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Bruselas, 20.2.2008

COM(2007) 746 final/2

Rectificación - Anula la propuesta de Reglamento del Consejo COM(2007) 746 final de 28.11.2007 y la sustituye. El apartado relativo al principio de subsidiariedad en la exposición de motivos ha sido modificado. Esta rectificación concierne a todas las versiones lingüísticas.

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al régimen de los servicios financieros y de seguros

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CONTEXTO DE LA PROPUESTA

- Motivación y objetivos de la propuesta

La propuesta de Reglamento contiene disposiciones de aplicación del artículo 135, apartado 1, letras a) a g), y apartado 1 bis , y del artículo 135 bis de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. Estos artículos aclaran las normas que regulan la exención del impuesto sobre el valor añadido (IVA) aplicable a los servicios financieros y de seguros, con el fin de lograr una aplicación más uniforme de dicha exención, ofreciendo una mayor seguridad jurídica y reduciendo la carga administrativa de los operadores económicos y las Administraciones. El planteamiento seguido consiste en lo siguiente:

- basar las condiciones para aplicar la exención del IVA en criterios económicos objetivos;

- aclarar que la exención abarca la entrega de cualquier elemento constitutivo de un servicio financiero o de seguro que forme un conjunto diferenciado y tenga el carácter específico y esencial del servicio exento de que se trate;

- introducir un concepto común armonizado de intermediación en relación con los servicios financieros y de seguros.

El objetivo de la presente propuesta es incrementar el nivel de detalle de ese planteamiento y de los elementos antes expuestos, aportando una mayor seguridad jurídica y reduciendo la carga administrativa para los operadores y las Administraciones. Para lograrlo, el planteamiento y las condiciones que figuran en el artículo 135, apartado 1, letras a) a g), y apartado 1 bis , y en el artículo 135 bis de la Directiva 2006/112/CE se desglosan en función de hipótesis económicas específicas. El resultado son enumeraciones, sin carácter exhaustivo, de casos con respecto a los cuales el Reglamento dispone, bien que están cubiertos por la exención del IVA aplicable a los servicios financieros y de seguros, o bien que están excluidos de la misma. Por ejemplo: el artículo 2 del Reglamento establece que el «seguro y reaseguro» engloba el seguro de vida, ya sean pólizas de vida individuales o colectivas, y los seguros de pensión o de renta, cuando los seguros de vida, de pensión o de renta cubran riesgos de mortalidad o longevidad. Así pues, el Reglamento elimina las posibles fuentes de litigio al ofrecer, en muchos casos, una solución clara, lo cual aumenta la seguridad jurídica.

El Reglamento será también directamente aplicable en todos los Estados miembros y ayudará a reducir considerablemente la carga administrativa de los operadores económicos y las autoridades fiscales. En la práctica, los operadores económicos necesitaban, en muchas ocasiones, el asesoramiento fiscal de consultores independientes y, con frecuencia, tenían que comprobar, mediante largas y pesadas negociaciones con los Ministerios de Hacienda nacionales, si determinado servicio prestado estaba o no amparado por la exención del IVA. Las Administraciones tributarias locales debían igualmente soportar una gravosa carga administrativa por tener que aclarar con los Ministerios de Hacienda nacionales cómo debían actuar en casos concretos. En aquellos casos en los que el Reglamento aporta una solución clara, los operadores económicos y las Administraciones podrán aplicar la exención del IVA a los servicios financieros y de seguros correctamente, sin tener que soportar esa carga.

En lo que respecta a la intermediación en los servicios financieros y de seguros, la propuesta sólo ha podido ofrecer una solución inequívoca en un número limitado de casos. Ello se debe a que los conceptos y las formas de intermediación están aún fuertemente arraigados en el Derecho civil nacional, por lo que varían sustancialmente. A fin de favorecer, asimismo, la seguridad jurídica en relación con tales servicios, el Reglamento establece con carácter adicional criterios objetivos que deberán aplicarse para evaluar si un servicio representa una actividad diferenciada de mediación.

El Reglamento integra la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia Europeo, manteniendo así principios bien establecidos de determinación de las características relevantes de los servicios financieros y de seguros.

- Contexto general

Las definiciones de los servicios financieros y de seguros exentos han quedado desfasadas y han dado lugar a disparidades en la interpretación y aplicación de esas exenciones por los Estados miembros. Los interesados tienen que hacer frente a una complejidad jurídica considerable derivada de las diferentes prácticas administrativas, lo que genera inseguridad jurídica para los operadores económicos y las autoridades fiscales. Esa inseguridad jurídica ha provocado un aumento del número de acciones interpuestas ante los tribunales e incrementado la carga administrativa que impone a los operadores y las Administraciones la aplicación de dichas exenciones. Por ello, es preciso aclarar las normas que regulan la exención del IVA aplicable a los servicios financieros y de seguros, con el propósito de crear una mayor seguridad jurídica y reducir la carga administrativa de los operadores y las Administraciones. Esta conclusión se ha visto confirmada por una consulta pública a los interesados llevada a cabo en 2006 y por un estudio independiente destinado a mejorar la comprensión de los efectos económicos de la exención del IVA aplicada a los servicios financieros y de seguros ( Study to increase the Understanding of the Economic Effects of the VAT Exemption for Financial and Insurance Services ), realizado por encargo de la Comisión.

- Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta

Artículo 135, apartado 1, letras a) a g), y apartado 1 bis , y artículo 135 bis de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, si bien la presente propuesta de Reglamento basado en el artículo 397 establece por primera vez disposiciones de aplicación de la exención del IVA en lo que respecta a los servicios financieros y de seguros.

- Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión

En la medida de lo posible, se ha intentado lograr también en las nuevas definiciones una mayor coherencia con las normas del mercado interior (p.ej., relativas a los fondos de inversión, la calificación crediticia o los instrumentos derivados).

La propuesta forma parte de la estrategia de la Comisión para la simplificación del marco regulador (número 66 del COM(2006) 690). Las simplificaciones mencionadas redundarán en beneficio tanto de los operadores económicos como de las autoridades fiscales de los Estados miembros. No obstante, resulta imposible cuantificar dichos beneficios.

La propuesta mejorará la seguridad jurídica y reducirá la carga administrativa de los operadores y las autoridades fiscales nacionales. Dado que previsiblemente tendrá un impacto positivo sobre los costes, no cabe esperar que incida negativamente en el coste de los servicios financieros y de seguros prestados al consumidor en el mercado minorista.

Consulta de las partes interesadas y evaluación de impacto

- Consulta de las partes interesadas

Métodos y principales sectores de consulta, perfil general de los consultados

Con ocasión del seminario Fiscalis, organizado en diciembre de 2004 en Dublín, se analizaron los diversos aspectos que plantean problemas para los operadores económicos, en particular el de la externalización, y tanto los operadores económicos como los Estados miembros llegaron a la conclusión de que se requería una iniciativa legislativa de los servicios de la Comisión.

En respuesta a ese seminario, la Comisión encargó a un experto independiente la realización de un estudio destinado a mejorar la comprensión de los efectos económicos de la exención del IVA aplicada a los servicios financieros y de seguros, y llevó a cabo una serie de consultas bilaterales con los Estados miembros y dentro de la Comisión, que dieron lugar a la elaboración de un documento en el que se esbozan los problemas fundamentales que fueron definidos, así como las posibles soluciones técnicas a los mismos. Estos problemas se examinaron con los interesados y los Estados miembros con ocasión de la conferencia que, en materia tributaria, se celebró en Bruselas en mayo de 2006.

En marzo de 2007 se organizó un segundo seminario Fiscalis, con el objetivo de familiarizar a los funcionarios interesados de las Administraciones de Hacienda nacionales con las políticas que impulsan la transformación del marco regulador, y los motores económicos de la integración financiera transfronteriza. El programa abarcaba, asimismo, los problemas prácticos de aplicación de la normativa vigente.

Resumen de las respuestas y forma en que se han tenido en cuenta

Todas las respuestas han confirmado que la inseguridad jurídica y la carga administrativa que de ella se deriva constituyen el principal problema y exigen medidas de forma prioritaria. La propuesta de Reglamento refleja plenamente esa prioridad.

Entre el 9 de mayo y el 9 de junio de 2006 se llevó a cabo una consulta abierta en Internet. La Comisión recibió 82 respuestas. Los resultados pueden consultarse en:http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/article_2447_en.htm.

- Obtención y utilización de asesoramiento técnico

Ámbitos científicos y técnicos pertinentes

Estudio destinado a mejorar la comprensión de los efectos económicos de la exención del IVA aplicada a los servicios financieros y de seguros (licitación nº TAXUD/2005/AO-006).

Metodología utilizada

Estudio externo independiente.

Principales organizaciones y expertos consultados

Price Waterhouse Coopers.

Asesoramiento recibido y utilizado

No se ha mencionado la existencia de ningún riesgo potencialmente grave y con consecuencias irreversibles.

Globalmente, las conclusiones del estudio, el análisis de la propia Comisión y las respuestas de los interesados con motivo de la consulta pública coincidían, lo que permitió a la Comisión establecer las oportunas prioridades y orientar su trabajo hacia las soluciones más adecuadas. La propuesta de Reglamento se ajusta a estas prioridades.

Medios utilizados para hacer público el asesoramiento de los expertos

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm

- Evaluación de impacto

Las opciones consideradas se presentan pormenorizadamente en la evaluación de impacto.

Tipo de gravamen nulo (página 31); ampliación del ámbito de los servicios exentos (página 32); deducción limitada y uniforme del impuesto soportado (página 33); posibilidad de optar por la tributación (página 34); estructuras transfronterizas a efectos de IVA (página 37); entidades jurídicas únicas y operaciones transfronterizas (página 37); grupos a efectos del IVA (página 38); mecanismos de reparto de costes (página 41); tipo del IVA reducido para los servicios adquiridos (página 44); otras opciones (página 44).

La Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto, de acuerdo con lo señalado en el programa de trabajo (informe contenido en el documento TAXUD 15570).

Aspectos jurídicos de la propuesta

- Resumen de la acción propuesta

La propuesta consta de dos medidas:

- enumeraciones de supuestos en los que se aplica la exención del IVA de los servicios financieros y de seguros o que quedan excluidos de ella;

- especificación de criterios objetivos que deberán aplicarse para evaluar si un servicio representa una actividad diferenciada de mediación.

- Base jurídica

Artículo 397 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo

- Principio de subsidiariedad

El principio de subsidiariedad se aplica en la medida en que el ámbito de la propuesta no es competencia exclusiva de la Comunidad.

Los Estados miembros no pueden alcanzar convenientemente los objetivos de la propuesta por los motivos que se exponen a continuación.

La propuesta cumple el principio de subsidiariedad por los motivos que se exponen a continuación.

Las normas para la exención del IVA aplicable a los servicios financieros y de seguros están ya reguladas por la Comunidad en el artículo 135 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo. Con arreglo al artículo 397 de dicha Directiva, el establecimiento de disposiciones de aplicación requiere la intervención del legislador comunitario.

Los Estados miembros no podrían adoptar, por su cuenta, nuevas normas nacionales que no se ajustasen a la legislación comunitaria vigente.

La actuación de los Estados miembros por sí solos no permitiría alcanzar el objetivo de que las definiciones de los servicios financieros y de seguros exentos del IVA se interpreten y apliquen de forma armonizada; la heterogeneidad de la aplicación hecha por los Estados miembros es el motivo de los problemas con que se enfrentan los operadores económicos.

Los Estados miembros por sí mismos no pueden modificar el Derecho comunitario; el número cada vez mayor de litigios entre las autoridades fiscales de los Estados miembros y los operadores económicos ha provocado ya un considerable aumento de la carga administrativa para dichas autoridades y ha comprometido, asimismo, en parte su seguridad presupuestaria. En estas circunstancias, la adopción de medidas nacionales por los Estados miembros podría dar lugar a una espiral descendente hacia un entorno de competencia fiscal desleal.

La actuación comunitaria permitirá alcanzar mejor los objetivos de la propuesta por las razones que se exponen a continuación.

Las propuestas están contenidas en un proyecto de reglamento; sólo puede haber una interpretación correcta, que se aplique en toda la Comunidad, de la definición de los servicios financieros y de seguros exentos; este objetivo sólo puede lograrse mediante la adopción de disposiciones de aplicación de los artículos 135 y 135 bis de la nueva propuesta de Directiva presentada simultáneamente, y por la que se modifican las antiguas definiciones de la Directiva 2006/112/CE.

Existe consenso entre los servicios de la Comisión, los interesados, los Estados miembros y los expertos independientes en cuanto al hecho de que los objetivos perseguidos sólo pueden alcanzarse mediante disposiciones legales comunitarias.

Los motivos antes expuestos hablan por sí solos y demuestran que el ámbito de la propuesta se limita a aquello que los Estados miembros no pueden lograr suficientemente por sí mismos y el legislador comunitario puede alcanzar de forma más satisfactoria.

Las propuestas están contenidas en un proyecto de reglamento; sólo puede haber una interpretación correcta, que se aplique en toda la Comunidad, de la definición de los servicios financieros y de seguros exentos; este objetivo sólo puede lograrse mediante la modificación de las antiguas definiciones de la Directiva 2006/112/CE y el establecimiento simultáneo de disposiciones de aplicación suficientemente precisas.

Estableciendo definiciones y criterios económicos claros se reducen los posibles motivos de litigio y se crea, por tanto, un entorno de seguridad jurídica en el que la carga administrativa que supone el hecho de acordar, posiblemente con varios Estados miembros, cómo deben interpretarse y aplicarse las definiciones disminuye considerablemente.

- Principio de proporcionalidad

La propuesta se atiene al principio de proporcionalidad por las razones que se exponen a continuación.

En el complejo entorno fiscal de los servicios financieros y de seguros, sólo puede haber una interpretación correcta, que se aplique en toda la Comunidad, de la exención del IVA de que disfrutan dichos servicios; este objetivo sólo puede alcanzarse mediante la introducción de las disposiciones de aplicación propuestas, pues así se definen claramente casos que entran en el ámbito de la exención del IVA para los servicios financieros y de seguros o que se excluyen del mismo.

Durante la última década, el número de pleitos ante los tribunales, y en particular de procedimientos prejudiciales ante el TJE, ha experimentado un considerable aumento. La mayor parte de esos pleitos se referían a divergencias en la aplicación de las definiciones de los servicios financieros y de seguros exentos. Estableciendo definiciones y criterios económicos claros se reducen los posibles motivos de litigio y se crea, por tanto, un entorno de seguridad jurídica en el que la carga administrativa que supone el hecho de acordar, posiblemente con varios Estados miembros, cómo deben aplicarse las normas disminuye considerablemente.

- Instrumentos elegidos

Instrumentos propuestos: reglamento.

Otros medios no serían adecuados por la razón que se expone a continuación.

Un reglamento es directamente aplicable y suprime la necesidad de que los operadores económicos aclaren las cuestiones jurídicas sobre la aplicación de la exención con los Ministerios de Hacienda de diversos Estados miembros. Si el Reglamento resuelve la cuestión, las oficinas tributarias locales podrán aplicar directamente el régimen de IVA adecuado.

Repercusiones presupuestarias

La propuesta carece de incidencia en el presupuesto de la Comunidad.

Información adicional

- Simplificación

La propuesta prevé la simplificación de la legislación y de los procedimientos administrativos para los poderes públicos (de la UE o nacionales) y para los agentes del sector privado.

El Reglamento será, asimismo, directamente aplicable en todos los Estados miembros, y reduce la complejidad que supone aplicar la exención del IVA de los servicios financieros y de seguros, al enumerar una serie de supuestos que entran en el ámbito de la exención o quedan excluidos de él.

Las Administraciones tributarias locales soportan una gravosa carga administrativa al tener que aclarar con los Ministerios de Hacienda nacionales cómo deben actuar en casos concretos. Los Ministerios de Hacienda, por su parte, dedican considerables recursos a ese tipo de coordinación. En muchos casos, el Reglamento aporta una solución clara y las Administraciones podrán aplicar la exención del IVA a los servicios financieros y de seguros correctamente, sin tener que soportar esa carga.

A menudo los operadores económicos necesitaban el asesoramiento fiscal de consultores independientes y, con frecuencia, tenían que comprobar, mediante largas y pesadas negociaciones con los Ministerios de Hacienda nacionales, si determinado servicio prestado estaba o no amparado por la exención del IVA. En muchos casos, el Reglamento aporta una solución clara y los operadores podrán aplicar la exención del IVA a los servicios financieros y de seguros correctamente, sin tener que soportar esa carga.

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al régimen de los servicios financieros y de seguros

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Vista la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido[1], y, en particular, su artículo 397,

Vista la propuesta de la Comisión[2],

Considerando lo siguiente:

(1) Las normas que regulan actualmente las exenciones del IVA aplicables a los servicios financieros y de seguros, establecidas en la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido[3], han quedado desfasadas y dado lugar a disparidades en la interpretación y aplicación. La complejidad de las normas y la diversidad de las prácticas administrativas generan inseguridad jurídica para los operadores económicos y las autoridades fiscales. Esa inseguridad ha provocado numerosos litigios e incrementado la carga administrativa. Por ello, es preciso aclarar qué servicios financieros y de seguros están exentos, creando así una mayor seguridad jurídica y reduciendo la carga administrativa para los operadores y las autoridades.

(2) La Directiva 2006/112/CE ha sido modificada por la Directiva 20XX/XXX/CE en lo que respecta al régimen de los servicios financieros y de seguros, a fin de adaptarla a la evolución del mercado de servicios financieros. Con vistas a garantizar una aplicación uniforme del artículo 135, apartado 1, letras a) a g), y del artículo 135 bis de la Directiva 2006/112/CE y a desarrollar una interpretación uniforme en cuanto a la exención de una prestación dada en virtud de dichas disposiciones, conviene dejar claro qué servicios están comprendidos en las categorías a que se refiere el artículo 135, apartado 1, letras a) a g), de la Directiva y cuáles otros están excluidos.

(3) Resulta oportuno establecer normas relativas a cuestiones específicas de aplicación, con objeto de lograr una respuesta coherente a tales cuestiones en toda la Comunidad. Conviene proporcionar una aclaración con respecto a los servicios contemplados en el artículo 135, apartado 1, letras a) a g), y apartado 1 bis , de la Directiva 2006/112/CE. A la luz de la complejidad de los mercados de servicios financieros y del desarrollo continuo de nuevos productos, resulta oportuno que la enumeración de supuestos a los que se aplica la exención o que quedan excluidos de ella no tenga carácter exhaustivo.

(4) El régimen de IVA de determinados servicios que forman un conjunto diferenciado, aun siendo también un elemento integrante de un servicio financiero o de seguro, suscita dudas. Es conveniente, por tanto, especificar ciertos servicios que tienen el carácter específico y esencial de los servicios exentos correspondientes y otros que no tienen tal carácter. A la luz de los criterios desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, debe tenerse en cuenta si los servicios considerados alteran la situación financiera o jurídica de las partes en una operación exenta o si, por el contrario, representan meramente prestaciones materiales o técnicas.

(5) De conformidad con el principio de proporcionalidad, es necesario y oportuno, a fin de alcanzar el objetivo de lograr una aplicación más uniforme del actual sistema del impuesto sobre el valor añadido, establecer disposiciones de aplicación del artículo 135, apartado 1, letras a) a g), y apartado 1 bis , y del artículo 135 bis de la Directiva 2006/112/CE. El presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, párrafo tercero, del Tratado.

(6) Es necesario y oportuno que la Directiva 20XX/XXX/CE y el presente Reglamento se apliquen a partir de la misma fecha.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Capítulo I Objeto

Artículo 1

El presente Reglamento establece disposiciones de aplicación del artículo 135, apartado 1, letras a) a g), y apartado 1 bis , y del artículo 135 bis de la Directiva 2006/112/CE.

Capítulo II Servicios financieros y de seguros exentos

Artículo 2

La definición de «seguro y reaseguro» contenida en el artículo 135 bis , apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE abarcará, como mínimo, lo siguiente:

(1) el seguro de vida, ya sean pólizas individuales o colectivas, y los seguros de pensión y de renta cuando los seguros de vida, de pensión o de renta cubran riesgos de mortalidad o longevidad, como el diagnóstico de una enfermedad terminal o de una enfermedad grave, la incapacidad por enfermedad, la incapacidad permanente, el fallecimiento accidental y la necesidad de cuidados a largo plazo;

(2) el seguro de baja por enfermedad y de desempleo;

(3) el seguro de salud;

(4) el seguro de riesgos, incluida la cobertura frente a incendios, inundaciones, catástrofes naturales, accidentes, averías, delitos y terrorismo;

(5) el seguro de responsabilidad civil;

(6) el seguro frente a pérdidas financieras;

(7) la retrocesión, el coaseguro y la mancomunación de seguros y reaseguros.

Artículo 3

1. La definición de «concesión de créditos» contenida en el artículo 135 bis , apartado 2, de la Directiva 2006/112/CE abarcará, como mínimo, lo siguiente:

a) los préstamos, sindicados o no, incluidos los concedidos como elemento de financiación paralelamente a la entrega de bienes o la prestación de servicios, siempre que el elemento de financiación no forme parte integrante del precio;

b) los préstamos garantizados por bienes inmuebles, incluidos los préstamos hipotecarios;

c) los préstamos garantizados por bienes muebles, incluidos los préstamos pignoraticios;

d) la apertura de crédito mediante la cual una persona puede disponer de fondos hasta una determinada cantidad.

2. La definición de «concesión de créditos» contenida en el artículo 135 bis , apartado 2, de la Directiva 2006/112/CE no abarcará lo siguiente:

a) los acuerdos que prevean el pago a plazos o el diferimiento del pago en relación con la entrega de bienes o la prestación de servicios;

b) la concesión de crédito en conexión con la venta a plazos y el arrendamiento financiero cuando el precio de ese crédito forme parte integrante del precio de la venta a plazos o el arrendamiento financiero;

c) la prestación de servicios de tarjetas prepagadas y de débito.

Artículo 4

1. La definición de «garantía de deudas» contenida en el artículo 135 bis , apartado 3, de la Directiva 2006/112/CE abarcará, como mínimo, lo siguiente:

a) las permutas financieras de cobertura por incumplimiento crediticio ( credit default swaps );

b) las garantías aduaneras.

2. La definición de «garantía de deudas» contenida en el artículo 135 bis , apartado 3, de la Directiva 2006/112/CE no abarcará lo siguiente:

a) las garantías de reparación y sustitución de bienes defectuosos;

b) la entrega de activos utilizados como garantía prendaria de una deuda no resultante de la concesión de crédito;

c) la provisión de fianzas para avalar cualquier pago pendiente de alquileres o cualquier pago derivado de alquileres impagados;

d) la concesión de garantías de crédito a la exportación;

e) la asunción de obligaciones de carácter no pecuniario.

Artículo 5

1. La definición de «depósito financiero» contenida en el artículo 135 bis , apartado 4, de la Directiva 2006/112/CE abarcará, como mínimo, lo siguiente:

a) los depósitos a la vista;

b) los depósitos de ahorro;

c) los depósitos a plazo;

d) los depósitos en forma de certificados de ahorro;

e) los bonos de ahorro;

f) los depósitos efectuados a cambio del pago de una renta garantizada o un saldo en efectivo acumulado en el momento de la jubilación, incluidos los depósitos efectuados en virtud de un plan de ahorro-pensión;

g) los contratos de capitalización;

h) los seguros de pensión y de renta que cubran riesgos de mortalidad o longevidad únicamente con carácter accesorio.

2. La definición de «depósito financiero» contenida en el artículo 135 bis , apartado 4, de la Directiva 2006/112/CE no abarcará lo siguiente:

a) el depósito en custodia de objetos de colección o de instrumentos en los que se reconozcan derechos, créditos o títulos;

b) el alquiler de cajas de seguridad y de espacios y ubicaciones protegidas.

Artículo 6

La definición de «mantenimiento de cuenta» contenida en el artículo 135 bis , apartado 5, de la Directiva 2006/112/CE abarcará, como mínimo, lo siguiente:

(1) el mantenimiento de cuentas de depósito;

(2) el mantenimiento de cuentas corrientes;

(3) el ingreso, la transferencia y la retirada de dinero con destino a una cuenta bancaria o a partir de ella, por vía electrónica u otros medios;

(4) los servicios de cheques relativos a una cuenta específica;

(5) las órdenes permanentes;

(6) las domiciliaciones;

(7) el acceso a los servicios bancarios por Internet y teléfono y su utilización;

(8) los servicios de tarjeta de débito y tarjeta inteligente relativos a una cuenta específica;

(9) la compensación y la transferencia de fondos entre operadores financieros;

(10) la transferencia de fondos de una cuenta específica a otros medios de pago, como tarjetas telefónicas, créditos para teléfonos móviles y otros medios que permiten pagar bienes y servicios;

(11) la clasificación y el recuento de dinero relativo a una cuenta específica;

(12) la organización de facilidades de crédito.

Artículo 7

La definición de «cambio de divisas» contenida en el artículo 135 bis , apartado 6, de la Directiva 2006/112/CE no abarcará lo siguiente:

(1) las operaciones relacionadas con objetos de colección, como las monedas de oro, plata u otros metales o los billetes que normalmente no se utilicen como moneda de curso legal, o las monedas de interés numismático;

(2) el cambio de divisas que no sean de curso legal.

Artículo 8

1. El «suministro de efectivo» a que se refiere el artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva 2006/112/CE abarcará, como mínimo, lo siguiente:

a) la retirada de efectivo, por medios manuales o automáticos;

b) los servicios de cheques de viajeros;

c) los servicios de cheques no vinculados a una cuenta específica;

d) las cartas de crédito;

e) el cambio de billetes y monedas por otros denominados en la misma divisa.

2. El «suministro de efectivo» a que se refiere el artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva 2006/112/CE no abarcará lo siguiente:

a) las operaciones relacionadas con objetos de colección, como las monedas de oro, plata u otros metales o los billetes que normalmente no se utilicen como moneda de curso legal, o las monedas de interés numismático;

b) el suministro de divisas que no sean de curso legal.

Artículo 9

La definición de «entrega de valores» contenida en el artículo 135 bis , apartado 8, de la Directiva 2006/112/CE abarcará, como mínimo, la entrega de lo siguiente:

(1) los instrumentos de patrimonio neto, incluidas las acciones;

(2) los instrumentos que representen una promesa de reembolso de una deuda, incluidos los bonos, las obligaciones y obligaciones de empresa, los pagarés, los instrumentos de deuda en euros y otros efectos de comercio negociables;

(3) los valores híbridos, entre ellos las acciones preferentes, los derechos sobre acciones, los instrumentos convertibles en forma de obligaciones o acciones preferentes que puedan convertirse en acciones ordinarias de la sociedad emisora;

(4) los instrumentos que demuestren la titularidad de participaciones en organismos de inversión colectiva tales como fondos de inversión de capital fijo o variable, fondos negociados en bolsa, fondos mutuos y de pensiones, fondos de alto riesgo y fondos de inversión inmobiliaria.

Capítulo III Servicios de intermediación y gestión exentos

Artículo 10

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 135 bis , apartado 9, de la Directiva 2006/112/CE, una actividad constituirá una actividad diferenciada de mediación, al menos, cuando concurra alguna de las condiciones siguientes:

a) que el intermediario esté capacitado para obligar al proveedor o al cliente del servicio financiero o de seguro exento;

b) que la actividad pueda dar lugar al nacimiento, el mantenimiento, la alteración o la extinción de derechos y obligaciones de las partes respecto de un servicio financiero o de seguro exento;

c) que la actividad consista en la prestación de asesoramiento que requiera conocimientos especializados en relación con un servicio financiero o de seguro exento.

2. Cuando, en circunstancias distintas de las contempladas en el apartado 1, un servicio esté normalizado, de forma que una persona pueda prestarlo siguiendo instrucciones previas, no constituirá una actividad diferenciada de mediación a efectos de lo previsto en el artículo 135 bis , apartado 9, de la Directiva 2006/112/CE.

Artículo 11

1. La definición de «intermediación en operaciones financieras y de seguros» contenida en el artículo 135 bis , apartado 9, de la Directiva 2006/112/CE abarcará, como mínimo, lo siguiente:

a) la prestación de servicios que impliquen la negociación de las condiciones del producto;

b) la intermediación hipotecaria y de valores.

2. La definición de «intermediación en operaciones financieras y de seguros» contenida en el artículo 135 bis , apartado 9, de la Directiva 2006/112/CE no abarcará lo siguiente:

a) los servicios normalizados prestados por centros de atención telefónica;

b) los servicios de alojamiento con marca propia, alojamiento web y otros servicios web y de hospedaje;

c) los servicios publicitarios y otros servicios de información.

Artículo 12

1. La definición de «gestión de fondos de inversión» contenida en el artículo 135 bis , apartado 11, de la Directiva 2006/112/CE abarcará, como mínimo, lo siguiente:

a) la gestión estratégica y táctica de activos y su distribución, incluida la gestión de divisas y riesgos;

b) la gestión operativa de activos, incluyendo la selección de valores, la toma de decisiones y su ejecución, las decisiones de adquirir y vender inversiones, la compensación de transacciones, el enlace con el agente previo a la transacción, la administración y el control de transacciones, y el enlace con los agentes y el depositario con posterioridad a la transacción;

c) la provisión de garantías, incluida la gestión de una cartera de cobertura;

d) la administración de las acciones o participaciones, incluida la distribución y el enlace con el administrador fiduciario;

e) la organización y tramitación de préstamos de acciones y obligaciones;

f) la tramitación, en su caso informatizada, de órdenes de los fondos;

g) el análisis de mercados y empresas;

h) la evaluación del rendimiento, incluido el suministro de informes de rendimiento de las inversiones y el análisis de imputación de la rentabilidad;

i) el suministro de valoraciones, solicitudes de devolución fiscal e información sobre la gestión, y el cálculo del valor neto de inventario;

j) la custodia, la conservación y el control de los valores;

k) la supervisión del fondo por parte del depositario;

l) el abono de los ingresos a los clientes y el voto por delegación.

2. La definición de «gestión de fondos de inversión» contenida en el artículo 135 bis , apartado 11, de la Directiva 2006/112/CE no abarcará lo siguiente:

a) la auditoría externa del fondo, la comercialización y la gestión de los gastos generales del fondo;

b) el desarrollo de sistemas, como, por ejemplo, la planificación e implantación de nuevas tecnologías, la introducción de mejoras fundamentales en los sistemas existentes y el mantenimiento de sistemas;

c) los servicios relacionados con el cumplimiento de la normativa.

Capítulo IV Servicios que tienen el carácter específico y esencial de un servicio exento

Artículo 13

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 135, apartado 1 bis , de la Directiva 2006/112/CE, se considerará que los siguientes servicios, como mínimo, tienen el carácter específico y esencial de un servicio exento:

a) la gestión de carteras;

b) la emisión de contratos y certificados en los que se deje constancia de los derechos del cliente de un servicio financiero o de seguro exento;

c) la cesión, renovación, modificación y rescisión de contratos relativos a un servicio financiero o de seguro exento;

d) los servicios de calificación crediticia, incluida la evaluación de la solvencia de proveedores o clientes de servicios financieros o de seguros;

e) la valoración de las garantías financieras.

2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 135, apartado 1 bis , de la Directiva 2006/112/CE, se considerará que las siguientes actividades no tienen el carácter específico y esencial de un servicio exento:

a) la custodia;

b) las tareas administrativas;

c) el cobro o la recuperación de deudas;

d) los servicios jurídicos, de contabilidad, de auditoría y de teneduría de libros;

e) los servicios relacionados con el cumplimiento de la normativa;

f) la verificación de identidad y las comprobaciones destinadas a prevenir el blanqueo de dinero y el fraude;

g) los servicios de recopilación de datos para el reciclado de los billetes y monedas;

h) la comercialización, la investigación, la definición y el desarrollo de nuevos productos y oportunidades;

i) la provisión y el diseño de programas informáticos;

j) el alquiler de cajas de seguridad y otros espacios protegidos;

k) los servicios que otorguen el derecho o la opción de recibir bienes o servicios.

Artículo 14

1. Se considerará que los siguientes servicios tienen el carácter específico y esencial del «seguro y reaseguro», según se define en el artículo 135 bis , apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE:

a) la suscripción de riesgos;

b) la gestión de riesgos e inversiones;

c) la tramitación de siniestros;

d) la emisión de derivados de seguro no negociables.

2. La evaluación de daños no se considerará un servicio que tenga el carácter específico y esencial del «seguro y reaseguro», según se define en el artículo 135 bis , apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE.

Artículo 15

Se considerará que los siguientes servicios tienen el carácter específico y esencial de la «concesión de créditos», según se define en el artículo 135 bis , apartado 2, de la Directiva 2006/112/CE:

(1) la medición, la predicción y el control de los riesgos de crédito y de las pérdidas derivadas del riesgo de crédito, incluyendo la estrategia crediticia;

(2) la suscripción de créditos;

(3) la llevanza de registros, la organización y el seguimiento de los pagos efectuados en relación con un crédito;

(4) la emisión de derivados de crédito;

(5) la valoración de las garantías no financieras.

Artículo 16

1. Se considerará que los siguientes servicios tienen el carácter específico y esencial de la «garantía de deudas», según se define en el artículo 135 bis , apartado 3, de la Directiva 2006/112/CE:

a) la organización y supervisión de los medios de garantía de deudas;

b) los derivados utilizados para garantizar créditos.

2. La venta de bienes embargados a raíz del impago de hipotecas no se considerará un servicio que tenga el carácter específico y esencial de la «garantía de deudas», según se define en el artículo 135 bis , apartado 3, de la Directiva 2006/112/CE.

Artículo 17

Se considerará que los siguientes servicios tienen el carácter específico y esencial de las operaciones relativas a un «depósito financiero», según se define en el artículo 135 bis , apartado 4, de la Directiva 2006/112/CE:

(1) la clasificación y el recuento de dinero con vistas a realizar un depósito;

(2) el suministro de información sobre el saldo de los depósitos y el cálculo de intereses, la elaboración de extractos de cuenta y la supervisión de los compromisos;

(3) el cálculo de los impuestos y gastos en relación con la cancelación de planes de ahorro-pensión;

(4) la presupuestación de las cuentas, incluidos los estudios de viabilidad económica para evaluar los requisitos de los clientes;

(5) la custodia de certificados de depósito;

(6) la aceptación automatizada de dinero en depósito;

(7) la emisión de derivados sobre depósitos.

Artículo 18

1. Se considerará que los siguientes servicios tienen el carácter específico y esencial del «mantenimiento de cuenta», según se define en el artículo 135 bis , apartado 5, de la Directiva 2006/112/CE:

a) los servicios entre operadores con vistas a la transferencia de fondos entre cuentas monetarias y la compensación de la transferencia;

b) los servicios de adhesión, inscripción o suscripción en relación con tarjetas o sistemas de pago vinculados a una cuenta;

c) los servicios de control con dispositivos de seguridad para la correcta tramitación de las transferencias de fondos entre cuentas monetarias;

d) la emisión de estados de cuenta de clientes y comerciantes;

e) la verificación de los pagos;

f) la emisión de talonarios de cheques en relación con una cuenta específica.

2. Se considerará que los siguientes servicios no tienen el carácter específico y esencial del «mantenimiento de cuenta», según se define en el artículo 135 bis , apartado 5, de la Directiva 2006/112/CE:

a) los trabajos generales de impresión de talonarios de cheques;

b) la entrega de tarjetas vírgenes;

c) el alojamiento en Internet;

d) el alquiler de terminales y otros aparatos para la tramitación de los pagos con tarjeta.

Artículo 19

1. Se considerará que los siguientes servicios tienen el carácter específico y esencial del «cambio de divisas» o del «suministro de efectivo» a que se refiere el artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva 2006/112/CE:

a) la emisión de estados de cuenta de clientes y comerciantes por el cambio y la distribución de billetes y monedas;

b) los servicios prestados entre entidades financieras para el funcionamiento de los cajeros automáticos;

c) la emisión de instrumentos al contado y a plazo, futuros, permutas financieras de divisas, opciones sobre divisas y permutas financieras de tipos de cambio ( forex swaps );

d) la emisión de derivados de divisas.

2. Se considerará que los siguientes servicios no tienen el carácter específico y esencial del «cambio de divisas» o del «suministro de efectivo» a que se refiere el artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva 2006/112/CE:

a) la custodia y el almacenamiento de dinero;

b) los servicios de mensajería y transporte de valores;

c) la publicación de información sobre los tipos de cambio;

d) la instalación de cajeros automáticos.

Artículo 20

Se considerará que los siguientes servicios tienen el carácter específico y esencial de la «entrega de valores», según se define en el artículo 135 bis , apartado 8, de la Directiva 2006/112/CE:

(1) la emisión de opciones, futuros y contratos a plazo relativos a valores;

(2) la emisión de contratos de permuta financiera de acciones ( equity swaps ) y otros contratos de permuta financiera de rendimientos totales ( total return swaps ) ligados a valores;

(3) la emisión de derivados sobre instrumentos de deuda negociables, incluidas las permutas financieras de tipos de interés;

(4) la medición del rendimiento, la calificación, la predicción y el control de valores;

(5) la organización y supervisión de operaciones al amparo del contrato de valores, incluidos los posibles derechos de voto.

Capítulo V Disposiciones finales

Artículo 21

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea .

Será aplicable a partir del… [fecha de transposición de la Directiva +1]

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

El Presidente

[1] DO L 347 de 11.12.2006, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 20XX/XXX/CE (DO XXX).

[2] DO C […] de […], p. […].

[3] DO L 347 de 11.12.2006, p. 1.