Propuesta de DECISIÓN-MARCO DEL CONSEJO relativa al establecimiento de las disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

INTRODUCCIÓN

La droga es un fenómeno que incide de forma múltiple en el tejido social, económico y organizativo de nuestra sociedad y que amenaza directa o indirectamente la salud y la seguridad colectiva e individual así como la calidad de la vida de los ciudadanos. La droga constituye una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos europeos.

Desde 1990, la Unión Europea apoya la necesidad de un enfoque global, pluridisciplinar e integrado en materia de lucha contra la droga, basada en cuatro elementos principales: i) reducción de la demanda, ii) reducción de la oferta y lucha contra el tráfico ilícito, iii) cooperación internacional y iv) coordinación a nivel nacional y en la Unión.

La presente iniciativa de la Comisión, por lo que se refiere a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, se inserta plenamente pues en una estrategia global de lucha contra la droga, que se basa en un enfoque equilibrado entre las medidas de reducción de la demanda, la oferta y la acción contra el tráfico ilícito.

El objetivo del instrumento propuesto consiste en combatir al tráfico que es la fuente del suministro de estupefacientes y substancias psicotrópicas a nuestras sociedades.

La responsabilidad de los Estados miembros es esencial en materia de lucha contra el tráfico de drogas. No obstante, el tráfico de drogas implica a menudo a varios Estados miembros y por ello una intervención de la Unión Europea puede aportar un valor añadido real a las políticas nacionales.

La Comisión considera que es necesaria una estrecha cooperación entre las diversas autoridades judiciales, policiales y aduaneras de los Estados miembros para responder al reto del tráfico de drogas. Tal cooperación, para ser eficaz debe basarse en un conjunto común de principios y objetivos que consisten en que el tráfico de drogas se reconozca como una infracción penal y sea objeto de penas efectivas, proporcionadas y disuasorias en todos los Estados miembros.

La necesidad de adoptar sobre este problema un enfoque común, que sea claro, debe también considerarse en el contexto de la futura ampliación de la Unión Europea.

Tanto el Plan de acción de Viena sobre las modalidades óptimas de aplicación de las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas al establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia [1], como las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere indican la necesidad de adoptar, a nivel europeo, disposiciones legales complementarias contra el tráfico de drogas.

[1] DO C 19 de 23.1.1999.

El Parlamento Europeo también pidió al Consejo y los Estados miembros que emprendieran iniciativas legislativas en el ámbito de la lucha contra el tráfico de drogas.

La Estrategia antidroga de la Unión Europea (2000-2004) solicita la aprobación progresiva de medidas que instauren normas mínimas relativas a los elementos constitutivos de los delitos y penas aplicables en el ámbito del tráfico de drogas. El Plan de acción Droga de la Unión Europea (2000-2004) pide explícitamente a la Comisión proponer medidas destinadas a instaurar normas mínimas por lo que se refiere a los elementos constitutivos de infracción y los dolores que afectan el tráfico de drogas ilícitas.

La Comisión ha decidido proponer la presente decisión-marco al objeto de establecer las disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y penas aplicables en el ámbito del tráfico de drogas La presente iniciativa legislativa figura también en Programa de trabajo para 2001 [2] de la Comisión y en el Indicador de la Comisión para el examen de los progresos realizados en la creación un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea [3].

[2] COM(2001) 28 final.

[3] COM(2000) 167 final de 24.3.2000.

Para esta iniciativa, la Comisión realizó un estudio sobre las definiciones y penas en materia de tráfico de drogas, basándose en las respuestas que los Estados miembros al cuestionario que se les había presentado en julio de 2000. Este estudio ha sido publicado.

Los objetivos de la presente decisión-marco no pueden ser alcanzados por los Estados miembros, habida cuenta de la dimensión transnacional de este delito, y, por tanto, pueden ser realizados mejor por la Unión Europea, de acuerdo con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. La presente decisión-marco se limita al mínimo necesario para lograr estos objetivos y no va más allá de lo que se requiere a tal efecto.

La referencia a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, a su capítulo VI que establece los principios del derecho a la justicia parece conveniente en la medida en que el instrumento propuesto se inserta plenamente en los principios enunciados.

1. BASE JURÍDICA

El objetivo del artículo 29 del Tratado de la Unión Europea es garantizar un alto nivel de seguridad para los ciudadanos en un "espacio de libertad, seguridad y justicia". Este objetivo debe ser logrado mediante, entre otras cosas, la prevención y la lucha contra el tráfico de drogas.

La letra e) del artículo 31 prevé, por otra parte, la adopción progresiva de medidas que instauren normas mínimas relativas a los elementos constitutivos de los delitos y a las penas aplicables en el ámbito, entre otros, del tráfico de drogas. En virtud de una declaración relativa a este artículo [4], se dice que estas disposiciones no tendrán por consecuencia imponer a los Estados miembros, cuyo sistema jurídico no establezca condenas mínimas, la obligación de adoptarlas.

[4] Declaración n° 8 sobre el apartado e) del artículo K3 del Tratado de la Unión Europea.

En cuanto a los instrumentos jurídicos, la decisión-marco, prevista en la letra b) del apartado 2 del artículo 34, tiene como objetivo la aproximación de las disposiciones legislativas y reglamentarias de los Estados miembros. Este instrumento permite a los Estados miembros progresar aún más sobre algunos aspectos del Derecho penal y la cooperación judicial.

2. INSTRUMENTOS EXISTENTES EN EL ÁMBITO DE LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

El principio de una cooperación formal entre algunos Estados miembros, que contemplaba entre otras cosas la lucha contra el tráfico de drogas, se enuncia, por primera vez, en el Convenio de aplicación del acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión económica Benelux, de la República Federal de Alemania y la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes. Su capítulo 6 apartado 2 del artículo 71 [5], compromete, de hecho, a las Partes Contratantes "a prevenir y reprimir mediante medidas administrativas y penales la exportación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, incluido el cannabis, así como la cesión, suministro y entrega de dichos productos y sustancias". Este marco de cooperación sigue siendo válido por supuesto, sobre todo teniendo en cuenta que incluye la dimensión de la prevención y la adopción de medidas administrativas, dos aspectos que no se contemplan en la presente decisión-marco.

[5] DO L 239 de 22.9.2000.

La presente propuesta desarrolla el acervo Schengen en lo que se refiere al aspecto represivo. El artículo 71 del Convenio de Schengen, al estar cubierto por el Anexo A del Acuerdo concluido por el Consejo de la Unión Europea e Islandia y Noruega, la propuesta de decisión-marco debe ser tratada en el marco de los procedimientos previstos por este Acuerdo. Mediante su Decisión nº 2000/365/CE de 29 de mayo 2000 [6], el Consejo autorizó al Reino Unido participar en algunos elementos del acervo Schengen en particular en el artículo 71 del Convenio Schengen Conforme al apartado 2 del artículo 8 de esta decisión, se considera que el Reino Unido ha notificado de forma irrevocable al Presidente del Consejo, conforme al artículo 5 del protocolo Schengen, que desea participar en todas las propuestas e iniciativas basadas en el acervo Schengen a las que ha sido autorizado a participar.

[6] DO L 131 de 1.6.2000, p. 43.

El 17 de diciembre de 1996 el Consejo adoptó la Acción Común 96/750/JAI, sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la aproximación de las legislaciones y prácticas entre los Estados miembros con el fin de luchar contra la toxicomanía y prevenir y luchar contra el tráfico ilícito de drogas [7]. Esta Acción Común constituye un importante paso adelante porque prevé en su artículo 1 que los Estados miembros "se esforzarán en aproximar sus legislaciones para que sean compatibles entre sí en la medida en que sea necesario para prevenir y luchar contra el tráfico ilícito de drogas en la Unión Europea". El artículo 4, además compromete a los Estados miembros a garantizar que, "en el marco de su sistema judicial, las sanciones aplicables a las infracciones más graves en lo referente al tráfico de drogas se sitúen en la escala de penas más severas para infracciones de gravedad comparable". La presente decisión-marco se inserta totalmente en la lógica de la Acción común de la que es un desarrollo importante en lo que se refiere al tráfico de drogas Basada en las disposiciones del Tratado de la Unión, en particular, en la letra e) del artículo 31 y en la letra 2b) de su artículo 34 la presente iniciativa permite definir normas mínimas relativas a los elementos constitutivos de los delitos y penas aplicables en el ámbito del tráfico de drogas. La Comisión considera que esta Acción común no quedará obsoleta cuando se adopte la presente decisión-marco, dado que contiene muchos otros aspectos vinculados al desarrollo de la cooperación entre los servicios de policía, aduanas y autoridades judiciales al objeto de fortalecer la eficacia de la lucha contra el tráfico de estupefacientes.

[7] DO L 342 de 31.12.1996.

En 1996, el Consejo adoptó también otro instrumento: La Resolución del 20 de diciembre relativa a las condenas para delitos graves en materia de tráfico de drogas [8]. En este texto, se pide a los Estados miembros que garanticen que "sus legislaciones nacionales incluyan la posibilidad de dictar sentencias con penas privativas de libertad para los delitos graves de tráfico ilícito de drogas, que figuren entre las penas privativas de libertad más severas impuestas por sus derechos penales respectivos para delitos de gravedad comparable". La presente decisión-marco propuesta por la Comisión constituye un instrumento jurídico cuyo valor político va más allá del contenido en la Resolución del Consejo. La Comisión considera que, a partir de la aprobación de la presente decisión-marco, la Resolución del Consejo de 20 de diciembre de 1996 quedará anticuada.

[8] DO C 10 de 11.1.1997.

Al objeto de intensificar la lucha contra el blanqueo de dinero del tráfico de drogas, el Consejo adoptó el 10 de junio de 1991 una directiva relativa a la prevención del uso del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales [9] Actualmente se está trabajando con vistas a ampliar y actualizar esta Directiva. Por otra parte, un refuerzo de la cooperación entre los Estados miembros en este ámbito está previsto por la Acción común del Consejo de 3 de diciembre de 1998 adoptada sobe la base del artículo K.3 del Tratado sobre la Unión Europea, relativo a la identificación, la detección, la congelación, la aprehensión y la pérdida de los intrumentos y de los productos del crimen [10]. Esta acción común cubre en especial las actividades vinculadas al tráfico de drogas.

[9] DO L 166 de 28.6.1991.

[10] DO L 333 de 9.12.1998.

3. COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS

Artículo 1 - Definiciones

El artículo 1 contiene las definiciones de los términos utilizados a efectos de la presente decisión-marco.

1. El apartado 1 define el tráfico ilícito de drogas como el hecho de, sin autorización, vender y comercializar, así como, con fines lucrativos, cultivar, producir, producir, fabricar, importar, exportar, distribuir, ofrecer, transportar, enviar o, con fines de cesión con ánimo de lucro, recibir, adquirir y tener estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Esta definición recoge los elementos clave de una parte de la contenida en el Convenio de las Naciones Unidas de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Esta definición tiene también en cuenta las disposiciones nacionales relativas a la definición de los delitos vinculados al tráfico de drogas, que se analizaron en el marco del estudio realizado por la Comisión para la propuesta de la presente decisión-marco sobre las definiciones, penas y aplicación de las leyes relativas al tráfico ilícito de drogas en los Estados miembros. Este estudio muestra que ningún legislación contiene una definición legal del tráfico de drogas en tanto que delito determinado. Sin embargo, hay un cierto número de actos prohibidos por las leyes nacionales. Los principales actos penados por las legislaciones nacionales son: la producción, cultivo, extracción, fabricación, adquisición, tenencia, importación, exportación, transporte, venta, oferta, cesión ilícita de estupefacientes El estudio ha demostrado también una importante diferencia entre las legislaciones nacionales y su aplicación en la práctica: en la mayoría de los Estados miembros se considera, en principio, al toxicómano que vende estupefacientes como traficante al mismo nivel que cualquier otro vendedor de estupefacientes. Sin embargo, en la práctica de todos los países, se penaliza menos severamente al revendedor toxicómano si realiza su tráfico debido a su dependencia.

La Comisión quiere subrayar que propone una definición mínima común que recoge las acciones incriminadas en todos los Estados miembros. Esta definición toma como criterios esenciales la noción de fin lucrativo y el hecho de actuar sin autorización.

Por otra parte, y siguiendo la jurisprudencia de los Estado miembros, la comisión propone excluir del campo de aplicación de la presente decisión-marco (i) al consumidor individual que produce, adquiere o tiene ilegalmente estupefacientes para su uso personal y (ii) al consumidor que proporciona a otro estupefacientes sin ánimo de lucro (por ejemplo, alguien que cede estupefacientes a personas próximas sin beneficio).

Por el contrario entran en esta definición (i) el revendedor que vende ilegalmente con fines de lucro; Se trata de una persona implicada en un tráfico de proximidad o en una pequeña red de dimensiones limitadas, (ii) el traficante local, que dispone en principio de revendedores en un ámbito local o que vende a individuos que a su vez revenden por cuenta propia y (iii) el traficante internacional que participa en un tráfico o lo organiza y dirige a escala internacional, o que importa o exporta estupefacientes en grandes cantidades.

La definición recogida en la presente decisión-marco contempla el tráfico de estupefacientes y, en particular, el tráfico transnacional y las acciones realizadas con fines de cesión con fines lucrativos. Esta definición no especifica el medio de comunicación utilizado (p.e. teléfono, fax, internet) y por consiguiente engloba el tráfico de estupefacientes por medio de las tecnologías de la información y comunicación, en particular internet. La importancia de dotarse de los medios necesarios para reprimir eficazmente los delitos vinculados a la droga en el marco de la criminalidad-informática ha sido subrayado en la Comunicación de la Comisión «Creación de una sociedad de la información más segura mediante la mejora de la seguridad de las infraestructuras de la información y la lucha contra los delitos informáticos» [11].

[11] COM(2000) 890 final.

2. El apartado 2 da la definición de droga. Entran en esta definición todas las sustancias contempladas por los Convenios de las Naciones Unidas de 1961 (modificada mediante el protocolo de 1972), de 1971 y de 1988. Por tanto, esta definición incluye los precursores químicos. Se incluyen también las sustancias puestas bajo control en el marco de la Acción Común 97/396/CE JAI de 16 de junio de 1997 basada en el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea relativo al intercambio de información, a la evaluación de riesgos y al control de las nuevas drogas de síntesis [12] o en el marco de las disposiciones nacionales

[12] DO L 167 de 25.6.1997.

3. El apartado 3 se refiere a la definición de persona jurídica. La redacción toma prestados varios instrumentos ya autorizados en la Unión Europea, como el Acto del Consejo del 19 de junio de 1997 que establece el segundo protocolo al Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas [13], en particular, el apartado d) de su artículo 1.

[13] DO C 221 de 19.7.1997.

Artículo 2 - Incriminación

El artículo 2 obliga a los Estados miembros a tipificar como delito penal el tráfico ilícito de droga, como lo define artículo 1.

Artículo 3 - Inducción, complicidad y tentativa

El artículo 3 obliga a los Estados miembros a tomar las medidas necesarias para que se castigue el hecho de incitar a cometer el delito contemplado en el artículo 2, de ser cómplice o de intentar cometerlo. La redacción ha sido tomada de varios instrumentos ya existentes en el ámbito de la Unión Europea.

Artículo 4 - Sanciones

1. El apartado 1 obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar que los delitos definidos en los artículos 2 y 3 sean objeto de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias [14] incluidas penas privativas de libertad cuyo máximo no puede ser inferior a cinco años en los casos graves.

[14] La expresión se toma de una sentencia del Tribunal de Justicia de 21.9.1989 (Asunto 68/88, Rec. 1989, p. 2965).

En virtud de este apartado, los Estados miembros deben prever sanciones apropiadas a la gravedad del delito.

De acuerdo con la naturaleza del dispositivo de la decisión-marco, que vincula a los Estados miembros en cuanto a los resultados que deben obtenerse, pero les deja la elección en cuanto a la forma y a los medios, los Estados miembros conservan un determinado margen de maniobra para adaptar su legislación a estas normas y para determinar la naturaleza y la severidad de las sanciones aplicables.

La Comisión desea destacar que corresponde a los Estados miembros fijar, sobre la base de sus sistemas jurídicos, los criterios que determinarán la gravedad de un delito. Para apreciar el grado de gravedad, se tienen en cuenta elementos de hecho tales como la amplitud del tráfico, su frecuencia, la naturaleza de los estupefacientes y la importancia de los ingresos obtenidos por el tráfico. No es necesario que las sanciones impliquen sistemáticamente la privación de libertad. Unicamente para los delitos considerados como graves, por ejemplo el tráfico transnacional a gran escala, el máximo de la pena de privación de libertad no puede ser inferior a cinco años. Esto permite garantizar que el juez puede disponer de una pena suficientemente severa en el caso de delitos graves. Este nivel se inserta en las horquillas de penas privativas de libertad previstas en un gran número de legislaciones nacionales.

Por otra parte, cabe notar que en el caso de blanqueo de dinero el nivel mínimo de la pena máxima propuesta a escala europea es de cuatro años. El blanqueo de dinero resultante del tráfico de ilícito de droga constituye una infracción derivada del delito principal, es decir el tráfico ilícito de droga, y resulta por tanto proporcionado prever en el presente instrumento un nivel superior al del blanqueo de dinero.

2. El apartado 2 obliga a los Estados miembros a prever la confiscación de las sustancias objeto del tráfico, de los instrumentos y bienes que sirvan al tráfico, así como de los productos y provechos obtenidos directa o indirectamente de dicho tráfico. Los términos "confiscación," bienes "y" productos " se toman del artículo primero del Convenio del Consejo de Europa de 1990, relativo al blanqueo, a la detección, a la introducción y a la confiscación de los productos del crimen.

La Comisión considera que la confiscación de los ingresos obtenidos del tráfico ilícito de droga podría ser completada por medidas que permitan destinar estas cantidades, total o parcialmente, a programas de prevención y reinserción de los toxicómanos así como a programas de apoyo a sus familias. Por otra parte, el Parlamento Europeo ha mantenido, en sucesivas ocasiones, esta posición, en particular, en su Resolución del 19 de noviembre de 1999 sobre la comunicación de la Comisión relativa a un Plan de acción de la Unión Europea en materia de lucha contra la droga (2000-2004) [15].

[15] A5 -0063/1999.

El apartado 3 prevé la posibilidad de que los Estados miembros impongan, de forma complementaria o alternativa a las penas privativas de libertad, multas conforme a sus sistemas jurídicos.

Artículo 5 - Circunstancias Agravantes

Este artículo dispone que los Estados miembros procuren que las penas definidas en el artículo 4 se aumenten en algunas circunstancias. Cuando se dé una de las condiciones enumeradas, el máximo de la pena privativa de libertad no puede ser inferior a siete años.

La Comisión desea destacar que la lista de circunstancias agravantes contenida en este artículo no afecta en modo alguno a otras circunstancias consideradas agravantes en la legislación de los Estados miembros. Esta lista tiene en cuenta las circunstancias agravantes descritas en las disposiciones nacionales, que han sido proporcionadas por los Estados miembros, en la respuesta al Cuestionario de la Comisión para la propuesta de la presente decisión-marco. Además esta lista recoge también los principales elementos de la Resolución del Consejo de 20 de diciembre de 1996 sobre sentencias relativas a infracciones graves en materia de tráfico de drogas [16]. El Consejo en esta Resolución consideraba "que entre los factores que han de tenerse en cuenta en relación con las penas privativas de libertad que puedan ser de aplicación por delitos graves de tráfico de drogas habrán de incluirse, por ejemplo, los siguientes:" i) amplitud del tráfico, ii) en qué medida la persona de que se trate ha obtenido beneficios del tráfico ilícito, iii) participación en el delito de una organización criminal a la que pertenezca el autor del delito, iv) en qué medida que el autor de la infracción posee control sobre la organización del tráfico de drogas, v) el hecho de que menores hayan sido víctimas o hayan sido utilizados".

[16] DO C 10 de 11.1.1997.

Corresponde a los Estados miembros fijar, sobre la base de sus propios ordenamientos, los criterios que determinarán la naturaleza y la gravedad de las circunstancias agravantes. Únicamente cuando los delitos, definidos en los artículos 2 y 3, se consideren graves, y se compruebe la existencia de al menos una de las circunstancias agravantes contenidas en este artículo, la pena máxima de privación de libertad no puede ser inferior a siete años. Se trata pues de fijar un mínimo de la pena máxima. El nivel mínimo de la pena máxima se aumenta en dos años en relación al previsto en el artículo 4 en el caso de delitos graves para garantizar que el juez pueda disponer de una pena suficientemente severa en el caso de delitos graves con circunstancias agravantes. Esta diferencia de dos años parece ser proporcionada. Según Estado miembro, las penas de base se aumentan por un multiplicador que va del doble a un tercio de estas en el caso de circunstancias agravantes.

Las circunstancias que deben tenerse en cuenta como agravantes son las siguientes:

1. El autor del delito contemplado en los artículos 2 o 3 tiene un papel principal en la organización del tráfico ilícito de drogas, ya sea por el poder ejercido directa o indirectamente, o por el provecho obtenido del tráfico. Se tiene en cuenta también la pertenencia del autor del delito a una organización criminal. El concepto de organización delictiva se define en el artículo 1 de la Acción Común de 21 de diciembre de 1998 relativa a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la Unión Europea [17].

[17] DO L 351 de 29.12.1998.

2. La infracción implica el recurso a la violencia o el uso de armas. Pertenece a los Estados miembros la definición más exacta de estos términos.

3. El delito implica a menores o personas incapaces de ejercer su voluntad. Corresponde a los Estados miembros establecer, partiendo de sus sistemas jurídicos, el concepto de menor. Por personas que no están en condiciones de ejercer su voluntad, se entiende, en particular, a aquellas personas que sufren una minusvalía mental.

4. El delito se comete dentro o cerca de centros escolares, de comunidades y establecimientos de ocio de jóvenes, de estructuras de tratamiento y rehabilitación de toxicómanos.

5. El autor es médico, farmacéutico o funcionario de Justicia, Policía, Aduanas, Servicios penitenciarios o reinserción social, profesor, monitor o trabaja en un establecimiento de educación, y comete el delito aprovechándose de sus funciones. Está claro que la definición de tráfico ilícito de droga contenida en el artículo 1 de la presente decisión-marco contempla explícitamente cualquier actividad ejercida sin autorización y que, por lo tanto, estas disposiciones no se aplican a las personas que actúen en el marco de una autorización.

6. El autor del delito ha sido objeto de una condena firme dictada en uno de los países de la Unión por uno o más delitos similares. Se trata en este caso del principio de reincidencia, aplicado teniendo en cuenta las condenas en otros Estados miembros.

Artículo 6 - Circunstancia atenuante

Este artículo prevé que cada Estado miembro adopte las medidas necesarias para que las penas previstas en el artículo 4 de la presente decisión-marco puedan reducirse cuando la condición mencionada a continuación se cumpla, sin perjuicio de las otras circunstancias atenuantes definidas en las legislaciones nacionales de los Estados miembros.

El autor de la infracción proporcionó a las autoridades competentes información útil, a efectos de la investigación o la recogida de pruebas, sobre la identidad de los demás autores o contribuyó a la identificación de las redes del tráfico. La Comisión hace referencia al principio de colaboración definido en la Resolución del Consejo del 20 de diciembre de 1996 relativa a los colaboradores con la acción de la justicia en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada [18]. Es misión de las autoridades competentes el definir los criterios que determinarán la naturaleza de las "informaciones necesarias" y prever el nivel de reducción de la pena e incluso, en su caso, la exención de la pena. Tales disposiciones existen en la mayoría de los Estados miembros.

[18] DO C 10 de 11.1.1997.

En el caso la circunstancia atenuante establecida en el artículo 6, no parece oportuno prever una disposición paralela a la del artículo 5 bajo la forma, esta vez, de una disminución del nivel de la pena máxima.

Artículo 7 - Responsabilidad de las personas jurídicas

Es también necesario combatir las situaciones en las que están implicadas personas jurídicas en el tráfico de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o precursores químicos. Por tanto el artículo 7 prevé la posibilidad de considerar a las personas jurídicas responsables de los delitos contemplados en los artículos 2 y 3 cometidos en su beneficio por cualquier persona, actuando a título individual, o como parte de un órgano de la persona jurídica. Tales disposiciones existen en la mayoría de las legislaciones de los Estados miembros.

Además, el apartado 2 dispone que las personas jurídicas pueden también ser consideradas responsables cuando la falta de vigilancia o control por parte de una de las personas en condiciones de ejercer dicho control haya hecho posible la comisión de delitos en provecho de la persona jurídica. El apartado 3 indica que la apertura de diligencias judiciales contra una persona jurídica no excluye la posibilidad de actuaciones paralelas contra la persona física que haya participado en la realización del delito cuya persona jurídica está considerada como responsable.

Artículo 8 - Sanciones contra las personas jurídicas

El artículo 8 establece un requisito de las sanciones a las personas jurídicas. Exige que sean sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias que incluyan multas. Indica también los otros tipos de pena que pueden imponerse a las personas jurídicas.

Artículo 9 - Competencia y enjuiciamiento

Habida cuenta de la naturaleza internacional del tráfico ilícito de droga, una respuesta jurídica eficaz a este delito requiere necesariamente que las disposiciones procesales sobre competencia y extradición constituyan un sistema coherente en el ámbito de la Unión Europea, si se quiere evitar que las personas incriminadas escapen a su enjuiciamiento.

El apartado 1 define una serie de criterios de atribución de competencia a las autoridades judiciales nacionales para el ejercicio de las oportunas acciones y el examen de los asuntos referentes a los delitos contempladas en la presente Decisión marco. Un Estado miembro establece su competencia en tres casos:

a) cuando la infracción se comete, total o parcialmente, en su territorio, independientemente de la situación jurídica de la persona moral o la nacionalidad de la persona física implicada (principio de territorialidad);

b) cuando el autor del delito tiene la nacionalidad de dicho Estado miembro (principio de personalidad activa). Corresponde a los Estados miembros proseguir a sus propios ciudadanos cuando comentan delitos en el extranjero y no esté prevista la extradición;

c) cuando la infracción se comete en provecho de una persona jurídica establecida en el territorio de dicho Estado miembro.

Dado que no todos los Estados miembros reconocen, en su tradición jurídica, la competencia extraterritorial para todos los tipos de delitos penales, el párrafo primero del apartado 2 prevé que puedan no aplicar las normas de competencia definidas en el apartado 1 con respecto a los casos citados los apartados b) y c) siempre que la infracción se haya cometido fuera del territorio del Estado miembro en cuestión.

El párrafo segundo del apartado 2 precisa que los Estados miembros informarán a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión su decisión respecto de la aplicación de dicho apartado.

El apartado 3 tiene en cuenta el hecho de que algunos Estados miembros no extraditan a sus nacionales y se propone evitar que las personas sospechosas de tráfico ilícito de droga escapen a las actuaciones judiciales porque su extradición se haya rechazado al tener la nacionalidad de alguno de dichos Estados miembros. Un Estado miembro que no extradita a sus nacionales deberá, de conformidad con el apartado 3, adoptar las medidas necesarias para establecer su competencia sobre los delitos en cuestión y, cuando proceda, perseguirlos cuando hayan sido cometidos por sus ciudadanos fuera de su territorio.

Artículo 10 - Cooperación entre Estados Miembros

El artículo 10 tiene por objeto aprovechar los instrumentos de cooperación judicial internacional de los que los Estados miembros son parte y que deberán aplicarse a las materias objeto de la presente Decisión marco. Por ejemplo, numerosos acuerdos bilaterales y multilaterales, así como diversos convenios de la Unión Europea, contienen disposiciones relativas a la asistencia judicial y la extradición. Este artículo tiene también como objetivo facilitar el intercambio de información.

El apartado 1 de este artículo llama a los Estados miembros se ayudarse lo más posible en el marco de los procedimientos judiciales y represivos relativas al tráfico ilícito de droga. El apartado 2 dispone que, cuando varios Estados miembros sean competentes, se consultarán con el fin de coordinar su acción y, cuando proceda, iniciar diligencias efectivas. Este apartado indica también que conviene utilizar lo mejor posible los mecanismos de cooperación existentes, judiciales y otros, tales como Europol [19], intercambio de magistrados de enlace [20], la red judicial europea [21] y Eurojust [22].

[19] DO C 316 de 27.11.1995.

[20] DO L 105 de 27.4.1996.

[21] DO L 191 de 7.7.1998.

[22] DO L 324 de 21.12.2000.

Artículo 11 - Aplicación e Informes

El artículo 11 se refiere a la aplicación y al seguimiento de la presente Decisión marco. En él se establece que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Decisión marco, como muy tarde, el 30 junio 2003. Asimismo se establece que los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión las disposiciones por las que se incorporen en su ordenamiento jurídico nacional las obligaciones que les impone la presente Decisión marco. La Comisión velará porque se asegure la articulación entre, por una parte, el seguimiento y análisis del impacto del dispositivo propuesto en esta Decisión-marco y, por otra, el «Sistema de información legal» de la OEDT adoptado por el Consejo de Administración en 1998 El apartado 2 dispone que los Estados miembros presenten a la Comisión cada cinco años, y por primera vez antes del 31 de diciembre de 2006, un breve informe sobre la aplicación de la presente decisión-marco, para permitir una evaluación global de este instrumento y ,si fuere necesario, proponer modificaciones. Sobre la base de las informaciones citadas a los apartados 1 y 2 de este artículo, la Comisión informará al Consejo sobre la aplicación por los Estados miembros de las disposiciones de la presente decisión-marco cada cinco años y la primera vez antes del 30 de junio de 2007.

Artículo 12- Entrada en vigor

El artículo 12 dispone que la presente Decisión marco entra en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

2001/0114 (CNS)

Propuesta de DECISIÓN-MARCO DEL CONSEJO relativa al establecimiento de las disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

visto el Tratado de la Unión Europea, y, en particular, la letra e) de su artículo 31 y la letra b) del apartado 2 de su artículo 34;

vista la propuesta de la Comisión [23],

[23] DO C [...] [...], p. [...].

visto el dictamen del Parlamento Europeo [24],

[24] DO C [...] [...], p. [...].

considerando lo siguiente:

(1) El tráfico ilícito de droga representa una amenaza para la salud, la seguridad y la calidad de la vida de los ciudadanos de la Unión Europea, así como para la economía legal, la estabilidad y la seguridad de los Estados miembros.

(2) La necesidad de una acción legislativa en el ámbito de la lucha contra el tráfico ilícito de droga ha sido reconocida en particular por el Plan de Acción del Consejo y de la Comisión, presentado en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de Viena el 3 diciembre 1998, sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia [25], las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere del 15 y 16 de octubre de 1999 y, en particular, la conclusión n°48, la Estrategia antidroga de la Unión Europea (2000-2004) adoptada en el Consejo Europeo de Helsinki del 10 al 12 de diciembre de 1999 y el Plan de acción Droga de la Unión Europea (2000-2004) ratificado en el Consejo Europeo de Santa Maria da Feira del 19 y 20 de junio de 2000.

[25] DO C 19 de 23.1.1999.

(3) Es necesario adoptar una definición común de tráfico ilícito de droga que permita un enfoque común a nivel de la Unión de la lucha contra dicho tráfico y en particular, contra el tráfico transnacional y las acciones realizadas con fines de cesión con objeto de lucro. Conviene, por tanto, utilizar los elementos fundamentales de las definiciones contenidos en las disposiciones nacionales y en los instrumentos internacionales.

(4) Es también necesario adoptar un enfoque común de los elementos constitutivos de delito que prevean una incriminación común del tráfico ilícito de drogas.

(5) Las sanciones previstas por los Estados miembros deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, con inclusión de penas privativas de libertad. Para apreciar el grado de gravedad, deben tenerse en cuenta elementos de hecho tales como la amplitud del tráfico, su frecuencia, la naturaleza de las drogas y la importancia de los ingresos obtenidos por el tráfico. Para los delitos considerados como graves partiendo de los sistemas jurídicos nacionales, relativos, por ejemplo, al tráfico transnacional, el máximo de la pena de privación de libertad no debe ser inferior a cinco años. Esto permite garantizar que el juez puede disponer de una pena suficientemente severa en el caso de delitos graves.

(6) Por otra parte cabe prever penas agravadas cuando en el tráfico ilícito de droga concurran ciertas circunstancias que lo conviertan en todavía más amenazador para la sociedad, por ejemplo, cuando el tráfico ilícito se realice en el marco de una organización criminal. Por otra parte, hay que prever penas atenuadas cuando el autor del delito haya proporcionado a las autoridades informaciones útiles, en particular para identificar las redes de tráfico.

(7) Es necesario tomar medidas que permitan la confiscación del producto de los delitos contemplados en la presente Decisión-marco.

(8) Deben tomarse medidas para que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de los delitos contemplados en el presente acto y que hayan sido cometidos por su cuenta.

(9) Deben, asimismo, preverse medidas a efectos de la cooperación entre los Estados miembros con el fin de garantizar una acción eficaz contra el tráfico ilícito de droga.

(10) Respecto a la República de Islandia y al Reino de Noruega, la presente Decisión-marco constituye una ampliación del acervo de Schengen a tenor del acuerdo concluido el 17 de mayo de 1999 entre el Consejo de la Unión europea y estos dos Estados [26].

[26] DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.

(11) La eficacia de los esfuerzos realizados en la lucha contra el tráfico ilícito de droga depende esencialmente de la aproximación de las medidas nacionales de aplicación de la presente Decisión-marco

(12) La presente Decisión-marco respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su capítulo VI-Justicia.

DECIDE

Artículo 1

Definiciones

A efectos de la presente Decisión marco, se entenderá por:

1. «tráfico ilícito de droga»: el hecho de, sin autorización, vender, comercializar así como, con ánimo de lucro, cultivar, producir, fabricar, importar, exportar, distribuir, ofrecer, transportar, enviar o, con fines de cesión y ánimo de lucro, recibir, adquirir y estar en posesión de droga.

2. «droga»: todas las sustancias contempladas por los Convenios de las Naciones Unidas siguientes: a) el Convenio Único sobre los estupefacientes de 1961 (a tenor de su modificación por el Protocolo de 1972); b) El Convenio de Viena sobre las sustancias psicotrópicas de 1971; c) El Convenio contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988. Se incluirán también las sustancias puestas bajo control en el marco de la Acción Común 97/396/JAI de 16 de junio de 1997 basada en el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea relativo al intercambio de información, a la evaluación de riesgos y al control de las nuevas drogas de síntesis [27] o en el marco de las disposiciones nacionales.

[27] DO L 167 de 25.6.1997, p. 1.

3. «persona jurídica»: cualquier entidad que goce de tal régimen jurídico con arreglo al Derecho aplicable, a excepción de los Estados o de otros organismos públicos en el ejercicio de sus prerrogativas como poder público y de las organizaciones internacionales públicas;

Artículo 2

Incriminación del tráfico ilícito de droga

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que el tráfico ilícito de droga sea constitutivo de delito .

Artículo 3

Inducción, complicidad y tentativa

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que se castigue la incitación a cometer el delito contemplado en el artículo 2, la complicidad o la tentativa de delito.

Artículo 4

Sanciones

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los delitos contemplados en los artículos 2 y 3 queden sujetos a penas efectivas, proporcionadas y disuasorias incluidas las penas privativas de libertad cuyo máximo no podrá ser inferior a cinco años.

2. Los Estados miembros preverán también las medidas necesarias para garantizar la confiscación de las sustancias objeto del tráfico ilícito de droga, los instrumentos y los bienes que hayan servido al tráfico, así como los productos y beneficios obtenidos directa o indirectamente de dicho tráfico.

3. Los Estados miembros preverán también la posibilidad de imponer multas como complemento o alternativa a las penas privativas de libertad.

Artículo 5

Circunstancias agravantes

1. Sin perjuicio de otras circunstancias agravantes definidas en su legislación nacional, los Estados miembros preverán, para los delitos contemplados en los artículos 2 o 3, las siguientes circunstancias agravantes:

a) el autor del delito tiene un papel principal en la organización del tráfico o se comete el delito en el marco de una organización criminal;

b) el delito implica el recurso a la violencia o el uso de armas.

c) el delito implica a menores o personas incapaces de ejercer su voluntad;

d) el delito se comete dentro o cerca de centros escolares, de comunidades y establecimientos de ocio de jóvenes, de estructuras destinadas al tratamiento y rehabilitación de toxicómanos.

e) el autor del delito es médico, farmacéutico, funcionario de justicia, policía, aduanas, servicios penitenciarios o reinserción social, enseñante, profesor o maestro o trabajador en un establecimiento educativo, y cometió el delito aprovechando sus funciones;

f) el autor del delito ha sido objeto de una condena en firme dictada en uno de los Estados miembros de la Unión por uno o más delitos similares.

2. Cuando se dé una de las condiciones enumeradas en el apartado 1, el máximo de la pena privativa de libertad no podrá ser inferior a siete años.

Artículo 6

Circunstancias atenuantes

Sin perjuicio de otras circunstancias atenuantes definidas en sus ordenamientos nacionales, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las sanciones contempladas en el artículo 4 puedan atenuarse cuando el autor del delito haya proporcionado a las autoridades competentes informaciones útiles, a efectos de la investigación o la recogida de pruebas, sobre la identidad de los otros autores o haya contribuido a la identificación de las redes de tráfico.

Artículo 7

Responsabilidad de las personas jurídicas

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de los delitos contemplados en los artículos 2 y 3, cuando los haya cometido por cuenta de dicha persona jurídica cualquier persona que actúe a título individual o como miembro de un órgano de la persona jurídica y que tenga:

a) un poder de representación de la persona jurídica,

b) autoridad para adoptar decisiones en nombre de la persona jurídica,

c) autoridad para ejercer el control en el seno de la persona jurídica.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que una persona jurídica pueda ser considerada como responsable cuando por defecto de vigilancia o control por su parte haya hecho posible la realización de los delitos contemplados en los artículos 2 y 3 por un empleado o el subordinado, por cuenta de dicha persona jurídica.

3. La responsabilidad de la persona jurídica en virtud de los apartados 1 y 2 no excluirá la responsabilidad penal de las personas físicas que sean autores, instigadores o cómplices de los delitos contemplados en los artículos 2 y 3.

Artículo 8

Sanciones respecto de las personas jurídicas

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que a la persona jurídica declarada responsable en virtud de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 7 le sean impuestas sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluídas multas u otras sanciones, tales como:

a) medidas de exclusión del beneficio de una bonificación fiscal u otra o de una ayuda pública;

b) la prohibición temporal o permanente del desempeño de actividades comerciales;

c) el sometimiento a vigilancia judicial;

d) medidas judiciales de liquidación;

e) el cierre temporal o definitivo de establecimientos utilizados en la comisión del delito;

f) la confiscación de los bienes objeto del delito y de los productos y beneficios obtenidos directa o indirectamente del acto delictivo.

Artículo 9

Competencia y enjuiciamiento

1. Los Estado miembros tomarán las medidas necesarias para establecer su competencia respecto de los delitos contemplados en los artículos 2 y 3, cuando:

a) el delito se haya cometido, total o parcialmente, en su territorio;

b) el autor de la infracción sea uno de sus nacionales;

c) el delito haya sido cometido en provecho de una persona jurídica establecida en su territorio.

2. Los Estados miembros podrán decidir no aplicar, o hacerlo sólo en casos o circunstancias específicas, las normas de competencia definidas en las letras b) y c) del apartado 1, siempre que el delito en cuestión se haya cometido fuera de su territorio.

Los Estados miembros informarán a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión de su decisión de aplicar el párrafo primero, indicando, si procede, los casos o circunstancias específicos en las que haya de aplicarse su decisión.

3. El Estado miembro que, en virtud de su ordenamiento jurídico, no extradite a sus nacionales adoptará las medidas necesarias para establecer su competencia respecto de los delitos contemplados en los artículos 2 y 3, cuando hayan sido cometidos por uno de sus ciudadanos fuera de su territorio.

Artículo 10

Cooperación entre Estados Miembros

1. De acuerdo con los convenios, acuerdos bilaterales o multilaterales u otros acuerdos aplicables, los Estados miembros se prestarán la ayuda mutua más amplia posible en los procedimientos relativos a los delitos contemplados en los artículos 2 y 3.

2. Cuando varios Estados miembros sean competentes para conocer de un delito contemplado en los artículos 2 y 3, los Estados miembros se consultarán mutuamente con el fin de coordinar su acción e incoar, cuando proceda, un procedimiento. Utilizarán de la mejor manera posible los mecanismos de cooperación judicial, junto a otros mecanismos.

Artículo 11

Aplicación e Informes

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para ajustarse a las disposiciones de la presente Decisión-marco a más tardar el 30 de junio de 2003.

Transmitirán inmediatamente a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión el texto de las disposiciones que transpongan las obligaciones que les impone la presente Decisión-marco.

2. Los Estados miembros presentarán a la Comisión, por primera vez antes del 31 de diciembre de 2006, y en lo sucesivo cada cinco años, un informe sucinto sobre la aplicación de la presente Decisión-marco.

3. Sobre la base de las informaciones contempladas en los apartados 1 y 2 de este artículo, la Comisión elaborará por primera vez antes del 30 de junio de 2007 y en lo sucesivo cada cinco años, un informe de evaluación sobre la aplicación por los Estados miembros de las disposiciones de la presente Decisión-marco. Este informe habrá de transmitirse al Parlamento Europeo y al Consejo y, en su caso, vendrá acompañado de propuestas de modificación de la presente Decisión-marco.

Artículo 12

Entrada en vigor

La presente Decisión marco entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

El Presidente