N° C 243/2 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28. 9. 90 
II 
(Actos jurídicos preparatorios) 
COMISIÓN 
Propuesta de Directiva del Consejo sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores 
COM(90) 322 final — SYN 285 
(Presentada por la Comisión el 24 de julio de 1990) 
(90/C 243/02) 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó­
mica Europea y, en particular, su artículo 100 A, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
En cooperación con el Parlamento Europeo, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social, 
Considerando que es necesario adoptar i adidas para es­
tablecer progresivamente el mercado inte: or antes del 31 
de diciembre de 1992; que el mercado interior implica un 
espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circula­
ción de mercancías, personas, servicios y capitales está 
garantizada; 
Considerando que las legislaciones de los Estados miem­
bros relativas a las cláusulas de los contratos celebrados 
entre, por una parte, el vendedor de bienes o el presta­
dor de servicios y, por otra, el comprador son muy dis­
pares, lo cual da lugar a que los mercados nacionales de 
venta de bienes y servicios a los consumidores difieran 
entre sí y a que puedan producirse distorsiones de la 
competencia entre los vendedores, en especial cuando 
venden en Estados miembros distintos del suyo; 
Considerando que, en particular, las legislaciones de los 
Estados miembros que regulan las cláusulas abusivas 
contenidas en los contratos celebrados con consumidores 
presentan marcadas diferencias, y que lo mismo ocurre 
con las legislaciones nacionales que regulan la obligación 
que tiene el vendedor de mercancías de responder de la 
calidad de las mismas, de su adecuación al fin para el 
que se venden y de su conformidad con respecto al con­
trato, y la obligación que tiene el prestador de servicios 
de responder del funcionamiento de los mismos; Considerando que los consumidores no conocen las nor­
mas que regulan los contratos de venta de bienes y/o de 
prestación de servicios en los Estados miembros distintos 
del suyo; y que esta dificultad puede disuadirles de reali­
zar transacciones de adquisición de bienes o servicios de 
modo directo en otro Estado miembro; 
Considerando que para facilitar el establecimiento de un 
mercado único y para proteger al ciudadano en su papel 
de consumidor al comprar bienes y servicios mediante 
contratos que se rigen por leyes de Estados miembros 
distintos del suyo es indispensable eliminar las cláusulas 
abusivas de esos contratos; 
Considerando que los vendedores de bienes y prestado­
res de servicios se verán así ayudados en sus actividades 
de venta de bienes y prestación de servicios, tanto dentro 
de su país como en todo el mercado único; y que de este 
modo se verá fomentada la competencia entre vendedo­
res, contribuyendo así a una mayor opción de los ciuda­
danos de la Comunidad como compradores; 
Considerando que los programas comunitarios de polí­
tica de protección e información de los consumidores (') 
hicieron hincapié en la importancia de proteger a los 
consumidores contra las cláusulas contractuales abusivas; 
que esta protección deberían proporcionarla las disposi­
ciones legales y reglamentarias armonizadas a nivel co­
munitario o adoptados directamente a ese nivel; 
Considerando que con arreglo al principio establecido en 
el título «Protección de los intereses económicos de los 
consumidores», tal y como se indica en los programas: 
«Los compradores de bienes y servicios deben estar pro­
tegidos contra el abuso de poder del vendedor, en espe­
cial contra los contratos de adhesión y la exclusión abu­
siva de los derechos esenciales en los contratos»; 
(') DO n° C 92 de 25. 4. 1975, p. 1, 
DOn° C 133 de 3. 6. 1981, p. 1. 
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Considerando que puede lograrse una protección más 
eficaz de los consumidores adoptando normas uniformes 
relativas a las cláusulas abusivas; que dichas normas de­
berían ser de aplicación en todos los contratos con con­
sumidores, celebrados por escrito o verbalmente, y que 
consten (en caso de que sean por escrito) de uno o de 
varios documentos; 
Considerando que puede lograrse una protección más 
eficaz de los consumidores mediante la adopción de nor­
mas jurídicas que, en materia de cláusulas abusivas, se 
apliquen a todas las cláusulas; 
Considerando que los Estados miembros deben velar por 
que no se estipulen cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores por personas que ejerzan 
una actividad comercial industrial o profesional y que, 
caso de que a pesar de ello se haga uso de tales cláusu­
las, éstas se considerarán nulas, pero las demás cláusulas 
del contrato seguirán siendo válidas y éste seguirá siendo 
obligatorio para las partes con arreglo a esas cláusulas, 
siempre que las disposiciones nulas no afecten a su exis­
tencia; 
Considerando que es conveniente señalar determinados 
tipos de cláusulas que no podrán utilizarse en los contra­
tos celebrados con consumidores; 
Considerando que las personas u organizaciones, que, 
con arreglo a la legislación nacional, tengan un interés 
legítimo en el asunto, deben poder disponer de las medi­
das de incoar un procedimiento respecto de las cláusulas 
de los contratos celebrados con consumidores, en espe­
cial las cláusulas abusivas, ya sea ante un órgano judicial 
o ante una autoridad administrativa con competencia 
para decidir sobre las demandas o para emprender accio­
nes legales adecuadas; 
Considerando que los órganos judiciales o autoridades 
administrativas deben gozar de facultades que les permi­
tan ordenar u obtener la retirada de las cláusulas ilegales, 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
Artículo 1 
El propósito de la presente Directiva es aproximar las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros en materia de cláusulas abusivas en 
los contratos celebrados con consumidores. 
Artículo 2 
A los efectos de la presente Directiva: 
1. Una cláusula contractual será abusiva si, por sí misma 
o en combinación con otra u otras cláusulas del 
mismo contrato, o de otro del cual dependa, a cono­
cimiento de la persona o personas que celebran el pri­
mer contrato con el consumidor: — causa, en detrimento del consumidor, un desequi­
librio importante en los derechos y obligaciones de 
las partes derivados del contrato, o 
— implica una ejecución del contrato indebidamente 
desfavorable para el consumidor, o 
— implica una ejecución del contrato significativa­
mente diferente de aquella que el consumidor po­
dría legítimamente esperar, o 
— es incompatible con las exigencias de la buena fe. 
2. En el Anexo figura una lista de algunos tipos de cláu­
sulas abusivas. 
3. Se entenderá por «consumidor» una persona física 
que, en las transacciones reguladas por la presente Di­
rectiva, actúe con una propósito que pueda conside­
rarse ajeno a su actividad comercial, industrial o pro­
fesional 
4. Los términos «actividad comercial» y «actividad in­
dustrial» incluirán las actividades de los proveedores, 
ya sean de propiedad pública o privada, compren­
diendo también dichas expresiones la venta, arrenda­
miento u otro tipo de suministro de aparatos por 
parte de dichos proveedores. 
5. La conformidad o no conformidad a derecho de una 
cláusula contractual se determinará con referencia al 
momento en que se celebre el contrato, a las circuns­
tancias que lo acompañen en ese momento y a las de­
más cláusulas del contrato. 
Artículo 3 
Los Estados miembros: 
— prohibirán el uso de cláusulas abusivas en todos los 
contratos celebrados con un consumidor por una per­
sona que ejerza una actividad comercial, industrial o 
profesional; esta prohibición se entenderá sin perjui­
cio del derecho del vendedor a obtener una indemni­
zación de su proprio proveedor, y 
— preverán que si, a pesar de esta prohibición, se utili­
zan cláusulas abusivas en un contrato, éstas sean nu­
las, que las restantes cláusulas del contrato continúen 
siendo válidas y que el contrato siga siendo obligato­
rio para las partes con arreglo a esas cláusulas, siem­
pre que las dipsosiciones nulas no afecten a su exis­
tencia. 
Artículo 4 
1. Los Estados miembros velarán por que, en interés 
de los consumidores, los competidores y el público en 
general, existan medios adecuados y eficaces para con­
trolar las cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
con consumidores y las cláusulas de los contratos de 
venta de bienes o de prestación de servicios a los mismos. 
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2. Los medios incluirán disposiciones legales que per­
mitan a las personas y organizaciones que, con arreglo a 
la legislación nacional, tengan un interés legítimo en la 
protección de los consumidores, recurrir ante los órga­
nos judiciales o ante las autoridades administrativas com­
petentes para que adopten una decisión para determinar 
si las cláusulas utilizadas en tal contrato son compatibles 
con las disposiciones de la presente Directiva. cumplir la presente Directiva, a más tardar, el 31 de di­
ciembre de 1992. Informarán inmediatamente de ello a la 
Comisión. Dichas disposiciones se aplicarán a todos los 
contratos celebrados con consumidores después del 31 de 
diciembre de 1992. 
Las disposiciones adoptadas en virtud del párrafo pri­
mero se referirán explícitamente a la presente Directiva. 
Artículo 5 
A más tardar, el 31 de diciembre de 1997, la Comisión 
presentará al Consejo un informe sobre la aplicación de 
la presente Directiva. 2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión 
los textos de las disposiciones básicas de Derecho interno 
que adopten en el ámbito regulado por la presente Di­
rectiva. 
Artículo 6 
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para Artículo 7 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Esta­
dos miembros. 
ANEXO 
Los siguientes tipos de cláusulas serán abusivas si tienen por objeto o por efecto: 
a) eximir de, o limitar la responsabilidad de una parte contratante en caso de muerte o accidente personal 
del consumidor debidos a una acción u omisión de la mencionada parte contratante; 
b) permitir que una persona que venda bienes o preste servicios altere los términos del contrato de forma 
unilateral, o ponga fin unilateralmente a un contrato de duración indefinida al dar un período de prea-
viso excesivamente corto. Esta prohibición no impedirá a los proveedores de servicios financieros: 
— alterar el tipo de interés de los préstamos o créditos concedidos por ellos o la cuantía de otros gastos 
derivados de aquéllos, ni 
— poner fin unilateralmente a un contrato de duración indefinida, siempre que el contrato confiera la 
facultad de hacerlo y exija que se dé a la otra u otras partes contratantes un preaviso adecuado de la 
alteración o finalización. 
Por otra parte, esta letra b) no afectará: 
— a la aplicación de cláusulas de indexación de precios siempre que sea legal, 
— a las transacciones en bolsa, 
— a los contratos de compra de divisas; 
c) 1) privar al consumidor, en cuanto comprador conforme a un contrato de venta de mercancías, del 
derecho a: 
recibir mercancías que estén en conformidad con el contrato y convengan al propósito para el 
cual fueron vendidas, 
— denunciar la presencia de defectos ocultos en las mercancías, 
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— exigir al vendedor (en caso de que las mercancías suministradas no sean conformes al contrato o 
no convengan al propósito para el cual fueron vendidas): 
— que le reembolse en su integridad el precio de venta, o bien, 
— que le cambie las mercancías por otras, o bien 
— que repare las mercancías a cuenta del vendedor, o bien 
— que reduzca el precio si el consumidor se queda con las mercancías, 
— exigir al vendedor (con independencia de la opción que elija el consumidor entre las anteriores) 
que indemnice al consumidor por los daños sufridos por éste a raíz del contrato, 
— (en caso de que el vendedor facilite al consumidor la garantía del fabricante de las mercancías) 
gozar de la garantía del fabricante durante un período igual, como mínimo, al más corto de los 
siguientes: el de duración normal de las mercancías o doce meses; y a exigir el pago, ya sea por 
parte del vendedor o del fabricante, de los gastos en que haya incurrido el consumidor para 
obtener la aplicación de la garantía, 
2) privar al consumidor, en cuanto comprador conforme a un contrato de prestación de servicios, del 
derecho a: 
— recibir los servicios en el momento acordado y, según su punto de vista, con eficacia, 
— contar con la garantía del proveedor de que éste se halla en posesión de la técnica y la competen­
cia necesarias para prestar los servicios del modo especificado en el anterior guión; 
d) que el precio de las mercancías se determine en el momento de la entrega o que el vendedor o pro­
veedor de las mercancías pueda aumentar el precio de éstas, a pesar de que en estos casos el consumidor 
que compra no goza del derecho correspondiente a cancelar el contrato si el precio final resulta dema­
siado alto con relación al que esperaba al suscribir el contrato. No obstante, la aplicación de cláusulas 
de indexación de precios cuando corresponda no se verá afectada por esta disposición; 
e) eximir de, o limitar la responsabilidad del vendedor, o del proveedor, o de cualquier otra parte contra­
tante, en caso de incumplimiento total o parcial del contrato; 
f) imponer al consumidor una carga de la prueba que, conforme a la legislación aplicable, debería corres­
ponder a otra parte del contrato; 
g) cuando se trate de un contrato para la compra de intereses en propiedad compartida en un edificio, 
establecer la fecha de conclusión del contrato de tal manera que se prive al consumidor de la posibilidad 
de retirarse del contrato en un plazo mínimo de siete días consecutivos tras efectuarlo.