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Bruselas, 3.11.2005

COM(2005) 540 final

INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación

INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (Texto pertinente a efectos del EEE)

INTRODUCCIÓN

El presente documento se ha elaborado de conformidad con el artículo 16, apartado 3, de la Directiva 96/61/CE del Consejo relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación[1] (Directiva IPPC). Se centra en los años 2000 a 2002 y, por ende, se limita a 15 Estados miembros. Se trata del primer informe de esta naturaleza sobre la aplicación de la Directiva desde su entrada en vigor en octubre de 1999.

La Directiva IPPC tiene como objetivo la prevención y el control integrados de la contaminación proveniente de alrededor de 45 000 grandes instalaciones industriales situadas en toda la EU-15. Así, se ocupa de las principales emisiones al agua, la atmósfera y el suelo, así como de otros impactos ambientales, mediante un sistema que determina las condiciones del permiso basadas en las mejores técnicas disponibles (MTD).

Este informe resume la información transmitida por los Estados miembros sobre la base de un cuestionario adoptado por la Comisión[2]. Todos los Estados miembros contestaron al cuestionario. La mayoría lo hicieron con retraso. La Comisión no comprobó toda la información aportada por los Estados miembros, aunque encargó un estudio externo[3] para analizar las respuestas. Paralelamente, y tal como se presenta en este informe, la Comisión ha llevado a cabo su propio análisis sobre la conformidad de las legislaciones nacionales con la Directiva IPPC.

La Comisión ya planteó varias cuestiones fundamentales relativas a la aplicación en su comunicación «Hacia la producción sostenible» adoptada en junio de 2003[4]. Esta comunicación puso en marcha, además, una consulta sobre la aplicación y posible evolución de la Directiva IPPC, cuyos resultados también se tienen en cuenta en este informe.

AVANCES GENERALES EN LA APLICACIÓN

La Directiva IPPC se aplica a las nuevas instalaciones desde el 30 de octubre de 1999, fecha límite para su transposición. En lo que se refiere a las instalaciones existentes, la fecha final para lograr el cumplimiento completo de la Directiva es el 30 de octubre de 2007, a menos que alguna instalación esté sujeta a una «modificación sustancial» antes de esa fecha.

Retrasos en la transposición

En general, la transposición de la Directiva IPPC se ha llevado a cabo con considerables retrasos. A finales de 2004, todos los Estados miembros de la EU-15 habían realizado finalmente la transposición de la Directiva, pero todavía quedaban algunas lagunas en la legislación de algunos Estados miembros.

La Comisión ha comprobado la transposición de todos los antiguos Estados miembros. Se está comprobando la legislación de los nuevos Estados miembros. En la gran mayoría de los Estados miembros se han encontrado algunas deficiencias. Varios (Finlandia, Suecia y Austria) han modificado su legislación según las indicaciones señaladas por la Comisión, pero hay casos de infracción en curso contra Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Luxemburgo y los Países Bajos. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictaminó en 2004 por primera vez sobre la transposición incompleta de la Directiva IPPC en el caso de la legislación austríaca[5].

Diversos planteamientos de la transposición

Los diversos Estados miembros han utilizado varios planteamientos para realizar la transposición de la Directiva.

Muchos ya habían establecido sistemas integrados de permisos, mientras que otros (por ejemplo Francia y Suecia) sólo hicieron cambios relativamente pequeños en su legislación nacional preexistente. Esto también ha causado una considerable diversidad en los planteamientos concretos utilizados para realizar la transposición de la Directiva IPPC. En muchos de estos Estados miembros aún predominan algunos elementos de los sistemas preexistentes.

Otros Estados miembros (como Portugal, España y Grecia) que carecían de un sistema de permisos integrado desarrollaron, en general, nueva legislación, así como nuevos sistemas y procedimientos de permisos integrados, siguiendo las disposiciones de la Directiva de manera más precisa. No obstante, parece que algunos acumulan retrasos en el establecimiento de un sistema de permisos completamente operativo.

Número limitado de permisos IPPC concedidos

Los Estados miembros notificaron (para el período hasta el fin de 2002) alrededor de 45 000 instalaciones reguladas por la Directiva IPPC. Durante el primer período de referencia se concedieron permisos a 5 545 instalaciones para realizar modificaciones sustanciales (4 750) o como nuevas instalaciones (795). Esto representa aproximadamente el 13 % de todas las instalaciones.

Sin embargo, estas cifras no reflejan la cantidad total de permisos IPPC concedidos, ya que el cuestionario no requería la inclusión de cifras sobre permisos nuevos, actualizados o revisados para las instalaciones existentes. Por ello, en estos momentos únicamente podemos presentar una visión parcial de la situación del proceso de aplicación. Los Estados miembros han comenzado a autorizar asimismo las instalaciones existentes, o a revisar las condiciones de los permisos ya concedidos, pero todavía no se dispone de datos agregados para la UE.

No obstante, según los pocos datos disponibles, existen variaciones significativas entre Estados miembros con respecto al número de permisos concedidos. Por ejemplo, Italia, España y Portugal han notificado la concesión de menos de 10 permisos para «modificaciones sustanciales» de instalaciones existentes, mientras que otros Estados miembros han notificado un número mucho más elevado para el mismo tipo de instalaciones. Grecia no proporcionó dato alguno sobre el número de permisos concedidos.

Necesidad de acelerar los avances para garantizar la aplicación completa antes de octubre de 2007

En general, como se hizo constar en la comunicación de junio de 2003, algunos Estados miembros apenas han avanzado en la aplicación práctica de la Directiva.

Por tanto, existe preocupación por la posibilidad de que se presente un número desproporcionado de solicitudes de permisos justo antes del vencimiento del plazo en octubre de 2007. Ello podría ocasionar a las autoridades competentes una carga desmesurada de trabajo tal vez imposible de asumir. El resultado final podría ser que no se respetase el plazo establecido para la concesión o actualización de permisos, o que la atención reguladora se viese reducida y no se cumpliesen plenamente los requisitos de la Directiva.

Además, no basta con conceder simplemente un permiso antes del 30 de octubre de 2007. Las instalaciones han de tener tiempo suficiente para cumplir plenamente los requisitos de la Directiva antes de esta fecha. En particular, según lo dispuesto en el artículo 9, apartado 4, de la Directiva, la explotación de todas las instalaciones debe cumplir las condiciones fijadas en un permiso basado en las MTD, teniendo en cuenta las características técnicas de la instalación de que se trate, su implantación geográfica y las condiciones locales del medio ambiente.

Por tanto, la Comisión continúa exhortando a los Estados miembros a que adopten un enfoque planificado y proactivo para cumplir todos los requisitos de la Directiva antes del 30 de octubre de 2007.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE TRANSPOSICIÓN Y APLICACIÓN

Obligaciones generales de los titulares de instalaciones y solicitudes de permiso

En general, la transposición de estas disposiciones de la Directiva por parte de los Estados miembros ha sido correcta.

Coordinación entre las autoridades durante el procedimiento de concesión de permisos

Los Estados miembros han desarrollado diversos sistemas para garantizar la coordinación entre las autoridades. Algunos Estados miembros designan una sola autoridad, mientras que otros cuentan con distintas autoridades competentes (por ejemplo, Portugal, donde se han designado varias autoridades, siendo responsable cada una de ellas de parte del procedimiento: coordinación, consulta y concesión de los permisos). La coordinación entre estas autoridades puede ser más compleja en ciertos Estados miembros, por ejemplo, en Alemania y los Países Bajos, que continúan teniendo permisos específicos en materia de agua en ciertas circunstancias.

Determinación de las condiciones del permiso basadas en las MTD

La situación varía considerablemente entre los Estados miembros. Algunos han desarrollado documentos de orientación para ayudar a las autoridades competentes, mientras que otros no han publicado tales documentos. Ciertos Estados miembros han establecido legislación sectorial basada en las MTD.

La gran mayoría de los Estados miembros indica que los documentos de referencia de las MTD (BREF), publicados por la Comisión de conformidad con el artículo 16, apartado 2, de la Directiva sobre el intercambio de información sobre MTD, se tienen en cuenta de manera general y en determinados casos para la determinación de las MTD. Sin embargo, esto no se ha abordado de manera sistemática en toda la legislación aplicable. Debe señalarse que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha utilizado la información publicada en un BREF en el contexto de un auto[6] sobre la definición de residuos.

Condiciones de los permisos y modificación de las instalaciones

La mayoría de los Estados miembros ha integrado los requisitos de la Directiva relativos a las cuestiones que han de abordar las condiciones del permiso y la reglamentación de las modificaciones de instalaciones existentes realizadas por los titulares. Únicamente el Reino Unido comunicó la publicación de unas orientaciones específicas con la finalidad de ayudar a las autoridades competentes en la interpretación de la noción de «modificaciones sustanciales» de la explotación.

Varios Estados miembros (al menos 8) han utilizado la posibilidad aportada en la Directiva de establecer unas prescripciones obligatorias generales, habitualmente en forma de legislación, en lugar de establecer ciertos requisitos en las condiciones del permiso. En muchos casos, estas prescripciones estaban en vigor antes de la Directiva IPPC.

Reconsideración y estudio de los permisos

Tanto la reconsideración periódica como el estudio de los permisos son elementos esenciales para garantizar un sistema de reglamentación dinámico. Todos los Estados miembros hacen referencia a disposiciones legislativas para la revisión y actualización de permisos. Sin embargo, varios Estados miembros no han establecido procedimientos claros de revisión entre los que se cuenten, por ejemplo, frecuencias específicas de revisión.

Normas de calidad medioambiental

Todos los Estados miembros han señalado que los actos jurídicos nacionales o regionales realizan la transposición de la obligación de exigir condiciones adicionales de permisos IPPC en los casos en que una norma de calidad medioambiental exija condiciones más estrictas que las que se puedan lograr mediante el uso de MTD. No obstante, en la mayoría de los Estados miembros, no se ha notificado la existencia de tales casos. La explicación podría encontrarse bien en una aplicación incompleta de esta disposición, bien en el hecho de que las condiciones de las MTD son suficientes para cumplir las normas de calidad medioambiental en determinados casos. Sin embargo, en el primer caso, la obligación de que los Estados miembros cumplan una norma de calidad medioambiental la impone el instrumento comunitario que establece esa norma.

Cumplimiento de las condiciones del permiso

La mayor parte de los Estados miembros ha establecido procedimientos para comprobar el cumplimiento de las condiciones del permiso, habitualmente mediante inspecciones in situ . La frecuencia de las inspecciones y el uso del «autocontrol» llevado a cabo por los titulares o por organismos no administrativos (p. ej., laboratorios acreditados), varían según los Estados miembros. La mayoría de ellos ha introducido el requisito de que los titulares informen periódicamente a la autoridad competente de los resultados del control de las emisiones. Algunos Estados miembros todavía están desarrollando procedimientos para las inspecciones periódicas.

Los procedimientos y las frecuencias varían considerablemente entre los Estados miembros. Por ejemplo, la media de las inspecciones en Suecia es de cada dos años para cada instalación; Francia ha desarrollado un programa anual de inspecciones, y, en España, las autoridades competentes llevan a cabo inspecciones por propia iniciativa.

El número de medidas de ejecución (administrativas o penales) varía considerablemente entre los Estados miembros. Por ejemplo, los Países Bajos han notificado 310 medidas de ejecución, y Francia 148 procedimientos con resultado satisfactorio, mientras que varios Estados miembros no han informado sobre el número o tipo de medidas de ejecución llevadas a cabo durante el período de referencia.

Información y participación pública

Todos los Estados miembros comunicaron disposiciones legales para garantizar la disponibilidad de la información y participación pública en el procedimiento de concesión de permisos. Se suele conceder un plazo de aproximadamente un mes para la consulta pública acerca de las solicitudes de permisos.

Pocos Estados miembros (p. ej., Irlanda) señalaron que habían tomado medidas para informar al público de sus derechos de manera activa (por ejemplo, mediante publicaciones, folletos, campañas de información general o información distribuida por Internet). Habitualmente se informa al público a través de anuncios específicos de permisos (por ejemplo, en los periódicos o en tablones de anuncios oficiales).

Los Estados miembros no han comunicado que las restricciones establecidas en la Directiva 90/313/CE sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente[7], por ejemplo, en cuanto a la confidencialidad comercial e industrial, hayan ejercido ninguna influencia considerable.

Efectos transfronterizos

Los Estados miembros notificaron un número muy limitado de casos de cooperación transfronteriza. Esto puede deberse a la aplicación incompleta de la obligación de colaboración entre las autoridades competentes de los Estados miembros afectados por casos de posibles efectos transfronterizos. La mayoría de los Estados miembros no notificó ningún procedimiento para garantizar un acceso adecuado del público a la información y la participación en los procedimientos de concesión de permisos de otros Estados miembros.

Notificación de valores límite de emisión

Teniendo en cuenta los datos sobre los valores límite de emisión representativos notificados previamente por los Estados miembros, es difícil sacar conclusiones seguras en cuanto a las tendencias ascendentes o descendentes en estos valores. En muchos casos no es posible comparar los valores límite de emisión notificados con el objetivo de verificar su convergencia prevista debido a que los Estados miembros utilizan maneras muy diferentes de expresar esos valores en los permisos que otorgan (p. ej., durante distintos períodos de tiempo o con distintos requisitos estadísticos en relación con el cumplimiento). Teniendo en cuenta el uso limitado de estos datos, la Comisión intentará que este ejercicio se adapte mejor a los beneficios potenciales en el contexto del estudio de la Directiva.

OBSERVACIONES RECIBIDAS SOBRE LA DIRECTIVA IPPC

Una evaluación general positiva

Aunque algunos Estados miembros subrayaron su escasa experiencia práctica en la aplicación de la Directiva IPPC durante el período en cuestión, la visión general entre ellos es que la Directiva es un instrumento eficaz contra la contaminación procedente de instalaciones industriales, siendo beneficiosa en particular en cuanto al enfoque integrado y preventivo, la aplicación de las condiciones del permiso basadas en las MTD, la actualización de los permisos, la mejora del control y el acceso a la información y la participación pública en el procedimiento de concesión de permisos. Algunos Estados miembros subrayaron que la aplicación de la Directiva ha traído consigo simplificación administrativa y el reforzamiento del diálogo entre autoridades competentes y titulares. Los BREF publicados por la Comisión de conformidad con el artículo 16, apartado 2, de la Directiva se consideran herramientas útiles para la determinación y divulgación de las MTD.

Algunos Estados miembros expresaron su deseo de lograr una mayor coherencia técnica de la Directiva IPPC con otra legislación comunitaria sobre emisiones industriales, en particular con la Directiva 2001/80/CE sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión[8] y la Directiva 2000/76/CE relativa a la incineración de residuos[9].

Otras observaciones

La Comisión recibió alrededor de 100 respuestas a su comunicación de 2003 sobre la Directiva IPPC[10]. La gran mayoría de las partes interesadas no pide cambios drásticos en la Directiva sino que aboga por la estabilidad de la reglamentación. No obstante, varias respuestas proponen enmiendas técnicas para mejorar la Directiva.

Además, varios Estados miembros (en especial el Reino Unido y los Países Bajos) y algunas asociaciones industriales piden una modificación más amplia de la Directiva para lograr que el comercio de derechos de emisión, especialmente de NOx y SO2, tenga un mayor ámbito de aplicación, como alternativa al actual proceso de concesión de permisos basado en las MTD. Asimismo, existe una demanda prácticamente unánime de desarrollar documentos de orientación sobre cuestiones fundamentales de aplicación de la Directiva.

En su resolución de 28 de febrero de 2004, el Parlamento Europeo mostró una postura general positiva hacia la Directiva e invitó a los Estados miembros a dedicar todos los esfuerzos necesarios para aplicarla. Además, el Parlamento Europeo muestra su preocupación por las «variaciones significativas en la aplicación» y exige mayores esfuerzos para controlar la aplicación de la Directiva y desarrollar documentos de orientación.

PRÓXIMOS PASOS-PLAN DE ACCIÓN Y ESTUDIO DE LA DIRECTIVA

Dados los enormes retos y problemas que ha planteado la aplicación de la Directiva, la Comisión expresa su preocupación por el ritmo de su aplicación en algunos Estados miembros, y por ello ha decidido intensificar sus acciones tal y como se explica a continuación, con vistas a garantizar que el pleno cumplimiento se logre sin problemas y en el tiempo apropiado.

Acción 1. Garantizar la plena transposición de la Directiva

Varios Estados miembros aún no han realizado correctamente la transposición de la Directiva IPPC, de lo que se han derivado varios casos de infracción. La Comisión incoará diligentemente estos procedimientos de infracción para garantizar la plena transposición.

Acción 2. Control reforzado de los avances logrados hacia la aplicación completa de la Directiva IPPC antes del 30 de octubre de 2007

La aplicación completa de la Directiva IPPC antes de octubre de 2007 sigue siendo difícil en la gran mayoría de los Estados miembros. Ello exige un progreso rápido y un mayor apoyo político, así como recursos administrativos de las administraciones nacionales y de las autoridades competentes, para garantizar que se aplique la Directiva en el tiempo previsto.

Por ello, la Comisión está elaborando indicadores con el objetivo de controlar con regularidad los avances de los Estados miembros hacia el cumplimiento del plazo el 30 de octubre de 2007. Los indicadores incluirán en particular información sobre el número de instalaciones identificadas y el número de permisos concedidos o actualizados por los Estados miembros. Esta información también se pondrá a disposición del público en Internet.

La Comisión también visitará a las autoridades de los Estados miembros en los que se requieran mayores esfuerzos adicionales para lograr la aplicación completa de la Directiva.

Acción 3. Comprobación del cumplimiento

La Comisión ha recibido hasta ahora muy pocas quejas sobre la posible aplicación inadecuada de la Directiva IPPC en determinadas instalaciones.

Sin embargo, dados los riesgos de posible abuso de la flexibilidad inherente de la Directiva, la Comisión ha puesto en marcha varias acciones para comprobar su aplicación:

- La Comisión intensificará el uso del Registro Europeo de las Emisiones Contaminantes (EPER)[11] para identificar los principales emisores industriales y para examinar la aplicación de la Directiva IPPC en estas instalaciones. En especial, la Comisión ha identificado las instalaciones responsables de emisiones importantes de un agente contaminante específico[12] y supervisará las medidas tomadas por los Estados miembros para garantizar que estas instalaciones cumplan plenamente la Directiva IPPC antes del 30 de octubre de 2007.

- La Comisión también ha puesto en marcha un proyecto para seguir estudiando los avances en la aplicación de la Directiva en los Estados miembros y, por lo que se refiere a 30 instalaciones específicas IPPC que deben seleccionarse en toda la UE, para evaluar en qué medida los permisos y el comportamiento de las instalaciones cumplen los requisitos de la Directiva.

- En 2006, la Comisión pondrá en marcha un proyecto para considerar en qué medida las normas generales vinculantes creadas en ciertos Estados miembros cumplen los requisitos de la Directiva.

En caso de aplicación inadecuada de la Directiva debidamente constatado por la Comisión, ésta llevará a cabo todas las acciones requeridas, incluidos procedimientos de infracción si fuese necesario. En este contexto, una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas[13] contra Grecia puede tener consecuencias importantes para posibles casos de aplicación referentes a la Directiva IPPC. Según el Tribunal de Justicia, Grecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 84/360/CEE relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de las instalaciones industriales[14], al no haber definido políticas o estrategias para adaptar progresivamente una central eléctrica situada en Linoperamata a la mejor tecnología disponible.

Acción 4. Finalización de la primera ronda de BREF y comienzo de su revisión

Los BREF son herramientas importantes para la aplicación de la Directiva. La Comisión está haciendo todos los esfuerzos posibles para asegurarse de que la primera ronda de BREF (que comprende 32 BREF) concluya hacia finales de 2005. Asimismo, el proceso de revisión de algunos BREF existentes para los que se dispone de información nueva y conocimientos esenciales resultantes de las investigaciones, se está negociando con los Estados miembros y las industrias interesadas y comenzará en 2005.

Acción 5. Necesidad de aclarar ciertas cuestiones jurídicas y de revisar técnicamente la Directiva

Las recientes consultas con los Estados miembros han indicado que son principalmente la interpretación de las descripciones de las actividades del anexo I de la Directiva y el término «instalación» las cuestiones que necesitan una mayor orientación con vistas a su aplicación. Por ello, la Comisión está trabajando codo con codo con los Estados miembros para ayudar a preparar tal orientación, que debe concluirse en 2006 y publicarse en Internet. Estos documentos están basados, entre otras cosas, en interpretaciones existentes proporcionadas por la Comisión desde que se adoptó la Directiva.

La Comisión también ha señalado la necesidad de revisar técnicamente la Directiva IPPC para aclarar algunas ambigüedades y para garantizar una mejor legislación. Además, el desarrollo de las estrategias temáticas como parte del Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente[15] ha puesto de manifiesto que la Directiva IPPC representa una importante posibilidad de contribuir a estas iniciativas, y también se están considerando en este contexto las posibles modificaciones de la Directiva (en especial por lo que se refiere a su ámbito de aplicación).

Acción 6. Evaluación de los modos de racionalizar la legislación existente relativa a las emisiones industriales en el contexto de «Legislar mejor»

La consulta que se puso en marcha en 2003 a través de la comunicación relativa a la aplicación de la Directiva IPPC, así como los debates en el Consejo (especialmente en el contexto del ejercicio de simplificación legislativa[16]) y la reciente comunicación de la Comisión «Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en la Unión Europea»[17], señalan que existe una necesidad de revisar la interacción de la Directiva IPPC con otros actos legislativos. Este problema también se abordó específicamente en los informes publicados por la Red europea para la aplicación y el cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente (IMPEL)[18].

Por ello, en el marco de la revisión de la Directiva IPPC, la Comisión está analizando el modo de racionalizar la legislación existente sobre emisiones industriales (la Directiva IPPC y la legislación sectorial relevante, como las Directivas sobre grandes instalaciones de combustión, incineración de residuos y el uso de disolventes orgánicos[19]).

Acción 7. Evaluación del uso de posibles instrumentos basados en el mercado y otros incentivos

La Directiva IPPC se basa en un concepto dinámico según la definición de MTD. Sin embargo, en la práctica, una vez que se ha concedido un permiso IPPC, y dependiendo del planteamiento adoptado por la autoridad competente, los titulares podrán adoptar un planteamiento minimalista y estático para garantizar que se cumplan las condiciones del permiso de manera estricta.

Por tanto, la Comisión está evaluando el desarrollo de incentivos, en el marco de la revisión de la Directiva IPPC, por ejemplo mediante instrumentos basados en el mercado (p. ej., sistemas de comercio de derechos de emisión, impuestos y gravámenes), para animar a los titulares a que superen los requisitos legales impuestos conforme a la Directiva IPPC y apoyen tecnologías medioambientales innovadoras.

OBSERVACIONES FINALES

La revisión de la Directiva IPPC se realizará a lo largo de 2006 y concluirá en 2007 mediante una comunicación de la Comisión acompañada por una propuesta legislativa, si procede. La Comisión está creando un grupo consultivo para la revisión de la Directiva IPPC con objeto de garantizar una consulta y un diálogo estrecho con los Estados miembros y otras partes interesadas. También se organizará una audiencia pública en 2006.

En la revisión se evaluará el ámbito de aplicación para mejorar el funcionamiento de la Directiva, así como otra legislación relacionada con las emisiones industriales, pero sin alterar sus principios subyacentes fundamentales ni su nivel de ambición. Sin embargo, esto no debería desviar la atención de los Estados miembros de una aplicación apropiada y oportuna de la Directiva. En particular, la primera prioridad de los Estados miembros debería continuar siendo la aplicación completa de la Directiva antes del 30 de octubre de 2007.

[1] DO L 257 de 10.10.1996, p. 26.

[2] Decisión de la Comisión de 31 de mayo de 1999 referente al cuestionario sobre la Directiva 96/61/CE del Consejo relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, DO L 148 de 15.6.1999, p. 39.

[3] Analysis of Member States’ first implementation reports on the IPPC Directive , LDK-ECO, junio de 2004, véase http://europa.eu.int/comm/environment/ippc/ippc_ms_implementation.htm#ImplementationReps.

[4] COM(2003) 354 final, «Hacia la producción sostenible-Avances en la aplicación de la Directiva 96/61/CE del Consejo relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación».

[5] C-78/04 Comisión / Austria (Sentencia de 18.11.2004, DO C 6 de 8.1.2005, p.18)

[6] C-235/02 Petición de decisión prejudicial (auto de 25.1.2004, DO C 94 de 17.4.4, p.13).

[7] L 158 de 23.6.1990, p. 56.

[8] DO L 309 de 27.11.2001, p. 1.

[9] DO L 332 de 28.12.2000, p. 91.

[10] Para más información sobre la consulta, véase http://europa.eu.int/comm/environment/ippc/ippc_ms_implementation.htm#CommCommunication

[11] Decisión 2000/479/CE; DO L 192 de 28.7.2000, véase www.eper.cec.eu.int.

[12] Véase el informe de revisión EPER http://www.eper.cec.eu.int/eper/documents/EPER%20Review%20report,%20final.pdf.

[13] C-364/03 Comisión / Grecia (Sentencia de 7.7.2005, DO C 217 de 3.9.2005, p. 9).

[14] DO 1984 L 188, p. 20.

[15] Decisión 1600/2002/CE por la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente; DO L 242 de 10.9.2002, p. 1.

[16] Véanse, por ejemplo, las conclusiones del Consejo Europeo de 23 de marzo de 2005, http://register.consilium.eu.int/pdf/es/05/st07/st07619-re01.es05.pdf.

[17] COM (2005) 97 final de 16.3.2005.

[18] Véase http://europa.eu.int/comm/environment/impel/

[19] Directiva 1999/13/CE del Consejo, de 11 de marzo de 1999, relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones; DO L 85 de 29.3.1999, p. 1.