COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO

relativa a la apertura de consultas con Burundi en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Asociación de Cotonú

La Comisión propone que la UE inicie consultas con Burundi, de conformidad con el artículo 96 del Acuerdo de Asociación ACP-UE firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (en lo sucesivo, el « Acuerdo de Cotonú »), en el que Burundi es Parte contratante. La presente propuesta sigue a un período de diálogo político reforzado, sobre la base del diálogo político ya mantenido en el marco del artículo 8 del Acuerdo de Cotonú. Este diálogo reforzado, que tuvo lugar entre octubre de 2014 y mayo de 2015, se centró en el clima político de Burundi, sobre todo a medida que la situación se iba tensando de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del verano de 2015. Los temas abordados fueron: las violaciones de los derechos humanos; la falta de independencia del sistema judicial; la violencia política de los Imbonerakure, la sección juvenil del partido en el poder, el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-las Fuerzas de Defensa de la Democracia (CNDD-FDD); las restricciones de las libertades civiles y las limitaciones de la libertad de expresión y de reunión; y el lanzamiento de amenazas a los disidentes, incluidos los del partido en el poder.

A pesar de la regularidad y del carácter sustantivo del diálogo reforzado en el marco del artículo 8, la reacción de Burundi en las conversaciones puso de manifiesto una minimización sistemática de los problemas detectados y de los riesgos políticos asociados a ellos. La posibilidad de una crisis política siguió siendo una gran amenaza.

Tras el anuncio el 25 de abril de 2015 de que el presidente Pierre Nkurunziza iba a buscar un tercer mandato, se produjo una escalada de la violencia política. Hasta la fecha, la crisis se ha cobrado más de 120 muertos y miles de heridos y ha obligado a más de 190 000 personas a buscar refugio en Tanzania, Uganda, Ruanda y la República Democrática del Congo, lo que agrava el riesgo de extensión de la violencia a la región circundante. Las manifestaciones de la oposición han sido reprimidas duramente, numerosos medios de comunicación han sido cerrados y ha habido un aumento generalizado, a lo largo de todo el espectro político, del uso de la violencia con fines políticos. Cabe señalar, entre otros, el fallido golpe de Estado y los ataques en curso perpetrados por grupos armados de diversas ideologías, como, recientemente, el asesinato del general Adolphe Nshimirimana, el intento de asesinato de Pierre Claver Mbonimpa, un destacado defensor de los derechos humanos, y el asesinato, el 15 de agosto de 2015, del coronel Jean Bikomagu, antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército.

La crisis actual pone de manifiesto tanto una escalada de la violencia como una radicalización de las posturas políticas en un país que ya era frágil y estaba dividido y que sistemáticamente no ha respetado el Estado de Derecho ni aplicado los principios democráticos.

La evolución negativa de la situación en Burundi se plasmó en el período previo a las elecciones generales y presidenciales de junio y julio. Las autoridades no cumplieron su compromiso de aplicación de la hoja de ruta de las elecciones, acordada en 2013, y la Comisión Electoral (CENI) no demostró ser independiente del Gobierno. De modo más general, el clima político, sobre todo en relación con las libertades fundamentales, impidió que hubiera un contexto electoral abierto y de libre competencia. La decisión de seguir adelante con las elecciones se adoptó unilateralmente, pese a que no se daban claramente las condiciones adecuadas para ello. Ello contribuyó a una pérdida de confianza en el entorno electoral por parte de los socios de Burundi y a un amplio boicot de las elecciones por los partidos de la oposición. En respuesta a esos acontecimientos, la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad/Vicepresidenta de la Comisión (AR/VP) decidió, el 28 de mayo de 2015, después de consultar con el jefe de los observadores de la UE y diputado del Parlamento Europeo David Martin, suspender la misión de observación electoral de la Unión Europea a Burundi. La misión de observación fue retirada definitivamente el 29 de junio de 2015. La razón de tal decisión fue que el proceso electoral seguía estando afectado muy negativamente por las restricciones a los medios de comunicación independientes, el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, la intimidación de los partidos de la oposición y de la sociedad civil, y la falta de confianza en las autoridades electorales.

A raíz de la degradación de la situación política, tanto la Comunidad del África Oriental como la Unión Africana adoptaron iniciativas para, en primer lugar, facilitar un diálogo entre burundeses, que podría dar lugar a un consenso político sobre el camino a seguir y, en segundo lugar, formular una serie de recomendaciones cuya aplicación abriría la puerta a la celebración de elecciones creíbles e integradoras. Desafortunadamente, las decisiones y recomendaciones de la Unión Africana y de la Comunidad del África Oriental no fueron aplicadas por las autoridades de Burundi.

El 28 de junio, la Unión Africana adoptó la decisión excepcional de no efectuar la observación de las elecciones (una decisión conforme con el comunicado de 13 de junio de 2015 del Comité Político y de Seguridad de la Unión Africana), señalando que no se daban las condiciones necesarias para la organización de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles, conforme a las disposiciones pertinentes de la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza.

La Misión de Observación de la Comunidad del África Oriental efectuó la observación de las elecciones presidenciales y concluyó, en su declaración preliminar de 23 de julio, que el proceso electoral no se ajustó a los principios y normas de celebración de elecciones libres, justas, pacíficas, transparentes y creíbles, como se establece en diferentes principios de observación y evaluación de elecciones internacionales, continentales y de la Comunidad del África Oriental.

La Misión de Observación Electoral de las Naciones Unidas en Burundi (MENUB) también observó el proceso electoral de enero de 2015, con arreglo a la Resolución del Consejo de Seguridad 2137 de 2014, y llegó a conclusiones similares: en su informe preliminar de 21 de julio, la MENUB señaló que las libertades de expresión, reunión y asociación, condiciones esenciales para el ejercicio efectivo del derecho al voto, estaban menoscabadas gravemente [...], que la libertad de los medios de comunicación seguía estando muy restringida [...] y que el entorno general no favorecía un proceso electoral integrador, libre y creíble».

El 23 de julio de 2015, la AR/VP declaró, en nombre de la UE, que la UE pondría en marcha los procedimientos de preparación de la apertura de las consultas del artículo 96, con el objetivo de garantizar que las autoridades de Burundi adoptaran las medidas necesarias para resolver la crisis. La UE ya había avisado previamente de esa medida en las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE de 22 de junio, en las que se indicaba que «La UE recuerda las obligaciones establecidas en virtud del Acuerdo de Cotonú en materia de respeto de los derechos humanos, de los valores democráticos y del Estado de Derecho, así como la posibilidad de iniciar los procedimientos de consulta contemplados en el acuerdo, incluido el artículo 96. En función de la reacción del gobierno de Burundi a las decisiones del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana y de la futura evolución de los acontecimientos, la UE está dispuesta a iniciar estos procedimientos, incluido en el ámbito de la cooperación, para garantizar que Burundi cumpla dichos compromisos.»

El artículo 9 del Acuerdo de Cotonú establece los elementos esenciales en los que se basa la Asociación, incluido el respeto de los principios democráticos y del Estado de Derecho. Esos elementos sustentan asimismo las políticas internas e internacionales. Sobre la base de dicho artículo, la Comisión Europea considera que es necesario un diálogo con las nuevas autoridades de Burundi. La situación actual justifica la apertura de consultas, de conformidad con los artículos 9 y 96 del Acuerdo de Cotonú, centrándose en:

1.Los principios democráticos (entorno político y proceso de celebración de elecciones, sistema judicial, tratamiento de cuestiones específicas relacionadas con el Estado de Derecho, incluidos la intimidación y el acoso, la detención arbitraria y el encarcelamiento). Podría incluirse el seguimiento, en apoyo de las decisiones y la mediación de la Unión Africana y la Comunidad del África Oriental, de un marco de consenso sobre el futuro democrático del país, teniendo en cuenta las actividades ya en curso, tales como el despliegue de observadores militares y en materia de derechos humanos de la Unión Africana, con el apoyo de los fondos de la UE.

2.Los derechos humanos (por ejemplo, el respeto de las libertades fundamentales, la no utilización de una fuerza desproporcionada contra los manifestantes y el cese de la tortura).

El objetivo global del diálogo sobre estas cuestiones sería animar a Burundi a que se comprometiera a adoptar medidas en un plazo de tiempo determinado en los ámbitos fundamentales de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, sobre la base de los principios establecidos en los Acuerdos de Arusha.

Este diálogo brindaría a las autoridades de Burundi la oportunidad de exponer sus puntos de vista sobre los aspectos planteados por la UE. La Comisión podría entonces decidir si, sobre esa base, podría apoyar los esfuerzos del país para mejorar el cumplimiento del artículo 9 del Acuerdo de Asociación de Cotonú.

Por consiguiente, la Comisión propone al Consejo que invite a Burundi a celebrar consultas en virtud de los artículos 9 y 96 del Acuerdo de Cotonú. Se adjunta a la presente propuesta un proyecto de carta a tal efecto.

La Comisión propone que las actividades de cooperación financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo o por otros instrumentos del presupuesto general de la UE que están actualmente en curso continúen durante el período de consulta, siempre que se cumplan las condiciones especiales establecidas en los convenios de financiación.