que dicha Directiva tiene por objeto la 
plena integración del abogado 
migrante en la profesión del Estado 
miembro de acogida y no se propone 
modificar las reglas profesionales 
aplicables en este Estado ni sustraer a 
dicho abogado a la aplicación de tales 
reglas; 
DO L 19 de 24.1.1989, p. 16. 
3) Considerando que si bien algunos 
abogados migrantes pueden integrarse 
rápidamente en la profesión del 
Estado miembro de acogida, en 
particular tras superar una prueba de 
aptitud prevista en la Directiva 
89/48/CEE, otros pueden aspirar a 
dicha esta integración al final de un 
período de ejercicio profesional en el 
Estado miembro de acogida con su 
título profesional de origen; 3) Considerando que si bien algunos 
abogados migrantes pueden integrarse 
rápidamente en la profesión del 
Estado miembro de acogida, en 
particular tras superar una prueba de 
aptitud prevista en la Directiva 
89/48/CEE, otros pueden aspirar a 
dicha esta integración tras un cierto 
período de ejercicio profesional en el 
Estado miembro de acogida con su 
título profesional de origen, o bien 
continuar su actividad con su titulo 
profesional de origen\ 
4) Considerando que dicho período, de 
una duración máxima de cinco años, 
ha de permitir al abogado migrante 
integrarse en la profesión, o bien 
automáticamente si durante tres años 
ha ejercido su profesión de forma 
efectiva y permanente en relación con 
el derecho del Estado miembro de 
acogida, incluido el Derecho 
comunitario, o bien, en caso contrario, 
tras someterse a una prueba de 
compensación simplificada si 
demuestra una experiencia profesional 
en dicho Estado miembro de acogida; 4) Considerando que dicho período ha de 
permitir al abogado migrante 
integrarse en la profesión, una vez 
comprobado que posee una 
experiencia profesional en el Estado 
miembro de acogida; 
5) Considerando que una acción en la 5) 
materia se justifica a escala 
comunitaria no sólo porque, en 
relación con el sistema general de 
reconocimiento, ofrece a los abogados 
una nueva vía que les permitirá, tras 
un período transitorio, el ejercicio 
profesional con carácter permanente 
en el Estado miembro de acogida, sino 
también porque, al brindar a los 
abogados la posibilidad de ejercer con 
carácter provisional con su título de 
origen, se atiende a las necesidades de 
los usuarios del Derecho que, debido 
al creciente número de operaciones 
comerciales que resulta del mercado 
interior, solicitan asesoramiento para 
sus operaciones transfronterizas, en 
las que a menudo se hallan imbricados 
el Derecho internacional, el Derecho 
comunitario y los Derechos 
nacionales; Considerando que una acción en la 
materia se justifica a escala 
comunitaria no sólo porque, en 
relación con el sistema general de 
reconocimiento, ofrece a los abogados 
una vía más fácil que les permitirá 
integrarse en la profesión en el Estado 
miembro de acogida, sino también 
porque, al brindar a los abogados la 
posibilidad de ejercer 
permanentemente en el Estado 
miembro de acogida con su título de 
origen, se atiende a las necesidades de 
los usuarios del Derecho que, debido 
al creciente número de operaciones 
comerciales que resulta del mercado 
interior, solicitan asesoramiento para 
sus operaciones transfronterizas, en 
las que a menudo se hallan imbricados 
el Derecho internacional, el Derecho 
comunitario y los Derechos 
nacionales; 
6) Considerando que una acción se 
justifica a escala comunitaria también 
por el hecho de que actualmente sólo 
algunos Estados miembros autorizan 
en su territorio el ejercicio de la 
abogacía, en forma distinta a la 
prestación de servicios, por abogados 
procedentes de otros Estados 
miembros que ejercen con su título 
profesional de origen; que, no 
obstante, en los Estados miembros en 
que existe esta posibilidad, esta reviste 
modalidades muy distintas en lo que 
se refiere, por ejemplo, al campo de 
actividad y a la obligación de 
inscripción ante las autoridades 
competentes; que dicha diversidad de 
situaciones se traduce en 
desigualdades y distorsiones de la 
competencia entre los abogados de los 
Estados miembros y constituye un 
obstáculo a la libre circulación; que 
únicamente una directiva que fije las 
condiciones para el ejercicio de la 
profesión, de forma distinta de la 
prestación de servicios, por los 
abogados que ejerzan con el título 
profesional del Estado miembro de 
origen podrá resolver estos problemas 
y ofrecer en todos los Estados 
miembros las mismas posibilidades a 
los abogados y a los usuarios del 
Derecho; 
7) Considerando que la presente 
Directiva, en consonancia a su 
finalidad, se abstiene de regular 
situaciones puramente internas y 
únicamente afecta a la normativa 
nacional sobre la profesión en la 
medida necesaria para permitir la 
consecución efectiva de su objetivo; 
que no supone ningún menoscabo para 
las normas nacionales que regulan el 
acceso a la profesión de abogado y su 
ejercicio con el título profesional del 
Estado miembro de acogida; 
8) Considerando que conviene que los 
abogados a que se refiere la presente 
Directiva tengan la obligación de 
inscribirse ante la autoridad 
competente del Estado miembro de 
acogida a fin de que dicha autoridad 
pueda garantizar el respeto de la 
normativa sobre la profesión y las 
normas de deontología de dicho 
Estado miembro; que el efecto de la 
inscripción en lo que se refiere a 
circunscripciones judiciales, instancias 
y tipo de órganos jurisdiccionales 
ante los que podrán actuar los 
abogados, está determinado por la 
legislación aplicable a los abogados 
del Estado miembro de acogida; 
9) Considerando que los abogados que 
todavía no están totalmente integrados 
en la profesión del Estado miembro de 
acogida deberán ejercer en el Estado 
miembro de acogida con el título 
profesional de origen, a fin de 
garantizar la correcta información a 
los consumidores y permitir la 
diferenciación entre estos abogados y 
los abogados del Estado miembro de 
acogida que ejercen con el título 
profesional del mismo; 
10) Considerando que conviene que los 
abogados objeto de la presente 
Directiva puedan prestar 
asesoramiento con arreglo al Derecho 
del Estado miembro de origen, al 
Derecho comunitario, e internacional, 
y al del Estado miembro de acogida; 
que esta actividad ha sido permitida 
por la Directiva 77/249/CEE del 
Consejo, de 22 de marzo de 1977, 
dirigida a facilitar el ejercicio efectivo 
de la libre prestación de servicios por 
los abogados5, cuya última 
modificación la constituye el Acta de 
adhesión de Austria de Austria, de 
Finlandia y de Suecia en lo que se 
refiere a la prestación de servicios; 
que, no obstante, es preciso prever, al 
igual que en la Directiva 77/249/CEE, 
la posibilidad de excluir de las 
actividades de los abogados que 
ejerzan con su título profesional de 
origen en el Reino Unido y en Irlanda 
determinadas actuaciones en materia 
inmobiliaria y sucesoria; que la 
presente Directiva no afecta en 
absoluto a las disposiciones de los 
Estados miembros que reservan 
determinadas actividades a 
profesiones distintas de la de abogado; 
que, al igual que en la Directiva 
77/249/CEE, es preciso reservar al 
Estado miembro de acogida la 
facultad de exigir que el abogado que 
ejerza con su título profesional de 
origen actúe concertadamente con un 
abogado local para la representación y 
defensa de un cliente ante los órganos 
jurisdiccionales; que la obligación de 
actuar concertadamente debe 
entenderse a la luz de la interpretación 
que de la misma ha hecho el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades 
Europeas, en especial en su sentencia 
de 25 de febrero de 1988 en el asunto 
427/85 Comisión /Alemania6; 
5 DO n°L 78 de 26.3.1977, p. 17. 
" Rcc. 1988, p. 1123. 
11 ) Considerando que es preciso añadir a 
la lista de títulos profesionales el de 
"procuratore legale" para Italia, ya que 
éste ejerce actualmente las mismas 
actividades que un "avvocato": 
12) Considerando que el abogado inscrito 
con su título profesional de origen en 
el Estado miembro de acogida debe 
seguir inscrito ante la autoridad 
competente del Estado miembro de 
origen para conservar su calidad de 
abogado y acogerse a la presente 
Directiva; que, por esta razón, es 
indispensable que exista una estrecha 
colaboración entre las autoridades 
competentes, en especial en relación 
con un procedimiento disciplinario; 
13) Considerando que los abogados a los 
que se refiere la presente Directiva 
podrán, independiente de que en el 
Estado miembro de origen ejerzan por 
cuenta propia o ajena, ejercer por 
cuenta ajena en el Estado miembro de 
acogida en la medida en que dicho 
Estado miembro ofrezca esta 
posibilidad a sus propios abogados; 13) Considerando que, tal como está 
previsto en la Directiva 77/249/CEE, 
los abogados a los que se refiere la 
presente Directiva podrán, ser 
excluidos en el Estado miembro de 
acogida de determinadas actividades 
cuando ejerzan por cuenta ajena, en la 
medida en que dicho Estado miembro 
excluya de estas actividades a sus 
proprios abogados ; 
14) Considerando que si la presente 
Directiva permite a los abogados 
ejercer con carácter temporal en otro 
Estado miembro con su título 
profesional de origen, con la finalidad 
de facilitarles el pleno ejercicio de la 
profesión, con arreglo a la Directiva 
89/48/CEE; que, con arreglo a los 
artículos 48 y 52 del Tratado, tal como 
han sido interpretados por el Tribunal 
de Instancia, el Estado miembro de 
acogida está obligado a tomar en 
consideración la experiencia 
profesional adquirida en su territorio; 
que, tras tres años de un ejercicio 
efectivo y permanente en el Estado 
miembro de acogida relacionado con 
el Derecho de dicho Estado miembro, 
incluido el Derecho comunitario, cabe 
razonablemente presumir que dichos 
abogados han adquirido la aptitud 
necesaria para integrarse 
completamente en la profesión de 
abogado del Estado de acogida y por 
tanto deben quedar automáticamente 
dispensados de toda medida 
compensatoria; que si la actividad 
efectiva y permanente de tres años 
como mínimo en el Estado miembro 
de acogida no se ha referido al 
Derecho de dicho Estado miembro, 
incluido el Derecho comunitario, las 
medidas compensatorias deben 
limitarse a una prueba de aptitud 
relativa al Derecho procesal y a las 
normas de deontología del Estado 
miembro de acogida; 14) Considerando que la presente 
Directiva permite a los abogados 
ejercer en otro Estado miembro con su 
título profesional de origen, 
particularmente con la finalidad de 
facilitarles el pleno ejercicio de la 
profesión, con arreglo a la Directiva 
89/48/CEE; que, con arreglo a los 
artículos 48 y 52 del Tratado, tal como 
han sido interpretados por el Tribunal 
de Instancia, el Estado miembro de 
acogida está obligado a tomar en 
consideración la experiencia 
profesional adquirida en su territorio; 
que, tras tres años de un ejercicio 
efectivo regular en el Estado miembro 
de acogida relacionado con el Derecho 
de dicho Estado miembro, incluido el 
Derecho comunitario, cabe 
razonablemente presumir que dichos 
abogados han adquirido la aptitud 
necesaria para integrarse 
completamente en la profesión de 
abogado del Estado de acogida ; que, 
al final de dicho período, debe 
obtener el acceso al ejercicio de la 
profesión a los abogados migrantes 
que, tras las oportunas verificaciones, 
puedan acreditar su competencia 
profesional en el Estado miembro de 
acogida ; 
15) Considerando que los abogados que 
ejerzan con su título profesional de 
origen deben tener la posibilidad de 
seguir cursos o seminarios 
organizados en el Estado miembro de 
acogida para adquirir o profundizar 
los conocimientos del Derecho de 
dicho Estado miembro, incluida la 
normativa sobre la profesión y las 
normas de deontología; Suprimido 
16) Considerando que la evolución 
económica y profesional en la 
Comunidad indica que la facultad de 
ejercer en grupo la profesión de 
abogado se ha convertido en una 
realidad; que es preciso evitar que el 
hecho de ejercer en grupo en el Estado 
miembro de origen constituya un 
pretexto para obstaculizar o dificultar 
el establecimiento de los abogados 
miembros de dicho grupo en el Estado 
miembro de acogida; que, no obstante, 
debe permitirse que los Estados 
miembros puedan adoptar medidas en 
relación con el legítimo objetivo de 
garantizar la independencia de la 
profesión; que deben preverse 
determinadas garantías en todos los 
Estados miembros que permitan el 
ejercicio en grupo; 10 
75) Considerando que la evolución 
económica y profesional en la 
Comunidad indica que la facultad de 
ejercer en grupo la profesión de 
abogado se ha convertido en una 
realidad; que es preciso evitar que el 
hecho de ejercer en grupo en el Estado 
miembro de origen constituya un 
pretexto para obstaculizar o dificultar 
el establecimiento de los abogados 
miembros de dicho grupo en el Estado 
miembro de acogida; que, no obstante, 
debe permitirse que los Estados 
miembros puedan adoptar medidas en 
relación con el legítimo objetivo de 
garantizar la independencia de la 
profesión; que deben preverse 
determinadas garantías en todos los 
Estados miembros que permitan el 
ejercicio en grupo; 
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
11 
Artículo 1 
Objeto, ámbito de aplicación y 
definiciones 
1. El objeto de la presente Directiva es 
facilitar el ejercicio permanente de la 
abogacía, por cuenta propia o ajena, 
en un Estado miembro distinto de 
aquel en el que se obtuvo el título 
profesional. 
A los efectos de la presente Directiva, 
se entenderá por : 
a) abogado: los nacionales de un 
Estado miembro habilitados para el 
ejercicio de su actividad profesional 
con uno de los títulos siguientes : 
Bélgica: 
Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt 
Dinamarca: Advokat 
Alemania: Rechtsanwalt 
Grecia: Aixnyofjoo 
España: Abogado España: 
Francia: Avocat 
Irlanda: Barrister, Solicitor 
Italia: Avvocato, Procuratore 
legale 
Luxemburgo: Avocat 
Países Bajos: Advocaat 
Portugal: Advogado AbogSiáo/Aavocat/Avogado/Abokatu 
Austria : Rechtsanwalt 
12 
Reino Unido: Advocate, Barrister, 
Solicitor 
b) "Estado miembro de origen", el 
Estado miembro en el que el abogado 
haya adquirido el derecho de utilizar 
uno de los títulos profesionales a qué 
se refiere el punto a) antes de ejercer 
la abogacía en otro Estado miembro; 
c) "Estado miembro de acogida", el 
Estado miembro en el que el abogado 
ejerce de conformidad con las 
disposiciones de la presente Directiva; 
d) "título profesional de origen", el título 
profesional del Estado miembro en el 
que el abogado haya adquirido el 
derecho de utilizar dicho título antes 
de ejercer la abogacía en el Estado 
miembro de acogida; 
e) "grupo", cualquier entidad, con o sin 
personalidad jurídica, constituida de 
conformidad con la legislación de un 
Estado miembro, en la que varios 
abogados desempeñen conjuntamente 
su actividad profesional, bajo una 
denominación común. Finlandia : Asianajaja/Advokat 
Suecia : Advokat 
e bis) "Título profesional pertinente" o 
"profesión pertinente", el título profesional o 
profesión dependiente de la autoridad 
competente ante la cual se inscribió el 
abogado de conformidad con el artículo 3, y 
"autoridad competente pertinente", dicha 
autoridad. 
La presente Directiva se aplicará a los 
abogados que ejerzan, tanto por cuenta 
propia como por cuenta ajena, en el 
Estado miembro de origen y, sin 
perjuicio de lo establecido en el 
artículo 8, en el Estado miembro de 
acogida. 13/ H 
El ejercicio de la abogacía a los 
efectos de la presente Directiva no 
incluirá las prestaciones de servicios 
objeto de la Directiva 77/249/CEE. 
Artículo 2 
Derecho a ejercer, con carácter 
temporal.con el título profesional de 
origen Derecho a ejercer con el título 
profesional de origen 
Los abogados tendrán derecho a ejercer, por 
un período de cinco años, las actividades 
relacionadas con la abogacía a que se refiere el 
artículo 5 en cualquier otro Estado miembro y 
con su título profesional de origen. El ejercicio 
con carácter definitivo en el Estado miembro 
de acogida se regirá por las disposiciones del 
artículo 10 Los abogados tendrán derecho a ejercer con 
carácter definitivo las actividades relacionadas 
con la abogacía a que se refiere el artículo 5 en 
cualquier otro Estado miembro y con su título 
profesional de origen. La integración en la 
profesión de abogado en el Estado miembro 
de acogida se regirá por las disposiciones del 
artículo 10 
Artículo 3 
Inscripción ante la autoridad 
competente 15 
Los abogados que deseen ejercer en 1. 
un Estado miembro distinto de aquel 
en el que adquirieron su título 
profesional deberán inscribirse ante la 
autoridad competente de dicho Estado 
miembro. Los abogados que deseen ejercer en 
un Estado miembro distinto de aquel 
en el que adquirieron su título 
profesional deberán inscribirse ante la 
autoridad competente pertinente de 
dicho Estado miembro. 
La autoridad competente del Estado 2. 
miembro de acogida efectuará la 
inscripción del abogado previa 
presentación de una certificación de 
inscripción ante la autoridad 
competente del Estado miembro de 
origen. Podrá exigir que la citada 
certificación haya sido expedida por 
esta última autoridad competente 
dentro de los tres últimos meses. 
Informará a la autoridad competente 
del Estado miembro de origen acerca 
de dicha inscripción. La autoridad competente pertinente 
del Estado miembro de acogida 
efectuará la inscripción del abogado 
previa presentación de una 
certificación de inscripción ante la 
autoridad competente pertinente del 
Estado miembro de origen. Podrá 
exigir que la citada certificación haya 
sido expedida por la autoridad 
competente pertinente del Estado 
miembro de origen dentro de los tres 
últimos meses. Informará a la 
autoridad competente pertinente del 
Estado miembro de origen acerca de 
dicha inscripción. 
A efectos de la aplicación del apartado 
1 al Reino Unido y a Irlanda, los 
abogados que ejerzan con un título 
profesional distinto al del Reino 
Unido o de Irlanda se inscribirán, bien 
ante la autoridad competente para la 
profesión de "barrister" o de 
"advocate", o bien ante la autoridad 
competente para la profesión de 
"solicitor". 
16 
A efectos de aplicación del apartado 1 
al Reino Unido, la autoridad 
competente para un "barrister" de 
Irlanda será la correspondiente a la 
profesión de "barrister" o de 
"advocate"; para un "solicitor" de 
Irlanda, la correspondiente a la 
profesión de "solicitor". 
A efectos de aplicación del apartado 1 
a Irlanda, la autoridad competente 
para un "barrister" o un "advocate" del 
Reino Unido será la correspondiente a 
la profesión de "barrister"; para un 
"solicitor" del Reino Unido, la 
correspondiente a la profesión de 
"solicitor". 
4. Cuando la autoridad competente del 
Estado miembro de acogida publique 
los nombres de los abogados inscritos 
ante la misma, publicará también los 
nombres de los abogados inscritos en 
virtud de la presente Directiva. Cuando la autoridad competente 
pertinente del Estado miembro de 
acogida publique los nombres de los 
abogados inscritos ante la misma, 
publicará también los nombres de los 
abogados inscritos en virtud de la 
presente Directiva. 
17 
Artículo 4 
Ejercicio, con carácter temporal, con el Ejercicio con el título profesional de 
título profesional de origen origen 
Los abogados que ejerzan en el Estado 1 
miembro de acogida con su título 
profesional de origen estarán 
obligados a hacerlo con dicho título 
expresado en la lengua o en una de las 
lenguas oficiales del Estado miembro 
de origen. Los abogados que ejerzan en el Estado 
miembro de acogida con su título 
profesional de origen estarán 
obligados a hacerlo con dicho título, 
que deberá estar expresado en la 
lengua o en una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro de 
origen, pero deforma inteligible y que 
evite cualquier confusión con el título 
profesional del Estado miembro de 
acogida. 
El Estado miembro de acogida podrá 
exigir que el abogado que ejerza con 
su título profesional de origen añada 
la mención de la organización 
profesional de la que depende en el 
Estado miembro de origen o del 
órgano jurisdiccional ante el que 
pueda ejercer en aplicación de la 
legislación del Estado miembro de 
origen. El Estado miembro de acogida 
también podrá exigir que el abogado 
que ejerza con el título profesional de 
origen mencione su inscripción ante la 
autoridad competente de dicho Estado 
miembro. A efectos de la aplicación del 
apartado 1, el Estado miembro de 
acogida podrá exigir que el abogado 
que ejerza con su título profesional de 
origen añada la mención de la 
organización profesional de la que 
depende en el Estado miembro de 
origen o del órgano jurisdiccional ante 
el que pueda ejercer en aplicación de 
la legislación del Estado miembro de 
origen. El Estado miembro de acogida 
también podrá exigir que el abogado 
que ejerza con el título profesional de 
origen mencione su inscripción ante la 
autoridad competente de dicho Estado 
miembro. 
3. En caso de que exista riesgo de 
confusión con el título profesional del 
Estado miembro de acogida, la 
autoridad competente de dicho Estado 
podrá exigir que se mencione el 
Estado miembro de origen. Suprimido 
Artículo 5 
Campo de actividad 18 
En perjuicio de lo dispuesto en los 1 
apartados 2 y 3, los abogados que 
ejerzan con su título profesional de 
origen desempeñarán las mismas 
actividades profesionales que los 
abogados que ejerzan con el título 
profesional del Estado miembro de 
acogida y, en particular, podrán 
prestar asesoramiento jurídico con 
arreglo al Derecho de su Estado 
miembro de origen, al Derecho 
comunitario e internacional y al del 
Estado miembro de acogida. En perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3, los abogados que 
ejerzan con su título profesional de 
origen desempeñarán las mismas 
actividades profesionales que los 
abogados que ejerzan con el título 
profesional pertinente del Estado 
miembro de acogida y, en particular, 
podrán prestar asesoramiento jurídico 
con arreglo al Derecho de su Estado 
miembro de origen, al Derecho 
comunitario e internacional y al del 
Estado miembro de acogida. 
2. Los Estados miembros que en su 2. 
territorio autoricen a una determinada 
categoría de abogados para extender 
actos auténticos que habiliten para la 
administración de bienes de personas 
fallecidas o relativos a la creación o 
cesión de derechos reales sobre 
inmeubles, que en otros Estados 
miembros se reservan a profesiones 
distintas de la de abogado, podrán 
excluir de dichas actividades a los 
abogados que ejerzan con su título 
profesional de origen expedido en uno 
de estos últimos Estados miembros. Los Estados miembros que en su 
territorio autoricen a una determinada 
categoría de abogados para extender 
actos que habiliten para la 
administración de bienes de personas 
fallecidas o relativos a la creación o 
cesión de derechos reales sobre 
inmeubles, que en otros Estados 
miembros se reservan a profesiones 
distintas de la de abogado, podrán 
excluir de dichas actividades a los 
abogados que ejerzan con su titulo 
profesional de origen expedido en uno 
de estos últimos Estados miembros. 
Para el ejercicio de las actividades 3. 
relativas a la representación y la 
defensa de un cliente ante un órgano 
jurisdiccional y en la medida en que la 
legislación del Estado miembro de 
acogida exija la presencia obligatoria 
de un abogado, dicho Estado miembro 
podrá exigir que los abogados que 
ejerzan con su título profesional de 
origen actúen concertadamente, bien 
con un abogado que ejerza ante el 
órgano jurisdiccional de que se trate, 
que, en su caso, será responsable ante 
el mismo, o bien con un 
"procurador"o "procuratore" que 
ejerza ante dicho órgano. 19 
Para el ejercicio de las actividades 
relativas a la representación y la 
defensa de un cliente ante un órgano 
jurisdiccional y en la medida en que la 
legislación del Estado miembro de 
acogida reserve estas actividades a los 
abogados que ejerzan con el titulo 
profesional de este Estado, dicho 
Estado miembro podrá exigir que los 
abogados que ejerzan con su título 
profesional de origen actúen 
concertadamente, bien con un 
abogado que ejerza ante el órgano 
jurisdiccional de que se trate, que, en 
su caso, será responsable ante el 
mismo, o bien con un "avoué" o 
"procuratore" que ejerza ante dicho 
órgano. 
Artículo 6 
Normas profesionales y deontológieas 
aplicables 20 
Independientemente de la normativa 1. 
sobre la profesión y las normas de 
deontología a las que estén sujetos en 
su Estado miembro de origen, los 
abogados que ejerzan con su título 
profesional de origen quedarán sujetos 
a las reglas profesionales y 
deontológieas del Estado miembro de 
acogida, con respecto a todas las 
actividades que ejerzan en el territorio 
de dicho Estado. Independientemente de la normativa 
sobre la profesión y las normas de 
deontología a las que estén sujetos en 
su Estado miembro de origen, los 
abogados que ejerzan con su título 
profesional de origen quedarán sujetos 
a las mismas reglas profesionales y 
deontológieas que rijan para los 
abogados que ejerzan con el título 
profesional pertinente del Estado 
miembro de acogida, con respecto a 
todas las actividades que ejerzan en el 
territorio de dicho Estado. 
Se garantiza a los abogados que 
ejerzan con su título profesional de 
origen una representación adecuada en 
las organizaciones profesionales del 
Estado miembro de acogida. Esta 
representación incluirá como mínimo, 
el derecho de voto en las elecciones de 
los órganos rectores de dichas 
organizaciones. 
21 
El Estado miembro de acogida podrá 
imponer a los abogados que ejerzan 
con su título profesional de origen, 
bien la suscripción de un seguro de 
responsabilidad profesional, o bien la 
afiliación a un fondo de garantía 
profesional, con arreglo a las normas 
que establezca dicho Estado para las 
actividades profesionales ejercidas en 
su territorio. No obstante, quedarán 
dispensados de dicha obligación los 
abogados que ejerzan con su título 
profesional de origen que justifiquen 
estar cubiertos por un seguro o una 
garantía suscrita con arreglo a las 
normas del Estado miembro de origen, 
en la medida en que éstos sean 
equivalentes en lo que respecta a las 
modalidades y a la cobertura. Si la 
equivalencia es únicamente parcial, la 
autoridad competente del Estado 
miembro de acogida podrá exigir la 
suscripción de un seguro o una 
garantía complementaria que cubra los 
aspectos que no queden cubiertos por 
el seguro o la garantía suscritas con 
arreglo a las normas del Estado 
miembro de origen. 
22 
Artículo 7 
Procedimiento disciplinario 
En caso de que un abogado que ejerza 
con su título profesional de origen 
incumpla las obligaciones en vigor en 
el Estado miembro de acogida, serán 
de aplicación las normas de 
procedimiento, las sanciones y los 
recursos previstos en el Estado 
miembro de acogida. 
Antes de incoar un procedimiento 
disciplinario a un abogado, la 
autoridad competente del Estado 
miembro de acogida informará lo más 
rápidamente posible a la autoridad 
competente del Estado miembro de 
origen y le proporcionará toda la 
información pertinente. 
3. Sin perjuicio del poder de decisión de 
la autoridad competente del Estado 
miembro de acogida, ésta cooperará a 
lo largo del procedimiento 
disciplinario con la autoridad 
competente del Estado miembro de 
origen. En particular, el Estado 
miembro de acogida adoptará las 
medidas necesarias para que la 
autoridad competente del Estado 
miembro de origen pueda formular 
observaciones ante las instancias a las 
que se recurre. 
23 
La autoridad competente del Estado 
miembro de origen decidirá, de 
conformidad con sus propias normas 
formales y materiales, acerca del 
curso que deba darse a la decisión que 
la autoridad competente del Estado 
miembro de acogida haya adoptado 
con respecto a un abogado que ejerza 
con su título profesional de origen. 
Aunque no se trata de un requisito 
previo a la decisión de la autoridad 
competente del Estado miembro de 
acogida, la retirada temporal o 
definitiva de la autorización para 
ejercer la profesión por parte de la 
autoridad competente del Estado 
miembro de origen implicará 
automáticamente para el abogado la 
prohibición temporal o definitiva de 
ejercer con el título profesional de 
origen en el Estado miembro de 
acogida. 
24 lis 
Artículo 8 
Ejercicio por cuenta %jena 
El abogado inscrito en el Estado miembro de 
acogida con su título profesional de origen 
podrá ejercer en calidad de abogado por 
cuenta de otro abogado, de una asociación o 
firma de abogados, o de una empresa pública o 
privada, en la medida en que así lo permita el 
Estado miembro de acogida a los abogados 
inscritos con el título profesional de dicho 
Estado miembro El abogado inscrito en el Estado miembro de 
acogida con su título profesional de origen 
podrá ejercer en calidad de abogado por 
cuenta de otro abogado, de una asociación o 
firma de abogados, o de una empresa pública o 
privada. 
Los Estados miembros podrán excluir del 
ejercicio de actividades de representación y 
defensa ante los tribunales en nombre de una 
empresa pública o privada a los abogados que 
ejerzan por cuenta de ella, siempre que los 
abogados establecidos en el Estado miembro 
de acogida no estén autorizados a ejercer esas 
actividades. 
Artículo 9 
Motivación y recurso jurisdiccional 
Las decisiones de denegación de 
inscripción a que se refiere el artículo 
3 o de retirada de dicha inscripción, 
así como las decisiones que impongan 
sanciones disciplinarias, deberán ser 
motivadas. 
Dichas decisiones serán susceptibles 
de recurso judicial de Derecho interno. 
Artículo 10 
Asimilación al abogado del Estado 
miembro de acogida 26 
Los abogados que ejerzan con su título 1. 
profesional de origen, que justifiquen 
una actividad efectiva y permanente 
de una duración mínima de tres años 
en relación con el Derecho 
comunitario, estarán dispensados de la 
prueba de aptitud que eventualmente 
pudiere exigirse, en aplicación de la 
letra b) del apartado 1 del artículo 4 de 
la Directiva 89/48/CEE, para acceder 
a la profesión de abogado en el Estado 
miembro de acogida y ejercer dicha 
profesión con el título profesional 
profesional correspondiente a la 
misma en dicho Estado miembro. Los abogados que ejerzan con su título 
profesional de origen, que justifiquen 
una actividad efectiva y regular de 
una duración mínima de tres años en 
relación con el Derecho comunitario, 
estarán dispensados de las condiciones 
establecidas en la letra b) del apartado 
1 del artículo 4 de la Directiva 
89/48/CEE, para acceder a la 
profesión de abogado en el Estado 
miembro de acogida. 
Corresponderá al abogado interesado 
demostrar esta actividad efectiva y 
permanente, de una duración mínima 
de tres años, en relación con el 
Derecho de dicho Estado miembro de 
acogida. A tal fin, presentará a la 
autoridad competente del Estado 
miembro de acogida la información y 
los documentos pertinentes, relativos 
en particular al número y naturaleza 
de los asuntos que haya tratado. Por 
"actividad efectiva y permanente" se 
entenderá el ejercicio efectivo de la 
actividad sin otra interrupción que la 
que resulte de acontecimientos de la 
vida corriente. Corresponderá al abogado interesado 
demostrar esta actividad efectiva y 
regular, de una duración mínima de 
tres años, en relación con el Derecho 
de dicho Estado miembro de acogida. 
A tal fin, presentará a la autoridad 
competente pertinente del Estado 
miembro de acogida la información y 
los documentos pertinentes, relativos 
en particular al número y naturaleza 
de los expedientes que haya tratado. 
Por "actividad efectiva y regular" se 
entenderá el ejercicio efectivo de la 
actividad sin otra interrupción que la 
que resulte de acontecimientos de la 
vida corriente. 
Los abogados que ejerzan con su título 2. 
profesional de origen, que justifiquen 
una actividad efectiva y permanente 
de una duración mínima de tres años 
en relación con el Derecho del Estado 
miembro de acogida sólo podrán 
quedar sujetos, en aplicación de la 
letra b) del apartado 1 del artículo 4 de 
la Directiva 89/48/CEE, a una prueba 
de aptitud limitada al Derecho 
procesal y a las normas de deontología 
de dicho Estado. 27 
Los abogados que ejerzan con su título 
profesional de origen en un Estado 
miembro de acogida podrán , cu 
cualquier momento, solicitar el 
reconocimiento de su título con la 
Directiva 89/48/CEE, con objeto de 
acceder a la profesión de abogado del 
Estado miembro de acogida y de 
ejercer/a con el título profesional 
correspondiente a esta profesión en 
dicho Estado miembro. 
Los abogados que ejerzan con su título 3. 
profesional de origen podrán solicitar, 
en cualquier momento a lo largo del 
período de cinco años a que se refiere 
el artículo 2, el reconocimiento de su 
título con arreglo a la Directiva 
89/48/CEE con el fin de acceder con 
carácter definitivo a la profesión de 
abogado del Estado miembro de 
acogida y ejercer con el título 
profesional de dicho Estado miembro. 28 
Los abogados que ejerzan con su título 
profesional de origen, que justifiquen 
una actividad efectiva y regular de 
una duración mínima de tres años en 
el Estado miembro de acogida podrán 
obtener de la autoridad competente 
pertinente de dicho Estado su acceso 
a a la profesión de abogado del 
Estado miembro de acogida y el 
derecho de ejercerla con el título 
profesional apropriado 
correspondiente a esta profesión en 
dicho Estado miembro de acogida, de 
acuerdo con las condiciones y 
modalidades que se describen a 
continuación : 
a) La autoridad competente pertinente 
tomará en consideración la actividad 
efectiva y regular durante el período 
mencionado anteriormente, así como 
cualquier conocimiento y experiencia 
profesional en el Derecho del Estado 
miembro de acogida y cualquier 
participación en cursos o seminarios 
relativos al Derecho del Estado 
miembro de acogida, incluidos la 
normativa sobre la profesión y la 
deontología. 
b) El solicitante facilitará a la autoridad 
competente pertinente toda la 
información útil, especialmente sobre 
los asuntos tratados en el ejercicio de 
su profesión. La autoridad competente 
del Estado miembro de acogida podrá 
imponer una entrevista al solicitante 
con el fin de verificar las 
informaciones que se le facilitaren. 
Al examinar las solicitudes, la 
autoridad competente tomará en 
consideración la participación del 
solicitante en cursos o seminarios 
relacionados con el Derecho del 
Estado miembro de acogida, incluida 
la normativa sobre la profesión y las 
normas de deontología. 4. La autoridad competente pertinente del 
Estado miembro de acogida podrá, mediante 
decisión razonada que pudiere ser objeto de 
recurso jurisdiccional de Derecho interno, 
denegar la admisión del solicitante al 
beneficio de estas disposiciones si en su 
opinión corriere peligro el orden público en 
razón, más concretamente, de procedimientos 
disciplinarios, quejas o incidentes de 
cualquier tipo. 
29 
Los representantes de la autoridad S. 
competente encargados de instruir el 
expediente garantizarán el secreto de 
la información obtenida. Los representantes de la autoridad 
competente pertinente encargados de 
examinar la solicitud garantizarán el 
secreto de la información obtenida. 
El abogado que acceda a la profesión 
de abogado del Estado miembro de 
acogida con arreglo a las modalidades 
previstas en los apartados 1 a 5 tendrá 
derecho a utilizar, junto con el título 
profesional del Estado miembro de 
acogida, el título profesional de origen 
en una de las lenguas oficiales del 
Estado miembro de origen. El abogado que acceda a la profesión 
de abogado del Estado miembro de 
acogida con arreglo a las modalidades 
previstas en los apartados 
mencionados anteriormente, tendrá 
derecho a utilizar, junto con el título 
profesional correspondiente a la 
profesión de abogado en el Estado 
miembro de acogida, el título 
profesional de origen en una de las 
lenguas oficiales del Estado miembro 
de origen. 
Artículo 11 
Ejercicio colectivo 30 
Cuando en el Estado miembro de acogida se 
permita el ejercicio en grupo, éste se efecturá 
con arreglo a las siguientes modalidades : Cuando en el Estado miembro de acogida se 
permita el ejercicio en grupo para los 
abogados que desarrollan su actividad 
profesional con el título profesional 
pertinente, a los abogados que deseen 
desarrollar su actividad profesional con ese 
título o que se inscriban ante la autoridad 
competente pertinente respecto del mismo se 
aplicaran las normas siguientes : 
1. Un o más abogados que ejerzan con su 
título profesional de origen en un 
Estado miembro de acogida, que sean 
miembros de un mismo grupo en el 
Estado miembro de origen, podrán 
desempeñar sus actividades 
profesionales en una sucursal o 
agencia de su grupo en el Estado 
miembro de acogida. No obstante, 
cuando las normas fundamentales por 
las que se rige dicho grupo en el 
Estado miembro de origen sean 
incompatibles con las disposiciones 
legales, reglamentarias o 
administrativas del Estado miembro 
de acogida, se aplicarán estas últimas 
en la medida en que su respeto se 
justifique por el interés general de la 
protección de clientes y de terceros. 
31 
2. Los Estados miembros ofrecerán la 
posibilidad de ejercicio en grupo a dos 
o más abogados que provengan de un 
mismo grupo o de un mismo Estado 
de origen y que ejerzan en su territorio 
con su título profesional de origen. Si 
el Estado miembro de acogida permite 
distintas formas de asociación para sus 
abogados, los citados abogados 
tendrán acceso a estas mismas formas 
de asociación. Las modalidades de 
ejercicio en grupo de la profesión por 
parte de dichos abogados en el Estado 
miembro de acogida se regirá por las 
disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas de dicho Estado 
miembro. 
El Estado miembro de acogida 
adoptará las medidas necesarias para 
permitir el ejercicio en grupo : 
a)- de varios abogados que ejerzan 
con su título profesional de 
origen, procedentes de Estados 
miembros distintos, 
b)- de uno o varios de los abogados 
mencionados en la letra a) y uno 
o varios abogados del Estado 
miembro de acogida. 
Las modalidades de ejercicio en grupo 
de la profesión por parte de dichos 
abogados en el Estado miembro de 
acogida se regirán por las 
disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas del mismo. 
32 
Los abogados que deseen ejercer con 
su título profesional de origen 
informarán a la autoridad competente 
del Estado miembro de acogida de su 
pertenencia a un grupo en su Estado 
miembro de origen y facilitarán la 
información precisa sobre dicho 
grupo. 
No obstante lo dispuesto en los puntos 
1 a 4, los Estados miembros de 
acogida que prohiban el ejercicio de la 
profesión de abogado en un grupo 
controlado por personas ajenas a la 
profesión, podrán prohibir a los 
abogados inscritos con su título 
profesional de origen que ejerzan en 
su territorio en calidad de miembros 
de su grupo si el poder de decisión en 
dicho grupo es ejercido 
mayoritariamente por personas que no 
posean la condición de abogado . No obstante lo dispuesto en los puntos 
1 a 4, los Estados miembros de 
acogida que prohiban el ejercicio de la 
profesión de abogado en un grupo 
controlado por personas ajenas a la 
profesión, podrán prohibir a los 
abogados inscritos con su título 
profesional de origen que ejerzan en 
su territorio en calidad de miembros 
de su grupo si el capital de este grupo, 
la utilización de la denominación con 
la que ejerce o el ejercicio del poder 
de decisión en el mismo están en 
manos, de hecho o de derecho, de 
personas que no posean la condición 
de abogado en el sentido del apartado 
2 del articulo 1 de la presente 
Directiva. 
Cuando las normas fundamentales que 
rijan a este grupo de abogados en el 
Estado miembro de origen sean 
incompatibles, bien con las normas 
vigentes en el Estado miembro de 
acogida, bien con las disposiciones 
del primer párrafo del presente punto, 
el Estado miembro de acogida podrá 
oponerse a la apertura de una 
sucursal o agencia en su territorio sin 
las restricciones establecidas en el 
punto 1 del presente articulo. 
33 
Artículo 12 
Denominación del grupo 
Independientemente de la forma con arreglo a 
la cual los abogados ejerzan su profesión con 
su título profesional de origen en el Estado 
miembro de acogida, éstos podrán mencionar 
la denominación del grupo del que forman 
parte en el Estado miembro de origen. El 
Estado miembro de acogida podrá exigir que 
se indique, además de dicha denominación, la 
forma jurídica del grupo en el Estado miembro 
de origen y/o los nombres de los miembros del 
grupo que ejerzan en el Estado miembro de 
acogida. 
Artículo 13 
Cooperación entre las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
acogida y del Estado miembro de 
origen 
Con el fin de facilitar la aplicación de la 
presente Directiva y evitar que se eludan, en 
su caso, sus disposiciones con el único fin de 
sustraerse a las normas aplicables en el Estado 
miembro de acogida, las autoridades 
competentes del Estado miembro de acogida y 
del Estado miembro de origen colaborarán 
estrechamente y se prestarán asistencia mutua. 
Dichas autoridades garantizarán la 
confidencialidad de la información que 
intercambien. 
^ 
Artículo 14 
Designación de la autoridad competente 
En el plazo previsto en el artículo 15, los 
Estados miembros designarán las autoridades 
competentes habilitadas para recibir las 
solicitudes y adoptar las decisiones a que se 
refiere la presente Directiva. Informarán de 
ello a los demás Estados miembros y a la 
Comisión. 
Artículo 15 
Incorporación 
Los Estados miembros adoptarán las 1, 
disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la 
presente Directiva a más tardar el 31 
de diciembre de 1996. Informarán 
inmediatamente de ello a la Comisión. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la 
presente Directiva a más tardar el 31 
de diciembre de 1997. Informarán 
inmediatamente de ello a la Comisión. 
Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones, éstas harán 
referencia a la presente Directiva o 
irán acompañadas de dicha referencia 
en su publicación. La forma que 
deberá adoptar dicha referencia será 
decidida por los Estados miembros. 
Los Estados miembros comunicarán a 
la Comisión el texto de las 
disposiciones básicas de Derecho 
interno que adopten en el ámbito 
regulado por la presente Directiva. 
35 
Artículo 16 
Entrada en vigor 
La presente Directiva entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas. 
Artículo 17 
Destinatarios 
Los destinatarios de la presente Directiva 
serán los Estados miembros. 
Hecho en Bruselas, el 
Por el Parlamento Europeo Por el 
Consejo 
El Presidente El Presidente 

3t. 
BSN 0257-9545 
COM(96) 446 final 
DOCUMENTOS 
ES 10 
N" de catálogo : CB-CO-96-454-ES-C 
ISBN 92-78-08789-0 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 
L-2985 Luxemburgo