ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
16.

Acoge con satisfacción las medidas adoptadas por la Unión para hacer frente a la crisis de la COVID-19, la inyección de liquidez por parte del BCE, el aumento del capital del BEI para las pymes y la iniciativa SURE para ayudar a los Estados miembros a financiar regímenes de trabajo a corto plazo, mantener el empleo y proteger a los trabajadores; celebra asimismo los medios financieros extraordinarios del marco de ayudas estatales para apoyar a las empresas, por lo demás solventes, y los trabajadores a contrarrestar las consecuencias económicas de la pandemia; pide, no obstante, a la Comisión que vele por que la ayuda facilitada en la fase de emergencia esté justificada por las consecuencias de la pandemia y no dé lugar a una falta de competencia efectiva en el mercado único, y que no se ignore a ningún sector estratégico; aguarda con impaciencia, además, una revisión oportuna de las normas de la Unión sobre ayudas estatales a fin de ofrecer a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para un apoyo específico a la hora de impulsar la descarbonización y la digitalización industriales, y en especial de directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía; hace hincapié, a este respecto, en que cualquier revisión de las normas sobre ayudas estatales debe basarse en una evaluación de impacto de la competitividad de la industria europea, debe tener en cuenta las posibles distorsiones a escala mundial, y debe ser plenamente coherente con los objetivos medioambientales y de neutralidad climática de la Unión para 2050 acordados en la Ley Europea del Clima;
1.

Cree en los beneficios económicos y sociales evidentes de un mercado único digital operativo para la Unión y sus Estados miembros; acoge con satisfacción estos beneficios, en particular la mejora del acceso a la información y el refuerzo de la libertad de expresión; destaca la importante obligación de garantizar un ecosistema digital justo en el que se respeten los derechos fundamentales consagrados en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular la libertad de expresión y de información, la no discriminación, la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación y la protección de la intimidad y de los datos personales, y se garantice la seguridad de los usuarios en línea; hace hincapié en que las intervenciones legislativas y otras intervenciones reguladoras en el mercado único digital destinadas a garantizar el cumplimiento de esta obligación deben limitarse estrictamente a lo necesario; recuerda que los mecanismos de eliminación de contenidos que se utilizan sin las garantías de un proceso debido contravienen el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos;
15.

Considera que la financiación pública y privada debe tener en cuenta el Reglamento por el que se establece una taxonomía y atenerse al principio de «no causar un perjuicio significativo», a fin de garantizar que las políticas y la financiación de la Unión, incluido el presupuesto de la UE, los programas financiados mediante Next Generation EU, el Semestre Europeo y la financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) no contribuyan a proyectos y actividades que causen un perjuicio significativo a objetivos sociales o medioambientales, no mermen la competitividad económica y no destruyan empleo; destaca que los presupuestos públicos y la banca pública no podrán corregir por sí solos los déficits de inversión; señala que cada año diez grandes bancos europeos siguen invirtiendo más de 100 000 000 000 EUR en combustibles fósiles; recuerda que, con arreglo al Reglamento por el que se establece una taxonomía, la Comisión debe adoptar antes de acabar 2020 un acto delegado que defina criterios técnicos de selección para las actividades que contribuyan sustancialmente a la mitigación del cambio climático y la adaptación a este;
13.

Reconoce los beneficios fundamentales para el clima de los bosques y del sector forestal; reitera la necesidad de promover de manera equilibrada los aspectos ambientales, económicos y sociales de los bosques y de la gestión forestal, al tiempo que se refuerzan los beneficios climáticos generales derivados de los bosques y la cadena de valor forestal, en particular la captura de CO 2 , el almacenamiento de carbono en los productos de la madera y la sustitución de materiales; destaca la necesidad de mantener, seguir promoviendo y, cuando sea posible, aumentar la captura de CO 2 en los bosques hasta un nivel que permita la gestión sostenible de todas las funciones forestales, el almacenamiento de carbono in situ , también en los bosques agrícolas, la madera muerta y el suelo forestal y los productos derivados de la madera mediante la gestión forestal sostenible activa; señala que los bosques capturan más del 10 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión; señala que debe promoverse la utilización de la madera como material de construcción sostenible ya que nos permite avanzar hacia una economía más sostenible; anima a la Comisión a que explore diferentes mecanismos basados en el mercado para incentivar la sustitución de los combustibles fósiles por materias primas renovables que ofrezcan beneficios para el clima; destaca el papel fundamental de los materiales a base de madera a la hora de sustituir las alternativas basadas en los combustibles fósiles con una huella ambiental más alta de carbono en industrias como la industria de la construcción, la industria textil, la industria química y el sector del embalaje, así como la necesidad de tomar plenamente en consideración los beneficios para el clima y el medio ambiente de esta sustitución de materiales; destaca, además, los beneficios todavía infrautilizados de la sustitución de los productos de un solo uso, en particular los plásticos, por productos sostenibles derivados de la madera; subraya que debe aumentar el uso circular de los productos derivados de la madera para promover el uso de nuestros recursos sostenibles, promover la eficiencia en el uso de los recursos, la reducción de los residuos y la ampliación del ciclo de vida del carbono para la implantación de una bioeconomía circular sostenible y local;
11.

Acoge favorablemente la idea del Foro de Alto Nivel de establecer un punto de acceso único europeo que reúna información sobre las empresas en la Unión mediante la interconexión de los registros y las bases de datos empresariales nacionales y de la Unión, como una forma de apoyar a las empresas a atraer inversores, en particular en los Estados miembros de menor dimensión; incide en que las empresas han de ser capaces de controlar la disponibilidad de sus datos en dicho punto de acceso; insta a la Comisión a que presente una propuesta legislativa relativa a un punto de acceso único europeo a la información financiera y no financiera en lo que respecta a las empresas de la Unión cotizadas y no cotizadas, respetando asimismo el principio de proporcionalidad, cuando proceda; pide a la Comisión que racionalice los requisitos de transparencia en virtud de la Directiva relativa a la divulgación de información no financiera con los previstos en el Reglamento por el que se establece una taxonomía y en el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros;
26.

Considera, no obstante, que cualquier acuerdo político sobre el próximo MFP debería alcanzarse a finales de octubre a más tardar, a fin de no poner en peligro el comienzo fluido de los nuevos programas a partir del 1 de enero de 2021; recuerda que, en caso de que no se adopte a tiempo un nuevo MFP, el artículo 312, apartado 4, del TFUE prevé la prórroga temporal del límite máximo y otras disposiciones del último año del marco vigente; señala que el plan de contingencia del MFP es plenamente compatible tanto en términos jurídicos como políticos con el plan de recuperación y la adopción de los nuevos programas del MFP;
—

Visto el informe del grupo de expertos sobre responsabilidad y nuevas tecnologías de la Comisión titulado «Liability for artificial intelligence and other emerging digital technologies» (Responsabilidad civil sobre inteligencia artificial y otras tecnologías digitales emergentes), publicado el 21 de noviembre de 2019,
6.

Reconoce la importancia de los viajeros internacionales para nuestro sector turístico; pide, por lo tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen si podrían levantarse las restricciones a los viajes no esenciales aplicadas en las fronteras exteriores de la Unión sin poner en riesgo la salud y la seguridad públicas, teniendo en cuenta la situación epidemiológica en cada uno de los terceros países y trabajando en aras del reconocimiento mutuo de las medidas de protección contra la COVID-19, en particular en el sector de la aviación, de conformidad con las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y el documento conjunto de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) titulado «COVID-19 Aviation Health Safety Protocol: Operational Guidelines for the management of air passengers and aviation personnel in relation to the COVID-19 pandemic» (COVID-19 — Protocolo de seguridad sanitaria para la aviación: directrices para la gestión de los pasajeros aéreos y del personal de aviación en relación con la pandemia del COVID-19) para el restablecimiento seguro de los servicios de transporte aéreo en Europa, e insta a su rápida aplicación;
42.

Subraya que el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias (conocido más comúnmente como libertad de religión o creencias), que abarca el derecho a no creer y a profesar opiniones teístas, no teístas, agnósticas o ateas así como el derecho a la apostasía y a no profesar ninguna religión, debe ser garantizado en todo el mundo y protegido sin condiciones; insta a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros a que intensifiquen la defensa de la libertad de religión o creencias y a que inicien un diálogo interreligioso con Estados, representantes de la sociedad civil y grupos religiosos, no confesionales, humanistas y filosóficos e iglesias y asociaciones y comunidades religiosas con el fin de evitar actos de violencia, persecución, intolerancia y discriminación por motivos de pensamiento, conciencia, opiniones filosóficas, religión o creencias; lamenta que existan leyes contra la conversión y la blasfemia que limitan de forma efectiva la libertad de religión o de creencias de las minorías religiosas y personas ateas e incluso les privan de dicha libertad; insta asimismo a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros a que apliquen plenamente las directrices de la UE relativas a la libertad de religión o creencias;
G.

Considerando que en septiembre de 2016 se modificó la ley turca sobre municipios en el marco de un decreto de estado de excepción para facilitar la destitución administrativa de alcaldes acusados de tener vínculos con el terrorismo y su sustitución por gobernadores provinciales; que la Comisión de Venecia pidió a las autoridades turcas que derogaran las disposiciones introducidas por el Decreto ley turco n.o 674, de 1 de septiembre de 2016, que no eran estrictamente necesarias en el estado de excepción, en particular aquellas relativas a las normas que permitían cubrir las vacantes en los cargos de alcalde, vicealcalde y concejal por medio de nombramientos;
19.

Pide a los Estados miembros y a los fabricantes de vehículos que coordinen las adaptaciones de hardware obligatorias para los vehículos diésel no conformes, en particular las adaptaciones de hardware de RCS, al objeto de reducir las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO 2 ) y depurar el parque móvil existente; considera que los costes de estas adaptaciones deben correr a cargo del fabricante de vehículos responsable;
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Visto el Comunicado conjunto de la 14.a reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE y Asia Central, celebrada el 23 de noviembre de 2018 en Bruselas, titulado «EU-Central Asia — Working together to build a future of inclusive growth, sustainable connectivity and stronger partnerships» (UE-Asia Central — Trabajar juntos para construir un futuro de crecimiento integrador, conectividad sostenible y asociaciones más sólidas) (6),
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Visto su estudio, de abril de 2018, titulado «Targeted sanctions against individuals on grounds of grave human rights violations — impact, trends and prospects at EU level» (Sanciones selectivas impuestas a personas físicas por violaciones graves de los derechos humanos — Repercusiones, tendencias y perspectivas a nivel de la Unión),
1.

Observa que los Tratados, los reglamentos constitutivos de las agencias y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como la Declaración Común y el Planteamiento Común, contemplan mecanismos para garantizar la rendición de cuentas por parte de las agencias; destaca que, a través de la atribución de competencias, el Parlamento tiene facultades de control sobre las agencias descentralizadas, facultades que, sin embargo, no se detallan en los Tratados; pone de relieve, a este respecto, el carácter no vinculante de la Declaración Común y el Planteamiento Común; lamenta, no obstante, que las instituciones aún no hayan acordado un marco reglamentario vinculante;
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Visto el Premio Nobel de la Paz de 2017 otorgado a la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), y su declaración de 1 de febrero de 2019 titulada «US withdrawal from INF Treaty puts Europe (and the world) at risk» (La retirada estadounidense del Tratado INF pone en peligro a Europa (y al mundo)),
19.

Advierte de los efectos adversos de la no aplicación de las preferencias arancelarias en relación con los productos del territorio no autónomo del Sáhara Occidental y lo que esto significa para las jóvenes generaciones que invierten o desean invertir en el territorio, y su potencial para desarrollarlo; subraya el riesgo de que las actividades se trasladen a regiones en las que sí se beneficiarían de las preferencias; observa que, según la Comisión, si no se aplicasen las preferencias arancelarias, podría empeorarse la situación económica y social de la población local en los territorios afectados;
16.

Es consciente de los avances logrados por las partes tanto en la búsqueda de soluciones a las barreras comerciales como en la aplicación de la mayoría de las disposiciones del Acuerdo, en particular en lo que respecta a las cuestiones sanitarias y fitosanitarias, a las normas de origen y a los obstáculos técnicos al comercio; recuerda, no obstante, que los casos de antidumping no deben infringir las normas esenciales del Acuerdo Antidumping de la OMC;
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Visto el informe del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, de 9 de marzo de 2018, titulado «Skill needs anticipation: systems and approaches. Analysis of stakeholder survey on skill needs assessment and anticipation» (Previsión de las necesidades de capacidades: sistemas y enfoques. Análisis de la encuesta a las partes interesadas sobre la evolución y la previsión de las necesidades de capacidades),
18.

Manifiesta su preocupación por los crecientes casos de violencia y asesinatos ligados a la delincuencia organizada, que tienen un efecto perjudicial sobre la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie; celebra que las autoridades hayan detectado este problema, aunque pide acciones preventivas más enérgicas, incluido el uso del decomiso de activos no basado en condena; elogia la investigación, enjuiciamiento e imposición de condenas en casos de corrupción de alto nivel; reconoce, no obstante, que se debe continuar esta tendencia, en particular en casos de blanqueo de capitales y tráfico de seres humanos;
8.

Señala, no obstante, que las ciudades no disponen en ocasiones ni de los instrumentos adecuados ni de la capacidad administrativa para participar en las licitaciones para la obtención de fondos de la Unión; acoge con satisfacción, por consiguiente, el establecimiento de una «ventanilla única» para las ciudades, con un sitio internet y documentos que deben estar disponibles en todas las lenguas oficiales de la Unión; pide que se mejoren la coordinación y la integración de los instrumentos y los programas dedicados a las ciudades en distintas políticas de la Unión, mejora que podría conseguirse mediante el nombramiento de un comisario que asuma el liderazgo político en esta cuestión para imprimir una orientación estratégica a dichas políticas, de forma coherente con la atención cada vez mayor que las políticas europeas prestan a las zonas urbanas y teniendo asimismo en cuenta la diversidad de las diferencias que hay entre las autoridades locales europeas y las posibilidades que encierra cada una de ellas; resalta la importancia de favorecer un enfoque que resulte más equilibrado por lo que a las ciudades respecta, independientemente de su tamaño, en lo relativo al acceso a los correspondientes instrumentos y programas, en particular fomentando las capacidades consultivas;
—

Visto el Informe PEPPER III, titulado «Promotion of employee participation in profits and enterprise results in the New Member and Candidate Countries of the European Union» (Fomento de la participación de los trabajadores en los beneficios y los resultados de la empresa en los nuevos Estados miembros y los países candidatos de la Unión Europea), publicado en junio de 2006 por la Universidad Libre de Berlín,
10.

Condena el restablecimiento continuo de controles en las fronteras interiores, ya que ello socava los principios básicos del espacio Schengen; opina que muchas de las prolongaciones no están en consonancia con las normas vigentes por lo que se refiere a su duración, necesidad o proporcionalidad, por lo que son ilegales; lamenta que los Estados miembros no hayan tomado las medidas adecuadas para garantizar la cooperación con otros Estados miembros interesados con el fin de minimizar los efectos de dichas medidas, y que no hayan facilitado justificaciones satisfactorias de las razones de tales controles ni información suficiente sobre sus resultados, obstaculizando así el análisis de la Comisión y el control del Parlamento; lamenta la práctica llevada a cabo por los Estados miembros de modificar artificialmente la base jurídica del restablecimiento para ampliarlo más allá del período máximo permitido en las mismas circunstancias de hecho; considera que las repercusiones económicas, políticas y sociales de esta práctica son perjudiciales para la unidad del espacio Schengen y nocivas para la prosperidad de los ciudadanos europeos y el principio de libre circulación; reitera que el legislador de la Unión ha adoptado numerosas medidas en los últimos tres años para reforzar las fronteras exteriores y el control de las fronteras exteriores; subraya que no ha habido una reacción correspondiente por lo que respecta a la eliminación de los controles en las fronteras interiores;
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Visto el estudio titulado «Fit for purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants» (¿Es apropiado?: la Directiva de ayuda y la penalización de la ayuda humanitaria a migrantes irregulares), publicado por su Dirección General de Políticas Internas en 2016,
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Visto el Reglamento (CE) n.o 1224/2009, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) n.o 847/96, (CE) n.o 2371/2002, (CE) n.o 811/2004, (CE) n.o 768/2005, (CE) n.o 2115/2005, (CE) n.o 2166/2005, (CE) n.o 388/2006, (CE) n.o 509/2007, (CE) n.o 676/2007, (CE) n.o 1098/2007, (CE) n.o 1300/2008 y (CE) n.o 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 2847/93, (CE) n.o 1627/94 y (CE) n.o 1966/2006 (3),
14.

Hace hincapié en que los menores no deben ser detenidos por motivos de inmigración y pide a los Estados miembros que alojen a todos los menores y familias con hijos en emplazamientos no privativos de libertad y basados en la comunidad en tanto no se tramite su situación migratoria;
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Vistos el estudio de la Comisión titulado «ICT for work: Digital skills in the workplace» (Las TIC en el trabajo: competencias digitales en el lugar de trabajo), y la Comunicación de la Comisión, de 10 de junio de 2016, titulada «Una nueva Agenda de Capacidades para Europa – Trabajar juntos para reforzar el capital humano, la empleabilidad y la competitividad» (COM(2016)0381),
13.

Propone que los Estados miembros amplíen y pongan en común los temas de investigación apícola y los resultados obtenidos —como ya lo hace el consorcio «Apitherapy project»—, en especial cuando hayan recibido financiación de la Unión, con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos; pide, a este respecto, que se cree una base de datos digital común, armonizada a escala de la Unión, para el intercambio de información entre apicultores, investigadores y demás partes interesadas; pide a la Comisión, en este sentido, que promueva e impulse los proyectos de investigación apícola, tales como el programa de investigación de la EFSA comprendido en el proyecto «Collecting and Sharing Data on Bee Health: towards a European Bee Partnership» (Recopilación e intercambio de datos sobre la salud de las abejas: hacia una asociación europea para las abejas); considera que es esencial y debe incentivarse una mayor inversión pública y privada en conocimientos técnicos y científicos a escala nacional y de la Unión, en particular en aspectos genéticos y veterinarios y el desarrollo de medicamentos innovadores para las abejas; apoya la actividad de los institutos y laboratorios de referencia de la Unión, que se traduce en una mejor coordinación de la investigación, en particular con fines de profundizar en las causas de la mortalidad de las abejas;
21.

Observa que, en materia de política exterior y de seguridad común, el Reino Unido, como país tercero, no estará en condiciones de participar en el proceso decisorio de la Unión y que las posiciones y acciones comunes de la Unión solo pueden ser adoptadas por los Estados miembros de la Unión Europea; señala, no obstante, que este hecho no excluye la posibilidad de mecanismos de consulta que permitan al Reino Unido alinearse con las posiciones de la Unión en materia de política exterior, acciones conjuntas, sobre todo en materia de derechos humanos, o cooperación multilateral, especialmente en los marcos de las Naciones Unidas, la OSCE y el Consejo de Europa; apoya la coordinación de la política de sanciones y su aplicación, incluidos los embargos de armas y la Posición Común sobre las exportaciones de armas;
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Visto el informe de la Comisión titulado «State of nature in the EU — Results from reporting under the nature directives 2007–2012» [Información en virtud de las Directivas relativas a la naturaleza entre 2007 y 2012: estado de la naturaleza en la Unión Europea],
—

Vistos los estudios del Observatorio Penal Europeo (EPO) titulados «From national practices to European guidelines: interesting initiatives in prisons management» (2013) y «National monitoring bodies of prison conditions and the European standards» (2015),
15.

Reconoce el potencial de los instrumentos financieros como una forma de financiación complementaria a las subvenciones y las ayudas; advierte, no obstante, de que los instrumentos financieros no son adecuados para todo tipo de acción y ámbito de intervención, ya que no todas las políticas se guían plenamente por los mercados; insta a la Comisión a simplificar las normas relativas al uso de los instrumentos financieros y a alentar la posibilidad de combinar varios recursos de la Unión al amparo de normas armonizadas, de forma que se creen sinergias y se evite todo tipo de competencia entre las diferentes modalidades de financiación; manifiesta su preocupación acerca de la opción de un fondo único que integraría los instrumentos financieros a escala de la Unión y concedería préstamos, garantías e instrumentos de distribución de riesgos entre las diferentes políticas, tal como formula el documento de reflexión en este contexto; señala que estudiará cuidadosamente esta propuesta;