ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 257/74

Jueves 29 de marzo de 2012

Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010

P7_TA(2012)0120

Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de marzo de 2012, sobre el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010 - La eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE (2011/2182(INI))

2013/C 257 E/10

El Parlamento Europeo,

— Vistas sus anteriores resoluciones sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones,

— Visto el derecho de petición, consagrado en el artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

— Visto el artículo 20 del TFUE, en el que se define el concepto de ciudadanía,

— Vista la segunda parte del TFUE, titulada «No discriminación y ciudadanía de la Unión», y los títulos III y V de la Carta de los Derechos Fundamentales,

— Visto el artículo 45 del TFUE, en virtud del cual la libre circulación asegurada a los trabajadores europeos supone la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo,

— Vistos los artículos 3, 10 y 11 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 8 del TFUE,

— Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de octubre de 2010, titulada «Informe sobre la ciudadanía de la Unión 2010 - la eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la Unión» (COM(2010)0603),

— Vista la Comunicación de la Comisión de 27 de octubre de 2010 titulada «Hacia un Acta del Mercado Único – Por una economía social de mercado altamente competitiva» (COM(2010)0608),

— Visto el Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (1),

— Vista la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (2) (en adelante la «DMF»),

— Vista la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (3) (en adelante «la Directiva sobre cualificaciones»),

— Visto el Reglamento (CE) no 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (4),

— Vista su Resolución, de 2 de abril de 2009, sobre problemas y perspectivas de la ciudadanía europea (5),

— Vista la propuesta de la Comisión de 11 de agosto de 2011 de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el «Año Europeo de los Ciudadanos (2013)» (COM(2011)0489),

— Visto el Programa de Estocolmo, para el que el ciudadano ocupa el centro de las políticas europeas de libertad, seguridad y justicia, garantizando el respeto de la diversidad y la protección de los más vulnerables,

— Visto el artículo 48 de su Reglamento,

— Vistos el informe de la Comisión de Peticiones y las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0047/2012),

A. Considerando que los ciudadanos de la Unión —y con independencia de su discapacidad— tienen, entre otras cosas, el derecho de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales del Estado miembro en el que residan, el derecho de acogerse, en el territorio de un tercer país, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de otro Estado miembro, el derecho de petición al Parlamento Europeo, el derecho de recurrir al Defensor del Pueblo Europeo y el derecho de dirigirse a las instituciones y órganos consultivos de la Unión en una de las lenguas de los Tratados (6);

B. Considerando que el Tratado de Lisboa reforzó el concepto de ciudadanía de la Unión –introducido por el Tratado de Maastricht en 1992– y los derechos que de ello se derivan, desarrollados también por la jurisprudencia, mediante el fortalecimiento de la posición y la imagen de la Unión Europea como defensora de los derechos de los ciudadanos, la introducción de medios legislativos para estimular la participación activa de los ciudadanos y el fomento y la creación de nuevos derechos, como la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) y los derechos individuales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales; que la ciudadanía de la UE debe entenderse como un conjunto de derechos y deberes;

C. Considerando que esto es una prueba de los esfuerzos que está haciendo la UE para situar a los ciudadanos en el núcleo de su actividad y para trabajar con miras a un espacio de libertad, justicia y derechos para todos los ciudadanos de la UE;

D. Acogiendo con satisfacción la sentencia del TJUE referente a la interpretación del artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que subraya, en la sentencia ERT (Equal Rights Trust), que las instituciones de los Estados miembros también están vinculadas por los derechos fundamentales de la Unión, que tienen rango superior, si pretenden recurrir a medidas nacionales para limitar las libertades fundamentales consagradas en el TFUE;

E. Considerando que la libertad de circulación es inherente a los conceptos de derechos humanos y ciudadanía de la Unión y que representa uno de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos de la Unión reconocidos en virtud los Tratados,

F. Considerando que, siete años después de la entrada en vigor de la DMF, aún persisten demasiados problemas en relación con su aplicación; que la mayor parte de las quejas se centran, con respecto a los ciudadanos de la Unión, en su derecho de entrada, su derecho de residencia por un periodo superior a tres meses, la validez de sus permisos de residencia, la retención de su derecho de residencia y su derecho de residencia permanente así como los derechos de los miembros de sus familias;

G. Considerando que numerosos ciudadanos no disponen de toda la información pertinente sobre sus derechos defendidos por la DMF, en particular cuando exigen derechos para miembros de la familia que son nacionales de terceros países;

H. Considerando que a los ciudadanos de la UE que son residentes habituales en el Reino Unido y que solicitan determinadas prestaciones de la seguridad social se les exige someterse al denominado «test del derecho a residir», que impone condiciones adicionales a las personas que no son ciudadanos del Reino Unido;

I. Considerando que la cuestión de la deportación de ciudadanos de etnia romaní por Francia en 2010 fue controvertida no solo desde la perspectiva de los derechos fundamentales sino también desde el punto de vista del derecho a la libre circulación y de la discriminación por razones de nacionalidad y origen racial y étnico;

J. Considerando que, el 15 de diciembre de 2011, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre la libre circulación de los trabajadores en la Unión Europea1, en la que hacía especial hincapié en los derechos de los trabajadores rumanos y búlgaros en el mercado único (7); que algunos Estados miembros han decidido introducir o seguir aplicando disposiciones transitorias que limitan el acceso a sus mercados de trabajo de los nacionales rumanos y búlgaros; que tales medidas pueden llevar a la explotación de los trabajadores, al trabajo ilegal y a la falta de acceso a las prestaciones de la seguridad social;

K. Considerando que la libre circulación o la movilidad voluntaria de los trabajadores es una condición necesaria o supone un estímulo para el ejercicio de una amplia gama de derechos que el Derecho de la Unión confiere a los ciudadanos; considerando, por lo tanto, que facilitar la libre circulación puede hacer que los ciudadanos tengan más capacidad para beneficiarse plenamente del mercado común y, al mismo tiempo, ser un motor fundamental del crecimiento;

L. Considerando que el derecho de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros solo permite un mejor entendimiento de los valores de la integración europea si está acompañado de medidas concretas adoptadas por la Unión y los Estados miembros en materia de información, formación, reconocimiento de cualificaciones y movilidad de los trabajadores (en particular, trabajadores de temporada, transfronterizos y desplazados, trabajadores trasladados a consecuencia de la reubicación de la sede de la empresa, etc.;

M. Considerando que un gran número de peticiones han revelado problemas en el ámbito del acceso a las prestaciones de la seguridad social, principalmente debido a la falta de cooperación de las autoridades nacionales, a la incorrecta aplicación del principio de totalización de las prestaciones debidas en algunos Estados miembros (en particular respecto a la portabilidad de las pensiones), a la falta de información correcta sobre las normas aplicables o a la lenta tramitación de los asuntos; que la sentencia del TJUE de 21 de julio de 2011 (8) confirma el derecho de los ciudadanos de la UE a desplazarse a otro Estado miembro manteniendo la cobertura de la seguridad social;

N. Considerando que, en el marco del proceso de Bolonia, los títulos generalmente aceptados de finalización de los estudios universitarios se conceden como una etapa hacia un reconocimiento más sencillo de las cualificaciones;

O. Considerando los problemas relacionados con la aplicación incorrecta de la Directiva 2005/36/CE sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales (medidas compensatorias, solicitud de documentos adicionales, decisiones negativas no justificadas por parte del Estado miembro de acogida, retrasos indebidos en la tramitación de las solicitudes, imposición sistemática de pruebas específicas de lengua), que constituyen un obstáculo significativo para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos en la UE, que se ven privados, por lo tanto, de las ventajas de la cohesión social;

P. Considerando que peticionarios acusan a la Oficina de Bienestar de la Juventud (Jugendamt) alemana de discriminación del cónyuge no alemán en los matrimonios mixtos; considerando que la Oficina de Bienestar de la Juventud en Alemania (Jugendamt) contribuye en algunos casos, debido a su autonomía operativa, a las dificultades a las que se enfrentan los padres extranjeros divorciados que desean abandonar el territorio alemán junto con sus hijos;

Q. Considerando que el Parlamento adoptó una resolución (9), el 25 de octubre de 2011, con respecto a la movilidad y la integración de las personas con discapacidad, considerando que muchas peticiones son presentadas por personas con discapacidad que todos los días se encuentran con numerosos obstáculos que les impiden beneficiarse de los derechos de los ciudadanos de la UE, como el uso normal del sistema educativo, el acceso al seguro o a los servicios de transporte público, Considerando la necesidad de establecer un sistema coherente en la UE para determinar el grado de discapacidad, pues la inexistencia de un sistema de este tipo puede dar lugar a desigualdades e incluso a exclusión social;

R. Considerando que todo ciudadano de la UE que se encuentre ante los tribunales de un Estado miembro tiene derecho, para su defensa, a acceder a los documentos traducidos a su lengua materna, a fin de evitar toda discriminación por razón de lengua, y considerando, en particular, que todos los ciudadanos deben mantenerse al corriente de los procedimientos judiciales en su contra, y que el procedimiento completo debe desarrollarse en unos plazos aceptables judicialmente;

S. Considerando que los mayores obstáculos para el ejercicio de una ciudadanía activa de la UE son el desconocimiento por parte de los particulares de sus derechos como ciudadanos de la Unión y la falta de servicios de información claramente estructurados y con una difusión amplia; considerando que el Parlamento y la Comisión, en su acción para fortalecer la ciudadanía de la Unión, deben centrarse por tanto en una mejor comunicación financiada adecuadamente a los ciudadanos y los Estados miembros, tanto a nivel local como nacional, eliminando cualesquiera obstáculos jurídicos y administrativos que impidan que los ciudadanos de la UE de ejercer sus derechos y garantizándoles al mismo tiempo un fácil acceso a asesoramiento claro y preciso;

1. Acoge positivamente el informe de la Comisión Europea sobre la ciudadanía la UE de 2010, que establece el objetivo de eliminar los obstáculos al ejercicio de los derechos de ciudadanía y opina que las propuestas que contiene representan acciones concretas para reducir gastos innecesarios y contribuir con ello al poder adquisitivo de los ciudadanos de la UE, lo que reviste una especial importancia en tiempos de crisis; pide a la Comisión que asegure que las medidas legislativas y no legislativas propuestas en el informe se presentan lo antes posible y se aprueban, de manera que se garantice la efectividad de los derechos de los ciudadanos de la UE y que todos los Estados miembros eliminan los citados obstáculos e introducen simultáneamente medidas administrativas que faciliten el disfrute general de tales derechos, al tiempo que eliminan las posibles contradicciones entre el derecho europeo y los derechos nacionales;

2. Observa que, aunque el derecho de petición al Parlamento Europeo está expresamente previsto en los Tratados, no es suficientemente conocido o utilizado y, por consiguiente, pide un comunicación más activa y eficiente con los ciudadanos – que incluya justificaciones y explicaciones – acerca del derecho de petición en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea; pide asimismo a la Comisión que, a fin de llegar al mayor número posible de ciudadanos y compartir las mejores prácticas, refuerce la publicidad sobre el derecho de petición a través de sus representaciones en los Estados miembros, de sus redes de información descentralizadas, de las redes de defensores del pueblo y de todas las organizaciones que colaboran con la Comisión y el Parlamento Europeo;

3. Estima que la ICE, que se aplicará a partir del 1 de abril de 2012, constituye el primer instrumento de democracia participativa transnacional y proporcionará a los ciudadanos la posibilidad de participar activamente en la configuración de las políticas y la legislación europeas; pide la aplicación efectiva, transparente y con rendición de cuentas del Reglamento ICE y, en particular, pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que adopten oportunamente todas las disposiciones administrativas y prácticas necesarias, se movilicen efectiva y participativamente para informar a los ciudadanos acerca de este nuevo instrumento de forma que todos los ciudadanos de la UE puedan beneficia4rse plenamente del mismo y que utilicen especialmente el 2013, Año Europeo de los Ciudadanos para impulsar la concienciación; Opina por añadidura que, con fundamento en su experiencia en el contacto directo con los ciudadanos, debe otorgarse a la Comisión de Peticiones la responsabilidad de celebrar audiencias públicas para los organizadores de iniciativas de ciudadanos europeos que hayan tenido éxito, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento ICE; propone que la Comisión presente periódicamente a la Comisión de Peticiones un informe sobre la puesta en práctica de la ICE;

4. Pide a la Comisión que, al preparar su informe anual sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, se centre no solo en la aplicación de la Carta sino también de la de todos los artículos del Tratado de la UE relacionados con los derechos fundamentales y en la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea; pide a la Comisión que incluya en dicho informe información más detallada sobre la aplicación de la Carta por los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la UE y sobre las cuestiones planteadas por los ciudadanos, la manera en que las ha abordado y las medidas de seguimiento concretas que ha adoptado;

5. Pide a todas las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la Unión que velen por que el derecho de acceso a los documentos, previsto en el Reglamento (CE) no 1049/2001 (10), un derecho importante del que gozan los ciudadanos de la UE, está garantizado mediante una mejora de la transparencia y haciendo que el acceso a los documentos y la información sea fácil, de manejo sencillo y comprensible, entre otras cosas mediante la provisión de tecnologías sin barreras, con el fin de permitir a los ciudadanos participar más estrechamente en el proceso de toma de decisiones; señala, a este respecto, la gran importancia que tiene la labor del Defensor del Pueblo Europeo para defender el derecho de acceso a los documentos de las instituciones europeas;

6. Reconoce el derecho de acceso a la información como una de las piedras angulares de la democracia, hace hincapié en que dicho acceso no puede dar lugar a la vulneración de otros derechos fundamentales, como el derecho a la privacidad o a la protección de datos; subraya que el acceso a la información que se encuentra bajo custodia de las instituciones europeas es de interés primordial para los ciudadanos que desean entender las deliberaciones políticas y económicas subyacentes a la adopción de decisiones; considera que la Comisión podría proporcionar un mayor acceso a la información sobre investigaciones y expedientes de infracción sin poner en peligro el propósito de las investigaciones y que un interés público primordial podría justificar el acceso a estos expedientes, particularmente en asuntos en los que pueden estar en juego los derechos fundamentales, la salud humana o animal y la protección del medio ambiente contra daños irreversibles o cuando estén en curso procedimientos en relación con la discriminación contra una minoría o por violaciones de la dignidad humana, siempre que se defienda la protección de los secretos comerciales y la información delicada relacionada con los asuntos judiciales, los asuntos de competencia y los ficheros personales;

7. Anima a la Comisión a que continúe esforzándose por velar por que los Estados miembros traspongan y apliquen la DMF plena y correctamente, haciendo uso pleno de su poder de iniciar procedimientos de infracción; pide a los Estados miembros que eliminen las barreras jurídicas y prácticas existentes a la libre circulación de los ciudadanos y que no introduzcan procedimientos administrativos lentos e injustificados o toleren prácticas inaceptables que restrinjan la aplicación de ese derecho; pide asimismo a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para aumentar la sensibilización acerca del derecho de los ciudadanos a la libre circulación y para ayudarlos en su ejercicio, en particular cuando es denegado o limitado, o si se aplican prácticas con efectos discriminatorios directos o indirectos; pide, en este contexto, a la Comisión que presente una evaluación de las políticas de libre circulación en el próximo informe sobre la ciudadanía de la UE y que proponga medios concretos para apoyar el ejercicio de la libertad de circulación; Señala que, si bien el concepto de ciudadanía de la Unión está estrechamente vinculado con el derecho de libre circulación, también los ciudadanos que no abandonan su Estado miembro de origen gozan de sus derechos como ciudadanos de la Unión;

8. Reitera sus anteriores llamamientos a los Estados miembros para que garanticen la libre circulación de todos los ciudadanos de la UE y de sus familias, sin discriminación por razones de orientación sexual o nacionalidad; reitera su llamamiento a los Estados miembros para que velen por el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por los artículos 2 y 3 de la Directiva 2004/38/CE (11), no solo a los cónyuges de distinto sexo, sino también a las parejas registradas, los miembros de la familia del ciudadano de la UE y las parejas con quienes el ciudadano mantiene una relación debidamente comprobada y estable, incluyendo las parejas del mismo sexo, sobre la base de los principios de reconocimiento mutuo, igualdad, no discriminación, dignidad y respeto por la vida privada y familiar; pide a la Comisión, en este contexto, que garantice la aplicación estricta de la Directiva;

9. Pide a los Estados miembros que eliminen los obstáculos a la libre circulación de los ciudadanos y que tome medidas para orientar y asesorar a los trabajadores móviles acerca de oportunidades de empleo y condiciones de vida y de trabajo en la UE, haciendo tomar conciencia al mismo tiempo a los ciudadanos de los riesgos inherentes al trabajo ilegal y de las ventajas de obtener un trabajo legal (impuestos, seguridad social, derecho a formación profesional, derecho a la ciudadanía, derecho a la vivienda, derecho a la reagrupación familiar, acceso de los niños a la educación y formación) a través de instrumentos existentes (EURES, etc.);

10. Insta a una mejor coordinación entre los Estados miembros que se enfrentan a problemas tales como la doble tributación y la falta de armonización de la fiscalidad de las pensiones para los ciudadanos de la UE y pide, por tanto, a los Estados miembros que mejoren y actualicen sus acuerdos de cooperación bilateral; apoya los esfuerzos de la Comisión para proponer una nueva regulación destinada a eliminar las barreras fiscales y considera que debe prestarse especial atención a los impuestos de matriculación de vehículos previamente registrados en otro Estado miembro;

11. Insta a aquellos Estados miembros que han decidido, en virtud de la UE Tratado de Adhesión de Rumania y Bulgaria, introducir una moratoria de siete años, hasta el 1 de enero de 2014, sobre el derecho a la libre circulación dentro de la UE para los trabajadores de esos dos países, o seguir aplicando medidas transitorias que restrinjan el acceso de ciudadanos rumanos y búlgaros a sus mercados de trabajo (12), a que revisen sus decisiones tan pronto como sea posible, teniendo en cuenta el principio de igualdad, la prohibición de la discriminación, la naturaleza injustificada de esas decisiones y el principio de solidaridad, con objeto de que los derechos al empleo asociados a la ciudadanía de la UE dejen de estar restringidos para los ciudadanos rumanos y búlgaros;

12. Pide a la Comisión que preste mayor atención y responda con más precisión a las numerosas peticiones recibidas sobre el reconocimiento mutuo de documentos de estado civil y sobre el reconocimiento de esos documentos y de sus efectos (13), subraya la importancia de progresar lo más rápidamente posible hacia el reconocimiento mutuo y la garantía de a libre circulación de los certificados de registro civil, sin discriminación, en virtud del artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE,

13. Subraya el hecho de que las expulsiones masivas constituyen una infracción de la DMF, además de contravenir los valores y principios básicos en los que se basa la Unión Europea; recuerda que, de conformidad con la DMF, las restricciones a la libertad de circulación y de residencia por razones de política pública o seguridad pública pueden imponerse exclusivamente sobre la base de la conducta personal, sin ninguna discriminación por razones de discapacidad u origen étnico o nacional, y que la falta de medios económicos no puede utilizarse como justificación para la expulsión automática de ciudadanos de la UE (considerando 16, artículo 14) ni para otros propósitos de compensación, sanción o privación de derechos;

14. Insta a los Estados miembros a abolir las políticas y derogar las leyes que discriminan, directa o indirectamente, a la población romaní y otros grupos minoritarios por razones de raza o etnicidad, y les pide que pongan fin a toda persecución, desalojo, expulsión y confiscación de bienes de cualquier grupo minoritario; pide a todos los Estados miembros y a la UE que asuman la responsabilidad conjunta de promover y facilitar la integración de las comunidades romaníes, reconociéndoles los mismos derechos y deberes que a los demás ciudadanos europeos, de conformidad con la Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2011, sobre la Estrategia de la UE para la integración de la población romaní (14) y la Comunicación de la Comisión titulada «Un marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020» (COM(2011)0173), y que promuevan y protejan sus derechos fundamentales;

15. Pide a la Comisión que vincule las prioridades de inclusión social a un conjunto claro de objetivos que incluyan la protección de los ciudadanos contra la discriminación en todos los ámbitos de la vida y el fomento del diálogo social entre la población romaní y no romaní con el fin de luchar contra el racismo y la xenofobia; pide a la Comisión, como guardiana de los Tratados, que garantice que se aplica plenamente la legislación relevante y que se imponen sanciones adecuadas a los delitos de motivación racial (15);

16. Expresa su preocupación porque, pese a que el derecho de libre circulación y residencia está firmemente establecido en el Derecho primario de la UE y se halla muy desarrollado en el Derecho derivado, la aplicación de las normas jurídicas sigue siendo insatisfactoria; señala que los Estados miembros deben actuar conjuntamente para eliminar todos los obstáculos administrativos y jurídicos que aún persistan que les sean señalados por las instituciones de la UE y por la Comisión de Peticiones; Pide a la Comisión que evalúe detenidamente los derechos y las prácticas de los Estados miembros para comprobar que no infringen los derechos conferidos a los ciudadanos de la Unión por los Tratados y la DMF y que no constituyen una carga innecesaria para los ciudadanos de la Unión y sus familias, limitando de manera indirecta su derecho a la libre circulación;

17. Recuerda que los casi 80 millones de personas con discapacidad que viven en la Unión Europea siguen enfrentándose a barreras, a menudo insuperables, en numerosos aspectos del ejercicio de su derecho de libre circulación como ciudadanos de la Unión; pide, en consecuencia, a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que identifiquen y eliminen los obstáculos y barreras que restringen las posibilidades de las personas con discapacidad de beneficiarse de los derechos de los ciudadanos de la UE y faciliten a esas mismas personas el acceso a todos los medios de transporte, instalaciones de infraestructura, educación pública e información, sin retrasos ni costes adicionales, tan pronto como sea posible, de conformidad con la estrategia de la UE en materia de discapacidad 2010-2020 (COM (2010)0636) y su mencionada resolución, de 25 de octubre de 2011, hace referencia igualmente al número desproporcionadamente elevado de personas de edad avanzada con movilidad reducida; pide la creación de un programa del tipo Erasmus destinado a las personas con discapacidad;

18. 10 bis. Insta a que los Estados miembros garanticen que se proporciona a las personas sospechosas y acusadas que tengan problemas auditivos, así como a las partes perjudicadas en los asuntos penales, si así lo requieren, intérpretes de signos con el objeto de proteger sus derechos y preservar su dignidad, y llama la atención de la Comisión sobre la necesidad de esos servicios;

19. Pide a la Comisión y los Estados miembros, con respecto a las propuestas de la Comisión para facilitar el mejor acceso a los servicios de salud transfronterizos, y dado que el derecho de los pacientes a la información es fundamental, informen a los ciudadanos de la UE más plenamente sus derechos y de los medios disponibles para ejercitarlos, incluyendo aspectos prácticos tales como el reembolso de los gastos sobre la base de la tarjeta europea de seguro de salud; pide a la Comisión y los Estados miembros que hagan el mayor uso posible de los potenciales para telemedicina y servicios de salud por vía electrónica antes de 2020, respetando al mismo tiempo plenamente las disposiciones de protección de datos Europeo; aplaude la iniciativa de la Comisión de desarrollar un nuevo sistema de intercambio electrónico de datos en materia de seguridad social, y pide en consecuencia una mayor cooperación entre los regímenes nacionales de seguridad social; apoya también los proyectos piloto dirigidos a garantizar a los ciudadanos de la UE un acceso en línea seguro a sus datos médicos y a permitir la interoperabilidad de los historiales médicos;

20. Observa que los mayores obstáculos para que los ciudadanos aprovechen el mayor surtido de productos y los precios competitivos que ofrece el mercado interior son el desconocimiento de sus derechos como consumidores en los otros Estados miembros de la UE y la falta de información para los consumidores que realizan compras en línea en otros Estados miembros; considera que la información destinada a los consumidores es a veces compleja y requiere simplificación, por ejemplo en lo que se refiere a las etiquetas;

21. Recuerda las publicaciones recientes de la Comisión sobrecapacitación de los consumidores y las «20 principales preocupaciones», que ponen de manifiesto las deficiencias en materia de información, legislativas y de aplicación que persisten en el seno del mercado único, por ejemplo en relación con las prácticas abusivas de ciertos servicios de anuario; Pide a la Comisión que considere como una prioridad el desarrollo del mercado único digital; aprueba los trabajos de la Comisión y su compromiso con la aplicación del Acta del Mercado Único; Pide una mayor actuación de los Estados miembros, en coordinación con la Comisión, para superar las trabas que impiden a los ciudadanos el acceso a los servicios en línea; toma nota, a este respecto, de la propuesta de la Comisión sobre el Derecho contractual europeo;

22. Opina que debe facilitarse en mayor medida el acceso a los servicios bancarios para los ciudadanos de la UE que se establecen en otro Estado miembro; insta a la Comisión a que tome las medidas legislativas necesarias para garantizar el acceso a una cuenta básica de pagos a todos los ciudadanos de la UE; insiste en la necesidad de mejorar la transparencia de las tasas bancarias;

23. Constata las disparidades que existen entre los Estados miembros en lo que respecta a los abonos de telefonía móvil y de Internet; subraya que las reducciones de las tarifas por el servicio de itinerancia han sido posibles exclusivamente gracias a la legislación de la UE; pide, pues, que se publiquen los precios de coste en todos los Estados miembros de los mensajes SMS y MMS, las llamadas facturadas por minuto y las conexiones a Internet, con el fin de promover el establecimiento de tarifas europeas a tanto alzado que permitan reducir los costes de la movilidad;

24. Condena las prácticas de venta asociada; pide que el Año Europeo de los Ciudadanos sea utilice también como una oportunidad para atraer la atención de los ciudadanos sobre las medidas que les protegen en su calidad de consumidores y que han contribuido a mantener su poder adquisitivo en tiempos de crisis;

25. Pide a la Comisión que vigile la correcta aplicación por parte de los Estados miembros de los Reglamentos sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, centrándose en los nuevos aspectos introducidos por los Reglamentos (CE) no 883/2004 y (CE) no 987/2009, que entraron en vigor el 1 de mayo de 2010;

26. Expresa su preocupación por el hecho de que las autoridades del Reino Unido exigieran a numerosos peticionarios someterse al «test del derecho a residir» para poder acceder a viviendas sociales u otras prestaciones tales como la ayuda a las personas que buscan empleo (16); atrae especialmente la atención sobre el hecho de que esta exigencia introduce una discriminación indirecta por razones de nacionalidad, contraviniendo el artículo 4 del Reglamento (CE) no 883/2004; insta al Reino Unido a que actúe para que su legislación sea conforme con el Derecho de la UE;

27. Insta al Reino Unido a que acate las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en lo que respecta a la exportabilidad de las prestaciones por enfermedad en efectivo (17) y que no aplique el denominado «test de presencia pasada» cuando puedan utilizarse otros elementos representativos para establecer un vínculo genuino con el sistema de seguridad social del Reino Unido;

28. Estima que una Directiva sobre cualificaciones actualizada debe centrarse en eliminar los obstáculos derivados de la movilidad educativa, prestando especial atención a los jóvenes, y simplificar al mismo tiempo las fuentes de información actualmente disponibles para los profesionales y asegurar la coordinación con el portal «Tu Europa»; insta a la Comisión a que racionalice el suministro de información que se ofrece a los estudiantes, profesores e investigadores en la UE sobre la movilidad mediante la creación de un sistema de «ventanilla única»; apoya la idea de una tarjeta profesional europea de carácter voluntario, que sería un instrumento para facilitar la movilidad entre los europeos y serviría de ejemplo de la Europa de los ciudadanos;

29. Insta a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que establezcan el sistema de medidas de compensación exigido en virtud del artículo 10 de la Directiva sobre cualificaciones, en el marco del sistema general, ya que, si no lo hacen, se daría la impresión de que crean discriminación por razones de nacionalidad; señala, en este contexto, que los ciudadanos de los Estados miembros que se adhirieron a la UE en 2004 y en 2007 respectivamente, en particular los profesionales de la sanidad (médicos, comadronas y enfermeros) informan de que encuentran problemas relacionados con el reconocimiento de sus cualificaciones o sus derechos adquiridos en un Estado miembro distinto del suyo (18);

30. Recuerda que una de las peticiones pendientes más antiguas se refiere al trato discriminatorio que los profesores de lenguas extranjeras (lettori) han estado sufriendo en algunas universidades italianas (19); pide a la Comisión que investigue con mayor detenimiento la denominada «reforma Gelmini» actual, que entró en vigor en diciembre de 2010; pide a las autoridades italianas y a las respectivas universidades que resuelvan este asunto urgentemente; considera, no obstante, que no se trata de un caso aislado y que, por consiguiente, los Defensores del Pueblo de los Estados miembros podrían reunirse para intercambiar puntos de vista sobre las soluciones que deben introducirse en Europa;

31. Propone que se establezca un portal de Internet específico, con actualizaciones muy frecuentes, para que las administraciones nacionales, regionales y locales puedan indicar los sectores profesionales que buscan mano de obra, con el fin de facilitar la movilidad voluntaria;

32. Recuerda que el Reglamento (CE) no 2201/2003 (20) establece el principio de que los niños deben poder mantener su relación con ambos padres después de que estos se hayan separado, incluso si viven en diferentes Estados miembros; señala que, aunque la introducción y aplicación de normas sustantivas sobre derechos de acceso es actualmente un asunto competencia del Estado miembro, los Estados miembros deben respetar el Derecho de la Unión cuando ejercen sus poderes, en particular las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de todos los ciudadanos de la UE a viajar y residir en otro Estado miembro (21), así como el mantenimiento de los vínculos entre padres e hijos, abuelos y nietos o hermanos; añade que los plazos, en ocasiones prolongados, y el número de procedimientos impuestos a los padres que desean regresar a su país de origen con sus hijos obstaculizan la libre circulación de los ciudadanos de la UE; pide a la Comisión que investigue la supuesta discriminación del cónyuge no alemán en los matrimonios mixtos por parte de la Oficina de protección de menores alemana (Jugendamt);

33. Señala la importancia de la cooperación administrativa en materia de estado civil; observa, por ejemplo, que cualquier Estado que desee modificar los documentos de estado civil de un niño reconocidos en otro Estado miembro de la UE debe informar de su voluntad de modificarlos al Estado miembro de que se trate, para que los documentos tales como los certificados de nacimiento no puedan modificarse de manera que se borre el origen identitario del niño;

34. Estima que cualquier ciudadano de la UE reconocido como progenitor de un niño nacido dentro o fuera del matrimonio debe ser informado, en caso de separación, de las vías de recurso de las que dispone con el fin de disponer de derecho de visita, salvo en caso de que, de común acuerdo entre los países de origen de los padres y del niño, se haya demostrado que ello supondría un riesgo real para el niño;

35. Pide el nombramiento en todos los Estados miembros de un defensor del pueblo o, al menos, de un defensor del niño, dotado con competencias suficientes que le permitan tener acceso a todos los documentos y revisar resoluciones judiciales, con objeto de atender las denuncias y las dificultades jurídicas de los progenitores que se separan a fin de evitar que recurran a comportamientos ilegales para hacer prevalecer lo que consideran que es su derecho y el de sus hijos; añade que todos los ciudadanos podrán apelar al Defensor del Pueblo de su país de origen así como al del país donde consideren que no se han respetado sus derechos;

36. Pide a los Estados miembros que no han ratificado la Decisión del Consejo, de 12 de julio de 2010, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación legal que lo hagan a fin de garantizar la igualdad de los ciudadanos europeos ante la elección de la jurisdicción que regirá su divorcio; pide, por otra parte, a la Comisión que promueva ese nuevo instrumento durante el Año Europeo de la Ciudadanía, pues será inevitable que el número de divorcios transnacionales aumente paralelamente al número de matrimonios transnacionales;

37. Considera que todos los ciudadanos que consideren lesionados sus derechos deben disponer de un recurso, como mínimo, a escala local, nacional o europea para defenderlos;

38. Atrae la atención de nuevo sobre los problemas a los que se enfrentan los ciudadanos de la UE que decidieron ejercer su derecho de establecimiento de conformidad con el artículo 49 del TFUE, que legalmente compraron propiedades en España y que fueron posteriormente ilegalizadas; insta a las autoridades españolas a que revisen exhaustivamente la manera en que se aplica la Ley de Costas, con el fin de evitar que se vean afectados los derechos de los propietarios individuales, teniendo en cuenta que el derecho de propiedad no entra dentro del ámbito de competencias de la UE estando sujeto al principio de subsidiariedad consagrado en los Tratados.

39. Recuerda la prioridad clave de la Comisión de Peticiones: encontrar una solución a las antiguas preocupaciones en materia inmobiliaria; señala que los ciudadanos de la UE, tanto nacionales como no nacionales, han tenido graves problemas con transacciones inmobiliarias y garantías bancarias, y que la violación de los derechos de propiedad ha contribuido a una falta de confianza en el mercado inmobiliario transfronterizo y a los problemas económicos de Europa; pide que los principios de la UE en materia de protección de los consumidores y libre circulación se amplíen para cubrir la propiedad inmobiliaria y reitera su petición de que se respete plenamente el derecho de propiedad legítimamente adquirida;

40. Reconoce que hay una serie de obstáculos que impiden el pleno disfrute por parte de los ciudadanos de la UE de sus derechos electorales cuando residen en un país distinto del suyo, cuando esta es el derecho político más tangible de ciudadanos de la Unión y su ejercicio debe verse libre de toda discriminación y de formalidades obstaculizadoras; pide a la Comisión y a los Estados miembros que conciencien a los ciudadanos acerca de este derecho mediante campañas de información selectivas previas a las elecciones correspondientes; acoge con satisfacción el propósito de la Comisión de facilitar el procedimiento que deben seguir los ciudadanos de la UE para presentarse a las elecciones europeas en su Estado miembro de residencia y la anima a llevar a cabo las operaciones técnicas para mejorar los mecanismos de prevención del doble voto y la pérdida del derecho de sufragio; propone, a tal fin, que se establezca un censo electoral europeo para las elecciones europeas; apoya la acción llevada a cabo por la Comisión con miras a la publicación simultánea de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo en todos los Estados miembros; pide a los Estados miembros que encuentren las mejores soluciones para mejorar las normas que regulan las elecciones y promuevan las mejores prácticas; insiste en que una participación más directa de los ciudadanos a través de los partidos políticos europeos es un uno de los pasos decisivos hacia la consecución de «más» Europa y de una democracia más auténtica;

41. Propone que pueda ofrecerse con mayor frecuencia la posibilidad de adherirse a un partido político europeo en el momento de la afiliación a un partido nacional, con el fin de fomentar la participación política europea de los ciudadanos;

42. Considera que el establecimiento de la ventanilla única física y en línea para los ciudadanos, «Tu Europa», es de gran importancia para los ciudadanos que buscan asesoramiento o compensación, ya sean residentes antiguos o recientes; reconoce al mismo tiempo que las redes de información y solución de problemas establecidas por la Comisión (como Europe Direct, SOLVIT, Red de Centros Europeos de Consumidores, etc.) son socios importantes en la solución de quejas relativas al mal funcionamiento del mercado interior o a restricciones de los derechos de los ciudadanos de la UE; pide a la Comisión que promueva más activamente estos servicios accesibles en línea, no solo mediante la participación de los servicios de ayuda y solución de problemas existentes a escala de la UE, sino también a través de una oferta y comunicación más amplia y activa para dar a conocer estos servicios a los ciudadanos;

43. Considera que los trabajadores transfronterizos, que son los primeros afectados por las trabas burocráticas de los Estados miembros, necesitan mejor información, más enfocada en relación con sus derechos sociales y profesionales; alienta a la Comisión a elaborar material informativo que exponga en términos claros y sencillos los derechos de que disfrutan todos los ciudadanos que se desplazan, trabajan, estudian, compran, viajan y ejercen sus derechos políticos a través de las fronteras; opina que un nuevo sistema de resolución alternativa de litigios (RAL) basado en la autonomía de los ciudadanos y construido sobre los actuales órganos consultivos y estructuras administrativas representaría un gran avance para ofrecer a los consumidores procedimientos extrajudiciales de resolución de litigios asequibles, rápidos y accesibles;

44. Propone a la Comisión lleve a cabo un estudio para averiguar cómo desean ser informados los ciudadanos de la UE acerca de las actividades de la Unión, a fin de responder más directamente a sus expectativas;

45. Pide a la Comisión que mejore el suministro de información sobre las actividades de la Unión por todo su territorio aumentando el número de puntos de información;

46. Pide que se reduzca al mínimo absoluto el número de documentos que precisan traducción jurada en los procedimientos judiciales, con el fin de evitar retrasos y costas judiciales excesivas en la defensa de los ciudadanos;

47. Pide que se facilite a todo ciudadano europeo que considere haber sido objeto de un exceso de celo o abuso de autoridad por parte de autoridades administrativas o policiales de otro Estado miembro el acceso a la autoridad nacional o local que se ocupe de las denuncias contra dichos cuerpos;

48. Pide que la Comisión Europea, que apoya el hermanamiento entre ciudades europeas, no se oriente exclusivamente hacia la concesión de asistencia a los programas de hermanamiento con nuevos Estados miembros o con terceros países, y pide, en cambio, que los hermanamientos más antiguos sigan recibiendo el apoyo de la UE de manera que se garantice su existencia a más largo plazo, actualmente en peligro;

49. Considera que todos los ciudadanos de la UE tienen derecho a acceder libremente a información imparcial y de calidad; observa con la más profunda inquietud el establecimiento de autoridades de supervisión de los medios de comunicación, que están excesivamente vinculadas a los gobiernos;

50. Considera que la Unión debe hace más frecuente y periódica su comunicación a través de la televisión, que es un importante vehículo de información; celebra, por consiguiente, los recursos presupuestarios adicionales asignado a Euronews;

51. Acoge favorablemente la reciente propuesta de la Comisión destinada a reforzar la protección de los ciudadanos de la UE por las autoridades diplomáticas o consulares de cualquier Estado miembro, en particular mediante la aclaración de cuándo se considera que un ciudadano no está representado y la especificación del tipo de asistencia que los Estados miembros prestan normalmente en caso de necesidad;

52. Felicita a la Comisión por la creación del portal e-Justicia, que ofrece un compendio de los procedimientos y las disposiciones legales de los Estados miembros;

53. Alienta a la Comisión a cooperar con la Comisión de Peticiones en la elaboración de un nuevo informe sobre la ciudadanía en 2013; puntualiza a este respecto que la Comisión de Peticiones examinará críticamente, en particular por medio de las peticiones que reciba, los logros obtenidos hacia el refuerzo de la ciudadanía de la Unión antes de la publicación del siguiente informe y, en su caso, solicitará a la Comisión que adopte nuevas medidas;

54. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión para declarar 2013 «Año Europeo de los Ciudadanos», lo que permitiría aumentar y mejorar la conciencia de los derechos y ventajas derivados a la ciudadanía de la Unión; pide a la Comisión que, en colaboración con las autoridades locales, regionales y nacionales y los representantes de la sociedad civil, aproveche esta oportunidad para redoblar sus esfuerzos encaminados a proteger y promover los derechos de los ciudadanos, reforzando de esta forma el prestigio y la imagen de la UE como defensora y facilitadora de los derechos de los ciudadanos; subraya la importancia de aprovechar el potencial estratégico del año 2013 con el fin de acelerar los cambios sociopolíticos necesarios para resolver la falta de confianza, que se ha visto agravada por las crisis económicas; pide que se incluya la ciudadanía de la Unión entre las prioridades de la Presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea; expresa la esperanza de que la celebración del Año Europeo de los Ciudadanos en 2013 abordará los problemas socioeconómicos de la UE y fomentará un mercado que beneficie a los ciudadanos, aumentando al mismo tiempo de manera significativa la conciencia general respecto a la ciudadanía de la UE;

55. Propone a la Comisión que convoque en 2012 un concurso a escala de la UE para el diseño de un logotipo para el Año Europeo de los Ciudadanos;

56. Pide al Parlamento y al Consejo Europeo que velen por que haya suficientes recursos presupuestarios disponibles para desarrollar con éxito el Año Europeo de los Ciudadanos en 2013 y que las actividades previstas a este respecto, particularmente en colaboración con los medios de comunicación, se desarrollen con soltura a fin de garantizar el logro de los objetivos fijados;

57. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 257 de 19.10.1968, p. 2.

(2) DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.

(3) DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.

(4) DO L 284 de 30.10.2009, p. 1.

(5) DO C 137 E de 27.5.2010, p. 14.

(6) Artículo 20, apartado 2, del TFUE.

(7) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0587.

(8) Lucy Stewart / Secretary of State for Work and Pensions, asunto C-503/09.

(9) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0453.

(10) Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).

(11) DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.

(12) Véanse, entre otras, las peticiones 0810/2011 y 0900/2011.

(13) Véase, entre otras, la petición 0632/2008.

(14) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0092.

(15) Véanse, entre otras, las peticiones 1351/2008, 0945/2010 y 1300/2010.

(16) Véanse, entre otras, las peticiones 0401/2009 y 1119/2009.

(17) Asunto C-299/05 de 18 de octubre de 2007 y, más recientemente, Asunto C-503/09 de 21 de julio de 2011.

(18) Véase, entre otras, la petición 0112/2009.

(19) Véanse, entre otras, las peticiones 0511/1998 y 0689/1998.

(20) Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000 (DO L 338 de 23.12.2003, p. 1).

(21) Véase, entre otras, la petición 1614/2009.