Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico

(Presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Introducción

El objetivo de la presente propuesta es aplicar el principio de igualdad de trato entre individuos de diferentes orígenes raciales o étnicos en la Unión Europea.

La propuesta establece un marco mínimo dirigido a prohibir la discriminación basada en el origen racial o étnico y un nivel mínimo de protección jurídica dentro de la Unión Europea para las personas que han sido objeto de discriminación. Proporciona una definición común de discriminación contraria a Derecho y un nivel común mínimo de tutela en la Unión Europea.

La propuesta se basa en el artículo 13 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y forma parte de una serie más amplia de medidas, entre las que se incluye una Directiva dirigida a prohibir la discriminación en el mercado de trabajo por motivos de origen racial o étnico, religión y convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual, así como un programa de acción para apoyar las medidas prácticas desarrolladas en los Estados miembros a fin de combatir la discriminación.

II. Contexto

La lucha contra el racismo constituye una preocupación esencial de la comunidad internacional y ha sido uno de los objetivos fundamentales de la cooperación internacional en las últimas décadas.

El historial europeo de guerras y enfrentamientos a lo largo de todo el siglo XX -e incluso en sus postrimerías- ha puesto de manifiesto los peligros del racismo y los graves ataques contra la dignidad humana que ha provocado. A pesar de ello, a finales de siglo aún no se ha erradicado la discriminación racial de la vida cotidiana en Europa.

Está ampliamente reconocido que las medidas jurídicas son de importancia capital para luchar contra el racismo y la intolerancia. El Derecho no sólo protege y resarce a las víctimas, sino que demuestra también la firme oposición al racismo de la sociedad y el compromiso genuino de las autoridades para erradicar la discriminación. La aplicación de leyes antirracistas puede tener un efecto considerable a la hora de conformar las actitudes.

Por este motivo, la comunidad internacional y los Estados miembros de la Unión Europea han reforzado sus instrumentos legales de lucha contra el racismo a lo largo de las últimas décadas. Un gran número de textos jurídicos internacionales abordan la cuestión del racismo, ya sea específicamente o en el marco de otros instrumentos de protección de los derechos humanos [1].

[1] En el anexo de la comunicación se ofrece una lista con los Tratados y Convenios internacionales pertinentes.

Desde 1977 [2], las instituciones europeas han declarado en numerosas ocasiones su compromiso en favor de la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales y condenado la intolerancia, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo.

[2] Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre los derechos fundamentales, 5 de abril de 1977 (DO C 103, de 27.4.1977, p. 1).

Continuando su labor de lucha contra el racismo y a partir de la Comunicación [3] de la Comisión de 13 de diciembre de 1995, el Consejo y los representantes de los gobiernos de los Estados miembros aprobaron, el 23 de julio de 1996, una Resolución mediante la que se proclamaba 1997 el Año Europeo contra el Racismo [4].

[3] COM(95) 653 final, de 13.12.1995.

[4] DO C 237, de 15.8.1996, p. 1.

Concluido el Año Europeo y sobre la base la experiencia acumulada, la Comisión adoptó, el 25 de marzo de 1998, una Comunicación que establecía un Plan de acción contra el racismo [5]. Este documento, que adopta un enfoque global, subraya la importancia de integrar la lucha contra el racismo en todas las políticas europeas e insiste en la necesidad de promover la colaboración entre las instituciones europeas y todos los agentes pertinentes, tanto gubernamentales como no gubernamentales.

[5] COM(1998) 183 final de 25.3.1998.

En este contexto, las instituciones europeas y la sociedad civil han solicitado en repetidas ocasiones medidas legales en el ámbito del racismo

III. Subsidiariedad y proporcionalidad: Necesidad de una intervención europea en el ámbito del racismo

Como subrayó el Parlamento Europeo en la Resolución sobre el ascenso del racismo y la xenofobia en Europa que aprobó el 21 de abril de 1993, el racismo y la xenofobia hacen vacilar «los fundamentos de la democracia, la salvaguardia de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros [6]».

[6] DO C 150, de 31.5.1993, p. 127.

El Tratado de Amsterdam ha reforzado el compromiso de la Unión Europea en favor de los derechos humanos y las libertades fundamentales; así, los artículos 6 y 7 confirman la protección de los derechos humanos como un principio básico sobre el que se basa la Unión Europea y el artículo 13 otorga competencias específicas para poner en práctica medidas dirigidas a luchar contra la discriminación. Además, la propia Unión ha establecido el objetivo de mantener y desarrollar la Unión como espacio de libertad, seguridad y justicia. Durante la reunión extraordinaria celebrada en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a presentar cuanto antes propuestas que den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 del Tratado CE en materia de lucha contra el racismo y la xenofobia y contribuyan a lograr dicho objetivo.

Existen varios instrumentos internacionales que sirven de base para combatir el racismo, ya sean declaraciones generales sobre los derechos humanos (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convenio Europeo de Derechos Humanos), o textos concretos que abordan exclusivamente el racismo y la xenofobia (Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, Convenio nº 111 de la OIT, nuevo Protocolo provisional del CPDH). Si bien estos instrumentos sientan principios generales para luchar contra la discriminación, ninguno establece vías de recurso directas para que los afectados obtengan resarcimiento sin que los Estados que los han suscrito adopten nuevas medidas de aplicación.

Por su parte, los Estados miembros han introducido una serie de medidas para garantizar el derecho de todo individuo a no sufrir discriminación por motivo de origen racial o étnico. Todos los países de la Unión han promulgado leyes para combatir la violencia racista y la incitación al odio racial, en particular tras la Acción común contra el racismo y la xenofobia de 15 de julio de 1996. Asimismo, algunos Estados miembros han añadido cláusulas antidiscriminatorias a sus constituciones, las cuales en ocasiones garantizan a los afectados el derecho de resarcimiento. Además, muchos de ellos han adoptado legislación específica, basada en la previsión de una tutela judicial efectiva para las víctimas, dirigida a proscribir la discriminación racial en determinados aspectos del trabajo, al tiempo que otros -como Irlanda, los Países Bajos y el Reino Unido- han extendido la protección a distintas áreas de la vida cotidiana, como el acceso a los bienes y servicios y la educación.

Todos los Estados miembros prohiben la discriminación por motivos de origen étnico o racial, pero el alcance, el contenido y la eficacia jurídica de esta prohibición varían considerablemente. No obstante, la existencia de competencias legales y la manifiesta voluntad política de actuar no justifican por sí solas la adopción de legislación comunitaria. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (1997) anexo al Tratado de Amsterdam justifica así la actuación de la Comunidad:

«la actuación comunitaria proporcionaría claros beneficios debido a su escala o a sus efectos en comparación con la actuación a nivel de los Estados miembros».

La adopción de una Directiva a nivel comunitario constituirá una prueba inequívoca de la voluntad política de combatir la discriminación. Garantizará que todos los ciudadanos de la Unión disfruten de idéntica protección contra la discriminación racial, reforzando y completando la protección existente actualmente en los Estados miembros, ya sea mediante la ampliación del ámbito material de dichas protecciones o el refuerzo de las vías de recurso. De esta manera, reforzará los principios sobre los que se basa la Unión: el Estado de Derecho, la libertad, la democracia, y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, amén de propiciar el desarrollo de la Unión en cuanto espacio de libertad, seguridad y justicia. Contribuirá también a reforzar la cohesión económica y social al garantizar a los ciudadanos de todos los Estados miembros un nivel básico de protección contra la discriminación, con una tutela efectiva comparable, respetando simultáneamente la diversidad cultural de los Estados miembros.

Asimismo, la Directiva apuntalará los esfuerzos de los Estados miembros en pos de otros objetivos establecidos a nivel europeo, en particular en el marco de la estrategia coordinada de empleo (especialmente la directriz nº 9), y contribuirá a garantizar un amplio acceso a una educación y formación de calidad.

Por último, la Directiva proporcionará una base sólida para la ampliación de la Unión Europea, que debe fundamentarse en el respeto pleno y efectivo de los derechos humanos. El proceso de ampliación incorporará a la UE culturas y minorías étnicas diversas ausentes hasta ahora de la Comunidad. A fin de evitar tensiones sociales tanto en los actuales como en los futuros Estados miembros, además de crear una Comunidad de respeto y tolerancia de la diversidad racial y étnica, es esencial establecer un marco europeo común de lucha contra el racismo.

IV. Planteamiento de la Comisión respecto a la acción comunitaria

A la hora de proponer una Directiva dirigida a combatir la discriminación por motivos de origen racial y étnico, la Comisión ha tenido en cuenta las experiencias a nivel nacional e internacional y las opiniones expresadas en las distintas consultas que ha efectuado. En su Resolución de 29 de enero de 1998 [7], el Parlamento Europeo afirmaba que la Directiva debería abarcar «los ámbitos del empleo, la educación, la sanidad, la seguridad social, la vivienda y los servicios públicos y privados».

[7] Resolución de 29 de enero de 1998 (DO C 56, de 23.2.1998).

La Comisión admite que la Directiva deberá tener un ámbito de aplicación amplio para que pueda contribuir realmente a la disminución del racismo y la xenofobia en Europa. En el contexto de la estrategia coordinada de empleo, la Unión Europea ha reconocido ya, por ejemplo, que a menudo la participación en la vida económica es un requisito previo para una fructífera integración social de capas más amplias de población. Del mismo modo, los sistemas de protección social desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar la cohesión social y mantener la estabilidad política y el progreso económico en toda la Unión. La discriminación en el acceso a las prestaciones y otros tipos de ayuda del sistema de protección social agrava la marginación de los ciudadanos pertenecientes a minorías étnicas, inmigrantes y sus descendientes. Lo mismo cabe decir de las ventajas sociales, que con frecuencia son discrecionales y tienen un carácter o finalidad similar a la protección social.

Otras áreas pueden tener una vinculación menos directa con el mundo del trabajo pero, no obstante, contribuir significativamente a la integración social y económica. Por ejemplo, una educación de alta calidad es un requisito previo para la integración fructífera en la sociedad. Por lo tanto, habrá que prestar atención a la igualdad de trato en los procedimientos de selección y tener en cuenta los distintos orígenes culturales.

La discriminación en el acceso a los bienes y servicios limita también la integración social y económica, sobre todo la relativa al acceso a los recursos financieros, pero también en otros ámbitos. Por ejemplo, las decisiones sobre préstamos a pequeñas empresas o hipotecas concedidas a particulares basadas o condicionadas por el origen racial o étnico -real o supuesto- del solicitante no sólo contravienen principios básicos de los derechos humanos, sino que, en la práctica, reducen enormemente la capacidad de grandes segmentos de la sociedad de asegurar su sustento y el de las personas a su cargo. Del mismo modo, excluir a determinados ciudadanos del acceso a los bienes y servicios de su elección deteriora su autoestima, en el mejor de los casos y, en el peor, puede contribuir a agravar la exclusión social.

La Comunidad defiende de manera decidida los derechos humanos de las mujeres y de las niñas como parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales. Reconoce que la discriminación por motivos de origen racial o étnico puede afectar de manera diversa a mujeres y hombres. Con frecuencia, las desigualdades estructurales vinculadas al sexo y a los papeles sexuales de ambos grupos son si cabe más pronunciadas en el contexto de esta doble discriminación. De acuerdo con el principio establecido en los artículos 2 y 3 del Tratado, la igualdad entre el hombre y la mujer constituye un fin explícito de la CE y, en todas sus actividades, la Comunidad se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre ambos sexos y promover su igualdad. Por lo tanto, el principio de integración de este objetivo deberá aplicarse a la Directiva, a fin de garantizar que en su puesta en práctica se tenga en cuenta debidamente la dimensión de género.

Por todo ello, la Comisión ha propuesto una Directiva de amplio alcance que, sin embargo, no rebasa los límites de las competencias conferidas a la Comunidad por el Tratado. No obstante, la Comisión considera igualmente que es necesario dejar a los Estados miembros cierto margen de flexibilidad para que, en la aplicación de las normas comunitarias, puedan tener en cuenta sus circunstancias particulares, resultado de su historia y tradiciones. Así pues, la Directiva propuesta se limita a establecer objetivos generales para asegurar la prohibición de la discriminación y que las víctimas de ésta dispongan de un derecho básico mínimo de reparación. Junto con la propuesta de Directiva mediante la que se prohibe la discriminación por otros motivos en el empleo y el programa de acción para fomentar el desarrollo de medidas prácticas contra la discriminación, la Directiva específica sobre discriminación por motivos de origen racial y étnico constituirá un paso importante hacia la creación de un marco general para la aplicación del principio de igualdad de trato en la vida económica y social.

V. Observaciones sobre los artículos

La propuesta de Directiva comprende cuatro títulos: Disposiciones generales (Título I), Recursos legales y tutela efectiva (Título II), Organismos independientes de promoción de la igualdad de trato (Título III) y Disposiciones varias (Título IV).

Capítulo I: Disposiciones generales

En este título se establecen el propósito de la Directiva y el concepto de discriminación.

Artículo 1: Objetivo

El Artículo 1 fija el objetivo fundamental de la Directiva; asegurar el respeto del principio de igualdad de trato en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Cabe señalar que la Directiva no prohibe las diferencias de trato basadas en la nacionalidad, aspecto al que se refieren otras disposiciones del Tratado (en concreto los artículos 12 y 39) y del Derecho derivado en vigor.

Artículo 2: Concepto de discriminación

La definición del principio de igualdad de trato incluida en este artículo concuerda con la definición establecida en la Directiva 76/207/CEE, de 9 de febrero de 1976, relativa a de igualdad de trato, la Directiva 97/80/CE, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la carga de la prueba, y con la jurisprudencia [8] del Tribunal en materia de discriminación indirecta en los ámbitos de igualdad de trato entre hombres y mujeres y libre circulación de trabajadores. La definición de la discriminación indirecta debe ser interpretada a tenor de las normas generales sobre la carga de la prueba mencionadas en el artículo 8. El principio de la igualdad de trato se aplicará independientemente de que el origen racial o étnico sea real o supuesto.

[8] O'Flynn contra Adjudication Officer, asunto C-237/94, sentencia de 23.5.1996, Rec. 1996 p. 2417.

El apartado 3 versa sobre la noción de acoso. Una conducta de esta naturaleza puede adoptar diversas formas, desde alusiones verbales y gestos hasta la producción, exhibición o distribución de material escrito, fotográfico o de otro tipo. Para que quede dentro del ámbito de la Directiva, este comportamiento debe ser grave y crear un entorno de trabajo hostil o perturbador en términos generales. El acoso por motivos de origen racial o étnico vulnera gravemente los derechos de los ciudadanos en las esferas profesional, económica y social, y deberá considerarse discriminatorio.

Artículo 3: Ámbito material

El artículo 3 define las áreas en las que se prohibe la discriminación basada en el origen racial y étnico. En todos los casos, estas áreas están cubiertas en la medida en que entran dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Comunidad por el Tratado.

1) Acceso a actividades por cuenta propia y ajena y condiciones de trabajo

En las letras a) a c) -idénticas a las de Directiva 76/207/CEE relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres- se define el ámbito de aplicación en materia de empleo.

2) Inscripción en organizaciones

La letra d) se refiere a la inscripción y participación en organizaciones sindicales, patronales o de otro tipo cuyos miembros desempeñan una profesión determinada. Garantiza que no se producirá discriminación alguna tanto por lo que se refiere a la pertenencia como a las ventajas proporcionadas por este tipo de organizaciones.

3) Protección social y seguridad social

Aunque tanto la concepción del sistema de protección y seguridad social como la prestación de ambas competen claramente a los Estados miembros, la letra e) exige que éstos velen por que no haya discriminación basada en el origen racial o étnico en el ejercicio de dicha competencia.

4) Ventajas sociales

El Reglamento (CEE) nº 1612/68 relativo a la libre circulación de los trabajadores obliga a los Estados miembros a conceder las ventajas sociales independientemente de la nacionalidad. Dichas ventajas fueron definidas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como prestaciones de naturaleza económica o cultural concedidas en los Estados miembros por las autoridades públicas o por organizaciones privadas. Éste es el concepto que se aplica en este caso. Cabe citar, a título de ejemplo, los billetes con descuento en los transportes públicos, las tarifas reducidas para acceder a acontecimientos culturales o de otro tipo o las comidas subvencionadas en las escuelas para los hijos de familias con ingresos reducidos. La letra f) exige que cuando se otorguen tales ventajas no se realice discriminación alguna por motivos de origen racial o étnico.

5) Educación, incluidas becas y subvenciones

La letra g) obliga a los Estados miembros a garantizar que no haya discriminación por motivos de origen racial o étnico en el ámbito de la educación, incluso cuando el acceso se supedite a la concesión de becas y subvenciones. Está obligación respeta plenamente la responsabilidad de los Estados miembros por lo que respecta al contenido de la enseñanza y la organización de los sistemas educativos, así como su diversidad cultural y lingüística.

6) Acceso a bienes y servicios y oferta de los mismos

La letra h) exige que las decisiones relativas a la concesión de acceso a bienes y servicios o sobre la oferta de los mismos no estén basadas en el origen racial o étnico.

Artículo 4: Cualificaciones profesionales genuinas

Basado en preceptos similares de las legislaciones nacionales (DK, IRL, NL, UK) y en la Directiva sobre igualdad de trato de 1976, el artículo 4 dispone que no se considerarán discriminatorias las diferencias de trato basadas en el origen racial o étnico que estén relacionadas con una cualificación profesional genuina. La expresión «cualificación profesional genuina» deberá interpretarse en sentido estricto, de manera que abarque únicamente aquellos requisitos profesionales estrictamente necesarios para desempeñar las actividades de que se trate. Estos supuestos serán completamente excepcionales en el caso de las diferencias de trato basadas en el origen racial o étnico. Cabe citar dos ejemplos de este tipo de prácticas: el caso de las personas de un origen racial o étnico concreto que resultan necesarias en aras de la autenticidad de una representación teatral, o el caso de los asistentes sociales que proporcionan sus servicios a individuos pertenecientes a un grupo étnico específico, cuya labor de asistencia personal puede ser más eficaz si ellos mismos forman parte de dicho grupo.

Artículo 5: Acción positiva

Por sí misma, la igualdad de trato puede ser insuficiente si no supera el peso de la discriminación acumulada por los grupos que han padecido un trato de inferioridad. El artículo 5 permite a los Estados miembros autorizar las medidas legislativas o administrativas que sean necesarias para prevenir y corregir las situaciones de desigualdad.

Artículo 6: Requisitos mínimos

Esta es una disposición normal de «no regresión» dirigida a los Estados miembros que hayan adoptado -o pretendan hacerlo- normas que garanticen un nivel de protección superior al establecido por la Directiva marco. Dispone que, cuando se aplique la Directiva comunitaria, no deberá producirse una disminución del nivel de protección contra la discriminación garantizado previamente por los Estados miembros.

Capítulo II: Acciones legales y tutela efectiva

Este título se refiere a los dos requisitos más importantes para que la legislación contra la discriminación sea efectiva: el derecho de las víctimas a un resarcimiento personal efectivo por parte de la persona o el organismo que haya efectuado la discriminación y la existencia de un mecanismo apropiado en cada Estado miembro para garantizar una tutela efectiva de tales derechos.

Artículo 7: Defensa de derechos

El artículo 7 versa sobre la tutela efectiva (acceso a la justicia) prevista para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Directiva. En particular, proporciona a las personas que consideren haber sido víctimas de discriminación la posibilidad de emprender acciones legales por vía administrativa y/o judicial en defensa de su derecho a la igualdad de trato. El derecho de amparo jurídico se ve además reforzado al hacer posible que distintas organizaciones puedan ejercer tales derechos en nombre de una víctima [9]. Esta disposición no afecta a las disposiciones nacionales sobre los plazos de recurso.

[9] Véase, por ejemplo, la ley modelo de las naciones Unidas contra la discriminación racial (Programa de acción del tercer decenio).

Artículo 8: Carga de la prueba

Normalmente, en una causa judicial la carga de la prueba corresponde a la parte demandante. No obstante, en los casos de discriminación la obtención de pruebas puede resultar muy problemática, ya que con frecuencia la información pertinente está en manos de la parte demandada. Por esta razón, la Comisión propone trasladar la carga de la prueba a esta última en determinadas circunstancias, como ya se ha hecho en el caso de la discriminación sexual. El tenor literal del artículo 7 está basado en el de los artículos 3 y 4 de la Directiva 97/80/CE [10].

[10] Directiva 97/80/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo.

La Comisión propone que la carga de la prueba incumba al acusado una vez que el demandante haya acreditado la existencia de un trato menos favorable resultado de una discriminación manifiesta.

Artículo 9: Protección de las víctimas

Una protección jurídica eficaz debe incluir la protección de las víctimas contra las represalias, ya que éstas pueden verse disuadidas de ejercer sus derechos ante el riesgo de represalias. Dado que, por lo general, el temor a ser despedido es uno de los frenos principales de las demandas individuales, resulta necesario proteger a los ciudadanos contra el despido u otro trato adverso (por ejemplo, la pérdida de categoría profesional o cualquier otra medida coercitiva a raíz de una demanda de este tipo).

Artículo 10: Difusión de información

El artículo 10 prevé la difusión adecuada de información sobre los derechos a la igualdad de trato y oportunidades. Cuanto más eficaz sea el sistema de información y prevención públicas menor será la necesidad de reparación individual.

Artículo 11: Diálogo social

La Declaración común contra el racismo y la xenofobia adoptada por los interlocutores sociales en Florencia en 1995 confirmó por vez primera el papel de los interlocutores sociales en la lucha contra la discriminación. En algunos Estados miembros (Bélgica, Francia), los interlocutores sociales han aprobado acuerdos marco a nivel nacional sobre la lucha contra la discriminación racial y étnica en las empresas, mientras que en otros países (Reino Unido, Países Bajos) se han acordado códigos de conducta a nivel nacional y local. Algunos de éstos incluyen disposiciones para resolver los conflictos al respecto mediante, por ejemplo, la creación de ventanillas de reclamación o el nombramiento de mediadores en las empresas, lo que puede contribuir positivamente a eliminar estas prácticas.

La Comisión está decidida a reforzar el papel de los interlocutores sociales, de manera que la Directiva propuesta reconoce que éstos pueden contribuir a su puesta en práctica aprobando acuerdos contra la discriminación y controlando la aplicación del principio de igualdad de trato en el lugar de trabajo. Insta a los Estados miembros a que inciten a los interlocutores sociales a llegar a acuerdos en este ámbito.

Capítulo III: Organismos independientes de promoción de la igualdad de trato

Artículo 12: Organismos independientes

El artículo 12 de la Directiva fija un marco aplicable a los organismos nacionales independientes que contribuirá al fomento del principio de igualdad de trato.

Asimismo, los Estados miembros pueden decidir que tales organismos se establezcan a nivel regional o local, siempre que con ello se abarque la totalidad de su territorio.

La Directiva propuesta establece una serie de requisitos mínimos para los organismos independientes de los Estados miembros. Éstos pueden decidir libremente, de conformidad con sus tradiciones jurídicas y opciones políticas, la estructura y el funcionamiento de dichos organismos, que podrán ser servicios especializados o formar parte de organismos más amplios de defensa de los derechos humanos, bien preexistentes o de nueva creación.

Capítulo IV: Disposiciones finales

Las disposiciones incluidas en el Título IV son, fundamentalmente, las disposiciones de rigor que aparecen en la mayoría de las directivas comunitarias en el ámbito social.

Artículo 13: Cumplimiento

El artículo 13 se refiere al cumplimiento de la Directiva por parte de los Estados miembros. La igualdad de trato implica la eliminación de toda forma de discriminación resultante de cualquier disposición legal o administrativa, así como de los convenios colectivos o los contratos laborales individuales. Sin poner en cuestión la libertad general de negociación de empresarios y trabajadores, es obvio que cualquier disposición incluida en un contrato o acuerdo que contravenga el principio de igualdad de trato deberá ser declarada nula.

Artículo 14: Sanciones

Artículo 15: Aplicación

Artículo 16: Informe

Artículo 17: Entrada en vigor

Artículo 18: Destinatarios

Disposiciones habituales que no necesitan comentario.

VI. Aplicación en el Espacio Económico Europeo

Este es un texto pertinente para el Espacio Económico Europeo. Tras una decisión del Comité Mixto del EEE, la Directiva será aplicable en los países de esta agrupación no pertenecientes a la UE.

Propuesta de

DIRECTIVA DEL CONSEJO

relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 13,

Vista la propuesta de la Comisión [11],

[11]

Visto el dictamen del Parlamento Europeo [12],

[12]

Visto el dictamen del Comité Económico y Social [13],

[13]

Visto el dictamen del Comité de las Regiones [14],

[14]

Considerando lo siguiente:

(1) El Tratado de la Unión Europea constituye una nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa.

(2) La Unión Europea se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros. De conformidad con el apartado 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, la Unión debe respetar derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como principios generales del Derecho comunitario.

(3) El derecho a la igualdad ante la ley y a que toda persona esté protegida contra la discriminación constituye un derecho universal reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y los Pactos de las Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los que son partes todos los Estados miembros.

(4) El artículo 13 del Tratado faculta al Consejo para adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

(5) El Consejo Europeo, en su reunión extraordinaria de Tampere celebrada los días 15 e 16 de octubre de 1999, invitó a la Comisión a presentar cuanto antes propuestas para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 del Tratado CE en materia de lucha contra el racismo y la xenofobia.

(6) Las Directrices para el empleo de 1999 acordadas el 11 de diciembre de 1998 en Viena, subrayan la necesidad de promover las condiciones para un mercado de trabajo que propicie la integración social mediante la formulación de una serie coherente de políticas dirigidas a combatir la discriminación contra grupos tales como las minorías étnicas.

(7) La discriminación basada en el origen racial o étnico puede poner en peligro la consecución de los objetivos del Tratado, en particular alcanzar un alto nivel de empleo y de protección social, la elevación del nivel y la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad y también puede hipotecar el objetivo de desarrollar la Unión como un espacio de libertad, seguridad y justicia.

(8) La Comisión presentó una Comunicación [15] sobre el racismo, la xenofobia y el antisemitismo en diciembre de 1995.

[15] COM(95) 653 final.

(9) Para garantizar el desarrollo de sociedades democráticas y tolerantes en las que toda persona pueda participar, con independencia de su origen racial o étnico, la acción específica en el ámbito de la discriminación por estos motivos no debe ir más allá del acceso a la actividad por cuenta propia o ajena y abarcar ámbitos como la educación, la protección y la seguridad social, las ventajas sociales, la oferta de bienes y servicios y el acceso a los mismos.

(10) A tal fin, se deberá prohibir en toda la Comunidad cualquier discriminación, bien sea directa o indirecta, por motivos de origen racial o étnico en los ámbitos a que se refiere la presente Directiva. Esta prohibición de discriminación se aplicará también a los nacionales de terceros países. Dicha prohibición no debe atañir a las diferencias de trato basadas en la nacionalidad.

(11) El acoso por motivos de origen racial o étnico de una persona o un grupo de personas que genere un entorno intimidante, hostil, ofensivo o perturbador debe considerarse discriminatorio.

(12) La prohibición de discriminación no debe obstar al mantenimiento o la adopción de medidas concebidas para prevenir o compensar las desventajas sufridas por un grupo de personas con un origen racial o étnico determinado.

(13) Una diferencia de trato puede estar justificada cuando una característica vinculada al origen racial o étnico constituya una cualificación profesional genuina.

(14) Las personas que hayan sido objeto de discriminación basada en el origen racial o étnico deben disponer de medios de protección jurídica adecuados. A fin de asegurar un nivel de protección más efectivo, también se debe facultar a las asociaciones o personas jurídicas para que puedan ejercer el derecho de defensa en nombre de cualquier víctima.

(15) La aplicación efectiva del principio de igualdad exige una protección judicial adecuada en materia civil contra la persecución y una modificación de las normas generales sobre la carga de la prueba.

(16) Los Estados miembros deben proporcionar información apropiada sobre las disposiciones adoptadas en virtud de la presente Directiva.

(17) Los Estados miembros deben tomar las medidas adecuadas para asegurar que se declaren nulas o se modifiquen cualesquiera disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, convenios colectivos, reglamentos internos de empresas o estatutos de profesiones independientes, ocupaciones u organizaciones profesionales que sean contrarias al principio de la igualdad de trato.

(18) Los Estados miembros deben fomentar el diálogo social entre los interlocutores sociales para estudiar las distintas formas de discriminación y combatirlas.

(19) La protección contra la discriminación basada en el origen racial o étnico debe reforzarse por la existencia de un organismo independiente en cada Estado miembro, el cual debe ser responsable de analizar los problemas existentes, estudiar las soluciones posibles y proporcionar asistencia específica a las víctimas.

(20) La presente Directiva establece requisitos mínimos, dando a los Estados miembros la opción de introducir o conservar disposiciones más estrictas. Su aplicación no debe servir para justificar retroceso alguno con respecto a la situación ya existente en cada Estado miembro.

(21) Los Estados miembros deben prever sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias aplicables en caso de que se contravengan las obligaciones impuestas por la presente Directiva.

(22) De conformidad con el principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad contemplados en el artículo 5 del Tratado CE, en particular, el objetivo de garantizar un nivel elevado de protección contra la discriminación igual en todos los Estados miembros no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros. Por consiguiente, puede lograrse mejor, debido a la dimensión y repercusión de la acción propuesta, en el ámbito comunitario. La presente Directiva se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar dichos objetivos y no va en detrimento de la competencia de los Estados miembros para asegurar un mayor nivel de protección contra la discriminación, con arreglo a sus ordenamientos jurídicos y tradicionales legales.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objetivo

El objetivo de la presente Directiva es llevar a la práctica en los Estados miembros el principio de igualdad de trato entre individuos con independencia del origen racial o étnico.

Artículo 2

Concepto de discriminación

1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación, bien sea directa o indirecta, basada en el origen racial o étnico.

2. A efectos del apartado 1:

a) existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o vaya a ser tratada de manera menos favorable que otra por motivos de origen racial o étnico;

b) existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutro afecte negativamente a una persona o grupo de personas de un origen racial o étnico concreto, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima que no esté relacionada con el origen racial o étnico de la persona o grupo de personas y salvo que los medios para la consecución de ésta sean adecuados y necesarios

3. El acoso a una persona o a un grupo de personas relacionado directa o indirectamente con el origen racial o étnico y que tenga como objetivo o consecuencia la creación de un entorno intimidante, hostil, ofensivo o perturbador en cualesquiera de los ámbitos mencionados en el artículo 3 constituirá discriminación a efectos del apartado 1.

Artículo 3

Ámbito material

Dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Comunidad, la presente Directiva se aplicará a:

a) las condiciones de acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y al conjunto de profesiones, incluidos los criterios de selección, las condiciones de empleo y de trabajo y la promoción, independientemente del sector o la rama de actividad y en todos los niveles de la jerarquía profesional;

b) el acceso a todos los tipos y a todos los niveles de orientación profesional, formación profesional, formación profesional superior y reciclaje;

c) las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las de despido y remuneración;

d) la inscripción y participación en una organización sindical o empresarial, o en cualquier otra organización cuyos miembros desempeñen una profesión concreta, incluidas las prestaciones otorgadas por las mismas;

e) la protección social y la seguridad social;

f) las ventajas sociales;

g) la educación, incluidas becas y subvenciones, en el pleno respeto de las competencias de los Estados miembros por lo que respecta al contenido de la enseñanza, la organización de los sistemas educativos y su diversidad cultural y lingüística;

h) el acceso a bienes y servicios y la oferta de los mismos.

Artículo 4

Cualificaciones profesionales genuinas

No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el origen racial o étnico no tendrá carácter discriminatorio cuando, debido a la naturaleza de determinadas actividades profesionales o el contexto en que se lleven a cabo, dicha característica constituya una cualificación profesional genuina.

Artículo 5

Acción positiva

La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la facultad que tienen los Estados miembros de mantener o adoptar medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas padecidas por un grupo de personas de un origen racial o étnico concreto.

Artículo 6

Requisitos mínimos

1. Los Estados miembros podrán adoptar o mantener disposiciones que prevean una protección del principio de igualdad de trato más estricta que la establecida en la presente Directiva.

2. La aplicación de esta Directiva no constituirá en ningún caso motivo para reducir el nivel general de protección contra la discriminación ya garantizado por los Estados miembros en los ámbitos cubiertos por la misma.

CAÍTULO II: ACCIONES LEGALES Y TUTELA EFECTIVA

Artículo 7

Defensa de derechos

1. Los Estados miembros velarán por que todas las personas que se consideren perjudicadas por la no aplicación, en lo que a ellas se refiere, del principio de igualdad de trato puedan instar, incluso después de que haya concluido la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación, procedimientos judiciales o administrativos para exigir el cumplimiento de las obligaciones de la presente Directiva.

2. Los Estados miembros velarán por que las asociaciones, organizaciones u otras personas jurídicas puedan emprender, en nombre del demandante y con su aprobación, cualquier procedimiento judicial o administrativo previsto para exigir el cumplimiento de las obligaciones de la presente Directiva.

Artículo 8

Carga de la prueba

1. Los Estados miembros adoptarán, con arreglo a su ordenamiento jurídico nacional, las medidas necesarias para garantizar que, cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato aduzca, ante un tribunal u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato.

2. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a imponer un régimen probatorio más favorable a la parte demandante.

3. El apartado 1 no se aplicará a los procedimientos penales, salvo disposición en contrario de los Estados miembros.

4. Los apartados 1, 2 y 3 se aplicarán a toda acción judicial emprendida de conformidad con el apartado 2 del artículo 7.

Artículo 9

Protección de las víctimas

Los Estados miembros incluirán en sus ordenamientos jurídicos las medidas que resulten necesarias para proteger a las personas contra cualquier trato adverso o consecuencia negativa que encuentre su origen, directa o indirectamente, en una reacción ante una demanda o acción judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato.

Artículo 10

Divulgación de información

1. Los Estados miembros velarán por que se proporcione información adecuada en todo su territorio sobre las disposiciones adoptadas en virtud de la presente Directiva, en especial en las instituciones de enseñanza y formación profesional y en el lugar de trabajo.

2. Los Estados miembros velarán por que las medidas nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva se pongan en conocimiento de las autoridades públicas competentes a través de los medios apropiados.

Artículo 11

Diálogo social

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para fomentar el diálogo social entre los interlocutores sociales, a fin de promover la igualdad de trato, mediante el control de las prácticas en el lugar de trabajo, convenios colectivos, códigos de conducta, la investigación o el intercambio de experiencias y buenas conductas.

2. Los Estados miembros fomentarán entre empresarios y trabajadores la celebración, a nivel apropiado, incluido a nivel de empresa, de convenios que establezcan normas antidiscriminatorias en los ámbitos mencionados en el artículo 3 que entren dentro de la esfera de la negociación colectiva. Estos convenios respetarán la presente Directiva y las correspondientes medidas nacionales de aplicación.

CAPÍTULO III: ORGANISMOS INDEPENDIENTES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE TRATO

Artículo 12

Organismos independientes

1. Cada Estado miembro establecerá uno o varios organismos independientes responsables de la promoción y la igualdad de trato entre personas de diferente origen racial o étnico. Dichos organismos podrán formar parte de los servicios responsables a nivel nacional de la defensa de los derechos humanos o de la salvaguardia de los derechos individuales.

2. Los Estados miembros velarán por que estos organismos independientes cuenten entre sus funciones recibir y tramitar las quejas de particulares sobre discriminación basada en el origen racial o étnico, emprender investigaciones o encuestas sobre este tipo de discriminación y publicar informes y efectuar recomendaciones sobre cuestiones relacionadas con la discriminación por motivos de origen racial o étnico.

CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES Y FINALES

Artículo 13

Cumplimiento

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para velar por que:

a) se supriman las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contrarias al principio de igualdad de trato;

b) se declaren nulas o se modifiquen todas las disposiciones contrarias al principio de igualdad de trato que figuren en los contratos o convenios individuales o colectivos, en los reglamentos internos de las empresas, en las normas que rijan las asociaciones lucrativas o no lucrativas, así como en los estatutos de las profesiones independientes y de las organizaciones sindicales y empresariales.

Artículo 14

Sanciones

Los Estados miembros establecerán sanciones apropiadas en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales promulgadas en aplicación de la presente Directiva y adoptarán todas las medidas oportunas para garantizar su cumplimiento. Dichas sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros comunicarán dichas disposiciones a la Comisión a más tardar en la fecha fijada en el artículo 15 y notificarán, sin demora, cualquier modificación de aquéllas.

Artículo 15

Aplicación

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2002. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 16

Informe

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, en un plazo de dos años a partir de la fecha mencionada en el artículo 15, toda la información necesaria para elaborar un informe sobre su aplicación dirigido al Parlamento Europeo y al Consejo.

Artículo 17

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 18

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

El Presidente

FICHA DE INCIDENCIA

INCIDENCIA DE LA PROPUESTA SOBRE LAS EMPRESAS, EN ESPECIAL SOBRE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME)

Título de la propuesta:

Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato sin distinción por motivos de origen racial o étnico.

Número de referencia del documento: 99010

Propuesta

1. Habida cuenta del principio de subsidiariedad, ¿por qué se necesita una normativa comunitaria en este ámbito y cuáles son sus objetivos principales-

La Unión Europea se basa en los principios de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Su compromiso al respecto se ha visto reforzado por el Tratado de Amsterdam, en particular mediante las modificaciones efectuadas en los artículos 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea y la inclusión del artículo 13 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el último de los cuales establece la facultad específica de adoptar medidas para luchar contra la discriminación basada, inter alia, en el origen racial y étnico.

Los Estados miembros son los responsables principales de la lucha contra el racismo. Como se señala en la exposición de motivos, la mayoría han incluido en sus ordenamientos constitucionales y/o jurídicos disposiciones que establecen el derecho a no padecer discriminación por motivos de origen racial o étnico. Sin embargo, el alcance y la eficacia jurídica de estas disposiciones, así como la posibilidad de resarcimiento, varían considerablemente entre un Estado miembro y otro. Se necesita una normativa comunitaria para garantizar un nivel común mínimo de protección jurídica -que garantice también una tutela efectiva- para el derecho fundamental a no sufrir discriminación a causa del origen racial o étnico.

Naturalmente, la normativa europea ha de respetar los límites de los poderes atribuidos a la Comisión por el Tratado, por lo que la Directiva propuesta establece principios generales que aseguran un nivel común mínimo de protección sin rebasar los límites de las competencias comunitarias, al tiempo que permite a los Estados miembros mantener un nivel de protección más elevado de conformidad con sus opciones y tradiciones políticas e históricas.

La elección de una directiva logra equilibrar la necesidad de intervenir a nivel europeo y la necesidad de respetar las diferencias existentes entre las Constituciones, leyes y procedimientos legales de los Estados miembros. Si bien establece objetivos comunes, deja el margen de flexibilidad necesario para que los distintos países de la Unión puedan alcanzarlos. Así pues, la intervención legislativa se limita a una serie de principios generales que no van más allá de un nivel de protección mínimo.

Los objetivos principales de la propuesta son los siguientes:

Ø establecer una definición comunitaria del concepto de discriminación por motivos de origen racial y étnico a partir de la cual se pueda garantizar la igualdad de trato;

Ø definir un número mínimo de ámbitos de la vida, dentro del alcance del Tratado, en los que se debe asegurar el principio de igualdad de trato;

Ø establecer un nivel mínimo de protección y una tutela efectiva de las personas que crean haber sido discriminadas;

Ø garantizar mecanismos adecuados para controlar la discriminación en las empresas y, en sentido amplio, en la sociedad.

Incidencia sobre las empresas

2. ¿Qué empresas resultarán afectadas por la propuesta-

Todas las empresas quedarán sometidas a la legislación nacional exigida por la Directiva.

3. ¿Qué medidas deberán adoptar las empresas para cumplir los requisitos de la propuesta-

Las empresas tendrán que garantizar que las decisiones de contratación, promoción, acceso a la formación, condiciones de trabajo -incluidas las de despido y remuneración- y pertenencia a organizaciones sindicales, patronales y profesionales se adoptan de acuerdo con el principio de igualdad de trato, sin distinción por el origen racial y étnico. En principio, está obligación existe ya en todos los Estados miembros, de manera que la Directiva no establecerá disposiciones completamente novedosas, sino que contribuirá a reforzar los requisitos existentes.

4. ¿Qué consecuencias económicas podría tener la propuesta-

En el ámbito del empleo, la normativa de protección contra la discriminación por motivos arbitrarios tiene tres consecuencias principales. En primer lugar, contribuye a asegurar la participación y a evitar la exclusión social, al garantizar que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de aprovechar su potencial económico, con lo que pueden atender eficazmente sus necesidades y las de las personas a su cargo y reducir su dependencia del Estado. En segundo lugar, permite que las empresas puedan elegir a los empleados mejor cualificados, lo que contribuye a reforzar la competitividad y solidez de las compañías y, en último término, de la economía. Finalmente, obliga a los empleadores a justificar sus decisiones en materia de contratación, promoción, acceso a formación y otras condiciones laborales.

Los datos [16] de los Estados miembros muestran que el desempleo entre las comunidades de orígenes raciales y étnicos diversos oscila en torno a un porcentaje que duplica o triplica la media correspondiente al mercado de trabajo en su conjunto.

[16] No se dispone de datos de todos los Estados miembros; algunos sólo los recopilan en función de la nacionalidad, no del origen racial o étnico.

La discriminación basada en la raza o la etnia -sobre todo cuando es acumulativa- puede generar un ciclo de marginación que, con frecuencia, se transmite de generación en generación. Por ejemplo, si las instalaciones educativas, el alojamiento, los servicios sanitarios, las condiciones medioambientales y las oportunidades de empleo de un grupo específico son deficientes, la siguiente generación crecerá peor preparada para atajar las dificultades a que deba hacer frente y se verá abocada a una existencia precaria en cuanto a empleo, alojamiento y estado de salud.

Esta propuesta, al rechazar la discriminación, dará lugar a una mayor participación económica y social y reducirá la exclusión social, lo que incidirá directamente en el crecimiento económico al reducir el gasto público en asistencia y seguridad social, aumentar el poder adquisitivo de determinadas familias y fomentar la competitividad de las empresas gracias a su utilización óptima de todos los recursos disponibles en el mercado de trabajo.

a) Consecuencias de la propuesta

- ¿sobre el empleo-

La Directiva ayudará a fomentar la empleabilidad de los trabajadores de todos los orígenes raciales y étnicos, tal y como exige la Estrategia Europea de Empleo. En consecuencia, contribuirá a mejorar la calidad del empleo y, a medio plazo, cabe esperar que propicie un aumento de los niveles de ocupación derivado de la mayor competitividad de las empresas europeas.

- ¿sobre la inversión y la creación de nuevas empresas-

La Directiva mejorará las condiciones para la creación de empresas por parte de personas de orígenes raciales y étnicos diversos.

- ¿sobre la competitividad de las empresas-

Como se ha indicado anteriormente, la Directiva reforzará la competitividad de las empresas europeas al poner a su disposición una gama de cualificaciones y recursos más amplia que la actual y asegurar que dichas cualificaciones se empleen sin distinción alguna por motivos de origen racial o étnico.

b) ¿Es necesario establecer nuevos procedimientos administrativos-

Las empresas deberán poder justificar que sus decisiones respecto a cuestiones como la contratación, la promoción, el acceso a la formación y otras condiciones de trabajo no se han adoptado en función del origen racial o étnico. Esta obligación ya está en vigor en la mitad de los Estados miembros. Convendrá que las empresas que aún no guarden un registro completo de estas decisiones conviertan esta práctica en habitual.

c) ¿Cuáles son los costes y beneficios en términos cuantitativos y cualitativos-

A corto plazo, las empresas soportarán algunos pequeños costes derivados, por un lado, de la formación interna que habrá que dar a los directivos sobre la aplicación del principio de igualdad de trato allí donde resulte novedoso y, por otro, de la refutación de las acusaciones de discriminación. En los Estados miembros en los que aún no existen disposiciones equivalentes para combatir la discriminación racial y étnica, la adaptación a los nuevos requisitos se verá facilitada por la familiaridad de las compañías con el conjunto de normas comunitarias en materia de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, en vigor desde hace más de veinte años.

A medio plazo, las empresas se beneficiarán de la mayor entrega de los empleados de todos los orígenes raciales y étnicos y del aumento de la competitividad obtenido gracias a la mejor utilización de los recursos (véase la letra a).

d) ¿Qué costes se derivarán de la Directiva-

La Directiva fija un marco flexible y general para la aplicación del principio de igualdad de trato sin distinción por motivos de origen racial y étnico, y corresponderá a los Estados miembros y a los interlocutores sociales establecer los medios concretos para llevarlo a la práctica. No obstante, los costes serán reducidos (véase el apartado anterior).

e) ¿Qué deberán hacer las empresas en materia de control y evaluación-

La Directiva no exige directamente a las empresas que controlen y evalúen su cumplimiento de la misma. Sin embargo, convendría que las empresas conservaran un registro de las decisiones sobre contrataciones, ascensos, acceso a la formación y otras condiciones de trabajo para poder mostrar que fueron adoptadas con independencia del origen racial y étnico. Las empresas de mayor dimensión pudieran desear llevar a cabo un control más estructurado a fin de garantizar que el principio de igualdad de trato se aplica en todos los niveles.

5. ¿Incluye la propuesta medidas que tengan en cuenta la situación específica de las pequeñas y medianas empresas (requisitos menos exigentes o diferentes, etc.)-

La propuesta no hace distinción alguna en función del tamaño de las empresas, ya que la discriminación por motivos de origen racial y étnico existe en todas ellas, independientemente del número de empleados. No obstante, la Directiva establece tan sólo niveles mínimos basados en un marco de principios flexible, por lo que los Estados miembros y los interlocutores sociales tiene la posibilidad de modificar las obligaciones impuestas a las empresas de diferente tamaño, respetando siempre los requisitos de la Directiva.

Consulta

6. Lista de las organizaciones que han sido consultadas en relación con la propuesta y resumen de sus puntos de vista más importantes

La Comisión ha consultado a las organizaciones representativas de los interlocutores sociales a nivel europeo [17] y a la plataforma europea de organizaciones sociales no gubernamentales en el marco de una serie de reuniones a nivel comunitario.

[17] La Comisión ha consultado a distintas organizaciones, entre ellas las representantes de los intereses de las pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con las comunicaciones de la Comisión relativas a la aplicación del protocolo sobre la política social (COM(93) 600 de 14.12.1993) y la adaptación y el fomento del diálogo social a escala comunitaria (COM (1998) 322 final, de 20.5.1998).

Todas las organizaciones consultadas reconocieron la importancia de la cuestión y la utilidad de establecer normas a escala comunitaria. No obstante, las opiniones divergían en torno a varios elementos de la propuesta.

Los representantes sindicales y de las ONG acogieron con agrado ésta, pero lamentaron que su alcance no fuera más amplio y abordara la totalidad de los ámbitos económicos, sociales, culturales y políticos. Insistieron en el mantenimiento de las disposiciones relativas a la carga de la prueba y a las acciones en representación de las víctimas de discriminación, ya que las consideraban esenciales para la defensa de sus derechos.

Por el contrario, los representantes de las organizaciones empresariales expresaron sus dudas acerca de la traslación de la carga de la prueba, ya que estimaban que crearía problemas a los empresarios al potenciar las acusaciones infundadas. La Comisión señala que la disposición propuesta se basa en la adoptada a nivel comunitario en relación con la discriminación por motivos de sexo (Directiva 97/80/CE del Consejo relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo), puesta ya en práctica en numerosos Estados miembros, y que en algunos países de la Unión ya se han aplicado sin dificultad aparente normas idénticas en casos de discriminación racial. La Comisión considera infundados, por tanto, los recelos al respecto de los empresarios.